Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-03


Reg.: A y S t 283 p 312/326.

Santa Fe, 3 de julio del año 2.018.

VISTOS: Los autos "GAUNA, MARÍA ANTONIA -HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO- sobre REVISIÓN PENAL" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N° 21-00508433-1, EXPTE N°: 253/2012), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpuesto por el Fiscal de Cámaras N° 3 de Rosario y por la Actora civil contra la sentencia de este Tribunal de fecha 20 de diciembre de 2016; y, CONSIDERANDO:

1. Por acuerdo registrado en A. y S. T. 273, págs. 51/79 esta Corte -por mayoría- hizo lugar a la revisión interpuesta por la defensa de María Antonia Gauna y, en consecuencia, anuló el fallo 49 del 4.02.2008 dictado por la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N° 7 de Rosario que condenara a la imputada por el homicidio de su cónyuge Omar Carlos Bartolelli y la resolución 342 del 2.09.2008 de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de esa ciudad que lo confirmara, disponiendo su absolución. Asimismo, se ordenó la remisión de copias al Juzgado de Ejecución Penal de Sentencia a cuya disposición se encontraba la encartada -para que dispusiera su inmediata libertad- y la del expediente principal a la Fiscalía que correspondiera a los fines de que se tomaran las medidas pertinentes y necesarias para encausar la investigación del presente hecho teniendo en miras la pronta dilucidación de lo ocurrido y la identificación de sus responsables.

2. Contra el pronunciamiento de este Tribunal, el Fiscal de Cámaras N° 3 de Rosario interpone recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación -artículo 14 de la ley 48- (fs. 245/263v.).

En el memorial introductor de la vía, el Actor penal refiere, en primer lugar, que la absolución de Gauna genera a los intereses del Ministerio Público Fiscal un claro e irreparable gravamen.

Postula como causales de descalificación del fallo de esta Corte, arbitrariedad normativa y afectación de las garantías constitucionales de debido proceso, acceso a la justicia y, fundamentalmente, de los derechos de las víctimas.

Señala que ninguno de los elementos de convicción referidos por este Tribunal en sustento de la decisión cuestionada reviste el carácter de nueva prueba exigido por el artículo 489 del Código Procesal Penal.

Así, por un lado, respecto de la supuesta nueva declaración del médico Pasotti explica que éste ya había testificado sobre las lesiones de Gauna, limitándose luego a ratificar sus manifestaciones anteriores y que ya habían sido tenidas en cuenta por los Jueces de la causa que condenaran a la imputada.

Critica que se tomaran los dichos del mencionado galeno como "hecho nuevo", en tanto -más allá de que al ser una declaración informativa no reviste los caracteres de una testimonial- sólo se trata de una ratificación de lo manifestado oportunamente en la causa principal. Agrega que tanto la Jueza de primera instancia como la Cámara al confirmar la condena, dieron las razones a partir de las cuales entendían que correspondía asignarle mayor valor probatorio al protocolo quirúrgico por sobre la posterior transcripción mecanografiada del mismo.

Por otro lado, en relación a la electromiografía de los miembros superiores, indica que no tiene carácter novedoso, toda vez que de las constancias de la causa principal surge que los médicos que realizaron la pericia mencionaron este estudio, si bien no tuvieron la oportunidad de evaluarlo. Asimismo, expresa que puesto a consideración de la Junta Médica Forense, ésta ratificó su conclusión relativa a que las heridas presentadas por Gauna tenían las características del tipo "auto-infligidas".

En otro orden de consideraciones, manifiesta que lo expuesto por la Junta Médica Forense que intervino en la revisión coincide con lo dictaminado por los peritos médicos en la causa principal y que sirviera de base a la hipótesis incriminante.

Refiere que no pueden desconocerse las numerosas circunstancias que abonan la conclusión condenatoria de Gauna y, en especial, la inexplicable versión de lo sucedido brindada por ella.

Concluye que las pruebas con las que se pretendiera fundamentar el recurso de revisión no reúnen las condiciones exigidas por la norma y carecen de valor decisivo y categórico suficiente como para generar razonable y prudentemente un justificado estado de convicción que elimine los efectos de la cosa juzgada.

Por último, cuestiona la falta de participación en la revisión penal de la Actora civil, a quien -dice- ni siquiera se la notificó de la decisión de la Corte que anuló la condena de la imputada, disponiendo su absolución. Explica que lo resuelto por este Tribunal modifica la condena civil dictada oportunamente, la que no sólo ha adquirido cosa juzgada formal sino material, toda vez que los bienes objeto del sucesorio de Bartolelli ya han entrado en posesión de sus herederos legitimados (sus padres).

Entiende que, dentro del marco de tutela judicial efectiva que surge del bloque de constitucionalidad conformado por los Pactos Internacionales, debe darse intervención a la víctima -en el caso, sus padres, herederos forzosos por desheredación por causa de indignidad en razón de la condena de su nuera, Gauna- permitiéndoles mediante un recurso amplio intentar obtener una respuesta a sus intereses afectados.

3. Asimismo, la Actora civil constituida oportunamente en la causa penal principal, deduce recurso extraordinario federal (fs. 270/288v.).

Refiere que la decisión cuestionada le causa un gravamen irreparable no sólo porque absuelve a Gauna, sino porque afecta la cosa juzgada civil del juicio sucesorio de la víctima, en el que los padres de ésta habían excluido a la imputada por indignidad.

Postula la violación de la garantía a una tutela judicial efectiva con base en la falta de intervención de su parte en la tramitación de la revisión penal. Entiende que dicha lesión se configura por no haberle dado ninguna participación, lo que vedó su posibilidad de ofrecer pruebas y de controlar las de la revisionista. Relata que se enteró de la absolución de Gauna por una nota televisiva que le hicieron cuando ya estaba en libertad y por la carta documento que le envió reclamando los bienes de su esposo.

Plantea la nulidad de todo el trámite por no haberle dado intervención a la víctima y expresa que su parte tiene derecho a recurrir un fallo absolutorio, por lo que entiende que el análisis del presente remedio debe ser flexibilizado, no limitándose a los requisitos específicos del recurso extraordinario federal.

Por otro lado, alega arbitrariedad del fallo de esta Corte, en el entendimiento de que no se verificó en autos un supuesto de revisión, en tanto ni la declaración del médico Pasotti, ni el estudio de electromiografía practicado a la imputada revisten la calidad de "nueva prueba".

En este sentido, señala que: los dichos del referido médico no son más que una ratificación de lo declarado con anterioridad en la causa principal, que la declaración informativa no tiene el carácter de prueba y que, en todo caso, las consideraciones vertidas no llevan a la conclusión indubitable de la falta de autoría de Gauna. Agrega que la posibilidad de que se le hubieran suturado los tendones flexores profundos ya había sido analizada y ponderada por los Jueces de la causa a partir de la introducción de este dato en la transcripción mecanografiada del protocolo quirúrgico que se le pidiera al galeno oportunamente, habiendo concluido los Magistrados que el instrumento médico con valor probatorio era la foja quirúrgica.

Por otro lado, en relación a la "extraña" aparición del estudio de electromiografía, sostiene que es falso y que resulta contrario al sentido común que una prueba de tanta relevancia para la causa haya quedado perdida en un cajón de la hermana de la imputada entre otros papeles y que lo encontraran recién nueve años después. Manifiesta que, en todo caso, tampoco posee entidad para cambiar la conclusión de autoría a la que se arribara en la sentencia, en el entendimiento de que se trata de una cuestión opinable tal como lo afirmaron los médicos intervinientes.

4. Habiéndose corrido el traslado que prescribe el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y respondido el mismo (cfr. fs. 292/308v. y 310/326v., respectivamente), cabe examinar fundadamente la admisibilidad del recurso a fin de decidir acerca de su concesión o denegación.

5. Esta Corte -por mayoría- hizo lugar a la revisión penal oportunamente deducida por la defensa técnica de la justiciable, y anuló la sentencia firme por la cual se había condenado a María Antonia Gauna a prisión perpetua por el homicidio de su cónyuge Omar Carlos Bartolelli, disponiéndose su absolución (A. y S. T. 273, págs. 51/79) .

Para así decidirlo, este Tribunal consideró que las nuevas pruebas aportadas por la revisionista (art. 489, inc. 4, C.P.P.) desarticularon la "hipótesis fáctica incriminante", que se sustentó en que los únicos protagonistas involucrados en el suceso fueron los cónyuges, y que la señora Gauna había acometido a su esposo con una cuchilla para luego intentar quitarse la vida cortándose ambas muñecas.

En efecto, tanto la sentencia condenatoria como su confirmación partieron de entender que la imputada pudo físicamente causar las lesiones mortales a su cónyuge y luego "auto-lesionarse"; al considerar acreditado sólo la lesión de los tendones flexores superficiales de ambas manos. Apoyándose, centralmente, en la versión manuscrita del protocolo quirúrgico, optando por priorizar esa versión por sobre lo consignado por el mismo galeno en su versión mecanografiada en la cual afirmó haber suturado también los tendones flexores profundos de la mano izquierda.

Ahora bien, la absolución de este Tribunal hizo mérito de nuevas pruebas que demostraban la "iniquidad manifiesta del pronunciamiento condenatorio" al tener por acreditada que "la hipótesis en la cual se sustentó la condena y confirmación era incorrecta" (vide, punto 7, A. y S. T. 273, págs. 51/79).

Las nuevas pruebas -con incidencia en el caso- fueron: el testimonio brindado por el doctor Pasotti -en esta instancia- quien admitió y explicó las circunstancias en que incurriera al omitir consignar el seccionamiento de los tendones flexores profundos de la mano izquierda de Gauna. Testimonio que se evaluó con el resultante de la electromiografía de ambos miembros superiores -efectuada el 28.04.2005- agregada en la etapa de revisión y no en el proceso principal (vide el detallado relevamiento en el voto del señor Ministro doctor Erbetta, que hiciera mayoría, puntos 8-10, A. y S. T. 273, págs. 51/79).

Conforme estos elementos de prueba, y teniendo por demostrado que la señora Gauna tenía "los tendones flexores profundos de la mano izquierda seccionados", cuando -en el caso- se la había condenado con sustento en una "conclusión opuesta"; esta Corte -en voto mayoritario- estimó que la condena se había pronunciado con yerro respecto de los hechos atribuidos a la justiciable (vide voto que hizo mayoría, punto 3, A. y S. T. 273, págs. 51/79). Admitiéndose, por ello, la revisión penal, anulándose la condena y absolviendo a la imputada (art. 489, inc. 4, C.P.P.).

5.1. Contra dicha resolución, interponen sendos recursos extraordinarios federales (art. 14, Ley 48); el Fiscal de Cámaras (a fs. 245/263v.) y la Actora civil (a fs. 270/288v.).

5.2. En el análisis de la admisibilidad del recurso federal (art. 14, ley 48) se adelanta que deben desestimarse las alegaciones recursivas de la Fiscalía.

Ello así, por cuanto bien se advierte que la impugnante centralmente insiste en disentir en cuestiones de carácter procesal y local respecto a la calidad de nueva prueba o vinculadas a la prueba, mas sin demostrar siquiera elementalmente que las circunstancias a las que hiciera mérito esta Corte en la instancia de revisión se apartara de los cánones de logicidad o prescindiera notoriamente de las constancias de la causa. En suma, sus alegaciones sólo traducen disenso interpretativo con cuestionamientos -oportunamente considerados y resueltos por esta Corte- vinculados a cuestiones de hecho, prueba y derecho aplicable, en ejercicio de funciones propias por parte de este Tribunal en el marco del recurso de revisión penal, sin demostrar -en concreto- la invocada afectación constitucional.

En efecto, en el marco de la revisión penal y para admitir la sustanciación, se tuvieron como nueva prueba: "la declaración del doctor Pasotti" y un estudio de "electromiografía". En torno a dichas probanzas, al sentenciar este Tribunal destacó que la confusión y perplejidad que generaron las versiones manuscritas y mecanografiadas del protocolo quirúrgico sobre un punto crucial para sustentar la condena, se pudo recién dilucidar en la instancia de revisión penal y por la declaración del galeno. Y en referencia al estudio electromiográfico de fecha 28.04.2005 agregado en la etapa de revisión, este Tribunal también lo consideró prueba novedosa, pues no se había incorporado como prueba ni, por tanto, valorado por los Jueces de la causa durante la tramitación del proceso principal a pesar de la contundencia de sus conclusiones -por desconocimiento de los familiares de la imputada acerca de su trascendencia en orden a dilucidar lo acontecido en el caso- (vide, punto 8, voto mayoritario, A. y T. 273, págs. 51/79).

Habiéndose considerado novedosas las probanzas ofrecidas, esta Corte evaluó -en el contexto de los antecedentes y evidencias de la causa-, la contundencia del yerro en que se sustentara la condena de la justiciable respecto del suceso y su mecánica; concluyendo en que estaba demostrada la "imposibilidad física" de la imputada de realizar la conducta atribuida, al acreditarse que los tendones flexores profundos de la mano izquierda estaban seccionados, razón por la cual se determinaba su "incapacidad física para mover los cuatro dedos de tal mano y para tomar con ella un cuchillo y efectuar la fuerza necesaria para 'auto-lesionarse' la mano derecha" (vide voto mayoritario, A. y T. 273, págs. 51/79). A mérito de todo lo cual, esta Corte tuvo por descalificada la versión del suceso e hipótesis incriminante en la cual se sustentó la condena de Gauna y su confirmación. Premisas que permanecen incólumes, al conformarse la fiscalía impugnante con insistir en cuestionar la decisividad de los elementos meritados por este Tribunal, mas sin demostrar que lo decidido resultara carente de logicidad o se desmarcara de las evidencias del proceso.

En tal sentido, nótese que en orden a la versión del suceso en la sentencia de revisión penal esta Corte señaló que "...lo cuestionable que puede resultar que una investigación se cierre desde sus inicios a una única hipótesis incriminante sin vislumbrar la posibilidad de otras alternativas", puntualmente respecto de la existencia de terceras personas en el hecho. En punto a ello, y a estarse a las constancias de la causa obran evidencias relativas a que María Antonia Gauna inmediatamente de recuperar la consciencia -por la cuantiosa pérdida de sangre- manifestó y sostuvo de manera reiterada que "ellos -como matrimonio-" fueron las víctimas, afirmando que el delito fue cometido por otras personas, puntualizando concretamente a su cuñado Omar Longarini; y que pudieron haber sido drogados (fs. 12/13 y 15/v., autos principales), sin que se desplegara ninguna investigación y desestimándose testimoniales en las cuales se manifestara haber visto las rejas abiertas del ingreso y una bicicleta en el jardín, que luego desapareciera (fs. 74 y 93, autos principales); coligiéndose el direccionamiento de la investigación respecto de la única hipótesis fáctica, y prescindiéndose de la denuncia penal presentada en fiscalía por Rosa Ingrid Gauna (fs. 740/742, autos principales) que ratificara en su posterior declaración (f. 749, autos principales), denunciándose amenazas telefónicas a Rosa Ingrid Gauna en represalia (fs. 239 y 340, autos principales) como de testimonios indirectos en los cuales se sindicara a terceras personas -Neira y Pavón- (fs. 749/751 y 752/v., autos principales), y demás constancias que dan cuenta de la extraordinaria violencia del suceso no sólo plasmada en los cuerpos del matrimonio (Bartolelli-Gauna) sino también conforme se desprende del lugar del hecho (vide acta de procedimiento fs. 25/27; vistas fotográficas fs. 40/61; inspección ocular f. 104; acta de levantamiento de indicios y secuestros fs. 114/115, autos principales).

Por lo tanto, las críticas que en este sentido intenta la Fiscalía impugnante perfilar en su recurso, se muestran como una mera discrepancia con lo resuelto por este Tribunal acerca de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal local, resultando en principio competencia propia de los Jueces de la causa y ajena al recurso extraordinario federal (Fallos:328:2011; 331:1090; 339:1493; entre otros).

5.3. Por otra parte, también deben desestimarse las alegaciones nulidicentes con sustento en una pretendida participación necesaria de la Actora civil en el recurso de revisión penal, y asumidas por la Fiscalía en su recurso federal (a fs. 259/262); y que sustentaran una presentación de la Actora civil (fs. 270/288v.). Ello así, pues conforme nuestro digesto procesal penal local sólo son partes en el trámite del recurso de revisión penal el/la condenado/a y el Procurador General (vide, arts. 489 y ss., C.P.P.). En consecuencia, la Actora civil carece de legitimación procesal en dicha tramitación, y por lo mismo huera de legitimación activa para interponer la vía impugnativa intentada.

5.4. En igual sentido, deben desestimarse las genéricas alegaciones de la Fiscalía recurrente -aludiendo a implicancias convencionales con sustento en el derecho de las víctimas-, por cuanto con su genérica alegación no satisface la carga de adecuada fundamentación de naturaleza federal, omitiendo demostrar en concreto la inconstitucionalidad de las disposiciones procesales locales. Sin que pueda pasar desapercibido que se formulan con apoyo en pretendidos derechos hereditarios de los "padres en su carácter de herederos forzosos por la declarada indignidad hereditaria de su nuera la señora Gauna" (f. 262), que -conforme constancia de f. 292v.- en concreto recaerían en la persona de María Rosa Bartolelli, a la sazón cónyuge del sindicado Omar Longarini (f. 339). Alegaciones que -en el caso- resultan retóricas, al no hacerse cargo de acreditar el gravamen concreto que lo decidido le irroga, esto es: la demostración de la irrazonabilidad de la absolución de María Antonia Gauna.

5.5. Por todo ello, entiende este Tribunal que debe denegarse la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la Fiscalía para ante la Corte nacional al incumplir con los recaudos establecidos en el artículo 3, incisos d) y e) del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al no efectuar una crítica prolija y razonada de la sentencia atacada, que refute todas y cada uno de los fundamentos que dan sustento a la resolución apelada en relación con las cuestiones federales planteadas, ni demostrar que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y que la decisión impugnada sea contraria al derecho invocado por la apelante con fundamento en aquéllas. Y asimismo, debe desestimarse el recurso impetrado por la Actora civil, por carecer la misma de legitimación activa.

En virtud de lo expuesto, cabe concluir que la cuestión, tal como ha sido planteada, no resulta idónea para operar la apertura de la vía del artículo 14 de la ley 48.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia -integrada- RESUELVE: Denegar la concesión de los recursos extraordinarios para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpuestos por la Fiscalía de Cámaras y por la Actora civil.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ - ACOSTA - ERBETTA (en disidencia) - FALISTOCCO (en disidencia) - GASTALDI - NETRI (en disidencia) - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ERBETTA:

1. Corresponde en primer lugar analizar el pedido de nulidad del trámite de la revisión ante esta Corte formulado por la Actora civil con base en que no se le dio participación en el mismo.

Al respecto, debe señalarse que las normas del Código Procesal Penal que regulan la revisión establecen que sólo son parte del trámite el/la condenado/da y el Procurador General (cfr. arts. 489 y sgtes., C.P.P., ley 12912). En consecuencia, del análisis de la presente causa se advierte que éste se ha ajustado a las disposiciones legales -cuya constitucionalidad no cuestiona la recurrente- y, por tanto, no se advierte irregularidad que pudiera dar lugar a la anulación pretendida.

Lo dicho resulta suficiente asimismo para denegar el remedio extraordinario incoado por la Actora civil, en tanto ésta carece de legitimación activa para interponer la vía impugnativa intentada, por cuanto no reviste el carácter de parte en el proceso de revisión penal.

2. Sentado ello, cabe analizar el remedio deducido por la Fiscalía, y en esa tarea, el examen de los agravios planteados en sustento de la impugnación obliga a concluir que la recurrente ha logrado introducir hipótesis que "prima facie" habilitan el franqueo de la instancia extraordinaria federal.

Es que, teniendo en cuenta que se podrían encontrar en juego disposiciones previstas en Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos por haber sido resuelta la causa en contradicción con éstas, las postulaciones de la compareciente cuentan "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación de derechos constitucionales con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria. 3. Por ello, corresponde conceder el recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y denegar el deducido por la Actora civil (art. 14, ley 48).

FDO.: ERBETTA - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES NETRI Y FALISTOCCO:

1. Por acuerdo registrado en A. y S. T. 273, págs. 51/79, esta Corte -por mayoría- hizo lugar a la revisión interpuesta por la defensa de María Antonia Gauna, y anuló la sentencia 49 de fecha 4.02.2008 dictada por la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N° 7 de Rosario que la había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por considerarla autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y la resolución 342 de fecha 2.09.2008 de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de esa ciudad que la confirmara, disponiendo finalmente su absolución e inmediata libertad.

Cabe recordar que el hecho por el cual fuera acusada y condenada Gauna consistió en "...haber dado muerte a su esposo, Omar Carlos Bartolelli, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo; ocasionándole el deceso la herida producida en la región external izquierda; lesiones que fueran producidas con una cuchilla de veintiún centímetros de hoja, mango plástico blanco en el interior de la vivienda que ambos compartían en calle Víctor Moneta y Monseñor Pugliese de Arequito, como así también, golpear a la víctima con una botella de cerveza desvaneciéndola cuando éste se encontraba recostado en la cama matrimonial concretando luego el ataque mortal, siendo que la cuchilla se localizara al lado de la cama, y los restos de botella sobre y al lado de la cama; y por otra parte haber cortado con la cuchilla la correa de la persiana del dormitorio presuntamente para evitar que su marido pidiera auxilio para luego de recibida la agresión letal, trasladar su cuerpo hacia el jardín del frente de la vivienda, auto-lesionándose en las muñecas para luego tirarse en las cercanías de su esposo y solicitar ayuda; todo ello ocurrido el día 06 de febrero de 2005, antes de las 14.30 hs." (f. 919v., autos principales).

En la revisión entablada, la defensa afirmó que sobrevinieron nuevos elementos de prueba que harían evidente que Gauna no pudo materialmente haber ejecutado la acción delictiva, siendo que en la sentencia de primer grado, la Jueza sostuvo que si en la cirugía practicada a la imputada con posterioridad al hecho se hubieran suturado los tendones flexores profundos de su mano izquierda, la mecánica de los hechos sería imposible.

A ese fin, la presentante ofreció como elementos de prueba la declaración informativa prestada el 22.02.2011 por el médico cirujano Fabián Antonio Pasotti en el sumario penal "Pasotti, Fabián Antonio s/ Delitos varios" (Expte. N° 896/06), seguido ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción N° 2 de Rosario, iniciada por disposición de la Magistrada sentenciante a raíz de las diversas versiones plasmadas por el galeno en los documentos donde describiera las lesiones encontradas en Gauna al efectuar la operación en sus brazos; la realización de un estudio de resonancia magnética nuclear de ambas muñecas y un estudio de electromiografía de miembros superiores con equipo computarizado efectuado a la imputada en fecha 28.04.2005 que obraba en poder de sus familiares y nunca fue presentado en la causa.

En la resolución de esta Corte, en minoría propiciamos el rechazo de la viabilidad de la revisión interpuesta por la defensa de Gauna, por entender que la "nueva prueba" ofrecida -luego de ser analizada en detalle en A. y S. T. 273, págs. 51/79 y a cuya fundamentación remitimos- no tenía por sí sola la virtualidad de conmover la ya acreditada existencia del hecho calificado como delito, como así las circunstancias en que aquél se desarrollara, y desvirtuar de ese modo la conclusión condenatoria arribada por los Sentenciantes en cuanto a la autoría y responsabilidad que le cupo a la condenada en el homicidio de su cónyuge Omar Carlos Bartolelli.

2. Contra el pronunciamiento de este Tribunal, interpone el Fiscal de Cámaras N° 3 de Rosario recurso extraordinario federal (art. 14, ley 48; fs. 245/263v.).

Manifiesta que la absolución de Gauna constituye un claro e irreparable perjuicio a los intereses tutelados por el Ministerio Público.

Señala que el pronunciamiento recurrido deviene arbitrario normativamente, por cuanto se habilitó la apertura del recurso de revisión y se concedió el mismo, aun cuando no se hallaban configuradas las particulares y bien definidas circunstancias taxativamente requeridas para ello, haciendo valer fundamentos aparentes, al expresar sólo los "valores personales" o las "posturas subjetivas" de los Juzgadores.

En tal sentido, indica que no puede entenderse que hubiera sobrevenido ningún "hecho nuevo" que amerite una renovada valoración de las constancias de autos, ni se ha incorporado elemento de prueba alguno que examinado por sí mismo o en consonancia con las demás probanzas de la causa, torne evidente que la encartada no cometió el hecho por el que fuera condenada.

Enfatiza que el voto de la mayoría trató aisladamente la controversia relativa a la capacidad real de la imputada para "auto-infligirse" las lesiones acreditadas, vinculando "...directa e inescindiblemente esta cuestión con la efectiva culpabilidad de la Sra. Gauna en el hecho endilgado" (v. f. 247v.), prescindiendo así del tratamiento adecuado del debate, soslayando el análisis integral de los restantes elementos conducentes que sirvieron de fundamento a la condena impuesta, confirmada en todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Afirma que ninguno de los elementos de convicción referidos por este Tribunal en sustento de la decisión cuestionada, reviste el carácter de nueva prueba exigido por el artículo 489 del Código Procesal Penal.

Así, por un lado, respecto de la supuesta nueva declaración del médico Pasotti, explica que éste ya había testificado sobre las lesiones de Gauna, limitándose luego a ratificar sus manifestaciones anteriores y que ya habían sido tenidas en cuenta por los Jueces de la causa que condenaran a la imputada.

Critica que se tomara como "hecho nuevo" los dichos expresados por el mencionado galeno en una declaración informativa prestada dentro de la causa que se le seguía por falso testimonio y que reiteraba lo ya declarado y aclarado en forma testimonial, sumario penal en el cual no recayó resolución de mérito alguna. Agrega que tanto el Tribunal de primera instancia como la Cámara al confirmar la condena, dieron las razones a partir de las cuales entendían que correspondía asignarle mayor valor probatorio a la hoja quirúrgica en donde expresaba que sólo suturó los tendones flexores superficiales de la mano izquierda, por sobre la posterior versión mecanografiada del mismo, oportunidad en la que dijo que los tendones profundos estaban seccionados.

Por otro lado, en relación al estudio de electromiografía de miembros superiores realizado a la imputada en fecha 28.04.2005, el que conforme fuera alegado por la defensa, habría sido entregado por los familiares de la condenada a los Defensores recién durante el trámite de la revisión, sostiene que no tiene carácter de novedoso, toda vez que de las constancias de la causa surge que los médicos que realizaron la pericia mencionaron este estudio, aunque sin tener la oportunidad de evaluarlo, lo que evidencia que alguien dio a conocer acerca de su existencia. Considera extraña la aparición de este estudio varios años después aportado por la familia, y que no haya sido puesto en conocimiento del Juez instructor considerando que podría ser relevante para la estrategia defensiva. Agrega que puesto a conocimiento de la Junta Médica Forense, ésta ratificó su conclusión relativa a que las heridas de Gauna tenían las características del tipo "auto-infligidas".

Expone que las pruebas con las que se pretendiera fundamentar el recurso de revisión no reúnen las condiciones exigidas por la norma y carecen de valor decisivo y categórico suficiente como para generar razonable y prudentemente un justificado estado de convicción que elimine los efectos de la cosa juzgada, no pudiendo desconocerse las numerosas circunstancias que reafirman la conclusión condenatoria arribada por los Judicantes, quienes entendieron inexplicable la versión de Gauna en cuanto a la forma y mecánica de los hechos.

En otro orden, cuestiona la falta de intervención de la Actora civil en la tramitación del recurso de revisión, siendo la única figura legal permitida en el Código Procesal Penal de Santa Fe a la fecha del hecho, habiéndose constituido en tal carácter los padres de la víctima, quienes obtuvieron sentencia favorable en primera y segunda instancia.

Expone que la pretensión indemnizatoria se encontraba firme, y lo decidido por esta Corte modifica la condena civil, la que ha adquirido efecto de cosa juzgada formal y material, puesto que los bienes objeto del sucesorio de la víctima han entrado en posesión de sus padres, quienes fueron declarados herederos forzosos al haber sido desheredada María Antonia Gauna por causa de indignidad en razón de su condena.

Remarca que los padres de Bartolelli ni siquiera fueron notificados de la absolución, considerando que dentro del marco de tutela judicial efectiva que surge del bloque de constitucionalidad conformado por los Pactos Internacionales, debe darse intervención a la víctima, permitiéndole mediante un recurso amplio intentar obtener una respuesta a sus intereses afectados.

Afirma que la vulneración de derechos humanos fundamentales se plantea en las causas penales en general a favor del imputado, y que negar a las víctimas de delitos el mismo tratamiento y el irrestricto respeto a sus derechos fundamentales, importaría caer en una alarmante injusticia.

3. La Actora civil -padres de la víctima Omar Carlos Bartolelli- constituida en la causa penal principal, interpone recurso extraordinario federal (fs. 270/288v.).

Afirma que se configura un supuesto de arbitrariedad sorpresiva para su parte que torna procedente esta vía, por cuanto se tramitó un recurso de revisión que forma parte de la causa en la que estaba legítimamente constituida, desarrollado sin conocimiento ni participación de la víctima en el proceso, siendo además la sentencia dictada contraria a sus intereses.

Indica que a la fecha de promoción de la constitución como Actores civil, formaban parte de la Constitución nacional los Pactos Internacionales -C.A.D.H., P.I.D.C.y P. y D.U.D.H.- que garantizan la tutela judicial efectiva a todos los que son parte dentro del proceso penal en cualquier carácter en que intervinieren.

Sostiene que mantuvo su pretensión a lo largo de todas las instancias procesales y obtuvo sentencia favorable, siendo condenada Gauna a la pena de prisión perpetua por ser autora penalmente responsable del homicidio de Omar Bartolelli y a reparar el daño causado a los familiares de la víctima, y sin embargo, fue totalmente omitida su participación en el recurso de revisión presentado por la condenada.

Explica que se enteró de lo resuelto por este Tribunal, por una nota televisiva de Gauna en libertad, y el 23.12.2016 recibió una carta documento de su parte, reclamando todos los bienes de quien en vida fuera su esposo Omar Bartolelli, afirmando haber recuperado su vocación hereditaria.

Alega que como víctima, no ha tenido oportunidad de ofrecer y controlar prueba, hacer valoraciones sobre la misma y eventualmente interponer algún tipo de recurso, ni mucho menos, del modo amplio que los Pactos Internacionales garantizan, por lo que solicita que el análisis del presente remedio sea flexibilizado, no limitándose a los requisitos específicos del recurso extraordinario federal.

Por todo ello entiende vulneradas todas las garantías judiciales que el bloque de constitucionalidad le reconoce a la víctima del hecho.

Plantea la nulidad del trámite del recurso de revisión, y subsidiariamente alega la arbitrariedad del fallo de esta Corte, por no haberse verificado un supuesto de revisión, considerando que la "nueva prueba" consistente en la declaración del médico Pasotti y el estudio de electromiografía practicado a la imputada no reviste tal calidad.

Así, en relación a la declaración informativa prestada por el médico, critica su ponderación con entidad para hacer lugar a la revisión, por su falta de fuerza convictiva para desmerecer los elementos de prueba analizados en la conclusión de condena, y entiende que tampoco lleva al resultado indubitable de la falta de autoría de Gauna en el hecho, siendo que la nueva Junta Médica se mantuvo en su opinión original (heridas "auto-infligidas").

Por otro lado, refiere a la "extraña aparición" del estudio de electromiografía -al que tilda como falso-, efectuado en el año 2005 y que aparece 9 años después, no existiendo posibilidad de que al realizarse a solicitud y sobre "las manos de la acusada", y siendo ésta su principal defensa, no se haya estado expectante de su resultado, y haya quedado perdido entre los papeles de su familia. Asevera que lo lógico hubiera sido su inmediata incorporación a la causa para que los médicos oficiales se expidan sobre el mismo. Manifiesta que tampoco posee entidad para cambiar la conclusión de autoría, al resultar una cuestión opinable tal como lo afirmaron los médicos intervinientes.

4. Contestado el traslado que ordena el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde efectuar el examen de admisibilidad a fin de conceder o no -según corresponda- los recursos federales intentados.

4.1. Se advierte en primer lugar que tanto el Fiscal de Cámaras como la Actora civil logran articular con seriedad una cuestión federal vinculada con la causa al invocar por un lado la afectación a la tutela judicial efectiva, al haberse resuelto el recurso de revisión penal sin otorgarle participación alguna a la víctima; y por el otro, la arbitrariedad de la decisión que -por mayoría- adoptara este Tribunal al hacer lugar a la revisión interpuesta por la defensa, anulando la condena y absolviendo a Gauna.

En relación al primer aspecto, si bien la normativa local que regula el recurso de revisión penal no prevé expresamente la participación de la víctima en su trámite -como actor civil o querellante-, debe entenderse que dicha omisión, aun cuando podría considerarse una materia librada al legislador (Fallos:327:608), no implica que esté vedada su intervención.

Es que analizando la postulación de los presentantes, no puede soslayarse el estado actual que ha cobrado la participación de la víctima en los procesos judiciales tanto a nivel nacional como provincial.

Y en tal labor, debe considerarse el especial énfasis que en nuestro país ha tenido la intervención de la víctima en el procedimiento penal a partir de la reforma constitucional del año 1994, como así también la ampliación del horizonte de su actuación en el mismo dado por el Máximo Tribunal de la Nación (Fallos:321:2021, 329:2596, 330:3092, 329:5994), y hasta se podría mencionar la reciente reforma de la ley de ejecución de la pena privativa de libertad -ley 27375, B.O. 28.07.2017- que amplía notablemente el campo de actuación de la víctima en esta etapa.

Asimismo, a nivel provincial, el reconocimiento de una serie de derechos al damnificado por el hecho delictivo se dio con la reforma al Código de rito a través de la ley 12162, quien hasta ese momento sólo podía ejercer la acción civil, y por último con la implementación del nuevo Código Procesal Penal -ley 12734 y sus modificatorias- se consagró normativamente la figura del querellante, que otorgó un rol más activo al sujeto pasivo del delito.

Las antedichas precisiones conllevan a concluir que el planteo esgrimido por los recurrentes en este aspecto podría configurar una afectación a la tutela judicial efectiva (cfr. Préambulo, arts. 14, 33 y 75 inc. 22, C.N.; arts. 8 y 25, C.A.D.H.; art. 14, P.I.D.C.y P.).

Una de las manifestaciones de dicho derecho se traduce en el deber de los jueces de posibilitar el acceso de las partes al juicio, sin restricciones irrazonables, y de interpretar con amplitud las leyes procesales en cuanto a la legitimación, pues el rechazo de la acción en virtud de una interpretación restrictiva o ritualista importa una vulneración al mismo.

Lo expuesto alcanza para tener por acreditado un interés legítimo por parte de quien ahora comparece como Actora civil -María Rosa Bartolelli, hermana de Omar Bartolelli- al haber demostrado que lo decidido tiene efectos directos sobre sus eventuales derechos hereditarios. Ello por cuanto al haber fallecido sus padres, quienes habían asumido su carácter de herederos forzosos tras la desheredación por indignidad de Gauna en el sucesorio de su esposo -resolución fs. 266/267-, de mantenerse la condena, dicho carácter recaería ahora en su persona, por lo que su falta de intervención en el caso colisiona con normativa de orden constitucional y convencional.

4.2. En cuanto a la arbitrariedad que ambos impugnantes le endilgan a la decisión que -por mayoría- adoptó esta Corte, ya en oportunidad de A. y S. T. 273, págs. 51/79 entendimos que la "nueva prueba" ofrecida -luego de ser analizada en detalle y a cuya fundamentación remitimos- no tenía por sí sola la virtualidad de conmover la ya acreditada existencia del hecho calificado como delito, como así las circunstancias en que aquél se desarrollara, y desvirtuar de ese modo la conclusión condenatoria arribada por los Sentenciantes en cuanto a la autoría y responsabilidad que le cupo a la condenada en el homicidio de su cónyuge Omar Carlos Bartolelli.

Sobre este último aspecto, consideramos que aquellas pruebas distaban de reunir las condiciones exigidas por la norma -art. 489, C.P.P.- y carecían del valor decisivo y categórico suficiente como para generar razonable y prudentemente un justificado estado de duda que derribara la certeza convictiva a la que llegaran los Juzgadores al condenar a Gauna.

Por todo ello, entendemos corresponde conceder los recursos extraordinarios para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuestos por el Fiscal de Cámaras N° 3 de Rosario y por la Actora civil.

FDO.: FALISTOCCO - NETRI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).