Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21


Buenos Aires, 21 de febrero de 2006. VISTOS: los autos individualizados en el epígrafe que se encuentran en estado de dictar sentencia y, CONSIDERANDO: Que, a fs. 1/13, Rodolfo Marmolja interpone -en los términos de los arts. 464 y cctes. del CCAyT- recurso judicial de revisión contra la resolución Nº 795/SOy SP/03, de fecha 10 de julio de 2003. Ello así, por cuanto mediante ésta última se le impuso la sanción de cesantía bajo el cargo de haber percibido sumas de dinero en forma reiterada, por medio de acreditaciones bancarias, en concepto de liquidaciones complementarias (código 086), sin justificación alguna, durante el período objeto del Informe Especial Nº 37/2000, confeccionado por la Sindicatura General de la Ciudad. Solicitó, además, una medida cautelar destinada a suspender los efectos del acto atacado desde la fecha en que fuera emitido. 2. Que, rechazada la cautelar requerida y habilitada la instancia conforme los términos expuestos en la resolución de fs. 101/2 y ordenado en esa oportunidad el traslado del recurso, se presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 112/21 solicitando su rechazo en virtud de los argumentos allí vertidos y a los que se hace remisión por razones de brevedad. Finalmente, mediante la providencia que antecede, se ordenó el pase de los autos al acuerdo. 3. Que, sentado ello, cabe recordar que tanto la resolución recurrida como el escrito con que se iniciaron estas actuaciones dan cuenta de la existencia de una acción penal promovida por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 4, Secretaría Nº 113, en la que, pese a encontrarse recurrido, se habría decretado el procesamiento de los agentes involucrados en el sumario que incoara la administración (ver fs. 9 vta. y cons. 21 de la copia obrante a fs. 18/21). Pues bien, a partir de ello corresponde destacar que, si bien se trata de acciones en principio independientes, entre la represión penal y la represión disciplinaria existen relaciones cuyo estudio resulta, en el particular, insoslayable. En ese sentido, es correcto afirmar que el delito penal puede no tener relación alguna con la función ejercida por el agente. Pero, aún así, si hubiere condena penal ésta puede influir en la aplicación de una sanción disciplinaria. Por ello, se ha dicho que, si bien es cierto que el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso pen al son diferentes por su génesis, sus fines y sus sanciones, y teóricamente puede admitirse un cierto paralelismo entre ellos, práctica y racionalmente ha de evitarse que un mismo hecho de lugar a decisiones contradictorias en el proceso penal y en el procedimiento administrativo (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. III-B, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1983, 3ª ed. actualizada, § 1063 y ss., p. 424 y ss.). En efecto, el fundamento de la prejudicialidad penal radica en que la verdad real siempre debe ser una sola, razón por cual lo resuelto administrativamente como pasible de sanción disciplinaria debe ser coherente con lo resuelto en sede criminal, en resguardo de elementales principios de lógica jurídica (TSCórdoba, Sala contencioso-adminitrativa, en autos "Coy, Miguel A. c/ Provincia de Córdoba", 28/02/03, publicado en LLC (septiembre), 941). Como lógica consecuencia de lo expuesto, la sanción penal, en cuanto incida en la esfera administrativa, es de obligatorio respeto por parte d e la administración; así, en los casos en que la condena penal tuviere como pena la inhabilitación, por ejemplo, la extinción de la relación de empleo es imperativa (Marienhoff, Miguel S., ob. cit., p. 428). Asimismo, se ha establecido que existen otras limitaciones, tales como que si un hecho ha sido tenido por inexistente en la jurisdicción penal, no podría a la inversa tenérselo como probado en la instancia civil o administrativa (Gordillo, Agustín, "La prueba en el derecho procesal administrativo", LL, 1996-A, 1398) 4. Que, tales consideraciones -y la solución que de ellas se desprende- pueden extraerse, a su vez, de la regla consagrada por el Código Civil en su art. 1101, donde se recibió en forma expresa el instituto de la prejudicialidad penal. Estableció allí el legislador, en lo que aquí interesa, que "[s]i la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal ...". Si bien la norma transcripta, extraída casi literalmente del art. 835 del Código Civil de Freitas ("Si la acción criminal precediere á la acción civil de daño, ó fuere promovida durante la tramitación de ésta, no habrá delito en el juicio civil antes de la condenación del acusado en juicio criminal, por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Se exceptúan: 1º El caso de haber fallecido el acusado antes de la resolución de la acción criminal, en cuyo caso la acción civil puede ser promovida ó proseguir contra los respectivos herederos. 2º El caso de ausencia del acusado, en el cual la acción civil puede ser promovida ó proseguir contra él por medio de citación por Edictos", Código Civil, t. I, Buenos Aires, A. García Santos / J. Roldán, 1909, p. 324), hace referencia a acción y juicio civil, la directiva jurídica en que tales palabras se traducen debe ser interpretada ampliamente y no en forma acotada al significado estricto y actual que cabe asignarle a aquéllos términos. De esa forma, el sentido del voc ablo acción civil debe ser explicado a partir de su contraposición con el de acción criminal y teniendo en cuenta la época en que se sancionó el Código; ergo, el alcance que cabe otorgarle a la locución juicio civil comprende, razonablemente, toda aquella acción que no revista naturaleza penal. En esta misma dirección y a modo de ejemplo, cabe destacar lo resuelto por la Corte de Justicia de la Provincia de Salta el 9/6/03 al tratar un recurso interpuesto en el marco de una acción contencioso-administrativa en autos "Baldoni de Bustos, Inés V. c/ Banco de Préstamos y Asistencia Social de la Pcia. de Salta" (publicado en LLNOA (febrero), 777), donde analizó el rechazo de la defensa de prejudicialidad deducida por la demandada en las instancias anteriores, conforme las pautas contenidas en el art. 1101 del Código Civil. Por otra parte, el aspecto concerniente al alcance de la suspensión que se deriva de la coexistencia de ambos procesos constituye una temática superada en la actualidad. Esta última, tomando com o punto de partida la formulación originaria del texto del Código Civil ("... no habrá delito ..."), propiciaba impedir la promoción -y, consiguientemente, el trámite- de la causa civil antes del pronunciamiento en sede penal, por cuanto ello implicaría hacer avanzar un procedimiento dispendioso e inútil y una doble actividad probatoria sobre el mismo objeto (postura que contaba con la adhesión de Machado, De Gásperi y Bibiloni). Sin embargo, la corrección de la edición de Nueva York, en tanto estipula que "... no habrá condenación ...", deja en claro que lo que debe suspenderse no es la tramitación del proceso sino el dictado de la sentencia (posición doctrinaria compartida por Salvat - Acuña Anzorena, Trigo Represas, Lafaille, Salas, Aguiar, Borda, entre muchos otros y que ha sido aceptada por la jurisprudencia más reciente). Por último, cabe señalar que al precepto bajo comentario -y a toda la sistemática de la prejudicialidad penal en general- se ha asignado el rango de orden público y, por ende, su aplic abilidad ex officio (Saux, Edgardo I. en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Alberto J. Bueres (dir.) / Elena I. Highton (coord.), t. 3, Buenos Aires, Hammurabi, 1999, § 3, p. 305; ver, asimismo, Kemelmajer de Carlucci, Aída en Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Augusto C. Belluscio (dir.) y Eduardo A. Zannoni (coord.), t. 5, Buenos Aires, Astrea, 1990, p. 298 y ss.; Llambías, Jorge J., Código Civil Anotado, t. II-B, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1979, p. 399 y ss.). En otras palabras, el estado en que se encuentran estas actuaciones y la forma en que el Tribunal ha abordado el análisis precedente, resultan compatibles con los lineamientos que caracterizan al instituto en cuestión. 5. Que si bien de acuerdo a las pautas expuestas en el punto 3 precedente, la independencia entre el proceso disciplinario administrativo y el penal no permite aquí una aplicación tan rigurosa de la prejudicialidad como en el ámbito civil, lo cierto es q ue tampoco ello puede conducir a desconocer la relevancia que cobra, en este pleito, el estado de las actuaciones seguidas ante el fuero criminal. Máxime cuando, como ya se señaló, los considerandos de la resolución apelada refieren la existencia de un decreto de procesamiento dictado contra los agentes cuyas conductas se investigan. En suma, a fin de evitar la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias, resulta adecuado dejar sin efecto el pase de los autos al acuerdo ordenado a fs. 163 y suspender los plazos procesales hasta tanto obren en estas actuaciones constancias que acrediten el actual estado de la causa penal seguida contra la aquí recurrente; cumplido ello, se procederá a un nuevo análisis del recurso objeto de estudio. Por las consideraciones vertidas precedentemente, el Tribunal RESUELVE: I.- Librar oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 4, Secretaría Nº 113, a fin de que remita la causa Nº 113.908/00, caratulada "Almecijas, Norberto y otros s/ defraudación contra la administración pública", o bien copias certificadas de las actuaciones pertinentes, donde conste la situación procesal actual del recurrente, Rodolfo Marmolja. II.- Interín, suspender el pase de autos al acuerdo ordenado a fs. 163 hasta tanto obre en autos el resultado de la diligencia dispuesta en el punto precedente. Regístrese, notifíquese y cúmplase con la medida dictada. Fecho, vuelvan los autos a despacho.-