marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido por maternidad, denuncia del embarazo
Materia: LABORAL
Carátula: Padrón, Laura G. c/ Rutamar S.A. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

La ley impone a la trabajadora embarazada la obligación de notificar su estado de gravidez a la patronal a fin de garantizar su estabilidad en el empleo. Tal comunicación no implica otra cosa que el fehaciente conocimiento por el empleador del estado de embarazo de la empleada para evitar precisamente que durante el mismo adopte medidas que puedan significar la rescisión del contrato de trabajo lo cual justifica el recaudo de acreditar dicho estado de gravidez o bien la facultad de la mujer de solicitar ser reconocida clínicamente por el médico patronal.
Constitución Nacional, derechos de incidencia colectiva, acciones de clase
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DECOVI s/ Amparo Colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-01

Juan V. SOLA en su trabajo "La Constitución y las Acciones de Clase" expresa que con la reforma de 1994, al incorporar el derecho a un ambiente sano y los derechos de consumidores y usuarios se ha iniciado un debate sobre los derechos colectivos en la Constitución, incluyendo las acciones de clase para una eficaz defensa de esos derechos. Define a éstas como la consolidación de diferentes pleitos relacionados en uno.

Es decir que si existe un número importante de actores o de demandados con cuestiones similares para resolver en un pleito, el juez puede permitirles integrarse dentro de una clase. El fracaso de los acuerdos o de los litisconsorcios es - según Juan V. SOLA - lo que lleva a explicar la existencia de las acciones de clase. En este tipo de acciones normalmente existe un representante de la clase que es generalmente el abogado principal de la demanda; él es quien representa los intereses de todos los miembros de la clase, aun cuando no tenga un mandato de ellos.

Integran la clase todos los que tengan agravios similares contra un demandado; la determinación de la similitud de los agravios debe ser apreciada por el juez que certifica la clase, lo cual no es una tarea sencilla ya que la extensión del daño recibido puede variar en cada actor.

De este modo concluye que en este tipo de acciones se reducen los costos de prueba, de honorarios de letrados, del esfuerzo en demandas diferentes y, finalmente, del procedimiento en múltiples juzgados.
Nulidad procesal, recurso de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: DEMARCO,  SARA c/ LENTINI DE LICCIARDELLO, VICENTA s/ EJECUCION HIPOTECARIA S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

La nulidad puede plantearse por vía de recurso, por vía incidental, por vía de excepción y por vía de la denominada acción de nulidad. La vía del recurso se encuentra circunscripta a las impugnaciones fundadas en los vicios que pudieren afectar a alguna resolución judicial en sí misma, quedando excluidas las irregularidades que padezcan los actos procesales anteriores al pronunciamiento de la decisión. Así, de conformidad con lo dispuesto por el Cpr: 253 el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de sentencia (Palacio, Lino "Derecho Procesal Civil", T. IV, Actos Procesales, pág. 164 y sgtes.). La vía incidental, por su parte, es la única admisible para obtener la declaración de nulidad de cualquier acto procesal realizado durante el curso de una instancia. Por ello procede en el supuesto de que, a raíz de un acto defectuoso, se haya dictado una resolución judicial, pues en este caso no se impugna a esta en sí misma sino en la medida en que configura la culminación de un procedimiento irregular (cfr. ob. cit.).
Prescindibilidad, empleados públicos, ley derogada
Materia: LABORAL
Carátula: RESTUCCIA, JOSE ANTONIO c/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-28

'La ley 20713 no fue derogada por la ley 20744'.
Procedencia del recurso, fundamentación suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Pérez Gadin, Daniel Rodolfo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-08

La disidencia sostuvo que el recurso interpuesto por la defensa particular del imputado satisface las exigencias de fundamentación, conforme los artículos 456 y 463 del C.P.P.N., por lo que se debe continuar con el trámite previsto en el art. 465 bis de C.P.P.N. fijándose audiencia de informes, sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo del planteo. (Dres. Borinsky, Hornos y Figueroa -en disidencia-).
Concursos, fallido, legitimación procesal, síndico del concurso
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: ESACON SA c/ BARSEAN, JORGE s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 265-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

El fallido conserva la titularidad del derecho controvertido parte sustancial del proceso- pero es despojado de su disponibilidad activa y pasiva, asumiendo el Síndico la vista de sustituto procesal ex-lege, aunque no integra la capacidad limitada del deudor, como en el caso del tutor o curador.
Inimputabilidad, alteración morbosa de las facultades, estado de inconsciencia
Materia: PENAL
Carátula: RUBILAR ROUSSELOT, Luis Alberto s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

El juicio de culpabilidad es una valoración eminentemente jurídica y por tanto corresponde al Juez.Si de autos no surge que existiera un motivo razonable que llevara al procesado a cometer el hecho, la violencia inusitada de su acción y la actitud asumida con posterioridad, unida a la ingesta de bebida alcohólica, a su personalidad psicopática y a su enfermedad -epilepsia parcial-, permiten concluir que el procesado no pudo por alteración morbosa de sus facultades y/o por su estado de inconciencia comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones.
Sentencias de segunda instancia, parte dispositiva, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Tossoni, Ricardo Luis c/ El Ombu S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de pesos (Expte. CSJ Nº   1577-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-03

Si los argumentos de los jueces que formaron la mayoría no sólo difieren entre sí sino que se contraponen, el decisorio carece -en definitiva- de toda fundamentación, puesto que no habría razón valedera para optar por un voto y otro al momento de apreciar cuál h a sido el presupuesto en que se basó la decisión apelada. Dicha circunstancia priva a la sentencia de aquello que debe constituir su esencia: ser una unidad lógico-jurídica, cuya validez depende no sólo de que la mayoría convenga en lo atinente a la parte dispositiva, sino que también ostente una sustancial coincidencia en los fundamentos que permiten llegar a la conclusión adoptada. Sería contrario a la lógica y a la equidad que un vicio tan radical como el apuntado fuera -justamente- el que impidiese considerar los agravios de la apelante, lo que obliga a descalificar la sentencia y ordenar el dictado de una nueva. (Del Voto del Dr. Ulla)
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Olguin  Pedro  Marcelo c/ Rutas del Sur SA. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-19

Corresponde a quien invoca la discriminación probar acabadamente las condiciones en las que el motivo discriminatorio pueda considerarse altamente probable, y a partir de ese punto, al imputado incumbirá acreditar que su decisión fue un caso excepcional dentro de la regla genérica de la probabilidad. En estos casos, que pueden calificarse como casos de "prueba difícil", resulta aplicable la doctrina de las pruebas dinámicas, que no implica invertir la regla que, en materia de cargas probatorias, establece el art. 377 del CPCCN, sino sólo reconocer especial relevancia a los indicios, y en especial, a la conducta que -en materia procesal- despliegue la demandada en el proceso (conf. art. 163, quinto párrafo, CPCCN). (Del voto del Dr. Guisado).
Compraventa inmobiliaria, vicio oculto, acción quanti minoris
Materia: CIVIL
Carátula: DI FRANCESCO DE RUDA BART, MARTA E. c/ ZUCCO DE ROSSI, ROSA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-23

La ubicación de un termotanque no constituye en sí misma un vicio o defecto. Lo que sí constituye un vicio oculto es que, a raíz de esa inadecuada ubicación, se produzcan daños lo que no podía comprobarse con el examen atento de la cosa por un comprador inexperto, pese a la diligencia que ponga en sus negocios, por lo que la adquirente nunca pudo tener en cuenta, a los fines de la fijación del precio, ese defecto que no tuvo la posibilidad de conocer sino una vez que vivió en el inmueble. A fin de que prospere la acción "quanti minoris" no cabe tener en cuenta como principio si la compradora pagó barato o caro, sino si en definitiva le fue entregada la cosa en la forma pactada, teniendo en cuenta el destino funcional de la misma.
Empleador, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Ortega, María Amelia y otros c/ ESEIC y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08

El art. 30 de la LCT sujeta la solidaridad a que los trabajos o servicios que se contraten sean propios de la actividad normal y específica del establecimiento y comprende no solo la principal sino también las secundarias de aquélla, con tal que se encuentren integradas permanentemente y con las cuales se persigue el logro de los fines empresariales máxime si se desarrollan dentro de su ámbito encuadrando en este concepto el servicio de seguridad y vigilancia contratado con una empresa por Aerolíneas Argentinas, respondiendo por lo tanto solidariamente por los créditos laborales por los que ha progresado la acción contra la compañía de servicio de seguridad.
Falsedad ideológica, partida de nacimiento, suposición del estado civil, supresión del estado civil
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ, IRIS ELENA s/ SUPRESION  Y  SUPOSICION  DEL  ESTADO  CIVIL  -  FALSEDAD  IDEOLOGICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-07

Es autónomamente punible, en los términos del art. 293 del C.P., la conducta de quien, para hacer incierto, alterar o suprimir el estado civil de una persona, recurre a falsedad ideológica en la partida de nacimiento.

La conducta del procesado de comparecer ante el oficial público y, por su intermedio, hacer insertar la falsedad de que el niño es suyo y de su esposa, configura "prima facie" el delito de falsedad ideológica en un instrumento que como la partida de nacimiento resulta el único apto para probar los datos de filiación del recién nacido.

El perjuicio radica en este delito, no ya en el propósito específico de causarlo, a que se refieren los arts. 138 y 139 del C.P., sino directamente a la fe pública, entendida como la fe puesta por terceros indeterminados sobre el instrumento en sí mismo, como acreditante "erga omnes", en toda la República de lo que en él consta.
Recurso extraordinario de nulidad, morosidad del proceso
Materia: PENAL
Carátula: Guerra, Carlos Miguel s/ Infracción art. 8, ley 20.488 Díaz, Eduardo Emilio s/ Lesiones leves y lesiones leves calificadas en concurso material
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25|2002-05-29

La supuesta transgresión a los plazos legales por parte de la Cámara (art. 57, C.P.P.) no es de las cuestiones que prevén los arts. 156 n.a.- y 159 -n.a.- de la Constitución de la Provincia.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Respaldo S.A. c/ Benitez, Adela y ots. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

Si la parte acreedora solicitó contra su propio beneficio la reducción de los intereses compensatorios y punitorios (en su conjunto) hasta el límite de la tasa activa que el Banco Provincia percibe en sus operaciones a treinta días, viola el principio de congruencia la decisión que reconozca un interés superior al requerido por la propia parte.
Recurso contencioso administrativo, tribunal de cuentas, acto administrativo, rendición de cuentas, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARGARIA, FABIAN LUIS JUVENAL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

Corresponde declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto, desde que, en el control que esta Corte efectúa sobre la legitimidad de los actos administrativos impugnados por el recurrente mediante los cuales se le impusieron cargos por las rendiciones de cuentas de la Gerencia de Administración y Finanzas de la unidad Ejecutora Provincial del PROMIN, aparece un obstáculo a la validación de los mismos afincado especialmente en la imposibilidad de exigir rendición de cuentas a quien no había sido designado como responsable de las funciones que le dan origen, respecto del cual tampoco se ha probado que hubiera efectivamente manejado fondos por los cuales debiera responder.
Recurso de apelación (procesal), declaración de oficio, principio dispositivo
Materia: PROCESAL
Carátula: ZORPUDES, Mariano Antonio c/ CREDIL S.R.L. s/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-11

La caducidad de la segunda instancia puede producirse a partir de la interposición del recurso, ya que está a cargo del recurrente el deber de activar el trámite a fin de poner la apelación en condiciones de que el tribunal de alzada se pronuncie sobre él.

Aun cuando es habitual que en la Cámara de Apelaciones se realicen las notificaciones y requerimientos de expedientes de oficio, ello no constituye una obligación y, menos aún, puede eximir a la parte de toda actividad por cuanto todo el proceso civil (aún los trámites ante la Alzada) se rigen por el principio dispositivo que confía a su actividad tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los que ha de versar la decisión del Juez.
Cheque sin fondos, honorarios, monto del cheque
Materia: PENAL
Carátula: LA VITOLA s/ Cheque sin fondos"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

A los fines de la regulación de los honorarios profesionales, no deben necesariamente considerarse las pautas provenientes del monto del cheque objeto del proceso, ya que el mismo en principio es materia ajena a la esencia del juicio final.
Contratos, pacto comisorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARIAS JORGE LEONIDAS c/ DOMINGO F. AVILA s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1992-05-06

Si se pone en funcionamiento el pacto comisorio tácito para resolver el vínculo contractual promoviendo el procedimiento extrajudicial con apercibimiento de iniciar juicio, se ejercita en forma irrevocable la facultad resolutoria, y no puede accionarse por cumplimiento de contrato, la ley no autoriza al acreedor a retraer su voluntad en forma unilateral y reclamar el cumplimiento contractual.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, defensor general de la Nación, prueba, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Baigorria, Fabián Gabriel y otros s/ inf. art. 189 bis CP Portación de arma de fuego de uso civil s/ recurso de inconstitucionalidad concedido CP Portación de arma de fuego de uso civil s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-11

Deben rechazarse los cuestionamientos del Defensor General que sólo dejan traslucir su disconformidad con el modo en que los jueces de mérito evaluaron las pruebas rendidas en la causa, y que en su opinión resultan insuficientes para arribar a una condena, si no alcanzan para demostrar concretamente que esa condena se funde en pruebas inexistentes o falsas, ni revelan un exceso palmario en la facultad de selección y valoración de las mismas. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Marcas, uso de marca, daños y perjuicios, indemnización, competencia, competencia civil y comercial federal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Cernadas  Lamadrid Juan Carlos María c/ Ideas del Sur S.A. y otro s/ varios propiedad industrial e intelectual.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

El actor demanda a Ideas del Sur S.A. y a Arte Televisivo Argentino S.A. a fin de que se las condene a: I) cesar en la infracción de los derechos de propiedad intelectual y derechos marcarios de los que es titular y II) reparar los daños y perjuicios derivados de la citada infracción. El actor sustenta su pretensión en la infracción a los derechos que ostenta en virtud del registro de la marca FISCALES B.A. en la clase 38 y de la titularidad de la obra "Los Fiscales" (y su título), que se configura con la identificación por los demandados de un programa de televisión con el título "Fiscales", en atención a que "se está utilizando una marca cuasi idéntica". Se extiende en el cotejo que a su entender determina la confundibilidad de los signos y en la utilización que considera constituye uso marcario. En tales condiciones, la cuestión litigiosa está regida "prima facie" por normas de derecho marcario, por lo cual ponderando la genérica atribución contenida en el art. 33 de la ley 22.362, estima el Tribunal que es propia de la justicia en lo civil y comercial federal. No obsta a esta conclusión la invocación de derechos de autor, toda vez que ésta específicamente se circunscribió a la propiedad sobre el título de la obra por lo que -contrariamente a lo sostenido por el magistrado civil y comercial federal- el aspecto central de la controversia no se relaciona con el formato y el contenido del programa.
Despido, excepción de incumplimiento contractual
Materia: LABORAL
Carátula: ARRUA, NESTOR FABIAN c/ RESTAURANTE FAMILY DE GONZALVO, JUAN Y GONZALVO MIGUEL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-22

El ejercicio de la "exceptio non adimpleti contractus", solo es admisible en supuestos en que no exista otro remedio legal o procesal idóneo para poner fin de inmediato a la actitud represiva y arbitraria del incumplidor, tal el caso de violación de los deberes de seguridad y previsión establecido por el art. 75 LCT.
Multa administrativa, defensa del consumidor, fecha de vencimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autoservicio Javi y otra s/ apelacion (Ley Pcial N° 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-03-13

Corresponde confirmar la resolución de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario que, de conformidad con la ley provincial 1480, aplicó multa por infracción al art. 5 de la ley 24240 por exhibición para la venta de productos con fecha de vencimiento cumplida, pues es obligación del vendedor garantizar al adquirente -consumidor- la vigencia del producto, siendo responsable por culpa conforme al artículo 512 del Código Civil por la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, sumándose a ello la previsión del art. 902 del mismo Código.
Acción de amparo, amparo por mora
Materia: CIVIL CONSTITUCIONAL
Carátula: CIA.  DE  TIERRAS  Y  CONSTRUCCIONES  SIERRAS  DE  CORDOBA    S.R.L. c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ AMPARO POR MORA - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-12-30

El amparo por mora reconoce, un alcance propio, de allí su especificidad. Difiere del amparo general el que procede sólo ante la ausencia -como regla- de otras vías idóneas para la protección del ciudadano, cuando "en forma actual o inminente se restrinjan, alteren, amenacen o lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos..." (art. 48 C.P.), por lo que asume un carácter residual.

En tanto para el primero nuestra constitución señala los presupuestos objetivos de procedencia, y de pautas procesales: "..

El juez, previa comprobación sumaria de los hechos enunciados, de la obligación legal y del interés del reclamante puede librar mandamiento judicial de pronto despacho en el plazo que prudencialmente establezca..." (art. 52), para el segundo sólo remite a la ley (en el caso la Nro. 4915).

Sin embargo, las diferencia entre uno y otro instituto no son óbice para la aplicación analógica, al amparo de la mora, de las normas procesales de la ley 4915 en tanto sean compatibles con su naturaleza y espíritu. Serán en todo caso los Jueces, quienes aprecien la conveniencia a adoptar la forma instrumental de la citada ley pero claro está, sin conculcar, en esta elección, la ratio legis de la propia garantía constitucional.

Si esta garantía se traduce en un mandamiento de pronto despacho, acceder al control de otras instancias jurisdiccionales implicaría no tanto desbaratar la finalidad tuitiva del precepto cuando desnaturalizar su mecánica.

Por ello, deviene incompatible con al naturaleza y celeridad que el instituto propugna, la admisión de remedios suspensivos de los efectos de la decisión del Tribunal; específicamente analógica del art. 15 de la ley 4915.
Tipo de cambio, liquidación de divisas, exportaciones, moneda extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: Witcel S.A.C.I.F.I.A. c/ Banco Central de la Rep. Argentina s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Según resulta de los términos y finalidades de las disposiciones relativas al régimen cambiario, para la determinación del tipo de cambio aplicable a divisas cuyo ingreso tiene origen en operaciones de exportación, se computan variables que inciden en el resultado de tales operaciones, entre las que cabe señalar a los estímulos a la exportación o los gravámenes aplicables, de forma que el precio fijado sea instrumento útil a los objetivos de la política económica en ejecución, y en razón de ello queda excluida cualquier hipótesis de independencia del tipo de cambio con respecto a la operación con la que se vincula el ingreso de las divisas.
Segunda instancia, producción de la prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Gallego Soto Víctor Julio c/ E.N. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

Los supuestos errores u omisiones en la valoración de la prueba producida no autorizan la producción de prueba en la alzada, cuando constituyen críticas a la sentencia definitiva.
Honorarios, regulación de honorarios, honorarios del abogado, valuación fiscal
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Dirección General de Fabricaciones Militares c/ Formosa, Pcia. de s/ NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY PROVINCIAL N 422
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

El procedimiento reglado en el último párrafo del art. 23 de la ley 21.839 supone la falta de acuerdo respecto de la estimación del valor del pleito y de un obligado al pago.