Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-02


SENT Nro. 965 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 02 DE DICIEMBRE de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Pedro Roberto Soria, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala VIIa. del 12/6/2003 obrante a fs. 484/485 vta., el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 19/8/2003 (cfr. fs. 499 y vta.). En esta sede, no se presentó memoria sobre el recurso, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo del recurso intentado (cfr. fs. 504/505). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica, en contra de la sentencia de la Sala VIIa. de la Cámara en lo Penal de fecha 12 de junio de 2003 la cual desestimó las observaciones que se realizaron al cómputo de la pena del imputado Pedro Roberto Soria y no se hizo lugar a la nulidad del decreto de fecha 10 de abril de 2003. El mismo tribunal concedió el recurso mediante resolución de fecha 19 de agosto de 2003.

2.- Con carácter previo a analizar el remedio en trámite, se cree conveniente realizar un relevamiento de los actos procesales que resultan significantes a fin de dilucidar el tema traído a estudio. El señor Pedro Roberto Soria fue detenido el 17 de agosto de 1999 acusado de violación. Luego de desarrollarse ajustadamente las diferentes instancias procesales, el tribunal condenó al imputado a la pena de diez años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de violación, art. 119 inc. 3 y 122 del CP. Seguidamente, esta Corte, a través de la resolución de fecha 22 de junio de 2001, rechazó el recurso casatorio interpuesto por la defensa técnica. Ante el subsiguiente planteo extraordinario, este Tribunal también denegó el pedido mediante la sentencia del 9 de octubre de 2001.

La defensa técnica observó el cómputo realizado por la Cámara en la resolución del 10 de abril de 2003 en base a la normativa de la ley 24.390. El tribunal respondió que no era adecuada la interpretación de los arts. 1, 2 y 7 de la ley 24.390 llevada adelante por la defensa técnica puesto que los primeros aluden a la posibilidad de cese de la prisión preventiva aun mediando sentencia condenatoria y el art. 7 hace referencia al cómputo de la pena. Agregó que, aun en los supuestos que se los interpretara en forma conjunta, la jurisprudencia limitó la posibilidad de realizar el computo privilegiado hasta el agotamiento de la doble instancia o la denegatoria de los recursos locales. Finalizó señalando que también debía rechazarse la pretendida nulidad de la resolución que fija el cómputo puesto que la omisión referida carece de incidencia en la determinación del cómputo.

3.- El recurrente en su escrito casatorio se agravia de que la sentencia de Cámara no satisface mínimamente la exigencia de motivar su decisión. Que no exteriorizó las razones por las cuales arribó a su conclusión, reincidiendo en la configuración de un perjuicio concreto pues resulta imposible establecer con certidumbre el momento de la aplicación del cómputo privilegiado. Afirma que tal situación se encuadra en la hipótesis casatoria del art. 468 inc. 2 del CPPT, por inobservancia de los arts. 142, 184, 185 inc. 3, 186 y 187 del CPPT; art. 28 de la Constitución de la Provincia y 17, 18, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

Señala que contrariamente con lo expresado por el tribunal, la defensa puso en su conocimiento la interposición del recurso de queja por ante la CSJN en el incidente de cese de prisión efectiva. Que, además, en el presente escrito se adjunta las fotocopias simples de la presentación en la cual consta el cargo colocado en mesa de entradas de la CSJN. Agrega, en relación al escrito de fecha 17 de marzo de 2003 en el que se puso conocimiento de la fecha en que la Corte de la Nación desestimó el recurso, que hasta la CSJT en el caso "Ríos, Miguel Angel", efectuó una llamada telefónica para verificar el estado en que se encontraba el recurso de queja, de modo resulta antojadizo alegar desconocimiento, Afirma que la Cámara confundió los supuestos de cesación de prisión preventiva con la hipótesis del cómputo preventivo. Cita doctrina en la cual se indica que la posibilidad de hacer valer el cómputo privilegiado inherente a la prisión preventiva se extiende hasta el momento en que la queja es rechazada por la CSJN y que allí el encausado se transforma en condenado. Remarca que la jurisprudencia que invoca el tribunal fue dejada de lado en el plenario "Agüero Irma Delia" de fecha 12 de junio de 2002 y que el precedente de esta Corte "Ríos, Miguel Angel" no es de aplicación al presente caso. Que este agravio se encuadra en la hipótesis casatoria contemplada en el art. 468 inc. 1 del CPPT por existir errónea aplicación de los arts. 2, 3, y 24 del CP y 7 y 8 de la ley nacional 24.390.

Como último agravio indica que se configuró un supuesto de gravedad institucional en tanto, como lo señaló esta Corte, la resolución no se pronunció sobre el fondo de la litis y, por tanto, los planteos esgrimidos remiten a la determinación del régimen jurídico procesal aplicable, lo que se vincula a la correcta administración de justicia. Que la Cámara no advirtió la fecha en que la CSJT denegó la concesión del recurso extraordinario y prescindió de las pautas fijadas en los casos "Monzor Isaac Jacobo s/ homicidio calificado" de la Sala IIIa de la Cámara Penal. Que la existencia de pronunciamientos contradictorios sobre idénticas cuestiones también configura una situación de gravedad institucional.

4.- En la presente causa corresponde determinar el momento procesal por la cual la sentencia condenatoria comienza a ser ejecutable, es decir, hasta que estadio procesal se extiende el cómputo privilegiado del art. 7 de la ley 24.390.

Se debe recordar que la suspensión de la ejecutabilidad de la sentencia penal resulta esencial en el caso en autos puesto que la efectiva ejecución de la pena trae aparejada la conclusión de la prisión preventiva y, en consecuencia, la inaplicabilidad del cómputo privilegiado. En relación a los planteos interpuestos por la defensa técnica, podemos adelantar que aparece a todas luces errado la posibilidad de que se realice el cómputo privilegiado hasta el rechazo de la queja del recurso extraordinario federal por parte de la CS. Más allá del debate sobre el momento en que una sentencia se encuentra firme, resulta desatinado impedir las consecuencias de la ejecución de una pena cuando, como veremos seguidamente, la norma dicta literalmente la no suspensión del proceso.

Corresponde mencionar en este sentido, el criterio sostenido por esta Corte en el caso "Ríos Miguel Angel", en el que se afirmó que "el texto del art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación último párrafo que dice: 'Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso'. En el mismo sentido la obra Palacio-A. Velloso Tomo 6° Edición 1992 pág. 479 dice: 'El recurso de queja carece de efecto suspensivo (CPCN, 285 in fine), y sólo procede hacer excepción a tal principio, conforme a la jurisprudencia de la CS, cuando median en la causa razones de orden institucional o de interés público' y cita Fallos: 236-670; 245-425; 253-445; 258-351; 265-252; 294-336. Sagüés Derecho Procesal Constitucional -Recurso Extraordinario- Tomo 2, Edición 1992, pág. 534 refiriéndose al art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice: 'El texto de la ley es claro y terminante. De él se infiere que ante la mera interposición del recurso de queja ante la Corte Suprema, y aunque ésta requiera copias de lo actuado, o la remisión de los autos, no existe el efecto suspensivo. La suspensión del curso del proceso se presentara si la Corte declara admisible (procedencia formal) el recurso de queja en c uestión. Al respecto el nuevo art. 285 siguió las pautas que estableció la jurisprudencia de la Corte Suprema en esta materia. Esta había definido claramente que el trámite de la queja no obstaba a la ejecución de lo decidido por el a quo, correspondiendo al interesado requerir a los jueces de la causa lo conducente a tal fin'. La interpretación de los autores citados del texto legal (art. 285 CPCC de la Nación) da por tierra con la solitaria tesis del recurrente sobre el efecto suspensivo del recurso de queja por denegación de recurso extraordinario federal". (CSJT, sent. nro. 1054 de fecha 14/12/2001).

Se debe agregar que en el caso en autos una interpretación contra legem tendría consecuencias no deseadas tanto por la normativa de fondo como por el mismo digesto procesal. En efecto, la situación de mantener inejecutable la sentencia condenatoria definitiva a través de la interposición de continuos recursos traería aparejado una suerte de desnaturalización de la letra misma del CP puesto que se licuarían las sanciones de las penas de graves. Esta situación se agrava particularmente en el caso de la queja por denegación de recurso extraordinario en tanto que no hay un límite temporal para que la CS emita su resolución.

El criterio sostenido por esta Corte es compartido ampliamente por Cámara Nacional Penal quien en el plenario "Agüero Irma Delia" señaló: "...la interposición de una queja no suspende la firmeza del fallo en crisis, pues así lo establece claramente el art. 285 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, que rige la materia". (voto del doctor Mitchell). Seguidamente, estableció como doctrina plenaria que: "En el supuesto de un recurso de casación declarado mal concedido por esta Cámara y recurrido por vía extraordinaria, se considera firme la sentencia cuando este Tribunal declara inadmisible al recurso extraordinario federal" (CNCasaciónPenal, en pleno; Agüero, Irma D. s/ rec. de casación; La Ley 2002-D, 891 - DJ2002-2, 987 - La Ley 2002-E, 529 - ED199, 242).

Además, vale decir que estas consideraciones son concordantes en un todo con la doctrina que emana de la CSJN por la cual la mera interposición del recurso de queja por recurso extraordinario denegado no suspende el proceso y ello sólo ocurre cuando el Supremo Tribunal declara procedente la referida impugnación (confr.: Fallos 193:138; 258:351; 265:336; 286:148 -la ley, 124-278-).

Cabe hacer una salvedad en relación a la escueta crítica que el recurrente expuso en contra de lo resuelto por esta Corte en el antecedente "Ríos Miguel Angel". El ataque no sólo fue insuficiente sino que la defensa técnica exhibió una marcada confusión en el marco del recurso, en tanto que previamente citó para sostener su pretensión la causa "Agüero Irma Delia" cuando esta jurisprudencia contradice la pretensión del imputado y refirman las conclusiones a las que arribó esta Corte en el caso "Ríos Miguel Angel" y que reiteramos en este caso.

Podemos concluir, a partir de la clara redacción del artículo del CPCN como de la uniforme doctrina y jurisprudencia nacional, que el rechazo por parte de la CS del recurso de queja por recurso extraordinario denegado no suspende el proceso.

Corresponde ahora determinar cuál es el momento en el que la decisión penal se torna ejecutable. Para ello debemos recordar que la normativa procesal provincial establece el efecto suspensivo de los recursos en el ámbito penal (artículo 453 CPPT), efecto que solo puede cesar por disposición en contrario. De este modo, la regla general es que todo recurso que se interponga en el ámbito penal incide sobre la ejecutabilidad de la sentencia con la excepción del recurso de queja. En consecuencia, en el sub lite el rechazo del recurso extraordinario provocaría el fin de la suspensión recursiva y la ejecución de la sentencia en razón de que la posterior interposición del recurso de queja no tiene la facultad de suspender la ejecutabilidad del fallo.

De este modo, la ejecutabilidad tendría lugar a partir de la sentencia de esta Corte que rechazó el recurso extraordinario la cual se dictó el 9 de octubre del 2001 y fue notificada a la defensa técnica el 11 de octubre de 2001. Teniendo en cuenta la fecha de detención fue el 17 de agosto de 1999 y de acuerdo con la fecha en que se perfeccionó el rechazo tendríamos una estrecho margen en el cual se debe realizar el cómputo privilegiado del art. 7 de la ley 24.390.

En igual sentido, el plenario "Agüero Irma Delia" el doctor Mitchell afirmó: "En lo tocante a los demás temas que considero ajenos a los de la convocatoria he sostenido que la sentencia condenatoria adquiere firmeza en las siguientes oportunidades: a. cuando ha sido expresamente consentida, b. cuando ha sido tácitamente consentida por haber dejado correr los plazos previstos por ley para su impugnación sin que la misma haya sido propuesta y, finalmente, c. planteada la impugnación: c. 1. cuando la misma es declarada inadmisible por el a quo, o bien, c. 2. cuando es pronunciada la sentencia de casación de inadmisibilidad o de rechazo de los recurso extraordinarios posibles (casación, inconstitucionalidad y federal). Las razones son las siguientes: a) que la voluntad de las partes, expresa o tácita, le confiere firmeza desde la fecha del pronunciamiento; b) que los recursos de derecho prorrogan la efectiva vigencia del fallo hasta su rechazo; c) que la queja (o recurso de hecho) tiene ese efecto ante esta Cámara por regirse por el Código Procesal Penal de la Nación; d) que no lo tiene, la queja puesta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por regirse por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" (CNCasacionPenal, en pleno; Agüero, Irma D. s/ rec. de casación; La Ley 2002-D, 891 - DJ2002-2, 987 - La Ley 2002-E, 529 - ED199, 242).

Por lo expresado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso casatorio en base a la siguiente doctrina legal: "En el supuesto de un recurso declarado inadmisible por este Tribunal y recurrido por la vía extraordinaria, se considera ejecutable la sentencia penal desde el momento en que se declara inadmisible el recurso extraordinario federal". En consecuencia, corresponde remitir los autos para que la Cámara correspondiente realice los cálculos pertinentes teniendo en consideración el momento en que la sentencia se torna ejecutable.

Teniendo en cuenta el modo en que se resuelve el recurso corresponde distribuir las costas por el orden causado.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la defensa técnica en contra de la sentencia de la Sala VIIa. de la Cámara en lo Penal de fecha 12 de junio de 2003 en base a la doctrina legal enunciada. En consecuencia, corresponde remitir los autos para que la Cámara correspondiente realice los cálculos pertinentes teniendo en consideración el momento en que la sentencia se torna ejecutable.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado.

II.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA