Tributos, prescripción
Materia: CIVIL -TRIBUTARIO
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VALDIVIA DE PRETTO M.D. s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-05-29

El término de prescripción aplicable a la acción emergente del derecho a cobrar tributos de la que es titular el Estado Provincial, es el plazo de prescripción quinquenal previsto en el art. 4027 inc. 3ro. C. Civil, referido a "la obligación de pagar los atrasos... de todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos". Cabe acotar que no resulta de aplicación el art. 4023 del C. Civil pues éste opera como una norma residual, referida a toda "acción personal por deuda exigible", siempre que una disposición especial no establezca un plazo diferente de prescripción. Esto es así, cualquiera sea el plazo de prescripción que establezca la legislación local, ya que no puede una norma provincial fijar un plazo de prescripción diferente del que estatuye una norma de superior jerarquía, como es el Código Civil (principio de supremacía y jerarquía normativa derivado del art. 31 de la Const. Nacional). La amplitud de facultades que el Derecho Tributario acuerda a las provincias se refleja en el hecho de que éstas pueden crear los tributos y, por esa vía, convertirse en "acreedores", frente al contribuyente, que se ve sometido a la condición de deudor. Tienen, pues, amplias facultades para crear obligaciones en las que los entes provinciales ocuparán la situación de sujeto activo, pero esas obligaciones se regirán por las normas del derecho común, en cuanto a su forma de extinción. La discusión en torno a si el poder tributario de las provincias está o no limitado por el derecho común que es competencia exclusiva del Congreso Nacional (actual art. 75 inc. 12, antes art. 67 inc. 11 Const. Nacional) es inadmisible en el ámbito de las instituciones que sin duda alguna pertenecen a aquél. La prescripción, por constituir un medio de liberación del deudor por el transcurso del tiempo fijado por la ley, sirve a la seguridad jurídica en cuanto determina la estabilidad de los derechos por lo que no puede escapar a la regulación del derecho de fondo. Lo expuesto se refuerza si se tiene en cuenta el carácter de orden público de la institución de la prescripción (art. 3965 C. Civil) lo que obliga a efectuar una interpretación más estricta aún de las leyes que desconocen las normas vigentes. Una institución de esa naturaleza, que ampara intereses de la sociedad (véase nota al art. 3596), no es admisible que una norma de inferior jerarquía al Código Civil pueda regular sobre esta materia, lo que obliga al órgano jurisdiccional a aplicar la de rango superior. Lo expuesto no implica desconocer la autonomía del derecho tributario dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero tratándose de principios contenidos en el Código Civil, aplicables a todo el ordenamiento jurídico por su carácter de derecho común o general sin importar si la relación jurídica en cuestión es de derecho público o privado, sólo razones de justicia y conveniencia para el cumplimiento de los fines sociales del derecho tributario justifican el apartamiento de aquéllos. Ninguna razón de este tipo ha sido invocada.-