marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ombudsman, ley general del ambiente, Constitución Nacional
Materia: PENAL
Carátula: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza - Riachuelo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

Corresponde admitir la participación del Defensor del Pueblo de la Nación como tercer interesado en los términos de la ley 25.675 y de acuerdo a lo previsto en el art. 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en la causa en la que se persigue que se arbitren la totalidad de las acciones necesarias que conduzcan al cese de la actividad contaminante y a la recomposición del ambiente dañado de la zona correspondiente a la cuenca Matanza - Riachuelo.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, despido
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: VARELA, RUBEN DARIO c/ COOPERATIVA DE PROV. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS VILLA MUGETA LTDA. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-COBRO DE  PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 264 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03

Corresponde rechazar la queja desde que los agravios no logran traspasar el ámbito de la mera discrepancia interpretativa en torno a cuestiones de hecho, prueba y derecho. De este modo, no puede acogerse el alegado vicio de incongruencia, toda vez que la Alzada, al analizar el despido y entender que la falta atribuida al trabajador "...fue consentida por la empleadora durante un largo período de tiempo (más de un año) lo que quita contemporaneidad al despido por dicha causa, que es uno de los requisitos necesarios para considerar justificado aquél...", lo hizo en ejercicio de funciones propias sin que se logre demostrar que en tal tarea se hayan violado normas procesales o sustantivas.

Así lo puso de manifiesto el mismo Tribunal en el auto denegatorio al afirmar -sin que sea desvirtuado en la queja- que "...el aludido requisito de falta de contemporaneidad es uno de los configurativos del despido injustificado, por lo que la verificación de su existencia se halla dentro de las facultades del juez de aplicar el derecho, debiendo tenerse presente además que sí fueron afirmadas expresamente en la demanda las circunstancias de hecho que avalaron su aplicación, esto es la fecha de las intimaciones efectuadas, por lo que la conclusión obtenida no es sino consecuencia de la utilización del principio "iura novit curia", lo que es perfectamente posible sin incurrirse en incongruencia dado que las circunstancias fácticas que avalaron su aplicación sí estuvieron enunciadas en el escrito inicial..." .
Nulidad del acto jurídico, falta de fundamentación
Materia: LABORAL
Carátula: Olague, Juan c/ I.A.P.S. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-04-08

La sentencia analizada debe declararse nula de oficio en tanto no contiene las consideraciones de hecho y de derecho con relación concreta a las cuestiones controvertidas careciendo de la debida fundamentación.
Daños y perjuicios, revocación de sentencia, personas con discapacidad, retiro obligatorio, vicios del acto administrativo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Zizzeta, Vicente  c/ En M Seguridad PFA  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-02

Se admite, por mayoría los agravios del actor, se revoca la sentencia apelada y se admite la demanda. La sala considera que no se explicó "porqué razón un agente que durante casi cuatro años exhibió prácticamente la misma sintomatología originada en las lesiones causadas por el hecho ilícito en el que se vio involucrado, no mostró ninguna mejora física, que vive con un proyectil alojado en su cabeza, que realizó tratamientos psiquiátricos, que cuenta con un certificado de discapacidad [...] y que obtuvo licencias médicas, tuvo que cumplir en la administración policial, hasta su pase a retiro obligatorio, el servicio, especial y ordinario, durante un tiempo tan prologando". Esa prolongación, lleva a concluir en que los dictámenes elaborados por las juntas médicas y los actos administrativos dictados por el jefe de la PFA hasta la decisión de pasar a retiro obligatorio al actor comportan manifestaciones estatales ilegítimas dado que carecen del elemento motivación. La ilegitimidad junto con el daño comprobado, la relación de causalidad entre la conducta estatal y ese daño, y su imputación a la administración, da lugar a la obligación estatal de reparar el daño que el actor ha padecido. La jueza, Liliana María Heiland, en disidencia, indica que "el actor no logró acreditar el obrar antijurídico objeto de su pretensión, pues ninguna responsabilidad puede seguirse del regular ejercicio de potestades propias de los órganos estatales, sin que tal actividad pública pueda constituir fuente de indemnización para los particulares". Por ello, declara desierto el recurso del actor y confirma la sentencia apelada.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Didier García Asociados c/ Came S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-27

El art. 265 del C.P.C.C.Ch. establece que el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, siendo insuficiente a tal efecto remitirse a presentaciones anteriores. Obviamente que tal disposición es comprensiva también de aquellos supuestos que sin remitirse a presentaciones anteriores, lisa y llanamente se transcriben las mismas.
Principios procesales, principio de congruencia, iura novit curia
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: QUIROZ DE BOTTARO, Solita; QUIROZ DE DORIGATO, Gladys y otro c/ QUIROZ, Dinda R. s/ LOCACION DE BIENES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-02-16

Todo pronunciamiento que implique un apartamiento del principio de congruencia y resuelve capítulos no propuestos a la jurisdicción, importa un menoscabo al derecho de defensa del afectado por la resolución, que se vió privado de ejercer tal derecho de defensa respecto de esos puntos que no habían sido objeto de litigio. Por el principio de iura novit curia el juzgador no puede cambiar el objeto de la petición inicial, pues ello vulneraría la garantía constitucional de la defensa en juicio. Este principio sólo autoriza aplicar las normas jurídicas pertinentes al caso, en base a la exposición fáctica efectuada por las partes, pero de ningún modo cambiar las pretensiones u oposiciones planteadas por las partes en los escritos de constitución del proceso.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, acreditación de la personería, intimación a acreditar personería, plazos procesales, rechazo in límine
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Bs. As. c/ Sr. Propietario Billinghurst 2272 P.B. D s/ Ejecución Fiscal Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires c/ Sr. Propietario Av. Lope de Vega 2071 s/ Ejecución Fiscal Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires c/ Sr. Propietario Av. Lope de Vega 2071 s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-26|2001-12-26

Para el supuesto de que no se justifique la personería, el juez debe exigir de oficio el cumplimiento de ese requisito y fijar un plazo para ello, bajo apercibimiento de tener al compareciente por no presentado.

Así las cosas y dado que el artículo 41 segundo párrafo del Código Contencioso Administrativo y Tributario no establece plazo alguno para la intimación que contempla, corresponde acudir al artículo 137 segundo párrafo del mencionado código.

La excepcionalísima facultad contemplada en el artículo 271 del Código Contencioso Administrativo y Tributario que cierra el camino al "debido proceso legal" debe ser utilizada con suma ponderación, más como en el caso de autos en que el vicio detectado es esencialmente subsanable.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, inhibitoria, Estado Provincial, Dirección Nacional de Vialidad, Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: BANCO  DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y DIRECCIONA NACIONAL DE VIALIDAD s/ CUESTIONES    DE  COMPETENCIA-  INHIBITORIA-  ORGANISMOS  NACIONALES-  JUECES  PROVINCIALES-   ACCION  DE  AMPARO-  PROTECCION  DE  DERECHOS CONSTITUCIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

El planteo de contiendas de competencia es improcedente cuando, por causa sólo imputable a quien promueve el incidente, el pedido de inhibitoria llega a conocimiento del juzgado requerido de incompetencia cuando la sentencia está ya dictada y consentida. Ello no ocurre en el caso en que resulta legítimo el incidente de inhibitoria iniciado por la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ante el magistrado federal de Tucumán -a fin de garantizar la realización de un remate- y el planteamiento efectuado por éste de la consiguiente cuestión de competencia, ya que el procedimiento verificado ante el juez provincial -a raíz del pedido del Colegio de Martilleros para que se suspendiera la subas- escapa a su competencia, pues se encuentran en discusión los alcances de una comisión conferida por una autoridad nacional, en virtud de leyes de igual naturaleza, y, por ello, la hipótesis es la contemplada en el art. 2do., inc. 1ro., de la ley 48.
Régimen penal cambiario, policía federal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: CASA DE CAMBIO CAMBICO S.A. s/ Régimen penal cambiario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-28

1- Es válido el procedimiento policial de prevención realizado por la Policía Federal en materia de cambios (no obstante lo establecido en la Ley 19359, Art. 5 y Art. 8) si fue realizado en la vía pública, a persona sospechosa, tomando mediata intervención la autoridad competente, el Banco Central en la República Argentina (Por la mayoría, Dres. Hendler y Roldán).- 2- Corresponde absolver por supuesta falsa declaración ante el Banco Central, si no ha probado que el negocio no existió ni, en su caso, que fue distinto del denunciado (Por la mayoría, Dres. Hendler y Roldán).- 3- Corresponde absolver por supuesta negociación clandestina de divisas en grado de tentativa, si no existe siquiera alguna concreción de cual sería la negociación que supuestamente se trató de consumar, ni de quién sería el adquirente ni a qué precio (Por la mayoría, Dres. Hendler y Roldán).- Nota:Está probado en el caso el hecho de haber sido sorprendido el imputado en posesión de los dólares en situación sospechosa. Pero de la negociación, que es lo que configura el delito-dijo la mayoría-no hay absolutamente nada. Sólo la afirmación de que se intenta llevarla a cabo, categóricamente negada por cada uno de los involucrados.
Contrato de trabajo, enfermeros, jornada de trabajo, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORONEL  JUAN  CARLOS  JESUS c/ SWISS  MEDICAL  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

Los enfermeros generalmente son contratados por una empresa, para brindar cuidados especiales a pacientes en sus respectivos domicilios, y se los contrata por contar con una matrícula o título habilitante que garantiza un conocimiento superior.

Acuerdan la atención de pacientes a su leal saber y entender, pero en un marco de dependencia. No pueden disponer libremente de su tiempo, quedando a disposición del empleador que, de alguna manera, "ordena" su tarea al fijar a quiénes habrá de atender y mediante qué arancel. Se encuentran insertos dentro de una organización empresaria por dos vías distintas: una interna, porque la empresa los contrata, les asigna un objetivo, ejerce el control disciplinario, y abona las remuneraciones -"honorarios"- por los servicios prestados; y una externa, por el ámbito de trabajo, que no será la sede de la empleadora, sino el domicilio donde se encuentre el paciente. BN 323
Derecho laboral, carga de la prueba, relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Calderón de la Barca Mariano y otro c/ Romario SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-12

La presunción del art. 57 LCT sólo podrá proyectar sus efectos una vez que se hubiera establecido el carácter de empleador de quien fue intimado. Si el carácter de empleador es negado, debe ser acreditado por quien sostiene lo contrario, de acuerdo a lo establecido por el art. 377 C.P.C.C.N., a fin de posibilitar el análisis de las consecuencias de la falta de contestación del emplazamiento. En otras palabras, quien no es empleador no tiene la carga de expedirse acerca del requerimiento cursado por quien no revistó como su dependiente. Idéntico es el panorama respecto de la presunción contenida en el art. 55 L.C.T., por cuanto el único obligado a inscribir al trabajador en el libro especial exigido por el art. 52 de dicho ordenamiento es el empleador, por lo que a tal fin debe necesariamente establecerse, de modo previo, la existencia de la relación laboral. Sala IX, Expte. N° 42.319/2014/CA1 Sent. Def. N° 24954 del 14/11/2018 "González Matías Alejandro c/Piazza Buenos Aires SRL y otros s/ Despido". (Balestrini-Pompa).
Exceso ritual manifiesto, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: DISCO S.A. c/ ADMINISTRACION GENERAL DE RENTAS s/ ACCION    CONTENCIOSO    ADMINISTRATIVA   -  RECURSO  EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-02-21

En el caso, se interpone recurso extraordinario en contra de la Sentencia Definitiva dictada por este Tribunal, en la que se hace lugar a la excepción de falta de legitimación interpuesta por la demandada y se rechaza la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción y nulidad intentada por la actora.

Resulta conveniente destacar que la recepción de la excepción mencionada, no provino de una gestión oficiosa de la Corte a los fines de suplir o corregir insuficiencias en los planteos de las partes. Por el contrario, se dio tratamiento y solución a la excepción expresamente planteada por el Estado Provincial en oportunidad de contestar demanda, resultando la defensa procesal esgrimida un elemento esencial de la litis, que debía ser tratada so pena de nulidad del acto jurisdiccional.

Ello así, la intención de la recurrente es endilgar a este Tribunal " alegando una supuesta arbitrariedad por exceso ritual manifiesto- su propio error inexcusable, al enderezar la demanda contra un ente (Administración de Rentas) que por sus condiciones legales de conformación no tiene capacidad para ser demandado.

Por lo expuesto corresponde rechazar el remedio federal interpuesto por la parte actora.
Estados extranjeros, soberanía, extradición, oposición a la extradición
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO - PENAL
Carátula: Schwammberger, Josef Franz Leo s/ EXTRADICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

La persecución y represión de los crímenes cometidos con anterioridad al cambio de soberanía en un territorio, pasa a ser para el sucesor un acto discrecional y no una obligación, pero expresado el interés del sucesor en el ejercicio de la potestad penal respecto de esos hechos, la comunidad internacional no tiene razón legítima para oponerse a ello.
Legitimación activa, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL
Carátula: Acuden c/ Iruña-Sapac Wolkswagen Arg S.A. s/ reajuste de prestación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-13

[.] una de las finalidades de las acciones de clase es justamente evitar la proliferación de juicios que, con base en el mismo hecho, tengan como objeto sumas pequeñas, circunstancia que conlleva el desaliento de promover las demandas pertinentes y la consolidación de conductas comerciales que socavan los derechos del consumidor. (Del voto de la Dra. Patrica CLERICI, en minoría).
Querella, defectos del procedimiento, nulidad procesal, caducidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: León, Telma s/ Querella s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-04-11

Configurándose la nulidad según lo solicitado por el Defensor ante el defecto formal del acto (en el caso el hecho de no acompañar el instrumento conteniendo la calumnia o la injuria y si su fotocopia), el CPP. expresamente prevé una sanción procesal, pero condicionada a la actividad de la parte, lo que caracteriza una nulidad relativa.

El querellado hace uso del derecho que el art. 399 le otorga, pero no interpone como planteo la nulidad de la querella por el defecto que ahora si ataca mediante recurso extraordinario. En consecuencia, el transcurso de dicho término perentorio implica la caducidad de la facultad y consecuentemente la imposibilidad de aplicar la sanción:

convalidación.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ramallo, María Adela y otro c/ Saint Pierre, Juan José y otro s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

No procede el recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a una demanda de desalojo, si no se advierte un caso de arbitrariedad que justifique la intervención de la Corte en materias que, según el art. 14 de la ley 48, son ajenas a su competencia extraordinaria.
Desbaratamiento de derechos acordados, dolo, prenda
Materia: PENAL
Carátula: NOVAS, CARLOS H. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-18

Se configura el tipo objetivo del delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados si el deudor prendario, sin aviso previo al acreedor, vendió el bien con que se había garantizado el pago de la deuda, desbaratando así los derechos de éste, que no pudo cobrar la deuda debido a que por un acto jurídico se cedió el bien a terceros que desconocían la obligación.

No es aceptable sostener la ausencia de dolo en el deudor prendario que enajenó el bien afectado en garantía con la afirmación de que no quiso perjudicar a nadie, sino sólo vender, pues entendiéndose por dolo la voluntad de realización del tipo penal y por dolo directo que el autor sabe que los elementos del tipo objetivo existen o que a raíz de su acción se realizarán, se llega a la conclusión que tal conocimiento estaba presente en el procesado pues sabía que vendía una cosa que por un acto anterior, firma del contrato de prenda, no podía realizar sin el previo consentimiento del acreedor prendario o el pago total de la deuda.
Recurso de casación penal, error judicial, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Martínez del Valle, Ezequiel Adolfo s/ recurso de casación. Causa: 1064
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-22

Cuando la impugnación se basa en el error "in iudicando", es requisito esencial el respeto fiel de los hechos tenidos por probados en la sentencia, de manera que pueda adecuarse la significación jurídica que se procura sin alteración de la plataforma fáctica fijada por los jueces de mérito, cuyo control -salvo denuncia fundada de arbitrariedad en la elaboración del fallo- es en absoluto ajeno a la vía del recurso extraordinario escogido. (Voto Dra. Berraz de Vidal en disidencia)
Obligaciones, obligaciones en moneda extranjera, conversión de la deuda, tipo de cambio
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTABLECIMIENTOS  ARELAUQUEN  S.A. S/CONCURSO S/INCIDENTE DE REVISION POR AGUIRRE CLARET, EDUARDO s/ INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-18

La conversión de moneda extranjera sólo puede efectuarse según las normas cambiarias vigentes, que al implementar un mercado oficial de cambios, determinaron que la aptitud cancelatoria del pago, en moneda de curso legal, se fijase conforme a la cotización de ese mercado oficial.

Por ende, si no se pactó en forma expresa otra pauta de cotización, no cabe admitir la pretensión de acudir a referencias extrañas para subsanar un eventual perjuicio económico.
Administración Pública, silencio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berón Susana Guadalupe c/ Municipalidad de Paraná s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-07-28

El silencio de la Administración Pública es una presunción establecida en favor de los derechos e intereses de los particulares y no un medio de eludir las obligaciones que competen a los organismos públicos, de modo que sólo el administrado puede invocar en su favor el silencio administrativo previsto en las normas pertinentes, pero ello no releva a la Administración de su obligación legal de resolver. Más allá de la amplia disputa doctrinaria sobre la naturaleza jurídica del silencio administrativo, en tanto para un sector se eleva a la categoría de un verdadero acto administrativo y para otros constituye una ficción legal, hay opinión casi unánime respecto a que la denegación presunta no excluye el deber de la Administración de dictar una resolución expresa, debidamente fundada, pues el silencio negativo no debe entenderse como una sanción con causa en su morosidad sino como una garantía en favor del particular.

La no regularización mediante el dictado de los pertinentes actos administrativos correspondientes a la situación del actor sólo puede serle imputable a la administración, quien consistió y usufructuó la prolongación horaria de la jornada laboral.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, regulación de honorarios, servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Ecohábitat SA Emepa SA UTE (Resol 172/2014) c/ Ente Único Regulador de los Servicios Públicos CABA s/ recurso directo s/ resoluciones del Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde regular los honorarios del abogado por su labor como patrocinante en el recurso de queja, en la suma equivalente a 5 UMA de conformidad con el art. 31 de la ley n° 5134 y el art. 3 de la resolución n° 607/2023. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe y Alicia E. C. Ruiz. Voto en igual sentido de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, ejecución fiscal, excepción de prescripción, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ Chami, Pablo Andrés.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

Corresponde revocar la sentencia -y rechazar la ejecución promovida -que denegó la excepción de prescripción opuesta ante el reclamo del pago de impuestos, si lo decidido omitió considerar el planteo central en que la demandada había sustentado la excepción, afectando el derecho de defensa (Disidencia parcial del Dr. Julio S. Nazareno).