marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación penal, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BEROP o BEROT, Angélica Inés en causa nº C 59/06 (reg. J. de I. y C. nº 2- IIª C.J.) s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-11-12

Este Tribunal se encuentra habilitado para efectuar una revisión amplia de la sentencia, tal como surge reiteradamente de los lineamientos jurisprudenciales establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sola excepción de lo que ha sido materia de inmediación en el debate. Asimismo, especificó la Corte Nacional en el fallo "Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa", -20/09/2005- en cuanto a la invocación de los motivos de casación, que "ubicando la cuestión en sus correctos términos, estas cuestiones suponen como base interpretativa la conjunción de ambos incisos del artículo citado [en nuestro caso art. 429 del C.P.P., anterior redacción a la de la ley 2279] con lo cual no puede realizarse una separación tajante de la materia a revisar. En virtud de ello, para cumplir con una verdadera revisión, no debe atenderse a una distinción meramente formal en el nomen juris de las cuestiones expresadas en los agravios, como así tampoco de los incisos del art. 456 invocados para la procedencia del recurso. Por el contrario, se deben contemplar y analizar los motivos de manera complementaria, con independencia de su clasificación" (considerando 27).-
Seguros, Superintendencia de Seguros de la Nación, reaseguro, póliza, obligaciones del tomador, responsabilidad del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALBA CIA. ARG. DE SEGUROS SA c/ SILDEC SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Las compañías de seguros, por disposición de la Superintendencia de Seguros de la Nación, están obligadas a mantener reservas técnicas, las cuales se ven reflejadas en el capítulo "compensación técnica por seguros y reaseguros" cuenta "riesgos en curso". Por ello, la no devolución de las pólizas genera un incremento de reservas técnicas, disminuyendo por tal razón el capital computable, circunstancia que a su vez origina una reducción entre dicho monto y los riesgos que puede asumir la compañía. Consecuentemente, determinados contratos de seguros no podrán concretarse, produciéndose una pérdida de utilidad para la entidad aseguradora.

Por tanto, el tomador debe adoptar las precauciones debidas, es decir, solicitar el reintegro de las pólizas y devolverlas a la aseguradora, pues si no lo hace se torna aplicable el viejo adagio "nemo auditur propiam turpitudinem allegans". De modo pues, que la sola manifestación del tomador, carece de efectos para desobligar a la aseguradora frente al asegurado.
Derecho procesal, proceso judicial, principio dispositivo
Materia: PROCESAL
Carátula: TEJADA DE MESTRE, HELVECIA R. c/ CANTO, ADRIAN Y OTROS. s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-28

Si bien es cierto que los jueces tienen un conjunto de deberes y facultades, mediante los cuales asumen un rol particularmente activo en la dirección y ordenación de las causas, de manera tal que el proceso, sin dejar de responder a las exigencias fundamentales del principio dispositivo, no se desarrolle como un juego de ficciones sujeto a la habilidad ocasional de los litigantes, también es cierto que esta actividad ha de ser razonable y prudente, sin olvidar la idea central de que son las partes las que manejan el proceso, en consecuencia, el juez no puede, en uso de sus facultades ordenatorias e instructorias, suplir las omisiones de los litigantes, de lo contrario, se afectaría el principio constitucional de igualdad ante la ley. La facultad saneadora no llega hasta el extremo de sustituir a alguna de las partes.

Las facultades de los jueces para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, o la saneadora de señalar los defectos u omisiones de que adolece alguna petición, no pueden exceder los límites impuestos por otras reglas.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, fecha del título, falta de fecha
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Banco del Buen Ayre S.A. c/ Ciarlo Bonano s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

Es hábil a los efectos de su ejecución, el certificado bancario que aún cuando carezca de año de emisión, pues sólo contiene día y mes, tiene expresa mención de la fecha en que fue cerrada la cuenta corriente, corroborado - en el caso - por la constancia de haberse cursado la comunicación prevista por el ccom 792 en fecha determinada, lo que suministra suficiente referencia temporal para considerar inócua la carencia invocada.
Incapacidad laboral, incapacidad permanente, indemnización por incapacidad, toma de conocimiento de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Márquez, Zacarías c/ Quiebra Ingenio La Esperanza S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. nº A-14757/02 Indemnización por incapacidad. L.A. N 46, F 81/84, N 34 s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. nº A-14757/02 Indemnización por incapacidad. L.A. N 46, F 81/84, N 34
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-03-05

El instituto contenido en el cuarto párrafo del art. 212 de la ley de contrato de trabajo, es en realidad una institución de la seguridad social, un beneficio contractual derivado de la imposibilidad de trabajar que la ley ampara con prescindencia de la expresión de la voluntad de disolver el contrato por las partes. Esta compensación, impuesta por la solidaridad social, es procedente cuando el trabajador, por cualquier motivo que no le sea imputable, no pueda realizar las tareas que cumplía ni ninguna otra dentro o fuera de la empresa, al margen de alguna capacidad residual que pueda valorarse útil desde el punto de vista médico, para algún tipo de laborterapia o de rehabilitación, pero que no puede computarse como posibilidad seria de ejercer un trabajo (L.A. Nº 38, Fº 1623/1625, Nº 677). Son presupuestos para su procedencia: a) la disolución del vinculo laboral; b) la incapacidad absoluta y permanente del trabajador y c) la exteriorización de dicha enfermedad de modo que el empleador haya tenido conocimiento de la existencia de la misma (L.A. Nº 38, Fº 1685/1687, Nº 704 y L.A. Nº 38, Fº 1632/1635, Nº 682, entre otros).
Convenios colectivos de trabajo, Derecho laboral
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: Soengas, Héctor Ricardo y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Si bien es indiscutible que cuando la convenciones colectivas otorguen condiciones más favorables para el trabajador que las comunes de la ley laboral, pueden ser derogadas por otras convenciones posteriores, una vez otorgada la homologación no podrían ser dejadas sin efecto por la ley.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador, seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: LABORAL
Carátula: Di Marco, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Tres Arroyos s/ Enfermedad accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

El asegurador asume por el contrato de seguro respectivo, la obligación de mantener indemne al asegurado (art. 109, ley 17418) y esta obligación se mantiene en tanto y en cuanto subsista la de éste de reparar el daño, salvo que el asegurador se agravie de la extensión de la condena a su parte porque considera que a la época de la exteriorización de la enfermedad no existía cobertura: ésto es, articuló y mantiene una defensa vinculada a su legitimación pasiva.
Contratos bancarios, contrato de caja de seguridad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Kapusta, Teodoro y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-18

El deber de confidencialidad y secreto se inscribe en el propio concepto de secreto bancario, inherente a la misma actividad que implica que al banco no sólo se le confían aspectos íntimos de la vida comercial y la composición patrimonial del cliente, sino la confianza por parte de éste de que tal conocimiento no será divulgado (conf. CNCom, Sala D, "Barmaymon Raúl N. y otros c/ Banco Itaú Buen Ayre SA", del 16/3/09; y doctrina allí citada: Villegas, C. G., "Compendio jurídico, técnico y práctico de la actividad bancaria", T. 1, cap. X, nro. 67.1).
Procedimiento laboral, ejecución de sentencia, impugnación de la liquidación, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: DOMINGUEZ, ANGEL c/ VUCOTEXTIL s/ QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

La resolución que aprueba la liquidación integra la etapa de ejecución y por lo tanto no está incluida en las excepciones establecidas en el apartado 2 del artículo 109 de la ley 18345, no siendo por ello susceptible de apelación ordinaria, ya que es el juez de primera instancia el tribunal superior de la causa en materia de ejecución de sentencias.
Privación ilegal de la libertad, detención, gobierno de facto, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Raviolo, Carlos Alberto c/ Mrio. de Justicia y D.D. H.H. s/ Art. 3 - ley 24.043 (resol. 331/01)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

Si bien carece de efectos jurídicos vinculantes, no deben perderse de vista, por su calificado valor como interpretación auténtica de la disposición contenida en el art. 2 de la ley 24.906, los fundamentos del informe que las comisiones elevaran a la Cámara de Diputados y que motivara una declaración por parte de ésta acerca del criterio "amplio y generoso" con que debía ser valorada la procedencia del beneficio (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Recurso de queja (procesal), interposición del recurso, efecto suspensivo, recurso extraordinario, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Cía. Swift de la Plata S.A.F. y otros. s/ quiebra.-  inc.  de  liquidación  de  Deltec  Argentina S.A. y  Deltec  Internacional Ltd.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-23

Con arreglo a lo dispuesto por el art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la interposición de la queja por rechazo del recurso extraordinario no suspende el curso del proceso con relación al cual se la hubiere deducido; máxime si en el caso no median circunstancias que justifiquen hacer excepción al principio previsto en la norma mencionada (Voto del Dr. Elías P. Guastavino).
Fundamentación del recurso, discrepancia del recurrente, cuestiones de hecho y prueba, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: BLANCO, DAVID ALFREDO S/ ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMAS s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-11-18

Los argumentos y reclamos del imputado y su defensor recurrente, dirigidos a efectuar una interpretación distinta a la practicada por los Sres. Jueces de Cámara respecto del valor probatorio asignado a las pruebas sustanciales en el debate oral, no tiene andamiento toda vez que devienen irreproducibles en la casación la impresiones causadas a los magistrados el tenor de las declaraciones prestadas en el juicio, donde rigen la inmediatez y la oralidad. Sin embargo, en virtud de lo señalado por la C.S.J.N. en fallo "Casal" ."La interpretación del art.456 del Cód. Procesal Penal de la Nación conforme la teoría del máximo rendimiento, la cual exige al tribunal competente en materia de casación agotar su capacidad revisora, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y derecho, implica un entendimiento de la ley procesal penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional.", corresponde que este Alto Cuerpo ingrese al análisis de los argumentos vertidos por el recurrente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, delito experimental, ley procesal penal, proceso penal, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: L., M.O. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -EXACCIONES ILEGALES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 389 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-03

Corresponde rechazar la queja interpuesta fundada en la presunta violación del derecho de defensa y debido proceso a partir de lo actuado por el Juez instructor en lo relativo al procedimiento que llevó a la detención del imputado, desde que no logra demostrar que se haya cercenado algún derecho de raigambre constitucional en el transcurso del procedimiento que los autores han dado en llamar "delito experimental", desarrollándose el mismo dentro de los cánones demarcados por la doctrina y jurisprudencia.

En efecto, la Cámara otorga adecuada respuesta al planteo de la defensa, exponiéndose en el fallo recurrido que "El legislador santafesino ha adoptado una decisión de naturaleza estrictamente política y privativa en exclusividad de sus funciones legislativas, al sancionar la ley 6740 que instituyó para nuestra provincia un sistema procesal penal mixto, siendo uno de los principios que lo gobiernan, el de la "investigación integral", y que se traduce en las atribuciones del Juez para obtener autónomamente los elementos de convicción que considere pertinentes y relevantes para acceder a la verdad de los hechos (vid. Claria Olmedo)[...].

En ese contexto, las actuaciones realizadas en la causa por el magistrado instructor en cumplimiento de actos propios de las funciones que le acuerdan los arts. 25, 187, 210 y conc. del C.P.P., devienen irreprochables, no advirtiéndose irregularidades que inficionen la validez de lo actuado". Por lo demás, no logra demostrar que se haya cercenado algún derecho de raigambre constitucional en el transcurso del procedimiento que los autores han dado en llamar "delito experimental", desarrollándose el mismo dentro de los cánones demarcados por la doctrina y jurisprudencia.
Emergencia económica, caducidad de instancia, procesos de ejecución, suspensión de la ejecución, vivienda única
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS SA c/ IESULAURO, CRISTIAN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-26

En un proceso ejecutivo procede declarar la caducidad de la instancia si transcurrió el plazo previsto por el art. 310 CPCC sin que constituya óbice a lo expuesto que -como en el caso- se haya postulado la suspensión dispuesta por la ley 25.737, toda vez que la misma se aplicó a las ejecuciones que tenían por objeto la vivienda única del deudor, y tal extremo no se constata en la causa, en donde se solicita el embargo sobre un inmueble del codefendido. A más, la suspensión sólo alcanza a la ejecución del bien, no a los trámites previos.
Contratos administrativos, teoría de la imprevisión
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Dunco  S.A. c/ B.N.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-01

Para que sea aplicable la teoría de la imprevisión en materia de contratos administrativos es menester acreditar - entre otros extremos - que el resultado del contrato arrojó quebranto y que éste superó la aleatoriedad económica corriente.
Medidas cautelares, defensa en juicio, prueba, Internet
Materia: PENAL
Carátula: Tuysuz , Gálvez c/ Google Inc. y otro s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-28

Como el actor no ha individualizado concretamente las URLs correspondientes a los "thumbnails" que muestra en las impresiones de pantalla que acompañó con sus escritos, no es admisible la tutela preventiva con el alcance pretendido (URLs indicadas en el Considerando 3.1. de esta sentencia con los números 2, 5, 6, 7 y 8), desde que sería susceptible de afectar canales de Youtube o perfiles de un usuario en Google Plus, respecto de los cuales no se puede descartar, en este estado liminar del proceso, que sirvan para subir otro tipo de contenidos que el cuestionado en esta causa. Y a ello hay que añadir que la acción no se dirige contra el titular del sitio que aloja el contenido calumnioso en el que se sustenta el pedido, ni se ha demostrado la imposibilidad de su identificación y debida citación para que pueda ejercer su derecho de defensa.
Entorpecimiento de los servicios públicos, huelga, bien jurídico protegido, transporte de pasajeros, competencia, competencia federal
Materia: PENAL
Carátula: LA INTERNACIONAL TRANSPORTE. s/ INTERRUPCION DEL SERVICIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-16

"El bien jurídico tutelado por el art. 194, C.P., es la eficiencia del transporte o del servicio público y su normal cumplimiento y prestación...". "Para que se configure el delito de entorpecimiento de los transportes y servicios públicos debe producirse el trastorno o impedimento del normal funcionamiento de esos servicios en forma efectiva". "Si como consecuencia del daño infringido a un vehículo público de pasajeros, en circunstancias que se relacionan con una huelga general de transportes, se produjo la efectiva interrupción del servicio de que se trata, ello es causa suficiente para que conozca en los hechos que se pretenden esclarecer, la justicia federal" (*).
Responsabilidad del Estado, indemnización, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zotello Alvarado, Aristóbulo Lorenzo c/ M° del Interior -art. 3° ley 24.043- s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

Si bien la ley 23.043 no estableció -específicamente- límite alguno respecto del comienzo del período por el cual se otorgaba el beneficio, no por ello debe desecharse la limitación prevista en el tercer párrafo del art. 3° del decreto 1023/92. En efecto, dicha conclusión puede colegiarse tanto de los antecedentes que dieron lugar al dictado de la ley, como de su tratamiento por el Poder Legislativo de la Nación.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, IVA, responsables inscriptos
Materia: LABORAL
Carátula: ECHEGARAY, JULIO c/ YELMO  S.A. s/ ACCIDENTE-9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-31

La adición del importe del IVA solo debe realizarse en los honorarios regulados a profesionales que revistan la calidad de responsables inscriptos. Dicho carácter deberá ser acreditado previamente, a fin de que proceda el pago del porcentaje del impuesto mencionado.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, valor cuestionado en último término, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Stessens,  Juan  Carlos  y  otros c/ Lotería  Nacional (Estado Nacional).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

El incumplimiento de la carga de demostrar que "el valor disputado en último término" excede el mínimo legal a la fecha de la interposición del recurso ordinario de apelación trae aparejada la improcedencia formal de la apelación ante la Corte por ausencia de uno de los presupuestos esenciales de admisibilidad del recurso, sin que obste a esta decisión el hecho de que la cámara lo haya concedido.
Procedencia del recurso, recurso de inaplicabilidad de ley, deserción del recurso, notificación automática, domicilio electrónico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Herrera, Ricardo Horacio y otro/a c/ Herrera, María Aurora. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión que declaró desierto el recurso de apelación por falta de presentación del escrito de expresión de agravios (art. 261, C.P.C.C.) a cuyo cumplimiento intimó la Cámara mediante notificación ministerio legis (arts. 41 y 133 del Código del rito, según ley 14.142 y el art. 1 del anexo único del Reglamento para la notificación por medios electrónicos), puesto que la parte no había constituido domicilio procesal electrónico y el Tribunal, aplicando el apercibimiento dispuesto en el art. 41 del Código adjetivo, lo tuvo por constituido en los estrados. El marco regulatorio vigente al momento de esta última decisión en materia de actuaciones electrónicas (nuevo artículo 143 bis del C.P.C.C. incorporado por la ley provincial 14.142; los Acuerdos de esta Suprema Corte: 3399/2008, 3540/2011 y 3733/14 y las Resoluciones del Tribunal: 1827/12, 3415/12, 3272/15, 707/16, 1407/16, y 1647/16) y las particulares circunstancias de tramitación de la causa, hacen que la resuelta constitución del domicilio procesal electrónico en los estrados del Tribunal luzca viciada por el exceso ritual manifiesto.(doctor Genoud, sin disidencia)
Acción de amparo, suspensión de obra pública, concesión errónea del recurso, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goldin, Marcela Irene c/  GCBA y otros s/ amparo - suspensión de obras
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-15

El recurso de inconstitucionalidad de la parte actora ha sido indebidamente concedido puesto que los planteos contenidos en él no encierran un genuino caso constitucional que corresponda resolver a este Tribunal (conf. art. 26 de la ley n° 402). La Cámara fundamentó la concesión del recurso en que la crítica de la actora exhibía un desarrollo fundado de cuestiones constitucionales relacionadas, de manera directa, con el decisorio que rechazó el amparo tendiente a lograr la declaración de nulidad de la aprobación de los planos de un edificio por exceder la altura permitida por el CPU. Sin embargo, la cuestión tal como ha sido puesta a conocimiento de este Tribunal se vincula con la ponderación efectuada por los jueces de mérito del informe pericial producido en autos, con el análisis de la normativa infraconstitucional aplicable al caso concreto y con la evaluación de la suficiencia de los fundamentos de hecho y derecho infraconstitucional contenidos en la disposición administrativa cuya nulidad se persigue. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Acción de amparo, bien jurídico protegido, Derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Una denominación que ha hecho mucho camino para referir a los derechos tutelados por el amparo, es la de "derechos humanos". En realidad, y si nos atenemos al uso corriente de la locución "derecho s humanos", veremos que en ella el adjetivo "humanos" quiere significar que ciertos derechos, de entre aquellos de los que el hombre es titular, son más "humanos" que otros, es decir, implican una conexión más estrecha con la calidad o índole humana de su objeto. Dicho con otras palabras, se trata de ciertos derechos que tienen por título propio y suficiente el mero carácter humano de su sujeto titular, su sola "hominidad", sin importar su reconocimiento o recepción por algún texto jurídico-positivo". Son derechos humanos "todos aquellos derechos subjetivos cuyo título o fundamento próximo radica en la 'personeidad' de su sujeto, o en alguna de las dimensiones básicas de su desenvolvimiento de esa personalidad y de los que es titular, los reconozca o no el ordenamiento jurídico positivo y aun cuando éste los niegue". (Del voto del Dr. Ulla).
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Quevedo de Orsi, N. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

Por secuela de juicio "debe entenderse todo lo que este último deja tras de sí y que, análisis retrospectivo mediante, ha contribuido a mantener la acción en movimiento, cualquiera sea la etapa del proceso en que se hayan llevado a cabo los actos respectivos".

(MINORIA U OPINION PERSONAL)