Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de julio de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en los recursos de apelación interpuestos a fs. 1036 y 1038, contra la sentencia de fs. 1019/1033, dictada en los autos "Conde, Miguel Darío c/ G.C.B.A. (Dirección General de Espacios Verdes - Departamento de Arbolado Urbano) s/ Daños y Perjuicios", Expte. nº2093, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Carlos F. Balbín y Dr. Horacio A. G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la sentencia apelada? A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. A fs. 1/6 se presenta el apoderado de Miguel Darío Conde y promueve demanda por daños y perjuicios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección General de Espacios Verdes - Departamento Arbolado Urbano), al solo efecto de interrumpir el plazo de prescripción. Luego, a fs. 12/40 amplía la demanda y reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido en el cumplimiento de sus tareas habituales como dependiente de la accionada. Afirma que dicho daño le provocó una incapacidad total y permanente para la vida civil. Relata que el día 24 de enero de 1999 el actor -operario podador en el Departamento de Arbolado Urbano d e la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Buenos Aires- fue enviado por el superior, con otros dos operarios, a realizar una tarea de urgencia por la caída de una árbol de grandes dimensiones (ejemplar de "Tipa"). Manifiesta que el árbol cayó sobre una linga de acero que se utiliza para tensionar las líneas de video cable. Señala que cuando se encontraba cortando una de las ramas con una motosierra, la linga se liberó de golpe y salió disparada hacia arriba golpeándolo fuertemente en su trayecto y ocasionándole diversas heridas en su rostro y otras partes del cuerpo. Como consecuencia de ello, fue trasladado al Hospital Fernández, quedando internado en terapia intensiva por mas de treinta (30) días, siendo derivado luego a terapia intermedia y finalmente a una sala común. Sostiene que realizaron el trabajo solos y sin la supervisión de ninguna persona responsable del Departamento que efectuara una evaluación previa para determinar los riesgos potenciales. Agrega que tampoco recibieron instrucci ones sobre el orden de tareas a realizar y las precauciones que debían tomar para evitar la posibilidad de accidentes. Por ello, entiende que el daño sufrido fue consecuencia directa del accionar negligente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pues no brindó los elementos necesarios que cubrieran las mínimas medidas de seguridad y protección del operario. Se refiere luego a la responsabilidad subjetiva de la accionada y funda su derecho en los artículos 512, 1068, 1074, 1083, 1109 y 1113 del Código Civil. Por otro lado, imputa a la Ciudad la violación de los arts. 103, 111 y 145 y concordantes del decreto 351/79 reglamentario de la ley 19.587. Además, rechaza la aplicación al caso de la ley de Riesgo de Trabajo (ley 24.557) y plantea la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3, 5, 6 apartado 2), 8, 9, 11 apartado 2) y 3), 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 apartado 3) inc. d), 32 apartado 1), 39, 46, y 49, ello en cuanto conculcan los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 20, 31, 75 incs. 12 , 22 y 23, 25 incs. 12 y 22, 76, 99, 103 inc. 13, 116, 121 y 126 de la Constitución Nacional. Respecto de los daños y perjuicios que reclama, individualiza y detalla los siguientes rubros y montos: (a) daño emergente: $300.000; (b) incapacidad sobreviniente: $500.000; (c) daño moral: $500.000; (d) daño psicológico: $300.000; (e) daño estético: $300.000. II. La Sra. jueza de primera instancia resolvió declarar la inconstitucionalidad de la ley 24.557 y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda condenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagar a la actora la suma de quinientos cinco mil pesos ($505.000). Para así decidir, la magistrada de grado analizó las pruebas aportadas en autos y concluyó en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es responsable por el daño sufrido pues no observó las obligaciones que en materia de seguridad e higiene en el trabajo le compete. Luego, fijó los montos indemnizatorios y, en base a ello, sostuvo que la indemnización reconocida al actor en el marco de la ley 24.5 57 resulta insuficiente en tanto que -de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema- no constituye una reparación integral de los daños físicos, psíquicos y estéticos así como del daño moral que afectan al señor Conde, limitándose al reconocimiento del lucro cesante. Por ello, concluye en la procedencia del planteo de inconstitucional. En consecuencia, resolvió que la actora reciba una indemnización integrada por los siguientes conceptos: (a) doscientos mil pesos ($200.000) en concepto de incapacidad sobreviviente; (b) trescientos mil pesos ($300.000) en concepto de daño moral; (c) cinco mil pesos ($5.000) en concepto de daño emergente. III. El Gobierno de la Ciudad apeló la decisión a fs. 394, recurso que fue concedido a fs. 407 y luego fundado a fs. 435/439. Los agravios de la Administración son, en lo esencial, los siguientes: a) de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.557; b) la sentencia de primera instancia omitió toda consideración respecto de que la Administración liquidó y pagó la ind emnización resultante de la ley 24.557, entiende que el pago recibido de plena conformidad por el actor surtió el efecto liberatorio que le es propio; c) considera excesivos los montos indemnizatorios fijados en primera instancia; d) se queja respecto de la imposición de costas; e) en forma subsidiaria solicita que se disponga la deducción de lo pagado ($39.869,12) de las sumas que resultaren en la hipótesis contemplada. IV. La actora también interpuso recurso de apelación (fs. 1036), que fue concedido (fs. 1037). En su expresión de agravios (fs. 1050/1066) realiza los siguientes planteos: a) que la jueza de primera instancia haya englobado la incapacidad sobreviviente, la pérdida de chance, el daño estético y el daño psicológico en la misma suma. Considera exigua la suma reconocida por dichos rubros; b) se queja respecto del monto otorgado en concepto de daño moral; c) le agravia el monto otorgado en concepto de daño emergente; d) se queja respecto de la imposición de costas. V. Por razones de orden metodoló gico, examinaré, en primer lugar, los agravios planteados por el Gobierno de la Ciudad. VI. La Administración sostiene en su expresión de agravios que la jueza de primera instancia "no ha tenido en cuenta que en el caso en examen no se han violado garantías amparadas por la Constitución Nacional, ni mucho menos se ha afectado el derecho del actor a obtener una indemnización legal". A su vez, entiende que "la sentencia dictada en autos expone tan sólo la opinión personal de la juzgadora, expresada en forma unilateral y dogmática, sin dar respuesta a los planteos seriamente introducidos por mi parte" (cfr. fs. 1043 vta.). Respecto de esta cuestión, corresponde recordar el criterio expuesto por esta Sala en la causa "R. de C. R. E. c/GCBA s/daños y perjuicios", Expte. nº 3125, sentencia del 17/12/2004, voto del doctor Horacio A. G. Corti, al que me adherí, y que alguno de sus considerandos los hago propios y los transcribo para una mejor comprensión de la sentencia que se dicta. VII. Hasta el dictado de la ley 2 4.557 en el año 1995 los trabajadores que sufrían un infortunio en el ámbito laboral podían elegir entre dos opciones: a) reclamar la indemnización especial y tarifada prevista por la ley especial vigente; o b) demandar el resarcimiento que pudiera corresponderles conforme las disposiciones del Código Civil. La situación se modificó sustancialmente con el dictado de dicha ley por cuanto en su art. 39, inc. 1, establece que "Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil, frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del art. 1072 del Código Civil" (es decir, cuando el accidente sea ocasionado por el dolo del empleador). Asimismo, esta ley modificó el art. 75 de la ley 20.744 (ley de Contrato de Trabajo), cuyo inc. 2 quedó redactado de la siguiente forma: "Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del apartado anterior, se regirán por las normas que regulan la reparación de los daños provocados por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, dando lugar únicamente a las prestaciones en ellas establecidas". De esta manera, el régimen establecido por la ley 24.557 eliminó la posibilidad, que sí era reconocida en los sistemas anteriores, de que el trabajador accidentado o sus causahabientes reclamen un resarcimiento con fundamento en el derecho común, dejando como única opción acceder a la reparación tarifada prevista en la ley de Riesgos de Trabajo. VIII. El régimen indemnizatorio contenido en la ley 24.557 constituye un sistema especial de reparación, con reglas particulares, que difiere sustancialmente del previsto en el Código Civil. Ello es así, en primer lugar, porque el pago de las indemnizaciones se efectiviza mediante un sistema de autoseguro (cfr. art. 3, inc.2, ley 24.557) o bien se encuentran a cargo de aseguradoras especiales (las ART), a las que los empleadores deben contratar obligatoriamente (cfr. art. 3, ley 24.557). En segundo lugar, pues el único conce pto que este sistema considera para determinar las sumas indemnizatorias es la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, es decir: el lucro cesante (ver art. 12, inc. 1, ley 24.557). Finalmente, porque todas las sumas indemnizatorias previstas en este régimen (tanto para los diferentes grados de incapacidad como para el supuesto de muerte) se encuentran limitadas por montos máximos (ver arts. 14, inc. 2 b, y 15, inc. 2). IX. Ahora bien, es preciso recordar, ante todo, que el régimen reparatorio de daños encuentra su fundamento básico en la prohibición de perjudicar los derechos de los terceros ("alterum non laedere"). De este mandato se desprende que, ante la violación del deber de no dañar ("naeminem laedere"), surge la obligación de reparar el perjuicio producido. En este sentido, la doctrina sostiene que "el naeminem laedere, no dañarás, es una consecuencia indudable del deber de hacer justicia, dando a cada uno lo suyo; quien daña a otro le priva de lo que es suyo, le quita algo de lo cual ante s se aprovechaba por estar en su persona o en su patrimonio. De ahí que sea el ordenamiento jurídico el que declara, de manera expresa o implícita, tipificando unas veces y con serie abierta otras, las diferentes responsabilidades" (Mosset Iturraspe, Jorge -director-, Responsabilidad civil, Ed. Hammurabi, reimpresión de 1997, Pág. 23). En forma concordante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el daño causado y que tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro, a su patrimonio, a su persona, a sus derechos o facultades" (C.S.J.N., in re "Navarrete, Margarita Reina y Díaz, Elías v. Estado Nacional /M. de Educación y Justicia /Servicio Penitenciario Federal", sentencia del 22/12/1993, Fallos 316:3225). Sobre este punto, Bidart Campos destaca que "El derecho de daños, que ha ido cobrando auge progresivamente, nació en el derecho civil pero, poco a poco, se produjo su entrecruzamiento con el derecho público, concretamente con el derecho constitucional. A esta altura, no dudamos de que es el derecho constitucional el que irradia su proyección al derecho de daños --patrimoniales o no-- y el que en una extensa red de materias y cuestiones hace derivar del `derecho constitucional a la reparación´ o al resarcimiento el deber de asumir la responsabilidad indemnizatoria. (...) La persona como centro es la que deja ver la profusa variedad de daños que puede soportar y de los que por imperio constitucional ha de estar exenta o, en su caso, ha de ser objeto de reparación digna". (Bidart Campos, German J., El orden socioeconómico en la constitución, Ed. Ediar, 1999, Pág. 303). En esta senda interpretativa, el deber (genérico) de no dañar a otro se encuentra plasmado en el art. 19, CN, en la medida que dicha cláusula consagra un derecho a la privacidad, entendido como el derecho a desarrollar la propia vida de forma autónoma, sobre la base de ideas y creencias es cogidas con libertad por el propio agente sin coacción de terceros (derecho a elegir y concretar un plan de vida), pero todo ello con la limitación de no perjudicar a los terceros, conforme el léxico mismo del texto constitucional (ver al respecto Nino, Carlos Santiago, Fundamentos de derecho constitucional, Ed. Astrea, 1992, p. 304 y ss., así como el voto de los Dres. Bacqué y Belluscio en el caso "Bazterrica", Fallos 308:1392). El derecho a desarrollar un plan de vida no puede causar daños a los demás. De igual manera, el ejercicio de un derecho no puede conducir a la lesión de los derechos de los otros. Es por esta razón que el deber de reparar se proyecta a todas las ramas jurídicas, de derecho público y privado. Admitido el deber de reparar, tampoco cabe duda que la indemnización debida debe ser en cada caso justa, proporcionada al daño causado. Este fundamento constitucional común del derecho de daños (basado en las ideas centrales del deber de no dañar y la indemnización justa), luego se concreta de fo rma particularizada en cada rama jurídica, donde juegan las razones, valores e intereses propios de cada una de ellas, elementos que justifican regulaciones diferenciales, y donde, de forma paralela, no puede obviarse la distribución de potestades normativas entre los diversos niveles de gobierno, que da lugar a la existencia de regímenes de reparación de derecho común (así el derecho civil, comercial y laboral), de derecho federal (la responsabilidad del Estado federal) y de derecho local (la responsabilidad del Estado local, ver en este sentido, mi voto en la causa "Verseckas, Emilia María c/GCBA (Hospital General de Agudos "Cosme Argerich" - Secretaría de Salud) s/ daños y perjuicios", expte. 3902, sentencia del 08/03/2004). Es en este momento de concreción jurídica infraconstitucional donde puede verse, por ejemplo, la singularidad de la responsabilidad del Estado, ámbito en el cual se admite la legitimidad de la reparación de los daños particularizados generados por su actividad lícita, aspecto que encue ntra su regulación paradigmática en el instituto expropiatorio. También puede verificarse la existencia, en el orden jurídico argentino, de diversas regulaciones específicas, especialmente comerciales, que consagran responsabilidades limitadas, así, entre ellas, se pueden mencionar: a) el régimen limitado de responsabilidad del transportador terrestre respecto de las cosas que traslada (art. 173 del Código de Comercio); b) el límite a la responsabilidad objetiva del fiduciario por la cosa fideicomitida (art. 14, ley 24.441); y c) el límite indemnizatorio a las reparaciones de los pasajeros en materia de transporte aéreo de pasajeros (art. 144 del Código Aeronáutico) y navegación por agua (art. 331, ley 20.094) (ver al respecto: Hutchinson Tomás, "La responsabilidad del Estado por la renovación del contrato administrativo por razones de interés público", artículo incluido en "Contratos Administrativos, jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho", Ed. Ciencias de la Administración, Div isión Estudios Administrativos, 2000, p. 535/553). En suma, hay un fundamento constitucional común que no inhibe la existencia de regímenes especiales, justificados en las peculiaridades de las ramas jurídicas y en la distribución de potestades, consecuencia de la forma federal. X. En este sentido, es preciso destacar que los regímenes resarcitorios que se establezcan en el derecho público laboral deben ser compatibles con las características estructurales básicas de dicha rama jurídica, fundamentalmente con las siguientes pautas: a) la tutela de la dignidad y la integridad del trabajador; b) el principio de indemnidad; y c) el principio de no regresividad. a) La tutela de la dignidad y la integridad del trabajador. XI. Conviene recordar ahora el marco jurídico que consagra la protección del trabajador, en especial cuando es víctima de un accidente laboral. En este sentido, el art. 14 bis, de la Constitución Nacional garantiza la protección legal del trabajo en sus diversas formas, y asegura al trabajador con diciones dignas de labor, precepto que otorga jerarquía constitucional a la noción de justicia social, a partir de la cual se consagra de forma particularizada los derechos de los trabajadores en un Estado democrático y social de derecho. A su vez, el art. 43, CCABA dispone que "la Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo". La reforma constitucional de 1994, a través del otorgamiento de jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que establece el art. 75, inc. 22, brinda una nueva base protectoria a los derechos del trabajador. En este sentido, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que "los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo y satisfactorias que le aseguren (...) condiciones de existencia dignas para ellos y sus familias" (art. 7). Su art. 23 prescribe que "toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (...) toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social". Por otra parte, el art. 25 determina que: "Toda persona tiene derecho (...) a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad". En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se consagra que "toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas" (art. XIV). Asimismo, su art. XV dispone que "toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la ve jez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia". En el art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se determina que "los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a)(...) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto. (...). b) La seguridad y la higiene en el trabajo". Por otra parte, es preciso destacar que la noción de reparación digna del daño sufrido por el infortunio laboral ya era receptada por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1925. En este sentido, el art. 1 del Convenio n.º 17 establece la obligación para los Estados miembro de garantizar a las víctimas de accidentes del trabajo un piso mínimo para las sumas indemnizatorias. A su vez, el Convenio n.º 19 garantiza estas condiciones para los trabajadores extranjeros. Su art. 1 dispone que "todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a conceder a los nacionales de cualquier otro Miembro que lo haya ratificado, y que fueren víctimas de accidentes del trabajo ocurridos en el territorio de aquél, o a sus derechohabientes, el mismo trato que otorgue a sus propios nacionales en materia de indemnización por accidentes del trabajo". Asimismo, cabe señalar que el Convenio n.º 121 establece en su art. 4 que "la legislación nacional sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales debe proteger a todos los asalariados, incluidos los aprendices, de los sectores público y privado, comprendidos aquellos de las cooperativas, y, en caso de fallecimiento del sostén de familia, a categorías prescritas de beneficiarios" (Art. 4). Respecto de las prestaciones indemnizatorias, el art. 10, inc. 1 ordena que "se dispensarán, por todos los medios apropiados, a fin de conservar, restablecer o, si esto no fuera posible, mejorar la salud de la víctima, así como su aptitud para trabajar y para hacer frente a sus necesidades personales". Es también relevante indicar que la protección del trabajador como objetivo primordial del derecho laboral se encuentra receptada en el art. 4 de la ley de Contrato de Trabajo, el cual determina que "El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto disciplina esta ley". Finalmente, en el ámbito local, la ley 471 establece en su art. 9 que los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a "condiciones dignas y equitativas de labor" (inc. a), y a "la provisión de uniformes, elementos y equipos de trabajo -en los casos que así corresponda-, conforme lo que se determine por vía reglamentaria o por directivas emanadas de las Comi siones Mixtas de Salud Laboral que se establezcan por convenciones colectivas de trabajo (inc. k). Queda claro entonces que existe un contundente marco protectorio de los derechos del trabajador, que se encuentra contenido en la Constitución y en el derecho internacional de rango constitucional y supralegal, cuya finalidad central es brindar una tutela efectiva a su dignidad e integridad como persona. b) El principio de indemnidad XII. Una de las manifestaciones de este marco protectorio se encuentra en los principios del derecho laboral (los cuales entendí aplicables a la relación de empleo público, cfr. lo expresado, entre otros precedentes, en la causa "Ruiz, María Antonieta y otros c/ GCBA. s/cobro de pesos", expte. 684/0, sentencia del 01/04/2004), concretamente en el principio de indemnidad del trabajador. Este principio del derecho laboral establece que el trabajador debe salir indemne de la relación que lo une al empleador. Es decir, la relación laboral no debe generar menoscabo a la integridad del tr abajador. Al respecto, la doctrina ha señalado que "el trabajador no debe sufrir daño alguno, ni moral ni material ni físico por el ejercicio normal de su labor, y, en su caso, debe ser adecuadamente resarcido. (...) El trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, también normativamente comprendidos en la Constitución Nacional. Ello sustenta la obligación de los que utilizan los servicios, en los términos de las leyes respectivas a la preservación de quienes los prestan. (...) La ajenidad, que pone al trabajador al margen de los riesgos de la empresa, implica diferenciar claramente la actividad mercantil del empresario, del negocio jurídico que configura el contrato de trabajo. Dicha distinción da origen al principio de indemnidad o incolumnidad, según el cual el trabajador no debe sufrir perjuicio alguno derivado de la prestación de sus servici os que puede ser evitado o resarcido por el principal". (cfr. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, p. 234). A partir del principio general de que el trabajador no debe sufrir perjuicio alguno derivado de la prestación de sus servicios, se desprenden sendos deberes legales en cabeza del empleador. En efecto, este principio tiene diversas manifestaciones en la ley 20.744 (ley de Contrato de Trabajo). El art. 75 de dicha ley establece que "el empleador está obligado a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo y a hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal". Por su parte, el art. 76 dispone que "el empleador deberá reintegrar al trabajador los gastos suplidos por éste para el cumplimiento adecuado del trabajo, y resarcirlo de los daños sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión del mismo". A su vez, el art. 77 prescribe que "El empleador debe prestar prote cción a la vida y bienes del trabajador cuando éste habite en el establecimiento. Si se le proveyese de alimentación y vivienda, aquélla deberá ser sana y suficiente, y la última, adecuada a las necesidades del trabajador y su familia. Debe efectuar a su costa las reparaciones y refacciones indispensables, conforme a las exigencias del medio y confort". De esta manera, en virtud del principio de indemnidad, el empleador tiene el deber de garantizar, a través de medidas de prevención y de resarcimiento, la integridad personal del trabajador. Expuesto lo que antecede, resulta claro que un régimen legal de accidentes laborales acorde con el marco protectorio de la dignidad e integridad personal del trabajador, y el principio laboral de indemnidad debe contener un sistema resarcitorio que efectivamente garantice una indemnización justa para el trabajador accidentado. c) El principio de no regresividad XIII. Por otra parte, no se debe olvidar que un régimen especial de responsabilidad de accidentes laborales impli ca una reglamentación en materia de derechos sociales. Es por ello, que dicho régimen debe respetar el principio de no regresividad o de no retroceso social, consagrado en la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta Sala ha señalado en la causa "Báez, Elsa Esther c/ GCBA. s/Amparo (Art. 14 CCABA)" EXP 2805/0, sentencia del 16/08/2002, que, de acuerdo a este principio, una vez reconocido un derecho y efectivizado su goce respecto de personas que se encuentran en una situación desventajosa en términos socio-económicos (como es el caso de los trabajadores), su vigencia no puede eliminarse posteriormente sin el reconocimiento, por parte del Estado, de alternativas razonables. Al respecto, se ha señalado que "la obligación de no regresividad agrega a las limitaciones vinculadas con la racionalidad, otras limitaciones vinculadas con criterios de evolución temporal o histórica: aun siendo racional, la reglamentación propuesta por el legislador o el Poder Ejecutivo no puede empeorar la situación de reglamentación del derecho vigente, desde el punto de vista del alcance y amplitud de su goce. De modo que, dentro de las opciones de reglamentación posibles, los poderes políticos tienen en principio vedados elegir supuestos de reglamentación irrazonable y, además, elegir supuestos de reglamentación que importen un retroceso en la situación de goce de los derechos económicos, sociales y culturales vigentes. En este sentido, la prohibición de regresividad constituye una nueva categoría de análisis del concepto de razonabilidad de la ley" (Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Ed. Trotta, 2002, p. 97). De esta manera, un régimen especial de reparación en materia laboral no puede empeorar la situación de los trabajadores accidentados en relación con las condiciones que gozaban antes de su vigencia, pues debe respetar la limitación constitucional a la reglamentación de los derechos laborales que se desprende del principio de no regresividad XIV. Expuesto lo que antecede, corresponde destacar que el régimen indemnizatorio especial de la ley 24.557 no satisface, en el caso examinado, ninguna de estas pautas básicas. En primer lugar, resulta evidente que la indemnización de treinta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve pesos con doce centavos ($39.869,12), que el señor Miguel Darío Conde recibió de conformidad con la ley 24.557, no constituye una reparación justa conforme a los daños sufridos. En este aspecto, coincido con la magistrada de grado en cuanto a que esta indemnización resulta insuficiente. La limitación establecida por el art. 39, inc. 1 de la ley 24.557 transgrede el principio de no regresividad, pues eliminó la posibilidad --que sí era reconocida en los anteriores sistemas de accidentes laborales-- de que los trabajadores exijan una reparación a partir de las reglas del derecho común, sin que se esta blezca una alternativa razonable para garantizar un resarcimiento justo. Esta limitación empeoró sensiblemente la situación de los trabajadores víctimas de infortunios laborales, puesto que, tal como se observa en el caso aquí examinado, el régimen indemnizatorio contenido en la ley 24.557 no alcanza a satisfacer, al menos en todos los casos, el derecho a una reparación justa del daño sufrido. Es decir: se elimina una opción tradicional en el derecho argentino (decisión que es contraria al principio de no regresividad) y, a la vez, el régimen al cual se confina al trabajador conduce a situaciones como ésta, donde la reparación no es justa. En tales condiciones, el régimen indemnizatorio establecido por la ley de Riesgos de Trabajo no resulta compatible con las pautas básicas del derecho laboral aplicables a la relación de empleo público local (cfr. lo expresado en el citada causa "Ruiz"), de forma que, en el caso, resulta inconstitucional la privación del acceso a la vía resarcitoria civil que establece el ar t. 39, inc. 1 de dicha ley. XV. A esta misma conclusión llegan los diferentes votos expuestos por los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688", sentencia del 21/09/2004, cuya doctrina se encuentra, a mi entender, sustancialmente receptada en los considerandos anteriores. XVI. La parte demandada también se agravia de que la sentencia de primera instancia omitió toda consideración en cuanto a que la Administración liquidó y pagó la indemnización resultante de la ley 24.557. Al respecto, entiende que el pago recibido de plena conformidad por el actor surtió el efecto liberatorio del pago. Este agravio tampoco procederá en forma favorable. En primer lugar, este argumento sólo sería coherente si el actora hubiera tenido efectivamente la posibilidad legal de elegir entre someterse al régimen tarifado de la ley 24.557 o seguir una opción alternativa viable, tal como ocurría en los sistemas de infortunios laborales a nteriores, que permitiese acceder a una reparación civil integral. Sin embargo, a raíz de la limitación del art. 39, inc. 1 de la ley 24.557, el Sr. Conde careció de dicha opción, ya que se encontraba confinada al régimen especial de la ley de Riesgos de Trabajo, por lo que no resulta razonable considerar que la actora se "acogió voluntariamente" a dicho sistema. Cabe señalar que respecto de esta cuestión, en un caso sustancialmente análogo, la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo señaló que "Si bien es cierto que, quien acata una norma sin expresar reservas, teniendo la posibilidad de hacerlo, no puede desconocerla más tarde pretendiendo cancelar las consecuencias que de su aplicación se derivaren en el campo de las relaciones jurídicas, no lo es menos que en el caso concreto el accionante no contaba con dicha libertad para efectuar reserva alguna al régimen al que se encontraba sometido tanto por las limitaciones materiales derivadas de su propia hiposuficiencia como porque la inclusión e n dicho régimen devino de un acto a cargo de su empleadora, al que él era ajeno" (voto del Dr. Simón en la causa "Lizarraga, Juan E. c/Streitfeld, Jorge", sentencia del 31/07/2000, LL, 2001-B, Pág. 240). De esta manera, se observa en el caso una coerción fáctica que redujo la libertad del actor y, por ende, su voluntariedad al momento de percibir la exigua suma que se le otorgó en virtud a la ley 24.557. Es por ello que no se encuentran reunidos los extremos requeridos para aplicar al caso la doctrina del voluntario acogimiento a un régimen jurídico. En consecuencia, este agravio también será rechazado. XVII. Seguidamente, corresponde tratar el recurso de apelación interpuesto por el actor. Previamente, debo señalar -como bien lo expresó la Sra. magistrada de grado- que en el sub lite no se encuentra cuestionada la existencia del nexo causal entre el accidente ocurrido y los daños sufridos por el actor, por lo que, en consecuencia, nada cabe analizar al respecto. Ahora bien, en su expresión de agravios, la de mandante señala que la jueza de primera instancia debió reconocer una suma indemnizatoria diferente para los rubros: incapacidad sobreviniente, perdida de chance, daño estético y daño psicológico, en lugar de englobarlos en uno solo. Además, se queja de la suma fijada por este rubro, considerándola insuficiente. Sobre este aspecto, adelanto mi opinión en cuanto a que la pretendida autonomía de estas categorías deviene de una incorrecta valoración del concepto de daño. En efecto, esta Sala ha señalado que en nuestro sistema, el daño indemnizable sólo puede ser patrimonial o moral. El primero está regulado en los artículos 519, 1068, 1069 y concordantes del Código Civil, mientras que el segundo ha sido establecido en los artículos 522, 1078 y concordantes del referido cuerpo legal (cfr. la causa "R., I. B. c/GCBA s/daños y perjuicios", EXP nº 1679, sentencia del 26/03/2004). El daño patrimonial es el que se ocasiona al patrimonio de la víctima, entendido éste como el conjunto de valores económicos susceptibles de apreciación pecuniaria. Las dos formas en que puede manifestarse son: a) daño emergente, que implica la pérdida o disminución de valores económicos existentes, es decir: un empobrecimiento patrimonial; y b) lucro cesante, que implica la frustración de ganancias o ventajas económicas, es decir: la privación de un enriquecimiento patrimonial (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge -director-, Responsabilidad civil, Ed. Hammurabi, reimpresión de 1997, Págs. 230/231). Ahora bien, la incapacidad sobreviniente se configura cuando un sujeto, a raíz de una lesión a su integridad personal, queda afectado por algún tipo de inhabilidad que subsiste luego de finalizado el período de recuperación o restablecimiento. Al respecto, la incapacidad no puede concebirse como un género autónomo en relación con los daños patrimonial y moral, puesto que no es en sí misma un perjuicio, sino que es la causa de un resultado dañoso, que está constituido por las proyecciones negativas que se derivan de aquella (Castro Duran, Ricardo M. "Naturaleza del daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviviente", DJ 02/02/2005, 175 - DJ 2005-1, 175). En efecto, la incapacidad sobreviviente no constituye un tercer género de daños entre el patrimonial y el moral, sino que puede incidir en forma indistinta y aun simultanea tanto en uno como en otro de esos ámbitos resarcitorios. En este contexto, las lesiones de tipo psicológicas y las estéticas constituyen formas de lesividad, que podrán generar --según la índole de los intereses afectados y de las proyecciones de sus consecuencias (patrimoniales o espirituales)-- daño patrimonial o daño moral (o ambos). (cfr. Pizarro, Ramón Daniel, ob. cit., Pág. 563), según las circunstancias del caso. En cuanto al daño estético, nos parece que la circunstancia de haber sido reclamado en la demanda como rubro independiente, no es razón suficiente para atribuirle una diferente reparación. No es admisible que además del resarcimiento del daño patrimonial y del daño moral, la víctima pueda obtener la reparación de la l esión estética independientemente de aquellos rubros que configuran la totalidad del daño resarcible ocasionado por el mismo hecho ilícito (Bustamante Alsina, Jorge "Incapacidad sobreviviente y lesión estética (no son rubros resarcibles por sí mismos sino en cuanto causan daño patrimonial o moral)", La Ley 1989-C, 521). En suma: el daño psicológico y el estético no son categorías autónomas, sino que formará parte del daño patrimonial o del daño moral según la naturaleza de las consecuencias que genere. Por ello, este planteo no podrá prosperar. XVIII. Expuesto este claro marco jurídico, es preciso considerar si las sumas otorgadas por la jueza de primera instancia son adecuadas con relación a los perjuicios sufridos. XIX. En primer lugar, corresponde examinar si la suma de doscientos mil pesos ($200.000.) que la magistrada de grado otorgó al Sr. Conde en concepto de incapacidad sobreviniente (daño físico, psíquico y estético), resultan acordes con los padecimientos sufridos. Sobre este punto, la demandada sos tiene que el monto otorgado en primera instancia no se compadece con el nivel salarial que detentaba el accionante y que no se tuvo en cuenta que en la actualidad cobra haberes jubilatorios. Por su parte, la actora sostiene que la suma otorgada por la sentencia de grado fue fijada en abstracto y/o sin congruencia con las circunstancias del caso. En efecto, para evaluar el perjuicio económico ocasionado por la incapacidad sobreviviente es menester computar la evolución productiva que probablemente podría haber alcanzado la víctima. En cuanto al modo de acreditar el presente daño, el medio probatorio idóneo es el peritaje médico y/o psicológico -según corresponda- por tratarse de una materia ajena al conocimiento de las personas dedicadas al derecho. En este contexto, entiendo que la magistrada de grado efectuó un minucioso y detallado análisis de la prueba aportada en autos. Sin perjuicio de ello, mencionaré los aspectos que considero mas relevantes para la fijación del monto indemnizatorio. En primer lugar, y refiriéndonos al daño físico, debo mencionar el informe obrante a fs. 727/736 del cual surge que el Sr. Conde (53 años) sufrió un politraumatismo cráneo facial con pérdida de conocimiento y fractura expuesta de muñeca izquierda (cfr. fs. 733 vta.). Como consecuencia de ello, la perito señala que le quedaron las siguientes secuelas: Amaurosis bilateral (pérdida total de la visión - ceguera) por un desprendimiento de retina bilateral. Amputación de nariz. Lesiones cicatrizales en el rostro. Pérdida de piezas dentarias. Trastornos en la correcta fonación y masticación. Respecto del grado de incapacidad, la experta interviniente informa que la misma se debe englobar en el 100% (cfr. fs. 734 vta.) En relación con el daño estético, resulta contundente la prueba producida a fs. 664/669 en la cual la perito médica en cirugía plástica informa qe el actor concurrió al examen con una prótesis que cubre los agujeros faciales que quedaron después de la avulsión completa de la nariz. Señala que el rostro del Sr. Conde pre senta: una cicatriz central que va desde el canto interno derecho hasta el neocanto interno del ojo izquierdo y está hiperpigmentada. Se trata de una región injertada con piel homologa para cubrir la zona avulsionada. El filtro labial está deformado como así también la región del bigote (cfr. 668). Cicatriz de la región mentoniana. Cicatrices y brida de piel que cubre, deforma el ojo izquierdo y dificulta su apertura. Cicatriz quirúrgica, blanquecina, lineal de 11 cm. de longitud en la región del antebrazo izquierdo. La experta indica que todas las lesiones configuran una deformación permanente del rostro y determinan una incapacidad del 80%, alteración repugnante o cicatrices que abarcan dos tercios de la cara: según Tabla de baremo de los Dres. González, Patito y Gognacioli especialistas en medicina laboral (cfr. fs. 669). Asimismo, la perito se refiere a la corrección quirúrgica e informa que no se puede obtener una corrección mayor al 20% del daño sufrido. Detalla el siguiente costo de la cirugía plástica : (i) comisuras bucales con zetaplastía doble: $2000; (ii) comisuras oculares: $4000. Finalmente, la experta concluye en que el Sr. Conde no tiene posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral, por las secuelas de las lesiones sufridas (cfr. fs. 710/711). En cuanto al daño psíquico cabe referirnos al informe pericial de fs. 672/681. Al respecto, la perito psicóloga señala que el Sr. Conde "se encuentra atravesando un momento estresante y de sobrecarga emocional, donde el ritmo asociativo de las ideas se realiza con retardo en la unidad de tiempo (Bredepsequía). La sensopercepción aparece notablemente perturbada , con alteraciones cuantitativas, siendo sus posibles causas: lesión de órganos sensoriales (ceguera) y estados psíquicos especiales (...) En general todo el aparato psíquico se encuentra saturado de tensiones y angustias de difícil elaboración y con escasas fantasías de curación (...) las capacidades psíquicas e intelectuales se encuentran disminuidas en un 80% en relación a lo esperable en un a dulto de su edad e historia individual y laboral (...) ha originado trastornos de conducta (autoagresión, aislamiento), estados de confusión y desesperación por alteraciones bruscas en el equilibrio psíquico (...) En relación al abordaje terapéutico se sugiere, que el mismo contemple el grupo familiar, a fin de crear un espacio de reflexión sobre la incidencia de los hechos en todo el grupo (dos hijas adolescentes y esposa)". Luego, a fs. 708, la experta infiere en que durante el primer año deberán planificarse 3 (tres) sesiones semanales, interactuando indisciplinariamente en los siguientes ítems: (a) reparación y rehabilitación facial; (b) aprendizaje de un nuevo sistema de lectoescritura para no videntes; (c) recuperación de la afectividad y la vida social; (d) recuperación del pensamiento; (e) resignación de su vida e identidad a las pérdidas sufridas. Expuesto lo que antecede, y a los fines de fijar una indemnización justa, cobra relevancia decisiva las condiciones particulares de la víctima (sexo, edad, idoneidad, ocupación, preparación, estado físico preexistente, etc.) y el modo en que las secuelas detectadas afectan su personalidad integralmente considerada (conf. Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Félix A. "Derecho de las obligaciones", Pág. 659; Kemelmajer de Carlucci, Aída "Código Civil comentado, anotado y concordado", dirigido por Belluscio y coordinado por Zannoni, t. 5, Pág. 219/220). En virtud de la prueba aportada en autos y analizadas considero que el monto otorgado por la magistrada de grado ($200.000), se ajusta a derecho, por lo que, en consecuencia, corresponde confirmar lo resulto en primera instancia por este rubro. XX. En lo que atañe al daño moral, sobre cuyo importe ($300.000) también se muestran disconformes ambas partes, sabido es que importa "una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial, o, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecue ncia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial" (Ramón Daniel Pizarro, Daño Moral, ed Hammurabi, Buenos Aires, 1996, Pág. 47). La indemnización cumple una función resarcitoria, pero ello no es óbice para que en el caso del daño moral, esa función sea satisfactiva para la víctima. Ella, por lo obtenido como reparación del perjuicio experimentado, paliará éste con placeres o ventajas que subsanarán en sus sentimientos o en su espíritu la situación disvaliosa padecida. Como es sabido, la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación, sujeta a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuren en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalida d del sentenciante (conf. CNCiv. Sala F "Pescio, Lucía María c/ MCBA s/ daños y perjuicios" 30/04/01). Ahora bien, resulta claro que la suma a establecer por este rubro no colocará al actor en la misma situación en que se encontraba con anterioridad al suceso. De todas formas el juzgador se ve compelido a determinar la indemnización; no se trata de compensar dolor con dinero, sino se trata de otorgar a los damnificados cierta tranquilidad de espíritu en algunos aspectos materiales de sus vidas a fin de mitigar sus padecimientos. En el caso, deben ponderarse las especiales características del accidente, la edad de la víctima (53 años), la entidad de las lesiones sufridas por la actora, así como la alteración del ritmo normal de vida que todo lo reseñado razonablemente origina. Es indudable que todo ello debió provocarle sentimientos de dolor, angustia, desazón que deben ser reparados. Ahora bien, sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta la facultad que se le otorga al sentenciante, entendemos que el monto p or este rubro debe tener cierto límite sobretodo cuando se lo compara con otros casos jurisprudenciales en los cuales se produjo el fallecimiento de la víctima. En efecto, considerando dicho alcance, lesiones y secuelas sufridas por la víctima, condiciones personales y demás particularidades que muestra la causa, es que considero que la suma acordada por este resarcimiento $300.000, aparece elevada, por lo que propongo reducirla a la cantidad de $150.000. XXI. Daño Emergente. De la lectura del escrito de inicio (fs. 31/31 vta.) se desprende que el actor reclama bajo este rubro: (a) los gastos de atención médica, sanatorial y conexa; (b) los tratamientos futuros de rehabilitación y control; (c) el costo de automóvil para discapacitados; (d) el tratamiento psicológico. Sobre este punto, la magistrada de grado le reconoció al actor la suma de cinco mil pesos ($5000) solo por los gastos de pegamento de la prótesis facial. El actor se agravia del monto otorgado en primera instancia y agrega que debe utilizar dicha prótesis por el resto de su vida. Por otro lado, entiende que no asiste razón a la jueza de grado en cuanto a que el actor puede y debe ser atendido en un hospital público o en la obra social. El daño emergente comporta un empobrecimiento del patrimonio de la víctima, abarca aquéllos detrimentos patrimoniales sufridos por la víctima en sus bienes, facultades o persona (art. 1068 Cód. Civ.). Está representado por el perjuicio efectivamente padecido (CNCiv. Sala C, 4/3/53, La Ley, 70-224). La indemnización del daño emergente tienen carácter resarcitorio y no punitorio, no tratándose de castigar al responsable sino de enjugar el detrimento soportado por el reclamante. Seguidamente, corresponde determinar los gastos en los que tuvo o tiene que incurrir el actor como consecuencia del daño. Para ello, debemos analizar la prueba aportada en autos. En efecto, de las pruebas periciales surge que: (a) "la prótesis nasal que usa el actor no debe ser renovada a menos que se le rompa. El costo aproximado de la misma es d e $2000. (...) el pegamento para el sostén de la misma es de $59, el envase de 30 gr. No necesita mas de uno por mes" (fs. 710); (b) "la necesidad de enseñanza en sistema Braile para poder acceder a la lectura, valor aproximado de entrenamiento y adquisición de elementos propios de este sistema $20.000" (fs. 733 vta.); (c) "la necesidad de obtener un perro lazarillo con su debido entrenamiento para facilitar los desplazamientos del actor cuando no se encuentre debidamente acompañado, costo aproximado $15.000" (fs. 734); (d) "entrenamiento personal del actor para deslazarse con bastón y adaptación a su nueva condición, costo aproximado $10.000" (fs. 734); (e) "cambios arquitectónicos de su vivienda a su nueva situación de no vidente $5.000" (fs. 734); (f) "implantes dentales y prótesis adecuadas, costo estimativo $5.000" (fs. 734); (g) costo de la cirugía plástica: (i) comisuras bucales con zetaplastía doble: $2000; (ii) comisuras oculares: $4000 (cfr. fs. 710/711); (h) con respecto al tratamiento psicológico la experta interviniente sugiere que durante el primer año deberá planificarse tres (3) sesiones semanales interactuando interdisciplinariamente. Estima en $60 (sesenta) el monto de los honorarios por cada sesión ( cfr. fs. 680 y 708). Sobre este punto, la jurisprudencia ha dicho que el demandado en un hecho sañoso -similar al sub lite- que originó gastos de sanatorio e intervención, no puede aducir para liberarse de su obligación de reparar, que la víctima puede asistirse en un hospital gratuito; tampoco puede objetar los gastos incurridos en un sanatorio, porque la víctima tiene el derecho de elegir la clínica en la que ha de asistirse, así como también el médico que lo ha de atender (CNCiv., Sala A, 10/3/1965, causa 103.197 (inédita); Sala E, 19/3/1965, L.L., t. 118; p. 724; Sala C, 6/5/1965; ED, 7-6). A su vez, recientemente el TSJ ha dicho que la atención en un hospital gratuito no satisface el requisito de efectividad de la tutela judicial ni la idea de reparación integral (TSJ Bottini, Carmen Beatriz c / GCBA s/ Daños y perjuicios, EXP. 2835, sentencia del 26 de abril de 2006). Ahora bien, en cuanto a los costos correspondientes a la enseñanza del sistema Braile, la adquisición de un perro lazarillo y su adiestramiento y el entrenamiento personal del actor para desplazarse con bastón, puntos (b), (c) y (d) respectivamente, comparto lo expuesto en la sentencia de primera instancia en cuanto a que ello no ha sido reclamado en la demanda ni tampoco puede inferirse que estén incluidos en alguno de los rubros pretendidos. En lo que respecta a los gastos por la prótesis nasal, cambios arquitectónicos en su vivienda y personal doméstico o de enfermería para su atención, entiendo que corresponde hacer lugar a dicha pretensión por cuanto resultan necesarios e indispensables para el manejo de su vida cotidiana. En virtud de lo expuesto, considero ajustado a derecho elevar a la suma de veinticinco mil pesos ($25.000) la indemnización por este rubro. XXII. Integración de lo recibido por ley 24.557. En sus agravios, la parte demandada solicita, en subsidio, que se disponga la deducción de lo pagado por la aplicación de la ley 24.557. Sobre este punto, resulta claro lo expuesto por la sentenciante de primera instancia en cuanto a que dicho monto se encuentra comprendido en el reconocimiento del lucro cesante. En consecuencia, no encontrando motivo para apartarme de dicha solución, nada mas queda por señalar al respecto. XXIII. Costas. Respecto de las costas de primera instancia (que sean soportadas por la demandada en un 90% y por la actora en un 10%), la demandada se agravia por cuanto considera que correspondía aplicar lo dispuesto por el art. 65 CCAyT pues el monto de la condena representa menos de un tercio de la suma reclamada en el escrito de inicio. Por otro lado, la parte actora entiende que resulta injusto e inverosímil la mencionada distribución de las costas por cuanto se hizo lugar a todas y cada una de las partes del reclamo. El artículo 62, CCAyT, dispone que las costas del juicio deben ser soportadas por la ve ncida (principio objetivo de la derrota). En el caso, la sentencia de primera instancia condenó a la Ciudad al pago de una suma indemnizatoria inferior a la reclamada en la demanda, es por ello que comparto la solución arribada por la sentenciante de grado, en cuanto distribuyó las costas en un 90% a cargo de la demandada y en un 10% a cargo del actor. En consecuencia, corresponde confirmar las imposición de costas de primera instancia. En cuanto a las costas de alzada, atento a la existencia de vencimientos parciales y mutuos, corresponde distribuirlas por su orden (art. 65 CCAyT). XXIV. Por los argumentos expuestos propongo hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y, por ello, revocar de forma parcial la sentencia recurrida en los siguientes términos: a) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá abonarle a la actora una indemnización de trescientos cincuenta y cinco mil pesos ($350.000), integrada por los siguientes conceptos: 1) doscientos mil pesos ($ 200.00 0) por incapacidad sobreviniente a agregarse a la indemnización que la actora recibió en virtud de la ley 24.557; 2) ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) en concepto de daño moral; 3) veinticinco mil pesos ($25.000) en concepto de daño emergente. En cuanto a los treinta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve pesos con doce centavos ($39.869,12) que la actora recibió en virtud de la ley 24.557, dicho monto representa el lucro cesante. b) Confirmar las costas de primera instancia en un 90% a cargo de la demandada y un 10% a cargo de la actora. Imponer las costas de alzada por su orden (art. 65 CCAyT). A la cuestión planteada, el Dr. Carlos F. Balbín dijo: I. Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Esteban Centanaro como así también a la solución que propone. II. Sin embargo, considero necesario destacar que nos encontramos frente a una relación de empleo público cuya regulación, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido expresamente delineada por el art. 43 de la Constitución local. Di cho artículo dispone, en lo que aquí interesa, que "la Ciudad protege al trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (...) El tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe efectuarse conforme a los principios del derecho del trabajo". Como he dicho en anteriores oportunidades, si bien opino que el régimen jurídico aplicable al empleo en el ámbito de la Administración es el Derecho Público -que posee principios y reglas propias que lo diferencian claramente del régimen aplicable a las relaciones de empleo privado-, la última parte de la cláusula constitucional citada permite integrar sus disposiciones con los principios del Derecho del Trabajo, siempre que ello no desnaturalice las características propias de la relación existente entre el agente público y la Administración (conf. mi voto en "RUIZ, MARÍA ANTONIETA Y OTROS c/ G.C.B.A. s/ COBRO DE PESOS", expediente Nº EXP 684/0" y en "CASERTA LUISA ISABEL Y OTROS C/ G.C.B.A.- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - S/ EMPLEO PÚBLICO (NO CESANTÍA NI EXONERACIÓN)", expediente EXP Nº 3306/0"). Así dejo expresado mi voto. El Dr. Horacio A. G. Corti, por los fundamentos expuestos por el Dr. Esteban Centanaro, se adhiere a su voto En mérito a las consideraciones vertidas, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por ambas partes en los términos del considerando XXV. 2) Distribuir las costas de alzada por su orden (art. 65 CCAyT). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. Esteban Centanaro Carlos F. Balbín Juez de Cámara Juez de Cámara Horacio A. G. Corti Juez de Cámara