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Cuestiones de competencia, competencia federal, facultades jurisdiccionales, competencia por conexidad, falsificación de instrumento público, cédula verde, adulteración de la numeración de bienes registrables
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, CLAUDIO R. s/ COMPETENCIA - FEDERAL - CONEXIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

Dada la íntima vinculación existente entre la falsificación de la cédula de identificación del automotor, la supresión de la numeración original del motor y chasis y el hecho relacionado con la adquisición del rodado, es procedente que la justicia de excepción tome a su cargo toda la investigación con el objeto de lograr una mejor y más rápida administración de justicia (arts. 39 y 40 del C.P M.P.).
Empleo público, remuneración, contratos administrativos, modificación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casco, Sergio José y otros c/ Municipalidad de Viedma s/ Contencioso administrativo laboral s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-08-07

El sueldo puede ser modificado en su monto, porque, precisamente, en la especie se trata de un contrato administrativo stricto sensu, a cuyo respecto, entre las prerrogativas de la administración, está la de modificar el contrato, dentro de ciertos límites.
Ley procesal, ley nacional, ley provincial, Estado Provincial, facultades delegadas, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caja Forense de la Primera Circunscripción Judicial en autos "Dagatti, Claudio C." s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Pobreza   (Expte. CSJ Nº 49-98) Caja Forense de la Primera Circunscripción Judicial en autos "Brambilla, Miguel Angel" s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Regulación  de honorarios (Expte. CSJ Nº 1297-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-08-10|1999-08-10

No todos los procesos enunciados en la ley 24432 requieren una ratificación legislativa provincial, pues en su articulado aparecen disposiciones con operatividad propia que no entran, al menos, en clara colisión con el ordenamiento nacional y las atribuciones provinciales reservadas. Así, la reforma al artículo 505 del Código Civil contenida en el artículo 1 de la ley se encuentra validada constitucionalmente y tiene operatividad inmediata, razón por la cual no requiere ninguna previa adhesión para su plena aplicación.
Recurso de revisión (procesal), ejecución de sentencia, competencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ORELLANA VILLANUEVA SUSANA c/ DUMAD DURA Y OTRO s/ ORDINARIO  -  CUERPO  DE EJECUCION DE SENTENCIA - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-02-08

El "tribunal" a que se refiere el art. 1324 C.P.C., ha de entenderse el de "revisión" y no el "de 1ra. instancia" en que se ejecuta la sentencia. Quién debe analizar "las circunstancias" y calificar la "suficiente fianza" es, indudablemente, el Tribunal Superior de Justicia, que es ante quién, precisamente, se tramita el recurso de revisión. El máximo Tribunal en el orden provincial es el que atento las circunstancias de cada caso decidirá si la demanda de revisión que ante él tramita es hábil o no para producir efectos suspensivos de la ejecución de la sentencia, que por principio legal apriorístico no lo tiene. Excepcionalmente, a pedido de parte previa fianza y, fundamentalmente, habida cuenta de las circunstancias del caso, el Tribunal Superior de Justicia puede disponer la suspensión de las diligencias de ejecución de sentencia (Ramacciotti, Compendio, T. III, pág. 582).-
Excepciones procesales, excepción de pago, rechazo del cheque
Materia: PROCESAL
Carátula: HERRERO, Pablo Aníbal y Otros c/ CENTURION, Héctor Raúl s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

La entrega de cheques no extingue por sí la obligación desde el momento en que son recibidos, sino con el pago del cheque por el Banco, por lo que si aquéllos fueron rechazados, no pueden servir para fundamentar válidamente la excepción de pago, pues tal pago no existe ante la falta de un valor económico imputable a la deuda.
Superintendencia, funcionarios judiciales, nombramiento del personal judicial, avocación administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendieta, Ernesto (UEJN. en representación) s/ exp. 31/94 - Juz. Fed. Usuhaia - Avocación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

Corresponde dejar sin efecto la designación dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia si ni la propuesta contiene fundamento, ni la resolución de la cámara resulta suficiente para rechazar las impugnaciones efectuadas por el empleado preterido.
Derechos y garantías constitucionales, habeas data, caducidad de instancia, costas, cómputo del plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FLORES, Raúl c/ VERAZ  S.A. y/o BANCO CENTRAL de la REPÚBLICA ARGENTINA s/ CADUCIDAD DE INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-09

Si bien la acción de hábeas data contemplada en al art. 89 de la Constitución Provincial no se encuentra reglamentada, teniendo en cuenta su naturaleza expedita justificada en la pronta solución del pleito de que se trata; la necesidad de evitar la prolongación "sine die" de la causa; que ésta tramita en el fuero civil y comercial en el que rige la regla que sujeta el impulso del proceso a la instancia de parte, frente al incumplimiento de éstas de la carga de impulso, debe reputarse a la acción de que se trata susceptible de perimir en los términos de la ley procesal civil y comercial de la Provincia.

Conforme el art. 310 inc. 1º) del Código Procesal se produce la caducidad de la primera instancia cuando no se insta su curso durante seis meses. A su vez, el art. 311 del mismo cuerpo legal establece que el plazo se computa desde la última petición de las partes o resolución o actuación del Tribunal que tuviese por objeto activar el procedimiento.

En la especie, el último acto impulsor del procedimiento lo constituye el escrito de fs. 63, del 26 de agosto de 2008, por el cual la accionante presentara el pertinente oficio ley 22.172 para su control y firma.

El retiro posterior que de éste hiciera la parte a fs. 64, no ha tenido por efecto hacer avanzar el proceso pues no existe constancia de que haya sido diligenciado. Desde aquella fecha y hasta el acuse de caducidad formulado el 06 de Abril del año en curso, han transcurrido 17 meses y 11 días, sin que haya mediado ninguna actuación interruptiva o suspensiva del curso de la perención.

En consecuencia, con el vencimiento del plazo señalado en la normativa ritual mencionada ut supra ha operado la caducidad de instancia en el presente proceso, y así corresponde declarar.

Con costas de la instancia perimida a cargo del accionante (art. 73, primer párrafo, in fine del Código Procesal) y las del incidente de perención por el orden causado por no haber mediado oposición del incidentado (art. 67 segunda parte y 68 primera parte del mismo cuerpo legal).
Expropiación, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kraayenbrink de Beurts, María W. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación irregular Frings de Canessa, María c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación irregular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07|1990-02-20

El pago de intereses en materia expropiatoria los debe el expropiante que ha desposeído -sea cual fuere su naturaleza- al expropiado. Tales intereses son compensatorios pues resarcen al ex propietario de la indisponibilidad oportuna del precio expropiatorio y corren desde el momento en que se realizó esa desposesión.
Jubilaciones, empleados públicos, Constitución Nacional, derechos adquiridos, derecho de propiedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CAJA  NACIONAL  DE  PREVISION PARA EL PERSONAL DEL ESTADO Y SERVICIOS PUBLICOS c/ HECTOR GROSSI s/ LEYES  FEDERALES  -  JUBILACION Y  PENSION  -  DERECHOS ADQUIRIDOS -  DERECHO DE PROPIEDAD - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Si el ahora recurrente consintió, en su momento, la sentencia que dejó a salvo la posibilidad para el órgano otorgante del beneficio jubilatorio, de accionar judicialmente en demanda de la anulación del acto, tal beneficio no había llegado a fijarse definitivamente en cabeza del reclamante, y el ejercicio de tal acción con resultado satisfactorio no produjo la pérdida de algún derecho adquirido, ya que la garantía constitucional de la propiedad ampara los beneficios jubilatorios regularmente acordados.
Resoluciones inapelables, prueba, negligencia
Materia: PROCESAL
Carátula: PALMA, Enrique s/ Sucesorio - Incidente de no Inclusión de un Bien Inmueble
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-11-14

Es inapelable la resolución que decide una cuestión de negligencia en la producción de prueba. Igualmente las resoluciones dictadas en la etapa probatoria que versen sobre los incidentes que se plantean en general en la misma.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Recurso extraordinario deducido por el Dr. Juan Carlos ORTIZ ALMONACID s/ Causa nro. 26.558
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-13

Lo que se cuestiona en una decisión de mero trámite orientada a la concesión de un recurso -el extraordinario federal- la que de ninguna manera pone fin al proceso ni a la acción ni torna imposible la continuación de las actuaciones, ni es equiparable a tal; al no poner fin al pleito ni impedir su continuación ni causar agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. Por tanto, no procede el recurso.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, límites del pronunciamiento, causas civiles, acto administrativo, novación, interpretación de normas y actos locales
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Caja  Complementaria de Previsión para el Personal de la Jurisdicción Comunicaciones c/ La Rioja, Provincia de y otro s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Si, en oportunidad de dictar sentencia, corresponderá examinar el acto administrativo en virtud del cual se aduce que ha mediado novación, como así también los alcances y consecuencias de la garantía legal prevista en la ley 5545 de la Provincia de La Rioja, dicha función le está vedada a la Corte en la instancia originaria, ya que la decisión de los planteos exigirá que se interprete un complejo normativo que excede el ámbito ius privatístico y coloca a la cuestión dentro del derecho público.
Recurso de nulidad, defectos del procedimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vargas, Exaltación c/ López Lodigiani s/ Daños y perjuicis
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-12

Si la parte, pese a sostener que el fallo recurrido es nulo por carecer de real y efectiva fundamentación, no requiere en términos explícitos, la declaración de nulidad, sin embargo, habida cuenta la circunstancia de solicitarse el acogimiento de los agravios -entre los cuales la legitimada activa mencionó concretamente el que se vincula a la falencia apuntada-, es menester puntualizar que el sustrato invocado como legitimado del agravio, carece de aptitud para subsumirse en el texto positivo del artículo 253 del Cód.

Procesal, que habilita examinar, dentro de la apelación, el recurso de nulidad por defecto de la sentencia; entendiéndose por éstos aquellos conectados a los vicios extrínsecos del fallo, como la violación de las formalidades referidas a la fecha, al medio de expresión -idioma y escritura-, firma del juez. Así entonces, cuando el endilgado error u omisión puede corregirse dentro del ámbito recursivo propio de la apelación concedida, el principio de trascendencia conduce al rechazo de la nulidad (arts. 169, 172 y 253 Cód. Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, jubilaciones, pensiones, derecho de propiedad, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gómez, Humberto s/ jubilacion.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-03

Aceptado por el a quo el derecho al reajuste del haber previsional, resulta irrazonable y violatorio de las garantías de integridad y movilidad de las prestaciones y del derecho de propiedad reconocer el pago solo hasta el dictado del decreto que declaro la emergencia previsional pues tal imposición no surge la norma alguna ni fue tema sometido a conocimiento de la alzada sino que aparece fundada solo en la voluntad de los jueces.
Delitos contra la fe pública, falsificación de instrumento público, registro de la propiedad automotor, competencia federal
Materia: PENAL
Carátula: N., N.R. s/ Falsificación de Documento - Puerto Madryn
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-09

"Si con las maniobras realizadas ante los registros seccionales pertenecientes al Registro Nacional de la Propiedad Automotor se comprometió la validez de documento nacional extendidos por esa repartición nacional, a la vez que su normal funcionamiento, lso hechos así producidos son de competencia de la justicia federal".
Recurso de casación, lesiones agravadas por el vínculo, Ministerio Público Fiscal, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Bustamante Camandulli Silvana Lorena s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-19

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto contra la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba si lo resuelto consideró que la negativa a la solicitud de la defensa efectuada por el fiscal se encuentra debidamente fundada y resultaba vinculante para el tribunal. Si se imputa a la encartada haber empujado a su esposo desde atrás mientras descendía por una escalera -lesiones graves agravadas por el vínculo- no carece de lógica el argumento del fiscal, respecto a que en caso de existir condena, la misma sea de cumplimiento efectivo, ya que las particulares circunstancias que rodean a los hechos otorgan soporte suficiente a tal aserto. El voto concurrente agregó que la resolución atacada deviene equiparable a sentencia definitiva en virtud de que podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior. La disidencia parcial postuló declarar inadmisible el recurso decasación por no tratarse de sentencia definitiva ni equiparable a tal, sin que el recurrente haya demostrado la existencia de arbitrariedad o cuestión federal alguna.
Adulteración de medicamentos, falsificación de medicamentos, tráfico de medicamentos o mercaderías peligrosas, tratados internacionales de derechos humanos, estafa, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Rímolo, Mónica María y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-15

Al no resultar invocables las normas de los tratados sobre derechos humanos en favor de los órganos estatales de persecución penal, la revisión del órgano acusador no se extenderá según los términos del precedente "Casal", sino que se limitará a lo dispuesto en el CPPN y, en caso de constatarse cuestión federal, será de aplicación el precedente "Di Nunzio".

En tanto la ley 25.990 resulta ser ley penal más benigna, el último acto interruptivo fue el llamado a las partes a comparecer al juicio, por lo que la acción en orden a los delitos imputados no se encuentra prescripta, sin que tampoco corresponda hacer lugar al planteo relativo a la violación al derecho a ser juzgado en plazo razonable, ya que luce infundado, toda vez que se ha omitido explicar los motivos que lo sustentan.

Resulta acertada la conclusión en orden a la relación concursal de las figuras delictivas pues el ejercicio ilegal de la medicina y la adulteración de los medicamentos resultaban medios esenciales para la comisión de las estafas, a la vez que la afectación a la salud pública derivada de las actividades de los imputados trascendió la comisión de los fraudes.

Aparece suficientemente corroborado el elemento volitivo del dolo si se comprobó que ambos incusos conocían la composición de los fármacos suministrados, sabían que no se ajustaba a lo que se informaba y tuvieron noticia de los severos trastornos de salud ocasionados en los pacientes.

Se configura el delito de estafa si se indujo a los pacientes a creer que eran atendidos por una persona que poseía formación y habilitación médica y se comprobó que los medicamentos prescriptos no se ajustaban a la realidad de lo indicado en los rótulos y provocaban efectos adversos.

Carece de relevancia que el coimputado concurriera con mayor o menor frecuencia a la clínica, si se acreditó suficientemente la naturaleza de su aporte a los fraudes.

Está debidamente fundada la condena por homicidio imprudente si, a partir de los elementos incorporados, pudo establecerse que existió un ligamen causal entre la ingesta de los medicamentos adquiridos a los imputados y la enfermedad que causó la muerte de la víctima.

Debe rechazarse el recurso del MPF contra la absolución del farmacéutico, ya que la venta de medicamentos y la elaboración de recetas magistrales a la imputada es insuficiente para sostener que estaba al tanto del destino que se le iba a dar, no se comprobó la competencia del farmacéutico para el control del permiso de expendio de medicamentos por parte de sus clientes, y la ausencia del nombre del paciente receptor de la medicación tampoco aparece como requisito para fundar una imputación penal.

La disidencia parcial sostuvo que la absolución dispuesta carece de la debida fundamentación. (Dres. Slokar, Ledesma y David -disidencia parcial-).
Cuota alimentaria, recursos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C. N. B. c/ R. J. C. s/ incidente aumento cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-09-14

No es suficiente a la hora de valorar la idoneidad del recurso respecto a la cuantía de la obligación alimentaria fijada sólo lo infundado del importe establecido, pues lo que tiene que dejar expuesto el recurrente es la existencia de un error de apreciación entre la situación económica que le atribuyó el Juez y las concretas necesidades del menor alimentado.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, incidentes, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Emilio s/ Exclusión.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-07

Si no se ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 21.839, a los fines de establecer el monto de un incidente, corresponde declarar la nulidad de las regulaciones de honorarios realizadas.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Stancato, Carmelo Alfredo. s/ CAUSA N. 4806
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-15

Los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solamente aquéllos que estimen pertinentes para la solución del caso.
Acto administrativo, nulidad de oficio, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ SOLICITA  SE  DECLARE  LA ILEGITIMIDAD DEL DECRETO 509 QUE DISPONE LA  DESIGNACION EN LA ESTRUCTURA  AL SR.BARBONA S- RECURSO DE REVOCATORIA  C- AUTO DE PRESIDENCIA (CSJ EXPTE Nº 256-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

Si la Administración puede lo más, es decir, dictar un acto y anularlo de oficio, también puede lo menos, o sea suspender la eficacia del acto anulatorio, por ello, no constituye óbice para la adopción de la suspensión la inexistencia de previsión alguna al respecto.
Pacto de San José de Costa Rica, GUATEMALA, Ministerio Público, investigación del hecho, deber de obrar con prudencia, centro clandestino de detención, responsabilidad internacional del Estado, secuestro de personas, revisión judicial, deber de juzgar, deber de esclarecimiento
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Maritza Urrutia c/ Guatemala s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2009-01-22

Si bien Guatemala ha presentado información sobre algunas gestiones realizadas -investigación a cargo del Ministerio Público para identificar a quienes ocupaban cargos en dependencias estatales y que podrían tener relación con los hechos-, a fin de dar cumplimiento al punto pendiente de acatamiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana, en el caso en que se declaró su responsabilidad internacional por la violación a los derechos y garantías contenidos en la Convención Americana, en perjuicio de la activista política que fue secuestrada por agentes estatales, llevada a un centro clandestino de detención e impedida de acceder al control judicial de lo actuado, no pueden catalogarse como actos ni diligencias que permitan arrojar precisiones en lo relativo a su deber de investigar y sancionar a los responsables de tales hechos.
Abogados, ejercicio profesional, Consejo de la Magistratura
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maida, Juan Adolfo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

La referencia a la "práctica en la profesión de abogado" efectuada por el art. 178 de la Constitución de la Provincia hace necesario instaurar una pauta objetiva, un parámetro idóneo, a los fines de verificar el cumplimiento del presupuesto que allí se exige. El dato escogido por el Consejo - matriculación en Colegio de Abogados Departamental- no revela falta de razonabilidad, ni arbitrariedad ni ilegalidad, desde que precisamente es la legislación vigente la que imposibilita cualquier ejercicio profesional de la abogacía si no se cumplimenta aquella matriculación.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, daños y perjuicios, accidente ferroviario
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Ríos, Silvano c/ Ferrocarriles Argentinos s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-03

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda por indemnización de los daños y perjuicios causados al actor con motivo del fallecimiento de su hijo en un accidente ferroviario, si la conclusión adoptada por la Cámara -por vía de una extensión indebida de los límites impuestos por el ámbito de su jurisdicción devuelta (art. 271 in fine y 277 del Código Procesal)- importó incorporar al litigio una defensa no alegada por la empresa estatal y en una oportunidad impropia para posibilitar al actor la discusión de su admisibilidad y procedencia.
Recurso de casación, procedencia del recurso, indemnización, reparación integral, intereses, cómputo de intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dr. Roque A.Salas Martínez. s/ Rossiano, Andrés.Lesiones Culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-12-01

No obstante el principio de que las cuestiones de intereses son ajenas al recurso extraordinario de casación, salvo manifiesta arbitrariedad, se puede observar en efecto que en el sub-liten se incurre en una evidente contradicción cuando al fallar se manifiesta que la reparación debe ser integral,ordenándose el pago de intereses desde el momento del dictado de la sentencia, contradiciendo de éste modo una constante y pacífica jurisprudencia en cuanto a que los intereses de la indemnización debida por un acto ilícito o cuasidelito deben liquidarse desde la fecha del evento dañoso, en consecuencia se resuelve determinando que los mismos correrán desde la fecha en que ocurrió el hecho ilícito.