Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-21


SENT Nº 277	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiuno (21) de Mayo de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la representación letrada del perito contador Juan Carlos Alfaro en autos: "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Di Benedetto Marco Antonio s/ Ejecución hipotecaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la representación letrada del perito contador Juan Carlos Alfaro (fs. 395/402) contra la sentencia N° 627 de fecha 22/11/2011 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones (fs. 417/420). La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por resolución de fecha 06/7/2012 (fs. 450) del referido Tribunal de Alzada.

II.- El recurrente denuncia la conculcación de su derecho a la retribución de su labor profesional en la presente causa, en la que fue designado por sorteo a pedido de ambas partes. Señala que "el informe pericial fue realizado en estricta observancia de las reglas que rigen al profesión del perito y en orden a cada uno de los puntos requeridos, tanto por la actora como por la demandada, y arrojó un resultado que no fue observado ni impugnado por ninguna de las partes". Destaca que en mérito al aludido dictamen se estableció el monto del crédito de la actora y con base en el mismo, la sentencia determinó el monto de la condena ($147.446,80 al 31/10/1996). Pone de resalto, asimismo, que "el monto del juicio aportado por la Caja Popular de Ahorros a los fines regulatorios de fojas 140/144 fue de $654.587,79 al 31/03/2002", el que sirvió de base regulatoria en lo que concierne a la valoración del trabajo tanto de los profesionales del derecho como de su parte, conforme sentencia del 20/4/2002 de fs. 188 y su aclaratoria de fs. 199.

Menciona que la regulación de sus honorarios profesionales fue apelada por la parte actora y que el tribunal de alzada redujo los mismos de $ 19.578 a la suma de $ 4.000, que ello motivó la interposición de un recurso de casación de su parte, que esta Corte anuló el pronunciamiento recurrido (sentencia Nº 506 del 7/6/2006, fs. 271/274), que el tribunal de reenvío dictó un nuevo fallo confirmando lo decidido por el juez de primera instancia (sentencia del 07/12/2006, fs. 287/288) y que por lo tanto, sus honorarios profesionales quedaron fijados en la suma de $ 19.578.

Explica el recurrente que al no haberse hecho efectivo el pago de sus estipendios, promovió la presente ejecución con fecha 29/9/2008, que en el marco de la misma se rechazaron las defensas opuestas por la ejecutada y se mandó llevar adelante la ejecución de autos; resolución que fue apelada por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, lo que motivó el dictado del pronunciamiento que explica el presente recurso de casación.

Expresa que la ejecutada cuestionó en su apelación tres aspectos del decisorio de primera instancia: el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 16 de la Ley Nº 3706 y de la excepción de inhabilidad de título subsidiariamente deducida, así como la imposición de las costas de la presente ejecución. En relación a la declaración de inconstitucionalidad peticionada, señala que el memorial de agravios de la apelante se limita a sostener que el perito carecía de acción para pretender el cobro de sus honorarios de la actora de autos, que la norma tachada de inconstitucional (art. 16 de la Ley Nº 3706) consagra una inadmisible solidaridad en materia de honorarios regulados por las pericias, con independencia de la imposición de costas dispuesta por el sentenciante. Al analizar el agravio vinculado al rechazo de de defensa de inhabilidad de título, insiste en que el ejecutante carece de título hábil para promover la presente ejecución y cuestiona el criterio conforme al cual no resulta aplicable el art. 9 de la Ley Nº 24.432 (norma que incorpora un último párrafo al art. 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, conforme la cual "Los peritos intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios que le fueran regulados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 478"). Finalmente y respecto de la imposición de costas, alega que el memorial de apelación no aporta impugnación útil, limitándose a reiterar su pretensión de que se recepte la inconstitucionalidad planteada o subsidiariamente se acoja la defensa de inhabilidad de título opuesta por su parte, mandando llevar adelante la ejecución -en su caso- por el 50% del monto regulado en concepto de honorarios profesionales, con la consiguiente imposición de costas.

Alega que el tribunal de alzada, al resolver el recurso de apelación deducido por la ejecutada, incurre en "incongruencia conceptual" y emite un "pronunciamiento ilógico", "en franca contradicción con sus afirmaciones y resolución previa", lo que en su opinión justifica la procedencia del remedio intentado.

Considera que la Sala sentenciante ha emitido un pronunciamiento extra petita pues lo resuelto excede hasta lo concretamente solicitado por el apelante. Denuncia el apartamiento de los motivos que fundaron el recurso de apelación interpuesto así como haber prescindido de los antecedentes y constancias de la causa.

Afirma que aún para el inaceptable supuesto en que se hiciera lugar al pedido de reducción del monto de condena en un 50% de los honorarios regulados y firmes, el porcentual indicaría que la suma resultante sería $ 9.789 y no el que de modo antojadizo dejó establecido la Cámara. Entiende que el tribunal de grado "ha incurrido en una inexplicable confusión pues para el resultado obtenido partió de una base incorrecta cual era el monto de la sentencia de fecha 31/10/96 ($147.446,80) aplicando sobre éste la limitación que establece el art. 1 de la Ley Nº 24.432, sin considerar que en fecha 20/4/2002, los honorarios mentados fueron regulados sobre el monto de la planilla al 31/3/2002, presentada por la propia recurrente".

Insiste en que existía una regulación de honorarios firme, practicada sobre una base regulatoria oportunamente propuesta por la propia ejecutada y que los planteos deducidos para oponerse a la ejecución fueron desestimados por el juez a quo, sin que los fundamentos ofrecidos en la apelación justificaran modificar lo resuelto en Iº instancia. Alega que no obstante ello, y pese a ratificar los conceptos que justificaron el rechazo del planteo de inconstitucionalidad y de la excepción de inhabilidad de título oportunamente deducidos, el tribunal de alzada "efectúa un inexplicable retorno", modificando el monto de condena de la presente ejecución. Menciona asimismo, que la Cámara "resuelve un planteo no articulado por el apelante" ya que en ningún momento se invocó la aplicación del art. 1 de la ley Nº 24.432, modificatorio del art. 505 del Cód. Civil.

Invoca la conculcación de la garantía contenida en el art. 17 de la Constitución Nacional en tanto "el pronunciamiento que se recurre deviene confiscatorio". Denuncia asimismo, la infracción de las normas constitucionales y procesales que imponen a los magistrados el deber de motivación de las resoluciones judiciales, por considerar que lo decidido en autos carece de la debida fundamentación. Cita doctrina y jurisprudencia que estima de aplicación al caso.

En mérito a las alegaciones precedentemente reseñadas, propone doctrina legal y pide se admita la procedencia del recurso de casación interpuesto. Ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

III.- La sentencia recurrida hace constar que el perito C.P.N Juan Carlos Alfaro inició ejecución de sus honorarios profesionales contra la parte actora no condenada en costas (Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán), quien al ser intimada de pago, planteó la inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 3.706 y opuso, en subsidio, excepción de inhabilidad de título.

Como cuestión preliminar, puntualizó que corresponde el tratamiento y resolución del planteo de inconstitucionalidad en el juicio ejecutivo cuando la norma impugnada se refiere directamente al caso a resolver, situación que se verifica en la presente ejecución. Consideró que el análisis de la inconstitucionalidad planteada en autos no excedía el marco del proceso ejecutivo, "toda vez que el apartamiento de la Constitución invocado en sustento de tal cuestión incidental surge del contenido mismo de la norma atacada y no requiere mayores probanzas. Se trata de una cuestión de derecho y en razón de ello corresponde el tratamiento de la inconstitucionalidad alegada, al contrario de lo considerado en el fallo apelado".

Señaló que en el sublite, "el planteo se encuentra dirigido a cuestionar el dispositivo legal que consagra la solidaridad de las partes en materia de honorarios regulados con motivo de pericias practicadas en juicio, con independencia de la modalidad de imposición de costas".

Expresó que en autos, la sentencia de fondo dictada en la causa (fs. 123/125) dispuso llevar adelante la ejecución iniciada por la parte actora, imponiendo las costas al demandado vencido. Destacó que "la prueba pericial contable practicada a fs. 95/98 fue ofrecida por ambas partes".

Con cita de un precedente de este Tribunal, sostuvo que la tacha de inconstitucionalidad no podía prosperar en tanto "desde el momento en que la razón por la que debe responder el pago de honorarios del perito la recurrente no tiene su causa en la solidaridad establecida en el art. 16 de la ley 3706, sino en el beneficio que para ella reporta aquella labor". Indicó que resulta de aplicación al caso, el criterio establecido por la Corte de la Nación conforme al cual, "con independencia de que en definitiva los gastos periciales deben ser soportados por quien resulta condenado en costas, ello no es obstáculo para que el perito persiga su cobro de cualquiera de las dos partes, sin perjuicio de los reintegros que aquellas pudieran reclamarse en su oportunidad (Juicio: "Provincia de Chubut vs. Estado Nacional ", 28/12/89, CSJNac., ED 66-35)".

Agregó que la Corte Provincial dejó establecido idéntico criterio al sostener que "el derecho que pueda asistir al perito nombrado a peticionar de algunas de las partes, el cobro de sus honorarios, es distinto e independiente de la distribución de las costas procesales, que se rigen por las reglas generales vigentes en la materia, sin perjuicio del derecho a repetir de la contraparte lo que pudiere corresponder, según el modo de imposición de los causídicos..." (CSJT, sent. 1295 del 18/12/2008, "Goyeneche Pedro César y otro.").

Respecto de la defensa de inhabilidad de título opuesta en subsidio por el recurrente, señaló que "el título que esgrime el titular del crédito por honorarios, perito contador Alfaro, es la sentencia en la que se le regularon los honorarios, la cual se encuentra firme" y que "habiendo sido rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 3.706, el cual faculta al perito al cobro de sus honorarios a cualquiera de las partes intervinientes en el juicio con prescindencia de la imposición de costas, la parte actora, recurrente en la especie, resulta legitimada pasivamente desde el punto de vista sustancial para ser destinataria de este proceso de ejecución". Expresó que tampoco podía prosperar el argumento encaminado a cuestionar la legitimación activa de Alfaro para reclamar el total de los honorarios a la Caja Popular de Ahorros de la Provincia. Consideró improcedente la aplicación del art. 9 de la ley 24432 invocada por el apelante "pues esta norma legal expresamente modifica el Código Procesal Civil y Comercial Nacional y la Ley Arancelaria Nacional; resultando inaplicable en nuestra Provincia". Citó en apoyo de esta conclusión un precedente de la Corte local (CSJT, sent. 26 del 08/3/2005, "Correa Agustín Antonio vs. Fimotor S.A. s/ Cobros de pesos"). Pero el tribunal de grado agregó que "no obstante lo expuesto, el art. 1° de la ley 24.432 que modificó el art. 505 del Cód. Civ. sí resulta aplicable al caso, pues esta norma contempla aquellas situaciones en las cuales las regulaciones practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales superan el porcentaje del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que pone fin al diferendo, operando como un límite en relación a la responsabilidad por el pago de las costas generadas en un juicio; límite que debe hacerse valer en oportunidad de la ejecución de los honorarios regulados en la causa de que se trate". Expresó que "este límite en la responsabilidad por las costas es una defensa que podrá oponer o no quien resulte ejecutado por los gastos y honorarios generados por el juicio, pero que debe aplicarse por el magistrado aún de oficio atento la redacción imperativa del texto aplicable".

Señaló que el art. 505 del Código Civil modificado por la Ley Nº 24.432 incorpora un límite a la responsabilidad por costas que asciende al 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, con excepción de los honorarios correspondientes a los profesionales que hubieren asistido a la parte condenada en costas. Destacó que en el sublite, "sumando los honorarios regulados al letrado de la actora ($127.450, fs. 187) y al perito Alfaro ($19.578, fs. 188), se obtiene la suma de $147.028" y que "la demanda ejecutiva prosperó por $147.446,80 al 31/10/96, más intereses, gastos e IVA (fs. 125)". Indicó que el 25% de dicho monto determina una suma de $36.862.

Consideró que "de acuerdo a lo normado por el art. 505 del C.C. aplicable al caso, debemos prorratear dentro del monto obtenido, la responsabilidad por costas de la ejecutada en este incidente a fin de obtener el monto por el cual deberá responder a Alfaro".

A tal fin, la Cámara practicó los cálculos tomando en cuenta el tope del art. 505 del Cód. Civil (25% del monto de condena que fijó en $36.862), lo dividió en la suma de $147.028 (resultante al sumar los honorarios regulados al letrado de la actora y al perito Alfaro), lo arrojó un coeficiente de 0,2507. Aplicó este índice a los honorarios del ejecutante Alfaro ($19.578 x 25,07%) y determinó que correspondía reconocer al perito la suma de $4.908,20.

En mérito a las consideraciones y cálculos referidos concluyó que "el ejecutante se encuentra legitimado para accionar contra el apelante a través de la vía ejecutiva por sólo un 25,07% de $36.862, esto es $4.908,20".

Finalmente, en lo concerniente a la imposición de costas a su parte, sostuvo que "en este tipo de juicios, en materia de imposición de costas rige el principio objetivo de la derrota siendo en principio ajena toda valoración sobre la conducta de las partes o de las cuestiones controvertidas", no que no admite la posibilidad de eximir al litigante vencido.

El tribunal de grado dispuso, por tanto, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto y modificar el fallo de primera instancia en lo que respecta a la cuantía por la que prospera la ejecución.

IV.- El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 432), el depósito impuesto por el art. 752 del CPCC se encuentra cumplido (fs. 423) y la sentencia impugnada resulta definitiva (art. 748 inc. 1). El escrito recursivo se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio, adecuándose a las exigencias de los arts. 751 y 752 del CPCC; se ha propuesto doctrina legal y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción de normas de derecho y arbitrariedad en la valoración de los antecedentes y prueba de la causa, por lo que el recurso deviene admisible. Corresponde, por tanto, ingresar al análisis de procedencia del mismo.

V.- Los agravios vinculados a la "incongruencia conceptual", a la contradicción e ilogicidad del pronunciamiento recurrido, deben ser desestimados.

El tribunal de grado confirmó lo decidido por el juez a quo en relación al rechazo del planteo de inconstitucionalidad y la excepción de inhabilidad de título, dando razones de la legitimación activa y pasiva reconocida a las partes.

Puntualizó la Cámara que la prueba pericial contable practicada a fs. 95/98 fue ofrecida por ambas partes, que la razón por la que la actora debe asumir el pago de los honorarios del perito no tiene su causa en la solidaridad establecida en el art. 16 de la ley 3706 (tachado de inconstitucional), sino en el beneficio que le reportó aquella labor profesional", que "el derecho al cobro de los honorarios del perito es independiente de la distribución de las costas procesales y que, por tanto, el perito puede perseguir el cobro de cualquiera de las dos partes, sin perjuicio de los reintegros que aquellas pudieran reclamarse en su oportunidad, etc.

Del mismo modo, justificó el rechazo de la defensa de inhabilidad de título señalando que resultaba improcedente la aplicación del art. 9 de la ley 24432 invocada por el apelante (que limita el reclamo por honorarios de los peritos al 50% de la regulación practicada, cuando se ejecutan contra la parte no condenada en costas) en tanto dicha norma legal modifica el Código Procesal Civil y Comercial Nacional y la Ley Arancelaria Nacional, inaplicable en nuestra Provincia.

El hecho de que la Cámara luego de formular las consideraciones precedentes, haya revisado la cuantía del monto ejecutado con fundamento en la normativa legal aplicable, no autoriza al recurrente a esgrimir la existencia de un pronunciamiento extra petita, que excede los motivos del recurso de apelación interpuesto y que se aparta de los antecedentes y constancias de la causa.

Oportuno es recordar que "el principio iura novit curia traduce la atribución del juez de aplicar el derecho que cree justo, sin sujeción a los errores de planteo o invocación de los litigantes. El juez, en punto a las cuestiones propuestas, no se encuentra constreñido a seguir a las partes en su argumentación relativa a la aplicación del derecho y puede, por el contrario, hacer mérito de hechos invocados en los respectivos escritos constitutivos de la controversia, cuando los mismos guardan estrecha relación con las pretensiones deducidas en autos, y se encuentran abarcados por la cuestión de derecho sometida a su decisión." (CSJT, sent. 800 del 22/8/2008, "Mercado, Aniceto Antonio vs. Gascrigon Muebles y otra s/ Daños y perjuicios"). En el citado precedente se destacó que "la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que la decisión de la causa por razones legales no invocadas por las partes, no constituye violación constitucional alguna y sí sólo ejercicio de la facultad judicial de suplir el derecho (Fallos: 219:67; 247:381); criterio al que este Tribunal ha adherido en pronunciamiento reiterados (CSJT, sent. 600 del 27/6/2008, "Gobierno de la Provincia de Tucuman -D.G.R.- vs. Morano Omar Alfredo S/Ejecución Fiscal" del 27/06/2008; sent. 703 del 6/8/2007, "Súper 25 S.A. (Hoy Quiebra) vs. Parra Pedro Alfonso y Otro s/Cumplimiento de obligación"; sent. 183 del 29/3/2007, "Banco de la Provincia de Tucumán vs. Seleme, José Nicolás y otro s/Cobro ejecutivo de pesos"; cfr. asimismo, sent. 540 del 05/7/2002, "Jiménez Beltrán vs. Castillo, Alicia del Valle s/Daños y perjuicios"; sent. 799 del 03/10/2000, "Soto, Maximiliano José vs. Provincia de Tucumán s/Contencioso administrativo"; entre otras).

El art. 1 de la ley Nº 24.432, modificó el art. 505 del Cód. Civil, agregando un último párrafo que en forma imperativa dispone: "Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".

Del texto citado surge que, de configurarse el supuesto de hecho previsto en la norma, se impone al juez de la causa asegurar el cumplimiento de la limitación establecida por el legislador en lo concerniente a la responsabilidad de los obligados por las costas procesales. Cabe destacar que el desideratum esta reforma particular, es el de "asegurar la eficacia de los derechos subjetivos regulados por la ley de fondo, disminuyendo los costos del proceso" (Cám. Apel. en lo Civil y Comercial de Azul, sala II, 11/11/99, "R., Z. M. y otra c. M., E. A.", LLBA 2000, 577; cfr. asimismo, Bueres-Highton, Código Civil y Normas Complementarias, T. 2 A, pág. 70).

Siendo así, debe desestimarse el agravio conforme al cual el tribunal de grado "resuelve un planteo no articulado por el apelante" (dado que el recurrente no invocó la aplicación del art. 1 de la ley Nº 24.432, modificatorio del art. 505 del Cód. Civil). La Cámara aplicó una preceptiva legal vigente, de carácter imperativo, y argumentos propuestos resultan improcedentes para justificar la crítica recursiva.

A lo señalado cabe añadir que la aplicación de la preceptiva legal, en caso de ser procedente, no autoriza a esgrimir la conculcación de la garantía contenida en el art. 17 de la Constitución Nacional, tal como alega el recurrente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado por la constitucionalidad de la norma analizada, señalando que la Carta Magna "confiere al Estado Nacional la facultad de dictar la legislación civil.comprendiendo tal atribución la posibilidad de regular el contenido y alcance de las obligaciones, tal como sucede con la ley 24.432 que, al modificar sus efectos, limita la extensión del resarcimiento a cargo del deudor en lo que atañe al pago de las costas (del dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo)" (CS, 19/05/2009, "Brambilla, Miguel Angel", DJ 29/07/2009,2075, Sup. Doctrina Judicial Procesal 2009 (octubre), 132). La doctrina ha expresado asimismo que la reforma introducida por el art. 1 de la Ley 24.432 al art. 505 del Código Civil, determina la existencia de una "norma de derecho común que delimita la responsabilidad del deudor por el pago de las costas, lo cual implica que las provincias no necesitan adherir a ella" (López Mesa (Dir.), Código Civil y Leyes Complementarias Anotados con Jurisprudencia, T. I, pág. 578, con cita de Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, 2/10/2002, "Zuccoli, Marcela A. vs. Sum S.A.", LLBA 2002-1581).

VI.- No obstante lo expresado, asiste razón al recurrente en cuanto afirma que la Cámara, al aplicar la limitación contenida en último párrafo del art. 505 del Código Civil (reformado por el art. 1 de la Ley Nº 24.432) y modificar la cuantía de la ejecución promovida por su parte, incurre en un error que debe ser enmendado.

En efecto, para constatar si las costas procesales de autos superaban el tope del 25% impuesto por la citada preceptiva, el tribunal de grado confrontó el monto de la sentencia de fecha 21/11/2001 ($147.446,80) con la suma de $147.028 (resultante de sumar los honorarios regulados al letrado de la actora -$127.450, fs. 187- y al perito Alfaro -$19.578, fs. 188-) pero al hacerlo, soslayó que el monto de condena fue fijado al 31/10/96 (cfr. sentencia de fs. 123/125), mientras que la cuantía de los honorarios mencionados fue establecida sobre una base de cálculo actualizada de dicho capital, al 31/3/2002 (cfr. autos regulatorios de fs. 187 y 188).

De las constancias de autos surge que la sentencia de fondo del 21/11/2001 (fs. 123/125) mandó llevar adelante la presente ejecución hipotecaria por la suma de $ 147.446,80 al 31/10/96, señalando expresamente que los intereses debían calcularse a partir del 1 de noviembre de 1996 conforme las tasas pactadas (punto dispositivo segundo). Consta asimismo que el perito Alfaro solicitó regulación de honorarios con fecha 10/4/2002 (fs. 131), que presentó planilla de actualización (fs. 132), que el ejecutado impugnó dicha planilla (fs. 136/137) al igual que la actora (fs. 140/144), que esta última propuso una nueva planilla (que ascendía a la suma de $ 652.587,79 al 31/3/2002, fs. 140/144), que el perito Alfaro se allanó "al monto determinado por la parte actora" (fs. 165), que este criterio fue "compartido por la parte demandada" (fs. 168), que por resolución del 11/02/2004 se hizo lugar al incidente de impugnación de planilla y quedó firme la planilla presentada por la parte actora (fs. 189), que con fecha 20/4/2004 se regularon honorarios a los letrados intervinientes (fs. 187) y al perito Alfaro (fs. 188) tomando como base el capital de condena actualizado ($ 652.587,79 al 31/3/2002), que el auto regulatorio del perito fue apelado por la actora y el demandado, que luego del trámite procesal del que da cuenta la causa la Cámara rechazó la apelación deducida (fs. 287) y la regulación de honorarios del perito quedó firme, que Alfaro inició la ejecución de sus honorarios profesionales ($ 19.578) contra la actora no condenada en costas (fs. 295), que intimada de pago, la ejecutada planteó la inconstitucionalidad del art. 16 de la Ley Nº 3706 y subsidiariamente excepción de inhabilidad de título (fs. 306/311), que el juez de primera instancia rechazó ambos planteos y mandó llevar adelante la presente ejecución de honoraros contra la actora (fs. 349/350) y que apelado dicho pronunciamiento la Cámara confirmó lo decidido por el juez inferior en grado pero redujo el monto de la ejecución invocando la aplicación del art. 1 de la Ley Nº 24.432.

La Cámara consideró que las costas de autos (tal como deben computarse en los términos del art. 505 del Código Civil reformado por el art. 1 de la Ley Nº 24.432) superaban el tope del 25% allí establecido, pero -como se dijo- la cuantía de ese porcentual no fue correctamente determinada. Los extremos de cálculo (monto de condena y sumatoria de los honorarios del letrado de la actora y del perito Alfaro) debían estar actualizados a la misma fecha, y no fe así como los computó el tribunal sentenciante.

En efecto, la Cámara debió confrontar el capital de condena que sirvió de base a la regulación de los honorarios de los letrados y del perito Alfaro y recién merituar si la relación entre los extremos (monto de la sentencia y sumatoria de aquellos honorarios) superaba o no el tope legalmente impuesto. Al no hacerlo, la suma obtenida se aparta de la verdad de las cosas y la aplicación del tope y su consiguiente correctivo (el prorrateo y reajuste de los honorarios oportunamente regulados), resultan improcedentes.

Teniendo en cuenta que el capital de condena actualizado (conforme planilla firme, fs. 181) es de $ 652.587,79 (al 31/3/2002), el 25% que las costas no podían superar es de $163.146,74. Y si consideramos que la sumatoria de los honorarios del letrado de la actora y del perito Alfaro asciende a $ 147.028, es de toda evidencia que el tope previsto por el art. 505 último párrafo del Código Civil (reformado por el art. 1 de la ley N° 24.432) no se veía superado, lo que torna improcedente el prorrateo dispuesto por el tribunal de grado.

Corresponde por tanto, hacer lugar al recurso de casación deducido por la representación letrada del perito Alfaro, de conformidad a la siguiente doctrina legal: "Resulta inaplicable la preceptiva del art. 505 último párrafo del Código Civil (reformado por el art. 1 de la ley N° 24.432), cuando las costas no superan el tope del 25% del monto de condena establecido por la sentencia de fondo". En consecuencia, corresponde dejar sin efecto el prorrateo dispuesto por la Cámara y la modificación del monto de la ejecución de honorarios promovido por el perito Alfaro, dictándose como sustitutiva la siguiente: "I.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán contra la sentencia de fecha 29/9/2008 que ordenara llevar adelante la ejecución de honorarios del perito Juan Carlos Alfaro contra la parte actora, en la suma de $ 19.578 con más intereses, gastos y costas hasta su efectivo pago"; II.- Costas, a la vencida (art. 105 del CPCC); III.- Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad".

VII.- Atento a las razones que motivan lo decidido en la instancia, las costas se imponen en el orden causado (art. 105 inc. 1 del CPCC).

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida en el voto del vocal preopinante, doctor Antonio Gandur.

II.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de presentación tempestiva, definitividad de la sentencia recurrida, y depósito de ley.

En lo concerniente a la existencia de una quaestio juris, el recurrente invoca arbitrariedad. El suscripto mantiene el criterio reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia N° 556 de fecha 16/8/2011 recaída in re: "Capozzuco Carlos Ángel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos". Es que, como allí se dijera, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia N° 820; 28/10/2010, "Argañaraz César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. s/ Despido", sentencia N° 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia N° 997).

En efecto, tal como se venía sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia N° 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia N° 227; 06/5/2011, "Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley Internacional Art S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 252 del 11/5/2011).

III.- Con relación al juicio de procedencia, y a la imposición de costas, adhiero a la solución expuesta en el voto del señor vocal preopinante.

En cuanto a su fundamentación, y en particular la que expone en su Considerando VI, manifiesto que esta Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en anterior composición, ha dicho que: "Es oportuno señalar que la ley n° 24.432 es complementaria de las normas arancelarias locales, a las que simplemente coloca un techo o tope máximo, transformando además su naturaleza imperativa en normas supletorias de la voluntad contractual" (CSJT: sentencia N° 566 de fecha 30/7/1997), como así también que "por imperio de la ley mencionada, los honorarios no pueden superar el 25% del monto de la condena" para sentar la siguiente doctrina legal: "Cuando en la regulación de honorarios de primera instancia se aplican las pautas establecidas en el art. 505, tercer párrafo, del Código Civil, las mismas deben ser respetadas al regular los honorarios de segunda instancia de conformidad al art. 52 de la ley 5.480" (CSJT: sentencia N° 296 de fecha 08/5/1997, in re: "Tejerina vs. Jorrat"); criterios ambos que inciden sobre el monto mismo de la regulación, y no sobre el límite de la responsabilidad del condenado en costas respecto a ella, y que el suscripto entiende deben ser mantenidos.

De todos modos, las consideraciones numéricas vertidas en el Considerando VI del voto del señor vocal preopinante, en especial su penúltimo párrafo, son perfectamente congruentes con el mantenimiento de la citada doctrina legal, y las doy por reproducidas con dichos alcances.

En tal sentido mi voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación letrada del perito contador Juan Carlos Alfaro (fs. 395/402) contra la sentencia N° 627 de fecha 22/11/2011 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones (fs. 417/420), de conformidad a la doctrina legal precedentemente expuesta. En consecuencia, dejar sin efecto la resolutiva del pronunciamiento recurrido, dictándose como sustitutiva la siguiente: "I.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán contra la sentencia de fecha 29/9/2008 que ordenara llevar adelante la ejecución de honorarios del perito Juan Carlos Alfaro contra la parte actora, en la suma de $ 19.578 con más intereses, gastos y costas hasta su efectivo pago"; II.- Costas, a la vencida (art. 105 del CPCC); III.- Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad".

II.- COSTAS, conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.