Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-28


Salta, 28 de Marzo de 2011.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "IRIARTE, Mariela Alejandra por AMENAZAS y VIOLACION DE DOMICILIO en perjuicio de CORVALAN, Elsa Angélica", Expte. Nº 20.956/07 del Juzgado Correccional y de Garantías de 3ª Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº CAM 27.978/10 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, CONSIDERANDO El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

Que vienen estos autos al Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 183/185 por la Sra. Fiscal Correccional Nº 3 Dra. Luján Sodero Calvet, contra el auto de sobreseimiento dictado a fs. 179/182 puntos II) y III) a favor de Mariela Alejandra Iriarte, por los delitos de Desobediencia Judicial (originario COR 57.101/08) y Amenazas (originario COR 81.416/09).

_____Conforme surge del auto apelado, el Sr. Juez Correccional y de Garantías de 3ª Nominación acoge el pedido de sobreseimiento parcial instado por la Defensa Técnica de la imputada Iriarte a fs. 174/175 vta., considerando en cuanto a la Desobediencia Judicial que el requerimiento de juicio se funda en una orden dictada hace mas de tres meses, y si bien no existe acuerdo respecto al plazo que corresponde asignarle a las medidas dictadas en el ámbito de la Ley de Violencia Familiar, las mismas no pueden extenderse in eternum. Respecto a las Amenazas advierte que le asiste razón a la defensa sobre que los dichos proferidos por la imputada carecen de la entidad suficiente para configurar el delito que se le endilga al ser consecuencia de un altercado verbal y físico que tuvo con su ex pareja, situación que se corrobora con la declaración de las menores a fs. 124/125 vta.. ___________________ _____No compartiendo lo resuelto, sostiene en síntesis la recurrente en su memorial que respecto al delito de desobediencia judicial considera errado lo dispuesto por el A quo, ya que el Juez penal interviniente en el marco de las disposiciones de la Ley de Violencia Familiar entendió en su oportunidad que resultaba necesario amparar a la Sra. Claudia Elina Burgos del maltrato psíquico y moral que estaba padeciendo, no siendo desacertada su convicción ya que según consta en estos obrados, nuevamente la imputada acciona violentamente contra la denunciante, resultando a todas luces ilógico concluir que el carácter cautelar que refiere el código de formas civil tendría el mismo significado que el pretendido por la ley de violencia familiar. ____________ _____En cuanto a las amenazas, sostiene la recurrente que surgen de los testimonios colectados no sólo los términos amedrentantes sino también las agresiones físicas constatadas que ilustran la gravedad, y se ha corroborado la idoneidad de los términos vertidos sobre el ánimo y la voluntad del sujeto pasivo._______________________________________________________ _____A fs. 190/191 vta. hace valer derechos la Sra. Defensora Penal Correccional Nº 3, quien solicita se rechace el recurso, compartiendo en grandes líneas lo analizado y dispuesto por el Sr. Juez Correccional, resaltando además que debe aplicarse con carácter analógico la norma dispuesta en el art. 207 del C.P.C. y C. que establece un plazo de 30 días para la vigencia de cualquier medida cautelar. Destaca además sobre las Amenazas que el incidente se generó con motivo que el ex concubino de su defendida la estaba golpeando con un palo, por lo que las frases vertidas revelan el estado de ira y ofuscación._____________________________________________ _____Entrando al tratamiento del recurso, debo decir que el mismo fue producido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.______________________________________________ _____A poco que se analicen las constancias de autos, los fundamentos de la resolución recurrida, lo sostenido por la defensa y los agravios expuestos por la apelante, puede anticiparse que deben revocarse los puntos de la resolución impugnada. ___________________________________________________ _____Ello por cuanto en primer lugar debe decirse que los sobreseimientos dictados en los que se acoge la petición formulada a fs. 174/175 vta. por la Sra. Defensora Oficial Penal Correccional Nº 3 Dra. Paola Marocco, lo fue evidentemente fuera de la oportunidad prevista por el Art. 359 del C.P.P., toda vez que ya a fs. 157 vta. ya se había dado con anterioridad intervención por la imputada Iriarte al Sr. Defensor Oficial Penal Correccional Nº 6 Dr. Valentín Corvalán, quien a fs. 158 y vta. presenta escrito en el que asume tal representación, sin formular cuestionamiento o planteamiento alguno sobre los requerimientos de juicio o el avocamiento del Juez Correccional, e incluso ofrece las pruebas que hacen a los derechos de su asistida. ______________ _____Es decir que el vencimiento del plazo para peticionar el sobreseimiento en base al Art. 326 Inc. 3º del C.P.P. operó el 21 de Diciembre de 2.009 a hs. 9,00, luego de transcurridos los tres días desde el 15 de diciembre de 2.009 (fs. 157 vta.) en que se dio la primer intervención a la defensa más el plazo de gracia del art. 159 del C.P.P., evidenciándose la extemporaneidad de la petición de la Dra. Marocco formulada el 10 de Mayo de 2.010 (ver fs. 175 vta.). ________________________________________________________ _____Desde otra óptica, le asiste razón a la apelante, especialmente si para resolver el caso sometido a examen se aplican las reglas de la sana crítica en función de los elementos incorporados en autos, lo que evidencia que los cuestionados sobreseimientos dictados devienen desacertados.____________ Debe recordarse que en su oportunidad la Dra. María Gabriela González, Fiscal Correccional Nº 7, del Distrito Judicial del Centro, a fs. 100/101 vta. requirió juicio contra Mariela Alejandra Iriarte por el delito de Amenazas y Desobediencia Judicial (Expte. Originario COR 57.101/08). De igual modo, a fs. 128/131 el Sr. Fiscal Correccional Nº 6 Dr. Facundo Ruíz de Los Llanos formuló el correspondiente requerimiento de juicio por los delitos de Lesiones Leves y Amenazas en Concurso Real contra Mariela Alejandra Iriarte; y por el delito de Lesiones Leves contra Rodolfo Daniel Cari.

En tal sentido, resulta evidente que los eventos por los cuales se requirieron juicios tienen las características propias de la tipicidad de hechos catalogados como delictivos, esto es Amenazas y Desobediencia Judicial previstos por los arts. 149 bis 1º párrafo y 239 del C.P., por lo que ni remotamente surge la certeza negativa como para sobreseer en este estadio procesal del procedimiento sumario.

Si bien es cierto que se habla de la falta de idoneidad de las amenazas cuando son vertidas en momentos de ofuscación, de peleas o discusiones (lo que incluso ha sido afirmado por esta Sala en varias oportunidades), pensamiento basado en la idea de que la trifulca que protagonizan ambas partes hace perder la seriedad de las expresiones arraigadas en ella; esto nos conduce al análisis de las probanzas sobre las circunstancias fácticas que rodearon los hechos, cuestión que en rigor a la verdad se encuentra vedada en esta etapa procesal .

Lo mismo acontece en cuanto a la Desobediencia Judicial, ya que nada mas alejado de la realidad la pretensión de considerar como meras medidas cautelares a las establecidas en el art. 8º de la ley Nº 7.403 ya que si bien son de carácter previas y urgentes, en ninguna disposición de la referida normativa se les confiere expresamente la naturaleza de medida cautelar en el sentido estricto del término, y mucho menos aún se prevé su caducidad con el alcance del art. 207 del C.P.C. y C..

No debe perderse de vista el verdadero alcance y sentido de las previsiones de la Ley de Violencia Familiar, normativa que con sus mayores aciertos o desaciertos procura dar respuestas precisamente a tal problemática, y que sin duda alguna verían desnaturalizada su esencia e incluso perderían su razón de ser de resultarles aplicables la sanción de caducidad del art. 207 del C.P.C. y C..

En definitiva, tal como lo sostiene la Sra. Fiscal Correccional, se advierte "prima facie" una conducta de la imputada Iriarte tendiente a desobedecer una orden restrictiva emanada de la autoridad jurisdiccional, a la vez que en otra oportunidad habría amedrentado a la víctima, anunciándole un mal futuro e injusto, cuestión que precisamente amerita sea dilucida en la etapa del debate.

Por ende resulta incongruente el argumento de la Dra. Marocco, ya que invoca el inciso 3º del art. 326 del C.P.P., pero no hace otra cosa que referir aspectos de la conducta de la acusada y de la víctima que reflejan la necesidad de contar con pruebas que avalen o descalifiquen la hipótesis acusatoria que emerge del requerimiento de juicio.En consecuencia no resulta adecuado al caso de marras el supuesto de atipicidad previsto en el inciso 3º del art. 326 del C.P.P. en concordancia con el 359 del mismo cuerpo legal.

Al respecto, ante diversos recursos contra autos de sobreseimientos (o denegatorias de ellos) en el Procedimiento Sumario, en función de lo dispuesto por el art. 359 del C.P.P., la Corte de Justicia local tuvo oportunidad de decir que "en el presente caso los fundamentos del auto de sobreseimiento resultan de una notoria incongruencia, pues indicándose como motivo del pronunciamiento liberatorio la causal prevista en el art. 326, inc. 3º -que solo habilita este tipo de decisión por falta de adecuación a una figura penal- no se hace otra cosa que referir aspectos de la prueba que permitirían descartar la existencia de la conducta típica denunciada. Una decisión de tal naturaleza, además de tergiversar el alcance de la disposición legal que aplica, haciéndola jugar en un supuesto completamente ajeno a su objetivo, incurre en un serio desconocimiento de los aspectos estructurales que hacen a la distribución de la actividad probatoria en los procesos por delitos leves, actividad que por razones de celeridad y simplicidad ha quedado concentrada en la etapa plenaria... [...] La prueba destinada a establecer con precisión ese cuadro de hecho (carencia de seriedad en una amenaza) no fue producida, consiguientemente, debe ser producida en juicio, sin que quepan conclusiones anticipadas que en base a los insuficientes elementos colectados en la etapa preliminar confronten la hipótesis fáctica en que se basa el requerimiento del Fiscal Correccional, máxime cuando esa controversia pretende usarse para dar sustento a una resolución de carácter definitivo como el sobreseimiento" (CJS, Expte. Nº 29.185/06, fallo del 22/02/07, registrado en Tomo 112: 1015/1020; se reitera la doctrina del fallo del 22/08/06 en el Expte. Nº 28.481, Tomo 108:37/42).

Sin perjuicio de lo expuesto, ante la eventualidad que pueda haberse extinguido la acción penal en alguno de los delitos por los que se requirió juicio, deben realizarse previamente las diligencias pertinentes en procura de corroborar o no la concurrencia de tal extremo.

Por todo ello, soy de opinión que debe hacerse lugar al recurso impetrado por la representante del Ministerio Público Fiscal y en consecuencia corresponde revocar los cuestionados Autos de Sobreseimientos dictados a favor de la imputada Mariela Alejandra Iriarte. Así voto.

______El Dr. Edgardo F. Albarracín dijo: _________________________ Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

_____En mérito a ello y el acuerdo que antecede, ______________________ _________LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACION_________ ________________________RESUELVE:__________________________ _____I ) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 183/185 por la Sra. Fiscal Correccional Nº 3, y en su mérito REVOCAR los puntos II) y III) del Auto resolutivo dictado a fs. 179/182. ________________________ II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.

Ante mí.