Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-07


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 7 días del mes de febrero del año dos mil ocho, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Julio Antonio Alexandre y asistencia de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "P. C. , M. c/ A. , G. R. y otros s/ SUMARIO", expte. nro. 16.506/07, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (expte. nro. 543/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 567), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y Dr. Julio Antonio Alexandre.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 516/525vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo de primera instancia.

El juez de grado -fs. 516/525vta.- hizo lugar a la demanda interpuesta por M. P. C. y condenó a C. P. , R. A. y R. V S.R.L. a pagar en forma solidaria la suma de pesos treinta mil en concepto de daño moral con más los intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la constitución en mora operada en la fecha de remisión de las cartas documentos y hasta el efectivo pago. Impuso las costas a los demandados vencidos y reguló los honorarios de los profesionales que intervinieron en el proceso.2. El recurso de apelación.

Los codemandados G. R. A. y R. V. SRL interpusieron recurso de apelación a fs. 529, que fue concedido a fs. 530 y fundado a fs. 544/554.

Sostuvieron que la sentencia precisa como hecho generador las declaraciones vertidas por el codemandado P. , sin advertir que sus representados no son los autores de los dichos que se califican como injuriosos y sin adjudicar la responsabilidad en forma fundada en función del rol de cada uno en la entrevista que generó el reclamo resarcitorio.

Hicieron hincapié en la confusión del fallo en dicho aspecto. Es decir, en el tratamiento conjunto de la responsabilidad, sin advertir que en uno y otro caso ésta debía ser analizada por andariveles claramente diferenciados.

Consideraron que no acierta el fallo la existencia de autoría por parte de A. y R. V. SRL porque lisa y llanamente no ha existido conducta o acción reprochable por parte de sus representados. Concluyeron, por lo tanto, en la inexistencia de responsabilidad civil por ausencia del primer elemento o presupuesto que autoriza a tenerla por configurada.

Destacaron que las preguntas o comentarios que la sentencia señala, y con base en los cuales pretende sostener una suerte de complicidad por parte del periodista, son propios del ejercicio de la profesión.

Endilgaron arbitrariedad al fallo, considera que el criterio sustentado en la sentencia fulmina al periodismo de investigación.

Pusieron de relieve que se han tratado cuestiones atinentes a personas que aun cuando no revisten el carácter de funcionarios públicos sí tienen notoriedad pública por el cargo que desempeñan en concesiones estatales de servicios públicos. Calificaron como sesgada la ponderación de la prueba contenida en el fallo. Remarcaron como desacertada la valoración de la absolución de posiciones de Pacheco porque sus dichos fueron estimados como los de un testigo siendo que éste es parte principal en el proceso y por supuesto tiene interés en el resultado del pleito.

Indicaron que el deber de cuidado con que deben conducirse los medios y que resulta del estándar que suministra el caso "Campillay" fue observado por sus poderdantes. Sostuvieron que la determinación de la responsabilidad de la prensa, en aras al rol que cumple en una república, exige un plus; la existencia de real malicia, que por supuesto no concurre en autos.

Agregaron que el juez de grado invoca la doctrina del caso Campillay pero extrae conclusiones contrarias a la misma.

Insistieron en el aniquilamiento a la libertad de prensa. Invocaron la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en casos equiparables al presente (Fallos 316:703 y 2416).

Finalmente, destacaron la conculcación del derecho a la información consagrado por los tratados internacionales que cita.

Subsidiariamente impugnaron el monto fijado en concepto de daño moral porque no se ha valorado que el actor no reside más en esta ciudad.

En capítulo separado ratificaron la reserva del caso federal y la reserva de denunciar el caso ante la Comisión Interamericana.

3. La contestación del actor.

El actor contestó los agravios a fs. 559/564. Sostuvo la inexistencia de agravios por considerar que constituyen un mero disenso con la resolución del juez de grado. Reiteró argumentos ya citados; agregó que la libertad de prensa, el derecho a expresar opiniones sin censura previa y el derecho a la información tienen máxima relevancia en nuestro sistema de gobierno pero no son absolutos. Invocó y citó, en tal sentido, el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones, Sala B, en autos "V. T. , M. E. c/ A. TV S.A. s/ daños y perjuicios". Transcribió declaraciones testimoniales relativas al impacto que significó la nota. Se detuvo en los alcances del ofrecimiento al actor de un espacio en R. V. para contestar las injurias de las que fue víctima y sostuvo que no alcanza el nivel de justificación porque probablemente hubiere resultado en una mayor difamación. Alegó la correcta aplicación de la doctrina del caso Campillay. Pidió el rechazo de los agravios e hizo reserva del caso federal.

4. La suficiencia técnica del recurso.

Dado que el actor ha observado la suficiencia técnica del recurso, corresponde el pronunciamiento sobre esta cuestión que reviste el carácter de liminar.

Sobre el punto, huelga recordar que este Cuerpo adhiere -en forma pacífica y unánime- a un criterio según el cual cabe efectuar una aplicación restrictiva de la facultad que concede el artículo 266 del CPCCh de declarar desierto el recurso. Ello en atención a la necesidad de salvaguardar la garantía de defensa en juicio.

En el caso, concreto, y más allá de la adhesión al criterio reseñado, resulta inaplicable la sanción que se pretende -deserción- desde que los recurrentes han cumplido con la carga de expresar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que consideran equivocadas. Es decir, se verifica la idoneidad exigida por la ley.

Por lo expuesto, al quedar superada esta cuestión de admisibilidad del recurso, he de adentrarme en el análisis de su procedencia.

5. Los hechos relevantes de la causa:

Previo a toda consideración he de precisar los hechos que dieron sustento a la demanda. El día 28 de mayo de 2004, el programa radial denominado "L. M. de H. ", conducido por el periodista G. R. A. y emitido por R. V. S.R.L, entrevistó a los Sres. C. P. y J A. L. , en su carácter de empleados de la Sociedad C. L. de C. R. y con motivo de un conflicto laboral que los afectaba. El día 2 de julio de 2004, se realizó un nuevo reportaje al Sr. P. porque con motivo de sus declaraciones radiales se inició una investigación en la Sociedad C. que determinó la suspensión precautoria de los trabajadores. En tal reportaje P. hizo pública su disconformidad y también denunció públicamente al Gerente de Recursos Humanos de su empleadora por acoso sexual contra su empleada doméstica, esposa de un compañero de trabajo de la Sociedad C. .

6. Tratamiento de los agravios.

Asiste razón a los recurrentes cuando plantean la falta de motivación suficiente del pronunciamiento respecto de la responsabilidad del periodista y de la radio por los dichos del entrevistado. En efecto, el juez no se ha pronunciado razonadamente sobre las cuestiones conducentes para la solución del litigio, introducidas por los codemandados en el escrito de responde -fs.163/178-. Por supuesto que tal omisión comporta una clara vulneración del principio de congruencia ínsito en la garantía del debido proceso.

Es que, tal como lo expresaron los apelantes, el juez de grado omitió el tratamiento de algunas cuestiones. Además, en otras, desconoció la doctrina sustentada y consolidada por la Corte Suprema en numerosos fallos en materia de responsabilidad de los medios de prensa.

En orden a las cuestiones omitidas no puede soslayarse la falta de tratamiento de la doctrina de la "real malicia". No se ha pronunciado la sentencia respecto a este aspecto trascendente del análisis de la responsabilidad de los medios de comunicación social.

Es que en un desordenado razonamiento el juzgador, no ha sabido diferenciar las distintas hipótesis que el caso planteaba. Esto es la responsabilidad civil de la persona entrevistada, la del entrevistador y la de emisora radial. Repárese que en el punto 3 de los considerandos de la sentencia -fs. 521- anuncia que es importante determinar si ha existido un ilícito civil, "es decir si la entrevista es injuriosa, falsa, o inexacta y su contenido respeta las bases doctrinales y jurisprudenciales que protegen tanto la libertad de prensa como los derechos de los particulares" (sic). Pero el examen se trunca abruptamente sin advertir la trascendencia que en orden a la responsabilidad de los codemandados hoy apelantes tiene la dilucidación de una cuestión trascendental puesta a su consideración en los distintos escritos de responde -fs. 120 y 173, respectivamente-; esto es el carácter de persona pública del actor.

La importancia de tal calificación radica en que conforme la doctrina de la real malicia las personalidades públicas, o vinculas a hechos de interés general, no pueden atribuir responsabilidades a los medios masivos de comunicación por el sólo hecho de probar que la información difundida es inexacta. Se exige un plus: que fue deliberadamente difundida con conocimiento de su falsedad (conf. Zannoni, Eduardo y Bíscaro, Beatriz, "Responsabilidad de los medidos de prensa", Ed. Astrea, Bs. As. 1993, p. 71).

La aplicación de esta doctrina supone una disminución de la protección al honor fundada en que el lesionado es un funcionario público o una persona pública y en el caso justamente el bien que se invoca como lesionado es el honor. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Ramos" (319:3428) consolidó la doctrina de la real malicia. En dicho precedente, nuestro máximo tribunal adopta por unanimidad "los estándares jurisprudenciales de la Corte Suprema de los Estados Unidos, toda vez que alude a que tratándose de informaciones referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares involucrados en cuestiones de esa índole, aun si la noticia tuviere expresiones falsas e inexactas, los que se consideran afectados deberán demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad y obró con real malicia, esto es, con el exclusivo propósito de injuriar o calumniar y no con el de informar, criticar, o incluso, de generar una conciencia política opuesta a aquél a quien afectan los dichos" (Carlos S. Fayt, "La Corte Suprema y sus 198 sentencias sobre comunicación y periodismo", Editorial "La Ley", pág. 191).

La clara adopción de esta doctrina por parte de la Corte Suprema de Justicia y su oportuna invocación por los demandados obligaba, desde todo punto de vista, al juez de grado al análisis del caso bajo sus premisas.

Corresponde, entonces, a este tribunal pronunciarse sobre la cuestión omitida y determinar si el actor es o no una figura pública para determinar si la mentada doctrina resulta o no aplicable al caso.

En tal orden de ideas, señalo que no es un hecho controvertido que el actor era empleado de la Sociedad C. , en la que se desempeñó en distintos cargos jerárquicos, siendo el último de ellos Asesor de Recursos Humanos, hecho afirmado en la demanda a fs. 81. Por lo demás todas las partes remarcaron tal carácter en las contestaciones de demanda -fs. 120 y 173 vta.-.

Así, si bien el Sr. P. C. no es un funcionario público revestía, al momento de la entrevista, el carácter de figura pública desde que se desempeñaba como Asesor de Recursos Humanos en la Sociedad C. de S. P. de la ciudad, institución relevante en la vida comunitaria local. Por lo tanto, los aspectos relacionados a su actividad en tal institución es pública.

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la actuación pública puede divulgarse en lo que se relacione con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad y siempre que lo justifique el interés general, mientras que cuando se trata de hechos privados -aun admitiendo los ribetes más débiles de su protección-, su difusión requiere que posean relevancia comunitaria, lo cual debe ser acreditado por quien la invoca (CS, 08/05/2007, O., N. M. c. T., M. y otro RCyS 2007-VII, 99).

En el caso, no puede ser soslayado que las personas entrevistadas concurrieron al programa con motivo de un conflicto laboral suscitado en la Sociedad C. ; que posteriormente el Sr. P. fue entrevistado por segunda vez con motivo de la suspensión precautoria aplicada por la investigación generada por los dichos vertidos en el programa radial. Repárese que comienza la entrevista con la lectura de la medida disciplinaria aplicada que P. atribuye al Asesor de Recursos Humanos, a quien cuestiona públicamente en forma injuriosa.

Es claro, entonces, que la entrevista no tuvo su génesis en la pretensión de divulgar aspectos de la vida privada del actor.

El análisis efectuado demuestra que en el caso, aun tratándose de una noticia falsa, no es posible reproche civil alguno al periodista entrevistador desde que no se ha acreditado la intención deliberada de difamar al Sr. P. C. .

No existe en autos elemento alguno que acredite el conocimiento por parte del entrevistador de la falsedad de la noticia. La absolución de posiciones del codemandado P. -autor de los dichos injuriosos- es insuficiente en tal sentido. No puede perderse de vista que estamos ante un supuesto de litisconsorcio y que, en estos casos de acuerdo con el principio general, cada uno de los sujetos activos o pasivos que lo integran gozan de autonomía de gestión dentro de un proceso único. Si todos los litisconsortes reconocen un hecho y uno lo discute, el hecho deberá ser probado y si no es probado, no puede ser admitido frente a ninguno. La confesión y el juramento de un litisconsorte no pierde eficacia respecto de él, pero no puede influir en la sentencia si no está probado con relación a los otros litisconsortes. Es que la confesión o la admisión de un hecho común formulado por uno de los litisconsorte no puede perjudicar la situación de los restantes (Palacio, Lino Enrique "Derecho Procesal Civil", T. III, Ed. Abeledo Perrot, 3º reimpresión, Bs. As. 1983, p. 224). Lo expuesto es dirimente en orden a la cuestión debatida; pero debe señalarse que el juez de grado no obstante invocar reiteradamente el caso "Campillay" ha interpretado mal su esencia. Es que la citada doctrina se destaca por su carácter fuertemente tutelar, ya que en ella se permite a quien suministra una información desinteresarse por su verdad o falsedad y exonerarse de responsabilidad civil con la sola cita de la fuente (Fallos: 319: 3438; 324: 2433).

Por supuesto sería contradictorio excluir de esta tutela a aquellos supuestos en que los agravios son vertidos a través de solicitadas, publicaciones pagas o personas invitadas a programas radiales o televisivos.

Los supuestos individualizados son equiparables y en tal contexto es dable citar la temprana y señera jurisprudencia de nuestro máximo tribunal que ha determinado que "La publicación de una carta o solicitada con el nombre de su autor y bajo su responsabilidad, no puede generar reproche para el editor pues, de otra forma, se le obligaría a cerrar las columnas del diario a todo artículo, o bien carta, o aún extremando, noticias, que pudieran estimarse ofensivos para terceros, con lo que se convertiría en censor de aquellos (voto del juez Boffi Boggero, Fallos 257:308)".

En estos casos solo es exigible, previamente, la verificación de la identidad precisa del autor o emisor de la información, extremo que por supuesto concurre en autos.

Desde la doctrina nacional se ha sostenido que la actividad de estas personas deben ser tratadas como terceros por quien el medio no debe responder ponderando incluso que en los programas en vivo, el medio no tiene siquiera la posibilidad de controlar las manifestaciones del entrevistado (Pizarro, Ramón Daniel "Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación", Ed. Hammurabi, 2º edición actualizada y ampliada, Bs. As., 1999, p. 493 y ss. Es dable destacar que en esta edición -segunda- rectificó su postura inicial en el punto -primera edición- y adhirió al criterio reseñado).

Tribunales supranacionales como el Europeo de Derechos Humanos han consagrado estas líneas directrices. Así, se ha precisado que las noticias basadas en entrevistas, editadas o no, constituyen uno de los medios más importantes a través de los cuales la prensa desempeña su rol vital de "guardián público". Consecuentemente, señaló que castigar a un periodista por colaborar en la difusión de declaraciones hechas por otra persona en una entrevista, estorbaría seriamente la contribución de la prensa al debate de cuestiones de interés público, y dicho castigo no debe ser contemplado a menos que existan razones particularmente fuertes para hacerlo ("Jersild v. Dinamarca", sentencia nº 480/94, del 23 de septiembre de 1994; ver también England Defamation Act, de 1996).

Los argumentos del fallo a través de los cuales se pretende superar esta postura fueron puestos en crisis por los recurrentes. En efecto, sin mayores precisiones sostiene el magistrado de primera instancia que el periodista tomó determinada postura, obró con unidad de conciencia o connivencia con el autor o emisor y dio por ciertas las expresiones del entrevistado. En definitiva, que dejó de ser neutral, superó el marco de protección de la doctrina "Campillay" y por lo tanto se ve obligado responder por los daños que su obrar causare a los afectados en razón de hecho ilícito propio o de sus auxiliares, según el caso.

Sin embargo, la valoración de la entrevista, acompañada como prueba, demuestra que las intervenciones efectuadas por G. R. A. no alcanzan para encuadrar su conducta en la órbita del art. 1109 o bien del art. 1072 de la ley sustantiva. No efectuó expresiones asertivas; no defendió las acusaciones formuladas ni lanzó un ataque personal, directa o indirectamente, al implicado. Las expresiones tildadas como carentes de neutralidad no deben ser sacadas de contexto. En realidad fueron deducciones que el periodista realizó a partir de datos suministrados por el entrevistada en el relato que, a la par que acompasaban el discurso, rompían el monólogo y procuraban obtener aclaraciones pero sin apartarse de la línea expositiva trazada por aquél. No se advierte aval a las afirmaciones del codemandado o especial relevancia a los aspectos más delicados del relato; es decir, los que tienen entidad difamatoria.

El autor material de la ofensa al honor ha sido la persona entrevistada y la participación del periodista en modo alguno alcanza a comprometerlo personalmente.

En definitiva, el periodista sólo aportó el medio para que la información se divulgue, sin asumir un rol protagónico en la misma. Además, otorgó el derecho a réplica, tal como se reconoció en la demanda no obstante ser rechazado sobre bases meramente conjeturales.

Con arreglo a las razones expuestas, considero que el recurso debe prosperar y deber ser dejada sin efecto la condena a G. R. A. .

Igual solución propicio respecto de Radio Visión SRL en su carácter de titular del medio. Es que los propietarios de los medios responden por los actos del periodista siempre que concurran los requisitos del art. 1113, primera parte, del Código Civil. Es decir, siempre que el acto del subordinado, sea delito o acto ilícito culposo, haga surgir la responsabilidad directa o refleja del principal, que es la que juega en la especie; presupuesto que no concurre en el caso de autos conforme lo hasta aquí expuesto 6. Costas y honorarios.

No obstante el resultado obtenido, en orden a las costas he de apartarme del principio general que impera en la materia; esto es, aplicación de costas al vencido. Fundo esta decisión en la existencia de razón probable para litigar configurada por la dificultad de la cuestión, la naturaleza personalísima del bien lesionado y el cambio doctrinario operado del cual ya he dado cuenta. En función de lo expuesto, las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (conf. Cciv. y Com. Mercedes, Sala I, 19/06/2007, en autos "I., J.B. c. Bisemanario El Civismo y otro", LLBA 2007, octubre, 1054). Los honorarios profesionales se fijan de conformidad con las pautas generales contenidas en el artículo 6 de la ley arancelaria y por aplicación de las escalas específicas para cada una de las instancias. La cuantificación se difiere para el momento del acuerdo. A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por G. R. A. y R. V. S.R.L. a fs. 529.

2º) Revocar parcialmente el punto 1º de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 516/525vta., rechazando la acción interpuesta contra G. R. A. y R. V. S.R.L.

3º) Costas de ambas instancias por su orden. Regular los honorarios profesionales conforme lo señalado en el considerando respectivo 4º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la parte actora a fs. 563 vta.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Emitiré segunda opinión en los presentes autos como consecuencia de que, tal como informara mi colega preopinante, la sentencia condenatoria de fs. 516/525vta. ha sido apelada por los codemandados G. E. A. y R. V. SRL a tenor del informe de fs. 544/554vta., el que es contestado a fs. 559/564 por la accionante. El fallo ha quedado consentido por el codemandado C. P. . .

Abreviado lo sustancial de la queja en el voto que antecede ingresaré directamente, y de conformidad con el orden propuesto, a su estudio y consideración.

En cuanto a la pérdida de la instancia por presunta insuficiencia de las exigencias del art. 265 CPr., tal como lo sostiene la reclamante en su presentación actual, deberá recordar la postura invariablemente sostenida en esta sala en cuanto a que en la sustanciación del recurso de apelación, el cumplimiento de los requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado, directiva que tiende a la armonía entre el cumplimiento de los requisitos legales y la garantía de defensa en juicio y delimita restrictivamente el ámbito de las sanciones que importan pérdida o caducidad de los derechos del apelante (ver v.gr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K, 21/12/2006, V. F. O. c. B. A., LA LEY 29/03/2007, 7 - LA LEY 2007-B, 588 - DJ 02/05/2007, 43 y CNCiv., sala H, 2001/03/13, RCyS, 2001-942).

Ahora bien, el a quo conformó un litis consorcio pasivo olvidando que invoca en sus considerandos la doctrina que consagra la responsabilidad atenuada de la que gozarían los medios de comunicación en circunstancias como la de autos y que no puede ser alegada por el tercero entrevistado.

Debió haberse tenido en cuenta que ante la lesión del honor y la reputación de ciudadanos comunes por la difusión de una noticia periodística falsa, es inaplicable la doctrina de la "real malicia" -que requiere dolo o culpa grave para la atribución de responsabilidad civil-, al no hallarse implicados asuntos institucionales o de interés público ni hacerse referencia a funcionarios públicos, por lo que no se justifica la aplicación de un factor de atribución de responsabilidad agravado ni un estándar estricto en la apreciaciones de los presupuestos legales en virtud del riesgo que está obligado a soportar el damnificado por su manejo de la cosa pública (del voto del doctor Belluscio), (ver Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21/10/2003, P., C. A. y otro c. Herrera de Noble, Ernestina y otro, ED 10/02/2004, 3 - DJ 2004-2, 396, con nota de Augusto M. Morello). En el caso, el particular ofendido en razón de su rol social y empresarial -de conformidad a la prueba obrante en la causa- lo sitúa, de conformidad a las circunstancias de tiempo y lugar en un papel destacado, en nuestro medio, afín al de un funcionario público, de allí que por aplicación de las pautas aceptadas que emergen de la doctrina de la "real malicia" cargaba con la prueba que ésta exigía a los fines del reclamo contra el medio y sus directivos, pero no en contra del tercero (ver Matilde Zavala de González en "Resarcimiento de daños- Daños a las personas", Ed. Hammurabi 1996, t. 2do, pág. 284 y ss. y Ramón Daniel Pizarro en "Responsabilidad de los medios masivos de comunicación" Ed. Hammurabi 1999, pág. 494.

En situaciones de terceros que agravian a través del medio radial al ser entrevistados, éste no responde salvo que medie concausalidad, lo que presupone que el medio haya asumido un rol protagónico en el hecho lesivo, más allá de haber aportado el soporte material para que la información se divulgue: Por ende el medio sí responde, como coautor de un ilícito extracontractual, por aplicación del art. 1109 CCiv., cuando medie dolo o culpa de su parte al haber permitido la difusión de dichos agraviantes que tuvo posibilidad de controlar (ver Pizarro en ob. cit. pág. 495 con cita de Zavala de González) y podrá eximirse invocando la aplicación de las pautas antes señaladas para el caso de tratarse de funcionarios públicos o socialmente equivalentes.

Y es que más allá de las críticas que en todo sentido se le ha formulado al acogimiento de tal doctrina por parte de nuestro Máximo Tribunal nacional, pese a ser ajena a nuestro sistema jurídico, no puede ignorarse el reconocimiento al plus eximente a favor de los medios.

Si bien no puede discutirse que los funcionarios públicos y aquellas otras personas que por su rol social, político o empresarial puedan equipararlo -fenómeno de la mediatización y sus secuelas- están expuestos a la valoración pública y a la crítica de los medios, sin que ellos puedan, en principio, agraviarse; pero cuando aquélla se convierte en un instrumento arbitrario para difamar o penetrar en su intimidad (al decir de Pizarro, ob. cit. pág. 284), no cabe otra solución que proteger al damnificado.

En el caso, no tan sólo no se ha demostrado falta de diligencia de los responsables de la emisora en el ejercicio de los debidos controles previos, tal como he referido en puntos anteriores sino que mantuvo en general a través del periodista una actitud pasiva y sin exacerbar el ánimo del entrevistado. De tal modo sin necesidad de hacer valer en plenitud aquella doctrina, la eximente del art. 1071 CCiv. alcanza a los recurrentes. Insisto, las entrevistas tuvieron como noticia principal un conflicto laboral y sus secuelas, las ofensas que vierte el entrevistado respecto de uno de los directivos de le empresa involucrada -accionante-, se dan dentro en un clima de fervor en defensa de presuntos derechos conculcados pero de ningún modo alentados por el periodista que le hace de interlocutor. No alienta, ni desalienta, no aplaude ni reprueba la actitud asumida por el ofensor, en consecuencia, se diluye el reproche.

Pero no es todo, aún colocándonos en la postura más rígida, a la luz de la prueba adquirida parafraseado a Oscar Flores en nota publicada en LA LEY 2007 - E, 357, analizando un fallo referido al tema que nos ocupa concluye que el medio no sólo respetó el estándar "Campillay" sino que, además, no informó con real malicia, esto es, con conocimiento de que la información era falsa o con temerario desinterés acerca de si era falsa o no. Agrego esto porque, como bien lo advirtieron destacados doctrinarios, cuando se trata de información de interés público que pudiera afectar el honor de un funcionario público -extendido en el caso-, la observancia del estándar Campillay no es -o puede no ser- suficiente para eximir de responsabilidad a la prensa, si al brindar aquella información se lo hace con real malicia. Así, se ha dicho que debido a la precisión que adquirió el estándar de la real malicia en la jurisprudencia de la CSJN, cuando se trata de noticias relativas a cuestiones de interés público que involucran a un funcionario público -como es el caso que aquí se anota- la CSJN "no llega nunca al extremo de admitir que la prensa se desinterese por completo de la cuestión de la veracidad de la noticia", por lo que la aplicación de Campillay a su respecto ha devenido "superflua". Con anterioridad, María Angélica Gelli había advertido acerca de una posible "confluencia" de las doctrinas Campillay y de la real malicia. La autora se pregunta concretamente si el cumplimiento de la doctrina Campillay exime automáticamente de responsabilidad a los medios por informaciones falsas que dañan el honor. Responde que ello no es así, ya que al damnificado le quedaría la oportunidad de probar que la noticia se difundió con real malicia. Estaríamos entonces frente a la posibilidad de escrutar la actividad informativa a través de un doble test de constitucionalidad (confluencia). Nada deben temer los medios frente a tal eventualidad, en la medida en que desplieguen su actividad conforme a una pauta ética ineludible, varias veces señalada por la CSJN: el deber de buscar y difundir, leal y honradamente, lo verdadero y lo cierto, de buena fe y lo más imparcialmente posible (ver "Prensa y honor: ¿Es suficiente con el estándar Campillay?").

La omisión de prueba fehaciente en tal sentido exime de responsabilidad a los recurrentes y de conformidad a tal opinión concuerdo con la dada en primer lugar al igual que respecto de la propuesta de condenar en costas por el orden causado en razón de encontrar razón de la condena parcial en contra de uno de los involucrados y la diversidad de opiniones que refieren a las eximentes de responsabilidad de los medios en estos casos por influencia de las doctrinas incidentes del derecho comparado y reexamen de la cuestión en nuestro medio, tanto de doctrina como de jurisprudencia, lo que lleva a la duda respecto a la suerte de nuestros reclamos (conf. art. 68, 2ª parte, CPr.).

Se difiere la regulación de honorarios al momento del acuerdo en el que se tendrán presente las pautas arancelarias de la ley 2200 y 4335 y se tienen presentes las reservas formuladas.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Al haber concordado en lo fundamental con la opinión de la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, reitero su fórmula decisoria.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por G. R. A. y R. V. S.R.L. a fs. 529.

2º) Revocar parcialmente el punto 1º de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 516/525vta. y rechazar la acción interpuesta contra Gustavo Ricardo Astete y Radio Visión S.R.L.

3º) Costas de ambas instancias por su orden. Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en primera instancia a los Dres. A. G. M. y H. E. C. G. , conjuntamente, en la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) y a los Dres. E. N. , M. N. y M. M. N. , conjuntamente, en la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000). Por los trabajos realizados en la alzada se regulan los honorarios profesionales del Dr. A. G. M. en la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800) y del Dr. E. N. en la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200).

4º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la parte actora a fs. 563 vta.

5º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse excusado de actuar el señor Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la ley 4550, modif. ley 1130).

JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Presidente SILVIA N. ALONSO de ARIET - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 05 DEL AÑO 2008 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS