Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-15


Causa N° 042-00-CC-2006 "Ordóñez, Gabriel Matías s/inf. art. 81, ley 1472- Apelación" En nos Aires, 15 de mayo de 2006.

Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa N° 042-00-CC-2006 caratulada "Ordóñez Gabriel Matías s/inf. art. 81, ley 1472 -Apelación".

Y CONSIDERANDO:

1. Que a fs. 87, el Juez de grado dispone fijar audiencia de juicio respecto de Gabriel Matías Ordóñez por la presunta comisión de la contravención tipificada en el articulo 81, ley 1472, para el día 23 de febrero de 2006.

2. Que a fs. 115, la asistente social Gladys Pini comparece al domicilio del imputado -Santiago del Estero 1494 de esta ciudad, habitación 1, Hotel Santa Cruz- con el objeto de confeccionar el respectivo informe socio-ambiental y hace saber que el nombrado ya no vive más en el lugar y que se desconoce su actual paradero. Por ello, el Magistrado de grado, dispone correr vista a las partes a los fines que estimen corresponder (fs. 117).

3. Que a fs. 118/vta., el Fiscal de grado sostiene que la audiencia de juicio debe llevarse a cabo de conformidad con lo dispuesto por el art. 46 LPC, por entender que el imputado quedó legalmente notificado de su realización, al ser cursada la respectiva citación a su domicilio constituido.

4. Que a fs. 122/123, la defensa acompaña copias de cédulas libradas por la defensoría al domicilio real de Gabriel Ordóñez y una certificación actuarial de las que surge que el nombrado no reside más allí. Por ello, considera que es imposible continuar con el proceso y realizar la audiencia de juicio, toda vez que su asistido no tiene conocimiento de su realización. También entiende que el imputado no puede ser declarado rebelde al desconocer su obligación de comparecer.

5. Que a fs. 139, consta copia de una nueva acta labrada a Gabriel Ordoñez el 18/12/05, por la presunta comisión de la contravención prevista por el art. 81 CC, de la que surge que el imputado reside en las calles Humberto 1º y Solis, Hotel "Costa Azul", de esta ciudad.

6. Que a fs. 150, obra el resultado de la citación cursada al encartado al domicilio sito en Humberto 1º y Solis, hotel "Costa Azul", de la que se desprende que el nombrado no reside más en el lugar.

7. Que a fs. 151, el Magistrado de grado, resuelve suspender la audiencia de juzgamiento fijada para el día 23 de febrero de 2006, toda vez que la defensa no ha podido ponerse en contacto con su defendido, y en razón de que las diligencias practicadas por el Tribunal tendientes a ubicar al presunto contraventor han arrojado resultado negativo.

8. Que a fs. 152/155, el Fiscal de grado plantea la nulidad de la resolución de fs. 151, por entender que el imputado se halla debidamente citado a juicio mediante la cédula diligenciada al domicilio constituido, toda vez que el art. 12 de la LPC lo considera válido. Además manifiesta que el Magistrado de grado debió esperar a la realización de la audiencia de juicio para adoptar algún temperamento, puesto que nada impide que los testigos depongan por escrito y que se produzca el efecto interruptor del curso de la prescripción. Por otra parte, sostiene que suspender la audiencia diez días antes de la fecha prevista impide al imputado obtener un pronunciamiento judicial oportuno, afectando su derecho de defensa. Entiende que la resolución impugnada, al contradecir lo dispuesto por el art. 46 de la LPC, afecta la garantía del debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio, protectora tanto de la intervención del imputado como del Ministerio Público, configurándose así una nulidad absoluta. Por último, estima que la vista corrida a las partes resulta improcedente, pues es ajena a la normativa procesal vigente, y que corresponde al Juez resolver la incomparecencia del imputado al momento del juicio. Por ello, entiende que debe llevarse a cabo el debate a fin de escuchar a los testigos, debiendo, en caso de no ser hallado el imputado, declararse su rebeldía.

9. Que a fs. 173/175, la defensa solicita que se rechace el planteo de nulidad efectuado por el Fiscal de grado, por entender que su defendido desconoce en qué etapa se encuentra el proceso. Por ello, alega que resulta imposible continuar con el trámite de la causa y llevar adelante la audiencia de debate, ya que vulneraría los principios de oralidad, contradicción e inmediación. Además, entiende que el Fiscal de grado no logra demostrar con claridad cúal es el perjuicio concreto que habilitaría el dictado de la nulidad. Por otra parte manifiesta, con cita de jurisprudencia, que no resulta posible declarar la rebeldía de quién desconoce su obligación de comparecer a una citación judicial. Por último, sostiene que las garantías constitucionales en los procesos penales o contravencionales están previstas solo en favor del imputado.

10. Que a fs. 184/188, el Juez de grado, resuelve no hacer lugar al planteo de nulidad formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 152/155. Sostiene que el Fiscal efectuó una errónea interpretación de lo dispuesto por el art. 46 LPC y que para que una incomparencia pueda calificarse de injustificada, es necesario notificar primeramente al contraventor. Si bien entiende que le asiste razón al Fiscal de grado en cuanto a que la notificación al domicilio constituido debe considerarse válida en términos jurídicos, considera que la norma antes citada, cuando prevé ordenar el comparendo forzoso del presunto contraventor, lo hace con la finalidad de que se libre una notificación al domicilio real, siendo éste del que se carece. Por lo tanto, entiende que el ya mencionado art. 46 LPC dispone la posibilidad de recibir la prueba testimonial en ausencia del imputado, cuando éste, sin justificación, no concurre a la audiencia, pues de lo contrario, podría pedir su postergación con el objeto de preservar su derecho constitucional de controlar la producción de la prueba. Asimismo, destaca que no es correcto el argumento sostenido por el Fiscal de Grado respecto a la privación, que se le provocaría al imputado, de obtener un pronunciamiento que ponga fin al proceso, pues entiende que aún en el caso de hacer lugar a la celebración de la audiencia, el proceso no finalizaría hasta que el imputado comparezca al juicio. También estima que nada impide al Fiscal de grado solicitar la rebeldía del imputado para así obtener la consecuencia que aspira de conformidad con lo normado por el art. 44 LPC. Por último, refiere que si bien le asiste razón al representante del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que la vista a las partes para expedirse sobre la incomparecencia del imputado, no se encuentra prevista en lo normado por el art. 155 del CPPN, no puede soslayarse que dicho cuerpo legal es propio de un sistema procesal de carácter mixto y no puede abarcar todas las cuestiones que ilustran el sistema acusatorio de la Ciudad, señalando a modo de ejemplo, que el juez contravencional -a diferencia del nacional-, carece de la facultad de disponer de oficio la rebeldía del imputado, por lo que la vista al Ministerio Público Fiscal tiene por fin que dicha parte, en uso de sus facultades, disponga y so licite de creerlo necesario el comparendo y la rebeldía del encartado. Finalmente destaca que dicha vista, más alla de su nombre formal, no deja de ser un medio de comunicación, cuyo objeto es hacer prevalecer el principio de contradicción.

11. Que a fs. 213/218, el Fiscal de Grado, Luis Esteban Duacastella Arbizu, apela la resolución mencionada supra, agraviándose respecto a la suspensión de la audiencia de juicio. Además, manifiesta que las vistas corridas a la Fiscalía y a la Defensoria Oficial de fs. 115, resultan improcedentes, reiterando los fundamentos expresados en oportunidad de presentar la nulidad de fs. 152/155.

12. Que a fs. 219, el Juez a quo concede el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal de Grado.

13. Que a fs. 223/224 vta., obra el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, quién coincide con los fundamentos vertidos por el Fiscal de Grado al momento de presentar la apelación de fs. 213/218. Además, con cita de jurisprudencia de esta Sala, sostiene que en el caso no correspondía suspender la audiencia de juicio 14. Que a fs. 227/229, la defensa sostiene que el recurso ha sido mal concedido por el Juez de grado al fundarlo en el art. 449 CPPN. No obstante ello, refiere que el Fiscal de grado no logra demostrar cúal es el agravio concreto y real que le produce la resolución recurrida y que dicha parte no es objeto de protección del sistema de garantías constitucionales. Además, sostiene que el planteo de nulidad esgrimido por el Fiscal no fue introducido por éste al momento de contestar la vista conferida por el Juez de grado a fs. 117. Por otra parte, destaca que la sola afirmación de que la causa podría llegar a prescribir, no puede justificar la pretensión del Ministerio Público Fiscal. Finalmente, destaca que la Guagnino incurre en un error al citar jurisprudencia de esta Sala para fundar la pretensión de la parte que representa, pues en el caso de autos, de ninguna manera se hubiera podido determinar la responsabilidad del imputado pues no iba a concurrir a la audiencia de juicio por desconocer su existencia.

15. Que a fs. 230, pasan los autos a estudio del Tribunal para resolver.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO Es pertinente señalar que el escrito de apelación incoado ha sido interpuesto en tiempo y forma, cuestión que permite propiciar su admisibilidad formal. Sin embargo, por no tratarse de una sentencia definitiva, debe determinarse si la resolución del Magistrado de Primera Instancia le causa gravamen irreparable al Ministerio Público Fiscal, y analizando las particularidades del caso, decidir sobre la procedencia del recurso (arts. 6 de la Ley 12 y art. 449 del CPPN).

Al respecto, cabe recordar que el gravamen irreparable "... aparece como una cuestión de hecho que debe ser considerada en cada caso. Se configura, se ha afirmado, cuando aparece un perjuicio jurídico que no puede ser reparado durante el trámite del juicio ni en la sentencia definitiva..." (Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", Tomo II, José Luis De Palma Editor, Bs. As. 2004, pág. 1193).

Si bien resulta un criterio jurisprudencial de este Tribunal que las decisiones que admiten o rechazan planteos de nulidad resultan susceptibles en principio, de provocar el mentado gravamen (Incidente de nulidad en autos "ROLDAN, Rodolfo s/ infracción art. 83 CC -Apelación", Causa N º 81-01-CC/2005, rta. el 28/04/2005 y causa Nº 108-00-CC/2005, "TORRES, Liliana Elizabeth s/ infracción arts. 116 y 117 CC -Apelación", rta. el 19/05/2005, entre otras), no se advierte dicha circunstancia en el caso traído a estudio, máxime cuando resulta notorio que bajo el ropaje de un planteo de nulidad, el Sr. Fiscal de grado solo tuvo por objeto que esta Alzada revise la decisión del Juez, que no comparte, mediante la cual dispone suspender la audiencia de juzgamiento (fs. 151) que per se resulta inapelable.

En efecto, la decisión del Magistrado de grado de suspender la audiencia de juicio, ante el conocimiento de que el imputado no concurriría al debate, en modo alguno puede generarle al Ministerio Público Fiscal un gravamen insusceptible de reparación ulterior.

Al respecto, cabe destacar que si bien el art. 46 de la LPC establece que cuando el presunto contraventor no concurre al debate, los testigos deponen por escrito, se suspende la audiencia y se ordena el comparendo del imputado por la fuerza pública, dicha norma no resulta aplicable al caso de autos.

Ello así, toda vez que el Sr. Defensor Oficial hizo saber al Juzgado con antelación a la audiencia de juicio, que no pudo contactarse con su asistido, y las citaciones cursadas a su domicilio real arrojaron resultado negativo.

En este sentido, cabe destacar el art. 46 LPC, al prever la posibilidad de que los testigos depongan por escrito, tiende a evitar que deban ser nuevamente citados a la audiencia, con el consecuente derroche de recursos estatales y molestias a los ciudadanos que ello implicaría, por lo que no resulta aplicable para aquellos casos en que se sabe de antemano que el imputado no comparecerá.

De este modo, la decisión del Juez a quo resultó ajustada a derecho, pues al suspender la audiencia ante la imposibilidad de dar con el paradero del imputado evitó el dispendio jurisdiccional que lo contrario hubiera importado.

Tampoco la imposibilidad de que se interrumpa el curso de la prescripción de la acción contravencional es motivo suficiente como para considerar que la resolución recurrida le causa al impugnante un agravio irreparable, pues nada le impide al Ministerio Público Fiscal solicitar la rebeldía del imputado que, de ser declararada, cumpliría con dicho objetivo, de conformidad con lo normado por el art. 44, Ley 1472. Ello, sin perjuicio de que el supuesto contemplado en la primera parte del art. 46 LPC no sea, para la posición mayoritaria de esta Sala, causal interruptiva del curso de la prescripción (causa nº 343-00-CC/2004 "Meza Bellido, Raúl Edgardo s/ inf. arts. 41, 72 y 73 CC-Apelación", rta. el 10/3/05).

Por otra parte, tampoco se advierte de qué modo la suspensión de la audiencia de debate le impide al imputado obtener un pronunciamento judicial oportuno, tal como lo alega el Sr. Fiscal de grado, puesto que el proceso no finalizaría hasta que el nombrado se encuentre a derecho.

Menos aún resulta atinado sostener, como lo hace la Sra. Fiscal de Cámara, con cita de jurisprudencia de esta Alzada, que la decisión del Juez de Primera Instancia no trasunta un criterio adecuado al haber elegido el que implicaba la paralización de la causa, descartando el otro que hubiera permitido decidir acerca de la presunta responsabilidad contravencional del imputado, pues en el presente caso, a diferencia de lo que acontecía en el precedente mencionado por la representante del Ministerio Público Fiscal (causa nº 438-02-CC/2005 "Incidente de nulidad en autos: Conductores de camiones de firmas CLIBA, COVELIA S.A. y AEBA S.A. s/ inf. arts. 40, 41 y 73 CC -apelación-, rta. el 14/3/06), el encartado no iba a concurrir a la audiencia de juicio porque, al mudarse de domicilio sin dar aviso, no pudo ser notificado.

Asimismo, el hecho de que el Magistrado de grado haya decidido correr vista a las partes a los efectos que estimen corresponder (fs.117), al verificar que el imputado no residiría más en el lugar que diera como domicilio, carece de aptitud para generar algún perjuicio irreparable a la parte acusadora. En efecto, más allá de que dicha vista no se encuentra contemplada en el ordenamiento procesal vigente, el recurrente no ha logrado demostrar las consecuencias gravosas que dicho temperamento generaría a los intereses que representa. En todo caso, si así lo consideraba, no debería haberla contestado.

Por lo expuesto, cabe concluir que en el caso de autos, nada obsta a que el representante del Ministerio Público Fiscal pueda solicitar la rebeldía del imputado; decisión que incluso puede ser adoptada de oficio por el Juez, pues ella en modo alguno puede suponer una vulneración del principio acusatorio, siempre y cuando no se adopte medida de coerción alguna como consecuencia de dicha declaración, pues ellas sí requieren solicitud del Fiscal.

Sin perjuicio de ello, es dable destacar que el art. 289 del CPPN impone la declaración de rebeldía no sólo frente a la incomparecencia del imputado transcurrido el término de la citación, sino también cuando se comprobara su fuga o ausencia, supuestos que, frente al empleo de la disyunción "o", deben ser entendidos de modo independiente. Ésta última circunstancia se encuentra comprobada en el caso de autos, toda vez que las notificaciones cursadas al domicilio real de Gabriel Matías Ordoñez arrojaron resultado negativo. Por lo tanto, la notificación al domicilio constituido cuando se desconoce el real, es hábil para declarar la rebeldía del imputado (causa nº 171-00-CC/2004, "Egert, Graciela Mariana s/ inf. ley 255", rta. el 22/6/04).

Siendo así, no resultan acertadas las apreciaciones de la defensa, en cuanto alega que no es posible declarar la rebeldía de quien desconoce su obligación de comparecer a una citación judicial, toda vez que en la presente el encartado tenía conocimiento del proceso seguido en su contra y de su obligación de estar a derecho.

En virtud de ello, el Tribunal, RESUELVE:

Declarar MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de grado a fs. 213/218 del presente (art. 449, CPPN "a contrario sensu" y art. 6, LPC).

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado interviniente a sus efectos.