Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23


Causa Nº 05-02-CC/2005, caratulada: "Legajo de Ejecución de Sentencia en autos `Díaz, David Domingo s/ Inf. art. 189 bis CP - Apelación´". Sala II.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2006, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

A fs. 42/44, el 5/7/05 la Botana decidió incorporar a David Domingo Díaz -condenado a 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo, multa de $ 1000 más las costas del proceso el 5 de mayo de 2005 (vid. fs. 266/267 y 268/272 del principal)- al régimen de libertad asistida (arts. 54, 55, 56 y cctes., ley 24.660). Estableció, en consecuencia, una serie de condiciones (ver dispositivo II) entre las que incluyó el sometimiento del nombrado al cuidado del Patronato de Liberados Bonaerense, delegación Quilmes. Ordenó, asimismo, hacerle saber que dichas pautas regían desde su egreso hasta el agotamiento de la condena y que la soltura se otorgaba bajo apercibimiento de ser revocada en caso de que cometiera un nuevo delito o violare dichas reglas (vid. acta de fs. 45). Por último, en lo que aquí interesa, dispuso librar oficio a la dependencia mencionada con las copias pertinentes del legajo con el fin de que asistiera al penado durante la duración del beneficio.

Por otro lado, de acuerdo con el cómputo consentido por las partes practicado a fs. 324/325, se fijó como fecha de vencimiento de la pena privativa de la libertad el 31 de octubre de 2005.

Ahora bien, según el oficio remitido por el Patronato a fs. 80, Díaz no se presentó a la citación que surge del informe de fs. 74/78 elaborado por dicho organismo (es decir, para el 28/10/05) y su madre adujo telefónicamente el fallecimiento de su abuela. Ante una nueva convocatoria, tampoco fue.

Por ello, el "a quo" estimó que no se había acreditado correctamente la razón de la incomparecencia verificada con anterioridad al vencimiento de la condena y dispuso intimar a Díaz para que dentro del tercer día de notificado se constituyera en el Patronato de Liberados Bonaerense a fin de acompañar la partida de defunción correspondiente y de entrevistarse con la Lic. Kohen, bajo apercibimiento de revocar el beneficio y ordenar su inmediata detención (arts. 55 y 56, 1º párrafo, ley 24.660).

Sin embargo, el Bertelotti requirió a fs. 83/85 que se dejara sin efecto dicha comunicación atendiendo a que la pena privativa de la libertad venció el 31/10/05 y a que, en consecuencia, se ha extinguido (art. 16 CP). Por otro lado, el art. 55 de la ley 24.660 prescribe que las pautas de conducta rigen hasta el momento de agotamiento de la condena mientras que, el artículo siguiente, establece que de revocarse la libertad asistida el condenado "agotará el resto de su condena en un establecimiento cerrado". Empero, por lo expuesto, en el legajo no existe dicho "resto" en orden a la finalización mencionada.

El defensor agregó, en otro orden de ideas, que la magistrada no está envestida de la facultad de practicar dicha intimación de oficio por cuanto toda eventual restricción de derechos constitucionales deberá registrar un impulso fiscal previo (principio acusatorio y garantía de imparcialidad). Por último y subsidiariamente, indicó que mal puede existir un incumplimiento de las condiciones previstas por el art. 55, apartado I, ley 24.660 que genere la consecuencia del art. 56, 1º párrafo dado que la obligación correspondiente debe ser establecida por el juez de ejecución (cfr. art. 62, ley 1287), mientras que en el sub-lite la citación fue cursada por un órgano administrativo. Una interpretación contraria se enfrentaría con el principio de legalidad. Por lo demás, no existe constancia fehaciente alguna concerniente a la convocatoria a la que se alude en el informe invocado por la magistrada.

El Fiscal interviniente estimó que dicha incomparecencia no podía servir de sustento a la intimación discutida (fs. 90), pese a lo cual la Botana rechazó a fs. 92/93 la pretensión de la defensa. Consideró que según lo prescripto por los arts. 62, Ley 1287, 493 y cctes. CPPN y 3 y 4, 24660, resulta competente para vigilar la ejecución de la pena y el respeto de las garantías constitucionales durante ese período. Por ello, no advierte la vulneración al modelo de enjuiciamiento denunciada por el recurrente. En cuanto al fondo del asunto, interpretó que Díaz se encuentra en el último tramo de ejecución de una pena a ser cumplida en libertad, bajo el control técnico del juez y del patronato. En otras palabras, existe una suspensión parcial del encierro supeditada a la observancia de lasEn Causa Nº 05-02-CC/2005. Sala II.

En obligaciones del art. 55, ley 24.660. Como la libertad asistida no implica una modificación de la condena sino que se refiere a su forma de cumplimiento, el agotamiento no se produce con el vencimiento temporal del cómputo sino con la observancia de la totalidad de la sanción. Cita, en apoyo a su postura, lo previsto por los arts. 15, 16 y cctes. respecto de la libertad condicional.

Se colige de ello que por haberse verificado un presunto "incumplimiento" anterior a la expiración del cómputo, corresponde oír al liberado -art. 510 CPPN-. De ser satisfactorias sus explicaciones, se podrá tener por agotada la sanción y, de acuerdo con la doctrina, la comprobación de una eventual inobservancia puede abrir un abanico de consecuencias -no, únicamente, la revocación del beneficio-.

El defensor apeló esta decisión a fs. 101/105. En cuanto a la procedencia del recurso argumentó que el resolutorio le provoca a su parte un agravio de imposible reparación ulterior, por lo cual es equiparable a sentencia definitiva (61, inc. 1, ley 1287). Ello es así dado que el apercibimiento de revocación e inmediata detención que contiene la convocatoria -cursada una vez agotada la condena- pone en riesgo la libertad de Díaz. Canalizó su pretensión a través de los apartados a y b, inc. 1 del art. 61, ley 1287, reeditando para ello idénticas razones en las que sustentó la solicitud que generó el dispositivo embatido -a las que agregó únicamente el hecho de que el Unrein manifestó su acuerdo con la defensa al contestar la vista a fs. 90-.

La impugnación fue concedida a fs. 106. Sin embargo, a fs. 121/123 la Guagnino se expidió en sentido contrario en relación con su admisibilidad por ausencia de gravamen irreparable y, subsidiariamente, propugnó la confirmación del auto apelado. Por último, a fs. 127/128, el Bertelotti se presentó en los términos del art. 61, inc. 2, ley 1287.

CONSIDERANDO:

Que si bien el remedio fue interpuesto por quien tiene derecho a hacerlo, en tiempo oportuno, por escrito fundado ante el tribunal que dictó la resolución recurrida, corresponde establecer si se ha cumplimentado el recaudo objetivo de impugnabilidad.

El art. 61, inc. 1º, ley 1287 prescribe que la sentencia definitiva o cualquier auto equiparable a ella es impugnable por el imputado y puede deducirse en orden a los tres motivos detallados en dicha normativa. Por otro lado, el art. 62 prevé que quien juzga actúa como juez de ejecución y que en los recursos contra sus decisiones interviene la Cámara Contravencional y de Faltas.

Ahora bien, en el ámbito del ordenamiento nacional y en lo atinente a la vía prescripta en el art. 491 CPPN para la etapa de ejecución, se ha dicho que los principios de la ley de ejecución penal y el derecho constitucional a la doble instancia judicial exigen una aplicación amplia de esta vía recursiva, es decir, despojada de los límites que originariamente fijó la Cámara de Casación Penal. Debe comprender, por ello, laposibilidad de un vasto reexamen de todas aquellas decisiones que signifiquen una modificación sustancial del contenido de la pena -sea por cambios en la duración temporal del encierro o en las condiciones de cumplimiento-.

Así, si bien dicho Tribunal sostuvo que las cuestiones relativas a la libertad asistida (arts. 54 a 56, Ley 24.660) quedan, en principio, bajo la exclusiva decisión de los jueces de ejecución, sin posibilidad de ser modificadas en otra instancia, "...no lo es menos...que esas decisiones de la justicia de ejecución serán susceptibles de impugnación mediante la vía intentada cuando, como en este caso, se discuta una cuestión de carácter netamente jurídico vinculada a la libertad del condenado (art. 4, inc. a), tal la presunta inobservancia del art. 54 ley 24.660." (CNCP, Sala II, "Alcaraz, Carlos M.", 30/6/00, "Corrarello, Carlos A.", 4/10/00, "Farías, Cristóbal Ariel", 11/5/00, entre muchas otras).

Sin perjuicio de que en el sub-lite Díaz fue incorporado al régimen de libertad asistida, la defensa se agravia de que haya sido intimado a comparecer al Patronato con posterioridad al vencimiento de la pena privativa de la libertad de acuerdo con el cómputo practicado. Sin embargo, dicha convocatoria no se traduce en modificación sustancial alguna del cumplimiento de la pena ni implica una decisión definitiva en punto a su eventual extinción. Como explicitó la Botana en elEn Causa Nº 05-02-CC/2005. Sala II.

dispositivo impugnado, la citación responde a la necesidad de oír al penado en relación a su incomparecencia durante la vigencia de la condena. Por lo demás, la eventual injustificación de esa inobservancia, podrá acarrear diversas consecuencias -y no necesariamente la invocada por la defensa-.

De allí que, atendiendo a que la intimación no pone en peligro la libertad del recurrente sino que tiende a efectivizar su derecho a ser oído en punto a la razón de su falta, no se observa agravio actual, concreto, que justifique la intervención de este Tribunal. La comunicación que aquí nos ocupa es de resorte exclusivo de la Sra. magistrada de ejecución y no se traduce, tampoco, en la materialización de perjuicio alguno para la situación del imputado.

Por ello, el gravamen invocado es meramente hipotético y no se observa, en consecuencia, su irreparabilidad dado que de producirse eventualmente alguna de las situaciones imaginadas por la parte, ella contará con las oportunidades procesales idóneas para ventilarlas.

En virtud de lo expuesto, el TRIBUNAL RESUELVE:

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por el Bertelotti a fs. 101/105 (arts. 61, 62 y cctes., ley 1287).

II.- TENER PRESENTE las reservas planteadas a fs. 101/105, punto V.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones a primera instancia, quien deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Cfr. Salt, Marcos G., "Los recursos en la etapa de ejecución penal", en "Los recursos en el procedimiento penal", copiladores Maier, Julio, Bovino, Alberto y Díaz Cantón, Fernando, Editores del Puerto S.R.L., 2º Edición actualizada, Buenos Aires, 2004, ps. 387/401.

Ello, por cierto, sin interpretar restrictivamente esta expresión para excluir de las materias susceptibles de ser revisadas por recurso de casación algunos institutos contenidos en la ley 24.660 -y no en el Código Penal-, pero que implican una alteración fundamental del contenido cualitativo de la pena (cfr. Salt, op. cit., p. 397).

En este sentido, la Sala ha dicho que: "...Tampoco provoca agravio actual alguno el hecho de que la acusadora haya solicitado la elevación de los autos a juicio teniendo en cuenta los informes cuestionados por cuanto dicho requerimiento implica sólo una instancia de excitación del debate sin modificar perjudicialmente la situación procesal del imputado..." (c/nº 289-00-CC/2004, "Silveyra,Carlos s/ inf. art. 189 bis, 3º párrafo del CP", rta. 14/2/05. En la misma dirección se ha dicho que: "...La declaración formal de reincidencia no constituye agravio actual alguno. En efecto, esa declaración podrá tener eventualmente un efecto real y constituir un agravio el día que el recurrente solicite la libertad anticipada (o libertad condicional) ya que esa declaración obstaría a la procedencia de tal beneficio. No obstante tales extremos no se encuentran reunidos al día de la fecha por lo que el agravio es, por lo que se explicó, meramente hipotético..." (TSJ, expte. 3562/04, "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas Nº 8 s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Prescava David Daniel s/ art. 189 bis CP", 25/2/05).

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas