Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2a instancia. Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2009.

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- Ambas partes recurren el fallo de grado en el cual se hizo lugar parcialmente a la demanda por despido incausado entablada con sustento en las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

También recurre su representación letrada porque estima insuficientes sus honorarios.

RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA.

II.- La accionada se agravia porque la condena incluyó la indemnización del art. 2º de la ley 25.323.

Invoca, en su defensa, que habría puesto "a disposición" del actor las sumas correspondientes al despido, circunstancia que obstaría al progreso de la multa, pues sería el reclamante quien -a su modo de ver- de desinteresó en el cobro de los conceptos aludidos.

En primer lugar, el pago de los conceptos propios de la extinción de la relación laboral constituye una una obligación del empleador, que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación, esto es en el tiempo que razonablemente puede la confección de la liquidación.

Por ende, tal obligación no depende de que el propio trabajador se apersone en la sede de la empresa, toda vez que si ello no ocurre, el empleador, previa intimación, puede consignarlos judicialmente.

Luego, debo destacar que se aprecian cumplidas las exigencias previstas en la norma: 1) la recurrente fue oportunamente intimada a abonar las sumas correspondientes a indemnizaciones propias del distracto; y 2) el trabajador se vio obligado a litigar judicialmente para perseguir el cobro de las indemnizaciones referidas debido a la conducta de reticencia a abonar dichos conceptos asumida por la accionada (en igual sentido, esta Sala en autos: "Parra, María Gabriela c/ Siembra AFJP SA s/ Despido", S.D. 37.090 del 29.10.03), lo que justifica plenamente la condena en tal sentido.

III.- La apelante también dice agraviarse por la cuantía del monto correspondiente al incremento establecido en la norma citada (art. 2º ley 25.323), debido a que -en su punto de vista- ésta debería calcularse exclusivamente sobre el concepto indemnización del art. 245 de la L.C.T.

Dicho planteo no resiste el menor análisis, por cuanto -sin que implique pronunciarse sobre la eventual validez o no que pudiera tener tal afirmación- lo cierto es que el pretendido límite establecido en ley 25.972 y Decreto 1.433/05 sólo sería aplicable al incremento de la ley 25.561 y Dto. 264/02 (que, dicho sea de paso, no se incluyó en la condena, por la lógica razón de haber perdido vigencia, dado que el despido del dependiente es muy posterior al cese del incremento referido), y no puede aplicarse, siquiera analógicamente, al texto legal en cuestión.

Propicio, en consecuencia, que se confirme el fallo de grado en estos aspectos.

RECURSO DE LA PARTE ACTORA.

IV.- La recurrente solicita el incremento de la condena con el concepto indemnizatorio propio del art. 80 LCT, y a mi juicio tiene razón, pues -por lo que dejo explicitado supra- no resulta atendible el argumento relativo a que habría "puesto a disposición" el certificado de trabajo.

En efecto, ello es insuficiente para demostrar cumplida la obligación prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, e impide considerar que la accionada haya tenido verdadera voluntad de entregar esa documentación, pues ésta no se consignó en forma previa a la iniciación del litigio (v. de esta Sala, los autos: "Gorriz, Susana Magdalena c/ Epitécnica S.R.L. s/ Despido", S.D. 36.567 del 27.3.03), a lo que cabe agregarle que al momento en que se acompañó a autos la documentación en cuestión, se encontraba ampliamente vencido el plazo de 48 hs. conferido en la norma para su entrega a contar a partir de la recepción del requerimiento (art. 80 cit.).

V.- Distinta es la suerte del reclamo en cuanto pretende la corrección de los montos de condena en base a la adopción de un salario de $ 2.100,80, en tanto -si bien el informe de la Cámara Argentina de Empresa de Nutrición Animal (v. fs. 104) denota que, al momento del distracto, el salario para la categoría "C" del CCT 66/89 revestida por el actor era de un valor de $ 2.080 con mas la suma de $ 10.40 por año de antigüedad (2 períodos computables)-, no es menos cierto que la aplicación de dicha escala salarial fue desestimada por el "a quo" en razón de que no sería encuadrable la actividad de la empresa en dicho acto de negociación colectiva.

Sobre el punto, no hay ningún cuestionamiento crítico por parte de la recurrente, por lo cual, el decisorio ha adquirido firmeza en este aspecto (art. 277 del C.P.C.C.N.).

VI.- No debe prosperar, a mi juicio, el pedido de pago de la indemnización del art. 1 ley 25.323 prevista para los casos de falta o defectuoso registro, puesto que ello es disímil con la situación que se planteó en autos, dado que tanto en el primero como en el segundo período de desempeño a órdenes de la demandada, y sin perjuicio del reconocimiento de su antigüedad (cosa que se tuvo en cuenta a todos los efectos y no llega cuestionado por ante la alzada) el trabajador se encontró adecuadamente inscripto, lo que descarta la procedencia del rubro en cuestión (art. 499 del Código Civil).

VII.- En consecuencia de todo lo que dejo señalado, y atendiendo también a los conceptos propios que llegan firmes de la condena de primera instancia (de un valor de $ 11.780,05), se le sumen los $ 5.653,69 correspondientes a la indemnización del art. 45 ley 25.345 (art. 80 de la LCT), lo que arroja un valor final de condena de $ 17.433,74.

Dicha suma (es decir, DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS) devengará intereses desde que cada crédito es debido y hasta su efectivo pago, conforme la tasa de interés determinada en el fallo de grado, que llega incólume en este aspecto.

VIII.- De tener adhesión mi voto, propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas por la demandada vencida en lo principal (art. 68 y 279 del C.P.C.C.N.), y sin alterar la cuantía de los Sres. profesionales intervinientes en la instancia anterior, que deberán aplicarse sobre el nuevo monto de condena mas intereses (art. 38 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635- y arts. 3 y 6 del D.L. 16.638/57).

De esta forma, dejo así también tratados los agravios con relación a la forma de distribución de costas.

Propongo también regular los emolumentos de alzada para los profesionales intervinientes por las partes actora y demandada en el 30% (TREINTA POR CIENTO) y 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) respectivamente, de lo fijado en favor de cada una de ellos por su actuación en la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO: No vota (art. 125 de la ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente el fallo recurrido y elevar la condena a la suma de $ 17.433,74 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS), mas los intereses respectivos. 2) Confirmar lo demás que ha sido materia de recurso. 3) Mantener los honorarios fijados en grado, que deberán aplicarse sobre el nuevo monto de condena mas intereses. 4) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada. 5) Fijar los emolumentos de alzada para los profesionales intervinientes por las partes actora y demandada en el 30% (TREINTA POR CIENTO) y 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de lo fijado, respectivamente, por su actuación en la instancia anterior.NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO. ESTELA MILAGROS FERREIROS.

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