Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-27


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de octubre del año dos mil once, se reúnen los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Liliana E. Catucci, Mariano H. Borinsky y Eduardo R. Riggi, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n/ 14.057 caratulada "Toli, Constantino Teodosio s/recurso de casación", con la intervención del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, doctor Raúl Omar Pleé y por la Defensa, el doctor Tristán González Correa.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden siguiente: Catucci, Borinsky y Riggi.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci, dijo:

PRIMERO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Cámara a raíz del recurso de casación deducido por la representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 32/36 contra la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que a fs.28/vta.

confirmó el sobreseimiento de Constantino Teodosio Toli.

Registro n/ 1588/11 Concedido por el a quo el remedio intentado a fs.

42/vta. y radicadas las actuaciones ante esta Cámara, el recurrente mantuvo la impugnación a fs. 49, sin que las partes hubieran efectuado presentación alguna.

Finalmente, habiéndose cumplido con las previsiones del artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

La recurrente encarriló sus agravios en los términos del artículo 456 inciso 2/ del Código Procesal Penal de la Nación, por errónea interpretación del artículo 336 del citado cuerpo legal, atento a la falta de certeza negativa, y por cuanto se vulneraron los artículos 123 y 404 inc. 2 del código de forma en el temperamento desvinculante.

Expresó que más allá del encuadre legal posible del hecho, la resolución no resulta una derivación razonada del derecho vigente en consonancia con las constancias de la causa, de las que no surge dato alguno que avale lo decidido.

Reclamó la ausencia de diligencias tendientes a probar los hechos y que no se escuchó a Constancio Teodosio Toli, con lo cual no puede descartarse la falta de dolo en su actuación.

Por todo lo expuesto, solicitó que se conceda el recurso de casación impetrado y que se anule la resolución recurrida.

Hizo reserva de caso federal.

TERCERO:

Acreditada como está la no autenticidad de la firma de la afiliada certificada por el imputado, aún para entender como lo hizo el a quo, que había habido un error, se imponía continuar con la investigación no sólo para escuchar a Constantino Teodosio Toli sino para averiguar cuáles eran los pasos previos a esa certificación y quiénes preparaban las fichas de afiliación para hacer firmar.

La interrupción no justificada de la pesquisa y la ausencia de adecuación de lo decidido a la naturaleza del instituto aplicado impone su revocación a tenor del agravio traído por la representante del Ministerio Público Fiscal.

En tal sentido, es ilustrativo recordar lo dicho in re: "Grimaldi, Héctor Fabián y otros s/recurso de casación" (c/nº 8802, reg. nº 12287, rta. el 14/07/08) "la conclusión anticipada de la investigación a tenor de las hipótesis establecidas en el art. 336 del Código Procesal Penal debe basarse en prueba inequívoca que despeje toda posibilidad de duda, en cuanto ese supuesto es incompatible con dicha medida.

En ese sentido se ha sostenido que "...el sobreseimiento definitivo exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamente. Procede cuando al Tribunal no le queda duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena" (Conf. opinión de Clariá Olmedo en "Derecho Procesal Penal (Lerner Editora, Cdba. 1985, III, pag.30, citado in re "Gargiulo, María Inés s/recurso de casación", reg. N/ 1638 del 30 de junio de 1997)".

Asimismo, en los autos "Almeyra, María del Rosario s/recurso de queja" (c/nº 49, reg. nº 98, rta. el 10 de diciembre de 1993), se afirmó que esa incompatibilidad con la duda es tanto más así cuando ella proviene de una incompleta investigación. Precedente en el cual se dijo que "el sobreseimiento definitivo exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta".

Este criterio fue mantenido de manera inalterable en posteriores pronunciamientos en los cuales, cuando el fallo encubre una situación de incertidumbre y no da razón bastante al agotamiento de la encuesta, exhibe una fundamentación sólo aparente y por ende arbitraria, que equivale a la falta de motivación que, como causal de nulidad de los autos y sentencias, prevé el ordenamiento procesal penal en sus arts.

123 y 404, inc. 2/ (conf. citas indicadas en el último precedente).

En consecuencia, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la señora Fiscal, sin costas, anular la resolución recurrida y la de fs. 6/7 por ser su antecedente necesario, y en consecuencia remitir las actuaciones a su origen a fin de que continúe con la sustanciación del proceso en el sentido indicado.

El señor juez doctor Mariano H. Borinsky dijo:

I. En las presentes actuaciones se investiga la adulteración de la firma colocada en la ficha de afiliación al partido "Recrear para el Crecimiento" correspondiente a Wanda Luciana Somaruga, quien ante la Secretaría Electoral desconoció como propia la signatura en cuestión, la cual fue certificada por Constantino T. Toli y posteriormente presentada ante la justicia electoral.

II. El auto recurrido de fs. 28/vta., con base en que "no existen elementos para poder afirmar que el imputado conociera la falsedad de los datos de la ficha de afiliación que certificó", descartó que haya actuado con el dolo requerido por la figura penal prevista en el artículo 293 del Código Penal y confirmó la resolución de fs. 6/7 que dispuso el sobreseimiento de Constantino T. Toli por aplicación del artículo 336, inciso 3/, del Código Procesal Penal de la Nación.

III. El representante del Ministerio Público Fiscal encauzó el remedio interpuesto en las previsiones contempladas en el inciso 2/) del art. 456 del C.P.P.N.

Planteó que se declare la nulidad de la resolución obrante a fs.28/vta., por cuanto a su entender adolece de la motivación necesaria, conforme lo preceptuado por los arts. 123 y 404 del Código de forma.

Señaló que la desvinculación de Constantino Toli no es una derivación razonada del derecho vigente vinculado con las circunstancias de la causa, pues se entendió que el imputado había actuado sin dolo cuando, en realidad, no existe en el proceso prueba alguna que autorice a concluir en esa dirección.

IV. Entrando a resolver las cuestiones planteadas, observo que al efectuar el requerimiento de instrucción, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n/7 solicitó la producción de las siguientes medidas de prueba: a) Se requiera al partido político "Recrear para el Crecimiento" que indique los datos que obran en sus registros respecto de Constantino T. Toli, quien se desempeñara como delegado certificante de la agrupación política mencionada; b) Se cite a prestar declaración testimonial a Somaruga Wanda Luciana, a efectos de que confeccione cuerpo de escritura.

Encomendar al Cuerpo de Peritos Calígrafos de la Corte suprema de Justicia de la Nación que realice un cotejo caligráfico entre dicho cuerpo de escritura -el que deberá tomarse como indubitable- y la firma inserta en la ficha de afiliación en cuestión; c) Toda otra medida que surja como consecuencia de las anteriores que V.S. considere necesarias.

No obstante que las diligencias probatorias propuestas lucen útiles y conducentes para el esclarecimiento del hecho, la lectura de las presentes actuaciones revela que no se ha adoptado ninguna actividad tendiente a cumplir con la finalidad de la instrucción (artículo 193 del C.P.P.N.).

Sin perjuicio de ello, advierto que no han sido mencionadas las pruebas que sustentan la conclusión alcanzada como razón del sobreseimiento dictado, esto es, la ausencia de dolo en la conducta de Constantino Teodosio Toli.

En virtud de lo establecido por el art. 123 del C.P.P.N., la sentencia para ser considerada un acto jurisdiccional válido debe contener la valoración de la prueba, la explicación de cómo se llegó al juicio de valor y la razón de la aplicación de las normas que invoca. Es decir, debe encontrarse debidamente fundamentada, de forma tal que exprese claramente los motivos que se tuvieron en cuenta para arribar a la solución propiciada.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal para sostener que "no existen elementos para poder afirmar que el imputado conociera la falsedad de los datos de la ficha de afiliación que certificó" y homologar el sobreseimiento adoptado en la instancia anterior, no ha cumplido con tales exigencias, pues por una parte no da razón suficiente de sus dichos y por otra ha omitido valorar que no se han producido ninguna de las medidas de prueba solicitadas por el fiscal.

Tampoco se expusieron argumentos plausibles para alcanzar a comprender la premura por dictar sobreseimiento sin producir la prueba requerida, que en definitiva podrían llegar a echar luz al suceso investigado.

En razón de ello, la resolución que confirma el sobreseimiento del imputado resulta cuanto menos prematura y al no aparecer sustentada en razones que la avalen, también debe ser calificada de arbitraria por tener sólo una fundamentación aparente que la invalida como acto jurisdiccional.

Por ello y por coincidir con las restantes razones expuestas por mi colega preopinante, adhiero al voto que antecede en cuanto propicia hacer lugar al recurso interpuesto por la señora Fiscal General, sin costas, anular la resolución recurrida y la de fs. 6/7 por ser su antecedente necesario y, en consecuencia, remitir las actuaciones a su origen a fin de que continúe con la sustanciación del proceso (artículos 123, 404, 456 inciso 2/, 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

El señor juez doctor Eduardo R. Riggi dijo:

Que por sus fundamentos y conclusiones, adherimos a la propuesta enunciada por los colegas preopinantes, y formulamos nuestro voto en igual sentido.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la señora Fiscal General, sin costas, ANULAR la resolución recurrida y la de fs. 6/7 por ser su antecedentes necesario y, en consecuencia, remitir las actuaciones a su origen a fin de que continúe con la sustanciación del proceso (artículos 123, 404, 456 inc. 2/, 471, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Fdo: Liliana Elena Catucci, Eduardo R. Riggi y Mariano H.

Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin, Secretaria de Cámara.