Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-05-17


2º Instancia.- Salta, de Mayo 2 de 2012 El doctor Domínguez dijo:

I) Antecedentes: A fs. 258 el doctor Gustavo Gutiérrez apela la sentencia definitiva de fs. 254/257 en cuanto rechaza la demanda de daños por él incoada. En consecuencia, funda sus agravios a fs. 263/271 en base a las tres premisas -dice- en que se asienta el pronunciamiento recurrido y que a su entender resultan arbitrarias; subsidiariamente, recurre la imposición de costas solicitando lo sean por el orden causado en atención a las circunstancias que rodearon el caso y la posición débil del consumidor que tiene acceso gratuito a la defensa de sus derechos.

En tal sentido, las referidas premisas identificadas y atacadas por el apelante serían: 1) Primer Premisa: la actora no niega "que las reparaciones anteriores hayan sido defectuosas y que ellas impidieran que la demandada pudiera reparar el tren delantero." Al respecto, manifiesta que ni en su demanda ni en la prueba confesional jamás se hizo tal aseveración, sosteniendo que justamente se negó de modo tajante tal hecho. Agrega que la carga de probar es para quien afirma no para quien niega. 2) Segunda Premisa: está es subdividida en tres partes, a saber: 2.1) los supuestos arreglos realizados en otro taller, 2.2) la persistencia irrazonable del actor para que la demandada arregle el automóvil y 2.3) la capacidad técnica de la empresa._ En cuanto, al punto 2.1) hace un recorrido por las pruebas producidas sosteniendo que ninguna de ellas arriba a la conclusión de que la intervención previa de otro taller importara un obstáculo para la reparación por parte de la demandada; en cuanto al punto 2.2) critica los términos de expresión de la sentencia y en cuanto al último punto 2.3) dice que el vehículo fue recibido sin condicionamiento alguno, sin reserva de derecho de analizar la viabilidad de la reparación y hacer saber de ello al consumidor, violando el deber de información del artículo 4 de la Ley 24.240. Destaca que además se hizo un presupuesto para una reparación luego inviable. Como corolario expresa que la firma es la única concesionaria en Salta y que al consumidor no le es oponible la impericia de los contratistas de la firma prestataria del servicio. Concluye entonces que la premisa relativa a que mediaba una imposibilidad técnica de reparar el vehículo es falsa siendo el fallo arbitrario. 3) Tercer Premisa: La ausencia de dolo o culpa grave. Al respecto, la apelante manifiesta que de la parafernalia de cartas documentos surge la conducta dolosa de la demandada que se tradujo en el abuso de poder y trato indigno que -sostiene- se tuvo para con su persona.

A fs. 276/280 responde el traslado del memorial la contraria quien acusa de insuficiente la fundamentación del recurso y solicita se lo declare desierto. Subsidiariamente, defiende el rechazo de la demanda sosteniendo que su parte jamás se negó a la reparación del vehículo demostrando siempre la voluntad de hacerlo. Asimismo, manifiesta que se cumplió acabadamente con los obligaciones que le impone la ley de defensa del consumidor en cuanto notificó los informes técnicos en su poder. Destaca la falta de buena fe del actor en ocultar el estado real del vehículo al momento de dejar el mismo en el taller.

II) La solución del caso: A los fines de un mejor ordenamiento trataré separadamente las siguientes cuestiones:

II.a) La deserción del recurso: En primer orden, atento el pedido en el sentido que resultan insuficientes los agravios expresados por la actora al sustentar la apelación, cabe señalar que nuestra Corte de Justicia de la Provincia y la propia Cámara de Apelaciones que integro, de manera uniforme sigue la jurisprudencia y doctrina que sostiene un criterio amplio en orden a la valoración de la suficiencia de los agravios por ser el que mejor armoniza con el derecho de defensa y con el sistema de la doble instancia. Así, se dijo que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la valoración de la expresión de agravios debe estarse a favor de su idoneidad (C.J. Salta, 22-12-92, Rondoni vs. Eckardt, Libro 44, fº 1109/1113; CApelCCSalta, Sala I año 1998, fº 357/358; 1992, fº 101/102; 1995, fº 442/445; 2000, fº 402/403; 2001, fº 205/206; id. Sala III, año 1993, fº 901; año 2001, fº 415; año 2003, fº 232); y también se sostuvo que aunque el escrito adolezca de defectos, si contiene una somera crítica de lo resuelto por el juez, suficiente para mantener la apelación, no cabe declarar desierto el recurso (CNFed., Sala Cont.Adm., L.L. 121-134; Id., L.L. 127-369; CApel. CC. Salta, Sala III, 19-2-03, año 2003, fº 49). _ Ello así, considero que los agravios vertidos por la accionante resultan suficientes ya que ha señalado los desaciertos que le achaca a la sentencia y han fundado en derecho sus agravios, más allá del mérito en sí del recurso._ Sentado entonces que el recurso de la actora resulta autosuficientes en los términos de la ley ritual procede el análisis de la cuestión de fondo.

II.b) La pretensión del actor: Conforme comenta Loutayf Ranea (El recurso ordinario de apelación el proceso civil, tomo 1, pág. 125, editorial Astrea, edición 2009), el tribunal de apelación en su ámbito de conocimiento tiene una doble limitación. Por un lado está ceñido por las pretensiones planteadas en los escritos introductorias del proceso; por otro, circunscrito por el tenor o alcance del recurso. Ello se traduce en lo dispuesto por el artículo 271 del Código Procesal.

Ello así, es dable me sitúe en la demanda donde a fs. 7, el accionante centra su pretensión al daño punitivo establecido en el artículo 52 bis de la ley de defensa del consumidor.

II.c) El daño punitivo presupuestos de procedencia: La ley 26.361, introduce el siguiente texto en el art. 52 bis: "Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley".

En función a dicho texto, la doctrina (L.L. Gran Cuyo, 2010 - octubre, 819; Stiglitz, Rubén S. Pizarro, Ramón D. en Reformas a la ley de defensa del consumidor, publicado en La Ley 2009-B, 949; Nallar, F. Improcedencia de los daños punitivos en un fallo que los declara procedentes, La Ley 2009-D, 96; entre otros.© Grosso, Claudio El daño punitivo, ED, 227; La Ley 2008-D, 1063) define que la naturaleza jurídica de este instituto es la de una multa civil pecuniaria que se destina a la víctima siendo su principal función la de prevención pues se busca que en el futuro ni el autor del daño ni el resto de la sociedad cometa este tipo de hechos graves, destacándose el carácter docente y ejemplificador. También se comenta que la otra finalidad es de carácter represivo en tanto busca castigar la comisión de este tipo de hechos.

En función a su naturaleza de multa se destaca la excepcionalidad de la figura. Tanto en el derecho comparado como en la doctrina nacional que se ocupa del tema se recalca que sólo procede en casos de particular gravedad o excepcionales. Esto significa que el juzgador debe emplearla con sumo cuidado, pues se trata de un instituto importado del derecho anglosajón, extraño a nuestro sistema jurídico que prácticamente no concibe la existencia de las llamadas "penas privadas" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, 18/11/2009,"Cañadas Pérez María c. Bank Bo citado en L.L. Gran Cuyo 2010 -octubre-, 819).

Asimismo, y al tratarse de una multa civil requiere para su configuración los siguientes elementos, a saber: 1) el elemento objetivo o hecho antijurídico, consiste en el "Incumplimiento de una obligación legal o contractual" sin tener en cuenta la conducta desarrollada por el proveedor (art. 52 bis). En este es el aspecto la doctrina y la jurisprudencia que se viene abriendo paso en la aplicación de la figura coinciden en que no basta con un mero incumplimiento para que proceda la multa pues ello no condice con la naturaleza punitiva y disuasoria de la figura, sino que debe estarse frente una grave falta en la relación de consumo pues no trata del resarcimiento del daño sufrido por la víctima cuya indemnización va por otros carriles, sino que se sanciona y, principalmente, persigue una finalidad ejemplificadora; 2) en cuanto al elemento subjetivo, debe haberse actuado con dolo o culpa grave, o se haya obtenido enriquecimientos indebidos o abuso de poder.

II.d) El daño punitivo en el caso de autos: En el sub lite el apelante, inicia acción con fundamento en el supuesto ilícito en el que habría incurrido la demandada en hacer lo posible por no reparar el automóvil colisionado. Al respecto, destaca que la concesionaria le recibió el vehículo y también un adelanto en dinero por lo que la negativa posterior concretada finalmente en la devolución del vehículo, el supuesto trato indigno y obstaculización de la prestación del servicio de taller constituyen -en el entendimiento de la recurrente- incumplimientos contractuales pasibles de multa civil en los términos del artículo 52 bis de la ley de defensa del consumidor.

A lo fines de analizar si hubo negativa o reticencia, abuso de poder o trato indigno y si -de haberlo- ello constituyó un incumplimiento pasible de multa civil, debemos remitirnos a la prueba producida en estos obrados.

En tal sentido, del intercambio de cartas documentos reservadas en Secretaría como así también de la orden de reparación 0027766 de fecha 05/01/2010 tenemos que la accionante requirió el arreglo de los ítems allí definidos: tren delantero, revisión general y el presupuesto de chapa y pintura.

Es dable precisar que al dorso de tal instrumento se consigna que los trabajos a realizar son los especificados en la orden, lo que no puede ser de otra manera pues un entendimiento en contrario obligaría al locatario del servicio a pagar por trabajos que no son de su interés.

Bajo tal premisa, con fecha 12/01/2010 es decir solo siete días después -en plena época vacacional- de dejar el accionante el auto, la concesionaria remite una carta documento informando que no puede atender las averías bajo la modalidad autorizada en la orden de reparación, comunicando al usuario que del resultado de la revisión minuciosa del rodado eran necesarios una serie de trabajos según un procedimiento predeterminado de fábrica por lo que se le solicita retire el rodado como así también la seña o anticipo del presupuesto estimativo realizado. Es dable destacar que de la lectura de tal misiva no se divisa un negativa infundada a la reparación -como aduce la actora- sino que expresamente se señala que ello no es posible en los términos autorizados por la propia accionante.

Dicha comunicación es contestada por el recurrente con fecha 15/01/2010 donde -luego de un intercambio de negativas- autoriza a que se haga todo lo necesario a los fines de la reparación del vehículo. Ello es aceptado por la demandada en carta de fecha 20/01/2010, con los alcances de su último párrafo donde requiere la firma de un acuerdo en función a la magnitud y complejidad de los daños que presentaba el auto, cuestión esta última -adelanto- que no ha sido negada en ningún momento por la quejosa quien además relata en su demanda que el automotor había chocado contra un poste.

La accionante responde con fecha 25/01/2010 manifestando que la pretensión de renuncia de la garantía contemplada en el artículo 23 de la ley de defensa del consumidor que se prevé en el proyecto de acuerdo es nula y ratifica su autorización a la reparación sin condicionamiento alguno del vehículo.

Finalmente, con fecha 28/01/2010 la accionada solicita a la actora que se apersone a firmar una nueva orden de reparación que contemple el arreglo integral del vehículo, tome conocimiento del presupuesto de reparación y en su caso proceda a la aprobación del presupuesto, como así también lo invita a "convenir las condiciones de pago y garantías" por el servicio de taller. A tal fin, constituye nuevo domicilio. A lo que la apelante responde negativamente rescindiendo lo que ella entendía como contrato de reparación del vehículo y aduciendo haber comparecido con el escribano y no estar disponible la documental mencionada en la misiva anterior. Ello sin advertir que la comparencia con el escribano lo fue a un domicilio distinto al constituido justamente en aquella última notificación de la concesionaria.

Ello así, siguiendo el orden de los elementos que configuran el daño punitivo y que ya fueran señalados, tenemos que en cuanto al elemento objetivo no veo que exista incumplimiento contractual o legal alguno por parte de la demandada.

En efecto, en primer lugar cabe tener presente que la concesionaria no tenía una obligación contractual previa de reparación del vehículo en tanto el desperfecto se produjo como consecuencia de un choque contra de un poste (fs. 2 de la demanda). Producida la colisión el recurrente tenía la posibilidad o alternativa de llevar el vehículo a reparar a cualquier taller, de hecho así lo hizo (fs. 78 vta. prueba confesional), optando finalmente por recurrir al de la concesionaria.

Ahora bien, la elección del taller de la concesionaria a los fines del arreglo del auto colisionado por parte del consumidor no puede serlo en forma irrestricta pues resulta lógico y razonable que aquella valúe la necesidad de acordar los términos de la reparación. Ello en función a las particulares circunstancias y graves daños que mostraba el vehículo (prueba de informes de fs. 124 y fs. 129 y prueba pericial de fs. 203/209) con la intervención previa de un taller mecánico cuya labor -precaria o no- pueden producir efectos sobre la mecánica del vehículo (fs. 206/207). En consecuencia, tenemos que la solicitud realizada por la concesionaria al actor para que previamente a la reparación se convengan las condiciones de garantía en función a cómo se produjeron los hechos y frente a la situación de conflictividad que presentaba la relación con el cliente no se divisa como abusiva, ni como el ejercicio de una posición dominante, máxime cuando la recurrente reviste la calidad de abogado, dato que no es menor a los fines de analizar las circunstancias fácticas del caso (art. 512 del Código Civil).

En tal entendimiento, no puede el reclamo asentarse sobre la sola base de la recepción del vehículo por parte del taller cuando sabido es que conforme los usos y costumbres (punto V del Título Preliminar del Código de Comercio) cualquier negocio mecánico (oficial o no oficial) procede a recibir el automotor cuando el propietario lo deposita materialmente en el taller a los fines de su arreglo. Esta recepción no es definitiva ni configurativa de un acuerdo de locación de obra ni para el taller ni para el dueño del auto pues evidentemente falta la revisión adecuada del vehículo, el diagnóstico, la producción del presupuesto y su aprobación por parte del locatario.

En este caso en particular, se suma el hecho de que el rodado presentaba un daño complejo que requería de una revisión minuciosa antes de que cualquiera de las partes prestara su conformidad sobre lo que era materia de contratación. Por lo que la emisión de la orden de reparación en los términos ya explicitados como la recepción del dinero para la compra de repuestos de uno de los ítems de la primera orden de trabajo no puede considerase configurativos del perfeccionamiento de un contrato de locación de obra para la reparación del vehículo. Máxime cuando en el desenvolvimiento de las tratativas previas tendientes a definir cómo sería el arreglo del bien motriz en atención de las especiales circunstancias del caso, fue la recurrente quien se retiró de las negociaciones.

En función al contexto fáctico descripto, y especialmente a la última misiva de la concesionaria concluyo que no medió negativa o reticencia de ésta para proceder a la reparación; menos aún se ha acreditado abuso de poder o trato indigno y por ende no se divisa un incumplimiento que justifique la pretensión del actor, siendo innecesario analizar la concurrencia de los demás elementos constitutivos del daño punitivo.

Con fundamento en lo expuesto voto por el rechazo del recurso de apelación de fs. 258. Con costas al vencido en ambas instancias por el principio general de la derrota (art. 67 del Código Procesal).

En este último sentido, no median razones suficientes para apartarse del principio general establecido por la ley procesal. A tal fin debe tenerse presente que en reciente fallo la Corte Suprema (Fallo B638. XLVI de fecha 10/04/2012) abrió la instancia extraordinaria con motivo de la condenación de costas por su orden impuestas con fundamento en la existencia de jurisprudencia o doctrina discrepante por entender que no resulta ser razón suficiente para apartarse del principio objetivo de la derrota.

Si bien no es el caso de autos, es destacable el principio general allí establecido que "la exención de costas a la vencida sin apoyarse en elementos fácticos y jurídicos suficientes puede redundar en un injustificado aumento de la litigiosidad, puesto que, indirectamente, se incentiva la promoción de pleitos sin sustento legal, en los que bastaría citar alguna doctrina o jurisprudencia discordante para no tener que soportar los gastos del proceso" o -como en el caso de autos- donde bastaría aducir la calidad de consumidor para sustraerse de la imposición de costas. En este último aspecto cabe destacar que el beneficio de justicia gratuita de trámite dispuesto por la ley 24.240 no alcanza las costas del juicio pues si así hubiese querido hacerlo el legislador nada obstaba a establecer expresamente tal eximición.

El doctor Koehle dijo:

Que adhiero al voto que antecede.

Por ello, la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial I) No hace lugar el recurso de apelación deducido por el actor a fs. 258, en contra de la sentencia de fs. 254/257. Con costas a la parte vencida (art. 67 del Código Procesal). II) Cópiese, regístrese, notifíquese y baje.- Marcelo R. Domínguez.- Oscar G. Koehle.