marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Estado Provincial, emergencia previsional, Economía y finanzas, deuda pública, régimen de consolidación de deudas, pago en cuotas, jubilaciones, sentencia, ejecución de sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CENA, JUAN MANUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - INCIDENTE  DE APREMIO (CSJ EXPTE Nº 506-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-02

Cuando, por aplicación de lo preceptuado en el artículo 4 de la ley 11373, se garantiza la percepción de una deuda previsional en cuotas, se pone en evidencia que no estamos en presencia de una absoluta indeterminación en el mecanismo de pago que autorice a equiparar el caso a un "no pago", debiéndose también tener en cuenta que, en razón de la edad del actor -en el caso-, no se encuentra "prima facie" comprometida la posibilidad del cobro conforme al desenvolvimiento natural de los hechos. Pero no sólo que no se puede afirmar que se está ante una situación de "no pago", sino que tampoco podría sostenerse que haya una suspensión en el mismo, ya que el sistema de cancelación especial prevé un pago inmediato en cuotas, no concurriendo los supuestos de otras leyes de emergencia que lisa y llanamente dispusieron, por ejemplo, la suspensión de la ejecución de las sentencias. DEL VOTO DE LA MAYORIA. EN MINORIA EL DR BARRAGUIRRE.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Córdoba de Montesinos, María Celia c/ Casalonga, Horacio María s/ Nulidad y falsedad de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28

El valor económico del litigio, a los efectos de los artículos 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial, está representado por la valuación fiscal de los inmuebles que fueron objeto de donación y venta cuya nulidad decretó la sentencia de cámara, actualizadas a la fecha de interposición del recurso extraordinario, siendo carga ineludible del recurrente aportar los elementos necesarios para su determinación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Demanda, rechazo in límine
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ DE OVEJERO GRISELDA DEL J. c/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ DIRECCION DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-16

La ley procesal contempla el rechazo "in-limine litis", de pleno y oficiosamente, de las demandas que no se ajustan a las reglas formales que el propio ordenamiento estatuye(art.107 Ley 2297 y 329 C.P.C.C.).Por esta vía, el Juez puede y debe analizar por sí, no sólo el contenido meramente extrínseco del acto constitutivo que pone en marcha la jurisdicción sino -más aún- asumir un concreto contralor de la concurrencia de los presupuestos procesales, es decir de los requisitos de procedibilidad (admisibilidad extrínseca) de la pretensión.
Concesión errónea del recurso, recurso de inconstitucionalidad, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: ASESORÍA TUTELAR N° 1 ANTE LA CÁMARA CAYT c/ GCBA s/ ACCESO A LA INFORMACIÓN (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad ya que viene dirigido contra una declaración de caducidad, no contra una sentencia definitiva, por lo que no habilita, como principio, la jurisdicción de este Tribunal. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Accidente ferroviario, servicio público, indemnización, responsabilidad del concesionario vial
Materia: CIVIL
Carátula: Aldao Carlos Alberto c/ Trenes de Buenos Aires S.A. y otro s/ Lesión y/o muerte pasajeros trans. ferroviario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-23

La concesión del servicio público es el acto mediante el cual el Estado encomienda a una persona -individual o jurídica, privada o pública- por un tiempo determinado, la organización y el funcionamiento de un servicio de carácter público -"concesionario"-; quien actúa a su propia costa y riesgo, percibiendo por su labor la retribución correspondiente, que puede consistir en el precio pagado por los usuarios o en subvenciones y garantías otorgadas por el Estado, o en ambas cosas a la vez. La explotación del servicio público es llevada a cabo por el concesionario a su propia costa y riesgo. Ello significa que toda responsabilidad que derive de determinados hechos que se concreten el ejercicio de la concesión, le corresponde al concesionario. Ello así, puede concluirse que la transferencia de la gestión de un servicio al concesionario mediante la técnica de concesión conlleva que sea éste quien deba hacerse cargo de las indemnizaciones por los daños ocasionados por terceros, como bien lo juzgó la magistrada de la anterior instancia.
Fondo de comercio, derecho al local
Materia: COMERCIAL
Carátula: Costa de Vianni, Elsa Magdalena c/ Alonso, José Luis y Otros y-o Quien Resulte Ocupante s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-25

Un fondo de comercio es una universalidad de bienes formada por cosas y bienes que no son cosas, contándose entre los últimos "el derecho al local", esto es el título en virtud del cual se tiene el uso y goce del inmueble donde funciona el establecimiento.
Seguros, régimen de contralor, registro de productores asesores de seguros, corredor de seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  DE  SEGUROS  DE LA NACION s/ LATINE GROUP SRL YPROD. ASESOR DE SEGUROS REYES, VICTORIA Y JULIO CESAR BORDON.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-06

Del Dictamen Fiscal 99495:

Procede disponer la cancelación de la inscripción del registro de productores asesores de seguros cuando, -como en el caso-, surge que las pertinentes actuaciones se iniciaron por denuncias producidas por asegurados y una aseguradora, resultando que las operaciones de seguro en las que había intervenido la empresa de la que era representante legal el sancionado no se concertaron con una compañía de seguros, de modo que las personas carecían de cobertura pese a que abonaron sumas de dinero en concepto de primas que no ingresaron en ninguna compañía.
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, procurador general, Poder Judicial, proceso penal, defensor general de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: B, C. y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Homicidio   por promesa remuneratoria, etc. -Sanción a la Defens. General-   (Expte. CSJ Nº 138-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-12

No merece reproche constitucional el criterio de la Cámara a quo que distingue las facultades de Superintendencia propias de la Corte Suprema o de la Procuración General con el régimen disciplinario que regula la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que la sanción que el Tribunal le impuso dentro de un proceso a la Defensora General -defensora de una imputada- por infracción a los deberes de su cargo, lo es sin perjuicio de la que, eventualmente, pudiere entender la Procuración General que corresponde aplicar.
Medidas cautelares, sustitución de la caución
Materia: PROCESAL
Carátula: INMOBILIARIA URBE  S.A. c/ GONZALEZ JOSE s/ CUMPL. CONTR. INC. EJEC. HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-12

Las medidas cautelares poseen un carácter flexible, por el cual el órgano judicial se halla habilitado para determinar el tipo de medida adecuada a las circunstancias del caso y los sujetos activo y pasivo de la pretensión cuentan con la facultad de requerir, en cualquier momento, la modificación de la medida dispuesta. En este marco se encuentra la sustitución que consiste en la transformación de la medida decretada en otra menos enérgica, o bien en el reemplazo del bien o bienes originariamente afectados por otro u otros de valor equivalente. Ahora bien, en el último de los supuestos pesa sobre el deudor la carga de acreditar, sumariamente, el valor real de los bienes ofrecidos a cambio, así como su libre disposición.

No se puede sustituir en un embargo un bien por otro, si el que se ofrece está embargado, y para que proceda el levantamiento o modificación de la medida deben variar las circunstancias que motivaron el decreto de la cautela.
Procedimiento laboral, principio protectorio, despido por maternidad
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Peletay de Fernadnez, Fabiana M. c/ Cía.   Papelera  y  Distribuidora  S.R.L.  y/o  Echeverría,  Oscar  y Petrossi, Ricardo s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-06-22

Conforme al espíritu de la legislación laboral vigente, la estabilidad de la trabajadora se adquiere desde el momento de la concepción, y el derecho que genera un despido durante el embarazo no se encuentra subordinado al modo en que el proceso concluya, ya que la ley no fija condición alguna. Ello, en tanto la finalidad del art. 178 LCT apunta a la protección psicofísica de la madre y no sólo a asegurar los cuidados del recién nacido, de modo que si el hijo muere posteriormente o nace muerto, la madre no podrá recuperarse inmediatamente, siendo contradictorio con el principio protectorio privar de estabilidad a la trabajadora que se encuentra en tal situación.
Multa administrativa, pago, solve et repete, constitucionalidad, recursos administrativos, interposición del recurso, excepción de pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vuelta de Rocha S.A.T.C.I. (línea 64) c/ Comisión Nac. de Transporte Automotor s/ Resol. C.N.T.A. n° 535/94
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

En el art. 9 de la ley 21.844 se establece que "En todos los casos, previo a la interposición del recurso de reconsideración o apelación contra una multa impuesta, deberá satisfacerse el pago de la misma...". La C.S.J.N. ha admitido en reiteradas oportunidades la validez constitucional de las normas que supeditan la intervención judicial al depósito previo de las multas aplicadas por la autoridad administrativa (confr. C.S.J.N. Fallos: 247:181; 261:101, 312:2490, entre otros). No obstante, ha sostenido que configuran excepciones a este principio, aquellos casos en los que tal requisito legal, por su desproporcionada magnitud en relación con la concreta capacidad económica del apelante, tornara ilusorio el derecho que le acuerda el legislador en razón del importante desapoderamiento de bienes que podría significar el cumplimiento de aquél (confr. C.S.J.N. Fallos cit.).
Daño moral, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, ética profesional
Materia: CIVIL
Carátula: COLOMBO MURUA, Roberto Luis c/ TONELLI, Pablo Gabriel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-12

La denuncia de conductas que pudieren estar reñidas con las reglas de la ética que rigen a la actividad profesional de los abogados, efectuada ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, no configura, en principio, un accionar ilícito, en los términos del art. 1066 y concordantes del Código Civil, por más que, a la postre, resulte desestimada. Empero, si de los términos contenidos en la denuncia surgieren ofensas que pudieran encuadrarse dentro de la categoría de las injurias, dicha conducta sí debe ser catalogada como antijurídica y, por ende, procedería el daño moral reclamado.
Contrato de obra pública, director de obra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Proyectos Especiales Mar del Plata Sociedad del Estado c/ Seminara S.A.I.C.F. y otros s/ Cumplimiento de contrato. Cobro de multas. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

La responsabilidad del Director de Obra se debe encontrar en una persona física.
Defensa del consumidor, derechos de incidencia colectiva, acción de amparo, juicio sumario, juicio sumarísimo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DECOVI s/ Amparo Colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-01

Jorge Mosset Iturraspe, en su obra "Defensa del Consumidor" de Ed. Rubinzal y Culzoni, se pregunta ¿cuál es la normativa que tutela al usuario? Y dice mientras los derechos del concesionario están defendidos en las normas privatizadoras y en los reglamentos de servicios - que constituyen, junto con los pliegos de privatización y los contratos de concesión o licencia, el "andamiaje" a partir del cual puede entenderse el vínculo contractual existente tanto entre el Estado y los prestadores, como entre éstos y sus clientes -, los derecho de los usuarios a tener tarifas más justas y razonables aparecen consagrados en la Ley Nro. 24240 de Defensa al Consumidor, y pueden ejercerse por la vía sumaria o sumarísima, indudablemente para la defensa de los derechos de incidencia colectiva y no solamente por la vía del amparo, a la que alude la Constitución Nacional.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones de competencia, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DIANA, MARIA LUCIANA Y OTRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 308 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

Las resoluciones que se pronuncian sobre cuestiones de competencia, como regla, no satisfacen el requisito de definitividad exigido en el artículo 1 de la ley 7055.

Sin embargo, distintas razones de particular trascendencia imponen hacer excepción a dicha regla, pues, si bien normalmente son las alegaciones que el actor expone en su demanda las que definen la competencia, en autos se reclama indemnización por los daños y perjuicios que el Estado debería asumir con motivo de los servicios que presta a través de sus efectores dentro del ámbito propio del Ministerio de Salud y esta relación de los particulares con los servicios de salud estatal ha sido encuadrada fuera del ámbito contractual y, en nuestra Provincia, supone la competencia específica y especializada de los Tribunales de Responsabilidad Extracontractual.(De los Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Obligación alimentaria, determinación de la obligación alimentaria, porcentaje de los ingresos, salario mínimo, vital y móvil
Materia: CIVIL
Carátula: Tito, María Soledad c/ Hernandez, Marcia Melba y Otro/A s/ Daños y Perj. Autom. C/Les. o Muerte (Exc.Estado)(99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-03

Ante la inexistencia de prueba respecto de los ingresos del alimentante, resulta acertado acudir a indicios que permitan valorar su capacidad patrimonial, tomando el salario mínimo vital y móvil como parámetro a modo de base, puesto que, si no es posible la obtención de la prueba directa de los ingresos con que cuenta el obligado o no puede decirse que los mismos sean iguales todos los meses, la cuota debe fijarse con criterio amplio a favor de la prestación que se reclama y en razón de las necesidades a satisfacer.
Requisa personal, facultades de la autoridad de prevención, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: Pedernera, María José s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-18

La requisa efectuada por personal policial sin orden judicial se encuentra legitimada por la tarea previa de investigación llevada a cabo sobre la imputada a raíz de rumores que la sindicaban como vendedora de drogas por la que venía siendo investigada y observada en relación a su posible vinculación con ilícitos de igual tenor y por su actitud evasiva al momento de identificarla tratando de desvincularse del bolso en que transportaba el material estupefaciente. La disidencia expresó que correspondía anular todo lo actuado y absolver a la imputada si la requisa de la nombrada se fundó en la supuesta evasión al móvil policial y el intento de traspaso de la cartera en que transportaba el material estupefaciente, o a los "rumores" que la sindicaban como vendedora de drogas. (Dres. Ledesma -en disidencia-, Riggi y Tragant).
Seguros, seguro de responsabilidad civil, seguro de daños patrimoniales, asegurador, citación en garantía, acción directa, ley de seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA DE SEGUROS LA FRANCO ARGENTINA SA. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. CATAMARCA II s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-01

El art. 118 de la ley de Seguros sólo es aplicable al llamado "seguro de la responsabilidad civil", puesto que está incluido en la Sección XI de aquélla, que los regula, y no cabe sea extendido a otros supuestos, como son los "seguros de daños", toda vez que la norma establece condiciones de excepción (privilegio al crédito del damnificado, facultad de éste para citar al asegurador del responsable demandado con el efecto de que la sentencia condenatoria sea ejecutable también contra él). La citación en garantía constituye en realidad una acción directa. Manifiesta Halperin ("Seguros", 2a. ed.

actualizada por J. C. F. Morandi, Depalma, T. II, N° 97, p. 673) que "...la ley otorga esta acción directa toda vez que existe la posibilidad o peligro de que el producto de la subdeuda sea desviado de su destino lógico o natural.".
Derecho procesal, procedimiento laboral, carga de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: NAVARRO, PEDRO NOLASCO c/ LEPEZ, PEDRO ROMULO s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-07

Si no lo hace en el plazo de cinco días, que como todo el que se fija en el proceso laboral es de carácter perentorio (art.36 C.P.L.), Se pierde el derecho: y en consecuencia, la impugnación pierde virtualidad.
Poder de policía, facultades de la Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Masil S.R.L. y otras s/ Inconstitucionalidad, art. 2, ley 11.825
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15

Las facultades de los municipios en su condición de personas jurídicas públicas se hallan determinadas no sólo por el constituyente sino también por el legislador, pudiendo serles atribuidas en forma exclusiva o en concurrencia con otros entes territoriales o servicios estatales, como propias o delegadas por el Estado provincial.
Municipalidad, facultades de la Municipalidad, empleados públicos, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Portela, Bettina Isabel c/ Municipalidad de Vicente López s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-26

El criterio de evaluación empleado por el municipio a los efectos de racionalizar los recursos humanos y lograr una mayor eficiencia y jerarquización del servicio, resulta ser una cuestión sobre cuyo modo y oportunidad no existe norma que atribuya a la Corte la potestad de revisarla. A ello cabe agregar que no resulta admisible que se cuestionen por la actora las facultades genéricas de organización de la Administración comunal lo cual excede el ámbito de la competencia de este Tribunal.
Superior Tribunal de Justicia, recusación, rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: Reggiardo, Juan Alberto c/ Banco de Santa Fe S.A. s/ Recurso de inconstitucionalidad- Apremio por honorarios - Recusación  Ministros de la Corte (Expte.: C.S.J. Nro. 10 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-07

Resultan notoriamente improcedente y deben desestimarse de plano las recusaciones que no fundadas legalmente, importan la discusión de los recaudos necesarios para el ejercicio de su ministerio por parte de los jueces y secretarios de la Corte, cuestión no justiciable por vía de recusación de los particulares.
Recurso extraordinario federal, límites del pronunciamiento, defensa en juicio, sentencia arbitraria, ley federal, defectos en la fundamentación normativa, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Saliot,   Jean   Francoise  Raymond c/ Mase, Susana s/ nulidad de matrimonio - ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-15

Si bien la jurisdicción de la Corte queda condicionada a la medida en que la ha otorgado el tribunal a quo, y en el caso surgen ciertas dudas acerca de dicho alcance, la ambigüedad que pudiese resultar de las expresiones empleadas no puede tener por efecto restringir el derecho de la parte, cuyo debido resguardo impone la necesidad de atender los agravios con la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio, aunque no se haya interpuesto un recurso de queja, máxime cuando el vicio de arbitrariedad se funda en la prescindencia de una norma federal cuya interpretación se halla en tela de juicio, pues ambos aspectos se encuentran inescindiblemente unidos.
Revocación de sentencia, eximición de prisión
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GARCIA, FERNANDO ARIEL. s/ Contrabando de estupefacientes, incidente de exención de prisión de Karem Wozniak.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-21

No resulta ajustada a las constancias de la causa la resolución que no hizo lugar a la exención de prisión puesto que de autos no surge que hubiese alguna denuncia o actuaciones de prevención, asi como tampoco un requerimiento fiscal de instrucción, con respecto a la solicitante.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, tribunales de instancia única, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIOLI, MARIA L ORTEGA DE Y OTROS c/ EMPRESA CENTRAL SAN CARLOS s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.   QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 39-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-05-16

Adolece de defectos de fundamentación el escrito recursorio en el que, alegando el recurrente carencia de fundamentos normativos en la sentencia de la sala, no demuestra de qué manera los sentenciantes ciñéndose a la estricta normativa de una impugnación cerrada de metodología rigurosa y de temática restringida, hayan incurrido en arbitrariedad al considerar que las fallas atribuidas al pronunciamiento del colegiado no resultaban aprehendidas en los supuestos de los arts 564 y 566 del Código Procesal Civil y Comercial.
Responsabilidad de la obra social, responsabilidad civil, mala praxis, obligación de seguridad, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CIVIL
Carátula: GESTEIRA BALVERDE, RAUL c/ INSTITUTO NACIONAL DE SERV. SOC. PARA JUB. Y PENSIONADOS Y OTRO s/ RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-30

La circunstancia de haber convenido la obra social con el prestador médico la atención de sus beneficiarios hace nacer para aquella una obligación tácita de seguridad (el actor la invocó ya en la pieza de inicio, sin replica de pami) por la eficacia del servicio de salud contratado, obligación que la constriñe a responder -frente a los perjudicados- por la conducta dañosa de quienes se involucren como prestadores aceptados por ella en la atención de dichos beneficiarios. Porque, cabe destacar, la libertad de los afiliados no es absoluta en la elección del establecimiento asistencial, en tanto solo puede ejercerse respecto de los prestadores contratados a tal efecto por el PAMI, lo cual le veda desentenderse totalmente de la actuación de estos. Es sobre la base indicada que debe pronunciarse la condena de PAMI, independientemente de su facultad de seguir o no manteniendo el vínculo contractual que la ligaba a la clínica Los Cedros S.A., y del resultado del sumario que ella labró.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: LABORAL
Carátula: Bielli, Pedro José y otro c/ Bernardi, Oscar José y otros s/ Cobro de indemnizaciones laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Es inatendible el planteo cuya decisión carece de gravitación sobre el diferendo.