Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-06


Buenos Aires,	6	de julio de 2016 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. Como surge de la resolución anterior de este Tribunal (fs. 171/172), la titular de la Fiscalía de Cámara Sudeste interpuso recurso de queja (fs. 152/158) contra el pronunciamiento de la Sala I (fs. 137/143) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad agregado a fs. 124/128. Allí cuestionaba la decisión de esa misma Sala que revocó la de primera instancia y, en consecuencia, concedió la suspensión del proceso a prueba a Pablo Christian Cunningham, a pesar de la oposición fiscal (fs. 112/122).

Para denegar el recurso de inconstitucionalidad, la Sala interviniente consideró que el recurrente no había logrado plantear un caso constitucional.

2. Al tomar intervención en autos, el Fiscal General a cargo sostuvo la queja interpuesta, acompañó el efecto suspensivo solicitado -que fue resuelto de modo favorable por este Tribunal, el día 09/03/2016- y consideró que correspondía que se declarara la nulidad de la resolución cuestionada y se continuara con la tramitación del caso (fs. 162/169).

Fundamentos La juez Inés M. Weinberg dijo:

1. La queja fue presentada ante el Tribunal en tiempo oportuno (art. 33, ley n° 402) y por quien se encuentra legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad.

A su vez, la decisión recurrida resulta equiparable a una sentencia definitiva, toda vez que la suspensión del curso del proceso -pese a la oposición del acusador- contraría la continuación del trámite del expediente y conduce a la extinción de la acción penal, impidiendo al Ministerio Público Fiscal ejercer la pretensión sancionatoria. De este modo, no habrá otra oportunidad eficaz para que la recurrente haga valer sus razones constitucionales en torno a la invalidez de la suspensión del proceso a prueba decidida en el caso y pueda, de esta manera, llegar a disipar los agravios invocados de modo oportuno.

Por otra parte, la recurrente logra plantear un legítimo caso constitucional al cuestionar la interpretación realizada por los jueces de la causa respecto de la normativa aplicada al caso -arts. 76 bis del CP y 205 del CPPCABA-, al hallar lesionadas en el sub examine aquellas reglas constitucionales que estructuran el debido proceso en esta jurisdicción y establecen las competencias y atribuciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (arts. 13.3 y 124 y 125, CCABA).

2. El progreso de la pretensión esgrimida por la recurrente exige determinar la correcta inteligencia atribuible a diversas reglas constitucionales (arts. 13.3, 106, 124 y 125, CCABA) a fin de establecer si la interpretación formulada por la Cámara de la legislación infraconstitucional cuestionada las respeta.

Conforme aquellas previsiones, rige en el ámbito local el sistema acusatorio y la inviolabilidad de la defensa en juicio (cf. art. 13.3, CCABA), como también la autonomía funcional y autarquía del Ministerio Público Fiscal dentro del Poder Judicial, cuya función consiste en promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velando por la prestación del servicio de justicia y debiendo procurar, ante los tribunales, la satisfacción del interés social (cf. arts. 124 y 125, CCABA).

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo el ejercicio de la acción pública y el proceso penal está diseñado de forma tal que asegura una separación estricta entre las funciones de acusar y sentenciar, separación que además viene a resguardar la imparcialidad y la defensa en juicio (cf. art. 4, CPPCABA).

La titularidad de la acción penal lleva implícita su discrecionalidad, toda vez que no podrá concebirse dicha potestad si el fiscal careciera de facultades para tomar decisiones sobre su ejercicio.

3. El instituto debatido en autos y reglamentado por el código procesal penal local debe ser interpretado y aplicado a la luz de los lineamientos enunciados como rectores del sistema jurisdiccional local (arts. 13.3, 106, 124 y 125, CCABA).

En lo que aquí importa, el artículo 76 bis, cuarto párrafo, CP establece que "si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio" (el destacado me pertenece).

Por su parte el artículo 205 del CPPCABA complementa el artículo mencionado en lo relativo a la aplicación de la suspensión del proceso a prueba en el ámbito local, estableciendo que "la oposición del Ministerio Público Fiscal, fundamentada en razones de política criminal o en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el tribunal. Contra la decisión no habrá recurso alguno".

A la luz de lo expuesto, si bien compete al juez la facultad para otorgar la suspensión del proceso a prueba, el juicio de oportunidad acerca de la conveniencia de continuar o no con la persecución penal recae sobre el Ministerio Público Fiscal, representando su conformidad una condición necesaria para que pueda proceder dicho instituto.

En virtud de ello, el modo en que ha quedado resuelta la cuestión por la Cámara configura un manifiesto exceso jurisdiccional. En un proceso organizado bajo el esquema acusatorio -en el cual los fiscales tienen la potestad acusatoria y los jueces la función jurisdiccional-, la interpretación formulada por los magistrados no se acomoda a las previsiones constitucionales que deben regir la materia debatida en autos.

Las atribuciones arrogadas por los jueces de la causa en relación con el instituto aplicado, exceden aquellas que la ley procesal y la CCABA establecen. Los magistrados reemplazan con su actuación la que corresponde al Ministerio Público Fiscal, haciendo propio el ámbito de disponibilidad atribuido al titular del ejercicio de la acción penal, tomando el lugar de una de las partes del proceso.

La norma de fondo puntualmente exige el consentimiento expreso por parte del Ministerio Público Fiscal para otorgar la suspensión del juicio a prueba (cf. art. 76 bis del CP), sin que pueda suplir dicho requisito la falta de fundamentación de la oposición efectuada por el agente fiscal.

En definitiva, la pretensión de determinar el contenido de los actos del representante del Ministerio Público Fiscal a través de un alegado control de legalidad como el descripto, implica su reemplazo, provocando la alteración de roles de los actores del proceso y lesionando la estructura del sistema acusatorio local en vulneración de las reglas constitucionales comprometidas.

4. Por último corresponde hacer notar que la sentencia de la Sala I desconoce abiertamente la jurisprudencia de este Tribunal en "Incidente de apelación en autos Meta, José s/ infr. ley 13.944 (incumplimiento a los deberes de asistencia familiar) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 9429/12, resolución del 20/11/2013; "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavídez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP", expte. n° 6454/09, resolución del 08/09/2010, entre muchas otras sentencias. El principio de economía procesal debe guiar la actuación de los tribunales y, tal como es doctrina de nuestra Corte, los tribunales inferiores tienen el deber moral de seguir los lineamientos fijados por los tribunales máximos, con excepción del supuesto en que los primeros aporten nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por estos últimos ("Cerámica San Lorenzo", fallos 307: 1094, resolución del 04/07/85), lo que no ocurrió en el sub judice. En efecto, los fundamentos aportados por la Sala I no son adecuados ni suficientes para apartarse de la doctrina del TSJ.

5. Por lo dicho, corresponde: a) hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad planteados por el Ministerio Público Fiscal; b) revocar la resolución recurrida y c) dejar sin efecto la suspensión del proceso a prueba dispuesta en autos y ordenar que continúe el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren, conforme la regulación aplicable y lo indicado en las precedentes consideraciones.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

La cuestión que se debate en esta causa resulta análoga a la resuelta por este Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos Estigarribia, Federico Milcíades y otro s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. nº 6821/09, resolución del 13/10/2010.

En consecuencia me remito, en lo pertinente, a los argumentos y a la solución expresados en el precedente citado, del que se agregará copia para que forme parte de este pronunciamiento.

Por ello, corresponde hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad interpuestos, revocar la resolución de Cámara y dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba.

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

La cuestión aquí debatida resulta sustancialmente análoga a la analizada por el Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavídez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP", expte n° 6454/09, resolución del 08/09/2010. Consecuentemente, por las razones allí dadas -especialmente, en el punto 7 de mi voto- y las que desarrollé en "Porro Rey, Julio Félix s/ inf. art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 7909/11, resolución del 07/12/2011 -decisiones a las que me remito-, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad interpuestos, revocar la sentencia impugnada y dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren.

A su turno, ante la mención del fallo dictado por la CSJN in re "Acosta", que a fs. 97 vta. el tribunal a quo invoca, corresponde señalar que la CSJN, al describir la interpretación que allí descartó por arbitraria, dijo que la sentencia impugnada había sostenido ".que la conformidad fiscal con la procedencia de la suspensión del proceso no era vinculante y que '...al prever dicha figura en abstracto y en su máximo una pena de seis años de prisión, el beneficio se torna improcedente, pues supera el límite de tres años de prisión que impone el art. 76 bis, 1° y 2° párrafos del Código Penal'". En ese contexto, las referencias del máximo tribunal federal a un derecho a obtener una suspensión del proceso a prueba no pueden ser leídas con independencia de la circunstancia de que en el caso existía una voluntad fiscal favorable a la concesión del beneficio y que era el juez quien se había negado a otorgarlo con base en una interpretación de la ley que la Corte Suprema desechó por errada. Así las cosas, del precedente mencionado no puede extraerse una conclusión contraria a la aquí postulada (v. entre otros, el punto 8 de mi voto en "Porro Rey" ya citado).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja obrante a fs. 152/158, si bien fue interpuesta por escrito, en término y ante el Tribunal (art. 33 de la ley n° 402) debe ser rechazada. El Sr. Fiscal de Cámara no ha logrado conmover los argumentos que llevaron a la Cámara a denegar su recurso de inconstitucionalidad, ni da fundamentos suficientes para sustentar sus afirmaciones.

2. La Sala I de la Cámara, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad (fs. 137/143).

En cuanto a la arbitrariedad invocada por la recurrente, el a quo sostuvo que ni la mera invocación de agravios ni la simple alusión a disposiciones normativas resultan suficientes para la admisibilidad del recurso intentado y que, en este punto, el planteo solo deja vislumbrar discrepancia con la solución alcanzada (fs. 140). Puntualmente, respecto de la alegada falta de fundamentación de lo resuelto debido al momento en que el imputado cumplió con los recaudos de abandonar el arma en favor de Estado y cumplir con el pago del mínimo de la multa previo a la concesión de la suspensión del proceso a prueba, los jueces de la mayoría respondieron que "la sola discrepancia de la impugnante con el momento en que se debió dar cumplimiento a dichos recaudos no torna per se en arbitraria la decisión cuestionada (.) Por otra parte, es dable destacar que tampoco la Dra. Guagnino, al momento de dictaminar, realizó cuestionamiento alguno respecto a que la omisión de dar cumplimiento a dichos recaudos en forma previa a la solicitud de la probation resultaba un impedimento para su concesión, lo que ahora pretende cuestionar como agravio constitucional" (fs. 139 vuelta).

En cuanto a la concurrencia de un caso constitucional, los jueces entendieron que "la alusión genérica a principios de jerarquía constitucional, presuntamente afectados por la decisión de la Alzada, no implica el planteo de un caso constitucional" (fs. 140) y en cuanto a los precedentes jurisprudenciales de este Tribunal y de la Corte Suprema citados por la recurrente en apoyo de la existencia de caso constitucional, los jueces indicaron las razones por las cuales aquellos precedentes no eran de aplicación al caso, en los términos planteados por la Fisca de Cámara en el recurso declarado inadmisible (fs. 141).

Finalmente, en relación con los agravios derivados de la crítica que uno de los jueces de la Sala efectuó sobre el alcance dado por la jurisprudencia de este Tribunal al sistema acusatorio al momento de conceder la suspensión del proceso a prueba, el a quo sostuvo que a pesar de no contar con el acuerdo de la fiscal frente a esa crítica, ello no constituye la violación de garantía o derecho constitucional alguno (fs. 141 vuelta /142).

La quejosa omite responder a cada uno de los argumentos expuestos en los párrafos precedentes que son los que condujeron al rechazo de recurso intentado. Por el contrario, se limita a considerar dogmáticas las afirmaciones del a quo, afirma que lo resuelto es fruto de un exceso jurisdiccional sin indicar fundamentos e insiste con la corrección de los planteos propios del recurso de inconstitucionalidad (fs.152/158) que, como he dicho en reiteradas ocasiones, no suple la crítica que exige el recurso de queja para prosperar.

Es pertinente recordar que es requisito necesario de la queja que ella contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (cf. TSJ in re "Fantuzzi, José Roberto y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Fantuzzi José Roberto y otro s/ art. 57 bis Causa 665-CC-2000'", expte. nº 865/01', resolución del 09/04/01).

3. Por lo expuesto voto por rechazar la queja.

Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de queja interpuesto.

2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la resolución de Cámara del 11/09/15 y dejar sin efecto la suspensión del proceso a prueba, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren.

3. Agregar a este expediente copia de la resolución dictada por este Tribunal el día 13/10/2010 en los autos "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos Estigarribia, Federico Milcíades y otro s/ inf. art. 189 bis, CP'", expte. nº 6821/09, como parte integrante del voto del juez José Osvaldo Casás.

4. Mandar que se registre, se notifique con copia de la resolución indicada en el punto anterior y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

La jueza Ana María Conde no firma por encontrarse en uso de licencia.