marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Verificación de créditos, honorarios, competencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: ALASINO, HECTOR EN: VIEYRA NOE, FRANCISCO s/ QUIEBRA  - INCIDENTE  DE  REVISION  -  VERIFICACION  DE  CREDITOS  -  HONORARIOS  -  REGULACION  CON  POSTERIORIDAD  A  LA  DECLARACION  DE  QUIEBRA  -  VALOR  DE  LA  COSA  JUZGADA  - JUEZ  COMPETENTE PARA LA  REGULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-26

La regulación de honorarios practicada en juicios contra el fallido, que da motivo a un pedido de verificación de créditos, y que lo ha sido con posterioridad a la declaración de la quiebra del fallido, se encuentra esta situación, atrapada en lo dispuesto en la segunda parte del art. 136 L.C., con respecto a las circunstancia de que la regulación se ha practicado en etapa ejecutoria, estando esta paralizada y no habiendo intervenido el Síndico.

En un juicio atraído por la quiebra, quien es competente para la fijación de honorarios, es el Juez Concursal. De esta manera, se llega a la conclusión de que la regulación practicada por quien no fuera juez competente y frente a la carencia de defensa por parte de la sindicatura es nula de nulidad absoluta y esa sentencia no tiene autoridad de cosa juzgada.
Régimen penal cambiario, aplicación temporal de la ley penal, modificación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Cristalux S.A. s/ ley 24.144
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

No es posible predicar del régimen cambiario ordenado por el decreto 2581/64 el carácter temporario o eminentemente variable, y su modificación es mucho más que la mera alteración de elementos circunstanciales.

-De la disidencia del Dr. Petracchi emitida en el precedente "Ayerza"-.
Sanciones aduaneras, prescripción, notificación, interrupción de la prescripción
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: Ultraocean S.A. (T.F. 8672-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

La notificación de la resolución recaída en el sumario, no es un requisito para dotar a ésta de efectos interruptivos del plazo de prescripción para aplicar la sanción impuesta, pues el inc. d) del art. 937 del C.A. es categórico al establecer que dicho plazo se interrumpe por "el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera", que es cuando el Estado manifiesta su voluntad y ejerce su poder de punición. (Del voto de la juez Herrera, consid. 3º).
Costas, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Provincia de Tucumán -DGR c/ Maria Angela Uña de Carletto E Hijos S.H. s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-12-18

Dado que la imposición de costas y la regulación de honorarios son institutos independientes entre sí, aún cuando en un proceso no existiese imposición de costas, la regulación de honorarios practicada deviene procedente.
Municipalidad, remuneración, política salarial, paritarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ventura, Santos Luciano c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Extraordinario. Recurso contencioso administrativo de plena   jurisdicción (Expte. CSJ No. 181-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-07-29

La facultad de establecer un mecanismo para fijar las retribuciones del personal municipal reconoce límites, tales como las exigencias de la razonabilidad, que deben guiar toda la actividad administrativa; concluyéndose en que los regímenes salariales determinados por la Comisión Paritaria, si bien podrán no conformar a determinado sectores del personal, en modo alguno pueden entenderse arbitrarios.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de enseñar y aprender, docentes, carrera docente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GABRIEL DARIO ARENZON c/ ESTADO  NACIONAL  ARGENTINO (MRIO. DE EDUCACION) - DIRECCIONNACIONAL DE SANIDADESCOLAR. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-15

Si bien es cierto que los docentes del "pre-primario" y "primario" trabajan sobre una circunstancia humana particularmente sensible, y que sus personalidades (no sus meras apariencias) se convierten en modelos de identificación de los niños y los estampan significativamente en su futuro comportamiento social, también es verdad que el Estado tiene en la educación un interés vital. Por lo mismo, cabe preguntarse si no sería más compatible con la estructura democrática de aquél, antes que el requisito del metro y sesenta, para poder ingresar a la carrera docente, la exigencia de un juramento de lealtad a la Constitución Nacional que incluya el expreso compromiso de repudiar desde la cátedra la promoción por parte de cualquier persona, simple ciudadano o funcionario de los poderes constituídos, de toda idea o acto que conduzcan al desconocimiento de sus principios y garantías fundamentales.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

La competencia del artículo 93, inciso 2do de la Constitución Provincial se funda en razones políticas y técnicas toda vez que por la vía contencioso administrativa se juzga a la Administración como poder público y además se trata de contar con una especialización jurisdiccional en toda la materia gobernada por el Derecho Administrativo. (Del voto del Dr. Ulla).
Acto administrativo, Poder Ejecutivo, decretos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BAEZA FERNANDO ALBERTO P.S.A. HOMICIDIO CALIFICADO s/ CASACION  PENAL  -  ACTO  ADMINISTRATIVO - MINISTERIO FISCAL - JUICIO  PENAL - NULIDAD - MAGISTRADOS - DESIGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-05-23

El decreto del poder ejecutivo de la provincia modificando la fecha originaria de la aceptación de la renuncia de un fiscal de cámara con posterioridad a su notificación invocando para ello razones de conveniencia, como lo son la 'continuidad' y 'validez' de los actos procesales, cumplidos luego de la fecha de publicación del primigenio decreto por el cual se acepta la renuncia de aquel hasta la finalización del acta de debate, no constituye un acto administrativo, dado que no pertenecen a esta categoría aquellos que se refieren, como en este caso, a las relaciones entre distintos poderes del estado, pero, si se trata, del acto de un poder cuyo objeto es permitir la organización y subsistencia del otro, razón por la cual la revisión se circunscribe al contralor constitucional de la competencia del órgano, si bien, en el sub-examen, lo que esta en juego no es la competencia del Poder Ejecutivo para aceptar la renuncia del magistrado, sino para volver a vincular a quien ya había cesado en su ejercicio.
Juicio ejecutivo, subasta de inmuebles, extinción de las obligaciones, compensación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MONMANY   CARLOS c/ CABRERA  ALFREDO  Y  OTROS s/ ejecuciónhipotecaria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-14

1. Será procedente rechazar el pedido de la coejecutada tendiente a liberar el inmueble subastado en autos con sustento en, que el adquirente en subasta no hubiere depositado aun el precio. Ello así en tanto el crédito ya se había declarado compensado con el crédito del actor -acreedor hipotecario y adquirente del inmueble-, y además, el Juez interviniente dispuso proceder a la posesión del inmueble e intimó a los ocupantes de este último a desocuparlo, por tanto, el pedido de sobreseimiento de este juicio es extemporáneo. 2. En efecto, el artículo 583 Cpr subordina la factibilidad de la liberación del inmueble subastado, en caso de existencia de un saldo de precio, a que el comprador no lo haya pagado oportunamente, o que, en su caso, aún no haya sido tenido por oblado o compensado el precio de venta con el crédito del adquirente. A mayor abundamiento, al aprobarse el remate, no fue dispuesto que el comprador en subasta debiera abonar un saldo de precio, lo cual deja carente de fundamento el reclamo de la coejecutada, que parte de la premisa contraria.
Recurso de apelación (procesal), facultades del juez, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: GUTIERREZ, Miguel Angel c/ Provincia del Chubut s/ Indemnización por Accidentes de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-03

"aún con los límites de los agravios -tantum devolutum quantum apelatum-, debe recordarse que en el sistema procesal de la Provincia, que es también el del Código Procesal de la Nación, rige el principio de plenitud de la jurisdicción, por el cual el órgano de la apelación goza de amplias libertades respecto del objeto litigioso sometido a su consideración, pues falla sobre los hechos y el derecho con las mismas posibilidades que el a quo.
Ahorro obligatorio, decreto reglamentario, interpretación de la ley, depósito tardío, actualización monetaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Cooperativa Agrícola Tambera James Traik Ltda. (T.F. 9016-I) s/ apelación Tribunal Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

El art. 14 del decreto 2073/85, en cuanto estableció la obligación de ingresar actualizado el ahorro que se deposita fuera de los plazos fijados para su vencimiento, excedió los términos de la ley que pretendía reglamentar (conf. esta Sala in re, 23/3/95 "Industria Argentina de la Indumentaria S.A.", y jurisprudencia de la Corte Suprema allí citada).
Empleados de banco, jubilación por invalidez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casañy, Pascual Miguel c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-01

Corresponde anular la resolución de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la que se declaró la caducidad de la jubilación por invalidez anteriormente acordada al actor, si dicho ente no arbitró los medios a su disposición para determinar el significado y alcance de los porcentajes de incapacidad establecidos en los informes médicos y aclarar en modo suficiente si los mismos se referían a la incapacidad laboral en general, tomando pautas y tablas no específicas. Sobre todo, cuando tales informes no eran coincidentes con los producidos en años anteriores, respecto de la permanencia e irreversibilidad de la lesión padecida.
Deberes del juez, aplicación de tratados internacionales, jerarquía de las leyes, Convención de los derechos del niño
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: P., F.E. c/ P., E.N. s/ PROCESO ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

La jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 75, inc. 22, Constitución Nacional), impone a los señores Magistrados el deber de operar considerando modificadas o derogadas las disposiciones que vulneren, desconozcan, restrinjan o contradigan los derechos de la infancia, sin necesidad de que tales disposiciones infraconstitucionales sean expresamente abrogadas o reformadas.-
Daños y perjuicios, relación de causalidad, culpa concurrente, responsabilidad de la provincia, servicio público, deficiencias en el servicio, registro de la propiedad inmueble, culpa de la víctima, negligencia, hipoteca, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Hugo O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Concurre en la cadena causal generada por el deficiente servicio prestado por el registro provincial la conducta negligente del actor que omitió toda diligencia tendiente a acreditar la real posesión del inmueble por parte del deudor hipotecario (Disidencia del Dr. Julio S. Nazareno).
Competencia civil, juicio ejecutivo, Subterráneos de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: EXPRINTER CASA BANCARIA S.A. c/ SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES s/ EJECUTIVO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

Es competente la Justicia Nacional en lo Civil para entender en la acción iniciada a fin de preparar la vía ejecutiva respecto de pagarés emitidos por Subterráneos de Buenos Aires, ya que se trata de una sociedad del Estado, cuyo capital se encuentra en manos de la M.C.B.A., siendo además la Comuna el ente bajo cuya órbita se regula el servicio prestado por la empresa -conf. arts. 1 y 2 de la ley 22.070-.
Contrato de obra pública, obligaciones, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cobraco Sociedad Aanónima c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 164-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-04

El deber de buena fe con que deben conducirse las partes en los contratos administrativos constituye una mera derivación la doctrina de los actos propios, según la cual "nadie puede invocar un derecho que esté en pugna con su propio accionar, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz".
Recurso contencioso administrativo, prueba documental, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Acst, Nestor Salomón Manuel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción-Impugnación  de prueba (Expte. C.S.J. Nro. 559 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

En el juicio contencioso administrativo debe admitirse la posibilidad del ofrecimiento de la prueba documental hasta tanto no se haya dictado la sentencia de mérito.
Licencia de conducir, instrumentos públicos, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: VENEZIANO, José. s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-14

El análisis de la legislación vigente, en particular las previsiones que surgen de la ley 24.449, determinan que la licencia de conducir reúne los requisitos de instrumento público, incluso para una interpretación de ese concepto ceñida a las previsiones del art.

979, inc.2, C.C.(*).
Martillero, honorarios del martillero, comisión del martillero
Materia: CIVIL
Carátula: DEUTSCHE BANK ARGENTINA c/ LOPEZ, Julio Fernando s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

Del voto de la mayoría(Dres. Alvarez y Daray):

En tanto existen diferencias que impiden equiparar la retribución del martillero (no prevista legalmente en el orden nacional) a la del corredor, alcanzada por el art. 77 de la ley 24441, y ante la ausencia de previsión legal en cuanto a la comisión de aquél, corresponde estipular la de costumbre que, en materia de inmuebles, es del 3 por ciento del precio obtenido en la subasta.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, costas, costas al vencido, costas en el orden causado, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gomez, Angel y otros c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Cobro de pesos s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-12

En el sub lite resulta ajustada a derecho la imposición de costas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pues la actora se vio obligada a accionar judicialmente por el reconocimiento de un derecho que le asistía. Ello aún en el caso de que la pretensión de los demandantes fuera reconocida por decreto, bajo la condición de que éstos desistieran de la acción y del derecho solicitando la imposición de costas por su orden; pues su aplicación implicaría una disminución en el monto reclamado por los actores. Máxime cuando mediante el dictado del decreto se reconoció el derecho de los actores y, además, que la finalización del proceso no significa el pago inmediato de las sumas que mediante la norma señalada se reconoce a aquéllos, sino que su efectivización se realizará de acuerdo a las disposiciones normativas que así lo dispongan.

Por otra parte no debe dejarse de lado que el accionar de la demandada obligó no sólo a los actores a iniciar el reclamo judicial en procura de sus derechos sino que el reconocimiento del Gobierno de la Ciudad fue posterior a la oposición de excepciones y al cuestionamiento de la deuda.
Recurso de inconstitucionalidad, autosuficiencia, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, despido indirecto, violencia laboral, mobbing, injuria laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., V. M. c/ R., R. O. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-07

La interesada omite reseñar debidamente lo acontecido en la litis, especialmente, los escritos de demanda y contestación, la sentencia de primera instancia, entre otras, como así tampoco detalla de forma suficiente las constancias y pruebas relevantes que existirían en el expediente y que el Sentenciante examinó en forma puntual al juzgar; y dadas las mencionadas carencias, la recurrente no logra controvertir las consideraciones en las que la Alzada decisivamente motivó su decisión al juzgar acreditado que la ruptura de la relación laboral había sido motivada en la inacción por parte de su empleador frente a una situación de violencia laboral, como configurativa de una injuria suficiente, al no detener la conducta violenta a pesar de las reiteradas reclamaciones expresas de la trabajadora. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi)
Concursos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pintado, Hector R. s/ Quiebra - Recurso de queja Pintado, Hector R. s/ Quiebra - Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16|1995-02-16

Son fundamentos suficientes para que se rechace el recurso de apelación, contra el auto que desestima el pedido de quiebra: 1º la inexistencia de un juicio de antequiebra en nuestro ordenamiento legal y 2º la inexistencia de gravamen para el acreedor que la solicitó, pues tiene abierta la vía para intentar nuevamente acreditar el estado de cesación de pagos o la acción individual.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, interdicto de obra nueva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Correa, Obdulia c/ López de Muñoz, Margarita s/ Interdicto de obra nueva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

El art. 278 del Código Procesal se refiere a la litis en relación al proceso en que se deduce el recurso extraordinario. Y no hace excepción cuando acciones posteriores fueren aptas para lograr una ulterior reparación; la circunstancia de quedar abierta la vía para obtener tal posterior reparación no obsta que la sentencia recurrida haya puesto fin a la litis. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Facultades tributarias, Municipalidad
Materia: TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO
Carátula: F. SA y Otros c/ Municipalidad de Rawson s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-28

La Constitución Provincial reconoce a los municipios autonomía financiera (art. 225), así como competencia para establecer y percibir impuestos y contribuciones (art. 233, inc. 3), por lo que el ejercicio de esta facultad, dentro de los límites de la jurisdicción territorial de cada estado municipal, es liminarmente incuestionable.
Jubilaciones, adicional por antigüedad, adicional por título, aportes previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguirre Alfredo c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba s/ Contensioso Administrativo - Plena Jurisdicción - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-02-09

1- Le asiste al actor el derecho a que las diferencias de haberes reclamadas le sean liquidadas a partir de la fecha del otorgamiento del beneficio previsional pro aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 inciso a) de la Ley 8024.

Ello así, por cuanto del referido precepto surge indubitable la intención del Legislador de preservar la irreductibilidad y proporcionalidad de las remuneraciones del trabajador en actividad, conforme los principios previsionales consagrados en el artículo 57 de la Constitución Provincial.

En esa inteligencia, aún cuando la referida norma no contemple expresamente la situación del accionante, quien no percibió mes a mes sus salarios, sino que por un acuerdo transaccional arribado con su empleadora, le fueron reconocidos como servicios efectivos los computados desde la fecha de la baja (antigüedad) hasta la fecha de aprobación del acuerdo, es dable entender, como así también lo admitió la accionada para el cómputo del haber básico, que debía liquidarse desde de la fecha fijada convencionalmente como cese de servicios, a partir de la cual debe entenderse que el actor dejó de percibir remuneraciones de la Provincia de Córdoba.

2- En consecuencia, corresponde que la Caja reconozca en forma íntegra todas las remuneraciones propias del cargo detentado por el peticionante -Jefe de Sala de Fiscalía de Estado-, incluidos los adicionales por antigüedad y título universitario (art. 8 ib.), desde la fecha en que resolvió otorgarle el beneficio jubilatorio y no como consideró el Tribunal a-quo en base a una errónea aplicación del inciso e) del artículo 47 ib., a partir de la fecha en que el accionante le hiciera conocer a la Caja que se le estaban por liquidar mal sus haberes, al no contemplarse los referidos adicionales, siendo que la Provincia efectivizó a la Caja los aportes tales adiciones por todo el período de servicios reconocidos, razón por la cual no podría denegarse la pretensión, sin contrariar el principio de enriquecimiento incausado.
Locación de inmuebles, plazo de la locación, plazo mínimo, arrendamiento no afectado a vivienda, restitución del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: NAVARRO DE RODRIGUEZ, Ada Angela c/ GIL HERRERA, Juan Armando s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-03

Los plazos mínimos legales en materia de locaciones urbanas tienden a la protección del inquilino, en cuyo favor se contemplan, de donde éstos bien pueden renunciar a ellos y restituir la cosa al término del plazo convenido en el contrato.

Por lo tanto, vencido el plazo de dos años pactado para el alquiler de un inmueble de utilización comercial, si los locatarios restituyeron voluntariamente la cosa, no corresponde la aplicación de oficio del artículo 2º de la ley 23.091.-
Gestor judicial, ratificación de actos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Debelluk  Tomás Darío c/ Servicio Penitenciario Federal y otro s/ accidente de trabajo-enfermedad Profesional acción civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-10

El acto ratificatorio, aun cuando fuera concretado tras el vencimiento del plazo del art. 48 del ritual, comporta el saneamiento de la nulidad prevista en la norma si existe admisión expresa o tácita de la contraparte y no ha mediado, hasta entonces, alguna decisión judicial en sentido contrario (conf. Sala 1, causa n° 5970/05 del 1.6.10 y sus citas; Sala 3, causa n° 3474/02 del 15.2.07, entre muchos otros).