Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-24


SENT Nro. 939 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 24 DE NOVIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el representante de la demandada en autos: "Cabrera de Fernández, Irma Olga vs. Sanatorio del Norte S.R.L. s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por el representante de la demandada doctor Luis Gustavo Manso en contra de la sentencia nro. 1 del 4 de febrero de 2003 dictada por la Sala I de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones en la que rechaza el recurso de apelación interpuesto. El mismo tribunal concede el recurso casatorio en resolución de fecha 22 de abril de 2003.

2.- El 22 de mayo de 1989 la señora Irma Olga Cabrera de Fernández fue internada en el Sanatorio del Norte para practicarle una operación quirúrgica de vesícula. Esta intervención provocó complicaciones post operatorias de hemorragias y coágulos que obligaron la realización de una nueva operación como consecuencia de una supuesta coagulopatía. Como consecuencia de esta práctica, la actora permaneció en terapia intensiva y se le realizaron doce transfusiones de sangre. El día 3 de junio se le realizó la tercera intervención quirúrgica y el 9 del mismo mes fue dada de alta. Sin embargo, las molestias persistieron y tuvo que internarse nuevamente con urgencia en el Sanatorio Modelo con un cuadro de fiebre alta, estado nauseoso y supuración de dos heridas permaneciendo en el nosocomio hasta del día 17 de junio inclusive. En la actualidad la señora Irma Olga Cabrera de Fernández sufre de molestias y no puede excluirse una nueva intervención.

La demanda de daños y perjuicios fundada en la responsabilidad contractual del sanatorio por la cual responde por la culpa o negligencia de sus médicos y demás personal fue receptada favorablemente en primera instancia (fs. 241/255). Apelada la resolución por la parte actora como la demandada la Cámara resolvió rechazar ambas y confirmar lo resuelto por su inferior (fs. 357/360). La parte demandada interpuso el actual recurso casatorio en contra de esta decisión.

3.- El recurrente, luego de hacer una resumen de los antecedentes del caso, señala que el fallo de Cámara prescindió arbitrariamente de prueba decisiva como eran los análisis y estudios practicados en el Sanatorio del Norte (doce) los que revelaban una buena evolución de la paciente con valores de urea casi normales. Afirma que resulta incorrecto que califiquen a la historia clínica del Sanatorio del Norte como irregular, incompleta e insuficiente cuando esta conclusión parte de un análisis incompleto de las pruebas aportadas. Que este estudio parcializado queda evidenciado en la incomprensible ponderación que se realizó de la escueta historia clínica del Sanatorio Modelo que exhibe todas las carencias que se le imputaron a la prueba de su mandante. Concluye, en relación a este punto, que la prueba de la cual se prescindió era decisiva para la solución del caso por lo que este actuar violenta el principio general del art. 33 y 34 del CPCC. Cita jurisprudencia.

Se agravia de que los sentenciantes resolvieron que el alta dada era un acto irresponsable fundado en la experiencia común otorgándole preeminencia a este criterio por sobre la prueba instrumental (análisis e informe del médico forense). Que la experiencia común de la que se ha servido el juzgador para formular cargo e imponer responsabilidades no pueden ser aprehendida a través del conocimiento de un jurista por su complejidad y especialización. Remarca que la solución basada sólo en presunciones e indicios extraídos de la experiencia común resulta manifiestamente arbitraria situación que se ve agravada al manifestar que "no es necesario recurrir a la prueba pericial a mérito de dicha experiencia". Cita jurisprudencia.

Indica que la resolución es incongruente puesto que, por un lado, descalifica a la historia clínica del Sanatorio del Norte por considerar que es deficitaria y, por otro, fundamenta su solución en la historia clínica del Sanatorio Modelo que exhibe un instrumento totalmente deficiente. Que esta contradicción infringe el art. 34 segundo apartado haciéndolo pasible de la sanción dispuesta en el artículo 272 del CPCC.

Expresa que el fallo indicó que la historia clínica era deficiente en razón de que no registró el temperamento seguido al detectar la coagulopatía limitándose a dejar constancia de la sospecha de diagnóstico sin confirmarlo ni realizar el tratamiento. Se agravia de que esta afirmación es errada puesto que de la citada historia clínica surge que después de detectada la coagulopatía se realizó un tratamiento que concluyó con la buena evolución del paciente y que los análisis determinaron una gran mejoría que culminó con el alta y citación para control de la herida. Manifiesta que el tribunal omitió valorar el informe del médico forense como el análisis del laboratorio que le efectuaron al paciente.

Continúa explicando que fundó la decisión del tribunal sobre la actuación del sanatorio a través de presunciones e indicios. Que no resulta posible en materia de responsabilidad médica atribuirse negligencia o culpa basada en meras presunciones o hechos no acreditados fehacientemente. Agrega que los sentenciantes desoyeron las cuestiones propuestas por su parte, basando su criterio en presunciones que resultan extrañas al caso o bien que son contradichos prueba instrumental e informes forenses de autos.

Reitera que también al examinar la relación de causalidad entre el hecho medical dañoso y el daño causado el tribunal apela a presunciones para fundar sus conclusiones. De este modo, continúa el recurrente, sustituye la falta de información de la historia clínica del Sanatorio Modelo por presunciones surgidas de su sentido común. Que este proceder arbitrario violenta el art. 40 del CPCC como las reglas de la sana crítica. Aclara sobre este punto que el pretensor tiene que demostrar siempre la conexión entre el hecho y un cierto resultado, razón por la cual la causalidad en materia de responsabilidad profesional no es presunta. Considera que el fallo resulta insostenible puesto que se evidencia un descarnado voluntarismo judicial al buscar llenar los vacíos a través de presunciones, indicios etc. o en conclusiones obtenidas a través de su "experiencia común".

Finaliza señalando que la resolución omitió citar el derecho en que se apoya como también la norma legal que debe aplicarse al caso infringiendo el art. 34 del CPCC.

4.- Establecidos los antecedentes del caso y transcriptos los planteos realizados por el recurrente, debemos internarnos en el análisis del escrito, el cual, podemos adelantar, resulta inadmisible.

Respecto a las cuestiones planteadas por el recurrente referidas a una parcial, errada y arbitraria administración y valoración de los medios probatorios arrimados por la causa; debemos recordar que dichos agravios hacen referencia a cuestiones de hecho, cuya determinación corresponde a los jueces de mérito y que resulta ajena al control que corresponde ejercer por vía del recurso de casación, limitado y circunscrito a resguardar el derecho sustantivo y procesal, sea para evitar la inobservancia o errónea aplicación del primero, o la inobservancia de disposiciones del segundo impuestas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad. Tales principios pueden ser allanados frente a la presencia de un hecho de arbitrariedad manifiesta en la valoración como en el razonamiento sentencial, situación que no se configuró en autos.

Desde otra perspectiva, podemos indicar que los planteos realizados por el recurrente son completamente errados si tenemos en cuenta la forma en que se merituaron las pruebas arrimadas por las partes como si consideramos la particularidad del evento dañoso. Se debe aclarar que en un caso de responsabilidad médica el juez sólo excepcionalmente puede lograr una certeza absoluta sobre la forma en que ocurrieron los hechos atento a la complejidad de la materia controvertida y las particulares características de cada paciente; por ello, ha de bastar para fundar su decisión haber alcanzado una certeza o convicción moral, debiendo ponderar prudencialmente los aspectos inherentes a la ciencia médica para no desnaturalizar la cuestión.

En este marco, los sentenciantes fundaron su decisión en las incontrastables conclusiones a las que arribó la pericia médica, aseveraciones que no pueden ser desconocidas y que colocan en un lugar desfavorable a la parte demandada. En relación a la historia clínica, los magistrados la consideraron incompleta, poco clara, insuficiente e ineficaz para demostrar una actitud diligente para parte del sanatorio.

Parece necesario señalar que frente a un hecho dañoso en el cual el paciente se encuentra en una situación precaria para demostrar su posición, la historia clínica adquiere una importancia esencial en tanto que frente al derecho del paciente de ser informado y acceder a la historia clínica surge como contrapartida la obligación del médico de llevar un correcto registro del tratamiento (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti, "Responsabilidad civil de los médicos", Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997, pág. 243). Coincidentemente, la jurisprudencia indicó, en relación a las historias clínicas incompletas, que "conforma una omisión que tiene suma relevancia ya que las historias clínicas deben exteriorizar la evolución de la paciente sirviendo además para que pueda tenerse una noción exacta del cuadro de aquélla a los efectos por ejemplo de la posibilidad de un juicio de mala práctica (Cam. Civ. y Com. de Junín "González, Julián y otra c/Centro Médico de Chacabuco" JA del 12/7/95, jurisprudencia mencionada en la obra citada del doctor Lorenzetti). "Lo que se pone en mano del profesional no es tener que demostrar su actuar diligente, sin o el que ante lo incompleto de la historia clínica debe aportar al proceso los datos faltantes de la misma, que dependiendo de él que tuvo en sus manos el tratamiento de la paciente, al no ser arrimados al proceso, crean en su contra una presunción de verdad sobre su conducta antiprofesional que a él le corresponde desvirtuar" (CSJBA, "Acosta Ramón Teofilo y otro c. Clínica Indarte S.A. y otra" J.A.; 1993-IV- 63).

Respecto a la falta de valoración de los análisis bioquímicos esta Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que los magistrados se encuentran facultados para merituar o no de manera expresa alguna probanza, no estando obligados a ponderar una por una exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa. No obstante los expresado, corresponde señalar que, desde el punto de vista del recurrente, dicho agravio tampoco puede ser atendido en tanto que la realización de los "análisis de control" -sin expresar cuales- figuran en la historia clínica. El tribunal al realizar el estudio de esta documentación tomó conocimiento de dicho análisis y, no obstante ello, no lo consideró como esencial para demostrar la diligencia alegada. De este modo, no resulta acertado afirmar que no hubo un total olvido de este factor al momento de arribar a la conclusión impugnada.

En relación a las cuestiones referidas a la responsabilidad como el nexo causal corresponde realizar aclaraciones previas. En el presente proceso no existe controversia en que la actora fue intervenida quirúrgicamente en tres oportunidades y que luego de ser dada de alta volvió a sufrir molestias que la obligaron a internarse en el Sanatorio Modelo. Resulta evidente que existe una relación de causalidad entre las intervenciones y las posteriores molestias. Sin embargo, en el caso, la cuestión a debatir fue determinar si existió un actuar irresponsable y negligente del Sanatorio al otorgarle el alta a la señora Cabrera de Fernández poniendo en peligro su integridad física, es decir, si la causa de las molestias y los gastos que sufrió la actora y que la obligaron a internarse provienen de una decisión negligente. Corresponde aclarar que las consecuencias dañosas de este actuar fueron evitadas por profesionales de otra institución. En este sentido, los sentenciantes consideraron que el error en el diagnóstico se debió a negligencia por parte del Sanatorio del Norte a la luz del desenvolvimiento fáctico de la cuestión como por los resultados de la pericia médica y atento a las insuficiencias que presenta la historia clínica. En efecto, considero que en el sub lite, los magistrados resolvieron adecuadamente la cuestión litigiosa fundado en los elementos probatorios arrimados por las partes y de los cuales se desprendió que por acción o por omisión hubo una falta diligencia por parte del sanatorio.

Además, contrariamente con lo afirmado por el recurrente la doctrina ha indicado la posibilidad de aceptar el nexo causal a través de la presunción. "Kemelmajer de Carlucci sostiene que, probada la existencia de daño y la intervención de la cosa, debe presumirse que obedeció al riesgo...Tales argumentaciones nos llevan a postular que, por vía interpretativa y analógica, se admite la existencia de una presunción de adecuación del nexo causal" (Ricardo Luis Lorenzetti, "Responsabilidad civil de los médicos", Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997, pág. 238/239).

De igual modo, resultan completamente improcedentes los planteos referidos a las falencias que presente la historia clínica del Sanatorio Modelo en tanto que el actuar negligente que se encuentra en juicio es el del Sanatorio del Norte. La historia clínica del Sanatorio Modelo no surge como un medio probatorio que hace referencia al adecuado accionar de los profesionales de ese nosocomio sino, simplemente, como la demostración de la gravedad de la internación de la señora Cabrera de Fernández y del tratamiento que recibió y, en este sentido, aparece como suficiente.

Por todo lo expuesto, el recurso de casación en examen debe declararse inadmisible, al no satisfacer los recaudos de admisibilidad que imponen los arts. 813 y 815 del CPCC.

5.- Atento al resultado del recurso, las costas en esta instancia se imponen a la vencida (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por el representante de la demandada doctor Luis Gustavo Manso en contra de la sentencia nro. 1 del 4 de febrero de 2003 dictada por la Sala I de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA