Procedencia del recurso, revocación de sentencia, extinción de la acción penal, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, sobreseimiento, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Schahovskoy, Rubén Darío. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

Corresponde hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por la querella y el Fiscal General; casar y revocar la resolución recurrida -que había dispuesto declarar la extinción de la acción penal por violación del plazo razonable y, en consecuencia, sobreseer total y definitivamente a Rubén Darío Schahovskoy, Alex Pacheco Molina, Ramona Tomasa Alegre, Yanina Centurión, Norma Gabriela Montenegro, Nélida Edith Almirón, Andrea Carolina Maidana, Vivian Vanesa Ojeda, Liliana Beatriz Delceggio, Ángel César Silva, Hugo Antonio Cleva, Susana Graciela Bardaro, Marcos Ángel Arcal, en orden a los hechos imputados por los delitos previstos en el art. 1° de la Ley 24.769 y art. 210 del CP-; y encomendar al tribunal de mérito a que disponga todo lo necesario para concretar la celebración del juicio oral y público. Ello así, por cuanto el plazo de la prescripción de la acción penal no se encuentra cumplido por los sucesivos actos interruptivos del curso de aquélla. De otra parte, si bien es cierto que la garantía a ser juzgado en un plazo razonable no se limita exclusivamente al cumplimiento efectivo de los plazos previstos en el código sustantivo, su determinación exhibe dificultades pues debe la judicatura establecer cuándo y en qué circunstancias el tiempo de duración de la tramitación de un proceso judicial se torna irrazonable y ha infringido la aludida garantía constitucional, aun cuando los plazos contemplados en los artículos 62, inc. 2° y 67 del código de la materia no se encuentren fenecidos. En función de ello, se impone la evaluación en el caso concreto de ciertas pautas que revelen la razonabilidad (o no) de los tiempos que lleva el proceso. Surge del trámite de las actuaciones la complejidad de la maniobra investigada. Esta complejidad emerge, asimismo, de la denuncia efectuada por AFIP - DGI, que requirió el relevamiento de la información impositiva de una serie de contribuyentes -tanto personas físicas como jurídicas-, a fin de concatenar los hechos posteriormente denunciados. Además, esa denuncia originó numerosas diligencias probatorias realizadas en la instrucción, consistentes en allanamientos, el secuestro de gran cantidad de documentos y su posterior análisis a través de un peritaje contable. También corresponde ponderar la complejidad para la realización del referido peritaje. El presente proceso ha involucrado a un gran número de personas, no sólo las requeridas a juicio, sino también otras que finalmente fueron sobreseídas. Respecto de las primeras, y sin desconocer que la utilización de los remedios procesales previstos en la ley constituye un legítimo ejercicio del derecho de defensa en juicio, no puede perderse de vista los variados planteos efectuados a lo largo del proceso. El debate oral y público fue aplazado en varias ocasiones debido a cuestiones de agenda del tribunal. Se advierte la voluntad manifestada a lo largo de las actuaciones - tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la querella- respecto del avance del proceso hasta la fijación de la fecha de inicio del debate. Asiste razón a la parte querellante en cuanto a que nada cabía manifestar respecto de las sucesivas suspensiones del juicio efectuadas por el propio tribunal, toda vez que en las mismas resoluciones en las que disponía la suspensión del inicio del debate, se fijaba la nueva fecha para su comienzo. A lo expuesto se adiciona el hecho de que las personas imputadas arriban al juicio en libertad. Respecto de las demoras en las que se incurrió en el trámite de las actuaciones, sobre todo en la etapa de instrucción -vinculadas, por cierto, con la complejidad propia de los hechos ventilados y la cantidad de personas involucradas-, y mencionadas en el decisorio recurrido, tal circunstancia no alcanza -por sí sola- a configurar una dilación irrazonable del proceso. No surge que se haya producido en el caso en examen vulneración alguna a la garantía a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas, en tanto no se evidencian razones para que la duración de este proceso -con las características distintivas que presenta-, pueda ser tildada de excesiva a la luz de la doctrina que fluye de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Corte IDH. Dres. Barroetaveña, Petrone y Figueroa.