Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-05-18


Libro de Acuerdos Nº 47 , Fº 624/633 , Nº 282 . En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil cuatro, reunidos en la sala de acuerdos los Señores jueces del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Héctor Eduardo Tizón, José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos y Héctor Fernando Arnedo, bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. Nº 1970/03, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B-64.254/00 (Sala I Tribunal del Trabajo) Laboral por aplicación efectiva de Convenio Colectivo de Trabajo y otro rubro: Humberto Zenarruza y otros c/ Dirección Provincial de Recursos Hídricos- Estado Provincial", del cual, El Dr. Tizón, dijo:

La Sala I del Tribunal del Trabajo, dictó sentencia el 8 de marzo del dos mil dos, para hacer lugar a la demanda promovida por los actores, y diferir el monto de la condena y la estimación de los honorarios profesionales hasta cuando exista la pericia que determine la suma de las diferencias motivo del pleito. Una vez practicada aquella, la misma Sala dictó resolución el 27 de mayo del dos mil tres, estableciendo la suma de tres millones ciento veintidós mil ochocientos cuarenta y ocho con diecisiete centavos ($3.122.848,17), como monto de condena, y reguló los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, doctoras Adriana Karina Nassr y Nelly Pioli, en las sumas, respectivamente, de pesos trescientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un mil con setenta y seis centavos ($374.741,76) y pesos ciento ochenta y siete mil trescientos setenta con ochenta y ocho centavos ($187.370,88). Los del perito Contador Público Nacional los estimó en la suma de pesos sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis, con noventa y seis centavos ($62.456,96).

Luego de que le fuera rechazado un pedido de aclaratoria fundado en la falta de aplicación al caso de la ley 5.301, en contra de aquella sentencia, el Estado Provincial por medio de la procuradora fiscal Dra. María Mercedes Hansen, interpuso a fojas 8/17 recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad.

Los argumentos que sustentan los agravios que se alegan, pueden resumirse en que: 1º) se queja la recurrente porque -dice- el tribunal a-quo aprobó la liquidación efectuada por el perito contador designado en la causa, rechazando así las impugnaciones efectuadas por su parte oportunamente, que en síntesis se refieren a la confiscatoriedad y desproporción que resulta de la aplicación del sistema impuesto por acordada 5/96. Solicita en consecuencia, "...un nuevo pronunciamiento...fijándose la condena en la suma que históricamente adeuda el Estado Provincial, más los intereses que, conforme al comunicado 14.290 se fije al efecto..."; 2º) respecto a la regulación de honorarios, reitera la misma crítica que la efectuada con relación al capital atento a que son una derivación, alega, del mismo. Y finalmente, agrega otro agravio dirigido a cuestionar que se ha desestimado "sin más" la aplicación de las leyes 5.301 y 5.302. Expresa que la única pauta tenida en cuenta tal como lo expresa el fallo, ha sido el monto de la condena y que ante un pedido de aclaratoria se le hizo saber en la decisión respectiva -que no comparte- que dichos ordenamientos son inaplicables al caso de autos. Por último, se agravia también de que, en definitiva la labor del perito fue efectuada cuando ya se encontraban vigentes las leyes y sin embargo tampoco fueron tenidas en cuenta, ello según su modo de ver, resulta incongruente y torna arbitraria la sentencia que ataca también en este punto. Hace un análisis de las leyes Nº 5.301 y Nº 5.302 en orden a justificar su aplicación al "particular caso de autos" y defiende la constitucionalidad de las mismas. Todo ello por las razones y fundamentos expuestos en el escrito respectivo, al que remito en homenaje a la brevedad. Por idénticos motivos hago lo propio con la contestación al traslado efectuada a fs. 24/26 de los presentes autos, en el cual se solicita el rechazo del recurso con costas a cargo del que lo interpuso.

Atento las excusaciones formuladas por los Señores Fiscal General y Fiscal General Adjunta (fs. 37 y 38 respectivamente), se habilita en su reemplazo al Sr. Fiscal de la Cámara en lo penal, Dr. Marcelo Eduardo Morales, quien se expide a fs. 43/44 opinando que el remedio extraordinario interpuesto debe ser rechazado, con costas.

Firme el llamado de autos, la causa se encuentra en estado de resolver.

Por razones de prolijidad en la exposición he de referirme primero acerca del tema de los intereses incluidos en la planilla de liquidación efectuada por el perito designado en la causa y que, luego de rechazarse las impugnaciones hechas por el Estado Provincial condenado, fuera aprobada, como así al mismo agravio dirigido a controvertir dichos intereses respecto de los honorarios profesionales regulados, sin perjuicio de lo que se dirá luego en relación al otro agravio también alegado.

Del examen de la liquidación obrante a fs. 299/354, como de las explicaciones del perito se desprende que la planilla cuestionada se ajusta las pautas de la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia.

Al respecto entonces, traeré aquí otra vez más lo expresado oportunamente conforme quedara resuelto, esto así, a riesgo de ser reiterativo, aspecto que debemos asumir porque es la propia recurrente quien repite sus planteos en recursos como el que tratamos, no obstante la doctrina imperante para los casos como el presente.

En ocasión de emitir mi voto en las causas "Barrón, José Ricardo c/ Estado Provincial" (L.A. Nº 47, Fº 39/41, Nº22), "Benitez c/ Estado Provincial" (L.A. Nº 47, Fº 42/46, Nº23, fundé mi posición, a la que adhirieron los demás miembros de este Superior Tribunal, respecto a la cuestión planteada, es decir a la vigencia temporal del criterio de aplicación de la acordada 5/96 para la liquidación de las condenas judiciales.

En efecto, dije en esa oportunidad que, nadie puede soslayar que es doctrina legal establecida por este Superior Tribunal de Justicia en el caso "Tejerina c/ Cormenzana y Sanchez de Bustamante registrado al L.A Nº 45, Fº 1185/1188, Nº 519; y lo cierto es que la cuestión acerca del momento a partir del cual debe aplicarse la doctrina del caso "Municipalidad de Río Grande c/ Ingenio Río Grande", para dejar sin efecto en la liquidación de deudas el método de la acordada 5/96, ya ha sido resuelto hace más de un año atrás (12 de diciembre de 2.002). Por ello es mi deber remitirme también aquí, a los fundamentos que sustentaron la decisión y, si bien no participé en aquella causa, adherí a ellos en otras posteriores. En la causa citada, y que nadie puede desconocer como doctrina legal imperante de carácter obligatorio, se estableció "...Disponer que la suma en el punto 2º) II, en concepto de daño moral, devengará el interés a la tasa pasiva promedio que publica periódicamente el Banco Central de la República Argentina para el uso de la justicia conforme acordada 5/96, hasta el veintinueve de octubre del corriente año, fecha a partir de la cual se aplicará el criterio fijado en la causa "Comisión Municipal de Río Grande c/ Ingenio río Grande"...". Esta doctrina fue reiterada en los casos "Narciso Moreno c/ Lorenzo Román-Román Muebles (L.A. Nº 46, Fº 823/824, Nº 331); "Rivero, Vda. De Maurín, Flavia Teresa c/ Estado Provincial (L.A. Nº 46, Fº947/948, Nº 384; Diaz, Marta Angélica c/ Estado Provincial (46, fº 943/944, nº 382), entre otros. A más de ello, entiendo que cuando esta Corte sentó doctrina legal en el tema de los intereses, esto es, en el caso "Banco de la Provincia de Jujuy c/ Servicios Sociales Jure S.R.L.", L.A Nº 37, Fº1184/1188, Nº 538, (y que luego fuera completada en los casos "Avaro c/ Giachi", "Dirección Provincial de Rentas c/ Ingenio La Esperanza S.A."; "Concurso de Tacita de Plata S.R.L. en el legajo de la Dirección General Impositiva etc.), cuidó muy bien de establecer la vigencia de los principios plasmados en los arts. 953, 954, 1071, 1198, 513, 514 y concordantes del Código Civil. Expresamos en la ocasión que "...En todos los casos, se haya o no pactado la tasa de interés, cualquiera sea la naturaleza de la obligación, los jueces deberán cuidar que al liquidarse la misma no medie abuso de derecho o enriquecimiento ilícito o que ello configure imprevisión o lesión al orden público, la moral o las buenas costumbres...". De forma entonces que, si como efectivamente sucedió se produjo un desequilibrio en la aplicación y liquidación de la tasa pasiva, entiendo que tanto los jueces como las partes, tuvieron las herramientas necesarias para evitar los supuestos "abusos" o "enriquecimientos sin causa" de algunos acreedores. El Estado Provincial o cualquier otro deudor pudo y debió -ante la supuesta o alegada injusticia por la desproporción existente- peticionar la readecuación. Sin embargo, hasta el fallo del caso "Comisión Municipal de Río Grande c/ Ingenio Río Grande", donde se sentó la doctrina que dejó sin efecto la aplicación de la acordada 5/96, no se observó ni en las causas en las que intervino el Estado Provincial como en otras en las que también ha entendido este Superior Tribunal de Justicia que, producido el desajuste, la parte demandada formulara inmediatamente agravio alguno alegando el vicio por el que tanto derecho se dice conculcado, lo que no niego, pero causa asombro que precisamente cuando se deja sin efecto la aplicación de la cuestionada acordada, para fijar la fecha a partir de la cual debe aplicarse la nueva doctrina, entonces concurran los deudores a peticionar -en definitiva- que se retrotraigan las cosas a un estado anterior al de la sentencia que pusiera fin a la cuestión, es decir el 29 de octubre del año dos mil dos (Conf. L.A. Nº 45, Fº 1185/1188, Nº 519, del 12 de diciembre de 2.002). Una solución como la que se peticiona, es decir, de así procederse a fin de hacer lugar a una aplicación "retroactiva" de la doctrina legal, imponiendo un límite temporal que quedara a merced de la pretensión de cada deudor, provocaría entre otras cosas la inmensa, inevitable y estrepitosa injusticia, de que aquellos deudores que compulsivamente fueron privados de sus bienes, se encontrarían en una situación de desventaja respecto de aquellos deudores aún más morosos, presuntos titulares éstos últimos, en definitiva, prácticamente de una situación de privilegio, violándose de ese modo el principio de igualdad ante la ley.

Nadie puede desconocer que los desajustes o desequilibrios económicos existieron, y que precisamente esas fueron las razones que sustentaron el cambio de la doctrina legal. En definitiva, la mora incurrida por el deudor, muchas veces significa una posición en la que el propio Estado se ha colocado y cuyas consecuencias entonces, no pueden ser cargadas también al ciudadano que demandó la actuación de la justicia, y cumplió con el aporte que de su parte legalmente le correspondía (por ejemplo, la espera impuesta por la consolidación). Entonces, indudablemente una posición contraria a la adoptada, produciría el inevitable efecto de vulneración al principio de igualdad ante la ley, consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional y 25 de la Carta Magna Provincial especialmente el inc. 3º), como en el art. 5º del Código Procesal Civil; creándose así un privilegio a favor de deudores renuentes en el pago de deudas de antigua data, que rompería nuevamente el equilibrio que se intentó restablecer a partir de que la liquidación conforme la Acordada 5/96, fuera dejada sin efecto. Todo lo hasta aquí expuesto no es más que la anhelada y reclamada vigencia y protección del valor seguridad jurídica, de este modo resguardado, al resolverse lo planteado conforme quedó establecido. Cabe ahora referirme al agravio esgrimido por la recurrente relativo a que las leyes 5.301 y 5.302 no han sido aplicadas por el tribunal inferior en oportunidad de procederse a la regulación de honorarios en la causa principal.

Al respecto diré que, el fundamento utilizado por la sala sentenciante para rechazar de manera escueta, el planteo efectuado por Estado Provincial por vía de aclaratoria (fs. 381), se sustentó en la inaplicabilidad al caso de dichas normativas que modificaron el art. 6º de la ley arancelaria local, atento no ser aplicables puesto que -según se afirma en la sentencia- la actividad profesional cumplida lo fue con anterioridad al dictado y a la vigencia de las leyes invocadas.

Tal aseveración es en realidad una verdad a medias. En efecto, de las constancias de la causa principal resulta que la vista de causa se llevó a cabo el 25 de febrero del año dos mil dos (fojas 224), y la sentencia de condena (cuyo monto fuera diferido) se dictó el 8 de marzo de ese mismo año (fojas 226/228), practicándose la pericia respectiva con sustento en la cual se estableció la condena el 1º de abril del dos mi tres (fojas 299/356). De forma entonces que, si la ley 5.301 fue sancionada el 14 de febrero de 2.002, promulgada el 19 de febrero de 2.002, y publicada el 20 de febrero del mismo año, según el boletín oficial que tengo a la vista, y dado que el artículo 4º establece que "entrará en vigencia a partir de su promulgación", surge evidente que el último tercio de la actividad cumplida en la causa, lo fue vigente ya la ley.

Ahora bien, establecido entonces que corresponde su aplicación al caso de autos, adelanto mi opinión en el sentido de que las leyes Nº 5.301 y Nº 5.302 son inconstitucionales y así propongo que se declare. Veamos.

El Estado Provincial en el presente recurso, ha sostenido la constitucionalidad de la ley y su modificatoria, y la recurrida no ha respondido a lo esgrimido por su contraria, en el entendimiento de que, como se dijo, apoyada en el fallo de la anterior instancia, consideró no aplicable al caso de autos el ordenamiento legal en cuestión. Sin embargo y a pesar de ello, manifestaré mi postura positiva -como lo hice antes de ahora- acerca de la posibilidad -y obligación, como adelanto también desde ya- de la declaración ex officio de inconstitucionalidad de las leyes reñidas con el ordenamiento jurídico superior.

Efectivamente, una vez más debo decir que comparto con el maestro Bidart Campos que "...la búsqueda, la selección; y el control del derecho aplicable le incumbe al juez. Que el justiciable lo ayude, es bueno y aconsejable; pero cuando el justiciable omite una argumentación fuerte en su imputación de inconstitucionalidad a una normativa, el tribunal no puede desprenderse del problema so pretexto de que el quejoso no logró poner en evidencia los defectos que endilga al fallo recurrido, ni la razón de sus reproches de tenor constitucional... . La cuestión constitucional no es una cuestión de hecho y prueba, sino de "derecho", (de puro derecho), aun cuando según el caso pueda estar prendida a hechos y pruebas. El derecho aplicable, sobre todo cuando se le achaca inconstitucionalidad por parte interesada, tiene que ser desglosado de todo el arsenal fáctico, y puesto bajo la lupa judicial. Y hasta decimos, como siempre, que el control constitucional del derecho aplicable en causa judiciable debe llevarse a cabo de oficio. La misma Corte ha comenzado hace poco a plegarse a ese criterio, de modo que sorprende ahora que decline el control porque el peticionante no acreditó la inconstitucionalidad de un tope indemnizatorio previsto en la ley. Tal vez, sin incurrir en desmesura, podríamos sugerir que una serie de principios a los que dotamos de rango constitucional implícito acudían a favor del control constitucional descartado. Los principios "pro homine", "pro actione", "favor debilis", entre otros, se aliaban al "iura novit curia". No para que necesariamente la Corte declarara la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio, sino para que sobre él ejerciera el control constitucional "por sí misma y por sí sola". "De oficio", si lo reputaba necesario".(Confrontar nota ¿"Y el iura novit curia"? del autor, al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 04 de julio de 2.003, in re "Licanic, Juan L. C. Volpino Laboratorios S.A.", en revista La Ley Suplemento de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 2 de abril de 2.004, página 7). Debo decir también que este Superior Tribunal de Justicia, con el voto de la mayoría de sus miembros, dejó ya establecido al respecto y con anterioridad que, en nuestro ordenamiento legal, la doctrina prohibitiva de la declaración de inconstitucionalidad, no tiene basamento constitucional alguno puesto que no surge de ninguna norma constitucional que avale dicha prohibición. Por otra parte, la propia Corte Suprema de Justicia la acepta para unos casos y la rechaza para otros sin que norma alguna autorice formular esa distinción, como que tampoco se puede percibir una diferencia sustancial, sino más bien formal, entre otros casos. Es que, tal como lo afirma Bidart Campos, que un juez pueda aplicar por su propia iniciativa una norma inferior a la Constitución, aunque las partes no lo soliciten así (en virtud del principio iura novit curia) pero no a la constitución misma, es una tesis palmariamente ajurídica, lo que provoca "una mala aplicación del derecho"(Germán Bidart Campos, "Control de constitucionalidad de oficio", L.L. 147-294). Por último como bien lo advierte Nestor Pedro Sagüés, la doctrina prohibitiva es materialmente inconstitucional ya que viola el principio de supremacía constitucional (art. 31 de la Constitución Nacional) por lo que no es razonable ni compatible con la letra ni con el espíritu de la Constitución. (D.P.C., Recurso Extraordinario, T. I),(del voto del Dr. Arnedo en L.A. Nº 44, Fº 652/656, Nº 264).

Sentadas estas premisas y ajustándonos al caso traído a decisión de este Superior Tribunal de Justicia, resulta que, como tantas veces ha sido dicho antes que ahora, las restricciones a los derechos nunca pueden ser de tal envergadura que, dentro de un marco de "emergencia" en el cual ha sido dictada o concebida, de acuerdo al escueto debate parlamentario que tengo a la vista, único instrumento obrante en el expediente respectivo de las leyes discutidas, donde no hallo la exposición de motivos de la ley -vale la pena destacarlo-, y en el contexto del capítulo primero el que establece que la provincia de Jujuy se adhiere a las disposiciones de los artículos 8, 9, y 10 de la ley Nacional Nº 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario,...", la limitación al derecho a percibir honorarios impuesta por vía de la reforma al art. 6º de la ley arancelaria local mediante la incorporación del art. 6º bis y ter, implementando un tope representativo de "la suma que resulte de computar 1 (un) año de los haberes que perciba, por todo concepto, el gobernador de la provincia", y "En caso de que se produzca la intervención de peritos y demás auxiliares de la Justicia, el honorarios de los mismos no podrá superar el 20% (veinte por ciento) del honorario regulado o que correspondiese al abogado de la parte vencedora. Esta disposición prevalecerá sobre cualquier norma de carácter específico...", al carecer de un adecuado alcance temporal acorde al contexto (emergencial) de su dictado, es decir de excepción en el que ha sido dictada, esto es, no habiéndose acotado en el tiempo la vigencia de la restricción al derecho de la retribución a través de la limitación en la regulación de los honorarios profesionales de los letrados y peritos (más allá de la incorrecta técnica legislativa en este último caso, puesto que la ley Nº 1687 rige la retribución profesional o aranceles sólo y exclusivamente de abogados y procuradores) cuando el Estado Provincial resulta condenado en costas, la convierte en violatoria principalmente de los derechos de propiedad consagrado en los artículos 17 de la Constitución Nacional y 36 de la Carta Magna Provincial), como de igualdad ante la ley, conforme artículo 16 de la primera y artículo 25 de la segunda.

No debe perderse de vista, que también ya con anterioridad, esta Corte tuvo oportunidad de dejar establecido, al pronunciarse por la validez constitucional de la ley Nº 5320, llamada de inembargabilidad de las rentas públicas, acerca de los requisitos necesarios para reconocer valor y autenticidad constitucional a las normas de emergencia. Al respecto y siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expresó que entre ellos, y en lo que interesa para la solución de esta causa, cabe destacar: a) la declaración previa de la situación de emergencia, (Fallos 243:249, 243:467); b) la necesaria posterior intervención del poder del Estado, a quien corresponde el ejercicio de la potestad circunstancialmente ejercida por otro; c) el carácter temporal o transitorio de las normas restrictivas del ejercicio de derechos individuales (Fallos 136:171, 200:450); d) la inalterabilidad de la esencia de tales derechos (Fallos: 243:467) y e) la proporcionalidad entre la situación de emergencia y las medidas dictadas para conjurarla (Fallos: 136:171, 200:450). Si tales recaudos convergen o no, es cuestión que en cada caso deberá auscultarse bajo el infalible prisma de la razonabilidad pues, como se sabe, lo irrazonable es inconstitucional y aquella norma que no supere la medida deberá descalificarse, ya que más que para paliar la crisis que la motivó resultará potencialmente idónea para agravarla, causando más daño que el que con su dictado se intentara subsanar o evitar, con serio riesgo para la paz social y la subsistencia del contrato social (L.A. Nº 51, Fº220/228, Nº 98). A mi juicio casi ninguno de los recaudos establecidos por el máximo Tribunal de la Nación se encuentran presentes en las leyes en cuestión, y por ello y los fundamentos que he expuesto y considero suficientes, entiendo que las mismas resultan lesivas del orden constitucional nacional y provincial y así debe declararse, esto así, conforme artículo 25 Constitución de la Provincia, (Igualdad ante la ley); artículo 36 idem: derecho a la propiedad privada en especial inc. 1º y 3º,. En definitiva, la ley es inconstitucional porque al vulnerar especialmente dichas normas legales, resulta confiscatoria por carecer de plazo de vigencia acorde al régimen de emergencia en el que ha sido dictada.

Por lo demás, ya en otras ocasiones, también al tratar el tema del control constitucional de las leyes hemos dejado dicho que "...La Constitución tiene fuerza normativa que la hace aplicable, exigible y obligatoria, y, como dice Bidart Campos, la supremacía de la Constitución se proyecta a todo el orden jurídico infraconstitucional y lo subordina a ella. Este principio no es otro que el contenido en las normas de los arts. 31 y 15 de la Constituciones Nacional y Provincial, respectivamente. Una regla segura, decía Joaquín V. González en su "Manual", página 319, para deslindar las soberanías legislativas y judicial, es la que se funda en la enumeración de poderes del Congreso, y de derechos y garantías, los cuales no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. La Constitución ha dado al Poder Judicial la facultad de decidir los casos en que esta alteración se produce, creando un importante contrapeso al poder discrecional del Legislativo. El dominio de aplicación de ese gran principio es tan extenso que bien puede considerárselo como el mayor en el orden de las garantías del sistema constitucional. Consecuencia necesaria de la prohibición de alterar el texto y los principios constitucionales por vía de reglamentarlos, es la inconstitucionalidad de las leyes que alteran los derechos y garantías, si así lo declara el Poder Judicial, que si bien no puede examinar la oportunidad o conveniencia de una ley -ya que esto es materia política o de administración- puede resolver el conflicto entre ésta y la Constitución, que es la ley fundamental..."(Confrontar "Luis Alberto Alvarez c/ Estado Provincial", L.A. Nº 44, Fº 290/292, Nº 120).

En definitiva, si "Los magistrados y funcionarios deben aplicar esta Constitución como ley suprema de la Provincia con prelación a las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos dictados o que dictaren las autoridades provinciales o municipales" (Art. 15 inc. 2º de la Constitución de la provincia), como que "...al Poder Judicial le corresponde resolver en definitiva sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución", (artículo 148 "Control de constitucionalidad"), no cabe otra solución conforme a lo expuesto, que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 5.301 y 5.302.

Finalmente y para no abundar más, la propia recurrente en su escrito trae a colación el argumento de la emergencia económico-social que afecta a nuestro país con cita de jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación, que en realidad y a decir verdad, desgraciadamente no hace más que ratificar las razones que conducen indefectiblemente a descalificar la constitucionalidad de las leyes arbitradas al efecto, precisamente por no haberse previsto una medida de carácter provisorio, con efectos transitorios en el tiempo que se compadezcan o sean congruentes con la intención paliativa que se denuncia, para hacer frente a "situaciones extraordinarias o de excepción" utilizando las mismas palabras que la recurrente, tomadas a su vez de los precedentes jurisprudenciales que cita a su favor, resulta más patente aún -reitero- que desafortunadamente el ordenamiento legal previsto con la modificación introducida a la ley arancelaria local, afecta -insisto- tan inevitable como irremediablemente los derechos de igualdad, propiedad y razonabilidad de los profesionales involucrados, creándose un privilegio a favor del Estado Provincial en tanto sujeto pasivo o activo de una relación procesal, igualmente reñido con la Constitución.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Smith, Carlos Antonio c/ Poder Ejecutivo Nacional", dejó establecido que "...El fundamento de las normas de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que, atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos 136:161; 313:1513 y 317:1462). El tribunal ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporaria y razonablemente los efectos de los contratos como de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras... . ...La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales (Confr. Fallos 243:467;323:1566)..." (Fallos 325:37).

Por los fundamentos dados en el presente voto, me pronuncio por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial, por medio de la Dra. María Mercedes Hansen con costas a cargo de la recurrente, difiriéndose la regulación de los honorarios hasta que existan elementos suficientes para hacerlo; y para que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 5.301 y 5.302.

Así voto.

El Dr. del Campo, dijo:

En primer lugar, con respecto a la forma de calcular intereses, comparto la solución expresada por el Sr. Vocal preopinante, por ser además, doctrina del Superior Tribunal de Justicia, sentada en las causas "Comisión Municipal de Rosario del Río Grande c/ Ingenio Río Grande" (L.A. Nº 45, Fº 977/978, Nº 429) y "Tejerina c/ Cormenzana y Sánchez de Bustamante" (L.A. Nº 45, Fº 1185/1188, Nº 519).

Con referencia a la declaración de inconstitucionalidad de oficio; si bien en la causa "Municipalidad de Fraile Pintado c/ Oscar Quinteros", sostuve un criterio en contra de la opinión de mis pares y de acuerdo a la postura de algunos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ese entonces, la imposibilidad o inconveniencia de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma, salvo que se trate de una alteración en la autonomía funcional del Poder Judicial, o de reglamentaciones legales que excedan las atribuciones jurisdiccionales de los tribunales.

Este nuevo caso me obliga a reflexionar sobre aquella postura y admito que no era la solución más acorde a los intereses de los justiciables.

Nos corresponde como intérpretes de la Constitución, velar por su respeto y ello nos impone el deber de pronunciarnos en su salvaguarda cuando algún texto legal pretende ir en contra de sus principios. Por ello, voy a revertir mi anterior criterio y adherir al resto de los votos que me preceden.

Tales mi voto.

Los Dres. Valdecantos y Arnedo, adhieren al voto del Dr. Tizón.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Dra. María Mercedes Hansen en representación del Estado Provincial. II.- Declarar la inconstitucionalidad de las leyes Nº 5301 y Nº 5302.

III.- Diferir la regulación de los honorarios hasta tanto existan elementos suficientes para hacerlo.

IV.- Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.