Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12


Reg.: A y S t 283 p 23/26.

Santa Fe, 12 de junio del año 2018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por PROVINCIA ART SA contra la sentencia del 3 de abril de 2017, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe, en autos "BORGOÑO, José Luis contra OLEOS SANTAFESINOS S.A. -Sent. Accidente y/o enfermedad trabajo- (CUIJ 21-04658425-9)" (Expte. C.S.J. CUIJ número 21-00511530-9); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de autos, en lo que aquí resulta de interés, que la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe rechazó el recurso de nulidad interpuesto por Provincia ART S.A. y receptó parcialmente el recurso de apelación incoado por la aseguradora modificando la sentencia de baja instancia -que a su turno hizo lugar a la demanda- y resolvió "...dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17.5 de la ley 26773 y del 17 del Decreto 472/14, ordenando liquidar la indemnización sin aplicación del RIPTE. 5) Declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24557 y, modificando la sentencia de grado, disponer que la indemnización por incapacidad laboral permanente se liquide a) tomando como base para su 'cálculo, liquidación y ajuste' la remuneración que la víctima percibió, debía percibir o hubiera percibido de no mediar el impedimento en el mes inmediatamente anterior al que se practique la liquidación judicial de su acreencia (art. 208 LCT); b) con más intereses moratorios que se calcularán desde la mora y hasta la liquidación final a la tasa del 12% anual; c) aprobándose la liquidación se capitalizarán los intereses; y d) ese nuevo capital devengará intereses hasta el efectivo pago a la tasa y con el sistema de capitalización dispuesto en la doctrina de esta Sala in re 'Ibarra, Eduardo c/ Supermercado Makro' del 28.8.15...", imponiendo las costas en el orden causado.

Contra tal pronunciamiento, interpone la aseguradora recurso de inconstitucionalidad en los términos del artículo 1, inciso 3, de la ley 7055, tachándolo de arbitrario por entender que lo fallado no satisface el derecho a la jurisdicción.

En el memorial recursivo apunta que carece de legitimación pasiva para intervenir en el sub lite, desde que su accionar se encuadra excluyentemente en el mecanismo previsto por la Ley de Riesgos del Trabajo -que fuera utilizado por el actor hasta obtener resolución adversa el 2 de mayo de 2007-; por lo que discrepa con la decisión del Tribunal de considerarla citada en garantía en los términos de la ley 17418, soslayando los derechos de defensa en juicio, debido proceso y propiedad.

Critica a la Alzada por declarar la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557 haciendo referencia a antecedente propios, desinterpretando el mismo y apartándose de la doctrina emanada de la Corte nacional "cuyos fallos se imponen con fuerza de obligación institucional y con fines superiores de seguridad jurídica".

En punto a ello, la recurrente señala que dicha norma no resulta aplicable al caso -reparación por acción civil con fundamento en el derecho común- y se pregunta por qué "habría que remover" ese artículo, cuando el accionante nada le reclama, al no haber sido demandada en autos. Así, acusa a la Sala de incurrir en incongruencia objetiva al condenarla "en el marco de una acción no esgrimida" al pago de una prestación ajena a su cobertura y destaca que en la causa no se demostraron los presupuestos de la responsabilidad invocada contra la empleadora.

Advierte que por tratarse de un accidente in itinere ocurrido el 10 de julio de 2006, el marco legal del reclamo se circunscribe a lo normado por la ley 24557 y el decreto 1278/00.

Señala el yerro que cometió el Tribunal al entender que la aplicación del índice RIPTE sobre las fórmulas indemnizatorias compensa "el efecto negativo que la inflación tiene" sobre el ingreso base mensual contenido en el artículo 12 de la ley 20744 y cuestiona a los sentenciantes por actualizar el valor del mismo, invocando la insuficiencia de la prestación sistémica que no fue reclamada; destacando la prohibición de indexación o actualización que rige en el ordenamiento jurídico vigente.

Insiste en afirmar que la aseguradora de riesgos del trabajo es la única que responde por las contingencias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo y en la medida del aseguramiento según ley vigente al acaecimiento del siniestro. En ese sentido, reitera que no le corresponde cubrir la responsabilidad civil de la empleadora afiliada -que no fue acreditada ni declarada-, sin que exista una acción de repetición posible.

2. La Sala, mediante decisorio del 12 de setiembre de 2017, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad por ausencia de oportuno planteo y mantenimiento de la cuestión constitucional, entender que los cuestionamientos de la impugnante reflejan la mera discrepancia con lo resuelto y por no haber ensayado un argumento de arbitrariedad que pueda ser considerado viable en abstracto; lo que motivó la presentación directa de la recurrente ante esta Corte.

3.1 En primer lugar, respecto del agravio de la compareciente que gira en torno a la procedencia de la citación en garantía, es de señalar que el mismo no reviste matiz constitucional suficiente para permitir la apertura de esta instancia de excepción.

Ello así, pues de la confrontación de los fundamentos del fallo impugnado con la tacha alegada, solo se advierte el disenso con la hermenéutica asignada por la Sala a la normativa que se reputara aplicable, ámbito que como es sabido, resulta ajeno al recurso extraordinario.

En efecto, el Tribunal, apoyándose en la postura adoptada en el precedente propio "Castillo c/ Lemino s/ Accidente" de fecha 12 de diciembre de 2012, destacó que la citación en garantía -regulada por el artículo 118 de la ley 17418-, es viable "cuando existe una obligación legal del tercero de responder directamente ante el reclamo que efectúe un damnificado frente al patrimonio del asegurado". Al respecto, agregó que en el sistema especial de los riesgos de trabajo, dicho débito "no solo surge en forma genérica del art. 109 ley 17418, sino en forma específica en los arts. 26 y 39 ley 24557" y recalcó que la acción por parte del trabajador "puede (y en principio debe) ser ejercida únicamente y directamente contra la ART", siendo la obligación del tercero frente al empleador, la que permite su citación.

Así, en base a tales consideraciones, entendió que la empresa aseguradora podía ser condenada, desde que su participación en el sub examine es en carácter de parte.

Frente a ello, la presentante pretende hacer prevalecer su particular apreciación de la causa, insistiendo en la imposibilidad de ser responsabilizada en un juicio en el que no fue demandada por el actor, sin que sus planteos en ese aspecto alcancen a convencer que la interpretación efectuada por la Alzada hubiera transgredido los márgenes de razonabilidad tolerables que conlleven a descalificar su función jurisdiccional.

3.2. Por su parte, también devienen inadmisibles los reparos por los que la impugnante cuestiona haber sido condenada -según sostiene- a una reparación que excede la medida del seguro. Ello así, en tanto con sus alegaciones no consigue desvirtuar, desde un punto de vista constitucional, las expresiones del fallo por las que la Sala, aludiendo nuevamente al mentado caso "Castillo" y con fundamento in re "Cura c/ Frigorífico Riosma SA" del más Alto Tribunal nacional, entendió que "del hecho de haber sido demandada civilmente la asegurada no se sigue que no pueda encontrar protección en la medida de su aseguramiento, ni ello exime a la ART de dar la respuesta contratada, más allá de la modalidad con que se la haya traído al proceso", siempre que no se encuentre vulnerada la garantía del debido proceso, lo que sostuvo, no aconteció en el sub lite.

Y ante esa línea de razonamiento, los agravios de la ocurrente tan solo revelan su intención de oponer su propio enfoque de la solución que corresponde, pero sin lograr persuadir que el fallo no resulte ser derivación razonada de los hechos comprobados en la causa y del derecho vigente.

3.3. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la postulación de la impugnante relativa a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557, dado que ésta cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de autos e importa, desde el punto de vista constitucional, articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir parcialmente la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad, con el alcance fijado precedentemente. Disponer que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponde. Ordenar la devolución del depósito efectuado por la recurrente.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de Origen: Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala Segunda, de Santa Fe.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Cuarta Nominación de Santa Fe.