Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-10


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100496	SALA II Expediente Nº 20.937/2007	(Juzg. Nº 78) AUTOS: "PATROZZINO, GERARDO C/ MOLINO OSIRIS S.A. S/ DESPI-DO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	10-05-2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en au-tos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo perti-nente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamen-tos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Mediante el pronunciamiento de fs. 442/444 el Dr. Horacio A. Brignole receptó la acción deducida por el Sr. Petrozzino contra Molino Osiris I.C.S.A. Contra lo allí decidido se alza la demandada en los términos del re-curso que luce a fs. 448/456, con réplica del accionante a fs. 462/463.

Por su parte, el perito contador (fs. 446/447) apela los honorarios regulados por considerarlos reducidos.

II.	El accionante denunció haberse desempeñado en ca-lidad de "corredor-viajante" de la sociedad demandada, empresa que desconoció la existencia del vínculo laboral invocado, actitud que condujo al accionante a denun-ciar en su oportunidad el contrato de trabajo por considerar que esta injuria, aunada a la deuda salarial, impidió la prosecución del vínculo. Reclama en este proceso el pago de créditos salariales e indemnizatorios receptados parcialmente por el magistrado de grado.

La demandada, por su parte, quedó incursa en la si-tuación procesal prevista en el art. 71 de la L.O. mediante la resolución de fs. 72/73.

El Sr. Juez a quo, por su parte, no encontró desvir-tuada la presunción activada con el estado de contumacia procesal, al tiempo que consideró acreditados los extremos invocados en el escrito de inicio y, en consecuen-cia, tuvo por cierta la relación laboral invocada por el pretensor, al tiempo que consi-deró legítimas las causales de desvinculación expuestas por el interesado.

El apelante comienza su crítica manteniendo el re-curso deducido a fs. 78/84 contra el auto dictado en grado que dispusiera el estado de rebeldía procesal de la demandada, por considerar que el presentante de fs. 51/64 carecía del carácter de "representante legal" exigido por la ley 10.996.

Adelanto que, a mi juicio, la queja deberá ser deses-timada. Ello así por cuanto si bien esta Sala ha sostenido que la falta de personería es esencialmente subsanable cuando en el plazo para contestar el traslado de la excep-ción se produce la comparecencia del representante legal, el acompañamiento de la documentación necesaria para acreditar el carácter invocado o la ratificación personal del mandante (cfr. in re "Lujan, Andrea Roxana C/ Consorcio De Propietarios Del Edificio Dr. Ricardo Balbin 2536/38 S/Despido", sent. int. 58345 del 23/10/2009, "Villa Del Prat, Ana Monserrat C/ Kohon, Liliana Graciela y otro S/Despido", sent. int. 57921 del 03/07/09, del Registro de esta Sala, entre otros), en el caso sub examen no se advierte que la actitud procesal asumida por la codemandada haya tenido en miras subsanar el defecto sino más bien insistir en que la personería fue debidamente acreditada con el fundamento de que el Sr. Cisilino era apoderado de la S.A. con facultades suficientes para intervenir en las presentes actuaciones en calidad de apoderado (v. fs. 71).

En efecto, la accionada ahora quejosa, ya en oportu-nidad de contestar la intimación dispuesta por el magistrado que me precede (v. fs. 70) insistió en que con la copia certificada del poder acompañado acreditó su condi-ción de apoderado de Molino Osiris ICSA, con facultades para intervenir en juicios según surgiría del punto IX del poder de fs. 18/24. Sin embargo, y aún cuando reco-noció no ser un profesional del derecho, es decir, no revestir la calidad de abogado, procurador ni escribano, insistió en su postura inicial (v. fs. 71) y fue recién con pos-terioridad a la declaración de rebeldía (fs.72/73), al solicitar la revocatoria del auto de fs. 72/73 que se presentó otra persona, letrado, en calidad de apoderado con facul-tades de representación suficientes, adjuntando a fs. 74/77 el poder en debida forma.

De allí que no se advierte en el caso que la parte se ha-ya visto privada de subsanar dicho defecto, amén de señalar que en un caso con aris-tas similares al presente he sostenido que decidir si se efectúa o no una intimación a quien se presenta como demandado a los fines de que subsane la falta de acreditación de la personería invocada constituye, en el mejor de los casos, una facultad procesal del magistrado encargado del trámite, pero de ninguna manera un deber procesal del juzgado (conf. in re "Velasco, Iván c/ Radio Mitre S.A. s/Despido", SD 95.238 del 19/09/07 del registro de esta Sala).

Desde esta perspectiva, más allá de reconocerla como parte en el futuro, lo cierto es que esa calidad no fue acreditada en el acto procesal de contestar demanda ni al contestar la intimación cursada por el magistrado de grado, sino que con posterioridad a la declaración de contumacia procesal, de modo que la rebeldía luce bien decretada (cfr. arts. 46 del CPCCN y 71 de la L.O.), Es que, de acuerdo a la ley 10.996, la representación en juicio esta limitada en su ejercicio a los abogados, procuradores y escribanos (art. 1), mientras que el artículo 15 permite asumir la representación en juicio a las personas de familia dentro del 2° grado de consanguinidad y 1° de afinidad. Si bien el 2° párrafo de dicho art. 15 parece habilitar a los mandatarios generales con facultad de administrar -como si fuera otra excepción a la regla del art. 1- lo cierto es que dicho texto legal sólo los habilita "respecto de los actos de administración". En igual sen-tido ya mi maestro Amadeo Allocati puntualizó esta diferenciación haciendo hincapié en la limitación de estos apoderados a los actos de administración (Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por Mario L. Deveali, Ed. La Ley, 2ª Ed., Buenos Ai-res, 1972, Tomo V, pág. 337).

A mi modo de ver, esta norma de excepción con total cla-ridad sólo autoriza al mandatario general con facultades de administración que no reúne las características exigidas por el art. 1 a representar en juicio para ejecutar actos de administración, tales como contestar un requerimiento de información, acompañar documentos, etc., etc., pero de ninguna manera permite que esta categoría de representantes cumplan en el proceso actos dispositivos.

Considero indudable que contestar la demanda no resulta un acto de administración sino dispositivo toda vez que dicho acto procesal es idóneo para generar por vía directa o indirecta obligaciones para el ente mandante.

Debo dejar aclarado que no comulgo con la regla del art. 1 de la ley 10.996 que luce restrictiva al crear un oligopolio de representación procesal que podría verse a la par como generador de un privilegio poco compatible con el moderno proceso y con las pautas culturales del siglo XXI. Sin embargo, es ley vi-gente, no está planteada su inconstitucionalidad en la causa -ni siquiera hay un agra-vio del apelante al respecto- y, como es sabido, no corresponde a los jueces anteponer sus opiniones personales o sus criterios normativos a los del legislador.

Este criterio, por otra parte, fue sostenido reciente-mente en la SD N°100.191, del 29/2/12, en ocasión de decidirse que el apoderado que no reúne las calidades profesionales exigidos por el art. 1 de la ley 10.996 no esta facultado para expresar agravios, según el voto de la Dra. Graciela A. González al que adherí.

En consecuencia, voto por desestimar la queja y confirmar la resolución atacada, lo que así dejo propuesto.

III.	En segundo lugar, y en relación a lo decidido sobre el fondo del asunto, advierto que la recurrente formula una serie de consideraciones dogmáticas (v. punto 3 a 6 de fs. 449/456) que no corresponde abordar por cuanto, pese a la extensión de lo expuesto, tal despliegue es estéril en la medida en que no constituye la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo que exige la buena técnica recursiva y el texto del art. 116 LO.

En efecto, el apelante se limita a disertar sobre la doctrina de la arbitrariedad, la presunta ausencia o defectos de fundamentación invo-cando fallos de la CSJN, solicitando la declaración de nulidad por vicio de incon-gruencia del fallo en crisis, pero sólo mediante la reseña de jurisprudencia expresando su subjetivo e interesado punto de vista contrario a lo que resolviera el Dr. Brignole.

Pero, en definitiva, aún cuando asiste razón al recu-rrente en la medida en que corresponde ponderar la prueba producida e incorporada a la causa -dado que fue ordenada y ni el magistrado ni la contraparte formularon plan-teo alguno al momento de la incorporación de cada elemento de juicio-, señalo que la presunción que emana del art. 71 de la L.O. no ha sido desvirtuada por prueba en contrario ni ello ha sido puesto de manifiesto mediante el recurso en análisis, lo que sella en forma definitiva la suerte del recurso.

Al respecto, destaco que el apelante no invoca ni precisa ningún elemento de juicio que permita contrarrestar la conclusión del magis-trado de grado, sino que se limita a señalar de un modo harto genérico que "la prue-ba rendida demuestra, acabadamente, que no existió subordinación" (v. fs. 450), o que "el sentenciante menciona algunas de las testimoniales, sin tener en cuenta la pericial y las demás pruebas rendidas en autos..." (v. fs. 452) y que "el juez a quo no analizó la prueba ofrecida y producida en autos según las reglas de la sana crítica" (v. fs. 454vta.), entre otras (v. fs. 455 párr. 1° y fs. 456 párr. 1°), sin fundamentar su asertos.

Por otra parte, no advierto que el magistrado de gra-do haya invocado el art. 23 de la L.C.T., por lo que las escasas referencias efectuadas sobre este tópico, carecen de asidero.

Por ello, y dado que la mera referencia en términos genéricos a la prueba pericial contable y los testimonios, sin remisiones expresas a contenidos, pasajes o informes, no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas, dado que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razo-nado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a descali-ficar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, mediante la invocación de la prueba cuya valoración se considera desacertada o a la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art. 116 LO). A tal fin, se debe demostrar, punto por punto, la exis-tencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juz-gador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: "Tapia, Román c/ Pedelaborde, Ro-berto", S.D. N°73117, DEL 30/03/94, entre otras).

Por ello, y ante la insuficiencia del planteo recursivo, sugiero desestimar íntegramente la queja en lo que hace al fondo de la cuestión.

III.	Resta resolver la apelación deducida por la deman-dadas en relación a los honorarios regulados en la Instancia anterior.

Estimo que los honorarios regulados en la instancia anterior también deben ser confirmados, en tanto la totalidad de los fijados en grado no lucen elevados sino acordes a la importancia y extensión de la tarea profesional realizada por cada perito, por lo que propongo la confirmación de cada uno de ellos (arts. 6, 7, 8, 9, 19, 39 y cctes. de la ley 21.839, 3 del dto.-ley 16.638/57 y 38 de la LO).

Las costas de alzada propongo imponerlas a cargo de la parte actora vencida (cfrme. art. 68 CPCCN), así como sugiero fijar los emolumen-tos de los letrados de la parte actora y de la demandada por sus trabajos en este tramo procesal en el 25% -respectivamente- de las sumas que deban percibir cada uno de ellos por los de primera instancia, teniendo en cuenta la importancia y extensión de las labores profesionales (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Respetuosamente, disiento con la propuesta efectuada por mi distinguido colega preopinante por las razones que paso a explicar.

Como destacó mi distinguida colega Dra.Graciela A. Gon-zález al votar en primer término en la causa "Antón, Luis Gustavo c/ Ingeniarg SA y otro s /despido" (S:I: N° 59.766 del 9-9-10), "..si bien la representación en juicio sólo puede ser ejercida, además de por los representantes legales, por los sujetos enumerados en el art. 1º de la ley 10.996 (abogado, procurador y escribano sin ejer-cicio), lo cierto es que el art. 15 de la citada ley exceptúa a las personas de la familia dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, y a los mandata-rios generales con facultad de administración respecto de los actos de este último ca-rácter, quienes pueden representar en juicio a sus familiares o sus mandantes aún cuando no sean profesionales del derecho. En tal contexto, se advierte que el Sr. .., aún cuando no es representante legal de la accionada ni es tampoco abogado, procurador, ni escribano sin ejercicio, sí reviste la calidad de mandatario de la so-ciedad ... con facultades amplias de administración y disposición, por lo que en-cuadra en la excepción prevista en último término por el art. 15 de la ley 10.996." Tales los términos del primer voto a cuyas consideraciones adherí en esa ocasión. .

En el caso de autos, en representación de la sociedad de-mandada se presentó el Sr. Rafael Alberto Cisilino quien invocó su carácter de man-datario general con facultades específicas para ejercer la representación en juicio de la dicha sociedad (ver fs,.51). A fin de acreditar esa invocación, adjuntó el instrumento de poder que obra agregado a fs.18/26 del que se desprende que, efectivamente, se otorgó en su favor un mandato general amplio "de administración y disposición (ver fs.19) que, incluye facultades expresas de disposición de bienes y, más aún, facultades expresas para representar en juicio, en todo tipo de actos procesales, a la referida sociedad (ver fs.22/23).

El Juzgado lo intimó para que manifestara si se encontraba incluído en las previsiones de la ley 10.996 (fs.70); y , correctamente, el Sr.Cisilino respondió que, si bien no era letrado, era apoderado con facultades suficientes para intervenir en juicio (ver fs.71). En este punto, tengo una primera divergencia con un señalamiento efectuado en el voto del Dr.Maza, pues mi distinguido colega indica que, en esa oportunidad, frente a la providencia dictada por el Juzgado a fs.70, debió haber subsanado "el defecto"; y, a mi entender, por lo que explicaré seguidamente, no exitía ningún defecto a subsanar por lo que la respuesta de fs.71 se adecuó a las pre-visiones contenidas en la ley 10.996.

En efecto, a mi juicio, es indudable que la situación que se plantea en estos autos encuadra en la excepción que contempla el art.15 de la ley 10.996. Con el mayor respeto, no comparto la afirmación de mi distinguido colega preopinante -Dr.Maza- según la cual la excepción sólo se relacionaría con actos tí-picos de administración dentro de los cuales no estaría inlcuída la representación en juicio. La circunstancia de que la excepción se contemple a favor de mandatarios ge-nerales con facultad para administrar "respecto de los actos de administración", no puede ser entendida en sentido literal pues, si se concluyera que la representación excepcional sólo puede ser ejercida respecto de actos de carácter meramente admi-nistrativos (y no para actuar en juicio), tal conclusión dejaría a la norma desprovista de todo contenido y de toda posibilidad de que sea aplicada. Obsérvese que en es-quema de análisis propiciado en el voto que antecede, un mandatario general con fa-cultad de administrar que quisiera ejercer la representación procesal en base a la ex-cepción que contempla el art.15, nunca podría llegar a hacerlo pues -según la inter-pretación literal que cuestiono- sólo podría intervenir en actos de carácter meramente administrativos entre los cuales, paradójicamente, no se encontraría el ejercicio de la representación en un proceso judicial. Dicho de otro modo, de aceptarse la interpre-tación que se propicia en el voto que antecede, un mandatario general con facultad de administrar jamás podría ejercer la representación procesal, por lo que la interpr-teación literal o exegética de la norma conduciría a eliminar la excepción que la propia ley decidió establecer.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en reiteradas ocasiones que es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que ar-monicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos C.S.J.N. 182:486; 184:5; 186:258; 200:165; 281:146; 296:22; 297:142; 299:93; 301:460; 304:794); y que dicho propósito no puede ser ob-viado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instru-mentación legal, toda vez que ellos, en cuanto servidores del derecho para la realiza-ción de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma (doctrina de Fallos C.S.J.N. 257:99; 259:63; 271:7; 302:973, entre otros).

Desde esa perspectiva , entiendo que corresponde analizar la norma de acuerdo a su télisis e interpretar su texto en función de la excepción que se ha querido establecer . En orden a ello, habida cuenta del estilo de redacción que ca-racteriza a las normas propias de la época en la cual fue sancionada la ley 10.996 y en función de la finalidad a la que está dirigida la excepción que contempla el citado art.15, no cabe duda que, respecto de los mandatarios generales con facultad de ad-ministrar, la frase "respecto de los actos de administración" no puede ser entendida en el sentido de excluír la posibilidad de que ejerzan la representación en un proceso judicial (cuando la excepción fue prevista, precisamente, para ello). A mi juicio, en función de la télesis de la norma, dicha frase implica que pueden ejercer la represen-tación en juicio cuando el mandato que les fue otorgado incluye esa facultad; es de-cir cuando, entre los "actos" comprendidos en la "facultad de administrar" (es decir, en el instrumento de poder), se encuentre la de ejercer la representación en juicio. En otras palabras, los "actos de administración" a los que refiere la norma no son los de carácter puramente administrativos sino los previstos en el instrumento de poder mediante el cual se ototrga la "facultad de admnistrar". En base a esa hermenéutica, es evidente que, a la luz del instrumento obrante a fs.51/64., el mandatario general que compareció a fs.51 se encontraba plenamente habilitado para ejercer la representación en juicio de la accionada en el marco de lo previsto por la ley 10.996.

Tal como sostuvo la Dra. Graciela A.González en otro preceden-te de esta Sala (in re "Sandoval, Jesús J. c/ Protección Total CODECP SA s/ despi-do", S.I. N° 60.596 del 21-3-11) debe evitarse una "..aplicación ritual formalista de los textos legales, reñida por completo con las reglas de un proceso adjetivo leal, republicano y respetuoso de la bilateralidad y la defensa en juicio, máxime cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una clara doctrina tendiente a evitar ritualismos formales que priven al demandado del derecho de un efectivo ejer-cicio del principio de defensa en juicio. Así, el Máximo Tribunal ha establecido que los cuestionamientos a la resolución que tiene por rebelde a la parte demandada deben examinase con gran prudencia puesto que, ese tipo de decisiones compromete la garantía de defensa en juicio, cuya vigencia requiere que se confiera al litigante la oportunidad de ser oído y de ejercer sus derechos en forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales. (CSJN, sent. del 30-10-80 en autos "Prieto c/ Trinidad ", Fal.los:302:126; sent. del 30-4-906 en la causa "Lebedinsky c/ Mociulsky", publicada en DT, 1996, B,p-ag.2064).

También el Dr. Migual Ángel Maza en otro precedente (in re "Luján, Andrea C/ Consorcio de Propietarios Edif. Ricardo Balbín 2536/38", (S.I. N° 58.345 del 20-10-09), ha señalado que "..no puede soslayarse en este sentido que el proceso no puede limitarse a una sucesión de ritos formales y caprichosos, sino que en el mismo debe primar la verdad material sobre la verdad formal, a fin de evitar la frustración de expectativas fundadas en derecho, por la sola circunstancia de aplicar un excesivo rigorismo de forma y que, sobre todo, debe darse preeminencia a la ga-rantía de defensa en juicio consagrada en el art. 18 de nuestra Carga Magna (en el mismo sentido, cfr. in re "Suárez, María Ester c/ Ayuda Mutua del Personal de Gen-darmería Nacional s/ despido", sent. int. 55167 del 09/03/07 del Protocolo de esta Sala).

En base a las consideraciones precedentemente expuestas y en resguardo de la adecuada protección a la referida garantía constitucional, propicio acoger el agravio expresado por la sociedad demandada a fs.448 vta./449 para man-tener el recurso de apelación oportunamente interpuesto a fs.78/84 (conf.arts.110 y 117 LO) y revocar la resolución dictada a fs.72/73 en cuanto tuvo por no acreditada la personería invocada, por no contestada la demanda y declaró a la demandada in-cursa en la situación prevista en el art.71 LO. En virtud de ello, propongo, además, anular la sentencia dictada en la instancia anterior a fs.442/444 que se basó en dicha resolución y prescindió de la prueba producida a propuesta de la demandada. En consecuencia, de prosperar mi voto, corresponde tener a la demandada Molino Osiris SA por presentada, por parte y por contestada la demanda en tiempo oportuno, anular la sentencia definitiva y, en resguardo del principio de la doble instancia, ordenar que se dicte un nuevo pronunciamiento que considere los términos en los cuales quedó trabada la litis y la totalidad de la prueba producida en autos. A tal efecto y en tanto el Sr.Juez a cargo del Juzgado N°78 ya ha emitido opi-nión, corresponde que la causa se radique en el Juzgado N°79 y que se comunique esa situación a la Secrtetaría General de esta Cámara a fin de que efectúe la compen-sación correspondiente. Asimismo, se deberá hacer saber mediante oficio de estilo el contenido de esta sentencia al titular del Juzgado N°78.

En función de las muy particulares circunstancias de esta causa, pro-pongo que las costas de alzada se impongan en el orden causado (art.68 2do.párrafdo CPCCN); sin perjuicio de la imposición de costas que se determine en la sentencia definitiva a dictarse con relación a la cuestión sustancial.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Mis distinguidos colegas discrepan, con sólidos argumentos, en cuanto al al-cance y contenido de la excepción contenida en el art. 15 de la ley 10996 en cuanto admite que, además de los sujetos enumerados en el art. 1º de la ley 10.996 (repre-sentantes legales, abogados, procuradores y escribanos sin ejercicio), puedan ejercer la representación en juicio las personas de la familia dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, y "los mandatarios generales con facultad de administración", quienes por tanto se encuentran facultados pueden representar en juicio a sus familiares y mandantes pese a no poseer la calidad de profesionales del derecho.	Aún cuando la proposición normativa no luzca precisa al definir los actos para los cuales debe estar facultado el mandatario, para poder hacer valer el supuesto de excepción bajo análisis, y ello por cuando alude "a los mandatarios generales con fa-cultad de administrar respecto de los actos de administración", considero que no co-rresponde efectuar un análisis meramente terminológico o semántico de la disposición normativa en tanto se advierte con claridad que, dentro de la sistemática de la ley que regula el ejercicio profesional de abogados y procuradores, lo que se habilita a modo de excepción es la representación a través de mandatarios que no posean título habilitante siempre que se encuentren investidos de facultades suficientes para repre-sentar en juicio a su poderdante.

En ese contexto y tal como lo sostuve, entre otros in re "Antón, Luis Gustavo c/Ingeniarg S.A. y otro s/despido" (SI 59776 del 9/9/2010) si del poder otorgado al presentante surge en forma expresa e inequívoca, la facultad para estar en juicio y obligar al poderdante, cabe tener por configurada la situación de excepción prevista en el art. 15 de la ley 10.996 ya que ese es el sentido que cabe otorgarle, a mi juicio, a la disposición legal que alude a los actos de administración en el marco de la ley que hace a la representación de las personas en sede judicial.

Desde tal perspectiva, se impone analizar en cada caso particular cuáles han sido los términos del mandato otorgado y sólo si de ellos emerge que al presentante se le han conferido facultades suficientes para ejercer la representación en juicio del poderdante, corresponde tener por configurado el supuesto de excepción al que alude el art. 15 de la ley 10.996.

En el caso bajo examen al Sr. Rafael Alberto Cisilino se la ha conferido poder general amplio de administración y disposición en los términos de que da cuenta el acta notarial de fs. 18/24, de la que se extrae que no sólo se halla facultado para promover y contestar demandas de cualquier naturaleza (ver fs. 22 in fine), sino que incluso se le ha conferido poder para contraer obligaciones de todo tipo y para dispo-ner libremente de los bienes de la sociedad Molino Osiris S.A., circunstancias éstas que resultan por demás demostrativas de que quien se presentó en autos en represen-tación de la sociedad demandada contaba con facultades suficientes como para obli-garla frente a terceros y ejercer la representación judicial que se cuestiona.

Consecuentemente, por lo expuesto, comparto el criterio interpretativo que propicia el Dr Pirolo con invocación de lo que he sostenido entre otros, en la causa "Sandoval, Jesús J. c/Protección Total CODECP S.A." (SI 60596 del 21/3/11) al se-ñalar que debe evitarse una aplicación formalista de los textos legales si de ello se sigue la vulneración de las reglas de un proceso adjetivo leal, republicano y respetuoso de la bilateralidad y la defensa en juicio puesto que éste ha sido el sentido con que se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al analizar cuestiones análogas en las que se pusiera en discusión, la interpretación de normas adjetivas reglamentarias de la garantía de defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional (ver, entre otros, sentencia recaída in re "Lebendisky c/Mociulsky" del 30/4/96, DT 1996-B, pág. 2064), por lo precedentemente expuesto adhiero a las conclusiones del Dr. Miguel Ángel Pirolo.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar el pronunciamiento de grado y tener a la demandada Molino Osiris SA por presentada, por parte y por contestada la demanda en tiempo oportuno; 2) Anular la sentencia definitiva y ordenar que se dicte un nuevo pronunciamiento que considere los términos en los cuales quedó trabada la litis y la totalidad de la prueba producida en autos; 3) Remitir las actuaciones al Juzgado N°79 y comunicar esa situación a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que efectúe la compensación correspondiente; 4) Hacer saber mediante oficio de estilo el contenido de esta sentencia al titular del Juzgado N°78; 5) Costas de alzada en el orden causado; sin perjuicio de la imposición de costas que se determine en la sentencia definitiva a dictarse con relación a la cuestión sustancial	Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González	Miguel Ángel Pirolo Miguel Ángel Ma-za.

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