Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87857 CAUSA NRO. 37.281/2009 AUTOS: "ALAIS MARCELO JORGE C/UNISYS SUDAMERICANA S.R.L. Y OTROS S/DIFERENCIAS DE SALARIOS". JUZGADO NRO. 33 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de junio de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I. La sentencia de fs. 1390/1400 ha sido recurrida por el actor a fs. 1401/1412 y por Unisys Sudamericana S.R.L. a fs. 1424/1428.

II. El accionante se agravia, en primer lugar, por el rechazo de la solidaridad de las personas físicas demandadas. La sentenciante de grado sostuvo en cuanto a la extensión de responsabilidad por aplicación del art. 59 L.S. derivada de la condición de administradores que deviene abstracto decidir acerca de la acreditación o no por parte de la actora de dicha condición en tanto la solidaridad con fundamento en la disposición aludida requiere la comisión de ciertos ilícitos que van más allá del incumplimiento de obligaciones legales o contractuales como las que se han verificado y para cuya comisión se aprovecha la estructura societaria, casos en los que los directivos no sólo hacen que la entidad incumpla sus obligaciones sino que, además, incurren en actos o maniobras dirigidos a defraudar a terceros (trabajadores, sistema de seguridad social, etrc.), y burlar la ley.

El recurrente sostiene que el fundamento del planteo de solidaridad es la infracapitalización de la empresa y no el carácter de socios de los codemandados. También se refiere al traspaso de figuras societarias de S.A. a S.R.L. y al papel que tuvieron Ymaz, Solanes y Kaltenbach en la sociedad y a la falta de exhibición de libros societarios y comerciales que generaría la aplicación de la presunción del art. 55 de la L.C.T.

Sin perjuicio de señalar que en la queja no se indica concretamente a través de que medio quedó acreditada la existencia de infracapitalización de la empresa Unisys Sudamericana S.R.L., cabe tener en cuenta que el hecho de la infracapitalización puede ser tenido en cuenta en dos momentos: al nacimiento de la persona jurídica, cuando el juez debe autorizar su creación y valorar la suficiencia del capital social con respecto al objeto que pretende; o bien, y ya constituida, al momento de producirse un conflicto con algún acreedor de la sociedad con motivo de que el capital del ente resulte insuficiente para responder a sus acreencias. Asimismo, para separar las aguas debemos diferenciar el concepto de capital social entendido como la suma de los aportes de los socios consignados en el estatuto, del de patrimonio, como el conjunto de bienes de una persona (Art. 2312 C.C.), comprensivo de créditos y deudas. En esta dirección, tendremos que al constituirse la sociedad, el capital y el patrimonio coincidirán, toda vez que el único patrimonio de la sociedad serán sus aportes, consignados como pasivo social. Pero a medida que transcurra la vida del ente, y si la conducción es exitosa, irán sumándose o restándose bienes en su propiedad, o bien créditos y deudas, con lo que su patrimonio tenderá a divorciarse del capital inicial aportado, por la evolución propia de su actividad. De ésta manera, el patrimonio comenzará a fluctuar dinámicamente, creciendo o disminuyendo, mientras el capital social permanecerá intangible hasta que los socios decidan su aumento o disminución.

El primer momento de la discusión puede ser considerado como el debate de la infracapitalización originada, desarrollado en el ámbito natural del derecho societario registral, centrado en la cuestión de si debe el juez de comercio autorizar sociedades cuyo capital luzca apriorísticamente como exiguo frente a las actividades que pretenden desarrollarse dentro del objeto social. Existe un límite mínimo de capital para la constitución de una sociedad: si ese requisito se cumple la sociedad puede formarse, ya que no es dado a la autoridad administrativa predecir cuál ha de ser el giro futuro de la empresa, aún cuando el hecho de la infracapitalización puede constituir un indicio para el descorrimiento del velo en razón de fraude, aunque no puede ser ese el único hecho fundante de la extensión de la responsabilidad.

La segunda vertiente de la doctrina de la infracapitalización puede ser denominada infracapitalización sobreviniente y cobra relevancia principalmente en el derecho laboral a raíz de una serie de precedentes que extendieron la responsabilidad a los socios y administradores por deudas laborales en caso de insolvencia de la persona jurídica, fundándose en que la infracapitalización de la sociedad implica un supuesto de extensión de responsabilidad por descorrimiento del velo societario en los términos de los arts. 54 y 274 L.S.

Centrado en la infracapitalización sobreviniente como presupuesto de extensión de responsabilidad a socios y directores, debe tenerse en cuenta que es responsabilidad de los propios socios mantener una relación razonable entre el giro real de la sociedad y el capital con el que ésta se halle dotada; de otro modo, lo que se presenta en el mercado como una empresa sólida y próspera puede encubrir la ausencia casi total de solvencia para hacer frente a las obligaciones contraídas.

A estos efectos y a los fines de dirimir la cuestión sobre el alcance que debe dársele al hecho de la infracapitalización y la posibilidad de que la misma constituya un presupuesto de extensión de responsabilidad a socios y directores, se debe emitir un juicio prudencial sobre si el capital social, conforme estatutos es adecuado o al menos "no manifiestamente inadecuado" frente al giro de la sociedad y luego de tal juicio, extender en su caso la responsabilidad a los socios cuando resultan probadas ciertas circunstancias fácticas que permiten tener por cierto que la capitalización exigua fue usada como un medio para cometer fraude o de manera abusiva o fraudulenta como medio para desbaratar los derechos del trabajador.

Como lo adelantara, la parte actora no ha precisado en su memorial recursivo a través de qué elementos quedó demostrada la existencia de infracapitalización de la empresa Unisys Sudamericana S.R.L.. Por el contrario, se observa que de lo actuado a fs. 986 y siguientes surge que al disponerse la transformación de Unisys Sudamericana S.A. en Sociedad de Responsabilidad Limitada, el capital social se fija en $ 8.478.460 (fs. 988, cuarta), suma que no se rebela como exigua o insuficiente para hacer frente a los reclamos intentados por el trabajador aquí reclamante.	Por lo demás, como quedara expuesto en el fallo, no surge la comisión de ilícitos para defraudar a terceros con las características que allí se invocan (ver fs. 1398), por lo que no encuentro razones suficientes para extender la responsabilidad en forma solidaria a las personas físicas aludidas, por lo que este aspecto del fallo deberá ser mantenido.	De igual manera, considero que las costas también deben ser confirmadas toda vez que no se han configurado atenuantes que proceda la exención de costas a la parte vencida, esto es, que la razón probable para litigar contra las personas físicas aludidas esté avalada por elementos objetivos de apreciación de los que se infiera la misma sin lugar a dudas, esto es, cuando por las particularidades del caso pueda estimarse que el litigante vencido actuó sobre la base de una convicción razonable, la que no debe consistir en la creencia meramente subjetiva acerca de la razonabilidad de su postura.

III. También se agravia el demandante porque no se admitió la aplicación del CCT 233/94 perteneciente a ASIMRA - Rama Electrónica.	Sostiene el apelante que dicha norma convencional se aplica al personal dependiente de las empresas o sociedades de la rama electrónica, estén sus empleadores o titulares afiliados o no a las entidades empresarias representadas en ese acto y hayan o no ratificado el convenio. También expresa que con la testimonial probó que dicho convenio era de aplicación pertinente en la empresa, que en caso de duda se debió aplicar el principio "in dubio pro operario", que se dio preferencia a los 5 testigos de la demandada, que ocupan cargos de gerencias y/o directores, tergiversándose la simple información técnica del perito interveniente, no valorando el objeto social de la demandada, que coincide con la actividad detallada en el convenio.

Sobre el punto, observo que la sentenciante de grado tuvo en cuenta que el reclamante no especifica de que manera concreta se relacionaría la actividad que él mismo denuncia como a la que se dedica la demandada con la descripción que se formula en el art. 4 de la norma convencional cuya aplicación pretende acerca de las actividades de la rama electrónica y ni siquiera refiere en cuál de las categorías de las previstas en el art. 6º se consideraba con derecho a ser incluido, como así tampoco explica por que, dadas sus funciones y categoría que detentaba, no estaría incluido en el art. 5º. Los argumentos expuestos en el memorial recursivo no permiten establecer en cuál categoría del convenio de las previstas en el art. 6º debe ser incluido el reclamante, debiendo tenerse en cuenta también que, dado que el actor revestía un cargo jerárquico, se encuentra dentro del personal excluido conforme lo que resulta del art. 5º del CCT 233/94.

Como se ha sostenido en reiterados pronunciamientos de esta Sala, el acto de homologación de un convenio colectivo establece los ámbitos personal, territorial y temporal de aplicación del convenio (art.3 de la ley 14.250), siendo que el ámbito de validez personal está dado por la representatividad de las entidades firmantes del mismo. Es decir, que ningún empleador queda obligado a la normativa de un convenio si no intervino en su celebración por el sector patronal, una asociación que lo represente, o al menos, un grupo representativo de empleadores de la actividad (art. 9 ley 14.250, cfr.; esta Sala in re "Casamiquela Viviana Paula c/Consolidar A.F.J.P. S.A. s/ despido", S.D. 84.347 del 18/5/07) y no se ha acreditado que Unisys Sudamericana S.R.L. perteneciera a alguna de las organizaciones empresariales que suscribió el C.C.T. 233/94 ni que estuviera representada en ese convenio. Tampoco surge que la demandada tuviese una fábrica.

En tales condiciones, no existirían razones suficientes para descalificar lo decidido en origen acerca de la inaplicabilidad de la norma convencional pretendida por el accionante, por lo que el agravio expresado sobre el punto también resulta inatendible.

IV. Otro agravio del actor se refiere al rechazo de la multa del art. 80 de la L.C.T.	También considero que el resarcimiento reclamado no puede prosperar. En tal sentido, tengo en cuenta que el hecho de que se haya reconocido la existencia de diferencias salariales impagas no alcanza para admitir esta multa que está prevista para el caso de falta de entrega de los certificados allí previstos. En el caso quedó demostrado que los certificados del art. 80 de la L.C.T. que ofreciera la demandada fueron recibidos (fs. 10, 113/115 y fs. 925) y el perito contador ha informado que los datos laborales insertos en los certificados acompañados por la patronal como anexo 4 se corresponden con los registros obrantes en el Libro de sueldos y jornales (fs. 1397), por lo que no existe la situación de mora que contempla el art. 45 de la ley 25.345 dado que la empleadora expidió la documentación en base a sus asientos.

Consecuentemente, también se impone mantener el rechazo de esta reparación.	V. El rubro antigüedad se vincula con la aplicación del art. 15 del CCT 233/94 (fs. 1393) y, por ende, al no aplicarse dicha norma convencional, no resulta pertinente el reclamo de diferencias por la falta de pago del mismo, por lo que debe desestimarse el cuestionamiento efectuado en el apartado 4) (fs. 1408vta.1409vta.).

VI. También se alza el accionante porque la a quo consideró que el monto determinado como mejor remuneración mensual normal y habitual correspondió a marzo de 2008 y ascendió a la suma de $ 13.275,72.	Al respecto, señala el recurrente que el monto al que arriba la sentencia resultante de computar el monto denunciado por el perito contador de $ 12.212,82 más la diferencia de $ 1.062,75 por el recálculo de las horas extras es erróneo.

Considero que asiste razón al actor en cuanto señala que la mejor remuneración percibida correspondió a febrero de 2008. En efecto, según lo informado a fs. 1240vta. la mejor remuneración correspondió a ese mes y alcanzó a $ 12.435,84 (ver también fs. 1139vta.). Asimismo, cabe observar que el valor hora de ese mes de febrero, conforme lo que surge de la liquidación practicada en la sentencia a fs. 1395, el valor hora de ese mes fue de $ 56,10 y la diferencia impaga en concepto de horas extras ascendió a $ 1.245,30. En consecuencia, sumando ambos importes se obtiene como mejor remuneración correspondiente a febrero de 2008 la suma de $ 13.681,14, monto que debió ser tomado para establecer la liquidación del art. 245 de la L.C.T.

En tales condiciones, corresponde modificar el fallo en este aspecto, estableciendo que el reclamante debió percibir en concepto de esta indemnización un total de $ 274.990,91 ($ 13.681,14 x 30 x 67%) y como sólo cobró $ 248.214,90 (fs. 1396), la diferencia adeudada asciende a $ 26.776,01, debiendo revocarse en este aspecto lo decidido en origen.

En cuanto a los demás rubros indemnizatorios, como se han tomado montos de remuneraciones diferentes, nada corresponde observar a la liquidación practicada en origen.	VII. Por otra parte, también impugna el accionante la liquidación practicada en la sentencia con fundamento en que el fallo dice que tomará como referencia el cuadro elaborado por el experto contable como Anexo II, restando al primer "subtotal" el ítem "antigüedad" (además de hacerlo con el rubro "dedicación full time"), cuya pretensión ha sido desestimada, resaltando que el valor hora obtenido en cada uno de los meses difiere con el que debe ser en realidad, citando como ejemplo el valor hora fijado por el perito para el mes de enero de 2007.

En primer lugar, cabe aclarar que el apelante ha invocado un valor hora erróneo respecto de ese mes dado que en la queja se alude a la cantidad de $ 57,39 cuando el monto fijado en el Anexo II para ese mes fue de $ 37,27, producto de dividir el primer subtotal de $ 7.453,15 por 200 horas (fs. 1131). Sin perjuicio de ello, considero que el hecho de que los valores obtenidos en la liquidación practicada en el fallo no coincidan con los expresados en el citado Anexo no bastan para demostrar que se haya incurrido en error pues, tal como se aclara en el decisorio, se ha procedido a descontar del primer subtotal (que en el mes de enero aludido fue de $ 7.453,15) el rubro antigüedad. Además, debe tenerse en cuenta que cada uno de los valores horarios citados en la sentencia (fs. 1395) resultan de dividir los rubros remuneratorios por 200, observándose a título de ejemplo que los rubros remuneratorios del mes de enero de 2007 (luego de practicada la deducción aludida) alcanzaron a $ 6.095,73 y el valor hora obtenido de $ 30,47 resulta acorde al mismo.

Por consiguiente, no encuentro razones para apartarme de la liquidación en este aspecto.

VIII.	Finalmente, en cuanto a los demás planteos que efectúa el accionante, en cuanto señala que se ha omitido aplicar la presunción del art. 55 de la L.C.T. y que no se ha cumplido con lo normado por el art. 163, inciso 5º del CPCCN, tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente.

IX. Finalmente, los porcentajes de honorarios a calcular sobre el monto de condena fijados en el apartado 3) de fs. 1400 los encuentro acordes al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, al resultado del pleito y a lo normado por el art. 38 de la L.O. y disposiciones arancelarias de aplicación de aplicación (arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la Ley 21839 y art.3° inc.b y g del D.16638/57), por lo que también deberán ser mantenidos, aclarándose que se calcularán sobre el monto total (incluyendo intereses) que resulte de lo propiciado en el presente.	En cuanto a los emolumentos fijados por el rechazo de la acción dirigida contra los codemandados Kaltenbach, Solanes e Ymaz, debe tenerse en cuenta que la estimación del monto del proceso a los efectos de la regulación de honorarios en caso de rechazo de la demanda, debe ser apreciada por el Tribunal en cada caso en particular, según las circunstancias, procurando conservar la "ratio legis", la justa distribución de las remuneraciones en orden a la solvencia patrimonial de quienes deben sufragarla y el grado de responsabilidad del profesional por los intereses en juego y el mérito de la labor desempeñada. (Cfr. esta Sala in re "Meije, José Ramón c/ D.N.V. s/ diferencia de salarios" S.D. 61.168 del 23/04/92). Con tal base y considerando la labor cumplida por los profesionales de estos codemandados, también deberán ser confirmados.

X. Por todo ello, propicio que se confirme la sentencia apelada en lo principal y que se eleve el monto de condena a la suma de $42.924, con más los intereses fijados en primera instancia. Con costas en la alzada en el orden causado, atento la forma de resolverse los recursos y la complejidad e la indole de las cuestiones tratadas (arts. 68 y 71 del CPCCN), regulándose los honorarios de los profesionales de la parte actora y de cada codemandada, en el 25% respectivamente de los que les corresponden por su actuación en la anterior etapa.

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada en lo principal y elevar el monto de condena a la suma de $ 42.924, con más los intereses fijados en primera instancia. Costas en la alzada en el orden causado, atento la forma de resolverse los recursos y la complejidad e la índole de las cuestiones tratadas (arts. 68 y 71 del CPCCN), regulár los honorarios de los profesionales de la parte actora y de cada codemandada, en el 25% respectivamente de los que les corresponden por su actuación en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese y devuélvase Gabriela Alejandra Vázquez Gloria M. Pasten de Ishihara Jueza de Cámara	Jueza de Cámara	Ante mí:

MG	En de de , se dispone el libramiento de cédulas. Conste.	En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.