marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Libramiento de cheque en formulario ajeno, falsificación de cheque, estafa, imposibilidad legal del pago del cheque, indemnización, daño material, daño moral, actualización monetaria
Materia: PENAL
Carátula: PEIXOTO, CARLOS E. s/ LIBRAMIENTO    CHEQUE  EN  FORMULARIO  AJENO.  DELITO  REITERADO.   DACION EN PAGO  DE  CHEQUE  A  SABIENDAS  DE SU IMPOSIBILIDAD DE SER  PAGADO. ESTAFA. ACCION CIVIL. DESVALORIZACION MONETARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-09-16

1) Incurre en el delito de LIBRAMIENTO DE CHEQUE EN FORMULARIO AJENO SIN AUTORIZACION y no en el de falsificación de cheque, quien estampa la propia firma en formulario correspondiente a otro sin su autorización.

2) Debe excluirse en el caso de autos la posible comisión del delito de ESTAFA, pues en virtud de la confianza existente entre querellante y querellado hasta la ocurrencia de los hechos, debe descartarse que los episodios juzgados poseyeran idoneidad suficiente para inducir a engaño a la denunciante, dado que el pretexto empleado por el procesado de presentarse como apoderado de una cuenta corriente, a pesar de no estar autorizado a librar CHEQUES sobre la misma, no constituye una maniobra ardidosa, pues no era la primera vez que la querellante aceptaba ese tipo de negociación, razón por la cual no puede aducir la damnificada haber sido engañada.

3) La conducta del procesado debe encuadrarse en la hipótesis del ART. 302 INC. 4to. C.P. y no en el inc. 2do., pues de las propias manifestaciones de la querellante surge que el querellado al momento de la emisión del cheque no estaba autorizado para ello.

Como señala Borinsky, no puede ser conferida la autorización, al margen de las normas que regulan el contrato de cuenta corriente, pues de no registrarse la firma del autorizado, el banco se negará a pagar el cheque.

4) Corresponde hacer lugar a la indemnización reclamada con la pertinente actualización monetaria, no obstante la mención del valor dólar por ser estimativo.

El REAJUSTE es procedente, pues si bien es cierto, que por vía de la revaloración de la indemnización por desvalorización del signo monetario la pauta elegida por la querella en el caso el DOLAR, no puede ser fuente de enriquecimiento sin causa ya que sólo le asiste el derecho de exigir la prestación original debida, con la corrección de los índices oficiales que fijan la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de curso legal en la Nación, no es menos exacto que en uno de los escritos de la querella existe implícitamente un pedido de acreditamiento para determinar el monto del resarcimiento, lo que importa una petición de que se actualice el perjuicio por depreciación de la moneda.

5) No corresponde en cambio la indemnización por DAÑO MORAL por ser la damnificada una PERSONA JURIDICA y el ilícito no haber afectado, el buen nombre, la confianza del público o el crédito de que gozare la firma.

No obstante lo expuesto, como tal aspecto de la cuestión en debate no fue cuestionado en su oportunidad por la defensa, esa parte de la sentencia impugnada quedó firme, en orden a ella.
Daños y perjuicios, denuncia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ENCARNACION A LORENZO c/ FRANCISCO ROMERO s/ USURPACION. DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-04-19

Para admitir el resarcimiento por el daño causado por una denuncia penal, no basta para configurarlo la sentencia absolutoria, sino que es necesario analizar si hubo dolo, culpa o negligencia de los denunciantes al efectuarlo.
Acción contencioso administrativa, pericia psicológica, ausencias injustificadas
Materia: PROCESAL
Carátula: Villanueva, Mauricio c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-02-28

No concurriendo en la especie los vicios que se atribuyen al proceso administrativo seguido en contra del recurrente que desencadenara en su cesantía, debe desestimarse la acción intentada, por cuanto la denegatoria a producir la prueba pericial psicológica en modo alguno ha vulnerado el derecho de defensa del actor, pues la prueba aportada por el accionante, producida y valorada, excluyen la situación de falta de conciencia de sus actos o de comprensión del sentido de los mismos con lo que pretende justificar los incumplimientos que dan origen a la cesantía. Ello es así conforme la certificación de fecha 21/11/2006 que se agrega a fs. 24 del sumario y la demás prueba documental que demuestra que en el período en cuestión, en algunas ocasiones ha dado aviso y justificado sus ausencias por dolencias que no se vinculan con su situación psicológica. En ese marco la prueba pericial de que se trata, no poseía pertinencia, ni justificación. Producida la misma en el presente proceso, no logra revertir la conclusión debidamente fundada en la resolución que pone fin al proceso administrativo.- Del voto de la Dra. Molina.
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Basso Edgardo A. c/ Palacio Silvia L.y otros s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-19

No se evidencia interés alguno que legitime la apertura de la Alzada por el recurrente cuando, habiéndose decretado por el juzgador en el cuaderno de pruebas de la actora la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de apertura a prueba, surge de autos que se han señalado sucesivamente cinco audiencias para absolución de posiciones de los demandados y reiterado asimismo oficios informativos sin que nada de ello aparezca cumplimentado. Ello importa absoluta ausencia de actuaciones útiles que excluye como conculcado aquel interés en agravio del apelante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Quinteros, Carlos Martín c/ Corrientes, Provincia de s/ Clínica  Mayo  S.A.  -  ordinario. (Inc. Beneficio litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

El beneficio de litigar sin gastos es un trámite con autonomía procesal propia, lo que lo diferencia de los incidentes contemplados en el último párrafo del art. 318 del Código Procesal, que sólo constituyen meras instancias accesorias
Defensa en juicio, cláusula penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: García, Francisca Josefa c/ Brancato, Raffaele y otros. s/ Recurso de Hecho otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Constituye una ficción desprovista de contenido real referirse a la defensa en juicio cuando la aplicación de la cláusula penal no supone una multiplicación por diez de los valores reales adeudados sino una multiplicación por varios miles.
Recurso de inconstitucionalidad, relaciones de familia, filiación, demandado, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: A., M. c/ L., C. L. s/ FILIACION - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJAS ADMITIDAS) (CSJ  EXPTE N. 703-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

En el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, se advierte -coincidentemente con lo dictaminado con el SeÑor Procurador General-, que no existen razones para apartarse del criterio sostenido al abrir la queja, por la cual se habilitó la instancia extraordinaria a fin de que el Cuerpo realice el estudio que la cuestión merece y se pronuncie acerca de las posibilidades hermenéuticas de los tribunales ordinarios, en la determinación de la incidencia que, en el caso, tuvo en el reconocimiento de la filiación la negativa del demandado a someterse a las pruebas biológicas.
Sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: Eskimo  S.A. c/ Citicorp y Río Banco de Inversión  S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó las cuentas presentadas por la demandada, incurriendo en arbitraria prescindencia de la prueba de testigos, la que resultaba conducente para demostrar la versión dada por aquélla.
Pagaré, pagaré a la vista, presentación al cobro, lugar de pago, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJA DE CREDITO FLORES SUD SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA c/ JOSE COHELO s/ PAGARE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-13

Tratándose de un pagaré "a la vista" y con dispensa de protesto en el cual no se consignó un lugar de pago diverso del domicilio del deudor, debe aplicarse la doctrina plenaria del tribunal "caja de crédito de los centros comerciales S.C.L. C/Bagnat, Carlos" del 3.8 84, por la cual la mora se produce desde la presentación del título invocante de esa carencia: ello así porque al no haberse establecido expresamente otro lugar de pago, no rige la doctrina de la domiciliación imperfecta.
Delitos contra la humanidad, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Egea Bernal, Raúl s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-26

Teniendo en cuenta que la gravedad de los hechos y la pena no tiene incidencia en sí misma en la concesión o no del arresto domiciliario, que la condena por delitos de lesa humanidad no es impedimento, y que el riesgo de elusión es un requisito sin cuya presencia la prisión preventiva no podría subsistir, debe examinarse si la detención domiciliaria, y las medidas de supervisión que permite la ley, aparecen prima facie idóneos para afrontar el riesgo de fuga, y ese examen debe realizarse con arreglo a criterios de subsidiariedad y proporcionalidad en las circunstancias concretas del caso. Es insuficiente para satisfacer tal exigencia la denegatoria fundada en la gravedad y calificación de los delitos y en función del carácter facultativo de la concesión.
Sentencia, falta de acusación
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Julio s/ Homicidio calificado con ensañamiento y lesiones graves lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-05-22

Se violan las formas sustanciales del juicio cuando se dicta sentencia condenatoria sin acusación. (Fundamento del Dr. Carlos Ontiveros)
Responsabilidad médica, obligaciones de medio, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: TORRENTE DE FRODELLA MARTA EUGENIA c/ LUQUE LOBOS Y OTROS s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

En materia de responsabilidad civil médica el deber de prestar asistencia -galénica -o medical- es de "medios", circunstancia que impone al paciente la prueba de la culpa del facultativo (conf.

Bueres, "Responsabilidad civil de los médicos", Bs. As, Abaco, 1979 p. 184 y ss., y "Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos médicos", Bs. As. Abaco, 1981, p. 127 y sgtes.).

Este criterio fluye con claridad del art. 20, incs. 1ro. y 2do. de la ley 17.132 (que gobierna el ejercicio de la medicina en la Capital Federal) y es prácticamente aceptado por la casi totalidad de los autores y tribunales del país y del extranjero.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Useglio Rene Alejandro c/ Gerardo S. Malano y otra s/ Quiebra Banco Quilmes S.A. c/ Tres Hermanos S.R.L. y otros s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-20|1998-06-25

El tribunal de apelación está facultado para examinar la procedencia del recurso, pues sobre el punto no está ligado ni por la conformidad de las partes, ni por la resolución del Juez de primer grado, aún cuando se encuentre consentida. Este examen, por lo demás, puede hacerse de oficio.
Inhabilitación (civil), pródigos, donación a un hijo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M. de R.G., C.M. s/ INHABILITACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-01

1- Para que proceda una demanda de inhabilitación por prodigalidad se requiere que además del acto de disposición exista dilapidación de una parte importante del patrimonio, no sólo una mera pérdida, sino una disminución calificada por su inutilidad. El concepto jurídico de prodigalidad no puede desligarse del requisito de la "prodigalidad" que se debe analizar con flexibilidad según las características que rodean al acto. Un acto singular de dilapidación puede no ser muestra de prodigalidad porque no cualquier acto de disposición puede ser cuestionado sino que se debe considerar el factor subjetivo, de modo que es relevante demostrar la conducta anterior seguida por el alegado pródigo. En este sentido resulta trascendente demostrar que la disponente era una persona cuidadosa y restringida en sus gastos, a tal punto que la propia denunciante mencionó cierta avaricia en relación al trato mantenido con su empleada doméstica. 2- Con este enfoque si existieron previamente un conjunto de negociaciones familiares que giraban en torno a la partición del acervo hereditario y la distribución por parte de la madre y esposa a los hijos, cobra importancia la impropia administración que el cónyuge de uno de ellos efectuó -décadas atrás- respecto del predio donado al otro hijo. En este supuesto existe algo más que un acto de generosidad de parte de la progenitora calificada de pródiga. La donación de un campo que efectuó a uno de sus hijos -por importante que haya sido dentro del patrimonio- no fue una decisión irracional e injustificada tendiente a malgastar los bienes en un acto ruinoso para provocar la pérdida del patrimonio familiar, sino de un plan de donaciones anticipatorias de herencia para superar la conflictiva entre los descendientes. 3- Pero además debe exigirse el peligro de indigencia del alegado pródigo, situación que no se vislumbra si es propietaria de otros bienes y conserva el usufructo vitalicio del predio donado al hijo -correctamente administrado- y desarrolla su vida sin alteraciones económicas que le hagan requerir ayuda para mantener su nivel. 4- En este tipo de juicios donde no se custodia a una persona por su estado mental, no se discute su capacidad ni el grado de influencia que otros hayan podido tener en su decisión. Si lo que se alega es la disminución de facultades mentales del disponente se deben promover procesos protectorios de inhabilitación por tal motivo porque al pródigo se lo protege porque gasta y no porque le falte salud mental.
Depreciación monetaria, cosa juzgada, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Edificio Avda. Sta. Fe 1823/29 c/ Nila SACIFIA. y otra. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

La actualización del importe de la condena fijado en el fallo no compromete sino que preserva la autoridad de la cosa juzgada, pues lo que busca fijar definitivamente no es tanto el texto formal del pronunciamiento cuanto la solución real adoptada por el juez en el fallo, lo cual resultaría frustrado de no efectuarse el reajuste cuando, por culpa del deudor, aquél no es cumplido a su debido tiempo.
Compraventa mercantil, entrega del bien
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caballero, Jorge E. c/ Boccio, Elio José s/ Cumplimiento de contrato - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

El art. 23 bis del D/Ley 6698/63 que ratificara la ley 16478 (t.o.

ley 22108) y el art. 14 de la ley 20247, en tanto disponen que el tráfico de granos sólo puede ser realizado por personas inscriptas en los registros pertinentes, no establecen una incapacidad de derecho sino una prohibición de contratar, cuya violación no engendra la nulidad del negocio jurídico, sino la aplicación de las sanciones que dichos cuerpos legales prevén.-
Banco central, facultades del banco
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B.C.R.A. en autos Banco de Intercambio Regional S.A. (en liquidación) instrucción de sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

Teniendo en cuenta el origen legal de sus facultades, carece de sustento el argumento de que quien verifica y sanciona carezca de la necesaria competencia a tal efecto, máxime si se repara en la posibilidad que la propia normativa brinda a quienes se encuentran sometidos a su control para recurrir ante la justicia en los términos del art. 42 de la Ley de Entidades Financieras. (Consid. 5º).
Seguros, herederos, actos mortis causa, suspensión de la cobertura, reticencia, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORLANDO  ESPINOZA  CATALINA JUANA Y OTRO c/ ASEGURADORA ARGENTINASA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-10

Procede condenar a la aseguradora a abonar al actor cierta suma de dinero con motivo del siniestro ocurrido al vehículo asegurado, por cuanto -en el caso- no existió un supuesto de "reticencia", tal como lo sostuviera la compañía demandada, sino que concurrió -ciertamente- en el caso un supuesto de transmisión mortis causa de los derechos emergentes de la póliza a favor de los sucesores universales del beneficiario de ella, como consecuencia del fallecimiento de este último en su carácter de titular del interés asegurable. En este marco no se advierte que la persona del asegurado hubiese resultado concluyente para incidir en la decisión de la aseguradora en punto a si hubiese -o no- celebrado el contrato de seguro o, en su defecto, si lo hubiese hecho en condiciones distintas a las existentes en la póliza (arg. artículo 5 LS). Esto así, pues lo determinante en este supuesto es que el interés asegurado no refiere a la vida de una persona (como acontece en la contratación de un seguro de vida), sino a la existencia e integridad de un rodado que constituye el bien asegurado. Se sigue de lo expuesto que, no tratándose el caso de un seguro de personas, sino de uno patrimonial, el fallecimiento del titular originario del vehículo siniestrado no modificó el riesgo asegurado en la póliza; razón por la cual no se justifica el rechazo de la cobertura, máxime cuando la compañía de seguros no produjo prueba idónea que permitiese colegir que tal circunstancia hubiese impedido la celebración del contrato o, en su caso, hubiese influido en la modificación de sus condiciones.

Así las cosas, no se configuró en el caso un supuesto de "reticencia" en los términos y con los alcances pretendidos por la compañía de seguros demandada, sino que se trató de un supuesto de transmisión "mortis causa" de los derechos emergentes de la póliza a los sucesores universales (en la especie, las actoras) por defunción del asegurado titular del interés asegurable.
Recurso contencioso administrativo, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Ruben Carlos c/ Comuna de Romang s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 183-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-20

La habilitación de la instancia contencioso administrativa por denegatoria tácita constituye un derecho del administrado que, en modo alguno, debe ser interpretado en el sentido de que, transcurrido el término para tener por operada la denegatoria tácita, precluye el derecho de ejercer la pertinente acción contencioso administrativa.
Recusación, recusación con causa, recusación por prejuzgamiento, facultades instructorias, facultades ordenatorias
Materia: CIVIL
Carátula: SACCO c/ ADMINISTRACION PRECHI S.R.L s/ DERECHO PROCESAL. RECUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

El juez, al desestimar una prueba informativa por considerarla improcedente, no hace mas que ejercer los deberes y las facultades ordenatorias e instructorias que le reconocen los arts. 34, 36 y concordantes del Cód. Proc., no resultando tal decisión causa de recusación, con independencia del acierto o desacierto de la misma.
Defensa nacional, requisición, publicación de la ley, falta de publicación
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Mediterránea  SA . c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa-EMGA.) s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

La circunstancia de que el decreto 508/82, que dispuso la requisición de bienes, no fuera publicado en el Boletín Oficial, no constituye óbice a la existencia de requisición en los términos del art. 37 y concordantes de la ley 16.970.
Feria judicial, medidas cautelares, habilitación de feria, plazos procesales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mozo  Ricardo  Federico c/ Obra Soc. Conductores de Transporte deColectivos de Pasajeros s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-20

La naturaleza cautelar de una pretensión no determina, por sí sola, la habilitación de la Feria Judicial. Si así fuera, los Tribunales de Feria verían desbordada su actividad, por atender, predominantemente medidas precautorias, sin consideración alguna a la probable frustración del derecho invocado (cfr. esta Cámara, Sala de Feria, causa 4097/09 del 17.7.09, entre otras).

El pretensor no acompañó constancia alguna que pudieran convencer siquiera liminarmente al Tribunal del peligro de pérdida en su condición de afiliado de la demandada, ni la urgencia en el tratamiento de debe realizar, que luce crónico y la emplazada se encuentra cumpliendo según lo expuesto por el propio pretensor de acuerdo con las disposiciones vigentes cuya impugnación constitucional es el objeto del presente amparo.
Sanciones disciplinarias, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Las, Nora Gladis c/ Sistema Provincial de Salud s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-24

En modo alguno, "la discrecionalidad implica una libertad de apreciación extralegal, que obste a la revisión judicial de la proporción o ajuste de la alternativa punitiva elegida por la autoridad, respecto de las circunstancias comprobables y de acuerdo a la finalidad de la Ley".
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Messina, Hugo y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

La interpretación de las normas que establecen el régimen de garantía que más se compadece con la finalidad de regulación económica es la que asegure a los depositantes la devolución de sus imposiciones con más los intereses, inclusive los devengados durante el plazo de 30 días que establece el art. 56 de la ley 21.526.
Acción de inconstitucionalidad, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Chirdo, Angela s/ Inconstitucionalidad art.4 ley 10833
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

No obsta al cómputo del plazo previsto en el art. 684 del CPCC el hecho de que la interesada hubiese interpuesto un recurso administrativo contra el acto en cuestión, pues el agotamiento de la vía administrativa no es requisito procesal de la acción de inconstitucionalidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Expropiación, desistimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Dardo Rubén c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-21

La circunstancia de que la comuna haya desistido de la expropiación no autoriza a presumir que lo hizo con el único objeto de frustrar la acción expropiatoria intentada por el actor, pues del art. 29 de la ley 21.499 resulta la facultad del expropiante de desistir de la acción, en tanto no haya mediado perfeccionamiento, cuando, a juicio de los poderes políticos del Estado, la utilidad pública declarada no existe o ha desaparecido.