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Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, ley de orden público, iura novit curia, monto del juicio, intereses, tasa pasiva, cesión de créditos, BANCO DE SAN JUAN
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Fernández Alfredo Mariano y Otras s/ Ejecutivo s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-29

Es arbitrario el pronunciamiento de la alzada que soslaya aplicar oficiosamente una norma de orden público. De donde, y sobre la base del principio iura novit curia, se impone resolver, aun en esta instancia extraordinaria, aplicando las disposiciones legales que correspondan, en los límites -claro está- de lo que constituye objeto del recurso.

En el caso, resulta de aplicación la ley 7673 por tratarse de un crédito cedido por el Banco de San Juan SA a la Provincia de San Juan (ley 6753), por lo que la base regulatoria del juicio principal y del incidente de caducidad de instancia se integra con intereses calculados a tasa pasiva (art. 1, ley 7673).
Ley de defensa del consumidor, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ Mercado a Término Rosario SA y otros s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

A los efectos de evaluar la existencia de un colectivo consumeril con base en derechos individuales homogéneos, la Corte estableció que debían darse tres (3) elementos: el primero de ellos consiste en la verificación de una causa fáctica común, es decir la existencia de un hecho que causa lesión a varios derechos individuales.

El segundo, en que la pretensión debe estar enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y no en lo que cada individuo puede peticionar.

Y, el tercer elemento refiere a que el interés individual considerado aisladamente, no justifique la promoción de la demanda.
Prenda con registro, ejecución prendaria, enajenación del bien prendado, Dirección General de Rentas, alta en Rentas
Materia: COMERCIAL
Carátula: HERCULE SA c/ DI MATEO, JUAN DOMINGO s/ EJEC. PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-26

Si un automotor cautelado no obtuvo la radicación del alta en la Delegación de Rentas que le corresponde en función de la Seccional de Registro donde fue inscripto el dominio, resulta improcedente -como en el caso- imponerle al embargante una carga desmedida y estéril, consistente en el hecho de verificar en todas las seccionales del país los datos de empadronamiento del vehículo siendo que el alta en Rentas se obtiene luego de registrado el dominio lo que de suyo implica que esto ultimo determine la jurisdicción para solicitarla. Máxime, si existen elementos para determinar la titularidad del dominio en cabeza del defendido, el incumplimiento impositivo no puede constituirse en óbice para la realizacion del bien todo lo cual deberá hacerse constar adecuadamente en los edictos y avisos que publiciten el remate.
Arresto domiciliario, permiso de salida, rehabilitación de drogadictos, interés superior del niño
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: M. R., N. B.  c/  s/ prisión domiciliaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-06

Concedieron la ampliación para ausentarse del domicilio a una mujer con arresto domiciliario, para llevar a su beba a una guardería mientras asiste a un tratamiento por consumo problemático de sustancias psicoactivas, dado que si bien resultan atinadas las consideraciones efectuadas por la instancia anterior para rechazar la solicitud, resulta necesario y favorable para el tratamiento inscribir a la menor en un centro educativo que pueda cuidarla temporalmente mientras asiste a la terapia para su mejor evolución, dado que todavía no habría podido participar de propuestas terapéuticas grupales necesarias para su correcta evolución por encontrarse con su hija, y, en la búsqueda del interés superior del niño, resulta prioritario garantizar la debida continuidad del tratamiento de rehabilitación de la progenitora.
Protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: F., J. C. s/ QUIEBRA s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-26

En tal sentido, se ha dicho en relación a la vía procesal para ordenar la desafectación pedida por un acreedor que ha demandado al propietario del inmueble, que cabe distinguir dos supuestos. En caso de que surja de la prueba documental en que se funda la demanda que la deuda es anterior a la inscripción del bien de familia, corresponderá ordenar la desafectación dentro de las actuaciones donde se desarrolla el proceso, ya que la inscripción resulta inoponible al acreedor; eso sucederá, por ejemplo, en caso de ejecutarse un pagaré de fecha anterior a la inscripción; o como en el caso de autos, en donde el hecho ilícito - mala praxis - generador de responsabilidad, es de fecha anterior a la constitución e inscripción del bien de familia. En cambio, si se trata de un acreedor de fecha posterior que pretende la recomposición del patrimonio embargable y ejecutable de su deudor, porque ya no reúne los requisitos legales para mantener la afectación; o también, si no obstante la fecha que surge de determinada prueba documental, la cuestión de la antelación de la inscripción respecto del crédito es dudosa, el tema debe ser objeto de trámite autónomo, que dé lugar a amplio debate y prueba.
Empleados públicos, estabilidad del empleado público, relación de dependencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alonzo, Norma Haydee Tononi de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 61-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-05

El derecho a la estabilidad, que se proyecta sobre diversos aspectos de la relación de empleo público, no se hace -sin ningún límite- extensivo a la función que desempeña el agente. Así lo prevén expresamente algunas normas reglamentarias -por ejemplo, la reglamentación decreto 1797/80 de la ley 22140-.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CATENA ALFREDO VIDENTE A. c/ COOP. EL RURAL ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S127 - 482)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-11-19

La pérdida de chance constituye un rubro especial que se diferencia del lucro cesante y tan es así que la doctrina señala con acierto que "en el lucro cesante se pierden ganancias o beneficios materiales, en el caso de la Chance, el objeto de la pérdida radica en cambio, en la oportunidad misma de obtener esas ganancias o beneficios (que pueden ser también espirituales). En ambos casos hay un juicio de probabilidad, pero en la chance las ventajas se miran solo de modo mediato, porque no se analiza la mutilación de ellas sino la de la ocasión de lograrlas.-
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, acción de amparo
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: La Porta, Norberto Luis c/ Poder Ejecutivo  Nacional s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que revocó el pronunciamiento de la instancia previa que había hecho lugar a una demanda de amparo.
Comisión de nuevo delito, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: Zamudio, Nicolás Damián s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-22

El art. 76 ter CP prevé como causal de revocación del beneficio la comisión de un nuevo delito por parte del beneficiado, dentro del plazo de suspensión establecido, pero en modo alguno que la sentencia que así lo declare sea dictada en el transcurso de ese lapso, pues la oportunidad en la que judicialmente se resuelva la existencia de un hecho calificado como delito, en nada modifica la fecha de su comisión. El voto concurrente agregó que, con la revocación de la suspensión de proceso a prueba, no se está considerando culpable al justiciable, sino que lo que se resuelve es solamente revocar la suspensión del ejercicio de la pretensión punitiva estatal, ni respecto del primer hecho, que será juzgado oportunamente, ni respecto de aquél que impone la revocación, que resultará eventualmente analizado en el futuro. (Dres. Cabral, Figueroa y Gemignani -voto concurrente-).
Buena fe, sucesiones, derechos y deberes del heredero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alberdi, Juan Bautista y otros c/ Alberdi, Raúl Angel s/ Petición de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Constituye un principio casi omnicomprensivo, en el ámbito del derecho civil, que la buena fe se presume hasta que el contradictor demuestre lo contrario, pues debe partirse del presupuesto de que toda persona guía su conducta por las normas morales y legales (arts. 2362 y 4008 Cód. Civil).
Demanda, rechazo de la demanda, medios de prueba, prueba testimonial, prueba confesional
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Pérez, José Ramón c/ Federal Service SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-16

Un testimonio es judicial siempre que ocurra en un proceso cualquiera o en diligencias procesales previas, sin que se requiera que ocurra en el mismo proceso en que se hace valer como prueba. Asimismo, un testimonio judicial puede convertirse en confesión judicial o extra judicial cuando es trasladado a otro proceso seguido con ese testigo en el cual el hecho declarado entonces resulta perjudicial a éste. Es decir, la declaración judicial desfavorable a quien la hace es jurídicamente una confesión en otro proceso en que esa persona es parte. Este último es precisamente el caso de autos donde no se discute que el actor declaró en un proceso judicial haber ingresado a laborar para la demandada en una fecha determinada y cumpliendo una jornada, extremos que no coinciden con lo afirmado por el trabajador al iniciar la presente acción judicial. Ante tal situación, el trabajador no ha logrado demostrar (como le correspondía conf. art. 377 CPCCN) los supuestos de hecho en los que basara su decisión rupturista.
Prescripción adquisitiva, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: MAZZIERI, ADOLFO JOSE c/ MARQUEZ, MANUEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-26

No puede desconocerse lisa y llanamente los efectos de la sentencia pronunciada en un proceso de usucapión al cabo de las pruebas, por el hecho de ser dictada en cuanto ha lugar por derecho.

Esa sentencia puede caer únicamente después que se demuestren la falsedad de los hechos en que se apoya, demostración que debe estar a cargo del transmitente, no sólo porque ha sido él quien ha debido realizar actos posesorios que se enfrentan con los acreditados por el usucapiente, sino porque si ha negado validez al derecho posesorio invocado le incumbe la carga probatoria del presupuesto de hecho de la norma o normas invocadas como fundamento de la defensa (conf. art. 377 del Cód. Procesal).
Delitos contra la humanidad, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Cabanillas, Eduardo Rodolfo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-07

La persecución de los delitos de privaciones de libertad, torturas y homicidios perpetrados por los agentes de seguridad durante el último gobierno de facto, calificados como crímenes de lesa humanidad, resulta una obligación del Estado argentino frente a la comunidad internacional, que ha establecido un mandato de juzgamiento respecto de los mismos que exige superar cualquier tipo de escollo legal de carácter nacional que se interfiera en el esclarecimiento y condena de tales ilícitos.
Accidente de tránsito, culpa concurrente, mecánica del accidente, motociclista, culpa de la víctima, bocacalle
Materia: CIVIL
Carátula: Acosta Viviana Valeria y otro c/ Mansilla Pedro Alfredo y/u otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-11-27

Debe atribuirse responsabilidad a ambas partes ya que ha sido un factor concausal con marcada gravitación en la producción del accidente, la temeraria conducta adoptada por el conductor del motovehículo, quien carecía de carnet habilitante, al intentar una maniobra palmariamente irregular y en abierta contravención con el art. 42 de la ley de tránsito 24.449 (intentó sobrepasar un camión con acoplado, por la derecha, en proximidad de una encrucijada, y cuando este se aprestaba a girar a girar hacia una calle transversal efectuando las señales lumínicas). No obstante lo expresado, el camión también contribuyó causalmente ya que siempre se debe circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo y debió extremar los cuidados por ser un vehículo de gran porte.
Inhabilidad de título, defensa, causa de las obligaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Caja Complementaria de Previsión para la actividad docente c/ Asociación Educacionista Argentina s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-09

El procedimiento ejecutivo al que refiere el art. 16 de la ley 22.804 constituye un trámite de verificación restringido, en el cual -dado su limitado ámbito de conocimiento- se debe excluir todo aquello que ex-ceda a lo meramente extrínseco, admitiéndose únicamente como defensa al progreso del juicio las defi-ciencias formales del título, sin que se pueda discutir la legitimidad de la causa de la obligación (cfr. arts. 544, inc. 4, 605 y conc. del C.P.C.C.), por cuanto toda objeción fundada en la relación sustancial que vin-cula a las partes debe formularse durante el procedimiento administrativo que precede a la emisión del certificado de deuda.
Sociedad anónima, administración de la sociedad, derecho de información del socio, directorio, responsabilidad de los directores, acción social de responsabilidad, acción individual de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: PARAMIO, JUAN c/ PARAMIO, PASCUAL s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-05

La obligación de conservar el activo de una sociedad administrada, y en su caso de informar sobre el destino de los elementos que lo componen tiene varios beneficiarios. De un lado, el cumplimiento de la obligación de custodia o información interesa a la sociedad administrada -o si se prefiere a los socios de esa sociedad-; de otro lado, interesa a los terceros ajenos al ente pero acreedores de éste. Es evidente que a aquella interesa la conservación de "su" patrimonio y a los socios la conservación del patrimonio de "su" sociedad, y para los acreedores sociales, importa la conservación de la denominada "prenda común" que garantiza y permite el cobro de sus créditos. A tal fin la ley de sociedades responsabiliza a los directores frente a la sociedad misma, a sus socios y a los acreedores del ente y genera la acción social de responsabilidad, la acción individual de los socios y la acción individual de los terceros acreedores no socios.
Derecho a la salud, personas con discapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa B., M. A. y otros c/ (OSDE) Organización de Servicios Directos Empresarios s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

Si bien se ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la salud y la especial atención que merecen las personas con discapacidad, empero, también es criterio de la Corte que en nuestro ordenamiento jurídico tales derechos de raigambre constitucional, así como los principios y garantías consagrados en la Carta Magna, no son absolutos sino que deben ser ejercidos con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio, con la única condición de no ser alterados en su substancia.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ferreccio Altube, Enrique Carlos s/ denuncia delito de acción pública', incidente apel. rechazo solicitud const. parte querellante de Bustos, Pablo Alejandro y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Cabe denegar el recurso de casación, pues lo decidido no es asimilable a una sentencia definitiva -art. 457 del Código Procesal Penal- en tanto no pone término al pleito ni impide su continuación, ni causa agravio irreparable a los recurrentes, siendo la fundamentación del recurrente una simple discrepancia con el criterio asumido por el tribunal.
Robo calificado, inadmisibilidad del recurso, Ministerio Público Fiscal, sentencia absolutoria, prueba
Materia: PENAL
Carátula: RIOS RODRIGO EZEQUIEL c/  s/ ROBO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-17

Corresponde declarar admisible la impugnación extraordinaria deducida por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia del Tribunal de Impugnación, que anuló la sentencia de condena y dispuso la absolución del imputado, toda vez que se apartó del acervo probatorio que el tribunal de juicio percibió por sí mismo en el debate (inmediación formal) y no revisó los fundamentos que dicho tribunal dio sobre los hechos que extrajo de los elementos de convicción (inmediación material), en consecuencia, se verifica la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado y debe declararse su nulidad.
Recurso de queja (procesal), fundamentación del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Bs. As. c/ Lesko Trabacar UTE s/ Ejecución fiscal s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-05

El recurso de queja por apelación denegada es el remedio procesal tendiente a obtener que el órgano judicial competente para conocer en segunda o tercera instancia, tras revisar el juicio de admisibilidad formulado por el órgano inferior, revoque la providencia denegatoria de la apelación, declare a esta admisible y disponga sustanciarla en la forma y efectos que correspondan.

Además de los recaudos exigidos por el artículo 250 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, constituye recaudo indispensable para la admisibilidad del recurso de queja, que el quejoso exprese los fundamentos por los que sostiene la ilegitimidad de la denegación del recurso por el Juez; el recurso debe fundarse, es decir, se ha de demostrar en ese escrito la admisibilidad, o sea la procedencia de la apelación del recurso denegado.

Constituye una carga procesal para el apelante suministrar en su escrito de queja, aunque sea brevemente, las razones por las cuales considera errónea la denegación de su recurso y que determinan su concesión, debiendo contener un análisis serio, razonado y crítico de la resolución recurrida, señalando el yerro o apartamiento a la ley de rito por parte del juez de primera instancia.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

Es deber de la Corte agotar todas las interpretaciones posibles de una norma antes de concluir con su inconstitucionalidad, ya que la inconstitucionalidad es un remedio extremo, que sólo puede operar cuando no resta posibilidad interpretativa alguna de compatibilizar la ley con la Constitución Nacional y los tratados internacionales que forman parte de ella, dado que siempre importa desconocer un acto de poder de inmediata procedencia de la soberanía popular, cuya banalización no puede ser republicanamente saludable.
Apropiación de cosa perdida, falsificación de instrumento público, licencia de conducir, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: DE LA TORRE, J.C. Y OTRO. s/ DEFRAUDACION.   APROPIACION  COSA  PERDIDA.  FALSIFICACION  DOCUMENTO  PUBLICO. CONCURSO IDEAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-15

La acción del procesado que encontró en la vía pública un registro de conductor y le sustituyó la fotografía de su titular por la propia, configura el delito de apropiación de cosa perdida en concurso ideal con adulteración de documento público.

Existe una relación concursal entre ambos delitos, pues la apropiación de cosa perdida se concretó con la retención en su poder sin ánimo de restituirla a su titular, según lo establecen los artículos 2531 y 2534 Código Civil y la adulteración de su contenido es una maniobra que necesariamente lesiona la fe pública, en tanto que se trata de un instrumento público, que de manera alguna puede quedar absorbido por la figura anterior.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Maria Cristina y otro c/ Doblores, Jose Luis y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-21

Procede declarar la nulidad de la sentencia en la que existen contradicciones, como en el caso en que el primero se funda en la norma del art.1113 del C.C. en cuanto se refiere a la existencia de un "riesgo" y luego -perdiendo claridad- parece buscar el sustento de la responsabilidad de la demandada en la "culpa".
Costas, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROMERO OSCAR c/ GRACIELA A. IBARRA s/ Divorcio Vincular (LIBRO: S133 - 294)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-07-05

El dispositivo impugnado es conforme a lo estatuído en el art.

36 del C.P.C., el que determina que las costas deben imponerse al vencido, sin tenerse en cuenta la falta de temeridad o la razón probable para litigar (desde que, excepto el supuesto de malicia, quien acude a la justicia cree le asiste rezón), siendo sin duda el actor, "vencido" en estos autos, al rechazársele la demanda que oportunameente interpusiera y que fuera resistida por la demandada, no siéndole por ende favorable el resultado del juicio.-
Concurso preventivo, actos perjudiciales a los acreedores, plazos procesales, caducidad, aplicación temporal de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRIGORIFICO MORENO SA s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE REALIZACION DE BIENES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

Siendo de aplicación -a fin de determinar la ineficacia de pleno derecho de cierto negocio- la ley 24522, aun cuando el proceso se haya iniciado con anterioridad a su vigencia, el plazo de caducidad del art. 124 de dicha norma, no puede aplicarse en esos casos, de pleno derecho, pasados los tres años desde la sentencia de quiebra, sino que el dies a quo del término ha de establecerse en la fecha en que comenzó a regir la nueva ley. No empece a tal conclusión, la suspensión de plazos dispuesta en el principal, por cuanto la misma solo puede alcanzar a plazos procesales y no a plazos de caducidad legales, que no pueden suspenderse ni interrumpirse.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ LOSTAU ROBERTO J. c/ DIRECCION  GENERAL  DE  PRESTAMOS  PERSONALES  Y  CON GARANTIA  REAL s/ REVERSION    DE  DOMINIO,  DISOLUCION  DE  CONSORCIO  Y   SUBSIGUIENTE  DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-14

Es nulo el convenio celebrado por el mandatario que sin facultades especiales efectúa una renuncia, aun a título oneroso, si esta importa una transacción. (S1,1443,140683)