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Ejecución previsional, economía procesal, nulidad de sentencia, facultades del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INCIDENTE DE RECURSO DE QUEJA DE, PUGNI EULALIA CORINA EN AUTOS "PUGNI EULALIA CORINA" c/ ANSES s/ EJECUCION PREVISIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-30

Advirtiendo que el Tribunal ha deslizado un error involuntario en la sentencia interlocutoria dictada en autos, pues los fundamentos expuestos y la solución arribada no se condicen con la cuestión ventilada en autos, corresponde por razones de economía procesal, declarar la nulidad de la sentencia mencionada conforme las facultades ordenatorias e instructorias que concede el art. 36 del C.P.C.C.N.
Sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: AGUIRRE OSCAR EDUARDO s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-16

Conforme lo establece el art. 130 C.P.P. "el Tribunal deberá fundamentar, bajo pena de nulidad, las sentencias y los autos. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga.

La motivación (o fundamentación) es contradictoria cuando se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho, o viceversa, y después se afirma otro que en la precedente motivación estaba explícita o implícitamente negado, o bien se aplica un distinto principio de derecho (T.S.J., Sentencia del 25/06/59, B.J.C, 1960, pág. 88).

Si, en el caso, el Tribunal de ejecución, para negar la revisión de la pena impuesta al condenado en función de la reincidencia declarada en la sentencia, sostiene que al momento de la decisión no existía ya la ley 21338, sino que regía la ley 23057 y, a continuación, procede a reducir la pena por sostener que al momento de su imposición se tuvieron en cuenta las escalas penales establecidas por la ley 21338 para los delitos de lesiones leves y que desapareció la calificante por resistencia a la autoridad y solo revisó la pena impuesta teniendo en cuenta las nuevas escalas penales, negándola, en relación a la reincidencia.

El interés de la cuestión radica en su incidencia en el quantum de la pena, puesto que el sistema adoptado por las distintas legislaciones (la del momento de comisión del hecho y la que existe al momento de la condena) son diferentes, sede que la ley 21338 establecía que "en caso de reincidencia, la escala penal se agravará en un tercio del mínimo y del máximo..." (C.P., art. 51), en tanto que la ley 23057 nada establece al respecto.

El Tribunal no puede negar que se aplicó la ley 21338 en relación al art. 51 del C.P. porque ya no regía y reconocer su aplicación en relación a los delitos de lesiones leves y de resistencia a la autoridad agravada, cuando ambas cuestiones fueron resueltas en la misma sentencia. Tal conclusión, por ser contradictoria, priva de fundamentación a la decisión.-
Contratos bancarios, cuenta corriente bancaria
Materia: BANCARIO
Carátula: Banco del Sud SA c/ Casado, Jorge Osvaldo y Otros s/ Ordinario -Por Simulación y Fraude-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-09

La cuenta corriente es un contrato normativo o de coordinación, e importa un nexo con contratos básicos o subyacentes.
Recurso de casación, cuestión no planteada
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miller Quesada, María Graciana. c/ Provincia de Río Negro. s/ Inhabilitación Especial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-08-26

La ausencia de agravio concreto en el recurso de apelación, donde sólo se cuestiona la valoración probatoria pero no la consecuencia legal necesaria de los arts. 20 y 20 bis CP, obsta ahora a la procedencia de todo ataque al respecto, que no formulado en la instancia ordinaria deviene extemporáneo en esta instancia extraordinaria.
Agravantes de la pena, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: González, Dramazino, Matías Gonzalo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-23

La circunstancia que permite agravar la figura del robo por el empleo de un arma es el mayor riesgo para la vida y la integridad física de la víctima, así como el mayor grado de intimidación que se genera con la utilización del elemento del cual se trate. Sobre esa base, es correcto concluir que un destornillador de las características como el considerable tamaño y el filo que posee utilizado en el hecho y el lugar del cuerpo de la víctima (abdomen) donde el imputado le colocó el mismo, de forma amenazante, reúne tales características (voto del juez Jantus)
Juicio abreviado, arresto domiciliario, tenencia de estupefacientes, extranjeros, falta de prueba, homologación judicial, calificación legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de juicio abreviado en autos DJ s/ tenencia de estupefacientes c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-02

Cabe rechazar el acuerdo de juicio abreviado celebrado entre la Fiscalía y el imputado -por el delito de tenencia simple de estupefacientes previsto en el art. 14, primera parte, de la Ley 23737- junto a su defensa, haciéndole saber a las partes que podrán reeditar el pedido si lo estimen pertinente. Asimismo continuar con el arresto domiciliario impuesto, haciéndole saber a la defensa que en caso de requerir su revisión deberá solicitar la audiencia pertinente. Ello así, porque cuando se puso en conocimiento del imputado las consecuencias legales que la eventual homologación -en el caso recaería una condena y con ella la posibilidad de que la Dirección Nacional de Migraciones iniciara un proceso que culminara con su expulsión del país- podría acarrearle en su carácter de extranjero migrante, no lo aceptó. El instituto del avenimiento es una vía alternativa de resolución de conflictos consistente en un acuerdo entre el Fiscal, el imputado y su defensor, que tiene como propósito evitar el juicio. Es una forma de renuncia al derecho de acceder a un juicio oral y público, escenario donde se resiste la acusación y la situación procesal de una persona queda definida luego de producirse la prueba.

Sin embargo, también se advierte una causal independiente a lo desarrollado que impide dicha homologación, resulta adecuado exponerlo en esta oportunidad, porque podría ocurrir que el imputado decidiera -con voluntad y conocimiento- firmar un nuevo acuerdo. Si bien no sería necesario hacerlo, no analizar esta cuestión expondría a las partes a reeditar un acuerdo similar con la consecuencia de otro rechazo. A mayor abundamiento, no sería un acto de buena administración de justicia no señalar la causal que hubiera llevado igualmente al rechazo de este acuerdo, aún cuando la voluntad del aquél no hubiera estado viciada. Se trata de la necesidad de contar con el faltante resultado de la pericia de la sustancia secuestrada. Ello, en virtud de que los test orientativos sólo sirven para inferir que el material incautado es estupefaciente y a modo de estándar mínimo para avanzar en el proceso o en la detención en casos de flagrancia. El peritaje químico lo confirma y, además, sirve para determinar el tipo de estupefaciente, su calidad, la cantidad, peso y el número de dosis umbrales. En la resolución aludida, por encontrarse la causa en etapa de investigación, se considera una medida probatoria fundamental que justifica la prórroga temporal de la investigación para que la citada tenencia configure el supuesto delictivo alcanzado por la norma.
Sentencia, notificación, notificación personal, notificación por cédula, abogado apoderado, patrocinante, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Copla Cooperativa de Servicios Transportistas C. y C. LIM c/ Sec. de Transporte -Resol. 129/98 s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-18

La sentencia es de las resoluciones que deben notificarse personalmente o por cédula al interesado, conforme lo dispone el art. 135, inc. 13 del C.P.C.C.N. El art. 142 de rito, sólo autoriza al litigante que actuare sin representación o al profesional que interviniere en el proceso como apoderado, a notificarse personalmente en el expediente de las resoluciones a que se refiere aquel artículo, sin hacer mención del letrado patrocinante. Y no parece que la situación prevista en el art. 134, que al referirse a la notificación tácita mediante el retiro de copias, menciona también al letrado patrocinante, pueda hacerse extensiva al retiro de copias de la sentencia, toda vez que dicho artículo se refiere sólo al retiro de copias de los escritos. Si otra hubiese sido la intención del legislador, el segundo párrafo introducido al art. 134 por la ley 22.434 no debió limitarse a los "escritos" o en todo caso, la reforma debió incluir al letrado patrocinante en el texto del art. 142, lo que no hizo. Asimismo, una interpretación extensiva iría, en el caso, en desmedro del derecho de defensa en juicio de la parte, frustrándose en definitiva el derecho alegado al promover la acción. (Consid. 3º).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Heredia, Alfredo Rubén s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

En materia de juicio oral la ley no impone a los magistrados regla alguna para la apreciación de la prueba, exigiéndoles sólo que expresen y desarrollen lógica y razonadamente su convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados y cómo llegan a ella. Para un ataque eficaz es insuficiente el intento de la defensa de soslayar el razonamiento del juzgador, refiriéndose al contenido de declaraciones y testimonios recibidos en la audiencia del proceso oral y de lo cual nada pidió que constase en el acta respectiva (art. 277, C.P.P.), o insistiendo en una hipótesis expresamente descartada por el tribunal.
Beneficios previsionales, jubilación ordinaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orellano, Justo c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones Provincial s/ Contencioso Administrativo (Libro: S052-296) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-07-08

Los casos previstos por el art. 53, inciso "d" de la ley 1828 son taxativos, por ello no corresponde jubilación ordinaria por no encontrarse comprendido en la disposición citada, el empleado del Ministerio de Salud Pública, en la sección estación de desinfección.
Marcas, plagio
Materia: PROCESAL
Carátula: Enrique L. c/ Ferrari  S.P.A. s/ Op. Marca "Enzo Ferratti"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

Si se debe recurrir a la evocación del nombre del Sr. Enzo Ferrari es por que el mismo actor realizó una copia casi textual de él. Ha dicho la Corte Suprema en situaciones que guardan susbtancial analogía que no se debe tolerar el "artificio de un mínima deformación", de tal modo que mediante ella se pueda despertar en la gran mayoría del público "reminiscencias de un nombre famoso que solventaría la calidad de la mercadería", procurando de ese modo aprovechar el prestigio ajeno. Precisamente en mérito a esa confundibilidad ideológica la aplicación de la marca solicitada en los artículos de la clase 25 es susceptible de generar en el público consumidor sobre el origen de los productos. Y aunque es cierto que parte de ese público puede estar prevenido y ser selectivo a la hora de comprar determinada ropa, es indudable que semejante prevención y cuidado no se puede predicar de modo absoluto, de tal modo que atendiendo a la situación que se presenta en los casos de adquirientes desprevenidos, en los que se procura sorprender la buena fe mediante el recurso de la copia casi textual, la solución judicial debe preferir la protección de los intereses legítimos y no la de quien mediante un proceder reprochable intenta acercarse a una marca notoria para aprovecharse de un esfuerzo ajeno.
Administración fraudulenta, bancos, operaciones bancarias, sujeto pasivo
Materia: PENAL
Carátula: Piñeiro Pacheco, Raúl E. s/ Causa 23913
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-02

Desarrolla el delito de administración fraudulenta quien captando fondos de ahorristas particulares simulando sujetarse a las regulaciones estipuladas por el Banco Central, las desvía mediante procedimientos fraudulentos en beneficio propio o de terceros. El sujeto pasivo es la masa de acreedores del banco.
Competencia, prórroga de la competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guardia, Valentina Jova s/ sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-02

Aun cuando la jurisdicción no puede ser prorrogada, sí puede prorrogarse la competencia territorial del juez de la sucesión dentro del ámbito de una misma provincia ( arts. 1, 2, 3 y cdts.

Cód. Proc. ). (Minoría u opinión personal)
Habeas corpus, competencia, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: CICCIOLI JORGE ANTONIO s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS - APELACION EN HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-04

El Juez o Tribunal que se encuentra interviniendo en la causa, es el que se encuentra en mejores condiciones de expedirse acerca de la procedencia del pedido de liberación, al tener la posibilidad de evaluar una serie de circunstancias condicionantes para la procedencia o no del beneficio, situación ésta que llevaría a admitir que el recurso de apelación por habeas corpus denegado, viola el principio según el cual "electa una vía no datur regressus ad alterna". Por ello, pretender que el hábeas corpus adquiera el carácter de recurso de apelación contra las decisiones de los jueces de grado, resulta inadmisible y desnaturalizador del instituto del hábeas corpus. La misma Corte de Justicia de la Nación, ha rechazado tal posibilidad afirmando que dicho remedio legal "de ningún modo puede funcionar como verdadero recurso de revisión..."
Medidas para mejor proveer, producción de la prueba, verdad jurídica objetiva, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Iturrieta, Miguel Angel y Otros s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-02

Cuando a través de las medidas para mejor proveer dispuestas el Juez vulnera esencialmente la igualdad de las partes supliendo la negligencia de quién había asumido la carga de probar los hechos sustento de la pretensión es provocada un grave menoscabo al debido proceso, que no se justifica en el caso aún cuando con dichas medidas se hubiese perseguido la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, habida cuenta que esto solo es aceptable en la medida que no se violenten garantías constitucionales de mayor jerarquía institucional.
Indemnización por muerte, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Uzqueda, Teodosia Francisca c/ SADE SA s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-27

Ha resaltado nuestra Corte Suprema tal impropiedad, afirmando que la vida humana no tiene valor "per se", sino en consideración a lo que produce o puede producir. Así no puede evitarse una honda perturbación espiritual cuando se habla de tasarla económicamente, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable. Pero la supresión de una vida aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora productora de bienes.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: PROCESAL
Carátula: BEST,  CAROLINA  BEATRIZ  ANDREA c/ VELEZ, RAUL HECTOR Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-27

Si como consecuencia del actuar negligente del conductor de un camión -que en horas de la noche salió de un sitio de detención ubicado a un lado de una ruta y mediante una lenta maniobra cruzó perpendicularmente la calzada para tomar el carril opuesto, mientras el acoplado cubría aun el otro carril, sin luces en su costado visible para quienes circulaban por el, incrementando así el riesgo propio de la circulación del rodado (Cód. civil art. 901, 903, 904, 1113)-, se produjo una colisión, resulta innegable su responsabilidad, pues, su proceder no fue compatible con las exigencias previstas en el Reglamento General de tránsito para los caminos y calles de la República art. 65 y 67, aprobado por decreto 12689/45, ratificado por ley 13893, vigente al momento del accidente; mas, si el automovilista que colisionó con él, no obstante no circular a excesiva velocidad en términos absolutos, tuvo cierta incidencia en el accidente dadas las condiciones de hora y lugar -durante la noche, en las proximidades de una "zona urbana" donde era previsible la presencia de vehículos o personas- debió extremar el cuidado y la prudencia en el manejo, con lo cual resulta razonable establecer el porcentual de participación del conductor del automóvil en un 15%, asignando al conductor del camión un 85% de la responsabilidad.
Recurso extraordinario, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: Ordóñez, Miguel; Piombo, Domingo s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

El art. 87 del Código de Procedimiento Penal excluye al particular damnificado que no reviste el carácter de actor civil de la posibilidad de interponer recursos extraordinarios, careciendo de efectos -a este fin- la existencia de una decisión anterior que lo tuvo en aquel carácter si ha quedado firme el sobreseimiento definitivo dictado.
Responsabilidad contractual, ley de defensa del consumidor, aplicación de la ley, daños y perjuicios, carga de la prueba, indemnización, daño material, privación del uso del automotor, daño moral
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BENEGAS, ELVIRA. c/ SAAVEDRA, PEDRO ALBERTO. s/ SUMARISIMO LEY 2268.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-14

Debe prosperar la demanda en tanto se encuentra probado en autos los servicios requeridos al demandado, es decir la reparación del motor de la camioneta que le encargara la actora; también se encuentra acreditado que el demandado no entregó presupuesto por los trabajos realizados, sino que lo hicieron quienes intervinieron en la rectificación del motor, con lo cual y conforme lo sostiene Farina: "la falta de entrega del presupuesto con los datos que exige el art. 21 la Ley 24.240 , deberá operar como una presunción iuris tantum a favor de lo que afirme el usuario, teniendo en cuenta la naturaleza y características del servicio (clase de trabajo, materiales empleados, precio convenido, etc.) y atendiendo, en lo pertinente a lo dispuesto por los art. 1632, 1635 y consc. del Cód. Civil; pero, a la inversa de lo dispuesto por estas normas, será a cargo del prestador del servicio la prueba en contrario de lo afirmado por el usuario o consumidor (arg. art.37, inc. c).

De otro modo este art. 21 estaría de más." (en "Defensa del Consumidor y del Usuario", p. 304).
Violación de correspondencia, encomienda, inviolabilidad de la correspondencia
Materia: PENAL
Carátula: ROBERT, Alejandro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-08

"El término correspondencia es la comunicación escrita entre dos personas. En consecuencia, ... no comprende a la encomienda" .

La encomienda no goza de la garantía constitucional de inviolabilidad, sin autorización judicial que la disponga (art.

18 C.N.). "La tutela penal no solamente comprende aquellos escritos cuyo contenido supone una comunicación personal con un destinatario determinado, sino también aquellos papeles que solamente contienen la expresión intransitiva de los propios pensamientos ajenos, aunque no expresamente dirigidos, con tal de que se trate de papeles que se hallan dentro de la esfera de custodia o en propiedad de determinada persona ... Según se ve, no están comprendidas las encomiendas, pero sí lo estaría la carta puesta dentro de ella, aunque lo fuese irregularmente desde el punto de vista de la tarifa postal, siempre que la carta, a su vez, esté cerrada" .

En consecuencia, debe confirmarse el auto que resolvió rechazar el planteo de nulidad interpuesto.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, aplicación de la ley, ley penal más benigna, jueces, deberes del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Marasco, Bernardo Luis y otro c/ Sociedad Anónima Otto Spuler y otro y/o contra quien resulte Jurídicamente responsable s/ Laboral (Expte. Nro. 126-92) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-14

No puede obviarse en la materia laboral "la opción por la norma más favorable al trabajador" prevista en el artículo 9 Ley de Contrato de Trabajo, cuya operatividad se daría de otorgarse ultra actividad al artículo 8 (ley 9688) modificado, es decir no contempl ndose su derogación por la ley nueva. Al margen de esto último, la ley 23643 es la norma legal vigente al momento de la decisión del juzgador, el que así debe ajustar ésta a la misma, ya que es la que le especifica imperiosamente las pautas que debe tener en cuenta "para determinar el monto de la indemnización", sin mencionar u ordenar otra alternativa con idéntico fin en orden a la tarifación que dispone y la caracteriza. (De los Fundamentos del Dr. Dallo -En Disidencia-). La cuestión a resolver es: ¨Es aplicable la reforma dispuesta por la ley 23643 al artículo 8 de la ley 9688 a los infortunios laborales ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia?
Sucesiones, sucesión ab intestato
Materia: CIVIL
Carátula: CARACCIOLO, Juan Carlos s/ SUCESIÓN AB INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-02

Disidencia del Dr. Bellucci:

En este caso en particular y ante el desconocimiento de bienes de los sucesores, en uso de las facultades conferidas por el artículo 204 del Código Procesal, debe disponerse la inhibición general de bienes de los herederos, ello a efectos de resguardar los emolumentos del letrado por las tareas profesionales cumplidas y conforme al convenio suscripto con los herederos.

(Sumario N°18101 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil Boletín N°4/2008).
Suspensión del juicio a prueba, plazos procesales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cuenca Girón, Diego José s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-09

El derecho que le asiste al imputado de solicitar la probation caduca al vencer el plazo establecido por el art. 354 del C.P.P.N. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso, adhieren los Dres. Madueño y Catucci).
Cesantía ilegítima, indemnización, daño resarcible
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Cánepa, Raúl c/ Municipalidad de Hipólito Irigoyen s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-02-22

La presunción del daño por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad no puede alcanzar también a la magnitud del mismo y, sin más, determinarse que ésta siempre será equivalente a la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir por el agente ilegítimamente despedido. Antes bien, el monto del perjuicio debe estar supeditado a la demostración que efectúe la actora y en tal caso a la prueba en contrario de la demandada, en virtud del juego interactivo y dinámico de las cargas en materia probatoria, propio del proceso contencioso administrativo.(del voto del doctor Negri)