Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-25


COMPAÑIA DE ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES Ing. RODOLFO CORNERO S.R.L. contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 213 p 126-130.

Santa Fe, 25 de abril del año 2.006.

VISTOS: los autos "COMPAÑÍA DE ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES Ing. RODOLFO CORNERO S.R.L. contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -R.C.A.P.J.- sobre INCIDENTE DE APREMIO" (Expte.

C.S.J. Nro. 251, año 1.984); para resolver la incidencia planteada por la parte demandada a fojas 466/474; y, CONSIDERANDO:

1. A fojas 466/474 la Municipalidad de Santa Fe interpuso incidente desindexatorio fundado en las disposiciones de la ley 24.283.

Tras relatar detalladamente los antecedentes de la causa, afirmó que tanto la liquidación practicada en autos como la que formó parte de las actuaciones administrativas que dieron origen al expediente de consolidación de deudas ($ 800.591) superan notoria y exorbitantemente el valor real y actual de la cosa o prestación al momento del pago, "quedando en evidencia una incongruente e irrazonable desproporción en la comparación de valores económicos relacionados con el elemento objetivo que originara la deuda, es decir el importe que demandaría la ejecución en la fecha de la aludida obra".

Dijo que si bien la deuda que debe afrontar se plasmó en una sentencia condenatoria no puede soslayarse que la causa origen de la misma deviene de la contratación para la construcción de una rotonda, y "es precisamente de dicha obra donde se configura la deuda de mi conferente para con la actora".

Propuso como pauta útil para determinar la deuda el actual valor de mercado de la citada obra y resaltó que "el Juez está obligado a moderar la cuantificación del juicio, ciñéndose a los límites impuestos por la citada norma, no debiendo olvidarse que lo que la actora pretende cobrar es el saldo por ejecución de una obra que por aplicación de índices indexatorios culminaron en cifras groseramente disparatadas y exorbitantes configurando ello un absurdo irrazonable." Comentó antecedentes jurisprudenciales y destacó que con esta pretensión procura mitigar las resultas de la aplicación, fría y matemática, de un mecanismo indexatorio que se ha tornado irrazonable y que concreta una hipótesis de enriquecimiento sin causa "toda vez que los valores que se pretenden percibir superan en más de cuatro o cinco veces el valor actual y real de la obra".

A continuación, manifestó que la Dirección Provincial de Vialidad estimó el presupuesto de la obra al mes de febrero de 1997 en la suma de $ 204.470; y la Cátedra de Cómputo y Presupuesto de la U.T.N. en el importe de $ 126.880,48, ambos sobre la base de la misma propuesta técnica realizada por la empresa actora, y que esos informes "se contraponen con la irritante y grosera liquidación practicada en autos que lleva a cuadruplicar o quintuplicar el precio actual de la obra".

Expresó que el crédito reclamado en autos queda jurídicamente incluido en el Régimen de Consolidación de Pasivos, Ley nacional 23.982, con sus respectivos decretos reglamentarios, Ley provincial 10.798, y en particular, en los términos de la Ordenanza municipal 9.745.

Asimismo, ofreció abonar a partir de la firmeza del fallo que resuelva la incidencia la suma que resulte del importe promedio de los presupuestos indicados en seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas y, por último, efectuó reservas del caso federal.

2. Corrido el pertinente traslado, lo contestó la apremiante a fojas 496/505.

Luego de comentar el caso, aseveró que su crédito se encuentra absolutamente consolidado en los términos de la ley 24.283 y adujo que no es razonable que sucesivas liquidaciones derivadas del incumplimiento persistente del deudor otorguen la posibilidad de deducir la presente excepción y que la conducta procesal de la demandada ha configurado un reiterado consentimiento del monto de la liquidación que torna ilegítima por inoportuna la pretensión deducida.

Comentó doctrina como sustento de su postura y dijo que la exigencia de que el deudor ejercite la defensa desindexatoria en la primera oportunidad procesal tiene una doble razón de ser: por un lado, la ausencia de la calidad de orden público de la ley que descarta su aplicación de oficio, y por el otro, por ser el requisito el medio práctico instrumental de asegurar una aplicación prudente y equitativa de la exorbitante ventaja que la ley acuerda al obligado al pago.

Afirmó, con apoyo en jurisprudencia, que al consentirse la liquidación se consolida la situación jurídica en los términos de la ley 24.283 y con esto precluye la oportunidad para articular el incidente relativo a su aplicación.

Por otra parte, aseveró que al tener el convenio celebrado entre las partes principio de ejecución se ha consolidado la situación jurídica, existiendo un derecho adquirido como propiedad con garantía de inviolabilidad.

Consideró que el planteo formulado es improcedente pues la obligación de la demandada fue dineraria pura y no estaba vinculada a una cosa ni al precio de la obra contratada sino a la magnitud del perjuicio padecido por el accionante con motivo del acto arbitrario del ente público descalificado por la resolución judicial.

Adujo que el pedido de comparar la cuantía de la obligación con el presunto precio de la obra deviene lógicamente incongruente y jurídicamente improcedente; atacando, asimismo la cuantía ensayada por la resistente.

Punto aparte, dijo que los intereses son ajenos al régimen de la ley 24.283 y resaltó que la incongruencia de la pretensión municipal se patentiza frente a la inclusión al monto definitivo de los honorarios adeudados, "lo que desmiente las afirmaciones del planteo respecto de la relación del crédito reclamado con el contrato originario de la obra pública o de saldo de su precio".

En última instancia, aceptó percibir el total de su crédito, sin desindexación, dividido en seis pagos iguales, mensuales y consecutivos.

3. Corresponde desestimar la incidencia planteada.

Liminarmente, debe señalarse que, de conformidad a lo sostenido por esta Corte (por todos A. y S., T. 121, pág. 239) siguiendo los lineamientos del Máximo Tribunal nacional, la ley bajo examen, al operar en un "ámbito material omnímodo", es aplicable a todo tipo de obligaciones y que, en principio, la pretensión no está sujeta a plazos preclusivos (ver también "Vialco", A. y S., T. 199, pág. 138).

Ingresando en el análisis del planteo de la Municipalidad de Santa Fe corresponde valorar, en primer lugar, la viabilidad del razonamiento expresado por la nombrada en cuanto sostiene que debe pagarse únicamente el valor real y actual de la cosa (ver f. 472).

La incidentista trata de colocar el centro de esta contienda en la determinación del valor que actualmente tendría toda la obra.

En efecto, asevera que "tanto el importe que arroja la liquidación practicada en autos, como así la que formó parte de las actuaciones administrativas que dieron origen al expediente de consolidación de deudas N 31-V-95, superan notoria y exorbitantemente 'el valor real y actual de la cosa o prestación al momento del pago', quedando en evidencia una incongruente e irrazonable desproporción en la comparación de valores económicos relacionados con el elemento objetivo que originara la deuda, es decir el importe que demandaría la ejecución en la fecha de la aludida obra" (fs. 467 vto./468).

Urge, en esta instancia y siguiendo los lineamientos del precedente "DYCASA" (A.

y S., T. 131 ,pág. 239), tomar en cuenta la finalidad de la ley 24283, puesto que ello permitirá medir la importancia que adquiere la fundamentación que debe ofrecer el deudor que pretende la aplicación de la 'desindexación' al articular la incidencia.

Esa normativa, al permitir poner un límite a la utilización de índices de actualización que conducen a resultados injustos exige implícitamente, como contrapartida de tal posibilidad, que el pretensor exponga con nitidez el razonamiento y el método de cálculo que avalan su planteo. Es decir, debe suministrarse la explicación que revele por qué los índices de actualización -método usual para preservar al dinero de la desvalorización monetaria con anterioridad a la ley 23928- llevan a resultados que poco o nada tienen que ver con el valor real de las prestaciones.

Este es el único modo de garantizar que la finalidad de la ley de corregir situaciones de injusticia sea satisfecha puesto que se le exige al incidentista la explicación de la evaluación que lo condujo al planteo, evaluación que a su respecto será lógicamente previa a la promoción del incidente, ya que la ley no habilita que los deudores recurran al expediente de la desindexación únicamente al evento de que exista la mera posibilidad de obtener algún beneficio.

De ello se desprende que la intención de acudir al valor real y actual de la obra, que como principio, en el sistema de la ley 24283 podría ofrecer una pauta útil, no constituye en el presente caso y tal como ha sido esbozado, un camino adecuado para el progreso de la pretensión desindexatoria.

Efectivamente, de acuerdo a la cláusula 1ra. del convenio celebrado entre las partes el 30.11.1989 -que fuera homologado a fojas 390/397-, se reconoció a favor de la empresa actora un monto total comprensivo de los rubros capital actualizado, intereses, gastos y honorarios de los profesionales del derecho que la representaron. En tales condiciones, acudir simplemente al valor real y actual de la obra para compararlo con lo que se adeuda por esos rubros no parece ser la metodología más adecuada a los efectos de valorar la razonabilidad de los montos aún impagos.

Es más, se observa claramente que la accionada no proporciona ningún esquema a los fines de establecer la composición y proporción de esos conceptos, ni menos aún brinda criterios que permitan determinar la incidencia y gravitación de los mismos en la suma global reclamada. Repárese, por ejemplo, que en cuanto el rubro 'honorarios' no provee parámetro de valoración alguno que permita no solo determinar su quantum sino también evaluar su razonabilidad.

A ello cabe agregar otro aspecto relevante: las cifras adeudadas comprenden intereses que fueron morigerados en la resolución de la Corte de foja 390 por considerarlos abusivos, disponiendo que las sumas debidas devenguen un interés moratorio del 15% anual.

En tales condiciones, no se justificaría lo pedido por la Municipalidad si se considera que la deuda por intereses fue llevada a niveles de razonabilidad y, en definitiva, lo debido por el rubro sería, pues, consecuencia de la demora de la parte demandada en el pago convenido.

Dentro de ese contexto, luce evidente, sin hesitación a dudas, que los parangones utilizados por la accionada distan considerablemente de ser específicos y claros a fin de establecer la prestación que debe afrontar, por lo que, en la especie, no resulta útil el mero expediente de recurrir al "valor real y actual de la obra". Es que la demandada no ha acudido a un parámetro objetivo, claro y decisorio para dilucidar el valor actual de la prestación dineraria a que fue condenada.

Cabe señalar que la doctrina ha enunciado diversos métodos que podrían conducir a determinar el valor de la prestación reconocida por sentencia -sobre los que no corresponde en esta instancia que el Tribunal se expida sobre cuál es el más adecuado en autos- en los casos en que se alega que la aplicación de índices conduce a resultados injustos (ver A. y S., T. 121, pág. 239).

Tales métodos, desde luego, resultarán o no adecuados de acuerdo a la realidad de cada causa, correspondiendo reiterar, en consecuencia, que el aquí propuesto por la demandada, basado en el valor total de la obra, no resulta la vía adecuada para una respuesta favorable a la incidencia articulada.

Sin perjuicio de lo expuesto, resulta también determinante para la suerte adversa de la pretensión desindexatoria, considerar -en igual dirección a lo decidido in re "Vialco" (cit.)-, que la prueba producida por la Universidad Tecnológica Nacional respecto del valor actual de la obra en cuestión (aún tomando en cuenta que se mantenga a la fecha), no resulta determinante ni convincente para el Oficio a tenor de lo manifestado por la propia institución que produce el informe, al aclarar que "realizó diversas consultas con los organismos municipales competentes en cuanto a la existencia de planos de proyecto y otras formas, para la cotización de los ítems globales; no pudiéndose encontrar información alguna al respecto" (ver f. 2, act. admin. reservadas).

Por todo lo expuesto, y lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 4106, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la incidencia planteada por la accionada, con costas.

Regístrese y hágase saber.