Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-11


SENT Nº 65 San Miguel de Tucumán, 11 de Marzo de 2013.- Y VISTO: El conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la IV Nominación y la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en autos: "Reyven Pablo Guillermo vs. L.A.R. y otros s/ Daños y perjuicios"; y	C O N S I D E R A N D O :

1. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la IV Nominación y la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

2. La parte actora promovió por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Común demanda de indemnización de daños y perjuicios. Sostuvo que "circulaba por la Avenida Siria, en dirección norte-sur, cuando al llegar a la intersección con calle Emilio Castelar... y pese a que trató de frenar desde unos 25 mts. antes del pozo, donde recién pudo divisar la existencia del mismo, no pudo evitar precipitarse con su camioneta...en un pozo excavado por la Empresa L.A.R., al servicio de la S.A.T.". Señaló que "la demanda está dirigida contra la empresa L.A.R. por ser la empresa que realizó la excavación", contra la "Compañía S.A.T. por ser la empresa que contrata a L.A.R. para la ejecución de la obra" y contra la "Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la cual resulta responsable como titular de un bien del dominio público artificial" (fs. 7/8).

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán opuso excepción de incompetencia. Expresó que "en toda causa que tenga por objeto la actuación de un órgano estatal en la esfera del derecho público, corresponde, en principio entender al órgano judicial con competencia en lo Contencioso Administrativo" (fs. 36/37).

La Jueza en lo Civil y Comercial Común de la IV Nominación se declaró incompetente. Sostuvo que corresponde a la Cámara en lo Contencioso Administrativo entender en el presente juicio, considerando que "teniendo en cuenta los hechos relatados en la demanda y el fundamento en que la actora basa su acción, podemos concluir que la concreta situación fáctica constitutiva de la pretensión de cobro es de naturaleza administrativa" (fs. 74/75).

Una vez radicados los autos ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, resultó sorteada la Sala III de dicho tribunal (fs. 81) que se declaró incompetente. Expresó que "no basta la mera enunciación de la norma que le atribuye a la Municipalidad dominio sobre un bien público, ya que este sería un modo subjetivo de atribuirle responsabilidad, sino que la accionada imputada debe haber tenido una relación causal directa e inmediata con el daño que se invoca ocasionado, vinculación que no se advierte prima facie en el presente caso". Señaló que "la sola presencia subjetiva de la Municipalidad como parte codemandada no autoriza a convertir en contencioso administrativa una acción cuya causa determinante es civil", agregó que "de los términos en que está formulado el escrito de demanda y planteado el caso litigioso, surge palmariamente que quien se atribuye ser responsable directo e inmediato de los invocados daños cuya reparación se persigue es la demandada L.A.R., empresa comercial a quien le es aplicable el derecho privado común" (fs. 187/188) y elevó la causa a este Tribunal para que dirima el conflicto de competencia suscitado (art. 18, inc. 1, ap. b de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

3. El caso fue objeto de adecuado tratamiento por el dictamen del Sr. Ministro Fiscal obrante a fs. 195/197, cuyos fundamentos -esencialmente referidos a que el hecho jurídico constitutivo de la acción es de naturaleza administrativa- esta Corte comparte y a los cuales remite por razones de brevedad. Solución ésta que, por lo demás, se corresponde con anteriores pronunciamientos de este Tribunal (CSJT, "Quintana Ferreyra, José Manuel vs. Villalba Héctor Raúl y otros s/daños y perjuicios", sent. n° 194 del 29/3/2000; "Gramajo, Gregorio Alberto y otra vs. Trejo Hugo Bernardino y otros s/daños y perjuicios", sent. n° 259 del 30/3/2009; "Molina, Ángel René y otros vs. Foix Juan José y otros s/daños y perjuicios", sent. n° 814 del 24/8/2009, entre otras).

Consecuentemente, corresponde declarar competente para entender en la presente causa a la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, debiéndose remitir el expediente a dicho Tribunal para que prosiga su tramitación.

Por ello, encontrándose en uso de licencia el señor vocal doctor René Mario Goane y excusado el señor vocal doctor Antonio Gandur, se	R E S U E L V E :

DECLARAR la competencia de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para entender en la presente causa, debiéndose remitir el expediente a dicho Tribunal a fin de que prosiga el trámite según su estado. Disponer que se protocolice el dictamen del Sr. Ministro Fiscal adjunto a la presente sentencia.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.