Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-09


SENT Nro. 23 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 09 DE FEBRERO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el apoderado del C.P.N. Mario Balbi en autos: "Ingenio Aguilares S.A. s/Quiebra (Inc. de pedido de reserva de fondos promovido por el Dr. Frías Silva por su representado Mario Jorge Santos Balbi)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 70/81 por el apoderado del C.P.N. Mario Balbi en contra de la sentencia de fecha 31/10/2002, dictada por la Cámara Civil y Comercial Común, del Centro Judicial de Concepción.

El pronunciamiento mencionado (fs. 50/55 vta.) dispuso rechazar los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el recurrente y por tanto, confirmar el pronunciamiento de Iº instancia que había denegado el pedido de reserva de fondos planteado y que se pronunció rechazando el encuadre jurídico del crédito invocado (conf. art. 240 LCQ).

A fs. 85/8 vta. y a fs. 89/90 vta., la fallida y el síndico respectivamente, contestan el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

Esta Corte declaró admisible provisionalmente la casación interpuesta, por sentencia de fecha 26/5/2003 que corre agregada a fs. 150 y vta.; por lo que corresponde en la instancia, el reexamen de admisibilidad del mismo y -en su caso- analizar su procedencia.

II.- Alega el recurrente que el pronunciamiento impugnado, asume caracteres de gravedad institucional pues el tribunal de alzada ignora el argumento según el cual, la sentencia apelada fue dictada por una juez incompetente, desplazada del conocimiento de la causa. Expresa que una vez que la propia Cámara acogió la recusación con causa planteada por su parte (por entender que la juez había ya prejuzgado respecto de la cuestión a resolver), la causa fue remitida al juez civil de la IIº Nominación, que con fecha 24/10/2000, declaró la caducidad del incidente de revisión promovido por la fallida y le impuso las costas. Señala que a pedido de su parte el mismo juez reguló los honorarios profesionales del perito Balbi (sentencia de fecha 23/5/2001). Agrega que a pesar de que su parte apeló por bajos los montos regulados (recurso no planteado por la fallida condenada en costas), comunicó a la jueza de la quiebra, la regulación practicada y pidió que oportunamente se hicieran las reservas necesarias para cubrir los mismos.

Afirma que la jueza, atribuyéndose una competencia que no le correspondía, no sólo rechazó arbitrariamente el pedido de reserva de fondos sino que además negó la calificación que oportunamente se diera al crédito del perito Balbi (preferencia del art. 240 LCQ), indicándole ocurrir por la vía y forma que corresponda.

Destaca que la recusación se fundó precisamente en que la juez a quo -al regular los honorarios del perito Balbi (resolución luego anulada por la Cámara a quo)- se había pronunciado sobre la naturaleza del crédito en cuestión (denegándole la calificación que antes le había sido reconocida).

Desde otro enfoque, se agravia de que la Cámara haya negado la inclusión de la acreencia invocada por el perito Balbi, en las previsiones del art. 240 de la LCQ cuando dicha calificación emerge indubitable de las sentencias de fecha 27/9/2000 y 04/12/2001 que se encuentran firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada. Entiende que con este proceder, "se borra con el codo, lo que se escribió con la mano".

Se agravia de que el tribunal de alzada, para justificar el criterio adoptado (negar la calificación del art. 240), haya considerado que el crédito por honorarios es una acreencia accesoria que debe seguir la suerte del principal al que accede (verificado como quirografario). Niega que sea aplicable al caso tal directriz interpretativa. Expresa que la causa de la obligación de pagar honorarios radica en la labor desplegada por el profesional, independientemente de la naturaleza y del carácter de la acción o proceso en que se ha generado. Destaca por otra parte, que la labor profesional del perito Balbi se cumplió en su totalidad, con posterioridad a la apertura del concurso.

Impugna asimismo el argumento según el cual, la tarea profesional del perito Balbi no redundó en beneficio de la masa; extremo que refuerza el criterio de exclusión del art. 240 LCQ.

Entiende que el pronunciamiento impugnado infringe la preceptiva de los arts. 218 y 220 de la ley 24.522 aplicables al caso.

III.- Vistas las razones que justificaron la apertura provisional del recurso interpuesto y practicado el reexamen de admisibilidad pertinente (art. 820 del CPCC), esta Corte estima que la casación intentada debe ser acogida parcialmente.

III.a.- De un lado, y en relación al agravio que sostiene la incompetencia del juez que dictó la resolución cuestionada -confirmada por el tribunal de alzada-, el planteo debe ser desestimado.

La Cámara a quo destacó que contrariamente a lo alegado por el recurrente, la doctora Ibáñez de Córdoba (a cargo del juzgado civil y comercial de la Iº nominación, que tenía a su conocimiento originariamente el concurso, luego la quiebra del Ingenio Aguilares S.A.) nunca se desprendió de la competencia asumida, ni fue separada de la causa principal. Destacó asimismo que la intervención del juzgado Civil y Comercial de la IIº Nominación a cargo del doctor Benjamín Palacio, se limitó al incidente de revisión y a los planteos de caducidad de instancia deducidos en dicho marco, como así también a la regulación de honorarios respectiva. Expresó que esta circunstancia no afectó en modo alguno, la competencia originaria de quien tenía a su cargo la dirección del proceso concursal principal.

Pese a la forma en que se presentan los agravios, los fundamentos expuestos por el tribunal de alzada al momento de desestimar el planteo de nulidad formulado, no resultan eficazmente impugnados por el recurrente. En efecto, y pese a que la propia parte sostiene la incompetencia del juzgado Civil y Comercial de la Iº Nominación, no luce justificado por qué comunica la regulación de honorarios y formula el planteo de reserva de fondos ante dicho juez.

La conducta asumida por el recurrente (haber realizado tal comunicación y haber realizado el pedido de reserva preventiva de fondos) sólo se explica en función del reconocimiento de la competencia que corresponde a quien conduce el proceso principal. Concretamente, la pretensión de que se hicieran oportunamente las previsiones necesarias para cubrir los honorarios pendientes (arts. 218 y 220 LCQ) fue planteada ante quien tiene a su cargo la distribución de los fondos existentes, que no es otro que el juez a cuyo cargo está confiada la dirección del proceso concursal o de la quiebra (Rivera-Roitman-Vítolo, "Ley de Concursos y Quiebras", T. III, pág. 176).

En relación al punto analizado, se advierte que de la lectura del recurso interpuesto y de su confrontación con la sentencia impugnada los agravios formulados incumplen manifiestamente el recaudo de suficiencia impuesto en el art. 816 del código de rito. Constituye una carga del remedio extraordinario local aquí planteado, expresar los fundamentos en que el impugnante sustenta su posición jurídica; extremo que en el sublite, no se ve satisfecho.

Esta Corte de Justicia ha reiterado en numerosos fallos que al interponer un recurso casatorio, es menester exponer una crítica razonada de la sentencia impugnada, para lo cual el recurrente tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya la sentencia recurrida, lo que no acontece en la especie. Y con ello, permanece indemostrado el vicio que se imputa al decisorio en crisis (CSJT, sent. 140, "Valdez, Luis María y otra vs. Consorcio Edificio Jade s/Daños y Perjuicios", del 18/3/2003; sent. 350, "Frías, Nazario Juan Carlos vs. Tucumán Refrescos S.A. s/Indemnizaciones", del 21/5/2003; sent. 796, "Morales, Juan Manuel vs. Estación de Servicios San Andrés S.R.L. s/Cobros", del 09/9/2002; sent. 469, "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme, José Nicolás y otro s/Ejecución Hipotecaria" del 12/6/2001; sent. 473, "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme José Nicolás y otro s/Ejecución Hipotecaria" del 12/6/2001; sent. 938, "Gómez Segundo Raúl vs. Banco de Catamarca c/Herga S.R.L. y otro s/Cobro Ejecutivo y Embargo s/Tercería", del 31/10/2001; entre otras).

III.b.- Desde otro enfoque, asiste razón al recurrente en tanto la Cámara negó arbitrariamente la inclusión de la acreencia invocada, en las previsiones del art. 240 de la LCQ cuando dicha calificación emerge indubitable de las sentencias de fecha 27/9/2000 y 04/12/2001 que se encuentran firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada. Tal extremo se constata con sólo cotejar las constancias agregadas a los autos "Ingenio Aguilares S.A. s/Quiebra-Incidente de apelación promovido por el perito Mario Balbi y otros" que se tienen a la vista.

Tal como se dijo por esta Corte en dichas actuaciones, "el reconocimiento de la preferencia que deriva de calificar al crédito del perito como gasto del concurso (art. 240) -no impugnada por vía de revisión (art. 38)- configura un pronunciamiento con autoridad de cosa juzgada y toda rectificación (del síndico) o revocación (de la Cámara) posterior afecta el derecho adquirido, que goza de protección constitucional (cfr. CSJT, sent. 1021 del 22/12/2003, "Ingenio Aguilares S.A. s/Quiebra-Incidente de apelación promovido por el perito Mario Balbi y otros").

La verificación de un crédito y su consecuente calificación configuran desde el punto de vista procesal el resultado de una sentencia de conocimiento pleno, que frente a la masa de acreedores, es una verdadera acción causal de derecho común, por lo que tiene eficacia y efecto de cosa juzgada material. Una vez precluida la posibilidad de interponer un remedio impugnativo, los efectos de la misma son indisponibles frente a la voluntad de las partes litigantes. Lo contrario implicaría tanto como suponer que por el mero consentimiento de parte se pueda hacer renacer prerrogativas y facultades procesales que fueron sepultadas por el principio de la preclusión procesal. Piénsese, si no, que el vencimiento del plazo para interponer medidas impugnativas, sin que se lo haya hecho, no puede regenerar este derecho, ni aun con el consentimiento de la contraparte (conf. CSJT, sent. nro. 1109 del 08/11/2002). Asimismo, ha expresado que "la jurisprudencia que admite los efectos de la cosa juzgada material en la sentencia de verificación, puede considerarse, por unanimidad, doctrina judicial apoyada fuertemente en los términos del art. 38 L.C. (conf. además, Cámara H., "El concurso preventivo y la quiebra", vol. I, Depalma, Bs.As., 1978, pág. 173; García Martínez-Fernández Madrid, "Concursos y quiebra", T.I, pág. 248; implícitamente, Sajón, "Concursos", Abeledo-Perrot, Bs.As., 197 4, Nro. 141; cfr. SCMendoza, LL 1991- 431; conf. CSJT, sent. 636 del 20/11/95).

El instituto de la cosa juzgada reviste jerarquía constitucional, porque conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, está en juego el derecho de propiedad, que tiene gran amplitud. El derecho reconocido por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada constituye un bien que queda incorporado al patrimonio del interesado y del cual no puede ser privado sin mengua del precepto constitucional que consagra la inviolabilidad de la propiedad (art. 17 de la C.N.). Hasta no puede dejarse sin efecto una sentencia consentida so pretexto de haber sido dictada por error (Fallos 209-303), ni modificarse arbitrariamente una sentencia definitiva pasadas en autoridad de cosa juzgada y cumplida por el demandado (Fallos 184-137; cfr. asimismo, Palacio, Lino, "Manual de Derecho Procesal Civil", pág. 641; en el mismo sentido, L. Areal y Fenochietto, "Manual de Derecho Procesal", pág. 363; Colombo, "Código Procesal Civil", pág. 641).

Desde esta perspectiva, esta Corte ha reconocido su innegable raigambre constitucional, y cuya finalidad es la de "evitar que las controversias judiciales puedan reiterarse en forma indefinida y la de conferir a las sentencias definitividad, de manera que la cuestión resuelta no pueda ser discutida de nuevo, no sólo en el mismo proceso, sino en ningún otro futuro" (CSJT sent. nro. 491 del 15/9/95 y sent. nro. 685 del 04/9/97).

De conformidad a lo expresado, los argumentos expuestos para justificar la exclusión de la acreencia invocada de las previsiones del art. 240 LCQ, carecen de virtualidad para conmover pronunciamientos anteriores firmes y pasados en autoridad de cosa juzgada.

Corresponde por tanto, casar parcialmente el pronunciamiento recurrido, de conformidad a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que desconoce el principio de cosa juzgada, negando la calificación que se reconociera al crédito insinuado por medio de un pronunciamiento anterior, firme para las partes". Por consiguiente, se revoca parcialmente la sentencia recurrida, dictando como sustitutiva, la siguiente: I.- No hacer lugar al recurso de nulidad interpuesto por el apoderado del C.P.N. Mario Balbi; II.- Hacer lugar al recurso de apelación incoado. En consecuencia, disponer que a la luz de la calificación reconocida al crédito invocado (art. 240 LCQ), el juez de la causa analice la procedencia del pedido de reserva de fondos formulado por el peticionante; III.- Costas, a la fallida conforme los principios generales que rigen la materia (art. 106 del CPCC).

IV.- Las costas del presente recurso se impondrán al vencido, conforme los principios generales que rigen la materia (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado del C.P.N. Mario Balbi en contra de la sentencia de fecha 31/10/2002, dictada por la Cámara Civil y Comercial Común, del Centro Judicial de Concepción. En consecuencia, CASAR el pronunciamiento impugnado de conformidad a la doctrina legal antes expresada y REVOCAR parcialmente la sentencia recurrida, dictando como sustitutiva, la siguiente: "I.- No hacer lugar al recurso de nulidad interpuesto por el apoderado del C.P.N. Mario Balbi; II.- Hacer lugar al recurso de apelación incoado. En consecuencia, disponer que a la luz de la calificación reconocida al crédito invocado (art. 240 LCQ), el juez de la causa analice la procedencia del pedido de reserva de fondos formulado por el peticionante; III.- Costas, a la fallida conforme los principios generales que rigen la materia (art. 106 del CPCC)".

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA