Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-08


En la ciudad de Trelew, a los 08 días de julio del año dos mil cinco, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia a cargo del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados:

"C., L. M. c/ R., P. s/ Dif. De Hab. E Indem. de Ley" (Expte. N° 20.423 año 2005) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo extraordinario practicado a fs. 142.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 135, que fuera concedido a fs. 136, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 128/132 que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por L. M. C. y condenó a P. R. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $9.978,67., con más sus intereses, en concepto de diferencias salariales, haberes adeudados, sueldo anual complementario, vacaciones no gozadas, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, con más el incremento contemplado por los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, y la indemnización establecida en el último párrafo del art. 80 de la L.C.T, conforme agregado por el art. 45 de la ley 25.345 con imposición de costas a la demandada por la porción de la demanda que prospera y a la actora por la que se desestima.

El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 137/139 y vta. y el quejoso señala básicamente que:

a) el juez de primera instancia arribó a la conclusión que la actora ingresó a trabajar en la inmobiliaria con fecha 26 de diciembre de 2002 en mérito al testimonio de C. M. A. y considera que de su respuesta fluye la falta de seguridad y certeza respecto de la fecha en que hizo los trabajos que aduce, y sin embargo afirma categóricamente que le efectuó el examen preocupacional y que comenzó a trabajar en diciembre de 2002;

b) el testigo S. O. ingresó a trabajar en agosto de 2003 por lo que no tuvo conocimiento directo y para paliar esa deficiencia invoca registros asentados de contactos con clientes y recibos de fechas noviembre o diciembre de 2002;

c) el sentenciante privilegia los dudosos testimonios y con mención del principio de la realidad los confronta con la prueba documental de su parte que acredita que la actora era titular de una inmobiliaria cuya baja de la habilitación comercial es de septiembre de 2003, y desde que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo es más atinado el relato de su parte en cuanto a que ingresó en julio de 2003;

d) a ello se suma que al absolver posiciones la actora niega que fuera titular de una inmobiliaria, y por el contrario, en orden a probar la fecha real de ingreso se acreditó fehacientemente con los recibos originales acompañados el ingreso en julio de 2003;

e) en base al telegrama intimatorio de fs. 7 del cuaderno de prueba acoge el sentenciante el despido indirecto y no puede constituir injuria el pago del mes anterior a los siete días del subsiguiente, en tanto que el reclamo por horas extras y cambio de categoría fue desechado por el propio a quo, y señala que se encontraba en uso de licencia por enfermedad al mandar los primeros días de abril de 2004 la carta dándose por despedida;

f) efectúa el relato de los hechos y el intercambio epistolar y considera que con ello resplandece el apresuramiento y ligereza con que el a quo estableció la injuria grave que habilita el distracto, y entiende que el juez no tuvo en cuenta la jurisprudencia de las Cámaras de Apelaciones que transcribe en torno a que no es la mora en el pago de las remuneraciones en si misma lo que autoriza la rescisión del contrato de trabajo sino el carácter injurioso que puede tener la negativa del empleador de cumplir con su obligación o el atraso en la misma, y en igual sentido transcribe un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires; y g) peticiona se revoque la sentencia en cuanto hace lugar a la fecha de ingreso no acreditada y al despido indirecto por culpa de la empleadora, por lo que deben caer los rubros indemnizatorios acogidos.

2. La pretensión de la apelante encaminada a restar credibilidad a los dichos de la testigo A. al sostener que "funge como consultora improvisada" y que existe contradicción en su declaración resulta estéril toda vez que la crítica orientada a restar idoneidad es extemporánea, conforme a los términos del art. 456 del C.P.C.C. .

La falta de idoneidad tiene que alegarse y probarse en la misma instancia en que declaró el testigo; la idoneidad de los testigos que declararon en primera instancia no puede introducirse en segunda instancia como hecho nuevo. Se puede impugnar la idoneidad de los testigos siempre que se lo haga dentro del plazo de prueba. Y cabe advertir que la idoneidad se presume, y quien afirma lo contrario tiene la carga de probarlo (FenochiettoArazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, par. 2 y 7, págs. 481 y 482, respectivamente).

La impugnación a la idoneidad de los testigos debe ser hecha durante el plazo de prueba, y acreditada, en su caso, en el mismo; por cuyo motivo las observaciones vinculadas con la supuesta falta de idoneidad de algunos testigos resulta extemporánea si recién es introducida en la expresión de agravios (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense AbeledoPerrot, 1992, T. VB, pág. 324, y cita de fallos).

Efectuada tal precisión corresponde también señalar que la manifestación de la quejosa en el sentido que la testigo A. al brindar respuesta a la 1a. pregunta surge "la falta de seguridad y certeza respecto de la fecha en que hizo los trabajos que aduce" es una generalización subjetiva sobre la prueba por su evidente desajuste respecto a las circunstancias comprobadas de la causa y ello no constituye agravio.

En efecto, no existe la falta de seguridad y certeza atribuida toda vez que la testigo con relación al comienzo de la realización de sus tareas para la inmobiliaria ubicó con precisión la época de inicio al señalar "desde fines de 2002" (contestación a la 1a pregunta, fs. 105).

Resulta así ineficaz la expresión de agravios que sólo contiene apreciaciones generales o abstractas, sin concretar los errores en que pudieran haber incurrido en la sentencia apelada. Ni es expresión de agravios la acumulación de alegaciones genéricas o sin razones meramente sumadas o añadidas una a continuación de otra sin orden ni concepto. La carga en cuestión requiere un razonamiento coherente que demuestre, a la vez, el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna.

El mismo déficit se ofrece si sólo se exteriorizan generalizaciones subjetivas sobre la prueba, sin indicar de modo concreto dónde existe el error invocado y cuáles son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., Ed. 1988, T. III, págs. 337 y 355, y cita de fallos).

Asimismo, ante el fraccionamiento que realiza la recurrente de los dichos de la testigo A. al considerar solamente parte de su declaración incluso alude parcialmente a la contestación a la 2a. pregunta, lo cierto es que la prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 386 del C.P.C.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí.

Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que la parte que las invoca aproveche lo que le es útil y deseche lo que la perjudica (conf. FenochiettoArazi, obra y tomo citado, pág. 357).

En igual sentido, y ante el disenso efectuado por la apelante respecto de la valoración de la prueba testimonial arrimada al proceso, debe expresarse que no es modo idóneo de expresar agravios la ponderación fragmentada de la prueba testimonial, ya que las pruebas han de apreciarse en su conjunto, relacionándolas unas con otras como integrantes de un plexo, y no escindiéndolas en comportamientos estancos, desconectadas entre sí (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.532, S.D.L. 124/95; c. 11.831, S.D.L. 19/96).

Como también que la prueba testimonial debe valorarse en su conjunto y no atomizando las declaraciones (art. 386 del C.P.C.C.; esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.251, S.D.C. 10/95; c. 11.863, S.D.L. 61/96; c. 11.978, S.D.L. 75/96; sala "A", c. 15.546, S.D.L. 89/99; c. 15.768, S.D.L. 11/2000).

Así, la quejosa omite ponderar que entre las tareas cumplidas por la testigo A. en la inmobiliaria P. desde diciembre de 2002 una de ellas fue la de entrevistar a la actora, pues manifestó en forma concordante y precisa que "si hice algunos trabajos desde fines de 2002" y que "yo le hice a L. las entrevistas laborales, e ingresó a la inmobiliaria en diciembre de 2002", para agregar respecto de la época que "Me consta que en ese verano se hizo cargo de la inmobiliaria reemplazando a los empleados ausentes". Asimismo, y respecto de la razones de la contratación de la Sra. C. precisó que fueron "los resultados de las entrevistas laborales, pero la determinante fue la decisión de P. R." (contestación a la 1a., 2a., y 3a. pregunta, fs. 105).

En cuanto a la declaración del testigo S. O., no le asiste razón a la apelante al pretender descalificar sus dichos, pues si bien su ingresó se produjo con posterioridad al de la actora, también con toda precisión destacó las razones de su conocimiento conforme a los "registros asentados de contactos con clientes, y recibos de fechas mismas", que consiste en "fichas diarias con registro de datos de los clientes, sus inquietudes intereses, y quien atendió en ese caso".

Asimismo, dio razón por la cual recurrió a tales registros al manifestar que fue "por el manejo diario de la oficina y en algún caso particular por la búsqueda de algún cliente en especifico, con algún interés específico en alguna propiedad", circunstancia que corroboró al dar razón de sus dichos y manifestar que "porque me cercioré personalmente de los datos" (contestación a la 9a., 10a., 11a. pregunta, y razón de sus dichos, fs. 106 y vta.).

Y aun cuando por hipótesis se prescindiera de tal declaración, con la testimonial prestada por la Sra. C. M. A. resulta suficiente como para tener por acreditada la fecha de inicio de la relación laboral de la actora pues en forma precisa y concordante declaró sobre tal aspecto, y ese testigo tomó conocimiento directo de la fecha de ingreso de la actora por cuanto fue la encargada de la selección.

Así, es válida la declaración de los testigos que tienen relación con la parte que los presenta, si su testimonio se impone para la averiguación del hecho sucedido en el lugar de su vecindad o trabajo (conf. Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ediar, 2da. ed., 1961, T. III, par. 51, pág. 650).

Y la regla "testigo único, testigo nulo" quedó superada en el tiempo en dos situaciones, por la cualidad del testigo y por ser necesario (Colombo, "Código Procesal Civil y Comercial ...", AbeledoPerrot, 1969, T. III, par. 24, págs. 624/625).

Por lo demás, ninguna regla exige dos testimonios concordantes y nada impide dotarlo de credibilidad y eficacia (este Tribunal, sala "B", c. 12.914, S.D.C. 11/98, y c. 15.253, S.D.L. 137/99, entre otros pronunciamientos).

Así, la declaración del testigo único puede tenerse como prueba suficiente cuando analizada con el rigor que presupone la prueba singular, debe concluirse que el testigo ha declarado en forma objetiva e imparcial (CNTrab., sala I, noviembre 30987, "O., F. J. c/ I., S. A.", DT. 1988B, 1531).

Y el testimonio singular no es descalificable en nuestro derecho si, según las reglas de la sana crítica, aparece dotado de poder convictivo, máxime si nos hallamos en presencia de un testigo necesario (este tribunal, en su composición de sala única, c. 11.831, S.D.L. 19/96).

De tal modo, si el testigo es suficientemente asertivo e impresiona como sincero, o si su declaración no adolece de contradicciones ni discordancias por suministrar una descripción objetiva de los hechos, mostrando coherencia y aportando datos que permiten aceptar su idoneidad y el valor de su declaración, su testimonio aún único puede servir plenamente de sustento de la decisión (este tribunal, en su composición de sala única, c. 12434, S.D.L. 94/97).

Por lo demás, los dichos de A. se ven corroborados no sólo por la declaración de S. O., sino también por W. que si bien no puedo establecer "exactamente" la fecha en que comenzó a trabajar la actora indicó en "los primeros meses de 2003. Enero o febrero de 2003", conocimiento que adquirió en forma directa ya que lo fue por su relación profesional con P. Inmobiliaria (contestación a la 2a. pregunta y razón de sus dichos, fs. 108).

Y en tal sentido, aun tomando esa época (enero o febrero de 2003) no es la pretendida por la demandada en julio de 2003.

Respecto a que la baja de la habilitación comercial de la inmobiliaria cuya titular era la actora se sitúa en septiembre de 2003 y demás manifestaciones vertidas en tal sentido a fs. 137 vta., al igual que las desarrolladas a fs. 138, son reiteración de las expresiones volcadas en el alegato a fs. 123 y ello no constituye agravio.

Y no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia; o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 357 y cita de fallos).

Y aun cuando se obviara tal circunstancia procesal para ingresar en este tramo del agravio, lo cierto es que la postura de la apelante es una hipótesis pues no acreditó que la actora realizara efectivamente tareas de corretaje en ese período por cuenta propia.

Por ello, cuando un empleador niega la existencia de la prestación de servicios en relación de dependencia o ubica el comienzo de las tareas en época posterior (clandestinidad parcial), la prueba testimonial constituye la prueba por excelencia del hecho controvertido.

Sin perjuicio de ello, en cuanto a las constancias que resultan de los recibos de sueldo, y como consecuencia las que emanan del Libro Especial (art. 52 de la L.C.T.), resulta evidente que el valor probatorio del libro laboral del empleador debe apreciarse con sentido restrictivo cuando sus constancias se esgrimen contra el trabajador, ya que éste no intervino en el manejo de ellos y en las registraciones que se practican (Meilij, "Contrato de Trabajo", Depalma, 1980, T. I, pág. 234, n° 492 y cita n° 467).

Se trata de una probanza unilateral que se sustrae a toda posibilidad de contralor por la otra parte y a la posibilidad de constitución por ésta de una contraprueba equivalente, como en el caso de los asientos en libros entre comerciantes (López, Centeno, Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo comentada", Ediciones Contabilidad Moderna, 1977, T. I, pág. 332).

En cuanto a la negativa formulada por la actora al contestar a la 7a. posición (fs. 103), como bien señala la quejosa nadie está obligado a declarar contra sí mismo (art. 18 de la Constitución Nacional), motivo por el cual las negativas vertidas carecen de consecuencia jurídica.

La mera negativa del absolvente nada prueba por sí y sólo impide tener por plenamente acreditado el hecho afirmado en la posición. Precisamente, las negativas en cuestión son inoperantes a la luz de las reglas de evaluación que sienta el artículo (386) del ordenamiento procesal (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. VB, pág. 115 y cita de fallos).

En tales condiciones, y toda vez que al juez corresponde en ocasión de pronunciar la sentencia de mérito, la apreciación según las reglas de la sana crítica de las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones, a partir de la valoración realizada del cumplimiento de los requisitos, examen del testigo y de su declaración (conf. Arazi, "La prueba en el proceso civil", Ed. La Rocca, 1991, Cap. IX, par. 26, pág. 254,), de acuerdo a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., remisión del art. 45 de la ley 69), considero que la prueba testimonial antes analizada, y en especial los dichos de A., corroborados por S. O. y W., permiten formar convicción en cuanto a que la fecha de ingreso de la actora se produjo a fines de diciembre de 2002.

Tales fundamentos conllevan a la desestimación del denominado primer agravio.

3. Sostiene la apelante que no puede constituir injuria la falta de pago del mes anterior a los siete días del subsiguiente y que no es la mora en el pago de las remuneraciones en si misma lo que autoriza la rescisión del contrato de trabajo sino el carácter injurioso que puede tener la negativa del empleador.

Al respecto, ese no fue el razonamiento dirimente del juzgador para considerar que la trabajadora se colocó justificadamente en situación de despido indirecto.

En efecto, señaló el sentenciante: Establecido ya entonces que la fecha de inicio del contrato laboral que unió a las partes databa de diciembre de 2002, la respuesta cursada por P. R. reflejada en la carta documento obrante a fs. 5 del cuaderno anexo resultó, al menos en ese punto en concreto, lo suficientemente injuriante como para habilitar a la empleada a considerarse indirectamente despedida, resultando su conducta amparada por lo dispuesto en el art. 242 de la L.C.T., generándose en consecuencia el derecho a la percepción de las indemnizaciones establecidas en los arts. 245, 231 y 232 de la L.C.T. 25.877 atento a la fecha de la disolución contractual.(el subrayado me pertenece).

En tales condiciones, la negativa de la empleadora en cuanto a la fecha real de ingreso de la actora ("NIEGO SU INGRESO A PARTIR 26/12/2002") y consecuente falta de registración (carta documento impuesta el 12/04/2004, fs. 5 del cuaderno de pruebas) configuró la injuria que por su gravedad justificó la situación de despido indirecto en que se colocara la actora.

También cabe destacar que la empleada requirió el pago de diferencias salariales (telegrama del 14/04/2004, fs. 7 del cuaderno de pruebas) y a ese respecto su empleadora se mantuvo en la negativa ("NIEGO ADEUDARLE SUMA ALGUNA EN CONCEPTO DE DIFERENCIA DE SUELDO", telegrama ya aludido de fs. 5), por lo que el acogimiento de ese rubro en la sentencia, aspecto que adquiriera firmeza ante la falta de agravios también denota una conducta injuriosa lo suficientemente grave como para no consentir la continuación del vínculo laboral.

Por lo expuesto, resulta evidente que la quejosa elude hacerse cargo de las razones brindadas por el juzgador para justificar el despido indirecto, y desde que tal razonamiento resultó determinante para la dilucidación de la cuestión y no fue objeto de embate alguno no hay agravio que atender.

La ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, importan consentimiento tácito y determina la inexistencia de agravio.

Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos).

Así, si no se formulan agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ("Gobierno Nacional c/Ekmekdjian, Toros y otro", C.S. agosto29969, L.L. 137538).

Lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del fundamento que resultó dirimente en la sentencia.

Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985A, 309).

Por lo demás, las expresiones vertidas en el segundo agravio sólo denota el particular punto de vista de la recurrente, al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el Sr. Juez de la anterior instancia.

En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto.

Lo mismo ocurre cuando carece de suficiencia técnica, pues la suficiencia se relaciona con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 371 y 373, y cita de fallos).

En consecuencia, la apelante en este tramo de la queja incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., remisión del art. 76 de la ley 69).

4. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

A ese fin, atendiendo a la naturaleza, extensión y eficacia de los trabajos cumplidos en esta instancia, estimo prudente regular los honorarios de los Dres. T. R. y N. M., en conjunto, en su calidad de letrados apoderados de la demandada, en la suma porcentual equivalentes al 2,8%, del monto de condena que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 9, 14 y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. pertinente.

Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTION el Dr. Lucero dijo:

Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 135), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 128/131 vta.), por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda entablada por L. M. C., condenando a la Sra. P. R., a que en el plazo que fija abone a la actora la suma de $ 9.978,67, con más los accesorios fijados en el considerando respectivo, fijando costas y honorarios según las porciones de la demanda que prosperan y las que se rechazan.

El informe previsto por el art. 62 de la Ley 69, luce agregado a fs. 137/139 vta..

I. La reseña de los agravios fue efectuada por el Sr. vocal de sala que me precediera en la votación, por lo que a ella me atendré por razones de economía procesal.

En cuanto se cuestiona la valoración probatoria realizada por el sentenciante del anterior grado, tengo para mi que el agravio transita por un mero discrepar que trasunta en la exposición de una valoración distinta efectuada en paralelo a la que realizara el juez a quo pero sin concretar puntualmente cual sería el o los yerros en el que habría incurrido en su mérito para alterar las conclusiones que induce de los testimonios producidos, sobre todo, por los Sres. A. y S. O. (fs. 105 y vta.; 106 y vta.); como asimismo, tampoco puede advertirse cual sería el equívoco en el que se habría incurrido de la contraposición valorativa que efectuara con la prueba de informe producida en autos, en el marco de la primacía de la realidad que invoca el judicante, me refiero a la informativa producida por el Municipio de Trelew, en tanto que de ella se constata ciertamente la existencia de una habilitación comercial de la inmobiliaria cuyo nombre de fantasía era "K.", la que se encontró registrada a nombre de la actora hasta el mes de septiembre de 2003, en el que se le da de baja.

No merece mayor atención la alegación peyorativa que efectúa la demandada apelante en referencia a la testigo A., en cuanto le atribuye ser una "consultora improvisada"(sic), toda vez que si lo que quiso expresar fue un cuestionamiento a su idoneidad subjetiva, resulta evidente que deviene tal planteo extemporáneo.

Basta con indicar que según lo prevé el art. 35 de la Ley 69, las partes pueden tachar la idoneidad de los testigos por los motivos que fueren (allende de los fundados en su inhabilidad u otros), para lo cual ésta deberá ser formulada en la primera instancia debiéndose aportar la prueba en la que se funde tal tacha dentro de los tres días de deducida de manera tal de posibilitar que el juzgador pueda apreciar el valor del testimonio al momento de dictar el pronunciamiento definitivo.

No hecho así, repito, resulta palmaria su extemporaneidad.

Tampoco puedo compartir la supuesta falta de seguridad o certeza que se le atribuye a la respuesta dada por la testigo A. a la 2da. pregunta por la cual se le requirió que conteste "...desde cuándo la une la relación que dijo con la inmobiliaria "P.", respondiendo efectivamente "...si hice algunos trabajos desde fines de 2002 a mediados o fines de 2003"(sic)(fs. 105). Francamente no hallo en que porción de la respuesta dada a la pregunta puntual realizada se verifica tal inseguridad, precisión o supuesta falta de certeza.

Igualmente, la deposición del testigo S. O., a mi ver, en nada se desmerece en su credibilidad y consiguiente fuerza de convicción que cabe extraer de sus dichos por la circunstancia de que éste hubiera ingresado a laborar con la demandada recién en agosto de 2003.

Ello así, por cuanto tal como correctamente lo indicara el juzgador en el mérito que efectuara de este testimonio, el mismo precisó con suficiencia los porqué pudo asegurar cuál fue la fecha en la cual refirió como ingreso de la actora a la inmobiliaria "P.".

Es más, agregaré de mi cuño valorativo, un dato que para mi es relevante a los efectos de evaluar la capacidad memorativa como también la credibilidad de los dichos del testigo bajo análisis, cual es, la precisión que tuvo al indicar no solo el número sino principalmente al individualizar con nombres y apellidos a los compañeros de trabajo que tuvo mientras se desempeñara en dicha inmobiliaria (vide: resp. a la 5ta. y 6ta. pregunta fs. 106).

Por último, compartiré con el colega de sala que me precediera en la votación, que la testigo V. E. W. (fs. 108), corroboró con sus dichos lo expuesto por los testigos antes citados. Efectivamente ubicó con diferencias mínima la época en la cual ingresó la actora a trabajar para P. R., indicando que lo hizo en enero o febrero del 2003 (recuérdese que se afirmó en demanda haber ingresado el 26/12/02), por lo que hay apenas unos días de diferencia entre lo rememorado por la testigo y la fecha tenida de alta denunciada y tenida por cierta en la instancia precedente.

Asimismo, esta testigo resulta ser una persona vinculada a la actividad de la inmobiliaria "P.", aún cuando manifestó no tener relación de dependencia con ella por cuanto refirió trabajar en forma externa, añadiendo como dato relevante para su apreciación que concurre permanentemente en forma diaria a dicha inmobiliaria.

De ello, puede inducirse sin hesitación que sus dichos merecen credibilidad y reúnen por ende, suficiente fuerza de convicción (Arts. 386 y 456 del C.P.C.C.; art. 45 de la Ley 69).

Por último, brevemente responderé a la supuesta presunción que se intenta extraer de lo informado por el Municipio de Trelew (fs. 79).

Comienzo por adelantar opinión en el sentido de que ninguna presunción en sentido técnico emana de dicho informe. Es que descarto que concurra en el supuesto bajo examen alguna presunción que no sea otra que la simple o judicial. Recuerdo que se entiende a ésta como aquella que emana de un conjunto de indicios que aparecen probados en el expediente y que le permiten obtener a juzgador por vía de inferencia lógica la presunción de un hecho indicado.

Es decir, es indisputable para mi que se confunde un mero indicio, cual es la habilitación vigente hasta el mes de septiembre del 2003 a nombre de la actora, con la presunción judicial o inferencia lógica que se concreta en la conclusión generada por el razonamiento del juez que se encuentra basada precisamente en los indicios hechos que valorara (Conf. Devis Echandía, en "Compendio de la Prueba Judicial", Ed. Rubinzal Culzoni, año 2000, T. II, págs. 303 y sigtes).

Desde otra perspectiva, también es de observar que dicha habilitación comercial se encontraba vigente tanto al mes de diciembre de 2002 (fecha de alta denunciada por la actora y reconocida en la sentencia apelada), como también al mes de julio de 2003 (fecha de alta postulada por la demandada), por lo cual el indicio que comporta también se ve menguado en su significación probatoria.

Y la alegación "...siendo mucho mas atinado el relato de mi parte, que en las postrimerías del cierre de su propia inmobiliaria la Sra. C. ingresó en julio de 2003 en la inmobiliaria"P." e inmediatamente solicitó la baja de su propia actividad comercial..."(sic), no es más que una hipótesis como tantas otras que puede ser ideadas con la misma lógica que se atribuye el recurrente.

Por lo demás, no huelga señalar que el desempeño de la actividad comercial de corretaje inmobiliario, esto es la intermediación entre la oferta y la demanda de bienes inmuebles, únicamente se hubiera acreditado mediante la prueba concreta de la efectiva ejecución a nombre y por cuenta propia por la Sra. C. en fecha posterior a la denunciada por ella como de comienzo de su vínculo laboral con la demandada, no siendo viable que se pretenda obtener el mismo resultado probatorio de la sola vigencia de la habilitación comercial a su nombre de la inmobiliaria "K´." (Arts. 386 del C.P.C.C.).

Por tales razones, propiciaré que se desestime el presente agravio. Así lo voto.

En relación al agravio por el cual se cuestiona el acogimiento del despido indirecto, a tenor de lo concluido en el tratamiento del agravio anterior, vacío de contenido ha quedado el mismo. Efectúo tal aserto, toda vez que bien ponderó el juzgador del anterior grado que la intimación cursada por la trabajadora a la patronal por despacho obrante a fs. 7 del C.P., allende de las horas extras cuyo pago se reclamaban, también contenía la misma la intimación a la correcta registración de la real fecha de ingreso y categoría.

Y, aún cuando bien es señalado por la recurrente que no prosperaron en esta litis los reclamos referidos a las horas extras y categoría de revista y consiguiente diferencias salariales derivada de ello, tal como lo indicara la actora en su demanda, lo cierto es que el juzgador tuvo en miras para tener por justificado el despido indirecto dispuesto por la dependiente, la respuesta que a dicha intimación realizara la patronal (ver: carta documento de fs. 5 del C.P.), en cuanto negó su ingreso a partir del 26/12/02, ponderando que tal negativa fue "...lo suficientemente injuriante como habilitar a la empleada a considerarse despedida..."(sic)(fs. 130).

Contra esta argumentación sentencial solo se expone un distinto punto de vista sobre el presupuesto de la proporcionalidad de la decisión rupturista que no alcanza a constituir una verdadera crítica que ponga en crisis lo decidido por el sentenciante de grado.

Es por ello que, compartiendo lo propiciado por el Sr. magistrado que me precede en la votación, concluiré que el presente agravio deviene en desierto por carecer de suficiencia técnica suficiente (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).

En definitiva, tal como se viene perfilando mi propuesta de dirimisión de la causa será confirmar el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de Alzada a cargo de la parte demandada apelante vencida en ella (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.).

Los honorarios de los Dres. T. R. y N. M., letrados apoderados de la parte demandada en autos, Sr. P. R., atendiendo a su extensión, calidad y resultado, estimo adecuado regularlos, en conjunto, en la suma equivalente al 2,8% del monto del pleito que resulta de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6 y 14 de la Ley 2.200; Leyes 23.349 y 23.871).

Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Visto el acuerdo alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia a la apelante vencida; y c) regular los honorarios de los Dres. T. R. y N. M., por sus tareas de Alzada, en conjunto, en la suma porcentual equivalentes al 2,8%, del monto de condena que resulte de la liquidación a practicarse, con más el I.V.A. correspondiente.

Así lo voto.

A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara por resultar fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.

ASI LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por miembros del Tribunal por encontrarse vacante una vocalía de Cámara (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios;

IMPONER las costas de segunda instancia a la apelante vencida;

REGULAR los honorarios de los Dres. T. R. y N. M., por sus tareas de Alzada, en conjunto, en la suma porcentual equivalentes al 2,8%, del monto de condena que resulte de la liquidación a practicarse, con más el I.V.A. correspondiente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

VERGARA LUCERO REGISTRADA BAJO EL N° 35 DE 2005 SDL. Conste.