Partidos políticos, extinción de partidos políticos
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: Comision Vecinal de Reduccion s/ Reconocimiento Juridico Politico
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-04-18

El régimen legal de las agrupaciones partidarias a nivel local está contenido en la ley 6875 y sus modificatorias, "Ley Orgánica de los Partidos Políticos en el orden Provincial y Municipal", norma que en su Título VII trata "De la caducidad y extinción de los partidos".

Respecto a estos dos institutos, el art. 54 establece que la caducidad dará lugar a la cancelación de la inscripción del partido en el registro y la pérdida de la personería jurídico-política; en tanto la extinción pondrá fin a la existencia legal del partido y dará lugar a su disolución.

La extinción de la personería jurídico política dispuesta en la resolución apelada se ajusta a lo prescripto en el art. 56 inc. c) de la ley 6875, en cuanto la omisión de toda actividad institucional por parte de la agrupación cuestionada, atenta contra los principios fundamentales establecidos en el art. 4 incs. a) y c) de dicho ordenamiento.

La norma aludida (art. 4, ley 6875) en su inc. a) impone como condición substancial de la existencia de los partidos políticos la presencia de un "grupo de ciudadanos, unidos por un vínculo político" y en el inc. c) una "organización estable y funcionamiento reglados por la Carta Orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, organismos partidarios y candidatos".

El incumplimiento de ciertas obligaciones vinculadas a esas condiciones ha sido previsto en el art. 55 de la ley 6875 como causal de caducidad de la personería jurídico política (no realización de elecciones; carencia de libros o documentos; etc.) pero la absoluta falta de actividad institucional durante un largo periodo, pese a los emplazamientos cursados por la autoridad electoral, sumado al consentimiento tácito prestado a la resolución que dispone la extinción de la personería, son extremos que desbordan la previsión sancionatoria del art. 55, para quedar atrapados en la causal de extinción establecida en el art. 56 inc. c).

La exigencia de un "grupo de ciudadanos, unidos por un vínculo político" (art. 4, inc. a) hace no sólo a la constitución sino a la subsistencia de la agrupación. Sin ella, el partido se reduce a un sello registrado, una entelequia sin contenido, en contradicción con un sistema que visualiza a los partidos como vía de expresión de la voluntad ciudadana, no como abstracciones jurídicas (art. 33, Const. Pcial.).

La falta de toda actividad, la carencia de una expresión de voluntad que expresa o tácitamente postule la subsistencia del grupo, permite inferir su inexistencia en términos que el art. 56 inc. c) ha receptado.

Se trata no solo -como quiere el fallo en crisis- de una tácita voluntad de extinción, sino del hecho objetivo de que ya no existe un "grupo de ciudadanos" y, por tanto, ninguna personería puede ser mantenida.

La personería es reconocida legalmente a los partidos políticos en función de los fines que le son propios.

La capacidad de derecho para actuar en el ámbito del derecho privado es una consecuencia de aquellos fines políticos que justifican el reconocimiento, sin que por tener esa capacidad pueda suponerse que el partido es, además de una agrupación política, una "simple asociación de derecho privado".

La falta de las condiciones que justifican la existencia del partido, obsta al otorgamiento de la personería -o justifican su extinción- con consecuencias que obviamente alcanzan también su capacidad de derecho para actuar en la vida civil.

Las simples asociaciones de derecho privado no requieren reconocimiento ni registración en el Juzgado Electoral, ni respecto de éstas cuadra a dicho tribunal adoptar resolución alguna.