Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-17


San Miguel de Tucumán, 17 de Junio de 2005.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Alfredo Carlos Dato, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Raúl Faustino Frías, en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala VIa. del 11/11/2004 (fs. 564/575 vta.), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto del 06/12/2004 (cfr. fs. 592 y vta.). En esta sede, no se presentó memoria sobre el recurso casatorio, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo del remedio intentado (fs. 599/600). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente? A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Raúl Faustino Frías, contra la sentencia de la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, del 11/11/2004, que lo condena a la pena de 8 años de prisión, accesorias legales y costas procesales, por ser autor voluntario y responsable del delito de Homicidio (art. 79 CP) en perjuicio de Eduardo Rolando Lazarte, y por el delito de Lesiones Leves agravadas por el vínculo en perjuicio de Rosa Margarita Lazarte (arts. 89, 92 CP); en concurso real (art. 55 CP).

2.- Invoca como primer motivo de casación la nulidad de la sentencia por ausencia de fundamentación respecto a la existencia del hecho y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. Destaca que la Sra. Vocal preopinante considera, subjetivamente, que frente a las circunstancias y al resultado acreditados en la causa, las imprecisiones de los testigos carecen de entidad para variar la conclusión a que se arriba; de donde se deriva que desde el inicio se tiene por probado el homicidio simple, por el sólo hecho de haberse producido la muerte de Lazarte, no obstante la existencia de graves dudas.

Indica que la afirmación consistente en que se desconoce el grado de alcoholemia del acusado a quien no se le realizó el dosaje por no haberse presentado inmediatamente a la policía, constituye una "falacia" (cfr. fs. 582 vta.), ya que del acta cabeza de sumario surge que la Fiscalía de Feria ordenó una serie de medidas entre las que no se hallaba la alcoholemia del imputado; a lo que añade que aun cuando se le hubiera extraído sangre, el resultado hubiera sido negativo, en razón de las circunstancias de tiempo y lugar a que se refiere a fs. 582 vta.

Considera que la sentencia -voto de la mayoría- no tuvo en cuenta que la instrucción de la causa fue muy defectuosa (circunstancia que fue admitida por el Fiscal de Cámara al inicio de su exposición), y que existen una serie de dudas y contradicciones -que describe a fs. 583 y vta.- que no fueron ponderadas por el Tribunal, en infracción al principio que manda a aplicar el beneficio de la duda a favor del imputado.

Se agravia porque, según sostiene, la Vocal preopinante considera desvirtuada la hipótesis de que Lazarte le haya efectuado disparos a Frías, a pesar de que la Dra. Vildoza constató que el acusado presentaba en la pierna derecha dos cicatrices por probable herida de proyectil de arma de fuego, aunque no existía medio para determinar la antigüedad de la herida como consecuencia de la hiperpigmentación de la piel.

Por otra parte estima que la negativa a aceptar que la deficiente atención médica que recibió Lazarte con posterioridad al hecho investigado, operó como concausa de su fallecimiento, "es una necedad" (cfr. fs. 584 vta.). Pone de relieve que la defensa reconoció "las heridas gravísimas, con un hemoneumotorax, hemoperitoneo y una lesión diafragmática, que lesiona inclusive un órgano noble como el pulmón, con pérdida del bazo, debiéndose realizar una esplenectomía y una herida denominada "SUCIA" con un paciente ingresado el 19/01/2003, con dos operaciones de las cuales sale bien, y fallece el 03/02/03" (cfr. fs. 584). Advierte, sin embargo, que los estudios bioquímicos solicitados el 28/01/2003 no aparecieron, de donde se deduce "la falta de los reactivos para cristalizarlos, o la morosidad en obtenerlos, máxime que ya se trataba de un paciente, pasado de una Sala Común a la Unidad Respiratoria, siendo asistido mecánicamente con un respirador artificial y que de haber sido internado en un nosocomio privado, dichos estudios se le hubieran concretado, apenas ingresado, para poder prever las consecuencias y medicar adecuadamente y en forma conveniente, con respecto a la bacteria y/o virus que ataque para no tener que cristalizar un tratamiento empírico-generalizado como el que se le ha realizado al occiso Eduardo Rolando Lazarte" (cfr. fs. 584).

Afirma que en esas condiciones -sin los estudios que se debieron realizar apenas ingresó el paciente; sin la medicación adecuada por falta de stock; y cambiando los antibióticos de los denominados genéricos sin resultado alguno-, el rechazo de la existencia de concausalidad constituye un absurdo jurídico "y una necedad para tratar de disimular que todo está bien, ya sea dentro del ámbito judicial del Siprosa, del incumplimiento estatal para con las garantías constitucionales, etc." (cfr. fs. 585); y conduce a condenar al acusado por un delito que no tuvo la intención de cometer.

Por otra parte se agravia alegando que el voto preopinante juzga que los testimonios brindados en autos permiten asegurar que hubo disparos al aire, por el sólo hecho de no haberse detectado sangre, material calcáreo, ni otras adherencias en la superficie de los proyectiles remitidos; y considera, que aunque los proyectiles remitidos no pudieron ser peritados "existen presunciones graves, precisas y concordantes..., que oyeron los disparos y vieron los orificios en las paredes" (cfr. fs. 585 vta.).

Indica que el fallo incurre aquí en una confusión, por cuanto si se tuvieron por ciertos los dichos del matrimonio Reguera y los disparos se produjeron dentro de la vivienda con alteración de la pared -extremo ratificado a fs. 88/89 y por la declaración del fotógrafo Morales y sus compañeros de balística-, y el Tribunal estimó que tales disparos fueron efectuados, no existe razón para asegurar que los tiros fueron efectuados al aire; a la vez que queda demostrado que una prueba desincriminatoria ha sido utilizada como incriminatoria.

Destaca que existen una serie de dudas en cuanto a las pruebas: la disparidad de los plomos, uno con punta ojiva, y el otro de punta plana; el hecho de que nunca apareció el arma, ni tampoco el cuchillo secuestrado a fs. 43, de modo que el elemento con el cual se produjeron las heridas no pudo ser reconocido; las numerosas contradicciones en que incurrió la esposa de la víctima al efectuar varias declaraciones distintas, todas ratificadas; entre otras.

Con relación al elemento subjetivo de la figura penal aplicada en la sentencia, se agravia con fundamento en que el acusado no tenía en miras cometer ilícito alguno contra su cuñado. Observa que la discusión se desarrollaba entre el imputado y su esposa, y que la intromisión del tercero, haciendo ostentación del arma cargada y con una capacidad de poco discernimiento, en una situación que se produce en una fracción de segundo, lo llevó a defenderse, lamentablemente con un resultado no buscado ni querido. Destaca que tanto la esposa del imputado y hermana de la víctima, Rosa Margarita Lazarte de Frías, como el matrimonio Reguera, manifestaron que la relación era buena; y que debe tenerse en cuenta que el imputado es un infractor primario, que ha criado a sus hijos, que sólo se predisponía cuando tomaba, y que el hecho de ser analfabeto no le impidió poseer un empleo fijo y permanente.

Afirma que el Tribunal debió aplicar el art. 406 penúltimo párrafo CPP, ya que no se puede condenar a un inocente en las condiciones que concurren en la causa, donde las dudas superan las certezas, los elementos desincriminantes han sido interpretados en contra del imputado, los testigos han sido usados, y se ha falseado la verdad objetiva toda vez que Lazarte no recibió tratamiento adecuado en el Hospital Padilla, no obstante lo cual se rechazó la existencia de concausalidad.

En orden a la tipificación de la conducta del acusado, señala que si bien su parte solicitó la absolución por legítima defensa, a través de la investigación de autos era posible encarar la defensa desde el punto de vista del homicidio preterintencional u homicidio en riña, o con exceso en la legítima defensa; circunstancia que estima corroborada por el comportamiento del Fiscal de Cámara, que, a juicio del recurrente, tuvo sus dudas académicas y por eso solicitó el mínimo de la pena, aunque en realidad debió absolverse por el beneficio de la duda.

Sostiene que el voto en disidencia del Vocal Dr. Páez de la Torre encuadra correctamente la conducta del acusado en la figura del homicidio preterintencional, toda vez que aunque la muerte de Lazarte como consecuencia del accionar de Frías pueda ser un acontecimiento previsible, no fue previsto en el caso concreto, donde se produjo un resultado más grave no querido por el autor.

Con relación al monto de la pena, indica que la sentencia es arbitraria, pues no expresa los motivos por los que se impuso el máximo previsto en la figura, con lo que queda evidenciado que el acto jurisdiccional no constituye derivación razonada del derecho vigente con relación a las pruebas y circunstancias del caso.

Señala, por fin, que la sentencia no se halla motivada conforme lo exige el art. 28 de la Constitución Provincial, y que la ausencia de tratamiento y resolución de las nulidades planteadas, la descalifican como acto jurisdiccional válido, por lo que corresponde declarar su nulidad absoluta. Y que la cuestión planteada reviste gravedad institucional, por cuanto existen precedentes contradictorios emanados del mismo Tribunal; y porque la sentencia resulta autocontradictoria, en tanto utiliza elementos desincriminatorios (fs. 2 vta., croquis de fs. 5, test de fs. 91 /93, certificado médico de fs. 154, informe policial de fs. 87, entre otros), como elementos incriminatorios; todo lo cual genera un estado de desconfianza en las instituciones que compromete el interés público, y ello opera como factor de atenuación de los recaudos formales del recurso de casación.

Cita las normas que estima violadas, pide que se aplique la jurisprudencia que indica a fs. 588 vta. y que se tenga presente la reserva del caso federal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso intentado, en los términos expresados en el punto f. de 590 vta./591.

3.- Por auto interlocutorio del 06/12/2004 se concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia examinar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del recurso interpuesto, y en su caso, analizar su procedencia.

4.- La confrontación de los fundamentos del fallo impugnado con los contenidos en el recurso de casación, demuestra que los agravios formulados no satisfacen el recaudo de suficiencia impuesto por el art. 474 CPP, a la vez que se dirigen a obtener la revisión de cuestiones fácticas, reservadas al Tribunal de juicio y exentas del control que se ejerce por vía del recurso de casación, a tenor de lo dispuesto por el art. 468 CPP.

4.1.- El agravio fundado en la negativa del Tribunal a aceptar que la deficiente atención médica que recibió Lazarte con posterioridad al hecho atribuido al acusado, operó como concausa de su fallecimiento, resulta insuficiente en los términos del art. 474 CPP. Los fundamentos del fallo del 11/11/2004 no han sido rebatidos por el recurrente con argumentos jurídicos adecuados y eficaces que demuestren de la existencia de los vicios que denuncia, ni se ha logrado evidenciar la insuficiencia de las razones en las que se sustenta la decisión a que se arriba.

La Sala de instancia analizó puntualmente la cuestión planteada en torno a la concurrencia de una concausa médica como factor con aptitud para interrumpir o interferir el nexo causal entre la acción desplegada por el acusado y la muerte de la víctima. A partir del análisis de los elementos probatorios existentes en la causa (Historia Clínica y protocolo quirúrgico de fs. 107/117, e Informe Médico de fs. 26, ratificados en la Audiencia de Debate por los profesionales que suscriben dichos instrumentos -fs. 554/555 y 570 vta./571-; reconocimiento médico legal del Dr. Luis Gerardo Concha, ratificado en la audiencia -fs. 89, 555 vta. y 571-; informe de la autopsia realizada por la médica forense Dra. Elizabeth del Valle Vildoza -fs. 249-, ratificado y ampliado en el Juicio -fs. 555 vta./556 y vta., y 571 y vta.-, entre otros); y teniendo en cuenta el modo como se desarrollaron los hechos, el Tribunal consideró demostrada la directa conexión entre la agresión armada y las consecuencias médicas sufridas por la víctima, conforme a las precisiones efectuadas a fs. 571 vta. Puso de relieve que la infección es una consecuencia natural y previsible en las heridas de arma blanca; más aún en un supuesto como el de autos, donde, conforme surge del informe autópsico, la víctima recibió en vida dos heridas de arma blanca, localizadas en tórax y abdomen, con lesión diafragmática, bazo atravesado por la herida, hemoperitoneo (conjunción de sangre en la zona abdominal), que por su ubicación y profundidad eran idóneas para ocasionar la muerte, produciéndose frecuentemente sepsis, por tratarse de heridas sucias (cfr. fs. 555 vta./556). Destacó que, conforme surge de las pruebas de autos, la víctima ingresó al hospital en estado de gravedad, y luego de haber sido sometida a una serie de intervenciones quirúrgicas, falleció por una sepsis posterior a las heridas sufridas (cfr. fs. 571 y vta.).

Por otra parte, la Sala de instancia afirmó que correspondía descartar totalmente la hipótesis planteada por la defensa, según la cual Lazarte falleció por una deficiente atención médica, toda vez que había quedado demostrado que las lesiones que Frías infirió a la víctima fueron mortales y determinantes de las complicaciones sobrevinientes, resultando indiferente que el deceso se haya producido luego por una infección generalizada, que no hizo más que acelerar el proceso desencadenante de las heridas mortales recibidas. En esa dirección destacó que consideraba suficiente el testimonio de la perito Vildoza para considerar que el tratamiento médico fue el adecuado; pero aclaró que, aún en la hipótesis de que ello no fuera así, lo mismo el resultado final acaeció por las lesiones inferidas por Frías. En esa dirección destacó que para la admisión de la concausa, no prevista como atenuante en el Código Penal, es preciso que la circunstancia sobreviniente sea extraña a las contingencias comunes del evento, y que medie falta de relación entre el acto y la complicación consecutiva, así como una desproporción anormal entre la acción del agente y la causa de la muerte, lo que no aconteció en el caso.

El establecimiento de la relación causal entre las heridas de arma blanca inferidas por Frías y la muerte de Lazarte, así como la conclusión de que su posterior tratamiento resultó adecuado, constituyen cuestiones de naturaleza fáctica, cuya fijación corresponde al Tribunal del Juicio y no resultan revisables por vía del recurso de casación, salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo, que no se configura en la especie. La conclusión a que arriba el Tribunal aparece debidamente fundada, sin que se advierta violación a las reglas de la lógica y de la sana crítica racional. En este sentido, no cabe perder de vista que las heridas de arma blanca fueron el factor que creó el riesgo quirúrgico, de modo que la penetración del cuchillo en el cuerpo de Lazarte aparece como antecedente causal directo de cualquier daño sufrido por éste en la operación o tratamiento posterior. Ello es así, a menos que hubiera concurrido un factor independiente, con entidad suficiente y de origen claramente ajeno a la agresión inicial, capaz de conducir por sí mismo al resultado dañoso, mas ello no aconteció en este caso (Cfr. CSJTuc., "Haskour, Raúl Alfredo s/ homicidio. Recurso de casación", sentencia del 21/10/98).

En similar sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que para la procedencia de la llamada concausa se requiere que el factor desencadenante de la muerte sea extraño a la acción inicial del agente (Fallos: 210:969); y el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala penal, al afirmar, con cita del precedente indicado, que aun cuando la víctima no hubiera recibido el tratamiento adecuado, la omisión no se transforma en una causa autónoma que excluya la responsabilidad del imputado por el homicidio (Semanario Jurídico, 78-1998-A- 669, causa "Gómez, Alejandro o Alejandro Gradin p.s.a. homicidio simple - rec. de casación", del 8 de agosto de 1997). Coincidentemente señala Ricardo C. Núñez que no constituyen resultados atribuibles a condiciones concomitantes independientes: Ni las modalidades o complicaciones propias del curso causal desenvuelto por la conducta del agente, como por ejemplo las infecciones y agravaciones mortales propias de ciertas lesiones: infección tetánica (CSJTucumán, La Ley, 57-61, 23/03/1949); septicemia (CSJTucumán, "Jurisprudencia de Tucumán", vol. XII, p. 431, 27/02/1932); gangrena (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 210:969, 30/); complicación mortal broncopulmonar de las lesiones traumáticas (CSJTucumán, La Ley, 9-224, 18/09/1937). Ni las modalidades o complicaciones del curso causal no evitadas por la omisión de un tratamiento adecuado del mismo (CSJNación, La Ley 46-440; CSJTucumán, La Ley 8-714, 14/9/1937); ni las complicaciones o accidentes sobrevenidos en la curación o infecciones corrientes de las heridas como ser la peritonitis producida por el campo séptico de la herida con un cuchillo en el abdomen (C1ªPenal Tucumán, La Ley, 109-297, 06/03/1961; CSJNación, JA, XIX-150, 26/03/1926), entre otras; y también la falta de tratamiento médico adecuado y 22-3) o la carencia de medios curativos (CSJ Tucumán,; entre otros. Núñez, Ricardo, Derecho Penal Argentino. Parte General, t. l, pp. 273/274, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1964).

Para que el resultado muerte no sea imputable al autor de las lesiones, es necesario que la misma reconozca por causa un acontecimiento autónomo que genere su propia relación causal, independiente de la conducta cumplida por aquél. Y en el caso la autopsia obrante a fs. 249 concluye que la muerte de Eduardo Rolando Lazarte, fue consecuencia una sepsis posterior a heridas de arma blanca en tórax y abdomen y hemorragia interna, conforme la descripción obrante a fs. 250 vta., es decir, que fueron consecuencia directa de la agresión concretada por el imputado.

4.2.- El agravio basado en que el Tribunal ha incurrido en error al encuadrar la conducta del acusado en la figura del art. 79 CP, en razón de que no concurre en el caso el elemento subjetivo requerido para el homicidio simple, remite al tratamiento de una cuestión fáctica, cuya valoración corresponde al Tribunal del Juicio, y que no resulta invocable como motivo de casación a tenor de lo dispuesto por el art. 468 CPP Al respecto, sostuvo el Tribunal -voto de la mayoría- que el autor obró con determinado propósito y pudo prever el resultado, aunque se trate de un dolo indeterminado, ya que las circunstancias del hecho, especialmente el medio empleado libremente elegido y la forma de usarlo, ponen de manifiesto que la idea homicida pudo presentarse en la mente del autor aunque no lo haya confesado. Añadió que el medio empleado para producir las heridas es idóneo para causar la muerte, por lo no podría ni siquiera hablarse de preterintencionalidad, ya que el resultado no fue extraordinario, sino el esperado ordinariamente para este tipo lesiones, que, por sí solas podían razonablemente ocasionar la muerte, tal como aconteció Sobre la base de dichos fundamentos, la sentencia -voto de la mayoría-, consideró demostrado que el imputado actuó con dolo, y que dirigió su conducta a vulnerar la prohibición legal de atentar contra la vida y la integridad física de las personas, y encuadró su conducta en la figura del homicidio simple (art. 79 CP), no advirtiéndose, en el establecimiento de dicha conclusión, una infracción a las reglas de lógica y de la sana crítica racional, ni la configuración del excepcional supuesto de absurdo o arbitrariedad que habilitarían al Tribunal de Casación a revisar la cuestión de hecho que plantea el recurrente.

Resulta oportuno añadir que en el ámbito de la responsabilidad penal, el agente sólo responde por las consecuencias de su acción que hubieran sido previsibles, ya sea por el conocimiento del curso causal de los hechos o por la representación de los efectos que pueden producir determinadas acciones. De conformidad con las circunstancias en que se desarrollaron los hechos y el medio empleado para consumar la agresión -cuchillo-, la muerte de la víctima o el riesgo de ese resultado debió ser previsto por el imputado, puesto que utilizó, con conocimiento de su aptitud, un medio idóneo para ocasionarlo. Y en esas condiciones la intención del autor -que atacó a Lazarte con un cuchillo produciéndole lesiones seguidas de muerte-, consiste, cuando menos, en un supuesto de dolo eventual de muerte, que excluye la figura preterintencional (cfr. Creus, Carlos "Derecho Penal-Parte Especial", t. I, p. 53). El delito de homicidio no requiere dolo específico; basta el dolo eventual o el dolo indeterminado De ahí que si el accionar del imputado aparece voluntario y ejecutado con un medio que podría razonablemente producir la muerte, aunque haya excedido su propósito expresado de no matar, si los efectos son mortales debe responder por el ilícito penal de homicidio en virtud del dolo eventual, en el cual no se fija límite a sus consecuencias.

4.3.- En orden a la queja vinculada a la pretensa falta de fundamentación, y consecuente arbitrariedad del fallo en crisis, cabe advertir que no obstante la profusa argumentación desarrollada, el agravio no cumple con las exigencias impuestas por el art. 474 procesal.

El escrito recursivo no rebate adecuadamente los argumentos de la sentencia, ni proporciona razones fundadas que justifiquen la infracción normativa que se alega, ni aporta argumentos suficientes como para modificar la solución adoptada por el Tribunal del Juicio. Los fundamentos del recurso de casación exhiben el mero desacuerdo del recurrente con la interpretación y fijación de los hechos y la ponderación de los elementos probatorios existentes en la causa, sin que se logre demostrar el quebrantamiento de las reglas de la lógica y de la sana crítica racional en el establecimiento de los hechos y la valoración de la prueba, ni el yerro en el que habría incurrido la sentencia.

La errónea valoración de la prueba que el recurrente denuncia carece de fundamentación suficiente, no habiendo suministrado los motivos por los que considera que el Tribunal ha omitido considerar las pruebas de descargo, o les ha restado eficacia conviccional; y sin que logre desmostrar que las pruebas de cargo carecen de la contundencia requerida para fundar una sentencia de condena. Por su parte, el Tribunal ha fijado la plataforma fáctica de la causa, previa valoración de la totalidad de las pruebas existentes, y ha dado fundamentos suficientes para justificar sus conclusiones. En esas condiciones, la impugnación fundada en la falta de motivación y consecuente arbitrariedad del fallo en crisis, resulta insuficiente, en los términos del art. 474 CPP.

Consiguientemente, no se advierte un déficit o inexistencia de la actividad probatoria requerida para desvirtuar la presunción de inocencia. Por el contrario se verifica que, con respeto a los principios de publicidad, oralidad, inmediación, contradicción, se ha desarrollado en el proceso prueba válida y suficiente como para justificar la sentencia de condena; y que ella ha sido valorada por el Tribunal, con ajuste a las leyes de la lógica y de la experiencia.

El recurso de casación es improcedente formalmente cuando el escrito de agravios no contiene una crítica autosuficiente de la sentencia recurrida, con desarrollo concreto de los motivos de impugnación contra la totalidad de los fundamentos en los que se sostiene el decisorio atacado. Es doctrina jurisprudencial de esta Corte de Justicia que al interponerse un recurso de casación es necesario que se exponga una crítica razonada de la sentencia impugnada, para lo cual el recurrente tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el fallo recurrido, lo que no acontece en la especie (CSJTuc., "Gargiulo, Juan Sebastián s/ robo agravado. Recurso de casación", sentencia del 15/02/2000; "Bruffau, Osvaldo Domingo y otra s/ defraudación. Recurso de casación", sentencia del 08/6/2000; "Aguirre, Cristian Andrés y otro s/ robo agravado", 27/4/98; "Callata, Rodolfo Balbín y otro s/ robo agravado", 25/3/98; "Elizondo, J.F. s/ corrupción de menores, etc.", 19/11/97 entre otros).

Los motivos se desestiman por no satisfacer los recaudos procesales impuestos por los arts. 468 y 474 CPP.

5.- Conforme a lo expuesto, el recurso de casación no satisface los requisitos los arts. 468 y 474 CPP, por lo que corresponde desestimarlo, con costas, por aplicación del principio general en la materia (art. 551 CPP).

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Alberto José Brito, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Raúl Faustino Frías, contra la sentencia de la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, del 11/11/2004, con costas.

II.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA