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Facultades del Poder Judicial, declaración de inconstitucionalidad, declaración de oficio, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mill  de  Pereyra,  Rita  Aurora;  Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel  Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Configura -por lo menos- una "anomalía" que un individuo (el juez) o un grupo mínimo (los miembros de la Corte Suprema de Justicia) puedan adoptar decisiones contrarias a los actos del Congreso y del presidente, representantes de la voluntad popular expresada en las urnas, en tanto importaría el desconocimiento de la voluntad expresada a través de los actos electorales por parte de órganos no sometidos al control electoral ni a la renovación de sus empleos, los cuales -eventualmente- podrían alzarse contra la supremacía de las mayorías, invalidando sus decisiones (Disidencia parcial del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Resolución del contrato, resolución judicial del contrato, incumplimiento del contrato, pacto comisorio, pacto comisorio tácito
Materia: CIVIL
Carátula: OTT THOMAS c/ NEGRI, Carlos Alberto s/ RESCISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-05

1- Si bien la facultad resolutoria implícita que reconoce el art. 1204 del Código Civil al contratante cumplidor respecto del moroso en las prestaciones que asumiera, puede ejercitarse en forma extrajudicial, ello no quiere decir que no pueda demandarse judicialmente la misma resolución contractual. Puesto que de no mediar conformidad de las partes, es preciso recurrir a la justicia para que se de fuerza ejecutoria, si corresponde, a la disolución alcanzada por la sola voluntad de uno de los contratantes.

2- En caso de que el funcionamiento de la cláusula comisoria tácita (art. 1204 del Código Civil) se intente por vía judicial no es necesario formular el requerimiento ni otorgar el plazo para el cumplimiento.
Insolvencia fraudulenta, personas privadas de la libertad, donación, usufructo
Materia: PENAL
Carátula: TOSCHI, Thelma R. s/ Causa 32.987
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-19

Configuró el delito de insolvencia fraudulenta, la conducta de la imputada que, una vez condenada en juicio civil y notificada debidamente de ello, con el consecuente deber del pago de las costas y la traba del embargo decretada, donó con reserva de usufructo, el único bien susceptible de afectación para cumplir con tales obligaciones.
Delitos contra la humanidad, tratados internacionales, Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

De lo dispuesto por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímines de Lesa Humanidad se desprende que dentro de la clasificación de los crímenes contra la humanidad, también se incluye el formar parte de una organización destinada a cometerlos, con conocimiento de ello.
Retiro policial, interpretación de la ley, adicional por responsabilidad jerárquica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Garramuño Carlos Alberto c/ Caja de Ret. Jub. y Pens. de la Policía Fed.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

La Sala I de esta Cámara in re "Mahmud, Jacinto c/ Caja de Ret. Jub. y Pens. de la Policía Fed. y otro", del 13/2/96, ha dicho que el manejo descripto encubre en realidad el otorgamiento -con carácter de "generales"- de los emolumentos de marras, haciéndose acreedores a uno de ellos por la sola situación de revista en actividad y en función del cargo desempeñado con independencia de si, por tal motivo, los agentes se ven sometidos a una exigencia o situación especial que implique un riesgo o peligro o pueda provocar un deterioro físico o síquico en los términos del art. 77 de la ley 21.695. Por lo demás, la C.S.J.N. in re "Cavallo, Luis Enrique c/ E.N. (Mº de Defensa) s/ retiro militar", del 28/5/95 ha puesto de relieve la imposibilidad de que decretos como el presente -por su naturaleza- modifiquen ni desconozcan lo establecido por normas superiores que, en este punto establecen claramente no sólo por el cual deben acordarse los aumentos al personal en servicio activo, sino también el derecho de los retirados al incremento de sus haberes (Fallos 262:41), máxime cuando de lo que se trata es de preservar la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad en razón de la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al primero respecto del segundo.

(Consid. 5º y 6º). (Ver en el mismo sentido, esta Sala in re "Ricchetti", del 2/7/96, causa Nº 52.502/95; "Segagni", del 2/7/96, causa Nº 8.053/96 y "Bartini", del 2/7/96, causa Nº 13.932/96).
Abuso sexual calificado por acceso carnal, homicidio calificado por el vínculo, violencia de género, tentativa, amenazas simples, incendio, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: A., J. A. c/  s/ incendio ...amenazas simples, abuso sexual con acceso carnal, desobediencia a la autoridad, homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-31

Circunstancias agravantes, en primer término, advierto la naturaleza de la acción y los medios empleados. (...) En segundo lugar, en lo atinente a la intervención que le cupo a A. en cada uno de los hechos (cinco en total), en todos fue en calidad de autor. (...) Con relación a la extensión del daño causado por el delito cabe tener presente que el concepto de daño ocasionado por el hecho ilícito implica aspectos objetivos y subjetivos.
Derecho comercial, marcas, contrato de publicidad, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: CABLEVISION  SA c/ ESTADO  NACIONAL DE COMUNICACIONES y otro s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-14

El Tribunal juzga que la continuidad de la publicidad impugnada debe quedar sujeta al juicio definitivo que haga en el proceso principal que se comprometió a promover Cablevisión S.A. ya que sólo entonces podrán ponderarse una serie compleja de elementos que se relacionan con la ilegalidad de la conducta atribuida a la empresa en los avisos. Como es sabido, el prestigio comercial de una firma demora más tiempo en perderse que en adquirirse; y es uno de los propósitos explícitos del ADPIC que los magistrados actúen tuitivamente frente a la probabilidad de "que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos" (art. 50, apartado 2 del citado Acuerdo y Otamendi, J. "Derecho de Marcas", quinta edición actualizada, pág. 313).
Estafa, ardid, cheque de pago diferido, desnaturalización del cheque
Materia: PENAL
Carátula: Pinto, Jaime Víctor s/ defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

No constituye el ardid de la estafa, la entrega de cheques postdatados en pago de mercadería adquirida en ese acto, los que fueron rechazados por cuenta cerrada.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, cuestión constitucional, sentencia arbitraria, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-19

La demandada no logra conectar el agravio concreto que -según afirma la parte- le provoca la sentencia de Cámara, con un motivo de impugnación de carácter constitucional, esto es, con la aplicación de una norma que lesione una garantía constitucional referida directamente al caso.

Es decir, que no se ha logrado exponer fundadamente un caso constitucional, conforme lo establece el art. 27 de la ley nro. 402, más allá de efectuar una alusión genérica a la violación de los arts. 14, 17, 18, 19 y 123 de la Constitución Nacional, y 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

En el recurso de inconstitucionalidad sólo se invoca, de forma genérica, la violación de dichas normas en la que habría incurrido la Cámara al dictar un fallo arbitrario en cuanto a la valoración de los hechos y pruebas, y la aplicación del derecho, pero sin exponer -en un argumento formalmente adecuado- un caso constitucional.
Indemnización tarifada, determinación del monto, sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta, Rubén Mario c/ Martínez Navarro y Cía. y/u otro s/ Diferencia de sueldos Rivas, Mario c/ Cervecería Bieckert S.A. s/ Cobro de pesos Zarza, Bernardino c/ Fundiciones Canning S.A. s/ Enfermedad accidente Vázquez, Alicia c/ Mario Della Bitta e hijos s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19|1988-08-02|1986-06-12|1987-03-24

Debe anularse de oficio la sentencia del tribunal del trabajo que al fijar la indemnización por daños y perjuicios incluyó en una sola cifra global el daño material y moral a pesar de su distinta naturaleza no suministrando de ese modo los elementos necesarios que permitan deducir las razones que mediaron para la determinación del monto indemnizatorio y la incidencia que se atribuye a los distintos rubros que lo integran, deficiencias que impiden a la Suprema Corte conocer cabalmente del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y con ello el ejercicio de su función casatoria.
Accidentes de trabajo, asistencia médica
Materia: LABORAL
Carátula: Gutiérrez Navarrete N. H. c/ Compañía Financiera SIC s/ Cobro de gastos de intervención quirúrgica
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

En el marco del art. 26 de la ley 9688, cuando se pretende asistencia médica a cargo del patrón opera como presupuesto esencial que la misma esté proporcionada por los médicos designados por el empleador.
Empleados públicos, prescindibilidad, daños y perjuicios, fallo plenario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, jurisprudencia no aplicable, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cejas, José Gerardo Cirilo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 210-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-26

La jurisprudencia, en casos excepcionales, como los tenidos en cuenta en el fallo plenario dictado por las Cámaras Nacionales Civiles el 15.9.1981 en la causa "Pérez" (L.L. 1.1.1981-D-p 241), admitió, por mayoría, que en ciertos supuestos la demostración del hecho importa la del daño (en el caso, tuvo por probados los daños al considerar que en los casos de prescindibilidad basados en la ley 21.274 con imputación de ser "factor real o potencial de perturbación", mediando prohibición para reingresar durante cinco años a la Administración Pública nacional, provincial o municipal, tornaba muy difícil la reubicación del agente), entendiendo la Corte nacional que no correspondía anular fallos dictados por aplicación de ese precedente (caso "Lopardo", Fallos 304:1459, ya citado);

incluso anulando un fallo considerado autocontradictorio (porque tuvo por acreditada la existencia del daño y negó toda compensación por no estimar probado su monto "Bellizzi", Fallos 307:2084). Sin embargo, en el sub judice, corresponde declarar improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el recurrente, por cuanto no concurren circunstancias que justifiquen analizar esa solución, ni la parte ha deducido una pretensión de resarcimiento a título de daños y perjuicios que habría posibilitado el ejercicio del derecho de defensa por parte de la demandada y, en su caso, la decisión de este Tribunal, sin perjuicio de la invocación y prueba, por la vía que corresponda, de los daños que pudo efectivamente causarle la ejecución de la medida de cesantía al agente.
Administración Pública, razonabilidad tributaria
Materia: CIVIL
Carátula: STAMBUK HERMAN Y OTROS c/ REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y/U OTROS s/ ACCION DE AMPARO - APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-19

Si bien se reconoce a la Administración un margen de discrecionalidad en su actuación, tal discrecionalidad no significa arbitrariedad, así las facultades de las que goza deben ser ejercidas con razonabilidad, principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos, verificar el cumplimiento de dicha exigencia sin que implique violación del principio de división de poderes.
Medida cautelar autónoma, compraventa inmobiliaria, inscripción provisoria
Materia: CIVIL
Carátula: GIROLA MARTÍNI, CARLOS A. s/ Recurso Registro de la Propiedad Inmueble
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-13

Expedido un certificado en los términos del art. 22 de la ley 17.801, la anotación prevista en el art. 25 de la citada ley produce los efectos de una anotación preventiva que causa una reserva de prioridad para el derecho que surja de aquel acto, siempre que este se inscriba o se instrumente dentro de los plazos legales.

Esta reserva de prioridad que otorga la anotación de la expedición de un certificado de dominio y su objeto en el folio correspondiente al inmueble, produce el cierre o el bloqueo registral, que garantiza a quién lo solicitó la inmutabilidad de la situación registral hasta tanto se cumplan los plazos previstos por los art. 5 y 22 de la ley 17.801 y concede carácter de provisional y sujeto a la inscripción dentro de dichos términos, a las anotaciones que ingresen con posterioridad.

Sin embargo, cuando la orden judicial no consiste en la traba de una medida cautelar sino en la "paralización del trámite inscriptorio", no resulta aplicable la mencionada normativa pues no se trata de una cuestión de prioridad de inscripciones, sino de un mandato judicial dirigido específicamente a la suspensión de la inscripción.
Responsabilidad del Estado, accidente en acto de servicio
Materia: PROCESAL
Carátula: MENDEZ  ALEJANDRO c/ MINISTERIO  DE  JUSTICIA  SEG. Y DER. HUM.PREFECTURA NAVAL s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-06

Encontrándose entonces acreditado que el accidente sufrido por el agente derivó de una consecuencia previsible de un acto de servicio, según resoluciones emanadas de la propia demandada, difícilmente se puede argumentar que lo sucedido se debió a un caso fortuito -ello sin desmedro de destacar que el cierre violento de una puerta por una corriente de aire difícilmente pueda encuadrar en la hipótesis del art. 514 del Código Civil-. En estas condiciones, la actitud ahora asumida por la demandada al pretender descargar mayor grado de responsabilidad en la víctima, cuando antes decidió lo contrario, resulta contraria al principio de la buena fe que -como regla- juega también en el ámbito del derecho público (conf. Sala II, causa 10.377/96 del 11/03/99).
Martillero, corredor, matrícula profesional
Materia: COMERCIAL
Carátula: POMAZAN MARCELO EDUARDO - MATRICULA CORREDOR PUBLICO s/ CORREDOR - MARTILLERO - INSCRIPCION EN LA MATRICULA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-08-12

El art. 105 del C. de Comercio que regula la actividad del martillero como la del corredor público no crea incompatibilidad entre ellas, ya que ni el martillero ni el corredor pueden efectuar negocios ni directa ni indirectamente a su propio nombre o a nombre de otro.

La naturaleza de las funciones que cumple el corredor público, ni la prohibición de ejercer el comercio, representan un obstáculo para que el martillero pueda ser corredor, porque el martillero tampoco puede ejercer el comercio y uno y otro son auxiliares del comercio, como tan claramente lo dice la ley.

Tanta afinidad existe entre una y otra profesión que la ley provincial 7191 ha agrupado a quienes la ejercen en un colegio profesional único, sometiéndolos al mismo régimen legal.

La prueba irrefutable de que no existe incompatibilidad está en el art. 2 de la ley 7191 que dispone: " la matrícula de martillero no suple la de corredor", lo que significa que quién está matriculado en aquél carácter para poder ejercer como corredor debe matricularse como tal, y en el art. 9 que enumera las incompatibilidades no dice que el ejercicio de una de las profesiones sea incompatible con el de la otra.

Los jueces no pueden crear impedimentos, limitaciones o incompatibilidades que la ley no ha impuesto sin incurrir en una forma de discrecionalidad.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Aquino, Ramón Federico s/ Robo. Violación Galván, Néstor D.; Insaurralde, Luis O. s/ Robo de automotor Arequipa, Luciano S. s/ Violación Hanaini, Norberto Edgardo s/ Peculado Imbesi, Juan Alberto s/ Cohecho. Violación de domicilio Alaniz, Pedro Miguel Angel s/ Robo calificado por el uso de armas en grado de tentativa y coacción  agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19|1993-09-21|1999-04-13|2000-08-16|2001-11-07|2002-02-27

En los casos en que la sentencia de Cámara ha generado un obstáculo sustancial para la suficiencia del recurso, la anulación de oficio no obedecerá a puro formalismo sino a la necesidad de no aplicar al recurrente las consecuencias procesales de defectos a los que fue inducido por la técnica usada en la sentencia, pues si tales situaciones derivaran en la declaración de insuficiencia o improcedencia del recurso así se consagraría formalmente la objetiva posibilidad jurídica de que, en función de ciertas técnicas a que pudieran ajustarse las sentencias impugnables, las partes resultaran impedidas de recurrir. Además, ni siquiera corresponde que la metodología de la sentencia obligue a que los recursos deban fundarse en complicadas inferencias cuando no en la lisa y llana suposición de contenidos no visibles.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, medidas para mejor proveer
Materia: LABORAL
Carátula: Borges, Orlando Camilo c/ Gonzalía, Teófilo y/o responsable campo de tambo "San Pablo" s/ Haberes adeudados, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

Disponer medidas para mejor proveer es facultativo de los jueces de grado, y quedan libradas en cuanto a su producción y valoración a lo dispuesto respecto de los distintos medios probatorios.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, prueba, jueces
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MILLER,  ANGELA c/ TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTINSA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

A fin de determinar la responsabilidad en materia de accidentes, la misión del juzgador, consiste en reproducir, a la luz de las probanzas aportadas, la forma en que verosímilmente pudo aquel acaecer para determinar en función de ello, la culpa que pudiera corresponder a los intervinientes; no es la certeza absoluta lo que ha de buscarse, sino la certeza moral de características harto distintas de las de aquella, en virtud de la cual se aprecia ya no la seguridad plena sino el grado sumo de probabilidad acerca de la verdad de lo acontecido; dadas sus características, en este campo de la responsabilidad casidelictual es donde con mayor frecuencia la sentencia condenatoria se funda en simples presunciones de culpabilidad no desvirtuadas por prueba en contrario.
Honorarios, prescripción, sucesiones
Materia: CIVIL
Carátula: LOFRANO, Amadeo Simón s/ SUCESIÓN AB-INTESTATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-26

No se dan las condiciones para la regulación de honorarios del letrado patrocinante si al momento en que cesa su actuación no concluyó la sucesión ni se estableció el valor de los bienes transmitidos.

De tal manera, no obstante que haya transcurrido un extenso lapso desde que renunció al patrocinio sin instar la regulación de sus honorarios, si no existía base regulatoria no puede aplicarse una institución de carácter restrictivo como la prescripción.
Medidas cautelares, manifestación de la voluntad, entrega del bien
Materia: PROCESAL
Carátula: Monzón, Angel Patricio Raúl c/ Galavanessky, Gastón Nicolás s/ despido indirecto por falta de registración o consignación errónea de datos en recibo de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-02-05

Deberá confirmarse la resolución que rechazó el pedido de hacer extensiva la intervención de caja al nuevo propietario del comercio, con fundamento en que no hay constancia en autos que, al momento de denunciar la caja diaria del comercio a embargo, o al intentar diligenciar el mandamiento de posesión de cargo que el ejecutado fuera titular de dicho local. Ello así, por cuanto [.] "No resulta procedente la extensión de la condena sobre una persona jurídica que no había sido incluida en el límite subjetivo de la sentencia. A partir del dictamen FG N° 26.220 del 17/12/98, recaído en autos: "Bacar at, Margarita c/ Delta Baires SA" se sentó la tesis de la necesidad de interponer una demanda ordinaria destinada a extender la responsabilidad, aún en los términos de la doctrina plenaria que allí se citara (Plenario n° 289 in re "Baglieri, Osvaldo c/ Francisco Nemec y Cía SRL y otro"). Esta ha sido la tesis unánime de la jurisprudencia, que ha considerado insuficiente la vía incidental para el análisis de sucesivas responsabilidades en el marco de una única relación laboral. (Del Dictamen del Fiscal General N° 37.737 del 29/3/04, al que adhiere la Sala)", (CNTrab., Sala IV Expte N° 26.278/01 Sent. Int. N° 42.057 del 31/3/04, "Morinigo, Teófilo c/ Seguridad Industrial Pardo SA s/ despido". En el mismo sentido, Sala X, Expte N° 25.450/99 Sent. Int. N° 10.775 del 27/5/04 "Gutiérrez, Alberto c/Defaroloz SA s/despido")", (del voto del Dr. Pascuarelli en autos "SULETA VIVIANA GRACIELA c/ LOBO GONZALO FABIAN s/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES", EXP Nº 377045/8). Además, esta Alzada sostuvo que: "En efecto, la extensión de la solidaridad no es posible que sea efectuada en el marco incidental de una ejecución de sentencia. Desde el punto de vista procesal y, por directo juego de las garantías constitucionales, esta pretensión exige un trámite bilateral y autónomo", (FRATTARI ELSA JOSEFA c/ EHA S.A. s/ DETERMINACION DE HONORARIOS", EXPTE.351258/2007).[.] (Del voto del Dr. Jorge PASCUARELLI, en minoría).
Costas al vencido, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: F, N P c/ B, H H - D V s/ CONTENCIOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-03-14

Si bien la demanda de divorcio fue admitida por una sola de las tres causales invocadas, esa circunstancia no relativiza el hecho esencial que supone la procedencia de la acción de estado intentada y la declaración de culpabilidad del esposo demandado, razón por la cual las costas deben ser soportadas íntegramente por el cónyuge declarado culpable.