Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2009-03-17


Ushuaia, marzo 17 de 2009.

1º ¿Es procedente el recurso interpuesto? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Sagastume dijo:

1. Este Tribunal ha dicho reiteradamente que "El recurso de queja tiene por objeto permitir que el tribunal del recurso revise el juicio de admisibilidad efectuado por el tribunal recurrido, y consecuentemente la argumentación a desarrollar por el quejoso tiene que atacar los fundamentos del decisorio que veda el acceso al tribunal ad quem" ("Santillán, Juan Gabriel c/Municipalidad Ciudad de Ushuaia s/Acción de amparo s/Recurso de queja por casación denegada" -expte. nº 118/95 SDO, sentencia del 31.07.95 registrada en el Libro II, folios 148/149-; "Díaz, Héctor Hugo c/Paredes Ravena, Juan F. s/Querella - s/Recurso de queja por casación denegada" -expte. nº 327/96 SDO del 25.03.97, Libro VII, f ¢-; "Ríos, María Fabiana s/Recurso de queja en autos æRíos, M. F. s/QuerellaÆ" -expte. nº 483/97 SDO del 24.10.97, Libro X, f 99-; entre muchos otros).

De esta manera, la queja tiene por finalidad llevar a conocimiento del iudex ad quem la denegatoria de un recurso cuya habilitación corresponde al iudex a quo para lo que debe efectuarse la crítica concreta y razonada de los argumentos de esa denegatoria. La queja "...importa un pedido de revisión al juicio de admisibilidad" del recurso denegado (Epifanio J. Condorelli, "El recurso de queja", L.E.P., 1979, pág. 11).

Sobre el particular, Sagüés indica que el primer objetivo de la queja es el de impugnar la denegación del recurso extraordinario, señalando -en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que "...el recurrente tiene que refutar lo argüido por el tribunal de la causa en la denegación del recurso extraordinario, realizando una crítica eficaz de los considerandos por los cuales el a quo lo rechazó" (Néstor P. Sagüés, "Derecho Procesal Constitucional", tomo 2, Astrea, 1992, pág. 575), criterio igualmente aplicable a la queja ante el rechazo del recurso extraordinario de casación.

2. En autos, la controversia entre la Cámara de Apelaciones y la parte, radica en establecer si la resolución copiada a fs. 15/17 de los autos "Fiscal Mayor Dr. Guillermo MassimI s/Recurso de casación interpuesto en causa: "Incidente art. 422 C.P.P.P. en relación a causa nº 14.250 caratulada: Longhitano, Miguel s/Denuncia (exptes. nº 116/05, 628/05 y 7187/05)"" -expte. nº 3071-, que confirmó el rechazo del pedido de citación a prestar declaración indagatoria a Edgardo Welsh de Bairos formulado por la fiscalía sobre la prueba existente, reviste el carácter de definitividad establecido en el art. 425 del C.P.P.

El original de esa decisión luce a fs. 215/217 del "Incidente art. 422 C.P.P.P. en relación a causa nº 14.250 caratulada: Longhitano, Miguel s/Denuncia (exptes. nº 116/05, 628/05 y 7187/05)" -expte. nº 2980-, que también corre por cuerda.

Con relación al alcance conceptual del término definitividad, se ha dicho: "Por sentencia definitiva corresponde entender a aquélla que, una vez agotado el debate, se pronuncia sobre el fondo del asunto (penal o civil, o ambos) y, con prescindencia de su contenido (condena, absolución o imposición de una medida de seguridad), goza de eventual aptitud para adquirir eficacia de cosa juzgada" (Lino E. Palacio, "Los recursos en el proceso penal", Abeledo-Perrot, 1998, págs. 80/81; en igual sentido: Fernando de la Rúa, "La casación penal", Depalma, 1994, pág. 180). Más amplia y profusa ha sido la elaboración jurisprudencial de la Corte Suprema, que ha equiparado a definitiva a múltiples resoluciones; por lo que "...no es desacertado afirmar, como se ha dicho, que la característica de poner término al proceso, que debe producir la resolución inspeccionable en casación, debe determinarse más por su efecto en relación al proceso que por su contenido (C.N.C.P., Sala I, L.L. 1995-B-615; C.N.C.P., Sala II, J.A. 1995-I-582; C.N.C.P., Sala III, L.L. 1994-E-131)" (Guillermo Rafael Navarro - Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", tomo 2, Pensamiento Jurídico Editora, 1997, págs. 301/302).

Coincidiendo con tal criterio, este Estrado sostuvo que "en materia de remedios extraordinarios el concepto de sentencia definitiva está referido a la irreparabilidad del perjuicio" (conf. Alsina, en "Derecho Procesal Civil", citado por Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", L.E.P., 1991, pág. 389) por lo que resulta decisivo, a los fines de delinear el concepto de definitividad, evaluar los efectos que produce la resolución respecto al proceso; es decir, si el impugnante cuenta con otra vía jurídica para reparar su agravio, pues en tal caso el remedio extraordinario -en principio- se encontraría vedado ("Dirección de Fiscalización Sanitaria - zona 2 s/Denuncia s/Recurso de Queja" -expte. nº 512/97 SDO del 20.02.98, Libro XI, fº 16/17-; "Morales, María Rosa s/Dcia. s/Inf. art. 172 del C.P. s/Recurso de queja..." -expte. nº 777/99 SDO del 16.07.99, Libro XV, fº 196/199-; y "Incidente de nulidad promovido por el Sr. Defensor Particular de Darío Ariel Mazzeo -Dr. Félix A. Santamaría- (causa nº 4358 æM., M. A. (menor) s/Lesiones en su perjuicioÆ)" -expte. nº 337/99 SR del 02.12.99, Libro V, fº 748/750-; y sus citas). Este tema también fue desarrollado en el "Incidente de nulidad en causa nº 9653/04 - Fernández, Hugo Omar s/Pto. hurto de ganado menor e inf. al art. 189 bis 3er. párr C.P. s/Recurso de queja" -expte. nº 805/05 SR del 20.04.2005, Libro XI, fº 216/221-.

3. Bajo esta premisa, que ilumina la interpretación del art. 425 del C.P.P., no se advierte de qué manera los argumentos vertidos en la queja puedan conmover la limitación establecida en dicha norma.

Es evidente que el auto que confirmó la resolución de la juez de instrucción no presenta efectos definitivos con relación a la continuidad de las actuaciones. El rechazo del pedido de citación a prestar declaración indagatoria a Edgardo Welsh de Bairos, fundado en que la fiscalía no podía utilizar la prueba indicada a fs. 196/200 del expte. 2980 en contra del nombrado, pues ésta fue obtenida en el marco de su declaración testimonial, no impide que las actuaciones prosigan su curso. Como señala el a quo a fs. 13, la fiscalía podrá impulsar la realización de las diligencias necesarias para obtener nuevos elementos autónomos e independientes de las propias declaraciones testimoniales de Welsh de Bairos, a fin de lograr que sea citado a prestar declaración indagatoria. Y si bien el recurrente señala que no existe la posibilidad de producir nueva prueba útil (arg. de fs. 20vta./21), no demuestra tal extremo.

En suma, la resolución copiada a fs. 15/17 del expte. 3071 no pone fin al trámite de la causa ni impide que el acusador público investigue los hechos por los que pretende que se cite a indagatoria a quien prestó previamente testimonio. Sólo deberá adecuar su actuación a las exigencias legales y constitucionales que garantizan la libertad de los ciudadanos e impiden una actuación abusiva del Estado.

4. Lo señalado precedentemente no escapa al conocimiento del recurrente, quien invoca la existencia de vicios graves que tornan arbitrario lo resuelto.

La juez de instrucción resolvió la incidencia en base al art. 18 de la Constitución Nacional (ver fs. 202/203 del expte. 2980, trascripto a fs. 14/18 del presente incidente). La alzada compartió ese criterio. Recordemos que esta norma refleja la imposibilidad de ejercer coacción moral sobre el imputado (conf. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, in re "Bordi" del 10.10.97, del voto del Dr. Balladini; Base de datos SAIJ, sumario F0004838); y que este Estrado ha compartido el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando señala que "...el juramento entraña, en verdad, una coacción moral que invalida los dichos expuestos en esa forma, pues no hay duda que exigir juramento al imputado a quien se va a interrogar, constituye una manera de obligarlo a declarar en su contra" (Fallos 281:177, conf. se expresó en los autos "Casonu, Hugo; Finkelberg, Mario s/Inf. art. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del C.P." -expte. nº 630/03 SR del 26.11.2003, Libro IX, fº 551/556-; decisión citada por la Cámara a fs. 17 del expte. 3071). No puede hablarse de libre albedrío cuando media coacción moral.

La Cámara consideró que se arribó a la situación evaluada en virtud de que el acusador público y la juez de instrucción desinterpretaron el alcance de lo actuado (ver el último párrafo de fs. 16 y el primero de fs. 16vta. del expte. 3071). Este yerro no aprehendió un acto aislado; antes bien, alcanzó las tres oportunidades en que el testigo fue llamado a prestar declaración (fs. 84/85, 163 y 190 del expte. 2980).

Ante el conflicto presentado, el a quo dio preeminencia a las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial (arts. 18 y 36, respectivamente). No parece adecuado que este Estrado ingrese en forma anticipada e intempestiva al examen del proceso para que -de hacer lugar a la pretensión fiscal- el imputado se vea perjudicado por la omisión en que se incurrió en el ejercicio de la acción penal.

5. De acuerdo a la exégesis expuesta, el art. 425 establece que el recurso de casación sólo podrá deducirse contra un pronunciamiento definitivo o equiparable. El recurrente, en cuanto denuncia la incorrecta interpretación de garantías constitucionales, no brinda razones suficientes para apartarse de ese marco.

Ello tiende a resguardar la competencia extraordinaria de este Estrado sin fragmentar su intervención en el proceso evitando dilaciones que -eventualmente- podrían tornarse innecesarias. Para que el Superior Tribunal pueda tomar conocimiento de la cuestión debatida es menester que las instancias de mérito resuelvan en forma definitiva el proceso. Recién entonces, y de persistir el agravio (pues puede suceder que éste se desvanezca, por ejemplo, con el descubrimiento de nuevos elementos probatorios idóneos para incriminar penalmente a quien prestó declaración testimonial), el tribunal ad quem podrá tomar conocimiento de los cuestionamientos formulados (conf. lo dicho en el "Incidente de nulidad en causa nº 9653/04 - Fernández..." -ya citado-).

En este punto, el esquema de la ley local sigue los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que "las cuestiones federales resueltas por autos no definitivos durante la tramitación del litigio, son susceptibles de conocimiento por la Corte en ocasión del recurso extraordinario que quepa deducir contra la sentencia final de la causa" (C.S., Fallos 303:1040; 305:1745; entre otros).

Bajo este prisma, no se advierte que el auto que rola copiado a fs. 15/17 del expte. 3071 presente notas excepcionales que permitan obviar algunos de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación legalmente establecidos. En su mérito, el recurso de queja de fs. 14/21 debe ser rechazado.

Por todo lo expuesto, a la cuestión propuesta voto por la negativa.

La doctora Battaini adhiere a lo dicho por el Dr. Sagastume, votando a la primera cuestión por la negativa.

2º cuestión.- El doctor Sagastume dijo:

Atento a la forma en que fue resuelta la cuestión que antecede, propongo rechazar el recurso de queja interpuesto a fs. 14/21 por la fiscalía contra la resolución copiada a fs. 12/13, cuyo original luce a fs. 21/22 de los autos "Fiscal Mayor Dr. Guillermo Massimi s/Recurso de casación interpuesto en causa: "Incidente art. 422 C.P.P.P. en relación a causa nº 14.250 caratulada: Longhitano, Miguel s/Denuncia (exptes. nº 116/05, 628/05 y 7187/05)"", expte. nº 3071 del registro de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.

Sin costas, atento al resultado obtenido y a que el proceso reglado por el art. 439 y ss. carece de sustanciación (art. 492, segundo párrafo, del C.P.P.).

La doctora Battaini comparte y hace suya la propuesta formulada por el Dr. Sagastume, votando a la segunda cuestión en igual sentido.

Por las consideraciones efectuadas en el Acuerdo que antecede el Superior Tribunal de Justicia resuelve: 1º) Rechazar el recurso de queja interpuesto a fs. 14/21 por la fiscalía contra la decisión copiada a fs. 12/13, cuyo original luce a fs. 21/22 de los autos "Fiscal Mayor Dr. Guillermo Massimi s/Recurso de casación interpuesto en causa: "Incidente art. 422 C.P.P.P. en relación a causa nº 14.250 caratulada: Longhitano, Miguel s/Denuncia (exptes. nº 116/05, 628/05 y 7187/05)"", expte. nº 3071 del registro de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones. Sin costas (art. 492, segundo párrafo, del C.P.P.). 2º) Mandar se registre, notifique y agregue copia de la presente en el expediente nº 3071. - María del C . Battaini .- Carlos G . Sagastume .