marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, efectos de la apertura, actos prohibidos, pronto pago, ejecución de créditos laborales, acreedor
Materia: COMERCIAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Calibron SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por gómez, gregorio paulino
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-12

Sabido es que en el diseño de la ley 26086, el acreedor laboral tiene la triple opción: a) presentar pedido de pronto pago ante el juez concursal y con recurso de apelación en caso de denegatoria; b) iniciar o continuar el juicio laboral de conocimiento en la competencia del trabajo, y después de obtenido el pronunciamiento definitivo en dicha sede -título verificatorio- presentar incidente de verificación vía LCQ 56; o c) presentar pedido de verificación tempestivo (LCQ 32), con ulterior revisión (LCQ 37) y/o en su caso, incidente de verificación tardía.

En el caso el incidentista optó por solicitar el reconocimiento de su crédito en el concurso preventivo de la demandada, con lo cual habiendo el crédito resultado parcialmente inadmisible mediante resolución judicial, la cuestión de debate y prueba continúa necesariamente ante el juez del concurso en los términos previstos por la vía de la LCQ 37. De ahí que si el insinuante no lo propone o desiste durante el trámite, la resolución denegatoria adquiere eficacia de cosa juzgada.
Bonos de goce y de participación, régimen de consolidación de deudas
Materia: LABORAL
Carátula: Balmaceda Juan Carlos c/ Empresa Ferrocarril General Belgrano y otro s/ Cobro de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-17

En un caso similar al presente, la Sala hizo lugar al planteo del acreedor y declaró la invalidez constitucional de los arts. 64 y 66 de la ley 25.827, en cuanto disponían la cancelación con bonos sexta serie de un crédito originado en una relación laboral fenecida en 1999, y que debía ser cancelado con bonos cuarta serie 2%. Consideró que la imposición de condiciones más gravosas para el cobro de los créditos como la postergación de los plazos de vencimiento de los bonos, llevan, no a la modificación del modo de cumplimiento de la resolución pasada en autoridad de cosa juzgada, sino al desconocimiento de ésta (S.I. 47.364 del 23/4/10, "Llevara, Walter Abraham c/Cooperativa de Trabajo Ferrocon Ltda. Y otro s/despido"). Sin embargo, la C.S.J.N. revoca la sentencia por considerar que la consolidación de las obligaciones comprendidas en el régimen de la ley 25.344 importa la novación de la obligación originaria y de cualquiera de sus accesorios, por lo que solo subsisten para el acreedor los derechos derivados de ella. Asimismo sostuvo que en épocas de graves crisis económicas el Estado tiene amplias facultades para limitar, suspender o reestructurar los pagos de la deuda a los fines de adecuar sus servicios a las reales posibilidades de las finanzas públicas. (CSJN, 29/10/2013, L.322.XLVI "Llevara, Walter Abraham c/Empresa Ferrocarril General Belgrano SA y otro s/despido".). Y en el caso, toda vez que el planteo consiste en solicitar la cancelación del crédito con los bonos cuarta serie 2% que originariamente le habrían correspondido, debe acatarse la interpretación que el alto tribunal hace en este tema de normas de carácter federal y por lo tanto no hacer lugar al pedido del acreedor.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, contestación de la demanda, apercibimiento, pago
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: SAINT GIRONS, ENRIQUE JUAN c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-03-29

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que con las argumentaciones esgrimidas la quejosa no logra poner en crisis los fundamentos dados por la Sala relativos a que la negativa general y particular de la demandada de todos los hechos afirmados por la actora salvo los expresamente reconocidos, para luego en forma precisa y categórica enunciar una serie de hechos y derecho invocado -entre los cuales no se encuentran los pagos efectuados por la actora- no autoriza a aplicar los apercibimientos previstos en el artículo 142 inciso 2 del C.P.C.C., pues esos pagos no son hechos atribuidos a la demandada sino que fueron efectuados a terceros, sin que deba necesariamente admitirse que aquélla deba conocerlos, ni haya sido probada por la actora la realización de esos pagos.
Juicio de desalojo, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coña, Julio P. c/ León, Jorge L. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

La acción de desalojo persigue asegurar la libre disposición de los inmuebles al que tiene derecho a ello cuando son detentados por personas que encontraron en la tenencia mediante actos o contratos que ya no pueden considerarse existentes o cuando se encuentran en el uso y goce sin derecho (art. 676 su doctrina C.P.C.C.).-
Remuneraciones accesorias, adicionales de remuneración, adicional por turno
Materia: LABORAL
Carátula: BRIZUELA, GUSTAVO ADOLFO c/ CASINO BUENOS AIRES S.A. s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-01

El personal comprendido en el artículo 11 del C.C.T. 406/00, correspondiente al personal de loterías y casinos, no tiene derecho a los adicionales por turno, por nocturnidad y por antigüedad aún en las categorías para las que la planilla a la que tal artículo remite contiene la indicación "sin adicional".
Honorarios, base regulatoria, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Eldorado s/ Recurso  Extraordinario  de  Inaplicabilidad  de  Ley  y  de  Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-09-13

Los honorarios regulados de acuerdo al monto de sentencia con aplicación del artículo 20 de la Ley 607, no hace más que tener en cuenta lo realmente adeudado por la demandada según sentencia firme, y el éxito obtenido por los profesionales de la actora, excluyéndose por lo tanto de dicha base, el ingrediente distorsionador que es el monto por el cual no prosperó la demanda.-
Quiebra, privilegios especiales (comercial), actualización monetaria, acreedor privilegiado
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA.  FINANCIERA  FLORES  S.A.  S/QUIEBRA S/ INC. POR FINCARFE  S.A. s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-14

Los fallos de la C.S.J.N. sólo autorizan a conferir derecho a la actualización hasta el efectivo pago en caso de quiebra, a los créditos garantizados con hipoteca, o prenda, en base a una armónica interpretación de normas que les da una tutela especial; y a los acreedores laborales reconociendo el carácter alimentario de las prestaciones. Por lo que una aplicación extensiva de tal doctrina a otros créditos de naturaleza sustancialmente diversa resulta inadmisible.
Compraventa, automotores, círculo cerrado, entrega del bien, plan de ahorro previo
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZEC, JUAN c/ PLAN OVALO SA DE AHORRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-16

Resulta inadmisible que la administradora de un plan de ahorros se niegue al pago solicitado por el cesionario de un plan de ahorros, con el argumento de que el actor no abonó el 1.5% del valor movil en concepto de derecho de admisión, lo que impediría a su juicio el perfeccionamiento de la cesión (claúsula contractual). Sin embargo, dicho incumplimiento sólo podría autorizar a la accionada a reclamar el pago de la comisión omitida, pero no a restar vigencia a lo dispuesto en otra claúsula del contrato en cuanto a que, una vez transcurridos treinta dias de la notificación, la cesión no contestada debía entenderse aceptada. Tampoco cuestiona la defendida la aplicación de lo dispuesto por el cciv: 1462, toda vez que abonó el pago reclamado al cedente pese a encontrarse notificada de la existencia de la cesión. Por último, cabe agregar que al haberse integrado el contrato con el "anexo modificaciones resolución igj nº 8/82", dicha pretensión resulta improcedente, en tanto la norma nº 5 de dicha normativa dispone que "la administradora no podrá percibir suma alguna con motivo de la transferencia de los derechos del suscriptor, en virtud de cesión o sucesión por cualquier título". Cabe concluir, pues, que la pretensión de la demandada se encuentra vedada por el propio contrato.
Libros de comercio, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gorozurreta, Ariel Martín c/ Hauyqui S.A. Construcciones s/ Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

La falta de libros de comercio llevados en legal forma por el actor, carece de mayor significación para la dilucidación del pleito, donde lo que se trata de desentrañar es si los litigantes cumplieron o no con las obligaciones que asumieron en el contrato y que son: el actor la construcción de un galpón que sirviera de obrador y la demandada de pagar por ello un precio en la forma y modalidad pactadas.
Determinación del haber jubilatorio, solidaridad previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ZAGARI, JOSÉ MARÍA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22

A partir de la sanción de la ley 24.463 -excepción hecha de reajustes por decreto de haberes mínimos-, no fueron objeto de movilidad alguna las prestaciones previsionales. Esto es, durante más de diez años el Congreso de la Nación no ejerció la atribución-obligación de establecer por la ley de Presupuesto la movilidad de las prestaciones del sistema público nacional.
Escribanos públicos, ejercicio profesional, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Cuartas de Camaño, Lía Matilde c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad decreto ley 9020/78
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-26

11. El allanamiento formulado por el señor Asesor General de Gobierno no reúne las notas exigidas por el art. 70 inc. 1 del C.P.C.C. y su doctrina para eximirlo de su deber de soportar los gastos del juicio, en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1° del decreto ley 9020/1978 hace más de diez años (in re "Franco", sent. del 12-XI-2002) y, esta Corte, recogió los fundamentos dados por el superior Tribunal federal haciendo lugar a análogas pretensiones a las ventiladas en estas actuaciones, la primera de las cuales también fue dictada hace más de diez años. En ese contexto, la Provincia demandada pudo remover la legislación que la afecta y no lo hizo, obligándola a iniciar la presente acción.(del voto del doctor de Lázzari)
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: L., M. E. c/ I., J. I. y/o q´rte. titular de A. G. S. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-03-11

Cuando la pretensión actora ha colapsado en un alto porcentaje, lo que implica que correlativamente el andamiento de la reclamación ha sido solo de un mínimo porcentaje, lo que patentiza acabadamente una situación de vencimiento parcial y mutuo de los contendientes, ya que ninguno de ellos ha obtenido el total de lo pretendido, siendo desiguales sin embargo las cuotas de ganancias y pérdidas de cada uno; tal situación amerita la distribución de las costas a tenor del art.72 CPCC.
Sanciones administrativas, multa administrativa, facultades de la administración, facultades reglamentarias, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FOINCO Compañía Financiera S.A. c/ B.C.R.A. s/ apelación (Resolución 559/91)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

El art. 41 de la ley 21.526 no conmina con penas determinadas conductas, sino que estas quedan configuradas por las acciones u omisiones contrarias a la ley o a su reglamento. En este caso la C.S.J.N. ha señalado reiteradamente que la descripción del hecho punible por vía de reglamentaciones en manera alguna supone atribuir a la administración una facultad indelegable del poder legislativo, tratándose por el contrario del ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria discernida por el art. 86, inc. 2° de la C.N. (Fallos:

300:443; esta Sala, in re "Banco Internacional S.A." del 5/7/84).

Ello determina que las sanciones que el B.C.R.A. puede aplicar, en virtud del art. 41 de la ley 21.526, tienen carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de las medidas represivas del Código Penal (Fallos: 441: 419; 251:343; 268:29; 275:265; 303:1776).

En virtud de ello no es su esencia que se apliquen las reglas generales de éste, ni se requiere dolo; las sanciones se fundan en la mera culpa por acción u omisión de modo que la constatación de las faltas genera la consiguiente responsabilidad del infractor;

salvo que este invoque y demuestre la existencia de alguna causa válida de exculpación (esta Sala, in re "Bunge Guerrico", del 3/5/84).
Instrumentos públicos, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Malpelli, Mario Enrique c/ Russo, José y ots. s/ Incidente de nulidad de escritura pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18

Si bien los instrumentos públicos pueden ser nulos o anulables, de nulidad absoluta o relativa, lo cierto es que constituye un sistema que sin perjuicio de tener los mismos caracteres, se rigen por reglas distintas que las aplicadas a las nulidades de los actos jurídicos, y dicha situación es la que contempla el artículo 989 del C. Civil. Por ello debe desestimarse la nulidad de un instrumento público fundada en la norma general del artículo 1047 del C. Civil.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: ACUDEN c/ BANCO ITAU s/ DAÑOS Y PERJUICIOS X RESP. EXTRACONT. DE PART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-04

Habrá de confirmarse la sentencia que hace lugar a la excepción de falta de acción interpuesta por la entidad bancaria, ya que el diligenciamiento de un oficio judicial, con independencia de quién sea su destinatario (Banco público, privado, empresa privada, mixta, comercio, etc) no implica una relación de consumo en los términos de Ley 26.361, sino que se trata de una cuestión ajena que pertenece a la orbita del derecho procesal.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delito penal, tentativa, graduación de la pena, consumación del delito, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: S, M E s/ Pedido de formación de Tribunal Pleno - Libertad provisional  concedida (Expte.: NRO. 13 Año 2000) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-23

Descarto, por cuanto implica una operación intelectual abstracta la pretensión de fijar una pena para el delito tentado como si éste se hubiera consumado, para luego efectuar la reducción a que alude el artículo 44 del Código Penal. La señalo como abstracta por cuanto, tiene el juez que conjeturar sobre algo que -en la realidad- no ocurrió, para luego realizar el segundo cálculo reductorio. No concuerdo tampoco con la tesis sustentada por González Roura, Malagarriga y Oderigo. Quedan en pie dos posturas: una sostenida por Núñez y De la Rúa, que disminuye en un tercio el mínimo y la mitad del máximo de la escala penal de que se trate; y la otra que es una versión modificada de la sostenida por Vázquez Iruzubieta (en cuanto elimina la primer operación intelectual a que me he referido) y tiene su origen en la primigenia expresión de Núñez, y disminuye a un tercio el mínimo y la mitad del máximo de tal escala penal. Desde ya, como se advierte de este contradictorio panorama brevemente expuesto, la oscura carga semántica del texto legal no permite inferir una interpretación ineluctable del mismo. Entiendo que yerra quien pretende desmerecer posiciones encontradas atendiendo a la literalidad del mismo, habida cuenta su ambigüedad.

(Del Voto del Dr. Rondina). En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Cuál debe ser la exégesis correcta del art. 42 del Código Penal a efectos de establecer la escala aplicable por el delito conminado con pena temporal privativa de la libertad y en grado de tentativa?.
Expropiación, declaración de utilidad pública, interés público, igualdad ante la ley, carga pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Servicio Nacional de Parques Nacionales c/ Franzini,  Carlos  y  sus  herederos  o quien resulte propietario de Finca "Las Pavas" s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

Aun cuando el expropiado no puede oponerse a la declaración de utilidad pública, sí tiene derecho a que su patrimonio no sea gravado más allá de lo que consienta la igualdad ante las cargas públicas.
Caución real, monto de la caución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sansalone, Fernando Javier s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-19

No obstante que el imputado no pudo abonar la caución por la que se concedió la excarcelación ni el monto reducido fijado posteriormente, frente a la pluralidad de sumarios que registra en su contra, la rebeldía en uno de ellos, los reiterados hechos que se le imputan por estafas, el monto elevado en ellos obtenido, no indican la conveniencia de modificar el monto fijado en una segunda reducción, que no luce excesivo sino necesario para asegurar mínimamente la presencia del imputado en el proceso. (Dres. Catucci, Riggi y Ledesma).
Competencia, contenido de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Barrionuevo, Norma Beatriz c/ GTE PCE S.A. y ot. s/ amparo s/impugnación denegatoria med. cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda, y en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión.
Compraventa, obligación de escriturar, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giaimo, Jorge Mariano y otro c/ Bordon, Susana Cecilia y otro s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

Si la relación jurídica que vincula a las partes es la compraventa de un inmueble, con las obligaciones que se desprenden de la misma, las cuales como ha mediado un cumplimiento parcial, han quedado limitadas a los gastos y honorarios de escrituración (arts. 574, 625, 1184 inc. 1ro. C. Civil), como el contrato que vincula a las partes no se agotó, cabe entender que la prestación adeudada continúa siendo parte integrante de la relación jurídica primigenia.

Es decir, que carece de autonomía propia de una mera obligación de dar sumas de dinero (arts. 574, 616, 625, 1184 inc. 1, C. Civil).

De allí, que si se había hecho la tradición de la cosa, de la cual gozaban pacíficamente, tal circunstancia viene a importar un razonamiento del derecho de actores sobre la pretensión de escriturar al bien objeto de la compraventa arts. 3989, C. Civil).

Por lo tanto, el "dies a quo" del plazo de prescripción no puede computarse a partir de la fecha del contrato, por los efectos interruptivos de la tradición de la cosa.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, selección de causas
Materia: PROCESAL
Carátula: Distéfano, Carlos Alberto c/ Obras Sanitarias de la Nación. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

La desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida. En rigor, la conclusión que cabe extraer de un pronunciamiento fundado en el citado artículo, es que el recurso deducido no ha superado el examen del Tribunal encaminado a seleccionar los casos en los que entenderá, según las pautas establecidas en ese precepto del mencionado Código (Disidencia del Dr.

Antonio Boggiano).
Pago, efecto extintivo del pago
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Merelles Otero, José s/ INCIDENTE EJECUCIóN DE HONORARIOS S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-06-14

El embargo de sumas de dinero existentes en entidades bancarias no coloca dichos fondos automáticamente a disposición del acreedor, ni perfecciona el pago (y por consiguiente no libera al deudor) razón por la cual no puede encontrar protección la pasiva actitud del deudor que sólo se limita a transferir todo el piso de la actividad al acreedor, para la pertinente satisfacción del crédito.
Control de constitucionalidad, jerarquía constitucional, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

El control judicial de constitucionalidad procura la supremacía de la Constitución, no la del Poder Judicial, o la de la Corte, aun cuando sea ésta el intérprete supremo de aquélla.
Subasta judicial, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fitzsimons, Rogelio c/ Deplacido, Walter s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-21

Frente a la regularidad de la subasta y pago del saldo de precio en término legal, no se advierte una conducta reprochable del comprador, cuyo comportamiento se encuadró en las improntas legales en que se vertebró el remate público (arts. 574, 575, 576, 579 y 581 CPCC.). Es que el proceso es un todo orgánico cuyas etapas deben ser apreciadas desde una óptica integradora, por lo que el tempestivo pago desvanece una adecuación monetaria sobre un saldo depositado sin retardo imputable, habida cuenta que se revela la conveniencia de arribar a la cristalización de los remates judiciales en los términos en que se consumaron, amparando al tercero que pretende arribar a la consolidación de la propiedad adquirida.
Imputado, fianza
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: M, H R s/ CESE DE PRISION      EXPTE NRO 470-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-03-26

En el curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, auspiciados por la Universidad de Utrech, la Profesora chilena Cecilia Medina, descalifica el intento de copiar resultados de otras latitudes porque de lo que se trata es de mostrar un uniforme modo de razonar en el campo de los derechos humanos sobre la base de la protección de la dignidad humana y sin perjuicio de los diversos resultados a que se puede llegar de acuerdo a las características económicas, sociales y culturales de cada región. Precisamente la adecuada expresión "plazo razonable" para referirse al tiempo dentro del cual debe definirse la situación del imputado en un proceso penal, permite medir equitativamente la observancia de la norma en los distintos países y de acuerdo con los condicionamientos mínimos vigentes en cada uno de ellos. No es idéntico el término exigido en Holanda o Alemania, con su nivel cultural jurídico, infraestructura forense, técnica disponible y posibilidades económicas, que el plazo en el que se debaten precarias organizaciones de justicia, con escaso soporte presupuestario y sobre la base del huérfano esfuerzo vocacional de algunos empeñosos operadores del sistema.