marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, daños y perjuicios, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: V.I.J. c/ G.C.B.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-30

Corresponde aumentar la indemnización otorgada por el Hospital demandado en concepto de daño moral a un enfermero dependiente que contrajo tuberculosis en el ámbito laboral, pues sumado al padecimiento espiritual que suponen las secuelas de la enfermedad, cabe ponderar especialmente la duración del tratamiento y las condiciones en que se desarrolló éste, por ser la tuberculosis una enfermedad contagiosa que supuso un riesgo para el grupo familiar del actor.
Prescripción adquisitiva, gastos de reparación del inmueble, falta de prueba, obligaciones del locatario, conservación de la cosa, reparación de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: AIMI, ALFREDO ANTONIO c/ ESTADO NACIONAL, MINIST. DE EDUCACION s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

La prueba intentada para demostrar que realizó gastos de reparación o de refacción del inmueble es notoriamente insuficiente.

Aunque por vía de hipótesis se acepte que los materiales adquiridos en noviembre de 1980 estuvieran destinados a su vivienda, lo cierto es que datan de sólo algo más de nueve años previos a la iniciación de la demanda, en tanto que tampoco hay razones que autoricen a considerar que los arreglos que se hubieren efectuado eran los que correspondían a un dueño y no a un locatario que ya llevaba en su haber más de veinte años de tenencia sin pagar alquileres y que debido a tan prolongado vínculo locativo los hubiera debido realizar para conservar su habitabilidad (arg. arts. 1559 y 1561, Código Civil).
Accidente de tránsito, transporte de pasajeros, responsabilidad del conductor, exceso de velocidad
Materia: CIVIL
Carátula: VITALE, ANUNCIADO c/ AGUILERA, JOSE ALDO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-13

La responsabilidad que implica el ser conductor de un vehículo destinado al transporte de pasajeros no condice con una velocidad de 40 kms. horarios, especialmente cuando se conduce un móvil difícil de contener y que exige también el cuidado de sus transportados. El ejercicio de una real prudencia consiste no solamente en el propio cuidado por parte del conductor, sino también la atención de cualquier eventualidad incluso la misma negligencia en que pudiera incurrir un tercero.
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALLUZ EDMUNDO c/ MANUEL RODOLFO LANDIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-12

En materia de agravio moral la fijación del monto indemnizatorio se encuentra librado al prudente arbitrio de los jueces quienes tienen amplias facultades para computar todas las particularidades de cada caso, vale decir, acorde a las circusntancias personales del actor y la gravedad objetiva del daño.
Lesiones leves, deportes
Materia: CIVIL
Carátula: Ramasco, Ricardo Darío c/ Monzo, Facundo Gonzalo s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-03

Cabe condenar en orden al delito de lesiones leves a un futbolista que, durante un partido, deliberadamente le arrojó un codazo a la cara del jugador del otro equipo, que se le acercaba a marcarlo en disputa de la pelota cuando ésta se encontraba en el piso, ocasionándole múltiples traumatismos, pues el causante del hecho no había recibido una pelota aérea, sino que la pelota fue por el piso y, tratándose de un deporte que básicamente se juega con los pies, no puede quedar impune una lesión producida por la aplicación de un codazo a la zona alta - la cara- del adversario, arrojado sin ningún objeto que no sea el de causar daño en el cuerpo o la salud, por el daño mismo.
Libertad de prensa, gobierno nacional, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Costa, Héctor Rubén c/  MCBA  y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

Las críticas al ejercicio de la función pública no pueden ser sancionadas aún cuando estén concebidas en términos cáusticos, vehementes o hirientes, excesivamente duros e irritantes, si no resulta la existencia de un propósito específico de denigrar o menoscabar, con el pretexto de la crítica formulada a la persona misma de quien desempeña la función.
Alimentos, obligación alimentaria, hijo extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: A.J.M. c/ C.R. s/ DIVORCIO  ARTICULO  67  BIS.  S-INC.  CESACION  DE CUOTA ALIMENTARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-07

Si bien es cierto que la existencia de hijos extramatrimoniales genera en el alimentante obligaciones que deben ser tomadas en consideración, a fin de conciliarlas con las de la familia matrimonial, para que sea procedente la reducción de la cuota, el obligado debe justificar fehacientemente la imposibilidad de atender en forma adecuada la totalidad de sus obligaciones alimentarias, sin dejar de advertir que se encuentra constreñido a trabajar de manera tal que pueda obtener entradas suficientes para satisfacer los deberes que han sobrevenido a sus relaciones (conf. C.N.Civ. Sala C, R. 270.751 del 26-5-81).
Juicio político, gobernador, defensa en juicio, acusación, prueba documental, traslado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Del Val, Ricardo J. s/ H.Cám.  de Dip. Pcia. de Sta. Cruz Sala Juzgadora Juicio Polit. al  S  E. Sr. Gobernador  de  la  Prov. de Santa Cruz (Inc. de Apel.) s/rec.  de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Si bien el gobernador sometido a juicio político, tuvo en su poder copia de la acusación, no se le confirió traslado de la restante documentación que contenía prueba que luego se hizo valer en su contra, y se desestimó su petición de que se ampliara el plazo para poder formular la defensa, lo actuado por la Sala Juzgadora ha hecho imposible el ejercicio razonable del derecho de defensa, considerando el número y gravedad de los cargos formulados y el volumen de la prueba documental existente.
Honorarios, ley arancelaria, tasación
Materia: PROCESAL
Carátula: S. M. S. A. c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN s/ Acción Reivindicatoria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-17

La jurisprudencia ha entendido que aunque el art. 23 de la ley del arancel no determina expresamente la categoría de la tasación; su texto permite concluir que, en principio, el dictamen del perito tasador contemplado en la segunda parte del artículo, debe ser estimativo, toda vez que la exigencia de ese dictamen aparece como consecuencia de la falta de conformidad de los interesados con respecto a las estimaciones de valores a cargo de ellos, previstas en la primera parte de la norma. Ello sin perjuicio de que aquéllos puedan requerir oportunamente la realización de una tasación ordinaria, a fin de resguardar adecuadamente el derecho a obtener una peritación más completa.
Indemnización, condominio, uso exclusivo de la cosa común
Materia: CIVIL
Carátula: MANZIONE, OSCAR c/ SARFAN, ALBERTO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-24

La indemnización por ocupación de un inmueble por parte de un condómino a favor de otro debe correr desde la fecha en que la ocupante quedó notificada de ese reclamo, pues el silencio de los condóminos que no usan la cosa hace suponer la conformidad de los mismos, hasta entonces, con el estado de cosas existentes.
Locación de cosas, caso fortuito, fuerza mayor, emergencia locativa
Materia: CIVIL
Carátula: DANIELE PANTALEON c/ GARCIA TUÑON MANUELA s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-16

A fin de tener por configurado el caso fortuito a la fuerza mayor, lo inevitable del "casus" debe ser algo que no se vincule con el actuar del deudor, sino algo preñado de irresistibilidad, lo que no acontece frente a una merma de la oferta en el mercado locativo que no significa de modo alguno la imposibilidad absoluta de cumplir con la restitución del inmueble.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares, estado parte, MENDOZA, REPÚBLICA ARGENTINA, medidas de seguridad y protección, establecimientos penitenciarios, derecho a la vida, derecho a la integridad psíquica y moral, derecho a la integridad física, detenido, Pacto de San José de Costa Rica, daño irreparable
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de las Penitenciarías de Mendoza. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina c/  s/ Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ Corte Interamericana de derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas provisionales respecto de la República Argentina. c/  s/ Mendoza y en la unidad Gustavo André, de Lavalle, al igual que todas las personas que ingresan a tales centros carcelarios, entre ellos los empleados y funcionarios que prestan servicio en dichos lugares. c/ Rep. Argentina s/ Solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República Argentina.
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-11-22

Dado que el caso traído a solicitud de la Comisión Interamericana - pedido de protección de la vida e integridad personal de las personas recluidas en la Penitenciaría Provincial de Mendoza, en la unidad Gustavo André de Lavalle y de los empleados y funcionarios que allí presten servicios-, no se encuentra aún en conocimiento de la Corte en cuanto al fondo y que la adopción de medidas provisionales no implica una decisión respecto de la controversia existente entre los peticionarios y el Estado, lo resuelto por el Tribunal al respecto se efectúa en el marco del Reglamento y de la Convención Americana ante casos de extrema gravedad y urgencia -Artículos 25, 29 y 63.2 respectivamente-, y con el fin de evitar daños irreparables a las personas.
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Suárez, Carlos O. c/ Ruiz, Jorge M. y ot. s/ Indemnización Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-05

Corresponde rechazar el rubro daño moral solicitado por derecho propio por el progenitor por carecer de legitimación substancial para ello, pues en aplicación del texto claro y expreso de la ley (art. 1078 de la ley 340) sólo compete al damnificado directo dado que en el caso de autos no se produjo el deceso de la víctima.
Jubilaciones, aplicación de la ley, prescripción, ley nacional, leyes, ley previsional, policía, personal policial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CARRUEGA, RODOLFO GUMERCINDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ Expte  N. 593-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-16

Si bien la ley 18037 instituye con alcance nacional un régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia que, en cuanto a fuerzas armadas y de seguridad y defensa, comprende obligatoriamente sólo al personal civil; también dispone en el artículo de "disposiciones complementarias" términos de prescripción no sólo aplicables para las personas comprendidas en su ámbito de aplicación, sino además a jubilados "autónomos", "de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias y sus municipalidades" (artículo 83). Las disposiciones de ambos artículos estaban reunidas en el artículo 88 del texto original. Por ello, si el actor es jubilado según el régimen de la ley 6830, la norma de prescripción del actual artículo 82 le es aplicable en razón de lo dispuesto en el artículo 83, por tratarse de un jubilado según un régimen provincial; sin que obste a ello el escalafón policial en que haya revistado cuando activo.
Recurso de inaplicabilidad de ley, regulación de honorarios, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Teminski, Hector s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1987-11-30

Si existe duda razonable en cuanto a la naturaleza de los hechos traídos a consideración del tribunal, por cuanto del fallo recurrido podría surgir un desajuste ontológico en la aplicación de las reglas que gobiernan el procedimiento de la regulación de honorarios, corresponde admitir el recurso como forma de asegurar, en la duda, las garantías Constitucionales y Procesales de las partes.(Márquez Palacios: Según su fundamento).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos, compraventa, automotores, responsabilidad de la concesionaria, importaciones, certificado de importación, documentación del automotor, responsabilidad del fabricante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Howlin, Guillermo M. y otra c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

3 - En este sentido, la LDC 40 contempla un sistema de responsabilidad objetiva en el cual el factor de atribución es el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio; de manera tal que el consumidor sólo debe acreditar el daño y la relación de causalidad entre éste y la cosa. Y más allá de la enumeración legal que es simplemente enunciativa, dicho artículo quiere responsabilizar a todas aquellas personas humanas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y comercialización del servicio, y no solo a quien lo provee en forma directa (conf. CNCom, Sala B, in re "Sorrentino, Daniela Priscila c/ Volkswagen Argentina SA s/ ordinario", del 14/12/17).
Contratación sucesiva, doctrina de los actos propios
Materia: LABORAL
Carátula: J., G.D. c/ Instituto de Asistencia Social s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-11-03

La Corte Suprema de Justicia de la Nación señalo que "La aceptación de los contratos y sus pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda al actor reclamar los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que, de otro modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos".

Y la doctrina de los actos propios, emanada de los términos del art. 16 del Código Civil, constituye un principio general del derecho.

Es derivación directa del principio de buena fe con fundamento en los arts. 1071 y 1198 del Código Civil, y su aplicación es deber inexcusable para el órgano jurisdiccional, de acuerdo al art. 34 inciso 5 apartado d) del C.P.C.
Excepciones procesales, inhabilidad de título, cuenta corriente bancaria, cuenta corriente con saldo deudor
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ ROSAT, NORMA ELIDA FRIDA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

Lo atinente a una eventual discrepancia del saldo deudor no alcanza para fundar la excepción de inhabilidad de título cuando no media una negativa expresa de la deuda y, no obstante invocarse un supuesto exceso en la intimación de pago, no se deposita siquiera la suma que se reconoce que se debe.
Marcas, marcas confundibles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ISDIN S.A. c/ Laboratorios Bagó S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-26

La conclusión que propongo sobre la ausencia de "similitud confusionista", se reafirma si se tiene en cuenta las limitaciones que gozan los signos enfrentados "PEXIBEN" y "PEN DI BEN" en el renglón cinco del nomenclador. La primera fue limitada para "productos para el tratamiento de acné y la rosácea", en tanto "PEN DI BEN" únicamente protege "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, emplastos, material para vendajes, desinfectantes, agua mineral medicinal, vinos tónicos medicinales, insecticidas e insectifugos para uso domésticos y productos dietéticos para uso medicinal". Se trata de ámbitos notoriamente distintos, por lo que las posibilidades de confusión se diluyen.
Seguro de desempleo, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Bourlot, Roberto A. c/ Delasoie y Eggs S.A. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-02-28

En la normativa que regla las prestaciones por desempleo -artículos 111 y siguientes de la ley 24.013- se otorga al trabajador la posibilidad de requerir a las autoridades administrativas del trabajo, una actuación para determinar sumariamente la verosimilitud de la situación invocada en el caso que hubiere duda sobre la existencia de la relación laboral o la justa causa del despido.

Consecuentemente, el no ejercicio de tal facultad por parte del obrero, impide se responsabilice al empleador por el no cobro de dicha prestación, ya que ha mediado una omisión de la gestión pertinente para evitar el perjuicio que se invoca.
Acción de inconstitucionalidad, derecho a la vida, derecho a la salud, ley provincial, métodos anticonceptivos, anticoncepción hormonal de emergencia, establecimientos asistenciales, hospitales públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., D. J. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY 3999/05)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-01-28

[.] pasando a resolver la cuestión suscitada en esta acción de inconstitucionalidad, contra la ley 3999, debe destacarse que dicha norma hoy se encuentra fusionada por la consolidación del Digesto Jurídico en la ley R 3059 en cuanto dispone la distribución gratuita en los centros asistenciales públicos de la píldora del día después, con este texto: Artículo 8 - Los establecimientos de salud públicos deberán suministrar en forma gratuita las píldoras anticonceptivas de emergencia a aquellas pacientes que no dispongan de obra social o recursos económicos y requieran su uso. Sólo se hará entrega de la píldora anticonceptiva de emergencia previo consentimiento informado de la paciente requirente.

Tal consentimiento informado se hará constar por escrito y con la firma de la mujer requirente, en la historia clínica de la paciente.

En caso de denuncia de violación de mujer en condiciones de madurez reproductiva, la autoridad competente deberá informar inmediatamente a la autoridad sanitaria responsable del "Programa de Anticoncepción de Emergencia" y derivar a la víctima cuando exista consentimiento.

El accionante sostiene que dicha prescripción normativa violenta los derechos constitucionalmente protegidos a la vida, la dignidad y a la salud humana.
Restricciones a la capacidad, apoyos al ejercicio de la capacidad, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: A. S. V.  c/  s/ restricción de capacidad y designación de persona de apoyo19287/2q23
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-07

Las situaciones de vida de las personas se ven indefectiblemente modificadas por el paso del tiempo y, por lo general, ello termina consolidando un estado de cosas o deteriorando irremediablemente una situación. Esto afecta directamente las soluciones adoptadas en los procesos sobre capacidad, ya que el dinamismo propio de la vida altera las conclusiones a las que pudo llegarse en un momento determinado.
Accidente de tránsito, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MOSER JOSE c/ MIRO-OMNIBUS NORTE S.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

Habiendo la demandada desconocido la intervención en el accidente resulta de aplicación el principio del "onus proband in cumbit actoris", quedando a cargo del actor la demostración del hecho constitutivo del derecho cuyo reconocimiento pretende ya que el emplazado está facultado para adoptar una actitud de mera expectativa, bastándole con negarlo. Empero, la negativa de haber intervenido en el hecho el día del accidente debe ser acompañada de una clara explicación, fundada en circunstancias, reales para que no se descarte.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jurisprudencia vinculante, Estado, división de poderes, Poder Judicial, jueces, facultades del juez, ley procesal, interpretación de la ley, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

Las principales objeciones constitucionales planteadas a un eventual pronunciamiento en defecto de caso concreto, se centran en la inadmisibilidad constitucional de emitir pronunciamientos jurisdiccionales de oficio o sin proceso, en la fuerza vinculante que para las interpretaciones dadas en Tribunales plenos pretende la ley 10160, y en que de ello devendría una invasión de competencias o de facultades propias del Poder Legislativo, mas, es del caso que negando obligatoriedad a lo que resulte de esos Tribunales plenos, ninguno de esos resultados disvaliosos se produce. Ello así, puesto que la interpretación resultante de un Tribunal pleno reunido en defecto de caso concreto, no sería propiamente un pronunciamiento jurisdiccional dictado de oficio o fuera de proceso, ya que nada decidiría en concreto ni hacia el futuro, y, el principio de división de poderes quedaría absolutamente preservado toda vez que no se asignaría a la opinión emitida ninguna fuerza vinculante que opere en forma obligatoria cual las verdaderas leyes interpretativas o aclaratorias. No existiría entonces propiamente jurisprudencia en los fallos plenos dictados en defecto de caso concreto, sino una opinión interpretativa formada por la mayoría de los miembros de una Cámara, que no resuelve un caso ni obliga a nadie para el futuro. Se trataría de un procedimiento más próximo a un acto deliberativo de gobierno interno que a otra cosa, habilitado expresamente por la legislación común a través de la ley 10160 (que si no existiese esta previsión difícil sería pensar en su viabilidad) sin lesión alguna al orden constitucional como consecuencia de la predicada falta de fuerza decisoria y/o vinculante, y predispuesto para intentar, merced al intercambio y confrontación general de ideas, superar el fraccionamiento de opiniones que es resultante de la división en Salas del Tribunal de apelación. (Del Voto del Dr. De Olazábal). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨Es constitucional el artículo 28 de la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "defecto de caso concreto"?
Recurso de inaplicabilidad de ley, recurso de inconstitucionalidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Provincia de Mnes. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley e  Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-04-11

El recurso de inaplicabilidad de ley es inadmisible pues no se explicíta la violación de que ley o doctrina legal de este Tribunal se ha vulnerado; y, b) el Recurso de Inconstitucionalidad es inoficioso, dado que no determinó con precisión al interponerse, que norma o garantía Constitucional Provincial se vulneró.(Dr.

Bertolini:En disidencia)