marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley sobre riesgos del trabajo, declaración de inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema, recurso de casación
Materia: LABORAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Soria, Juan Ramón c/ Catamarca Rioja Refrescos s/ Beneficios Laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-10

En el caso, la cuestión a decidir - si ante una enfermedad originada en la relación laboral pero que se encuentra excluida de las afecciones contempladas por la ley de riesgos del trabajo, puede aplicarse el derecho común, sin declaración de inconstitucionalidad de los Arts. 6 y 39 del citado plexo legal- encuentra respuesta categórica en la causa "Silva Facundo Jesús c/ Unilever de Argentina S.A s/ Recurso de Hecho", donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que: "A los efectos del Recurso Extraordinario Federal resulta inoficioso -tratándose de un reclamo fundado en el derecho civil- ingresar al examen de la constitucionalidad del art. 6 inc 2) de la Ley 24.557 de riesgos del trabajo., toda vez que se persigue la reparación de una enfermedad que no está comprendida en el listado que debe elaborar y revisar el Poder Ejecutivo, dentro del sistema especial".

Aventada así la cuestión sobre habilitación del reclamo sin planteo de inconstitucionalidad previo de las normas de la ley de cita, corresponde adherir al criterio expuesto por el máximo Tribunal de la Nación, confirmando la sentencia de grado al no configurarse en ella los vicios de violación de la ley y arbitrariedad que se le endilgan.

Coincido también con el Sr. Procurador General en que las costas deben imponerse en el orden causado, dado lo discutido del asunto en tratamiento y la novísima posición de la Corte Suprema de Justicia que hacemos propia.

En conclusión, analizada la cuestión de autos, el voto precedente, los agravios de la recurrente, y coincidiendo con el pormenorizado análisis del Sr. Procurador General, considero que la Casación intentada por la demandada debe rechazarse.

Del voto de la Dra. Sesto de Leiva.
Interrupción de la prescripción, compraventa inmobiliaria, escrituración, obligación de escriturar, entrega de la posesión, precio, pago
Materia: CIVIL
Carátula: NOBLE, SARA. c/ NOBLE, ROBERTO J. s/ SUC. SIN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

Del voto de la mayoría:

La posesión pacífica del bien o el pago de las mejoras por el comprador, importa un asentimiento continuo y repetido del vendedor de respetar el derecho adquirido por aquél. Constituye un reconocimiento tácito interruptivo de la prescripción (conf. C.N Civ. Sala A, E.D. 12-139; id. Sala C, E.D. 27-828; id. Sala D, E.D.

20-276; id. Sala E, E.D. 37-537; C.N.Civ. 2da. junio 21-949, L.L. 56 12; Sala E, E.D. 17-160; Sala B, E.D. 30-276; Sala C, E.D. 27-828) El reconocimiento tácito del vendedor de la obligación de escriturar, derivado del ejercicio pacífico de la posesión de la cosa por el comprador que ha pagado el precio, interrumpe el curso de la prescripción de la acción respectiva (conf. C.N.Civ. Sala C, E D. 5-739; id. Sala E, E.D. 5-324; Sala C, Carnera Marcelino suc.

c/Marigliani Jorge J. del 2/7/68), doctrina que aunque referida a casos de compraventa inmobiliaria, es de aplicación cuando se trata de bóvedas.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, verificación de créditos, resoluciones recurribles, recurso de apelación (procesal), trámites judiciales, junta de acreedores, jueces, facultades del juez
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Acopiadores de Cereales Argentinos SA s/ 1) Apelabilidad de la resolución de la impugnación al informe   individual del síndico. 2) Apelabilidad de las costas en auto   inapelable. 3) Devenga o no imposición de costas al perdidoso el   trámite de impugnación al informe individual del síndico al que se   refiere el artículo 36 de la ley 19551?. Quiebra. Impugnación   promovida por el Banco Provincial de Santa Fe al informe individual   del síndico (Expte. Nro. 161-87 -Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-17

Respecto a la apelabilidad de la decisión que pone fin al trámite impugnativo (artículos 36, 37 de la Ley de Concursos), estas resoluciones son definitivas, según la Ley de Concursos, al solo efecto de la Junta. Para vulnerar dicho auto debe recurrirse al incidente, según lo determina el artículo 38, y como el artículo 396 inciso 3 postula que todas las resoluciones son inapelables, deviene que estas decisiones dictadas por el juez del concurso previo a la reunión de la Junta de Acreedores, son irrecurribles. En contra de los mismos no proceden recursos ni ordinarios (los declara la ley), ni extraordinarios, ya que está prevista la senda revisorial que brinda el artículo 38, entendiéndose que los créditos declarados admisibles o inadmisibles no adquieren el carácter de sentencia definitiva. (De los Fundamentos del Dr. Mallén -En Minoría-).
Cómputo de servicios, inconstitucionalidad, desempleo, crisis económica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BARRESE, IRMA LETICIA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-04

En épocas de bonanza económica, que conllevan una elevación de la tasa de empleo, la disposición del art. 25 de la ley 18.037 podría ser acogida, según los casos, en la medida en que el trabajador pudiese fácilmente, en caso de ser despedido, hallar un nuevo empleo.

Pero, la crisis económica creciente que venimos sufriendo en nuestro país durante las últimas décadas, que determina una restricción cada vez mayor de las posibilidades laborales de la población, y que a todos nos afecta en mayor o menor medida, hacen procedente la declaración de inconstitucionalidad de la norma referida por colisionar con el derecho a los beneficios de la seguridad social que el art. 14 de la C. N. consagra. (Del voto del Dr. Laclau).
Decretos, recurso de reposición (procesal), juicio, partes, exceso ritual manifiesto, jueces, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: TSCHOPP, HEBERTO c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 141-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-29

Exigir a la parte que interpusiera revocatoria contra un decreto que dispuso el traslado sin tener en cuenta la duplicidad de los términos procesales, implicaba poner a su cargo de manifiesto la deficiencia del Tribunal, evidenciando una distorsión axiológica que merece adecuada corrección constitucional.
Defensa del consumidor, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Cuello, Fernando José c/ Telecom Personal S.A. s/ Ordinario, Daños y Perjuicios, Otras formas de Resp. Extracontractual, Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-03-29

En atención a que el daño que se reclama en la demanda es el daño moral sufrido por el actor a raíz del mal trato conferido por una empleada de la empresa prestadora del servicio de telefonía móvil al momento de gestionar la activación de una línea, corresponde rechazar el agravio de la demandada según el cual el daño no subsistía al momento de promoverse la demanda pues el problema que motivó la gestión del actor había sido superado mediante la activación de la línea.
Concurso aparente de leyes, principio de especialidad (penal), falsa denuncia, calumnias
Materia: PENAL
Carátula: LANIA, Antonio. s/ ART.148 TER INC.1 C.P.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-13

En forma independiente de la facultad de querellar, que asiste al damnificado por el delito de calumnias, en los términos del art. 109, C.P., subsiste la posibilidad de realizar un reproche penal en función del art. 245 de dicho cuerpo legal. Ello es así toda vez que no existe ninguna relación de especialidad, característica en el concurso aparente de leyes, por la cual se imposibilite la investigación del delito de falsa denuncia, la cual excede, sin excluirlo, al interés privado de la parte damnificada, siendo que el bien jurídico protegido es evitar las erogaciones y dispendio jurisdiccional que produce avocarse a dilucidar un hecho inexistente.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FIGUEREDO, ALEJO ROQUE c/ MARCONE GUILLERMO Y OTRO s/ COBRO DE PESOS Y ACCIDENTE DE TRABAJO (ACC. DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-28

La cuantía del 70 por ciento del valor mensual del ingreso base, multiplicada por el porcentaje de incapacidad, es el cálculo del valor de la renta periódica "sujeta a las retenciones por aportes previsionales y del Sistema Nacional del Seguro de Salud" (sic, artículo 14, inciso 2, subinc. b), in fine del Decreto 1278/00 -BO 31/01/01) que fue descalificada por inconstituional en la sentencia que, en lo pertinente, se encuentra firme. Ello así, la determinación del capital indemnizatorio de pago único, cuyo clculo fue hecho por el A-quo, conforme a la redacción normativa citada, que lo establece para las indemnizaciones iguales o inferiores al 50 por ciento de incapacidad y que mejora el "quantum" de la prestación que preveía la redacción original de dicha norma, que debió aplicarse al caso y no puede producir al quejoso agravio alguno.
Asociaciones civiles, capacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION COOP. DE LA ESCUELA DE COMERCIO "ANTENOR A. FERREYRA" c/ BOGLIONE, JOSE LUIS s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-08

Las simples asociaciones tienen amplia capacidad, siendo aplicables por analogía, las normas que rigen las asociaciones que requieren la autorización del estado para funcionar.
Materia: LABORAL
Carátula: FROLA RAUL ARTURO c/ LO BRUNO S.A. Y/O RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-08

La proporcionalidad implica en realidad que la reacción frente a la "injuria" no sea excesiva o de una magnitud superior a la que aquella justifique. Este recaudo, no constituye una condición matemática, sino, por el contrario, es una apelación a la razonabilidad y prudencia, que a partir del principio de conservación del contrato y del deber de respeto mutuo obliga a las partes a adecuar y graduar sus comportamientos recíprocos.-
Acceso a la justicia, designación de jueces, subrogancia del juez, interpretación de la constitución
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-23

Si el sistema de subrogancias tiene por fin atenuar el impacto negativo que, sobre el derecho de acceso a la justicia, tiene la duración del procedimiento constitucional de designación de jueces, es erróneo descalificarlo precisamente por apartarse de este procedimiento constitucional que viene a complementar (Disidencia de los Dres. E. Raúl Zaffaroni y Carmen M. Argibay).
Elementos del acto administrativo, motivación del acto administrativo, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jugos del Sur S.A. c/ Estado Nacional (Min. de Economía y Obras y Ser. Pub.) s/ Juicios de conocimientos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

Aparte de la observancia del principio cardinal de legalidad administrativa, la motivación traduce una exigencia fundada en conferir una mayor protección a los derechos individuales, por lo que su cumplimiento depende de que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (Cám. Nac. Civ., sala B, in re "Verzello", del 29/12/94), máxime cuando se trata de poner fin a una situación creada (Sala III, in re "Colombo Murúa", del 19/11/87 y "Guarrochena Crespo" del 5/4/88. Ver asimismo sobre lo dicho en este párrafo: esta sala in re "Edelmann", del 11/4/97). (Del voto del juez Coviello, cons. IV. 4.b).
Nulidad de sentencia, recusación, excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: HUGO ZABALA AYBAR c/ HUGO JORGE CANESSA Y OTROS s/ ACCION DE AMPARO - INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-02-23

En caso de promoverse incidente de nulidad de la sentencia, no cabe la recusación (ni la excusación) de los jueces que la dictaron, porque no se trata de volver al exámen de las mismas cuestiones resueltas en el pronunciamiento, sino de juzgar si el mismo fue regularmente dictado, lo que constituye ciertamente una cuestión nueva.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, derechos de incidencia colectiva, medidas cautelares, suspensión de medida administrativa, habilitación municipal
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: VISNOVSKY, GUSTAVO JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-09-09

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la resolución que hizo lugar a la suspensión preventiva de la autorización municipal de funcionamiento de la feria desde que, por su propia naturaleza -cautelar-, la resolución que se impugna no constituye una sentencia definitiva o un auto equiparable, y si bien la Municipalidad invoca la concurrencia de gravamen irreparable, con sustento en la extrema dificultad o imposibilidad de restablecer en el futuro -en caso de rechazo del recurso contencioso administrativo sumario- las condiciones que en la actualidad implementó el Municipio para instalar la feria en el lugar elegido- predio de la ex estación de ferrocarril- , no se advierte que tales hipotéticas alegaciones se perfilen, máxime si se tiene en cuenta la alternativa, ya señalada por la Sala, de la falta de demostración de la imposibilidad de instalar la feria "en otro predio estatal dentro del éjido urbano, en donde no se produzcan tales afectaciones a intereses colectivos", y que tal alternativa estaría limitada temporalmente a la vigencia de la cautelar.
Pagaré, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FUNES JORGE MANUEL c/ JORGE GUILLERMO SANTORI Y OTROS s/ Cambiaria (LIBRO: S002 - 185)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-11-19

En los pagarés con cláusula "sin protesto" la mora se produce por el sólo vencimiento del plazo fijado en el documento.-
Crédito laboral, depreciación monetaria, actualización monetaria, cosa juzgada, concursos, quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: BAGGIO, ANGEL s/ QUIEBRA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 017-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

La resolución del Juez de la quiebra que desestima la solicitud de actualización monetaria de los créditos laborales hasta el momento del efectivo pago, por considerar que en tales créditos sólo cabe la actualización hasta la fecha de la sentencia declarativa de la falencia del deudor, no hace cosa juzgada.
Simulación, causa simulandi, apreciación de la prueba, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: A. F. L. c/ G. E. L. Y OTRO s/ SIMULACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-20

Cuando la acción es ejercida por un tercero, es decir, alguien que no participó del acto, no se requiere la existencia de prueba directa, pues es prácticamente imposible recabar este tipo de pruebas por parte del tercero que inicia este tipo de acción, sino que a tal fin basta que concurran una serie de indicios y presunciones que denoten convicción suficiente de que se está ante un acuerdo que tiene por objeto crear una falsa apariencia de que se ha enajenado o transferido la titularidad de un bien que en realidad pertenece aún en el patrimonio del deudor.
Demolición de obra, código de edificación de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Seleno S.R.L. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-24

El inciso (b) del art. 6.3.1.2 del Código de Edificación habilita a la Administración a disponer, por sí, la demolición de las obras que allí se indican, es decir, la Administración ejecuta el trabajo, la demolición, sin que medie intimación alguna, y únicamente para el ejercicio de esta potestad la Administración debe acreditar que las obras antirreglamentarias afectan la seguridad, la salubridad o la estética edilicia, y no respecto de el inciso (a), que faculta a la Administración a exigir que aquellas edificaciones y estructuras que hayan sido alteradas respecto de las condiciones en que les fuera otorgado el correspondiente permiso sean retrotraídas a su situación original. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano, al que adhieren los Sres. Jueces Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Abandono de trabajo, interpelación, despido
Materia: LABORAL
Carátula: BIANCHI, NERI ELIZABETH c/ COSALTA COOPERATIVA DE TAMBEROS LTDA. S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-11-18

La expresión abandono de trabajo, está referida al abandono como acto de incumplimiento del trabajador, realizado unilateralmente por éste, abandono incumplimiento o abandono injuria. Esta conducta injuriosa puede provocar la legítima rescisión del contrato por el empleador. Pero se requiere previamente la intimación fehaciente al trabajador para que se reintegre a sus tareas en un plazo determinado. Habiéndose invocado como causa rescisoria en la carta documento remitida por la empleadora, el abandono de funciones profesionales, debió haberse efectuado previamente, la intimación referida. No importa entonces como se haya utilizado el vocablo abandono incumplimiento o abandono injuria, el despido del trabajador es apresurado, ante el desdén hacia la intimación previa.
Embargo preventivo, bienes inembargables
Materia: PROCESAL
Carátula: Santa Cruz de Insfrán c/ Federación  de  Cooperativas Agrícolas de Misiones y/o quien resulte responsable s/ Laboral. Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-02-13

Dicha inembargabilidad de ciertos bienes a que alude la norma citada - artículo 53 de la ley 2884 - constituye una excepción a la regla según la cual el patrimonio es la garantía de los acreedores, y su fundamento debe buscarse en elementales principios de respeto a la dignidad humana y con ello, no excluirlo de los medios que le permitan su subsistencia, en una clara recepción de las reglas de humanización del proceso. De allí que la jurisprudencia ha sido unánime en interpretar que esta norma no alcanza con su beneficio a las personas de existencia jurídica.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: Tolaba Juan y otro c/ Cabral Celso s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-20

Quien conduce un rodado debe saber que se desplaza por calles en que deambulan personas entre las cuales hay quienes no se comportan normalmente porque no están en condiciones de hacerlo.

Las afecciones anteriores o predisposiciones de la víctima no excluyen la responsabilidad del agente en tanto se configure la necesaria relación de causalidad, no obstante que tales circunstancias preexistentes deben computarse a los fines indemnizatorios.
Diferencias salariales, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, competencia, competencia laboral
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Quipildor, Héctor Raúl y otros. c/ Sociedad Aguas del Tucumán - SAPEM. s/ Cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-29

El presente caso -los actores demandan en contra de la Compañía de Aguas del Aconquija S.A., reclamando el cobro en concepto de diferencias de haberes-, se trata de una sociedad constituida bajo la forma jurídica de una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, en los términos de la ley 19.550 de sociedades comerciales, conforme surge del art. 2 del Decreto nro. 3330/3 (ME), emitido en ejercicio de facultades otorgadas por la ley 7151 y su modificatoria ley nro. 7157.

Por otra parte el art. 8, del citado decreto, señala que el personal absorbido por la Sociedad Concesionaria o por la Subconcesionaria estará regido por las normas del derecho privado.

Tal determinación legislativa, implica al margen de toda consideración doctrinaria acerca de la naturaleza jurídica societaria, la sujeción a una regulación específica, esto es de derecho privado.

Siendo así no cabe duda de que, respecto a las pretensiones de los actores por el cobro de pesos en conceptos de distintos rubros remuneratorios, en calidad de dependientes de la demandada, resulta competente el fuero laboral.
Principios procesales, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: J., J.C. c/ I. Pesquera P. SA, Pesquera S.N. SRL, Pesquera A. SA y/o Quien Rte. Propietario y/o Responsable del Buque de Pesca D.P. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-09

El principio de congruencia constituye una manifestación del principio dispositivo en sentido material, dado que si el juez no respetara esa conformidad que debe existir entre su fallo, por un lado, y las pretensiones y oposiciones a las mismas, por el otro, estaría incursionando de esta manera en un campo que el ordenamiento jurídico ha reservado exclusivamente a la voluntad de los particulares, cual es la disposición de los derechos materiales o de fondo; igual conclusión cabe inferirse en caso de que sea un tribunal de alzada.
Proceso penal, preclusión
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Morales, María Soledad s/ sumario iniciado a raíz de su muerte.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

El principio de progresividad impide que el juicio criminal se retrotraiga a etapas superadas, pues los actos procesales se precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas legales.
Concurso preventivo, proceso de verificación, demanda de verificación, indicación de la causa, cheque al portador
Materia: COMERCIAL
Carátula: HERNANDEZ QUINTANA, MARTA S. s/ QUIEBRA  S/  INCIDENTE  DE  REVISION  POR  REBOLLO, MARIA DEL CARMEN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

No puede serle exigido a la verificante la existencia de un endoso -en "blanco" o en favor de persona determinada- en cheques emitidos "al portador", con lo cual la legitimación para reclamar el crédito emergente resulta de la mera tenencia de los instrumentos.

Por tanto y no mediando invocación de concilium fraudis entre la deudora y la verificante (fundamento basal del plenario "difry" mentado), es procedente la demanda de revisión.
Administración Pública, acto administrativo, ilegitimidad del contrato, vicios, Municipalidad, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FASANO, ARMANDO LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nº. 497 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-07

Consolidada jurisprudencia de la Corte local ha admitido la validez de la anulación administrativa de actos de los cuales derivaron derechos subjetivos a favor de los administrados, ello en resguardo y ejercicio de la denominada facultad de autotutela. Así, resulta posible a la Administración "revocar", por sí y ante sí, sus propios actos ilegítimos. Por lo tanto -en el caso-, si con posterioridad al dictado del acto administrativo que dispuso el ascenso del actor a la categoría 17, la Administración municipal consideró que estaba afectado por un vicio insalvable que lo descalificaba, tenía la potestad de anularlo de oficio. Ello, claro está, sin perjuicio del recurso contencioso administrativo que el afectado puede deducir ante el Tribunal competente, en el marco del cual se dilucidará en definitiva la gravedad del vicio, si lo hubiere, y sus consecuencias .