marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, regulación de honorarios, honorarios del mediador
Materia: PROCESAL
Carátula: PEÑA,  René  Antonio c/ VALDEZ,  José  Hugo  y otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-27

El juez no justiprecia las tareas del mediador sino que se limita a determinar los honorarios siguiendo la escala establecida en el art. 21 del decreto 91/98 reglamentario de la ley 24.573, que fija la retribución de acuerdo a una escala cuya base de determinación es el monto de la sentencia o acuerdo al que arriben las partes de manera que esa determinación es inapelable.

(Sumario N°18989 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Barttolotti, Carlos A s/ Lesiones y daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-31

Resulta insuficiente el planteo del Fiscal de Cámaras que en su intento de cuestionar la decisión de la Cámara de declarar prescripta la acción penal omite impugnar -con el debido sustento legal- lo concluido por aquélla en cuanto a que los actos procesales cumplidos desde la sentencia de origen durante el término legal de prescripción aplicable en el caso carecen de virtualidad interruptora de la misma, limitándose el recurrente a señalar la existencia de otros actos con tal carácter interruptor a cuyo respecto, y como el mismo admite, no hubiera discusión alguna (art.

355, C.P.P. -según ley 3589 y sus modif.)-,
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras, depósito bancario, acción de amparo
Materia: ECONOMIA
Carátula: "Zilito  Silvia  Haydee  y  otro c/ PEN  -Ley 25.561 Dto. 1570/01214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-17

Corresponde (art. 35 bis de la Ley de Entidades Financieras) remitir copia del presente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial, quien decretó la intervención y posterior liquidación de la entidad bancaria donde el actor había realizado su depósito, a fin de que la acción de amparo por los fondos depositados en el Scotiabank Quilmes continúe tramitando allí. (Consid. XIII).
Graduación de la pena, non bis in ídem, despachante de aduana
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bertschinger, Hugo Néstor s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-17

No importa una doble valoración de circunstancias a los fines de la determinación de la pena -prohibida por vincularse con la garantía del non bis in idem-, el extremo de haber tomado en cuenta la calidad de despachante del imputado en la operación de contrabando, su experiencia y especiales conocimientos y la gestión de anteriores exportaciones ante la misma dependencia aduanera en representación de organismos estatales, puesto que se refieren a la conducta atribuida
Confesión policial, declaración autoincriminante, retractación de la confesión, valor probatorio, presunciones
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Francomano, Alberto Daniel s/ inf. ley 20.840.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

Debe admitirse como única excepción al principio según el cual no se le puede otorgar ningún valor autoincriminatorio a una confesión policial rectificada posteriormente ante el juez de la causa, ni aún a título indiciario, aquellos casos donde los funcionarios policiales hubiesen observado estrictos requisitos encaminados a asegurar la plena espontaneidad de las declaraciones del imputado.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: FLORES, David; ALARCON, Roberto Carlos s/ ROBO A MANO ARMADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1989-12-28

Para la agravante del art. 166, inc. 2º del Código Penal, lo que cuenta es la aptitud vulnerante del objeto usado como arma impropia.

El espíritu que informa a la ley para configurar la agravante y que distingue la mera violencia intimidante de la figura básica del robo simple, radica en la utilización de un arma que, en forma real y objetiva, crea peligro para el sujeto pasivo, sometiéndolo a la posibilidad de sufrir un mal en su integridad física o el riesgo que pueda correr incluso su propia vida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Apoderado, legitimación activa, poder especial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D., F. s/Denuncia Plagio s/ Incidente de Reposición
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-15

"Para que el apoderado sea legitimado activamente en el proceso es suficiente que el poder especial judicial contenga una manifestación inequívoca de la voluntad de accionar, referencia al delito investigado y juzgado interviniente".
Jueces, incompetencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, economía procesal, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: BERNAL, RUBEN DARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-05

En el caso los argumentos que esboza el Sentenciante para ratificar su declaración de incompetencia no resultan atendibles, ya que por un lado, aduce una aceptación de competencia e imposibilidad de declaración oficiosa de incompetencia por parte del juez penal, lo que resulta contradictorio con su propia actuación en tanto se inhibe de entender cuando la causa ya había tramitado totalmente ante sus estrados y encontrándose en estado de dictar sentencia, resultando errónea la interpretación que esboza en referencia al artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, in fine, en tanto considera que el supuesto de marras representa un caso de conexidad que impone la declaración de incompetencia en cualquier estado de la causa y aún de oficio, desde que la normativa sólo tiende a evitar los perjuicios que derivan de que el conocimiento de la causa sea declinado en estadios ya muy avanzados del proceso, por ello la primera actividad que todo juez debe realizar al interponerse una demanda es determinar si es o no competente para juzgar el caso ya que lo contrario compromete principios de economía procesal y seguridad jurídica; y por otra parte, tampoco resulta acertado el razonamiento que formula respecto del artículo 575 de la ley 6740, el cual considera inaplicable en base a una interpretación sesgada y sin atender a la finalidad perseguida por el legislador, toda vez que es doctrina consolidada de la Corte nacional, que los jueces deben interpretar las leyes de manera que concuerden con los principios y garantías constitucionales, y que no se trata de desconocer las palabras de la ley sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo. (Del voto del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJN: Fallos 308:490; 242:128; 246:162; 248:91; 254:483; 262:41; 267:478; 312:1 y 112. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 575; Ley 10160, artículo 2.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba testimonial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: T., J. B. c/ T. de T., R. E. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Incurre en absurdo el fallo que desinterpreta la prueba testimonial que da cuenta de un trato despectivo de un cónyuge hacia el otro, configurativo de la causal de injurias graves.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., G. c/  s/ Homicidio y lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

La Cámara está obligada a tratar aquellos puntos de la sentencia de primera instancia que han sido motivo de agravio siendo aplicable al respecto el art. 342 del Código de Procedimiento Penal y no el 263 del mismo texto legal que se refiere.
Cheque sin fondos, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, FERNANDO s/ Cheque sin fondos Causa 34601
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-06

El cumplimiento de un requisito esencial (entrega de cheques sin contar con el nombre del beneficiario), y en tanto el monto supere el limite legal, hace aplicable el art. 2 inc. 5) del Decr. ley 4776/63 (texto según ley 23549), por lo que se elimina la posibilidad de atribuir al denunciado una conducta que merezca reproche penal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Alfredo Horacio CECHI c/ AMERICAN EXPRESS ARGENTINA  S.A. s/ TEORIA  DE  LA IMPREVISION - TARJETA DE CREDITO - MONEDA EXTRANJERA -  CONTRADICCION - SENTENCIAS ARBITRARIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

La impugnación de arbitrariedad reviste carácter estrictamente excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos equivocados o que el recurrente estime tales en relación a temas no federales, pues su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta ausencia de fundamentación.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-05


///nos Aires, 05 de mayo de 2008.

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO Que viene esta causa a estudio con motivo de la contienda de competencia suscitada entre los Sres. Jueces a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 37 y del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nº La controversia gira en torno a si encuadra en las disposiciones de la ley de marcas -"Windows" en el caso-, el hecho de que las computadoras secuestradas en autos -en el interior de un comercio de los denominado "Cyber" - presentaran en sus discos un software de sistema operativo sin la debida licencia de uso.

Este tribunal entiende que el caso en cuestión dista de constituir algunos de los delitos tipificados en la ley 22.362. En primer término, debemos tener presente que la marca tiene por objeto la identificación de distintos productos o servicios para diferenciarlos de aquellos que resulten similares, y su uso ilegítimo repercute negativamente sobre la actividad comercial de su titular, con el consiguiente error para los consumidores, que adquieren un bien distinto al que creyeron escoger. La instalación de un software sin contar con la licencia respectiva, no afecta el bien jurídico protegido por la ley mencionada, desde el momento en que no conlleva la inserción en el mercado de un producto similar. Dicha conducta, en tanto, queda abarcada por el tipo penal acuñado en el artículo 71 de la ley 11.723, cuya investigación le corresponde al fuero local.

Sin perjuicio de ello, cabe advertir que desde su inicio, la pesquisa estuvo orientada a determinar si en el comercio ubicado en la Avenida Montes de Oca nº 1144 se procedía a la comercialización de obras musicales sin la debida autorización. Dan cuenta de ello, la presentación de fs. 1/3vta., como también los dictámenes fiscales de fs. 14/14vta., 94/95vta. y 128. Es decir, que hasta la declaración testimonial prestada por el Cabo Marcelo Andrés Micelli (cfr.

fs. 131/132vta.), no se había introducido en el proceso la hipótesis vinculada con el software del sistema operativo de las computadoras secuestradas en el citado local. En función de ello y con el fin de salvaguardar los derechos y garantías constitucionales que rigen la materia impidiendo la actuación de oficio por parte del a quo, corresponde que en la instancia de grado se otorgue intervención al Ministerio Público Fiscal en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal.

Por lo expuesto, y de conformidad con el Sr. Fiscal General, este tribunal RESUELVE:

I. Declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 37, con los alcances que surgen de la presente.

II. Devuélvase al juzgado de origen donde deberán practicarse las notificaciones correspondientes y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. Se deja constancia que el Doctor Julio Marcelo Lucini integra este tribunal por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril del corriente año.
Trabajador autónomo, haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CIRIGLIANO, FRANCISCO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

Con posterioridad al 01.04.91 , la movilidad de los haberes habrá de calcularse atento lo dispuesto por la Excma. C.S.J.N. al fallar, con fecha 10.12.97 en autos Aguiar López, Eduardo, siguiendo las pautas prescriptas por el Alto Tribunal en la causa Chocobar, Sixto Celestino (sent. del 27.12.96), donde se estableció que la movilidad de los beneficios previsionales durante el lapso comprendido entre el 01.04.91 -fecha de vigencia de la ley 23.928- y el 30.03.95 -en que entró en vigor la ley 24.463-, debía calcularse en base a la variación del AMPO, sistema instituido por la ley 24.241, lo que arroja un total equivalente al 13,78%. Asimismo, nuestro Alto Tribunal sostuvo que a partir de la vigencia de la ley 24.463, ha de ser aplicado el sistema de movilidad establecido en ese cuerpo legal, sancionado por el Congreso de la Nación dentro de las facultades que la Constitución Nacional atribuye a dicho organismo legislativo. (Disidencia del Dr. Laclau)
Estafa procesal, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: S., H. S. y otros s/ Estafa procesal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-19

Los letrados que fueron denunciados por estafa procesal deben ser sobreseídos, pues nada indica que hubiera existido una confabulación de éstos, ya sea entre ellos o con los de la actora en el proceso cuestionado y ésta, para dar por verificadas conductas dolosas en el marco de una maquinación orquestada en contra del querellante para llevarlo a la quiebra.
Jubilación de magistrados, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bergadá Mujica, Justo s/ pensión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

Como la titular nunca integró el régimen especial de la ley 18.464 (según t.o. por decreto 2.700/83), se le negó la posibilidad de favorecerse con la ventaja establecida por el art. 6°, ventaja de la que sí puede prevalecerse la cónyuge supérstite de un magistrado o funcionario fallecido con posterioridad a la sanción de aquella ley.
Ebriedad, cuestiones de hecho y prueba, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Barzana, Marcelo s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

Si el tribunal establece que el imputado actuó en estado de ebriedad, esta Cámara no puede volver sobre ese hecho -la ebriedad- sin alterar los presupuestos fácticos establecidos por la sentencia.
Régimen de consolidación de deudas, ley provincial, ley nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Ezcurra, Ricardo Florencio y otros c/ Provincia del Neuquén. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

La ley de consolidación n° 1947 de la Provincia del Neuquén se compadece con su antecedente nacional que expresamente previó la posibilidad de que las provincias dicten en sus respectivos ámbitos normas semejantes, sin que se advierta que la norma local contenga disposiciones más gravosas que la nacional, por lo que queda suficientemente resguardado el principio del art. 19 de la ley 23.982 (Disidencia de los Dres. Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Acción penal, acción pública, sistema acusatorio, Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ NESTOR H. s.d. HOMICIDIO SIMPLE e.p. CHAVEZ JORGE DANIEL s/ PEDIDO DE OFICIO DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-16

En el régimen procesal penal el sistema acusatorio significa que el juez y acusador no son la misma persona. Esa relación entre el principio de oficialidad y el sistema acusatorio, impide otorgar un poder dispositivo sobre la acción penal al Ministerio Fiscal, en sentido de facultarlo a desistir en la persecución del ilícito, pues ello implicaría desconocer que el ius puniendi no pertenece al Ministerio Público Fiscal sino al propio Estado del que también son expresión los jueces. En efecto, asignar ese significado al principio acusatorio no puede sino vulnerar, al mismo tiempo, las reglas básicas de oficialidad. Por ello, no debe confundirse las reglas del debido proceso de carácter acusatorio con el principio dispositivo. El primero impone simplemente disociar las funciones requirente y decisoria, mientras el segundo se relaciona con la titularidad del derecho material en crisis. Por ello no siendo el acusador titular de derecho alguno, resulta impensable que pueda apartar al tribunal del ejercicio de su jurisdicción, ejerciendo un poder vinculante.
Individualización de la pena, daño material
Materia: PENAL
Carátula: G. c/ J.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-04-01

Resulta acertada la consideración de la defensa, en cuanto a que la circunstancia reseñada por ella en relación a que el escaso daño patrimonial no fue meritado expresamente por el a quo al momento de individualizar, en concreto, la sanción a imponer al imputado. Pero, no menos cierto es que tal omisión sólo nulifica el decisorio si reviste valor decisivo y pone en evidencia la arbitrariedad del monto de la pena impuesta, lo que no sucede en el sublite, pues la sanción aplicada por el a quo resulta razonable y ajustada a derecho.

En efecto, es menester señalar que, dentro de una escala penal que va desde un mes a seis años de prisión (art. 164 del CP), al imputado se le impuso una sanción en el término medio del espectro punitivo atento la gravedad del hecho cometido.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, justicia militar, prisión preventiva atenuada, suspensión de la prisión preventiva atenuada, interpretación de la ley, Constitución Nacional, sentencia condenatoria, sentencia no firme
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CAPUSSI, MIGUEL PABLO. s/ SOLICITA SUSPENSION PRISION PREVENTIVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-09

Lo decidido por el a quo, en el sentido de que la suspensión de los efectos de la prisión preventiva atenuada no procede, en el caso, en virtud de lo dispuesto por el art. 402 del Código de Justicia Militar, importa una aplicación inadecuada de aquella norma que la desvirtúa e incurre en arbitrariedad pues, en la actual redacción del referido Código dicha suspensión no cesa con motivo del dictado de una sentencia de condena a pena privativa de libertad, no firme. Tal hermenéutica, dejada de lado por el tribunal, es la que mejor armoniza con el derecho constitucional de permanecer en libertad durante el desarrollo del proceso y con la clara voluntad del legislador de imbuir al procedimiento penal militar de todas las garantías individuales que la Constitución Nacional reconoce y ampara.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales, monto del juicio, honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JUSTO ARGENTINO FUENSALIDA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-24

La determinación del monto del juicio, las bases computables para determinarlo y la apreciación de los trabajos profesionales realizados, dada su vinculación con cuestiones no federales, es decir, con circunstancias de hecho y prueba y de derecho procesal y común conduce al análisis de aspectos extraños a la instancia extraordinaria.
Extradición, garantías procesales, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Duque  Salazar,  Francisco  Javier s/ su  presentación en causaD.1924.XXXVIII  "Duque  Salazar,  Francisco Javier - Dercan, DinaGloria s/ sus extradiciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Los principios que rigen el proceso de extradición referidos a la conveniencia universal del enjuiciamiento y castigo de todos los delitos y al interés y a la seguridad de las sociedades humanas no puede llevar a la conclusión de que el sujeto requerido no se encuentre amparado por la garantía constitucional de la defensa en juicio y debido proceso.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, valor venal
Materia: CIVIL
Carátula: Matesevach, Antonio c/ Fabrizio, Benedetti s/ Daños y Perjuicios-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-12-28

Según la experiencia corriente, un vehículo afectado considerablemente en un choque pierde parte de su valor venal y aún cuando sea sometido a reparación soporta una disminución de su valor de cotización en el mercado.
Cheque sin fondos, excusas absolutorias, pago, dolo, concurso preventivo, quiebra fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: CASARES, HERNAN s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-08

1- El pago dentro de las veinticuatro horas de conocido el rechazo-a que se refiere el art. 302 inciso 1° C.P. es una excusa absolutoria.

2- En este tipo de delito el dolo se encuentra radicado en el momento de la entrega de los cheques, siendo necesario para su consumación, que se cumplan luego dos condiciones objetivas de punibilidad y que no se haga uso de la excusa absolutoria que la ley prevé.- 3- Resulta obviamente dolosa-al menos, de dolo eventual- (Cf. *) la conducta del procesado al firmar voluntariamente el cheque de autos y participar de su entrega, toda vez que actuó con pleno conocimiento de la naturaleza jurídica de dicha orden de pago y asumiendo la eventualidad de la frustración de pago cartular.- 5- El concurso preventivo, que en el régimen de la Ley 19551, reemplazara a la convocatoria, no obsta al pago del importe del cheque que menciona el inciso 1° del art. 302. (CF. **).- Notas de la redacción:(*) Para ello resulta suficiente que el autor en el momento de la acción decida aceptar el estado de incertidumbre ante el riesgo de que se realice el tipo de acción punible.- (**) No tiene como consecuencia el desapoderamiento de los bienes ni la prohibición de pagar-dijo la Sala- por lo que el cumplimiento de la obligación no significa el otorgamiento de ventajas indebidas a un acreedor-hecho que haría incurrir al librador en el delito previsto en el art. 176, inciso 3° del Código Penal-y, en consecuencia, el convocatoria puede y debe pagar los cheques emitidos con anterioridad a la convocatoria, aún cuando el requerimiento de pago fuera posterior (Terán Lomas, "El cheque ante el derecho penal", pág. 115 y sig. Cf. Sala 1, Reg. 83/77, 148/78, 113/86, 361/86, 38/88).
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caprioli, Pascual y otro c/ Lacava, Horacio y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Resulta indiferente quién es el responsable del daño que sufrieran, en caso de pluralidad de sujetos activos, tal como se da en autos.

Es tarea del órgano jurisdiccional decidir ese aspecto. Y salvo que hubiera descartado totalmente la de alguno de los copartícipes, el grado de responsabilidad que pueda atribuir a unos y a otros no afecta el interés jurídico de la víctima o de sus causahabientes, que lo mismo ven satisfecha su pretensión resarcitoria (art. 1113 Cód. Civil).