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Recurso extraordinario, gravedad institucional, decreto de necesidad y urgencia, servicio público, llamado a licitación, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad  Aeronáutica  San  Fernando  S.R.L.  y  otros c/ Estado Nacional -Poder Ejecutivo Nacional- Dtos. 375/97 y 842/97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Configura gravedad institucional, en tanto excede el interés de las partes y atañe al de la comunidad en razón de su aptitud para incidir en la prestación de un servicio público, el pronunciamiento que hizo lugar a la prohibición de innovar -como medida cautelar autónoma- solicitada a raíz del dictado del decreto nro. 375/97 -que dispuso el llamado a licitación pública nacional e internacional para otorgar la concesión, explotación, administración y funcionamiento de aeropuertos- y con relación al decreto de necesidad y urgencia nro. 842/97 -emitido a consecuencia de la suspensión judicial de los efectos del anterior-.
Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-13


AUTO INTERLOCUTORIO N°: VEINTICUATRO San Fernando del Valle de Catamarca, trece de agosto de dos mil diez.- VISTOS:

Estos autos Corte N° 66/10, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por los Dres. Pedro Rolando Nieva y Roberto Díaz en representación de Jorge Rubén Tarifa en contra de Sentencia Nº 12/10 recaída en Causa Expte. Nº 117/08 caratulados 'Tarifa, Jorge Rubén- s.a. Abuso sexual agravado por el vínculo. Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en concurso real'"; y CONSIDERANDO:

Que conforme las constancias de autos, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación concedió el recurso de Casación deducido a fs. 1/2 por los Dres. Pedro Rolando Nieva y Roberto Díaz, defensores del condenado Jorge Rubén Tarifa, en contra de la Sentencia N° 12/10 dictada en la causa seguida al mismo, intimando a los recurrentes (fs. 9/9 vta.) para que comparezcan ante este Tribunal dentro del quinto día de recibidas las actuaciones en esta alzada, emplazamiento del que se notificó a los impugnantes debidamente a fs. 13/13 vta., siendo posteriormente notificados también de la radicación de los autos en esta sede (fs. 15/15 vta.).

Que de acuerdo a la certificación de Secretaría de fs. 16, los recurrentes no han comparecido en término a presentar el informe sobre sus pretensiones, por lo que corresponde declarar desistido el recurso deducido (art. 451 C.P.P.), disponiendo la devolución de los autos al Tribunal de origen.- Por ello, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1°) Declarar desistido el Recurso de Casación interpuesto a fs.1/2 por los Dres. Pedro Rolando Nieva y Roberto Díaz, letrados defensores del condenado Jorge Rubén Tarifa (art. 451 C.P.P.), remitiéndose en devolu-ción estos autos al Tribunal de origen sin más trámite.- 2°) Protocolícese, hágase saber y bajen.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del Valle Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL del Auto Interlocutorio original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Restitución internacional de menores, prueba, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: M. C., R. J. c/ Y. C., M. E. s/ restitución internacional de NNA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-10-21

Corresponde hacer lugar a la restitución internacional del niño reclamada por su padre, debiendo arbitrar las medidas necesarias para que el regreso sea seguro. La Convención de la Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores establece en su art. 3 que el traslado o la retención de un niño o adolescente se considera ilícito cuando se produce en infracción a un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. Asimismo, el derecho de "custodia" puede resultar de una atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado; en este sentido la madre manifestó poseer la custodia de su hijo otorgada en su país, sin embargo el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Bolivariana Libertador, de la Alcaldía de Caracas, resolvió provisionalmente dictar medida de protección a favor del niño bajo la protección integral de su padre. Máxime que fueron adjuntados certificados e informes que indican que el niño acudió a controles médicos acompañado de su padre, así como también constancia de inscripción escolar y deportiva en la ciudad de Caracas -cuestiones que no han sido controvertidas por la progenitora-, lo que permite inferir que el padre tenía a su cargo la custodia de su hijo y la ejercía efectivamente en la ciudad de Caracas, lugar de residencia habitual del niño.

La defensa intentada queda reducida a meras alegaciones de la progenitora, sin sustento probatorio alguno, además al existir una resolución del país de origen que otorga la custodia del niño al progenitor y al no haberse aportado elementos que permitan acreditar -de manera cierta y fehaciente- sus aseveraciones, ni manifestado la imposibilidad de realizar denuncias o procedimientos en relación a la conducta intolerable del actor, ni tampoco demostrado que Venezuela no cuente con instituciones destinadas a tal fin, la misma debe ser rechazada. A mayor abundamiento, no habiendo surgido de la entrevista con el niño un repudio irreductible y férreo a regresar a su país de origen, ni haber alegado circunstancias graves más que la mera preferencia en cuanto a su lugar de residencia, es que corresponde anteponer a la opinión del niño su interés superior, principio que orienta y condiciona toda resolución.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Vidal, Eduardo c/ Corporación del Mercado Central de Buenos aires s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

El recurso extraordinario es formalmente improcedente, si no se han expuesto fundamentos que sustenten una diversa inteligencia de la norma federal aplicada, de la que, a su vez, pueda colegirse la legitimidad del acto administrativo.
Entorpecimiento de los servicios públicos, revocación del sobreseimiento, causas de justificación
Materia: PENAL
Carátula: Reynoso A. y otro c/  s/ sobreseimiento y costas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-26

El a quo, al determinar el sobreseimiento en orden al delito contemplado en el art. 194 del CP, asumió la intención de los imputados de cortar el tránsito e impedir el paso de los colectivos con el objeto que sus reclamos sean escuchados. De tal manera, reconocida la existencia de una acción típica, e insinuadas incluso las circunstancias que a su juicio la tornarían impune, era obligada la derivación razonada de las causales de justificación o exculpación que se hubieran considerado aplicables a los hechos de la causa.
Acción de amparo, carácter excepcional
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Bossio, Andrés y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Avocación (Artículo 2, Ley 11.330) (Expte. CSJ Nº 641-97) Gastonjauregui, Jorge Raul c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Artículo 2, Ley 11330) (Expte. CSJ Nº 536- 97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-11|1998-03-11

La existencia de un servicio de justicia para los asuntos laborales, eficiente y acorde con los requerimientos de los delicados bienes jurídicos que debe tratar, es una necesidad notoria y apremiante.

Empero, también es inocultable que el logro de tales propósitos no puede encauzarse por la vía del amparo cuando ésta no es la vía adecuada para lograrlo, ya que su indiscriminada utilización, no haría más que distorsionar la regular prestación del servicio judiciario y conduciría a generar los mismos problemas que presentan las vías ordinarias.
Robo en poblado y en banda, constitucionalidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Papalardo, Gustavo Alberto s/ recurso de inconstitucionalidad y casación". Causa: 340
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-15

Es constitucional el inciso 2do. del artículo 167 del C.P. (arts. 470, "a contratio sensu" y 475, C.P.P.N.).
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, incidente de impugnación, suspensión preventiva, improcedencia del recurso, aprobación de asamblea
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Macri, Mariano c/ Socma Americana SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-18

Procede rechazar la medida de suspensión cautelar de los efectos de la aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Ello por cuanto, resulta innecesaria la suspensión provisoria de la ejecución de la decisión asamblearia siendo que la aprobación de la gestión del director no es obstáculo para que la accionante promueva -tal como lo hizo- la acción de responsabilidad (v. CNCom, esta Sala, "CMS Bureau Francis Lefevbre y Cabinet Lefevbre SELAFA c/ BFL SA y otros s/ medida precautoria", del 11/04/13). Y no se advierte que sea posible afectar la continuidad o no del ejercicio de las funciones de los directores con la sola suspensión de la decisión asamblearia de la aprobación de su gestión.
Sentencia extra petita, thema decidendum, orden público, tenencia compartida de hijos menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Saborido Jorge c/ Santander Alicia s/ Tenencia de Hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2003-07-10

No excede lo pretendido ni importa un supuesto de sentencia extra petita la que otorga la tenencia compartida a ambos padres, por tratarse del acogimiento parcial de la demanda y ser de una cuestión de orden público que autoriza la solución arribada.
Metrología, competencia por el territorio
Materia: PENAL
Carátula: VEINTEMIGLIA, SPANO Y CAFFARENA s/ Metrologia Causa 32631 -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

La competencia por infracciones a la ley de metrología se circunscribe a los hechos que se cometieran en el ámbito de la Capital Federal.
Desistimiento de la acción, desistimiento del derecho, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VARGAS JULIO CÉSAR (TF 29247-I) c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-09

Se tiene al actor por desistido de la acción y del derecho, incluso del de repetición, y por condonados los intereses y la sanción aplicada, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos exigidos en el régimen de regularización excepcional (ley 27.653).

En cuanto a las costas del proceso, se imponen al actor por la parte de la deuda respecto de la cual se allanó, y por su orden las que se condonaron (cfr. Plenario "Alpargatas SAIC c/Dirección General Impositiva s/recurso de organismo externo", del 16/12/20).
Prueba documental, valor probatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Famein S.A. c/ Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

El contratista no puede hacer valer el alcance probatorio de una comunicación empresaria cuyos propios términos le restan trascendencia comercial.
Leyes, aplicación de la ley, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silvino LLaneza s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

En materia de regulación de honorarios, dada la naturaleza procesal de la ley de arancel y el carácter de orden público de sus disposiciones, no es dudosa la validez constitucional de la cláusula que establece su aplicación en los procesos en que no medie regulación firme al tiempo de su promulgación.
Legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: CEPEDA, Carlos Alberto s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-18

Si el ademán de extraer arma realizado por la víctima fue la culminación de una constelación de circunstancias tanto referidas a los hechos (provocaciones, amenazas, agravios) como a los protagonistas (víctima de fuerte carácter y peligroso, y procesado débil, influenciable, atemorizado y sugestionado), puede constituir agresión ilegítima y justificar la reacción defensiva (art.35, CP.).

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Proceso penal, imputado, drogadicción, medidas de seguridad curativas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MURRAY, PATRICIO c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA BLANCA Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-28

Cabe recordar que la ley 23737 dispone que cuando el condenado por cualquier delito dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, el juez impondrá, además de la pena, una medida de seguridad curativa que consistirá en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario a estos fines, y cesará por resolución judicial, previo dictamen de peritos que así lo aconsejen; y en el artículo 19 establece que esa medida de seguridad se cumplirá en establecimientos adecuados, autorizados por el Estado, que se podrá aplicar preventivamente al procesado bajo su consentimiento, que se podrá ejecutar en forma ambulatoria o alternando internación según cada caso en particular, pero, lo más importante es que cuando el tratamiento se aplicare al condenado su ejecución será previa, computándose el tiempo de duración de la misma para el cumplimiento de la pena, debiendo el Servicio Penitenciario Federal o Provincial arbitrar los medios para disponer en cada unidad de un lugar donde, en forma separada del resto de los demás internos, pueda ejecutarse la medida de seguridad de rehabilitación. (Del voto del Dr. Creus. En disidencia: Dres. Netri, Spuler y Falistocco).
Obligaciones de dar sumas de dinero, tarjeta de crédito, intereses, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: Tarjeta Naranja S. A. c/ Cerviño Gabriela Paula s/ cobro sumario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-18

Debe ser confirmado el decisorio en donde se le ordena a la actora reformular la planilla de liquidación, ya que deben ser excluidos los intereses compensatorios por estar capitalizados por la sentencia. Ello es así, pues debe reputarse precluida la oportunidad de discutir los intereses que se expresaron a cargo del deudor hacia el futuro (arts. 150, 155 s.s. y c.c. del CPCyC), fundamentalmente al no comprobarse de los términos del agravio que la acreedora renuncie a los efectos de la preclusión y la cosa juzgada respecto a la liquidación y capitalización de los intereses punitorios que pretende, ni requiere una revisión integral del crédito documentado en la certificación del saldo de la tarjeta de crédito. (Del voto del Dr. Marcelo MEDORI, en mayoría).
Recurso de queja (procesal), declaración de rebeldía, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Savoia, Domingo s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-18

Corresponde equiparar a definitiva el pronunciamiento que declaró la rebeldía del imputado, toda vez que la misma causa un agravio actual como es el derecho de defensa en juicio y debido proceso legal, de imposible o tardía reparación ulterior pues lleva consigo una privación de instancia, en tanto al recurrente le fue cercenado su derecho a recurrir una resolución le es adverso y que, además, podría afectar su libertad. La disidencia sostuvo que la declaración de rebeldía, sin orden de captura, no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos.
Seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miglio, Rubén c/ Makse, Pablo y otro s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

No habiendo la accionante que propuso la citación de la aseguradora, acreditado la existencia del contrato de seguro, debe desestimarse los efectos de tal citación y por ende excluirla de la condena.
Accidentes de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Vitale Hugo Arnaldo y otro c/ MAPFRE Argentina ART SA y otro s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-30

La aplicación del nuevo régimen reparatorio de la ley 26773 a los infortunios anteriores no afecta derechos patrimoniales de las empresas de seguros puesto que, una vez entrado en vigencia el nuevo régimen, éstas adecuaron inmediatamente sus primas a las nuevas pautas según las reglas que aprobó en ese momento la SRT. Es decir que la A.R.T. que no pagó la reparación patrimonial tarifada en su momento, ha financiado sus obligaciones futuras (entre estas, aquellas que no abonó en su momento) mediante las primas que comenzó a percibir actualizadas de acuerdo al nuevo régimen de tarifas aprobado por la autoridad respectiva concomitantemente con la entrada en vigencia de las reformas.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones recurribles, gravamen irreparable, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: FOINCO Compañía Financiera SA c/ Ortiz, Luis Agustín s/ Demanda ejecutiva. Cuestión a resolver: ¿Es apelable el auto que   rechaza la pretensión de caducidad del proceso? (Tribunal pleno)   (Expte. Nro. 102-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-05

El auto interlocutorio que desestima la caducidad de la instancia es apelable, por cuanto en caso de ser errado el decisorio, el agravio que se producirá al recurrente no podrá ser reparado, ya sea por la sentencia a dictar por el a quo, -si se entiende que, cuando el artículo 346 inciso 2) Código Procesal Civil y Comercial habla de instancia definitiva, se refiere a la principal de primera instancia-; ni a través de los recursos contra ella, en la sentencia de alzada, si se interpreta que ésta es la definitiva, a la que alude aquella disposición. Respecto del fallo de primera instancia, resulta evidente que la cuestión de la caducidad, ya resuelta negativamente no integrará la materia de ese pronunciamiento; por lo que no cabe la posibilidad de lograr allí la reparación pertinente.

Y en lo que hace al de segunda instancia, tampoco existe la perspectiva de solución reparadora mediante el recurso de nulidad que lleve a ella porque éste "procede ante los defectos de procedimiento que importan un retaceo de la defensa o la prueba" y "cuando se deniega la caducidad, no hay tal retaceo. (Del Voto del Dr. Serralunga -En Disidencia-).
Jubilaciones, jubilación de magistrados, pensiones, adicionales de remuneración, adicional por dedicación exclusiva, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Canevari, Susana Germana c/ E.N. s/ Juicio de Conocimiento Villarraza de Llorens, Dora Sabina c/ E.N s/ Juicio de Conocimiento Piñero, Sabino y otro c/ E.N. s/ Juicio de Conocimiento Grandoli, Mariano José c/ E.N. s/ Juicio de Conocimiento Romero Ibarra, Aquilino Fernando del Carmen Roque Juan c/ E.N. s/ Juicio de Conocimiento Martínez, Antonia Amelia c/ E.N. s/ Juicio de conocimiento Cornejo, Antonio Sebastián c/ E.N. s/ Juicio de Conocimiento Dragonetti, Mario Tulio c/ E.N. s/ Juicio de Conocimiento Iros, Juan José c/ E.N. s/ Juicio de Conocimiento Barroso Dubor de Papa Rua, María Elisa c/ ESTADO NACIONAL s/ Juicio de Conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-15|1994-06-15|1994-06-15|1994-06-15|1994-06-15|1994-06-15|1994-06-15|1994-06-15|1994-05-30|1994-07-24

Las resoluciones 571/89 y 617/89 dictadas por la C.S.J.N., no constituyen un reconocimiento del derecho de los jubilados, retirados y pensionados del P.J. a que se computen los adicionales creados por los decretos 2474/85 y 522/89 a los fines del pago de los haberes previsionales, con virtualidad para interrumpir la prescripción en los términos del artículo 3989 de Código Civil.

La resolución 473/90 del Subsecretario de Justicia tampoco constituye sí misma un reconocimiento del derecho al cómputo de los adicionales referidos, con virtualidad para interrumpir la prescripción de la acción.

***RES C 000571 1989 00 00 0000 000 0000 000 Corte Suprema de Justicia de la Nación ***RES C 000617 1989 00 00 0000 000 0000 000 Corte Suprema de Justicia de la Nación ***RES C 000473 1990 00 00 0000 000 0000 000 Subsecretario de Justicia de la Nación ***DEC C 002474 1985 00 00 0000 000 0000 000 ***DEC C 000522 1989 00 00 0000 000 0000 000 ***CCI C 000000 0000 00 00 3989 000 0000 000
Costas, rechazo parcial de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: IGUAZU COMPAÑIA DE SEGUROS SA Y OTRO c/ CAP Y/O PROP Y/O ARM BQ FORMOSA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Si la demanda prosperó por un 45% del monto reclamado, sin que se hubiera hecho salvedad respecto de lo que en más o en menos resulte de las pruebas, cabe considerar que la acción no ha sido acogida en grado tal como para considerar a la actora vencedora absoluta en el pleito.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tardi, María Elisa C. c/ Provincia de Bs.As. s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-29

La presunción de daño que contiene el art. 1084 del C. Civil se funda en el deber alimentario que genera el vínculo conyugal, y en el caso de los hijos en el que surge de la patria potestad, presunciones que persisten otorgando legitimación para estos reclamos aún para los hijos mayores de edad pero la procedencia en este caso depende de la subsistencia de la presunción del daño, es decir que está supeditada en tal circunstancia, a que no se demuestre lo contrario, esto es que el occiso no sostenía al damnificado (art. 161 inc. 3 "a").
Principios procesales, prueba, certificado de trabajo, valor probatorio, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Zalazar Carolina Alejandra c/ Linjuan You s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-11

La teoría de la neutralización invalidante de los testimonios es inaplicable al caso de autos, pues no estamos frente a declaraciones que puedan considerarse iguales en cuanto a sus efectos probatorios. Las declaraciones de las personas venidas al proceso a instancias de la actora han sido suficientes para satisfacer su cometido probatorio. Sin mengua de ello, tal doctrina tiene carácter excepcional y debe aplicarse solo como "solución extrema". Si quedara alguna duda en la apreciación probatoria, ésta debe decidirse en el sentido más favorable al trabajador (art. 9 LCT, reformado por ley 26428/08
Garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, jerarquía constitucional, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Mill  de  Pereyra,  Rita  Aurora;  Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel  Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

No es válido asignar a la garantía que consagra la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, una extensión tal que desconozca las facultades que el art. 75 inc.

11 de la Ley Fundamental confiere al Congreso de la Nación para hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras (Votos de los Dres. Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio y del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).