Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-04


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 4 de 2010.

Y Vistos: 1. Apeló el síndico, la resolución copiada en fs. 87 -mantenida en fs. 153- que lo sancionó con una multa de $ 4.500.

Se juzgó allí que la caducidad de la instancia recaída en el expediente: "Feroanco SA s/conc. prev. s/inc. de revisión de crédito por Biz Makers SA", y cuyo impulso le cabía al funcionario, denotó negligencia y falta de debida contracción a su labor; con evidente perjuicio para la masa de acreedores, quien vio frustrada su expectativa de obtener un mayor reconocimiento judicial en el quantum de la acreencia reconocida en la oportunidad del art. 36 LCQ, y consecuentemente, el ingreso de mayores fondos.

2. El memorial de agravios corre en fs. 148/52. Medió reproche primeramente del pronunciamiento alegándose privación del ejercicio del derecho de defensa. Se esgrimió que existiendo denuncia de un acreedor, no sólo no se dispuso la sustanciación de la misma, sino que tampoco se le posibilitó ser oído para formular el descargo pertinente.

De seguido, refirió a lo actuado en la causa venida ad effectum videndi -a cuya lectura cabrá remitir para evitar reiteraciones ociosas-, exponiendo las razones por las que entendía que la demanda de revisión no podría haber tenido favorable recepción, concluyendo en que no medió de su parte una inconducta pasible de generar la sanción en crisis, como que tampoco se generó perjuicio alguno para la masa de acreedores.

3. El acreedor denunciante -Belac SA- contestó el traslado en fs. 167/9 y la Sra. Fiscal ante esta Cámara, dictaminó en fs. 178/80 propiciando la confirmación del decisorio apelado.

4. Cabe destacar a modo introductorio, que resulta exacto lo apuntado por el funcionario concursal en cuanto a que no se le brindó la posibilidad de formular una suerte de explicación y/o descargo con anterioridad al dictado del pronunciamiento de fs. 87. Es que, claramente no cabe asimilar a tales efectos, los requerimientos oficiosos para la aportación de documentación -tales los de fs. 882 y 885-. Antes bien, debió permitírsele el amplio ejercicio de su derecho de defensa frente a las graves consecuencias de índole profesional, patrimonial y moral que la sanción le puede traer aparejada; máxime cuando se trataba de una denuncia formulada por un acreedor, a quien luego se le brindó la oportunidad de contestar el traslado del memorial, alegándose, justamente, el resguardo del principio de contradictorio y bilateralidad (v. fs. 157).

Entiéndase que no quiere significarse con lo dicho, que el magistrado no pueda disponer directamente, una vez formada opinión sobre la conducta de un funcionario sometido a su potestad disciplinaria, la sanción que juzgue procedente; más debe tratarse de conciliar tal prerrogativa con un temperamento prudencial, que, contemplando las circunstancias particulares de personas, tiempo y lugar, y el tenor del reproche (arg. arts. 512 Cód. Civil), adopte un curso de acción en el proceso, que aleje la posibilidad de ulterior invocación de privación del ejercicio del derecho de defensa.

Quede claro entonces que, la omisión en la sustanciación de la denuncia, no conllevará en el caso, la descalificación per se del acto jurisdiccional como tal, desde que el síndico pudo brindar ex post facto su versión de los hechos, al plantear la revocatoria de la sanción (v. fs. 148/52); lo que a su vez, aleja la situación de colocar a este Tribunal en la tarea de expedirse sobre cuestiones que no hayan sido planteadas al juez de grado (art. 277 CPCC).

Por el particular contexto fáctico apuntado, cualquier situación de duda habrá de jugar a favor del afectado, puesto que aunque el régimen disciplinario no es ámbito propio del Derecho Penal, se aplican sus principios basales, sobre todo los que hacen a la garantía del debido proceso (arg. mutatis mutandi, CNCom. en pleno, in re: "Armadores Argentinos SA s/calif. Conducta" del 27/8/88 y art. 3º C.P.P.N.).

5.a. Zanjada tal cuestión preliminar, como pauta orientadora, debemos partir de la premisa que el deber de responsabilidad del síndico es correlativo a la función que se le asigna, la que debe ser cumplida con eficiencia y conforme a los fines para los que fue creada. Su incumplimiento, entonces, apareja la aplicación de sanciones que deberán ajustarse a diversos factores, tales como los antecedentes del caso, la actuación del funcionario, su conducta, la gravedad del hecho imputado y la razonabilidad en la aplicación de la sanción, en la que debe encontrarse subsumida la regla de gradualidad y proporcionalidad (conf. CNCom., Sala B, 6/3/95, "Zadicoff s/quiebra" LA LEY, 1995-D, 566; íd., 23/3/94, "Canale, Rodolfo s/quiebra" -dict. Fiscal 60884-; Sala C, 30/11/95, "Tex-tail SRL s/inc." -dict. Fiscal 74055-; íd., 31/8/99, "Crawford Keen y Cía. s/quiebra" del 20/02/1992).

b. Ahora bien, en tanto el art. 255 LCQ señala como causales para la aplicación de sanciones, la negligencia, la falta grave y el mal desempeño, convendrá formular una somera aproximación semántica, antes de proseguir con el análisis puntual de la conducta del funcionario.

La negligencia, se configura por medio de un dejar de hacer aquello a que se está obligado por disposición del juez o de la ley, en el modo, tiempo y lugar en el que se debe hacer. Se trata de una conducta caracterizada por el abandono y la dejadez, la mora y la desatención en el cumplimiento de los deberes pertinentes (conf. Segal, R., "Sindicatura concursal", Edit. Depalma, 1978, pág. 253).

El mal desempeño, consiste en un hacer inadecuado, vinculándose así con el cumplimiento defectuoso. No se trata de un "no hacer" o "hacer fuera de tiempo" la tarea, sino de llevarla a cabo de manera formal, pero desenfocada respecto de lo que la ley exige, ya sea de modo expreso, ya a través de la finalidad implícita (conf. Rubín, M. "Régimen disciplinario de los síndicos concursales ", en Rev. ED. 18/4/2000).

Finalmente, la falta grave se comete transgrediendo una prohibición, que puede ser explícita o implícita en la ley.

c. Dicho lo anterior, y volviendo sobre el análisis neurálgico del desempeño sindical, resultó indiscutido que el incidente de revisión venido ad effectum videndi concluyó por caducidad de la instancia, y que como consecuencia de la quiebra de Egamedi SA y por imperio de lo dispuesto por el art. 110 LCQ, su impulso se encontraba inexcusablemente en cabeza de la Sindicatura.

A partir de la conceptualización efectuada supra, surge con claridad que la inactividad evidenciada, constituyó un obrar negligente del funcionario, que con prescindencia del perjuicio directo que le aparejó a la quiebra -vgr. la asunción de las costas por la incidencia de caducidad-, resulta pasible de reproche en los términos del art. 255 cit., al denotar un inadecuado cumplimiento del deber genérico de diligencia -del art. 275 LCQ- y su función como responsable de la administración y disposición del activo -art. 109 LCQ-.

Efectivamente, de conformidad con la disposición expresa del art. 275 LCQ, compete al síndico el efectuar las peticiones necesarias para la rápida tramitación de las causas, la averiguación de la situación patrimonial del concursado, los hechos que pueden haber incidido en ella y la determinación de sus responsables. A tal efecto, se lo inviste de concretas atribuciones en el curso ordinario de la actividad procesal, dentro del cual la celeridad en la tramitación del proceso principal y sus incidentes, es un objetivo legal que pretendió erradicar cualquier posibilidad de incuria y lentitud en su avance, mediante la implantación de normas que, como la citada, que se integran y armonizan con otras (arts. 255, 274) en una postura teleológica coincidente.

Por ello, la alegación que se intenta sobre la eventual inconducencia de la acción -en virtud de la pregonada imposibilidad de obtener la documentación que viabilizase la conducencia de la revisión-, no exonera de responsabilidad al funcionario; quien, si era tal su creencia, debió en tal situación haber peticionado autorización judicial para desistir el proceso al que no había dado inicio -arg art. 182 CPCC-.

Lo mismo puede predicarse respecto de la posibilidad de encausar el trámite. En efecto, cualquier modificación, ampliación y/o viraje del sentido primario de la demanda, se veía formalmente perjudicada al encontrarse trabada la litis; circunstancia ésta que colocaba al proceso frente a una única disyuntiva, que no podía permanecer desconocida para el auxiliar: su conclusión o su desistimiento.

Ha sido dicho que el síndico, al atender sus propias funciones, preserva los intereses privados, al mismo tiempo, de los acreedores y del fallido. También la economía general y los principios públicos comprometidos en el proceso falencial están en cierta manera bajo la responsabilidad de dicho funcionario, por lo que es correcto regular las sanciones teniendo en cuenta la trascendencia funcional de la sindicatura, y el hecho de que la exigencia legal de idoneidad profesional (título y antigüedad: art. 253 LCQ) es un elemento de agravación de la responsabilidad por el mayor conocimiento de los hechos y las consecuencias que aquella presupone -art. 902 Cód. Civ.- (Segal, ob. cit., pág. 247).

Con tal entendimiento, habiéndose constatado con la Superintendencia de este Tribunal que el Contador Cortes carece de antecedentes disciplinarios en su legajo personal, atendiendo a la regla de proporcionalidad y gradualidad de las penas, cabrá morigerar la sanción dispuesta en la anterior instancia.

6. Corolario de lo expuesto, se resuelve: modificar el decisorio apelado de fs. 87 en cuanto fijó una multa de $ 4.500, disponiendo la aplicación de un apercibimiento al Contador Luis Alberto Cortes, exhortándolo para que en lo sucesivo lleve adelante sus funciones con la diligencia y celeridad que las circunstancias imponen.

Notifíquese a las partes, a la Sra. Fiscal General en su despacho, y con su cumplimiento póngase en conocimiento de la Superintendencia de este Tribunal mediante oficio. - Juan Manuel Ojea Quintana. - Rafael F. Barreiro. - Alejandra N. Tevez.