Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17


Poder Judicial de la Nación TS06D 63862 17-04-12 SALA VI EXPTE. Nº 48.401/10 JUZGADO Nº 11 AUTOS: "MONTIEL ROXANA BEATRIZ C/ TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. Y OTRO S/PART. ACCIONARIADO OBRERO.

Buenos Aires, de de 2012 EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda interpuesta, viene en apelación la parte actora a tenor del memorial recursivo obrante a fs. 96/101, que fue replicado por la codemandada Estado Nacional a fs. 107/113.

La parte actora cuestiona que se haya rechazado su pretensión indemnizatoria por haber considerado el sentenciante de grado que no le correspondía a la actora acceder al beneficio pretendido por haber ingresado con posterioridad a la privatización operada (fecha de ingreso 19/11/1999).

En mi opinión, adelanto que la queja en examen no tendrá favorable acogida puesto que, la normativa en la que se basa la pretensión articulada en la demanda resulta clara en cuanto a que los beneficiarios de los programas de propiedad participada son aquellos trabajadores que al momento de la privatización se encontraban laborando al servicio de Entel y pasaron a desempeñarse bajo la dependencia de la empresa adjudicataria, luego de concluido el proceso de privatización. Se trata de un sistema de participación específico emergente del sistema de privatización implementado con sustento un una normativa particular y atípica, vinculado con el sistema de reforma del Estado, que se suscitó en el marco de las leyes de emergencia.

El art. 9 del decreto 731/89 tanto en su texto original cuanto con la modificación introducida mediante el decreto 59/90, aludió a los empleados de Entel que pasen a desempeñarse en las empresas adjudicatarias, sociedades licenciatarias y en las sociedades prestadores del servicio internacional, a efectos de prescribir la reserva de un porcentaje del capital accionario, por lo que resulta claro que solo aquellos empleados podían ser beneficiarios del programa.

Considero indudable que el legislador decidió beneficiar al personal dependiente afectado por la Reforma del Estado otorgándoles, no sólo acciones de las sociedades anónimas a conformarse, sino también participación en las eventuales ganancias obtenidas por ésta por el período posterior a la privatización mientras perdure el vínculo laboral.

Por lo expuesto y argumentos propios del fallo apelado que no encuentro conmovidos eficazmente, propongo confirmar lo decidido en primera instancia.

La imposición de costas al actor, en mi opinión debe ser confirmada puesto que la misma se ajusta al principio rector en la materia previsto por el art. 68 CPCCN, sin que se advierta la existencia de elementos objetivos que justifiquen un apartamiento del mismo.

En cuanto a la apelación vertida por la codemandada Estado Nacional en relación con los honorarios regulados a su representación y patrocinio letrado, considero que los mismos resultan adecuados a la naturaleza y extensión de los trabajos profesionales cumplidos en autos, al resultado final del pleito y las pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO) por lo que propongo su confirmatoria.

Las costas de esta instancia también serán soportadas por el apelante vencido (art. 68 CPCCN) a cuyos efectos estimo los honorarios de los presentantes de fs. 107 y de fs. 96 en el 25 % de lo regulado en la etapa anterior.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de agravios. II) Imponer las costas de esta instancia a cargo del apelante vencido. III) Regular los honorarios de los presentantes de fs. 107 y de fs. 96 en el 25% de lo regulado en la etapa anterior.

Regístrese, notifíquese y vuelvan Bg LUIS A. RAFFAGHELLI