Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad de la acción penal, inconstitucionalidad, principio de legalidad, apreciación de la prueba, presunciones, autoría mediata, concurso de delitos, individualización de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Brusa, Víctor Hermes s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-18

Corresponde rechazar los agravios en torno a la imprescriptibilidad de la acción penal, inconstitucionalidad de la ley 25.779 y afectación del principio de legalidad, por tratarse de cuestiones homogéneamente resueltas por la CS y la CFCP y el derecho penal internacional. Se debe corroborar en el caso si verdaderamente existió una cadena de indicios que demuestren, a través de las reglas de la experiencia, que los magistrados efectuaron una operación mental mediante la cual infirieron la autoría del imputado en el suceso investigado. No se advierten vicios en la atribución de responsabilidad por los hechos imputados, si el encausado fue reconocido, por su nombre y por su apodo, por varios testigos, algunos por haber jugado al fútbol con él, y las víctimas fueron contestes al describir las circunstancias que ubican al imputado en el momento de sus detenciones, interrogatorios y sesiones de tormentos, sin que la defensa aporte argumento alguno con virtualidad suficientes para conmover lo resuelto. No cabe hacer lugar al agravio fundado en que el matrimonio víctima no habría cobrado la indemnización estatal por haber sido presos políticos, pues lo resuelto en sede administrativa no es vinculante en el proceso penal. Corresponde rechazar el agravio relativo al grado de participación si el tribunal analizó el rol de cada uno de los imputados dentro del plan sistemático de persecución y exterminio y acreditó la coautoría funcional del recurrente en los delitos enrostrados, teniendo en cuenta cuál fue su conducta como integrante de "la patota", ya que se encargaba de detener ilegalmente a personas supuestamente involucradas en "actividades subversivas" y trasladarlas a diversos centros de detención, donde eran torturadas. No alcanzan a demostrar la invocada arbitrariedad las presuntas contradicciones entre lo depuesto por el testigo fallecido -cuya incorporación se ajusta a lo dispuesto por el art. 391 inc. 3° CPPN- y el resto de las declaraciones testimoniales, si se trata de diferencias menores que no hacen a la acreditación de la imputación ni a la credibilidad de los testimonios - corresponde tener por acreditada la participación en los hechos de quien se desempeñaba dentro de la estructura de la Policía de la provincia y era un hombre clave dentro de "la patota", habiendo sido reconocido por varias de las víctimas. Si las acciones imputadas constituyen acontecimientos históricos unitarios, los efectos nulificantes de uno de ellos no deben trascender al otro, en efecto, el delito de privación de la libertad se corresponde con el momento en que la víctima fue trasladada desde el centro clandestino hasta el hospital, los tormentos, en cambio, a la conducta de la encausada -impedir la asistencia médica- una vez que la víctima fue alojada en el nosocomio. Deben rechazarse los agravios relativos a la violación de la congruencia si las aclaraciones de la imputada demuestran su conocimiento sobre los hechos objeto de acusación y sus intentos de contrarrestar la imputación. La falta de correlación entre la acusación pública y privada sería pasible de eficaz agravio si el código previera una acusación penal única. Debe considerarse probada la participación de la imputada en los simulacros de fusilamiento si los testimonios de las víctimas resultan contestes en todas las circunstancias que rodearon tales hechos. En tanto la imputada participaba periódicamente en procedimientos legales, resulta infundado el alegado desconocimiento de la ilegalidad de las detenciones. La autoría de quienes dieron las órdenes no quita que los instrumentos -autores- sean impunes o no sean considerados autores. Si dos de los personajes esenciales en la represión en la provincia, confiaban en las cualidades funcionales de la imputada, a quien todas las víctimas sindican como una mujer con autoridad y fuerte carácter, estas afirmaciones demuestran el dominio del hecho y su rol protagónico en los eventos. El simulacro de fusilamiento constituye un sufrimiento psicológico de suficiente intensidad que en el plano jurídico se subsume en el delito de tormentos tipificado en el art. 144 ter CP según su redacción original. Los testimonios vertidos demuestran que la metodología y objetivo de los interrogatorios no tenían el fin lícito que pretenden los impugnantes, sino que corroboran la conclusión del a quo relativa a que el imputado, presentándose como secretario del juzgado, amenazaba a las víctimas con ser torturadas nuevamente si no "colaboraban", incluso durante los interrogatorios realizaba muestras de karate. La configuración de los apremios ilegales no requiere la demostración de la finalidad que conlleva la coacción, ni tampoco comprobar la efectiva ejecución del mal con el que se amenaza. No se advierten defectos en el razonamiento que determinó la conclusión relativa al alto grado de participación de los encausados dentro del plan sistemático y el conocimiento sobre aquellos elementos que configuran el delito penal, sin que resulte relevante que se trate de hechos aislados, ya que la característica de generalidad o sistematicidad que exige el tipo penal de crimen contra la humanidad, se vincula al ataque y no a los ilícitos en particular, y la circunstancia de que los imputados actuaran a cara descubierta lo único que demuestra es el grado de impunidad con que actuaron. (Dres. Slokar, Ledesma y David).