Amenazas, sobreseimiento, violencia de género, instrucción
Materia: PENAL
Carátula: C.A. s/amenazas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-18

Hechos: Apela la fiscal el sobreseimiento del inculpado por amenazas. Centra su agravio en que la nueva declaración testimonial de la víctima implicó la revictimización además de constituir la única prueba que medió entre la resolución de la cámara que revocó el sobreseimiento anterior y el nuevo auto desvinculatorio.

Fallo: "(.) en tanto el juez de grado únicamente notificó que sería citada por un profesional del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación a fin de realizarse una pericia psicológica.

Entendemos que la afirmación del juez sobre el sinsentido de realizar dicho peritaje y, por consiguiente, continuar con la investigación, bajo el argumento de que la víctima anunció que no colaborará, carece de sustento jurídico.

Ello así pues, en primer lugar, desconoce la obligación que le cupe de investigar el ilícito denunciado, que configura un delito de acción pública (conforme el requerimiento fiscal de fs.).

Además, no cumple con las garantías mínimas de los procedimientos judiciales que prevé el art 16 de la ley n° 26.485 de "Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales" que incluye la de recibir un trato humano y no revictimizante. Desoye también los principios que la dicha ley prevé para las resoluciones procesales como la de amplitud probatoria (art. 31), devolviendo un mensaje de impunidad. A su vez, se ve comprometida la responsabilidad estatal no sólo a nivel interno sino también en el orden internacional, puesto que las características del hecho perseguido incluyen temas abordados por la "Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer", la "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Convención de Belem Do Pará-" y la "Convención de los Derechos del Niño", que revisten jerarquía constitucional desde su aprobación mediante las leyes 23.179, 24.632 y 23.849, a partir de las cuales el Estado Argentino se comprometió a investigar, sancionar y reparar de manera efectiva los conflictos que se susciten en temáticas en que las mujeres y los niños estén involucrados.

Debe señalarse que la recurrente expuso otras medidas -diferentes al peritaje psicológico precitado- de suma utilidad para comprobar la verdad de los episodios sucedidos y que pueden realizarse con prescindencia de la damnificada y sin inmiscuirse en su intimidad. La reimpresión, por parte del juez de grado, de los mismos argumentos esgrimidos en la anterior resolución -revocada, por cierto-, (.) sin introducir algún elemento novedoso al proceso, implica una fundamentación sólo aparente, que envuelve de arbitrariedad al auto atacado por afectación del principio lógico de razón suficiente y lo descalifica como un acto jurisdiccional válido (artículos 123 y 308 del C.P.P.N.).

El carácter del auto en crisis, (.) aconseja la intervención de otro magistrado, conforme lo dispone el art. 173 C.P.P.N., lo que así habrá de resolverse. (.) se resuelve: I- Declarar la nulidad del auto decisorio de fs. (.) conforme lo dispuesto por el artículo 123 del C.P.P.N. II- Separar al magistrado instructor de estas actuaciones las que, una vez notificada la presente, deberán remitirse a sorteo de estilo para que se desinsacule el juez de instrucción que deberá conocer".