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Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, aplicación de la ley, leyes, irretroactividad, sentencia, fundamentación de sentencias, jueces, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Marasco, Bernardo Luis y otro c/ Sociedad Anónima Otto Spuler y otro y/o contra quien resulte Jurídicamente responsable s/ Laboral (Expte. Nro. 126-92) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-14

Si el "a quo", al examinar el artículo 19 de la ley 9688 según el texto de la reforma determinada por la Ley 23643, también lo aplicó para dar fundamento a su sentencia, obviamente tergiversó palmariamente texto, espíritu y propósito del legislador. En efecto:

no es el caso juzgar la aplicación de esta reforma a un pleito iniciado con anterioridad a la sanción del mencionado ordenamiento.

(De los Fundamentos del Dr. Alzueta). La cuestión a resolver es: ¨Es aplicable la reforma dispuesta por la ley 23643 al artículo 8 de la ley 9688 a los infortunios laborales ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia?
Costas, allanamiento, escrituración
Materia: PROCESAL
Carátula: MESQUITA ESTELA MARGARITA c/ GAMUNDI OSCAR G. S-SUCESION s/ SUCESION-COSTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-24

El pronunciamiento sobre costas configura una parte accesoria de la sentencia definitiva, está estrechamente ligado a la decisión del litigio que las ha ocasionado (art. 163, inc. 8, del Código Procesal) y sólo cabe diferirlas en circunstancias excepcionales.

En los procesos de escrituración, por la naturaleza de la obligación de hacer de que se trata en que se requiere la colaboración y concurrencia de ambos contratantes, no es posible la satisfacción simultánea o inmediata al allanamiento y por esa razón no podría descalificarse su efectividad exigiendo una conducta imposible.

El cumplimiento debe concretarse en la primera oportunidad jurídicamente viable. En ese sentido el art. 70 del código citado establece los requisitos que debe contener el allanamiento, debe ser total, incondicionado y oportuno sin mora o interpelación anterior al proceso y efectivo, su efectividad está referida, procesalmente, a la pretensión de la accionante y no a la obligación existente, basta pues con que haya sido idóneo para concluir la contienda.

Si las costas del juicio son accesorio de la sentencia y no se hallan vinculadas a la relación sustancial, otras serán las consecuencias y responsabilidades que podrían generarse de un posterior incumplimiento de la condena, sea mediante el pago de los daños y perjuicios o la ejecución forzada, pero esa eventualidad no podría tener incidencia en la decisión sobre costas que debe incluir la sentencia definitiva.
Caducidad de instancia, acción de amparo, cómputo del plazo, aplicación de la ley, recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ T. D. J. c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

Habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 23 de la ley de amparo n° 2145 (aplicable supletoriamente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la ley n° 402, texto consolidado según ley n° 6017), corresponde declarar la caducidad de la instancia de la queja. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Asociaciones profesionales, sanciones disciplinarias, sumario administrativo, exclusión de asociados, médico anestesista, muerte del paciente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Ziella, Adriana Inés c/ Asociación de Anestesia Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Corresponde confirmar la sanción de expulsión impuesta a la amparista con motivo del sumario administrativo llevado a cabo por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación, pues si bien es cierto que la actora no participó del acto anestésico que ocasionó la muerte de un paciente, en el caso no se trata de un proceso sobre mala praxis tendiente a dilucidar el desempeño profesional de los médicos intervinientes en un acto médico, sino de la participación de alumnos de la carrera de anestesiología en guardias hospitalarias por fuera del programa establecido por la asociación cuando aún se encontraban en etapa de formación, en contra de la prohibición expresa establecida por el reglamento.
Cámaras de casación, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Consulta s/ Incidente de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-11

Corresponde al Tribunal de Casación Penal conocer de una cuestión de competencia en la que la Cámara Departamental no puede actuar como tercero imparcial con habilidad constitucional para resolver, ni tampoco como superior del otro órgano jurisdiccional comprometido en la contienda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, abandono del cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Leone, Juan Carlos Alberto c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

La ausencia del empleado en su lugar de trabajo y la negativa a reintegrarse a sus tareas aduciendo no conocer cuales eran no pudo habilitarlo a desentenderse de su condición de agente público, desde que el estricto deber de dedicación de los agentes públicos comprende el desempeño en el tiempo, forma y lugar establecidos. Ese deber fundamental se subvierte ante el abandono de cargo que implica el no cumplimiento de la obligación básica de la relación de empleo.
Inhabilidad de título, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: DAYAN, DAVID c/ CORDOVERO, ENRIQUE s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-03

Procede revocar la resolución que admitió la excepción de inhabilidad de título opuesta por el actor y rechazó la ejecución promovida de su ex letrada en su contra con base en que la tarea profesional realizada debía presumirse gratuita en virtud de lo dispuesto por la ley 24432: 12 y dado el carácter de cónyuges de las partes al momento de la realización de las tareas profesionales. Ello así por cuanto, tal lo advertido por la letrada recurrente, gran parte de la labor profesional desarrollada en autos se llevo a cabo con anterioridad a la vigencia del segundo párrafo del art. 3 de la ley 21839 -que establece la presunción de gratuidad del patrocinio o representación de los cónyuges-. Ello teniendo en cuenta que esa norma fue incorporada por la ley 24432 -publicada por el Bo el 10.1.95- y el juicio tuvo inicio en el año 1993 y sentencia el 29.11.94. Derivase de ello que no correspondió aplicar esa disposición respecto de labores desarrolladas antes de su vigencia (V. En ese sentido, esta sala, 13.3.98, "NL SA"). Lo contrario llevaría a alterar derechos adquiridos y, en consecuencia, a atribuirle un alcance retroactivo que no resulta conciliable con la protección constitucional de la propiedad.
Recurso extraordinario, interpretación de normas y actos locales
Materia: PROCESAL
Carátula: Mediavilla, Nicolás Francisco y otro s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-06-28

El remedio federal resulta formalmente improcedente en razón de la índole de las cuestiones resueltas, pues la resolución recurrida versa y se apoya sobre la interpretación de normas de carácter local y valora circunstancias de hecho y prueba de la causa, materias de éstas propias de éste Tribunal y ajenas a la instancia del art. 14 de la Ley Nº 48.
Nulidad del acto jurídico, intimidación, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: META, ELIAS c/ BERMUDEZ, AMELIA BEATRIZ s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-13

Para que la violencia moral tenga el carácter de verdadera intimidación, es necesario que la amenaza tenga condición de inminente, en el sentido de que no sea posible por la proximidad del mal amenazado, acudir a las autoridades en busca de protección, art.

937 del C.Civil. Si se ha probado que la accionada antes y después de la firma de los instrumentos, acudió a la policía en busca de protección, que se levantaron los correspondientes sumarios penales y que, durante uno de ellos, promovido por sus denuncias y con intervención de las autoridades de vigilancia y custodia fue cuando firmó el boleto de compraventa y concurrió a la escribanía para firmar el poder, faltan elementos que muestren que aquella estaba coaccionada en su ánimo, por amenazas lo que parece muy poco probable si ya se había puesto en manos de la policía y del juzgado penal, máxime si en los respectivos expedientes, no hay una sola línea denunciado este nuevo hecho del boleto y del poder arrancado con violencia moral.
Convenios colectivos de trabajo, representación del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: RECABARREN SANDRA M. c/ GOMEZ EDGARDO Y OTROS s/ ORDINARIO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-07-04

El convenio colectivo para empleados de comercio no resulta aplicable a los empleados de estudios jurídicos. Ello es así, pues los abogados empleadores, no estuvieron representados en ninguna forma en dicho pacto colectivo.
Accidentes de trabajo, acción civil, cosa riesgosa, chofer de colectivos
Materia: LABORAL
Carátula: Escobar  José  Luis c/ El Nuevo Halcón S.A. y otro s/ accidenteacción civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-09

No resulta responsable la empresa de transportes para la que laboraba el actor como chofer por la lesión de éste en su brazo izquierdo, al defenderse de una agresión sufrida por parte de un grupo de jóvenes en ocasión y lugar de trabajo. No media cosa riesgosa. Los supuestos agresores (terceros, perfectamente ajenos a la relación de trabaja), nunca podrían ser considerados cosas en los términos de la norma citada y, por lo tanto, la empleadora jamás podría haber sido dueña o guardiana (adviértase que se trata de seres humanos). Tampoco corresponde asignar el status de dependientes a quienes pretendían ser pasajeros de la unidad que conducía el actor. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).
Conflicto de poderes, competencia contencioso administrativa y tributaria, recurso extraordinario federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-05

Cualquier afectación que este conflicto de poderes pudiera provocar en la esfera del recurrente sería indirecta y sólo podrá tener relevancia para él cuando se refleje en el expediente judicial que instó ante el fuero CAyT, oportunidad en que, una vez cumplidos el resto de los recaudos pertinentes podría el recurrente aspirar a la revisión en la vía extraordinaria ahora articulada. (Voto de los Dres. Ana María Conde, Luis F. Lozano y Elizabeth Marum).
Defensa del consumidor, reajuste del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: P. S., C. C. c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ Relación de Consumo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-07

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar al Banco de la Ciudad de Buenos Aires ajustar la cuota del contrato de préstamo personal correspondiente a la actora a efectos de que no supere el 25% de su remuneración neta, toda vez que las comunicaciones emitidas por el BCRA tendientes a enumerar las obligaciones de las entidades bancarias en miras a garantizar la efectiva protección de los intereses económicos de los usuarios en operaciones de servicios financieros, las previsiones del DNU 319/2020 (emergencia sanitaria), que dispone varias medidas como el congelamiento de las cuotas para los créditos hipotecarios y prendarios que se actualicen por UVA, la suspensión de las ejecuciones hipotecarias de los bienes adquiridos mediante estos créditos, la suspensión de los plazos de prescripción y de caducidad de instancia en los procesos de ejecución hipotecaria y de créditos prendarios actualizados por UVA, entre otras, permiten inferir que este tipo de préstamos requiere, por lo menos en el marco de la pandemia, de un actuar estatal directo que equilibre la relación entre los particulares y las entidades financieras que los otorgan.
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Donnet de Craviotto, Elida Esther c/ Trevisan, Rubén Aníbal y otra s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-03-10

En cuanto a la pretensión de que los pagos parciales al ser hechos con un interés que excede el máximo legal permitido por nuestra jurisprudencia y las leyes, las sumas abonadas en exceso se descuenten del capital, se entiende que, por tratarse la sanción que recae sobre el pacto de intereses usurarios de una nulidad relativa, no puede reclamarse su repetición pues el pago tiene como efecto accesorio, la confirmación tácita de la validez del acto, salvo caso de protesta del deudor al efectuarse el mismo. No siendo entonces repetibles, no existe crédito del deudor para compensar o imputar a capital (Voto Dr. AHUMADA). En el caso, se está en presencia de un acto anulable y de una nulidad relativa, que si bien llevó al Tribunal a revisar y morigerar la tasa de los adeudados, no puede tener el efecto que se pretende respecto de los consentidos y ya abonados dado que, por otra parte, como ha sostenido la doctrina, una vez efectuada la imputación del pago, sea por el deudor, por el acreedor, o legalmente, ella es -en principio- definitiva y no puede ser unilateralmente modificada ni por quien la realizó ni por el sujeto de la obligación (Voto Dra. SACCO).-
Prueba, recurso de queja (procesal), perito médico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "González  Santiago c/ MAPFRE  Argentina  ART  SA s/ accidente-leyespecial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-11

En el caso el recurrente se queja porque el juez a quo omitió dar traslado al perito médico de la impugnación que formulara e intenta "replantear" esa prueba "conforme lo normado por el art.

260, inc. 2 del CPCCN". El precepto invocado no es aplicable al procedimiento laboral (conf. art. 155 L.O.). En su lugar, nuestra ley procesal permite a las partes apelar, dentro del plazo de tres días, "las resoluciones que denieguen medios de prueba", con la carga de mantener el recurso "cuando se dicte sentencia definitiva, dentro del mismo plazo fijado para la apelación de ésta" (arts. 96, 105, inc. e y 117 de la L.O.). BN 323
Sanciones disciplinarias, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moyano, Víctor Zanón c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

Si bien no cabe revisar la valoración de los hechos efectuada por la Administración, debe ser dejada sin efecto la sanción aplicada si ésta carece de fundamentación adecuada, a fin de que la Administración, ejerza nuevamente, esta vez dentro del razonable marco de discrecionalidad que le asiste, su potestad disciplinante.
Ministerio Público Fiscal, ejercicio de la acción pública, clausura de la instrucción, requerimiento de elevación a juicio, debido proceso adjetivo, constitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Wilhelm, Simón y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-09

De las previsiones del art 348 del CPPN no se advierte transgresión alguna a la independencia funcional del Ministerio Público consagrada en el art 120 de nuestra Carta Magna, como tampoco se ven lesionadas las garantías del debido proceso y la defensa en juicio (Voto de la Dra Capolupo de Durañona y Vedia -en mayoría-).
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Leiva, Horacio y otros c/ Swift Armour S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-06

Condicionar al pedido de las partes la potestad de los órganos judiciales para declarar la inconstitucionalidad de las normas legales pugna con el texto expreso del art.31 de la Constitución Nacional, que impone la conformidad con el ordenamiento y no sólo con las normas particulares. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Olivera, Eusebio Narciso s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-26

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en que se cuestiona la incorporación probatoria de la confesión extrajudicial del procesado mediante el testimonio del personal policial por no haber sido adquirida en los términos del art. 281 del Código de Procedimiento Penal si no se intenta demostrar que tales expresiones del procesado fueron recogidas en transgresión de dicha norma o de otra que no se menciona.
Prescripción adquisitiva, accesión de posesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Altieri, Leonor Elvira c/ Iglesias, Zulema y ocupantes s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Al carecer de virtualidad la "accesión de posesiones" pretendidas por la demanda reconviniente, ésta debió acreditar su propia posesión del inmueble por un plazo mayor de veinte años (arts. 4015 y 4016, Cód. Civil).
Honorarios, aplicación de la ley, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑOZ, CARMEN E. c/ MARTIN HNOS. S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-06-01

En tanto se trata de honorarios firmes sujetos a recursos, existe un derecho en expectativa, lo que determina la aplicación del art. 17 de la Ley 24028 que al momento de dictarse la sentencia ya estaba en vigencia.
Expropiación, indemnización expropiatoria, reparación integral, costas, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. c/ Prada s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-02

Si bien la doctrina legal de la Suprema Corte expresa: "no resulta irracional la decisión del legislador que dentro de la esfera por él trazada, hace soportar en algunos supuestos las costas del juicio al expropiado, dándole prevalencia a exigencias del orden de los juicios al imponer el pago de las costas a quien impuso el litigio y contemplando a la par los derechos patrimoniales del expropiante", debe extremarse la prudencia del órgano jurisdiccional -como guardián de la vigilancia de los derechos y garantías constitucionales-, en tanto vía fijación del quantum de las costas puede afectarse el principio de integridad de la indemnización por la expropiación, principio que cuenta en nuestro ordenamiento jurídico con rango de ley suprema (art.31 CN), tanto por su consagración implícita en el art.17 de la Constitución Nacional, como por su cristalización en el art.21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica, recepcionado por nuestro derecho interno con la ley 23054-.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Quiebra, pedido de quiebra, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA  PRENSA    S.A.  SOBRE PEDIDO DE QUIEBRA POR FERNANDO JORGE LEPERA s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-21

La determinación de los daños y perjuicios que haya podido causar al demandado la promoción de un pedido de quiebra, es ajena al trámite del mismo (arg. Art. 103 Ley 19.551).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Acevedo, Perla Adriana c/ Savi S.A. Hotelera y comercial y otro s/ Salario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no pasa de ser una enumeración de interrogantes y una exposición de un criterio disímil en cuanto a las conclusiones posibles de extraer de las pruebas rendidas, olvidando que el tribunal de origen tiene al respecto un amplio margen de discrecionalidad.
Impugnación de la pericia, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: PLANAGRO S.R.L. c/ Consorcio de Exportacion Productores de San Juan s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-08-02

Una pericia sólo puede impugnarse mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica y corresponde a las partes, en ejercicio del control de la litis, manifestar con oportunidad la disconformidad al resultado o pedir explicaciones aclaratorias. Omitido todo esto y a falta de otros elementos de juicio que contradigan la opinión del perito, ese dictamen valdrá como elemento decisivo para la resolución del litigio. La impugnación de una pericia constituye un incidente y la parte que se siente afectada debe ofrecer oportunamente la prueba que haga a su derecho y urgir su producción, pues al respecto rige el principio según el cual la carga de la prueba incumbe a quien afirma.
Sentencia condenatoria, defensa en juicio, ampliación de la acusación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., S. y C., C.A. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-16

Una sentencia condenatoria arreglada a la ley presupone que el derecho de defensa en juicio haya podido ser ejercido sin fisuras; y para el ejercicio cabal de la defensa es necesario que el imputado y su defensor fueran impuestos por el Presidente del Tribunal de la totalidad de la plataforma fáctica que trae la acusación, de manera que -luego de la imputación y la intimación- las pruebas, los alegatos y el fallo guarden una correlación adecuada. Pero si la sentencia impugnada fue la culminación de un debate en donde los nuevos hechos de la acusación no pudieron ser contestados por los imputados -porque el procedimiento seleccionado después de la postulación incriminante del Ministerio Público fue extraño a las reglas del ritual- los hechos o circunstancias agravantes ajenos al requerimiento originario no pueden quedar comprendidos en la imputación o en el juicio.
Acción de amparo, legitimación pasiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DE BAAY, Tania Soledad c/ SGPER s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-06-27

No existe controversia acerca de las facultades del Jefe de Policía Departamental en relación al régimen de cambios de destino, previsto en la Ley 5654. Ello así, sólo queda como argumento controversial de la accionante sus aseveraciones respecto de que la decisión fue producto de una persecución laboral y resulta arbitraria atento a su condición de esposa, madre y estudiante. Sin embargo, resulta necesario destacar que de la sola lectura del libelo de inicio surgen dudas en relación a la persona que hipotéticametne la estaría persiguiendo, toda vez que en principio mencionó que el ejecutor de tal conducta sería Jefe de Operaciones, pero quien dictó la resolución cuyo cumplimiento solicita sea prohibido, fue el Jefe de Policía de la Departametnal La Paz, destacándose al respecto que la denuncia penal se formalizó contra el primero de los nombrados, al margen de no poderse establecer cuál fue el resultado de la misma.
Ejecución hipotecaria, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. c/ NAVARTA BUSTOS, ROLANDO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-07-07

No procede la excepción de inhabilidad de titulo, al margen de su admisibilidad en orden a los dispuesto por art. 597 C.P.N., cuando se invoca que en la intimación de pago se ha realizado por una suma mayor a la debida, pero tampoco se deposita lo que se admite adeudar.

En la Ejecución Hipotecaria no procede la inhabilidad de titulo si no se deposita la suma que se reconoce adeudar. Por otra parte se requiere en la ejecución hipotecaria, que la negativa de la deuda sea inequívoca y expresa, es un requisito formal de procedencia, mas en esta clase de ejecuciones en que dicha defensa no esta prevista.