Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-09-22


L. DE S. Tº 101, Fº 157/165 En la ciudad de San Juan, a 22 días del mes de Setiembre del año dos mil ocho, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. GILBERTO A. RIVEROS, y los señores Vocales DRES. PASCUAL E. ALFERILLO y CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, a fin de conocer de los recursos de apelación que se interpusieran contra la sentencia recaída en autos N° 19.439 (42.499 - 3º CIVIL) caratulados "CORNEJO, CLAUDIA ELIZABETH C/ EMPRESA DE PASAJEROS DEL SUR S.R.L. - DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO", dictada en fecha veintitrés del mes de octubre del año dos mil siete, obrante a fs. 378-388, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recursos que una vez concedidos tuvieran debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Relata la Sra. Claudia Elizabeth al promover demanda que el día 06-07-98, a las 7,30 hs. viajaba desde el departamento Sarmiento a la Ciudad a realizar sus tareas laborales en el colectivo línea 24, dominio J-072182 perteneciente a la empresa demandada, conducido por Héctor Marcelo Aracena; y cuando se encontraba parado fue violentamente impactado en su parte trasera por un camión con acoplado dominio TVT-769. Por el impacto recibió un fuerte golpe en la columna y cabeza, cayendo al piso. A consecuencia de ello sufrió lesiones recibiendo las primeras curaciones en el Hospital Rawson; cuando intenta levantarse siente un agudo dolor en la columna vertebral que la lleva a desmayarse, y tras otros estudios descubren que se ha producido fractura de la quinta vértebra lumbar, detectándose múltiples trazos de fractura del cuerpo L5. Ello motivó que tuviera que ser tratada por médico especialista, indicándosele estudios, utilización de artefactos ortopédicos, quedando con una incapacidad. Las lesiones, y el estado en que queda, le impulsa a demandar indemnización por daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, incapacidad y daño moral del modo que lo relata la juez a-quo en su sentencia, y al que vale remitirse a fin de evitar una reiteración innecesaria.

La juez dictó su fallo en fecha 23-10-07. En él - y en la parte que nos interesa - dispuso hacer lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios incoada por la Sra. Claudia E. Cornejo, en los término previstos por el art. 184 del C.Com.; y condenar a la "Empresa de Pasajeros del Sur S.R.L." a pagar a la actora la suma determinada en los considerandos, en la forma allí especificada, e imponer las costas a la demandada.

Contra esa resolución se alza la actora a fs. 390 y la demandada a fs. 393.

La primera se agravia a fs. 408 por lo ínfimo de los montos mandados a pagar en concepto de daños a consecuencia del accidente de tránsito en el que participó, y de acuerdo al contrato de transporte.

Sobre el daño emergente, dice que el decisorio otorga la suma de $ 3.500 a la fecha del accidente, con intereses hasta el efectivo pago, cuando al demandar reclamó la suma de $ 5.525 por gasto de farmacia, asistencia médica, consultas médicas periódicas, tratamiento de rehabilitación y traslados; suma que no es caprichosa ni estimada porque como bien lo dice la sentencia es procedente sin necesidad de prueba, con la sola demostración que las lesiones a raíz del accidente la obligaron a concurrir a centros asistenciales. La juez pudo haber determinado la reparación en base a las lesiones. Aun cuando ciertos medicamentos se expiden sin factura, o no todos los médicos dan recibos, en este caso se tomó la precaución de documentarse; y como carecía de obra social, debió soportar los gastos con los recursos de sus padres, hermanos y amigos. En el caso está probado la lesión gravísima que sufrió, con documental e historia clínica, pericia de fs. 297, y testimonio del Dr. Sassul (fs. 260), fractura de columna lumbar, colocándosele corset ortopédico, desde el cuello hasta la cola con reposo absoluto por seis meses, y tratamiento fisiokinésico por dos años. Se vió obligada a comprar una cama ortopédica, el corset, y a firmar convenio con una clínica privada. Los traslados debió hacerlos en un automotor cuyo gasto en combustible está probado. Si es así, no entiende porqué no se acuerda el monto de $ 5.525 que resulta de sumar los gastos efectuados.

Sobre la incapacidad sobreviniente reclamó la suma de $ 35.000 en virtud de ser parcial y permanente. Está debidamente probada por testimonial médica, pericia médica y psicológica (fs. 307). El decisorio estima prudente la suma de $ 20.000 a la fecha del fallo (octubre/ 2007, a pesar que las actuaciones quedaron a despacho para resolver dos años antes). El a-quo recurre a la prudente estimación judicial autorizada por el art. 175 y 162 del C.P.C.. Afirma que estos artículos no tienen nada que ver, y no la autorizan a cuantificar el rubro a la prudente estimación judicial, por lo que desconoce cuál es la norma que le da tal autorización, descalificándolo por error esencial en derecho.

El fundamento dado por la juez para morigerar el monto indemnizatorio, art. 1.069, C.C. es falaz, porque esta norma tiende a proteger con carácter excepcional al deudor para no dejarlo en situación económica crítica, o muy penosa, al abonar la indemnización ordenada en la sentencia; y en el caso la demandada es una empresa de colectivos, única que realiza el tramo desde el Departamento Sarmiento a la ciudad de San Juan, no de una persona física que por circunstancias de la vida se ve obligada a tener que afrontar una indemnización por daños causados. Es una sociedad que se dedica al transporte de persona y como tal debería estar debidamente asegurada; pero en el caso solo tenía un autoseguro a través de una sociedad entre empresas denominada SUPO. Si bien es cierto que la determinación de ese monto no resulta de una operación matemática que sirva de sustento para decir el quantum, el juzgador debe recurrir al prudente arbitrio judicial, tomando como base ciertas pautas a los efectos de fijar la indemnización en forma equitativa. Considera que ha quedado con una incapacidad parcial y permanente del 25%; que tenía la edad de 25 años (al momento del accidente) una gran gama de actividades a la que podía haberse dedicado, las que ve enervada, y acotadas a las que pueda realizar. Atento a ello, y tomando una serie de casos similares que se hayan juzgado, es posible arribar a un "punto" de incapacidad, que es el resultado de dividir la indemnización acordada por la tasa de incapacidad, arribando a un valor medio denominado punto. Las compañías de seguro estiman el "punto" de incapacidad en la suma de $1.200 á 1.500, razón por la cual si la a-quo hubiera tomado esta práctica, ante una incapacidad del 25%, llegaría a un monto entre 30.000 y 37.500. Al que debe agregar lo que corresponde por la pérdida de chance, que si bien no es un rubro autónomo, debe meritarse relacionándolo con la incapacidad sobreviviente.

También reclama que el monto a pagar sea al momento del hecho generador del daño, o sea junio del 1.998, con intereses hasta el pago. La actora no tiene la culpa que por el sistema judicial, actividad de los abogados y del personal del juzgado la causa demore 10 años, viendo en estos años menguadas sus expectativas de poder iniciar alguna actividad comercial que le permita desarrollar su vida, adecuada con una incapacidad.

Sobre el daño moral, dijo que demandó la suma de $ 45.000. La sentencia admite el rubro pero manda pagar $ 20.000 a la fecha de la sentencia. Se agravia por el bajo monto que no se compadece con los padecimientos efectivamente sufridos; siendo desacertado. La juez a-quo no ha valorado prudentemente los padecimientos, ni el daño psicológico sufrido y que sufre en la actualidad. Está debidamente probado este daño con la pericial obrante a fs. 307. En el caso, sufrió el reposo absoluto por seis meses, el corset, el dejar de hacer actividad física, la posible consecuencia para ser madre, el daño psicológico, la inseguridad de la lesión, la incapacidad parcial y permanente, esto es objetivamente un daño irreparable, que todo el dinero que pueda percibir no compensa, por lo que el monto debe incrementarse al reclamado en la demanda.

El Dr. Hugo Marcos Quiroga por su representación, desiste del recurso que interpusiera, según lo dice a fs. 414. Asimismo, la demandada no contestó a los agravios de la actora, según certificación de fs. 416.

Tratamiento de los agravios:

El primero de ellos se refiere al monto que fija la juez para indemnizar el daño emergente. Considera la quejosa que ha sido reducido sin causa alguna.

Entiendo que le asiste razón a la apelante. No dió la juez ningún argumento que sostenga el monto fijado por ella, por lo que la reducción que hace apartándose, no solo de la prueba documental aportada por la actora sino también por la presunción que expresamente citara, debe revocarse y admitir como monto indemnizatorio la suma de $ 5.525 a la fecha del accidente.

Es que estando acreditado el siniestro, como así las consecuencias perjudiciales directas en la salud de la Srta. Cornejo, con las constancias del Sumario Penal que nos dice el origen de las lesiones (fs. 25 y 43) no eran necesarias otras pruebas para admitirlos. Sobre la innecesariedad de una demostración acabada de este rubro, cuando se han acreditado las lesiones, y que los medicamentos, tratamientos y traslados aparecen coherentes con aquellas, ha sido unánimemente receptado por la jurisprudencia de nuestra Cámara de Apelaciones según se detalla en sentencia del 24-1105 en autos N° 18.360 caratulados "Balmaceda, Diego R. c/ Villegas, Ernesto - daños y perjuicios", protocolizada en L. de S. Tº 92, Fº 143/161. Pero además, ha sido probada tal relación con las declaraciones de médicos, testigos, etc.. Por otra parte se han adjuntado distintas facturas, recibos y otros documentos conque se demuestran esos gastos, por lo que no resulta sin explicación que fije la indemnización en $ 3.500 cuando los comprobantes dan razón para acordar la que reclamara en el escrito de demanda, es decir $ 5.525.

La crítica que hace la apelante por el monto fijado como indemnización por la incapacidad sobreviniente se desdobla, por un lado en la cuantía y por otro, el momento al que se ha estimado.

Respecto de lo primero, la Srta. Cornejo critica la decisión de la sentenciante de primera instancia cuando se apoya en normas jurídicas que nada tienen que ver, como es el art. 175 y 162 del C.P.C, a la vez que es inaplicable el art. 1.069 el C.P.C. atendiendo a la calidad de la demandada.

Recordamos que la actora pretende ser indemnizada por este padecimiento con la suma de $ 35.000 calculados a la fecha del accidente, mientras que la juez acuerda la cantidad de $ 20.000 a la fecha de la sentencia.

Argumentó la sentenciante, luego de reconocer el 25% de incapacidad parcial y permanente que dictaminara el perito, que no constan los trabajos que normalmente desempeñaba la actora; y que esa incapacidad puede significar una limitación a su actividad física, pero en modo alguno incapacidad para trabajar; que en todo caso quedará limitada su actividad laboral en ese porcentaje.

Más alla del error en la mención del art. 175 del C.P.C. y la del art. 162, probablemente referido al Código Procesal de otra jurisdicción, entiendo que el agravio es procedente.

La reducción que propone la juez sentenciante se apoya en un solo aspecto de la vida de la actora, que es la laboral; sin atender que el dictamen del perito traumatólogo que se rinde a fs. 297-299 indican una incapacidad del 25% parcial y permanente "la que afecta su vida en todos los órdenes". Es decir que tiene incidencia no sólo en lo laboral, sino también en toda su vida de relación, sea en lo social, deportivo, esparcimiento, tareas del hogar, etc. Así fue invocado este perjuicio cuando demandó (según copia de fs. sub 16 vta.) al decir que "toda indemnización a un discapacitado permanente, debe ser de tal monto que le permita administrar los recursos necesarios para adquirir todos los elementos existentes en plaza para corregir su minusvalía y posibilitar su reinserción útil y fecunda en el orden social, familiar y laboral...". La perito psicóloga a fs. 309 explica cómo incide la experiencia vivida a raíz del siniestro en sus distintas conductas y actividades; por lo que aquel argumento de sentencia consistente en la no acreditación de actividad laboral, o incidencia de la incapacidad en este aspecto, no es suficiente para hacer una limitación como la contenida en el fallo apelado.

En cuanto a la morigeración que alude la juez tampoco aparece acertada. En primer lugar porque no fue solicitada por la Empresa de Pasajeros del Sur, y sabido es que importando un apartamiento del monto que realmente corresponde, en beneficio del deudor, no procede su aplicación oficiosa. Debe ser solicitada por quien pretende ampararse en la prescripción del art. 1.069 segundo párrafo del Código Civil; y ello, para que la víctima, que verá disminuida la suma que le corresponde, pueda ser oída. "Sobre el tema, es doctrina coincidente que los jueces no pueden atenuar de oficio las indemnizaciones, pues debe darse al actor la oportunidad procesal de ser oído (cfr. Llambías J.J., "Tratado de Derecho Civil Obligaciones , T°. III, N° 2171"; Belluscio-Zannoni, "Código Civil Comentado", vol. 5, pág. 47). Es que el estado de pobreza, o de penuria en el que quedaría, en el supuesto de tener que afrontar la justa indemnización, es una situación de hecho que debe ser probada por quien la invoca. No hay en el escrito de contestación de demanda, que en copia obra a fs. sub 23-27 ningún pedido en este sentido; ni prueba alguna que indique la pudiencia, o impotencia, económica de la demandada.

Ningún argumento aporta la juez para decir porqué la demandada es incapaz de saldar una indemnización sin caer en una difícil situación económica.

A ello se suma que es requisito para que proceda la atenuación, que el damnificado no se encuentre en igual situación de dificultad económica; y por lo que se ha probado en autos, con el beneficio de litigar sin gastos, no es la actora una persona pudiente económicamente como para rescindir parte de lo que en verdad le corresponde.

Sin embargo, advierto en esta actitud de la Sra. Juez, otra razón que me impulsa a considerar que es baja la suma fijada en primera instancia. Ello, porque si aplicando la morigeración que autoriza esa norma fija la suma de $20.000, entonces cabe concluir que el monto justo de indemnización es mayor.

En mérito de ello considero admisible el agravio y por tanto la suma de indemnización por incapacidad sobreviniente será la de $ 35.000.

En el fallo de esta Sala, citado anteriormente, se fijó una suma de dinero similar ante un caso parecido de incapacidad parcial y permanente.

El tiempo al que se calcula esta cifra es al del accidente, según consideraciones que se exponen más adelante.

El último de los agravios es por la suma indemnizatoria del daño moral.

Demandó la suma de $ 45.000 y la sentencia admite el rubro pero solo por $ 20.000 a la fecha de la sentencia, sin que la juez valore los padecimientos, ni el daño psicológico sufrido y que sufre en la actualidad.

También es acertada la crítica ya que si se observa el tratamiento que la juez a-quo hace al tiempo de ocuparse de este tema, a fs. 387 vta.-388 resulta que queda en apreciaciones de orden general, con citas de jurisprudencia y doctrina, sin recurrir a las constancias del expediente que es de donde podría obtener pautas en apoyo de su decisión. Simplemente dijo "..tener presente las lesiones sufridas y el tiempo de recuperación...".

La falta de exposición de cuál ha sido la valoración que hace, convierte en vulnerable su conclusión; y atendible la crítica de la apelante que reclama el incremento del monto fijado en vista que la sufrida se trató de una lesión en su columna vertebral, en una edad temprana (25 años) cuyas consecuencias le imponen un tratamiento de inmovilización, reposo, rehabilitación, medicación, etc. por un tiempo prolongado, que naturalmente genera la frustración de algunos proyectos e incertidumbre de poder realizar otros, miedos, inseguridad; que dejó secuelas en lo psicológico, pericia de fs. 307; dolores que persisten cuando se efectúan movimientos, una incapacidad permanente, que limitará sus actividades. En vista de ello considero que debe elevarse el importe fijado a la suma de $ 30.000.

En cuanto la fecha a la que se fijan los importes indemnizatorios por incapacidad sobreviniente y daño moral entiendo que debe ser la del accidente, y desde ese entonces se deben intereses hasta el momento del efectivo pago.

En el caso citado anteriormente, con sentencia protocolizada en L. DE S. Tº 92, Fº 143/161, dijimos que "...se torna aplicable la doctrina autoral y jurisprudencial, cuyos postulados compartimos, la cual sostiene que la sola circunstancia de que la deuda pueda considerarse ilíquida no es obstáculo para que el deudor se halle incurso en mora ni impide el curso de los intereses moratorios. Es decir, la iliquidez de la deuda no impide que ésta devengue intereses moratorios, siempre que sea cierta en cuanto a la existencia y legitimidad de la obligación (Wayar, Ernesto Clemente, ob. cit., pág. 303, Belluscio, Augusto C. - Zannoni, Eduardo A., "Código Civil y Leyes complementarias" (Ed. Astrea) pág. 127, entre otros autores.). Además de ello, se debe tener en cuenta que durante el tiempo acaecido entre la producción del daño y su resarcimiento, el deudor responsable de indemnizar el menoscabo retiene en su patrimonio la suma establecida para resarcir, lo cual presume que la misma generaba en su favor intereses o tenía la posibilidad de hacerlo, en detrimento del acreedor perjudicado.

Por esas razones, el momento de la determinación de la cuantía resarcitoria es irrelevante a los efectos de determinar la procedencia de los intereses por el retraso en abonar la suma dineraria fijada como indemnización..." (L. de S. Tº 74 Fº 86/96 - marzo 1999).

En este sentido, recientemente la Corte de Justicia, en el caso "Veragua, Sixto." pone claridad en el tema al establecer que "los intereses se adeudan desde la fecha del infortunio, atento que desde esa fecha también se adeuda la indemnización. ....." En mérito de ello voto por tener por desistido a la demandada del recurso interpuesto a fs. 393. Admitir parcialmente el recurso interpuesto por la actora, en consecuencia fijar el rubro indemnizatorio por incapacidad en la suma de $ 35.000 a la fecha del accidente. Fijar el rubro daño moral en la cantidad de $ 30.000 a igual fecha. Determinar el rubro gastos de farmacia y asistenciales en la suma de $ 5.525, fijando los intereses a partir de la fecha de siniestro. Las costas son a cargo de la demandada vencida.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: tener por desistido a la demandada del recurso interpuesto a fs. 393. Admitir parcialmente el recurso interpuesto por la actora, en consecuencia fijar el rubro indemnizatorio por incapacidad en la suma de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000) a la fecha del accidente. Fijar el rubro daño moral en la cantidad de Pesos Treinta y mil ($ 30.000) a igual fecha. Determinar el rubro gastos de farmacia y asistenciales en la suma de Pesos Cinco mil quinientos veinticinco ($ 5.525), fijando los intereses a partir de la fecha de siniestro. Las costas son a cargo de la demandada vencida.

Los DRES. PASCUAL E. ALFERILLO y CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Tener por desistido a la demandada del recurso interpuesto a fs. 393. Admitir parcialmente el recurso interpuesto por la actora, en consecuencia fijar el rubro indemnizatorio por incapacidad en la suma de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000) a la fecha del accidente. Fijar el rubro daño moral en la cantidad de Pesos Treinta y mil ($ 30.000) a igual fecha. Determinar el rubro gastos de farmacia y asistenciales en la suma de Pesos Cinco mil quinientos veinticinco ($ 5.525), fijando los intereses a partir de la fecha de siniestro. Las costas son a cargo de la demandada vencida.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.