Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-07-01


CONSIDERANDO:	I. Que contra la sentencia de a fs. 584/591 el codemandado Antonino Francisco Aráoz interpuso recurso de inconstitucionalidad a fs. 595/597 vta.

Sostiene el recurrente que lo resuelto adolece de arbitrariedad sorpresiva por cuanto en su punto II rechazó su recurso de apelación y en el punto III hizo lugar al interpuesto por la actora, condenándolo al pago de una indemnización fijada en la suma de $ 150.000. con interés del 24 % anual e imponiéndole las costas.	Dice que dicha suma fue determinada de modo arbitrario y sin apoyo legal, basándose sólo en la voluntad de los sentenciantes y con evidente apartamiento de los extremos fácticos de la causa.	Concretamente se agravia porque en la sentencia se afirma que su parte omitió cuestionar lo establecido por el Sr. Juez en grado respecto a la defensa que interpuso al contestar la demanda, relativa a supuestos encargos de la locadora de la obra que no habrían estado previstos en aquél contrato. En referencia a esta afirmación expresa que ése fue el principal argumento que expuso al contestar demanda y en el memorial. Considera que en la sentencia impugnada no se contempló la efectiva y real modificación contractual que, en su criterio, resulta indubitablemente acreditada; insiste en que, no obstante lo convenido en la cláusula tercera del contrato, ha sido probado que la modificación existió en los hechos por lo que -en su opinión- no puede ser desconocida de acuerdo al principio de verdad objetiva.	Entiende que, asimismo, la conclusión viola su derecho de igualdad pues porque hubo modificación del contrato es que aceptó dirigir una construcción más grande que la originalmente planteada, lo que no pudo hacer sin materiales y personal necesario, razón por la que no logró lo que se propuso y ello -asegura- se debió a que la actora sólo pagó lo necesario para una pequeña vivienda de madera. En síntesis, asevera que existió la modificación que la sentencia desconoce "simplemente por una cláusula escrita en un precario y simple contrato" y "cuestiones íntimas de los Camaristas" no expuestas en la sentencia.	Aduce la violación de su derecho de propiedad debido a que al fijar el monto y la correspondiente tasa de interés la Alzada habría dejado sin considerar ocho años de trabajo, estableciendo un monto a su entender arbitrario.	Considera que se encuentra probada la total inexistencia de daño y que la demanda debe ser rechazada, invocando también el derecho constitucional de defensa en juicio.	Los autos se encuentran a Despacho, conforme providencia de fs. 598.	II. Que el remedio extraordinario, de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, lejos de constituir la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y por ello no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien vicios de entidad grave como para producir una lesión a un principio constitucional o su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito preciso de la doctrina de la arbitrariedad (CJSalta, Tomo 64:855; 72:581; 100:139).	En este orden, se ha sostenido reiteradamente que la correcta deducción del recurso extraordinario exige la crítica concreta de la sentencia impugnada, desde el estricto punto de vista constitucional, para lo cual el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el "a quo" para arribar a las conclusiones que lo agravian (CSJN, Fallos, 304: 1127; CJSalta, Tomo 68:719).	III. Que, para conceder o denegar el recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal de Alzada debe fundamentar adecuadamente su decisión precisando si el recurrente dio cumplimiento con los requisitos formales correspondientes, si se trata de sentencia definitiva dictada por el superior tribunal de la causa, si existe relación directa con la cuestión federal invocada o si de un análisis circunstanciado de la causa se desprende el supuesto de arbitrariedad alegado por el recurrente (cfr. Sagües, Néstor Pedro; "Recurso Extraordinario", Tomo 2, ed. 1992, p. 498 y ss.).	Este examen debe hacerse, además, valorando los agravios desde la óptica del recurrente, efectuando un juicio de probabilidades sobre la afectación de derechos o principios constitucionales (Corte de Justicia de Salta, Tomo 143:953).	IV. Que, bajo las premisas señaladas, se advierte en primer término que el recurso fue interpuesto dentro del término de ley, conforme constancias de fs. 594 y 597 vta., y que la atacada es una sentencia definitiva.	No obstante, el recurso interpuesto apunta, en realidad, a cuestionar la interpretación que la Sala hizo de la prueba rendida en la causa y ponderada en la sentencia y la conclusión según la cual fueron insuficientes los agravios apelativos del codemandado para controvertir lo decidido en primera instancia (punto II de fs. 590 vta.) y, por el contrario, aptos los vertidos por la actora para dejar sin efecto el punto II de fs. 521 vta. (pto. III, fs. 591); dicha impugnación resulta ajena a la consideración de la Corte de Justicia local a la que, por lo demás, le está vedada toda decisión que remita a aspectos privativos de los jueces de la causa, como son los relativos a la selección y ponderación de pruebas y a la interpretación de aspectos fácticos de la litis (cfr. doctrina CJSalta, Tomo 92:413, entre muchos otros), que es precisamente lo que aquí ocurre.	Es que, dentro del limitado marco de análisis que compete a este Tribunal, se advierte que los argumentos del recurso extraordinario en lo que respecta a los vicios que el recurrente imputa al pronunciamiento en cuestión, que acoge respecto del Sr. Antonino Francisco Aráoz la demanda y lo condena al pago de una suma indemnizatoria y sus respectivos intereses, remite al examen de cuestiones de hecho y prueba propia de los jueces de la causa y ajenas, en principio, al recurso intentado. En este sentido es dable insistir que lo referido al modo en que los jueces de la causa evalúan las constancias de hecho no es susceptible de revisión en la instancia excepcional del recurso de inconstitucionalidad, como tampoco su valoración, interpretación y decisión sobre aspectos de hecho, prueba y derecho común (CJSalta, Tomo 54:419; 168:497, entre muchos otros).	En definitiva, la supuesta cuestión constitucional que se alega en el recurso alega -violación de su derecho de defensa pues la fundamentación expresada en el fallo impugnado resulta a su entender carente de sustento, como también vulneración de los derechos de igualdad y propiedad- revela sólo una divergencia de la recurrente con los fundamentos dados por este tribunal para arribar a la solución que ataca, sin que se verifique la causal de arbitrariedad argüida ni se efectúe un suficiente planteo de índole constitucional como para que se posibilite la apertura de la instancia extraordinaria.	En efecto, es dable señalar que en el fallo atacado se destaca lo acordado en el convenio agregado a fs. 2/3 y se arriba a la conclusión de que, no existiendo acuerdo expreso y escrito de la propietaria, la defensa del ahora recurrente basada en la supuesta modificación de las condiciones de la obra -que justificaría su incumplimiento- no podía ser atendida. En el remedio extraordinario el Sr. Aráoz se limita a insistir que, sin perjuicio de lo convenido, de la prueba surge que en los hechos sí se produjo la modificación por él alegada. En síntesis, se trata de la aplicación al caso de normas de derecho común (arts. 519 al 522 del Código Civil) y de aspectos atinentes al material probatorio, como ya se dijo.	Por lo demás, al intentar fundar la alegada arbitrariedad del Tribunal respecto a la suma precisada en concepto de indemnización por daños y perjuicios, expresa el recurrente que no se tuvo en cuenta el trabajo desarrollado a lo largo del proceso y que la estimación carece en absoluto de fundamento. No obstante, no intenta rebatir el cálculo efectuado por el Tribunal teniendo en cuenta los montos entregados por la actora, los gastos de vivienda que pudo haber efectuado y las aflicciones generadas por la falta de entrega de la obra, lo quita fundamento a la invocada vulneración de derechos constitucionales.	V. Que, en definitiva, ante la ausencia de precisión de una cuestión constitucional apta para abrir la instancia extraordinaria, el recurso bajo análisis debe ser denegado.	Por ello,	LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	________________________ RESUELVE:	I. DENEGAR el recurso extraordinario interpuesto a fs. 595/597 vta.	II. MANDAR se copie, registre, notifique y bajen.