Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-22


HERNANDEZ, María E. contra FRIGORÍFICO PALADINI S.A.I.C.F.A. e I.

Reg.: A y S t 205 p 427-431. En la ciudad de Santa Fe, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "HERNANDEZ, María E. contra FRIGORÍFICO PALADINI S.A.I.C.F.A. e I. sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 439, Año 2002). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?, y TERCERA: en consecuencia, qué resolución corresponde dictar. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Vigo, Gastaldi y Netri. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. Por resolución registrada en A. y S., T. 183, pág. 162, esta Corte admitió la queja y, en consecuencia, concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia de la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, por las razones entonces expuestas. En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro motivos para apartarme de aquella conclusión provisoria, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 251/253 v. Voto pues, por la afirmativa. A la misma cuestión el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

1. En la presente causa la actora promovió juicio por cobro de pesos -con fundamento en el artículo 8, inciso c, de la ley 9.688- pretendiendo el pago de la indemnización de las "enfermedades del trabajo" (afección de columna e hipoacusia bilateral) que habrían sido contraídas durante el tiempo en que prestó servicios a las órdenes de la accionada (relación laboral que, sostuvo, estuvo vigente entre el 1.V.1979 y el 12.XI.1991), y de las cuales habría tomado conocimiento en virtud de sendos estudios realizados en fechas 29 y 30 de octubre de 1991 (fs. 5/8). Corrido traslado de la demanda, Paladini S.A.I.C.I.A. e I. se opuso al progreso de la misma postulando que las labores desarrolladas por Hernández no podían ser causa de las dolencias que decía padecer, que ella nunca denunció al servicio médico de la empresa ni ante organismo administrativo alguno, añadiendo que al renunciar la actora a su empleo se efectuó "en sede judicial un acta de desvinculación en donde la misma manifiesta expresamente que se retira de la empresa con su salud práctica laboral intacta", extremo que también podía constatarse a partir del examen médico de egreso y de las radiografías y estudios audiológicos realizados en tal ocasión (fs. 18/24). Tramitada la causa, el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N 8 de la ciudad de Rosario hizo lugar a la demanda, con costas (fs. 172/173 v.). Apelado que fuera tal pronunciamiento, la Sala lo revocó por sentencia de fs. 200/202 v., desestimando la misma demanda, con costas. Para así resolver consideró la Sala que en el caso resultaba decisivo que la actora al renunciar "reconoció el examen médico que (se) le había realizado y las fichas que demuestran que al momento del egreso se encontraba sana", a lo que se agregaba que en la audiencia de trámite también había reconocido el acta judicial que reflejó su renuncia, siendo "obvio" que a partir de dicho reconocimiento debía inferirse "la ratificación de lo expresado en el instrumento de que al rescindir el contrato de trabajo no padecía incapacidad que mereciera indemnización alguna. Agregó que tal declaración -"libre y total"- acreditaba no sólo la radicación de la demandante de "que en el examen post ocupacional no se detectó incapacidad alguna, sino también que en su entendimiento al retirarse de la empresa se encontraba sana y nada se le adeudaba con motivo de la relación laboral, sobre todo cuando, según se expresa en la demanda, tomó conocimiento de su padecimiento columnario el 30.10.91 a través de una radiografía y (de) su minusvalía auditiva el 29.10.91, por medio de un estudio audiométrico", por lo que en definitiva "la sentencia cuestionada omite valorar la decisiva confesión y menos aún considerar que la minusvalía fue detectada mucho después del cese de la relación laboral (entre tres y cinco años)". "El hecho -concluyó el Tribunal a quo- de que la demandante no padeciera secuelas físicas al cese de la prestación laboral, impide justificar no sólo la responsabilidad del empleador sino también el derecho de la actora de cobrar indemnización alguna". 2. Contra el fallo de la Alzada dedujo la actora recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 , de la ley 7.055. En su presentación se agravió de que la Sala formula una afirmación dogmática cuando considera que el reconocimiento de fichas médicas, examen de ingreso y acta de desvinculación es una ratificación de su contenido con los alcances de los artículos 1028 y 1029 del Código Civil, tesis que resulta arbitraria en la medida que atribuye a la simple signatura de la ficha médica el efecto de reconocer declaraciones médicas que están fuera de la comprensión de la actora, al tiempo que no tiene en cuenta que los citados preceptos reglan el reconocimiento de documentos emanados del propio firmante, mientras que en la ficha médica se contienen declaraciones de los médicos, no teniendo la firma de la actora más valor que el de una constancia de su presencia el día señalado en la ficha. Sostuvo que el a quo también pr Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 218/224) la Sala denegó la concesión del recurso por auto de fs. 229/230, accediendo la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja, como se expresara al tratar la primera cuestión. 3. El detenido estudio de autos me convence de que la impugnación planteada ha de merecer favorable acogida en esta instancia, pues si bien es cierto que los agravios esgrimidos remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común que, en principio, no habilitan la vía intentada (por ser materia privativa de los jueces ordinarios), en el sub lite corresponde hacer excepción a dicha regla al comprobar que la solución de la Alzada se aparta de principios de directa aplicación al caso y confiere un tratamiento irrazonable a las constancias del expediente, lo cual determina que aquélla no puede ser vista como la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. En ese sentido, y conforme surge del relato efectuado ut supra, procede destacar que el a quo fundó su decisión en determinados actos de Hernández -cuando al absolver posiciones en el marco de la audiencia del artículo 51 del código de rito, "reconoce su firma en las fichas médicas exhibidas" y "reconoce el convenio de renuncia al trabajo" (fs. 34)-, atribuyéndole a los mismos el valor de una ratificación/aceptación de las constancias existentes en las fichas médicas y en el "convenio de renuncia al trabajo", que importaba que la actora habría reconocido no poseer ningún tipo de incapacidad laboral. Dicha conclusión resulta arbitraria en la medida en que parte de premisas que no pueden verosímilmente justificarla: así, si se piensa en las mentadas "fichas médicas" que llevaba el Frigorífico Paladi Pero lo que en verdad aparece como decisivo para la suerte del recurso es que los sentenciantes se fundan especialmente en la existencia de un "acuerdo" al que se habría arribado en el marco de una audiencia de conciliación, al que se le confiere el valor de un reconocimiento por la actora de que de "su examen médico de egreso (...) resulta que la misma no posee ningún tipo de incapacidad laboral" (cláusula quinta), reconocimiento que habría sido reiterado por Hernández a través del acto de reconocer su firma a fs. 34, y que fulminaría su pretensión indemnizatoria. Si bien es cierto que el acuerdo en cuestión luce como de fecha posterior (12 de noviembre de 1991) a la de los estudios a partir de los cuales Hernández habría descubierto sus dolencias, no es menos cierto que la Alzada, al conferirle la apuntada decisividad, ha omitido absolutamente la ponderación de extremos conducentes, como el constituido por el hecho de que no existe constancia alguna de homologación del "acta de desvinculación", pues en definitiva se frustraron los intentos de obtenerla del Juzgado "donde se efectuó la transacción acompañada" (decreto de fs. 165 v., notificado a la demandada por cédula de fs. 166; intimación de fs. 167 v., notificado a la misma parte a fs. 168), lo cual motivó que la actora solicitara que se dicte sentencia teniendo presente que "la demandada no ha dado respuesta, evidenciando su desinterés al respecto" (fs. 169, lo cual fue hecho saber a su contraparte a fs. 170, guardando ésta silencio). No obstante que, conforme jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la ausencia de homologación por autoridad competente -en el caso, judicial- "no es motivo para desconocer sin más" las consecuencias del convenio, ello es en la medida que el principio de irrenunciabilidad a cuya protección se dirige el requisito de la homologación no se vea "afectado en modo alguno" ("Gatarri, Alfredo c. Cometarsa Construcciones Metálicas Argentinas S.A.I.C.", agosto 23-1998, en D.T., 1989-A, 585; también, Fallos, 313:342), y en el caso concreto no podía ignorarse que concurrían circunstancias de necesaria ponderación a los fines de reconocerle eficacia jurídica a dicho acuerdo, vinculadas con que: a) no ha sido acreditado fehacientemente que se trate de un "acta judicial" -como lo pretende la demandada a fs. 187 (mereciendo el explícito cuestionamiento de la actora al contestar los agravios a fs. 192)-; b) del texto del acta no resulta que Hernández haya actuado con asistencia letrada (a diferencia de Paladini S.A., representada por su apoderado) -contra las normas que al respecto rigen en el ámbito procesal (artículo 12 del código de rito)-, y c) en definitiva -y principalmente-, se trata de un acto que por su contenido significa una renuncia a beneficios establecidos en las leyes laborales (como el que fundamenta el reclamo indemnizatorio intentado en autos -vide "Gatarri", cit., cons. 5 -), por lo que se imponía una especial prudencia en el razonamiento a fin de evitar que el mismo se desentendiese de las implicancias -cuyos alcances en el caso concreto no corresponde que sean precisados por esta Corte- derivadas del principio de irrenunciabilidad consagrado en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo (concordante con el artículo 13 de la ley de accidentes de trabajo) y del propio principio de formalidad de los acuerdos liberatorios (artículo 15, lex cit., al cual remitía la ley), que encuentran su fundamento último en el principio protectorio del trabajador, de raigambre constitucional e inexcusable consideración, y frente a los cuales no es dable alegar el "valladar infranqueable" de la teoría de los actos propios, como lo pretende la demandada a fs. 222 v. Por lo expuesto no cabe sino anular la sentencia impugnada por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda el ordenamiento constitucional, debiendo remitirse la causa al tribunal que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente juzgada. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055). Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente juzgada. Así voto. A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas. Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda, a fin de que la misma sea nuevamente juzgada. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe. Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)