marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, remuneración en especie, tarjeta de crédito, cargas sociales
Materia: LABORAL
Carátula: Nigro, Juan Santiago  c/ Banco Saenz S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

La tarjeta de crédito otorgada por la entidad bancaria al trabajador debe considerarse como un rubro remuneratorio pues es dable considerarla como la contraprestación por la labor cumplida. Constituye un salario en especie toda vez que otorga al trabajador la oportunidad de obtener beneficios o ganancias al utilizar dicha tarjeta en beneficio propio. Este beneficio tiende a sustituir gastos que el trabajador debería hacer de su propio bolsillo y, como tal debió constar en los registros de la empleadora (art. 52 LCT) y en los recibos de haberes (art. 138 LO). La circunstancia de que los pagos no figuren en los registros como remunerativos tiene como único objetivo, disminuir las cargas sociales y hacer menos oneroso el denominado costo social. En niveles de capacitación altos, y tratándose de empleados de jerarquía, las empresas integran el ingreso del trabajador con beneficios, no ya para mejorar su calidad de vida, sino para retenerlo y evitar la migración hacia la competencia que puede tentarlo con tales beneficios y aún otros mayores. En el caso de la entrega de la tarjeta corporativa no resulta aplicable la multa del art. 1 de la ley 25.323, toda vez que dicha norma describe una conducta omisiva (omisión del registro o registro legalmente deficiente), y en todo caso lo que plantea este beneficio otorgado al trabajador es un criterio discutible en torno a su naturaleza remuneratoria. (Del voto de la Dra. González, en minoría)
Escritos judiciales, firma de las partes, imagen de la firma, falta de firma, inexistencia del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Hugo Celso c/ Frigorífico 101 La Estrella SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-05

La presentación judicial efectuada por un letrado patrocinante que contenía una firma de la parte recortada y pegada de otro documento resulta un acto procesal inexistente, por lo que resulta inadmisible la confirmación del escrito sin firma del interesado e insusceptible de convalidación posterior, habida cuenta que el escrito que no se encuentra firmado por el peticionario es jurídicamente inexistente y carece de vivencia procesal y la imposibilidad de sanear el acto inexistente es total. La firma es una condición esencial para la existencia del acto jurídico, y no puede quedar librada a manifestaciones posteriores de quien sostiene que le pertenece, o a la ratificación del firmante.
Procedencia del recurso, recurso de casación, RÍO NEGRO, Superior Tribunal de Justicia, homicidio, muerte de un menor, revocación de sentencia, indemnización, responsabilidad del Estado por actos lícitos, factores atributivos de responsabilidad, falta de investigación del hecho, inspección ocular, prueba de ADN, falta de prueba, carga de la prueba, relación de causalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Martinez, Servilio Damián y otra c/ Provincia de Río Negro (Poder Judicial) s/ daños y perjuicios s/casación
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-08-02

Cabe hacer lugar al recurso de casación deducido por la provincia condenada en las instancias anteriores que le atribuyeron responsabilidad por la indebida acción judicial de quienes tenían a cargo la investigación criminal del asesinato del hijo de la familia actora, revocando en consecuencia lo dispuesto toda vez que no pudo acreditarse que con la inspección ocular del local donde sucedió el hecho y la realización del examen de ADN sobre la prenda secuestrada al inicio de la investigación, extremos sobre los que se basó el pronunciamiento condenatorio, se hubiera logrado torcer el curso del proceso obteniendo el esclarecimiento de los hechos y la individualización de los responsables.
Intervención de terceros, desistimiento de la acción
Materia: PROCESAL
Carátula: Tuninetti, Walter Guillermo  c/ Caelar SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-06

Corresponde rechazar la pretensión del tercero citado en los términos del CPR 90-1°, que luego del desistimiento de la acción y del derecho efectuado por la parte actora en los términos del CPR 304 y 305, pretendió sustituirla procesalmente a fin de proseguir el trámite de las actuaciones.
Despido, daño psíquico, reparación integral, mobbing, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Duarte, Ramón c/ Derudder Hnos. Rotamund U.T.E. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-21

El actor que se desempeñaba como chofer para micros de turismo reclamó a las entidades demandadas la reparación patrimonial integral por daño psicológico que apoyó en las en el desempeño de largas jornadas laborales y en el maltrato a que fue sometido por un superior, es decir situaciones de abuso laboral y mobbing que llevaron a que se le prescribiese licencia médica. No cabe hacer lugar al reclamo por daño psíquico pues durante el curso de la relación de trabajo, tuvo lugar la muerte súbita de uno de sus hijos, su posterior ruptura matrimonial y un siniestro por el cual al actor le fue reconocida incapacidad psíquica, esto es episodios personales ajenos a su actividad laboral y que pudieron afectarlo mentalmente sin que exista nexo causal con el trabajo. (Del voto del Dr. Pose, en minoría).
Procedimiento policial, acta de detención, acta de secuestro, requisa personal, nulidad procesal, derecho a la intimidad
Materia: PENAL
Carátula: Pema, N.S. y otra c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-04

Debe declararse la nulidad de las actas de detención, secuestro y de todos los actos que se materializaron como consecuencia de las mismas, como consecuencia de un procedimiento efectuado en un centro comercial, porque las constancias incorporadas al sumario impiden afirmar que se hubiera cumplido con el art. 230 bis del CPPN, que reglamenta los supuestos en los que se puede afectar el derecho constitucional de la intimidad de una persona. Asimismo, ninguna de las circunstancias referidas por el personal interviniente permite presumir de manera objetiva que las imputadas habían cometido previamente un hecho ilícito, y por ello, la requisa practicada por el personal policial mientras que las imputadas estaban detenidas, no fue justificada al no haber existido circunstancias previas y objetivas y, por lo tanto, merece ser invalidada al igual que todos los actos materializados con posterioridad (arts. 166, 168 y ccs. del CPPN y 18 y 19 CN).
Denegatoria del recurso, ejecución prendaria, intimación de pago, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Plan Rombo SA de Ahorro para fines determinados  c/ Castro Marquez, Javier Rafael y otro s/ ejecucion prendaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

Cabe desestimar la apelación incoada contra la resolución que difirió la pertinencia del secuestro del automotor prendado, a las resultas de la intimación de pago y citación para oponer excepciones ordenada en las presentes actuaciones, pues ello no configura un gravamen actual e irreparable (cfr. CPR 242), al no haber recaído a un pronunciamiento respecto de la pertinencia del secuestro.
Personas con discapacidad, pensión por invalidez, pensiones no contributivas, derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa B., R. A. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

La pensión no contributiva por invalidez es una prestación dineraria conferida ante la situación de precariedad económica y la dificultad para generar ingresos laborales, y resguarda el derecho a la seguridad social, que cubre los riesgos de subsistencia (art. 14 bis, Constitución Nacional y art. 9, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales); y el acceso a un nivel de vida adecuado, que comprende alimentación, vestido y vivienda, como así también una mejora continua de las condiciones de existencia (art. 11, inc. 1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), mientras que la cobertura de salud, por el contrario, se relaciona con el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (75, inc. 22, Constitución Nacional, art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por ley 23.313, y arts. 25 y 26 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por ley 26.378). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Medidas cautelares, medicina prepaga, aumento de cuota, cobertura médica, derecho a la salud, situación de vulnerabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: C., C. A. c/ OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios s/ amparo s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-09

Debe tenerse en cuenta que lo que se encuentra en juego es el derecho de la salud, y ello agudiza el grado de vulnerabilidad frente a las ecuaciones económicas propias del sistema de medicina prepaga. En tal sentido, se advierte que mediante la cautelar solicitada, la intención del accionante no es otra que la de neutralizar provisoriamente las consecuencias de los aumentos que pondrían en peligro la continuidad del contrato y las prestaciones que requiera del proveedor del servicio médico.
Juicio ejecutivo, ejecución de sentencia, subasta, honorarios del martillero, costas
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Marconi, Guillermo Victorio y otro  c/ Carrizo, Pedro Sixto - Maria Bono - Vicente Fusca - Ana Maria Fusca y otros  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-23

Pretendiendo el actor la ejecución de la sentencia mediante el remate del inmueble embargado en autos, la designación del martillero lo fue en el interés del proceso y por ende, de la parte ejecutante, por lo que, en situaciones como las que nos ocupa, en donde la subasta ordenada se ha visto suspendida conforme la LCQ 21, no cabe atar la suerte del cobro del total de sus emolumentos a la solvencia del condenado en costas -véase que la tarea de dicho experto involucró un trámite necesario e indispensable dentro del procedimiento de ejecución de sentencia-. Ante ello, estímase procedente el reclamo del martillero frente el actor no condenado en costas, atento que los accionados se encuentran en trámite concursal, lo que revela suficientemente su insolvencia (arg. esta CNCom, Sala B, 31/08/95, "Calderone Yori, Jose c/ De Candido, Maria s/ ejecutivo").
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, sentencia arbitraria, cuestión de derecho público local
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Iriarte, Luis y otra c/ Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-27

Corresponde desestimar la tacha de arbitrariedad del decisorio si las críticas que el recurrente procura introducir se limitan a ser meras discrepancias con la resolución adoptada por el tribunal local sobre temas de derecho público provincial que, más allá de su acierto o error, no revisten entidad suficiente como para privar al pronunciamiento de su validez decisoria (Voto de los jueces Rosatti y Maqueda).
Acción de amparo, costas en el orden causado, fundamentación de sentencias, apartamiento de las constancias de la causa, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa G., P. J. c/ Medicus s/ ley de discapacidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-27

Es arbitraria la sentencia que impuso en el proceso de amparo las costas en el orden causado, pues prescindió de las circunstancias de la causa y a pesar de haber admitido la cobertura de las prestaciones solicitadas por el actor, modificó la imposición de las costas para distribuirlas en el orden causado en ambas instancias, sin atender al resultado del pleito.
Despido, monto de la indemnización, sanciones conminatorias
Materia: LABORAL
Carátula: Neto Paredes, María Belén c/ Choikue S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-29

La actora se agravia por el capital por el que la juez de grado hizo lugar a la sanción prevista en el art. 132 bis de la LCT. En cuanto al alcance de la sanción, según criterio anterior de la Sala, correspondería extenderla más allá del período reclamado y con proyección futura. Sin embargo un nuevo estudio de la cuestión consecuente con la finalidad de la norma y el tipo de conducta sancionada que propende a una cuantificación del daño proporcionada con las circunstancias de cada caso conducen a circunscribir dicha cuantificación en la etapa de conocimiento tal como fue dispuesta en la sentencia de primera instancia. Ello a las resultas del cálculo que corresponda efectuar en la etapa del art. 132 de la ley 18.345. Una vez determinado el resultado de esa última etapa, corresponderá el ejercicio de las facultades judiciales respecto de dicho resultado de conformidad con el criterio aplicable en materia de condenas conminatorias, dado que la índole de la sanción en cuestión conceptualizada como conminatoria por el propio texto del art. 132 bis de la LCT permite que sea asimilable en su extensión y apreciación judicial a ese tipo de condenas previstas en el derecho común como expresión de normas y principios jurídicos superiores (arg. art. 804 Código Civil y Comercial de la Nación y art. 19 y concordantes de la Constitución Nacional). En este marco el planteo realizado por la actora se torna prematuro con el propósito de elevar la sanción y consecuentemente, mantener la condena como fue dispuesta a las resultas de su cuantificación y eventual revisión en la etapa del art. 132 de la ley 18.345, donde será evaluada al igual que con las astreintes.
Fundamentación de sentencias, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General en la causa Agüero, Julio César c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-24

La decisión judicial exige, como primer paso lógico, la delimitación de los hechos (elemento fáctico), la identificación de la norma aplicable (elemento normativo) para elaborar el juicio de subsunción (elemento deductivo); así, cuando, mediante este procedimiento, se comprueba que existe una norma jurídica aplicable, los jueces no pueden apartarse de ella (Voto del juez Lorenzetti).
Revocación de sentencia, aprobación de la liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: Rossi, María Rosa  c/ Espasa SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-23

Cabe revocar la decisión que dejó sin efecto la aprobación de la liquidación dispuesta, así como la transferencia ordenada; y, ordenó se practiquen nuevas cuentas en función de lo allí establecido. En el caso, la parte actora practicó liquidación la cual no fue objetada por ninguna de las demandadas, habiendo incluso una de ellas dado expresamente en pago las sumas depositadas. No existe razón para apartarse de aquello que no fue objeto de controversia por los demandados; máxime cuando se trata de derechos patrimoniales que entran claramente en el ámbito de lo disponible y las sumas liquidadas por la demandante fueron dadas expresamente en pago. Es que, en todo caso, el reticente obrar de quienes pudieron observar la liquidación practicada y se encontraban libres para revertir los alcances de la misma, ha conllevado por defecto la conformidad con la extensión de los derechos adquiridos por la actora. Y de este modo, aquella adquirió un carácter inmutable y cuya proyección perjudica irremediablemente la viabilidad de su ulterior cuestionamiento, que de manera tangencial pretende eludir las consecuencias legales de tal decisorio firme (cfr. esta Sala, mutatis mutandi, 15/12/09, "Droguería Dronor SA c/ Banco Patagonia SA s/ ordinario", Expte. N° 055101/07).
Revisión judicial, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General en la causa Agüero, Julio César c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-24

Resulta ajeno al control judicial el examen sobre la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (Voto del juez Lorenzetti).
Juicio ejecutivo, tercería de dominio, regulación de honorarios, ley vigente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gonzalez Miguez, Walter  c/ Pianarosa, Ezequiel Nicolas y otro  s/ ejecutivo s/ incidente de terceria de dominio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

Ello por cuanto para regular los emolumentos regulados en las tercerías existe un óbice normativo en tanto la ley 27423: 47 fue observado por el Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 1077/17) dejando sin pauta retributiva aplicable a las mismas, debiendo recurrir frente a tal imprevisión normativa a las fuentes que presenten mayor proximidad analógica en razón de la materia.
Admisibilidad del recurso, revocación de sentencia, juicio sumario, queja por apelación denegada, multa, defensa en juicio, debido proceso
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social c/ Nuestra Señora del Rosario S.A. U.T. s/ queja. expte. Administrativo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-09

La accionada interpuso recurso de queja contra la resolución dictada por la Dirección de Fiscalización de la Secretaria de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el marco de un proceso sumario. Ello así, toda vez que por medio de dicha resolución fue denegado el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que la condenaba a pagar una multa en los términos del art. 11 de la ley 18.695. Alega no disponer de recursos para hacer frente a la multa, y solicita la declaración de inconstitucionalidad de la norma porque lesiona el derecho a ser oída, así como el acceso a un debido proceso. El art. 11 de la ley 18.695 reglamenta el procedimiento para la aplicación de sanciones por infracciones a las normas de ordenamiento y regulación de la prestación del trabajo. Asimismo, dispone que la resolución que imponga la multa podrá ser apelada previo pago dentro de los tres días hábiles administrativos de notificada. En este marco, negar el acceso a la doble instancia por motivos que constituyen el eje de la controversia implicaría incurrir en una irrazonable denegatoria al acceso a la justicia, por un límite meramente formal-adjetivo. Ello así, pues las normas de forma deben estar al servicio de los derechos subjetivos, ya que, hacerlas funcionar en este sentido asegura la efectividad de la aplicación del derecho. Ante un conflicto de orden formal, corresponde estar a la preservación del derecho de defensa y del acceso a un debido proceso. Por ello resulta inconstitucional el art. 11 de la ley 18.695, en tanto importa un obstáculo irrazonable para el ejercicio de los derechos subjetivos. Debe revocarse la resolución que denegó la apelación y concederse el recurso de apelación con efecto inmediato. (Del voto de la Dra. Cañal al que adhiere el Dr. Perugini quien expresa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la regla "solve et repete" no es por si misma contraria a los derechos de igualdad y de defensa en juicio (cf. arts.16 y 18 de la CN), también ha reconocido la necesidad de morigerar el requisito en supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que ese pago previo se traduzca en un real menoscabo de sus derechos. Frente al valor de la multa impuesta el requisito destinado a su pago previo supondría un obstáculo real al acceso a la revisión judicial de la actividad administrativa.
Improcedencia del recurso, despido, injuria laboral, producción de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Larrosa Gerez, Pablo c/ Telecentro S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-08

No puede prosperar la queja de la demandada respecto a la valoración efectuada en grado acerca de la legitimidad del despido directo. Ello así, pues la accionada hace hincapié en que la causal de la disolución del vínculo fue la injuria materializada por la supuesta autoría de los certificados médicos presentados por el actor para justificar sus inasistencias, en tanto habría implicado una violación del deber de buena fe y consecuente pérdida de confianza. Tales antecedentes del accionante fueron omitidos en la comunicación rupturista. Por ello, desde tal perspectiva, y de conformidad con lo términos expresos del art. 243 de la LCT en cuanto dispone que ante la demanda que promoviere la parte interesada no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en la comunicación rupturista, cabe ceñir a dicha causal el análisis de la legitimidad del despido que prevé el art. 242. En este marco, y de acuerdo a las pruebas producidas en la causa que dan cuenta de la autenticidad de los documentos y firmas insertos en los certificados médicos aportados por el accionante para justificar sus inasistencias, cabe desestimar la queja de la demandada en cuanto se dirige contra la procedencia de las indemnizaciones derivadas del despido, en tanto no se acreditó la injuria invocada en la comunicación rescisoria.
Confirmación de sentencia, despido, registros laborales, multa
Materia: LABORAL
Carátula: Bustos, Cristian Alejandro c/ Linse S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-29

La juez de grado resolvió que toda vez que el trabajador fue registrado en forma incorrecta en la categoría que le correspondía, debe aplicarse la multa prevista en el art. 1° de la ley 25.323. Se agravia la accionada quien afirma que la deficiencia en la registración de categoría no habilita la imposición de la multa prevista en el art. 1° de la ley 25.323. Lo cierto es que tal multa opera ante la existencia de una diferencia en la categoría o en la jornada, más allá de que estos supuestos no sean los previstos en los arts. 8, 9, 10 o 15 de la LNE. Una categoría falsa (52 inc. G. LCT) o la asignación de una remuneración inferior a la real devengada (art. 52 inc. E LCT) también son supuestos de registro irregular que dan causa a la multa del art. 1° de la ley 25.323. En este sentido, la norma del citado art. 1° de la ley 25.323 establece textualmente que la multa se aplicará ".cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrado o lo esté deficientemente." Así entonces si se entiende que la jornada de trabajo no era la real o la categoría asignada era inferior a la debida, no puede sostenerse luego que no existe irregularidad registral, pues ello implicaría una contradicción lógica jurídica. Cabe aplicar la multa prevista en el art. 1° de la ley 25.323 y confirmar la sentencia de la anterior instancia. (Del voto del Dr. De Vedia, en minoría)