Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-09-08


C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Ocho (08) de Setiembre de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Pasa S.A. vs. Terán Robles, César y otro s/ Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso de casación presentado por la parte actora, - ahora denominada "Pecom Energía S.A."-, contra la sentencia de fecha 31 de octubre de 2003 dictada por la Sala 1ª de la Cámara en Documentos y Locaciones, en la cual se resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 06/12/2001, y se acogió la defensa de inhabilidad de título presentada por los accionados.

El recurso de casación fue concedido por resolución de fecha 30/3/2004 (cfr. 466).

El recurso de casación es admisible pues la sentencia que se impugna resulta definitiva desde la perspectiva del art. 544 CPCC, por cuanto el planteo propuesto no podrá discutirse nuevamente. Los restantes requisitos formales exigidos (art. 816 CPCC) se encuentran cumplidos.

2.- En su recurso la parte actora expone que inició una ejecución por la suma de $81.081,77, en base a dos pagarés librados por la Cooperativa Alcozúcar Agraria Limitada en favor de su parte, que fueron firmados por los codemandados como avalistas.

Relata que éstos opusieron excepciones de inhabilidad de título, por carecer los pagarés de fecha de creación o libramiento, y que no negaron las firmas insertas en los documentos. Expresa que su parte contestó las excepciones alegando que los codemandados no negaron la deuda, requisito esencial de admisibilidad de la excepción planteada-, y que los títulos sí estaban datados, pero que por un error material la fecha de creación se había insertado en un lugar que no correspondía.

Manifiesta que la sentencia de primera instancia, si bien admitió que los documentos no eran válidos como pagarés por faltarles un requisito esencial, hizo lugar a la ejecución porque como las firmas no habían sido desconocidas, se estaba ante un instrumento privado del que surgía una suma líquida y exigible, conforme al art. 501 CPCC.

Esa sentencia fue confirmada en la alzada, pero recurrida esta última en casación, la Corte la dejó sin efecto al considerar que debía tenerse por negada a la deuda por parte de los codemandados.

La Cámara dictó nueva sentencia, en la que se consideró que los pagarés no eran válidos por carecer de fecha de libramiento. El Tribunal estimó que la fecha de vencimiento, inserta en el extremo izquierdo superior, no podía ser considerada como de creación, ya que este último elemento sólo se cumple cuando ese dato está insertado en el cuerpo del documento.

Refiere que la Sala expresó que tratándose de obligaciones de garantía, la intención de avalar una obligación cambiaria no puede llevar implícita la voluntad de asumir también una obligación de garantía ordinaria para el supuesto de ineficacia de aquélla, por ser tal hipótesis incompatible con el carácter abstracto del aval, y que si no fue reconocida en forma expresa ni tácita la obligación del deudor principal, la accesoria no podía cobrar vida independiente, como pretendía la parte actora.

3.- El recurrente se agravia planteando que si bien el documento no es válido como pagaré por carecer de fecha de emisión, y que como consecuencia de ello tampoco existe aval, ello no es motivo para rechazar la ejecución.

Interpreta que del documento base de la ejecución surge que su poderdante es acreedor de una suma de dinero, líquida y exigible en razón de tratarse de una obligación vencida, y que aún no siendo el documento un pagaré, constituye un instrumento privado que al reunir los requisitos del art. 501 CPCC, trae aparejada ejecución conforme art. 502 inc. 2 CPCC. Considera que tal es el caso, porque las firmas no fueron negadas al oponer excepciones.

Interpreta que la suscripción del instrumento privado obliga a los codemandados en forma directa, y no como obligados en garantía, porque lo que se reclama es una suma de dinero líquida y exigible que fue reconocida en un instrumento privado por los demandados.

Manifiesta que el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva del art. 503 CPCC fue suplido con el reconocimiento judicial tácito de los demandados, quienes jamás negaron la autenticidad de las firmas insertas en el instrumento.

4.- Es oportuno señalar que en la demanda se reclamó a los avalistas el cobro de un pagaré invocando el régimen del decreto ley 5965/63 (fs. 13).

Se consignó que la deuda era "exigible a los avalistas sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa al librador, porque los mismos son solidariamente responsables frente al portador del título". (cfr. fs. 13).

La demanda así promovida indicó claramente la interposición de una acción cambiaria, que está regida por el decreto ley 5965/63, además de las normas procesales locales pertinentes.

Del análisis del planteo recursivo, se advierte que la parte actora pretende una "conversión" de la acción, por cuanto si bien admite que no hay pagaré ni aval, sostiene que su demanda resulta igualmente procedente porque reclama una deuda a su entender líquida y exigible, que fue reconocida en forma tácita.

En consecuencia, en su recurso, la parte actora pretende canalizar la acción iniciada según el inciso 3 del artículo 502 CPCC, convirtiéndola en el supuesto del inciso 2 del mismo precepto, aun cuando no se agravia de que se acogió la excepción de inhabilidad de título por vicio de forma, ya que admite que no hay pagaré ni aval.

5.- Héctor Alegría expone el siguiente concepto de las acciones cambiarias: "El derecho cambiario, que es indiscutiblemente derecho sustancial, regula el contenido de fondo de sus diversas instituciones, y prevé los derechos de los que toman parte en la creación, circulación, garantía o satisfacción de un título de esa especie.

Por ello, la postura de quien es titular de un documento circulatorio de tal clase y el haz de derechos que por ello le confiere la ley, han sido involucrados en el giro "acción cambiaria". Es decir, la acción cambiaria es el contenido de derecho sustancial en cabeza del titular de un documento circulatorio cambiario". De allí se deriva que la acción cambiaria y la acción ejecutiva son conceptos distintos, orientados a posturas que estudian desde particulares ángulos diversas situaciones jurídicas.

En conclusión, la acción cambiaria como expresión del contenido de derecho sustancial... no hace sino tipificar ese contenido sustancial que existe a favor de quien reclama. Es por ello que la acción cambiaria puede ejercitarse ya mediante un proceso ordinario o uno sumario, esto último siempre reuniendo los recaudos de la ley de forma para acceder a ese trámite preferencial.

El titular puede elegir a su arbitrio el demandar ordinario o sumariamente, aun cuando la ley procesal hubiera admitido para su situación objetiva la vía más breve. De ello se desprende, como ya sustentamos, la distinta esfera de juego de la acción cambiaria (sustancial y que puede no ser ejecutiva), y de la acción ejecutiva (formal, que puede no ser cambiaria, y que puede denegarse aún en casos de existir acción cambiaria sustancial)." (cfr. Alegría Héctor en "Acción cambiaria y acción ejecutiva", en Jurisprudencia Argentina t. 1966-III, p. 24).

Las normas sustanciales del derecho cambiario regulan la relación obligacional existente entre los diversos sujetos que han tomado parte en la existencia del título circulatorio, sus recaudos de validez, los límites y contenido, los recaudos para mantener su vigencia, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejercicio, y emanan del Congreso Nacional. (cfr. Alegría, J.A. ob. cit. p. 25).

Las procesales regulan, vaya redundancia, el proceso según la pretensión, regulando recaudos formales. En el caso del derecho cambiario, si bien las formas procesales son materia de incumbencia local, se ha considerado imprescindible incorporarlas o regularlas contemporáneamente con las leyes cambiarias, para una adecuada concreción de sus fines (Alegría, J.A. cit. p. 25).

El derecho cambiario es derecho sustancial, y la acción cambiaria refleja el contenido de derecho de fondo en cabeza del titular legitimado de un papel de comercio o cheque. La acción ejecutiva tiene contenido procesal y tipifica la facultad de deducir un procedimiento sumario de quien aparece investido de cierta posición objetiva. No todo título ejecutivo es cambiario ni todo título cambiario es ejecutivo.

6.- El aval ha sido definido por Alegría "como el acto unilateral no recepticio de garantía, otorgado por escrito en el título o fuera de él, en conexión con una obligación cartular formalmente válida, que constituye al otorgante en responsable cambiario del pago" (Alegría, "El aval", Editorial Astrea 1975 p. 12).

Expresa este autor, que "queda claro que la conexión es con una obligación cartular (en el sentido de cambiaria), lo que excluye las garantías de obligaciones extracambiarias. Resulta innecesario que exista realmente una obligación avalada sustancialmente válida, puesto que es bastante que se trate de un acto formalmente comprobable en la letra, aunque sea nulo por vicios ajenos a su forma (art. 34 segundo párrafo) (Alegría, "El aval", ob. cit. p. 16). Esa vinculación sólo exige la existencia formalmente válida de la obligación garantizada, según el título, sin requerirse la validez sustancial.

Se trata de una garantía cambiaria, que sólo es admisible en los títulos cambiarios, y que sólo puede garantizar obligaciones cambiarias. Ese carácter cambiario que tiene el aval, crea un vínculo documental necesario, que constituye un derecho autónomo, liberal, completo y abstracto (cfr. Alegría "El aval" ob. cit. p. 21, Gualtieri-Winizky, pág. 69 y ss., Yadarola, pág. 49 y ss; Ferri págs. 13/14, y 24 y ss.; Fernández, t. III pág. 16; Vivante t. III págs. 136/7; Zavala Rodríguez, t. IV p. 382; Fernández t. III pág. 305).

La sustancia del aval es, en consecuencia, propia y verdaderamente cambiaria.

7.- "Si la obligación avalada resulta formalmente nula, el aval será ineficaz" (Alegría "El aval", ob. cit p. 191). "De allí que el aval otorgado respecto de una letra en tales condiciones (garantizando cualquiera de las obligaciones que se proyecten ella), quedará supeditada a la suerte toda de la letra.

Es decir, que si la letra no se completa en término, el aval carecerá de todo efecto cambiario porque, como hemos visto, para que el aval sea válido cambiariamente, debe existir una letra formalmente válida" (Alegría, ob. cit. p. 191).

Prescribe el art. 34 primera parte de la ley cambiaria, que el avalista queda obligado en los mismos términos que aquel por quien ha otorgado el aval. Por ello, el límite externo de la declaración de aval, en cuanto a su contenido, está dado por el contenido de obligación cambiaria que objetivamente tenga el acto avalado (Alegría ob. cit p. 226).

De allí que el aval no importe, naturalmente, una garantía de las relaciones extracartulares del avalado. (Alegría, ob cit. 227). La obligación avalada se juzga objetivamente, porque no se trata de analizar si hay una obligación cambiaria sustancialmente valida en cabeza del avalado, sino simplemente de juzgar su contenido por las circunstancias materiales que surgen del documento. Esta interpretación objetiva indicará el contenido máximo del aval, con prescindencia de si el acto es, respecto del avalado, constitutivo de verdadera obligación. (Alegría, ob. cit p. 227).

8.- En el caso de autos se acogió una excepción de inhabilidad de título fundada en una defensa prevista en la ley cambiaria: el vicio de forma del pagaré: el art. 34 segundo párrafo del decreto ley 5965/1963.

Si el documento no tiene valor como pagaré, no crea relaciones jurídicas cambiarias, según se expuso en los considerandos anteriores. De allí que la obligación avalada no sea tal, en el sentido de que no es una obligación cambiaria válida. Si el aval no es válido por vicios de forma, tampoco constituye por sí obligación del firmante del documento a ningún otro efecto (cfr. Alegría "El aval" p. 193).

Por lo expresado, la pretensión recursiva resulta improcedente desde el punto de vista sustancial, porque pretende desconocer que los demandados se constituyeron en avalistas, y por lo tanto, asumieron, como se expuso, una obligación cartular regida por el decreto ley 5965/1963, el cual prevé que la obligación del avalista no es válida cuando el documento adolezca de un vicio de forma. (segundo párrafo del art. 34 del decreto ley 5965/1963).

9.- Analizando si es posible utilizar la figura de la conversión, -por la cual se ha admitido que la letra nula por vicios de forma pueda valer como documento de deuda (cfr. Alegría. ob. cit. p. 393)-, expone Alegría que "al no existir válidamente letra, no existe posibilidad de que exista obligación cambiaria en ella.

En consecuencia, no puede convertirse el aval nulo. (Alegría ob. cit. p. 400).

Tal pretensión recursiva es improcedente, porque el avalista se obliga en ese carácter y no en otro, es decir, solamente asume una obligación cartular condicionada a que el documento sea formalmente válido, por lo que no siéndolo, no subsiste una obligación no cambiaria de parte del avalista.

Tal es la solución prevista por las normas sustanciales del derecho cambiario, las cuales establecen el contenido de los derechos de las partes en las relaciones jurídicas emanadas de los títulos regidos por el decreto ley 5965/1963.

10.- En cuanto a las costas, atento al resultado, corresponde imponerlas al recurrente vencido (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia de fecha 31 de octubre de 2003 dictada por la Sala 1ª de la Cámara en Documentos y Locaciones.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA