marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos comerciales, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: La Oxígena Sociedad Anónima Industrial y Comercial c/ Olivera de, Mari Elsa y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-11-12

El nombre que las partes den al contrato no lo desnaturaliza ni impide al Juez proceder a su correcta calificación jurídica. No basta con que las partes hayan utilizado una determinada denominación para que el contrato sea típico, ni que hayan evitado designarlo correctamente para que sea atípico. En el caso, si se pactó -y la conducta posterior de las partes durante prolongado tiempo así lo ratificó por aplicación del principio de interpretación del artículo 219 inciso 4 del Código de Comercio- el carácter oneroso del contrato, ello resulta inconciliable con la calificación de comodato dado por las partes, por lo que bien se ha hecho en encuadrarlo bajo el concepto de locación por encima del sentido literal de los término empleados -artículo 218 inciso 1 del citado Código.Las facturas que la vendedora emitía liquidando un crédito por uso de equipos y servicios y la compradora no niega haber recibido, se consideran aceptadas por esta última -artículo 474 de la referida norma- por falta de oportuna observación, ya que no se exige conformidad expresa, el silencio produce las mismas consecuencias.En cuanto a la prueba de la liquidación de intereses mediante las llamadas notas de débito, en las particulares circunstancias del caso, donde se emitían con las mismas formalidades requeridas para la confección de las facturas y fueron aceptadas sin observación durante prolongado período de tiempo, compartimos la aplicación analógica del precitado artículo a ellas, autorizada por el artículo 16 del Código Civil, lo que apareja la presunción de cuentas liquidadas.
Juicio ejecutivo, intimación de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivara, Luis Juan c/ Perez, Juan Pedro y otros s/ Demanda ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

La diligencia de intimación de pago sólo puede ser atacada, y según los casos, por el incidente de nulidad o por el incidente de redargución de falsedad al tratarse de un instrumento público, pero no puede ser cuestionada en forma indirecta, a través del recurso de apelación contra la resolución que ordena un embargo dictado como consecuencia de aquél. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: MATURO, MIGUEL ANGEL. s/ DEFRAUDACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-05-22

Las pruebas y su valoración responden a un concepto integral, donde el proceso debe ser considerado un "todo", naturalmente integrado por "partes", y ese cuerpo probatorio a valorar, obedece A una recopilación de situaciones que se introducen a través de distintos medios, mediante los cuales se obtiene la prueba total. - hemos dicho reiteradamente, que la certeza razonable, dentro del proceso penal, deriva no solo de pruebas directa, sino también de indirectas, circunstanciales o indiciarias, cuando las mismas se relacionan con el hecho principal, aparecen con concordancia y se fundan en hechos reales; acotando ampliatoriamente que el sistema de la sana critica, de manera alguna excluye la prueba presuncional como medio de llegar a una conclusión de certeza y servir de suficiente sustento a una condena, ya que no se imponen normas generales para acreditar hechos o efectuar reproches personales, no se determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que el juzgador esta en libertad para admitir y evaluar toda prueba que estime útil para el esclarecimiento de la verdad, ya que en principio todo se puede probar y por cualquier medio, para apreciarlo conforme a aquellas reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común a que nos hemos referido.
Salarios adeudados, reformatio in pejus
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LEON OSCAR ALBERTO c/ PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ ANULACION DECRETOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1986-07-21

El Poder Ejecutivo no tiene facultades emanadas de disposiciones constitucionales para modificar una sanción disciplinaria impuesta por un ente autárquico como es el Consejo Provincial del Menor, ya que éste puede nombrar o remover al personal a su cargo. Sólo le compete el control de legitimidad o legalidad pero no puede ir más allá de ello y tomar decisiones que perjudiquen al recurrente
Proceso judicial, prueba pericial, falta de idoneidad
Materia: PROCESAL
Carátula: "Arias,  Fulgencio   y otros c/ Direccón General de Fabricaciones Militares s/ empleo público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-18

Una pericia es una actividad procesal desarrollada, en virtud del encargo judicial, por personas distintas de las partes en proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la ente (Sala IV "S.A. Juan Istillart c/ B.C.R.A.

s/ juicio de conocimiento", 16/02/95). De allí que su impugnación debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funda el dictamen (esta Sala, "Dequino.

Tomás c/ E.N. s/ Cobro", 24/11/94) (Del voto del juez Márquez, cons. III).
Proceso judicial, representación procesal, facultades del juez, falta de personería
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Robledo,  Héctor  Pedro c/ E.N.  -Mº  de  Relac. Exteriores y Culto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-22

Constituye un presupuesto procesal que las partes que actúen en el proceso a través de un representante, acompañen poder válido y suficiente ya que, la ausencia o insuficiencia de este presupuesto debe ser controlado de oficio por el juez (art. 347 inc. 5, b) del C.P.C.C.), sin perjuicio de que la contraparte pueda deducir la excepción previa de falta de personería (art. 347, inc. 2 del C.P.C.C., confr. Cód. Procesal Civil y Com. de la Nación, Fassi-Yañez, pág. 334).
Libertad provisional, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: P, R O s/ LIBERTAD PROVISIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-01-07

La grave imputación actual por el delito de Fraude a la Administración Pública Reiterada en Nueve Oportunidades (artículos 174 inciso 5to y 55 del Código Penal), en principio, implica un apartamiento de la legalidad realizado por el causante mientras desempeñaba un cargo de jerarquía funcional -Secretario de Gobierno de la Municipalidad-, con el consiguiente perjuicio patrimonial público, así como a la credibilidad comunitaria, elementos que singularizan el probable reproche y posibilitan la estimación de una eventual condena que por su severidad y conducta procesal ya asumida por el justiciable, fundamentan el pronóstico de la conveniencia de mantener su detención y no conceder la libertad provisional, por aplicación del artículo 338 inciso 2do del Código Penal. Esta medida no desconoce ni lesiona garantía o derecho constitucional alguno dado que la tensión permanente entre la necesidad de actuación de la ley penal y la libertad personal permite la coerción de esta última en casos como el del subjudice en el que resulta imprescindible para asegurar los fines del proceso, cuya frustración por quien pudiera eludir su responsabilidad debe evitarse.
Asociaciones civiles, facultades disciplinarias, acceso a la justicia
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Fernández, Bernardo c/ Club de Gimnasia y Esgrima s/ Nulidad del acto jurídico
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

La facultad de la autoridad interna de una asociación o corporación es de decisión, la facultad del órgano jurisdiccional es de contralor de la legalidad de la decisión. El órgano jurisdiccional, jueces, autoridades administrativas, no suplanta a la autoridad de la entidad, simplemente supervisa que sus actos se ajustan a la legalidad.
Inadmisibilidad formal, recurso extraordinario
Materia: PENAL
Carátula: Fundación Madres de Plaza de Mayo y otros c/  s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-27

El voto concurrente consideró que el impugnante no ha cumplido con los recaudos para la interposición del recurso extraordinario establecidos en los arts. 14 y 15 de la ley 48 y en la Ac. CS 4/2007 -art. 3, incs. d) y e)- (cfr. art. 11 de la mencionada acordada). (Dres. Borinsky, Figueroa y Slokar -voto concurrente-).
Sentencia absolutoria, alegato
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: González, Hilario Omar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-26

Sumario: Se encuentra ajustada a derecho la decisión del juez correccional que, finalizado el debate, anuló el alegato fiscal que con invocación del art. 3 del C.P.P.N. había pedido la absolución del imputado sin fundamento razonable teniendo en cuenta las circunstancias de hecho comprobadas en la audiencia pública. (Voto de los Dres. Bisordi, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Honorarios, regla de proporcionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Provisionato, Raúl c/ Consorcio de Copropietarios "Las Flores" s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-16

Es principio recibido que los honorarios, como faceta accesoria de la condena, deben guardar proporción y razonabilidad con esta, so pena de consagrar un enriquecimiento sin causa que lesionaría injustificadamente la órbita patrimonial de las partes, pues en caso contrario, la retribución por los servicios profesionales cumplidos no reflejaría los reales valores económicos del juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cesión de derechos, notificación al deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vicente, Eusebio Carlos c/ Miranda Varela, Jorge Enrique s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

Más allá del silencio aludido y la aparente falta de denuncia en el sucesorio, lo cierto es que la cesión se realizó con las formalidades de ley y no puede desconocerse, sin perjuicio de que obviamente se considere oponible a terceros, como tal, a partir de la fecha de inscripción.
Interpretación de la ley, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gallardo, Horacio Alfredo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-25

Si bien la especialidad del régimen establecido por la ley 11.729 y sus modificatorias demanda que su interpretación se efectúe con un criterio estricto, ello no autoriza una inteligencia en extremo rigurosa que desconozca las circunstancias especiales y de excepción en los que se sucedieron situaciones como la verificada en la especie. Lo contrario podría acarrear, mediante una comprensión prescindente de los fines tuitivos de la norma, la pérdida del derecho de quienes esta última ha querido resguardar.(doctor Pettigiani, mayoría)
Accidente en acto de servicio, indemnización, policía federal, personal policial
Materia: CIVIL
Carátula: LEMBO CARLOS ALBERTO c/ POLICIA FEDERAL ARGENTINA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO ART. 1113 C.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

No acordarle la indemnización reclamada equivale a dejar al actor en indefensión, si bien a la hora de fijar el monto del resarcimiento habrá que tener en cuenta la suma que percibe de la Policía Federal. En este sentido, me parece especialmente valiosa y digna de ser imitada la actitud de mi apreciado colega Dr. Adolfo Vázquez, quien en la Causa 6758/92 ("Fiorentini") -a pesar de compartir la doctrina de la Corte sentada en el caso Bertinotti- votó por acordar la indemnización a un conscripto accidentado por vía civil, porque este no fue indemnizado conforme a las disposiciones de la correspondiente Ley Militar (Ley 19.101). En el presente caso tenemos una situación parcialmente análoga. Digo "parcialmente", porque al actor se le otorgó una reparación, pero esta reparación es claramente insuficiente.
Homicidio calificado con el concurso de personas, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: BARBOZA, Walter A. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-01-14

Son coautores del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, en razón de haber tenido el dominio del hecho y la finalidad de dar muerte a la víctima, por cuanto concurrieron y apoyaron al coimputado que realizara los disparos a corta distancia dirigidos a ella, demostrando su intención dolosa en las lesiones que luego le ocasionaron cuando ya se encontraba herida.
Sucesiones, diligencias preliminares
Materia: CIVIL
Carátula: CALABI MARIO CARLOS s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-15

Las medidas previstas por el art. 690 del Código Procesal tienden a individualizar el haber sucesorio y a conservarlo ( conf. Fassi, " Código Procesal...", t. III, p. 227, núm. 4027, 2 ed.). Cuando entre los bienes denunciados figura una importante participación del causante en el aporte del capital de una sociedad, que asciende a un tercio del mismo y otro tercio también ha sido aportado por un hermano de aquél, cabe considerar incluida la intervención entre las medidas genéricas contempladas en el párrafo tercero, siempre que esté dirigida a determinar el haber sucesorio y a conservarlo.

Cuando quedan enfrentadas la sociedad mercantil - con todo lo que su régimen importa y la protección de la vocación legitimaria (conf C.N.Com., Sala A (L.L., 1978-B, 196 y sigtes., fallo 75-678), corresponde admitir medidas que dentro de lo posible preserven el orden jurídico que las regula, pero haciendo prevalecer la intangibilidad de la legítima hereditaria (art. 3591 y sigtes. Cód.

Civ.), siempre que los elementos de convicción revelen "prima facie " que la invocación de la personalidad societaria puede afectar injustificadamente dicha intangibilidad ( conf. C.N.Civ.Sala C, E.D , 96-212 ).
Medios de prueba, prueba de informes, ofrecimiento de la prueba, prueba extemporánea, seguros, asegurador
Materia: PROCESAL
Carátula: Liberty Compañía de Seguros Generales S. A c/ El Sosneado S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-05-04

Debe denegarse la prueba informativa ofrecida por la aseguradora subrogada en los derechos del asegurado, si los puntos de pericia se encuentran dirigidos a "fundar el derecho" que podría asistirle - informes acerca del monto abonado por el siniestro y sobre el procedimiento utilizado para liquidar el daño-, pues tal prueba sólo puede ofrecerse con la demanda o su responde.
Suspensión de la prescripción, querella
Materia: CIVIL
Carátula: R., L.A. y Otro c/ E. D. y Otra s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-03

Se ha considerado tanto doctrinaria como Jurisprudencialmente como atinado que el efecto suspensivo de la querella se produzca respecto de todos los responsables aunque se haya querellado sólo a uno de ellos.

Razones prácticas justifican esta causa de suspensión, pues permite esperar el resultado de la acción penal antes de accionar por resarcimiento, sin correr el riesgo de demandar apresuradamente, cargando luego con las costas del desistimiento en sede civil.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Gobet,  Jorge  Aníbal c/ Telefónica  de  Ar.  E.N.Tel. - EstadoNacional s/ accidente de trabajo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

La doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Régimen de consolidación de deudas, intereses
Materia: ECONOMIA
Carátula: "Carestia,  Agustín y Otros c/ Estado Nacional -M° de Justicia s/ Empleo Público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-27

En cuanto a la consolidación y respecto a los intereses de las sumas consolidadas corresponde tener en cuenta lo dispuesto en el art. 45 de la ley 26.078 (de Presupuesto para el año 2006) que establece: "La prórroga dispuesta en el art. 46 de la Ley N° 25.565 y los artículos 38 y 58 de la Ley N° 25.725, resulta aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o de causas o título posterior al 31 de diciembre de 1999, y anterior al 1° de enero de 2002 o al 1° de septiembre de 2002 según lo que en cada caso corresponda. Hasta el 31 de diciembre de 1999, las obligaciones a que se refiere el artículo 13 de la Ley N° 25.344, continuaran rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias correspondientes. En todos los casos, los intereses a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta la fecha de corte, establecida en el 1° de abril de 1991 para las obligaciones comprendidas en la Ley N° 23.928, en el 1° de enero de 2000, para las obligaciones comprendidas en la Ley 25.344, y en el 1° de enero de 2002 o el 1° de septiembre de 2002 para las obligaciones comprendidas en la prórroga dispuesta por la Ley N° 25.565 y la ley N° 25.725" (C.S.J.N. "Tortul, José Armando y otros c/ M° de Infraestructura y Vivienda -Sub. de Trans. A y P s/ empleo público", 3/3/2009) (Cons. III).
Regulación de honorarios, interpretación de la ley, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco de Catamarca c/ Walther, Edgardo Daniel s/ Ejecutivo-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-05-26

En toda interpretación arancelaria,a los fines de la regulación de honorarios ha de estarse principalmente a los principios y reglas básicas contenidas en forma genérica en la ley que los rige. El principio general que informa todo el sistema es el de la tarifa. De manera entonces que si la ley previene soluciones eminentemente tarifadas y sólo excepcionalmente "cuando por ningún procedimiento" pueda valuarse el contenido económico del pleito, remite a la estimación judicial, toda solución jurisdiccional debe respetar este principio cardinal. Consecuentemente, la regulación no puede evadir el marco normativo de aplicación, como tampoco puede dejarse de lado la aplicación del art. 7 de la ley vigente, cuya apreciación dentro de los límites allí establecidos debe ser conjunta y concordante con el art. 6, y no opcional o descartable su valoración por motivos o principios algunos, como al parecer lo entienden los sentenciantes de la mayoría. Estimo ajustado casar el fallo, correspondiendo emitir pronunciamiento por parte de este Tribunal.

(Del voto del Dr. Oviedo.)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Pérez Ontivero. Héctor Mariano. s/ Robos calificados reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Es insuficiente el agravio referido a la metodología empleado por el a quo al unificar las penas pues de lo que resolviera el tribunal no surge que hubiera optado por el procedimiento que se impugna y no por el régimen legal contenido en los arts. 55 a 58 del Código Penal para la unificación de penas.
Proceso penal, auto de sobreseimiento, actor civil, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BARONETTI, ROGELIO MIGUEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-09-03

En lo que respecta a la posibilidad del actor civil de apelar el sobreseimiento dispuesto por el juez instructor, no debe perderse de vista que el actor civil tiene facultades y limitaciones que surgen de la naturaleza de su acción -limitada al resarcimiento patrimonial de los perjuicios sufridos-, por lo que expandir indebidamente el ámbito de atribuciones otorgado por el Código de rito al actor civil, otorgándole un impulso procesal que inclusive llegaría eventualmente hasta la sustitución del titular de la acción penal -Órgano fiscal- podría encontrar escollos constitucionales derivados del principio acusatorio, autonomía del Ministerio Público Fiscal y la imparcialidad del juzgador, como advirtiera la Alzada al citar que "conceder al actor civil el derecho de apelar una decisión que cierra el proceso, como lo es el sobreseimiento, sería acordarle un poder autónomo de impulsión propio del actor penal, resucitando por esa vía la figura del querellante particular" (Del voto de los Dres. Falistocco y Netri)
Despido, despido del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Viggiano Nayla Mariel c/ Cognizant Technology Solutions de Argentina SRL s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-28

Si bien se podría convenir que de la testimonial no surge cargo formal alguno de la actora, también es cierto que ésta -de hecho- ejercía una clara organización sindical de los trabajadores, recibiendo como respuesta una suerte de intento de la empresa a desplazar toda acción colectiva -que llevaba adelante la actora- para orientar el cauce sólo a la reclamación individual. Si bien la empresa invoca su facultad de despedir sin causa, no aparece ninguna prueba de su parte que demuestre que el despido del caso concreto no hubiera obedecido a la mentada acción sindical (acreditada por la testimonial) en el marco de una empresa con una demostrada postura orientada a no propiciar aquello que fuere la manifestación colectiva de sus trabajadores. Ello lleva a aplicar la doctrina que emerge de los fallos de la C.S.J.N. "Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo" del 15/11/2011 y "Varela, José Gilberto c/ Disco SA s/ amparo sindical" del 04/09/2018, y por ende, a considerar que en la especie el despido estuvo teñido de la conducta discriminatoria y antisindical que sustenta la demanda. Procede la reparación por daño moral ante el despido discriminatorio.
Ley nacional, discernimiento
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. Y N.N. s/ Adopción hoy tutela
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-07-02

Son menores impúberes (art. 127 C.C.), los que aún no tuvieren la edad de catorce años cumplidos. En otros términos, para la ley nacional los actos realizados por un menor de diez años es realizado sin discernimiento (art. 921 C.C.), entendiendo a éste como la cualidad o facultad del sujeto por la cual conoce y distingue lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente. Es decir, el menor a esa edad para la ley civil no tiene la madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias.
Derecho procesal, competencia, competencia por la materia, competencia comercial, compraventa, venta de pasajes, agencia de turismo
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giardinelli, Micaela  c/ Despegar.Com.Ar SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

Resulta competente la Justicia Comercial para entender en una acción de daños y perjuicios promovida exclusivamente contra una empresa de turismo, con motivo de la falta de reprogramación de ciertos pasajes aéreos que fueron cancelados con motivo de la pandemia de Covid 19, pues no se advierten aquí hechos controvertidos que impliquen la aplicación del Código Aeronáutico.