Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31


SENT. DEF. Nº: 19.860	EXPTE. Nº: 22.084/05 (23.824) JUZGADO Nº: 51	SALA X AUTOS: "DOLDAN LORENA CECILIA Y OTROS C/ P.A.M.I. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" Buenos Aires, 31/05/2012.

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

I. Las actuaciones se encuentran en estado de analizar los recursos que contra la sentencia de fs. 649/652 formularon los actores Maggio, Sardi, Valentini y Vuelta a fs. 674/683 y la demandada a fs. 685/698, mereciendo réplicas adversarias a fs. 703/710 y 713/717.

II. Los actores iniciaron la presente demanda contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - P.A.M.I. en reclamo del cobro de las sumas a las que se consideran con derecho por el alegado incumplimiento en el pago de la bonificación por antigüedad establecida mediante el acta acuerdo de noviembre de 1989 y la disposición D.N.R.T. 5629/89, que se abonó hasta el año 1996. La pretensión abarcó el lapso comprendido entre setiembre de 2003 a noviembre de 2005 inclusive, con más los períodos que se devengaran hasta el dictado de la sentencia (fs.4/19).

La demandada opuso la excepción de litispendencia respecto del actor Nelson Javier Vázquez (a quien se lo tuvo por no presentado a fs. 38) y de prescripción respecto de los restantes, además de solicitar el rechazo íntegro de la pretensión por diferencias salariales por considerarla improcedente (fs. 99/115).

En lo que aquí interesa, el señor juez de la primera instancia admitió la acción por diferencias salariales reclamadas por la falta de progresividad en el monto del adicional por antigüedad del convenio colectivo de 1989 y su incidencia en el s.a.c. devengado desde los dos años anteriores a la de fecha interposición de la demanda y la entrada en vigencia del nuevo régimen salarial previsto en el convenio colectivo de empresa 697/05 "E", esto es desde octubre de 2003 a noviembre de 2005 inclusive. Además, declaró inoficioso el tratamiento de la excepción de prescripción opuesta por la demandada, estableció los intereses e impuso las costas a la vencida (fs. 649/652), decisión que motivó la apelación de los actores y la demandada.

III. Los agravios formulados por la entidad demandada contra la sentencia en lo principal que decide se reducen a una mera discrepancia que no logra conmover los fundamentos del fallo recurrido del modo exigido por el artículo 116 de la L.O.	Así la demandada recurrente no rebate eficazmente que los adicionales devengados con posterioridad a la firma del CCT 305/98 E, que no nacieron de un convenio colectivo anterior sino de la Resolución 118/88 de la entonces Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria - reconocido por la demandada en la Resolución 212/92, fueron incorporados al plexo normativo que regula el contrato con carácter obligatorio y no puede ser dejado sin efecto por un convenio colectivo de trabajo pues conforme el art. 8º de la LCT las convenciones colectivas son válidas en cuanto acuerdan mejores derechos a los trabajadores pero no cuando cercenan o privan de derechos individuales a los mismos.

En igual sentido se ha pronunciado esta sala en numerosos precedentes (ver entre otras SD 15.814 del 26/12/2007 en autos "Rubio Teresa Amalia y otros c/ Pami", pub. en La Ley online). Similar criterio ha sido sostenido por el más Alto Tribunal al resolver el caso "Brindesi, Henry O. c/ ANSeS s/ cobro de pesos" (Fallo B. 495, L. XXXIV del 29/8/2000), cuya doctrina hace mérito en que desde el momento de la ratificación legal, que le asigna igual jerarquía normativa que las leyes del trabajo, para los trabajadores involucrados, el decreto 2284/91 importó una reforma de la pauta que establece el art. 230 de la ley de contrato de trabajo, con lo que más allá de toda discusión acerca de su esfera de aplicación personal a los aquí actores, lo cierto es que el C.C.T. que invoca la demandada, no debía contradecir previsiones de la normativa legal que establece el mantenimiento de las condiciones laborales de los dependientes transferidos, dentro de cuya estructura cabe incluir al adicional que constituye la causa fuente de este reclamo.

En consecuencia, sugiero confirmar la sentencia recurrida en lo principal que decide.

IV. La pretensión de los actores recurrentes en orden a que les sea reconocido el derecho a la progresividad del monto del adicional más allá de la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema escalafonario previsto en el CCT 697/05 "E" no tendrá favorable tratamiento por aplicación de la doctrina establecida por esta Cámara en el fallo plenario Nº 325 de 9/05/2011 en los autos "Fontanive, Mónica Liliana c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados", donde se resolvió que: "La entrada en vigencia del C.C.T. 697/05 "E", obsta a seguir incrementando anualmente la bonificación por antigüedad establecida en la Resolución D.N.R.T. 5629/89 respecto del personal ingresado antes de la vigencia de dicho convenio colectivo" , la cual resulta de acatamiento obligatorio (art. 303 CPCCN).

V. El planteo que los actores pretenden introducir en esta instancia con sustento en el art. 22 del CCT 697/05 "E", esto es la correcta liquidación de la suma fija allí prevista, resulta inatendible ya que el mismo que no integró las pretensiones de la demanda. Obsérvese que en el escrito de inicio los actores se limitaron a reclamar las diferencias salariales pretendidas con sustento en las disposisiones del convenio colectivo del año 1989. La circunstancia apuntada obsta a su consideración por esta sala por aplicación del principio procesal de congruencia y el derecho constitucional de la defensa en juicio (arts. 34 inc. 4º y 163, inc. 6º , CPCCN; art. 18 C.N.), además de no haber sido previamente sometido al conocimiento del magistrado de la instancia de origen (art. 277, CPCCN).

VI. Conforme a lo peticionado por los actores apelantes, cabe aclarar que en la liquidación que se ordena realizar al perito contador en la etapa del artículo 132 de la L.O. los intereses previstos en la sentencia de grado deberán calcularse desde la fecha de exigibilidad de cada uno de los parciales hasta el efectivo pago (arts. 622 Cód. Civil).

VII. La imposición de costas a la demandada se ajusta a lo establecido en el art. 68 del CPCCN, más aún cuando los honorarios profesionales han sido fijados mediante porcentajes sobre el monto de los conceptos admitidos y respecto de los cuales la demandada revista un absoluto carácter de vencida.

Postulo que las costas de alzada se impongan a la demandada que resultó vencida en lo sustancial (art. 68 CPCCN), fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los regulados por sus actuaciones en origen (art. 14, ley arancelaria cit.).

Por las razones expuestas, voto por: I. Confirmar la sentencia dictada contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a favor de los actores Alicia Beatríz Maggio, Monica Marta Sardi, Jorge Osvaldo Valentini e Irene Nancy Vuelta en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravios; II. Aclarar que en la liquidación que se ordena practicar en la etapa del art. 132 de la L.O. los intereses establecidos en origen se calculen desde la fecha de exigibilidad de cada uno de los parciales hasta el efectivo pago; III. Imponer las costas de alzada a la demandada vencida, fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los regulados por sus actuaciones en origen.

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Adhiero por análogos fundamentos al voto que antecede.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota (art. 125 LO).

Como resultado del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE: I. Confirmar la sentencia dictada contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a favor de los actores Alicia Beatríz Maggio, Monica Marta Sardi, Jorge Osvaldo Valentini e Irene Nancy Vuelta en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravios; II. Aclarar que en la liquidación que se ordena practicar en la etapa del art. 132 de la L.O. los intereses establecidos en origen se calculen desde la fecha de exigibilidad de cada uno de los parciales hasta el efectivo pago; III. Imponer las costas de alzada a la demandada vencida, fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los regulados por sus actuaciones en origen.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.

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