marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vargas, Antonio y otros c/ Curcio de Chiafitelli, Italia Epifania s/ Cumplimiento de contrato-consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

La decisión jurisdiccional final debe expedirse a la luz de los términos en que ha quedado trabada la litis, prescindiendo de las articulaciones posteriormente planteadas.
Estupefacientes, detención sin orden, requisa personal, requisa del automotor, facultades de la autoridad de prevención, estado de sospecha
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ordinola, Eric Angel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-15

No puede sostenerse que la diligencia policial, que culminó en la detención del imputado, tuvo como único propósito la identificación de los ocupantes de la camioneta en la que fuera habido el material estupefaciente secuestrado en autos, cuando deviene ineludible, que el motivo de la detención de la marcha del mentado vehículo a la que acababa de ascender el nombrado no fue sino el reconocimiento que dichos oficiales policiales efectuaran en torno de su persona, por haberlo detenido tiempo antes en un procedimiento por infracción a la ley 23.737. Y si bien es cierto también que el ordenamiento de rito faculta asimismo a las autoridades policiales, como excepción y en determinadas ocasiones, a disponer "requisas e inspecciones del art. 230 bis", dando inmediato aviso a la autoridad judicial (art. 184, inc. 5°) con "la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado" (cfr. texto 230 bis, C.P.P.N.), cabe resaltar que, las circunstancias previas o concomitantes son los requisitos ineludibles que autorizan a prescindir de la necesaria orden judicial, siendo facultad de los jueces su ulterior valoración, ateniéndose para ello a la historicidad de los sucesos que le vienen relatados, y en tal sentido, que las últimas de las circunstancias aludidas deben de ser entendidas como aquellas que se advierten durante la requisa o la inspección motivada por elementos objetivos previos y que refuerzan la convicción de hallar cosas constitutivas o provenientes de un delito. Elementos objetivos previos que lucen ausentes en autos, cuando la motivación del personal policial en el seguimiento del imputado hasta su arribo al vehículo, se afianzó solamente en el recuerdo de una previa detención que los mismos efectuaran del nombrado en orden a la ley de drogas, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el fiscal. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere el Dr. Hornos; Dra. Capolupo de Durañona y Vedia según su voto).
Administración de vialidad provincial, relación de dependencia, facultades reglamentarias
Materia: Administrativo-Laboral
Carátula: Jure, Luis César y otros c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-06-05

Para que un vínculo de empleo público se rija en todo o en parte por el derecho laboral, será menester que una ley expresamente lo admita -se trate de una especial o de la que otorgue al ente autárquico la facultad de regular las relaciones con su personal-. Este principio, fue aplicado por el Tribunal en composiciones anteriores a relaciones individuales y alcanza a las colectivas como derivación necesaria.

Desde que por Carta Orgánica, la Administración de Vialidad Provincial no está facultada para regular por sí las relaciones de empleo con su personal, ha de discernirse que la legislatura la retiene para sí y entonces la sujeción o no del personal vial del ente a un régimen de convenio colectivo sólo pudo efectuarse por ley. Y de hecho así ha ocurrido por imperio de la ley 2463.
Robo, televisión por cable, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ocupantes de Billingurst 24. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-18

La constatación de la existencia de una conexión ilegítima que permite la habilitación de imágenes es suficiente para la configuración del delito de robo simple, sin que la desconexión del televisor signifique que no se estaba apropiando de la señal de cable.

En consecuencia, debe confirmarse el auto de procesamiento por considerarse a la imputada "prima facie" autora penalmente responsable del delito de robo simple.
Régimen de consolidación de deudas, ley provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Asistencia Médica Privada SAC. c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (IOSCOR.). s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

La ley de consolidación de pasivos provinciales - ley 4558 de Corrientes - no ha señalado una oportunidad o término perentorio para su invocación, de modo que no puede hablarse en el caso de un estadio procesal clausurado que impida oponer el régimen de emergencia, el que bien puede ser planteado tanto en la etapa introductoria del proceso - por el principio de eventualidad - como en la de ejecución de sentencia, ello por cuanto establece un específico y excepcional sistema para la cancelación de las deudas estatales (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Homicidio culposo, violación al deber de cuidado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ibarrola, Antonio Isidro s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-30

La circunstancia de que el imputado no vivía en la casa de la madre del niño, que era ella quien detentaba la tenencia del menor, no quita que el hecho de que el imputado abandonara el lugar dejando a un menor enfermo y dormido, con la estufa de cuarzo encendida y la puerta asegurada con candado, no haya devenido una conducta sumamente riesgosa que produjo como resultado la muerte del niño. El a quo sostuvo con acierto que la madre se había retirado porque el padre se quedó con el niño. La defensa pretende que el imputado devolvió el cuidado a la madre, al avisarle que se retiraba. El retiro del padre, y el aviso no implicaban una liberación del deber de cuidado asumido previamente si no mediaba reasunción por la madre. El padre que abandona al niño en un cuarto encerrado con candado no se libera de los deberes de cuidado por el mero hecho de declarar expreso o concluyente que la madre se haga cargo.

Sólo se libera si la madre acepta y asume que se hará cargo. Conforme las constancias de la causa se encuentran reunidos todos los presupuestos que permiten atribuir objetivamente al riesgo creado por la conducta del imputado que se concretó en la muerte de su propio hijo. (Dres. David, Slokar y Ledesma).
Ministerio Público Fiscal, allanamiento domiciliario, estupefacientes, requisa del automotor, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lemos, Ramón Alberto s/ recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-19

Debe descartarse la regularidad del procedimiento policial sobre la base del art. 230 bis último párrafo CPPN, pues si bien durante un control de rutas se encontró material estupefaciente en el techo de un automóvil, existen evidentes indicios acerca de que los preventores contaban con información de origen desconocido, por lo que actuaron por fuera de los procedimientos que imponen que frente a la sospecha de la comisión de un delito deban intervenir el Ministerio Público Fiscal y el juzgado federal, a lo que se suma que, de las primigenias indicaciones del juez momentos después de la detención, no se colige la referencia de llevar a cabo tareas encubiertas de recolección de información que efectivamente realizó personal de Gendarmería Nacional de manera independiente y sin control jurisdiccional y, sin embargo, el juez decidió conceder las medidas solicitadas y dictó la orden de allanamiento respecto del domicilio del imputado y de requisa de un automotor totalmente ajeno al hallazgo de la droga, todo ello sin requerimiento alguno tendiente a promover una investigación referida a un delito determinado, más allá del hecho puntual del hallazgo de la droga en el automóvil del imputado, situación que lleva a concluir que la imputación al encartado carece de toda fuente de información lícita. El voto concurrente consideró que la ausencia de requerimiento fiscal de instrucción, en los términos previstos en el art. 188 CPPN impone que se declare la nulidad de todo lo actuado. La disidencia sostuvo que la actuación de la prevención se adecuó a las previsiones del art. 230 bis CPPN ya que, tratándose de un supuesto en el que específicamente se autoriza la requisa de automotores, mal puede ello reputar la existencia de un vicio susceptible de ser fulminado de nulidad y, asimismo, recordó el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino en la persecución del tráfico de estupefacientes.
Jurisdicción y competencia, Estado Provincial, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: First  Trust  of New York Nat. As. c/ Morichetti, Alberto Oscar yotra s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

La Corte Suprema carece de atribuciones para dirimir conflictos entre tribunales correspondientes a una misma provincia, en tanto se vincula con la organización y funcionamiento de los poderes públicos provinciales, es decir, con situaciones que no exceden el ámbito normativo local, en los términos del art. 121 y siguientes de la Constitución Nacional
Ley de emergencia económica, control de constitucionalidad, facultades discrecionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Del Valle, Jorge c/ Provincia de Tierra del fuego s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-02-15

Por ello parece adecuado considerar que la declaración de emergencia constituye un acto de carácter discrecional cuya competencia en el sistema es clara y meridianamente reconocida a los órganos políticos en ejercicio de facultades que le son propias y legítimas. Es un acto político, sujeto a control de razonabilidad, proporcionalidad y arbitrariedad por parte de la autoridad judicial. Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la emergencia está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la situación de emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales. (del voto del Dr. Hutchinson).
Ejecución de honorarios, relación de dependencia, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Miguel Angel c/ Banco Hipotecario Nacional y otro s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-27

Esta Sala tiene decidido que reclamados los emolumentos por la vía de ejecución se impone a la ejecutada acreditar la actuación del profesional mediante una retribución fija o en relación de dependencia, pero si alguno de dichos extremos o ambos queda verificado se produce la inversión de la carga de la prueba, pues a partir de allí es el ejecutante quien debe demostrar aún en tales condiciones que la retribución percibida o la relación de dependencia no contemplan su reclamo en tanto ésta se refiere a una actividad que excede el marco de esa relación en cuanto constituye una materia diferente. Dicho esto de otro modo, la prueba acerca de esta última circunstancia corría por cuenta del profesional que la invoca.
Contratos, contratos bancarios, prenda, crédito prendario, intereses punitorios, buena fe, defensa del consumidor, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Citibank N.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

El artículo 1198 del Código Civil establece la regla básica del derecho de los contratos de que éstos deben celebrarse, interpretarse y cumplirse de buena fe. Este último concepto, generalmente concebido como la convicción de obrar conforme al derecho, puede definirse en este caso como buena fe-probidad; es decir, recíproca lealtad que las partes se deben en todos los aspectos de la contratación y que debe ser apreciada en forma objetiva o, en otras palabras, aplicando a cada situación el criterio de lo que hubieran hecho dos personas honorables y razonables. En suma, lo que aquí interesa es la conducta esperada de cada una de las partes por la otra (conf. Lavalle cobo, Jorge E. en Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Belluscio, Augusto C. (dir.) / Zannoni, Eduardo A. (coord.), t. 5, Buenos Aires, Astrea, 1990, 1ª reimpresión, comentario al art. 1198, § 11, p. 906; ver, asimismo, Videla Escalada, Federico N., La interpretación de los contratos civiles, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1964, p. 86 y ss.).

En el caso, la entidad bancaria reclama al cliente el pago de intereses punitorios respecto de un contrato prendario celebrado, una vez terminado el pago de las cuotas, y junto con la instrumentación de un nuevo sistema de cobro (remisión mensual de "avisos de vencimiento" en reemplazo de las chequeras preimpresas). Ello así, aún cuando el reclamo de dichos intereses punitorios resulta lícito y técnicamente correcto, su materialización más de cuatro años después de celebrado el contrato y cuando no se ha controvertido la cancelación del capital, dista de conformar un comportamiento acorde con el deber de obrar de buena fe. Máxime teniendo en consideración que quien pretende ese cobro es una entidad dedicada a prestar servicios financieros (es decir, experta en la materia en relación con su contraparte) y respecto de la cual resulta, por ende, cuanto menos poco verosímil que se hubiese visto impedida de obtener la percepción de los eventuales intereses punitorios generados con motivo del primigenio sistema estipulado para percibir el cobro de las cuotas ("chequeras" con montos preimpresos).
Constitución Nacional, ciudadano, derechos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Repetto, Inés María c/ Bs. As. Prov. de s/ inconstitucionalidad de normas legales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-08

Es necesario distinguir dentro de las disposiciones de la Constitución Nacional las que se refieren a los habitantes, mentados en disposiciones como los arts. 14 y 18, de los ciudadanos, a quienes incumbe la obligación de su art. 21, y constituyen el pueblo del Estado al que se refiere el art. 22, al que le está reservado la elección de sus representantes para el gobierno de la Nación.
Excarcelación, escala penal, procesamiento, caución real, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: T., D. c/  s/ Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-10

Precisaron los vocales que "..Ha de señalarse en primer lugar que la opinión favorable acerca de la procedencia de la excarcelación manifestada por el Ministerio Público Fiscal en la anterior instancia no resulta vinculante, lo que queda en evidencia con la posibilidad que le cabe de recurrir tanto la decisión que concede como aquella que deniega la libertad (art. 332 del CPPN, in re causas n° 4045/16, "Ramírez", rta. 21/04/2016; 73854/15/1, "Lindsay Marte", rta. 23/12/2014; 72318/18, "Sánchez Guillen", rta. el 4/12/18 y 72924/2018, "López García" rta. 5/12/18, entre otras)..". Agregaron que si bien el imputado no poseía antecedentes condenatorios y la escala penal que corresponde al tipo penal endilgado en su auto de procesamiento (el cual no fue recurrido) permitiría su soltura por encuadrar la situación en los supuestos del artículo 316 segundo párrafo y 317 inciso 1 del CPPN, las características objetivas, violencia y gravedad de los hechos, permitían presumir un riesgo de fuga. Finalmente añadieron que ".La misma conclusión torna inconveniente la fijación de una caución real, puesto que las características de los hechos que se le enrostran y su consecuente amenaza de encierro efectivo permiten presumir fundadamente que el depósito de una suma de dinero y la amenaza de su pérdida no alcanzarán para conjurar el riesgo de fuga antes explicado, que de tal modo sólo puede ser neutralizado mediante la medida cautelar analizada..", destacando inclusive que el tiempo que lleva en detención no luce irrazonable a la luz de la pena en expectativa y, el avanzado estado del proceso, permite presumir que será juzgado a la brevedad.
Homicidio, culpa de la víctima, tránsito automotor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: F., G. E. s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-01

Corresponde procesar a un motociclista que embistió fatalmente a un peatón en orden al delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, inexperta y antirreglamentaria de un automotor, pues aún cuando la víctima pudiera haber actuado de manera indebida al emprender el cruce de una avenida sin hacerlo por la senda peatonal, puede convenirse que el saldo letal respondió al accionar del imputado, quien incrementó el riesgo permitido al conducir por un lugar indebido violando las normas que regulan el tránsito automotor en la Ciudad de Buenos Aires.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, sentencia absolutoria, non bis in ídem, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, derecho al recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JOZAMI BARREIRO, JULIO CESAR c/  s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-11

La compareciente no logra persuadir que en el caso se hubiera afectado la prohibición de múltiple persecución penal por haberse admitido la apelación del Ministerio Público de la Acusación contra la absolución dictada en primera instancia; ni se hace cargo la defensa de desmerecer las consideraciones que ha elaborado este Tribunal al rechazar similares planteos de inconstitucionalidad de la facultad recursiva del actor penal, postura conteste con la sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Del voto del Dr. Falistocco. En disidencia: Dra. Gastaldi) - CITAS: CIDH: Mohamed vs. Argentina, sentencia del 23.11.2012; CSJStaFe: Rivadero, AyS T 246, p 308; Olivera, T 280, p 406, voto del Dr. Falistocco; Villalba, T 294, p 1.
Relación de dependencia, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: BAGNATO LUIS c/ SIGLO XXI S.R.L. Y/U OTROS s/ COMISIONES IMPAGAS, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-11-30

Negada la relación laboral, cabe entender que nada más corresponde efectuar al trabajador para considerar disuelta una relación ya desconocida en términos que comprenden el distracto.
Daño ambiental, prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: Estancia Violeta S.R.L c/ Techint SACI s/ Cobro de Pesos - Daños y Perjuicios - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-08-10

Siguiendo la clara línea trazada en el ámbito doctrinario y pretoriano, ante la concreta o posible existencia de daños al medio ambiente debe primar un enfoque probatorio donde impere el principio de la sana crítica, en directa consonancia con presunciones avaladas por un sano criterio lógico - jurídico. Ello coadyuva a la premura y urgencia que corresponde imprimir al tratamiento de los síntomas y las causas productoras de daño ambiental.
Divorcio, prueba testimonial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: N., G. c/ S.de N., S. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

Desde antigua data la jurisprudencia ha sostenido que en los juicios en los que se ventilan cuestiones de familia, los amigos íntimos, los familiares y la gente del servicio doméstico de los litigantes, son las personas más idóneas para conocer las cuestiones de hechos que se debaten en aquellas.
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Carbajo, Miguel A. y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

Si bien la existencia de cuenta corriente es un presupuesto de la legitimidad del certificado que autoriza el artículo 793 del Código de Comercio, cabe señalar que su expedición por el banco que lo esgrime con las formalidades legales, no sólo hace presumir la existencia de la deuda que se reclama sino también la efectiva apertura y operatividad de la cuenta corriente bancaria en base a cuyo saldo se emite. Así lo recepta específicamente el código ritual, que al incorporarlo entre los títulos ejecutivos "per se", le confiere el carácter abstracto propio de estos instrumentos (arts. 521, inc. 5 , y 542, inc. 4 , Cód. Proc.).
Acción, acumulación de acciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zabaleta, José M. y otros c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa Lenzi, Julio César c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04|1998-05-05

Corresponde no hacer lugar al pedido de acumulación de acciones si éstas no se encuentran en la misma etapa procesal (arts. 19 y 25 del C.P.C.A.; 188 y sgtes. del C.P.C.C.). (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, daño moral, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: ROBERTO EMILIANO CORNEJO c/ CLUB ATLETICO ALL BOYS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-09-16

No es exacto que la indemnización por da/o moral debe guardar proporción con los otros rubros que se reclamen ya que, incluso, existen casos en que solamente él procede.
Honorarios, convenio de honorarios, desregulación económica
Materia: PROCESAL
Carátula: Vignoni, Italo Francisco s/ Sucesión s/ Incidente s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-06-22

El contenido de la ley Nro. 869 -Ley de Creación de la Caja Forense de la Provincia de Río Negro- no ha sido derogado y continúa en plena vigencia. Ello en razón, de que la ley Nro. 2541 de desregulación económica, en su art. 3 última parte, establece que: "... quedan exceptuadas de las presente, las entidades, en virtud de normas legales, tengan a su cargo la prestación de servicios asistenciales y previsionales; consecuentemente si la ley 2541 exceptúa expresamente de la prohibición del cobro centralizado de los honorarios profesionales a entidades como la Caja Forense, en función de sus objetivos asistenciales y previsionales, tal excepción se encuentra en directa relación con la ley de aranceles Nro. 2212 y modificatorias. En consecuencia, el pacto de honorarios profesionales en cuestión resulta inoponible a la Caja Forense quedando limitado en su validez sólo a las partes que lo suscribieron. (Voto en disidencia del Dr. Balladini)
Competencia, contenido de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: R., J. G. y otros c/A. COM SRL y otros s/sumarísimo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-24

Para determinar la competencia debe estarse al contenido de la demanda, como acto constitutivo de la relación jurídico procesal. Es decir, que los ejes directrices son la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, la exposición de los hechos que el actor hiciera en su demanda y el derecho que invoca en su reclamo, pues dichos hechos constituyen el fundamento de la pretensión.