Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20


CRISTOFANELLI, Miriam contra MUTUAL ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLETICO CARCARAÑA Reg.: A y S t 206 p 240-244.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "CRISTOFANELLI, Miriam contra MUTUAL ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLÉTICO CARCARAÑA -Demanda Ordinaria- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 565, año 2003). Se resolvió someter decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gastaldi, Netri, Spuler y Vigo.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 193, pág. 451, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la resolución 95, del 7 de mayo de 2002, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario.

El nuevo análisis de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. Sucintamente, el caso.

1.1. En el proceso promovido por Miriam Susana Cristofanelli contra Mutual entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Carcaraña y otros por cobro de una suma de dinero ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral N 2 de Cañada de Gómez, la demandada opuso excepción de falta de personería.

Básicamente, esta defensa se sustentó en que el poder invocado por el actor -agregado a foja 3 de los autos caratulados "Cristofanelli, Miriam Susana contra Mutual E. A. y A.

del Club A. Carcaraña sobre Aseguramiento de Pruebas" (Expte. 891/97)- no era idóneo para deducir demanda ordinaria ni pedidos de inhibición general contra su parte; en otras palabras, cuestionó decididamente la extensión del objeto del mandato otorgado (fs. 11/12).

Contestado el traslado de ley por el accionante, el Magistrado actuante hizo lugar a la excepción de falta de personería articulada con fundamento en que de la lectura del mandato invocado por la demandante al momento de incoar la pretensión no surgía la facultad para iniciar el presente proceso como lo afirmaba la apoderada del Club Atlético Carcaraña, estando limitado el objeto del mandato a medidas de aseguramiento de pruebas (f. 53).

Ese decisorio fue apelado por la actora, quien en su expresión de agravios dedicó un capítulo bien definido a lo que rotuló como "verdaderos hechos invocados".

Concretamente, dijo: "...esta parte invocó personería en virtud del Poder especial obrante en los autos referidos en el fallo, pero no el de f. 3, como erróneamente sostiene el Juez de Primera Instancia.... Al remitirme al Poder Especial obrante en autos, lo hacía en estricta mención al glosado en autos en fecha 22 de setiembre de 1997...".

Reforzó su tesis defensiva diciendo que "...en la audiencia de vista de causa (f.

43) y en ocasión de informar sobre el mérito de la prueba ofrecida, esta parte, en forma expresa y de manera categórica sostuvo: '...de la prueba ofrecida, surge que a f. 1 de los autos caratulados 'Cristofanelli Miriam S. c. Mutual Entre Asoc. y Adh. del C.A. Carcaraña s. Aseg. de Pruebas' (Expte. N 891/97), cuyas constancias obran reservadas en secretaria, la procura expresamente faculta a quien suscribe a demandar por cobro de pesos...'" (fs.

75/75v.).

En la instancia de grado -es imperioso remarcar- la actora acompañó una copia certificada del poder a que hizo referencia en la expresión de agravios, pretensión que resistió la demandada solicitando el desglose del instrumento con el argumento de que su introducción había sido tardía. La Cámara hizo lugar al desglose del mandato (vid. resolución de la Sala N 22, del 26.02.2002 a foja 99) y seguidamente confirmó la resolución del Inferior que había acogido la excepción de falta de personería.

Para así decidirlo sostuvo que se discutía en autos la extensión del poder obrante a foja 3 del expediente "Cristofanelli, Miriam contra Mutual entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Carcarañá y/o quien resulte responsable s. aseguramiento de pruebas", en el sentido de si tal procuración comprendía la de iniciar también una demanda ordinaria.

En ese marco de conocimiento, el Tribunal dijo que: ("...) De la lectura del referido poder de foja 3, surge que se otorga para que los apoderados comparezcan, inicien y/o prosigan hasta su total terminación, 'en los autos caratulados' (de aseguramiento de pruebas) en todas sus instancias e incidentes.

La procuración es incoherente, ya que después se especifica que los apoderados podrán presentar 'todo género de demandas', cuando en los referidos aseguramientos de prueba no hay demandas ordinarias, como la que después se presenta, y motiva la alegada falta de personería por parte del accionado (...").

3. Contra dicho decisorio interpone la parte actora recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario como lesivo de la garantía de defensa en juicio. Asegura que la Sala al considerar que se discutía en autos la extensión del poder obrante a foja 3 del expediente sobre aseguramiento de pruebas que solo lo facultaba para iniciar esas precautorias, prescinde de prueba decisiva y contradice inequívocas constancias de autos, toda vez que de su expresión de agravios surgía claramente que invocó otro instrumento, el otorgado el 12.9.1997 y agregado al expediente el 22.9.1997 (glosado a foja 1 de la prueba asegurada).

Dice que el A quo soslayó los agravios expresados que daban cuenta de la existencia de personería en virtud de un instrumento arrimado a las actuaciones, negando no tan sólo su extensión sino también su existencia física.

También considera que la resolución atacada carece de motivación suficiente, pues parte de una premisa errónea como es entender que se debatía la extensión del poder de foja 3 y arriba a una conclusión incorrecta, como lo es, confirmar la falta de personería.

Insiste en que estaba probada la existencia del poder especial (que transcribe) que expresamente lo faculta para iniciar demanda por cobro de pesos, motivo por el cual se encontraba investido de representación suficiente.

4. Le asiste razón a la recurrente.

Sabido es que el proceso no puede ser conducido en términos estrictamente formales o mecánicos, conforme a un ritualismo caprichoso; que aquel está destinado al establecimiento de la verdad jurídica objetiva; que la conducción meramente formalista, mecánica o ritualista del proceso, oculta la obtención de la verdad jurídica objetiva; que a la verdad jurídica objetiva se le debe dar primacía; que la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el adecuado servicio de justicia que es garantizado por el artículo 18 de la Constitución nacional; y que su ocultamiento por excesos rituales o formales, importa la frustración en la aplicación del derecho.

Pues bien: la sentencia que ha incurrido en "exceso ritual manifiesto" es -a partir del caso "Colalillo" (18.09.1957)- una sentencia arbitraria al ser incompatible con la garantía del debido proceso. A mi juicio, la Sala en el presente caso incurre sin más en esta hipótesis descalificante de los decisorios judiciales, pues sobredimensiona las formas, aniquilando, de esa manera, las garantías acumuladas en el derecho a la jurisdicción y esa frustración ritual se erige como un muro compacto que impide el acceso a la verdad jurídica objetiva. En efecto: Cierto es que el actor acompañó un poder en primera instancia (agregado a foja 3 del expediente 891/97 de aseguramiento de pruebas) que dio motivo a la excepción de falta de personería opuesta por la demandada con sustento en la extensión limitada del objeto de la procura: iniciar medidas de aseguramiento de pruebas. Fue en esa línea de razonamiento que transitó la sentencia del Juez de primera instancia que hizo lugar a la defensa.

Pero también es cierto que el accionante, ya en la instancia de grado, subsanó la confusión -que el mismo había creado- individualizando correctamente la procura que le otorgaba la facultad para incoar la presente pretensión, siendo su mejor discurso persuasivo acompañar fotocopia certificada del mandato. Sin embargo, esta circunstancia de hecho y de derecho no conmovió a la Cámara que teniendo a la vista el referido "poder" -vale aclarar: de fecha anterior a su invocación en sede judicial y cuyo objeto facultaba al personero para promover este juicio- se escudó en un inadmisible rigorismo formal para acoger el pedido de la contraria de desglose de "poder", aferrándose, para ello, a una estricta aplicación del artículo 183 del Código Procesal Civil (vid. resolución de foja 99 con el efectivo desglose de fojas 86 a 88).

Es a partir de este déficit inicial en que incurrió el Tribunal -a riesgo de ser reiterativa: entroniza las formas en desmedro de la verdad jurídica objetiva- es que luego la Sala margina la materia llevada a su conocimiento, que no era otra cosa que la afirmación de la actora que tenía procura para incoar la demanda conforme surge de foja 1 del cuaderno de copias pertenecientes al expediente 891/97 de aseguramiento de pruebas.

Ese desenfoque de juzgamiento en que cae la Cámara se aprecia de manera clara en la resolución en crisis cuando vuelve a examinar la extensión del objeto del primero de los mandatos invocados por el accionante, es decir, el agregado a foja 3 del expediente de aseguramiento de prueba, concluyendo en la falta de personería de aquel.

Y esa cuestión era decididamente ajena a la instancia revisora de la alzada, habida cuenta que la expresión de agravios del demandante -como ya se ha hecho referencia- transitó por el carril de poner en evidencia al Tribunal que había otro "poder" (el agregado a foja 1), que acreditaba de manera indubitable la "adecuada representación" con el consecuente efecto jurídico: vincular al mandante con la cosa juzgada que emergente de la sentencia a dictarse en la causa, fundamento primordial que defiende nuestra ley procesal a través de la excepción autorizada como previa en el artículo 139, inciso 2) de dicho ordenamiento. Podrá decirse que el profesional de la actora invocó incorrectamente el "poder" o bien -si se quiere- lo agregó tardíamente a la causa.

Esa circunstancia podría tornar aplicable el artículo 137 del Código Procesal Civil y Comercial, que regula la presentación tardía de documento y le impone las costas ocasionadas por la tardanza.

Pero lo que no puede afirmarse sino a riesgo de proponer una solución ritualista por ilógica e irrazonable, es negar la existencia del mandato de foja 1.

Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento impugnado no resulta derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa y, por ende, debe ser anulado como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que dicte nuevo pronunciamiento. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que dicte nuevo pronunciamiento. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)