Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15


Poder Judicial de la Nación TS06I 33977 15-02-12 SALA VI EXPEDIENTE Nº 26.072/11	JUZGADO Nº 37 AUTOS: "NAUDY MARIA FLORENCIA Y OTROS C/ ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD SALVADOR S/ ACCION DE AMPARO" Buenos Aires, de de 2012 LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia de fs.28/29, que rechazó la pretensión cautelar de reinstalación, se alza la parte actora a tenor de los argumentos que esgrime en el memorial de fs. 34/37, que no mereciera réplica de la contraria.

Sostiene la apelante que la sentencia de grado le causa agravio porque desestimó la reinstalación pretendida en el marco de la acción fundada en el art.43 de la Constitución Nacional y en el art.1 de la Ley 23.592.

Sostiene en lo que interesa y en síntesis que el accionar de la demandada procediendo a la desvinculación de los tres docentes (Naudy, Morales, De Luca y Tessi) que se afiliaron juntos al Sindicato Argentino de Docentes particulares SADOP, ha vulnerado el derecho de los mismos a trabajar, a la estabilidad en el cargo, a la propiedad, a enseñar, a la tutela sindical efectiva y el debido proceso.

Agrega al respecto que se encuentran configurado en el presente caso la existencia de "verosimilitud en el derecho" y "peligro en la demora", por lo que solicita se revoque el decisorio de fs.28/29, haciendo lugar a la medida cautelar solicitada reincorporando a los mencionados docentes en sus respectivos cargos y funciones.

Adelanto que en mi opinión el recurso ha de tener favorable acogida.

Y digo ello pues encuentro suficientemente acreditado en la causa la verosimilitud del derecho invocado como fundamento de la pretensión como así el peligro en la demora (periculum in mora) que implicaría dejar las cosas en el estado actual o sea con los actores excluidos del ámbito laboral hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Siendo voluntad inequívoca de los accionantes su reinstalación al puesto de trabajo, considero también reunido el recaudo procesal, que torna viable la reinstalación pretendida. Y digo ello pues de las probanzas solicitadas por la actora sumado al resto de las consideraciones de autos ha quedado prima facie comprobado un vínculo entre los despidos incausados y la afiliación de los actores al gremio que los agrupa, sin que ello implique un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo. La medida solicitada por la apelante se impone en la necesidad de evitar que eventualmente un pronunciamiento favorable a los actores resulte estéril por haberse causado un perjuicio irreparable. Cabe recordar la referencia que el profesor Calamandrei advertía en lo referido al otorgamiento de medidas cautelas en cuanto a que si se postergara el daño tenido se transformará en daño efectivo.

Y decidir en ésta dirección no significa anticipar la solución de fondo, ya que la medida cautelar agota su virtualidad dentro de lo hipotético hasta que el juzgador llegue a la terminación del proceso y establezca la verdad definitiva.

En el mismo sentido y fuente citada se ha dicho que ."solo puede afirmarse el principio de libertad sindical y el de ejercicio de los derechos sindicales que protege el art.14 bis de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales (art.75 inc.22 CN) si se dispone como medida precautoria y en forma inmediata la restitución.". La doctrina señalada ha dicho."solo puede afirmarse el principio de libertad sindical y el de ejercicio de los derechos sindicales que protege el art. 14 bis de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales (art.75 inc.22 CN) si se dispone como medida precautoria y en forma inmediata la restitución del delegado despedido hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio promovido al efecto" (Obr.cit. pag. 295).

Cabe al caso recordar que el art.47 de la Ley de Asociaciones Sindicales establece que; "Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal competente conforme el procedimiento sumarísimo establecido en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que este disponga, si correspondiere el cese inmediato del comportamiento antisindical." El objeto de la acción del artículo 47 citado es la protección de la libertad sindical que esta definida por el art.4 de igual norma y el efecto es el cese inmediato del presunto comportamiento antisindical, como violatorio de dicho artículo.

En principio y con los elementos arrimados a la causa, nos encontramos con un derecho con apariencia de verdad y de derecho, circunstancias que permiten hacer lugar a la medida peticionada. Cabe recordar, tal como reiteradamente se ha sostenido, que la verosimilitud del derecho debe ser entendida como la mera probabilidad de que éste exista, debiendo seguirse en materia de libertad sindical un criterio amplio de interpretación atento la trascendencia de tales derechos y la imperiosa necesidad de que sus garantías resulten idóneas a fin de preservar el bien que se busca tutelar (CSJN "Alvarez c / Cencosud") y la vital importancia de la prueba indiciaria y de su valoración cuando aparece el acto atacado como discriminatorio (conf. CSJN " Pellicori c/ CPACF") por lo que propicio revocar el decisorio de grado haciendo cesar el acto del despido de los actores hasta tanto caiga sentencia definitiva.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Revocar la resolución apelada, haciendo lugar a la medida cautelar peticionada, ordenando a ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DEL SALVADOR la reinstalación inmediata en sus puestos de trabajo a los actores MARIA FLORENCIA NAUDY, RUBEN OMAR MORALES, ESTEBAN DE LUCA y MARTIN ERNESTO TESSI bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicar sanciones conminatorias de $3.000 diarios (art.14 bis. y 75 inc.22 Constitución Nacional, Conv. 135 OIT, art.47 y ss. Ley 23.551, art.212 inc.2 y ss. CPCN; art.629 Código Civil Argentino); II) Imponer las costas del presente incidente a cargo de la demandada difiriéndose su regulación para la sentencia definitiva (art.68 CPCCN); Regístrese, notifíquese con habilitación de día y hora y vuelvan los autos.

Regístrese, notifíquese y cúmplase Bg GRACIELA L. CRAIG JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID