marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Bienes gananciales, bienes de la sociedad conyugal, administración de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: F., J. C. s/ QUIEBRA s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-26

Es que como dice María Josefa Méndez Costas, al comentar un fallo de la Suprema Corte de Mendoza:....3) Durante la vida de la sociedad conyugal los bienes gananciales adquiridos por uno solo de los cónyuges no son de propiedad común, no existiendo sobre los mismos condominio ni cotitularidad. ...5) En consecuencia, el marido administra los bienes que adquiere y con la totalidad de ellos responde por sus deudas personales a sus acreedores; la esposa administra los bienes que ella adquiere y responde con el 100 por ciento (cien por ciento) de ellos a sus acreedores por las deudas personales. 6) Tratándose de bienes registrables, es suficiente que el bien figure adquirido por uno de los cónyuges para que éste responda por el total de las deudas contraídas por el titular y sea excluído de la acción de los acreedores del otro, sin perjuicio de que éstos puedan probar que el bien ha sido ilegitimamente sustraído a la responsabilidad que le es debida.....
Indemnización por accidente de trabajo, depósito en sede administrativa, retiro de fondos, acción civil por accidente de trabajo, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: BRESCIA, PASCUAL HECTOR c/ THE HOMO INSURANCE CO. NEW YORK s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-08-27

El cobro de la indemnización por accidente de trabajo liquidada y depositada en sede administrativa (departamento Accidente del Trabajo), no constituye un hecho extintivo de la acción especial reglada en la ley 9688.

Percibida esa indemnización, el accidentado tiene siempre abierta la vía judicial para reclamar por un porcentaje mayor de incapacidad que la que le fue fijada administrativamente.
Extradición, expulsión de extranjeros
Materia: PENAL - INTERNACIONAL
Carátula: Nadel, León y otro s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

La regla de la primacía de la extradición sobre la expulsión sólo tiene sentido en los casos en que se utiliza la expulsión como medio de evitar una extradición, esto es, en los casos de una entrega concertada entre agentes de ambos estados, y no en los casos de una detención espontánea con motivo de una expulsión no vinculada a un supuesto de extradición.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, conflictos colectivos de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: JARA, MIRYAM EDITH c/ STANDARD TRADING SA s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-07-26

Integran el universo de potestades del mérito el determinar si hubo suspensión por fin de temporada, retención de tareas individual o pluriindividual o un conflicto colectivo de trabajo, lo que resulta un análisis ajeno a la actividad que despliega el Superior Tribunal en esta instancia procesal.-
Modificación de la jornada de trabajo, ampliación de la jornada de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: C., N.B. c/ B., M.T. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-29

La jurisprudencia de nuestro mas alto tribunal provincial es especialmente estricta y ha dicho que "Controvertida la realización de las tareas en tiempo suplementario, recae en el actor la carga de la prueba y ésta debe ser fehaciente, asertiva". Y también que, "la prueba de las mismas a cargo del trabajador debe ser terminante y asertiva en razón de tratarse de prestaciones totalmente excepcionales, ajenas al desenvolvimiento común del contrato de trabajo".
Seguros, prescripción, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BUSTOS ELVIRA ALICIA c/ LA BUENOS AIRES CIA. DE ARGENTINA DE SEGUROS S.A. s/ COBRO DE SEGUROS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-05-30

Sobre el particular, no puede soslayarse que el contrato de seguro es objeto de una regulación legal específica (la ley seguros Nro. 17.418) y que en el marco regulatorio mencionado, la prescripción de las acciones emergentes, tiene un capítulo particular.

Ello así, el plazo anual establecido en el art. 58, tiene carácter legal, lo que impide establecer excepciones por vía de interpretación; ni respecto del término, ni del modo de computarlo. Tal como lo dijera la Cámara a quo, resulta insostenible invocar la ignorancia de los términos de la póliza para evitar el inicio del curso de la prescripción. No luce arbitrario el criterio conforme al cual, el descuento mensual en los haberes, del monto de la prima, revela que la actora conocía o debía conocer la existencia del seguro contratado en su favor.
Superior Tribunal de Justicia, juicio político, Poder Ejecutivo Provincial, gobernador, remoción del gobernador, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

Las críticas en las que se reiteran argumentos presentados en la instancia anterior, sin refutar los fundamentos por los cuales el superior tribunal local los ha rechazado, son insuficientes para demostrar, con el rigor que es necesario en el proceso eminentemente político de remoción de un gobernador provincial, que se ha violado la garantía de la defensa en juicio y que esa lesión irroga un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos.
Seguros, seguro de vida, pretensión, asegurador, riesgo asegurable, enriquecimiento sin causa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINO LILIANA NOEMI c/ CAJA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-19

Procede condenar a la compañía demandada al pago del seguro de vida reclamado por la actora, sobre la base de considerar que la incapacidad padecida por ésta última se hallaba amparada en la póliza oportunamente contratada por su empleadora. Ello así cuando -como en el caso- la asegurada contaba al momento de contratar, con una incapacidad del 66% y esto, sólo puede llevar a entender que fue la intención de las partes (ambas) asegurar la "capacidad laboral" de que gozaba la actora al tiempo de contratar (capacidad laboral restante), del posible riesgo de que sobreviniese sobre esa situación, por entonces, actual, una incapacidad total y permanente en los términos del contrato, pero medida sobre aquel porcentaje restante. En este marco, el riesgo asegurable que debió tener en consideración la demandada al tiempo de admitir la relación de seguro con la actora debió ser, por necesidad, el aseguramiento del acaecimiento del riesgo de una incapacidad total y permanente capaz de afectar el 66 % del 100 % de la capacidad restante de la asegurada. De no concluirse así, descontada la incapacidad preexistente al tiempo del seguro, quedaría una capacidad residual (38,5 %), sobre la cual se daría un supuesto de imposibilidad de ocurrencia del siniestro materia del seguro, lo cual sólo permitiría concluir en la inexistencia de un riesgo que mereciese cobertura. Y esta situación privaría de sentido propio a la contratación del seguro de que se trata y, consecuentemente, su formalización habría determinado la existencia de un enriquecimiento ilícito por parte de la aseguradora, dado que desde el año 1977 hasta el año 2005 -fecha en la que la asegurada se desvinculó de su empleadora- la compañía aseguradora demandada no sólo tomó el seguro de la actora a su cargo, sino que -además- percibió cada una de las primas devengadas durante todo ese iter contractual, sin haber efectuado reparo alguno.
Intereses, razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Diani de Ponce, Adriana Marcela c/ Varaona, José María y otros s/ Sumario, Expte. nro. 151/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-06-24

Cuando el Tribunal de Apelación mandó a pagar la tasa de interés prevista en el decisorio de primera instancia no advirtió que de ese modo abarcaba una etapa anterior a la estabilidad puesta en vigencia por la citada ley 23.928. Durante ese tiempo las tasas de interés no sólo sufragaban la renta del capital sino, también, compensaban el deterioro de la moneda, afectada por el proceso inflacionario que provocaba la disminución de su valor real. Ello generaba tasas de gran significación que, por lo dicho, comprendían dos destinos bien diferentes. El cómputo de dichas tasas sobre un capital fijado al tiempo de la sentencia -como lo decidió la Cámara- produce, de este modo, un evidente menoscabo al derecho de propiedad del deudor que, por ese camino, debe abonar el capital no afectado por el mencionado deterioro monetario y otra cifra tendiente a enjugar ese inexistente deterioro. El deudor, pues, debe pagar dos veces el mismo concepto (del voto del Dr. González Godoy).
Legitimación procesal, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: ARIZMENDI CARLOS RUBEN c/ REINOSO ALFREDO DOMINGO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-11-23

Cabe señalar que la facultad que la ley otorga a los jueces en el art. 314 del C.P.C.C., relacionado con los deberes genéricos que a su cargo pone el art. 34, inc. 5to. de dicho cuerpo legal como director del proceso, lo es a los efectos del cumplimiento de los recaudos formales de la demanda, pero en modo alguno de los sustanciales que hacen a la fundabilidad de la pretensión, sobre cuyo mérito corresponde expedirse en la sentencia definitiva, dado su efecto de cosa juzgada material.
BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANÓNIMA, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, empresas del Estado, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, derecho público
Materia: COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ORGANIZACION METALURGICA ARGENTINA SRL c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

Para el derecho positivo argentino, tanto las sociedades del Estado como las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, son personas jurídicas reguladas por normas del derecho privado, específicamente, del Código Civil y Código de Comercio, al que se encuentra incorporada la ley 20705 que, a su vez, reenvía al régimen de las sociedades anónimas, ley 19550 y modificatorias. Por lo tanto, ambos entes, la Sociedad del Estado denominada SEFYR Servicios Económicos, Financieros y Recaudatorios-, sometida al régimen de la ley 20705 y el transformado Banco Provincial de Santa Fe Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, bajo el régimen de la ley de Sociedades Comerciales 19550 y sus modificatorias (artículo 308 y siguientes), constituyen personas jurídicas reguladas por normas del derecho privado.
Responsabilidad del Estado, menores, detención, suicidio, requisa personal
Materia: CIVIL
Carátula: EXPTE. N° 99.565 P.E.E. EN J° 108.593/31.867 P.E.E. C/ G.P.M. Y OT. P/ ORD. S/ APELACIÓN S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-03-31

La idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del C.C. que establece un régimen de responsabilidad por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas.

Ello pone la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público que no requiere como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del C.C. Ello así, la falta en el servicio ha quedado definitivamente establecida en función de que al menor, nunca se lo requisó al momento de su ingreso a la comisaría, a pesar que existía la obligación de hacerlo, conforme lo han manifestado los funcionarios policiales que declararon en la causa penal.

La falta de requisa en la seccional fue admitida por la propia demandada, el gobierno de la provincia de Mendoza y por la oficial de guardia y el no haberse efectuado una requisa en forma minuciosa, permitió el posterior suicidio del menor detenido.
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, situación del imputado, cómputo de la pena, consentimiento del fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Daniel Alberto Padilla s/ Suspension Juicio a Prueba
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-06

Cabe recordar que la suspensión de juicio a prueba es un instituto del derecho material por el que se suspende el progreso de la acción, por lo que se imposibilita la aplicación de una condena y está previsto para "el imputado de un delito de acción publico reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años", según comienza la redacción del art. 76 bis del C.P., en cuyo 4º párrafo, por otro lado se establece que el Tribunal podrá concederlo "si la circunstancias del caso permiten dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento fiscal".

Conforme la interpretación de esta norma realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Acosta" (C.S.J.N., Fallo A. 2186. XLI del 23/04/08) y, concordantemente, por Resolución Nº 36 el Sr. Procurador General de la Provincia de Salta de fecha 23/09/08, por la que instruye aplicar tal jurisprudencia, éste requisito se cumple cuando se evalúa que la pena en concreto que podría surgir de una eventual condena aplicable al imputado no sería superior a los tres años de prisión, circunstancia que, se encuentra en directa relación con la posibilidad de concesión del beneficio previsto en el art. 26 del C.P.
Derecho civil, convenio de divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: A., M. R. c/ C., M. D. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-01

La posibilidad de efectuar observaciones a la propuesta del convenio regulador no es susceptible de precluir, en tanto las cuestiones relativas a los efectos del divorcio o bien se incluyen en el convenio regulador o recién serán zanjadas en los trámites posteriores (arts. 169 LPF)
Competencia, falsificación de instrumento público
Materia: PENAL
Carátula: Bogado, Emilio Francisco s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-28

La falsificación de un instrumento público resulta escindible de la causa que se instruya por la defraudación o su tentativa por el uso de aquél. (Voto de los Dres. Bisordi, Catucci y Fégoli).
Extradición, Estados Unidos, calificación legal, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Pruna Bertot, Fernando s/ Extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

La coordinación de esfuerzos o planificación en la introducción de estupefacientes y su acopio y distribución, resulta penalmente relevante en nuestro país a través de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 20.771 de su correlato con la Ley 23.737 y de las Previsiones de la Convención Unica sobre estupefacientes, Ginebra 1961, modificado por el protocolo de 1972.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, sociedades comerciales, simulación, compraventa, escrituración
Materia: CIVIL
Carátula: Vulpes, Juan c/ Alvarez Thomas S.R.L. y otro s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la demanda por escrituración, fundándose en que el actor no había demostrado que la verdadera relación jurídica configuraba una promesa de venta de cosa futura y no una sociedad en participación como se la denominaba en los contratos, pues los argumentos expuestos se vinculan sólo parcialmente con el concreto planteo formulado en la demanda, dirigido a demostrar la falsa apariencia de los actos en cuestión (art. 958 del Código Civil)
Fiscal de Cámara, remuneración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: San Martín, Antonio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo Maggi, Juan Carlos y otros s/ Acción de amparo Segovia, Alberto Lindolfo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22|1995-08-22|1997-03-25

Los Fiscales de Cámara, gozan de la garantía de intangibilidad en sus remuneraciones (arts. 110 y 120, Const. nac.).
Honorarios del abogado, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Medo, Víctor c/ Aureano, José s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-29

La exigencia contenida en la última parte del art.54 del dec.ley 8904 rige tanto para honorarios a cargo del mandante o patrocinado como del condenado en costas.
Aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vázquez, Victorina s/ pensión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

En el campo de la previsión social no cabe extremar el rigor de los razonamientos lógicos ni de las formas particulares del derecho civil para reconocer beneficios, pues lo esencial es cubrir los riesgos de subsistencia y ancianidad que acontecen a todas las personas, y el aseguramiento de lo necesario a tales fines se encuentra por encima de la regularidad de la unión de la pareja.
Contratos administrativos, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vázquez, Juan Carlos Tito c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-12

El principio de buena fe debe regir en las contrataciones e impone al contratista un comportamiento oportuno, diligente y activo antes que displicente. Dicha exigencia se torna más rigurosa para quién contrata con la Administración Pública, ya que en este caso está comprometido el interés general y no sólo el de particulares.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta, Felipe R. y otros c/ Molinos Río de la Plata SA s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-05-14

La doctrina cuya violación hace viable el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la producida por la Suprema Corte mediante la interpretación de las normas legales que han regido la relación sustancial debatida en determinada controversia.
Facultades del juez, agente fiscal, proceso penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TRATADO SUBSCRITO CON LA REPUBLICA DE ITALIA-DIGI s/ FACULTADES DEL JUEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Las discrepancias entre el juez de instrucción y el fiscal a quien se le delegó la investigación pueden ser solucionadas con la facultad del primero para reasumirla. Por ello y si no se da ninguno de los supuestos contemplados en el art. 348 CPPN ni literal ni analógicamente interpretado no existe causal alguna que justifique la intervención de la Cámara.
Copias, recursos, recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, Ministerio Público Fiscal, elementos del acto administrativo, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Arce Acuña, Arce Acuña ignacio Delio, sobre 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89/ 90 y 91) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-23

La queja interpuesta no reúne los requisitos mínimos formales para ser tratada (art. 32 de la ley n° 402). El presentante, luego de haber sido debidamente intimado, no acompañó ninguna de las piezas procesales necesarias para permitir que este Tribunal analizara adecuadamente el caso. El recurrente tampoco mencionó justificación alguna en cuanto a los motivos que, eventualmente, le habrían impedido obtener o aportar lo que oportunamente se solicitó. Este grave defecto formal provoca la imposibilidad de examinar, entre otras cuestiones, los motivos de agravio desarrollados en su recurso de inconstitucionalidad, si el mencionado recurso y su queja fueron presentados en el término legal para hacerlo. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe por remisión a sus argumentos expuestos in re "Ciamberlini", expte. n° 10149/2018-3, resuelto el 23/03/2022).
Recurso extraordinario, gravamen actual, obligaciones, tipo de cambio
Materia: PROCESAL
Carátula: Tantucci, Oscar Ricardo c/ EN.  - Mº de Educación y Justicia - s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Los agravios referidos a la fecha de origen de la obligación para la determinación del tipo de cambio son insustanciales pues, pese a que el a quo consideró que correspondía estar a la del dictado de la resolución, al desestimar la apelación, dejó firme, en ese aspecto, la decisión de primera instancia que había adoptado la pretendida por la recurrente.
Recurso contencioso administrativo, plazo, defecto legal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Velázquez, Luis Catalano c/ Municipalidad de Reconquista s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Excepción   de defecto legal en el modo de proponer la demanda (Expte. CSJ Nº   478-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-07-26

Una vez configurada la denegación tácita de los remedios articulados en sede administrativa, el interesado no está obligado a concurrir por vía contenciosa administrativa dentro de los 15 días fijados en el artículo 5 de la ley 4106. Por tanto en el caso, debe rechazarse la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda (artículo 37, inciso c) de la ley 4106) articulada en forma de artículo previo con base en la extemporaneidad de la presentación de demanda (artículo 39 in fine).
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, concausa
Materia: LABORAL
Carátula: Figueredo, Roque c/ Caja de Previsión Social de la Pcia. de Formosa s/ Indemnización  emergente  de enfermedad accidente (art. 8 inc. b Ley  9688 y modificatorias) Pcia. de Formosa s/ Indemnización  emergente  de enfermedad accidente (art. 8 inc. b Ley  9688 y modificatorias)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-24

Acreditada por el trabajador la enfermedad que porta y que ésta ha tenido como fuente las substancias que se utilizan en la empresa demandada, surge nítidamente la responsabilidad de la accionada en la producción del daño.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04

Si la defensa basó su reclamo en que concurrirían inhabilidades contempladas en el art. 141 del C.P.P., debía evidenciar que ellas lo son en función del art. 142 que expresamente delimita el concepto de inhabilidad a partir del art. 141, a saber: aquellas declaradas con base de parentesco, amistad, enemistad, vínculo social, dependencia y toda otra fundada en presumirse parcialidad del testigo por su situación respecto del querellante o del procesado sólo serán tenidas por tales cuando los testigos puedan ser inspirados por interés, afecto u odio (además de declarar aplicables al particular ofendido por el delito que intervenga en el juicio penal las disposiciones referidas al querellante).
Indemnización por accidente de trabajo, pago de la remuneración, prueba del pago, doctrina de los actos propios
Materia: LABORAL
Carátula: Cabrera Jorge Luis c/ José Cartellone Construcciones Civiles  S.A. y ot. s/ Sumario (LIBRO: S018 - 131)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-26

El recibo de remuneraciones constituye un documento emanado de la accionada y, si de él emerge el pago del rubro "accidente", conlleva ello una confesión extrajudicial, es decir, al reconocimiento expreso del accidente padecido por el actor, como así también su vinculación causal con el trabajo. Hechos estos a los que, aplicando la Teoria de los actos propios, no puede pretender controvertir la empleadora al contestar demanda, so pena de violar el principio de buena fe que debe regir toda relación contractual.-