Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-07-31


AUTOS N° 117900 (5º JUZGADO CIVIL) (SALA III N° 11944) "MONTECINO Ceferino Mauro y Otro C / Tapia Ricardo Juan Gabriel - Daños y Perjuicios" En la Ciudad de San Juan, a 31 días del mes de julio de 2017, reunidos los Sres. Miembros de esta Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Luis Alberto Recio y Juan Carlos Pérez, a los fines de resolver respecto de los recursos de apelación interpuestos a fs. 287 y 291 por la parte actora y demandada y concedidos a fs. 288 y 297 respectivamente; contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2016 obrante a fs. 267/285.

El memorial de agravios del primer recurso se encuentra agregado a fs. 293/296, sustanciado a fs. 297 y su contestación a fs. 303 / 306 y vta.

El memorial de agravios del segundo recurso se encuentra agregado a fs. 299/303, sustanciado a fs. 307 y su contestación a fs. 308 / 314 y vta.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. LUIS ALBERTO RECIO, dijo:

El Señor Juez del Quinto Juzgado Civil, RESOLVIÓ: I)- Hacer lugar parcialmente a la demanda, declarando que el accidente de tránsito acaecido el día 29 de noviembre de 2009, ocurrió por culpa exclusiva del demandado, Sr. Ricardo Juan Gabriel Tapia. II)- En virtud de ello, condenar a los demandados, Sr. Ricardo Juan Gabriel Tapia -como conductor del automotor dominio dominio EQJ-797-; Sres. Carlos Hugo Martinez y María del Carmen Alvarez -como titulares registral de dicho automotor-; y a la compañía aseguradora Río Uruguay Seguros Coop. Ltda., en forma solidaria (esta última dentro de los alcances de la póliza asegurativa), a pagar a los actores las sumas determinadas en los considerandos precedentes, con más los intereses en la forma allí determinada. III)- Imponer las costas a los demandados vencidos, en los términos del art. 66 del C.P.C. IV)- Regular honorarios del Dr. Sergio Ramiro Ruiz por su actuación profesional en simple carácter, por el cumplimiento efectivo de las tres etapas del proceso, en el 16% de la liquidación que se practique oportunamente. Regular los honorarios correspondiente al Dr. Diego Seguí, por su actuación en doble carácter en las tres etapas del proceso, en el 12,6% de la liquidación que se practique oportunamente. Y finalmente, regular los honorarios de los peritos actuantes en la causa, Dr. José González Testi, Lic. Cristina G. Marcó, e Ing. José Ricardo Godoy, en el 2% independientemente para cada uno de ellos, a aplicar sobre la liquidación que resulte oportunamente.

AGRAVIOS DE LA ACTORA Primer agravio: Está referido al cuantum indemnizatorio, el cual resulta bajo y exiguo para reparar el daño causado por la demandada a la víctima.

Expresa que al momento de interponer la demanda la actora reclama la suma de $ 10.000, estimando los mismos, en lo que respecta al daño patrimonial causado al Sr. Montecino Ceferino Mauro, o lo que en más o en menos se determine, ello por cierto a los fines de cuantificar el reclamo resarcitorio, cumpliendo con un imperativo procesal así requerido. Por lo que queda claro, es que la suma surgirá de las pruebas a rendirse en autos y por cierto del derecho aplicable al caso.

La pericial médica determina una incapacidad parcial y permanente del 17 %.

Manifiesta que los daños sufridos por la víctima, no encuentra una reparación integral y por cierto lógica cuando el a - quo condena al pago de la suma reclamada al momento del accidente, más los intereses y el sentenciante sostiene que le parece excesivo aplicar la formula Mendez.

Lo que hace que la sentencia sea arbitraria y contraria a derecho.

Cita y transcribe el art. 1746 del Cód. Civil y Comercial, al igual que precedentes judiciales. Sostiene que se debe aplicar el caso Mendez y se debe tener en cuenta no sólo la faceta productiva de la víctima, sino también, el menoscabo que padece por el desarrollo de su vida en sociedad. Considera que la suma a que se debe condenar por éste rubro asciende a $103.876,11.

Segundo agravio: Se basa en que no se hace lugar a los daños reclamados por el actor Roldan Mauro por daño emergente, daño patrimonial y daño moral, reclamos que se ajustan a derecho, por lo que solicita se revoque la sentencia haciendo lugar a la demanda, condenando a la demandada a resarcir los daños sufridos.

Que es equivocado no considerar los daños reclamados por el Sr. Mauro Roldan, como si no fueran resarcibles. Considera que debe prosperar el agravio, por ajustarse a derecho y consecuentemente condenar a los demandados.

AGRAVIOS DE LA DEMANDADA Primer agravio: Está referido al monto admitido en la condena por daño emergente. Ya que no guarda relación y excede la cuantía reclamada, porque asciende a una suma que no guarda relación con los daños de la unidad siniestrada, ni se sostiene en ninguna prueba.

Sostiene que se viola el principio de congruencia - art. 164, inc. 6º del C. P. C. recordando que la actora reconoce en su demanda haber dado de baja en el Registro respectivo a su motocicleta. Que tal como se sostuvo al cuestionar la pericia - única prueba en que el a quo sostiene este rubro, la motocicleta jamás fue inspeccionada por el perito accidentológico.

Además la estimación pericial del costo de reparación (fs. 195 vta. y 196), no se sostiene con ningún informe del valor de los repuestos, ni de mano de obra, sólo es una simple cuenta sin certeza de sus costos.

Segundo agravio: Respecto del Daño Moral, por este rubro la sentencia lo admite por la suma de $ 28.000 para el actor Ceferino Montecino, cuando se reclamó $ 10.000, violándose el principio de congruencia. Queda patentizado el agravio, cuando el sentenciante luego de sostener que "respecto a este rubro se mantiene el sistema de cuantificación basado en la justa ponderación judicial" - propio del daño moral - luego a fin de determinar el quantum, acude al sistema tarifado de una terapia recomendada por la perito psicóloga.

Hay que recordar que la actora encuadró este rubro como daño moral y no psicológico. La diferencia cobra importancia porque ambos rubros requieren presupuestos de admisibilidad y ponderación de su cuantía, absolutamente distintos.

El a - quo pondera la cuantía atendiendo al costo de una terapia psicológica cuando el daño reclamado es moral. Lo que quiere decir es que, si bien para determinar la entidad del daño moral se puede acudir a una pericia psicológica, para su cuantía se debe seguir el criterio de la "ponderación judicial ".

Adviértase que la prueba psicológica no determina ninguna " disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables ", tal como lo exige el art. 1746 del Cód. Civil y Comercial.

Cita jurisprudencia.

Tercer agravio: Está referido a la imposición de costas, que está basado en el principio de la derrota previsto en el art. 66 ley 988 - O. Considera que dicho principio no es absoluto, ya que pueden dejarse libradas al arbitrio judicial. Sostiene que las costas deben ser distribuidas prudencialmente por el Juez en proporción del éxito obtenido por cada uno de ellos (art. 70 del C.P.C.).

Señala que el monto de la demanda es de $ 39.028 y lo admitido es $ 32.500, lo que constituye una significativa diferencia, demostrativa de que la pretensión de la actora ha prosperado parcialmente.

TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS DE LA ACTORA Está referido al monto indemnizatorio que fue materia de condena, el cual resulta bajo y exiguo para reparar el daño causado por la demandada a la víctima, más cuando la pericial médica determina una incapacidad parcial y permanente del 17 %.

Expresa que al momento de interponer la demanda la actora reclama la suma de $ 10.000, estimando los mismos, en lo que respecta al daño patrimonial causado al Sr. Montecino Ceferino Mauro, o lo que en más o en menos determine V. S., ello por cierto a los fines de cuantificar el reclamo resarcitorio, cumpliendo con un imperativo procesal así requerido. Por lo que queda claro, que la suma surgirá de las pruebas a rendirse en autos y por cierto del derecho aplicable al caso.

Manifiesta que los daños sufridos por la víctima, no encuentran una reparación integral y por cierto lógica cuando el a - quo condena al pago de la suma reclamada al momento del accidente más los intereses y el sentenciante sostiene que le parece excesivo aplicar la formula Mendez.

Entrando a considerar el mismo, anticipo mi opinión en que propiciaré su admisión, conforme los alcances que precisaré.

En efecto, la cuantificación dineraria del daño emergente tal como lo ha sostenido en reiterada doctrina la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando lo que se pretende es determinar una suma que permita reparar el perjuicio causado como pérdida de ganancia, es ineludible precisar la entidad del daño, a fin de justificar la proporción entre el mismo y aquella indemnización (Fallos 285 : 55; 297 : 305; 309 : 1269, entre otros ).

Derivado de ello, una ecuación que cumpla con los requerimientos del cimero tribunal en el tema, debería apoyarse en las condiciones específicas de la víctima. El análisis de dichos aspectos, resultan plausibles como propósito para lograr la integralidad de la reparación, no pudiendo soslayar lo racional.

Es por lo que, en la presente, tendré como marco referencial el precedente dictado en la causa " Mendez Alejandro Daniel c / Mylba S. A. y otro s / Accidente. Acción Civil. " de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de fecha 28 / 04 / 08, en el cual se aceptó el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que la fórmula " Vuoto" que se aplicaba no satisfacía la reparación plena de los daños prevista en la Constitución Nacional.

La actora recurrente, lo cuantifica aplicando la fórmula " Mendez " en la suma de $ 103.876,11. Considero, que el fijar un monto por la incapacidad sobreviniente no debe ajustarse a cálculos estrictamente matemáticos, sino cuantificarse conforme al prudente arbitrio del juez.

Para ello, en el presente, tengo particularmente en cuenta, entre otras pautas, edad de la víctima, sexo, actividad que desempeña, ingresos - considerando el salario mínimo vital y móvil que a la fecha del accidente asciende a la suma de $ 1.440 -, la gravedad de las secuelas y muy especialmente, que padece una incapacidad total y permanente de 17 %.

La doctrina ha sostenido: "En definitiva para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicable los porcentajes fijados por la Ley de Accidente de Trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia, sino que debe tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación. Ello significa que las fórmulas matemáticas no constituyen la única ni autónoma fuente de cuantificación, ya que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio ( que no es arbitrariedad ) judicial, pero podrá ser un elemento útil a la hora de fijar el quantum por muerte como por incapacidad permanente " Cód. Civ. y Com . de la Nación comentado, Ricardo Luis Lorenzetti, Tº VIII, pág. 528, Ed. Rubinzal - Culzoni.

En función de lo expresado, considero ajustado a derecho fijar por éste rubro la suma de pesos ochenta mil ( $ 80.000 ), calculados a la fecha del accidente, con más los intereses legales.

No resulta ocioso señalar, que la actora en la demanda reclama la suma de $ 39.028, calculados al momento del accidente con más los intereses legales desde ese momento y lo que en más o en menos estime el sentenciante luego de la producción de la prueba.

De ello, sin duda alguna, se colige que el monto del reclamo hecho es meramente estimativo, toda vez que expresa lo que en más o en menos se determine luego de la producción de la prueba.

Es más, la prueba cobra vital importancia en proceso de reclamos de daños, como éste y fundamentalmente las periciales - médica, psicológica y mecánica -, que sirven como base al Juzgador para la cuantificación - en su caso - de los diversos rubros reclamados, en la sentencia.

No obstante lo estimativo del reclamo, además, la determinación del monto reclamado, constituye un presupuesto procesal establecido en el art. 293 inc. 6) ley 988 - O "... La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla por las circunstancias del caso o porque la estimación dependiera de elementos de juicios aún no definitivamente fijados. En estos supuestos, no procederá la excepción de defecto legal. La sentencia fijará el monto que resulte de las pruebas producidas" En el presente reclama como daño patrimonial para el coactor Montecino la suma de $ 10.000, pero como ya se ha precisado, tal reclamo es en forma estimativa, a las resultas de la pericial. De ahí, que condenar por un monto mayor al estimado, en éste caso particular, no implica vulnerar el principio de congruencia, por los fundamentos precisados.

La jurisprudencia ha sostenido: "Cuando se trata de demandas por resarcimiento de daños y perjuicios, la defensa - Defecto legal - también procede cuando no sea posible establecer cuáles son los montos pretendidos, o de qué manera el actor los ha estimado. La necesidad de cuantificar el contenido de la pretensión indemnizatoria tiene implicancias en la preservación del derecho de defensa del adversario, el respeto al principio de congruencia, al de economía procesal, y el facilitar un allanamiento o transacción (cfr. Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños", vol. 3, "El proceso de daños", Hammurabi, 1993). El carácter estimativo de algunas partidas, debido a la naturaleza y particularidades de ciertas especies de daños, no releva al actor de cuantificar su reclamo, toda vez que en virtud del principio de congruencia, una eventual condena no podrá superar los montos justipreciados a la fecha de interposición de la demanda. En este sentido, la Suprema Corte Provincial fijó doctrina legal estableciendo que " Procede la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, si al reclamar indemnización por daño moral no se efectúa una estimación, al menos provisoria, del monto reclamado" (cfr. CSJTuc., sentencia N° 182 del 27/03/2000100010371). Como ha sido dicho, entre otras consecuencias procesales, la determinación cuantitativa de los rubros demandados atañe al principio de congruencia, pues habrá de constituir el límite objetivo de la pretensión. Las dificultades para establecerla no relevan al interesado de estimar provisoriamente el monto pretendido, aún cuando su exacta determinación - si procediere - habrá de concretarse en la sentencia definitiva, en base al cuadro probatorio reunido. No le es dado al actor excluir de la traba de la litis cuestiones que debieron integrarla, porque la evaluación del daño - aún aproximada - por lo común se vincula con hechos conocidos por el reclamante, y en el caso no se advierte razón para eludirlas en desmedro del derecho de defensa del demandado. Con el objeto de resguardar los principios mencionados, el actor tiene entonces la carga procesal de formular una estimación provisoria y aproximada de la cuantía que pretende por el concepto indemnizatorio que refiere en su escrito inicial, sin perjuicio de lo que en definitiva pueda surgir de la prueba que sobre el particular pueda producir en la etapa pertinente de este proceso. " DRES.: AVILA (EN DISIDENCIA) - DAVID - RUIZ. GONZALEZ AMANDA BEATRIZ Y OTROS c/ DIAZ MIGUEL ANGEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, Fecha: 19/06/2014, Sentencia N°: 238, Cámara Civil y Comercial Común - Sala 1.

Respecto al segundo agravio, referido a que no se hace lugar a los daños reclamados por el coactor Mauro Roldan, considero ajustado a derecho lo resuelto por el Sr. Juez a - quo, ya que no hay prueba que amerite una condena por los daños y perjuicios sufridos.

Es más, de la pericial médica obrante a fs. 154 / 156, surge que el Sr. Mauro Gastón Roldan, no tiene ninguna incapacidad, de igual forma que de la pericial psicológica de fs. 174, surge que no tiene ningún trastorno psíquico.

Es un principio básico en el régimen jurídico procesal que quien ejerza una pretensión en un juicio, debe acreditarla por los medios probatorios pertinentes, por lo que dicha carga está - en el presente - en cabeza del actor, ello es así por la máxima según la cual "a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella".

Además, la parte actora debe saber que tiene que probar lo que le interesa a su derecho, lo que se desprende de lo preceptuado en el art. 340 del C.P.C., primer párrafo.

Así lo ha sostenido la jurisprudencia "Quien procura la reparación de un daño debe probarlo fehacientemente, aportando a la causa la información necesaria para su determinación por el juzgador, sin que sea bastante la posibilidad de la existencia de perjuicio, pues no corresponde acordar indemnización sobre la base de simples conjeturas " - Calvo. Julio c/ García, M y Giambrone, C. Daños y Perjuicios. Cám. Apel. Civil y Comercial, Trenque Lauquen, Bs. As.; 19-08-1986; Jurisprudencia Prov. Bs. As.; RC J 7618 / 10. " Para el derecho la prueba del daño es capital: un daño no probado carece de existencia. Para que el efectivo perjuicio sea compensable, debe ser cierto y probado, desde que no acreditado un daño efectivo, el juzgador carece de base para fijar su importe, resultando inaplicable lo dispuesto en el artículo 165 del CPCC ".- Misetich, Mirta c / Valseche, Juan Carlos. Daños y Perjuicios. Cám. Apel. en lo Civil y Civil y Comercial Sala I, Quilmes, Bs. As.; 26- 07-2005; Jurisprudencia de la Prov.de Bs. As. ; J 9927 / 10.".

Por ello, voto por el rechazo del agravio traído.

TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS DE LA DEMANDADA El primero está referido al daño emergente, afirmando la recurrente que el monto de $17.000 por que se condena es exagerado, no guardando relación con los daños de la unidad siniestrada.

Entrando a su estudio, manifiesto que propiciaré la admisión parcial del agravio, por los fundamentos y conforme a los alcances que precisaré.

De lo expresado en la demanda por la actora, a fs. 26 surge que la motocicleta que conducía el coactor Montecino, fue dada de baja en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Además el perito a fs. 193 vta., expresa que ha tenido en cuenta el informe pericial de fs. 24 del sumario penal y las fotografías que lucen a fs. 25 y 26 del citado sumario, de lo que se colige que el perito no ha tenido a la vista la motocicleta, para la realización del informe técnico.

Derivado de ello, la cuantificación que hace el perito, al no tener a la vista la motocicleta Cerro, ha impedido que pueda visualizar las distintas partes afectadas de la misma y si son susceptibles de arreglo o no, debiendo acudirse, en su defecto, a la sustitución de piezas.

Consecuentemente, con lo expresado, en este aspecto, la pericia no resulta determinante para la fijación de éste rubro, al no estar apoyada en fundamentos técnicos científicos.

Resulta importante precisar, que una pericia debe valorarse conforme a las reglas de la sana crítica. Por lo que su apreciación por el juzgador, no puede ser absolutamente discrecional y para apartarse de las conclusiones a que arriba, debe fundamentarse en razones serias, demostrativas que no tienen la necesaria convicción o que se han violentado principios lógicos o máximas de experiencia. Por lo que el apartamiento de las conclusiones a que arriba el perito, al menos parcialmente, en ésta causa, se justifican nítidamente, por los fundamentos ut - supra.

Sentado ello, cabe expresar, que no se puede soslayar, que la motocicleta Cerro del actor sufrió daños, tal como surge del informe pericial de fs. 24 del sumario penal y las fotografías que lucen a fs. 25 y 26 del citado sumario y los mismos deben ser objeto de resarcimiento.

Consecuentemente, una vez más, corresponde acudir al prudente arbitrio judicial, para cuantificar este rubro. "...la estimación de los daños está librada al prudente arbitrio judicial no siendo indispensable pruebas directas y concluyentes, bastando al efecto que la parte interesada aporte simples indicios o pautas que faciliten la labor judicial..." (Conf. L. de S. T° 24, pág. 81; T° 28, pág. 5; Libro de Sentencias T° 69, F° 179/181 - Fecha 13-12-96; Libro de Sentencias T° 69, F° 134/137 - Fecha 25-10-1996). Voto del Dr. Alferillo. AUTOS N° 14.938 (n° 8.342-1° CIVIL) "MOLINA, MANUEL AUGUSTO c/RIVIELLO, ANDRES Y OTROS-DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO". L. DE S. T° 72, F° 30/35 - FECHA: 25/03/98.

"...este tribunal, en coincidencia con la jurisprudencia nacional y lo dispuesto por los art. 171 del C.P.C., ha sostenido que, establecido el daño, aunque el presupuesto no haya sido reconocido en juicio, pero si de la naturaleza e importancia de los daños surge que lo reclamado no es exagerado, corresponde tener como exacta la inversión y siempre y cuando no exista otra prueba en contrario..." (C.A.C., Sala 1, Protocolo de Sentencias T° 30, F° 158/160). Voto del Dr. Alferillo. AUTOS N° 14.938 (n° 8.342-1° CIVIL) "MOLINA, MANUEL AUGUSTO c/RIVIELLO, ANDRES Y OTROS-DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO". L. DE S. T° 72, F° 30/35 - FECHA: 25/03/98.

En función de lo expresado, estimo prudente y ajustado a derecho, fijar el cuantum indemnizatorio por este rubro, en la suma de pesos cuatro mil ( $ 4.000 ), calculados a la fecha del accidente a los que se le deberá adicionar los intereses legales a partir de dicha fecha.

Respecto a la queja relativa al daño moral y a su improcedencia, al igual que su monto, que asciende a $28.800; En primer lugar, cabe dejar sentado que para su procedencia, en cuanto a la denominación del rubro indemnizable, es materia que atañe al juez el deber de calificación jurídica de las pretensiones de las partes, en cuyo cumplimiento se puede prescindir de las denominaciones técnicas que éstas le asignen, siempre que se respeten los hechos y la causa de la pretensión. Lo fundamental es que no se produzca una duplicación de rubros y que haya sido correctamente juzgada la existencia y entidad del daño moral sufrido por la actora, cualquiera sea el nombre que se le asigne para conceder la indemnización.

De no seguirse tal criterio, se afectaría el principio de reparación integral, produciéndose una menoscabo al resarcimiento económico que le corresponde al actor.

Así también, le asiste razón a la demandada recurrente, en que el monto no puede ser calculado en función del costo de un tratamiento psicológico.

En cuanto al análisis del monto atribuido por este concepto, debo recordar que la fijación de sumas indemnizatorias no está sujeta a reglas fijas.

Su reconocimiento y cuantía depende - en principio - del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión. Este capítulo tiene su fundamento en la obtención de una satisfacción compensatoria, -y por ende, imperfecta-, de dolor íntimo experimentado, en este caso, a raíz del siniestro. Esta reparación habrá de estar ordenada a asegurar, con su resarcimiento, la obtención de gratificaciones sustitutivas de los bienes perdidos, en cuanto fuente de gozo, alegría, u otros bienes estimables en la esfera psicofísica. En cuanto a la determinación del daño moral y su cuantía corresponde tener en cuenta los siguientes elementos: a ) la indemnización debida con causa en el daño moral tiene carácter resarcitorio, b ) ella debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos sufridos por el demandante, c ) ha de tenerse en cuenta la gravedad del ilícito cometido, d ) no es preciso que guarde relación con el daño material ni con otros daños que se reclamen. Por lo cual, la procedencia del rubro en examen es innegable respecto de la actora, siendo que el daño moral se tiene acreditado por la sola comisión del acto antijurídico - se prueba in re ipsa, por surgir inmediatamente de los hechos motivos de la litis.

En el presente, la procedencia del rubro surge claramente, de la comisión del acto antijuríco y ha quedado nítidamente demostrado con la condena al demandado Tapia, infiriéndose también, los lógicos sufrimientos, dolor, pena, desazón, angustia que debe haber padecido el actor - los que se ven corroborados por el informe psicológico de fs.167 - como consecuencia del acto ya precisado.

Referido a la fijación de la indemnización analizada, cabe sostener, que exigir demasiadas precisiones sobre el criterio para cuantificar el resarcimiento, sería desconocer la naturaleza del daño moral, e ignorar la especial situación en la cual se encuentra el juez cuando debe justipreciar esa clase de indemnización.

En función de lo expresado, conforme al prudente arbitrio judicial fijo el monto en concepto de daño moral en la suma de pesos diecisiete mil quinientos ($ 17.500 ), calculados a la fecha del accidente, con más los intereses legales a partir de dicha fecha.

Así lo ha sostenido la jurisprudencia: " La valuación del daño moral no está sujeta a cánones estrictos; corresponde a los jueces establecer prudentemente el quantum indemnizatorio "C. Fed .,Sala A , 28 / 12 / 94 ; Gandolfi de Vanetta , Mercedes c / Dirección Nacional de Vialidad " . LLC , 1995 - 508 .Rep. LL , 1995 ( LV )-713 . " El reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende, en principio , del arbitrio judicial. " SCBA ,1 / 8 / 95; Rodríguez , M y / o c / Petruzziello , A . y / o .Rep. L.L. , 1995 ( LV )-714.

Así también: "La valuación del daño moral no está sujeta a cánones estrictos: corresponde a los jueces establecer prudentemente el quantum indemnizatorio " C.Fed.Cba , Sala A , Gandolfi de Vannetta , Mercedes c / Dirección Nacional de Vialidad , LLC ,1995 - 508 Re . LL , 19995 ( LV ) - 713 de fecha 28 / 12 / 94 , idem SCBA Rodríguez , M y / o c / Petruzziello , A Rep , LL , 1995 ( LV ) -714.

El último agravio, es el referido a la imposición de costas, que está basado en el principio de la derrota previsto en el art. 66 ley 988 - O. Expresa el recurrente que dicho principio no es absoluto, ya que pueden dejarse libradas al arbitrio judicial.

Adelanto mi criterio que el mismo no puede prosperar, por los fundamentos expresados al abordar la última parte del primer agravio de la actora, a lo que me remito brevitatis causae.

Allí se expresó, que el monto demandado era estimativo, toda vez que la condena surgiría de la prueba producida, más cuando en un proceso de reclamo por daños y perjuicios, se tienen que producir pruebas periciales, es por ello que surge inequívocamente que la suma reclamada era estimativa.

Además, en materia de reclamos por daños y perjuicios, el rechazo de uno o más rubros, sólo tendrá incidencia en la cuantificación de la condena.

Así lo ha sostenido la jurisprudencia: "El principio en materia de daños y perjuicios es que los gastos causídicos integran la indemnización, participando del carácter resarcitorio de la misma, sin detenerse en la medida del progreso de la pretensión. La desestimación de uno o algunos de los rubros reclamados o la reducción que puedan tener, solamente influirá en el monto de la condena indemnizatoria más no así en el de la condena en costas; ni las circunstancias referidas le privarán al condenado parcial de su carácter de vencido en los términos del art. 68 del Cód. Procesal, y de ser el sujeto que ha dado lugar a la promoción del pleito ".Auto: CAUSA: OZAN, Víctor Hugo y otros c/ BEAULIEU, Carlos L. y otro -Sumario (286-O-1994) FECHA:6-9-95 PROT.215-Sala B-FOLIO 77 - Magia.: FDO: RUEDA-SANCHEZ FREYTES.SEC.CIV.I.DRA.CURTINO.

Por lo que, voto por el rechazo del agravio.

COSTAS DE LA INSTANCIA En cuanto a las costas de esta instancia, habida cuenta el vencimiento parcial y recíproco, considero que se deben distribuir en una proporción aproximada al éxito obtenido en los respectivos recursos, conforme al art. 70 ley 988 - O.

Dejo a salvo que lo que voto, no importa una contradicción con lo sostenido al tratar el agravio relativo a las costas de primera instancia. Toda vez, que en la primera instancia lo reclamado era estimativo y había que producir pruebas periciales, para cuantificar el daño, lo que en ésta instancia no se da.

Conforme lo expresado, es que voto imponiendo las costas de ésta instancia en un setenta y cinco por ciento ( 75 % ) a la demandada y en un veinticinco por ciento ( 25 % ), a la actora.

Se regulan los honorarios por la labor profesional desarrollada en esta instancia, a los Dres. Sergio Ramiro Ruiz y Diego Miguel Seguí, en un treinta por ciento ( 30 % ), de lo que se le regule en primera instancia.

Para efectuar la misma, se ha tenido en cuenta, el carácter de la intervención, eficacia de la labor llevada a cabo y éxito obtenido.

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Luis Alberto Recio.

Por lo expresado, normas y jurisprudencia citada, SE RESUELVE:

I) Admitir parcialmente los recursos de apelación interpuestos a fs. 287 y 291 por la parte actora y demandada y concedidos a fs. 288 y 297 respectivamente; contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2016 obrante a fs. 267/285, condenando a los demandados a Ricardo Juan Gabriel Tapia, Carlos Hugo Martinez, María del Carmen Alvarez y a la compañía aseguradora Río Uruguay Seguros Coop. Ltda - a ésta en la medida del seguro - conforme a los montos y fundamentos vertidos en los considerandos pertinentes que anteceden.

II) Imponer las costas de ésta instancia en un setenta y cinco por ciento (75 %) a la demandada y en un veinticinco por ciento (25 %), a la actora, por lo fundamentos vertidos precedentemente.

III) Regular los honorarios por la labor profesional desarrollada en esta instancia, a los Dres. Sergio Ramiro Ruiz y Diego Miguel Seguí, en un treinta por ciento ( 30 % ), de lo que se le regule en primera instancia.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. LUIS ALBERTO RECIO; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. AUTOS T° I F° 182/191 AÑO 2017.