Denegatoria del recurso, sentencia condenatoria, coautoría, entorpecimiento del tráfico aéreo, prisión, condena condicional, insuficiencia del agravio, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Aguilar, Dulio del Carmen c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Corresponde rechazar el recurso contra la condena del encausado como coautor penalmente responsable del delito de entorpecimiento del transporte terrestre a la pena de tres meses de prisión de ejecución condicional, toda vez que el casacionista se ha limitado a sostener una discrepancia valorativa sobre las circunstancias y elementos concretos del caso que fueran ponderados por la juez de la instancia precedente. De allí que debe descartarse la tacha de arbitrariedad atribuida al fallo. Debe rechazarse el agravio de la defensa de que la atribución de responsabilidad penal del encausado se sustentó únicamente en prueba documental. Amén de resaltar que dicha afirmación no se ajusta a la realidad -véase que durante el desarrollo del debate se ordenó la incorporación por lectura a él de las declaraciones testimoniales de los funcionares policiales, versiones todas que fueron valoradas por la juez sentenciante a los efectos de dictar el fallo de condena, el actual Código Procesal penal de la Nación (arts. 392 in fine) como el nuevo Código procesal Penal Federal (arts. 289, inc. "b") reconocen como medio de prueba a los documentos y no condicionan su valor probatorio a que ellos se encuentren respaldados con otro tipo o clase de elementos de convicción. Es decir que el juzgador puede formar su certeza de lo acontecido exclusivamente en las circunstancias que esos documentos consignen. La afirmación defensista relativa a que las actas policiales no pueden per se constituir una prueba suficiente y eficaz para quebrar la presunción de inocencia de que goza toda persona sometida a proceso penal, se da de bruces con la realidad. Ha de tenerse por comprobado, pues así consta en varias de las Actas de Constatación obrantes en la causa, que el bloqueo de la ruta nacional Nro. 3 efectuado entre los días 14 y 18 de marzo de 2016 a la altura de la estación de Servicio YPF "El Álamo", en el ingreso a la Ciudad de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, fue llevado a cabo por un grupo de aproximadamente veinte manifestantes -del cual el condenado formaba parte ejerciendo un rol activo- que ocupó toda la calzada (incluida sus banquinas), provocando la interrupción de la normal y libre circulación del tránsito vehicular. En esos términos, se expidió la juez sentenciante, reconstrucción fenoménica entonces que desdice la aseveración defensista relativa a que en el fallo examinado no se describió cuál de las acciones tipificadas en el art. 194 del C.P. es la que había ejecutado el encausado, cuál había sido el papel del nombrado en la manifestación y si efectivamente éste había sido uno de los individuos que se situaron sobre la totalidad de la cinta asfáltica. No obstante ello, cabe destacar que la dimensión del corte de la ruta se encuentra corroborada por las imágenes contenidas en el soporte magnético -CD- agregado en el expediente. El comportamiento achacado al encausado satisface el aspecto subjetivo exigido por el art. 194 del Código Penal. la duda del ánimo doloso de la acción ejercida por el condenado queda totalmente descartada. En efecto, las constancias probatorias agregadas a las actuaciones permiten extraer el propósito del acusado de impedir el tránsito sobre la Ruta Nacional Nro. 3, conducta puntual que justamente el precepto en cuestión pretende evitar; sin que, además, a los efectos de exonerar de reproche al encartado pueda válidamente alegarse que éste pudo haber creído estar obrando en el legítimo ejercicio de un derecho (art. 34, inc. 4°, del Código Penal) -concretamente el de peticionar a las autoridades-, o haber caído en "error de prohibición invencible" (art. 34, inc. 1°, del mismo cuerpo normativo), fundamentalmente teniendo en cuenta que durante el bloqueo en cuestión el numerario policial dejó constancia de haber hecho saber a los manifestantes que su conducta quedaba atrapada en lo dispuesto por el art. 194 del Código Penal. No obstante que lo expuesto basta para rechazar el recurso impetrado, no he de desperdiciar la ocasión que se me brinda para sumar unas líneas sobre la supuesta falsa tensión existente entre los derechos constitucionales de peticionar a las autoridades y de libre circulación por el territorio nacional aparentemente en juego en estas actuaciones y que tanto debate genera en el seno de nuestra sociedad: "[no] puede ejercerse el derecho de peticionar a las autoridades, establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional -que asume los caracteres del de reunión cuando la petición se hace colectiva- desarrollando conductas que coincidan con una de las descripciones prohibidas por el Capítulo 2 Título 7 Libro Segundo del Código Penal." (del voto de la doctora Liliana E. Catucci en la causa FCR 42000308/2013/CFC1 del registro interno de esta Sala III, "Idiarte, Víctor Sebastián y otro s/ rec. de casación" -reg. Nro. 94/17, rta. 3 de marzo de 2017). Dres. Gemignani, Riggi y Catucci.