Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-06-19


Expte. Nº 5365/10 "MEISSL, Carlos Augusto s/Apelación resolución Dirección del Consumidor (en Contencioso Administrativo) (Secretaría Nº 1) - Inconstitucionalidad Y Casación" En la Ciudad de San Juan, a diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora contra la resolución dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo, en fecha veinticinco de octubre del año dos mil diez, en autos Nº 114026 caratulados: "Meissl, Carlos Augusto s/ Apelación Resolución Direcc. del Consumidor (en Cont. Admin.)(Secretaría Nº 1)"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?------------ --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:------- --- En la sentencia impugnada la jueza de primera instancia rechazó el recurso de los apelantes, Augusto Meissl y Macro SRL. De esta manera, confirmó la resolución Nº 310-DDC-09 dictada por la Dirección de Defensa al Consumidor, la cual había aplicado a Macro S.R.L., en la persona de su socio gerente, Carlos Meissl, una multa de $ 18.000.-------------------------- --- La impugnante encuadra su recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Dice que la sentencia es arbitraria y violatoria de su derecho de defensa, por carecer de requisitos ineludibles para ser considerada un acto judicial válido, por tener fundamentación aparente y por prescindir del derecho aplicable.-------- --- En primer lugar, se agravia señalando que la sentencia persiste dogmáticamente en mantener la validez del acto administrativo, desinteresándose de los hechos probados del proceso y de la norma vigente. En cuanto a la incompetencia de la Dirección de Defensa al Consumidor, tema que planteó en su apelación, dice que, a la fecha de los hechos por los que se dispuso la sanción, se encontraba vigente la ley 24.240 sin la reforma de la ley 26.361. Esta reforma, sigue diciendo, incluyó los casos de "construcción" como de competencia del órgano administrativo, pero la redacción original no los comprendía. Expresa que este agravio fue resuelto mediante un razonamiento absurdo e incomprensible, mediante una cita parcial del artículo 2 de la citada ley 24.240. Agrega que la sentencia, en forma desatinada, resuelve que la incompetencia debió ser planteada en sede administrativa, afirmación que trasunta desconocimiento del proceso administrativo, ya que es en sede judicial donde se debe plantear vicios como la nulidad por incompetencia funcional.------------ --- En segundo lugar, la recurrente se agravia de que la jueza a quo se haya desentendido del planteo que formuló en la apelación, relativo a que el Sr. Meissl, socio gerente de Macro SRL, no podía ser sancionado personalmente. Dice que la jueza rechazó su agravio diciendo que Meissl fue notificado y no se presentó a efectuar descargos. Pero que ello no da respuesta a su agravio, porque los cargos fueron formulados contra la SRL y no contra Meissl personalmente. En cuanto al otro argumento del fallo, que no está probada la constitución de la SRL, agrega la impugnante que resulta contradictorio, ya que la sanción fue impuesta a dicha persona jurídica y, en todo caso, ello no suple la falta de participación personal del señor Meissl.------------- --- Por último, la recurrente se agravia de lo resuelto respecto del monto de la sanción aplicada. Dice que su parte objetó dicho monto por su exorbitancia y falta de proporcionalidad. Que, sin embargo, la jueza no da respuesta razonada, limitándose a afirmar que la sanción tiene carácter ejemplificadora. Agrega que la sanción se aparta del límite que la norma de fondo impone, ya que el inciso "b" del artículo 47 de la ley 24.240 establece un tope en la multa de hasta tres veces la "ganancia ilegal" obtenida por la infracción.----------- --- El recurso de casación es subsumido en las causales de los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275. El primero, en cuanto se ha omitido aplicar la norma del artículo 47 inciso "b" de la ley 24.240 con relación al tope nominal de la multa; también, en cuanto se han aplicado erróneamente las normas del procedimiento administrativo (ley 3784 y decreto 655/73) respecto de la revisión de las decisiones de la Dirección de Defensa al Consumidor. En los términos de la causal del inciso 2º, dice que la jueza ha interpretado erróneamente las normas de fondo que rigen el caso (arts. 1 y 2 de la ley 24.340, texto originario).------------------------------ --- Ingreso al examen de la procedencia sustancial de los recursos traídos, comenzando por el recurso de inconstitucionalidad, y dentro de éste al agravio referido al planteo de incompetencia del órgano emisor del acto administrativo cuestionado.-------------------- ---	Sostiene al respecto la recurrente que la sentencia impugnada -en cuanto considera inadmisible el planteo al no haber sido deducido ante la Dirección de Defensa del Consumidor- "trasunta desconocimiento del procedimiento administrativo y de su revisión en sede jurisdiccional, instancia judicial ésta en que corresponde el planteamiento de los vicios del acto, entre ellos, la nulidad por incompetencia funcional del emisor".-------- --- Contra lo argüido por la quejosa, cabe señalar que la revisión en sede judicial, lo es de un acto administrativo dictado por la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (art. 35 Ley 7714) surgiendo del art. 40 de la ley 7714 que en las actuaciones pertinentes "será de aplicación supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de San Juan". Siendo así, rige la carga de plantear ante la Administración toda cuestión -sea de índole fáctica o jurídica- que pretenda invocar en la eventual demanda judicial (art. 25 Ley 3784). Ello implica la imposibilidad de deducir en sede judicial planteos no efectuados en sede administrativa.---------------------- --- El requisito del "previo agotamiento de las instancias administrativas" establecido en el referido art. 25, tiene por finalidad -entre otras- la de "dar a la Administración la oportunidad de revisar el asunto y revocar el error" (Hutchinson, "Ley Nacional de Procedimientos Administrativos", vol. I, pág. 554), incluyendo el error que pueda haberse cometido en cuanto a la competencia del órgano emisor del acto administrativo en tanto constituye un requisito esencial de éste el haber sido dictado por autoridad competente (art. 7 inc. "a" Ley 3784).---------------------------- --- De lo dicho se desprende que se ajusta a derecho la consideración del a quo según la cual el planteo de incompetencia resulta inadmisible en sede judicial al no haber sido efectuado en sede administrativa.------------ --- Sentado lo anterior resulta inoficioso -y por tanto impropio de la función judicial- pronunciarse acerca de la procedencia sustancial del planteo de incompetencia desestimado por el a quo.------------------------------- --- En cuanto al agravio referido a la condena impuesta al señor Meissl, encuentro razón a la quejosa, y en este aspecto considero que el recurso de inconstitucionalidad debe ser acogido.--------------------------------------- --- Mediante la Resolución 088-DDC-2008 la Dirección de Defensa del Consumidor dispuso en su artículo 2° formular cargos a "Macro Construcciones S.R.L." y en el artículo 3° otorgó un plazo de cinco días "para que la presunta infractora presente por escrito su descargo". Ante dificultades en la notificación a la sociedad denunciada, a fs. 64 vta. de las actuaciones administrativas la asesora letrada del organismo dispuso que el notificador practicara la notificación de la Resolución 088-DDC-08 en los domicilios particulares de los señores Miranda y Meissl. Seguidamente la Administración dicta la Resolución 310-DDC-2009 de fecha 28/7/2009 en que se decide aplicar la multa de dieciocho mil pesos ".a Macro S.R.L. (Empresa Constructora) en la persona de su socio gerente, el Sr. Carlos Meissl .".--- --- Al interponer recurso de apelación contra la Resolución 310, el señor Meissl criticó dicho acto administrativo sosteniendo que violaba su derecho de defensa al condenarlo, siendo que contra él no se formularon cargos ni tampoco con él se sustanció el proceso administrativo.--------------------------------- --- Al examinar el agravio, el a quo lo rechaza en base a considerar que el señor Meissl fue notificado en su domicilio real; que nunca se probó la constitución de la S.R.L. y que -por último- cualquiera de los socios de una S.R.L. representa a la sociedad, remitiéndose a constancias del expediente administrativo de las que surge que el Sr. Meissl integra la sociedad.------------ --- En las condiciones descriptas, resulta a mi juicio claramente configurada la violación al derecho de defensa que invoca la recurrente.----------------------- --- Es que la Sociedad de Responsabilidad Limitada, en tanto sociedad comercial, es centro de imputación de derechos y obligaciones (arts. 33 del Código Civil y 2 de la Ley de Sociedades Comerciales). La sociedad y los socios que la integran constituyen diferentes centros de imputación de derechos y obligaciones, de tal suerte que en principio -actuando en el marco de la licitud societaria- la sociedad no debe responder por obligaciones propias de sus socios, ni a la inversa, tampoco deben los socios responder por las obligaciones de la sociedad. Y si el Sr. Meissl es convocado y comparece en carácter de socio gerente de esa S.R.L., interviene no por sí, sino en su carácter de órgano societario, siendo por ende su actuación imputable a la sociedad que como socio gerente representa. Es así que resulta arbitrario y carente de sustento normativo considerar que por el hecho de haber sido notificado en su domicilio real, el señor Meissl pueda ser objeto de una condena en un proceso iniciado sobre la base de una resolución administrativa (088-DDC-08) en la que se imputan cargos a "Macro Construcciones S.R.L.".--------- --- También resulta insostenible como fundamento de la sentencia que viene impugnada, la consideración según la cual el señor Meissl debe responder por la S.R.L. porque la constitución de ésta "no fue probada en ningún momento". Que la constitución de la S.R.L. no haya sido acreditada en las actuaciones administrativas carece de relevancia, y no resulta justificativo para extender la condena a su socio gerente. En este sentido, cabe señalar que de las actuaciones administrativas surge que la Administración en ningún momento requirió a la sociedad ni a sus socios que acreditaran la regularidad de la inscripción en el Registro respectivo de la sociedad a la que la propia Administración había imputado cargos, de donde mal puede concluir el procedimiento con una resolución que condene personalmente a los socios, desentendiéndose de la personalidad reconocida por el ordenamiento a las sociedades y de la separación de patrimonial que se reconoce entre una sociedad y los socios que la integran (art. 2 Ley de Sociedades Comerciales). Se ha sostenido que " . dada la distinción, precisa y absoluta, entre la persona jurídica y sus miembros, que preceptúan tanto el art. 39 del Cód. Civil como el art. 2° de la LSC, la actuación de la persona jurídica compromete su propia responsabilidad y no la de los individuos humanos que con sus actos configuran la actividad de a aquélla" (Alberto Victor Verón, "Sociedades Comerciales", Astrea, 2ª ed., vol. I, pág. 37).----------------- --- Sólo puede prescindirse de la personalidad de las sociedades de manera excepcional, cuando se configura un supuesto de abuso de esa personalidad jurídica, cuando a través del ente societario se han perseguido fines contrarios a la ley, hipótesis extrema que en el caso del sub lite no ha sido alegada por la denunciante ni considerada por la Administración.--------------------------- --- Por otro lado se advierte autocontradicción entre las consideraciones que se exponen como fundamento de la sentencia y la parte resolutiva de ésta. Al respecto, el a quo cita jurisprudencia en el sentido de que "cualquiera de los socios puede estar en juicio por la sociedad, siempre que lo haga en tal calidad", resultando así inexplicable que, no obstante que todas las actuaciones atribuibles al señor Meissl están vinculadas a su calidad de socio gerente, se concluya con una condena a él en forma personal.-------------------------------------- --- Así entonces, resulta infundado, carente de sustento y además contradictoria con sus propios fundamentos la sentencia del a quo en que se condena al señor Meissl por ser socio gerente de Macro S.R.L.------------------- --- En cuanto al agravio vinculado al monto de la sanción, estimo que debe ser rechazado desde que la cuestión que ahora plantea, esto es, que la autoridad de aplicación se apartó del límite máximo que imponía el artículo 47 inc. 'b' de la ley 24.240 (antes de la reforma introducida por ley 26.361), no fue debidamente introducida en el recurso de apelación. De este modo, mal puede motivar su queja en una cuestión no propuesta ante el tribunal de mérito.----------------------------- --- En efecto, al tiempo de apelar la resolución de la Dirección de Defensa al Consumidor, cuando tuvo que impugnar el monto de la sanción, la recurrente se limitó a cuestionar el acto administrativo por considerarlo carente de fundamentación. Puntualmente, aludió a la "arbitrariedad por ausencia de causa o fundamentación suficiente", agregando que se afectaba su derecho de defensa al haber ."sido impuesta con criterios subjetivos y caprichosos que no se expresan en la decisión de la resolución impugnada". Nuevamente, al finalizar el memorial, insistió con la misma orientación de su crítica, diciendo que la sanción era resultado de un "dogmatismo absoluto"... "sin hacer un análisis de la norma y valoración del tipo de sanción" . "no dando ninguna razón o motivo" . "ni expone las circunstancias valoradas para arribar al monto determinado" (fs. 84/88). Sin embargo, en ningún momento la apelante planteó -de modo claro y concreto- que la multa de $18.000 traspasaba el límite máximo previsto en el art. 47 de la ley 24.240; es decir, que se estaba aplicando la modificación introducida por ley 26.361. La única referencia que la recurrente hizo en relación al vicio de "apartamiento injustificado de la norma legal aplicable" podría encontrarse cuando -criticando la sanción- dijo: "no guarda relación con la ganancia o beneficio del proveedor como instituía la norma vigente". Pues bien, esa crítica resulta insuficiente -en tanto genérica- para sostener la actual queja desde que no precisó, como lo hace ante esta instancia, que la multa "representa el 41,80%, no de la ganancia ilegal obtenida, sino del monto bruto del precio contractual de la locación de obra", argumento que debió alegar y probar ante el Tribunal a quo para que pudiera pronunciarse sobre el punto. Al no haberse introducido oportunamente la cuestión, el agravio desarrollado en esta instancia debe ser rechazado.---------------------- --- Por lo demás, la exorbitancia y falta de proporcionalidad de la sanción, en cuanto acarrean el análisis de cuestiones fácticas y probatorias, resultan materia ajena al conocimiento de este Tribunal, reforzando mi opinión en el sentido de que el agravio no debe ser acogido.----------------------------------------------------- --- Ingresando ahora al tratamiento del primer agravio planteado en el marco del recurso de casación, anticipo que el mismo no ha de tener acogida, por las razones que a continuación paso a exponer.-------------------------- --- El recurrente critica el fallo diciendo que el a quo ha dejado de aplicar el art. 47 inc. b de la ley 24.240 que establecía, en su texto originario, un tope máximo a la multa equivalente al "triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción"; que dejó de aplicar esa norma y tuvo en cuenta la reforma introducida por ley 26.361. Pues bien, estimo que este agravio no cumple con el recaudo establecido en la ley 2275, en cuanto exige del recurrente demostrar cómo la errónea aplicación de la norma influye sustancialmente en el sentido de la sentencia (art. 15, 3° párr. y art. 16, inc. 4°).------------------------------------------- --- Es que si bien la quejosa sostiene que en el caso se ha traspasado el límite impuesto por la ley originaria, no ha esgrimido ni probado el presupuesto fáctico que demostraría que la a quo ha aplicado una norma errónea. En otras palabras, al apelar la multa, no especificó ni probó cuál fue la ganancia o beneficio obtenido en razón de los contratos que vincularon a su parte con la denunciante, actividad ineludible en vistas a hacer el cálculo previsto en la norma originaria, esto es, determinar cuál es el "triple", que resultaría demostrativo del pretenso error de derecho. Sólo entonces, esta Corte estaría habilitada a juzgar sobre si se aplicó la norma originaria (ley 24.240) o la norma modificada (ley 26.361) y, en todo caso, cuál era la norma que correspondía aplicar.------------------------- --- Recuérdese que la finalidad del remedio casatorio es el juicio de derecho contenido en el fallo impugnado, sin alterar las cuestiones de hecho fijadas por el inferior, de donde todo aquello que implique variación de la plataforma fáctica, queda fuera del ámbito de este recurso. Sobre el punto, tiene dicho esta Corte que se incurre en una deficiente fundamentación del recurso de casación "si bajo la apariencia de una desinterpretación de normas o errónea aplicación de las mismas se intenta que esta Corte revise las circunstancias fácticas y probatorias tenidas en cuenta en la sentencia y producidas en la causa, lo que constituye una típica cuestión de hecho y prueba, ajenas -por vía de principio- a la finalidad específica de la casación" (P.R.E. 1981-313; 1982-87; S.2ª, 1989-77).-------------- --- Conforme lo expuesto, la queja referida a que se ha aplicado el artículo 47 inc. b' de la ley de Defensa del consumidor, modificada por ley 26.361, deviene improcedente desde que introduce una cuestión fáctica (que se ha traspasado el límite máximo de la multa) que no fue planteada ni acreditada en el recurso de apelación interpuesto por su parte, aspectos que debieron quedar definitivamente fijados en la instancia de conocimiento y exceden la función de la casación.---- --- Por lo que llevo dicho he de propiciar con mi voto se acoja el recurso de inconstitucionalidad en los límites de las consideraciones ya expuestas y se rechace el recurso de casación, imponiéndose las costas en el orden causado.------------------------------------------ --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad en los límites de las consideraciones ya expuestas y rechazar el recurso de casación. II) Imponer las costas en el orden causado. III) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales que deberán bajar al tribunal origen. Notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- Ef-5365 E.B.T.

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