Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-09


CAUSA N° 220-02/CC/2004 "Herrera, Juan Antonio s/ inf. art. 189 bis CP -Apelación-" //n la ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de marzo de 2006, se reúnen los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a los efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el cotitular de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas nº 4, Luis Esteban Duacastella Arbizu, contra la resolución del Sr. Juez de Grado de fs. 80/81 del presente legajo de ejecución, del que, RESULTA:

1.- Que a fs. 43/6 del principal obra el requerimiento de elevación a juicio, formulado por los Sres. cotitulares de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas nº 4, Dres. María Valeria Massaglia y Luis Esteban Duacastella Arbizu, por el que imputan a Juan Antonio Herrera la portación no autorizada de un arma de fuego de uso civil (art. 189 bis, párrafo tercero del C.P.), solicitando la imposición de una pena de un año de prisión en suspenso y las costas del proceso.

2.- Que a fs. 171/72 del principal lucen las copias de los testimonios remitidos por el Registro Nacional de Reincidencia, en el que consta que el imputado registra en tramite la causa nº 10.403 ante el Juzgado de Garantías nº 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en la cual, con fecha 2/4/2004 se decretó su prisión preventiva por considerarlo "prima facie" autor de los delitos de robo agravado por el uso de armas, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia ilegal de arma de guerra, todos en concurso real.

3.- Que a fs. 173/74, la defensa solicita se conceda a su asistido la suspensión del juicio a prueba, normado por el art. 76 bis del Código Penal, por entender que se encuentran reunidos los requisitos previstos para la concesión de dicho beneficio.

4.- Que a fs. 176 se fija la audiencia a los fines previstos en el art. 293 del CPPN.

5.- Que a fs. 184/85 obra el acta de la celebración de la audiencia mencionada ut supra, con fecha 23 de septiembre de 2004, que culmina con la decisión del Sr. Juez de Grado, Javier Alejandro Buján, quien resuelve: suspender el juicio a prueba respecto de Juan Antonio Herrera por el término de un año, imponiéndole por el mismo término el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) abstenerse de usar estupefacientes o bebidas alcohólicas, b) asistir a la escolaridad, c) realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral o profesional y d) realizar trabajos no remunerados a favor del Estado mientras dure su privación de libertad a cumplirse en el centro de detención, y en la eventualidad de su egreso en una institución pública dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el radio de esta ciudad mas cercana al domicilio del encartado, a razón de dos horas mensuales, consistentes en tareas de limpieza o colaboración en la elaboración o distribución de productos alimentarios.

6.- Que a fs. 20/2 del presente legajo, obra el informe integral de admisión y seguimiento de la Unidad nº 24 del S.P.B. de fecha 20/5/2005; y a fs. 28 luce oficio remitido por la Jefatura de Vigilancia y Tratamiento al Director de dicho establecimiento carcelario.

7.- Que a fs. 33 del presente legajo, el Sr. Juez de Grado, con fecha 3 de octubre de 2005, ordena certificar los antecedentes del encartado a efectos de resolver su situación procesal.

8.- Que a fs. 50/5 lucen las copias de los testimonios remitidos por el Registro Nacional de Reincidencia de los que surge que el imputado, además, de la causa nº 10.403 del registro del Juzgado de Garantías nº 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y de la presente; registra una condena de once años de prisión, accesorias legales y costas por ser coautor penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado por su comisión con armas y por haber causado lesiones graves por la violencia ejercida al cometerlo, dictada el 11 de junio de 1999 en la causa nº 26/2 por el Tribunal en lo Criminal nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

9.- Que a fs. 59/60 obra glosado otro informe integral de admisión y seguimiento del imputado, remitido por el Servicio Penitenciario Bonaerense de fecha 12/10/2005.

10.- Que a fs. 61 el Sr. Juez de grado resuelve correr vista de la causa al Representante del Ministerio Público Fiscal, a los fines que estime corresponder.

11.- Que a fs. 62/3, el Luis Esteban Duacastella Arbizu, cotitular de la Fiscalía del fuero nº 4, solicita se deje sin efecto el beneficio otorgado al imputado, por entender que Herrera no cumplió acabadamente con las reglas de conducta oportunamente impuestas; y, por cuanto con posterioridad a la suspensión del juicio a prueba se conocieron circunstancias que hacen variar la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena, conforme el art. 76 ter del CP. Así, destaca que luego de concedido el beneficio, se tomó conocimiento de la sentencia condenatoria impuesta el 11 de junio de 1999, por el Tribunal en lo Criminal nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a la pena de once años de prisión.

12.- Que a fs. 68/70 se agrega el escrito presentado por el Sr. Defensor Oficial, Federico Enrique Stolte, solicitando se tengan por cumplidas las reglas de conducta impuestas a su asistido, y, en consecuencia, se disponga su sobreseimiento.

En este sentido, disiente con el Sr. Fiscal en cuanto al cumplimiento de las reglas acordadas, afirmando que su ahijado procesal asistió a la escolaridad primaria, no siendo requisito su culminación y aprobación en las condiciones carcelarias actuales. Por otro lado, refirió que Herrera realizó distintas tareas de mantenimiento y horticultura en su lugar de alojamiento, destacando su buen comportamiento.

Asimismo, advierte que la revocación del instituto como consecuencia de la existencia de un antecedente condenatorio no puede tener favorable acogida, toda vez que los requisitos previstos en el art. 76 bis son exigidos antes de la concesión del beneficio. Refiere que la resolución que concedió la "probation" ha quedado firme hace un año, y que su asistido cumplió con las reglas de conducta acordadas, no recibió sanciones disciplinarias, no cometió nuevos delitos y su conducta ha sido calificada como ejemplar.

Por último, sostiene que agravar su situación procesal por errores cometidos por el Estado en su rol de administrador del sistema punitivo es inconstitucional.

13.- Que a fs. 80/1 el magistrado de grado resuelve declarar extinguida la acción penal en orden a los disposiciones del art. 76 ter, párrafo cuarto primera parte del CP, y, por consiguiente, sobreseer al encartado respecto del hecho, objeto de la presente causa (art. 56 inc 3º b, punto a de la ley 12).

Ello, por entender que se encuentra acreditado que Herrera, en la medida de las posibilidades brindadas por su estado de detención actual, caracterizado por los diversos y continuos traslados de dependencias penitenciarias, demostró su intención de cumplir con las reglas de conducta impuestas, circunstancia que se corroboró a través de los informes penitenciarios.

Por otro lado, sostiene que la revocación de la "probation" efectuada por la fiscalía en razón de que Herrera contaba con un antecedente condenatorio previo, deviene extemporáneo pues apuntó dicha circunstancia no solo luego de decretarse la suspensión del juicio a prueba sino también transcurrido el término de un año fijado para el cumplimiento de las reglas de conducta.

14.- Que a fs. 82/3 se agrega el recurso de apelación impetrado por el Sr. Fiscal de Grado, Luis Esteban Duacastella Arbizu, contra la resolución antes mencionada en los términos del art. 61 inc. a), LPC.

Allí, considera que el Sr. Juez de Grado realizó una errónea interpretación de la ley sustantiva, sosteniendo que se equivoca el Sr. magistrado al calificar de extemporáneo el planteo de la Fiscalía, dado que fue recién al corrérsele vista cuando tomó conocimiento del antecedente condenatorio en cuestión. Por otro lado, destaca que la ley no establece un límite de tiempo en el que puedan conocerse las circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena, según lo prescribe el art. 76 ter del CP. Finalmente, luego de citar jurisprudencia, alega que el imputado violó un deber ético-jurídico de raigambre superior que trasciende el cumplimiento de las condiciones pactadas.

15.- Que a fs. 89 el Fiscal ante esta Alzada, sostiene que debe hacerse lugar al recurso impetrado y revocar la resolución del Sr. Juez de Grado, compartiendo, en tal sentido, los argumentos expuestos por el Sr. Fiscal de Primera Instancia.

16.- Que a fs. 91/5 al contestar la vista conferida, la defensa del incusado Herrera refiere que el recurso intentado por el Sr. representante del Ministerio Público es improcedente. Así, alega que no logró demostrar cuál es la inobservancia de la ley sustantiva en la que ha incurrido el Magistrado, la que -a su entender- fue ajustada a la normativa que regula la suspensión del juicio a prueba, y que su asistido cumplió con las reglas oportunamente impuestas.

Asimismo, señala que no es responsabilidad del imputado colaborar con el Estado y, por el contrario, nuestra Constitución Nacional consagra una serie de garantías en favor de las personas sometidas a proceso. En este sentido, critica la actuación y rol del Sr. Fiscal en la presente causa con argumentos expuestos en su escrito.

Por otro lado, sostiene que un pronunciamiento adverso al del Sr. Juez de Grado vulneraría el principio "ne bis in idem" al reiniciar nuevamente el proceso.

De este modo, concluye que su ahijado procesal cumplió con las reglas de conducta que le fueran impuestas, y que ha transcurrido el plazo fijado en la resolución que suspendió el juicio a prueba. Por último, menciona que los principios de progresividad y preclusión impiden retrotraer el proceso a etapas anteriores.

Por último, hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

17.- Que a fs. 102/03 se agrega la certificación de la causa nº 2306/1 del Tribunal en lo Criminal nº 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en la que consta que, el día 2 de mayo de 2005, por sentencia no firme, se resolvió condenar a Juan Antonio Herrera a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por ser considerado autor del delito de robo agravado por el empleo de arma (hecho 1) en concurso real con violación de domicilio, privación de la libertad agravada y tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal (hecho 2), ambos en concurso real.

18.- Que a fs. 107/08 luce la certificación de la causa nº 26/2 del Tribunal en lo Criminal nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, de la que surge que, con fecha 11 de junio de 1999, se resolvió condenar a Juan Antonio Herrera, a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas por ser coautor penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado, por su comisión con armas y por haber causado lesiones graves por la violencia ejercida al cometerlo. Asimismo, consta que se interpusieron distintos recursos, y que la sentencia recaída en dichas actuaciones quedó firme el día 17 de diciembre de 2003. Finalmente, se hizo saber que el vencimiento de la pena impuesta operará el día 26 de enero de 2007.

19.- Que a fs. 96 pasaron los autos a estudio del Tribunal, siendo la cuestión a resolver si resulta admisible el remedio procesal impetrado y, en su caso, la decisión a adoptar.

PRIMERA CUESTIÓN:

En primer lugar, corresponde revisar el juicio de admisibilidad efectuado por el Sr. Juez "a quo". Al respecto, es dable recordar que esta Sala ha señalado en anteriores precedentes (causas nº 355-01/CC/2005 "D´Elia, Lucas Gabriel y otro s/ infracción al art. 189 bis, tercer párrafo del Código Penal -Apelación" rta. el 27/12/05; n° 309-00-CC/2004 "Rodríguez Ríos, Eliseo s/ infracción art. 189 bis CP. - Apelación" rta. el 5/11/04; 025-00-CC/2004 "Ruiz, Pablo Roberto o Félix Gastón s/ por inf. art. 189 bis del C.P. s/ Apelación" rta. el 18/8/04; y 047-00-CC/2004 "Amitrano, Daniel Rogelio s/art. 189 bis 3º del C.P.- Apelación", rta. el 18/8/04), que el recurso previsto en la norma citada que dispone la posibilidad de impugnación de la sentencia definitiva o cualquier auto equiparable a tal, es un recurso innominado. Este no debe confundirse con el de apelación previsto en el artículo 50 de la misma ley para el proceso contravencional, puesto que constituye una vía restringida de revisión de lo resuelto y establece supuestos taxativos de procedencia con diferente alcance para el imputado y el Ministerio Público. En este último caso, sólo le autoriza a recurrir frente a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva que de sustento a una sentencia absolutoria.

Por otro lado, si bien un recurso interpuesto contra un auto de sobreseimiento, resulta una decisión equiparable a sentencia definitiva -en tanto pone fin al proceso-, lo que tornaría admisible el remedio procesal intentado, en los términos del art. 61 LPC; caber afirmar que fijar los supuestos de viabilidad a la luz de las condiciones limitadas que prevé la norma en cuestión y con las dificultades que plantearía su alcance restringido, resultaría irrazonable. Ello así, pues, obligaría a conceder el recurso previsto en esa norma cuando se verifiquen las causales de admisibilidad allí contenidas, o sobre la base de las previsiones del artículo 449 CPPN cuando dichas circunstancias no se comprueben, pese a hallarnos frente a una misma decisión de sobreseimiento, lo que conllevaría una inseguridad jurídica impropia para un proceso penal.

Siendo ello así y toda vez que el art. 449 CPPN prevé expresa y específicamente que el recurso de apelación procede contra los autos de sobreseimiento, mientras que el art. 61 alude en forma genérica a autos equiparables a sentencia definitiva y que además aquel no discrimina hipótesis específicas de procedencia, resulta aplicable dicha normativa a la totalidad de los casos en que se dicte auto de sobreseimiento.

Por lo expuesto, corresponde declarar admisible el remedio intentado, conforme en el artículo 449 CPPN y sgtes. (arts. 6 y 55 LPC), por reunir los requisitos de forma allí contenidos.

SEGUNDA CUESTIÓN:

El Sr. Juez de Primera Instancia en su resolución obrante a fs. 80/81 declaró extinguida la acción penal de acuerdo a las disposiciones del artículo 76 ter, párrafo cuarto, del CP y, en consecuencia, sobreseyó a Juan Antonio Herrera, argumentando que el encartado -dentro de las posibilidades brindadas por su actual estado de detención- ha demostrado su intención de cumplir con las reglas de conducta oportunamente impuestas. Asimismo, si bien consideró que dogmáticamente asistía razón al Sr. Fiscal de Grado en cuanto a que una de las exigencias legales para la aplicación del instituto supone que la eventual condena pueda ser dejada en suspenso, sostuvo que el planteo se introdujo luego de decretarse la suspensión del juicio a prueba, y que, por otro lado, transcurrió el término fijado para el cumplimiento de las pautas de conducta, por lo que su pretensión resultaba extemporánea.

Ingresando al análisis del agravio formulado por el Sr. Fiscal de Grado, se advierte que la ley establece dos grupos de supuestos que permiten revocar una suspensión concedida: a) incumplimiento de las condiciones que impone el art. 76 ter, cuarto párrafo del CP, y b) si con posterioridad se conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena (art. 76 ter, tercer párrafo).

Respecto al segundo supuesto, se ha dicho que la situación que menciona la ley se ha contemplado para el caso en que se concedió el beneficio al imputado en el convencimiento de que no registraba antecedentes -por distintas circunstancias que impidieron verificarlos oportunamente-, y, con posterioridad, se determina lo contrario. Al conocerse dicha situación, el beneficio puede y debe ser revocado de inmediato (conf. Castañeda Paz, Marcelo "Probation, el desafío de cambiar la mentalidad", Abeledo-Perrot, Bs. As. 2000, pag. 122/123). En igual sentido, se expide Julio de Olazábal al expresar que en la hipótesis del art. 76 ter, tercer párrafo, se incluyen el conocimiento posterior de circunstancias objetivamente impedientes de la condenación condicional, como que el imputado registrara precedente condenatorio ("Suspensión del proceso a prueba", Editorial Astrea, Bs. As. 1994, pg. 95).

Por lo tanto, considerando que el encartado fue condenado por el Tribunal en lo Criminal nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a la pena de once años de prisión dictada el día 11/6/99 -resolución que quedara firme el 17/12/2003 (ver fs. 108)-, es decir, antes de concederse la suspensión del juicio a prueba de fecha 23/9/2004, pero conocida dicha circunstancia por el Magistrado de Grado con posterioridad a la resolución -toda vez que los testimonios ingresaron al Registro Nacional de Reincidencia el 5/8/2005 (ver fs. 53)-, corresponde estimar, dada la situación procesal del imputado, que no sería posible imponerle una pena de ejecución condicional ante el hipotético caso de recaer sentencia condenatoria.

Tal pronóstico debe efectuarse no solamente antes de concederse el beneficio, sino también previo a declarar la extinción de la acción penal, pues esta decisión se encuentra supeditada al cumplimiento de determinados requisitos.

Dicha situación fue expresamente prevista por la normativa que regula el instituto, por lo que el planteo introducido por el Sr. Fiscal de Grado no deviene extemporáneo, en atención a que el art. 76 ter, tercer párrafo, establece claramente que la suspensión será dejada sin efecto sin con posterioridad a su concesión se conocieren circunstancias que modifiquen la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena; acontecimiento que se verifica en el caso de autos. Dicha posibilidad encuentra como límite máximo la decisión firme de declaración de extinción de la acción penal.

Por otro lado, es importante destacar, tal como lo ha expresado esta Sala que "la norma contenida en el art. 76 bis CP tuvo por indudable objetivo, por un lado, evitar que el imputado cargue con los efectos estigmatizantes de una eventual condena y, por otro, que el sistema penal se concentre sobre el universo de delitos más graves, permitiendo una mejor administración de los recursos" (causa nº 408-00/CC/2005 "Aguilera, César Alberto s/inf. art. 189 bis CP" -Apelación-).

En este sentido, la suspensión del proceso a prueba procura evitar una eventual registración de una sentencia de condena, en razón de que su inserción en los registros de antecedentes constituye, de por sí, un factor de conflicto, que dificulta la integración social de un individuo. Así, resulta evidente que la mera constancia de una condena penal en el registro correspondiente trae aparejadas severas consecuencias sociales, por el estigma que importa para quien la sufre. Este objetivo fue considerado especialmente en el debate parlamentario y forma parte de la esencia del instituto (conf. VITALE, Gustavo "Suspensión del proceso penal a prueba", Editores del Puerto, Bs. As. 1996, pag. 48/49).

Aclarado ello, se trasluce que uno de los fines de la "probation" consiste en evitar que sujetos que cometen ilícitos por primera vez queden dentro de la estigmatización que produce una sentencia condenatoria; extremo que no se verifica en este caso por cuanto el encartado Juan Antonio Herrera no puede ser considerado "primario" por haber sido condenado con fecha 11 de junio de 1999 en la causa nº 26/2 del Tribunal en lo Criminal nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a la pena de once años de prisión por el delito de robo doblemente agravado por su comisión con armas y por haber causado lesiones graves al cometerlo, y el hecho que se le atribuye en estas actuaciones habría sido cometido el 17/2/04. De este modo, de accederse a la pretensión de la defensa, se desvanecería el objetivo esencial perseguido por el instituto.

Por otro lado, la demora en el ingreso de los testimonios al Registro respectivo, se correspondió -según surge del oficio obrante a fs. 107/108 y el informe de fs. 110-, a los recursos de casación y extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuestos por el propio imputado ante la gravedad de la pena en cuestión, a raíz de los cuales la sentencia adquirió firmeza el 17/12/2003. Por otra parte, el cómputo de pena practicado fue observado y recurrido por el imputado, remedio procesal que fue concedido el 3/12/2004, resolviendo el superior declararlo inadmisible. Finalmente, el cómputo en cuestión fue aprobado y comunicado el 5/8/2005, fecha que ingresó al Registro correspondiente.

Sin perjuicio de ello, no puede dejar de destacarse que en la presente causa se ha omitido una completa certificación de los antecedentes del imputado, pues no ha sido solicitado informe alguno a la Policía Federal Argentina.

Respecto del planteo introducido por la defensa, en cuanto a que un pronunciamiento adverso a la resolución del Sr. Juez de grado vulneraría el principio "ne bis in idem", cabe recordar que la garantía contra el doble juzgamiento se refiere a que "una persona no puede ser perseguida más de una vez por el mismo hecho que se considere delictivo, de tal modo que si alguien fue juzgado por un hecho, cualquiera que sea el resultado, no se lo puede juzgar nuevamente" (Donna, Edgardo Alberto e Iuvaro, María José "Reincidencia y Culpabilidad", Editorial Astrea, Bs. As., 1984, pg. 25). Sobre esta base, la revocación de la "probation" no es una doble persecución penal, toda vez que el proceso se encontraba "suspendido", y tal medida provoca la reanudación del curso normal de aquél, no viéndose afectada la máxima en cuestión.

Por último, resta mencionar, sin perjuicio de la solución que se adopta, que las personas sometidas a proceso se encuentra amparadas por la garantía contra la autoincriminación por lo que no se puede sostener, como alega el Sr. Fiscal de Grado, que el imputado viole un deber jurídico al no mencionar cuestiones relevantes en procura de obtener un beneficio procesal indebido.

En virtud de lo expuesto, de acuerdo a lo normado en el art. 76 ter, párrafo tercero del CP, corresponde revocar la resolución obrante a fs. 80/81, por la que se declaró extinguida la acción penal y se decretó el sobreseimiento del imputado Juan Antonio Herrera, remitiendo los presentes actuados al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 7 para que continúe el trámite según su estado.

Atento a las consideraciones que anteceden, el Tribunal, RESUELVE:

I.- Revocar el resolutorio recurrido, obrante a fs. 80/81, en cuanto declara extinguida la acción penal y, en consecuencia, sobresee a Juan Antonio Herrera -de las demás condiciones obrantes en autos- en orden al delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal -art. 189 bis acápite 2 del CP, -según ley 25.086-.

II.- Tener presente la reserva efectuada por la defensa del imputado de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado de Primera Instancia nº 7, a fin de que, de acuerdo al criterio expuesto en la presente, continúe el trámite de la presente causa, a sus efectos.

va Ante mí:

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas