Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-03-19


AUTOS 101646 (C.C. - SALA IV - Nº 29) "PROVINCIA DE SAN JUAN (D.G.R.) C/ Autotransportes San Juan S.A. - Ejecución Fiscal".- San Juan, 19 de marzo del 2013.- VISTO: Para resolver en los autos del rubro el recurso de apelación interpuesto a fs. 56 por el Dr. Gerardo Abecasis contra la sentencia de fecha 28 de septiembre del 2011, obrante a fs. 54/55.- Recurso concedido a fs. 57, habiéndose expresado agravios a fs. 58/60 y su responde agregados a fs. 63 y vta.

Y CONSIDERANDO: Que la sentencia en examen ha resuelto: Punto I): Hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado Autotransporte San Juan S.A., y por allanada la parte actora a dichas excepciones, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. II): Imponer las costas de este proceso por su orden, conforme lo dispone el art. 100 del Código Tributario. III) Regular los honorarios del Dr. Gerardo Abecasis, como apoderado de la parte demandada, por su intervención en autos, en un 21% de la liquidación que se practique del capital reclamado en autos.

En su expresión de agravios el Letrado de la Parte Demandada manifiesta que la mencionada sentencia le agravia por cuanto ordena que el cargo de las costas sea por su orden, no obstante haber admitido la excepción de inhabilidad de título deducida por su parte.

Manifiesta que el Juez de Grado funda su decisión exclusivamente en la disposición del art. 100 del Código Tributario, aduciendo que existió un allanamiento del fisco.

Realiza un breve relato de lo acontecido en autos advirtiendo que en ningún momento la parte actora ha formulado un allanamiento expreso y claro, a pesar que ha reconocido la procedencia de las defensas opuestas por su parte como excepción, por lo que correspondía que las costas se impusieran a ella, por haber resultado vencida en el pleito.

Puntualiza asimismo que no existe elemento de juicio alguno que permita apartarse del principio objetivo de la derrota, el cual tiene como finalidad imponer las costas a la parte perdedora. Acudir al auxilio de la justicia con el objeto de accionar a fin de lograr el reconocimiento de un derecho en modo alguno puede ocasionar un desmedro en los derechos de la contraparte que se vio obligada a defenderse.

Que ha pesar de lo dispuesto por el art. 100 del Código Tributario, reitera que la parte actora en ningún momento ha formulado un allanamiento con los requisitos exigidos por el art. 68 del C.P.C.

En definitiva de lo expuesto precedentemente surge que la sentencia en crisis violenta en forma flagrante el derecho de propiedad y defensa en juicio de la Empresa demandada, ambos reconocidos constitucionalmente. Hace reserva de derechos.

A fs. 61 de autos se ordena el pertinente traslado de la expresión de agravios a la parte actora, quien procede a responder a fs. 63 y vta., y manifiesta que el Juez de primera instancia ha resuelto la imposición de costas conforme a la disposición del art. 100 del C.T. Que el allanamiento formulado por su parte obedece a que, la D.G.R. incurrió en un error involuntario de carácter administrativo; que el allanamiento formulado tiene por objeto evitar un desgaste jurisdiccional innecesario, pues desconocía, como también desconocía el Ente recaudador, que el vehículo en cuestión había salido del patrimonio del demandado al momento de la confección del certificado de ejecución de deuda, base de la demanda, y su posterior remisión a Fiscalía de Estado. También señala que se debe tener presente que la circunstancia de haber vendido el vehículo, o haber salido de su patrimonio, no la dispensa ni la libera de su obligación de pagar las patentes adeudadas hasta tanto el adquirente haya efectuado la correspondiente comunicación al organismo recaudador. Ni el demandado ni el adquirente han cumplido con el art. 27 del C.T., pues la D.G.R. no puede adivinar si el vehículo que se encuentra a nombre de un contribuyente a pasado a propiedad de otro. Hace reserva de derechos y solicita el rechazo del recurso, confirmándose la sentencia de primera instancia Planteado en estos términos los límites del recurso corresponde manifestar al respecto que el recurrente se agravia por cuanto la Juez de Grado califica la presentación de fs. 45 como un allanamiento resolviendo la imposición de costas a tenor de lo establecido por el art. 100 del C.T.

La citada norma textualmente establece: "Las costas se impondrán al vencido, salvo el caso de allanamiento del fisco a la excepciones opuestas". De su lectura se advierte que el principio general es que las costas se impondrán a la parte vencida, en el caso, al contribuyente. La salvedad está dada cuando se deducen excepciones y el Fisco se allana. En esa situación la misma ley habilita para que el Sentenciante exonere del pago de las costas al Fisco.

A los fines de la resolución del presente caso ha de ponerse especial énfasis en la naturaleza del proceso que nos ocupa, pues se trata de una ejecución fiscal que en principio está regida por una ley especial (Ley Provincial N° 3908 y sus modificatorias) que en su título tercero, referido a LA INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO Y DE LAS LEYES FISCALES, el artículo 19 establece: "En la interpretación de este Código y de las Leyes Tributarias, sujetas a su régimen se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Sólo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu, el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del Derecho Administrativo en general y del Derecho Privado. Las normas que determinen sanciones o exenciones serán de aplicación e interpretación restrictiva." En el caso de autos la recurrente argumenta que el allanamiento formulado por la actora no cumple con las exigencias contenidas por el artículo 68 del C.P.C. Tal razonamiento contraviene el texto del artículo 100 del C.T.; en efecto tal norma exime al fisco en caso de allanarse ante las excepciones opuestas. Así las cosas se advierte que la actora, mediante la presentación de fs. 45, reconoce expresamente la procedencia de las excepciones planteadas por la demandada y solicita la eximición de costas en los términos del artículo 100 del Código Tributario, a partir de ello debe entenderse que el allanamiento cumple con los recaudos del artículo 68 del C.P.C., correspondiendo "strictu sensu" la aplicación de la norma especial, que precisamente el legislador ha previsto a tenor de las particularidades que presentan las ejecuciones fiscales. "De todos modos en el procedimiento debe seguirse un orden de prelación; independientemente de las remisiones específicas el orden de aplicación de normas resulta ser el de la ley que crea el título, el de las ejecuciones especiales, y solo en último caso el del juicio ejecutivo." ("TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL" ENRIQUE.M.FALCON T° IV; Pag. 584 Ed. Rubinzal Culzoni). Amén de estas consideraciones, cabe destacar que la petición de fs. 45 importa la conclusión del proceso. "La condena en costas al vencido es el principio a aplicar en las ejecuciones fiscales, desde que el objeto a ponderar debe ser -en suma-, si el Fisco o la ejecutada han obtenido el resultado querido, esto es, que se siguiera o no adelante con la ejecución fiscal. Y ello es así, con independencia de cuál hubiera sido la razón que sellará la suerte favorable o adversa del apremio, excepción hecha cuando el rechazo de la ejecución fiscal se motiva en el allanamiento del Fisco frente a la articulación por la accionada de la prescripción liberatoria de la deuda impositiva, donde las costas deberán ser impuestas por su orden". CA0100 MP, P 296 RSD-97-8 S Fecha: 17/06/2008 Carátula: F. d. l. P. d. B. A. c/ Piro y Ruiz S.C.A. s/ Apremio Mag. Votantes: Riccitelli-Sardo LEX9 Conforme lo expresado ha de estarse estrictamente a lo establecido por el artículo 100 del C.T., en cuanto requiere como única condición que, el allanamiento sea formalizado en ocasión de contestar las excepciones opuestas y no después; pues como ya se señalara debe primar, en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley, el principio de especialidad, no procediendo exigir mas requisitos que los contenidos por la propia norma. "La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene dicho: "Cabe considerar la regla interpretativa, según la cual debe primar la apreciación literal del texto y considerarse la intención del legislador. Su examen no se pude llevar a cabo sino "en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas y en modo alguno sobre la base de los resultados obtenidos en su aplicación, pues ello importaría valorarlas en mérito a factores extraños" (Fallos 315-142)- Es decir, que la norma primera de interpretación es la de atenerse a sus propias disposiciones, en todo cuanto se halle fundamentalmente contemplado por ella. (Fallos 212-64).- (AUTOS Nº 806 DEL 2º JUZ. COM. ESPECIAL (SALA III 6909) "ALONSO SPOTS S.R.L. - QUIEBRA PETICIONADA POR SÍNDICO EN AUTOS Nº 355)".- PROT. DE AUTOS Tº III Fº 539/543 AÑO 2003 30-09-03 SUPRE1). Es por ello que debe primar la aplicación de la ley especial, esto es, el artículo 100 del Código Tributario, cuya constitucionalidad no ha sido planteada por el apelante.- En mérito de lo expuesto corresponde rechazar el recurso de apelación confirmando el fallo de primera instancia en lo que fuera objeto de recurso. En cuanto a las costas de esta instancia se imponen al apelante vencido.

La presente resolución se emite con dos firmas conforme lo normado por el art. 257 del C.P.C.

Por ello, SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 56 por la Parte Demandada por los motivos expuestos en los considerandos. II) Imponer las costas de alzada al apelante vencido.

Protocolícese, agréguese copia a los autos, notifíquese y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- PROT.: L. DE AUTOS - T°I - F° 87/89- AÑO 2013.- FDO. DR. JUAN JESUS ROMERO. Presidente. DRA. ESTELA ZORRILLA- VOCAL.- DR. OSCAR ROLANDO CABRERA- SECRETARIO.-