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Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, falta de fundamentación suficiente, omisión de pronunciamiento, lesiones, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CAJA PREVISIONAL M.O.B. c/ Constantini Francisco s/ Ejecutivo- actuaciones para elevar a la Cámara de Apelación S/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-25

Lesiona el derecho de defensa del recurrente no proporcionar una solución fundada que ligue el precepto que juzga aplicable con las circunstancias de la causa. La falta de fundamentación normativa es, pues, la necesidad de que la sentencia proporcione al lector una pauta clara que vincule lo decidido con la normativa en vigor. Si ese hilo conductor no existe, el fallo es arbitrario. Lo mismo ocurre al no atender los planteos vinculados al tema en discusión; los que -sin emitir juicio alguno sobre su procedencia- resultan potencialmente eficaces para enervar la apelación del demandado, por lo que necesariamente debieron ser considerados por la alzada. Se ha dicho en tal sentido que "Las cuestiones planteadas oportunamente por la parte que no recurre en razón de haberle sido favorable el fallo, quedan implícitamente sometidas al tribunal de apelación como consecuencia del recurso interpuesto por la otra parte. Asimismo, esta Corte ha expresado en forma reiterada que la garantía de la defensa en juicio no solo resulta violada cuando a las partes no se les da la oportunidad de hacerse oír y ejercer sus derechos, sino también, cuando al justiciable se le niega la obtención de un pronunciamiento que defina su posición, esto es, cuando no se atiende en la sentencia las cuestiones y argumentaciones expuestas, máxime cuando ellas podrían tener eficacia para modificar la resolución recurrida, tal como lo dispone el artículo 13, inciso 4°, ley 2275, -hoy ley 59-O-. (PRE S.1 2003-II-384; PRE S.1 2011-III-458).
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDARTE, EDUARDO DANIEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-16

Las leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial. No debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma. La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma. Si bien es cierto que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la interpretación del legislador también lo es uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias, y que tales reglas tienen como presupuesto una adecuada ponderación de las circunstancias tomadas en cuenta para sancionar la ley y, además, la verificación de los resultados a que su exégesis conduzca en el caso concreto.
Actuaciones administrativas, cosa juzgada, conciliación laboral, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Villa, Rubén c/ Parezmar S.A. s/ Diferencia de haberes, etc Santos, José María c/ Parezmar S.A. s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-14|1984-12-14

El acuerdo conciliatorio suscripto en sede administrativa, en tanto haya sido objeto de homologación por la autoridad competente, debe asimilarse en sus efectos al de una sentencia judicial firme que adquirió el valor de cosa juzgada.
Vacaciones, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: ATENCIO NICOLAS RAMON Y OTRO c/ TRANSPORTES AUTOMOTORES 20 DE JUNIO S.R.L. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-12-30

El pago correspondiente a vacaciones, debe efectuarse al comienzo de la licencia, ya que los trabajadores, viven al día con sus retribuciones y si no tuvieron la remuneración en su poder, en muchas ocasiones no podrán disfrutar de su licencia, principio también, sustentado por el art. 155 de la ley 22297 y cuya violación implicará una transgresión en el orden contractual laboral.
Derecho laboral, accidentes de trabajo, acción de inconstitucionalidad, resoluciones judiciales, razones de servicio
Materia: LABORAL
Carátula: Brandán, José Luis  c/ Expert ART. S.A. s/ Accidente-Ley Especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-29

Condicionar la intervención de la Justicia Nacional de Trabajo al plazo aludido en la Resolución 298/17 de la SRT, a los efectos de la revisión de los actos emanados del Servicio de Homologación, constituye un exceso reglamentario inconstitucional ya que, la fijación de ese término- por demás breve en cuestiones en las que está involucrado el acceso a la jurisdicción-, no puede considerarse delegada en un órgano de la administración, menos aun cuando está en juego el derecho a la tutela judicial efectiva. En otras palabras, es una cuestión tan delicada, en la que se encuentra en juego la salud de la persona de un trabajador/a, consideramos que las disposiciones relativas al trámite administrativo, no incluyen -ni por delegación- la facultad de establecer un plazo para recurrir. Si la facultad de fijar un término para el recurso de apelación no ha sido delegada, debe considerarse al mismo como inexistente, y desde esta óptica, nada impide, que durante todo el período de la prescripción, el trabajador enfermo o accidentado, cuestione directamente ante estos tribunales- que son los jueces naturales-, mediante una demanda judicial, ajustada al procedimiento de la ley 18.345, la decisión a que se hubiese llegado en sede administrativa. Este análisis es válido, se haya presentado o no un pedido expreso de declaración de inconstitucionalidad de las normas involucradas, ya que nada impide la declaración de oficio de inconstitucionalidad, de conformidad con lo resuelto por el Máximo Tribunal de la República. En consecuencia, se revoca la resolución apelada.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia por la materia, aplicación de la ley, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B.S c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-02

En lo atinente al procedimiento seguido en autos, se equivoca la Judicante al requerir al Sr. Fiscal de Grado pronunciamiento con relación a la competencia de la Justicia Contravencional para conocer en la causa. En efecto, si entendió que el hecho excedía su competencia en razón de la materia debió así resolverlo declarándose incompetente sin más trámite, de conformidad con las normas pertinentes del Código Procesal Penal de la Nación de aplicación supletoria de nuestro fuero (artículo 6 ley Nro. 12). Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira.
Competencia contencioso administrativa, acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Andersch, Mario y otros c/ Ex DECA y/o Estado Provincial s/ Acción contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-10-15

En el caso de autos nos encontramos ante un reclamo producido contra entidad autárquica que en su ley orgánica no contempla la definitividad de los actos de su máxima autoridad y en consecuencia la posibilidad de que los reclamos directos ante ella puedan agotar la instancia administrativa, condición que necesariamente implica que para tal agotamiento deba instarse la participación y decisión del Poder Ejecutivo Provincial en cabeza de su titular por vía del recurso de Alzada, tal procedimiento de excepción determinado por el carácter organizacional del sujeto pasivo de la relación debió llevarse a cabo mediante la interposición de aquél recurso dentro de los cinco días siguientes al de la fecha de producción presunta por silencio de dicha denegatoria, según lo establece expresamente el art. 123 del C.P.A. Si por vía de absurdo se aceptara como hipótesis general, implícita la posibilidad de la habilitación de la instancia contenciosa por ante el propio ente autárquico de que se trata, el Poder Ejecutivo titular y responsable por autonomasia de la administración estatal, tomaría conocimiento de la cuestión litigiosa recién cuando ésta ya se encontrara desplazada de la instancia administrativa, o sea del campo propio de competencia de sus prerrogativas de actuación y dirección, y en consecuencia imposibilitado de ejercer el control de legitimidad y/o legalidad de los actos u omisiones de sus subordinados que el art. 123 pretende preservar, debiendo, sin embargo, en su caso, asumir las consecuencias jurídico patrimoniales del accionar del ente autárquico, como la propia ley de creación de la ex Empresa de Energía Provincial le impone en la hipótesis del art. 25 o por vía de la responsabilidad presupuestaria genérica. Por ello, no existiendo constancia en autos de articulación por la actora del recurso de Alzada a fin de obtener en el caso decisión de autoridad de última instancia, la vía administrativa no se agotó regularmente y en consecuencia debe declararse la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa, con costas a la actora conforme el criterio objetivo de la derrota.
Tribunal de Cuentas Provincial, miembros del tribunal de cuentas, nombramiento, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Verardi de González, Lili Alicia del Valle c/ Estado Provincial y Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ Incidente de Hecho Nuevo  (L.A. Nº 44, Fº 90/93, Nº 40) Provincial y Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ Incidente de Hecho Nuevo (L.A. Nº 44, Fº 90/93, Nº 40)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-03-06

La anulación de la designación de un vocal subrogante del Tribunal de Cuentas "privándola de todo efecto jurídico desde la fecha de su dictado" no afecta la validez de los actos administrativos en los que participara la nombrada, ni quedan anulados de pleno derecho.-
Contrato de garaje, playas de estacionamiento, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Facello de Aleman, Silvina Del Carmen c/ Playa Zapata 172 y Ots. s/ D. y P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-12-23

El garajista, en el contrato de garaje, o el playero, en el contrato de estacionamiento en playa, no quedan eximidos de responsabilidad por la pérdida o sustracción de los efectos dejados dentro del vehículo cuando se prueba que los mismos fueron oportunamente denunciados y que el custodio prestó su conformidad para hacerse cargo de su vigilancia.
Recurso de casación, depreciación monetaria, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Provincia de Santa Cruz c/ José Miguel Peralta Guggiari y otro s/ Ejecución Hipotecaria s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1989-06-26

La incidencia de la depreciación de la moneda deviene una cuestión de hecho ajena en principio a la casación, salvo que las conclusiones a que se arriben no constituyan una aplicación razonable de las directivas que conforman el fondo común de la doctrina o se aparte de manera grosera de las pautas que son de público conocimiento en relación a los porcentajes conque el incremento se va exteriorizando, ya que el reajuste por declinación de la moneda, salvo cuando está previsto expresamente en normas legales, es materia reservada al prudende arbitrio judicial.
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Trejo, Raúl Ernesto c/ Zabala, Alberto Oscar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

La regla contenida en el art. 375 del C.P.C.C. no ha sido aplicada estrictamente pues, el moderno criterio interpretativo en torno a la carga de la prueba pregona una aplicación más flexible y funcional de las clásicas reglas de distribución, sustentada en el principio de colaboración y el de solidaridad para la obtención de la verdad real. Así, la prueba debe tender a la reconstrucción de los hechos y de la situación jurídica, tal como efectivamente ocurrieron o están ocurriendo las cosas y las partes deben colaborar a la obtención de la voluntad de la ley, subordinando el interés individual a una sentencia justa pues, si bien pensaran más en su interés privado que en público -que haya justicia-, es indiscutible que la persecución de ese interés egoísta, no excluye el deber que tienen de obrar con probidad y lealtad en su actividad probatoria. Es que, una cosa es tratar de defender los propios derechos y otra muy diferente poder hacerlo con mala fe y deslealtad.
Injurias, real malicia
Materia: PENAL
Carátula: Vázquez, Enrique s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-16

La doctrina de la real malicia elaborada por la Suprema Corte de los Estados Unidos ha sido escogida por una minoría del Alto Tribunal y, asimismo tampoco es asimilable a casos como el presente, en que se conoce la falsedad de la información y su contenido difamante (voto del Dr. Bisordi).
Extradición, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: MEDINA JARAMILLO, Samuel s/ extradición Causa 10.538
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

La segunda parte del Art. 538 del Código Procesal Penal de la Nación, mantiene la vigencia del régimen extraditorio previsto por la Ley 2372 en cuanto no se oponga a lo establecido por la Ley 23.984, resultando ello una excepción al principio general, pues, el nuevo código no posee una regulación especifica sobre la materia.
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JOSE GOMEZ c/ FRUTICOLA CANTONI s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-04

Es requisito de admisibilidad del remedio federal, que sus fundamentos se hagan cargo, a través de una crítica prolija y circunstanciada, de las razones en que se apoya el fallo apelado, resultando ineficaz la formulación de una determinada solución jurídica con prescindencia de dichos motivos, y tales exigencias no se cumplen a través de la remisión a otras presentaciones efectuadas en la causa.
Accidentes de trabajo, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Medina Mayra Alejandra c/ Swiss Medical ART SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-09

La reciente reglamentación enfatiza que los profesionales médicos carecen de atribuciones jurídicas por cuanto tales cuestiones son de incumbencia del Secretario Técnico Letrado de la respectiva comisión. Es decir, que se deslinda claramente la labor en sede administrativa de los médicos por un lado y por el otro de los profesionales del derecho. Además el titular del Servicio de Homologación es quien emite el acto administrativo que concluye y agota esta vía previa de acceso a la instancia judicial. Asimismo determina que la Comisión Médica Jurisdiccional está integrada por el Servicio de Homologación y por el personal letrado, administrativo y técnico que lo asiste y es quien, a través del titular del Servicio de Homologación, emitirá el acto administrativo final. Cabe resaltar que el profesional médico debe dar intervención, en el marco de sus funciones establecidas en el decreto 1.475/15 y conforme a lo previsto en el art. 7 de la resolución SRT 298/17, al Secretario Técnico Letrado cuando se susciten planteos de orden legal, sin posibilidad de apartarse de lo opinado por el referido funcionario en lo atinente a lo consultado. Con el dictado de la resolución Nº 899-E/2017 resultan subsanadas la objeciones a la constitucionalidad del procedimiento administrativo obligatorio y previo de acceso al reclamo judicial pues mantiene en sus respectivas áreas a los profesionales del derecho y a los de la medicina, subsanando de tal manera las falencias de la anterior resolución Nº 298/2017 en lo concerniente a los derechos y garantías que lesionaba.
Daños y perjuicios, ley de defensa del consumidor, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Macaya Maria Ximena c/ Asociación Deportiva y Cultural Lacar s/ d. y p. derivados de la responsabilidad contractual de particulares
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-03

Resuelve hacer lugar a la indemnización reclamada por el hijo de un jugador de fútbol amateur que falleció en una cancha perteneciente al club demandado, luego de que impactara contra una pared de cemento a raíz de una caída, pues al tratarse de un contrato de locación de una cancha de futsal, resulta aplicable la normativa de la Ley de Defensa del Consumidor y, en tal sentido, no existen constancias probatorias que acrediten que en el gimnasio hubieran señales de advertencia sobre la peligrosidad que entrañaba el terreno de juego, para quienes no utilizaran el calzado o la ropa adecuados, que los usuarios fueran advertidos sobre el peligro al que se exponían por superar una determinada velocidad, dentro de los límites de la cancha o sobre el riesgo de usar dicho espacio, si en su carácter de aficionados, no contaban con la pericia o destreza necesarias para el juego veloz.
Empleo no registrado, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: Dowbley, Enrique y otro c/ Emecar S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-13

La previa intimación a la patronal requerida por el art. 11 de la ley 24.013 debe ser efectivizada, vigente la relación laboral como exige la norma en cuestión.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, cuestión no federal, accidentes de trabajo, indemnización, reparación integral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GATTI, DANIEL ARISTIDES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-19

Cabe denegar la concesión del recurso extraordinario federal, al no lograr acreditar la presencia de las causales de arbitrariedad invocadas, desde que -tal como lo expuso este Cuerpo al desestimar el recurso de queja- no concurrían los extremos que permitieran descalificar el fallo como acto jurisdiccional, más aún cuando el espíritu del mismo se basó en puntualizar que no podía la accionada pretender una fecha de corte que le impusiera al damnificado un trato desigual que frustrara su derecho a obtener una reparación adecuada del daño, espíritu que en definitiva es el que llevó a reformar el régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo, no alcanzando ahora con la mera reiteración de sus quejas a convencer en torno a la procedencia de la vía extraordinaria que intenta.
Competencia federal, comercio interior, transporte interno, comercio exterior, transporte internacional, Poder Legislativo Nacional, facultades del Poder Legislativo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Organización Coordinadora Argentina  S.R.L. c/ Dirección  Provincial de Televisión (Mrio. de Gobierno de la Pcia. de San Luis) s/ cobro de Australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

La facultad exclusiva que al Congreso otorga el art. 67, inc. 12 de la Constitución Nacional, en cuanto a reglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí, determina un ámbito específicamente federal en todas las materias concernientes al comercio y transporte interprovincial e internacional.
Obligaciones, plazo indeterminado, mora, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: VIEGAS JOAQUIN HUGO c/ NOVOSELITCHI CARLOS Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

Debe distinguirse la mora cuando la pena convencional es compensatoria y la de esa pena cuando es moratoria. En el segundo caso, la mora de la obligación principal se extiende a la pena moratoria, y ésta habría de producir sus efectos a partir de aquella inejecución o cumplimiento tardío de la obligación principal.

Pero por tratarse, el contrato al que accede la pena, de la creación de una obligación en la que no se señaló fecha de cumplimiento, quedó en blanco, por lo tanto, esa mora de la principal sólo podía producirse al vencer el tiempo que el juez fijare para el cumplimiento, de donde, siguiendo la doctrina expuesta, también en ese tiempo habría de nacer la mora de la sanción moratoria.
Proceso penal, Constitución Nacional, acusación, defensa, prueba, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Marino de González, Adriana del Carmen c/ Mordacci de Alonso, María Cristina. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

Para que exista "juicio" en el sentido constitucional del término es necesario que en el curso del proceso se hayan observado ciertas formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito, vehículo embistente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Colabella, Roberto Italo c/ Flores, Alfredo Miguel s/ Daños y perjuicios Montero, Julio c/ Rochi, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11|1995-08-18

La conducta de la víctima que circulaba a contramano excluye -o limita en su caso- la incidencia causal del obrar del embistente, no cediendo la presunción de culpa de quien no observa los sentidos de circulación ante la que genera el carácter de embistente del demandado.-
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, daño material, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez de García, Tapia Adelina c/ Olivera, Casimiro R. y otros s/ Daños y perjuicios y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-02

Incumbe al responsable del hecho probar que los gastos por reparaciones no obedecen al accidente y que el importe pretendido ha sido abultado.
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, enfermedad accidente, relación de causalidad, prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: LORENZO PRIETO DE MAGGI, Manuela c/ MANFREDI, Franco s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-04

Quien reclama los daños derivados de una enfermedad laboral debe acreditar no sólo la ausencia de medios de seguridad para realizar el trabajo, sino especialmente que las substancias utilizadas para realizar las tareas fueron las que provocaron el fallecimiento o la enfermedad terminal.
Competencia federal, defraudación, documento nacional de identidad
Materia: PROCESAL
Carátula: OFICIALDEGUI, Fernando V. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-21

La presunta tenencia, falsificación o adulteración y utilización del DNI para la concreción de maniobras defraudatorias que constituyen el objeto procesal de la investigación, representan un hecho único que no admite escisión para su juzgamiento (art. 33, inc. c) in fine C.P.P.) por lo que debe entender la justicia federal (*).