marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio sumarísimo, acción de amparo, habeas data, cuenta corriente bancaria, exhibición de documentos, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Luñansky, Ruth Judith c/ Banco Santander Rio SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

Procede hacer lugar al pedido de la actora de obtener información respecto del movimiento de su cuenta, abierta en el banco demandado. Ello por cuanto, estamos frente a derechos que deben considerarse expeditos, esto es, susceptibles de ser ejercidos sin necesidad de promover un juicio. Conforme la aplicación analógica de la CN 43 y normas concordantes, de las que puede extraerse, como idea común, la legitimación y viabilidad de obtener toda la información concerniente a uno mismo como bien jurídico protegido en forma autónoma, con la única condición de requerir esa información, máxime cuando, como en el caso, la pretensión se enmarca en una relación de consumo, en donde no es necesario comprobar la efectiva configuración de los extremos fácticos, pues aunque estos no fueran ciertos, lo único que sería relevante es que la actora está pidiendo información sobre un producto financiero propio. En tales condiciones, y siendo que la obligación de proporcionar información gratuita es una de las obligaciones principales que pesan sobre quienes actúan como proveedores en el mercado, forzoso es concluir que, en ejercicio del principio según el cual donde hay un derecho debe haber también un mecanismo para ejercerlo, el Tribunal debe proveer lo conducente a esos efectos.
Obligaciones del empleador, obligaciones del trabajador, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: T., F. y Otro c/ M.V. SRL s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-31

La buena fe impone que tanto el empleador, como el trabajador, están obligados a exteriorizar en tiempo oportuno su conformidad o disconformidad con cualquier medida que se relacione con los derechos y obligaciones recíprocos, principios que quedarían contrariados, si quien , pudiendo oponerse, acepta una situación y, extemporáneamente se atribuye la calidad de pretensor de acreencias acumuladas por el transcurso del tiempo.
Presunción de inocencia, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Coronel, José Antonio c/  s/ hurto en tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-26

La propia ley 24.660 promueve expresamente en su artículo 11 que los beneficios previstos en ella sean aplicados, incluso a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten favorables y útiles para resguardar la personalidad del solicitante (voto del juez Jantus al que adhirió el juez Huarte Petite).
Derecho penal, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Bianucci, César Fernando s/ Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-12-09

Lo que convierte en reincidente al sujeto es su desprecio por el encarcelamiento que lo amenaza, cuando ya conoce el rigor de encontrarse en ese estado.
Juicio de apremio, prescripción, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN. c/ OBANDO MANCILLA, JOSE PEDRO. s/ APREMIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-04-09

El plazo de la prescripción comienza a correr desde la fecha del dictado de la sentencia contravencional.
Sustracción de menores, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

El delito de retención u ocultamiento de un menor no cesa cuando el niño sustraído cumple los diez años de edad, pues la acción de sustracción afecta el derecho del niño a la protección de su vida familiar y su derecho a medidas de protección que como niño le corresponden, por lo que no puede asignarse relevancia típica al hecho de que cumpla dicha edad durante el ocultamiento o la retención si las acciones delictivas continúan.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scarfó, Antonio y otros c/ Elichiry, Néstor Omar y otro s/ Reclamación - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

Constituye la regla el derecho del damnificado a formular la opción que edicta el art. 1083 del cód. civil, frente a lo cual carece el responsable de facultades para imponerle recibir un automóvil similar o su equivalente en dinero.-
Empleados públicos, deberes de los agentes de la administración pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Issac, Jorge y ots. c/ Provincia de Buenos Aires (Obras Sanitarias) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Las normas de empleo público común han dejado a salvo la situación de los organismos que prestan un servicio directo a la comunidad y al personal afectado a servicios de guardia.
Responsabilidad parental, asesor de menores, Ministerio Público, padres
Materia: CIVIL
Carátula: B. A. y L. V. s/ Inscripción de nacimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-04-02

Las relaciones jurídicas conflictivas emergentes de la patria potestad, como así también las derivadas de la asistencia y representación jurídica de los incapaces en general, no se desenvuelven en el puro ámbito de los intereses privados. Al Estado le interesa proteger y resguardar los intereses provenientes de las relaciones de familia y, más aún, cuando se trata de una cuestión de estado, estableciendo el control del ejercicio de las mismas en su sistema normativo, ubicando al Asesor de Menores como contralor de los intereses y/o cuando se encuentran en situación de abandono o peligro. Por ello, siempre que un menor sea parte de un juicio o, por sus consecuencias, puedan verse afectados sus intereses, surge la necesidad ineludible de la intervención del Ministerio Público de Menores, se hallen o no -los mismos- asistidos por sus legítimos representantes, ya sea en el carácter de padres, tutores o curadores. (Fundamento del Dr. Luis E. Eidler)
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: HEMARSA. SACIFI. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

En los supuestos en que el valor cuestionado se halle total o parcialmente indefinido, el requisito de demostrar que el monto del agravio excede el mínimo legal es susceptible de ser satisfecho mediante un cálculo estimativo, realizado en términos concretos y circunstanciados y con fundamento en los elementos de juicio producidos en la causa, sobre el cual podrá efectuar observaciones la parte contraria con motivo de la sustanciación del recurso.
Registro notarial, llamado a licitación, solicitud de suspensión
Materia: PROCESAL
Carátula: Corte Nº 04/14: Esc. Griselda del Valle Heredia, titular del Registro Notarial Nº 21 - Dpto. Tinogasta - Suspensión del Trámite del llamado a Concurso del Colegio de Escribanos de Catamarca s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-07-07

Se deduce recurso de apelación en contra de la Sentencia Interlocutoria Nº 3 dictada por el Tribunal de Superintendencia Notarial, que resuelve rechazar el recurso interpuesto por la impugnante, dejar sin efecto la suspensión del concurso y continuar con el trámite.

La sentencia apelada rechaza la impugnación planteada por la Titular del Registro Nº 21 al llamado a concurso del Registro Nº 20 ambos del Departamento de Tinogasta. Afirma que la sentencia atacada es arbitraria por ser contraria al derecho vigente y no decidir las cuestiones planteadas.

En virtud de la Ley Orgánica del Notariado de Catamarca es competencia de este Tribunal el tratamiento del presente recurso.

El llamado a concurso que se impugna es para cubrir un Registro ya existente y el que conforme al Art. 11 de la Ley 3843 modificada por la N° 4945 mantiene la numeración actual. Con ello no se desconoce la facultad de creación de registros que legalmente corresponde al Poder Ejecutivo y tampoco las condiciones a tener en cuenta para ejercer esa facultad conforme al texto del Art. 9 reformado por el Art. 6 de la ley N° 4945.

A su vez, ante la vacante producida en el Registro Nº 20 por la renuncia de su titular, la situación de hecho actual es que en la práctica, es real que hay un solo Registro funcionando en el Departamento Tinogasta, que es el Nº 21 a cargo de la impugnante, en mérito de ello ningún derecho de la recurrente se advierte vulnerado por el llamado a concurso que se cuestiona. Entonces no infiriéndose lesión al derecho cuyo reconocimiento se gestiona, no existe obligación de apelar o manifestar disconformidad con las apreciaciones de derecho que el sentenciador haga al pronunciar su fallo.

Es sabido que el interés es la medida del derecho y la apelación no procede sino por su lesión, que consiste en el perjuicio que al apelante le cause la parte dispositiva de la sentencia.

El interés para recurrir es uno de los elementos que concurren a configurar una teoría general de la impugnación que, en el flanco de la legitimación muestra rasgos comunes a toda la gama recursiva.

Siendo ello así, no resultan atendibles los reproches formulados, pues, el recurso, como cualquier petición en justicia sólo se admite en beneficio de quien justifique un agravio legítimo, y en el caso en tratamiento ningún derecho se advierte vulnerado, ningún perjuicio se aprecia producido y sí es patente la ausencia de interés para recurrir, motivo por el cual propicio el rechazo del recurso, por improcedente.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia definitiva, secuestro de bienes, tráfico de estupefacientes, cuestión federal, defensa en juicio, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Riquelme, Jean Manuel Marie y otros s/ infracción ley 23.737 (art. 50, inc. c) c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-10

El recurso extraordinario es formalmente admisible ya que fue interpuesto por un sujeto procesalmente legitimado contra una sentencia de carácter definitivo dictada por el superior tribunal de la causa, cumple con el recaudo de fundamentación autónoma y suscita cuestión federal suficiente toda vez que se denuncia violación a la garantía de defensa (art. 18 Constitución Nacional) por mediar arbitrariedad en lo resuelto así como inobservancia de los dispuesto en el art. 30 de la ley 23.737.(Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti).
Derecho a la salud, cannabis medicinal, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN GBA c/ FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS EFECTORES PÚBLICOS SE (FACOEP SE)  s/ AMPARO - SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

En materia de salud coexisten facultades concurrentes a cargo del Estado Federal, por un lado, y de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el otro. Ambos órdenes estatales también han asumido obligaciones concretas provenientes -en lo pertinente- del régimen normativo federal y/o de los ordenamientos jurídicos locales. Esta duplicidad de ámbitos de actuación y obligaciones es producto de nuestro esquema federal, y garantiza en dicho marco una cobertura eficaz del derecho a la salud de las personas y no puede ser interpretada en sentido contrario (conf. análisis jurídico realizado en el marco de la causa "Y. E. G. E. y otros c/ Ministerio de Salud de la Nación y otros s/ amparo s/ recurso de inconstitucionalidad concedido expte. SACAyT n° 16120/18). (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Cortegozo, Basilio Orlando y otros s/ supuesto  fraude  a  la  Administración  Pública, asociación ilícita,  enriquecimiento    ilícito,  encubrimiento  peculado    y    cohecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16

A la apelación federal prevista en el art. 14 de la ley 48 no le son aplicables las normas del Código Procesal Penal del Chaco, sino que se rige por las disposiciones de dicha ley y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, derechos y garantías constitucionales, prescripción de la acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., D. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

Se advierte que la pretensión de absolución con base en la afectación de la garantía de plazo razonable es la reiteración de la esgrimida en las instancias ordinarias y, como tal, ha sido analizada y rechazada por el A quo, que analizó pormenorizadamente el planteo defensivo en confrontación con las constancias de la causa para concluir que si bien había mediado dilación de parte de las autoridades judiciales, no se advertía una alongación extraordinaria que diluyera la legitimación de la persecución penal ejercida; y asimismo, expuso las razones por las que juzgaba que el plazo de prescripción configuraba una pauta de mensuración de la ilegalidad o no de las demoras y que en el caso distaba mucho de haberse cumplido dicho término; así como también explicó por qué la doctrina de la insubsistencia de la acción penal y los precedentes líderes en la materia no resultaban aplicables, argumentos que la interesada no logra descalificar desde la óptica constitucional. (Del voto de los Dres. Erbetta y Spuler)
Expropiación, indemnización, depreciación monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ TURAGLIO, JOSE L H s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-10-03

El criterio sustentado por la Corte para situaciones similares y que se basa en el principio de justa y previa indemnización, establece que la suma a abonar por la actora debe ser actualizada y también sobre ella liquidarse intereses. Para ajustar el valor fijado, a falta de elementos ciertos que demuestren la evolución del terreno, se aplicará el índice de precios mayoristas agropecuarios nacional.
Subasta, automotores, titular del automotor, denuncia de venta
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE DE SCHAUVINHOLD, CLARA por sí y por su hija menor c/ CEM S.R.L. s/ COBRO DE PESOS (S/ ACTUACIONES POR PIEZA SEPARADA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-09-27

La ley 22977 en nada modificó el régimen de propiedad del dominio de los automotores dejando inalterable el artículo 1 del Decreto Ley 6582/58 en cuanto establece que la transmisión del dominio solo producirá efectos entre las partes y respecto de terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.

En ese contexto la llamada "denuncia de venta" implicó un procedimiento tendiente a excluir la responsabilidad del titular registral frente a daños ocasionados por el rodado cuando su titular hubiera hecho tradición del mismo y comunicado esas circunstancias al Registro Automotor; en esa situación el adquirente que provocare un daño con el vehículo será considerado respecto al titular del mismo como un "tercero por quien él no debe responder, y que el automotor fue usado en contra de su voluntad" (artículo 27 Ley 22977).
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Lanzos, Rubén Oscar s/ Defraudaciones reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

Es insuficiente el planteo de inhabilidad dirigido contra diversos testigos -por ser o haber sido empleados del particular damnificado- si no se intenta demostrar que la mencionada relación haya originado, en cada caso, el descrédito a que se refiere el art. 142 -n.a.- del C.P.P..
Delitos cometidos por medio de la prensa, publicación o reproducción de ofensas
Materia: PENAL
Carátula: Blatezky, Arturo s/ Calumnias e injurias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-10

No puede entenderse acreditada la intención deshonrante en el caso de una publicación periodística en la que se hace una imputación no dirigida clara y específicamente a quien se consideró alcanzada por ella, y admitiendo la publicación una lectura no imputatoria para el querellante, el acusado dio explicación seria en la causa y por escrito, del sentido de la referencia efectuada ratificando expresamente que no se había referido a éste, ofreciendo publicar la explicación.
Liquidación de la sociedad conyugal, orden público, concubinato
Materia: CIVIL
Carátula: G., R.A. c/ C., N.A. s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-14

La preceptiva que regula la liquidación de la sociedad conyugal, reposa sobre principios de orden público, concernientes al régimen de bienes -de comunidad de ganancias- del matrimonio, el cual responde a la integración que, también en lo patrimonial, la ley pretende que exista entre los cónyuges"; y no es por lo tanto, aplicable para la liquidación de los bienes comunes de los concubinarios.
Pluriempleo, declaración jurada
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulado Expte nº 8706/12 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Asociación Trabajadores del Estado (ATE) c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-06

El Legislador ha establecido la oportunidad y la información que los agentes deben declarar en los supuestos de "pluriempleo" -art. 10, inc. k, de la ley 471-, y fuera de ese momento, y de esa información, los agentes no tienen obligación de declarar al GCBA acerca de esas cuestiones. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Marta Paz).
Principios procesales, facultades del juez, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: G., C.A. c/ T. XX SRL y P.A. SA s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-04

Es facultad atribuida a los jueces el encuadramiento legal de la defensa de prescripción oportunamente articulada y sometida a juzgamiento vía apelación, consistente en el poder-deber de la judicatura de formular la afirmación del derecho que se adecua al caso, prescindiendo del invocado por las partes. El principio "iura novit curia" autoriza el papel activo del tribunal en este sentido, siempre y cuando no se altere la causa de la pretensión.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba, docentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Bertinat, Pablo Jorge y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Corresponde conceder el beneficio de litigar sin gastos solicitado por quien se desempeña como docente, si obran, en el caso, elementos suficientes para concluir que la tarea que realiza el actor no le aporta medios económicos suficientes para hacer frente a otras erogaciones que no sean las de su propia subsistencia.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mezzo, Renné Beatriz c/ Pelitti-Pizzolo y Cía. SRL s/ Consignación de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

Carecen de eficacia interruptiva de la perención, los depósitos de nuevas cuotas ampliatorias de la consignación ya que no instan los trámites del proceso.
Sanciones procesales, empleados públicos, responsabilidad penal, sobreseimiento, incidencia en otro juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castelli, Graciela Miriam c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 67 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26

En términos generales, se considera que existe independencia entre el procedimiento penal y el administrativo, aunque en algunos casos el primero presenta decisiva influencia sobre el segundo. Respecto de la incidencia del sobreseimiento penal en sede administrativa el principio general es que ambas sanciones son independientes, autónomas entre sí. La potestad, y respectivamente la jurisdicción disciplinaria, se orientan a una finalidad diversa a la represión penal, cual es la regularidad del servicio público. En el caso, no se advierte la configuración de algunas de las limitadas excepciones a ese principio, por no que no podría concluirse que la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional penal debe determinar el pronunciamiento acerca de la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa en el caso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, encuadramiento legal de los hechos, homicidio en ocasión de robo
Materia: PENAL
Carátula: Yaguar, Florencio Aníbal s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-03-30

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal en el que denuncia la errónea aplicación del art. 166 inc. 2 del Código Penal y, por su consecuencia, la violación del art. 165 del mismo Código, si el homicidio ocurrió 'con motivo' del robo -y eso no se discutió en el caso- pues es irrelevante que al producirse aquél ya no se estuviera realizando éste, porque la expresión "con motivo" del robo se refiere a una relación que, convencionalmente, podría definirse como 'causal' entre el robo y el homicidio, relación no limitada por el dato temporal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trata de personas, irretroactividad de la ley penal
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ferro Viera Carlos y otros c/  s/ infr. art 145 ter - conforme art. 26 Ley 26842. Denunciante: Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-02

En el supuesto caso que los hechos denunciados pudieran encuadrarse en la figura del art. 145 bis del CP, cabe aclarar que el delito de trata de personas se legisló en nuestro país recién en el año 2008, mediante la sanción de la Ley 26.364, es decir, siete años después de la fecha en que los hechos habrían acontecido. En consecuencia, por imperio del principio de irretroactividad de la ley penal previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional, no es posible someter a proceso a persona alguna por la comisión de un delito anterior a la sanción de la ley.
Declaración de insania, curador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R.M.U. s/ Insanía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

Cuando se persigue la designación de un curador especial "ad litem" para que represente y defienda al insano en el pleito, conforme lo establecen las leyes de fondo y de forma, debe designarse a un abogado de la matrícula, o a los funcionarios establecidos al efecto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)