Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-05


En la ciudad de Trelew, a los 05 días de marzo del año dos mil nueve se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Alberto Velázquez y Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B. DEL C. c/ E., V. s/ acción meramente declarativa" (Expte. Nº 146 - año: 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?, y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 93.----------------------------------------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: -------------------------------------------------- I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 69/75) hizo lugar a la demanda entablada por el B. C. S.A. contra V. E., declarando en consecuencia que los datos referidos a la deuda del demandado con dicha entidad bancaria no podrán ser suprimidos hasta el mes de diciembre del año 2008, debiendo ajustar su proceder el banco actor, en cuanto a la información en cuestión, a los términos de la Comunicación "A" 4757 y las dictadas con posterioridad -"A" 4765, 4773 y 4777- por el Banco Central de la República Argentina, en cuanto corresponda. Las costas fueron impuestas a la parte perdidosa.-------------------------------------------------------- II. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra dicho decisorio, sosteniendo su recurso a través de la pieza glosada a fs. 85/90 que contiene, en síntesis, los siguientes motivos de agravio: 1) agravia a la parte apelante que se haya estimado admisible la acción intentada, por cuanto no reúne los requisitos exigidos por el art. 322 C.P.C.C. para su viabilidad. Al respecto recuerda que al contestar la demanda remarcó tenor marcadamente consultivo y especulativo de la pretensión actoral y, al propio tiempo, objeta que el sentenciante haya considerado que una simple intimación bajo apercibimiento de iniciar acciones legales constituya un perjuicio potencial que habilite el carril procesal elegido. Afirma que con este criterio, toda discusión extrajudicial sería susceptible de ser ventilada y resuelta a través de esta vía extraordinaria. Cita jurisprudencia. 2) Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, también le causa gravamen al recurrente que el a quo haya reputado que la última información relevante respecto de la deuda que alguna vez mantuvo con el B. C. S.A. es la resolución que dispuso la clausura del proceso falencial por falta de activo, dictada el 27/11/2003 en la causa "E.i, V. y M., M. del C. s/ Quiebra (Expte. N° 1310 - Año 1993). Aduce que a ese efecto, la última información relevante que surge de la actuaciones donde tramitó su quiebra es el decreto judicial que hizo lugar a la rehabilitación de los apelantes, produciendo la suspensión de todas las consecuencias de la quiebra que disminuían su capacidad, fechada el 03/11/2004. Agrega que conforme lo establece el art. 107 de la ley concursal, los acreedores del fallido podrán intentar el cobro de sus créditos sobre el patrimonio conformado con "sus bienes existentes a la fecha de la declaración de la quiebra y de los que adquiera hasta su rehabilitación", pero nunca sobre los bienes que pudiera adquirir después de su rehabilitación. En consecuencia, dado que no existen bienes adquiridos con posterioridad y hallándose holgadamente prescriptas todas las acciones previstas para los casos de ineficacias falenciales (arts. 109, 118, 119, etc. LCQ) y demás acciones patrimoniales del derecho común, fácil resulta advertir que en el futuro el Banco ya no podría ejecutar la deuda alegada. Señala en suma que el plazo a computar a los efectos del art. 26, inc. 4 de la Ley de Protección de Datos Personales no puede ser otra que la de dos (2) años computables desde el decreto judicial de rehabilitación. Agrega que aun si se considerara que el plazo aplicable es el de cinco años por aplicación de la Comunicación "A" 4757, se imponía declarar que dicho plazo estaba largamente vencido, por cuanto la exigibilidad de la deuda alegada por el Banco de "vencimiento único" o "de pago en cuotas" operó de pleno derecho con la declaración judicial de quiebra del 14/08/1997. En consecuencia, la parte recurrente solicita se revoque la sentencia apelada declarando la improcedencia del que el B. C. S.A. continúe proveyendo al B.C.R.A. una información absolutamente desactualizada, en caso de que esta Cámara no decidiera rechazar la acción en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la parte contraria.------------------------------ III. Dado que el primer artículo defensivo de los demandados consistió en plantear la improcedencia de la acción intentada (conf. contestación, fs. 18) y es este asimismo el primer motivo de agravio vertido en su pieza recursiva, dicho tópico merece prioritario tratamiento, en vista de su potencial proyección sobre la suerte de la pretensión entablada.---------------------------------------------------------------------- --------------------------------- Veamos. Al entablar su demanda, la actora narró que los demandados eran deudores de la entidad bancaria; que en fecha 14/08/1997 fueron declarados en quiebra; que durante el previo concurso preventivo, el Banco había logrado verificar un crédito contra ellos por la suma de $ 136.787,54; que la homologación del concordato implicó una quita del 25% en dicho crédito; que el 27/11/2003 se declaró la clausura del proceso de quiebra por falta de activo y que el 03/||/2004 se hizo lugar a la rehabilitación de los demandados, recuperando su capacidad para ejercer el comercio. Que el 07/12/2006 el Sr. E. cursa una carta documento manifestando su negativa a adeudar suma alguna a la entidad bancaria e intima a rectificar la calificación crediticia que la actora informa al B.C.R.A. en el marco de las Comunicaciones "A" 4310 y "A" 4070 de dicho ente rector. Que siendo dicha información de carácter obligatorio para todas las entidades financieras, el B. C. S.A. no puede dejar de informar la situación de esta deuda, calificada como "irrecuperable", lo que así le contestó al nombrado solicitante, quien reiteró su intimación basándose en su "derecho al olvido" con base en el art. 26, inc. 4to. de la ley 25.326. Que el error más claro del Sr. E. radica en su interpretación del artículo citado, dado que el mismo está dirigido a los "servicios de información crediticia" tales como Veraz S.A., Fidelitas, Nosis, etc. mas no a las entidades financieras, como lo es la actora. Que en definitiva el Banco se encuentra en una situación de incertidumbre, generada por una parte por la solicitud del señor E. de ser recalificado a la situación "normal" en la Base de Deudores del Sistema Financiero, y por otro, por la falta de previsión de la normativa legal pertinente que contemple la baja de la información para el caso que se plantea. Que ante las intimaciones del demandado de iniciar acciones legales que podrían redundar en inminentes lesiones a su parte, se ha optado por la presente vía judicial a fin de que V.S. "tenga a bien expedirse sobre la procedencia de la solicitud de rectificación de la información que el B. C. remite al B.C.R.A. en cumplimiento del régimen informativo". "Es decir", agrega finalmente, "si corresponde o no dejar de informar la condición de deudor del cliente de referencia" (conf. demanda, fs. 10).---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- Llamado a pronunciarme acerca del acierto o desacierto de la vía elegida, comenzaré recordando que según nuestro mas alto tribunal provincial, la acción meramente declarativa del art. 322 del C.P.C.C. exige para su procedencia determinados recaudos, como son: incertidumbre sobre la existencia, alcances o modalidades de una relación jurídica, perjuicio o lesión posible, a más de indisponibilidad de otro medio procesal para hacerlo cesar (conf. Sup. Trib. Just. Chubut, 24/03/2000, -Provincia del Chubut - CHU 09542 - MAG. VOTANTES: Pasutti, Royer, Torrejón - LexisNexis - Documento Nº: 15.11203). A partir de estas nociones primordiales, debo adelantar que en mi opinión tales requisitos no se presentan en la especie. Daré razones.------------------------------------------------------------------------ -------------- Para comenzar, la acción declarativa resulta improcedente cuando pretende ser utilizada como un modo de evitar la promoción de eventuales y futuros litigios, mediante la argución de defensas relativas a los temas que en ellos pudieran debatirse (conf. CNCom., sala E, 12/05/1995, -Estruct Horm S.A. v. Banco de la Ciudad de Buenos Aires) JA 1996-III-15 - LexisNexis -Documento Nº: 1.20148). Pues bien: en el caso aquí planteado, como puede comprobarse de la síntesis precedente, el propio Banco actor manifestó su intención de resguardarse ante la posibilidad de que E. y su esposa le entablasen una demanda, anticipándose a requerir un pronunciamiento judicial en abono de su postura.------------------------------------------------------------------------ --- Por otra parte, tampoco se advertía la existencia de un perjuicio concreto por parte del banco demandante al momento de promover la vía elegida, y en tal sentido, se ha dicho que para que la acción meramente declarativa sea admisible, debe verificarse un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica que cause un perjuicio actual a quien la alega, bajo la condición de que no se dispusiese de otro medio legal para ponerle término inmediatamente (conf. CNCiv., sala A, 07/07/1995, -Balkazoni Hermanos S.R.L. v. Latagliata, Carlos M. y otro - JA 1999-I-síntesis; id. CNCiv., sala F, 28/03/1995, -Consorcio Lavalle 2156/8 v. I. R. Oneto S.A. Administración de Consorcios) JA 1999-I-síntesis). En este sentido, también ha dicho nuestro Superior Tribunal de Justicia provincial que los requisitos de procedencia de la acción declarativa de inconstitucionalidad, han previsto que haya interés jurídico suficiente en el accionante en el sentido de que la falta de certeza pudiere producir un perjuicio o lesión actual al actor (Sup. Trib. Just. Chubut, 30/04/1999, -Transportes D. O. S.A.) CHU 08347 -MAG. VOTANTES: Martín, Royer, Torrejón - LexisNexis - Documento Nº: 15.10700). Partiendo de esta premisa, francamente no se avizora cuál sería el perjuicio actual o inminente para la institución bancaria a tenor de los hechos planteados en la su postulación, pues si se reducía a correr el albur de un reclamo judicial por parte de los aquí demandados, la actora contaba ad eventum con todas las posibilidades de ejercer, en tal hipótesis, su derecho de defensa en juicio a mérito de los mismos fundamentos jurídicos en los que ha cimentado su pretensión declarativa. Precisamente por tratarse de una situación conjetural, ante esa contingencia, el medio procesal idóneo para hacer cesar cualquier supuesta incertidumbre hubiera sido la contestación a esa futura demanda con base en los argumentos legales aquí invocados, para el caso de que dicha demanda se concretase.------------------------------------------------- Por otra parte, debe recordarse que la acción declarativa establecida en el art. 322 C.P.C.C. tiene carácter subsidiario, pues está subordinada a la inexistencia de otro medio legal e idóneo que evite un perjuicio (CNCiv., sala C, 10/10/1995, -Almagro Construcciones S.A. v. Howosad, Silvia - JA 1999-I-síntesis - LexisNexis- Documento Nº: 1.3705). En este orden de ideas, debe recordarse que la finalidad de este carril de excepción no es la de satisfacer propósitos meramente consultivos. De tal manera, si el fundamento de la acción meramente declarativa que se promovió, en el caso, se basaba en el cumplimiento de una obligación legal de información dispuesta por el B.C.R.A. que se afirmaba existente conforme a la reglamentación aplicable, cabe concluir entonces que no existía ningún estado de incertidumbre a subsanar. Nótese sin embargo que el propósito de consulta se halla claramente expresado en la demanda a través del párrafo ya transcripto con anterioridad, cuando la actora requirió "que V.S. tenga a bien expedirse sobre la procedencia de la solicitud de rectificación de la información que el B. C. remite al B.C.R.A. en cumplimiento del régimen informativo". "Es decir, si corresponde o no dejar de informar la condición de deudor del cliente de referencia" (textual, fs. 10).-------------------------------------------------------------------- Debo agregar a estas consideraciones que a mi criterio, la acción meramente declarativa no es la vía adecuada para anticiparse a la simple intimación extrajudicial efectuada bajo amenaza de una posible demanda de la parte oponente cuyo objeto, en definitiva, debería dilucidarse conforme a las normas vigentes y a través de los carriles procesales ordinarios si, eventualmente, la parte interesada decidiera encaminar su pretensión por la vía jurisdiccional. Como lo ha expresado nuestro Superior Tribunal de Justicia, el interés que justifica la acción meramente declarativa, existe sólo cuando el actor se encuentra en estado de incertidumbre y ésta sólo puede ser removida por declaración judicial, ya que sin ella sufriría daño, y éste es el modo de evitarlo: existe el derecho del actor, o no existe el derecho del demandado y queda excluido el carácter consultivo, así como la indagación meramente especulativa (Sup. Trib. Just. Chubut, 24/03/2000 -Provincia del Chubut) CHU 09544 - MAG. VOTANTES: Pasutti, Royer, Torrejón - LexisNexis - Documento Nº: 15.11205).--------------------------------------------------- En síntesis, es presupuesto de la acción declarativa de certeza, la existencia de un "interés", que se da cuando el actor se encuentra en un estado de incertidumbre perjudicial que puede ser subsanado mediante una declaración judicial. Este interés consiste en una situación de hecho que el actor, sin esa declaración sufriría un daño, de modo que aquélla se presenta como el medio necesario para evitarlo. (Sup. Trib. Just. Chubut, 30/07/2002, -Defensor General de la Provincia del Chubut, Acción Meramente Declarativa de Certeza) CHU 14040 - MAG. VOTANTES: Pasutti, Royer, Torrejón - LexisNexis - Documento Nº: 15.13503).----------------------------------------------------------------- Por otra parte, a estar a la situación planteada en la demanda, la materia que informaría el supuesto "estado de incertidumbre" alegado no deriva de circunstancias puramente de hecho que, objetivamente apreciadas, revistan suficientes aptitudes para probar un daño (conf. Falcón, E.M. - "Derecho Procesal Civil, Comercial, Concursal, Laboral y Administrativo", t. I, pág. 517 - Rubinzal-Culzoni, 2003), sino que atañe a la interpretación y el alcance de las normas jurídicas vigentes en materia de información pública. Para ponerlo en claro: si la falta de certeza responde a una duda del litigante acerca de la aplicación del derecho, la acción meramente no es la vía adecuada para evacuarla, porque de ser así, pronto los tribunales se atosigarían de consultas o pronunciamientos en abstracto, efectuados sólo en prevención de un posible conflicto judicial sobre el punto. Al promover la presente acción, el Banco actor no sufría un gravamen "actual", ni tampoco corría riesgo cierto de sufrirlo en forma inminente, tal como ha quedado demostrado en definitiva con el pronunciamiento aquí apelado. Al respecto, la doctrina de nuestro Superior Tribunal provincial resulta sumamente esclarecedora, en cuanto ha sostenido que "La situación de incertidumbre que prevé el art. 322 Código Procesal... debe considerarse configurada si existe un interés legítimo que autorice la vía elegida... Asimismo, este Alto Tribunal de la Nación, viene desde antiguo elaborando reglas, de tal suerte que el principio general es el que indica, que para que sea posible la emisión de un pronunciamiento, debe existir "causa" y además un "gravamen" -agravio, perjuicio, ofensa, ultraje- que produce en el derecho la cuestión en debate. Ese gravamen, debe ser concreto, efectivo y actual. Concreto, por suficientemente determinado y precisado; efectivo, por cierto y no aparente o supuesto, y actual, por vigente al momento de resolver" (Sup. Trib. Just. Chubut, 30/07/2002 - Defensor General de la Provincia del Chubut, Acción Meramente Declarativa de Certeza - CHU 14041 - MAG. VOTANTES: Pasutti, Royer, Torrejón - LexisNexis - Documento Nº: 15.13504).---------------------------------------------------------------------- ---------------------------- Los fundamentos expresados bastan para formar mi convicción acerca de la impropia elección de este carril procesal de excepción por parte del Banco demandante, lo cual conduce, en mi opinión, a decidir el rechazo de la acción entablada. Sólo a mayor abundamiento diré que de todos modos carecería de objeto actual pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que se ha producido la evacuación de la instancia (conf. esta Cámara - votos del Dr. Velázquez en Exptes. 11907;15898; 20483; 21511) o, empleando la terminología de Peyrano, lo que también ha dado en denominarse agotamiento de la materia justiciable por "sustracción de la materia", deviniendo así en cuestión abstracta, que impide al tribunal interviniente emitir un pronunciamiento de mérito sobre el fondo de la cuestión (ver autor cit., "El proceso atípico", pág. 129 y ss. - Ed. Universidad, 1983 - conf. mi voto en Expte. 19414); en el caso, motivado por el solo transcurso del tiempo. En efecto, como puede apreciarse, la sentencia de grado anterior declaraba que los datos pertinentes a la deuda de los demandados con el Banco no debían ser suprimidos hasta el mes de diciembre de 2008, y de haber prosperado la postura de los demandados, dicho plazo habría sido aún más antiguo. Así las cosas, dado que en los hechos no medió una pretensión temporánea por vía reconvencional de los interesados encaminada a obtener la supresión de datos -esto es, nunca se concretó la "amenaza" temida por la entidad bancaria- ni tendría objeta deducir dicho reclamo en la actualidad al haber transcurrido ya el plazo señalado en dicha sentencia, se configura así un supuesto de preclusión procesal por consumación. Este figura tiene lugar, entre otros supuestos, cuando respecto de una determinada cuestión se ha cerrado la sustanciación, debido al ejercicio o pérdida de la correspondiente facultad procesal que tenían las partes para sustentar sus pretensiones, de modo que esa cuestión ya no puede volver a ser objeto de discusión por haberse "consumado" dicha facultad procesal (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B o 19/07/1979 o Pouchan, Marcos V., suc. o La Ley Online). En definitiva, como puede observarse, está claro que al presente la cuestión ha perdido virtualidad, tornándose abstracta, de aquellas sobre las que los jueces no deben expedirse, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no tener que decidir un contenido litigioso actua l (conf. C.S.J.N., 23/09/2008 o A., J. F. c. Consejo de la Magistratura de la Nación o id. C.S.J.N., 20/08/2008 o Aguirre de Victoria, María del Carmen o id. o C.S.J.N., 25/09/2007 o Esso S.A.P.A. c. Provincia del Chubut o La Ley Online; entre muchos otros).------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ IV. De compartirse las conclusiones precedentes corresponderá el rechazo de la pretensión entablada, lo cual conduce a una adecuación de las costas y honorarios de primera instancia, conforme a lo establecido en el art. 279 del C.P.C.C.----------------------- Llamado a pronunciarme sobre estos puntos, a mi juicio se presenta un supuesto de características singulares, que reclama una solución acorde con este contexto.------------ Cierto es que la llamada "razón probable para litigar" no es por sí misma una causal de justificación suficiente para apartarse de la regla objetiva del vencimiento, que impone a la parte perdidosa la carga de afrontar las costas causídicas. Sin embargo, atendiendo a las particulares circunstancias del caso, tengo para mí que en la especie existen justificados elementos para hacer un excepción a este principio.---------------------- Al respecto, he tenido ocasión de expresar en reiterados precedentes que el criterio fundado en la "razón probable para litigar" no basta para apartarse de esta regla objetiva, pues la sola creencia del litigante de que le asiste razón para promover un litigio no es por sí suficiente para eximir del pago de las costas del juicio al perdidoso, siendo indudable que, salvo hipótesis de actitudes maliciosas, todo aquél que somete una cuestión a los Tribunales de Justicia es porque en principio cree tener la razón de su parte, mas ello no lo exime del pago de los gastos del litigante contrario si el resultado del juicio no le es favorable (conf. mis votos en Exptes. 12.898; 12319; 14888; 16921;17833; 20839; 21659; entre otros).-------------------------------------------------------------- Sin embargo, este tribunal también ha reconocido algunos casos de excepción, al presentarse supuestos en que las circunstancias particulares de la contienda así lo ameritaban, ante la existencia de elementos concretos y objetivos que habían dado pie a que el justiciable se viera alentado a sustentar con seriedad un planteo en sede jurisdiccional (conf. mis votos en Exptes. 19312; 20567; 22813; entre otros).------------------- En el caso, puede apreciarse que ante la intimación de la parte codemandada, el Banco se encontró frente a una situación jurídica novedosa, en la que se le presentaba una aparente disparidad normativa que requería interpretar y conciliar los textos legales atendiendo, por una parte, a sus obligaciones de carácter informativo impuestas por el B.C.R.A. y, por el otro, al reclamo de un particular que consideraba lesionado su "derecho al olvido" conforme a las prescripciones de la ley 25.326 de protección de datos personales. Así las cosas, si bien a la postre hemos arribado a la conclusión de que no se presentaban las condiciones y requisitos para instar la vía procesal elegida -acción meramente declarativa- por las razones y fundamentos ya expresados en el apartado precedente, no puede dejar de contemplarse, empero, la convicción seria y responsable que inspiró a la parte actora a ocurrir a la vía jurisdiccional en procura de dilucidar el conflicto en ciernes.------------------------------------------------------------------------ -- - Por otra parte, la improcedencia de la vía articulada impidió ingresar en el fondo de la cuestión, de modo que no ha sido posible emitir pronunciamiento en esta alzada sobre las posturas en conflicto, aspecto que también cabe tener en consideración a la hora de decidir sobre las costas. En este orden de ideas, la Corte Suprema de la Nación ha dicho que "si no existe una conclusión que configure un pronunciamiento declarativo sobre el derecho de los litigantes para, desde esta premisa, fundar la decisión sobre las costas con base en el principio objetivo de la derrota, dicha condenación debe distribuirse en el orden causado" (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación o 23/09/2008 o A., J. F. c. Consejo de la Magistratura de la Nación o La Ley Online).--------- Opino, en síntesis, que el caso amerita acudir a la solución excepcional prevista en el art. 68, segunda parte del C.P.C.C., aconsejando la imposición de las costas en ambas instancias por su orden, lo que así dejo votado.-------------------------------------------- En cuanto a las retribuciones profesionales, en vista de la extensión, calidad, eficacia de las tareas realizadas, a la trascendencia jurídica, moral y económica del caso y a los resultados respectivamente obtenidos, propongo fijarlas en los siguientes montos: 1) Por las tareas de primera instancia: a) para los Dres. C. H.

A. y E. O. R., en conjunto, en la suma de $ 1.000.- b) Para el Dr. C. I. J., en la suma de $ 840.- (arts. 6, 9, 10, 36, 39, 47 y conc., Dec. Ley 2.200). 2) Por las tareas de alzada: para los Dres. C. H. A. y E. O. R., en conjunto, en la suma de $ 350.- (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec. Ley 2.200).------------------------------------------------- Voto entonces a esta cuestión por la NEGATIVA.------------------------------------------------ A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo López Mesa, dijo: -- Como los aspectos de hecho de esta causa han sido suficientemente reseñados por el Dr. Ferrari, bastará para la sustentación individual de mi voto que me avoque al tratamiento de los tópicos traídos a revisión ante esta Sala.-------------------------------------- El primer motivo de controversia es la procedencia de la vía elegida en casos como el que nos ocupa. Para desentrañar tal aspecto, deben primeramente analizarse las peculiaridades esenciales de tal acción.---------------------------------------------------------------- La acción declarativa de certeza es una acción de naturaleza preventiva, de donde no cabe exigir la demostración de la inminencia de un daño cierto y actual, bastando que el perjuicio alegado sea probable y futuro. El daño alegado debe ser sí concreto. El derecho no brinda herramientas para conjurar daños surgidos de una imaginación febril. Sólo los perjuicios concretos y probables pueden merecer tutela jurídica.--------------------- Se ha declarado que la regulación de la acción meramente declarativa por el art. 322 CPCyC, ha incorporado una actividad jurisdiccional de carácter eminentemente preventivo, por la cual se obtiene la eliminación de una incertidumbre aunque no haya todavía una lesión, desconocimiento o violación concreta de un derecho (Cám. Civ. y Com. Bahía Blanca, sala 1ª, 28/9/93, "Conti de González, María Mercedes v. González, Mario J.", JA 1994-II-468).------------------------------------------------------------------- --------------- La acción meramente declarativa, contemplada por el art. 322 C.P.C. tiende a obtener un "acertamiento", o sea, a suprimir un estado de incertidumbre acerca de un derecho o una situación de hecho o jurídica. Remover aquello que actualmente pone en duda la existencia, eficacia, la modalidad, la oponibilidad o interpretación de una determinada y concreta relación o estado jurídico. En cuanto a los efectos de la sentencia, que hace cosa juzgada material, por su propia caracterización -y a diferencia de la de condena-, no necesita del plus ejecutorio para alcanzar su finalidad; los efectos no son sino "declarar la certeza", siendo susceptible de ejecución "impropia" a través de inscripciones o asientos de la sentencia en registros públicos (Cám. CC 1ª Mar del Plata, Sala 1ª, 30/5/02, "Alerma SRL c/ Emtur s/ Acción declarativa", voto mayoritario liderado por el Dr. Cazeaux; {idem, 17/6/05, "Prada, Celia y Otro c/ Arado, Estela Rosa s/ Acción Declarativa", ambos en Juba sum. B1352567).------------------------------------------ La acción de pura certeza, para que sea admisible como tal, requiere como rasgo esencial un preanálisis de cuál sería el contenido normal, jurídicamente obligado, de la eventual sentencia, y el mismo no puede ser otro que una declaración que en lo sustancial exprese que el derecho existe o no existe, que tiene o no tiene el alcance pretendido, o que su modalidad es o no la que se le adjudica (Cám. CC 1ª La Plata, Sala 1ª, 24/10/02, "Alvarez, Gabriela c/ Barrio Parque Gonnet Sociedad Civil s/ Acción meramente declarativa", en Juba sum. B101733).--------------------------------------------------- Pero la disipación de la incertidumbre no puede involucrar la acreditación de hechos no probados o la interpretación de los mismos, cuando ellos sean dudosos. La acción declarativa de certeza apunta a disipar una incerteza jurídica antes que fáctica. Con solvencia la Cámara nicoleña resolvió hace unos años que "la acción meramente declarativa requiere de una relación jurídica actual y concreta en el que se han producido la totalidad de los presupuestos de hecho en que se apoya la declaración o inexistencia del derecho discutido, pues sólo así el fallo que se dicta podrá pues poner fin a una controversia instalada entre las partes, diferenciándose de una consulta que da respuesta a la eventual solución de un supuesto hipotético" (Cám. CC 1ª San Nicolás, 2/11/00, "Pelemene, Sabatino Alberto c/ Cooperativa Agrícola de Ramallo Limitada s/ Acción meramente declarativa", en Juba sum. B855950).-------------------------- Y con gran precisión resolvió la Cámara Civil de Dolores en un caso, a través de un primer voto del Dr. Gómez Ilari, que "en todo conflicto jurídico extrajudicial o judicial, encontramos un estado de incertidumbre respecto de la existencia de un derecho, de una relación o de una situación jurídica, más no todo conflicto es resoluble por el andarivel de la acción meramente declarativa. Esto último es posible cuando la materia justiciable está referida al fundamento, causa o título de la pretensión como concreta situación de hecho que requiere sólo declaratividad, agotándose con ella, y sin complementarse con atributo u orden alguna" (Cám. CC Dolores, 26/11/96, "Díaz, Nélida c/ Macedo, Roberto s/ Acción meramente declarativa", en Juba sum. B950359).-- Ergo, no pueden incluirse como objeto de la acción meramente declarativa las dudas que son susceptibles de originar las cuestiones fácticas. Y en el caso de autos la acción meramente declarativa incoada tiene por función el análisis de la conducta de la actora, para obtener una declaración de que dicha conducta se ha amoldado a la legislación vigente en la materia. No hay aquí duda jurídica alguna, lo que se pretende es la apreciación de una conducta, a la luz de una normativa. Nada muy diferente a las miles de causas sustancialmente similares -aunque con ribetes fácticos diversos- que tramitan anualmente en este foro por conducto de las vías procesales ordinarias.---------- Lo expuesto hasta aquí permite ya tener por cierto que el ámbito de la acción meramente declarativa no es el continente procesal idóneo para la apreciación de conductas, sino para la disipación de incertidumbres jurídicas, que en este caso no se aprecian o, al menos, no han sido idónea y temporáneamente planteadas.------------------ Es cierto que toda pretensión tiene un grado de incertidumbre el que está dado por la posibilidad de que se reconozca o se niegue el derecho ejercido, pero de ello no puede seguirse que tal cualidad haga viable la deducción del remedio procesal previsto en el art. 322 del CPC. Llevando al límite la figura, cualquier pretensión podría ser deducida por esta vía a los fines de que se termine con el estado de incertidumbre propio de su naturaleza (Cám. CC 1ª Mar del Plata, Sala 1ª, 17/11/94, "Aller, Aldo c/ Consorcio Edificio Perla Bonita", en Juba sum. B1351086).----------------------------------------------------- En otros precedentes se indicó que "en lo que hace a la acción meramente declarativa, la misma, contemplada por el art. 322 C.Pr., es útil en aquellos casos en que se trate de hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcances o modalidades de una relación jurídica. Esto importa que deban excluirse las hipótesis en que lo que se encuentra en dudas es el cumplimiento de la prestación prometida, ya que ello está ínsito en toda relación y no constituye más que la incertidumbre propia de cada negocio jurídico. En todo acto jurídico en que el tiempo para su cumplimiento se encuentra presente, se da en mayor o menor medida esta condición, solo quedan a salvo los que son instantáneos en su instrumentación y cumplimiento (Cám. CC 1ª Mar del Plata, Sala 1ª, 9/2/99, "Burgos. Graciela c/ Forte Antonio s/ acción meramente declarativa"; ídem, 11/4/06, "Suárez de Rodríguez, Norma Alicia c/ Figueroa, Rolando Nicanor s/ Daños y Perjuicios", ambos en Juba sum. B1351776).------------------------------- Conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema, los requisitos de andamiento de esta acción son: -------------------------------------------------------------------------------- --------------- Que concurra un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica concreta, es decir, que al dictarse el fallo se hayan producido todos los presupuestos de hecho en que se apoya la declaración: ----------------------------- a)	Que la cuestión sometida no se trate de una mera consulta, o una situación conjetural o hipotética, debiendo existir una lesión actual al derecho del legitimado accionante; -----------------------------------------------------------------------------<#L INE> b)	Interés jurídico suficiente en el accionante precisamente por esa falta de certeza; e -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- c)	Inexistencia de otro medio legal para poner fin a ese estado de incertidumbre (en este sentido, Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Gomer SA c/ Córdoba, Provincia de", en ED 123-424). ------------------------------------------------------------------ Analizando los hechos de esta causa, a la luz de tal elenco de requisitos, anticipo que los mismos no se encuentran reunidos en este caso. ---------------------------------------- Para comenzar, la acción declarativa es una acción residual o subsidiaria. En esta línea se ha resuelto que la acción declarativa establecida en el art. 322 CPr. tiene carácter subsidiario, pues está subordinada a la inexistencia de otro medio legal e idóneo que evite un perjuicio (C. Nac. Civ., sala C, 10/10/95, "Almagro Construcciones S.A. v. Howosad, Silvia", JA 1999-I-síntesis).----------------------------------------------------------<#LIN E> También se ha dicho que la acción declarativa resulta improcedente cuando pretende ser utilizada como modo de evitar la promoción de eventuales y futuros litigios mediante la argución de defectos que en ellos pudieran debatirse (Cám. Civ. Com. Azul, Sala 1ª, 9/6/99, "Mendiburu c/ Martín s/ Acción meramente declarativa", en Juba sum. B1050395; CNCom., sala E, 12/5/95, "Estruct Horm S.A. v. Banco de la Ciudad de Buenos Aires", JA 1996-111-15).------------------------------------------------------------------- ------ Estas dos afirmaciones anteriores ya cerrarían el paso a la pretensión de autos, dado que el Banco aquí actor manifestó su intención de resguardarse ante la posibilidad de que E. y su esposa le entablasen una demanda, anticipándose a requerir un pronunciamiento judicial en abono de su postura (cfr. fs. 10 de autos).------------------------ La acción meramente declarativa no es una vía para evitar acciones futuras que se estiman probables. Los procesos tienen una estructura de plazos, de requisitos y de formalidades acordes a la funcionalidad que tienen dentro del andamiaje procesal. De suerte que los diversos tipos procesales no son fungibles entre sí, por lo que deben adecuarse en el caso concreto a la finalidad pensada por el legislador para ellos.---------- La acción meramente declarativa tiene por objeto canalizar una pretensión declarativa de certeza, mediante la cual un legitimado se presenta al juez, solicitándole que remueva un estado de incertidumbre jurídica y objetiva (RICO PUERTA, Luis, "Teoría general del proceso", Edic. Comlibros, Bogotá-Medellín, 2006, p. 605).------------- Otra característica de la acción meramente declarativa consiste en que esa declaración de certeza es suficiente para satisfacer el interés de quien la propone y por lo tanto sus efectos no van más allá de la mera declaración (Cám. Civ. Com. 1ª la Plata, Sala 2ª, 26/11/92, "Empreco S.A. c/ Banco Municipal La Plata s/ Acción meramente declarativa", en Juba sum. B150756; Cám. CC Pergamino, 14/11/96, "Sinelli, Alfredo c/ Supermarket S. A. s/ Acción declaratoria", en Juba sum. B2800923).-------------------------- Lo que caracteriza a las pretensiones idóneas para ser canalizadas por la vía de la acción meramente declarativa es que lo que se persigue es un esclarecimiento jurídico y no una comprobación fáctica (en similar sentido, GOZAINI, Osvaldo Alfredo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Comentado y Anotado, 2ª edición actualizada y ampliada, Edit. La Ley, Buenos Aires, 2008, T. I, p. 693). ------------ Por ende, quien pretende conseguir -a través de una acción meramente declarativa- finalidades que van más allá de la misma, como bloquear un juicio posterior, no tienen allanada esta vía para obtener una finalidad que desborda el cauce elegido, dado que en casos tales no hay incerteza ni debe remover el juez incertidumbre alguna.------------- ---Y de ello se deriva, inmediatamente después, que la utilización de un proceso especial en sustitución del proceso ordinario que pudiera haber iniciado el aquí demandado contra el actor en un futuro, no es una buena razón para disponer el andamiento del presente. Todo lo contrario, pues esa alegación revela un uso disfuncional de la herramienta procesal conocida como pretensión declarativa de certeza.------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- En este caso no se aprecia ninguna incerteza: existe una situación jurídicamente clara, lo que el actor pretende es que se le otorgue aquí un bill de indemnidad frente a juicios posteriores de reclamación de daños en su contra. Y la acción declarativa de certeza no tiene asignado en el ordenamiento que nos rige esa función, la que la desborda ampliamente.-------------------------------------------------------------------- --------------- En un fallo bonaerense se dijo que la acción declarativa no es el camino indicado para "preparar" cualquier clase de reclamo; la procedencia de la misma está subordinada a concretos recaudos que surgen de lege lata de la norma ínsita en el art. 322 del rito (Cám. CC Morón, Sala 2ª, 15/5/07, "Ferreyro José Alberto c/ Flores Emilio s/ Acción Declarativa", en Juba sum. B2351673). Lo mismo cabe apuntar aquí, mutatis mutandis: la acción declarativa de certeza no es el camino indicado para "preparar" una defensa o un escudo frente a pretensiones resarcitorias que eventualmente puedan deducirse luego contra el aquí actor; y, además, la procedencia de la misma está subordinada a concretos recaudos que surgen de lege lata de la norma ínsita en el art. 322 CPCyC, recaudos que no cumple la pretensión sub examine. ----------------------------- Así las cosas, no se advierte un perjuicio concreto por parte del banco demandante al momento de promover la vía elegida, y en tal sentido, se ha dicho que para que la acción meramente declarativa sea admisible, debe verificarse un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica que cause un perjuicio actual a quien la alega, bajo la condición de que no se dispusiese de otro medio legal para ponerle término inmediatamente.-------------------------------------------- Coincido con lo apuntado por el Dr. Ferrari sobre que la finalidad de la acción meramente declarativa -ontológicamente un carril de excepción- no es la de satisfacer propósitos meramente consultivos. En esta línea se ha expuesto que "la acción declarativa no se concede a título consultivo ni puede tener por objeto una indagación meramente especulativa, sino que debe sustentarse en un "caso" invocado por el titular de un interés jurídico concreto" (Cám. CC 2ª La Plata, Sala 3ª, 4/3/04, "García, María Daniela c/ Mayocchi, Santos Daniel y otros s/ Acción declarativa", en Juba sum. B353770; en igual sentido, Cám. CC 2ª La Plata, Sala 1ª, 31/5/04, "Labbate, Roque c/ Amengual, Miguel Angel y ots. s/ Acción declarativa", en Juba sum. B255260; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 10/3/93, "UNISOL SA v. ALPARGATAS S.A.I.C. S/ SUMARÍSIMO. CAUSA 5249/92.", en AbeledoPerrot online).------------------------------------- Pero quien mejor expuso el tema fue el maestro ARAZI, quien expresó comentando art. 322 CPCyC que "del precepto se desprende como uno de sus requisitos principales, la existencia de un estado de incertidumbre, es decir, que debe existir falta de certeza sobre el derecho aplicable a una determinada relación jurídica, pues agrega a continuación el artículo en su primer párrafo que esta falta de precisión o certeza debe darse respecto a la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, lo que implica la existencia de una controversia, que puede ser actual o potencial (inminente), no meramente conjetural, por los términos en que fue concebida la norma. Ello se debe a que la doctrina de la Corte, apoyada en la letra del artículo 2 º de la ley 27, sostiene que la jurisdicción no es un organismo de consulta, ni resuelve casos abstractos (moot cases), sino que hace aplicación del derecho en forma específica para resolver una situación litigiosa concreta, por ende ha interpretado la doctrina que en la acción llamada meramente declarativa, más allá de la imprecisión de su nombre, el objeto de la sentencia declarativa de certeza está constituido generalmente por un derecho o relación jurídica y no por hechos" (ARAZI, Roland -ROJAS, Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2001, T. II, p. 71).-------- Se refiere ARAZI a un fallo de la Corte Suprema que proscribe la intervención consultiva de los jueces, sea a través de acciones meramente declarativas o de cualquier otra; dicha sentencia es de fecha 17/3/98, y fue dictada en la causa "Edesur c/ Provincia de Buenos Aires", y publicada en LL 1998-D-690 y ss, en fallo unánime).------- Y verdad es que la finalidad consultiva acerca de "si corresponde o no dejar de informar la condición de deudor del cliente de referencia" no solamente se halla indudablemente expresada en la demanda (cfr. fs. 10), sino que es la única pretensión que contiene dicha demanda, la que no solicita que se esclarezca el alcance de ningún aspecto jurídico dudoso.------------------------------------------------------------------------- ------------ Como los presupuestos de la acción declarativa de certeza, según surge de lo dispuesto en el art. 322 CPCyC primer párrafo, deben concurrir todos ellos en el caso, al ser presupuestos acumulativos y no disyuntivos, basta para el rechazo de la acción aquí intentada que no se cumpla uno de dichos presupuestos. Y según vengo desarrollando -y lo propio hiciera el Sr. Juez de primer voto- está por demás acreditado que no existe aquí un estado de incertidumbre jurídica o de indeterminación de la relación jurídica de base, por lo que no se cumple el primer requisito sustancial de andamiento de la acción.------------------------------------------------------------------------- -------- Ergo, no existe interés en continuar el análisis de los demás presupuestos, al ser exactamente igual para la suerte de la litis que no se cumpla uno solo o todos los requisitos, al ser la concurrencia de todos ellos recaudo esencial de validez de la acción (ARAZI, Roland -ROJAS, Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2001, T. II, p. 71, punto 2).--------------------------------------- Ello así, por las razones dadas y las expuestas por el distinguido colega de Sala preopinante, participo de la tesitura de que corresponde el rechazo de la pretensión axial de autos, debiendo dejarse sin efecto la sentencia de grado de fs. 69/75, que admitiera tal pretensión, lo que lleva a la necesidad de adecuar las costas y honorarios de primera instancia, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 279 C.P.C.C .--------------------- En cuanto a la imposición de costas, diré que en este caso no considero que deba aplicarse el principio general de la imposición de costas al vencido (art. 68 CPCyC). El principio general es de aplicación a las situaciones corrientes, marco en que no encaja el asunto sub lite, que posee perfiles por demás particulares y amerita, por ende, una solución también particular.--------------------------------------------------------------------- ------------ La determinación de los límites de la acción meramente declarativa no está claramente expresada en la legislación vigente y surge de una interpretación de la misma, que toca aspectos de gran sutileza y finura conceptual, no siempre claros de discernir en la diaria faena del foro. Prueba de ello es que esta sentencia revoca una de grado que no puede juzgarse disparatada, aunque si inconveniente en este caso.--------- Consecuentemente soy de la opinión que el actor de autos, bien pudo considerar que existían elementos concretos y objetivos que lo alentaran a litigar en esta sede (conf. sentencia de esta Sala del 21/10/08, dictada in re "B., M. P. c/ MUNICIPALIDAD DE TRELEW s/ Ordinario" (Expte. Nº 22.813 - año: 2008), registrada bajo el Nº 28 de 2.008 - SDC y sus citas).------------------------------------------------------------- Por lo demás, al haberse fallado del modo en que aquí se lo hace, no existe propiamente un vencedor y un derrotado respecto de la cuestión sustancial, lo que aconseja la distribución de las costas en el orden causado.--------------------------------------- En lo tocante a los emolumentos curiales de primera instancia, teniendo en cuenta la extensión, calidad, mérito y trascendencia de las respectivas labores cumplidas en autos, y los resultados obtenidos por cada letrado, considero que dichos honorarios deben ser fijados en las siguientes sumas: 1) para los Dres. C. H. A. y E. O. R., en conjunto, en la suma de $ 1.000 y 2) Para el Dr. C. I. J., en la suma de $ 840 (arts. 6, 9, 10, 36, 39, 47 y conc., Ley 2.200).

En cuanto a los honorarios devengados en esta instancia, de acuerdo a los mismos parámetros indicados en el párrafo anterior, soy de la opinión que los honorarios a fijarse aquí deben ser los siguientes: para los Dres. C. H. A. y E. 0. R., en conjunto, en la suma de $ 350.- (arts. 6, 14, 47 y conc., Ley 2.200).

Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.----------------------------------------------------------------------- ------------------------------ A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: ------------------------------------------ En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) REVOCAR el fallo apelado, declarando la improcedencia de la acción declarativa intentada y rechazando, en consecuencia, la demanda entablada en todas sus partes. II) Imponer las costas en ambas instancias en el orden causado. III) Fijar los honorarios profesionales como sigue: 1) Por las tareas de primera instancia: a) para los Dres. C. H. A. y E. O. R., en conjunto, en la suma de $ 1.000.- b) Para el Dr. C. I. J., en la suma de $ 840.- 2) Por las tareas de alzada: para los Dres. C. H. A. y E. O. R., en conjunto, en la suma de $ 350.------------------ Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------------------------ A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo López Mesa expresó: -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. Ferrari en su voto a esta cuestión. ------------------------------ Tal mi voto.--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 9 Ley 1130, To. Ley 4550).-------------------------------------------------------------------------- --------------- Trelew, de marzo de 2009.------------------------------------------------------------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- S E N T E N C I A: --------------------------------------- REVOCAR el fallo apelado, declarando la improcedencia de la acción declarativa intentada y rechazando, en consecuencia, la demanda entablada en todas sus partes.--- IMPONER las costas en ambas instancias en el orden causado.---------------------------- FIJAR los honorarios profesionales como sigue: 1) Por las tareas de primera instancia: a) para los Dres. C. H. A. y E. O. R., en conjunto, en la suma de $ 1.000.- b) Para el Dr. C. I. J., en la suma de $ 840.- 2) Por las tareas de alzada: para los Dres. C. H. A. y E. O. R., en conjunto, en la suma de $ 350.---------------------------------------------------------------------------- ------------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-------------------------------------------------------------- REGISTRADA BAJO EL Nº 09 DE 2009 - SDC- CONSTE.