Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-26


Causa 074-00/CC/2006, AMFLOR S.A. s/superar la capacidad de cocheras y otra - APELACION.

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de mayo de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Osvaldo Oscar Albano, abogado defensor de Sr. Clemente González Presidente de Amflor S.A., a fs. 66/73 de la presente, contra la sentencia obrante a fs. 60/64.

La Manes dijo:

Y VISTOS:

I- Que se inician las presentes actuaciones a raíz del hecho que se imputa en el acta de comprobación Nº 2-0788760, de fecha 21 de junio de 2005, por superar la capacidad habilitada de vehículos estacionados y obstaculizar los espacios de libre circulación, de la playa de estacionamiento sita en la calle Paraguay 1519/23 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

II- Que a fojas 31/32 el Controlador Administrativo Nº 29 Jorge E. García Tuñon, luego de considerar el descargo presentado por la encartada resuelve, el 25 de noviembre de 2005, condenarla al pago de quinientos pesos ($ 500) en concepto de multa, conforme a lo dispuesto en el Art. 2.2.12 de la ley 451.

III- Que a fojas 30 consta la solicitud de pase a la Justicia Contravencional y de Faltas efectuada por Amflor S.A.

IV- Que a fojas 41, con fecha 22 de diciembre de 2005, el titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 6, Gonzalo Segundo Rúa, resuelve notificar al imputado y al Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 de la ley 1217.

V- Que a fojas 42 la Sra. Fiscal María Teresa del Rosario Moya, se presenta y manifiesta que no ejercerá la acción.

VI- Que a fojas 46/49 el presidente de Amflor S.A. , presenta su defensa.

VII- Que a fojas 50 el a quo fija audiencia de juzgamiento para el día 31 de marzo de 2006.

VIII- Que a fojas 60/64 luego de celebrarse la audiencia, el Señor Juez de grado resuelve: a) no hacer lugar a la inconstitucionalidad de la norma 7.7.1.2 planteada por la defensa, b) condenar a Amflor S.A. por considerarla responsable de la infracción consistente en la existencia de vehículos estacionados en doble fila y lugares de circulación (Art. 2.2.12 de la ley 451 en función del Art. 7.7.1.2 del Código de Edificación), a la pena de multa por la suma de pesos cien, sanción que deja en suspenso y c) absolver a la encartada en orden a la infracción de superar la capacidad de vehículos habilitada IX- Que a fojas 66/73, obra agregado el recurso de apelación interpuesto por la encartada.

X- Que a fojas 74 el Gonzalo Segundo Rúa, concede el recurso de apelación, entendiendo que el mismo se funda en la causal de arbitrariedad.

Y CONSIDERANDO:

Primera cuestión: ¿Es admisible el recurso interpuesto 1.- El recurso analizado ha sido interpuesto en tiempo y forma (art. 57 ley 1217), cumpliendo con los requisitos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, en cuanto fuera planteado por quien se encuentra autorizado para hacerlo por la ley procesal, y por tener un interés jurídico en la impugnación contra una sentencia definitiva.

Vale señalar que el recurso de apelación constituye un remedio ordinario, entendido como aquél "que las leyes otorgan con el objeto de reparar, genéricamente, cualquier clase de errores in judicando o in procedendo, o sea cualquiera de los extremos comprendidos en la resolución que se recurre(...)" (Lino Palacio, "Los Recursos en el Proceso Penal", Segunda edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Año 2001, pág. 26), y en el que "...el Tribunal que resuelve tiene todas las facultades de conocimiento..." (Gómez de Liaño González, Fernando "El proceso Penal", Ed. Forum, quinta edición corregida, 1997, pág. 365).

2.- El día 12 de abril de 2006, el Osvaldo Oscar Albano, defensor de Amflor S.A., fue notificado de la sentencia de fojas 60/64 en forma personal, según constancia de fs. 65. Con fecha 21 de abril del corriente, se interpone recurso de apelación contra aquélla mediante escrito fundado.

La defensa se agravia entendiendo que: 1) se violenta el principio de igualdad y razonabilidad si el Poder Ejecutivo fomenta el estacionamiento callejero en el centro de la Ciudad y, por otra parte, lo acosa en lugares cerrados como garajes; 2) resulta inconstitucional el art. 7.7.1.2 del Código de Edificación en razón del transcurso del tiempo y la falta de sentido común y jurídico de su contenido, afectándose así el principio de legalidad; 3) no se encuentra fuera de razonabilidad el estacionamiento en doble fila, ya que esto es una realidad en todos los garajes y estacionamientos; 4) el art. 7.7.1.2 inc. d ha sido derogado; 5) la aplicación de sanción se torna carente de sustento jurídico constitucional, en orden a la finalidad que debe ostentar toda pena en nuestro derecho.

Tal como refiere el magistrado de grado, el recurso de apelación intentado se adecuaría a la causal de arbitrariedad prevista en el art. 56 de la ley 1217, por lo que corresponde entrar al análisis de los agravios vertidos por la defensa a fojas 66/73.

Segunda cuestión: ¿Se ajusta a derecho la sentencia recurrida 3.- Debo abordar en primer término la tacha de inconstitucionalidad del art. 7.7.1.2 del Código de Edificación, determinando previamente si tal norma se encuentra vigente.

El juez de grado condenó a Amflor S.A., por considerarla responsable de la infracción consistente en la existencia de vehículos estacionados en doble fila y lugares de circulación (art. 2.2.12 de la ley 451 en función del art. 7.7.1.2. del Código de edificación). El articulo 2.2.12 del ordenamiento de Faltas establece que: "El/la titular de una playa de estacionamiento, parque para automotores o garajes que no cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente es sancionado/a con multa de $100 a $ 1.000 y/o clausura del establecimiento de hasta 45 días". Por su parte, el Código de edificación en su art. 7.7.1.2 reza: "...inciso d) Medios de Salida. Un garaje cumplirá lo establecido en "De los medios de Salida". Cuando se prevea la venta en propiedad horizontal de cocheras colectivas o individuales, ya sea en carácter de unidades complementarias o funcionales, éstas deberán enmarcarse en la parte de solado del garaje destinado a "lugar para estacionamiento". En los garajes comerciales es obligatoria la distribución de los vehículos, que se efectuará demarcando en el solado los espacios o cocheras respectivos, dejando calles de amplitud necesaria para el cómodo paso y maniobras de los vehículos, de modo que permanentemente quede expedito el camino entre el lugar del estacionamiento y la vía pública....".

La norma del Código de Edificación antes mencionada se encuentra plenamente vigente, por lo que el agravio fundado en su derogación carece de todo asidero. En efecto, si bien es cierto que existe una norma de aprobación inicial que modifica el Código de Edificación, no se ha completado el procedimiento de sanción de "doble lectura": éste se divide en etapas en el tiempo y conlleva una labor parlamentaria dividida en dos partes, para el tratamiento de un mismo proyecto (Sabsay, Daniel, Onaindia, José "La constitución de los porteños", Ed. Errepar, 1997, pág.189). De allí entonces, al no haberse completado el trámite parlamentario de tal reforma legislativa, deviene insostenible el agravio en este sentido.

4.- Por otra parte, debo señalar que existe ínsito en la norma cuestionada, un interés, una finalidad, ya que el bien jurídicamente protegido es la seguridad pública. El obstaculizar los espacios de circulación en un garaje, contrariando lo dispuesto en el art. 7.7.1.2., inciso d) del Código de Edificación, tal como se desprende del acta de comprobación que obra agregada en autos, constituye evidentemente un riesgo que puede transformarse en un daño cierto, en determinadas circunstancias, y es esto lo que el legislador ha querido evitar.

"El derecho administrativo sancionador nace para proteger a la salud pública, a los damnificados potenciales, a los que podrían llegar a serlo si no se tomaran las debidas precauciones y no supiera el causante la amenaza que pesa sobre la infracción. La falta es el incumplimiento de un deber que puede estar desconectado de sus eventuales consecuencias." (Nieto, Alejandro, "Derecho Administrativo Sancionador", Segunda Edición, 1994, Editorial Tecnos S.A. Madrid, España).

5.- Respecto del planteo de inconstitucionalidad de la norma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido en numerosos fallos que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico (CS Fallos 301:962, 1062; 302:457; 314:407 entre muchos otros). En este sentido, "La declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados" (del dictamen del Procurador Fiscal subrogante que la Corte hace suyo). (CSJN, "Droguería del Sud S.A. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" rta. 20/12/2005 -DJ 29/03/2006, 823 - IMP 2006-7, 957).

En atención a ello, corresponde a quien alega la inconstitucionalidad de una norma demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravámen y, para ello, es menester que precise y pruebe fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación que tacha de inconstitucionalidad (Fallos 307:1656; 310:211; 314:407; 318:717, entre otros).

Vale recordar asimismo, que la atribución de declarar inconstitucional una ley sólo debe ser ejercida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional que se invoca es manifiesta y la incompatibilidad es irrazonable, debiendo resolverse cualquier duda a favor de la constitucionalidad.

Trasladando estos conceptos al sub examine, debo afirmar que no logro advertir afectación de derechos de rango constitucional, toda vez que los argumentos vertidos por la quejosa no avalan ni fundamentan en modo alguno el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la norma aplicada, ya que refiere sólo a diferencias de opinión con la finalidad, interés y bien jurídico protegido que ha tenido en vista el legislador al sancionar la norma, como así también su disidencia respecto de la política comunal.

Ello constituye una mera discrepancia con el criterio adoptado por el legislador y volcado en la norma atacada, que imperativamente conduce a la descalificación de tal agravio (CSJN Fallos 257:127;308:1631).

6.- Tampoco se vislumbra la lesión al principio de igualdad y razonabilidad invocada por el recurrente. En este sentido, el impugnante señala que se violentan tales principios "...si el Poder Ejecutivo por un lado fomenta el estacionamiento callejero en el centro y por la otra parte lo acosa en lugares cerrados como garajes. Suena carente de todas luces rasgarse las vestiduras por automóviles estacionados en el centro del garaje con personal que al instante ubica y trae para entrar y salir del garaje, que mantiene en los hechos expedita la vía de acceso, tal como manda la norma en juego, cuando por otro lado no existe expedita en ningún estacionamiento callejero para que puedan salir o entrar los automóviles a la zona de parquímetro, salvo después de las diez de la noche cuando el tránsito disminuye..."(fs. 68).

Comparto plenamente lo manifestado por la Sra. Fiscal de Cámara en cuanto a que las objeciones que formula el recurrente, son quejas basadas en su peculiar punto de vista sobre el modo en que debe ser regulado el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, pero en modo alguno razones jurídicas que permitan sustentar sus agravios.

7.- Respecto de la reiterada alegación acerca de la existencia de arbitrariedad en la interpretación y aplicación de la norma y, en forma genérica, respecto de la misma sentencia, tal como se colige de las manifestaciones del recurrente a fs 71, las mismas carecen de fundamento autónomo suficiente.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que en la tarea de interpretar la ley, no debe presumirse la inconsecuencia del legislador (Fallos 315: 2382).

"En un trabajo pionero, publicado en 1949, Juan Francisco Linares identificó el significado de "sentencia arbitraria" con el de "sentencia que excede el límite de posibilidades interpretativas que el ordenamiento deja al arbitrio del juez" (op. cit., pág. 222) o, en términos más simples, con "sentencia dictada fuera del género legal" (pág. 242)" (Carrió, Genaro R. - Carrió, Alejandro D. "El recurso extraordinario por sentencia arbitraria", Tomo I), Ed. Lexis Nexis Nº 1201/000253).

A mayor abundamiento, nuestro máximo Tribunal ha sostenido que las sentencias que interpretan arbitrariamente a la ley son aquellas donde se ha efectuado una interpretación equivocada, indebida, infiel, prescindente, desnaturalizadora, ineficaz, inoperante, absurda, injusta, irrazonable, formalista, inequitativa, imprevisora, imprudente, entre otros vicios de interpretación (Brandolin, Fallos 296:734; CASFEC, Fallos, 300:558 y Morcillo de Hernelo, Fallos 310:267, citados por Néstor Pedro Sagües, "Elementos de Derecho Constitucional". Tomo I, Editorial Astrea, segunda edición, pág. 260).

En este sentido, el juez de grado ha aplicado e interpretado correctamente la normativa vigente. Las alegaciones del recurrente en cuanto sostiene que "...pretender espacios libres por la sola pretensión, atento nuestra realidad de hoy con los consiguientes perjuicios económicos que tiendan a la desaparición de esta fuente de trabajo, no guarda ninguna relación con los nortes constitucionales..."; no resultan atendibles, ya que no se vislumbra la supuesta inconstitucionalidad en el entendimiento dado por el Juzgador a las normas aplicadas, incurriendo nuevamente en una mera discrepancia con las consideraciones efectuadas en la sentencia que carece de seriedad suficiente para avalar su tacha.

Debo recalcar que, con solvencia, el Sr. Juez a quo ha dado acabada respuesta a todos y cada uno de los planteos que han sido reeditados en esta instancia por el recurrente, considerando que el presente ha sido correctamente resuelto por el Juzgador, lo que así declararé.

8.- Asimismo, toda vez que el apelante no ha cumplido con la intimación que se le efectuara en el punto dispositivo VI de la sentencia obrante a fs. 60/64, corresponde que se haga saber tal circunstancia al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal .

9.- Por ello, en mérito de lo expuesto, voto por la desestimación de los agravios del recurrente y, en consecuencia, por la confirmación de la sentencia apelada, con costas de alzada, teniendo presente las reservas efectuadas.

El Jorge A. Franza dijo:

Me adhiero a los fundamentos y conclusiones del voto que antecede.

La Marta Paz dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto de la Silvina Manes.

Atento el mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR la sentencia de fecha 12 de abril de 2006 obrante a fs. 60/64, en cuanto condena a la sanción de MULTA de pesos cien ($100) en suspenso a AMFLOR S.A., con COSTAS (art. 55 inc.h de la ley 1217).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 6, quien deberá notificar al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el incumplimiento del Osvaldo Oscar Albano a la intimación efectuada en el punto VI de fs. 60/64.

Ante mí:

Endede 2006 libré dos cédulas. Conste.

Endede 2006 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 notifiqué a la Secretaría General la remisión de los autos al Juzgado de origen. Conste.

Ende2006 remití las actuaciones al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 6. Conste.