Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-24


Buenos Aires, septiembre 24 de 2007.

La doctora Musso dijo:

I. Que a fs. 15/22 la actora, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Res.-fallo 041/03, dictada por el Administrador de la Aduana de la Plata en el expte. adm. Nro. SC 33-02-034 por la que se la intima al pago de la suma de $21.095,88 en concepto de tributos en su carácter de garante de la importadora "Sica Metalúrgica Argentina S.A.", por la comisión de la infracción del art. 970 del Código Aduanero en relación al DIT Nro. 00 33 IT11 000044 P.

Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa manifestando que si bien no desconoce la obligación de garantía de los tributos presuntamente derivados de la operación aduanera cuestionada, existen varias razones por las cuales resulta sustancialmente improcedente el reclamo en concepto de tributos que la Aduana le efectuara; considera que el servicio aduanero no ha dado cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 1080 a 1117, 970, 1092 del C.A. y 480 in fine del Código de Comercio respecto a la firma importadora, señala que tampoco se verificó el estado de quiebra o concurso de la tomadora, y que en ese supuesto, la Aduana debería haber cumplido con el procedimiento reglado por la ley 24.522. En atención a ello, manifiesta que mediante la intimación que se le formula se le exige sin causa un importe que de ninguna manera resulta -al menos a esta altura- obligatorio cancelar. Señala que su mandante no es liso llano y principal pagador atento las particularidades del seguro de caución, agrega que solo debe responder en forma subsidiaria en el caso de que el importador resulte responsable de la infracción que se le imputa. Pone de manifiesto que las pólizas por ella emitidas no incluyen eventuales sanciones pecuniarias ni el adicional del 30% establecido por la Res. 72/92 (ME y OSP) y agrega que solo garantizó derechos, tasa de estadística e I.V.A. Asimismo destaca que la legislación aplicable no contempla la posibilidad de garantizar multas, y que el derecho adicional establecido por la Res. 72/92 no es un tributo exigible en el caso de una importación para consumo agregando que el mismo no fue incluido en la póliza. Entiende que debe modificarse el importe exigido porque no corresponde incluir en la base de cálculo los derechos adicionales para determinar el IVA y el impuesto a las ganancias. Cuestiona la procedencia del cómputo de intereses desde la fecha de la mora del deudor principal. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia dejando sin efecto el reclamo aduanero con expresa imposición de costas.

II. Que previo emplazamiento, a fs. 30/38 la representación fiscal contesta el traslado que le fuere oportunamente conferido. Niega todos y cada uno de los hechos que no sean de expreso reconocimiento. Señala que la normativa concursal planteada por la recurrente no es aplicable al caso de autos ya que la obligación tributaria que da origen a la misma se rige por las normas de la legislación aduanera. Sostiene que, tal como surge de las constancias del expediente administrativo, el importador no habría cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria y por ello habiéndose configurado el siniestro, su representada está autorizada a reclamar el pago pertinente por parte de la aseguradora. Manifiesta que los únicos intereses de posible aplicación son los previstos por el art. 794 del Código Aduanero, citando jurisprudencia que avala sus dichos. Indica que no existe imputación alguna que lleve a su mandante a pretender cobrar de la actora el importe de la condena en concepto de multa, tal como sostiene la recurrente. Finalmente luego de otras consideraciones que hacen a su defensa ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita se confirme la resolución apelada con costas.

III. Que a fs. 41 se rechaza la producción de la prueba testimonial ofrecida por la actora. A fs. 44 se elevan los autos a la sala E, se pasan a sentencia y en los términos de los arts. 1143 y 1156 del C.A., como medida para mejor proveer, se ordena librar oficio a la Dirección General de Aduanas para que remita las pólizas de caución Nros. 10.921 y 10.809 -o sus fotocopias certificadas-, medida que se cumple a fs. 48/58.

IV. Que las actuaciones administrativas se sustancian con motivo de la denuncia de fecha 06/03/2002 por la presunta infracción tipificada en el art. 970 del C.A con relación al DIT Nro. 00 033 IT11 000044 P, por el vencimiento del plazo acordado para la importación temporaria. A fs. 2 obra el sobre contenedor del DIT involucrado en autos, con su documentación complementaria. A fs. 3 se ordena instruir sumario en los términos del art. 1090 inc. "C" del C.A. A fs. 4 obra agregada la liquidación de los tributos y de la multa correspondientes al DIT en trato. A fs. 5 se corre vista a la importadora. A fs. 8 obra glosado el aviso de recibo de fecha 2008-2002, que da cuenta de la notificación de la corrida vista a la importadora. A fs. 10/11vta., con fecha 26/08/2002, obra glosado el descargo formulado por la importadora. A fs. 27/3 1 vta. obran glosadas fotocopias de la sentencia, dictada el 506-2002 por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación de la Provincia de Santa Fe, que declaró abierto el concurso preventivo de la firma "Sica Metalúrgica Argentina S.A.". A fs. 33, con fecha 25/09/2002, el Administrador de la División de la Aduana de La Plata tiene por contestada la vista por parte de la importadora. A fs. 41, con fecha 26/12/02, obra glosada la Nota Sumr. Nro. 1264/02 a través de la cual el Administrador de la División de la Aduana de La Plata remite las actuaciones a la Sección "C" a efectos de individualizar la firma que intervino como garante de la operación y de la agregación de la copia autenticada de la correspondiente póliza otorgada. A fs. 42, con fecha 15/01/2003, obra glosada la Nota Cont. Nro. 047/03 por la que el Jefe (Int) de la Sección Contabilidad informa que la compañía Aseguradora interviniente en la operación de autos es "La Perseverancia del Sur S.A. Argentina de Seguros" y acompaña fotocopias autenticadas de las pólizas Nros. 10.921 y 10.809 (ver fs. 43/44). A fs. 49 obra glosado el aviso de recibo de fecha 25/02/2004, que da cuenta de la notificación de los autos obrantes a fs. 3, 41 y 42 a la aseguradora. A fs. 50 obra glosado el expediente ADGA-2003-404.181 que se inicia con la contestación de vista efectuada por la aseguradora el día 11/03/2003. (ver fs. 51/53vta). A fs. 60/62 obra el Dictamen Nro. 58/2003 y a fs. 63/65 la Res.-fallo 041/03, apelada en autos.

V. Que corresponde rechazar los agravios de la actora en cuanto señala que no se ha cumplido con el procedimiento establecido en el Código Aduanero. Ello así atento que surge de las actuaciones administrativas que en el procedimiento para las infracciones tramitado en sede aduanera, se han cumplido todas las etapas y actos establecidos en las normas del Código Aduanero art. 1080 y sigtes. La actora ha sido parte en el sumario, se le ha corrido vista en los términos del art. 1101 del CA, la que fue contestada a fs. 51/53vta. y notificado el fallo.

Que, debe señalarse que el concurso de la importadora de ninguna manera impide que la aduana, en ejercicio de las funciones y facultades que resultan del dec. 618/97 pueda tramitar un procedimiento para las infracciones e imponer multa y exigir el pago de tributos, como consecuencia de haber considerado configurada una infracción.

VI. Que, la actora garantizó mediante seguro de caución el pago de los tributos correspondientes a la importación temporaria involucrada en autos.

Que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro (Fallos 315:1406); es una fianza y no un seguro, ya que pertenece a los contratos de garantía cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora, pues cumple con las mismas funciones económicas que las garantías que un determinado deudor otorga a favor de su acreedor para asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria C.N.Com. sala B del 11/3/97 "Alba Compañía Argentina de Seguros SA c. Delos Electrónica SA y otros". La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el seguro de caución es un contrato de garantía cuya finalidad es garantizar a favor del tomador, y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (fallos 321:3334) (Cfme C.N.A.C.A.F sala III "Aseguradora de Créditos y Garantías SA" sent. del 14/12/01).

Que de la naturaleza jurídica del seguro de caución y de las condiciones generales de las pólizas art. 3º que obran agregadas a fs. 53 y 54 de la causa, resulta que el asegurador adquiere el carácter de deudor principal y fiador solidario con el tomador, no es deudor subsidiario y tiene legitimación con relación al reclamo formulado por la aduana. La aduana en su carácter de asegurado frente al incumplimiento, de la obligación por parte del tomador del seguro tiene acción directa contra el asegurador. El procedimiento para las infracciones previsto en el CA no puede verse afectado por las normas de la ley 24.522, no procede el fuero de atracción en materia tributaria, la especialidad de la ley tributaria ha sido reconocida por la CSJN en la causa "Hilanderías Lujan SA" del 30/9/86 entre otras.

VII. Que, respecto de la verificación del crédito por parte de la aduana, sobre la que insiste la actora, cabe señalar que aún cuando la importadora se encuentre en estado concursal, que es el caso de autos, de ninguna disposición de la Ley de Concursos y Quiebras resulta que la aduana deba verificar el crédito relativo a la obligación tributaria de la importadora, afianzada por la actora como requisito previo al reclamo al garante y tampoco opera el fuero de atracción. En este sentido la C.S.J.N. ha señalado que el trámite de verificación corresponde cuando la resolución que en la causa se apela quede firme. Así lo ha resuelto en la causa "Fisco Nacional DGI s/ inc. de verificación de crédito" en autos "Cosimatti Gregorio s/conc. prev" sentencia del 4 de septiembre de 1987 en la que expresó que el art. 22 de la ley 19.551 que establece la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado es inaplicable toda vez que la misma debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso (Fallos 310:785).

En la causa "Supercanal SA" del 2/6/03 la C.S.J.N. sostuvo que "si la decisión de la DGI fue apelada por la concursada ante el Tribunal Fiscal de la Nación en virtud de lo dispuesto por el art. 76 inc. b) de la ley 11.683, ello impide que opere el fuero de atracción al hallarse pendiente de tratamiento la apelación ante un tribunal de alzada, operando éste recién una vez dictada la sentencia por dicho tribunal; posteriormente la Corte en la causa "Gauchat, Enrique" sentencia del 4/7/03 contemplando los supuestos de que la sentencia del Tribunal Fiscal fuere apelada, haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador Fiscal de la Nación señaló que "el fuero de atracción de la causa donde tramita el concurso preventivo de la deudora solo opera luego de la intervención del Tribunal de Alzada y en el supuesto que este confirme la sentencia apelada, corresponde remitir la causa al tribunal del concurso".

VIII. Que, en el fallo apelado no se exige el pago de multa a la aseguradora.

IX. Que la importadora-tomadora mediante DIT Nro. 00 033 IT11 000044 P documentó la importación temporaria de artículos de grifería, al amparo del dec. 1439/96, por el plazo 360 días cuyo vencimiento operaba el 28/4/01, obra agregada en la carpeta del DIT la Nota EA 33-01-0564 presentada el 9 de marzo de 2001, mediante la cual la importadora por su despachante de aduana solicitó prórroga del plazo de importación, la que fue denegada mediante nota Nro. 438/01; el despachante presenta la actuación Nro. 33-01-1721 en la que pone en conocimiento de la aduana que el pedido de prórroga fue efectuado en tiempo y forma, posteriormente se intima a la importadora para que acredite la destinación definitiva de la mercadería, intimación notificada mediante cédula con aviso de retorno en fecha 21/2/02. La importadora-tomadora garantizó los tributos del DIT, derechos, derecho adicional (24%), IVA, IVA adicional y Ganancias mediante seguro de caución, pólizas Nros. 10.921, que obra agregada a fs. 53 de autos, hasta la suma de dos mil dólares (U$S 2.000) y 10.809, que obra agregada a fs. 54 de autos, hasta la suma de veinte mil dólares (U$S 20.000).

X. Que, el art. 970 del Código Aduanero sanciona con multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: "La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aún cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos :a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar" el apartado 2 dispone "....quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren".

Que no consta en la causa ni en las actuaciones administrativas que antes del vencimiento del plazo de permanencia (28/04/2001), la mercadería haya sido reexportada o importada para consumo, la actora no indica permiso de embarque ni despacho de importación mediante el cual se hubiera regularizado la situación de la mercadería, tampoco ha ofrecido prueba alguna tendiente a acreditar el cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen, sin perjuicio de señalar el reconocimiento de incumplimiento manifestado por la importadora al contestar la vista en sede administrativa, por lo que de las constancias de la causa cabe concluir que se ha configurado la infracción tipificada por el art. 970 del Código Aduanero.

XI. Que respecto del agravio de la actora referido a la exigencia del derecho adicional debe señalarse que la importadora se acogió al régimen especial de importación temporaria establecido en el dec. 1439/96, que permite la importación de la mercadería para perfeccionamiento asumiendo el importador la obligación de reexportada. El art. 23 dispone que cuando se autorice la importación para consumo bajo el presente régimen deberá abonarse además de los tributos correspondientes a esta destinación vigentes a la fecha del registro de la misma una suma adicional del 2% mensual calculada sobre el valor en aduana de la mercadería.

Que de lo expuesto resulta que cuando la mercadería importada bajo el régimen referido no se reexporta, aun cuando la importación para consumo fuera efectuada dentro del plazo del vencimiento y autorizada para la aduana, importación regular, corresponde el pago del derecho adicional. Siendo ello así, y atento que en el caso de autos, la mercadería ha quedado importada para consumo en forma irregular, corresponde el pago del derecho adicional exigido por la aduana y garantizado por la actora, por lo que corresponde rechazar los agravios de la actora.

Que respecto de la naturaleza del derecho adicional, y su procedencia en caso de importaciones irregulares, se ha pronunciado esta sala E con una integración diferente a la actual en la causa, aunque referido al derecho adicional de la Res. 72/92 (ME), doctrina que resulta aplicable al caso de autos, en la causa, "Kursaal SA" expte 7531-A sentencia del 23/11/95 en la que se señaló que el derecho adicional tiene carácter tributario y no sancionatorio, toda vez que se trata de un instrumento de política económica fiscal tendiente a desalentar la nacionalización de bienes que han sido introducidos a plaza, con la expresa finalidad de ser reexportados, y al que el propio texto de la norma atribuye el concepto de "derechos de importación". No se ha establecido este gravamen como consecuencia del incumplimiento de un deber, sino como un desestímulo de la importación para consumo... Por otra parte su naturaleza fiscal es independiente de si la nacionalización de la mercadería se produjo como consecuencia del incumplimiento de obligaciones al régimen o si fue autorizada debidamente por el organismo de aplicación del mismo, El hecho imponible es la importación para consumo y no el requisito de autorización para la importaciones regulares y autorizadas. Asimismo es obvio que la importación para consumo, resultante del vencimiento del plazo de permanencia, y por lo tanto en infracción no es razonable ni posible interpretar que se encuentra en mejor situación tributaria que la importación regular y previamente autorizada. Ambos casos son perfectamente comprendidos por la finalidad de la norma que ya ha sido referida y analizada.

XII. Que producido el hecho generador de la obligación tributaria, importación para consumo irregular y de conformidad con lo establecido en el art. 274 del Código Aduanero, corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configura el hecho imponible, en el caso el vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería, momento que establece el art. 638 inc. e) del Código Aduanero.

Que el siniestro a que se refiere la póliza, en el caso es la importación para consumo en forma irregular de la mercadería y con relación a la responsabilidad subsidiaria que alega la actora en art. 3º de las condiciones generales de ambas pólizas resulta que el asegurador adquiere el carácter de deudor principal y fiador solidario con el tomador, no es deudor subsidiario, no está previsto el beneficio de excusión (conf. Código Civil cuya aplicación, surge de las condiciones generales de la póliza) y tiene legitimación con relación al reclamo formulado por la aduana. Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 462 del CA resulta que formulado el cargo, la DGA puede requerir el pago al tomador o a la aseguradora.

Que como quedó expuesto precedentemente mediante seguro de caución emitido bajo las pólizas Nros. 10.921 y 10.809 la actora garantizó los tributos del DIT involucrado en la causa, derechos, derecho adicional, IVA, IVA adicional y Ganancias hasta la suma de U$S 2000 y U$S 20.000 mil dólares.

Que el importe exigido por la aduana que asciende a la suma de $21.095,88 se encuentra dentro del límite de la responsabilidad por el que debe responder la aseguradora, que es el importe máximo garantizado, aún pesificando las pólizas U$S 1= $1.

XIII. Que sobre el importe de los tributos corresponde el pago de los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero, y en el caso la aseguradora debe responder por la mora de la tomadora. Los intereses deben computarse a partir de los diez días de la notificación de la exigencia de tributos a la importadora tomadora, 20/08/2002 (aviso de recibo obrante a fs. 8 de las act. adm.) y de conformidad con las tasas de interés establecidas por la Secretaría de Hacienda para las deudas tributarias.

XIV. Que, conforme las constancias de la liquidación de fs. 4 de las act. adm. la deuda fue pesificada, en la que se indica que se aplica el tipo de cambio según la Instrucción General 2/02, por ello, sobre la exigencia de tributos que se confirma no corresponde aplicar el Coeficiente de estabilización de referencia, CER.

Que por lo expuesto voto por:

1. Confirmar la Res.-fallo 041/03, apelada en cuanto exige el pago de tributos a la actora, con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero, los que deben calcularse a partir del vencimiento del plazo de diez días computados a partir de la fecha en que se notificó la importadora (20/08/2002). Con costas. Sobre el importe de los tributos que se confirman no corresponde aplicar el CER.

2. Intímese a la actora para que dentro del quinto día de notificada ingrese el 1% restante en concepto de tasa de actuación, en los términos de la ley 22.610, vigente a la fecha de interposición del recurso.

La doctora García Vizcaíno dijo:

I, Que adhiero al voto de la doctora Musso, excepto en lo que resulta del presente.

II. Que considero que los intereses deben computarse en los términos del art. 794 del CA, a partir del vencimiento del plazo de diez días contado desde que se notificó la aseguradora de la liquidación tributaria (en la especie tal notificación se produjo el 25/2/03; ver fs. 49 de los ant. adm.), independientemente de la fecha en que se hubiera notificado a la importadora (en el presente, ésta fue notificada el 20/08/02; ver fs. 8/vta. de los ant. adm.).

Que cabe aclarar que al momento de la notificación de la importadora se encontraba concursada (nótese que la apertura de su concurso data del 05/06/02; ver fs. 27/31 vta. de los ant. adm.) y, por ende, no se devengaron intereses a su respecto atento a lo normado por el art. 19 de la ley 24.522 y modif.

Que fundo este criterio en la autonomía del derecho tributario, por la cual no necesariamente resulta aplicable supletoriamente el Código Civil en lo atinente a la garantía prestada conforme al régimen del Código Aduanero, atento a las regulaciones específicas contenidas en éste, v.gr. en sus arts. 786 y 794.

Que es así que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el carácter supletorio del Código Civil "no rige cuando la literalidad de las normas fiscales excluyen a los principios civiles o éstos no devienen adecuados para dilucidar problemas impositivos (doctrina de 'Fallos', 249:256)" ("Tacconi y Cía. SA", del 3/8/89; Fallos, 312:1241).

Que, por ende, la aplicación del Código Civil en esta materia es excepcional, de modo que v.gr., el devengamiento de los intereses respecto del asegurador difiere del relativo a la tomadora (conf. arts. 786 y 794 del CA), las tasas de intereses previstas en el art. 791 del CA también son diferentes de las aplicadas en el ámbito civil, hay conceptos por los cuales se puede obligar la importadora (derechos adicionales) sin obligación por parte de la aseguradora, etc.

Que, congruentemente con esta postura, he sostenido que la eventual apertura de concurso -e incluso la eventual quiebra- de la importadora no es óbice al cómputo de los intereses respecto de la aseguradora, atento a que reiteradamente he puntualizado que los intereses computables para ésta son los debidos por su propia mora, y no por la de su tomadora (conf. arts. 786 y 794 del C.A.), siendo esta obligación de derecho público (derecho tributario), y no de derecho privado.

Que, en efecto, la suscripta ha dicho, entre otros, en "La Meridional Cía. de Seguros SA" del 23/5/97, "Banco Sudameris" del 31/8/99, que si bien la actora es solidariamente responsable de las obligaciones de la tomadora, "a su respecto debe cumplirse con lo normado por el art. 786 del CA en cuanto a que 'liquidados los tributos, el servicio aduanero debe notificar tal liquidación al deudor, garante o responsable de la obligación tributaria', y vencido el plazo de 10 días desde esta notificación se devengan los intereses y la actualización respectivos (conf. arts. 794 y 799 del CA)" (en el mismo sentido caben mencionar los votos de la suscripta en: "Aseguradora de Cauciones SA de Seguros", del 7/4/97; "Siglo XXI", del 17/11/98; "Aseguradora de Créditos y Garantías SA", del 29/4/99).

Que, a mayor abundamiento, cuadra notar que los intereses resarcitorios constituyen obligaciones accesorias cuyo presupuesto no es el hecho generador de la obligación tributaria, sino la mora (conf. Jarach, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario, ps. 371/72. Cangallo. Buenos Aires. 1989).

III. Que, por otra parte, estimo que la recurrente sólo adeuda la tasa por actuaciones por los intereses devengados desde su propia constitución en mora hasta el 18/6/03 en que interpuso su recurso ante este Tribunal, aplicándose la alícuota del 1% de la etapa inicial, atento a que la actual ley 25.964 (BO, 22/12/04) de tasa de actuaciones ante este Tribunal Fiscal se aplica sólo "a todos los juicios que se inicien a partir de su fecha de entrada en vigencia" (art. 14), por lo cual no rige en la especie (causa iniciada -reitero- el 18/6/03), en tanto que la ley 22.610 ha sido derogada por el art. 13 de la ley 25.964, sin preverse su ultraactividad. En consecuencia, la mencionada ley 22.610 se aplica únicamente para las etapas cumplidas durante su vigencia.

Que la ley 25.964 instituyó un nuevo régimen de tasa por actuaciones, y no sólo incrementó la alícuota.

Que -a mi juicio- la configuración del hecho imponible durante la vigencia de la ley 22.610 y modif. no obsta a lo dicho en este voto, atento a la diferencia entre hecho imponible y momentos para determinar los elementos cuantificantes de la obligación tributaria. Con la ley 22.610 y modif. estos momentos se producían, por regla general, en dos oportunidades, dado que -por la modificación introducida por la ley 23.871- se debía ingresar un 50% al inicio de las actuaciones (recurso ante este Tribunal) y el 50% restante con el dictado la sentencia definitiva), salvo el caso de las condenas definitivas de multas. La derogación lisa y llana de la ley 22.610 y modif. empece a que se la aplique respecto del importe relativo a la sentencia definitiva, en los casos en que ésta se dicte con posterioridad a su derogación.

Que los principios de legalidad de la tributación y de reserva de ley (arts. 17, 19 y concordantes de la Constitución Nacional) rigen respecto de todos los elementos estructurantes de las obligaciones tributarias (presupuesto de hecho o hecho imponible, sujetos, elementos cuantificantes, etc.).

Así lo voto.

La doctora Winkler dijo:

Que adhiero en lo sustancial al voto precedente, en tanto como surge de fs. 27/31 y vta. de los antecedentes administrativos que obran por separado, a la fecha de notificación de la tomadora/importadora, esta se encontraba concursada (la resolución recaída en la causa sobre el concurso preventivo data del 5/6/02 y la apertura, del 9/5/02; la notificación es del 20/8/02 -v. fs. 8 de dichos obrados-). Por lo tanto, cabe hacer aplicación de lo dispuesto en el art. 19 de la LCyQ) que textualmente, en lo que ahora interesa, reza: "La presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados, posteriores a la presentación, sólo pueden ser reclamados sobre las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda". Ello así, en el particular caso bajo examen, la aseguradora responde por su propia mora, por lo que con esta aclaración adhiero al voto precedente. También, respecto de la tasa.

En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, se resuelve: 1. Confirmar la Res.-fallo 041/03, apelada en cuanto exige el pago de tributos a la actora, con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero, los que deben calcularse a partir del vencimiento del plazo de diez días computados a partir de la fecha en que se notificó la aseguradora (25/02/2003). Con costas. Sobre el importe de los tributos que se confirman no corresponde aplicar el CER. 2. Intímese a la actora para que dentro del quinto día ingrese, en concepto de tasa de actuación pendiente, la suma de pesos veinte con veinticinco centavos ($20,25), bajo apercibimiento de librar boleta de deuda (cfme. arts. 1, 3 y 4 de la ley 22.610 y su modif. 23.871). - Cora M. Musso. - D. Paula Winkler. - Catalina García Vizcaíno.