Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.233 CAUSA N° 45.438 / 2010 SALA IV "ROMAN FERNANDA TERESITA C/ TODOLI HERMANOS S.R.L. Y OTRO S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL" JUZGADO N° 54.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 27 DE ABRIL DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 205/213 que hizo lugar a la demanda, se alzan la codemandada ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO INTERACCIÓN SA -en adelante: INTERACCIÓN- (fs. 219/221), los peritos contador (fs. 214) y médica legista (fs. 218) y el abogado de la actora (fs. 222), los tres últimos en defensa de sus respectivos honorarios.

II) La codemandada INTERACCIÓN se queja, en primer término, porque el fallo la condenó a abonar la prestación por incapacidad permanente del art. 14 de la ley 24.557 pese a tratarse en el caso de una "enfermedad no listada".

La impugnación se encuentra desierta, porque la apelante se desentiende por completo de las sólidas motivaciones expuestas por la Sra. Jueza a quo para fundar su decisión (art. 116 L.O.). Esa deficiencia técnica del recurso sella negativamente la suerte de la objeción, pues, como lo ha señalado la doctrina, la ley adjetiva requiere un análisis razonado del fallo y también la demostración de los motivos que se tienen para estimarlo erróneo, de manera que en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la decisión adversa al apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada, pues no existe cabal expresión de éstos (cfr. Falcón, Enrique M., "Código Procesal", t. II, p. 266).

Sin perjuicio de ello, y sólo a mayor abundamiento, cabe agregar que esta Sala se ha pronunciado en sentido coincidente con el criterio expuesto por la Sra. Jueza a quo. Al respecto, en casos similares al presente, sostuvo que:

".como es sabido, el decreto 1278/2000 (B.O. 3/1/01) introdujo una importante modificación en procedimiento para establecer el carácter profesional de las enfermedades.

En efecto, antes de dicho decreto, sólo eran consideradas enfermedades profesionales y, por lo tanto, alcanzadas por la cobertura de la ley 24557, aquellas incluidas en el listado de enfermedades profesionales elaborado por el Poder Ejecutivo según el procedimiento establecido por el artículo 40, apartado 3, de la ley 24557. Este esquema de "numerus clausus" fue modificado por el citado decreto 1278/2000, que, en sustitución del apartado 2 del original artículo 6º de la citada ley, introdujo una previsión que permite calificar de enfermedad profesional a "(.) aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo" (ap. 2.b).

De acuerdo con lo expresado, cabe entender que son enfermedades profesionales, además de las incluidas en el mencionado listado, las que han sido motivadas por el trabajo, con la salvedad de que, respecto de aquellas en cuyo origen o agravamiento el trabajo sólo haya incidido parcialmente, la incapacidad indemnizable en el marco de la ley 24557 se limita a la proporción imputable al trabajo. En otras palabras, la modificación introducida por el referido decreto 1278/2000 importa, en el aspecto en consideración, volver al esquema establecido por la derogada ley 24028 en su artículo 2º, tercer párrafo.

No dejo de advertir que, según el referido decreto, el órgano legitimado para establecer el carácter profesional de las enfermedades no incluidas en el ya mencionado listado es la Comisión Médica jurisdiccional (cuya decisión es susceptible de ser revisada - según el procedimiento específicamente previsto - por la Comisión Médica Central), pero no cabe entender que esta circunstancia impida al Tribunal, una vez consentida su competencia, expedirse sobre la relación de causalidad entre una determinada enfermedad no incluida en ese listado (y comprobada en el proceso) y el trabajo cumplido por el accionante (esta Sala, 11/12/09, S.D. 94.464, "Tolaba Justiniano c/ DYCASA S.A. y otro s/ accidente-acción civil"). (S.D. 96.026 del 30/12/11, "Coggiola, Hugo Alberto c/ Provincia ART SA s/ accidente - ley especial").

Por ello, sugiero desestimar el agravio.

III) También se queja INTERACCIÓN porque el fallo estableció el curso de los intereses a partir de la fecha de consolidación jurídica del daño (el 26/11/09), pese a que -según el criterio de la recurrente- aquéllos deberían correr a partir de la sentencia.

Anticipo que la objeción merece sólo parcial acogimiento.

En efecto, al resolver como Juez de Primera Instancia un caso similar al presente (JNT n° 33, 20/12/02, sent. 11.412, "Romano, Oscar c/ Liberty A.R.T. S.A. s/ diferencias de salarios") sostuve que no debía confundirse el nacimiento del derecho con su declaración (administrativa o judicial), confusión que ha sido develada, en términos muy claros y contundentes, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el conocido precedente "Caja Nacional de Ahorro y Seguro en J: Nº 17.830, Escudero, Adolfo c/ Orandi y Massera S.A. por ordinario" (sent. del 28/5/91, Fallos: 314:481). En lo que aquí interesa, el alto Tribunal expresó que:

".el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral, sólo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento. Por ello, la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito, que persigue el reconocimiento de esta situación y de sus efectos en el ámbito jurídico. Los actos procesales que se sucedan desde que el demandante adquirió el derecho en la plenitud de su contenido hasta arribar a la sentencia, la ejecución de ésta y la satisfacción de la condena, constituyen etapas en un procedimiento dirigido a obtener la expresión de un derecho existente, y el ulterior cobro de lo que ya era debido" (sic; el subrayado me pertenece).

En el caso de autos, la actora resultaba acreedora a una prestación de pago único por incapacidad permanente parcial definitiva leve. En consecuencia, su situación estaba regida por el art. 9.2 de la ley 24.557, según el cual "la situación de incapacidad laboral permanente que diese derecho al damnificado a percibir una suma de pago único tendrá carácter definitivo a la fecha del cese del período de incapacidad temporaria".

Según las constancias de la causa, la actora dejó de trabajar a partir de mediados de julio de 2009 (cfr. fs. 5), por lo que el cumplimiento del plazo de un año desde esa primera manifestación invalidante (a mediados de julio de 2010), fue el hecho que, según el juego armónico de los arts. 7 y 9.2 de la LRT, marcó el paso de la incapacidad temporaria a la incapacidad definitiva. En el lenguaje de la Corte, fue ese el momento en el que se concretó el derecho de la actora, al integrarse "el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento", con prescindencia de la actividad (administrativa y judicial) tendiente a la declaración de ese derecho preexistente.

Asimismo cabe recordar que, según una constante jurisprudencia (elaborada en torno a las leyes anteriores sobre reparación de infortunios laborales o a la acción de derecho común que ellas permitían), los intereses moratorios deben computarse desde la consolidación de la minusvalía del reclamante (CNAT, Sala II, 25/7/88, "Meaurio Fernández, Blas Raúl c/ Sifap SCA s/ art. 1113 Código Civil), es decir desde el momento en que corresponde considerar permanente a la incapacidad (CNAT, Sala VII, 21/5/93, "Landriel, Eleuterio c/ Siderca SCA s/ accidente").

En este sentido, cabe recordar el ilustrado dictamen del Dr. Humberto Podetti (cuyos términos hizo suyos el Dr. Justo López) en el fallo plenario del 17/5/72 (in re: "Arena, Santos c/ Estiport SRL"). Allí sostuvo, respecto a una prestación análoga (la indemnización por incapacidad permanente del art. 8, inc. c] de la ley 9688), que ".el curso de los intereses debería computarse a partir del día en que el daño quedó configurado, o sea cuando la incapacidad parcial es reputada permanente. De ordinario, esto acaece con posterioridad al accidente de trabajo que da lugar de inmediato a los salarios por incapacidad temporaria. No cabe retrotraer el curso de los intereses a la fecha del accidente porque recién después del alta médica o del transcurso del plazo de un año hay deuda cierta; hasta entonces, no existe el daño que cubre la indemnización del inc. c], que de no haberse pagado oportunamente debería dar lugar -según lo que propugno- al curso de intereses desde la fecha en que debió satisfacerse. Al cesar esta prestación porque se 'consolida' la incapacidad, por el alta o el transcurso del plazo anual, se hace exigible la indemnización del inc. c] del art. 8, y consiguientemente desde entonces rigen las reglas de la mora. Antes no, pues se llegaría a una acumulación improcedente si debiéndose los salarios por incapacidad temporaria a partir del accidente, se sumara después los intereses de la indemnización por incapacidad parcial y permanente desde aquel momento; es decir que el mismo lapso en el que el daño está reparado por la prestación del inc. d), resultaría a la vez comprendido con el cálculo de intereses de la otra prestación, que no es simultánea sino sucesiva".

Si bien referida a la ley 9.688, la doctrina que emerge del citado acuerdo plenario n° 180 resulta analógicamente aplicable a los infortunios amparados por la ley 24.557. Ahora bien, el art. 2° de la Res. SRT n° 414/99 otorga un "plazo de gracia" de 30 días corridos a partir del momento en que la prestación debió ser abonada y difiere la configuración de la mora al vencimiento de dicho plazo, por lo que cabe concluir que los intereses deben correr desde el 15 de agosto de 2010 -30 días después de la consolidación jurídica del daño que se produjo en el caso con el cumplimiento del citado plazo de un año a mediados de julio de 2010- (conf. CNAT, Sala II, 28/2/08, S.D. 95.564, "Portillo, Adolfo c/ Liberty ART SA s/ accidente"; íd., Sala III, 6/7/06, S.D. 87.922, "Basualdo, Mario Herminio c/ La Caja ART S.A. s/ accidente"; íd., Sala IV, 28/12/10, S.D. 95.058, "Galíndez, Norberto Ramón c/ QBE ART SA s/ accidente - acción civil").

Propongo entonces modificar el fallo apelado estableciendo que los intereses de la prestación del art. 14 de la ley 24.557 deberán correr desde el 15 de agosto de 2010.	IV) Asimismo se queja la codemandada INTERACCIÓN porque el fallo la condenó en forma solidaria con la empleadora de la actora ".hasta alcanzar la suma de $ 11.594,66", pese a que -según su parecer- "de lo que se trata es de una obligación mancomunada no solidaria entre ambas codemandadas, existiendo una diferencia sustancial en este sentido". Similar objeción vierte la recurrente respecto de la condena en costas.

No alcanzo a entender (y no se explica en el memorial) cuál sería el gravamen que le ocasionaría a la recurrente lo decidido, pues sea la obligación solidaria o no lo sea, lo cierto es que ella (la aseguradora) es la obligada única responsable de satisfacer la prestación por incapacidad permanente parcial de la ley 24.557. De tal modo, si se dejara "sin efecto el carácter solidario de la condena" (como solicita la apelante a fs. 221), en nada mejoraría su situación.

La misma ausencia de gravamen se verifica respecto de las costas, ya que el fallo las impuso "solidariamente a cargo de las demandadas y en la proporción determinada en el considerando nro. 6 de la presente" (fs. 213), es decir "en la medida de su responsabilidad por la prestación dineraria por la incapacidad permanente reconocida en este pronunciamiento.según la ley 24.557." (fs. 212, apartados VI y VII).

Por ello corresponde desestimar estos agravios.

V) INTERACCIÓN apela por altos los honorarios regulados a los peritos ingeniera, médica y contador, y al letrado del actor. A su vez, los tres últimos cuestionan sus respectivos emolumentos por bajos.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los estipendios fijados a favor de la representación y patrocinio de la actora (16%), de la perito médica (7%) y del perito contador (6%) resultan equitativos, por lo que sugiero confirmarlos ( arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57); en cambio, los de la perito ingeniera (por la aceptación del cargo y trabajos de fs. 124, 130, 140, ya que no pudo efectuar el peritaje) lucen excesivos, por lo que propongo reducirlos a la suma de $ 600 (art. 38 L.O.).

VI) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada estableciendo que los intereses de la prestación del art. 14 de la ley 24.557 deberán correr desde el 15 de agosto de 2010. 2) Reducir los honorarios de la perito ingeniera a la suma de $ 600. 3) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que ha sido motivo de recurso. 4) Imponer las costas de la alzada a la codemandada ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO INTERACCIÓN SA, regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada estableciendo que los intereses de la prestación del art. 14 de la ley 24.557 deberán correr desde el 15 de agosto de 2010. 2) Reducir los honorarios de la perito ingeniera a la suma de $ 600. 3) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que ha sido motivo de recurso. 4) Imponer las costas de la alzada a la codemandada ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO INTERACCIÓN SA, regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. SILVIA E. PINTO VARELA	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria