Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-01-30


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los treinta días del mes de Enero del año dos mil doce, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Jorge Pfleger, Daniel Alejandro Rebagliati Russell y Alejandro Javier Panizzi, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "C., C. S. s/denuncia Presunta Infracción Ley 4.558" (Expediente N° 22.005 - Folio 190 vta. - Letra "C" - Año 2010).

Del sorteo resultó el siguiente orden para la emisión de los votos: Pfleger, Panizzi y Rebagliati Russell.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Los antecedentes del caso Ha recalado en la Sala, por vía del recurso de Casación del doctor N. R. M. L., la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que, el veinticinco de marzo del año dos mil diez, resolvió: ". 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el letrado colegiado a 49/51 vta., 2) Confirmar parcialmente el punto II de la resolución de fs. 42/45 del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia, de fecha 23 de octubre de 2009. ." El Tribunal de disciplina del Colegio que agrupa a los profesionales de la Abogacía en la ciudad sureña, había sancionado al letrado con una suspensión por dos meses en el ejercicio de la matrícula (art. 49 inc. d), Ley 4558), por hallarlo responsable de la falta de ética prevista en el art. 17 inc. a) del Código de Ética, Anexo I de la Ley 4558. (ver al respecto la resolución que está entre las hojas 42 a 45 de este expediente).

II. El recurso La articulación del quejoso se motivó en la existencia de un vicio "in procedendo" que enmarcó en el artículo 415 inciso 2do. del Código Procesal Penal.

En el escrito de impugnación realizó una trascripción casi textual de aquél de la apelación ante la Cámara, con una breve conclusión en la que descalificó el criterio de ese Tribunal.

Indicó como agravio que no se hubiera descrito adecuadamente cuál había sido la conducta que justificaba una sanción tan importante, ya que -dijo- era la segunda en gravedad prevista en el código ético.

Sostuvo que el resolutorio era abiertamente contradictorio y que por ello violaba las reglas de la lógica, en especial los principios de no contradicción y de tercero excluido.

Puso de relieve que de la sentencia originaria surgía como claro autor del hecho su colega el doctor E. O. y resaltó que dicha imputación provenía expresamente de los dichos del denunciante, quien había focalizado su queja en la conducta profesional del abogado aludido.

Afirmó que tal situación liberaba la actuación del impugnante de todo reproche ético por tres razones: ". a) ello porque fallar más allá de la pretensión del denunciante resulta violatorio en este caso del principio de congruencia, ya que al no haber fiscal, el pedido de la víctima fija irremediablemente el "onus punendi", b) porque si la investigación penal ha fijado y restringido el reproche penal sobre la base de igual denuncia que le fuera remitida por el Colegio de Abogados en cabeza de E. O., mal puede un Tribunal Administrativo extender los alcances de la acción a quien no fuera llevado a proceso, c) porque al admitir en la propia sentencia que la conducta disvaliosa fue personalmente llevada a cabo por otra persona, confirmar la sanción impuesta torna nulo al decisorio por violación como ya señalara de los principios lógicos de no contradicción y tercero excluido, en éste último caso el recurrente." Manifestó que la sentencia era arbitraria por cuanto violaba, por un lado, el precepto del art. 5°, inc. 2°, de la ley 4558, relacionado con los requisitos que debe reunir la denuncia contra el profesional y que no se cumplieron en el caso concreto.

Arengó sobre la denuncia propiamente dicha porque sostuvo que no se ajustó a las imposiciones de la ley procesal en la materia, sino que se trató de una mera manifestación genérica en su contra, habilitando de esa manera el curso del sumario, en franca violación de los principios rectores del debido proceso.

Afirmó que la Cámara de Apelaciones solamente perseguía el propósito de imponer al letrado la obligación de un obrar determinado, con independencia del resultado.

Recalcó que la falta de fundamentación de la sentencia o su fundamentación aparente la tornaba nula.

Dijo que la sentencia solo tenía una apariencia de acto jurisdiccional ya que remitía a un dictamen del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, que ni siquiera se transcribió íntegro- apuntó- y que no se fundó la extensión de la sanción disciplinaria de forma tal que quedara en claro en razonamiento seguido por el juzgador para arribar a aquella.

El impugnante solicito que la decisión en crisis fuera anulada y remitido el proceso al tribunal que corresponda para su sustanciación nueva (art. 429 del C.P.P.) En el final hizo reserva del caso federal.

III. Creo menester abordar, como primera cuestión, el tema atinente a la competencia.

En consonancia con lo que he sostenido en causa similar anterior, la cuestión en examen cuadra a la naturaleza del poder disciplinario ejercido por los Colegios de Abogados de esta Provincia, en desmedro de sus miembros.

Se trata de un caso de "derecho administrativo punitivo" o de "derecho penal disciplinario", por utilizar otro término.

La aplicación supletoria del Código Procesal Penal en las cuestiones que conciernen a ese ejercicio por imperio de la norma en juego, Ley 4558, conduce a la capacidad cognoscitiva del órgano que interviene, que, por otro lado, lo ha hecho con anuencia de las partes y en especial del Ministerio Público Fiscal.

En efecto, la norma citada precedentemente regula, en su Capítulo 9, Sección III acerca del Tribunal de Disciplina (arts. 38 a 44) y manda por caso (art. 42) que aquél "...hará aplicación de lo dispuesto en el Anexo II de esta Ley, resultando de aplicación supletoria en el proceso el Código Procesal Penal de la Provincia del Chubut...".

Su par anterior (el 41 ) es simétrico. Regula el sistema de las recusaciones a los miembros del Tribunal de Disciplina con remisión a la norma adjetiva señalada y consagra que las apelaciones sobre el punto se rigen bajo las mismas reglas (art. 51 C.P.P. Ley 3155).

Por fin, el anexo B de la Ley 4558, "Reglamento de Procedimientos para el Tribunal de disciplina de los Colegios Públicos de Abogados", consagra como norma supletoria (art. 17) el Código Procesal Penal de la Provincia.

Como se echa de ver ha sido el procedimiento penal aquél escogido por el legislador a la hora de diseñar el modo de comportamiento de los órganos encargados de sancionar las faltas disciplinarias. Seguramente- y no creo con ello formular una conjetura descabellada- ha diseñado este sistema atendiendo, precisamente, a una protección más intensa del asociado frente a la realización del poder punitivo delegado a la corporación que nuclea a los abogados.

La aplicación supletoria de esa norma, y las razones que la causan, conllevan la habilitación de los órganos a los que ella otorga competencia y en este caso es la Sala Penal quien, dentro del marco de especialidad que motivara su creación, interviene en las impugnaciones del talante de las que ocupa.

IV. Segunda cuestión.

Dejo en claro que la revisión que impone esta vía extraordinaria abarca básica y sintéticamente hablando verificar que el proceso discursivo que se censura se haya atenido a los principios y leyes de la lógica.

Estos (razón suficiente, los principios de identidad, contradicción, tercero excluido coherencia y derivación) previenen la arbitrariedad, que es, como manifestación de un exceso de poder, lo que repugna a toda decisión estatal.

Se ha dicho que "... La arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o una decisiva carencia de fundamentación." (CSJN Fallos 311:3200); "... La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su discrepancia con el alcance atribuido por el juzgador a principios y normas de derecho común o con la valoración de la prueba, sino que reviste carácter estrictamente excepcional ..." (Ibíd.3201).

La sentencia, concebida como derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias de la causa exige, ambos, motivos y/o fundamentos.

Las conjunciones disyuntivas o copulativas no resultan ociosas, pues, por ejemplo, Clariá Olmedo enseña que toda sentencia necesariamente ha de tener un elemento crítico o, en sus propias palabras ". el razonamiento del Tribunal respecto del objeto o tema a decidir. Es lo que se conoce por fundamentación o motivación del fallo." (ver el autor en su Derecho Procesal Penal- Marcos Lerner Editores Córdoba- T III, pág. 242- Ed. 1985).

Pero más allá de esto, lo cierto es que se exige de los jueces el deber de fundamentar lógica y legalmente las decisiones jurisdiccionales, mandato que ha sido incorporado expresamente como garantía constitucional (art. 44 de la Constitución Provincial), y asegurado mediante sanción expresa de nulidad para el caso de incumplimiento. Esta exigencia legal consiste en manifestar el por qué de una decisión, en otorgar las razones que -de un modo suficiente- justifiquen la conclusión a la que el juzgador arriba en última instancia, y que la motivación brindada refleje -con la mayor fidelidad posible- las operaciones racionales que han conducido al juez a adoptar la solución propiciada.

V. La solución. Puesto a decidir el asunto, bajo el prisma dado, considero que los argumentos vertidos en el recurso no han brindado causas que sirvan para conmover la sentencia.

La posición del quejoso, lo que movilizó su voluntad, escapa a los límites del recurso extraordinario pues la recurrida no carece de fundamentos, ni ha sido construida con falta de apego a las normas procesales o se ha llegado a ella defectuosamente. O infringido la lógica, tal se denunció.

Tampoco se ha expuesto con precisión algún "error evidente" en la apreciación de los hechos que condujo a la decisión la que, reitero, merece homologación.

En efecto, el esfuerzo del impugnante tuvo como cuerpo central de su escrito, como ya lo adelantara, una trascripción casi total de su apelación ante la instancia revisora, sin que del esfuerzo argumentativo pudiera inferirse una nota que descalificara con autonomía y suficiencia a la que puso en crisis.

La Cámara de Apelaciones, por el contrario, realizó un examen correcto de la decisión del Tribunal de Ética; puso en valor la relación profesional-cliente que había existido entre el denunciante y O. y M. L., basándose en el poder general para juicio que había otorgado C. a favor de ambos letrados, y los pedidos de libramiento de orden de pago de los fondos depositados que, a partir de esa circunstancia, dieron lugar a la expedición del cheque judicial a favor de O.

Al respecto, ponderaron atinadamente la actividad del recurrente en esos momentos procesales y la deslindaron de la situación del otro letrado quien fue, en definitiva, el que retiró el cheque Nro. ***** en fecha 21 de diciembre de 2006.

Como decía antes, la Cámara de Apelaciones explicó claramente la situación de M. L. quien- coincido- no fue ajeno al caso en la medida en que conocía de las instancias que recorrió el expediente hasta llegar al núcleo de la cuestión que se debatió en sede administrativa. Ella -la "a quo"-bien definió, a mi juicio, las causas que asociaron la omisión de informar al cliente del estado de su caso- máxime en su instancia epilogal - con el quebrantamiento de los deberes de fidelidad, buena fe y responsabilidad propios de la relación que se instituye entre el abogado y quien lo contrata.

En la sentencia atacada se identificó la conducta que fue interpretada como constitutiva de una falta grave en los términos del artículo 24 inc. b del Código de Ética, Anexo A de la LEY XIII, Nro. 11 (antes ley 4558) poniendo de relieve, especialmente, las diferencias que existían entre las conductas reprochadas a O. y al recurrente, brindando una caracterización de las obligaciones que había incumplido este último, como lo anticipé.

De manera entonces que por lo expuesto, postulo el rechazo de la impugnación y la confirmación de la sentencia en crisis.

VI. Asimismo, propongo se regulen los honorarios profesionales del Abogado Defensor en la suma de ocho Jus (artículos 7 y 14 de la Ley XIII, Nº 4 - antes Decreto Ley 2200).

Así me expido y voto.

A la PRIMERA CUESTIÓN el Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Con respecto al recurso que se analiza, el artículo 286 del Código Procesal en lo Civil y Comercial, determina que las sentencias definitivas dictadas por las cámaras de apelaciones son susceptibles del remedio de casación ante el Superior Tribunal de Justicia por quebrantamiento de forma y violación de la ley o doctrina legal (acude el recurrente alegando la inobservancia de la Ley XIII, Nº 11 -antes ley 4558).

A su vez, el artículo 26° de la Ley V, Nº 3 Orgánica del Poder Judicial, confiere competencia a la Sala Civil de este Superior Tribunal de Justicia, para conocer en las causas del fuero Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería; y atribuye la competencia en materia penal a la otra Sala -ésta, la Penal.

La apreciación de infracciones, la eventual aplicación y graduación de sanciones, en el ámbito disciplinario del ejercicio de la abogacía son facultades del tribunal administrativo, es decir, del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados (artículo 21, inc. "a", y cctes. de la ley XIII, Nº 11).

II. El ejercicio de actividades materialmente administrativas, como lo es la de los Tribunales de Disciplina de los Colegios Públicos de Abogados de la Provincia del Chubut, es propio del fuero contencioso-administrativo por ser del orden jurisdiccional instituido para controlar la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de ésta a los fines que la justifiquen. De manera que el caso traído es ajeno a la competencia de esta Sala Penal.

Lo contrario importaría someter al justiciable a jueces diversos de los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias.

El ínclito jurista español Alejandro Nieto García anotó que "... el derecho administrativo sancionador es, en primer término, derecho administrativo, aunque la especificación de sancionador le remita a ese derecho sancionador o punitivo genérico del Estado, y a falta de éste, al derecho penal que es su manifestación antonomástica" (autor citado, Derecho Administrativo Sancionador, Ed. Tecnos, 141, 4ª edición, 2005).

Es decir que el Derecho Administrativo Sancionador tiene aspectos comunes con el Derecho Penal, pero no subsume en éste.

De este mismo modo me expedí en sentencia recaída en los autos caratulados "JUZGADO LABORAL Pto. Madryn s/ denuncia"(Expediente. 20.071 - J - 2005, Sentencia Nº 047/2008, de fecha 2 de julio de 2008).

Por las razones expuestas, propicio la declaración de incompetencia de esta Sala Penal y la remisión a la Sala Civil, para su conocimiento.

A la SEGUNDA CUESTIÓN el Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. De acuerdo con lo resuelto por la mayoría en punto a la primera cuestión, me adentraré en esta segunda.

Los antecedentes del caso y la reseña de los agravios blandidos por el recurrente han sido minuciosamente establecidos por el Ministro Pfleger en el primer sufragio, lo cual, me excusa de una repetición ociosa.

II. En cuanto a la solución del caso, habré de coincidir por completo con la propuesta del juez nombrado.

III. En su presentación el recurrente alegó arbitrariedad en la resolución Nº 59/2010 de la Cámara de Apelaciones y violaciones a la ley procesal que rige la materia.

Como punto de partida, estimo conveniente aclarar que la tacha de arbitrariedad de una sentencia debe ser analizada con suma estrictez.

En esta senda, luego de una lectura atenta del fallo atacado, no advierto que el Tribunal Revisor haya arribado a una conclusión manifiestamente infundada, o que existiera un apartamiento de las reglas del juicio.

La Cámara de Apelaciones de la ciudad petrolera repasó las constancias del expediente Nº 1049/99; verificó la vinculación mediante poder general para juicios existente entre C. y los doctores M. L. y O.; inspeccionó las sucesivas gestiones realizadas por aquéllos para obtener el libramiento de la orden de pago y, por último, comprobó el retiro del cheque Nº ***** por parte del doctor O.

Luego, analizó la conducta achacada al profesional M. L. y la enmarcó -al igual que el Tribunal de Disciplina- dentro del artículo 24, inciso b) del Código de Ética. Juzgó que a aquél no se lo responsabilizaba por los actos cometidos por su colega, sino por la falta de control y seguimiento de los asuntos de su cliente.

Así las cosas, advierto que la sentencia inspeccionada individualizó claramente y acreditó el compromiso incumplido por M. L. en perjuicio de C.

En conclusión, no observo la arbitrariedad alegada. Entonces, propiciaré el rechazo de la impugnación extraordinaria articulada y la confirmación del fallo cuestionado.

IV. Concuerdo con la regulación de honorarios efectuada en el primer voto por ser ajustada a derecho. Ley XIII, Nº 4 (antes Decreto Ley 2200).

Así voto.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliatti Russell dijo:

I) Los antecedentes del caso fueron expuestos con claridad por el doctor Pfleger, de modo que me abstendré de hacer una ociosa repetición.

II) La primera cuestión abordada por mis colegas tiene que ver con la competencia de esta Sala para entender en la presente impugnación.

En este sentido ya tuve la oportunidad de expedirme en autos: "R., F. M. s/Apelación art. 51-Ley 4558" (Expte. 21.281-Folio 67-R-2008), cuando sostuve que es la propia ley la que asigna competencia al disponer la aplicación supletoria del Código Procesal Penal, de modo que acompaño la postura mantenida en el primer voto.

Asimismo, reitero lo dicho en esa oportunidad respecto de la admisibilidad del recurso extraordinario en este tipo de planteos.

III) Aclarado ello, ingresaré a la segunda cuestión indicada en los votos precedentes.

Sólo diré que coincido con la decisión de mis colegas de Sala.

De la lectura de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia se desprende que el a-quo analizo el hecho reprochado al matriculado, la prueba arrimada al sumario y la valoración efectuada por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de dicha ciudad para sancionar al recurrente.

No advierto arbitrariedad alguna en esta tarea, y observo que se han respectado los derechos y garantías del letrado a lo largo del sumario.

Siendo ello así, voto por rechazar el recurso interpuesto, y confirmar la sentencia atacada.

IV) Por último adhiero a la imposición de costas y a al regulación de honorarios formulada en el primer voto.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A --------------- 1º) Declarar improcedente la casación de fojas 74/81 vta., con costas.

2º) Confirmar la sentencia protocolizada con el número 59/2010 que luce a fs. 67/70.

3°) Regular los honorarios profesionales del doctor N. R. M. L. en ocho (8) Jus (artículos 7 y 14 de la Ley XIII, N° 4 - antes Decreto Ley 2.200) 4°) Protocolícese y notifíquese.- La presente es firmada por dos Ministros por encontrarse el Juez Panizzi en uso de licencia ordinaria.

Dres. Jorge Pfleger-Daniel Alejandro Rebagliati Russell-Ante mi: Ricardo V. Pellegrini Secretario.