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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, régimen penal de la minoridad, graduación de la pena, Convención sobre los derechos del niño, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., A. N. c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL CON EL DE PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA-DOS HECHOS INDEPENDIENTES-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

No resulta idóneo para habilitar la vía intentada el alegado desconocimiento de los principios que rigen el proceso de menores -Convención sobre los Derechos del Niño y la reducción de la escala penal prevista en el artículo 4 de la ley 22278-, dado que no se corresponde con las constancias de la causa, desde que de la lectura de la sentencia surge que se ponderaron las pautas rectoras cuya preterición invoca la interesada, exponiendo los Judicantes los fundamentos a partir de los cuales consideraban que, aun teniendo en cuenta tal marco normativo -resaltando que éste habilita la aplicación de una pena-, debía confirmarse la sanción escogida por la Jueza de Menores; del mismo modo que explicaron por qué en el caso aparecía debidamente justificado el apartamiento de la reducción de la escala penal conforme lo previsto en el artículo 4 de la ley 22278, toda vez que tal disminución no es imperativa, si bien es cierto que, como derivación de los principios de ultima ratio, subsidiariedad e interés superior del niño, de imponerse una pena a un adolescente se deben explayar los fundamentos en virtud de los cuales se opta o no por tal solución. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 22278, artículo 4
Ejecución cambiaria, prueba del pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlando SA c/ Isola, Luis Andrés y Otra s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-11

Las ejecuciones cambiarias, los requisitos relativos a la prueba del pago presentan modalidades de mayor rigor que el ordinario, debiendo ponderarse con la circunspección debida. Si no consta en el título el pago, y no ha mediado la restitución de éste, sólo puede ser acreditado en el proceso ejecutivo mediante recibo emanado del ejecutante, y que se refiera de modo claro y concreto a la obligación que se ejecuta, debiendo recalcarse que en virtud de estar vedada la posibilidad de discutir la causa de la obligación, sólo se ha admitido acreditar el pago de los documentos cambiarios por medio de instrumentos de los cuales resulta la precisa individualización de aquellos.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, aplicación de la ley laboral, prueba, apreciación de la prueba, principios laborales, policía del trabajo, cómputo de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: BAZZI, DANIEL RAÚL c/ MORENO S.R.L. y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-30

El Fundamento del recurso no puede limitarse a formular comentarios genéricos, relativos a tarea cumplida, relevancia de la misma y caracteres de la función pericial, sino una formula crítica concreta y razonada (art. 255 CPCC) que demuestre numéricamente que la cantidad regulada es errada y debió ser otra, como una una mera aspiración sin fundamento.

"El recurso de apelación, debe contener la crítica concreta y razonada del fallo, que demuestre que el mismo es erróneo, injusto o contrario a derecho. Las generalidades y apreciaciones personales, no contituyen agravio, por no poner de manifiesto los presuntos errores de la sentencia" (Sala, autos Mamaní c. Gaverante, 24/10/96, entre otros).
Insuficiencia del agravio, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Moreno, Ricardo Héctor s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Fernando Ramón Avila por la defensa del imputado Ricardo Héctor Moreno en contra de la Sentencia Nº 19/09 recaída en causa Expte. Nº 153/99 caratulado Moreno, Ricardo Héctor y otros - ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23

La defensa del imputado plantea Recurso de Casación contra la sentencia que lo declaró culpable como coautor penalmente responsable de los delitos de peculado en forma continuada -veintinueve hechos- e hizo lugar parcialmente a la acción civil instaurada por la parte actora civil, Estado Provincial, por resarcimiento del daño material que surge de los respectivos montos correspondientes a los delitos por los cuales fuera condenado.

Manifiesta el recurrente que la sentencia es arbitraria porque no ha tratado una cuestión defensiva esencial, el estado de necesidad justificante previsto en el art. 34 inc. 3 del Código Penal.

No corresponde hacer lugar al planteo formulado bajo este título atento a que sobre el punto el recurso es insuficiente, en tanto no expresa los argumentos que dice el recurrente haber presentado en el juicio y que fueron ignorados por el Tribunal de sentencia.

Es que, como surge de los fallos que el recurrente reseña en el memorial, los magistrados no están obligados a analizar todas las articulaciones de las partes, sino las conducentes, y deben dar cuenta de las razones por las que no las analizan, sólo si son aptas para hacer variar el resultado del juicio.

Así, el cumplimiento de esa carga procesal era indispensable para permitir a esta Corte examinar si los argumentos propuestos eran conducentes para la solución del litigio y, por lo tanto, si la omisión por el a quo de la consideración de esos argumentos invalidaba su sentencia.

Así las cosas, la respuesta al agravio no puede ser otra que su rechazo que, en tanto determinado por esa omisión del recurrente, no es causante del perjuicio que invoca por la privación al imputado de la posibilidad de obtener un doble conforme respecto del tema propuesto.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, muerte de un conscripto
Materia: CIVIL
Carátula: YANTORNO, NICOLAS c/ GOBIERNO DE LA NACION ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

Demandados daños y perjuicios con motivo del fallecimiento del hijo del demandante mientras cumplía el servicio militar, habiendo sido comisionado junto con otros soldados para participar en la puesta en escena de una obra musical, resultando herido mortalmente por una bayoneta que portaba otro soldado en uno de los ensayos de escenificación de combates, corresponde hacer lugar a la demanda y extender la condena solidariamente con el Estado Nacional a los derechohabientes del director artístico y en forma concurrente con ellos a los herederos del empresario de la obra de quien el director era dependiente en su carácter de director artístico coreográfico, atribuyendo el 40% de culpa al primero de dichos causantes y el 60% a los dependientes del Estado Nacional. La responsabilidad del Estado es indudable. El oficial y suboficial que fueron comisionados eran los superiores inmediatos de la víctima y debieron tomar las precauciones correspondientes a la seguridad de la tropa asignada a la realización de la representación artística. La posibilidad de que a raíz de los empellones y forcejeos propios de esa lucha que debía simularse con movimientos reales, alguno de los soldados resultara herido por el arma blanca al descubierto, era una consecuencia inmediata perfectamente previsible.según el curso ordinario y natural de las cosas, art. 901 C.Civil. Prueba de ello es que efectivamente ocurrió, sin que pueda hablarse de caso fortuito. El riesgo que significa utilizar sables y bayonetas sin vaina en acciones de tal realismo bélico, comportaba un real peligro, de modo que la adopción de esa concreta precaución de que las bayonetas se conservaran envainadas no pudo pasar inadvertida, ni serle indiferente a los oficiales y suboficiales, a cuyo cargo y mando estaban los soldados. La circunstancia de que las indicaciones de los movimientos y desplazamientos fuera de la incumbencia del director artístico no pudo significar el traspaso del mando de la tropa en los aspectos que atañen a la actividad militar, en la que obviamente está involucrado el modo de emplear las armas. Si el acto consistía en que fuerzas rusas y francesas avanzaran hasta superponerse y cruzarse, para enfrentarse nuevamente en lucha cuerpo a cuerpo, con desorden y amontonamiento, para que luego quedaran tendidos en el suelo soldados supuestamente heridos o muertos, que señoritas de la guardia del mar, vestidas a la usanza de la época resulta temerario que el director de la obra no se aseguraba de que todas las bayonetas estuvieran envainadas. Era perfectamente previsible que en esa lucha cuerpo a cuerpo y en los amontonamientos, algún soldado hiriera a otro, tanto para los oficiales y suboficiales como para el que dirigía el ensayo, tanto es así que después del desgraciado evento y a indicación de un oficial, se dispuso usar sólo el fusil sin siquiera las bayonetas.
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA c/ DERUDDER HNOS. S.R.L. s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-02-28

La eventual procedencia de la excepción de inhabilidad de título en los juicios de apremio se circunscribe a los supuestos de vicios en las formas extrínsecas del instrumento excluyéndose en principio, indagaciones vinculadas a la causa del crédito o al acierto o no de la determinación fiscal por cuanto de las normas contenidas en los arts. 114, 115, 116, 117 inc. a) ss. y ccs. del Código Fiscal (Ley 6505 texto ordenado por Decreto nro. 2093/00 B.O. 30.5.200) surge que la liquidación de deuda por los funcionarios autorizados al efecto es suficiente título ejecutivo sin necesidad de intimación o requerimiento alguno.-
Derecho administrativo, empleo público, remuneración, adicionales de remuneración, docentes, igualdad ante la ley, igual remuneración por igual tarea
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Banchero, Gerardo Luis y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

La sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los decretos n° 1442/98, 260/03, 310/04, 483/05, 682/06, 618/07 y 243/08 en cuanto al límite impuesto para el otorgamiento del suplemento salarial implementado, y ordenó al GCBA que abone las diferencias salariales resultantes, conlleva una reasignación presupuestaria capaz incluso de afectar negativamente, a futuro, al colectivo docente que hoy parece beneficiado. Conforme lo dicho in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ruiz, María Antonieta c/ GCBA s/ cobro de pesos'", expte. n° 3879/05, sentencia del 14/09/2005, "Ocluir la potestad de diseñar una política salarial con tales características [...] exhibe un doble problema. Por un lado, petrifica potestades privativas de otras ramas del gobierno sin haber demostrado ejercicio ilegítimo para justificar un control con tal alcance. Por otro, desplaza la ejecución presupuestaria de la autoridad competente al juez, que la modifica, por fuera del esquema de distribución de poder diseñado por la CCBA [...]. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Denegatoria del recurso, recurso de casación, insuficiencia del agravio, auto de sobreseimiento, usurpación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Genero, Walter René - Faga, Horacio Eduardo  c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-06-01

Cabe rechazar el recurso de casación incoado por la parte querellante contra la sentencia que no hizo lugar al recurso de apelación deducido y en consecuencia, la Alzada convalidó el auto de sobreseimiento de los imputados en orden al delito de usurpación, pues se advierte que la parte recurrente no se hace cargo de ninguno de los argumentos utilizados por la jueza unipersonal de apelación, ni tampoco de los elementos de prueba invocados para confirmar el auto de sobreseimiento ya dictado.
Reclamo administrativo previo, actos suspensivos, suspensión de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gallardo Hugo Héctor c/ Superintendencia de Seguros de la Nación s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

Si se ha interpuesto un reclamo administrativo ante el órgano competente -aun cuando el reclamo fuese innecesario por aplicación de las disposiciones del art. 32 de la ley 19.549 pero no inoficioso por ser una articulación posible del administrado no prohibida por el ordenamiento procedimental- se producirá la suspensión de los plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción (confr. art. 1º, inc. e, ap. 9º , último parte, de la referida ley).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), indemnización, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALARCON, CARLOS DANTE c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-05-30

No puede tener andamiaje mediante esta vía de excepción, la crítica relativa a que resulta dogmática la comparación efectuada por los juzgadores entre el sistema de reparación tarifado y el del derecho común, toda vez que así como fue expuesta no puede inferirse su decisividad en lo que pretende el quejoso, quedando sin sustento frente a lo razonado en la sentencia; mereciendo la misma respuesta sus agravios por la tasa de interés aplicada y el modo y circunstancias en que se fijó para el caso, desde que en virtud de que esta temática se ubica también en el espacio de la razonable discreción de los jueces, sin que los cuestionamientos del compareciente al respecto logren persuadir que en aquel proceder se hubieran desajustado de las constancias de la causa, ateniéndose a una versión reglamentaria única de la cuestión, lo cual sí resultaría arbitrario. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: "Romero", AyS T 208, p 186 y "Boetto", AyS T 208, 191.
Concurso de delitos, encubrimiento, sobreseimiento, tenencia ilegítima de documento nacional de identidad, concurso ideal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DE ELIZALDE, José s/ Apelación -  sobreseimiento.  Causa  15.537
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-10

La tenencia ilegítima de Documento Nacional de Identidad ajeno y el delito de encubrimiento conforman una unidad de hecho. Por tal razón debe ser revocado el auto que sobresee respecto del delito de encubrimiento luego de haberse clausurado el sumario, y elevarse a juicio la imputación por la tenencia ilegítima de D.N.I.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, ley federal, diputados nacionales, remuneración, régimen jubilatorio, interpretación de la ley, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Movsichoff, Bernardo c/ Estado Nacional s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Es formalmente admisible el recurso extraordinario si se halla en juego la interpretación de normas federales reglamentarias del régimen de sueldos y de previsión social de los diputados nacionales y la decisión final del pleito ha sido adversa al derecho que el apelante funda en ella.
Jueces, deberes y facultades del juez, proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., A. H. c/ L., A. O. s/ Divorcio. Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-08

Rigiendo en nuestro procedimiento el principio dispositivo, es a los justiciables a quienes corresponde encauzar sus pretensiones acorde con la realidad por ellos vivenciada, no correspondiendo que el órgano jurisdiccional supla en ese plano los equívocos de planteos y omisión de los mismos, pues su misión es la de aplicar e interpretar la legislación vigente garantizando la substanciación del debido proceso legal hasta su culminación.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, telecomunicaciones, telefonía celular
Materia: LABORAL
Carátula: Antonietti,  Marcos  Hugo c/ Comcel  S.A.  y  otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-31

La actividad de promoción y venta del Servicio de Radiocomunicación Móvil Celular para el uso de frecuencias de la banda de 800 a 900 MHZ, llevada a cabo por COMCEL S.A., no corresponde a la actividad normal y específica del giro empresario de CRM (Compañia de Radiocomunicaciones Móviles), dado que se trata de dos sociedades autónomas e independientes que poseen su propia organización de ventas y no están sujetas a control ni a vigilancia en el cumplimiento de sus funciones, estando COMCEL S.A. vinculada a CRM mediante un contrato de agencia de ventas. No rige, pues, la solidaridad establecida por el  art. 30 LCT respecto de la codemandada CRM.(del voto del Dr. Moroni, en minoría).
Recurso de casación, resoluciones, aclaratoria (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: Recalde, Eduardo y otro en j: Recalde, Eduardo y otro en j: Giannoni, Mario O. y otro s/ Título supletorio - Regulación - Casación (Libro: S062-234)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-09-07

Se ha interpretado erróneamente el art. 132 del Código Procesal Civil y por tanto procede el recurso de casación si por vía de una aclaratoria se ha variado y modificado lo sustancial de lo decidido, pues no otra cosa significa dar no sólo sentido y alcance distinto al cómputo de un determinado lapso -a los efectos de decidir la caducidad de instancia- sino cambiar totalmente la conclusión final a que antes se llegara. Y lo que es más, y ello agrava la situación, agregar consideraciones que antes no se hicieron, para reforzar la conclusión anterior, haciendo variar la instancia de la decisión.
Despido con causa, detención, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Miño, Ramón Aroon c/ Adermo Suarez y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-10-05

Es improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, quien se agravia porque se han considerado los telegramas intimatorios del demandado, de imposible cumplimiento. Ello así, ya que en autos no se ha acreditado por ninguna vía que el actor haya puesto en conocimiento del demandado -antes de que éste resolviera el distracto- la circunstancia de su detención; sólo surge notificado el demandado cuando a raíz del distracto resuelto, la esposa del actor concurre a cobrar los haberes pendientes que anunciara el demandado en su último telegrama, al traer la autorización de cobro con la firma del actor certificada por Alcaidía Policial. El conocimiento de esta situación por parte del demandado debió probarse por algún medio, ya que en materia laboral se admite cualquier medio de prueba. Debió acreditarse el proceder desleal, lo que no surge en autos.
Agentes auxiliares del comercio, daño material
Materia: LABORAL
Carátula: CUCULICE, PEDRO c/ COMPAÑIA SANSINENA SA. s/ LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1949-09-09

La acción del apartado 5 del artículo 155 del C.Com., en cuanto alude a la indemnización por los daños o pérdidas que sufra durante el servicio que presta al principal, no se refiere a los daños que los trabajadores puedan sufrir en su salud o capacidad laborativa, sino a los daños de origen patrimonial.
Declaración policial, declaración espontánea, coprocesado, tenencia de estupefacientes, secuestro de bienes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Schettini, Alfredo; Llambay, Jorge Rubén s/ infr. a la ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Existe relación directa entre la situación del recurrente - condenado por tenencia de estupefacientes - y la validez de constancias probatorias - el secuestro de la droga del domicilio del imputado - originadas a partir de actuaciones - la manifestación espontánea de su coprocesado en sede policial - supuestamente nulas.
Situación de vulnerabilidad, explotación sexual
Materia: PENAL
Carátula: Lema Pérez, Hugo Jaime c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-28

La situación de vulnerabilidad hace referencia a una situación en la que la persona es más propensa a brindar su conformidad para ser explotado, y el abuso de esa situación ocurre cuando el autor usa intencionadamente o se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima para captarla, transportarla, trasladarla, acogerla o recibirla con el fin de explotarla, de modo que la persona crea que someterse a la voluntad del abusador es la única alternativa real o aceptable de que dispone y que resulte razonable que crea eso a la luz de su situación. En el caso, el contexto que rodaba a la víctima y las circunstancias socioeconómicas en las que se encontraban, atravesadas por una labilidad laboral y residencial, falta de ayuda externa, desconocimiento del medio, calidad de migrante, precariedad económica, sin capacitación laboral e insuficiente grado de instrucción, carencia de asistencia social y médica, demuestran la situación de desarraigo y resignación que hacían propensa la explotación.
Personal militar, servicio militar, conscriptos, haber de retiro, indemnización, actos de servicio, accidente en acto de servicio, aplicación de la ley, Constitución Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Picard, Omar Ceferino c/ Estado Nacional s/ indemnización daños y perjuicios (sumario).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

Una inteligencia que sostuviera la insuficiencia de las reparaciones previstas en la ley 19.101 y que ambicionara, aplicar disposiciones extraídas del derecho común no tendría en cuenta el plexo normativo aplicable, en el que ocupa un lugar capital el art. 21 de la Constitución Nacional que impone a los ciudadanos concretas obligaciones (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Propiedad horizontal, expensas comunes, juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Villa Elisa c/ Crochi, Julio s/ Cobro de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-03

La obligación de pagar las expensas comunes que tiene origen en la relación real de condominio reviste el carácter de "propter rem" y está contemplada en los supuestos que aprehende el art. 2685 del Código Civil, es decir, en la obligación que tienen los consorcistas o copropietarios de contribuir a los gastos de conservación o reparación de la cosa común.
Aplicación de la ley, principio de legalidad, delito de acción pública
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO, Miguel Ángel y otro c/  s/ Robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-18

Si bien no resulta objeto de discusión la efectiva vigencia del artículo 59, inciso 6º del Código Penal, cabe determinar si un órgano jurisdiccional se encuentra autorizado a aplicar una norma pese a que no se encuentre cumplido uno de los requisitos a los cuales su propia redacción condiciona su operatividad. En tal sentido, cabe considerar que, al tratarse el instituto de la conciliación de una excepción al principio de legalidad en la persecución penal (artículo 71 del Código Penal), en virtud del cual todos los delitos de acción pública deben ser perseguidos de igual modo y con la misma intensidad, con ello se establece un criterio reglado, lo cual, por definición, implica que la aplicación de este tipo de institutos no reviste carácter discrecional, sino que, por el contrario, depende de los requisitos ineludibles que establece el legislador al consagrarlos. Ello significa que esa excepción, introducida por el legislador, al principio de legalidad en la persecución penal, se encuentra sujeta a la constatación de un doble orden de requisitos: la existencia de una "conciliación", por un lado, y su aplicación "de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes", por el otro, tratándose estas últimas de aquellas que se establezcan para una implementación adecuada de ese medio de extinción de la acción penal. Por ello, sin la verificación efectiva de todos sus requisitos, la aplicación del instituto carece de justificación (voto del juez Magariños).