marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Actualización monetaria, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zucotti, Sofía Dominga c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

La demora provocada por un trámite ante la Caja Nacional que tuvo lugar a instancia exclusiva del Instituto de Previsión Social y en el que no se aportaron elementos de juicio indispensables, no resulta imputable a la interesada y, por lo tanto, no dispensa al organismo provincial el pago de la actualización monetaria de los haberes previsionales devengados.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, agravio concreto, procedimiento militar, simple damnificado
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

La intervención de la "persona particularmente ofendida por el delito", prevista por el art. 100 bis del Código de Justicia Militar no está equiparada a la del querellante (arts. 14, 170, 457, 463 y concs. del Código de Procedimientos en Materia Penal) sino que es restringida y condicionada a indicar medidas de prueba, solicitar que se le notifique la sentencia, o la radicación de la causa en la Cámara Federal y, en consecuencia, no tiene el interés personal exigido para la procedencia del recurso extraordinario.
Abuso deshonesto, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: De la Canal, Roberto Lorenzo s/ Abuso deshonesto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

Respecto del delito de abuso deshonesto -art. 127 con referencia al inciso 1 del art. 119 del C.P.- la comprobación necesaria a realizar en autos es que la víctima resulte menor de doce años, siendo inexacto, por tanto, que deba acreditarse con precisión el día de su nacimiento; no es esa fecha cierta el motivo de prueba, sino la menor edad apuntada.
Reordenamiento del sistema financiero, fondos comunes de inversión, cuotapartes de fondos comunes de inversión, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Del  Caño  Eduardo  y  otro c/ PEN  Ley  25.561 Dtos. 1.570/01 y214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-22

El fondo común de inversión no constituye un depósito bancario y según las normas que regulan el funcionamiento de dichos fondos (ley 24.083 y decreto 174/93) no goza de las garantías de tales depósitos y constituye una inversión de riesgo ya que el valor de las coutapartes al momento del rescate puede ser mayor o menor al valor originalmente invertido, no apareciendo como verosímil (en el mismo sentido Sala III in re "Peralta, Rosalía", del 19/9/02 y Sala IV in re "Jakim, Diana Mabel Zoraida", del 6/2/03).

Sin perjuicio del derecho que podría asistirle al actora de pretender la entrega a título cautelar de la participación que correspondiera a su cuotaparte sobre las inversiones en depósitos bancarios que hubiera realizado el Fondo, cuestión que deberá ser dilucidada por el a quo, así como la procedencia de la cautela por las razones de excepción que se invocan.

Ello con la necesaria intervención de las sociedades gerente y depositaria del Fondo, así como también de las entidades financieras en donde éste hubiera efectuado los depósitos bancarios, a quienes les sería inoponible el fallo. (Cfr.

idem esta Sala "Cirigliano, Isabel A. y otro", del 6/3/03).
Empleo público, jubilación por invalidez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villazón, María Cristina c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires s/ Cobro de Pesos Buenos Aires s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

En el caso, la parte actora reclama el cobro de los salarios caídos por el período en el que no prestó servicios para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que fuera dada de baja la jubilación por invalidez de la que gozaba. Pretende que se le aplique el artículo 4 de la Ordenanza Nro. 28175/73, actualmente derogada, que estipulaba la "reposición automática" de los agentes que hayan accedido a un subsidio por incapacidad laborativa.

Según las constancias de autos, a la actora se le otorgó la jubilación por invalidez prevista en el artículo 17 inciso c del Decreto Nacional Nro. 1645/78 y no el subsidio por incapacidad laborativa previsto en la Ordenanza Nro. 28175/73.

El vínculo iuris cesa cuando la jubilación sea solicitada, concedida y notificada, no siendo requisito ineludible, la presentación de renuncia alguna. El agente a quien se le otorga la jubilación no puede continuar en el ejercicio del cargo debiendo presentar la renuncia haciéndose efectiva la jubilación. La administración puede declarar vacante el cargo, cuando el agente omita presentar la renuncia.

En el caso de autos, la relación de empleo entre la actora y la administración cesó en la fecha en que se le otorgó el beneficio de jubilación por invalidez. A partir de dicha fecha dejó de existir vínculo alguno por el cual pueda considerarse a la actora parte integrante de las filas de la administración. Por ende, la demandada no tenía obligación de reincorporar a la actora.
Honorarios, escrituración, condena a escriturar
Materia: PROCESAL
Carátula: TRIPICCHIO, Claudia Noemí c/ PERSIC, Dora s/ ESCRITURACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-27

La posesión de un inmueble adquirido de buena fe por boleto de compraventa y respecto del que se pagó la totalidad del precio pactado importa un verdadero dominio sobre la cosa, oponible no sólo al vendedor y sus sucesores sino también a terceros. Ello aun cuando el dominio resulte imperfecto por la falta de escritura e inscripción. De tal manera, aunque el bien se encuentre inscripto en el Registro de la Propiedad a nombre del vendedor, los honorarios regulados a favor del abogado de éste condenado en costas en el juicio de escrituración no podrán ejecutarse sobre el inmueble que debe escriturarse a favor del poseedor, no obstante encontrarse embargado por la deuda.
Acción de amparo, autorización judicial, personas por nacer, anencefalia, eugenesia, parto inducido, feria judicial, habilitación de feria
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: T., S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-11

Si se discute la autorización para que se proceda a inducir el parto a quien se halla en avanzado estado de gravidez de un feto anencefálico -enfermedad que excluye su viabilidad extrauterina- la virtualidad de la cuestión se encuentra sometida al ritmo inexorable de un proceso biológico cuyo transcurso íntegro tornaría inoficioso un pronunciamiento del Tribunal y sería susceptible de concretar el daño actual o inminente en que se sustenta la acción de amparo, lo que impone a la Corte la adopción de una decisión con la máxima urgencia, máxime frente a la comprobación de que cuestiones de competencia provocaron dilaciones incompatibles con el inevitable término del proceso de gestación de un ser humano.
Competencia, YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO PROVINCIAL c/ YACIMIENTO PETROLIFEROS FISCALES S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-06-27

Considerando que en este estadio no se halla aún definitivamente acreditado que la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. sea un ente jurídico de naturaleza privada y por ende sujeto a la aplicación de la normativa impuesta -fundamentalmente-por los arts. 7 y 8 del Decreto 2778/90, dejando que la Nación sea parte conforme el mandato constitucional (art. 100 de la Constitución Nacional), resulta competente para conocer la causa, la Justicia Federal, máxime que el Estatuto de la Sociedad aprobada por Decreto 1106/93 contempla una participación mayoritaria del Estado Nacional (art. 6) en el capital social, y participación de los Estados Provinciales en el mismo.
Contrato de servicios, contratos administrativos, competencia contencioso administrativa
Materia: CIVIL
Carátula: Nostrala, Osvaldo Antonio y otro c/ Municipalidad de La Ciudad de San Francisco s/ abreviado - cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-11-06

Si bien la Municipalidad demandada ha contratado con los actores la prestación de servicios de asistencia profesional y técnica mediante los procedimientos administrativos previstos por la normativa no sólo en lo que hace a la contratación misma sino también a la procura del cobro de los cánones devengados, corresponde considerar que los efectos de dicha contratación se encuentran contemplados en el derecho privado y la cuestión del cobro de la contraprestación de dicha locación de servicios es ajena a la competencia contenciosoadministrativa, pues se trata de una cuestión de raigambre estrictamente civil y cuya normativa debe necesariamente aplicarse para su dilucidación.
Expropiación, demandado, allanamiento, costas, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ PRIMOS SA s/ EXPROPIACION (CSJ EXPTE N. 21-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-18

Habiendo solicitado la expropiada la imposición de costas en el orden causado en razón de que ha tomado conocimiento de la oferta derivada de la tasación efectuada a los fines de la expropiación, recién en oportunidad de notificarse la promoción de la demanda judicial por no haberle llegado notificación fehaciente de la oferta efectuada en sede administrativa,circunstancia que no fue negada por la actora, la que, por el contrario, insiste también en que sean impuestas en tal sentido; puede entenderse configurado en el caso el supuesto previsto en el artículo 49, apartado 2, inciso d) de la ley 7534, correspondiendo establecer las costas por su orden.
Temeridad o malicia, duda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.N.R.P. c/ AMCAP ASOCIACION MUTUAL PERSONAL s/ TEMERIDAD O MALICIA: VALORACION. DUDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

En hipótesis de duda razonable de si la situación es maliciosa o no debe estarse por la amplitud de la defensa, no debiendo accederse, en consecuencia, al pedido de sanciones.
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, Santos Ismael c/ Cerámica Industrial Avellaneda S.C.A. s/ Despido Ibáñez Sepúlveda, Celestina c/ Otrovsky de Teler, Marta s/ Accidente de trabajo Muñoz Toro, Ladislao P. c/ Orsogna, Luis y otro s/ Accidente (Ley 9688)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11|1988-07-26|1997-11-04

Infringe el art 375 del C.P.C.C. el fallo que impone a la parte actora la prueba de un hecho reconocido por la contraria.
Abuso deshonesto, abuso sexual, víctima menor de edad, cambio de calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: VIGNALE, Rubén José S. y otro. s/ ABUSO DESHONESTO-PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-03

La norma prohibitiva del art. 141 del C.P.P.N. ha sido reservada únicamente para quienes revisten el carácter de testigos de actuación.

En cuanto a la calificación legal escogida y cuestionada, para los actos de desaprobación penal centralizados en tocamientos con la mano y lengua de las partes pudendas de la menor, como la solicitud del agente para que le tocara el pene, sin que la investigación pudiera precisar la vivencia exacta que tuviera la víctima de lo que denominara como "pito", esto es, si hubiera en el caso mediado una concreta exhibición del órgano masculino y las condiciones puntuales de dicha experiencia, ni tampoco, pese a la reiteración con que impresiona tuvieran lugar las prácticas abusivas, establecido la sucesión aproximada de episodios de la naturaleza indicada o una certera extensión temporal en que ello se produjera, no es posible en el estado actual de la pesquisa formular conclusiones asertivas sobre una real incitación corruptiva. Ello así, pues aunque de prematura experiencia para la edad de la damnificada, la gravedad de la figura penal en crisis y la etapa que transitan los autos impone observar la mayor prudencia en los casos donde la delimitación depende de un convincente apoyo pericial que no pareciera ofrecer la expedición de la médica que suscribe el informe, en cuanto sostiene en el punto 3 de las conclusiones categóricamente que "toda vivencia en relación a la abusividad sexual posee entidad suficiente para desviar el normal desarrollo sexual", lo cual si bien puede ser cierto no deja margen para las particularidades y grados de agresión sexual de las figuras contempladas en torno a esta cuestión por nuestra ley penal, pudiend o llevar a una automática derivación permanente de cualquier suceso, por menor que fuere, a la aceptación del tipo del art. 125 del C.P., en una tácita derogación de las restantes imposiciones legales.
Sustracción de menores, derecho a conocer la identidad de origen
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

Cuando el delito de sustracción y ocultamiento -art. 146 Código Penal- conlleva la incertidumbre sobre la ascendencia o identidad biológica del menor, el ilícito continúa consumándose mientras la persona sustraída cuando niña desconozca su ascendencia, entendiendo que dicho criterio es inaplicable en los casos en que la sustracción u ocultamiento no han afectado ese conocimiento, porque ello resulta inconciliable con el principio de responsabilidad por el acto y es fruto de una utilización equívoca e imprecisa de la doctrina de los llamados delitos permanentes -de ejecución continuada-.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, medidas cautelares, medida de no innovar, subasta
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BANCO ESPAÑOL c/ GRAN HOTEL ITALIA s/ EJECUCION HIPOTECARIA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 108-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-07-10

A pesar de la seguridad que puedan haber tenido los juzgadores acerca de la improponibilidad en general de la medida intentada, el litigante tiene derecho a una respuesta fundada acerca de los temas propuestos. A ese efecto, no resulta suficiente descartar la pretensión de la parte y el fundamento del juez, con la mera afirmación de que es absurdo lo resuelto por éste, ni con la remisión de citadas referidas a una medida dictada en juicio diferente y no en el mismo juicio; ni tampoco, con valoraciones acerca de los efectos que podría producir -en el régimen de la ejecución hipotecaria la admisión de la prohibición de no innovar y la suspensión del remate (bajo contracautela a satisfacción del tribunal y sin límites de monto)- si tales consideraciones no son acompañadas del examen particularizado de la situación que se plantea.
Honorarios del abogado, actualización monetaria, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: DOMINGUEZ, F. c/ CAMBACERES s/ COBRO DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-08

Las disposiciones de la ley 24.283, abarcan la actualización del valor de "cualquier prestación", lo que comprende a las de índole dineraria. Por lo tanto, y en principio, el pago de los honorarios profesionales se encuentra dentro del ámbito de aplicación aquella normativa. En consecuencia, el valor actual y real de los honorarios habrá de depender de su relación con los valores en juego, de donde la aplicación de la ley no debe ser un procedimiento puramente mecánico, sino que, como en todo juzgamiento, el derecho vigente habrá de operar de acuerdo a las circunstancias de la causa.-
Notificación por cédula, domicilio constituido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Susana c/ Mateo, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-01

Tratándose de un domicilio constituido a los efectos del proceso, su objetivo es facilitar las notificaciones, no sólo en razón de suprimir las distancias, sino porque la ley presume que en ese lugar se encuentra efectivamente la persona a quien se va a notificar, de donde se sigue que si el litigante que lo constituyera se muda de dicho lugar, perdiendo su acceso al mismo, sin constituir uno nuevo, deberá atenerse a las consecuencias de verse sometido a una notificación que, no por formal, deja de tener todos sus efectos.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: De Gasso, Justino M. s/ Denuncia estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-19

La recta interpretación de los arts. 342 y 348 del C.P.P. permite sostener que, declarando la prescripción, no corresponde absolver.

De no ser así, quedaría al mero arbitrio del tribunal de alzada impedir la apertura de la instancia extraordinaria en supuestos en que la ley procesal lo admite (art. 348), utilizando para ello una simple declaración que carece de asidero legal y racional.
Acción contencioso administrativa, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Dundo, Oscar Alberto c/ Salvay, Horacio s/ ordinario - daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-07-18

La acumulación objetiva de la pretensión resarcitoria a la demanda contenciosoadministrativa, se encuentra aceptada por la jurisprudencia del TSJ de Córdoba, que establece que el intérprete no debe apegarse a la literalidad de la primera parte del art. 38 Ley Local 7182, sin tener en cuenta la parte final del mismo párrafo, con la finalidad de no excluir de la jurisdicción administrativa el conocimiento de las pretensiones de contenido patrimonial, pues en caso contrario se violaría la finalidad declarada por el legislador en la Exposición de Motivos, quien incorporó un precepto que tiende a la reparación integral de las situaciones jurídico subjetivas, a fin de evitar un mayor desgaste jurisdiccional.
Confirmación de sentencia, crédito laboral, ley de contrato de trabajo, deportista amateur, producción de la prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Patiño Salamanca, Dionisio Alberto  c/ Chahnarian, Deborah Vanesa y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-19

Una deportista amateur integrante del staff de la Federación Argentina de Musculación que colaboraba durante las competencias fallece y sus progenitores reclaman créditos de naturaleza laboral con fundamento en la LCT y ley 24.557. La hija de los accionantes participaba de un grupo de fisicoculturismo en calidad de amateur y colaboraba en las competencias que se realizaban y que integraba un grupo de whatsapp constituido al solo efecto de difundir y organizar eventos en los cuales participaba, por el hecho de compartir intereses comunes. Cuando se realizaba alguna competencia - algunas veces era organizada por parte de un integrante del grupo- la gente que lo conformaba solía ofrecerse para ayudar o colaborar, como jueces, juez de tarima o backstage, y otros colaboraban en la contabilización de los puntajes de los jueces, para obtener el resultado final de cada categoría y determinar el ganador. Ninguna de estas personas percibía un sueldo o remuneración de algún tipo - al igual que la causante- quien tampoco tenía la habitualidad mínima que requiere un vínculo de índole laboral. La prueba producida da cuenta que la causante era aficionada al fitness, fisicoculturismo y musculación y en tal carácter se vinculó con la FAM que es el grupo al que pertenecía la demandada, en el cual todos sus integrantes colaboraban en la organización de torneos y/o competencias de carácter amateurs. La causante colaboraba poniendo precintos para los atletas, ubicándolos cuando subían al escenario y tareas afines con el torneo, propias de la práctica deportiva de la cual era amateur, como los demás integrantes del grupo, y no recibía por la referida colaboración dinero a cambio. No se encuentra probado que las partes se hubieran vinculado en virtud de un contrato de trabajo. Se trató de una comunidad de personas que comparten una misma pasión por el deporte amateur, y que tenían un grupo de pertenencia coordinado por la demandada, no obstante lo cual no era su empleadora. Cabe destacar que los integrantes del grupo al cual pertenecía la causante no recibían sanción disciplinaria en caso de no concurrir o retirarse del grupo, lo cual descarta las características propias y típicas de una relación de trabajo (cfr. arts. 21, 22 y 23 LCT). En esta línea de análisis, no existen constancias probatorias que demuestren que el desempeño de la causante se haya realizado en una organización ajena que dependía de la accionada, quien ejerciera la función disciplinaria y sancionatoria que le es propia al empleador y que estuviera a su disposición, en tanto la misma la aprovecha y asume riesgos del negocio. No fue acreditado tampoco que recibiera una suma de dinero en concepto de remuneración. Por ello, cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Proceso penal, nulidad procesal, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ortega, Marcelo Ramón s/ Oposición al Requerimiento de Citación a Juicio e Incidente de Nulidad interpuesto por Dr. Pinto Víctor M. en causa Letra "O" Nº 575/04 "Ortega, Marcelo Ramón p.s.a. Abuso Sexual Simple, Exhibiciones Obscenas Calificadas, Coacción, todo en Concurso Real"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-06-03

En el análisis de las nulidades en el proceso penal, de conformidad con el criterio de la Corte Federal, antes de la declaración de nulidad de un acto se deben tener en cuenta por lo menos dos aspectos centrales e inseparables para su procedencia: 1) existencia de sanción legal, entendiendo ella como la voluntad expresa de la ley de sancionar el acto cuando no se observen las disposiciones previstas, y 2) quebrantamiento de garantías constitucionales que causen perjuicio, especialmente las referidas a "defensa en juicio" y "debido proceso", que se demuestren efectivamente durante el proceso y contengan agravio real y concreto.

Al respecto, se advierte en la especie un planteo de nulidad por la nulidad misma, sin aditamento alguno que amerite avocarse a cuestionamientos probatorios sobre la existencia de los hechos o la conducta del encartado, por lo que debe rechazarse sin mas trámite el presente recurso de apelación, confirmándose en un todo el resolutorio recurrido, en lo que fuera materia de agravios.
Tipo penal, código penal, homicidio calificado por el vínculo, agravantes de la pena, autoría, prueba testimonial, concurso real, prueba documental, prueba pericial, libre convicción, declaración del imputado, homicidio vinculado, causa fin
Materia: PENAL
Carátula: C. J. M.  c/  s/ doble homicidio agravado por el vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2018-03-20

Cabe declarar autor materialmente responsable de doble homicidio agravado por el vínculo parental (filicidio) -artículos 80 inciso 1 y 55 del Código Penal-, a quien causó la muerte de sus dos pequeños hijos mientras dormían, tras producirles cortes letales en las zonas vitales de los niños víctimas, pues tanto las pruebas testimoniales, como la documental, pericial e instrumental aportadas, más la propia declaración del imputado aceptando su responsabilidad, otorgan certera convicción sobre el nefasto hecho investigado, quedando científicamente comprobado que la conducta homicida por aquél desplegada, fue la causa única y eficiente del deceso.