marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Domicilio, personas jurídicas, competencia por el territorio
Materia: CIVIL
Carátula: Q., H.A. c/ Cooperativa de T y T de P S Ltda. s/ Demanda Laboral (Indemnizaciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-16

El domicilio real de las personas es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios (art. 89, Cód. Civil). El domicilio legal es el lugar donde la ley presume sin admitir prueba en contrario que una persona reside en forma permanente, para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (art. 90, Cód. Civil). Cuando una persona tiene establecida su familia en un lugar y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su domicilio (art. 94, Cód. Civil). El domicilio de las personas jurídicas es el señalado en sus estatutos o en la resolución de autoridad pública que las autoriza a funcionar, y que constituye el asiento legal de la misma. No interesa para la determinación de la competencia, si en este lugar se realizan o no actividades, o si es el establecimiento principal, o inclusive si la administración o dirección se encuentran fuera de él. Cuando en los estatutos de la persona jurídica no está establecido el domicilio legal, éste será aquel donde funcione su administración o dirección. Una excepción a los principios expuestos la constituye el funcionamiento de las denominadas sucursales, en cuanto la amplia gama de relaciones jurídicas que éstas pueden protagonizar, inclusive con total independencia funcional, obligan a admitir la fijación de la competencia territorial en el domicilio de éstas, en lo que respecta a obligaciones de orden local.
Observancia de tratados internacionales, obligaciones del Estado miembro
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad dene-gado en: Zava, Yanina Paola. c/ GCBA y otros. s/ Amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-07

La opinión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deja en claro que la obligación mínima del Estado en la realización plena y progresiva de los derechos consagrados en el PIDESC consiste en observar la prohibición de regresividad, posibilitando el goce y la exigibilidad de los derechos sociales, cuanto menos en el nivel que se hubiera alcanzado en un momento determinado (voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Entrega del certificado de trabajo, indemnización agravada, consignación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: E., J. L.  c/ La Nueva Metropol S.A. de Transporte Automotor Comercial e Industrial  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-10

Corresponde hacer lugar a la indemnización del art. 80 LCT reclamada por el actor, toda vez que si bien la recurrente aduce haberlos puesto a disposición del trabajador, admite que "en ningún momento el actor concurrió a la empresa a retirarlos", y esta circunstancia imponía a la quejosa arbitrar los medios necesarios a fin de procurar su entrega, cosa que no hizo, ya que no los consignó judicialmente ni intentó entregarlos al celebrarse la audiencia ante el SECLO, pues ninguna constancia se dejó en el acta respecto a tal circunstancia.
Juicio ejecutivo, intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL
Carátula: Fridman, Gregorio. c/ Gómez, Atilio. s/ Ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-28

No está prevista la intervención obligada de terceros en el juicio ejecutivo, de admitir se corresponde extremar el criterio de la interpretación restrictiva al respecto.
Minería, minas, minas de tercera categoría, derecho de propiedad
Materia: MINERO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Murcot S.A. c/ YPF. s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

El reclamo del dueño del campo por la extracción y utilización indebida de materiales de tercera categoría es similar al derecho del propietario a pedir la restitución de los productos (art. 2444 del Código Civil) o su equivalente en caso de que éstos fuesen irrecuperables. La obligación de la demandada reconoce como verdadera causa jurídica el derecho de propiedad de su contraria y no la responsabilidad aquiliana del deudor.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Moroz, Bogdan c/ Cristalux S.A.I.C. s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Incurre en absurdo el fallo que establece conclusiones acerca del momento en que el trabajador adquirió conocimiento de su incapacidad que no se compadecen con las circunstancias acreditadas en la causa.
Representación procesal, defensor público de menores e incapaces, silencio, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: N., E. F. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-30

Si bien la Sala ha tenido oportunidad de establecer que la representación de los Defensores Públicos de Menores e Incapaces es, en principio, de carácter tuitivo y no técnico defensivo, y que es parte necesaria sólo en el expediente tutelar, no es menos cierto que en este particular caso, donde el defensor público oficial ha guardado silencio en un tema que resulta cuanto menos opinable, entiendo que debe hacerse lugar a la impugnación articulada por aquella representación soslayándose los óbices formales, máxime si la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con posterioridad al precedente "Casal", el agotamiento de sus facultades revisoras y si, además, se trata de un tópico que concierne específicamente a la función tuitiva, cual es la duración del período de esa asistencia. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso, adhieren los Dres. Madueño y Catucci).
Contratos civiles, interpretación del contrato, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: Tinao, Roberto Jorge c/ Coop. de Vivienda Consumo y Crédito Codepro Ltda. s/ Resolución de contrato.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-09

Los términos del contrato no deben aprehenderse en su tenor meramente literal y por el contrario, la interpretación debe seguir directivas no sólo semánticas sino también preceptivas, teniendo en cuenta la situación objetiva que en esos términos se emplean. Debe adoptarse la interpretación de buena fe y de acuerdo con lo verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, conforme lo preconiza el art. 1198 del Código Civil.
Excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL
Carátula: PIETRI, GABRIEL c/ COLEGIO SAN AGUSTIN s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-18

Aún cuando la norma del art. 30 del C. Procesal no impone la exigencia de una explicación detallada de los hechos o antecedentes que motiven la excusación del magistrado, es precisa una mínima expresión de la causa o individualización de los sentimientos y motivaciones graves de decoro y delicadeza que lo llevan al remedio excepcional que la ley prevé en resguardo de la independencia e imparcialidad de los magistrados en el ejercicio de la augusta misión de entender y decidir los asuntos sometidos a su conocimiento.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, Derecho laboral, obligaciones del empleador, higiene y seguridad del trabajo, enfermedad profesional, brucelosis
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ALCARAZ ANTONIO ALFREDO c/ COOPERATIVA DE CARNICEROS DE ROSARIO LTDA. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INDEMNIZACION DAÑOS CONTRACTUALES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 354 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22

No puede prosperar la queja toda vez que los reproches dirigidos al pronunciamiento tendentes a lograr su descalificación como acto judicial válido, tan sólo trasuntan la disconformidad del impugnante -quien considera que se configura en autos la intencionalidad de la norma del artículo 1072 del Código Civil en la conducta de la demandada al no cumplir con el deber de seguridad de brindar elementos de protección adecuados para evitar el contagio de la enfermedad al trabajador- con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la causa, conforme surgían de las constancias de autos y con el que valoró las pruebas y en función de ello, interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes. En el caso, los juzgadores entendieron - en sentido contrario al sustentado por el juez de baja instancia- que la conducta del empleador (el incumplimiento de suministrar elementos de protección adecuados) "...para nada encuadra en las previsiones del art. 1072 del Código Civil que presupone la existencia de un acto ilícito ejecutado 'a sabiendas y con intención de dañar' la persona o los derechos del otro y que define el 'delito' del derecho civil...".Y consideró -con apoyo en doctrina- que "...las omisiones simples, esto es el incumplimiento consciente de una obligación legal tal como se invoca en la demanda estando ausente la intención de dañar o la referida 'representación necesaria del resultado' que el a quo utiliza como el sustento de su decisión al afirmar que la demandada tenía conciencia plena del estado de las cosas y sus posibles consecuencia s que consistían en que el actor sano al entrar en contacto con carne y vísceras de vacunos por el hecho de trabajo podía contraer la brucelosis no devienen equiparables al supuesto de dolo y menos aún puede válidamente sostenerse que tal supuesto tiene cabida dentro del marco del art. 1072 del C. Civ.".
Competencia, sentencia, incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: L., A. E. en rep. de su hijo M. L. B. A. c/ Estado Nacional - Programa Federal de Salud - Dirección Nacional de Prestaciones Médicas y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

El juez no se encuentra habilitado para reexaminar su competencia si ya mediaba un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y el planteo a raíz del cual declinó seguir entendiendo es una prolongación del objeto de las actuaciones sustanciadas ante el tribunal. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Ejercicio ilegal de la medicina, facultades jurisdiccionales, acceso a la justicia, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Moyano Barro, Martín y otro c/  s/ Usurpación de autoridad (Art. 246 inc. 1) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde que continúe interviniendo el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas si más allá de la forma en la que tramitó este caso, con distintas remisiones en el tiempo entre juzgados, lo cierto es que la conducta denunciada en primer lugar se subsumiría prima facie al menos en el delito de ejercicio ilegal de la medicina (art. 208, inc. 1, CP), que resulta competencia de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los restantes ilícitos que habrían sido cometidos carecen siquiera de una mínima investigación que le de sustento a los encuadres jurídicos postulados. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Testigos, idoneidad del testigo
Materia: CIVIL
Carátula: H., J. O. c/ M., J. y Otros s/ Indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-17

La tacha a los testigos por motivos fundados en inhabilidad o en hechos que hicieran presumir la parcialidad de su declaración debe efectuarse en la misma instancia que prestaron declaración a fin de que el juez al dictar sentencia aprecie el valor de las mismas (arts. 35 de la ley 69).

En ese mismo direccionamiento lo determina el art. 456 del C.P.C.C., por lo que la falta de idoneidad tiene que alegarse y probarse en la misma instancia en que declaró el testigo; la idoneidad de los testigos que declararon en primera instancia no puede introducirse en segunda instancia como hecho nuevo.

Se puede impugnar la idoneidad de los testigos siempre que se lo haga dentro del plazo de prueba. Y cabe advertir que la idoneidad se presume, y quien afirma lo contrario tiene la carga de probarlo.
Recurso extraordinario, monto del juicio, regulación de honorarios, cuestión federal
Materia: CIVIL
Carátula: ELIZALDE, RICARDO M c/ DI TULIO, DOMINGO N. Y OTRA s/ PROCESO ORDINARIO-RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-20

Ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo atinente a la determinación del monto del juicio y de las bases computables para la regulación de honorarios en las instancias ordinarias, es materia ajena al recurso del art. 14 de la ley 48
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva, nulidad de la ejecución
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arzagot Miguel a. c/ Salvador Mario y/o Supermercado Futuro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

En la dicotomía mandante-mandatario, en caso de un pagaré como el ejecutado, las cuestiones derivadas del incumplimiento deben entenderse con el mandante, para asegurarse que la respuesta obtenida provenga del obligado al pago del documento. Ello importa que la ejecución se entienda con él, sin desmedro del derecho que tiene de introducir el tema referente a la supuesta adulteración de la firma del mandatario.
Lucro cesante, daño cierto
Materia: CIVIL
Carátula: ALLUB ROSENDO RICARDO c/ COLEGIO DE MEDICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-12

Con respecto al lucro cesante, el daño se considera cierto cuando las ganancias frustradas debieran lograrse por la víctima del incumplimiento con suficiente probabilidad, de no haber ocurrido aquél, pero no se trata de mera posibilidad de esas ganancias, tampoco de la seguridad de que ellas se habrían obtenido, ya que tal certeza no puede lógicamente existir con respecto a ganancias en cierto modo supuestas; el criterio a aplicar es un intermedio entre esos dos extremos, el de la probabilidad objetiva de acuerdo con las circunstancias del caso, y es por ello que resulta innecesaria la prueba de una oferta concreta de alquiler, ya que no se trata de un hecho efectivamente ocurrido, sino de un cálculo hipotético sustentado en elementos de juicio que permiten determinarlo con la mayor aproximación a la que pudo haber sido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso de delitos, estafa, falsificación de documentos, uso de documento falso
Materia: PENAL
Carátula: " Vinjoy, Daniel Enrique y otra s/ procesamiento ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-06

". aún si se dudase de la participación del imputado en la falsificación del documento, la prueba acumulada ha permitido corroborar que el imputado ha efectuado un uso de aquél y permite presumir su conocimiento acerca de su carácter falso y de su capacidad para llevar a error al notario interviniente en la operación de compraventa, de modo tal que ha constituido el ardid de la estafa que se le atribuye".

"Esta es la interpretación dogmática correcta conforme con el criterio jurisprudencial de esta Sala. En efecto, hemos sostenido reiteradamente que cuando la persona que hizo uso del documento falso participó en su confección aportando datos, otro documento, su fotografía, etcétera, entre la falsificación del documento y su uso existe un concurso aparente por subsidiariedad tácita en virtud del cual, el uso, como hecho lesivo relevante, subsume en sí, en caso de efectuarse, todos aquellos actos que hayan significado su preparación, como es la falsificación (conf. de esta Sala, causa nro. 36.606, caratulada "Banco Río S.A. s/incompetencia", resuelta el 21/12/04, Reg.

nro. 1421,)".

"Pero al mismo tiempo, la relación concursal entre el uso del documento público falso y la estafa llevada a cabo mediante la presentación de ese documento es de carácter ideal, ya que mediante una única conducta se lesionan varios tipos penales que se pueden excluir lógicamente entre sí. Aquí, el engaño desplegado se habría materializado a través de la utilización del poder amplio de administración y disposición, conducta que se encuentra absorbida por la maniobra defraudatoria (conf.

precedente citado)".

"A la misma solución ha arribado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso en el que también la falsificación y el uso del instrumento espurio habría sido el ardid utilizado para inducir el error para la estafa. Al respecto, el Máximo Tribunal dijo que "...se trataría de un caso de pluralidad de movimientos voluntarios que responden a un plan común y que conforman una única conducta en los términos del art. 54 del Código Penal insusceptible de ser escindida, en la que la adulteración de documentos concurre idealmente con la estafa posterior con los documentos adulterados puesto que este segundo tipo se cumple como una forma de agotamiento del primero" (Comp. nro. 565 "Branca" del 30/08/2005; en similar sentido, Comp. nro. 1495 "Nápoli" del 06/07/2004, y Comp. nro. 1634 "Sica" del 19/08/2004)".
Cuestiones de competencia, hurto, competencia de instrucción, competencia correccional, modificación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: MURANO, Francisco s/ COMPETENCIA CRIMINAL. COMPETENCIA CORRECCIONAL. HURTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-09

No obstante la disminución de la pena del delito de hurto, por virtud de la ley 23077, circunstancia que determina la competencia de la justicia correccional, en el presente caso, iniciado con anterioridad a la sanción de aquella ley, corresponde que continúe investigando el Sr. Juez de Instrucción que previno; pues lo contrario supondría admitir la legitimidad de la sustitución 'ex post facto' -sin disposición normativa expresa que así lo establezca- de la vía ordinaria regulada por la ley procesal, por una vía sumaria a cargo de un único magistrado.

La cuestión planteada presenta contornos vinculados no sólo con el trámite sino con el órgano, lo que inclina por mantener la perpetuidad de la jurisdicción, porque esa es la solución que mejor consulta la garantía del juez natural, la de la ley previa (procesal) y la de la defensa (art. 18 CN).
Prisión preventiva, condena de efectivo cumplimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: ROLDAN SERGIO GUSTAVO Y OTROS s/ HOMICIDIO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-02-24

Para la adecuada resolución de la cuestión planteada -recurso de queja por casación denegada interpuesto en contra la resolución de la Sala IV de la Cámara Penal que resuelve rechazar el planteo de cese de prisión preventiva- no basta recurrir a lo normado en el artículo 283 inciso 3 CPP, prescindiendo de la circunstancia de que en la presente causa ha recaído ya sentencia condenatoria del Tribunal de juicio.

El imputado fue condenado a la pena de 9 años de prisión por el delito de homicidio. En esas condiciones, el dictado de una condena a prisión de cumplimiento efectivo justifica la vigencia de la medida cautelar por cuanto la resolución hace mérito de una variación sustancial en la situación procesal del imputado.
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: VILLALONGA DE ROLON ESPERANZA Y OTROS c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS. CORRIENTES 848. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-12

Ante la muerte violenta de una persona a raíz de un hecho ilícito nace para aquellos a quienes se refiere el art. 1085 del Código Civil - cónyuge y herederos forzosos- una acción "iure propio" para demandar la indemnización, que conlleva el beneficio de una presunción "iuris tatum" de daño material sufrido por ellos en orden a las posibilidades presentes o futuras de ayuda frustrada, cuyo resarcimiento corresponde establecer prudencialmente, de acuerdo con el vínculo de quien lo reclama y sus propias necesidades actuales y previsibles y en función, desde luego del caudal económico, profesión, oficio o empleo, edad y sexo de la víctima (conf C.N.Civ.

Sala F, L.214.682, del 2-8-77; L.215.441 del 16-11-77, L.L. 1978-C, p.673, s.3268 y E.D.82-489; L.210.164 del 31-5-77; L.217.103 del 2-2 78; Sala C, L.227.716 y L.227.715 del 27-7-78 y L.251.036 del 18-6 79).

Tratándose de una presunción "hominis", la misma tendrá distinta proyección según el vínculo del reclamante con la víctima. Los responsables del hecho ilícito pueden aportar la prueba que la desvirtúa y los damnificados deben allegar los elementos de ilustración que definan la dimensión de los daños.

Cuando la acción es entablada por los hijos mayores de edad -que ordinariamente se independizan de sus progenitores- esa presunción tiene mucho menos fuerza que respecto de los menores y del cónyuge, lo cual se traduce en una mayor facilidad de la prueba tendiente a destruirla.
Ejecución de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDARTE EDUARDO DANIEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-07-31

La ley procesal administrativa local establece dos excepciones al principio de la ejecutoriedad de las sentencias. Por un lado, el art. 87 estatuye la posibilidad de la suspensión de la ejecución de la condena por graves motivos de interés público, con la declaración de estar dispuesto a indemnizar los perjuicios que causare, y sólo por las causales enumeradas en el art. 92, las cuales deberán ser adecuadamente merituadas por el Tribunal. Por otro lado, el art. 95 incluye la posibilidad de la sustitución de la condena por el pago de una indemnización. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia absolutoria, querella, interés del menor, aplicación errónea de la ley
Materia: PENAL
Carátula: B., C. N. c/  s/ corrupción de menores
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-13

Debe rechazarse el planteo de nulidad de la sentencia absolutoria promovido por la querella por defecto de intervención de un Defensor Público de Menores, puesto que, en el marco del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el reclamo evidencia una interpretación errada de las disposiciones de aquella en tanto no alcanza a demostrar, con alguna argumentación razonada, por qué razón el Estado debería crear un órgano o proveer de un representante especial para alegar sobre el interés superior del niño ante las autoridades judiciales que deben decidir de una acusación penal dirigida contra una persona por un delito cometido contra un niño (voto del juez García).
Daños y perjuicios, indemnización, gastos médicos
Materia: CIVIL
Carátula: RIVERO, VICENTE GABRIEL c/ ESTADO NACIONAL - ESTADO MAYOR GRAL. DE LA ARMADA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-08

Si se atiende al tipo de afecciones que aquejan al demandante, parece claro que deberá recurrir en el futuro a la ingesta de ciertos medicamentos (v. Gr. Antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos). Y esto, a su vez, supone la consulta médica pues es sabido que excede las incumbencias del psicólogo recetar psico- fármacos, no pudiendo ser descartado que los dolores abdominales que padece el actor requieran el apropiado control periódico de un facultativo. En tales condiciones, la propia naturaleza de los males y trastornos del actor obran como prueba de la necesidad del gasto, bien que la circunstancia de no haber aportado elementos de juicio, claros y concretos, justifica que el rubro sea fijado con parquedad.