Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2007-11-29


ACUERDO N° 54/2007: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. EDUARDO J. BADANO, integrado por los señores Vocales Dres. JORGE O. SOMMARIVA, ROBERTO O. FERNÁNDEZ, EDUARDO F. CIA y RICARDO TOMÁS KOHON, con la intervención del señor Secretario, titular de la Secretaría Penal, Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos caratulados "Incidente Control de Internación en autos: Fiscalía de Zapala s/ Inv. Preliminar (M.A.G.) s/ Homicidio" (expte. n° 139-año 2007) del Registro de la mencionada Secretaría; se procedió a practicar la pertinente desinsaculación, resultando que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dr. Eduardo F. Cia; Dr. Roberto O. Fernández; Dr. Jorge O. Sommariva; Dr. Ricardo Tomás Kohon y Dr. Eduardo J. Badano.

ANTECEDENTES: Por resolución interlocutoria N° 84/2007 (fs. 1223) del Juzgado Correccional de la III Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Zapala, se resolvió, en lo que aquí interesa: "I.- NO HACER LUGAR al traslado definitivo del joven M. A. G. debiendo continuar alojado en la Unidad 11 de Neuquén Capital. II.- NO HACER LUGAR a la ampliación del Régimen de Salidas Extraordinarias concedido oportunamente.".

En contra de tal resolución, la señora Defensora Oficial Penal, Dra. Beatriz Susana Ambrogio, juntamente con su entonces Defensor Adjunto, Dr. Fernando Valsecchi, en representación del condenado dedujeron recurso de casación (fs. 1243/1246); el que fue declarado admisible por resolución interlocutoria N° 142/2007 de este Tribunal Superior de Justicia (fs. 1254/1255 vta.).

Por aplicación de la ley 2.153 de reformas del Código Procesal (ley 1.677), y lo dispuesto en el art. 424, párrafo 2°, del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, el recurrente no hizo uso de la facultad allí acordada, por lo que a fs. 1263, se produjo el llamado de autos para sentencia.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito, el Tribunal se plantea las siguientes CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas. VOTACIÓN: A la primera cuestión el Dr. EDUARDO F. CIA, dijo: I.- En contra de la resolución interlocutoria N° 84/2007 (fs. 1223), dictada por el Juzgado Correccional de la III Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Zapala, la Defensa del condenado M. A. G. dedujo recurso de casación. Concretamente, canalizando su censura a través del carril casatorio previsto en el inciso 1° del art. 415 del rito, la parte impugnante entiende inobservada la Ley de Ejecución Penal n° 24.660 a la vez que denuncia la omisión de la juez 'a-quo' de cumplir lo ordenado por este Cuerpo en un Acuerdo anterior (n° 25/2006) respecto a la entrevista que el interno G. debía consumar con la Defensora Oficial Civil.

Tal como se compendiara en el auto de admisión a trámite (fs. 1254/5), la Defensa entiende arbitrario el pronunciamiento por cuanto "(.) el Gabinete Criminológico, si bien se expidió negativamente en relación al traslado definitivo, había aconsejado la ampliación de visitas extraordinarias y V.S. se apartó del informe sin motivos valederos (.) ya que nunca tuvo inconvenientes en todos los traslados a esa ciudad [Zapala] ni tampoco convencen los argumentos relativos a que podría ser peligroso para sí mismo ya que en la Unidad n° 32 puede desarrollar diversas actividades.".

Señala que se omitió valorar que el interno G. nació en esa ciudad, y que no tendría asidero la consideración de la judicante, en cuanto a su relativa peligrosidad, ya que el mismo goza de concepto y conducta buenos.

Dice que el cuadro de situación del interno varió pues, conforme las constancias glosadas a fs. 1228, 1232 y 1233 estaría en peligro su integridad física; y que "aún suponiendo como lo hace la juez A quo que el Sr. G. fuera el causante de los inconvenientes (cosa que se desconoce ya que no hay constancia en autos de que se hubiera realizado un sumario en la U.D. n° 11 en el que declararan los internos, no se sabe si los mismos confeccionaron la nota bajo coacción, ni V.S. citó al Sr. G. a su despacho para entrevistarlo) lo cierto es que el Comisario Alvarez a fs. 1232 sugiere su traslado para resguardar la vida del Sr. G..".

El último de los agravios, como se decía, tiene atingencia en la falta de concreción de la entrevista con la Defensora Oficial Civil y el consecuente incumplimiento del Acuerdo n° 25/2006 dictado por este Cuerpo.

II.- Que luego de analizado el recurso, la resolución impugnada y las constancias del legajo que se vinculan con los agravios desarrollados, soy de opinión - y así lo propongo al Acuerdo - que la casación deducida debe ser declarada procedente. Ello, no obstante merece a su vez una aclaración adicional:

1.- Señala Fernando De la Rúa -en opinión que hago propia- que "(.) abierto el recurso de casación, la cámara puede examinar la sentencia también en lo que atañe al contenido de un agravio respecto al cual no se planteó o se denegó el recurso, si la materia de aquél corresponde al ámbito de las nulidades insubsanables (C.P.P., art. 167), aunque haya mediado consentimiento del defensor, porque tales nulidades pueden ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso." (cfr. "La Casación Penal", Ed. Depalma, Bs. As., 1994, pág. 255).

Esta cuestión resulta de trascendencia porque si bien el error que los letrados le atribuyen a la sentencia se postuló al amparo de la primera alternativa del artículo 415 del C.P.P. y C. (cfr. fs. 1244 vta.), no explica la parte qué norma en concreto se inflingió y cuál, en su defecto, sería la aplicable al caso concreto.

Más aún, el desarrollo de los agravios permite interpretar una alegada falta de fundamentos del pronunciamiento objetado (cfr. fs. 1244 vta./1245 vta.). Y ello, obviamente, reconduce a un vicio "in procedendo" alojado, indudablemente, en el segundo supuesto de casación.

Claro está que el error en la denominación del motivo no constituye causal de inadmisibilidad si, como en este caso, los agravios se hallan suficientemente expuestos (cfr. Fernando de la Rúa, op. cit., pág. 225). En igual dirección, la Jurisprudencia ha expresado que "(.) aunque el recurso haya sido interpuesto y concedido con mención única del inc. 1 del art. 493, C.P.P. (relacionado con inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva), si se ha desarrollado sustancialmente un agravio propio del inc. 2, la jurisdicción ha quedado abierta también por inobservancia de formas procesales prescritas bajo pena de nulidad" (T.S.J. Cba., 5/3/68, diario "La Ley", 17/7/68, "Gómez", seguido a su vez por el mismo tribunal en autos "Santi", B.J.C. XXX, 18/8/86;"Pérez Molina", B.J.C. XXIX; "Trecco", L.L.C. 984-323; entre otros). 2.- La decisión de la magistrado actuante por subrogación legal ante el Juzgado Correccional de Zapala, Dra. Ivonne San Martín, tiene como antecedente las peticiones efectuadas por la asistencia técnica oficial referidas al traslado definitivo de G. a la Unidad n° 32 de aquella ciudad (fs. 1181) y a la ampliación del régimen de salidas extraordinarias (escrito este último que si bien luce agregado con posterioridad a la resolución materia de recurso, fue presentado un día antes de su dictado, cfr. cargo de recepción de fs. 1225 vta.).

Los fundamentos que llevaron al rechazo de ambas pretensiones resultaron ser, sintéticamente, los siguientes:

a) Sobre su ubicación definitiva, sopesó el riesgo que conllevaría el alojamiento de G. en aquella jurisdicción, de acuerdo al informe elaborado por el Gabinete Criminológico, donde se establece un peligro concreto para su integridad física, por el tipo de delito atribuido, su resonancia social y la situación conflictiva mantenida con el resto de la población carcelaria allí ubicada.

b) En cuanto a la ampliación de las salidas transitorias (igualmente sugeridas por el Gabinete Criminológico), la magistrado de grado entendió que los traslados bimestrales satisfacen de manera suficiente el afianzamiento de sus lazos familiares.

La defensa objetó lo primero señalando que durante sus habituales traslados temporarios a la localidad de Zapala nunca se originó ninguna situación problemática, siendo su concepto y conducta buenos; y que en todo caso, en la Unidad 32 recientemente inaugurada (también con sede en Zapala), podría continuar su tratamiento penitenciario (fs. 1.245). Agrega que se desconoce si las notas suscriptas por algunos de los internos lo fueron de forma voluntaria o bajo coacción, pero que en todo caso la situación operada en la actualidad impone su rápido traslado ya que el propio Comisario Alvarez señaló el peligro que corre dentro de la U-11, lo que se documenta a su vez con las notas glosadas a fs. 1228, 1232 y 1233; concluyendo que su actual mantenimiento en un pabellón de la U-11, aislado de los demás internos, desvirtuaría los objetivos de la ejecución penitenciaria.

Ya sobre la negativa a ampliar sus salidas, la esforzada defensa expuso que la magistrado se apartó, sin dar razones valederas, de las conclusiones del Gabinete Criminológico que lo entendían como conveniente.

3.- Que, respetuosamente, y con los alcances que luego señalaré, habré de disentir con lo resuelto por la Dra. Ivonne San Martín, en cuanto dispone mantener al interno M. A. G. dentro de la U-11. En efecto:

Si bien la propia magistrado ha entendido inconducente su alojamiento en la unidad zapalina con base en el peligro que devendría para su integridad física (cfr. fs. 1.223), dicho factor -como bien lo destacó la Defensa- resulta verificable del mismo modo en su actual lugar de detención (U-11), pues como expresamente se desprende de la nota n° 415/07 "DD-11" de fecha 24 de abril del corriente suscripta por el Comisario Gabriel Alvarez, dicho funcionario solicitó a la Dra. San Martín la reubicación de G. por problemas de convivencia verificados en varios de los pabellones de dicha sede (cfr. fs. 1232); situación de la que fue debidamente impuesta sin adoptar otra medida que la de sugerir el resguardo de la integridad física de todos los internos a su cargo (cfr. fs. 1.237/8). Dicho de otro modo: el criterio acerca del peligro como factor determinante para rechazar la permanencia definitiva de G. en la unidad carcelaria emplazada en su ciudad de origen, fue luego inaplicado al mantenerse la tesitura de fs. 1.223, sin que la magistrado reviera su propio pronunciamiento, aún cuando se le informaba del riesgo cierto que conllevaba para dicho detenido su permanencia en la Unidad de esta ciudad capital (cfr. en especial la providencia de fs. 1.237); y tal situación, claro está, debe ser rápidamente corregida.

Por lo demás, el informe del gabinete criminológico glosado a fs. 1.220 y vta., elaborado a instancia del requerimiento efectuado a fs. 1.191 (sobre la peligrosidad que generaría para G. su reubicación en otra sede) no satisface plenamente aquella inquietud, pues además de no expresar la unidad penitenciaria en la cual dicho interno tendría una situación conflictiva (no se indica si se refiere a la U-31 ó a la U-32 en las cuales estuvo alojado transitoriamente [cfr. fs. 1150, 1159, 1173 y 1213]), dicho aserto -se dice- lo sería con base exclusiva en su relato (fs. 1.220 vta., último párrafo); extremo que, sin pretender poner en duda lo atestado en aquel informe, no se compadece con su intención de ser albergado en su ciudad de origen ni con las constancias que acreditan su permanencia transitoria en cualesquiera de esas Unidades para afianzar sus lazos familiares (llevadas a cabo sin ningún tipo de incidencia); cuestiones que merecen ahondarse para satisfacer plenamente el atinado decreto de ordenación obrante fs. 1.189 suscripto por la magistrado de grado por el cual, previo a resolver el pedido del interno, decidió nutrirse de los informes pertinentes. En otro orden de ideas, se advierte una marcada contradicción en el decisorio objetado pues para decidir en vinculación al primer punto dispositivo de su resolutorio, la magistrado se amparó plenamente en la primera de las conclusiones del informe apuntado y, sincrónicamente en el ítem siguiente del mismo auto -sin dar ningún tipo de razón- resolvió en contra de lo que aconsejaba ese mismo informe, referido a la necesidad de ampliar la periodicidad de las Salidas Extraordinarias otorgadas a G.; cuestión igualmente observada por la Defensa durante la preparación del recurso y erigida como objeto de agravio (cfr. fs. 1244 vta. última parte/1245), lo que conduce a descalificar, por dogmática, dicha decisión.

En mérito de los argumentos expuestos considero haber demostrado la razón por la cual - y tal como lo anticipara - la casación deducida debe ser declarada procedente. Tal es mi voto.

El Dr. ROBERTO O. FERNANDEZ, dijo: Adhiero al voto del señor Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

El Dr. JORGE O. SOMMARIVA, dijo: Que comparto la solución sustentada por el Vocal preopinante en primer término, atento los fundamentos dados a la presente cuestión, Mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Por compartir las conclusiones dadas por el señor Vocal que sufragara en primer término, adhiero a la solución que propicia. Así voto.

El Dr. EDUARDO J. BADANO, dijo: Que adhiero a los fundamentos precedentemente expuestos, por el señor Vocal que votara en primer término, por lo que emito mi voto en igual sentido. Así voto.

A la segunda cuestión, el Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Atento a lo resuelto al tratar la cuestión precedente, propongo al Acuerdo, se declare la nulidad del decisorio materia de recurso por falta de fundamentación (art. 415, inciso 2° y 106 del C.P.P. y C.); debiendo reenviarse los actuados al tribunal de origen para que dicte nuevo pronunciamiento ajustado a derecho. Recomendando -por los motivos ya expuestos- ampliar los informes requeridos a fs. 1189 para resolver su situación definitiva de alojamiento, sin perjuicio de su inmediata reubicación en la unidad que se entienda más adecuada, en atención al peligro cierto para su integridad física señalado por el responsable de la U-11. Mi voto.

El Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ, dijo: Comparto la conclusión sustentada por el Vocal preopinante, atento los fundamentos dados a la primera cuestión. Mi voto.

El Dr. JORGE O. SOMMARIVA, dijo: Por compartir la solución dada a esta segunda cuestión por el Dr. Eduardo Felipe CIA, voto en igual sentido.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Atento los fundamentos propiciados a la primera cuestión planteada, comparto la solución dada por el señor Vocal de primer voto a esta segunda cuestión.

El Dr. EDUARDO J. BADANO, dijo: Atento la solución dada a la primera cuestión, me expido en idéntico sentido a la conclusión a la que arriba el señor Vocal preopinante en primer término, a esta segunda cuestión.

A la tercera cuestión, el Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Sin costas en la instancia (artículos 491 y 492, a contrario sensu, C.P.P. y C.). Tal es mi voto.

El Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ, dijo: Adhiero a lo propuesto por el Dr. Eduardo Felipe Cía. Así voto.

El Dr. JORGE O. SOMMARIVA, dijo: Comparto lo manifestado por el señor Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Corresponde eximir de costas como lo expresa el Dr. Eduardo Felipe Cía. Así voto.

El Dr. EDUARDO J. BADANO, dijo: Debe eximirse de costas al recurrente de conformidad con los arts. 491 y 492, a contrario sensu, del C.P.P. y C. Mi voto. De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.-HACER LUGAR al Recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial Penal Dra. Beatriz Susana Ambrogio, en forma conjunta con el entonces Defensor Adjunto, Dr. Fernando Valsecchi, a favor de M. A. G.. II.-DECLARAR LA NULIDAD del auto interlocutorio n° 84/2007 del juzgado Correccional de la III Circunscripción Judicial por falta de fundamentación (art. 415 inc.2° y 106 del C.P.P. y C.).- III.- REENVIAR los actuados al tribunal de origen para el dictado de nuevo pronunciamiento. Recomendando ampliar los informes requeridos a fs. 1189 para resolver su situación definitiva de alojamiento, sin perjuicio de la inmediata reubicación en la unidad que se entienda más adecuada, en atención al peligro cierto para su integridad física señalado por el responsable de la Unidad de Detención N°11. IV.-Sin Costas (arts. 491 y 492, contrario sensu, del C.P.P. y C.). V.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones al Juzgado de origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación, por ante el Actuario, que certifica. Dr. EDUARDO J. BADANO - Presidente. Dr. JORGE O. SOMMARIVA - Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ - Dr. EDUARDO FELIPE CIA - Dr. RICARDO TOMÁS KOHON Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario