Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-05-26


AUTOS Nº 10112 - "CASTRO Dora Isabel C/ Centro de Empleados de Comercio y Otro S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los 26 días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Lucía E. Daroni de Pontoriero, Miguel Ernesto Novoa y Julio Rolando Coll, bajo la presidencia a cargo de la primera de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 10112, caratulados "CASTRO DORA ISABEL C/ CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y OTRO S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia dictada a fs. 346/360 por el Sr. Juez del Cuarto Juzgado Laboral, se resolvió hacer parcialmente lugar a la demanda impetrada por la actora, condenando a la demandada a abonar a la misma la suma que resulte de la liquidación mandada a practicar con más sus intereses, y a entregar la certificación de servicios en la forma ordenada.

Contra este fallo se alzan ambas partes en apelación, haciéndolo la parte actora a fs. 362 y la demandada a fs. 377. A fs. 365/372 y 379/383 obran las respectivas expresiones de agravios, y a fs. 384/389 y 391/395 sus contestaciones. A fs. 401/402 consta la participación de Fiscalía de Cámara, llamándose autos a resolver a fs. 406. A fs. 407 se practica el sorteo para la emisión de los votos de los Sres. Camaristas, el que arrojó el siguiente resultado: 1)- Dra. Daroni; 2)- Dr. Novoa y 3)- Dr. Coll.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la demandada? Segunda cuestión: Es procedente el deducido por la actora? Tercera cuestión: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

I- Por la sentencia recurrida se decidió acoger favorablemente la demanda interpuesta por la actora, disponiéndose la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados en la forma que determina, con fundamento en que, no obstante la negativa de la demandada respecto a la existencia de relación laboral, la misma ha quedado acreditada en la causa. Para así resolver, sostuvo: 1)- Que las partes suscribieron en enero de 1982 un convenio al que denominaron "contrato de concesión", el que se encuentra reservado y reconocido por las partes, en el cual se detalla entre otras obligaciones que la actora "se obliga a brindar personalmente la atención de peluquería", "el mantenimiento de correcta presentación, orden, decoro, correcta atención, respeto por los horarios, etc.", "se convienen los siguientes días y horarios de atención: martes a viernes, mañana y tarde, hasta media hora después del cierre del comercio; lunes a la tarde con igual modalidad horaria, sábados con horario corrido hasta la tarde según convenga por razones del clima", "como único titular en la explotación de la peluquería cedida la concesionaria será exclusiva recaudadora y beneficiaria de los ingresos que por atención de socias y particulares obtenga la peluquería", "la concesionaria se obliga a entregar, terminado este convenio, en las mismas perfectas condiciones en que los recibió, los salones y elementos cedidos para su función", "el presente convenio se pacta en un año de duración, a contar de la fecha de su firma pudiendo ser prorrogado si las partes lo convienen", "este convenio se prorrogará automáticamente por un nuevo período si las partes no denuncian su vencimiento con una anticipación mínima de cinco días anteriores a la fecha de su vencimiento". 2)- Que durante todo el desarrollo de la relación, la demandada otorgó recibos (los que fueron acompañados en gran número) por el uso del salón por $ 15 mensuales. 3)- Que durante el desarrollo de la vinculación, se confeccionaron planillas con los valores de los servicios brindados por la actora que fueron supervisados por las autoridades del sindicato (fs. 208 PDA), aclarando que en ésto toma trascendencia los dichos del Sr. Chalampa (peluquero también en el sindicato) dada la similitud de circunstancias, cuando expresó "...ellos (el sindicato) me dan la instalación y no pago alquiler ni nada, únicamente ellos me ponen el precio del corte al socio, y el dinero que cobro es para mí". 4)- Que las tareas fueron desarrolladas dentro de las instalaciones del Sindicato. 5)- Que los pagos eran efectuados directamente a la actora, lo que surge de lo declarado por los testigos ofrecidos. 6)- Que la actora atendía en las instalaciones del Sindicato a personas afiliadas al gremio, y a personas no afiliadas al gremio, cobrándose tarifas diferenciales. 7)- Que los elementos con los que efectuaba los trabajos eran de propiedad de la actora, en gran parte. Sin embargo también los había de propiedad del Sindicato. 8)- Que durante el curso de la vinculación se modificaron varias veces los lugares donde fueron prestados los servicios, siempre dentro de las instalaciones del Sindicato, lo que evidentemente fue por decisión de las autoridades del Sindicato, pues no se ha aportado elemento alguno que demuestre que lo fueron por voluntad de la actora. 9)- Que la actora se encuentra inscripta como contribuyente ante la AFIP con fecha de inicio 01/1992, y que estuvo inscripta como monotributista desde abril/2000 hasta septiembre/2010. 10) Que la accionada no ha acreditado su postura defensiva, es decir, que sólo estuvo vinculada a la actora por la concesión del derecho a la explotación de la Peluquería de Damas; es decir, no ha enervado la presunción del art. 23 de la LCT. 11)- Que, luego de transcribir las partes pertinentes de la ley 23947, concluye que no enerva la condición de trabajadora en relación de dependencia el modo en que la actora percibió su remuneración, siempre que de las demás circunstancias resulte la existencia de un contrato de trabajo, pues la LCT prevé que el mismo se puede pactar por rendimiento de trabajo, y en este caso, por unidad de obra, a comisión, gratificación o participación en las utilidades e integrarse con premios en cualquiera de sus formas o modalidades. 12)- Que si bien de algunas de las circunstancias acreditadas podría abonarse la tesis de la inexistencia de vinculación de carácter dependiente, el conjunto de condiciones en que las tareas se prestaron no hacen más que reafirmar que en realidad sí existió un contrato de trabajo; así la subordinación económica mantenida por años, sin perjuicio de que los emolumentos fueron percibidos directamente por ella de los clientes (afiliados o no), lo que implica que mes a mes percibió sumas regulares por las tareas efectuadas a favor y bajo las condiciones impuestas por el sindicato, quien supervisaba y controlaba las tareas. 13)- Que si bien se invocó la existencia de un contrato de concesión, no se acompañó ninguno posterior al mismo para acreditar una vinculación autónoma.

II- Contra esta parte del fallo se alza la demandada en su recurso, por entender que causa agravios a su parte la errónea interpretación del A quo de los arts. 21, 22, 104 y 112 de la LCT, como asimismo de la ley 23.947. Expresa que: a)- una de las condiciones esenciales o configurativas que se encuentra en tales normas, es el pago de una remuneración; elemento cualificante que en el caso, no se presenta, lo que ha quedado demostrado con los testimonios rendidos de fs. 139/141, 149/154, 184/188 y 169/171, como asimismo con el contrato de concesión. Aclarando que ello fue tenido por acreditado también por el A quo en su sentencia. Insiste en que la que percibía directamente el cobro de los servicios de peluquería era la actora, lo que era para ella, por lo que era imposible que el demandado tuviera algún conocimiento de qué trabajos hacía y la cantidad de los mismos. No los rendía a nadie, lo que evidencia que explotaba su propia empresa. b)- la interpretación que realiza de la ley 23.947, también es incorrecta, por las mismas razones anteriores, en tanto la misma requiere que, independientemente de la modalidad, el empleador abone una remuneración. c)- de cada uno de los elementos que el A quo tiene por acreditados, surge la inexistencia de la relación laboral; así del contrato de concesión (cláusula 8), surge que la actora era la exclusiva recaudadora y beneficiaria de los ingresos por atención de socios y particulares; que según tiene por acreditado el A quo los pagos eran efectuados por los clientes directamente a la actora conforme lo declararon los testigos; que atendía también a no afiliados al sindicato; que era la propietaria de gran parte de los elementos; que se encontraba inscripta como contribuyente ante la AFIP, y luego como monotributista; que en horarios de atención abandonaba las instalaciones y asistía a casas de clientas particulares (según testigo de fs. 140 vta); que los productos eran adquiridos por ella. Todas circunstancias que acreditan una prestación autónoma, como estaba voluntariamente inscripta ante la AFIP. d)- debe aplicarse el principio de primacía de la realidad, y disponerse el rechazo de la demanda.

III- Los agravios referidos son resistidos por la contraria en su escrito de contestación, quien solicita la confirmación del decisorio en el aspecto apelado, abundando los fundamentos del Inferior en favor de su pretensión, a los que me remito en honor a la brevedad, y en tanto se analizan al resolver la cuestión.

IV- Expuestos suscintamente los antecedentes del recurso venido a estudio, y luego de analizadas las circunstancias de la causa, pretensiones de las partes, pruebas producidas, fundamentos del sentenciante y de los escritos recursivos, adelanto opinión en sentido favorable a la recurrente, disintiendo con la opinión vertida por el A quo, por entender que en la causa, de modo alguno, ha quedado acreditada la existencia de una relación laboral. Por el contrario, considero que existe suficiente material probatorio, para tener por acreditada la existencia de una vinculación regida por el derecho civil, y por ende, fuera del ámbito de protección de la LCT. Pudiendo incluso afirmar que de las mismas circunstancias y hechos que el A quo tiene por acreditados en autos, según lo expresa en su fallo, resulta una conclusión contraria; es decir, la inexistencia de relación laboral. Me permito también considerar, que tal situación en que se desarrolló el vínculo no escapó al conocimiento de la accionante, quien llevó a cabo su actividad en la forma pactada con la demandada por cuarenta años, en forma pacífica, sin realizar ningún tipo de cuestionamiento ni reclamo a lo largo de tantos años, respecto de derechos que reconoce la ley laboral. Ello, atento las siguientes consideraciones:

El artículo 21 de la LCT define el contrato de trabajo, expresando que "Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración...". Por su parte, el 22, define la relación de trabajo, expresando que "Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen.

Cabe por otra parte recordar, que alegada por el actor la existencia de una relación laboral, desconocida por la contraria, pesa sobre el mismo la carga de acreditar no sólo que prestó servicios, sino que los mismos lo fueron en relación de subordinación (cf. Jurisprudencia de la Excma. Corte de Justicia, en torno a la presunción del art. 23 de la LCT., en Autos "Arancibia c/ A.C.A." del 25/10/2004). De igual modo, que, presentado un contrato de naturaleza civil suscripto por las partes, y reconocido por ambas, pesa sobre quien pretende el desconocimiento de sus efectos acreditar la existencia de fraude conforme art. 14 de la LCT.

De las definiciones contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo antes citadas, puede extraerse que el signo distintivo fundamental de un contrato o de una relación laboral es el desarrollo de servicios en relación de dependencia de otra; dependencia que se advierte en tres aspectos; en lo económico, en lo técnico y en lo jurídico. Sosteniendo, a diferencia de la conclusión a que arriba el sentenciante, que de acuerdo a las circunstancias que han quedado probadas en la causa y que son pormenorizadamente expuestas en el fallo atacado, tales notas de dependencia no se han dado en la relación habida entre las partes, con lo que el reclamo de autos carece de fundamento.

En efecto, la propia actora acompaña a la causa un "convenio de concesión de peluquería de damas", suscripto en enero/82 y reconocido por ambas partes, de cuyas cláusulas puede extraerse en forma genérica, que las partes pactan lo siguiente:

- que el Gremio otorga a la concesionaria el derecho de explotación de la Peluquería de Damas y cede dos salones parcialmente amoblados para ello, como también el uso de sanitarios y teléfono necesarios; y la concesionaria se obliga a brindar personalmente la atención de peluquería, como asimismo a que pondrá por su cuenta secadores, sillas, toilette, calefón a gas y las herramientas necesarias para el cumplimiento de su cometido.

- que las funciones profesionales del concesionario y de sus posibles auxiliares en modo alguno implican relación laboral con el Gremio.

- que la concesionaria debe mantener una correcta presentación, orden, decoro, correcta atención y respeto de horarios, lo que en caso de incumplimiento podrá autorizar al Gremio a considerar disuelto el convenio.

- que la concesionaria se obliga a brindar atención a las beneficiarias del Gremio (que acrediten presentando el carnet de afiliación, con cuota al día), las que abonaran tarifas especiales convenidas entre las partes.

- que para las atenciones de su clientela particular, la concesionaria determinará tarifas según su criterio y conveniencia.

- que se convienen días de atención, y además que la concesionaria es la única titular de la explotación y exclusiva recaudadora y beneficiaria de los ingresos que por atención de socias y particulares obtenga la peluquería.

- que el convenio se pacta por una año, pero se prorrogará automáticamente por un nuevo período si las partes no denuncian su vencimiento con anticipación.

De tales cláusulas -genéricamente referidas- surge claramente que las partes convinieron expresamente, un vínculo de naturaleza civil, mediante el cual ambas se beneficiaron en un marco a prima facie equitativo. No caben dudas de que el Gremio brindaba de esta forma un beneficio a sus afiliados (lo que resulta estar dentro de los objetivos de este tipo de asociaciones) y por otro la concesionaria obtenía un espacio a muy bajo costo para desarrollar su actividad, a más de una numerosa cantidad de clientas -aún percibiendo por ellas una tarifa preferencial- con la posibilidad de incluso atender a particulares.

Cabe resaltar, por otra parte, que no se ha invocado y menos aún acreditado, que dicho convenio lo haya sido en fraude a la ley, es decir, aparentando formas para ocultar otro tipo de vinculación, o mediante una voluntad viciada; con lo que debemos presumir que ambas partes lo suscribieron con discernimiento, intención y libertad. Lo que no solamente surge de la prueba producida en la causa, sino que también puede advertirse del comportamiento pacífico de las partes, tanto al celebrar como al ejecutar el mismo en cumplimiento de lo pactado y con autonomía económica, técnica y funcional, durante cuarenta años. Autonomía, que lleva a descartar, en el caso, la presencia de una relación de dependencia laboral. Por lo que considero que el acogimiento de su pretensión de desconocer en este estado lo convenido con anterioridad, en pleno uso de su voluntad, no sólo implicaría violar las reglas morales que le dan sustento básico a una armónica convivencia, sino que además atentaría contra la seguridad jurídica, al fomentar el basamento de las relaciones humanas, no ya en decisiones voluntarias, sino en ocasionales conveniencias con prescindencia del respeto del orden jurídico y del compromiso asumido.

En efecto, puede decirse que asiste razón a la demandada cuando expresa en su recurso que no se ha acreditado una de las condiciones configurativas de la relación de dependencia, insertas en los arts. 21, 22, 104 y 112, cual es el pago de una remuneración. De ninguna de las probanzas aportadas surge que la accionante hubiera recibido una remuneración, en cualquiera de sus formas. Claramente surge del convenio, que la actora era la exclusiva recaudadora, tanto de lo abonado por las afiliadas al Gremio como por sus clientas particulares; e igualmente surge de la prueba testimonial prestada en autos, tal como expresamente el Sr. Juez lo tiene por acreditado en su fallo. Lo que demuestra la ausencia de dependencia económica; máxime, cuando resulta claro que la propia actora era quien asumía los riesgos de la explotación, pues no sólo no se ha aportado prueba para acreditar, por ejemplo, que la actora rindiera cuentas de lo recaudado al Gremio o que éste último ejerciera algún control sobre los trabajos realizados y el dinero percibido por la primera, sino que ha quedado probado todo lo contrario; esto es, que ella percibía directamente la ganancia de su explotación. La que por otro lado, no puede afirmarse que fuera regular mes a mes, como lo indica el sentenciante, pues no existe prueba alguna sobre los ingresos que tuvo la actora.

Cabe agregar que tampoco se ha acreditado la existencia de dependencia jurídica. No existe un sólo elemento de prueba que acredite que la demandada ejerciera sobre la accionante su potestad de dar órdenes, instrucciones, o de aplicar sanciones. Es más, del propio convenio suscripto surge que en caso de incumplimientos por parte de la actora con su cometido, el Gremio sólo podría considerar disuelto el convenio. Y si bien es cierto que los horarios de atención coincidían con los horarios en que el Gremio tenía abiertas sus puertas, como igualmente, que en varias ocasiones se trasladó el salón de la peluquería, ello guarda total correspondencia con el contrato de concesión, en tanto las oficinas que se ponían a disposición de la concesionaria como parte del trato, estaban dentro del edificio del Gremio y eran de su propiedad. En cuanto a las planillas con precios de los trabajos, acompañada por la actora (PDA 209 y ss), de las mismas sólo surge el precio diferenciado que se convenía por la atención de las afiliadas; lo que así estaba pactado en el convenio, siendo lógico que el Gremio se asegurara su cumplimiento.

También asiste razón a la demandada, con respecto a que el A quo realiza una incorrecta interpretación de la ley 23.947, la que por otro lado, considero no se aplica a la accionante, en tanto surge claramente de las circunstancias antes apuntadas y de la prueba producida, que ella justamente era la dueña o propietaria exclusiva de la explotación, siendo que en la cláusula primera de la ley refiere respecto como ámbito de aplicación, al "... personal que trabaje en relación de dependencia en peluquerías para damas o caballeros..." Cabe aclarar asimismo, que el hecho de que no se hubiera acompañado a autos convenios de concesión posteriores al presentado, en nada modifica la apreciación antes expuesta, en tanto no existe ningún elemento aportado al proceso del cual pudiera surgir un cambio posterior en las circunstancias en que se llevaba a cabo el servicio de peluquería concedido. No resultando, de modo alguno procedente la aplicación en la causa de la norma del art. 23 de la LCT, pues, como se viene sosteniendo, no se ha demostrado con prueba suficiente, que los servicios prestados por la actora lo hubieran sido en relación de dependencia.

Tampoco obsta a tal conclusión, el hecho de que para ingresar a las instalaciones debía hacerse por la sede del Gremio, ni el pago de un canon de $ 15 que debía realizar la actora a aquél. Circunstancias que, como se expuso previamente, se encuentran enmarcadas en lo convenido en el contrato de concesión.

Asiste, por último, razón al apelante en su tercer agravio, en cuanto son numerosos los elementos coadyuvantes que abonan la falta de vinculación laboral, y que como lo expresa el propio sentenciante se encuentran acreditados en la causa, si bien él llega a una conclusión distinta. Entre ellos: la suscripción del convenio de concesión antes referido; que los pagos eran efectuados directamente a la actora; que ésta atendía a clientas afiliadas y a no afiliadas, y que sólo cobraba tarifas diferenciales a las primeras; que era propietaria de gran parte de los elementos de la peluquería; que estaba inscripta como contribuyente en la AFIP; que optó como monotributista a ser beneficiaria de la obra social OSECAC. A lo que se agrega, según declaraciones de fs. 140 vta. y 135 vta. que incluso asistía a la casa de clientas particulares, y que los productos que utilizaba eran adquiridos por la misma. Efectivamente, todas las circunstancias apuntadas, no vienen más que a refrendar la posición defensiva adoptada por la demandada.

Por lo que, atento las consideraciones efectuadas, propicio se acoja favorablemente el recurso de apelación deducido por la demandada, revocándose la sentencia apelada, y en consecuencia, se disponga el rechazo de la demanda incoada en autos.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

De acuerdo a lo decidido precedentemente, el recurso deducido por la parte actora ha devenido en abstracto, por lo que resulta intrascendente entender en el mismo.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN LA DRA. LUCIA DARONI DE PONTORIERO DIJO:

En cuanto a las costas de ambas instancias deben ser impuestas a la actora, de acuerdo al resultado del proceso, y lo dispuesto por los arts. 264 del CPC y 125 del CPL. En cuanto a la regulación de honorarios, corresponde se inviertan los porcentajes de regulación efectuados en la instancia anterior a los profesionales actuantes, y se regule por su actuación en segunda instancia, en el 35% y 30% del honorario allí fijado, a los apoderados de la parte demandada y actora respectivamente. -Ley 56-O- LOS DRES. MIGUEL ERNESTO NOVOA Y JULIO ROLANDO COLL DIJERON:

Que por los fundamentos expuestos se adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I)- Acoger favorablemente el recurso de apelación deducido por la demandada, y declarar abstracto el interpuesto por la actora, en un todo de acuerdo a las consideraciones efectuadas precedentemente, al tratar las dos primeras cuestiones.

II)- Imponer las costas y regular honorarios de ambas instancias, en la forma expuesta al tratar la tercera cuestión.

III)- Tener presente las reservas de derecho formuladas.

IV) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.-