Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-05


ACUERDO N° 42. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los cinco días del mes de julio del año dos mil once, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia con la presencia de sus integrantes Doctores RICARDO TOMAS KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la Secretaria titular de la Secretaría de Demandas Originarias Doctora Cecilia Pamphile, en autos caratulados: "BRAVO LETICIA ELIZABETH Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", expte. n° 1819/06, en trámite por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y CONSIDERANDO: I.- Que a fs. 140 la Fiscalía de Estado interpone recurso de aclaratoria contra el Acuerdo 29/10.

Afirma que dicho Acuerdo hace lugar al pago de las diferencias y establece que se abonarán a todos los actores considerando la fecha de interposición de la demanda (31 de julio de 2006) y que se liquidarán en la etapa de ejecución de sentencia no pudiendo retrotraerse en ningún caso más allá del 31 de julio de 2000.

Refiere que, tal como señalaron al interponer el planteo liberatorio, los periodos no prescriptos son los correspondientes a los cinco años anteriores a la interposición del reclamo administrativo.

Dice que, en consecuencia, para cada actor, la fecha desde que corren las diferencias son distintas y las detalla.

Solicita que se aclare el decisorio en tal sentido y se establezca la fecha exacta en que deben comenzar a abonarse las diferencias en cada caso.

II.- A fs. 141/2 la Municipalidad de Neuquén interpone, recurso de nulidad en los términos del art. 67 incs. a) y d), en base a iguales fundamentos que el de aclaratoria.

III.- Sustanciado el planteo con la actora, no contesta.

IV.- Corridas las actuaciones, en Vista Fiscal, el Sr. Fiscal se expide a fs. 173. Opina que, dado que, el recurso de aclaratoria interpuesto por la Fiscalía de Estado guarda similitud con lo argumentado en el de nulidad formulado por la demandada, corresponde el tratamiento y resolución del primero de ellos.

V.- En orden a los recursos interpuestos, se resolverá, en primer lugar, el de aclaratoria.

Al respecto, corresponde señalar que la vía intentada resulta procedente y el reclamo ha sido interpuesto en término.

Sabido es que la aclaratoria representa el acto por el cual se pretende la corrección de un error material, la aclaración de algún concepto oscuro o que se supla alguna omisión, sin alterar lo sustancial de la decisión.

Se entiende entonces, que la aclaratoria está destinada a suplir las "dudas acerca de cuál es la verdadera voluntad del juez, oculta tras imprecisiones idiomáticas que incumplen el deber estatuido por el artículo 163, inciso 6° del C.P.C. y C" (cfr. Falcón, en Revista de Derecho Procesal, T.2, "Medios de Impugnación-Recursos I, pág. 27 y sgtes.).

La sentencia -Acuerdo 29/10- ordenó el pago retroactivo de las diferencias salariales conforme los parámetros establecidos en el considerando XIV, el que a su vez dispuso: ". corresponde partir para el cómputo del plazo de prescripción desde la fecha de interposición de la demanda, esto es, 31 de julio de 2006. Es decir que, desde esa fecha y considerando el plazo de suspensión del recurso o reclamación administrativa, por el tiempo útil (cfr. art. 193 Ordenanza N° 1728), en la etapa de liquidación, se procederá a la determinación y liquidación correspondiente a cada uno de los actores, que en ningún caso, podrá retrotraerse más allá del 31 de julio de 2000." Ahora bien, en este caso, como se ha visto, la sentencia no contiene un error material consistente en la fecha desde la cual corren las diferencias salariales reclamadas, ni tampoco oscuridad que no permita establecer su alcance.

Por el contrario en el decisorio se estableció en forma clara y concreta desde cuándo comienza el cómputo; asimismo que debía considerarse el tiempo útil del plazo de suspensión (de acuerdo a la fecha de interposición del reclamo) y la fecha límite que es la equivalente a un tiempo útil de suspensión completo (1 año).

Es decir que no existe el error señalado por la recurrente. La voluntad implícita en el decisorio fue condenar a la demandada al pago de las diferencias salariales reclamadas no presciptas.

En este sentido, es evidente que no es necesario aclaración en tal sentido dada la claridad con al que se estableció la forma de cómputo del plazo.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de aclaratoria.

VI.- En virtud del rechazo anterior es preciso ahora analizar el recurso de nulidad interpuesto por la Municipalidad de Neuquén, por el carril previsto en los inc. a) y d) del art. 67 de la ley 1305.

VII.- El recurso de nulidad supone la existencia de graves irregularidades en la sentencia recurrida ya que el vicio que provoque la nulidad tiene que ser grave, capaz por sí mismo de poner en evidente peligro el derecho que asiste a la parte agraviada.

Se trata de un remedio al que se puede acudir contra decisorios de este Tribunal dictados en ejercicio de su competencia contencioso administrativa de única instancia, que constituyen en sí mismas sentencias definitivas en sentido estricto (Cfr. Manual de Derecho Administrativo, José R. Dromi, T° II, pág. 405-i).

VIII.- En este caso, como se verá, el recurso resulta improcedente por no configurarse ninguna de las causales de nulidad esgrimidas.

La queja deducida a fs. 141/2, se ha interpuesto por el carril previsto en el art. 67 incs. a) y d) de la ley 1305.

Dicho artículo establece taxativamente las causales que hacen procedente el recurso de nulidad, las cuales versan sobre vicios procesales de entidad suficiente como para descalificar a la sentencia como tal.

El inc. a) establece que el recurso de nulidad procede "cuando la sentencia resuelve cosas que son antitéticas, dispone en la parte resolutiva lo contrario de lo que en los considerandos expresa o en estos incurre en contradicción".

De su sola lectura se desprende que ninguna de las circunstancias que lo configuran se da en el presente.

El recurrente refiere a supuestas contradicciones que, según afirma, contiene el fallo, pero en realidad se limita a poner de manifiesto su discrepancia con el tratamiento dado uno de los aspectos que el mismo decidió.

Como antes se señalara, el fallo declaró la nulidad parcial de los decretos 2374 y 2401 y condenó a la demandada a liquidar los salarios de los actores computando los adicionales creados pro los referidos decretos de acuerdo a los parámetros establecidos en el considerando XIV.

En dicho considerando estableció el modo de computar el plazo de prescripción. La recurrente discrepa con esa solución, pero ello, no implica que el decisorio haya resuelto cuestiones antitéticas, o que haya consignado en la parte resolutiva algo distinto a lo establecido en los considerandos, tal como prevé el inc. a) del art. 67.

La otra causal en que se funda el recurso es la prevista en el inc. d). Este dispone que también procede el recurso "cuando la sentencia presenta defectos esenciales de forma o no decide sobre cuestiones expresamente planteadas en la relación procesal".

El recurso en análisis lo funda en la segunda parte del inciso. Es decir cuando el decisorio omite pronunciarse sobre cuestiones planteadas.

En tal sentido, se considera configurado tal agravio en virtud de que en la sentencia pese a que se señaló que la Fiscalía de Estado y la Municipalidad peticionaron que la prescripción se cuente a partir de la fecha del reclamo administrativo después concluyó que el plazo comenzaba desde la fecha de interposición de la acción procesal administrativa.

En este caso, otra vez, la crítica del recurrente se reduce discrepar, como se dijo, con el encuadre jurídico y con la solución dada, ya que, justamente, la solución dispuesta en el fallo, computó el plazo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 1728.

Sin embargo, esa diferencia, no alcanza para descalificar el decisorio ni tampoco para considerar configurada la causal de omisión prevista en el inc. d).

Desde esa premisa, corresponde insistir que, el recurso de nulidad, es un remedio excepcional reservado para aquellos casos en que el recurrente demuestra estar agraviado sin poder desentrañar el fundamento de la sentencia y no para cuando cree insuficientes o discrepa con los fundamentos en que se sustenta.

En consecuencia, dado que no se encuentran configuradas las causales de nulidad esgrimidas, se concluye que resulta improcedente el recurso deducido el que debe ser rechazado.

Por ello, oído el Sr. Fiscal, SE RESUELVE:

1°) Rechazar el recurso de aclaratoria interpuesto por la Fiscalía.

2°) Rechazar el recurso de nulidad incoado por la Municipalidad de Neuquén.

3°) Girar las actuaciones en vista fiscal para que se expida en relación al recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada.

4°) Regístrese, notifíquese.