marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, legitimación procesal, asociaciones civiles, situaciones jurídicas subjetivas, derechos de incidencia colectiva, ombudsman
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: "Lozano  Claudio  Raúl  y  otros c/ EN -M° de Economía- JefaturaGabinete de Ministros- s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-13

El artículo 43 de la Constitución Nacional únicamente ha extendido la calidad de sujetos exponenciales en el amparo a las asociaciones que propendan a fines ligados a los derechos de incidencia colectiva y al Defensor del Pueblo, posibilitando -sin llegar a consagrar un derecho subjetivo a la pura legalidad- que determinados sujetos no vinculados estrictamente a una concreta relación material puedan, sin embargo, deducir la acción (Cons. 4°).
Recurso de reposición (procesal), subasta judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Ernesto Oscar Lupori c/ Juan José Martínez Trotti s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-10-09

No corresponde hacer lugar al pedido de revocatoria interpuesto si ni el remate ni el precio obtenido han sido impugnados, no procediendo la nulidad por la nulidad misma, pues su declaración no tendría más objeto que el mero ritualismo, máxime cuando el plazo establecido en el art. 560 del C.P.C.C. es punitorio, pero no fatal, por lo que se considera procedente el pago efectuado unos minutos después de vencido el plazo mencionado.
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Megías, Martín Emanuel c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-09

En el proceso de formación de la convicción judicial acerca de la existencia de los hechos es posible distinguir dos momentos diferenciados: el primero está fuertemente incidido por la inmediación, es decir, por la percepción directa de la prueba en el juicio oral; y el segundo momento está constituido por el soporte racional de la formación de la convicción en el que las deducciones que realice el juez a partir de la prueba deben observar las reglas de la lógica, de los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos. A diferencia de lo que ocurre con el control de los aspectos de valoración de la prueba que dependen en forma exclusiva de la percepción directa de aquélla, la infraestructura racional del juicio sí es controlable mediante el recurso de casación, pues el ejercicio de control no se encuentra limitado en este caso por la percepción de a prueba vertida en el debate y la violación de las reglas de la sana crítica, en caso de ocurrir, implica el desconocimiento de las formas procesales que imponen la motivación de la sentencia (voto del juez Morin al que adhirieron los jueces Días y Sarrabayrouse).
Notificación, traslado de la demanda, interés superior del niño
Materia: PROCESAL
Carátula: G., L. N. y otro. c/ G., G. G. s/ D. y P. Resolución contractual particulares.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-05

La expresión "interés superior del niño" implica que en el ejercicio pleno de los derechos del niño debe priorizarse lo que resulte en su mayor beneficio, utilizándose como pauta para decidir a favor del niño cuando sus intereses entran en conflicto con otros.

Sin embargo la invocación de la Convención de los Derechos de Niños, norma consagrada por su incorporación al texto constitucional, no implica dejar de lado preceptos legales concretos.
Procedencia del recurso, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Campos, Julio César c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-03-05

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio que desestimó el pedido de regulación definitiva de honorarios, y en su mérito, disponer que se practique dicha regulación solicitada, pues la practicada oportunamente lo fue de manera parcial, y las partes expresamente acordaron que, una vez determinadas las sumas adeudadas en concepto de deuda consolidada y no consolidada, con más sus intereses, debería efectuarse la regulación definitiva. Atento a que las presentes actuaciones contaban con sentencia firme sobre el fondo de la cuestión al momento de entrar en vigencia la Ley 8035 y que, por tal razón, no existía un "proceso pendiente", el examen del recurso interpuesto debe efectuarse con base en las prescripciones del Decreto Ley 324/63
Sentencia, nulidad de sentencia, cosa juzgada, costas, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: CORDOBA CARLOS RUBEN P.S.A. s/ LESIONES CULPOSAS -INCIDENTE DE ACLARATORIA DEDUCIDO EN AUTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-17

Debe descalificarse como acto jurídico válido la sentencia que, pretextando ser complementaria de otra anterior, transgrede la cosa juzgada establecida en esta en materia de costas.
Concursos, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRENES  DE  BUENOS  AIRES  SA s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR BARRETO,BARTOLOME.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

Procede hacer lugar al pedido de quiebra incoado sobre la base de la mora en el cumplimiento de un convenio de honorarios, por la actuación llevada a cabo en una causa, sin que obste a ello la circunstancia de registrarse otros pedidos de quiebra contra la persona colectiva por emplazar, rechazados por haberse desvirtuado la cesación de pagos, toda vez que ello no hace presumible per se su solvencia actual ni constituye óbice legal para dar curso a la solicitud.
Costas, gastos del proceso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Bs. As. c/ Scotto Wis, Enrique s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-23

El anticipo a la Caja de Previsión para Abogados tampoco puede ser imputado a costas, pues es una obligación que está exclusivamente a cargo de los letrados que patrocinan o representan a los litigantes. La diafanidad gramatical del art. 12 bis de la ley 6716, texto según ley 10.268 torna impropio que dicho tributo quede incluido en la condena en costas (art. 77 Código Procesal). (Minoría u opinión personal)
Prueba testimonial, apreciación del juez, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: LABORAL
Carátula: Luca, Salvador c/ Panificadora Ituzaingó S.A. s/ Despido Avalos vda. de Frías, Eulogia c/ Robeco S.A.I.C. s/ Indemnización enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04|1985-05-21

La valoración de la prueba testimonial es, en principio, facultad privativa de los jueces de grado y las conclusiones que en su ejercicio se formulen -tanto respecto a la habilidad de ese elemento probatorio como a su valor sustancial- se encuentran exentas de revisión en casación, salvo absurdo valorativo.
Contratos administrativos, ley supletoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sierra Chica S.A. c/ Municipalidad de San Vicente s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Las disposiciones iusprivatistas no poseen un carácter supletorio o subsidiario que obligue a acudir a ellas a fin de contemplar los vacíos normativos de las leyes administrativas, pero nada impide aplicarlas por analogía con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia que constituye la sustancia de esta última disciplina.
Procedimiento judicial de la seguridad social, ejecución de sentencia, recurso de apelación (procesal), efecto diferido del recurso, apelación en relación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: PEPI, CARMELO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

De conformidad con lo dispuesto por el art. 509 del C.P.C.C., todas las apelaciones que fueran admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia, se concederán en efecto diferido, por lo que no procede entonces su concesión en relación.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Finardi, Alberto c/ D'Odorico Propiedades S.R.L. s/ robo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-11

Debe rechazarse la existencia de eventuales aspectos de gravedad institucional si no se demostró que la solución dada al caso exceda el interés personal de la reclamante (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Tutela sindical, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: R., C.G. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-06-22

La tutela sindical del artículo 52 de la Ley 23.551 también es aplicable a los casos de despido indirecto -pues el propio texto del artículo 52 así lo prevé-, en tanto y en cuanto las injurias patronales hayan dado lugar a dicha ruptura.
Responsabilidad subjetiva, filiación
Materia: CIVIL
Carátula: P. R. DEL C. C/ V. C. J. A s/ ORDINARIO FILIACION E INDEMNIZACION DE DAÑOS INDEMNIZACION DE DAÑOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-02-21

Siendo que la responsabilidad es subjetiva, es necesario comprobar la culpa o dolo en el sujeto al que se le atribuye la conducta antijurídica (omisión del reconocimiento espontáneo) para que se configure la responsabilidad civil del progenitor por los daños que hubiere causado en el hijo la ausencia de ese reconocimiento tempestivo; conducta aquella, que supone el conocimiento de la existencia de esa descendencia, o bien, que de modo inexcusable, debió suponer que le era propia deviniendo entonces necesario en el caso, acreditar el conocimiento del hecho generador de la obligación de reconocer al hijo como presupuesto para atribuir culpa o dolo en su incumplimiento por omisión.
Robo en poblado y en banda, taxistas, consumación del delito, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: BLANCO, RICARDO s/ ROBO EN POBLADO Y BANDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

1) Encuadra en la figura de robo en poblado y en banda, la conducta de los tres procesados que despojaron a un taxista del rodado, bajo la intimidación de un arma de fuego inepta por deficiencia para disparar; aplicándose la doctrina del plenario "Coronel", el que si bien no es obligatorio por la derogación de la norma que en su momento interpretó, sin recuperarla por la nueva entrada en vigencia de esa misma norma, nada se opone a que, no por la fuerza vinculante, sino por la fuerza convictiva de las razones dogmáticas explicitadas en el mismo, se aplique la misma solución jurídica que se arbitró en él.

2) El delito de robo en poblado y en banda ha sido consumado y no tentado, dado que los asaltantes tuvieron poder pleno de disposición del botín, ya que sólo un factor casual -el pasaje del taxímetro por el frente de la entrada del departamento de la víctima- pudo determinar la ubicación de aquéllos y su consecuente detención.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Velazco, Vanina Lorena c/ TQS S.A. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-16

Siendo el lugar de juegos ("la placita") de utilización masiva, abierta y gratuita para los clientes del shopping, y dado que, de este modo, la concurrencia con los niños resultaba atractiva para hipotéticos clientes y para la circulación misma de personas con el objetivo de recreación o de compras, cabe concluir que el cuidado de niños dentro de la plaza seca del shopping coadyuvó en modo directo a la finalidad perseguida por la codemandada, esto es, a la mayor concurrencia de eventuales clientes al paseo.
Declaración testimonial, tareas de inteligencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Godoy, Jorge Omar, reg. 240/17 c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-16

En función de lo declarado por los testigos se extrae un esquema sobre la organización del sistema de inteligencia, las actividades no respondían a decisiones individuales de los miembros de la Armada, sino que se respetaba el orden jerárquico propio de esa estructura, se manifestó que se hacía inteligencia sobre las personas o institución que pudieran tener influencia en la Fuerza, por ejemplo los piqueteros, los grupos sociales, los grupos de izquierda, así como cualquier persona "vinculada a los derechos humanos", que toda la actividad de inteligencia que desarrolló era de conocimiento del Jefe de la Armada y de las autoridades que estaban por debajo de él.
Ley de emergencia económica, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Elsa de las Mercedes Magoo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-02-06

La cuestión planteada surge como consecuencia de la aplicación de la Ley de Emergencia Económica N. 2.263. Y, precisamente ante tal normativa no cuestionada, que no podría por la presente vía entrar a revisarse aquellas facultades del Estado que hacen al "...

Reordenamiento de sus propios Recursos Humanos..." (Considerando del decreto 140/91 frente a una realidad declarada en la Ley, donde se reconocen las propias falencias que le impiden hacer frente a sus obligaciones Decreto 139/91 ratificado por Ley 2.263). En dicho marco se dicta el Decreto 140/91 que establece en forma expresa en su art. 18 que "el pago de las horas cátedras sólo podrá efectivizarse en favor de aquellos docentes que en forma efectiva estén al frente de alumnos...", lo cual impide la prosecución de la relación laboral remunerada sin dichas características. Por lo que el Derecho Constitucional Alegado, no puede ser entendido de tal manera absoluto que obstaculice ante los extremos alegados, el logro de la finalidad perseguida en el marco legal de referencia.
Contratos administrativos, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, interpretación del contrato, impuestos nacionales, exenciones impositivas, ley derogada
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Petrolera  Pérez  Companc S.A. Minera (TF 13.511-I) c/ DirecciónGeneral Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

No obstante la derogación del art. 11 de la ley 15.273, la estipulación contractual por la cual Y.P.F. se hacía cargo de los tributos, subsistió por imperio legal manteniendo vigentes las cláusulas a las que contractualmente la mencionada sociedad se había obligado (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano).
Demanda, rechazo in límine
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M.L. s/ Información sumaria-cambio de nombre y sexo Balestriere Juan Lucido s/ Beneficio de litigar sin gastos Perez, María s/ Beneficio de litigar si gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28|1996-03-07|2001-11-26

Salvo en casos excepcionales, en los que se patentice la inadmisibilidad de la acción o exista una manifiesta falta de fundamentación, no cabe rechazar de oficio la actividad procesal, debiendo primar este criterio restrictivo, en tanto la desestimatoria oficiosa cercena el derecho de acción, íntimamente ligado al derecho constitucional de petición. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Imputado, derechos y garantías constitucionales, proceso penal, aplicación de la ley, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: T. J. Y. O. S. R. C. Y. P. I. D. L. L. E. C. R. E. C. L. G. H. L. C. J. M. c/  s/ no concesión de la prision preventiva y cambio de calificativa-casación criminal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2016-08-08

La normativa nacional, en materia recursiva penal, tiene prevista expresamente la deserción como sanción, por falta de mantenimiento del recurso, la provincial no, debiendo en su consecuencia ponderarse el derecho de defensa del imputado en su resguardo, como así también su derecho a recurrir, por sobre la falta de mantenimiento del recurso de parte del defensor.
Bancos, reducción de la multa
Materia: CIVIL
Carátula: Banco De Formosa S.A. s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-11-22

Si bien el monto de la multa oportunamente aplicada a la recurrente es elevado, la propuesta de reducción se considera excesiva, pues existen razones que aparecen sumamente graves sobre todo por el carácter de la entidad bancaria de la accionada, lo que le impone conducirse con suma prudencia por la indiscutible superioridad técnica que reviste respecto de sus clientes. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Zanín).
Calumnias, falsa denuncia, consunción, actuación de oficio, acción pública, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: GUNNIGHAM, JORGE s/ FALSA   DENUNCIA.  PROCESO  INICIADO  DE  OFICIO  SEGÚN  LEY  21.338.  VALIDEZ.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-19

"como el delito del articulo 109 del código penal desplazan al del artículo 245 del mismo cuerpo legal (ernesto r. Gavier, "el delito de falsa denuncia", en boletín de la facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad nacional de cordoba, julio diciembre 1959, numero 3/4. Pag. 322; Jorge a.Sandro, "relación jurídica existente entre calumnia y falsa denuncia" j. A. Doctrina 1975-262; c.C.C. En pleno, "bulog, jorge", en j.A. 1953-Ii-220), la actividad oficiosa que se inicia contra él carece de validez, tal como propone el recurrente. Por ello, se revoca el auto y se declara nulo lo actuado contra el mencionado procesado.".
Derechos humanos, delitos contra la humanidad, Constitución Nacional
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Simón,  Julio  Héctor  y  otros s/ privación  ilegítima de  la libertad, etc. (Poblete) -causa Nº 17.768-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-14

Los delitos contra el derecho internacional, contra la humanidad y el derecho de gentes, por su gravedad, lesionan el orden internacional, en modo que no puede verse en el art. 118 de la Constitución Nacional sólo una norma de jurisdicción sino sustancialmente de reconocimiento de la gravedad material de aquellos delitos (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, valor vida, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: FABBRICATORE, Luis y otros c/ INSTITUTO SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS y otros s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

Se presume que un hijo discapacitado que vive con sus padres, es sostenido por ellos, aunque no se trate de un incapaz en el específico sentido del artículo 54 del Código Civil. En tales condiciones, fallecido uno de sus progenitores a raíz de un hecho ilícito, sea cual fuere la interpretación que se de al alcance de la presunción establecida por los artículos 1084 y 1085 del mismo cuerpo legal, esto es, si comprende o no a los hijos mayores de edad, resulta razonable la viabilidad del reclamo indemnizatorio en concepto de valor vida.-
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dominguez, Osvaldo R. c/ Banco Municipal de La Plata s/ Demando contencioso administrativa Gómez, Pedro c/ Municipalidad de Magdalena s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18|1992-08-18

Toda vez que el Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo contiene normas expresas en lo que respecta a la oportunidad del ofrecimiento de prueba, circunstancia que denota la existencia de una especial regulación en dicho aspecto, no cabe acudir a la aplicación supletoria de las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de servicios, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Rogers, Adriana Elizabeth c/ Asociación de Obras Sociales de Trelew s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-12

Tratándose de un profesional universitario, se ha sostenido que el orden público laboral no se encuentra comprometido en relación con la libre elección de las alternativas contractuales (contrato de trabajo, locación de obra o servicios profesionales), por lo que no rige la presunción del artículo 23 de la LCT.
Costas, gastos del proceso, conciliación, efectos entre partes
Materia: PROCESAL
Carátula: Castell, Andrés Alejandro c/ Bustos, Juan Carlos y otro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-26

Atendiendo que la relación entre codemandados y aseguradora no es la del litisconsorte voluntario, la aplicación entre ambos de las normas de los arts. 109 y 110 de la LS y la actitud asumida por la aseguradora en cuanto opuso defensa de no seguro por ausencia de cobertura y como consecuencia de ello, falta de legitimación pasiva, la que obligó a los demandados a procurarse asistencia legal por fuera de la que debió brindarles la aseguradora, corresponde que las costas por la actividad de los codemandados que no participaron del acuerdo transaccional entre el accionante y la citada en garantía, sean a cargo de esta última.
Trata de personas, apreciación de la prueba, prueba testimonial, delitos contra la integridad sexual
Materia: PENAL
Carátula: Iñigo, David Gustavo y otros s/ privación ilegítima de la libertad y corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-12-17

En el marco de una causa en la que se investiga el delito de trata de personas, la declaración de la testigo víctima no debe ser descartada por el hecho de que hayan existido contradicciones en su relato, pues es claro que tratándose además de una persona de origen muy humilde y "durísimo pasado", su contexto de extrema vulnerabilidad y, especialmente, las afecciones a su salud mental obstan a que pueda recordar detalles, fechas o circunstancias precisas, pero no puede inferirse de allí que todo su relato sea falso.
Daños y perjuicios, muerte del cónyuge, daño moral, prueba, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ RAUL EMILIO c/ SOL SAN JAVIER S.A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-12

Resulta aplicable al caso el criterio según el cual, no es exigible la prueba del daño moral sufrido por el esposo ante la muerte violenta de su cónyuge pues la consideración de lo que acontece según el curso normal y ordinario de las cosas releva holgadamente de todo gravamen probatorio.

El daño moral debe reputarse configurado "in re ipsa", de acuerdo con las reglas de la experiencia y en defecto de acreditación adversa. La fijación del monto por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación judicial sobre la lesión a las afecciones íntimas del damnificado.
Responsabilidad internacional del Estado, Pacto de San José de Costa Rica, recursos, debido proceso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia s/ Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-07-05

Corresponde considerar que el estado colombiano ha violado el derecho al debido proceso -Artículo 8 de la Convención Americana-, y no el derecho a un recurso judicial sencillo y rápido -artículo 25 de la norma internacional-, pues siendo ambos de distinta naturaleza y su relación de substancia a forma, confundirlos sin preservar tal distinción, conllevaría a desvirtuar el sentido del segundo, que requiere no un plazo razonable que podría fácilmente superar un año en términos del artículo 8, sino rapidez, es decir, su probable resolución en términos de días, por lo que sería altamente conveniente que la Corte Interamericana desarrollara parámetros específicos para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de sus obligaciones bajo el artículo 25 de la Convención (Del voto parcialmente disidente de la Jueza Medina Quiroga).