Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-09


Buenos Aires, 9 de abril de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El defensor de Marta Iarochersky y Alfredo Gabriel Cóceres interpuso una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas (fs. 47/49) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad planteado en esa instancia contra la decisión de esa misma Sala (fs. 13/14) de: I. Rechazar la recusación planteada por el doctor Roller -por las causales de denuncia penal y enemistad manifiesta- contra el titular del Juzgado en lo Contravencional n° 2; II. Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 8, ley n° 12 formulado por la defensa; y devolver las actuaciones al juez interviniente para que resuelva la recusación planteada contra el Fiscal (art. 71, CPPN) (fs. 52/63).

2. En su recurso de inconstitucionalidad (fs. 16/41) la defensa alegó que aun cuando la decisión de la Cámara no constituya una sentencia definitiva debe ser equiparada a tal por su carácter y alcance. A su criterio, dicha resolución se aparta de los precedentes de la Corte Suprema y se funda en afirmaciones puramente dogmáticas y carentes de todo sustento fáctico y jurídico, deviniendo arbitraria y vulnerando la garantía de imparcialidad del juez y el fiscal, manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso (arts. 18 y 33, CN; art. 12, inc. 6, CCABA; art. 26, DADyDH; art. 14.1, PIDCyP y art. 8.1, CADH). Afirmó además el recurrente que las previsiones del art. 8, LPC resultan insuficientes para dar cumplimiento a dichas garantías constitucionales.

3. La Sala II resolvió declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad. Los jueces consideraron que la providencia que rechazó el planteo de recusación efectuado por la defensa no es susceptible de recurso extraordinario pues no es una sentencia definitiva y versa sobre cuestiones de hecho y de derecho procesal. Por otra parte, en cuanto al rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 8 de la ley n° 12, entendieron que se trata de un decisorio que puede equipararse a una sentencia definitiva en razón de sus efectos. Pese a ello, la Sala consideró que la defensa no logró presentar un verdadero caso constitucional pues la discusión que plantea se centra en meras discrepancias que no habilitan la vía extraordinaria intentada (fs. 47/49).

4. En su presentación directa, la defensa alega que la decisión que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad oportunamente presentado "constituye sentencia definitiva, por cuanto concluye el procedimiento establecido en la normativa contravencional con relación a la posibilidad de obtención [d]el apartamiento de los magistrados mencionados [el titular del Juzgado Contravencional y de Faltas n° 2 y el cotitular de la Fiscalía Contravencional y de Faltas n° 8] teniendo el carácter de cosa juzgada sustancial. Dicho de otro modo, de mantenerse la negativa al derecho invocado, proseguirá el trámite del juicio, haciendo imposible su concesión posterior" pues la cuestión se tornaría abstracta (fs. 54 vuelta). Sucintamente, el recurrente insiste en la queja con sus argumentaciones en torno a la lesión de la garantía de imparcialidad, el debido proceso, la igualdad ante la ley y el sistema acusatorio, cuyo carácter irreparable exige su tratamiento en forma previa al dictado de una decisión final. 5. En oportunidad de dictaminar, a fs. 71/74, el señor Fiscal General Adjunto consideró que, a pesar de que la resolución en crisis debe ser equiparada a una sentencia definitiva, el remedio procesal intentado no puede prosperar, sintéticamente, pues la invocación de perjuicios prematuros, futuros o simplemente conjeturales inhabilita la apertura de la instancia de excepción y la presentación da cuenta sólo del desacuerdo del recurrente con la decisión judicial adoptada.

Fundamentos El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La presentación de fs. 52/63 fue interpuesta en término y conforme las exigencias formales del art. 33 de la ley n° 402. Pese a ello, la queja debe ser rechazada.

2. Respecto de los planteos encaminados a criticar el rechazo de la recusación del titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 2 y el relativo a la inconstitucionalidad del art. 8 de la ley n° 12, reiterados pronunciamientos del Tribunal aclaran que, en principio, las decisiones referidas a medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso no constituyen sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley n° 402 (cf. "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/infracción ley 255 -apelación-'", expte. n° 3338/04, resolución del 1/12/2004, y más recientemente: "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benítez, Sergio David s/ art. 189 bis del CP'", expte. n° 4994/06, resolución del 23/5/2007 y "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 5- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Erice, Fabián; Erice Ariel y otros s/ inf. arts. 116 y 117 ley 1472'", expte. n° 5285/07, resolución del 12/9/2007).

3. Por otra parte, el recurrente no ha dado argumentos suficientes que autoricen a considerar que la decisión en cuestión pueda ser equiparada a una sentencia definitiva, con fundamento en las garantías que invoca. Si en el marco de este proceso el imputado fuese eventualmente -tal como la propia defensa lo manifiesta (fs. 56)- acusado y luego juzgado y condenado por el Magistrado en torno al que gira su planteo, y lograra a continuación demostrar que ello ha importado una violación de garantías constitucionales, nada le impedirá sostener sus agravios hasta esta instancia.

A este respecto, resulta insuficiente para soslayar lo afirmado precedentemente la mera referencia -efectuada en el recurso de inconstitucionalidad- a la jurisprudencia de la CSJN (Fallos: 328:1491, entre otros) que podría vincularse con el caso en estudio. En efecto, el recurrente omitió exponer, siquiera en forma somera, las razones por las cuales las consideraciones que llevaron al Tribunal cimero a realizar, en aquel caso, una excepción a la regla según la cual las decisiones sobre recusación de los jueces resultan ajenas a la instancia extraordinaria -en tanto no ponen fin al juicio, ni se pronuncian de modo final sobre el hecho imputado-, pueden trasladarse, sin más, a la interpretación de las reglas relativas al recurso de inconstitucionalidad local. No basta, aun de acuerdo a dicha jurisprudencia, el mero intento de vinculación de la garantía de imparcialidad del juez con la denegatoria de una recusación para que esa decisión pueda ser considerada equiparable a una sentencia definitiva. El defensor debió, en todo caso, argumentar en forma plausible respecto de la supuesta dilación indebida y el dispendio jurisdiccional que podría constatarse en este caso en particular si el tratamiento de la cuestión se difiriera al momento de la revisión de una eventual condena en un ámbito exclusivamente local.

4. A todo evento, de considerarse que la postura expuesta podría imposibilitar el tratamiento del asunto planteado (Fallos: 308:490 y 311:2478) lo cierto es que, en el caso, el defensor no ha logrado desplegar cuestión constitucional alguna.

En definitiva, sus argumentaciones sólo exhiben una mera disconformidad con la decisión que -tras valorar circunstancias propias de los jueces de mérito- denegó su planteo de recusación.

Las escuetas afirmaciones en torno a las supuestas denuncias penales que darían cuenta de la alegada parcialidad del titular del Juzgado Contravencional n° 2, sumadas a la ausencia de referencias precisas en torno a los actos procesales que aquel Magistrado habría dispuesto y que podrían llevar al recurrente a temer por su parcialidad, son insuficientes para establecer cualquier vinculación entre las garantías que invoca con la decisión impugnada. En realidad, no se ha objetado aquí el alcance de la garantía de juez imparcial, sino que se intenta discutir en torno a valoraciones de hecho y prueba y a la aplicación de normas de orden procesal local, todos aspectos ajenos a la vía intentada.

Tampoco el planteo de inconstitucionalidad del art. 8, ley n° 12, relativo al régimen previsto para estos casos en la normativa procesal contravencional, podría tener acogida favorable. El recurrente tuvo la oportunidad de solicitar el apartamiento del Magistrado y de plantear sus argumentos al respecto y éstos fueron considerados por los jueces de la Cámara de Apelaciones. Así, no se ha explicado la razón por la cual la ausencia, a nivel local, de la posibilidad de que un juez resuelva en primera instancia respecto de su propia recusación puede llegar a resentir las garantías que invoca el recurrente -en forma confusa y descontextualizando las afirmaciones de los jueces de la Cámara-.

5. En torno a los agravios relacionados con el supuesto rechazo del planteo dirigido a apartar de las investigaciones al representante del Ministerio Público Fiscal que interviene en el proceso, sólo corresponde agregar que de la lectura del recurso intentado se advierte que la defensa no ha interpretado correctamente el alcance de la decisión que en copia se agregó a fs. 13/14. En efecto, de las constancias de la causa surge que la Sala II de la Cámara dispuso la devolución de las actuaciones para que el juez se expida sobre este punto (fs. 14). En consecuencia, no se advierte que la recusación interpuesta respecto del Fiscal hubiera sido rechazada -o tan siquiera resuelta- a través de la decisión que se impugna. Ello basta para rechazar la queja en este punto.

6. Finalmente, las insustanciales tachas de arbitrariedad que el recurrente efectúa no pueden tener mejor suerte, pues los jueces han hecho consideración de los elementos y argumentos señalados por la defensa, exponiendo con claridad las razones por las cuales rechazaron sus planteos, en primer término, y decidieron, luego, declarar inadmisible su recurso de inconstitucionalidad. Por ello, los dichos del recurrente traducen exclusivamente su desacuerdo con lo decidido, sin demostrar la inconsistencia del razonamiento aplicado por los jueces de grado. Este Tribunal ha dicho, al respecto, que la discrepancia del recurrente con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que su sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria (cf. este Tribunal, in re "Federación de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, t. I, ps. 282 y ss., entre otros).

7. Por las consideraciones expuestas, el recurso de inconstitucionalidad fue correctamente denegado por la Cámara de Apelaciones. Corresponde entonces rechazar la queja y dar por perdido el depósito integrado por el recurrente (fs. 51).

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Adhiero al voto del juez de trámite, Dr. José Osvaldo Casás.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al razonado voto de mi distinguido colega y juez de trámite, el doctor José Osvaldo Casás, en cuanto explica holgadamente que la decisión inicialmente impugnada mediante el recurso de inconstitucionalidad que esta queja defiende no se dirigió contra una "sentencia definitiva" (art. 27 de la ley nº 402), ni contra un auto equiparable a tal. En efecto, es doctrina de nuestro Máximo Tribunal que las resoluciones referidas a la recusación de los jueces no son revisables por la vía extraordinaria, toda vez que no revisten carácter definitivo (Fallos 293:334, 293:610, 310:1038, entre otros). Sin perjuicio de lo expuesto hubiera sido posible reconocer una excepción a esta regla general, pero para que ello ocurriera la defensa debió presentar fundamentos sólidos de corte constitucional, fundamentos que sencillamente no he encontrado en esta queja. En tal sentido, es preciso señalar que no comparto una exégesis extremadamente restrictiva sobre el "carácter definitivo" que hipotéticamente podría tener una resolución como la impugnada, pero ciertamente la confusa reseña efectuada por el letrado no me ayuda a comprender mínimamente en qué consiste el "temor de parcialidad" que abriga el imputado contra el señor juez de primera instancia. Ello así, porque la alegada "enemistad manifiesta" no aparece corroborada por ningún extremo o decisión judicial acompañada por el presunto contraventor perjudicado, sino que únicamente se asienta en las acusaciones genéricas que a ese respecto desliza su abogado particular. Es sencillo, el letrado no intentó ensayar ninguna demostración o explicación razonable acerca de cuál habría sido el comportamiento asumido por el juez, que, en su opinión, exterioriza o expresa un resentimiento claro e indubitable en detrimento de su asistido. Por lo contrario, el abogado se limitó a exponer de una manera inconsistente e imprecisa, que, luego de que se iniciara esta investigación en contra de su defendido y luego -también- de que el fiscal de grado aparentemente formulara una "denuncia penal en su contra" (fs. 55 vta.) que supuestamente se encontraría en trámite ante el Fuero Nacional en lo Criminal de Instrucción, decidió denunciar -también- penalmente al juez de garantías y al fiscal instructor, al parecer, por presuntas "irregularidades y una profusión infundada e irresponsable de graves diligencias probatorias", "manifiestamente exorbitante[s] para el pequeño supuesto investigativo [que está] en marcha" (fs. 2 y 3, respectivamente). No obstante, dichas denuncias recíprocas no sólo no han sido aportadas por el abogado, sino que, además, no tienen per se la entidad y los efectos que el defensor pretende otorgarles, puesto que, en rigor de verdad, ninguna enemistad demuestran con relación al magistrado interviniente.

En primer lugar, nótese que la denuncia aparentemente formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal, más allá de su acierto o error y de los motivos que pudieron haberla inspirado, bien podría enmarcarse -sin demasiado esfuerzo- en la obligación que pesa sobre cualquier funcionario público de denunciar ante la autoridad judicial competente, la comisión de un delito de acción pública cuando tomara conocimiento de aquél en el ejercicio de sus funciones (arts. 177, CPPN, y 81, ley nº 2303). Las pocas referencias que el recurrente ha destinado a clarificar estas cuestiones no dejan traslucir un obvio ensañamiento por parte del presunto denunciante, ni mucho menos por parte del juez de primera instancia, quien, al parecer, ninguna incidencia habría tenido en la formulación de tal denuncia. De esta manera, el abogado no explica suficientemente en qué consistiría el apasionamiento adverso que guardaría tal magistrado hacia su defendido, ni cuáles habrían sido los actos externos y concretos demostrativos de su "parcialidad" o su interés por llegar a un determinado desenlace en este proceso. En segundo lugar, la denuncia que eventualmente pudo haber formulado su defendido contra el magistrado y el fiscal de grado luego de iniciada esta investigación, al margen del mérito o de la suerte que ésta pudiera tener, no puede operar como un fundamento suficiente o automático para apartarlos del conocimiento de la causa. Ello es así, toda vez que, de la confusa reseña contenida en su presentación directa sólo puede extraerse que el presunto contraventor se encuentra sumamente discrepante con la manera en que se han llevado a cabo muchas diligencias probatorias ordenadas por los sujetos encargados de adoptarlas, pero no se desprende que tales medidas probatorias hayan sido cuestionadas mediante las herramientas que la ley establece a esos efectos, ni puede extraerse, por cierto, que dichas diligencias, exitosas o infructuosas, hayan sido dispuestas en una oportunidad distinta a la legalmente prevista para ello o hayan estado notoriamente viciadas por afectar las garantías del imputado. No es tarea del recurrente, dicho sea de paso, interpretar la posible relevancia que tiene una investigación seguida en contra de su defendido, ni la mesura o exorbitancia de las -muchas o pocas- diligencias probatorias adoptadas en el curso de tal investigación, especialmente, cuando, según parece desprenderse de las constancias aportadas, se trataría de un "supuesto investigativo" que, cuanto menos, lleva nueve cuerpos de tramitación y varios imputados, circunstancia que naturalmente no se condice con la evaluación personal que desarrolla el defensor al respecto. En estas condiciones, es evidente que la denuncia que aparentemente habría presentado su defendido no constituye por sí sola una razón adecuada para sustraer la causa de su "juez natural" y tampoco brinda sustento alguno a la demostración de la mencionada "enemistad manifiesta". De lo contrario, bastaría, simplemente, con presentar una o varias denuncias penales contra los sujetos encargados de perseguir o juzgar a los presuntos contraventores, o peor aun alegar haberlas presentado, para desapoderarlos de las funciones que a ellos incumben. Debemos recordar que el instituto de la recusación constituye un mecanismo de carácter restringido y excepcional que busca salvaguardar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso de las partes involucradas en un pleito judicial, pero no puede ser empleado de forma tal que, en la práctica, confiera a las partes la posibilidad de alterar la radicación de los juicios o la integración de los tribunales de acuerdo a su voluntad.

Por último, corresponde señalar que como jueza del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad estoy especialmente interesada en que el trámite de todos los procesos, judiciales y/o administrativos, se ajuste plenamente al orden constitucional y legal, pero me parece que las objeciones y denuncias contra el desempeño de los servidores públicos deben ser reales, concretas, determinadas y contar con -algo de- sustento, porque, de otro modo, más que favorecer al mejoramiento de su actuación operan en sentido contrario.

Por los argumentos expuestos, voto por rechazar la queja deducida y dar por perdido el depósito de ley.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Comparto la afirmación del Sr. juez de trámite en cuanto a que la decisión atacada por recurso de inconstitucionalidad -rechazo de una recusación del juez y del fiscal que intervendrían en el debate- no es una de aquellas que puede ser cuestionada ante el Tribunal porque ordena la continuación del proceso hacia la decisión sobre la inocencia o culpabilidad del acusado. Es más, como ya expuse en múltiples sentencias (ver, por ejemplo, "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ponzoni, Manuel Eduardo s/ inf. art. 189 bis tercer párrafo del CP'", expte. n° 4170, sentencia del 05/06/06), ni siquiera considero que existan decisiones que puedan ser asimilables a una sentencia definitiva a los fines del recurso previsto en el art. 113, inc. 3, de la Constitución local. El art. 27 de la ley nº 402 sólo permite el recurso de inconstitucionalidad una vez lograda la sentencia que finaliza el juicio de mérito. Y, a decir verdad, esa regulación resulta absolutamente racional para un tribunal extraordinario -que no es el tribunal de mérito-, pues el defecto puede subsanarse durante el procedimiento, incluso por un resultado final favorable al perjudicado por el vicio.

2. De tal manera, estimo que, a pesar de que el gravamen podría ser irreparable en términos de validez del juicio contravencional -porque, según afirma el recurrente, duda sobre la imparcialidad del juzgador y sobre el deber de objetividad del acusador público-, la decisión agota la posibilidad de ser recurrida en la resolución de mérito de la Cámara sobre el planteo y el recurrente conserva el derecho de hacer valer su criterio en contra de una eventual sentencia condenatoria. Incluso, tal como lo afirma el Sr. juez de trámite en su voto, ni siquiera se ha dictado la última decisión de mérito sobre la recusación interpuesta respecto del fiscal del caso, aspecto que refuerza el rechazo del recurso, al menos sobre este punto.

3. Por las razones expuestas, voto por rechazar el recurso de queja agregado a fs. 52/63 y dar por perdido el depósito, cuya constancia de integración se encuentra a fs. 51.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Voto por el rechazo de la queja en virtud de los fundamentos desarrollados por el Sr. Juez de trámite en los puntos 2, 3 primer párrafo y 5 de su voto, a los que me remito por razones de brevedad. Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1.	Rechazar el recurso de queja agregado a fs. 52/63.

2.	Dar por perdido el depósito, cuya constancia obra a fs. 51.

3. Mandar que se registre, se notifique y oportunamente se remita esta queja a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas.