marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lago Daniel Pedro y otra c/ Sanchez Estela y/o quien resulte responsable s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26

Si la apelante ataca recién en la expresión de agravios las conclusiones de la perito calígrafa, hay una notoria extemporaneidad en el planteo, pues la pericia fue puesta de manifiesto en la instancia sin merecer observación de la recurrente, pese a que pudo y debió motivar entonces la cuestión. No obstante, aun no negado a la parte la posibilidad de volver sobre el tema, es dable considerar, en primer lugar, que en las circunstancias precisadas el examen de las observaciones debe ser riguroso, evitando consagrar injusticias; y en segundo lugar, que tal análisis es pertinente en la medida de lo asequible por el juez, de quien no puede pretenderse sea un experto en la materia, sustituyendo al perito.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, feria judicial, habilitación de feria
Materia: PENAL
Carátula: SARLENGA, FERNANDO M. s/ ASUNTOS DE FERIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-01-29

Conforme e art. 202 del Reglamento para la jurisdicción es procedente el recurso de apelación contra la providencia de primera instancia que deniega la habilitación de feria judicial solicitada por la querella para la tramitación de medidas de prueba requeridas, debiendo en tal caso la Sala de Feria pronunciarse exclusivamente en lo atinente a si el asunto es de los previstos por el art. 200 del mismo ordenamiento.
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ ROBERTO Y MITRE SERAFIN S.D. DEFRAUDACION E.P. PALAVECINO REYNALDO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-05-02

La causal interruptiva de la accion penal del inciso b del art 67 del Código Penal denominada "primer llamado", es una expresión que claramente lleva a interpretar que se refiere a la primera oportunidad en que la autoridad judicial cita al imputado para prestar declaración indagatoria, independientemente de que ésta se lleve a cabo en dicho momento o con posterioridad, a raíz de una nueva o ulterior citación o por presentación espontánea del requerido.
Filiación, prueba de la filiación
Materia: CIVIL
Carátula: M., A. A. c/ S., J. C. s/ Filiación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-05

Si las pruebas confesional y testimonial asientan sus conclusiones con los alcances del artículo 386 del Código Procesal, es evidente la persuasión que despierta la razonada afirmación del experto en cuanto a la paternidad de que existe "una probabilidad mínima del 97,59% calculada con el sistema H.L.A.", aspecto que, por otra parte tampoco fue puesto en tela de juicio oportunamente y que satisface las directivas del artículo 477 del Código citado.
Representación del Estado en juicio, Ministerio de Economía, AFIP DGI
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Río Seco S.A. c/ Estado Nacional. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

No resulta objetable que el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos haya encomendado a la Dirección General Impositiva la representación y defensa del Estado Nacional ya que el propósito de la ley 17.516 es el de asegurar la defensa del Estado en todos los sectores de la administración (art. 5°).
Seguros, responsabilidad civil, asegurador, proceso judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: REYNOSO RODOLFO LEOPOLDO Y OTROS c/ PALACIO HECTOR ANTONIO Y OTRO s/ EJECUCION DE SENTENCIA Y HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-09-11

El seguro de responsabilidad civil pretende dejar indemne el patrimonio del asegurado y para que ello se efectivice debe existir responsabilidad de éste y participación de la aseguradora en el proceso, entonces sí -en la medida del seguro- responde la aseguradora, de otra manera no es posible.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, sentencia definitiva, medidas cautelares, embargo, BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, crédito hipotecario, bienes inembargables
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Paron, Carlos Emilio c/ Sencovich, Nicolás Roberto s/ Demanda ejecutiva. Queja por denegación del Recurso de   Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 682-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-16

Si bien esta Corte ha sostenido que los autos que deciden sobre medidas cautelares no reúnen la definitividad exigida por el artículo 1 de la ley 7055, dicho principio no resulta aplicable al caso concreto de autos, dado que la resolución que dispuso levantar el embargo que pesaba sobre el inmueble propiedad del ejecutado, invocando el carácter de inembargable, de conformidad con el artículo 35 de la ley 22232, debe ser equiparada a definitiva.
Buques pesqueros, permisos de pesca, facultades del gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I. A. SA s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-29

No tiene asidero sostener que con la obtención del permiso de pesca se establece en cabeza del permisionario un derecho de propiedad, tal como el a-quo afirma, cuando en realidad trátase de autorizaciones para la explotación de un recurso natural del dominio público, sujetas para su desarrollo al cumplimiento de un plexo normativo plural y específico en las diversas materias que abarca.
Excarcelación, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Barreto, Alberto Daniel s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-12-16

La normativa precisada en el art. 293 inc. 1 del Código Procesal Penal no le otorga al Juzgador una capacidad de interpretación librada a su exclusivo albedrío, sino que por el contrario le brinda una pauta objetiva emergente precisamente del art. 26 del Código Penal. La única exigencia impuesta para conceder la excarcelación es la posibilidad de que pueda recaer al imputado condena de ejecución condicional, lo que "ab initio", en el caso presente, aparece procedente por el juego armónico de los arts. 84 y 26, de la norma penal sustantiva. No cualquier gravedad del hecho es la que debe tenerse en cuenta para el tratamiento y consideración del Instituto que nos ocupa, sino aquella gravedad apreciada única y exclusivamente a través de la penalidad, criterio excluyente que corresponde merituar para la concesión o no de la excarcelación.
Fianza, locación
Materia: CIVIL
Carátula: Sandoval, Marta Yolanda c/ Manuel Enrique Wissel Aguirre y Daniel Eduardo Alvarez s/ Cobro Ejecutivo de Alquileres. Sandoval, Marta Yolanda c/ Manuel Enrique Wissel Aguirre y Daniel Eduardo Alvarez s/ Cobro Ejecutivo de Alquileres.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-03-24|1994-03-24

De la definición dada en el art. 1968 del Código Civil, se extraen las notas características del contrato de fianza, y de las que aquí interesa, cabe resaltar la nota de subsidiariedad que éste reviste.

El carácter de subsidiariedad significa que el fiador se obliga no sólo por otra persona, sino para el supuesto de que ésta no cumpla con la obligación principal. El fiador simple puede ser demandado por el acreedor prescindiendo éste del deudor principal, pero el fiador simple no puede ser compelido a pagar al acreedor sin previa excusión de todos los bienes del deudor (art.2012 del Cód. Civ.), teniendo además la pretensión accionable que, aún no siendo reconvenido por el acreedor, este último proceda contra el deudor estando obligado a aceptar el pago parcial que derive de los bienes excutidos (Art. 2015 y 2017). En el caso se está frente a una fianza simple, como se desprende del contrato de locación -cláusula octava- y tal como lo afirmara la sentenciante, siendo éste un beneficio particular del fiador simple, consecuencia del carácter de subsidiariedad, debemos avanzar en el análisis y determinar cómo funciona el mentado beneficio.
Tasa activa, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Felice, María Zulema c/ DYCASA S.A. y Otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-07

Dado que la tasa activa admitida por el plenario recaído en Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios" incluye el componente inflacionario, cuando el monto indemnizatorio es fijado en la sentencia a valores actuales, su aplicación durante el lapso corriente entre la producción del daño y la determinación de ese valor actual duplicaría injustificadamente la indemnización, por lo cual corresponde aplicar la tasa del 8% anual desde el hecho y hasta la sentencia de primera instancia con relación a todos los rubros y desde allí en adelante, hasta el efectivo pago, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
Accidentes de trabajo, derecho de opción, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: QUAINELLE RAMON ALBERTO c/ GOBIERNO DE LA PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION PAZ DE ESCALADA LILA BEATRIZ c/ TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-10|2006-03-28

Cuando en el ámbito del derecho laboral se hace uso de la opción de la aplicación el art. 1.113 del Código Civil, se requiere, para fundar la pretensión resarcitoria respecto del empleador, la prueba de encontrarse reunidos los requisitos exigidos por la norma ya que, si se prescindiera de esta exigencia, desaparecería toda diferencia entre ambos regímenes: uno que asegura al trabajador una indemnización tarifada pero que amplía el campo de responsabilidad patronal; y la otra que, a la inversa, no impone límites a la reparación, pero restringe el margen de responsabilidad. Sin embargo, ello no implica desconocer que el Estado deba cargar con los daños que sufran sus agentes en el cumplimiento de su actividad específica. Pero ello es así, bien en el marco de la acción especial que contempla la responsabilidad del empleador por el hecho o en ocasión del trabajo; o bien si se encuentran acreditados los extremos que autorizan la atribución de esa responsabilidad en el ámbito del derecho común.
Síndico del concurso, concursos, contadores públicos, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENSIAS ECONOMICAS s/ RECURSO  DE  RECONSIDERACION  DEL  PUNTO 4 DE LA ACORDADA NUMERO 4 DE  FECHA 8 DE JUNIO DE 1988     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 157-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-08

La reglamentación del procedimiento para la formación de listas de Síndicos Concursales efectuada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario (Acordada Nro 4-88), en la cual se estableció que para la confección del listado general de los candidatos habilitados para integrar las listas de titulares y suplentes, se designaría preferentemente a quienes hubiesen cursado carreras universitarias de especialización de post-grado y hubiesen obtenido el título respectivo antes de determinada fecha; no conculca los intereses de la universalidad de los profesionales agremiados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, o de todos los componentes de una de las categorías enumeradas en el artículo 1 de la ley 8738, ni desconoce una incumbencia propia a favor de un grupo profesional ajeno a la matrícula.
Honorarios del abogado, cobro de sumas de dinero
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guzmán de Altamirano, María Angela c/ Microómnibus Primera Junta Línea 32 s/ Daños y perjuicios Enrique, Alcides c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Enrique, Alcides c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Enrique, Alcides c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12|2001-02-14

Resulta írrito que al amparo de una interpretación literal del art.

23 del dec. ley 8904 queden convalidadas situaciones de manifiesta iniquidad frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada y fuera de toda correspondencia con las reparaciones fijadas por los tribunales tanto provinciales como nacionales.
Accidente in itinere, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lell, Carmen Liliana c/ Consejo General de Educación s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-07-15

Cabe acoger la demanda de autos por cuanto: a) la ley de accidentes y enfermedades del trabajo es aplicable a los empleados públicos provinciales, como en el caso en que se trata de docente en tal ámbito -artículo 2 apartado 1) a) de la Ley 24557-; b) admite la accionada que no se autoaseguró, ni contrató seguro con relación a los riesgos precitados en una Administradora de Riesgos del Trabajo, por lo que responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstan en la ley -artículo 28 apartado 1)-; c) entre las prestaciones motivadas por accidente de trabajo -que puede ocurrir "in itinere", artículo 6 apartado 1)- se encuentra la de brindar asistencia médica; d) la demandante intimó a su adversaria a otorgar los fondos necesarios para la asistencia médica hoy accionada, afirmando claramente haber padecido accidente de trabajo en el trayecto de su domicilio al establecimiento escolar, las lesiones padecidas, la índole y costo de la prestación interesada, como la necesidad de ser practicada con urgencia, no habiendo invocado la accionada que la respondiera, cabe ante su silencio presumir la veracidad de las afirmaciones de la requirente -artículo 57 de la Ley 20744-. Lejos de existir prueba en contra de tal versión, el padecimiento del evento dañoso y algunas de sus secuelas se encuentran acreditadas en las actuaciones administrativas que tramitan ante tal organismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, actos u omisiones de particulares, trámites judiciales, recurso de apelación (procesal)
Materia: Procesal
Carátula: Batro, Pablo Mariano s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-12-23

Este Superior Tribunal de Justicia sostuvo que a partir del Decreto-Ley Nro.751 posteriormente modificado por el Decreto-ley 2203, las lesiones a derechos constitucionales originados en actos u omisiones de particulares, tramitan por la vía del proceso sumarísimo.

Siendo así la apelación deducida debe tramitar ante la Excma. Cámara del Noroeste, sin que invalide lo expresado que la causa en Primera Instancia haya tramitado con ajuste a las disposiciones del dec.ley Nro. 583/63, porque el error del "a quo" no puede acordar a este Tribunal una competencia que no le asiste en razón de la materia.

El proceso indicado por el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial acuerda a las partes mayor amplitud de debate para el ejercicio del derecho de defensa, razón esta más que suficiente para continuar con la substanciación de la causa como lo indican las citadas disposiciones legales, sin perjuicio de la validez de los actos ya realizados, atento a lo dispuesto en los artículos 169 y ss.

del mencionado código.
Incidentes, honorarios, recurso de apelación (procesal), regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: A., D. C. s/ Querella por injurias (Resolución Nro. 92, Tomo 57, Folio 159)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-09

La titular del juzgado Correccional dictó auto por el que dirimió una controversia incidental suscitada en la instancia de grado, la que impugnada fue declarada inadmisible por este Tribunal, quedando firme la decisión recurrida. Habiendo la Sentenciante a-quo regulado al profesional (del actor civil) sus honorarios por su intervención en el incidente referido en la suma de $2.200.- y los correspondiente al letrado de la defensa en la suma de $1.500 y atento la petición de estimación causídica formulada por el primero por su actuación en esta Alzada, corresponde establecerla en el 50% de la regulación mencionada y a idéntica resolución ha de arribarse respecto del segundo profesional. Asimismo, habiéndose suscitado en la Alzada un incidente sobre el cambio de efecto de un recurso de apelación, que fue dirimido y atento la petición de estimación causídica formulada por el actor civil por su actuación en dicho incidente, corresponde establecerla en el 30% de la regulación fijada en el punto que antecede, e idéntica conclusión ha de arribarse respecto del letrado defensor.
Cuestiones de competencia, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Maxiconsumo S.A. c/ Banco Ciudad de Bs. As. s/ Daños y perjuicios (excepto resp. médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-08

Aun cuando la parte demandada es el Banco Ciudad de Buenos Aires, se cumple con el requisito vinculado a que la Ciudad sea parte en el pleito pues la entidad financiera es persona jurídica pública descentralizada del GCBA, que solamente se administra a sí misma por medio de un Directorio designado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, al igual que el Gerente y el Síndico de la entidad. Por lo tanto, es el banco oficial y agente financiero del Gobierno local, de manera que se encuentra dentro de la esfera del mismo, particularmente en el ámbito del Ministerio de Hacienda, por lo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, responde por las operaciones que realice dicha entidad (conf. art. 55 Const. CABA, y arts. 1, 4, 6, 24, 35, 40 de la carta orgánica de la entidad - ley n° 1779). (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi).
Recurso de casación, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: LUNA MATIAS GUSTAVO; GONZALEZ MERCEDES BEATRIZ; JIMENEZ RAFAEL ANGEL S.D. USURPACION DE PROPIEDAD E.P. CARACOCHE PEDRO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-09-12

Cuando las conclusiones del Tribunal sentenciante se presentan contestes y coincidentes con los argumentos desarrollados a lo largo del fallo, y no incurre en errónea aplicación ni de la ley adjetiva ni de las normas penales de fondo, nada amerita su descalificación como acto jurisdiccional válido y por ende tampoco su casación.
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, intervención quirúrgica
Materia: CIVIL
Carátula: MANZUR JAMIS, Roberto M. c/ JURI, José s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-26

Previo a la realización de todo tratamiento o intervención quirúrgica, es obligación del médico efectuar los estudios e investigaciones que sean necesarios para arribar con certeza al diagnóstico de la dolencia del paciente, puesto que es sobre la base de él que el médico discierne el tratamiento o terapia curativa a seguir y las consecuencias respectivas; es por ello que deben extremarse los medios para llegar a formular un diagnóstico cierto, agotándose los análisis y demás exámenes que ofrece la medicina actual, siendo precisa su realización en tiempo oportuno (Mosset Iturraspe, "Res. Civil del Médico", 1979, págs. 128/130, Bueres, "Res. Civ. de los Médicos", 1979, págs.

237 y sgtes; Lorenzetti, "Res. Civil del Médico", 1986, págs.

182/184).
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lovo, Carlos c/ Breslaver, Eduardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

La indemnización por los gastos incurridos al reemplazar el vehículo destruido procede, aún cuando no se haya allegado prueba fehaciente sobre el trabajo o profesión a que se dedica el damnificado, o, el empleo de otro vehículo para el desempeño de sus actividades, siempre que la existencia de la avería esté realmente comprobada y mientras duren las reparaciones.-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excepción de incompetencia
Materia: LABORAL
Carátula: González, Hilda B. c/ La Papelera del Plata S.A. s/ Enfermedad accidente. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-15

En el caso el pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que al resolver la excepción de incompetencia y el planteo sobre la obligatoriedad del procedimiento administrativo previo formulado por la demandada con sustento en la ley 24.557, decide diferir el tratamiento relativo al régimen legal aplicable para el momento de dictar sentencia, no reviste carácter de definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, cantidad de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, bien jurídico protegido
Materia: PROCESAL
Carátula: DUTRUEL, G. s/ ESTUPEFACIENTES. Tenencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24

Debe revocarse la sentencia apelada y condenarse a los procesados por el delito de tenencia de estupefacientes, porque la circunstancia de que la cantidad de droga sea escasa, no exime a a los procesados de responsabilidad criminal, puesto que la ley 20.771 en su artículo 6 reprime a todo aquel que tuviese en su poder estupefacientes, no haciendo mención a cantidades mayores o menores a una determinada.

La tenencia de estupefacientes, aun para uso personal, queda consumada por la mera tenencia, por lesionar la seguridad común, estrechamente vinculada con la idea de peligro, también común, para las personas o para los bienes; siendo un delito contra la salud pública, pues la acción prevista en la ley constituye un grave peligro para la población.

NOTA: Se condenó a los procesados, por el delito de tenencia de estupefacientes, a la pena de un año de prisión condicional y multa de Australes 0,10.
Proceso penal, sentencia arbitraria, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Tillar, José Nadin s/ Recurso Extraordinario interpuesto en Expte. Corte 91/07 "Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Jorge Lionel Toledo y Gabriela Alsina en causa Expte. Nº 22/07 - Tillar José Nadin - Robo Agravado por el resultado de Lesiones graves y por el uso de armas - Villa Dolores - Valle Viejo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-06

Resulta improcedente el recurso extraordinario federal por arbitrariedad formulado contra la sentencia dictada por esta Corte de Justicia que rechazó el recurso de casación interpuesto, si de la lectura del escrito recursivo surge que el planteo queda reducido a la discusión de un asunto ya propuesto y resuelto en las instancias anteriores, relativo al valor probatorio de un certificado médico.

Dicho certificado fue incorporado por lectura en la audiencia de debate - formando parte del contradictorio- y es el que informa en definitiva al Tribunal sobre la gravedad de las lesiones de la víctima, determinando el consiguiente encuadre de la conducta del imputado en la figura del robo agravado por el resultado de las lesiones graves.

No se advierte violación alguna al principio de exclusividad de la prueba, porque el pronunciamiento del tribunal de juicio, convalidado por este tribunal, tuvo como fuente de conocimiento - a los fines de la calificación del robo por las lesiones graves - el certificado médico oralizado en presencia de todos los sujetos procesales en la audiencia de debate.

Además, desde la apertura del debate el imputado fue intimado por un hecho de robo, agravado por el resultado de lesiones graves, las que constaban en el aludido certificado, ofrecido como prueba por el Fiscal de Cámara, sin que conste en el acta respectiva el oportuno planteamiento de oposición alguna.

En definitiva, el agravio que da base al recurso extraordinario federal no genera, en el caso, una controversia acerca de la interpretación o alcance de la garantía de inviolabilidad del derecho de defensa del condenado y se remite al análisis de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, ajenas a la pretendida instancia de excepción.