Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-26


Autos N° 22.012 (N° 115007 - Juzg. Cont. Administ), caratulados: "MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN c/ Rodriguez de Cataldo, Teresa Y Otro - Expropiación", En la ciudad de San Juan, a 26 días del mes de agosto del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO y los señores Vocales, Dres. JUAN JOSÉ VICTORIA y GILBERTO A. RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación interpuesto a fojas 95 contra la sentencia interlocutoria, dictada en estos autos N° 22.012 (N° 115007 - Juzg. Cont. Administ), caratulados: "MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN c/ RODRIGUEZ DE CATALDO, TERESA Y OTRO - EXPROPIACIÓN", en fecha 19 de septiembre de 2013, obrante a fs. 90/94 de estos autos originarios del Juzgado Contencioso Administrativo, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación.

El Dr. GILBERTO AMERICO RIVEROS, dijo:

Mediante la resolución obrante a fs. 90/94, de fecha 19 de septiembre de 2013, el juez a quo rechazó los incidentes de nulidad y perención de instancia articulados por el Sr. Pedro Riveros. Asimismo dispuso oficiar al Primer Juzgado Civil, ante el cual tramita el sucesorio del titular de dominio del inmueble expropiado, a fin de poner en conocimiento de ese Tribunal los valores depositados por el Tribunal de Tasaciones y oportunamente disponer su transferencia. Impuso las costas de la incidencia a la vencida y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes Contra este decisorio se alza el incidentista con el patrocinio letrado de la Dra. María Cristina Naveda, quien interpuso recurso de apelación, el que fue concedido a fs. 99 con efecto suspensivo.

Primer Agravio: Se agravia por cuanto el a quo rechaza el planteo de nulidad formulado por su parte. Sostiene que se ha llevado adelante un proceso contra una persona demandada fallecida con anterioridad al inicio de las actuaciones, que no pudo defenderse por no existir, que sus herederos como continuadores del causante, debieron ser citados en forma independiente.

Afirma que la acción no puede dirigirse contra una persona que no existe, ni puede cumplirse ningún acto procesal a su respecto. Cita el art. 103 del C.Civil, que determina el comienzo y fin de las personas físicas.

Dice que la demanda y la intimación de pago cursada en autos contra una persona fallecida resultan actos procesales nulos, por no haberse trabado correctamente la relación procesal en su faz pasiva. Tampoco la demanda puede dirigirse contra la sucesión, ya que es un ente sin personería jurídica, los herederos son los únicos titulares de los derechos y obligaciones que reciben del causante.

Expresa que el sentenciante yerra cuando rechaza el incidente y expresa que no advierte perjuicio o derecho vulnerado en el trámite seguido, ya que no considera que demandar a una persona fallecida constituye un vicio que afecta actos esenciales, y debe ser declarada aún de oficio. Que el acto no ha alcanzado su finalidad, toda vez que la litis no ha sido integrada con quien fuera demandada, contrariando los principios constitucionales de defensa en juicio y debido proceso.

La demanda se dirigió al domicilio informado a fs. 26 que refiere a la electora Teresa Rodriguez con domicilio desde 1989, surgiendo así que no se trata de la titular registral que falleció en 1968.

Además, ya habiendo tomado conocimiento del fallecimiento de la titular registral, no se demandó a sus herederos para que pudieren ejercer sus derechos.

El planteo de nulidad formulado por su parte, no se refiere a la competencia para entender en la causa, la que no ha sido cuestionada. El perjuicio sufrido surge patente en autos al carecer el proceso de uno de los supuestos procesales esenciales, ya que no existe persona viva que pueda ser sujeto pasivo, y quienes deben ser demandados son sus herederos en forma individual.

Expresa el incidentista que nunca fue notificado de la demanda, que tampoco ésta se notificó en el domicilio que tenía antes de fallecer la Sra. Rodriguez de Cataldo, y que el fallo no ha tomado consideración a los restantes herederos de ella, que corresponde también sean notificados en forma personal para que contesten la demanda.

Por último dice, que al no haberse trabado la litis con la totalidad de los herederos de la titular registral, la orden de oficiar al Primer Juzgado Civil, también resulta improcedente. Segundo Agravio: Se agravia respecto a la imposición de costas , las que solicita se impongan a la actora. Cuestiona los honorarios regulados al Dr. Becerra, los que considera excesivamente altos toda vez que se trata de una cuestión incidental y sin contenido económico.

Por todo ello pide se admita el recurso de apelación deducido, revocando la resolución recurrida y se haga lugar a la nulidad interpuesta, con costas. Formula reservas.

A fs. 108/109 el Dr. José Alberto Becerra, por la actora replica la expresión de agravios formulada.

Expresa que la apelante no cumple con las exigencias del art. 253 segundo párrafo del C.P.C.

La quejosa reitera los argumentos expresados a fs. 44/45, sin acreditar el perjuicio sufrido. Omite también precisar las defensas que su parte se ha visto privado de oponer por el hecho de haber pre-fallecido a la notificación de la demanda.

Dice que notificada la demanda, la contestación se produjo el mismo día dos horas después, de ahi que no se violentó el derecho de defensa de los continuadores activa y pasivamente de la personalidad de la demandada.

El planteo recursivo, que descansa en la figura de la persona inexistente al momento de la interposición de la demanda, es inocuo como argumento de la nulidad articulada, ya que la titular registral del inmueble expropiado al mismo instante de su fallecimiento tuvo continuidad en la persona de sus sucesores universales, quienes ejercieron las defensas que estimaron procedentes, no habiéndose privado del ejercicio de derecho de defensa en juicio, ni debido proceso. Formula reservas.

A fs. 112 se ordena la elevación de los autos. A fs. 117 son adjudicados a estudio.

Tratamiento de los agravios:

1° Agravio referido al rechazo del planteo de nulidad:

La doctrina ha definido la nulidad procesal de distintos modos, como el vicio que afecta un acto procesal, la sanción del acto defectuoso, o bien la privación de los efectos normales del acto. Podetti la define como "la ineficacia de un acto por defecto en sus elementos esenciales que le impiden cumplir sus fines", (Derecho Procesal. Tratado de los actos procesales, t. II, p. 481).

El apelante pretende evidenciar un procedimiento viciado, referido a uno de los presupuestos esenciales de constitución de la relación jurídica procesal, relativo al fallecimiento de la parte accionada, planteo que considero no puede admitirse.

Es que tal como surge de estas actuaciones, y afirma el sentenciante, no se advierte cuales son los actos defectuosos o viciados cuya nulidad se persigue, toda vez que impreso a la causa el trámite urgente previsto en el art. 30 de la Ley 7966 (fs. 15), conforme calificación de la Ordenanaza 1639 sancionada por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Martín, se ordenó el traslado de la demanda a fs. 19 y los oficios pertinentes a fin de conocer el domicilio de la accionada, habiéndose notificado la acción en el domicilio denunciado por la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 a fs. 26.

Otra circunstancia constituye la ineficacia que en definitiva revestirá la cédula allí diligenciada a fs. 49, (posiblemente al domicilio de un homónimo), en atención a las constancias acompañadas por el incidentista, Sr. Daniel Pedro Riveros a fs. 38/43 y presentación de fs. 44/45, que dan cuenta del fallecimiento de la titular registral del inmueble objeto de estos autos.

De esta manera la nulidad de las actuaciones pretendida por el incidentista no ha de prosperar, por cuanto reitero, no se advierte hasta el momento acto viciado que haya producido un estado de indefensión tal que amerite dicha sanción, solución que no soslaya el cumplimiento imperativo de lo dispuesto por el art. 89 del C.P.C., tal como fuera esbozado en la resolución de fs. 72/74, y que debió ser ordenado por el a quo.

En efecto, en aquella oportunidad, este Tribunal expresó al referirse los presuntos sucesores de la Sra. Sara Amanda Rodriguez: "... no se advierte que sea carga del concurrente el denunciar domiciiios que, eventualmente, puede o no conocer, o mantenerse vigentes, los que pudiera conocer.

Resultando inciertos los demandados o derecho habientes con quienes ha de trabarse la litis, o sus domicilios, las citaciones deberán formularse conforme las disposiciones del Código de Procedimiento, esto es el art. 305 y concordantes." De esta manera, y sin perjuicio del rechazo de este agravio que propongo, corresponde que el juez a quo ordene la integración de la litis en el plazo que fije en los términos del art. 89 del C.P.C. , suspendiéndose intertanto el desarrollo del proceso. En este sentido se ha expresado "... cuando se ha producido la muerte de quien debía ser demandado, todos los herederos que revisten el carácter de legitimados tienen un interés común y el proceso no puede ser sustanciado y resuelto sin la intervención de todos, puesto que se está frente a un litisconsorcio necesario propio, ya que los sujetos procesales están legitimados substancialmente en forma inescindible....", (cfr. Cám. 2°, sala II, La Plata, DJBA, v.49, p. 537; Morello, A, Cód.Proc.coment., T°II-B, p. 348).

Para concluir sólo es dable resaltar que no existiendo constancia en autos de que el incidentista haya tomado conocimiento fehaciente de la acción instaurada, deberá en la oportunidad pertinente, corrérsele traslado de la demanda junto a la totalidad de los herederos que se denuncien a los fines de integrar la litis. Atento lo resuelto el segundo agravio debe desestimarse, imponiéndose las costas de esta instancia recursiva al apelante vencido.

La misma solución propicio respecto a los honorarios regulados al Dr. Becerra, los que considero ajustados a derecho cfr. art. 188 de la Ley 2150 (art. 13 Ley 56-O).

Así Voto.

EL Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, en disidencia, dijo:

Atento el contenido de los agravios venidos a esta instancia para su resolución y considerando que la misma debe ser encuadrada en la normativa del Código Civil y Comercial, Ley 26.994 la cual debe ser compatibilizada con el contenido normativo del Código adjetivo de aplicación.

En ese sentido, se debe tener en cuenta que el Código Procesal Civil expresamente indica en el art. 42 que cuando la jurisdicción toma conocimiento que el proceso que se tramita es contra una persona fallecida, debe suspender el trámite y citar a los herederos en forma y bajo los apercibimientos del art. 55 inc. 5 donde se estatuye que verificado el fallecimiento el juez fijará un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho citándolos directamente si se conocieran sus domicilios o por edictos durante dos días consecutivos si no fueran conocidos.

Como se colige, el proceso es inválido si no se traba correctamente la litis cuando se demanda a una persona fallecida, razón por la cual el pedido de nulidad es viable dado que la injuria está insita en el accionar de la actora que no adoptó las medidas necesarias a los fines de su correcta tramitación.

Además de ello se debe tener en cuenta que conforme el art. 2280 del Código Civil y Comercial "desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquél de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor..".

Como se colige al reglamentar la recepción de los derechos del causante por los herederos es indivisa, torna operativo el art. 89 del C.P.C. dado que se estará frente a un litisconsorcio necesario.

En función de ello corresponde tener en cuenta la finalidad del proceso sucesorio dada por el Código Civil y Comercial en su art. 2355 que "tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes".

La primera función se torna operativa dado que la litis se deberá trabar contra los herederos identificados en el proceso sucesorio, mas cuando se está frente a la transferencia de bienes registrable, en el caso por expropiación, pues de acuerdo al art. 2337 como excepción a la investidura de pleno derecho se deberá "no obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos".

En función de las razones expuestas considero y así voto, que corresponde declarar la nulidad de lo actuado en merito del derecho de defensa de los herederos y proceder a correr traslado de la demanda a los herederos de la persona demandada fallecida.

Las costas deben ser impuestas a la actora vencida.

EL Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

Me remito al prolijo relato de los antecedentes que informan el caso , ahora traido a decisión de ésta Camara de Apelaciones.

Los Colegas preopinantes exponen fundamentos suficientes para motivar el voto que emiten, no obstante ello me permito adherir al formalizado por el Dr. Gilberto Riveros, al que agrego:

Surge de un repaso de los antecedentes del proceso, que se inicia la demanda de expropiación por parte de la Municipalidad de San Martín contra la Sra. Teresa Rodriguez de Cataldo y/o contra quien resulte titular del dominio del inmueble objeto de expropiación.( fs. 12)- El A-quo ordena, por decreto de fs. 15, acompañar el informe de dominio y acreditar depósito correspondiente, a los fines de una " correcta traba de la litis".

Cumplidos estos recaudos, por decreto de fs. 19 se provee la demanda imprimiéndole el trámite previsto en art 30 ss y cc de la Ley 7966.

Cumplidos algunos actos procesales y con apego a lo dispuesto en el art. 21 de la citada Ley que dice " El expropiante, en la oportunidad establecida por el Artículo 16, deberá consignar ante el juez el monto de la valuación que al efecto hubiere practicado el Tribunal de Tasaciones de la Provincia, con motivo del dictado del acto expropiatorio. Efectuada dicha consignación, el juez le otorgará la posesión del bien" , se le otorga a la expropiante la posesión del bien objeto de la acción.

Todos los demás actos cumplidos en autos, se encaminan a determinar o más bien identificar la persona de la demandada, a partir de haberse denunciado el fallecimiento de la titular registral. Incluso, la pretensión de nulidad articulada por la actora refiere esas mismas circunstancias, pues la funda en el fallecimiento o más bien inexistencia de la persona identificada como demandada al momento de deducir la acción.- Pretendo significar que, se evidencia a fs. 15 y por sentencia de esta Cámara de Apelaciones que luce agregada a fs. 72/74 , las citaciones respecto del traslado de la demanda, se encuentran aún "pendientes".

Por ello, no existe acto viciado que autorice la declaración de la pretendida nulidad por estar pendiente el traslado de la demanda a los herederos de la titular registral del inmueble expropiado, oportunidad en la que podrán ejercer los derechos que le asisten.

Por las consideraciones expuestas, adhiero al voto emitido en primer término por el Dr. Gilberto Riveros y, consecuentemente, a la resolución que propicia con el mismo.

De acuerdo al resultado de la votación, EL TRIBUNAL POR MAYORÍA RESUELVE:

Rechazar, el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Daniel Pedro Riveros. Imponer las costas a la vencida. Regular honorarios de los profesionales intervinientes en el 15 % de lo regulado en primera instancia (art 196 de la Ley 2150- art. 21 Ley 56-O).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A; T° II-2015; F°51/56; FECHA:26 de agosto de 2015 DRES.ALFERILLO-VICTORIA-RIVEROS.