Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-04


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil nueve, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de la Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca y Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "L. B. SA y otra c/ R. L. y otro s/ RENDICIÓN DE CUENTAS", expte. nro. 126/08, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (expte. nro. 1903/97), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 3659), correspondió el siguiente orden para la vota-ción: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dr. Julio Antonio Alexandre y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 3581/3605? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs. 3611, 3612, 3613 y 3614 de la sentencia de fs. 3581/3605 que hace lugar parcial-mente a la demanda de rendición de cuentas, sólo a partir del 4/5/1996 al 31/12/1996, incoada por L. B. S.A. y G. L. B. contra R. L. como ex administrador del establecimiento La N., por allanamiento del demandado, hace lugar a la rendición de cuentas solicitada por L. B. S.A. y G. L. B. contra C. M. L., como administrador del establecimiento La N., aprueba la rendición de cuentas presentado por R. L. (h), ex administrador de La N., por el período comprendido entre el 1-3-1996 al 3-5-1996, en cumplimiento de la sentencia N° 34 2001 de la Cámara de apelaciones y desde el 4-5-96 al 31 de diciembre de 1996; aprueba la rendición de cuentas presentada por C. M. L., parcialmente por el período comprendido entre el 1-1-1997 al 23-9-1997, rechaza las impugnaciones a las cuentas rendidas por R. L.(h) y C. M. L. opuestas por las actoras L. B. S.A. y L. G. B.. Impone las costas en un 100% a R. L. por las cuentas rendidas correspondientes al período comprendido entre el 1-03-1996 al 31-12-1996, por su orden respecto de la demanda incoada contra C. M. L., intimando a rendir cuentas, a las actoras vencidas en un 100% en la impugnación de las cuentas rendidas. Regula los honora-rios.

A fs. 3612 L. B. apela la totalidad de los honorarios regulados por altos y a fs. 3613 por derecho propio el Dr. A., y a fs. 3614 el Dr. H..

Concedidos los recursos, notificadas las partes, se eleva la causa a la Alzada.

A fs. 3632/3635 se agrega la expresión de agravios del representante de R. L. quien recurre por cuanto la sentencia impuso las costas a éste último, persiguiendo que sean soportados por la actora.

Entiende que al haber entregado la ren-dición de cuentas a L. y no concurrir la actora a la reunión de condóminos a fin de recibir las cuentas presentadas al nuevo administrador y no encontrarse en mora, la demanda fue innecesaria.

Alude al artículo 70 CPCCCh e indica que le resulta dificultoso cumplir con la carga del art. 265, ya que la sentencia no tiene un solo motivo para que se impongan en el orden causado.

A fs. 3636/3638vta., los agravios de C. L. se dirigen contra lo resuelto por el fallo en el punto 6, apartado B, costas por su orden.

En el primer agravio relata que no sólo rindió las cuentas pretendidas, sino que fueron aproba-das.

En el segundo agravio indica que el pla-zo de 30 días para rendir cuentas no había transcurrido desde que se solicitara. Asimismo, la rendición de cuentas en el condominio es extrajudicial. A lo que agrega que las cuentas fueron puestas a disposición de la actora, quien se negó a concurrir a retirarlas.

A fs. 3641/3645 la actora presenta la expresión de agravios y señala los puntos del fallo que la agravian, el rechazo de la impugnación de las cuentas rendidas por C. L., imposición de las costas por su orden en la demanda por rendición de cuentas contra C. L., procedencia parcial de la demanda contra R. L. y el rechazo de la impugnación de cuentas rendi-das, la imposición de costas por el rechazo de las impugnaciones y la incongruencia del total de honora-rios regulados por el importe de la rendición de cuentas.

Con relación al rechazo de la impugna-ción a las cuentas rendidas por C. L., se agravia ante la aplicación del criterio adoptado por el juzgador en punto al contenido que puede tener una rendición de cuentas, al afirmar que se puede dar cuenta de la gestión sin que se hable de números.

El alcance que el Juez atribuye a la asamblea de condóminos también es motivo de agravio, por entender que la obligación de rendir cuentas surge de la normativa propia del condominio y de la ley procesal, resultando procedente el pedido de rendición y el derecho a impugnación.

Agrega que los demandados no se opusie-ron al pedido sino que plantearon cuestiones sobre la oportunidad. Menciona el art. 2676 del CC.

La tercera consideración se basa en la afirmación de que los conceptos sobre los que expuso en los puntos i y ii permiten apartarse de los cuestiona-mientos contables de las impugnaciones y que esto puede hacerse en virtud de tratarse en el caso de un condomi-nio civil.

Condominio civil que reconoce, pero sos-tiene que el argumento que el informe contable se basa en una confusión de gestión con la administración carece de sustento, conclusión a la que llega con la lectura de la pericia la que determina la imposibilidad de establecer el saldo correcto de la cuenta.

Rechazo a las impugnaciones debidamente probadas en autos: Se refiere al rechazo de la impugna-ción del importe que debe ser tenido como existentes en el fondo de reserva del condominio, alegando el Juez que obtuvieron en expediente 1499/96 un fallo favorable para llevar adelante la ejecución. Indica que tal monto fue reconocido por R. L. en expte. 1902/97.

Agrega que ignora el sentenciante que ese monto es inferior al denunciado como faltante.

El rechazo de la inclusión de facturas de fs. 1661/1662 a nombre de un tercero (O. G.) le provoca la queja, contradiciendo el Juez los argumentos de fs. 3600, correspondiendo a L. probar que el gasto que pretendía hacer pagar a los condóminos había sido aplicado en su beneficio.

Señala que los importes obtenidos por venta de leña sin que se registre, facture o rinda el importe proveniente de esa operación no pueden ser admitidos. Menciona las pruebas que demuestran la comercialización, rechazando los argumentos de la sentencia en cuanto a que sólo se ha demostrado la extracción y no la venta o que el permiso es posterior a la venta. Indica que está probada la venta en esta causa mediante testigos y en el expte. 1901/97 surge que ha sido en negro.

Menciona el rechazo de la impugnación correspondiente a la factura por un importe de $33.700, posdatada al día 29-10-97, por una Toyota que no pertenece al condominio.

Indica que del registro surge quiénes son los propietarios, no figurando L. B..

Enumera la aprobación de las cuentas y el rechazo de las impugnaciones que le causan agravio, la falta de información mensual sobre el IVA; las irregularidades salariales, la violación del régimen de facturación, la insuficiencia de comprobantes por la venta de lana; la falta de identificación de los créditos fiscales y no cómputo de esos importes en la rendición, que ascienden a $14.047,45, las ventas a deudores morosos como A. J., que están comprobadas a fs. 2215/2216 y reconocidas por L.; la contratación de S. sin consulta y por un sueldo que multiplica por diez los que surgen de los establecimientos ganaderos de igual importancia (fs. 3417/3436 y 3437, la mala contratación de la esquila sin cotizaciones previas, la compra de insumos a parientes, la compra a proveedores no inscriptos en IVA, el exceso inverosímil en los consumos de gas oil y teléfono, el exceso de pago de fletes (fs. 2843) y de los pagos de alambrado (factura de fs. 1312).

Indica que el perjuicio es de contenido económico y surge de una simple operación matemática entre los comprobantes.

Hace referencia a la pericia de fs. 3280/3283.

La imposición de costas agravia a su parte. Sostiene que el demandado fue intimado a rendir cuentas el 11 de julio de 1997 en el plazo de 30 días quedando constituido en mora, no rindió cuentas ni las remitió, vencido el plazo fijó unilateralmente una reunión para rendir cuentas. Al encontrarse en mora debe cargar con las costas, ya que el allanamiento efectuado no puede alterar la regla sobre imposición de costas.

El rechazo de la impugnación de las cuentas rendidas por R. L. debe ser modificado, remi-tiéndose a lo argumentos vertidos para rebatir la aprobación de las cuentas rendidas por L. y a las pruebas allí producidas.

Enumera específicamente el rechazo que la agravia, al que me remito y que será tratado pun-tualmente si correspondiera.

Manifiesta que atento a la procedencia de las impugnaciones realizadas contra las cuentas presentadas por R. L. y C. L., debe modificarse la imposición de costas.

Alude a la incongruencia del total de los honorarios regulados con el importe de la rendi-ción.

Hace reserva del caso federal.

A fs. 3654/vta. y 3655/vta. la actora contesta los agravios de los codemandados R. L. y C. L..

No puede ser motivo de discusión en esta etapa, que se trata de un condominio, y que uno de los condóminos el Sr. L. fue administrador, tal como se desprende del expediente 1899/97, específicamente de fs. 887/894, sentencia N° 4/2004, donde se resolvió y adquirió firmeza que la Asamblea del 10-12-96 gozó de legitimidad y, por ende, lo allí decidido.

Tampoco puede discutirse que otro de los condóminos, R. L., administró "La N." y que por senten-cia firme N° 34/2001 de la Cámara se ordenó a éste rendir cuentas desde abril de 1994 al 3 de mayo de 1996.

En consecuencia, coincidiendo con el sentenciante, L. y L. al haber sido administradores de "La N." deben rendir cuentas.

L. debe hacerlo desde el 3 de mayo de 1996 al 31/12/96, toda vez que, como ya lo dijera por sentencia N° 34/01, se resolvió sobre el período abril de 1994 a mayo de 1996 y atento que la actora reclama rendición desde 1/3/96 al 23/9/97 y que L. asume la administración en diciembre de 1996 es a partir de enero de 1997 y hasta la fecha peticionada, que éste debe hacerlo, concordando en un todo con el sentencian-te.

Las consideraciones que realiza la que-josa en el punto II a i, ii, iii, no son más que el producto de una lectura parcial de los fundamentos que se dan en la sentencia, pues de la íntegra lectura de los mismos se observa con claridad qué pautas se deben observar para la rendición de cuentas.

Por otra parte, al referirse, el Sr. Juez, a la Asamblea de condóminos del día 10-12-96, tampoco concluye como lo observa la actora; si así fuese, no hubiese admitido el pedido de rendición de cuentas ni dado respuesta puntual a las impugnaciones.

"La obligación de rendir o dar cuenta de la gestión le corresponde a toda persona que administra bienes total o parcialmente ajenos y realiza actos por encargo en nombre y por cuenta de otro". Es por ello que la ley impone esa obligación no sólo al mandatario, sino también... al administrador de la cosa común (art. 2701CC), "CC y leyes complementarias", Director Bellus-cio-coordinador Zannoni, en glosa al art. 1909 CC.

En idéntico sentido al expuesto, Ronald Arazi, expresa que "La obligación de rendir cuentas del cumplimiento exacto de la gestión es inherente a toda gestión de negocios ajenos, cualquiera que sea su carácter. Toda persona que se haya desempeñado como gestor o mandatario o que haya realizado hechos que impliquen el manejo de fondos que no sean de su propie-dad exclusiva tiene que rendir cuentas sobre el resul-tado de la operación, no siendo indispensable caracte-rización jurídica del negocio" (aut. cit. en "Derecho Procesal Civil y Comercial", ed. Rubinzal Culzoni, año 1999, T. II, pág. 346).

Se sostiene que las cuentas pueden ser impugnadas, con el detalle de a cuáles de ellas se refiere la impugnación, y se puede también tachar de falsedad a la documentación agregada. La autenticidad o falsedad corresponderá al obligado a rendirlas. Las impugnaciones parciales dejan firmes aquellas que no son observadas, y no basta con un mero desconocimiento global de los instrumentos que fundamentan el resulta-do.

"La rendición de cuentas es la operación por la cual toda persona que actúa por cuenta de otra o en interés ajeno le da a ésta razón de su cometido, detallando los actos cumplidos en su nombre y estable-ciendo el resultado final, es además procedente cuando se trate de una gestión que involucre un interés propio, si también comprende uno ajeno. La cuenta es un concepto contable y su objeto es reflejar las variantes económicas ocurridas mediante registros de cambios operados en los distintos elementos que componen los bienes objeto de la misma. Se define como "la descrip-ción gráfica de los diversos hechos y resultados pecuniarios relativos a determinada operación". Se refiere a una operación y esto a la diferencia del balance" (Anaya, "Cód. Ameba", II, pág. 129, Fontana-rrosa, "Der. Com.", nro. 243, Malagarriga, "Trat.", I, pág. 891, citas de Falcón, Enrique en "Cód. Proc...", t.IV, pág. 274, ed. Abeledo Perrot-88).

Y tales pautas son las que la quejosa entiende que no se han cumplido en autos De la lectura de la demanda surge que el actor solicita rendición de cuenta por parte de los administradores L. y L..

Se observa que los administradores no se oponen. L. alega haber entregado a L. la rendición y éste se allana a lo peticionado.

Tales rendiciones y fundamentos de las mismas son impugnadas.

Resueltas las mismas por el sentencian-te, la decisión motiva el recurso.

Y atento a lo ya argumentado he de pasar a las impugnaciones puntuales que fueron motivo de agravio, observando un criterio amplio.

Fondo de reserva: La misma corresponde ser desechada no sólo por los argumentos dados por el Sr. Juez, sino que en el expte. 15701/06, donde también se discutía sobre este punto, fue desestimado por mayoría, resultando tal decisión firme.

Facturas de fs. 1661/1662 a 1668: al efectuar la impugnación a los pagos que dan cuenta tales facturas, se refirió a hechos que no fueron probados, de allí que la misma no puede prosperar.

Asimismo, se advierte que reconoció (fs. 2640) que "ese vehículo (camioneta Chevrolet marca Thajo) era propiedad del condominio", en consecuencia los gastos efectuados con relación a la misma fueron probados. El agravio debe desestimarse.

Leña: no inclusión de los importes obte-nidos por la venta.

La quejosa se agravia por la no admisión de la impugnación con respecto a la venta de leña.

Y ésta no prosperará. Resulta acertada la manifestación del juez, con relación a la impugna-ción del punto 5 (fs. 2640vta.) y que aparece como queja a III), fs. 3648, que el período para extraer leña es del 11-11-97 (fs. 2878 y 2880), período no incluido en el pedido de rendición.

Más allá de ello, no resulta, tal como lo argumenta la apelante, lo dicho por el testigo Q. a fs. 3144, quien declaró "Que no vio vender leña, pero que sí tiene conocimiento de que se vendía leña de la N. por lo que se decía, desconociendo el precio. Y que no vio a I. vender leña".

Por su parte el testigo V. respondió que nunca compró leña y si bien declara que la que se vendía provenía de "La N." y que lo sabe porque lo encontraba al camión cuando se dirigía a "La E.", que venía con leña la que vendía en el pueblo, agregó que lo veía entre los meses de enero a marzo y del informe de fs. 2878/2880 surge que el único permiso otorgado por el "Destacamento Forestal" de Alto Río Senguer, para la extracción de leña a Estancia La N., fue por guía forestal Nº 3463, por 500 m3, con fecha 11 de noviembre de 1997, solicitada por el Sr. S..

El Sr. S. reconoció la extracción de le-ña, no así que se comercializara (fs. 2845).

Por último, en el expte. "L. B. S.A. y otra c/ C. L. s/ Intervención Judicial", expte. 1901/97, ninguna referencia se hace en la sentencia de primera o segunda instancia sobre la venta de leña, aprobando la Cámara la rendición de A., con excepción de algunas facturas.

Rechazo de la impugnación referente a la pretensión de cobrar e imputar como gasto de condominio el importe de $33.700, correspondiente a la factura de compra posdatada al día 29-10-97, por una Toyota que no pertenece al condominio:

Las explicaciones dadas a fs. 2709vta. resultan creíbles, máxime cuando consta a fs. 2957 CD donde se informa sobre la compra, la invitación a la escribanía para suscribir la documentación y con la advertencia que de no concurrir se inscribiría a nombre de los condóminos que lo hicieran, y que quedaba reconocida la propiedad indivisa a su favor.

Tal carta si bien no fue entregada, el Correo informa a 2959 que se dejó aviso, ante ello la responsabilidad cae sobre quien, anoticiado, no concu-rrió para su retiro.

En consecuencia, sin perjuicio del in-forme de fs. 3342, existe el reconocimiento por parte de los administradores que la camioneta pertenece en condominio al quejoso.

Los agravios que enumera en el punto v), apuntan en su mayoría, con las excepciones a las que me referiré y daré respuesta -reitero- ante el criterio amplio que ha adoptado la Cámara en punto a las condi-ciones que debe reunir la expresión de agravios (art. 268 CPCCCh), a la actuación del administrador.

Así, refiere que las impugnaciones re-ferentes a las cuentas y rechazo sobre el IVA, las irregularidades salariales surgen a simple vista mediante el análisis de la documentación, la violación del régimen de facturación concedido para evitar el fraude fiscal y a terceros que no han intervenido en la operación, la insuficiencia de comprobantes por la venta de lana, el exceso de gastos de teléfono y gasoil, de pago de fletes y en el pago de alambrados, entre otras enunciaciones.

En atención a tales quejas, en este es-tadio, conviene referirse a la función que a este Cuerpo le cabe al evaluar la existencia de suficiencia "técnica o formal" en la expresión de agravios, esto es que contenga articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores que el apelante considere que contiene el fallo recurrido. Y además contemplarse en ciertos casos -puntualmente cuando se insiste en una posición ya esgrimida en la instancia anterior-, la posibilidad de que exista reiteración de fundamentos previamente vertidos en primera instancia.

A ello se agrega que si bien dicha "su-ficiencia formal" no debe confundirse con la "idoneidad jurídica sustancial" del recurso, que consiste en la aptitud del mismo para lograr la procedencia del reclamo jurídico de fondo, no puede desconocerse que el tribunal de apelación no tiene la función de contralor o de revisión de todo lo actuado en la instancia de origen, sino que trabaja sobre los puntos que le han sido sometidos a través de los agravios del apelante.

Analizando los agravios de fs. 3648vta. y haciendo aplicación de tales criterios, se advierte que el recurrente hizo del rechazo de las impugnaciones que efectuara, la razón de ser de su escrito de expre-sión de agravios, sin detenerse en la impugnación del fallo contra el cual interpuso la apelación y respecto del que, por imperativo legal (art. 268 CPCCCh) debió desarrollar una "crítica concreta y razonada".

Teniendo en cuenta lo que por "suficien-cia técnica" debe entenderse, no surge del contenido de la expresión de agravios del punto V) un ataque concre-to y la consecuente demostración de los errores en que hubiere incurrido el fallo que se pretende revocar, tal como ya se dijera y que he transcripto en S.I. N° 42/2008 de esta Sala.

Y como acertadamente lo consignara el Sr. Juez, no demostró el agravio que le causa, indepen-dientemente de su rechazo. Además vale recordar que no existe impugnación por sí misma. Impugnar no es negar, no corresponde a un mero desconocimiento o negativa de la documentación o cuentas presentadas. Esto es, toda impugnación debe ser concreta; debe fundarse y, en su caso, desarrollarse la cuenta correcta o hacer hincapié en sobre qué consiste la objeción, su motivo, señalando el error o la falla presentada. El principio general es que quien impugna debe probar el cuestionamiento. El impugnante debe demostrar en qué consiste la impugna-ción, cuál es la objeción y su acreditación y ver si tiene magnitud suficiente para invalidar un balance o estado patrimonial y si se trata de un mero error material salvable, una falta leve o una irregularidad meramente formal (ver v.gr. Gabás, Alberto A., LL 2006-A, 767).

Es principio indiscutido en la materia que no corresponde admitir la impugnación de una liquidación, sin haber formulado el impugnante su propia cuenta alternativa (ver v.gr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, 06/05/1993, "Columbus 92 S.A. c. Cereales Boulogne, soc. de hecho y otro"), ninguna cuenta ha efectuado el impugnante a los fines de acreditar falta o falsas imputaciones de gastos realizados, por ello su queja tiende a cuestio-nar la administración en sí y tal extremo señalado por el a quo, no ha sido desvirtuado.

Y dije que daría respuesta, a los agravios del punto v) que cumplen mínimamente con los requisitos no sólo del art. 268 del CPCCCh, sino con las pautas ya enumeradas para cuestionar una rendición de cuentas.

Créditos Fiscales: Cuestiona la falta de identificación de los créditos fiscales y la falta de cómputo de esos importes en la rendición, que ascienden a la suma de $14.047,45 según pericia de fs. 3281.

El Sr. Juez, teniendo en cuenta la im-pugnación de fs. 2641, resolvió el rechazo ante la no identificación de los créditos fiscales y es esta decisión la que no cuestiona. No obstante el adminis-trador L. reconoció el error a fs. 2707, correspondien-do su rectificación, dando explicaciones por las que no efectuó la misma.

Asimismo, no resulta decisivo lo infor-mado por el perito al respecto (fs. 3289, p.III), ya que se refiere a "detalle crédito supuestamente no computado".

Ventas a J.: dice la quejosa que le oca-sionó un perjuicio de $1.454,47 comprobado por el perito contador y reconocido por L. al contestar la impugnación. Aquí tampoco critica lo decidido por el sentenciante, insiste en los motivos de la impugnación. L. reconoce que tales créditos no se cobraron y así surge de la rendición de cuentas de fs. 2279 que tales créditos estaban pendientes a ese momento.

El informe del perito no resulta decisi-vo, ya que efectúa los cálculos "suponiendo". Ninguna consideración efectuó la quejosa sobre la declaración de S. (fs. 2845vta.), vigésima segunda pregunta, ante su requerimiento.

S.: contratación sin consulta y por un sueldo diez veces mayor de los que surgen de otros establecimientos. Aquí tampoco refuta lo dicho en la sentencia, que se funda para su rechazo en el acta de reunión de condóminos 10-2-96 y las facultades que allí se acordaran.

Sólo alude a los testigos, quienes no dan datos que permitan igualar las estancias y las actividades; así "Estancia C. C." informa que no cuenta con administrador; y Roselló se refiere a la contrata-ción de S. y a su desvinculación por propuesta laboral más conveniente. Se podrá decir que no fue una adminis-tración como la deseada por la quejosa, pero no alcanza para impugnar cuentas.

Mala contratación de esquila sin cotiza-ción previa. Las mismas consideraciones que se efectúan a los puntos anteriores cabe en este ítem, ya que no critican lo decidido a fojas 3601 punto c) de la sentencia, aconteciendo igual incumplimiento respecto del resto de los agravios. No comparto con la actora cuando basa la impugnación en lo que considera gastos innecesarios o precios excesivos, pues ello sería objeto de otro planteo, pero no sustento de una obligación de rendir cuentas.

"En caso de que el demandante impugne las cuentas ofrecidas por el demandado, con base en una eventual desproporción de las sumas rendidas en concep-to de..., es carga del impugnante acreditar la imperti-nencia de este tópico y no del accionado, quien ya ha ofrecido sus cuentas documentadas con la documentación respaldatoria correspondiente" (DJ 9/11/2005, 728).

Por último, he de agregar: "El art. 2701 del Código Civil edicta que el condómino que ejerciere la administración será reputado mandatario de los otros, aplicándosele las disposiciones sobre el manda-to, y no las disposiciones sobre el socio administra-dor".

Se ha dicho en relación con esta norma que el Código ha considerado conveniente no aplicar las reglas referentes al socio administrador, pues no media entre los condóminos la affectio societatis, de modo que la representación recíproca sólo puede nacer de un mandato conferido por ellos, pero nunca de la propia naturaleza de la comunidad que los liga. Siendo así, los condóminos mandantes quedan obligados solidariamen-te con respecto al condómino mandatario (art. 1945), a diferencia de los socios, quienes no están obligados en forma solidaria por las deudas sociales, si no lo estipularon expresamente -art. 1747 del Código Civil-. Se agrega que como todo mandatario, el condómino está obligado a rendir cuentas de su gestión -art. 1909 del Código Civil- (conf. Bueres-Higthon, "Código Civil", ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1997, t. 5, pág. 619/620). La doctrina es pacífica acerca de que la administración puede ser singular o plural, y que la pueden ejercitar uno o algunos de los condóminos o terceros; discrepa en cambio, en torno a si existe o no una preferencia por la administración de uno de los condóminos frente a extraños. El art. 2701 resuelve que el condómino que se hiciera cargo de la administración "será reputado mandatario de los otros, aplicándosele las disposicio-nes sobre el mandato y no las disposiciones sobre el socio administrador", con lo cual supera una cuestión que hubiera resultado particularmente polémica. En esa medida son aplicables en lo pertinente las previsiones de los arts. 1869 y sgtes. Cuando el mandatario es uno de los condóminos, se asiste en realidad a un mandato "del interés común del mandante y mandatario" -art. 1892 del Código Civil-, tal como lo resalta Lafaille, a quien siguen Garrido y Andorno (conf. Llambías, Jorge Joaquín, Alterini, Jorge "Código Civil", ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1984, t. IV-A, págs. 551/552).

Concordantemente con lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha expresado que las disposi-ciones de los arts. 2701 y 2709 del Código Civil se refieren a la administración del condominio por uno de los condóminos cuando ha recibido mandato de los demás a ese fin o cuando ha actuado como gestor oficioso realizando actos en interés común y no en su propio beneficio (conf. Ac. 10.924, sent. del 17-XII-1940, "La Ley", t. 21, pág. 516/518 - "Mega, Amalia Noemí contra Cardinali, Alberto Omar y otros. Rendición de cuentas y embargo preventivo", 13/12/06).

Y tales consideraciones son aplicables a lo que pretende ser una expresión de agravios en punto a las cuentas rendidas por L..

Las costas impuestas al codemanadado Lo-renzo resultan ajustadas a derecho. El Sr. juez dio las razones, que comparto, toda vez que el ahora quejoso, debió haber rendido cuentas dentro del plazo estableci-do, 30 días de finalizado el mandato, provocando su omisión que los actores debieran pedirlas judicialmen-te. Ante el rechazo de los agravios las costas de la Alzada a la vencida, L..

Distinto será el resultado de la apela-ción que realiza L., pues no sólo estaba en término para rendir las cuentas, tal como lo señalara el sentenciante, sino que, solicitadas las mismas, se allana y las rinde, en consecuencia, las costas por el pedido de rendición deben ser soportadas por los actores.

La controversia que suscita el punto 6-C del fallo es el resultado de una ligera lectura, ya que lo que dispone el a-quo es que las costas por la intimación a rendir cuentas las impone por su orden y es así como interpretaré tal decisión. Las costas de la alzada por este ítems a las actoras.

Los honorarios por altos fueron apelados por los demandados, por entender que resultan incon-gruentes.

La queja se circunscribe a los montos y no a la forma en que el sentenciante los regula, lo que llegó firme a la alzada.

Estamos ante lo que la ley de honorarios denomina procesos especiales y, como el mismo artículo 40 de la ley de aranceles lo ordena, se considerarán divididos en dos etapas, la primera comprenderá el escrito inicial y su contestación y la segunda, las actuaciones hasta la sentencia definitiva.

Y la jurisprudencia mayoritaria ha en-tendido que a los fines retributivos, no cabe prescin-dir de las etapas efectivamente cumplidas, siendo la extensión del trabajo una pauta fundamental para la apreciación del salario del profesional.

Asimismo, al haber dispuesto el senten-ciante que tramitaría por vía sumaria, deberán tenerse presentes las disposiciones del art. 39, a lo que se sumarán las pautas generales del art. 5, labor profe-sional, resultado obtenido, posibilidad que las preten-siones prosperen.

"El juicio de rendición de cuentas -al no encontrarse determinado específicamente en la Ley de Aranceles cuál ha de considerarse monto del proceso- se rige por lo dispuesto en el art. 19, ley 21839, por cuanto se trata de un proceso complejo, con dos etapas posibles (arts. 652 y 653 del Código Procesal), que no puede medirse por el total de las partidas ni por el saldo que pueden arrojar las cuentas, razón por la cual son de aplicación las pautas del art. 6, inc, b), c), d) y f), ley citada... (CNC, sala I, 24-8-94, Szylowi-chi, Gilibertov. Privato Pedro" (JA, 1955-IV-9).

Con tales parámetros y de acuerdo al trabajo profesional cumplido, los honorarios regulados por el juez de la instancia de grado han de ser confir-mados.

Las consideraciones efectuadas en cuanto sean de aplicación tendré presentes para regular los honorarios de la segunda instancia, que los difiero para el acuerdo.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Que confirma los puntos 3, 4 y 5 de la sentencia de fs. 3581/3605 y rechaza los agravios relacionados con dichos puntos.

2) Rechaza la apelación del codemandado Ramón Lorenzo y confirma el punto 6°-A).

3) Admite los agravios de Cristóbal Ma-nuel López y modifica el punto 6°-B), imponiendo las costas a las actoras vencidas.

4) Confirma el punto 6°-C) y la regula-ción de honorarios.

5) Impone las costas de esta instancia de acuerdo al considerando respectivo.

6) Difiere la regulación de honorarios para el momento del acuerdo.

7) Tiene presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que la sentencia de fs. 3581/3605 por la que se hace lugar parcialmente a la demanda de rendi-ción de cuentas entre los períodos 04/05/1996 al 31/12/1996 articulada por la actora en contra de Ramón Lorenzo (h) como ex administrador del establecimiento ganadero "La N."; se aprueban por allanamiento a las rendidas por C. L.; se aprueba la rendida por R. L. (h) por el período que va del 01/03/96 al 03/05/1996 y del 04/05/1996 al 31/12/1996; aprueba parcialmente la redición efectuada por C. L. por el período que va del 01/01/1997 al 23/09/1997 y finalmente rechaza las impugnaciones a las cuentas rendidas por R. L.(h) y C. L. opuestas por las accionantes; impone las costas de conformidad con lo resuelto y fija honorarios.

Apela la actora a fs. 3611 y a fs. 3612 la fijación de todos los honorarios por altos; la demandada a fs. 312 y 314 y el apoderado del Codemanda-do R. L. y por derecho propio a fs. 3612 apela sus honorarios por bajos, al igual que el representante legal de C. L. a fs. 3614.

Concedidas las apelaciones a fs. 315 conforme planilla de elevación de fs. 3629, luce el informe del codemandado R. L. a fs. 3632/3635, el de C. L. a fs. 3636/3638vta., siendo contestados a fs. 3654/3654vta., y 3655/3655vta. y el de la actora a fs. 3645/3651vta.

Quien me antecede en el sorteo advirtió respecto de la procedencia formal de los recursos interpuestos y realizó un breve reseña del contenido actual de cada pretensión, lo que evita su mera repeti-ción y autoriza a entrar a considerar los distintos argumentos que se sostienen en los diversos memoriales con sus respectivas contestaciones, siguiendo el mismo orden propuesto en el voto antecedente.

La sentencia da cuenta de los preceden-tes fácticos y judiciales en cuanto a la administración del establecimiento y de los distintos períodos involu-crados en dicha rendición, así como se fueron sucedien-do en el tiempo, persona y modalidades de gestión.

La demandada se preocupa, dentro de los limites del porcentual por el que se encuentran legiti-mados, por el período que va desde el 01/03/96 al 23/09/97 (fecha de la demanda), lo que permite formular las siguientes consideraciones: que desde marzo de 1996 al 03/mayo de 1996, lo será en cumplimiento de lo ordenado por la sentencia firme de este Tribunal N° 34/2001 y desde ésta última fecha a diciembre de 1996, todo a cargo del codemandado R. L..

Para L. la obligación a su cargo parte del 01/01/97 al 23/09/97, conforme demanda, más allá de que su obligación de rendir sea anual de conformidad con el acuerdo de parte de la comunidad hereditaria conforme acta notarial del 10/12/96 que en lo esencial se transcribe en los considerandos. Se da cuenta a su vez de la causa y ejecución del porcentual de fondo de reserva por parte de los accionantes sin que obre en autos información respecto a su definitivo cobro.

De las cuentas rendidas e impugnadas que aún mantienen abierto el debate, revisaré cada cuestión del marco jurisdiccional impuesto por el recurrente y conforme argumentación conducente a la solución de cada ítem con aplicación de las pautas vigentes en la materia y que ya fueran expuestas en las causas antece-dentes, a las que remito.

No obstante, la obligación de rendir cuentas en el tipo de actividades que afrontamos tiene características propias y adecuadas a su naturaleza, región, distancias y régimen legal predominante.

Dentro de aquellas pautas analizaré cada uno de los ítems expuestos a modo de queja en el informe de la recurrente.

En primer lugar refiere al rechazo de las impugnaciones rendidas por C. L. y en el p. II-a asevera que se detectan, en el fallo, erróneas conside-raciones teóricas y de apreciación de prueba.

Contrariamente a lo manifestado, doctri-na y jurisprudencia se esmeran en conceptualizar el contenido de la obligación en cuestión.

Al margen de ser cuestión que no integra el debate, tengo presente que sostuve y sostengo que no existe identidad, confusión, ni trasformación de la naturaleza jurídica de la comunidad administrada; sigue siendo hereditaria y no puede asimilarse a un condomi-nio (ver todos los antecedentes acordelados, citas doctrinarias y jurisprudenciales y para ahondar la cuestión ver, v. gr., "Condominio y comunidad heredita-ria", autor: Fajre, José Benito - Fraga, Andrés Gui-llermo, publicado en: LA LEY 2002-E, 1093), todo sin perjuicio que lo que no varía es la naturaleza de la gestión y rendición del administrador que deberá responder a las reglas generales del mandato (ver fallos citados por elDial.com.ar, v. gr., citar: elDial - AZCBC, "S., J. C. s/ sucesión ab intestato" - CNCIV - Sala L - 26/02/2007, citar: elDial - AA3C3C entre muchos).

Concluyendo con esta cuestión liminar, si bien no concuerdo con quien me precede en el discur-so inaugural en cuanto a la naturaleza de la comunidad administrada, no discuerdo en cuanto a la figura del mandato a los fines de la administración, por lo que tal circunstancia no afectaría el voto en cuanto a lo sustancial de la decisión, en la medida que se consiga acuerdo respecto a los ítems aún cuestionados.

En segundo lugar, también vale aclarar que la rendición de cuentas no se halla sometida a una forma sacramental y, por tanto, los particulares pueden convenir que se dé presentando sólo cierta clase de documentos o, sin presentarlos, que se haga detallada-mente o en conjunto, además hay jurisprudencia uniforme con respecto a que en el caso de intervenir varios administradores o mandatarios, cada uno de ellos ha de rendir cuentas de los trámites y operaciones que personalmente haya realizado, en forma simultánea o sucesiva, como ocurre en autos.

En atención a que se parte disintiendo con la plataforma doctrinaria que podrá otorgar susten-to al decisorio, no resulta adecuado que se escojan párrafos aislados de las opiniones que lo conforman a los efectos de formular una queja con rango de agravio. Entiendo que se debió recurrir a la fuente -señalada en el fallo- para la comprensión de lo dicho y adecuarlo al caso de autos en cuanto al punto a decidir.

Así, Gabás, en trabajo titulado "La aprobación de las cuentas rendidas por el administrador del consorcio, como condición de viabilidad de cobro del saldo resultante" publicado en: LA LEY 2006-A, 767, señala que: "Cuando hablamos de la obligación de rendir cuentas de un administrador de consorcios, como de cualquier otro mandatario, no nos referimos a la acepción en sentido estricto contable, pues puede haber rendición de cuentas sin que, ni siquiera, se hable de números, sino a la rendición de cuentas en sentido jurídico que significa "dar cuenta" de una gestión".

Agrega: "Todo mandatario está obligado a rendir cuentas (art. 1909 CCiv.), y allí tenemos, por ejemplo, a los abogados que deben rendir cuentas de su gestión, y no precisamente se requiere algún cumpli-miento de carácter contable".

Ejemplifica: "Un letrado cumple con dicha obligación al dar a su clientes un informe del estado de los juicios y ya que estamos en el campo de la propiedad horizontal, bien saben los abogados de consorcios que a fin de año, antes de cada asamblea ordinaria, deben confeccionar -a pedido del administra-dor- un informe pormenorizado del estado de los juicios en que el ente es parte (actora o demandada)".

Aclara: "Eso es una rendición de cuentas en sentido jurídico. En el caso que comentamos se compenetran ambos conceptos, pues ese administrador que debe rendir cuentas, debe hacerlo desde el punto de vista jurídico y contable al mismo tiempo, y hasta podríamos decir que este último está comprendido en el primero".

Es "...la explicación y demostración de los resultados de la gestión de una tarea o intereses ajenos" (Gabás, Alberto Aníbal, "Derecho práctico de propiedad horizontal", ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1992, t. 1, p. 200).

Tal criterio, con la amplitud expuesta, no ha sido motivo de crítica, todo sin perjuicio de ser fundamento teórico de numerosos fallos en la medida que fueran aplicados debidamente en los casos concretos. Aquí no se advierte el perjuicio, más allá de disentir con fragmentos de la postura adoptada.

Lo dicho, teniendo en cuenta que pacífi-camente se admite que la impugnación a la rendición ha de ser concreta, categórica y oportuna, pero no bastan las observaciones genéricas del impugnante (ver v. gr. Colombo, C. J., "Código Procesal...", 4ª. ed., pág. 303). Los reparos no deducidos de esta manera precisa y en la ocasión pertinente no han de ser considerados en la sentencia.

Luego, el a quo se limita a recordar las obligaciones asumidas por quien está obligado a rendir y por quien decide impugnar. En un capítulo introducto-rio en materia a decidir que difícilmente incida en el resultado, salvo apartamiento notorio o incongruencia entre lo que se dice que va a seguir y un resultado ajeno a tales pautas.

La recurrente vuelve sobre el ya debati-do "fondo de reserva" y que fuera sustanciado en varias causas antecedentes tal como bien se aclara en el fallo con datos de fácil constatación y en la sentencia de Cámara del 07/05/2007, RI N° 9/2007 a la que remito, y en vías de ejecución en la causa de 1ª. instancia n° 1903/742 fs. 2701/2702, en la proporción que correspon-de a los reclamantes lo que torna inadmisible la pretensión de revisión.

En cuanto al p. ii, se vuelve sobre lo andando en ocasiones anteriores respecto de si se puede confundir la situación de autos con un condominio o su naturaleza es la de una comunidad hereditaria, o si dado el transcurso del tiempo y el modo de explotación la segunda se desplazó a la primera. Las consecuencias jurídicas en cada una de las situaciones tiene especia-les características e incluso incompatibilidades notorias en cuanto a la administración y consecuente rendición; acuerdos y mayorías, todo perfectamente distinguible en doctrina y en dos fallos sosteniendo posturas antagónicas y escogidos para la oportunidad, así la CNCiv., Sala M, 10/10/2008 -"Iglesias Silvia Elena c/ Iglesias Ceferino s/ rendición de cuentas"- cita: MJ-JU-M-39870-AR - MJJ39870 - MJJ39870 en micro-juris.com.ar en el sumario de su fallo asevera que: el heredero que ha ejercido actos de administración de un bien hereditario indiviso por un prolongado período de tiempo, debe rendir cuentas de su gestión al resto de los herederos, según las reglas aplicables del condomi-nio.

Contrariamente, la C1a.Apel.Civ. y Com., sala I, San Isidro, 01/10/2002 dice en breve resumen y en lo que nos interesa: "Cabe aclarar que aún que se inscriba la declaratoria de herederos esto no hace surgir un condominio entre los coherederos, por más que transcurra el tiempo porque el condominio es un derecho real que solo se constituye por las formas establecidas por la ley y porque la declaratoria de herederos solo establece quienes suceden al causante pero, no crea, modifica, ni transfiere derechos reales".

"Hay que tener en cuenta que la comuni-dad hereditaria no se transforma en condominio por el mero transcurso del tiempo, y que existen grandes diferencias entre ambos institutos. A saber: el condo-minio recae sobre cosas determinadas, ya que se trata de un derecho real. La comunidad hereditaria recae sobre una universalidad de bienes. En la indivisión hereditaria, la decisión de la mayoría no obliga a los coherederos que no han prestado su consentimiento (art. 3451), mientras que en el condominio la decisión de la mayoría obliga a la minoría, etcétera, etcétera...". Las partes ya conocen mi opinión al respecto tal como lo expresé con sobrados fundamentos en la sentencia 34/2001 y 9/2007 y de modo liminar.

Ahora bien, si se lee el fallo desde es-ta óptica se comprenderá mejor el fundamento doctrina-rio del a quo y que al no superar el nivel de disiden-cia doctrinaria sin marcar puntualmente la conclusión que le genera un perjuicio cierto, carece de relevancia a los fines de la revisión intentada.

De un modo u otro la obligación de ren-dir seguirá las pautas que en general se señalan en el fallo.

A lo dicho agrego que no existe crítica seria y fundada en cuanto a las razones dadas por el a quo respecto a la notas indicativas de insuficiencia impugnativa expresados a fs. 3600, lo que implica consentir tales pautas de valoración.

Ahora bien, la recurrente pareciera aceptar la existencia de un condominio y como tal impugna (art. 2676 CCiv., invocado a fs. 3646), de allí que no resulta acertado cuestionar la conclusión que obtiene el a quo en el p. 10 de sus considerandos respecto a las consecuencias de la decisión mayorita-ria, conforme porcentuales indicados y que integran el debate, consagrada en escritura pública n° 595, resul-tado de la Asamblea del 10/12/96 y de conformidad con lo establecido en las arts. 2407 y 2405 del CCiv. De allí que la cuestión referida a la contratación de J. S. y por la compra de un vehículo utilitario no se reitera en la alzada, desde el cumplimiento del manda-to, sino que se reitera en cuanto a la incidencia económica y registral, volveré sobre tal aspecto.

No obstante y más allá de las conclusio-nes de la vencida, el a quo no rechazó la impugnación por imperio de la mayoría, sino por las razones que invoca más adelante, considerando que las mismas se ajustaban a derecho y de conformidad con la modalidad de la explotación agropecuaria llevada a cabo, restán-dole poder vinculante a la pericial llevada a cabo al efecto.

Insisto en cuanto al concepto de impug-nación, si no le resultaba satisfactorio el resultado de la experticia, por su indefinición y en consecuencia la a quo igual encuentra mérito para resolver, no se percibe con claridad dónde está la crítica esperada a la luz del art. 265 CPr. (actual 268 conf. DJ), si no se indica de qué modo puede determinarse el saldo que le satisface y qué prueba sirve de fundamento. No la mera negativa.

Cuando se hablaba de excesos en el gasto de esquila nada se aportaba para encontrar el precio considerado justo en razón de todas las circunstancias que juegan a la hora de fijarlo.

Vale destacar que las quejas iniciales abarcaban una gran variedad de presuntas irregularida-des, tal como la que se ejemplifica en el punto ante-rior, además de las de gestión, de modos, de actitudes que en gran parte han quedado consentidas por la falta de crítica. En consecuencia, la queja por el discurso introductorio del a quo, resultó relevante y obliga a analizar el embate parcial actual con mayor estrictez.

Respecto a la documental glosada a fs. 1661/1662 a 1668, y su rechazo por la inclusión de las facturas que obran a nombre de O. G., se fundan en hechos que no encontraron sustento probatorio, tal como bien señala el a quo y, por otra parte, existe recono-cimiento expreso respecto a la compra del vehículo en cuestión -al margen de la crítica que queda sin susten-to probatorio- lo que autoriza a presumir la legitimi-dad del acto y su extemporánea oposición (fs. 2640, p. 3). Además, no han podido constatarse en autos ninguno de los inconvenientes que pudieran surgir por su uso y explotación. Lo que autoriza a concordar con el a quo en tal punto. Que si no se incluyeron los beneficios su-puestamente obtenidos por la venta de leña, fue por existir prueba insuficiente respecto al hecho aseverado de su comercialización -vale recordar que fue actividad ajena a rendiciones anteriores de conformidad con los antecedentes obrantes en autos-, por otra parte tan solo se obtuvo el dato indiciario de su extracción (ver declaración de J. K. M. S. (fs. 2838/2842 desde la 16ª. pregt. a la vigésima) concordante con el testigo B. de fs. 3146 y Q. de fs. 3147. V. a fs. 3145 aporta algunos datos sin precisión sobre el destino de la leña que se extraía de la estancia, hecho que sí quedó demostrado a través de la guía forestal n° 3463 (fs. 2878/2880), que permite admitir la extracción por el peso del producto allí consignado de fecha 11 de noviembre de 1997, pero no su comercialización, pero aún en el supuesto de presunción positiva el reclamo se torna extemporáneo por prematuro de conformidad con el período de rendi-ción que motivó el presente, tal como surge de los considerandos que refieren al rechazo de la impugna-ción.

Como ya lo he adelantado, la compra del vehículo Toyota no fue inconsulta, sino que respondió a la autorización dada por la mayoría de la comunidad y en acto que merece la fe pública, pero, además, a la existencia del hecho tras verificación de la factura de fs. 29/10/97, no existen dudas en cuanto a tal circuns-tancia y el destino del mismo. El informe del Registro (fs. 3342) se explica si se toman en consideración las razones dadas a fs. 2709, que encuentran sustento en la comunicación de fs. 2957 e informe de fs. 2959. Lo que torna irrelevante toda especulación en cuanto a algún exceso injustificado, ya que, al margen de haber tenido la oportunidad cierta de colaborar con su adquisición en legal forma, de todo lo informado surge que el vehículo está a disposición de la explotación y confor-ma su activo.

Hasta aquí se observa que la impugnación dual del inicio comenzó siendo amplia y puntual, ocurrida la decisión desestimatoria, el informe de la vencida perdió entidad y en consecuencia suficiencia para conmover el fallo impugnado, ya que la prueba prometida y corroborante de tales deficiencias de gestión y contables no ha sido adquirida y la aportada no otorga certeza plena de estar ante rendiciones injustas y causantes de un perjuicio cierto y personal. Como tampoco se indica de qué modo debió realizarse la gestión para obtener un mayor beneficio para el conjun-to, cuál era la alternativa válida en cada uno de los casos que mereció el reproche inicial.

Y es que el art. 268 CPr., conf. DJ, requiere inevitablemente que medie una observación positiva, clara y explícita con entidad tal que importe una refutación de los fundamentos contenidos en la sentencia apelada, señalándose en concreto las partes del fallo recurrido que se consideran equivocadas, demostrando su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio cierto ocasionado al litigante.

Y a ello debe sumarse entonces que si bien el juzgador arribó a un resultado distinto al pretendido, ponderó todas y cada una de las constancias de la causa, por lo que al tratarse de una decisión fundada en las particularidades propias del caso, requería un reproche profundo, con argumentos que rebatan puntualmente todas las conclusiones de la sentenciante de grado, todo lo cual no ha acaecido en la especie de modo suficiente.

Lo dicho alcanza en especial a la retahíla de reproches que se formulan en el p. v) del informe, en el que el mero disenso supera la crítica esperada por la norma y que no se diga que no estaban prevenidos en cuanto a las pautas genéricas aconsejadas para impugnar cada partida, claramente expuestas por el a quo a fs. 3600/3600vta. sin que obre observación o reserva alguna en contra de tal opinión. Superado el reproche por la compra del vehículo utilitario, no se advierte en autos prueba alguna de algún tipo de perjuicio que pueda haber ocasionado a los impugnantes o a la comunidad que integran, ya sea tanto en utilización para la explota-ción de la actividad que se desarrolla y que trascienda a lo económico. Tampoco una erogación por infracciones de índole administrativa. El agravio que refiere a las irregulari-dades generadas por el excesivo pago de créditos fiscales tal como se desarrolla en el p. 8 de fs. 2641, al margen de haber sido justificadas por el administra-dor a fs. 2705vta. -junto a reproches por la falta de participación de los actores en toda cuestión referida a la gestión y explotación del emprendimiento asumido- también adolece de prueba clara y cierta respecto a la identificación de cada crédito, tal como lo indica el a quo y por si fuera poco no se concreta el perjuicio sufrido ni en lo personal ni a la comunidad (ver fs. 3602), ya que la pericial de fs. 3280/3283, basa su dictamen en meras suposiciones, lo que la descalifica y obra en beneficio del obligado a rendir a falta de datos más precisos.

La experticia resulta dubitativa y basada en conjeturas al referir al crédito impago de Jara pese a quedar constatado tal hecho a fs. 2279, que no se ocultó. Si es por conjeturas, debió tomarse en consideración la modalidad de compras y pagos y even-tuales compensaciones a que refiere S. al respecto en su declaración de fs. 2845vta. 22ª. pregt.

En cuanto a la contratación del testigo a que refiero en el punto anterior, Sr. S., que ya fue motivo de adelanto, se pretende reeditar el debate sin crítica a lo dicho por el a quo. Los datos prometidos en cuanto a similitud de cargos, como fundamento de tales impugnaciones no resultan conducentes a ninguna solución distinta a la dispuesta en el fallo (ver informes).

El precio de la esquila, y esto es un hecho que no escapa a ningún habitante interesado en el desarrollo de una de las pocas actividades productivas de esta región, depende del lugar a realizar el servi-cio, del número de animales, las características propias de la raza, de la calidad del servicio, de las comodidades que requiere la "c." etc. y para poder aseverar que el mismo resultó antieconómico, deben aportarse pruebas ciertas respecto de la erogación por idéntico servicio en análogas circunstancias, sin perder de vista el efectivo rendimiento y el estado general de los animales luego de la esquila. En tal sentido y acompañando la opinión del a quo a fs. 3601 p. c), ninguno de esos datos obran en la causa por lo que cabe desestimar nuevamente en la alzada tan injus-tificada impugnación. Las particularidades de una explotación agropecuaria tornan creíbles el resto de los gastos, tal como se dijera en casos análogos, la presunta exageración no encuentra sostén en la prueba adquirida o en informes de situaciones similares. Existe todo un conjunto de circunstancias de lugar y tiempo y de personas que no ocurren en regiones con mayor facilidad para estas actividades, que inciden en tanto en la gestión como en lo económico, incluso en imprevistos, naturales y humanos que ocasionan impensados o mayores gastos y que al momento de decidir obligan a una comprensión de las explicaciones con mayor flexibilidad en cuanto a este tipo de rendiciones.

En cuanto a la queja por el rechazo de las impugnaciones por la rendición de cuentas de R. L., no alcanzan al grado de crítica esperado por la norma procesal, pero además no se expresa claramente el perjuicio que ocasiona el fallo como consecuencia de lo decidido.

Aclarando el concepto, se ha dicho: "Cabe señalar que como acto procesal de parte, consti-tuye requisito subjetivo de admisibilidad de todo recurso el interés de quien lo plantea. Así como para demandar se requiere que exista un "interés" por quien demanda, de la misma manera para recurrir se requiere que quien lo haga tenga también "interés" para hacerlo. Determina este interés la existencia de un gravamen, o sea de un perjuicio concreto resultante del pronuncia-miento que afecta al recurrente y consiste, en términos generales, en la disconformidad entre lo solicitado y lo resuelto. O sea, que así como el interés es la medida de la acción, en el caso del recurso el agravio es la medida de la apelación" (ver Víctor De Santo, "Tratado de los recursos", T. I -recursos ordinarios-, ed. Universidad Bs. As., 1987, pág. 102; Roberto G. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", T. 1, ed. Astrea, Bs. As., 1989, pág. 211; Hugo Alsina "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, T.IV "Juicio ordinario segunda parte", Ediar SA Editores, Bs. As. 1961, segunda edición, pág. 191; Fenochietto Carlos E. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 2, com. art. 242, n° 3, entre otros) (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H - 03/08/2005 - Consor-cio de Prop. Av. Rivadavia 4541/43 c. Martínez, Jorge S. y otros - LA LEY 02/11/2005, 11). Reiteradamente el a quo, en su extensa exposición de motivos, da cuenta de tal falencia argumental.

Reiteradamente se ha señalado que si bien la valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio (conf. CS, noviembre 26-1971, JA 1972-V-13-333; marzo 18-1980, LL 1980-C, 255), y ello no puede conducir a admitir presentaciones que carezcan de los mínimos elementos para hacer posible su trata-miento por la alzada. No lo será la mera reedición de argumentos que se encuentran examinados en la anterior instancia (Fallos: 307:2216) y es su caso el mero disentir sin referencias concretas.

Para finalizar, si bien no concuerdo en cuanto a la naturaleza de la comunidad administrada, no discuerdo en cuanto a la figura del mandato a los fines de la administración (ver v. gr. "S., J. C. s/ sucesión ab intestato" - CNCIV - SALA L - 26/02/2007, citar: elDial - AA3C3C), por lo que tal circunstancia no afecta en voto en cuanto a lo sustancial de la deci-sión.

En cuanto a la imposición en costas, no existe crítica alguna en cuanto a las circunstancias que determinaron la voluntaria y oportuna rendición de C. L. y consecuencia de su allanamiento total e incon-dicionado las rinde y son aprobadas. De allí que deberá revocarse la condena dispuesta por el orden causado y ser soportados por la vencida e idéntico criterio se observará en la alzada.

Con referencia a la condena en costas en contra de R. L., quedan absolutamente justificadas por su desinterés y actitud omisiva en cuanto a su obliga-ción principal, conforme claramente se señala en el fallo impugnado y no se han dado razones o justifica-ción alguna para enervar el decisorio, por lo que las costas de la alzada siguen idéntico camino.

En cuanto la las sumas fijadas por honorarios tomando en consideración el trámite impreso, sus etapas, el trabajo realizado y éxito obtenido en cada una de ellas y de conformidad con las pautas consagradas en la ley de aranceles (Ley XIII, Nº 4) y antecedentes análogos, considero que el quo los ha fijado con suma prudencia y adecuación al caso y sus particularidades, en consecuencia, deben ser confirma-dos, difiriéndose los de la alzada al momento el acuerdo y se tiene presente la reserva del llamado "caso federal".

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo concordado en lo sustancial con la opinión de la doctora Marta Susana Reynoso de Roberts, reitero su fórmula decisoria. En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 274 y 275 del CPCCCh, se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Nahuelanca no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Confirmar los puntos 3, 4 y 5 de la sentencia de fs. 3581/3605 y rechazar los agravios relacionados con dichos puntos.

2) Rechazar la apelación del codemandado Ramón Lorenzo y confirmar el punto 6°-A).

3) Admitir los agravios de C. M. L. y modificar el punto 6°-B), imponiendo las costas a las actoras vencidas.

4) Confirmar el punto 6°-C) y la regula-ción de honorarios.

5) Imponer las costas de esta instancia de acuerdo al considerando respectivo.

6) Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en la alzada al Dr. E. M. A. en la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($6.250), del Dr. D. O. H. en la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000) y de la Dra. L. D. J. de M. en la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000).

7) Tener presente la reserva del caso federal.

8) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL nro. 24 DEL AÑO 2009 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "CyC