marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asociaciones sindicales, dirigente gremial, licencia gremial, crisis económica, educación, docentes, gasto público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gómez, Daniel Alberto y otros s/ Acción de Inconstitucionalidad Pérez, Aldo Rubén y otros s/ Acción de Inconstitucionalidad (Decreto Nro. 1084/96) Nervi, Marcelo Adalberto y otra s/ Acción de Inconstitucionalidad (Decreto Nro. 1084/96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-07-29|1997-07-29|1997-07-27

En el caso no se reduce a cero el n·mero de las licencias gremiales.

No se violan o suprimen los derechos sindicales, sino tan sólo se reducen en determinado número dichas licencias, medida que en el caso implica una respuesta a la emergencia dada por el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su facultad constitucional de Jefe de la Administración Provincial (art. 181 inc. 1 del C.P.), para dar continuidad y regularidad al servicio público de la educación, a cargo del Estado por imperativo constitucional federal (art. 5 C.N.), sin cercenar los derechos de los representantes de los trabajadores de la educación. Ello, con la razonabilidad que resulta del intento de conciliar -en el marco de la crisis-, el derecho a la actividad gremial de tiempo pleno de los dirigentes de la UNTER., con la necesidad de mantener la prestación del servicio público de la educación, atendiendo a la gravitación del presupuesto del Consejo Provincial de Educación sobre el general, y que la reducción de gastos en dichas partidas, por su proyección, hace a la política de racionalización del gasto público.
Acción de amparo, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cargill S.A.C.I. c/ Concej. Delib. de La Plata s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

La Suprema Corte no se encuentra comprendida entre los órganos judiciales competentes para entender en la acción de amparo mentados por el art. 4º de la ley 7.166. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mutuo hipotecario, causa de las obligaciones, concurso preventivo, verificación de créditos, escritura pública, expresión de agravios, incongruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRUTHERS MARCELA ALEJANDRA s/ CONCURSO PREVENTIVO s/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO: DE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-03-09

Resulta improcedente el agravio de la recurrente con fundamento, en que no se encontraría probada la causa del crédito presentado por la actora a verificar, ya que la obligación, al ser instrumentada por medio de escritura pública lleva ínsita la causa en el documento mismo, siendo que del mutuo hipotecario acompañado en autos, se extrae con claridad el negocio jurídico al que accede, debe considerarse satisfecha la carga de probar la causa de la obligación.

Imponerle mayores exigencias probatorias al acreedor -como el alegado por la recurrente en cuanto a que no se ha probado el ingreso a su patrimonio de la suma dada en mutuo-, importaría presumir una maniobra simulatoria o una colusión dolosa entre el acreedor y el concursado y establecer de hecho recaudos no impuestos por la ley concursal; y como bien señala el ad-quem, no se ha probado ni alegado que el mutuo hipotecario haya sido fraudulentamente concebido.

Es decir, no fue objeto de redargución de falsedad (art. 979 del Código Civil). La mención de la recurrente en oportunidad de peticionar el concurso y acusar su pasivo, donde no sólo se reconoce el crédito sino incluso se acompaña la copia de la escritura pública de marras. Constituye lisa y llanamente una evidente contradicción en el actuar de la recurrente, al venir en esta instancia invocando que no se ha probado la causa del crédito.-
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Leguizamón, Alejandro s/ Recurso de amparo -cuestión de competencia art. 6 CCA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-01-08

Si se encuentra configurado uno de los supuestos de excepción que justifican la tramitación del asunto por vía de la acción de amparo, cabe admitir el desplazamiento de la competencia de la Suprema Corte en favor de la que tienen asignada los jueces y Tribunales ordinarios y reconocer al órgano jurisdiccional actuante primacía procesal para conocer y decidir acerca de las pretensiones expuestas. (Minoría u opinión personal)
Costas, costas al vencido, costas en el orden causado, facultades discrecionales del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Luis Losi Constructora s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-07-29

El art. 159 del Código Procesal civil, establece como regla de imposición de las costas, la del vencimiento, conforme a la cual cada parte será condenada en proporción a lo que prosperen sus respectivas pretensiones. Y como excepción, autoriza al a-quo atenuar el rigor de la referida regla, y aún declarar las costas en el orden causado, cuando considere que el que resultó vencido tuvo razón para litigar.

Indudablemente se trata de una facultad discrecional del Juez, que usará de ella en la medida que del examen de los hechos -en cuya apreciación es soberano, salvo casos de manifiesta arbitrariedad- considere que existe alguna razón para apartarse de la regla- morigerando su rigor.
Derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público, protección contra el despido arbitrario, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kohn Loncarica, Alfredo Guillermo c/ Poder Legislativo Nacional -Biblioteca del Congreso de la Nación- s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-18

El Dr. Buján de esta Sala, al votar en la causa "Gianoli, Graciela Ernestina Elida c/ Estado Nacional (Honorable Senado de la Nación) s/ empleo público", del 26/12/95, sostuvo que si bien es cierto que la "estabilidad del empleado público", como todo derecho constitucional, no es absoluto, màs el contenido de esa garantía difiere del alcance de la "protección contra el despido arbitrario" con que la Constitución Nacional ampara al trabajador privado, ya que mientras éste puede cesar en el empleo por la sola voluntad del empleador -a quien únicamente le es exigible el pago de la indemnización sustitutiva-, el empleado público -en cambio- tiene un derecho relativo a la conservación del empleo, del cual el empleador no puede privarlo arbitrariamente, sino solo por una causa superior de interés público que justifique el sacrificio de ese derecho, cuya pérdida -en ese supuesto- da derecho al cobro de una indemnización resarcitoria del daño que con ello se causa al agente. (Del voto del juez Coviello, cons. IV. 1).
Competencia por el territorio, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: B. G. G. A. Y Otros c/ The Walt Disney Company s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-17

Al tratarse el caso sub examine de una cuestión de naturaleza exclusivamente patrimonial, la decisión del magistrado de la anterior instancia -en cuanto está apoyada en la competencia territorial- es prematura, pues en tal hipótesis no cabe su declaración de oficio (conf art. 4 del CPCC; esta Sala, causa 3015/98 del 25.8.98). La ley otorga a las partes la facultad de atribuir la competencia, respecto de determinadas pretensiones, a un órgano judicial que, en principio, carece de élla, o bien, de consentir la competencia ya admitida, si no se deduce la defensa de incompetencia o la declinatoria.
Rebeldía, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Deluca, Juan Alberto c/ Prevención Art S.A. s/ ordinario s/ inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-11-15

La rebeldía, una vez declarada y firme, provoca la eximición de la acreditación por parte del actor de los hechos que invocó, imponiéndose dos límites: uno es la posibilidad de que esos hechos resulten inverosímiles, es decir que no resulten creíbles por sus características o sus particularidades; y el otro estaría dado en los casos de circunstancias dudosas que se brinda al juez de la causa una participación directa y activa, otorgándole la posibilidad de conminar a la parte a la acreditación de aquellas circunstancias. El juez por sí puede ordenar diligencias necesarias para esclarecer la veracidad de los hechos que se hubieran invocado (cf. "CPCyC de Río Negro, Anotado y Concordado con el CPCCN", Roland Arazi-Jorge A. Rojas, pág. 42, Ed. Rubinzal Culzoni). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Daños y perjuicios, injurias, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: M. P. A. H. c/ Fiorentino, Nicolas s/ Daños y Perjuicios - II Cpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-07-29

Puede leerse en "Enciclopedia Jurídica Omeba (T XV, pág. 870/871): "En realidad, aún en el frondoso campo de los ánimos, cabe perfectamente admitir la injuria culposa. Como ya indicamos, quien bromeando profiere palabras injuriosas no puede esperar siempre ser exculpado a causa de un ánimus jocandi absoluto que no existe, como no existe ningún otro.

Añádase que, como ya se indicó, dicho ánimo no excluye la concurrencia de otro, incluso el injuriandi. En suma, nada se opone a una broma injuriosa, a un consejo injurioso o a una corrección injuriosa.- No hay exclusión en lo psicológico. Una multiplicidad de ánimos, fines, tendencias y propósitos pueden coexistir siendo extremadamente difícil determinar cuál de todos ellos es el preponderante y como tal, el que debe tenerse en cuenta".

La expresión injuriosa, de cualquier especie, sirve para admitir la indemnización de daños provocados por conductas lesivas que atacan al honor, desde que se desentiende del tipo penal y del dolo, dado que la protección civil del honor es más amplia que la penal, llegando incluso a comprender y ordenar su reparación por ataques producidos por culpa o negligencia.
Derecho de retención, locación de obra
Materia: CIVIL
Carátula: MORDOJ SAMUEL ALEJANDRO c/ BOBRIK MARIANO s/ SUMARIO - DRECHO DE RETENCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-15

Para ejercer el derecho de retención del art. 3939 del Cód. Civil, es uno de los requisitos indispensables que el crédito provenga de la misma cosa o por razón de la cosa, lo que surge de la disposición citada y de las que le siguen. El acreedor debe tener la cosa por entrega del contratante y haber una conexidad entre la cosa y el crédito, pero no entre la actividad sobre otra cosa y el crédito nacido de esa actividad. Si los locatarios tomaron las cosas retenidas sin que se le entregaran y, esgrimiendo lo que el locador les debía por no ejecutar a debido tiempo la obra sobre el inmueble, se quedaron son los bienes del constructor, ello demuestra que no hay nexo directo entre la cosa y el crédito, ni se llegó a la tenencia de los bienes retenidos por entrega de propietario. No se conservó esa guarda de los muebles, que la ley llama, quizá impropiamente posesión, sino que subrepticiamente, en ausencia del dueño y desplazando a su representante, el sereno, se apoderó el acreedor de las cosas pretendiendo ejercer el derecho de retención.

El crédito por la actividad suspendida y por el opus no terminado, no es nacido de la cosa misma (enceres y herramientas) sino del incumplimiento o inejecución del contrato sobre el inmueble del locatario. Las cosas tomadas no retenidas, pues no se las tenía de antes, eran elementos ajenos al contrato del locación en sí, puesto que con ellos no había compromiso de nadie, sino que simplemente eran los medios que utilizaba el locador para cumplirlo. Hubo abuso del crédito. Una al recuperar el inmueble desplazando al locador por mano propia, sin dar previamente intervención a la justicia; otra, quedándose con bienes ajenos con la invocación de que había una deuda del propietario de esos bienes, sin que la justicia dilucidara el caso, y dando principio de ejecución por sí y ante sí del crédito invocado. No hubo excusa por la acción referida y debe aplicarse la buena senda que marcan las normas legales, la doctrina y la jurisprudencia.
Simulación, causa simulandi
Materia: CIVIL
Carátula: ROJAS LOPEZ, Ivonne y otro c/ SETTECASI DE FABIAN, Benedicta s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-10

La "causa simulandi" no constituye un elemento esencial para la configuración de la procedencia de la acción de simulación. Es importante para comprender o hallar el motivo de un cierto proceder, pero siempre y cuando no se tenga -por otros medios o pruebas- la certeza de la no compatibilidad entre el acto aparente y el verdadero oculto.-
Prescripción adquisitiva, prueba testimonial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Organización Santa Victoria c/ Amaya de Suarez, Olga Elena s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

La prueba testifical debe ser fidedigna, completa y concluyente, sin que pueda dejar dudas sobre los hechos que autoricen a tener por cumplida la usucapión.-
Intereses, tasa pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Manjon, Ana Mabel c/ Expreso Ranelagh Sociedad Anónima (E.R.S.A.) Línea 584 y/u otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-03

Cuando ya no es posible indexar, repotenciar o adecuar las cantidades materia de condena, los intereses que paga el banco oficial por los depósitos a plazo fijo constituyen la única compensación a que tiene derecho el acreedor por la demora en la percepción de su crédito (art. 622 Cód. Civil).
Depósito, depósito voluntario, obligaciones del depositario, interpretación de la ley, acción por el depósito
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: TIEBOUT, JUAN CARLOS c/ APARICIO, JORGE HUMBERTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-06

Si se interpreta a contrario sensu el art. 2199 del cód. civil, se llega a la conclusión de que el depositario puede ejercer "acción por el deposito" contra el propietario cuando aquel "ignora que la cosa no le correspondía al depositante". Si bien la interpretación a contrario sensu es "peligrosa", en el sentido de que pueda llevar a conclusiones erróneas, sin embargo, no parece ser así cuando -como en el caso- se verifica que el depositario "no conoce" que la persona que le entrega la cosa no es su propietario, por lo que "no puede sostenerse que acepte liberar al verdadero propietario, a cuya cosa sirve, ni tampoco puede suponerse que acepte no ejecer derecho de retencion sobre la cosa objeto de su servicio".
Obligaciones solidarias, acción de reintegro
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Canio, Evaristo c/ Montes Blanco, Denis y/u otros s/ SUMARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-11-27

Procede el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que ha efectuado una errónea aplicación de la ley (arts. 1109, 701 y 705 del CC) en cuanto confunde entre lo que constituye el porcentaje y proporción de la responsabilidad, con la extensión del derecho que le cabe al acreedor frente a los deudores solidarios, cuando -como en el caso- se trata de un supuesto de solidaridad legal que, al igual que el de la solidaridad convencional, tiene un efecto concreto: la facultad del acreedor de exigir el pago de la deuda "por entero", contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos, sin que se le pueda oponer limitación derivada del porcentual o proporción que efectivamente se haya podido imputar en la conformación del perjuicio en sí que genera la indemnización. Ello en tanto, el art. 1109 CC. no modifica ni limita al art. 705, habida cuenta que alude a las relaciones que vinculan a los deudores solidarios, puesto que se remite a la acción de reintegro.
Juicio ejecutivo, antecedentes de dominio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Quintana, Edgar Roberto c/ Figueroa, Marina del Carmen s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-03-05

Según el artículo 529 primera parte del CPCC, el juez debe examinar cuidadosamente el instrumento con el cual se deduce la ejecución, lo que presupone no sólo su atribución para establecer si él reúne o no aptitud ejecutiva, sino además para dirimir si la pretensión pecuniaria reclamada por quien es su portador se encuentra o no contenida en él. Ese reclamo necesariamente debe corresponderse con el tenor del título en base al cual se la exterioriza; cuando el primero exceda el contenido del segundo, el juez está habilitado a observarlo oficiosamente, ora al dar inicial trámite al proceso, ora en la sentencia.
Hurto de automotor, tentativa, apoderamiento, disposición de la cosa
Materia: PENAL
Carátula: PERALTA, JORGE. s/ HURTO AUTOMOTOR. TENTATIVA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-02

Habiéndose acreditado que el automotor -al que se le practicó un "puente" -fue desplazado casi 30 metros del sitio donde lo dejó su propietario y que los autores de tal movimiento fueron los prevenidos, corresponde responsabilizar a éstos por la sustracción del automóvil, no tratandose de un hecho consumado sino tentado, pues la escasa distancia recorrida por el vehículo con notoria dificultad implicó que los nocentes no llegaran a tener la libre disposición del bien que intentaban sustraer (arts. 42 y 162 C.P.E., en función del art. 38 del decreto-ley 6582-58, ratificado por la ley 14.467).
Registro de la propiedad automotor, transferencia del automotor, inscripción registral, denuncia de venta
Materia: CIVIL
Carátula: S. T., R. c/ V. L. M. y otros s/ sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-10-18

El encargado del registro es quien en ejercicio de dicha función debe procesar minuciosamente los trámites que se presenten y constatar el cumplimiento de todos los requisitos de la inscripción. Si no encuentran fallas o defectos que justifiquen una observación, deberá efectuar en el folio real o legajo los asientos registrales pertinentes. Este, el acto de inscribir o anotar, es la etapa final del procedimiento, a partir de ese momento cobra relevancia el principio de legitimidad o presunción registral, en virtud del cual se presume la veracidad y exactitud del asiento registral. En el Régimen Jurídico del Automotor la función calificadora se encuentra por el Decreto N° 335/88 (art. 12, 13, 14 y 15) y en el Digesto de Normas Técnicas Registrales, Capítulo IV, la Sección I.
Indemnización por accidente de trabajo, interpretación de la ley, renta periódica, constitucionalidad
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTI, MARIELA Y OTROS c/ AFJP PREVINTER S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-30

Si el legislador, en uso de las facultades que le son propias, ha decidido que las prestaciones previstas por la ley se abonen a través de rentas periódicas y no de un modo directo, de una sola vez, dicha opción - que por otra parte ya fue adoptada por el legislador en algunos tramos de la larga vigencia de la derogada ley de accidentes 9688 - aparece como razonable. Se puede o no estar de acuerdo con tal opción pero esto hace a una cuestión de oportunidad o conveniencia de los jueces - so pena de afectar la división de poderes- no pueden revisar, salvo que la medida sea manifiestamente irrazonable o viole derechos constitucionales de los actores. (Del voto del Dr. de la Fuente, en minoría).
Impuesto a las ganancias, sociedad anónima, remuneración del directorio, remuneración del síndico de la sociedad, deducciones impositivas, ganancia neta sujeta a impuesto
Materia: COMERCIAL - TRIBUTARIO
Carátula: JUAN FULLANA S.A. s/ IMPUESTO A LA GANANCIAS.    HONORARIOS  DE  DIRECTORES  Y  SINDICOS  DE SOCIEDADES ANONIMAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

El art. 118 del decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias resulta correctamente interpretado si se estima que los honorarios de los directores y síndicos votados en la asamblea de accionistas como participación en las utilidades líquidas y realizadas de la sociedad, no constituyen un gasto y sí una deducción admitida en el balance impositivo del ejercicio por el que aquellas se regulan al sólo efecto de la determinación del resultado o ganancia gravable.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez, Julio  Daniel  y  otros c/ Empresa Compañía Argentina de Petróleo S.A. y otra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

La ley de Contrato de Trabajo impone a las empresas # organización y gestión propia que asume los riesgos, obligaciones y responsabilidades - que, teniendo una actividad propia normal y específica o habiéndose encargado de ella, estiman convenientes o pertinentes no realizarla por sí en todo o en parte, sino encargar a otras u otros esa realización de bienes o servicios. Ello debe determinarse en cada caso atendiendo al tipo de vinculación y a las circunstancias particulares que se hayan acreditado.
Cheque sin fondos, interpelación, identidad del receptor
Materia: PENAL
Carátula: TOMASINI, SANTIAGO LUIS s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

1- El dato objetivo de la existencia de la comunicación cursada por el tenedor del cheque, es suficiente para entender configurado el delito. La existencia de tal comunicación es indiscutible cuando, como ocurre en el caso, hubo un despacho telegráfico que el servicio oficial de telégrafos informa haber entregado en el domicilio del destinatario. Poco importa quien haya sido la persona que atendió circunstancialmente al mensajero portador del despacho. Es obvio que por casualidad suele ocurrir que el propio destinatario en persona atiende al mensajero. (Del voto del Dr. Hendler).- 2- Si bien el despacho cuya recepción niega el imputado habría sido entregado en destino, parece recibido por quien sería una vecina del destinatario. O sea que el diligenciamiento no se "verificó normalmente" con el propio interesado o persona de su dependencia o miembro de su familia, en contravención a lo dispuesto por el Art.

10 apartado b) del Reglamento de Mensajeros de Encotel. (Del voto en disidencia del Dr. García Quiroga).
Fraude a la propiedad intelectual, reproducción de fonogramas, lugar público
Materia: PENAL
Carátula: HELERING, JOSE ALBERTO s/ PROPIEDAD INTELECTUAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-09-14

A los fines del art. 73, inc. b), de la Ley 11.723, el concepto de "público" deriva de la naturaleza del lugar, y no, precisamente, del carácter privado de la reunión. Así, por ejemplo, un lugar no deja de ser público aunque al mismo concurran un grupo de amigos, si ha sido alquilado. Se requiere con ello poner límite o dejar exclusivamente fuera de protección al derecho autoral en ciertos lugares excepcionales. Las causas que le deben poner coto a tal derecho no son otras que los derechos personalísimos derivados de la intimidad, en cuanto ésta tiende a preservar la "vida privada" del ser humano en los ámbito domésticos, cuya tutela se encuentra actualmente reconocida en virtud del art. 32 bis, introducido al Cód. Civil por la Ley 20.889.-
Remuneración, propinas
Materia: LABORAL
Carátula: Amestoy, José María y ot. c/ Jockey Club de Mar del Plata s/ Indemnización por antiguedad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

Reconocido por la demandada que el actor obtenía propinas pero no que las percibiera habitualmente, la carga de aportar la prueba que acredite tal circunstancia fáctica constitutiva del derecho invocado -art. 113, L.C.T.- corre por cuenta del accionante (art. 375, C.P.C.C.)