Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-19


Causa Nº 17994-01-CC/2006 (80/06) Incidente de nulidad en autos "Paz, Ángel Ramón s/ inf. art. 83 Ley 1472- Apelación" En n la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de octubre de 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Emilio Antonio Capuccio, obrante a fs. 23/28 del presente, contra la resolución de la Sra. Juez de Grado de fecha 5 de septiembre de 2006, del que RESULTA:

I.- Que a fs. 13/16 vta. obra copia del planteo de nulidad efectuado por la defensa de Ángel Ramón Paz, respecto de los cuatro procedimientos que dieron origen a este proceso y la nulidad de las cuatro resoluciones, mediante las cuales las jueces de garantías convalidaron los secuestros efectuados los días 9, 16, 27 y 30 de junio de 2006. Por un lado, entiende que los secuestros de efectos realizados por la Policía Federal Argentina carecieron de toda motivación legal, según las pautas establecidas por los arts. 35 y 83 de la ley 1472 y por el art. 18 del CPC y que los controles judiciales resultaron tardíos e ineficaces. Por otro lado, señala que las resoluciones que convalidan las medidas cautelares no contienen una fundamentación razonable, circunstancia que las convierte en un acto jurisdiccional inválido. Entiende que del análisis de la figura contravencional prevista en el art. 83 CC y de su comparación con las constancias agregadas en el expediente, no existen hechos típicos toda vez que la actividad imputada a Paz no podría ser considerada como venta no ambulatoria o superadora de una venta de mera subsistencia o como productora de una competencia desleal efectiva. Asimismo, agrega que los secuestros efectuados los días 9, 16, 27 y 30 de junio de 2006 fueron confirmados por los señores jueces los días 14 y 21 de junio y 3 y 6 de julio, es decir, seis, cinco, seis y seis días después respectivamente, en oposición con la garantía constitucional de debido proceso y el derecho de propiedad privada. Por último, impugna las resoluciones de fs. 9, 19, 30 y 40 del expediente principal por considerar que carecen de fundamentación toda vez que las magistradas no emitieron una opinión fundada acerca de los motivos por los cuales no se aplicaban las previsiones del tercer párrafo del art. 35 CC en cuanto dispone que la restitución de bienes cuando su comiso importe una evidente desproporción punitiva. Asimismo, hace reserva de caso federal.

II. Que a fs. 18/20 vta. contesta vista el Sr. Fiscal de Primera Instancia, Luis Duacastella Arbizu. Entiende que los procedimientos no presentaron irregularidades que fundamenten el planteo de nulidad realizado por la defensa, que las actas fueron labradas por el personal preventor luego de constatar la flagrante comisión de la contravención y que el secuestro se realizó previa consulta al Fiscal. En cuanto a la alegada falta de prueba, entiende que resultan suficientes para continuar con la causa y que corresponde que sea el momento del debate la oportunidad para que sean valoradas. Asimismo, con respecto a los controles judiciales efectuados, manifiesta que no se ha vulnerado el principio de inmediatez y que la demora invocada por la defensa no le causa un perjuicio concreto al presunto contraventor. Por último, agrega que en base a los principios del sistema acusatorio, el planteo resulta improcedente toda vez que sería la audiencia de juicio el momento oportuno para resolver estas cuestiones, conforme el criterio sentado en el fallo "Rotondo, Rómulo s / art. 47". Solicita se declare abstracto el planteo de nulidad y se designe fecha de juicio oral y público.

III. Que a fs. 21/22 vta. la Sra. Juez de Primera Instancia, María Fernanda Botana, resuelve no hacer lugar a las nulidades planteadas. En primer lugar, entiende que la defensa ha planteado mas que una nulidad, un sobreseimiento por falta de tipicidad. Afirma, que para que se convalide una medida precautoria no se necesita una certeza absoluta sobre la efectiva realización y encuadramiento jurídico de la conducta reprochada dado que de lo contrario se estaría juzgando en forma anticipada y definitiva el accionar realizado. Por otra parte, entiende que las resoluciones que convalidaron las medidas de secuestro han sido adoptadas dentro de un plazo razonable y adecuadamente fundadas.

VI. Que a fs. 23/28 vta. consta el recurso de apelación interpuesto por el Emilio Capuccio contra la resolución mencionada supra. Reitera los argumentos brindados en oportunidad de plantear las nulidades. Agrega que discrepa con los fundamentos utilizados por la Magistrada. En primer lugar, considera que el juez de garantías "debe" efectuar un mínimo análisis sobre la imputación formulada y sobre las pruebas colectadas sin que ello implique un acto de prejuzgamiento. Por otro lado, y habiendo admitido la Sra. Jueza que su fundamentación ha sido "somera", insiste con la nulidad de la resolución cuestionada. Asimismo, y en cuanto al plazo en el que fueron controladas judicialmente las medidas precautorias efectuadas, considera que podría ser entendido como razonable si se hubieran indicado los motivos que justifiquen la demora. Finalmente, hace reserva de caso federal.

V. Que a fs. 64/65 obra el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Guagnino, quien entiende que corresponde rechazar el recurso en todos sus términos y se confirme lo resuelto por la Juez a quo.

IX.- Que a fs. 68 pasan los autos a resolución de esta Sala, siendo las cuestiones a dilucidar ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto En su caso, ¿resulta ajustada a derecho la resolución recurrida PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación interpuesto lo ha sido en las condiciones y plazos establecidos por la Ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo.

Ahora bien, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que la norma antes citada prevé expresamente la apelación de la sentencia, pero es de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN - art. 6 LPC - que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable al imputado. El que según se ha afirmado "... no se presta a una definición genérica y debe por lo tanto verificarse su concurrencia en cada caso concreto, puede decirse que aquél se presenta, fundamentalmente, cuando no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución ..." (Palacio, Lino Enrique, "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 2001, págs. 60/61).

No obstante ello, y siendo que en la presente causa la resolución impugnada rechaza los planteos de nulidad introducidos por la defensa, cabe adelantar que resultará procedente su tratamiento en esta instancia (causas Nº 205-00-CC/2004 "Morales, Norberto Francisco s/infr. arts. 41 y 42" del 17/8/2004, Nº 37-01-CC/2005 Incidente de nulidad en autos "Soto, Pablo s/Infracc Art. 41 CC- Apelación" del 21/4/2005, Nº 099-01-CC/2005 Incidente de nulidad en autos: "Cueva, Ana María s/inf. Art. 83 CC (ley 1472)- Apelación" del 6/5/2005, Nº 165-01-CC/2005 "Recurso de Queja en Incidente de Medidas Cautelares en autos: Castro Fernández, Margarita s/inf. Art. 84 CC Ley 1472" del 25/7/2005; entre otras), puesto que la Judicante ha decidido resolverlo, y no ha diferido su tratamiento para la audiencia de juicio. En razón de ello, corresponde declarar admisible el recurso de apelación.

SEGUNDA CUESTION:

Admitido el recurso incoado, y previo a todo análisis de los planteos nulificantes postulados por la Defensa, es importante recordar la postura que ha venido sosteniendo esta Sala en numerosos precedentes, al afirmar que la declaración de invalidez posee carácter excepcional, debiendo primar los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. A partir de lo expresado, es dable afirmar que la declaración de nulidad sólo resulta procedente de advertirse que el acto viciado produce algún perjuicio real y concreto, puesto que lo contrario implicaría decretar la nulidad de un acto por una cuestión absolutamente formal (conf. C. N. Casación Penal, Sala III, "Palacios, Oscar E. s/rec. de casación", rta. 22/6/2004, entre otras).

Sobre la base de los principios apuntados corresponde adentrarse en el estudio de los agravios introducidos por la defensa.

a) Nulidad del secuestro y del procedimiento contravencional por atipicidad de la conducta y ausencia de pruebas suficientes:

Corresponde en esta instancia abocarse al estudio del primero de los agravios esgrimidos por la Defensa, referido a la nulidad del secuestro fundado en la carencia de motivación legal de la medida y en la atipicidad de la conducta, atento a la presunta ausencia de elementos de prueba que permitan sostener los extremos requeridos por el artículo 83 CC. En este punto, afirma el impugnante que la conducta del encartado se trata de una venta ambulatoria, de mera subsistencia que no ha producido competencia desleal efectiva para el comercio establecido.

Ahora bien, en relación a la alegada falta de fundamentación de la medida cautelar, es dable recordar que la verosimilitud del hecho resulta una condición tanto para la adopción como para el mantenimiento de una medida cautelar. Al respecto, nuestro máximo tribunal local (Expte. Nº 1215/01 "Clínica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en Clínica Fleming s/ art. 72 CC -incidente clausura- apelación", del 19/12/2001), se ha referido al fumus boni juris de la denuncia, que se halla estrechamente ligada con la causalidad y la razonabilidad de la medida cautelar. Por tanto, y una vez establecida dicha verosimilitud, a fin de valorar si las medidas precautorias han sido correctamente adoptadas, debe efectuarse un análisis de la conducta desde el punto de vista jurídico y no probatorio. Asimismo, y teniendo en cuenta que el Sr. Defensor Oficial mencionó, aunque someramente, la circunstancia atinente a que el hecho prima facie atribuido no configuraría contravención por encontrarse contemplado entre los supuestos previstos en el tercer párrafo del art. 83 Ley 1472, corresponde analizar dicha circunstancia.

Al respecto, es dable adelantar que en el caso de autos la atipicidad de la conducta no es manifiesta e indubitable, por lo que no corresponde hacer lugar al planteo defensista.

Ello, en razón de que los hechos prima facie endilgados a Paz, tal como se desprende de las copias de las actas contravencionales obrante a fs. 1/ vta., 4/ vta., 7/ vta., y 10/ vta. consistirían en la presunta comisión del art. 83 CC en atención a que el imputado se hallaba vendiendo productos alimenticios panificados en la vía pública sin la autorización correspondiente, procediéndose al secuestro de un cajón de madera con facturas (9 de junio de 2006), una canasta de plástico con facturas y pan casero (16 de junio de 2006), una canasta de plástico con facturas y una caja de cartón con pan casero (27 de junio de 2006) y un canasto de plástico con facturas (30 de junio de 2006).

Ahora bien, los planteos defensistas encaminados a demostrar que la conducta del encartado resultaría una venta ambulatoria, de mera subsistencia y que la misma no implicaría competencia desleal para el comercio establecido, no pueden aseverarse a partir de las constancias obrantes en la causa, puesto que se trata de cuestiones de hecho y prueba que deberán ser ponderadas y acreditadas en el momento procesal oportuno. Lo contrario significaría adelantar juicio sobre el fondo del hecho que no corresponde efectuar en esta etapa, debiendo limitarse en este estadio únicamente a un oportuno control de razonabilidad y legalidad de la medida cautelar, máxime teniendo en cuenta que como ha expresado este Tribunal en numerosos precedentes (causas Nº 249-00-CC/2005 "More Castillo, Rosario s/inf. Al art. 83 CC- Apelación", del 19/9/2005; Nº 280-00-CC/2005 "Moreno, Oscar René s/inf. art. 83 Ley Nº 1472- Apelación", del 29/9/2005; Nº 133-00-CC/2005 "Gómez Barbosa, Segundo Octavio s/infracción art. 83- Apelación" del 29/09/05), la venta de mera subsistencia se relaciona con las condiciones personales del autor en la medida en que para establecer dicha circunstancia no puede prescindirse de la valoración de la situación personal y económico social en la que se encuentra, configurando una causal de exclusión de la culpabilidad. Asimismo, se vincula con las características del hecho, en particular de la mercadería que es objeto de actividad lucrativa, puesto que su cantidad, calidad y valor pueden funcionar como indicio de la presencia o ausencia de aquel elemento. Todo ello deberá ser objeto de estudio en la etapa procesal oportuna.

A mayor abundamiento, cabe recordar que este Tribunal ha manifestado en otros precedentes que las nulidades que se relacionen con la actuación prevencional y los posibles excesos, y que requieran la valoración de prueba, deben ser objeto de discusión y prueba en el momento procesal oportuno - a saber durante el debate - a fin de no afectar el principio de igualdad de las partes (causa Nº 086-00-CC/2004 "Solís, Virginio s/ infracción art. 189 bis CP s/ apelación (planteo de nulidad)" rta. el 7/06/2004, causa N° 187-00-CC/2004 "Posta, Felipe y Berbegal, Rodolfo s/ Infracción Ley 255-Apelación" rta. el 6/08/2004).

En atención a ello, no corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la defensa.

b) Nulidad por control judicial tardío e ineficaz:

En cuanto al control jurisdiccional efectuado por el Juez de Garantías, cabe destacar que este Tribunal ya ha señalado en reiteradas oportunidades que la norma antes mencionada no establece una "inmediata" consulta al Juez, ni tampoco un término expreso, sin perjuicio de lo cual su intervención debe ser pronta y razonable, en resguardo de los bienes jurídicos particulares. Es decir, la intervención judicial respecto de las medidas cautelares debe ser oportuna a los fines del debido contralor de tales actos; oportunidad que debe ser interpretada en el marco de la razonabilidad propia de los actos y decisiones judiciales. Así, debe efectuarse un examen cuidadoso y prudencial, valorando la naturaleza de la medida precautoria adoptada y las circunstancias particulares del caso, sin que pueda fijarse un lapso único y general que comprenda el concepto en cuestión (causa N° 084-01 CC/2004 "Núñez, Jesús s/ art. 54- Apelación", rta. 21/05/04, causa Nº 081-01-CC/2005 Incidente de nulidad en autos "Roldán, Rodolfo s/ inf. art. 83 CC (Ley 1472)- Apelación" del 28/4/2005, entre otras).

En el supuesto traído a examen, no se advierte que el lapso transcurrido desde que se produjeron los secuestros hasta que las Sras. Juezas de grado confirmaran las medidas, hubiera vulnerado derecho alguno, por lo que el planteo de nulidad en base a este punto tampoco puede prosperar. Es decir, del análisis de los presentes actuados se desprende que tanto el objeto de la disposición legal, como los fines que ella pretende tutelar han sido observados, pues han llegado a conocimiento del Fiscal de grado los secuestros practicados por el personal policial y han sido convalidados por Jueces de Garantías en tiempo razonable, por lo que no existe motivo alguno que amerite su declaración de invalidez.

c) Nulidad de las resoluciones que convalidan el secuestro por falta de fundamentación:

En este sentido, la Defensa considera que las resoluciones de las Magistradas de Grado respecto de los secuestros de marras resultan nulas por carecer de la debida fundamentación, circunstancia que las tornaría claramente arbitrarias.

Corresponde señalar que de la lectura de los decisorios cuestionados no surge la ausencia de fundamentación alegada. Así, se desprende de fs. 3/ vta. que la Magistrada de Grado, María Fernanda Botana, convalidó el secuestro de autos en atención a lo previsto por los arts. 35 de la ley 1472 y 18 inc. c) de la ley 12, previo análisis de las actuaciones. Lo mismo surge de la resolución de la María Laura Martínez Vega, obrante a fs. 6. Asimismo, la mencionada Magistrada manifiesta que las medidas precautorias deben evaluarse desde el punto de vista de su encuadre legal y entiende que es probable que las conductas encuadren "prima facie" en la contravención en cuestión, por lo que convalida las medidas cautelares llevadas a cabo con fecha 27 y 30 de junio de 2006 (fs. 9 y 12).

De lo expuesto, y si bien alguno de los fundamentos esgrimidos podrían llegar a considerarse escuetos, o "someros", tal como lo señala la Sra. Juez de grado, no se advierte la carencia de fundamentación que pretende la Defensa. Sin perjuicio de ello, es dable señalar que este Tribunal ha tolerado fundamentaciones que, aunque austeras al dar razones, presentan una motivación suficiente para poner en conocimiento de las partes el por qué de lo decidido. En este sentido, se ha expresado que la exigencia de motivación no implica necesariamente que el Juez que durante el trámite de una investigación decrete una medida, deba volcar en la providencia una exhaustiva descripción del proceso intelectual que lo llevó a resolver en determinado sentido, sino que el mismo se encuentra cumplido siempre que guarde relación con los antecedentes que le sirven de causa y sean congruentes con el punto que decide, y suficientes para el conocimiento de las partes y las eventuales impugnaciones que se pudieran plantear (causa 052-00-CC/2004 "Waigandt, María Elena s/ Infracción art. 41 CC - Medida Cautelar - Apelación", rta. el 20/4/2004).

En razón de lo expresado, este planteo también habrá de ser rechazado.

d) Desproporcionalidad punitiva:

En este punto, afirma el impugnante que la Magistrada debió valorar el argumento relativo a la desproporcionalidad de la medida cautelar, conforme lo dispuesto por el art. 35 de la Ley 1472, lo que conlleva a su nulidad.

En este sentido, esta Sala ha expresado que la medida precautoria de secuestro -art. 18 inc. c) LPC- puede "(p)erseguir el aseguramiento de una prueba para el día en que se produzca el debate y, eventualmente, en el caso de dictarse sentencia condenatoria, el comiso de los bienes como indica el art. 35 del C.C." (causa N° 163-02-CC/2005, "Incidente de Apelación en autos Molina, Juan José s/art. 84 Ley 1472 - Apelación", rta. el 13/09/2005).

En razón de ello, y siendo que no se advierte en la presente causa que el secuestro de bienes llevado a cabo por la autoridad preventora haya implicado una evidente desproporción punitiva, tal como lo describe el tercer párrafo del art. 35 del C.C., no corresponde -como bien afirma la Judicante- hacer examen alguno al respecto. Por el contrario, la entidad de los efectos incautados y las características del hecho indican, en principio, que no concurre dicha hipótesis excepcional que permita apartarse del principio general fijado en la primera parte del citado artículo. Todo ello, sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente en la etapa procesal oportuna con relación a su efectivo comiso.

Por los motivos expresados, el Tribunal;

RESUELVE:

I. CONFIRMAR los puntos I y II de la decisión recurrida de fecha 5 de Septiembre de 2006, obrante a fs. 21/22 vta. del presente, en cuanto rechaza los planteos de nulidad articulados por la Defensa (arts. 166 y sgtes. CPPN, art. 6 LPC).

II. Tener presentes las reservas formuladas.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente remítase al Juzgado de origen, a sus efectos.