Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, adquisición del dominio, prescripción adquisitiva, prueba testimonial, prueba documental
Materia: CIVIL
Carátula: GUITIÁN, Lucio c/ PROVINCIA DE SALTA Y/O TITULAR RESPONSABLE s/Adquisición del dominio por prescripción s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-22

En los juicio de usucapión, la prueba debe estar dirigida a demostrar tanto el hecho de la posesión como el ánimo de dueño en su ejercicio, así como sus cualidades de pública, pacífica, continua e ininterrumpida, y el tiempo exigido por la ley para considerar adquirido el dominio.

Ello implica la necesaria demostración del inicio de la posesión (en particular, en este caso, el inicio de la posesión de los antecesores del actor, a la cual pretende acceder la propia) y la ausencia de interrupciones durante el tiempo de veinte años.- En tal sentido, ha sostenido la Corte Federal que debido al carácter excepcional que reviste la adquisición del dominio por el medio previsto en el art. 2524 inc. 7 del Código Civil, la realización de los actos comprendidos en su art. 2373 y el constante ejercicio de esa posesión, debe efectuarse de manera insospechada, clara y convincente.

Para la adquisición del dominio por usucapión no basta que se acredite un relativo desinterés por el inmueble por parte de la demandada, sino que es necesaria la cabal demostración de los actos posesorios realizados por quien pretende usucapir (CSJ, Fallos 300-651).- La prueba de la posesión debe ser plena e indubitable, no siendo suficiente la sola declaración de testigos en las cuales no se concreten con toda precisión noticias verdaderas sobre la realización de actos posesorios "animus domini", ni tampoco la exhibición de documentos que por sí solos no acrediten la realización de tales actos (CNCiv., Sala A, E.D. 90-320).

También se ha entendido que el pago de impuestos, tasas o servicios que se refieren al fundo en forma especial, debe ser interpretado positivamente como demostrativo del animus, y ello porque es poco factible que alguien que no se sienta poseedor de la cosa, se allane a pagar contribuciones impuestas por el Estado; siendo necesario recordar que la ley no exige que existan documentos que hagan a todo el plazo de la prescripción (Conf. CNCiv., Sala B, L.L. 1981-A-51).

Y se ha interpretado que el pago de tributos tiene, no obstante, un valor meramente complementario de otras probanzas para acreditar los actos posesorios (SC Buenos Aires, L.L. 981-358; DJBA 116-349).- En el presente caso, y conforme lo señala el fallo apelado, se ha rendido efectivamente esa prueba compleja en torno al corpus y al animus posesorios; y también en cuanto al tiempo pues, si bien no hay una fecha de inicio concreta de la posesión del antecesor, los documentos acompañados traducen presunciones serias que se remontan al menos a 1977, conforme surge del certificado emitido por el Programa de Registro Técnico de la Dirección General de Inmuebles.

En efecto, si bien el plano de mensura para prescripción no es en sí mismo prueba de la posesión, acerca en este supuesto un dato presuntivo cierto de la posesión de la actora, de los derechos y acciones posesorias sobre el terreno en cuestión.

Debe tenerse presente que con relación al plano debe valorarse su fecha como presuntiva de una posesión que viene desde entonces; y no porque el plano en sí mismo considerado sea un acto posesorio.

Igual conclusión resulta del análisis de la partida de nacimiento acompañada, de la cual surge también la presunción de una continuidad en la posesión derivada del parentesco responsable de los pagos de impuestos y tasas cuyos comprobantes se remontan a las primeras décadas del siglo anterior.- En tal contexto, cobran trascendencia los testimonios rendidos. Si bien las preguntas no han sido del todo precisas con relación al conocimiento de actos posesorios concretos, la referencia general al manejo o explotación económica de la finca, unido al demostrado pago del canon de riego, permiten suponer labores que demuestran necesariamente la relación real con la cosa y el ánimo de dueño, pendiente todo el tiempo exigido por la ley. Afirmar lo contrario aparece como un exceso en el ejercicio de los intereses del Estado, frente a una situación que deviene claramente pública y pacífica a través de prolongado tiempo.- Por otra parte, la negación genérica de la autenticidad de los recibos de pagos de impuestos y tasas cuya emisión se atribuye al propio Estado, sin identificar cuáles podrían ser las razones por las cuales se cree que esos documentos pudieran ser inauténticos, resulta insuficiente para desautorizar su valor probatorio. Es importante observar que el Estado no niega la existencia de los pagos ni tampoco ofrece prueba en ese sentido.- Por último, y en cuanto a la identificación del inmueble, sus límites y su extensión, no puede sino estarse a lo que resulta del plano de mensura aprobado legalmente y presentado en este juicio, siendo insustancial cualquier diferencia que pudiera surgir de la apreciación desprovista de fundamentos técnicos que pudieran haber efectuado en autos cualquier testigo o funcionario.

Precisamente, el requerimiento legal del plano de mensura tiene la finalidad de identificar correctamente el inmueble a usucapir, aventando cualquier imprecisión o confusión que pudiera surgir de las apreciaciones vulgares.-