Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, acción reivindicatoria
Materia: CIVIL
Carátula: BARNETCHE, Eduardo Aníbal c/ SALAZAR, Néstor Ángel s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-03

Según el art. 2758 del Código Civil, la acción de reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquél que se encuentra en posesión de ella. Se trata de una acción real que tiene por objeto hacer declarar en juicio la existencia del derecho real en aquellos casos en que haya mediado desposesión de la cosa y, así, obtener su restitución.

Para su ejercicio, en orden a la legitimación activa, se requiere entonces la titularidad del derecho real respectivo; en el litigio ya no estará en discusión el hecho de la posesión, sino que versará el mismo sobre el derecho de poseer (Papaño, Kiper y otros Derechos Reales, t. III, pág. 91, CApel.CC.Salta, Sala III, 25/8/97, año 1997, f° 545).

Se ha señalado que "toda reivindicación fundada en el dominio requiere: 1) la prueba del dominio; 2) la consiguiente prueba de la posesión (ya que no hay dominio sin tradición y posesión -arts. 577, 2.601 y cc. Código Civil-); 3) la ulterior desposesión; 4) la identidad de lo propio y lo que se quiere reivindicar (del voto del Dr. Colmo, en el plenario publicado en J.A. 10-397).

Héctor Lafaille, a su vez, señala que los requisitos para entablar la acción reivindicatoria son: a) derecho de poseer en el demandante, b) pérdida de la posesión en el actor; c) posesión actual del demandado; d) "cosa".en condiciones de ser objeto de posesión, para lo cual habrá de ser cosa presente y no futura y hallarse perfectamente determinada.

Todos estos factores deben referirse al inmueble reclamado, pues de otro modo la reivindicación fallaría por su base (Lafaille: Derecho Civil - Tratado de los Derechos Reales, t. V, vol. III, Bs. As. Ediar, 1945, pág. 403/404).

La Sala III de la Corte de Justicia de la Provincia dijo que según lo establece el art. 2.758 del Código Civil, para entablar la acción reivindicatoria deben llenarse los extremos siguientes: a) derecho de poseer en el actor; este elemento se refiere principalmente al título de dominio; b) pérdida de la posesión en el actor reivindicante; c) posesión actual en el demandado; d) que el bien inmueble a reivindicar esté perfectamente determinado (CJSalta, Sala III, tomo 20, pág. 434; CApel.CC.Salta, Sala III, año 1981, f° 1179; íd. íd. año 1982, f°. 23/40).

El reivindicante, entonces, debe precisar con exactitud la cosa que reivindica, estableciendo la identidad de la que sus títulos indican con la poseída por el reivindicado, y su situación exacta en caso de inmuebles ha de resultar de probanzas concluyentes.

Ante la imposibilidad de ubicar el terreno que se intenta reivindicar, corresponde el rechazo de la demanda entablada (CNCiv., Sala E, voto del Dr. Calatayud, E.D. 47-580; CApel.CC. Salta, Sala III, año 1981, f°. 1.179; íd. íd. año 2000, f°. 20).

Queda claro entonces que para el ejercicio de la acción, en orden a la legitimación activa, el reivindicante debe demostrar su derecho a la posesión, que se concreta mediante el título, lo que responde al concepto de causa, es decir al acto jurídico que sirve de sustento a la tradición a los efectos de adquirir el dominio; por ejemplo, venta, donación, etc. (Papaño, Kiper, Dillón y Causse: op. cit., págs. 142 y 144); es decir, toda clase de acto que acredite la existencia de la propiedad de la cosa reivindicada (S.T. Justicia de Entre Ríos, 07-04-97, L.L. Litoral, 1998-995). Es el reivindicante quien tiene la carga de la invocación y demostración del título de dominio, lo que constituye un presupuesto esencial para el ejercicio de la acción reivindicatoria (C.S. Tucumán, Sala Civil y Penal, 13-5-96, L.L. 1996-E-490; ver voto del Dr. Colmo, ya individualizado en el párrafo anterior).

Coincidentemente se dijo que si la acción reivindicatoria nace del dominio, es obligación primaria e ineludible del reivindicante aportar la prueba de su propiedad sobre el bien que intente reivindicar por alguno de los modos que establece el Código Civil; y la calidad dominial se demuestra con el título correspondiente (CApel.CC. San Martín, Sala I, 22-12-83, E.D. 109-301).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a su vez, destacó que si en el pleito por reivindicación no se ha traído el título pertinente, que es una de las causas por las cuales se adquiere el dominio, la sentencia no puede reposar en presunciones ni definir por libre convicción o subjetiva persuasión, pues esto tampoco lo permite nuestro sistema de derecho sustancial y formal (C.S.J., 23-10-75, L.L. 1976-A-244, y J.A. 1976-II-377; C.Apel.CC. Salta, Sala III, año 2001, f°. 452).

La ley exige entonces que el que se titula dueño debe probar tal aserto para que la acción sea viable. Ello así, la determinación de la condición de dominio que debe revestir el accionante, es reclamada sine qua non, ya que esta acción tiende a modificar el estado actual de una cosa restituyendo la posesión al reclamante.

Conviene señalar que el Codificador ha seguido en esta materia la inspiración de Pothier, apoyado por generalidad de la doctrina y jurisprudencia francesas, que llaman título de propiedad a todo acto jurídico que tiene por objeto hacer pasar, de una forma a otra, la propiedad de una cosa.

Así, a través de diferentes artículos, Vélez Sársfield ha contemplado las situaciones en que el accionante es el único que acompaña títulos anteriores o posteriores a la posesión del demandado, y en los que ellos son presentados por ambas partes.

Dicho título puede consistir, tratándose de inmuebles, en escritura pública traslativa -venta, permuta, donación, etc., o bien declarativa- partición entre otras (conf. Lafaille, Derechos Reales T III n° 2096; Marina Mariani de Vidal, T III pág. 213). El art. 2789 del Código Civil dispone que si el título del reivindicante que probase su derecho a poseer la cosa, fuere posterior a la posesión que tiene el demandado, aunque éste no presente título alguno, no es suficiente para fundar la demanda.

Según el supuesto aprehendido por la norma, faltaría el ius possidendi, ya que la anterior posesión del demandado obstaculiza a que el título pueda perfeccionarse y no es admisible que puedan concurrir dos posesiones iguales, y opuestas sobre la misma cosa (art. 2401 del Código Civil).

Según Lafaille, el legislador no considera hábil al título del reivindicante posterior a la posesión del accionado para que la acción pueda prosperar, a menos que fuera reforzado por otros más antiguos capaces de justificar que quien transmitió la cosa era efectivamente el dueño de ella, pues el acreedor puede ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a la persona, juzgándose que cada enajenante ha transferido la cosa a su adquirente cum omni sua causa, es decir con todos los derechos que le competían (Conf. Lafaille, Derechos Reales, T. III N° 2047 pág. 407).

En ese orden de ideas puede afirmarse que cuando el Código exige la presentación del título que acredita el derecho a poseer del actor, no se refiere al título en sentido instrumental, sino a la causa en que se apoya el derecho, al acto jurídico hábil para transmitir la propiedad.

Por eso Pothier, a quien sigue la norma citada, sostiene que el título no es suficiente para fundar la demanda, a menos que se produzcan otros títulos más antiguos que justifiquen que aquél que ha vendido o donado la heredad que es objeto de la demanda, era efectivamente el propietario.

Como consecuencia lógica, para nuestro derecho son necesarios el título y el modo para que se produzca el nacimiento del derecho real, por lo que éste nunca pudo haber nacido para el reivindicante con título, si a la fecha del mismo la posesión se encontraba en manos del demando. Por ello la Corte Federal ha expresado que el art. 2.789 citado, no puede ser aplicado en forma aislada, sino correlacionándolo con el art. 2.790 del mismo cuerpo legal (CSJN, ED, 22-514).

En autos, esta exigencia está satisfecha, pues el accionante ha probado ser el titular registral del inmueble cuya reivindicación reclama y, además, tal calidad no fue contradicha por el demandado.

Por otra parte, para que esta acción sea procedente, debe existir privación de la posesión a través de la comisión de un acto ilícito (Lafaille: Derecho Civil. Tratado de los Derechos Reales, Tomo III, pág. 463, n° 2094, nota 206). Así, si una persona voluntariamente traspasó la posesión al formalizar una promesa de venta, luego no puede ejercitar la reivindicación.

Santos Cifuentes en su Código Civil Comentado (Editorial La Ley, Bs. As., 2005, pág. 485) precisa que el concepto de despojo que hace viable la acción de reivindicación de inmuebles, es amplio y abarca a toda clase de desposesión, realizada con o sin violencia. La acción posesoria promovida por el titular del derecho real aún rechazada, no impide la posterior petitoria.

En esa orientación cita jurisprudencia que sostiene que existe despojo no sólo en caso de violencia, sino cuando media clandestinidad, abuso de confianza o cualquier otro medio que prive al propietario del libre ejercicio de su derecho de poseer (CApel Noroeste de Chubut en L.L 2000 -F,699).