marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excarcelación, solicitud de excarcelación, eximición de prisión, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Inc. de Exc. de Gustavo Ojeda s/ Inc. de excarcelación. Causa 10364
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-01

Existiendo en autos requerimientos de elevación a juicio, la situación del enjuiciado debe resolverse de acuerdo a lo establecido en los arts. 316 y 317 inc. 1 del C.P.M.P.
Regulación de honorarios, Constitución Provincial, resoluciones irrecurribles
Materia: LABORAL
Carátula: B., N. N. c/ S. y. OTROS s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

En lo concerniente a las regulaciones de honorarios, la irrecurribilidad por conducto de los medios extraordinarios de impugnación previstos en la Constitución de la Provincia (art. 161) es la regla. (doctor GENOUD, sin disidencia).
Honorarios, recursos, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gerbaldo, Miguel A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Sucesorio   (Expte.: C.S.J. Nro. 234 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

Si bien el artículo 28 inciso e) de la ley 6767 establece que "los recursos sobre honorarios no devengarán honorarios" - siendo esto de aplicación tanto en la instancia ordinaria como en la extraordinaria-, la mera imposición de las costas no concreta una lesión al citado artículo de la ley arancelaria, desde que ello no involucra necesariamente derecho a la regulación de honorarios, pues el concepto de costas es comprensivo de todos los gastos que pudieran haberse causado en el litigio y no solamente los honorarios profesionales.
Caducidad, ejecución fiscal, sentencia no firme, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Lionel S.R.L s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-27

La sentencia que confirma la declaración de caducidad de instancia de una ejecución fiscal, no es la sentencia definitiva a la que se refiere el art. 26 de la ley n° 402 ni -dada la ausencia de gravamen- una que pueda equipararse a una de esa especie. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano y Ana María Conde, al que adhieren las juezas Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg)
Decreto reglamentario, convenios colectivos de trabajo, gratificaciones, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: AROCENA, JORGE c/ ESTADO NACIONAL, MINISTERIO DE ECONOMIA-SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-07

Si bien los dec. 1757/90 y 1930/90 se refieren a la suspensión de las cláusulas convencionales que establezcan privilegios, subsidios o subvenciones, no alcanzan al beneficio establecido por el art. 22 de la CCT 32/75 "E". En efecto, tal beneficio reviste el carácter de gratificación, un premio derivado de la antiguedad que un trabajador tiene en el empleo, que de ningún modo está dirigido a subvencionar o subsidiar una contingencia de carácter social. No constituye un privilegio, sino una consecuencia de los servicios prestados en el marco de la relación laboral.
Ley de empleo, intimación al empleador, empleo no registrado, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Rojas Tracci, Graciela Silvana c/ Constanza, Marcelo Abelardo y-o Quien Resulte Responsable deEscuela Privada de Mecánica Dental s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-22

El rechazo del empleador ante el reclamo significó la decisión de no regularizar la relación laboral invocada, aun cuando no hubiera transcurrido el plazo del artículo 11. Asimismo, la intimación comprendió varias causales de injuria laboral, por lo que no resulta razonable supeditar la procedencia de la multa al transcurso del plazo de 30 días fijados por esa norma.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, revisión judicial de actos administrativos, plazos administrativos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SERONO ARG.  S.A. c/ EN - MINISTERIO DE ECONOMIA s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-11

El plazo de impugnación previsto en el art. 25 de la ley 19549 se aplica a cualquier acción administrativa contra el estado que tenga por fin cuestionar su conducta. La demanda por indemnización por actividad lícita del demandado queda exceptuada puesto que no hay cuestionamiento alguno de conducta.
Control de legalidad, personería, Ministerio Público, actuación de oficio, designación de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA c/ Acuña Javier Oscar s/ recurso de inconstitucional concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-16

La práctica, la tradición, la situación consumada, las prácticas burocráticas reprobables, la poca diligencia en la tramitación de los concursos para la designación de magistrados y funcionarios no pueden abrogar normas constitucionales. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Juicio ejecutivo, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Majewski, Alejandro c/ Carreira, José Fernando y Zarza, Guillermo Daniel s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-01

Independientemente de la denominación que se de a los intereses a aplicar, lo relevante es el resultado patrimonial final. La tasa a evaluar es el conjunto de los intereses por todo rubro.
Juicio ejecutivo, Constitución Nacional, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto de Obra Médico Asistencial c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Instituto de Obra Médico Asistencial s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Aun cuando la ley de fondo ha adoptado, en ocasiones, la solución de hacer ejecutivo un título, siempre atendiendo legítimos propósitos federales, el mismo Congreso ha sido constante en considerar que ésta es potestad local. Ciertamente, dar a un crédito regulado por el derecho común fuerza ejecutiva puede ser un medio apropiado de cumplir una ley federal. Por ejemplo, puede servir para que alquilar sea más atractivo para el propietario y, por esa vía, cabría cumplir el propósito nacional de activar el mercado. Pero, ello no implica despojar a las provincias de su potestad de regular el procedimiento, con características de ejecutivo, si ello surte a un legítimo propósito local. Así lo establece la CN y así lo vino reconociendo el Congreso. De lo expuesto se desprende que incumbe al legislador local hacer ejecutivo a un título. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano)
Empleo público, remuneración, aumento salarial, facultades del Poder Ejecutivo, salario básico, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BORGHINI, Carlos Edmundo c/ Estado Nacional -M° de Defensa- s/ EMPLEO PÚBLICO Defensa- s/ EMPLEO PÚBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27

El Poder Ejecutivo Nacional, en ejercicio de las facultad prevista en la ley 21.307, al decidir incrementar las remuneraciones de los agentes públicos, pudo hacerlo por la vía de aumentar el monto del sueldo básico y el de los adicionales y suplementos existentes;

o creando nuevos beneficios y disponiendo que ellos se computaran o no a los efectos del cálculo de los otros adicionales o suplementos
Contratos administrativos, equilibrio contractual, mayores costos
Materia: PROCESAL
Carátula: Solurban SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido, expte. nº 14326/17
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-08

En el marco de un contrato administrativo, para poder dilucidar si concurre el deber de reparar y, en su caso, la cuantía de la deuda, se requeriría un informe pericial que determinase (i) cuál fue el resultado neto final de la explotación al cabo de los años iniciales y de sus prórrogas -o, cuanto menos, de un período ciertamente representativo de todo el contrato-, (ii) si al cumplimiento del plazo se alcanzó la remuneración esperada o no, y (iii) en caso negativo, si ello obedeció a causas atribuibles al alea normal del contrato o a otro supuesto de alea extraordinaria que el Estado debiera soportar; y esa prueba no fue ofrecida ni producida. (Del voto del juez José Osvaldo Casás al que adhieren las juezas Alicia E. C. Ruiz, Ana María Conde e Inés M. Weinberg
Retiro militar, pena de inhabilitación, código penal, jubilaciones, pensiones, Fuerzas Armadas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Constantino, Néstor Enrique c/ Estado    Nacional  (Mrio.  de  Defensa-  Estado  Mayor  General  del Ejército) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

La sola circunstancia de que el código penal establezca, después de la reforma de la ley 21.338, que el condenado a la pena accesoria de inhabilitación únicamente sufrirá la suspensión de su haber previsional -civil o militar- y que podrá recuperarlo después de determinado tiempo de observar buena conducta, no significa que estuviere en el ánimo del legislador modificar la ley 19.101 (art. 80) que prevé la pérdida absoluta del beneficio para el personal militar dado de baja.
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares, seguro de caución
Materia: LABORAL
Carátula: PONCE   PATRICIA  ANTONIA c/ CNA  ART  S.A. s/ ACCION  DE  AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-04

A los fines de ponderar la procedencia de un pedido de sustitución de embargo por un seguro de caución, corresponde evaluar, por un lado, los perjuicios que al deudor le irroga la inmovilización del dinero depositado a su nombre en una cuenta bancaria y, por el otro, sopesar si el bien por el que se propone sustituir constituye suficiente garantía para la acreedora (conf. arg. art. 203 CPCCN). Con respecto a este último punto se impone considerar que, aunque la futura facilidad de cobro no sea necesariamente idéntica, éste no es un requisito exigible si no se demuestra el riesgo de insolvencia de la compañía aseguradora, debiéndose considerar que el seguro de caución tomado con una compañía habilitada a ese efecto y con todas las exigencias fijados por la Superintendencia de Seguros de la Nación reúne los recaudos necesarios para garantizar adecuadamente el crédito que se pretende cautelar.
Accidente in itinere, doctrina legal, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ RIFFO, MARINA DEL CARMEN Y OTRO C/ SWISS MEDICAL A.R.T. S.A. S/ORDINARIO (l) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-05-28

La CSJN en el caso "PAEZ ALFONZO" (Fallos: 341:1268) entendió que la redacción de la norma (art. 3 de la Ley 26773) no es confusa en absoluto; que con solo atenerse a la literalidad del precepto y sin necesidad de hacer un mayor esfuerzo intelectivo, da cuenta que la intención del legislador fue circunscribir este beneficio a los infortunios laborales producidos u originados en el ámbito del establecimiento laboral, excluyendo los accidentes in itínere. (Voto del Dr. Mansilla por la mayoría)
Transporte de pasajeros, prescripción decenal
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ, JOSE c/ RASTREADOR FOURNIER  S.R.L.  Y/U OTROS s/ COBRO DE PESOS - ACCIDENTES DE TRANSITO - PRESCRIPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-10-19

La prescripción aplicable a la acción emergente del transporte de personas es la decenal, legislada por el art. 846 del Código de Comercio.
Funcionarios públicos, cesantía, exoneración, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUITRAGO, JORGE c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

La garantía legal de exigencia de sumario previo a disponer la cesantía o exoneración de un funcionario no tiene sólo sentido en relación a la sumisión de la Administración a la ley y a la protección del trabajo del agente, sino también -y quizá con mayor intensidad- de su honor en cuanto lo protege de infundadas acusaciones.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PROCESAL
Carátula: B. T., M. c/  s/ defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

Es insuficiente el recurso extraordinario de nulidad en que se denuncia la omisión de tratamiento de una cuestión esencial si el juzgador consideró expresamente la misma.
Alimentos atrasados, caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P. DE T.M. c/ T.J.J. s/ DIVORCIO INCIDENTE DE ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-17

CADUCIDAD DE LOS ALIMENTOS. Es totalmente inadmisible pretender la caducidad del derecho al cobro de las cuotas alimentarias atrasadas correspondientes a los hijos menores de las partes, por imperio en lo dispuesto por el art. 645 del Código Procesal, que expresamente establece que la caducidad no es aplicable a los beneficiarios menores de edad. Con respecto a los alimentos atrasados correspondientes a la cónyuge, es de tener presente que si bien el artículo mencionado establece que la inactividad procesal del alimentado crea la presunción -sujeta a prueba en contrario- de su falta de necesidad, dicha presunción resulta desvirtuada cuando las constancias demuestran la preocupación de la esposa por concretar el cobro de las sumas adeudadas, mediante embargos o practicando liquidaciones de la deuda (conf. C.N.Civ. Sala B, L.L 128-992, 16.165-S; íd. Sala E, L.L.131-1089, 17-616-S). C.N Civ. Sala C, R.276.155, "P. de T.M. c/T.J.J. s/Divorcio incidente alimentos", del 17/2/84.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, jefe del equipo médico, obligación de seguridad, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ, Juan Carlos c/ CORPORACION MEDICA DE SUR y otro s/ DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-02

1- El fundamento de la responsabilidad contractual del jefe de equipo, se encuentra en la existencia de una obligación tácita de seguridad, por la cual aquél se compromete por el hecho de sus auxiliares. Y su obligación de seguridad garantiza sólo aquellas prestaciones que realizan dichos dependientes y que ha tenido la posibilidad de controlar o que efectivamente ha controlado o supervisado.

2- La responsabilidad del lavado, desinfección, esterilización y preparación, tanto de los quirófanos, como de todo el instrumental y elementos que allí se utilizan, implica procesos técnicos especiales y personal idóneo a tal fin, proceso que se encuentra fuera de la esfera de la responsabilidad del jefe de equipo quirúrgico, en tanto éste no es quien ejerce un control directo o supervisión sobre tal actividad.
Superior Tribunal de Justicia, declaración de incompetencia, competencia ordinaria, doctrina legal, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Herrera, Mercedes del Carmen c/ Provincia de Catamarca s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-03-04

El agravio de la apelante demandada respecto de la resolución del A-quo que desestimó la incompetencia por ella articulada no es de recibo.

En efecto, la cuestión puesta a consideración de esta Alzada no se relaciona con las razones apuntadas por la apelante, que recaen en la crítica a las motivaciones -insuficientes a su entender- de la Inferior, sino que el hecho puntual e insuperable lo marca la sentencia dictada por la Corte de Justicia, que expresamente declara al fuero laboral como competente para entender en esta causa, el que no habiendo sido atacado por las vías procesales pertinentes, es en consecuencia consentido por quien apela, se convierte en doctrina legal para todos los Tribunales inferiores de nuestra provincia, resultando extraña la reclamación iniciada por vía de declinatoria por parte del Estado Provincial con el objetivo de que tribunales inferiores revisen un fallo de esta jerarquía. Así lo dispone el Código Contencioso Administrativo, que en su art. 4 reza: Cuando se produzca algún conflicto de jurisdicción entre un tribunal ordinario y la Corte de Justicia como tribunal en lo Contencioso Administrativo, ésta a petición de parte resolverá el incidente, causando ejecutoria su decisión.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, seguros, daños y perjuicios, citación en garantía, responsabilidad del asegurador
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Carlino, José c/ Universidad Nacional de Tucumán s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que consideró que la negativa de la aseguradora a asumir sus obligaciones se basaba en disposiciones contractuales inexistentes, si mediante afirmaciones dogmáticas el aquo, prescindió de examinar detenidamente la defensa de la citada en garantía y ello constituía una articulación seria oportunamente propuesta y conducente para la correcta solución del litigio.
Exportaciones, factor de convergencia
Materia: ADUANERO
Carátula: "Jurado    Golf   S.A. c/ E.N.-DGA-  Resol.  433/07  (ADEZ) s/ Dirección General de Aduanas".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

El Factor de Convergencia constituye lisa y llanamente un ajuste del tipo de cambio de aplicación exclusiva al comercio exterior (Stemberg, A. R. y Cruz, A. "Los Derechos de Exportación", ed. ERREPAR, TXXIII, Septiembre. 2002), ya que el instrumento examinado constituyó un mecanismo cambiario-aduanero, en tanto estableció un dólar comercial más alto, distinto al financiero, pero caracterizado como un instituto aduanero para no afectar la convertibilidad vigente en dicho momento que, como tal, no admitía la existencia de distintos tipos de cambio y todo ello en razón que se advertía la necesidad de adoptar medidas que aumentaran la competitividad del país dañada por el tipo de cambio vigente (U$S 1=$1) (Cons. IX).
Acción meramente declarativa, admisibilidad del recurso, pago de tributos, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ulnik, Juan y Otros c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Acción Meramente Declarativa s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-28

En lo relativo a la procedencia de la acción meramente declarativa, el artículo 277 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (que no difiere del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), dispone que la misma podrá deducirse para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica, siempre que ella pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. En las sentencias que se procuran con este tipo de acción, la sola declaración satisface el interés del actor.

Entre los requisitos del artículo 277 del Código Contencioso Administrativo y Tributario está el que impone la inexistencia de otro medio legal para poner término inmediatamente al estado de incertidumbre o falta de certeza.

En el caso, a poco que se examinen los hechos descriptos en la demanda -y no negados por la contraria- surge de ellos que la actora recibió un detalle de la liquidación por diferencias en contribuciones por alumbrado, barrido y limpieza, territorial, pavimentos y aceras, en que se la intimaba a pagar, acompañando un formulario de acogimiento al plan de facilidades. Asimismo, debe destacarse que la actora previamente habría pagado los tributos devengados en la inteligencia de que los pagos realizados tenían efectos cancelatorios.

Ante el genérico modo de actuar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la materia, el agotamiento de la vía administrativa no parece que hubiera sido la vía apta para prevenir el daño o para eliminar la incertidumbre generada por la duda en lo referente a los efectos cancelatorios de los pagos realizados, o la constitucionalidad de las normas de código fiscal atacadas por la demandante. Por ello, la acción intentada ha sido correctamente acogida por el señor juez de grado.
Competencia penal, recurso extraordinario federal, prisión preventiva, ejecuciones especiales, medidas de seguridad, facultades de control, falta de agravio concreto, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Guglielminetti, Raúl Antonio c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto contra el rechazo del recurso de casación articulado contra la denegatoria de la prisión domiciliaria del encausado, toda vez que no ha sido demostrada en el caso la alegada vulneración al derecho a la vida y a la salud, a los efectos de ser considerados como una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar la competencia extraordinaria del máximo Tribunal en los términos establecidos por el art. 14 de la ley 48. Tampoco se han demostrado defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido. Dres. Borinsky, Carbajo y Hornos.