Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-08-11


///MA, 11 de agosto de 2015.

Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. Apcarian, Enrique J. Mansilla, Sergio M. Barotto, Liliana Laura Piccinini y Adriana Cecilia Zaratiegui, con la presencia de la señora Secretaria doctora Elda Emilce Alvarez, para el tratamiento de los autos caratulados: "HERNANDEZ, Fabián Alejandro c/EDERSA s/ORDINARIO s/CASACION" (Expte. Nº 27484/14- STJ), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Cuarta Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 583/596, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

C U E S T I O N E S -----1ra.-¿Es fundado el recurso? -----2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I O N A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:

I) Antecedentes de la causa.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Cuarta Circunscripción Judicial, mediante la Sentencia Nº 28 de fecha 10 de septiembre de 2014, obrante a fs. 561/574, en lo que aquí importa resolvió:

"I.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el Sr. Hernández a fs. 487, a tenor de los agravios expresados a fs. 495/497 y, por ende, revocar la sentencia de primera instancia de fs. 459/467 en lo que ha sido materia de agravio (arts. 271, 272 y ccdtes. del CPCC).- II.- Consecuentemente, rechazar la excepción de falta de legitimación opuesta por la demandada y la citada en garantía, y hacer lugar a la demanda promovida por Fabián Alejandro HERNANDEZ a fs. 40/57 de las presentes actuaciones, condenando a la Empresa de Energía Río Negro S.A. (EDERSA) y, en la medida del seguro y del art. 118 de la Ley 17.418 a La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., a abonar al actor nombrado en primer término, y en el plazo de diez (10) días, la suma de setecientos once mil quinientos cuarenta y un pesos con trece centavos ($ 711.541,13) en concepto de capital, con más los///.- ///.-intereses a calcularse conforme las pautas expuestas en los considerandos (art. 163 y ccdtes. del CPCC). .".

II) Agravios del recurso.

Contra lo así decidido interpuso recurso de casación la parte demandada (EDERSA) a fs. 583/596, planteo este que fue contestado por la actora a fs. 600/612 y vta. de las presentes actuaciones.

Al respecto, el apoderado de la parte demandada aduce en sustento del recurso extraordinario local, que la decisión jurisdiccional impugnada ha incurrido: a) En la violación y/o errónea aplicación de la doctrina legal derivada del fallo "PEREZ BARRIENTOS" del Superior Tribunal de Justicia, que se traduce al cuantificar el daño patrimonial, en un perjuicio de $ 261.932,07 para su parte; b) En la violación de lo dispuesto en la Ley de Aranceles, ya que para calcular los honorarios de los abogados y peritos toma un monto base erróneo que se deriva de la incorrecta aplicación de la doctrina "PEREZ BARRIENTOS" al caso; c) En arbitrariedad y falta de fundamentación, por cuanto considera que sin justificación valida alguna, se ha apartado de la prueba producida en autos, en especial de la prueba documental ofrecida y la pericial accidentológica, de la que se desprende que el accidente no ocurrió en las instalaciones de su defendida (EDERSA); d) En la violación a lo dispuesto en el artículo 1113 del Código Civil, por omitir considerar las causales eximentes de responsabilidad que prevé la citada norma y que hubieran eximido a EDERSA de responsabilidad.

III) Análisis y solución del caso.

Ingresado al examen de las cuestiones traídas a debate, corresponde abordar en primer término los agravios dirigidos a atacar la responsabilidad civil atribuida a la demandada. Ello, en razón de que el acogimiento de tales cuestionamientos, cuyo objetivo es eximir de responsabilidad a la Empresa de Energía Río Negro S.A., haría innecesario el tratamiento de los restantes, en cuanto éstos sólo cuestionan la cuantificación del daño patrimonial y la regulación de honorarios.

III.1) Sobre el particular, la demandada sostiene la arbitrariedad y falta de fundamentación de la sentencia impugnada, en la consideración de que conforme a la prueba producida, resultaba imposible poder determinar donde se había producido la falla eléctrica que habría energizado el pilar, lo que hace que sea imposible sostener como lo hace la///.- ///2.-Cámara- que la misma se hubiera producido en las instalaciones de la distribuidora, cuando ella podría haber ocurrido dentro de las instalaciones internas del usuario (en el caso, en la Iglesia Adventista).

Señala que de la prueba pericial ha quedado plenamente demostrado: a) Que el accidente se produjo a raíz de un vicio en el pilar de energía eléctrica que era de propiedad exclusiva del usuario, Iglesia Adventista del Séptimo Día; b) Que el vicio se daba porque el usuario no había instalado la respectiva puesta a tierra del pilar, lo que hubo provocado que se produjera el accidente y; c) Que resultaba imposible determinar donde se habría producido la falla que había energizado el pilar.

Concluye que dichos extremos no fueron tenidos en cuenta al resolver la controversia, lo que descalifica al fallo como acto jurisdiccional válido por vía de arbitrariedad, en tanto se aparta inequívocamente de las pruebas producidas en la causa y decide dogmáticamente sin el debido sustento normativo y fáctico.

Tales agravios no se sostienen, pues más que demostrar la arbitrariedad invocada, sólo ponen en evidencia una discrepancia subjetiva con la tarea de valoración de la prueba realizada por el Tribunal "a quo" mediante la que se establece la mecánica del accidente, cuestión esta que por su naturaleza probatoria y de hecho, es ajena a la casación (v. STJRNS1 Se. Nº 32/13, IN RE: "C., D.N.").

A ello se agrega además, en desmedro de la viabilidad del agravio, que la demandada no refuta lo señalado por la Cámara en el sentido que, concomitantemente a la inexistencia o deficiencia de la puesta a tierra del pilar, también contribuyó al acaecimiento del hecho dañoso la falla en el aislamiento adecuado de sus partes metálicas (caño metálico de acometida) ubicado en la parte superior del pilar por donde ingresan los cables de la distribución aérea al interior del pilar hacía el medidor.

Tampoco lo hace en lo referido a la ampliación del concepto de guardián de la cosa, que la lleva a concluir con cita de un fallo de la CSJN- que: "(.)la distribuidora debe responder por resultar la titular de la energía eléctrica que provocó el daño ámbito de la responsabilidad objetiva- y porque su incumplimiento del deber de supervisión, cuidado y mantenimiento de sus instalaciones que es propia de su actividad- constituyó la causa del evento dañoso (.) la prestataria del servicio público que provee energía eléctrica carga con una obligación de supervisión que es propia de esa actividad" (CSJN., in re: "Prille de ///.- ///.- Nicolini, Graciela Cristina vs. Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires", del 15/10/1987, Fallo 310: 2103).

Del mismo modo la Corte Suprema ha sostenido que "la responsabilidad de la empresa prestataria de energía eléctrica no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones, sino también de la obligación de supervisión que es propia de su actividad, lo que obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio público se presta, para evitar consecuencias dañosas (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo)." (CSJN., Acuña, Liliana S. c. Empresa Distribuidora del Sur S.A., del 04/11/2003, La Ley Online AR/JUR/6640/2003).

En tal orden de ideas, es evidente que las argumentaciones sustentatorias de la invocada arbitrariedad de sentencia, trasuntan en realidad una discrepancia subjetiva con la solución dada al caso, y mediante ellas se pretende debatir nuevamente cuestiones ajenas al recurso extraordinario; como lo son la causalidad en el accidente, y el grado de responsabilidad que cada protagonista ha tenido en el hecho, intentando transformar esta vía excepcional en una tercera instancia de revisión ordinaria.

A mayor abundamiento, este Superior Tribunal de Justicia ha expresado reiteradamente que la determinación del grado de responsabilidad que cada protagonista ha tenido en un accidente, así como la acreditación de la eximente de responsabilidad prevista en el art. 1113, 2º ap. in fine del C.C. constituyen típicas cuestiones de hecho no susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria en tanto no se demuestre quebrantamiento de las reglas que rigen la prueba o apreciación absurda de la misma\" (STJRNS1 - Se. Nº 59/14, in re: "HERNANDEZ"; Se. Nº 51/12, in re: "MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE"; entre otros).

En consecuencia, podrán encontrarse argumentos para disentir con la conclusión de la Cámara, como de hecho los halla y expone la demandada recurrente, poniendo en entredicho la justicia del fallo, pero no puede ser esta cuestión objeto de tratamiento en la instancia de casación, en la que sólo es dable efectuar el control de legalidad de los fallos judiciales y no el acierto estimativo de los mismos. La arbitrariedad o el absurdo son la excepción que como remedio último permiten, sólo en casos extremos, adoptar la grave determinación de descalificar una sentencia como acto jurisdiccional.

La casación -tiene dicho este Cuerpo- no es una tercera instancia y no está en la ///.- ///3.-esfera de sus poderes revalorar la prueba ni juzgar los motivos que formaron la convicción de la Cámara. Por esto es improcedente cuando se discuten las conclusiones de hecho del tribunal de juicio y se formula una distinta valoración de las pruebas que sirven de base a la sentencia (STJRN., Se. Nº 14/08, in re: "BENDAYAN").

III.2) Similar déficit de fundamentación se observa respecto de la invocada violación del artículo 1113 del Código Civil, en cuanto la demandada (EDERSA) aduce que la Cámara omitió considerar las causales eximentes de su responsabilidad; específicamente, la culpa de la víctima.

En efecto, de la simple lectura de la sentencia impugnada surge que el tribunal de mérito -a contrario de lo argumentado por la recurrente- analizó dicha eximente, concluyendo que la víctima no causó ni contribuyó al daño, sino que el origen causal del hecho dañoso radicó en que EDERSA incumplió con la obligación de aislamiento de los componentes conductores de la electricidad del pilar.

Por lo demás, para cortar el nexo de causalidad entre la actividad y el perjuicio a que alude el art. 1113 -última parte- del Código Civil, el hecho de la víctima debe aparecer como la única causa del daño y revestir las características de imprevisibilidad e irresistibilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (conf. CSJN., "ENtel c. Dycasa, S. A. y otra" del 09/09/1986; idem CSJN., "Pachilla, Hugo A. y otros c. Transportes Metropolitanos General Roca S.A." 23/11/2004); y en el caso, la demandada ni siquiera intentó rebatir la responsabilidad atribuida por incumplimiento de la obligación de supervisión, propia de su actividad, que la obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio público se presta, a fin de evitar consecuencias dañosas.

III.3) Un tratamiento distinto merecen, en mi opinión, los cuestionamientos formulados respecto de la cuantificación del daño patrimonial; en particular, el que reprocha arbitrariedad y violación de la doctrina legal que deriva del precedente "Pérez Barrientos".

La recurrente esgrime que en el caso, en forma totalmente arbitraria y discrecional, la Cámara se apartó del criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia desde el fallo aludido a los fines de cuantificar el daño patrimonial; pues dividió el cálculo de la indemnización en dos (2) etapas y utilizó fórmulas distintas, sin exponer siquiera las razones de su apartamiento.

Argumenta que tal decisión no sólo implicó un indebido apartamiento de la doctrina legal vigente en la materia en examen, sino también y lo que es más grave aún-, configuró///- ///.-un injustificado y arbitrario atropello a la propiedad de EDERSA, de naturaleza inviolable, según lo establece el art. 17 de la Constitución Nacional, en tanto determinó un importe muy superior al que correspondería según la correcta aplicación de la fórmula que establece el fallo del STJ citado.

Adelanto mi opinión favorable al progreso de tal agravio, específicamente en cuanto se invoca la violación de la doctrina legal vigente en materia de cuantificación del daño material por disminución permanente de la capacidad. Doy razones:

Previo todo, cabe recordar que en la causa "PEREZ BARRIENTOS" (Se. Nº 108 del 30.11.2009) el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro readecuó la conocida fórmula Vuoto, desarrollada en un fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del 16.06.78 recaído en los autos "Vuoto, Dalmero v. AEGT Telefunken". Dicha adecuación la realizó siguiendo los lineamientos señalados por la CSJN en la causa "AROSTEGUI" (Fallos 331:570) y las consecuentes correcciones realizadas en el fallo "MENDEZ", también de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (28.04.2008), que recoge las criticas formuladas por la Corte en el pronunciamiento citado.

Los datos que permiten despejar la fórmula allí establecida (C = A x (1 Vn) x 1/i x % de incapacidad) son:

(A) = la remuneración anual, que no solo resulta de multiplicar por 13 (teniendo en cuenta la incidencia del S.A.C.) el ingreso mensual devengado en la época de la ocurrencia del accidente, sino que procura considerar además la perspectiva de mejora del ingreso futuro que seguramente el daño ha disminuido, teniendo en cuenta la estimación de que aproximadamente a los 60 años de edad el trabajador medio ha culminado su desarrollo laboral y su ingreso se estabiliza hacia el futuro, lo que se plasma al multiplicar por 60 el ingreso anual y dividirlo por la edad del actor a la fecha del siniestro; (n)= la cantidad de años que le faltaban al actor para cumplir 75 años, en la especie, 39 años; (i)= la tasa de interés compuesto anual del 6% (= 0,06); el porcentaje de incapacidad laboral, en autos, 30 %; y finalmente, el (Vn)= Valor actual, componente financiero de la fórmula que se obtiene del siguiente modo: Vn = 1/(1+i) elevado a la "n", es decir, Vn = 1/ (1,06) elevado a la potencia 39, en el caso, Vn = 0,1030555.

Partiendo del ingreso mensual del actor, que en autos fue fijado por el Tribunal "a quo" en $ 4.869,75 x 13 = 63.306,75 (remuneración anual) x 60 = 3.798.405 % 36 =///.- ///4.-105.511,25; n = 39 (la cantidad de años que le faltan al actor para cumplir 75 años).

Así, el capital que le corresponde, según la fórmula aplicable es: C = A x (1 Vn) x 1/i x % de incapacidad, y se traduce en los presentes del siguiente modo: 105.511,25 x 0,8969445 x 16,666 x 0,3 = $ 473.167,37 en concepto de capital nominal de condena por resarcimiento de daño patrimonial, suma a la que deberán adicionarse los intereses correspondientes calculados de acuerdo con la doctrina fijada por este Superior Tribunal de Justicia en autos: "LOZA LONGO" (Se. N 43 del 27.05.2010), es decir, aplicando la tasa "mix" antes de la vigencia de dicho fallo y, a partir de entonces, tasa activa, cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

En tal orden de situación, del simple cotejo del capital resultante por aplicación de la fórmula matemática establecida en autos: "PEREZ BARIENTOS" de $ 473.167,37, con el capital de condena por daño material fijado por la Cámara de Apelaciones de $ 671.541,13 ($ 124.178,20 + $ 547.362,93), surge palmaria y evidente la razón de la recurrente, en cuanto reprocha a la sentencia impugnada la violación de la doctrina legal que emana del precedente citado y, como derivación de ello, del derecho de propiedad reconocido por el art. 17 C.N..

Consecuentemente, corresponde hacer lugar al agravio en examen y ordenar la adecuación del monto de capital de condena por el rubro daño material, a la suma de $ 473.167,37, con más los intereses a calcularse conforme a las pautas antes expuestas (in re: "LOZA LONGO").

III.4) De igual modo, y como corolario de la procedencia del agravio relativo a la cuantificación del daño patrimonial, asiste también razón a la recurrente en su cuestionamiento al monto base tomado para calcular los honorarios profesionales, el que el Tribunal "a quo" deberá adecuar conforme al nuevo monto de condena que surja de la sumatoria del daño patrimonial fijado precedentemente y el daño moral establecido en las instancias de grado. MI VOTO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Enrique J. Mansilla, Sergio M. Barotto, Liliana L. Piccinini y Adriana C. Zaratiegui dijeron:

ADHERIMOS a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Apcarian,///.- ///.-VOTANDO en IGUAL SENTIDO.

A la segunda cuestión, el señor juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:

Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 583/596. II) Revocar parcialmente la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones, en cuanto la misma condenara a la Empresa de Energía Río Negro S.A. (EDERSA), a abonar al actor, en concepto de indemnización por daño material, la suma de $ 671.541,13. III) Adecuar el capital de condena en concepto de daño material, por aplicación de la doctrina "PEREZ BARRIENTOS", a la suma de $ 473.167,37, monto al que deberán adicionarse los intereses correspondientes calculados de acuerdo con la doctrina fijada en autos: "LOZA LONGO" (Se. Nº 43 del 27.05.2010), es decir, aplicando la tasa "mix" antes de la vigencia de dicho fallo y, a partir de entonces, tasa activa, cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. IV) Imponer las costas de esta instancia extraordinaria, en el orden causado (arts. 68, párrafo segundo, del CPCyC.). Ello, en atención a la procedencia parcial del recurso y en tanto la misma deriva de los errores cometidos por la Cámara en la aplicación de la fórmula matemática para calcular el monto del capital del daño material. V) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas por la Alzada a fs. 573/574, las que respecto de ambas instancias de mérito se deberán ajustar al resultado de este pronunciamiento. VI) Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, al doctor Alberto Miguel LLAMBI en el 30%, y a los doctores Pablo CUADRO MORENO y Daniel Faustino LUCERO, en forma conjunta, en el 25%; todos a calcular sobre los emolumentos que oportunamente se regulen a cada representación por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.). ASI MI VOTO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Enrique J. Mansilla, Sergio M. Barotto, Liliana L. Piccinini y Adriana C. Zaratiegui dijeron:

ADHERIMOS en un todo a la solución propuesta en el voto precedente.

Por ello, ///.- ///5.- EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 583/596 de las presentes actuaciones.

Segundo: Revocar parcialmente la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones, en cuanto la misma condenara a la Empresa de Energía Río Negro S.A. (EDERSA), a abonar al actor, en concepto de indemnización por daño material, la suma de $671.541,13.

Tercero: Adecuar el capital de condena en concepto de daño material, por aplicación de la doctrina "PEREZ BARRIENTOS", a la suma de $473.167,37, monto al que deberán adicionarse los intereses correspondientes calculados de acuerdo con la doctrina fijada en autos: "LOZA LONGO" (Se. N* 43 del 27.05.2010), es decir, aplicando la tasa "mix" antes de la vigencia de dicho fallo y, a partir de entonces, tasa activa, cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Cuarto: Imponer las costas de esta instancia extraordinaria, en el orden causado (arts. 68, párrafo segundo del CPCyC.). Ello, en atención a la procedencia parcial del recurso y en tanto la misma deriva de los errores cometidos por la Cámara en la aplicación de la fórmula matemática para calcular el monto del capital del daño material.

Quinto: Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas por la Alzada a fs. 573/574, las que respecto de ambas instancias de mérito se deberán ajustar al resultado de este pronunciamiento.

Sexto: Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, al doctor Alberto Miguel LLAMBI en el 30%, y a los doctores Pablo CUADRO MORENO y Daniel Faustino LUCERO, en forma conjunta, en el 25%; todos a calcular sobre los emolumentos que oportunamente se regulen a cada representación por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.). ///.- ///.- Séptimo: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse. FDO. RICARDO A. APCARIAN JUEZ - ENRIQUE J. MANSILLA JUEZ - SERGIO M. BAROTTO JUEZ - LILIANA LAURA PICCININI JUEZA - ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI JUEZA - ANTE MI: ELDA EMILCE ALVAREZ SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.