marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sanciones procesales, facultades del juez, querella
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAZZA SACIFI s/ QUIEBRA S/ INC. APELACION CPR: 250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-23

Cuando la supuesta ofensa atribuida al justiciable no aparece cometida ante los estrados del tribunal en que se litiga, sino mediante la promoción de acciones judiciales contra el magistrado interviniente ante jueces diversos de éste -en el caso: promoción de querella criminal-, la conducta del litigante se encuentra excluida de la esfera de aplicación de las previsiones del D.L. 1285/58: 18, pudiendo únicamente dar lugar a investigación por los jueces competentes por la eventual incursión en las figuras delictivas que incriminan conductas como la falsa denuncia, la calumnia o el desacato, más no en ámbitos diversos al señalado.
Obligación de escriturar, posesión de buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: Coronado vda. de Book, Lidia c/ Marcos Bermejo, Irma Raquel s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-05

"Si la única obligación pendiente a cargo del vendedor consiste en la formalización legal del negocio (en el caso, el otorgamiento de la escritura, artículo 1184, inc. 1 C.C., y si el adquirente tiene la cosa para sí, gozándola ánimus rem sibi habendi, esto es, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad (artículo 2351), la tolerancia de tal estado de cosas por el obligado representa un reconocimiento "constante e ininterrumpido de su obligación, y por parte del acreedor, un permanente ejercicio de su derecho que descarta la inacción".
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, recurso de casación, libertad condicional, informe de establecimiento penitenciario, delitos contra la integridad sexual, readaptación del condenado
Materia: PENAL
Carátula: CAZZOLLA, Jonathan Ezequiel s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Se exhiben válidas y fundamentadas las razones brindadas por el juez de ejecución que para rechazar la libertad condicional solicitada en favor de quien se encuentra ejecutando una pena única en orden a delitos contra la propiedad y la integridad sexual, se basó en la ausencia de un pronóstico de reinserción social, sin que la defensa logre demostrar arbitrariedad o una inobservancia de las disposiciones del art. 13 CP. En ese sentido, lo decidido en orden a la insipiencia de los resultados ofrecidos por el Programa de Tratamiento para Ofensores Sexuales, circunstancia que extrajo del informe del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, no resulta irrazonable y se apoya en las constancias de la causa (voto de los jueces Días y Morin)
Seguros, responsabilidad del asegurador, hurto de automotor, supermercado, automotor en playa de estacionamiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJA  DE  SEGUROS  SA c/ SUPERMERCADOS  MAYORISTAS  MAKRO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-17

Resulta responsable hacia la aseguradora en virtud de la ley 17418: 80 un supermercado por la sustracción de cierto vehículo estacionado en su playa de estacionamiento anexa, en razón de la obligación de seguridad y custodia que recae sobre aquel en virtud de la relación contractual que lo vincula con sus clientes. En ese sentido, no constituye punto dirimente a fin de liberar de responsabilidad a la propietaria o administradora de la playa de estacionamiento, la circunstancia de no haber adquirido el potencial cliente uno o más bienes de los ofrecidos por aquella. Es suficiente el hecho del concreto estacionamiento y hurto del vehiculo en la playa, salvo que se compruebe de modo contundente una completa ausencia de relación entre tal estacionamiento y la eventualidad de alguna compra.
Pacto fiscal, ley arancelaria, aplicación de la ley, pautas, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ Incidente Concurso Especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-15

La Ley 3925 de adhesión al Pacto Fiscal deroga el carácter de orden público de la Ley 2200 y propicia medidas tendientes a una reforma en las pautas a considerar a los fines regulatorios. La importancia de esta reforma es tal que libera a los jueces de la obligatoriedad de seguir la normativa arancelaria provincial actual y establecer en consecuencia otras pautas quedando habilitado a tal efecto procesalmente por el artículo 34 y ccss. del C.P.C.Ch., y por el juego armónico del artículo 505 del Código Civil.
Defraudación, embargo, medidas cautelares, ejecución de la pena, monto de la indemnización, tasa de justicia, gastos del proceso
Materia: PENAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mileo, S. C.  c/  s/ defraudación por administración fraudulenta (Causa Nº 28765/2022)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-29

Embargo.

Querella que recurre.

Medida cautelar de tipo económico que tiene como objeto asegurar la ejecución de la pena pecuniaria, la indemnización civil derivada del delito -aun cuando el potencial actor civil no se haya constituido como tal- y las costas del proceso. Cuantía que está limitada por el daño efectivo que, a primera vista, resulte de las constancias de la causa.

Suma estipulada que no es suficiente para afrontar los rubros comprendidos en el artículo 518 del Código Procesal Penal. Perjuicio económico generado, tasa de justicia y posibles honorarios que determinan que deba aumentarse la suma impuesta.

Aumentar el monto.
Competencia contencioso administrativa, cesantía, sentencia absolutoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cippitelli, Jorge Omar c/ Estado provincial y Dirección Provincial de Rentas s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción e  ilegitimidad o anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-12-03

Subsiste la responsabilidad de carácter administrativo-base de la sanción de cesantía del actor-aún cuando obrare sentencia absolutoria en sede penal, ya que ésta última, no es necesariamente consecuencia de la comprobación concreta de la inocencia del imputado, sino de la más rígida interpretación del elemento tipicidad, o del principio "in dubio pro reo" exigible a los jueces de ese fuero. En tanto la duda de la autoría configurativa de un ilícito, no empece a la certeza del irregular obrar administrativo.
Interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales, jueces, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Dulcamara  SA . c/ ENTel s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-29

Es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el orden jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Ese propósito no puede ser obviado por los magistrados con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal, toda vez que ellos, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma
Transacción extrajudicial, nulidad del contrato, revocación del contrato, homologación judicial, resolución denegatoria, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ IBM Argentina S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Si el objeto de la transacción no pretende convalidar derechos y obligaciones emergentes de un contrato nulo, sino ordenar los efectos de orden patrimonial propios de esa extinción, no se ve ni la sentencia lo explica - cuál sería la sujeción o limitación que tendría un juez penal para llevar adelante actuaciones propias del ejercicio de su jurisdicción, sean las actuales u otras (art.

842 del Código Civil) (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Pago de la remuneración, pago a cuenta
Materia: LABORAL
Carátula: MANZANO, NARCISO Y OTRO c/ INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

Conforme lo normado por el artículo 260 Ley de Contrato de Trabajo no es lícito considerar que existió consentimiento tácito del incumplimiento, pues el trabajador no está obligado a efectuar protesta ni reserva alguna frente a la satisfacción insuficiente de sus créditos, ya que los pagos defectuosos son considerados, 'ex lege', como efectuados a cuenta de la suma debida y el acreedor conserva el derecho de requerir el pago de las diferencias, a salvo las normas sobre prescripción.
Compraventa, bienes gananciales, venta de cosa ajena
Materia: CIVIL
Carátula: Ullmann, María Isabel c/ Vázquez, Marta Susana s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-02-20

Tratándose de la venta por la cónyuge supérstite de la totalidad de una cosa que pertenecía a la sucesión de su esposo y a ella por la otra mitad, como consecuencia de la disolución de la sociedad acaecida por la muerte de su esposo, se aplican las normas del condominio, puesto que ninguna disposición especial del Capítulo atinente a la indivisión hereditaria (arts. 3449 a 3461 del Código Civil) impone algo distinto.
Jueces, deber de obrar con prudencia, daños y perjuicios, monto de la indemnización, deberes y facultades del juez, facultades discrecionales del juez, sentencia, fundamentación suficiente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., L. M. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Lesiones culposas (Expte.: C.S.J.  Nro. 2 año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-11

Reconocer el ejercicio de un "prudente arbitrio" no importa aceptar la "arbitrariedad". Se trata, entonces, de reivindicar la necesidad de acudir a un modelo de razonamiento prudencial -mencionado explícitamente en el artículo 1084 del Código Civil- que se inspire en la preocupación por dar "a cada uno lo suyo" a partir del conocimiento objetivo de la realidad, sobre la cual ha de operar la "deliberación", ejercicio de razón práctica que no puede ser omitido ni realizado de manera imperfecta. Lo contrario importa la asunción de la "justicia del cadí", donde existe una pura decisión individual que es, aunque sea en el mejor sentido de la palabra, arbitraria. La exigencia señalada coincide en su dirección con la doctrina sostenida por el Alto Tribunal Nacional en el sentido de que si bien la facultad discrecional conferida a los jueces para determinar indemnizaciones no debe vincularse a cálculos matemáticos que, so pretexto de objetivar al máximo el pronunciamiento, también pueden conducir a conclusiones apartadas de las circunstancias fácticas acreditadas en cada caso, esto no los exime de explicitar tan siquiera mínimamente los elementos tenidos en cuenta para fundar su decisión, toda vez que el ejercicio de una facultad discrecional no constituye eximente del deber de fundar el pronunciamiento.
Excusación, asegurador por riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, conciliación, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: López Benítez Héctor Darío c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de la Provincia de Entre Ríos ART s/ proceso laboral (por excusación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-08

La ART ha admitido el suceso del siniestro. Lo hizo al fijar "de común acuerdo" los hechos controvertidos en la audiencia de conciliación, allí dejó sujeta la controversia a determinar sí se trataba de un accidente en el trayecto o de uno en ocasión del trabajo, dejando por lo tanto asentido que se tratada de un accidente laboral. Frente a esto, debe estarse a los acuerdos dados en la audiencia del art. 70 del CPL, en los incisos a) y c) se prevé expresamente la facultad del Juez de proponer fórmulas para simplificar las cuestiones litigiosas y aumentar los hechos admitidos (Voto Welp. Adhesión Romero)
Asesor de menores, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: STOPELLI, Leonor Lidia c/ RUGGIERO, Edgardo Angel y otro s/ NULIDAD DE ESCRITURA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Las funciones que desempeña el Señor Asesor de Menores de Cámara lo equiparan jerárquicamente a los Procuradores Fiscales de Cámara, a quienes sustituyen en supuestos de licencia, por lo que le son aplicables las disposiciones del art. 135 inciso 18 del Código Procesal.-
Recursos, competencia, competencia contencioso administrativa y tributaria, revisión judicial de actos administrativos, interpretación de la ley, recurso de apelación (procesal), interposición del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Karpel Hnos. S.R.L. c/ G.C.B.A. s/ Impugnación Actos Administrativos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-10

La jurisdicción contencioso administrativa no es simplemente una instancia revisora de los actos de la administración, sino que tiene plena jurisdicción para conocer en todas las cuestiones sometidas a su conocimiento. De allí que la expresión "recurso" utilizada por el artículo 34 de la Ley Nro. 265 no puede ser asimilada a la de "apelación", para concluir que la interposición del mismo daría lugar a la competencia directa de esta Cámara. Como señala Diez, las disposiciones que hacen referencia a "recursos" judiciales contra actos administrativos utilizan una terminología equivocada, toda vez que "...el recurso, como dijimos, corresponde que se interponga dentro de la misma sede, en este caso la judicial. Se interpone así el recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, pero en cambio corresponde la acción cuando el particular ataca un acto dictado en sede administrativa y ocurre para ello a la sede judicial" (Diez, Manuel M., Derecho procesal administrativo, Plus Ultra, Buenos Aires, 1996, pág. 218).
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: RAFFO, ROBERTO JORGE c/ CONSULTORA CABILDO S.H. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-14

El otorgamiento de un "poder especial bancario" por parte de la sociedad anónima demandada, así como su designación como apoderado por parte de dicha codemandada para su funcionamiento comercial, y la solicitud de autorización para portación de armas de fuego con motivo de la actividad desplegada por el actor a favor de la accionada, evidencian que el actor se desempeñó y cumplió funciones a favor de dicha codemandada. Tal conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que las partes pudieran estar unidas por un vínculo de "confianza", por regir en el ámbito del derecho del trabajo el principio de supremacía de la realidad, y es obvio que tal lazo de confianza carece de virtualidad para desplazar la operatividad de las normas de orden público que regulan el contrato de trabajo.
Impuesto sobre los capitales, regímenes de promoción, obligación tributaria, base imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CELULOSA ARGENTINA  S.A. s/ APELACION - IMPUESTO - CAPITALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

Cabe interpretar el art. 12 del decreto 465/74 en el sentido de que, al instituirse el impuesto sobre los capitales, facultó a los contribuyentes que se hubieran acogido a su régimen a excluir o deducir de su activo total el valor de las plantaciones efectuadas, para la determinación de la obligación tributaria, toda vez que el beneficio concedido no consistió en una exención del gravamen sino en el derecho a excluir el valor de la inversión afectada a la actividad.promovida.
Recurso de inconstitucionalidad, tribunal de disciplina, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MANARIN, MARIA CECILIA c/  s/ SUSPENSION DE MATRICULA-RESOLUCION COLEGIO PROFESIONALES-APELACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

Corresponde declarar procedente el recurso interpuesto, desde que los magistrados intervinientes se autolimitaron a la hora de resolver los agravios de fondo llevados a su conocimiento por la apelante, en tanto entendieron que nadie mejor que los propios pares de los profesionales matriculados para juzgar las conductas que ellos desempeñan y en esa tarea no deben ser sustituidos por los jueces y que, como regla general, es correcto precisar que la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la sanción a imponer pertenece al ámbito del tribunal a quo -en el caso, el Tribunal de Ética del Colegio de Corredores Inmobiliarios- en cuyo ejercicio éste no debe ser sustituido por el poder jurisdiccional, por lo que sólo cabe revisarlos en caso de arbitrariedad manifiesta; y también desdeñaron el carácter ordinario y la amplitud de conocimiento inherentes al recurso de apelación en cuestión, equiparándolo equivocadamente a los de carácter extraordinario o excepcional -como el que hoy nos ocupa- al afirmar que cualquier revisión de los hechos dentro del marco atribuido perfila la ausencia de agravio al no explicitar en su caso la apelante cuáles son las razones de manifiesta arbitrariedad como para ingresar al fondo del tema a decidir. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Spuler)
Prisión preventiva, semiplena prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: OSMAN, ISABEL s/ ESTAFA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-03

Debe confirmarse la prisión preventiva decretada sobre la base de una peritación caligráfica que atribuye a la procesada la confección de doce documentos, lo que constituye semiplena prueba en los términos del art. 366 inc. 1 del C.P.Crm.
Proceso contravencional, suspensión del juicio a prueba, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Mila, Alejandro y CIERI, Cristian s/ art. 85 ley 1472" 1472"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-18

No corresponde solicitar la revocación de la suspensión de Juicio a Prueba a la Secretaría Judicial de Coordinación y Seguimiento de Ejecuciones, pues claramente no tiene facultades para disponer de dicha manera. En efecto se trata de una facultad conferida por ley expresamente al Juez de la causa y no a funcionarios administrativos del Consejo de la Magistratura.
Apreciación de la prueba, reconstrucción del hecho, sentencia absolutoria, principio de oralidad, principio de inmediación
Materia: PROCESAL
Carátula: Legajo de juicio en autos Acosta, Aníbal Paulo c/  s/ Infr. art. 189 bis, tenencia de arma de fuego de uso civil, CP (p/L 2303) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

La notable diferenciación en las respuestas estipuladas por el Código Procesal Penal en sus arts. 286 y 287, de acuerdo se ventilen o discutan tópicos meramente fácticos o jurídicos, encuentra su explicación en que en la visión del legislador parece censurable -en el primer supuesto- que un tribunal revisor reconstruya los hechos según una nueva apreciación del mérito de las pruebas y pronuncie la primera condena sin que exista ninguna inmediación en aquella elaboración; mientras que en el segundo caso, por el contrario, no sería normativamente reprochable la reversión de la absolución cuando la diferencia entre ambas instancias finque sobre la significación que jurídicamente corresponda atribuirle a un hecho que ya viene definido desde el juicio en cuanto a su efectiva ocurrencia (esto es, circunstancias de modo, tiempo y lugar), a la luz de un proceso de elaboración totalmente respetuoso de los principios de oralidad e inmediación. (Del voto de la jueza Ana María Conde).
Caducidad de instancia, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, falta de notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: ADELAIRA DE MALVAR MARIA DEL CARMEN c/ COLAZO, HUGO ALBERTO Y OTROS s/ CADUCIDAD  DE  INSTANCIA - FALTA DE NOTIFICADOR AL DEFENSOR OFICIAL -  IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-07

El carácter excepcional y de aplicación restrictiva que preside la declaración de caducidad de la instancia se justifica aún más en la especie, toda vez que, en razón de lo preceptuado por el artículo 3987 del Código Civil, dicho instituto puede acarrear la prescripción de la acción y, por consiguiente, la pérdida del derecho que asiste a los menores.

El Defensor Oficial intervino en autos en calidad de "Asesor de menores e incapaces", ejerciendo ministerio legis una representación promiscua que, sin menoscabo de la dignidad de los padres, contribuye a la mejor protección de la persona e intereses del menor de edad sometido a la patria potestad, concurriendo con su dictamen en todo litigio en que éste sea parte y controlando la actuación judicial o extrajudicial de sus representantes necesarios.

Relativamente al régimen de notificaciones, señálase que el mencionado funcionario judicial no lo alcanza la obligación establecida en el artículo 11, inc. 2) de la ley 10.996, por encontrarse comprendido en el supuesto de la última parte del artículo 135, Código Procesal.

Ante la inactividad del letrado de la actora, el Juzgado debió haberle remitido el expediente a su despacho a fin de que, tomando conocimiento de esa situación pudiere, de considerarlo oportuno impulsar el procedimiento evitando así la caducidad de la instancia. Obiter dictum, debe estimarse que ignorando el asesor de menores la inactividad del letrado de la actora, existía para él una verdadera imposibilidad de obrar, circunstancia que por sí misma autorizaría a eximirlo de las consecuencias de la caducidad de la instancia.
Prueba, segunda instancia, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: EDUARDO SEIJO c/ MANUEL TORRES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-23

La apertura a prueba en segunda instancia cabe sólo en los supuestos contemplados en la ley adjetiva (art. 260, incs. 2, 4 y 5).

La instrucción del proceso es, como regla, actividad cuyo desarrollo corresponde al trámite de primera instancia, procediendo sólo excepcionalmente la reedición en alzada de la etapa probatoria.
Beneficios previsionales, cargo de mayor jerarquía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arriola, América c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa Lago, Luis c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14|2001-10-17

En el régimen de la ley 8587 (art. 41) no constituye fundamento suficiente de la denegatoria de un ajuste del haber jubilatorio por desempeño de funciones de mayor jerarquía, la falta de acto administrativo de designación en el cargo -de mayor jerarquía-, por no tratarse de una exigencia consagrada a tal fin por la mencionada norma.
Administración Pública, declaración de incompetencia, ejecución fiscal, faltas, multa contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Empresa de Transp., Pedro de Mendoza
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

En un juicio de ejecución de un certificado de deuda emitido por el Controlador Administrativo de Faltas, correspondiente a una multa determinada por un órgano de la Dirección General de Administración de Infracciones con competencia suficiente, que se encuentra firme porque el administrado no instó la vía prevista en el art. 24 de la ley n° 1217, en atención a una interpretación coherente de las leyes nº 1217 (art. 23), nº 189 (art. 2º) y nº 7 (art. 48), cabe concluir que dicha ejecución es una "causa contencioso administrativa" en la cual la Ciudad persigue el cobro de la multa impuesta al infractor.(Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bicicletas Pionner s.a s/ Concurso Preventivo (art.288 LC)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

Pensamos que en nuestro sistema jurídico, también el juez es un protagonista activo y totalmente insoslayable, del mismo modo que su sentencia es la forma en que el derecho se muestra a sí mismo vitalmente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)