Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-02


SENT Nro. 645 San Miguel de Tucumán, 02 DE SEPTIEMBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora en autos: "Corralón Aconquija S.A. s/Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Amparo"; y C O N S I D E R A N D O :

1. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Contencioso Administrativa del 04/6/2002 (fs. 15/17), que rechazó in limine la acción de amparo promovida por Corralón Aconquija S.A. contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

2. Sustancialmente el rechazo de la demanda de amparo se funda en la naturaleza excepcional del amparo y en que el acto impugnado debe estar caracterizado por ostensible ilegitimidad. En ese sentido, la sentencia atacada observa que en la misma demanda se destaca la necesidad de acreditar la actividad prestada por el municipio, mencionándose que corresponde a la administración la carga de la prueba sobre la efectividad o no de la prestación del servicio, según calificada doctrina y jurisprudencia de la Corte de la Nación. Considera la Cámara que en el caso planteado no se verifican los presupuestos analizados que tornen admisible la vía de amparo, de tal manera que siendo facultad del Tribunal resolver interlocutoriamente el amparo, en forma previa a su tramitación (según lo contemplado por el art. 59 del CPCT), a fin de evitar un desgaste jurisdiccional innecesario (sentencias 435/01, 472/01134/02 y 142/02, corresponde rechazar in limine la acción promovida por la amparista.

3. La actora afirma y explica las razones por las que el recurso intentado reuniría los requisitos de admisibilidad relativos a la definitividad del fallo y motivos de la impugnación, previstos en los arts. 91 y 92 incs. 1 y 3 del CPCT; a la gravedad institucional exigida por el mencionado art. 92 y a la fundamentación y tempestividad previstas en los arts. 93 y 94 del mismo texto legal.

Seguidamente ataca los argumentos del fallo.

En orden a que el amparo es inadmisible porque no habría una ostensible ilegitimidad, verificable a simple vista, sostiene que la Cámara no dice cuáles son los hechos que la hacen arribar a tal conclusión, y que, por el contrario, de la demanda resulta ostensiblemente la inconstitucionalidad de las normas en que la Municipalidad intenta fundar su pretensión de cobro del Tacis y Publicidad y Propaganda. Expone que se pretende cobrar impuestos bajo la apariencia de tasas, tasas por las cuales no existe una prestación individualizada de los correspondientes servicios; tributos municipales que se superponen con impuestos provinciales (Tacis e Ingresos Brutos), todo lo cual transgrede los derechos a la igualdad tributaria y de propiedad (arts. 16, 14 y 17 de la CN), como la distribución de potestades tributarias entre la Provincia y la Municipalidad (art. 114 CP). Agrega que por sentencia Nro. 14/01 de esa misma Sala su parte obtuvo una resolución favorable declarando la inconstitucionalidad de los tributos contra cuyo cobro se pide amparo, lo que genera más que una simple verosimilitud del derecho sobre el que se pide protección, y que basta cotejar los arts. 120 y 154 del Código Tributario Municipal, en su actual redacción, para advertir que se trata de un simple cambio de nombre Tacis por Pacis y de un camuflaje de los antiguos tributos, que se mantienen como verdaderos impuestos bajo la forma de tasas, pues no existe una prestación individualizada de los servicios correlativos a esta última.

Respecto del argumento referido a la subsidiariedad del amparo, señala que el uso abusivo de esa excusa es la principal causa de grandes y numerosos desamparos. Interpreta que es el peticionante y no el Juez el que debe elegir la vía que considere más apropiada para la protección del derecho, debiendo el último verificar sólo el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad para dar curso a la acción, pues ya tendrá oportunidad de juzgar en definitiva su procedencia. Añade que en la presente causa el rechazo liminar del amparo podría implicar la imposibilidad de impugnación de la constitucionalidad de los actos y norma lesivos por otra vía, ante la probable caducidad de la acción ordinaria declarativa de inconstitucionalidad por el vencimiento del plazo establecido por el art. 90 inc. 1 del CPCT, sin perjuicio de su dudosa constitucionalidad.

Con relación a la necesidad de producir pruebas esgrimida por la Cámara, expresa que si esa sola circunstancia bastara para rechazar un amparo quedarían sin protección todos los derechos afectados por inconstitucionalidades fácticas. Añade que puede ser un argumento de peso cuando la complejidad de la prueba requiere de un gran despliegue pero no cuando sólo consiste en la demostración de la prestación de un servicio que debe ser individualizado.

Por último, en cuanto a la potestad de resolución interlocutoria del Tribunal, sostiene que estando a una interpretación gramatical del texto, la facultad del Tribunal de resolver interlocutoriamente el amparo (art. 59 CPCT) de ninguna manera lo autoriza a rechazarlo in limine. Prosigue en que tampoco admite una interpretación teleológica pues el fin de los procesos constitucionales es garantizar los derechos de las personas consagrados en la CN y CP y en el caso del amparo, otorgar una acción rápida y expedita. Consecuentemente, en su criterio, el Tribunal debe valorar la admisibilidad formal de la acción y si lo es y la inconstitucionalidad en que se funda es normativa y manifiesta, resolver interlocutoriamente haciendo lugar al amparo; y en todos los demás casos y siempre que la acción es formalmente admisible, correr traslado de la demanda y ordenar el informe del art. 21. Concluye en que el Juez en ningún supuesto está autorizado a rechazar in limine un amparo, pues cuando la acción fuera prima facie formalmente inadmisible, el Tribunal debe proveer de inmediato las medidas necesarias para subsanar los defectos formales (art. 16 CPCT).

Califica de arbitraria la actuación del Tribunal porque pretende sustentar su decisión en afirmaciones dogmáticas, incurre en autocontradicción y se atribuye la potestad de rechazar in limine un amparo cuando tal posibilidad no está prevista en el ordenamiento procesal constitucional.

4. En primer término, el recurso de inconstitucionalidad intentado cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 91 al 94 del CPCT. El escrito recursivo ha sido presentado en término y contra un pronunciamiento que, si bien no es definitivo respecto de la viabilidad del planteo, en las concretas circunstancias del caso es equiparable a definitivo ya que el actor esgrime -con fundamento en el denunciado vencimiento del plazo de caducidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 90 inc. 1 CPCT)-, que la resolución es susceptible de ocasionarle un perjuicio irreparable. Asimismo la demanda de amparo principalmente se basa en la pretensa inconstitucionalidad de los arts. 120, 154 y cc. del Código Tributario Municipal (Ordenanza Nro. 229/77), modificada por Ordenanza Nro. 3032/01, y los fundamentos del recurso aparecen de los autos y tiene una relación directa e inmediata con la cuestión constitucional planteada.

5. Un examen liminar de las constancias de autos permite advertir que el caso, prima facie, reúne los presupuestos constitucionales del amparo, consagrados en el art. 43 de la CN y reproducidos en el art. 50 del CPCT, referidos a la actualidad o inminencia de la lesión, al carácter manifiesto de la arbitrariedad o ilegalidad del acto que habría ocasionado la lesión o amenaza de lesión constitucional y a que el derecho cuya tutela se persigue es cierto. Consecuentemente la vía intentada configura, en el caso, el medio judicial más idóneo, desde que el ordenamiento jurídico no prevé otra que fuera más rápida o eficaz que el amparo.

Se constata que la demanda de amparo se dedujo ante el órgano judicial competente, se ajusta a los requisitos formales, el actor habría acreditado su legitimación, no operó el plazo de caducidad, no concurre ninguno de los supuestos de inadmisibilidad previstos en el art. 51 del CPCT y, sin que ello signifique emitir juicio acerca de la procedencia del planteo, el mismo exhibe fundamentos suficientes que determinan la mayor idoneidad de la vía de amparo, correspondiendo por ello, dar trámite a la demanda.

En efecto, la sociedad actora, Corralón Aconquija S.A. deduce amparo el 31 de Mayo de 2002 contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, persiguiendo que se la exima de pagar el Tacis y tasa Publicidad y Propaganda y que la demandada se abstenga de pretender el cobro de y de aplicar multas, clausuras u otras sanciones con motivo de los referidos tributos, a los que denuncia de inconstitucionales. Expresa, acompañando documentación respaldatoria, que el 12/3/2002 fue intimada al pago del tributo bajo apercibimiento de multas y/o clausuras y que luego, el 03/4/2002 se le levantó acta para que presente comprobantes relativos al Tacis y a Publicidad y Propaganda. Funda sustancialmente la inconstitucionalidad en que tales tributos afectarían la distribución de competencias tributarias entre la Provincia y las Municipalidades prevista en el art. 114 de la CP pues, siendo que las últimas no pueden establecer impuestos, en relación al Tacis y Publicidad y Propaganda, además de no prestarse efectivamente los servicios, la pretensión de su cobro es indiscriminada mediante alícuotas mensuales sobre los ingresos brutos por ventas de la sociedad.

Consecuentemente, comprobados los requisitos formales, legitimación, plazo de caducidad, y verificados liminarmente los presupuestos constitucionales del amparo, como así también que, en tales circunstancias, el ordenamiento procesal no prevé otro medio judicial más rápido, expedito o que confiera un beneficio ajeno al procedimiento del amparo, éste configura el medio judicial más idóneo, correspondiendo, como se dijo, dar trámite a la demanda de amparo y diferir el pronunciamiento definitivo acerca de los presupuestos de procedencia, una vez sustanciado y tramitado el amparo.

Conforme a lo expresado, se revoca la sentencia recurrida, en su punto III, y se devuelve la causa a la Cámara para que imprima a la demanda de amparo el trámite regulado en los arts. 59 y ss. del CPCT.

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

HACER LUGAR, en los términos considerados al recurso de inconstitucionalidad promovido por la parte actora contra la sentencia del 04/6/2002 (fs. 15/17) de la Sala IIIa. de la Excma. Cámara Contencioso Administrativa. Consecuentemente se revoca el punto III resolutivo de la referida resolución y se dispone la devolución de los autos a la mencionada Cámara para que proceda en los términos considerados.

HAGASE SABER.- RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO HORACIO RICARDO CASTELLANOS SALVADOR NORBERTO RUIZ RODOLFO N. NOVILLO (en disidencia) ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA Voto en disidencia del doctor Rodolfo N. Novillo:

I.- Sin perjuicio del respeto que me inspira, debo expresar mi disidencia con el voto que antecede, porque tanto el recurso de inconstitucionalidad como la demanda de amparo adolecen -a mi modo de ver- de análogas carencias de admisibilidad procesal que aparecen en uno y otro extremo del proceso.

II.- Desde mi punto de vista, este recurso de inconstitucionalidad no reúne la condición de definitividad procesal (arts. 91 y 92, ley 6944), por lo mismo que tampoco esta acción de amparo resulta apta como vía procesal idónea.

Dicho de otro modo: ni la sentencia recurrida puede equipararse a definitiva, ni el amparo puede sustituir a las acciones ordinarias, por lo mismo que no aparece en el cuestión disputada la lesión constitucional de grado manifiesto que se causaría si el enjuiciamiento se remitiera a los procedimientos judiciales ordinarios (CSJN, doctrina de "Fallos", 280:228; 294:152; 299:417; 303:811; 307:444; 308:155; 311:208).

III.- En esta demanda de amparo se articulan dos pretensiones procesales de contenido declarativo y una tercera de condena, que aspiran a aprehender situaciones jurídicas del pasado y del futuro con el siguiente tenor: 1°) "se declare la inconstitucionalidad de los arts. 120, 154 y concordantes de la Ordenanza nro. 229/77 modificada por la Ordenanza 3032/01, y de las demás normas modificatorias, complementarias, reglamentarias y concordantes de las mismas; 2°) "se exima a Corralón Aconquija de pagar T.A.C.I.S. y la tasa por PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, y; 3°) se condene a la Municipalidad a abstenerse de pretender el cobro o perturbar de cualquier modo a Corralón Aconquija con motivo de los referidos tributos inconstitucionales, hasta tanto los mismos sean ajustados a los límites y principios señalados por la Constitución Nacional y la Constitución Provincia" (fs. 7 vta.).

Esas proposiciones de invalidación de normas generales, eximición de obligaciones tributarias e inhibición condicionada de potestades fiscales, no se sitúan -en las circunstancias de este caso- en el nivel mínimo de disputabilidad que es inherente al grado manifiesto de antijuridicidad, y que posibilitaría que fueran adecuadamente enjuiciadas en el estrecho marco de cognición del proceso de amparo.

La declaración de inconstitucionalidad obtenida por la actora en un proceso ordinario sobre su situación anterior frente al P.A.C.I.S. (Ordenanzas nro. 1424/90 y 2018/92), no puede ser extendida en forma maquinal o indeliberada frente a la nueva situación jurídica creada por el T.A.C.I.S. (Ordenanza 3032/01), cuya validez constitucional no ha sido aún objeto -por lo demás- de elaboración jurisprudencial en los tribunales locales.

Si esta controversia por el T.A.C.I.S. remite al examen de nuevas circunstancias y nuevas normas, lo que corresponde es que sean enjuiciadas en sí mismas, con el grado de detenimiento que sea necesario hasta alcanzar el debido grado de certeza y dilucidación que reclama el echar mano al último y más extremo recurso de invalidación del ordenamiento jurídico.

Una venerable tradición jurídica enseña que el derecho consiste en un arduo discernimiento de circunstancias en constante renovación, y que si no participa de la uniformidad de las matemáticas es -precisamente- por ese incesante esfuerzo por reflejar el dinamismo de la vida en el contexto inherente a cada caso (cfr. CSJTuc., sentencia 03/5/74, in re: "Mizrahi de Tucumán", voto del dr. López de Zavalía).

Un criterio derivado de este principio es el que excluye de la simplicidad del amparo -y reserva para las instancias procesales ordinarias- a las causas que necesitan de más ponderación o reclaman ahondar el estudio o ampliar las posibilidades procesales de prueba, porque contienen un grado de disputabilidad que hace imposible el trato simplificado de la evidencia manifiesta de ilegalidad (CNFedContAdm., 14/5/85, "Coelho c. MOSP"; 06/8/85, "Rodríguez c. Estado Nacional"; y 13/01/89, "Dos c. Entel").

Por todo ello, en atención a la necesidad de discernir el sentido con que fueron concebidas las reglas de T.A.C.I.S., además de examinar el hecho negativo que invoca la actora de no haber recibido ninguna prestación de servicios, y también para poder sopesar la concreta incidencia de las nuevas normas que diseñan la Contribución por Publicidad y Propaganda desde que fue modificada por la Ordenanza 3032/01, propongo concluir que la demanda de amparo no comporta una vía idónea en el contexto de circunstancias que rodean a este caso y que la sentencia recurrida no causa un gravamen irreparable por dejar subsistentes las acciones ordinarias.

IV.- Me pronuncio -en suma- por desestimar el recurso de inconstitucionalidad de la parte actora contra la sentencia dictada el 04/6/02 por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo.

HAGASE SABER.- RODOLFO N. NOVILLO