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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, condominio, herederos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MONTTI, FACUNDO JOSE LUIS Y OTROS c/ FERNANDEZ, ROSARIO Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-30

Las quejosas, con los argumentos que exponen y demás constancias del recurso directo tal como ha sido traído ante estos estrados, no consiguen poner mínimamente en crisis, en el plano constitucional, la conclusión del A quo relativa a la legitimación de las herederas del condómino para ser parte en el proceso de división de condominio (fundada en los artículos 2692 y 3417 del Código Civil) y en la ponderación del Tribunal acerca de la ausencia de prueba suficiente sobre un eventual perfeccionamiento de la transmisión del derecho real sobre su porción indivisa al cesionario de derechos y acciones hereditarios -aunque dejando expresamente a salvo la posibilidad de que tal extremo, en caso de verificarse, sea considerado en la etapa de ejecución de sentencia-; ello al no vislumbrarse, a la luz de los agravios expresados en esta instancia extraordinaria, que el criterio expuesto por la Alzada exceda el marco propio de su función jurisdiccional, o que tal respuesta no se sustente racional ni jurídicamente en los hechos del proceso y en el derecho aplicable. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículos 2692 y 3417
Facultades del Poder Legislativo, prisión perpetua, derechos y garantías constitucionales, Constitución Nacional, derecho penal de acto, derecho penal de autor, proporcionalidad de la pena, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Casaballe Colacho, Eduardo Adrián  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-10

Conforme el sistema constitucional argentino, específicamente en materia penal -artículos 18 y 75 inciso 22-, rige el principio de culpabilidad por el acto, excluyendo el derecho penal de autor, lo que significa que la pena se impone por lo que la persona hace, y no por lo que la persona es, lo que en modo alguno significa que los principios y garantías allí consagrados impidan al legislador establecer un sistema de penas fijas, pues sólo podría ser objeto de algún tipo de cuestionamiento en tanto se pruebe la existencia de una evidente desproporción entre la pena, y el injusto culpable al que responde.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, orden público, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PENAL
Carátula: BLANCO JUAN MANUEL FERNANDO; MANSILLA ARIEL; BLANCO ANGEL; SILVA RAMON ALEJANDRO s/ S.D. HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO POR ENSAÑAMIENTO Y CRIMINIS  CAUSA Y ENCUBRIMIENTO E.P. CALDERON HECTOR EDUARDO - RECURSO PER  SALTUM
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-03-05

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó criterio estableciendo que cuando los hechos "exhiben inequívocas y extraordinarias circunstancias de gravedad, y demuestren con total evidencia que la necesidad de su definitiva solución expedita es requisito para la efectiva y adecuada tutela del interés general", es procedente la supresión de las instancias recursivas inferiores.
Concursos, legitimación procesal del fallido, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Enrique Gutiérrez S.R.L. s/ Concurso preventivo - Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

El recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el apoderado de la fallida con posterioridad a la fecha de la quiebra, es inadmisible, por cuanto ésta ha perdido legitimación procesal para actuar en todo litigio referido a los bienes en que se la desapodera (art.114, ley 19551). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reducción salarial, intangibilidad de la remuneración, empleados públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alarcon, Nelida Beatriz y otros s/ Apelación Alfaro, Julio Alberto y otros s/ Amparo s/ Apelación Bruno, Viviana Luz y otros s/ Amparo s/ Apelación Ameduri, Rosa y otros s/ Amparo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-08-13|1998-08-13|1998-08-13|1998-08-13

"...La retribución del empleado público no puede ser reducida, ya que su quantum está garantizado por el principio de intangibilidad de las remuneraciones -arts. 14 bis y 17, Constitución Nacional-, el que por ende no puede ser afectado ni disminuido sin violar la Carta Magna-.

En efecto, no considero que razones de índole presupuestaria o de dinámica administrativa sean suficientes para quebrantar tal directiva, dado que las relaciones de empleo con el Estado, revestidas de características específicas y garantías correlativas -especialmente la estabilidad-, debe constituir una prioridad para el legislador; y en su aspecto retributivo, que es la obligación sustancial del Estado empleador..." ..Voto en mayoría del Dr.

Romanelli Espil.
Debido proceso, procedimiento administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., R. s/ Conflicto de Poderes en Concejo Deliberante de Rawson
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-02-26

"En materia de procedimiento administrativo rige el derecho al debido proceso sustentado en la garantía consignada en el art. 18 CN......que comprende la posibilidad de 1) exponer las razones de las pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a derechos subjetivos...2) de ofrecer prueba y que ella se produzca si fuera pertinente...3) que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto conducentes para la solución del caso...

No habiéndose respetado el derecho al debido proceso adjetivo...si se ha violado el derecho de defensa a no otorgarse al particular una razonable oportunidad de ejercerlo el acto está afectado de nulidad absoluta ...".
Daño moral, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Alegre, Mario Lino c/ Manila S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

En los supuestos de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima, por lo que la indemnización respectiva debe cubrir tanto el daño material como el moral; y el reconocimiento y resarcimiento de este último depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere tampoco prueba específica alguna cuando debe tenérselo por demostrado por la sola circunstancia de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral.
Régimen de visitas, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: B.L.A. c/ DE M. de B.A. s/ REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-27

Los derechos subjetivos familiares, cuando se establecen para garantizar la satisfacción de intereses que no son los propios del titular, constituyen simultáneamente deberes jurídicos. Las relaciones jurídicas que se establecen en virtud del ejercicio de la patria potestad tienen por contenido derechos-deberes que pesan sobre los padres para satisfacer las necesidades de sus hijos menores de edad (arts. 265, 267, 268 y concordantes del Código Civil). El derecho del padre de visitar a sus hijos, cuando ellos viven con la madre que tiene su guarda, es asimismo un deber jurídico; la frecuentación del padre tiene por objeto, precisamente, asegurar que los menores mantendrán su contacto paterno, indispensable para su formación, corrección, vigilancia y educación.

Y el deber de asistencia, en particular la obligación alimentaria del padre, es a la vez un derecho subjetivo suyo: es que el progenitor no sólo ha de tenerse por obligado a contribuir económicamente a la satisfacción de las necesidades de sus hijos, sino también debe asumir el derecho a hacerlo con exclusión de otras personas, en tanto reivindica para sí el ejercicio de la patria potestad.- No cuadra contraponer el derecho de visitar a los hijos al deber de asistirlos, ni, en una reducción simplista, reputar que el ejercicio del derecho a frecuentar o tener contacto periódico o permanente con los menores requiere, cual contraprestación, la satisfacción del deber asistencial. Ambos son deberes-derechos irrenunciables que, en última instancia, conjugan un fin último común: la protección (en sentido amplio) de los menores.- Nada obsta a que el padre visite y frecuente a sus hijos-pues el derecho de visita es un deber de tener trato con ellos- pero no puede pretender que la jurisdicción le asegure y garantice, incluso compulsivamente llegado el caso, la ejecución de la sentencia, si al mismo tiempo, él no acredita que da adecuado cumplimiento a la prestación alimentaria que debe satisfacer por decisión firme de esa misma jurisdicción. Es contradictorio que se recurra a los jueces para pedir garantías al ejercicio de los derechos, y, a la vez, sustraerse de sus decisiones para el cumplimiento de los deberes.-
Escritura pública, nulidad de la escritura pública, falta de legitimación para obrar, escribanos públicos
Materia: CIVIL
Carátula: Campos Cañizo, Constantino c/ Cañizo Penin, Manuel s/ Acción declarativa (art. 322)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

Carece de legitimación activa para sostener la validez de una operación de compraventa realizada en un instrumento público declarado nulo, el escribano que fuera partícipe del instrumento cuestionado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, Derecho laboral, empleador, juicio, partes, temeridad o malicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dagotto, Enzo J. y/o c/ Industrias Alim. - Ros. S.R.L. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda   laboral (Expte. CSJ Nº 475-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-09

Las cuestiones relativas a la aplicación de intereses -en el caso, de carácter sancionatorio- corresponden a la órbita de decisión de los jueces de la causa y, por ende, ajenas, en principio, a la instancia de excepción, salvo arbitrariedad,y no merece reproche constitucional la opinión de la Vocal cuyo voto hiciera mayoría que estimó que no se encontraban configurados los presupuestos establecidos por el art.275 de la Ley de Contrato de Trabajo para tener por cierta la existencia de conducta procesal temeraria y maliciosa por parte de la accionada, advirtiendo que a los fines de la aplicación de la sanción que dispone la citada norma es necesario que el juez se encuentre persuadido de la malicia litigiosa y que haya comprobado la total y absoluta mendacidad en los hechos y la deformación grave en el derecho atribuido, a los fines de que no se menoscabe el derecho de defensa.
Traslado de la demanda, rebeldía, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: SGOIFO LUIS MANUEL Y OTROS c/ AUDITORIA GENERAL EXTERNA S.A. (A.G.E. S.A.) s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-09-02

El traslado de la demanda se confiere bajo apercibimiento de tenerla por no contestada y declarar la rebeldía, si debidamente citada la demandada, no compareciere. Esto no es propio del Procedimiento laboral, sino del Procedimiento general cuyo alcance no es otro que crear una presunción a favor de las pretensiones del actor, que de por sí solo, no determina su procedencia, porque la demanda deberá estar debidamente fundada.
Superior Tribunal de Justicia, recusación, interpretación restrictiva, recusación con causa
Materia: PROCESAL
Carátula: VALLONE, MARIO EDUARDO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ROSARIO s/ RECUSACION - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 85 AÑO 2009)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

El artículo 12 de la ley 10.160, en su reforma introducida por la ley 11.427, al establecer que 'los ministros no puede ser recusados sin expresión de causa' consagra un régimen de excepción sobre la materia, en la que por ende deben vigorizarse las exigencias de la actividad recusatoria, tal como ha resuelto en su ámbito el Máximo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires in re 'Garrete, E. contra Provincia de Buenos Aires' del 17.6.80), sosteniendo que la causal invocada debe tener, en el caso concreto, fundamento fáctico pleno y la recusación debe ser clara, categórica y no sólo insinuada, parámetros que se incumplen en la especie, al no identificarse siquiera mínimamente las intervenciones anteriores a las que alude, máxime cuando tampoco el thema decidendum guarda similitud con las actuaciones a que refiere gen?ricamente en su presentación.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: SÁNCHEZ BUSTOS Carlos M. c/ La Torre Carlos Iván s/ Ejecución de sentencia (ejecución de sentencia de honorarios) s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-07-25

No se configura la arbitrariedad si pese a alegar la existencia de ese vicio, la recurrente en realidad se limita a discrepar con la solución adoptada, es decir con el criterio adoptado por el a quo al juzgar la cuestión aludida. Es así que, en este punto, los agravios propenden, no a que se controle la legalidad del fallo, sino a que se revise el mérito con que aquel ha juzgado las cuestiones que integran la litis. Al respecto, esta Corte tiene dicho que la arbitrariedad se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable; falencias, todas estas, que en definitiva descalifican al fallo como acto jurisdiccional válido. Por esa razón el recurso de inconstitucionalidad resulta inadmisible. Si esta Corte abriese esta vía extraordinaria para examinar los enunciados defectos, vendría a actuar como un tribunal de mérito más, en una suerte de tercera instancia no prevista en la ley.
Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, persona jurídica pública no estatal
Materia: LABORAL
Carátula: ROMANO, EDUARDO c/ PAMI s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-26

La ley 19023 diseÑó al Instituto de Servicios Sociales para jubilados y pensionados como un ente público no estatal destinado a prestar servicios médicos y asistenciales a los jubilados y pensionados, de las características legales del mismo puede concluirse que no es ajeno a la administración pública y al Estado en sentido amplio, pero sus órganos no están compuestos por funcionarios, sus actos no son administrativos y su teleología no es típica del Estado.
Concursos, competencia, fuero de atracción
Materia: COMERCIAL
Carátula: RENELLA  HECTOR  INCIDENTE  DE  VERIFICACION  TARDIA EN: PALENZONA DE ODDOERO NOEMI CONCURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA s/ CONCURSO PREVENTIVO - QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-02-21

Ninguna norma establece que los acreedores admisibles en el pasivo sean solamente los titulares del créditos líquidos. Por el contrario, si la ley dispone que todos los créditos deben pasar por la verificación (art. 33), es porque el propio juez del concurso debe determinar el valor de los que no estén liquidados al momento de la apertura del proceso universal. En tal caso la liquidación aquí llamada regulación de honorarios- debe tener lugar justamente dentro del proceso de verificación.

Esto implica decir que el Tribunal Concursal es el único competente para liquidar los honorarios adeudados por el fallido que no hubiesen sido regulados antes de la declaración de la quiebra. No rigen aquí las reglas comunes de competencia ( L.A. arts 26 y 100) sino el fuero de atracción del proceso universal (L.C. art. 136), de modo que desde el instante mismo de la declaración de la falencia los honorarios adeudados por el fallido deben ser regulados por el Juez del concurso y no por los tribunales ante los cuales se hubiesen devengado.
Sociedades comerciales, elección de directores
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIONAVE  SA c/ Campodónico Eduardo César y Otro s/ rescisión decontrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22

Una interpretación sistemática de los arts. 12, 58 y 60 de la Ley de Sociedades permite concluir que la ausencia de inscripción de la designación de administradores no ocasiona la insuficiencia de poder por cuanto tal registración no es integrativa (es decir constitutiva) sino declarativa pues el nombramiento o la cesación de los directores tiene efecto como tal desde la decisión asamblearia y no desde el acto de inscripción (doctrina de esta Sala, Causa Nº 6147 "DHL Internacional SA c/ Air Express SA s/ cobro de Fletes", del 14/3/1995 y los precedentes allí citados; doctrina de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, "Trainmet Servicios SA C/ Ormas Ingeniería y Construcciones SA s/ Ordinario", del 6/12/2007 y Sala D, "Cernadas, Julio Argentino c/ HSBC Bank Argentina SA s/ Ordinario" del 16/8/2007, entre otras). En consecuencia, a diferencia de lo que la recurrente sostiene, la ausencia de registración de la designación o cesación de los administradores de una sociedad no afecta la validez ni la existencia de dicho nombramiento.
Seguridad jurídica, sentencia condenatoria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ASOCIACIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN SECCIONAL MISIONES c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-16

El principio de estabilidad de las sentencias, veda al litigante la posibilidad de someter a decisión una cuestión que fue anteriormente resuelta con efectos definitivos, y corre-lativamente, impone al tribunal desestimar las peticiones que se efectúen en tal sentido (Fallos 315:369). En consecuencia, si bien se ha sostenido que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada produce efectos solamente respecto de quienes han re-vestido el carácter de partes en el juicio, es decir, dicha sentencia no puede aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos al juicio (Fallos 321:1252), lo cierto es que habiéndose dirimido en un juicio de conocimiento la situación laboral que motivó la determinación de deuda que dio origen a las presentes actuaciones, volver a discutir sobre la cuestión ya resuelta afectaría el principio de seguridad jurídica. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia, declarando desierto el recurso por incumplimiento del requisito del depósito previo).
Ley de desindexación, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Katye S.A. (T.F. 9456-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

Aún cuando correspondiese aplicar la ley 24.283 al sector público, no sería factible respecto de prestaciones de dar sumas de dinero conforme lo dispuesto por el art. 4 del decreto 794/94 -que no ha sido impugnado-, ya que el único modo que éste prevé para medir el valor actual de aquéllas, es la aplicación de los índices establecidos en las normas de aplicación, hallándose en consecuencia en esa tesis en igualdad de condiciones frente a las obligaciones de este tipo tanto el particular como el Estado.
Procesos de conocimiento, juicio ordinario, juicio ejecutivo, rechazo in límine, subasta, demanda
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FERRARA, ANA c/ SANCINETTI, MABEL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-09

No procede el rechazo "in limine" de una acción de nulidad de acto jurídico respecto de un remate decretado varios años antes en un juicio ejecutivo, incoado por una de las herederas de uno de los ejecutados fallecido; pues, si bien el objeto de la pretensión deducida no parece adecuarse al juicio ordinario posterior al ejecutivo previsto por el CPCCN art. 553, constituiría un proceso continente de una pretensión autónoma de nulidad de acto jurídico -respecto de cierto porcentaje del dominio del bien subastado- que no cabe rechazar liminarmente, sino sustanciar la pretensión y abrirla a prueba o declararla de puro derecho -según corresponda-, pese a que pasaron varios años desde el dictado de la subasta, pues aunque el caso no parece estar comprendido en alguno de los supuestos típicos de cosa juzgada irrita (cfr. Hitters, "Revisión de la cosa juzgada", Pág. 231, librería editora platense, la plata, 1977), no es menos cierto que la doctrina impone al efecto de cosa juzgada ciertos limites temporales, determinados por el cambio de ciertas circunstancias.
Recurso contencioso administrativo, recurso de reposición (procesal), prueba, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chiani, Leonor Elisa Traverso de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso de  Revocatoria (Expte. CSJ Nro. 92-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

Habrá de rechazarse la revocatoria interpuesta por la Provincia demandada contra el decreto que ordenó que se prosiga el trámite según su estado, desde que el proveído de apertura de la causa a prueba se encontraba notificado a ambas partes y que si bien fue objeto de recurso de revocatoria, éste nunca fue resuelto; por lo tanto, superado el escollo que se oponía a su inserción formal, el proveído que ordena seguir la causa según su estado resulta suficiente para encausar el trámite, no siendo necesario el nuevo dictado de un decreto de apertura de la causa a prueba -que ya se encuentra dictado y no ha sido revocado-, lo cual surge de manera clara cuando la Presidencia proveyó el nuevo pedido de apertura a prueba formulado por la demandada, haciéndole notificar en debida forma el decreto que disponía la prosecución de la causa.
Razonabilidad, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARTIDO MOVIMIENTO VIABLE s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA-SALTO DE INTANCIA Y EXPEDIENTES  ACUMULADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-10-18

El principio de razonabilidad en el derecho argentino se fundamenta en los art. 28 y 33 de la Constitución Nacional. Según el primero: "los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Según la redacción de Alberdi, fuente de este artículo: "las leyes reglan el uso de estas garantías de derecho público: pero el Congreso no podrá dar ley que con ocasión de reglamentar u organizar su ejercicio las disminuya, restrinja o adultere en su esencia". Es decir, por vía indirecta, a partir del art. 28 C.N. se llega al principio de la razonabilidad, lo que ha llevado a Linares a consagrar la razonabilidad como una garantía innominada en la Constitución Nacional. Es decir la ley reglamentadora, a efectos de no alterar el derecho reglamentado, debe delimitarlo de un modo razonable sin afectarlo ni restringirlo.
Caducidad de instancia, oportunidad procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: HAMBRA, Ramón c/ PAYE, Ana s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-10

El consentimiento de las actuaciones a que alude el Código Procesal:

315 se opera una vez transcurridos los cinco días necesarios para que reste firme, la actuación extemporánea o purgada la nulidad por no haberse deducido en tiempo la cuestión pertinente.