Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-04-26


Salta, 26 de abril de 2018. Y VISTOS: Estos autos caratulados: "KÖSTER, Michel René Teodophile. vs. CASTELLANOS DE SARAVIA, Julia Elena s/División de condominio; Anotación de Litis", Expte. Nº 219.616/08 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 5ª Nominación; Expte. Nº 219.616/8/15 de esta Sala Tercera y, C O N S I D E R A N D O I) El doctor Jorge Augusto de la Zerda, por sus propios derechos, a fs. 351/352 y 358/359, deduce incidente de caducidad de la segunda instancia. Expresa que, al concluir su personería en el pleito, no se agotaron su responsabilidad por los actos cumplidos, ni sus derechos de percibir los honorarios y los gastos legítimos que hubiere hecho en el proceso. En tal sentido, invoca su legitimación propia, parcial y transitoria, como ex apoderado de la demandada. Subsidiariamente, solicita se le confiera intervención en el presente como tercero, y en los términos del artículo 90, inciso 1º del Código Procesal Civil. Señala que el trámite de apelación se encuentra suspendido por acuerdo de las partes, desde el 15 de mayo de 2015, y que, desde el escrito obrante a fs. 285, no se ha impulsado la causa durante casi tres años, con lo que -asevera- se ha superado el término establecido en los artículos 157 y 310, inciso 2 del ordenamiento formal.

Corrido el traslado del incidente, los interesados no comparecen a contestarlo (ver fs. 371/373), llamándose autos para resolver a fs. 374, mediante providencia notificada y firme (fs. 374 vta.).

II) Liminarmente, cabe analizar si el incidentista se encuentra legitimado para efectuar el planteo de perención.

La legitimación sustancial o para obrar consiste en la coincidencia entre la persona que demanda o contra quien la dirige y aquéllas que, según las normas legales que rigen la relación sustancial, la integran. Su existencia es una condición para la procedencia de la acción y, como tal, constituye una carga del demandante acreditarla (CApel. CC. Salta, Sala V, t. XIV, fs. 775/782).Como es sabido la acción debe ser intentada por el titular del derecho contra la persona obligada, esto es las partes en la relación jurídica sustancial, configurándose un supuesto de falta de legitimación, cuando no media coincidencia entre la persona que efectivamente actúa en el proceso y la persona a la cual la ley habilita especialmente para pretender o contradecir respecto de la materia sobre la que versa la controversia (Palacio, Derecho Procesal Civil, Tomo VI, p. 132; CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2016, fº 526/529). En tal sentido, esta Sala ha dicho: "La legitimación para estar en juicio constituye un requisito esencial de la acción por lo que el órgano jurisdiccional está facultado para analizar - aún de oficio - su existencia, sin que ello afecte el derecho de defensa ni el principio de congruencia (conf. SC Bs. As., causa Ac. 56.445, sent. 12/XII/95, en DJJBA, 150-1407, Cámara 2ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala I, "Giménez, Juana y otra c. Clínica Privada Psiquiátrica Esquirol", de fecha 05/09/1996, y publicado en LLBA 1997, 40). Y tal verificación es computable en cualquier etapa del proceso (conf. LL, 1989-B, 400, LL, 1997-F-904; LL, 2000-D -897; DJ 2001-1, 1028).

La legitimación contempla la relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado y el interés material discutido en el proceso (Morello, Sosa, Berizonce y otros, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y Anotados; T. IV-B; 2da. Edic.; Librería Editora Platense- Abeledo Perrot; 1990; pág. 221). Se trata de presupuestos materiales o sustanciales para la sentencia de fondo. Por ello, si en el momento de decidir la litis, el juez encuentra que falta esta condición para dictar la sentencia de fondo o mérito, debe declararlo así, aún oficiosamente (Devis Echandía, Hernando en Teoría General del Proceso, T. I, capítulo XVI, págs. 287/313)" (CApel. CC. Salta, tomo 2013, fl. 400/405).

_____El doctor De la Zerda ha intervenido en la causa como apoderado de la demandada (fs. 35), sin embargo su mandato fue revocado tácitamente, con la presentación de fs. 199. Su interés actual se refleja en el derecho propio que invoca, de obtener la regulación de sus honorarios.

_____En la especie, se ha rechazado la demanda, con costas a cargo del actor (fs. 265/266), lo que fue objeto del recurso de apelación interpuesto a fs. 267.

Encontrándose los autos radicados en esta Sala (fs. 273), y expresados los agravios (fs. 280), a fs. 285, las partes, de común acuerdo, solicitaron la suspensión del trámite, lo que se decretó favorablemente, a fs. 286.

A fs. 289, el aquí incidentista, pidió se remitieran los autos al Juzgado, a los fines de la regulación de sus honorarios, requerimiento que se concretó a fs. 290 vta. Desde fs. 293, hasta la presentación de fs. 348, se ha desarrollado el trámite dispuesto en los artículos 9 y 9 bis del Decreto Ley 324/63, a los fines de establecer la base para el cómputo de las acreencias. A fs. 339, se suspendió el plazo para presentar el informe del perito tasador, hasta que se realizara el depósito del anticipo para gastos. A fs. 348, el doctor De la Zerda solicitó, el 5 de diciembre de 2017 que, "previo a la tasación y regulación de honorarios", "vuelvan los autos a la Alzada a fin de que se concluya con el trámite que lleva suspendido desde el 20 de mayo de 2015", por cuanto la suspensión impide la regulación definitiva de sus honorarios. En la misma fecha, dedujo la caducidad de la segunda instancia (fs. 351/352).

Si bien ambos escritos parecieran contradecirse, de su interpretación integral se infiere que el abogado pretendía la elevación de la causa con el objeto de que la Sala entendiera en su pedido de declaración de perención de la segunda instancia, pues en ambos libelos expresa que la suspensión del proceso está excedida en el plazo legal permitido.

El Código Procesal local no individualiza -como el nacional- quiénes pueden pedir la perención, ni tampoco se refiere a los "terceros interesados". La jurisprudencia provincial ha señalado que "la legitimación para peticionar la perención de la instancia no está legislada en el Código Procesal que, en este aspecto, se apartó del modelo nacional, por lo que su determinación queda sujeta a la interpretación del juzgador." (CApel. CC. Salta, Sala V, t. 1984, fº 111).Una primera mirada al asunto, podría llevar a pensar que el interés del ex mandatario no resulta suficiente para considerarlo legitimado para incidentar por caducidad, en tanto no ha tenido obstáculos para tramitar el procedimiento a los fines de la fijación de la base arancelaria -aún no concluido-, tendente a la regulación de sus honorarios. Desde esa óptica, entonces, podría concluirse, como lo ha hecho la jurisprudencia, que la condición de ex letrado no resulta suficiente para reconocerle legitimación (CNCiv., Sala C, 29/6/93, La Ley, 1993-E-425). Sin embargo, el abogado manifiesta que la suspensión indefinida del proceso impide que se lleve a cabo el cómputo "definitivo" de sus acreencias, lo que razonablemente justifica la legitimación invocada.

En efecto, con la declaración de caducidad de la instancia recursiva, la sentencia de fs. 265/266 adquiere firmeza, habilitando así el trámite de la regulación definitiva de los honorarios del letrado que fue separado de la causa. De lo contrario, sólo cabría una estimación provisional de los aranceles y conforme a parámetros mínimos (artículo 44 del Decreto Ley 324/63).

III) Ingresando al análisis de la cuestión planteada, cabe recordar que la perención de instancia, al decir de Alsina (Derecho Procesal, Tomo IV, pág. 423 y sgtes.) importa "la extinción del proceso, por el sólo transcurso del tiempo, cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley". El principio dispositivo en materia civil, parte de la base de que el impulso procesal corresponde a las partes, pues es obligación de las mismas agilizarlo desde su inicio hasta el llamamiento de autos para sentencia. Sostiene Parry (Perención de Instancia, pág. 29), que del silencio, de la negligencia de las partes, surge naturalmente la presunción de la voluntad de las mismas de abandonar el proceso. Así, desde el momento en que se abre la instancia, no existen circunstancias que liberen a la parte de la carga de impulsarla.

Atento a lo que dispone el artículo 310, inciso 2°, del Código Procesal, la caducidad de la segunda o de las demás instancias se abre con la interposición del recurso respectivo. A su turno, el artículo 311 establece que los plazos se computarán a partir de la fecha de la última petición de las partes o actuación del Tribunal que tuviese por efecto impulsar el procedimiento. Correrán durante los días inhábiles, pero se descontará el tiempo en el que el proceso hubiere estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del juez, como asimismo el correspondiente al feriado del mes de enero.

Compulsada estas actuaciones, a fs. 267, la parte actora apela la sentencia definitiva de fs. 265/266, y presenta su memoria, a fs. 280. A fs. 285 (el 15 de mayo de 2015), las partes, de común acuerdo, solicitan se suspenda el proceso, lo que así se decreta a fs. 286.

El artículo 157 del ordenamiento formal establece que las partes o sus apoderados podrán, de común acuerdo, pedir la suspensión de los términos o trámites por un tiempo que no exceda el plazo fijado para la perención. En el caso, la suspensión decretada podía extenderse sólo por el lapso de tres meses, y ya han transcurrido casi tres años, por lo cual corresponde hacer lugar a la declaración de caducidad de la segunda instancia solicitada.

En efecto, si la parte apelante -que es quien tiene interés en la modificación de la resolución recurrida- no ha urgido el procedimiento y dejó vencer el plazo establecido por el artículo 310 inciso 2° del Código Procesal sin realizar trámite alguno que lo haya vivificado en procura que el juicio avance hasta llegar a conocimiento del tribunal de apelación para ser resuelto, corresponde hacer lugar a la caducidad de la instancia recursiva (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 1192, f° 242; id. t. 1993, f° 346; id. t. 1994, f° 533; t. 2003, f° 585/586; t. 2004, f° 224/225; t. 2008 fº 1302/1303, entre otros).

IV) Por lo expuesto, cabe hacer lugar al incidente deducido a fs. 351/352 (reiterado a fs. 358/359), e imponer las costas de la segunda instancia perimida y del presente incidente al apelante (artículo 73 del Código Procesal Civil y Comercial).

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I)HACE LUGAR al incidente deducido por el doctor Jorge Augusto de la Zerda, por sus propios derechos, a fs. 351/352 y 358/359. En su mérito, DECLARA la caducidad de la segunda instancia abierta con el recurso de apelación interpuesto a fs. 267. CON COSTAS, conforme a lo dispuesto en el Considerando IV).

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y oportunamente III)REMÍTASE C. A. C. y C. VOCALES: MARCELO RAMÓN DOMINGUEZ - JOSÉ G. RUIZ. SECRETARIA: DRA. MARÍA ALEJANDRA GAUFFIN. SALA III INTERLOC. T. 2018 Fº 220/222. 26/04/18.