marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, embajadas, competencia de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " TILLET, Miguel A. s/ excepción de incompetencia ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-11

La imputacion de haber ingresado, contra la voluntad del personal de seguridad, a la sede de una embajada , luego de haber escalado la reja perimetral del lugar y, una vez en el interior, haber resistido, mediante el empleo de la fuerza física e insultos, la actuación del personal policial, encuentra adecuación típica en las figuras delictivas previstas en los artículos 150 y 238, inciso 4°, en función del art. 237 del Código Penal, en concurso material (art. 55 del mismo código) La sustanciación del caso expuesto, no es de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ello así, en tanto el decreto ley 1285/58 que reglamentó el alcance y recaudos de la competencia originaria de la Corte Suprema en su artículo 24 explica que debe entenderse por causas concernientes a embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros, aquellas que les afecten directamente por debatirse en ellas derechos que les asisten o porque comprometen su responsabilidad, así como las que en la misma forma afecten a las personas de su familia, o al personal de la embajada o legación que tenga carácter diplomático.
Competencia, juicio ejecutivo, juicio ordinario, pagaré, causa del título, desplazamiento de la competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: PLASTIC PROCESS SAN LUIS SA c/ FUNDIMETAL SA s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-04

Planteada la radicación ante un mismo juez, de actuaciones consistentes en: un juicio ejecutivo, y un juicio ordinario previo en el que se discute sobre la causa de creación de un pagaré en ejecución (y no siendo aplicables las normas sobre acumulación); y habiendo prevenido el juez que conoce en el proceso ordinario, el desplazamiento de la competencia debe hacerse a su favor (cpr 6-6, a contrario sensu), pues la ausencia de una previsión normativa concreta sobre el punto, aconseja la aplicación del principio de prevención.
Acción de amparo, cobertura médica, prestaciones básicas para personas con discapacidad, prueba insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: N. L. c/ Hospital Alemán s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-14

Con relación al módulo de reintegro que debe aplicarse al presente caso, cabe señalar que la ley 24.901, en sus artículos 29 al 32 contempla los "sistemas alternativos al grupo familiar" (residencias, pequeños hogares y hogares) para personas con discapacidad que no tengan "grupo familiar propio o éste no resulte continente". Asimismo la Resolución Nº 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social (que aprueba el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad) establece los valores de reintegro de acuerdo a las características de la modalidad de cobertura (cfr. Puntos 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4). El valor de reintegro que resulta aplicable es el de "Módulo Hogar con Centro de día permanente, Categoría A" establecido en el Punto 2.2.2 de la Resolución N° 428/99 del Ministerio de Salud y sus modificatorias, más el 35 % en concepto de dependencia (cfr. certificado de discapacidad ).
Igualdad ante la ley, acción civil, aplicación de la ley, accidentes de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., R.J. c/ Cooperativa de Trabajo "El G. Ltda." y otros s/ Demanda Laboral (Acc. de Trabajo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-26

Dejando atrás vientos que aludían a la eficacia económica del derecho como norte que desplazaba toda otra axiología que no fuera la del mercado, al declarar la inconstitucionalidad de sendos artículos de la Ley de Riesgos del Trabajo, en "Aquino", "Díaz" y "Llosco" (L334 XXXIX), la Corte Suprema de Justicia de la Nación, enarbolando la bandera de la justicia social como principio señero, avanza, desandando un camino que por algunos años, sólo reconoció retrocesos, avalando constitucionalmente una norma, que sólo podía ser explicada desde interesadas perspectivas corporativas. En ese trance, el más Alto Tribunal reconoció dimensión constitucional al tema del daño a la persona; sentó el principio de no empobrecimiento de la víctima como consecuencia del daño padecido, al que alude la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Bamaca Velázquez c/ Guatemala Reparaciones", Sentencia del 22 de febrero de 2002; descalificó al Sistema de Riesgos de Trabajo con base en la garantía de igualdad prevista del art. 16 de la C.N., por crear un sistema peyorativo de diferenciación entre los trabajadores y los restantes ciudadanos; conjuró el retroceso legislativo que significó la eliminación de la opción por el derecho civil que preveían los regímenes transaccionales anteriores con la introducción del principio de progresividad que se sustentan en las Cartas Internacionales; resaltó la operatividad del art. 14 bis de la C.N. sobre la tesis de la doble protección en materia de infortunios laborales: el trabajador protegido por el derecho laboral y desde el derecho de daños por su condición de víctima.
Sentencia arbitraria, aportes y contribuciones previsionales, contribuciones patronales, obras sociales, moratoria previsional, acta notarial
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Riccardini, Marta Alicia c/ Institutos Antártida  S.A. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Es arbitraria la sentencia que omitió considerar si era exacto lo resuelto en primera instancia, en cuanto a que "el tema previsional" de la actora se había solucionado por medio de una "moratoria" pese a que con el acta de constatación notarial se acreditó que la demandada no había exhibido los comprobantes de aportes previsionales y de obra social, no obstante que esto le había sido exigido fehaciente y formalmente con suficiente anticipación.
Juicio ejecutivo, intimación de pago, domicilio constituido, domicilio real
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Garantizar SGR c/ Rgr Areco SRL y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-25

Tratándose de la diligencia para intimar de pago a los deudores en el marco de una ejecución judicial, no se advierte procedente otorgarle el carácter de "constituido" en los términos del CPR 40 al domicilio consignado en los instrumentos base de esta acción. Ello, por aplicación al caso de la jurisprudencia de esta Cámara, que en forma reiterada, ha sostenido que la calificación de domicilio constituido sólo corresponde al domicilio procesal o "ad litem", fijado a los efectos del proceso conforme el régimen establecido en el CPR 40 (esta CNCom, esta Sala A, 13/5/13, "Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ Study Freeway SRL y Otros s/ Ordinario"; íd., Sala E, 17/5/88, "Roatta Domingo S. c/ Astilleros Puerto Deseado SA"). Tal solución, por lo demás, encuentra sustento en la doctrina sentada in re: "Horvath Sandor c/ Frankreijh Jacobo" (esta Cámara, en pleno, 23/5/56, LL 82-661 del que en forma concordante con la doctrina plenaria fijada por la Cámara Civil en autos "Cano de Piazzini Urbelina J. c/ Mac Govern de Ventureyra Elisa" ED 75-606), se extrae el principio de que el traslado de la demanda, debe notificarse en el domicilio real.
IVA, honorarios
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: EL VOLCAN S.R.L. c/ Barassi y Costabile Asociados S.A. Y Otro s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-30

Siendo que la carga impositiva resulta en el momento de la percepción, y no cuando fueron devengados, solicitados o fijados los emolumentos, el hecho que el beneficiario de los honorarios sujetos a tributo haya acreditado su condición frente a la AFIP en fecha posterior a la regulación, no incide ni modifica, menos releva al responsable del deber tributario; como tampoco trasciende para quien, en definitiva, debe soportarlo; porque la obligación tiene su origen en la producción del hecho imponible; y la determinación de su cuantía, como la individualización de los sujetos a quienes afecta, aparece descripta en la ley, sin que tenga incidencia el momento en que se haga tal denuncia.
Juicio de desalojo, reconvención
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mele Aquiles Albino c/ Persico Mónica Viviana s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

En el juicio de desalojo, la admisibilidad de la reconvención se debe apreciar con criterio restrictivo, evitando desvirtuar su naturaleza, pues el fundamento de esta institución es satisfacer o preservar los principios de economía procesal y celeridad, evitando la duplicidad de litigios, a fin de que no se dicten decisiones judiciales contradictorias. Es necesario entonces, que las pretensiones en ellas deducidas, deriven de la misma relación jurídica o sean conexas con las invocadas en la demanda y puedan sustanciarse por la misma vía procesal del juicio iniciado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Plan Siderúrgico Argentino, franquicias aduaneras, revocación de sentencia
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Cintolo Hermanos Metalúrgica S.A.I. y C. c/ E.N. (M° de Economía -Sec. de Industria y Comercio Exterior) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

Corresponde revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda declarando la inaplicabilidad del decreto 345/88 en cuanto alteró el alcance del concepto de "unidad industrial" establecido por el art.

2° de la ley 12.987 y limitó los sujetos que al amparo de dicha ley gozan de la exención de derechos aduaneros, al excluir a las unidades industriales de transformación y terminado de acero.
Denegatoria del recurso, fallos de la Corte Suprema, principio de inmediación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Anampa Vasquez, Carl Hans s/ 189 bis 2 / - 4° párr. portación de arma de guerra sin autorización c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

Corresponde rechazar la queja porque el MPF no muestra que la Cámara haya excedido el ámbito cognoscitivo amplio que delimitan los artículos 291 y siguientes del CPP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el recurso de apelación ante ella, y cuya inconstitucionalidad no ha sido planteada. Tampoco muestra que la Cámara se haya apartado de las pautas establecidas por la doctrina de la CSJN in re "Recurso de hecho en 'Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa', causa n° 1681, sentencia del 20/09/2005 (Fallos: 328:3399) en relación con el recurso de casación nacional (art. 456 del CPPN) aplicables mutatis mutandis al recurso de apelación local desde la mirada del derecho del imputado al recurso amplio, en cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 8.2 h) del CADH, del art. 14.5 del PIDCyP y, en definitiva, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; como también en cuanto a los límites a la revisión amplia por la alzada, en virtud de la vigencia del principio de inmediación y de la oralidad que rigen en el proceso penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Sentencia penal, cambio de calificación legal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, Jorge Abel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Pinto en causa Expte. Nº 119/07 caratulada "Romero, Jorge Abel, Aragón, Armando Ronal; Brizuela Pedro Claudio; Vega Fabián Daniel p.s.a. Homicidio agravado en calidad de autor, Homicidio agravado en calidad de partícipe necesario e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público en Concurso Real; Omisión de denunciar agravado en Concurso Ideal s/ Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público - Coneta - Valle Viejo - Dpto. Capayán -  Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-11

El encuadramiento del hecho en una figura penal distinta a la de la acusación del Ministerio Público que realizó la sentencia, se encuentra amparado no sólo por la metodología propia de nuestro ordenamiento sustantivo penal -el que prevé para un delito doloso determinado una gradación de tipos, desde la figura simple o básica, pasando por las agravadas o calificadas y concluyendo con las atenuadas-, sino también por la normativa procesal en la materia, la que en su artículo 405, regula sobre la facultad del Tribunal de Juicio al momento de sentenciar "dar al hecho una calificación jurídica distinta a la del auto de elevación a juicio o de la acusación fiscal", potestad que de manera alguna atenta contra el derecho de defensa en juicio si la nueva tipificación se refiere al mismo e idéntico hecho que se investiga, pues la construcción fáctica sobre la cual ha sido condenado no es diversa de aquélla que fue objeto de acusación.

(Del voto del Dr. Cáceres según su fundamento)
Recursos, recurso de apelación (procesal), nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: P. A. S.R.L. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-31

"La omisión de la sentencia de considerar una defensa no es causal de nulidad, toda vez que será reparable por medio de la apelación".
Entidades financieras, plan de regularización y saneamiento, banco central, resoluciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO REGIONAL DEL NORTE ARGENTINO c/ B.C.R.A. s/ RESOLUCION N. 46/81
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

Que el BCRA, bajo la apariencia de efectuar una especie de conversión aprovechando parte de la Res. 46/81 no ha querido ir más allá del estado de cosas y normativo previo a su dictado al pretender, como lo hizo mediante la Res. 580/85, tratar un plan de saneamiento propuesto bajo la vigencia de disposiciones reglamentarias modificadas y sustituidas por otras nuevas, con omisión del consentimiento del afectado exigido por el art. 20 de la ley 19.549. Ello, sin dar oportunidad a que la actora actualice su propuesta y lo adecúe a los cambios operados en la situación financiera del Banco recurrente y en la composición cualitativa y cuantitativa de la oferta de bienes y garantías en su momento efectuada con la congruente adecuación al ordenamiento que se encuentre vigente al momento previo de la emisión del nuevo acto.
Daños y perjuicios, relación de causalidad, causa adecuada, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Consorcio de Propietarios Olazábal 2546/50 c/ GCBA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-04

Se denomina condición más eficaz o más activa para la producción de un evento dañoso a la dotada de mayor fuerza productiva. La relación de causalidad jurídicamente relevante es la que existe entre el daño ocasionado y el antecedente que lo produce normalmente, conforme con el curso natural y ordinario de las cosas.

Es cierto que no todas las condiciones del daño son equivalentes, sino la condición que típicamente origina esa consecuencia dañosa, es decir, la que puede ser retenida por nuestra mente en el carácter de causa adecuada del daño (conf. Binding y Oertmann , citados por Spota, A., en su artículo publicado en J.A. t. 1942-II, pág. 979, nota 29; Orgaz, A., El daño resarcible , núm. 18, pág. 70, texto nota 17; Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Tº I, núms. 286/288, pág. 372/374).

Ya antes de la reforma introducida por la Ley 17.711 al artículo 906 del Código Civil, nuestra doctrina sostenía la vigencia en el derecho positivo argentino de la teoría de la causa adecuada, según la cual corresponde distinguir entre causa, que es el antecedente idóneo para producir el resultado, y condición, que son los demás factores de ese resultado (conf. Orgaz, A., op. Cit. Núms. 19/20). El texto actual del artículo 906 recoge "in terminis" la teoría en examen y con ella la distinción señalada.
Daños y perjuicios, indemnización, reducción de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Empresa Ferrocarriles Argentinos c/ Gálvez, Orlando y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

En torno al examen del art. 1069 del Código Civil que establece la posibilidad de reducir la indemnización, no cabe considerar únicamente la situación del deudor, sino también la del acreedor.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Yelpo, Edelberto Raúl y otros s/ Estafa calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

No cabe considerar que todo planteo de las partes que no haya sido tratado lo fue implícitamente por haberse resuelto algo incompatible con dicho planteo. Eso será así cuando la tenida por decisión implícita esté incluida claramente en tal carácter en la otra. De lo contrario resultaría que con una decisión única (por ejemplo sobre atenuantes y agravantes) se tendría por resuelto todo lo "implícito" en ella (por ejemplo lo referido al cuerpo del delito, autoría y responsabilidad). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del perito, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTADO PROVINCIAL c/ DALINGER, LILIANA GRACIELA s/ ACCION DE LESIVIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-03-06

La sola aceptación del cargo no autoriza a regular honorarios ya que la norma a la que remite el ocurrente y que es de aplicación al caso, expresamente dispone "Artículo 22. Cuando las partes transen o se desista de la acción una vez aceptado el cargo, el honorario de los peritos se regulará aplicando estas normas. b) Si no se hubiesen presentado las conclusiones, los jueces apreciarán la labor realizada dentro del término y dispondrán la regulación compensatoria adecuada". Habida cuenta que no hay acreditada en autos labor realizada a apreciar conforme lo preve la norma, resulta materialmente imposible proceder conforme se solicita y, en consecuencia, debe desestimarse el pedido.
Recurso extraordinario federal, honorarios del perito, regulación de honorarios, base regulatoria, monto irrazonable, ampliación de la regulación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: S.A. Azucarera Argentina s/ concurso preventivo s/ inc. derevisión por Bco. Municipal de Tucumán.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que desatendió lo resuelto por la Corte sin fundamento válido y sustituyó las pautas legales del arancel vigente en el momento en que se efectuaron los trabajos a remunerar por pautas carentes de apoyo legal, como supone medir la calidad del desempeño profesional por el número de hojas del dictamen (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio y Guillermo A. F. López).
Subcontratación laboral, tercerización, entidades deportivas, actividad normal y específica propia del establecimiento, vendedor ambulante, infraestructura deportiva, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Fernandez, Yesica Edith c/ De Bartolo, Rolando Daniel y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-04

El club deportivo codemandado debe responder solidariamente en los términos del art. 30 de la LCT por las indemnizaciones debidas al dependiente de la concesionaria de la venta de alimentos, ante la falta de registración laboral, toda vez que el trabajador realizaba la venta ambulante de productos alimenticios y bebidas dentro del estadio y tal actividad no puede escindirse del normal y específico desarrollo de los espectáculos deportivos y artísticos ofrecidos por la institución deportiva, en el entendimiento de que conforma la unidad técnica de ejecución, a que refiere el art. 6 LCT, por remisión del art. 30 LCT. Máxime cuando en virtud del contrato de concesión la entidad debía exigir a los concesionarios, el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social, incluido el debido registro de la relación laboral. (Voto en mayoría Dra. Vázquez)
Recurso contencioso administrativo, medida cautelar autónoma, Municipalidad, personal municipal, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUSCITTI, NORBERTO NAZARENO c/ MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-27

Las medidas cautelares autónomas tienden a evitar que el tránsito por la vía administrativa previa pueda producir un perjuicio de difícil reparación, por lo que deben regir hasta tanto la Administración dicte el acto definitivo y que cause estado. En el caso, no está acreditado en autos que el procedimiento administrativo de impugnación de la resolución que dispuso el ingreso efectivo a planta permanente de los actores haya concluido con resolución expresa, por lo que el agravio de la Municipalidad al respecto debe desestimarse.
Daños y perjuicios, dependientes, responsabilidad del Estado, faltas del servicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Desio, Adolfo y otros c/ Fisco de la Pcia. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

El acto ilícito cometido por un policía con el arma que obligatoriamente debe portar no es un supuesto de responsabilidad personal encuadrable en el art. 1112 del C.C. sino un caso de responsabilidad refleja encuadrable en el primer párrafo del art.

1113 del mismo cuerpo legal.
Escribanos públicos, apertura de crédito, exclusión de la nomina
Materia: CIVIL
Carátula: WAXEMBERG, ISAAC c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-23

del examen de las "normas de procedimientos a que se ajustan la contratación y actuación de los escribanos intervinientes en el servicio de créditos" aprobadas por la Resolución nro. 1130/83 dictada por el Directorio de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro cabe presumir que se consagra la permanencia (o estabilidad) de los escribanos incorporados a la nómina, toda vez que se señalan solamente dos causales de egreso: una es la constituida por la renuncia del escribano (aptd. 1.1.9 de la Resolución) y la otra es la derivada de un procedimiento sancionatorio (aptd. 2.9.5.3.).-
Recursos, fundamentación del recurso, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: "Obispado de San Isidro -RQU- c/ E.N. -D.G.I. s/ Queja".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-10

Una resolución puede causar gravamen irreparable cuando una vez consentida, sus efectos no son suceptibles de subsanarse o enmendarse en el curso ulterior de los procedimientos, como sucedería en el supuesto que impide o tiene por extinguido el ejercicio de una facultad o derecho procesal, o impone el cumplimiento de un deber o aplica una sanción (cfr. Sala III, causa: 20.426/01 queja en autos "Asociación Civil Cruzada Cívica para la Defensa c/Ente Tripartito de Obras Servicios Sanitarios Resol. 66/95 s/medida cautelar autónoma", del 15/11/01).

(Consid. 4).
Accidente de tránsito, valor venal
Materia: CIVIL
Carátula: Carmona, Antonio Walter c/ Galleguillo Antonio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-04-30

El perjuicio en partes de chapa y carrocería perfectamente reparables, no afectan el valor venal de un automóvil. Distinta es la situación cuando se afectan partes vitales del vehículo.
Honorarios del abogado, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Silva de Saborido, Graciela Rosa s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-09-19

Reiterando el criterio de la Sala, sostenemos que actuando el profesional recurrente como apoderado, si apela por altos los honorarios que le fueron regulados y son a cargo de su representante -total o parcialmente- debe entenderse que dicho recurso ha sido interpuesto por su mandante.