marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley especial, interés económico del Estado, expropiación, indemnización, intereses moratorios, convertibilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ovelar, Omar José A. c/ Municipalidad de Córdoba s/ expropiación - recurso de apelación - recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-09-09

Desechada la tasa de interés fijada por la ley especial, corresponde establecer por vía jurisprudencial la aplicable a esta clase de obligaciones (arg. Art. 622 C. Civil). Se debe tener en cuenta, el derecho del administrado que por causa de utilidad pública ha debido ceder el bien de su propiedad y también resguardarse el interés del Estado, que representa a la comunidad toda, y como tal no debe ser obligado a pagar más que la justa compensación. Siguiendo esa directiva, el porcentual que se fije no podrá ser inferior a la tasa de inflación, pues ello provocaría un desmedro en el patrimonio del expropiado incompatible con la noción de justa retribución, que es la condición sine qua non para evitar que la expropiación devenga en confiscatoria. Afirma que si bien la ley de convertibilidad prohíbe la utilización de coeficientes indexatorios, ello no impide a los jueces tener en cuenta la inflación a la hora de fijar la tasa de interés moratorio, procurando evitar el desequilibrio que aquélla genera en el patrimonio del acreedor. Arguye que: la expropiación es un instituto de naturaleza pública, que se rige por pautas y principios diferentes de los que informa el derecho privado. Y agrega. "si bien el expropiado no puede experimentar una pérdida esencial en su patrimonio, resulta igualmente inaceptable que la indemnización del daño moratorio se convierta en una fuente de enriquecimiento o de ganancias para el administrado. En base a estos conceptos, desestima las ideas de quienes proponen adoptar la tasa activa de interés bancario.
Hábeas corpus, sentencia arbitraria, servicio penitenciario, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: N.N. c/  s/ p/a determinar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-20

La Cámara a quo, al rechazar la acción de habeas corpus ha desatendido que la afectación de derechos denunciada y oportunamente aceptada por la autoridad estatal requerida se mantiene vigente. Ello, además, a partir de una fundamentación auto -contradictoria (y por ende arbitraria), pues a la vez que afirma que la petición "perdió virtualidad" y que, a todo evento, ya no persiste el daño, ordena, por otra parte, que el juez de primera instancia proceda al efectivo control de las medidas dispuestas en la unidad carcelaria.

Se aprecia que la resolución del a quo no cuenta con una fundamentación mínima que la sustente, máxime si se tiene en cuenta que está referida a un aspecto de especial relevancia en general, y de evidente preponderancia en el reclamo que dio origen a estas actuaciones. Corresponde señalar, en tal sentido, que, puestos a resolver sobre el punto -cuestiones de detención de los internos con resguardo-, tanto los integrantes del tribunal a quo como el juez de primera instancia acudieron a una estructura argumentativa en la que reprodujeron sucintamente las explicaciones genéricas expuestas por las autoridades de la unidad penitenciaria, para luego, y sin ningún otro paso analítico intermedio, concluir en la razonabilidad de la medida.

En conclusión, encontrándose comprometidos y vulnerados derechos de las personas privadas de libertad, de jerarquía constitucional y convencional, corresponde hacer lugar al recurso de casación con respecto al trámite del habeas corpus, atento la responsabilidad del Estado en la temática y el respeto a la dignidad de las personas. (Dres. Figueroa, Hornos y Borinsky).
Astreintes, entrega del certificado de trabajo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Repetto Daniel Antonio  c/ PHL Seguridad S.R.L. y otros s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-17

En lo concerniente a la aplicación de las astreintes y su monto, y desde cuándo se deben liquidar, se debe contemplar en autos la entrega de certificaciones efectuada el 27/07/2022 y el 25/8/2022; es decir, la conducta asumida en la cual la parte obligada fue aportando la documentación correspondiente a los requerimientos volcados en resoluciones judiciales, posterior a la vistas corridas al actor. Así, la actitud reticente, desatendiendo el mandato judicial, debe ser valorada en forma prudente para la aplicación de la sanción impuesta. Con lo dicho, si bien no corresponde entonces su levantamiento, sí lo es reducir el monto de las astreintes impuestas, por cuanto más allá de los errores del demandado en su confección y forma, ha tenido voluntad de cumplir con la manda judicial (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Adopción, citación de los padres de sangre, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: A.N.A. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-27

Corresponde citar a los padres de sangre del menor cuya adopción se pretende, aún en casos en que existe expresa manifestación de abandono, pues las normas contenidas en los arts. 11 y 12 de la ley 19.134, en cuanto prohíben la intervención en determinados supuestos de los padres del menor, resultan violatorias de la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional).

Sólo la participación en el juicio de adopción puede admitirse como debido proceso convalidante. No es admisible que mediante una voluntad expresada ante oficinas administrativas, ni aún en instrumento público, puede prestarse consentimiento abdicante de la patria potestad.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria, recurso contencioso administrativo, caducidad de instancia, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: RAMACCIOTTI, JOSE L. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 115 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-28

Corresponde rechazar la queja incoada con sustento en la inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 11330 desde que el recurrente no refuta idóneamente la afirmación del Tribunal relativa a que su parte no logra demostrar que el término de tres meses en abstracto -establecido en la norma-, resulte violatorio de las garantías del debido proceso, defensa en juicio y acceso a la jurisdicción que invoca.

Así, luego de analizar que las leyes gozan de una presunción de legitimidad, sostuvo que el control de constitucionalidad no incluye el examen de conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones, señalando que la determinación de un plazo relativamente breve para que opere la caducidad -3 meses- no puede tildarse de irrazonable o inconstitucional ya que los actos de la administración no pueden quedar expuestos a la eventualidad de su anulación por un tiempo extenso; estableciéndose un término relativamente pequeño se evita la incertidumbre continua que podría lesionar la seguridad jurídica.

Recordó además, con cita de Carnelutti que "...todo interés debe ser sostenido en tiempo hábil, toda defensa insertarse regularmente en el proceso (o procedimiento), conforme a un orden específico; no en cualquier momento sino en determinado momento...la pretensión va acompañada no sólo de una razón material, sino de una razón procesal.

Y, frente a tal línea de razonamiento el compareciente sólo se empeña en anteponer su propio enfoque de la cuestión, sin traspasar el umbral de la discrepancia hermenéutica y como bien señala el Tribunal en el auto denegatorio "...sin alcanzar a demostrar la inconstitucionalidad directa del término establecido en la ley ni la arbitrariedad de los argumentos expuestos por esta Cámara".
Bienes inembargables, computadora
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Legajo de Apelación en autos: González Agustín Sixto c/ Servicio Agua y Mantenimiento Empresa de Estado Provincial (S.A.M.E.E.P.) s/ Embargo Preventivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-02-07

El principio según el cual los bienes del deudor constituyen la garantía de los acreedores, no es absoluto; algunos de ellos se encuentran excluidos legalmente de esa responsabilidad, resultando inembargable por razones de orden público vinculados con la digna subsistencia de la organización social. Resultando que los bienes privados, cuyo levantamiento de embargo solicita, se encuentran afectados al servicio público, que resultan necesarios e imprescindibles para la realización de su objetivo, y siendo legítimo el arbitrio judicial de reducir los límites de la medida para que no afecte la marcha regular de la administración ni la prestación de sus servicios, resulta procedente en el caso, decretar el levantamiento del embargo trabado sobre las computadoras y aire calefactor del salón central.
Pago, depósito judicial, notificación, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: CHAVARRI, ENRIQUE VICTOR c/ CONSEJO DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-04-10

Para que la consignación hecha por vía judicial pueda tener efectos de verdadero pago, no tiene que haber sido impugnada por el acreedor (art. 759, 1º parte del Código Civil). Si bien éste tiene el deber de expedirse dado que su silencio equivale a conformidad (art. 919 del Código citado), debe tenerse certeza de que tomó conocimiento del depósito, el que no se obtiene haciendo aplicación de la notificación automática que regla el art. 133 del Código Procesal.

La trascendencia del acto y los derechos constitucionales comprometidos (art. 17 y 18 de la Ley Fundamental), obligan a que la notificación se realice por cédula en el domicilio constituido por el interesado. Si no se procedió de esa manera, no cabe liberar al deudor a la fecha en que se efectuó el depósito y la actualización debe prosperar hasta la oportunidad en que el acreedor tomó conocimiento del mismo, sin perjuicio de su posterior reajuste. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad provincial, inadmisibilidad del recurso
Materia: Procesal Constitucional
Carátula: Zelaya, Justina c/ Sucesión de Antonio Constantino Caddeo y-o Rubén Oscar Caddeo y-o quien resulte responsable. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-07-17

Por otra parte y a mayor abundamiento cabe resaltar que para que tenga cabida el recurso de inconstitucionalidad es preciso no sólo un déficit del juzgador sino también y como acto previo, un error del legislador, consistente en dictar una norma inconstitucional.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cesarini Javier c/ Cardini Ariel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

La circunstancia de ser amigo de una de las partes no trae como consecuencia la descalificación del testimonio. Su ponderación, conforme las reglas de la sana crítica, debe acometerse analizando el grado de veracidad que merece, sobre todo en función de la concordancia o discordancia que muestre con otras pruebas de la misma u otra especie (arts. 384 y 456 CPC).-
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: F., A. V. c/ C. D. P. D. S. P., V. T. C.O D. CAMARONES s/ Cobro de haberes e indem. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-26

La convicción judicial es el resultado de la valoración de los hechos y las pruebas que los acrediten, confrontados con las disposiciones pertinentes; su conocimiento por las partes entonces resulta imprescindible para que puedan ellas expresar sus agravios en la instancia de apelación.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Sanz, Juan; Buchón, Ramón s/ Homicidio - Tenencia de armas de guerra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

La resolución sobre el cómputo de pena no es sentencia definitiva a la manera de las regladas en los arts. 260, 284 y 333 (n.a.) del Código de Procedimiento Penal sino que constituye un auto interlocutorio que decide un "artículo" y que, a mayor abundamiento, causa "gravamen irreparable" (art.261 n.a., C.P.P.) no requiriendo la forma de acuerdo y voto individual de los jueces.
Contratos comerciales, daños y perjuicios, prueba, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: FUNES Víctor c/ BANCO DE ENTRE RIOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Daño común es el que cualquier persona hubiera experimentado como consecuencia del incumplimiento de la obligación. El daño propio, en cambio, es el que sufre exclusivamente una persona determinada por las circunstancias que a ella le atañen.

Para que le daño propio sea indemnizable es requisito esencial que el deudor tenga conocimiento de la importancia que reviste para el acreedor el pago puntual de la obligación y las consecuencias que su omisión traerían aparejadas. Y ese conocimiento ha de ser contemporáneo a la constitución de la obligación y no puede incluso ser suplido por información posterior.
Pago de tributos, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: FISCO NACIONAL ((DGI)) c/ FIDES COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS (SA) s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-04

El artículo 117 de la ley 11.683 establece el momento hasta el cual debe computarse la actualización que es de pago, pero ello no significa que para su cálculo sea necesario que éste se efectúe primero. De aceptarse esta tesis se llegaría al absurdo de tener que iniciar una serie indefinida de demandas de actualizaciones de la actualización debida ya que conforme con el 2do. párrafo del artículo 121 del cuerpo legal citado, cuando la actualización se abone junto con el tributo le será aplicable el régimen estatuido en los artículos 115 a 129.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Provincia del Chubut c/ Dane, Alberto José María y-o Quien Resultare Ocupante s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-11-21

"En el juicio de desalojo la legitimación activa se da a favor de quien tenga la titularidad de un derecho sobre los bienes, que autorice a disfrutarlos en concepto de propietario, poseedor, locador, usufructuario, usuario o de cualquier otro análogo".
Partidos políticos, Poder Judicial, intervención partidaria, regularidad funcional
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Aner, Andrés Adalberto s/ deduce acción de amparo - solicita medida cautelar (Unión Cívica  Radical).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

El principio de regularidad funcional exige que los órganos jurisdiccionales sean especialmente prudentes al intervenir en el ámbito de reserva de las agrupaciones políticas, de modo de no lesionar su régimen de funcionamiento y en consecuencia dañar el substrato de representatividad de sus dirigentes (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Filiación extramatrimonial, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ Filiación Extramatrimonial-Ordinario-II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-10-09

La falta de reconocimiento voluntario de un hijo extramatrimonial importa una omisión, por conducta negligente o dolosa del padre, generando un ilícito que da lugar al resarcimiento económico por daño moral.
Modalidades del contrato de trabajo, contrato de trabajo a plazo fijo
Materia: LABORAL
Carátula: Correa, Alicia Nilda c/ Poseidón S.A. s/ Accidente de Trabajo e Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-12

La circunstancia de que se redacte un contrato por escrito, fijando un plazo de vencimiento, no es suficiente para tipificar el contrato de trabajo a plazo fijo, sino que es preciso demostrar las razones que llevaron al empleador a recurrir a este tipo de contratación; lo contrario implicaría crear artificialmente un medio de eludir el principio consagrado por los ya citados arts. 10 y 90 de la LCT.
Poder Judicial, facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Di Mascio, Juan Roque s/ Interpone recurso de revisión en expediente Nx 40.779
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

La "jurisdicción constitucional", atributo propio de la magistratura argentina, no es fraccionable, se la tiene en toda su extensión o no se la tiene, porque el poder jurisdiccional - como todo poder - es uno e indivisible y sólo cuando se tiene todo ese poder es cuando la jurisdicción funciona.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Filipigh, Juan Vicente y Otros. c/ Espinoza, Lorenzo. s/ Reinvindicación. s/ Reinvindicación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-07-07

La declaración de admisibilidad de una prueba, no impide la posterior valoración de la misma, pudiendo ser desechada por considerarla ajena a la materia de la relación procesal.
Excusación, recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de queja promovido por el Dr. Fernando Echegaray -querellante-en sumario 5654/97 s/ Con  motivo  de  la  denuncia  formulada por los Dres. Horacio Alday  juntamente  con  el  Dr. Luis Moreno Ocampo contra juez y secretario del  primer juzgado de instrucción.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-11-21

Los motivos de excusación a diferencia de los de recusación, deben ser interpretados en forma amplia, como una mayor garantía de imparcialidad, la jurisprudencia ha ampliado las causales de inhibición de Magistrados, comprendiéndose también la violencia moral que, aunque no esté expresamente prevista en la nueva ley ritual, debe no obstante ser admitida como causal de apartamiento del juez penal por falta de idoneidad subjetiva.
Empleo público, sanciones disciplinarias, prescripción, delitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUSIN MARTA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  - EMPLEO PUBLICO - SANCION DISCIPLINARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-13

Es obligación de la administración observar "ex officio" si la falta sancionada se encontraba prescripta (ley 5350 T.O. 1977, Art.

7mo., 2do. párrafo), máxime cuando el administrado lo había planteado tanto en sede administrativa como judicial. El régimen estatutario del agente (decr. Ley 214-E-63 decr. 4169/71) No preve la prescripción como causa de extinción de la potestad disciplinaria, resultando aplicable supletoriamente el estatuto del personal de la administración pública (ley 6108, art. 1ro.). la ley 6108, a su vez, contiene un vació legislativo ya que las faltas disciplinarias no constituyen delitos resultando por ello inaplicable su artículo 80 que remite al código de procedimiento penal. Analógicamente corresponde por tanto aplicar el art. 3ro. de la ley 5882 (código de faltas de la provincia de Córdoba), vigente al tiempo de la producción de los actos administrativos impugnados, y que además resulta más favorable a la actora.
Recurso de casación laboral, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ DE NAVARRO BLANCA ANA c/ INDALISAN S.R.L.Y/O PROP. Y/O RESP. S/INDEMINIZACION POR DESPIDO ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-17

Resulta inabordable en casación el absurdo que denuncia el recurrente pero no evidencia con la sola exhibición de un criterio descrepante en torno a la apreciación de la prueba rendida en el proceso y a la interpretación de los escritos constitutivos del mismo.
Actos de servicio, personal militar, delito penal
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Videla, Jorge Rafael. s/ Excepción  de Incompetencia promovida por el procesado en la causa N.  4852
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

El acto de servicio al que se refieren los arts. 878 y 879 del Código de Justicia Militar constituye siempre una actividad lícita dentro de la cual se superpone temporalmente la comisión de un delito.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: LASARTE, NELIDA c/ REFINERIAS DE MAIZ  S.A. s/ ART. 1113
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-28

La responsabilidad de la empresa contratante y la destinataria de los servicios, respecto de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral, art. 29 LCT, alcanza a los daños que se produzca el trabajador por el cumplimiento de la tarea encomendada. No constituye obstáculo para dicha interpretación que las responsabilidades imputadas a la empleadora lo fueran en virtud del art. 1113 C.Civil, toda vez por las previsiones del art. 17 de la ley 9688 debe considerarse, con relación a los accidentes de trabajo, abrogado el principio del art. 1107 del C.Civil.
Competencia, Ley de Defensa de la Democracia, jueces naturales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: De Sagastizabal, Raúl H. y otros s/ Infrac.  art. 142, 149 bis y ter.; 166 inc. 2; 194; 210 bis y 226 del   C.P. .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-15

Si bien la Constitución Nacional prohíbe que alguien sea juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, la hermenéutica correcta de dicha máxima fue trazada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que se expresa que el objeto del art. 18 de la C.N.

ha sido proscribir las leyes ex-post facto, y los juicios por comisiones nombradas especialmente para el caso, sacando al acusado de la jurisdicción permanente de los jueces naturales, para someterlo a tribunales o jueces accidentales o de circunstancias;

que estas garantías indispensables para la seguridad individual no sufren menoscabo alguno, cuando a consecuencias de reformas introducidas por la ley, ocurre alguna alteración de las jurisdicciones establecidas, atribuyendo a nuevos tribunales permanentes, cierto género de causas en que conocían otros que se suprimen o restringuen.

Aún para quienes parten de la premisa de que el postulado del juez natural impide que juzguen tribunales creados con posterioridad al hecho objeto del proceso, reconocen como excepción al principio general el supuesto de la transformación total del sistema de administración de justicia con una organización judicial completamente nueva, caso en que la nueva ley puede atribuir competencia a los nuevos tribunales creados con posterioridad.