marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, agravantes de la pena, robo con armas, concepto de arma, arma descargada, simulada o defectuosa, leyes, interpretación de la ley, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

El peligro concreto al que se hace referencia en la postura contraria es de presencia siempre eventual y no necesaria, y aún en el caso de armas cargadas y hábiles, ya que podemos imaginar casos de hecho los he conocido- de autores de robo que portando un arma de fuego en tales condiciones emprenden la acción con el solo propósito de intimidar facilitando el despojo y sin intención alguna de agredir a la víctima, accionando todos los seguros de los que dispone la pistola para evitar un disparo no querido, y que ante la menor resistencia del ofendido abortan el hecho emprendiendo la retirada sin consumarlo. Sería dificultoso en tal hipótesis hallar el peligro concreto que legitimara la concurrencia de la agravante para esa tentativa. No estimo atendible el argumento de desalentar mediante esta interpretación el empleo en los robos de armas no peligrosas, al equiparar su tratamiento al de aquellos casos donde efectivamente se verifica un peligro concreto para las víctimas, en los cuales la realidad actual muestra lamentables desenlaces fatales cada vez más frecuentes.

En primer lugar no estimo acorde a lo que indica la experiencia suponer que quien emplea en un robo un arma inhábil lo hace eligiendo no usar una hábil, y no porque no la tenga disponible.

En segundo término el razonamiento resulta propio de un a elaboración de política criminal más que una herramienta hermenéutica; y finalmente son las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del Cód. Penal las que específicamente brindan parámetros y posibilidades claras para atender convenientemente la justa diferenciación de un caso y otro. (Del voto del Dr. Jukic).

En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Confirmación de sentencia, protección de la imagen, libertad de expresión, Internet, responsabilidad subjetiva, responsabilidad objetiva, páginas web, buscadores de Internet
Materia: DERECHOS HUMANOS-INFORMATICO-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, María Belén  c/ Google Inc. y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-28

Corresponde confirmar la sentencia en lo referido al resarcimiento económico por el uso de la imagen de la actora sin su consentimiento a través de los thumbnails -por medio de los cuales los buscadores utilizan, almacenan y reproducen, mediante una copia reducida, imágenes publicadas por terceros-, ya que en el derecho argentino vigente es ineludible acudir al art. 31 de la ley 11.723, que establece claramente la exigencia del consentimiento del titular del derecho personalísimo para la publicación de su imagen (Disidencia parcial de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda).
Prisión preventiva, derecho a la libertad, revisión judicial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Penitenciaria de Mendoza s/ habeas corpus correctivo y colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-12-23

Cuando se trata de restricciones a la libertad personal, debe aplicarse la normativa más beneficiosa para los intereses del imputado, ello atento a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 6.730 de Mendoza  y el art. 4 de la ley local 1.908 al ordenar que deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso.
Deudas impositivas, obligaciones de dar sumas de dinero, desindexación, aplicación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Veroli, Hilario (TF 9864-I) c/ DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-29

La ley 24.283 no resulta de aplicación al sublite habida cuenta la índole monetaria de las deudas impositivas sin vinculación alguna con bienes o prestaciones de servicio como causa de la obligación.

Ello así por cuanto tal como surge de su letra ella sólo es aplicable cuando existe una cosa, bien o prestación que posea un precio de mercado y no cuando se trate de obligaciones de pagar sumas de dinero, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º de su decreto reglamentario -Nº 794-. (Cons. 5º).
Prescripción, Administración Nacional de la Seguridad Social, pensiones, inactividad procesal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Follonier, Mirta Dora c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-28

Por aplicación de lo dispuesto por el art. 168 de la ley 24.241, la titular tiene derecho a la prestación de la pensión desde la fecha de su petición en sede administrativa, más el año retroactivo allí reconocido, toda vez que tal como lo tiene dicho el Tribunal ". no habiendo iniciado la peticionante los trámites de pensión ante la desaparición de su cónyuge, no puede cuestionar los perjuicios que le causa su inactividad procesal, que no son otros que la aplicación de la figura de la prescripción liberatoria anual -art. 82, ley 18.037- (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 28.9.93, "Perluzky Pozzi, Rogelia").
Reincidencia, inconstitucionalidad, libertad condicional
Materia: PENAL
Carátula: REYES MEDINA, MANUEL s/ LIBERTAD CONDICIONAL. REINCIDENTE (ART. 14 C.P.).   INCONSTITUCIONALIDAD:  SU RECHAZO. ULTIMA "RATIO" DEL ORDEN JURÍDICO.  REINCIDENCIA. PLANTEO DE  INCONSTITUCIONALIDAD  DEL  ARTÍCULO  14 DEL  CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03

no procede hacer lugar al planteo de incostitucionalidad del artículo 14 del código penal, estimándose desorbitada la facultad judicial que por sí y ante sí se entiende autorizada a modificar las bases esenciales de la política criminal del país cuando tal atribución pertenece exclusivamente al congreso nacional ( artículo 67 c.N.). Al poder judicial le corresponde aplicar el derecho a los casos sometidos a su decisión.

La reincidencia en casos como el presente no configura circunstancia agravante de la pena impuesta, sino meramente obstativa de un beneficio que según las circunstancias puede o no concederse funcionando como condición resolutoria de la posibilidad de obtener la libertad anticipada del artículo 13 c.P..

Declarar la inconstitucionalidad de las leyes es la función más delicada de los jueces que impone la mayor mesura, a la que debe acudirse como última "ratio" del orden jurídico y sólo ante la inexistencia de interpretaciones que favorezcan al acople de la ley a la constitución, situación extrema y ajena al caso de autos.
Ley de defensa del consumidor, ley especial, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro (Departamento de Defensa del Consumidor) S- Cruzmiguel Angel C- United Airlines Inc. c/  s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-06-10

"Estamos ante un microsistema legal de protección con base en el Derecho Constitucional, que gira dentro del sistema de Derecho Privado. Por lo tanto, las soluciones deben buscarse -en primer lugar- dentro del sistema y no por recurrencia a la analogía, ya que lo propio de un microsistema es precisamente su carácter autónomo, y aun derogatorio de normas generales". (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Expresión de agravios, prescripción, plazo, cuestiones de hecho y prueba, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Tarnopolsky, Daniel c/ Estado  Nacional  y  otros s/ proceso  deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Los agravios referidos al principio de independencia de las acciones - civil y penal - y a la fijación del comienzo del plazo de prescripción se vinculan con cuestiones de hecho y de derecho común y procesal, ajenas al recurso extraordinario, máxime si han sido esclarecidas por la Corte Suprema al tratar el recurso del codemandado, con la amplitud propia de la apelación ordinaria.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, recurso in forma pauperis, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Electores  y  apoderados  de  los partidos Justicialista,Unión civica Radical y Democracia Cristiana s/ nulidad de elección de Gobernador y Vicegobernador.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

Las deficiencias del recurso extraordinario en el modo en que fueron expuestos los agravios no impiden su conocimiento por la Corte en los supuestos que revisten gravedad institucional.
Obligaciones del empleador, certificado de trabajo, entrega del certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Alexander, Sebastián Javier c/ International Health Services Argentina S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-13

La multa impuesta al Empleador por su omisión en entregar el certificado de trabajo -art. 80 de la LCT- resulta procedente pues la emisión de dichas certificaciones constituye una obligación contractual y se encuentra acreditado que el mismo no estuvo a disposición del trabajador a la época de la ruptura de la relación de trabajo, sino siete meses después.
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, autosuficiencia, doctrina de la arbitrariedad, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Zichy Thyssen, Federico y otro s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-27

La presentación de la apelante no puede prosperar toda vez que el auto en crisis constituye una derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las circunstancias de la causa, debiéndose puntualizar que la doctrina de la arbitrariedad, por su carácter excepcional, no tiene por objeto abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas según la mera apreciación de los recurrentes. No basta la mera invocación de arbitrariedad para dar por cumplido el requisito de autosuficiencia exigido por la ley 48, pues tal doctrina sólo se refiere a los casos excepcionales en que medie una absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para el caso, lo que no ocurre en la especie. (Voto de los Dres. Riggi, Ledesma y Tragant).
Multa procesal, Obras Sanitarias de la Nación, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: O.S.N. c/ B. ARZOUMANIAN Y  CIA.   S.A.I.C.I.E. s/ EJECUCION FISCAL - SANCIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

Corresponde aplicar una multa a Obras Sanitarias de la Nación, por haber promovido la ejecución sobre la base de un certificado de deuda substancialmente inexistente.

No es justificación que por tratarse de un organismo del Estado, se lo mida con distinta vara que el resto de los litigantes, quedando así salvaguardado de la aplicación de sanciones. Ello importaría la admisión de la desigualdad de las partes en el proceso. Ya que, hipotéticamente, de haber existido temeridad en la demandada no estaría en discusión la posibilidad de imponerle aquéllas.

Con las sanciones se está castigando una actividad procesal inadmisible, como es la de promover la ejecución de una deuda de Obras Sanitarias respecto de la que se carecía totalmente de derecho.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Durán, María Delia s/ Estafa y falsificación de documento privado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Es infundado el agravio por el que se denuncia la violación del art. 1104 del Código Civil si la decisión recaída en el proceso civil no es una de las cuestiones prejudiciales allí mencionadas.
Viajantes de comercio, estatuto del viajante
Materia: LABORAL
Carátula: B., A. S. c/ B. G., L. R. s/ Diferenci de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-29

Considérase viajantes de comercio subordinados a aquellas personas que -siendo exclusivas o no- realizan su actividad en forma habitual, representando a uno o más comerciantes o industriales y concertando negocios relativos a su comercio o industria mediante el cobro de una remuneración como contraprestación (Conf. Art. 1° ley 14.546).

En tal dirección, para que se tenga por dependiente o subordinada la relación entre el viajante y la empresa, comercio o industria, por la que o a nombre de la que actúa, además de los generales de la L.C.T., deben concurrir alguno de los requisitos particulares contemplados por el art. 2° de la Ley 14.546.

Esto es, las específicas pautas que a título meramente indicativo o enunciativo menciona el estatuto especial, las que por supuesto no excluyen ni suplen los propios y connaturales a toda relación de carácter dependiente, si bien que adecuados a las particularidades propias de un trabajador que presta sus tareas fuera del establecimiento mercantil de su dicente patronal.
Falsificación de documentos, procesamiento, revocación del auto de procesamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: V. R., B. L., s/ imp. de inf. art. 296 e. f. art. 293 C.P. -  incidente apel. auto proc.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-09

Corresponde revocar el procesamiento, sin prisión preventiva, de la imputada que fue considerada prima facie autora material penalmente responsable del delito de uso de documento falso, al haber acreditado su identidad con diferentes documentos de identidad de nacionalidad paraguaya, pues para corroborar qué datos de los consignados en las cédulas son verdaderos, es necesario realizar otras medidas de investigación, para determinar su identidad y cuál es su edad, dado que de ello se desprendería si al momento de la comisión de los hechos que se investigan era menor de edad, y si debieron aplicarse las normas que rigen el procedimiento para esta clase de imputados.
Prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: NOVOA DE PEDRAZA ANGELA c/ ESCARCENA, JOSE LUIS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-30

Si bien las normas procesales no otorgan a la prueba pericial el carácter de forzoso, cuando éste comporta la necesidad de una apreciación específica del saber del perito, para dejarlo de lado es de rigor, en principio, valorar elementos que permitan advertir fehacientemente el error o el insuficiente aprovechamiento de los conocimientos científicos que debe tener al perito, por su profesión o título habilitante. Por otro lado, cuando la peritación aparece fundada en principios técnicos inobjetables, la suma crítica aconseja frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso, aceptar las conclusiones de aquélla.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: García, Manuel Oscar. c/ Cromoauto S.A. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-27

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe cumplir ante todo la exigencia básica relativa a la indicación en términos claros y concretos de los preceptos legales que se reputan violados o erróneamente aplicados.
Partes del proceso, conducta de las partes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bisarccia, Emilia c/ Compañía de Transportes La Argentina S.A. - Linea 87 - y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

La actividad de los sujetos procesales es fundamental para la suerte de sus pretensiones y defensas, lo que se agudiza cuando el trámite ritual se rige por el principio dispositivo.
Defraudación fiscal, presunción juris tantum
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Casino del Litoral S.A. -T.F. 15.319-I c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-08

En el artículo 47 de la ley nº 11.683 son consagradas diversas presunciones del dolo en la defraudación fiscal. Tales presunciones son de carácter relativo, esto es, admiten prueba en contrario.
Acción de amparo, telecomunicaciones, telefonía celular, facturación de servicios públicos, facturación excesiva, contratos de adhesión, contratos de consumo, cláusulas leoninas, defensa del consumidor, tribunales arbitrales, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DECOVI s/ Amparo Colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-01

Cuando las organizaciones administrativas del Estado resultan totalmente inadecuadas para atender esta problemática, por más que existan, como hemos visto, numerosas normas que limitan los abusos de prácticas comerciales, como las Resoluciones Nro. 53 y Nro. 26 de la Sec. de Coordinación Técnica de la Nación.

O dicho más claramente, cuando el Estado no previó ni puede alcanzar una estructura operativa para dar respuesta a un universo de millones de usuarios, la existencia de vías administrativas es simplemente una formalidad que no asegura ni la información ni el conocimiento adecuado ni respeta el tiempo y la libertad de los ciudadanos que no tienen que ser sometidos a trámites de ningún tipo ni recibir planteos litigiosos administrativos y judiciales por el simple hecho de acceder a un bien de consumo que están en el mercado.

Es decir, que la existencia de vías administrativas son formalmente inadecuadas para la finalidad que tienen que cumplir, y no guardan ninguna relación entre la capacidad de respuesta y el universo de usuarios que debe proteger. Cuando esto ocurre, estas vías deben considerarse en la práctica como inexistentes y de allí que la única acción expedita es la que provee el Poder Judicial a través de la acción de amparo y ponderando la intermediación de las organizaciones de usuarios y consumidores que de alguna manera contribuyen a morigerar los efectos de las insuficiencias orgánicas y resolutivas, como así también la de brindar soluciones aunque sean transitorias hasta tanto el Estado asuma las responsabilidades que corresponden al ideario de una sociedad más justa y donde las cláusulas de la Constitución (arts. 42 y 43, C.N.), cumplan por sí la finalidad que les otorgó el constituyente de 1994, cosa que creemos lograr con el encuadramiento y resolución que brindamos para este caso siguiendo la más destacada y especializada doctrina nacional.
Defensa del consumidor, juicio sumarísimo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BARRIL, PABLO AUGUSTO AQUILES
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-25

El art. 53 de la ley de defensa del consumidor establece que en las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal competente. Abreviando el trámite se busca intensificar la protección legalmente otorgada a los justiciables involucrados en cuestiones de consumo.
Transporte aéreo de pasajeros, obligaciones del transportador, responsabilidad del transportador aéreo, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: BLANCO MARGARITA SUSANA c/ VIASA VENEZUELAN INTERNATIONAL AIRWAYS Y OTRO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

En los supuestos en que la compañía de transportes ofrece sus servicios al público y promete efectuar los viajes en determinados lapsos y con ciertos horarios de partida, asume el deber jurídico de extremar su diligencia para respetar los términos de su oferta, pues ese compromiso puede resultar esencial para el usuario que contrata sus servicios contando con la garantía del cumplimiento de la prestación en un lapso preciso y previsible. El negocio del transporte aéreo no justifica por particular que sea el ámbito en el que se desarrolla -salvo extremos insuperables-, la desconsideración de los derechos de los usuarios. Y si a éstos se les promete el transporte en determinado horario o en un lapso preciso, les asiste el derecho a que dicho compromiso -por el que pagan su precio- sea cumplido. y sea cumplido como la ley misma (art. 1197 del código civil).
Garantía al consumidor, servicio técnico
Materia: CIVIL
Carátula: Celave, Pablo Javier c/ EKER&EKER S.A. y Otros s/ Daños y perjuicios - Responsabilidad contractual y perjuicios - Responsabilidad contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-06-11

El hecho que se haya detectado una falla en el vehículo vendido cero kilómetro, no autoriza sin más a la inmediata restitución de su valor o su reemplazo por otra unidad similar, como pretende el accionante, salvo casos en que la anomalía es de tal magnitud que hace que el automóvil sea impropio para su uso, sin embargo cuando cuando se trata de la existencia de un desperfecto que puede ser reparado, el consumidor debe reclamar su reparación y a su vez prestar la colaboración necesaria para que se ejecuten los trabajos correspondientes. Esta colaboración necesaria, consiste precisamente, no solo en reclamar el desperfecto, sino en permitir, posibilitar, pactar, acordar, facilitar la revisión técnica del automóvil, aun fuera de las oportunidades en que se llevan a cabo los services oficiales.
Concesión parcial del recurso, indemnización por accidente de tránsito, daño moral, ampliación del monto, intereses, lucro cesante, pérdida de la chance, insuficiencia del agravio
Materia: CIVIL
Carátula: Zabala, Julio Jorge c/ Municipalidad de Río Cuarto s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-02-22

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demandada de daños y perjuicios promovida -en ocasión del accidente de tránsito producido-, y en consecuencia, establecer un nuevo monto de condena con más los intereses respectivos. Producto del accidente el actor quedó con ciertas limitaciones de una entidad suficiente y vivenció un momento desesperante, lo que motiva el resarcimiento de la modificación disvaliosa que sufrió su espíritu. Ergo, es posible notar un yerro en el razonamiento brindado por la a quo, pues únicamente considerando que no presenta indicadores de daño psicológico, descuidó ponderar un sinnúmero de parámetros vinculados con el análisis del daño moral. Por otro lado, no menos cierto es que esta reparación por daño moral no requiere de prueba directa cuando se han acreditado lesiones corporales; así las cosas, aplicando todos estos componentes al caso en particular a los fines de abordar la impugnación en este punto, en conjunción con la edad de la víctima al momento del accidente, la entidad de las lesiones sufridas, el tiempo de curación y la intervención no quirúrgica efectuada, trasuntan una indudable afección de índole extrapatrimonial a lo íntimo de los sentimientos y espíritu, que estructuran y justifican la indemnización por daño moral.

Por otra parte, en relación al agravio por la calificación del "Lucro cesante futuro" como "Pérdida de chance futura" y su cuantificación, vale decir que la a quo determinó que se indemnicen las consecuencias patrimoniales derivadas de la incapacidad, como pérdida de chance y no de lucro cesante. La incapacidad no es resarcible per se como rubro autónomo, sino lo que se resarce son las repercusiones negativas derivadas de la afectación a la capacidad de producir y realizar actividades útiles, es decir los beneficios o utilidades que probable y razonablemente dejará de percibir, lo que en realidad se conoce como lucro cesante o perdida de chance. Es por ello que la crítica formulada por el actor en cuanto a la conceptualización del daño y la alícuota para resarcir la misma, no puede ser acogida.