Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23


2º Instancia.- Buenos Aires, marzo 23 de 2006, El doctor Ameal dijo:

La sentencia de primera Instancia dictada a fs. 255/65 es apelada por la actora quien vierte sus quejas en la memoria de fs. 288/90, cuyo traslado no fuera contestado.

Se agravia la recurrente en relación a los montos concedidos en concepto de "daño físico"; "daño moral"; "gastos médicos; farmacéuticos y de traslado" y "gastos de tratamiento psicológico", como asimismo respecto de la procedencia del rubro "daño psíquico".

En cuanto a la indemnización concedida por "incapacidad sobreviniente" cabe destacar que esta comprende la merma genérica en la capacidad futura del damnificado, que se proyecta en todas las esferas de su personalidad y constituye por lo tanto un quebranto patrimonial indirecto.

Se la ha definido como la inhabilidad o impedimento, o bien la dificultad apreciable en algún grado, para el ejercicio de funciones vitales.

A los efectos de su determinación, no sólo ha de tenerse en cuenta de que manera incide su gravitación en las aptitudes de la víctima para el trabajo futuro o en la frustración de obtener beneficios económicos, pues esa incidencia no es única ni exclusiva a los fines resarcitorios, sino además de que manera incide en todos los demás aspectos de la personalidad de la víctima, tanto en su vida personal como de relación (esta Sala Exptes. 101.557/97; 31.005/01; CNac.Civ., Sala F, 21/11/02,JA 2003-IV-síntesis; CCiv. y Com. Morón, Sala 1a, 1/10/02, JA 2003-II-síntesis; Id., Sala 2a. 20/2/03, JA 2003-IV-262; CNac.Civ., Sala H, 23/5/02, JA 2003-I-síntesis, entre muchos otros).

Así, el daño en la vida de relación, definido como la imposibilidad o dificultad del sujeto disminuido en su integridad de reinsertarse en las relaciones sociales o de mantenerlas en un nivel normal, constituye una faceta lesiva peculiar que el magistrado debe tener muy en cuenta para justipreciar la indemnización.

Por influencia de tales ideas, en las "Jornadas sobre temas de Responsabilidad Civil en Caso de Muerte o Lesión de las Personas" (Rosario, 1979), se suscribieron dos despachos unánimes: 1º La determinación del daño resarcible en caso de lesiones no debe hacerse exclusivamente sobre la base de la disminución de la aptitud laboral de la víctima 2º) para la fijación del resarcimiento debe tenerse en cuenta la persona humana en su integralidad, con su multiforme actividad. Debe computarse y repararse económicamente toda lesión sufrida, sea en sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, religiosas, sexuales, etcétera (Matilde Zavala de González, "Resarcimiento de daños", T. 2a, pág. 376/81).

En orden a las lesiones sufridas, del dictamen médico de fs. 124/29, no impugnado y que es valorado conforme las reglas enunciadas por los arts. 386 y 477 del CPCCN, surge que la actora sufrió a raíz del accidente de autos, un traumatismo de columna cervical como consecuencia de la aceleración y desaceleración brusca de la extremidad cefálica al momento de caer primero, y de golpear luego con un elemento duro como lo es el piso del vehículo en el que viajaba.

Con fundamento en los hallazgos del examen físico y a las limitaciones funcionales de la columna cervical, concluye el experto que la actora presenta una incapacidad parcial y permanente del 4 % de la T. O.

A partir entonces, de los presupuestos que deben valorarse según lo ya expresado en esta pieza, entidad de las lesiones y secuelas padecidas, grado de incapacidad, que contaba la damnificada con 41 años de edad a la fecha del hecho, separada, situación socio-económica modesta conforme surge de las declaraciones brindadas en el Beneficio de Litigar sin Gastos e incidencia de la minusvalía física en el desarrollo pleno de su vida, es que considero que la suma concedida $ 4.000, aparece exigua, por lo que propongo elevarla a la cantidad de $ 8.000 (art. 165 del CPCC).

Recibirán acogida asimismo los agravios vertidos respecto del "daño psíquico" padecido por la actora, que ha sido indemnizado por el a quo conjuntamente con el daño moral.

Toda disminución de la integridad de la persona humana es materia de obligado resarcimiento, dentro de la cual debe incluirse, la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye una daño resarcible.

"El daño psíquico supone una perturbación patológica de la personalidad de la víctima, que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente. Comprende tanto las enfermedades mentales como los desequilibrios pasajeros, pero ya sea como situación estable, o accidental y transitoria, implica en todo caso una faceta morbosa, que perturba la normalidad del sujeto y trasciende en su vida individual y de relación". No debe por lo demás ser restringido al que proviene de una lesión anatómica, toda vez que hay importantes perturbaciones de la personalidad que tienen su etiología en la pura repercusión anímica del agente traumático, aunque el desequilibrio acarree eventuales manifestaciones somáticas (conf. Matilde Zavala de González, "Resarcimiento de daños" T. 2a., pág. 187 y ss).

Dice Mosset lturraspe en "Responsabilidad por daños" Tº 4, ps. 35-36, que "Lo psíquico de la persona humana, su modo de estar o su alteración por obra de terceros, no es indiferente al derecho; puesto que de no tenerse en cuenta se parcializaría la contemplación y el resguardo de quien es el centro del ordenamiento jurídico: el derecho es para el hombre y no el hombre para el derecho".

Debe asimismo, a mi criterio, ser diferenciado del daño moral, toda vez que este último constituye una lesión espiritual y por tanto de carácter extra-patrimonial, revistiendo aquél connotaciones de índole patológica.

De la peritación médica de fs. 94/96 surge que la actora presenta a raíz del accidente, un cuadro de Neurosis Fóbica Moderada. A fs. 99 indica la experta que tales secuelas importan una incapacidad psíquica de carácter parcial y permanente del 20%, requiriendo tratamiento psicológico a razón de dos sesiones semanales durante un período de dos años, indicando que esta terapia con objetivos limitados, se piensa como condición necesaria para ayudar a la actora a recuperar las condiciones psíquicas previas al accidente, que le permitían el cumplimiento de las tareas habituales para el logro de su subsistencia y la contribución al sostenimiento de la economía familiar. La actora invoca en la demanda, una incapacidad psíquica del 15%.

Considero en definitiva, que el informe psicológico mencionado precedentemente, el que valoro y acepto en los términos de los art. 386 y 477 del ritual, toda vez que las impugnaciones vertidas por la demandada no alcanzan a conmover sus fundamentos, acredita el daño psíquico padecido por la damnificada, por lo que propongo al Acuerdo hacer lugar al presente reclamo, por la cantidad de $ 5.000 (art. 165 del CPCC), con más intereses a computarse conforme pautas establecidas por el a quo.

Habrán de prosperar asimismo las quejas formuladas en orden al quantum concedido en concepto de "gastos de tratamiento psicológico".

De igual manera que en el caso de heridas u ofensas físicas (art. 1086 del Cód. Civil), en las lesiones psíquicas, la víctima tiene derecho a ser indemnizada "de todos los gastos de curación y convalecencia". Ello importa recurrir a tratamiento psiquiátrico o terapia psicológica, como a la medicación que fuese necesaria.

Así, ha sostenido este Tribunal en reiteradas oportunidades, que acreditada la relación de causalidad de las deficiencias psíquicas que padece el damnificado con el hecho investigado, los gastos que ocasione el tratamiento que aconseja el perito para que desaparezca o disminuyan dichas secuelas, deberán ser resarcidas por el demandado (Expte. nº 56.222/00; 62.047/99; 29.933/00).

En tal entendimiento, valorando las pautas dadas por el perito en su dictamen, es que considero prudencial elevar el quantum otorgado ($ 1.000), al reclamado por la actora en la demanda, $ 5.200.

Recibirán acogida asimismo, los agravios vertidos en relación al monto concedido en concepto de "daño moral".

El daño moral importa, "una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. o, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial" (Ramón Daniel Pizarro, "Daño Moral", pág. 47).

La indemnización cumple una función resarcitoria, pero ello no es óbice para que en el caso del daño moral, esa función sea satisfactiva para la víctima. Ella, por lo obtenido como reparación del perjuicio experimentado, paliará éste con placeres o ventajas que subsanarán en sus sentimientos o en su espíritu la situación disvaliosa padecida.

Asimismo, y tal como lo tiene resuelto una larga y pacífica jurisprudencia del Fuero, tratándose en el caso de la aplicación del art. 1078 del Código Civil, el daño moral en los casos de delitos o cuasi delitos surge "re ipsa", es decir, por la sola comisión del hecho ilícito y no requiere de prueba concreta alguna tendiente a acreditarlo (Conf.: Fallos publicados en (JA 1977-I-pág. 208 de la Sup.Corte de Buenos Aires; JA 1979-III-pág. 189 de la Cám. Nac. Civil Sala F; JA 1981-IV-p.329 de la Cám. Nac. Civil Sala G; JA 1981-I-pág. 360; JA 1983-III-pág. 266 Cám. Nac. Civil Sala B; JA 1983-III-pág. 496 de la Sup. Corte de Buenos Aires; entre otros muchos casos).

Por otra parte, la determinación del monto debe quedar librada al arbitrio judicial, sin depender ni guardar relación alguna con los daños materiales, porque bien puede ocurrir que la lesión a los sentimientos y más profundos afectos de una persona pueda ser de enorme entidad, sin que existan daños materiales resarcibles, como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia (Conf.: Fallos citados en JA 1975-29-pág. 31 de la Cám. Nac. Civil Sala D; JA 197527-p.334 de la Cám. Nac. Civil Sala C; JA 1975-29-pág. 61; JA 1976-II-pág. 38 de la Cám. Nac. Civil Sala B; JA 1978-III-pág. 582 de la Cám. Nac. Federal Sala 2º Civil y Comercial; JA 1978-III-pág. 366 de la Cám. Nac. Esp. Civil y Comercial Sala IVº; JA 1981-III-pág. 24 de la Cámara 2º Civil y Comercial San Juan; JA 1981-I-pág. 610, de la Cám. Nac. Civil Sala A; JA 1981-IV-pág. 470).

Con este alcance, lesiones y secuelas sufridas por la víctima, condiciones personales y demás particularidades que muestra la causa, es que considero que la suma acordada por este resarcimiento $ 3.000, no cubre ni compensa el daño espiritual sufrido por la Sra. Soria a raíz del hecho de autos, por lo que propongo elevarlo a la cantidad de $ 6.000 (art. 165 del CPCC).

Habrá de confirmarse por el contrario, el monto otorgado en concepto de "gastos médicos, de farmacia y de traslado".

La jurisprudencia ha entendido en forma prácticamente uniforme que dichos gastos no requieren la existencia de prueba documental concreta que los avale, toda vez que resulta suficiente, a tal efecto, la plena demostración de la existencia del accidente y la gravedad de las lesiones causadas a la víctima, como su restablecimiento (Conf. JA 1984-IV-p. 343 de la Cám. Nac. Civil y Comerc. Federal; JA 1985-III-p. 401 de la Cám. Nac. Civil y Comercial de Morón; JA 1987-I-pág. 275, Cám. Nac. Civil Sala D; esta Sala, JA 1989, III, Síntesis, entre muchos otros). No parece razonable en ese orden, exigir la comprobación absoluta y directa de gastos tales como los de farmacia o aún de atención médica, ni que la víctima conserve todos y cada uno de los comprobantes respectivos, que a veces suelen consistir en simples talones con el monto abonado, sin indicación de lo adquirido, pues lo que importa es determinar la verosimilitud del desembolso, de acuerdo con la naturaleza y la gravedad de las lesiones. (CN Esp. Civ Com, Sala II, "Virardi de Moreno, Josefina c/Fernández, Segundo s/sumario", 14/11/83).

En lo relativo a gastos de traslado procede el pago de una suma prudencial que cubra la utilización de distintos medios de transporte (inclusive taxímetros) aunque no se acredite fehacientemente su monto. La fijación de este ítem depende de los elementos de juicio obrantes en la causa, como ser lesiones sufridas, tiempo de curación, conclusiones médicos legales de la pericia, etc., y si bien no es necesaria la efectiva prueba de ellos, ya que esos gastos por su naturaleza no requieren en principio prueba documentada, su fijación debe hacerse prudencialmente y en concordancia con las constancias de la causa.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta la entidad de las lesiones padecidas, demás circunstancias probadas de la causa y monto reclamado por este concepto en la demanda, es que el monto otorgado a los fines indemnizatorios en examen ($ 500), habrá de confirmarse.

Por las consideraciones expuestas, expido mi voto porque se revoque la sentencia recurrida, otorgándose en concepto de "daño psíquico" la cantidad de pesos cinco mil ($ 5.000) con más intereses a computarse de conformidad a las pautas establecidas por el a quo; asimismo, porque se modifique, elevándose los montos concedidos en concepto de "incapacidad física"; "daño moral"; y "gastos de tratamiento psicológico", a las sumas de pesos ocho mil ($ 8.000); pesos seis mil ($ 6.000) y pesos cinco mil doscientos ($ 5.200) respectivamente y porque se confirme en todo lo demás que decide, manda y fuera objeto concreto de agravios. Las costas de Alzada se imponen a la demandada en virtud del principio objetivo de la derrota dispuesto por el art. 68 del CPCC.

El doctor Degiorgis se adhiere al voto que antecede por razones análogas.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente por mayoría de votos, el Tribunal decide: revocar la sentencia recurrida, otorgándose en concepto de "daño psíquico" la cantidad de pesos cinco mil ($ 5.000) con más intereses a computarse de conformidad a las pautas establecidas por el a quo; asimismo, modificarla, elevándose los montos concedidos en concepto de "incapacidad física"; "daño moral"; y "gastos de tratamiento psicológico", a las sumas de pesos ocho mil ($ 8.000); pesos seis mil ($ 6.000) y pesos cinco mil doscientos ($ 5.200) respectivamente y confirmarla en todo lo demás que decide, manda y fuera objeto concreto de agravios. Las costas de Alzada se imponen a la demandada en virtud del principio objetivo de la derrota dispuesto por el art. 68 del CPCC.

Difiérase la regulación de honorarios para una vez aprobada en autos la liquidación definitiva. Se deja constancia que se encuentra vacante la vocalía nº 33 (art. 109 del R.J.N.).- Oscar J. Ameal. - Carlos R. Degiorgis.