Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-31


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 31 de 2005.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? La doctora Díaz Cordero dijo:

I. Introducción:

La Sra. Susana Jarzab inició demanda contra Fiat Auto S.A. de Ahorro para fines determinados, por pago por consignación de la suma de $5081,60 en concepto de cancelación total del plan de ahorro "Grupo Cerrado" para la adquisición de un automóvil marca Fiat, y por reintegro de $92,56 por haber sido cobrado en exceso.

Sostiene la actora que la Resolución de la Inspección General de Justicia nº 1/2002 dispuso que "el valor de la cuota que corresponda al grupo de suscriptores no podrá tener variación respecto del último que hubiere correspondido abonar antes de la entrada en vigencia de la ley nº 25.561. En ningún caso podrán emitirse ajustes o complementos posteriores, aún cuando los mismos correspondan con el valor que el mismo bien-tipo tenga para la concertación de nuevos contratos. Los pagos efectuados en las condiciones de este artículo tendrán valor cancelatorio".

Esta norma se encontraba vigente al momento de efectuar la intimación mediante carta documento, el 04.04.02 (fs. 98) y también al 16.05.02, día en que se efectuó el depósito de pago por consignación, cuyo comprobante obra a fs. 106.

A fs. 117 contestó demanda Fiat Auto S.A. para Fines Determinados (en lo sucesivo Fiat) solicitando su rechazo, por considerar aplicable las Resoluciones Conjuntas nº 366/02 y 85/02 y la Resolución de la IGJ nº 9/02.

La sentencia de fs. 298 hizo lugar a la demanda, dando por pagada anticipadamente la deuda mediante el depósito obrante a fs. 106 y por cancelado el gravamen prendario. Asimismo dispuso el reintegro de la suma reclamada e impuso las costas a la vencida.

Dicha sentencia fue apelada por la demandada a fs. 308, presentando su expresión de agravios a fs. 319.

II. Los agravios Se agravia la demandada de que se otorgara validez al pago por depósito judicial por considerar que el mismo no es íntegro por no ajustarse a las normas contractuales ni al sistema de ahorro. Por tal motivo considera que no corresponde el reintegro de fondos ni la cancelación de prenda.

Se queja de que se haya aplicado la Resolución IGJ nº 1/02 por entender que carece de eficacia, ya que en su parecer, corresponde aplicar las Resoluciones Conjuntas 366/02 y 85/02 (publicadas en el Boletín Oficial el 14.06.02) y la Resolución de la IGJ nº 9/02 (publicada en el Boletín Oficial el 05.07.02).

Interpreta que la Resolución IGJ nº 9/02 extiende sus efectos a los meses de enero de 2002 en adelante, por lo que se aplicaría con efecto retroactivo, según lo dispuesto por el art. 3 Cód. Civil.

Asimismo se queja de que se otorgue validez al pago intentado, basándose en una norma cuya aplicación quedara derogada por la Resolución 9/02.

Se agravia de que no se haya considerado que el debate gira en torno de la viabilidad del sistema de ahorro para fines determinados, en el que se aplica la relación entre el precio del bien y la alícuota. Al desconocer ésta relación se provoca un resultado disvalioso para los demás adherentes.

Se queja porque sostiene que la carta documento enviada por la actora el 4.04.02 era insuficiente para constituir en mora, y por tanto para habilitar el pago por consignación, pues no reunía todas las condiciones legales.

Agrega que el pago por consignación no produce efectos mientras no sea notificado al acreedor, y que esto sucedió estando en vigencia la normativa por él aludida, es decir el día 10.07.02, fecha en que se notificó de la demanda.

El llamado de autos para sentencia habilita a esta Sala para decidir.

III. La solución:

A fin de resolver el conflicto generado entre las partes, cabe dirimir en primer lugar si corresponde aplicar la Resolución 1/2002 de la IGJ, o la nº 9/2002 del mismo organismo, pues de ello depende la necesidad de expedirse respecto a la procedencia del pago por consignación efectuado.

El art. 3 del Cód. Civ. dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario y aunque el demandado le atribuye tal efecto a la Resolución nº 9/2002 ello importaría realizar una interpretación forzada de su texto.

Por otra parte, la circunstancia de que dicha norma haya dejado sin efecto a la Resolución nº 1/2002 no impide que se apliquen las soluciones legales que dicho régimen habilitaba durante su vigencia temporal, máxime cuando en su art. 1 "in fine" se dispone que "los pagos efectuados en las condiciones de este artículo tendrán valor cancelatorio" (sic).

Es decir que si la Resolución 9/2002 no existía al momento del depósito efectuado por el actor para cancelar el crédito, ni al momento de inicio del reclamo, corresponde aplicar aquélla que sí se encontraba vigente, y que por lo tanto, regulaba el accionar de las sociedades de ahorro para fines determinados -agrupados por la Cámara de Ahorro Previo Automotores (C.A.P.A.)-, quienes no sólo aceptaron el control de la Inspección General de Justicia, que las rige, sino que más aún, le solicitaron concretamente que se expidiera respecto al temperamento que habría que adoptar en relación al sistema de ahorro que implementan sus empresas adheridas, a partir de la vigencia de la ley de Emergencia nº 25.561.

Todo ello, sin perjuicio de que el demandado considere que la Resolución 1/2002 no resulta aplicable. Por otra parte, informa que se inició un amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, pero no surge del expediente en qué estado se encuentra, ni que haya sido acogido el reclamo, y tampoco ha sido ofrecido como prueba.

Consecuentemente, corresponde resolver el presente conflicto a partir de lo expuesto en la Resolución 1/2002, por lo que adelanto, confirmaré la sentencia de la anterior instancia.

La demanda de consignación persigue la cancelación de una relación creditoria vinculante, por lo que no es posible estimarla de modo "parcial": o la acción procede y el vínculo se consume por satisfacción o la acción no procede (CNCom., esta Sala, "in re" "Tabarez Gentile, Fernando c. Saving S.A.", del 23/11/91. En igual sentido: Sala E, 11.11.03, "Monteagudo Tejedor, Luis Alberto c. Banco Comafi S.A. y otro s/sumario").

El art. 757 Cód. Civ. indica algunos supuestos en los que dicha forma de cancelación es posible, y entre ellos menciona la negativa del acreedor a recibir el pago ofrecido por el deudor. Para ello debe demostrar este rechazo, lo que surge de la carta documento de fs. 103.

El depósito efectuado por la Sra. Jarzab el 16 de mayo de 2002 debió ser aceptado por la demanda, pues el depósito contiene las dos características necesarias para procedencia: identidad e integridad con el monto debido. Asimismo dicho monto coincide con el cálculo efectuado, bajo las disposiciones de la resolución aplicable, por el perito contador a fs. 181.

En consecuencia, resuelvo confirmar la sentencia recurrida en todos sus términos e imponer las costas generadas en esta instancia a la vencida (art. 68 CPN).

Las antedichas conclusiones me eximen de considerar los restantes argumentos esbozados por el recurrente (conf. C.N.Com, esta Sala, mi voto, "in re": "Perino, Domingo A. c. Asorte S.A. de Ahorro para fines determinados y otros s/ordinario", del 27-8-89; C.S.J.N., 13-11-86, "Altamirano, Ramón c. Com. Nac. de Energía Atómica"; íd. 12-2-87, "Soñés, Raúl E. c. Adm. Nacional de Aduanas"; íd. 15-9-89, "Stancato, Carmelo" -LA LEY, 1988-C, 493; DJ, 988-2-934-; entre otros). He concluido.

Por análogas razones la doctora Piaggi adhirió al voto anterior.

El doctor Butty dijo:

Adhiero en lo sustancial al voto de mi distinguida colega con la salvedad de que, según tengo dicho antes de ahora ("in re" "S.K.P. c. Banco de Boston", ED, 120-653, esta Sala "in re" "Braining Kurt y otro c. Laboratorios Elea S.A.C.I.F. y A.") y lo mantengo, las situaciones, actos o negocios regidas tanto por el derecho común cuanto por el administrativo, disciplinario o superintendencial, y que alguna doctrina llama "bifrontes" (así, Wald, Arnoldo, "Aspectos peculiares..." en RDCO, 1986, pág. 899 y ss.) deben ser objeto de consideración en lo tocante a su validez y oponibilidad, cuando de pretensiones basadas en el derecho común ("común", en el sentido de derecho general) se trate, conforme a los principios de éste -derecho común- y ello por observancia del art. 67 inc. 11 (numeración anterior a la reforma) de la Constitución Nacional; sin perjuicio de las responsabilidades o las consecuencias de cualquier orden que pudieran seguirse de la aplicación de los regímenes disciplinarios o superintendenciales establecidos por el derecho administrativo para ciertas actividades que importan un sistema normativo distinto cuya operatividad transcurre en otro plano y que, en el particular caso bajo examen, resulta res inter alios respecto de la actora y aunque la citada normativa nada parece decir, de todos modos -por lo dicho- carecería de jerarquía para apartar un principio sustancial como lo es el de necesidad (CNCom., esta Sala, mi voto, "in re" "Sebastiani, Herminia s/Sucesión c. Banco Caja de Ahorros S.A.s/ordinario", del 6.11.02).

En el caso la propia actora invoca y se rige por la Resolución nº 1/02 de la Inspección General de Justicia. Por tanto, en virtud del contrato otorgado por las partes, la prueba producida en autos, y por el principio establecido en el art. 218, inc. 7º del Código de Comercio, llego a la misma conclusión que mi colega.

Por los fundamentos, del acuerdo que precede, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia recurrida. Las costas se imponen a la vencida (art. 68 CPN). - María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. - Ana I. Piaggi. - Enrique M. Butty (por sus fundamentos).