marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

El hecho que la irresponsabilidad acordada a los parlamentarios pueda dar lugar a abusos, exponiendo a los ciudadanos a los ataques, injurias y también calumnias contra los cuales no pueden reaccionar legalmente, no autoriza a reconocerlo como un buen argumento para la limitación de esta irresponsabilidad, absolutamente necesaria para el libre ejercicio de la función. El remedio contra eventuales abusos no debe buscarse en la abolición de la prerrogativa, sino en la elevación de la costumbre política o en la condena de la opinión pública o, eventualmente, en normas establecidas en el reglamento de cada Cámara que permitan a la presidencia impedir dichos abusos o a castigarlos, conforme a los poderes disciplinarios que nuestra Constitución prevé en el artículo 50.
Asignaciones familiares, aplicación de la ley, decretos, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: CODIGONI, RAMON c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

La sanción de la ley 24.655 justifica que los reclamos por los que se pretende la suspensión de la aplicación de los Decretos 770 y 771 -para posibilitar la percepción de las asignaciones familiares conforme sucedía hasta su dictado- se entablen ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, toda vez que lo que se discute es la legitimidad de decretos emitidos por el P.E.N. en ejercicio de facultades constitucionales. Por otra parte, el tema guarda vinculación esencial con nuestro sistema previsional, cuyo análisis resulta de competencia específica de la referida Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social.
Daños y perjuicios, responsabilidad del transportador, obligación de seguridad, eximentes de responsabilidad, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ, Osvaldo c/ EMPRESA BARTOLOME MITRE S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

El art. 184 del Código de Comercio es una norma severa para con las empresas de transporte y, por ello, un criterio semejante debe presidir la interpretación de las causales de exculpación que contempla aquella disposición; tal rigor se funda en la intención del legislador de inducir a las empresas de transporte a extremar las precauciones respecto de la calidad, perfecto estado y funcionamiento del material, la capacitación y buen desempeño de su personal, y el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos y, por otra parte, en amparo de las posibles vpictimas, para quienes el resarcimiento resultaría ilusorio en la mayoría de los casos, si tuvieran que probar la culpa del transportador.
Confirmación de sentencia, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: C., D. R. s/ Excarcelación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-28

Por otro lado, en los fallos dictados en las Causas Nº 80.880/19 "T." del 25 de noviembre; Nº 61.896/19 "L. R." y "F." del 27 de noviembre; Nº 82.223/19 "G." y "C." del 28 de noviembre y Nº 83.560/19 "M." también del 28 de noviembre, los vocales Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela confirmaron las resoluciones que no hicieron lugar a las excarcelaciones analizando la situación de cada uno y señalando porqué la medida excepcional del encarcelamiento provisorio era la única por el momento suficiente para asegurar la sujeción de los imputados al proceso (arts. 210, inc. "k" del CPPF).
Prueba testimonial, apreciación del juez, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coulon, Norberto Oscar c/ Snics de López, María s/ Indem. Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-12

Si se trata de la prueba de hechos - no de actos jurídicos-, resulta imprescindible la prueba testimonial. Aceptada ésta, las conclusiones que surjan de la misma no pueden rebatirse por medio de instrumentos privados que carecen de fecha cierta (art. 1035, C.C.).
Pueblos originarios, participación ciudadana, ley provincial, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

Toda vez que la sanción de la ley 2.439 de la Provincia del Neuquén y el decreto PEP 2/04 vulneraron el derecho a la consulta y a la participación de las comunidades indígenas, corresponde en primer lugar, condenar a la Provincia del Neuquén a que, en el plazo de sesenta días, lleve a cabo la consulta que fuera omitida a fin de que la articulación entre la creación del Municipio de Villa Pehuenia y la forma de vida indígena sea realizada a través del diálogo y de la búsqueda de acuerdos, tal como lo demandan la Constitución y los instrumentos internacionales y en segundo lugar, condenar a ese Estado provincial a que, en un plazo razonable, diseñe, en conjunto con las comunidades indígenas, los mecanismos permanentes de participación institucional para que ellas puedan incidir en la determinación de las políticas y decisiones municipales que las involucran y, adecuar, de este modo, la legislación en la materia a la Constitución Nacional y a los tratados mencionados. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Acto administrativo, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: GIAVITTO, ANA MARIA SANSO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 268 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-18

Todo acto administrativo, para ser eficaz, necesita ser comunicado al administrado, comunicación que debe ser idónea, entendiendo la doctrina que lo es, entre otras, la efectuada por cédula, telegrama colacionado e intervención personal directa del interesado en el expediente.
Daños y perjuicios, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIERA c/ ROMAGNOLI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S061 - 001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-05-09

No es responsable el padre del menor, autor del hecho, en tanto y en cuanto justifico una vigilancia activa sobre su hijo, brindándole una educación no solo cuidadosa, sino también rígida.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., A. S. s/ Divorcio art. 67 bis. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

No siendo definitiva, en los términos de los arts. 278 y 296 del C.P.C., la resolución del juez de primera instancia que establece un régimen provisorio de visitas, tampoco lo es la que declara desierto el recurso de apelación deducido contra aquella decisión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejercicio de la acción pública, Ministerio Público Fiscal, homicidio culposo, lesiones culposas, hecho único
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rosa, Diego Marcelo Servin, Arturo Marcelino s/ recurso decasación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-27

Nos enfrentamos en autos a un único hecho que, por las circunstancias fácticas que lo conforman, ha quedado típicamente aprehendido en las disposiciones legales del homicidio culposo (art. 84 del C.P.) y de lesiones culposas (art. 94 del C.P.). y no siendo posible escindir, desde mi óptica, la única acción de todas sus consecuencias, resultando del hecho mismo la muerte de un pequeño, se desvanece, en consecuencia, cualquier intento de socavar -según lo pide de modo subsidiario la impugnante- la legitimidad del Representante del Ministerio Público Fiscal para imputarle a uno de los encausados también aquellas lesiones culposas (leves) sufridas por las víctimas, cuando dicho órgano estatal hubo de tener, de acuerdo a tal criterio, desde un comienzo expedito el camino para el ejercicio de la acción penal in totum. (Dra. Berraz de Vidal en disidencia).
Reconstrucción del expediente, declaración indagatoria, prueba definitiva e irreproducible, defectos del procedimiento, in dubio pro reo, defensa en juicio, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BALEIJA, Esteban L. s/ RECONSTRUCCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23

La indagatoria no se puede documentar por otros medios que los originales pues no es un acto recuperable, su reconstrucción hipotética puede ser exacta y lógica pero no legítima, pues de contrario, se violaría la garantía de defensa en juicio, art. 18, C.N., y en consecuencia, el debido proceso.

No puede computarse en perjuicio del imputado las dificultades del accionar judicial que no sean atribuibles a aquél, ya que, siendo la indagatoria una garantía y un medio de defensa sustancial establecido en favor del imputado, no cabe condicionarla o limitarla, en función de otros objetivos.

Es así que no puede arribarse a un veredicto condenatorio dada la calidad incompleta e indirecta de las constancias del expediente tal como pudo ser finalmente reconstruido.
Superior Tribunal de Justicia, recusación, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: FUNDACION APOYO EDUCATIVO A LA FAMILIA c/ NUDEMBERG, MAURICIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-07-26

Corresponde descartar la hipótesis recusatoria alegada por la parte demandante -por considerar que la Ministra intervino como letrada en cuestiones impositivas atinentes al bingo cuya titularidad de explotación correspondiere a la actora- puesto que el pedido de apartamiento carece de adecuada fundamentación tendente a comprender la relación que ostentaría la presente causa con el sustento de hecho en que se finca la recusación y se ha negado la intervención en trámite particular o procedimiento alguno con la persona mencionada en el pedido de inhibición; debiendo señalarse además lo reiteradamente sostenido por este Tribunal en el sentido que la inhibición de los miembros naturales del Cuerpo encuentra como respaldo la necesidad de preservar, en la medida de lo posible, al juez que corresponda actuar conforme a los criterios de distribución y asignación de competencia, resultando particularmente fuerte aquella orientación restrictiva cuando se trata de integrantes del Máximo Tribunal de la Provincia según lo contempla el artículo 12 de la ley 10160 (Citas:

CSJStaFe: AyS T 101, p 148; T 101, p 150; T 103, 265)
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lorenti, César Orlando c/ Storino, Orlando Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-09-06

Cuando se circula por una arteria de dos manos, la maniobra de giro a la izquierda debe estar precedida y asumida con extremas precauciones, pues el intento significa colocar un obstáculo en el tránsito que avanza por ellas, tanto en la dirección que se lleva como -especialmente- en la contraria por los vehículos que vienen a su frente y en sentido opuesto, y que se invade. Y ello ha de significar entonces, avisar mediante adecuadas señales, la intención y el accionar del giro y, fundamentalmente, ponderar si la interferencia que significa colocar al rodado en una posición transversal a la circulación, puede ser sorteada adecuadamente por el resto de los vehículos que eventualmente concurran en la contingencia; debiendo -en caso contrario- ceder el paso a los que avanzan por su frente.
Allanamiento domiciliario, orden de allanamiento, autoridad de prevención, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: D'Acosta, Miguel Angel. s/ Tenencia de arma de guerra
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-01-09

De los arts. 188, 189 y 399 del Código de Procedimientos en Materia Penal se sigue que los jueces tienen la facultad de disponer allanamientos de moradas sólo por dos órdenes de razones: a) para lograr una aprehensión; y b) para la obtención de pruebas, y la policía que actúa en función judicial no puede en estos dos supuestos obrar por propia iniciativa sino que debe requerir del juez la correspondiente orden de allanamiento.
Concursos, incautación de bienes, actos de conservación, administración de bienes, síndico del concurso, créditos entre fallidos, autorización judicial, mediación, honorarios del mediador
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Mallo, Martín c/  s/ quiebra s/ inc. de apelación art. 250 cpcc. incidentista: leiva roxana betina
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-03

Cuando, como en el caso, tanto la sindicatura como la mediadora han referido que el proceso de mediación fue materializado lográndose la declaración de simulación y por lo tanto la retroacción de los actos nulos, a su estado anterior; al ratificarse la simulación del acto de escrituración del inmueble, lo que resultaría beneficioso para la masa de acreedores de esta quiebra; sin embargo, es claro que el citado acuerdo de mediación, no ha concretado sus objetivos, no solo por la falta de autorización del juez del concurso, sino porque faltó transitar los pasos procesales que fueron indicados en la decisión de la alzada del fuero civil recaída en el incidente de escrituración. Es claro pues que en estas condiciones el requerimiento de pago formulado por la mediadora no resulta exigible, dado el actual estadio procesal de aquellas actuaciones involucradas, y de este proceso falencial. En efecto, conforme lo ha resuelto la Cámara Civil el acuerdo de mediación no resulta ejecutable en la medida en que no han participado en el mismo los restantes herederos y, no ha habido pronunciamiento sobre la licitud o ilicitud de la simulación, todo lo cual ha sido referido como un obstáculo para la pretensión de la síndica de inscribir registralmente el tercio que correspondería al fallido. Es claro pues que, ante la decisión recaída en sede civil y ante la falta de autorización del juez del concurso, el mentado acuerdo de mediación no se muestra per se cómo un accionar eficaz en beneficio de la quiebra tal como fuera pregonado por la mediadora y en especial por la sindicatura, al menos, en el presente estado de las causas involucradas. Ello -y esto es dirimente-, no permite a la recurrente invocar una gestión útil a favor de los intereses del concurso que pueda purgar la falta de autorización judicial ya señalada y sustentar el reclamo pretendido más allá de esa omisión.
Síndico del concurso, remoción del síndico del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Abella Timoteo y Rouxel de abella Angélica s/ Concurso preventivo. Incidente de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

La negligencia exhibida por la funcionaria al no cumplir con la fundamentación requerida por el art. 35 de la Ley 24.522 , debe ponderarse por el Tribunal, en ejercicio de sus facultades de superintendencia, conforme los antecedentes del encartado. Ello así, ante la carencia de antecedentes sobre anteriores sanciones, como de que aquella negligencia fuere recalcitrante, exhibiendo la persistencia de una conducta contraria a los intereses del concurso, como asimismo que generara un perjuicio irreparable y de envergadura para la masa, no cabe remover a la causante, sino aplicarle una multa (arts. 279 Ley 19.551 y 255 Ley 24.522.-
Concurso aparente de leyes, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: PORTILLO, Estanislao y otros s/ Robos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

Todo robo comporta una razonable privación de libertad, que es puesta como exigencia de la mecánica del hecho (la referencia tiene en mira robos ejecutados con fuerza o intimidación en las personas).

También es cierto que, hay casos en que se excede la medida, pero sin afectar la unicidad del acto. Una sola conducta arrastra dos consecuencias fenoménicas. En el primer caso habrá un concurso aparente de leyes; en el segundo estaremos en presencia de un concurso ideal del art. 54 C.P.-
Honorarios del abogado, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Cinalli, Oscar c/ Decurgez de Cortés, María Elena y otro. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16

Las disposiciones arancelarias referentes a la actividad de abogados y procuradores trascienden el mero interés de los profesionales y clientes de que se trate en cada caso particular para satisfacer mediante un estricto cumplimiento fines de orden comunitario y de justicia general.
Notificación por cédula, falta de copias, nulidad procesal, audiencia de conciliación, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: HERRERA DE NOBLE, Ernestina s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-16

Si bien la existencia de las copias junto al escrito inicial tiene por objeto que la querellada conozca los términos de la presentación y que para un mejor resguardo del derecho de defensa la adjunción de aquéllas correspondería llevarla a cabo al momento en que se notifica la citación a la audiencia de conciliación prevista por el art. 424, C.P.P. , de todas formas la inobservancia apuntada no se encuentra sancionada específicamente con la invalidez de dicha convocatoria, ni tampoco encuentra sustento que la notificación resulte incompleta.
Derechos de incidencia colectiva, amparo colectivo, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: López, Rodolfo Osvaldo c/ Cooperativa Eléctrica de Pehuajó s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-03-26

Para determinar la legitimación grupal a los fines del art. 43 de la Constitución Nacional, el factor que permite concentrar la defensa de intereses pertenecientes divisiblemente a distintas personas sin temor a desvirtuar la télesis de la institución ni a "colectivizar" cualquier clase de litigio, es la determinación del origen común de las lesiones o amenazas: este parámetro se presenta toda vez que el conjunto de lesiones individuales provengan de un mismo hecho o serie de hechos que actúen como fuente causal de las afectaciones particulares y/o compartan los fundamentos jurídicos sustanciales que definen su procedencia.
Queja por denegación del recurso extraordinario, sentencia arbitraria, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Unitan SAICA y otro s/ Recurso de queja por denegación de recurso extraordinario de recurso extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-02

Resulta bien denegado el recurso extraordinario si la resolución atacada realiza la valoración necesaria de las causales de arbitrariedad alegada por la recurrente y expone con claridad los motivos que originaron su no admisibilidad, en tanto los agravios solo trasuntan mera disconformidad con la interpretación de las normas laborales aplicables al caso y no tornan arbitrario el fallo, resultando aquellos insuficientes a los fines de la apertura de la instancia extraordinaria.
Recurso de inaplicabilidad de ley, notificación tácita, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Castro Carlos Humberto y Spaciuk Domingo Ernesto s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-11

Es indudable que pese a no notificarse por cédula la providencia, con la presentación de escritos posteriores, el apelante ha quedado notificado de la misma ; inclusive lo transcribe. Es justamente en ese momento, cuando toma conocimiento, que debería haber utilizado los mecanismos procesales que el C.P.C.C. pone a disposición de las partes para preservar el derecho de defensa. No es por vía extraordinaria que pueda salvarse esta situación.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa, cosa inerte, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: PEGER, MELITON A c/ SANCOR COOP UNIDAS LTDA Y/U OTRA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LABORAL (CSJ EXPTE N. 66-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-15

De la vinculación del sujeto con una cosa inerte, no es dable presumir, sin más, el riesgo de la cosa inocua o inactiva y no dinámica sino que, a priori, es preciso determinarlo en cada caso en particular. En este sentido, la teoría propiciada por el a quo consistente en que la relación de causalidad entre la cosa y el daño demuestra el riesgo de aquélla, no encuentra andamiaje alguno en la norma del art 1113 del Código Civil. El tribunal a quo no brinda una explicación respecto de qué manera la forma de usarse la cosa inerte o el esfuerzo por su peso convertía a la cosa riesgosa. En consecuencia dicha afirmación se convierte en dogmática y carente de motivación.
Contrato de prestaciones médicas, mora, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACCION MEDICA SA c/ SILVERSTEIN, DIEGO M. s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

Si un contrato de prestaciones médicas dispone que al afiliado que se encuentre en mora en el cumplimiento de la prestación asumida, se le impedirá recibir la prestación medica contratada, no obsta a que aquel continué obligado a cumplir con el pago de las cuotas pendientes.
Recurso contencioso administrativo, juegos de azar, bingo, Superior Tribunal de Justicia, competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cecchi, Alfredo Luis; Cuñado, Vicente Luis y Drincovich, Pedro Esteban s/ Solicitan avocación (Expte CSJ Nº 2057-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-17

En las causas bajo análisis la instancia ante la Corte - prevista por la ley 11330- se hallaba habilitada (al contrario de lo acontecido en autos "K.L.M."), y ello es admitido en forma coincidente por los actores en las respectivas actuaciones, al afirmar la existencia de una denegación tácita al pedido de prórroga de las autorizaciones o a la concesión de nuevas casas de juegos.

Siendo ello así, no se advierte porqué razón no continuaron el trámite ante el Alto Tribunal, cuya instancia, sabido es, se habilita no sólo ante el dictado de un acto expreso, sino también ante la denegatoria presunta del derecho postulado que, en el caso, es indudablemente de carácter administrativo.
Tribunales de familia, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., A. S. c/ A., M. I. s/ Patria potestad, ejercicio. Sanciones, tenencia de hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

El pedido de pérdida de la patria potestad del otro progenitor, que tiene como consecuencia la solicitud de la tenencia de los menores, resulta independiente al juicio de divorcio que tramitara entre las partes, por lo que resulta de competencia de los Tribunales de Familia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, prestación de servicios, presunción de contrato de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CATAN ROSA BEATRIZ c/ CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL PIE DIABETICO Y OTROS s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-26

Es evidente que algunos servicios pueden prestarse en forma "autónoma" o "en relación de dependencia". En estos supuestos, en cada caso, se debe examinar si la prestación corresponde o no al ámbito laboral, lo cual depende de una situación fáctica concreta, no sólo de lo que las partes han convenido. El solo hecho de que se acredite la prestación del servicio, no significa que sin más deba presumírselo de índole laboral.

El hecho acredita la existencia de una relación contractual (que por lo común no se niega, que es lo que establece la regla contenida en el artículo 23, primer párrafo, LCT), lo cual no supone trasladar al demandado la carga de demostrar que el contrato no es de trabajo. Es exagerado, por lo menos no surge de la interpretación del mencionado artículo 23 LCT, que la prestación laboral sea lo normal y que las demás constituyan la excepción. Establecida la interpretación que corresponde asignar al artículo 23 LCT, en el caso, no luce descaminada la afirmación sentencial que al actor correspondía acreditar la prestación de servicios subordinada.