Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-23


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil once, se reunieron en Acuerdo los Miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada por los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Daniel Alejandro Rebagliati Russell y Daniel Luis Caneo, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "D., J. L. s/ Denuncia Abuso Sexual s/ Recurso de Queja" (Expediente N° 21.778 - Tº II - F° 153 - Letra "D" - Año 2009).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo practicado de fojas 151: Panizzi, Rebagliati Russell y Caneo.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. La Fiscala General de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, doctora Liliana Ferrari, dedujo queja por recurso denegado en desmedro del auto emitido por la Jueza Penal de aquella ciudad el día 3 de septiembre de 2009, que rechazó por extemporánea la impugnación articulada contra el sobreseimiento de E. L..

II. La impugnante inició su escrito con un repaso de los hechos y avatares del proceso.

Luego, explicó que había objetado el sobreseimiento decretado en la audiencia celebrada el día 14 de agosto de 2009, dentro de los diez días posteriores a su notificación, en el entendimiento de que éste debía equiparse, en cuanto a sus efectos y plazo para recurrirlo, a la sentencia absolutoria.

Defendió su interpretación haciendo referencia a sendos antecedentes de su circunscripción judicial, en los que los jueces de garantía no habían rechazado las impugnaciones de la defensa contra la denegatoria de sobreseimientos interpuestas en un término superior a los cinco días.

A continuación, expresó que si se consideraba que el legislador había fijado un plazo de cinco días, de todas maneras, advertía que la Jueza Penal había incurrido en una transgresión a las reglas del contradictorio y del debido proceso al rechazar de plano la impugnación.

Manifestó que la a quo había denegado el recurso deducido sin antes emplazar a la otra parte, en franca violación al artículo 384 del Código Procesal Penal. Anotó, además, que con el nuevo procedimiento acusatorio que regía, los jueces penales no podían dictar resoluciones intempestivas y de oficio.

En otro orden, expuso que la infracción más grave a las garantías consagradas en los ordenamientos penales doméstico, nacional e internacional, se había configurado al haber omitido notificar a la víctima del sobreseimiento y de la decisión ahora atacada.

Apuntó que a la luz de los resuelto por esta Sala en lo Penal en autos "V....", la Jueza Penal no podía rechazar la vía recursiva ignorando el derecho de la víctima, a quien le asisten garantías equivalentes a las del imputado.

En el final, peticionó que se hiciera lugar a la queja, revocándose el auto de fecha 1º de septiembre de 2009 y se retrotraiga la causa al estado procesal anterior. Al mismo tiempo, formuló reserva de acudir, eventualmente, a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

III. Luego de este repaso, analizaré la queja impetrada, anticipando que asiste razón a la titular de la vindicta pública.

En ese sentido, juzgo que la decisión de la Jueza Penal de denegar la impugnación extraordinaria por considerarla extemporánea, no es atinada.

La a quo citó, a fin de dar sustento a su resolución, el precedente de esta Sala "P., J. A. p.s.a. de daños, violación de domicilio y robo", en el que se decidió que el plazo para impugnar el sobreseimiento del imputado, para la parte acusadora, era de cinco días.

Pero, esta Sala del Superior Tribunal de Justicia ha variado ese criterio en autos "PROVINCIA DEL CHUBUT c/ R., R. E.; M., E.; A., R.; M. M. I.; R., E." (Expediente número 21.510, folio 107 tomo II, año 2008, letra P, sentencia interlocutoria Nº 098/2010, de fecha 9 de Diciembre de 2010), a cuyos fundamentos remito por razón de brevedad.

De modo que el acto procesal del sobreseimiento es una sentencia y así debe ser considerado, incluso, a los fines del artículo 382.

En conclusión, la impugnación extraordinaria fue mal denegada.

IV. En aras de la celeridad y por economía procesal, sustraigo el reenvío a la anterior instancia para que dé curso a la impugnación extraordinaria deducida en primer término.

En aquella presentación el acusador público objetó que la jueza de mérito declarara la nulidad de la resolución de rebeldía decretada el día 16 de septiembre de 2008 y, consecuentemente, dispusiera el sobreseimiento del imputado E. L., en los términos del artículo 285, inciso 7º del Código Procesal Penal.

V. La impugnante relató que el caso se inició por los hechos ocurridos a partir del año 2005, cuando la víctima, C. D., contaba con 14 años, hasta el mes de marzo del año 2006, que la joven tenía 15.

Expuso que E. L., padrino de bautismo de la damnificada, aprovechándose de la discapacidad intelectual que ésta padecía, la que la hacía actuar como una niña 7 u 8 años, la accedió carnalmente en más de una oportunidad.

Refirió que a raíz de tales intrusiones, la joven N. quedó embarazada, dando a luz a la pequeña M. A. D., el ** de julio del año 20**, quien resultó ser hija biológica del encartado, de acuerdo a los resultados de la prueba de histocompatibilidad genética realizada.

Rememoró que el 12 de febrero de 2008 dispuso la apertura de la investigación preparatoria y solicitó que la Oficina Judicial precisara la fecha de la audiencia para tal fin.

Anotó que la primera audiencia que fuera fijada para el 12 de marzo de 2008, no pudo realizarse por incomparecencia del imputado.

Explicó que, en lo sucesivo, se señalaron nuevas fechas de audiencia de apertura de la investigación (09/04/2008 y 05/05/2008), las que tampoco pudieron llevarse a cabo por la ausencia del incuso.

Aclaró que frente a tales circunstancias, en diferentes ocasiones, requirió a la Brigada de Investigaciones que procurara el domicilio personal y laboral de L..

Seguidamente, expuso que atento la imposibilidad de dar con el paradero del atribuido, lo que impedía la realización de la audiencia respectiva, el 15 de septiembre del año 2008, solicitó al Juez Penal que decretara la rebeldía del encartado, ordenara su captura y suspendiera el término de investigación hasta tanto pudiera ser habido. Manifestó que el 16 de septiembre de aquel año, el magistrado hizo lugar al requerimiento.

Interpretó que la petición de la rebeldía y suspensión de los términos, se formalizó antes del fin del plazo ya que el período de feria del mes de julio del año 2008, lo había suspendido.

Más adelante, manifestó que el día 13 de agosto de 2009 la Brigada de Investigaciones aprehendió a L. y, al día siguiente, se realizó la audiencia de control de detención.

Expresó que en dicha ocasión, el defensor del encartado peticionó que se anulara la resolución que dispuso la declaración de rebeldía y la suspensión del lapso de investigación, en la inteligencia que había sido mal decretada, ya que nunca se había logrado notificar al incuso y tampoco la rebeldía, suspendía los términos procesales. Expuso que el defensor estimó que, además, resultaba aplicable el artículo 282 del código ritual por vencimiento del plazo razonable.

Continuó diciendo que la Jueza de grado, por un lado, declaró la nulidad de la resolución de fecha 16/09/2008 toda vez que estimó que erróneamente se le habían otorgado a la rebeldía efectos suspensivos. Por el otro, decretó el sobreseimiento del incuso en virtud del artículo 285, inciso 7º del ordenamiento ritual, en el entendimiento de que el plazo de investigación se inició el día 12/02/2008 y feneció el 12/09/2008, sin que antes el Ministerio Público Fiscal solicitara la rebeldía o una prórroga.

VI. Luego de esta reseña, expuso los agravios que le causó el decreto.

En el motivo individualizado con la letra "A" cuestionó que la jueza de garantías declarara sin mayores fundamentos la nulidad de la rebeldía decretada, indicando que al tiempo de dicha decisión el término de la investigación se encontraba vencido.

Confutó ese resolutorio expresando que el Ministerio Público Fiscal había acreditado en autos la permanente actividad en pos de lograr el paradero del imputado y su comparecencia a la audiencia.

Se agravió de que la a quo interpretara que el acusador público debía solicitar la prórroga de la investigación o presentar acusación.

Alegó que no estaban dadas las condiciones previstas en el artículo 283 del Código Procesal Penal para solicitar la prórroga, ya que no existían dificultades en la investigación, sino que sólo resultaba indispensable la presencia del imputado a los fines de noticiarlo del hecho.

Se sorprendió de que la jueza de garantías sugiriera que el fiscal debía haber presentado la acusación. Explicó que esa proposición violaba lo normado por el artículo 291 del Código Procesal Penal que vedaba al Ministerio Público formular acusación sin antes haber dado al imputado la oportunidad de ser oído.

En otro orden, manifestó que el sistema de invalidez de los actos procesales instaurado en los artículos 161 y siguientes del rito, aludía a actos realizados por las partes, pero en modo alguno hacía referencia a que pudieran ser declaradas inválidas las resoluciones dictadas por los jueces de garantía. Interpretó que el digesto adjetivo no permitía que una resolución dictada por un juez penal pudiera ser declarada nula por otro magistrado de garantía.

Atacó que la a quo no mencionara cuáles habían sido los derechos y garantías constitucionales soslayados, tal como expresamente lo ordenaba el artículo 161 del ritual.

Seguidamente, abordó el motivo de agravio identificado bajo el rótulo "B".

Entendió que no se había vulnerado la garantía del plazo razonable.

Advirtió que el proceso penal regularmente iniciado existía una vez que el juez declaraba admisible la investigación, es decir, en la audiencia de apertura del artículo 274 del rito. Señaló que a partir de esa oportunidad nacía para el imputado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y, a partir de allí, debían computarse los plazos de los artículos 282 y 283.

Citó jurisprudencia para avalar su postura de que el plazo de investigación de seis meses, debía computarse desde la audiencia de apertura de la investigación preparatoria.

Más adelante, expuso que para el caso que se tomara como fecha de inicio del plazo de la investigación, el día de la resolución de apertura, tampoco podía considerarse que aquél se encontraba vencido, toda vez que el Ministerio Público Fiscal solicitó, dentro del término de seis meses, la declaración de rebeldía y la suspensión de los plazos procesales.

Como corolario, expresó que la resolución en crisis creaba una gran incertidumbre jurídica, vulneraba los derechos del acusador público y de la víctima y generaba la impunidad del encartado, quien con solo ocultarse durante un lapso prudencial, logró quedar impune, merced al criterio de la magistrada, que no armonizó los derechos de las partes.

Por último, formuló reserva de acudir por ante los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y peticionó que se revocara el decreto de la Jueza Penal Mariel Suárez.

VII. Expuestos los motivos de agravio, anticiparé que la impugnación impetrada no será receptada y el sobreseimiento del imputado L., será confirmado.

El texto anterior del artículo 282 (según ley ordenadora 5517), vigente al momento de suscitarse la cuestión planteada, disponía que el plazo de seis meses de duración de la etapa preparatoria, a que se refiere ese artículo del reglamento de juicio, se computa a partir del momento en que el fiscal dicta la resolución de apertura de la investigación.

La titular de la vindicta pública, en su presentación, alegó que ese término debía contarse a partir de la audiencia prevista en el artículo 274 del ordenamiento adjetivo.

Discrepo de tal planteo. En la oportunidad reglada por aquel artículo, el Fiscal comunica al juez la apertura de la investigación y éste convoca al imputado a una audiencia, oral y pública, a fin de que tome conocimiento del inicio de las actuaciones y pueda ser oído.

La mentada audiencia, entonces, no se toma como punto de partida para contabilizar el término máximo de duración de la investigación (como ocurre con el texto reformado por Ley XV-15), al que hace referencia el artículo 282, sino como un acto de notificación y control de la regularidad del proceso.

El artículo 148 del estatuto de juicio penal establece que el vencimiento del plazo de la etapa preparatoria (el del artículo 282) es concluyente y constituye el último término que se le concede al Ministerio Público Fiscal para acusar o presentar un pedido de prórroga.

Vencido dicho plazo, el juez declarará que no puede proceder, sobreseerá al imputado y archivará las actuaciones, salvo que el procedimiento pueda continuar sobre la base de la actuación de la parte querellante a la que se dará inmediata intervención a esos efectos.

VIII. Si bien, en este legajo, ante la imposibilidad de dar con el paradero de L., el Ministerio Público Fiscal peticionó la rebeldía, ese requerimiento lo hizo el día 15 de septiembre de 2008, es decir, una vez que el término de seis meses al que aludiera en los párrafos precedentes, se encontraba cumplido.

IX. En otro orden, la recurrente interpretó que durante el período de feria del mes de julio del año 2008 se suspendía el cómputo del plazo de seis meses.

En este sentido, es dable advertir que el artículo 137 del digesto adjetivo provincial expresa que los actos procesales se practicarán dentro de los términos fijados en cada caso. Más adelante, dispone que aquéllos se contarán en la forma establecida por el Código Civil.

Su par, el 138 prescribe que todos los días y horas serán hábiles para el cumplimiento de los actos de investigación y no se suspenderán los plazos por la interposición de días feriados. El artículo 140 permite cumplir el acto de que se trate durante las dos primeras horas del día hábil siguiente, cuando el término fijado venciere después de las horas de oficina.

A su turno, el Código Civil en sus artículos 23 a 29 pauta el modo de contar los intervalos del derecho.

Concretamente, el artículo 25 del digesto sustantivo determina que los plazos de mes o meses, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha y, brinda un ejemplo en los siguientes términos: Así, un plazo que principie el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses.

A continuación, el artículo 28 señala que en los plazos que señalasen las leyes o los tribunales, se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así.

Entonces, insisto, si el decreto de apertura de la investigación data del 12 de febrero de 2008 y la declaración de rebeldía se solicitó el 16 de septiembre del mismo año, el término de seis meses se encontraba vencido.

Es que, como quedó dicho, los plazos se cuentan en meses, de forma continua, incluyéndose los días hábiles y también, los feriados.

En mérito de lo expuesto, el planteo de la impugnante tendiente a lograr que se excluya del cómputo del término la feria judicial extraordinaria de invierno, no tendrá acogida.

X. Por las razones expuestas, el sobreseimiento de E. L. deberá confirmarse.

Así voto.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I) En el voto que precede se han expuesto con suficiencia los antecedentes del caso y los agravios vertidos por el Ministerio Público Fiscal, de modo que me abstendré de hacer una ociosa repetición.

II) Llega a conocimiento de la Sala el remedio deducido por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución que rechaza la impugnación extraordinaria interpuesta ante la Juez Penal, doctora Mariel Alejandra Suarez.

Sostuvo la Funcionaria de Fiscalía que el recurso extraordinario había sido erróneamente rechazado, toda vez que la magistrada contabilizó erróneamente el plazo previsto por el ordenamiento ritual para impugnar el sobreseimiento.

Coincido con el juez Panizzi, el criterio de la Sala ha sido modificado en autos "Provincia del Chubut c/ R., R. y otros" (Expte. 21.510-107-2008), donde se sostuvo que el término válido del recurso es de diez días para el supuesto del sobreseimiento.

Así, entiendo que la queja deberá prosperar, dejándose sin efecto la resolución que deniega la impugnación.

III) Adhiero a los argumentos invocados en el primer voto para ingresar directamente al tratamiento del tema, obviando así el trámite previsto en el artículo 388 del C.P.P.

IV) En cuanto al fondo de la cuestión, también habré de coincidir con el doctor Panizzi.

Omitiré para ello cualquier reseña sobre el caso y los planteos recursivos formulados por el acusador público, por cuanto la prolija enunciación efectuada en el primer sufragio me dispensa de hacerlo.

De acuerdo a la fecha en la que se planteo el asunto, el plazo de la etapa preparatoria comienza a correr con el auto de apertura de la investigación (art. 282, Ley 5517).

Vale decir que en el presente caso se aplica la doctrina sentada en autos "Provincia del Chubut c/ B., S. D. s/ encubrimiento por receptación dolosa s/ recurso de queja" (Expediente N° 21.628 - 128- T II- Letra "P" -Año 2009).

De esta manera, si la apertura de la investigación data del 12 de febrero de 2008 y el pedido de captura y rebeldía tiene fecha 15 de septiembre del mismo año, el término referido se encontraba vencido. V) Tampoco asiste razón a la recurrente cuando sostiene que el período correspondiente a la feria judicial del mes de julio suspende el plazo otorgado a las partes.

La letra de la ley es muy clara en este sentido.

El artículo 138 determina ´Todos los días y horas serán hábiles para el cumplimiento de los actos de investigación y control de garantías, salvo las excepciones expresamente dispuestas, y no se suspenderán los plazos por la interposición de días feriados.´ Por otro lado, y de acuerdo a la remisión dispuesta en el artículo 137, el Código Civil dispone: ´Los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Así, un plazo que principie el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año´ (C.C., artículo 25).

VI) De esta manera, habré de confirmar la resolución en crisis por cuanto:

- la cuestión se plantea cuando regía la antigua redacción del artículo 282, vale decir, los seis meses se cuentan a partir del auto de apertura;

- cuando los plazos se determinan en meses éstos vencen el mismo día en que aquél comenzó a correr (día doce), incluyéndose en el cómputo los días correspondientes a la feria judicial.

Por lo expuesto, voto por rechazar la impugnación interpuesta y confirmar el sobreseimiento de E. L..

Así voto.

El Juez Daniel Luis Caneo dijo:

I. El Ministro Panizzi, al componer el voto que da principio a esta sentencia, expuso con suficiencia y claridad los antecedentes del caso y los agravios expuestos por el Ministerio Público Fiscal. No los transcribiré para no fatigar al lector.

II. Comparto el criterio sustentados por mis distinguidos colegas en punto a que la impugnación extraordinaria interpuesta en la anterior instancia fue mal denegada. Es que, en el precedente citado por los ministros prevotantes ("PROVICIA DEL CHUBUT c/ R....") esta Sala estableció que el plazo para impugnar el sobreseimiento es de diez días.

En aras de la celeridad, ingresaré directamente al tratamiento de la cuestión, sustrayendo el trámite del artículo 388 del Código Procesal Penal.

III. También coincidiré con el razonamiento sobre el fondo del asunto expuesto por los Magistrados que sufragaron con anterioridad.

De acuerdo a las constancias que obran en el legajo, la apertura de la investigación se formalizó el día 12 de febrero de 2008, en tanto que el pedido de rebeldía y orden de captura se presentó el 15 de septiembre del mismo año. Es decir, fuera del término de seis meses previsto en el artículo 282 del digesto procesal local (texto según Ley Nº 5517).

Ello, por cuanto, en el presente caso, contrariamente a lo argüido por la titular de la vindicta pública, el término máximo de duración de la etapa preparatoria se cuenta desde la apertura de la investigación y no desde la audiencia prevista en el artículo 274 del rito.

IV. Por otro costado, juzgo que la feria judicial del mes de julio del año 2008 no suspendió el cómputo del plazo aludido en el parágrafo anterior.

En virtud del repaso normativo exhibido por los jueces que me precedieron, los lapsos se contabilizan en meses, comprendiéndose los días hábiles y feriados.

Así las cosas, la impugnación extraordinaria impetrada deberá rechazarse y, consecuentemente, el sobreseimiento del encartado, será confirmado.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

-- S E N T E N C I A - 1º) Rechazar la impugnación extraordinaria interpuesta por el Ministerio Público Fiscal que, en copia simple, obra a fojas 131/141 y vuelta.

2º) Confirmar la resolución de fecha 14/08/2009, emitida en audiencia por la Jueza Penal de Comodoro Rivadavia.

3º) Confirmar el sobreseimiento del imputado E. L..

4º) La presente resolución es firmada por dos miembros por encontrarse ausente, en uso de licencia, el Ministro Daniel Alejandro Rebagliati Russell.

5º) Protocolícese y notifíquese.