Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-19


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Ocho.- En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los 19 días del mes de Marzo del año dos mil nueve se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. LUÍS RAÚL CIPPITELLI, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y JOSÉ RICARDO CÁCERES bajo la Presidencia del Dr. Cippitelli, Secretaria Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTÍNEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 76/07 "HELGUERO, Gabino c/ EDECAT S.A. y SOINCO S.A.C.I. - s/ Daños y Perjuicios - Rec. de Casación", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde? 2º) Costas. Practicado el sorteo, conforme el acta obrante a fs. 38, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, LUÍS RAÚL CIPPITELLI y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que a fs. 02/13 la parte demandada deduce Recurso de Casación, invocando los vicios contemplados en los incs. a) y c) del Art. 298 del C.P.C.C., en contra de la Sentencia Definitiva Nº 15, emitida por la Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación, que desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia del A-quo, que la condenó, al igual que a la otra demandada, a una indemnización por los daños y perjuicios causados al actor por empleados de SOINCO S.A.C.I., contratada de EDECAT S.A. para llevar a cabo la obra, cuando efectuaban la ejecución de la misma. Justifica la admisibilidad formal del recurso impetrado y efectúa una reseña de los antecedentes de la causa. Comienza el relato de los hechos señalando que el actor inició demanda de daños y perjuicios en contra de SOINCO S.A.C.I. y EDECAT S.A., por la suma de pesos once mil trescientos cuarenta y cinco ($11.345), con más intereses y costas. Que en la demanda, el actor manifiesta que explota una finca rural ubicada en el paraje "la Aguada de Silvera", Londres, Dpto. Belén, Prov. de Catamarca, que el 09/11/98, SOINCO, como contratista de EDECAT S.A., lo obligó a suscribir una autorización para atravesar el predio con el tendido de la línea de alta tensión que une Belén-Tinogasta. Que en enero de 1999, como todos los años, procedió a la siembra de aproximadamente siete hectáreas de zapallo criollo, y en marzo del mismo año el personal dependiente de la empresa SOINCO S.A., comenzó la ejecución de la mencionada obra. Que dicho personal actuó con total descuido no solo por haber dejado las tranqueras abiertas, sino además porque abrieron dos entradas mas en su propiedad, lo que posibilitó que los animales que circulaban en la zona, ingresaran al campo y destruyeran la plantación de zapallos, por lo que considera que la culpa de lo sucedido es de SOINCO S.A.C.I. y EDECAT S.A. El A-quo resuelve respecto a la responsabilidad, en virtud de la Ley 19552, y teniendo en cuenta que el mismo se produjo en ocasión en que los empleados de SOINCO estaban realizando tareas en beneficio de ésta y de EDECAT - conforme los Arts. 43 y 1113 del C.C.-, que ambas respondan por el daño producido. La Sentencia de Cámara confirma la sentencia del A-quo, considerando incuestionable la responsabilidad del empresario, ya sea por los Arts. 1631; 1647 o 1113; 1109 del C.C. Que esa responsabilidad no es exclusiva, por lo que se hace extensiva al dueño de la obra, al encontrar que en el sub examine hay elementos que caracterizan a la dependencia civil. Por lo que la responsabilidad de EDECAT S.A proviene del daño que produce la obra con la que se beneficia. En orden a fundar el agravio que le causa la sentencia impugnada, funda dicho remedio procesal en las causales de errónea aplicación e interpretación de la ley y en arbitrariedad de la sentencia. Alega que el Art. 1113 del C.C., en el supuesto de la responsabilidad indirecta o refleja del principal por los hechos causados por personas que están bajo su dependencia, ha sido interpretado arbitraria e incorrectamente al caso de autos, no siendo de aplicación al mismo, dada la inexistencia de uno de los requisitos para la procedencia de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, como ser la "relación de dependencia" entre SOINCO S.A.C.I y EDECAT S.A. Puesto que jamás puede aplicarse la responsabilidad, que la Cámara le atribuye a EDECAT, en un contrato de locación de obra, por lo que considera que la única norma aplicable al caso es el Art. 1631 del C.C., que dispone: "el empresario es el responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupe en la obra". Por último, señala que los fallos citados en la sentencia no se corresponden a los hechos ni materia debatida en el sub lite, dado que en éstos el daño fue provocado por el riesgo o vicio de la cosa y no por la relación de dependencia entre locador y locatario de obra. Finaliza así su presentación haciendo reserva del caso federal, y peticionando en definitiva, la revocación del fallo, con costas. A fs. 30 la Corte de Justicia declara formalmente admisible el recurso interpuesto. A fs. 31/35 y vta. se agrega el Dictamen de la Srta. Procurador General Subrogante, la cual se pronuncia por la procedencia del recurso deducido. Una vez firme el proveído de autos para sentencia, y cumplimentando el acto de sorteo que obra a fs. 38, emprendo el estudio del planteo sometido a decisión. En tal sentido es necesario recordar, que en los presentes autos, la demandada EDECAT S.A. interpone recurso de casación fundándolo en la causal de errónea aplicación e interpretación de la Ley (art. 298, inc. a) CPCC) contra la sentencia de Cámara que al desestimar su recurso de apelación termina confirmando la sentencia de la inferior que la condenó, al igual que a la otra demandada, por los daños y perjuicios causados al actor por empleados de su contratista SOINCO S.A.C.I. en ocasión de trabajos que la beneficiaban, en los términos de los arts. 43 y 1113 del Código Civil. La síntesis del proceso, refiere al daño causado al actor en una finca rural que manifiesta explotar en el Paraje La Aguada de Silvera, en el Distrito Londres del Departamento Belén, en ocasión de la instalación de columnas y tendido de cables por parte de personal de SOINCO, empresa contratada por EDECAT para la ejecución de la obra de tendido de la línea de alta tensión que une Belén y Tinogasta. Según sostiene la actora, el personal de la contratista, actuando con menosprecio y descuido por la propiedad privada, posibilitó, al dejar abiertas las puertas de acceso a las obras, que animales ingresaran al predio y destruyeran la plantación de zapallos a punto de ser cosechada, haciendo constar que el perjuicio que se le ha causado derivó de la culpa de tal personal, e implicó a ambas demandadas como co-responsables del daño, de manera solidaria. En este punto, considero necesario resaltar que la primera prueba instrumental que obra en autos (a fs. 4) resulta ser la Autorización de Paso de Electroducto, - suscripta por la Empresa y el Propietario de la finca ya mencionada - ya que estimo que tiene también capital importancia en la dilucidación del tema que se plantea, y a la que se hará referencia más adelante. Como bien lo señala la Jueza A-quo, ha sido acreditado en autos el daño producido a la actora en el inmueble de su propiedad, consistente en la destrucción de una plantación de zapallos, como asimismo que los obreros de la contratista SOINCO han sido los que, obrando con irresponsabilidad, posibilitaron el acceso de los animales que destruyeron la cosecha, circunstancia también probada en mérito a la inexistencia de pruebas que desacreditaran las testimoniales aportadas por la actora en tal sentido. Refiere asimismo que, confirmada la existencia del daño, del hecho ilícito y la relación causal, y habiendo quedado establecida la autoría material de dicho hecho, el paso siguiente debe ser la determinación de la responsabilidad por el daño irrogado, esto es quien responda por el mismo y haga efectivo el resarcimiento pertinente. En este punto, la A-quo recuerda algunas particularidades del régimen establecido por la Ley N° 19.552 que regula las Servidumbres Administrativas de Electroducto, que estimo conveniente resaltar y a las que entiendo pertinente referirme también, habida cuenta que, como ya lo he señalado, la Autorización administrativa de Electroducto correspondiente, se halla en la génesis de las actuaciones y en definitiva origina de manera indirecta el conflicto que se plantea en estos obrados. Así, es menester expresar que la servidumbre administrativa de electroducto constituye una limitación al dominio de la propiedad privada por cuanto afecta a la exclusividad, que constituye uno de los caracteres del dominio. De esta manera, se distingue de las restricciones administrativas, las cuales inciden en el carácter absoluto del dominio, y de las expropiaciones, que alcanzan a su perpetuidad. En definitiva, constituye un derecho real sobre un inmueble, que representa para su propietario un desmembramiento razonable de su derecho de propiedad, que se ve restringido en su uso y goce. La servidumbre administrativa de electroducto presenta los siguientes caracteres: a) es continua, pues su uso es de tal carácter sin requerir el hecho actual del hombre (confr. Código Civil, art. 2975); b) es aparente, ya que se revela por signos exteriores -en este caso las torres de transmisión-. (confr. Código Civil, art. 2976); y c) es al mismo tiempo positiva y negativa, por cuanto el titular del predio afectado asume las obligaciones de "dejar hacer" -las pertinentes instalaciones- y de "no hacer", ya que se le conmina a no superar con construcciones alturas prefijadas o la plantación de ciertas especies vegetales de gran desarrollo (confr. Código Civil, art. 2970). Una vez dispuesta la afectación, los propietarios de los predios deben ser notificados y la ejecución de la obra no puede ser impedida, ya que el titular de la servidumbre puede pedir al juez federal competente del lugar, mandamiento de libre acceso al inmueble afectado, acompañando copia del plano y copia certificada de la resolución autorizante (ley 19.552; art. 8). De allí que puede considerarse entendible la aseveración de la actora en su demanda cuando expresa "prácticamente me obliga (al igual que a todos los vecinos del lugar) a suscribirle una autorización para atravesar el predio con el tendido de la línea de alta tensión que une Belén - Tinogasta" (fs. 23 y vta). La norma mencionada es clara y lo reitero: la obra no puede ser impedida, y una negativa del propietario sólo hubiera demorado la misma hasta el pertinente permiso judicial. En el caso sub examine la servidumbre queda definitivamente constituida mediante el Acta citada, mediando acuerdo entre el propietario del inmueble y el titular de la servidumbre, habiéndose previsto incluso la posibilidad de escrituración de la misma por 50 años, a la mera solicitud de EDECAT (v. fs. 4). El tema de las indemnizaciones con motivo de las servidumbres administrativas de electroducto constituye el aspecto central y más problemático en la materia. Merece un doble análisis. Por una parte, comprende la determinación de la correspondencia de la indemnización que se origina específicamente por la constitución de la servidumbre de electroducto -de carácter permanente-, ya que limita el derecho del titular del predio afectado tanto en su uso como en su explotación, e implica por ello una disminución del valor económico de la propiedad. Este análisis no corresponde al caso que nos ocupa. Por la otra parte y esto es lo que habrá de determinarse, es el derecho del propietario al resarcimiento de los daños y perjuicios materiales motivados en la ejecución de las obras necesarias para la instalación del electroducto, que provoquen rotura de alambrados, deterioro de molinos u otras instalaciones, muerte o lesiones a animales, daños en sembrados u otros cultivos (como en el caso en examen). Esta materia está regulada en cuanto a la responsabilidad, por el régimen general del Código Civil -básicamente arts. 1109 y 1113- sin perjuicio de lo que la propia Ley 19.552 establece en su art. 18 último párrafo, que prescribe: "Asimismo, será a cargo del titular de la servidumbre el pago de toda indemnización que pudiere corresponder por daños causados por sus instalaciones". Por lo expresado, y habiendo quedado acreditado en autos la responsabilidad del empresario SOINCO S.A.C.I. respecto de los daños causados a la actora en el predio de su propiedad, según Sentencia Definitiva Nº 48/2005 (fs. 200/209), resolución que se encuentra firme para esta demandada en atención a que no dio cumplimiento a la carga procesal de expresar agravios, dándosele por decaído el derecho dejado de usar y declarando desierto el intento recursivo oportunamente planteado (fs. 233); y encontrándose el inmueble sometido a servidumbre administrativa de electroducto, constituida a favor de EDECAT S.A. de conformidad a la Autorización de paso de electroducto obrante a fs. 4 a que ya se ha hecho mención, cabe entonces definir como thema decidendi en los presentes actuados, si corresponde también a esta última en su condición de dueña de la obra, la obligación de reparar y satisfacer las consecuencias del hecho. En el fallo mencionado, la A-quo considera, a tenor de lo dispuesto por los arts. 43 y 1113 del Código Civil, que ambas empresas, SOINCO y EDECAT, son responsables solidariamente y hace lugar parcialmente a la demanda, condenándolas al pago de la indemnización que establece en la citada sentencia. La empresa EDECAT, en mérito a lo expresado, interpone formalmente recurso de apelación contra esa resolución, atacando la extensión a su parte de la responsabilidad por el daño producido, alegando que, por aplicación del principio iura novit curia, si bien el planteo de exención de responsabilidad no fue efectuado en la contestación de la demanda, estimaba que el agravio trataba sobre el menoscabo que sufría su parte por una cuestión de interpretación de la norma aplicable al caso, por lo cual consideraba que no había sido necesario plantearlo en otra oportunidad procesal. Sucintamente, alega que, no habiendo sido materia de controversia en la causa la existencia de un contrato de locación de obra existente entre EDECAT y SOINCO, y siendo también que dentro de los elementos tipificantes de este tipo de convenios se encuentra la falta de subordinación técnica y jurídica de las partes, corresponde la aplicación del art. 1631 del Código Civil que la exime de responsabilidad y no la del art. 1113 del mismo cuerpo legal, que se utiliza para responsabilizar al principal por el hecho del dependiente. El Tribunal de Alzada, planteada como lo fue la queja del memorial, estima con propiedad que se aprecia fácilmente que todo lo atinente a la cuestión sustancial deslindada en autos, esto es, el hecho dañoso acaecido, su consecuencia, el daño a la propiedad del actor, la responsabilidad de la empresa SOINCO y las sumas de la condena, son cuestiones que han quedado firmes y sobre las que no corresponde volver. Advierte asimismo que la apelante no rebate en modo alguno las conclusiones a las que arribara la A-quo en su fallo, respecto a la procedencia de la acción, agraviándose sólo por un tema de puro derecho, al sostener como de aplicación al presente el art. 1631 del Código Civil, dejándose expresa constancia que la norma no fue invocada por parte de la demandada en su contestación, habida cuenta de lo cual el Tribunal Ad-quem se plantea en primer lugar si puede ingresar al tratamiento de la cuestión, ya que por imperio del art. 277 del C.P.C. está vedado a la Segunda Instancia tratar capítulos no propuestos en la Primera. Ahora bien, a la cuestión planteada sobre si el caso de autos encuadra en las disposiciones del art. 277 del C.P.C., la vocal preopinante del Tribunal de Alzada, en su meduloso voto, recuerda que el principio dispositivo que rige nuestro ordenamiento procesal, conforme al cual la tutela jurisdiccional se ejerce de acuerdo a la voluntad de los justiciables, no es un principio absoluto, y que existen restricciones al mismo que alcanzan tanto a los hechos de la causa como al derecho invocado, especificándose que en cuanto al derecho, el Tribunal de Alzada no se halla restringido por los fundamentos invocados por los justiciables o por el A-quo, en la sentencia sometida a revisión, por aplicación del principio de iura novit curia. Como consecuencia de ello, en el presente caso, si bien la apelante no invocó el artículo del Código Civil por el cual fundamenta en esta instancia su recurso, el Tribunal de Alzada, según este criterio, no se halla constreñido al principio de disposición aludido ni limitado al derecho invocado por las partes, pudiendo aplicar en su sentencia la norma jurídica que corresponda al caso. Abona su opinión con citas jurisprudenciales (C.N.Trab., Sala VII, ED, t.94, p. 766; C.1° C.C. y Minería San Juan, ED, t. 110, p. 184) y doctrinarias (De Santo, El Proceso Civil - Editorial Universidad) y estima admisible tratar la argumentación jurídica de la apelante, (opinión que comparto plenamente) ingresando al estudio del recurso bajo la óptica del artículo citado en los agravios. Desarrollado por el Ad-quem el punto en análisis en relación con la responsabilidad que le compete al empresario, que surge claramente del art. 1631 del C.C., expresa el fallo de la Alzada en este considerando que tal responsabilidad respecto al mismo es indiscutible, sea por aplicación del artículo precitado o por los arts. 1113 y 1109 del Código Civil; no obstante el tema a decidir es si esa responsabilidad se extiende al dueño de la obra, como lo determina el fallo del Juez A-quo, o sólo debe limitarse al empresario, como lo plantea la demandada en sus agravios. Expone el Tribunal de Alzada (citando a Lorenzetti - director - Código Civil Comentado - Contratos; Gonzalo Sozzo, Rubinzal - Culzoni, ed. 2005) que: "La dependencia civil se caracteriza porque alguien realiza algo para otro que se aprovecha de la actividad del primero, estableciendo una jerarquía y roles a través de un mecanismo contractual o jurídico." dando cuenta que es esta idea de provecho o beneficio a favor de la apelante la que resalta el A-quo en su fallo para fundar su responsabilidad, agregando la noción de autorización para obrar, que se ve reforzada por la documental de fs. 4 a que se ha hecho referencia en forma constante en estos autos, lo que lleva al criterio de sostener por el Ad-quem la existencia de responsabilidad de la apelante, que queda plasmada en la sentencia definitiva de la Cámara de Apelación, que resuelve no hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada por el Inferior en todo cuanto fue motivo de agravios. En este estadio procesal, EDECAT S.A. interpone el presente Recurso de Casación, como se ha expresado ut supra, fundándolo en la causal de errónea aplicación e interpretación de la Ley (art. 298, inc. a) CPCC) contra la sentencia definitiva N° 15/07 de la Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación (fs. 235/239 del principal) que desestimó su recurso de apelación contra la sentencia de la inferior que la condenó, al igual que a la otra demandada, por los daños y perjuicios causados al actor por empleados de su contratista SOINCO S.A.C.I. en ocasión de trabajos que la beneficiaban, en los términos de los arts. 43 y 1113 del Código Civil. En su memorial, la recurrente solicita que la sentencia mencionada sea casada por esta Corte de Justicia, revocándose el fallo impugnado en todas sus partes, haciendo constar que se cumplen los requisitos de admisibilidad formal del recurso, ya que se ataca a una sentencia definitiva de la Cámara, se ha presentado en término, se ha efectuado el depósito pertinente, y resulta fundado y se basta a sí mismo. Proporciona una breve reseña de la causa desde la presentación de la demanda y la contestación de la misma por las dos codemandadas, y considerando que el agravio incoado oportunamente en el memorial presentado por ante la Cámara de Apelaciones versó sobre la incorrecta aplicación del derecho aplicable al caso, obvian los antecedentes de la etapa probatoria y se adentran en el análisis de la sentencia de grado, para luego expresar los agravios que dicha sentencia le causa, señalando que la misma tuvo como soporte y pilares los arts. 43 y 1113 del Código Civil, sosteniendo que no son estas normas en las que corresponde subsumir este caso concreto, afirmando que existió una manifiesta errónea interpretación y aplicación del derecho. Indica la demandada en el memorial que la sentencia fue apelada por entender que en su caso no es de aplicación el art. 1113 del C.C. ya citado, por cuanto para que proceda la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, según afirma, es necesario que se presenten los requisitos de relación de dependencia, antijuridicidad del hecho del dependiente, factor de atribución con relación del dependiente, daño a un tercero y nexo de causalidad entre las funciones del dependiente. También ponen de relieve que al no existir en su caso particular la relación de dependencia entre SOINCO S.A.C.I. y EDECAT S.A. jamás se puede fundamentar la responsabilidad en la norma en cuestión. Hacen mención de igual manera, que no es un hecho controvertido en la causa que el vínculo que existía entre los codemandados era el de una locación de obra y citando a Spota, recuerdan que el contrato citado se define como aquél en que una de las partes (locador, empresario, constructor, etc.) se compromete a alcanzar un resultado, material o inmaterial, asumiendo el riesgo técnico o económico, sin subordinación jurídica, y la otra parte (locatario, dueño, propietario, comitente, etc.) se obliga a pagar un precio determinado o determinable en dinero. Señala al efecto que si hay algo en lo que todas las partes intervinientes están de acuerdo es en la existencia de un contrato de locación de obra entre SOINCO y EDECAT, y alegan en tal sentido que la norma aplicable al asunto que se trata es el art. 1631 del Código Civil que dice que ".el empresario es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupe en la obra". Concluye esta instancia la demandada alegando a su favor la aplicación del principio iura novit curia, a fin de que la Cámara recepte la apelación pese a no haberse planteado en la contestación de la demanda, y que como hemos señalado, la Ad-quem acogió favorablemente al admitir el recurso de alzada. Finalmente, la demandada reseña el fallo de la Cámara de Apelaciones cuya casación intenta por el presente, y expresa agravios fundando el recurso en la errónea aplicación e interpretación de la ley por parte de la Alzada, aduciendo además que la sentencia resulta arbitraria por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer adecuadamente el derecho a la jurisdicción. En la fundamentación de los agravios, la demandada expresa que a su juicio, el Tribunal de Alzada ha hecho una incorrecta aplicación e interpretación de la ley en cuyo mérito se la ha condenado a indemnizar al accionante, en atención a que no le comprenderían las previsiones establecidas en el art. 1113 del Código Civil, que refieren a la responsabilidad indirecta o refleja del principal por los hechos dañosos causados por personas que están bajo su dependencia, afirmando que el requisito de mayor relevancia para considerar la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, es justamente el vínculo de dependencia que debe estar presente entre las dos partes, estimando que si el autor material del daño no se encuentra bajo la dependencia del patrón o comitente, éste por nada tiene que responder. Elevado el recurso de casación, esta Corte de Justicia, mediante Sentencia Interlocutoria número 80 lo declara formalmente admisible, y le corre vista del mismo a la Srta. Procurador General Subrogante, quien al inaugurar este Acuerdo, como se ha señalado ya, describe en forma somera los argumentos que han sido ampliamente reseñados y a los que brevitatis causae me remito, por los cuales la demandada estima que la sentencia de Cámara debe ser casada por esta Corte, solicitando la admisión del recurso en todas sus partes. Discurre la Procurador General Subrogante en su dictamen, sobre las distintas posturas doctrinarias relacionadas con el thema decidendi, esto es sobre la responsabilidad por los daños que cause la obra, y así, cita a Spota (Instituciones de Derecho Civil, Contratos) quien señala que el precepto aplicable en las relaciones entre el empresario y el locatario es el art. 1631 y que desde el punto de vista del contrato de locación de obra los actos del dependiente del empresario que importen una lesión al derecho del locatario de la obra, comprometen la responsabilidad contractual de aquel locador de obra, en cuanto ese acto del dependiente impida o menoscabe la obtención de la obra, y que la responsabilidad extracontractual del empresario por hechos ilícitos del dependiente, sea frente a terceros o frente al locatario de la obra, surge de lo establecido en el art. 1113, primera parte del C.C., refiriendo además que según este autor los arts. 1631 y 1647 regulan dos tipos de responsabilidad - contractual y extracontractual - frente a los terceros y frente al comitente. Menciona a LLambías (Código T. II.) quien cita jurisprudencia que niega relación de dependencia entre el comitente y el locador de obra y otra que la admite, si el comitente se ha reservado facultades de supervisión y dirección del trabajo, pero que mediando tal reserva se desvirtúa la locación de obra. Así, también cita a Borda, quien considera que en los perjuicios ocasionados a terceros por culpa del empresario o sus obreros el principio es que el dueño no responde porque ellos no son sus dependientes. Pero sí, en cambio, si el daño se produjo con una cosa propiedad del dueño, debiendo responder in solidum dueño y empresario en virtud de lo dispuesto en el art. 1113 del C.C. En idéntico sentido, cita asimismo a Lorenzetti (Tratado de los Contratos), Herrera (Teoría General de la Responsabilidad Civil) Belluscio (Código Civil) así como antecedentes jurisprudenciales que, en general, eximen al locatario de obra de responsabilidad por el daño causado por el hecho culposo del empresario o de los dependientes de éste (no por la obra ni con cosas del dueño de la obra) por no haber relación de dependencia entre los dos primeros, mencionando además que quienes aceptan que en la locación de obra puede presentarse dependencia, por lo general exigen la prueba de que el locatario se reserva la dirección y control de la obra; del ejercicio efectivo o virtual (el subrayado me corresponde) de la facultad de dar órdenes o instrucciones o cuando interviene directamente en la ejecución de algunos aspectos de ella, sosteniendo la Srta. Procurador General Subrogante, que, a su criterio, estas circunstancias no han sido alegadas en la demanda, no se infieren de las constancias de la causa, y de las que no ha hecho mérito el Ad-quem, (nuevamente el subrayado me corresponde) propiciando por ende admitir el recurso, y por consiguiente exceptuar a la demandada EDECAT S.A. de responder al actor por el daño causado por los dependientes de la contratista SOINCO S.A.C.I., sin cosas de propiedad de la primera, por no haber relación de dependencia, o, en su caso, por falta de acreditación de la misma, traducida en la reserva de dirigir y controlar la obra, impartir instrucciones o en la posibilidad de darlas. Ahora bien, estimo que a fin de analizar la procedencia del recurso, cabe recordar que existe responsabilidad refleja o indirecta cuando se impone a alguien la obligación de reparar los daños que otro ha causado.

En la especie, a diferencia de lo que ocurre en el Código Francés, en el cual la responsabilidad refleja es excepcional y se limita a algunos supuestos determinados, en nuestro derecho existe un principio de responsabilidad refleja, como lo expresa el art. 1113 del Código Civil, que responsabiliza a toda persona por "los daños que causaren los que están bajo su dependencia". Hay dependencia, como fuente genérica de responsabilidad, cuando alguien comete un daño en situación o bajo el poder o autoridad de otra persona. Quien causa el daño es el dependiente; quien responde por ese daño, en el ámbito de la responsabilidad refleja, es el denominado principal o civilmente responsable. Es cierto que el concepto de dependencia ha sido notablemente ampliado, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, haciéndose fluido para dar respuesta al requerimiento moderno de que la víctima encuentre un culpable que sea el que ha creado el riesgo (conf. Borda, G. A., "Tratado de derecho civil argentino. Obligaciones", t. II, p. 284 y Bustamante Alsina, J. H."Teoría general de la responsabilidad civil"). Ello parece correcto por la complejidad de las relaciones que se presentan en la práctica y la magnitud de los elementos fácticos que generan riesgos, en empresas muchas veces delegadas bajo las más diversas formas, escondiéndose el principal más solvente. Sostiene MOSSET ITURRASPE en el comentario del fallo "Oliver c/Martín", (C. de Apelac. de Bahía Blanca, 6/05/1969 - L.L. T.136, p. 289) que "la noción de dependencia es de carácter flexible o fluida, ya que ella puede darse o no en un mismo tipo de contrato como sucede en la locación de obra o contrato de empresa" extrayéndose como una de las conclusiones del análisis del fallo citado que "la responsabilidad por hechos de los dependientes se extiende a todos los casos en que exista el derecho latente o en ejercicio de dar órdenes o impartir instrucciones. La cuestión acerca de la naturaleza jurídica del contrato resulta insuficiente para determinar la existencia o inexistencia de dependencia". En este orden de ideas, considero oportuno traer a colación el fallo de la Cámara Nacional Civil - Sala F de la Ciudad de Buenos Aires del 2/10/2003, en los autos "Valdes, Concepción c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/daños y perjuicios" con el voto unánime de sus integrantes, Dres. FERNANDO POSSE SAGUIER, EDUARDO A. ZANNONI y ELENA I. HIGTHON DE NOLASCO, mediante el cual se resolvió acoger favorablemente la demanda de la víctima de un accidente producido por el mal estado de una acera, con motivo de trabajos de reparación por un escape de gas, condenándose a la empresa Metrogas S.A., dueña de la obra, y en tal carácter quien obtiene el provecho económico de la misma, a soportar los riesgos creados hacia terceros. En dicho caso, consta que la empresa citada celebró un contrato de locación de obra con otra empresa, Colpa S.A., encargada de la reparación, que incluyó una cláusula por la que esta última se obligaba a mantener indemne a Metrogas por las consecuencias de las tareas a realizar. El Tribunal de Alzada consideró que esa defensa esgrimida por la Empresa Metrogas - dueña de la obra - al contestar la demanda, no podía tener favorable acogida, por cuanto una cláusula de esa naturaleza, establecida en un contrato de locación de obra entre una empresa de servicios públicos y una contratista mediante la cual esta última se hace cargo de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a terceros durante la ejecución de la obra, resulta inoponible a la víctima, toda vez que dicha estipulación sólo obliga a las partes contratantes, pero no libera de responsabilidad a la demandada frente a los terceros damnificados, por los daños provocados por la obra que se realiza en su beneficio y como parte de su actividad específica, aunque haya encomendado la construcción a otro. (se cita también fallo de la C.N.Civ. Sala C, L. 238.372 del 18/06/98) En los autos referidos, también se atribuyó responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de propietario de las aceras. Siguiendo las ideas expuestas, considero que sólo la idea de la presunción legal de culpa del principal es la que explica satisfactoriamente y justifica esta responsabilidad refleja: quien para ampliar con cualquier finalidad su órbita de acción recurre a la actividad de un extraño que habrá de obrar para él, a modo de "longa manu" suya, tiene el deber preciso de elegir a quien sepa desempeñar el cometido, sin riesgo para tercero y vigilarlo convenientemente con esa misma finalidad. Cuando el dependiente, en cuanto tal, causa un daño a un extraño, ello hace suponer que el principal eligió un instrumento deficiente o que no lo vigiló como debía hacerlo. No es legítimo ampliar el ámbito de nuestro desenvolvimiento empleando para ello medios deficientes o incontrolados. Por tanto, si de tal instrumentación se sigue el daño ajeno, el comitente merece reproche o censura por la culpa con que, es dable estimar, ha actuado: su culpa ha consistido en no haber sabido evitar que alguien sujeto a sus órdenes y en el despliegue de lo encomendado, obrara el mal ajeno. Es una responsabilidad refleja, por lo hecho por otro, que se explica a través de una culpa propia del responsable. Con esta comprensión, la responsabilidad del principal armoniza con el sistema general del Código Civil, que radica en la culpa de la persona a quien se exige responsabilidad (Llambías, "Obligaciones, t. III, n 2273). En este sentido, el art. 1067 es categórico: ".no habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código.sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia". Ahora bien, el principal no es el agente que obra el acto dañoso, y sin embargo se lo obliga a responder. Por tanto resulta razonable concluir que si al principal, pese a no ser el sujeto del acto dañoso se lo toma responsable, ha de ser porque la ley ha considerado que él fue culpable, dadas las circunstancias, por no haber evitado el perjuicio. En el caso sub-examine, la demandada que interpone el recurso de casación resulta ser la titular de la Autorización de Paso de Electroducto (fs. 4), conociéndose ya desde la suscripción de tal autorización, que la empresa contratista era SOINCO S.A.C.I., quien obraría a falta de la persona de quien se hablaba (EDECAT S.A.) (".en su defecto." señala el instrumento). Aquí es donde discrepo respecto al dictamen de la Procurador General Subrogante en cuanto considera que no se infiere de la causa el ejercicio virtual cuando mínimo del control de la obra, cuando resulta ser que la Autorización mencionada refiere a la extensión de una línea de Alta Tensión que está incluida en el Proyecto Técnico aprobado por EDECAT S.A., y que la servidumbre administrativa de paso es de carácter no oneroso y será elevada a Escritura Pública de 50 años si así lo solicitare EDECAT S.A., quien solventaría los gastos que demandare la escrituración. Queda claro en la breve síntesis expuesta ut supra, que la titular de la servidumbre administrativa de paso es EDECAT S.A. y por ende, la beneficiaria directa de la obra a construirse, esto es el electroducto. También queda claro que la contratista que efectuaría la obra indicada (SOINCO S.A.C.I.) ya había sido contratada, dentro del marco de un Proyecto Técnico aprobado por EDECAT S.A. Por tanto, caben aquí las reflexiones que efectuábamos anteriormente, en cuanto a señalar que la Empresa concesionaria del servicio de energía eléctrica, para ampliar su actividad comercial, ha recurrido a la actividad de un tercero (SOINCO S.A.C.I.) que obró para ella, debiendo en consecuencia extremar los recaudos para elegir a quien desempeñara el cometido, sin riesgo para tercero, y además vigilarlo convenientemente con esa misma finalidad. Existe en consecuencia una responsabilidad objetiva, existe daño a un tercero, que resulta ser el propietario del inmueble sometido a servidumbre administrativa de electroducto, y existe, a mi criterio, una responsabilidad refleja por parte del dueño de la obra, que no puede ser exonerada por cuanto es válido concluir que eligió un instrumento deficiente o que no lo vigiló como debía hacerlo. El comitente en consecuencia, merece reproche por la culpa con que, estimo, ha actuado, ya que no ha sabido evitar que la empresa contratada, en el despliegue de lo encomendado, causara el daño que ocasionó. A mayor abundamiento, considero también oportuno hacer constar que dentro del Régimen de Servidumbre Administrativa de Electroducto creado por Ley 19552, se establece la responsabilidad del titular de la servidumbre, del pago de toda indemnización que pudiere corresponder por daños causados por sus instalaciones (Art. 18, último párrafo - Ley 19552 citado supra). Puede pues, a mi juicio, afirmarse que en la doctrina y la jurisprudencia actual, se verifica el tránsito de un sistema de reparación basado en el principio "responsabilidad sanción", que se ponía en marcha frente al "daño injustamente causado", a la teoría de la reparación del "daño injustamente sufrido" por la víctima. Hoy la función de la responsabilidad civil es la reparación de la víctima: "importa la injusticia del daño antes bien que la injusticia de la conducta generadora" (López Olaciregui) porque "el derecho contemporáneo mira del lado de la víctima y no del lado del autor" (Ripert).

Y si de lo que se trata es de salvaguardar a la víctima allanándole el camino hacia la obtención de la indemnización, eliminando las principales diferencias existentes entre las órbitas contractual y extracontractual, se obtendrá la reparación de los daños que se hallen, en una adecuada relación de causalidad con la conducta del infractor. Por todo lo expuesto, considero que la A-quo y el Tribunal Ad-quem han aplicado de manera correcta las normas que regulan la especie, en cuyo mérito corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto y confirmar en consecuencia la sentencia definitiva dictada en autos en ambas instancias. ES MI VOTO. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Cippitelli dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por el Sr. Ministro que inaugura el Acuerdo, Dr. Cáceres, para la solución de la causa, votando en igual sentido. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizadas las constancias de autos, la sentencia recurrida, el dictamen de la Sra. Procuradora General subrogante y el voto signado por los Sres. Ministros preopinantes, me permitiré disentir con las consideraciones y con el resultado al que se arriba en éste último y que implica la desestimación del recurso intentado por una de las demandadas y la confirmación de la condena a reparar el perjuicio causado a un tercero accionante por los empleados de la empresa SOINCO codemandada y también condenada en autos, ambas por aplicación del Art. 1113 del C.C. Que ello así, es dable observar que en autos ha quedado firme la condena a la empresa SOINCO por el hecho de sus dependientes, que dejando tranqueras abiertas en el campo de la actora, sometido a servidumbre administrativa y en el que se realizaban obras de conducción eléctrica, permitieron el ingreso de animales que destruyeron el sembradío de la actora. También resulta fuera de discusión la relación contractual (locación de obra) que ligaba a las codemandadas y por la cual EDECAT investía el carácter de locatario o dueño de la obra y SOINCO la calidad de locador o empresario contratado para la realización de la misma. Que en éste contexto fáctico, se discute en ésta etapa como única cuestión, si resulta legítima la extensión de responsabilidad contemplada en la primera parte del Art. 1113 ya establecida para la contratista al comitente o dueño de la obra, esto es, Edecat S.A. Que para resolver la cuestión objeto de la controversia, lo primero que se debe establecer a mi criterio, es la naturaleza del rol - dependiente o autónomo- que les toca cumplir a las partes contratantes de la locación de obra. En ésta inteligencia, cuando la doctrina describe las subespecies del contrato -material o intelectual- también ha dicho que: "En ambos casos se trata de servicios prometidos como resultado y sin subordinación jurídica" (Bueres Highton, Código Civil-Tomo IV A, Pág 575- Edit Hammurabi-2002), condición que se explicita en la propia definición del instituto dada por Spota cuando expresa que: "Locación de obra es un contrato por el cual una de las partes se obliga a hacer alguna cosa (o alcanzar un resultado material o inmaterial) para la otra, y sin subordinación frente a ésta; todo mediante un precio en dinero", agregando como aclaración que el locador de obra asume ésta obligación "comprometiéndose a alcanzar el resultado a su propio riesgo, por lo menos el riesgo técnico.Ese resultado exige, en la locación de obra material, una organización de los factores de producción, en particular el trabajo, o sea, una organización de los medios necesarios conducentes a la consecución de la obra." (Spota Alberto, Tratado de Locación de Obra, Tomo I; citado en Digesto Práctico La Ley-Tomo IV, Pág 188). De lo expuesto se infiere sin mayor dificultad, que en el contrato de obra las partes contratantes son autónomas, no existe dependencia del empresario en relación al dueño de la obra y mucho menos, como es obvio, existe relación de dependencia alguna entre los trabajadores y el locatario, pues aquellos como factores de la producción son contratados, organizados y dirigidos por el locador o empresario y son parte de su empresa. Conteste con lo expuesto en orden a la naturaleza del instituto y a sus elementos conformadores, doctrina y jurisprudencia coinciden en que: "Si se trata de perjuicios ocasionados a terceros (como en el caso de autos) y a los vecinos por culpa personal del empresario o de sus obreros, el principio es que el dueño no responde"."Salvo que se probare que el daño se ha hecho con una cosa propiedad del dueño" (hipótesis que no se da en autos) (Borda Guillermo, Tratado de derecho Civil-Tomo II, Pág. 114- Edit Abeledo y Perrot-2005). Así también se ha resuelto que: "La responsabilidad del empresario por el desempeño del personal que ocupe en la obra o subcontratistas, excluye la responsabilidad del locatario principal o dueño, a quien la sublocación o subempresa le resulta completamente extraña, porque son contratos que se han celebrado sin su intervención (Digesto Práctico La Ley- Tomo II- Pág 231-2000). Por otra parte, en la ley 19.552 -Servidumbre Administrativa de Electroducto- de aplicación al caso en tanto se trata de legislación específica, frente a toda otra normativa general y de aplicación supletoria, en la segunda parte de su Art. 18 se expresa que: "Asimismo será a cargo del titular de la servidumbre el pago de toda indemnización que pudiere corresponder por daños causados por sus instalaciones", ésto es, en relación directa con la infraestructura física del electroducto, pero de aquí no se puede derivar que la responsabilidad que se atribuye pueda ser extendida a todo evento dañoso que, aunque ajeno a las instalaciones, se produzca con motivo o en oportunidad de su construcción, porque si ésta hubiera sido la voluntad legislativa, la norma lo hubiera establecido expresamente. Tal interpretación es consistente también con la regla hermenéutica de que toda norma de atribución de responsabilidad es de interpretación restrictiva, la que no puede ceder ni aún ante la loable intención de asegurar la reparación de la víctima del daño, si con ello se hace caso omiso a la ineludible y acabada demostración de la responsabilidad del demandado, más aún, cuando no aparece diluida en autos la capacidad patrimonial de la empresa SOINCO para reparar el perjuicio, teniendo en cuenta su dimensión técnico-económica que le permite ser contratista de obras públicas, obviamente de ponderable envergadura. Por todo lo expuesto, considero se debe hacer lugar al Recurso de Casación intentado por la codemandada en autos. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que consecuentemente con lo expresado en la primera de las cuestiones, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte demandada que resulta vencida. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que una vez mas adhiero al voto del Sr. Ministro preopinante, votando en el mismo sentido. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Conforme a los fundamentos efectuados, propicio la imposición de las costas por el orden causado. Así voto. En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, oída la Srta. Procurador General subrogante en su Dictamen Nº 60/08 y por mayoría de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA (con la disidencia de la Dra. Sesto de Leiva) RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 2/13 de autos por improcedente. 2) Costas a la recurrente que resulta vencida. 3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Minas de Segunda Nominación que deberá transferir el depósito judicial obrante a fs. 15 de autos, a la cuenta "Ley Nº 4347 de Casación", que gira bajo el folio Nº 23037 del Banco de la Nación Argentina - Suc. Ctca. 4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes. 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen. Presidente: Dr. Luís Raúl CIPPITELLI.- Decano: Dra. Amelia del Valle SESTO DE LEIVA.- Vice Decano: Dr. José Ricardo CACERES.- Secretaria: Dra. Cristina del Valle SALAS MARTINEZ.-