Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-25


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 25 días del mes de abril del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"C., M. G. T. c/ C., R. B. s/ DEMANDA LABORAL (indem. por despido)", Expte. nro. 15.643/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. nro. 1385/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 325), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 299/313 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada por la parte demandada a fs. 317 la sentencia de fs. 299/313 vta., habiéndose concedido a fs. 318 el recurso de apelación libremente y en ambos efectos.

El fallo cuestionado, en la parte que aquí interesa, hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, y condenó a la Sra. R. B. C. a abonar en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente a la Sra. G. T. M. C. la suma de pesos veintitrés mil setecientos setenta y siete con seis centavos (23.777,06), suma que se incrementará de acuerdo a lo dispuesto en el considerando IV, debiendo tener presente, lo dispuesto por el art. 277 de la LCT...".

I.a) Frente a dicha decisión se agravia la parte demandada a fs. 319/320, solicitando se revoque la misma, no haciendo lugar a la demanda.

Transcribe parte de los considerandos de la sentencia, la línea argumental expuesta en la contestación de demanda y basa sus agravios, en que la a-quo no consideró que los requisitos legales que el art. 66 de la LCT establece para legitimar el ejercicio del ius variandi, por ello si el cambio de las condiciones de trabajo se refiere a aspectos estructurales de la relación laboral es imposible que el empleador proceda unilateralmente sobre ellos, encontrándose entre tales elementos estructurales de la relación el horario, la jornada de trabajo y la remuneración.

Afirma que la demandada no hizo ejercicio abusivo del ius variando, observando la conducta autorizada por la ley respecto de la trabajador y disolver el contrato por fuerza mayor y persistir la grane crisis que comenzó a principio del 1998 y recién en diciembre de 2001 se vio obligada a despedirla por dicha causal, acota la apelante demandada que, si bien una empresa familiar rotisería respondió a exigencias de las organizaciones del trabajo en la empresa, conforme lo prescribe el art. 68 de la LCT.

Dice que dado que la jornada constituye una modalidad esencial del contrato de trabajo, integra su núcleo, no puede ser modificada unilateralmente por el empleador, máxime, cuando ella pudiera implicar una modificación salarial, pues el salario, en cuanto elemento esencial del contrato no puede ser modificado, situación que la operaria consintió conjuntamente con la potestad del empleador de variar las condiciones o modos de trabajo, la materia salarial, puesto que se trata de una modalidad esencial de contrato de trabajo que no puede ser alterada por otra vía, teniendo por lo expuesto pleno conocimiento, pues así lo suscribió el trabajador a fs. 33 y 34 un año antes que se produjera la ruptura del vínculo.

Por consiguiente, expone que en el caso en estudio con dichas comunicaciones emerge con total claridad que la empleada ha exteriorizado su voluntad de que se cumpla por parte de la patronal las obligaciones laborales que a ella le correspondía. Por lo expuesto entiende que no le corresponde que se le abone el pago total de la indemnización y que la actora reclama como adeudados, a lo que se suma la reducción de la jornada de trabajo. Plantea la reserva del caso federal.

I.b) Después de un exhaustivo análisis de los términos en que fue planteada la apelación por parte de la demandada y considerando que es pacífica la doctrina y jurisprudencia versada en la materia que: "La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado -debe decirse cuál es el agravio-. Lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones -debe exponerse por qué se configura el agravio-.

Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones.

Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión de la a-quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación" (conf. Morello-Sosa-Berizonce, en "Códigos Procesales de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", T.III, pág. 351; Cám-Nac.Civ. Sala A, 14-2-80, L.L. 1980, v.D., p.180; ídem. Sala B, 13-6-78, Der. v.80, p.378, entre otros); que como resultado de la merituación efectuada sobre el contenido de los agravios expresados por la recurrente se advierte que los mismos se limitan a consideraciones genéricas, impugnaciones subjetivas y simples afirmaciones dogmáticas sin el necesario desarrollo argumental que demostrara la pertinencia de lo aseverado, no ingresando a un análisis integral de los presupuestos jurídicos y de hecho; que, conforme emerge de los fundamentos de hecho y de derecho efectuado por la a-quo (considerando II - fs. 303vta./308), ésta lo hizo en forma completa y acertada, siendo insuficientes los argumentos expuestos por la agraviada para enervar la decisión de la a-quo que crítica; que son todas éstas las razones por las cuales corresponde aplicar el art. 266 del CPCCCh y declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia de fs. 70/72 en todas sus partes.

I.C) Costas de la alzada a la apelante demandada vencida. En virtud de la tarea desarrollada y el resultado obtenido, teniendo presente lo dispuesto por el art. 14 del Dto.Ley Pcial nro. 2200 y su modif. Ley Pcial 4335, regúlanse los honorarios profesionales de la Dra. S. T., de en la suma de pesos doscientos ($200).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

En virtud de la conclusión arribada en el considerando anterior propongo como fórmula postulatoria:

1) Declarar desierto el recurso de apelación planteado por la apelante a fs. 319/320 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 299/313 vta. en cuanto ha sido materia de agravios.

2) Costas a la apelante demandada vencida. Regúlanse los honorarios profesionales de Dra. S. T. en la suma de pesos doscientos ($200) (art. 14 del Dto. Ley Pcial 2200 y su modif. Ley 4335).

3) Tener presente la reserva del caso federal planteada por la apelante demandada a fs. 320.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

La demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva nro. 150/05 del Juzgado Letrado de primera instancia en lo laboral de la jurisdicción que sin bien desestimó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 25561 interpuesto por la actora, receptó la demanda condenando a R. B. C. a pagar $23.777,06 con más intereses a G. T. M. C., e impuso las costas del proceso a la perdidosa (297/313 vta, fs. 317).

A fs. 319/20 obra el memorial de agravios, en el escrito trascribe partes pertinentes del fallo, invocando en el mismo como argumento de su pretensión revisora que presentó documentación respal-datoria que hacían viable lo dispuesto en los Art. 247 y 66 de la LCT.

La expresión de agravios es deficiente por incompleta, pues solo comporta una disconformidad y expone opiniones sobre la valoración hecha por la Aquo. El apelante no explica por qué se equivoca el Juez de Primera Instancia, solo expone su punto de vista no sobre cómo debió efectuarse la valoración, sino cómo debió decidirse, más no indico cuál fue la norma violada, o lo inadecuado del razonamiento que impedía juzgar los hechos, tales y como fueron expuestos en la sentencia venida en crisis.

En idéntica situación a la presente el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia sostuvo "...el orden procesal exige que la expresión de agravios deba contener una crítica razona-da y concreta del fallo (Art. 265 CPCCCh), y la no satisfacción de ello, conduce a su deserción (Art. 266 CPCCCh). De ello se infiere que el contenido de la impugnación se determina en esa expresión, y su límite externo lo precisa el recurrente, se trata por lo tanto, del acatamiento de normas expresas que rigen tanto para el órgano jurisdiccional como para las partes.

El incumplimiento de los requisitos que debe contener el memorial lo convierte en deficiente o incompleto, como ocurre en la especie, y entonces no puede evitarse la declaración de la deserción del recurso, pues la norma contiene un mandato imperativo que no requiere petición de parte ni admite excepciones, todo ello acorde con la perentoriedad de los plazos procesales (SD 51/92, mi voto en SD 15/95 S.T.J.)" (autos "M., R. y otro c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ recurso contencioso Administrativo", Expte. 17.643, Sentencia nro. 12-2001).

Toda vez que los dichos en el escrito son una mera acumulación de opiniones, que distan grandemente del cumplimiento de la carga impuesta al apelante a través del mandato legal consagrado en Art. 265 del código procesal, no constituyen un discurso sistemático por cuanto no transitan desde una premisa hasta su conclusión, mediante el examen orgánico de los elementos convicción. La posibilidad de haber sido interpretados los hechos de manera diversa de la apreciada por el juzgador, sin invocar causales de error en la decisión impugnada, constituyen afirmación dogmática y, no crítica razonada y concreta que requiere la ley. Ello autoriza a declarar la deserción del recurso (Art.266 del CPCCCh), coincidiendo con lo dispuesto con la Sra. Camarista prevotante.

A mayor abundamiento cito que "debe declararse desierto el recurso de apelación contra la sentencia pues el recurrente se limita a disentir con la interpretación del juez Aquo sin fundamentar la oposición y omitiendo dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no configurando ello una expresión de agravios en los términos de la ley procesal" (CNTrab., sala I 2005/3/15 "E., D. c/ S.", DJ2005-3-pág. 604).

Las costas de la Alzada se imponen a la apelante vencida conforme principio objetivo de la derrota (Art.68 del CPCCCh), conforme lo dispuesto en el Art.14 de la ley arancelaria, los honorarios regulados por la Dra. Melero son ajustados a derecho y comparto la decisión.

Por coincidir, adhiero a la fórmula postulatoria de la Dra. Melero.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Reynoso de Roberts no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Declarar desierto el recurso de apelación planteado por la apelante a fs. 319/320 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 299/313 vta. en cuanto ha sido materia de agravios.

2) Costas a la apelante demandada vencida. Regúlanse los honorarios profesionales de Dra. S. T. en la suma de pesos doscientos ($200).

3) Tener presente la reserva del caso federal planteada por la apelante demandada a fs. 320.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO - Presidente GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 21 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS