marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, efectos entre partes, situaciones jurídicas subjetivas, contratos en curso de ejecución, contratos bilaterales, terceros, conservación de la cosa, bienes, compensación, locador, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGROINDUSTRIAS RIO TERCERO SA c/  s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-15

Ello así, no resulta acertado ni factible tomar como pauta contributiva el valor locativo pactado previo a la quiebra, más si el tiempo comprometido de ocupación (aprox. 2 años y medio) pero también la entidad de los bienes falenciales depositados (en su mayoría maquinarias y herramientas específicas para la elaboración de jugos), las tasaciones adjuntadas tanto por el martillero como por la sindicatura y ponderar las dificultades de orden práctico emanadas de las medidas de emergencia que pudieron incidir en la materialización de la venta.
Apropiación indebida de recursos de la seguridad social, aportes a obras sociales, aplicación de la ley, régimen penal tributario
Materia: PENAL
Carátula: Power S.A.I.C.F. e I. s/ recurso de casación. Causa: 1169
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-01

La figura contenida en el artículo 41 de la ley 23.661 ha sido derogada tácitamente ya que la posterior sanción de las leyes 23.771 y 24.769, incluyó la materia regulada por dicha disposición al reprimir la evasión total o parcial de aportes y contribuciones y la omisión de depósito de los aportes retenidos -respectivamente-, correspondientes al sistema de seguridad social nacional. (Voto Dr. Hornos)
Protección del medio ambiente, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Provincia de La Pampa c/ Provincia de Mendoza s/ Uso de aguas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-01

Los conflictos ambientales no coinciden con las divisiones políticas o jurisdiccionales.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional, empleados públicos, personal adscripto, remuneración, adicionales de remuneración, acción de amparo, competencia, existencia de otras vías, cámara contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lindberg, María Erika Berta s/ Avocación - Amparo (Expte.: C.S.J. Nro. 559 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-13

Corresponde declarar que son competentes las Cámaras en lo contencioso Administrativo para intervenir en un amparo interpuesto contra una resolución de la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social que dejó sin efecto el pago de los suplementos por "función previsional" y "mayor jornada horaria" a determinados empleados suyos adscriptos a otros organismos, por cuanto la alegación por parte de la recurrente de que el amparo resulta el medio mas idóneo en tanto durante el agotamiento de la vía administrativa no existe una tutela efectiva de sus derechos, no pasa de ser una mera afirmación dogmática que no toma en cuenta las múltiples posibilidades de tutela que existen dentro del procedimiento administrativo provincial y también en el proceso contencioso administrativo. En efecto, la amparista pasa por alto la posibilidad que le cabe en sede administrativa de solicitar la suspensión de los efectos del acto impugnado, como así también la de acudir ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo a fin de peticionar, en caso que concurran los requisitos que la tornan admisible, tutela cautelar autónoma.
Remuneración, propinas, hoteles
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez,       Carlos c/ Panatel      SA s/ despido despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-22

Quedó demostrado que el actor, como recepcionista de un hotel, percibía propinas de los pasajeros (a quienes les vendía shows, city tour, excursiones etc) y la accionada no arrimó a la causa prueba alguna para acreditar que la percepción de dichas sumas estaba prohibida en el establecimiento, requisito impuesto por el art. 113 de la LCT para así poder eliminar el carácter remuneratorio de éstas. La normativa convencional (en el caso CCT 362/03 art. 94), no prevé una absoluta prohibición de aceptarlas sino un mero señalamiento que cae ante el principio de primacia de la realidad en cuanto señala que en el caso el concepto era habitual como así también que el empleador sabía de su percepción y solo intenta caracterizarla como parte no integrante del salario, lo cual resulta insuficiente para derogar normas que hacen al orden público laboral (art. 103 y concordantes de la LCT). Por ello, corresponde tomar el aludido concepto como parte integrante de la remuneración.
Violación calificada, violación calificada por el concurso de personas
Materia: PENAL
Carátula: Herrera, César Ernesto y otros s/ Violación Núñez, Héctor A. y González, Miguel A. s/ Robo de aut.tor agravado, etc. Palavecino, Amancio y otro s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14|1992-03-17|1991-06-11

En el caso del artículo 122, el C.P. nos da como marco de referencia no ya al autor sino al "hecho", exigiendo que "en el hecho concurran dos o más personas"; por lo que interpretando gramaticalmente esta norma, a la ley le basta con que intervengan dos personas: el autor y otro que concurra con él. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Justicia militar, MÉXICO, responsabilidad internacional del Estado Parte, Pacto de San José de Costa Rica, derechos de la mujer, protección de la dignidad, violencia sexual contra la mujer, derecho a la integridad física, violencia institucional, sistema interamericano de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Rosendo Cantú y otra c/ México s/ Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-31

La violación sexual de una persona por parte de personal militar no guarda relación con la disciplina o tarea castrense, por el contrario la violación sexual cometida por personal militar contra la mujer indígena -niña al momento de los hechos-, que fue atacada mientras se disponía a bañarse en un arroyo cercano a su domicilio, afectó bienes jurídicos tutelados por el derecho penal interno del Estado de México y la Convención Americana, tales como la integridad personal y la dignidad de la víctima quedando excluídos de la jurisdicción militar y cuya intervención en la etapa de investigación contrarió los parámetros de excepcionalidad y restricción propios de dicho fuero, violando así los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial previstos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana.
Competencia por la persona, empresas del Estado, responsabilidad del Estado, competencia federal, competencia civil y comercial federal
Materia: PROCESAL
Carátula: AVILA SANDOVAL RAUL HECTOR c/ LOTERIA NACIONAL EMPRESA DEL ESTADO s/ VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

Los juicios en que intervienen las empresas del Estado, son ajenos a la competencia de los tribunales locales, en virtud de que esas entidades constituyen organismos en cuyos pleitos la Nación está interesada, porque podría encontrarse comprometida su responsabilidad civil (cfr. Corte Suprema, Fallos 251.498 y 293:449; entre otros). Con relación a la demandada, el Alto Tribunal ha tenido oportunidad de señalar que si se trata de una cuestión de competencia en materia civil y comercial entre jueces de la capital federal y la causa que la motiva no se encuentra circunscripta a normas o pretensiones vinculadas a actividades desarrolladas en el ámbito exclusivo local de la Capital Federal, corresponde, ante la presencia de un interés nacional, la competencia de la justicia federal (cfr. Fallos 287:234).

Toda vez que la accionada es una Sociedad del Estado y su capital se halla integrado en su totalidad por la Nación Argentina (cfr. Decreto 598/90, Anexo I, art. 7., Adla l-B, págs. 1335 y sgtes.). Se debe declarar la competencia de ese fuero para entender en las presentes actuaciones.
Suspensión del juicio a prueba, acuerdo del fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Carmona, Raúl Javier y Gerardo Piola s/ Por  Robo y Otros, en perjuicio de Estación de Servicio Pérez Font y  Otros - Casación-
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-06-28

La correcta interpretación del art. 76 bis del C.P. no autoriza extraer del cuarto párrafo una nueva e independiente hipótesis de admisibilidad. La conformidad del fiscal es indispensable para la procedencia del beneficio, siendo su oposición vinculante para el Tribunal, como consecuencia de que la persecución penal debe quedar en manos exclusivas del órgano acusador, por lo que cuando éste expresa su oposición a la suspensión del proceso, no ejerce jurisdicción sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción.
Ley de Punto Final, Ley de Obediencia Debida, constitucionalidad, violación de derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

La ley 25.779 que declara insanablemente nulas las Leyes 23.492 y 23.521 resulta constitucional, atento a que la misma formaliza la manda internacional impuesta al Estado argentino referente al cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos de eliminar todo aquello que pudiera aparecer como un obstáculo para que la justicia argentina investigue debidamente las violaciones de derechos humanos, en aras de facilitar el deber estatal de reparar, de conformidad con los compromisos asumidos con rango constitucional ante la comunidad internacional, conforme lo ha entendido la Corte Suprema en "Simón". (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Recurso de queja (procesal), proceso penal, prueba, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Benitez Paulina Y Otros c/ Weinsensee Jose Bernardo Y/O Quien Res. Civilmente Resp. s/ Daños Y Perjucios Y Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-04-10

Es improcedente la queja por recurso extraordinario denegado tendiente a nulificar desde el proceso civil los peritajes rendidos en el expediente penal porque, pues, de accederse a tal petición, se quebraría el orden y la seguridad del sistema jurídico, ya que ello supone introducirse en una cuestión referida a la habilidad formal de la prueba rendida en sede penal que ya no puede ser revisada.
Divorcio, injurias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MALDONADO DE ROISMAN MARISA V. c/ ROISMAN HUGO MARIO A. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-02-09

La injuria como causal (coincide la doctrina de los autores y la jurisprudencia) comprende toda clase de actos ejecutados en forma verbal o material; que tengan entidad para ofender el ánimo del otro cónyuge - que ataquen su honor, su reputación o su dignidad- o bien, que hieran sus justas susceptibilidades, lo que debe ser apreciado y calificado por el juez en cada caso para así poder decidir si tales cuestiones revisten la gravedad que es menester para disolver, por esa causa, el vínculo matrimonial.-
Planes de cobertura médica, Instituto de Obra Social del Ejército, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: FORCHER  HECTOR  EDUARDO c/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EJERCITOS/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-30

No está discutida la condición de discapacitado del actor, ni la necesidad de la provisión de una silla de ruedas motorizada con comando electrónico. En el caso debe decidirse si la demandada IOSE se encuentra obligada a la cobertura de la prestación objeto de reclamo. Al respecto se debe señalar que la ley 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención a favor de las personas discapacitadas (confr. esta Sala, causas 2228/02, 6511/03 y 16.233/03 citadas; esta Cámara, Sala 2, causa 2837/03 del 8-8-03). En ese contexto, la demandada no puede -como principio- desatender las necesidades de su afiliado, en tanto padece cuadriparesia fláccida y la provisión de la silla de ruedas motorizada con comando electrónico fue ordenada por profesionales médicos.
Plan de ahorro previo, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Proto de Alcolea, Matilde Emma c/ Cono Sur S.A. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-02

Si bien en los círculos de ahorro o círculos cerrados, en planes con bonificaciones de las últimas diez cuotas, las mismas deben ser actualizadas, al valor de la cuota final pagada, y al momento de liquidarse. Esta cuota final deberá ser actualizada hasta el 31/03 /91 y a partir de allí se aplicaran intereses a la tasa que determina el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (tasa pasiva).
Ministerio Público, delito de acción pública, actuación de oficio
Materia: PENAL
Carátula: MURATORIO, Ismael R. y otro. s/ ABUSO DE AUTORIDAD-NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

De manera alguna puede aceptarse el reclamo de invalidez de un acto que implica hacer saber de la posible comisión de un delito de acción pública para su correspondiente investigación, pues frente al texto del art. 177, C.P.P.N., en su condición de funcionario público el agente fiscal estaba compelido a hacerlo, sin perjuicio que sea la autoridad judicial competente la que deba expedirse definitivamente sobre la existencia como ilícito penal de aquél y, en su caso, de las responsabilidades de sus autores y demás partícipes. El art. 196, C.P.P.N. contempla la promoción de la acción penal de oficio por el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando conozca de un delito de acción pública, como también la obligación de su inmediata puesta en conocimiento del juez y la práctica de medidas de investigación ineludibles. El art. 188 del mismo ordenamiento instrumental, también prevé ese mecanismo oficioso de poner en marcha la acción. Asimismo, la propia ley orgánica del Ministerio Público regula en el art. 26, párrafo segundo, esta modalidad, con aval en el principio de legalidad que recepta y explicita el art. 29 del citado texto legislativo. Dicho organismo ejerce sus funciones bajo el principio de unidad de actuación (art. 1 de la mencionada ley), cuyo límite quedaría fijado por "la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones que los fiscales, defensores y tutores o curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender como tales", por lo que no podrán razones de turno o de competencia material criminal y correccional justificar sancionar con nulidad absoluta las piezas impulsoras de la acción, si éstas importan no obstante la satisfacción de exigencias procesales siempre prescriptas bajo pena de invalidez, como surge de interpretar "a contrario sensu" el art. 167, inc. 2°, C.P.P.N.
Derecho de la navegación, embargo de buque, interdicción de navegar, feria judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: MARITIMA MERIDIAN SA s/ EMBARGO DE BUQUE / INTERDICCION DE NAVEGAR BQ. GENMAR HORN.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-01-05

Atendiendo a la prueba acompañada y a las modalidades en que se desenvuelve la actividad marítima el Tribunal comparte la convicción del a quo en punto a que General Maritime Management LLC es la armadora de los dos buques mencionados; y precisamente por ello discrepa de él en lo que atañe a la contracautela fijada. En efecto, ésta última constituye la condición de ejecutoriedad en materia de precautorias cuyo fundamento se halla en el principio de igualdad jugando como sustituto de la bilateralidad, que momentáneamente, sufre un perentorio aplazamiento (conf Morello-Sosa-Berizonce "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y Anotados" Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, 1986, tomo II-C-pág. 563). Su entidad tiene que ver con los eventuales daños y perjuicios que la medida puede causarle al destinatario (art. 199 del Código Procesal y arts. 531 y 538 de la Ley de Navegación; Farsi Santiago "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado" Editorial Astrea, segunda edición actualizada, tomo 1, pág. 533; Fenochietto-Arazi "Código Procesal civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado" Editorial Astrea, 1985, tom o 1, pág. 665 y ss).
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Casanova, Armando J. c/ Soreano, Justina G. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-04-20

El actor trae a juicio desde el comienzo no una pretensión fundada en hechos sujetos a prueba en el transcurso del pleito sino un título que trae aparejada ejecución. No funda su derecho en hechos sino en un título al que la ley confiere, en principio, autenticidad. Su derecho no requiere prueba, o dicho de otra manera, la prueba de su derecho está en el título ejecutivo. Si el demandado impugna ese título no hay duda que a su cargo estará la prueba de su pretensión y a falta de ella prevalecerá el título ejecutivo.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sánchez Reisse, Leandro Angel s/ excarcelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Es improcedente el recurso extraordinario y debe confirmarse la sentencia que revocó la decisión que había concedido la excarcelación bajo caución real, si la presunción de que en caso de ser liberado el procesado intentará eludir la acción de la justicia, aparece justificada en la objetiva valoración de las características del hecho y de las condiciones personales del imputado.
Daño, daño emergente, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: LOTO EMETERIO c/ CUPALEN S.R.L. Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-30

El damnum emergens es el que hace más pobre al perjudicado, en tanto que el lucrum cessans es lo que le ha impedido volverse más rico.-
Régimen penal tributario, evasión previsional
Materia: PROCESAL - PENAL - TRIBUTARIO
Carátula: CAMCILFER S.A. s/ infracción ley 23.771 Causa nro. 12.161
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-09

El delito investigado se perfecciona cuando no se depositan los aportes correspondientes, una vez vencidos los plazos en que el agente debió ingresarlos. Así, si los incumplimientos se refieren a varios períodos, ello no implica que estemos en presencia de una única conducta, sino que se trata de hechos perfectamente escindibles.
Hábeas corpus, Tribunal Municipal de Faltas, tribunal administrativo
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Di Salvo, Octavio s/ habeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

El hábeas corpus se presenta como la única vía idónea para cuestionar la privación de la libertad de quien fue condenado a cumplir pena de arresto por la Justicia Municipal de Faltas de la Capital Federal, organismo administrativo cuya ley de procedimientos no contempla garantías fundamentales para la defensa en juicio, menoscabo que no puede subsanar una posterior revisión judicial toda vez que carece del recurso ordinario ante un tribunal de justicia.
In dubio pro reo, sentencia absolutoria, insuficiencia del agravio, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: G., R. C. por abuso sexual simple (varios hechos) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en perjuicio de G.Y. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-10-24

Si bien el principio in dubio pro reo presupone un especial estado de ánimo del juez por el cual no alcanza la convicción de certidumbre sobre los hechos, dicho estado no puede sustentarse en una pura subjetividad sino que debe derivarse racional y objetivamente de la valoración de las constancias del proceso.

El principio de la duda indica la absolución del acusado, si a las resultas del juicio no existen elementos suficientes para acreditar de manera certera la conducta típica sobre la que versó la imputación. Es que para el dictado de una sentencia condenatoria, el juzgador debe albergar un juicio de certeza sobre la hipótesis acusatoria, lo cual no parece ser posible si en la causa existe una acentuada carencia de elementos probatorios, circunstancia que solo puede formar un estado de duda. Por ello, la absolución por la duda dictada por el Tribunal de Juicio resulta ajustada a derecho.
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, planteo oportuno, Ministerio Público, fiscal de Cámara, síndico del concurso, concurso preventivo, restitución de bienes
Materia: CIVIL - COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: FERROCARRILES ARGENTINOS c/ INDUSTRIA METALURGICA ROSARIO s/ RESTITUCION DE BIENES     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE  LA  NACION     CSJ EXPTE NRO 109-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-17

Las articulaciones que el actor efectúa, agraviándose por excesivo rigorismo en la aplicación concreta al caso de la exigencia legal de oportuno planteo de la cuestión constitucional; y por haberse desconocido la ausencia de un presupuesto procesal provocada por la falta de intervención del Fiscal de Cámara; son idóneas para operar la apertura del recurso extraordinario por arbitrariedad para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de determinar si esta Corte local excedió o no su marco jurisdiccional al efectuar el examen de admisibilidad que le encomienda la ley 7055, reguladora del recurso de inconstitucionalidad provincial.

En el caso, la Corte argumentó que la Síndico no invocó preocupación en segunda instancia, en resguardo de la debida intervención del Fiscal de Cámara, como tampoco sustentó su posición en que la ley concursal sancione con nulidad a la falta de vista acusada; y la parte alega la ausencia del Ministro Público importa una violación a las normas del debido proceso, en cuanto ha cercenado el derecho de defensa de la fallida, de los acreedores y del interés público, negando validez a las normas imperativas de la ley 19551, desconociendo su artículo 299.
Interpretación de tratados internacionales, aplicación de tratados internacionales, buena fe
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Green, Benedict o Benjamín s/ arresto preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La buena fe ha de regir la interpretación y aplicación de los tratados internacionales (art. 31, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados).
Empleo público, abandono de servicio, intimación a reintegrarse al trabajo, cesantía, notificación en el domicilio, actualización de domicilio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tarela, Carlos Omar c/ Lotería Nacional s/ Rec.  por  ilegitimidaad  (artículo  40 del Decr. Reglam. 1.797 de la  Ley 22.140
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-01

Corresponde dejar cesante al empleado que fue intimado a reintegrarse a sus labores y no hacer lugar a la falta de notificación que alega cuando ésta última le fue practicada en su domicilio real toda vez que constituye una obligación a su cargo mantener el mentado domicilio actualizado dentro de los registros administrativos, a fin de que allí se practiquen las notificaciones y diligencias de rigor (artículo 27, inciso g) de la ley 22.140).