Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-14


Buenos Aires,14 de junio de 2006 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

resulta 1. La firma Franova S.A. presentó un recurso ordinario de apelación (fs. 794) contra la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario agregada a fs. 787/93. La decisión cuestionada confirmó el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda por daños y perjuicios entablada contra la por entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 740/749 vuelta).

2. El 03/05/1993 Franova S.A. inició una acción contra la Municipalidad de la Ciudad de Bs. As. con el fin de que ésta le abonara una indemnización de $ 6.570.000, o lo que en más o en menos resultara al finalizar el proceso, por el incumplimiento de distintas prestaciones contractuales (fs. 58/70 vuelta).

Según surge del expediente, las partes en litigio comenzaron su vínculo el 28/10/1980 (cf. boleto de compraventa de fs. 16/20 vuelta). Por entonces, la Ciudad prometió en venta un inmueble de su propiedad ubicado en Av. Escalada, fracción C de la Manzana 120. En dicha oportunidad también se acordó, por un lado, que en el plazo máximo de 90 días -contados a partir del 04/09/1980- se otorgaría la correspondiente escritura traslativa de dominio y, por otra parte, que Franova S.A. debía presentar los planos de su proyecto urbanístico para el sector en los 120 días posteriores al acto de escrituración. No obstante, la escritura fue otorgada el 29/10/1981, en tanto que la actora presentó sus planos 8 meses antes de la fecha mencionada.

Cuando se celebró la transferencia, los contratantes se comprometieron a cumplir una serie de contraprestaciones dentro de los 36 meses siguientes:

a) Franova S.A. tenía que construir un edificio de 3 plantas, "en tira", en los terrenos adquiridos. Para ello, se obligaba a presentar los correspondientes detalles técnicos de la obra dentro de los 120 días posteriores a la firma de la escritura, y a comenzar con la edificación no más de seis meses después de la compra.

b) Como contrapartida, la Ciudad debía realizar obras de infraestructura en el terreno, y aprobar el plan de la actora dentro de los 30 días de presentado, aunque podía formularle observaciones al proyecto.

4. En el escrito inicial, la actora relató que la MCBA no cumplió de manera inmediata con la obligación de escriturar, mientras que Franova S.A. presentó los planos correspondientes incluso antes de que se celebrara la transferencia. Asimismo, indicó que las observaciones que se formularon al proyecto original fueron contestadas por la empresa en mayo de 1981, frente a lo cual el Estado municipal se tomó más de 10 meses para aprobarlas, y otros 6 sólo para notificarle tal decisión.

Subrayó, además, que el 04/01/84 tuvo que solicitar a la Ciudad una nueva adecuación del proyecto -en ejecución desde noviembre de 1982- por el posible fracaso del plan urbanístico, la escasa capacidad portante del subsuelo y la presencia de napas de agua a poca profundidad; ese pedido fue aprobado en el año 1992, después de "múltiples actuaciones, incluso con pedidos formulados al Honorable Consejo [sic] Deliberante y al Sr. Intendente Municipal" (cf. fs. 60).

Por último, Franova S.A. manifestó que el gobierno local tampoco llevó a cabo adecuadamente las obras de infraestructura a las que se había obligado e, incluso, abandonó la ejecución de algunas de ellas.

5. Sobre la base de estos elementos, la actora argumentó que la conducta de la Ciudad de Buenos Aires imposibilitó la concreción del proyecto urbanístico que ambas partes tuvieron en miras al contratar.

En virtud de los puntos reseñados, concluyó que la demandada había violado su deber de obrar con buena fe y que se encontraban acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil por daños, por lo que solicitó que se condenara al gobierno local al pago de la indemnización mencionada en el punto 2.

Para cuantificar el daño compensatorio de las prestaciones insatisfechas comparó el valor del bien efectivamente construido con aquel que debería tener de haberse desarrollado el plan urbano en la zona. A ese rubro añadió el "daño moratorio", que definió como la utilidad dejada de percibir desde el día 30/11/1985 (fecha límite, a su criterio, para que la MCBA cumpliera sus prestaciones). La estimación de este último concepto la dejó librada a la autoridad judicial (cf. fs. 67).

6. A fs. 113/120 vta. se encuentra agregada la contestación de la por entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La demandada, en lo que aquí importa, solicitó el rechazo de la pretensión porque la actora no había requerido -como objeto principal de su acción- el cumplimiento o la rescisión del contrato, requisito ineludible para habilitar cualquier pedido de indemnización posterior.

Complementariamente, analizó la conducta de las partes en la ejecución del contrato. Concluyó -en ese marco- que Franova S.A. "no sólo no ha cumplido los plazos contractuales [porque a 13 años de la firma de la escritura aún no había finalizado la obra], sino que lo que ha ejecutado está en abierta contradicción con lo convenido contractualmente [se construyeron, parcialmente, edificios con 6 plantas en lugar de 3]" (fs. 116).

Sostuvo, a su vez, que "[n]o ha existido incumplimiento culpable o doloso por parte de la Comuna, y por ende falta la antijuridicidad en su accionar. Los daños que dice la actora que ha sufrido, no están en relación de causalidad adecuada (Art. 906 del Cod. Civil) con la conducta de mi mandante en la ejecución del contrato, y la relación causal entre los daños y el supuesto incumplimiento ha resultado interrumpida por la culpa de la propia actora en el cumplimiento de sus obligaciones, pudiendo además ser consecuencia del riesgo empresario" (fs. 116 vta./117).

Sobre la estimación del daño, centralmente, rechazó por arbitraria la base de cálculo empleada por la actora (comparación del valor del m2 con otra zona de la ciudad) y agregó que no procedía ningún "daño moratorio" porque la indisponibilidad de los bienes sólo era atribuible a un estado de paralización de las obras no imputable a la Municipalidad local.

Por esos motivos, solicitó el rechazo de la demanda.

7. Finalizada la etapa de producción de prueba, y superadas ciertas contingencias procesales, las partes realizaron sus alegatos (fs. 408/11 vta. y 414/32 vuelta).

La actora manifestó, entre otras cuestiones, que la entidad del incumplimiento del GCBA -demostrada en la causa- era de tal magnitud que esa circunstancia podría asimilarse a un supuesto de fuerza mayor capaz de extinguir el contrato de pleno derecho, por lo cual no le correspondía ejercer una acción previa de rescisión. Sin perjuicio de ello, sostuvo que "se encuentra agregada la intimación previa formulada por mi representada, bajo expreso apercibimiento de considerar resuelto el contrato sin más trámite, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1204 del Código Civil" (fs. 409 vuelta).

La demandada insistió con sus planteos en torno a la obligación que tenía Franova S.A. de requerir el cumplimiento de las prestaciones o la rescisión del contrato antes de exigir una reparación por daños. Subsidiariamente, consideró probado que la ex MCBA -a diferencia de la accionante- había cumplido con sus obligaciones esenciales, por lo que no se daban en este caso los presupuestos de la responsabilidad civil del Estado. A su vez, también reconoció que había autorizado las modificaciones al proyecto original que había cuestionado al responder la demanda (ver segundo párrafo del punto anterior de estos resultas).

8. La jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 7 rechazó la demanda promovida por Franova S.A. (fs. 740/49 vuelta).

Se indicó en la sentencia que "la empresa debió demandar el cumplimiento o rescisión del contrato y, en su caso los daños y perjuicios correspondientes (arts. 508, 509 y 519 del Código Civil). Sin embargo, en el marco de lo dispuesto por el art. 1204 del Código Civil, no ha optado por ninguno de esos caminos y sólo reclama los respectivos daños y perjuicios como objeto principal de la acción lo que, como bien señala la demandada, resulta incompatible con el mantenimiento de la relación contractual.

Las consideraciones que efectúa en el alegato acerca del pacto comisorio resultan improcedentes, toda vez que no resulta admisible en esta etapa del proceso, pues ello resulta contrario al principio de legalidad y preclusión procesal (...) Adviértase además que una pretendida rescisión contractual tampoco podría inferirse de los términos de la demanda, cuando la actora expresamente señaló allí que la obra comprometida había sido construida en aproximadamente un 50% y estimaba que la concluiría en un plazo aproximadamente de seis meses" (fs. 745 y vuelta).

Como fundamento adicional, la jueza subrayó que en esta causa tampoco se habían acreditado los presupuestos de la responsabilidad civil del GCBA (cf. fs. 745 vta./749 vuelta).

9. Franova S.A. apeló la sentencia en tiempo oportuno (fs. 751). Al momento de fundar su recurso (fs. 760/771) manifestó los siguientes agravios:

a) expresó que la jueza había prescindido de hechos relevantes para la solución del caso, por cuanto omitió que Franova S.A. había intimado a la accionada -infructuosamente- para que cumpliera con sus obligaciones de manera previa a la interposición de la demanda. Por lo tanto, según el 2° párrafo del art. 1204 del Código Civil, el contrato se encontraba resuelto antes de que se solicitara la reparación de los daños;

b) sostuvo que no se habían valorado correctamente las circunstancias que impidieron a la actora llevar adelante las obras en los plazos previstos. Sobre este punto, agregó que -en razón del principio de informalidad en favor del administrado- debieron haberse valorado las múltiples gestiones que realizó ante las autoridades locales, pese a que aquellas no se habían documentado;

c) criticó que la jueza hubiera ignorado que el cumplimiento de la empresa dependía del cumplimiento de las obligaciones del gobierno local, que fueron tenidas en miras al momento de emprender el proyecto (obras complementarias, desarrollo integral de la zona, etcétera);

d) indicó que la sentenciante había formulado un análisis equivocado del informe pericial de donde surgen cuáles eran las obras que debía realizar la demandada, y cuál fue el grado de incumplimiento; y e) apuntó que la magistrada de primera instancia había interpretado erradamente el contrato (que, según sostiene la actora, era "de adhesión") y la conducta desarrollada por las partes, soslayando que el gobierno municipal violentó el principio de buena fe que debe primar en este tipo de vínculos.

El GCBA, por su parte, contestó las objeciones de la apelante (fs. 775/780) y, en consecuencia, solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia. Para ello, defendió el razonamiento que fundó la sentencia y -asimismo- acompañó fotos de la obra ya terminada (este hecho se habría producido durante la tramitación del litigio) para sustentar que el vínculo contractual no se encontraba resuelto, por lo que resultaba jurídicamente erróneo solicitar la reparación de los daños denunciados.

10. A fs. 787/793 obra la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que confirmó el rechazo de la demanda.

Los camaristas consideraron que las partes habían celebrado un contrato administrativo; a su vez, entendieron que más allá de que pueda o no aplicarse directamente el instituto del pacto comisorio a esa clase de actos jurídicos, no se verificaron en este caso sus requisitos de procedencia. Puntualmente, sostuvieron que la actora no logró demostrar ni el cumplimiento total de sus obligaciones, ni alguna razón que justificara su omisión; por esa constatación concluyeron que "la intimación obrante a fs. 335/336 del expediente administrativo N° 57.158/82 carece de la virtualidad jurídica que pretende asignarle la actora" (fs. 791).

En otro orden de ideas, respecto de la invocación al principio de informalismo en favor del administrado, entendieron que Franova S.A. debió aportar a la causa elementos de prueba para acreditar las gestiones que dijeron haber realizado ante la MCBA, las cuales avalarían su obrar diligente. A su vez, consideraron que la jueza de primera instancia no se apartó de los criterios que deben regir la interpretación de los contratos (puntualmente, el principio de buena fe); de igual modo descartaron que deban aplicarse a estos contratos las reglas hermenéuticas vigentes para los contratos de adhesión entre particulares.

Por último, coincidieron en afirmar que la sentenciante valoró razonadamente las pruebas producidas en autos, entre ellas, la pericial.

11. Frente a la decisión mencionada en el punto anterior, Franova S.A. interpuso el recurso ordinario de apelación previsto en el art. 113, inc. 5°, CCABA y normas concordantes (fs. 794), que fue concedido por la Sala I de la Cámara CAyT (fs. 799).

Una vez radicadas las actuaciones antes el Tribunal la actora expresó los agravios que le ocasionaba la decisión de segunda instancia (fs. 806/809 vuelta). En este sentido, expuso lo que -a su criterio- constituían errores en el razonamiento de los camaristas:

a) respecto de la aplicación al caso del art. 1204 del Código Civil, la recurrente destacó que sus incumplimientos se debieron a que la demandada aportó informes técnicos deficientes. Tal es así que sus equipos de ingenieros -en la etapa precontractual- habían considerado viable el proyecto, y sólo cuando se instalaron sobre el propio terreno para comenzar con la ejecución pudieron descubrir los "graves defectos de aquella documentación" (fs. 806). Por otra parte, reiteró que las prestaciones a su cargo sólo podían efectuarse si la Ciudad cumplía con su obligaciones; es más, cuestionó que los camaristas hubieran considerado innecesario analizar la entidad del incumplimiento denunciado debido a que la parte demandante no finalizó las obras en el plazo convenido;

b) defendió sus referencias a las gestiones informales que habría llevado adelante con funcionarios de la MCBA. En este sentido, criticó el razonamiento de la Cámara en tanto "no relaciona en su pensamiento que la referencia al informalismo tuvo por finalidad resaltar que en la realidad cotidiana de las relaciones entre la Ciudad y el contratista, el informalismo es finalmente utilizado en contra de éste, puesto que son los funcionarios los que no dan cumplimiento a las 'formalidades esenciales'" (fs. 807);

c) reafirmó que la doctrina elaborada sobre los contratos de adhesión es plenamente aplicable al caso. A su vez, la consideró complementaria de la línea jurisprudencial fijada por la CSJN, en tanto ésta exige que la Administración -en el marco de un contrato- actúe siguiendo el principio de buena fe, más allá del régimen de exorbitancia del que se puede valer. De modo concordante, invocó el principio in dubio pro administrado como regla aplicable a los fines de interpretar adecuadamente el contrato en cuestión;

d) entendió como "afirmación dogmática carente de apoyatura en la causa" (fs. 808 vta.) el argumento que ensayaron los camaristas para rechazar su crítica a la valoración de las pruebas que realizó la jueza de primera instancia. Aquellos habían concluido que Franova S.A. no cuestionó fundadamente ese punto de la sentencia, sino que manifestó una mera discrepancia al respecto. La recurrente expresó -en este sentido- que al apelar la sentencia ante la Cámara, sostuvo que si bien la primera sentenciante había advertido ciertos incumplimientos por parte de la Ciudad, concluyó que no existía prueba suficiente de los mismos, soslayando que "[e]l peritaje es concluyente en punto a lo efectivamente realizado y de la prueba documental resulta claramente que era responsabilidad de la Ciudad ejecutar las obras [de infraestructura] en su totalidad. Las fotografías tomadas por el experto son demostrativas del estado de las obras de infraestructura y la magistrada ni siquiera las menciona (...) La memoria de agravios de la actora (...) ha cumplido con la obligación de realizar un análisis razonado de la sentencia de primera instancia, punto por punto, demostrando que el fallo no ha realizado adecuadamente una merituación de la prueba (...) La descalificación del agravio que el fallo de segunda instancia consigna constituye una arbitrariedad lógica, pues la estructura formal que exhibe el razonamiento del Sr. Juez de Cámara no se concilia con las leyes del pensar correcto" (fs. 808 vta./809); y, por último, e) sostuvo que los agravios reseñados demuestran que la sentencia recurrida "se apoya en argumentos que le otorgan fundamentación sólo aparente, ineficaces para sostener la solución adoptada y coloca a esta parte en una situación lindante con la privación de justicia, traduciendo en forma directa e inmediata el menoscabo de la garantía constitucional de defensa en juicio" (fs. 809).

12. El GCBA contestó el traslado oportunamente conferido (fs. 813/819). En esa ocasión defendió el fallo de la Sala I desde diferentes enfoques:

a) sostuvo que la recurrente analizó parcialmente la sentencia apelada. Transcribió ciertos párrafos de la decisión en crisis y concluyó que Franova S.A. no pudo refutar lo afirmado por la Cámara al rechazar la supuesta existencia de una resolución extrajudicial del contrato; sobre este punto, destacó lo dicho por los camaristas en cuanto a que la firma demandante reconoció en su escrito inicial que aún no había cumplido con las obligaciones a su cargo. Tampoco -según su criterio- la apelante había logrado demostrar fehacientemente -tal como lo exigió la Sala I- que sus incumplimientos estuvieran jusitificados (por caso, a fs. 814 vuelta, mencionó la inaceptable "falta de previsión" que motivó los pedidos de la actora para modificar el proyecto). Es por ello que atribuyó dogmatismo a la accionante cuando solicita que se analicen las circunstancias que rodearon la contratación, y ligereza al pretender que se atribuya al requerimiento extrajudicial presentado el 26/06/92 los efectos resolutorios que consagra el art. 1204 del Código Civil. Para mayor énfasis, expresó que -sobre todo en contratos administrativos, donde está involucrado el interés público- no puede el juez apartarse del texto de la ley, que sólo otorga facultad resolutoria a la parte cumplidora;

b) respecto del agravio vinculado al principio de informalismo en favor del administrado y la existencia de reuniones en la MCBA que evidenciarían la disímil conducta contractual de las partes, consideró que ese agravio fue desestimado por la Sala I simplemente porque Franova S.A. ni siquiera intentó probar por los medios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición las gestiones extrajudiciales que dice haber realizado (fs. 817). De esta manera entendió que la recurrente cae en afirmaciones abstractas, vacías de contenido concreto y totalmente infundadas, relativas a los principios que deben guiar a los jueces al momentos de resolver un caso;

c) rechazó que la CSJN sostenga un principio hermenéutico que postule: "las cláusulas de un contrato administrativo deben interpretarse en contra de la Administración" (fs. 817 vuelta). Complementariamente, negó que la regla in dubio pro administrado fuera aplicable a las contrataciones administrativas que, por definición, se apoyan en una finalidad pública; y, d) convalidó el modo en el que la jueza de primera instancia ponderó las pruebas obrantes y, asimismo, la decisión de los camaristas que hicieron suya aquella valoración. Reforzó su postura con la mención del art. 310 del CCAyT que otorga a los magistrados un margen de discrecionalidad para formar su convicción, por lo que no se advierte en el caso ningún supuesto de arbitrariedad de sentencia.

13. El Fiscal General Adjunto, al contestar la vista conferida (fs. 822/823 vta.), entendió que no le correspondía expedirse en este caso por no encontrarse comprometido el interés social, ni hallarse en juego normas constitucionales o de derecho público que trasciendan el interés de las partes, y porque -para dictaminar sobre el fondo del pleito- debía introducirse en la valoración de los hechos y de la prueba, tarea ajena a su intervención.

Fundamentos La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso ordinario de apelación cumple con los requisitos que fijan el art. 26, inc. 6° de la ley n° 7, y los arts. 38 y siguientes de la ley n° 402. Por lo tanto, debe ser admitido.

2. Franova S.A. cuestiona la decisión de la Cámara de Apelaciones que confirmó el rechazo a su pretensión porque considera que se derivó de un razonamiento erróneo y, en ciertos puntos, arbitrario.

La recurrente, en síntesis, pretende que el Estado local le abone una suma de dinero por los daños y perjuicios que dice haber sufrido a raíz de la conducta contractual de la demandada; a su modo de ver, el obrar del GCBA impidió la ejecución del contrato que los vinculaba en los términos pactados.

3. La actora sostuvo -no desde su escrito inicial, sino en su alegato y presentaciones siguientes- que el contrato cuyo incumplimiento originó la demanda se encontraba resuelto extrajudicialmente al momento de iniciarla (según su modo de ver, la ruptura del vínculo surge de la intimación obrante a fs. 335/6 del expte. administrativo n° 57.158/82). Invocó la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 1204, Código Civil que prescribe:

"Art. 1204: En los contratos con prestaciones recíprocas se entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes no cumpliera su compromiso (...) No ejecutada la prestación, el acreedor podrá requerir al incumplidor el cumplimiento de su obligación en un plazo no inferior a quince días, salvo que los usos o un pacto expreso establecieran uno menor, con los daños y perjuicios derivados de la demora; transcurrido el plazo sin que la prestación haya sido cumplida, quedarán resueltas, sin más, las obligaciones emergentes del contrato con derecho para el acreedor al resarcimiento de los daños y perjuicios (...)" Reitero, pues, que la actora no mencionó en la demanda que hubiera operado la resolución extrajudicial del contrato. El ofrecimiento como prueba del expte. administrativo n° 57.158/82 no suple la omisión de la accionante, cuya carga era la de exponer fundadamente los argumentos de sus pretensión al tiempo de interponer la acción. Admitir lo contrario conduciría al absurdo de que la demanda se encontraría "ampliada" con todas y cada una de las presentaciones efectuadas en el expediente administrativo, aunque aquellas no hubiesen sido invocadas en el escrito de inicio. No obstante, como se verá en lo que sigue, esta cuestión no es mantenida por las partes al tiempo de recurrir al Tribunal.

4. En lo que aquí interesa, los camaristas -al fallar- realizaron el siguiente análisis: como Franova S.A. no pudo justificar sus propios (y reconocidos) incumplimientos contractuales, no estaba en condiciones de resolver extrajudicialmente el vínculo. En este sentido, la intimación de fs. 335/6 del expte. administrativo n° 57.158/82 "carece de la virtualidad jurídica que pretende asignarle la actora" (fs. 791).

Los errores en el razonamiento que Franova S.A. imputa a los miembros de la Sala I no son tales. El fallo aparece fundado porque de la compulsa de la prueba producida -y de las manifestaciones de la recurrente- se sigue que no se dieron en la causa los presupuestos que hubieran habilitado a la actora a resolver el contrato extrajudicialmente.

5. El art. 1201 del Código Civil indica: "Art. 1201.- En los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento, si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo, o que su obligación es a plazo." Por lo tanto, tal como surge del fallo recurrido, para que Franova S.A. pudiera -en los términos del art. 1204 del Código Civil- intimar al GCBA a cumplir con las prestaciones convenidas, debería haber satisfecho sus propias obligaciones o, en su defecto, dar motivos suficientes para justificar no haberlo hecho.

Cuando la recurrente fundamentó su apelación (fs. 806/9 vta.) sostuvo diversos cuestionamientos; no obstante, todos ellos tienen un cauce común: pretenden demostrar que el Estado local incumplió el contrato de tal modo que justificó la conducta de la actora y, asimismo, le ocasionó los daños y perjuicios que reclama.

Coincido con los camaristas en que de la lectura de los antecedentes administrativos ofrecidos como prueba (expte. n° 57.158/82) no se concluye que los comprobados incumplimientos del GCBA impidieron a Franova S.A. culminar los edificios más de diez años después de que se inició su construcción. No se demostró que la Ciudad hubiera desnaturalizado el riesgo empresario propio de esta clase de emprendimientos; es más, se advierte un aceptable nivel de respuesta a los pedidos de modificación del proyecto formulados por la actora. En este sentido, destaco que según el punto e) de la escritura traslativa de dominio (cf. fs. 6 y, en sentido concordante, fs. 17, 19 y 20) el Estado local tenía el derecho de exigir -y no lo hizo- que se retrotrayera el dominio de lo vendido si -tal como ocurrió- su contraparte no finalizaba la obra luego de 4 años de iniciada. Los magistrados, incluso, subrayaron acertadamente que aquellas reformas se debieron a una -al menos- inaceptable falta de previsión de Franova S.A. respecto de las contingencias propias de esta clase de emprendimientos. A su vez, considero que la actora pretendió demostrar la entidad del incumplimiento denunciado agrupando inconvenientes ya resueltos por las partes -por caso, los que motivaron el cambio de proyecto durante los primeros años de ejecución- con supuestas faltas posteriores del GCBA. Esta invocación de situaciones pasadas -que fueron solucionadas adecuadamente- para intentar darles valor como violación de deberes atribuibles al Estado es una forma de volver contra los propios actos, lesiva de la exigencia de buena fe contractual. Por lo tanto, entiendo que fueron correctamente valoradas las circunstancias que rodearon el negocio jurídico durante todo su transcurso.

Respecto a las "gestiones informales" que Franova S.A. dice haber realizado con la Ciudad para dar impulso continuo al proyecto, considero que la actora no probó esas gestiones que invoca, tal como ella misma lo reconoce. El principio de informalidad a favor del administrado no releva de la carga de acreditar los hechos que se alegan en un proceso. La afirmación de la recurrente en el sentido de que "no pueden los jueces especializados en materia contencioso administrativa desconocer las nefastas prácticas burocráticas que imperan en las dependencias de la Administración" no logra dar argumentos suficientes para eximirla de sus deberes procesales.

Tampoco se violentaron en este proceso las reglas hermenéuticas aplicables. El alcance que la recurrente pretende otorgar al principio in dubio pro administrado no es acertado. Los contratos administrativos se originan en un interés público; por lo tanto, no es posible trasladar a su régimen jurídico las reglas vinculadas a los "contratos de adhesión" entre privados, donde están en juego sólo intereses particulares.

Por último, las objeciones de Franova S.A. sobre el modo en que los jueces valoraron las pruebas carecen de fundamentación adecuada para demostrar la supuesta arbitrariedad que denuncia. En ningún momento del proceso se concluyó que el Estado local había dado cumplimiento a todas sus obligaciones; lo que sí se afirmó es que no estaba demostrado que las faltas del GCBA justificaron aquellas en las que incurrió la actora. Los jueces de las instancias anteriores no desconocieron las pruebas producidas y entendieron que existían incumplimientos recíprocos. La decisión de la Sala I -cuyo contenido comparto luego de analizar la causa- no excede del marco del art. 310, CCAyT. Por lo tanto, también debe descartarse este agravio.

6. La recurrente, en virtud de lo dicho, no pudo demostrar -tampoco en esta instancia- las razones que justificarían sus incumplimientos.

Si, entonces, Franova S.A. no tenía la capacidad de intimar al GCBA a cumplir con las prestaciones debidas -cf. art. 1201, CC-, es correcta la conclusión adoptada por la Cámara en cuanto a que el escrito agregado a fs. 335/6 del expte. administrativo n° 57.158/82 no dio comienzo al procedimiento de rescisión extrajudicial previsto en el art. 1204, CC. Por lo tanto, el contrato se encontraba vigente al momento de presentar la demanda.

Como las partes todavía estaban vinculadas contractualmente al inicio del pleito, la actora -cf. art. 505 del CC- no podía directamente requerir el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Franova S.A. debió, una vez cumplidas sus obligaciones, exigir (judicial o extrajudicialmente) el cumplimiento de las que correspondían al Estado local para luego, de corresponder, solicitar la rescisión y la reparación pecuniaria.

Por estos motivos, corresponde no hacer lugar a la apelación presentada y confirmar la sentencia de la anterior instancia en todo cuanto fue motivo de agravio, con costas a la vencida.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Franova S.A. interpone recurso ordinario de apelación contra la sentencia de fs. 787/793, a la que atribuye una falta a "las reglas de la sana crítica racional" (fs. 807 vta.), en tanto dicho pronunciamiento descartó la aplicación del pacto comisorio al presente caso y, en consecuencia, desestimó el reclamo por daños y perjuicios planteado por la actora a fs. 58/70 vuelta.

2. El desacuerdo sustantivo que pone de manifiesto esta controversia remite a los recaudos de procedencia de la cláusula comisoria en una variante anómala que, además, no está expresamente contemplada en los arts. 1203 y 1204 del Código Civil, reglamentarios de este instituto: el supuesto de incumplimiento recíproco. Si se encara, como estimo adecuado hacerlo, un análisis conceptual de este caso difícil, considero que la sentencia criticada no ha sido exhaustiva. Como lo sugiere Franova, en el caso de incumplimiento recíproco el juez debe ponderar la entidad de los respectivos incumplimientos a fin de determinar si entre las faltas contractuales de una y otra parte es posible establecer un nexo de causalidad, así como la relación de proporcionalidad necesaria para la resolución del contrato a cargo de alguno de los contratantes. En tal sentido, comparto el criterio que aporta José María Gastaldi en la obra que dedica al pacto comisorio: "En realidad, el principio [de operatividad o inoperatividad de esta cláusula] no es absoluto y entendemos sólo podrá aplicarse si los contratantes incumplieron en forma autónoma cada uno" (Gastaldi, José María; Pacto comisorio, Hammurabi, Buenos Aires, 1985, p. 147, énfasis suplementado).

Desde este punto de vista, el cumplimiento reviste carácter autónomo si y sólo si la satisfacción de las obligaciones asumidas por una de las partes del vínculo contractual (o por ambas) no depende del cumplimiento de sus obligaciones por la contraparte. Asimismo, la dependencia puede significar la subordinación del cumplimiento de las obligaciones de uno de los contratistas al cumplimiento de las de su contraparte, sin que se verifique la dependencia opuesta. Por oposición al escenario anterior, la relación puede ser de interdependencia.

En el caso examinado, Franova se agravia principalmente en su recurso porque "lo que no advierte en su razonamiento el sentenciante es que las prestaciones a cargo del contratista dependían de las que se hallaban a cargo de la Ciudad" (fs. 806 vta.; doble énfasis en el original). Tras resaltar la necesidad de que el juzgador apreciara y explicara la clase e importancia de las faltas de su contraparte, determinara si entre los incumplimientos mutuos existía un nexo de causalidad y si su magnitud era suficiente para tener por resuelto el contrato por exclusiva responsabilidad de una de las partes, la recurrente afirma que "el sentenciante de grado concluye que ... 'no resulta necesario analizar ... la entidad del incumplimiento' de la Ciudad" (fs. 806 vuelta).

La formulación más extrema de este agravio consta en el alegato de Franova, en el que la empresa manifiesta que, por su envergadura, el incumplimiento de la contraria "se asimila al llamado 'cumplimiento imposible': [En tal caso], [l]a facultad que se le concede al cumplidor, quien puede obrar a su arbitrio de una u otra manera, se torna de inútil ejercicio cuando, en la imposibilidad de cumplimiento, la extinción del contrato se opera en forma compulsiva, involuntaria, esto es, cuando no hay opción alguna" (fs. 409; la negrita y el subrayado corresponden al texto original). En el mismo escrito, remata la actora al señalar que la omisión de cumplir con las obligaciones a su cargo es asimilable al supuesto de fuerza mayor y crea un obstáculo imprevisible, irresistible e insuperable para el cocontratante, extremo o circunstancia que lo exime de ejecutar el contrato. Así, este supuesto es equiparable al fait du prince, "en la medida en que su imprevisibilidad e irresistibilidad extingue el pacto y da lugar al reclamo directo de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos" (fs. 409, énfasis en el original). La conclusión de este razonamiento es que, en el caso, la fuerza mayor ha constituido causa de la extinción del contrato de pleno derecho, en razón de lo cual nace la facultad de la parte imposibilitada de cumplir para demandar por los daños y perjuicios resultantes.

3. Del boleto de compraventa y la escritura traslativa de dominio surgen como obligaciones relevantes de la ex Municipalidad las de "completar [dentro del plazo de 36 meses de iniciada la construcción] las obras de infraestructura y servicios siguientes: pavimentos, veredas y senderos peatonales públicos, forestación y parquización de veredas, boulevares, veredas peatonales, plazas y golf, red eléctrica, canalización telefónica, iluminación de calles, plazas y senderos peatonales, red de agua corriente, de gas, cloacal y desagües pluviales ..." (fs. 103 vta./104).

Aunque esta enumeración no es exhaustiva, ella resulta suficiente para ponderar la adecuación del planteo formulado por Franova en su demanda y sostenido hasta el recurso sobre el que debe pronunciarse el Tribunal. Al examinar los supuestos incumplimientos de la demandada invocados por la empresa, llama mi atención la motivación subyacente a uno de los varios pedidos de readecuación del proyecto formulados por aquélla: "... se advirtieron nuevos problemas: Además de un probable fracaso del plan urbanístico, la escasa capacidad portante del subsuelo sumado a la presencia de napas de agua a poca profundidad. (...) Sobre la escasa capacidad portante del subsuelo, vengo a manifestar que nuevas circunstancias tornan más difícil la situación y agravan los daños; y, ello, porque conforme surge de la denuncia y acta notarial adjuntas ... se ha producido un nuevo anegamiento por aguas que surgiendo del subsuelo, han inundado los terrenos de la obra perjudicando sus cimientos, lo que implica un perjuicio pues incide sobre el valor actual de la obra e implica, además, trabajos y costos complementarios" (fs. 59 vta./60). La solicitud de readecuación del proyecto de que da cuenta el párrafo transcripto es elocuente a partir de un simple cotejo de fechas: el vínculo entre las partes se formalizó el 28 de octubre de 1980, la construcción comenzó en noviembre de 1982, el pedido de readecuación del proyecto en función de la detección de anomalías graves al que he aludido se formuló el 4 de enero de 1984, fue aprobado por la Ciudad en 1992 y Franova demandó a la entonces Municipalidad el 3 de mayo de 1993.

4. Por su menor magnitud relativa, haré a un lado el examen de supuestos incumplimientos anteriores que la empresa Franova S.A. imputa a la Ciudad (principalmente, el referido a la obligación de escriturar en término y a la demora superior a diez meses para aprobar las contestaciones de la empresa a las observaciones formuladas por la contraparte al proyecto original, así como la de un nuevo período de seis meses para notificar tal decisión). Ahora bien: la naturaleza de los inconvenientes notificados por la empresa en 1984 (escasa capacidad portante del subsuelo, presencia superficial de napas de agua y un nuevo anegamiento) es un factor indicativo de la probable configuración del supuesto "anómalo" que tornaría operativo el pacto comisorio en el sub examine, considerado en el segundo apartado de mi voto. En efecto, resulta prima facie verosímil aceptar que se verifican en la causa los requisitos de procedencia de la cláusula comisoria, por lo que la actora, no obstante haber incumplido algunas de las obligaciones asumidas, podría invocarla en su modalidad tácita, de acuerdo con la previsión contenida en el art. 1204 del Código Civil, segundo párrafo, a fin de solicitar daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato sin culpa de su parte. En efecto, cabe interpretar que la naturaleza de las prestaciones debidas por la empresa dependían del cumplimiento de aquellas (centrales o esenciales) contraídas por la entonces Municipalidad (la construcción de un edificio en terrenos que fueran razonablemente aptos para ese fin). Asimismo, Franova satisfizo la exigencia de intimar a su contraparte a cumplir sus obligaciones en un plazo determinado para, de otro modo, dar por "resueltas, sin más, [aquellas] emergentes del contrato con derecho para el acreedor al resarcimiento de los daños y perjuicios" (art. 1204, Código Civil, segundo párrafo).

Así, resulta plausible la afirmación de la apelante, en el sentido de que la conducta de la Ciudad imposibilitó la concreción del plan urbanístico que ambas partes tuvieron en mira al contratar (independientemente de sobre cuál de las partes recaía, total o parcialmente, la obligación de ejecutar y mantener las obras de infraestructura, o de si hubo propiamente "abandono" del emprendimiento de urbanización por alguna de ellas, como se discute largamente en este caso).

En otras palabras: a) el cumplimiento de las obligaciones esenciales de Franova no revestía carácter autónomo debido a su dependencia del cumplimiento de sus prestaciones esenciales por parte de la Ciudad; b) la intimación previa de Franova, exigida como recaudo de procedencia del pacto comisorio por la normativa civil, obra a fs. 335/336 del expediente administrativo n° 57.158/82, que se adjunta a las actuaciones principales.

5. Ahora bien: Franova debía explicar de manera precisa, y acreditar, las razones concretas por las que sus obligaciones (cuando menos, aquellas esenciales) no eran autónomas por depender, para su satisfacción, del cumplimiento de ciertas prestaciones (cuando menos, las principales) por parte de la Ciudad. No es suficiente aseverar -más allá de la verosimilitud aparente de esta afirmación? que "la obligación de edificar sobre terreno anegado es impracticable". Por lo contrario, a la luz de la magnitud del proyecto y del plan de urbanización encarados, la parte que sustenta un reclamo en la complejidad del vínculo contractual asumido debe explicitar y probar la modalidad concreta de la dependencia o interdependencia obligacional y, de este modo, las razones específicas por las cuales el cumplimiento de las propias prestaciones no revestía autonomía en el sentido repetidamente explicado en este voto.

Franova ha descripto, en términos sumamente genéricos, un marco contractual en que tal falta de autonomía resulta sencillamente representable y hasta ostensible, pero no ha logrado explicar cómo se concretaba (en qué cláusulas, con qué consecuencias) la dependencia de sus obligaciones con relación a las de su contraparte. Tampoco resultó satisfactoria la actuación de la empresa en el aspecto probatorio de su vínculo contractual con la Ciudad como subordinado a lo que ésta cumpliera o incumpliera, así como de las razones que permitirían comprender el desarrollo imperfecto que caracterizó a dicho vínculo. Más aún: la asimetría de la prueba ofrecida por cada parte, y su dispar contundencia, aparece claramente reflejada en el alegato de la demandada (fs. 419/430) y, en particular, en oportunidad de ofrecer ella prueba pericial y explicar el contenido de las impugnaciones formuladas al informe presentado por el perito de Franova, cuyo rigor científico la Ciudad descalifica en ese escrito, a mi juicio, convincentemente.

6. Lo expuesto hasta aquí torna ocioso encarar el análisis de otras cuestiones examinadas en la sentencia recurrida (vgr., la procedencia del pacto comisorio en el marco de una contratación administrativa, la incidencia del riesgo empresario y el deber de previsibilidad extrema en el marco de un acuerdo de voluntades caracterizado por su "finalidad eminentemente pública" -fs. 788 vta.?, el carácter propiamente "administrativo" del acuerdo analizado, el cuestionamiento oblicuo, pero por demás interesante, de la naturaleza del contrato en el dictamen del Fiscal Adjunto, quien no advierte de qué modo en este caso está comprometido el interés social, o norma alguna de derecho público que trascienda el mero interés de las partes; fs. 823 vuelta).

De este modo, aunque mi voto difiere del fallo criticado en el énfasis disímil que cada uno asigna a estos aspectos de la controversia -y aunque no haga mías las conclusiones de los camaristas en torno a ciertos temas controvertidos de doctrina, como los recaudos de procedencia del pacto comisorio en caso de incumplimiento recíproco, o la aplicabilidad extendida de este instituto al ámbito de los contratos administrativos?, no afecta a la sentencia impugnada el defecto genérico que la recurrente le atribuye, esto es, su supuesta falta a las reglas de la sana crítica racional (fs. 807 vta.), o su alegada incursión sistemática en errores intelectuales (fs. 807 vta./809), que colocarían a la apelante en una situación lindante con la privación de justicia (fs. 809).

El insuficiente desarrollo conceptual del carácter "no autónomo" (o heterónomo) del incumplimiento de Franova, la insuficiente prueba ofrecida por esta parte para persuadir al juzgador de la aplicabilidad al caso del pacto comisorio y hasta la afirmación contradictoria con este temperamento que exhibe la demanda ("lo construido ... en la actualidad representa casi el 50% del proyecto definitivo, estimándose que la terminación demandará tan solo [sic] seis meses de trabajo", fs. 60 vuelta) fundan mi convicción respecto de la improcedencia del recurso examinado por el Tribunal.

7. Por los fundamentos expuestos, voto por rechazar el recurso de apelación ordinario planteado por Franova S.A. a fs. 794, confirmar la sentencia de la Cámara en todo cuanto fue motivo de agravio e imponer las costas a la vencida, por lo que la solución que propicio es concordante con la que propone la Sra. jueza de trámite, mi colega Alicia Ruiz, sobre la base de argumentos que resultan parcialmente sobrepuestos a los que ella expone en su voto.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Adhiero al voto de la señora jueza de trámite, doctora Alicia E. C. Ruiz y sólo agrego las siguientes puntualizaciones adicionales:

2. La nota de fecha 26/06/92 mediante la cual Franova S.A. exhortó a la demandada en sede administrativa para que cumpla con las obras comprometidas en el contrato que habían suscripto, "bajo apercibimiento de considerarlo resuelto sin más trámite y accionar por daños y perjuicios de conformidad con lo dispuesto por el art. 1204 Cód Civil" (fs. 336, antecedente 8, expte. adm. n° 57.158/82), no fue siquiera mencionada en el escrito de demanda, a pesar de que la pieza aludida contiene un relato detallado de las circunstancias relevantes de la vida del contrato que motiva este juicio. Lógicamente, la demandada en su contestación tampoco se refirió a ella. En suma, el tratamiento de la cuestión de la aplicación o no al caso de las reglas del pacto comisorio implícito parece exceder los términos en que fue trabada la litis, dado que la actora recién hizo referencia al art. 1204 CC en su alegato (fs. 408/411). Nótese que la señora jueza de primera instancia, en su sólido pronunciamiento, puso de resalto que: "Las consideraciones que (la actora) efectúa en el alegato acerca del pacto comisorio resultan improcedentes, toda vez que no resulta admisible en esa etapa del proceso deducir pretensiones omitidas oportunamente alterando el objeto del proceso, pues ello resulta contrario al principio de legalidad y preclusión procesal (confr. Falcón E, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. III, pág. 433 y siguientes, edición 1984; Fenochietto, Carlos. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. 2, pág. 712 y siguientes, edición 1999). Adviértase además que una pretendida rescisión contractual tampoco podría inferirse de los términos de la demanda, cuando la actora expresamente señaló allí que la obra comprometida había sido construida en aproximadamente un 50% y estimaba que la concluiría en un plazo de aproximadamente seis meses" (fs. 745).

De todos modos, tal como lo sostiene la señora jueza de trámite en el punto 3 de su voto, esta cuestión no ha sido objeto de agravio y, en consecuencia, nada corresponde decidir por este motivo.

3. Más allá de las objeciones que desde el punto de vista procesal se efectúan en el considerando precedente, ante la forma en que se resuelve el caso y la ausencia de agravio de la parte interesada, en rigor, tampoco corresponde expedirse acerca de la posibilidad concreta que, en virtud de la naturaleza del contrato celebrado, existía en cabeza de Franova S.A. para intimar extrajudicialmente a la Ciudad al cumplimiento de las obras comprometidas en el contrato "bajo apercibimiento de considerarlo resuelto sin más trámite y accionar por daños y perjuicios, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1204 Cód Civil" (fs. 336, antecedente 8, expte. adm n° 57.158/82).

La Cámara resolvió rechazar la demanda debido a que, a partir de la prueba colectada en autos, constató que Franova S.A. incumplió sus obligaciones contractuales y, además, no pudo demostrar que los apuntados incumplimientos fueran consecuencia directa e inmediata de los incumplimientos de su contraparte. En estas condiciones -afirmó la Cámara-, la intimación efectuada por Franova S.A. con apoyo en el art. 1204 CC "carece de la virtualidad jurídica que pretende asignarle la actora" (fs. 791).

Desde esta perspectiva, reitero, no es indispensable expedirme sobre el punto para decidir el caso, a partir de los agravios propuestos por la recurrente.

Sin embargo, a modo de obiter dicta, resulta pertinente aclarar que nadie ha puesto en duda en este juicio que el contrato celebrado entre las partes es de naturaleza administrativa. Negarlo sería ciertamente inútil, toda vez que, en forma expresa, se dispuso que "el objeto primordial de esta venta es lograr materializar el desarrollo de un sector de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires" (cf. anexo al boleto de compraventa obrante a fs. 96). Tal circunstancia también surge de manera nítida de la escritura mediante la cual se formalizó el vínculo, donde se observa, por ejemplo, que: 1. Los compradores no pueden transmitir el dominio, venderlo o donarlo hasta haber completado las construcciones a su cargo, aún cuando hubieran cancelado totalmente el precio de venta. 2. Los compradores deben construir edificaciones de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes en la zona y demás especificaciones de la Administración -vgr. edificio en tira-. 3. Si los compradores no dan cumplimiento a los plazos fijados para construir las obras a su cargo pueden ser pasibles de multas. 4. Si transcurridos 4 años desde la fecha de iniciación de las obras los compradores no las finalizan, la vendedora tiene derecho a exigir que se retrotraiga el dominio de lo vendido a su favor, previa tasación por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación del inmueble y de las mejoras útiles realizadas en el mismo. 5. La vendedora podrá en casos excepcionales otorgar plazos ampliatorios para la terminación de las obras (fs. 4/7).

En tales condiciones, en virtud de la naturaleza del contrato celebrado y los términos de la escritura aludida -en la cual, por ejemplo, se regulan los casos de incumplimiento de la contratista de manera especial y exorbitante con la intención de privilegiar la continuidad del contrato o, mejor dicho, de la obra (por el interés público comprometido)-, considero que, ante incumplimientos de la contraparte (ex MCBA), en este caso, no le asistía a la actora el derecho para dar por rescindido el contrato en forma unilateral mediante una intimación extrajudicial con apoyo en el art. 1204 CC. En esta línea se inscribe además la más autorizada doctrina nacional en la materia, al afirmar, al menos como regla general, que para obtener la rescisión del contrato administrativo el cocontratante particular debe acudir a la autoridad judicial (cf. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A, cuarta edición actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 467/468;

Berçaitz, Miguel Ángel, Teoría General de los Contratos Administrativos, segunda edición, Depalma, 1980, p. 596 y Escola, Héctor Jorge, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, volumen I, Parte General, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 449 y siguientes).

4. Aún dejando de lado los óbices antes señalados, luego de estudiar las actuaciones administrativas, no se puede menos que coincidir con la minuciosa fundamentación brindada en especial a fs. 748/749 de la sentencia de primera instancia (que luego recoge la Cámara en su punto IV, fs. 792 vta.) para concluir que la presente demanda por resarcimiento de daños y perjuicios debe ser rechazada pues, a partir de la prueba colectada en autos, no surge cuál es la medida de los incumplimientos que se le atribuyen a la Administración y, fundamentalmente, de qué manera ellos habrían determinado el incumplimiento de Franova SA.

En primer lugar, es claro que el fracaso de la venta de los restantes terrenos de la zona comprendida en el plan de urbanización no es una circunstancia que razonablemente pueda imputarse a la Ciudad, o al menos no se lo ha demostrado en este supuesto -la propia actora incluso reconoció que la demandada tampoco se había comprometido a desarrollar por sí la urbanización de aquellas tierras (fs. 63)-. Además, el mantenimiento de las obras efectuadas por la ex - MCBA no estaba a cargo de la propia Administración, según los términos de la escritura suscripta.

En consecuencia, las críticas genéricas efectuadas en torno a la falta de concreción del plan urbanístico y las dificultades alegadas por Franova S.A. para cumplir con las obligaciones que de alguna manera puedan relacionarse con el deterioro que sufrieron las instalaciones que la contraparte realizó en el predio (cf. constancias de la pericia obrante a fs. 208/213 vta.) resultan inconducentes para acreditar la responsabilidad contractual de la demandada y por ello deben ser descartadas.

La misma suerte deben correr los argumentos que se intentan vincular a la regla de la buena fe contractual o a los principios que la recurrente identifica como "del informalismo en favor del administrado" y "del in dubio pro administrado". Tales objeciones son sólo menciones abstractas que no se logran conectar con las circunstancias comprobadas en autos y simplemente traducen una mera discrepancia de la actora con la sentencia atacada. Por las consideraciones expuestas, corresponde no hacer lugar al recurso ordinario de apelación deducido por Franova S.A. y confirmar la sentencia de Cámara en todo cuanto fue motivo de agravio, con costas a la vencida.

Así lo voto.

Los jueces Luis F. Lozano y Ana María Conde dijeron:

Adherimos al voto de la señora jueza de trámite, la Dra. Alicia E. C. Ruiz, y compartimos los fundamentos expuestos por el Dr. José O. Casás en el punto 4 de su voto.

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. No hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 794, cuyos fundamentos obran a fs. 806/809 vuelta.

2. Confirmar la sentencia de la anterior instancia en todo cuanto fue motivo de agravios.

3.Imponer las costas a la parte vencida.

4. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita a la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario.