Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05


////////nos Aires, 22 de noviembre de 2002.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

Llega a esta Cámara el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que obra agregada en la causa principal a fs. 8236/8331vta. donde se dictaron los procesamientos en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública de las siguientes personas: Ricardo Juan Alfredo Cossio -en calidad de autor penalmente responsable, reiterado en dos oportunidades-; Daniel Carlos Hurrell -como autor en un hecho y en grado de partícipe necesario en otro-; Pedro Carlos Cavallieri, Francisco Ramón Figueira, María Eugenia Dallorso, -los tres en calidad de autores-; Ricardo Orfirio Martorana, Gustavo Adolfo Soriani, Alberto Minazzoli, Eduardo D'Alessandro -todos ellos como partícipes necesarios, reiterado en dos oportunidades-; Carlos Krieger, Antonio Altieri, Eduardo Novillo Astrada, Horacio Pasman, Carlos Juni, Félix de Barrio -en grado de partícipes necesarios-; Juan Carlos Cattaneo, Silvina De La Rúa, Liliana Almosni de Sananes -por considerarlos partícipes necesarios-. Asimismo, se trabó embargo sobre bienes y/o dinero por distintas sumas a cada uno de ellos.

I. LOS PLANTEOS DE NULIDAD:

En este apartado se tratarán los agravios esgrimidos por la defensa de Daniel Carlos Hurrell en torno al peritaje ordenado a fojas 1.009vta. de los autos principales y a la falta de motivación del auto recurrido; por la defensa de Ricardo Juan Alfredo Cossio en relación al peritaje ordenado a fojas 1.009vta. de los autos principales, y por la defensa de Liliana Almosni de Sananes y Silvina de la Rúa con respecto al informe elaborado por el Contador Carlos Bo.

No obstante la introducción de cuestiones de nulidad por vías heterodoxas, el Tribunal habrá de pronunciarse sobre tales extremos en la medida en que los planteos guarden conexión con el mérito del auto que se halla sujeto a revisión por esta Alzada en el marco del recurso de apelación deducido.

Con respecto a la presunta falta de fundamentación del auto recurrido, se observa que el a quo ha descripto los hechos que considera delictivos, enumerando la prueba reunida, evaluado, calificado legalmente el suceso y se ha expedido de conformidad con el examen que efectuó por lo que no se advierte cuál sería el vicio del auto en los términos requeridos por el artículo 123 del Código de rito.

El planteo parece estar dirigido entonces, a la forma en que el magistrado actuante evaluó el cuadro probatorio, siendo su cuestionamiento ajeno a la vía que se intenta.

Tal como lo sostiene la Cámara Nacional de Casación Penal, "El requisito de la motivación de los actos jurisdiccionales se cumple siempre que guarde relación con los antecedentes que le sirven de causa y sean congruentes con el punto que decide, suficientes para el conocimiento de las partes y para las eventuales impugnaciones que se le pudieran plantear" (conf. C.N.C.P., Sala II, "Gaete Martínez, Rufo E.", rta. el 3/6/99).

En cuanto a la nulidad introducida por las defensas de Ricardo Juan Alfredo Cossio y Daniel Carlos Hurrell en torno al carácter del informe ordenado a fojas 1.009vta. de los autos principales, cabe señalar que el remedio procesal intentado, únicamente debe prosperar cuando exista un perjuicio concreto para alguna de las partes imposible de ser subsanado por otra forma, circunstancia que en la especie no se verifica toda vez que los vicios señalados por los recurrentes resultan susceptibles de ser reparados mediante la realización de un nuevo examen técnico (ver en este sentido causa n? 26.046, "Coll, Bernardo A. s/inc. de nulidad", rta. el 2/2/95, reg. n? 39 de la Sala I).

Tanto en el campo de la jurisprudencia como en el de la política legislativa, las nulidades procesales se encaminan hacia un ámbito más restrictivo en el que se persigue, como regla general, la estabilidad de los actos jurisdiccionales, en la medida que su mantención incólume no conlleve la violación de normas constitucionales o cuando así se establezca expresamente. Ello así, por cuanto las nulidades son remedios de excepción que ceden frente al principio de "conservación", fundado axiológicamente en la seguridad y la firmeza, de encumbrada significación en la labor jurisdiccional (conf. C. F. S. M., Sala I, c. n? 822 "Amaya, Enrique Luis s/nulidad", reg. n? 109 del 5/8/93).

Repárese además que los apelantes tuvieron acceso a la causa y documentación y han tomado intervención en los peritajes proponiendo peritos y formulando nuevos interrogantes, por lo que no se aprecia cuál es el perjuicio concreto alegado por los recurrentes.

A mayor abundamiento, cabe recurrir a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que puede leerse: "Es atribución del juez, en su carácter de director de la pericia, orientarla respecto a lo que interesa o no, averiguar y/o explicar, decidir respecto de los poderes y deberes del perito, así como decidir sobre el lugar donde debe efectuarse la pericia y sobre la necesidad de ahondar o suspender la investigación, ordenando su entrega o disponiendo lo necesario para que puedan acceder a él."- Tomo 320, Página 1641-.

Respecto de la nulidad articulada por la defensa de Liliana Almosni de Sananes y Silvina De la Rúa en torno a la falta de notificación del informe elaborado por el Supervisor de la D.G.I. Carlos María Bo obrante a fojas 1.329/38, debe señalarse que la nulidad prevista por el artículo 258 del Código Procesal Penal de la Nación es de carácter relativo y en consecuencia, quien la alegue deberá invocar el interés en el cumplimiento de la norma violada y el perjuicio que ella conlleve (art. 169 ibídem y c. 9550 "Villaroel, R., rta. el 29/10/93, reg. n? 10.266 de la Sala II; c. 29.021 "Abdián, V., rta. el 7/11/97, reg. n? 949 de la Sala I).

Además, cabe agregar que los vicios señalados por la parte recurrente resultan susceptibles de ser reparados mediante la realización de un nuevo examen técnico, posibilidad que se encuentra prevista en el mismo párrafo tercero del artículo 258 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que habrá de estarse al reiterado criterio de ambas Salas de esta Cámara que sólo admiten la extrema sanción que se pretende cuando existe un perjuicio concreto para alguna de las partes de imposible subsanación, extremo que no concurre en el caso (conf. Sala I, "Coll, B.", reg. n? 39 del 2 de febrero de 1995; "González, J.", reg. n? 564 del 8 de agosto de 1995, "Cavallo, D.", reg. n? 614 del 11 de agosto de 1998; Sala II, c. n? 9625, reg. n? 10881 del 3 de diciembre de 1993).

Bajo tales presupuestos no se advierten vicios que habiliten las nulidades que se pretenden, y sólo cabe considerar a los planteos que se efectúan como discrepancias de las defensas con la ponderación de los elementos de prueba reunidos en la causa y la actual pretensión de que se revise la situación procesal de sus asistidos a la luz de los elementos de juicio arrimados al proceso, para lo cual esta vía no resulta adecuada.

Por otro lado, debe recordarse una vez más, el carácter restrictivo con el que hay que considerar las nulidades, aspecto reglado por los artículos 2 y 166 del Código instrumental, ya que como sostiene Manzini "El proceso penal no es una ejercitación académica ni las formalidades procesales son fines en si mismos" (v. Diritto Processuale Penale, v. III, pág. 78, Torino, 1932).

En virtud de lo expuesto, los planteos de nulidad interpuestos serán rechazados.

II. INTRODUCCION:

Ceñido el Tribunal al marco del recurso, cabe señalar que el Juez instructor ha efectuado un detalle suficiente de las pruebas que para este momento del proceso acreditan, en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, la existencia de un hecho delictuoso y que los nombrados al inicio aparecen desempeñando roles diversos como intervinientes dolosos en los hechos. Por tanto, en la medida en que los elementos probatorios han sido suficientemente detallados por el a quo, por razones de brevedad, se hace remisión a ellos, y sólo se hará hincapié en las circunstancias fundamentales acreditadas sobre los hechos que se han dado en los distintos ámbitos, pero que observados globalmente, permiten entender su interrelación y razón de ser.

En tal sentido, se ha demostrado con el grado de certeza que para esta etapa procesal se requiere que, la Dirección General Impositiva -en adelante DGI- bajo la dirección del Licenciado Ricardo Juan Alfredo Cossio llevó a cabo dos importantes contrataciones en el área informática fundadas en la normativa establecida en los decretos del Poder Ejecutivo Nacional N? 5.720/72 de Contrataciones del Estado y N? 507/93 referido a las funciones de la DGI, ratificado por la Ley 24.447.

Tales contrataciones se realizaron en el marco del denominado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones -SIJyP- y del Sistema Integrado Tributario -SITRIB-, habiéndose detectado serias irregularidades a partir de las cuales se pudo determinar que algunos funcionarios de la DGI contrajeron obligaciones abusivas utilizando fondos públicos en perjuicio del Estado.

Para llevar a cabo la maniobra que aquí se investiga, se contó con la imprescindible participación de la empresa IBM Argentina S.A. que resultó adjudicataria de los sistemas informáticos referidos, como así también de las empresas que colaboraron con ella en carácter de proveedores, vale decir específicamente, la actividad desarrollada por las firmas SEGUREX S.A y CONSAD S.A.-Organización Consultores Argentinos para el Desarrollo-.

El 12 de abril de 1994 el Director General de la DGI, Ricardo Cossio, autorizó, aprobó y adjudicó mediante la modalidad de contratación directa la realización del proyecto "SIJyP" a las firmas IBM Argentina S.A y BANELCO S.A. que se encontraban en formación de la UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS -UTE-, y el 13 de abril del mismo año, el Departamento de Compras y Suministros de la DGI emitió la Orden de Compra N? 25.494 en favor de IBM Argentina S.A. y BANELCO S.A por un monto total de $ 425.088.000 -conf. fs. 263/267 del expediente de la DGI 250.273/94-, la que fue aceptada por las mencionadas empresas el 18 de ese mismo mes -fs. 271/2-.

El 7 de julio de 1995 Cossio utilizando también la modalidad de contratación directa autorizó, aprobó y adjudicó la realización del proyecto "SITRIB" a la UTE -IBM/BANELCO- por la suma de $ 88.547.000 -conf. fs. 345/51 del expediente de la DGI 250.569/95-, y el mismo día, el Departamento de Compras y Suministros de la DGI emitió la Orden de Compra N? 26.054 en favor de la empresa referida - fs. 353/8 del citado legajo-.

Dada la modalidad en la que se llevaron a cabo las contrataciones aludidas, resulta adecuado hacer referencia al artículo 19 del Decreto de necesidad y urgencia N? 507/93 donde se estableció lo siguiente: "Facúltase a la Dirección General Impositiva, por el término de ciento ochenta (180) días, a adquirir, por la vía de contratación directa prevista por el artículo 56, inciso 3, apartado d) de la Ley de Contabilidad, en la parte no derogada por la ley 24.150, el equipamiento informático, sistemas operativos, programas de aplicación, insumos específicos e infraestructura de apoyo que resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones, teniendo en cuenta la ampliación de las mismas que resulta de lo dispuesto en el presente decreto." Dicha norma en su artículo 3 asignó a la DGI la aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social correspondientes a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones (de los trabajadores en relación de dependencia y de los trabajadores autónomos), a los subsidios y asignaciones familiares, al Fondo Nacional de Empleo, y a todo aporte o contribución que se deba recaudar sobre la nómina salarial.

Cabe señalar que la norma que rige las contrataciones del Estado Nacional es la que emana del artículo 55 de la Ley de Contabilidad que establece: "Toda compra o venta por cuenta de la Nación, así como todo contrato sobre locaciones, arrendamientos, trabajos o suministros, se hará, por regla general, previa licitación pública"; y en el artículo 56, se indica que no obstante lo establecido en el artículo anterior, el Estado podrá contratar directamente cuando por razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias imprevistas no pueda esperar la licitación -conf. inciso 3 apartado "d"-.

Mediante el decreto 507/93 se facultó a contratar directamente, sin licitación pública o concurso de precios, estableciendo cierta flexibilidad en la modalidad de contratación para la DGI.

Por tanto, debe quedar claro que no se encuentra en discusión el hecho de que los funcionarios de la DGI hayan hecho uso de esa facultad, sino que lo que aquí se investiga son las formas en las que se llevaron a cabo las contrataciones, en la medida en que, es posible advertir que en ningún momento se facultó a la DGI para que contratara de manera discrecional.

Es decir, en el caso se evidencia que los encargados de administrar los fondos públicos ejercieron sus funciones de manera irregular, violando los deberes que tenían a su cargo, ejecutando actos carentes de transparencia y de difícil justificación.

En tal sentido, se pudo determinar que la DGI no realizó un estudio previo acerca de los alcances de los proyectos mencionados, ni en lo que se refería a las cuestiones técnicas ni a las económicas, sólo se limitó a efectuar un requerimiento preliminar, en el caso del "SIJyP" en el que se describieron aspectos generales sobre la conformación del servicio y las variables económicas.

En el expediente en que se tramitó el referido proyecto pueden encontrase una serie de invitaciones que fueron cursadas a varias empresas para que ofertaran de conformidad con el requerimiento elaborado por el Organismo Fiscal (aún cuando la DGI estaba facultada para no hacerlo.) Sin embargo, de la lectura de los testimonios prestados por los representantes de las empresas invitadas a presentar sus propuestas, se advierte que las firmas no tenían trayectoria o interés para satisfacer los requerimientos del negocio. La única firma que tenía posibilidades reales de realizar el proyecto resultaba ser "Sistemas Tecnológicos Integrados S.A"-STI-, que a pesar de haber presentado una oferta por un monto económicamente más favorable, no fue la elegida, aunque, el propio Ricardo Cossio solicitó a la firma IBM Argentina S.A que adquiriera a STI el desarrollo conceptual del software central aplicativo del "SIJyP".

Durante la tramitación del negocio, el Director de la DGI resolvió constituir un grupo de trabajo integrado por funcionarios de dicho organismo -Comisión Res. 360/94- para que se encargara del análisis de las diversas propuestas y para que determinara cuál de las ofertas resultaba la más conveniente -conf. fs. 208/10 del expte. 250.273/94-.

Esta Comisión se pronunció sobre las propuestas de IBM/BANELCO y STI, señalando que la ofrecida por la primera de ellas resultaba la solución más correcta entre las que habían sido recibidas -conf. fs.233/40-. Los funcionarios de ese grupo aclararon que en el análisis de las mismas no se había tomado en consideración el aspecto económico y seguidamente indicaron que resultaba necesario mejorar la relación entre el precio y la solución ofrecida.

De otra parte, con relación al sistema "SITRIB" no se procedió de igual forma, ya que la única empresa que participó en la operatoria fue la UTE IBM Argentina S.A. - BANELCO S.A. y fue ella misma quien confeccionó el requerimiento, bajo la afirmación de que ese nuevo sistema resultaba una continuidad del proyecto "SIJyP".

En el marco de "SIJyP", la empresa IBM Argentina S.A contrató a la firma SEGUREX S.A. para la prestación de un servicio que conforme lo acreditan los elementos habidos en el sumario pudo tenerse por probado que no se realizó.

La empresa IBM Argentina S.A., también, contrató como proveedor a la empresa CONSAD S.A. que destinó parte de los fondos que IBM le abonara en concepto de pago a destinos ajenos a su actividad comercial. La firma CONSAD S.A confeccionó asientos contables apócrifos y mediante la utilización de cheques extrajo de cuentas corrientes bancarias un mínimo que se determinó mediante muestreo por un monto que asciende a $4.721.241siendo que dichas extracciones de fondos no se correlacionan con servicios prestados por la firma en el proyecto "SIJyP", sino que fueron cobrados por personas que no tenían ningún tipo de relación comercial con la empresa.-conf. informe elaborado por el Contador Bo obrante a fs. 1329/38-.

Cabe aquí referir que, el total del monto abonado por IBM a CONSAD fue de $10.185.234,57 y en el informe referido elaborado por el Contador Bo se afirma que los costos en que habría incurrido CONSAD en el cumplimiento del "SIJyP" durante el período que transcurrió entre abril de 1994 y octubre de 1995 asciende a la suma de $ 455.376,00.

Ahora bien, luego de las generalidades señaladas, resulta necesario realizar una descripción más detallada de las cuestiones traídas a conocimiento del Tribunal, por ello, ante la complejidad de los hechos de la pesquisa y la cantidad de personas que se hallan involucradas, entiende esta Cámara que corresponde su tratamiento por separado, lo que permitirá una más clara apreciación.

III. LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

A) Situación de Ricardo Juan Alfredo Cossio:

Al nombrado se le imputan los hechos arriba referidos, esto es, que en su carácter de Director General de la DGI contratara los sistemas informáticos "SIJyP" y "SITRIB", habiendo abusado de sus funciones, y como consecuencia de ello, afectado los intereses que le fueron confiados provocando con su accionar un perjuicio para el erario público.

Se tiene por probado que el encausado no realizó ningún estudio previo sobre el alcance de los proyectos ni en el aspecto técnico ni en el económico, que desestimó las sugerencias y consejos de la Subsecretaría de Sistemas de Información en lo atinete al proyecto "SIJyP", y que se manejó de manera discrecional en las selección de las empresas invitadas a ofertar.

En tal sentido, resulta adecuado reproducir los elementos de prueba valorados por el a quo en la resolución recurrida.

Así, en el inicio del expediente 250.273/94 de la DGI obra glosada la nota de la Licenciada Lidia Rosignuolo -Directora (Int.) de Administración del Padrón de Aportantes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones- donde estima que la contratación para el proyecto "SIJyP" sería de $550.000 mensuales por un servicio que brindara la solución informática integral bajo la modalidad de "llave en mano" por un período de sesenta meses, siendo evidente la falta de conocimiento, estudio y evaluación que se debía realizar si se toma en consideración el monto por el que se contrató finalmente que fue de $425.088.000 por la prestación del servicio durante cuarenta y ocho meses.

A su vez, adquieren suma relevancia las notas cursadas entre la mencionada Subsecretaría y la DGI, en las que funcionarios de la primera recomendaron que se utilizaran los servicios del centro de cómputos de la DGI y/o de la ANSES; tales sugerencias fueron rechazadas por el organismo fiscal, lo cual se advierte de la lectura de la nota firmada por Cossio tres días después del requerimiento aludido, donde finaliza con la frase "lo mejor es enemigo de lo bueno" -fs. 67 del expediente del "SIJyP"-. Asimismo, a fs. 91/101 del expediente 250.569/95 de la DGI, el encartado se dirige a María Eugenia Dallorso explicándole los beneficios del "SITRIB".

Al respecto, resultan elocuentes las declaraciones testimoniales de Gustavo Adrián del Pino, Director Nacional de Sistemas de Información, cuando expresa que podrían haberse utilizado los equipos existentes en la DGI y ANSES ya que la UTE empleó el mismo equipamiento software de base y que recordaba que el pliego era vago y no proporcionaba criterios de cuantificación o ponderación de las necesidades del organismo fiscal, y que el costo para la administración hubiera sido menor de aceptarse las sugerencias de la Subsecretaría de Sistemas-conf. fs. 295/300 del principal-.

También, Alejandro Gustavo Val, Director de Auditoría y Control de Sistemas de Información, refirió que el organismo fiscal no aportó la justificación que le fuera solicitada por razones de índole política. Señaló que la Subsecretaría se oponía a la modalidad de contratación ya que se proponía la utilización del equipamiento informático instalado en la DGI y/o ANSES; sostuvo a su vez, que no existió una evaluación económica de los proyectos y que en el caso de "SITRIB" no tuvo participación, aún cuando el expediente en el que se tramitó el proyecto ingresó a la Subsecretaría cuando se encontraba a cargo de la Dirección Nacional, sin embargo nunca le fue girado, y dijo desconocer el motivo por el cual la entonces Subsecretaria Dallorso actuó de tal forma.

Al respecto, también cabe destacar el informe elaborado por la Sindicatura General de Empresas de la Nación -SIGEN- que realizó un estudio acerca de ambos proyectos informáticos.

Resultará ilustrativo para el caso, al menos enunciar algunas de las consideraciones que allí se efectuaron referidas a las contrataciones que se realizaron con la UTE.

Así, se señala que el costo de las dos transacciones asciende a un total de $ 513.635.000 que representa aproximadamente el 81 % del monto total de las contrataciones por bienes y servicios informáticos realizadas durante el lapso de enero de 1993 hasta diciembre de 1995 de la DGI.

Las objeciones que se formularon al "SIJyP" fueron enunciadas de la siguiente manera: ausencia de estudios que sustenten los requerimientos y el costo de los servicios, inadecuada justificación técnica y económica de la solución propuesta por la DGI, insuficiencia del análisis para la evaluación de las propuestas, insuficiente fundamentación de la adjudicación, omisión de exigir ofertas desagregadas en sus costos, eventual sujeción de la DGI a la voluntad del adjudicatario por intermedio del precio acordado, dependencia del proveedor que condiciona al organismo.

Lo propio se estableció respecto del "SITRIB": insuficiente sustento en la definición de las necesidades del servicio requerido, ausencia de una planificación y programación de tareas a través de ser tercerizadas acorde a la magnitud del proyecto, falta de comunicación de los cambios del objeto de la contratación al organismo de control, insuficiente fundamentación del acto de adjudicación, eventual sujeción de la DGI a la voluntad del adjudicatario por intermedio del precio acordado, imposibilidad de determinar razonabilidad del costo de los servicios de Consultoría, inadecuada limitación de la vigencia de la garantía, incumplimientos de la UTE IBM Argentina S.A.-BANELCO S.A..

Asimismo, cobran especial relevancia, los informes técnicos realizados por los peritos designados por el juez de grado, quienes señalaron que el requerimiento de la DGI con relación al "SIJyP" puede considerarse como un "Requerimiento preliminar de necesidades" y que las funciones de costo y precio no son las adecuadas para la compulsa de ofertas ni lo son para la gestión y administración del contrato.

Respecto del "SITRIB" indicaron que el requerimiento elaborado en ese proyecto estaba confeccionado específicamente para la UTE, sin intención de compulsar ofertas.

En lo relativo al costo y al precio, los Ingenieros Gregorio Perichinsky, Osvaldo Clúa, la Computador Científica María Feldgen y sus colaboradores Ernesto Bauer y Jorge Sanz, concluyeron que el precio acordado supera ampliamente los límites razonables, habiéndose generado utilidades para la UTE prestadora del servicio que no guardan correlación con el capital puesto en juego y el riesgo empresario asumido -conf. sexto punto del informe complementario del peritaje-.

También, es evidente la falta de transparencia en el manejo de costos de los proyectos informáticos si se tiene en cuenta lo expresado por el encausado en su defensa cuando señala que evaluó los costos junto a Daniel Hurrell en planillas reservadas que, corresponde advertir, no fueron glosadas al expediente de contratación.

A su vez, deben tenerse en cuenta las declaraciones testimoniales de los responsables de la empresa STI, como así también el acta de directorio de la firma, de donde surge el rol de intermediario que llevó a cabo Cossio a raíz de su interés en el software aplicativo desarrollado por STI, el que, finalmente resultó adquirido por IBM.

Ello, según consta en el acta nro. 4 de fecha 13 de abril de 1994 donde Ricardo Cairoli expresa que mantuvo una reunión con Martorana y Soriani en la que se acordó que IBM reconociera los costos de STI y demás elementos respaldatorios del proyecto, llegando a un acuerdo para la venta del software que se había realizado. Y mediante el acta nro. 6 de fecha 27 de mayo de 1994, el director de la firma, Jorge San Martín, informó el acuerdo económico llevado a cabo con IBM, el cual consistía en un pago de $ 1.168.000 y un saldo de $ 2.482.000.

Las consideraciones expuestas, resultan suficientes como para confirmar respecto de Ricardo Cossio el auto de procesamiento que se cuestiona en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en calidad de autor penalmente responsable, reiterado en dos oportunidades.

B) Situación de Pedro Cavallieri, de Francisco Ramón Figueira y de María Eugenia Dallorso:

El imputado Cavallieri se desempeñó como Subdirector General de Operaciones de la DGI, y tenía como funciones las cuestiones relativas a la recaudación, percepción y fiscalización de los impuestos.

La imputación que se formula contra Cavallieri encuentra su base en las notas que firmó en el marco del expediente del "SIJyP", en oportunidad de encontrarse reemplazando al Director General, Ricardo Juan Alfredo Cossio.

La nota que obra a fs. 84 del expediente 250.273 del 28/2/94 fue la respuesta a uno de los requerimientos efectuados por la Subsecretaría de Sistemas de Información de la Secretaría de la Función Pública; allí Cavallieri informó a Francisco Figueira, titular de dicha Subsecretaría, que no resultaba procedente la fijación de pautas de evaluación ni de plazos para conocer las especificaciones definitivas a las empresas invitadas a presentar ofertas, también informó que la versión definitiva del requerimiento enviado a las empresas invitadas constituía el resultado del análisis practicado en el Organismo, y que tales respuestas se daban teniendo en cuenta la normativa que regía para esa contratación.

De otra parte, en la nota de fs. 87 del 25/2/94 del mismo expediente, también dirigida al Subsecretario de Sistemas de Información, el encausado manifestó que la fecha de entrega de las especificaciones definitivas de las empresas invitadas estaba pactada para el 24/3/94 y que la fecha de apertura de las propuestas se había prorrogado para el 4 de marzo a las 17 horas, y agregó que la versión definitiva de las especificaciones se había realizado el día anterior.

A esta altura de la investigación, cabe poner de manifiesto que resultan atendibles los descargos efectuados por el imputado y por su defensa, en punto a que la función que normalmente desempeñaba era totalmente distinta de aquélla que circunstancialmente le cupo en esa ocasión, y a que su actuación, además de haber sido muy escasa, estuvo ceñida a la rúbrica de dos notas que de ninguna manera fueron determinantes para que se llevara a cabo la maniobra delictiva que se investiga.

De los elementos de prueba que existen en autos se desprende que su participación en el trámite del expediente del "SIJyP" consistió en la rubrica de las notas aludidas, más no se advierte que tal actuación pueda estar relacionada con la trama que se examina.

Vale aclarar, que las explicaciones brindadas por Cavallieri en torno a su vinculación con el expediente aludido no podrían por sí solas constituir una eximente de responsabilidad, mas en el marco de la presente causa, es posible concluir que no existen otros elementos que permitan relacionarlo más allá de lo que puede considerarse como una intervención basada en un sistema de división de trabajo.

Tal como lo señala su abogado defensor, en el caso de Cavallieri, no existen documentos o testimonios que indiquen que participó en la elaboración del proyecto referido, ni que haya colaborado en la formación de las condiciones o del precio como tampoco en la concreción del contrato.

Las circunstancias apuntadas llevan a adoptar el temperamento previsto por el artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que por el momento, no se advierte que en el caso particular de Cavallieri exista mérito suficiente para ordenar su procesamiento, mas tampoco puede accederse a decretar el sobreseimiento del imputado -tal como lo solicita su abogado defensor- ya que en el estadio procesal que se transita podrían aparecer nuevas pruebas y en base a ello, es que este tribunal se ve impedido de adoptar un pronunciamiento definitivo a su respecto.

Ahora bien, en punto a la situación de Francisco Ramón Figueira y de María Eugenia Dallorso, cabe señalar que ambos se desempeñaron en la Subsecretaría de Sistemas de Información y Subsecretaría de Tecnologías para el Sector Público.

El a quo efectuó un detalle cronológico de la normativa que regía las funciones de los citados organismos, el que será reproducido a los efectos de lograr una mayor comprensión en este decisorio.

La Subsecretaría de Sistemas de Información tenía a su cargo la tarea de establecer los cursos de acción para la investigación, desarrollo y ejecución del plan general de sistemas de información de la administración pública nacional, como así también, de sus mecanismos de control -Decreto 990/93 del 7/5/93-. La Dirección Nacional de Sistemas de Información tenía entre sus funciones la de producir el dictamen técnico-económico previo y vinculante para la aprobación de todo tipo de adquisiciones de naturaleza informática o de sistemas de comunicaciones de datos en la Administración Pública Nacional, aun aquéllos derivados del cumplimiento de convenios o acuerdos con organismos internacionales -Decreto 990/93, Anexo III-. A su vez, a la Dirección Nacional de Auditoría y Control de Sistemas de Información de dicha Subsecretaría correspondía fiscalizar las contrataciones y/o locaciones de obras y servicios de carácter informático.

Esta normativa fue la que estuvo vigente durante la tramitación del expediente del proyecto "SIJyP", y con posterioridad, el 1/8/94 -antes de la contratación del "SITRIB"- se dictó el Decreto 112/94 mediante el cual se reformaron los objetivos, la responsabilidad primaria y acciones de la Subsecretaría, eliminándose el dictamen técnico- económico previo y vinculante para la aprobación de todo tipo de adquisiciones de naturaleza informática.

Por otra parte, el Decreto 541/95 del 12/4/95 aprobó una nueva estructura organizativa de la Secretaría de la Función Pública, eliminó las funciones de auditoria y veeduría interna de la Subsecretaría de Sistemas de la Información y cambió su denominación por la de Subsecretaría de Tecnologías para el Sector Público. A su vez, este Decreto en su artículo 9 derogó los Decretos 990/93 y 1112/94. No obstante ello, en el Anexo II del Decreto 541/95 se enunciaron los objetivos de la nueva Subsecretaría -transcripción en la resolución recurrida efectuada por el juez a fs. 8305-.

En este apartado ya se ha aludido a la intervención que tuvo la Secretaría de la Función Publica de la Presidencia de la Nación en el expediente del "SIJyP". A fs. 65 del legajo 250.273/94 obra el oficio firmado por el Ingeniero Del Pino, Director Nacional de Sistemas de Información de la Subsecretaría de Información, dirigido al Subsecretario Francisco Figueira, en el cual puede leerse: "A la sola luz de la documentación mencionada, único antecedente tenido a la vista, y luego de ponderar los alcances del servicio a contratar, esta Dirección Nacional advierte, en primer lugar, que para satisfacer los fines perseguidos se podrían utilizar los servicios del centro de cómputos de la DGI y/o ANSES, contratando únicamente las que pudieran ser consideradas como sus prestaciones complementarias, hecho este que, en un primer análisis, podría comportar un significativo ahorro para la administración. En mérito a tal circunstancia, se estima necesario que la DGI justifique la contratación propuesta brindando las razones que la condujeron a proceder de esta manera, con el fin que a la luz de la nueva información a suministrar, esta Dirección Nacional pueda producir el dic tamen correspondiente según la normativa vigente." (el resaltado pertenece a este Tribunal).

Figueira elevó ese informe a Cossio indicándole que una vez evacuado el interrogante, el propio Del Pino, podría completar el informe en elaboración -conf. fs 64-. El Subsecretario luego de recibir la contestación a tal requerimiento por parte del Director General -recuérdese que ya se ha hecho referencia a la respuesta negativa en la que incurrió y a los términos en que se expresó, ver fs. 66/7 del expte.- emitió el dictamen que obra a fs. 68/72 donde efectuó ciertas consideraciones técnicas y finalizó haciendo referencia a la circunstancia de que quedaba pendiente la inquietud vinculada a la alternativa de utilización por parte de los oferentes del servicio de la DGI o ANSES para el procesamiento central del servicio solicitado a terceros.

No obstante ello, Figueira decidió avalar y acompañar la solicitud del servicio en cuestión desconociendo las obligaciones que le imponía el decreto que por aquel momento regía sus funciones, omitiendo seguir el procedimiento adecuado e intentando evadir la responsabilidad que ahora se le endilga.

Así, expresó que estimaba que el proyecto en cuestión podría haber sido realizado, por el posible contratante, a un costo significativamente menor para el Estado, sin embargo, eligió expresar en el último párrafo del dictamen que deslindaba la responsabilidad por el sobrecosto que pudiera ocasionarse, dado que no se trataba de una decisión técnico-económica sino de índole presupuestaria.

Más allá de los descargos efectuados en favor de su situación procesal, es preciso poner de relieve que, la calidad de funcionario público que por entonces revestía como así también el carácter de sus funciones ameritaban que frente a una situación de dudosa legalidad, hubiera actuado con el mayor celo posible, ya sea haciendo cumplir o cumpliendo adecuadamente con los mecanismos de tramitación establecidos, verificando los casos que le pudieran generar dudas, e incluso paralizando el trámite ante una eventual sospecha de apartamiento de las formas que correspondían, tal como lo expresa el juez en la anterior instancia las acciones del imputado debieron sujetarse al Decreto 990 que en ese momento se encontraba vigente; ya que en ningún caso puede aceptarse que un funcionario de la jerarquía y con las funciones que se hallaban a su cargo, pueda eximirse de responsabilidad tratando de imponer sus propias reglas.

El Tribunal entiende que las constancias señaladas resultan concordantes y suficientes como elementos probatorios para inferir que las irregularidades detectadas no hubieran podido tener lugar sin la participación que se le endilga.

Por ello, habrá de confirmarse el procesamiento de Francisco Figueira, ya que ha contribuido a que el Estado resulte damnificado patrimonialmente, viéndose así perjudicado por el accionar violatorio de los deberes que se originaron en el ejercicio del poder que ejercía, en la medida en que tenía a su cargo el manejo, o la tarea de administración y cuidado de los intereses estatales.

De otra parte, a María Eugenia Dallorso se imputa la intervención que tuvo en el expediente de la DGI 250.569/95 correspondiente al "SITRIB".

Según las constancias que se hallan en el referido expediente Ricardo Cossio le envió una nota para que considerase el proyecto del "SITRIB", la que fue recibida en la Secretaría de la Función Pública el 27 de abril de 1995.

Transcurridos varios días, dado que la nota lleva como fecha 9 de junio de 1995, la Ingeniera María Eugenia Dallorso contestó que ante la imposibilidad de realizar un análisis técnico-económico detallado sin ocasionar retrasos en la implementación del sistema, la Subsecretaría no formulaba objeciones a la contratación. A su vez, culmina con la advertencia de que en el futuro, al estudiarse la implementación de un sistema de envergadura semejante, se dé participación a la Subsecretaría desde etapas mas tempranas del diseño, a fin de poder realizar los estudios pertinentes y formular las observaciones a que hubiere lugar sin ocasionar demoras.

En relación al argumento respecto de que entendió su participación en el proyecto "SITRIB" como una ampliación de una orden de compra que ya había sido aprobada anteriormente a través del "SIJyP" en la gestión de su antecesor Figueira, y en cuanto a que entendió que el precio que se había fijado para el "SIJyP" era correcto porque estaba aprobado anteriormente por la Secretaría de la Función Pública y no hubo cuestionamiento alguno, resulta evidente que no realizó una lectura atenta del expediente ya que Figueira no había aprobado el precio, sino que tal como quedara expuesto más arriba, trató en ese aspecto de deslindar responsabilidades.

En igual sentido se expidió la Auditoría General de la Nación cuando indicó que el aval prestado por la Subsecretaría de Tecnologías carece de análisis técnico-económico indispensable para viabilizar un emprendimiento de relevancia económica y de significativa complejidad tecnológica, aún cuando contó con un lapso de 34 días hábiles administrativos, los que fueron considerados suficientes para emitir un pronunciamiento en la materia.

Por tanto, es correcto concluir que Dallorso, cuando emitió su dictamen, se limitó a reiterar el contenido del asesoramiento que Goldes y Lara le ofrecieron, el que como se verá seguidamente fue elaborado en base a las reuniones que mantuvieron con Hurrell, quien se desempeñó como coordinador del proyecto.

Además, cabe nuevamente recordar -tal como se ha hecho en el apartado donde se trata la situación de Cossio- que la encausada no dio intervención en el expediente del "SITRIB" al Director de Auditoría y Control de Sistemas de Información Alejandro Val, quien señaló que aún cuando el expediente ingresó a la Subsecretaría cuando se encontraba a cargo de la Dirección Nacional nunca le fue girado y que desconocía los motivos que llevaron a la Subsecretaria Dallorso a actuar de esa forma.

Las circunstancias referidas resultan suficientes para responsabilizar penalmente a Dallorso por su actuación en la referida contratación, sin embargo, a diferencia de lo decidido por el juez instructor, el Tribunal entiende que la conducta de la encartada amerita ser considerada en grado de partícipe secundaria.

Ello así, dado el cambio de la normativa vigente al que se ha referido; por lo que cabe concluir, con el grado de probabilidad de esta etapa procesal, que el dictamen elaborado careció de fundamentación y de un análisis económico serio, aunque al momento de ser emitido no revestía un carácter vinculante. En definitiva, no existió una adecuada y legítima metodología para la determinación de la necesidad y oportunidad de la contratación, habiéndose arribado a la firma de un contrato que resultó económicamente perjudicial para las arcas del Estado.

Asimismo, la específica función que le correspondía a la nombrada, permite estimar que se hallaba dentro de su ámbito de competencia y facultades la mantención del funcionamiento normal, contralor y desarrollo del área informática. Así, como funcionaria en el sector de tecnologías, se hallaba dentro de sus obligaciones intervenir y dictaminar en trámites relacionados con el tipo de contrataciones que se estudian.

C) Situación de Daniel Carlos Hurrell:

El imputado se desempeñaba como asesor del Director General Ricardo Cossio y fue indagado por su participación en la contratación del "SIJyP" y "SITRIB".

El juez de grado decretó su procesamiento por considerarlo autor de administración fraudulenta en el caso de "SITRIB", ya que actuó como Coordinador General de información de la DGI -conf. fs. 210 y 238 del expte. 250.569- y como partícipe necesario en el caso del "SIJyP".

Se tiene por acreditado que Carlos Hurrel fue la persona con la que Cossio consultó la cuestión del precio a abonar a la UTE. El propio Cossio afirma que lo manejaron de manera confidencial para que los proveedores no tuvieran ninguna infidencia ni conocieran los precios a los que estaban dispuestos a pagar .

Las planillas reservadas a las que se refirieron los imputados donde se habría efectuado la estimación de los costos no aparecen en la tramitación del expediente, por tanto, más allá de que se afirme que no fueron incorporados por falta de tiempo, sólo cabe remitirse a los informes técnicos que han sido mencionados más arriba, de los que puede válidamente concluirse que nunca se realizó un estudio al respecto.

La defensa del encausado refiere que el juez de grado ha considerado la amistad que tenía con Cossio para dictar el auto de procesamiento de Hurrell.

De la lectura del auto recurrido, resulta evidente que tal afirmación no es acertada, sino que se han merituado correctamente las pruebas habidas en el proceso, las que analizadas a la luz de la sana crítica, conforman un cuadro suficiente para el dictado de la medida dispuesta, convergiendo coherentemente en sentido incriminatorio, al menos con el grado de probabilidad aquí requerido.

Tampoco, asiste razón a la defensa cuando señala que el a quo no ha dado fundamentos que permitan distinguir por qué se declaró la falta de mérito de los restantes integrantes de la Comisión 360/94, ya que Hurrell integró esa Comisión, y cómo pudo llegar a una conclusión diferente respecto de su asistido.

Sobre estas cuestiones es preciso señalar que resulta un dato innegable que Hurrell era la persona de confianza de Cossio, dado que es nombrado en varias oportunidades y sindicado de esa forma por numerosos testigos, y a su vez, reconocido por los propios imputados, sin embargo, existen elementos suficientes que demuestran que el encartado no cumplió simplemente con una función de asesoramiento en el proyecto "SIJyP", sino que por el contrario desarrolló un rol activo durante toda la tramitación del caso.

Lo expuesto se desprende de algunas de las cuestiones ya referidas, como así también se evidencia en las distintas reuniones que mantuvo con Cossio y agentes de empresas privadas, tal como la que fue descripta por el testigo Jorge San Martín, Director de la firma STI S.A., quien manifestó que invitado por Cossio concurrió a una reunión a la que se incorporaron Hurrell y Sparza, donde se le hizo saber que el precio presupuestado por el software resultaba demasiado alto, y se le habló sobre la conveniencia de que presentara una solución conjunta con el otro oferente, es decir con IBM/BANELCO, para lo cual le fue propuesto mantener una reunión con el Vicepresidente de Operaciones de IBM Argentina S.A, Gustavo Soriani.

El testigo, relata que a solicitud de IBM, responsables de esa compañía viajaron a Ottawa en la República de Canadá a fin de verificar el estado de evolución de desarrollo del proyecto, lugar al que también concurrió Hurrell. En igual sentido se expidió el testigo Simón Gozar.

De las constancias habidas en la causa, puede válidamente afirmarse que Hurrell no fue un mero asesor de Cossio, su intervención fue determinante para la configuración del contrato que obligó abusivamente al Estado, participó en el ejercicio de las funciones públicas y colaboró en la formación y ejecución de la voluntad estatal para la realización de un fin público.

En cuanto a su actuación en el proyecto "SITRIB", cabe señalar que actuó como Coordinador General de Información -conf. fs. 210 y 238 del expediente 250.569/95 de la DGI-. Se reunió con personal de la Función Pública, como por ejemplo con el testigo David Lara quien se desempeñaba como Asesor de Gabinete en la Subsecretaría de Sistemas de la Información, a cargo de la Ingeniera María Eugenia Dallorso, y con Oscar Goldes, quien se desempeñó como asesor "ad honorem" en la misma Subsecretaría. Cabe señalar que ambos testigos elaboraron una nota para Dallorso emitiendo una opinión favorable sobre el sistema informático con fundamentos que dijeron haber recabado de reuniones que mantuvieron con gente de la DGI, y en especial con Hurrell.

IV. LOS FUNCIONARIOS DE IBM ARGENTINA S.A.

En las expresiones de agravios, en general, se efectúan las alegaciones como si fueran previas a una resolución que reclama y obliga a la certeza, cuando en realidad para el cumplimiento de cuanto regla la norma del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación no es menester tal grado de conocimiento para su dictado.

Tal como lo sostiene la doctrina, el procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la responsabilidad que como partícipe le corresponde al imputado. Se trata de la valoración de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad, aún no definitivos no confrontados pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir hacia la base del juicio (conf. Clariá Olmedo, J.A. Derecho Procesal Penal, Lerner Córdoba, 1984, t. II, pág. 612) Para el auto de mérito de que se trata basta entonces con la mera convalidación de la sospecha, máxime cuando la elevación a juicio presupone una nueva reflexión del juez acerca del mérito de la instrucción.

En el sentido expuesto ya se ha pronunciado con anterioridad esta Cámara en reiteradas ocasiones (cfr. Sala I, c.n? 28.208, "Cataldi, R.V. y otros, s/procesamiento", reg. 1161 del 27/12/96; Sala II, c. n? 10.270, "Barragán s/procesamiento", reg. 11.024 del 6/7/94, entre muchos otros).

Las consideraciones precedentes obedecen a limitar las respuestas de esta Sala respecto de los agravios expuestos por las asistencias letradas que exceden el marco del presente estadio procesal.

A) Ricardo Orfirio Martorana:

La defensa técnica de Martorana intenta demostrar que el procesamiento de su asistido descansa únicamente en el cargo funcional que el nombrado desempeñaba a la época de los hechos en la empresa IBM Argentina S.A. y que se habría violentado el principio del derecho penal que proscribe la atribución de responsabilidad objetiva.

Asimismo, señala que Martorana no participó en la definición de la solución técnica ofrecida a la DGI, ni en las discusiones de precio de la oferta IBM/BANELCO, ni en las negociaciones con proveedores de la UTE.

El argumento defensista que se utiliza entra en contradicción con las referencias a las que se aluden posteriormente.

Al respecto, cabe señalar lo expuesto en el escrito que obra glosado en este incidente donde el abogado defensor expresa que su asistido explicó que "participó de unas pocas reuniones convocadas por el Licenciado Cossio, entre ellas, aquélla en la que se analizó la posibilidad de que IBM y STI presentaran una propuesta conjunta, lo cual se debió no sólo a la jerarquía de su interlocutor; en la organización que contrataría los servicios de IBM, sino a la naturaleza de las cuestiones eminentemente estratégicas a tratar." Luego continúa diciendo que Martorana como presidente de la empresa tenía deberes ineludibles, como los de asistir a las reuniones que la máxima autoridad de la DGI convocaba, pero señala que el hecho de que haya participado en algunas reuniones no autorizan a deducir que el encartado estuviera involucrado en los aspectos operativos del negocio que son motivo de cuestionamiento en la causa.

Sin embargo, en el mismo párrafo señala que Martorana estaba al tanto de los lineamientos estructurales de los proyectos dada la significación económica y estratégica de los mismos.

El Tribunal advierte que los argumentos que se utilizan no logran desvirtuar los empleados por el juez instructor para decretar el procesamiento del encausado, en la medida en que las pruebas que existen en la causa permiten, a esta altura del proceso, establecer que participó en la gestación de precios de los contratos, los que según se ha demostrado no resultaron razonables, habiendo tratado de disimular la maniobra que aquí se investiga mediante el desvío del dinero recibido en concepto de pago a través de la firma CONSAD S.A y mediante la contratación de la empresa SEGUREX S.A para un trabajo que no se realizó.

Debe señalarse que la conducta que se examina ha sido analizada correctamente dentro de un marco global, y no corresponde limitarla a la apreciación de hechos y circunstancias aisladas.

Por ello, tal como afirma el a quo, la circunstancia de que Martorana no estuviera al tanto de la negociación con todos los proveedores y detalles técnicos, no lo exime de la responsabilidad que se le endilga dado que su situación funcional en la empresa lo colocaba en el lugar donde se tomaron las decisiones trascendentes sobre los proyectos, lo que da por tierra con su defensa basada en que su función resultaba meramente protocolar o institucional.

Bajo esa óptica, resulta sobreabundante reproducir los elementos de prueba enunciados por el a quo a los que por razones de brevedad se hace remisión.

B) Situación de Gustavo Adolfo Soriani, de Alberto Minazzoli y de Eduardo D'Alessandro:

Al momento en que ocurrieron los hechos que se investigan, Gustavo Soriani se desempeñaba como vicepresidente de operaciones de la firma IBM Argentina S.A..

Cabe señalar que pese al intento de eludir la responsabilidad que se le endilga en esta causa, se ha demostrado en autos que el encausado participó activamente durante la gestación de los contratos que se llevaron a cabo entre IBM y la DGI.

En tal sentido, corresponde hacer alusión a las reuniones que fueron mantenidas con el Director General de la DGI en las que participaron Martorana y Soriani, conforme lo acreditan los testimonios de los responsables de la firma STI.

En cuanto a los precios de los contratos ha podido demostrarse que tuvo un rol determinante en la fijación de los mismos, como así también en la contratación de las firmas CONSAD S.A. y SEGUREX S.A en carácter de proveedores.

Soriani dio varias versiones acerca de quién tenía la responsabilidad de fijar el precio de los contratos, en una de ellas indicó que D'Alessandro era el "pricer" del proyecto y quien fijaba el precio en definitiva por encima del margen que IBM Corporation prefijaba, y que luego él mismo -Soriani- avalaba lo que se le llevaba a su conocimiento -conf. fs. 6155vta.-. Vale aclarar que D'Alessandro se desempeñaba como director de marketing del sector público dentro de la vicepresidencia a cargo de Soriani.

Tal afirmación se condice con lo expresado en la declaración indagatoria prestada por Javier Orcoyen, vicepresidente de finanzas de IBM, cuando expresa que Soriani negoció directamente con Cossio, junto con su equipo y que supone que el precio final también pudo haberlo fijado Soriani ya que era él quien estaba facultado para hacerlo en el nivel de delegación que se estaba tratando-conf. fs. 5798 vta.-.

A su vez, fue la autoridad máxima que suscribió el llamado "documento de negocios" junto con Alberto Minazzoli y Eduardo D'Alessandro el día 15 de febrero de 1994.

En el referido documento se otorgó el carácter de socios de IBM Argentina S.A. a un grupo de empresas entre las que figuraron CONSAD S.A. y SEGUREX S.A. para participar en el proyecto "SIJyP".

Según la versión dada por Soriani el referido documento tenía por objeto documentar que las empresas allí indicadas habían participado en la construcción de la oferta. Agregó que la participación de SEGUREX se debió a que formaba parte de un grupo económico del que era parte SISTECO, que era la empresa que realmente tenía los conocimientos que se pensaban incorporar en definitiva a la oferta. Vale aclarar que el contrato entre IBM y SEGUREX se firmó en la misma fecha en que se suscribió el "documento de negocios" y fue aprobado por Soriani luego de haber sido suscripto por Pasman en representación de SEGUREX y por D'Alessandro en representación de IBM por la suma $531.000.

En un primer momento, Soriani adujo que D'Alessandro y Minazzoli le explicaron al momento de la firma del documento que esas eran las empresas que se requerían, y posteriormente, al momento de llevarse a cabo el careo entre los imputados, Soriani reconoció que podría haber sido él mismo quien le manifestó a D'Alessandro que los directivos de la empresa Sisteco tenían interés en participar en la oferta para el proyecto "SIJyP" .

Ha quedado demostrado en autos que con el mentado documento se evitaban los controles internos de IBM y se aseguraba que las empresas allí mencionadas fueran las proveedoras para la realización de los proyectos de la DGI.

Dicho extremo encuentra sustento en los dichos de Orcoyen cuando señaló que en el caso de SEGUREX se trató de un procedimiento excepcional en la práctica habitual de la filial, ya que así se eludían los procesos normales, dado que se direccionaba a las empresas y la inserción en el "documento de negocios" los transformaba en proveedores de la empresa IBM. Aclaró que si se direccionaba había que justificarlo y había que tener en claro que el nivel de Soriani lo había autorizado y en ese caso el sector de compras debía acatar dicho documento y administrar la contratación ya seleccionada por los firmantes -fs. 5790/5801-.

En sentido similar Juan Carlos Martínez, responsable de la división servicios dependiente de la vicepresidente de operaciones, expresó en su declaración indagatoria que el documento era una excepción al procedimiento de compra y que a ese sector se le asignó un rol meramente administrativo -fs. 6207/18-.

También cabe hacer referencia al testimonio prestado por Ricardo Dickman -fs. 2742/45- quien fue nombrado gerente de compras de integración de sistemas a partir de enero de 1994. El testigo explicó los sistemas de contratación de proveedores de IBM, dijo que el "documento de negocios" fue entregado al departamento de compras y que la selección de las empresas había sido realizada por el sector de marketing cuya dirección dependía de la vicepresidencia de operaciones a cargo de Soriani.

De tal modo, se advierte entonces que la verdadera finalidad del instrumento de marras, más allá de que pudiera pretender fijar la relación entre IBM y sus proveedores -según la explicación que diera Soriani- estuvo dirigido a sortear cualquier obstáculo que pudiera esgrimir el departamento de compras.

Por las razones expuestas es que habrá de confirmarse el auto de procesamiento de Gustavo Soriani.

Respecto de la situación de Alberto Minazzoli cabe aclarar que al momento de los hechos se desempeñaba como gerente de ventas del área de gobierno dependiente de la vicepresidencia de operaciones de IBM Argentina S.A y Eduardo D'Alessandro era la máxima autoridad de la UTE y en forma simultánea se desempeñaba como gerente de la división de gobierno de la firma mencionada.

Ambos firmaron el referido "documento de negocios" y ha quedado demostrado con el grado de probabilidad que para esta etapa se requiere que desde la presidencia y vicepresidencia de operaciones de IBM Argentina S.A. se dirigió el proyecto informático en cuestión desde la elección de proveedores hasta la fijación de un precio que no resultó razonable.

Los funcionarios de la firma IBM que fueron procesados por el juez en la anterior instancia actuaron como partícipes necesarios de defraudación en perjuicio de la administración pública.

Los elementos de prueba referidos en el interlocutorio puesto en crisis resultan suficientes para inferir que los encausados tuvieron conocimiento de que la firma SEGUREX S.A. no iba a tener una participación real en los contratos que fueron firmados con la DGI.

Además, resulta aquí de particular importancia hacer referencia al informe elaborado por la firma IBM que obra glosado a fs. 8629 de la causa principal ya que el mismo ha sido incorporado con fecha posterior al dictado del auto de mérito que se cuestiona.

En ese informe, el director legal Daniel Francisco Benvenuto, expresa que conforme surge de la factura nro. 0000-00000120 la certificación del servicio de SEGUREX S.A. figura aprobada por los señores Alberto Minazzoli como gerente de ventas del sector gobierno y Eduardo D'Alessandro como director del sector gobierno y servicios públicos.

Por otro lado, cabe destacar que también se ha podido demostrar el desvío de fondos que se materializó a través de la firma CONSAD S.A. la que fue contratada por la firma IBM por un monto de dinero que superó ampliamente a los costos en que incurrió la firma en el cumplimiento del "SIJyP".

Con lo considerado puede concluirse -tal como antes quedara expuesto- con el grado de probabilidad que requiere el acto impugnado que, habría sido indispensable la inclusión de las empresas referidas en el "documento de negocios" para que a través de ellas se pudiera materializar la inflación del precio de los contratos que IBM firmara con la DGI.

Puede decirse liminarmente que tal documento habría sido la base de la maniobra en el ámbito de IBM y elemento esencial para el cumplimiento de los fines que se han hecho expresos a lo largo de esta resolución.

Mal podría aparecer como razonable, en términos de regularidad, que una entidad multinacional de la envergadura de IBM, con obvios e importantes fines económicos, con un indiscutible prestigio histórico en el mercado informático y una importantísima estructura empresarial, aprobara tan ligeramente, en base a datos obtenidos de una manera bastante confusa -según lo expresado por los suscriptores del "documento de negocios" en el caso de la inclusión en el documento de SEGUREX-, la subcontratación de otra empresa para la satisfacción de un servicio de costo millonario.

Los elementos reseñados que en forma suficiente valora el juez en la anterior instancia complementados por el desarrollo efectuado en la presente, con referencia a las anomalías evidenciadas en la nota de direccionamiento conforman un cuadro presuncional apto para esta etapa del proceso como para considerar la actuación dolosa de los encausados en el favorecimiento de la incorporación de las empresas subcontratadas por IBM.

En general, en los descargos efectuados, se alegó una aséptica actuación de acuerdo a los roles relativos de cada uno, y se expresó que no estaba en sus funciones el control de la veracidad del contenido del informe plasmado en la nota de direccionamiento, con lo cual, curiosamente habría que concluir en que no habría sido función de persona alguna dicho control.

Luego de las consideraciones efectuadas, el Tribunal se encuentra en condiciones de decir que habrá de confirmar el auto recurrido respecto de los nombrados al inicio de este apartado.

V. SITUACION DE LOS RESPONSABLES DE LAS EMPRESAS QUE INTEGRABAN EL GRUPO ECONOMICO JUNTO CON LA FIRMA SEGUREX S.A.

En el auto recurrido se ha decretado el procesamiento de Carlos Gustavo Krieger, presidente del directorio de UNIVERSAL ASSISTENCE; de Carlos Alberto Juni, director de SEGUREX S.A.; de Horacio Eduardo Pasman, vicepresidente de SEGUREX S.A; de Antonio Altieri, vicepresidente y director de UNIVERSAL ASSISTENCE; de Félix de Barrio, presidente de SISTECO y de Eduardo Novillo Astrada, presidente de SALISBURY S.A.

En el marco del "SIJyP", la empresa IBM Argentina S.A contrató a la firma SEGUREX S.A. para la prestación de un servicio que no se realizó. Esta empresa resultó ser parte integrante de un grupo económico conformado por Salisbury S.A, Universal Assitence S.A., Atlantis Sociedad Inversora S.A. y Sisteco Sistemas de Computación S.A -conf. informe presentado por el Contador Carlos María Bo de la DGI obrante a fs. 2774/95-. Las empresas mencionadas estaban relacionadas a través de sus accionistas, de sus directores y de su actividad económica.

Ahora bien, si se considerara aisladamente la contratación referida, podría utilizarse el razonamiento del que se valen algunos de los abogados defensores, en cuanto expresan que se trató de una relación comercial entre empresas privadas, y que en todo caso, el incumplimiento en el que incurrió la una con la otra correspondería que se ventile en otro ámbito. Sin embargo, en este caso se investiga el perjuicio económico que se produjo en el patrimonio estatal en razón de una maniobra delictiva que necesariamente contó con la participación de más de una empresa privada para lograr su cometido delictivo, máxime cuando el cobro del contrato entre las firmas particulares dependía de la contratación de IBM por parte de la DGI.

De otra parte, no resulta un dato menor destacar que, quien fuera por ese entonces el Director General de la DGI, Ricardo Cossio, era accionista de Atlantis Sociedad Inversora S.A., o sea una de las empresas que integraban el grupo económico al que pertenecía SEGUREX S.A..

Tal como se ha referido en el tratamiento del caso de los funcionarios de IBM resulta por demás llamativa la forma en que se produjo la contratación por parte de dicha firma con relación a SEGUREX S.A.. Por un lado, cabe recordar que el contrato entre las dos empresas se firmó al día siguiente en que se inició el expediente de la DGI del proyecto "SIJyP".

Por otro lado, nadie puede explicar efectivamente cómo se produjo el supuesto asesoramiento, vale recordar el testimonio de José Luis Ibarzabal, gerente general de SISTECO S.A. -conf. fs. 5891- quien refiere que los primeros días de enero de 1994 recibió un llamado telefónico de Soriani diciéndole que querían contar con SISTECO para el desarrollo del proyecto técnico y la evaluación global del sistema que IBM pretendía instalar, que en ese momento la empresa era distribuidora exclusiva de SUN MICROSYSTEMS razón por la cual se comunicó con Félix De Barrio para explicarle la situación ya que podía ponerse en peligro la relación con esa empresa. Manifestó que Soriani le dijo que el trabajo sería a riesgo siempre que IBM resultara ganadora. El testigo agrega que el directorio decidió concretar la propuesta pero sacando del ámbito del negocio a la empresa SISTECO ya que era proveedora de SUN MICROSYSTEM y que el costo del trabajo sería de 450.000 dólares, que tal resolución se la comunicó a Soriani que estuvo de acuerdo y a quien le solicitó que en adelante se comunicara con De Barrio para llevar adelante el tema.

Ibarzabal relata que transcurridos algunos días lo llamó Altieri para que profundizaran acerca de cuáles eran los requerimientos de IBM, y cree que fue este último quien se encargó del tema.

Sobre ese aspecto, el testigo relata que lo único que le manifestó Soriani era que necesitaban del apoyo de su empresa, mas no profundizaron sobre los aspectos técnicos de la propuesta, que por otro lado, en su caso personal, no tenía conocimiento para asesorar a IBM.

Los datos que proporciona el testigo resultan sorprendentes ya que aún sin saber qué tipo de trabajo se debía realizar se pactó un precio por casi medio millón de dólares con una empresa distinta a la que se pretendía originariamente -al menos en el aspecto formal- y con la distribuidora exclusiva de una de las empresas que competía en el mercado con IBM -en la situación de hecho- aún cuando IBM no había formalizado su contrato con la DGI.

Altieri por su parte manifiesta a fs. 5010/16 que el presidente de SISTECO S.A., De Barrio, le comentó sobre el acuerdo con IBM y que se requería de sus conocimientos. En razón de ello, dentro de las limitaciones de tiempo que le imponía su actividad principal, mantuvo reuniones de trabajo con Ibarzabal que se produjeron en la última quincena de febrero para interiorizarse sobre el tema, y que su intervención fue estrictamente técnica vinculada a conocimientos informáticos.

De los relatos mencionados resulta imposible establecer de qué manera SISTECO S.A. o SEGUREX S.A. tomaron conocimiento del trabajo que tenían que realizar para IBM.

Lo que sí se ha podido determinar a esta altura de la investigación es que la empresa SEGUREX S.A cobró una suma aproximada a medio millón de pesos por un trabajo que no realizó, conforme lo acredita el referido informe elaborado por el contador Bo.

Segurex facturó a IBM por un trabajo que no realizó y simuló un asesoramiento sobre la presentación y puesta en marcha del proceso del "SIJyP". Para llevar a cabo la maniobra se presentó un informe apócrifo y se documentaron asientos contables en los que reflejaron operaciones no realizadas.

El trabajo que debería haber realizado la empresa en cuestión tendría que haber consistido en el asesoramiento a los efectos de que la empresa IBM Argentina S.A presentara la solución informática integral para el "SIJyP".

Sobre este aspecto, se ha tenido por acreditado que el informe que presentó SEGUREX S.A. a IBM supuestamente con fecha 5 de marzo de 1994 no hizo más que reflejar cuestiones que estaban siendo estudiadas y elaboradas por otros sectores que nada tenían que ver con la mencionada firma.

Corroboran lo expuesto, las declaraciones testimoniales de Otto Sasse, gerente del proyecto "SIJyP" para IBM -fs. 2861/4-; de Pablo López, empleado de CONSAD S.A. -fs. 4400/02-; de Cristina Capello, empleada de T.T.I. S.A. -4308/9-, ya que todos ellos coincidieron en que entre el mes de febrero y marzo del año 1994 se llevaron a cabo numerosas reuniones de trabajo con el objeto de definir los aspectos técnicos de la solución informática que se iba a implementar, y desconocieron que representantes de la firma SEGUREX S.A. o de SISTECO S.A. hubieran participado de esos encuentros.

Resulta particularmente trascendente destacar el testimonio de Otto Sasse quien explicó cómo se organizaron las tareas dado que fue responsable de armar el plan de trabajo que de ser otorgado el contrato a IBM, sería el plan a seguir para ejecutar las labores técnicas asociadas con el proyecto. Dijo que la primera etapa de elaboración de la propuesta abarcó el período comprendido entre el 4 de febrero y el 14 de marzo de 1994 en el que se reunió con los nombrados en el párrafo anterior, más no pudo especificar qué función le tocó desempeñar a la empresa SEGUREX S.A. ya que no conocía a esa firma.

Además, cabe aludir a lo expresado por Gustavo Soriani a fs. 6151/9 cuando señaló que a comienzos de 1994 tomó conocimiento de la solución denominada sistema de la "mancha", la cual se trataba de una innovación tecnológica que surgió durante el desarrollo del producto. A su vez, agregó que el ingeniero de IBM, Jorge Sanz, trabajó sobre ese novedoso sistema en el laboratorio de Almaden (California), que su área de especialización era el reconocimiento óptico, y que fue el mencionado profesional quien le habló en todo momento sobre la "mancha", solución ésta que nunca había sido utilizada por la empresa. Seguidamente, Gustavo Soriani fue interrogado para que dijera si conocía la importancia estratégica que tenía SEGUREX o SISTECO en la propuesta, a lo que, quien fuera vicepresidente de operaciones de IBM respondió que no recordaba lo que le había explicado D'Alessandro al respecto y que tenía presente que SISTECO poseía mucha experiencia en el tema de redes y el bancario.

Por ello, llama poderosamente la atención que en el informe que supuestamente presentó SEGUREX a IBM se haya expresado que se incorporaba la impresión de los datos con un sistema de código de barras para que se produjera una mayor agilidad en el proceso de captura posterior a través de un sistema de reconocimiento óptico, cuando tal solución, sumamente novedosa, fue desarrollada por IBM en laboratorios de Estados Unidos de Norteamérica.

En el marco que se viene reseñando resulta difícil dar por cierto el argumento defensista ensayado por el Dr. Nuñez quien refiere que la conformación de la arquitectura informática en la que trabajaron los testigos mencionados fue producto de las sugerencias y recomendaciones efectuadas por SISTECO S.A., aún cuando refiere que los dichos de Soriani no se contradicen con el trabajo realizado por SEGUREX o SISTECO, ya que invoca que una cosa es la descripción de la solución y otra su desarrollo.

A todo cuanto se expuso se suman las registraciones contables que no reflejaron la realidad de la contratación que se examina, y más allá de las explicaciones que se dieron en punto a que en realidad fue SISTECO la empresa que prestó el servicio pero que resultaba conveniente que se firmara y que figurara SEGUREX como la prestadora por cuestiones internas al grupo económico, lo cierto es que existen elementos suficientes que analizados globalmente permiten tener por acreditada la participación de cada uno de los integrantes de las firmas referidas en el suceso que se investiga, sin cuya colaboración no hubiera sido posible que se realizara la maniobra en cuestión.

Debe tenerse en cuenta que la complejidad de las actuaciones obligó a un extenso relato fáctico, y tal necesidad de amplitud descriptiva encierra una aceptable precisión, más aún si se tiene en cuenta el momento por el que transita el proceso, y por ello, a fin de no incurrir en reiteraciones innecesarias es que habrán de confirmarse los procesamientos de los encartados de conformidad con los argumentos vertidos en la resolución recurrida.

VI. SITUACION DE LOS RESPONSABLES DE LAS EMPRESAS QUE INTEGRABAN EL GRUPO ECONOMICO CONSAD S.A.

Respecto de los recursos interpuestos contra los procesamientos de los directivos y accionistas de la firma Organización Consultores Argentinos para el Desarrollo (CONSAD), Juan Carlos Cattáneo, Silvina De La Rúa y Liliana Almosni de Sananes, los argumentos vertidos en oportunidad de presentar los informes previstos por el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación no logran conmover el temperamento adoptado en el decisorio atacado.

La firma CONSAD se desempeñó como contratada de IBM Argentina S.A. a fin de prestar servicios en el área de los sistemas de información en relación a los proyectos informáticos "SIJyP" y "SITRIB" llevados a cabo en el seno de la Dirección General Impositiva.

A través de la prueba colectada en autos se ha acreditado que una importante parte de los fondos que recibió en compensación a las tareas realizadas fueron desviados, siendo su destino no congruente con la tarea informática que debía llevar a cabo, ni con ningún otro giro comercial normal de la empresa como se señala en el punto 1.D. "Egresos de la firma Consad S.A." a fojas 8265.

Lo expuesto surge del informe elaborado por el supervisor de la Dirección General Impositiva, Carlos Bo, obrante a fojas 1.329/38 de los autos principales, en el cual se efectuó un seguimiento del dinero que salió de la DGI, que pasó por IBM Argentina y terminó en poder de CONSAD, la cual a su vez entregó dichos fondos mediante la emisión de cheques a terceros ajenos a la empresa o los entregó a sus directivos en carácter de préstamos.

A la entrega de préstamos a sus directivos y la emisión de cheques a nombre de testaferros en forma simultánea, los directivos de la empresa CONSAD simularon la compra de títulos públicos llamados "Pard Bond" por un monto superior a los cinco millones de pesos. Esta operatoria de la cual no existían constancias documentales fehacientes se disimuló con la aparente participación de la quebrada firma "R.C.E. S.A.", a cuyo concurso CONSAD -supuestamente perjudicada en una suma superior a los cinco millones de pesos-no se presentó.

Al momento de prestar declaración indagatoria, Silvina De La Rúa y Liliana Almosny de Sananes manifestaron que CONSAD estaba presidida por la difunta Julia Oshiro, a quien la asesoraba también el accionista mayoritario Juan Carlos Cattaneo. Refirieron que era Oshiro quien poseía el manejo de los fondos de la empresa y quien autorizaba todos los pagos, señalándola como la única responsable del manejo económico y financiero y de los destinos de la empresa.

Explicaron también que ante una inspección de la DGI, Julia Oshiro convocó a una reunión a la cual asistieron Almosny, De La Rúa y Marcelo Cattáneo, con el propósito de informarles que CONSAD había llevado a cabo una maniobra consistente en la utilización de facturas apócrifas para lograr un fondo de reserva que permitió asegurar la transformación de la empresa. Señalaron que en ningún momento le preguntaron a Oshiro el modus operandi de dicha operación, es decir, cómo se transformó en dinero las cifras que figuraban en las facturas apócrifas. Según estos imputados, Oshiro sólo les manifestó que el dinero proveniente de la maniobra con las facturas apócrifas tenía como destino asegurar el cambio estratégico de la firma y que el mismo fue invertido en operaciones con títulos públicos "Pard Bond".

Fueron De La Rúa y Sananes quienes firmaron los cheques mediante los cuales se desvió el dinero percibido por el proyecto "SIJyP" (ver peritaje caligráfico de fojas 6.592/4), sin embargo alegaron que desconocían el destino que se le iba a dar al dinero de los cheques y que si firmaron los cartulares fue porque Oshiro lo había autorizado (ver fojas 7.906/7 y 7.908/9 de los autos principales).

En oportunidad de prestar declaración indagatoria, Juan Carlos Cattáneo relató que el cheque n? 3478 por la suma de $ 100.000 cobrado por el nombrado tenía como causa un convenio que tenía con CONSAD. En referencia a las autorizaciones de pago glosadas a fojas 7, 48 y 91 a nombre de "A. de Lellis" (cfr. "Cuerpo de Antecedentes" del informe sobre circulación proveedores de la UTE IBM Argentina BANELCO), indicó que las dos primeras se debían a un préstamo y que la tercera la desconocía. Respecto a la facturación apócrifa de la firma CONSAD relató que la Licenciada Oshiro le comentó acerca de esta cuestión pero que con anterioridad la ignoraba por completo (ver fojas 5.248/59 de los autos principales).

Con la intención de negar responsabilidades, los imputados manifestaron que no le preguntaron a Oshiro cómo llevó a cabo la maniobra financiera con las facturas apócrifas, a pesar de la responsabilidad que cabía a De La Rúa y Sananes en la confección de los cheques mediante los cuales se perfeccionaba la salida del dinero.

Los argumentos esgrimidos por los imputados, no parecen más que un intento para mejorar sus situaciones procesales apelando para ello a la estrategia de alegar el desconocimiento de cuestiones que se sucedieron en la firma de la cual eran propietarios y más aún, una atribución arbitraria de responsabilidades a quien no puede defenderse y rebatir los dichos de los ex socios, quienes trataron de encontrar en la persona de la Licenciada Julia Oshiro la descarga de sus responsabilidades.

No es posible sostener válidamente la versión de que los máximos responsables de la empresa hubieran desconocido y fueran totalmente ajenos al manejo financiero de la firma de la cual eran accionistas y directivos, puesto que firmaban cheques, aprobaban las autorizaciones de pago, retiraban préstamos, remitían notas a los bancos y fundamentalmente eran los responsables y dueños de CONSAD.

Las circunstancias apuntadas precedentemente necesariamente presuponen la connivencia entre los responsables de la UTE IBM Argentina BANELCO y Cattáneo, Sananes y De La Rúa en el accionar que dio origen a estas actuaciones toda vez que los imputados participaron y posibilitaron la maniobra defraudatoria poniendo al servicio del delito que se investiga en autos, la estructura empresarial que poseían para facilitar así la salida del dinero obtenido como producto de una abusiva obligación comprometida por la DGI con la UTE IBM Argentina S.A. - BANELCO S.A. en relación a la solución informática del "SIJyP".

Así, el precio abusivo resultante de la contratación del "SIJyP" no es el reflejo de un contrato transparente sino que es la consecuencia de las irregularidades que lo permitieron, generando así una contratación abusiva para el Estado y una ganancia desproporcionada lograda a partir de la participación esencial de Silvina De La Rúa, Liliana Almosny de Sananes y Juan Carlos Cattaneo en la maniobra dirigida por los funcionarios públicos procesados y los que actuaron en representación de IBM Argentina S.A.. Las circunstancias apuntadas permiten concluir que el temperamento adoptado en relación a la situación procesal de Juan Carlos Cattáneo, Silvina De La Rúa y Liliana Almosni de Sananes se encuentra ajustado a derecho, máxime si se tiene en cuenta que para el dictado de la decisión que se cuestiona se requiere un grado potencial de certeza que permita estimar que los imputados son culpables como partícipes del delito que se les enrostra, lo cual ha sido demostrado en autos.

VII. CALIFICACION LEGAL Y EMBARGOS:

En cuanto a la calificación legal de las conductas de los nombrados, dado el carácter provisorio que supone esta etapa del proceso habrán de ser confirmadas las escogidas en el auto puesto en crisis, modificando la calidad de autora en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública respecto de María Eugenia Dallorso por considerarla partícipe secundaria en el hecho que se investiga y como consecuencia de ello resulta adecuado que el Tribunal reduzca el monto del embargo decretado sobre sus bienes y/o dinero atendiendo al grado de participación atribuida.

Por tanto, el monto del embargo respecto de María Eugenia Dallorso habrá de fijarse en la suma de $150.000 (pesos, ciento cincuenta mil), y será convalidada la medida precautoria adoptada para el resto de los procesados en el auto recurrido dada la magnitud económica de los contratos investigados y las sumas millonarias de dinero en juego por las consideradas ilegítimas contrataciones realizadas que habrían significado un severo menoscabo económico en el ámbito de la administración pública, por lo que entiende esta Cámara que los montos fijados resultan adecuados para garantizar las eventuales penas pecuniarias, indemnizaciones civiles y costas procesales -art. 518 del C.P.P.N.-.

VIII. Por último, luego de examinar estas actuaciones este Tribunal advierte que los hechos que aquí se investigan podrían guardar alguna relación con las contrataciones llevadas a cabo por IBM Argentina S.A. que también han sido objeto de examen en esta Alzada vinculadas con otros organismos del Estado Nacional como lo son la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Banco de la Nación Argentina (ver causas nro. 1451/96 y 2229/94 de los Juzgados Federales N? 8, Secretaría N? 15 y N? 7, Secretaría N? 13 respectivamente). Por tal razón, y aún cuando se advierte que se ha formado una causa por separado para que se investigue si entre los funcionarios públicos y los directores de las empresas contratantes existió una organización criminal tendiente a defraudar al Estado Nacional a través de la comisión de delitos mediante la suscripción de contratos de informatización, resulta conveniente que en esta causa se profundice la investigación respecto de las conductas de quienes cumplieron funciones en representación del Estado jerárquicamente superiores a las personas procesadas en esta oportunidad.

Así, por ejemplo, puede destacarse que de la declaración indagatoria prestada por Gustavo Adolfo Soriani a fs. 6151/9 surge que fue interrogado para que conteste si Cossio le pidió que sacasen a CONSAD como proveedor, a lo que el deponente contestó: "Cuando se levantó el tema de CCR en marzo de 1995, fuimos con Martorana a ver a Cossio y a Dadone, planteándoles que había un incidente de evasión impositiva tal como surgía de los diarios respecto de CCR y una aparente relación de ésta con Consad. Que Cossio nos dijo que lo iba a consultar con sus superiores y en una reunión posterior nos dijo que lo había hablado con Tacchi y Cavallo. Nos dijo que dado que priorizaban la seguridad del proyecto, reemplazar a Consad de inmediato resultaría perjudicial. Que lo que nos solicitaba era comenzarlo a sacar paulatinamente y que no se lo contratara en el futuro. Que Consad era el proveedor natural de la DGI en razón del sistema 2000 que fue contratado para esa tarea por la DGI, sin ninguna intermediación o intervención de IBM. Que tuvimos la misma respuesta por parte del Banco Nación." No obstante ello, se recomienda al Señor juez de primera instancia que apresure el cierre de la instrucción respecto de las personas cuyas situaciones procesales han sido tratadas en esta instancia.

Por todo lo expuesto el Tribunal, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR a los planteos de NULIDAD impetrados en autos.

II) CONFIRMAR el punto dispositivo I del auto recurrido mediante el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de RICARDO JUAN ALFREDO COSSIO por considerarlo autor penalmente responsable en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública reiterado en dos oportunidades y se mandó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $ 2.500.000 (Pesos, dos millones y medio) -arts. 45; 55; 173, inciso 7?; 174, inciso 5?, todos del Código Penal; arts. 306 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación-.

III) CONFIRMAR el punto dispositivo II del mencionado auto, en el que se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de DANIEL CARLOS HURRELL en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública reiterado en dos oportunidades, en calidad de autor en un hecho y de partícipe necesario en otro y se dispuso trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $ 2.000.000 (Pesos, dos millones) -arts. 45; 55; 173, inciso 7?; 174, inciso 5?, todos del Código Penal; arts. 306 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación-.

IV) REVOCAR el punto dispositivo III del auto recurrido mediante el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de PEDRO CARLOS CAVALLIERI por considerarlo autor penalmente responsable en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y se mandó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $ 1.500.000 (Pesos, un millón y quinientos mil) y DECRETAR la falta de mérito respecto del nombrado de conformidad con lo previsto por el artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación.

V) CONFIRMAR el punto dispositivo XIII del auto recurrido mediante el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de FRANCISCO RAMON FIGUEIRA por considerarlo autor penalmente responsable en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y se mandó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $ 500.000 (Pesos, quinientos mil) -arts. 45; 173, inciso 7?; 174, inciso 5?, todos del Código Penal; arts. 306 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación-.

VI) CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto dispositivo XIV del auto recurrido mediante el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de MARIA EUGENIA DALLORSO en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública MODIFICANDO la calidad de autora que se le asignó por la de partícipe secundaria, y como consecuencia de ello trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $ 150.000 (Pesos, ciento cincuenta mil) -arts. 46; 173, inciso 7?; 174, inciso 5?, todos del Código Penal; arts. 306 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación-.

VII) CONFIRMAR el punto dispositivo XV del auto recurrido mediante el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de RICARDO ORFIRIO MARTORANA por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública reiterado en dos oportunidades y se mandó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $ 2.000.000 (Pesos, dos millones) -arts. 45; 55; 173, inciso 7?; 174, inciso 5?, todos del Código Penal; arts. 306 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación-.

VIII) CONFIRMAR el punto dispositivo XVI del auto recurrido mediante el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de GUSTAVO ADOLFO SORIANI por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública reiterado en dos oportunidades y se mandó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $ 2.000.000 (Pesos, dos millones) -arts. 45; 55; 173, inciso 7?; 174, inciso 5?, todos del Código Penal; arts. 306 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación-.

IX) CONFIRMAR el punto dispositivo XVII del auto recurrido mediante el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de ALBERTO MINAZZOLI por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública reiterado en dos oportunidades y se mandó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $ 1.000.000 (Pesos, un millón) -arts. 45; 55; 173, inciso 7?; 174, inciso 5?, todos del Código Penal; arts. 306 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación-.

X) CONFIRMAR el punto dispositivo XVIII del auto recurrido mediante el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de EDUARDO D'ALESSANDRO por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública reiterado en dos oportunidades y se mandó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $ 1.000.000 (Pesos, un millón) -arts. 45; 55; 173, inciso 7?; 174, inciso 5?, todos del Código Penal; arts. 306 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación-.

XI) CONFIRMAR los puntos dispositivos XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI mediante los que se decretaron los procesamientos sin prisión preventiva de CARLOS KRIEGER, ANTONIO ALTIERI, EDUARDO NOVILLO ASTRADA, HORACIO PASMAN, CARLOS JUNI y FELIX DE BARRIO por considerarlos partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y en los que se mandó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero respectivamente hasta cubrir la suma de $ 150.000. (Pesos, ciento cincuenta mil) -arts. 45; 173, inciso 7?; 174, inciso 5?, todos del Código Penal; arts. 306 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación-.

XII) CONFIRMAR el punto dispositivo XXVIII del auto recurrido mediante el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de JUAN CARLOS CATTANEO por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y se mandó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $ 1.500.000 (Pesos, un millón quinientos mil) -arts. 45; 173, inciso 7?; 174, inciso 5?, todos del Código Penal; arts. 306 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación-.

XIII) CONFIRMAR el punto dispositivo XXIX del auto recurrido mediante el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de SILVINA DE LA RUA por considerarla partícipe necesaria del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y se mandó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $ 1.500.000 (Pesos, un millón quinientos mil) -arts. 45; 173, inciso 7?; 174, inciso 5?, todos del Código Penal; arts. 306 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación-.

XIV) CONFIRMAR el punto dispositivo XXX del auto recurrido mediante el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de LILIANA ALMOSNI DE SANANES por considerarla partícipe necesaria del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y se mandó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $ 1.500.000 (Pesos, un millón quinientos mil) -arts. 45; 173, inciso 7?; 174, inciso 5?, todos del Código Penal; arts. 306 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación-.

XV) Tener presentes las reservas que se formulan.

Regístrese, hágase saber y devuélvase, debiendo el Señor Juez de primera instancia proceder de acuerdo con lo establecido en el CONSIDERANDO VIII de este decisorio.

Sirva la presente de atenta nota de envío.