marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte, resoluciones equiparables a definitiva, valor disputado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Nacional c/ Cooperativa Poligráfica Editora Mariano Moreno Ltda. s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Procede el recurso ordinario de apelación toda vez que se trata de una resolución equiparable a sentencia definitiva, en una causa en que la Nación es parte y el valor cuestionado excede el mínimo establecido en el art. 24, inc. 6°, ap. a, del decreto - ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: SHERMAN,  Gregorio Néstor Gabriel c/ ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DELUJÁN DE SAN JOSÉ DE FLORES y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-21

1- No cabe diferenciar la reparación del daño moral de índole contractual del derivado de la responsabilidad extracontractual porque en ambos el eje es la indemnización del daño injusto de modo que acreditada su existencia el juez debe disponerla. 2- Con este enfoque, resulta procedente la demanda por danos y perjuicios derivados de la decisión de un establecimiento de resolver el contrato educativo con posterioridad al cobro de la matrícula del ciclo lectivo, toda vez que la institución instó a los padres a cumplir con los trámites de inscripción y cobró la matrícula correspondiente al ciclo lectivo cuando ya tenía pleno y cabal conocimiento de las denuncias efectuadas por el progenitor en su contra, para varios meses después notificarle su decisión de no rematricular al niño. 3- En este supuesto es presumible la lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, la perturbación a la tranquilidad y el ritmo normal de vida del niño, por su abrupto alejamiento del colegio al que asistió hasta quinto grado inclusive, con la pérdida del grupo de pertenencia, la necesidad de insertarse en un nuevo establecimiento y establecer nuevos vínculos. Esto tiene que haberle provocado una afectación importante en sus sentimientos, más aun cuando al no haber sido una decisión adoptada por los padres, sino por la escuela, la vivencia disvaliosa es la de haber sido expulsado. (Sumario N°20318 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Corte interamericana de derechos humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interpretación de tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Estrella, Luis Fernando; Menéndez, Luciano Benjamín; Vera, Domingo Benito s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las directivas de la Comisión Interamericana, que han entendido que las leyes de punto final y de obediencia debida son contrarias a los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pues niegan a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el período autoritario de un recurso efectivo para la tutela de sus derechos, constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no solo en el plano local sino también en el internacional, tal como tiene dicho nuestra Corte Suprema. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Herencia vacante, aplicación de la ley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CANTALUPPI, Osvaldo Omar c/ HAELEWYCK DE IMER, Elodia s/ SUCESION - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

Si en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una herencia aún no se ha declarado vacante (art. 3544 del Código Civil), es decir no se ha efectuado la transferencia de su producido al Fisco Nacional (Ministerio de Educación de la Nación, según decreto 15698/51), corresponde aplicar la ley 52 de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto dispone la intervención del Procurador General de la Ciudad. Ello no obstante que la causante haya fallecido con anterioridad a la vigencia de dicha norma, la cual rige a partir de su publicación para las sucesiones que se inicien como para las que se encuentran en trámite, donde todavía no se haya producido la incorporación del dominio de los bienes vacantes al Estado Nacional.
Hábeas corpus, competencia federal, fallos de la Corte Suprema, acumulación de procesos
Materia: PENAL
Carátula: T., H. D. s/habeas corpus c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-07

Lucero explicó que el fuero federal era competente en estos casos donde se denuncia un acto lesivo en perjuicio de una persona privada de su libertad a cargo de una autoridad federal, como es el Complejo Penitenciario Federal de la CABA, tal como quedó sentado en sintonía con el caso "Gutierrez" (causa nº 49685/19 del 17/12/2015), a cuyos argumentos se remite, y en los casos de la CSJN "Nisman", "Jose Marmol 824 (ocupantes de la finca)" entre otros. Agregó que, en la acción denunciada, se ha verificado una cuestión de conexidad con los expedientes n° 81.259/18 y sus acumulados, por lo que debe intervenir el Juzgado Federal N° 3 y, en caso de ser rechazada la declinatoria, proceder a la formal traba de contienda ante el superior común que en el caso resulta ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Derecho procesal, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: PELUC DE LARGACHA MIRNA H. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ EXPROPIACION INVERSA-SUMARIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-29

La legitimación consiste en la competencia del sujeto para soportar los efectos jurídicos de la reglamentación a que se ha aspirado, competencia que a su vez resulta de posición especifica de tal sujeto, respecto de los intereses que se trata regular. Constituye un presupuesto preliminar necesario para la declaración del derecho en favor de la actora.
Accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, vehículo robado
Materia: CIVIL
Carátula: MEDINA,  Jacinto  Balbín c/ D'ONOFRIO, Walter Alejandro y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-05

El uso de la cosa "contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián" como eximente de responsabilidad (art. 1113, última parte del Código Civil)debe interpretarse restrictivamente. De manera que no cesa la responsabilidad cuando el dueño o guardián posibilita que se cometa el delito, adoptando una conducta negligente, por ejemplo, dejando las llaves puestas en un vehículo estacionado en la calle, o con las puertas abiertas o con el motor en marcha o también cuando se lo deja al alcance de un menor. En estos supuestos, como en otros de características análogas, el desplazamiento de guarda se debe a un hecho culposo por el cual se debe responder. La liberación no se logra sólo con acreditar que el automóvil fue sustraído antes de la colisión; también debe probarse que se han adoptado medidas concretas orientadas a impedir ese empleo indebido, el abuso de confianza o la sustracción de terceros. Se debe probar que existió uso contra su voluntad o prohibición expresa de su parte, y que la cosa salió de su esfera de custodia son que haya mediado culpa. Desde esta perspectiva si el accionado se encontraba en el interior del vehículo detenido frente al garaje de su domicilio a la espera de que se operara la apertura del portón eléctrico, cuando fue asaltado a mano armada, ninguna negligencia en la guarda se desprende de ese comportamiento, al igual que surge nítida su preocupación por protegerse de ese tipo de hecho y se asegurar a los terceros de las consecuencias dañosas al tener contratado un seguro contra todo riesgo. En este supuesto si el rodado conducido por los malvivientes embiste a otro el propietario se exonera de la responsabilidad conforme a lo prescripto por el último párrafo del art. 1113 del Código Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, doctrina de la arbitrariedad, intereses, tasas, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RANALLO, DANIEL HUGO c/ SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-10

En cuanto a los reproches esgrimidos por la ocurrente en cuanto a la tasa de interés aplicada por la Alzada -doble de la tasa activa y capitalización bimestral-, debe declararse procedente el recurso, correspondiendo remitir -mutatis mutandi- a las consideraciones y fundamentos expuestos en la causa "Olivera", desde que en su decisión la Cámara incurrió en arbitrariedad tanto al disponer índices que contradicen criterios de razonabilidad como por apartarse de las pautas clarificadoras que surgen de lo normado por el Código Civil y Comercial, especialmente en cuanto a lo innovado en el artículo 771 y las facultades que otorga a los jueces. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 771
Adquisición del dominio, prueba, escritura traslativa de dominio, testimonio autenticado
Materia: CIVIL
Carátula: EDIFICIO CALLE ESTADO DE ISRAEL 4648 s/ INTERDICTO DE RECOBRAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

La adquisición del dominio, por medios y con las solemnidades que prescribe la ley, se acredita suficientemente con la presentación de la escritura o del testimonio autenticado, por lo que es improcedente exigir un certificado del Registro de la Propiedad.
Pagaré, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Roberts S.A. c/ Ramírez, María del Carmen y otro s/ Ejecución y embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-13

Como la presentación al pago del pagaré se presume, salvo prueba en contrario, se estima efectuado el último día del año que tenía el portador para presentar la letra al cobro, de lo que se sigue que en el título librado a la vista la acción prescribe a los cuatro años de la fecha de su creación. Período este que se integra con el año de plazo para cumplir con la carga de presentación al pago, y con los tres años siguientes, correspondientes al plazo de prescripción.

(Minoría u opinión personal)
Medidas cautelares, impuestos, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguas  Argentinas  S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa - incidente de medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar y ordenar a la provincia que se abstenga de ejecutar el cobro del impuesto de sellos, si de los antecedentes agregados a la causa surgen suficientemente acreditados los requisitos exigidos por los arts. 230 incs. 1° y 2° y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues se presenta el fumus boni iuris -comprobación de apariencia o verosimilitud del derecho invocado por la actora- exigible a una decisión precautoria.
Viajantes de comercio, promotor de ventas
Materia: LABORAL
Carátula: HERNANDEZ, NORMA BEATRIZ c/ DISTRIBUIDORA SAN GENARO s/ RECLAMO VIAJANTE COMERCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-30

La argumentación de la accionada que la actora se desempe aba como promotora de ventas y no como viajante, según lo resuelve el sentenciante, no puede prosperar porque la accionante ha concertado ventas con referencia a listas y condiciones de pago cuyas instrucciones eran parte de la política comercial de la empresa frente al mercado, lo que revela una actividad constante en la captación de clientes.

El término de viajante ya no es el tradicional que conocíamos, tanto por la necesidad del tráfico, los requerimientos del momento y la estructura funcional de la empresa que obligan a ésta a aglutinar a cierta categoría de personas para la oferta de sus productos, dotándola de competitividad; captar clientela, originando un organigrama de trabajo abarcando cuantos mercados, plazas y zonas pueda, descentralizando a su personal y sirviendo de soporte central a una gama de relaciones de singular riqueza técnica. La voz viajante es multívoca y alude a la prestación de quien acuerda negocios por más que los tramos de la aceptación en el tiempo no fueran instantáneos, sino sujetos a la aceptación final del empleador.

El requerimiento estatutario solo implica la concertación repetida de actos de venta, en el caso la actora buscaba al cliente, ofrecía productos y volcaba al empleador el pedido, acompa ando a veces al empleado encargado de descargar y efectuando cobros, visitando clientes con facultades de incrementarlos, actuando en una estricta subordinación.
Panaderos, aplicación de la ley, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: AYALA, SINFRONIO c/ ARIAS, JULIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

El descanso hebdomadario de las panaderías se encuentra regido por el decreto 16.117/33 que establece que las mismas "podrán estar abiertas al público durante la tarde del sábado y el día domingo".

En consecuencia, las horas trabajadas durante los días sábados y domingo, se computan como normales.
Despido, antecedentes disciplinarios, proporcionalidad de la pena
Materia: LABORAL
Carátula: Herrera, Alcides R. c/ Super S.A. s/ Indemnización por antiguedad y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-07-17

Si bien la empleadora llega a acreditar parcialmente la inconducta del trabajador en oportunidad de concurrir el médico de la empresa para constatar la enfermedad invocada por éste, no lo hace con relación a los antecedentes agravantes a que hace referencia en su comunicación de despido, lo que resultaba esencial a fin de justificar tal medida, en tanto que un solo hecho de las características del ocurrido en esa última oportunidad, aunque merezca alguna sanción, no reúne la entidad suficiente para justificar la rescisión del contrato de trabajo.
Costas, costas al vencido, exención de costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salvatoris, Ana c/ Capuccio, Salvador s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-03

Partiendo de la premisa que indica que la exención de carga en costas al vencido sólo procede excepcionalmente y cuando existen razones manifiestas y fundadas; ello así en virtud del principio de estricta objetividad con que se debe resolver lo concerniente a la imposición de aquéllas, que sólo cede ante situaciones muy precisas y limitadas (arts. 68 y 69 del Cód. Proc.), y dado que el Código Procesal mantiene como fundamente de la institución y como principio esencial el hecho objetivo de la derrota, por lo que la duda -si existiera- debe resolverse inclinándose hacia la aplicación del principio general. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución de sentencia, impugnación de la liquidación, preclusión
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "BUSTOS, ROBERTO c/ A.N.Se.S.". s/ EJECUCION PREVISIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-20

La mención de que la liquidación se aprueba en cuanto ha lugar por derecho, está destinada a prever la eventual corrección de errores aritméticos en que se hubiera incurrido. Por ende, tal enunciación no autoriza a revisar "sine die" las pautas mismas del cálculo liquidatorio, que una vez firmes y consentidas, se encuentran alcanzadas por los efectos de la preclusión (cfr. C.N.A.Civ., Sala I, "Favilla, Humberto c/ Piñeyro, José R."). Ello es así, máxime si se tiene en cuenta que la liquidación practicada se ajustó estrictamente a las pautas de movilidad establecidas por la sentencia de Cámara, que se encuentra firme y consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada.
Funcionarios judiciales, pago de la remuneración, plazo, plazo tácito, obligaciones periódicas
Materia: LABORAL
Carátula: A., M. Y OTROS c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (PODER JUDICIAL) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

No existe norma alguna que establezca el término para el pago (en el caso se trató del reclamo de intereses por falta de pago en término de haberes de empleados judiciales), razón por la cual se está frente al caso de un plazo tácito que remite, a su vez, al tiempo razonable que, a falta de estipulación expresa, se han otorgado las partes para cumplir. En tal supuesto, por tratarse de prestaciones mensuales de tracto sucesivo, ese plazo razonable para cumplir la obligación está dado por el transcurso del mes completo siguiente, dentro del cual debe efectivizarse el pago.
Inspección General de Justicia, estados contables, omisión de estados contables, multa
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA c/ FRAGUN SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-11

Del Dictamen Fiscal 117505:. Cabe rechazar el agravio vertido por el accionado contra la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) 415/06 en la cual se dispuso promover acciones judiciales de nulidad, disolución, declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica y cancelación de la inscripción registral de una Sociedad Anónima, y aplicar a su representante legal la sanción de multa por falta de presentación de los estados contables, con fundamento en que existe un vicio esencial de procedimiento por haberse omitido el traslado de la denuncia y afectarse así, el derecho de defensa en juicio; toda vez que, la sociedad fue citada en el domicilio social inscripto, y su presidente además de en la sede social -donde no había constituido domicilio especial- lo fue en su domicilio real, lo cual es constatable en este proceso; en cuanto a la sanción de multa el apelante no controvirtió la omisión, por lo cual, si bien la existencia de daño es un presupuesto de la responsabilidad civil no lo es de la responsabilidad administrativa, en la que la infracción es el incumplimiento de un deber que generó un riesgo con independencia de sus consecuencias.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

No hay óbice legal ni constitucional alguno para la formación de Tribunal pleno. Las pretenciones de los Señores Vocales que postulan la inconstitucionalidad, traen aparejada una paradoja: Pretender en "abstracto" declarar la inconstitucionalidad, en una reunión y sin que halla convocatoria previa al tema, por lo que resulta improcedente. Al mismo tiempo, cabe recordar la doctrina pacífica de la Corte Suprema Justicia de la Nación, en el sentido que los plenos no pueden declarar inconstitucionalidades, sino los casos jurídiccionales concretos, por Tribunales Jurisdiccionales en uso de esa tarea. (Del Voto del Dr. Crippa García -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Sindicatura, honorarios, actualización monetaria, proyecto de distribución
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: BLATI ABRAHAN s/ QUIEBRA  PEDIDA - HONORARIOS: SINDICATURA - LEY 21488 - ACTUALIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-06-06

El inciso "a" del art. 1ro de la ley 21488 alude expresamente a los créditos verificados, regulados o reconocidos en el trámite del proceso concursal, es decir, tanto abarca a los acreedores del deudor como a los de la masa, y no solamente a los "verificados".

Ello significa que el derecho a percibir la actualización de honorarios está derechamente regida por la ley prementada, posterior y especial con respecto a la 19551.

Ante la claridad del texto legal, parecen fútiles todas las disquisiciones teóricas que puedan hacerse en torno a la particular naturaleza del crédito de la impugnante. Es cierto que las normas de la ley 21488 pueden conducir a situaciones de ostensible injusticia, particularmente lo dispuesto por su art. 4to, según el cual en la distribución del remanente del activo no se computan los privilegios, que de tal modo podrían quedar absolutamente diluidos, desvirtuándose todo el sistema de prelación instituido por los arts.

263 y ss. L.C. Pero ése es el régimen vigente y no hay más remedio que acatarlo: de "lege ferenda".
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad extracontractual, indemnización por accidente de tránsito, gastos médicos, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANGRIMAN DE GARCIA TORRES, ADELINA c/ PERALTA, JOSE s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-27

La procedencia del resarcimiento de gastos de asistencia médica, honorarios, medicamentos, etc., ocasionados como consecuencia de un accidente de tránsito, no requiere necesariamente la presentación de recibos ni facturas; lo que sí es menester es que los gastos invocados guarden relación con las lesiones sufridas por la víctima y encuentre apoyatura en informes médicos, quedando sus montos librados al prudente arbitrio judicial.
Divorcio por presentación conjunta, desistimiento unilateral, hijos
Materia: CIVIL
Carátula: L., R. I. En J° 25.727 / 91.628-6-1f L., R. I. Y A., M. A. s/ Divorcio Vinc. Mutuo Acuerdo, Disoluc. Y Liq. De La Soc. Conyugal P/ Rec.Ext.De Inconstit-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-11-26

Resulta improcedente el desistimiento de uno de los cónyuges, puesto que no puede afirmarse que la mujer -aquí recurrente-, realmente esté interesada en mantener el vínculo matrimonial por su valor y significado en sí mismo, máxime fue ella quien inició la acción de divorcio y por una causal subjetiva -injurias graves- y consintió que el proceso continuara hasta el momento previo al dictado de la sentencia, por cuanto si bien ha alegado la nulidad de la segunda audiencia que alega no se efectuó, nada dijo de la primera, en la cual ratificó ante el juez su voluntad de divorciarse, advirtiéndose que su verdadero interés radica esencialmente en preservar la situación de su tercer hijo nacido durante el trámite del divorcio y también de los bienes adquiridos en ese período.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Espejo, Maria Josefa c/ Martin Amato y Cia. SAIC s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-06

Es irrelevante la impugnación de irrazonabilidad dirigida contra el fallo si no se la demuestra.
Indemnización por accidente de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, daño estético, lesiones faciales
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, JUAN c/ COMPAÑIA NAVIERA DEL SUR  S.A. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

Dentro del ámbito de la reparación integral como consecuencia de un accidente de trabajo -en la que está ubicada también la acción que norma el art. 1113 del cód. civil cuando se ejerció la opción del art. 17 de la ley 9688- el daño no sólo configura la pérdida de la capacidad laboral existente a la fecha del infortunio, sino también todas las consecuencias derivadas de la vida de relación. En tal sentido, la desfiguración del rostro es reparable en tanto disminuye la capacidad de ganancia al dificultar la posibilidad de empleo en el mercado laboral.
Jubilación por invalidez, incapacidad absoluta
Materia: LABORAL
Carátula: ARAGONES, JOSE MARIA c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-30

El otorgamiento de jubilación por invalidez no basta para acreditar la incapacidad absoluta en sede laboral, lo que torna imprescindible que la incapacidad aducida por el reclamante sea efectivamente demostrada en el ámbito judicial. (Minoría u opinión personal)