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Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-29


Reg.: A y S t 282 p 453/454.

Santa Fe, 29 de mayo del año 2018.

VISTOS: los autos "IBARRA, NORMA contra ASOCIART ART SA - ACCIDENTE DE TRABAJO - (EXPTE. 284/14) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ: 21-00510366-2), para resolver la excusación planteada por el doctor Santiago Andrés Dalla Fontana; y, CONSIDERANDO:

1. Que habiendo sido designado para integrar este Tribunal el doctor Dalla Fontana, miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial, puso en conocimiento de este Tribunal que concurre a su respecto la causal de excusación contemplada en el inciso 8 del artículo 10 del Código Procesal Civil y Comercial local, en relación con el doctor Oscar Eduardo Serricchio -apoderado de la actora-, atento a haber compartido el estudio jurídico con dicho profesional con anterioridad al ejercicio de la magistratura (f. 123).

2. En primer lugar, cabe destacar que la designación como reemplazante legal de un Ministro de la Corte Suprema de acuerdo al artículo 13 de la ley 10160, supone para el designado una serie de derechos y deberes diferenciados respecto del cargo que ocupa como integrante del Poder Judicial, lo que exige criterios muy estrictos para acoger favorablemente los planteos de auto-inhibición. Circunstancia que no se ve alterada en casos -como el presente- en los cuales las funciones de Ministro de la Corte se ejercen temporalmente.

Con esa inteligencia, y en cuanto a la causal de apartamiento invocada por el doctor Dalla Fontana respecto del doctor Oscar Eduardo Serricchio, no puede ser acogida en la especie, por cuanto se trata de una causa con características particulares, atento a que su temática guarda sustancial analogía con un grupo numeroso de expedientes que se encuentran a estudio de esta Corte, integrados todos con el mismo Tribunal ("Gatti", "Rodriguez", "Castro", "Navarro" y "Gallardo", según decreto de Presidencia de fecha 30.3.17, obrante a foja 112 de estos autos).

Siendo ello así, no resultaría posible pensar que el doctor Dalla Fontana pudiese decidir la presente causa -que fue remitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los efectos de que se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo dispuesto por ese Tribunal- constreñido por intereses personales, tendente a favorecer a uno de los profesionales del derecho actuante, en detrimento de la verdad objetiva.

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Desestimar la excusación formulada por el doctor Santiago Andrés Dalla Fontana.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: SPULER-CASELLA LANTERI-CHAPERO-MANA-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)
Concesión errónea del recurso, admisibilidad formal, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gonzalez, Claudio Ariel c/ Mantaras, Carlos Alberto Y/O Quien Resulte Titular Automotor Dominio Bsi-180 Y/O Quien Resulte Responsable s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-15

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada, en virtud del incumplimiento de reglas establecidas por la Resolución N° 1.197/07 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y su anexo.
Quiebra, títulos de crédito, capitalización de intereses
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Gotelli, Ricardo Pablo  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-04

Corresponde aprobar la cuenta practicada por el Banco Central de la República Argentina. Ello por cuanto en el caso, la cuestión sustancial debatida concernía a la determinación del valor de los títulos BAM (bonos de absorción monetario) de titularidad de una sociedad en liquidación, que el BCRA debía restituir por los servicios de amortización y de renta a fin de recuperar para la quiebra la masa monetaria que estos representan. Si bien se pretende la reedición de cuestiones ya decididas mediante pronunciamientos que se encuentran firmes, lo cierto es que quien impugna una cuenta debe demostrar cuáles son los errores aritméticos o de metodología que le endilga, proporcionando al efecto la cuenta que sostiene correcta, lo cual no ha ocurrido. Ninguno de los impugnantes practicó una cuenta distinta, se han limitado a señalar en abstracto cuáles debían ser las pautas para efectuar la cuenta, pero sin explicar en qué tramo de ella el ente rector había incurrido en error, ni cuál hubiera debido ser el resultado correcto. En ese marco, y siendo que, por su carácter de contadores, los impugnantes deben considerarse expertos en la materia, la Sala se encuentra relevada de llevar a cabo una actuación oficiosa destinada a detectar errores que esos mismos interesados no se ocuparon de exhibir. En ese contexto, debe tenerse presente que ninguno de los antecedentes en función de los cuales la liquidación debía ser practicada, admitió la capitalización de intereses, lo cual, como se dijo, deja sin sustento la pretensión que en sentido contrario fue introducida por los impugnantes, que se han limitado a señalar en abstracto cuáles debían ser las pautas para efectuar la cuenta, pero sin explicar en qué tramo de ella el ente rector había incurrido en error, ni cuál hubiera debido ser el resultado correcto. Esto exime a la Sala de la necesidad de ingresar en la liquidación de marras, pues, se reitera, aún cuando ella hubiera estado equivocada -lo que no se descarta-, los interesados no lo han demostrado.
Recurso contencioso administrativo, personería jurídica, Estado Provincial, fiscal de Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: SENN, NORMA NOEMI c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-19

Respecto del planteo de falta de legitimación pasiva esgrimido por la Provincia demandada, corresponde puntualizar que el Servicio Público de la Defensa Penal es un órgano dentro del Poder Judicial provincial y como tal, se incardina dentro de la persona jurídica a la que pertenece: la Provincia de Santa Fe; siendo ello así, y, al carecer -por su condición de órgano- de personalidad jurídica, en el caso, el sujeto demandado debe ser aquélla, y -de conformidad a lo establecido por el artículo 82 de la Constitución provincial-, es el Fiscal de Estado tiene a su cargo la defensa de los intereses de la Provincia ante los tribunales de justicia, siendo por tanto el único órgano autorizado constitucionalmente para dicha tarea; conclusión que no se modifica ante la circunstancia de que el acto mediante el cual se lleva a juicio al Estado provincial no haya emanado del Gobernador. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Falistocco y Spuler) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 73, p 176; T 85, p 415; T 211, p 376; T 271, p 315; T 276, p 95 y 430; T 278, p 346. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Provincial, artículo 82; Ley 13014, artículo 9
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fittipaldi Luis Joaquín y otra c/ Medina de Burlak María Luisa y otros s/ Daños y Perjuicios Goñi de Ortigosa Marta Beatríz y otros c/ Medina de Burlak María Luisa y otros s/ Daños y Perjuicios - Beneficio de Litigar Sin Gastos Rodriguez Alberto Reyes y otros c/ Medina de Burlak Mar{ia Luisa y otros s/ Daños y Perjuicios s/ Daños y Perjuicios - Beneficio de Litigar Sin Gastos Rodriguez Alberto Reyes y otros c/ Medina de Burlak Mar{ia Luisa y otros s/ Daños y Perjuicios s/ Daños y Perjuicios - Beneficio de Litigar Sin Gastos Rodriguez Alberto Reyes y otros c/ Medina de Burlak Mar{ia Luisa y otros s/ Daños y Perjuicios s/ Daños y Perjuicios - Beneficio de Litigar Sin Gastos Rodriguez Alberto Reyes y otros c/ Medina de Burlak Mar{ia Luisa y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-05|2000-12-05|2000-12-05

En materia de transporte benévolo, desde la tesis de asunción de riesgos, el dueño o guardián demandados, solo se liberan -total o parcialmente- ante la asunción por la víctima transportada de un riesgo anormal o extraordinario. El transporte benévolo genera responsabilidad extracontractual del transportista, en base al riesgo creado art.1113 2do.parr. "in fine" Cód. Civ., el que podrá eximirse de responsabilidad (parcial o total) ante la conducta, comportamiento o actuación de la víctima, que puede haber contribuido a causar su propio daño. Ello así, en un porcentaje del 20% (veinte por ciento) de responsabilidad, para los transportados que aceptaron el viaje de noche (2:20Hs) y en condiciones harto peligrosas ya que la densa niebla impedía la visión más allá de un par de metros.
Transporte de carga, transporte de carga peligrosa, Prefectura Naval
Materia: NAVEGACION
Carátula: "Antonio María Delfino S.A. c/ P.N.A. Disp. DPSJ JS1 381/01". s/ responsabilidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-04

La ordenanza marítima 1/90 dictada en cumplimiento del compromiso asumido al suscribir el Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) tiene la finalidad, mediante la información anticipada del transporte de mercancías peligrosas, de permitir que puedan ser adoptadas las medidas de seguridad que este tipo de mercancías requiere estableciendo los controles preventivos necesarios para evitar eventuales accidentes.
Comodato, caso fortuito, fuerza mayor, daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ COBRO DE PESOS.    COMODATO - FUERZA MAYOR.    DAÑOS    Y  PERJUICIOS-  COMPETENCIA  ORIGINARIA  DE  LA  CORTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-18

Si bien el art. 2269 del Código Civil consagra como principio general que el comodatario no responde ante la existencia de supuestos de fuerza mayor o caso fortuito que le impiden la devolución, exceptúa -entre otros- el caso en que el accidente hubiera sido precedido de alguna culpa suya; solución concordante con la del art. 513, que pone a cargo del deudor los efectos de aquellas eximentes. Ello es aplicable al caso -en que se reclamaron los daños derivados del deterioro de parte del vestuario, que había sido cedido en comodato, perteneciente a la ópera "La Traviata", a raíz del siniestro que afectó el avión que los había trasladado- de cuyas circunstancias no resulta que el vestuario se hubiera perdido igualmente si hubiera estado en manos de su propietario (arts. 892, cód. cit).
Prueba anticipada, acciones de filiación
Materia: CIVIL
Carátula: R., T. J. E. H. s/ prueba anticipada
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2014-04-09

Corresponde revocar la resolución que rechazó un pedido de prueba anticipada, tendiente a la toma de muestras genéticas del presunto padre biológico fallecido del actor, pues si bien el accionante debe impugnar el vínculo paterno filial preexistente, el art. 252 del Código Civil no requiere de la previa tramitación de la impugnación cuando ello puede ser ejercitado simultáneamente.
Juicio ejecutivo, intimación de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Nación c/ Migliónico, Filomeno s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

Si todos los ejecutados tienen constituido domicilio especial a los efectos de la intimación de pago y citación de remate, en el mismo lugar, no es necesario el libramiento de tantos mandamientos como ejecutados haya (art. 101 del C.C.). Lo que sí se requiere, son tantas copias como ejecutados haya, a los efectos de garantizar los derechos de defensa de los mismos (arg. art. 18 C.N.).
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, Fuerzas Armadas, obediencia debida, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Rivera, Fermín. s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

Es formalmente inadmisible el recurso ordinario de apelación previsto en el art. 5x de la ley 23.521, deducido directamente ante la Corte.
Responsabilidad del Estado, error judicial, aplicación de la ley, cosa juzgada
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROSSO, WALTER EUGENIO c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-06

Debe admitirse la responsabilidad del Estado-juez cuando el error es evidente, manifiesto, en todo caso inopinable, y en tanto el perjuicio que se intenta reparar por medio de la acción indemnizatoria haya sido producido, de modo claro e inequívoco, por el acto judicial que motiva el daño.

Ante la ausencia de un dispositivo específico, parece razonable entender que varias normas del Código Civil (arts. 33, inc. 1, 43 y 1112; no así los arts. 1113, 1122 y 1123, por cuanto hemos considerado que los jueces no revisten, en mérito a sus deberes y atribuciones, el carácter de "dependientes") en las que se ha fundado la responsabilidad del Estado por los actos de sus funcionarios.

Esa responsabilidad reviste carácter excepcional en virtud de que no son escasos los actos o pronunciamientos judiciales que se dictan ante circunstancias que admiten más de una interpretación; o bien porque el acto ha pasado en autoridad de cosa juzgada, de manera que mientras mantenga esa jerarquía y no sea revisada no parece admisible que el damnificado pretenda replantear por la vía de la acción resarcitoria una controversia que ha sido sellada mediante la presunción de verdad legal que de ella dimana.

Queda superado el obstáculo de la cosa juzgada si el pronunciamiento judicial dañoso ha sido revocado en la misma o en otra instancia. En ese supuesto, por la vía de una revisión ordinaria "puede quedar manifestado el error de aquél, de manera que si el perjuicio derivado de su ejecución resulta irreversible podría dar lugar a una responsabilidad del Estado", cuya admisión no tiene por qué ser limitada a las causas penales, pues las razones que le sirven de sustento son igualmente aplicables a los procesos civiles, bien que atendiendo a sus particulares matices, recordándose que también la ha reconocido la Corte Suprema en dos precedentes recientes.
Homicidio, tentativa, desistimiento voluntario, tentativa de homicidio
Materia: PENAL
Carátula: E., J. J. c/  s/ delito de Lesiones Leves Agravadas por Mediar Relación de Pareja y por Violencia de Género y Coacción, todo Agravado por el Uso de Arma de Fuego en Concurso Real
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-08-23

Para analizar el instituto del desistimiento voluntario previsto por el artículo 43 del Código Penal que fuera expuesto como agravio del recurrente, es importante diferenciar entre la tentativa acabada y la inacabada. La denominada tentativa inacabada o incompleta se traduce cuando el autor no hace todo lo que debía hacer, es decir, hay una realización parcial del programa de conducta, contrario a lo que sucede en la tentativa acabada donde el sujeto activo realiza todo lo que debía hacer.

A partir de esa clasificación es viable afirmar que la acción ejecutada por el imputado comenzó con el único disparo, sin poder considerarse que la posibilidad de realizar otros signifique que sea un fragmento de la otra conducta, pues con la ejecución de esa detonación perdió el control del dominio del hecho pensado, toda vez que la ayuda proporcionada a la víctima nada tiene que ver con la primigenia conducta, ya que se trata de una actuación posterior a una acción ya acabada, por lo que mal puede considerarse entonces que encuadre dentro de lo que se ha dado en llamar tentativa inacabada. (Del voto en Minoría del Dr. Silisque)
Protección de la vivienda, afectación del inmueble (civil), embargo preventivo, levantamiento del embargo, inhibición general de bienes, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Yomal Jaime Sergio  c/ Roth Alejandro Hernan  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-24

Corresponde levantar el embargo preventivo que recae sobre un inmueble del demandado, afectado al régimen de bien de familia. No se encuentra controvertido que la deuda reclamada en autos fue contraída con posterioridad a la fecha en la que el inmueble fue afectado al referido régimen tuitivo. Aun cuando se compartiera la distinción entre inejecutabilidad e inembargabilidad efectuada en la sentencia apelada, el recurso debe prosperar porque el actor carece de todo interés en mantener el aludido embargo. No tiene ese interés actual porque él no puede agredir el bien de marras (CCCN 249) y tampoco tiene interés futuro porque él ha trabado en contra del demandado una inhibición general de bienes.

Así cabe concluir a la luz de lo dispuesto en el art. 248 del referido código, que en aplicación del principio de subrogación real, deja aclarado que la afectación se transmite no solo a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada, sino también a los importes que por ésta se adquieran en concepto de indemnización o precio. De esto se infiere que la única hipótesis frente a la cual el interés del demandante se volvería actual sería aquel en el cual el propio demandado decidiera desafectar el inmueble en cuestión, hipótesis que debe descartarse aquí, pues en tal caso, el deudor no podría de todos modos vender el inmueble en perjuicio de su acreedor pues se lo impediría la aludida inhibición.

Es verdad que el levantamiento del embargo podría afectar una eventual prioridad frente a otros acreedores que también lo embargaran, pero esta es una hipótesis de remota configuración y tan eventual que no alcanza a justificar la resistencia que el acreedor ha opuesto, como se infiere del hecho de que ni siquiera la ha invocado sino que es producto de la reflexión del Tribunal. En tales condiciones, el mantenimiento de la medida con la eventual probabilidad de dificultar la disposición del inmueble por parte de su titular, es un temperamento potencialmente dañino que no se aprecia adecuadamente justificado.
Competencia penal, prórroga del plazo
Materia: PENAL
Carátula: FABIANI, LOPEZ Y AGOSTINELLI s/ QUEJA EN: "INC. DE JUZGAMIENTO EN EXTRAÑA JURISDICCION EN AUTOS:  'AGENTE FISCAL PROMUEVE INVESTIGACION ILICITO EN PERJUICIO DE LA  ADMINISTRACION PUBLICA' RIVEIRA DE AYALA s/ QUEJA EN:'INC. DE JUZGAMIENTO ...'AGENTE FISCAL S/ PROMUEVE INVESTIGACION...(IMP. RIVEIRA DE AYALA) FRANCO, MARIO J. s/ QUEJA EN:'AGENTE FISCAL S/ PROMUEVE INV. ILICITO EN PERJUICIO DE LA  ADM. PUB. FABIANI, LOPEZ Y AGOSTINELLI s/ QUEJA EN:'INC. DE JUZGAMIENTO EN EXTRAÑA JURISDICCION EN  AUTOS:'AGENTE FISCAL S/ PROMUEVE INV. ILIC. EN PERJUICIO DE LA ADM.  PCA.'' RIVEIRA DE AYALA s/ QUEJA EN: INC. DE JUZG. EN EXTRAÑA JURISDICCION EN AUTOS 'AGENTE  FISCAL S/ PROMUEVE INVESTIGACION ILICITO EN PERJUICIO DE LA ADM.  PCA. (IMP.: RIVEIRA DE AYALA)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-03-23|1993-03-29|1993-03-30|1993-06-02|1993-06-03

La garantía fundamental del juez natural tiene por objeto asegurar una justicia imparcial, a cuyo efecto prohibe sustraer arbitrariamente una causa a la jurisdicción del juez que continúa teniéndola para casos semejantes.-
Daños y perjuicios, juicio de desalojo, retención indebida
Materia: CIVIL
Carátula: RIVADAVIA DE VERA LEONOR c/ GAUNA HECTOR PRUDENCIO s/ DERECHO PROCESAL-LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-16

Al no haberse declarado la ilegalidad de la ocupación, la locadora carece de derecho a la reclamación de daños y perjuicios por retención indebida de la cosa locada.
Competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Estados extranjeros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Betbeze, Jorge Augusto s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Los estados extranjeros no revisten calidad de aforados a los efectos del art. 101 de la Constitución Nacional.
Juicio oral, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: LLARENA, Juan Miguel y otros s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-01

La declaración indagatoria del menor fue tomada por el único órgano jurisdiccional que estaba habilitado legalmente para eso, y por tanto la misma no puede ser reproducida, ahora en la audiencia oral.

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Recurso extraordinario, denunciante
Materia: PENAL
Carátula: Pérez Fuente de Rodríguez, Lucinia s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

El denunciante carece de facultades para deducir recursos extraordinarios (art. 83, C.P.P.).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, sentencia arbitraria, jubilaciones
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Abuchedid, Fuad s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Corresponde dejar sin efecto la decisión que ordenó efectuar un cuadro comparativo para determinar la confiscatoriedad que provocó el cambio del sistema de movilidad al que fue sometido el haber previsional, sin especificar con claridad cuáles son los servicios que se deberán computar ni aclarar la forma en que aplicaría la ley 14.499, dado que los índices de la escala de reducción del art. 4 se dejaron de dictar cuando la ley fue derogada, pues conduce a la frustración de garantías que cuentan con amparo constitucional.
Cheque, firma, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASTRO OSCAR J. c/ EDUARDO LUCIANO ROMANO s/ EJECUTIVO - CHEQUE - LIBRAMIENTO EN BLANCO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-07-23

Alguno autores como Fontanarrosa, consideren que el cheque debe estar completo al momento de su "creación", por el librador.

Otros autores, en cambio sostienen que la ley no prohíbe en forma expresa, que el portador del título lo complete al momento de su presentación del título al pago.

Es pacífica la opinión que el cheque debe estar completo al momento de su presentación.

Hay autores que consideran que el cheque debe estar completo al momento de su creación y fulminan de nulidad al cheque en blanco, fundándose en la razón de que al admitirse sería ello fuente de abusos y fraudes, apartando al documento de la función natural de instrumento de pago.

Como todo título de crédito, el cheque está destinado a circular.

Que la ley le conceda una vida breve, es una circunstancia, que no obsta a la virtualidad del mencionado principio general.

Tratándose en definitiva el cheque de una especie de variedad de la letra de cambio, ninguna razón valedera impide su libranza, en blanco, siempre que los recaudos formales existan al momento de su presentación.

Por cheque en blanco debe entenderse, la sola firma del librador puesta en una fórmula bancaria.

La falta de una fórmula específica en el decreto ley 4776 hace aplicable por vía supletoria, que el mismo ordenamiento prevé en su art. 55, el art. 11 del decreto 5965/63 cuyo texto autoriza la letra en blanco, salvo que el portador lo hubiese recibido de mala fe o incurrido en culpa grave.

El hecho que el monto lo haya colocado el actor o un tercero no incide en el problema ya que el título ha quedado completo a su presentación, siendo por su propia naturaleza "abstracta" y autónomo.

En el juicio ejecutivo no cabe investigar la causa de la obligación y por cierto tampoco discutir si el titular del título que aparece en el mismo, era o no acreedor del librador. En el juicio ejecutivo no puede discutirse la causa de la obligación.

El librador, sólo está obligado a estampar su firma en el título;

los demás requisitos pueden ser puestos por el portador que reciba el título, por mera tradición manual, o el último portador legítimo de la libranza.-
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Rossi, R.D. s/ Usurpación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-08

Reviste el carácter de secuela de juicio el auto de apertura a prueba.-