Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08


SENT Nro. 111 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 08 DE MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por la demandada en autos: "Municipalidad de San Miguel de Tucumán vs. Empresa Flores s/Ejecución fiscal".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 126/128 por el apoderado de la empresa ejecutada, en contra de la sentencia de fecha 20/9/2001 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

El pronunciamiento mencionado (fs. 122/123) confirmó la sentencia de Iª instancia (fs. 74/75), que oportunamente rechazara la excepción de inhabilidad de título opuesta por la demandada y mandara llevar adelante la ejecución seguida en autos.

A fs. 136/137, la parte actora contesta el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 6/5/2003 que glosa a fs. 142, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden a la definitividad del pronunciamiento recurrido (art. 813 del CPCC) la exigencia formal puede considerarse satisfecha en la especie. Resulta aplicable al caso, la interpretación según la cual la sentencia emanada del juicio ejecutivo no reviste la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación, en tanto proceda una vía posterior mediante juicio de conocimiento (arts. 544 y 814 CPCC); pues existe una excepción restringida al supuesto de rechazo de una excepción de inhabilidad de título en aquellas cuestiones inherentes exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, que adquieren la calidad de cosa juzgada material; y siendo que tampoco pueden discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (art. 544 tercer párrafo CPCC), el pronunciamiento impugnado, por la forma en que fue resuelto -confirmando el rechazo de la defensa de inhabilidad de título-, admite su encuadramiento dentro de la preceptiva del art. 813 inc. a de la ley adjetiva" (CSJTuc., sent. 469, "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme José Nicolás y otro s/Ejecución hipotecaria" del 12/6/2001; sent. 473, "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme José Nicolás y otro s/Ejecución hipotecaria", del 12/6/2001; sent. 669, "HSBC Banco Roberts S.A. vs. Celano S.A. s/Cobro ejecutivo" del 22/8/2001; entre otros).

III.- Se agravia el recurrente de que la Sala a quo haya restado importancia a los sucesivos errores en que incurriera la parte actora y no obstante ello, mandara llevar adelante la presente ejecución.

Reitera que a tenor del escrito de demanda, se pretendía ejecutar en autos la deuda derivada de la falta de pago del tributo identificado como P.A.C.Y.S y P.P. pero sin embargo el título acompañado a la misma estaba constituido por la boleta de deuda emergente del expediente administrativo referido a contribuciones que inciden sobre los cementerios. Entiende que en esas condiciones, el título esgrimido era inhábil para perseguir la pretensión deducida en autos y se agravia de que la Cámara a quo haya soslayado el error cometido por la parte actora y no obstante ello, haya declarado procedente la acción intentada. Considera que el tribunal de alzada se apartó de las constancias de la causa y excedió sus atribuciones al ordenar la ejecución de una deuda que no era la que se reclamaba en la demanda; lo que desde su perspectiva, constituye un supuesto de gravedad institucional.

Alega el recurrente la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado, reclamando la nulidad del mismo por afectación de derechos y garantías de raigambre constitucional.

IV.- Visto el recurso interpuesto, se advierte que el mismo no puede prosperar.

Es doctrina reiterada de esta Corte que la interpretación de los escritos constitutivos de la relación procesal, configura una cuestión de hecho, definitivamente juzgada por los jueces de mérito y por ende inadmisible en la instancia extraordinaria local, salvo que el recurrente demuestre que se ha efectuado una interpretación irrazonable y por ende arbitraria de alguno de los escritos mencionados. Se ha dicho que la intepretación de las manifestaciones de las partes, contenidas en sus presentaciones judiciales, constituye una cuestión de hecho irrevisable, como principio, en esta instancia extraordinaria local; cuya exclusiva finalidad es asegurar la corrección jurídica del fallo cuestionado, a través del control de su legalidad (CSJTuc., sent. 420 del 29/5/2000, "Huzenman, Abraham vs. Embotelladora Noroeste S.A. s/Daños y perjuicios"; en igual sentido, 644 del 30/8/99, "Vizcarra, Juan José vs. Robert Bosch Argentina s/Accidente de trabajo"; sent. 58 del 24/02/97, "Jack, Ricardo Felipe vs. Hotel Metropol s/Indemnizaciones".

En autos, la Cámara a quo entendió -al igual que el juez de Iª instancia- que la actora denominó erróneamente en la demanda, el tributo cuya ejecución perseguía pero que de la documentación acompañada a la misma, surgía la contribución concretamente adeudada, su monto y el origen de la misma. En efecto, y tal como emerge de la demanda, la Municipalidad expresó que la deuda reclamada derivaba del cargo tributario consignado en la documentación respaldatoria de fs. 8/21 -el expediente administrativo adjuntado al escrito respectivo- referido a "contribuciones que inciden sobre los cementerios". La Sala a quo destacó que conforme el título base acompañado, los cargos tributarios mencionados derivan del art. 49 de la ordenanza 229/77 y del art. 21, inc. a, punto 2 de la ordenanza 2019/93, referidas a tributos por traslados de cadáveres fuera del radio municipal.

Se dijo que si bien existía un error por parte de la actora al mencionar la resolución administrativa que ordena la confección del cargo tributario indicado (se consignó el número de resolución que denegó la apelación planteada en sede administrativa contra la resolución que sí determinaba la deuda que se ejecuta), ello no justificaba la procedencia de la defensa interpuesta y el rechazo de la acción deducida.

El tribunal de alzada consideró que los defectos denunciados no configuraban vicios que afectara la habilidad del título esgrimido como base de la pretensión esgrimida; criterio que el recurrente no logra desvirtuar pese al modo en que presenta sus agravios.

El art. 157 del Código Tributario de la Provincia de Tucumán -aplicable al caso por remisión hecha del art. 94 del Código Tributario Municipal- expresa "los créditos tributarios se harán efectivos de acuerdo al procedimiento establecido en este Código. A este efecto, constituye título suficiente la boleta de deuda expedida por la autoridad de aplicación". Conforme a ello, es este instrumento el que constituye la base del procedimiento de cobro compulsivo perseguido por esta vía ejecutiva. Y precisamente por la relevancia del título en cuestión, la norma mencionada determina las formalidades básicas que debe cumplir la "boleta de deuda" presentada por el ejecutante. Al tratar las excepciones oponibles, el art. 160 enumera entre las defensas legalmente previstas, a la de "inhabilidad por vicio formal del título", la que sólo resulta admisible en caso de existir vicios extrínsecos en la boleta de deuda acompañada a la demanda. Quedan excluidos como fundamento de la citada excepción, aquellos aspectos que no hacen a las formalidades del título esgrimido; cuestión que fue valorada en sentido concordante por los jueces de mérito. El memorial casatorio resulta insuficiente para revertir el criterio adoptado y es precisamente este déficit el que sella en forma adversa la suerte del recurso intentado.

A mayor abundamiento, la Sala a quo destacó que la deuda reclamada fue objeto de una concreta impugnación en sede administrativa y que el rechazo del recurso interpuesto (por resolución Nº 260 que glosa a fs. 32) dio firmeza a la deuda que aquí se ejecuta (conf. cargo tributario de la resolución 112 de fs. 20). Este argumento refuerza la idea conforme la cual la ejecutada tuvo oportunidad de discutir la existencia y cuantía de la deuda aquí ejecutada, sin afectación de los derechos y garantías que alega afectados.

V.- Las costas deberán ser soportadas por la recurrente vencida, conforme los principios generales que rigen la materia (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la empresa ejecutada, en contra de la sentencia de fecha 20/9/2001 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA