Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-17


ESCUDERO-GOÑI S.A. y otros Reg.: A y S t 191 p 288-293. Santa Fe, 17 de marzo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia 76, del 7 de agosto del año 2002, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario en autos "ESCUDERO-GOÑI S.A. y otros -Incidente Extensión de Quiebra" (Expte. C.S.J. n 347, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. El pronunciamiento impugnado -por mayoría- revocó el de baja instancia y, en su lugar, rechazó el pedido de extensión de quiebra formulado por un grupo de acreedores verificados en la quiebra de Escudero Goñi S.A. contra los directores y accionistas de dicha firma.

Contra dicho decisorio deducen los accionantes su recurso de inconstitucionalidad por considerarlo arbitrario. Invocan el artículo 1, inciso 3) de la ley 7055.

Los vicios que le imputan a los Sentenciantes pueden sintetizarse así:

a) Prescindir de prueba decisiva.

Sostienen que el voto que hizo mayoría prescindió de los autos principales (expte. de quiebra de Escudero Goñi S.A.) al extremo que no contaba con ellos al momento de su emisión, aduciendo que este expediente, además de ser el principal, contendría un "arsenal" probatorio cuyo análisis no podía obviarse. Tal vicio, aseguran, se corrobora con la lectura de la sentencia.

En esa dirección, enumeran una serie de elementos (balances; informe general; absolución de posiciones de Tomás Goñi y José Escudero; nómina de libros de la fallida; denuncia de falencias contables y responde de la Sindicatura; fecha de cesación de pagos; constancias del remate de "rezagos" de la fallida; escrituras; objeciones planteadas y respuesta de la Sindicatura; admisiones de José Escudero respecto a la asunción de deudas de la quebrada) que, dicen, no se advierten merituados en el decisorio.

b) Contradecir inequívocas constancias de autos.

Esta causal descalificante deriva de resolver o concluir en oposición a las probanzas de autos y se patentiza, a juicio de los impugnantes, en tres asertos de la decisión que formó mayoría.

En primer término los Juzgadores afirmaron que los socios y administradores propietarios del inmueble donde siempre funcionó la fallida se lo alquilaban a ésta (se consignan en algunos balances erogaciones en concepto de alquiler) lo que califican como falso porque los propietarios, en escritura pública, afirmaron que no estaba locado; no se acompañó ningún instrumento de celebración del contrato y no hay recibos, lo que resultaba obligatorio para respaldar el asiento contable; en un balance agregado a los autos principales consta una deuda por alquileres de $16.000, sin embargo no fue incluida en la nómina de acreedores.

En segundo lugar los Judicantes sostuvieron que el mutuo hipotecario con el Banco Municipal de Rosario representó "un ingreso de dinero fresco para el giro de la empresa", extremo que también cuestionan desde que la suma garantida por la hipoteca se destinó a cancelar deudas anteriores con ese banco; José Escudero admite que la deuda era para cancelar deudas ya existentes y vencidas, por tanto sería falso el asiento en el balance de la sociedad que atribuye el ingreso del dinero.

En tercer orden la mayoría del Tribunal consignó que las irregularidades de la contabilidad perdían trascendencia en cuanto a la perfecta delimitación de los patrimonios, argumento que contradice las constancias de autos porque no existe contabilidad regular y seria ni de la fallida ni del negocio particular de los socios ("La Casa de las Chinelas"), siendo que estaban obligados a llevar contabilidad legal y documentación complementaria conforme se admite en la pericia contable y en el informe general.

Siguen diciendo, en esta orientación, que los tres balances adjuntos al pedido de quiebra no están corroborados por asientos contables en libros llevados conforme al Código de Comercio, siendo falso el informe de los contadores en sentido contrario.

De manera tal que el incumplimiento de los deberes legales es flagrante y no podía ser minimizado por los jueces.

c) Apartarse de la prueba rendida y ponderarla irrazonablemente.

Puntualizan, con cita doctrinaria, que en el desarrollo del voto de la mayoría se acogen los agravios de los apelantes casi "acríticamente", marginando el "todo" probatorio rendido en autos. En realidad, toma algunos pocos elementos, los aísla y luego los pondera asistemáticamente.

En el capítulo de la procedencia desarrollan los argumentos que, a su juicio, demuestran la existencia de elementos que ratifican la extensión de la quiebra a los socios de la fallida.

A su turno, la Sala denegó la impugnación deducida (fs.63/68). Tal denegatoria motivó la presentación directa de los interesados ante esta sede (fs. 71/81).

2. La presente postulación, se anticipa, debe desestimarse.

Ello así toda vez que, en lo esencial, la formulación recursiva de los peticionantes remite al examen de temas de hecho, prueba y derecho común que han sido resueltos por el A quo -por mayoría- con fundamentos del mismo orden que permiten descartar las tachas de arbitrariedad endilgadas. De consiguiente, la impugnación no logra persuadir que en el "sub lite" se de un motivo de excepción que autorice la apertura de la instancia extraordinaria, vedada -por principio- a las cuestiones de dicha naturaleza. En efecto, más allá del matiz constitucional con que los quejosos intentan revestir sus articulaciones y del esfuerzo por demostrar que éstas no se reducen a una cuestión de valoración probatoria, lo cierto es que su postulación sólo refleja la discrepancia con la solución adoptada por el A quo al reputar que no se hallaba configurada la confusión patrimonial inescindible contemplada en el artículo 161, inciso 3) de la ley 24522 y, por tanto, decidir el rechazo del pedido de extensión de quiebra a directores y socios de la fallida. Liminarmente y en relación al agravio vinculado a la prescindencia del expediente de la quiebra al momento de elaborarse la decisión y su incidencia en la ponderación probatoria, cabe señalar que, en definitiva y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, se orientaría a cuestionar la forma en que emitió el voto el Vocal preopinante. El planteo debe desestimarse desde que no se demuestra violación a las reglas adjetivas que gobiernan la deliberación y emisión de votos en los tribunales colegiados (arts. 382 y sig. C.P.C. y C. y art. 26 L.O.P.J.) ni a las pautas que sobre el particular sentó esta Corte en reiterados precedentes (por todos: "Solari", A. y S. T. 79, pág. 91).

Atinente a lo anterior habrá de recordarse que, como reiteradamente se ha dicho, el juez no está obligado a seguir a las partes en todas sus alegaciones (A. y S., T. 53, pág. 75; T. 100, pág. 457, entre otros), ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas de autos (Fallos: 297:222; 306:1290; 307:592, entre otros), sino sólo aquéllas que considera conducentes para la resolución del litigio, no acreditando los impugnantes cómo los medios de confirmación que se dicen preteridos hubieran tenido entidad para cambiar la suerte de la decisión, cuando ésta, se anticipa, contempla y decide las cuestiones planteadas con elementos de juicio suficientes para fundarla.

En efecto, y ya entrando en los restantes vicios endilgados al A quo (ponderar irrazonablemente las pruebas de la causa y contradecir las constancias de autos), cabe señalar que éstos traducen, el distinto enfoque que los apelantes le imprimen a la plataforma fáctica que nutre el conflicto, pero carecen de entidad para demostrar que la Alzada, al realizar una tarea que le es privativa como merituar los elementos de confirmación que juzgó decisivos y aplicar las normas y principios de derecho concursal comprometidos, en un análisis integral del caso, hubiera incurrido en las causales descalificantes que se le imputan.

Obsérvese en tal sentido que el Tribunal principió por recordar, con apoyo doctrinario y jurisprudencial, el carácter restrictivo que campea en la temática de autos desde que se trata de excepcionar un principio general concursal: no hay quiebra sin insolvencia; luego delimitó el ámbito de la causal en examen en el sentido de que la confusión debía abarcar tanto el activo como el pasivo y comprender, al menos, la mayor parte de ellos, como también puso de manifiesto que es sobre el peticionante de la extensión sobre quien recae la carga de probar los requisitos que la tornan procedente.

Partiendo de esas premisas los Sentenciantes merituaron los distintos elementos probatorios colectados y entendieron, en esa tarea, que no era demostrativo -ni siquiera constituía un indicio- de confusión patrimonial el hecho que los socios hubieran sido garantes personales de las operaciones financieras de la fallida y que como consecuencia de ello las deudas de ésta terminaron siendo atendidas por aquéllos.

Ello así, razonaron los Judicantes, "porque no resulta extraño y por el contrario es común y normal, que los socios garanticen con su patrimonio propio una operación de crédito de la sociedad en tanto se requierese para el otorgamiento del mismo una garantía".

A ello agregaron que "el haber dado en pago el inmueble en el que funcionaba la fallida por una deuda de ésta garantizada con hipoteca sobre el mismo por los socios (siendo que dicho inmueble desde el origen de la sociedad -que como señala el a quo se remonta a aproximadamente cincuenta años- fue de propiedad particular de los socios, no integrando por ende nunca el patrimonio de la sociedad), no significó sino liberar a la sociedad de un pasivo, constituyendo ello un verdadero aporte económico de los socios a la misma, teniendo en cuenta que estaría demostrado que el importe del préstamo ingresó efectivamente a la sociedad".

Luego los Juzgadores evaluaron la incidencia sobre la extensión que podría tener la existencia del negocio particular de los socios ("La Casa de las Chinelas"), arribando a una respuesta negativa desde que tuvieron en cuenta que la fallida era sólo uno de los proveedores de dicho negocio al tiempo que éste era uno de los tantos clientes de aquélla, razón por la cual juzgaron que, más allá de que las mismas personas integrasen ambas firmas, no se advertía que el patrimonio de ambas conformasen una unidad inescindible.

Dijeron también en esta dirección que "aun en la hipótesis de que pudiera entenderse que las dos sociedades constituirían un grupo económico, el desenvolvimiento de la actividad económica actual impone distintas formas de complementacón societaria, y este fenómeno de agrupamiento societario, no aparece "per se" como una realidad disvaliosa. Que la ley de concursos reconoce independencia de responsabilidades entre distintos sujetos integrantes de un grupo económico cuando no se configura la situación del inc. 1 del artículo 162 -rectius 161- que en el caso no se da, lo que sumado a la circunstancia de revestir carácter excepcional la previsión mentada, conlleva necesariamente a la interpretación restrictiva del inciso 3 del art. 161 LCQ".

También examinaron la alegada falta de activo de la quebrada, la que, además de juzgar que no era tal desde que se había liquidado el existente y de remarcar que la fallida no contó en todo el tiempo de su existencia con bienes registrables, no implica confusión patrimonial en los activos, que aparecen diferenciados.

A ello adunaron, que "el hecho de que el inmueble de Pasaje Quintana -de propiedad particular de los socios- hubiera recibido mejoras solventadas por la sociedad Escudero Goñi S.A., pese a que pagaba el alquiler, no es pasible de ser tenido como configurante de confusión de patrimonios, porque suele ocurrir con frecuencia en cualquier locación de inmuebles, que el locatario efectúe mejoras, pero fundamentalmente en el caso, porque el inmueble con esas mejoras sirvió para pagar una deuda de la sociedad".

Sostuvieron los Juzgadores que tampoco se verificaba confusión en los pasivos, recordando que no constituía demostración de tal extremo ni la asunción por los socios de deudas de la fallida en calidad de garantes hipotecarios ni la dación en pago de un inmueble; como tampoco lo era que el negocio de los socios adeudase sumas a la fallida por compras que le efectuara desde que, reiteraron, ésta era uno de sus tantos proveedores y a su vez aquél uno de los tantos compradores de Escudero Goñi S.A.

Igual temperamento adoptaron respecto del argumento atinente a que existían a cargo de la fallida créditos que no podían ejecutarse contra los socios (laborales y fiscales) toda vez que "no se dice no fuesen propios de ella, y como tales estaba en su obligación afrontarlos, y ello con el producido de realización de los bienes que contaba en su activo, que no aparece no fuesen sino los que se subastaran".

Frente a todo ello -sustancialmente la ausencia de promiscuidad en el activo ya que en la especie se encuentran perfectamente delimitados los bienes pertenecientes a una y otra empresa- restaron trascendencia, a los fines de la extensión, a las irregularidades de las registraciones contables y entendieron que ni la circunstancia de que la cesación de pagos se produjere con una antelación de dos años a la presentación en quiebra, ni la falta de verificación de sus eventuales créditos por parte de los socios, constituían evidencias de confusión patrimonial, no siéndolo tampoco la atribuida actitud pasiva de los socios cuando está a cargo de quien pretende la extensión la prueba de que se encuentran reunidos los requisitos al efecto.

En ese marco, arribaron a la conclusión de que no podía tenerse por acreditado -como lo había hecho el Juzgador de primera instancia- que en el caso se verificase "una aparente diferenciación del patrimonio de la sociedad fallida y el de los socios" (f. 24 vto.).

Frente a esa línea de pensamiento, los quejosos insisten en que las pruebas fueron valoradas irrazonablemente y en que los Judicantes contradijeron inequívocas constancias de autos, pero en rigor de verdad, toda la sustancia recursiva tiende a corregir la hermenéutica y alcance que los jueces, en una materia y tarea exenta por principio de revisión constitucional, le otorgaron a los hechos y pruebas que conformaban el conflicto.

Es que el Tribunal, enfrentado a una problemática de neto corte fáctico como la quiebra refleja por confusión patrimonial y respecto de la cual no pueden pregonarse conclusiones apriorísticas, elaboró su decisión siguiendo una línea argumental con apoyo en los datos que reputó preponderantes, arribando a la conclusión de que los aspectos denunciados por los peticionantes (socios garantes, mejoras introducidas en el inmueble, dación de un bien en pago, falta de activo, negocio particular de los accionistas) no tenían virtualidad, en las particulares circunstancias del caso, para operar la extensión de la falencia a directores y socios de la fallida en razón, básicamente, de no haberse demostrado una gestión común de los patrimonios.

En otras palabras: El A quo valoró y sopesó los extremos sobre los cuales los acreedores asentaron su pretensión extensiva, pero, al confrontarlos con el objetivo perseguido (demostrar la confusión patrimonial) les otorgó un sentido distinto (y opuesto) al que aspiraban los recurrentes en una tarea que, desde el plano constitucional, no aparece conmovida por los embates de los impugnantes.

Siendo ello así, la postulación recursiva no logra acreditar que el A quo, más allá de su mayor o menor grado de acierto, hubiera brindado una respuesta jurisdiccional sin suficientes razones que la avalen apareciendo satisfecho, de tal guisa, el mandato contenido en el artículo 95 de la Constitución provincial.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)