Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-27


SENT Nro. 816 San Miguel de Tucumán, 27 DE OCTUBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la parte demandada en autos: "Fundación Planeta vs. Transporte 9 de Julio S.A. s/Amparo"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- La resolución de primera instancia de fecha 03/12/2001 impuso a la demandada astreintes de $2.000 diarios a favor de la Provincia de Tucumán para ser destinados a la educación pública, desde la fecha en que quedó firme la sentencia de fecha 28/6/2001 (fs. 358/366) hasta que se cumplan las obligaciones allí impuestas. Recurrida la sentencia, la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común en decisión de fecha 19/12/2002, resolvió no hacer lugar a la apelación y confirmó la decisión de primera instancia (fs. 971/973).

Contra esa sentencia el apoderado de Transportes 9 de Julio S.A. dedujo recurso de casación, que fue denegado porque la sentencia impugnada no era definitiva, y porque el planteo sobre la imposición de astreintes conducía a un reexamen de la apreciación de la prueba, a la vez que se señaló que el memorial del recurso era insuficiente porque no demostraba en qué forma la sentencia vulneraba las normas señaladas.

Ante la denegación del recurso de casación el demandado interpuso ante esta Corte recurso de queja por casación denegada. Requeridos los autos principales, la causa pasó a resolución del Tribunal.

2.- En primer lugar corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad de la vía recursiva promovida, lo cual conduce a examinar si las sentencias dictadas en los procesos de amparo regulados por la ley 6944 pueden ser impugnadas mediante recursos de casación, vale decir, si el recurso de casación es una vía procesal apta para impugnar sentencias dictadas en amparos.

Sobre tal cuestión este Tribunal se pronuncia por la idoneidad del recurso de casación para impugnar ante la Corte Suprema de la Provincia las sentencias definitivas dictadas en los procesos de amparo regidos por la ley 6944, por las razones que a continuación se exponen.

3.- Un nuevo estudio de las normas del Código Procesal Constitucional aprobado por ley 6944 lleva a modificar el criterio que hasta ahora se ha sostenido en numerosas sentencias, en las cuales este Tribunal resolvió que la única vía procesal admisible ante la Corte de la Provincia contra las sentencias definitivas recaídas en los procesos regidos por el Código Procesal Constitucional era la del recurso de inconstitucionalidad previsto en los arts. 91 y siguientes del Código Procesal Constitucional, y que el recurso de casación era improponible en esos supuestos (cfr. CSJT, en sentencias Nro. 825 del 09/10/2000, Nro. 773 del 25/09/2.000, Nro. 510 del 15-7-99; Nro. 629 del 17/08/2000; Nro. 812 de fecha 22-10-99; Nro. 629 del 17-8-2000; Nro. 574 del 14-7-2000; Nro. 214 del 06-4-2000; Nro. 345 del 11-5-2000; Nro. 912 del 31/10/2000; Nro. 29 del 15/02/2002; Nro. 700 del 17/8/2002, entre otras).

4.- La modificación de aquel criterio parte de un análisis integral de los procesos constitucionales regulados en el Código aprobado por la ley 6944, en pos de resguardar de la mejor manera posible la persecución de su finalidad: la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y la ley o los tratados (art. 43 C.N. y art. 2 ley 6944).

Si bien la única vía recursiva ante la Corte de la Provincia contra las sentencias definitivas que tiene una regulación expresa en el CPC es la del recurso de inconstitucionalidad previsto en el Capítulo III, ello no puede ser interpretado en el sentido de que ese Código ha suprimido el recurso de casación de los restantes digestos procesales para los procesos constitucionales reglamentados en aquel ordenamiento.

5.- Ello surge del análisis del art. 31 CPC en el marco de la sistemática adoptada por este digesto procesal. Esta norma establece que "son de aplicación subsidiaria en la tramitación de estos procedimientos las normas procesales vigentes en cada fuero cuidando el Tribunal de adaptarlas a los principios de celeridad y eficacia". El término "procedimientos" que integra la norma citada incluye el procedimiento del recurso de casación previsto en cada fuero.

6.- Tal disposición indica además que el Código aprobado por ley 6944, -con la aplicación subsidiaria de las normas adjetivas de los respectivos fueros-, establece y rige los procedimientos de los procesos constitucionales que se promueven ante todos los fueros, ya que resulta materia común a todos ellos lo concerniente a la lesión o amenaza a "los derechos de las personas consagrados por la Constitución Provincial y Nacional, los tratados y las leyes provinciales" (art. 1 ley 6944).

7.- El análisis del ámbito revisorio diseñado para el recurso de inconstitucionalidad por los arts. 91 y ss. CPCC, -que regula la impugnación prevista en el art. 106 de la Constitución local-, permite advertir que la admisibilidad de ese remedio procesal se circunscribe a los casos en los que se controvierte la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos que estatuyen sobre materias regidas por la Constitución provincial, siempre que ello forme la materia principal de la discusión entre las partes, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones del recurrente (cfr. art. 91). En el art. 92 se especifican los supuestos de procedencia referidos a las resoluciones a las que alude el art. 91. De ello surge que el recurso de inconstitucionalidad "tiene por objeto imponer la supremacía de la Constitución local respecto de las leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales que puedan considerarse en pugna con aquel plexo máximo, y se abre exclusivamente si se ha controvertido y decidido el caso constitucional". (cfr. Hitters, J. C. en "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", p. 482 y ss. 1ª. ed ición, Librería Editora Platense; en igual sentido, Palacio, Lino E.: "Derecho Procesal Civil" t. V p. 248). En la obra mencionada, Hitters diferencia el recurso de inconstitucionalidad del de casación expresando que la casación común "tiene en miras el análisis de la sentencia, mientras que aquélla controla la ley en lo atinente a su validez constitucional",... "es decir, a través de la inaplicabilidad de la ley (equivalente a casación) se ataca el uso que de la norma ha hecho el juez, mientras que por la senda de la inconstitucionalidad se impugna -en principio- la ley misma, pero sin dejar fuera de la mira el pronunciamiento que la aplica" (Hitters, ob cit. p. 482).

Queda establecido, en consecuencia, que el recurso de inconstitucionalidad y el de casación son institutos procesales diferentes, con regulaciones específicas y distintas en atención a su diversa materia y finalidad que persiguen.

8.- Cabe resaltar que la acción de amparo regida por el Código Procesal Constitucional no ha sido instituida tan sólo para controvertir la constitucionalidad de una disposición o norma respecto de la Constitución Provincial, sino que su ámbito -que incluye el supuesto referido-, es notablemente más amplia y variado, en tanto la materia de los procesos constitucionales es toda aquella en la que se persiga la garantía de los derechos "consagrados por la Constitución Provincial y Nacional, los tratados y las leyes provinciales" (art. 1 ley 6944), en los que se pretenda tutela eficaz e inmediata "contra actos que violen o amenacen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Provincial y Nacional, la ley o los tratados" (art. 2 ley 6944).

Es por ello que no corresponde interpretar que no hay recurso ante la Corte de la Provincia en los casos en los que la materia no coincida con la prevista en los arts. 91 y 92 de la ley 6944, ya que ello no surge expresamente de sus disposiciones.

9.- Tampoco resulta posible jurídicamente tal conclusión si se considera que las sentencias definitivas de los tribunales de instancia única dictadas en litigios que no se encuadren en el supuesto del art. 91 CPCC no podrían ser revisadas ni ser pasibles de recurso alguno. Tal impedimento no resulta adecuado a la exigencia de posibilitar la revisión de las sentencias contenida en el art. 8, inc. 2°, apartado h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Adla, XLIV-B, 1250), conforme doctrina de la Corte Suprema de la Nación en "Giroldi, Horacio D. y o.", (sent. del 07/4/1995, LA LEY 1995-D, pág. 462, y DJ 1995-2, pág. 809). Cabe señalar que esa garantía también se extiende a materias no penales, conforme opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (cfr. párrafo 28 de "Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos", art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-11/90 del 10/8/1990, Ser. A Nro. 11, publicada en "Repertorio de Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos" t. I p. 233, 1998).

10.- La exégesis que se expone resguarda la doctrina "Di Mascio" de la Corte Suprema de la Nación en relación a la admisibilidad del recurso extraordinario federal, en la cual se declaró que el órgano máximo de la estructura judicial local debe intervenir necesariamente en todos los casos aptos para ser conocidos por la Corte Suprema de la Nación, por lo que las leyes locales no pueden vedar el acceso al tribunal supremo local (Fallos: 311: 2478, sent. del 01/12/88).

11.- La interpretación expresada armoniza las normas del Código Procesal Constitucional con el ordenamiento jurídico global y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 297:142; 299:93 -LA LEY, 1977-C, 455; 1978-B, 67-; 301:460; 302:1600 -LA LEY, 1981-D, 591-), resguardando de modo más adecuado la garantía de la defensa en juicio en pos de la realización efectiva del derecho. La misión judicial no puede prescindir de la "ratio legis" ni del espíritu de la norma (Fallos: 302:1284), porque no es el espíritu de la ley el que debe subordinarse a las palabras sino éstas a aquél, máxime cuando aquella ratio se vincula con principios constitucionales que siempre han de prevalecer en la interpretación de las leyes.

12.- Por las consideraciones que anteceden se deja expresado que el recurso de casación constituye una vía apta para impugnar ante la Corte Suprema de la Provincia las sentencias definitivas dictadas en los procesos de amparo.

13.- Establecida la idoneidad de la vía procesal, corresponde la desestimación del recurso de queja por casación denegada porque la sentencia que se pretende casar no es definitiva, ya que no resuelve el fondo del asunto, no pone fin al pleito ni impide su continuación (art. 813 CPCC). Por esta vía procesal se pretende dejar sin efecto una resolución vinculada con el cumplimiento de la sentencia de fondo, para lo cual el recurrente plantea agravios que conducen a examinar pruebas sobre cuestiones fácticas, lo cual es inadmisible por no ajustarse al ámbito revisorio del art. 815 CPCC.

Por ello, y en coincidencia con lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal a fs. 41/42, se R E S U E L V E :

DESESTIMAR el recurso de queja por casación denegada interpuesto por el apoderado del demandado contra la sentencia del 17/3/2003 dictada por la Sala Ia. de la Cámara en lo Civil y Comercial Común.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (con su voto) RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO (con su voto) ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA Voto del doctor René Mario Goane:

Adhiero al voto de la mayoría, ya que allí se recepta el criterio que sostuve siempre en los casos que intervine respecto a la proponibilidad, del recurso de casación, como una de las vías extraordinarias específicas para impugnar las sentencias definitivas o equivalentes en los procesos regidos por el Código Procesal Constitucional (cfr. Sentencias números 773/2000; 825/2000 y 912/2000).

Voto del doctor Alberto José Brito:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de queja interpuesto por el letrado apoderado de la parte demandada, contra el auto de la Sala Ia. de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del 17/3/2003, que deniega el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 19/12/2002.

2.- Cuestiona el auto denegatorio del recurso de casación, con fundamento en que de su simple lectura surge que contiene los requisitos exigidos por el art. 816 procesal, habiéndose efectuado una relación concreta de los puntos materia de agravio, con cita expresa de las normas quebrantadas, las razones de derecho que fundamentan los cuestionamientos articulados, y la doctrina legal aplicable , todo lo cual demuestra que el recurso fue injustamente rechazado por la Alzada.

Afirma que su parte no pretendió la modificación o revaloración de la cuestión de fondo resuelta por la sentencia de primera instancia, sino la no aplicación de astreintes, ya que desde que quedó firme la sentencia del 28/6/2001, no hizo otra cosa que ajustarse a ella en lo que estuvo a su alcance. Añade que la problemática en cuestión obliga también al municipio y al Gobierno de la Provincia, en cuanto de él depende la habilitación de un nuevo predio para la disposición final de residuos.

Puntualiza que las astreintes son penas pecuniarias legales de compulsión que deben aplicarse para vencer la resistencia del sujeto pasivo de una obligación; que se sustrae al cumplimiento de un deber jurídico en forma voluntaria y deliberada, circunstancia que no concurre en el caso, a estar a la presentación de los escritos que menciona a fs. 38.

Indica que al interponer el recurso de casación su parte invocó motivos de casación; a.- que, contrariamente a lo afirmado en el fallo imputado, el acta de inspección labrada el 06/11/2001 no se constató que la demandada continúe arrojando residuos urbanos y patológicos en el vaciadero Los Vázquez sin cumplir con el pliego de bases y condiciones; ni que se arrojen residuos patológicos, los que son incinerados en un horno pirolítico destinado a tales fines; b.- que la negativa a incorporar el informe ofrecido por su parte como hecho nuevo apoyándose en el art. 800 CPCC comporta un exceso de rigor formal, pues el imperativo procesal contenido en la norma de cita debe ceder frente a situaciones concretas en las que se busca llegar a la verdad objetiva de los hechos, que en el caso consiste en el cumplimiento por parte de la demandada; c.- que la conclusión del tribunal según la cual la demandada al admitir que no puede dar acabado cumplimiento con la sentencia del 28/6/2001, está reconociendo implícitamente el incumplimiento parcial de la demanda judicial, mas sin explicar cuáles son los impedimentos de orden fáctico y técnico existentes, fue oportunamente atacada por su parte, con fundamento en que dicha reflexión entra en contradicción con la actividad desplegada en autos, y de la que dan cuenta las innumerables actuaciones administrativas y judiciales (cfr. fs. 37 in fine); d.- que el argumento del fallo según el cual la dem andada se limita a insistir en que el eventual cumplimiento de la sentencia está condicionado al cierre definitivo del vaciadero sito en Los Vázquez y a la obtención de la habilitación de un nuevo predio con destino al depósito de residuos también fue rechazada por su parte, por cuanto si bien el cierre del sitio sería fundamental para la recuperación ambiental, tomado el mismo en forma aislada carece de sentido, ya que debe relacionarse con actividades específicas de saneamiento, por ejemplo su reforestación, lo que resulta actualmente imposible por los trabajos que en él se efectúan. Observa que de la simple lectura del recurso de casación surge con nitidez que lo planteado constituye una típica cuestión de derecho, en cuanto se denuncia el quebrantamiento de disposiciones constitucionales, y la doctrina legal aplicable por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y de la Nación.

3.- En la resolución de la cuestión planteada cabe advertir, de modo liminar, que la sentencia del 19/12/2002 (fs. 18/20), contra la que se dirigió la impugnación denegada por auto del 17/3/2003, no es definitiva, toda vez que no resuelve el fondo del asunto, no pone fin al pleito, ni impide su continuación. La sentencia definitiva en este proceso es la de fecha 07/7/2001 (fs. 399/405 de los autos principales traídos a la vista), confirmatoria de la sentencia de primera instancia del 28/6/2001, que hace lugar a la acción de amparo promovida en autos (cfr. fs. 358/366 autos principales). Y sea que se considere la exigencia del recaudo de definitividad del pronunciamiento impugnado, tanto desde el encuadre del recurso de casación previsto en el CPCC -según el cual la Cámara dio tratamiento procedimental al tema-, cuando desde la perspectiva de los arts. 91 y ss del CPC (Ley 6944); sea desde ambos enfoques, reitero, la resolución impugnada no es definitiva, conforme las exigencias de esas normas; y por tanto, no queda habilitado recurso alguno ante esta Corte Suprema de Justicia.

Por los fundamentos expuestos, corresponde desestimar la queja interpuesta contra la sentencia del 17/3/2003.

HAGASE SABER.

ALBERTO JOSE BRITO