Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-26


--- En la ciudad de Trelew, a los días de abril del año dos mil doce, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Marcelo J. López Mesa y Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "F., A. V. c/ C. D. P. D. S. P., V. T. C.O D. CAMARONES s/ cobro de haberes e indem. de ley" (Expte. Nº 18 - año 2012 CAT.), venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 178--------------A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:	-----I.- La sentencia de primera instancia acogió la pretensión indemnizatoria del trabajador, a quien la empresa demandada declaró desvinculado de ella por el vencimiento infructuoso del plazo establecido por el art. 252 párr. 1° "in fine" L.C.T., actitud que el Señor Juez "a quo" consideró equiparable al despido directo no justificado, toda vez que desde el momento en que la empleadora entregó al dependiente la documentación necesaria para iniciar los trámites jubilatorios hasta el instante en que declaró su cese no había transcurrido el lapso legal mencionado. A la par, el decisorio desestimó el reclamo del agravamiento resarcitorio previsto en el art. 2 de la Ley 25.323 por entender que existieron causas justificantes de la conducta de la demandada, concurriendo indicios de que la empresa quiso comportarse legalmente.--------	Ambas partes apelaron ese fallo, exponiendo sus agravios la demandada a fs. 169/170 vta. y el actor a fs. 164/168.-------La empresa, en apretada síntesis, sostuvo que no pudo arrimar probanzas documentales acerca de la puesta a disposición del trabajador de los instrumentos necesarios para la promoción del trámite previsional por la especial característica de la relación, dado que el actor era su empleado más antiguo y de gran confianza, además de la falta de experiencia de su personal en tramitaciones de esta índole. Insistió asimismo en la aplicabilidad al caso de la teoría de los actos propios, destacando que el dependiente percibió el beneficio consagrado en el art. 68 del C.C.T. 1/06 para los trabajadores que se jubilan, circunstancia incompatible con la posterior reclamación de indemnizaciones por despido; afirmó la recurrente que, contrariamente a lo aseverado por el sentenciante de origen, ese hecho fue temporáneamente introducido por ella en el responde a la demanda.--------------------	Por su lado, el actor objetó el rechazo de su reclamo fundado en el art. 2 de la ley 25.323. En compendio, puntualizó que la eximición o reducción de tal agravamiento indemnizatorio -ambas excepcionales y de aplicación restrictiva- sólo pueden ser dispuestas por el magistrado mediante resolución fundada y, en la especie, no resulta fundamento suficiente aludir a que "a lo largo del expediente existen causas que pueden justificar la conducta de la demandada" y a que "existen indicios de que la empleadora quiso comportarse legalmente", sin identificar siquiera tales supuestas causas y conjeturados indicios. Repasó de inmediato este apelante los distintos argumentos jurídicos y constancias de autos que llevaron a la condena de la empleadora, así como resaltó la inexistencia de pruebas demostrativas de una conducta justificada de parte de ella.-------------------	II.- No logro avizorar qué obstáculo vedó a la empleadora obtener del trabajador la firma de un recibo que dejara constancia de su recepción de los documentos menester para el inicio del trámite jubilatorio. No fueron alegadas ni se columbran razones, fueren de fuerza, intimidación, temor reverencial o estado de necesidad, que impidieran la extensión de tal instrumento. Más parece que ello fue debido a la negligencia o incuria de la demandada o a su error de hecho acerca de la conveniencia de contar con esa comprobación, pero ese error no es excusable cuando no ha mediado razón para errar, cuando la ignorancia proviene de una negligencia culpable (art. 929 Cód. Civ.), cual habría acontecido en la especie, donde la empresa podía contar incluso con el asesoramiento de un estudio contable de su confianza (fs. 30 vta., párr. 6°) que bien podía suplir la inexperiencia de su personal en la materia.-----	Por otro parte, dada la naturaleza del hecho a justificar -la entrega de documentación al actor-, éste era susceptible de ser acreditado por pruebas distintas a las documentales, v. gr. la testifical, que la demandada no aportó al proceso en modo alguno, al extremo de ser declarada negligente en la producción de los testimonios ofertados (fs. 95/96 vta.).----------------------	Tocante a la percepción por el actor del beneficio jubilatorio reglado en el art. 68 del C.C.T. 1/06, invocada hoy como antecedente de conducta vinculante que tornaría ilícito el posterior comportamiento contradictorio, coincido con el juzgador de origen en que fue dato fáctico no introducido al proceso temporáneamente. Cierto es que el responde a la demanda contuvo referencias a tal beneficio, mas relativas a una puesta a disposición del mismo por la empleadora (fs. 31 vta., párr. 4°) y su percepción por el trabajador (fs. 34, pto. VIII, párr. 2°); ese simple relato es bien distinto de alegar el hecho como defensa apoyada en la doctrina de los actos propios. A cuento viene recordar que toda defensa que carezca del carácter de previa ha de ser opuesta en la contestación de la demanda y especificando con entera claridad los hechos fundamento de ella (art. 360 párr. 1° e inc. 2° C.P.C.C., al que remiten sucesivamente los arts. 490 párr. 1° "in fine" del mismo cuerpo legal y 48 de la Ley XIV n° 1). La argumentación posterior, en ocasión de alegar sobre el mérito de la prueba, resulta extemporánea por tardía, pues las modificaciones a la demanda tienen un límite temporal infranqueable: el marcado por el art. 334 C.P.C.C.---------- -	He de añadir todavía que el Señor Juez de la previa instancia no basó su decisión de desestimar la aplicabilidad al subexamen de la teoría de los propios actos exclusivamente en su tardía alegación, sino que, tras recordar la limitada vigencia de la doctrina del "venire contra proprium factum non valet"en el campo del derecho laboral por la implicancia del art. 58 L.C.T., señaló que no era incompatible la percepción del beneficio del art. 68 C.C.T. 1/06 con el posterior reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido (fs. 154 vta., párr. 2°). Este último argumento, independientemente de su acierto o error, no fue objeto de crítica concreta y razonada alguna por parte de la demandada apelante, de modo que el mismo ha ganado firmeza. En efecto, cual es bien sabido, para que la carga de criticar concreta y razonadamente el fallo (art. 60 de la Ley XIV n° 1) quede satisfecha es menester que los fundamentos del juzgador sean objeto de efectivo ataque en su integridad, ya que de lo contrario aquellos de los cuales no se haya hecho cargo el recurrente con argumentos específicos y que por sí solos sirven para sustentar en derecho la decisión, provocan la firmeza de ésta. En suma, de no ser expresados los agravios del indicado modo acerca de cada uno de los puntos que fueron considerados separadamente por el "a quo", quedan consentidos aquellos sobre los que no medió precisa y fundada impugnación (confr.: C.S.N., L.L. 137-538; esta alzada, c. 208/10 S.D.L. 32/10, c. 551/10 S.D.L. 5/11, c. 23/11 S.D.L. 9/11, c. 207/11 S.D.L. 23/11, entre muchas otras).----------------------------------	Tales los motivos por los cuales considero que los agravios formulado s por la demandada deben ser desechados.-------	III.- Por el contrario, conceptúo que la impugnación traída por el actor merece prosperar. Para decidir la excepcional exención del incremento indemnizatorio reglado en el art. 2 de la Ley 25.323, que ha de ser dispuesta "mediante resolución fundada" por imperio de ese mismo precepto legal, no resulta motivación bastante manifestar escuetamente que "a lo largo del expediente existen causas que pueden justificar la conducta de la demandada" y que "existen indicios de que la empleadora quiso comportarse legalmente", sin identificar cuáles serían unas y otros, esto es las pretensas causas y los hipotéticos indicios que el sentenciante reservó "in pectoris". El juez tiene el deber, bajo pena de nulidad, de fundar suficientemente la sentencia (art. 34 inc. 4° C.P.C.C.), deviniendo por tanto ineludible la expresión cabal de las motivaciones de la decisión referidas tanto a los hechos cuanto al derecho, lo cual debe traducirse en el fallo de modo inexcusable, no sólo porque así lo exige la norma citada, sino también porque su omisión afecta gravemente la defensa en juicio; de allí que al requisito de motivación suficiente le haya sido reconocida raíz constitucional. En efecto, la preceptiva impone al magistrado tal fundamentación como manera de permitir la fiscalización de su actividad intelectual frente al caso, para que pueda ser comprobado que la decisión es un acto reflexivo, emanado del estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de una voluntad autoritaria (confr.: C.N. Civ., Sala "A", L.L. 1976-B-434, , 33.507 S). A tal fin es menester que el juez exponga cuál ha sido el desarrollo de su razonamiento, analizando los supuestos fácticos y las pruebas que lo verifiquen, para subsumir finalmente los hechos en los preceptos jurídicos. Es que la convicción judicial es el resultado de la valoración de los hechos y las pruebas que los acrediten, confrontados con las disposiciones pertinentes; su conocimiento por las partes entonces resulta imprescindible para que puedan ellas expresar sus agravios en la instancia de apelación (confr.: C.N. Civ., Sala "D", L.L. 1975-B-904, sum. 950). Cuadra destacar que, como proceso psicológico y operación lógica, el fallo no puede apoyarse en simples impresiones o creencias subjetivas del juez, sino en la apreciación de las pruebas rendidas sobre los hechos claramente expuesta (confr.: ídem, íd., L.L. 129-94).-----	En la especie ha sido argumentada la existencia de indicios, mas debe recordarse que, a tenor del art. 165 inc. 5° apdo. 2° C.P.C.C., los mismos sólo poseen la calidad de cimientos de una presunción judicial si reúnen determinados caracteres: han de ser hechos reales y debidamente probados, de común numerosos, precisos (esto es, inequívocos, no susceptibles de dos interpretaciones diversas) y concordantes (es decir, coincidentes, con coherencia entre sí, que todos ellos señalen el hecho indicado); únicamente de ese modo conformarán un conjunto contundente y homogéneo de hechos indiciarios a partir del cual, por inducción y deducción, podremos conocer el hecho indicado (confr.: S.C.B.A., RCJ 792/12). De todo ello se sigue que deviene imposible controlar el razonamiento del magistrado si éste no enuncia cuáles son los hechos indiciarios a los que atendió para formar su convicción.--------------------------------------	Pues bien, de las constancias de la causa no advierto se desprendan indicios de tales calidades que induzcan a concluir que la empleadora procuró ceñir su conducta a la ley. Ella no pudo ignorar que declaraba extinta la relación laboral antes del agotamiento del plazo reglado a ese efecto en el art. 252 párr. 1° "in fine" L.C.T., declaración esa equiparable a un despido directo sin causa que la tornaba deudora de las indemnizaciones correspondientes. Así pues, frente a la intimación del actor no debió demorar el pago de aquéllas y el haberlo hecho vuelve procedente el agravamiento resarcitorio del art. 2 de la Ley 25.323.------------	Por tanto, a la pronunciada en la previa instancia corresponde añadir la condena al pago de los incrementos del 50 % sobre las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 L.C.T., que habrán de ser incluidos en la liquidación a ser practicada en la etapa de ejecución.--------------------------- --	IV.- Por lo hasta aquí expuesto concluyo que la sentencia apelada debe ser parcialmente revocada, a fin de condenar a la demandada también al pago de los mentados agravamientos indemnizatorios, confirmándola en cambio en todo lo demás que fuera materia de agravios.--------------	Desechado el recurso de la demandada y prosperando el del actor, habrán de ser impuestas las costas de segunda instancia a la primera, vencida en este grado (art. 57 de la Ley XIV n° 1).-----------------------------	Los honorarios de los Dres. M. V. T., J. I. C. y M. J. R. C., por sus trabajos de alzada y vistas la extensión, calidad y resultado de los mismos, propongo regularlos en las sumas respectivas equivalentes al 3,70 % , al 3,70 % y al 3,25 % del monto del proceso a surgir de la liquidación a practicarse (arts. 5, 6, 8, 9, 13, 18, 46 de la Ley XIII n° 4).------------	Me expido aquí entonces PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.------------------------ --- A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Carlos Dante Ferrari: ---------------------------------- I. En el voto precedente el Dr. Velázquez efectuó una reseña ilustrativa de los antecedentes del caso, de los fundamentos del fallo apelado y de los motivos de agravios expresados por ambos apelantes, de manera que no resultará necesario abundar acerca de esos aspectos. En consecuencia abordaré directamente las cuestiones planteadas, en el mismo orden expositivo en que ya fueran tratadas por el colega preopinante.---------------------------- II. El recurso de la demandada: ----- A) Desde el umbral puede advertirse que la propia apelante reconoce que no pudo acreditar haber "puesto a disposición" del actor la documentación necesaria para que éste se jubilara dentro del plazo legal. Invoca a modo de dispensa la gran confianza de la que gozaba el Sr. F. y su libre acceso a todas las dependencias de la entidad, a computadoras, archivos y escritorios.----- Frente a estas argumentaciones, cabe señalar en primer término que el aludido marco "de confianza" no puede suplir las obligaciones a cargo de la patronal, trasladándolas al trabajador, como si éste pudiera extenderse a sí mismo o procurarse por sus propios medios las certificaciones que competen al empleador. En segundo lugar, la obligación legal impuesta por el art. 252 LCT de otorgarle al trabajador los certificados de servicios y demás documentación necesaria a los fines jubilatorios debe interpretarse como contemporánea con la intimación cursada por el empleador, a fin de posibilitarle al dependiente que pueda iniciar sus trámites ante los organismos previsionales y completarlos dentro del plazo fijado.------------------- -------------------------------- Esta Sala ya ha tenido ocasión de sostener en reiteradas ocasiones que el reparto de la carga probatoria se regula a través del principio de que la prueba del hecho debe darla aquella parte que tiene interés en afirmar su existencia, en cuanto le es favorable su efecto jurídico debiendo, por tanto, probar el presupuesto de hecho del norma que invoca como fundamento de su defensa (conf. art. 381 -antes 377- del C.P.C.C.; texto seg. Ley XIII N° 5; su doctrina - aplicable al fuero por remisión de los arts. 44 y 73 de la ley XIV N° 1). De tal manera, siendo que la entrega de dicha documental es un hecho controvertido en autos, el mismo está sometido al aporte de la prueba pertinente por la parte interesada -en el caso, la demandada- y la única probanza idónea obrante en autos la constituyen los recibos glosados a fs. 33 y 37 de la prueba reservada en la caja de seguridad del tribunal, que en este acto tengo ante mi vista. Por otra parte, si bien ambos recibos instrumentan la entrega del formulario PS.6.2 en fechas distintas, ha sido correcta la decisión del a quo de computar a este efecto el más antiguo de ambos (fechado el 18/06/09 - fs. 37). Luego, es compartible el razonamiento del sentenciante referido a que el cómputo del año durante el cual el empleador debe mantener la relación de trabajo ha de iniciarse desde la fecha de entrega de dicha documentación, ya que la misma era imprescindible para que el dependiente pudiera efectuar los trámites previsionales pertinentes. Puede observarse además que la primera entrega fue incompleta o deficiente, por lo cual la Cooperativa debió extenderle luego, en agosto del mismo año, una segunda certificación por el período 01/1999 al 06/2009 (conf. recibo de fs. 33). De todo ello se desprende, en suma, que entre la entrega de la documentación y la comunicación del cese (CD 719251061 del 5 de octubre de 2009 - fs. 19 de la doc. reservada) no se le garantizó al trabajador la continuidad de la prestación de servicios durante el plazo señalado en el art. 252 LCT.----------------------------- Los elementos y consideraciones precedentes conducen a demostrar que el juicio lógico expuesto por el sentenciante es ajustado a derecho, sin que las alegaciones de la apelante consigan conmover la razonabilidad del fallo en este aspecto.-------------------------- B) Cobro de la bonificación establecida en el art. 68 del C.C.T. 1/06: -------------------- Las argumentaciones de la apelante no consiguen mellar lo decidido en torno a este tópico. En primer lugar, como bien lo señalara el sentenciante, esta cuestión fue impropiamente planteada en juicio, esto es, a la hora de presentar el alegato, por lo que se trata de una alegación tardía que desde ya encuentra como valla la prohibición establecida en el art. 280 (antes 277) del C.P.C.C., vedando a esta Cámara fallar sobre un capítulo no propuesto en debido tiempo y forma a debate, prueba y decisión en la instancia de origen. Solo a mayor abundamiento estimo necesario señalar que la recurrente incurre en un notorio error conceptual en su pieza de agravios, al aludir a la incompatibilidad de cobro de "dos indemnizaciones", calificando al beneficio del art. 68, CCT 1/06 como una "indemnización", cuando dicho texto convencional designa claramente que se trata de una "bonificación especial" y un "beneficio" por jubilación, poniendo como únicas condiciones para su percepción la iniciación del trámite jubilatorio y haberse desvinculado de la empresa, dos recaudos que se habían cumplido en la especie. En ningún caso la norma establece incompatibilidad con el cobro de otros créditos laborales o indemnizatorios, por lo que aun si la defensa hubiera sido introducida temporáneamente, tampoco habría tenido posibilidad de prosperar.--------------- III. La apelación de la parte actora: En concordancia con el colega de primer voto, opino que le asiste razón al apelante acerca del rechazo del rubro reclamado con base en el art. 2 de la ley 25.323. En efecto, la decisión del juzgador acerca de este punto carece de adecuada fundamentación, ya que alude genéricamente a "indicios de que la empleadora quiso comportarse legalmente", dejando en la incógnita cuáles serían los elementos ponderados a tal fin, sin haber precisado además las pautas objetivas de valoración empleadas para dar basamento jurídico a dicha conclusión.-- A no dudarlo, la actitud observada por la parte patronal no se ajustó a la normativa vigente, y es del caso puntualizar que el citado art. 2 de la ley 25.323 no supedita su aplicación a las "buenas intenciones" del empleador, sino a su comportamiento objetivo frente al reclamo indemnizatorio del dependiente. La posibilidad de reducir o eximir del pago de este incremento consiste en valorar, de manera concreta, si han "existido causas que justificaren la conducta del empleador", de manera que esa condición requiere: a) la existencia de causas objetivas; b) que dichas causas justifiquen suficientemente el comportamiento patronal. Por consiguiente, el magistrado que resuelve reducir o condonar el pago de este plus indemnizatorio debe señalar en forma expresa, cuanto menos, cuáles son las causas tenidas en consideración y cómo las ha justipreciado para fundar su decisión al respecto, fundamentos que no fueron debidamente expuestos en el fallo apelado.----------------------- Por otra parte, siendo que la empleadora no respetó el plazo de mantenimiento de la relación ni los recaudos señalados en el art. 252 LCT, la extinción ante tempus debe ser considerada como un despido sin justa causa, con las consecuencias indemnizatorias establecidas en los arts. 232,233, 245 y conc. de la LCT y el art. 2 de la Ley 25.323, revocándose parcialmente el fallo en este último aspecto.----- IV. Conclusiones: ------------------------ A mérito de las consideraciones precedentes y en coincidencia con el colega de primer voto, opino que debe revocarse parcialmente la sentencia apelada a fin de acoger el incremento indemnizatorio establecido en el art. 2 de la ley 25.323, con costas en esta instancia a cargo de la parte demandada (art. 57, Ley XIV N° 1).------------------------ Comparto asimismo las regulaciones propuestas para retribuir las tareas profesionales cumplidas en esta alzada -que doy aquí por reproducidas, en mérito a la brevedad- en tanto se compadecen con la extensión, calidad, eficacia de las labores realizados y los resultados respectivamente obtenidos, según las escalas arancelarias vigentes (arts. 5, 6, 8, 9, 13, 18, 46 y conc., Ley XIII Nros. 4 y 15).----- ---------------------------- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.---------------------A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:	Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde:

A) Revocar parcialmente la sentencia apelada, a fin de añadir a la pronunciada en primera instancia la condena a la demandada al pago de los incrementos del 50 % sobre las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 L.C.T., que habrán de ser incluidos en la liquidación a ser practicada en la etapa de ejecución.--------------------------	B) Confirmar ese decisorio en todo lo demás que fuera materia de agravios --	C) Imponer las costas de segunda instancia a la demandada.-----------------------------------	D) Regular los honorarios de los Dres. M. V. T., J. I. C. y M. J. R. C., por sus trabajos de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 3,70 % , al 3,70 % y al 3,25 % del monto del proceso a surgir de la liquidación a practicarse.------------------------------------	ASÍ LO VOTO.

----A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Carlos D. Ferrari expresó: ---------------------------------Tal como lo adelanté, comparto en todos sus términos la resolución propuesta por el colega preopinante, votando en sentido idéntico.----------------- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 8º Ley V Nº 17).- ----- --- Trelew, de abril de 2012.------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:---------- S E N T E N C I A: --- --- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada, a fin de añadir a la pronunciada en primera instancia la condena a la demandada al pago de los incrementos del 50 % sobre las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 L.C.T., que habrán de ser incluidos en la liquidación a ser practicada en la etapa de ejecución.-------------------- --- CONFIRMAR ese decisorio en todo lo demás que fuera materia de agravios.------------ IMPONER las costas de segunda instancia a la demandada.-------------------------------- REGULAR los honorarios de los Dres. M. V. T., J. I. C. y M. J. R. C., por sus trabajos de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 3,70 % , al 3,70 % y al 3,25 % del monto del proceso a surgir de la liquidación a practicarse.---------------------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.----------------------- CARLOS DANTE FERRARI CARLOS A. VELAZQUEZ JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.012 - SDL.- Conste.- JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.