Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-17


Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.

Visto: el expediente citado en el epígrafe, resulta:

La magistrada titular del juzgado CAyT n° 4 se presenta a fs. 382/386 y plantea "inmunidad de jurisdicción" y, subsidiariamente, recusa con causa a los jueces del TSJ Ana María Conde, Luis F. Lozano, José Osvaldo Casás, Elizabeth Marum e Inés Weinberg de Roca, opone excepción de falta manifiesta de legitimación pasiva, hace reserva de solicitar beneficio de litigar sin gastos y hace reserva de caso federal e internacional.

Manifiesta que "introduce[e] la inmunidad de jurisdicción contemplada en el art. 110 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece que los jueces 'gozan de las mismas inmunidades que los legisladores' remitiendo así a lo dispuesto por el art. 78 que, en lo atinente a este caso, viene a determinar que ningún (diputado) juez puede ser 'interrogado judicialmente', 'ni molestado por las opiniones', o 'sentencias (votos) que emita en el ejercicio de su función'" (negrita en el original).

Sustenta la recusación con causa en el art. 11, inc. 5, CCAyT por considerar que "los Sres. Ministros Dres. Conde, Lozano y Casás han violado la independencia judicial al recabar un expediente que se encontraba regularmente en trámite por ante el juzgado a mi cargo, sin otra motivación, que el planteo del poder ejecutivo de un supuesto conflicto de poderes". Agrega que también recusa a los nombrados y a las juezas Elizabeth Marum e Inés Weinberg de Roca por "falta de imparcialidad y prejuzgamiento" en atención a las manifestaciones vertidas en la resolución del 3/11/2009.

Añade que adjunta copia del escrito que presentó el 1/11/2009 ante el Consejo de la Magistratura -Actuación n° 27296- "efectuada en cumplimiento de la obligación impuesta por los arts. 3 y 4 de la ley 7, mediante el cual procedí a denunciar al Poder Ejecutivo y a este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por violación de la independencia judicial". Afirma que "por esta circunstancia, queda configurada también la causal de recusación contemplada en el inc. 5) del artículo 11 del Código Contencioso Administrativo y Tributario".

También opone la excepción de falta de legitimación pasiva con sustento en que la demanda del PE no se refiere a su persona, razón por la que "existe una imposibilidad material de reconocer o negar los hechos que se hallan allí expuestos [...] no es posible defenderme puesto que no sé de que se me acusa o endilga ..." Fundamentos:

Los jueces Ana María Conde, Luis Francisco Lozano, José Osvaldo Casás, Elizabeth Marum e Inés Weinberg de Roca dijeron:

1. El planteo de inmunidad de jurisdicción carece de asidero. En primer lugar, lo que está en juego en un conflicto de poderes es el principio republicano de división de poderes.

Pretender que la convocatoria a los jueces que dictaron las medidas cuestionadas por el PE, para que defiendan la competencia que dicho poder considera exorbitada, es afectar la inmunidad de jurisdicción o la independencia de la judicatura importa tanto como excluir el conflicto de poderes -vale reiterar, institución de raíz constitucional- en relación con el Poder Judicial.

En otras palabras, si como afirma la Sra. Jueza, el art. 78 de la CCBA la resguarda también de que otro poder busque proteger sus competencias de lo que estima un exceso de un juez, el art. 113 inc. 1° de la CCBA, de idéntica jerarquía y mayor especificidad en este aspecto, constituiría una excepción a aquella regla del citado art. 78, absolutamente válida por provenir de igual fuente. Esta solución es fácilmente comprensible. La CCBA es fruto de la voluntad de un constituyente que adoptó el principio de división de poderes con una modalidad más o menos clásica, pero, entendió más adecuado encomendar a un órgano la función de dirimir los conflictos entre ellos que librarla a las propias fuerzas de esos órganos. La letra del art. 113 inc. 1 de la CCBA no distingue entre el Poder Judicial y los otros dos que instituye. La distinción que no formula la norma no puede ser introducida por el Tribunal. A su vez, el constituyente concentró esa facultad (que aproxima al que resuelve al riesgo de buscar el predominio) en un solo órgano, el TSJ -cuyos miembros son designados y removidos por mecanismos que lo distinguen del resto de los jueces-, aún cuando este tipo de conflicto no constituya una causa de las del art. 106 de la CCBA.

En tanto este proceso no pone en juego ni la persona ni los derechos de la Sra. jueza, sino solamente las competencias que la asisten como tal, pero que no constituyen parte de su esfera de derechos precisamente porque nuestro gobierno es republicano, bien se comprende por qué no puede estar al abrigo del art. 78 de la CCBA. Es que el resguardo que brinda esa cláusula, según quedó dicho, convive con la tutela que dispensan otros mecanismos, de los cuales el del art. 113 inc. 1 de la CCBA es uno de los principales.

Además, las apreciaciones que efectúa la peticionaria no indican de manera concreta cuál es la supuesta afectación de inmunidad de jurisdicción. En efecto, para usar las palabras del art. 78, CCBA, que la presentante trae a colación, no hay interrogatorio alguno, ni siquiera judicial, pues, como ya ha quedado reiteradamente sentado, el trámite del conflicto de poderes no es un proceso judicial típico; y no hay manera de asimilar constitucionalmente el traslado conferido en un proceso de esta índole a una "molestia" por las resoluciones que emita en el ejercicio de su función.

Por otra parte cabe señalar que, de otra forma, entrarían en crisis institutos como la queja por privación, denegación o retardo de justicia e, incluso, la institución de los recursos judiciales. Sin embargo nadie asimilaría el informe que la ley prevé requerir al magistrado denunciado en la queja aludida al "interrogatorio judicial" al que se refiere la mentada norma constitucional (art. 37, inc. c, ley n° 402), ni tampoco las apelaciones e incluso las sentencias revocatorias de lo decidido por los jueces, como también el requerimiento del expediente que habilita el trámite de la queja ya citada (art. 37, inc. c, ley n° 402), a "molestias" por las opiniones vertidas en el ejercicio de la función.

En todo caso sus manifestaciones sólo denotan su discrepancia con la posibilidad de que el Poder Judicial pueda estar involucrado en un conflicto de poderes -cuestión que es de exclusivo resorte de este Tribunal decidir- e importan, en definitiva, una suerte de intento de revocatoria de la resolución que declaró admisible la demanda, lo que a todas luces resulta improcedente conforme a los fundamentos -a los que cabe remitirse- desarrollados al resolver el día 12/11/2009 (fs. 349/356) una pretensión de tal carácter introducida por el juez a cargo del juzgado CAyT n° 13.

Cabe también reiterar en relación al planteo en examen, lo expresado por el Tribunal en resoluciones anteriores. Al momento de resolver acerca de la admisibilidad del conflicto se sostuvo que ".el ejercicio de la competencia originaria, exclusiva y excluyente prevista en el art. 113, inc. 1º, de la CCBA no importa sustraer el conocimiento del asunto de sus jueces naturales, para ejercerlo por el Tribunal [.] nada corresponde decidir sobre las pretensiones planteadas en los expedientes que originaron esta denuncia, limitándose el Tribunal a determinar si la función jurisdiccional ha sido ejercida con interferencia de competencias propias del poder que acusa el conflicto y a dictar, en su caso, las medidas que autoriza la ley reglamentaria para restituir a su cauce constitucional el ejercicio de las facultades que pudieran estar afectadas (Art. 13 de la ley nº 402)" (fs. 272, Resolución del 3/11/2009).

Luego, a fs. 340, se resaltó que "[l]os jueces no han sido convocados a defender derechos ni responsabilidades personales sino su visión acerca de los alcances de su competencia funcional" (Resolución del 11/11/2009). La inmunidad a la que hace referencia protege a los jueces de ser afectados en el normal desempeño de sus tareas pero no impide el control que los distintos órganos del Estado pueden ejercer mediante los procedimientos previstos a ese efecto. En caso contrario, con el pretexto de la alegada inmunidad, los órganos permanentes del Poder Judicial serían los únicos exentos de todo control dentro de la organización estatal o al menos de participar como demandados en un conflicto de poderes. La CCBA sometió al TSJ, en forma originaria, exclusiva y excluyente, la facultad de establecer los límites funcionales de los poderes distribuidos por la Constitución. Como se dijo, esa competencia constitucional se vería privada de una porción importante de su contenido si con el pretexto de que mediante ella se interfiere con las funciones correspondientes a los jueces se impidiera al TSJ conocer de aquellos conflictos en que éstos últimos son parte demandada.

El objeto del conflicto de poderes es definido por el TSJ, del mismo modo que los jueces lo hacen en las causas en que les toca entender interpretando las pretensiones con que las partes los articulan. El TSJ es quien determina el alcance con que pueden ser admitidos los conflictos de poderes para dar lugar al debate. Por ello, en el momento previsto por la ley, al resolver sobre la admisibilidad, el Tribunal sostuvo que "[l]os desbordes no necesariamente presumen mala fe en el autor, sea juez u órgano político, así como que los controles y resguardos que el legislador prevea en las leyes procesales a fin de corregirlos no pueden conducir al cercenamiento de una competencia constitucional del TSJ (menoscabo que se verificaría si la emisión de una sentencia y la existencia de remedios procesales para impugnarla desplazaran o excluyeran el planteo del conflicto de poderes) ni justifican que éste absorba todos los procesos para evitarlos (exceso que se daría cuando a fin de contener un desborde se usara la vía del art. 113 inc. 1° para resolver las cuestiones propias de la competencia apelada de este Tribunal regulada en los arts. 27 y 28 de la LPT). En otras palabras, sostener, como regla, que el planteo de una demanda en sede judicial veda la articulación de un conflicto de poderes, implica abdicar una competencia que el art. 113, inc. 1°, de la CCBA atribuye de modo indelegable al TSJ [.] En línea con esas consideraciones, el Tribunal rechazó el pedido formulado por el Poder Ejecutivo de decretar la nulidad del fallo de la jueza Elena Liberatori por no ser ésa la oportunidad propicia para pronunciarse acerca de la existencia de causa que constituiría el antecedente indispensable -condición necesaria aunque no suficiente- para legitimar órdenes judiciales de la especie de las resistidas por el Poder Ejecutivo. Hacerlo sería avanzar sobre el fondo del asunto, es más, casi resolverlo, sin haber oído al otro poder".

Finalmente solo resta consignar que "el dispendio de tiempo y trabajo que [le] requiere obligadamente contestar a este Tribunal" según consigna a fs. 383, en manera alguna resulta un argumento idóneo para sustentar el planteo de inmunidad de jurisdicción que intenta. A ello se agrega -como se ha dicho supra- que la contestación que, en el marco del trámite del conflicto de poderes se le ha requerido, se trata también del ejercicio de la función, tal como cuando se le requiere un informe en el marco de una queja por privación, denegación o retardo de justicia, o de una recusación. La obligación de contestar planteos como el presente forma parte de las funciones atribuidas a los jueces por la Constitución, al prever el procedimiento de conflicto de poderes, y por la ley nº 402 que lo regula.

2. El Tribunal ya se ha expedido acerca de la inadmisibilidad del instituto de la recusación en el trámite de un conflicto de poderes al resolver y rechazar, el 11 del corriente (fs. 338/342), los pedidos de apartamiento de sus integrantes formulados por los magistrados a cargo de los juzgados CAyT n° 6 y 13. La doctrina allí sentada es de plena aplicación al planteo en examen, por lo que cabe remitirse a sus fundamentos, a cuyo efecto se agregará copia certificada de esa resolución que se tendrá como parte integrante de la presente.

Sin perjuicio de que lo expuesto es razón suficiente para rechazar de plano la recusación intentada, es menester destacar que, amén de la inaplicabilidad en el punto del CCAyT -como también quedó dicho en esa resolución- la causal de su art. 11, inc. 5, no se constataría, pues la calidad de denunciante de la recusante debió haberse verificado con anterioridad a la iniciación de las actuaciones. De otra forma, sería muy simple recusar a un juez con el simple artilugio de denunciarlo una vez iniciado el proceso.

3. Con relación a la excepción de falta de legitimación pasiva que también se opone en la presentación en examen, el Tribunal ya se ha expedido al resolver y rechazar las planteadas a fs. 370/374 por la jueza a cargo del juzgado CAyT n° 6.

Las razones allí vertidas -a las que cabe remitirse, a cuyo efecto se agregará copia certificada de dicha resolución que se tendrá como parte integrante de la presente- son suficientes para declarar inadmisible la excepción en cuestión.

4. A fs. 340 (Resolución del 11/11/09) el TSJ sostuvo que ".la concurrencia con patrocinio letrado por parte de los jueces a los que se dio intervención no resulta acorde con el requerimiento formulado por el Tribunal". En ese sentido cabe resaltar que no resulta necesaria la habilitación para "presentarse en causa propia" requerida por la titular del juzgado CAyT nº 4 al Consejo de la Magistratura y al Colegio Público de Abogados, pues, como se repitió en numerosas oportunidades, los jueces no son convocados a defender derechos subjetivos ni responsabilidades personales, sino a brindar su visión sobre el alcance de la competencia que les asigna la CCBA. Por ello, es que más allá de que la mencionada jueza comparta o no esa inteligencia sobre la función del conflicto de poderes, llama la atención que apoye su presentación en la supuesta vulneración de derechos consagrados en el orden federal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y solicite la habilitación de la matrícula. En ese orden, dado que no están en juego derechos personales es coherente que realizara su presentación en papel con el membrete del Poder Judicial de la Ciudad y autorizara para realizar gestiones en el expediente a empleados del juzgado que se encuentra a su cargo. También, acorde con lo expuesto, no corresponde la petición subsidiaria de que se tenga por promovido el incidente de beneficio de litigar sin gastos, al tiempo que el domicilio de la Sra. Jueza no puede ser otro que el de la sede del juzgado a su cargo (conf. art. 90, inc. 1° Código Civil).

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar inadmisibles los planteos de inmunidad de jurisdicción, recusación y oposición de excepciones y tener presente, en lo pertinente, los planteos formulados para su oportunidad.

2. Incorporar como parte integrante de la presente copia certificada de las resoluciones del Tribunal de fechas 11 y 12 de noviembre del 2009 obrantes a fs. 338/342 y 349/356, y de la dictada en la fecha con motivo de la presentación de fs. 370/374.

3. Mandar que se registre, se notifique al Poder Ejecutivo, al Consejo de la Magistratura, a los jueces a cargo de los juzgados CAyT n° 3, 4, 6 y 13, y al señor Fiscal General y continúe el trámite de la causa según su estado.

Firmado: Conde - Lozano - Casás - Marum - Weinberg de Roca.