Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-11-12


Córdoba, noviembre 12 de 2009.

1º ¿Es nula la decisión en crisis por haber vulnerado la exigencia de la debida fundamentación? 2º ¿Qué resolución corresponde dictar? 1º cuestión. - La doctora Aída Tarditti dijo:

I. Por auto nº 200, dictado el 22 de mayo de 2009, la Cámara de Acusación de esta ciudad resolvió: "... I) Confirmar el auto apelado, en cuanto ha sido materia del presente recurso, con costas (arts. 550 y 551 del CPP). II) Rechazar al planteo de prescripción de la acción penal emergente del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (arts. 45 y 265 del CP) interpuesto a favor del imputado K., con costas (arts. 550 y 551 CPP)..." (fs. 47 a 65).

II. En contra del referido decisorio, deducen recurso de casación los Dres. E. M. y C. C. a favor del acusado G. L. K., invocando el motivo formal de casación (CPP, 468 inc. 2º) (fs. 1 a 45).

A. En lo que respecta a la impugnabilidad objetiva del referido decisorio, los impugnantes sostienen que la confirmación del auto de elevación a juicio conlleva para el imputado la posibilidad cierta y palpable de un gravamen de imposible reparación ulterior.

Es que, en la actualidad, K. ejerce la profesión de abogado, título que ostenta desde 1988 (matrícula profesional ...-... del Colegio de Abogados de Río Cuarto -Delegación La Carlota-), y de conformidad a lo previsto por el artículo 75 de la Ley Provincial 5805: "en caso de procesamiento de un abogado, el Tribunal podrá suspenderle preventivamente en la matrícula si los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso demostraren la inconveniencia de su ejercicio profesional. Esta suspensión no podrá exceder del término de seis meses".

Destacan que esta Sala Penal, ante casos similares y por razones de economía procesal, admite el carácter de resolución equiparable a sentencia definitiva aplicando el estándar fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: "Jofré".

B. En lo que respecta a la impugnabilidad subjetiva, señalan que el fallo dictado es nulo por haber incurrido en falta de fundamentación al señalar que el acusado ha participado culpablemente en el hecho atribuido.

C. Previa reseña del hecho que se le atribuye al acusado y los fundamentos vertidos por la Jueza de Instrucción, sostienen que el voto de la mayoría de la Cámara de Acusación no ha contestado los agravios planteados y de allí la nulidad que se impetra. Luego de reproducir los argumentos desplegados al informar en sede de apelación, señalan que el quid de la cuestión no era determinar si en algún tiempo y en algún lugar Álvarez y Shor Landman tuvieron relación comercial, sino en corroborar que en esta empresa Radio Aviso lo tenían y que K. lo conocía y que conociendo dicha circunstancia K. intentó beneficiar a aquellos.

Así se puso de manifiesto que K. jamás conoció que su ex cuñado tuviera intereses económicos en aquella empresa ni que el contrato haya sido suscripto para beneficiar a dicha empresa o a su (ex) cuñado o al que fuera.

a. Exponen que en el informe se dijo que la Jueza de Control le da credibilidad al venal Laso, pero se omite que el propio Laso ante una pregunta puntual, dijo que no le consta que el Dr. K. supiera de la compra de Radio Aviso, interrogándose en aquella oportunidad por qué Álvarez no lo identificó como el Intendente o mi ex cuñado o bien directamente por Germán. Que igual reflexión se entendió que debía hacerse en referencia al testigo Mercado, pues no se sabe si Landman se encontró con K. o con otra persona.

Sobre el punto, la defensa critica que la mayoría de la Cámara de Acusación no dijo nada.

b. La jueza valora como prueba de cargo el hecho de que K. era cuñado de Álvarez.

En referencia al referido tópico, los impugnantes exponen que en esos momentos los coimputados ya no eran cuñados, por cuanto Álvarez se había separado de la hermana de K., además tampoco continuaban con ninguna clase de trato. Es más, K. afirma desconocer absolutamente que Álvarez tuviera alguna relación comercial con Landman, que su relación con Álvarez en esa época era nula, que cree que Álvarez está separado de su esposa desde el año 2000, que no tuvo trato específico con Álvarez y, concretamente, que jamás lo visitó en su despacho, que la última vez que lo vio -dijo K.- tiene que haber sido en una reunión familiar bastante alejada en el tiempo dada la mala relación familiar que existía entre su hermana y Álvarez.

Luego de transcribir las razones por las cuales la Jueza de Control desestimó tal crítica, señalan que en el informe se contestó K. y Álvarez se vieron con posterioridad a la separación de Álvarez con Rosa K., por cuanto Rodríguez de la Puente afirma haberlo visto a Álvarez en la Municipalidad luego de septiembre del 2000 en una visita social. Dicen que la premisa es falsa, por cuanto la afirmación de Rodríguez de la Puente hace referencia a una visita social de Álvarez a su persona, que no implica en lo más mínimo que Álvarez se haya cruzado, visitado o conversado con K., sin embargo el Juzgador, con malicia, infiere que si Álvarez lo visitó a Rodríguez de la Puente también lo visitó a K. Evidentemente es un elemento tendencioso, que no puede dar sustento a aquella posición. Aquel hecho sólo prueba que Álvarez estuvo con Rodríguez de la Puente, que era ejecutivo municipal, pero ni siquiera conocemos de qué hablaron con Rodríguez de la Puente y tampoco podemos afirmar que K. -siquiera- se haya enterado de aquella visita.

Sobre los referidos argumentos la mayoría del Tribunal de apelaciones tampoco se expidió.

Por ello, entienden que si la actuación de K. en todo momento fue restringiendo, acotando y finalmente rescindiendo el contrato a los cuatro meses, en modo alguno puede hablarse de interés por parte de aquél en beneficiar a un tercero, más bien, se perjudicó económicamente a un tercero y el presunto beneficio por el contrato con la municipalidad para acceder a otros contratos más provechosos de igual manera se demostró que no fueron tales y mal podían serlo cuando el contrato con el municipio sólo duró cuatro meses.

A estos planteos serios y fundados, ninguna respuesta tuvo la mayoría de la Cámara y como resulta fácil de advertir, se trata de cuestiones dirimentes de valoración sobre las cuales, la defensa ha dejado expuesta su posición, marcando los vicios de la Juez de Control en su valoración, y la mayoría del Tribunal nada ha referido al respecto.

En este aspecto -prosiguen-, la fundamentación de la mayoría de la Cámara es omisiva, toda vez que no abordaron cuestiones de hecho decisivas que ha planteado concretamente la defensa en contraposición a lo resuelto por la Juez de Control y la mayoría del Tribunal ha soslayado por completo.

Consideran que el vicio denunciado se torna más palpable si se confronta lo expuesto con el atinado, exhaustivo y prolijo análisis que realiza el Vocal H. G., que justamente trata cada uno de los agravios de la defensa y termina otorgándole razón.

II.1. Como primer cuestión se impone realizar un breve análisis en torno a la cuestión de la impugnabilidad objetiva a través del recurso de casación del decisorio de la Cámara de Acusación por el cual, en definitiva, al avalar el interlocutorio de la Sra. Jueza de Control termina confirmando la requisitoria fiscal de citación a juicio (art. 354 del C.P.P) efectuada en contra del imputado K.

Al respecto, cuadra apuntar que la Corte Suprema establece que existen pronunciamientos que pueden y deben ser equiparados a sentencias definitivas. A este respecto se ha sostenido que una resolución jurisdiccional es equiparable a sentencia definitiva, si ocasiona un agravio de imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior, precisamente porque no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo resuelto (T.S.J. Sala Penal, A. nº 52, 0/3/03, "Cesaretti"; A. nº 242, 4/8/03, "Castro"; A, nº 185, 13/6/05, "Barale"; entre muchos otros).

Dentro de dicha óptica, se proclama que las resoluciones cuya consecuencia es la obligación de seguir sometido a proceso criminal, no satisfacen, por regla, la calidad de sentencia definitiva, ni resultan equiparables a ella, pues no ponen fin al proceso ni impiden su continuación (Fallos 308:1667; 310:1486; 311:1781; 312:573 y 1503; 314:657; 316:341).

En este sentido, el Máximo Tribunal Federal agrega que, si bien a este principio cabe hacer excepción en los casos en que la resolución recurrida cause algún perjuicio de imposible reparación ulterior, tal circunstancia no la constituyen las restricciones normales que derivan del sometimiento a juicio; y que, en esas condiciones, la invocación de garantías constitucionales no suple la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (Fallos 310:1486; 314:657; 311:1781; 316:1330).

Por otra parte, ha menester señalar que también se ha considerado que, para que se configure la referida equiparación, al ser un supuesto de excepción, resulta indispensable que el recurrente acredite concretamente cómo la resolución impugnada ocasiona un agravio de tales características (TSJ, Sala Penal, A. nº 365, del 20/9/01, "Delsorci"; A. nº 27, del 1/3/02, "Cáceres").

Ahora bien, aunque sobre esta materia esta Sala pacíficamente sostuvo que la decisión que dispone la elevación de la causa a juicio de un profesional de la abogacía no genera un gravamen irreparable por cuanto la suspensión preventiva en la matrícula constituye una facultad potestativa del Tribunal de Disciplina ("Petito", A. nº 270, 07/12/2006, entre muchas otras), corresponde atender a lo resuelto por la Corte Suprema en un reciente fallo ("Jofré", 09/09/2008), dejando a salvo nuestro criterio.

En su resolución, el Alto Tribunal se expidió favorablemente sobre la procedencia formal de la casación, en la medida que se alegue vulneración de la defensa en juicio, porque implica "someterse a un juicio, estadío procesal al que no podría haberse avanzado de haber tenido adecuada oportunidad para ejercer su defensa; cercenándole además, en este caso, su posibilidad de trabajar, dada su condición de abogado y en función de las facultades disciplinarias que implica la colegiación". Razones de economía procesal, como así también a fin de prevenir toda posible conjetura acerca de una restricción a estos derechos constitucionales, hacen conveniente aplicar dicha hermenéutica al caso (tal como lo hiciéramos en los precedentes "Juárez" -A. 291, 11/12/2008- y "Mallía" -A. 7, 16/2/09-), desde que el presentante-imputado K., ejerce su profesión de abogado.

En consecuencia, cabe afirmar que resulta revisable en casación la resolución que eleva la causa a juicio en contra del abogado que -a raíz de ello y por disposición expresa de la ley que regula el ejercicio profesional- queda sujeto a la potestad disciplinaria del Tribunal deontológico que cuenta con facultades legales para suspenderlo preventivamente en la matrícula.

2. Una atenta lectura de los agravios traídos por la defensa del acusado permite advertir que, el vicio que se denuncia en esta sede casatoria se circunscribe a la falta de tratamiento en que incurre la mayoría de la Cámara de Acusación a los reproches deducidos en contra del auto de elevación a juicio, en cuanto este afirma que K. conocía que su cuñado Álvarez tenía participación económica en Radio Aviso y se interesó en la contratación del ente municipal con la referida empresa, en miras de beneficiar a su cuñado Marcos Aurelio Álvarez.

A.a. Es jurisprudencia pacífica de esta Sala que toda resolución debe estar debidamente fundada (C. Prov., 155; C.P.P., 142, 408 inc. 2do., 413 inc. 4to.). La ley procesal, reglamentando expresas normas constitucionales (C.N., 18 y Const. Prov. 155) y como garantía de justicia, exige la motivación adecuada de las resoluciones conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia (C.P.P., 413, inc. 4º).

Fundamentar o motivar las decisiones judiciales significa consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen (T.S.J., Sala Penal, Cba., Sent. Nº 1, 16/2/61, "Feraud", "B.J.C.", t. 1961, pág. 212, entre muchos otros).

Ahora bien, se ha dicho en repetidas ocasiones que la remisión resulta un método válido para fundar una resolución, en tanto sean asequibles las razones de las que se dispone (T.S.J., Sala Penal, "Rivero", S. nº 33, 9/11/1984; "González", S. nº 90, 16/10/2002; "Mié", S. nº 27/04/2007, -entre otros-; C.S.J.N., "Macasa S.A. v/ Caja Popular de Ahorro, Seguro y Crédito de la Provincia de Santiago del Estero y/o Presidente del Directorio y/o Responsable", Fallos 319:308).

b. En el subjudice, a los fines de examinar la procedencia de los reproches, corresponde ponderar las razones que se exponen tanto en el auto que es objeto de impugnación en esta instancia como la decisión del Juzgado de Control, según se hará a continuación.

Para ello resulta pertinente recordar que, en la actualidad se encuentra fuera de discusión la posibilidad de alcanzar la certeza sobre la participación del imputado valiéndose de prueba indirecta en tanto ésta sea unívoca y no anfibiológica (T.S.J., Sala Penal, S. nº 41 del 27/12/84, "Ramírez, Rito"). Dicho de otro modo, tal estado conviccional podrá sostenerse mediando solamente prueba indiciaria, en la medida en que las conclusiones deriven necesariamente de ella; lo que ocurrirá cuando los elementos indirectos de convicción permitan realizar únicamente tales inferencias y no otras.

Si la prueba indiciaria permite arribar a un estado de certeza, con más razón autorizará a concluir en términos de probabilidad en la etapa preparatoria, en la que las restricciones al principio in dubio pro reo exigen diferenciar tal estado conviccional de la duda en sentido estricto -ambas, integrantes en la duda en sentido amplio de la etapa de juicio-.

Ello así, puesto que, como destaca calificada doctrina, la duda y la probabilidad se diferencia porque mientras la primera consiste en el equilibrio que se presenta entre los elementos que inducen a afirmar y los que llevan a negar la existencia o inexistencia de una circunstancia, exige también la coexistencia de elementos positivos y negativos, sólo que en estos casos, los primeros cuentan con una fuerza conviccional superior a la de los segundos, rompiendo el estado de duda que de otro modo se presentaría (Cafferata Nores, José I., La prueba en el proceso penal, Depalma, Bs. As., 1986, ps. 6-7).

Análogamente, también se extiende a la probabilidad la necesidad de que, para cuestionar válidamente la fundamentación, la prueba indiciaria se valore en forma conjunta y no de manera separada o fragmentaria, como reiteradamente se ha sostenido con relación a la certeza (T.S.J., "Simoncelli", S. nº 45, del 29/7/98; "Capdevila", A. nº 205 del 11/8/98; "Capdevila", A. 205, 11/8/98; "Lescano", A. 329, 6/11/98; "Galeano", A. 49, 4/3/99; cfr. C.S.J.N., Fallos 305:1945; 306:1095 y 1785; causa S.4. XX. "Segura, Ramón Justo c. sucesión de Flores, Bautista Ceferino s/filiación y petición de herencia", 29/11/84; P. 444. XX. "Pallero de Ontiveros, Hilda L. c. Ferrocarriles Argentinos", del 15/4/86).

Es que, como ha sostenido el más Alto Tribunal para la certeza, es probable que los indicios individualmente considerados sean ambivalentes, por lo que se impone su análisis conjunto a efectos de verificar que no sean equívocos, esto es que todos reunidos no puedan conducir a conclusiones diversas (C.S.J., Z.3.XX. "Zarabozo, Luis s/estafa", 24/4/86; seguido en Fallos 311,1: 948; cfr. Fallos: 297:100; 303: 2080).

B.a. Para cumplimentar el doble abordaje propuesto supra, debe considerarse que la mayoría de la Cámara de Acusación motivó el rechazo del recurso de apelación en las siguientes razones, a saber:

- La Jueza de Control en el auto impugnado, amén de efectuar una adecuada valoración del material probatorio reunido, ha tratado satisfactoriamente todos y cada uno de los planteos introducidos por los defensores. En rigor, la respuesta del sistema procesal a los planteos de las partes tuvo inicio con el propio requerimiento fiscal de elevación a juicio en el que, tras evaluar también pormenorizadamente e in extenso cada uno de los elementos de juicio de estas actuaciones, tuvo oportunidad el fiscal de instrucción de contestar -siguiendo una sistemática expositiva elogiable, por cierto-, a partir de fs. 1317, los argumentos y cuestionamientos defensivos contenidos en uno de los escritos de solicitud de sobreseimiento que le fueran presentados, más concretamente los de la defensa del imputado K. (fs. 963/971).

- Las sólidas y compartidas razones expuestas a su turno por el representante del Ministerio Público Fiscal -a las que adhirió la magistrada de control, mejorando incluso los fundamentos incriminatorios allí contenidos- prácticamente tornan sobreabundante cualquier consideración que podría efectuarse en torno a avalar, en conclusión que adelanto, que no existe aquí otra alternativa procesal válida que la realización del juicio. En ese orden de ideas se advierte, además, que en los tres informes de fundamentación de agravios las partes prácticamente pretenden un nivel de certeza respecto de los hechos investigados para que así, y sólo así, se pueda avanzar hacia el estadio siguiente.

- El estándar probatorio de probabilidad que únicamente exige el CPP refleja justamente el ideario de que sea el juicio el que dirima posibles anfibologías subsistentes durante la investigación preliminar, en procura de obtener allí la certeza necesaria para condenar, debiéndose obviamente absolver al imputado si aquella no se consigue. Efectuada dicha introducción y para cerrar esta parte del análisis, debo señalar que han sido fundamentalmente la claridad y lo pormenorizado del desarrollo conceptual seguido tanto por el acusador cuando por la magistrada las razones por las que adscribo en su totalidad a las conclusiones a las que han arribado.

- Los apelantes no brindan ningún argumento que demuestre el error de la valoración probatoria efectuada por el a quo, sino que se limitan a realizar una serie de manifestaciones que indican su propio punto de vista en relación con el mérito de la causa, pero que de ninguna manera ponen en crisis la argumentación del inferior, la cual, por lo demás, resulta correcta, pues constituye una derivación razonable tanto de las constancias de autos como del derecho aplicable, razón por la cual la comparto en su integridad -como ya extensamente he afirmado y justificado- y me remito a ella en homenaje a la brevedad. Se observa, además, que los impugnantes se han limitado a reproducir ante esta alzada prácticamente los mismos fundamentos que expresaran en su oposición a la resolución del ministerio público -y a su vez, a sendos escritos presentados ante el propio fiscal quien, como se dijo, también les ha respondido convenientemente-.

b. Sobre lo que es específica materia de agravio en esta instancia, cabe puntualizar que la Jueza de Instrucción sustentó su conclusión en los siguientes elementos de convicción:

- El testimonio de Eusebio Enrique Laso, quien aseveró que Marcos Aurelio Álvarez le pidió, con relación a Radio Aviso, que diagramara un sistema de AVL (localización de vehículos) y que le manifestó que "aplicarían este sistema con la flota de automóviles de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba y que así lo había conversado con los ejecutivos de la Municipalidad" (fs. 12); agregando en una segunda declaración que Álvarez le había dicho: "tenemos la Intendencia" (fs. 594).

- La declaración de José Luis Mercado, quien afirmó que "una vez el Sr. Landman le comentó... que en el avión regresando de Buenos Aires había encontrado al Sr. K., y no sabe... si Landman habló con K. directamente o con otra persona pero Landman le manifestó que harían buenos negocios con la Municipalidad" (fs. 68vta.).

- El acusado G. L. K. G. siguió teniendo trato con su cuñado Marcos Aurelio Álvarez cuando ya éste había demostrado su interés en Radio Aviso, pese a que este último ya se encontraba separado de la hermana de aquél.

Se agrega que, existen ciertos elementos incorporados a la causa que contradicen la posición defensiva que sostiene que el único contacto con Álvarez era su relación de cuñados y que la última vez que se vieron fue en una reunión familiar bastante alejada en el tiempo, y que indican que la relación con su ex cuñado excedía el ámbito familiar.

En primer lugar, Alejandro Rodríguez de la Puente declaró que él conoció a Álvarez en la CNC (por CNT) cuando éste se desempeñaba como Gerente de Control (años 1992 y 1993) llevado por K. (fs. 304 vta.). Y el propio K. sostiene a fs. 320 que él recomendó a Álvarez para la CNT.

Además, a raíz de la actuación de K. al frente de la Subsecretaría de Comunicaciones, se inició una investigación en la Justicia Federal en la que se involucra a K. junto con Álvarez (entre otros) en hechos similares al que nos ocupa (ver copias de noticias periodísticas a fs. 150 y ss.), lo que motivó el pedido de remisión de copias al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 (ver fs. 692 y ss.) algunas de las cuales ya han sido motivo de análisis en la presente resolución.

Finalmente, quien termina de poner en evidencia que la relación entre K. y Álvarez excedía lo meramente familiar y que siguió manteniéndose a pesar de la separación del segundo de la hermana de aquel, es el coimputado Rodríguez de la Puente quien, al preguntársele si conocía que durante la gestión de K., Álvarez concurriera a la Municipalidad dijo "Que sí. Que lo ha visto en por lo menos una ocasión, que en lo que al dicente respecta por una cuestión de visita social" (fs. 304vta.).

Queda así en evidencia que la relación entre K. y Álvarez (a quien conocía desde 1976, según sus propios dichos de fs. 319) excede lo meramente familiar. Pero además, se comprueba que K. falta a la verdad al decir que la última vez que había visto a Álvarez fue en una reunión familiar bastante alejada en el tiempo por la mala relación de éste con su hermana.

Según vimos, la reunión familiar aludida tuvo que ser antes de mayo de 2000, pero K. siguió viendo a Álvarez con posterioridad. Esto surge del simple cotejo de fechas, pues Rodríguez de la Puente asegura haber visto en la Municipalidad a Álvarez de visita social en al menos una oportunidad, pero ocurre que Rodríguez de la Puente recién fue nombrado en la Municipalidad el 19/9/00.

Se demuestra entonces que la separación no fue óbice para que los imputados en cuestión siguieran manteniéndose en contacto. Y además, en la fecha en que Álvarez concurrió de visita social a la Municipalidad (después del 19/9/00) ya hacía varios meses que venía participando con Schor Landman de las tratativas por la compra de Radio Aviso pues, según Baretta, Álvarez participó en las negociaciones previas a la firma del primer contrato con Sadelur, que tuvo lugar el 29/6/00 (ver fs. 19).

C. Lo reseñado precedentemente permite sostener que, si bien el a quo rechazó de manera genérica las críticas expuestas a favor de los acusados, lo cierto es que le dio un tratamiento a los referidos reproches, aludiendo que las mismas consisten en manifestaciones que de ninguna manera ponen en crisis la argumentación del inferior, la cual -al ver de la mayoría- resulta correcta.

Adviértase además que, la conclusión que -en definitiva- confirma la mayoría de la Cámara de Acusación aparece como razonable, pues las pruebas adquiridas en la investigación penal preparatoria tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para fundar el extremo cuestionado.

Digámoslo con otras palabras, los testimonios de Laso, Mercado y los datos que surgen de las propias declaraciones de los imputados acreditan como probable el conocimiento de K. que Marcos Aurelio Álvarez tenía participación económica en Radio Aviso y que se interesó en la contratación del ente municipal con la referida empresa, en miras de beneficiar a este último.

Tal conclusión -como lo afirma la mayoría del Tribunal de apelaciones- no pudo ser desvirtuada por los reproches construidos en el recurso de apelación, pues los mismos se construyen a partir de una valoración individual y, por ello, fragmentaria del aglomerado probatorio reseñado supra.

Es que, al desintegrar el referido marco conviccional cuestionan la eficacia probatoria de las testimoniales de Laso y de Mercado, señalando que ninguno de ellos manifiesta específicamente que el contacto en la Municipalidad era K. y, por el otro, que la única visita que da cuenta Rodríguez de la Puente en su declaración es la realizada a su persona y de carácter social.

Las mentadas criticas evidencian, por un lado, la verdadera pretensión de los impugnantes, esta es, desvincular al imputado G. L. K. como participe en el hecho que se le enrostra ya que tal extremo no ha sido acreditado con certeza, desconociendo que el ordenamiento penal procesal considera suficiente que -al elevarse la causa a juicio- la aludida participación se acredite, con grado de probabilidad; vale decir, que la prueba que resulta cargosa en contra del imputado prevalezca sobre los elementos de convicción en que hace hincapié la defensa.

Por el otro, una descontextualización de los dichos del coimputado Rodríguez de la Puente sobre la concurrencia de Álvarez a la Municipalidad, pues los impugnantes le atribuyen que este sólo hace referencia a una vista social de Álvarez a su persona, pero relegan de su análisis que el primero de los nombrados dio como probable que este último hubiese concurrido otras veces más al municipio, al referir que "lo ha visto en por lo menos una ocasión".

A mayor abundamiento debe señalarse que, al no haber sido materia específica de agravio casatorio, ha quedado incólume, por un lado, que Álvarez tenía un interés económico propio en Radio Aviso, el cual está acreditado no sólo por la situación de garante de la compra de la referida empresa, sino por su participación tanto en las frustradas tratativas previas, cuanto en las distintas reuniones mantenidas entre el adquirente formal y los vendedores de Radio Aviso. Por el otro, que el beneficio era obtener el contrato con la Municipalidad, independientemente del mayor o menor monto económico que se podía obtener a partir del mismo.

3. En suma, los agravios estructurados por la defensa no tienen virtualidad para conmover la afirmación expuesta por el a quo en orden a que, las criticas expuestas por la defensa de ninguna manera ponen en crisis la conclusión de la Jueza de Control, la cual sostiene, con aptitud lógica y valor convictivo suficiente, como probable la participación de K. en el hecho a él intimado.

Por las razones dadas, voto negativamente a la presente cuestión planteada.

La doctora María Esther Cafure de Battistelli dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

2º cuestión. - La doctora Aída Tarditti dijo:

En virtud del resultado de la votación que antecede, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la defensa del acusado G. L. K. Con costas (arts. 550 y 551 C.P.P.).

Así voto.

La doctora María Esther Cafure de Battistelli dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal; Resuelve: Rechazar el recurso de casación deducido por la defensa del acusado G. L. K. Con costas (arts. 550 y 551 C.P.P.). - María Ester cafure de Battistelli. - Aída Tarditti. - María de las Mercedes Blanc G. de Arabel.