Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11


Causa Nº 442-00-CC/2005 caratulada "Martínez, Claudia Mercedes s/ inf. Ley 60 CC- Apelación" En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de abril de 2006 se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Fernando Bosch y Marcela De Langhe para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este Tribunal, el recurso de apelación interpuesto a fs. 83/5 por la co-titular de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas Nº 5, María Teresa del Rosario Moya, contra la sentencia cuyos fundamentos obran a fs. 75/7vta. dictada por la Claudia Amanda Alvaro a cargo Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 16, que resolvió absolver a Claudia Mercedes Martínez, de las demás condiciones personales obrantes en autos, de la contravención prevista en el art. 60 de la Ley 1472, por el hecho constatado el 21 de septiembre de 2005, a las 15:45 horas, en el local comercial denominado "Best", sito en la Avenida Pueyrredón altura catastral 2464 de esta Ciudad.

La impugnante consideró desacertada la decisión absolutoria e invocó como agravio la errónea aplicación de las reglas de la participación efectuada por la sentenciante para delimitar la concreta actuación de Martínez en el hecho endilgado, a la luz de las teorías históricas del Derecho Penal convencional. En este punto destacó que: "...la sola circunstancia de no haber realizado la conducta típica no puede ser un justificativo jurídico válido y agotado para excluir su responsabilidad. La interpretación del art. 12 no debe hacerse sólo a través de la teoría formal objetiva, que considera como autores únicamente a aquellos que ejecutan personalmente la acción típica descripta en los tipos de la parte especial, sino también en función de la teoría del dominio final del hecho, concepción esta última que resulta compatible con la inteligencia de la norma aplicada al caso particular" (fs. 84).

La Sra. Fiscal de Cámara, en la materia sometida a dictamen, coincidió con los argumentos expuestos por la accionante para solicitar que se revoque la sentencia apelada y se condene a Martínez a la pena oportunamente requerida por resultar autora materialmente responsable de la contravención prevista por el art. 60 del C.C. En este sentido expresó que: "...La figura contravencional bajo la cual quedara calificado el hecho, por su parte, identifica como sujetos activos de la contravención a los propietarios, gerentes, empresarios, encargados o responsables de un comercio o establecimiento de cualquier actividad. Va de suyo que cuando el Código Contravencional amplía la nómina de posibles sujetos activos a los antes enumerados, no está exigiendo que cada uno de ellos participe en forma personal y de propia mano de la comisión del hecho. Mal podría suponerse que un empresario, por ejemplo, lleve a cabo en forma personal cada una de las posibles ventas o suministros de alcohol que se producen dentro de la empresa explotada..." (fs. 91/vta.). Luego de citar las reglas generales de la participación previstas en la Ley 1472, afirmó que: "...el sistema contravencional prefiere o se inclina por un concepto restrictivo de autor, receptando la teoría del dominio del hech o y desechando la teoría formal objetiva (aparentemente adoptada por la a quo en su sentencia), en tanto esta última no lograría satisfacer adecuadamente la gran variedad de formas en que puede desarrollarse una contravención" (fs. 91/2).

Por su parte, la Sra. Defensora, María Laura Ferrari Herrero, solicitó la confirmación de la sentencia recurrida. Acorde a ello, estimó que los agravios introducidos por la parte acusadora carecían de entidad en el marco de la insuficiente prueba producida en el debate para tener por acreditada la autoría y responsabilidad en cabeza de su asistida en orden a la conducta que se le endilga. Al respecto sostuvo que: "...Conforme las probanzas y la propia declaración de la Sra. Martínez, en modo alguno puede pretenderse que ésta hubiera tomado parte en la ejecución del hecho (venta de bebidas alcohólicas a menores de edad), mucho menos se desprende que se hubiera valido de otra persona (en este caso, empleado de la línea de cajas) como instrumento para perpetrar la contravención; es decir, que tampoco ha sido probada ni debatida la calidad de imputada como instigadora; muy por el contrario, se ha tenido por acreditado que la misma, en cumplimiento de las tareas y funciones a su cargo instruyó -una vez más y especialmente en dicho día- a quienes tienen a su cargo el perfeccionamiento de las operaciones de venta respecto de los recaudos a tener en cuenta para la venta de bebidas con alcohol..." (fs. 97 y 97vta.). Formuló reserva del Caso Federal en los términos del art. 14 Ley 48 (fs. 97/8).

Cumplidos los pasos pertinentes y plazos de aplicación, ingresan las actuaciones a estudio del Tribunal.

CONSIDERANDO:

I. Admisibilidad: En primer lugar, cabe destacar que el recurso incoado cumple con los requisitos de tiempo y forma; fue interpuesto por quien tiene derecho a Causa Nº 442-00-CC/2005 Sala II hacerlo, contiene fundamentación autónoma, y está dirigido contra una sentencia definitiva, razón por la cual resulta admisible -art. 50 de la ley Nº 12- a la luz de los agravios invocados en tanto constituyen materia revisable por esta instancia, con los alcances y las limitaciones que señaláramos en anteriores pronunciamientos (conf. causas nº 043-00-CC/2004, carat. "Terrazas Gutierrez, Sonia s/ art. 41 CC s/apelación", rta. el 23-04-04 y nº 067-00-CC/2004 carat. "Sung Joon Park s/ art. 74 CC-Apelación", rta. el 27-05-04, entre otras).

Tales extremos imponen a esta Alzada el examen de los fundamentos esgrimidos por la juzgadora para arribar a la decisiónliberatoria que aquí se cuestiona, en el marco de la razonabilidad en la valoración de las pruebas como también en la interpretación del derecho, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y motivación de la sentencia.

En orden a lo expuesto serán tratados los agravios introducidos por la Fiscalía, ante la exigencia de nuestro Máximo Tribunal de que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos 284:119, 311:948 y 311:1488). En consecuencia, se impone el examen de los motivos esgrimidos por la juzgadora para arribar a la decisión criticada, en el marco de la valoración de la prueba efectuada de acuerdo a las reglas de la sana crítica y de la motivación de la sentencia.

Al respecto el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que la sentencia: "...tiene la obligación de explicar razonablemente -sana crítica racional - tanto la plataforma fáctica sobre la cual se asienta la decisión (conducta concreta que estima existente) como la premisa jurídica que compone la solución..." (Expte. 358/00 "Iwan, Félix Jonás s/ art. 72 C.C. s/ recurso de inconstitucionalidad", rta. el 09-08-2000, voto del Julio B.J. Maier).

También la Cámara Nacional de Casación Penal en diversos pronunciamientos ha sostenido que: "...los jueces tienen el deber de motivar las sentencias y ello se realiza cuando se expresan las cuestiones de hecho y de derecho que los llevan a concluir en un caso concreto de un determinado modo. Se cumple así con un principio que hace al sistema republicano, que se trasunta en la posibilidad que los justiciables, al ser absueltos o condenados puedan comprender claramente porque lo han sido" (CNCP, Sala III, causas nº 25 carat. "Zelikson, Silvia E s/ recurso de casación", reg. nº 67, del 15-12-1993, nº 65 carat. "Tellos, Eduardo Antonio s/ recurso de casación", reg. nº 64, del 24-03-1994, entre otras).

II. Los agravios: La Fiscal expresa que correspondía atribuir autoría a Martínez en el hecho investigado, toda vez que al circunstancia de no haber realizado la conducta típica personalmente no es suficiente para excluir la responsabilidad conforme los parámetros que brinda la teoría del dominio final del hecho. Sin embargo, la cuestión introducida por la recurrente debe ser evaluada en el marco de la concreta imputación dirigida a la encartada y que constituyera el objeto del proceso a lo largo de las distintas etapas. En tal sentido, tanto del relato del hecho descripto en la audiencia prevista en el artículo 41 de la L.P.C. -oportunidad en la que se celebrara juicio abreviado, fs. 36/37- cuanto en el debate (fs. 71/73), la representante del Ministerio Público Fiscal imputó y acusó a Martínez en su carácter de encargada del local comercial, en los siguientes términos: "haberle vendido a los menores de dieciocho años de edad Federico Retyk y Miguel Chudnovsky cuatro botellas de cerveza..." (el destacado es nuestro), supuesto que, en principio, encuadraría en el artículo 60 de la Ley 1472.

De lo expuesto surge claro que la conducta endilgada a Martínez estaría constituida por una acción positiva (la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad). Es decir, se incluyó una única manera de intervención de la nombrada en el hecho -en forma activa-, sin llegar a describirse de modo paralelo, alternativo o subsidiario el despliegue de un supuesto distinto de participación -en forma omisiva-. En tal sentido, la parte acusadora -quizás por cierta reminiscencia al tipo anterior acuñado en el art. 50 de la derogada Ley Nº 10 que expresamente aludía a la venta- mantuvo inalterable la imputación clara, precisa, circunstanciada y específica de la conducta por la cual posteriormente solicitó el dictado de una sentencia condenatoria a tenor de lo prescripto en la norma mencionada. Y precisamente la Jueza "a quo" teniendo en cuenta el hecho así descripto consideró insuficiente la prueba rendida durante el debate para arribar a un pronunciamiento condenatorio.

No obstante lo anterior, la impugnante al momento de individualizar los agravios recurre a las teorías históricas utilizadas para delimitar el concepto de autor y por medio de ellas intenta demostrar que "...la sola circunstancia de no haber realizado la conducta típica no puede ser un justificativo jurídico válido y agotado para excluir su responsabilidad". Sin embargo, se advierte que la cuestión dogmática introducida esconde el verdadero propósito: pretender la revocación del fallo y la condena por el mismo hecho contravencional, pero integrando el supuesto fáctico con una conducta omisiva. En efecto, procura responzabilizar a Martínez porque reuniría una de las calidades de autor/a que Causa Nº 442-00-CC/2005 Sala II menciona la contravención en trato -encargada-, lo cual conllevaría la capacidad de evitación; es decir, se coloca en manos de la nombrada la posibilidad de realizar una acción correcta por medio de la cual se hubiera impedido la producción del resultado -posición de garante- que, en el caso, se traduce en impedir la realización de la acción por parte de un tercero, todo lo cual aparece como novedoso y sorpresivo al ser introducido recién en oportunidad de articular el presente recurso, cuyo acogimiento importaría lesión constitucional al derecho de defensa en juicio -art. 18, CN-.

En efecto, las particularidades apuntadas precedentemente resultan ajenas a la intimación fiscal mantenida incluso hasta el momento de alegar en el juicio, donde concretamente la Moya dijo: "...que tenía por acreditado que el día 21 de septiembre de 2005, en el interior del supermercado BEST la imputada Martínez vendió cuatro botellas de cervezas a dos personas menores de edad..." (fs. 72vta., el resaltado no es del original). Surge claro entones que nunca antes en la descripción del hecho contravencional se individualizó e imputó a la encartada un rol diverso al de vendedora, como así tampoco se detalló conducta omisiva alguna en su faz objetiva y subjetiva, resultando insuficiente ahora la sola mención de la calidad de encargada del supermercado que aquélla ostentaba al momento del suceso, para suplir tales ausencias. Todo lo cual fue correctamente señalado por la sentenciante: "...El plexo probatorio que vengo analizando, aunado a los dichos de la propia imputada Martínez, no deja margen de dudas en cuanto a que la compra de cervezas por parte de los menores de edad existió; en otros términos, dichas probanzas resultan suficientes para acreditar la materialidad del hecho inves tigado por la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal. No obstante ello, es preciso señalar que el hecho que tengo por acreditado no es posible atribuírselo a Claudia Mercedes Martínez. En este sentido, corresponde destacar que la Sra. Fiscal imputó a la nombrada '...haberle vendido a los menores...', y si bien la nombrada era la encargada del local, ella no fue la persona que le vendió a los menores las bebidas alcohólicas" (fs. 76vta.). Analizó la Magistrada a tal fin, los dichos de la imputada, de los testigos y el ticket secuestrado para concluir en que tales elementos "...corroboraron la hipótesis de que la imputada no había participado de ningún modo en la maniobra contravencional..." (fs. 76vta.).

De la sola lectura del art 60 CC surge que allí se individualizan dos modos diversos de realización del hecho: autoría por comisión directa y autoría por omisión. Al respecto, es clara la sentencia al destacar la insuficiencia probatoria para estimar acreditada la primera de ellas -autoría por comisión; en el caso, la venta de las bebidas alcohólicas a menores por parte de Martínez-. En torno a la segunda, y más allá de su tardía introducción en esta instancia, tampoco resulta viable, pues no encuentra correlato en la descripción fáctica del suceso tal como fuera intimado por el órgano acusador. Ello así por cuanto la mera posición de garante que conlleva el carácter de encargada del local no acredita "per se" la posibilidad de evitación del resultado que exigen los delitos impropios de omisión, pues se requiere además la prueba de otros elementos típicos (situación típica de la que emerge el peligro para el bien jurídico que impone el deber de actuar, la posibilidad física de realizar la acción debida y la consecuente exteriorización de una conducta diversa a la ordenada en el caso concreto). En tal sentido, no puede obviarse que la A-Quo valoró que Martínez al declarar expresó: "...que ella no trabajaba en la línea de cajas del supermercado sino como encargada del mismo. Agregó que ella persona lmente había dado directivas a los cajeros acerca de que tenían que pedir identificación a las personas, en forma previa a expender bebidas de contenido alcohólico..." (fs. 76vta.). Extremo que impide la eventual configuración del tipo subjetivo doloso omisivo, ante la ausencia del efectivo conocimiento de la situación típica que permita exigirle en la ocasión la posibilidad de evitar la venta cuestionada por parte del cajero empleado del supermercado.

Cabe destacar que en anteriores pronunciamientos sostuvimos que, en relación al detalle y descripción de los hechos, la normativa ritual de aplicación supletoria (art. 347 del CPPN, conf. art. 6 de la ley 12) exige que se efectúe una descripción completa del acontecimiento histórico en virtud del cual el acusador considera que debe elevarse la causa a juicio. En este sentido la CNCP ha sostenido que "...es esencial que el imputado conozca los hechos que se le atribuyen para que pueda estar en condiciones de defenderse, y porque esos hechos deben ser recogidos por la sentencia sin cambios que puedan menoscabar (su ) situación en el proceso..." (CNCP. Sala IV, 20-06-1997, causa carat. "Scaccia, Oscar Alberto s/ recurso de casación").

De lo anterior se sigue que la sentencia no se podrá apartar del acontecimiento histórico recreado por la parte acusadora "...porque su misión es, precisamente, decidir sobre él" (Conf. MAIER, Julio B.J., "Derecho Procesal Penal I Fundamentos", Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2002, 2ª edición, 2ª reimpresión, pág. 569).

Causa Nº 442-00-CC/2005 Sala II Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes y pasando al análisis de la sentencia recurrida, dable es destacar que no se observa yerro en el razonamiento efectuado por la Jueza "a quo", para descartar la autoría de Martínez en la conducta descripta por el órgano acusador y en base a la cual se requiriera la condena. En efecto, del examen del fallo recurrido surge que la sentenciante ha evaluado correctamente la prueba producida e introducida al debate para concluir que, en el marco de la materialidad infraccionaria imputada, los elementos resultaban insuficientes para acreditar la participación de la imputada en su comisión. Sobre el particular, valoró el acta contravencional labrada, el ticket de compra de las bebidas alcohólicas y la prueba testimonial rendida en juicio, sin que corresponda a este Tribunal el examen del grado de convicción que los dichos vertidos en la audiencia han producido en el ánimo de la Magistrada, extremo éste último reservado al juez de juicio quien "...por su inmediación frente a los órganos de prueba es el encargado de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales..." (Conf. Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala II, 22-03-2001, "Ramón, Osvaldo Héctor s/ recurso de casación", causa nro. 2789).

De esta manera resultó determinante en su razonamiento advertir que la conducta, tal como ha sido descripta y atribuída a Martínez en la acusación, no se encuentra probada por lo que en consecuencia no se detecta en el caso que hubiere faltado a las reglas de la sana crítica racional en el juicio de valoración de las pruebas producidas en la audiencia de debate, más allá del reconocimiento expreso que efectuó la imputada en relación al hecho conforme quedó reflejado en el acta de la audiencia que prescribe el art. 41 de la L.P.C. y en el frustrado juicio abreviado.

Al respecto, la apreciación de la Jueza "a quo" resultó certera cuando expresó: "...debo hacer mención que la aceptación de la imputación por parte de Martínez en el marco del juicio abreviado resultó contradictorio con sus relatos vertidos en la audiencia de juicio, sin embargo éste fue verosímil y concordante con las probanzas que se produjeron durante la audiencia de debate" (ver fs. 77).

Sobre el punto la Cámara Nacional de Casación con cita de Eduardo Jauchen ha sostenido que: "...En el objeto del proceso penal está comprometido el orden público. La comunidad está interesada en que se conozca lo realmente acontecido. De ahí la indisponibilidad de aquel objeto. Como consecuencia, tanto el órgano jurisdiccional como el Ministerio Público tienen el deber funcional de investigar la verdad material, real o histórica con relación al hecho que da lugar al proceso, por encima de la voluntad de las partes. De manera que la negligencia, omisión, inactividad de las partes y aún la confesión del imputado no relevan de la obligación de indagar la verdad, más allá incluso de cualquier artificio formal..." (CNCP, Sala III, causa carat. "D'Aquila, Natalio s/ rec. de casación", rta. el 09-12-2003 con cita de JAUCHEN, Eduardo "La prueba en materia penal", Edit. Rubinzal-Culzoni, 1996, págs. 30 y 31, el destacado es nuestro).

En consecuencia, la conclusión absolutoria a la que arribó la Jueza "a quo" es fruto de una valoración completa y razonada de los elementos probatorios incorporados al debate, indicando exactamente las cuestiones que impedían alcanzar la certeza necesaria para condenar.

Por último, cabe agregar que tampoco podría arribarse a un pronunciamiento condenatorio respecto de Martínez por la infracción al deber de cuidado, toda vez que si bien el art. 60 "in fine" de la Ley 1472 admite culpa, tal supuesto no ha sido comprendido en la descripción de los hechos, objeto de intimación. Con lo cual, también el análisis de la conducta desde la óptica imprudente afectaría el derecho de defensa en juicio (art. 18, CN).

Por todo lo expuesto, habiendo concluido el acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia cuyos fundamentos obran a fs. 75/7vta., en cuanto absuelve a CLAUDIA MERCEDES MARTINEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, de la contravención prevista en el art. 60 de la Ley 1472.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y devuélvanse las presentes actuaciones a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva este proveído de atenta nota.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

El artículo 60 del C.C. constituye una figura especial, es decir que el sujeto activo de la contravención deberá reunir ciertas cualidades específicas. En efecto, de acuerdo a la amplitud que en relación a un determinado tipo pueda alcanzar el círculo de autores, suele distinguirse en doctrina entre delitos comunes o generales y delitos especiales. Al respecto Zaffaroni destaca que: "Los delllcta propria son los delitos de autor calificado, que suelen llamarse delitos especiales (por oposición a los delitos generales o dellictia comuni, que pueden ser cometidos por cualquiera) y que se subdividen en delitos especiales propios (cuando la calidad es requerida en el tipo básico) e impropios (cuando es requerida por un tipo calificado)..." (conf.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas