marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad de oficio, nulidad de sentencia, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL
Carátula: R., M. A. y. o. c/ R., J. L. y. o. s/ Matrimonio. Nulidad/Inexistencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

No corresponde anular de oficio la sentencia pronunciada por el Tribunal de Familia en que, a pesar de la criticable la técnica utilizada por el a quo, las falencias no fueron denunciadas por la recurrente, quien -de otra parte- tampoco se vio impedida de cuestionar el fallo tanto por vía del recurso extraordinario de nulidad como por el de inaplicabilidad interpuesto (doctor SORIA, minoría).
Menores, internación, medidas de seguridad curativas, cese de la internación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M., E. M. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-01-28

La internación -con apoyo en los arts. 1 y 3 de la ley 22.278 y 14 de la ley 10.903- constituye un supuesto distinto al de la prisión preventiva y, como tal, no requiere de los mismos supuestos de procedencia. Las facultades del órgano -derivadas de la disposición tutelar- son amplias e incluyen, entre ellas, a la internación (*).

El alojamiento dispuesto claramente obedece a la necesidad de efectuar un adecuado tratamiento del niño (art. 5, inc. 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y arts. 10, inc. b) y 14, inc. 4° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Si los distintos informes y constancias demuestran la mejoría que el joven experimentaba cuando se hallaba contenido y con actividades por realizar y contrariamente, sus salidas invariablemente culminaban en un hecho delictivo, en su retorno a un ámbito que ha sido calificado de nefasto para su bienestar e, incluso, en dos oportunidades tuvo que ser hospitalizado por heridas de bala; máxime si carece de familia -padre, madre y hermano fallecidos-, habita en un barrio más que peligroso, frecuenta gente también peligrosa, parece poseer una adicción a los estupefacientes que no puede superar, y su abuela -único familiar- no puede contenerlo.

Por ello, si conforme también lo considerara la defensora pública de menores, sólo un adecuado tratamiento del menor que permita su protección, reintegración y resocialización, es aquello que respetará y se adecuará a su interés superior, y no su sola externación sin ningún tipo de control, debe homologarse el auto de primera instancia que no hizo lugar al pedido de la defensa de externación del menor.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, ejecución fiscal, medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: JOCKEY CLUB SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS-CONCURSOPREVENTIVO - INCIDENTE AUTORIZACION DE VENTA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 438 AÑO 2006) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PéBLICOS-CONCURSOPREVENTIVO - INCIDENTE AUTORIZACION DE VENTA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 438 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-11

Corresponde admitir la queja y conceder el recurso de inconstitucionalidad aunque la Alzada consideró que el auto recurrido carecía de definitividad en los términos del artículo 1 de la ley 7055, por versar sobre una medida cautelar mutable y de carácter provisorio, resolver temas procesales y decidir cuestiones de competencia, desde que este último aspecto configura una circunstancia que equipara el pronunciamiento impugnado a sentencia definitiva.

Es que, la entidad recaudadora ha venido sosteniendo desde su primera presentación en los autos, la incompetencia de los jueces provinciales para intervenir en el levantamiento de las cautelares trabadas en ejecuciones fiscales incoadas en sede federal y con causa en créditos postconcursales.

Y la Sala, en lo que resulta esencial, entendió que tal planteo de incompetencia quedaba privado de sustento, pues la orden de levantar los embargos encuadraba en la solución dada por el artículo 506 del Código Procesal Civil, aplicable analógicamente en virtud de la remisión prevista en el artículo 278 de la ley concursal.

Siendo ello así, aunque el decisorio impugnado involucra una cuestión de competencia, puede en el caso constituirse excepcionalmente en objeto procesal de la impugnaci ón extraordinaria en cuanto implica la denegatoria del fuero federal oportunamente invocado por la impugnante.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Avalos, Miguel Angel s/ Homicidio en riña Salinas, Juan Carlos s/ Lesiones culposas Martíns, Fernando Daniel s/ Lesiones culposas Llanos, Héctor E. s/ Lesiones graves Timossi, Héctor y otros s/ Defraudación Guzmán, Felipe Alberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-15|1998-03-10|1999-04-13|2000-05-31|2001-10-03|2002-08-22

Cuando el art. 67 del Código Penal se refiere "al juicio", lo hace comprendiendo sumario y plenario; la interpretación teleológica de la norma así lo indica. Si ella pretende que no prescriba la acción en movimiento, ello no puede ocurrir -cualquiera sea la etapa- si los órganos judiciales se encuentran actualizando la pretensión punitiva del Estado. (Minoría u opinión personal)
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Cía. Argentina de Navegación Intercontinental. c/ Estado Nacional Comando en Jefe de la Armada. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

En el tipo de proceso dispositivo, la ley distribuye entre los litigantes la responsabilidad de la prueba de sus afirmaciones. Ello es así, pues el legislador lo coloca al actor o demandado en la difícil posición de no creerle sus dichos. La carga de la prueba, consiste pues en un imperativo del propio interés de quien la soporta, y, por consecuencia, quien no desee salir derrotado de un pleito deberá demostrar al juez -cuya principal verdad es el expediente judicial- las pruebas que sustenten sus pretensiones.
Valor locativo, actualización monetaria, índices de actualización, índice de precios mayoristas
Materia: CIVIL
Carátula: DE LUCCA JOSE L. c/ FEDERACION CICLISTA ARGENTINA Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

Tratándose de actualización monetaria del valor locativo, el índice apropiado a tal efecto no puede ser otro que el señalado por la ley para revalorizar el crédito por alquiler (art. 3, Ley 23.091 y art. 5, decreto reglamentario Nro. 977 de 1985; conf. C.N.Civ.

Sala E, c. 19.796, "Rud, Luz c-Yufid de Rud s- fijación de canon", 17-4-86). Cuando se trata de actualizar, entre otras deudas dinerarias, los saldos de precio en los contratos de compraventa, son aplicables los índices de precios al por mayor, nivel general, por ser los que mejor reflejan las oscilaciones del poder adquisitivo de la moneda, siendo, por otra parte, los índices que selecciona la generalidad de las leyes sobre el particular (21.488 21.839, 21.858, 21.859, 22.434; conf. C.N.Civ. Sala E, c.289.829, "Lotersztein, Manuel Abraham c- José E. Teitelbaum S.A.C.I.C.I.F. s- resolución de contrato" 12-9-83).-
Menor procesado, robo con armas, tentativa, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Benvenuto, Diego Fabián y Guerrero, Leonardo Adrián s/tentativa de robo agravado por la utilización de un arma y por la intervención de un menor de 18 años c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

En el art. 41 quater C.P. sólo se menciona a "menores de dieciocho años de edad", sin establecer diferencia alguna entre los "menores" que pueden ser responsabilizados penalmente, y aquellos que no, en función de lo establecido en la ley 22.278. Por lo cual cabe concluir en que la norma en análisis sólo requiere la condición de "menor" para la ley penal, cualquiera sea la categoría en especial en que las normas respectivas en materia de responsabilidad penal juvenil ubiquen a alguno de ellos, en la medida en que se pueda hablar de su "intervención" en el hecho. En definitiva, si se acreditó la "intervención" de un menor para la ley penal en un ilícito (esto es, en un hecho típico y antijurídico), de modo que podría eventualmente predicarse que tal "intervención" hallaría su adecuado encuadramiento en alguna de las categorías contenidas en los arts. 45 y 46, CP (más allá de su no punibilidad por la presunción legal de que no ha podido comprender la criminalidad de su acción con arreglo a lo establecido en el art. 1, primera oración, ley 22.278), la aplicación del art. 41 quater, CP, conocida a su vez la minoridad por el o los mayores que a su vez "participaron" en el mismo hecho, deviene imperativa (voto del juez Huarte Petite)
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.N.J. c/ D.A.C. s/ Régimen de visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

La concreción de un régimen provisorio no requiere de un dictamen previo de facultativos sobre la idoneidad del solicitante del régimen aunque nada impida que se ordenen al tiempo de su concesión aún no estando abierto el expediente a prueba. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, hecho imponible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Compañía Argentina de Levaduras S.A.I.C. c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal Fiscal) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

El hecho imponible que encierra la "operación sujeta a retención" a que se refiere la normativa fiscal específica, se configura con la entrega de la leche por los productores tamberos y su recepción por el comprador, generando en cabeza de éste desde ese mismo momento la obligación de retener el tributo sobre los pagos que efectúa al vendedor.
Competencia penal, ejecuciones especiales, prisión domiciliaria, medidas de seguridad, facultades de control, pandemia, derecho a la salud, administración fraudulenta, recurso de casación penal, inadmisibilidad del recurso, falta de agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: SCHIAVI, Juan Pablo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-27

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra el rechazo de la prisión domiciliaria del encausado toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que permita hacer excepción al principio general, pues se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes para rechazar la petición; decisión que por cierto se ajusta a las constancias de la causa y la ley aplicable al caso. En primer lugar, debemos memorar que el encausado se encuentra cumpliendo pena por haber sido condenado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración ?Pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de cincuenta y dos (52) personas (art. 19 del Código Civil), y lesiones en setecientas ? ochenta y nueve (789) personas, en calidad de autor, a la pena de cinco (5) años y seis (6) meses de prisión y que dicha condena quedó firme con el rechazo por parte de esta Sala del recurso extraordinario deducido, ello de conformidad con la doctrina que emana del plenario de esta Cámara in re "Agüero", en consonancia con lo establecido por nuestro más Alto Tribunal in re "Olariaga". En el sub examine no se encuentra acreditado ninguno de los supuestos expresamente previstos en los arts. 10 del CP y 32 de la ley 24.660 para obtener la prisión domiciliaria ni tampoco se presenta una situación excepcional que amerite apartarse de la ley expresa; y si bien las autoridades médicas del Complejo Penitenciario Federal consignaron que el encartado se trata de paciente de 62 años, en tratamiento con diagnóstico de hipertensión, dislipemia, ex ?tabaquista, obesidad, enfermedad coronaria, sincope SPECT cerebral patológico, síndrome depresivo, hernioplastía, también dieron cuenta que su situación se encuentra controlada mediante el suministro de las medicaciones pertinentes a sus patologías y el personal penitenciario de la unidad ha efectivizado todos los recaudos contenidos en los protocolos de actuación del Servicio Penitenciario vigentes y tomado las precauciones sanitarias que la coyuntura actual amerita. Dres. Riggi, Gemignani y Catucci.
Derechos adquiridos, ley de orden público, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Julia Isabel Orqueda de Sosa c/ Estado Provincial (ley provincial nro. 5276) s/ Acción autónoma de inconstitucionalidad - Medida cautelar de no innovar. L.A. Nro.  51 F. 97/103 Nro.  40. provincial nro. 5276) s/ Acción autónoma de inconstitucionalidad - Medida cautelar de no innovar. L.A. Nro.  51 F. 97/103 Nro.  40.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-06-11

..."Al dictar esta ley impugnada, los legisladores no hicieron otra cosa que cumplir con el mandato constitucional del Art. 123 inc. 39 de la Constitución Provincial, porque en el contexto actual, por supuesto, que a la normativa del Art. 2 de la Ley 5276/02 debe reconocérsele carácter de orden público, ya que el interés social es el que debe prevalecer. A este respecto, es ilustrativa y orientadora la clásica frase que Ulises Wendell Holmes escribió hace muchísimo tiempo: "Es un deber de los jueces ponderar las consecuencias sociales de su decisión" (The path of law, Harvard Law Review, vol. 10, pág. 467). En la presente causa hacer prevalecer el interés particular en pos de mantener indemnes los "derechos adquiridos" produciría un resultado disvalioso con consecuencias sociales que apuntan hacia un panorama de caos."(Del voto en disidencia de la Dra. Norma Beatríz Issa)
Costas al vencido, honorarios del abogado, honorarios del perito
Materia: PROCESAL
Carátula: Vergara, Gustavo Gabriel c/ Asociart ART S.A. s/ accidente de trabajo con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-07

En lo referido a los honorarios de la perito médica, teniendo en cuenta la adecuada proporción que deben guardar con los emolumentos de los abogados de las partes, y la labor cumplida por los expertos, también serán reducidos al 4% de la base regulatoria.
Cheque, contraorden indebida para el pago del cheque
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ E. M. c/ S.O.E.M.E. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-21

Frente a la notificación del librador al banco girado oponiéndose al pago del mismo (artículo 34 inciso 4º del Decreto Ley 4776/63), éste deberá abstenerse de pagarlo devolviendolo a su portador, quien tendrá expedita la acción de regreso, pues la oposición al pago no enerva sus derechos cambiarios.
Administración Pública, contrato de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BAYUGAR GRACIELA B. Y OTRO c/ AGENCIA DE TURISMO Y/U OTRO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC. -  CASACION LABORAL -
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-10-30

La Administración Pública municipal no es responsable en los términos del art. 30 de la ley 20.744 por las deudas laborales de la empresa concesionaria de un servicio público con sus dependientes, si a la época de la concesión no había mediado sujeción de la Municipalidad a las normas del derecho laboral.-
Acción de amparo, legitimación procesal, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: PROCESAL
Carátula: Zatloukal, Jorge c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía y Producción) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-28

La Constitución Nacional reconoce en su art. 42 legitimación para promover la acción de amparo a sujetos potencialmente diferentes de los afectados en forma directa por el acto u omisión, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la aquélla, un tratado o una ley, y de tal previsión constitucional de los sujetos a quienes se reconoce legitimación procesal para requerir el amparo, no se sigue la automática aptitud para demandar, sin examen de la existencia de cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, imputado, decomiso
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Alvarado, Esteban Lindor c/  s/ asociación ilícita y otros delitos-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-07

Respecto a la decisión de los Jueces de la causa de decomisar la casa quinta, las postulaciones de la recurrente cuentan con suficiente asidero en las constancias de la causa e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad o afectación a mandas constitucionales con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción, dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Inimputabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: Correa, Isaac s/ Homicidio simple, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

No es indiscutiblemente aceptado que el alcoholismo importe, por definición, la pérdida de la libertad frente al alcohol, pero tratándose de un bebedor muy antiguo debe considerarse, en razón del principio que obliga a estar a lo más favorable al imputado, que en él se ha producido tal pérdida de libertad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, competencia laboral, acción civil, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: ANCASI ARAMAYO, Ignacio c/ LEDESMA S.A. s/ accidente acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

A partir de los fundamentos que sustentaron el fallo adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Munilla, Gladys C/ Unity oild SA acción civil" de fecha 6/10/98, resulta competente la justicia Nacional del Trabajo para entender en las causas iniciadas por accidentes del trabajo por la vía de la acción del derecho común. (Del voto del Dr. Billoch, en mayoría).
Seguros, accidente de tránsito, monto de la indemnización
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Monsalve Candia, Enzo Gastón  c/ Silva Valderas, Amador Hernán y otro  s/ d y p derivados del uso de automotores
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-17

Corresponde la aplicación de una fórmula matemática para la cuantificación del daño físico, pues debe estarse a los términos de la apelación (arts. 265 y 271 del CPCyC), teniendo en cuenta que el recurrente requiere la aplicación de la fórmula Méndez y no cuestiona los parámetros expuestos por la A-quo. En ese marco resulta aplicable lo sostenido en punto a que: "Las fórmulas matemáticas receptadas por el art. 1746 del nuevo Cód. Civ. y Com. de la Nación constituyen una mera pauta referencial, pero no están sindicadas como única modalidad de cuantificación. (del voto del Dr. Jorge Pascuarelli, en disidencia parcial).
Honorarios, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ROJAS, GRISELDA ANALIA c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ s/ INCIDENTE DE APREMIO POR HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-03-07

Advirtiéndose que la apremiante ostenta una acreencia de carácter exigible en los términos del sistema de ejecución de sentencias contra el Estado en tanto la compulsa de las actuaciones de autos revela claramente que no sólo la accionada no ha demostrado la acreditación de los extremos exigidos por la ley 12.036 sino que además se encuentra vencida la posibilidad con que cuenta la Administración de abonarla conforme ese mecanismo vgr. inclusión presupuestaria, en los términos de los artículos 507, siguientes, concordantes y aplicables del Código Procesal Civil y Comercial (aplic. art. 92, ley 4.106) corresponde hacer lugar a la ejecución solicitada, de conformidad a la normativa vigente.
Responsabilidad civil, responsabilidad extracontractual, mala praxis, prescripción, plazo, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: RIGHI DE SANCHEZ, LIDIA LUISA c/ INSTITUTO NAICIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUB. Y PENS. s/ RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

La acción incoada encuentra base en una eventual responsabilidad aquiliana, por lo que el plazo de prescripción a computar es el de dos años que establece el art. 4037 del Código Civil (conf. esta Sala, Causas 886 del ll.12.81, 2247/92 y 2259/92 del 29.10.92; cuyo curso comenzó a correr en el momento del deceso de la madre de la actora.
Derecho bancario, sistema financiero, bancos, cheque, aplicación de la ley, responsabilidad del banco, entidades financieras
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Mazzitelli, Sergio Luciano c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

1 - Corresponde admitir parcialmente la demanda incoada por un comerciante cuentacorrentista contra una entidad bancaria, con motivo del indebido pago de diversos cheques librados contra su cuenta corriente mediante el sistema de truncamiento de cheques. Ello así, toda vez que la comisión del ilícito no ocurrió por la exclusiva culpa del banco, sino que tal maniobra también fue facilitada por el modo displicente de obrar del actor al no denunciar el extravío de la chequera de forma oportuna, por lo que la culpa concurrente deviene ineludible.
Compraventa inmobiliaria, valor locativo, cómputo del plazo, mora, entrega de la posesión
Materia: CIVIL
Carátula: CASTRO DE GALATTO ELSA M.L. c/ PROGRESS S.A. s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-17

Si está probado que el objeto al que se destinaría el inmueble que la compradora pretendió adquirir, era darlo en locación y obtener así la pertinente utilidad, este valor locativo se halla abarcado por el concepto de daños e intereses que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación (art. 520 del Cód. Civil).

El momento en que debe comenzar a correr el resarcimiento por valor locativo, es desde el mes en que estaba prevista la entrega de la posesión de la unidad y el momento hasta el que debe correr, ha de ser el de la resolución del contrato que se produce a través de la decisión judicial, cuando el adquirente optó por esta vía y no por la que también el 1204 ponía a su alcance de resolución extrajudicial
Cambio de sexo, menores, rectificación de partida
Materia: CIVIL
Carátula: C. J. A. y Otra s/ Solicitan autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-09-21

Estando debidamente comprobado en autos el trastorno de identidad de género que padece el menor, quién en la actualidad y en función del tratamiento hormonal ya realizado, y cirugías practicadas (al menos implantes mamarios protésicos), tiene hoy una apariencia exterior definitivamente femenina, luego de consolidada tal apariencia anatómica a través de la intervención quirúrgica de reasignación de sexo de sus órganos genitales, será necesario para coadyuvar a una mejor integración o recomposición de su identidad personal y sexual, que se proceda a la rectificación registral de que se trata, y a la expedición de un nuevo Documento Nacional de Identidad, a fin de uniformar o armonizar el sexo registral con su sexo psicosocial, aportando con ello decididamente a paliar la afectada identidad personal del menor, como así también a minimizar cualquier posibilidad de futura discriminación social, derivada de su particular condición.