Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16


SENT Nº 403 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciséis (16) de Junio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la actora en autos: "Godoy Jorge Ricardo vs. Nuevo Banco Suquía S.A. s/ Hábeas data".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 212/215 en contra de la sentencia de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, Sala II, del 27/5/2010 (fs. 208/209).

II.- El recurrente limita el recurso de casación al punto II de la dispositiva de la sentencia antes mencionada, en cuanto impone las costas por su orden.

Sostiene que la sentencia incurre en arbitrariedad inadmisible, resulta contrario a derecho y afecta su derecho de propiedad; que incurre en contradicciones infringe la doctrina del más alto Tribunal y lo expresado en los ordenamientos procesales constitucional y civil; que no se acoge a lo dispuesto por el art. 26 del CPC y se aparta del principio objetivo de la derrota.

Refiere que si la demandada dio motivo a la acción según lo sostiene la sentencia es consecuencia forzosa según el art. 26 tercer párrafo que debe imponérsele las costas; que no condice con el citado art. 26 ni con las previsiones del CPCyC; que nunca contestó la demandada su interpelación y en otro expediente se tuvo que recurrir a astreintes para el cumplimiento de la sentencia firme de lo que recién se enteró el 17/02/2010; que el deudor fue el causante de las presentes actuaciones; que recién después de iniciada la presente acción pone en conocimiento la fusión con el banco Macro S.A.; que pudo haber evitado el presente juicio, contestando su interpelación extrajudicial; que el demandado informó incorrectamente careciendo de razón la imposición de costas por su orden en tanto fue el accionado el causante de la presente acción. Cita jurisprudencia relativa a supuestos de imposición de costas a la vencida y a supuestos de rechazo de la demanda.

Manifiesta que la sentencia efectúa falsa o errónea apreciación de los hechos y de la prueba; que su parte intimó al Banco mediante carta documento que proceda a rectificar la errónea información que mantiene a su respecto en Veráz el 14/02/2007 la cual no es respondida no obstante su obligación legal de hacerlo, forzando a interponer este amparo. Propone doctrina legal.

Corrido traslado la accionada contesta a fs. 218/223, solicitando el rechazo del recurso por las razones que allí esgrime.

III.- La sentencia bajo recurso considera que no obstante la oposición formulada por la demandada a la pretensión esgrimida en autos con fundamento en la existencia de una litis pendencia, en el caso, la demandada dio motivo a la presente acción en los términos del arts. 63 último párrafo y 26 de la ley 6944, toda vez que la pretensión fue deducida en fecha 10/9/2007 o sea con anterioridad al juicio traído a la vista (22/5/2008) y en base al informe del Veráz que daba al Banco del Suquia como responsable de su afectación al figurar como deudor de dicho banco.

Refiere que tal circunstancia no cambia por los dichos del demandado, desde que el accionante entabló el otro juicio contra el Banco Macro S.A. en mérito a los informes obrantes a fs. 9 y 18 del mentado proceso en el que se consignaron ambas entidades (Bancos Macro S.A. y Suquía S.A.) sin que en dicho trámite se hubiere justificado o referenciado en forma clara la situación de su legitimación pasiva la que se hace valer formalmente recién en este proceso en la oportunidad en que el Banco Macro S.A. adjuntó la documentación legal pertinente que da cuenta de su referenciada fusión. Impone las costas por su orden en ambas instancias.

IV.- El recurso de casación deducido por la parte actora fue declarado admisible por la Cámara, conforme surge del auto de fecha 13/9/2010; se constata que fue presentado en término, está dirigido contra sentencia definitiva, denuncia infracción a normas de derecho y propone doctrina legal, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen de admisibilidad y -en su caso- la procedencia del mismo.

V.- De la confrontación del memorial casatorio puesto en relación con los motivos sentenciales se advierte que el recurso ha de prosperar.

En reiterados pronunciamientos esta Corte sostuvo que el criterio adoptado para imponer las costas procesales configura una cuestión de hecho, librada al prudente arbitrio de los jueces de mérito, insusceptible de revisarse en vía casatoria. Sin perjuicio de ello, también se ha dicho que este principio no es absoluto, pues cede en supuesto de arbitrariedad manifiesta (cfr. Hitters, J.C., "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", pág. 308; CSJT, sentencia Nº 494, "Blanco Daniel Horacio y otro s/ Estafa" del 17/6/2005; sentencia Nº 245 "Cervilla de Maza María Teresa vs. Sfriso Hugo Ernesto s/ Daños y perjuicios" del 21/4/2004; sentencia Nº 1132 "Palacios Guillermo Alfonso y otros vs. Dirección Provincial de Obras Sanitarias s/ Diferencias salariales" del 11/12/2002; sentencia Nº 1121 "Cecilia Hugo Roberto y otros vs. Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Tucumán s/ Diferencias salariales" del 10/12/2002; entre muchos otros pronunciamientos).

En el presente recurso la actora sostiene la arbitrariedad de la sentencia y la violación de normas de derecho en la imposición de costas por su orden.

La imposición de costas en materia de amparo, se encuentra reglada en el sentido que en todo supuesto las costas se imponen a quien las causa, de conformidad a lo previsto por el art. 26 del CPC; la propia regulación de los principios generales en materia de amparo, prevé una directiva en materia de costas y del texto mencionado se infiere que con independencia de la suerte de la acción intentada, las costas son a cargo de quien las causa.

De la compulsa de autos surge que el actor intentó alcanzar el objeto de su pretensión en forma extrajudicial mediante carta documento del 16/8/2007 (fs. 11), sin que el accionado hubiera respondido el requerimiento, lo que dio motivo a la deducción del presente amparo.

El accionado se apersona en autos (fs. 85/89) y deduce excepción de litispendencia, con fundamento en que el actor dedujo idéntico juicio caratulado: "Godoy Jorge Ricardo vs. Banco Macro S.A. s/ Hábeas data" en donde su parte se allanó a la demanda en forma lisa, llana e incondicional y manifestó que se procedería a la desafectación de los datos de la actora ante los organismos correspondientes; que el Banco Macro S.A. absorbió al Nuevo Banco del Suquía S.A. y, como consecuencia de ello, asumió los activos y pasivos de éste último como el presente. La sentencia de primera instancia del 10/12/2009 (fs. 176/177) hace lugar al amparo e impone las costas a la demandada. Apelada la sentencia, el Tribunal declara abstracta la cuestión e impone las costas por su orden.

En el presente caso, que la cuestión haya sido declarada abstracta porque el actor había iniciado otra demanda por los mismos motivos en contra del Banco Macro S.A. -antes mencionado- y que en la misma recayó sentencia, no aparece como argumento suficiente y razonable, para cargar sobre la actora, ni siquiera las costas propias del presente proceso.

Ello, tanto más que el accionado no contestó el telegrama del actor de fs. 11, en cuya oportunidad debió -al menos invocar-, la aludida fusión del aquí accionado con el Banco Macro S.A., el que absorbiera sus activos y pasivos, como así también que la supuesta deuda que aparecía informada como perteneciente al actor en los registros pertinentes era única, no obstante que aparecía como existente a favor de las dos entidades bancarias.

Se advierte asimismo, que esta omisión en que incurriera la accionada sobre la fusión entre Banco Macro S.A. y el aquí demandado Banco fue meritado por el Tribunal a-quo para imponer la costas por su orden Como bien lo destaca el recurrente, ya en forma extrajudicial, el amparista intimó a la accionada mediante carta documento para que informe sobre la errónea información y levante la indebida calificación de deudor moroso con nivel 5, insolvente e irrecuperable, sin que ni siquiera fuera respondido por el demandado.

Si bien la constatación de los extremos mencionados supone un análisis de circunstancias fácticas y elementos valorativos cuya decisión es órbita y resorte exclusivo de los tribunales de grado, resulta arbitraria la imposición de costas que prescinde de la razón para litigar que asistió a la actora (cfme: CSJTuc., sentencia Nº 790, 13/8/2007, Derrache Dino vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ Hábeas data), de lo peticionado por ésta al demandar y que la cuestión fue declarada abstracta en mérito a que el accionado no informó que oportunamente se fusionó con otro banco (Banco Macro S.A.), el que absorbiera sus activos y pasivos, lo que motivara que la deuda apareciera a favor de las dos instituciones.

No puede soslayarse que la supresión de la información oportunamente proporcionada por la demandada al banco de datos comerciales, pudo haber sido promovida por ésta en oportunidad de ser intimada extrajudicialmente, al igual que informar que su pasivo fue absorbido por el Banco Macro S.A. y advertida de que los datos lesionaban los derechos del actor, evitando así la interposición de la demanda de autos.

Por tanto cabe hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora, atendiendo las circunstancias de este caso particular en que la actora intimó extrajudicialmente mediante carta documento a la demandada, la que pudo en esa oportunidad suprimir los datos que afectaban a la misma.

Ello, de conformidad a la siguiente doctrina legal: "Debe revocarse el pronunciamiento que distribuye las costas procesales, prescindiendo de la razón para litigar que asistió a la actora, de lo peticionado por ésta al demandar y de la defensa opuesta por la accionada. Si el amparista se vio obligado a demandar judicialmente por la actitud reticente del demandado, corresponde imponer la totalidad de las costas del proceso a quien ha dado lugar al mismo, no obstante que se torne abstracta la cuestión de fondo durante el trámite del Juicio".

Como consecuencia, se deja sin efecto el punto II de la dispositiva de la sentencia recurrida, dictando como sustitutiva, la siguiente: "II.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del punto II de la sentencia apelada. III.- Imponer las costas de la alzada a la demandada (art. 26 CPC)".

VI.- En cuanto a las costas de esta instancia, deberán ser soportadas por el vencido, conforme los principios generales que rigen la materia (art. 105 del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor Jorge Ricardo Godoy a fs. 212/215 en contra de la sentencia de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, Sala II, del 27/5/2010 (fs. 208/209), conforme a la doctrina legal antes enunciada. En consecuencia, dictar como sustitutiva, la siguiente: "II.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del punto II de la sentencia apelada. III.- Imponer las costas de la alzada a la demandada (art. 26 CPC)".

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00029151-01.