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Homicidio, femicidio
Materia: PENAL
Carátula: C., R. Á. c/  s/ por homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio - recurso de casación con preso
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-10-31

Las específicas circunstancias comprobadas en la causa, concretamente el "abuso sexual" anterior, desplazan la figura hacia el "homicidio criminis causae" previsto en el art. 80 inc. 7º del Cód. Penal, pues la muerte de la víctima se consumó para ocultar ese delito previo y lograr así la impunidad; y ese menosprecio por la vida humana ante un propósito delictuoso que caracteriza esta modalidad del homicidio, justifica por sí solo la agravante (cfme. Fontán Balestra, Carlos "Tratado de derecho penal. Parte especial", Tomo IV, Ed. Abeledo-Perrot, pág. 113). El homicidio criminis causa, establece un sistema de conexión objetiva-subjetiva, caracterizado por el propósito específico y definido de "matar para" preparar facilitar u ocultar otro delito, o de "matar por" no haber logrado el fin propuesto. Es un homicidio agravado por un elemento subjetivo. No es precisamente el homicidio el delito central, sino el otro, el que se quiere facilitar u ocultar.
Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, robo de automotor, cómputo de la pena, reforma legislativa
Materia: PENAL
Carátula: Toro, Fabián Joaquín s/ recurso de revisión. Causa: 1839
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

El decreto-ley 6582/58 aumentaba la escala penal del art. 164 del C.Penal de tres a diez años de prisión cuando el objeto del apoderamiento era un automotor. La derogación de ese régimen por la Ley 24.721, publicada en el Boletín Oficial el 18 de noviembre de 1996, hizo renacer la antigua figura de robo prevista en el art. 164 del código de fondo, con una pena mínima de un mes y una máxima que alcanza a los seis años de prisión. Como consecuencia de la expuesto y en razón de lo establecido en el art. 2 del C.Penal, ha de adecuarse la pena que oportunamente se impusiera al condenado a los montos punitivos vigentes. (Voto Dr. Fégoli)
Obras sociales, aportes y contribuciones previsionales, aportes previsionales, Dirección Nacional de Previsión Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: "OBRA  SOCIAL  DEL  PERSONAL  DE  LA CONSTRUCCIÓN c/ Scisa S.R.L. s/ Ejecución ley 23.660".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-13

Corresponde la aplicación de las disposiciones de la Res. D.E.A.N.Se.S. 877/92, hoy modificada por Res. Gral. A.F.I.P.-D.G.I. 79/98 y normas concordantes, a todo procedimiento de determinación y fiscalización de deudas de aportes y contribuciones de la Seguridad Social (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 19.08.98, "I.S.S.B. c/ Banco de Crédito Provincial"). Como consecuencia de ello, la obra social debe cumplir con el procedimiento bilateral previsto por la ley 18.820 y sus reglamentaciones, previo a la emisión del título que habilite la vía del apremio consagrada en el art. 24 de la ley 23.660, posibilitando de tal modo al supuesto deudor el discutir la deuda verificada, ofreciendo y produciendo las pruebas que hicieran a su derecho, y emitiendo luego una decisión fundada por parte de la misma, revisable administrativamente y que resulte pasible -depósito previo mediante-, de recurso judicial (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.06.97, "José Cartellone Const. Civiles S.A. c/ U.O.C.R.A."). Justamente, el cumplimiento de dicho procedimiento previo es lo que le da habilidad de título ejecutivo al certificado de deuda.
Nulidad procesal, patrocinio letrado, poder, representación procesal, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: PROCESAL
Carátula: GIACHELLO, CARLOS ALBERTO c/ BANCO DE SANTA FE S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -APREMIO POR HONORARIOS (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 123 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-29

De las líneas rectoras sentadas a partir del pleno de la Cámara Civil y Comercial de Rosario ("Fata SSM c. Chomicky") y de la doctrina constitucional sentada por esta Corte in re "Verino", surge la necesidad de sustanciar las pretensiones de nulidad por falta de presentación de poder, otorgándose esa posibilidad de audiencia al interesado cuando es el propio Oficio quien conoce esa circunstancia, pues adoptar la tesis contraria conllevaría a la ilogicidad que supone poner en mejores condiciones a aquel cuando la contraparte plantea la cuestión que cuando es observada por el Tribunal.

En el caso, el abogado patrocinante invoca representación convencional sin acompañar instrumento alguno que acredite su condición de representate del actor ni peticionar plazo alguno para comprobar la personería.
Subasta judicial, adquirente en subasta, precio, plazos procesales, cómputo del plazo, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ALEJANDRO GORALI SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE VENTA DE INMUEBLE 25 DE MAYO 277, PISO 7.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-12

Resulta improcedente que el cesionario de un adquirente de un inmueble en subasta postule la reducción del precio con base en que tanto en el edicto judicial, cuanto en el boleto de compraventa, se haya ofrecido la venta de tres espacios guardacoches, y que al apersonarse al lugar tomó conocimiento de que solo eran dos. Ello así cuando, -como en el caso-, surge que el planteo resulta extemporáneo por haber sido deducido luego del plazo establecido por el cod. Procesal art. 592. A más, carece de fundamento legal alegar que el plazo se contaría desde que se conoció el vicio, puesto que la compra que se efectuó se enmarca en el procedimiento de la subasta judicial que está sujeto a reglas especificas, a cuyo tenor, el acto de la venta solo puede ser impugnado hasta cinco días después de realizado.
División de poderes, veto, ley vetada
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Naddeo, María Elena y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-23

El veto de una la ley se encuadra dentro del procedimiento legislativo de sanción de leyes, atribuido constitucionalmente en forma exclusiva a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, en su medida, de modo que ni este Tribunal, ni ningún otro órgano del Poder Judicial se encuentran habilitados, en principio, y hasta tanto no se encuentre concluido tal procedimiento, a tomar intervención en el ejercicio de las competencias privativas de los otros dos poderes de esta Ciudad. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Contrato de trabajo, relación de dependencia, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: DUJOVNE JORGE RAUL c/ ASOCIACION AMIGOS DE BARRIO MAIPU s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-06-19

EL argumento de que con el criterio que sostiene que la sola prueba de las prestaciones de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, se extendería indebidamente la figura a cualquier servicio autónomo (como la atención de un dentista, un médico, reparación de un plomero, etc.), es más aparente que real, será demostrable con facilidad por quien recibe los servicios, adquiriendo especial importancia en los casos límites en los que el pretendido empleador deberá desvirtuarla con la prueba terminante de la existencia de una relación de naturaleza distinta a la laboral.-
Recurso de casación, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: NADER DANIEL A. s/TERCERIA DE DOMINIO EN AUTOS GALVAN ADOLFO A. c/ ENRIQUE IGLESIAS y/u OTROS s/DIFERENCIA DE BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-08

En el recurso de casación, pueden revisarse las cuestiones de prueba cuando su valoración represente un absurdo, no se encuentre fundada o exceda de los límites de la lógica, tornando arbitrario el decisorio que en consecuencia se dicte.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mineo, Lamberto y otros c/ Palomo, Héctor y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-24

Teniendo en cuenta los padecimientos, angustias e incomodidades que ha tenido que soportar la víctima, como consecuencia de las distintas lesiones que sufriera a raíz del hecho ilícito origen del juicio, como la lesión estética en el rostro y en los lagrimales, como así también por los tratamientos médicos que se le efectuaron, algunos de ellos muy dolorosos, y siendo que se trata de una joven de aproximadamente veinte (20) años de edad, resulta justo al par de razonable, fijar la indemnización del daño moral en la suma de A 4.000.000 a la fecha del fallo apelado (4/9/89).
Empleados públicos, derecho a la carrera, Administración Pública, facultades discrecionales, interés público, recurso contencioso administrativo, interposición del recurso, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VERINO, JUAN CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 570 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

La pretensión de un agente a ser designado en un cargo no recibe del ordenamiento jurídico tutela directa e inmediata, como interés propio y exclusivo, porque el órgano administrativo tiene una facultad discrecional de elección con miras al interés público, lo que no permite en el caso que se generen derechos subjetivos, sino sólo intereses legítimos. Por tanto, no puede entenderse que la autoridad administrativa carezca de la facultad de evaluar en los agentes la capacidad necesaria para los cargos, y así lo determina la propia Convención Colectiva de Trabajo 36/75 que cita el recurrente (art. 17, apartado a.). Por otra parte, la anulación del acto por el que se designó a otro agente no depararía para el recurrente el derecho a ser designado en el cargo que pretende, sino sólo, el de que la nueva designación se efectúe sin el supuesto vicio que se le imputa al acto. Y si el cuadro normativo invocado no contenía "normas de relación" que generasen en cabeza del recurrente el derecho invocado, al no ser titular de un derecho subjetivo sino de un interés legítimo, debió acudir a la Corte, a efectos de cuestionar la legitimidad del acto atacado por la vía del recurso de ilegitimidad y no -como lo hizo- por el de plena jurisdicción.

Consecuentemente, el recurso debe juzgarse inadmisible.
Honorarios, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: LABAT NAVARRO E. c/ LUIS RUSTIONI s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-05-15

Junto al art. 116 de la ley 7269, que no es una disposición aislada sino una de las diversas reglas del sistema están las normas que regulan los efectos del pago y las que delimitan el alcance que deben tener las nuevas leyes respecto de las situaciones definitivamente consumadas bajo el imperio de las normas derogadas El art. 116 de la L.A., establece que el nuevo arancel se aplica a las causas en trámite y terminadas en que no se hubiere practicado regulación, pero por ser obvio, está sobrentendida en esa regla la condición de que el honorario no haya sido abonado con anterioridad, pues en tal caso el crédito se habría extinguido y ninguna norma posterior podría hacerlo revivir. Para los fines de este principio tanto da que el pago sea total o parcial pues ambos tienen el efecto de cancelar el crédito cada uno en la porción en que es realizado, y en esa misma medida extingue la obligación del deudor.

La liberación aunque sea parcial es definitiva y representa para el deudor un derecho adquirido del que no se le puede privar sin afectar la garantía de la propiedad consagrada por el art. 17 de la Constitución Nacional.

Lo que no puede hacer el acreedor, que al aceptar el pago sin reserva ni protestas ha consentido en la liberación del deudor, tampoco puede el legislador: la ley que se dictara renovando la primitiva obligación desconocería el efecto liberatorio del pago, y por tanto sería inconstitucional (Llambías - " Obligaciones ", Tomo II -B Nro: 1533).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: USMAN, Ismael c/ CLINICA PRIVADA GONZALEZ OTHARAN S.R.L. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22

Establecida la culpabilidad de los profesionales médicos la responsabilidad le incumbe a la clínica en cuyo plantel estos se desempeñan. Aunque no exista una estricta relación de dependencia del médico, en el sentido de subordinación, por cuanto la labor científica de que se trata la excluiría, no por ello el establecimiento deja de ser responsable frente a la culpa del facultativo, ni le basta para eximirse con la prueba de que se puso al servicio del enfermo la asistencia de profesionales habilitados para esa especialidad. Lo mismo sucede en el caso de la obra social, ya que ambos entes deben cargar con las consecuencias dañosas de la actividad imputable a los sujetos que afectan al fin asistencial perseguido, siendo el fundamento de tal responsabilidad una obligación de garantía por la conducta de los ejecutores materiales del objeto de la prestación, o el deber de diligencia que las autoridades deben observar.-
Indemnización por accidente de trabajo, acción civil, citación en garantía, asegurador por riesgos del trabajo, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: GUTIERREZ, FRANCISCO c/ PROSPERO VITALE S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-10

La ART responde cuando la incapacidad padecida por el trabajador es consecuencia de algunas de las contingencias definidas como cubiertas en el art. 6 de la ley 24557. La circunstancia de que la ART participe en el pleito porque se la citó en garantía - y la admisión por el Juzgado de la citación- coloca a la aseguradora (que ejerció su derecho de defensa) en situación de responder en los términos de la ley 24557. La CSJN ha dicho que "si bien esta aseguradora ha sido citada en garantía en juicio, igualmente cabe su condena aunque no haya sido demandada, ya que la misma ha tenido oportunidad de ejercer en plenitud el derecho de defensa en juicio, por lo que no existe agravio a las garantías constitucionales del debido proceso (cfr. CSJN "Gandolfi de Vanetta c/ DNV" 16/04/98 Fallos 317:769).
Auto de procesamiento, embargo, disminución del embargo, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: BIANCHI, F. V. s/ proc. Causa 26.620
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-22

Es posible rever el monto del embargo determinado en el auto de procesamiento aunque se haya declarado mal concedido el recurso de apelación contra éste último.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pondal, Miguel c/ Instituto Privado de Clínica y Cirugía City Bell S.A. s/ Daños y perjuicios Pondal, Miguel c/ Instituto Privado de Clínica y Cirugía City Bell S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-06|1992-08-06

La culpa médica, como la de cualquier profesional, carece de autonomía, consistiendo en la omisión de diligencias exigidas por la naturaleza del deber profesional que él había asumido -obligación incumplida de hacer- y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 512 CC).
Empresas de servicios eventuales, agencias de colocaciones, deber de ocupación, trabajador, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, contrato de trabajo eventual
Materia: LABORAL
Carátula: GAMBOA, ABEL c/ LIBRA SIEM  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20

La empresa de servicios no se desliga del trabajador al finalizar cada objetivo y debe cumplir con el deber de dar ocupación, que se efectivizará cuando tiene requerimientos adecuados a la calificación profesional del trabajador. En definitiva, la empresa de servicios puede tener personal permanente o ventual, pero dicha demostración es a su cargo y debe hacerse en juicio, no pudiendo presumirse que todos los trabajadores son eventuales, pues en este caso no existiría propiamente la empresa.
Costas, buques
Materia: AGUAS-PROCESAL-NAVEGACION
Carátula: Frugoni, Pablo c/ Lumb Hnos s/ cobro de honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-04-20

En las cuestiones judiciales en que los consignatarios de un buque litigan con el capitán, no están obligados a pagar las costas que éste origine, si no han sido expresamente condenados en ellas.
Queja por denegación del recurso extraordinario, extinción de la acción penal, muerte del imputado, pronunciamiento inoficioso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Glikin, León s/ incumplimiento de los deberes de asistencia alimentaria -causa n.  3306-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La extinción de la acción penal por muerte del imputado en cuyo favor se interpuso el recurso de queja, torna inoficioso el pronunciamiento de la Corte Suprema.
Daños y perjuicios, indemnización, beneficiarios de la indemnización civil
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CASTILLO  BLANCA  ESTELA  Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEINTERIOR  POLICIA  FEDERAL ARG. s/ accidente en el ambito military fzas. de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-20

El derecho manda a indemnizar la repercusión patrimonial negativa que experimentan los damnificados indirectos del daño a raíz de la muerte, en este caso el experimentado por la hija del causante (arts. 1084 y 1085 del Código Civil) y no la extinción de la vida como tal. Ha de verse en esto una consecuencia de la patrimonialidad de la prestación (arts. 1069, 1078; 1083; 1167;

1169 y 2311 del Código Civil; conf. esta Sala, "Iramain, Marcela y otro c/ Ministerio de Defensa", fallada el 15.06.2004, La Ley 16.09.2004). Es importante centrar la atención en la situación de las víctimas, a la cual reiterada jurisprudencia le otorga carácter resarcitorio, lo que no significa compartir la conveniencia de establecer una proporción entre esta indemnización y la magnitud del daño económico, habida cuenta de que se trata de rubros de naturaleza por completo diferente que descansan, asimismo, en presupuestos también distintos (conf. esta Cámara, Sala II, causas 4412 del 1.04.1977; 7722 del 04.05.1979; 7177 del 22.05.1979; 7893 del 19.06.1979; 8111 del 7.08.1979; 734 del 29.05.1981 y sus citas). La pérdida económica que sufren quienes dependían de los aportes económicos del causante para su propia subsistencia, determina que es preciso establecer qué recursos económicos se han visto privados aquéllos frente al deceso de la víctima (conf. esta Cámara, Sala II, causas 3073 del 17.10.1984; 5481/91 del 24.10.1995; 733/97 del 15.07.2000; entre otras). A ese fin, se deben tomar en cuenta las condiciones personales del muerto y de las personas que pretenden ser resarcidas (edad, sexo, condición económico-social; actividades cumplidas y condiciones de progreso, etc.).
Injuria laboral, falta de pago
Materia: LABORAL
Carátula: Ibañez Indalecio y otros c/ Moya Apolo s/ Ordinario (LIBRO: S071 - 068)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-17

Cuando el atraso en el pago de las retribuciones ha sido acumulativo y reiterado durante un plazo prolongado, se ha decidido que no es necesario cumplir con el requisito de la intimación de pago previo para que se configure la injuria patronal que autorice el despido indirecto.-
Accidentes de trabajo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: FREY,   RENE  OSVALDO c/ SANEAMIENTO  Y  URBANIZACION  S.A. s/ Accidente                      -Acción                      Civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-10

La discriminación que emana del art. 39 de la L.R.T. no es coherente con el principio de igualdad ante la ley instituido por la C.N. en su art. 16, ni tampoco con otros principios adoptados y recogidos por nuestra C.N. por la vía de la incorporación -a esta norma fundamental- de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que debe considerarse inadmisible el régimen de la Ley 24.557, que lleva a una persona dañada por la culpa de otra a que no pueda ser indemnizada en plenitud por el sólo hecho de ser "trabajador" (en similar sentido: "Correa c/ Niro", sent. nro. 40.869 del 30/04/2008, entre otros).
IVA, inscripción de sujetos imponibles, responsables no inscriptos, opción de inscripción como responsables inscriptos, inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Dell'Oglio, Juan Carlos y otros - incidente - c/ BHN s/ proceso deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

El sometimiento voluntario a un régimen jurídico, sin reservas expresas, obsta a su ulterior impugnación con base constitucional.
Cannabis medicinal, cultivo de estupefacientes, allanamiento sin orden
Materia: PENAL
Carátula: PER y otros  c/  s/ 5 A - cultivo de plantas / guarda de semillas / precursores químicos o cualquier otra sustancia para producir estupefacientes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-27

Toda la situación de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos obligan a mirar la cuestión a la luz de las Leyes 27.350 y 27.669 y el impacto que éstas tienen respecto de la Ley 23.737. Ello así, porque no está controvertido que lo que se encontró en el domicilio allanado es un espacio dedicado al cultivo de cannabis, donde dos de las tres personas -que reconocieron como propio el emprendimiento- mostraron la habilitación que tenían al respecto expedida por el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN); es decir estaban autorizados para el cultivo, siembra y cuidado de cannabis a los fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos, y el tercero de ellos acreditó haber dado inicio al trámite. Cabe aclarar que la situación de que las credenciales exhibidas se encontraban vencidas, no hace que desaparezca el hecho de que contaban con la habilitación previa por parte del Estado para tener lo que les fue encontrado, tanto en lo relativo a la actividad comercial como en lo que hace a la posibilidad de tener un cultivo de cannabis.
Defensa del consumidor, sanciones administrativas, competencia por el territorio, lugar del hecho
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Volkswagen Argentina S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones -Disp. DNCI. 1124/98
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-08

La justicia competente para conocer de los recursos interpuestos contra resoluciones administrativas que penan infracciones comprobadas, es la del lugar donde ellas han sido cometidas -confr. Sala I, in re "Algas S.A. c/Sec. de Comercio e Inversiones Disp. DNCI 248/96" y sus citas, del 30/6/98-. En tal sentido, la ley 24.240 de Defensa del Consumidor expresamente dispone que contra los actos administrativos que dispongan sanciones, se podrá recurrir ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda de acuerdo al lugar de comisión del hecho (art. 45).
Derechos del empleador, facultades de control, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Aguilante, Miguel Angel c/ Casa Roma s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-30

El control de salida forma parte de los poderes de organización empresarial y está destinado al razonable resguardo de los bienes del empleador, sin que quepa considerar que el testimonio del personal afectado a este sistema esté por ello automáticamente sospechado de parcialidad, lo cual constituye un prejuicio reñido con las reglas de la sana crítica que deben presidir la valoración de la prueba.