Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-05-16


AUTOS Nº 92.409 (7º JUZGADO CIVIL) (Nº 9093 - SALA III) "MARQUEZ CLAUDIA C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - AMPARO POR MORA".- ///Juan, a 16 días del mes de Mayo de dos mil ocho.

VISTO: Para resolver el recurso de apelación concedido a la actora a fs. 66 contra el decreto de fecha 22 de junio de 2007, obrante a fs. 63.	CONSIDERANDO: El Sr. Juez a-quo en el decreto recurrido resolvió: "A la petición de que se aplique una sanción de multa diaria hasta que la Administración se pronuncie en el Expte. motivo del presente Amparo por mora, no ha lugar por improcedente, en razón de ubicarse el caso en el ámbito del derecho público, donde les está reservado a los Jueces juzgar la mora de la administración, otorgando un plazo para producir el acto administrativo, pero tal potestad no se extiende a imponer sanciones que indudablemente avanzarían sobre una zona exclusiva de otra esfera de poder del Estado.- Así lo tienen resuelto los Tribunales Superiores en grado, Sala Iª de la Cámara de Apelaciones del fuero, con cita de autorizados doctrinarios en Derecho Administrativo, sentó que "en la acción de amparo por mora el ejercicio de la potestad jurisdiccional se agota con la resolución que declara la norma y fija un plazo para el dictado del acto administrativo.- Si la Administración no cumple, el hecho abrirá la vía de los recursos y acciones que admite el régimen jurídico, pero no autoriza a utilizar la fuerza de las sanciones conminatorias..." Expte. Nº 14273, MORALES SUSANA D. Y OTROS C/CAJA MUTUAL DE LA PROVINCIA - AMPARO POR MORA; L.A. Tº 92; Fº 99/102 Sent. de fecha 29-3-96; y en autos Nº 18556 (84960 de este 7º Juzgado Civil) CAMPO FERTIL S.A. C/PROV. DE SAN JUAN - AMPARO POR MORA, Fº 69/79 L.A. Tº 144 2006, cita jurisprudencia de la Sala I de esta Cámara de Apelaciones".

Contra esta providencia la actora a fs. 64/65 apela y funda el recurso. Los agravios fueron respondidos por la contraria a fs. 72.- La apelante hace reserva de la cuestión constitucional federal y provincial.

La accionante en esta causa, promueve amparo por mora contra la Provincia, a fin de que se ordene despachar las actuaciones administrativas en el Expediente Nº 513-012-T-2006; conexas y acumuladas del Registro del Tribunal de Tasaciones de esta Provincia. A su vez, peticiona la aplicación de astreintes diarias y progresivas, en caso de no cumplir con la orden judicial, referente al objeto de la acción.

A fs. 46 Fiscalía de Estado presenta el informe sobre la demora en el dictado del acto administrativo pertinente, en el expediente antes indicado (fs. 45).

En la sentencia dictada a fs.55/56, se hace lugar al Amparo por Mora, ordenando librar orden de Pronto Despacho, a fin de que la Provincia, dentro del término de diez días de notificada, se pronuncie sobre lo requerido por la actora en el mencionado expediente administrativo.

Al no cumplir la Administración con lo requerido, la accionante solicita la aplicación de astreintes diarias hasta que se cumpla la orden judicial (fs. 62).- Petición que dá lugar a la providencia apelada (fs. 63).

Agravios de la actora contra la providencia recurrida: Expresa que el objeto de la acción es lograr que la Administración resuelva las actuaciones en trámite. De no ser así, el administrado puede obligarla a resolver, independiente de los plazos para interponer demanda contenciosa. Cita jurisprudencia de la Excma.Corte de Justicia.

Agrega la apelante que, las astreintes son el medio para hacer cumplir el mandato judicial a la Administración; sanciones admitidas por nuestro Tribunal Superior en la causa "Pompa de Leaniz c/ Prov. de San Juan - Amparo por Mora". Pide en definitiva se revoque el proveído atacado y se fijen astreintes.

Entrando al tratamiento de la cuestión planteada diremos que: Las astreintes son una condenación pecuniaria conminatoria, graduable, provisional, temporaria, progresiva y de aplicación discrecional, cuyo objetivo es obtener el cumplimiento de una resolución judicial, cuando no se satisfizo oportunamente.- De acuerdo al criterio mayoritario, en doctrina y jurisprudencia, resulta viable la aplicación de astreintes a organismos de la Administración Pública (Arts. 666 del Código Civil y 36 del C.P.C.).	Este Tribunal se ha pronunciado en numerosos fallos diciendo que: "Las sanciones conminatorias contempladas en el art. 36 del C.P.C., reconocen su fundamento en el "imperium" que tienen los jueces, para imponer medidas tendientes al acatamiento de los fallos que dictan, "es un poder que se encuentra implícito en la potestad judicial, que debe estar investida del poder necesario para hacer cumplir sus mandatos"(Belluscio, Cód. Civ. Com. Tº III, pág 244). No se trata de una forma de reparar el daño causado, sino de un medio para vencer la resistencia del renuente.- Para el supuesto de que la Administración Pública no cumpliera con la orden judicial de Pronto Despacho, resulta viable la aplicación de sanciones conminatorias, según criterio mayoritario en doctrina (Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Tº 42, punto XIV-40, autores y jurisprudencia allí citados), máxime cuando existe un deber jurídico de aquélla de pronunciarse concretamente, contraría principios de buena administración que sus expedientes queden sin solución expresa (Diez, Derecho Administrativo, Tº II-250; Marienhoff, Tº I-305).- El acatamiento de lo dispuesto en la sentencia de los jueces es incuestionable, en nuestra tradición judicial tiene carácter de dogma, máxime cuando quien deba cumplirla es el Estado, quien tiene que empezar dando el ejemplo. Ello no afecta al principio de la división de Poderes, en razón de que no obliga al organismo administrativo a resolver de un determinado modo, sino que aplica las sanciones por la demora en pronunciarse. (Canasi, José, "Las Astreintes contra el Estado", L:L: 130-196)"(Prot. de Autos Tº II, Fº 390/393-2001; TºII-Fº250/251-2004; Prot.de Sent.TºI-Fº 175/178-2005y otros).

Con igual criterio otros Tribunales del país tienen dicho que: "Los arts. 666 bis del Código Civil y 37 del C.P.C.C. autorizan aestablecer astreintes por cada día de demora, hasta tanto quien debe cumplir con una obligación la efectivice. Por ello el cumplimiento tardío por parte del organismo (en el caso, un año y medio después de la intimación cursada) no lo libera del pago de la multa devengada una vez vencido el plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución; máxime cuando fue su accionar el que compelió al actor a iniciar, primero, el amparo por mora (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 28.12.99, "Rodríguez, Daniel del Valle"; Sala III, sent.93425 "Romano de White Kity c/ A.N.Se. s/ Amparo por Mora de la Administración").- Las sanciones conminatorias no constituyen una pena civil, ni un indemnización por daños y perjuicios, sino que son un medio de presión para vencer la resistencia al cumplimiento del mandato judicial. Por lo tanto, procede s aplicación contra la Adminsitración Pública cuando ésta omite en forma reiterada e injustificada, cumplir en tiémpo y forma con la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo(C.N.A.C.Sala K "Ilief Pascuala c/ Municipalidad de la Ciudad de Bs.As. s/ Amparo por Mora"22/02/96).

En razón de lo manifestado y ante la actitud morosa de la Administración para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, corresponde la aplicación de las sanciones solicitadas.

Dado el tiempo transcurrido, para el caso de no haber emitido pronunciamiento alguno la administración, corresponde aplicar las astreintes a partir de los 5 días de quedar firme la presente resolución. El monto de las mismas deberá ser fijado por el Sr. Juez a-quo.

Las costas se imponen a la demandada vencida (arts. 74 y 75 del C.P.C.).

POR TODO ELLO, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: Hacer lugar al recurso de apelación concedido a la actora a fs.66, contra la providencia de fecha 22 de junio de 2007, obrante a fs. 63, la que se revoca. En su lugar se admite el pedido de aplicación de sanciones conminatorias, para el caso de no haber emitido pronunciamiento alguno la administración. Las que comenzarán a regir a partir de los cinco días de quedar firme la presente resolución y serán fijadas por el Sr. Juez a-quo. Todo de conformidad a lo expuesto en los considerandos precedentes. Costas a cargo del vencido (arts. 74 y 75 del C.P.C.). Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.-FDO: DR. HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. MOISES MOYA. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA- PROT. DE AUTOS Tº I-Fº 198/200 16-05-08