Mala praxis, intereses, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: IÑIGO, LUIS. c/ ELLI, MARIO Y OTROS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-18

Atento a la Doctrina Legal sentada recientemente por nuestra Corte Suprema de Justicia in re "OLIVARES ROBERTO DOMINGO Vs. MICHAVILA CARLOS ARNALDO Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS", Sentencia: 937 de fecha:

23/09/2014 ( cfr. art. 40 CPCCT y art. 622 CC), considero que dicha suma devengará un interés de Tasa Activa. Me permito transcribir en parte el voto del Dr. Posse, el que comparto plenamente y considero aplicable en el sub lite :.Los intereses moratorios no constituyen "actualización monetaria ni indexación" sino una forma de indemnización vinculada a una sentencia condenatoria que busca resarcir (en los rubros reconocidos), los daños y perjuicios ocasionados por el accidente que motiva la demanda. El juez debe aplicar, de conformidad al art. 622 del Código Civil, los intereses legales que las leyes especiales hubieren determinado. Como no existe norma legal alguna que determine de manera expresa la aplicación de la tasa pasiva o de la activa, es discrecional del juez determinar la tasa aplicable, teniendo en cuenta la finalidad resarcitoria de la norma y el contexto socio-económico existente al momento del fallo. El propio Vélez Sársfield reconoce esta circunstancia cuando en la mencionada nota al art. 622 escribe:

".Me he abstenido de proyectar el interés legal porque el interés del dinero varía tan de continuo en la República.". Además el Juez debe tener presente lo dispuesto por el art. 40 (CPCCT), que determina que las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque fueren sobrevinientes. Así lo ha sostenido esta Corte en reiterados fallos (sentencias Nº 20 del 24/02/1994; Nº 543 del 31/8/1994; etc.). A lo expuesto cabe agregar que, al disponer la aplicación de la tasa pasiva, no se puede resarcir al damnificado que en definitiva termina financiando una conducta antijurídica y premiándose una actitud disvaliosa. Quien ha provocado un daño o incumplido su obligación contractual, no tendrá estímulos ni razones concretas que lo disuadan de su conducta antijurídica. Siempre le resultará eficiente desde el punto de vista económico no cumplir con su obligación. Por último este conjunto de circunstancias trasciende la esfera individual y privada y se proyecta a la comunidad toda porque aumenta la litigiosidad de los negocios jurídicos, desalienta la conciliación prejudicial y perjudica la prestación del servicio de justicia provocando la saturación de los recursos disponibles. En conclusión, deviene razonable la aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina en base a lo considerado y lo dispuesto por el art. 622 del Código Civil.. (lo destacado me pertenece). Como lo expone el voto del Dr. Gandur son los jueces quienes debemos dar una respuesta apropiada a la justicia del caso concreto y a la realidad económica, de la cual no debemos encontrarnos abstraídos. "Es que la razonabilidad de los criterios judiciales en materia de tasa de interés judicial puede entrar en una crisis cuando se suprime al magistrado la facultad de aplicar las normas en forma flexible de modo de acercar la solución más justa al caso concreto". "Es inconveniente fijar un sistema único, universal y permanente para el cálculo de la tasa de interés judicial, dado que, como dijimos, no existe desde nuestra perspectiva una solución universalmente justa, sino que deberá atenderse a las circunstancias específicas de cada caso para ajustar la tasa de interés judicial al supuesto concreto. En la misma línea, y con un enfoque democrático, considero que es conveniente que sean los diferentes Tribunales de la provincia los que tengan las facultades de fijar las tasas de interés judicial aplicable en atención a las consideraciones fácticas y jurídicas que cada caso permita realizar a los efectos de alcanzar una solución más justa y equitativa a la luz de la realidad económica, procurando construir y respetar pautas jurisprudenciales valiosas desde la perspectiva de una correcta política judicial que permita garantizar el principio de reparación integral sin producir un indebido enriquecimiento sin causa a favor del acreedor. En efecto, las distintas Cámaras de la provincia tendrán la última palabra en materia de tasa de interés judicial aplicable (conf. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, in re "Pérez, Rolando M. A. vs. Municipalidad de Nogoyá", de fecha 9 de febrero de 2005, LLLitoral 2005 -agosto-, 277). A la luz de lo expuesto en el sub lite, dada la gravedad del daño sufrido por el Sr. Iñigo, las importantes e irreversibles secuelas que esto le produjo y el tiempo transcurrido desde el momento del hecho ( 20 años) y el invertido en este dilatado pleito, considero justo y equitativo modificar el tipo de interés establecido en la sentencia a quo (tasa Pasiva- formula mixta-) y disponer que se aplique la tasa de interés Activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, a fin de respetar el principio de "reparacion integral" respecto del actor desde el 19-07-1994 y hasta su efectivo pago.