Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-03-07


Salta, 7 de marzo de 2005.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "CHOQUI, MIGUEL ANGEL VS. EN.J.A.SA. - QUEJA POR RECURSO DE INCONST. DENEGADO" (Expte. Nº CJS 26.105/04), y _CONSIDERANDO:

1º) Que, a fs. 108/124, la demandada interpone queja contra el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, cuya copia se agrega a fs. 99/100 vta., que le denegó el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la sentencia corriente en copia a fs. 75/82.

Según el impugnante, la resolución denegatoria es arbitraria, porque omitió anali-zar sus agravios, y también la sentencia de la alzada, vulneratoria de la defensa en juicio, el debido proceso y el derecho a la legalidad.

Niega que hubiera habido reestructuración del Banco de Préstamos y Asistencia Social, y aduce que se derogó su Carta Orgánica, y continuó limitadamente su actividad hasta el 15/2/00 como Banco residual; y el objeto social de la nueva empresa no fue igual a la del Banco, del cual no recibió activo ni empresa en marcha, habiéndole otorgado la Pro-vincia la licencia de juego.

La Cámara -dice- no tuvo en cuenta la efectiva incorporación del personal a EN-JASA el 15/2/00, acreditada con prueba documental; así tampoco que el Banco hasta esa fecha realizó sus actividades, incluso las ligadas a los juegos de azar, pues ese día hizo el sorteo en el turno mañana, transfiriéndose las acciones a su parte en horario posterior; que el art. 65 de la ley 6583 no refiere a las condiciones aplicables al nacimiento de otra activi-dad y empresa a partir del otorgamiento de una licencia, con cargo para el licenciatario de respetar la antigüedad y remuneración del personal listado en el Anexo V del pliego licita-torio; que de la invocada protección al encuadre sindical no puede derivarse la eximición de la carga de notificar la pretendida tutela sindical a su parte; que al optar por incorporarse a ENJASA, el personal se sometió al derecho privado y las nuevas convenciones; que si se hubiera pretendido imponerle las obligaciones previstas en el art. 225 de la LCT, así se hu-biera dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación.

Dice haber individualizado la prueba no valorada, y que se ha omitido analizar que en la expresión de agravios indicó que todos los testigos, excepto Ruiz de los Llanos, depu-sieron que parte del personal del Banco se incorporó a ENJASA el 15/2/00 a la tarde, mo-mento hasta el cual el actor fue empleado de aquél, conforme recibo de sueldo de enero/00; que su parte se hizo cargo del gerenciamiento de la licencia para juegos de azar otorgada por la Provincia; que se individualizó la documental informativa y testimonial que acredita que no hay privatización de un organismo, transferencia de activos y pasivos ni de estable-cimiento o sucesión; que con testigos y la absolución de posiciones probó que el actor nun-ca realizó actividad gremial en ENJASA, y no impugnó las suspensiones invocando su ca-lidad de gremialista, habiéndose probado la justa causa del distracto.

El "a quo" -afirma- evitó el análisis del agravio sobre el incorrecto encuadre jurí-dico; e incurre en contradicción cuando valora como renuncia del actor su no invocación de tutela sindical ante una sanción de suspensión -acto propio, ocultando o conociendo la au-sencia de su condición de representante gremial-, y no así frente al distracto y despido. Alega que recién al demandar el actor invocó una presunta condición de delegado gremial y, al consentir la sanción renunció a los presuntos fueros sindicales, tornando innecesaria la exclusión de la tutela. Niega la aplicabilidad al caso de la doctrina de la CSJN in re "Di Tulio, Nilda", y remite a los precedentes de esta Corte registrados en Tomo 79:1005 y 80:169. Arguye que la incorporación del personal a ENJASA dio nacimiento a una nueva relación laboral, y que el legajo del actor se solicitó al Ex Banco, que no había suministrado la documentación a su parte por no corresponder, por lo que estima arbitrario considerar que existió transferencia del establecimiento y del personal en los términos del art. 225 de la LCT.

2º) Que la queja por denegación de un recurso de inconstitucionalidad tiene carác-ter excepcional, y es inviable cuando se la dirige contra sentencias en las cuales se resuel-ven cuestiones de hecho, prueba o derecho común; como tampoco resulta procedente en los supuestos de discrepancia con la valoración, interpretación y conclusiones efectuadas en la sentencia por los jueces, por cuanto el recurso de inconstitucionalidad local sólo opera en casos de fallos arbitrarios descalificables como pronunciamientos judiciales, en el sentido interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (esta Corte, Tomo 43:991, 1195; 45:405; 55:583; 59:899, 73:865, entre muchos otros).

3º) Que el art. 276 del Código de Procedimientos Civil y Comercial dispone que, con la interposición de la queja, debe acompañarse copia simple de la resolución recurrida y de los "recaudos necesarios". Dichos recaudos, precisados por vía jurisprudencial, abar-can las actuaciones que hagan a la resolución impugnada y aquéllas relativas a su sustan-ciación.

De las constancias de autos surge que el recurrente no ha presentado copia completa de la sentencia de primera instancia, pues se advierte que falta su última página; como así tampoco de la contestación del memorial de agravios de la apelación ordinaria, circunstancia que obsta a la admisibilidad formal de la queja, pues ello impide establecer -sin necesidad de tener los autos principales a la vista- si el a-quo ha excedido el límite de sus posibilidades interpretativas al fallar en la apelación (cfr. esta Corte, Tomo 56:69; 57:543, 757; 59:803; 67:115; 68:657).

Es doctrina reiterada por este Tribunal que la queja debe autoabastecerse, vale decir, debe ser posible resolverla con los solos recaudos acompañados por el recurrente (Tomo 48:629; 50:275; 54:749; 59:1027; 73:73) y, si bien es posible requerir la remisión del expediente principal, se trata de una facultad discrecional de la Corte, que no puede ser utilizada para suplir la omisión de quien no cuida el cumplimiento de los recaudos esencia-les (Tomo 48:560; 50:792; 68: 71; 72:25; 73:1003).

4º) Que por otra parte, la queja carece de la debida fundamentación, al haberse limitado el recurrente a reiterar los razonamientos expuestos anteriormente, omitiendo de-mostrar la inexactitud de las razones en que se sustentó la denegatoria del recurso. Allí se consideró que, mediante sus agravios, el apelante sólo plantea oposición respecto de las normas específicas aplicadas al caso, indicando un diferente punto de vista interpretativo, y evidencia una discrepancia con la valoración de los hechos y la prueba de la causa, lo que en modo alguno viabiliza el remedio extraordinario.

Como se ha señalado reiteradamente, es esencial que la queja contenga claros ar-gumentos convincentes de la insuficiencia de los fundamentos esgrimidos por el a-quo al clausurar la viabilidad del recurso (CSJN, Fallos, 298:84; 308:724; esta Corte, Tomo 59:317; 60:773; 69:175, entre otros). De este modo, los agravios deben dirigirse a contro-vertir las razones dadas por el tribunal a-quo al denegar el recurso de inconstitucionalidad, a fin de demostrar la falta de razonabilidad de las mismas y no de la sentencia tachada de inconstitucional (esta Corte, Tomo 50:1, 507; 59:64, 511; 69:175; entre otros).

Y la falta de debida fundamentación de la queja, conforme con la constante doctri-na del Tribunal, provoca la desestimación del recurso (Tomo 51:663; 61:423, 949; 68:651).

5º) Que, ello no obsta a precisar que es requisito de admisibilidad del recurso ex-traordinario que sus fundamentos se hagan cargo, a través de una crítica prolija y circuns-tanciada, de las razones en que se apoya el fallo apelado, y resulta ineficaz la formulación de una determinada solución jurídica con prescindencia de dichos motivos (cfr. CSJN, Fa-llos, 308:2440, y sus citas; esta Corte, Tomo 77:51, entre otros).

En el caso, el impugnante no logra conmover los fundamentos de la sentencia, que ha concluido en la aplicabilidad al caso del art. 225 de la LCT luego de analizar las normas que dispusieron la reestructuración del Banco de Préstamos y A. Social, y aquellas por las cuales el Gobernador de la Provincia dispuso la conclusión del proceso de reestructuración, la creación de ENJASA y su objeto, y la incorporación a ésta del personal de planta del Banco (leyes 6836, 6583 y dcto. 2126/98), indicando que en los considerandos del decreto 56/95, luego ley 6836, se señaló que no se estaba en presencia de la eliminación lisa y llana de la actividad constitutiva del objeto del Banco, sino de una reorganización que torne fun-cional su actividad.

Refirió el "a quo" puntualmente a las normas que establecen el procedimiento de la privatización y la protección del trabajador, y específicamente que, sobre el encuadra-miento sindical, dicho proceso no produciría alteraciones en la situación, y afiliación de los trabajadores del ente sujeto a privatización (ley 6583, art. 65). Analizó el Pliego de Bases y condiciones para llamado a licitación pública, y destacó que en la convocatoria se determi-nó que ENJASA tendría a su cargo 239 trabajadores en relación de dependencia, dispo-niendo que la venta de acciones no afectaría sus condiciones laborales en los términos del art. 225 de la ley 20744, y que en el art. 8 del Contrato de Transferencia de acciones a EN-JASA se estableció que el comprador ratificaba su responsabilidad principal, directa e ilimitada por todas las obligaciones emergentes de la licitación, adjudicación y del contrato, de acuerdo al pliego.

Se analizó que el actor fue elegido por el término de 2 años a partir del 10/3/98 en el cargo de Suplente de Secretario de Hacienda de la Mesa Ejecutiva Gremial Interna, de lo cual se informó al Gerente General del Banco, especificando que de conformidad con la Convocatoria de Licitación -Res. nº 411-, en su art. 9.1 y 9.2 ENJASA tenía acceso a toda la documentación relativa a la sociedad licenciataria, incluso la perteneciente al personal, desde el llamado a licitación hasta el 5º día hábil anterior al fijado para presentar la oferta, y el art. 9.4 había dispuesto que los oferentes serían los únicos responsables de procurarse la información en cantidad y calidad necesaria para presentar sus propuestas, no pudiendo con posterioridad alegar ignorancia o desconocimiento por ninguna causa, concluyendo que ENJASA tenía responsabilidad asumida de informarse de cada uno de los datos del perso-nal incorporado, por todo lo cual debe responder por el despido del actor el 7/12/00, cuando no había vencido el año posterior a la finalización del mandato que es el ámbito temporal de protección de la ley 23551.

Como se ha señalado reiteradamente, si -como en el caso- el apelante no contro-vierte de manera eficaz la totalidad de los argumentos en que se apoyan las conclusiones del "a-quo", es inconducente el tratamiento en la instancia extraordinaria, de los reparos formulados (cfr. esta Corte, Tomo 54:163; 59:1151; 60:233; 76:165).

Por otra parte, y respecto a los agravios relativos al incorrecto encuadre jurídico, en la sentencia cuestionada se ha considerado, sin arbitrariedad, que sólo constituyen una reiteración de los argumentos anteriormente esgrimidos por el apelante. Además, es inaten-dible la argüida omisión de valorar cierta prueba, sin demostrar cómo, la propuesta, podría hacer variar el resultado del pleito.

6º) Que, en definitiva, la sentencia impugnada cuenta con sólidos fundamentos que -como se dijo- el apelante no logra desvirtuar, los cuales evidencian que se ha arribado a la conclusión atacada con base en las normas aplicables, dirigidas a la protección del trabaja-dor en el particular proceso de privatización ejecutado, tendientes a evitar efectos negativos sobre el empleo del personal incorporado -como lo reconoce el mismo impugnante a fs. 118 vta., segundo párrafo-, como también de la garantía sindical prescripta por la ley 23551, enmarcada en la premisa establecida por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, cuyas acciones tutelares han adquirido jerarquía superior a las leyes con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 (cfr. esta Corte, Tomo 84: 565); sin que resulten atendibles, en el contexto antes descripto, los razonamientos en torno a la inaplicabilidad de cualquier norma no prevista específicamente en el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación.

Resta destacar, por lo demás, que es inviable pretender que el trabajador se vea impedido de recabar el amparo de sus derechos, por la circunstancia de no haberlo hecho con anterioridad, lo que equivale a presumir una renuncia tácita sin que exista un compor-tamiento inequívoco en tal sentido.

7º) Que, en tales condiciones, cabe subrayar, según lo ha dicho esta Corte en reite-radas oportunidades, que la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad resulta excepcional y sólo reservada para aquellos supuestos en los que se verifique un apartamiento palmario de la solución prevista en la ley o una absoluta carencia de fundamentación (conf. Tomo 53:193; 58:997; 60:443, entre otros). De allí que tal doctrina no puede tener por resultado convertir a la Corte en una tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que el apelante estime tales (Tomo 40:481; 49:347; 53:329; 54:241; 59:1093; 64:143, entre otros), al discrepar con el alcance atribuido por el "a-quo" a normas de derecho común o con la valoración de la prueba.

8º) Que por los fundamentos precedentemente expuestos, corresponde rechazar la queja deducida.

Por ello;

LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 108/124 de autos.

II. MANDAR se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas, Edgardo Vicente, María Cristina Garros Martínez, An-tonio Omar Silisque -Jueces de Corte-