Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-12


SENT Nro. 36 San Miguel de Tucumán, 12 DE FEBRERO de 2003.- Y VISTO: La aclaratoria solicitada por la parte actora en autos: "Sotolli, Juan Domingo vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Daños y perjuicios"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de aclaratoria deducido por la parte actora contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia del 28 de noviembre de 2002.

Solicita el peticionante que se aclare que el monto de $10.000 que se condena a pagar a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y al Club de Pilotos Monomarca, ha sido fijado al día del accidente, esto es, al 16 de mayo de 1993; y que se indique la forma de actualizar el mismo.

2.- En el examen de la cuestión planteada, se debe tener presente que al interponer la demanda el ahora peticionante reclamó como daño total la suma de $50.000 -o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendir y/ o de la libre apreciación judicial-, discriminando los rubros incapacidad física parcial y permanente ($10.000), lucro cesante ($5.000) y daño moral ($35.000) (cfr. fs. 10 y vta.), sin haber formulado expresamente el reclamo de intereses, ni indicado desde cuándo debían devengarse.

La sentencia de la Sala IIa de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, del 27 de abril de 2001 (fs. 421/429), admitió la demanda con relación al Club de Pilotos Monomarca, en tanto que exoneró de responsabilidad a los restantes codemandados; e hizo lugar sólo al reclamo indemnizatorio en concepto de daño moral, fijando un monto de $10.000, sin efectuar mención alguna a los intereses.

Los agravios contenidos en el recurso de casación interpuesto contra dicho pronunciamiento, se dirigieron a cuestionar la eximición de responsabilidad de los codemandados Municipalidad de San Miguel de Tucumán y Federación Tucumana de Automovilismo Deportivo, así como el monto indemnizatorio fijado en concepto de daño moral, por considerarlo exiguo e insuficiente. Mas el recurrente no formuló impugnación alguna contra la sentencia invocando la falta de atribución de los intereses sobre la suma del resarcimiento del daño.

La sentencia de esta Corte de Justicia, del 28 de noviembre de 2002, hizo lugar parcialmente al recurso de casación, y declaró la responsabilidad de la Municipalidad demandada, a quien condenó en forma concurrente con el Club de Pilotos Monomarca al pago de la suma de diez mil pesos ($10.000) en concepto de daño moral; monto éste fijado por la Sala de instancia, y que en orden a la falta de asignación de intereses se hallaba consentido, ya que dicha cuestión no fue motivo de impugnación en sede casatoria.

En ese contexto, aparece evidente que al solicitar ahora, por vía de aclaratoria, que se deje establecido que el monto indemnizatorio del daño moral ha sido fijado a la fecha del accidente (16 de mayo de 1993), el peticionante intenta hacer prosperar una pretensión que no fue expresamente formulada al interponer la demanda, ni reconocida por el Tribunal de grado, no habiendo formulado impugnación alguna a este respecto.

Aun cuando se admitiera el temperamento de que por aplicación del principio de reparación integral los intereses deben considerarse implícitos en la demanda de daños y perjuicios, y que el daño debe pagarse desde la fecha del infortunio, lo cierto es que en las concretas circunstancias del caso, el recurrente no impugnó tempestivamente la falta de atribución de intereses sobre la suma condenada, y en esas condiciones, la cuestión queda abarcada por la preclusión, que produce la cosa juzgada.

Aparece así evidente la inadmisibilidad de la aclaratoria interpuesta, la que en verdad -y como quedó dicho-, persigue la inclusión de intereses no reclamados en la demanda, ni incluidos en la sentencia de grado, sin que dicha omisión, de ser considerada tal por el recurrente, hubiera sido objeto de cuestionamiento alguno. La admisión de tal pretensión comportaría una infracción al principio de congruencia y la transgresión de las garantías constitucionales de la inviolabilidad de la defensa en juicio y del debido proceso.

Distinta es la situación en orden a la actualización monetaria de la suma condenada, la que, en su caso y si correspondiere, deberá solicitarse ante el tribunal de ejecución de la sentencia. La actualización no implica variación de la sustancia de condena originaria sino su traducción a valores actualizados; criterio que no puede extenderse a los intereses, si no fueron reclamados expresamente por el actor, ni estimados en la sentencia, que ha quedado firme en este punto.

Finalmente vale la pena recordar que la aclaratoria constituye un remedio para obtener del mismo órgano jurisdiccional que dictó una resolución, que subsane un error material, aclare algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial, o que supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y controvertidas en el litigio (artículo 76 CPA). Empero, no constituye la vía idónea para añadir a los temas resueltos en la sentencia, otras cuestiones que no fueron planteadas oportunamente por las partes por las vías procesales de que disponía.

La sentencia objeto de aclaratoria se halla fundada jurídicamente de un modo claro y preciso, habiéndose resuelto la totalidad de los temas planteados oportunamente por el recurrente, no existiendo omisión que suplir, ni conceptos oscuros que aclarar, ni errores materiales que corregir, que tornen procedente el remedio intentado.

En consecuencia, y conforme a los fundamentos expuestos, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de aclaratoria deducido por la parte actora contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia del 28 de noviembre de 2002.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO