marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad de sentencia, procedencia del recurso, competencia por el territorio
Materia: PENAL
Carátula: Freire Diaz, Manuel Santos c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-18

La disidencia postuló anular lo resuelto por entender que el a quo no fundó suficientemente las razones por las cuales, a su entender, resulta competente la justicia federal con competencia en la ciudad de Mendoza y no la justicia federal con competencia en la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, tal como solicitan las partes, a lo que se suma que el convenio suscripto entre los imputados fue efectuado en la ciudad de Rosario, lo cual determinó la competencia de la justicia civil para intervenir sobre el particular. (Dres. Borinsky -disidencia-, Hornos, Gemignani).
Defensa del consumidor, omisión de informar, tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco de formosa s.a. s/ apelacion (ley pcial. nº 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-11-27

Configura la infracción al artículo 4º de la ley 24.240 el hecho de que el Banco haya omitido el deber de informar al denunciante que su despido como empleado traería aparejado la cancelación automática de su suscripción al servicio de débito automático, dándose un caso de "mala fe comercial", entendida técnicamente como la actuación ilegítima y desleal con transcendencia jurídica en el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, pues aun habiendo el denunciante sido dependiente del Banco emisor de la tarjeta de crédito, ello no eximía a la entidad de la comunicación fehaciente necesaria relativa a la interrupción unilateral del contrato.
Declaración autoincriminante, prueba hematológica, extracción forzada
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Geruchalmi, Vanesa s/ Extracción de sangre. Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-09

Corresponde hacer lugar a la resolución recurrida en cuanto ordenó la extracción de sangre de la imputada, incluso en forma compulsiva ya que la prohibición de compeler a un imputado a declarar contra sí mismo en un proceso criminal no excluye la posibilidad de que se lo considere objeto de prueba cuando la evidencia es de índole material, debiéndose asimilar a la presencia física del acusado como prueba de su identidad y a la obtención y el uso de las impresiones digitales, atento que la garantía contra la auto incriminación solo importa reconocer que es ilegítimo que se fuerce al imputado para que hable o requerirle un hacer.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López Ruf, Alberto J. c/ Larrechart, Alejandro y otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-04

La regla establecida por el art. 72 inc. 1º de la ley 5800, relativa a las disposiciones que deben tomar los conductores que pretenden doblar hacia la derecha para tomar otra calle, encuentra fundamento en la seguridad de los automovilistas que circulan detrás del vehículo que intenta la maniobra, para darles tiempo a observarla y adoptar las necesarias precauciones para evitar accidentes.
Prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: BARRERA, MARTIN GIL c/ ATILIO DON Y ALBERTO DON Y/O PROP. Y/O RESP. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-06

En la apreciación de pruebas, el juez ha de proceder a efectuar con los elementos aportados a los autos una reconstrucción de lo sucedido y en esa tarea lógico jurídica es probable y legítimo que acepte algunos elementos y desestime otros cuando aquellos creen convicción. Por el criterio de la libre convicción, el juez tiene el deber de apreciar la prueba, lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, sino la de seleccionarlos a fin de fundar el fallo en los más eficaces.

Según el principio de la "libre convicción" que recepta el art. 119 de la Ley 3603 y modif., en la apreciación de la prueba el juez laboral no se encuentra constreñido por regla legal alguna, bastándole, para emitir la resolución que adopte, su convicción sincera acerca de la verdad de los hechos sobre los que se pronuncia. Esta soberanía axiológica en la apreciación de la prueba, no libera al juez laboral de la obligación de fundar su convicción, ya que la libre convicción no es otra cosa que: "convicción razonada, fundamentada y exteriorizada en la sentencia definitiva".

(Minoría u opinión personal)
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-07


Salta, 7 de febrero de 2011.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA vs. BRIZUELA WILDE, SERGIO RAMON - EJECUCION FISCAL" - Expte Nº 124.704/05 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 1º Nominación (Expte. N° CAM 196.892/7 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

Que a fojas 70 la parte demandada, plantea caducidad de la segunda instancia, abierta con la concesión del recurso de fojas 46, respecto de la resolución de fs. 37/40.

Corrido traslado, el apelante no la contesta por lo que a fojas 75 se tiene por decaído el derecho dejado de usar y se llama autos para resolver, providencia que se encuentra consentida.

Del análisis del expediente se resulta que, desde el proveído de fojas 69 que hace conocer la nueva integración de la Sala, de fecha 20 de agosto de 2008 y hasta la presentación del escrito de fs. 70 del 28 de julio de 2010 no hubo actividad alguna de la apelante, lo que hace procedente la caducidad de la instancia recursiva al haberse cumplido el plazo previsto en el inciso 2do. del art. 310 del CPCC.

En el proceso civil el impulso procesal, es genéricamente facultad de todas las partes y específicamente carga de la que promovió el proceso o cuestión incidental (Colombo, Cód.Proc. C. y C. I pág. 270; edic. 1975) quien tiene la obligación de hacerlo avanzar hasta que se encuentre en estado de dictar sentencia. En el caso, a partir de la providencia de fs. 69, el expediente ha permanecido en inactividad, al no haberse hecho conocer la nueva integración de los autos, tal como lo ordenaba la citada providencia. Por lo tanto al haber el apelante abandonado la instancia recursiva por un lapso mayor a los tres meses previstos por el art. 310 inciso 2do. del CPCC., lo que hace procedente el pedido de caducidad.

La obligación de urgir la elevación de los autos y la puesta de ellos en estado de dictar resolución por la Alzada se encuentra a cargo del apelante. Es decir, no sólo debe procurar la real y efectiva elevación de los autos, sino también que en la Alzada se realicen los trámites que anteceden a la resolución, como por ejemplo la de hacer conocer la nueva integración, como ya se dijo, y tal como lo dispone el art. 269 del Cód. Procesal Civil y Comercial.

Por lo expuesto se declara la caducidad de la segunda instancia respecto del recurso de apelación interpuesto a fs. 46. Con costas.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.
Costas, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Bruno, Juan Antonio c/ Gauto, Yolanda y Bosch, Antonio s/ Ejecutivo-Incidente de levantamiento de embargo s/ Ejecutivo-Incidente de levantamiento de embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-09-29

La imposicion de costas en los incidentes, se halla supeditada a la circunstancia de que haya mediado oposición a la petición incidental, es decir, que una parte se oponga a las pretensiones de la otra, por lo que la condena en costas no procede si la otra parte se allana.
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maslovich, Juan Esteban. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires. s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

La posibilidad de probar los hechos justificativos de una pretensión es particularmente amplia, teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno que reviste el proceso administrativo provincial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Sucesión de Souza Belchio c/ Desimoni, Rimo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1984-05-23

En materia de remedios extraordinarios el concepto de sentencia definitiva esta referido a la irreparabilidad del perjuicio, de tal modo que si el agravio es superable por otro canal el fallo carece de aquella condición.
Responsabilidad del querellante, daños y perjuicios, denuncia, sobreseimiento
Materia: CIVIL
Carátula: Sánchez, Alberto Raúl c/ Eichengrum, Roberto s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-01

La acción de daños y perjuicios deducida por el tenedor de un automotor que fue denunciado por retención indebida de vehículo por el titular del rodado, es improcedente aún cuando haya sido sobreseído, pues si bien existió un acuerdo entre ambos para que el titular le transfiera el vehículo luego del pago de una suma de dinero, lo cierto es que, el reconocimiento de la deuda pendiente no le atribuían la acción para reclamar como propietario del automotor.
Competencia de menores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., M. s/ Guarda
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Si la menor cuya guarda judicial se solicita fue entregada por su madre, debe estarse al domicilio de los guardadores para determinar la competencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, proceso penal, acusación fiscal, sobreseimiento, audiencia preliminar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ, NORBERTO NAHUEL c/  s/ ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-30

La resolución cuestionada -que dejó sin efecto lo decidido en lo atinente a la admisión de la acusación fiscal y el rechazo del pedido defensista de sobreseimiento y ordenó la realización de una nueva audiencia en tal sentido, dejando en pie la prueba admitida a condición de lo que se resuelva en aquélla- no reúne el recaudo de definitividad requerido por el artículo 1 de la ley 7055, no logrando la interesada demostrar que la misma le ocasione un gravamen de aquéllos que -excediendo el derivado del sometimiento a un proceso penal- este Tribunal ha considerado con entidad suficiente como para excepcionar la referida regla. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 86, p 6; T 104, p 20; T 129, p 382. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Regulación de honorarios, disolución de la sociedad conyugal
Materia: PROCESAL
Carátula: B., V.J. y G., R.A. s/ Divorcio por presentación conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-02

En los procesos de liquidación de la sociedad conyugal, se regularán al patrocinante de cada parte, el 50 % de lo que correspondiere por aplicación del art. 7°, primera parte, sobre el 50 % de la totalidad del activo de la sociedad conyugal. Los cálculos se harán sobre el monto de los bienes existentes al momento de la disolución de la sociedad conyugal y sus incrementos durante el proceso (art. 35 ley 2200).
Conflicto de poderes, gobierno municipal, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Blanco, Jorge Mario c/ Concejo Deliberante de Bragado s/ Conflicto art.197,Const.Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Es inconstitucional el art.263 bis del dec. 6769/58 incorporado por la ley 11.024, por exceder la competencia atribuida al Tribunal por el art.187 de la Const. Prov., en tanto le confiere el juzgamiento de las decisiones del Concejo Deliberante adoptadas " en el caso del art.254", referido a la aplicación de sanciones menores (incs.a)y b)) que en modo alguno significan obstrucción en el ejercicio del mandato conferido ni por ende, alteraciones en la integración institucional del cuerpo. Ello así, toda vez que las atribuciones determinadas constitucionalmente no pueden ser ampliadas, modificadas ni alteradas por el legislador. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo, robo de automotor, desapoderamiento
Materia: PENAL
Carátula: QUIROGA, ARIEL OSVALDO (robo calificado) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-08-05

El apoderamiento como acción constitutiva del robo importa un acto material (desplazamiento de la cosa que está en poder de la víctima al autor), sumado al propósito del agente de someter la cosa a su propio poder. El delito se consuma cuando el bien sale de la esfera de poder y de vigilancia del tenedor para pasar a la del delincuente, cualquiera sea el tiempo en que el mismo se mantenga en su poder de hecho.

El autor se apodera del objeto, cuando aniquila esa tenencia con intención de someterlo a su poder, pues la libre disponibilidad física de la cosa por parte del reo, importa la perfección del delito respecto de su autor, pero no constituye su consumación, la que ya ha sido lograda a través del desapoderamiento sufrido por la víctima.

De este modo, cuando el titular del derecho afectado tiene la cosa consigo, en cuanto la porta o conduce, el bien jurídicamente protegido se lesiona, cuando le es arrebatado el gobierno de hecho que sobre ésta tiene de manera tal que la misma ya no es portada o conducida por aquél. Sin embargo, puede suceder que la cosa sea tenida por su titular de manera sólo simbólica o representativa, o bien manteniéndola aquél dentro de una esfera o ámbito material en donde ejerce efectivos poderes de dueño y custodio.

El imputado al ascender el automóvil que la víctima había dejado estacionado en la vía pública, con las puertas sin traba y con las llaves del encendido colocadas y ponerlo en marcha, despojó de la tenencia simbólica que aquélla ejercía, pues le fue arrebatado el gobierno de hecho que tenía sobre el vehículo en cuestión. Tanto es así que el imputado logró avanzar sobre la víctima, quien al advertir la maniobra se había colocado adelante del rodado, en que se encontraba su hija de 2 meses de edad, actitud que no lo detuvo, que atropelló a la mujer, ocasionándole múltiples lesiones.

En consecuencia, resultó suficiente ponerlo en marcha removiéndolo del lugar en que estaba estacionado en la vía pública, pues excluyó de hecho a la tenedora, al sacar la cosa de su esfera de custodia para tener por consumado el delito, sin importar el grado de perfección de la tenencia lograda, pues ello impidió la posibilidad de la víctima de disponer de su vehículo.

La actitud posterior de la víctima, quien se paró frente al rodado y luego se asió de la parte inferior del vehículo y en esa situación resultó arrastrada por un espacio aproximado de ochenta metros, hasta que finalmente se detuvo a consecuencia que los pliegues del pavimento y el cuerpo de la víctima impidieron su tracción, constituyen actos de intento de recupero del bien que no tienen incidencia en el momento consumativo del robo. Tampoco lo tuvo el accionar de los vecinos que sólo impidieron su fuga.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, habilitación de instancia, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Droguería del Sud S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Repetición Buenos Aires s/ Repetición
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-20

El artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires establece que los actos administrativos de alcance individual así como los de alcance general a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación, "podrán" ser impugnados por medio de los recursos que prevé el Título IV de la Ley.

No puede otorgarse a este término el sentido de consagrar una opción para el administrado, pues ello resultaría sin duda contradictorio con lo dispuesto por el artículo 3, incisos 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, que exige el agotamiento de la instancia administrativa en estos supuestos. Del Voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín.
Auto de procesamiento, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: E., C. s/ Damnificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-08

El dictado de un auto de procesamiento, sólo requiere una valoración de elementos probatorios suficientes para producir "probabilidad", aun no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, es decir, la base del juicio; puesto que el hecho que no se cuente con la totalidad de los elementos necesarios para dilucidar los hechos cuestionados, no es fundamento válido para soslayar la procedencia del dictado de un auto de procesamiento, pues este pronunciamiento no requiere dicho caudal probatorio.
Acción civil, cuestiones prejudiciales, sentencia absolutoria
Materia: CIVIL
Carátula: Espinosa, Pedro Francisco c/ Herrera de Noble, Ernestina s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-03

Sólo cuando la absolución del acusado se funda en la inexistencia del hecho que se la enrostra, o en su ausencia de autoría sobre el mismo que es otra manera de no existir el hecho con respecto a él, ese pronunciamiento no puede ser revisado en sede civil.

Diversamente, si la absolución criminal se produjo por otro motivo distinto, especialmente por considerar el juez respectivo que el acusado no había sido culpable del delito que se le imputaba, esa apreciación no es vinculante para el juez civil que libremente puede concluir que aquel fue culpable a los fines de reparar el daño que causó, pese a habérsele declarado inocente para eximirlo de una condena penal.
Teoría del delito, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: PROVINCIA DEL CHUBUT c/ B., N. M. s/ Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-22

Los criterios de la imputación objetiva se derivan "...de la naturaleza de las normas jurídicas y de su finalidad protectora de bienes jurídicos..." y que esos criterios son los que siguen: a. las normas jurídicas solo prohíben resultados evitables b. las normas jurídicas sólo prohíben acciones que aumenten el peligro corrido por el bien jurídico c. las normas jurídicas sólo prohíben acciones que empeoran la situación del bien jurídico, pero no las que lo benefician y d. las normas no prohíben sino acciones que representen un peligro para el bien jurídico que protegen.
Tarjeta de crédito, responsabilidad del titular de tarjeta de crédito, cláusulas del contrato, validez de cláusula contractual
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Fernandez, Laura c/ Galeno Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-14

Encontrándose incontrovertido que la principal obligada al pago en el caso de tarjetas corporativas es la sociedad que solicitó la emisión de los plásticos, la previsión contractual que pretendía responsabilizar directamente a los usuarios debió redactarse de forma destacada por expresa manda legal (ley 25065: 7 inciso d).
Daños y perjuicios, compensación económica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROMERO, VICTOR A. c/ PEMAN, CARLOS HUGO s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS-BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-10

Probada la existencia del daño producido por un hecho dañoso, conforme a lo preceptuado por el art. 1.109 y conc. del Código Civil, corresponde reconocer su resarcimiento.
Caducidad de instancia, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: Friforífico Riocar Freca S.A. c/ Díaz, Dante Arturo s/ Sumario: Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-10-06

La caducidad de la instancia puede ser opuesta no solo por las partes sino por cualquier tercero que tenga interés en que ella se declare, es decir que tenga un interés jurídico en el pleito y en su declaración, de forma tal que pueda considerárselo vinculado al juicio.
Unificación de penas, menores
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Picón, Alberto Antonio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-19

El hecho de escoger el método de composición jurídica en la unificación de penas -más favorable al reo, por otro lado- no significa una gracia que debe ser concedida siempre en forma automática por el tribunal que realiza este procedimiento, sino únicamente cuando las constancias del proceso y la personalidad revelada por el autor (arts. 40 y 41 del Cód. Penal) lo hagan aconsejable, lo que indudablemente -a juicio del a quo- no se verificaba en autos. (Voto del Dr. Mitchell).
Tribunal de Cuentas Provincial, impugnación del acto administrativo, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROZADOS, RODRIGO NESTOR c/ ESTADO PROVINCIAL Y H. TRIBUNAL DE CUENTAS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-23

Dado el carácter "jurisdiccional" de las sentencias del Honorable Tribunal de Cuentas ("Alvarez Daneri, José A..." L.A.S. 20/5/82) éstas no son impugnables por vía del contencioso administrativo, sino sólo por el recurso de inconstitucionalidad previsto por el artículo 146 de la Ley 5796.
Seguros, seguro por accidente de trabajo, enfermedad accidente, personas con discapacidad auditiva, incapacidad laboral, prueba pericial, pericia médica, pérdida de la chance, chance laboral
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: GUTIERREZ, JUAN c/ LA MERIDIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-31

Si la pericia medica indica una incapacidad laboral del 57% y expresa que, en esas condiciones, resulta fácticamente imposible la reubicación laboral del trabajador asegurado, y habiendo quedado probado que la enfermedad (en el caso, várices, hipoacusia, artrosis, de agravación progresiva), aun cuando de larga data, se insinuó durante la relación laboral, se cumple la condición prevista para la cobertura, siendo irrelevante que la relación laboral hubiera concluido por despido incausado del trabajador -por haber cesado la empresa, no su actividad industrial sino solo un rubro de su actividad al que estaba afectado el asegurado-, con lo que parecería que para el empleador, aquel no se hallaba en condiciones de desempeñar las tareas habituales de una planta industrial, lo que corroboraría el estado de imposibilidad de ejercer actividades remunerativas. Por tanto, corresponde hacer lugar al reclamo por la suma reconocida por la aseguradora como suma asegurada -en el caso, $43.124,75- Con mas sus intereses moratorios a la tasa que percibe el banco de la nación argentina en sus operaciones de descuento a 30 días, desde el inicio de la mora, esto es, desde que la aseguradora declinó, mediante carta documento su responsabilidad -en el caso, 10 6.93-.
Vocal del Tribunal, recusación con causa, recusación por prejuzgamiento, rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: D., M. G.; F., C. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -HOMICIDIO  CALIFICADO POR EL VINCULO Y POR ALEVOSIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 410  AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

No resultan arbitrarios los sólidos motivos expuestos por la Cámara para rechazar la pretensión recusatoria contra una Vocal de Cámara por la causal de prejuzgamiento, al sostener que "no constituye prejuzgamiento que autorice la recusación de los Magistrados la decisión que ellos debieron necesariamente adoptar acerca de algún punto relacionado con la materia controvertida. Para que provoque la consecuencia requerida, el prejuzgamiento debe ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir, por lo que no se configura cuando el Tribunal se halla en la necesidad de emitir opinión acerca de algún punto relacionado con la materia controvertida". No se advierte, entonces, que el Tribunal haya juzgado la cuestión con parámetros interpretativos que excedan los límites de logicidad y razonabilidad tolerados.