Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-05-02


C A S A C I Ó N San Miguel de Tucumán, 02 de Mayo de 2005.-	Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Alfredo Carlos Dato, el recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámara de la IVa. Nominación, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala Va. del 14/6/2004 (fs. 165 y vta.), el que es denegado por el referido tribunal. Interpuesta la correspondiente queja, la misma es admitida por auto de fecha 15/11/2004 (cfr. fs. 211/212 vta.). En esta sede, no se presentó memoria sobre el recurso casatorio, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por la admisibilidad y procedencia del recurso presentado (cfr. fs. 216/219). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente? A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por el señor Daniel Gerardo Marranzino Fiscal de Cámara de la IVa. Nominación en contra del fallo del 14 de junio de 2004 dictado por la Sala Va. de la Cámara en lo Penal que declaró nulo el alegato del fiscal pronunciado en el proceso.

2.- Entre los antecedentes del caso debemos destacar que en la audiencia de debate del 1 de junio de 2004 luego de la declaración de los testigos el señor Fiscal realiza el alegato en el cual concluyó que no formularía acusación atento a que, entre otras consideraciones, encontró algunas contradicciones de la víctima acerca del lugar en que se encontraba la moto, a la existencia o no de la cadena, a su presencia en el lugar del procedimiento y los daños sufridos en el rodado. Que también se evidenciaron falencias en el acta policial referida a la persecución y el secuestro de la moto. Finalizó indicando frente a los fundamentos expuestos y al principio in dubio pro reo que no puede formular acusación.

La Cámara ordenó pasar a un cuarto intermedio hasta el 14 de junio de 2004, día en que se constituye nuevamente la audiencia. En la misma el tribunal resolvió declarar la nulidad del alegato fiscal. En este sentido, expresó que el señor Fiscal de Cámara se limitó a señalar asimetrías o posibles inexactitudes de las declaraciones de los testigos y del acta de fojas 3 pero sin requerir su nulidad o exclusión probatoria. Que no consideró las coincidencias esenciales que evidenciaba tales probanzas. Subrayó que no hizo uso de la opción del art. 73 inc. 2 del CPPT. Afirmó que la conclusión a la que arribó está asentada en una exposición incompleta y parcializada de los elementos de prueba. Que el principio in dubio pro reo en que se asienta su decisión no se encuentra estatuido en el CPP ni al tratar los actos del debate, ni al tratar la discusión final, sino en el art. 406 que reglamenta la deliberación del tribunal inmediatamente anterior a la sentencia.

Sostuvo que el tribunal de juicio tiene la facultad de declarar nulo un alegato cuando no esté fundado en cuestiones fácticas y jurídicas que sostengan su pedido. La decisión de anular el alegato se apoyó en los arts. 184, 185 inc. 2, 186, 188 inc. 3 y cctes. del CPPT y, en consecuencia, se dispuso apartar al señor Fiscal de Cámara de la IVa. Nominación y remitir copia autenticada a fin de que se designe su reemplazante.

3.- El señor Fiscal de Cámara doctor Daniel Gerardo Marranzino interpone recurso casatorio en el cual sostiene que el fallo del tribunal es manifiestamente arbitrario.

En particular, expresa que, contrariamente con lo señalado por la Cámara, su actuar no se encuentra sujeto a la requisitoria de elevación a juicio en razón de que en el plenario el Fiscal de Cámara tiene una visión global y directa del proceso. Que en el plenario precisamente se produjeron innumerables contradicciones y negaciones que motivaron un criterio opuesto al del requerimiento. Que la causa se asentaba sobre el acta de secuestro y aprehensión de fojas 3 el cual en el plenario exhibió contradicciones lo que provocó su pérdida de convicción.

Señala que el debate fue interrumpido en forma abrupta y arbitrariamente sin escuchar ni al defensor ni al imputado.

No obstante considerar que su alegato se encuentra suficientemente fundado en los aspectos fácticos y jurídicos, recuerda que ni el código de procedimiento penal ni la ley orgánica condiciona la forma del alegato penal. Señala que la sentencia del Tribunal manifiesta una clara predisposición de escuchar un alegato incriminatorio realizando un prejuzgamiento sobre los elementos probatorios y, tal vez, sobre la suerte de los imputados.

Expresa que no hizo opción del art. 73 inc. 2 del CPPT en razón de que la falta de complejidad de la causa hacía innecesaria la participación del señor Fiscal de Instrucción. Que, además de ser una facultad opcional acordada a favor del fiscal, nunca estuvo en desacuerdo con el requerimiento de elevación a juicio y que no manifestó acusación ya que no se mantuvieron los aspectos presuncionales que sustentaban el mismo.

Sostiene que el principio in dubio pro reo, contrariamente con lo afirmado por la Cámara, es un principio procesal universal cuya invocación no está condicionada a que se encuentre estatuido al tratar los actos del debate.

Respecto al art. 185 del CPPT que hace referencia la resolución de la Cámara, el recurrente expresa que participó activamente en la etapa previa al debate como en el debate mismo interrogando a los únicos tres testigos. Que ninguna norma indica la esquematización del alegato y mucho menos que sea conminada con nulidad. Que hubo una inobservancia de los principios procesales del proceso acusatorio al utilizarse la nulidad para llegar a una decisión que satisfaga al tribunal. Que esta situación provoca una inestabilidad en la estructura y las funciones de quienes están a cargo de la acción pública y el debido cumplimiento de ley. Que un reinicio del debate significaría un ataque a los derechos de la defensa puesto que los testigos ya fueron debidamente interrogados y en el nuevo proceso se acomodarían sus dichos a las preguntas que ya le fueran expresadas. Concluye indicando que los arts. 184, 185 inc. 2, 186 y 188 inc. 3 son inaplicables en el presente caso.

4.- En relación a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación establecidos en el digesto penal consideramos que los mismos se encuentran observados como lo señaló oportunamente esta Corte en la sentencia n° 917 de fecha 14 de noviembre de 2004 obrante a fojas 211.

Corresponde ahora internarse en la procedencia del recurso.

5.- La cuestión debatida en autos plantea nuevamente la tensión entre las actuaciones de los fiscales y los jueces en los procesos penales respecto a la titularidad de la acción penal. Podemos recordar que la tendencia que propició un nuevo papel del Ministerio Público en los procesos penales poco a poco fue recepcionado en los diferentes códigos procesales provinciales con la adopción de un sistema acusatorio y el progresivo abandono de las posturas inquisitivas.

Esta Corte en sintonía con el criterio sostenido por la CS como con el actual texto de nuestro CPPT mantuvo en diferentes fallos la independencia, autonomía y propiedad de la acción penal en cabeza del representante del Ministerio Público. Los fundamentos de esta postura se encuentran en la normativa nacional (arts. 71 del CP, 18 y 120 de la CN) como en la normativa procesal provincial (arts. 5, 71, 328, 348, 354 y concordantes del CPPT). En este cuerpo legal a través de las últimas reformas en materia criminal desplegó, finalmente, el sistema acusatorio, del cual, una de sus características predominantes es la diferenciación entre quien persigue y acusa y quien juzga. En efecto, en dicho esquema recae sobre el Ministerio Público la titularidad de la acción penal y, por lo tanto, él la sostiene en el proceso a través de su facultad acusatoria.

En el caso de autos, el tribunal consideró que el alegato que resolvía absolver a los imputados se encuentra viciado y decidió anularlo. Conviene preguntarnos, entonces, si el tribunal se encuentra facultado para nulificar el accionar del fiscal y, si esto fuera posible, si se configuró un vicio de entidad tal que permita la nulidad de oficio.

En relación al primero de los interrogantes propuestos resulta indudable que el tribunal tiene la potestad de controlar la actuación del representante del Ministerio Fiscal en el debate. De igual modo en que el juez de instrucción desempeña la función de juez de garantías frente al requerimiento de elevación a juicio, el tribunal podría observar las actuaciones de los diferentes actores en el plenario. Tal es así porque como lo indicó la CS, no puede convalidarse la existencia de un acto capaz de provocar la nulidad absoluta y afectar la garantía constitucional, pues constituye la exigencia previa, emanada de su función jurisdiccional, el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran comprometidos aspectos que atañen al orden público (cfr. J.A. 1997-IV, pág. 354).

Sin embargo, esta función se encuentra atada a los principios generales de la nulidad en el proceso penal como también, en el caso de autos, limitada por la especial potestad sobre la acción penal que ostenta el Ministerio Público la cual no puede ser interferida arbitrariamente por el tribunal. Recordemos que la interpretación de la nulidad es por esencia restrictiva, esta característica se ve acentuada en el sub lite cuando se percibe que un avance sobre estos límites no traería aparejado una mayor protección a los intereses del imputado sino, por el contrario, podría tender hacia la posible desnaturalización del sistema acusatorio del proceso penal al limitar o simplemente vulnerar la potestad acusadora del representante del Ministerio Público.

En este sentido esta Corte ha indicado en reiteradas oportunidades que las nulidades procesales deben interpretarse restrictivamente, reservándolas como última ratio frente a la existencia de una efectiva indefensión o irregularidad sustancial del proceso (CSJTuc., sent. 87 del 28/02/2001 in re "Ovejero, Norma P. vs. María Comaschi de Said y/o Rotisería La Rueda s/ Cobros").

En consecuencia, corresponde analizar con detenimiento si se encuentran configurados los extremos para que el tribunal de oficio haya dictado la nulidad del alegato del señor Fiscal. En este sentido, el art. 186 último párrafo del CPPT establece que: "Solamente será declarada de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en los incisos 1° al 3° del artículo anterior que impliquen violación de normas constitucionales o cuando así se establezcan expresamente". Debemos recordar que este artículo junto a los arts. 184, 185 inc. 2 (Intervención de ministerio público en el proceso) y 188 inc. 3 fueron citados por el tribunal como fundamento legal de su decisión.

De la simple lectura del artículo 186 resulta evidente que para la configuración de la nulidad absoluta en el proceso penal se requiere de una doble exigencia, por un lado, la inobservancia del acto procesal que manda o prohíbe una norma procesal; y, por otro, que esa inobservancia implique, además, una afectación particularizada de un derecho constitucional (indisponible) de tal naturaleza que lo altere en su esencia o sustancialmente superando de este modo el interés de las partes (cfr. José I. Cafferata Nores y Aída Tarditti "Código Procesal Penal", Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003, Tomo 1, pág. 451).

Francisco J. D'Albora sostiene en relación a los requisitos inexcusables para que se configure una nulidad absoluta que "...para que ello opere deben conculcar alguna garantía constitucional...Si la lesión constitucional no es intensa -falta de exhibición de fotografías o de elementos secuestrados en el acto de la indagatoria- no se produce la invalidez del acto" (Francisco J. D'Albora, "Código Procesal Penal de la Nación", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 5ta edición, pág. 137).

Desde un punto de vista formal, la resolución de la Cámara omitió referencia alguna sobre una norma procesal transgredida que establezca expresamente la nulidad de oficio. De igual modo, tampoco hizo alusión directa a qué garantía constitucional se encuentra violentada por el acto del señor Fiscal, ni al perjuicio concreto que conllevaría el acto nulo (principio de interés).

Corresponde señalar que la conminación genérica establecida en el art. 185 incs. 1, 2 y 3 tiene como objetivo la protección de los derechos del imputado y es en esta perspectiva que se debe analizar la nulidad absoluta. La doctrina al caracterizar la función de la la nulidad absoluta afirmó que: "Esta tiende a asegurar los derechos (en especial los indisponibles) que emanan del principio de dignidad personal del imputado (y que encuentren reflejo en los incs. 1, 2 y 3 del art. 185) no se sean sólo 'palabras de buena crianza'... Esta concepción de nulidad absoluta, rescata su función de herramienta técnica garantizadora (noción estricta de garantía) del respeto a los derechos constitucionales del imputado, en la que se inspiran las formas sustanciales del proceso penal". (José I. Cafferata Nores y Aída Tarditti "Código Procesal Penal", Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003, Tomo 1, pág. 452).

Desde otra perspectiva, tampoco se observa a partir de los fundamentos expresados en la resolución del tribunal que el alegato del Fiscal contenga un vicio de tal magnitud que justifique su anulación. Contrariamente a lo enunciado por el tribunal y siguiendo los conceptos expuestos por el doctor Francisco J. D'Albora, no se encuentra en los argumentos sentenciales una lesión constitucional que posibilite la nulidad del acto. Los motivos expuesto no sólo resultan escasos sino que simplemente exhiben un criterio discordante e inconducente que resultan insuficientes para sostener la nulidad absoluta.

En efecto, la Cámara reitera que hubo una exposición incompleta y parcializada por parte del señor Fiscal. Como fundamento de ello, explicó que el mismo omitió toda referencia al contenido de la requisitoria de elevación a juicio. En este sentido, debemos recordar que desde el punto de vista procesal el requerimiento es una actuación de promoción de la acción que busca su concreción en el debate para que en él el Ministerio Público ejerza la pretensión punitiva en forma positiva, mediante un alegato acusatorio, o en forma negativa, a través de un alegato absolutorio. Los caracteres provisionales y preliminares del requerimiento se encuentran en su mismo desenvolvimiento procesal; podemos indicar, a modo de ejemplo, que los motivos en que se funda el requerimiento son provisorios y pueden ser ampliados por el fiscal (art. 388 CPPT). Se desprende del funcionamiento interno del requerimiento que la acusación se encuentra perfeccionada una vez obtenida y analizada la prueba obtenida en el debate. De este modo, el fiscal de juicio recién en el debate debe analizar hasta qué punto se encuentran acreditados los hechos contenidos en el requerimiento de elevación a juicio y así concretar su acusación en oportunidad de pronunciar su alegato. (cfr. CSJT. "Ibarra, Hugo y otros s/ extorsión en grado de tentativa en concurso real con el delito de violación de los deberes de funcionario público") La doctrina ha señalado que: "Centrada la cuestión en análisis y en la búsqueda de lograr la mayor aproximación posible al acto procesal de acusación, consideramos que es el acto procesal a cuyo través, en el momento pertinente del debate, el representante del MPF determina definitivamente y en su carácter de acusador, una vez que realizó un análisis minucioso de toda la prueba, descartando la que entiende no conducente, impropia, dudosa, etc., y pondera la que considera válida y armoniosa para sustentar el resultado que persigue; en qué consistió el hecho; si en ese acontecimiento modificador del mundo de los fenómenos tuvo o no intervención el imputado; la calificación jurídica del acontecimiento -tipicidad objetiva-, la calificación jurídica de la participación del imputado en el mismo -autor o cómplice-; alcance de la responsabilidad penal que le cabe, una vez descartado que la persona se hubiese encontrado bajo alguna causal de inimputabilidad, de eximente de pena o de excusa absolutoria -tipicidad subjetiva-; ponderación de las circunstancias atenuantes y agravantes que inciden en la sanción; si corresponde la declaración de reincidencia, la unificación de penas o de condenas; concreto pedido de pena y forma de cumplimiento de la misma." (Grassi, Ricardo J. "Fallo Marcilese -Corte Suprema de la Nación- una clara violación constitucional"; La Ley 2003- A, 772).

Considero que en el esquema procesal descripto, el Ministerio Público, previo a la decisión, posee la facultad acusatoria o absolutoria la cual se perfecciona en el debate y es en ese momento cuando el fiscal ejerce plenamente y en forma independiente del requerimiento mismo. Señalar como lo hizo el tribunal que la omisión al requerimiento tornaba "menos" fundado el criterio absolutorio no solo carece de base procesal alguna sino que, además, significa negar plena facultad acusatoria del Ministerio Público, la cual, como lo indicamos precedentemente, se perfecciona en el debate.

Respecto a las asimetrías emergentes del acta de fojas 3 alegadas por el señor Fiscal de Cámara, el tribunal no impugna directamente este argumento sino que lo acusa de no requerir la nulidad del acta, de no valorar otras coincidencias fácticas y de no hacer uso de la facultad del art. 73 inc 2 del CPPT. Del análisis de las constancias de autos surge que el testigo Juan Leal no reconoce la firma inserta del acta de fojas 3 por la cual se describe la situación en la que se aprehendió a los acusados y se secuestró el vehículo. Frente a la inexactitud del acta los argumentos expuestos por el tribunal no logran desacreditar sus efectos puesto que la ausencia de exclusión probatoria por parte del Fiscal de Cámara de la misma no subsana su falencia. De igual modo, el representante del MPF no se encuentra obligado a convocar al fiscal de instrucción, como bien lo señala el articulo 73 del CPPT esta es una facultad discrecional que tiene el señor Fiscal de Cámara que, en el caso de autos, no afecta los argumentos alegados por cuanto el no reconocimiento de la firma surge en el debate y no de las constancias previas.

Finalmente, los argumentos que hacen referencia a la omisión por parte del señor Fiscal de "coincidencias esenciales entre los referidos elementos de prueba" exhiben una doble falencia de fundamentación: por un lado, el tribunal impugna la contradicción que evidencia el acta policial de fojas 3 alegando la existencia de otros elementos probatorios esenciales a los cuales omite enunciar. La mera enunciación de la supuesta existencia de elementos probatorios no resulta suficiente para salvar la falencia del acta cuyo texto representa una de las probanzas medulares para la acusación; por otro lado, y desde otra perspectiva, este argumento no deja en evidencia la ausencia de fundamentación del alegato del Fiscal de Cámara sino tan solo exhibe un criterio dispar el cual que resulta a todas luces insuficiente para aseverar la nulidad absoluta del mismo.

Igualmente, debemos recordar que a fojas 147 vta. el señor Fiscal de Cámara sustentó su alegato recostado no sólo en el acta policial de fojas 3 sino también en las contradicciones de la propia víctima sobre el lugar exacto en que se encontraba el vehículo, sobre la existencia o no de cadena, en los horarios, en su presencia en el procedimiento y en los daños del rodado, argumentos que no fueron analizados a la hora de resolver sobre la nulidad del alegato.

Se puede concluir, a partir de los fundamentos expuestos precedentemente, que la resolución de anular el alegato del señor Fiscal de Cámara no logra exponer razones suficientes que sustenten su decisión. No se distingue una vulneración de principios constitucionales sino simplemente la Cámara manifiesta criterios diferentes sobre las cuestiones planteadas en el debate. El alegato del representante del Ministerio Público, aunque escueto, aparece suficientemente fundado en tanto que expone razones de hecho y de derecho para solicitar la absolución de los imputados.

Además de la clara insuficiencia en los fundamentos jurídicos y formales de la resolución que declara la nulidad, su desprolijidad y ligereza también develan infundado avance sobre la titularidad de la acción penal que ostenta el MP, la cual ha sido reconocida por esta Corte.

Por lo expresado, corresponde casar la sentencia de Cámara en base a la siguiente doctrina legal: "Resulta arbitrario y por ende nulo el pronunciamiento que declara de oficio la nulidad del alegato del señor Fiscal sin que se configure los extremos previstos en el art. 186 del CPPT. La nulidad así declarada deviene en puro voluntarismo del sentenciante y por tanto, carente de toda motivación; lo que descalifica al pronunciamiento como actor jurisdiccional válido". En consecuencia, los autos deberán ser remitidos a la Excma. Cámara a fin de que por intermedio de quien corresponda, continúe el proceso en la etapa pertinente.

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el señor Daniel Gerardo Marranzino Fiscal de Cámara de la IVa. Nominación en contra del fallo del 14 de junio de 2004 dictado por la Sala Va. de la Cámara en lo Penal en base a la doctrina legal enunciada en el considerando. En consecuencia, los autos deberán ser remitidos a la Excma. Cámara a fin de que por intermedio de quien corresponda, continúe el proceso en la etapa pertinente.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA