Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-05-13


Expte. Nº 5989/12 "PACHECO Alicia Esther c/ Cornejo Julio José y otra - Daños y Perjuicios - Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a trece (13) días del mes de mayo del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Ángel Humberto Medina Palá, José Abel Soria Vega y Carlos Eduardo Balaguer, a fin de examinar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el codemandado señor Julio José Cornejo contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil doce, en autos Nº 11009 - 60592 caratulados: "Pacheco Alicia Esther c/ Cornejo Julio José y otra - Daños y Perjuicios".------------------------------------ --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJO:--------------------------------------------------- --- Mediante el recurso de inconstitucionalidad regulado por la ley 2275, viene resistida por uno de los demandados -el Dr. Julio José Cornejo- la interlocutoria dictada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería; en fecha 22/11/2012, cuya copia obra a fs. 54/58 de autos.------------------------ --- El decisorio que se impugna confirmó el rechazo -que venía de 1ª instancia- del incidente de nulidad de procedimiento deducido por dicho demandado, y que las instancias de mérito dieron curso y resolvieron como incidente de rescisión (art. 61 del C.P.C.). Ello, en el marco del juicio de daños y perjuicios interpuesto por la Sra. Alicia Esther Pacheco contra el Dr. Julio José Cornejo y la Provincia de San Juan; proceso en el cual el ahora recurrente fue declarado rebelde, al no presentarse a derecho luego de la citación de comparendo.----- --- Al no admitir el tribunal A Quo la apelación deducida por el nulidicente, quedó confirmada la interlocutoria -fs. 39/43- dictada en 1ª instancia en fecha 22/02/2012, que había rechazado la rescisión interpuesta en procura de obtener la nulidad de ciertas notificaciones practicadas durante el curso del proceso principal, como también, de las actuaciones que les sucedieron, inclusive las sentencias.------------------- --- De las copias adjuntas, surge que todas las notificaciones cuya nulidad se pretende, fueron diligenciadas en el domicilio de calle Güemes 1152 (N) de la ciudad de San Juan, en función de que el ahora recurrente lo denunció como su domicilio real al tiempo de comparecer -fs. 23- por ante el Primer Juzgado Correccional de San Juan, Tribunal que investigó el delito denunciado por la actora como cometido en su perjuicio; ilícito que originó en sede civil el juicio de daños y perjuicios en el que ahora se plantea el presente recurso extraordinario. Además de denunciado como real, dicho domicilio habría sido fijado -fs. 27 vta- por el hoy recurrente al solicitar su libertad provisoria, a los efectos previstos por la ley provincial 5929, denominada de excarcelación.

--- De la impugnación traída, surge que la queja principal consiste en la "omisión total" en que habría incurrido el A Quo, al no valorar cierta prueba documental -actuaciones de un juicio de desalojo- que acreditaría su posición en el sentido de que a las fechas de las notificaciones impugnadas, ya no se domiciliaba en el lugar en el cual se diligenciaron las cédulas respectivas. En definitiva, sostiene que el A Quo, "omitió tratar los agravios" que planteó, y que en virtud de ello, "directamente no hay sentencia". No se hace cargo del reproche de las instancias de mérito, en el sentido de que era carga procesal para su parte, el denunciar el cambio de domicilio que se invoca en el planteo de nulidad.------- --- Las notificaciones impugnadas se corresponden con: a) la de citación de comparendo al juicio civil, con traslado de la demanda y bajo apercibimiento de rebeldía, diligenciada el 18/05/04 (fs. 1 y 2); b) la que comunica la declaración de rebeldía del hoy recurrente, diligenciada el 05/11/04 (fs. 3); c) la de citación a absolver posiciones, diligenciada el 04/04/05 (fs. 04); y d) la que comunica la sentencia de 1ª instancia (fs. 06).------------------------------------- --- El recurso es encuadrado -fs. 64- en el inciso 3° del art. 11° de la ley 2275, porque el decisorio, según el impugnante, ". omite prueba agregada a la causa y alegaciones esenciales para la solución del litigio, aduce indicios inexistentes y se autocontradice con la jurisprudencia que cita (.) violando, en tal forma, los derechos de defensa y propiedad ."; garantizados por la Constitución Provincial y por la Nacional. En cuanto a su finalidad -fs. 64-, lo es que se anule la sentencia impugnada, y se dicte nuevo fallo por el tribunal al que corresponda intervenir, teniendo en cuenta la prueba y alegaciones omitidas.----------------------------------- --- Sintetizados los antecedentes del caso y la pretensión recursiva, corresponde expedirse sobre la viabilidad de esta última. Al estudio preliminar tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos requeridos por la ley 2275 para la apertura de la instancia extraordinaria, advierto incumplidos los recaudos formales que más adelante puntualizo, por lo que a mi entender, corresponde en esta oportunidad rechazar el remedio propuesto.-------------------------- --- En primer lugar, cabe considerar que la cuestión traída tiene por finalidad que se declare la nulidad de las ya referidas "notificaciones", y de "las actuaciones que les sucedieron", involucrando tal pretensión prácticamente a todo el procedimiento del juicio principal, posterior a la demanda, desde el mes de mayo de 2004 hasta el presente. También corresponde visualizar, que pese a no haber denominado el nulidicente a su planteo como de "rescisión" (art. 61 y ccs. del C.P.C.), éste ha sido el tratamiento que se le ha dado a la cuestión en las instancias de mérito, lo que ha sido consentido.---- --- Como cuestión liminar, he de considerar dos aspectos que en mi opinión, perjudican la pretensión recursiva:-- ---	A) Primero, cabe acotar que la nulidad pretendida involucra también -sin duda- a la otra parte codemandada (Provincia de San Juan), toda vez que no podría retrotraerse el procedimiento al estadio procesal que pretende el nulidicente, sin afectar sus derechos. Ello, porque de prosperar la nulidad peticionada, se vería modificada la situación procesal que dicha parte codemandada obtuvo en el proceso, sin que haya tenido ocasión de participar, opinar y sentar su posición sobre el punto.- --- De las actuaciones traídas como atinentes, no se advierte que se le haya dado intervención a la provincia en la incidencia de nulidad. No obstante ello, en virtud de la expresa disposición del art. 6° de la ley 2275, de admitirse formalmente el recurso, el mismo debería sustanciarse también con la provincia codemandada; que aún habiendo sido condenada en el pleito, podría ver todavía empeorada su situación por vía de una nueva sentencia, en el supuesto de que el proceso se anulara y debiera sustanciarse nuevamente, casi en forma íntegra. Adviértase el perjuicio que para ella podría producirse por el sólo transcurso del tiempo, frente a una eventual nueva tramitación casi íntegra del proceso, con la consiguiente onerosidad sobreviniente.------------------ --- Ello nos revela además, la falta de autosuficiencia del recurso. Adviértase que sólo se han presentado copias de la incidencia de nulidad (en forma incompleta, con los déficit que luego señalaré), como si no correspondiera además al Tribunal analizar otras actuaciones del juicio principal, vinculadas al posicionamiento procesal obtenido por la Provincia de San Juan, y sobre todo, en relación a las pretensiones contenidas en la demanda y a los alcances de la condena habida.------------ --- Véase que las copias que refieren a la condición de la Provincia como parte codemandada y condenada, son absolutamente exiguas. El Tribunal se entera de esta situación, porque la cédula de notificación -dirigida a Cornejo- obrante a fs. 6, así lo refiere. Pero de las actuaciones del principal, el recurrente no ha adjuntado copias de: a) la demanda; b) la contestación de demanda por parte de la provincia, si es que existe; c) las sentencias que se pretenden ejecutar, recaídas en 1ª y 2ª instancia, sobre la cuestión principal, y d) la eventual apelación y consecuente expresión de agravios que debería existir por parte de la provincia codemandada, si tenemos en cuenta la obligación de apelar que en las instancias ordinarias impone a los apoderados el art. 157 de la ley 2150. Por lo antes expuesto, esto se traduce en mi opinión, en falta de autoabastecimiento del recurso.------------------------- --- Y de las actuaciones del proceso penal, vinculadas con lo discutido en el incidente de nulidad, tanto por lo que expone la actora a fs. 48/53 -especialmente a fs. 50 y vta-, como por las expresiones de los jueces de ambas instancias de mérito, que reprochan al nulidicente su silencio, al no denunciar el supuesto cambio de domicilio real, después alegado; no se han traído copias de: a) el acta de libertad provisoria referida por la actora a fs. 50 in fine, por el cual el demandado "fijó" como domicilio real -a los efectos previstos por la ley 6959- el lugar en el cual se efectuaron las notificaciones que ahora impugna; b) la notificación a Cornejo a comparecer al juicio penal, referida por el propio recurrente a fs. 25, acaecida en la misma época (mayo de 2004) en que paralelamente, se diligenciaba la notificación de comparendo al juicio civil (mayo de 2004, fs. 1 y 2 de autos), cuya nulidad ahora se pretende. c) A su vez, la copia -fs. 24- que se adjunta del "pedido de elevación a juicio" por parte de la Fiscalía Correccional N° 2, está incompleta y carece de fecha. En este requerimiento de la Fiscalía Correccional (que debería ser de fecha cercana a la iniciación del juicio penal), se lo refiere -a Cornejo, ver fs. 24- como domiciliado en el lugar que el imputado ahora niega, sin que exista rectificación alguna en su presentación posterior -fs. 25- al comparecer al juicio penal.---------------------------------------- --- En consecuencia, el Tribunal está impedido de conocer y de analizar, en el estudio previo al otorgamiento o no de la admisión formal: 1) en qué términos fueron demandados tanto el Dr. Cornejo como la Provincia de San Juan, 2) cuáles fueron los factores de atribución de responsabilidad para cada uno de los litisconsortes pasivos, 3) ergo, si la solidaridad de la condena le permite o no a la Provincia repetir de Cornejo lo que eventualmente pudiera llegar a pagar, 4) si de acuerdo a lo peticionado en la sentencia, existe posibilidad de que la Provincia pudiera ser condenada -en un nuevo fallo- por un monto mayor de capital que la condena ya recaída, o con una tasa de interés mayor que la que surge de fs. 6 (ley 6434, tasa pasiva), etc. 5) cuáles han sido los términos de la condena. 6) analizar debidamente si existió o no violación a la ley procesal penal por parte de Cornejo, al no denunciar al juez penal su ahora alegado cambio de domicilio real, respecto del que habría "fijado" a los efectos previstos por los arts. 9 y 11 de la ley 6959. 7) de haber existido tal violación, establecer cuáles serían sus efectos sobre las diligencias cuestionadas, desarrolladas en el proceso civil, y en su caso, si corresponde responsabilizar a Cornejo por tal supuesta omisión, toda vez que con su ocultamiento, habría "contribuido" a que las notificaciones impugnadas se diligenciaran en el lugar que se ha referido. Y cabe aquí recordar, que uno de los principios que enuncian los presupuestos de las nulidades procesales, lo es el de "protección", que postula como condición esencial para declarar la nulidad, que el vicio emane del órgano jurisdiccional o de la parte contraria, esto es, no podrá declararse cuando el propio nulidicente haya producido o contribuido a producir el defecto.---------- --- B) Conforme lo que he venido refiriendo, se visualiza además como otro déficit formal del recurso, una insuficiencia en el certificado que prevé el art. 3° inc. 2° de la ley 2275, que para nada menciona como parte a la Provincia de San Juan, ni a quién la ha representado en el juicio, ni cuál es el domicilio que ha constituido. Porque por las circunstancias recién apuntadas y en virtud de lo prescripto por el art. 6° de la ley 2275, resulta necesario al Tribunal conocer la posición y opinión de la Provincia, a favor o en contra de la anulación de las actuaciones procesales solicitada por el recurrente.-------------------------------------- --- Soy de opinión entonces que de abrirse el recurso, la Corte debería escuchar también a la defensa técnica de la Provincia, toda vez que el retrotraer el procedimiento hasta el traslado de la demanda, afecta su posicionamiento en el juicio. Lo que no resulta posible, por la insuficiencia del certificado.------------------- --- En conclusión, considero que existe como déficit formal en el recurso, por una parte, la insuficiencia del certificado que exige el art. 3° inc. 2° de la ley 2275; y por otra, la falta de autoabastecimiento, en violación al art. 4° último párrafo de la misma norma (texto según ley 6846/97).------------------------------ --- Sobre las constancias de tal certificación, tiene dicho en reiteradas oportunidades esta Corte que si el recurrente no fue diligente en verificar los datos consignados en el certificado que acompaña a su recurso, el Tribunal no puede sustituir tal falta de diligencia. Ello sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda caber al actuario interviniente por la deficiente o errónea consignación de los datos plasmados en la certificación aludida, que en manera alguna justifica la falta de diligencia del recurrente, quien debió verificar los datos consignados en el certificado a que se ha hecho mención, y que el Tribunal no puede sustituir tal falta de diligencia sin afectar el derecho de la contraria (P.R.E. S.1ª 1989-I-70; P.R.E. S.2ª 1991-I-38; P.R.E. S.2ª 1993-III-169; P.R.E. S.1ª 2002-I-1; P.R.E. S.1ª 2003-I-24; P.R.E. S.1ª 2003-I-58; P.R.E. S.1ª 2010-I-162; P.R.E. S.1ª 2008-III-528).------------- --- Y en relación a la autosuficiencia del escrito recursivo, se ha dicho: "El recurso debe bastarse a sí mismo, y ello no ocurre cuando no se acompaña copia de la demanda, contestación, expresión de agravios o piezas del proceso atinentes al vicio que se imputa, para verificar, prima facie, la existencia del mismo, sin que el Tribunal tenga que acudir a otros elementos de juicio". (P.R.E. S.1ª 2007-III-560; III-526; III-440; I-100; I-110; S.1ª 2006-I-132; II-230; S.1ª 2004-III-481; S.1ª 2003-III-479; S.1ª 2000-I-37; S.1ª 1991-I-86; S.1ª 1989-I-96, 132; P.R.E. S.2ª 2007-I-72; S.2ª 2005-III-455; III-486; III-496; S.2ª 1988-I-43).----------------- --- También aparece incumplida, en mi opinión, la exigencia prevista en el art. 12° de la ley 2275, en el sentido de introducir el recurrente temporáneamente y en debida forma la cuestión constitucional. Ello resulta ser así, toda vez que por la propia índole de la cuestión incidental planteada, esto es, la nulidad de varias notificaciones vinculadas al debido comparendo del demandado al juicio, y también, de las "actuaciones que le sucedieron", es decir, de todo el trámite procedimental del juicio posterior al traslado de la demanda; se imponía que el planteo de la cuestión constitucional fuera formulado desde el mismo momento de la demanda incidental que pretendió poner en funcionamiento el mecanismo que la ley procesal prevé para anular el procedimiento seguido supuestamente en forma irregular.--------------- --- Y de conformidad al escrito de fs. 16/18 titulado "nulidad de procedimiento", en ninguna parte el ahora recurrente introduce la cuestión constitucional como un planteo o tema concreto, propuesto para ser resuelto por la instancia de mérito ante la cual se formula la pretensión de anulación de gran parte del procedimiento. La escueta mención del nulidicente -a fs. 18- en el sentido de que se cumpla el principio de la "bilateralidad del proceso en que se sostiene la garantía constitucional del derecho de defensa", no constituye en mi opinión, introducción de la cuestión constitucional, en relación a una determinada y concreta hipótesis de lesión constitucional. Adviértase que recién al fundar la apelación contra la interlocutoria que rechazó la rescisión, se formula por el nulidicente una "reserva" (punto 6, fs. 47) vinculada a eventuales lesiones constitucionales. Si bien esta Corte ha considerado que la sola reserva es insuficiente, en la hipótesis de que se considerara que tal reserva constituye efectivamente un planteo constitucional, el mismo aparecería como tardío, al no haber sido puesto a consideración -en lo pertinente- del magistrado que resolvió en primera instancia.----------- --- Sobre el punto, ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación que "la introducción de la cuestión constitucional debe hacerse en la primera oportunidad posible"; que son previsibles, tanto el acogimiento como el rechazo de las pretensiones de las partes; y que esa previsibilidad obliga al planteo de las defensas pertinentes, incluso las cuestiones federales que aquella hipótesis autoriza a deducir en las distintas alternativas. La arbitrariedad "sorpresiva" (aquélla que surge de la propia sentencia), es imprevisible, pero la "sugerida", debe preverse, dando una adecuada respuesta al planteo de la contraria. (conf. Fallos 307-2080; 302-938; P.R.E. S.2ª 1997-I-59; S.1ª 1996-I-124; S.2ª 1995- I-159; S.2ª 1994-III-73; S.1ª 1993-I-58).--------------- --- Lo antes expuesto, pone en evidencia la equívoca e insuficiente argumentación expresada por el recurrente a fs. 62 in fine y vta., cuando pretende que: ". no he consentido sus vicios pues alegué la violación de los derechos de defensa y propiedad (arts. 17 y 18 CN) al expresar agravios y reservar los recursos de las leyes 2275 y 49 art. 14 (fs. 540), y se trata también de omisiones de prueba y alegaciones en la sentencia recurrida, por eso imprevisibles .".-------------------- --- Sobre esta temática, tiene dicho el Tribunal: ". No se puede entrar a considerar ni decidir sobre articulaciones, que pudiendo serlo, no han sido sometidas a las instancias de mérito, pues caso contrario, se estaría resolviendo en forma originaria el planteo, desvirtuándose así la naturaleza de esta jurisdicción ." (P.R.E. S.2ª 1998-III-418/421; idem 1994-II-145/148, etc.). Y también: ". Las cuestiones que no hayan sido oportunamente deducidas en las instancias ordinarias del proceso, no pueden ser eficazmente planteadas ante esta Corte, salvo los supuestos expresamente contemplados por la ley, en los que se determina el estricto marco de la competencia originaria de este Tribunal ." (P.R.E. S.1ª 2008-II-201; I-52; S.1ª 2001-I-321; S.1ª 2000-III-506; I-13). Además: ". Aparece así que los agravios que el recurrente argumenta como cuestión constitucional ante la Corte, no han sido objeto de pronunciamiento válido por el Tribunal de grado, y ello se ha debido al arbitrio del ahora quejoso que no introdujo aquella cuestión oportunamente ante la instancia apelatoria, ni acredita porqué no pudo ser prevista y deducida en tiempo .". (P.R.E. 1981-I-13).--- --- Resulta entonces de aplicación al caso la doctrina según la cual "resulta tardía la invocación de la pretendida arbitrariedad del fallo de segunda instancia para fundar en ella el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, cuando dicho pronunciamiento es confirmatorio del dictado en primera instancia y éste a su vez fue susceptible de la misma objeción" (Conf. Podetti: "Tratado de los Recursos", pag. 371). (P.R.E. 1981-I-13).-------------------------------------------- --- Lo dicho resulta determinante para la suerte del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, pues tal omisión conduce indefectiblemente a la declaración de su inadmisibilidad formal. Por lo precedentemente expuesto, no corresponde otra solución que la desestimación en esta oportunidad del remedio articulado. Así lo voto.--- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJERON:----------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.----------------------- --- II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada.--------------------------------------------- --- III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Ángel Humberto Medina Palá, José Abel Soria Vega y Carlos Eduardo Balaguer. Ante mí: Hugo Alberto Fornés, Secretario Letrado.- Df-5989 E.B.T.

P.R.E. S.1ª 2013-II-221.