Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-30


SENT. DEF. Nº: 21423	EXPTE. Nº: 333/ 10 (31.734) JUZGADO Nº: 52	SALA X AUTOS: "AGÜERO CRISTIAN MIGUEL C/ MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL" Buenos Aires,30/08/2013	El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que contra el pronunciamiento de fs. 275/279 interpuso el actor a tenor del memorial obrante a fs. 283/287, el cual mereció la réplica respectiva (ver fs. 302/308vta.). La parte también apela los honorarios regulados a su representación letrada por entenderlos reducidos (ver fs. 286vta., pto. 4.3).

2º) El apelante argumenta que del peritaje médico practicado surge que es portador de un cuadro de reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva grado II que tiene relación directa con el accidente sufrido, pese a lo cual el magistrado que me precede rechazó el reclamo por daño psíquico. Por ello solicita se eleve el grado de incapacidad determinado en el fallo (del 8% correspondiente al daño físico) adicionándole un 10% en concepto de incapacidad psíquica conforme el mismo peritaje médico.

La queja vertida en este aspecto no posibilita revertir lo resuelto en grado en la medida en que el recurrente se limita a discrepar con el fallo de primera instancia sin hacerse cargo de los fundamentos vertidos por el "a quo" para desestimar la indemnización pretendida con fundamento en el daño psíquico invocado.

De la lectura del fallo surge que el juez que me ha precedido determinó que ".el juicio de causalidad sobre la base del informe pericial es siempre jurídico." y así concluyó que ". no existe elemento alguno que permita ni siquiera inferir que la dolencia psíquica que porta revista el carácter de permanente y que el accidente sufrido hubiese actuado como causal eficiente en la patología que porta." (ver fs. 278, párrafos tercero y cuarto), argumentos que no lucen rebatidos eficazmente por el apelante.	En esos términos, memoro que la vinculación causal y/o concausal son conceptos pertenecientes a la órbita de la ciencia jurídica y no de la médica aun cuando se requiera el conocimiento científico-técnico de la medicina por el cual se convoca a los médicos como auxiliares de justicia, pero es atribución de los jueces, evaluadas las circunstancias de cada caso concreto, la determinación y alcance de dicho nexo.

En este contexto -y como bien se argumentó en el fallo atacado- las pericias de los auxiliares de justicia no resultan vinculantes para los magistrados y la apreciación de estos dictámenes (de conformidad con las reglas de la sana crítica) es facultad de los jueces, que tienen respecto de este tipo de prueba las mismas atribuciones que para el análisis de las restantes medidas probatorias, pudiendo hacerlo con la latitud que le adjudica la ley (ver S.D. Nº 21.243 de esta Sala X del 31/07/2013 en los autos "López, Fernando c/Mapfre Argentina A.R.T. S.A. s/accidente - ley especial", entre muchas otras).

En definitiva, para determinar el carácter indemnizable de las dolencias psíquicas, no basta con tal comprobación por parte del perito médico, sino que era necesario aportar pruebas -reitero- que demostraran el nexo causal de aquellas con el evento dañoso, extremo del cual no existen constancias en el pleito (art. 377 del C.P.C.C.N.), por lo que no cabe sino confirmar en este aspecto el fallo de grado.

3º) El apelante también se agravia en virtud de que para determinar el monto resarcitorio de condena el magistrado que me precede realizó el cálculo previsto por el art. 14 de la L.R.T. sin aplicar las modificaciones que a ese ordenamiento fijó la ley 26.773.	Se encuentra fuera de discusión que la primera manifestación invalidante del actor se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley 26.773 (06/10/2009 y 26/10/2012 -fecha de su publicación en el Boletín Oficial- , respectivamente), extremo que resulta decisivo para resolver si corresponde aplicar o no retroactivamente los beneficios del nuevo régimen normativo al caso de autos.

Cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso de aristas similares ("Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/accidente-acción civil" -C.S.J.N., L. 515, L.XLIII, del 17/8/10), se expidió en contra de la aplicación retroactiva del decreto reglamentario 1.278/00, el cual otorgaba mayores beneficios en las prestaciones adicionales contempladas por la ley 24.557. Si bien el criterio apuntado difiere del que fuera sostenido por esta sala X en anteriores pronunciamientos, razones de economía procesal imponen el deber de acatar esta doctrina (ver S.D. Nº 19.279 del 20/12/2011 "in re" Vizcarra, Raúl c/Mapfre Argentina A.R.T. S.A. y otro s/acción de amparo", en la cual por los argumentos apuntados se desestimó la aplicación retroactiva del decreto 1.694/09).

Con la única finalidad de abundar remarco que la ley 26.773 establece que "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha" (art. 17, inc. 5º, el subrayado me pertenece), supuesto que -como señalé en forma precedente- no acontece en el presente caso.

Propicio, pues, desatender los agravios en el aspecto así considerado.

4º) El actor cuestiona los honorarios que le fueron regulados a su letrado por considerarlos bajos. Pero la parte no se encuentra legitimada para criticar los emolumentos de su abogado, debiendo comparecer este personalmente y por su propio derecho a tales fines.

Sugiero imponer las costas de alzada a la demandada (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.), regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes por el actor y demandada en el 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por la actuación profesional en la anterior instancia (art. 14, ley arancelaria).

Voto, en consecuencia, por: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 2) Costas de alzada a la demandada (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.). 3) Regular los honorarios de la representación letrada del actor y demandada por su actuación en esta instancia en el 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia (art.14 ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:	Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 2) Costas de alzada a la demandada y regular los honorarios de la representación letrada del actor y demandada por su actuación en esta instancia en el 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia. 3) Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.