Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26


BANCO DE SANTA FE SAPEM contra RICHIGER S.A. Reg.: A y S t 197 p 178-180.

Santa Fe, 26 de mayo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. contra la resolución de fecha 28 de febrero de 2002, dictada por el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Número Diez de esta ciudad, en autos: "INCIDENTE DE APREMIO por Cobro de Aportes promovido por Caja Forense Primera Circunscripción Judicial en BANCO DE SANTA FE SAPEM c. RICHIGER S.A. - Ejecución Prendaria- Expte. 138/86 (Expte. 357/98)" (Expte. C.S.J. nro. 72, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que en el juicio de apremio iniciado por la Caja Forense de la Primera Circunscripción Judicial contra el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M., por sentencia de fecha 28 de febrero de 2002, el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Número Diez de esta ciudad, resolvió rechazar las defensas opuestas por el accionado -nulidad de la ejecución e inhabilidad de título- y, en consecuencia, ordenar llevar adelante la ejecución hasta que el acreedor se haga íntegro cobro del capital reclamado con más sus intereses, con costas.

Contra dicho decisorio, interpuso la entidad bancaria recurso de inconstitucionalidad endilgándole adolecer de los siguientes vicios que lo tornan nulo:

a) Manifiesto apartamiento de jurisprudencia específica, puntual y de ineludible referencia al caso concreto: el caso "Tecsa" dictado por esta Corte provincial.

En ese sentido, entendió el recurrente que el magistrado interpretó en forma incorrecta el mencionado antecedente, toda vez que en él la Corte al analizar la expresión "obligado al pago" oportunamente señaló que "...la norma coloca en su contenido un mandato abstracto, partiendo de una hipótesis genérica de que hay un obligado al pago de honorarios, y cuando se trata de honorarios judiciales, este obligado es, conforme al sistema procesal, el condenado en costas...", situación, expresó el quejoso, que no es la correspondiente al caso de autos, en tanto el Banco no fue condenado en costas;

b) Desinterpretación irrazonable del artículo 250 del C.P.C.C.

Señaló que, si bien la regla general que establece esta norma es que "cada litigante debe satisfacer las costas causadas a su instancia y la parte que le corresponda en las comunes", no establece una situación simétrica a la condena en costas.

Expresó que cuando no se da ninguna de las hipótesis del artículo 251 y las costas se declaran en el orden causado, no hay propiamente condena en costas ya que, explicó, el término costas "...importa condena a la contraparte a asumir, como consecuencia del proceso, los gastos que éste genere...".

En consecuencia, interpretó que el mencionado artículo 250 no condena en costas, sino que "...otorga acción al profesional contra su propio cliente, magüer del cobro directo al, ahora sí, condenado en costas, a tenor del art. 260...".

En ese orden, señaló que, dado que en el presente caso nunca se devengaron honorarios a favor del profesional que lo representa -porque su parte no es en rigor "cliente" y además el letrado percibe un sueldo por su tarea profesional- no hay "condena en costas" u "obligado al pago", es decir, no hay propiamente costas y menos acción para reclamar el cumplimiento o pago de honorarios contra el empleador, por lo que, considera el recurrente que "...no puede suponerse que nazca, en cabeza de ese propio empleador, la obligación 'ex lege' de realizar aportes a un tercero (la Caja Forense)...";

c) Apartamiento del texto expreso de la ley.

Concluyó en este aspecto que la remisión efectuada por el sentenciante al artículo 29 de la ley 10.436 (modificatoria de la ley 6.930) por el cual se faculta a la Caja Forense para subrogarse en los derechos del profesional contra el obligado al pago de los honorarios, no sustenta el decisorio impugnado en tanto, y como expresó, el concepto de obligado al pago debe relacionarse con la condena en costas y no es este el supuesto de autos;

d) Enriquecimiento sin causa por parte del letrado en relación de dependencia.

Arbitrario cobro indirecto de honorarios judiciales.

Alegó el compareciente que el letrado recibe el 70% del 55% del monto, y ello constituye un verdadero enriquecimiento sin causa mediante un emolumento distinto de su sueldo, con cargo al Banco que ha representado, y ello por más que gramaticalmente la ley defina como "fondo" al monto que integra el artículo 6 inciso a) que se distribuye.

Agregó que tal circunstancia se encuentra fuera de la "premisa mayor inarticulada" definida por esta Corte in re "Tecsa" y que fue receptada por el a quo al decir que "...la Provincia creó el régimen de jubilaciones y pensiones para abogados y procuradores, y sería incomprensible que a su vez se mantuviese al margen de su sostén o financiación...", como así también fuera de los fines de la Caja Forense al proponer "...extender a los abogados y procuradores los beneficios de la seguridad social y cooperación mutua, en función de auxiliares de la justicia...".

Ello así, entendió que el reintegro individual no responde a ninguno de estos dos parámetros, desde que no contribuye al sostén o financiación de la Caja (que nada recibe de este monto) y menos puede relacionarse ello con los beneficios de seguridad social y cooperación mutua;

e) Prescindencia del texto legal aplicable al caso concreto.

Dijo el recurrente que la sentencia omitió aplicar la ley 11.790, por la cual se incorporó el artículo 4 bis a la ley 4.949 que textualmente establece "El Estado provincial, Administración Pública centralizada o descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria, cualquiera sea la forma jurídica bajo la que actúen, no pagarán el aporte establecido en el artículo precedente por la actuación de los abogados y procuradores que los representan o patrocinen.

Por cada afiliado que los haya representado o patrocinado en el año en causa judicial, el Estado provincial y los entes referidos, pagarán única y anualmente a la Caja una suma equivalente al saldo faltante para integrar el promedio anual de aportes por titular activo, por cada profesional que los haya representado o patrocinado en el año...".

El Magistrado interviniente denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por lo que acudió el recurrente en vía directa ante esta Corte insistiendo con las causales de arbitrariedad invocadas y, por ende, con la anulación de la sentencia que impugna.

2. Sabido es que, en principio, los procesos de apremio se cierran con una sentencia que, como en el sub lite y conforme lo prevé el artículo 483 del C.P.C.C. abre las puertas de un juicio declarativo posterior, por lo que aquélla no revestiría la calidad de definitiva.

Mas, cabe precisar que este enunciado no es absoluto desde que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 509 del mismo Código, el demandado perdidoso no puede acudir a los remedios ordinarios de impugnación, a lo que se suma que tampoco le será posible renovar la discusión en ese nuevo juicio respecto de las excepciones y defensas procesales en todo lo que se haya deducido, sustanciado y decidido en aquél sin limitación de prueba (A. y S. T. 145, pág. 96; T. 153, pág. 160), por lo que el obstáculo formal señalado queda así superado.

3. Sentado ello, y toda vez que la postulación del recurrente -desde la apreciación mínima y provisoria que corresponde a este estadio- cuenta prima facie con suficiente asidero en las constancias de la causa y supone articular con seriedad un planteo que exige examinar, con los principales a la vista, si la sentencia reúne o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial, no cabe sino concluir que la misma resulta idónea para franquear el remedio extraordinario.

Por estas razones, y sin que tal conclusión implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad.

Ordenar la devolución del depósito efectuado por la recurrente.

Disponer que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)