Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-03-03


SENTENCIA NÚMERO: SIETE En la ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de marzo de dos mil cuatro, siendo las once y treinta horas, se reúnen en Acuerdo Público los Señores Vocales integrantes de la Sala Contencioso Administrativa del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Doctores Hugo Alfredo Lafranconi, Aída Lucía Teresa Tarditti y María Esther Cafure de Battistelli, bajo la Presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: "CARRAZÁN, EDUARDO A. Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA PLENA JURISDICCIÓN RECURSOS DE CASACIÓN" (Expte. Letra "C", N° 05, iniciado el veintiuno de julio de dos mil tres), con motivo de los recursos de casación deducidos por la Doctora Sara Mercedes Costa por derecho propio y la parte actora (fs. 534/540 y 543/548, respectivamente), en contra del Auto Número Ochenta y seis, dictado por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, el veintitrés de abril de dos mil tres (fs. 527/533vta.), mediante el cual, se resolvió: "Regular los honorarios profesionales de la Dra. Sara Mercedes Costa, por las tareas efectuadas en los presentes autos, en la suma de pesos doce mil novecientos dieciocho con noventa y seis ($12.918,96), en su condición de monotributista ante el I.V.A., debiendo abonar Eduardo Carrazán la suma de pesos tres mil once con setenta y tres centavos ($3.011,73); Juan C. Loza Ferreyra la suma de pesos dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con doce centavos (2.464,12); Marta Comelli la suma de pesos tres mil cuarenta con noventa y un centavos ($3.040,91) ; María L. Febre Lanza la suma de pesos un mil novecientos treinta y ocho con ocho centavos ($1.938,08) y Mercedes del V. Muñoz la suma de pesos dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con doce centavos ($2.464,12)... (sic., fs. 533/533vta.).

Seguidamente se fijan las cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes los recursos de casación deducidos?.

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde?.

Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Señores Vocales votan en el siguiente orden: Doctores Hugo Alfredo Lafranconi, María Esther Cafure de Battistelli y Aída Lucía Teresa Tarditti.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES HUGO ALFREDO LAFRANCONI Y MARIA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, DIJERON:

1. A fs. 534/540 y 543/548, respectivamente, la Doctora Sara Mercedes Costa, por derecho propio, incidentista con fundamento en la causal prevista en los incisos a y b del artículo 45 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo y la parte actora incidentada, con basamento en los motivos establecidos en el inciso "a" de la citada norma, deducen recursos de casación en contra del Auto Número Ochenta y seis dictado por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el veintitrés de abril de dos mil tres (fs. 527/533vta.), los cuales fueron concedidos mediante el Auto Número Ciento ochenta y dos de fecha veinte de junio de dos mil tres (fs. 554/557vta.).

2. En aquella sede el procedimiento fue sustanciado con la intervención de ambas partes, quienes a fs. 543/548 y 550/553vta. incidentada e incidentista, respectivamente evacuaron los traslados corridos a fs. 541 y 549, solicitando por las razones que allí expresan, se rechace el recurso de casación articulado por la contraria.

3. A fs. 559 se elevó la causa a este Tribunal, dictándose el decreto de autos a fs. 561, el que firme (fs. 562), deja la misma en estado de ser resuelta.

4. RECURSO DE LA DOCTORA SARA MERCEDES COSTA POR DERECHO PROPIO.

4.1. Con sustento en el motivo formal de casación (art. 45 inc. "b", C.P.C.A), la recurrente expresa que la Sentenciante incurrió en un quebrantamiento de las formas sustanciales establecidas para el procedimiento o la sentencia.

Entiende que el razonamiento de la Cámara aquo resulta erróneo, quebranta las normas del silogismo y conduce al resultado disvalioso de suprimir una prueba esencial para la determinación de la base económica, como es el informe del Perito Oficial. Ello por cuanto la misma está dada por el valor del crédito y sus intereses o de los bienes motivo de la demanda como dispone el artículo 29 de la Ley Arancelaria.

Alega que si a los fines de decidir sobre la procedencia o no de la pretensión deducida por la parte actora, la Judex aquo consideró que la pericia estaba equivocada, lo que sostiene no significa necesariamente que también lo sea a un propósito distinto cual es el de cuantificar la pretensión de los actores con absoluta independencia de que la misma haya sido acogida o no en la sentencia.

Aduce que una cosa es la admisión o rechazo de la demanda y otra es determinar la base económica resultante o contenida en la misma.

Refiere que en la causa principal la Sentenciante debió decidir sobre la procedencia o no de la acción y, para ello, correctamente descalificó un informe pericial que se basaba en los mismos fundamentos erróneos en que estaba fundada la demanda, pero entiende que aquí cobra importancia dicha pericia.

Manifiesta que la resolución atacada incurre también en la causal casatoria esgrimida en tanto omitió considerar pruebas que son dirimentes y que de haber sido valoradas se hubiera acogido el reclamo formulado. Explica que se trata de cuantificar el contenido económico de la pretensión deducida por la parte actora, por lo que a tal fin resultan relevantes los escritos presentados por la misma durante la tramitación del juicio con referencia concreta a su pretensión económica.

Apunta que la actora como titular de la acción deducida es quien mejor interpretó el contenido pecuniario que ella le otorgó. Opina que estos escritos incorporados al juicio no fueron valorados por la Juzgadora.

Resalta que se refiere concretamente al alegato obrante a fs. 260/267 en el que la parte actora hizo expresa mención de la pericia oficial, considerándola técnicamente correcta y favorable a su pretensión.

Expone que resulta aplicable en la especie la teoría de los actos propios, ya que el titular de la acción ejercida reconoció que la pericia oficial es la que mejor representa su pretensión económica. Añade que no es lógico que durante el juicio haya sostenido que dicha pericia se adecua a su pretensión y que luego la desconozca cuando se trata de determinar la base regulatoria.

Indica que el perito de la parte actora también avaló la pericia oficial, lo que constituye un elemento más demostrativo de cuál es la pretensión deducida en la demanda.

Establece que el fallo impugnado también incurrió en una falta de motivación suficiente cuando tomó como referente de la base económica al informe del Departamento de Actuaciones Judiciales de fs. 493/509, considerando que el mismo era imparcial y reflejaba con mayor precisión la pretensión de la actora y por ende el valor del juicio.

Sostiene que el defecto de fundamentación en este punto resulta evidente si se tiene en cuenta que en primer lugar a fs. 520/524 se opuso a dicho informe técnico sosteniendo que el mismo no dio razones de las cifras consignadas; y en segundo término, que éste no satisfacía los requisitos mínimos para ser considerado idóneo atento que reprodujo los montos dados en juicio por el Perito de Control de la demandada, sin efectuar ningún tipo de análisis ni de evaluación contable.

Pone de manifiesto que ninguno de estos aspectos fueron debidamente analizados por la Sentenciante quien se limitó a asignarle relevancia a dicho informe sin dar razones para ello.

4.2. Con fundamento en el motivo sustancial de casación (art. 45 inc. "a", Ley 7182), afirma que el Tribunal aquo efectuó una errónea aplicación del artículo 29 inciso 2 de la Ley 8226.

Acota que dicha norma establece que la base regulatoria será el valor del crédito y sus intereses o los bienes motivo de la demanda, en caso de que esta fuese totalmente rechazada en la sentencia.

Considera que si bien la Juzgadora lo señaló así en los primeros considerandos del Auto regulatorio, al momento de determinar la base se apartó de lo que es el contenido económico de la demanda.

Insiste en que el monto de la pretensión de la demandada está reflejado por la pericia oficial, lo que admite la actora en su alegato.

Contrasta que no obstante ello se tomaron en cuenta los montos expuestos en el informe del Perito del Departamento de Actuaciones Judiciales, los que son una mera transcripción de los contenidos en el informe del Perito de Control de la demandada.

Estima que estos montos no fueron pretendidos por los actores en concepto de adicional por permanencia en la categoría que reclamaban, sino que son indicativos de los importes que hubieran correspondido en la hipótesis de que se les hubiera reconocido en la sentencia el derecho a cobrar el adicional.

Distingue la liquidación de dicho adicional según pretendían los actores y que resulta de la pericia conjunta del Perito Oficial y de Control, de la que se hubiere aprobado si la sentencia hubiese sido favorable.

Interpreta que la primera constituye la base regulatoria porque tiene como referencia la demanda según lo dispone el artículo 29 inciso 2 de la Ley 8226.

Expresa que carece de apoyatura la afirmación del último párrafo del considerando "8" (fs. 533) del Auto recurrido, cuando se refiere a que la situación de los actores empleados de la Municipalidad demandada incide razonablemente en la determinación del porcentaje de la escala del artículo 34 ib..

Argumenta que se trata de personal que ocupa cargos que se encuentran en la cima de la carrera administrativa y que, por lo tanto, perciben los sueldos más altos del escalafón. Añade que son profesionales y no se puede presumir que no tienen capacidad económica para afrontar los honorarios correspondientes desde que no han ofrecido ninguna prueba que demuestre que no cuentan con otros ingresos, carga procesal que corría por cuenta de los actores si querían prevalerse de ese argumento.

Concluye destacando que la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación mediante el Auto Número Trece de fecha tres de marzo de dos mil tres en autos Zimmer, Ana María y otros c/... , de idénticas características al presente, sin dejar de ponderar la posición económica y social de la parte obligada al pago, estableció un porcentaje del dieciocho coma cinco por ciento (18,5%) teniendo en cuenta la novedad jurídica del tema tratado que no registraba precedentes jurisprudenciales, en el cual cabe valorar el grado de complejidad de las cuestiones planteadas y la labor cumplida por la letrada beneficiaria en todas las etapas del juicio .

Hace reserva del caso federal (art. 14, Ley 48).

5. RECURSO DE LA PARTE ACTORA.

Con sustento en el motivo sustancial de casación (art. 45 inc. "a", Ley 7182), la recurrente expone los siguientes agravios.

Manifiesta que se agravia, en primer lugar, porque solicitó se regulara el mínimo de la escala en virtud de ser los condenados en costas empleados municipales. Señala que son públicos y notorios los bajos sueldos que perciben los agentes de la Administración no obstante lo cual la Cámara aquo rechazó su petición sin expresión de causa, fijando los honorarios en un monto superior al mínimo.

Aduce que se incurrió en una errónea aplicación del artículo 36 inciso 8 de la Ley 8226, estimando que el monto de los honorarios hubiese sido inferior si ello no hubiere acontecido.

Apunta que se agravia en segundo lugar porque la base económica tenida en cuenta Pesos Ciento cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con cinco centavos ($143.544,05, fs. 532vta.) es superior a la que hubiera correspondido si se hubiesen descontado los aportes a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y al Instituto Provincial de Asistencia Médica (I.P.A.M.), como indicó al contestar el incidente de regulación de honorarios a fs. 480.

Interpreta que al ser menor el monto que constituye la base a tener en cuenta para realizar las operaciones aritméticas correspondientes, hubiese sido inferior la cantidad de pesos regulados en concepto de honorarios profesionales.

Recalca que al partirse de un error, la conclusión también fue desacertada y por ello el monto regulado es superior al que hubiere correspondido.

Solicita que se haga lugar al recurso de casación incoado y se disminuya la base económica tenida en cuenta para la regulación de honorarios, así como el porcentaje de la escala del artículo 34 de la Ley 8226 y se aminoren también los honorarios regulados a la Doctora Sara Mercedes Costa.

Hace reserva del caso federal (art. 14, Ley 48).

6. Los recursos de casación planteados por las partes han sido deducidos en tiempo oportuno, en contra de una resolución taxativamente establecida como recurrible y por quienes se encuentran procesalmente legitimados a tal efecto (arts. 115, Ley 8226; 45, Ley 7182 y 385, C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13, C.P.C.A.).

Por ello, se impone examinar si las vías impugnativas intentadas satisfacen las demás exigencias legales atinentes a su procedencia formal y sustancial.

7. Mediante el pronunciamiento recaído en autos, el Tribunal de Mérito reguló los honorarios de la apoderada de la parte demandada en el juicio principal Doctora Sara Mercedes Costa, en la suma de Pesos Doce mil novecientos dieciocho con noventa y seis centavos ($12.918,96), por los trabajos profesionales efectuados en primera instancia, debiendo abonar el Señor Eduardo Carrazán la suma de Pesos Tres mil once con setenta y tres centavos ($3.011,73), el Señor Juan Carlos Loza Ferreyra la suma de Pesos Dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con doce centavos ($2.464,12), la Señora Marta Comelli la suma de Pesos Tres mil cuarenta con noventa y un centavos ($3.040,91), la Señora María L. Febre Lanza la suma de Pesos Un mil novecientos treinta y ocho con ocho centavos ($1.938,08) y la Señora Mercedes del V. Muñoz la suma de Pesos Dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con doce centavos ($2.464,12), todo ello en virtud de lo prescripto en los artículos 13, 25, 25 bis, 29 inciso "2", 30 inciso "4", 34, 36 y 92 de la Ley 8226.

Para así resolver, la Cámara aquo desarrolló las siguientes premisas en sustento de sus conclusiones:

a) La demanda no precisa montos dinerarios sino conceptos (adicional de que se trata) y lapsos temporales, difiriendo su cuantificación al procedimiento previo de la ejecución de la sentencia. Los límites del reclamo y la forma en que se propuso fueron aceptados implícitamente por la accionada, quien no opuso excepción de defecto legal ni realizó planteo alguno tendiente a la determinación liminar del monto dinerario pretendido (cfr. fs. 529vta./530);

b) La actividad procesal de ambas partes impide que en esta causa se cuente inicialmente con una cantidad referencial que permita la aplicación lisa y llana del artículo 29 de la Ley 8226, por lo que resulta necesario en este estadio procesal traducir, a los fines regulatorios, los conceptos y períodos reclamados a su equivalente dinerario (cfr. fs. 530);

c) No obstante la falta de determinación inicial del reclamo, resulta evidente que no se trata de una causa carente de contenido económico, en tanto existió un reclamo dinerario no precisado, por lo que debe acudirse a lo normado en el artículo 30 inciso "4" ib (cfr. fs. 530);

d) Si la sentencia firme juzga equivocada las conclusiones de la pericia elaborada por el Perito Oficial y por el de Control de la actora, no pueden esos cálculos servir para determinar la base económica de la litis (cfr. fs. 531);

e) Ambas partes atacaron en su oportunidad el informe del perito de la contraria, pretendiendo ahora tomar ese mismo informe para la determinación del monto del pleito (cfr. fs. 531 y vta.);

f) El informe del Departamento de Actuaciones Judiciales es el que refleja con mayor precisión la pretensión de la actora y, por ende, el valor del juicio correspondiendo practicar en su mérito la regulación de los honorarios de la letrada interviniente, pero al no haberse considerado en el mismo que los cálculos fueron hasta el mes de septiembre del año mil novecientos noventa y cinco, deberá incrementarse la base con los importes del adicional remunerativo por todos los períodos mensuales siguientes hasta que la sentencia quedó firme, es decir hasta el año dos mil, correspondiendo adicionar a tales montos los importes informados por la incidentista en la primera columna de fs. 515/519 (fs. 532);

g) Debe agregarse a las conclusiones del perito del Departamento de Actuaciones Judiciales y a la planilla complementaria acompañada por la beneficiaria de los honorarios el interés del doce por ciento (12%) anual desde la fecha mencionada y hasta el treinta y uno de marzo de dos mil tres, de manera tal que la base regulatoria perdure en términos reales en el transcurso del tiempo, siendo la suma de Pesos Ciento cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con cinco centavos ($143.544,05) la base a tener en cuenta para realizar las operaciones aritméticas correspondientes. (fs. 532/532vta.);

h) El Tribunal Superior de Justicia consideró en los autos Racca, Tomas D. y otros c/... (Sent. Nro. 182/2001) que era justo y equitativo aplicar a los fines de la regulación de los honorarios de la letrada demandada dos puntos más del mínimo de la escala del artículo 34 del Código Arancelario, por lo que corresponde aplicar en el sub lite, dada su similitud con el caso citado, el nueve por ciento (9%) de la escala sobre la base prementada, teniendo en cuenta las pautas de evaluación cualitativas propuestas por el artículo 36 ib.. Se debe tener en cuenta también que la materia litigiosa se dirimió como una cuestión de puro derecho, por lo que no se estaba en presencia de un caso que revistiera mayor complejidad y que los condenados en costas son empleados municipales, lo que incide en la determinación del porcentaje de la escala del artículo 34 ib. a aplicar (fs. 532vta./533).

8. En tal contexto argumental y por razones de índole metodológico que coadyuvan a un mejor tratamiento de la materia de agravio traída a esta instancia de casación, analizaremos en primer término los reparos opuestos por la incidentista, mediante los cuales impugna la estimación del valor del pleito arribada por el Tribunal aquo a los fines regulatorios.

9. RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE INCIDENTISTA.

9.1. De la exposición de los agravios que sustentan el recurso incoado con fundamento en los motivos formal y sustancial de casación, surge en forma palmaria que la crítica impugnativa ensayada por la recurrente se circunscribe a denunciar como incorrecto el razonamiento del Tribunal aquo respecto a que consideró como valor económico del pleito lo informado por el experto del Departamento Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial, omitiendo valorar los informes del Perito Oficial y del Perito de Control propuesto por la parte actora, apartándose de lo que fue la pretensión demandada (art. 29, inc. 2, Ley 8226).

9.2. Cabe señalar que el recurso de casación configura un medio extraordinario de impugnación de la sentencia, por motivos de derecho específicamente previstos por nuestro ordenamiento procesal (art. 45, C.M.C.A.), cuya fundamentación debe ser expresa, correspondiendo al recurrente atacar idóneamente los elementos que sustentan el fallo, explicando en base a los presupuestos del pronunciamiento, en qué ha consistido la infracción, cuál es su influencia en el dispositivo y cómo y por qué éste debe variar (De la Rúa, Fernando, El Recurso de Casación , Víctor P. De Zavalía, Bs. As. 1968, pág. 464).

No basta para fundar el recurso la sola afirmación genérica de que se ha aplicado erróneamente la ley sustantiva o que se ha incurrido en un vicio "in procedendo", sino que es menester que el recurrente demuestre, mediante una argumentación que contenga una crítica razonada de los fundamentos del fallo, cuál es el agravio que le irroga la resolución impugnada.

Tales recaudos no se cumplimentan en el caso donde la casacionista en momento alguno ha individualizado en términos circunstanciados la medida del agravio posible, a través de una explicitación donde oponga a la base y monto de honorarios fijados por el Tribunal de sentencia, los que en su particular interpretación habrían sido correctos en función de la actuación legal que pretende en esta instancia.

La sola remisión a una motivación insuficiente y a una errónea aplicación del artículo 29 inciso 2 de la Ley 8226 no alcanzan para poner al descubierto el interés jurídico concreto en perseguir la nulidad del decisorio impugnado, por constituir alegaciones genéricas que determinan que el remedio articulado no se basta a sí mismo.

9.3. La casacionista pretende descalificar el resolutorio de la Cámara aquo, aduciendo con sustento en lo preceptuado en el artículo 29 inciso 2 ib., que la decisión de descalificar el informe del Perito Contador Oficial y de Control de la parte actora, impidió que se tomara como valor del pleito la pretensión contenida en la demanda incoada.

Sin embargo, la recurrente desconoce las razones brindadas en el decisorio atacado en cuanto se afirma, en base al análisis que se efectúa de los términos de la demanda interpuesta en el juicio principal, que la misma "no precisaba montos dinerarios sino conceptos (el adicional de que se trata) y lapsos, difiriendo su cuantificación al 'procedimiento previo a la ejecución de sentencia'. Los límites del reclamo y la forma en que fue propuesto fueron aceptados implícitamente por la demandada..." (fs. 529vta./530), de lo que el Juzgador dedujo que "... la actividad procesal de ambas partes ha impedido que en esta causa se contara inicialmente con una cantidad referencial que permitiera la aplicación lisa y llana del art. 29 de la ley 8226, por lo que resulta necesario en este estadio procesal traducir, a los fines regulatorios, los conceptos y períodos reclamados a su equivalente dinerario." (cfr. fs. 530).

La crítica impugnativa se sustenta en una equivocada apreciación de los motivos explicitados por la Sentenciante que la lleva a sostener que fue inaplicado lo dispuesto en el artículo 29 inciso 2 de la Ley 8226, sin hacerse cargo ni rebatir las razones que determinaron el encuadramiento del caso en el artículo 30 inciso "4" de la citada norma.

Tal como quedó fijado en el decisorio recurrido, desde que en la demanda no existió monto de dinero reclamado, la pretensión de los actores consistió en la solicitud de declaración de nulidad de los actos administrativos denegatorios del "adicional por permanencia en el cargo" que, en sí misma, carece de contenido económico, por lo que correspondía a la Cámara aquo, en base a los elementos aportados en la causa, tomar por imperativo legal (art. 30, Ley 8226) un valor de referencia a los fines de la cuantificación de los estipendios cuya regulación se peticionó.

En tal tesitura la Juzgadora estimó que las conclusiones a las que arribaron el Perito Oficial juntamente con el de Control de la parte actora, no eran relevantes para la resolución de la causa en virtud de que aplicaron para todo el período la misma legislación, cuando la misma fue derogada y partieron de una premisa errónea ya que calcularon la pretendida bonificación mediante retribuciones superiores en términos económicos pero no de nivel en la carrera administrativa a que los accionantes pertenecían, afirmando que "Como derivación necesaria de los errores iniciales, el resto de las conclusiones a las que arriban los peritos son también equivocadas (cfr. fs. 531).

En esas condiciones, se advierte que las conclusiones del Tribunal aquo no han sido debidamente refutadas por la recurrente, permaneciendo incólumes a la censura los fundamentos que sobre la base de los términos en que quedó trabada la litis en la causa principal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 inciso "4" de la Ley 8226, desestimaron la pericia oficial producida, valorando como dirimente lo informado por el Departamento de Actuaciones Judiciales cuyas consideraciones y conclusiones admitió correctas por reflejar el real valor económico del litigio.

9.4. En virtud de lo hasta aquí expuesto carece de sustento para enervar lo decidido, la denuncia efectuada por la recurrente en relación a una supuesta omisión de valoración de la prueba incorporada en la causa, máxime cuando el recurso de casación no cubre su discrepancia con la determinación de los hechos y el encuadramiento jurídico que realizan los Jueces de la causa, en la medida que no se demuestre un vicio in procedendo o in iudicando, eficaz para habilitar la instancia de anulación. Lo contrario convertiría a este Tribunal en una instancia ordinaria para atender las objeciones de los litigantes a quienes anima un diverso criterio de interpretación, lo que no se compadece con la competencia atribuida al Máximo Órgano Jurisdiccional por la Constitución Provincial artículo 165 inciso 3, (Doctrina T.S.J. Sala Cont. Adm., in re: "Arcidiácono Clotilde N. s/ Amparo por mora Recurso de Casación", Sent. Nro. 78/1998; "Ortíz, Alberto Ricardo y otros s/ Amparo por mora de la Administración Recurso de casación", Sent. Nro. 67/1999).

9.5. A mérito de las razones expuestas y las premisas sustentadas a través de su desarrollo, corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la parte incidentista.

10. RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE ACTORA:

10.1. Con fundamento en el motivo sustancial de casación (art. 45 inc. a , Ley 7182), la parte actora esgrime, en primer lugar, que le agravia el resolutorio impugnado por cuanto no regula el mínimo de la escala, siendo que los condenados en costas son empleados municipales con bajos sueldos como es de público y notorio conocimiento.

En segundo lugar, denuncia que la base económica tomada por la Cámara aquo a los efectos regulatorios es superior a la que hubiera correspondido si se hubiesen descontado los aportes a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y al I.P.A.M., como manifestó al contestar el incidente de regulación de honorarios a fs. 480.

10.2. Las objeciones reseñadas precedentemente encuadran en el motivo formal de casación (art. 45 inc. "b", Ley 7182), y no en la causal invocada por la casacionista. No obstante ello y dado que es doctrina legal de este Tribunal que el error en la denominación del motivo no obsta a la admisibilidad del recurso (A.I. Nro. 1/1996, Pedraza, Jorge Santiago c/... ), se analizará la viabilidad de los agravios a la luz del motivo casatorio correcto con el objeto de no incurrir en un rigorismo adjetivo extremo, que conduciría a una denegación de justicia.

10.3. Ingresando ya al estudio de los planteos formulados por la parte actora, es dable señalar, que si bien el primero de ellos debe ser desestimado en tanto la regulación de los honorarios profesionales de la Doctora Sara Mercedes Costa en dos puntos más del mínimo de la escala del artículo 34 de la Ley 8226 resulta ajustada a la doctrina sentada por esta Sala en la causa Racca, Tomás D. y otros c/ Municipalidad de Córdoba (Sent. Nro. 182/2001), de similares características al caso de autos, resulta en cambio de recibo su segundo agravio por cuanto la base económica tomada por la Judex aquo a los fines regulatorios ha sido erróneamente calculada.

En efecto, tal como señala la recurrente en su impugnación reiterando la postura que asumiera al contestar el incidente de regulación de honorarios a fs. 480, debieron descontarse de la base económica los aportes de la seguridad social (previsionales personales y al I.P.A.M.) atento que no fueron objeto de reclamo por la parte actora en sede administrativa (fs. 2/6vta.) ni judicial (fs. 14/18vta), por lo que no integran el monto de lo discutido como valor del litigio.

11. En consecuencia, corresponde admitir parcialmente el recurso de casación articulado por la parte actora en el aspecto puntualizado. Tratándose de un vicio en las formas y solemnidades prescriptas para el dictado de la resolución definitiva, procede disponer el reenvío de las actuaciones (art. 390, C.P.C. y C., aplicable al caso conforme lo previsto por el art. 13, Ley 7182), remitiéndolas a la Cámara que le sigue en turno a los fines de que practique un nuevo pronunciamiento, previo a que la peticionaria de los honorarios formule una nueva planilla que se ajuste a los lineamientos sustanciales establecidos en el presente decisorio (art. 109, Ley 8226).

12. En cuanto a las costas y como lo hemos puesto de manifiesto en el precedente de "Calvo Turuelo, Lucas Intendente de San Pedro Departamento San Alberto Plantea Conflicto Interno Municipal" (T.S.J. en pleno, A.I. Nro. 96/1999), el artículo 107 de la Ley 8226, interpretado en consonancia con los principios constitucionales y las normas pertinentes del Derecho Civil, prohíbe en su primer párrafo imponerlas al litigante vencido en este tipo de articulaciones.

La privación del derecho a cobrar honorarios por todas las actuaciones profesionales destinadas a la determinación del monto de los mismos, incluidos los recursos contra la regulación practicada en una instancia anterior, resulta inconstitucional si es aplicada literalmente, en razón de que violenta la presunción de onerosidad en la prestación de todo servicio que impone el artículo 1627 del Código Civil y priva al abogado de una retribución justa por su trabajo (art. 14 C.N.).

A esa conclusión arriba buena jurisprudencia (Cám. Civ. y Com. Bell Ville, Autos Nros. 140 del 23/12/1986 y 147 del 20/12/1985, reseñados en Foro de Córdoba, Nro. 6, pág. 167; Auto Nro. 22 del 06/05/1987, Cám. Civ. y Com. San Francisco, reseñado en La Ley Córdoba, 1988, pág. 951), limitando en algunos casos, la tacha de inconstitucionalidad a los honorarios del abogado del deudor y no a los del letrado que defiende su propio derecho (Cám. Civ. y Com. San Francisco, 05/08/1987, reseñado en La Ley Cba, 1988, pág. 951).

En busca de una interpretación que compatibilice la disposición del artículo con el ordenamiento jurídico integral, en particular la ley de fondo y la Constitución Nacional, la solución es entender que lo excluido no es la regulación de honorarios, sino la imposición de costas, cuestión ésta que no compromete principio constitucional alguno, ya que no es indispensable que en todos los casos la ley procesal establezca que se impongan al vencido (Fallos 257:251).

El apartamiento del texto literal de la norma encuentra abono no sólo en la necesidad de procurar una interpretación compatible con la Constitución, según tiene dicho este Tribunal desde antaño (conf. T.S.J. en pleno, Auto Nro. 383/1987, entre otros) sino, además, en la que ha sido ostensible intención del Legislador, evidenciada cuando a renglón seguido de la regla general el artículo dispone que "en los casos de plus petitio inexcusable o cuando la oposición exceda los límites razonables de la defensa, las costas se impondrán al abogado peticionante o al abogado del oponente, respectivamente". Resulta claro que el sentido del fragmento transcripto ha sido marcar una excepción al principio precedente y el hecho de que este párrafo disponga que "las costas" se impondrán de determinado modo en los casos que prevé, confirma que cuando la regla que aquí se excepciona dispone que el incidente no devengará honorarios, en rigor quiso decir que no acarreará imposición de costas al vencido. Esa ha sido la voluntad del Legislador según se documenta, además, en el tratamiento parlamentario del artículo 103 de la Ley 7269, precedente inmediato e idéntico al actual artículo 107 (véase informe parlamentario del Diputado Miguel Ortiz Pellegrini, en "Código Arancelario para abogados y procuradores", Lerner 1985, pág. 84).

"Para interpretar la ley se impone dar pleno efecto a la intención del Legislador.... Por debajo de lo que parece decir literalmente es lícito indagar lo que quiere decir jurídicamente, y si bien no cabe prescindir de sus palabras, tampoco hay que atenerse rigurosamente a ellas cuando una interpretación sistemática así lo requiere" (C.S.J.N., 17/03/1993, in re "Avila Carlos A. y Otros c/ Rodrigo S.A. y Otros"). La aplicación de esa regla, impone la conclusión ya anticipada: el artículo 107 de la Ley 8226 excluye la condena en costas en el proceso regulatorio, no la fijación de honorarios para los abogados que en él prestan su servicio profesional.

Aun cuando la imposición de costas al vencido es una regla generalizada en los sistemas procesales argentinos, siguiendo el modelo italiano, lo cierto es que no se funda en preceptos constitucionales ni en la legislación de fondo, tal que la ley procesal puede apartarse de ella sin violentar normas de jerarquía superior (conf. Sup. Corte Bs. As., 26/06/1984, El Derecho, T. III, pág. 498, citando numerosos precedentes).

Así lo hace el artículo 82 de la Ley 8024 en materia jubilatoria, disposición cuya legitimidad ha sido reconocida por este Tribunal (cfr. entre otras, Sent. Nro. 07/1993, "Luna, Fátima S. c/ Caja..."; Sent. Nro. 134/1998, "Gardiol de Agodino, Nélida Raquel c/..."; Sent. Nro. 125/2000, "Gamond, Eduardo Gustavo c/ Caja...").

Por tales razones, en lo que respecta a las costas generadas con motivo del presente recurso, consideramos que deben ser impuestas por el orden causado, por tratarse en el sub lite de una actuación destinada a la determinación de honorarios alcanzada por la previsión del artículo 107 de la Ley 8226.

Así votamos.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL AIDA LUCÍA TERESA TARDITTI, DIJO:

Comparto las consideraciones y conclusiones a las que arriban los Señores Vocales preopinantes, con la única excepción referida a la decisión de imponer las costas por el orden causado en el presente, fundada en lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 8226.

Ello es así, por cuanto estimo que no corresponde imponerlas por aplicación del precepto citado y de la doctrina sustentada en el precedente recaído in re "Calvo Turuelo, Lucas Intendente de San Pedro Departamento San Alberto Plantea Conflicto Interno Municipal" (Sala Cont. Adm., A.I. Nro. 96 del 01/10/1999), donde se señaló que la norma en cuestión concordante con el artículo 103 de la Ley 7269 en tanto dispone que: "Toda actuación destinada a la determinación de honorarios, no devenga, a su vez, honorarios para ninguno de los abogados o procuradores actuantes, sin perjuicio de los convenios entre letrados y partes. En los casos de 'plus petitio' inexcusable, o cuando la oposición exceda los límites razonables de la defensa, las costas se impondrán al abogado peticionante o al abogado del oponente respectivamente", es contundente y no deja lugar a dudas respecto a que las labores profesionales que se realicen en tales actuaciones incluso los recursos contra la regulación practicada no "devengan" honorarios, acepción que debe ser interpretada a la luz del significado que la Real Academia Española le asigna a este vocablo: "Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título" (Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 738). La aludida tarea profesional no genera derecho a su cobro a la parte contratante ni a la contraria.

Los supuestos excepcionales que la norma bajo análisis prevé como enervantes de la aplicación de dicho principio son la existencia de "plus petitio" inexcusable o exceso en la defensa, debiendo advertirse que en estas últimas dos hipótesis las costas y consiguientemente el pago de los honorarios son a cargo del abogado que incurre en tales conductas y no de las partes, situación que por lo demás no ha sido alegada ni probada en la causa.

Por lo tanto, en virtud de la interpretación y consecuente aplicación de lo normado en el artículo 107 de la Ley 8226, no corresponde imponer costas en el presente.

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES HUGO ALFREDO LAFRANCONI Y MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, DIJERON:

Corresponde: I) No hacer lugar al recurso de casación deducido por la Doctora Sara Mercedes Costa por derecho propio (fs. 534/540) en contra del Auto Número Ochenta y seis, dictado el veintitrés de abril de dos mil tres por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación (fs. 527/533vta.).

II) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 543/548) y, en consecuencia, anular el decisorio impugnado (fs. 527/533vta.) sólo en cuanto no dedujo de la base regulatoria los importes correspondientes a los aportes previsionales personales y de la obra social.

III) Reenviar la presente causa al Tribunal que sigue en turno a los fines de que practique una nueva regulación, previo a que la peticionaria de los honorarios formule una nueva planilla que se ajuste a los lineamientos sustanciales establecidos en el presente decisorio (art. 109, Ley 8226).

IV) Imponer las costas por el orden causado (art. 107, Ley 8226).

Así votamos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, DIJO:

Corresponde: I) No hacer lugar al recurso de casación deducido por la Doctora Sara Mercedes Costa por derecho propio (fs. 534/540) en contra del Auto Número Ochenta y seis, dictado el veintitrés de abril de dos mil tres por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación (fs. 527/533vta.).

II) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 543/548) y, en consecuencia, anular el decisorio impugnado (fs. 527/533vta.) sólo en cuanto no dedujo de la base regulatoria los importes correspondientes a los aportes previsionales personales y de la obra social.

III) Reenviar la presente causa al Tribunal que sigue en turno a los fines de que practique una nueva regulación, previo a que la peticionaria de los honorarios formule una nueva planilla que se ajuste a los lineamientos sustanciales establecidos en el presente decisorio (art. 109, Ley 8226).

IV) Sin costas (art. 107, Ley 8226).

Así voto.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo y por mayoría, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Contencioso Administrativa, RESUELVE:

I) No hacer lugar al recurso de casación deducido por la Doctora Sara Mercedes Costa por derecho propio (fs. 534/540) en contra del Auto Número Ochenta y seis, dictado el veintitrés de abril de dos mil tres por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación (fs. 527/533vta.).

II) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 543/548) y, en consecuencia, anular el decisorio impugnado (fs. 527/533vta.) sólo en cuanto no dedujo de la base regulatoria los importes correspondientes a los aportes previsionales personales y de la obra social.

III) Reenviar la presente causa al Tribunal que sigue en turno a los fines de que practique una nueva regulación, previo a que la peticionaria de los honorarios formule una nueva planilla que se ajuste a los lineamientos sustanciales establecidos en el presente decisorio (art. 109, Ley 8226).

IV) Imponer las costas por el orden causado (art. 107, Ley 8226).

Protocolícese, dese copia y bajen.