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Despido discriminatorio, derechos sindicales, aplicación de la ley, acción de restitución, estabilidad impropia
Materia: LABORAL
Carátula: S., M. D.  c/ Telecom Argentina SA s/ Procedimiento sumario - Acción de reinstalación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-10

La manda de la Ley n.° 23592 que ordena dejar sin efecto el acto discriminatorio no implica disponer en todos los casos la nulidad del despido. Frente a la comprobación de un acto discriminatorio las consecuencias jurídicas deben ser definidas de acuerdo a las pautas establecidas en los arts. 1726 y 1740 CCC, las que reconocen límites cuando las consecuencias de las medidas restitutivas resultan excesivamente onerosas y desproporcionadas. Asimismo, no se puede soslayar el contexto que ofrece la relación de trabajo privada y el principio de estabilidad impropia que rige en el derecho laboral argentino.
Honorarios, peritos, coadministrador, base regulatoria, costas, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Marchisone, Fernando Raúl c/ Reciclar Ingeniería Ambiental SA y otros s/ Acción ordinaria - otras
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-17

Cuando la resolución que impone costas finca en una decisión anterior firme (resolución homologatoria), la apelación del auto regulatorio de honorarios posterior, resulta un planteo tardío. En rigor, la preclusión llega más allá, pues se contravienen los propios actos anteriores en juicio, como ser el planteo de desistimiento, dónde ingresa la petición de imposición de costas por su orden. Es en ese momento, en que se debe abrir el debate en torno a las costas.
Control de constitucionalidad, control difuso de constitucionalidad, Constitución Provincial, Poder Judicial, deberes y facultades del juez, ejecución de la pena, facultades jurisdiccionales, abuso de autoridad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. J. R. y M. H. J. p. ss. aa. abuso de autoridad c/  s/
Fecha: 2025-03-27

Es apropiado que la imposición de la pena sea de manera efectiva si acusados por delitos menores a tres años de prisión (v.gr. abuso de autoridad) muestran en la ejecución de las conductas omisivas realizadas un notable desprecio hacia las normas que especialmente le competían velar.

Ese desprecio, refleja personalidades que revelan un alto grado de peligrosidad y pone en jaque un pronóstico positivo de no volver a delinquir.
Recurso de inconstitucionalidad, excepciones procesales, prescripción, seguros, interpretación de la ley, plazo, relación de consumo
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Paulo Andrés  c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA - Abreviado - Cumplimiento/resolución de contrato - Trámite oral s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-07-03

Ante la actual inexistencia de una regulación especial en la LDC, resulta correcta la tesis que postula que el plazo de prescripción aplicable a la demanda de responsabilidad civil derivada del incumplimiento del contrato de seguro que enmarca en una relación de consumo, es el de 5 años que fija el art. 2560 del CCC. La razón radica en el análisis sistémico de la propia Ley 26994, que sustituyó el art. 50 de la LDC y puso en vigencia el CCC. En ese marco, se incorpora un capítulo especial destinado a regular el contrato de consumo, que implica solidificar y dotar de perdurabilidad a ciertos aspectos y elementos inherentes a la relación de consumo de fuente contractual, y determina que la solución de los conflictos que se susciten en torno al plazo de prescripción aplicable sea buscada dentro de ese cuerpo legal. A la misma conclusión se llega por medio del criterio de interpretación auténtico, esto es, indagando la voluntad del legislador plasmada en los fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación presentados por la comisión redactora y publicados en Infojus en el año 2012, quienes señalan que el contrato de consumo constituye una fragmentación del tipo general de contratos, que influye sobre los tipos especiales. Esta influencia implica otorgarle una mayor relevancia a esta categoría contractual. Por ende, la incidencia sobre los tipos especiales es válidamente predicable respecto del seguro, aunque no integre el mismo cuerpo legal.
Primacía de la realidad, reserva de prioridad, competencia de familia, control de legalidad, debido proceso, principio de progresividad, prestaciones de la obra social, síndrome de Down
Materia: CIVIL
Carátula: S. A. M. R. c/  s/ Control de legalidad - (Ley 9944, art. 56) - Guarda de parientes
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-04-21

El Código Civil y Comercial -CCC- (art. 706, inc. c) recoge la idea central de la Convención sobre los Derechos del Niño que se sintetiza en la fórmula "interés superior del niño" contemplada en su art. 3.°, párr. 1. Dicho principio también se halla estatuido en materia de discernimiento de la tutela (art. 113, inc. c, CCC) y entre los principios que rigen la responsabilidad parental (art. 639, inc. a, CCC); como asimismo en la Ley de protección integral de los derechos de las NNA, (Ley n.° 26061, art. 1°, párr. 2.° y art. 3.°) y en la Ley provincial n.° 9944. La protección del interés superior del niño es una de las consecuencias de considerar al niño como sujeto de derechos; se trata de una "norma abierta", como tantas otras del derecho familiar, cuyo contenido debe ser completado por el operador. En tal sentido, en el caso de un NNA que presenta una afección de salud física y mental -como un diagnóstico de síndrome de Down-; que implica una doble vulnerabilidad, por el hecho de su minoría de edad y por su discapacidad acreditada; ello acarrea la necesidad de brindarle una serie de tratamientos médicos para su desarrollo integral distinto y superior en comparación con otros niños que no presentan esta afección. Si se acredita que un familiar del mismo cubre sus necesidades básicas en la actualidad, el mejor interés de éste es permanecer bajo los cuidados y responsabilidad de aquél.
Habilitación de instancia, excepción de incompetencia, interpretación de la ley, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Zamarbide, Antonio Ernesto c/ Provincia de Córdoba s/ Ilegitimidad - Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-19

El control del ejercicio de la discrecionalidad dentro de la juridicidad es una problemática que se vincula con el fondo de la cuestión y, por ello, no puede inadmitirse la acción por la sola razón de estar involucrada, ni tampoco puede ser concebida como un simple requisito procesal. Es que, si la Administración pública se subordina al orden jurídico, la discrecionalidad emerge del propio ordenamiento jurídico que establece expresa o implícitamente cuándo hay discrecionalidad y las condiciones de validez de su ejercicio. De este modo, se amplía el control a cualquier clase de actos, en ejercicio de una actividad reglada o discrecional, debiendo el juez efectuar un control de juridicidad amplio, respetando el núcleo o esencia de lo discrecional: selección entre dos o más alternativas válidas.
Despido indirecto, pago de la remuneración, falta de pago, sistema informático, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Monte Egar, Fabricio  c/ Cat Technologies Argentina S.A. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-28

Cabe declarar justificada la situación de despido en la cual de colocó el trabajador ante la falta de pago de salarios, debido a que la imposibilidad de conectarse al sistema de la empresa implicó una negativa de tareas. Si la empresa bloqueó el acceso al sistema por inconvenientes técnicos, no podía luego argumentar que el trabajador no se presentó a trabajar y que no devengó salario
Principio de congruencia, aplicación de la ley, identidad de objeto procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Faber, Rubén Darío c/ Gama Sociedad Anónima s/ Abreviado - Otros - Tram. oral
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-28

La violación al referido principio se produce cuando la resolución se aparta de los términos originarios de la litis; sea condenando a pagar un rubro que no fue materia de reclamo, o cuando otorga cuantitativamente más de lo pretendido, entre otros supuestos. Este vicio es conocido como incongruencia ultra o extra petita.
Habilitación de instancia, excepción de incompetencia, interpretación de la ley, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Zamarbide, Antonio Ernesto c/ Provincia de Córdoba s/ Ilegitimidad - Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-19

En el marco de la Ley 7182, la excepción de incompetencia del tribunal debe ser opuesta en forma de artículo previo y cuenta con un régimen jurídico específico, legalmente predeterminado a dos supuestos claramente diferenciables: a) que la resolución reclamada no dé lugar a la acción contencioso-administrativa o b) que la demanda haya sido presentada fuera de término.
Ejecución de sentencia penal, prisión domiciliaria, visitas carcelarias, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Fernández de Kirchner, Cristina c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-13

No resulta irrazonable ni contrario al principio de legalidad que el juez de ejecución establezca un régimen de autorización judicial previa para el ingreso de personas no incluidas en la nómina originariamente habilitada (grupo familiar inmediato, defensa técnica, profesionales médicos indispensables y custodia), pues dicha regulación se inscribe dentro de las potestades de supervisión de la ejecución de la pena y en el carácter restrictivo propio de la modalidad domiciliaria.
Control de constitucionalidad, jerarquía constitucional, control difuso de constitucionalidad, Constitución Provincial, Poder Judicial, deberes y facultades del juez, abuso de autoridad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. J. R. y M. H. J. p. ss. aa. abuso de autoridad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-03-27

El art. 248 del Código Penal describe tres modalidades de abuso de autoridad. Dos de carácter comisivo y la última de carácter omisivo que consiste en la inejecución de una ley. Concretamente, la figura descripta en la citada norma penal, en su tercer supuesto, reprime con prisión de uno a dos años e inhabilitación especial por el doble de tiempo al "(.) funcionario público que (.) no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere". Por tanto, se pune aquí por la conducta omisiva de no ejecutar las leyes cuyo cumplimento le corresponde, es decir que el abuso funcional consiste en la decisión de no ejecutar la ley, prescindiendo de ella como si no existiera; por lo cual lo que importa la aplicación de una ley es una actividad que el sujeto activo de este tipo omite. Y claro está que el no ejecutar es no hacerlo cuando se debe. Se aprecia claramente que el tipo requiere un sujeto activo especial que debe ser funcionario público, a quien le atañe el cumplimiento de una ley que no ha sido atendida.
Alimentos, acción de repetición, reembolso de gastos, sujetos obligados, prescripción anual, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: F., A. N. c/ N., J. P. s/ Acción ordinaria - Otras - Ley 10305
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-20

El art. 669 del CCC faculta al padre o a la madre que ha sostenido a los hijos a repetir lo pagado, sin la contribución del otro, mediante el pedido de rembolso de las sumas que ha abonado, en proporción a su parte de responsabilidad. Esta normativa, se relaciona con lo prescripto por el art. 2564, inc. e, del referido cuerpo normativo, que establece que el derecho de reclamar el reembolso de los gastos pagados por uno de los progenitores prescribe en el plazo de un año.
Revocación de sentencia, tribunal colegiado, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Arias, Alan Nicolás c/ Asociart S.A. ART s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-10

Debe revocarse la sentencia apelada, si los votos que en apariencia sustentan la decisión, no guardan entre sí la concordancia lógica y argumental que requieren los fallos judiciales, afectando así la certeza jurídica de la sentencia entendida como expresión final del derecho a la jurisdicción y las garantías consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Principio de congruencia, aplicación de la ley, identidad de objeto procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Faber, Rubén Darío c/ Gama Sociedad Anónima s/ Abreviado - Otros - Tram. oral
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-28

El principio de congruencia consagrado en los arts. 327, 328 y 330 del CPCC, se traduce en la necesaria identidad jurídica que debe existir entre los sujetos, el objeto y la causa que individualizan la pretensión y la oposición; y los sujetos, el objeto y la causa sobre los cuales ha de recaer la decisión jurisdiccional.
Acceso a la información pública, deber de transparencia, pérdida del expediente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bonetto, Alberto Julio c/ Provincia de Córdoba y Otro s/ Amparo Ley 8803 - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-05-06

La orden de proceder a la reconstrucción del expediente en caso de extravío, de acuerdo a las directrices fijadas por la normativa procedimental, se observa como medida apropiada tendiente a asegurar la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública reconocido en la Constitución acional, en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, en la Constitución provincial y en la Ley 8803 (art. 13 quater, Ley 6658).
Control de legalidad, menores, conflicto de intereses, personas con discapacidad, adopción, estado de adoptabilidad, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A. A. I. - I. A. M. J. - A. A. M.  c/  s/ Control de legalidad (Ley 9944, art. 56)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-13

El art. 607 in fine del CCC, establece que la declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo del NNA ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés superior de éste. En este sentido, la declaración de adoptabilidad del NNA resulta improcedente cuando es posible su reinserción en su ámbito familiar extenso. Cuando la adopción es requerida por tíos quienes desean adoptar a su sobrino/a, ello no puede prosperar, ya que el vínculo biológico existente es, justamente, lo que impide la declaración de adoptabilidad requerida por SeNAF. Sí procedería para aquellos, la guarda provisoria del NNA dando posteriormente inicio a la Tutela.
Control de legalidad, menores, derechos y obligaciones de los padres, conflicto de intereses, personas con discapacidad, garantías procesales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A. A. I. - I. A. M. J. - A. A. M.  c/  s/ Control de legalidad (Ley 9944, art. 56)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-13

El marco normativo aplicable en materia de infancias, otorga a NNA un protagonismo distintivo, pues les reconoce su capacidad como sujetos de derecho y, como tal, de tomar decisiones que hacen a su historia vital; motivo por el cual, se debe procurar su participación en todo proceso que los involucre y en las decisiones que los afecten, y los adultos entender y respetar sus manifestaciones. En esta línea, el art. 26, tercer párrafo del Código Civil y Comercial (CCC) prescribe que la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Esta disposición se encuentra en armonía con lo establecido por el art. 12 de la CDN y la Observación n.° 12 del Comité de Derechos del Niño.
Amparo ambiental, aplicación de la ley, interpretación de la ley, principio de congruencia, procedimiento administrativo, discrecionalidad técnica, revisión judicial
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba [CORMECOR] y otros c/  s/ Cuestión ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-19

Las dificultades prácticas que genera la aplicación de reglas técnicas complejas o la prevención ante la posibilidad de que se sustituyera un criterio opinable por una decisión judicial que trasuntara un juicio de valor discutible son algunos supuestos excepcionales que pueden justificar un margen de apreciación en favor de la Administración. Sin embargo, si la decisión administrativa no cuenta con un sustento técnico aceptable, si el procedimiento seguido presenta inconsistencias o si el acto (administrativo) no está debidamente motivado, el control judicial se impone con referencia o sostén en los dictámenes periciales y en los diversos medios de prueba regulados procesalmente. En definitiva, si el acto no ha respetado los referidos requisitos de juridicidad o si la técnica aplicada no resulta sustentable, puede ser anulado por el juez. Pero, en esta hipótesis, no hay sustitución de una actividad administrativa, ni una invasión de la zona de reserva de la Administración, pues se trata de un vicio o violación del orden jurídico que se debe conjurar.
Control de constitucionalidad, jerarquía constitucional, control difuso de constitucionalidad, Constitución Provincial, Poder Judicial, deberes y facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. J. R. y M. H. J. p. ss. aa. abuso de autoridad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-03-27

Los artículos 29, segundo párrafo, y 44 de la Ley n.° 9182 contradicen la manda constitucional del art. 155 de la Constitución provincial, que impone como deberes a los magistrados y funcionarios judiciales el de "(.) resolver las causas dentro de los plazos fatales que las leyes procesales establezcan y con fundamentación lógica y legal (.)". El tenor de este dispositivo, trasunta con claridad meridiana que tales deberes, de naturaleza personal y funcional, no son puestos en cabeza del tribunal, sino de los magistrados que lo integran, sin distinción alguna. Son los jueces, todos los jueces técnicos, de especial formación profesional, quienes tienen el deber de votar y dar razones suficientes de lo resuelto en un caso concreto, esto es, la denominada argumentación lógica.
Amparo ambiental, bien jurídico protegido, tutela diferenciada, principio de congruencia, desarrollo sostenible
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Destefanis, Mario Guillermo y otros c/ Municipalidad de Villa María y otro s/ Amparo ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-27

Los procesos colectivos ambientales son dinámicos y deben resolverse con ductilidad, en clave del principio de sustentabilidad; ello obedece al propósito de fortalecer las tres dimensiones del desarrollo sostenible, a saber: económica, social y ambiental, las que se deben integrar de manera equilibrada y mejorar la aplicación de medidas.
Amparo ambiental, aplicación de la ley, interpretación de la ley, principio de congruencia
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba [CORMECOR] y otros c/  s/ Cuestión ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-19

La ley que dispuso la expropiación de los inmuebles necesarios para la instalación de un complejo para el tratamiento, valoración y disposición final de los residuos sólidos urbanos, no constituye la normativa específica en materia ambiental, sino la Ley n.° 10208. Y esta última, precisamente, al establecer las directrices que rigen en Córdoba, ha sentado el principio de congruencia. De acuerdo con este, toda "la legislación provincial, municipal y comunal referida a lo ambiental [o que se vincule con ello] debe ser adecuada a los principios y normas fijados en la Ley nacional n.° 25675 -General del Ambiente [LGA]-" (art. 4, inc. a) y en la propia Ley n.° 10208. Como consecuencia, en caso de colisión, las últimas "prevalecerá[n] sobre toda otra norma que se le[s] oponga" (art. 4, inc. a). De la misma forma, la Ley n.° 10208 ordena una aplicación sistémica de sus disposiciones. Por eso, dispone que "los organismos públicos provinciales, municipales y comunales integren, en sus decisiones y actividades, previsiones de carácter ambiental, de acuerdo a lo establecido en la LGA, en la Ley n.° 7343 -Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente- y en esta normativa" (art. 6).
Despido discriminatorio, derechos sindicales, aplicación de la ley, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: S., M. D.  c/ Telecom Argentina SA s/ Procedimiento sumario - Acción de reinstalación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-10

Cuando la Ley n.° 23592 manda a dejar sin efecto el acto discriminatorio, lo que persigue es restablecer el equilibrio alterado, atendiendo principalmente a la persona que lo sufrió injustamente y al bien jurídico tutelado. El objetivo es acercar al damnificado lo más próximo que sea posible al estado en que se encontraba antes del hecho ilícito y resarcir las consecuencias patrimoniales y no patrimoniales que guarden un nexo adecuado de causalidad con el mismo (arg. art. 1726 CCC).
Control de constitucionalidad, jerarquía constitucional, control difuso de constitucionalidad, Constitución Provincial, Poder Judicial, deberes y facultades del juez, fundamentación de la resolución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. J. R. y M. H. J. p. ss. aa. abuso de autoridad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-03-27

Los arts. 29, segundo párrafo, y 44, de la Ley n.° 9182, contrarían la manda constitucional del art. 155 de la Constitución Provincial, toda vez que excluyen al Presidente de su obligación de decidir, esto es, de emitir su voto, y, al contrario, le imponen la obligación de fundar el voto de la decisión mayoritaria en caso de discrepancia entre dos jueces técnicos y los jurados cuando éstos forman mayoría de los jurados populares, o la decisión minoritaria conformada por los Jurados, si ninguno de los Jueces técnicos hubiere expedido su voto en ese sentido.
Recurso extraordinario, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Mirta Cristina c/ ANSES  s/ incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-10

Cabe declarar la nulidad de la resolución que concedió el recurso extraordinario si sus términos sumamente genéricos evidencian que el tribunal a quo no examinó circunstanciadamente la apelación, correspondiendo su descalificación al no darse satisfacción a los requisitos idóneos para la obtención de la finalidad a la que se hallaba destinada.
Ejecución de sentencia penal, prisión domiciliaria, tobillera electrónica, visitas carcelarias, condiciones de detención, corrupción del funcionario público, gravedad institucional
Materia: PENAL
Carátula: Fernández de Kirchner, Cristina c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-13

Las restricciones impuestas a la condenada en el marco de la ejecución de sentencia (uso de dispositivo electrónico para control y monitoreo y autorización judicial para visitas) se inscriben en la exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos. Por ello, flexibilizar las condiciones de cumplimiento de la pena en atención a la notoriedad pública, el rol institucional previo o la gravitación política de la persona condenada, comprometería seriamente la legitimidad del sistema de justicia penal, máxime en causas vinculadas a delitos graves de corrupción que involucraron a las máximas autoridades del Estado. La sanción penal exterioriza un mensaje normativo que no puede verse debilitado por una flexibilización indebida del régimen de cumplimiento, especialmente en aquellos casos que presentan una marcada gravedad institucional.