marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución Nacional, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rallín, Hugo Félix y otros s/ contrabando  y  violación de  los  deberes  del funcionario público   Causa N. 93.991/83.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

A quien alega la inconstitucionalidad de una norma corresponde demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, y para ello es menester que precise y pruebe fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación que tacha de inconstitucio- nal.
Protección de la vivienda, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rubio, Amilcar H. c/ Pascual, Juan Jose s/ Cobro Ejec.- Incidente inoponibilidad y/o desafectación bien  familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-23

La afectación del inmueble al régimen del bien de familia debe tenerse por operada desde el momento en que así fue solicitado por el interesado, con independencia del momento en que el Registro Inmobiliario practica el asiento sobre el folio real correspondiente.
Inconstitucionalidad, interpretación de normas y actos locales, ley provincial, actualización monetaria, haber jubilatorio, Constitución Nacional, confiscatoriedad
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Simón, Ramón c/ Caja  de  Previsión  Social  de  la  Provincia  y Provincia de Salta. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

No puede prosperar la tacha de inconstitucionalidad articulada contra los arts., 90 a 95 de la ley 6335 de la Provincia de Salta, si el apelante no demuestra que la actualización de los haberes previsionales que establece dicha ley, realizada en función de las variaciones experimentadas por los salarios de los activos, en comparación con otros índices, sea irrazonable en el caso o resulte confiscatoria de derechos amparados por la Constitución Nacional
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte, valor disputado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional c/ N.N. y/o Varela, Juan Pedro s/ Expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

La procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia, en causa en que la nación directa o indirectamente reviste el carácter de parte, está condicionada a que se demuestre de manera precisa que el "valor disputado en último término", es decir, aquel por el que se pretende la modificación de los valores reconsiderados por el fallo o "monto del agravio", exceda el mínimo legal a la fecha de su interposición.
Jubilaciones, pensiones, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Paolo, Ubaldo Domingo Agustín c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18

Si el agente, en la fecha en que fue dado de baja por incapacidad física, percibía su remuneración por un régimen horario de cuarenta y cinco horas semanales de labor realizando sus aportes por dicho régimen, debe reconocerse su derecho a la liquidación del haber sobre tal base ya que las normas legales que subsumen la cuestión (art. 41 del dec. ley 9650/80) no excluyen tal interpretación. (Minoría u opinión personal)
Derecho de registro e inspección, base imponible, convenio multilateral, impuestos, ley tributaria, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FABRICA DE ACEITES SANTA CLARA SAIC c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 681-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-24

En el marco del Código Tributario Municipal santafesino existen disposiciones referidas a la determinación de la base imponible del derecho de registro e inspección, incluso en caso de existir locales en varios municipios (artículos 77, 78 y 79). Dichas normas armonizan sin dificultad alguna con las disposiciones del artículo 35 del Convenio Multilateral tornándose aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo de aquél, por lo cual, en el sub judice, no asiste razón a la empresa actora en cuanto pretende cuestionar el criterio utilizado por la Municipalidad de Rosario en la determinación de la base imponible del tributo en cuestión invocando dichas disposiciones.
Despido, prueba, injuria laboral, mobbing
Materia: LABORAL
Carátula: VALLEJOS ESTEFANIA NOEMI c/ INC. S.A. s/ DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-31

Toda vez que quedó acreditada las agresiones y tratos despectivos ("ignorante", "ineficiente", "que no servia para nada", entre otros), en la manera de dirigirse a la actora por parte del Delegado y la connivencia de tales actitudes por parte del Sr. Gerente que avalaba el trato soez del delegado gremial (compañero de tareas de la actora), comparto la conclusión del a-quo en que quedó acreditado el acoso laboral hacia la actora, en atención la incontestación y su consecuencia prevista en el art. 30 de la Ley 921
Querellante, titular del derecho, acusador popular
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARTINEZ DE HOZ, José s/ NEGOCIACIONES  INCOMPATIBLES  CON  EL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-13

Sólo goza del derecho de querella la persona que de modo especial, individual y directo resulta afectada por el daño o peligro que el delito entraña, es decir, el titular del derecho cuya violación se investiga, y si bien es cierto que a un ciudadano pueden haberle alcanzado las consecuencias del delito, que se le imputa a un ex Ministro de Economía, en este caso el previsto por el art. 265, párrafo 1 del Código Penal, no puede ser legitimado en una legislación como la nuestra que no admite la figura del acusado popular.
Declaración indagatoria, prueba documental
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

La declaración indagatoria prestaba por el imputado que no incluyo como prueba el documento Plan Ejército resulta válida pues no se ha alegado una variación sustancial de la plataforma fáctica imputada y el magistrado instructor incluyó como prueba aquéllas sobre las que se sustentaba la imputación al momento del acto señalado, sin que ello obste a que se incorporen nuevas probanzas con posterioridad en la forma prescripta por la ley procesal.
Ejecución de honorarios, presupuesto nacional, embargo, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: LA TERRITORIAL DE SEGUROS SA c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-24

El último párrafo del art. 19, Ley 24.624, describe una situación equivalente a la que aquí se ha presentado, ya que se trata de un embargo efectuado con anterioridad a la vigencia de dicha ley y la ejecución no se encuentra firme ni consentida. En este supuesto, la Ley establece que los representantes del Estado deberán solicitar la restitución de los fondos a las cuentas de origen. Bajo tales condiciones, el embargo dispuesto no puede subsistir.
Sociedad de hecho, responsabilidad solidaria, aportes previsionales, acta de inspección, deuda previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: KEMPES, MARIO c/ D.G.I. s/ LEYES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-28

Un integrante de una sociedad de hecho no es un sujeto ajeno a la cuestión que se suscita ante las actas de inspección, sino un sujeto interesado directo -e incluso personal- a tenor de la solidaridad que surge de lo normado por el art. 23 de la ley 19.550.

Por ello, si la presentación impugnatoria efectuada no reunía, "prima facie", un recaudo de admisibilidad, la administración debió intimar al presentante y/o a la sociedad de hecho involucrada a subsanar el defecto detectado y ponderar, en su caso, las circunstancias posteriores a tal requerimiento y su incidencia en la marcha del procedimiento (en el caso, la impugnación de las actas labradas fue suscripta por un solo integrante de la sociedad, y el organismo no le dio curso al tener por no cumplido lo ordenado por el art. 32 de la ley 19.549 que establece para los casos de sociedades irregulares o de hecho, que la presentación deberá ser firmada por todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite). Ello así porque, sin desconocer la exigencia legal impuesta por las normas que regulan el procedimiento administrativo, éstas deben ser meritadas a tenor de los antecedentes tenidos a la vista, de la finalidad que es propia de aquél y, sobre todo, del respeto al derecho de defensa del administrado, principio inalienable consagrado en nuestra C.N. (art. 18).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, prioridad de paso, vehículo embistente
Materia: CIVIL
Carátula: RODRÍGUEZ,  María  Carolina c/ MONZÓN,  Rubén Miguel y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-14

1- La norma que establece la prioridad de paso del automóvil que se presenta por la derecha en una bocacalle es de carácter organizativo y se encuentra basada en el principio de seguridad en el tránsito. Al efecto, dispone que entre dos vehículos que no se encuentran en ninguna de las situaciones de excepción previstas por sus propias disposiciones y cuyas direcciones de marcha se encuentran en un cruce, el que circulaba por la izquierda debe ceder el paso. 2- No obstante la prioridad de paso en una intersección sin semáforos, no se exime totalmente a quien circula por la derecha cuando de haber estado atento a las circunstancias del transito con pleno dominio de su vehículo se podría evitar el impacto. Máxime, si por la ubicación de los daños se determina que el vehículo que circulaba por la izquierda ya se había interpuesto en la línea de marcha de quien circulaba por la derecha, al haber iniciado el cruce con anterioridad. 3- Por otra parte, la velocidad de los vehículos no se determina exclusivamente por los kilómetros por hora que desarrollan en el momento del impacto sino por el hecho de que permita o no a los conductores el control de sus rodados. Si la velocidad de ambos conductores es de tal entidad que le impide evitar el impacto, se concluye que ambos son responsables del hecho e un cincuenta por ciento porque la velocidad que llevaban era imprudente. (Sumario N°20355 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Cuello, Carmelo René s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, tratándose de un juicio oral, alega un pretendido error en la apreciación de los elementos de prueba si no se invoca violación del art. 286 del Código de Procedimiento Penal que regula -en el caso- su valoración.
Daños y perjuicios, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: ALVAREZ JOSE MIGUEL c/ RIVAS ROBERTO ANTONIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-05-30

No resultan aplicables las reglas dominantes en materia de responsabilidad extracontractual cuando lo que se pretende obtener es la reparación de un perjuicio originado en el incumplimiento de un contrato. En esa inteligencia, el sujeto perjudicado debió ejercitar previamente alguna de las acciones que derivan de dicho incumplimiento (resolución, evicción o nulidad del convenio suscripto), para recién demandar lo accesorio:el pago de los supuestos daños ocasionados.
Jubilación anticipada, tutela anticipada, medida cautelar innovativa, verosimilitud del derecho invocado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: "RÍOS, JUSTA c/ A.N.Se.S. s/ Incidentes".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-23

El Alto Tribunal ha sostenido que "dentro de las medidas precautorias, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión" (Fallos 316:1833).

En consecuencia, corresponde revocar lo resuelto por el "a quo" que declaró la inaplicabilidad de lo dispuesto por el art. 4 de la Res. A.N.Se.S. 884/06 para el otorgamiento de la jubilación anticipada de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.994, puesto que no se encuentra suficientemente acreditada la verosimilitud en el derecho invocado.

Ello así, máxime si se tiene en cuenta que la C.S.J.N. ha establecido que medidas como la requerida no proceden, en principio, respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan (Fallos 313:1420), criterio que ha hecho suyo la Sala en autos "Micio, Jerónimo Ramón", "Sigal, Humberto César", "Andrés, Blanca Nueves y otro", "Insfran, Ángel Custodio y otro", entre otros.+
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, juicio de apremio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Broncería Peyrano S.A. s/ Apremio. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-03

El valor del litigio en el juicio de apremio, está representado para el recurrente, por la diferencia entre el monto reclamado en la demanda y la suma por la que se manda llevar adelante la ejecución.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concesión de servicio público, revocación de la concesión, transferencia del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: HEREDIA, EDMUNDO DOMINGO c/ EMPRESA SAN VICENTE  S.A.  DE TRANSPORTE LINEA 74  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-17

Si en la resolución por la que se hizo cesar la explotación de una línea de servicio público de pasajeros, transfiriéndola a otra, se incluyó la expresión hacerse cargo con respecto al personal de aquélla, dicha expresión debe interpretarse únicamente como una obligación de dar trabajo y no como reconocimiento de la antiguedad.

Especialmente si no surge expresamente de la lectura de la resolución que motivó la transferencia.
Honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ Genova, Anibal s/ Cobro de pesos - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1977-11-08

Corresponde actualizar el capital reclamado en la demanda, a los fines de la regulación de honorarios, en supuestos en que aquélla es rechazada.
Inimputabilidad, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: B., V.A. s/ Robo con arma, daño y lesiones leves todo en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-10

El artículo 41 inc. 2 del código sustantivo, cuya constitucionalidad no ha sido objetada por la defensa, determina que los tribunales fijarán la condena teniendo en cuenta, además de la participación que haya tomado en el hecho el condenado, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes, condiciones y vínculos personales, la calidad de los individuos y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad.

El tratamiento desigual proporcionado por el Código Penal a quienes, en los términos del artículo 50, cometen un nuevo delito, con respecto a quienes no exteriorizan esa persistencia delictiva, se justifica por la indiferencia hacia la pena que les ha sido impuesta anteriormente. De manera que la condena anterior es entendida como un elemento objetivo y formal que genera un estado que se reconoce y declara en la sentencia.
Sentencia, fundamentación de sentencias, allanamiento domiciliario, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Galeano Hilda Griselda y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-16

La sentencia puesta en crisis, se ajusta a las prescripciones contenidas en los arts. 123 y 404 inc. 2° del ordenamiento ritual y el vicio alegado por el recurrente referido a la arbitrariedad no es tal, toda vez que, fijados los hechos -secuestro de estupefacientes existente en el rodado que estaba en el garage de la finca allanada- no se ha efectuado una valoración fragmentaria y/o aislada de los elementos de juicio -indicios y presunciones-, ni se ha incurrido en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio y la experiencia, habiéndose desarrollado sus fundamentos conforme a los principios de la lógica y la experiencia, por lo que el mismo debe ser confirmado como acto jurisdiccional válido. (Voto del Dr. Tragant, adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Riggi en disidencia).
Remuneración, salario mínimo, vital y móvil
Materia: LABORAL
Carátula: Pozzi, Juan Carlos c/ Municipalidad de Villa del Rosario s/ Sumario por Indemnización de Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-11-26

Este tribunal tiene dicho "en el caso, salta a la vista la irrazonabilidad del proceder de la demandada al pretender liberarse mediante el pago de los veinte años de salario mínimo a la moneda de un año antes" y "es deber de los jueces interpretar la ley de modo tal que la intención del legislador opere con pleno efecto".
Empleados públicos, remuneración, honorarios del perito, perito ingeniero
Materia: CIVIL
Carátula: MENGOLINI, JORGE c/ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

En autos la demandada no ha invocado que en el ámbito de las tareas que el ingeniero Livy realizaba en la Entel se pudiera tener por incluida la de actuar como perito a propuesta de su empleadora, ni que esa actuación se debiera considerar retribuida con los salarios que percibía por los servicios que X se hallaba obligado a prestar, así como tampoco que a los efectos de realizar su trabajo pericial hubiera gozado de determinadas facilidades laborales.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Peralta, Manuel E. c/ Municipalidad de Capayán s/ Cobro de Pesos - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-11-14

Los requisitos de admisibilidad del Recurso Extraordinario de Casación es que la Sentencia impugnada tenga carácter definitiva, teniendo por tales -Jurisprudencia y Doctrina- a aquellas resoluciones que "ponen fin al pleito o impiden la continuación del proceso o causan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior".

Por lo que, "cualquier tipo de resolución (interlocutoria o providencia simple) es elevada, cuando produce los efectos referidos a la categoría de Sentencia Definitiva, pues la inteligencia del concepto ...debe interpretarse como aquel decisorio que produce los efectos de la cosa Juzgada sustancial y es, por ende inmutable, ya sea en el mismo proceso o en otros que se intente a posteriori". ( De Santo, Tratado de los Recursos-tomo III ).
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Nine, Héctor Aldo c/ Automóvil Club Argentino s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-03

La fijación de topes que prescribe el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo redunda en interés del empleador en tanto y en cuanto los mismos hayan sido fijados por la autoridad de aplicación.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad, incapacidad laboral, incapacidad permanente
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ, ISABEL c/ HERMIDA, JOSE s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-09

La incapacidad sobreviniente debe apreciarse computando el riesgo actual de la minusvalía económica de la víctima quien deberá sobrellevarla por el resto de su vida. Su resarcimiento debe determinarse con un criterio de razonable flexibilidad que pondere el conjunto de todos los elementos demostrativos de la concreta influencia negativa de esta minoración física, en el campo laboral, en el de las actividades lucrativas y en todos los aspectos de su existencia. La indemnización por incapacidad abarco toda la disminución de la "aptitud vital", incluida aquella vinculada con lesiones físicas y con las patologías psíquicas; en sus aspectos orgánicos y funcionales. Es más, el daño en el aspecto físico debe ser resarcido por tratarse de una disminución en la calidad de vida, en el proyecto de vida de la victima aun cuando esa merma o deterioro no dificulte la realización de tarea alguna.
Expropiación irregular, desafectación del inmueble (civil), abandono de la expropiación, indemnización expropiatoria, valor venal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COSTAYA JESUS Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-30

Si la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires propuso al propietario de un inmueble la adquisición de ese bien, que se encontraba afectado a expropiación por quedar comprendido en la traza de la autopista AU3, por un precio actualizable hasta el momento de la escrituración con más el 10% de conformidad con lo dispuesto por el art. 13 de la ley 21.499, no concretando luego la operación en el plazo previsto, ni después y dejando posteriormente sin efecto la afectación a expropiación, corresponde responsabilizar a la Comuna por los daños y perjuicios derivados de su actuar.

La responsabilidad de la Comuna surge porque el inmueble se ha visto, objetivamente depreciado en su valor venal actual, si tal valor se compara con el que tenía antes de la iniciación de las obras de construcción de la autopista, y porque tal como se probó pericialmente la interrupción de las obras provocó que el precio de los bienes de la zona disminuyera notablemente.

Debe tomarse como punto de partida el precio de común acuerdo fijado para el inmueble. Tal precio, ha de presumirse, reflejaba el valor venal o de plaza de la propiedad, que si bien permaneció en el dominio del propietario, sufrió un menoscabo en su valor de plaza en razón de la realización de las obras luego paralizadas. La determinación del contenido del daño patrimonial experimentado consiste en la diferencia entre el precio que el propietario habría obtenido, de concretarse la venta a la Comuna en las condiciones estipuladas, y el menor valor que representó para él la conservación del bien en su patrimonio siendo que éste se depreció objetivamente por causa de la paralización de las obras.