Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-09


///nos Aires, 9 de septiembre de 2009.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa Nro. 10838 del Registro de este Tribunal, caratulada: "ROBERTO, Héctor Alejandro s/competencia", acerca del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 2 y el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 8, ambos de la Capital Federal.

Y CONSIDERANDO:

I. Que el Juzgado de Ejecución mencionado, con fecha 5 de diciembre de 2007, tuvo por cumplidas las reglas de conducta impuestas a Héctor Alejandro ROBERTO en la causa Nro. 1580 del Registro del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 8 y, firme que fue, remitió allí estos actuados (fs. 30/31).

II. Que, recibida la causa, el Tribunal Oral, con fecha 18 de febrero de 2008, declaró nula la resolución supra referida y devolvió el legajo a la justicia de ejecución para "el debido control de las condiciones impuestas por este Tribunal a Héctor Alejandro Roberto...", invitando al señor juez a elevar las actuaciones a esta Cámara para que dirima la cuestión en caso de no compartir el criterio expuesto (fs. 32 vta./33 vta.).

III. Que, recibidas las actuaciones, el Juzgado con fecha 29 de enero de 2009, resolvió en una pormenorizada resolución mantener lo decidido a fs. 30/31 y no aceptó la invitación y remitió el legajo al Tribunal (fs. 49/56 vta.).

IV. Que el Tribunal, advirtiendo que en diversos legajos de Ejecución en los que se han verificado similares circunstancias a las de éste caso se han pronunciado de manera diferente las distintas Salas de esta Cámara, cree en la conveniencia de que se adopte una solución definitiva a fin de que evitar que el temperamento que se decida respecto de cada imputado sometido a proceso dependa de la "suerte" que éste tenga en el sorteo de la Sala de la Cámara de Casación que resulte desinsaculada.

A esos fines, elevó la presente a conocimiento de los magistrados de esta Cámara (fs. 57).

V. Que, ya en esta sede, el señor Fiscal General ante esta Cámara doctor Raúl Omar PLEÉ, contestó a fs. 66/67 la vista conferida, dictaminando que asiste razón al señor juez a cargo del Juzgado de Ejecución. Dijo que cuando el T.O.C. anuló la resolución del Juzgado que tuvo por cumplidas las reglas de conducta, excedió su campo jurisdiccional ya que no cuenta con esa facultad revisora ni de superintendencia respecto de las resoluciones establecidas por el juez encargado de controlar la ejecución de las condenas.

Agregó, que "...una vez tenida por concluida la condena impuesta por el Juez controlador, adquiere el carácter de cosa juzgada y la preclusión de los actos procesales. De modo que la autoridad competente agraviada a dicha decisión, se encontraba a cargo del Fiscal de Ejecución, quien coincidió con todo lo expuesto por la defensa del imputado y lo resuelto por el Juez ejecutor" (sic).

VI. Que, sin dejar de advertir que no se trabó formal contienda de competencia, nos adentraremos al estudio del conflicto planteado, en aras de fijar cuales son las facultades del Juez de Ejecución y del Tribunal Oral dando resolución al mismo.

VII. Que en concordancia con lo sostenido por el señor Fiscal General ante esta Cámara y con lo resuelto por el señor juez doctor Marcelo Alejandro PELUZZI, en el minucioso resolutorio de fs. 49/56 vta., esta Sala entiende que el Tribunal Oral carecía de jurisdicción en el caso para modificar lo resuelto por aquél.

Ello es así, toda vez que en función de lo dispuesto en el inc. 2°) del art. 493 del C.P.P.P. "Controlar el cumplimiento por parte del imputado de las instrucciones e imposiciones establecidas en los casos de suspensión del procedimiento a prueba (artículo 293)" y en el art. 515 ibidem "... resolverá, acerca de la revocatoria u subsistencia del beneficio", cabe concluir que corresponde al juez de ejecución decidir sobre el cumplimiento de todas las condiciones, imposiciones o instrucciones impuestas y cuando, como en el sub judice, las considere satisfechas, clausurar el procedimiento dictando el correspondiente auto de sobreseimiento y, firme que sea, efectuar las comunicaciones pertinentes.

Pues, conforme lo dispuesto en el párrafo tercero del art. 76 bis del C.P., el cumplimiento de las imposiciones fijadas provoca de pleno derecho la extinción de la acción penal. De allí que el órgano que verifica y declara tal situación deba clausurar el procedimiento haciendo efectivo el derecho del imputado a la resolución de su situación procesal en el más breve plazo, en consonancia con lo consagrado por nuestro más Alto Tribunal de Justicia en el precedente "Mattei" y los que siguieron su doctrina.

Por lo expuesto, el Tribunal	RESUELVE:

REMITIR los actuados al Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 2 de la Capital Federal a fin de que concluya con la tramitación de este legajo.

Regístrese, notifíquese al señor Fiscal General ante esta Cámara, líbrese oficio al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 8 de la Capital Federal con copia de lo resuelto y cúmplase con la remisión ordenada, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.