Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-30


Trelew, 30 de noviembre de 2.006.- VISTO:- El recurso de apelación interpuesto a fs. 126, contra lo resuelto a fs. 123/124, concedido que fuera el mismo a fs. 127, fundado mediante el memorial de agravios de fs. 128/133, corrido traslado a la contraria a fs. 134.- Y CONSIDERANDO:- I.- Resuelve la Sentenciante de Grado rechazar in límine los planteos de nulidad interpuestos a fs. 100/102 por el Sr. D. S.. Funda lo resuelto en que: 1) Incidente de nulidad del procedimiento: a) resulta extemporáneo por cuanto el incidentista tomó conocimiento del expediente por lo menos el último día de publicación de edictos -11/08/06-, b) ausencia de mención del perjuicio sufrido, presentaciones o defensas que no pudo ejercer, y falta de cuestionamiento de la calidad de las piezas procesales agregadas por la parte actora a los fines de la reconstrucción, c) tratarse la mayor parte de las piezas procesales que forman el expediente reconstruido de providencias extraídas de S. certificadas por el Secretario, incluida la sentencia que no fuera tampoco cuestionada por el demandado, d) no encontrarse discutida en autos la existencia de la deuda, su ejecutabilidad, vulnerado el derecho de defensa ni existiendo perjuicio. 2) Nulidad de subasta: a) exigencia de verificación de un perjuicio real y concreto, sin que se procedente decretarla en el mero interés de la ley, necesidad de atender al principio de conservación, b) plazo para plantearla en el caso de cinco días desde que es conocido el vicio que se acusa, lo que ocurrió con el edicto publicado el 11/08/06, por lo que la nulidad impetrada resulta extemporánea, c) falta de acreditación del perjuicio, d) inatendibilidad del vicio acusado, d) interpretación restrictiva.- II.- A fs. 126 el ejecutado, por su propio derecho, apela lo resuelto a fs. 123/124. Luego de reseñar los antecedentes del proceso y los argumentos de primera instancia individualiza tres agravios. A) El plazo para la nulidad y las notificaciones: señala que resulta claro que la publicación de edictos es un medio de propaganda para procurar la afluencia de compradores, pero el hecho de que la doctrina y la mayoría de la jurisprudencia haya entendido que también es una forma de notificación a todos los interesados, no implica que debe ser aceptada pacíficamente por esta Cámara. Se pregunta dónde ha quedado el derecho de propiedad en relación con una instancia procesal tan rígida como la que pretende hacer valer la sentencia. Invoca la prelación del derecho de propiedad sobre las normas del código de procedimientos. Esgrime que el razonamiento de la 'a quo' se contrapone con el régimen general establecido por el código adjetivo a partir del art. 42 para las notificaciones de las partes, como así también con lo dispuesto por su art. 147. Califica de rigorismo procesal al análisis del plazo para el planteo de nulidad. Destaca que el único acto del que ha podido participar, porque fue puesto en conocimiento de un tercero, fue el mismo acto de la subasta de su propio inmueble, debiendo reconsiderarse el plazo como válido a los fines de efectuar el planteo de nulidad. B) Se ha violado la garantía constitucional del debido proceso: al no seguirse el procedimiento que establece el CPCC se ha violado el debido proceso que es garantía constitucional y no se restringe a la órbita penal. Sostiene que decidir unilateralmente una instancia procesal sin que todas las partes hayan tenido efectivo conocimiento de la misma, es violatorio de dicha garantía constitucional, máxime cuando está en juego algo tan importante como el mismísimo derecho a la propiedad, lo que no puede soslayarse con que no se esgrimieron defensas. Señala que la garantía del debido proceso es suficiente argumento para que se revean los planteos que se han esgrimido. Insiste en que la 'a quo' en ningún momento dictó los actos procesales a los que estaba obligada por aplicación del art. 129 del rito. C) La nulidad de la subasta: invoca que no estamos frente a un proceso en el cual la bilateralidad haya sido la característica principal de las contingencias procesales analizadas. Esgrime que el conocimiento de las actuaciones es precisamente lo que no ha sido debidamente controlado por la magistrada, al no haber dado traslado de la constatación y no haber participado su parte en este mismo acto. Puntualiza que el conocimiento según el razonamiento de la 'a quo' se basa en una presunción y no en las constancias de notificaciones efectivas realizadas en el expediente. Afirma que es el interés mismo del Estado en que el proceso sea respetado el que debe defenderse, porque ello forma parte del compromiso que en la misma Constitución se ha asumido al declarar que la misión principal del Estado es afianzar la justicia. Igualmente señala otras opciones como la de realizar algún depósito parcial que se hubiera materializado de haberse tenido la oportunidad cierta de conocer la reconstrucción y los actos posteriores. Señala que también se trasluce de un modo evidente que se remató un inmueble de características distintas a las realmente existentes. Peticiona se dicte resolución haciéndose lugar a lo planteado.

III.- En principio, en derecho procesal, toda nulidad es relativa. A mas de eso, en materia de nulidad de subasta impera el criterio restrictivo de interpretación de las nulidades procesales, regla potenciada en esta materia a fin de no crear un clima contrario a esta clase de ventas (Alberto Luis Maurino, "Nulidades procesales", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1.999, pág. 189).- Para la procedencia de las nulidades procesales es necesario la reunión de tres requisitos contemplados por el legislador en el Código de rito (arts. 169 y ssgts.), a saber: a) vicio formal que quite eficacia al acto impugnado; b) interés jurídico e inculpabilidad y c) falta de convalidación. El interés es el fundamento de la protección jurídica. Por ello, es menester para la procedencia de la nulidad, que los vicios formales en que se sustenta el planteo provoquen perjuicio a la defensa. Dicho perjuicio debe ser concreto y debidamente evidenciado, puesto que de otra manera la declaración de invalidez carecería de fin práctico y se arribaría a ella en el sólo y exclusivo beneficio de la ley, procesalmente inadmisible (esta Sala, SIC 55/00, 22/02, entre otras).- Como se señalara, un requisito básico para que sea procedente la declaración de nulidad de un acto procesal, es la existencia de un perjuicio y el interés jurídico en su declaración. Quien alega la nulidad procesal, debe mencionar expresamente las defensas que se ha visto privado de oponer (art. 172, CPCC), o que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, pues toda sanción nulificatoria debe tener un fin práctico y no meramente teórico. Debe señalarse cuál es el perjuicio real ocasionado. No basta una invocación genérica, como sería decir, por ejemplo, que se ha violado el derecho de defensa en juicio, sino que el interesado debe indicar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido (Alberto Luis Maurino, Op. Cit., pág. 51 y ssgts.).

La razón del requisito de demostrar la existencia de un perjuicio cierto e irreparable radica en la necesidad de juzgar si la anomalía ha puesto o no al litigante en estado real de indefensión. El principio de trascendencia, ínsito en las nulidades procesales, requiere que quien invoca la nulidad alegue y demuestre que el vicio le ocasionó un perjuicio cierto e irreparable, que no puede subsanarse sino con el acogimiento de la sanción. No es suficiente la invocación genérica de haberse quebrantado las formas del juicio; debe existir y demostrarse perjuicio concreto y su real entidad (Víctor De Santo, "Nulidades Procesales", Editorial Universidad, Buenos Aires, 1.999, pág. 53).

Allende el incumplimiento del trámite establecido por el art. 129 del código adjetivo, el incidentista no invoca que el vicio denunciado le haya ocasionado un perjuicio cierto e irreparable. Es que, denunciado el incumplimiento del trámite previsto por la norma individualizada, limitado el vicio alegado al procedimiento de reconstrucción del expediente, no referido a actuaciones anteriores, no afirma que haya tenido en su poder copias del expediente para presentar ni niega la autenticidad de las presentadas, siendo que el traslado omitido lo era a fin de que el incidentista se expida acerca de la autenticidad de las fotocopias que conformaran la reconstrucción y en su caso presente las que tuviera en su poder.- En tal sentido, los perjuicios individualizado -se remató un inmueble de características distintas a las realmente existentes, posibilidad de realizar algún depósito parcial- no son consecuencia de la nulidad pretendida, circunstancia a la que se suma la ausencia absoluta de crítica al fundamento dado por la Sentenciante de Grado referido a la improcedencia de la nulidad de la subasta a causa del bajo precio, falta de crítica que importa el consentimiento de lo resuelto en tal porción del decisorio cuestionado, y la falta de introducción en la presentación de fs. 100/102 del perjuicio referido a la posibilidad de concretar un depósito judicial, por lo que vedado se encuentra esta Alzada su consideración en virtud de lo dispuesto por el art. 277 del rito, correspondiendo señalar, sólo a mayor abundamiento, que dicho depósito judicial pudo haberlo materializado desde el primitivo conocimiento de la demanda, cuya nulidad no fuera pretendida.

Lo expuesto basta para confirmar el rechazo 'in limine' de los planteos de nulidad interpuestos a fs. 100/102 por el Sr. D. S. resuelto a fs. 123/124.

En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE:

Confirmar la resolución atacada de fs. 123/124.

Imponer las costas de Alzada a la parte apelante vencida (arts. 68, 69 y concs., CPCC).- Regular los honorarios correspondientes a los Dres. A. B. de A. y R. E. N., en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida ante este Tribunal, el carácter de la misma y al resultado obtenido, en la suma de cincuenta pesos ($ 50) (arts. 6, 7, 14, 33 y concs., ley 2.200 y modif.).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - SERGIO RUBEN LUCERO - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 189 DE 2006 - SIC.- CONSTE.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA