marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Consejo de la Magistratura, remoción de jueces, inmunidades del juez, declaración indagatoria
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ASTIZ, Alfredo y otros s/ apelación fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-22

Como consecuencia de la modificación de la Constitución Nacional fue creado el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación como órganos encargados de enjuiciar políticamente a los jueces de la nación que no fueran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se dictó la Ley 25.320, conocida como "ley de fueros".

Esta norma derogó los artículos 189 a 191 del Código Procesal Penal de la Nación que regulaban el procedimiento a seguir, en casos de que existiera necesidad de proceder contra funcionarios que ejercieran actividades alcanzadas por obstáculos de enjuiciamiento fundados en privilegio constitucional.

En su artículo 1 esa ley incorporó una pauta hermenéutica, que resulta de estricta aplicación al caso. Especialmente, la referencia a que..."El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad..."constituye una interpretación por vía legislativa sobre el alcance que corresponde conferir a ese acto, que solo autoriza a inferir que la norma habilita a escuchar, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal, al funcionario alcanzado por garantía funcional sin incurrir al antejuicio para ese fin.

Este criterio resulta compatible con la naturaleza de esa declaración, entendida como medio de defensa, de modo que si -como en el caso- existe voluntad manifiesta para prestarla, resulta violatorio de garantías constitucionales básicas de proceso penal supeditarla a la separación del cargo a través de los medios de enjuiciamiento político.

En todo caso, esta última posibilidad queda reservada para aquellos supuestos en los que, de acuerdo a los términos de la Ley 25.320, el funcionario no concurre a prestarla.

Conclusión, la decisión sobre la necesidad de disponer medidas restrictivas de la libertad en el proceso, con relación a magistrados, funcionarios o legisladores alcanzados por privilegios constitucionales vinculados al proceso penal no impide que cualquiera de ellos sea escuchado en declaración indagatoria en la causa.
Derecho ambiental, apreciación del juez, deberes del juez
Materia: MEDIO AMBIENTE-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LACUSTRE DEL SUD S.A. c/ CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL - PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-05-15

El compromiso de preservar el ambiente no sólo debe merituarse con una visión contemporánea sino que -por estricta manda constitucional- se extiende al derecho de las "generaciones futuras" a gozar de un ambiente sano.

La visualización de este principio de Equidad Intergeneracional exige del juzgador un especial y mayúsculo esfuerzo que conlleve a que su decisorio actual resulte atemporalmente convincente, y contenga en su esencia el soporte lógico jurídico suficiente que permita no sólo responder los planteos de las partes del proceso, ni aún de los actuales miembros de la comunidad referenciada en el caso a resolver, sino además resistir los embates que eventualmente puedan formular las generaciones venideras.

Es preciso pues que, en temas ambientales, el razonamiento del juzgador mantenga indemne su razonabilidad, juridicidad y fuerza convincente no solo en el presente sino hacia el futuro, de modo tal que pueda salir airoso de los embates que puedan hacerle las generaciones venideras, en un tiempo futuro donde quizás, pueda ser demasiado tarde para pretender reparar lo que hoy no se pudo o no se supo evitar.

La protección del medio ambiente, constitucionalmente receptada a nivel nacional como provincial, constituye un supuesto de interés público prevalente que resulta determinante a la hora de ordenar la suspensión o el mantenimiento de la eficacia de los actos administrativos que incidan positiva o negativamente sobre el ambiente, a la vez que impone prudencia en el conocimiento y decisión de la controversia, a fin de no vulnerar dicho interés.-
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, personal transitorio, personal contratado, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Denti, María Mercedes c/ Congreso de la Nación -Honorable Senado de la Nación s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-04

En ejercicio de las facultades concedidas en la Carta Magna, se sancionó la ley 22.140 por la cual se aprobó el régimen jurídico básico de la función pública, en el cual se distinguen tres situaciones de revista para el personal de la Administración Pública que no ingrese a ella en carácter permanente: de gabinete, contratado y transitorio (art. 11), a quienes expresamente no se le reconoce el derecho a la estabilidad reconocida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (art. 15, segundo párrafo, ley cit.).
Emergencia económica, interpretación de la ley, interpretación restrictiva, IACYFR
Materia: Administrativo
Carátula: Pereyra, Alberto Asís c/ Provincia del Chubut s/ Demanda por nulidad de Decreto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-09-13

El caso ventilado en autos, trata de una demanda por nulidad de un Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, que a su vez revoca una resolución del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, que a su vez le había otorgado la adjudicación en venta de dos establecimientos rurales al accionante y en modo alguno el reclamo es de contenido económico, por lo que considera no es de aplicación la norma invocada, ni ninguna otra contenida en la ley 3629.
Acción penal, querellante conjunto, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: R., H.O. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-19

"Que si bien incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo, desde que se trata de lo atinente a la más acertada organización del juicio criminal, todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el artículo 18 C.N., que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma.
Retiro militar, prescripción, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sgoifo Luis Vicente c/ Estado Nacional (Minist. de Def.) s/ Retiro Militar y Fuerzas de Seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

Tratándose de sumas de dinero que deben pagarse "por años, o plazos periódicos más cortos" le son aplicables las normas del artículo 4027 del Código Civil (cons. 3).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral, injuria laboral, delitos
Materia: LABORAL
Carátula: Comas, Juan Carlos c/ Cristalerías S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05

Si los hechos que se imputan al trabajador como causal de su cesantía equivalen a la figura delictual del robo, el único medio probatorio hábil para demostrar la legitimidad de la actitud rescisoria -prueba a cargo del principal- es mediante la constancia que surge del fallo del fuero penal (arts. 1102 y 1103 del C.C.).
Tribunal de alzada, jerarquía administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: SOLORZANO JUAN LUIS c/ TOTALGAZ ARGENTINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-08-07

El tribunal de alzada carece de potestades para analizar indiscriminadamente todo tipo de cuestiones introducidas por el apelante, sino que es sólo competente para resolver las cuestiones planteadas en la Instancia de origen dentro de los límites formulados por el quejoso. Es decir la Segunda instancia tiene prohibido tratar cuestiones no incorporadas a la relación procesal de la Primera Instancia, ni de aquellas que no han sido propuestas por el apelante, en tanto que las efectivamente planteadas deben ser correlativas y consecuentes de la Instancia anterior. Ello porque el principio de congruencia muestra límites más rigurosos en la competencia del Tribunal de Alzada, para resolver los planteos formulados por los recurrentes, toda vez que el objeto del recurso de apelación se encuentra circunscripto a las pretensiones impugnativas de aquéllos.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-12


Salta, 12 de Abril de 2011.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "AGUIRRE, SELVA DANIELA vs. GARCIA, JORGE DANIEL - FILIACION" - Expte Nº 222.765/08 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil de Personas y Familia 5º Nominación (Expte. N° CAM 332.278/10 de Sala II), y, ____________________CONSIDERANDO:

Vienen estos autos para conocer la recusación sin causa planteada por la parte actora, a fojas 492, en contra del Dr. Alfredo Ricardo Amerisse. Estando ella en término y autorizada por el art. 14 del Cód. Procesal, resulta procedente.

Por lo expuesto, para conocer la cuestión principal la Sala queda integrada con los señores jueces que suscriben la presente Dra. María Cristina Montalbetti y Dr. Guillermo Félix Díaz.

REGÍSTRESE, notifíquese.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: VALDEZ, Walter c/ EDNA S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-03-04

Habiéndose acreditado que el asado e ingestión de bebidas alcohólicas hasta altas horas de la madrugada en el que participó el actor, fue organizado en forma clandestina, y ello con el agravante que la producción en la fábrica disminuyó notablemente ese día produciendose un consumo de energía eléctrica innecesario, llevan a considerar violado el deber de buena fe y lealtad exigido al trabajador, y a tipificar la conducta como suficientemente grave para autorizar el despido por justa causa en los términos del art.242 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
Accidentes de trabajo, acción civil, cosa riesgosa, buques
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA  HUGO  MARCELO  C/KALEU  KALEU  S.A.  Y  OTROS/ACCIDENTE ACCION CIVIL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-30

El actor trabajaba en un buque y en ocasión del trabajo, pierde la estabilidad y cae a la cubierta con el consiguiente golpe: Si bien no puede considerase al buque con sus elementos de cubierta como "cosa riesgosa", si se tiene en cuenta la posibilidad cierta de provocar un daño por el movimiento propio del artefacto de navegación, tipo de tareas de pesca con rolido, así como la cantidad de elementos que se hallan en cubierta, cabe asignarle tal carácter. el hecho de que no se haya registrado un temporal el día del infortunio no resulta suficiente para excluir el carácter riesgoso aludido, pues las ráfagas normales de viento han generado el movimiento del artefacto naval en cuestión, con la generación del riesgo consiguiente. No hay cosa peligrosa en función de su naturaleza sino de las circunstancias y el damnificado no está obligado a comprobar el carácter peligroso de la cosa que lo ha dañado.
Boleto de compraventa, adquisición del dominio, posesión
Materia: CIVIL
Carátula: Villegas, Raúl y Villegas, Jorge s/ Tercería de Dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-14

El boleto privado constituye así un título idóneo, suficiente, para hacer adquirir la posesión al comprador...pero nada más, porque resulta insuficiente para adquirir el dominio. Así pues, la posesión conseguida mediante la tradición de la cosa comprada y título idóneo a ese fin -contrato de compraventa inmobiliaria por boleto-, configura, dentro de la economía del Código Civil Argentino, un derecho jurídicamente protegido, mas con independencia del dominio-
Hábeas corpus, competencia, privación ilegal de la libertad, desplazamiento de la competencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SARWER, Daniel I. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-04

Si de la presentación efectuada por el pretenso beneficiario surgiría que autoridades de la provincia de Buenos Aires estarían utilizando políticamente al Tribunal de Familia N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con la intención de privarlo ilegítimamente de la libertad, la disposición del art.

2 de la ley 23.098 impone declinar la competencia a favor del juez de garantías en turno en dicha jurisdicción para entender en la acción de hábeas corpus.
Derechos de autor, software, tipo penal, vacío legal, principio de legalidad, protección del software, facultades del Poder Judicial, seguridad jurídica, interpretación de la ley
Materia: PENAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Autodesk Inc. s/ recurso de casación. Causa: 400
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

El software es una obra sui generis, y, por lo tanto, no puede incluirse en el tipo penal a estudio so riesgo de violar el principio "nullum crimen sine praevia lege poenale". En efecto, extender el tipo penal aludido a la protección de esas obras sui generis, importaría quebrar la garantía de la realización del derecho penal liberal en cuanto limita las fuentes del poder represivo, propias del Poder Legislativo, ya que es facultad del Poder Judicial aplicar las leyes pero no sancionarlas. La seguridad jurídica se vería seriamente comprometida en caso de admitirse, por vía de interpretación judicial, que el software está comprendido dentro del objetivo de tutela contenido en el artículo 72, inciso a), de la ley 11.723.
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, gratificaciones, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Revello,  Antonio  Osvaldo c/ Telefónica  de  Argentina S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-25

Cuando se acude al instituto del acuerdo rescisorio expreso es porque se ha llevado a cabo, previamente, una negociación, arribándose a una solución que a grandes rasgos consiste en el pago de una compensación económica, generalmente dineraria, que se le abona al subordinado como parte integrante del convenio.

Si la ley admite la validez de la extinción del vínculo por acuerdo de las partes y si en la gran mayoría de los casos ese convenio es el fruto de tratativas que culminan con el pago de lo que suele denominarse "gratificación" como contraprestación a la conformidad del dependiente para dejar el empleo, parece evidente que esta sola circunstancia, la "onerosidad" del acuerdo, es un dato insuficiente para invalidarlo. Parece inadecuado considerar que el reconocimiento de una suma en concepto de gratificación deba considerarse una pantalla de un fraude laboral, por el hecho de que la misma se impute a "indemnización por antigüedad" y se declare que ambas partes, empleador y trabajador, "nada más tendrán que reclamarse entre sí por ningún motivo ni concepto derivados de la relación laboral que los unía".
Contratos, responsabilidad contractual, promesa de contrato, contrato de franquicia, perfeccionamiento del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: RADUAN,   GUILLERMO   MANUEL c/ INMOBILIARIA  BULLRICH  SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-17

Cuando, como en el caso, el instrumento firmado entre las partes fue, como bien lo reconocieron estas, un precontrato (también denominado por la doctrina como antecontrato), esta modalidad representa un negocio jurídico patrimonial que, siendo verdaderamente contrato en punto a su perfeccionamiento, en definitiva, tiende a preparar otro contrato. Deviene así en una especie de contrato de primer grado dirigido a la conclusión de otro contrato futuro (conf. esta CNCom., esta Sala A, 13/02/2008, in re: "Karamalikis, Juan c/ Cash Converters Sudamérica s/ Ordinario"). Ello así, en la especie, precisamente, las partes acordaron en él que la inmobiliaria demandada le otorgaría al actor una franquicia comercial la que surgiría del contrato que se celebraría a la brevedad posible, sin embargo, ya sentaron las bases fundamentales de la relación que los vincularía, a saber: i) se asignó con carácter exclusivo para el desarrollo de la franquicia comercial determinada zona de la Provincia de Santa Fe, abarcando todos los negocios inmobiliarios -industriales, residenciales, terrenos, desarrollos o construcciones y administraciones-; ii) se acordó que el plazo de otorgamiento de la franquicia sería de 5 años, renovables de común acuerdo; iii) también, que el franquiciado debía abonar al franquiciante un "royalty", cuyo monto porcentual dependería de la facturación bruta mensual; iv) en materia de publicidad, el franquiciado gozaría de todos los descuentos otorgados por el franquiciante, más un 10% de recargo por honorarios de agencia y v) las partes atenderían caso por caso los negocios comunes que pudieran desarrollar, siempre bajo el marco de buena voluntad mutua. De esa manera, quedaron establecidas las pautas generales que las partes debían seguir para la celebración del futuro contrato de franquicia, configurándose así un supuesto de pactum in contrahendo. Empero, del contenido del instrumento emergen disposiciones que, si bien por un lado contienen previsiones preparatorias de un contrato complejo de franquicia, lo cierto es que, además, se insertaron en él disposiciones específicas, también contractuales, por las que las partes reglaron las condiciones en que habrían de desenvolverse inmediatamente sus relaciones comerciales en el interregno entre la suscripción de esas condiciones y el otorgamiento del contrato de franquicia definitivo.
Interpretación de la ley, interpretación literal
Materia: PROCESAL
Carátula: Turismo Doss S.A. c/ EN - AFIP - DGI - resol. 1/11 (NGDE) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

El primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley.
Condena condicional, facultades del juez, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Domínguez, Ramón Guillermo s/ incidente de excarcelación en autos:"Ruíz, Alberto y otros s/  contrabando - causa nº 39.010 -".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Es en la sentencia definitiva que el juzgador tiene la oportunidad de ejercitar o no la facultad conferida por el art. 26 del Código Penal: dejar en suspenso el cumplimiento de la pena.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: LABORAL
Carátula: Naufel, Raúl D. c/ Martínez Raúl A. s/ Desalojo Maidana, Silvia c/ Terrile, Dante Carlos y otros s/ Accidente de trabajo. Art. 1113
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-12|1999-06-01

Los tribunales de apelación tienen una doble limitación: la que resulta de la relación procesal y la que el apelante le haya querido imponer en el recurso.
Recurso extraordinario, depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: JORGE EDUARDO CLEMENCEAU c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA s/ ORDINARIO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1989-04-04

El depósito de la ley 2275 debe efectuarse dentro de los diez días de la notificación de la sentencia recurrida, es decir, dentro del término para interponer el recurso. Pero si el depósito se efectúa o se completa después de vencido aquél plazo, la declaración de inadmisibilidad es inevitable.
Caso fortuito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Acosta Eleuterio y otra. c/ Y.P.F. s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

El principal efecto del caso fortuito es eximir de responsabilidad al imputado de culpa o dolo en la ejecución de un acto ilícito o al dueño o guardián de una cosa con vicios o riesgos, o al deudor en la inejecución de una obligación. Con relación a esta última situación el Código dispone expresamente: "El deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación cuando estos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor..."
Relación de dependencia, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Olivera Rolando Alberto c/ Correo Argentino S.A. y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-09-06

El principio general de la aplicación inmediata de la ley, no cuadra en la especie, frente a la existencia de una previsión legal que explícitamente determina su efecto con relación al tiempo.

El referido principio no influye en el sub-discussio, toda vez que de acuerdo a lo normado en el art. 5 de la ley 25013, la fecha de la extinción de la relación laboral, resulta inoperante para determinar los efectos jurídicos del capítulo II de la ley 25013, en orden al tiempo, ya que expresamente se establece su aplicación a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigencia.
Cuestiones de competencia, competencia nacional, procedimiento contencioso administrativo y tributario, daños y perjuicios, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, acumulación de acciones, Estado Provincial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GCBA y otros c/  s/ inhibitoria - responsabilidad médica s/ conflicto de competencia I en/ "J. N. G. y otros c/ Centro de Derivación de la Región Sanitaria IV, correspondiente al Hospital IGS San José de Pergamino y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

Corresponde declarar la competencia de la justicia nacional en lo civil para conocer, por el momento, en el juicio iniciado contra dos establecimientos asistenciales de la provincia de Buenos Aires y el Hospital de Pediatría SAMIC "Profesor Dr. Juan P. Garrahan", en el que se demanda el resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una mala praxis médica. Ello así, en tanto de la lectura de la demanda y de su ampliación surge que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no fue demandado en este proceso sino que su intervención en el juicio se originó en una clara equivocación del juzgado civil que conoció primero, que le corrió traslado al GCBA, oficiosamente, de la demanda contra el Hospital Garrahan, que es un ente con personalidad jurídica propia en la órbita del Estado Nacional, independientemente de su forma de financiación. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ponce, Eduardo Daniel s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia el quebrantamiento del art. 18 de la Constitución nacional fundado en la denegatoria de prueba por parte de la Cámara si el recurrente no invoca la violación de norma procesal alguna ni demuestra la directa transgresión del citado art. 18.