marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio de desalojo, competencia, justicia de paz letrada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Molina Ernesto Modesto c/ Lencone Mirta y otros s/ Desalojo Valenti Mario Pedro c/ Serpi de Silva Nélida y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05|1998-09-22

La concesión del uso gratuito del inmueble por el empleador del fallecido esposo y padre de los demandados no aparece ni como concomitante ni accesoria a la relación preexistente, sino que aparece surgida a posteriori, por lo cual no puede considerarse actuante el supuesto contenido en el art. 2do. inc. c) de la Ley 11653 y resulta correcta la decisión del Señor Juez de Paz Letrado de no desprenderse de su potestad jurisdiccional.- (Minoría u opinión personal)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: "Ministerio Público - Defensoría General de la CABA S/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos De Souza Losa, Adriel Fabián Sobre 149 Bis - Amenazas", expte. SAPPJCyF n° 41564/19-5 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-07

Corresponde rechazar el agravio según el cual la Cámara habría valorado arbitrariamente la prueba sobre la que sostuvo la condena, dado que no muestra que dicha valoración exceda la que incumbe a los jueces de la causa. En tales condiciones, no hay cuestión constitucional o federal (cf. Fallos: 311:2478) que incumba a este tribunal resolver. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Derecho procesal, medidas cautelares, responsabilidad civil, daños y perjuicios, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Añasco Caja de Crédito Coop. Ltda. en liquidación c/ Complejo Edilicio Habitacional UTA III Mar del Plata y otros s/ ejecución hipotecaria s/ inc. promovido por susana raquel echeverria. / mutual de jubilados retirados
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Procede revocar la resolución por la cual se reconoció a la demandada, el derecho de percibir intereses sobre las sumas que le habían sido embargadas. Ello por cuanto, el CPR 208, a diferencia de lo que fue interpretado, regula una acción de daños y perjuicios cuya procedencia se encuentra supeditada a la concurrencia simultanea de los presupuestos que supeditan la responsabilidad civil de las personas, a saber: a) acto ilícito, b) imputabilidad, c) relación de causalidad y d) daño. En consecuencia, antes de condenar a la actora a pagar los aludidos intereses, era necesario comprobar si concurrían o no dichos presupuestos, lo que supeditaba la viabilidad de dicha condena y que en el caso no se encuentran reunidos. Si bien es cierto que la actora obtuvo un embargo que, después fue levantado, la verosimilitud del derecho que había invocado, derivaba de un título cuya ejecutabilidad había sido admitida por todos los demandados y reconocida por el magistrado, lo cual obsta que la nombrada haya actuado en forma abusiva, generando un daño por el cual deba responder. No se ignora que luego la demanda fue definitivamente rechazada, pero ello no habilita a priori a obtener una automática reparación de daños, dado que la ilicitud en materia de medidas cautelares no puede derivarse, sin más, del rechazo de la pretensión, a poco que se repare que ellas constituyen tan solo un adelanto de la garantía jurisdiccional cuya procedencia no requiere más que fumus bonis juris (Fallos: 317:1239).
Indemnización por accidente de trabajo, opción del trabajador, muerte del trabajador, herederos
Materia: LABORAL
Carátula: ROCHA, GUILLERMO ADRIAN c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

Cuando el propio trabajador, víctima del accidente, ejerce en vida la opción prevista por el artículo 17 de la ley 9688, el derecho de su hijo -fallecido aquél- emerge de su vocación hereditaria, que hace que se le transmitan los créditos de su padre aún los litigiosos- y que suceda a la figura de éste en el proceso (artículos 3279, 3410 y concordantes del Código Civil). No es aplicable lo prescripto en los artículos 8 inciso a) de la ley 9688 y 37 de la ley 18037 que se limitan a los supuestos en que el trabajador fallece en el accidente y no cuando efectúa su reclamo en vida.
Accidente de tránsito, Dirección Nacional de Vialidad, responsabilidad concurrente, autopistas
Materia: CIVIL
Carátula: RIPANI,  Florencia  y  otro c/ DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD YOTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

Si la falta de iluminación en un puente que integra el trayecto de una autopista operó como concausa en la producción de un accidente de tránsito -moto embestida por un automóvil- es decir, contribuyó en forma jurídicamente relevante a su causación, la Dirección Nacional de Vialidad debe responder pues, aunque carezca de poder de policía, tiene a su cargo las tareas de control y mantenimiento del puente, las que incluyen las del cuidado del perfecto funcionamiento de la iluminación (decreto nacional 616/92).

La iluminación nocturna conveniente y adecuada a las autopistas es imprescindible para que el tránsito se realice con especial seguridad, dado que en ellas están autorizadas velocidades elevadas. Por lo que, su ausencia atenta contra la seguridad necesaria en este tipo de vías de tránsito urbano o interurbano, situación que encuadra en el concepto de culpa o negligencia al que alude el art. 1109 del Código Civil.

Al no poder establecerse la medida en que concurrieron a causar el accidente la falta de iluminación adecuada de la autopista y la responsabilidad del embistente del vehículo de la víctima corresponde atribuir en iguales partes la culpa de los responsables, obligaciones que son concurrentes -in solidum- en virtud de la existencia de un solo acreedor, un mismo objeto y distinta causa en relación a cada uno de los deudores. En tal situación, las responsabilidades concurrentes no excusan total ni parcialmente la de la Dirección de Vialidad, sin perjuicio de la que ésta ejerza ulteriormente contra el otro responsable para obtener su contribución en la deuda solventada.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Spinelli, Felix c/ Artese, Alicia Monica s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

La omisión de consignar el nombre del beneficiario constituye una falencia que desnaturaliza la pretensa categoría jurídica de pagaré otorgada al documento que se ejecuta, no obstante lo cual se está en presencia de un instrumento privado que refleja una obligación de dar una suma determinada de dinero cierta y exigible. Dicha emisión resulta suplida con la promoción de la demanda ejecutiva del actor como portador, invocando el carácter de acreedor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuerpo del delito, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Lanzos, Rubén Oscar s/ Defraudaciones reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

No puede utilizarse como prueba directa e indirecta para acreditar el cuerpo del delito el dicho del denunciante, quién también actúa en el carácter de particular damnificado (art. 141 incs. 9 y 11 n.a.- C.P.P.).
Extinción de las obligaciones, transacción, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: INMOBILIARIA DE PLATA S.A.I.F.I.C.A.M. c/ VIALCO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-16

Conforme el art. 832 del Código Civil la transacción es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Si las partes acordaron que entre los créditos y débitos recíprocos resta abonar un saldo por parte de la demandada quiere decir que la actora al efectuar la transacción, cumplió con su obligación compensando sus créditos con las deudas (ambos litigiosos) que mantenía con la contraria, quedando pendiente el saldo de la demandada. Es por ello que no le resulta aplicable el régimen de desindexación de deudas preexistentes contemplado en el art. 9° de la ley 23.928, toda vez que no se encuentran comprendidos en él los contratos bilaterales en los cuales alguna de las partes haya cumplido íntegramente su prestación.
Procedencia del recurso, reposición in extremis, nulidad de la notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRCULO DE INVERSORES SA DE AHORRO P/F DETERMINADOS Y OTRO C/ PEDEMONTE, NICOLAS MARTIN S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-28

Procede hacer lugar a la revocatoria in extremis respecto de la resolución por la cual fue declarada la nulidad de cierta notificación y de los actos procesales que hubiesen sido su consecuencia. Ello por cuanto, en el caso, la cédula fue dejada en el buzón de la propiedad y la demandante manifestó con apoyo en una imagen de la página web Google Street View, que en la dirección en donde se practicó el acto controvertido hay un inmueble con reja abierta, patio delantero y garaje, luego de los cuales está la puerta de ingreso al domicilio, y es por ese motivo que si la Oficial Notificadora pasaba la cédula por debajo de la reja, la entrega habría sido insegura por inclemencias del tiempo, la naturaleza, o el viento, o habría podido ser destruida por algún animal que se encontrara allí. Tales peculiaridades no fueron tenidas en cuenta en la resolución precedente y han quedado descriptas mediante el pedido de revocatoria, en el que obra la explicación sobre la disposición física de la entrada del domicilio, que no ha sido negada por la parte demandada. En consecuencia, conforme la disposición de las instalaciones y la explicación del accionante surge que el modo más apropiado de cumplir con lo normado por el CPR 141 y su reglamentación -mediante el Régimen de Notificaciones del Consejo de la Magistratura del Poder judicial de la Nación (art. 153 inc. D, Res. 188/07 del Consejo mencionado)- fue actuar como se hizo, es decir, dejando la cédula en el buzón. A más, es claro que si el demandado aceptó poseer un buzón como mecanismo para recibir correspondencia, publicaciones o comunicaciones del tipo que fueren, se supone que también aceptó que debía controlar frecuentemente si había recibido alguna de tales piezas, por lo que se estima que dicha oficial actuó del mejor modo que le fue posible en el contexto que se le presentó, por lo que debe ser rechazado el planteo de nulidad interpuesto por la demandada.
Procedimiento administrativo, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: IANOVER, NILDA NOEMI s/ INTERDICCION  C.O.N.A.R.E.P.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-24

Atento no proceder la aplicación de costas en el procedimiento administrativo, no corresponde regular honorarios por trabajos en esa sede.
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) c/ Tucumán,Provincia de y otro s/ desalojo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

Si el plazo fijado por una sentencia del Tribunal, para el desalojo de un inmueble del Estado Nacional ocupado por la policía de una provincia resulta exiguo, esta podrá requerir fundadamente su ampliación, pero de ningún modo estará habilitada para desconocer la autoridad institucional del pronunciamiento.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Varela, Alberto Fabián s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

Es extemporáneo el agravio en el que se invoca la violación de los artículos 55 a 58 del Código Penal si lo relativo a la unificación de penas fue resuelto en la sentencia de primera instancia con el mismo criterio que luego siguió la Cámara y ello no fue impugnado en el momento procesal oportuno, de modo que el tema no puede ahora ser traído a conocimiento de esta Corte (art. 342, C.P.P., según ley 3589 y sus modif.-).
Procedimiento laboral, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: MONTENEGRO RAUL c/ TORTONE  S.A s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-05-11

El "onus probandi" no sólo respecto de la incapacidad sino también de las tareas que en la demanda describe (atribuyéndose a la forma de prestar las mismas y al ruido ambiental) está a cargo del trabajador.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, sentencias de segunda instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CADENAS, JUAN BAUTISTA c/ MONTEBELLO, SACI Y M s/ COBRO DE PESOS.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    RECURSO EXTRAORDINARIO.     CSJ EXPTE NRO 64-86 SACREU SCA c/ ISALEX SA s/ DEPOSITO DE COSAS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE  LA  NACION      CSJ EXPTE NRO 100-89 INNOCENTI, MARIO c/ MAJORANA, PABLO s/ EJECUTIVO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD B., G. B. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION - TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO (CSJ EXPTE NRO 696-90) GUDELJ, MARIANO s/ SUCESORIO     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ Expte  N. 13-89) WINKELMANN, RUBEN c/ SULFACID SA s/ DEMANDA LABORAL     RECURSO  EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION (CSJ EXPTE N. 594-89) AIRASCA, NESTOR Y OTROS c/ SULFACID SAICF s/ DEMANDA LABORAL     QUEJA     RECURSO EXTRAORDINARIO (CSJ EXPTE N. 425-89) PACHECO, SILVIA NORMA c/ CERAMICA POTOSI SA Y OTROS s/ DEMANDA ORDINARIA     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     RECURSO EXTRAORDINARIO (CSJ EXPTE Nº 737-90) DONATO, OSCAR JUAN c/ BASCULAS CASILDA SA s/ COBRO DE PESOS - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD - CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO (CSJ  EXPTE Nº 617-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-14|1989-11-14|1992-05-27|1995-09-06|1992-09-15|1991-04-17|1991-04-17|1992-11-11|1993-03-03

Los agravios que sustentan el recurso federal, deben estar dirigidos contra la sentencia de la Corte, que es la que agota los remedios locales, y no, contra las decisiones de las instancias inferiores, evitando así que de lo contrario, por esta vía se instaure una "cuarta instancia".
Funcionarios públicos, peculado
Materia: PENAL
Carátula: Gaviglio, Sergio Gabriel s/ P.s.a. peculado reiterado, usurpación y falso testimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-17

Comete peculado el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo (art. 261, primer párrafo, del CP). Sustraer significa apropiarse, lo cual requiere del empleo en provecho propio o de un tercero del caudal público, aunque no sea definitivo, como ocurre con el funcionario que así lo hace pero piensa luego devolver.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Pérez, Fredy Fernando c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

La determinación del daño por el tribunal (art. 165 del Código Procesal) debe acompañarse de las razones que la sustentan, no requiere el estricto seguimiento de criterios matemáticos, ni la aplicación de los porcentajes de la ley de accidentes del trabajo.
Costas, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-04

Si bien lo atinente a la imposición de costas es materia ajena al recurso de casación, el impugnante ha demostrado que se encuentra comprometida una cuestión de índole federal (la posible infracción al principio constitucional de igualdad) y cabe concluir que el tribunal de juicio se apartó infundadamente de las previsiones del art. 531 CPPN -en cuanto determina el principio general de la imposición de costas a la parte vencida- y estableció, de ese modo, una distinción arbitraria entre las distintas partes litigantes y sus representantes.
Impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, Estado Nacional, Ente Nacional Regulador del Gas, medidas cautelares, inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO
Carátula: Pan American Energy L.L.C sucursal Argentina c/ Estado Nacional - Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios s/ medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2012-08-07

Es improcedente la medida cautelar incoada contra el Estado Nacional y el ENARGAS por una empresa dedicada a la extracción de petróleo crudo y gas natural, tendiente a que los agentes de recaudación del cargo establecido en el Decreto 2067/08 se abstengan de facturar o percibir dicho cargo con los montos previstos en la Resolución Enargas 1982/2011 y lo hagan con los valores previstos en la Res. 563/08, puesto que la actora cuenta con un ámbito específico en el que puede consensuar y obtener medidas tendientes a morigerar o, eventualmente, dejar sin efecto los perjuicios que dice le producen la resolución mencionada, si es que con el dictado de la Resolución Nº 77/2012 de la Secretaría de Energía no fueron ya saneados, por lo tanto, deviene procesalmente pertinente que el debate se articule ante la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Estabilidad del Precio del Gas Licuado de Petróleo creada por el art. 16 de la Resolución 1071/2008 de la Secretaría de Energía de la Nación.
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rife SA c/ Municipalidad de San Isidro s/ Acción de Amparo Cuestión de Competencia art. 6-Demanda contencioso  administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

La justicia ordinaria resulta competente para entender en la acción de amparo promovida contra actos provenientes de la Administración Pública pues si de otra manera se entendiese, la ley 7166 no tendría aplicación, salvo casos excepcionales porque por hipótesis lo que con ella se pretende tutelar es el derecho de los particulares frente a los actos de la Administración. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Autopsia, nulidad absoluta, defensor, falta de notificación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: PALACIOS SERGIO HIPOLITO s/ PERICIA-NOTIFICION-CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-11-24

En el caso, la autopsia que se impugnó esta viciada de nulidad si no se cumplió con las formalidades prescriptas por el art. 260, Ultima parte, del código procesal penal que ordena la notificación de las conclusiones de las pericias al ministerio fiscal y a los defensores, vulnerándose el derecho de defensa del imputado. Esto es así porque el tribunal estaba obligado a notificar al defensor del imputado la realización de la autopsia tan pronto estuviese individualizado como tal y presente en la causa, haciéndole conocer, además, como lo precisa la ley, bajo sanción de nulidad, que la pericia se había realizado. La nulidad que acarrea la ausencia de notificación referida, es absoluta, porque concierne a la intervención del imputado en un acto establecido por la ley (art.170 171 inc. 3° Y 172 del CPP.).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, trabajador, negligencia
Materia: LABORAL
Carátula: CAÑA, JESUS MARIA c/ CAPITAN CORTES SACIFI. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-09

Cabe descartar la existencia de una cosa riesgosa o viciosa cuando fue el acto imprudente de un dependiente de la empleadora, lo que produjo el siniestro.
Auto de procesamiento, eximición de prisión, secreto del sumario, caución real, reordenamiento del sistema financiero
Materia: PENAL
Carátula: FLORIANI FERNANDEZ, Rodolfo J. s/ ASOCIACION ILICITA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

Cuando no se ha dictado auto de procesamiento contra el imputado que solicita su exención de prisión, el juez debe, por imperio del art. 318, C.P.P.N., calificar provisoriamente la imputación, sobre la base de los elementos procesales existentes hasta el momento. La vigencia del secreto sumarial al momento de dictarse la resolución puesta en crisis impide otorgar favorable acogida al agravio de la defensa en cuanto a la imposibilidad de controlar si la calificación asignada a los hechos es razonable, ya que ello desvirtuaría la finalidad misma de la medida prevista en el art. 204 del ordenamiento procesal. Subsiste la posibilidad de acceder a la exención de prisión de los encartados si la penalidad prevista para los delitos pesquisados no supera el tope máximo establecido en el art. 316, C.P.P.N. (*). Corresponde otorgar la exención de prisión con una fianza de tipo real, cuyo monto será discernido en esta instancia.

Disidencia parcial del Dr. González: Los hechos se habrían perpetrado mediante el aprovechamiento de la inédita y caótica coyuntura económico-financiera conocida como "corralito". La exención de prisión es procedente bajo caución real, más el monto de la fianza debe resultar más significativo y adecuado para garantizar la presencia del imputado.
Ley sobre riesgos del trabajo, interpretación de la ley, inconstitucionalidad, derecho a la integridad física, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ALVAREZ, ALFREDO c/ DEPAULI, FEDERICO ALEJANDRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08

La exclusión de un grupo de personas de la protección prevista por el Código Civil implica privarlos de la tutela que la ley ha dispuesto de la libertad e integridad personal garantizadas en el artículo 19 Constitución Nacional, y por tanto, una restricción semejante no puede reclamar en su favor la genérica presunción de constitucionalidad que cabe reconocer a las leyes que el Congreso dicta dentro del marco genérico de sus atribuciones legislativas; así, en tanto en el sistema de la ley de riesgos del trabajo la culpa del empleador es tratada como un riesgo no asegurado y no resarcible que es puesto a cargo del que lo sufre y no del que lo causa, debe negársele presunción de constitucionalidad, como a toda regla que obliga a afrontar el costo de daños causados por otros, por ser contraria, en principio, al derecho de propiedad. - CITAS: CSJN: "Díaz c/ Vaspia" (D. 995. XXXVIII), voto de la doctora Carmen Argibay. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Netri y Erbetta) - Jurisprudencia concordante con Sánchez, AyS T 274, p 11/19.
Cómputo de servicios, acción de amparo, proceso judicial, prueba, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, OSVALDO OMAR c/ A.N.Se.S. s/ SERVICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

La situación creada por el no reconocimiento de la prestación de servicios durante un período determinado, no puede ser dilucidada a través de una acción de amparo sino que requiere un proceso más amplio, en el que se realice un debate en torno a la acreditación de los servicios denunciados y se produzca la prueba necesaria a fin de esclarecer los hechos, debiendo el recurrente reencauzar su presentación mediante el procedimiento previsto en el art. 15 de la ley 24.463, con la reforma introducida por la ley 24.655.
Retenciones salariales, ahorro obligatorio, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: SALOMON, JORGE AUGUSTO c/ GRAFA  S.A. s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

La existencia de colisión entre el artículo 20 de la ley 23549 y los artículos 131, 132 y 133 de la ley de contrato de trabajo, no privilegian necesariamente la intervención del juez del trabajo ya que se trata de normas de idéntica jerarquía, por lo que, afirmada la naturaleza fiscal del conflicto, tal colisión aparece como uno de sus aspectos de marcado carácter accesorio, ya que incide sobre las modalidades operativas del cobro del tributo.