Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-30


C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta (30) de Agosto de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Banco Hipotecario S.A. vs. Menez, Daniel Fermín s/ Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.-Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de fecha 10/02/2004, que hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, revoca la sentencia del 19/6/2003 y no hace lugar a la excepción de inhabilidad de título, prescripción y planteo de inconstitucionalidad deducido por el demandado, ordenando llevar adelante la ejecución.

II.- Ataca el recurrente la sentencia de Cámara sosteniendo que la misma agravia su derecho de defensa en juicio, en cuanto vulnera la sana crítica, siendo arbitraria y asumiendo gravedad institucional. Alega que el daño que produciría la ejecución es irremediable por juicio ordinario posterior.

Le agravia que el fallo aplique irrazonablemente la ley, no se ajuste al caso que decide, haciendo afirmaciones dogmáticas desprendidas del contexto procesal de autos y contradictorias con las mismas pruebas todas contenidas en el título ejecutivo base de la acción, en especial la escritura pública donde consta el contrato de mutuo y la garantía hipotecaria.

Expresa que dicha escritura fue lisa y llanamente desconocida por la sentencia al afirmar que el certificado expedido por el banco es autosuficiente para promover la ejecución sin necesidad de prueba de ninguna naturaleza.

Que si bien es cierto que la garantía hipotecaria es accesoria de una obligación principal -en la especie, el mutuo- no es dable afirmar idéntica situación (de accesoriedad) entre obligación principal y certificado de saldo deudor.

Que la sentencia confunde hipoteca con contrato de mutuo pretendiendo teñir de accesoriedad propia de aquél derecho real, al contrato que justifica la existencia de la constancia de saldo deudor.

Centra la cuestión en determinar, en caso de existir contradicción diáfana por el simple cotejo de los documentos entre el certificado de saldo deudor y la escritura en que el contrato de mutuo está contenido, a cuál de ellos debe atenerse el Juzgador.

Sostiene que la contradicción no puede ser legitimada por la constancia de saldo deudor toda vez que la existencia de la misma tiene justificación en la legalidad del contrato de préstamo que, de no existir o no ser exigible, torna inexistente o inexigible tal constancia.

Destaca que en el caso de autos el actor ha adjuntado el instrumento que permite determinar la causa, no solo de la obligación como lo es la escritura pública que contiene el contrato de mutuo, sino también de la constancia del saldo deudor y que la justicia no puede soslayar esta evidencia con la dogmática afirmación de que el saldo deudor reflejado en el certificado va de suyo que importa exigibilidad. Que la sentencia no puede dejar de atender, so pretexto de la posibilidad de juicio ulterior, que siendo el mutuo inexigible, la constancia emitida en efecto de aquél sí lo sea.

Pues en este caso, dicha constancia no sólo no es exigible sino que resulta nula. Explicita que la mora del deudor es un hecho objetivo y ajeno a la voluntad del acreedor que no puede ser suplida por la expresión contenida en el certificado de saldo deudor cuando el mismo acreedor adjunta el título que justifica la creación de dicho certificado y resulta que allí la posibilidad de la mora brilla por su ausencia. Señala que la contradicción en la inteligencia sentencial tiene su sustento en otorgarle a la constancia de saldo deudor una entidad presuntiva iure et de iure.

Indica que para sortear el obstáculo de la inexigibilidad del título intenta la Cámara una explicación a título de "observación" inventando una fórmula regresiva para el vencimiento de la primera cuota que, además de no surgir de la voluntad expresa o implícita del contrato, resulta matemáticamente imposible dado que computando regresivamente entre el 17/10/2010 y octubre de 1996 (fecha puesta caprichosamente por la Cámara) hay 168 y no 180 meses de plazo como se estableció contractualmente.

A ello agrega que ello tampoco coincide con lo expresado respecto de que la cuota 9° venció el 11.03.98 pues entonces debería concluirse que el pago de la primera cuota venció, regresivamente, 9 meses antes y esta fecha, coincidir con aquélla que habría surgido regresivamente del título (octubre de 1996) pero se llega a junio de 1997 escasamente. Que de todo ello surge prístina la incongruencia sentencial por fallo extrapetita.

De otro lado, le causa gravamen el que se diga que no puede entrarse a discutir la formación y liquidación o legitimidad de la causa y que ello debe alegarse y probarse en juicio ordinario posterior;

que de admitirse la impugnación llevaría a neutralizar lo previsto en la carta Orgánica retrotrayendo la discusión a la operación del préstamo en sí misma, excediendo las formas extrínsecas del título, con lo cual, dice, si sólo se hubiese arrimado como título la escritura, hubiese existido la posibilidad de acoger la inhabilidad pero que tal posibilidad queda vedada si, además de la escritura, se adjunta constancia de saldo deudor. Que entiende un despropósito para la justicia, teniendo ante los ojos y a la mano la solución a la injusticia, dejarla suspendida hasta el juicio posterior, sin pagar caro tributo de dispendio inútil de actividad jurisdiccional por exceso ritual.

Y que en su caso el daño es irreparable al privársele de la única vivienda en que vive con su familia.

Le agravia que se diga que la norma que otorga habilidad ejecutiva a la constancia del saldo deudor del BHN tachada de inconstitucional sea necesaria para la institución bancaria a fin de que el deudor moroso reincorpore esos fondos a un sector de la población con medianos ingresos.

Que el BHN es la única institución que goza de tal beneficio, que cuando contrató con la actora era una institución pública pero que ahora se ha convertido en un agente financiero privado; que abusó de los privilegios de una institución pública; que se pretende ejecutar el título aún a contrapelo de la escritura pública que contiene el préstamo y la garantía; que hoy se encuentra en inferioridad de condiciones jurídicas a las de cualquier mutuario de otro banco privado, situación que no fue aceptada al suscribir el contrato pero que se impone por medio de la ley contraria a la Carta Magna.

Destaca que la sentencia hizo caso omiso de los argumentos y no abordó el análisis constitucional propuesto, por lo que resulta viciada.

Cita jurisprudencia en su apoyo, doctrina legal; hace reserva del caso federal y concluye solicitando se haga lugar al recurso tentado, con costas.

Corrido el traslado de ley, la actora contesta según los términos obrantes a fs. 204/207.

III.- Por auto interlocutorio del 07/5/2004 la alzada concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- En orden al juicio de admisibilidad, se observan cumplidos los requisitos de depósito judicial e interposición temporánea por quien se encuentra legitimado para ello, correspondiendo que se examinen las demás exigencias de los arts. 813, 814, 815 y 816 del CPCC, a fin de determinar su admisibilidad o no.

V.- La sentencia recurrida sostiene que encuadra en el art. 502 inc. 3 el Decreto n° 540 del 23.03.83, que aprueba el texto ordenado de la Carta Orgánica del BHN, estableciendo en el art. 54, lo que normaba la ley 22.232 en el art. 55, en el sentido de que constituirán títulos ejecutivos que traen aparejada ejecución:

a) la copia simple autenticada de la escritura de obligación hipotecaria; b) las liquidaciones que practique el Banco respecto de las sumas adeudadas por créditos personales y saldos deudores de créditos otorgados con la garantía hipotecaria o prendaria... suscritos por el funcionario que indique la reglamentación que dicte el Banco.

Que la ley 24.855, de su parte, que privatiza el BHN, en su art. 16 dispone que el PEN procederá a transformar el BHN en Banco Hipotecario S.A. quien continuará con los derechos y obligaciones de su predecesor, salvo lo derogado expresamente por esa norma.

Que en el art. 23 inc. "b" apartado 2°, dispone que se deroga la Carta Orgánica del BHN según el texto ordenado por el Dcto. 540 con excepción de las facultades y privilegios contenidos en los arts. 24 inc. I), 33, 34, 36, 37, 38,39, 40, 41, 45, 47, 54 y 56, los que continuarán vigentes para las operaciones concretadas y que se concreten dentro del plazo de diez años a partir de la vigencia de la ley.

Entiende la Cámara que ello significa que al no haber sido derogado el art. 54 ya transcrito de la Carta Orgánica de la actora y tratarse de una operación concretada el 17.11.95, la actora está facultada por ley sustancial, para demandar por la vía ejecutiva emitiendo certificado de saldo deudor del crédito otorgado con garantía hipotecaria, instrumentado en escritura pública, cuya copia simple autenticada acompañara con la demanda, siendo aprehendido por la normativa del art. 503 inc. 2, procesal.

Considera inadmisible el planteo de inconstitucionalidad realizado por el ejecutado referido a que la norma confiere el carácter de título ejecutivo al certificado de saldo deudor emitido por el Banco, y a la copia simple autenticada de la escritura hipotecaria.

Y ello porque es una norma de carácter procesal, prevista para determinado tipo de crédito para asegurar su reintegro en forma sencilla y breve a favor del Banco; que por su naturaleza necesita ser regulado por un proceso abreviado, no vulnera ni afecta el derecho de defensa, propiedad, etc., toda vez que el demandado está facultado para promover el juicio de conocimiento posterior, art. 544 procesal.

Que es una norma necesaria para la institución bancaria a fin de que el deudor moroso permita el retorno del dinero al circuito financiero en tiempo útil, favoreciendo que la entidad reincorpore esos fondos a un sector de la población con medianos ingresos para que acceda a la construcción de su propia vivienda. Que no constituye una discriminación arbitraria al ser otorgada al BHN y si bien la actora no es una entidad estatal, hoy S.A., está sujeta a un específico control por parte del BCRA.

Pondera que el certificado de saldo deudor que obra a fs. 15 se encuentra expedido por el gerente y contador de la sucursal del actor que controlan la exigencia de un crédito bancario exigible, y el cual funda su derecho el actor para promover esta ejecución en el Título V de su demanda, fs. 27, es un título autónomo que trae aparejada ejecución.

Que no fue negada la autenticidad de la copia simple de la escritura hipotecaria, ni la existencia del mutuo por lo que la demandada consintió que la deuda quedara determinada en la forma prevista en la Carta Orgánica del Banco Hipotecario, de modo que no puede ahora en un juicio de cognición limitado, volverse contra un régimen que aceptara someterse. Que toda discusión sobre la causa en este juicio es inadmisible.

Que se basta a sí mismo, es autosuficiente para promover la ejecución sin necesidad de prueba de ninguna naturaleza, como lo exige la sentencia apelada, toda vez que esa certificación concreta la deuda de la cual la hipoteca es accesoria, goza de presunción de autenticidad, tanto respecto a la existencia del contrato de mutuo y congruencia de la suma de dinero expresado en el mismo, con el monto adeudado de la operación.

Que el saldo debe observarse objetivamente, se trata de una suma líquida, no cabe observar el contenido de la liquidación ni si el préstamo fue efectivamente percibido en su totalidad por el deudor o el contenido de la liquidación es ajustado a derecho y si corresponde acreditar el cumplimento de otros requisitos o condiciones.

No es necesaria, expresa, ninguna otra exigencia, se trata de un título ejecutivo bancario, admitido por el CPCCT por regulación de la Ley Orgánica del BHN y sus modificaciones, y por consiguiente el saldo deudor reflejado en dicho certificado va de suyo que importa su exigibilidad.

Agrega que el art. 534 inc. 4 procesal determina que no puede entrarse a discutir la formación y liquidación o legitimidad de la causa del título de la ejecución; que el certificado es autónomo y no precisa de complemento alguno, que todos los procedimientos utilizados para arribar a ellos deben alegarse y probarlos en juicio ordinario posterior; que no debe argüirse la irregularidad del trámite pues ello es ajeno al título en sí; que de admitirse la impugnación llevaría a neutralizar lo previsto por la Carta Orgánica, retrotrayendo la discusión a la operación del préstamo en sí misma, excediendo las formas extrínsecas del título.

Por ello, concluye rechazando la excepción de inhabilidad de título. No obstante ello, continúa observando lo manifestado por el demandado sobre que el mutuo no contiene plazo para el pago de la primera cuota, salvo la mención que se pagarían del 1 al 10 de cada mes, que serían 180 y que la última vencería el 17 de octubre de 2010.

Dice que los 180 meses no fueron computados como expresa a partir del día mismo de la fecha del desembolso al celebrarse la escritura hipotecaria en octubre de 1995,sino que la primera cuota exigible vencía recién en el mes de octubre del año siguiente 1996, computando regresivamente los vencimientos.

En cuanto a la excepción de prescripción rechaza la misma porque al tratarse de una deuda única no es aplicable el art. 847 inc. 2° del C. de Comercio así como que tampoco transcurrió el período de cuatro años de las cuotas impagas que se indican en la liquidación de fs. 16 complementaria del certificado de deudas de fs. 15, la cuota 9° venció el 11.03.98, la demanda que interrumpió la prescripción fue presentada el 18.04.01.

Por ello, concluye revocando la sentencia apelada y disponiendo rechazar las excepciones de inhabilidad de título, prescripción y planteo de inconstitucional deducidos por el demandado, y ordenando llevar adelante la ejecución, con costas al demandado vencido.

VI.- En relación al gravamen que ocasiona al recurrente el rechazo de la excepción de inhabilidad de título cabe señalar, liminarmente, que lo decidido sobre esta cuestión, en tanto inherente, exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, adquiere la calidad de cosa juzgada material, y siendo que tampoco pueden discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (arg. art. 544 3° párr., CPCC), admite su encuadramiento dentro de la preceptiva del art. 813 inc. a) de la ley adjetiva (cfr.: CSJTuc., in re: "Banco de Galicia y Bs. As. S.A. vs. Cano, Mario Roberto s/ Ejecución hipotecaria", del 25/3/98; Banco de Catamarca vs. Pio Marchetti Soc. de hecho s/ Cobro ejecutivo", del 17/3/95; etc.).

El agravio del recurrente está referido, en este tópico, a que la Cámara no ha considerado que el título que se pretende ejecutar no contiene una obligación exigible; que si hay contradicción entre el certificado de saldo deudor y la escritura pública que contiene el contrato de mutuo, hay que atenerse a ella y no al certificado como hace el tribunal a quo; que este instrumento público no especifica cuándo el deudor cae en mora; que del mismo surge que la posibilidad de caer en mora brilla por su ausencia; que el fallo es incongruente -en alusión a los cómputos que realiza respecto de los vencimientos de las cuotas-.

Le agravia igualmente que la sentencia considere que no puede entrar a discutirse la causa de la obligación cuando, sostiene, se ha acompañado, además del certificado, la escritura de mutuo hipotecario por lo que no considerarla importa un exceso ritual, causándole un gravamen irreparable que se difiera la cuestión para un juicio ordinario posterior. Por último, difiere con el criterio sentencial que no advierte inconstitucionalidad en la norma tachada por el recurrente como tal.

De su lado, la Cámara viene a decir que el título ejecutivo presentado, certificado de saldo deudor y copia simple autenticada de escritura pública de mutuo con garantía hipotecaria, es hábil para la ejecución que se pretende, de conformidad a la normativa vigente que menciona. Agrega que el certificado deudor del caso es expedido por el gerente y contador de la sucursal del Banco actor, los que controlan la exigencia de un crédito bancario exigible;

que es un título autónomo que trae aparejada ejecución y que no fue negada la existencia del mutuo ni la autenticidad de la copia de escritura hipotecaria. Que este certificado que contiene una suma líquida de dinero, no necesita de prueba de ninguna naturaleza, toda vez que goza de una presunción de autenticidad, por lo que el saldo allí consignado va de suyo que importa su exigibilidad.

El razonamiento expuesto por la Cámara es correcto y luce como derivación razonada de las leyes vigentes mentadas en el fallo.

A su vez, el argumento casatorio referido a la pretensa contradicción entre los documentos adjuntados a la demanda priorizando los términos de la escritura pública, no tiene virtualidad bastante a fin de acreditar el exceso ritual alegado o la violación a las reglas de la sana crítica al no haber considerado el tribunal, según dice el recurrente, que de la escritura pública acompañada no se desprende la mora, la exigibilidad de la obligación de autos.

Es que, de un lado, el fallo recurrido se atiene al certificado de saldo deudor emitido de conformidad a las normas legales para ver en éste el título ejecutivo autónomo, suficiente y hábil del caso.

Del otro, más allá de las consideraciones que la sentencia efectúa luego de haber concluido en el rechazo de la excepción de inhabilidad de titulo interpuesta por la razón considerada, no se advierte, de la lectura de la escritura pública en copia simple acompañada, que ella desvirtúe la ejecutividad del certificado. En la misma están expresamente consignadas no sólo la suma objeto del mutuo, sino también el número de cuotas pactadas para su devolución, la fecha de vencimiento mensual de cada una, la fecha de vencimiento de la última cuota, la tasa de interés y método aplicables.

De ello no se advierte contradicción alguna con lo consignado en el certificado (instrumento hábil por sí mismo para ejecutar, que contiene una suma de dinero líquida y exigible) que torne estéril al mismo.

Y es que todo lo referido a la incongruencia entre los vencimientos de las cuotas reclamadas mediante el certificado y los que correspondrían según los términos de la escritura, así como desde cuándo el deudor se encuentre en mora, o la circunstancia de la veracidad o no del desembolso de dinero por parte del Banco acreedor son todas cuestiones que, como bien lo afirma la Cámara, podrán ser materia de análisis, prueba y decisión en un eventual juicio posterior.

En el juicio ejecutivo el deudor no puede fundar la excepción en circunstancias que se vinculan con la celebración del contrato de mutuo hipotecario, en el caso, que no se recibió los desembolsos posteriores a la fecha de celebración, o en una supuesta incongruencia entre el certificado y la escritura, cuando de ésta no surge manifiesta de los términos de ambos;

antes bien, para determinarla, se hace necesario conocer las particularidades del caso (tanto más cuanto que, en el sub iudice, la misma escritura pública remite a otros documentos que forman parte de ella y de los que surgirían los antecedentes del crédito otorgado -conf. fs. 25-).

Todas estas temáticas constituyen aspectos que hacen a la causa de la obligación y no a la perfección del instrumento en su exterioridad, único aspecto que puede ser objeto de examen a través de la excepción articulada, conforme lo dispone el art. 534 inc. 4° procesal.

La finalidad del juicio ejecutivo no consiste en lograr un pronunciamiento judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho sustancial incierto, sino en obtener la satisfacción de un crédito que la ley presume existente en virtud de la peculiar modalidad que reviste el documento que lo comprueba (conf. Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, T° VII, p. 331 y sigtes.).

Por otra parte, no resulta errado lo decidido respecto a la inexistencia de inconstitucionalidad toda vez que, como bien lo dice la Cámara, reproduciendo palabras expresadas en otros precedentes por la CSJN, el voluntario sometimiento del interesado a un régimen legal o a sus beneficios, sin reservas expresas, importa un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su ulterior impugnación (CSJN, Fallos: 270: 26; 294: 220; 308:1837, entre otros); así como que el alto Tribunal ha entendido que no existe violación de las garantías constitucionales del art. 17 y 18 en tanto la afección -eventual pérdida- de la propiedad se conjura pagando la deuda que da origen a la ejecución y, en lo que atañe al segundo de los artículos nombrados, porque el quejoso podrá hacer valer sus derechos con toda amplitud en la acción ordinaria, si realmente el procedimiento ha sido arbitrario o irregular, con todas las garantías que puede dar una institución bancaria, como la actora en el caso (conf. CSJN, LL 2001-B, 803).

A ello se suma que, si bien el BHN ha sido privatizado, continúa sometido a la regulación del PEN en torno a cuestiones de interés social, conforme surge prístino del art 17 de la ley 24.855 el cual ordena al Banco Hipotecario S.A. a atender distintas actividades, en las condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional y por el plazo de diez (10) años contados a partir de la promulgación de la ley, entre las que se cuentan el financiar la construcción y adquisición de viviendas en el país, por sí o a través de terceros, asegurando una armónica distribución regional del crédito, de modo tal de hacer accesible el mismo a los diversos sectores de la comunidad;

mantener líneas de créditos destinadas a la financiación de la construcción de viviendas en pequeñas localidades, destinando anualmente a estas operaciones no menos del diez por ciento (10%) del total de créditos que otorgue para la construcción, debiendo contemplar una equitativa distribución geográfica; etc..

En definitiva, las vigentes disposiciones normativas citadas por la Cámara, pilares de sostén de la solución sentencial, confieren al certificado de saldo deudor fuerza ejecutiva con independencia de la que pueda o no revestir el título mismo en el que se ha instrumentado la obligación originaria.

A su vez, no se advierte arbitrariedad sentencial toda vez que no surge de la escritura acompañada elemento alguno que pueda desvirtuar aquél y cuya falta de consideración haría incurrir al fallo en exceso ritual manifiesto o infracción a las normas de la sana crítica.

Por todo lo expuesto, la solución sentencial que declara improcedente la inhabilidad de título introducida en la litis no debe recibir modificación alguna, correspondiendo declarar improcedente los agravios del recurrente.

VIII.- Atento al resultado del recurso, las costas de la instancia casatoria se imponen al recurrente de conformidad a los principios generales de la materia (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de fecha 10/02/2004, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA