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Prescripción de la acción penal, oportunidad procesal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, delitos contra la humanidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: V., L. y OTROS c/ S., J. y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- CALUMNIAS E INJURIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 235 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-11

El pronunciamiento sobre la prescripción de la acción es previo a cualquier decisión sobre el fondo, correspondiendo aclarar -atendiendo a las citas efectuadas por el recurrente en sustento de sus agravios, extraídas de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaída en "Arancibia Clavel"- que esta causa indudablemente no involucra un delito de lesa humanidad y es en ese contexto que se emitió el pronunciamiento aludido por el impugnante.

El traslado acrítico de los razonamientos allí efectuados al ámbito de los delitos comunes resulta inadecuado -por la concepción del Estado subyacente a tal postulación, más propia de un Estado autoritario o policial- y hasta absurdo -pues toda prescripción de una causa penal acarrearía responsabilidad internacional del Estado-.

En otro orden, y con relación a las manifestaciones vertidas respecto de la provisión del servicio de justicia, cabeadvertir que el recurrente obtuvo dos sentencias -en primera y segunda instancia- que resolvieron sobre el fondo de la cuestión por él introducida -au nque, eso sí, absolutorias, es decir, contrarias a su pretensión punitiva- y esta Corte ordena la remisión de losautos al A quo al solo efecto de evaluar la subsistencia de la acción penal, y ello en atención a la reforma introducida por la ley 25.990 al artículo 67 del Código Penal.
Recurso extraordinario, querellante, proceso penal
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Garipe, Omar Osvaldo s/ p.s.a. administración fraudulenta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-23

La cuestión atinente al reconocimiento o a la denegación de la calidad de parte querellante, en los procesos instruidos por delitos de acción pública, al particular damnificado, no reviste carácter federal ni compromete, de por sí, a ninguna garantía constitucional. Se trata, por el contrario, de lo atinente a la más acertada organización del juicio criminal, materia que en el ámbito del derecho común y por virtud de las normas pertinentes de procedimiento, incumbe a la discreción del legislador -nacional y provincial-. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Cesión de derechos, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Mazquiaran, Juan José c/ Brest SA y Otros s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-11-23

"Si la víctima elige al dueño como demandado, éste no podrá excepcionarse, pues, invocando la transmisión de la guarda y deberá afrontar el juicio; sin perjuicio de la acción regresiva que pudiera tener contra el guardián si demuestra que el daño se produjo por culpa de éste".
Costas al demandado, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Reinieri, Maria Del Valle y Otro c/ Brandan, Ricardo Cesar y Otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-20

En un proceso de desalojo, en el que devino abstracta la cuestión, no luce irrazonable que sea el demandado quien soporte las costas del proceso, pues es su conducta omisiva la que forzó a la actora a promover la acción.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Código de Justicia Militar, defraudación militar, malversación de caudales públicos, peculado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Nicéforo ALMADA s/ JURISDICCION   Y  COMPETENCIA  -  COMPETENCIA  MILITAR  -  CODIGO  DE  JUSTICIA MILITAR  -  DEFRAUDACION - MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

Toda vez que el tipo de delito de defraudación militar no se diferencia en sustancia del previsto en el art. 261 del Código Penal su juzgamiento resulta extraño a la justicia castrense, correspondiendo al fuero de excepción, en razón de que los hechos investigados tendieron a defraudar el patrimonio de la Nación y afectaron el buen servicio de empleados federales.
Compraventa, excepción de incumplimiento contractual
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Liberjein Martin c/ Zurawsky Josefa y otros s/ Cobro sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-14

Para que pueda oponerse la "exceptio non adimpleti contractus" en casos en que la parte que intenta asirse de ella está integrada por varias personas, no resulta necesario que las obligaciones sean divisibles, por el contrario, cualquiera de los co-deudores solidarios puede hacerla valer, si a su vez es uno de los acreedores de la contraprestación debida por el accionante -arg. arts. 667 y sgtes. C. Civil- .
Responsabilidad contractual, actividad industrial, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Montaño Rojas, Miguel c/ Techint S.A. y otro s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-08

El respeto de las normas de seguridad industrial es una obligación que, si bien de origen legal, se incorpora a un contrato, de manera que su incumplimiento da lugar a una responsabilidad contractual, de donde se sigue que para incurrir en la misma es menester que el dañado se halle contractualmente vinculado con el sujeto pasivo de su pretensión.
Regulación de honorarios, aplicación temporal de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rocha, Jorge Edio c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-23

La adecuación de los honorarios regulados en Primera Instancia a la normativa contenida en la ley 24432, es un planteo que en modo alguno puede acogerse, respecto de trabajos desplegados a priori de la vigencia del nuevo párrafo del art. 505 del Cód. Civil. Es decir no corresponde hacer aplicación de este último precepto, pues ello traería aparejada una afectación de derechos adquiridos, que integran el patrimonio de los profesionales intervinientes al amparo de una legislación anterior.
Ejecución de sentencia, pago, beneficios previsionales, solidaridad previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Notarnicola, Victoria Ángela y otros c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-29

No obstante que con la reforma de la ley 26.153 se eliminó la indeterminación de plazo que existía en el texto originario del art. 22 de la ley 24.463 -que motivara diversas interpretaciones-, en el caso de autos, donde se persigue el cumplimiento de una sentencia de antigua data (1991), otorgar un nuevo plazo de 120 días hábiles parece por demás excesivo. En virtud de ello, resulta apropiado efectuar una distinción según se trate del pago del haber recompuesto de acuerdo a las pautas de la sentencia y del retroactivo adeudado. Así, el pago del haber de la sentencia deberá efectivizarse al mes subsiguiente de quedar firme el pronunciamiento, toda vez que el haber de pasividad es de carácter alimentario y protector de los riesgos de subsistencia y ancianidad (Fallos 305:611; 307:1210, entre otros). (Del voto del Dr. Poclava Lafuente).
Procedimiento administrativo, regulación de honorarios, recurso de reposición (procesal), improcedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: RAMIREZ, MONICA c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-10-25

En el caso, la actora interpone recurso de reposición en contra de la sentencia interlocutoria que regula los honorarios profesionales de las apoderadas de la contraria -Estado Provincial- en la suma de dos mil pesos ($2000), por considerarlos excesivos, alegando que, además de no existir pautas objetivas en los juicios sin monto en la ley de aranceles, en una causa similar a la presente este Tribunal reguló la suma de cuatrocientos noventa y ocho pesos ($ 498).

Ahora bien, dada la inexistencia de determinación pecuniaria del asunto sometido a decisión de este Tribunal, corresponde que se tengan en cuenta, como efectivamente se ha hecho, las demás pautas valorativas que prevé la ley de aranceles a los efectos de lograr establecer una retribución que resulte equitativa y que, al mismo tiempo, sirva de contención a los fines de evitar que la facultad de ponderar la labor de los letrados que la ley le atribuye a este Tribunal pueda, eventualmente, tornarse arbitraria o mezquina.

En esa inteligencia, la pretendida diferencia de criterios existente entre dos sentencias dictadas por este Tribunal que resuelven sobre regulación de honorarios no es tal, a poco que se advierta la diferencia temporal existente entre el presente caso y en el citado por la recurrente cuyo pronunciamiento se remonta al 06/07/04. De allí que resulta lógico, además de justo, que exista una diferencia en el monto regulado, razón por la cual corresponde el rechazo del recurso, con costas a la recurrente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, resoluciones recurribles, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Aragón, Aldo Fabrizio s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

El art. 357 del Código de Procedimiento Penal prevé, a los efectos de la procedencia de los recursos, otros supuestos de sentencia definitiva distintos a los regulados en los arts. 350 y 351 del mismo Código, de modo que sus respectivos regímenes son independientes. Por lo tanto el recurso que impugna una sentencia definitiva que resuelve sobre prescripción es admisible, pues posee la única condición que la ley le exige.
Recurso de casación, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Ilgner, Mario Felipe (Agropecuaria Villalonga SRL) s/ evasión impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-13

Corresponde conceder el recurso de casación, puesto que el mismo ha sido inter-puesto en término y con ajuste, prima facie, a lo normado por el art. 463 del CPPN y la resolución impugnada resulta equiparable a sentencia definitiva, atento el efecto que tiene sobre la suerte del proceso, ya que imposibilitaría la continuación de las actuaciones, al aplicarse el art. 2 del C.P. -arts. 456 y 457 del CPPN-.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, policía, personal policial, incapacidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villamandos, Roberto José María c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 904-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-17

Corresponde suspender la ejecución de los efectos del acto administrativo que calificó "no imputable al servicio" la dolencia que padecía el actor, cuando del provisional análisis, propio del estadio cautelar, surgen suficientes elementos que permiten afirmar que el acto impugnado se contradiría con actuaciones que, inexplicablemente inconexas, "prima facie" otorgan sustento a la posición del actor en cuanto refiere a que se habrían soslayado constancias de la causa. Así, dicha suspensión lo será hasta tanto se pronuncie en definitiva el Poder Ejecutivo respecto del pedido formulado por el Jefe de Policía de que se disponga el retiro obligatorio del agente, encuadrando el caso en el artículo 23, inciso b de la ley 6830, y artículo 12 inciso 2 del decreto 788/90, pendiente de resolución. En tales condiciones, el caso es susceptible de ser encuadrado en el artículo 14 tercer párrafo de la ley 11330.
Extorsión, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: STELLA MARIA IBARRA c/ FLORES URREJOLA MARIA CRISTINA s/ EXTORSION PONCE ROMAY, SILVINA c/ FLORES URREJOLA, MARIA CRISTINA s/ EXTORSION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-03|2002-12-03

El delito de extorsión supone la obtención injusta de un beneficio pecuniario en perjuicio de la víctima, mediante la coacción moral sobre la voluntad de esta última.
Lesiones culposas, culpa de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: PAZ JUAN PABLO S.D LESIONES CULPOSAS E.P MIGUEL ANGEL OLIVERA s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-28

El accionar del conductor del rodado menor provocó el accidente si pretendió realizar un cruce sobre una ruta sin advertir que circulaban en ella automotores. El repentino cruce sobre la ruta transitada, realizado por la victima, por donde circulaban los rodados, no parece como una maniobra previsible para el encausado, y por ende su desenlace resultaría inevitable. Desde la óptica jurídica, debe considerarse como culposa la conducta de la víctima pues puede inferirse nítidamente, una inconducta y/o palmaria negligencia de la víctima en el desenlace del hecho siniestroso que exime de culpa penal al encausado.
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ, CLARA ALBA c/ LOPEZ, ANTONIO ROLANDO s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-09-05

Del principio de economía procesal se desprende el de concentración, por el cual se tiende a reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos y de tiempo, evitando su dispersión con el consecuente dispendio inútil de la actividad jurisdiccional.

En tanto, el postulado de la celeridad tiende a la concreción de un proceso ágil y a la eliminación de trámites superfluos u onerosos, con el consecuente acortamiento de los pleitos; éste busca obtener el máximo resultado en la actuación de la ley, con la mínima actividad procesal.
Prueba testimonial, coautoría, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: D., M. c/  s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-06

Precisaron que ".Con relación a esos "testigos de oídas", se ha sostenido en oportunidades anteriores, que sus testimonios indirectos tienen valor indiciario con entidad grave, precisa y concordante como para sostener la probabilidad de la imputación (Sala V, causas nro. 49014/2017, "C.", rta. 21/3/18; y 18523/19, "B.", rta. el 7/5/19, entre otras). Puntualmente, acerca de las declaraciones que se sustentan en lo expuesto por terceros -"hearsay"-, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho al interpretar la enmienda sexta de su constitución -que prescribe el derecho a confrontar a los testigos de cargo- que el derecho se aplica en el juicio y no así a la etapa previa ("Goldsby v. United States, 160 US 70", (1895), ver Yale Kamisar, Modern Criminal Procedure, American Casebook series, 1999, pág. 953). Del mismo modo, en esa legislación se considera que la admisión de los testimonios de oídas resulta permitida por excepción para sostener la existencia de causa probable (Yale Kamisar, ob. cit. p. 952, con cita de la Federal Rule 5.1 (a)). En tercer lugar, a las actuaciones se incorporaron datos provenientes de las declaraciones de co-imputados -actualmente sobreseídos-. En tanto éstas coinciden parcialmente con la versión del testigo presencial mencionado, con el aporte de los testigos "de oídas" y con verificaciones periciales puntuales incorporadas a la instrucción, se considerarán en la instancia como un aporte indiciario útil en cuanto a la reconstrucción material del suceso y la determinación de las responsabilidades, en el caso, la de M. D.." . Finalmente, agregaron que no sólo podía inferirse indiciariamente la coutoría entre ambos imputados sino también que el motivo que lo habría animado a disparar, fue la venganza porque el damnificado previamente había golpeado al otro coautor del homicidio, con cuyo padre lo une un lazo de fidelidad.
Recurso de nulidad, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: BRUSASCO, OSVALDO JORGE E. s/ ContrabandoRecurso de queja por apelación denegada Causa 30596
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

El recurso de nulidad persigue que se deje sin valor ni efecto las resoluciones o actuaciones judiciales que adolezcan de vicios sustanciales del procedimiento y debe interponerse conjuntamente con el de apelación y en el término para ella concedido.- Una vez vencido el término de prueba, escuchados los informes de las partes y dictada la providencia de autos se encuentra cerrada toda discusión en la misma instancia (art. 493 del CPMP) y con más razón está concluido el debate después de dictada la sentencia.
Acción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Marta A. Gustossi c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-30

La interposición de recursos improcedentes no suspende el curso del plazo de caducidad establecido en el art. 13 del Código de Procedimiento de lo contencioso Administrativo.
Derechos y garantías constitucionales, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: VARAS, ANGEL ADRIAN c/ CORONEL, HECTOR HUMBERTO; GEREZ, EDGAR WERFIL s/ ROBO Y ROBO EN GRADO DE PARTICIPE SECUNDARIO JARDIN DE INFANTES WALT DISNEY c/ SORIA, MARIO GUILLERMO O SORIA JUAREZ, GUILLERMO O JUAREZ, MARIO GUILLERMO s/ ROBO CALIFICADO MARIA CAROLINA VILLAGRAN c/ PALOMO, ANGEL LAZARO; CUELLAR, JOSE FRANCISCO s/ ROBO CALIFICADO Y ENCUBRIMIENTO N.N. c/ SEQUEIRA, MARCELO ALEJANDRO s/ HURTO FIRMA GAMBA S.A. c/ BARRERA, ROBERTO ALEJANDRO s/ HURTO ROMULO EDGARDO BRAVO c/ AGUADO, JAVIER ANTONIO; Y OTROS s/ HURTO CALIFICADO Y ENCUBRIMIENTO-CUADERNILLO INCIDENTE DE APELACION  POR DENEGATORIA DE EXCARCELACION AL IMPUTADO JAVIER ANTONIO AGUADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-10-24|2001-02-09|2001-06-11|2001-07-11|2002-06-07|2003-02-26

La Constitución Nacional no contiene disposición expresa sobre libertad provisoria del encausado. Consagra la libertad personal y permite el arresto, en virtud de orden escrita de autoridad competente, porque de esa manera se imposibilitaría, en algunos casos, la administración de la justicia represiva, desde que se estableciera que la privación de la libertad sólo procedería a título de pena y mediante previo juicio y condenación.
Estado Provincial, intervención federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Leiva, Amelia Sesto de c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

El gobierno federal está obligado a amparar a las provincias cuando la forma republicana ha sido corrompida, es decir, cuando ha sido interrumpido el ejercicio regular de las instituciones cuyo goce efectivo ella garantiza.
Sindicatos, sanciones disciplinarias
Materia: LABORAL
Carátula: Aladro, Guillermo Raúl y otros c/ Unión Obrera Metalúrgica de la Rep. Arg. s/ Acción de nulidad y revisión Acuña, Mauricio y otros c/ U.O.M.R.A. (Unión Obrera Metalúrgica) s/ Acción recursiva Guzmán, Miguel Angel c/ Sindicato de Trabajadores Municipales de San Martín s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27|1998-05-19|2002-02-19

Por su naturaleza, resulta ajeno a las facultades que tienen los jueces locales sobre la materia, el planteo formulado en la demanda dirigido a que se disponga la nulidad o revisión de la expulsión de los actores como afiliados al Sindicato decidida por un congreso extraordinario del gremio de conformidad con las prescripciones del Estatuto de la Asociación Sindical de que se trata y las disposiciones pertinentes de la ley 23.551.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mastandrea, Augusto c/ Pratto, María Elena y otro s/ Daños y perjuicios Silingo, Alicia E. c/ Chiramberro, Pablo y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27|1995-05-30

El beneficiario de la presunción legal de prioridad de paso por circular por la derecha, no tiene que probar otro extremo de imputación que no sea ese mero supuesto de hecho. A su vez, quien a la misma bocacalle fue suficiente y razonablemente anticipada en pro de hacer desaparecer los efectos de la anotada de prioridad de paso y, con ella, la consecuente presunción de culpabilidad.
Muerte de un hijo, muerte de un menor, indemnización, daño moral, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: V.G. O. y Otra c/ T., H. y/u Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-10

La pérdida de un hijo conlleva una profunda herida a los sentimientos que se proyecta ineludiblemente al modo de estar, en la vida de relación social y con el resto de los integrantes de la familia. Y la existencia de daño moral producto de la pérdida de un hijo de corta edad es un hecho que puede calificarse sin dudar como una hecho "normal", y como tal, no existe necesidad de probar aquello que se conforma como un estado normal y habitual de las cosa.
Sociedades comerciales, reconducción de la sociedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ORFICA S.C. s/ REACTIVACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-14

La reconducción no se produce con efecto retoactivo a la fecha de disolución y por lo tanto, no borra los efectos de ésta producidos entre esa fecha de vencimiento y la de inscripción registral de la reconducción, a partir de la cual renace en plenitud la existencia de la sociedad
Sobreseimiento, sentencia absolutoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Luis Sebastian, Ángel s/ recurso de casación". Causa n. : 1286.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-17

El dictado del sobreseimiento "...desde el punto de vista penal, equivale perfectamente a los efectos de la sentencia absolutoria", pues sus efectos se manifiestan en poner término al proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta; y una vez que adquiere firmeza, impide que posteriormente continúe o se reinicie el ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción frente al mismo hecho, eventual circunstancia en la que el sujeto ya sobreseído está amparado por el "non bis in idem". (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia).
Derecho contravencional y de faltas, proceso contravencional, leyes, constitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, competencia, Estado, división de poderes
Materia: PENAL
Carátula: L., E. J. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Infracción  arts. 13, 59 y 88 del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe  (Expte.: C.S.J. nro. 435 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-05

No se vislumbra que mediante el proceso regulado en el Código de Faltas se vulneren garantías de raigambre constitucional, por lo que no se configuran en el sub examine circunstancias que obliguen a este Tribunal a adoptar medidas en orden a la preservación de un derecho que exhibe fundamentos convencionales y constitucionales, ello más allá de que el legislador pueda diseñar un procedimiento diferente, tarea que no puede ser llevada a cabo por la Corte, en la medida en que la misión más delicada de la función jurisdiccional de los jueces es saber mantenerse dentro de su órbita sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes del Estado de modo de preservar el prestigio y eficacia de su misión de supremo custodio de las garantías reconocidas por la Constitución a todos los habitantes de la Nación.