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Regulación de honorarios, base regulatoria, legitimación activa, patrocinio letrado, abogado apoderado, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: RUSCIO VÍCTOR DOMINGO c/ COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CABA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-22

A fin de fijar los emolumentos por la actuación del letrado patrocinante por la contestación del recurso extraordinario federal interpuesto, resultan aplicables los artículos 15, 30 y 31 de la ley n° 5134. Ello así, debe determinarse la suma resultante de aplicar la escala prevista en el primer párrafo del artículo 30 de la ley, a la regulación correspondiente por la labor desarrollada ante la primera instancia, y confrontarla con los honorarios mínimos establecidos en el primer párrafo del artículo 31. En cuanto a los correspondientes por su actuación como apoderado deberán regularse en la mitad de los que se determinen por el patrocinio, conforme lo establecido en el artículo 15 de la referida ley. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).
Derecho a la identidad de género, perspectiva de género, expresión de género, orientación sexual, interdependencia de los derechos humanos, LGTBIQ+, discriminación por razones de género, comercialización ilegal de estupefacientes, violación de derechos humanos, personas migrantes, grupos vulnerables, discriminación racial
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Cardozo, Esteban Javier y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-06

Resultan violados los derechos a la identidad de género, orientación sexual y expresión de género, de las personas integrantes del colectivo LGBTIQ+, a quienes se les imputa la comisión del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización con la intervención de más de tres personas, pues no se abordaron sus historias individuales y colectivas con un enfoque interseccional, entendido como la existencia de distintos factores de opresión vinculados entre sí - nacionalidad y condición migrante, clase, etnia y edad entre otros-, que constituyen un sistema de desigualdades estructurales, sino que lejos de habérselos considerado y tenido en cuenta, fueron negados sistemáticamente, por ejemplo, al referirse a ellas con el uso de artículos y adjetivos en género masculino o empleando al momento de identificarlas en las actas, sus nombres y géneros asignados al nacer, lo que imprimieron a sus causas penales un sesgo de género, cargado de prejuicios y estigmatizaciones, prohibido por nuestro sistema de derechos humanos vigente.
Empresas del Estado, remuneración, prorrateo
Materia: LABORAL
Carátula: DODINO, ALEJANDRO c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-30

Por lo que resulta del CCT 78/75, como por lo dispuesto en el dec. 1933/80, la demandada debía liquidar el rubro prorrateo en base al cómputo de todos los rubros remuneratorios comprendidos en el inc. j del art. 52, o en el otro caso, ajustar el rubro a las variaciones del salario básico como establece el art. 36 del dec.

1933/80, por que una resolución ministerial, como la que firmaron conjuntamente el Ministerio de Trabajo, de Obras y Servicios Públicos y Economía, no puede salir del ámbito para el que fue autorizada aunque, de todos modos, dentro de la pirámide jurídica propia del derecho del trabajo, debe ceder tanto ante un convenio colectivo como un decreto que se dictó dentro del alcance de la ley 21476.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, muerte, indemnización, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, caso fortuito, responsabilidad objetiva
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Young de Aguirre, Beatriz Hebe c/ Empresa  Líneas  Marítimas  Argentinas  Sociedad  Anónima (ELMA S.A.) s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la indemnización por muerte, fundándose en que el accidente cerebro vascular sufrido por la víctima constituía un caso fortuito que eximía de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa, pues tal interpretación invirtió el curso del razonamiento que impone la aplicación del art. 1113 del Código Civil, desvirtuándolo hasta tornarlo inoperante.
Accidente de tránsito, carga de la prueba, indemnización por accidente de tránsito, daños y perjuicios, privación del uso del automotor, automotores, abogados, ejercicio profesional
Materia: CIVIL
Carátula: IDOYAGA MOLINA, ALEJANDRO JOSE c/ MEREGA, AMELIA TERESA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-09

Si bien la sola privación del automotor a consecuencia de un accidente de tránsito, es indemnizable, la deficiencia de la prueba referente al monto de los daños y perjuicios gravita en contra de quien tenía la carga de la prueba.

El hecho de que el damnificado ejerciera la profesión de abogado no descarta la utilización del automóvil particular para trasladarse, pero la misma se ve en general más cercenada que en otras tareas.

Además del radio relativamente pequeño donde se encuentran los distintos tribunales u oficinas relacionadas con los mismos -si no se alegó ejercer en Provincia de Buenos Aires-, lo que hace que las distancias sean más bien cortas, no debe soslayarse la existencia de zonas de prohibición de circular, la gran densidad de tránsito, la dificultad de estacionar -o el costo consiguiente en playas destinadas a tal fin-, etc., que hacen, de por sí, poco viable la utilización diaria, a todas partes, del automóvil particular.
Robo en poblado y en banda, concepto de banda
Materia: PENAL
Carátula: P, F.C. s/ ROBO, BANDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

La banda, para ser incriminable en tal carácter según el artículo 167 inciso 2do. del Código Penal, debe reunir los tradicionales requisitos de la asociación ilícita, cuales son el ACUERDO PREVIO para la comisión de delitos múltiples e indeterminados. Recordaba también la opinión en disidencia del Dr. Lajerza en el fallo "Coronel" quien afirmó que decir que la banda mencionada en los artículos 166, 167 y 184 son tres o más personas reunidas ocasionalmente para la comisión de un hecho, constituye una gravísima interpretación analógica.

No comparto los argumentos de la defensa, como tampoco la calificación dada a los hechos en la sentencia y por el Dr. Massoni, y es por ello que voto por la confirmación de la declaración de culpabilidad cambiándose la calificación por la de robos reiterados del artículo 164 del Código Penal (cuatro hechos).
Remuneración, mora
Materia: LABORAL
Carátula: Fanelli, Adalberto c/ Pacha Kin S.R.L. y ot. s/ Indemnización por despido y preaviso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Para medir el perjuicio que el atraso en el pago de los haberes objetivamente ocasiona a los intereses de los trabajadores, no importa mucho la diligencia que ponga de manifiesto el empleador para superar la causa del incumplimiento ya que de tratarse así bastaría la buena voluntad del principal -de abonar en término las retribuciones, aunque ello no ocurra- para que se torne ilusoria la protección que en este aspecto la ley sustantiva confiere al trabajador para asegurar el cobro en los plazos legales estipulados de su salario, base del sustento alimentario.
Acto administrativo, Poder Judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONAHORA DE HANNE ROXANA c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-18

Al Poder Judicial, como poder republicano, se le atribuyen dos funciones estatales, una de ellas es la función jurisdiccional -que le es propia- y la administrativa -que es común a los tres órganos de autoridad del estado-. Ambas funciones no se confunden entre sí, siendo producto de la actividad integral del órgano judicial, tanto sentencias como actos administrativos. La diferencia consiste en que mientras las primeras alcanzarán la inmutabilidad con fuerza de verdad legal que les acompaña, los segundos pueden ser impugnables y mutables en sede judicial, en tanto alguna persona con un derecho subjetivo afectado alegue su ilegitimidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio calificado por el vínculo, agravantes de la pena
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., G. Flavio Ramon s/ homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-10-02

Constituyen circunstancias agravantes del homicidio perpetrado por un hombre contra su cónyuge, su educación -como maestro- y el medio donde desarrolla su actividad social, siendo los mismos frenos que debieron funcionar para impedir al acto del imputado, amén del deber de respeto entre cónyuges y las condiciones de la relación en la que se advierte violencia de género.
Cheque, juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González Héctor Anibal c/ Quiroga Carlos Daniel s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-04

Tratándose el título de uno de aquellos a los que la ley acuerda fuerza ejecutiva, dotado inicialmente de presunción de legalidad, debe el demandado acreditar que el cheque había sufrido alguna adulteración o que la firma inserta en el mismo no le pertenecía, desvirtuando así la presunción de veracidad aludida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, sanciones disciplinarias
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ MARCELO c/ HOTEL COSTANERA DE TERMAS DE RIO HONDO s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-08-11

No es materia revisable en casación las cuestiones referidas a las sanciones disciplinarias aplicadas por los Tribunales de Grado con motivo de la conducta desplegada por los litigantes durante el proceso, quedando reservadas al ámbito de su competencia.
Determinación del monto, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: P. , M. G. y otros c/ Cardozo, Martiniano Bernardino y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-11

La vida humana posee un valor en orden a lo que produce o puede producir y también en cuanto provee a sus directos familiares de una sensación de seguridad, certeza y cobijo no exclusivamente crematística. Con el objeto de fijar el monto resarcitorio, han de confrontarse -aunque sin aplicarlas tajantemente- fórmulas matemáticas u operaciones aritméticas con las condiciones personales tanto de la víctima como de sus allegados (edad, grado de parentesco, profesión, posición económica, expectativa de vida, etc.), prudencialmente valorados por el juzgador.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Trabajadores rurales, trabajadores temporarios, decreto reglamentario, constitucionalidad, bolsas de trabajo, sindicatos, Estado Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (1) c/ Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

El artículo 16 del decreto 301/2013 no constituye un exceso reglamentario ni vulnera derechos constitucionales, pues el artículo 68 de la ley 26.727 prevé las facultades del Ministerio de Producción y Trabajo para dictar normas complementarias y aclaratorias del SPETTA, lo que comprende razonablemente a las bolsas de trabajo agrario en atención a la vinculación de sus funciones, y la regulación del servicio de empleo, ya sea administrado por el Estado o por las asociaciones sindicales, encuentra su fundamento en el ejercicio de facultades estatales que responden al mandato constitucional de crear condiciones dignas y equitativas de empleo y fiscalizar su cumplimiento. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Suspensión del trabajador, suspensión preventiva
Materia: LABORAL
Carátula: Violante, Patricia Mercedes c/ Asociación Bancaria s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

El principal tiene facultades de suspender a un empleado mientras tramita una investigación interna o un sumario tendiente a determinar su responsabilidad en algún hecho susceptible de acarrearle una sanción la que obviamente puede trocarse en disciplinaria ya que sólo se explica si hay una causa a investigar, debiendo el trabajador acatar la decisión adoptada, sin perjuicio de encontrarse habilitado para reclamar el pago de los salarios caídos durante el período de la suspensión precautoria si el resultado del sumario le fuese favorable.
Despido con causa, injuria laboral, insultos, personal jerárquico
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ IRIARTE, JOSE MARIA c/ MATOIL  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-22

Conforme el artículo 902 del Código Civil y 68 de la Ley de Contrato de Trabajo, quienes ocupan un cargo jerárquico en la empresa deben conducirse con mesura y prudencia, debiendo guardar respeto por sus empleados, requisito esencial para la convivencia solidaria que exige el ambiente laboral. Los insultos manifiestamente groseros vertidos por aquéllos en presencia de otros empleados, pese a que su lamentable difusión en la lengua popular les resta cierta gravedad a su utilización, deben considerarse injuriosos y justificativos del distracto (artículos 62, 63, 65, 68, 242, 246 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo).
Accidente de tránsito, exceso de velocidad
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: MARUN, PABLO s/ HOMICIDIO ART. 84 C.P. EN PERJUICIO DE OLIVARES  OVIDIO.INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-06-26

En cualquier caso es velocidad excesiva aquella que no permita detener el vehículo ante contingencia de tránsito, previsible según las circunstancias del caso.
Recurso de queja (procesal), recurso de apelación (procesal), deserción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ceballos de Cardozo, Olga c/ Aguirre, Martín y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-15

El medio idóneo para cuestionar la decisión que declara desierta la apelación concedida es el recurso de queja (art.275, C.P.C.C.), aplicando analógicamente la solución prevista por el art.292 del Código Procesal Civil y no mediante una nueva apelación, solución errónea que puede generar un "círculo vicioso".
Cheque, cheque en blanco, fecha del título, falta de fecha
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FRISONE, LIDIA SUSANA s/ Cheque sin fondos, incidente de  apelación del auto de procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-28

La ley comercial exige que el título esté completo al ser presentado al cobro, de donde la ausencia de fecha en el cheque con antelación a dicho momento carece de relevancia (Cf. Art. 2, punto 6, segundo párrafo, del Anexo 1 de la Ley 24452).
Recurso de apelación (procesal), sentencia, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: Zárate, Cirilo Ramón; Zárate, Cirilo; Giménez, Juan José s/ Hurto de ganado mayor José s/ Hurto de ganado mayor
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-08-12

La validez constitucional del art. 425 del C.P.P. se halla supeditada a que la limitación por el monto que contiene, sea obviada cuando estén involucradas cuestiones constitucionales resultando procedente el recurso extraordinario.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, demanda, contestación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Arce, María Esther c/ Venturino, Eshiur S.A. s/ Ind. despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-08

La decisión del tribunal del trabajo que ordena el desglose de la contestación de la demanda y da por decaído el derecho de la parte a contestar la acción, no tiene carácter de definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pues no pone fin al pleito ni impide su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho laboral, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDOIS ERNESTO FABIAN c/ MENDOZA JOAQUIN s/ DESPIDO POR FALTA DE REGISTRACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-06

El reclamo por daño moral deducido por el actor y que fue aceptado en la sentencia deberá ser desestimado, por cuanto el despido que en realidad fue indirecto, así como la negativa de la existencia del contrato de trabajo y la falta de registración no resultan hechos suficientes como para justificar la procedencia del rubro.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria
Materia: Civil
Carátula: Herrera, Oscar Héctor y otra c/ Guilloz, Edgardo José s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-06-27

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado, reiteradamente, en el sentido de que lo atinente al reajuste por depreciación de la moneda es ajeno a la instancia extraordinaria, pues las cuestiones que ello suscita revisten el carácter de hecho, prueba y derecho común. Regla que sólo cede en el supuesto de arbitrariedad, y que si la sentencia consulta el principio de congruencia, la jerarquía de las normas vigentes y el sentido conceptual de la indexación vertido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello aventa el riesgo de caída en arbitrariedad. La teoría de la arbitrariedad es de aplicación restringida en materia de hecho, prueba y derecho común, no teniendo como finalidad enmendar en tercera instancia los errores que pudieran atribuirse a las resoluciones de los jueces de grado en cuestiones que les están reservadas.
Honorarios del abogado, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Francés del Río de la Plata S.A. c/ Manfredo, Félix José s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-02

En los casos en que el proceso concluye por caducidad de instancia, modo anormal de terminación de aquél, a los efectos de la regulación de honorarios se deben aplicar por analogía las mismas pautas que corresponden al rechazo de la demanda, debiendo regularse sobre el total del monto reclamado al promover la acción.
Régimen penal cambiario, instrucción del sumario administrativo, secuela de juicio, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PROFIN S.R.L. s/ Régimen Penal Cambiario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-20

1 - Constituye un acto jurisdiccional interruptivo del curso de la prescripción la resolución dictada por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central mandando instruir sumario por infracción a la ley penal cambiaria.- 2 - En el caso, los plazos no pueden entenderse transcurrido aunque su interrupción aparezca producida siete días antes a aquél en que se habría operado la prescripción de la acción penal.- 3 - La CSJN ha dicho que cuando "...el desarrollo cronológico de la causa permite descalificar por infundada la presunción del "a quo" en el sentido de que tal resolución fue dictada al solo efecto de interrumpir la prescripción, pues se ha apartado de las constancias del proceso que indican que antes y después de esa medida el expediente tuvo un trámite normal, dentro del cual la orden de instruir el sumario no aparece como intempestiva o infundada...", corresponde que la misma sea dejada sin efecto (Cf. Causa "Erre-A S.A.").
Mandatario, acreditación de la personería
Materia: CIVIL
Carátula: BANADE c/ Castello Ernesto Y Otros s/ Incidente De Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03

La elección del mandatario judicial no puede recaer en cualquier persona capaz, sino en determinados profesionales que son indicados con carácter taxativo (confr. Fenochietto, Carlos Eduardo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", ed. Astrea, T. 1, pág. 218; Fassi, Santiago C.-Yañez, César D., "Código Procesal Civil y Comercial", T. 1, pág. 337 y jurisprudencia citada en las notas 14 y 15; esta Sala, causa 4.730/98 del 15/8/02 y 305/04 del 5/11/04; Sala I, causa 6.399/00 del 2/11/04). El régimen procesal de la representación voluntaria exige que el representante acompañe un instrumento que acredite su personería en debida forma e invista el carácter de abogado, escribano o procurador matriculado (confr. art. 1 cit.; Sala II, causa 5.737/07 del 15/4/09).
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARCEDERILLO MELANIO Y OT. c/ JOSE PEREZ s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S068 - 371)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-07

La ley autoriza a la víctima inocente a accionar contra todos o uno solo de los partícipes en el hecho dañoso. Pero hallándose la base de la responsabilidad objetiva en el riesgo creado, a la víctima solo le basta acreditar el contacto en la cosa dañosa, prescindiendo de la culpa del o de los intervinientes.

Ambos intervinientes en el suceso son solidariamente responsables frente al tercero damnificado. Pero en la acción intentada por éste no existe obligación de distinguir el mayor o menor grado de culpa de uno u otro de los intervinientes, lo que corresponde dirimir entre ellos en proceso aparte. Ello no obstante, nada impide al Juez decidir sobre la culpabilidad exclusiva de uno de ellos o la concurrencia de culpa, si tal hecho ha sido debidamente demostrado, pero en ese caso es imprescindible que ambos co-causantes intervengan en el proceso, puesto que de no ocurri así, se vulneraría la garantía constitucional de la defensa en juicio al tener la sentencia autoridad de cosa juzgada contra ambos intervinientes (del voto de la Dra. BARRERA).- Es cierto que no existe norma legal que obligue al demandado a realizar diligencias para citar al tercero, a pesar de haber invocado como causal exoneratoria su culpa. Pero en la práctica ello es aplicable cuando se da la situación de una participación pasiva en el accidente, no así cuando debe valorarse un factor subjetivo de imputación (culpa) de los intervinientes, ya que en ese supuesto la determinación de la misma debe reposar sobre un contradictorio entre ellos. Tal es el caso de la demostración de la culpa de un tercero por el que no se debe responder. No se advierte de qué manera puede efectuarse la dilucidación de la duda razonable que respecto de la culpa está siempre latente cuando intervienen en un accidente dos vehículos en movimiento, si uno de los intervinientes no es traído a juicio ni como demandado, no como tercero, y ni siquiera como testigo. (del voto ampliatorio del Dr. STAIB).- La regla que prohibe condenar a quien no ha sido parte en el proceso de daños y perjuicios, se aplica en el caso de que exista culpa concurrente, debido a que siempre el coautor demandado debe responder por el total del daño. Pero en el caso del tercero por quien no se debe responder (art. 1113 C.C.), no estamos en presencia de un litisconsorcio necesario, y la intervención del mismo no es indispensable para fallar el juicio. El actor puede demandar a uno solo de los intervinientes, corriendo el riesgo de que si el accionado prueba que la culpa recae sobre el no citado, se rechace la demandad contra quien demandó. (del voto en disidencia del Dr. GARRIGOS).-
Revisión judicial de actos administrativos, habilitación de instancia, excepción de incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rojas de Nuarte Elcira c/ Dirección General de Escuelas s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S243 - 015)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-18

La falta de agotamiento de la vía administrativa se canaliza a través de la excepción de incompetencia. No interpuesta ésta dentro de los primeros ocho días para contestar la demanda, debe ser rechazada por extemporánea, quedando radicada definitivamente la competencia del Tribunal.-