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Robo, procedencia del recurso, sentencia condenatoria, encubrimiento, requerimiento de sobreseimiento, apreciación de la prueba, aplicación errónea de la ley, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Aguada Martinez, Gustavo s/ robo y otro c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Corresponde casar la sentencia que condenó al imputado como autor del delito de encubrimiento agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro y disponer su absolución, pues se verifica una errónea interpretación y aplicación de las normas legales que imponen el método de la sana crítica racional para la valoración de la prueba (art. 398, 2do. párrafo, CPPN) y la regla del in dubio pro reo (art. 3 CPPN) como derivación directa e inmediata del principio fundamental de inocencia consagrado en el art. 18 CN. Ello es así, en tanto el a quo valoró los elementos de prueba que acreditarían uno de los elementos del tipo penal de encubrimiento -es decir, que el comportamiento tenga lugar "tras la comisión de un delito ejecutado por otro"-, pero no expuso, ni se advierten, cuáles serían las razones que permitirían considerar probada la conducta concreta descripta en la modalidad de comisión de esa figura ("receptación"), en la cual se subsumió el hecho. En consecuencia, no ha realizado consideración alguna acerca de las circunstancias concretas de modo, tiempo y lugar en los cuales la acción típica se habría llevado a cabo, sino que, por el contrario, parece haber derivado su prueba exclusivamente del hecho de que el imputado, días después del apoderamiento ilegítimo, tenía en su esfera de custodia los objetos propiedad del damnificado de ese suceso; tal circunstancia, por sí sola, no resulta suficiente para tener por acreditada, con la certeza necesaria para una sentencia de condena, alguna de las conductas descriptas en la modalidad del tipo penal de encubrimiento con la cual fue calificado el hecho (voto del juez Magariños al que adhirió el juez Jantus).
Representación sindical, representación colectiva, contadores públicos, Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: SINDICATO DE EMPLEAADOS DE COMERCIO DE LA CAPITAL FEDERAL c/ JORGE VAZQUEZ & ASOCIADOS s/ COBRO DE APORTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-09

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas no reúne a los contadores como empleadores, sino en su carácter de profesionales cuya matrícula y actividad custodia. No puede desconocerse el carácter representativo de tal institución que suscribió la homologación del CCT 130/75 aplicable al personal de los estudios contables. Para más, la autoridad administrativa está facultada para atribuir la representación del sector patronal de acuerdo con lo previsto expresamente por el art. 2 de la ley 14250 (decreto 108/88) en base a un juicio discrecional de evaluación en relación con la actividad, que es operativo ante la ausencia de asociaciones de empleadores que puedan invocar un monopolio análogo al que surge del diseño de la personería gremial.
Prescripción, código de comercio, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL VOLCAN S.R.L. c/ MADCUR CONSTRUCCIONES S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-11-21

La aplicación del 849 del C. Comercio, es el caso de transacciones que no tengan huellas instrumentales. La razón de la reducción excepcional en el tiempo de prescripción normada en el art. 849, Cód. de Com., no tiene apoyo sino en la conveniencia de liquidar prontamente las cuentas derivadas de una transacción que se halla expuesta, por no haber dejado huella instrumental, a las vicisitudes propias de semejante incertidumbre probatoria.

Está excluida la aplicación del art. 849, Cód. de Com., cuando media documento escrito.

El mencionado artículo no se refiere exclusivamente a la inexistencia de documento escrito "emanado del presunto deudor", sino a la "inexistencia de documento escrito", que tanto puede ser la factura como cualquier otro que se relacione con el acto jurídico de la venta.

Constituyen "documentos escritos" -por lo cual queda excluída la aplicación de la prescripción de dos años del art. 849, Cód. de Com.- los remitos firmados por el comprador en que consta el precio de las mercaderías vendidas, y aun cuando éste no figure en ellos".

[ . . .] "Asimismo, si bien la aplicación del art. 847, inc. 1, Cód. de Com., supone la existencia de un ajuste previo de precios, ello no quiere decir que si no media documento en que conste dicho acuerdo, haya que aplicar necesariamente el art. 849 del Cód. cit., pues la falta de constancia del precio en los remitos puede ser suplida por la demostración cabal de que hubo acuerdo".
Cheque sin fondos, interpelación
Materia: PENAL
Carátula: FLECHA, CARLOS MARIA s/ Cheque sin fondos, Incidente de prisión preventiva y embargo Causa  32140
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

No es ineficaz la interpelación, pese a que en la carta documento remitida haya falta de correspondencia entre el monto real de uno de los cheques y el monto intimado y el hecho de diferir la fecha que luce el restante instrumento con la consignada en la pieza interpelatoria, agravios que resultan irrelevantes desde que se puede afirmar que el procesado tomó efectivo conocimiento del rechazo de los cheques a través de otra carta documento que no fue objetada.
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Spaciuk S.A s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-09-07

Habiéndose cumplido con los meros recaudos formales, deducción oportuna, depósito, monto habilitante del litigio y sentencia definitiva; y siendo el escrito de interposición autosuficiente, corresponde declarar admisible el recurso intentado, habida cuenta que está dirigida a cuestionar la aplicación de intereses excesivos a deudas actualizadas y la desatención de previsiones de la ley de convertibilidad.
Derecho penal, delitos, superintendencia de riesgos del trabajo, Superior Tribunal de Justicia, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán c/  s/ SAG - otros en/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ Organismos externos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-07

Cuando un tribunal nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires actúa en ejercicio de una competencia federal y no lo hace como tribunal local, no cabe la posibilidad respecto de aquella competencia, de que este Tribunal sea el superior tribunal de la causa a que se refiere el art. 14 de la ley n° 48. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruíz e Inés M. Weinberg).
Mora de la administración, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Lobo, Catalina Cleotilde del Valle c/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología s/ Acción de Amparo por Mora en la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-06

No obstante la divergencia entre los distintos sectores de la doctrina, en los últimos años la jurisprudencia se ha inclinado por considerar que el recurso de amparo por mora conforma, al igual que el silencio administrativo y la queja, técnicas destinadas a combatir la pasividad administrativa y funcionan como vías alternativas, no excluyentes, a favor del administrado.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mora, Hugo Alberto y otros s/ Inconstitucionalidad Ord. 8209/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Corresponde desestimar la medida cautelar de suspensión de los efectos de la Ordenanza cuestionada en virtud del art. 22 del C.C.A., ya que éste no resulta de aplicación a los juicios iniciados mediante la demanda originaria de inconstitucionalidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Legítima defensa, lesiones, justicia de paz no letrada, destitución
Materia: PENAL
Carátula: JUEZ DE INSTRUCCION DE SEGUNDA NOMINACION DE RIO CUARTA S/DESTITUCION  DEL  SR. JUEZ DE PAZ LEGO DE CHAJAN JUAN JOSE PERALTA s/ DESTITUCION DE JUEZ DE PAZ LEGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-05-10

Si bien el golpe de puño dado por el Sr. Juez de Paz efectivamente existió, tal como, lo reconoce el mismo acusado, y produjo las lesiones que describe el certificado médico acompañado. Pero de la prueba incorporada, permite establecer que medió por parte del acusado una legítima defensa de sus derechos. El tenor de los insultos proferidos por la víctima resultaron agraviantes al honor y su investidura y revistieron una entidad tal que éste no tuvo otra opción que recurrir a las vías de hecho para hacer cesar la agresión de que era objeto; vías que, por otro lado, resultaron útiles y racionales para evitar el mal que las agresiones verbales le causaban. En este contexto resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 34 inc. 6to. del Código Penal, por lo que el accionar del Juez de Paz deviene justificado.

Así el hecho que se le atribuye, no encuadra en las causales de remoción por "supuesta comisión de delitos" y "mala conducta" (arts.

154 de la Const. Provincial y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -ley 3364-).

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al requerimiento de destitución formulado por el Sr. Fiscal General.-
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pamio, María Esther c/ Santana, Carlos Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

El acta notarial de constatación de daños confeccionada en presencia del demandado, no objetada ni observada ni impugnada con relación al detalle de daños que iba enumerando el perito mecánico, tampoco redargüida de falsa, hace plena fe de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiere anunciado como cumplidos por el mismo, o que han pasado en su presencia -art.993 C.Civil-.
Avocación jurisdiccional, competencia contencioso administrativa, cesantía, cámara contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANZO, MIRTA MARISA c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ AVOCACION (ARTICULO 2, LEY 11330)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-23

La presente causa -cuestionamiento de la legitimidad del acto que dispuso la cesantía de una empleada pública- corresponde a la competencia contencioso administrativa por lo que debe tramitarse y resolverse ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, debiéndose en el caso, otorgar un plazo de treinta días a fin de que la actora adecue sus pretensiones a los términos de la Ley 11330. - REFERENCIAS NORMATIVAS; Ley 11330
Acto administrativo, notificación, procedimiento administrativo, recursos administrativos, plazo, informalismo a favor del administrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERREYRA, VIRGILIO ISMAEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 333-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

El carácter formal de la notificación -que se justifica en el procedimiento administrativo que no requiera asistencia letrada, y en que los plazos de impugnación son breves, con riesgo de pérdida de derechos materiales por razones adjetivas-, determina que en principio, una notificación que no haya sido hecha en debida forma no produzca efectos, por lo cual el acto defectuosamente comunicado tampoco puede producirlos en contra del administrado, ya que es recaudo para que comience su eficacia.
Facultades del juez, violación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BONEFOI, GABRIEL Y OTROS s/ ROBO CALIFICADO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-25

La ley procesal le confiere facultades al tribunal de juicio, pero tales atributos deben ser invocados en tiempo y forma, y no en cualquier instancia del proceso. No se pone en tela de juicio, sobre la ineficaz defensa ensayada en favor del enjuiciado, pero es indudable que la Cámara Segunda del Crimen conformada por técnicos en derecho, debió intimar a la Sra. Defensora Oficial, y de acuerdo a su criterio, con el fin de que efectúe sus alegaciones defensivas conforme con las pautas que rigen la actividad del defensor, con sujeción a las reglas del debido proceso legal, en el momento procesal oportuno, es decir, inmediatamente de producido el acto (alegato). Es dable advertir que en el acta de debate labrada con motivo de la audiencia de juicio, no se consignó ninguna anomalía procesal (invalidez del alegato defensivo) que luego en la resolución dictada en reemplazo de la sentencia definitiva, si se hizo hincapié. La conducta del tribunal de juicio es atentatoria contra el principio de preclusión, el cual ha sido cercenado en todos sus alcances, por cuanto se pretende con la resolución dictada "volver hacia atrás", con absoluta extemporaneidad.
Recurso de apelación (procesal), juicio ejecutivo, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: ABRAPEN  S.R.L. c/ JUJUY MATERIALES Y/O RUIZ ALICIA Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-10-20

Para que la apelación se pueda considerar fundada, en la expresión de agravios deben atacarse cada uno de los argumentos en que el "a-quo" basa su resolución, que en autos es la improcedencia de todo debate sobre factores ajenos a la formalidad del título, en atención a la naturaleza del juicio ejecutivo y la inhabilidad como recibo de pago de la documental presentada por el excepcionante.
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, carácter vinculante
Materia: PENAL
Carátula: González, Sergio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-10

Tratándose de lesiones graves agravadas por el vínculo, asiste razón al tribunal de juicio cuando señaló el carácter vinculante del dictamen fiscal, pues éste supera el control de logicidad, ya que se opuso a la concesión del beneficio en base a la violencia del hecho. Con respecto al principio de inocencia, la oposición al pedido de suspensión del proceso a prueba no prejuzga sobre la culpabilidad del imputado, sino que justamente, por razón del principio de inocencia que sólo puede ser destruido por una sentencia, la fiscalía pretende la realización de un juicio en el que se determine la existencia del hecho de la imputación, su gravedad y, en su caso, si el acusado es culpable. (Dres. Mitchell, García, Yacobucci).
Cesantía ilegítima, daño resarcible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oholeguy, Oscar Raúl c/ Municipalidad de General Alvarado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-28

No corresponde abonar sueldos si dicho pago carece de causa jurídica al no mediar ejercicio efectivo de la función durante el período en que se estuvo separado del cargo por lo cual los daños y perjuicios sólo serían procedentes en la medida que los mismos estuviesen acreditados. (Minoría u opinión personal)
Beneficio de litigar sin gastos, personas jurídicas, sociedades comerciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Dayca  S.A. c/ M.C.B.A. s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

No existen restricciones legales para conceder el beneficio de litigar sin gastos a las personas jurídicas. Cuando se trata de una sociedad mercantil, su concesión ha de ser apreciada con prudencia, dado el fin de lucro que las caracteriza.
Contrato de trabajo, accidentes de trabajo, acción civil, daño resarcible
Materia: LABORAL
Carátula: Almiron,  Juan  Angel c/ Carlos  C.  Ingolotti  S.A.  y otro s/ accidente-acci3/4n civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

El daño patrimonial resarcible debe ser cierto, no eventual ni conjetural, se exige cierto grado de razonable certidumbre acerca de la posibilidad de obtener una ganancia o evitar una pérdida. Esto constituye una "chance", cuya frustración es indemnizable como tal, pues su valor puede estimarse por constituir un daño actual y cierto. No así el lucro cesante que alude a una posibilidad futura de ganancia sin certeza.
Hábeas corpus, malos tratos o actos de crueldad contra animales, persona humana
Materia: PENAL
Carátula: Orangutana, Sandra s/ Habeas Corpus
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-13

Debe desestimarse el habeas corpus interpuesto a favor de una orangutana que se encuentra en un zoológico, a fin de obtener su liberación e inmediato traslado a una reserva de primates, pues una interpretación armónica de las previsiones contenidas en los artículos 30 y 51 del Código Civil de la Nación, impone concluir que la orangutana no puede ser sujeto de la tutela consagrada por la ley 23.189
Licencia de taxi, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: ADORNO MICAELA c/ LARGER MARIA DAISY s/ ACCION DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-13

Las licencias de taxis, para su ingreso en el comercio, como establece el art. 2336 del Código Civil, tienen limitaciones que operan en la enajenación de estos bienes, puesto que se requiere la aprobación de la autoridad pública.
Contrato de obra pública, órdenes de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gualtieri, Victorio Américo c/ Municipalidad de Dolores. Tercero: Fiscalía de Estado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

Una imposición formulada mediante una orden de servicio, en el curso de ejecución de una obra pública, debe ser cumplida por el contratista.
Locación, extinción del contrato, bienes inmuebles, restitución del inmueble, daños en el inmueble, derechos del locador
Materia: CIVIL
Carátula: ROIG MARIA CRISTINA c/ VIOLETTO MIGUEL CARLOS s/ ENTREGA DE INMUEBLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-21

En efecto, el locador no se puede negar a recibir las llaves y pretender que el locatario efectivice previamente la reparación de los deterioros que presente la cosa locada y están a su cargo. En este caso, su derecho se limita, cuando el accionante la entrega, a hacer constar el estado de conservación de la cosa alquilada, los daños o desperfectos, sin abstenerse de recibirla.

Si bien el inquilino tiene la obligación de devolver la cosa como la recibió, ello no implica ni justifica la resistencia del locador a recibirla, sin perjuicio del derecho de éste solicitar por la vía y forma que corresponda la reparación de los daños y perjuicios correspondientes si así lo cree conveniente.

Es que el depósito judicial que prevé el art. 1611 del CC se cumple cuando el locatario desocupa y pone a disposición del locador la cosa, entregando las llaves del mismo, más allá de la presencia de deficiencias en el estado del inmueble locado. La puesta a disposición de un bien raíz desocupado (cuando jurídicamente se puede ejercer tal facultad conforme el art. 1611 CC) con la consiguiente posibilidad de uso y goce por parte del locador, hace cesar la justificación de su derecho a continuar percibiendo alquileres.

Por ello, el locador -aunque, como en casos como el presente, se le niegue el derecho a la no recepción en virtud de la existencia de deterioros en el estado del inmueble- puede aún impugnar el depósito en caso de que el inquilino no tuviera derecho a efectuar el mismo (supuestos éstos previstos expresamente en la disposición citada, como se explicitara en el párrafo inmediato anterior); o bien en la hipótesis de que la cosa no estuviere totalmente desocupada.
Banco central, entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Columbia  SA  de Ahorro y Préstamo para la Vivienda c/ Banco Central de la República Argentina. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Las relaciones jurídicas entre el Banco Central y las entidades sujetas a su fiscalización se desenvuelven en el ámbito del derecho administrativo, y esa situación particular es diversa al vínculo que liga a todos los habitantes del territorio con el Estado.
Robo con armas, concurso de delitos, reincidencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Frías, Guillermo Federico; Escobar De Jesús, Matías Alberto s/ recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-01

Más allá de que los imputados se conocieran o no -según lo expresado por un testigo-, el hecho de haber comprado instantes previos al atraco, un producto en el local asaltado, sin otro indicio que los ligue con el suceso ilícito, no alcanza para tener por definitivamente constatado un concierto de voluntades para llevar a cabo el robo. La falta de pruebas de cargo para sostener la imputación efectuada compete exclusiva y excluyentemente al acusador y no puede ser suplida por la actividad jurisdiccional de la CFCP. Si no se ha incorporado a la causa ninguna evidencia que permita asegurar que la finalidad de la detentación del arma sea otra que la utilización para la comisión del suceso, se presenta un supuesto de concurrencia aparente entre los delitos involucrados y debe excluirse la figura penal prevista en el art. 189 inc. 2º -tercer párrafo- CP. En virtud de la inconstitucionalidad de los arts. 14 y 50 CP debe quedar sin efecto la declaración de reincidencia. La disidencia parcial dejó a salvo su criterio respecto a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 50 y 14 CP
Contratos, compraventa de automotores, círculo cerrado, finalidad de la ley, interpretación de la ley, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Tevez, Porfidio c/ Fiat Auto SA de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

1 - El sistema de ahorro previo consiste, sintéticamente, en una operatoria de captación de ahorro, con promesa de futuras prestaciones mediante un mecanismo -sorteo o licitación- que sólo condiciona el tiempo en que se obtendrá la prestación.
Concurso preventivo, proceso de verificación, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAZZA SOCIEDAD ANONIMA - DIRECCION GENERAL DE RENTAS s/ CONCURSO. INCIDENTE DE VERIFICACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-09

La resistencia -a la postre injustificada- de la concursada a la pretensión verificatoria, consistente en la proposición de una defensa desestimada, no puede quedar exenta de costas. Admitir lo contrario significaría otorgar al concurso un "bill de indemnidad" en punto al área costas, cualesquiera fuesen las defensas o escollos que interpusiera a la pretensión verificatoria.
Recurso extraordinario federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, remisión del expediente, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTÍNEZ, Alfredo Luis, Masero Néstor Lucio y otro s/ ley 255 (Junín 1787)" (copias certificadas) -apelación concedida de la resolución del 2/06/2006- ley 255 (Junín 1787)" (copias certificadas) -apelación concedida de la resolución del 2/06/2006-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-23

Atento la tramitación de un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la ausencia de solicitud por parte de éste último a ésta Cámara de que le remita el expediente no puede ser suplida por la voluntad de una de las partes del proceso.
Recurso de apelación (procesal), seguro de caución
Materia: LABORAL
Carátula: PALAVECINI CESARIO RICARDO c/ MALVICINO S.A. s/ LABORAL- COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-23

No obstaría a aceptar una póliza de seguro de caución que no contemplara el pago de la cobertura a los diez días de que fuera notificada que quedó firme la resolución que determina la responsabilidad del tomador. Pero al condicionar la cobertura a una previa intimación al tomador la póliza, no cumple con las condiciones de inmediatez del artículo 125 inciso a) del Código Procesal Laboral.