Improcedencia del recurso, reglas de la sana crítica, remisión del expediente, insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Hernando, Fabián Daniel. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

Corresponde rechazar el recurso interpuesto por la defensa. En la anterior intervención de esta Sala, el voto del doctor Mariano Hernán Borinsky, al que adhirieron los doctores Riggi y Catucci afirmó, luego de valorar las constancias obrantes en las actuaciones de conformidad con las reglas de la sana crítica racional, la posibilidad de arribar a un fallo condenatorio con relación al imputado Scagani Leites, coimputado de Fabián Hernando. En lo que al reenvío concierne, el doctor Borinsky manifestó que "(...) en atención a que el impugnante en su escrito recursivo solicitó exclusivamente que se condene a los imputados, y no se expidió sobre el monto de la pena a imponerles, corresponde REENVIAR las actuaciones al tribunal de origen para su sustanciación... Al contrario de lo sostenido por el recurrente surge claro el alcance del reenvío, que contemplaba únicamente la determinación de la sanción penal a imponerle a Hernando, pero no así la reedición de un juicio que determine su culpabilidad por el hecho, cuestión que ya había sido afirmada por esta Sala. En definitiva, la razón de ser del reenvío dispuesto fue la ausencia de una pretensión punitiva precisa por parte de la parte querellante, recurrente en esa oportunidad, que no permitía una condena desde esta instancia al faltar un elemento necesario para que ello proceda. Y justamente a esos efectos, es decir, para que puedan expedirse sobre el quantum punitivo, fueron reenviadas estas actuaciones al tribunal a quo. Ello explica, también, la sustanciación dispuesta, que no era otra cosa que lo que finalmente realizó el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3, a través de la audiencia fijada en los términos del art. 41 del ordenamiento de fondo, vía procesal indicada para dar cumplimiento a lo ordenado por este cuerpo. Tampoco procede el agravio vinculado a la presunta interpretación sesgada en la que habría incurrido el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3 al analizar el anterior pronunciamiento de esta Sala únicamente por sus considerandos y no por su parte dispositiva. Si bien de acuerdo a lo transcripto en los párrafos precedentes, existiría, según la tesitura expuesta por el recurrente, una la falta de correlato entre los considerandos del fallo citado, en donde se incluye una voluntad condenatoria de parte de los magistrados, y su parte dispositiva, que únicamente hace referencia a un reenvío, puede advertirse que no es así. Es decir, que la omisión en la parte dispositiva de la palabra "condenar", no empece a que a través del reenvío ordenado, se cumplieran los requisitos necesarios para poner a cubierto la resolución de cualquier nulidad, que quedaron definidos adecuadamente en los considerandos, por su extensión y alcance, lo que, en términos lógicos y de filosofía del lenguaje se denomina enunciado extendido o extensional. De esa forma, al estar fundamentado a través de la voluntad condenatoria expresa de los magistrados intervinientes en los considerandos pertinentes, tal como se desarrolló, el reenvío, semánticamente, no puede sino hacer referencia a esa declaración de responsabilidad penal de Hernando y la concreta atribución del hecho imputado, en lo que hace a su participación y calificación legal escogida. En relación a la falta de inmediatez y juicio previo necesarios para dictar una condena, entiendo que el planteo tampoco puede prosperar. Es que cuando el vicio que origina el error del a quo, - en este caso el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 2- tuviera origen en la sentencia absolutoria, dictada luego de un juicio oral y público válidamente cumplido en su totalidad, al no satisfacer las exigencias para su conclusión, es decir la existencia una sentencia respetuosa de las formas esenciales del debido proceso, puede afirmarse que la etapa de debate no concluyó. Recién ahora, luego del pronunciamiento casatorio obrante en copia a fs. 44/50 que condenó a Hernando, junto con la determinación de pena llevada a cabo por el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3, se integró la sentencia condenatoria finalizando la etapa de debate con una conclusión respetuosa del debido proceso. Debe desecharse entonces, el agravio articulado en la medida en que efectivamente el juicio se realizó, su conclusión absolutoria fue anulada por esta Cámara, manteniéndose vigente la etapa de plenario y la condena en esta instancia es consecuencia de la actividad recursiva del acusador privado, quien se encontraba facultado para impulsarla. La condena impuesta por esta Sala terminó integrándose con la determinación punitiva realizada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3, completando, de esa forma, una nueva sentencia -condenatoria en este caso- pasible de una revisión amplia en esta instancia. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente "Duarte, Felicia s/ recurso de casación" (rto. el 5/8/14 - Fallos: 337: 901), dispuso que la revisión de una sentencia condenatoria dictada por una Sala de la Cámara Federal de Casación Penal sea efectuada por otra Sala, en atención a la concreta afectación de la garantía del doble conforme, y sin declarar su nulidad. En las especiales circunstancias de esta causa, no estuvo vulnerado el derecho a obtener un doble conforme sobre la primera sentencia condenatoria. Tampoco procederá la nulidad reclamada respecto del valor que cabría otorgarle a la inhibición por parte del Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 2 que luce en copia a fs. 52/53, y la posterior aceptación de competencia por parte del Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3. El hecho que el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 2 luego de la anulación de su sentencia absolutoria de Hernando se haya inhibido, desplazando su competencia hacia el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3, órgano jurisdiccional que finalmente determinó la pena a imponer, por fuera de emitir juicio de valor sobre si el organismo nombrado en primer término podría haber intervenido, no implica más que un procedimiento realizado en salvaguarda de los intereses del propio Hernando Dres. Mahíques, Petrone y Figueroa - votos concurrentes-.