Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-07


SENT Nº 496 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Siete (07) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Provincia de Chaco vs.

Merhell, Miguel (Sucesión) s/ Ejecución fiscal".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones del CJC, del 05/7/2005, por la cual no se hizo lugar a la apelación incoada por aquélla en contra de la sentencia de fecha 27/8/2004 confirmándose la misma y su aclaratoria del 29/9/2004, con costas a la vencida.

II.- El recurrente considera que en la presente ejecución de la resolución n° 35/97 del expte. adm. de la Dirección de Bosques del Chaco se han opuesto los recursos administrativos que cita por ante la Delegación Forestal Zona II de la mencionada Dirección con asiento en Charata, que rechazó la reposición y nulidad elevando las actuaciones a la ciudad de Resistencia para la resolución del jerárquico en subsidio. Que los recursos no fueron tratados, produciéndose la denegación tácita de los mismos por lo que se interpone recurso de queja por denegación tácita; que la Dirección de Bosques rechaza la reposición y concede los de nulidad y jerárquico elevando las actuaciones para el tratamiento al Ministro de la Producción. Que desde ese momento nadie ha tenido noticias del trámite del expediente administrativo hasta que se recibe la intimación de pago de este juicio ejecutivo porque la resolución recaída no ha sido notificada o se ha notificado deficientemente por lo que no se encuentra firme, lo cual determina la ineficacia del acto administrativo y la inhabilidad del título que se ejecuta. Indica que los herederos del Sr. Merhell tienen el derecho de ser debidamente notificados en su domicilio real en un proceso regular que no afecte derechos y garantías individuales que la CN ha consagrado. Sin embargo, la resolución del Ministerio citado que rechaza los recursos interpuestos ha sido notificada en fecha 11/03/98 mediante carta documento recepcionada en la ciudad de Charata, según fs. 21 del expte. adm. pero los herederos no han sido notificados y el causante había ya fallecido a esa fecha. Que lo dicho no implica desconocer los efectos del domicilio legal pero es necesario reconocer que su parte no se encontraba notificada de la resolución en debida forma y por ello la misma no estaba firme lo cual determina la inexigibilidad de la deuda. Por lo demás, señala que el argumento de los efectos legales del domicilio constituido no tiene asidero pues el notificado ya había fallecido y la carta documento que lo notifica había sido enviada con posterioridad a su fallecimiento y que los herederos, al tenérselos por notificados, fueron colocados en estado de indefensión. Que la transgresión al régimen de notificaciones afecta derechos esenciales como lo es el del art. 18 CN, así como se infringe el art. 34 CPCCT pues los herederos son personas distintas al Sr. Miguel Merhell que deben ser notificados en sus domicilios reales cada uno de ellos.

Cita el voto en disidencia de la Cámara y agrega que la ficción de que el acto llenó su finalidad no es aplicable al caso no sólo porque el letrado Alegre se presentó como patrocinante (no como letrado apoderado) de Merhell sino porque aún cuando los herederos hayan solicitado autorización al juez del sucesorio para otorgar el poder al Abogado, no es de su conocimiento la decisión final recaída en las actuaciones administrativas. Que tan es así que los herederos toman conocimiento de esa decisión a partir del mandamiento obrante en autos a fs. 29 -intimación de pago efectuada en el domicilio real del fallecido-.

Propone doctrina legal; sostiene la gravedad institucional del fallo y solicita se haga lugar al recurso dejando planteada la reserva del caso federal.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 15/9/2005 se rechaza el recurso de casación impetrado. Interpuesta la correspondiente queja, esta Corte resuelve abrir provisionalmente el recurso casatorio mediante resolución de fecha 27/10/2005 correspondiendo, en consecuencia, el análisis de su admisibilidad definitiva y procedencia en su caso.

IV.- El Tribunal a quo considera que de los autos a la vista caratulados: "Merhell Miguel s/Sucesión", surge el fallecimiento del Sr. Merhell Miguel ocurrido el 08 de setiembre de 1997; que los herederos del mismo conocían la existencia del expediente administrativo que origina el título base de ejecución, pese a no haberse apersonado en el mismo, toda vez que a fs. 27 del proceso sucesorio requieren autorización judicial para intervenir en el expte.

y se autorice a tal efecto a los letrados Dres. Juan Víctor Alegre y/o Daniel A.Floridia para actuar en representación del sucesorio, y a fs.

46 requiere autorización para otorgar poder a los mismos letrados para intervenir y continuar recursos en otro expediente que cita. Que tales autorizaciones son obtenidas conforme surge a fs. 30 y 50 los días 29 de octubre de 1997 y 3 de julio de 1998 obrando a fs. 30 vta. y 50 vta. Nota que da cuenta del retiro de dichos testimonios. Que surge también que en las actuaciones administrativas, el mismo letrado Alegre remite carta documento el día 03/9/98 solicitando pronto despacho respecto de los recursos jerárquicos y de nulidad interpuestos (fs. 19) y que dictada la resolución es notificada en el domicilio legal constituido -Pcia. de Chaco-. Que como lo expresa la sentencia recurrida, el Dr. Alegre remite carta documento a la Dirección de Bosques solicitando se expida sobre los recursos mencionados los que fueron resueltos ya a esa fecha, mediante resolución del Ministerio de la Producción y notificada en fecha 11/3/98 mediante carta documento la cual fue debidamente recepcionada conforme surge de fs. 21 del expediente administrativo a la vista.

Si bien reconoce la sentencia que el letrado Alegre se presentó como apoderado del Sr. Miguel Merhell, lo cierto es que se encontraba legitimado por los herederos y por el juez del sucesorio para actuar en representación de los nombrados, por ello no puede, dice, alegar desconocimiento de lo actuado en sede administrativa sin ir en contra de los actos propios.

Estima el tribunal de mérito que el acto alcanzó su finalidad y que las actuaciones administrativas se encuentran firmes y consecuentemente el título base de la ejecución resulta hábil. Por ello, confirma el fallo recurrido con costas de la alzada a la vencida.

V.- De la confrontación de los términos del libelo casatorio puestos en relación con los argumentos sentenciales cabe concluir en que el recurso debe prosperar.

En efecto, asiste razón al recurrente cuando afirma la inhabilidad de título en tanto los herederos del Sr. Miguel Merhell, ejecutados en autos, no han sido notificados nunca del acto administrativo que sirve de base a la presente ejecución.

Ello así, pues no cabe asumir que la notificación de la resolución n° 520 que genera el título que se pretende ejecutar y que consta a fs.

21 del expediente administrativo 241-2500897-0533, constituya el acto notificatorio requerido para dar firmeza al acto administrativo y en consecuencia proseguir válidamente con su ejecución.

Esa notificación fue realizada en el domicilio constituido en el trámite administrativo por el Sr. Miguel Merhell junto a su letrado patrocinante. A esa fecha, ya había acontecido el fallecimiento del patrocinado por lo que los efectos de la notificación en el domicilio constituido mal podían subsistir respecto de éste.

Por otra parte, de ningún modo se citó a intervenir en las actuaciones administrativas a los herederos del causante. Y por supuesto no consta ninguna notificación a los mismos. Ni siquiera lo actuado por el abogado Juan Víctor Alegre al remitir la carta documento que obra a fs. 19 es oponible a los herederos, ya que en esa fecha (25/02/98), el letrado Alegre no representaba a los herederos. Si bien recién con fecha 03/7/98 el juez del sucesorio autoriza a otorgar poder especial a favor del Dr. Alegre para que intervenga en la mentada causa administrativa (fs. 50), lo cierto es que ese poder recién fue conferido con fecha 28/10/99, según surge de este expediente judicial a fs. 23/24. Por ende, la notificación cursada mediante carta documento de fecha 02/3/98, al entonces fallecido Miguel Merhell (fs.

20 Expte. Administrativo), carece del efecto perseguido, pues está dirigida a una persona inexistente, y no se infiere de modo alguno que hubiera sido recibida por sus herederos. Carece de sustento el argumento de la Sala sentenciante de que el Dr. Alegre hubiere estado legitimado por los herederos y por el Juez del sucesorio para actuar en representación de los nombrados, pues la efectiva representanción sólo se configura cuando se otorga el poder y no antes. Además de ello, no consta tampoco en el Expte. Administrativo que el Dr. Alegre hubiese sido notificado de la resolución última dictada en aquellas actuaciones a partir de la fecha en que el mismo fuera apoderado, pues recién desde ésta se encontraba facultado y legitimado para representar a los herederos.

Debe recordarse que la doctrina administrativa se encuentra conteste en admitir como notificación idónea la que resulta de alguna actividad del interesado del que surja de modo inequívoco que éste se haya enterado de la decisión respectiva (cfr.Escola Héctor J. "Tratado General de Procedimiento Administrativo", pág. 214; "Marienhoff Miguel S. "Tratado de Derecho Administrativo", pág.340 "Gordillo Agustín "El Acto Administrativo", pág.151). También es el criterio sustentado por esta Corte en la causa: "Corbalán, Juan Francisco vs. Provincia de Tucumán s/Contencioso Administrativo" (sentencia N° 1537, año 1988;

282/96). En autos, la doctrina de los actos propios del letrado patrocinante del difunto, aplicada por el tribunal de mérito, no puede suplir la exigencia de conocimiento inequívoco por parte de los herederos de la notificación de un acto cuya firmeza torna exigible la deuda, ni lo constituye.

Para la procedencia de la acción es necesario que se acredite la existencia de los presupuestos sustanciales que le den la calidad de título ejecutivo, a saber: a) legitimación sustancial; b) obligación dineraria; c) obligación exigible; y d) cantidad líquida o fácilmente liquidable. En la especie uno de los requisitos esenciales del tipo que nos ocupa, concretamente la exigibilidad de la obligación, está ausente en autos. En efecto, la resolución del Ministerio de Producción no constituye título abstracto exigible en razón de que no ha gozado de firmeza respecto de los herederos ejecutados por ausencia de notificación en debida forma a los mismos. Y en tanto el acto administrativo no ha quedado firme, carece en consecuencia de ejecutoriedad, haciendo que la deuda aún no sea exigible. Nótese que las etapas previas de cumplimiento de los procedimientos de creación del título son indispensables cuando, como en el caso, condicionan la legitimidad misma del título, en tanto atañen a su exigibilidad: en su defecto, no hay acto administrativo firme, ni obligación exigible. Y esto, en cuanto no se trata de evaluar la legitimidad causal de la obligación, sino de verificar las formalidades que regulan su formación y, de este modo, la virtualidad ejecutiva del documento en cuestión, sin que ello vulnere la presunción de legitimidad de los actos administrativos ni ponga en entredicho su ejecutoriedad.

El resguardo de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso autorizan el rigor en la interpretación frente a cuestiones que se susciten en torno a la notificación de actos trascendentales o sus efectos de iguales características, como se da en el presente caso; hermenéutica ésta que necesariamente debe ser restringida a fin de seguir los pasos que mejor aseguren la efectiva vigencia de aquellos derechos.

Por lo expuesto, corresponde casar la sentencia recurrida conforme a las siguientes doctrinas legales: a) "La notificación del acto administrativo dirigida a quien ya había fallecido y efectuada en el domicilio constituido en el correspondiente expte. administrativo, es inoponible a los herederos" y b) "no constituye título ejecutivo hábil el acto administrativo que carece de firmeza al no haber sido notificado debidamente, en virtud de la inexigibilidad de la deuda que se pretende ejecutar", y dictar como sustitutiva: "HACER LUGAR al recurso de apelación incoado por la accionada y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia del 27 de agosto de 2004 y su aclaratoria de fecha 29 de setiembre de 2004. Por ello, HACER LUGAR a la excepción de inhabilidad de título, rechazándose la demanda. Resulta de equidad distribuir las costas de todas las instancias por su orden, en razón de que no se acredita que la actora hubiere conocido el fallecimiento del causante cuando remitió la carta documento de fs. 20 ni tampoco al iniciar la ejecución contra el mismo. A la par que se advierte que los herederos tenían conocimiento de la existencia del expte.

administrativo (aunque no se acreditó del conocimiento de la resolución última) y no se apersonaron pudiendo haberlo hecho (art.

106 inc. 2 y 108 procesal)".

VI.- Las costas del recurso de casación por iguales motivos a los expuestos en el párrafo anterior, se imponen por su orden (art. 106 inc. 1° procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones del CJC, del 05/7/2005 y, en consecuencia, se CASA la misma, conforme a la doctrina legal enunciada, dictándose como sustitutiva: "HACER LUGAR al recurso de apelación incoado por la accionada y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia del 27 de agosto de 2004 y su aclaratoria de fecha 29 de setiembre de 2004. Por ello, HACER LUGAR a la excepción de inhabilidad de título, rechazándose la demanda. Resulta de equidad distribuir las costas de todas las instancias por su orden, en razón de que no se acredita que la actora hubiere conocido el fallecimiento del causante cuando remitió la carta documento de fs. 20 ni tampoco al iniciar la ejecución contra el mismo. A la par que se advierte que los herederos tenían conocimiento de la existencia del expte. administrativo (aunque no se acreditó del conocimiento de la resolución última) y no se apersonaron pudiendo haberlo hecho (art. 106 inc. 2 y 108 procesal)".

Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.