Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-08-30


Córdoba, agosto 30 de 2007.

1º ¿Es procedente el recurso de casación deducido? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde? 1º cuestión. - Los doctores Armando Segundo Andruet (h.), María Esther Cafure de Battistelli, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel y Carlos F. García Allocco dijeron:

1. A fs. 192/204, con fundamento en las causales previstas en los incisos "1" y "2" del art. 468 del C.P.P., las codemandadas, "Nuevo Country S.A." y "San Esteban Country S.A.", por intermedio de sus respectivos apoderados, deducen recurso de casación en contra del Auto Interlocutorio Número Ciento setenta, dictado por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el día veintiuno de octubre del año dos mil cinco (fs. 179/187 vta.).

2. Concedido formalmente el recurso incoado mediante auto número ciento noventa y ocho de fecha nueve de noviembre de dos mil cinco (fs. 205 y vta.) y elevados los autos ante esta Sede (fs. 209/210), el procedimiento se cumplió con la intervención de la parte demandada recurrente, quien a fs. 212/224, comparece ante esta instancia y mantiene la impugnación deducida, como así también la parte actora informa por escrito respecto del recurso impetrado a fs. 226/238, en los términos del art. 465 C.P.P., solicitando en dicha oportunidad el rechazo de la casación y se confirme la resolución atacada, con costas.

3. Dada la debida intervención al Fiscal General de la Provincia, el representante del Ministerio Público emite dictamen en el sentido de que corresponde declarar formalmente inadmisible la impugnación planteada (Dictamen E - 88, fs. 240/246).

4. Dictado el decreto de autos (fs. 248) y firme el mismo (fs. 249) queda la presente causa en estado de resolver.

5.1.a. Con fundamento en el motivo sustancial de casación (arts. 468 inc. 1º y 413 inc. 4º del C.P.P.) los impugnantes denuncian que la resolución recaída en autos ha sido dictada en violación de la ley sustantiva, por cuanto, arguyen, el a-quo ha omitido la aplicación de lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de la Ley 4915 en cuanto establecen las causales de inadmisibilidad del amparo.

Refieren, en este sentido, que ha existido un desconocimiento o desobediencia de la norma jurídica atinente al caso, por cuanto dicen, la Cámara a-quo ha omitido aplicar las expresas previsiones de los arts. 1º y 2º incs. a) y d) de la Ley 4915. La primera de las normas citadas exige que para que la acción de amparo sea admisible, es necesario que el acto en cuestión lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y en el presente caso, no se ha demostrado que el acto cuestionado posea dichas características.

Señalan a este respecto que su parte nunca aceptó como un hecho incontrovertido que las bases del concurso público de anteproyectos hubieran cambiado el destino del espacio verde que colinda con el terreno de la amparista, ya que, resaltan, en diversos párrafos del informe del art. 8º de la Ley 4915 manifestaron que "... negamos que se haya resuelto ningún 'cambio de destino' de un espacio de uso común...", por lo que la afirmación de la Cámara en sentido contrario es falsa y por lo tanto, carece de todo fundamento al no existir ningún documento o argumento que justifique aquel aserto.

Añaden que en el folleto que acompañó la actora junto con la demanda y en los diversos croquis que adjuntaron las demandadas, se observa claramente que el Club House está emplazado al norte de la acequia colindante con el lote de la accionante y no se prevé ninguna obra en el espacio comprendido entre el lote de la Sra. R. J. y la acequia. Es decir que si se confronta dicha documentación con las bases del Concurso Público se advierte que no existe ningún cambio de destino del espacio común lindero al lote de la actora, pues se ha previsto construir un Club House que ocupa aproximadamente cinco sextas partes del espacio verde existente entre el lote de la amparista y el lote 364.

En base a tales consideraciones, estiman que no se verifica en el caso la exigencia de la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta impuesta por el art. 1º de la Ley 4915.

5.1.b. Por otra parte, con respecto al requisito de la inexistencia de otros "... recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate..." previsto en el inc. a) de la Ley 4915, postulan con cita de la doctrina emanada de este Tribunal Superior de Justicia en "Miranda, Liliana y Otros c. Municipalidad de Córdoba - Amparo - Recurso Directo" (Sent. Nº 59 del 18/05/99) que en los presentes no se ha demostrado la inexistencia de otras vías para lograr la protección de los derechos constitucionales invocados. En este sentido, recalcan que el razonamiento esgrimido por la Cámara a-quo para justificar la admisión de la vía del amparo es falaz, por cuanto sostener que "... someter la pretensión de la Dra. R. J. al trámite ordinario, aún abreviado, insume un tiempo que privaría a ella y a los demás de contar con el centro comunitario mientras se dirime la cuestión. En este caso concreto, entonces, no existe un medio judicial de mayor eficacia para la protección del derecho agraviado..." no alcanza para cumplir con el requisito de invocar y demostrar la inexistencia de otra vía más idónea.

Si a ello le agregamos, prosiguen, que la amparista tampoco ha demostrado los perjuicios que la eventual demora le podía provocar, fácil es concluir que en autos no se ha cumplido con el deber de acreditar la inexistencia de otras vías más aptas para las cuestiones planteadas en el presente amparo, lo cual provoca la inadmisibilidad del mismo en función de la expresa previsión contenida en el inc. a) del art. 2º de la Ley 4915.

Precisan que la actora debió promover una demanda ordinaria en la que son perfectamente admisibles las medidas precautorias que pidió y obtuvo en el amparo, pues si en el marco de este proceso le fueron concedidas, no se advierte el motivo por el cual aquéllas serían rechazadas en sede civil, que es la vía naturalmente apta para entender en este tipo de controversias. Advierten que en el caso no se ha acreditado la existencia de ninguna circunstancia de excepción que justifique prescindir de las etapas procesales habituales, desde que el supuesto daño aún no se ha consumado y cualquier medida cautelar de no innovar hubiera tenido por efecto diferir las construcciones hasta la finalización del pleito.

Asimismo, hacen presente que se ha omitido considerar que se frustra la procedencia del amparo cuando la arbitrariedad o ilegalidad que se invoca no surge con total nitidez, resultando por tanto, ajenas a esta acción todas aquellas cuestiones que sean opinables o bien, requieran de un mayor debate y aporte probatorio, excediendo las posibilidades cognoscitivas propias de esta acción, conforme a los términos del inc. d) del art. 2º de la Ley 4915.

Enfatizan que en el sub examen, los decisivos aspectos contractuales y toda la normativa relacionada con el mismo, tornan aplicable el criterio de que el trámite sumarísimo de esta vía excepcional del amparo no es el idóneo para la solución del conflicto, ya que no es posible determinar la influencia que la controversia planteada por la amparista tiene en relación al resto de los propietarios de los lotes del country, pues advierten que lo resuelto no sólo afecta los intereses de las partes de este proceso, sino también los de todos los propietarios que han adquirido los lotes en las mismas condiciones que la actora. Por ello, se requiere, dicen, la intervención del resto de los interesados, quienes han sufrido un verdadero despojo judicial a través del fallo dictado en esta causa.

Por las consideraciones que se han sintetizado precedentemente, concluyen señalando que debe hacerse lugar al recurso de casación por la causal de inobservancia de la ley sustantiva.

5.2. Inobservancia de normas procesales sancionadas con nulidad: Arguyen que la Cámara a-quo en su resolución no ha respetado el principio lógico de razón suficiente, lo cual trae aparejado la nulidad de la misma en los términos del art. 413 del C.P.P.

Indican que dicho principio significa que para la validez de la conclusión es menester que la misma esté probada suficientemente en base a otros elementos reconocidos como verdaderos, es decir que se deben dar las razones válidas y eficaces por las cuales aceptamos tal conclusión.

Aditan que no se cumple con dicha premisa no sólo cuando no existe una expresión de las razones, sino también cuando éstas son defectuosas o aparentes. Y esto es lo que ha ocurrido en la resolución que se ha dictado en autos, por cuanto se aceptaron como verdaderas conclusiones sin explicar las razones en base a las cuales se arribó a ellas. En realidad, remarcan, todo lo expresado en el Auto Interlocutorio que se recurre no son más que verdaderas falacias argumentales, las cuales consisten en argumentos persuasivos con apariencia de correctos, pero que analizados cuidadosamente, resultan incorrectos, conduciéndonos a conclusiones engañosas en el mejor de los casos, o totalmente falsas, en otros.

En este orden, insisten en que la resolución cuestionada ha acudido a la especie de falacia denominada argumentum ad populum, definida ésta como el intento de ganar el asentimiento popular, despertando las pasiones y el entusiasmo de sus seguidores, y ésta es precisamente la argumentación del Inferior, pues lo importante es convencer en tanto su relación con la verdad es accidental.

Teniendo en cuenta dichos conceptos, postulan que la Sentencia de Cámara es insanablemente nula en razón de que no se ha expedido respecto de la crítica vertida en el escrito de apelación en cuanto se sostuvo que la Sentencia de Primera Instancia no resuelve el pedido de la actora de que Nuevo Country S.A. se "... abstenga de proyectar o ejecutar obras... de cercos...", falencia dicen, que invalida el pronunciamiento por violación del principio de congruencia y lo dispuesto por el art. 408 inc. 2º del C.P.P., cuya consecuencia es la nulidad del fallo conforme lo establecido por el art. 413 inc. 2º del mismo cuerpo legal.

Enfatizan que no se alcanza a entender en base a qué razonamiento la Cámara entiende que los cercos confeccionados con materiales resistentes y visos de perdurabilidad, resultan ser construcciones fijas, comprendidas dentro del concepto de edificación, por lo que se advierte claramente que el Inferior no ha rebatido fundadamente el agravio de su representada, pues no ha explicado cuál es el íter lógico que justifica aquella conclusión.

Advierten que la cuestión no es menor, ya que si la Sentencia del a-quo ordena a su representada abstenerse de proyectar o ejecutar obras de edificación, no hay duda de que se refiere a la acción y efecto de hacer un edificio, cual es el Club House y no a la acción de plantar estacas en el terreno.

Puntualizan que todos los argumentos vinculados al eventual cambio de destino del espacio verde que colinda con el terreno de la actora y a la característica del acto lesionador por haber variado las condiciones de urbanización preestablecidas, no resultan de aplicación para el tema del cerco, no sólo porque éste no tiene vinculación alguna ni con los folletos ni con el Club House, sino por cuanto en modo alguno la instalación del cerco puede cambiar el destino del espacio verde, pues sólo tiende a demarcarlo.

Insisten en que con la arbitraria e infundada interpretación efectuada por la Cámara, "San Esteban Country S.A." se ve impedida de proceder a la demarcación de los espacios verdes de uso común, circunstancia que viola groseramente su derecho a disponer libremente de su derecho de propiedad y las condiciones contractuales pactadas en el boleto de compraventa y demás documentación que integra el mismo, añadiendo que ni en la Sentencia de primera instancia como tampoco en la de segunda existe un fundamento que justifique que San Esteban Country S.A., como administradora del Country, en el ejercicio de sus facultades, no pueda delimitar el espacio común colindante con el lote de la amparista mediante la instalación de estacas unidas con una cadena.

Por otra parte, arguyen que el a-quo tampoco da razones de porqué entiende, al igual que el Tribunal de mérito, que el llamado a concurso al fijar las distancias de retiro de cada lote lindero, cambia el destino del espacio que colinda con el terreno de la actora, a partir de lo cual concluyen en que existe un "acto concreto lesionador".

Indican que en toda la folletería que circuló durante la comercialización, y también en los murales y maquetas existentes en las oficinas de Administración, siempre se indicó con absoluta precisión que el espacio de uso común existente entre los lotes 364 y 348 estaba reservado para la futura edificación del Club House.

Agregan que si se observa con atención el único folleto que ha ofrecido la actora, puede advertirse que el Club House está emplazado en el espacio verde al norte de la acequia, es decir entre ésta y el lote 364 y que la distancia que media entre la ubicación de la acequia y el lote 348 no excede de medio lote, es decir unos diez metros aproximadamente. De ello, continúan, se deriva que no se prevé ninguna construcción entre el lote de la amparista y la acequia, circunstancia que adquiere relevancia a partir de que la actora admite que "... practicó la elección del lote sobre la base de... folletería que la vendedora exhibía a los efectos de la comercialización...".

Concluyen señalando que tampoco discierne cuál es el supuesto cambio de destino del espacio común lindero al lote de la actora, cuestión que adquiere importancia para resolver el presente conflicto, dado que si la accionante sostiene que aquel folleto le habría generado un derecho a que nada se construya entre su lote y la acequia y de toda la documental surge que no está previsto realizar ninguna construcción entre el lote 348 y la acequia, fácil es concluir en la falsedad de la afirmación del a-quo.

Con relación al agravio referido a la supuesta "publicidad engañosa" sostienen que tampoco aquí la Cámara brinda argumentos que permitan afirmar, como lo hace el fallo, que existe una publicidad engañosa porque el folleto adjuntado por la amparista altera las condiciones, no respeta la escala o el dibujo no se compadece con la realidad material.

Hacen notar que del folleto aludido se advierte que la acequia en lugar de seguir su curso, está desviada hacia el lote de la amparista, lo cual no constituye un error del folleto puesto que la acequia ha sido intencionalmente desviada hacia el sur, precisamente para permitir el emplazamiento de la construcción del futuro Club House, lo cual se reafirma con el testimonio brindado por el arquitecto Weskamp, quien fuera el diseñador del proyecto.

De ello, continúan, se concluye que cuando la amparista compró su lote, conoció o por lo menos debió conocer que la acequia iba a ser desviada hacia el sur, es decir hacia su lote. También debió advertir, prosiguen, de acuerdo al folleto que adjuntara a la demanda y en base al cual eligió su lote, que el emplazamiento del Club House ocuparía aproximadamente cinco sextas partes del espacio verde existente entre su lote y el lote Nº 364 y ello no puede lograrse sin desviar el cauce de la acequia en la forma indicada en el folleto.

Como corolario, concluyen indicando que tanto el folleto, el plano, como los demás croquis agregados a estos actuados, revelan que la distancia prevista entre el lote 348 y la acequia nunca podría superar los diez a quince metros y que la acequia sería desplazada cuando la obra se ejecutara. Aquella documentación debe advertir la forma cómo debe quedar emplazado el Club House en la urbanización, ya que en el momento de la venta de los lotes no se había iniciado su construcción, circunstancia ésta que si bien puede ser advertida por cualquier observador imparcial, ni siquiera ha sido valorada por la Cámara.

Destacan además, que en las bases del concurso de proyectos para definir el diseño del futuro Club House, se estableció que la distancia mínima que debía existir entre la construcción motivo del concurso y el límite del lote Nº 348 debía ser de doce metros, de manera de respetar lo indicado en los folletos y planos utilizados para la comercialización del emprendimiento, restricción que fue respetada por la propuesta ganadora del Concurso, cuestión que tampoco fue tenida en cuenta por la Sentencia de Cámara.

Concluyen señalando que la publicidad no es engañosa, pues representa cómo quedará la urbanización una vez concluida su construcción y es lógico que ello sea así, ya que al tratarse de un emprendimiento en desarrollo, los folletos no deben representar la realidad, sino la forma en que quedará el emprendimiento una vez concluido.

Puntualizan, por otra parte, que la Cámara tampoco ha rebatido el argumento vinculado al rasgo de universalidad que debe reunir la publicidad engañosa, por lo que en este punto el vicio en que incurre la sentencia del Inferior luce patente. Subrayan en este sentido, que cualquier comprador de un producto tendría el mismo derecho a formular los reclamos del caso, según surge del art. 8º de la Ley de Defensa del Consumidor; sin embargo, indican, esa situación no se ha generado en el caso de autos, por cuanto el resto de los compradores consideran que la construcción del Club House en el lugar previsto, es la consecuencia lógica de las mejoras del emprendimiento.

En definitiva, solicitan se haga lugar al recurso de casación por la causal de inobservancia de normas procesales sancionada con nulidad, con costas.

Hacen reserva del caso federal.

6. El recurso de casación interpuesto por las demandadas precedentemente reseñado, ha sido deducido en tiempo oportuno, en contra de un decisorio que ostenta virtualidad jurídico-procesal de sentencia definitiva y por quienes se encuentran procesalmente legitimados a tal efecto.

Por ello, corresponde analizar si la vía impugnativa intentada satisface las demás exigencias legales atinentes a su procedencia formal y sustancial.

7.1. La Cámara a-quo, mediante el pronunciamiento recaído en la causa, resolvió rechazar el recurso de apelación que habían deducido las entidades accionadas, confirmando el decisorio dictado por el Juez de Control, en cuanto dispuso ordenar a las entidades "Nuevo Country S.A." y "San Esteban Country" que se abstengan de proyectar o ejecutar obras de edificación en el espacio comprendido entre el lote 348 de propiedad de la amparista, al Sur y la acequia existente, al norte, del emprendimiento inmobiliario (fs. 179/187 vta.).

En contra de este decisorio, las demandadas plantean recurso extraordinario ante esta sede con sustento en el motivo sustancial de casación previsto en el art. 468 inc. 1º del C.P.P. denunciando bajo esta causal que el Tribunal a-quo ha omitido aplicar las expresas previsiones contenidas en los arts. 1 y 2 incs. a) y d) de la Ley 4915, en cuanto regulan las condiciones de admisibilidad de la acción de amparo, en la medida en que no se ha demostrado en autos que el acto que se reputa ilegal lesione con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos o garantías constitucionales de la amparista, como tampoco se ha acreditado la inexistencia de otras vías para la adecuada protección de los derechos supuestamente afectados.

7.2. Previo a introducirnos en el análisis de los agravios denunciados con sustento en esta causal, deviene procedente aclarar que si bien las accionadas han invocado el motivo sustancial de casación, los argumentos sobre los que sustenta la crítica impugnaticia están dirigidos a denunciar la existencia de un vicio in procedendo y como tal debe ser encuadrada en el motivo formal.

En efecto, de la lectura integral del libelo recursivo surge que las casacionistas denuncian que el Tribunal inferior ha omitido aplicar los artículos 1º y 2º incisos "a" y "d" de la Ley 4915, por lo que en realidad, invocan un vicio de fundamentación omisiva.

Sin embargo, luce patente el equívoco incurrido al canalizar los reproches que endilgan al decisorio en cuestión a través del carril del inc. 1º del art. 468 del C.P.P., pues ante la denuncia de una omisión de tratamiento de la normativa de carácter procesal invocada por la parte, los casacionistas debieron ocurrir por el motivo formal previsto en el inc. 2º de la norma antes citada. Además, cabe señalar también que, atento que dicho cuerpo normativo (Ley 4915) no puede considerarse una ley sustancial en la medida que no consagra derecho alguno, sino que, en cambio reglamenta la forma de hacer valer derechos de raigambre constitucional, el cuestionamiento respecto de su aplicación debe ser encarrilado por el motivo formal.

No obstante ello, es jurisprudencia constante de este Tribunal que el error en la denominación del motivo no obsta a la admisibilidad del recurso bajo el título correcto (cfr. A.A.I.I. Nros. 1/1996; 18/1996; 255/1996, entre otros), en la medida que sea hábil para sortear los requisitos que exige una correcta fundamentación del remedio extraordinario local intentado, mediante una crítica razonada que constituya un agravio concretamente referido a las circunstancias de la causa y contemple los términos del fallo que la resuelve (cfr. T.S.J. Sala Cont. Adm., Sent. Nro. 59/2000 "Figueroa Alcorta, Irene c. Caja...").

Así las cosas, el primer agravio propuesto deberá considerarse fundado en el motivo formal de casación y será tratado desde esa perspectiva.

8. Efectuada dicha aclaración, corresponde que nos avoquemos al estudio y resolución de la impugnación articulada bajo el pretexto de la causal aludida.

Así, cabe recordar que los argumentos que fundaron el pronunciamiento cuestionado, en cuanto ha considerado admisible la acción de amparo impetrada por estimar configurados en el caso los presupuestos previstos en el art. 2º inc. "d" de la Ley 4915 -arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto decisorio de construir el "Club House" en el predio colindante al lote de la actora-, confirmando de esta manera el pronunciamiento de la primera instancia, pueden sintetizarse en las siguientes premisas:

a. La demostración de la potencialidad de la configuración de la lesión, debe exigirse en términos de razonabilidad y sentido común y no con un rigorismo rituario que teñiría de arbitrariedad el pronunciamiento judicial.

b. La pretensión de la amparista no ocasiona perjuicios en los derechos de los demás comuneros, porque todos sabían o al menos estuvieron en iguales condiciones de saber el sitio donde habría de levantarse el "Club House" y hasta puede sentirse dañado el titular del lote 364 con el alejamiento previsto en la convocatoria a concurso del anteproyecto si tenía la expectativa de tener dicha construcción bien al lado.

c. No resulta acertada la inferencia de los recurrentes cuando sostienen que, de acogerse el reclamo de la actora se estaría consumando una apropiación del espacio común, por el método de adosar lo ajeno a lo propio, pues no es motivo de controversia que la fracción es de uso común de los residentes.

d. Todos los adquirentes de lotes tienen idéntico derecho a que no se altere de manera ilegal o arbitraria el panorama, la vista amplia y el entorno inmediato que se le propuso, en directa relación a los derechos adquiridos.

e. La singularidad del caso reside en que la amparista acumula un doble carácter: la de tener establecido su hogar en el lote adquirido a "Nuevo Country S.A.", y la de ser integrante, por esa misma condición, del "Country San Esteban S.A.". Ello sumado a su decisión de vivir con los suyos en el sitio, es elocuente de que quiere contar con la obra de infraestructura prometida, y cuya efectiva construcción mereció un reclamo judicial concluido con el allanamiento de la demandada.

f. Someter la pretensión de la Dra. R. J. al trámite ordinario, aún abreviado, insume un tiempo que privaría a ella y a los demás de contar con el centro comunitario mientras se dirime la cuestión. Por ello, no existe un medio judicial de mayor eficacia para la protección del derecho agraviado.

g. La demora, del todo innecesaria cuando sólo se trata de establecer la normativa de aplicación sin necesidad de amplitud de debate o de prueba, se erige en fundamento habilitante de la vía de excepción, añadiendo que la Corte ha convalidado el derecho a obtener una decisión rápida y eficaz, tomándola incluida en el derecho de defensa en juicio.

h. El doble carácter de la Dra. R. J. la habilita a evitar esfuerzos y gastos innecesarios, tratando de corregir "de inmediato" la indebida inclusión del terreno en la convocatoria a profesionales de la arquitectura para proyectar las obras y disfrutarlas cuando le corresponda, no siendo recuperable para ella, ni para nadie, el tiempo perdido.

i. El obrar de la empresa configura una amenaza actual, esto es, que persiste al tiempo de iniciada la acción, toda vez que el concurso de anteproyectos lleva ínsita la construcción del edificio en un plazo próximo, el cual no puede superar el mes de diciembre de dos mil cinco, lo cual revela que la vinculación entre la convocatoria y la realización de la obra "es tan patente cual si fuera una expresión de intimidación".

9.1. Pues bien, precisados de esta manera los argumentos propuestos por la Cámara a-quo para declarar admisible la pretensión ejercida por la actora en cuanto considera que la intención de las entidades demandadas como responsables de la administración de construir el "Club House" en el predio colindante al terrero del que es titular, ha violado en forma flagrante el derecho de propiedad en sentido lato de la Sra. R. J., deviene pertinente señalar que la postura exhibida por el Inferior no armoniza con los postulados erigidos a través de la jurisprudencia sentada en numerosos pronunciamientos emanados de este Tribunal Superior de Justicia, y que sustenta la doctrina a observar respecto de los presupuestos que deben exigirse a la hora de analizar la procedencia formal del amparo, teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión ejercida en cada caso en particular.

9.2. En este sentido, se impone recordar la posición seguida por este Alto Cuerpo sobre la temática propuesta, habiéndose señalado que la procedencia del amparo está condicionada a que el acto u omisión impugnado, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, el derecho o garantía constitucional, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, la que debe presentarse como algo palmario, ostensible, patente, claro o inequívoco, es decir visible al examen jurídico más superficial (Palacio, Lino Enrique, "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994", LA LEY, 1995- D, 1238 Sec. Doctrina).

La calificación de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y que a veces en la doctrina y en la jurisprudencia es reemplazada por la de ilegitimidad, revela que el acto lesivo debe mostrar fehacientemente, en su primera apariencia, la violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien promueve el amparo (Bidart Campos, Germán J., "El control de constitucionalidad en el juicio de amparo y la arbitrariedad o ilegalidad del acto lesivo", J.J. 1969, T. 2, pág. 169 y ss.).

Sobre el particular, resulta ilustrativa la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su calidad de intérprete último de la Ley Fundamental de la Nación, en pacífica jurisprudencia ha resuelto que la acción de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (Fallos 275:320; 296:527; 302:1440; 305:1878; 306:788), criterio que "... no ha variado con la sanción del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional pues reproduce -en lo que aquí importa- el citado art. 1º de la ley reglamentaria, imponiendo idénticos requisitos para su procedencia..." (C.S.J.N., 10/12/96, "Servotrom S.A. c. Metrovías S.A. y Otros", Supl. de Jurisprudencia de Derecho Administrativo", LLBs.As., 25/08/97, pág. 4 y ss.).

10.a. Las premisas precedentemente anunciadas y que conforman la doctrina constante de este Tribunal Superior de Justicia en la materia, devienen plenamente aplicables al caso sub examen y resultan suficientes para desvirtuar la posición asumida en esta temática por la Cámara a-quo. En efecto, de la confrontación de aquellos conceptos que integran la doctrina de este Alto Cuerpo, con los argumentos esgrimidos por la Cámara inferior para considerar idónea la vía extraordinaria elegida por la amparista para encauzar su reclamo de protección jurisdiccional ante lo que la Sra. R. J. denuncia como un avasallamiento a sus derechos de naturaleza constitucional, en especial el de propiedad, en virtud de la decisión de construir en el amplio predio verde colindante a su terreno, el edificio del Club House, se deriva que la orientación seguida por los órganos inferiores para habilitar este carril excepcional, en atención a la naturaleza del reclamo de la amparista, se presenta como diametralmente opuesta a la exhibida por este Tribunal Superior.

En efecto, el reclamo de la actora consiste básicamente en cuestionar la ubicación elegida en el llamado a Concurso Público convocado por la codemandada "Nuevo Country S.A." para la construcción del futuro centro comunitario de usos múltiples Club House, el cual -según las bases concertadas en dicho Concurso Regional de Anteproyectos celebrado entre aquélla y el Colegio de Arquitectos- estaría localizado en el espacio verde que se extiende al norte del lote de propiedad de la actora hasta la línea de la acequia y la añosa arboleda adyacente. Denuncia, asimismo, que también le afecta con gravedad su derecho de propiedad la instalación de un cerco conformado de pequeñas estacas unidas por una antiestética cadena, según así la califica, oficiando como una línea divisoria entre su lote y aquella área.

En ese contexto, el agravio de la amparista radica en que de acuerdo a los planos, croquis, gráficos y prospectos de la urbanización, la edificación del "Club House" estaba proyectada en el sector norte del amplio espacio verde, más precisamente en la zona ubicada entre el Lote Nº 364 por el Norte y la acequia por el Sur, por lo que la nueva localización prevista en el Concurso, a doce metros de su lote le irroga un menoscabo estético y económico grave e irreparable, en tanto ha construido su vivienda con todas sus aberturas y gran galería volcadas hacia el costado Norte para aprovechar ese amplio espacio verde al que mantenía parquizado, para lo cual había abonado oportunamente por el terreno un precio superior a todos los demás terrenos.

En definitiva, denuncia que la acción expedita del amparo se justifica en razón de que la obra nueva proyectada por "Nuevo Country S.A." amenaza con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta su derecho de propiedad, y también lesiona tal prerrogativa en forma actual la colocación del cerco de estacas con cadena a fin de delimitar el espacio verde colindante a su propiedad, efectuada por "San Esteban Country S.A.", porque en definitiva, tales construcciones afectan su derecho a gozar, como integrativo de aquél, de la amplia visual de la acequia y la frondosa arboleda que la circunda sin limitación alguna desde los amplios ventanales de su vivienda.

10.b. Desentrañada la verdadera naturaleza del menoscabo que dice sufrir la amparista con motivo de los actos que cuestiona de las entidades demandadas, debe destacarse en primer término, que el tenor y sustancia del conflicto suscitado entre la actora como titular de un inmueble que integra la urbanización residencial y las entidades propietaria y administradora de dicho complejo habitacional, no justifica ocurrir a esta vía extraordinaria y apartarse de los carriles ordinarios previstos por la legislación procesal para la dilucidación de la controversia generada a partir del cuestionamiento dirigido a los actos de las accionadas, en tanto la acción impetrada no se erige en el carril idóneo para tal fin.

Siendo ello así, el recurso de casación impetrado con sustento en la inobservancia de las previsiones contenidas en los arts. 1º y 2º de la Ley 4915 resulta procedente.

En efecto, la acción de amparo ha sido consagrada constitucionalmente a partir de la Reforma a nuestra Ley Fundamental en 1994, concibiendo a la misma como una alternativa procesal a la cual sólo puede recurrirse para salvaguardar derechos y garantías sustanciales que se refieren a aspectos esenciales de la persona, como son el derecho a la salud, a la integridad física ante la evidencia de un menoscabo que no sólo patentice visos de gravedad extrema en razón de la entidad del derecho que se dice afectado, sino también es necesario que el acto u omisión que se denuncia como lesivo, se distinga por su arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, es decir carente de todo fundamento o razonabilidad.

Asimismo, la acción de amparo presupone la existencia de un derecho o garantía incontrovertido, cierto. Este extremo no se halla sujeto a un amplio debate o prueba sino a la mera verificación de la conducta u omisión lesiva y el agravio consiguiente.

Por consiguiente, se frustra la procedencia del amparo cuando, como en el sub examen, la arbitrariedad o ilegalidad que se invoca, no surge con total nitidez, resultando por tanto ajenas a esta acción todas aquellas cuestiones que sean opinables o bien, requieran de un mayor debate y aporte probatorio, excediendo por tanto las posibilidades cognoscitivas propias de esta acción (art. 2 inc. "d", Ley 4915).

En definitiva, la procedencia de la acción de amparo exige la concurrencia de determinados presupuestos ineludibles, referidos principalmente a que la impugnación debe dirigirse en contra de un acto u omisión que afecte o restrinja alguna de las libertades o derechos esenciales de la persona tutelados por la Constitución y que esa amenaza o lesión actual sea manifiestamente ilegal o groseramente arbitraria.

10.c. En ese contexto, el acto que impugna la actora Sra. R. J. consistente en la ubicación elegida en las bases del Concurso de Anteproyectos para la construcción del Club House y en el establecimiento de un cerco de estacas o postes delimitando el espacio verde con el lote de su propiedad, no merece ser catalogada de "arbitraria o manifiestamente ilegal", cuando la propia actora reconoce que la obra nueva se erigiría en un terreno que no es de su propiedad, sino en el amplio espacio verde común colindante a su propiedad, destinado a actividades recreativas de todos los residentes del country. La restricción o afectación a su derecho de propiedad que denuncia como irreparable consiste en el "enorme menoscabo estético y económico" (fs. 18) que le produciría si se edifica el espacio de uso múltiple en la extensa superficie verde contigua a su lote y se mantiene el cerco limitante, ya que el supuesto cambio de destino de dicho espacio la privaría de disfrutar de la amplia visual que tiene desde los ventanales de su vivienda de esa área verde, de la acequia y de la frondosa arboleda que circunda la misma.

En esas condiciones, la supuesta limitación al disfrute de una vista panorámica desde su residencia no puede erigirse en un acto con aptitud o capacidad suficiente para afectar derechos esenciales de la persona y la determinación de si el Club House debe ubicarse al norte o al sur de la acequia, si bien puede tener importancia desde la perspectiva personal de la actora -teniendo en cuenta las expectativas que tenía al disfrute de ese contorno verde contiguo a su propiedad- en rigor y sopesando dicho interés particular de la Sra. R. J. en base a criterios de objetividad y de razonabilidad, corresponde acordar que la cuestión a dilucidar carece de la trascendencia suficiente que justifique apartarse de las vías procesales ordinarias para zanjar el diferendo suscitado entre la actora en su carácter de residente del complejo habitacional y la propietaria y administradora del mismo, pues en verdad, los actos que se cuestionan excluyen la posibilidad de que se afecten derechos primordiales de la amparista, además de estar desprovistos de las notas de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta como presupuesto imprescindible para la admisibilidad de la vía excepcional del amparo.

El pronunciamiento del a-quo al momento de justificar la idoneidad de la herramienta procesal de excepción, se asienta en cuatro premisas fundamentales: a) El examen de la potencialidad de la configuración de la lesión debe efectuarse en términos de razonabilidad y sentido común y no con un rigorismo rituario; b) Entiende la Cámara inferior que no existe un medio judicial más apropiado que el amparo para la adecuada protección del derecho agraviado de la accionante, ya que derivar la pretensión al trámite ordinario, aún abreviado, insumiría un tiempo que privaría a la actora y a los demás residentes del emprendimiento inmobiliario, de contar con el centro comunitario en un lapso prudente, mientras se dirima la cuestión, no siendo recuperable para ella ni para nadie el tiempo perdido mientras se tramite la causa; c) Tal demora resulta innecesaria, cuando sólo se trata de establecer la normativa de aplicación sin necesidad de amplitud de debate o de prueba; d) Tal postura condice con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en cuanto ha consagrado el derecho de todo justiciable a obtener una decisión rápida y eficaz, integrativa del derecho de defensa en juicio.

Tales postulados resultan inaceptables a la hora de justificar la habilitación de la vía extraordinaria a despecho de las alternativas procesales legalmente previstas por el ordenamiento jurídico para la solución de los diferendos suscitados en el ámbito de las relaciones humanas, pues el pretexto del excesivo tiempo que se perdería acudiendo a los carriles ordinarios y de que durante ese largo tiempo se privaría a la actora y a los demás residentes de contar con el Club House resulta por demás innecesaria, cuando sólo se trata de una cuestión de puro derecho, en el que sólo se debe determinar la norma que debe aplicarse al caso en concreto, no se erigen en razones de significación suficiente para apartarse de las vías procesales previstas y acudir a una herramienta jurídico-procesal que ha sido creada por el Constituyente para supuestos de extrema urgencia, sólo en casos de flagrante violación a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en las leyes y cuando aquélla aparezca en forma clara, ostensible o palmaria, es decir cuando aquella situación de real urgencia derivada de la entidad del perjuicio no tolere la utilización de los remedios ordinarios, y por lo tanto, el amparo se presente como la única vía idónea para la tutela efectiva del derecho invocado, condiciones que no reúne el acto lesivo denunciado por la amparista.

Dicho en otros términos, la sentencia emanada de la Cámara a-quo, que por esta vía se cuestiona, no contiene fundamentos de hecho o de derecho que patenticen un supuesto de arbitrariedad de tal magnitud que justifique la utilización de este remedio procesal, más aún si para determinar la real afectación que se denuncia, se hace necesario el análisis de cláusulas contractuales, planos de fraccionamiento, croquis o folletería del complejo residencial, actividad que por sí excluye la posibilidad de que la lesión se patentice ante el mero análisis de la prueba aportada por las partes, en cuyo caso es conteste la doctrina y jurisprudencia en que el planteo no puede ser atendido por esta vía expedita y rápida.

En este contexto, en modo alguno el acto cuestionado de las demandadas aparece revestido de arbitrariedad o ilegalidad, menos aún que la misma sea manifiesta, grosera o inequívoca. A mayor abundamiento, tampoco se ha demostrado la falta de idoneidad de las vías ordinarias para otorgar a la accionante la tutela judicial efectiva frente al derecho invocado.

Se ha postulado que la acción de amparo no tiene por finalidad facultar a los jueces a sustituir los trámites y procesos ordinarios, con la excusa de que sólo se trata de una cuestión de puro derecho en el que debe resolver qué norma resulta aplicable al caso concreto y por lo tanto, no requiere examen de material probatorio alguno. Por el contrario, sólo es posible acudir en su auxilio siempre y cuando se verifiquen los recaudos condicionantes para su procedencia (cfr. T.S.J. - Sala Laboral in re "La Rocca, Francisco..." -A. 02/1998 y Sala Electoral in re "Casas, Inés..."- A. 53/2001, entre muchos otros).

El Tribunal a-quo se apoya para habilitar la vía excepcional intentada por la actora, en razones de economía de tiempo en la medida en que la cuestión a dirimir no presenta complejidad fáctica que exija el examen previo de abundante material probatorio, pues sólo se trata de determinar la norma que permita resolver el conflicto suscitado. Además, se argumenta que la utilización de este instrumento procesal para dirimir la controversia surgida en el ámbito interno del barrio privado no perjudica a nadie, sino que por el contrario, su dilucidación a través del trámite acotado del amparo -por su celeridad- beneficiaría a todos los involucrados, en tanto se podrá determinar el lugar en que deberá edificarse el lugar de esparcimiento común en el menor lapso posible, permitiendo el disfrute de dichas mejoras no sólo para beneficio de la accionante sino de todos los residentes de la urbanización.

De ello se desprende que la finalidad primordial que se tuvo en miras al habilitar el amparo, fue la de evitar que las partes y demás residentes del complejo tuvieran que someterse a los tiempos que requiere la tramitación de un proceso ordinario para obtener una respuesta definitiva al desenlace del conflicto suscitado.

Si se admitiera como valedera dicha postura, implicaría fomentar la creencia de que cualquier litigio o conflicto que no presente mayor complicación pueda encauzarse y resolverse a través de esta vía, más aún cuando esta alternativa permitiría ahorrar tiempo, a diferencia de lo que sucedería en el supuesto de que se optase por los remedios ordinarios.

Sin embargo, no es posible aceptar tal doctrina, pues de lo contrario se desconocería el carácter excepcional de esta acción, sólo ejercitable en supuestos especialísimos, en tanto no ha sido concebida por nuestros Constituyentes nacionales y provinciales con el propósito de liberar a las partes de las demoras, molestias e inconvenientes propios del ejercicio de toda acción ordinaria. El amparo sólo puede utilizarse en los supuestos en que se advierta una afectación grosera y flagrante a derechos o garantías de real significación que hacen a la vigencia de aspectos esenciales de la persona, presupuestos que no se configuran en la especie.

Por otra parte, la actora tampoco logra justificar en modo alguno la utilización de este instrumento, pues sólo argumenta que "... en el caso procedería la acción posesoria de obra nueva que instituyen los arts. 2499 y 2500 del C.Civil, no cabe duda que el trámite de juicio ordinario abreviado que impone el art. 779 del Código Procesal Civil la torna manifiestamente inidónea en el supuesto particular de autos". Luego añade: "Es el único proceso judicial que posibilita resolver en breve lapso la cuestión muy simple de la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la obra nueva proyectada, con mínimo perjuicio para las partes" (cfr. fs. 18 vta.). Si bien justifica la urgencia en que ya se ha comenzado el procedimiento del concurso de arquitectura para la presentación de los proyectos del Club House, no se ha demostrado que las medidas cautelares previstas en la vía ordinaria resultaran ineficaces a la hora de resolver en tiempo propio el conflicto.

El presente es uno de esos supuestos en los que se abusa de este dispositivo procesal, ya que se acude a él por el mero deseo o expectativa de lograr una respuesta rápida o urgente a una situación conflictiva, que si bien es natural que la existencia de ella y su persistencia en el tiempo le genera incomodidad o fastidio y por ello aspira a que se resuelva en el menor tiempo posible, en verdad la naturaleza intrínseca del acto que se reputa lesivo en el caso -la delimitación del espacio verde del terreno de propiedad de la actora mediante la colocación de estacas y la construcción del Club House en la zona colindante a la vivienda de la amparista-, no amerita aquella premura, más cuando no se han brindado razones con entidad suficiente para dejar de lado los trámites normales previstos legalmente, a los cuales debe someterse todo ciudadano que acude a los estrados de la Justicia para zanjar sus controversias, más allá de las contrariedades e inconvenientes que genera a todo litigante el ejercicio de las acciones judiciales.

A fin de evitar esos excesos, es que los jueces deben ser cautos y obrar con mucha prudencia al momento de valorar las motivos esgrimidos por la parte para reclamar la intervención jurisdiccional a través de esta vía excepcional, pues no basta la mera denuncia de supuestas vulneraciones de derechos fundamentales sin elementos que logren formar real convicción y avalen la utilización de esta herramienta, ya que sólo debe estar reservada para aquellas situaciones en las que los derechos fundamentales son allanados por actos de arbitrariedad patente y ostensible.

Pues bien, el acto impugnado en autos carece de aquellas características, por lo que no se justifica la vía elegida para reparar la afectación que denuncia sufrir la accionante derivada de la decisión de las entidades demandadas de construir el Club House en el espacio verde contiguo al terreno de su propiedad.

Cabe añadir que la naturaleza de la afectación a su derecho de propiedad que pretende reparar la actora por intermedio de este mecanismo, requiere en primer término dilucidar si a la accionante le asiste derecho a exigir a la propietaria y administradora del emprendimiento mantener los costados norte, este y oeste de su terreno como amplios espacios abiertos y como consecuencia de ello, impedir la construcción del Club House en el espacio verde que se expande hacia el norte de su predio y si el mismo integra su derecho de propiedad o si se trata de una mera expectativa de la Sra. R. J. a conservar una vista panorámica desde su vivienda hacia aquel espacio verde y disfrutar la frondosa arboleda existente en dicho lugar. El segundo aspecto a resolver, radica en que aún admitiendo la veracidad del reclamo o agravio que dice padecer la reclamante, corresponde determinar si para restaurar el derecho afectado se encuentra legitimada esta alternativa, por erigirse una vía reservada sólo para supuestos de alteraciones a garantías elementales de la persona y que como tales gozan de protección constitucional.

Para arribar a una conclusión certera respecto de dichas cuestiones, se hace menester investigar cuáles fueron los antecedentes del negocio jurídico celebrado entre las partes en conflicto, las condiciones contractuales en base a las cuales adquirió el lote la actora y demás condiciones que resulten relevantes para determinar, en definitiva, si el lugar elegido para el emplazamiento del Club House afecta el derecho de propiedad de la actora y en qué grado o medida. Para ello deviene necesario el estudio del estatuto de constitución de la entidad "Nuevo Country S.A.", los reglamentos de convivencia de los residentes del barrio privado "San Esteban", las cláusulas establecidas en el pliego de bases y condiciones de la licitación pública para la construcción del Club House, como así también el análisis de planos de fraccionamiento de la urbanización, croquis, publicidad, folletería, documentos notariales, testimoniales, es de toda evidencia que se necesita una amplitud de debate que resulta incompatible con el marco de discusión limitado, propio del remedio excepcional del amparo.

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentemente expuestas, cabe concluir que no surge de las constancias de autos una arbitrariedad manifiesta ni grosera por parte de las entidades demandadas, al determinar en las Bases del Concurso Público la elección del lugar para la construcción del Club House, circunstancia que no permite el avocamiento del Tribunal a la cuestión de fondo planteada, en el marco acotado y excepcional de la acción de amparo intentada, obviando los mecanismos administrativos y jurisdiccionales previstos por la ley y en el mencionado contrato para su efectivo contralor.

10.d. A la luz de dicha doctrina es posible concluir en el acierto de la impugnación planteada con sustento en el motivo formal de casación.

Por lo expuesto, los reproches esgrimidos en este sentido por las casacionistas merecen ser acogidos favorablemente, al haber incurrido la Cámara a-quo en los vicios denunciados, por lo que corresponde declarar la nulidad del resolutorio cuestionado.

11. La conclusión arribada en base a los fundamentos desarrollados supra, dotan a la presente del necesario sustento y tornan inoficioso el tratamiento de los restantes agravios esgrimidos por los impugnantes con base en el motivo formal de casación.

Como corolario de lo expuesto, corresponde admitir el recurso de casación planteado y en su mérito revocar el Auto Número Ciento setenta, dictado por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto, el día veintiuno de octubre de dos mil cinco (fs. 179/187 vta.), en los términos de la presente resolución y consecuentemente rechazar por inadmisible la acción de amparo impetrada.

12. En cuanto a las costas, atento el resultado del pleito, y no existiendo mérito suficiente para apartarse del principio objetivo de la derrota, corresponde imponerlas en todas las instancias a la amparista, vencida en autos, de conformidad a lo dispuesto por el art. 551 del C.P.P., aplicable por remisión del art. 17 de la Ley 4915.

Disponer que los honorarios profesionales correspondientes a los Doctores D. C. y J. J. C., en calidad de apoderados de las casacionistas, en conjunto y proporción de ley, y los de los Dres. E. J. G. y T. G., letrados patrocinantes de la actora, por los trabajos efectuados en la presente instancia, sean regulados por el Tribunal de mérito, si correspondiere (arts. 1º y 25 de la Ley 8226), en el marco del artículo 90 de la Ley 8226 y previo emplazamiento en los términos del artículo 25 bis ib., en el treinta y cuatro por ciento (34%) y treinta por ciento (30%), respectivamente, del punto medio de la escala del artículo 34 ib. (arts. 37, 1er. párrafo y 38 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 29 ib.

Así votamos.

2º cuestión. - Los doctores Armando Segundo Andruet (h.), María Esther Cafure de Battistelli, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel y Carlos F. García Allocco dijeron:

Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de casación planteado con sustento en la causal prevista en el motivo formal del art. 468 del C.P.P., y en su mérito revocar el Auto Número Ciento setenta, dictado por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto, el día veintiuno de octubre de dos mil cinco (fs. 179/187 vta.), en los términos de la presente resolución y consecuentemente rechazar por inadmisible la acción de amparo impetrada. II) Imponer las costas en todas las instancias a la amparista, vencida en autos (art. 551 del C.P.P, aplicable por remisión del art. 17 de la Ley 4915).

A tales efectos, disponer que los honorarios profesionales correspondientes a los Doctores D. C. y J. J. C., en calidad de apoderados de las casacionistas, en conjunto y proporción de ley, y los de los Dres. E. J. G. y T. G., letrados patrocinantes de la actora, por los trabajos efectuados en la presente instancia, sean regulados por el Tribunal de mérito, si correspondiere (arts. 1º y 25 de la Ley 8226), en el marco del artículo 90 de la Ley 8226 y previo emplazamiento en los términos del artículo 25 bis ib., en el treinta y cuatro por ciento (34%) y treinta por ciento (30%), respectivamente, del punto medio de la escala del artículo 34 ib. (arts. 37, 1er. párrafo y 38 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 29 ib.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en pleno, RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de casación planteado con sustento en la causal prevista en el motivo formal del art. 468 del C.P.P., y en su mérito revocar el Auto Número Ciento setenta, dictado por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto, el día veintiuno de octubre de dos mil cinco (fs. 179/187 vta.), en los términos de la presente resolución y consecuentemente rechazar por inadmisible la acción de amparo impetrada. II) Imponer las costas en todas las instancias a la amparista, vencida en autos (art. 551 del C.P.P, aplicable por remisión del art. 17 de la Ley 4915).

A tales efectos, disponer que los honorarios profesionales correspondientes a los Doctores D. C. y J. J. C., en calidad de apoderados de las casacionistas, en conjunto y proporción de ley, y los de los Dres. E. J. G. y T. G., letrados patrocinantes de la actora, por los trabajos efectuados en la presente instancia, sean regulados por el Tribunal de mérito, si correspondiere (arts. 1º y 25 de la Ley 8226), en el marco del artículo 90 de la Ley 8226 y previo emplazamiento en los términos del artículo 25 bis ib., en el treinta y cuatro por ciento (34%) y treinta por ciento (30%), respectivamente, del punto medio de la escala del artículo 34 ib. (arts. 37, 1er. párrafo y 38 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 29 ib. -Armando Segundo Andruet (h.). - María Esther Cafure de Battistelli. - Domingo Juan Sesin. - Aída Lucía Teresa Tarditti. - Luis Enrique Rubio. - M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel. - Carlos F. García Allocco.