Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-01


SENTENCIA: 78	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Uno (01) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado Manuel Felipe Román, actuando por su propio derecho, y el accionado condenado en costas Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia en autos: "Colegio de Bioquímicos vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia de Tucumán s/ Cobro (Ordinario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión de esta Corte Suprema de Justicia, los recurso de casación interpuestos por el letrado Manuel Felipe Román, actuando por su propio derecho, y el accionado condenado en costas Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia impugnando la sentencia dictada en fecha 19/11/2010 por la Sala I de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, confirmatoria del pronunciamiento de primera instancia del 15/4/2010 (fs. 896/897), que rechazó el planteo de prescripción opuesto por el IPSST, y no hizo lugar al pedido regulatorio formulado por el nombrado profesional.

Considero que en las concretas circunstancias del caso la sentencia en recurso es equiparable a definitiva (cc. CSJTuc., entre otras, sentencia Nº 36 del 19/02/2009). Tal como han sido resueltas las apelaciones de ambas partes, la determinación del plazo de prescripción aplicable a los honorarios reclamados por el profesional no podrá replantearse en un proceso posterior (cc. CSJTuc., sentencia N° 454 del 09/8/1994), y tampoco ha quedado establecido -dados los fundamentos del pronunciamiento impugnado- bajo qué condiciones la causa habría de avanzar hacia un estadio final que habilite el dictado del auto determinativo del arancel.

Como antecedentes relevantes de la causa, se destaca que los emolumentos cuya determinación persigue el abogado Román están referidos a la etapa de ejecución de la sentencia que puso fin al pleito entre las partes, de fecha 27/02/1999, toda vez que ya le fueron regulados los correspondientes a las actuaciones cumplidas hasta el pronunciamiento definitivo (cfr. resolución del 09/8/1999, fs. 645/646). Consta en autos que mediante presentación del 09/2/2005, el profesional acompañó copia de un anterior pedido de regulación de los honorarios devengados por su intervención en el trámite de ejecución de sentencia. A ello, el IPSST opuso defensa de prescripción, basada en que el planteo regulatorio fue presentado el 28/12/2000 y la siguiente actuación tuvo lugar el 09/2/2005, cuando ya había vencido el plazo de dos años previsto por el art. 4032, inc. 1°, primera parte del Cód. Civil, que regiría el caso debido a que el pleito estaba ya concluido por pago total, mucho antes de aquella primera petición. Por lo contrario, el letrado considera que debe aplicarse el plazo general de diez años (art. 4023, Cód. Civil); en tanto que la Cámara lo subsume en la hipótesis del art. 4032, inc. 1° in fine del mismo cuerpo legal, que contempla un plazo de cinco años.

Cabe señalar que no está en tela de juicio el pacífico criterio aplicado por los jueces de grado, concordante con la doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que tratándose de un proceso de ejecución, el pleito termina cuando se hace efectivo o se satisface el derecho del acreedor, por lo cual la sentencia de trance y remate no pone fin al pleito, dado que resta su cumplimiento (arg. art. 68 -ex art. 69- de la ley 5480). Tanto las partes como los jueces de grado son contestes en que de acuerdo a la previsión de la ley arancelaria provincial dicho trámite está dividido en dos etapas: la primera hasta el dictado de la sentencia de trance y remate, y la segunda hasta el cobro de la acreencia; y en que la regulación procede una vez cumplidas íntegramente ambas y no sólo la primera de ellas.

La divergencia gira en torno a las implicancias del estado del pleito para la solución del caso, habida cuenta de que según lo afirmara el Juez de primera instancia, el crédito objeto de la deuda resultante de la sentencia de fondo de fecha 27/2/1998 y su aclaratoria no se encontraría saldado pues sólo se habrían realizado pagos a cuenta a favor de la actora, estando aún pendiente la liquidación definitiva, y debido a ello desestimó "por ahora" el pedido regulatorio.

II.- El pronunciamiento fue apelado por ambas partes, y confirmado por el tribunal de alzada. Razones de orden lógico imponen tratar en primer término el recurso promovido por la demandada, toda vez que su eventual progreso enervaría la pretensión del abogado, de obtener la cuantificación de los honorarios devengados.

II.1- Para dar respuesta a los agravios de la condenada en costas resulta necesario pronunciarse acerca del plazo aplicable en las particulares circunstancias del caso. A su entender, los hechos de la causa han sido interpretados con excesivo rigor por el tribunal a quo, por cuanto su realidad demostraría que el Colegio de Bioquímicos de Tucumán recibió pagos parciales y consideró totalmente cancelada la deuda con el pago final del día 28/6/1999, cuando retiró la suma de $ 130.000, por lo que el pleito habría concluido con el pago del crédito reconocido en la sentencia definitiva. Subraya que desde entonces y hasta la fecha de promover el recurso de casación no se registra ningún otro movimiento ni pedido de aquélla o en su interés, y que el abogado tampoco llevó a cabo gestión alguna en interés de su mandante, por lo que no se configura el supuesto de prescripción quinquenal del art. 4032, inc. 1 del Cód. Civil aplicado por el tribunal a quo, sino que rige el bienal previsto por la primera parte del mismo inciso. En tal sentido, destaca que el propio letrado manifestó haber cesado en la representación del colegio profesional, por lo que estima un tecnicismo argumentar que el pleito no feneció. Enfatiza que no existen formas sacramentales sobre la instrumentación de la conclusión de un proceso judicial, y que deben prevalecer mínimas pautas de razonabilidad a la hora de aplicar la doctrina que tiene por no concluido un proceso de ejecución, hasta tanto no se haya cancelado efectivamente la obligación objeto de la sentencia que se ejecuta. En su interpretación, mantener suspendido el ejercicio del derecho a obtener regulación, o el correspectivo derecho a que corra la prescripción que asiste al obligado al pago, en función de un hecho que no depende del abogado como es el pago de la obligación principal, significa imponer un recaudo no establecido legalmente y por ende violatorio del art. 19 de la CN; máxime cuando el letrado dijo haberse desvinculado de su mandante. Razona de ello, que si el actor vencedor en el proceso de ejecución de sentencia decide por cualquier motivo no percibir el importe de la condena, los abogados nunca tendrían derecho a solicitar la regulación de sus honorarios. Considera que lo relevante a tal efecto es la determinación del importe líquido que pueda servir como base regulatoria, pues a partir de entonces el letrado podrá ejercer su derecho, lo cual efectivamente ha acontecido en autos, y por ende comenzó a correr el plazo de prescripción. Concluye que no existió impedimento para que el apoderado de la actora pida regulación, máxime cuando existía monto líquido y fondos suficientes, y el profesional cuenta con privilegio sobre ellos por disposición de la ley sustantiva y la ley de aranceles.

II.2- Anticipo que no asiste razón al recurrente, cuyos agravios resultan insuficientes para refutar los fundamentos del fallo impugnado, que encuentran apoyo bastante en las constancias de la causa.

Según emerge de la reseña precedente, la controversia se presenta circunscripta a establecer la efectiva concurrencia de los presupuestos legales determinantes para aplicar el plazo de prescripción bienal previsto por el art. 4032 inc. 1°, primera parte, o el de cinco años que contempla la misma norma en su disposición final. La cuestión traída a estudio de este Superior Tribunal presenta aristas complejas, dados los diferentes plazos de prescripción que emergen de la ley sustantiva, cuando la acreencia está constituida por honorarios profesionales de abogados y procuradores.

Con diferentes integraciones la Corte local ha adherido al criterio de que en materia de prescripción liberatoria de aranceles debe distinguirse entre el derecho a cobrarlos, cuando ya han sido regulados, y el derecho a que se regulen; o lo que es lo mismo, entre honorarios regulados y honorarios devengados (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 36 del 19/02/2009, doctrina y fallos allí citados). Esto es así porque tratándose de honorarios no regulados lo prescriptible es la acción tendiente a su fijación, en tanto que la acción por cobro de los emolumentos ya regulados prescribe a partir de su determinación judicial. Al respecto, la doctrina ha puesto de relieve la ausencia de norma expresa que determine el plazo de prescripción cuando los honorarios han sido regulados en el proceso, por lo que resultan de aplicación los principios generales que rigen la materia; esto es, el art. 4023 del Cód. Civil, a tenor del cual a falta de disposición especial, toda acción personal por deuda exigible prescribe a los diez años (cc. Bueres-Highton, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y Jurisprudencial. Hammurabi, 2001, t. VI-B, pg. 845 y ss.; cc. Pita, María C., Honorarios de Abogados, procuradores y auxiliares de justicia, LL, Bs. As., 2008, pg. 401 y ss.; cc. CS, Fallos: 319:2684; 322:2923). Desde otra perspectiva se puede afirmar que cuando se trata de honorarios ya fijados judicialmente rige el plazo de la actio iudicati, también decenal y computable desde que los mismos fueron regulados.

De lo expuesto se sigue que el plazo de dos años invocado por la demandada presupone que se trata de trabajos judiciales aún no determinados. La doctrina coincide en que su cómputo se inicia desde la terminación del juicio por sentencia, transacción o cualquier otro modo de culminación del proceso -desistimiento, allanamiento, conciliación, caducidad de instancia entre otros- ; o desde que culminó la actuación del profesional, aunque el proceso continúe, sea por renuncia del patrocinio, revocación del mandato, muerte etc. (cfr. Ure, Carlos E. y Finkelberg, Oscar G., Honorarios de los Profesionales del derecho, Abeledo-Perrot, 2009, pág. 762; cc. Pita, María C., ob. cit.). La mayor diligencia reclamada al profesional en el caso de la prescripción bienal se explica por la distinta situación fáctica que la misma norma contempla, de manera que resulta esencial diferenciarla de su segunda hipótesis donde el plazo se eleva a cinco años. A tal efecto será menester la fehaciente comprobación del extremo legal determinante para aplicar uno u otro supuesto; esto es, que ha cesado el pleito o la intervención del abogado o procurador. En este orden de ideas, se ha dicho que el término habrá de computarse "desde que se le notifica la revocación del poder o desde que el abogado renuncia o deja de actuar en el juicio hasta tanto su cliente no se presente en el expediente con nuevo letrado, porque se considera que hasta ese momento el profesional continúa en sus funciones" (cfr. CNCiv., Sala D. 21/8/1961, LL, 106-1002, fallo citado en Bueres-Highton, ob. cit., pág. 853). Se trata entonces de verificar que efectivamente el pleito ha terminado o que el profesional cesó su intervención, pues a partir de allí empieza a correr el término. Por ello, algunos tribunales han precisado el dies a quo para el cómputo del plazo, en el momento en que el profesional "toma noticia de ello, o desde que fue sustituido por otro, o bien desde que supo o pudo tener conocimiento de la revocación de su poder o de que había sido reemplazado por otro letrado, por lo que resulta imprescindible notificarle la cesación de su intervención en la litis. O bien si el juicio concluye por desistimiento o transacción, desde que éstos se producen o desde que se notifica la sentencia o transacción a los profesionales, o el desistimiento, debiendo tenerse en cuenta lo primero que acontezca" (cfr. Kemelmajer de Carlucci-Kiper-Trigo Represas, Código Civil Comentado, Rubinzal-Culzoni, 2007, com. art. 4032 Cód. Civil, pág. 637). También se ha dicho que la prescripción bienal "rige para aquellos supuestos en que el mandatario o patrocinante ha cesado en su ministerio, ya sea por terminación del pleito o conclusión de su vínculo, y en este último caso, el plazo de prescripción se cuenta desde la fecha en que el letrado renuncia al mandato o al patrocinio ejercido, o desde que le es notificada la revocación del poder, o del patrocinio. Ello, pues sólo a partir de entonces quedará expedita la vía para ejercer las acciones cuya prescripción se pretende (cfr. CNCiv., Sala A., 15/10/1979, LL 1979-D, pág. 540).

II.3- Conforme ha sido expuesto precedentemente, el plazo bienal de prescripción del art. 4032 inc.1°, supone que el desempeño profesional ha cesado por alguna de las causales que se enumeran. Por ello, en la hipótesis de renuncia del abogado, el dies a quo es la fecha en que el mismo "cesó en su ministerio" (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 248 del 01/7/1993), lo cual efectivamente no surge de las constancias de autos; como tampoco resulta de manera concluyente que la actora ha sido totalmente desinteresada En esta sede, la demandada no refuta la afirmación sentencial relativa a que no existe carta de pago ni constancias de que el profesional renunciara al mandato conferido por la actora. A lo primero, la Cámara considera que si bien el acreedor vio satisfecho su crédito en un determinado porcentaje, "debió expresar claramente si el juicio se encontraba concluido o en imposibilidad de concluir, lo cual no ha acontecido en autos", por lo que estima que la ejecución no se encuentra concluida. Respecto a lo segundo, subraya que de autos no surge la circunstancia invocada por el abogado -que de hecho ya no es apoderado de la parte actora- , por lo que el juez a quo no debía suponerlo así.

Es en este especial contexto que la Cámara convalida la apreciación del inferior, relativa a que el trámite de ejecución de la sentencia de fondo aún no ha concluido, porque las constancias de la causa no indican que la actora haya sido totalmente desinteresada: "no surge carta de pago otorgada por el mismo ni expresó específicamente que haya concluido la presente ejecución" (cfr. fs. 941). Concluye entonces que rige el plazo quinquenal computado a partir del 12/4/1999, interrumpido con la presentación del pedido regulatorio formulado el 28/12/2000, por lo que rechaza el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

Como se ha visto, el planteo casatorio resulta insuficiente para rebatir el criterio del tribunal a quo, pues no logra demostrar la inequívoca concurrencia de alguno de los extremos legales determinantes para la aplicación del plazo bienal. Reitero que a tal efecto no basta la manifestación del profesional de haber concluido el vínculo con la actora, y a todo evento agrego que en ausencia de otros elementos no será posible determinar con la necesaria certeza el dies a quo para el cómputo del plazo -anterior a dichas manifestaciones-, a partir del cual la acción habría estado expedita y por ende, iniciado el curso de la prescripción. En suma, no existe constancia acabada del cese por renuncia o revocación del mandato, o por conclusión definitiva del trámite de ejecución de la sentencia, lo cual impide subsumir el caso en la previsión normativa del art. 4032, inc. 1°, primera parte citado.

III.- Por lo expuesto, no advierto yerro sentencial ni arbitrariedad en la aplicación del plazo prescriptivo de cinco años contemplado por la última parte del citado art. 4032, a tenor del cual tratándose de un pleito "no terminado y proseguido por el mismo abogado, el plazo será de cinco años".

Se trata de un plazo intermedio contemplado para aquellos supuestos donde el honorario se ha devengado en un pleito que continúa en trámite. Mientras ello suceda, se entiende que existe imposibilidad de cuantificarlo debido al estado procesal de la causa y, además, porque la realización sucesiva de nuevas labores que coadyuvan al avance del trámite, operaría siempre como factor que enerva la fijación del dies a quo. En este caso el cómputo habrá de efectuarse como lo determina el tribunal a quo, desde la última intervención del profesional en la causa. Se ha destacado en tal sentido que "el trabajo profesional del abogado o procurador en un juicio configura una totalidad intelectual, una obra global que no puede segmentarse mientras está en curso de desarrollo" (cfr. Ure y Finkelberg, ob. cit., p. 767 y doctrina citada). Recogen estos autores la pacífica opinión doctrinaria y jurisprudencial aplicada por el tribunal a quo, acerca de que en el caso de prescripción quinquenal, la sucesiva presentación de escritos judiciales opera una suerte de interrupción de la prescripción, de modo que el cómputo de los cinco años recién debe comenzarse a partir del último trabajo profesional.

No cabe sino recordar que no basta sostener una determinada solución jurídica, sino que es menester que el recurrente exponga una crítica razonada de la sentencia que impugna, para lo cual tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el decisorio. En el sublite, la crítica se asienta en la disconformidad del recurrente con el resultado arribado, mas no logra acreditar la efectiva concurrencia de alguno de los supuestos que dan lugar a la aplicación del plazo de prescripción bienal, y con ello el desacierto de la decisión judicial.

Finalmente, considero oportuno destacar que el instituto de la prescripción constituye un instrumento que contribuye a la seguridad jurídica y se justifica porque otorga estabilidad y firmeza a los negocios, y en ello radica precisamente su ratio legis. Pero rige el principio de interpretación restrictiva, pues siempre se debe estar por la conservación de los actos y negocios jurídicos, y en caso de duda habrá de preferirse la solución que conduzca a la conservación de la acción, a la subsistencia del derecho (CSJT, sentencia Nº 225 del 01/4/2008, "Ledesma, Ángel Alberto y otro vs. Torres de Zavalía, Ana María y otro s/ Cobro de pesos"). Desde esta perspectiva, cabe agregar que las consecuencias disvaliosas de una incierta conclusión del pleito, puestas de relieve por la propia demandada al expresar agravios, coadyuvan la solución dada al caso conforme a la normativa del citado art. 4032 inc. 1° del Cód. Civil. Ello por cuanto en todo caso, la aplicación del plazo más breve de dos años debe sostenerse en la certidumbre de que -efectivamente- la acción estaba expedita para el profesional.

En consecuencia, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada.

IV.- La conclusión arribada en el acápite precedente no resulta decisiva para resolver la procedencia de los agravios esgrimidos por el abogado Román; quien en el afán de obtener el dictado del auto regulatorio coincide con su contraria en que la deuda habría sido prácticamente abonada en su totalidad, y si existe alguna diferencia ella sería insignificante, por lo que estima cumplidas las dos etapas propias de los juicios de ejecución (arg. arts. 44 y 18 -ex 45 y 19- de la ley arancelaria provincial). A todo evento, estima que se deberían regular al menos los devengados por la primera etapa, cumplida íntegramente con el dictado de la sentencia de trance y remate del 24/2/1999. Reitera haber renunciado al poder y que de hecho ya no representa a la actora, por lo que en función del art. 18 tiene derecho a la regulación, pero además existe condena en costas. Invoca el derecho de propiedad y formula reserva de interponer recurso extraordinario federal.

Según ha sido dicho, los argumentos del reclamante son rechazados por el tribunal de alzada por el mismo motivo que condujo a aplicar el plazo prescriptivo de cinco años; esto es, que la segunda etapa del trámite de ejecución de sentencia no ha finalizado aún.

A mi criterio, la cuestión ha sido resuelta de manera dogmática en las instancias de grado, al diferir la regulación de honorarios hasta tanto se de por concluida la etapa de ejecución de sentencia sin atender la concreta realidad del caso. Las constancias de autos evidencian que ello puede ocasionar un agravio irreparable al profesional, pues desatiende la posible concurrencia de circunstancias particulares referidas por las partes y que podrían resultar idóneas para excepcionar la regla en la materia, reflejada en el precedente de esta Corte que cita el tribunal a quo, a tenor de la cual "la sentencia de remate dictada en un juicio ejecutivo no coloca a la litis en la condición de pleito fenecido, ya que estos pleitos terminan con el pago del crédito cuya ejecución se persigue, y tan es así que hasta entonces no es, por principio, dable formular regulación de honorarios (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 658 del 03/8/2006, autos "Cura, Aniceto David vs. Giménez, José Antonio y Arcas, Dante Favio s/ Cobro ejecutivo de alquileres). En consonancia, doctrina y jurisprudencia admiten la consideración de situaciones en las cuales procede regular honorarios pese a que la condena no haya sido íntegramente satisfecha, en la medida en que resulte evidente que la misma "no podrá satisfacerse, vg. , porque el deudor es insolvente o el acreedor ha sido desinteresado o se presume que lo ha sido" (cfr. Brito-Cardoso de Jantzon, Honorarios de abogados y procuradores. El Graduado, Tucumán, 1993, pág. 360).

Tal situación de hecho conducente para resolver el litigio ha sido invocada por el interesado y se desprende de los sucesivos planteos recursivos formulados, sin que haya merecido atención en las instancias de grado. Nótese que una tal tesitura no significa sostener que el trámite de ejecución efectivamente ha concluido, y por ende no se proyecta necesariamente en la determinación del plazo de prescripción como interpreta la condenada en costas; con lo cual tampoco resulta incompatible con la aplicación del plazo quinquenal establecido por el tribunal de alzada. Por lo contrario, se trata de analizar las constancias de la causa en miras a verificar la eventual concurrencia de situaciones particulares que tornarían írrito aguardar la conclusión de la segunda etapa, en la medida en que hagan evidente que la misma no habrá de concluir mediante el pago íntegro de la acreencia cuya ejecución se persigue.

Concluyo que en este punto el caso ha sido resuelto dogmáticamente y sin dar razones suficientes, pese a los puntuales agravios esgrimidos por el letrado apelante, lo cual necesariamente requería asumir las consecuencias y el camino a seguir para que el abogado pueda obtener la determinación cuantitativa de su acreencia. El tribunal de alzada omitió hacerse cargo de la concreta realidad del caso, determinante para establecer si -efectivamente- el pleito habría de proseguir hasta una conclusión definitiva que habilite el dictado del auto regulatorio impetrado.

Por lo tanto, en el sub examine se ven afectados los principios de raíz constitucional de defensa en juicio y de motivación (arts. 18 de la Constitución Nacional y art. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán). En consecuencia, procede hacer lugar al recurso de casación deducido por el abogado Manuel Felipe Román contra la sentencia dictada en fecha 19/11/2010, y dejar sin efecto el ap. II de su resolutiva, que rechaza el recurso de apelación deducido por su parte, por aplicación de la siguiente doctrina legal: "Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, prescindiendo de cuestiones propuestas oportunamente por las partes, deniega la solicitud de regulación de honorarios sin atender las concretas circunstancias del caso". Los autos serán remitidos al mismo Tribunal a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado, sin que la presente decisión implique indicar su sentido u orientación.

V.- Acorde al resultado a que se arriba, los fundamentos que lo sustentan y las particularidades del debate en torno a las cuestiones propuestas, las costas de esta instancia casatoria se imponen por el orden causado para ambos recursos. Las generadas en las instancias de grado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el abogado Román habrán de ser resueltas en el nuevo pronunciamiento a dictarse.

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, dijeron:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Antonio Daniel Estofán, votan en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 967/970 y vta por la demandada Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia de Tucumán, contra la sentencia dictada en fecha 19/11/2010 por la Sala I de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, agregada a fs. 940/942 y vta., con pérdida del depósito de ley.

II.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido a fs. 949/963 y vta. por el letrado Manuel Felipe Román, actuando por sus propios derechos y contra la misma sentencia, por aplicación de la doctrina legal enunciada en los considerandos precedentes. Se deja sin efecto el punto II de la resolutiva, debiendo reenviarse los autos a origen para que, por quien corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento sobre el recurso de apelación interpuesto a fs. 876/880 por el mismo letrado. En consecuencia, se deja parcialmente sin efecto el punto III de la misma dispositiva, en cuanto impone las costas del referido recurso al letrado apelante. Devuélvase el depósito.

III.- COSTAS de ambos recursos de casación por el orden causado.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030591-05.