Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2009-06-04


Salta, 04 de Junio de 2009.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "BURGOS, Blas Aníbal por Usurpación en perjuicio del Programa de Tierras Fiscales Rurales", Expte. Nº 28.814/07 del Juzgado de Instrucción Formal 5ta. Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº 24.051/07 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, CONSIDERANDO El Dr. Edgardo Francisco Albarracín dijo:

Que las presentes actuaciones tienen su arribo a este Tribunal de alzada en virtud del recurso de apelación planteado por el Sr. Fiscal Penal Nº 1 a fs. 69 y vta. contra el auto que dicta el sobreseimiento a favor de Blas Aníbal Burgos por el delito de usurpación de propiedad (art. 181 del Código Penal), el cual rola a fs. 67 y vta.

En dicho resolutorio el Juez de Instrucción Formal 5ta. Nominación considera que el hecho imputado no ha recibido a lo largo de la instrucción ninguna corroboración. Sostiene que el descargo del imputado de fs. 30/31, declarándose ajeno al hecho, no fue desvirtuado, sino que por el contrario se adjuntó prueba de su descargo en el informe de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia de fs. 53 donde consta que la matrículoa 684 carece de cédula parcelaria ya que no tiene antecedentes de título y se registra a nombre de Rojo y Valdés (herederos) y no como tierra fiscal de la provincia.

Refuerza su argumentación con los testimonios recabados en autos, donde se afirma que la propiedad cuestionada perteneció por un tiempo considerable a la madre del imputado y desde el fallecimiento de ésta última su hijo viene ejerciendo derechos sobre tales tierras. También hace alusión al recibo donde consta que la madre del encartado abonó una suma de dinero por la compra del lote cuestionado.

Con todo ello concluye que se carece de todo elemento de convicción sobre la ilegitimidad de la posesión y encontrándose la investigación agotada, corresponde dictar el sobreseimiento.

El Sr. Agente Fiscal, en cambio, considera que la causa no se encuentra agotada por lo que no es posible adquirir el grado de certeza negativo que requiere el dictado de un sobreseimiento. Para ello resalta que no se ha recepcionado declaración testimonial al Dr. Ernesto Guillermo Saravia a los fines de que precise la manera en que se produjo el ingreso del imputado al inmueble en cuestión y si el mismo se produjo en forma clandestina, subrepticia y maliciosa como lo sostiene a fs. 03, como así también la fecha en que se produjo el mismo y si el incoado había sido autorizado mediante algún título a poseer tales tierras; declaración que deviene imprescindible a los fines de verificar si ha existido o no conducta típica por parte del denunciado.

El recurso fue producido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

De los argumentos dados tanto por el A quo como por el apelante y de las constancias de autos se advierte que lo que está en cuestión es la legitimidad de la posesión ejercida por el imputado Burgos.

En efecto, en ningún momento se pone en dudas el hecho de que Burgos haya tomado posesión del lote Nº 26 de la Matrícula 684 del Departamento San Carlos, sino que esa posesión haya sido violenta, mediando amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad. Estas circunstancias de realización son importantes porque determinan la tipicidad de la figura prevista en el art. 181 del Código Penal.

Al respecto el A quo entendió que Burgos entró en posesión del inmueble como legítimo sucesor, pues había sido adquirido por su madre (lo que encuentra corroborado por el recibo obrante a fs. 03 de la carpeta de prueba agregada por cuerda floja). El Fiscal, por el contrario, considera que no hay certeza de ello.

A mi criterio, las circunstancias en que se haya adquirido la posesión no tienen relevancia en estos tiempos. No es posible afirmar que la posesión haya sido producto del ejercicio de un derecho o puramente de facto, sin embargo, por el tiempo transcurrido desde ese acontecimiento, ya no puede cuestionarse.

Vale aclarar que ninguna conducta, por desdeñable que parezca, puede sufrir el reproche penal sin ser antijurídica, es decir sin contrariar el orden jurídico general, pues la norma penal no hace más que describir conductas que aunque estén teñidas con algún elemento normativo dentro del tipo, la calificación de licitud o ilicitud la determina el resto del mundo jurídico. Para afirmar la falta de adecuación jurídica de una conducta es necesario hacer esa remisión, pues hay casos en que se autoriza a actuar de la forma descripta en un tipo penal y en esos supuestos no estamos frente a un delito. Con gran acierto sostiene Soler que: "la ley penal, que nos ha descripto el tipo no nos da con él, sin embargo, nada más que una hipótesis de ilicitud. Cuando un sujeto se apoderó de una cosa mueble ajena, debemos investigar si además de apoderarse de una cosa mueble ajena, esto es, además de realizar una acción externamente típica, ejecutó también una acción ilícita. Al efectuar este examen, veremos que 'apoderarse de una cosa mueble ajena' es un hecho ilícito cuando ese apoderamiento se ejecuta sin derecho, y este problema no lo resuelve el derecho penal sino todo el orden jurídico" (Sebastián Soler, "Derecho Penal argentino", Tea, 1999, Tomo I, pág. 22).

Ahora, analizando la plataforma fáctica de autos, puede destacarse que: en primer lugar el imputado en su descargo de fs. 30/31 sostiene que el terreno en cuestión le perteneció a su madre Lucía Chocobar, quien falleció el 29/11/00, quien lo habría comprado a Fanny Valdéz, la última heredera del Sr. Valdez; dice que ello habría acontecido alrededor del año 1950; que desde chico fue a ese lugar con los arrenderos que tenían su padres, que actualmente él arrienda dichos lotes como propietario; agrega que inició los trámites para obtener el dominio por prescripción, uniendo la posesión de su madre con la suya; que la posesión es pública, pacífica e interrumpida desde que su madre adquirió los terrenos, además cuenta con los pagos de impuesto inmobiliario y canon de riego. Los testimonios recabados en autos corroboran sus dichos.

Es el caso de Elvira Mercedes Mamaní, quien a fs. 57 y vta. afirma que sabe que el Sr. Aníbal Burgos se crió en ese lugar con Doña Lucía; aunque desconoce a quién le compró el terreno esta última, dice que vivió mucho tiempo allí hasta que falleció y que desde el año 1969 la declarante tiene conocimiento de ello. A fs. 58 y vta. obra la declaración testimonial de María Magdalena Cisnero, donde manifiesta que "se casó en el año 1969, pero antes de esa fecha, siete años antes, visitaba a su hermana Clotilde Cisnero que vive en el Paraje San Rafael y desde ese tiempo conocía a doña Lucía Chocobar, ella vivía en la casita donde tiene la finca y sabe que tenía otro terreno que siempre era arrendado". Por último, Fermín Ramón Alarcón reconoce a la Sra. Chocobar y a su hijo Aníbal Burgos como los dueños del inmueble, también que "hace cuatro años que trabaja para don Aníbal Burgos, quien vive en esta ciudad pero cuando era menor de edad, era changarín de doña Lucía y le cuidaba las ovejas cuando ella se venía a esta ciudad para la fiesta del Milagro" (fs. 59 y vta.).

De la instrucción se constató, por parte de una inspección ocular practicada por la policía, que el lote Nº 26 "está cercado por ramas y se observa que anteriormente había sido cultivado" (fs. 11). Se destaca el informe de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia de Salta (fs. 53), donde se informa que la Matrícula Nº 684 del departamento San Carlos carece de cédula parcelaria, se encuentra sin antecedentes de título y según carpeta de dominio se registra a nombre de Rojo y Valdéz (herederos).

Del análisis practicado y teniendo en cuenta lo dicho ut supra, me animo a decir que si fuera cierto que originariamente la posesión del Lote 26 se tomó mediando violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad, el vicio con el que la adquirió se encuentra purgado a la fecha. El tiempo en estos casos tiene la fuerza de tornar legítimo un actuar que en su orígenes no fue tal, motivos de orden público lo hacen posible frente a la falta de pretensiones particulares que presumen su conformidad; después de muchos años sin que se demuestre interés por un bien, el ordenamiento jurídico prefiere dar prioridad a aquella persona que le dio una utilidad, borrando la originaria carencia o insuficiencia de título.

Además, no podemos decir que Burgos haya actuado en los términos del art. 181 del C.P. si quedó a cargo de la finca recién cuando falleció su madre, quien ya era legítima poseedora. Al menos puede pregonarse la buena fe de esa posesión pues el heredero estaba convencido de que el bien era del causante.

Acudiendo al derecho civil en procura de precisar el elemento normativo de la figura penal de usurpación de propiedad y considerando la hipótesis de ilicitud, nos encontramos con el art. 3959 del Código Civil, donde se establece que "la prescripción de cosas poseídas por fuerza o por violencia, no comienza sino desde el día en que se hubiere purgado el vicio de la posesión". Aunque la doctrina civilista no es unánime en el criterio para entender cuándo se purga el vicio, considero acertada aquélla que sostiene que ello ocurre al año de cesado el vicio, porque al cabo de ese tiempo prescribe la acción posesoria que le permitiría al despojado recuperar su posesión (art. 4038, C. Civ.). En esta línea de pensamiento se ha dicho que "hay que tener en cuenta que al año de posesión -continua e ininterrumpida- el poseedor ya puede ejercer las acciones posesorias propiamente dichas para el caso de ser violada su propia posesión" (Papaño, Kiper, Dillon y Causse, "Derechos Reales", Depalma, 1993, Tomo I, pág. 77).

También es de tenerse en cuenta el instituto legal de la unión o suma de posesiones, el cual tendrá distintas previsiones conforme las posesiones a unirse sean de buena o mala fe y también si la sucesión fue a título universal o singular. En cuanto a esto y haciendo alusión a la denominada "prescripción corta" el Código Civil dispone que "el sucesor universal del poseedor del inmueble, aunque sea de mala fe, puede prescribir por diez años cuando su autor era de buena fe, y recíprocamente, no es admitida la prescripción en el caso contrario, a pesar de su buena fe personal" (art. 4004); pero esta última limitación (la de la mala fe del poseedor originario) no rige para el caso de la prescripción "larga", aquella se hace viable con el transcurso de veinte años de posesión ininterrumpida: "prescríbese también la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor" (art. 4015, C. Civ.). Por eso se dice que "si el poseedor de buena fe une su posesión a la de su autor que era de mala fe, toda la posesión será de mala fe. Sin embargo, esto puede ser de utilidad para el poseedor de buena fe; en efecto: imaginemos que el causante de mala fe ha poseído por el término de 19 años; uniendo su posesión a la de éste, el poseedor de buena fe necesitará sólo un año más para adquirir el dominio por usucapión larga" (Mariana Mariani de Vidal, "Curso de Derechos Reales", Zavalía editor, 1988, Tomo I, pág. 116).

Por otro lado, desde que la Sra. Lucía Chocobar adquirió el bien (aunque haya sido por un título insuficiente ya que no escrituró a su favor) o desde el mero instante en que tomó posesión del mismo, se advierte una solución de continuidad con la de su hijo, no surgiendo que en el medio el Estado haya adquirido el inmueble a su favor, entonces habiendo pasado más de cincuenta años desde la aprehensión de la cosa con ánimo de tratarla como propia, ya no se puede hablar de una actual "desposesión" ("al que ha poseído durante veinte años sin interrupción alguna, no puede oponérsele ni falta de título ni su nulidad, ni mala fe en la posesión", art. 4016, C. Civ.).

Menos puede hablarse de una desposesión al Estado cuando según la Dirección General de Inmuebles hay un registro a nombre de los herederos de Rojo y Valdés, es decir, no figura el inmueble como un terreno fiscal. Llama la atención como un funcionario de la repartición pública efectúa una denuncia en supuesto interés del Fisco provincial sin acreditar debidamente la titularidad estatal del inmueble que se dice usurpado. Además no se afirma que el inmueble en cuestión sea del dominio privado del Estado, lo que justificaría la intervención del Programa de Tierras Fiscales Rurales, sino que se habla de "dominio eminente".

El llamado "dominio eminente" es una consecuencia del poder soberano del Estado sobre su territorio. En la nota al art. 2507 Vélez Sarfield dice que "el ser colectivo que se llama el Estado tiene, respecto a los bienes que están en el territorio, un poder, un derecho superior de legislación, de jurisdicción y de contribución, que aplicado a los inmuebles, no es otra cosa que una parte de la soberanía territorial interior. A este derecho del Estado que no es un verdadero derecho de propiedad o dominio, corresponde sólo el deber de los propietarios de someter sus derechos a las restricciones necesarias al interés general, y de contribuir a los gastos necesarios a la existencia, o al mayor bien del Estado". Vale decir, no es una especie distinta de propiedad, no tiene nada que ver con la clasificación de dominio público o privado del Estado, es simplemente la facultad estatal de establecer límites al dominio privado en función de un interés público (art. 2611, C. Civ.), implica la consagración de la concepción de la función social de la propiedad y se ejerce sobre todo el territorio aunque el dominio sea de un particular.

De más está decir que el bien jurídico que protege el art. 181 del Código Penal no es el título de dominio sobre un inmueble, sino el ejercicio efectivo de la tenencia o posesión a que el título confiere (aunque dicho título no sea precisamente el de propietario).

Pero aunque el inmueble con matrícula Nº 684, lote 26, sea fiscal, de todas formas no se advierte la tipificación del delito. Nuestro ordenamiento civil establece que los inmuebles situados en el territorio argentino que carecen de dueño son bienes del dominio privado del Estado (art. 2342, inc. 1º, C. Civ.). Esta categoría de bienes también son susceptibles de ser adquiridos por prescripción, así lo deja entrever el art. 3951 del Código Civil al establecer que "el Estado General o Provincial, y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada; y pueden igualmente oponer la prescripción".

No olvidemos que para que ello ocurra, la posesión debe mantenerse durante veinte años. Manifestación de ello son, no sólo los testimonios antes citados sino también los comprobantes del pago de impuestos inmobiliarios que se adjuntan en la carpeta de prueba, los que datan del año 1968; así como también el pago del canon de riego. Ello demuestra la intención de querer la cosa como propia, lo que diferencia la posesión de una mera tenencia a nombre de otro.

Con todo lo dicho, no advierto la utilidad de postergar el sobreseimiento a las resultas del testimonio del Dr. Ernesto Guillermo Saravia pues las pruebas puestas "sobre el tapete" son suficientes para arribar a un juicio de certeza negativa, además su denuncia fue en cumplimiento de sus funciones por lo que difícilmente sea testigo de los hechos, lo que pudo aportar son títulos a favor del Estado provincial, pero ellos no existen. Bien tuvo oportunidad de hacerlo en su denuncia, al igual que el Sr. Fiscal de Estado que al presentarse como actor civil ninguna prueba aporta de la verosimilitud de su pretensión.

Entre sus agravios el Fiscal considera pertinente que se pregunte al Dr. Saravia si es que se autorizó mediante algún título a poseer a Burgos las tierras en cuestión. Desde mi punto de vista, tal cuestionamiento carece de utilidad pues la entidad que tendría que tener esa información es el Registro de Inmuebles y su respuesta fue dada a fs. 53. Téngase en cuenta que por el art. 2º de la Ley 17.801 (seguida y ampliada por el art. 2º de la Ley provincial Nº 5148) deben inscribirse en el Registro, para publicidad y oponibilidad a terceros, todos los documentos que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles, así como también los embargos, inhibiciones y demás cautelares, etc.; siendo el Estado el principal interesado en que ello se cumpla.

Respecto al expediente administrativo Nº 18-16.289/04, resulta innecesaria su constatación puesto que tiene su inicio en el año 2004. Esto porque en todo caso nos podría interesar si se trata del ejercicio de una acción posesoria de quien se considere dueño del inmueble en cuestión y con la intención de repeler la turbación que la afecte, lo que afectaría o interrumpiría el término para usucapir del poseedor ilegítimo (posible usurpador), pero incluso siendo así tampoco tiene sentido pues habiéndose practicado recién en el año 2004 carecería de legitimidad. Por otro lado, más tiene la apariencia de ser el trámite instado por el Sr. Burgos para adquirir la propiedad del Lote Nº 26 por prescripción.

Como última consideración, es necesario aclarar que no asumimos la prescripción de la acción penal correspondiente al delito de usurpación, sino que predicamos su atipicidad; lo que ha caducado es la pretensión del Estado sobre la propiedad del bien, no sobre la persecución del delito. Ha quedado demostrado su desinterés por el inmueble, si al Estado provincial le hubiese interesado dicho bien no tendría que haber aceptado el pago del impuesto inmobiliario, erogación particular esta que demuestra la intención de tratar al bien como propio.

Por todo ello, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Agente Fiscal y confirmar el auto de sobreseimiento dictado a favor de Blas Aníbal Burgos, aunque por la causal del inc. 3º del art. 326 del Código Procesal Penal. Así voto.El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 69 y vta., y en su mérito CONFIRMAR el auto de sobreseimiento dictado a favor de Blas Aníbal Burgos a fs. 67 y vta., aunque por la causal del inc. 3º del art. 326 del Código Procesal Penal.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE