Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-14


Salta, 14 de mayo de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "C/C MARTOS, MIGUEL ÁNGEL; PORTAL, FEDERICO JAVIER - RECURSO DE CASACIÓN" (Expte. Nº CJS 35.610/12), y CONSIDERANDO:

Los Dres. Abel Cornejo, Gustavo Adolfo Ferraris, Guillermo Alberto Posadas, Sergio Fabián Vittar y Guillermo Alberto Catalano, dijeron:

1º) Que a fs. 907/913, el Dr. Federico Magno, ejerciendo la asistencia técnica de Federico Javier Portal, interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Cámara Cuarta en lo Criminal de fs. 818/819, cuyos fundamentos fueron expuestos a fs. 883/897, que condenó al nombrado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional por resultar partícipe necesario y penalmente responsable del delito de hurto calificado previsto y reprimido por el art. 163 inc. 3º del C.P., de conformidad con los arts. 26, 45, 29 inc. 3º, 40 y 41 del citado Código, y le impuso reglas de conducta por el mismo plazo.

A su vez, a fs. 929/934 vta., el Dr. Félix Jesús Arancibia, ejerciendo la asistencia técnica de Miguel Ángel Martos, presentó idéntico recurso en contra de la mencionada sentencia que también condenó al nombrado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional por resultar coautor material y penalmente responsable del delito de hurto calificado, previsto y reprimido por el art. 163 inc. 3º del C.P., de conformidad con los arts. 26, 45, 29 inc. 3º, 40 y 41 del citado Código, y le impuso reglas de conducta por el mismo plazo.

2º) Que la defensa de Federico Javier Portal señaló que el tribunal "a quo" habría incurrido en la causal prevista en el art. 466 inc. 3º del C.P.P. (texto según Ley 6345 y modificatorias), esto es, en la "inobservancia de las pautas de razonabilidad en la formación de convicción", y solicitó que se revoque la sentencia puesta en crisis y se dicte la absolución de su defendido en virtud de lo dispuesto por el art. 4º del C.P.P. (texto según Ley 6345 y modificatorias) y por el art. 20 de la Constitución Provincial, e hizo reserva del caso federal.

En abono de su pretensión, luego de transcribir las partes pertinentes de la sentencia recurrida, sostuvo que en el "sub lite" no se habría logrado demostrar con el grado de certeza suficiente que su defendido fuera el autor del delito que se le imputa y que la sentencia se basaría en meros indicios que no alcanzan la entidad suficiente para condenar.

Expresó que todos los declarantes en la audiencia de debate habrían manifestado que su defendido Federico Javier Portal no era amigo del coimputado Miguel Ángel Martos; que este último había ingresado a trabajar en la agencia del denunciante hacía poco tiempo y que por ello y por el horario de trabajo que ambos cumplían resultaba materialmente imposible que pudieran planear el ilícito y la hipotética coartada para cubrir cualquier responsabilidad posterior.

Alegó que el fallo estaría sustentado en las declaraciones indagatorias de los hermanos Zalazar, menores de edad en ese entonces, que no concurrieron al debate oral y que se encuentran rebeldes y con pedido de captura y quienes -en su opinión- habrían mentido en los actos procesales en los que intervinieron durante la instrucción. Añadió que, sin perjuicio de ello, debía tenerse en cuenta que el mayor de los hermanos dijo en el careo que no estaba seguro que hubiera sido Portal quien estaba con Martos cuando retiraron la caja fuerte de su casa. Destacó, asimismo, que resultaría imposible que Portal hubiera concurrido a la casa de los Zalazar el día en que se perpetró el ilícito pues a esa hora (04:30´ de la mañana) se encontraba radicando la denuncia penal por el ataque que había sufrido.

Destacó que su defendido habría sostenido sus dichos a lo largo de todo el proceso con relación al ataque de extraños que sufriera, de manera pormenorizada y detallada, sin cambiarlos en momento alguno, siendo tales dichos -a su entender- razonables, creíbles y concordantes.

Finalmente, le endilgó negligencia al obrar del personal de la Brigada de Investigaciones y subjetividad a la declaración de los oficiales Vera Luna y Casimiro.

3º) Que por su parte, la defensa de Miguel Ángel Martos señaló que el tribunal "a quo" habría incurrido en la causal prevista en el art. 466 inc. 3º del C.P.P. (texto según Ley 6345 y modificatorias), esto es, en la "inobservancia de las pautas de razonabilidad en la formación de convicción", y solicitó se declare nula la sentencia puesta en crisis, se resuelva sobre el fondo de la cuestión o se utilice el reenvío para un nuevo juicio e hizo reserva del caso federal.

Atribuyó arbitrariedad a la sentencia recurrida porque, en su opinión, ésta se sustenta en el sólo voluntarismo de los jueces y no en una ponderación de la prueba colectada de acuerdo a la sana crítica racional y a los principios de la lógica, los que -di-jo- no se aplicaron en el "sub lite". Al respecto recordó, citando doctrina, que el principio de la libre convicción no puede ni debe significar libertad en el juez para sustituir a la prueba (y, consiguientemente, a la crítica de la prueba) por conjeturas o, por honesta que sea, su mera opinión.

Puntualizó las contradicciones que existirían entre lo que manifestó el menor David Sebastián Zalazar en su declaración indagatoria con lo que dijo en el careo que tuvo con Federico Javier Portal, y entre lo declarado por César Hilal en su indagatoria con lo que expuso luego en la audiencia de debate, y afirmó que el tribunal "a quo" habría tenido en cuenta tales declaraciones para condenar a su defendido a pesar de las contradicciones apuntadas.

Transcribió doctrina de la Cámara Nacional de Casación Penal que considera aplicable al caso de autos y de acuerdo a la cual corresponde declarar la nulidad de la incorporación por lectura de declaraciones testimoniales prestadas durante la etapa instructoria al juicio oral, si el control útil y eficaz de la defensa aún no existía como parte ni el juzgado arbitró medio alguno que posibilitara un ulterior interrogatorio ni aseguró que los denunciantes permanecieran en su jurisdicción, pues dicha incorporación conculca los derechos que consagran la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Indicó que, a contrario de lo sostenido por el tribunal "a quo", su defendido sí habría dado explicaciones creíbles sobre la procedencia del dinero que utilizó para comprar un automóvil al día siguiente de la comisión del ilícito y adujo que el que debería haber enervado tales explicaciones, con pruebas de cargo, era el Fiscal de Cámara, quien solo habría argumentado que las circunstancias para conseguir el dinero no fueron como las narró Miguel Ángel Martos.

Puso de resalto que el tribunal "a quo" tampoco habría probado la inexistencia ni las actividades del señor Pugliese, empleado de la empresa Flecha Bus, quien fuera mencionado por su defendido y respecto del cual el presidente del tribunal impidió que se interrogara al testigo Alejandro Juan Nunnini, con lo cual -di-jo- se habría soslayado normativa vigente de origen constitucional, como ser el art. 14.3 incs. a), b), d) y e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y lo dispuesto por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal o Reglas de Mallorca.

Finalmente introdujo la cuestión constitucional por entender que se habrían vulnerado los arts. 16, 18, 28, 31 y 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.

4º) Que en su informe de fs. 961/963, el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 2 dictaminó, por los fundamentos allí expuestos, que corresponde rechazar ambos recursos de casación, lo que también fue solicitado por el letrado apoderado de la actora civil y querellante conjunta en su presentación de fs. 955/959.

5º) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los interesados, en tanto los recursos fueron oportunamente concedidos (v. fs. 938/940 vta.), previo a expedirse sobre los motivos invocados por la recurrente, incumbe a esta Corte en la presente instancia efectuar un nuevo control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina su admisibilidad (art. 36 de la ley 7716).

A ese respecto, se observa que las casaciones han sido presentadas en término y por partes legitimadas (v. fs. 898, 899, 906, 906 vta. y 913 respecto del recurso de Federico Javier Portal, y fs. 898, 901, 906, 928 vta. y 934 vta. respecto del recurso de Miguel Ángel Martos); además, la resolución impugnada resulta objetivamente impugnable y los motivos expuestos encuentran adecuación legal (arts. 466 inc. 3º, 469 inc. 1º y cc. del C.P.P., texto según Ley 6345 y modificatorias). Razón por la cual cabe ingresar al examen de la cuestión planteada en el recurso.

6º) Que en la sentencia recurrida se tuvo por acreditado en grado de certeza suficiente que Miguel Ángel Martos y Federico Javier Portal cometieron el delito de hurto calificado previsto y reprimido por el art. 163 inc. 3º del C.P., el día 28 de octubre de 2005, a horas 03:50 aproximadamente, en el local de ventas de pasajes de la Agencia Flecha Bus y Chevalier, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 89 de esta ciudad, del cual los nombrados eran empleados y de donde sustrajeron una caja fuerte y dinero de un escritorio que, según lo expuesto por el denunciante Alejandro Juan Nunnini, contenían la suma aproximada de $ 30.000 (pesos treinta mil).

Para arribar a tal conclusión, el tribunal "a quo" valoró toda la prueba incorporada en la causa, entre la que cabe mencionar las declaraciones prestadas en la audiencia de debate por los imputados y por los testigos Alejandro Juan Nunnini (denunciante), Arnaldo Ismael Vera Luna, Haydee Galarza, Sebastián Alejandro Nunnini, Federico Antonio Campo, César Hilal, Apolinario Santiago Casimiro y Roberto Alejandro Vilte; lo manifestado por los hermanos Nelson Gustavo Zalazar y David Esteban Zalazar en sus declaraciones indagatorias de fs. 60 y vta. y 61 y vta. y en los careos de fs. 107, 108, 175/176 y 197, los reconocimientos en rueda de personas de fs. 105 y 106, acta de secuestro de fs. 36 y los informes y la documentación detallados a fs. 890 vta., segundo párrafo.

7º) Que del detenido análisis de los autos puede concluirse que los extremos fácticos del delito de hurto calificado por el cual fueron acusados y posteriormente condenados Miguel Ángel Martos y Federico Javier Portal fueron debidamente constatados por el tribunal de juicio, apoyándose la sentencia en numerosos elementos de convicción.

En efecto, la Cámara tuvo en cuenta, en lo esencial, que el local contaba con alarma y que los empleados conocían la clave para desactivarla, la contraseña y la clave de emboscada; que la alarma se había desactivado con el número de código del coimputado Federico Javier Portal en forma normal, es decir, sin utilizar el código de emboscada (v. declaración de fs. 167/168), y que luego de producido el evento, al arribar el personal que allí trabajaba y los funcionarios policiales, advirtieron que no se había ejercido violencia sobre la puerta de acceso u otro sector, lo que permitía concluir que se había utilizado la llave para abrir aquélla. También ponderó adecuadamente el tribunal "a quo" las contradicciones en que incurrió Portal en el relato del supuesto ataque de extraños que dijo haber sufrido y que usó como coartada, como las contradicciones de Martos al tratar de explicar cómo había obtenido la suma de $ 8.500 (pesos ocho mil quinientos) que utilizó para comprar un vehículo automotor al día siguiente de cometido el ilícito.

8º) Que el fallo tuvo en cuenta los aspectos relevantes de la prueba reunida. De su lectura se advierte que la totalidad del material probatorio ha sido valorado con criterio racional y de forma particularizada, en un contexto integrador que permitió fijar la verdad histórica de lo acontecido, su autoría, su calificación típica, otorgando al fallo una base suficiente y legal.

Cabe poner de resalto que en nuestro sistema procesal rigen el sistema de la libertad probatoria (art. 201 del C.P.P., texto según Ley 6345 y modificatorias), y el de libre convicción del juez o sana crítica racional indicados por la ley (arts. 230 "in fine", 252 inc. 4º "in fine" y 403 3er. párrafo del C.P.P., texto según Ley 6345 y modificatorias). Ello implica, por un lado, que el juez no debe atenerse o limitarse a los elementos probatorios descriptos en la ley y que, sean cuales fueren los que se arrimen a la causa para demostrar o desvirtuar la existencia del hecho, conserva la facultad de valorarlos conforme las reglas del recto entendimiento humano, sin sujeción a directiva o tasación legal alguna (esta Corte, Tomo 109:1043; 147:613, entre otros).

Por lo demás, esta Corte tiene dicho que el Tribunal de Casación no debe subrogar al de juicio avasallando los beneficios de la inmediación que da razón de ser a la etapa plenaria del proceso penal, y le está vedado a la Corte asignar crédito o restárselo a una prueba producida en la audiencia de debate que la Cámara conoció de manera directa, salvo que su apreciación aparezca dotada de un sustento arbitrario por contrariar las normas de la sana crítica racional, o que no se halle acompañada de fundamento alguno. La sentencia condenatoria sólo sería factible de revocatoria en el marco de un recurso de casación, si aquélla presentara el vicio de arbitrariedad, lo que debe descartarse si los aspectos más importantes del plexo probatorio han sido relacionados con arreglo a las normas de la lógica, la experiencia común y la psicología, para determinar la autoría del hecho, sus motivos y circunstancias" (Tomo 129:417; 137:47; 161:505, entre otros).

9º) Que por último, en lo que respecta al agravio referido a la incorporación por lectura de las declaraciones indagatorias de los hermanos Néstor Gustavo y David Sebastián Zalazar a pesar de la oposición formulada por la defensa de Martos, dicha prueba es considerada como un indicio que se suma al resto de la colectada. Resulta entonces plenamente ajustado a derecho que, en el sistema de la libertad probatoria y la sana crítica racional, se permita reconstruir un determinado acontecer mediante inferencias que descansan en indicios, existiendo la posibilidad de alcanzar la certeza sobre la participación del acusado valiéndose, también de prueba indirecta (esta Corte, Tomo 109:1043; 122:901, entre otros) situación que, por lo demás, se encuentra avalada por el art. 397 del citado C.P.P.

La incorporación por lectura de esas declaraciones, en tanto responde al principio de la búsqueda de la verdad real o histórica que domina el procedimiento penal, no resulta atentatoria de las garantías que le asisten al acusado, pues no es la única prueba en que se sustenta la sentencia, habiendo tenido la defensa plena oportunidad de controlar el resto de los elementos de cargo tenidos en cuenta para sustentar el fallo condenatorio.

10) Que esta Corte ha dejado establecido que son sentencias arbitrarias aquellas que se dictan sin considerar constancias o pruebas disponibles que asuman la condición de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso, y cuya valoración puede ser significativa para alterar el resultado de la causa y que la motivación no se halla completa si sólo se enuncian, aún describiéndolas, todas las pruebas arrimadas al debate, pues la operación lógica exigida al juez comprende, también, la evaluación pormenorizada de los elementos mencionados y de la incidencia que razonablemente tiene en el contexto de las restantes evidencias, agregándose que únicamente si se satisfacen tales recaudos, la sentencia se torna explícita y sus fundamentos adquieren una autoridad suficiente (Tomo 82:439; 152:1031, entre otros).

En un afín orden de ideas, también ha señalado este Tribunal que sólo una evidente arbitrariedad, que de un modo integral descalifique los fundamentos contenidos en la sentencia, puede provocar la nulidad del decisorio, ya que a ese fin no son idóneos los planteos consistentes en la simple discrepancia con el modo de apreciación de las cuestiones procesales y de hecho empleado por el juzgador (Tomo 73:331; 152:1031, entre otros), la que se avizora en el presente caso.

Entonces, el vicio de arbitrariedad debe descartarse si, como en este caso, los aspectos más relevantes del plexo probatorio han sido relacionados con arreglo a las normas de la lógica para determinar la autoría del hecho. No alcanza, para revertir la condena, la crítica ensayada en el marco de un recurso de casación que se limita a la emisión de una opinión discrepante sobre el valor probatorio de distintas evidencias, pero no fulmina la coherencia de la motivación en que se sostiene el fallo (Tomo 89: 245; 155:1041; 161:459, entre otros).

11) Que en razón de lo expuesto, dado que la sentencia está adecuadamente motivada tanto en lo relativo al aspecto fáctico como a la calificación legal, y no verificándose los vicios alegados por los recurrentes que la priven de validez, corresponde desestimar los recursos de casación interpuestos.

La Dra. Susana Graciela Kauffman de Martinelli, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto precedente.

Por lo que resulta de la votación que antecede, LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos a fs. 907/913 y a fs. 929/934 vta.

II. MANDAR que se registre, notifique y oportunamente, bajen los autos.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, Abel Cornejo, Gustavo A. Ferraris, Susana Graciela Kauffman de Martinelli y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. Mónica Vasile de Alonso -Secretaria de Corte de Actuación-).