Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2a instancia. áBuenos Aires, 30 días del mes de noviembre de 2009.

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

I. Llegan los autos a conocimiento de esta alzada con motivo de los agravios que invocó la demandada a fs. 219/222, con réplica de fs. 227/229, contra la sentencia de primera instancia que a fs. 213/218 hizo lugar a la demanda.

En esta instancia se discute si el despido decidido por la empleadora puede o no ampararse en las previsiones del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (ver misiva de fs. 3).

El señor juez "a quo" hizo lugar a la acción al determinar que la empleadora no demostró haber adoptado todas las medidas necesarias para superar las dificultades sobrevinientes frente a la pérdida de la autorización o habilitación -de la Comisión Nacional de Comunicaciones- con la que contaba a efectos de desarrollar la tarea de distribución de correspondencia y clearing y que, a su entender, tal circunstancia conformó un riesgo propio de la actividad empresaria que se desplegaba (ver a fs. 216/217).

La demandada cuestiona su condena al pago de la indemnización prevista en el art. 245 de la L.C.T. en lugar de la fijada en el art. 247 del mismo cuerpo legal y centra sus agravios en la valoración de los hechos -falta o disminución de trabajo- que dieron lugar al despido del trabajador. Afirma que no se ha contemplado la realidad de la empresa frente a la decisión abrupta e intempestiva de la Comisión Nacional de Comunicaciones de denegarle la inscripción en el Registro de Prestadores Postales.

II. Delimitado el punto sometido a consideración de esta alzada, adelanto que, no tendrá favorable recepción por mi intermedio.

Lo entiendo así, pues por un lado, los agravios desarrollados por la recurrente no constituyen en rigor una crítica concreta y razonada de todos los fundamentos brindados en el pronunciamiento de la anterior instancia para admitir la acción intentada conforme lo exige el art. 116 de la L.O.; no obstante en aras de la protección de la defensa en juicio, estimo que corresponde adentrarse en lo planteado.

Contrariamente a lo sostenido por la recurrente, considero que el señor juez de grado ha analizado los hechos invocados por ambas partes y ha contemplado precisamente la situación por la que atravesó la empresa al negársele la renovación de la inscripción en el pertinente registro. Así, determinó que la falta de renovación de la autorización o habilitación conformó un riesgo propio en la actividad de distribución de correspondencia, frente al cual la empleadora no demostró que hubiera adoptado todas las medidas necesarias para superar dichas dificultades.

Coincido con lo resuelto en el pronunciamiento atacado en que las circunstancias invocadas por la empleadora para proceder a la extinción de la relación laboral no configuran las causales económicas del citado art. 247 de la L.C.T., aunque de la prueba informativa (de fs. 150) surja que la Comisión Nacional de Comunicaciones hubiera denegado la renovación de la autorización y ello hubiera sido en forma intempestiva.

Dicho instituto constituye una excepción al principio de ajenidad del riesgo empresario -característico de la relación de dependencia- que impone su apreciación restrictiva y por lo tanto no es suficiente la revocación de la autorización o habilitación para eximir a la empleadora del cumplimiento de la obligación de dar trabajo, pues no se encuentra demostrado que la situación fuera imprevisible o inevitable y que no ha podido ser remediada pese a que han sido adoptadas todas las medidas necesarias con la debida diligencia. No existe prueba que acredite haberse adoptado todas las medidas necesarias para paliar la situación de déficit de recursos humanos que surge de la decisión de la autoridad administrativa (ver considerandos fs. 142/144), ni el recurso de reconsideración planteado (fs. 146/149) es apto a esos efectos; obsérvese que a fs. 148 se hizo mérito de la falta de estructura razonablemente adecuada para la realización de la actividad postal.

En suma, entiendo que el despido decidido por la empleadora no puede ser encuadrado en lo dispuesto en el art. 247 de la L.C.T.; por lo tanto, se impone el rechazo de la apelación.

III. En virtud de lo expuesto debería ser desestimado también el segmento del recurso en virtud del cual la demandada cuestiona su condena la pago del incremento dispuesto en el art. 2 de la ley 25.323, pues al no resultar justificado -ni en los términos de la normativa en la que se basa la empleadora- el despido decidido, no existen motivos que justifiquen su conducta reticente al pago de la indemnización por despido calculada de acuerdo con lo establecido en el art. 245 de la L.C.T., ni tampoco creo que corresponda reducir el incremento de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la normativa de referencia, pues no advierto configuradas circunstancias tales que así lo justifiquen (me remito a lo indicado supra). Dados los términos del agravio (fs. 221 y vta.) no creo que quepan otras consideraciones al respecto; obsérvese que aquel resulta impreciso, por cuanto no individualiza en forma concreta a qué conceptos indemnizatorios imputó en todo caso la suma de $ 6.500 que abonó al trabajador a través del acuerdo que celebró en el Ministerio de Trabajo (ver fs. 5/6, solo se indica allí "indemnización de ley").

IV. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, la observación del agravio del punto 9 de fs. 221 vta./222 revela que uno de los argumentos que allí se expone se relaciona con el momento a partir del cual se considera cumplida la condición prevista en el art. 4 de la ley 25.972 (derogación del incremento indemnizatorio derivado del art. 16 de la ley 25.561), tema que se halla actualmente pendiente del dictado de un fallo plenario; por ende en virtud de lo normado por el 124 de la ley ritual, ese aspecto de la apelación quedará pendiente de resolución hasta tanto se dicte la correspondiente doctrina plenaria convocada en los autos: "Lawson, Pedro José C/ Swiss Médical S.A. S/ Despido" (cfr. Resolución de Cámara Nº 21 del 26 de agosto de 2009).

En consecuencia, provisoriamente se deducirá de la condena la suma de $ 8.734,83 sin perjuicio de lo que ulteriormente se resuelva.

V. De tener adhesión este voto, el monto de condena deberá reducirse provisoriamente a la suma de $ 19.928,46 (incluído el descuento de los $ 6.500 determinado a fs. 217), con más los intereses dispuestos en origen que llegan firmes a esta alzada.

VI. Propongo imponer las costas de alzada a cargo de la demandada vencida (art 68 C.P.C.C.N.), sin perjuicio de lo que ulteriormente se decida en relación a las costas y honorarios por el segmento del recurso del punto 9 de fs. 221 vta./222. Los honorarios del Dr. Pablo A. Flighelman (apoderado parte demandada) deberían fijarse en 3% y los del letrado patrocinante de la parte actora Dr. Mario E. Lupo en 3,50% a calcular sobre el monto provisorio de condena e intereses (art. 14 L.A.).

EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Modificar la sentencia apelada y consecuentemente reducir provisoriamente el monto total de condena a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 19.928,46), con más los intereses dispuestos en el pronunciamiento de origen, y con la aclaración efectuada en el punto IV del primer voto de este acuerdo y lo que se dispone a continuación. 2º) Postergar la resolución del segmento del recurso concerniente al art. 16 ley 25.561 (punto 9 de fs. 221 vta./222), a las resultas de lo que se resuelva en la convocatoria a fallo plenario en autos "Lawson, Pedro José C/ Swiss Médical S.A. S/ Despido". 3º) Confirmar el fallo de 1º instancia en todo lo demás que decide y que fuera materia de recurso y agravios. 4º) Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada con el alcance y salvedad expresados en el punto VI del primer voto. 5º) Regular los honorarios correspondientes a labores de alzada como se sugiere en el punto VI del primer voto. Reg., not. y dev..Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.. Conste que la vocalía tercera se encuentra vacante (art. 109 RJN). María C. García Margalejo Oscar Zas á