marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, cuestiones prejudiciales, suspensión de la sentencia civil
Materia: CIVIL
Carátula: Marro, Silvio Gastón c/ Baravalle, Laura Noemí y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-03-03

Los términos de la demanda y su contestación dejan en claro que estamos en un proceso en el que se pretende la reparación de los daños provenientes de un accidente de tránsito y la responsabilidad se asienta en el factor objetivo de atribución, y ello es así tanto de desde el punto de vista del propietario del vehículo, como desde el del guardián. De tal modo, la situación engasta en la excepción prevista en el art. 1775 inc. c del CCC y, en consecuencia, no opera la suspensión del dictado de la sentencia civil hasta que se resuelva el juicio penal.
Contrato de trabajo, farmacéuticos
Materia: LABORAL
Carátula: DE SIMONE, SUSANA c/ BILANCIERI EMILIO s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-27

La actividad de la farmacéutica, que sin tener dependencia técnica, se incorpora a una empresa ajena, aceptando las ordenes del empresario, a cuyo cargo corren los riesgos del negocio, configura una prestación típica de un contrato de trabajo. La falta de horario, de exclusividad o la no concurrencia diaria no alteran la esencia de la relacion.
Acción de amparo, confirmación de sentencia, Estado Provincial, insuficiencia del agravio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Diaz, Silvia Monica c/ Provincia del Neuquén s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-18

[...] comparto los fundamentos expuestos por la Doctora Cecilia Pamphile en autos "HENRIQUEZ GABRIEL Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO", EXP N° 468410/12, P° 193 T° II F° 367/374, a cuyos fundamentos me remito, donde sostuvo que para interpretar el real alcance del ámbito de aplicación del amparo es útil recordar la visión del constituyente neuquino de 2006, el cual no dimensionó al amparo como una vía ordinaria, ni para que en su contexto se ventile cualquier controversia jurídica (cfr. autos "REYES MONICA C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO" Exp. N° 470014/12, R.S. N° 278, T° III, F° 553/559; "MARINI EDGARDO DANIEL C/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ ACCION DE AMPARO" Exp. N° 468154/12, R.S. N° 83, T° III, F° 457/461; "QUEZADA GUILLERMO HONORINDO C/ MUNICIPALIDAD DE RINCON DE LOS SAUCES S/ ACCION DE AMPARO", Exp. N° 3134/12, R.S. N°119, T° IV, F° 669/674).
Concurso preventivo, crédito verificado, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: AFFOLTER, LAURA BEATRIZ Y CELESTINO, JOSE MARIA M. c/ VICENTIN, HECTOR F. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-02-16

La impugnación que endereza por la tasa de interés y el modo en que se manda aplicar es recién introducido en el escrito de queja, por lo que la misma deviene extemporánea.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, prueba testimonial, desistimiento, cuestión no decisiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALARCON, DAVID FABIO c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO IDEAL CON PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

En orden a los planteos de la impugnante de invalidación del debate oral y de la sentencia en razón de que en el caso existieron irregularidades que habrían afectado el derecho de defensa, debido proceso y la igualdad de armas, en tanto la interesada aduce que no se le concedió la posibilidad de interrogar en juicio a testigos que fueran desistidos por la Fiscalía, no se advierte la existencia de una cuestión aprehensible que legitime el franqueamiento de esta vía de excepción pues, mas allá de las motivaciones que esgrimiera tanto la mayoría como la disidencia en orden al debate existente sobre el alcance y aplicación del principio de adquisición procesal o de la regla de la comunidad de la prueba y de que, en ese sentido, resulta cuanto menos desaconsejable la práctica de la Fiscalía, o en su caso de la Defensa, de desistir de ciertos testigos que fueron ofrecidos y admitidos oportunamente -en tanto podría encontrarse comprometida la buena fe procesal como principio relevante para el adecuado funcionamiento del sistema acusatorio adversarial-, no persuade la recurrente de la decisividad del planteo en el presente. (Del voto de los Dres. Falistocco y Netri. En disidencia: Dr. Erbetta)
Proceso contravencional, fundamentación del recurso, fundamentación de sentencias, aplicación errónea de la ley, error de derecho, remisión del expediente, ley supletoria, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: GONZALEZ, María Ester s/ Infr. Art. 65 Ley 1472 - Apelación". Sala II. Apelación". Sala II.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-11

Atento a que en el caso la controversia planteada respecto de la resolución impugnada versa sobre la configuración de la contravención, - tema de estricto corte normativo-, queda descartado un eventual reenvío al juez a quo -vacío de todo contenido cuando se trata de errores de derecho- y, por el contrario, impone que sea este Tribunal el que decida el caso, por aplicación supletoria del artículo 470 del Código Procesal Penal de la Nación (artículo 6 de la Ley Nro. 12).
Feria judicial, habilitación de feria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Partido Demócrata Conservador de la Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad del decreto 2.409/98
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-22

Corresponde no hacer lugar a la solicitud de la habilitación de feria judicial si las razones expuestas en la demanda no otorgan mérito suficiente al referido pedido efectuado genéricamente "para el tratamiento de la ... acción", pues no surge que la misma pudiese tornarse ineficaz debido a que su tramitación tenga lugar una vez finalizada la feria invernal. (Minoría u opinión personal)
Derechos humanos en la administración de justicia, derecho a la vivienda digna, admisibilidad de la petición, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: N. M. C. y otro c/  s/ s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: N. M. C. c/ GCBA y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-13

Si está probado que la coactora obtuvo, mediante la actividad del Estado local -y a través del subsidio oportunamente otorgado a su madre- una mejora temporal (pero precaria) de sus condiciones habitacionales, la posterior pérdida de la asistencia lograda afecta el derecho a la vivienda adecuada. Es dirimente el hecho de que el demandado -GCBA- no acreditara -ni procurara hacerlo- haber tomado medidas tendientes a cumplir esa obligación hasta el máximo de los recursos de que dispone. Por ello es ajustado al bloque constitucional imponerle el deber de preservar lo ya otorgado. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Acción de amparo, derecho a la salud, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, cobertura médica, suministro de medicamentos, Ministerio de Salud, Estado Nacional, legitimación pasiva, equidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, SARA ESTHER c/ INSSJYP s/ AMPARO (Reg. 12.914)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

No es al Estado Nacional -Ministerio de Salud de la Nación- sino al I.N.S.S.J.yP., a quien le compete la obligación primaria de proveer a la cobertura de las prestaciones requeridas -la provisión con cobertura del 100% del costo a su cargo de los medicamentos No obstante, el Estado tiene una responsabilidad subsidiaria en la cuestión, como garante del sistema de salud; responsabilidad que nace del compromiso internacional que asumió de asegurar a todos los habitantes el derecho a la salud, dentro del nivel que permitan los recursos públicos, y de crear las condiciones necesarias para que puedan acceder en caso de enfermedad a un efectivo servicio médico, social y/o asistencial (C.N., art. 75 inc. 22).

Como garante del sistema de salud, el Estado tiene una responsabilidad subsidiaria en la cuestión, de manera que si la obra social demandada no brindara una adecuada atención a sus beneficiarios, el Estado Nacional no podría desentenderse de su deber de suplir tal déficit con acciones positivas encaminadas a brindar la prestación retaceada.

La salud es un asunto público, relacionado con el derecho a la vida, y es precisamente por ello que el Estado debe mantener el equilibrio en sus acciones a fin de que la mayor cantidad de población posible -sobre todo las personas discapacitadas, carentes de recursos y sin cobertura, que se encuentran en situación mas vulnerable frente a la enfermedad- cuenten con un servicio de salud adecuado.

El análisis de las circunstancias de cada caso en concreto es esencial para determinar si el Estado debe subsidiariamente asumir obligaciones en principio en cabeza de una obra social.

En el caso, debe considerarse que se trata de un amparo promovido por una persona de ochenta años de edad que presenta Artritis Reumatoidea, Hipertensión Arterial, Hipercolesterolemia, Hipotiroidismo y Enfermedad de Alzheimer, dolencias que le provocan un importante padecimiento físico y deterioro neurológico.

Debido a ello se le han prescripto medicamentos imprescindibles para mantener la estabilidad de su cuadro de salud, cuyo costo no puede sufragar por ser una persona jubilada de exiguos recursos. (del voto del Dr. Tazza, en coincidencia con el del Dr. Ferro)
Indemnización por accidente de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, incapacidad laboral, incapacidad preexistente
Materia: LABORAL
Carátula: RIVERSO, ROQUE c/ FORD MOTOR ARGENTINA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-04-09

Dentro del régimen del Derecho común, el obligado a resarcir un daño no puede hacerse cargo de un déficit funcional que el afectado por el infortunio laboral ya presentaba con anterioridad al accidente, debiendo tenerse presente esta circunstancia a los efectos de la determinación de la indemnización pertinente.
Impuestos, regularización impositiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Conde de López Elena Juana c/ Provincia de Bs As s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

La condonación de sanciones en el régimen de la ley (dto ley 9730) es sólo una consecuencia de la regularización fiscal de la obligación principal, obligación que en el caso se encuentra excluida del régimen al mediar resolución judicial sobre el punto (arts 1, 2 y 3 dec ley 9730).Al no encontrarse comprendida dentro del régimen de condonación la situación que es antecedente inmediato de la multa, ésta, obviamente, no puede estarlo.
Accidentes de trabajo, indemnización, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz, Alicia c/ Galván, José Luis y Otra s/ Daños y Perjuicios  Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-10-14

Una cosa es la existencia del daño resarcible y otra la identificación de aquel cuya indemnización se pretende. La delimitación de este último, excluyendo los perjuicios no comprendidos en la pretensión, no significa quebrantar el principio de la reparación integral, pues éste opera sólo en la medida de la pretensión concretamente deducida.
Proceso arbitral, tribunales arbitrales, jueces, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacimientos Carboníferos Fiscales s/ tribunal arbitral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

El desempeño de la función arbitral constituye una de las tantas modalidades en el ejercicio libre de la profesión, de forma tal que, a diferencia de lo que ocurre con los jueces, no existe inconveniente para que los árbitros perciban honorarios de acuerdo al monto de los intereses en litigio.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, obligación de seguridad, relación de consumo, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Piñol, María Estela Soledad c/ CMR Falabella S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-09-19

La fundamentación sustentada en el pronunciamiento no puede reputarse una derivación razonada del derecho vigente, desde que el Tribunal soslayó -entre otras cuestiones- que, enmarcándose el sub lite en una típica relación de consumo, la obligación de seguridad a cargo de la demandada surge claramente de los artículos 5, 40 y concordantes de la ley 24240, lo que supone la imposición en cabeza del proveedor (en el caso, la demandada) de una obligación de seguridad de resultado, consistente en garantizar, en el ámbito abarcado por la relación de consumo, que el consumidor o usuario no sufrirá daños en su persona o bienes, por lo que cualquier daño sufrido por el consumidor en ocasión o con motivo de la relación de consumo pone en funcionamiento la responsabilidad objetiva del proveedor. - DOCTRINA: Mosset Iturraspe, Jorge -Lorenzetti, Ricardo L., "Defensa del Consumidor", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, pág. 311. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24240, artículos 5 y 40
Daños y perjuicios, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ortega, Gualberto c/ Acuña, Rodolfo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Tratándose de la muerte del hijo soltero sin descendientes, la misma implica para el legitimado activo la privación de contar con una probabilidad cierta de ayuda, al perder toda futura protección, razón por la cual no se necesita acreditar el daño que la muerte del hijo ocasiona, desde que es innegable que la ley admite la existencia de un perjuicio cierto que está dentro del orden natural de la vida, tal como se desprende de los arts. 1079 y 266 del Código Civil, según lo difunde la doctrina legal de la Suprema Corte (DJBA., tº 130 pág. 233). La determinación de la indemnización queda siempre librada al prudente arbitrio judicial, debiendo computarse entre las circunstancias particulares del caso las condiciones personales de la víctima y de quien o quienes reclamen la indemnización. Así, ha de tenerse presente la edad del occiso, su actividad, sus ingresos, las perspectivas de progreso, las sumas que presumiblemente destinaba a sostener a los padres, como también las circunstancias personales de estos últimos, tales como la edad, los medios de vida, la eventual existencia de otras personas obligadas a prestar alimentos, etc. (arts. 1083, 1085, 2º apart. C. Civil; 163 inc. 6º, 165, 384, del Código Procesal).
Empleo público, diferencias salariales, fundamentación del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Roble, Carolina c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

Para cumplir con el requisito de debida fundamentación del recurso, debe existir una crítica prolija de la sentencia impugnada que rebata todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el a quo para arribar a las conclusiones agraviantes, a cuyo efecto no basta sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia (doctrina de Fallos: 323:1261; 344:2779, entre muchos otros, aplicable mutatis mutandis, al recurso de inconstitucionalidad local). (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, fundamentación de sentencias, defectos en la fundamentación normativa, jurisprudencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: García, Héctor Oreste y otro c/ Banco de Quilmes S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

Es descalificable el pronunciamiento que incurrió en arbitraria prescindencia de su propia jurisprudencia, virtualmente uniforme, sin elaborar criterio alguno que fundara siquiera de modo mínimo la razón para apartarse de la jurisprudencia que resultó el criterio normativo aplicable al caso y omitió aplicar (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Proceso penal, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Martínez, Jorge s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Pinto y Fernando Avila c/ Auto Interlocutorio Nº 25/09 de fecha 12.04.10 en Expte. Letra 'M' Nº 50/09 Martínez, Jorge...
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-12-20

El Sr. Fiscal de Instrucción de Quinta Nominación solicitó el dictado de Prisión Preventiva en contra del imputado por la supuesta comisión de los delitos de Estafa, once hechos en concurso real, en calidad de coautor.

Por Auto interlocutorio, el Sr. Juez de Control de Garantías resolvió no hacer lugar a la Prisión Preventiva solicitada, y dispuso la libertad del imputado, decisión que fue cuestionada mediante recurso de Apelación tanto por el Fiscal de Instrucción como por el abogado apoderado de los querellantes particulares.

La Cámara de Apelaciones resolvió, por mayoría, hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos, revocar la decisión liberatoria del Juez de Control de Garantías y ordenar, en consecuencia, la Prisión Preventiva del imputado.

Esta es la decisión que ahora cuestionan, mediante el recurso de casación, los asistentes técnicos del imputado.

El tema que se somete a decisión de este Tribunal, por el que la defensa de M cuestiona la resolución de la Cámara de revocarle la libertad, es diferente, en su contenido, del proceso cuya investigación lleva a cabo la Fiscalía de instrucción.

Por ello, a fin de asegurar el equilibrio de los intereses en juego y de garantizar la efectiva vigencia de los derechos de las partes, la que no sería íntegramente satisfecha si continuara paralizada la causa principal, corresponde remitir el expediente a la Fiscalía de Instrucción actuante para que continúe el trámite de la causa según su estado, previa extracción de copias de las piezas procesales pertinentes.

La medida resulta procedente habida cuenta que el propósito de la formación de incidentes es no paralizar o suspender el proceso principal, el que debe proseguir mientras se tramite la cuestión incidental.

Por lo expuesto, corresponde formar incidente y ordenar la inmediata remisión de los autos principales a la Fiscalía de Instrucción de Quinta Nominación para que continúe el trámite de los mismos según su estado.
Acción de amparo, obras sociales, kinesiólogos
Materia: PROCESAL
Carátula: G., C. B. c/ IPROSS s/ AMPARO S/ APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-03-17

La amparista no ha logrado exponer en autos razones plausibles que sustenten su oposición a las posibilidades ofrecidas por el IPROSS (STJRNS4 Se. 112/07 "TORRES CASTAÑOS"). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, Entre Ríos, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: Flores,  Carmen  Natalia c/ Entre  Ríos,  Provincia de y otro /acción de amparo. s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-11

La causa es ajena a la instancia originaria de la Corte si, a pesar de interponer acción de amparo nominalmente contra la Provincia de Entre Ríos y contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones local, la actora en realidad sólo pretende tutela respecto de esta última, en tanto ha dejado de pagarle los haberes previsionales que le corresponden según lo establece la ley provincial 8107/88 y no alega haber sido afectada por acto u omisión alguno por parte del Estado local.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Empleo público, prescindibilidad, cesantía encubierta, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PULLEIRO, OSVALDO MANUEL c/ MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-06

La resolución que prescindió del agente, adolece de ilegitimidad en tanto constituye una cesantía encubierta, razón por la cual procede hacer lugar al recurso deducido por el actor, disponiendo su reincorporación al cargo de igual categoría escalafonaria que le correspondía a la fecha del cese, en los términos y con los alcances del art. 42 de la ley 22.140.

No se ha producido un "reingreso" sino un "ingreso", puesto que los militares están regidos por la ley 19.101, que regula su actividad específica y su régimen de haberes, diferente al de las jubilaciones.
Hipoteca, constitución de hipoteca
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Balcarce S.A. c/ De Castelli Luis M. y otros s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-13

El acto constitutivo de la hipoteca debe contener todas las especificaciones mencionadas por los arts. 3108, 3109 y conc. del C.C. para satisfacer los requisitos de especialidad y accesoriedad.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Bienes públicos del Estado, ley nacional, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Rosario s/ Orden de allanamiento calle Lima (frente a Plaza Chiodi) y Camino de  los Granaderos (a la altura de Palestina). Recurso de   Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 681-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-06

La afectación de los Bienes Públicos puede resultar de una ley, de un acto administrativo o de hechos. En nuestro ordenamiento jurídico , mientras los bienes públicos naturales sólo pueden afectarse por ley, los bienes públicos artificiales pueden afectarse por actos administrativos o por hechos. Estos últimos - los hechos- siempre y cuando provengan de la Administración Pública, nos dice Marienhoff, estimando que tales hechos pueden ser de diversa índole:

desde actitudes asumidas por la Administración, hasta un uso público continuado por ella. Es que, agrega, tratándose de bienes públicos artificiales, la afectación no tiene formas especiales ni sacramentales; la voluntad de la Administración Pública puede manifestarse en forma expresa o en forma tácita. Sólo se requiere que la afectación sea efectuada por autoridad competente para realizarla: de lo contrario faltaría el consentimiento válido de la Administración, indispensable en la especie.
Universidades, cargos docentes, docentes titulares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hall, Juan Antonio y otros c/ Universidad de Buenos Aires (res. 5895/97).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

Debe anularse la resolución Nª 5895/97 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, en virtud de la cual se dispuso que en las facultades en que el número de profesores regulares titulares o titulares plenarios no supere la cantidad de veinte, la nómina de los candidatos podrá ser integrada por profesores regulares asociados.
Concursos, honorarios del síndico del concurso, reserva de gastos, subasta, acreedor hipotecario
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  RIO  DE  LA  PLATA SA c/ CODUL DE ROLDAN, MARIA CRISTINA YOTRO S/ s/ EJECUCION HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-16

Del dictamen fiscal 89615:

Resulta improcedente que el síndico concursal solicite que se reserve del producido de una subasta, antes de que se libren los fondos requeridos por el acreedor hipotecario, un importe para atender a sus honorarios cuando, -como en el caso-, surge que las gestiones para la subasta y realización del activo tuvieron lugar en la etapa del concurso preventivo. Ello pues, el instituto de la reserva (L.C. art. 244) pertenece esencialmente a los procesos de quiebra, relacionándose con la liquidación de bienes desapoderados. Máxime, si el funcionario ni siquiera probó que sus tareas hubiesen causado un beneficio directo al acreedor, de modo que hubiera que contemplar algún crédito suyo con prerrogativa por sobre el de aquél, que cuenta con privilegio especial.