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Honorarios, recursos, incidentes, juicio de apremio, demanda, recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMERO INGUI, EDUARDO RUBEN s/ APREMIO - HONORARIOS - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD - REVOCATORIA DECRETO DE PRESIDENCIA -ARTICULO  8 LEY 7055- (CSJ EXPTE N. 727-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-10-23

El art 28 inc e) de la ley 6767, que prevé que los recursos sobre honorarios no devengan honorarios, y se exceptúan de todo gravamen, no comprende supuestos como el de autos en que se interpone el recurso de inconstitucionalidad no contra el monto de los honorarios, sino contra la sentencia dictada en el juicio de apremio por cobro de honorarios. Y tampoco le es aplicable el art 8 2do párrafo de la ley 7055, porque la parte pretende derivar su eximición al pago de impuesto de actuaciones tasas de justicia con base, precisamente, en dicho artículo.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TORTOSA, LUIS VICTOR Y OTRA c/ BORGES CARLOS MARIA s/ NULIDAD DE ACTOR JURIDICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-15

Es deber del tribunal interviniente considerar y dilucidar los hechos expuestos y controvertidos, decidiendo, en consecuencia, la suerte de la demanda. Ello es así porque, conforme con la regla iura novit curia, el juzgador tiene no solo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes. Esta facultad propia de los jueces deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional.
Regulación de honorarios, acciones de filiación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A., E. D. c/ A., V. P. en su carácter de heredera del Sr. R. O. P. y otro - Acciones de filiación - Contencioso c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-02-14

En oportunidad de regularse honorarios en un caso de filiación post mortem, debe tenerse en cuenta las distintas pautas previstas por el art. 39 CA. De esta forma, corresponde valorarse que la determinación de los sucesores y sus datos personales, así como su citación a la causa, conlleva usualmente la realización de una mayor cantidad de actos de escasa complejidad pero que insumen tiempo y dedicación al profesional actuante (art. 39 inc. 10 CA). Asimismo, debe considerarse la relativa mayor complejidad derivada de las tareas de exhumación del cadáver. Finalmente, se debe ponderar la responsabilidad comprometida (art. 39 inc. 4 CA) y el valor del precedente para el beneficiario (39 inc. 6 CA), pues se encuentra en juego un derecho fundamental, tal como lo es, el de identidad.
Absolución de posiciones, rebeldía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE MENDOZA S.A. c/ JUAN EDUARDO JOSE MURGO s/ Ordinario (LIBRO: S151 - 132)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-10

La confesión ficta tiene plena eficacia e iguales efectos que la confesión expresa, salvo prueba en contrario. Es decir que los hechos del pliego deben tenerse por ciertos cuando no han sido desvirtuados mediante prueba en contrario que los neutralice y entonces la vigencia del art. 188-II del C.P.C. es incuestionable en el caso de autos.- La propia contestación coadyuva a la plena vigencia de los efectos de la absolución en rebeldía.-
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: SOCIEDAD TIERRAS Y BALNEARIO MAR DE AJO LTDA c/ DE BONIS, ADALBERTO s/ RESCISION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1941-09-03

El agente fiscal no tiene derecho a que se le regulen honorarios por los trabajos que hubiere realizado en su carácter de defensor de ausentes, cuando la contra-parte en el juicio ha sido condenada al pago de las costas.
Depósito judicial, intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: TARJETAS CUYANAS S.A. c/ Benega, Nadia Elizabeth s/ Prepara vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-09-18

Es dable poner de manifiesto que la solución que se adoptará en el sub examine responde a las particularidades que muestra el proceso, que ha tenido una tramitación con características singulares; lo cual requerirá una respuesta no lineal, sino especial para el caso. Del cotejo de la liquidación obrante se advierte que no se le ha aplicado la tasa de interés a los depósitos judiciales desde la fecha en que cada uno fue presentado en la sede del Juzgado. Sus efectos cancelatorios se perfeccionan al momento en que la acreedora tiene la posibilidad de hacerse de su dinero. Los fondos depositados judicialmente, sólo pueden ser obtenidos por extracciones, embargos o transferencias. Conforme lo manifestado estimamos prudente establecer como fecha de corte el plazo de siete días hábiles contados a partir de que la beneficiaria debió tomar conocimiento de cada uno de los depósitos, como parámetro razonable para cumplir los pasos procesales necesarios a efectos de lograr su disponibilidad, presentar el escrito que habilite la resolución que dispone la expedición del libramiento. Pues bastaría sólo la inacción de la actora para hacer más gravosa la deuda.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Cabuli, Moisés s/ Infracción al art 302 inc. 2 del C.P. Weimer, Rubén s/ Querella por injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04|1994-12-29

Constituyen alegaciones ajenas al ámbito del recurso extraordinario de nulidad y propias del de inaplicabilidad de ley las quejas referidas a la eventual omisión de tratamiento de determinados elementos probatorios o su equivocada valoración, por tratarse de errores "in iudicando".
Hurto de automotor, documentación del automotor, falsificación de instrumento público, adulteración de la numeración de bienes registrables, prueba, presunciones
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Fava, Gustavo M. s/ Infracción decreto ley 6582/58
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-02

Al estar probado que el acusado sustrajo el rodado, siendo que lo utilizaba a título de propietario y que la documentación que ofreció para demostra la legitimidad de su adquisición resultó apócrifa, sumado a ello que fue detenido en definitiva en poder del vehículo, debe colegirse que él fue quien perpetró las modificaciones en la numeración del motor y chasis de la moto, a los efectos de poder utilizarla sin mayores riesgos.
Falsificación de documentos, falso testimonio, prueba insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Seitler, Hugo Sergio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-20

Resulta prematuro el sobreseimiento emitido de acuerdo a lo solicitado por el fiscal si -además de omitir el tratamiento de la denuncia efectuada por la querellante respecto de testimonios reputados falsos y de la presunta falsificación de documento público alegada- no se hizo lugar al pedido de medidas de prueba tendientes a demostrar la denuncia ni se dio curso a la investigación propuesta, pues no se agotaron todas las medidas a fin de esclarecer el porqué de la falsedad de dichos documentos y determinar la falsedad de otros más. La disidencia sostuvo que no es posible concebir un proceso penal sin la participación y control del acusador público y que la querella no está facultada para la prosecución autónoma de delitos de acción pública ante la ausencia de estímulo fiscal. (Dres. Mitchell, Catucci y Ledesma -en disidencia-).
Extorsión, intimidación
Materia: PENAL
Carátula: BARCALA, Susana M. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-16

El concepto de intimidación que describe el art. 168 del C.P. no consiste en cualquier exigencia más o menos injusta, sino en aquella de carácter atemorizante capaz de obrar sobre la voluntad del destinatario.

El requerir una suma de dinero para no iniciar acciones judiciales no constituye extorsión, pues sólo se está advirtiendo que se piensa hacer uso de las vías legales, derecho que le es reconocido a todos los habitantes cualquiera sea la razón que les asista.

En consecuencia, corresponde homologar el interlocutorio que dispuso desestimar la denuncia por inexistencia de delito.
Automotores, Poder Ejecutivo Nacional
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CEBALLOS GUSTAVO JAVIER s/ CONSTITUCIONAL  NACIONAL - PRINCIPIO DE RESERVA PENAL - AUTOMOTORES -   PODER EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-19

Conforme al art. 5 de la Ley de Automotores, el Poder Ejecutivo Nacional "podrá disponer, por vía de reglamentación, la inclusión de otros vehículos automotores en el régimen establecido" por ella, es decir, tanto en lo administrativo como en lo penal; pero en este ultimo aspecto, la ley penal previa al hecho (c.N., art.

18), únicamente puede establecerse por su integración mediante un decreto reglamentario emanado del propio Poder ejecutivo y no a través de la reglamentación resultante de una resolución ministerial (586/88), en virtud de la delegación del poder ejecutivo (decreto nro. 2281/76) que no es la integración por ese órgano como en forma expresa lo dispone la ley (C.N., art. 74).

Consecuentemente, no es válido aceptar la aplicación al caso, del art. 38 del Decreto 6582/58, ratificado por ley 14467 en relación al art. 166, 2do. C.P., pues cuando se refiere a los automotores no es legítimo involucrar dentro de dicha noción a los motovehículos , porque su inclusión dentro del elenco de las objetividades materiales sobre las cuales puede recaer el apoderamiento ilegítimo, no ha sido hecho por autoridad competente, con arreglo al art. 5 de la Ley de Automotores. (Voto en disidencia del Dr.

Carrera).-
Colegio Público de Abogados, daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: FARIZ, EDUARDO LUIS MARIA c/ COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-09

La respuesta jurisdiccional deja un vacío ostensible de fundamentación desde que no se advierte ningún orden argumentativo que permita asimilar por vía del recurso a la analogía al Colegio de Abogados con el Estado, presupuesto necesario para la procedencia de la responsabilidad civil por daños causados por el Estado ya sea en su actividad lícita o lícita. En efecto, tratándose de actividad lícita, se impone analizar la existencia del daño, la relación de causalidad, la posibilidad de su imputación al Estado así como la ausencia del deber jurídico de soportarlo por parte del administrado, en tanto que en caso de juzgarse que se está ante una actividad ilícita del Estado y por tanto, ante un supuesto de responsabilidad objetiva y directa, debe determinarse cuál es el factor de atribución aplicable -falta de servicio, omisión o error judicial- para entonces sí verificar la concurrencia de alguna de las eximentes que pueden darse en cada hipótesis. En el sub lite, se desconoce por qué el Colegio es condenado civilmente, ya sea por responsabilidad por actividad lícita o ilícita, por lo que queda vacío de todo contenido cualquier indagación que haya hecho el Tribunal respecto del nexo causal entre el daño y la conducta del Colegio de Abogados. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhirieron los Dres. Erbetta y Netri).
Accidentes de trabajo, intereses, mora
Materia: LABORAL
Carátula: Verruto Blas Brian c/ QBE Argentina ART SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-20

La mora, o sea, el retardo o retraso en el cumplimiento de la prestación por parte del deudor, se computa desde la efectiva consolidación del daño. En el sistema actual de la consolidación jurídica del daño que deriva de un accidente de trabajo (o de una enfermedad accidente), también se produce la mora al otorgarse el alta médica, al efectuarse la declaración de incapacidad permanente o, a más tardar, al cumplirse el año de acaecido el evento dañoso -plazo máximo de consolidación del daño, conforme lo establece el art. 7 L.R.T. Fuente del sumario: OFICIAL
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, cuestión federal, inconstitucionalidad, radiodifusión, ley de radiodifusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Río Negro, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-31

La acción interpuesta por una provincia, que pretende obtener se declare la inconstitucionalidad de normas nacionales de carácter federal, como es la ley 22.285 de radiodifusión, se encuentra entre las causas especialmente regidas por la Ley Fundamental a la que alude el art. 2 inc. 1 de la ley 48, pues en ella se debate un tema vinculado a la preservación del ordenamiento de las competencias entre las provincias argentinas y el gobierno federal que la Constitución confiere al Gobierno Nacional.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL
Carátula: PEREYRA GUILLERMO OMAR s.d. ROBO CALIFICADO SEGUIDO DE HOMICIDIO e.p. SZELSKE GERMAN s/ CASACION CRIMINAL BARRAZA RICARDO ADALBERTO s.d. ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO e.p. CORONEL STELLA NOEMI s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-12|2009-05-06

Si bien éste Superior Tribunal de Justicia ha admitido el criterio sentado por la CSJN en el precedente "Casal" que admite en instancia casatoria la revisión de cuestiones de hecho y prueba que antes se encontraban vedadas, concediéndose así mayor amplitud al control, tal posibilidad encuentra como límites el principio de inmediación y los agravios expuestos por quien pretende la casación, pero siempre en aras de garantizar el derecho a una doble instancia de conformidad a la prevención dispuesta por el Pacto de San José de Costa Rica.
Revocación de sentencia, TELECOM, propiedad participada, plazo, privación de justicia, decretos nacionales, saldo de precio, procedimiento de recompra, acciones societarias, razonabilidad
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Abrile, Miguel Ángel y otros c/ Programa de P.P. de Telecom Arg. Stet. France Tel. S.A. y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó el reclamo de ex dependientes de Telecom y ex integrantes del programa de propiedad participada de la firma, en lo relativo a la determinación de un plazo razonable para la cancelación por la accionada del saldo de recompra de acciones "clase c", por cuanto la decisión apelada desatiende, no sólo el límite cuantitativo para recurrir sino también, los alcances del reclamo y lo dispuesto y acontecido a partir del dictado del decreto federal 1623/99, aspectos cuya valoración no puede omitirse al considerar lo concerniente al plazo de cancelación del saldo de recompra y su pago, so riesgo de incurrir en un caso de privación de justicia (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte por mayoría remite).
Daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LANYI LADISLAO. c/ RIQUELME ROBERTO Y OTRO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-29

Aún cuando la responsabilidad por la producción del siniestro sea distribuida por mitades entre los coautores, frente a la víctima, como principio, ambos deberán responder íntegramente por los daños que resulten finalmente indemnizables.
Intereses, tasas de interés, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: FIBOPLAST URUGUAYA  S.A.C.I. c/ MANVIPLAST  S.A. s/ INTERESES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-30

La tasa del 8% anual es admitida cuando la obligación fue pactada en dólares o en otra moneda estable, en razón de que además de contemplarse la retribución que corresponde al interés puro, se prevé el deterioro intrínseco que sufre dicha moneda por el transcurso del tiempo.
Derecho procesal, procesos de ejecución
Materia: PROCESAL
Carátula: MERCOOP COOPERATIVA CRÉDITO CONSUMO Y VIVIENDA LTDA. c/ ZENI DELMA Y OTRO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-04

Si la firma del cheque ha sido reconocida como de pertenencia del demandado y se encuentra ausente la mención indispensable para que se considere que fue librado en representación de un ente ideal, implica que el firmante o librador es responsable a título personal, sin que pueda averiguarse en esta clase de juicio -de brevedad cognoscitiva, abstracción, autonomía y literalidad- presuntos antecedentes fácticos, so pena de involucrar la tarea juzgatoria en el examen de la causa, extremo impropio en los procesos compulsorios." (CC0201 LP, B 67717 RSD-203-89 S 31-8-89, Juez SOSA (SD) CARATULA: Patiño, Liliana c/ Carrera, Marta s/ Cobro ejecutivo. MAG. VOTANTES: Sosa - Montoto -LDT). En el mismo sentido, esta Sala III, se expresó en autos: "SERPI SRL c/ Eyheramendym María Alejandra s/ cobro ejecutivo" (Expte. 367.390/8- sentencia del: 22/02/2011).
Impuesto a las ganancias, exportaciones, importaciones, sociedades vinculadas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Eduardo  Loussinian S.A.C.I.F.I.A. (Hoy SUDAMERICA deIntercambio S.A C.I.F.) s/ Recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-20

Habida cuenta que la vinculación económica a que alude el art. 8, inc. b), de la ley 20.628, se refiere a la existencia entre importador y exportador extranjero de una comunidad de intereses y la concepción de atribuir al exportador extranjero el beneficio equivalente a la diferencia entre el precio pagado y el precio mayorista vigente en el lugar de origen, no es dudoso que se hallan excluidos del ámbito de la norma los casos en que aquélla es falsa;

situaciones que deben ser tratadas y corregidas en el marco de las disposiciones generales de los arts. 24 y 25 de la ley 11.683 (t.o.

en 1974 y 1978).
Recurso de inconstitucionalidad, imputado, audiencia de conocimiento personal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: DIAZ, BLANCA MARGARITA s/ EXTORSION, EXTORSION EN GRADO DE TENTATIVA, APREMIOS ILEGALES, PROLONGACION INDEBIDA DE LA DETENCION E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIA PUBLICA EN CONCURSO REAL ENTRE SI-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-03

Corresponde que se declare admisible el recurso de inconstitucionalidad en lo relativo a la determinación de la pena, atento que el Tribunal que determinó la pena lo hizo sin tomar previamente conocimiento personal del imputado, aún cuando debió realizar la mensura de la pena en función de haber revocado parcialmente la condena dictada por el Juez de Sentencia de primera instancia (De la disidencia del Dr. Falistocco)-
Aborto no punible, Derecho penal, aborto fundado en violación, interpretación de la ley, interpretación restrictiva, interpretación amplia, dementes, código penal
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

El art. 86 inc. 2º del Código Penal en concordancia con el sistema de los abusos sexuales diferencia dos grupos de causas de embarazos, esto es, la violación propiamente dicha y el atentado al pudor sobre una mujer "idiota o demente", pues como hace referencia a causas de embarazos no punibles, el "atentado al pudor" no puede ser sino un acceso carnal o alguna otra situación atentatoria contra la sexualidad de la víctima que produzca un embarazo, ya que todo acceso carnal sobre una mujer con deficiencias mentales es considerado una forma de violación (la impropia), y no es posible sostener que cuando al principio dice "violación" también se refiera al mismo tipo de víctima, por lo que, resulta evidente que por exclusión, "violación" se refiere al acceso carnal violento o coactivo sobre mujeres no "idiotas ni dementes".
Costas, abogados, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Muñoz Lorenzo y otra c/ D.I.P.A.S. s/ Ordinario - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-08-25

El hecho de que el abogado tenga acción para cobrar sus honorarios al condenado en costas (art. 14 ley 8226) no le confiere legitimación para cuestionar el pronunciamiento sobre costas, cuestión que involucra directa e inmediatamente a quien es parte en el proceso, no a su abogado.

La causa del crédito por honorarios es el contrato entre el abogado y su comitente y, por tanto, es en principio éste el deudor del estipendio.

La condena en costas importa una obligación de reembolso de los gastos que ha debido afrontar el vencedor para defender su derecho (entre otros los honorarios profesionales) de donde resulta que es a la parte, no a su abogado, a quien beneficia o perjudica.

La acción directa que se acuerda al abogado contra el contrario condenado en costas - creación legislativa relativamente reciente - responde a razones de economía procesal, pero es en definitiva una suerte de acción oblicua (art. 1196 CC) que no altera el carácter resarcitorio de la condena en costas, definida ésta como una indemnización debida por el vencido a su adversario.

Siendo así, va de suyo que es quien reclama o afronta el reembolso el legitimado para recurrir el pronunciamiento jurisdiccional sobre la materia, no su abogado.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, libertad condicional
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Pérez, Indalecio s/ Incidente de libertad condicional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-18

Reviste el carácter de sentencia definitiva la que deniega la libertad condicional por estimar que el condenado es reincidente, de allí que si la Cámara no ha observado las formalidades del acuerdo y voto individual de los jueces, el pronunciamiento es nulo.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S.C. de T., L.C. SRL s - Infracción a la Ley 24.240 s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-28

Si admitimos que esta jurisdicción especial es "revisora" -el "proceso al acto" según García de Enterría- limitada al "control suficiente", y sujeta a los avatares de la apreciación judicial en "cada caso", y además -como la Corte- se considera que es "obligatoria", sin posibilidad de acudir a acciones ulteriores, entonces sí resulta incompatible con el principio de contralor amplio de los actos estatales, con violencia de la defensa en juicio. De este modo, la concepción de este Superior Tribunal opuesta a la definitividad de la sentencia, a darle el valor de la cosa juzgada material, que le otorga a la vía especial carácter opcional y la posibilidad de asegurarse luego el recurrente la revisión plena por un proceso de pretensión, prioriza aquel derecho, con mayor razón si se considera la exigüidad de los plazos para interponer estos "remedios"especiales. Y más allá de que en este contexto, se pueda discurrir sobre la ventaja o no de acudir a los mismos, lo cierto e inconmovible es que se trata de un medio de control puesto por la Ley a disposición de los administrados que no puede retacearse, limitarse o menoscabarse por el oficio judicial.