Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-22


Expte. nº 7375/10 "SULIMP S.A. c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido" Buenos Aires, 22 de junio de 2011 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. "Sulimp Sociedad Anónima" (en adelante Sulimp) inició ante la Justicia Nacional en lo Civil una demanda contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) tendiente al cobro de los servicios de limpieza que -afirmó- prestó en dependencias del demandado (establecimientos educativos, Hospital Durand, Dirección General de Administración de Recursos Materiales y Dirección General de Rentas) en virtud de los contratos oportunamente celebrados, con más intereses y costas. La actora señaló que cumplió con el servicio contratado por el GCBA pero que el demandado no abonó ciertas facturas y pagó otras sólo en forma parcial.

Expuso que su parte se presentó ante la comisión verificadora de créditos prevista en el decreto n° 225/96 para reclamar el pago de las sumas correspondientes al período comprendido entre 1995 y agosto de 1996.

Expresó que rechazó el ofrecimiento de pago efectuado por el GCBA, por lo que las facturas permanecen impagas.

También explicó la accionante que, a partir del mes de julio de 1996, el GCBA comenzó a practicar descuentos del 30% sobre cada una de las facturas en aplicación de lo establecido por el art. 14, ap. b, del citado decreto n° 225/96; por ello, reclamó el pago del saldo adeudado de tales facturas.

Planteó, además, la inconstitucionalidad del decreto nº 225/96 y destacó que el GCBA reconoció la totalidad de la deuda objeto de este juicio en el procedimiento de verificación de deuda, pero ofreció su cancelación con quitas y largos plazos de pago.

En forma subsidiaria, Sulimp formuló su pretensión de cobro sobre la base del enriquecimiento sin causa del GCBA (fs. 3/17).

En un escrito posterior, la actora amplió la demanda y acompañó el listado de las facturas cuyo pago reclama (fs. 53/53 vuelta). Sulimp volvió a ampliar la demanda y a agregar documentación a fs. 57/58. A fs. 79/79 vuelta la actora denunció como hecho nuevo la resolución nº 241-SHyF-99 por la que se desestimó la verificación de créditos requerida por la empresa de acuerdo a las previsiones del decreto nº 225/96.

2. El GCBA contestó la demanda y, entre otros argumentos defensivos, planteó la nulidad de las contrataciones que mencionó la actora para respaldar su reclamo, por encontrarse viciadas en algunos de sus elementos esenciales a la luz de las normas que rigen la contratación administrativa (fs. 91/105 vuelta).

3. Recibidas las actuaciones por la justicia local, en la oportunidad debida, el juez de primera instancia falló:

"1) rechazando el planteo de inconstitucionalidad del decreto nº 225-GCBA-96 opuesto por la actora, con costas; 2) rechazando en su integridad la pretensión de cobro por los períodos de las facturas nº 2479 (correspondiente al edificio Piedras 1277/81) y nº 2410, 2411, 2851 y 2852 (correspondientes a escuelas municipales); 3) rechazando la pretensión de cobro de las restantes facturas presentadas, en atención a la nulidad absoluta e insanable de los contratos que les dan origen; 4) haciendo lugar a la demanda, en lo referente a la acción por enriquecimiento sin causa, con los alcances indicados en el considerando XII; 5) imponiendo las costas a la demandada..." (fs. 1212/1235).

La sentencia trató separadamente los distintos vínculos contractuales en atención al lugar donde se prestaron los servicios, y concluyó que todos ellos eran nulos en razón de que no se habían respetado las normas referidas a los contratos de la administración. Sobre tal base, el juez rechazó el pago de las facturas en cuestión y consideró la pretensión subsidiaria: el reconocimiento del resarcimiento por el enriquecimiento sin causa del Estado local.

El fallo hizo lugar al resarcimiento en tal concepto, de conformidad con las pautas que fijó (un 90% del monto consignado en las facturas que consideró respaldadas documentalmente).

4. El GCBA apeló la sentencia y expresó agravios (fs. 1238 y 1311/1316 vuelta).

Cuestionó la idoneidad del perito ingeniero industrial para determinar el valor de las prestaciones brindadas por la actora y el modo de cálculo del empobrecimiento tenidos en cuenta por la sentencia recurrida.

A su turno, la actora también apeló el fallo y expuso sus agravios (fs. 1241 y fs.

1298/1310). Sucintamente, Sulimp planteó que: a) no se consideró que ciertas facturas rechazadas por la sentencia habían sido declaradas de legítimo abono por el GCBA; b) fue errado el rechazo del resarcimiento en relación a ciertos servicios que el juez consideró no probados (seis facturas); y c) la tasa de interés pasiva no compensaba el deterioro de la moneda entre la fecha de las erogaciones realizadas por la actora y la fecha de cumplimiento de la sentencia.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario decidió "...1) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y hacer lugar al recurso interpuesto por la Ciudad con el alcance determinado en el punto VI.2.f.

y en consecuencia: 1.1. modificar parcialmente el decisorio de primera instancia en lo referido al cómputo del empobrecimiento de la actora, el cual deberá calcularse como un 70% de cada factura; 1.2 confirmar en todo lo demás la sentencia recurrida; y 2) imponer las costas de ambas instancias en un 70% a cargo de la Ciudad y un 30% a cargo de la actora." (fs. 1368/1379 vuelta).

Para así decidir, el voto del juez Carlos Balbín, al que adhirieron sus colegas, puso de relieve que: "La empresa no se agravió de la nulidad declarada [de los contratos] pero, no obstante ello, reclamó el pago del monto total del precio del contrato respecto de los servicios declarados de legítimo abono por la Ciudad" y que "la Ciudad no discute la efectiva prestación de los servicios reconocidos por el sentenciante (aquellos correspondientes a las 100 facturas indicadas) [pero] sí controvierte el modo de cálculo de esos costos y la idoneidad del perito que los determinó".

El magistrado señaló también que no hubo controversia en cuanto a que la actora solicitó la aplicación al caso del principio del enriquecimiento sin causa. Por ello, centró la cuestión en decidir si la prueba arrimada al expediente acreditaba suficientemente el menoscabo patrimonial de la parte actora y su cuantía.

En primer lugar, el fallo rechazó el pago de los servicios reconocidos de legítimo abono pues "la declaración de legítimo abono de ciertas facturas no constituye un fundamento válido para sustentar el pago en el caso bajo análisis, el cual sólo procede con base en un contrato administrativo celebrado con las formalidades que exige la ley.

En consecuencia, el reclamo de cobro con sustento en la declaración de legítimo abono de las facturas debe encuadrarse como una petición derivada del principio que veda el enriquecimiento sin causa y resolverse en ese contexto".

Agregó el juez que "en el escrito de demanda el reclamo no se apoyó en la aplicación de las resoluciones sobre legítimo abono, sino que se sustentó en regímenes contractuales de excepción (decretos nº 5720/72, 2388/92, 1779/91, 2541/92, 329/93 y 1314/93) (ver fs. 7 vta/8 vta).

Es decir, en la presente causa la actora no fundó oportunamente su pretensión en las resoluciones de reconocimiento de legítimo abono".

También la Cámara (cf. punto VI.1 del voto del juez Balbín) rechazó el planteo referido a la pretensión de cobro de los servicios de seis (6) facturas: 2410, 2411, 2851, 2852 de los meses de agosto y octubre del año 1995, en escuelas municipales; 2917 del mes de noviembre de 1995, en el hospital Durand; y factura 3841 del mes de junio de 1997, en el edificio Piedras.

La Sala consideró que las prestaciones consignadas no se encontraban probadas y que aunque la pericia contable indicaba que las facturas fueron recibidas por el GCBA en el procedimiento de verificación de deudas y constaban en un resumen de deuda emitido por la Contaduría General del Gobierno de la Ciudad en la verificación iniciada en el registro CVD-206-96, ello no resultaba suficiente para tener por probada la prestación del servicio pues, al formular la propuesta conciliatoria, el GCBA hacía reserva de debatir judicialmente los alcances y legitimidad del crédito reclamado en su totalidad (fs. 1372/1372 vuelta).

En cuanto al recurso del GCBA, la Sala desestimó el planteo referido a la falta de idoneidad profesional del perito ingeniero industrial para determinar los costos de producción de los servicios.

Admitió que el GCBA cuestionó oportunamente la pericia mediante las presentaciones de fs. 1026/1027 y fs. 1090/1090 vuelta y tras extensas consideraciones concluyó con relación a las cargas sociales, que ellas no fueron computadas en razón del monto efectivamente abonado sino por el porcentaje previsionado, y que ello no es suficiente para determinar el empobrecimiento de la actora en el marco de la acción por enriquecimiento sin causa que exige acreditar "los costos efectivamente soportados por quien reclama, y no los costos en los que la empresa podría haber incurrido en su operatoria".

También consideró insuficiente el modo de cálculo del rubro "materiales" (gastos directos) pues aunque en el informe pericial de fs. 1083/1084 de fecha 28/12/2004 el experto manifestó que "en el caso de los materiales, no resulta posible determinar con precisión ni el tipo ni las cantidades utilizadas por cuanto el servicio fue contratado por un precio cerrado, siendo facultad del contratista determinar el tipo de materiales a utilizar, así como las cantidades de cada uno de ellos las que adecuaban a las necesidades de cada momento", con posterioridad, en el informe de fs. 1109/1111 de fecha 05/5/2005, el perito sostuvo que para determinar el valor de los materiales tuvo en cuenta los remitos internos y las facturas de los proveedores de los insumos.

La Sala señaló que "en el primer informe el perito calculó el rubro 'materiales' determinando un índice porcentual que aplicó a cada factura sin el IVA, en el segundo trabajo manifestó que calculó ese rubro valorizando los insumos utilizados por la empresa para prestar el servicio en cada dependencia y en el período abarcado por la factura.

(...) Sin embargo, llama la atención, que el costo anual de los materiales represente siempre el mismo porcentaje sobre el monto de la factura sin IVA para todas las reparticiones cuando, como ya se dijo, el experto manifestó que valorizó los insumos de cada factura (...) Es decir que a pesar de las explicaciones de fs. 1109/1111, de la compulsa de la documentación del bibliorato 660 surge que, en realidad, el experto siguió el criterio expuesto en su anterior informe de fs. 1083/1084 en donde no asignó costos específicos sino que obtuvo un porcentaje en concepto de materiales y lo aplicó al monto de cada factura." El juez Balbín agregó que "lo afirmado por el perito a fs. 1109/1111 respecto a la valorización de los insumos por cada una de las facturas, resulta contradictorio con lo manifestado por la empresa en la contestación de agravios en el sentido de que 'no es de práctica discriminar en la contabilidad o bien en las facturas por servicios, los insumos que se aplican a las prestaciones' (cfr. fs. 1322 vuelta)".

Por tales razones, la referida sentencia dispuso "descontar de los costos fijados por el perito en la planilla de fs. 1117/1121 los ítems de los rubros anteriormente analizados --cargas sociales y materiales-, que representan aproximadamente el 20% del monto total facturado.

Por tanto, corresponde reconocer como medida del empobrecimiento sufrido por la actora con motivo de la prestación del servicio brindado a la Ciudad, el 70% de cada factura".

Finalmente, el fallo confirmó la tasa de interés dispuesta en primera instancia y distribuyó las costas de ambas instancias en un 70% a cargo del GCBA y un 30% a cargo de la actora.

5. La parte actora interpuso recurso ordinario de apelación contra la sentencia (fs.

1387 bis/1388) y recurso de inconstitucionalidad (fs. 1388/1429).

La Sala I de la Cámara CAyT, por mayoría, concedió el recurso de apelación de la actora, y difirió la decisión respecto de la admisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad deducido por esa parte "hasta el momento en que, eventualmente, el TSJ decidiera no hacer lugar al recurso que se concede [el de apelación]" (fs. 1439 y vuelta).

Radicadas las actuaciones en el Tribunal, la recurrente presentó el memorial de agravios (fs. 1453/1484). Sulimp planteó objeciones en punto a: a) el rechazo del pago de facturas reconocidas como de legítimo abono por actos administrativos no cuestionados por la accionada (fs. 1453 vuelta/1464); b) el rechazo del pago de 6 facturas: las nº 2410, 2411, 2851, 2852 de los meses de agosto y octubre del año 1995, en escuelas municipales; la nº 2917 del mes de noviembre de 1995, en el hospital Durand; y la nº 3841 del mes de junio de 1997, en el edificio Piedras; con fundamento en la falta de prueba de las prestaciones (fs. 1464/1466); c) la reducción del resarcimiento del 90% al 70% del monto de las facturas admitidas (fs. 1466/1478); d) la tasa de interés aplicada (fs. 1478/1481); e) la distribución de las costas (fs. 1483 vuelta).

El GCBA contestó el recurso (fs. 1490/ 1497 vuelta).

Señaló que el recurrente pretendía introducir cuestiones precluidas, que debían rechazarse. Así, sostuvo que: a) quedó firme la nulidad de los contratos dispuesta en primera instancia; b) no fueron cuestionadas las facultades de los apoderados del GCBA para solicitar la nulidad de los contratos y de los actos dictados en consecuencia. Seguidamente trató los agravios de Sulimp y solicitó el rechazo del recurso, con costas.

El Fiscal General Adjunto consideró que el recurso "exige introducirse en la valoración de los hechos, de la prueba y de las normas infraconstitucionales que rigen el caso, lo cual resulta tarea propia de los jueces de mérito y resulta ajeno a la intervención del suscripto" (fs. 1501/1503).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

I. Admisibilidad del recurso de apelación.

1. La parte actora ha planteado el recurso ordinario de apelación establecido en el art 26 de la ley n° 7 (texto conforme al art. 2 de la ley n° 189) que dispone que el Tribunal conoce "en instancia ordinaria de apelación en las causas en que la Ciudad sea parte, cuando el valor disputado en último término, sin sus accesorios, sea superior a la suma de pesos setecientos mil ($700.000)"; norma que se integra con el art. 38 de la LPT que establece que "el/la apelante debe acreditar el cumplimiento de los recaudos previstos en el art. 26 inc. 6) de la ley n° 7 modificado por el art. 2º de la ley n° 189" y con la jurisprudencia del Tribunal que, a partir del fallo dictado en los autos "Playas Subterráneas S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", expte. n° 860/01, resolución del 9/4/2001 (en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, T. III, ps. 83 y siguientes), ha señalado reiterada y pacíficamente que la admisibilidad de este recurso requiere: a) que la Ciudad sea parte; b) que el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación se dirija contra una sentencia definitiva.

2. En el caso, el recurso ordinario fue interpuesto en debida forma y en tiempo oportuno por Sulimp. Se dirige contra la sentencia definitiva dictada en el proceso -que redujo la condena impuesta al GCBA en primera instancia y dispuso que el demandado debía abonar el 70% de las facturas por los servicios que consideró acreditados, en lugar del 90% que había establecido la primera instancia-.

Los agravios se refieren, como se vio, a esa diferencia y al reclamo de facturas impagas, cuantificados por la recurrente a instancias del Tribunal (fs. 1445 y 1448/1450) en la suma total de $ 763.071,67. Así, el valor debatido ante el Tribunal, sin sus accesorios, supera el señalado por la ley para la admisibilidad del recurso.

II. Los agravios.

3. A continuación, consideraré separadamente los planteos esgrimidos por Sulimp contra distintos núcleos de la sentencia de fecha 10 de julio de 2009 que la agravian:

a) rechazo del pago de facturas reconocidas como de legítimo abono por actos administrativos no cuestionados por la accionada que pasan a ser consideradas en el marco del reclamo subsidiario fundado en el enriquecimiento sin causa de la demandada (fs. 1453 vuelta/1464); b) rechazo del pago de seis (6) facturas: las nº 2410, 2411, 2851, 2852 de los meses de agosto y octubre del año 1995, en escuelas municipales; la nº 2917 del mes de noviembre de 1995, en el hospital Durand; y la nº 3841 del mes de junio de 1997, en el edificio Piedras; con fundamento en la falta de prueba de las prestaciones (fs.

1464/1466); c) reducción del resarcimiento del 90% al 70% del monto de las facturas admitidas (fs. 1466/1478); d) tasa de interés aplicada (fs. 1478/1481); y e) distribución de costas (fs. 1483 vuelta).

Respecto de los planteos vinculados a las facturas reconocidas como de legítimo abono.

4. La recurrente se agravia de la decisión de fecha 10 de julio de 2009 en cuanto allí se sostuvo que el reconocimiento de pagos por legítimo abono no permitía subsanar la actuación ilegítima (por falta de celebración de los respectivos contratos con arreglo a los recaudos normativamente previstos a tal fin), ni daba derecho a la accionante a exigir el cumplimiento de las obligaciones originadas en aquellas contrataciones irregulares, en la medida que el pago de las facturas sólo procedía con base en un contrato administrativo celebrado con las formalidades exigidas por la ley (fs. 1369 vuelta/1370).

Sucintamente, Sulimp sostiene que, al decidir de ese modo, la Cámara incurrió en un exceso de jurisdicción -violatorio de su derecho de defensa en juicio y del principio de congruencia- pues extendió los efectos de la nulidad de los contratos, declarada por el juez de primera instancia, a los actos administrativos que reconocieron el legítimo abono y/o el pago de los servicios prestados, sin que las partes así lo requirieran.

En este punto, alega que "si bien se dispuso la nulidad de los contratos por vicios en las formas esenciales, ello no obstaba a que la propia administración municipal reconociera el pago de los servicios prestados dictando actos administrativos de legítimo abono"; actos que -según sostuvo- no habían sido cuestionados por la demandada y que habían generado derechos subjetivos a su favor (fs. 1461 vuelta).

A criterio de la recurrente, entonces, la existencia de resoluciones disponiendo el pago por legítimo abono (aunque sin base contractual) sería fundamento suficiente para exigir el pago de los servicios de acuerdo al monto total facturado.

En lo que a esta cuestión respecta, entiendo que la argumentación de Sulimp no permite conmover el criterio sustentado por el tribunal a quo en este punto, aunque sí merece algunas reflexiones.

En mi concepto, la declaración de invalidez de los contratos pronunciada en primera instancia -que, como se señalara, no fue objeto de impugnación por parte de la actora- extendió legítimamente sus efectos a aquellas resoluciones (detalladas por el recurrente en el punto 3.1.4 de su memorial, a fs. 1454 vuelta y ss.) que autorizaban pagos por legítimo abono pero sólo en cuanto el monto de las facturas allí reconocidas remitía al valor de las prestaciones -o precio- pactado en los contratos nulificados.

Ello así, por cuanto aquellos actos administrativos no pueden considerarse independientes de la primigenia relación contractual consumada al margen de la juridicidad pues, en rigor, vinieron a darle ejecución.

Ahora bien, a partir de lo expuesto, y en tanto el reconocimiento de la existencia de las prestaciones efectuadas por Sulimp no es un aspecto inescindiblemente ligado a la declaración de nulidad de los contratos, el alcance con el que debe ser entendida la invalidez parcial de las resoluciones deja en pie el reconocimiento estatal de haberse realizado el servicio de limpieza consignado en las facturas.

Esta interpretación resulta acorde a la dogmática de las nulidades, al principio de preservación de los actos, y a las reglas de lealtad procesal y equidad.

No cabe perder de vista que Sulimp no fundó su demanda en las resoluciones que autorizaban el "legitimo abono" -como fue advertido por el juez Balbín en su voto a fs. 1370 vuelta-, pues en tal caso hubiera permitido al GCBA discutir y esgrimir sus defensas acerca de esta cuestión en todos sus alcances.

El encuadre que propongo procura, entonces, conciliar la insostenible pretensión recursiva de Sulimp de obtener el pago de facturas a valores correspondientes a contratos invalidados por el incumplimiento de las formas esenciales, con el derecho que le asiste a que los actos administrativos que reconocieron cierta situación fáctica (prestaciones ejecutadas) mantengan la presunción de legitimidad que los abarca y que no ha sido mellada en este aspecto por la decisión invalidante antes referida.

Por su parte, estas precisiones no resultan contradictorias con el criterio de la Cámara CAyT que entendió pertinente remitir la ponderación del reclamo por tales facturas a las pautas del enriquecimiento sin causa.

Respecto de las facturas nº 2410, 2411, 2851, 2852, 2917 y 3841.

5. En lo que a este tema atañe, Sulimp afirma que en el registro n° 206 de la CVD obran las constancias que dan cuenta que la Contaduría General del GCBA registraba las facturas involucradas como recibidas y pendientes de pago.

Infiere de ello que se habría verificado la existencia efectiva de las prestaciones y la legalidad de la acreencia por parte del órgano mencionado.

5.1. En verdad, que las facturas enumeradas figuren en los registros de la Contaduría nada permiten inferir en punto a la efectiva prestación de los servicios cuyo cobro pretende la actora -o a la validez del negocio jurídico objeto de examen-.

5.2. Los argumentos que expresa Sulimp a fs. 1464/1466 giran en torno al valor de la anotación registral de la Contaduría, determinada en el procedimiento de verificación de la deuda de la ex MCBA establecido por el citado decreto n° 225-GCBA- 96.

En el precedente "Sanecar SACIFIA c/ GCBA s/ cobro de pesos - s/ recurso de apelación ordinario", expte. nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre de 2003, el Tribunal examinó el procedimiento creado por ese decreto. Sostuvo entonces:

"b) ... El decreto n° 225/96 impuso a los acreedores de la ex MCBA, en lo que aquí interesa, la obligación de presentarse a verificar sus créditos ante la Comisión creada al efecto, dentro del plazo y con los requisitos previstos en el art. 4. Una vez cumplidos los pasos establecidos por los arts. 5 y 6 del decreto, la Comisión constataba la procedencia formal del reclamo, podía citar al acreedor a efectos de renegociar el crédito y de ello dejaba constancia por acta (art. 7).

Allí concluía el trámite ante la Comisión y previa intervención de la Procuración General (art. 8), las actuaciones pasaban al Sr. Secretario de Hacienda para que emitiera la resolución que reconociera o denegara el crédito (art. 9). Para las deudas posteriores al mes de agosto de 1996 el comitente se comprometía a abonar, a partir del septiembre (sic) de 1996, el setenta por ciento de las prestaciones impagas correspondientes al mes de julio de ese año en adelante, con carácter de pago a cuenta sujeto a revisión (art. 14).

Según el procedimiento reseñado, el Secretario de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad era el único funcionario habilitado para reconocer los créditos reclamados.

c) El legajo n° 00123-96, correspondiente al pedido de verificación formulado por La Estrella Española SANECAR SACIFIA, confirma que la recurrente no obtuvo el reconocimiento de la deuda reclamada. La Comisión cumplió con las funciones que le asignó el decreto (constató la efectiva prestación del servicio de limpieza, sólo con relación a los Consejos Vecinales, [fs. 113 y 115/120], se expidió sobre la existencia de un sobreprecio sobre los valores de plaza de un 40% en las facturas relacionadas con ese servicio [fs. 113 vuelta]) y formuló después una propuesta de conciliación (fs. 174/175), con la salvedad expresa de que ella no importaba un reconocimiento 'de hechos ni derechos esgrimidos por 'el acreedor' por lo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formula reserva de debatir judicialmente los alcances y legitimidad del crédito reclamado en su totalidad' (sic fs. 180). La oferta no fue aceptada por la recurrente (ver acta de fs.

208) y, finalmente, el Secretario de Hacienda desestimó la verificación del crédito pretendido (resolución 4052-SHyF-98, fs. 209/210).

En la primera etapa del procedimiento previsto por el decreto n° 225/96, la Comisión sólo verificó formalmente el crédito de SANECAR que finalmente fue rechazado por la única autoridad competente al efecto. Además, la reserva anunciada por la Comisión Verificadora al comunicar a la recurrente la propuesta conciliatoria referida a 'debatir judicialmente los alcances y legitimidad del crédito reclamado en su totalidad', deja sin sustento la alegada afectación de la doctrina de los actos propios, que se denuncia en el recurso.

d) Finalmente, la existencia de un pago efectuado por el GCBA y recibido por SANECAR, al que el recurso ordinario alude como prueba del reconocimiento del crédito en cuestión, no es más que la aplicación del pago a cuenta previsto por el art. 14 del decreto 225/96 para las deudas posteriores a agosto de 1996." 5.3.

En el caso que ahora nos ocupa Sulimp sostiene que el resumen de deuda obrante a fs. 161/166 del paquete n° 128 del registro 206-CVD-96, "constituía un reconocimiento documental de la deuda, procesada por el órgano competente del Gobierno de la Ciudad en registrar y auditar las Facturas emitidas por sus proveedores, lo que hace presumir que dicha registro (sic), fue realizado luego de auditarse la existencia de actos administrativos o contratos que sustentaban el pago, como así los Partes de Recepción que certificaban la ejecución de la prestación" (destacado en el original, fs. 1464 vuelta/1465).

Considera, además, el informe de la Contaduría General como un instrumento público que "solo puede anularse mediante el procedimiento previsto en el art. 989 del C. Civil (redargución de falsedad)" (fs. 1465 vuelta).

El planteo no resulta eficaz para rebatir la decisión de la Cámara.

Sulimp afirma que el registro al que quiere dar valor de instrumento público es "el registro de Facturas liquidadas por los proveedores" que realiza la Contaduría General (fs. 1465 vuelta, énfasis agregado).

Ahora bien, estas constancias, en rigor, no constituyen más que un asiento que daría fe de un determinado hecho: que los proveedores presentaron esas facturas al cobro.

La extensión que el recurrente pretende dar a ese registro -que, a su criterio, permitiría "presumir que dicha registro (sic), fue realizado luego de auditarse la existencia de actos administrativos o contratos que sustentaban el pago, como así los Partes de Recepción que certificaban la ejecución de la prestación"- carece de base normativa alguna.

Ella no se desprende del art. 115 de la ley n° 70 que se detuvo en transcribir (fs. 1465 y vuelta), tampoco del decreto n° 225/96, ni en la resolución n° 932/96 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas -reglamentaria del aludido decreto- que, al establecer las funciones de la Contaduría en el procedimiento de verificación, expresó:

"Art. 3° - Presentado el formulario respectivo por cada contrato o provisión que el acreedor registre, se dará Intervención por el término de veinte (20) días a la Contaduría General, a fin de que ésta solicite al área correspondiente, y agregue, la actuación por la cual tramita la respectiva facturación, e informe a la Comisión Decreto n° 225-GCBA-96:

a) Si la deuda reclamada consta como impaga en los registros del municipio.

b) Si la liquidación y metodología aplicadas por el acreedor son correctas.

c) Si existiera alguna discrepancia, respecto de los ítems precedentes o cualesquiera otros, deberán consignarse detalladamente.

d) Si correspondiera efectuar retenciones o descuento por cualquier concepto.

e) Si la deuda en cuestión cuenta con la respectiva imputación presupuestaria.

Este informe en cada caso deberá ser firmado por el funcionario liquidador y por el Contador General, quienes serán solidariamente responsables respecto de la autenticidad y corrección de los datos que vuelquen".

Se advierte, entonces, que las normas que específicamente determinaron la competencia y función de la Contaduría General en el procedimiento de verificación de las deudas de la ex MCBA no le imponían la misión "de auditar[se] la existencia de actos administrativos o contratos que sustentaban el pago, como así los Partes de Recepción que certificaban la ejecución de la prestación", como erróneamente lo postula el recurrente.

5.4. En suma: la prueba que el actor ha invocado en este punto como pertinente y útil para acreditar la efectiva prestación de los servicios facturados no es idónea a tal fin, ni permite razonablemente efectuar las inferencias o presunciones que el recurrente postula, de acuerdo con las normas jurídicas que asignan las funciones a la autoridad emisora de ese listado (Contaduría General de la CABA); ello torna innecesario efectuar cualquier consideración adicional en relación con la naturaleza que revisten tales registros.

Respecto de la reducción del resarcimiento del 90% al 70% de la facturación dispuesta por la Cámara.

6. Los agravios de Sulimp vuelven sobre cuestiones ya planteadas y decididas en las instancias anteriores sin hacerse cargo de los argumentos dados por la alzada para rebatirlos.

Así, su insistencia en que el GCBA no cuestionó la pericia (fs. 1467 vuelta) no logra conmover lo afirmado por la Sala I en cuanto a que "...debe tenerse presente que el perito ingeniero industrial no realizó un único trabajo, sino que presentó sucesivos escritos que obran a fs. 1020/1022, fs. 1048, fs. 1079/1084, fs. 1095/1096 y fs.

1109/1111. A su vez, a fs. 1117/1121 acompañó la planilla aludida en el informe de fs.

1109/1111. La documentación respaldatoria de su trabajo se encuentra en el bibliorato 660 y la caja 582. Ahora bien, (.) se advierte que la Ciudad cuestionó la pericia mediante las presentaciones de fs. 1026/1027 y fs. 1090/1090 vta. En especial, nótese que en el escrito de fs. 1090/1090 vta. la Ciudad objetó el informe del perito de fs.

1079/1084, cuya planilla con el detalle de los costos por factura arroja como resultado números prácticamente iguales a la planilla del informe pericial de fs.

1109/1111 y fs. 1117/1121, ambos elaborados por el mismo perito. En este contexto, el planteo de la actora de exigir que la Ciudad también debió cuestionar estas últimas presentaciones configura un rigorismo formal excesivo" (punto VI.2.a. del voto del juez Balbín al que adhirieron sus colegas, fs. 1373 vta., sin negritas en la sentencia).

También la interesada reedita su posición en punto al pretendido desborde en que habría incurrido la Cámara al revisar los resultados del peritaje obrante en la causa sin que exista un dictamen técnico divergente o, lisa y llanamente, que pondere lo informado por el experto.

En este aspecto el recurrente no solo no se hace cargo de rebatir eficazmente el desarrollo argumental que en este punto específico contiene la sentencia atacada al afirmar, en síntesis, que la apreciación de la prueba es una actividad intelectual reservada al juez (fs. 1373 y ss.), sino que al sostener en su recurso ante el Tribunal que "un Juez no podría cuestionarlos sin requerir el auxilio de un profesional idóneo" (fs. 1470, vuelta, el destacado no ha sido añadido), no parece tener en cuenta que los peritos son auxiliares de los jueces y no sus sustitutos, por cuanto en el sistema institucional de la Ciudad de Buenos Aires la "iuris-dictio" le ha sido asignada a tales magistrados (cf. art. 106, CCBA) y no a los expertos que colaboran con ellos.

El modo en que los jueces deben apreciar la prueba producida y la eficacia probatoria del dictamen pericial son cuestiones reguladas en el CCAyT local (arts. 310 y 384) -en sentido semejante al delineado en el CPCCN (arts. 386 y 477)- y en el caso no se ha demostrado que la aplicación de tales preceptos efectuada por los jueces de la Cámara -al momento de valorar el dictamen pericial obrante en autos- lesione de algún modo las reglas del debido proceso a la luz del derecho aplicable (cf. Palacio, Lino Enrique y Alvarado Velloso, Adolfo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 8º, ps. 136 y ss. y 534 y ss., Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999).

Cualquiera que fueran las complejidades técnicas que la labor del experto pueda presentar en su elaboración, su exposición ha permitido a los magistrados advertir las debilidades que a su criterio restan o disminuyen el valor convictivo del informe pericial en ciertos puntos.

Así, el núcleo de la decisión recurrida advirtió la inconsistencia del dictamen pericial (punto VI.2.e. del voto del juez Balbín) en cuanto:

a) al criterio con el que se consideraron "algunos ítems del rubro 'cargas sociales' no corresponden a las cargas efectivamente pagadas sino a las que usualmente se previsionan en la determinación de los costos. / Esto ocurre con los ítems 'vacaciones', 'enfermedades y accidentes', y 'licencias pagas', sus correspondientes cargas sociales, e 'indemnización Ley', que no fueron computados en razón del monto efectivamente abonado sino por el porcentaje previsionado. / Este modo de cálculo de costos no resulta idóneo para acreditar los ítems indicados de las cargas sociales del personal que efectivamente abonó la empresa actora para prestar el servicio de limpieza en dependencias de la Ciudad" (fs. 1378); y b) a la forma de computar los gastos directos (materiales) en las sucesivas presentaciones del perito, al afirmar la sentencia "que a pesar de las explicaciones de fs.

1109/1111, de la compulsa de la documentación del bibliorato 660 surge que, en realidad, el experto siguió el criterio expuesto en su anterior informe de fs. 1083/1084 en donde no asignó costos específicos sino que obtuvo un porcentaje en concepto de materiales y lo aplicó al monto de cada factura. / En síntesis, si bien del análisis de la documentación del bibliorato 660 surge que --por un lado-- los remitos internos fueron valorizados para cada factura, --por el otro-- los valores de los mismos coinciden en porcentaje con la estimación efectuada en forma global a fs. 1083/1084. / A su vez, lo afirmado por el perito a fs. 1109/1111 respecto a la valorización de los insumos por cada una de las facturas, resulta contradictorio con lo manifestado por la empresa en la contestación de agravios en el sentido de que 'no es de práctica discriminar en la contabilidad o bien en las facturas por servicios, los insumos que se aplican a las prestaciones'." (fs. 1378 vuelta).

6.1. Las extensas formulaciones del recurrente no han logrado rebatir ninguna de esas dos afirmaciones, que fueron las que dieron base a la reducción del resarcimiento formulada por los jueces.

En cuanto a la primera cuestión el recurrente plantea que el fallo incurre en una falacia al asimilar "el concepto de costos efectivamente soportados al de efectivamente pagados desestimando la variable temporal que hace que determinados conceptos, como se explicó, se paguen con frecuencias y en momentos diferentes, lo que de ninguna manera puede interpretarse como que no existan o no resulten efectivamente soportados" (fs. 1473 vuelta, las negritas son del original).

El recurrente parece pasar por alto que la reparación por enriquecimiento sin causa supone los pagos efectivos de las cargas sociales, y que la disquisición que formula en todo caso debió ser acompañada, en su oportunidad, de la acreditación de tales pagos.

La prolongada dilación de este proceso incluso le permitía, sin dificultad, denunciar esos pagos (si los hubiera realizado) como hechos nuevos durante años.

La mera argumentación retórica no es suficiente para acreditar los perjuicios sufridos; sobre todo cuando se contó con la posibilidad de aportar la prueba debida.

En relación con el segundo punto observado por la alzada (referido a los materiales), la prolongada crítica concluye en que "(e)n todo caso resulta mucho menos razonable asumir que la tarea de limpieza fue realizada sin materiales lo que a priori aparece indefendible para la Cámara" (sic, fs. 1474 vuelta, las negritas son del original).

Es cierto que no es posible suponer una tarea de limpieza sin materiales, pero como afirmó el Tribunal en el precedente "Sanecar" ya citado: "Aunque sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. (...) Ante la falta de prueba respecto de esos extremos no es posible estimar, ni siquiera de manera aproximada, el valor de la prestación brindada. Por ello, es improcedente ordenar el pago de suma alguna a favor de la actora. Como se ve, no se trata de un problema de liquidación de los daños, sino de acreditar los presupuestos de procedencia de la pretensión.".

Como lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "la prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien, a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva" (Fallos: 318:2555).

6.2. En atención a la extensa cita que efectúa el recurrente de un fallo de la alzada ("Eglis", 1475 vuelta/1476 vuelta) cabe señalar que, cualquiera que fuera la justicia de la decisión en dicha causa, en este tipo de planteos subsidiarios fundados en el enriquecimiento sin causa: a) quien debe probar su efectivo empobrecimiento en cada uno de los rubros por los que reclama es quien demanda o reconviene (en el caso:

Sulimp); y b) como en todo contencioso, la prueba que se incorpora válidamente al proceso puede ser utilizada tanto a favor como en contra de quien la ofreció y produjo (en el caso: el peritaje del ingeniero industrial).

No ha habido, en consecuencia, transgresión alguna a las reglas del debido proceso en el pronunciamiento recurrido.

La impugnación a la labor pericial tenida en cuenta por el juez de grado para fijar el resarcimiento que fuera efectuada por el GCBA en su apelación -y aún antes en el proceso- habilitaban a la Cámara a reducir la condena con el alcance fijado en definitiva.

Respecto de la tasa de interés.

7. La actora también plantea objeciones respecto de la tasa de interés que la Cámara CAyT determinó aplicable al caso. En lo que a esta cuestión se refiere, expresa que en el contexto inflacionario actual la tasa pasiva promedio que ublica el Banco Central de la República Argentina no compensaría el real deterioro de la moneda, por lo que la reparación de su empobrecimiento no sería plena.

Sostiene que la alzada fundó aquel punto del pronunciamiento resistido en leyes derogadas y en fundamentos de fallos dictados hace más de 10 años y que, por su parte, no ponderó los diversos argumentos que esgrimiera al respecto en su recurso de apelación. Invoca razones de justicia conmutativa para sustentar su posición y cita jurisprudencia en la materia.

7.1. En mi concepto, los desarrollos efectuados por Sulimp no logran conmover el criterio propiciado por el tribunal a quo en este punto. Ello así, en tanto las manifestaciones efectuadas a fs. 1478/1481 del memorial de agravios no permiten verificar certeramente que la modalidad determinada para el cálculo de los accesorios del capital adeudado en autos -esto es, desde el inicio de la mora de cada crédito reconocido a favor de la actora hasta la actualidad- conduce en el caso concreto al resultado perjudicial que se predice, sobre todo teniendo en cuenta los diversos contextos por los que transitó la economía del país durante todo el período en el que Sulimp no accedió a aquel.

No puede perderse de vista que el examen de la cuestión debatida no puede abordarse en abstracto, pues así lo veda el art. 106 de la CCABA, sino que debe conjugar las normas involucradas con los elementos fácticos del caso.

Así, la acreditación del invocado menoscabo patrimonial resultaba una carga ineludible de la interesada que no ha sido cumplida.

En este punto, entiendo que la mera mención de que el tribunal a quo no habría ponderado un cuadro comparativo que la accionante acompañara al momento de apelar la sentencia de primera instancia, sin que la actora haya efectuado mayores desarrollos ni aclaraciones al respecto, tampoco permite entender suficientemente cumplida la obligación imperativa que pesa sobre el recurrente de fundamentar cada uno de sus agravios ante esta instancia (art. 39, ley nº 402).

7.2. En otro orden de ideas, si bien Sulimp alega que la fundamentación brindada por la alzada en este punto sería inconsistente por cuanto habría quedado desactualizada, en mi concepto, estos reproches no permiten descalificar el pronunciamiento resistido con este argumento.

En primer lugar, no puede perderse de vista que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un reciente pronunciamiento, ha confirmado la validez constitucional de las disposiciones de las leyes nº 23.928 y 25.561 que prohíben en la actualidad los mecanismos indexatorios y de actualización monetaria -normas cuya incidencia en la materia no puede ser desatendida-.

En este precedente nuestro Máximo tribunal federal expresó que permitir la vigencia y aplicación de tales mecanismos "significaría desconocer el objetivo antiinflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales mencionadas mediante la prohibición genérica de la 'indexación', medida de política económica que procura evitar que el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios de cada uno de los demás sectores, contribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios (conf. Fallos: 329:385) y a crear desconfianza en la moneda nacional" (v. CSJN in re:

"Massolo, Alberto José c/Transporte del Tejar S.A.", Fallos: 333:447 -sentencia del 20 de abril de 2010-).

A partir de esta circunstancia, y a pesar del tiempo transcurrido desde el dictado del fallo "Yacimientos Petrolíferos Fiscales v. Provincia de Corrientes y otro" (Fallos: 315:158), no se advierte -sin más- que las palabras allí vertidas por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación -en particular, cuando señaló que tan inadmisible resultaba acudir a la utilización de procedimientos de actualización monetaria como "admitir un instrumento en reemplazo de la 'indexación' que por vía de intereses desmedidos pudiera acentuar nuevamente el proceso inflacionario con grave daño para la comunidad.

Máxime cuando al hacerlo se pueda entorpecer a las autoridades políticas de la Nación en su decisión de solucionar de modo profundo, y no meramente sintomático, los problemas monetarios mediante el dictado de las normas pertinentes"- hayan perdido toda actualidad; especialmente teniendo en cuenta que Sulimp no ha demostrado que la modalidad determinada para el cálculo de los accesorios del capital adeudado en autos redunde en un efectivo menoscabo patrimonial -conforme fuera destacado en el punto 7.1 precedente- y que la accionante tampoco ha meritado la proyección que las referidas leyes nº 23.928 y 25.561 tienen en la cuestión debatida.

Por lo demás, el criterio propiciado por la Cámara CAyT no dista, en lo fundamental, del señalado por la CSJN en su reciente jurisprudencia (Fallos: 327:3721; 329:2088 y 3403; 331:1690, 1701, 2538, entre otros).

De todos modos, en la medida que los argumentos ensayados en la pretensión recursiva no han resultado efectivos para poner en crisis fundada y razonadamente las conclusiones de los jueces de la causa en la materia, la solución que aquí se propicia no implica suscribir un criterio general ni definitivo para este tipo de cuestiones.

Por lo expuesto, corresponde confirmar lo decidido por la alzada en este punto.

Respecto de la distribución de costas.

8. La sentencia apelada dispuso: "En cuanto a las costas de ambas instancias, propongo imponerlas en un 70% a cargo de la Ciudad y un 30% a cargo de la actora, en atención a la forma en que se resuelve (art. 65, CCAyT)".

El recurrente se agravia pues considera que el GCBA obligó a su parte a litigar para obtener cualquier porcentaje superior al 43% de la deuda reclamada, que le fuera ofertado en la instancia administrativa; y destaca que el GCBA no se allanó, siquiera, por ese 43%. Considera, por ende, que la totalidad de las costas deben ser a cargo del GCBA.

El argumento es especioso: que hubiera sido obligado a litigar no conlleva que por el sólo hecho de resultar vencedor en un porcentaje cualquiera superior al propuesto en sede administrativa, el GCBA deba ser considerado totalmente perdedor.

El fallo, aunque parco, es claro: si la demanda prospera por un 70% y es rechazada en un 30% la distribución de costas atiende a esas proporciones.

Teniendo en cuenta que el art. 65 del CCAyT dispone que "(s)i el resultado del pleito o incidente es parcialmente favorable a ambos/as litigantes, las costas se compensan o se distribuyen prudencialmente por el tribunal en proporción al éxito obtenido por cada uno/a de ellos/as", no se advierte en el criterio sustentado por la alzada -estrictamente apegado al dispositivo legal- transgresión alguna que el Tribunal deba enmendar.

III. Resolución.

9. En virtud de las consideraciones formuladas, corresponde rechazar el recurso ordinario de apelación planteado por Sulimp. Las costas de esta instancia deben imponerse a la vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota y por no mediar en el caso circunstancias que permitan apartarse de él (art. 62, CCAyT).

Así lo voto.

La jueza Alicia E.C.Ruiz dijo:

1. El recurso ordinario de Sulimp S.A. (en adelante, "Sulimp") fue correctamente concedido ya que -como indica el Sr. juez de trámite en el punto 2 de su voto- cumple con los correspondientes requisitos de admisibilidad formal.

2. Como surge de los "resulta", Sulimp inició demanda (fs. 3/17) contra el GCBA por cobro de sumas adeudadas por la prestación de servicios de limpieza desde el año 1995 en adelante en varios establecimientos educativos, en el Hospital Durand, en la Dirección General de Administración de Recursos Materiales y en la Dirección General de Rentas. Subsidiariamente, para el caso de considerarse que no existieron contratos entre las partes, la empresa solicitó la aplicación del principio que prohíbe el enriquecimiento sin causa.

Al contestar la demanda (fs. 91/109 vuelta), el GCBA argumentó que las contrataciones invocadas eran nulas, de nulidad absoluta por vicios en la competencia, la causa, el objeto y el procedimiento. Sin perjuicio de ello, señaló (fs. 103) que "(.) para el hipotético caso de que se acredite fehacientemente la prestación y de que V.S. admita un crédito a favor de la actora, dicha indemnización debiera quedar determinada al enriquecimiento que hubiere podido obtener mi representada a raíz de la prestación y/o servicio".

En primera instancia se rechazó la pretensión de cobro de las facturas presentadas, en atención a la nulidad absoluta de los contratos que las originaran.

Por otra parte, el juez hizo lugar a la acción subsidiaria por enriquecimiento sin causa, salvo en relación con (i) las facturas nº 2479, 2410, 2411, 2851, y 2852, por no estar acreditada la prestación de los servicios y (ii) los períodos de julio y noviembre de 1995 en el Hospital Durand, por no ser objeto de reclamo en autos.

Ambas partes apelaron la sentencia de grado.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió: (i) modificar parcialmente la decisión de primera instancia en lo referido al cómputo del empobrecimiento de la accionante, fijándolo en un 70 % del monto de cada factura; y (ii) confirmar en todo lo demás el fallo apelado.

Contra la sentencia de la Sala I, Sulimp interpuso el recurso ordinario de apelación en tratamiento.

3. Los agravios ensayados por la recurrente se encuentran reseñados en los "resulta" y en el punto 3 del voto de mi colega José Osvaldo Casás. A continuación los trataré separadamente.

4. Rechazo de la acción por cobro de facturas reconocidas como de legítimo abono:

La empresa afirma que la Sala I desconoció la ejecutoriedad y validez de los actos administrativos que habían declarado de legítimo abono las facturas emitidas por la prestación de servicios en el Hospital Durand y en la Secretaría de Deportes (edificio de la calle Piedras). Y aduce:

(i) que (fs. 1457) "(.) si los contratos fueron confirmados y reconocidos por la propia Administración, legitimándolos, al dictar actos administrativos declarando el legítimo abono de las Facturas emitidas y reclamadas por Sulimp SA., la justicia no puede luego desconocer o anular tales decisiones, conforme lo ha declarado el Superior Tribunal en el leading case Hotel Corrientes" (resaltado en el original); y (ii) que (fs. 1457 y vuelta) "(.) cuando la Cámara dice que la actora no había planteado la existencia de los actos administrativos de legítimo abono en su demanda, se equivoca, puesto que en la misma, se había señalado que las Facturas, habían sido agrupadas y elevadas a la Secretaría de Salud y Hacienda, habiéndose dispuesto su pago (obviamente mediante el correspondiente acto administrativo)" (destacado en el original).

Coincido con el Sr. juez de trámite en que los señalamientos de la accionante obrantes a fs. 1453 vuelta/1464 no logran rebatir los argumentos en los que se apoyó el pronunciamiento recurrido para confirmar el rechazo de la acción por cobro de facturas.

En primer lugar, los principios de congruencia y preclusión procesal así como el derecho al debido proceso imponen rechazar el agravio de Sulimp.

Como es sabido, la demanda y su contestación fijan el objeto litigioso. En el presente proceso la empresa no demandó con sustento en los actos que autorizaron el "legítimo abono" de los servicios. En este sentido, la manifestación tangencial obrante a fs. 8 vuelta/9 del escrito de inicio referida a que las facturas habían sido aprobadas por la Secretaría de Salud es insuficiente para desvirtuar esta conclusión.

Por lo tanto, de admitirse el planteo que la actora recién introdujo en su recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, se estaría vulnerando el derecho de defensa del GCBA.

En segundo término, la recurrente no demuestra la irrazonabilidad del criterio adoptado por los jueces quienes, ante la nulidad de las contrataciones, resolvieron analizar el reclamo de cobro de ciertas facturas por servicios al Hospital Durand y a la Secretaría de Deportes en el marco del instituto del enriquecimiento sin causa.

Por último, el a quo advirtió con acierto que -a diferencia de lo ocurrido en estos actuados- en el antecedente "Hotel Corrientes"[1] los actores habían basado su reclamo en ciertos decretos que reconocían algunos importes como de legítimo abono, y, por otra parte, en ese juicio el Gobierno no había invocado la nulidad de las contrataciones.

En suma: deben rechazarse los agravios de Sulimp orientados a poner en crisis el rechazo de la acción por cobro de facturas reconocidas como de legítimo abono.

5. Desestimación de la acción por enriquecimiento sin causa en relación con las facturas nº 2410, 2411, 2851, 2852, 2917 y 3841:

La Sala I entendió que no se había probado la efectiva prestación de los supuestos servicios que dieran lugar a las facturas nº 2410, 2411, 2851, 2852, 2917 y 3841 y confirmó la sentencia de grado sobre ese punto.

La accionante sostiene que la Cámara quitó virtualidad probatoria al informe de la Contaduría General de la Ciudad de Buenos Aires, que -según la empresa- importó el reconocimiento de la efectiva realización de las prestaciones.

Por los motivos expresados en los puntos 5.1 a 5.4 del voto de mi colega José Osvaldo Casás, que comparto, el planteo articulado por la actora a fs. 1464/1466 no puede prosperar.

6. Reducción del monto reconocido en concepto de empobrecimiento de la empresa:

Por las razones que desarrolla el Sr. juez de trámite en los puntos 6, 6.1 y 6.2 de su voto, corresponde desestimar los agravios de Sulimp dirigidos a cuestionar la decisión del a quo en cuanto fijó la medida del empobrecimiento de la actora en un 70 % del monto de cada factura.

7. Tasa de interés:

Como lo advierte mi colega José Osvaldo Casás en el punto 7.1 de su voto, al que adhiero, las afirmaciones de la recurrente, por sí solas, no bastan para poner en crisis la solución de la Sala I en cuanto a la tasa de interés aplicable.

8. Distribución de las costas de primera y segunda instancia:

La empresa aduce que el GCBA fue sustancialmente vencido ya que deberá abonar aproximadamente el 70 % de la deuda. Por lo tanto, entiende que corresponde al Gobierno afrontar la totalidad de las costas de la primera y segunda instancia.

Concuerdo con el Sr. juez de trámite en que la accionante no demostró que la Cámara se hubiera apartado de lo dispuesto en el artículo 65 del CCAyT, lo que sella la suerte adversa de su planteo.

9. Conclusión:

Por lo expuesto, voto por rechazar el recurso ordinario de apelación deducido por Sulimp, con costas (art. 62 CCAyT).

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Comparto la solución y los fundamentos vertidos en el voto del Sr. Juez de trámite, Dr. José Osvaldo Casás, y agrego las consideraciones que expresaré a continuación.

2. Los agravios vinculados a las facturas reconocidas como de legítimo abono no pueden prosperar, pues como bien lo ha advertido la Cámara, la actora trajo estos planteos a la causa tardíamente -esto es, recién al expresar agravios contra la sentencia de primera instancia- y no formaron parte de la litis, por no haber sido incluidos en la demanda.

Aun en el caso de considerar que Sulimp S.A. haya sostenido implícitamente en su demanda el reclamo de las facturas reconocidas por el mecanismo de legítimo abono (tal como lo afirmó la recurrente a fs. 1457 y vta., en el punto 3.1.6.3 de su memorial), tampoco procedería el pago de acuerdo a la jurisprudencia de este TSJ en el precedente "Hotel Corrientes" -invocado por la demandante-, pues la nulidad del contrato no había sido opuesta como defensa por el GCBA en aquella causa, a diferencia de lo que sucede en este caso, como bien lo indica la Dra.

Ruiz en su voto.

3. En cuanto al análisis de la pericia llevado a cabo por la Cámara, la actora alegó que el tribunal se excedió en sus facultades y emitió un fallo arbitrario, que dispuso dogmáticamente una reducción del 20% el monto de la sentencia de primera instancia.

Expresó que "es evidente en consecuencia, que si la cuestión que analizó la Cámara para reducir el 20% el monto de la sentencia hubiese sido motivo de discusión y debate en la etapa pertinente, hubiese permitido a la actora requerir las explicaciones técnicas necesarias al perito y a éste, formular las explicaciones necesarias para clarificar la cuestión" (fs. 1469vta.).

Sin embargo, fueron justamente las explicaciones contradictorias aportadas por el profesional técnico en sus diferentes informes sobre los rubros "cargas sociales" y "materiales" las que llevaron a la Cámara a complementar el análisis de la pericia con la prueba documental aportada a la causa (bibliorato 660 y caja 582) para arribar a dicha conclusión. Y la accionante no aportó argumentaciones sólidas que logren rebatir este análisis pormenorizado de la prueba realizado por el a quo.

4. Respecto de los restantes agravios y planteos realizados por Sulimp SA, me remito y adhiero a los fundamentos desarrollados en el detallado voto del Dr. Casás.

En consecuencia, y habida cuenta que las críticas entabladas por la recurrente no lograron conmover los fundamentos de la sentencia de la Cámara, considero que el recurso ordinario de apelación deducido por Sulimp SA debe ser rechazado, con costas a la vencida (art. 62 CCAyT).

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con el Sr. Juez de trámite, Dr. José Osvaldo Casás, en que el recurso ordinario de apelación deducido por Sulimp S.A. a fs. 1387 bis/1388, resulta formalmente admisible por satisfacer -tal como lo señala en los puntos 1 y 2 de su voto, a los que adhiero- los recaudos legales [cf. los arts. 38 de la ley nº 402 y 26, inc.

6 de la ley nº 7 (con la modificación introducida por el art. 2 de la ley nº 189) y la doctrina sentada por este Tribunal in re "Playas Subterráneas S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", expte. n° 860/01, sentencia del 9 de abril de 2001 y mi voto en "GCBA s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en 'Telefónica de Argentina S.A. c/ GCBA s/ otros procesos incidentales' en 'Telefónica de Argentina S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos'", Expte. nº 4102/05, sentencia del 14 de diciembre de 2005].

En cuanto al monto comprometido, la recurrente cuantificó los rubros que motivarían sus agravios en $763.071,67 (fs. 1448/1450), monto que excede el previsto como piso por el art. 26, inciso 6, de la ley nº 7, sin perjuicio de que del memorial presentado con posterioridad (fs. 1453/1497vuelta) surge que el monto total disputado en último término, sin sus accesorios ascendería a una suma aún mayor, por haber constituido materia de agravios la nulidad de los contratos decretada en primera instancia (cuya cuantificación no se encontraba incluida en la mencionada liquidación).

2. Por razones metodológicas, abordaré las cuestiones suscitadas en el marco de las presentes actuaciones en el siguiente orden:

a. Agravios dirigidos a cuestionar la nulidad decretada por el juez de primera instancia de los invocados contratos entre Sulimp SA y el GCBA (y la ex MCBA, de la que éste es continuador) -en cuyo apoyo fue reclamado el cobro de las facturas señaladas en la demanda-.

b. Invocación de la existencia de actos administrativos que habrían declarado de legítimo abono algunas de las facturas cuyo cobro se perseguía con la demanda.

c. Agravios dirigidos a cuestionar la decisión que estimó no acreditados los servicios reflejados en las facturas nros. 2410, 2411, 2851, 2852, 2917 y 3841.

d. Cuestionamientos dirigidos a controvertir la reducción dispuesta por el a quo del monto acordado en primera instancia por enriquecimiento sin causa.

e. Tasa de interés aplicable.

f. Distribución de costas.

3. Más allá de la seriedad del planteo según el cual ".el letrado del GCBA carecía de facultades para cuestionar los contratos y actos administrativos, pues, quien ostenta la competencia para impugnar aquellos es precisamente su mandante, a través de la emisión de actos administrativos que declaren la lesividad de los contratos y/o actos firmes que hayan generado derechos subjetivos a favor de terceros" (fs. 1458), el instituto de la cosa juzgada impide su tratamiento en esta instancia.

La mentada nulidad fue decretada en primera instancia, aspecto de la decisión que, de acuerdo al relato que hizo la Cámara en su sentencia (no controvertido por la parte recurrente), no mereció objeciones de Sulimp SA frente a la Cámara (v. fs. 1369) y, por lo tanto, ha quedado firme, pasando en autoridad de cosa juzgada; instituto que impide que se genere una nueva discusión acerca de cuestiones sobre las que recayó una decisión judicial firme (cfr. mi voto en "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Gutiérrez, Héctor s/ inf. art. 80, ensuciar bienes de propiedad pública o privada CC -apelación-'", Expte. nº 5583/07, sentencia del 11 de junio de 2008, entre otros).

En este orden de ideas, si bien la cuestión -que involucra la denuncia de invasión de competencias de un órgano administrativo encargado de celebrar y gestionar un contrato por otro encargado de representar judicialmente a la Administración- podría haber justificado un examen por parte del juez de grado (cfr. mi voto in re "Copacabana SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Copacabana SA c/ GCBA (Secretaría de Salud- Tesorería General) s/ cobro de pesos'", Expte. nº 5909/2008, sentencia del 04/03/2009), ello no posibilita avanzar sobre una decisión judicial -nulidad de los contratos celebrados- que fue consentida.

4. Por su parte, tampoco la invocación de la existencia de actos que habrían declarado de legítimo abono algunas de las facturas cuyo pago se reclama resulta idónea para proyectar los efectos buscados por la parte recurrente.

Ello así, puesto que la referida declaración de legitimo abono de que darían cuenta las resoluciones mencionadas por la recurrente -a partir de las cuales se desprende que las prestaciones a cargo de Sulimp SA habrían sido cumplidas- supone la validez y cumplimiento del contrato cuya nulidad quedó consentida con sus consabidos efectos, entre ellos privar de causa a actos de esa especie.

Sentado ello, la invocación de la existencia de actos que declararon de legítimo abono el pago de las facturas involucradas tampoco contribuye a la determinación del monto del empobrecimiento, puesto que, con ellos, no se reconoció el efectivo empobrecimiento sufrido como consecuencia de la prestación de los servicios involucrados.

En esas condiciones, aún cuando pudiera estimarse que la nulidad de los contratos decretada tornaría operativa la regla del art. 1052 del Código Civil respecto de una prestación que hace muy difícil, sino imposible, la restitución en especie (v. mi voto in re "Natural Foods Industrial Exportadora S.A. c/ GCBA s/ recurso de apelación concedido", Expte. nº 5686/07, sentencia del 28/08/2008), la ausencia de algún cuestionamiento de la recurrente dirigido a controvertir los efectos asignados por el pronunciamiento impugnado a la mencionada nulidad impide avanzar sobre este terreno.

Desde otra perspectiva, la recurrente pretende dar independencia a los actos que invoca como declarativos de legítimo abono a fin de sustentar autónomamente su pretensión de cobro del total facturado, pero -y sin perjuicio de lo dicho en el primer párrafo de este punto- sin rebatir lo afirmado por la Cámara en cuanto a que la cuestión no fue oportunamente propuesta; a ese fin, resulta insuficiente la afirmación según la cual ".se había señalado que las Facturas, habían sido agrupadas y elevadas a la Secretaría de Salud y Hacienda, habiéndose dispuesto su pago." (fs.

1457/vuelta).

5. Respecto del cuestionamiento del pronunciamiento impugnado en cuanto estimó no acreditadas las prestaciones correspondientes a las facturas nros. 2410, 2411, 2851, 2852, 2917 y 3841, aunque la recurrente afirma que, a este respecto, ". [la Cámara] omiti[ó] toda consideración sobre los elementos documentales que fueron incorporados al Expediente Administrativo, y que constituían pruebas firmes sobre la existencia y verificación de las prestaciones y de la emisión y recepción de Facturas" (fs. 1464vuelta), documentación que, en su visión, ".constituía un reconocimiento documental de la deuda, procesada por el órgano competente del Gobierno de la Ciudad en registrar y auditar las Facturas emitidas por sus proveedores, lo que hace presumir que dich[o] registro, fue realizado luego de auditarse la existencia de actos administrativos o contratos que sustentaban el pago, como así los Partes de Recepción que certificaban la ejecución de la prestación" (fs. 1464vuelta/1465), no logra desvirtuar la conclusión a que arribó el a quo de que lo resuelto en el marco del procedimiento de verificación de créditos no resulta suficiente para tener por probada la prestación del servicio que Sulimp aduce haber realizado.

Ello así puesto que, por una parte, no rebate lo expresado por la Cámara en cuanto a que el GCBA, al cursar la propuesta de cancelación de la deuda verificada por la empresa, manifestó expresamente que ello no importaba reconocimiento alguno de hechos ni derechos de los esgrimidos por el "acreedor" (aseveración que, por lo demás, es conteste con la prueba documental acompañada -v. registro206-CVD-96, paquete nº 128).

Por otra parte, no viene sustentada argumentalmente, ni se invoca que se encuentre acreditada con alguno de los medios de prueba producidos, la conclusión que la recurrente pretende extraer de la circunstancia de que las facturas hayan sido incluidas en los listados elaborados por la Contaduría General, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas del GCBA, titulados como obligaciones contraídas hasta el 06/05/97 (fs. 154/155 del registro 206-CVD-96).

Esto último, en tanto, más allá de que el GCBA haya incluido algunas de las facturas reclamadas en esos listados, esa sola circunstancia no permite concluir, como pretende la recurrente, que ello contó con una previa certificación de la prestación y, a cuyo respecto, no puede presumirse la conformidad que, en cambio, representa en ámbitos ajenos a los contratos de índole administrativa la no expresión de reclamos en el término previsto por el art. 474 del Código de Comercio.

En efecto, cabe señalar que la recurrente no se hace cargo de ligar la presencia de enunciación de algunas de las facturas reclamadas en listados elaborados por la Contaduría General y la conclusión de que ello alcanzaría para exceptuarla del requisito de contar, a fin de tornar exigible el pago de las facturas, con la conformidad definitiva (inciso 94 del decreto 5720/72 -aplicable en el ámbito local, cf. Ordenanza nº 31655/MCBA/75-), que dispararía el plazo del inciso 102 del mencionado decreto.

Finalmente, a lo dicho se suma que la recurrente no muestra que la conclusión que pretende extraer de la referida planilla elaborada por la Contaduría General posea apoyo en los registros de la demandada, o en alguna otra constancia de la causa.

6. Asimismo, la recurrente cuestiona la sentencia de la Sala I en cuanto redujo en un 20% el monto acordado en concepto de enriquecimiento sin causa del GCBA y correlativo empobrecimiento de la actora por la prestación de los servicios aquí involucrados, que había sido fijado por el juez de primera instancia en un 90% del monto total facturado -de acuerdo con los costos fijados por el perito en la planilla de fs. 1117/1121 (cuyos ítems abarcaban "mano de obra y cargas sociales", "materiales", "ropa", "amortización", "otros gastos directos", "gastos indirectos" e "impuestos")-, quedando, finalmente, detraído a un 70%.

6.1. Me ocuparé primeramente del cuestionamiento dirigido contra la decisión que redujo el monto acordado por estimar no acreditado el rubro gastos directos en materiales, a cuyo respecto adelanto que prosperará el planteo de la empresa actora.

Sulimp SA sostiene que el a quo valoró arbitrariamente la prueba producida al haber ".afirm[ado] que de la determinación de participaciones relativas similares del rubro materiales sobre el total de la facturación se deduce que el Perito no efectuó el trabajo tal como lo describe sino en forma global"; postula, en consecuencia, que esa afirmación, a la vez que carece de sustento técnico, resulta inconsistente dado que para la prestación de los servicios comprometidos -servicios de limpieza- la incidencia en la facturación del rubro en examen suele ser homogénea, más aún en épocas de estabilidad como la involucrada -que compromete períodos que van desde mayo de 1995 a agosto de 1998- (V. fs. 1474vuelta).

En este orden de ideas, asiste razón a la recurrente en cuanto señala que la conclusión a que arribó la Cámara al desechar la procedencia de todo resarcimiento en concepto de "materiales", por haberle restado valor probatorio al peritaje realizado por el perito ingeniero industrial designado en autos con sustento en que ".a pesar de las explicaciones de fs.

1109/1111, de la compulsa de la documentación del bibliorato 660 surge que, en realidad, el experto siguió el criterio expuesto en su anterior informe de fs. 1083/1084 en donde no asignó costos específicos sino que obtuvo un porcentaje en concepto de materiales y lo aplicó al monto de cada factura" y que ".si bien del análisis de la documentación del bibliorato 660 surge que -por un lado- los remitos internos fueron valorizados para cada factura, -por el otro- los valores de los mismos coinciden en porcentaje con la estimación efectuada en forma global a fs. 1083/1084 [en las que luce el primer peritaje efectuado por el perito ingeniero industrial, luego aclarado y ampliado a fs. 1109/1111]" (fs. 1378vuelta) resultan aseveraciones meramente dogmáticas y, a la vez, no brindan apoyo a la conclusión arribada.

Para despejar la cuestión, resulta relevante establecer en qué medida la actora, quien tenía a su cargo la demostración del extremo invocado -medida del empobrecimiento- ha arrimado a autos constancias que acreditasen el rubro analizado.

En el escenario descripto, cabe señalar que asiste razón a la recurrente en cuanto a que la Cámara no dio un argumento que justificase desechar completamente el rubro en análisis, ni razones por las que se estimase elevado el monto asignado. Razones de esa especie tampoco fueron brindadas por el GCBA, mientras que la pretensión de la actora viene respaldada documentalmente por intermedio de las fotocopias de remitos internos y facturas de materiales adquiridos durante los períodos en que realizó los servicios de limpieza cuya efectiva prestación no viene controvertida, agregados en el bibliorato nº 660. De la prueba pericial producida a fs.

1117/1119 se desprende que el importe calculado para el rubro en examen por el perito interviniente ($392.426, el que -descontadas las facturas cuya prestación se estimó no acreditada en autos- quedaría en la suma de $374.606) queda absorbido por el precio facturado, es decir que la inclusión de este rubro en la cuantificación del empobrecimiento de la actora arroja una suma que no excede el precio facturado para la prestación de los servicios.

Por su parte, a partir de las constancias acompañadas al mencionado bibliorato nº 660 -copia de los respectivos remitos internos de materiales- es posible extraer los siguientes datos:

Para la prestación de los servicios en la Dirección General de Rentas:

|factura |1 |2 |3 | |nº |Monto de |Monto |Incidencia del | | |facturas |remitos |monto de remitos | | |(en pesos),|internos de|internos en | | |según |distribució|facturas (medidos | | |planilla de|n de |en %), que surge | | |fs. |materiales |del cociente entre | | |1117/1120. |(en pesos),|cada una de las | | | |según |cifras de la | | | |bibliorato |columna 2 con la | | | |n° 660. |lateral de la | | | | |columna 1 | | | | |multiplicado por | | | | |100 | |3285 |71266,95 |8858,67 |13.430264 | |3286 | | | | |3333 |71266,95 |8858,67 |12,430264 | |3334 | | | | |3380 |71266,95 |8858,67 |12,430264 | |3381 | | | | |3426 |71266,95 |8857,24 |12,4282574 | |3427 | | | | |3483 |71266,95 |8857,24 |12,4282574 | |3484 | | | | |3530 |71266,95 |8858 |12,4293238 | |3531 | | | | |4234 |71266,95 |8643,76 |12,1287076 | |4235 | | | | |4284 |71266,95 |8645,38 |12,1309808 | |4285 | | | | |4385 |71266,95 |8647,65 |12,134166 | |4386 | | | | |4056 |71266,95 |9689,67 |13,5963024 | |4057 | | | | |4111 |71266,95 |9689,32 |13,5958112 | |4112 | | | | |4172 |71266,95 |9687,03 |13,592598 | |7173 | | | | |3008 |71266,96 |8858,61 |12,430178 | |3009 | | | | |3043 |71266,95 |8857,84 |12,4290993 | |3044 | | | | |3094 |71266,95 |8857,84 |12,4290993 | |3095 | | | | |3144 |71266,95 |8858,02 |12,4293519 | |3145 | | | | |3192 |71266,95 |8858,04 |12,42938 | |3193 | | | | |3238 |71266,95 |8858,04 |12,42938 | |3239 | | | | |3577 |71266,95 |9689,73 |13,5963865 | |3578 | | | | |3625 |71266,95 |9689,41 |13,5959375 | |3628 | | | | |3684 |71266,95 |9689,76 |13,5964286 | |3685 | | | | |3728 |71266,95 |9683,78 |13,5880377 | |3729 | | | | |3793 |71266,95 |9687,77 |13,5936363 | |3794 | | | | |3842 |71266,95 |9685,88 |13,5909843 | |3843 | | | | |2360 |36402,54 |4930,5 |13,5443845 | |2464 |34864,41 |4741,25 |13,5991115 | |2853 |71266,95 |9688,46 |13,5946045 | |2854 | | | | |2894 |71266,96 |9691,94 |13,5994857 | |2895 | | | | |2940 |71266,96 |9690,14 |13,5969599 | |2941 | | | | |3896 |71266,95 |9678,47 |13,5805868 | |3897 | | | | |3956 |71266,95 |9686,01 |13,5911667 | |3957 | | | | |4000 |71266,95 |9688,67 |13,5948992 | |4001 | | | | |TOTAL | |287221,46 |13,0007083 | | |2209275,48 | | | Para la prestación de los servicios en el edificio de la calle Piedras (ex Secretaría de Deportes):

|factura |1 |2 |3 | |nº |Monto de |Monto |Incidencia del | | |facturas |remitos |monto de remitos | | |(en |internos de|internos en | | |pesos), |distribució|facturas (medidos | | |según |n de |en %), que surge | | |planilla |materiales |del cociente entre | | |de fs. |(en pesos),|cada una de las | | |1117/1120.|según |cifras de la | | | |bibliorato |columna 2 con la | | | |n° 660. |lateral de la | | | | |columna 1 | | | | |multiplicado por | | | | |100 | |3955 |10049,15 |1366,18 |13,5949807 | |3895 |10049,15 |1365,96 |13,5927914 | |3792 |10049,15 |1364,88 |13,5820443 | |3727 |10049,15 |1364,4 |13,5772677 | |3683 |10049,15 |1365,31 |13,5863236 | |3626 |10049,15 |1366,1 |13,591846 | |3576 |10049,15 |1366,37 |13,5968714 | |3529 |10049,15 |1250,04 |12,439261 | |3482 |10049,15 |1250 |12,438863 | |3425 |10049,15 |1250,04 |12,439261 | |3332 |10049,15 |1250,04 |12,439261 | |3284 |10049,15 |1250,04 |12,439261 | |3237 |10049,15 |1248,71 |12,4260261 | |3191 |10049,15 |1248,71 |12,4260261 | |3143 |10049,15 |1248,71 |12,4260261 | |3093 |10049,15 |1249,69 |12,4357782 | |3042 |10049,15 |1249,69 |12,4357782 | |3010 |10049,15 |1249,69 |12,4357782 | |2937 |10049,15 |1013,86 |10,0890125 | |2891 |10049,15 |1113,68 |11,0823303 | |2850 |10049,15 |1113,68 |11,0823303 | |2479 |2613,28 |84,82 |3,2457295 | |2414 |10049,15 |1013,91 |10,0895101 | |2376 |10049,15 |1013,91 |10,0895101 | |3379 |10049,15 |1250,04 |12,439261 | |TOTAL |243792.88 |29908,46 |12,2679793 | Respecto de la prestación de los servicios en las Escuelas Municipales:

|factura |1 |2 |3 | |nº |Monto de |Monto |Incidencia del | | |facturas |remitos |monto de remitos | | |(en |internos de|internos en | | |pesos), |distribució|facturas (medidos | | |según |n de |en %), que surge | | |planilla |materiales |del cociente entre | | |de fs. |(en pesos),|cada una de las | | |1117/1120.|según |cifras de la | | | |bibliorato |columna 2 con la | | | |n° 660. |lateral de la | | | | |columna 1 | | | | |multiplicado por | | | | |100 | |2462 |34454,24 |3477,13 |10,0920235 | |2892 |34454,24 |3472,06 |10,0773083 | |2938 |34454,24 |3477,13 |10,0920235 | |3012 |34454,24 |2772,67 |8,04739852 | |2463 |22307,17 |2206,34 |9,89072123 | |2893 |22307,17 |2267,74 |10,1659691 | |2939 |22307,17 |2251,79 |10,0944674 | |3013 |22307,17 |4283,18 |19,2009116 | |TOTAL |227045.64 |24208,04 |10,6621911 | En cuanto a la prestación de servicios en el Hospital Durand:

|factura |1 |2 |3 | |nº |Monto de |Monto |Incidencia del | | |facturas (en |remitos |monto de remitos| | |pesos), según|internos de |internos en | | |planilla de |distribución|facturas | | |fs. |de |(medidos en %), | | |1117/1120. |materiales |que surge del | | | |(en pesos), |cociente entre | | | |según |cada una de las | | | |bibliorato |cifras de la | | | |n° 660. |columna 2 con la| | | | |lateral de la | | | | |columna 1 | | | | |multiplicado por| | | | |100 | |3067 |37992,50 |4722,67 |12,4305323 | |3011 |12800,55 |583,01 |4,55456992 | |2962 |36765,05 |3710,3 |10,0919215 | |2872 |49390,25 |4984,18 |10,0914249 | |2477 |47519,85 |4794,91 |10,0903307 | |2433 |49214,90 |4966,68 |10,0918218 | |2341 |42200 |4254,54 |10,0818483 | |2292 |44071,30 |4446,79 |10,0899905 | |TOTAL |319954.4 |32463,08 |13,3160561 | Del detalle efectuado en los cuadros precedentes se desprende que la incidencia del costo en materiales, de acuerdo a los elementos que surgen del mencionado bibliorato nº 660, osciló, en términos generales, entre un 12 y un 13 y ½ por ciento (ello, no obstante que en algunos períodos representó menos del 9%, en varios representó cerca de un 10 % y en uno de ellos llegó al 19,2%), representando, globalmente, la incidencia del costo respaldado mediante la copia de remitos internos el 12,45% del monto total facturado.

Asimismo, cabe señalar que la circunstancia de que los porcentajes mencionados concuerden con los estimados por el perito en su presentación de fs. 1079/1084 no resta valor de convicción, sino que, a la inversa, aunados todos los elementos presentes, apoyan lo dicho.

También abona lo dicho las constancias de facturas de compra de materiales -de cuya distribución a fin de prestar los servicios aquí comprometidos dan cuenta los remitos internos a que me vengo refiriendo- por parte de Sulimp SA durante los períodos involucrados que en copia fueron aportadas al bibliorato nº 660 -citado por el perito para fundar el resultado postulado-, cuyo monto total asciende a pesos trescientos noventa y un mil seiscientos ocho con dieciséis centavos ($391.608,16) -cabe señalar que no fueron tenidos en cuenta los importes consignados en constancias que no constituían facturas, vgr. remito nº 0000-00063207 de la firma S.C Johnson & Son de Argentina S.A.I.C, remito nº 3362 de la firma Distribuidora Mayorista Thames SRL, otras cuyo monto resultaba ilegible y otras a cuyo respecto no era posible advertir si efectivamente se trataban de facturas, remitos u otro tipo de documento-.

Sin perjuicio del detalle efectuado en los cuadros insertos supra, en cuanto a las facturas nº 3067 y 3011, cabe señalar que no se corresponden los períodos facturados con la fecha inserta en los respectivos remitos -en efecto, la factura nº 3067 corresponde al período febrero/1996, mientras que el remito es de fecha 03/05/1996; y, la factura nº 3011 corresponde al período enero/1996, mientras que el remito es de fecha 04/02/1996-, lo que justifica detraer los montos asignados a los remitos correspondientes a las facturas nº 3067 y 3011 del costo total de materiales, según la cuantificación contenida en los respectivos remitos internos.

A partir de todo lo dicho, de las constancias aportadas se encuentra acreditado con un grado de certeza razonable que la actora incurrió en un gasto total respecto de los elementos englobados como "materiales", para la prestación de los servicios de limpieza en distintos establecimientos del GCBA y ex MCBA, de $373.801,04, monto que surge de la sumatoria de remitos internos -descontados los dos desechados por falta de correspondencia entre la fecha inserta en ellos y los períodos abarcados por las facturas respectivas- adjuntados al bibliorato n° 660 para los períodos involucrados.

6.2. Respecto del planteo dirigido a cuestionar la decisión que estimó no acreditado el empobrecimiento en cuanto a la asunción de obligaciones en concepto de cargas sociales, corresponde señalar que, tal como fue puesto de resalto supra, la Cámara fijó un porcentaje global para ambos rubros consistente en el 20% del total facturado por Sulimp sin discriminar cuánto correspondía al rubro "materiales", por un lado, y a "cargas sociales", por el otro.

Las constancias de autos, tal como quedó indicado en el punto 6.1 de este voto, permiten cuantificar el rubro "materiales" en un 12,45% del monto total que arrojan las facturas reclamadas por la aquí actora.

En cuanto a los costos computados en concepto de "cargas sociales", la parte recurrente se agravia por entender que la Cámara, al descartar el rubro en comentario con apoyo en que ".del análisis de la determinación del costo de cada factura (conf. la documentación que obra en la caja n° 582) se desprende que algunos ítems del rubro 'cargas sociales' no corresponden a las cargas efectivamente pagadas sino a las que usualmente se previsionan en la determinación de los costos." (fs. 1378), soslayó que ".el costo de un empleado en relación de dependencia no se agota en el salario convenido o estipulado sino que incluye el conjunto de variables usualmente identificadas bajo el rubro Cargas Sociales", las cuales son impuestas como obligación legal (fs. 1473); además, afirma que la Cámara incurrió en una falacia al asimilar el concepto de costos efectivamente soportados al de efectivamente pagados (fs. 1473vuelta).

Por su parte, según surge de las constancias obrantes en la caja nº 582, y la planilla adjuntada por el perito a fs. 1117/1120, el total de conceptos computados como "cargas sociales" asciende, teniendo en cuenta sólo las facturas a cuyo respecto se estimaron acreditadas las prestaciones de los servicios involucrados, a la suma de $530.777; cifra que representa un 17,63% del monto de esas facturas.

Los conceptos incluidos por el perito bajo la voz "cargas sociales" comprenden supuestos tan diversos como sueldo anual complementario (en adelante, "SAC") e "indemnización ley".

Ahora bien, mientras que el SAC, cargas sociales sobre SAC, las contribuciones identificadas en las planillas como "jubilaciones", obra social, "ART vida obligatorio", vacaciones, cargas sociales sobre las vacaciones se devengan por la disponibilidad del servicio personal al cabo de un período determinado, la previsión, por ejemplo, en concepto de "indemnización ley" responde a hechos cuyo acaecimiento resulta incierto; razón por la cual su ejecución debe ser acreditada (circunstancia esta última de que Sulimp SA no da cuenta en el sub lite).

En el caso, los conceptos comprendidos en el primer grupo -esto es, aquellos que se devengan por la mera disponibilidad del servicio personal- representan cerca de un 9,4% del monto total facturado.

En efecto, de acuerdo al cómputo efectuado por el perito en base a la documental acompañada en la caja nº 582, el total computado en concepto de SAC tiene una incidencia en el total facturado del 1,85%; las cargas sociales sobre SAC, del 0,66%; las jubilaciones, del 3,56%; la obra social, del 1,11%; la ART, del 0,44%; vacaciones y cargas sociales sobre ese rubro, del 1,73%.

En esas condiciones, se encuentra acreditado el empobrecimiento de la parte actora, al menos, con relación a esos rubros. Asimismo, no está debatido en autos los porcentajes reseñados para cada uno de ellos.

Así las cosas, la sumatoria del costo en concepto de "materiales" y "cargas sociales" devengadas supera el 20% fijado por la Cámara. Sin perjuicio de ello, y dado que los agravios de Sulimp SA respecto de la medida del empobrecimiento reconocida han quedado ceñidos al 90% del total de las facturas reclamadas, sólo cabe reconocer hasta esa medida el invocado empobrecimiento de Sulimp SA, al que, asimismo, deberá detraerse el monto percibido por la actora respecto de las facturas a cuyo respecto no viene controvertido que ha cobrado el 70% de lo facturado (v. fs. 1448/1450).

7. En cuanto al agravio dirigido a controvertir la tasa de interés aplicable, no puede prosperar, en tanto no brinda a este respecto razones que permitan afirmar que la tasa de interés aplicada (identificada con la tasa pasiva que publica el BCRA, salvo en el período comprendido entre enero y septiembre de 2002, en que dispuso la aplicación de la tasa activa que publica el BNA) no compensaría la indisponibilidad del capital comprometido.

Por ello, voto por hacer lugar al recurso ordinario deducido por Sulimp SA con relación a los planteos dirigidos a controvertir la condena impuesta al GCBA en concepto de enriquecimiento sin causa, en los términos que surgen de los puntos 6, 6.1 y 6.2 de este voto. Las costas deben ser distribuidas en un 90% a cargo del GCBA y un 10 % a cargo de la actora, atento el resultado del proceso.

Por ello, emitido el dictamen por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso ordinario de apelación planteado por Sulimp S. A., con costas.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva a la Cámara remitente.

[1] Expte. n° 2564/03 "Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Subsecretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido" y su acumulado expte. n° 2565/03 "Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Sub-secretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido", sentencia del 26/05/2004.