marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Demanda, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Microcomputer S.R.L. c/ Marejada S.A. s/ Ejecución prendaria Rodriguez Marta Susana c/ Gimeno Rossi Juan y otro s/ Cancelación de títulos Olavarrieta, Maria del Carmen c/ Conjunto Habitacional 2 de Octubre Soc. Civ. Reg. y otros s/ Ejercicio abusivo - Reivindicación de contrato - Medida de no  innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-10|1995-06-13|1990-03-01

De conformidad con lo prescripto por el artº 331 del CPC, el actor puede modificar la demanda hasta el momento en que está es notificada. Corrido el traslado pertinente sin efectuar la diligencia correspondiente, con la presentación espontánea del demandado, éste se notifica de la acción, quedando trabada la litis, lo que impide al actor cualquier tipo de modificación o transformación.
Responsabilidad civil, mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CONSTANTINO DE VARALDA ERMELINDA c/ RICARDO M LESCANO ZINNY s/ ORDINARIO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-06-12

La culpa atribuida al mandatario por haber transado el pleito en forma inconsulta y por no haber comunicado que celebró la transacción, lleva implícita la atribución de responsabilidad por la perención y prescripción cumplidas, que el mandante -a quien es inoponible el negocio realizado por su apoderado -no pudo evitar por no haber tenido noticias de aquel acto.
Improcedencia del recurso, contestación de agravios, defensa en juicio, exceso ritual manifiesto, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: K. B. N. y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ K. B. N. y otros c/ GCBA s/ amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-08

Corresponde rechazar la reposición de la parte actora que tiende a que se deje sin efecto la providencia que tuvo por contestado el traslado del recurso extraordinario federal. De lo contrario, la garantía constitucional de defensa en juicio se frustraría por un excesivo rigor formal. Ello así, en atención a que, tal como se expusiera al momento de resolver el planteo de nulidad de la notificación electrónica del recurso extraordinario federal, resulta conveniente, durante el contexto de adaptación a la implementación del nuevo sistema EJE, dificultado por las limitaciones impuestas por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) instaurado por el Estado Nacional, aplicar las reglas procesales vigentes con prudencia y razonabilidad, a efectos de preservar los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva de las partes que acuden a este Tribunal. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Actos y diligencias procesales, preclusión, plazo, sellado judicial, notificación automática
Materia: PROCESAL
Carátula: PERALTA Liliana Beatríz c/ Peralta Claudia Edith s/ Rendición de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-11-06

Toda petición ante el juez configura un acto procesal dependiente de normas de procedimiento, por lo que si no se cumple o ejecuta oportunamente opera para él la preclusión sin posibilidad de reavivar el plazo fenecido".

Todo litigante que deja un escrito tiene el deber de concurrir al tribunal para enterarse de su proveído, a los fines de la notificación automática dispuesta por el art. 133 del Código Procesal. Para que ésta no se tenga por cumplida se requiere la constancia del interesado en el libro de asistencia de la secretaría en los términos del segundo párrafo del artículo citado.

La intimación a reponer el sellado omitido bajo apercibimiento de no dar curso a la presentación es una providencia que se notifica por nota. Siendo carga de la parte concurrir a Secretaría para anoticiarse de las resoluciones consecuentes de sus propias peticiones. La referida providencia es notificable por ministerio de la ley, según el principio general contenido en el art. 138 del CPC, no se aplica al caso el art. 140, inc. 5 del CPC.
Recurso de inconstitucionalidad, apreciación de la prueba, automotores, seguros, daños al automotor, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: GLARDON, RUBEN ADELQUI c/ SANCOR COOP. LETADA. DE SEGUROS GENERALES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 155 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-10

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad incoado contra el pronunciamiento que acogió la pretensión tendente al cobro de ladestrucción total del vehículo asegurado mediante la aplicación del artículo 56 de la ley 17418, teniendo por cumplida la carga que pesaba sobre el asegurado de denunciar el siniestro, considerando, por el contrario, incumplida la que recaía en cabeza de la aseguradora de pronunciarse respecto del derecho del asegurado dentro del plazo legal de treinta días, importando esa omisión la aceptación tácita del siniestro en los términos de la disposición invocada.

Esta hermenéutica -en abstracto- propiciada de las normas en juego no entraña "per se" cuestión constitucional, toda vez que el A quo atribuye un alcance y significado de los preceptos dentro del abanico de posibilidades exegéticas. Sin embargo, su aplicación -en concreto-no puede ser tolerada desde que no existen elementos que sirvan de soporte a la concurrencia de un daño "de magnitud, de entidad" como lo ha calificado el Tribunal.

Y esta deficitaria ponderación de las circunstancias de la causa repercute determinantemente en el tratamiento jurídico otorgado al caso entanto, frente a la afectación parcial del rodado, la aplicación del simple correr del plazo del artículo 56 de la ley 17418 sin ponderar adecuadamente este cúmulo de probanzas, puede conllevar a que quede comprendido en el reconocimiento previsto en esa disposición legal a rubros excluidos expresamente y "ab initio" del seguro pactadoentre las partes, importando, por ende, un enriquecimiento indebido de la asegurada.

Desde luego que la solución recién arribada no propugna resquebrajar el sistema de cargas en que se asienta la ley 17418, pero enrolarse en una posición extremadamente apegada a la ficción legal -en las particulares circunstancias de la causa- sin computar en su justo alcance las concretas referencias del proceso, implicaría consagrar la obtención de un beneficio no pactado contractualmente.
Pedido de quiebra, resoluciones inapelables, exceso ritual manifiesto, situación de vulnerabilidad, acceso a la justicia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Perri, Enrique E. c/  s/ pedido de quiebra s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-26

En el análisis preliminar sobre la admisibilidad o no de la apelación denegada, no se puede soslayar la particular situación de vulnerabilidad cuando la parte recurrente es una persona de edad avanzada con problemas de salud, y al estar en juego la defensa de intereses propios, el rigor de las formas procesales referidas al principio de inapelabilidad o limitación recursiva deben ceder ante la exigencia para el juzgador de salvaguardar las garantías constitucionales de defensa y tutela judicial efectiva.
Recurso de inconstitucionalidad, caducidad de instancia, aplicación de la ley, ley procesal, LEY DE CONCURSOS, jueces, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: VITA, ZOE NELIDA c/ REGUNASCHI, FRANCISCO C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-03-18

Asiste razón a los recurrentes en orden a la arbitrariedad invocada por haber el A quo declarado de oficio la caducidad de la instancia sustentándose en afirmaciones dogmáticas y pautas de excesiva latitud, como así también apartamiento normativo. Ello así, en tanto la Sala, confirma el razonamiento de la jueza inferior que declara la caducidad aplicando la normativa concursal a una etapa en la cual el expediente no había sido atraído al concurso, puesto que el co-demandado no se hallaba interdicto en dicho momento, y si bien reconoce que el planteo formulado por el Órgano concursal eventualmente podía no considerarse por encontrarse suspendido el procedimiento, ingresa en el análisis del período denunciado aplicando las normas contenidas en la ley 24522, en el sostenimiento que nada impedía al tribunal declarar de oficio la perención, contrariando el sistema que establece nuestro Código de procedimientos y pretendiendo establecer "contra legem" una caducidad que opere "automáticamente" como si lo fuera de "pleno derecho". Todo ello bajo la normativa de la ley 24522 que no resultaba de aplicación en dicha etapa procesal que había sido cumplida bajo la vigencia del Código de Procedimientos local. (De la disidencia del Dr. Erbetta a la que adhiere el Dr. Netri).
Medidas cautelares, embargo, error registral
Materia: PROCESAL
Carátula: ROJO, CARLOS c/ VIDAL, EDOLFO R. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

El error incurrido por el Registro de la Propiedad Inmueble al omitir correlacionar en el asiento de dominio la cancelación de la hipoteca y la subsistencia de la inembargabilidad (artículo 5 decreto-ley 5167/58) no puede hacerse recaer en el propietario del inmueble, toda vez que su obrar haya sido diligente. Mantener el embargo trabado a raíz del error del Registro desnaturalizaría los fines sociales establecidos por la legislación que protege la vivienda familiar única.
Acción de amparo, actos u omisiones de particulares, cuestiones opinables, servicios eléctricos, tarifa de servicios públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSETTI RAUL ARISTIADES c/ EDENOR SA s/ AMAPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-14

Dado que el vicio que justifique la procedencia de una acción de amparo contra actos de particulares debe ser evidente o manifiesto, ese tipo de proceso no constituye la vía apropiada para dilucidar cuestiones complejas de solución opinable, que requieren amplitud de debate y prueba (cfr. Sala II, Causa 7743/93 del 7.12.93). El caso versaba sobre la recategorización que pretendía el actor en el régimen de facturación correspondiente a la Tarifa 1, residencial, y la restitución por parte de la empresa prestataria, de las sumas que el consideró haber abonado de más a causa del encuadramiento tarifario.
Agencia de turismo, responsabilidad de la agencia de viajes, domicilio legal, cambio de domicilio, presentación extemporánea, sanciones administrativas
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: UCO TRAVEL s/ Infracción Ley 18829
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-16

1 - Corresponde confirmar la disposición dictada por el Director General de Regulación de Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo que impone una multa a la empresa de turismo imputada por considerarla infractora al Art. 5 de la resolución DNT 141/82 y por aplicación del Art. 10 de la Ley 18829 modificada por ley 22545 al haber desarrollado actividad turística en un domicilio no autorizado (Del voto del Dr. Repetto).- 2 - De las actuaciones surge que entre la inspección que constató el abandono de las oficinas anteriores hasta la fecha en que la sumariada comunicó a la Secretaría el cambio de domicilio transcurrieron casi cuatro meses. El Art. 5 de la resolución citada es claro cuando dice que toda modificación de la declaración inicial de solicitud de habilitación del local debe ser informada dentro del plazo de cinco días de producida la misma, lo que no fue cumplido por la sumariada (Del voto del Dr. Repetto).
Registro de marca, marcas confundibles, marca notoria, oposición al registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: Kabyvac  S.A. c/ The Coca Cola Company s/ Op. Inf. Reg. Marca y sus Acumulados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Aunque es cierto que en el lenguaje corriente su marca es apocopada, en efecto, resulta frecuente que su bebida sea reconocida como Coca, a secas, esta forma de uso no significa extender la notoriedad indudable -y quizás paradigmática- de Coca-Cola a la voz Coca, pues esta, aunque también registrada por la demandada en algunas clases, admite diversas acepciones y, por lo tanto, la protección rigurosa -inclusive para clases distintas- que hemos aceptado cuando se trata de marcas notorias no se debe extender sin más a este tipo de signos que tiene más de un significado. Una demostración está dada por el hecho de la coexistencia de la marca Coca de la actora y la marca Coca-Cola de la demandada en clases distintas y aún en las mismas.
Acción de amparo, resoluciones recurribles, recurso extraordinario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carestiba S.A. c/ Municipalidad de San Isidro s/ Amparo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

Las decisiones de las cámaras de apelación en materia de amparo no son, en principio, susceptibles de recursos extraordinarios en razón de su inapelabilidad conforme resulta de los dispuesto por los arts.

24 de la ley 7166 (t.o. dec. 1067/95) y 414, último párrafo del Código de Procedimiento Penal, no observándose en el caso en que se hace lugar a la acción por considerar arbitraria la orden de cese dispuesta por la demandada, motivos que permitan apartarse de dicho criterio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pena privativa de la libertad, libertad condicional, informe de establecimiento penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: A., J. s/ Libertad condicional (Expte Nº  208-99, Resolución Nº  157, Tomo 5,  Folio 261)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-22

Respecto al contenido del informe del organismo técnico-criminológico y el consejo correccional del establecimiento, punto sobre el que el Código Penal guardaba silencio, la ley 24.660 ha brindado precisiones terminantes, al indicar en su artículo 28 que "...deberá contener los antecedentes de conducta, concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución penal".La referencia que hace a "dictámenes criminológicos", parece necesario referirla a la historia criminológica que en forma permanentemente actualizada debe llevar el organismo técnico-criminológico según el artículo 13 de la ley, con lo que queda abierta una pequeña puerta para que el citado organismo aventure un pronóstico sobre conductas futuras del condenado. El pronóstico en cuestión no produce un dictamen sobre la pertinencia de otorgamiento de una libertad condicional.
Recurso directo, pago de tributos, determinación de impuestos, bienes de capital, bienes de uso, precedente administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Isaac Rojkes e Hijos c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Recurso de Apelación Judicial s/ Recurso de Apelación Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-19

En el caso, las quejas del recurrente se basan en la calificación de los bienes que hiciera el Fisco y en la incidencia que esa calificación tuviera sobre la determinación de oficio, resultando a su modo de ver, incongruente con el contenido de la resolución y con precedentes anteriores dictados por la Administración en los cuales se dirimía la misma situación de hecho. Asimismo, cuestiona la procedencia de la multa aplicada y, eventualmente, su graduación.	Ello así ya que se consideró que los inmuebles respecto de los cuales se practicó la determinación de oficio eran bienes de capital y no bienes de uso toda vez que según surge de las registraciones de la empresa se ha consignado "sin movimiento de fondos" en los comprobantes de pago del impuesto. De la lectura del expediente administrativo agregado a estos actuados, puede extraerse que en oportunidad de dictar Resolución en actuaciones iniciadas en virtud de similares presupuestos de hecho, el Fisco sostuvo que "de la documentación obrante en autos (...) se puede inferir la calidad de Bienes de Uso (fechas de construcción y fecha de enajenación) de los inmuebles vendidos que motivaron la realización de ajustes, por considerarlos erróneamente como Bienes de Cambio" concluyendo el sumario sin efectuar ajustes ni sanciones a la contribuyente. Dicho precedente, aunque no es obligatorio para la administración, no puede dejar de tenerse en cuenta puesto que la resolución que en esta instancia se cuestiona no aporta mayores fundamentos que la misma caracterización de los bienes que difiere notablemente en uno y otro caso, y ambas actuaciones han sido iniciadas sobre la base de idénticos presupuestos fácticos. En consecuencia, no es dable presumir que por un lapso tan prolongado (más de 20 años) la empresa haya tenido en su patrimonio los mencionados inmuebles afectados a la venta como bienes de capital (tal como lo entendiera el Fisco en la resolución en crisis), resultando más atinado suponer que ellos han sido afectados a la venta como bienes de uso de la recurrente como lo ha resuelto la propia Administración en el precedente citado y como se deduce de la aplicación del principio de la realidad económica en la interpretación fiscal. Es que responden a la denominación "bienes de uso" aquellos bienes tangibles que se utilizan en la actividad de la empresa y que no estén destinados a la venta hasta tanto se resuelva discontinuar su uso.
Intervención de línea telefónica, estado de sospecha, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: Aguirre, Felicio y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

De la única constancia existente en la causa al momento de decidir la intervención telefónica, no se desprende en qué sospecha se basó el magistrado para ordenarla, pues no se había llevado a cabo ninguna diligencia tendiente a acreditar los extremos informados a través de la denuncia recibida en la central del 911. Así pues, la mera indicación efectuada por una persona desconocida, resulta insuficiente para confirmar la sospecha de la comisión de un hecho ilícito, pues una medida altamente intrusiva como la intervención telefónica, requiere que se dicte como consecuencia de una investigación en trámite existiendo elementos objetivos y suficientes que determinen la necesidad de adoptarla. La disidencia sostuvo que la denuncia anónima mediante el 911 constituía un poderoso indicio de inminente comisión de un delito, razón suficiente para fundamentar la orden de intervención de escuchas telefónicas directas, pues que se trataba de un aviso muy preciso y detallado que indicaba del ingreso al país de sustancia estupefaciente. (Dres. Catucci -en disidencia- Mitchell y Ledesma).
Procedimiento policial, nulidad procesal, detención sin orden, facultades del juez, desarmado de automotores
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Feldman, Leon A. s/ nulidad.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-20

Corresponde declarar la nulidad del procedimiento policial que diera inicio a las presentes actuaciones puesto que, siendo únicamente el juez quien puede ordenar la detención de una persona (Art. 283 del C.P.P.N.), y que tal facultad es delegada en la policía solamente para casos de urgencia y excepcionales (Art. 284 del C.P.P.N.), deviene necesario conocer circunstanciadamente las razones del procedimiento para poder supervisar la legitimidad de la actuación que ella realiza. Para ello es necesario acudir a las constancias incorporadas al expediente, y, a partir de las mismas, emitir un pronunciamiento. En el caso particular, se llega a la conclusión de que la señalada "razón para detener" se originó con la información que el propio imputado le proporcionara al personal policial, mientras estaba siendo objeto de una inspección (Art. 11 de la ley 25.761) en su comercio (desarmadero de automotores). Tales dichos, presuntamente espontáneos, no constituyen motivos suficientes como para avalar legalmente la ejecución de la medida excepcional prevista en el artículo 284 del código de forma. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Acción de amparo, carácter excepcional, existencia de otras vías, competencia contencioso administrativa, acto administrativo, control de legitimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LEGUIZAMON, JOSE ENRIQUE E. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ AMPARO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 366 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

En el ordenamiento jurídico santafesino el amparo no solamente constituye un remedio excepcional por su propia naturaleza, sino también, por el particular diseño institucional que constitucional y legamente se ha establecido para la revisión de la legitimidad de los actos administrativos. De modo, pues, que si la materia que se pretende debatir mediante la mencionada vía es contencioso administrativa, se torna especialmente estricto el examen de la concurrencia de los recaudos exigidos para su viabilidad, el que debe efectuarse desde la perspectiva de que se está detrayendo competencia a los Tribunales que constitucional y legalmente cuentan con atribuciones para controlar a otro poder del Estado. Esta es la más equilibrada solución para afianzar el mandato del constituyente plasmado en el artículo 43 de la Carta Magna de la Nación, sin producir una distorsión en cuanto a las reglas especiales que gobiernan la revisión de la legitimidad de los actos de la Administración de acuerdo a la Constitución de la Provincia de Santa Fe.
Resoluciones recurribles, protección de la vivienda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Campana de Gómez, Carmen c/ Ozon, Rubén Darío s/ ordinario y beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

En el caso, el pronunciamiento de la Cámara que confirmando el de primera instancia desestima la solicitud de desafectacción al régimen de bien de familia de un inmueble, no reviste carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que el actor le quedan otras vías aptas para procurar la satisfacción de su crédito. (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ CRISTIAN R.; LEDESMA RAUL c/ HERRERA MIRIAM JUDITH s/ "LOPEZ CRISTIAN R.; LEDESMA RAUL S.D. PRIVACION ILEGITIMA DE LA  LIBERTAD CALIFICADA, VIOLACION CALIFICADA Y HOMICIDIO DOBLEMENTE  CALIFICADO, TODO EN CONCURSO REAL E.P. DE HERRERA MIRIAM JUDITH  -CASACION"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-30

Es arbitraria la sentencia en la cual el trabajo intelectual desarrollado no tiene basamento en preceptos legales dictados en materia de valoración de las pruebas.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, jubilación por invalidez, denegatoria del beneficio, cuerpo médico forense, dictamen pericial, incapacidad laboral, daño psíquico
Materia: PROCESAL - LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chala, María Cristina c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

Corresponde descalificar la sentencia que denegó la jubilación por invalidez, basada en un informe del Cuerpo Médico Forense que -al expedirse sobre el grado de incapacidad -omitió ponderar la afección psíquica de que la interesada era portadora tanto a la fecha del cese laboral como a la del examen.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL
Carátula: M.O., H.V. c/ B.A.E. SA s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-04

En nuestro país se prohíben en el ámbito de los juicios laborales el pacto de cuota litis, además de nuestra provincia, en su art. 15 la Ley Nro. 69 y art. 4 del Dto. Ley Nro. 2.200, las leyes procesales laborales de las provincias de Jujuy -Ley Nro. 1.938, art. 28- y de San Luis -Ley Nro. 2.642, art. 34-.