Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-01


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los un días del mes de junio del año dos mil diez, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Alejandro Javier Panizzi y Jorge Pfleger, presidida por el primero de los nombrados para dictar sentencia en la causa caratulada "M., G. - S., M. - F., S. B. - P., J. A. - G., M. S. S/Abuso de Autoridad" (Expte. N° 21.461 - Folio 99 - Letra M - Año 2008).

El orden para la emisión de los votos que resulto del sorteo es el siguiente 295: Pfleger, Rebagliati Russell y Panizzi.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I.	Los antecedentes de caso.

a.	La sentencia La cuestión traída a esta Sala, por vía de la Defensa Particular de los condenados, es la impugnación de la sentencia número 18 del año 2008 emitida por la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Esquel.

Ese organismo jurisdiccional resolvió, el 27 de mayo de 2008, la condena de G. M., M. A. S., S. B. F., M. S. G. y J. A. P., mandándoles a cumplir la pena de tres meses de prisión de cumplimiento condicional, con más seis meses de inhabilitación especial para ejercer cargos similares (arts. 20, 26, y 278 del C.Penal), y las costas del juicio (arts. 29, inc. 3° C. Penal, 362, 485, 486, 488 y 490 del C.P.P.), respectivamente.

Esa sanción fue la consecuencia de haber sido encontrados coautores material y penalmente responsables del delito de Abuso de Autoridad (arts. 45 y 248 del C.Penal), cometido en la localidad de Epuyén, Provincia del Chubut, el día 14 de junio de 2006, y que damnificó a R. J. F., a H. D. M. y a la Administración Pública.

b.	Los hechos materia del debate.	Según fue reseñado en la sentencia, los sucesos que fueron expuestos en la acusación oficial y que demarcaron el territorio del debate, resultaron los que de continuo se trascriben: "...el día 14 de junio de 2006, en el seno del Honorable Consejo Deliberante de la localidad de Epuyén, Provincia del Chubut, en circunstancias en que los ediles G. M. - en su condición de Presidenta del citado Cuerpo-, M. A. S., S. B. F., M. S. G. y J. A. P., todos ellos funcionarios públicos en legal ejercicio de sus cargos electivos, procedieron a dictar la Resolución N° 10/06 del HCD, mediante la cual resolvieron suspender preventivamente en sus funciones a los Concejales R. J. F. y H. M., abusando de la autoridad que el cargo les confería, dado el pleno conocimiento que tenían de que el Superior Tribunal de Justicia Provincial, en los autos caratulados "F., R. J. y otro - Consejales HDC de Epuyén s/Plantea Conflicto de Poderes (Expte. N° 20.367, F, Año: 2006), había resuelto suspender la ejecución de resoluciones anteriores del HCD Nros. 08/05 y 02/06, pese a lo cual, mediante el dictado de la Resolución indicada (10/06 HCD), volvieron a decidir en el mismo sentido que habían tomado en las normas anteriores y "suspendidas" por el Superior Tribunal de Justicia." c.	El recurso, su contenido.

El Defensor de Confianza, doctor H. R. C., interpuso casación que luce adosada entre las hojas 202 y 227 vta. de autos.

En el desarrollo de la motivación señaló que en la sentencia se había concretado un vicio in judicando consistente en una errónea aplicación e interpretación de la ley sustantiva.

En esa dirección sostuvo que la resolución en crisis era absurda y arbitraria.

Puso de relieve que la figura del abuso de autoridad requiere para su existencia que las resoluciones sean dictadas en contra de la Constitución y las Leyes.

Afirmó que el tipo penal pune a aquellos funcionarios que actúan cuando la ley no se lo permite, con el fin específico de contrariarla. El impugnante se explayó acerca de las características del delito enrostrado remarcando que, en el aspecto volitivo, requería la intención de oponerse a la ley, de desconocerla.

Remarcó que el Consejo Deliberante de Epuyén, con la mayoría requerída por la ley y de acuerdo al procedimiento del artículo 112 y subsiguientes de la Ley 3.098, tenía facultades para adoptar las medidas ejecutadas, ya que los concejales F. y M. ejercían sus funciones, y, en tal ejercicio, desarrollaron conductas que el cuerpo, con la mayoría que establece la ley, estimó ofensivas. Que, conforme establece la normativa consignada en las distintas resoluciones se calificaron como graves y se aplicaron las sanciones que la misma ley 3.098 prescribe.

Entendió, en otro pasaje del recurso, que las conductas que se les reprochaban a los concejales suspendidos no eran ".inexistentes ni falsas." y que por ello ".considerar arbitraria la Resolución nro. 10/06 que suspende con fecha 14 de de junio de 2006, nuevamente a los concejales, resulta una subjetividad por parte de los sentenciantes, que se puede entender como simple opinión, pero de ninguna manera resulta fundamento del dolo directo que requiere el tipo penal." En el final remarcó que los hechos que motivaron la Resolución Nro. 10/06 HCD, existieron; que el Consejo Deliberante tenía facultades para dictar la resolución en cuestión y que no ha contrariado la Constitución ni la ley.

Por último, previa reserva del caso federal, peticionó que al momento de fallar- esta Sala- case la sentencia en crisis y se expida dictando un nuevo fallo ajustado a la ley y a la doctrina cuya aplicación declare (art. 428 del C.P.P.).

II.	Trazos generales	Creo atinado comenzar la inspección de la sentencia que ha recalado en la instancia con alusión de algunos aspectos que pondero cruciales a la solución del asunto y que no fueron considerados en la sentencia de grado, aunque los señores Magistrados que la integraron han obrado con su proverbial virtuosismo moral e intelectual.

Es que este caso no puede escindirse de dos cuestiones: a. que las decisiones censuradas penalmente fueron emitidas por el Organo Legislativo de la Comuna de Epuyen en ejercicio de su competencia y b. que el conflicto que devino halló cauce de solución en el procedimiento constitucional sustanciado ante el pleno quien, con mi integración, resolvió nulificar la destitución de los Concejales F. y M., al anular la Resolución N° 3/06 que los había destituido (ver sentencia STJ del 30 de Marzo de 2007. Registrada bajo el número 03 S.R.O.E)	La primera tópica es relevante pues, demarcada la frontera de las competencias funcionales, puede verse con nitidez la significación jurídico penal de las conductas consideradas comprobadas. Tal vez sería más claro si tradujera mi reflexión con otras palabras, ya que creo que lo que colorea más claramente el cuadro es la naturaleza política de la función y de las decisiones.

Podrá decirse, frente a este prólogo, que el ejercicio abusivo del poder, o las resoluciones políticas arbitrarias de los miembros de los poderes públicos, no encuentran límite alguno en el derecho, y que el Poder Judicial, garante del orden legal, resulta incapaz de ponerles coto. Es pensamiento es falso. Pues en este punto talla la segunda cuestión: el camino constitucional que lo impone y que no necesariamente significa la expansión del poder punitivo.

Porque, aunque suene de Perogrullo, el derecho es un sistema que se articula para dar solución a los conflictos, siendo el orden penal no solo una parte, sino la que opera en último caso.

Esta presentación es el preludio del cuerpo de mi ponencia que será, lo anuncio, proclive a la revocación de la sentencia.

III. Los Municipios. Ubicación Constitucional. Prerrogativas y deberes.

Creo que bien valen, como lo anticipé, exponer algunos conceptos en torno a los Municipios.

El texto de la Constitución histórica alude al régimen municipal en las provincias.

El art. 5° de la C.N, a la par que reconoce autonomía política a aquellas, impone como condición de su ejercicio, entre otras cosas, el aseguramiento del régimen municipal	En este sentido, las Provincias, Estados Particulares que componen el Estado Federal, pueden darse una Constitución local (manifestación de autonomía) pero ésta debe observar los parámetros de la Constitución Nacional y, además, salvaguardar la administración de justicia, la educación primaria y el régimen municipal.

Se puede aproximar a un concepto de municipio predicando que es una persona de derecho público (que algunos autores consideran natural y necesaria) basada en relaciones de vecindad, y con fines de bien común, siendo la manifestación primaria de la descentralización política. A partir de la redacción del art. 5° (y hasta la reforma de 1994) se discutió acerca de la condición autárquica o autónoma del municipio.

Aún cuando el maestro Bidart Campos sostuviera que al aludirse a "régimen municipal" se estaba denotando "autonomía", evocando que el propio Código Civil consideraba al Municipio persona de existencia necesaria, aquella, para afirmarse, hubo de recorrer un largo camino.	Desde la organización hasta el año 1989, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que los municipios eran entes autárquicos territoriales de las provincias, es decir: delegaciones del poder provincial y que sólo podían desarrollar funciones de administración en el espacio adonde estaban asentados.

Un giro drástico a esta doctrina significó el fallo "Rivademar c/ Municipalidad de Rosario" cuando el Alto Tribunal mudó de posición, reconociendo en los municipios ciertos caracteres que lo acercaban a la autonomía, señalando- claramente- las diferencias con los entes autárquicos.

Una referencia breve a esta decisión nos muestra que, a la sazón, la Corte reconoció: a) su origen constitucional frente al meramente legal de los entes autárquicos, b) el carácter de legislación local de las ordenanzas municipales frente a las resoluciones administrativas emanadas de las entidades autárquicas, c) el carácter de persona jurídica de derecho público y d) el carácter necesario de los municipios frente al carácter de los entes autárquicos y la elección popular de sus autoridades, inconcebible en las entidades autárquicas.

A partir de 1994, tras la reforma de la Constitución Nacional, se reconoció- plenamente- su condición autónoma, marcándose la existencia de la división trinitaria entre poder federal-provincial y municipal.

El artículo 123 consagró que las provincias deben asegurar la autonomía municipal y reglar su alcance y su contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

De este modo, las provincias están constreñidas a adecuar sus respectivas constituciones a esos postulados, con el fin de que los municipios lleguen a concretar la autonomía institucional dictando sus respectivas cartas orgánicas.

Nuestra provincia, ya en la década del ´50, reconocía esa calidad, que fue reforzada por su propia reforma, también en el año 1994, la que ratifico la naturaleza de estas entidades políticas y brindó, art. 224, toda una definición al respecto.

El art. 225 da contenido al concepto pues es categórica la fórmula acuñada: ".Los Municipios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus funciones y gozan de autonomía política, administrativa y financiera con arreglo a las prescripciones de esta constitución."	Sin otra pretensión que ir delineando los argumentos de la decisión repetiré lo que el profesor Salvador Dana Montaño refería en torno al problema de la autonomía.

Decía el estudioso que la autonomía es una cualidad específica de la corporación, que la distingue de otras corporaciones: su capacidad de gobierno propia y, con más precisión, su facultad de organizarse, en las condiciones de la ley fundamental, de darse sus instituciones y de gobernarse por ellas con prescindencia de todo otro poder.

Antonio María Hernández sostiene, respecto del sentido de los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero que "...el aspecto institucional supone la posibilidad del dictado por parte del municipio de su propia carta orgánica. El aspecto político entraña la base popular, electiva y democrática de la organización y el gobierno comunal. El aspecto administrativo importa la posibilidad de prestación de los servicios públicos y demás actos de administración local, sin interferencia alguna de autoridad de otro orden de gobierno. El aspecto financiero comprende la libre creación, recaudación e inversión de las rentas para satisfacer sus fines que no son otros que el bien común de la sociedad local..."	Por último, debemos mencionar que las provincias están obligadas a asegurar el régimen municipal autonómico, ya que de lo contrario se podría intervenir federalmente dicha provincia por incumplir la regla del art. 5° y 123 de la C.N; también, como señala Humberto Quiroga Lavié, las provincias podrían incurrir en inconstitucionalidad por omisión, pasible de ser declarada por los Tribunales locales o federales.

Estas consideraciones vienen a colación pues la actividad política del Organo Legislativo Comunal, en el marco de los atributos mencionados, implica vedar toda interferencia so riesgo de vulneración, fijándose en las Cartas Orgánicas, las Leyes reglamentarias y las Constituciones locales el marco de control que es propio de toda organización republicana.

IV. Las decisiones que causaron la imputación. Los controles.

Objetivamente consideradas- y ya se ha abierto juicio de valor sobre ellas en el expediente sobre el que reflexionaré en los párrafos que vienen- las decisiones tomadas por el Concejo Deliberante que pertinazmente suspendió a los miembros F. y M. fueron decisiones políticas (decisiones de poder)en el marco, nuevamente, de sus atribuciones legales de gobierno.

Esas disposiciones, singularmente ".el proceso iniciado el 14 de Junio de 2006 (que) devino ilegítimo y por ende nulo." fue conducido a la de la invalidez junto a ".todos los actos realizados con posterioridad en el mismo proceso de destitución.", por la sentencia del Superior Tribunal de Justicia ya referida.

Vale decir que, a la situación abusiva que importó el ejercicio desviado del poder político, el Estado de derecho respondió con la fulminación constitucional.

Porque, y volvemos al punto adonde se había comenzado, la Constitución Provincial establece la competencia del Tribunal Plenario para decidir ".De los conflictos internos de los Municipios, entre los Departamentos Ejecutivo y, Deliberativo en el seno de este último, los de los municipios entre sí o con otras autoridades de la provincia." (art. 179 punto 1.4 de la Constitución Provincial)	Traducido al buen romance es lo que se conoce como "Conflicto de poderes", por cuya consecuencia, y como lo tiene dicho el Cuerpo íntegro, se viene a restablecer la vigencia de la ley, si hubiere sido vulnerada o desobedecida y dilucida rápidamente los conflictos políticos en tanto afectan no ya los derechos individuales de los funcionarios comprometidos sino el funcionamiento de las instituciones.

Y ese es el modo en que la querella suscitada en el Municipio que se viene tratando halló curso y decisión.

V. Esta situación y las figuras de la condena.

La idea que propicio no sustrae a los miembros de los poderes públicos de la comisión de delitos funcionales.

La exacción ilegal, el tráfico de influencias, el cohecho y aún los abusos funcionales en otro contexto, por citar algunos, son parte de la panoplia de defensas que el Estado posee para mantener incólume la administración y en regla a los poderes del Estado.

Pero en este caso, y por lo que se viene diciendo, el ejercicio abusivo de facultades funcionales propias, excluye la tipicidad de la figura de la condena, porque la naturaleza de esa disfunción habilita- por ello mismo- otras fórmulas de sanción que exigen un procedimiento especialmente regulado.

La decisión política de un Cuerpo Legislativo- la suspensión o remoción de concejales electos es cuestión judiciable; eso es claro.

Pero escapa a la figura penal en tanto que ésta tiene por objeto otros fines.

VI. Opino, y así lo propongo, que se declare procedente el recurso interpuesto y se revoque la sentencia en todos sus términos, con costas.

VII. Por último, considero que deben regularse los honorarios profesionales del Abogado Defensor, en la suma correspondiente al 25 % del monto regulado en primera instancia, no incluye I.V.A. (Ley 2.200, artículo 14).

Así me expido y voto.

El Juez Daniel Rebagliati Russell dijo:

I) En el voto que precede se han expuesto con suficiencia los antecedentes del caso y los agravios vertidos por la defensa de los condenados, de modo que me abstendré de hacer una ociosa repetición.

II) En cuanto a la solución del caso, habré de coincidir con la propuesta del juez Pfleger.

La Cámara en lo Criminal de la ciudad de Esquel condenó a G. M., M. A. S., S. B. F., M. S. G. y J. A. P., a la pena de tres meses de prisión, de cumplimiento condicional, más seis meses de inhabilitación especial para ejercer cargos similares, y costas, por haber resultado co-autores penalmente responsables del delito de abuso de autoridad.

III) El hecho adjudicado a los imputados se vincula directamente con la condición de Presidente, el primero de los mencionados, y ediles todos los demás, del Honorable Consejo Deliberante de la localidad de Epyuyén, y con la suscripción de la resolución nro. 10/06, mediante la cual se decidió suspender preventivamente en sus funciones a los Concejales R. J. F. y H. M..

Por lo tanto rige en este caso lo establecido en el artículo 225 de nuestra Carta Magna que dispone: ´Los municipios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus funciones y gozan de autonomía política, administrativa y financiera con arreglo a las prescripciones de esta Constitución.´.

Que la intervención del Superior Tribunal de Justicia en conflictos suscitados dentro de los municipios, tiene carácter excepcional y se encuentra regulada en el artículo 179, inc. 1°, punto 1.4, de la Constitución Provincial.-	Y justamente, la mencionada situación singular se ha dado cuando este Cuerpo tuvo que intervenir en el conflicto registrado en el expediente caratulado "F., R. J. y otro - Concejales HCD de Epuyén s/Plantea Conflicto de Poderes" (nro. 20.367-F-Año 2006) en el cual se resolvió con fecha 27 de febrero de 2006, suspender la ejecución de lo dispuesto en dos resoluciones del Concejo Deliberante de esta localidad.

IV) Ahora bien, posteriormente a esta decisión, se dicta en la institución la resolución nro. 10/06, de fecha 14 de junio de 2006, que ya fuera mencionada en autos, disponiéndose una nueva suspensión de los ediles F. y M., basada en las reiteradas conductas ofensivas y por haber concurrido al recinto junto a un grupo de vecinos y agredir e insultar a los miembros del cuerpo.

Esta insistencia es la que los jueces analizan desde el punto de vista de la arbitrariedad y desmesura, y entienden que importa ello la comisión del delito reprochado.

Sin embargo estas cuestiones no deberían ingresar al ámbito de la justicia penal, pues son actividades que se desarrollan dentro del marco administrativo, en donde los jueces no tienen jurisdicción por tener este órgano su propia legislación específica, que contiene las normas aplicables al caso.

Así, la autonomía consagrada en la constitución determina que los municipios tendrán independencia en el ejercicio de sus funciones, y ello incluye la faz administrativa.

De esta manera, la Ley de Corporaciones Municipales, establece en el Capítulo VIII el régimen disciplinario, indicándose claramente el procedimiento que se deberá cumplir en caso de corresponder una sanción a uno de sus miembros.

Salvo el supuesto de una clara violación de la defensa en juicio o debido proceso, en donde se abriría la vía judicial -que no compete a la esfera penal-, correspondería la intervención, pero al sólo efecto de observar el cumplimiento o no de tales garantías.

Por otro lado, nuestra Ley Fundamental consagra como principios básicos del poder republicano, la independencia funcional de cada uno de los poderes del Estado e inmunidad parlamentaria para sus actos.

En tal sentido se ha venido expresando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como en el caso "Martínez Casas" (248:462), en donde sostuvo: ´. la posibilidad de que un miembro del Congreso pueda ser sometido a proceso, a fin de que en él sean indagados o interpretados judicialmente sus opiniones o votos legislativos y los móviles que los determinaron, contraría la idea que sobre la división de poderes tuvieron los autores de la Constitución.´.	Por este motivo, los fundamentos que da la sentencia son arbitrarios y se inmiscuyen en la actividad funcional de los ediles al opinar y luego juzgar la calificación que los miembros del Concejo Deliberante le dieron a una transgresión cometida en el recinto legislativo.

Reitero, la decisión que aquí se cuestiona, referente a la suspensión en sus funciones de los denunciantes, es competencia exclusiva del Consejo Deliberante, y la controversia que pudiera suscitarse, deberá hacerse dentro del ámbito de su jurisdicción, y no mediante la judicialización del conflicto en un proceso penal.

V) Por todo lo expuesto, voto por declarar la procedencia del recurso, revocar la sentencia en crisis, y absolver a G. M., M. A. S., S. B. F., M. S. G. y J. A. P., del delito de abuso de autoridad, sin costas.

VI) Adhiero a la regulación de honorarios dispuesta en el primer voto.

Así voto.

El Juez Alejandro Panizzi dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Jorge Pfleger y Daniel Alejandro Rebagliati Russell, existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal; de modo que haré uso de la facultad que prevé el C.P.P., art. 357 -texto según ley 4550, art. 7	Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

---- S E N T E N C I A --- 1º) Declarar procedente el recurso de casación de fs. 202/27 vta..

2º) Revocar la sentencia número 18/08 dictada por la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Esquel y absolver a G. M., M. A. S., S. B. F., M. S. G. y J. A. P., del delito de abuso de autoridad, sin costas.

3º) Regular los honorarios profesionales del doctor H. R. C. en la suma correspondiente al 25% del monto regulado en primera instancia (Ley 2200, art. 14).

4°) La presente es firmada por dos miembros de la Sala Penal por encontrarse en uso de licencia el doctor Alejandro Javier Panizzi.

5°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: R. Russell y Pfleger.