marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, medidas cautelares, daño irreparable, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: M. N. L. c/ Dirección de Obra Social Provincia de San Juan s/ Amparo - Legajo de Copias para Elevar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-25

Entrando al tratamiento del recurso entiendo que no resulta procedente en tanto la parte actora en las oportunidades que tuvo para acreditar el peligro de la ocurrencia de un daño inminente e irreparable si no se admite la cautelar solicitada, no logró justificar esa circunstancia. Tal recaudo esencial no surge con claridad de la certificación médica traída por la amparista ni tampoco la actora ha podido, en el memorial, desacreditar con fundamentos definitorios que la argumentación del sentenciante para rechazar la cautelar es injusta, arbitraria o contraria a derecho. La doctrina y jurisprudencia ha señalado que la ley procesal prevé la posibilidad de decretar prohibición de innovar siempre y cuando ello aparezca a juicio del Juez como imprescindible, es decir, cuando de no decretarse, el derecho que la sentencia eventulamente pudiere reconocer resultaría ineficaz, lírico o ilusorio. En el caso de autos no se aprecia que el dictado de la cautelar solicitada aparezca como imprescindible, pues si la sentencia acoge el amparo ningún daño irreparable le habrá sobrevenido a la actora.
Subsidio estatal, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Almada Martínez, Rosa Romana c/ GCBA. s/ Amparo (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-27

No resulta inconstitucional el otorgamiento de subsidios temporarios para hacer frente a la manda del art. 31 de la CCBA, ni tampoco que su monto no sea suficiente, por sí sólo, para solventar el costo de una vivienda digna, pero sí lo es que la distribución de esos subsidios, por naturaleza limitados, no respete las prioridades establecidas en el art. 31 de la CCBA; situación que, hoy en día, puede ser presumida por los jueces cuando el beneficio le es denegado a una persona que se halla dentro del universo de personas con prioridad (cf. art. 31 de la CCBA; voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Exacciones ilegales, concusión, síndico del concurso
Materia: PROCESAL - PENAL - COMERCIAL
Carátula: Robbiano, Ernesto N. s/ Delito Penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-18

Comete delito de concusión (art. 266 del C.P.) el síndico del procedimiento concursal que exigió al presidente de la empresa bajo su supervisión, la entrega de dinero al margen de sus honorarios, a fin de presentar un informe favorable para la homnologación judicial del acuerdo alcanzado con los acreedores.
Insuficiencia del agravio, delito continuo, trata de personas, trabajo infantil
Materia: PENAL
Carátula: GUTIERREZ PARTAN IGNACIO c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-19

Debe rechazarse la alegada inaplicabilidad del art. 140 CP en su versión modificada por la ley 26.842, pues más allá de la ausencia de fundamentación del planteo, se tr ata de un delito permanente, que cesó cuando la víctima logró escapar.No existe error de prohibición si no se trató de un supuesto de condiciones precarias de trabajo y vivienda, ni se limitó el reproche a la existencia de trabajo infantil, sino que se tuvo por probado que el damnificado era sometido a privación de libertad ambulatoria, escasez de alimentación y maltrato físico que dejó secuelas visibles en su cuerpo, todo ello para forzarlo a trabajar en condiciones paupérrimas, durante jornadas extensas y sin descanso suficiente y resulta indudable que la ilicitud de su conducta no era desconocida por el incuso.Dres. Slokar, Ledesma, Yacobucci.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA EN AUTOS:"GOMEZ, JOSE EN AUTOS: JALAF, RAUL JOSE s/ CONVOCATORIA JUDICIAL-EXPTE. Nº 197/89. CASACION".- EXPTE. Nº 12.388-AÑO 1994-"INCIDENTE DR. RODRIGUEZ CARLSSON, EN AUTOS:"MASA DE GANARRA c/ TOLOZA B. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.CASACION EXPTE. Nº 12.390-AÑO 1994-"INCIDENTE DE DR. RODRIGUEZ CARLSSON Y DR. ABATE EN AUTOS:"JALAF, RAUL s/ CONVOCATORIA.CASACION.- LASTRA JUAN JOSE c/ FRAS-GAS S.A. Y/O RESP. s/ FALTA DE PREAVISO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-06|1998-05-04|1998-05-04|1999-10-08

La cuestión referente al cobro de intereses, en tanto remite a aspectos procesales y accesorios del pleito, constituye materia ajena al recurso casatorio.-
Competencia provincial, fraude a la Administración Pública, Ministerio de Salud, Administración Pública Provincial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mirra, Ramón Rubén s/ pedido de inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-15

Corresponde a la justicia provincial entender en la causa donde se investiga el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, aunque los imputados hayan evadido los controles del Ministerio de Salud y Acción Social y, en consecuencia obstruido el buen servicio de un organismo nacional, pues no puede confundirse la acción típica dirigida a corromper el buen servicio de los funcionarios de control, con aquella que, dirigida objetivamente a damnificar las rentas provinciales, incumple para ello disposiciones nacionales de carácter administrativo.
Juicio ejecutivo, deuda exigible, suma líquida, fianza comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO c/ MULLER GUILLERMO A. Y OTROS s/ PROCESO DE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-07

La vía ejecutiva procede no solo en caso de reclamarse sumas líquidas, sino también cuando la determinación del monto depende de una operación aritmética cuyas bases constan en el respectivo título o cuya forma de determinación se establece expresamente (cfr. esta Sala, Causas 6080 del 11.4.89; 6329 del 25.8.89; 6686 del 24.11.93; Fassi, S. C. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado", T. II, N° 2824, pág. 455). En el caso, de los instrumentos constitutivos de las obligaciones que garantizaron los ejecutados, y de las propias fianzas que se ejecutan -cuyas respectivas firmas están certificadas notarialmente-, surgen las pautas necesarias para el cálculo de la deuda afianzada que se reclama; no siendo dudosa la admisibilidad de la ejecución intentada, de conformidad con lo previsto por los arts. 520 y 523, inc. 2, del Código Procesal.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en asesoría tutelar cayt n°2 (infraestructura hospital rivadavia contra gcba sobre amparo (art. 14 ccaba)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Corresponde rechazar la queja que cuestiona, en último término, la resolución que impuso al recurrente la multa del art. 327 del CCAyT, por no cumplir completamente la presentación de los informes requeridos. La procedencia de la multa fijada por la Cámara exige el análisis de cuestiones de hecho y derecho infraconstitucional, que resultan, por regla, propias de los jueces de mérito y no habilitan la jurisdicción revisora extraordinaria de este Tribunal. Y el GCBA no ha logrado conectar suficientemente estos aspectos con la aplicación o interpretación de cláusula constitucional alguna. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Cheque, cheque extranjero, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: CYMBERKNOP, MANUEL c/ DE TANG, DIEGO s/ CHEQUE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-23

La ley Uniform Commercial Code establece, en su art.3-104, que un cheque es una letra girada sobre un banco (Drawn on a Bank) y pagadera a requerimiento, o sea, a la vista.

El título en ejecución expresa que será pagadero "a través" de un banco (trough a bank), especificación bien distinta y que es regulada en el mismo código, en su art. 3-120, legisla los instrumentos pagaderos a través de un banco, y establece que la expresión designa al banco como "banco recaudador"(collecting bank) para efectuar la presentación, pero no autoriza por sí misma al banco a pagar el instrumento. El comentario oficial de la norma aclara que es utilizado principalmente en seguros, dividendos o cheques de salarios, pero que el banco no reviste la calidad de girado, y no está obligado, y ni siquiera autorizado, a pagar el instrumento con fondos de la cuenta del librador o fondos que por otra razón estuvieran en su poder, y fueran del librador. Se encuentra meramente designado como banco recaudador, a través del cuál la presentación se encuentra correctamente realizada al girado.

El art.4-105, define las funciones de los bancos, y expresa que el banco recaudador o cobrador es cualquier banco que intervenga en la negociación del instrumento, excepto el banco pagador.

Siguiese de lo expuesto que el título en ejecución no es un cheque, conforme a las especificaciones legales aplicables.

***ZZZ C 000000 0000 00 00 0003 000 0000 000 LEY UNIFORM COMMERCIAL CODE ***ZZZ C 000000 0000 00 00 0004 000 0000 000 LEY UNIFORM COMMERCIAL CODE
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Latrubesse, A. H. c/ Alvarez, S. C. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

La hija mayor y casada de la víctima de un accidente, tiene derecho a la indemnización del daño moral sufrido, pues éste deriva del vínculo afectivo que ha sido lesionado y no de las relaciones patrimoniales, no requiriéndose prueba desde que en el orden natural de las cosas está que la muerte de un padre, ser querido de tan estrecha vinculación biológica, ha de herir en lo más íntimo el sentimiento y las afecciones de quienes se encuentran en esa situación.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, daños y perjuicios, indemnización, pretensión resarcitoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Tomás c/ Pellegrini, Hugo Antonio s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Medida cautelar - Embargo - Daños   y perjuicios (Expte. C.S.J. Nro. 969 Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-26

No merece reproche constitucional lo manifestado por la Alzada de que si la actora había solicitado que "se haga lugar a la demanda condenando al pago actualizado, intereses y costas del capital reclamado..." se debía deducir que había un reconocimiento de que había un capital reclamado. Y que consideró además, que la estimación pecuniaria en la demanda resulta sumamente indispensable, ya que su omisión acarrea dificultades en orden a la determinación inicial de la competencia por razón del monto, generando incerteza para el accionado a los fines de su posible allanamiento, imprecisión de la litis, etc.
Suspensión de la prescripción, interrupción de la prescripción, proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: GALICCHIO, PASCUAL OSVALDO c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-28

El proceso penal no constituye una causal de suspensión o interrupción de la prescripción cuando la cuestión allí debatida no era de carácter prejudicial respecto del conflicto laboral fundado en un incumplimiento contractual.
Asociaciones profesionales, representación sindical
Materia: PROCESAL
Carátula: Union Docentes Argentinos (UDA) Seccional Misiones s/ Declaración de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-03-17

La reglamentación del art. 31 de la Ley 23.551 (Art. 22 del Decreto 467/88) establece que para representar los intereses individuales de los trabajadores, deberá contarse con el consentimiento expreso de los mismos. Desde este punto de vista, pues, la entidad accionante carece efectivamente de legitimación activa para obrar, pues en ningún momento ha acreditado a qué afiliado o afiliados, personalizadamente, representa.
Seguro colectivo, beneficiario del seguro, póliza
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARAY URSULO c/ CAJA DE SEGUROS S.A. s/ SUMARIO - COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-05-31

El certificado de incorporación refleja los recaudos mencionados en la póliza, y constituye una adhesión a las estipulaciones contractuales de las partes (aseguradora y empleadora). En dicho certificado consta los beneficios a los que el beneficiario tiene derecho; en el agregado a la causa, en su reverso figura entre las principales disposiciones del Seguro.-
Honorarios, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: EUGENIO ANDRIADSE c/ JUAN CARLOS PERALTA Y OTRO s/ PREPARA VIA EJECUTIVA - EJECUTIVO POR COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-06-27

Lo que comprende la segunda etapa en un juicio ejecutivo son las liquidaciones que conforme a la sentencia de trance y remate deben practicarse y las medidas impulsivas tendientes a efectivizar la subasta de los bienes embargados, incluyendo las accesorias tales como remoción del martillero o la traba de nuevos embargos etc., hasta lograr la cancelación total del crédito reclamado, y ello no autoriza a considerar esas tareas como "trascendentes", ni crean derecho a percibir el máximo de la escala prevista por el art. de la ley arancelaria.
Derecho constitucional, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MARTIN, JULIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 300 AÑO 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22

La jerarquía constitucional del principio de la seguridad jurídica ha sido reiteradamente reconocida, llegándose a decir, incluso, que sin ella "no hay en rigor orden jurídico"("la seguridad jurídica es uno de los presupuestos del ordenamiento social, cuya ausencia o debilitamiento pondría en crisis a la íntegra juridicidad del sistema").Si bien es cierto que la seguridad jurídica "no es un valor absoluto", sino que debe ser ponderado como un medio entre otros para asegurar la hegemonía de la justicia , también es cierto que las situaciones que la afectan son "absolutamente incompatibles con las características propias del Estado de Derecho".- (del voto en disidencia del Dr. Spuler)
Incidente de nulidad, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montero, Juan c/ Municipalidad de Tigre y otros s/ Daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-09-25

Planteado el incidente de nulidad de la notificación, la parte debe manifestar el tiempo y modo en que ha llegado a conocimiento del acto procesal cuya invalidez persigue. La falta de acreditación fehaciente de ello, implica ab initio, la endeblez de la pretensión', tornando operativa la convalidación tácita o presunta del supuesto acto irregular por el transcurso del plazo legal para cuestionarlo (arts. 170 y 393, C.P.C.C.).
Banco central, régimen de garantía de los depósitos, responsabilidad del banco
Materia: ADMINISTRATIVO-BANCARIO
Carátula: Labaque, Felipe c/ B.C.R.A..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

No sería legítimo obligar al Banco Central a responder, en virtud de la garantía de los depósitos, cuando en la operatoria cuestionada no se han respetado exigencias básicas impuestas por la autoridad competente (confr. art. 56, ley 21.526 modificado por ley 22.051), en el marco de esa misma garantía y, razonablemente condicionantes de su procedencia.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, nulidad de la notificación, improcedencia del recurso, sociedad anónima, inscripción de domicilio social, domicilio especial
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: CMX SA c/ Greenline Industries Coronel Suarez SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-23

Cabe confirmar la resolución que desestimó la nulidad de la notificación impetrada por la sociedad accionada. Cabe apuntar como principio que el domicilio inscripto en la Inspección General de Justicia en los términos requeridos por la Ley de Sociedades tiene efectos de domicilio legal, por lo que todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta deben tenerse por válidas y vinculantes para el ente, no siendo óbice el emplazamiento de la sociedad en los lugares donde efectivamente funcione o desarrolle sus actividades (LS 11-2°). Esta regla sólo juega en favor de los terceros de buena fe; es decir, que si el accionante conoce la existencia de un domicilio social distinto del inscripto -en el que funciona la sede "real" de la administración de la sociedad- en ocasión o a propósito de las relaciones jurídicas que lo vinculaban con la sociedad demandada no puede pretender luego emplazarla judicialmente en la sede que figura registrada en la Inspección General de Justicia (CNCom, Sala D del 11/7/07, "Batista, Hugo Ramón y otro c/ Batista e Hijos SRL s/ ordinario"). Y en el caso, la sociedad accionada en la Carta Oferta que las ligara constituyó domicilio especial a los fines de aquel instrumento en cierto domicilio de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y si bien frente a ello, debió notificar la demanda en dicho domicilio especial, empero, en el caso se presenta la particularidad que de la documental acompañada por la accionante se advierte que la CD remitida allí para notificar la mediación, fue devuelta al remitente sin notificar con el motivo de que la demandada "se mudó". En este especial contexto, juzga la Sala que habiéndose practicado entonces la notificación al domicilio que surge de lo informado por la Inspección, no puede la sociedad argumentar que la notificación debía realizarse en el domicilio especial. Así, cabe concluir que la intimación de pago efectuada en el domicilio que figura inscripto en la IGJ fue válida y que, por tanto, no constituyó una conducta abusiva de la accionante. Ergo cabe confirmar el rechazo de la nulidad.
Violencia familiar, abandono del hogar conyugal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., P. c/ P., E. s/ DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-12

El régimen implementado por la ley 24.417 no se aplica si el accionante admitió haber tomado la decisión de abandonar el hogar al que no pretende regresar. Y si la medida que persigue la realización de una constatación o inventario de bienes, en nada se compadece con alguna de las previstas en el art. 4 de dicha ley, por lo que deberá hacer valer sus derechos fuera del marco legal que pretende.
Tasa de justicia, abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: Siderman, José y otros c/ Nación Argentina y otra. s/ da$os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Corresponde dejar sin efecto la intimación cursada a un letrado a fin de que integre la tasa de justicia si la ley 23.898, aplicable a todos los juicios en los que no se hubiere cancelado en su totalidad el pago de dicha tasa, ya no contempla la obligación del apoderado de hacer frente a su pago ante el incumplimiento de la parte principal (art. 11 de la ley citada).
MÉXICO, violencia institucional, violencia de género, pueblos originarios, violación de derechos humanos, derechos de la mujer, grupos vulnerables, violencia sexual contra la mujer, interdependencia de los derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fernández Ortega y otros c/ México s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-30

Entre las formas de violencia que afectan a las mujeres en México, en especial en el estado de Guerrero se encuentra la de "violencia institucional castrense", tratándose de la presencia del ejército cumpliendo labores policiales afectando así derechos y libertades individuales y comunitarias, colocando a su población en una situación de gran vulnerabilidad que afecta muy particularmente a las mujeres indígenas quienes padecen las consecuencias de una estructura patriarcal ciega a la equidad de género y en cuyo contexto se presentaron numerosas denuncias de violaciones sexuales a mujeres indígenas atribuidas a miembros del Ejército, las que fueron tomadas por la jurisdicción militar sin que conste ningún caso en que se haya sancionado a los responsables.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivas de Gordillo, M.E. c/ Marrari, H.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-03

Nuestro Código Civil ha receptado el principio de la causalidad adecuada-doc. art. 906 del C.Civil- por lo que la adecuación del evento dañoso a la causa, deberá ser juzgada en función de una previsibilidad en abstracto. Es decir, será causa adecuada de un resultado previsible para un hombre normal.-
Daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Integral Constructora SC s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-17

El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad por ruina contra el constructor, en los casos de ser ésta inminente o por degradación paulatina, será la fecha en que el dueño actuando diligentemente, haya podido cerciorarse de la virtualidad ruinosa de los vicios aparecidos en la obra. Queda sujeto al criterio judicial determinar en cada caso concreto si hubo o no diligencia en su comprobación por parte del acreedor y, en consecuencia, si operó o no la prescripción de la acción.
Juicio de desalojo, poseedor
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Zalazar de Beltramello, María Lidia c/ Quinteros, Narciso s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-11-30

Deducida demanda de desalojo, el demandado la rechazó invocando la prescripción veinteañal, y el Juez de grado resolvió no haciendo lugar a la demanda y declarando adquirido el inmueble por el transcurso del tiempo. Si el demandado, al contestar la demanda de desalojo, muy sucintamente se declaró poseedor del inmueble, sin demostrar la adquisición el dominio por el transcurso del tiempo de una manera indubitable y convincente, es decir sin probar en forma definida y plena que con "animus domini" estaba poseyendo en forma ininterrumpida, pública y pacífica, aun cuando su posesión "ab initio" sea válida para repeler el desalojo, no lo es para determinar la formación de un título. Por ello, corresponde que ese derecho de posesión sea dilucidado en otro juicio y debe prosperar el Recurso de Apelación interpuesto por la actora en cuanto declaró adquirido el inmueble por prescripción por el demandado. (Del voto del Dr. Crook)
Constitución Nacional, reglamentación de la ley, derechos individuales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Padres de alumnos de  colegios  dependientes  de la UNC. interpone recurso art. 32 ley 24.521.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Los derechos individuales pueden ser limitados o restringidos por ley formal del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el art. 14 de la Constitución Nacional.
Trabajador autónomo, afiliados previsionales, principio de solidaridad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TEIJEIRO, NORMA c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

La base de la seguridad social es el principio de solidaridad obligatoria y como corolario de él, el derecho a usufructuar una prestación implica haber sido solidario cuando se revestía la condición de trabajador activo. Por ello, no habiéndose incorporado formalmente el causante al régimen antes de producirse su deceso, ni hallándose objetivada la imposibilidad de cumplimiento de dicha exigencia dentro del plazo para hacerlo desde la iniciación de la tareas autónomas que se invocan, debe desestimarse la solicitud de reconocimiento de servicios formulado por la peticionante.