marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, proceso de verificación, revisión judicial, sentencia, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Radeljak, Juan Carlos c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-16

1 - Corresponde rechazar la revisión intentada por el fallido, toda vez que la cuestión planteada ya fue motivo de consideración no solo por el juez civil al dirimir la controversia, sino también por el Juez a quo al tratar la insinuación en la etapa tempestiva donde el fallido planteo la cuestión ahora duplicada, con idéntico resultado al actual. 2 - El replanteo de la cuestión mediante este incidente conspiraría contra la seguridad jurídica que otorga la cosa juzgada, la que debe prevalecer a pesar de que pueda disentirse con la solución, dado que la ley otorga sobrados recursos para lograr la modificación de una sentencia errónea; y si estos no son utilizados no es posible luego intentar por otra vía la revisión de una sentencia ejecutoriada (CNCom, Sala B, in re "Greyton SA s/ quiebra s/ incidente de tercería de mejor derecho por Mizraji, Daniel", del 29/09/06).
Nulidad de la notificación, mediación obligatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Mariani, Juan Esteban y otro c/ Gargano Logística SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-28

Corresponde desestimar el planteo de nulidad de la notificación de la citación a la audiencia de mediación celebrada y de los actos procesales posteriores. Ello así, pues la demandada recurrente plantea que la citación a la mediación prejudicial obligatoria que prevé la ley 26589 no es susceptible de convalidación pues se trata de un acto extraprocesal regulado por un marco legal distinto al ordenamiento procedimental local. De tal modo concluye que aún cuando promovió el incidente de nulidad una vez vencido el plazo de cinco días subsiguientes al conocimiento del acto, éste no debería ser alcanzado por el consentimiento tácito que prevé el CPR 170.
Absurdo, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Almada Vda. de Martínez Landaburu Paola del C. por sí y su hijo menor s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-06-04

Las bases tenidas en cuenta para la regulación como la apreciación de la importancia y mérito de la labor profesional cumplida y demás factores computables a tal fin, constituyen cuestiones de hecho irrevisables en casación, salvo denuncia y cabal demostración de la existencia de absurdo.
Asociación ilícita, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Actuaciones instruidas por las supuestas desapariciones y muerte de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-15

Los individuos integrantes de la asociación ilícita que intervino en el sistema de represión ilegal, ingresando a las viviendas de las víctimas o participando en el secuestro en la vía pública, pero que no están siendo juzgados en este proceso, no pueden ser considerados en este juicio como integrantes de la asociación ilícita, ello en virtud del principio de legalidad que presenta al tipo penal como una garantía más del imputado.
Explotaciones forestales, impacto ambiental, evaluación del impacto ambiental, acción de amparo, amparo ambiental
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Cabaleiro Luis Fernando	 c/ Papel Prensa S.A s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

La acción de amparo ambiental interpuesta por un particular contra una empresa propietaria de una explotación forestal, tendiente a que se ordene el cese inmediato de sus actividades por carecer de un estudio de impacto ambiental que exige la ley 11.723 de la Pcia. de Buenos Aires, debe ser rechazada, pues una lectura lógica y sistemática de la ley conduce a que, la inclusión del aprovechamiento de los bosques naturales e implantados obedece a la conocida actividad de desforestación que produce alteraciones del ecosistema, siendo que lo de "implantados" seguramente se debe a casos como los bosques de Pinamar o Cariló, pero difícilmente pueda referirse a árboles plantados en la pampa húmeda que ninguna alteración del ambiente pueden producir, aún cuando periódicamente sean talados para ser sustituidos por nuevas plantaciones.
Docentes, empleados públicos, cesantía, Administración Pública, acto administrativo, defensa en juicio, Superior Tribunal de Justicia, competencia, recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, facultades disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PERAMOS, ANGEL FRANCISCO FEDERICO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 273-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-05

Afirmar que el acto que declaró cesante al actor en el cargo de Director reemplazante de un establecimiento educativo provincial fundado en la causal prevista en el artículo 29 inciso b) del Régimen de Suplencias para cargos docentes, decreto nro 37-70, no aparece fundado en bases firmes ni que se hubiera respetado en el caso, el derecho de defensa, de raigambre constitucional; y que la autoridad educativa no pudo irrazonablemente valerse de las facultades que le acuerda tal norma para disponer la baja del recurrente, no implica, de ningún modo, que esta Corte pretenda sustituir a los órganos específicos administrativos en la evaluación de las condiciones de idoneidad del personal docente, ni en el ejercicio de la potestad disciplinaria que parece haber campeado en la decisión que se adoptó.

Por el contrario, este Tribunal se atiene a su función jurisdiccional al constatar que los motivos aducidos no constituyen base legítima del cese dispuesto, por estar cuestionados mediante recursos previstos en el propio ordenamiento administrativo y sin resolver, o por no haberse todavía configurado, o por no habérsele dado siquiera oportunidad de tal cuestionamiento en una situación que razonablemente la exigía en debido respeto al derecho de defensa.
Sentencia interlocutoria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: JULIO NOYA Y OTROS c/ NICOLAS AJIS FERNANDEZ Y OTROS s/ EJECUCION DE SENTENCIA  EXPTE. N. 12101-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1987-06-04

La doctrina que sostiene que las nulidades procesales son todas relativas y convalidables, no es válida cuando los actos son irregulares por inobservancia de preceptos de carácter imperativo, aún tratándose de providencias interlocutorias con el alcance de la que aparece cuestionada en autos. No sólo está involucrada como consecuencia de la trascendencia procesal (art. 532 - Código de Procedimientos Civil y Comercial), pues resuelve sobre circunstancias de hecho y de derecho no susceptibles de ulterior revisión, lo que obliga al juzgador a explicitar sus motivaciones para hacer perfectible el derecho de defensa de excepcionante, sino también porque el fundamento de la sentencia interlocutoria es requerido en calidad de imperativo legal y por ello no convalidable en manera alguna.
Aplicación de la ley, actos y diligencias procesales
Materia: CIVIL
Carátula: R. C. -MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR c/  s/ INCIDENTE LEGAJO APELACIÓN EFECTO DEVOLUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-22

Las normas procesales contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación son de aplicación inmediata, con la condición que no se prive de validez a los actos procesales cumplidos, ni se deje sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, impulso procesal, leyes, interpretación restrictiva, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Olmedo, Dominga Nieves c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Pedido de caducidad   (Expte. CSJ Nº 1110-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-10

Al clarificar el panorama de las excepciones a lo dispuesto en el artículo 63 del Código Contencioso Administrativo, la Corte provincial expresó que la genérica mención a "otras causas" -independientemente de la voluntad del recurrente-, permite incluir en ella diversos supuestos en que la inactividad u omisión sea justificada por motivos que aunque no constituyan fuerza mayor, tornen inocua cualquier expresión de voluntad del actor. Luego, repasó cómo, esa situación opera cuando la inactividad es imputable a un funcionario y, cómo para alguna calificada doctrina, en tales casos, se daría una inadmisible transferencia de responsabilidades del funcionario a la parte; pero seguidamente se aclaró que tal conclusión no puede sostenerse en un régimen como el local, en que la carga de impulsar el trámite está impuesta al actor, si es que quiere evitar la caducidad. Dichos argumentos resultan aplicables a la especie en donde la actividad pendiente depende de un organismo de la parte demandada, el que no ha impedido de ninguna manera que la actora inste el trámite; es decir que la actividad que ésta hubiere desarrollado en tal sentido no hubiese sido inocua, lo cual resulta plenamente aplicable, también a los términos del artículo 30 de la ley 11330 cuando reza "pudiendo hacerlo".
Excusación, excusación por interés en el pleito, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SUCESIÓN DEL SR. TRUMPP, LUDOVICO c/ ULRICO WAIDELICH Y OTROS s/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-11-29

Procede la inhibición planteada por el Ministro del Superior Tribunal de Justicia fundada en razones de decoro y delicadeza previstas en el art. 30 del C.P.C.C de la Provincia de Misiones y lo normado en el art. 17, inc. 7° del mismo cuerpo, por haber actuado en la causa como Juez de Primera Instancia dictando providencias de mero trámite y emitiendo opiniones sobre cuestiones de fondo sometidas a su decisión.
Declaración indagatoria, declaración policial, derecho a conocer el hecho imputado, nulidad procesal, homicidio culposo, derrumbe parcial de edificio, responsabilidad del director de obra
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARZAMENDIA Odigno
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-05

Corresponde declarar la nulidad de la declaración indagatoria recibida a los imputados respecto del delito de homicidio culposo causado por el derrumbe de un muro en una obra en construcción ya que, pese a la instrucción emitida por el Juzgado, se les tomó declaración bajo juramento de decir verdad; así también y luego, al ser indagados, no solo no fueron advertidos de tal situación ni relevados expresamente de aquél, sino que además sus testimonios se consignaron antes de sus descargos como prueba que los incriminaba. A todo ello debe sumarse que la descripción del hecho impuesto fue deficiente, al no precisar en que consistían la violación del deber de cuidado que se les reprochaba, todo lo cual no sólo resulta autoincriminante sino que vulnera el derecho constitucional de defensa en juicio y el debido proceso.
Interpretación del contrato, conducta de las partes, manifestación de la voluntad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Viser SA. c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. s/ Cumplimiento de Contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

El Código de comercio, en su art. 218, inc. 4, se refiere a los hechos de los contrayentes, siguientes al contrato, como "la mejor explicación de las partes al tiempo de celebrar el contrato".

Empero, una conocida doctrina extranjera y nacional, a puntualizado con acierto que para desentrañar la voluntad de las partes es también un elemento de juicio valioso recurrir al comportamiento anterior a la celebración del contrato.
Responsabilidad del Estado, mercado cambiario, tipo de cambio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Revestek S. A. c/ Banco Central de la República Argentina y otro s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

No corresponde fundar la responsabilidad del Estado en el hecho de que éste causó un daño singular a la actora, al dictar el decreto 377/81 y las consecuentes comunicaciones del Banco Central, que dispusieron medidas de mitigación sólo respecto de los préstamos financieros en moneda extranjera y, que no comprendían a quienes habían contraído endeudamientos comerciales.
Revocación del sobreseimiento, sentencia arbitraria, falta de mérito, trata de personas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Castrege, María del Carmen y Otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-04

Si bien la revocación del procesamiento no constituye sentencia definitiva en los términos del art. 457 CPPN, resulta equiparable a tal puesto que la omisión del agravio podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior. Es arbitrario el pronunciamiento que decretó la falta de mérito de dos de los imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual sin adentrarse en cuestiones probatorias que sustentaran lo resuelto, ya que el hecho de proporcionar al autor los medios necesarios para la comisión del delito es una forma de participación y de grado esencial, lo cual ha sido soslayado por el a quo, sin que resulte suficiente que se exhorte al juez de grado a continuar la investigación sin precisar qué medidas de prueba son aquellas que podrían profundizarla. El voto concurrente agregó que satisface el grado de probabilidad que exige el art. 306 CPPN para convalidar el auto de procesamiento el hecho de ser propietaria del local en el que se llevaba a cabo la actividad prostibularia y el de ser directivo de la sociedad a la que pertenece el hotel donde se alojaban las víctimas y la camioneta utilizada presuntamente para ingresar mujeres al país provenientes de la República de Paraguay. (Dres. Gemignani, Hornos, Borinsky -voto concurrente-).
Proceso contravencional, sistema acusatorio, fiscales, facultades del fiscal, acción contravencional, jueces, facultades del juez
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Erice, Fabián; Erice, Ariel s/ Inf. Arts. 116 y 117 Ley 1472 -Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-26

En el sistema acusatorio las funciones estatales de perseguir y juzgar se encuentran desdobladas, dado que es un órgano distinto a los jueces el encargado de excitar la actividad de éstos; no puede haber actuación de oficio y los magistrados en su rol de terceros imparciales son encargados de resolver los puntos que las partes debaten.

Esta separación entre el que acusa y el que juzga, como así también el ejercicio y mantenimiento de la acción por el que acusa, resultan los elementos esenciales del sistema acusatorio formal (Asencio Mellado, José María, Principio acusatorio y derecho de defensa en el proceso penal, Madrid, 1991, p. 17/18; Armenta Deu, Teresa, Principio acusatorio y Derecho Penal, Barcelona, 1995, p. 31/32, cit. por Gil Lavedra, Ricardo, "Legalidad vs. acusatorio -una falsa controversia-", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal nro. 7, Ad Hoc, p. 836).
Recurso de casación, control de constitucionalidad, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Manuel Fernández Vega La Rioja S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-19

Estando previsto en nuestro C.P.C. el camino a seguir cuando se impugna resoluciones definitivas recaídas en proceso en los que se haya controvertido la validez de una norma bajo la pretensión que la misma es contraria a la Constitución Provincial (Recurso de Inconstitucionalidad), resulta formalmente improcedente incoar el Recurso de Casación.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: GUERRA EDELMIRO c/ ASOCIACION ATLETICA QUIMSA Y OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-08

Si el empleador no lleva o no exhibe la documentación legalmente exigida (arts. 52 y 54), se crea una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador sobre las circunstancias que deben constar en tales libros. Se trata de una presunción que puede ser desvirtuada por prueba en contrario.
Confirmación de sentencia, medicina prepaga, derechos del consumidor, prueba, restitución de sumas de dinero
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Unión de Usuarios y Consumidores c/ Swiss Medical SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Procede confirmar la resolución mediante la cual se admitió la demanda interpuesta por una Unión de Usuarios y Consumidores contra una empresa de medicina prepaga condenándola a reintegrar a sus usuarios los incrementos aplicados en la facturación correspondientes a determinado período, con más los intereses a la tasa contractualmente pactada desde los vencimientos de la facturación donde se incluyeron incorrectamente los aumentos hasta el efectivo pago. Ello por cuanto, la pretensión deducida puede ser calificada como un supuesto de ejercicio de derechos de incidencia colectiva referentes a los intereses individuales homogéneos definidos en los considerandos 12 y 13 del fallo de la Corte "Halabi", pues: 1) existe un hecho único que causa una lesión a una pluralidad de derechos individuales; 2) la pretensión está concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar; y 3) está claro que el interés individual considerado aisladamente no justifica la promoción de una demanda por cada usuario, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia. Es que, en el caso la aludida homogeneidad deriva de que todos los usuarios cuya representación invoca la actora habrían sido afectados por el cobro de los aumentos correspondientes a los meses de diciembre de 2007 y agosto de 2008, sin cumplir con el plazo de antelación de 30 días previsto por la Resolución 175/2007 de la Secretaría de Comercio Interior. A todo evento, la propia demandada trajo a la causa prueba que corrobora que existieron reclamos administrativos por parte de otros afiliados, cuestionando la falta de notificación de los aumentos, con quienes habría arribado a un acuerdo conciliatorio.
Sociedad conyugal, régimen patrimonial del matrimonio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B. de F., A. c/ F., A. s/ Separación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-03

El carácter de propio o ganancial de los bienes, no proviene de lo que las partes acuerden o el Juez determine, sino de las disposiciones de la ley que establece el régimen de la sociedad conyugal y determina su carácter, siendo ello un régimen de orden público (arts. 1271, 1272 y concs. , C.Civil).
Pronto pago, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Bopp, Adán y otros s/ Incidente de pronto pago en autos: Roberto Queixalos S.A. s/Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-03-20

El pedido de pronto pago, al no tener carácter de controversia, si la hay, ella se deriva a otro trámite concursal, no reviste la índole de incidente susceptible de generar costas, puesto que, en definitiva, la solicitud se convierte en una "autorización de pago".

Por ello las costas se establecen en el orden causado.
Validez del acto administrativo, medidas cautelares, acción de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Z., F. N. c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-22

De conformidad con el art. 230° C.P.C.C., para el otorgamiento de una medida cautelar deben concurrir determinados requisitos, los que se identifican como:

1) verosimilitud del derecho, 2) peligro de que si se mantuviera o alterara en su caso la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en imposible o ineficaz, 3) la imposibilidad de obtención de la cautela por medio de otra medida precautoria, a más de, por imperio del art. 199° C.P.C.C., la contracautela.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recursos de hecho deducidos por S.A. La Razón y el codemandado Dr. Federico Camilo Humbertlan en la causa Campillay, Julio Cesar  c/ La Razón, Crónica y Diario Popular s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-15

Un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas admitida aún la imposibilidad práctica de verificar su exactitud- impone propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito. El hecho de que las publicaciones que motivaron la condena se hayan limitado a transcribir prácticamente el comunicado policial respectivo -al margen de la responsabilidad de dicha autoridad, extraña al marco del proceso- no excusa la atribuible a los editores involucrados, toda vez que éstos hicieron "suyas" las afirmaciones contenidas en aquél, dándolas por inexcusablemente ciertas, pese a que un prudente examen de tal memorandum evidenciaba que la versión respectiva daba cuenta de que el actor no había sido oído ni juzgado por la autoridad judicial interviniente, la que concluyó, a la postre, con un sobreseimiento definitivo a su respecto.
Responsabilidad del Estado, competencia de menores
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Mendoza, Cesar Alberto y Otros c/ República Argentina s/ Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ República Argentina s/ Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ República Argentina s/ Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones Argentina s/ Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. s/ Penas de Privación Perpetua de la Libertad
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-05-14

El Estado Argentino deberá ajustar su marco legal a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, diseñar e implementar políticas públicas con metas claras y calendarizadas tendientes a la prevención de la delincuencia juvenil a través de programas y servicios eficaces que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes lo que, asimismo, debe incluir el apoyo diferenciado a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, así como a sus familias
Excepciones procesales, arraigo
Materia: CIVIL
Carátula: SOCIETE DES AUTEURS DES ARTS VISUELS c/ SA LA NACION s/ PROPIEDAD INTELECTUAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-29

El art. 17 de la Convención sobre Procedimiento Civil (concluida en La Haya el 1ro. de marzo de 1954), aprobada por la ley nacional n° 23.502, que impide la imposición de caución fundada en la falta de domicilio o de residencia en el país, no implica la derogación del art. 348 del Código Procesal, sino la prohibición de exigir el arraigo debido a esa única circunstancia. Si bien es cierto que el citado art. 17 establece que no podrá imponerse ninguna caución o depósito por el sólo hecho de no tener su domicilio o residencia en uno de los estados contratantes, sin entrar a considerar la cuestión relativa a los bienes inmuebles, para la viabilidad de la excepción de arraigo se requiere la falta de ambos requisitos en forma simultánea.
Regímenes jubilatorios especiales, compatibilidad previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Aguilar, Ricardo Ignacio s/ jubilación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1965-07-30

El decreto ley 12.458/57 (ley 14.467) tiende a establecer un régimen excepcional mediante la supresión del principio general de incompatibilidad entre jubilación y actividad (Voto del Doctor Luis María Boffi Boggero).