Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-10


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los días del mes de marzo del año dos mil diez, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de la Sra. Jueza de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "F., E. A. c/ D. A. L. S. A. s/ DEMANDA LABORAL (Indemnización y cert. de servicios)", expte. nro. 22/10, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (expte. nro. 3924/06), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 227), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 190/205vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

La parte demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva nro. 120/2009 del juzgado letrado en lo Laboral nro. 1 de la jurisdicción que hizo lugar a la demanda y condenó a D. A. L. S. A. a abonar a E. A. F. la suma de $15.196,09 con más intereses, la entrega en el plazo de 10 días del certificado de trabajo, las constancias documentadas del ingreso a los organismos de la seguridad social y sindicales de aportes y contribuciones correspondientes al accionante y la certificación de servicios y remuneraciones todo ello de acuerdo a lo establecido en las Leyes 24576 y 24241; desestimó los planteos de inconstitucionalidad de artículos de la ley 23928 modificado por el art. 4 de la ley 25561 y por el Dto. Nacional 214/2001, e impuso las costas a la vencida (fs. 190/205vta, fs. 207).

El memorial de agravios que luce a fs. 213/17, contiene las quejas contra la sentencia definitiva que son motivo de tratamiento por esta Alzada y la suscripta en primer término.

En primer término se queja por cuanto dio acogida favorable la A-quo a la indemnización por antigüedad, indemnización por vacaciones no gozadas y indemnización art. 2 de la ley 24323 y la indemnización del art. 80 de la LCT por la supuesta falta de entrega. Dice que el fallo no condice con las normas legales y lo resuelto en casos similares por la Cámara de Apelaciones de la provincia. Relata que el actor ingresó a trabajar el 18 de febrero del 2004 hasta el 03 de enero del 2006 y obra a fs. 15 recibo de la liquidación final. Hace un recordatorio de la misivas cursadas y se puso en conocimiento del trabajador que los certifica-dos habían sido entregados en debida forma. Se agravia de la condena al pago de la indemnización del art. 80 y transcribe el art. 45 de la Ley 25345.

Afirma que la empleadora cumplió con las obligaciones laborales. La existencia de alguna deficiencia no implica -sostiene- que la multa es excesiva y como argumento reforzante de su postura indica que en los recibos de los salarios se detallan los montos retenidos a los efectos de los aportes de seguridad social. Transcribe doctrina y jurisprudencia haciendo hincapié en que el demandante debió haber acreditado daño cargando con la prueba.

Los agravios son contestados a fs. 219 a 222.

Análisis:

La existencia del perjuicio se observa examinando la sentencia y determinando las partes o cuestiones del acto que lesionan o son desfavorables a los intereses jurídicos de los litigantes. El agravio o conjunto de agravios según la complejidad del decisorio, será la medida de la apelación (según Fenochietto, E., "Cód. Proc.", t.2, pág. 4/5, ed. Astrea-2001).

La recurrente pretende sea revocado el fallo en cuestión, sin atender los argumentos dados por la a quo tanto para considerar la omisión de cumplimiento con la entrega del certificado de trabajo y la imposición de la multa que extensamente desarrolló a fs. 195, fs. 196 y fs. 197vta. la falta de documentación respaldatoria a la que hizo referencia el sentenciante de grado, además es reiterada en esta Alzada, con idéntica expectativa sin receptar y contradecir las respuestas dadas en el decisorio atacado.

No luce un agravio ni perjuicio que pueda ser atendido, y que insten a modificar lo fallado ante la insuficiencia del memorial bajo análisis.

Más aún, esta Alzada en ambas Salas se ha expedido sobre el tema lo que fuera desarrollado extensamente en la sentencia en crisis.

Simplemente por una cuestión de ilustración y orden a lo dicho precedentemente recuerdo lo dispuesto en Sentencia Definitiva nro. 16/08, expte. 16686 de este Cuerpo que integro, que también siguió la magistrada de grado en su fallo, resaltando que no acompañó la documentación es decir la entrega conforme derecho (a la normativa vigente).

En aquella oportunidad dejé sentado que "Según parte de la doctrina nacional dicho lapso -el de 30 días- se computa desde el distracto, no pudiendo intimarse con anterioridad con aspiraciones indemnizatorias, transcurridos los 30 días como en la especie, intimado el empleador tiene dos días para su entrega, porque la obligación nació a partir de la disolución del vínculo laboral (ver Valentín Rubio, "Derecho Individual del Trabajo", pág. 816, ed. Rubinzal Culzoni-2004).

Me explayaré en forma previa a dar a conocer la decisión en los fundamentos dados en el fallo plenario nro. 314 de la CNTrab. en pleno del 9/10/2007 en autos "Busquiazo, Guillermo Ernesto c/ Gate Gourmet Argentina SA s/ despido"(elDial AA41C8). En el mismo se analizó detenidamente el espíritu de las normas que en este caso deben aplicarse, ley 25345 y Dto.146/2001.

Solamente apunto a la doctrina del fallo y no a su aplicación analógica a este caso porque se trata de una situación diversa, exclusivamente para la interpretación adecuada de la norma fundamentos de la decisión de esta suscripta, hecha esta aclaración, el primer tema a desarrollar es el que emerge del propio y literal texto del art. 45 de la ley 25345.

"La lectura de la norma definitiva permite advertir la existencia de 2 errores que una interpretación comprensiva puede remediar: Se alude a los "apartados segundo y tercero" cuando, en verdad "la constancia o el certificado" están previstos en los párrafos primero y segundo. Por otra parte se afirma que el incumplimiento será "sancionado" con una "indemnización" lo que revela una confusión inadmisible entre lo "punitivo" y lo "resarcitorio", entre la reparación del daño y la conducta antijurídica. Pero una vez dispensados los equívocos, surge de una manera diáfana que la disposición legal impone el pago de una suma de dinero emergente de una tarifa que, más allá del nomen iuris debe abonar el empleador que no cumple con la obligación de entrega de la constancia o el certificado y que, por lo tanto, la causa del crédito en su acepción amplia no es el despido. Adviértase que la "sanción" o "indemnización" prevista por el art. 80 de la LCT puede llegar a devengarse, en el terreno de las hipótesis, aun vigente el vinculo contractual, si el trabajador requiere las constancias documentadas de ingresos a los fondos de la seguridad social por algún motivo razonable, durante el desenvolvimiento de la relación laboral y el empleador "no hiciera entrega" del respectivo instrumento" (dictamen Fiscal General).

Por su parte el Dr. Guisado dijo: "La indemnización del art. 80 de la LCT no se encuadra en esa descripción (se refiere a la doble indemnización), pues no constituye un resarcimiento derivado de la denuncia inmotivada del contrato, sino que reconoce una causa totalmente distinta: El incumplimiento del empleador a la obligación de extender el certificado de trabajo o la constancia documentada de aportes. Esta última obligación no se genera solo en los casos de despido sin causa justificada, ya que a) el empleador debe entregar el certificado de trabajo cuando el contrato "se extinguiere por cualquier causa" y b) la constancia de aportes puede ser exigible aun "durante el tiempo de la obligación". De ahí que el trabajador puede hacerse acreedor a la indemnización prevista en la ultima parte del citado art. 80 incluso en supuestos de extinción no alcanzados por el art. 16 de la ley 25561 (v.gr., en caso de renuncia del trabajador o de despido con justa causa) y hasta en contratos de trabajo vigentes (si el empleador no entrega al trabajador la constancia de aportes mediando "causa razonable" que la hicieren exigible)".

La obligación de entrega surge a partir del distracto, pero no así la obligación de indemnizar que a mi modo de ver surge a partir de la intimación, la que no puede efectuarse antes de los 30 días, si en dos días no se puso a disposición del intimante, se hará pasible de la sanción "indemnizatoria".

En el punto, es criterio de la suscripta que el art. 3 del Dto. 146/2001, reglamentario de la norma indicada, y cuya inconstitucionalidad no ha sido planteada, dispone que "el trabajador quedara habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el art. que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados 2do.y 3ro. del art. 80 de la LCT (...) dentro de los 30 días corridos de extinguido, por cualquier causa el contrato de trabajo".

La norma inferior de cualquier modo, debe ser leída con los límites de la norma superior que reglamenta. Esta última otorga al empleador un plazo de 2 días hábiles para cumplir el requerimiento del trabajador relativo a la entrega del certificado o cargar con la indemnización que se regula; la brevedad de ese plazo puede así explicar la interposición de otro plazo antes de que aquel requerimiento quede habilitado ya que, por ejemplo el cumplimiento de la obligación del art. 80 de la LCT puede incluir la necesidad de regularizar el vínculo (no necesariamente debe darse en ese marco). La extensión del plazo encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar esta última interpretación.

"La intimación a la que alude el art. 3ro. del decreto 146/01 (Adla, 1520) solo puede surtir efectos -con relación al inicio del computo de los dos días y el posterior derecho de indemnización- una vez que haya transcurrido el plazo de 30 días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador regularice la situación" (DJ2006-2-213 CNTrab., sala III, 2005-11-09 autos Michref, Antonio c/ Asociación de Beneficencia Hospital Sirio Libanes).

Por todo lo dicho y lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia que recuerdo, sin expresión de agravios el tribunal se encuentra imposibilita-do de verificar la justicia o injusticia de lo resuelto. Y la misma debe concretar la materia en que ha entender el tribunal de grado, aportando fundamentos y las bases jurídicas de los disímiles puntos de vista frente a lo resuelto por el primer juzgador, en tanto el escrito conteniendo afirmaciones y discrepancias genéricas no constituye técnicamente una expresión de agravios (DJ 1996, pág. 527). En la especie ello no ocurrió por lo cual propicio el rechazo de los agravios confirmando la sentencia venida en crisis.

No resulta de aplicación al caso lo dispuesto en el art. 282 del Digesto Jurídico de la Pcia. del Chubut Ley XIII-nro.5 atento a lo resuelto.

Las costas de la Alzada se imponen a la apelante vencida conforme principio objetivo de la derrota (art. 69 CPCCCh), difiriendo la regulación de los profesionales actuantes al momento del acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Propongo:

1. Rechazar los agravios de la demandada apelante, confirmando la sentencia venida en crisis.

2. Costas de la Alzada a la recurrente vencida, difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento del acuerdo, conforme considerando respectivo.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan los presentes para mi estudio por apelación de la demandada (fs. 207) de la sentencia de fs. 190/205 que hace lugar a la demanda y condena a D. A. L. S. A., a abonar en el plazo de diez días de quedar firme la presente al Sr. E. A. F., la suma de quince mil ciento noventa y seis con nueve centavos ($15.196,09), la que se incrementará conforme lo dispuesto en el considerando respectivo. No hace lugar al planteo de inconstitucionalidad. Condena a entregar a la actora en el plazo de diez días el certificado de trabajo, las constancias documentadas del ingreso a los organismos de la seguridad social y sindicales de los aportes y certificación de servicios y remuneraciones, formularios PS 6.2 ANSES, de acuerdo a lo establecido en el art. 80 LCT.

Impone las costas a la demandada vencida y regula los honorarios.

A fs. 213/217 se agrega la expresión de agravios atento a que la Sra. Magistrada acoge favorablemente la indemnización por antigüedad, preaviso omitido, vacaciones no gozadas, e indemnización del art. 2 de la ley 25323 y la indemnización del art. 80 LCT.

Narra los hechos y destaca que el art. 80 prevé dos tipos de certificaciones, uno que es de trabajo propiamente dicho y el otro la certificación de servicios y remuneraciones, donde se consigna las retribuciones percibidas durante la relación laboral, lo que tiene valor probatorio para acreditar los servicios ante ANSES. Transcribe lo que dispone el art. 45 de la ley 25345 y el art. 80 LCT.

Considera que la empleadora ha cumplido con sus obligaciones, por cuanto conforme lo acredita el propio reclamante, a fs. 19 se acompaña certificado de trabajo, donde consta la fecha de ingreso, egreso y las tareas cumplidas hasta el retiro y convenio colectivo de trabajo al cual se encuentra afectado.

Consta, dice, que se efectuaron los aportes jubilatorios, el N° de CUIL, de inscripción de la empresa en formulario de ANSES PS.6.2.

Destaca que la norma impone sanciones cuando no se hiciera entrega de la constancia o del certificado previsto, en mérito a ello la existencia de alguna deficiencia en el certificado entregado no constituye causa suficiente para la aplicación de la sanción prevista en la norma.

Agrega que la suma aplicada como sanción es excesiva, ya que si bien la ley prevé tres meses de salarios esta puede ser prudentemente aplicada, debien-do valorar que en todos los recibos acompañados por el actor consta el monto retenido a los efectos de los aportes de la seguridad social. Cita doctrina y jurisprudencia.

Indica que no se ha alegado daño alguno y que la actora no desconoce que se le haya entregado la certificación de servicios, por lo que debe tenerse por probada dicha entrega.

Reclama que al modificar la decisión deben adecuarse costas y honorarios.

Hace reserva del caso federal.

A fs. 219/222 se agrega la contestación de los agravios.

Observo, en principio, que más allá de los agravios que enumera en el punto II-a) si bien a fs. 213vta. segundo párrafo manifiesta que "Así esta parte se agravia por la imposición de la indemnización del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo", los mismos se refieren a la obligación de entrega de los certificados que ordena la sentencia y al monto indemnizatorio, exclusivamente.

Y respondiendo a lo afirmado por el actor en punto al incumplimiento de efectuar una crítica concreta y razonada, he de seguir la jurisprudencia de esta Cámara en punto al criterio amplio adoptado para el tratamiento de los agravios.

Entrando a la cuestión traída a la alzada, considero que la interpretación que el apelante mantiene respecto a la documentación que ordena entregar el artículo 80 LCT, no logra revertir los fundamentos de la Sra. Juez y con los que concuerdo.

El párrafo agregado al artículo 80 LCT por el artículo 45 de la ley 25345 hace referencia a la omisión de entrega de la constancia o del certificado, a los que se refiere en el primer párrafo y dispone que la falta de entrega trae aparejada indemnización, previo cumplimiento de los requisitos que también ordena.

Es decir, sostiene Mario Ackerman, en "La modificación del artículo 80 LCT, "Revista de Derecho Laboral", "La reforma Laboral -II, que las dos obligaciones del empleador a las que se refiere el nuevo párrafo del artículo 80 son la entrega de la constancia documentada del depósito de los aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social y sindicales y la entrega de un certificado de trabajo, con las indicaciones que prevé el segundo párrafo del mismo artículo.

Y agrega que es obvio que la omisión de cumplimiento de una u otra obligación -en el plazo que fija la norma- configura el presupuesto de hecho que da lugar al pago de la indemnización especial, el cumplimiento imperfecto o parcial de cada una de ellas podría tener consecuencias diferentes. Tales referencias son suficientes para confirmar lo decidido por la sentenciante, de acuerdo a la documentación acompañada (fs. 19 y 42, la ausencia del certificado de trabajo con los recaudos del art. 80 LCT y a la constancia de fs. 16 en donde consta que le fueron reclamadas al demandado las constancias que no fueron entregadas y el resto de los elementos probatorios que valorara la sentenciante.

El reclamo formal del trabajador se encuentra acreditado y el incumplimiento por parte del demandado, también, ya que éste basa su defensa en la falta de perjuicio que la omisión de la entrega del certificado del art. 80 le ocasiona al actor, y que en los recibos acompañados por el actor, consta el monto a los efectos de los aportes de seguridad, ya que la ley ordena los recaudos que deben tener los recibos y cuáles las certificaciones que manda a extender.

La CNAT, sala VI, en "Soldavini, Jorge Ignacio c/ ITM Argentina S.A. y otro s/ Despido", se dijo "Más allá de la costumbre imperante entre los empleadores, el certificado de servicios y remuneraciones no equivale a las constancias de los aportes depositados por el empleador en su momento o en la actualidad: la norma del artículo 80 de la LCT es estricta al respecto, exigiendo que el empleador libre el certificado de trabajo en las constancias del caso, entre ellas la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación (ley 24.576) y al mismo tiempo las constancias documentadas de los aportes: mientras ello no suceda, incumple con la norma y debe ser compelido a cumplimentarla" (19-2-2003, elDial - AL1217).

Entiendo que la procedencia de la indemnización contemplada en el último párrafo del art. 80 de la LCT queda supeditada a que el trabajador intime de modo fehaciente la entrega de los certificados mencionados en el mismo artículo. Esta intimación para que cobre virtualidad jurídica debe hacerse extrajudicialmente ante el incumplimiento del empleador de extender los certificados de trabajo al tiempo de la extinción de la relación laboral por cualquier causa que fuera y formularse en términos precisos y claros.

En autos el actor intimó, el 4 de abril de 2006, la entrega de la certificación de trabajo, en el plazo de 48 horas, cuya relación culminó el 3 de enero de 2006, tal lo dispusiera la sentenciante, de ello se desprende que habían trascurrido ya los 30 días que otorga el decreto.

Dadas todas las condiciones que requiere la norma para la indemnización (art. 80 LCT, 45 de la ley 25345, no encuentro motivo para apartarme de lo que respecto a ello se dispone, en consecuencia, la suma acordada deviene justa.

Las costas de la Alzada las impongo al demandado vencido.

A fin de regular los honorarios del letrado interviniente, valoraré la tarea profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los artículos 6 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo que:

1) Rechaza los agravios del demandado, imponiendo las costas al apelante vencido.

2) Difiere la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios del demandado y confirmar la sentencia de fs. 190/205vta.

2) Costas al apelante vencido.

3) Regular los honorarios profesionales de los Dres. E. J. M. y J. M. P., conjuntamente, en el TREINTA POR CIENTO (30%) y de la Dra. R. B. M. de C. en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%), porcentajes a calcular sobre lo regulado a cada parte por sus respectivos trabajos en primera instancia.

4) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 216vta./217.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Jueza de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y concordar en la solución del caso (Ley V-17 DJ y art. 274 CPCCCh).

REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2010 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L".