Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26


En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 26 días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala C de la Cámara Civil, para conocer del recurso interpuesto en los autos "TURELLO, ELSA c/RAY S.A. y otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS", respecto de la sentencia corriente a fs. 727/738 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: )se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres.jueces de Cámara Dres. Posse Saguier, Alterini y Galmarini. Sobre la cuestión propuesta el Dr.Posse Saguier dijo:

I.- Elsa Turello demanda a Ray S.A., María Teresa Alonso de Yorio, Raúl Alfredo Yorio y Jorge Oscar Yorio por cobro de la suma de A 717.200.000, con más la actualización monetaria, intereses y costas, en concepto de los daños y perjuicios ocasionados a raíz del accidente que sufriera el día 22 de abril de 1989 al caerse al vacío por el hueco del ascensor de la finca ubicada en la calle Terrada 276 de esta Capital Federal.

La sentencia de primera instancia hizo lugar a las defensas de prescripción opuestas por los co-demandados Ray S.A., María Teresa Alonso de Yorio, Raúl Alfredo Yorio y los terceros citados Curci y Altamirano, imponiendo las costas por su orden. En cambio, acogió favorablemente la acción entablada respecto del co-demandado Jorge Oscar Yorio y lo condenó a pagar a la actora, dentro del plazo de diez días, la cantidad de $ 47.000, con más los intereses y las costas del proceso. Contra dicho pronunciamiento se alzan las partes. El tercero citado señor Osvaldo Curci expresa agravios a fs. 774/775; a su vez, la actora funda su recurso a fs. 782/784 y el co-demandado Jorge Oscar Yorio lo hace a fs. 785/786. Finalmente, a fs. 791/792 obra la contestación de la actora a los recursos de los presentantes mencionados.

II.- Agravios de la accionante.- a) En primer lugar, se queja la apelante porque el señor juez a-quo admitió la defensa de prescripción opuesta por Ray S.A., en base a que Jorge Oscar Yorio sólo fue querellado a título personal y no como representante legal de la empresa. Desde ya adelanto que pese al esfuerzo argumental ensayado por la recurrente el agravio no puede prosperar.

En efecto, más allá de que Jorge Oscar Yorio fuese Presidente de Ray S.A., lo cierto es que la propia damnificada al solicitar su procesamiento, lo hizo invocando únicamente su carácter de propietario del edificio (véase fs. 59/60, punto 2). Es más, en ninguna de sus presentaciones surge, ni siquiera una insinuación, acerca de que la querella era promovida también en su condición de representante legal de la empresa. En este sentido, adviértase que la sociedad en cuestión no fue la única emplazada en su carácter de propietaria del inmueble, sino que también se accionó contra personas físicas invocando esa misma calidad, entre ellas, el querellado Jorge Oscar Yorio. Como se ve, entonces, si Yorio investía la calidad de propietario -a título personal-, mal podría entenderse implícita, en este caso, que la querella involucraba también a la empresa a través de su representante legal; es indudable que la damnificada debió precisarlo de manera expresa y categórica. Al no hacerlo así, sólo cabe entender que la querella se dirigió contra Yorio a título individual.

Por otra parte, la jurisprudencia que se invoca con relación al carácter restrictivo de la prescripción no tiene aplicación en el caso de autos, desde que, tal como se ha visto, la solución no genera ninguna duda ni resulta novedosa, como pretende afirmarlo la apelante. b) Se queja la actora de que el juzgador hubiese admitido la prescripción opuesta por los co-demandados María Teresa Alonso de Yorio y Raúl Alfredo Yorio, sin siquiera haber analizado los argumentos que esgrimiera en su oportunidad para fundar su desestimación. Adelanto que aún cuando le asiste razón al apelante acerca de la omisión incurrida por el juzgador, lo cierto es que su razonamiento para fundar el rechazo de la prescripción opuesta no tiene asidero alguno. En efecto, que exista el deber genérico de cuidar adecuadamente la cosa con la finalidad de no provocar daños a terceros, no significa que la naturaleza de la obligación -que no ha sido convenida- resulte de hacer, y como tal, indivisible. Es indudable que ese deber implícito y genérico de no dañar juega, en todo caso, como un presupuesto de responsabilidad, pero no para encuadrar y concluir que la naturaleza de la obligación que aquí se reclama resulte de hacer.

En efecto, la actora ha promovido este proceso persiguiendo la reparación del perjuicio causado, consistente en la satisfacción de una suma de dinero representativa del valor del daño sufrido. Por tanto, no es dudoso concluir que la obligación de resarcir el daño producido por un cuasidelito del cual resultan varios responsables es divisible por cuanto -por más que pudiera resultar solidaria, a raíz del título de la obligación-, su objeto es una materia eminentemente partible (conf.: art. 669 del Código Civil). En cambio, la indivisibilidad es una imposición resultante de la índole del objeto debido, es decir, de su imposibilidad de fraccionarse, situación que no ocurre en la especie (conf.: art. 667 del Código citado). En definitiva, es claro que la indivisibilidad de la obligación de reparar, tal como ha sido sistematizada en nuestro ordenamiento jurídico, está fuera de lugar (conf.: Llambías, J.J. "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones-", t. II-A, págs. 580/581, núms. 1285 y sgtes.; t. IV-A, págs. 12 y sgtes., núms. 2315 y 2316 y pág. 180, núm. 2415 y, en especial, nota núm. 12). Por ello, cabe desestimar dicho planteo, sin más trámite.

c) Por último, y toda vez que el agravio con relación a la admisión de la prescripción articulada por los terceros fue deducido sólo en forma subsidiaria, es decir, en la medida en que no se modificara la imposición de costas dispuesta por el juzgador. Por tanto, y teniendo en cuenta que la decisión sobre dicho punto habrá de ser confirmada, tal como se verá más adelante, el examen de esta cuestión deviene innecesario.

III.- Agravios del co-demandado Jorge Oscar Yorio.- a) En primer término, no encuentro atendible la queja que se formula para atribuir algún grado de responsabilidad a la víctima. La apelante se limita a sostener genérica y dogmáticamente que la culpa de la damnificada surge acreditada por el solo hecho de haber intentado introducirse en la cabina del ascensor "a ciegas", sin cercionarse si estaba allí. Sin embargo, ni siquiera intentó desvirtuar las consideraciones que formulara el juzgador para concluir lo contrario, lo que tornaría aplicable lo dispuesto por los arts. 265 y 266 del Código Procesal.

En efecto, el pronunciamiento recurrido valoró la escasa iluminación existente en el palier en cuestión, descartando que la puerta del ascensor hubiese sido abierta en forma brusca o forzada. Ningún argumento ensayó la apelante para contrarrestar esas circunstancias que pusiera de relieve el juzgador. Por otro lado, el recurrente tampoco intenta rebatir la argumentación que ensaya el sentenciante con relación al comportamiento que es dable esperar de las personas que se introducen en el ascensor. Precisamente, en uno de los precedentes jurisprudenciales que cita el juzgador expuse -como vocal preopinante e integrante de la Sala "F" de esta Cámara- que todo aquél que se dirige a usar el ascensor y el mecanismo de la puerta del piso respectivo se lo permite, instintivamente realiza el movimiento necesario como para acceder al aparato. Aquella despreocupación de la víctima obedece a la confianza con que se obra en la generalidad de los casos, en que puede suponerse que normalmente el mecanismo de acceso impedirá la caída al pozo y el ascensor responderá adecuadamente al respectivo llamado. Y agregaba también que, es precisamente el automatismo de la vida moderna, y lo habitual en el uso de estos aparatos, que se supone que toda persona que se dispone a usarlo ascienda a él en forma automática.

Por lo demás, el hecho de que la actora, previamente a introducirse a la misma, tuviese que abrir, a su vez, la puerta interior, no modifican la confianza y la suposición que toda persona tiene acerca de que el mecanismo de cierre de la puerta habrá de funcionar correctamente. Es que, precisamente, en función de esa creencia, a la que me he referido más arriba, no es extraño que una persona al abrir la puerta exterior y llevar cierto impulso en su andar, aún para intentar proceder a abrir la restante puerta interior, pueda precipitarse al hueco del ascensor al no encontrarse la cabina en dicho piso. Es más, incluso, en el caso de autos la probabilidad del accidente era mayor dadas las características de la puerta exterior -véase fotografía que luce a fs. 92 de la causa penal- que no permitían que pudiera advertirse de manera patente que la cabina no se encontraba en el piso ante la apertura de la puerta exterior. b) Se agravia también el apelante porque el juez tuvo en consideración que el ascensor no poseía su habilitación en trámite y las pericias establecieron que los sistemas de seguridad funcionaban satisfactoriamente. Más allá de la cuestión atinente a que el ascensor tuviese o no la habilitación en trámite, lo cierto es que el apelante invoca las conclusiones de los dictámenes en forma parcializada.

En efecto, si bien se sostiene que los sistemas de seguridad con que cuenta el ascensor resultan satisfactorios, a renglón seguido, también se verificó una mala regulación de los dispositivos de la cerradura, que habilitaba el circuito eléctrico de puesta en marcha del ascensor, cuando aún no estaba trabada la segunda cuña del gancho (véase fs. 168 vta.). Si se tiene en cuenta que los expertos han sostenido que recién puede considerarse cerrada la puerta cuando ingresa y traba la segunda cuña -lo que no ocurría en el caso de autos- y que estando mal cerrada podría ser abierta en momento en que no estuviera la cabina en el piso correspondiente (véase fs. 92), se hace evidente que el accidente de marras se produjo por el aludido defecto existente en las cerraduras de seguridad de rellano. En definitiva, creo que en el caso en examen al haberse acreditado la existencia del desperfecto en el mecanismo de cierre de la puerta del ascensor, es decir, el vicio de la cosa, es indudable la responsabilidad atribuida por el juzgador de la manera en que lo hizo. c) Se queja también el apelante por considerar que la suma otorgada en concepto de incapacidad física resulta excesiva ($ 20.000).

En lo tocante a este aspecto La indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (conf.: esta Sala en causa libre n 49.512 del 18-9-89; Llambías, J.J. "Tratado de Derecho Civil -Obligaciones-" t. IV-A, pág.120, n?2373; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio - Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado" t. 5, pág. 219, n?13; Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", t. III, pág. 122; Borda, G.A. "Tratado de Derecho Civil Argentino -Obligaciones- ", t. I, pág. 150, n 149; Mosset Iturraspe, J. " Responsabilidad por daños", t. II-B, pág. 191, n 232; Alterini- Ameal- López Cabana " Curso de Obligaciones", t. I, pág. 292, n 652) En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica (conf.: CNCiv. Sala "A" en causa libre n 59.662 del 22-3-90). Sin perjuicio de ello, bueno es recordar también que el monto que pueda acordarse, de ninguna manera puede surgir como una resultante de un cálculo estricto efectuado en base a la "expectativa de vida" que pudiera tener la víctima, o a los porcentuales rígidos de incapacidad que surgen de los dictámenes periciales pertinentes. Es que las indemnizaciones tabuladas, atendiendo estrictamente los porcentajes de incapacidad, tiene su ámbito de aplicación exclusivamente en los juicios labores por accidentes de trabajo. Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales , fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio.

Ahora bien, conforme lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, para establecer el monto indemnizatorio por la incapacidad derivada del accidente, que queda librada al prudente arbitrio judicial, para apreciar la trascendencia de las lesiones sufridas debe analizarse la aptitud para futuros trabajos, como la edad de la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, número de hijos, si son capaces o menores de edad, situación económico-social de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc. etc. (conf.: Sala "F" en causas libres ns. 59.585 del 30-4-90 y 103.402 del 20-8-92 y jurisp. allí citada).- En la especie, la pericia médica obrante a fs. 453/455 estableció que si bien la actora sufrió un accidente grave, el mismo no ha dejado proporcionalmente secuelas funcionales severas. Agrega que padeció de una fractura luxación de tarso izquierdo conminuta y, en la actualidad, presenta como secuela funcional traumatológica: síndrome del túnel tarsiano e intensa pubalgia. Por ello, concluye que la incapacidad laborativa parcial y permanente alcanza al 20% de la T.O.

Ahora bien, aún teniendo en cuenta que el experto manifiesta que la marcha resulta insegura y claudicante, así como que no puede caminar en puntas de pie ni adoptar la posición en cuclillas y posee gran dificultad para subir y bajar escaleras, considero que, en función de la edad de la víctima al momento del accidente (60 años), de estado civil viuda, juzgo prudente y equitativo reducir el monto por este concepto a la cantidad de $ 15.000. d) También cuestiona el apelante la suma fijada en concepto de daño moral ($ 20.000). Como es sabido, la determinación del importe por este concepto es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a canones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante.

Ahora bien, resulta claro que la suma a establecer por este rubro no colocará a la actora en la misma situación que se encontraba con anterioridad al lamentable suceso. De todas formas el juzgador se ve compelido a determinar la indemnización; no se trata de compensar dolor con dinero, sino de otorgar a la damnificada cierta tranquilidad de espíritu en algunos aspectos materiales de su vida a fin de mitigar sus padecimientos. Ahora bien, en la especie, aún valorando que la actora, a raíz del accidente, sufrió traumatismos múltiples, siendo internada e intervenida quirúrgicamente en el Policlínico Bancario por la fractura luxación de tarso izquierdo, y tuvo un prolongado tratamiento kinésico, estimo que el monto por este concepto debe reducirse a la cantidad de $ 12.000.

IV.- Agravios del tercero citado Osvaldo Curci.- El recurrente cuestiona que el juzgador haya impuesto las costas por su orden. Cuadra advertir que aún cuando su intervención al proceso no hubiese sido voluntaria sino compulsiva, como se señala, ello no resulta impedimento para que las costas del proceso sean impuestas en el orden causado. Si bien es cierto que el principio general que rige en la materia consiste en la imposición de costas al vencedor, tal como lo dispone la primera parte del art. 68 del Código Procesal, lo cierto es que la segunda parte de dicha normativa autoriza la eximición total o parcial de esta responsabilidad siempre que encontrare mérito para ello.

En la especie, coincido con la decisión adoptada por el juzgador, porque así como no existió una razón fundada para que la actora impidiera la citación, los accionados sí tuvieron una razón probable o fundada para reclamar su citación al proceso. En suma, habré de propiciar la confirmación de este aspecto de la sentencia. Por lo expuesto, si mi voto fuese compartido propongo se confirme la sentencia recurrida en lo principal que decide y se la modifique en cuanto a los montos indemnizatorios en concepto de incapacidad física y daño moral que se reducen a $ 15.000 y $ 12.000, respectivamente. Las costas de alzada, habida cuenta el resultado de los recursos, deberán ser soportadas por su orden. Por razones análogas a las expuestas precedentemente, los Sres. jueces de Cámara Dres. Alterini y Galmarini, adhirieron al voto que antecede.Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, octubre de 1999.- Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia recurrida en lo principal que decide y se la modifica en cuanto a los montos indemnizatorios en concepto de incapacidad física y daño moral que se reducen a $ 15.000 y $ 12.000, respectivamente.

Las costas de alzada, habida cuenta el resultado de los recursos, deberán ser soportadas por su orden. Notifíquese y devuélvase.

Fdo.: José Luis Galmarini - Jorge Horacio Alterini - Fernando Posse Saguier.