Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-14


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 14 días del mes de Octubre del año dos mil diez, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "P., O. G. s/ Vejaciones" (Expediente N ° 21.317 - T º II - F ° 73 - Año 2008).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 125: Panizzi, Rebagliati Russell y Pfleger.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I) Llega a conocimiento de esta Sala Penal la sentencia N º 13/08 dictada por la Jueza Penal de la ciudad de Puerto Madryn, que el día 19 de marzo del año 2008, absolvió a D. K. y a J. C. C. por el delito de vejaciones (artículo 144 bis, inciso segundo, del Código Penal). El objeto procesal fue el hecho ocurrido en esa ciudad, el 24 de diciembre del año 2005, en perjuicio de los hermanos A. R. y O. G. P.. La magistrada reguló los honorarios profesionales de la Querella en la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) a cargo de cada uno de sus representados (artículos 239, 240, inciso 3º, 241, 1º párrafo y concordantes del CPP), y los de la Defensa en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) a cargo de cada uno de sus defendidos (artículos 239, 240, inciso 3º, 241, 1º párrafo y concordantes del CPP).

También se trajo a consideración de esta Sala la Resolución Nº 208/08 emitida por la Jueza Penal de aquella ciudad mediante la cual revocó el Punto IV de la sentencia Nº 13/08 y reguló los estipendios profesionales de la Defensa en la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), en un setenta por ciento (70%), a la parte Querellante y en un treinta por ciento (30%), al Estado Provincial.

II) La Querella (hojas 84/90) impugnó la sentencia definitiva por la cual se absolvió al Oficial Subinspector de la Policía de la Provincia, señor J. C. C., por el delito de vejaciones (artículos 363, 370, 373, inciso 3º, 379, 382 y concordantes del CPP).

En el escrito cosido en hojas 95/96 vuelta, se leen los argumentos con los que el acusador privado impugnó la Resolución Nº 208/08 dictada el día 4 de abril del 2008, que le impuso las costas del proceso en un setenta por ciento.

III) Con la presentación glosada en la hoja Nº 101 los Defensores Particulares de los imputados adhirieron al recurso de impugnación presentado por la Querella con respecto a la validez de la regulación los honorarios que realizó la Jueza Penal y solicitaron, en consecuencia, que se hiciera lugar al recurso que interpusieron -hojas 78 y vuelta.

IV) En su presentación de las hojas 84/90 la Querella planteó la revocación de la sentencia definitiva Nº 13/08 que absolvió al Oficial Subinspector J. C. C. por el delito de vejaciones y solicitó que fuera condenado a la pena de tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo.

Alegó que la a-quo no cumplió con las disposiciones del ordenamiento adjetivo en cuanto a asignarle el valor correspondiente a cada uno de los elementos probatorios, tornando arbitraria la sentencia por inobservancia y aplicación errónea de la ley (artículo 375, inciso 2º del CPP).

Dijo que los dichos de las víctimas y de los testigos presenciales ilustraron el accionar denunciado y la culpabilidad del imputado C..

Manifestó que la certeza estaba dada por los reconocimientos e identificación que efectuaron O. G. y A. A. P. de la persona de J. C. C..

Puso su atención en que los testigos M., R. y B., pudieran tener tan frescas y precisas las imágenes que dicen haber presenciado.

Con respecto a ello, atribuyó falta de rigor en el examen efectuado por la jueza de grado y denunció el apartamiento de las reglas de la sana crítica, en la evaluación de la prueba testimonial.

Evidenció las confusiones y contradicciones que halló en las narraciones de los testigos M., R. y B..

Cargó contra la manera de analizar la prueba y expresó que no se ameritaron las declaraciones de las víctimas, en cuanto dieron cuenta del modo, tiempo y lugar en que ocurrieron las lesiones denunciadas; ni el significado del temor expresado por M. a las represalias.

Advirtió que en el decisorio en crítico no se examinó lo acontecido en la Comisaría, donde A. P. recibió la mayor parte de los golpes y reconoció a C. por los mocasines que calzaba.

También expuso que la inexactitud y falta de correspondencia que alegó la jueza a-quo en punto a determinar si O. P. ingresó al cabaré o no lo hizo y la actitud que asumió A., poco tuvo que ver con el hecho de las vejaciones sufridas por los hermanos.

Refirió que al haberse tenido en la sentencia como ciertos los dichos de las testigos M., R. y B., quienes afirmaron que C. permaneció en el cabaré hasta las seis horas y que después fue a la Comisaría, implicó una colisión con las declaraciones brindadas por los hermanos P., que pudieron identificar al imputado como uno de los que los golpeó.

Finalmente, hizo reserva de plantear el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

V) La Querella impugnó la Resolución Nº 208/08 mediante la cual se le impusieron las costas del proceso en un setenta por ciento -hojas 95/96 vuelta.

Depuso que al tiempo de dictar la sentencia la jueza de mérito dispuso que sus honorarios serían soportados por cada uno de sus representados en la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-), mientras que los PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) que fijó para la Defensa, serían soportados por cada uno de sus defendidos.

Reseñó que contra esa decisión, los Letrados particulares de los imputados absueltos, impugnaron la imposición de las costas del proceso, lo cual, según su criterio, fue resuelto de manera equivocada por la a-quo, quien, tras revocar por contrario imperio el Punto IV de la sentencia Nº 13/08, estableció que los cuatro mil pesos serían soportados en un setenta por ciento por los Querellantes y el treinta por ciento restante por el Estado.

Apuntó que correspondía evaluar la validez o invalidez de la resolución recurrida, toda vez que la jueza de grado unilateralmente había modificado la sentencia en el entendimiento de hallarse facultada para ello.

Estableció que al tribunal de grado le estaba total y absolutamente vedado cambiar su fallo ya que para la modificación de las costas del proceso sólo resultaba de aplicación el artículo 252 del Código Procesal Penal.

A todo evento, planteó que la aplicación del principio de la derrota no era acertado, toda vez que el tribunal podía eximir total o parcialmente cuando hubiere tenido razón plausible de litigar.

Asimismo, argumentó que cuando el Rito se refería al Estado Provincial, lo hacía con relación al Ministerio Público Fiscal, pero no respecto del Ministerio Público de la Defensa.

Defendió la imposición de las costas por su orden fijada en el párrafo IV del fallo.

Por fin, sostuvo la inexistencia de razonamiento en la resolución que impuso los estipendios profesionales en un setenta por ciento y en un treinta por ciento a la Querella y al Ministerio Público Fiscal, respectivamente.

VI) En la audiencia llevada a cabo en esta instancia, el señor Defensor General de la Provincia, doctor Arnaldo Hugo Barone, observó que la a-quo no podía haber revisado su propia decisión acerca de la imposición de costas, toda vez que ya no tenía competencia para ello y, además, la impugnación de la contraria había sido interpuesta fuera de término. Ratificó los puntos sobre los que había versado la impugnación de la Querella y peticionó el reenvío para que el nuevo juicio fuera substanciado ante otro magistrado.

VII) Comienzo con el examen del escrito de hojas 84/90, en el cual la parte Querellante impugnó la absolución del imputado J. C. C..

Encuentro habilitada la instancia, toda vez que el procedimiento establecido por la Ley Nº XV - 9, habilita a aquélla a impugnar la absolución (artículo 379, segundo párrafo).

La Querella alegó vulneración de las reglas de la sana crítica racional y arbitrariedad en la sentencia definitiva al infringir y aplicar erróneamente la ley.

La jueza de mérito decidió la absolución de D. K. y J. C. C. toda vez que, con respecto al primero de los nombrados, tanto la Fiscalía como la Querella peticionaron la absolución a su favor; y, con relación al segundo, por no hallar una prueba contundente que acreditara su responsabilidad penal en el hecho endilgado.

Si bien la a-quo tuvo por confirmada la violencia física sufrida por las víctimas, halló contradicciones e inexactitudes entre las versiones de los hermanos P. y los dichos de los testigos que depusieron, que le impidieron arribar a un pronunciamiento condenatorio en contra del Oficial C..

Así, A. R. P., R. M. M. y O. G. P. aseguraron que no todos ellos ingresaron al boliche "M.", sino que el último de ellos tuvo que permanecer afuera porque C. le impidió el acceso. Sin embargo, las testigos N. E. M. (encargada de la barra del local), V. R. de B. (moza) y M. B. (propietaria del cabaré), afirmaron que ambos hermanos P. se hallaban dentro del local, bebiendo en grupo.

Otra contradicción que se suma a la anterior, está referida a la incitación a pelear por parte de A. P.. Éste negó haber provocado a C., aclarando que llevaba en una de sus manos un cigarrillo y en la otra un encendedor. Pero, las testigos antes mencionadas y C. aseveraron que A. desafiaba a pelear al agente policial, amenazándolo con una botella, en el interior del cabaré y, con puntapiés y empujones, en el exterior del establecimiento, al tiempo que el imputado intentaba esquivar las agresiones.

Por otra parte, se acreditó con los testimonios vertidos, que J. C. C. permaneció en el local, cubriendo el servicio adicional, hasta las seis horas del 24 de diciembre, lo cual echa por tierra la acusación de las víctimas que denunciaron haber sido golpeadas por ese Oficial durante el traslado hacia la Comisaría y en esa dependencia.

En resolución, las circunstancias reseñadas en el debate por los diferentes testigos y las versiones opuestas de las víctimas e imputado, motivaron una fuerte duda en la jueza de grado para fundar la culpabilidad de C. y, en consecuencia, decidió su absolución por aplicación del principio "in dubio pro reo".

Es que no existió una prueba convincente que acreditara que C., único imputado, hubiera sido el autor de las lesiones que sufrieron los hermanos P..

No advierto, entonces, arbitrariedad alguna en el análisis efectuado por la sentenciante, ya que fue ajustado a las constancias de la causa.

Propongo, en consecuencia, rechazar este motivo de agravio.

VIII) Analizada la cuestión de fondo, examinaré las impugnaciones relativas a la regulación de los emolumentos profesionales dispuesta en la sentencia definitiva número 013/08 OFIJU y, posteriormente, en la resolución número 208/08.

Advierto, en primer término, que la adhesión formulada por los defensores de confianza de los acusados al recurso de la querella (hoja 101) no será viable toda vez que no expresaron los motivos en que se fundó. De acuerdo a lo normado en el artículo 364 del código ritual, no basta la lisa y llana suscripción para beneficiarse con el efecto extensivo de la decisión sobre el recurso al cual se adhiere.

IX) De continuo, evaluaré si la a-quo se encontraba habilitada para dictar la Resolución Nº 208/08.

Considero que a la Jueza Penal le estaba vedado revocar la regulación de honorarios dispuesta en la Sentencia Nº 013/08.

El artículo 135 establece que "Dentro del término de tres días de notificadas las resoluciones, el tribunal podrá rectificar, de oficio o a instancia de parte, cualquier error u omisión material contenidos en aquéllas o aclarar o explicitar los fundamentos, siempre que ello no importe una modificación esencial...".

En el sub exámine, el plazo que la ley le confería a la a-quo para corregir errores antes que la cuestión saliera de su esfera de competencia, había expirado.

Es que la Sentencia Nº 13/08 fue dictada en fecha 19/03/2008 y la aclaratoria fue pronunciada el 04/04/2008, esto es, una vez vencidos ampliamente los plazos legales.

Por lo expuesto, la Sentencia registrada bajo el número 013/08 ha adquirido firmeza, no siendo factible que esta Sala aborde el tratamiento de cuestiones que no impliquen por sí mismas una nulidad esencial.

En conclusión, postulo el rechazo de las impugnaciones deducidas a fojas 84/90 y 95/96 vuelta por la querella y, la confirmación de la Sentencia protocolizada bajo el número 013/08.

Así voto.

El Juez Daniel Rebagliati Russell dijo:

I) La sentencia dictada por la juez penal -Flavia F. Trincheri- de Puerto Madryn, en virtud de la cual se absuelve a D. K. y J. C. C. por el delito de Vejaciones (Art. 144 bis inc. 2 del C. Penal), fue recurrida por la parte querellante en escrito que obra a fs. 84/90 y en lo que compete al absuelto J. C. C., igual recurso de impugnación mereció por la citada parte y la que adhirió la Defensa, la resolución dictada por la misma magistrada a fs. 80/vta, en virtud de la cual revoca el punto IV de la sentencia N ° 13/08 OFIJUPM (Art. 135 del C. P. P.) y procede a regular los honorarios profesionales de la Defensa, con cargo -en porcentuales que discrimina, a la parte querellante y al Estado Provincial.

El vocal que guía el acuerdo ha expuesto con claridad los antecedentes del caso y los argumentos que informan ambas impugnaciones, de manera que por razones de brevedad obviaré aquí la trascripción de tales extremos, y paso directamente a emitir mi voto.

II) Tratamiento de los agravios de la Querellante:

Situación de J. C. C.: Al tiempo que la recurrente acepta la insuficiencia probatoria, en la que se funda el fallo absolutorio respecto de D. K., discrepa en lo que respecta a la situación del coimputado C.. Manifiesta que de los testimonios que se prestaron en el debate surge con toda nitidez y claridad que sus representados -O. G. P. y A. A. P.- han sido víctimas de vejaciones.

Para fundar su acerto, reitera y transcribe parte de los dichos de ambos, a los que apoya probatoriamente con el certificado médico extendido por el médico G. S.. Continúa luego efectuando una transcripción de algunos testimonios rendidos en el debate sin que se aprecie en este último análisis una seria descalificación -por arbitrariedad- a la valoración que al respecto ha hecho la juez interviniente. Ya en su alegato la querella había sostenido -en soledad- la versión de A. P. y el señalamiento que éste último habría efectuado de C. indicándolo como su agresor. Al mismo tiempo había admitido que quien lo acompañaba -el testigo R. M.- no pudo indicar a agresor alguno, en tanto que a los testimonios de las mujeres que se encontraban en el lugar, los catalogó de tibios, complacientes y contradictorios respecto de lo que entendía como realmente acontecido.

Sin embargo cabe recordar que resulta ajena a la instancia recursiva la impugnación que se basa en una mera discrepancia del recurrente con la valoración que el juez sentenciante ha hecho de los elementos probatorios arrimados a la causa, la que sólo se habilita en relación con la observancia de las reglas de la sana crítica racional a los efectos del control de logicidad del razonamiento llevado a cabo por el tribunal de mérito.

Es en este sentido que, insisto, la crítica de la recurrente al fallo adolece de un verdadero y convincente andamiaje argumental. Ello así, pues en el decisorio se han dado acabadas explicaciones sobre cada uno de los extremos que ahora la parte reitera en esta instancia. En efecto, en la sentencia se ha indicado expresamente el modo en que los testigos han señalado el inicio de un hecho de características violentas en el interior del local nocturno denominado "M.".

A renglón seguido la juez de la instancia indica las contradicciones que verificó entre las versiones de aquellos que se presentan como damnificados en el proceso y los testigos que se encontraban en el lugar. Tales contradicciones tienen que ver con que si se había impedido por parte de C. el ingreso, o bien los hermanos P. ya se encontraban allí con anterioridad y bebiendo en compañía de terceros. La situación referida a la incitación a pelear que A. P. niega, en tanto que testigos lo indican como aquél que desafió a pelear a C. y lo amenazó con una botella en el interior del local comercial, y que posteriormente lo agredió a puntapiés una vez que se encontraban fuera. Tampoco puede predicarse que C. haya sido quien los agredió en el interior de la dependencia policial una vez que fueran detenidos -pasadas las 04.40 hs-, pues los testigos analizados en el fallo lo sitúan que permaneció en el local "M." hasta las 06.00 hs del día 24 de diciembre.

Surge claro entonces que el estado de duda invocado por la juez se ha derivado como consecuencia de una racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso, y por ende debidamente justificada la aplicación del principio "indubio pro reo" que prevé el Art. 28 de nuestro ordenamiento ritual.

Es por las razones que he dejado expuestas que adhiero al rechazo del agravio tal como lo propone el Dr. Panizzi.- III) En cuanto al restante agravio y relativo a la regulación de honorarios efectuada por la juez en la resolución atacada, entiendo que la revocatoria dictada por la magistrada a fs. 80/vta, a instancia de la defensa, estaba fuera de su alcance por cuanto en materia de costas debió regirse por las expresas disposiciones del Art. 252 del CPP, es decir, que dicha cuestión debía ser recurrida por la misma vía que la sentencia definitiva en donde aquella esta contenida, sin posibilidad de ser escindida por ninguna vía recursiva alternativa.

Estando fuera de la competencia de la magistrada el dictado de la resolución de fs. 80/vta, su decisión carece de efectos jurídicos y por ende debe declararse su nulidad (Art. 164 CPP). En consecuencia, siendo nula la resolución recurrida, carece de virtualidad el tratamiento de los agravios a su respecto. Así lo voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. En el comienzo del trabajo que me toca, no expondré los antecedentes que motivan esta inspección pues han sido formulados con detalle en el primer voto, a cuyos términos habré de remitirme.

II. El recurso que trajo la causa a esta Instancia fue el interpuesto por los Querellantes contra la sentencia absolutoria de los acusados, que fue consentida por el Agente Fiscal, acorde, en relación con el imputado K., con la posición asumida durante el desarrollo del debate.

Ahora bien, como ya lo he asentado el causas anteriores, la acusación particular en el proceso vigente no puede superar los límites de la persecución penal estatal, en este caso ausente.

Las razones las expondré de continuo.

Es verdad que, acorde los nuevos vientos doctrinales, la víctima (que puede devenir en querellante) ocupa un rol prevaleciente en el conflicto penal.

A un rol pasivo y limitado a la condición de sujeto hablante acerca del hecho que lo damnificara, el afectado por el delito ha escalado posiciones hasta ser reconocido como un sujeto procesal con capacidades que le permiten actuar, incluso con autonomía, en el ejercicio de la pretensión penal, en los delitos de acción pública.

Sin embargo, esta nueva condición no implica ni teórica ni normativamente la sustitución del monopolio estatal en materia penal o, desde otra perspectiva, la entronización de la venganza privada como -a decir de Julio B. Maier- la "... solución incivilizada de un conflicto social..." (ver autor citado en su Derecho Procesal Penal T II página 589).

Es más, importa -y de ello parece ejemplo nuestro Código Procesal que en ese tono debe interpretarse- un intento de buscar soluciones menos drásticas que la aplicación de una pena, frente a la afectación o lesión de ciertos bienes jurídicos protegidos penalmente. En efecto, si la norma adjetiva prohíja soluciones alternativas a ciertos conflictos a través de la conciliación o la reparación o aún autoriza al Ministerio Público Fiscal a la aplicación del principio de oportunidad (con el riesgo de colisión con el de oficialidad que es materia de la ley penal sustantiva) resulta claro traducir del texto que el legislador ha optado por bajar la tensión en lo que a la sanción penal importa, buscando minimizar la respuesta estatal en determinados supuestos.

Estos principios impregnan en texto y condicionan la interpretación de las normas en él contenidas, pues sería inaceptable que coexistieran, de un lado, ideas proclives a la venganza privada y, del otro, aquellas que reseñamos precedentemente.

Conviene, en este punto, volver a Maier que ha sido fuente de inspiración de los procesos acusatorios del talante del que rige, que es un precedente inmediato de un Código de su cuño que quedó en vacancia hasta su sustitución.

Este autor señala que la ubicación de la víctima en el proceso penal ha transitado o transita, mejor decir, varios caminos que son dificultosos.

Textualmente enseña que "... La dificultad consiste, según se anticipó en un comienzo, en las diversas ideologías según las cuales se mira a la víctima del hecho punible con demandas fundadas en la venganza y en las esperanzas de mayor persecución, con pretensiones de creación de un estatuto fundamental que ampare a los ofendidos a semejanza del amparo que la Ilustración introdujo para quienes eran perseguidos penalmente; aquellos que, en cambio, operan con la otra visión, estiman -en mayor o menor grado- que esta mirada debe colaborar en la reducción de la pena y el Derecho Penal, en la búsqueda de soluciones menos violentas para los conflictos sociales, esto es, persisten en una política criminal favorable al autor...". Y advierte, "... la dificultad resulta difícil de superar porque en muchas ocasiones ambos conceptos son utilizados por la misma persona o por el mismo proyecto sin claridad alguna...". Maier toma partido por el segundo camino pues, como dice, "... creo que el Derecho Penal debe su nacimiento y razón de ser a la necesidad de evitar la venganza privada, como solución incivilizada de un conflicto social..." (Op. citada, páginas 588 y 589).

De la lectura de este destacado jurista puede inferirse que, en el actual estado de cosas, es la reparación la meta deseable para ubicar adecuadamente a la víctima en el proceso penal.

Al respecto expone su docencia en este sentido: "... La reparación, en sentido amplio, es, así, una meta racional propuesta como tarea del Derecho Penal, incluso para el actual derecho positivo, bajo dos condiciones: que ello no perjudique, sino que coopere con los fines propuestos para la pena estatal; que ella no provoque una nueva expropiación de los derechos de la víctima para resolver el conflicto. La primera es una condición puesta por el sistema vigente; la segunda se remonta también a un sistema vigente, incluso con mayor antigüedad, pero la proposición resulta, nuevamente, políticamente racional, para no aumentar el poder del Estado. Por esa razón, las vías de ingreso de la reparación al sistema de Derecho penal deben ser pensadas cuidadosamente, para que ella no frustre sus objetivos principales: auxiliar realmente a la víctima o, mejor dicho, colaborar en la tarea de restitución, que se corresponde con su naturaleza, y reducir la violencia de la reacción estatal frente al delito..." (Maier op. cit. páginas 601 y 602, entre otras).

Este esquema teórico o este sistema de ideas, según mi juicio, reivindica a la víctima y pretende restituirla en sus fueros, pero no por ello "privatiza" la reacción penal. En todo caso procura ese fenómeno para atenuar la consecuencia referida a través de la sustitución de la sanción por la reparación de la ofensa causada.

No veo otra manera de interpretar ese pensamiento que, como dije, ayuda a desentrañar el sentido de la normas procesal vigente que, por su originalidad, exige abrir senderos por la novedad de sus disposiciones.

III. Desde la perspectiva de la víctima, el rol de querellante, que es incorporado por los códigos modernos y por el nuestro en particular con una especial autonomía, implica concederle ese atributo no tan sólo en términos formales sino también materiales o, siempre en términos de Maier, en clave de "... representación plena de la pretensión punitiva (estatal), ejercida por él sin limitación alguna..." (ver autor citado en la obra citada, página 625).

Empero creo que esa plenitud encuentra límites.

En primer lugar, la perspectiva teórica que hemos tratado en el punto precedente y sobre la que no volveremos.

En segundo término la vigencia del principio de oficialidad de la acción penal para ciertos delitos (Art. 71 del C. P.) que de ningún modo puede ser abrogado por normas procesales penales que conviertan en letra muerta el hecho de que en esencia la acción penal es pública y la ejerce, de modo relevante, el Ministerio Público Fiscal.

Y no puede ser abrogado por razones estrictamente constitucionales, pues al tratarse de cuestiones reguladas por el Código Penal, cuyo dictado es facultad del Congreso Federal (Art. 75 inc. 12 del C. N.), están en un orden de prelación normativa superior por imperio del Art. 31 del mismo estatuto.

No podría afirmarse -y con ello procuramos jugar dialécticamente para confirmar o desechar la tesis- que esta discusión envuelva el principio del "mejor derecho" o que trasiegue el principio de interpretación "pro homine" del texto constitucional. Así pensamos porqué esos postulados juegan, en casos como el que ocupa, a favor del imputado si acaso, como veremos, existe la posibilidad de brindar una nueva oportunidad para que se modifique su estatus, beneficiado por una sentencia absolutoria dictada por un Juez, luego de un debate oral y público, que resulta inconmovible para el Ministerio Fiscal.

Vuelvo un instante atrás y persevero en marcar un punto. Como dijera el Superior Tribunal de Justicia en causa "G. O. O." (Sentencia número 11 del año 2000) el ordenamiento (Art. 71 del C. P.) ha realizado una prudente distribución de acciones en el derecho de fondo, y por ende no puede aceptarse que el interés privado expanda desmesuradamente la reacción a causa del delito. Esto condiciona cualquier interpretación de la norma adjetiva que le es, como ya expresamos, subordinada.

Cito textual: "... Lo primero, porque no se concibe -no entre nosotros- una acción pública dependiente de instancia pública que, una vez iniciada (y satisfecho el interés fiscal - el interés de la ley) pueda ser proseguida por el particular damnificado; lo segundo porque es contradictorio predicar que la intervención del Ministerio Público Fiscal está enderezada a lograr la verdad real y la justa aplicación del derecho sustantivo y que, al mismo tiempo, se acepte que dichos objetivos puedan ser alcanzados en contra del interés fiscal, por la actividad de un actor penal particular..." (ver Protocolo de Sentencias Definitivas del Superior Tribunal de Justicia, sentencia número 11/ 2000 al folio 150).

Este pensamiento, aún cuando debemos admitir que no fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuadra perfectamente al caso y justifica el apartarse del criterio sentado por el Máximo Tribunal cuyas sentencias, de paso, no resultan obligatorias y menos aún cuando se vierten fundamentos diversos.

Como los distinguidos colegas del Tribunal dijeran en "G.": para la interpretación de todo precepto es elemental que su cabal sentido y alcance sea aprehendido relacionando la ley en estudio con otras leyes. Y añadimos de nuestro cuño, con las ideas que nutren al ordenamiento pues las leyes no son sino el reflejo de un orden que se pretende imponer y ese orden supone un cierto sistema de ideas dominantes.

Es verdad que nuestro ordenamiento ha dado a la víctima un rol relevante. Ya lo hemos visto, como hemos visto porqué razón.

Podemos afirmar también que el Código Procesal Penal vigente procura minimizar la reacción penal adoptando formas de solución que potencian el rol de la víctima.

Pero esto no implica que: a. la ley adjetiva pueda desconocer el principio de oficialidad (Art. 71 del C. P.) b. la ley adjetiva haya entronizado el principio de la venganza privada, habilitando vías de ejercicio al particular que le son negadas al órgano de persecución estatal. c. que por vía de la ley la acción penal pública se "privatice" en alguna instancia en aras de la persecución.

IV. No pensamos, sinceramente, que este criterio contraríe el precepto del Art. 379 del C. P. P. cuando estatuye que "... el querellante podrá impugnar el sobreseimiento, la absolución y la condena cuando la pena aplicada fuere inferior a la mitad de la pena pretendida...".

En todo caso, esta norma -cuyo texto es de difícil interpretación- debe armonizarse, entre otros, con el Art. 378 inc. 2) del mismo cuerpo, por el cúmulo de razones que se ha dado.

He leído con sumo interés la cita que Santiago Martínez hace de nuestro colega el doctor Alfredo Pérez Galimberti en su artículo "Sistema acusatorio y víctima del delito - Bases para su reformulación en el sistema penal".

Relata el estudioso Magistrado del Chubut en la obra "El rol de la víctima y del imputado en el modelo procesal acusatorio, en XII Taller Nacional de Operadores Jurídicos de la Conferencia Episcopal de Acción Social de Perú (CEAS) Pachacamac, Octubre de 2004" que "...(podemos pensar en un paradigma distinto adonde no es la víctima la que colabora con el Ministerio Público, sino el Ministerio Público quién colabora con la víctima. Esa es la lógica del modelo penal del conflicto frente al modelo penal de la infracción..." (ver "El proceso penal adversarial- Lineamientos para la reforma del sistema judicial" Tomo I - "Revista de Derecho Procesal Penal" - Rubinzal Culzoni Editores página 153).

Y es correcto el principio, según nuestro parecer, pero con la aclaración que hacemos desde un comienzo: a. concebimos el modelo del conflicto como un modelo que tiende a la minimización en la aplicación de la violencia estatal economizada por el Derecho Penal; b. este modelo no consagra la venganza privada; c. si el estado establece vallados para la revisión de la sentencia absolutoria, la valla es igual para todos los que participan en la persecución.

La reparación económica, por otras vías, puede ser un modo de administrar el trance suscitado y en ello encontrar satisfacción la que se agravia.

Por fin, lo decidido concilia la igualdad que, en este plano, ha de tener el imputado y el afectado, tensión equilibrada que, como bien advierte Maier, puede romperse si no se armoniza la protección de ambos. Por todo ello, creo que el querellante particular carece de recurso en este supuesto y por consiguiente debe determinarse así, declarándose mal concedido el remedio.

VI. Con relación a la resolución dictada por la Juez Penal revocando el punto IV de la sentencia N 13/08 OFIJUPM, adhiero a los conceptos vertidos por los Jueces que me precedieron en el voto, cuando sostuvieron que la "a-quo" no tenía capacidad para revisar su propia decisión.

La razón es sencilla razón y ya fue señalada con acierto por mis distinguidos pares: había perdido aptitud para conocer una vez suscripta la sentencia en juego.

No cuadraba ni cuadra la aplicación del Art. 135 del C. P. P.

Este faculta a los Jueces ".Dentro del término de tres días de notificadas las resoluciones." a ".rectificar, de oficio o a instancia de parte, cualquier error u omisión material contenidos en aquéllas o aclarar o explicitar los fundamentos, siempre que ello no importe una modificación esencial.", que es, precisamente lo sucedido en el caso.

Por lo expuesto, estimo adecuada a derecho la declaración de nulidad de la resolución registrada bajo el número 208/08, que concurro a prohijar.

Así me expido y voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente;

S E N T E N C I A 1º) Declarar improcedente las impugnaciones extraordinarias deducidas a fs. 84/90 y 95/6 vta. por la querella, con costas.- 2º) Confirmar la sentencia protocolizada bajo el número 013/08 obrante a fs. 72/8 vta.- 3°) Declarar la nulidad del auto interlocutorio registrado bajo el número 208/08 obrante a fs. 80 y vta.

4°) El presente es firmado por dos miembros de la Sala Penal por encontrarse el doctor Daniel Alejandro Rebagliati Russell en uso de licencia. 5°) Protocolícese y notifíquese.- Fdo: Pfleger, Panizzi.