marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, integración del tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: Navea, Juan Antonio c/  s/ Audiencia de sustanciación de impugnación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-26

Corresponde rechazar el recurso de casación deducido, dado que el impugnante no ha demostrado de qué modo la decisión cuestionada habría afectado el juzgamiento del hecho por parte del juez unipersonal o la posible lesión de sus derechos durante el juicio, a punto tal que no ha señalado ningún vicio de fundamentación sobre el contenido de la sentencia condenatoria ni lo ha conectado con los presupuestos de la nulidad que articula, extremos que sumados a falta de la indicación de un perjuicio concreto, sella la suerte de las objeciones formuladas. Las manifestaciones de tipo abstractas sobre la alegada falta de fundamentación, dotadas de referencias legales más bien conceptualistas y generales no resultan admisibles.
Competencia contencioso administrativa, ombudsman, concurso de antecedentes y oposición, procedimiento de selección, acto administrativo complejo, aplicación de la ley, tutela anticipada
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Dres. Denett, Marcos Rodolfo J. y Herrera, Tadeo Antonio c/ Concejo Deliberante de la Capital s/ Medida Cautelar Anticipada
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-04

De conformidad con la legislación vigente, el procedimiento para la selección por concurso para la cobertura del cargo de Defensor del Pueblo es una actividad reglada de la administración, impuesta por las Ordenanzas de creación del cargo y reglamentaria del concurso. Dicho procedimiento debe encuadrarse dentro de los actos complejos de la administración, y está integrado por distintos actos administrativos que coadyuvan al dictado del acto administrativo definitivo, representado por la decisión final de la autoridad administrativa competente.

A su vez, cada acto emitido dentro del procedimiento reglado goza de un margen de discrecionalidad, resultante de la actividad de que se trata.

Ello implica, por aplicación de las normas que rigen el procedimiento administrativo - art.2 de la LPA-, que la competencia asignada a cada órgano administrativo es la que resulta, en forma expresa o razonablemente implícita, de los reglamentos dictados a tal fin.

Además, todo acto administrativo debe satisfacer los requisitos establecidos en la ley adjetiva y producirse con arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo, - art. 26 y ccs. LPA. En esa inteligencia, si la ordenanza reglamentaria ha reservado al Concejo Deliberante en Pleno la consideración del dictamen o dictámenes finales y la resolución del concurso de conformidad a alguna de las tres hipótesis previstas, entre las cuales se encuentra la de: "...b) Declarar desierto el concurso si ello se desprende del dictamen aprobado por el Cuerpo"..., surge, sin lugar a dudas, la extralimitación del dictamen final de la mayoría de la Comisión Especial Evaluadora, quien ha excedido su competencia funcional al arrogarse facultades reservadas al Concejo Deliberante en Pleno, emitiendo un acto administrativo ilegítimo, de conformidad a la hermenEutica que corresponde asignar al reglamento, y también arbitrario, por resultar viciado en sus requisitos esenciales: causa y motivación - art.27 LPA-.

En conclusión, resultando prima facie viciado el dictamen cuestionado y estando acreditados los requisitos de admisibilidad, la tutela cautelar anticipada tendiente a que se mantenga la situación fáctica existente a la fecha anterior a la emisión del dictamen final de la mayoría de la Comisión Especial, hasta que se interpongan las acciones contencioso administrativas que correspondieren, resulta procedente, ante el temor fundado de los peticionantes de la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente en orden a las expectativas ciertas y comprobables que guardan en orden a las calificaciones obtenidas en el concurso, lo que configura un interés jurídicamente tutelado que justifica el adelanto jurisdiccional. Del voto del Dr. Oviedo
Jurisdicción y competencia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empleados públicos, reclamo salarial, diferencias salariales
Materia: PROCESAL
Carátula: Muchnik,  Eleonor  Esther  y  otros c/ Gobierno de la Ciudad deBuenos Aires (ex MCBA) s/ cobro de sumas de dinero - sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-28

Si no existe un acto jurisdiccional que permita radicar la causa ante la justicia nacional en lo civil que previno, la demanda iniciada por empleados de la Secretaría de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -por diferencias salariales y aplicación del descuento previsto en el decreto 290/95- debe tramitar ante el fuero en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, máxime cuando la materia del pleito versa sobre una cuestión de derecho público local, típicamente administrativa -empleo público-.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Stachioli, Amalia Paulina c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario-Recurso contencioso administrativo de plena  jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nro. 307 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-17

No puede prosperar el recurso extraordinario interpuesto, si en definitiva, la impugnante no ha demostrado que el fallo atacado haya incurrido en exceso ritual, toda vez que no se advierte que la interpretación de las circunstancias de la causa que efectuó el Tribunal afecte la garantía del debido proceso evidenciando un ritualismo que obstruya la correcta defensa del justiciable e incida de algún modo en el principio de imparcialidad. En efecto, no existe reproche constitucional alguno contra la sentencia recurrida, a poco que se repare que si bien la actora fundó su reproche en la presunta omisión de averiguación de los hechos reales (atento a los argumentos explicitados en el fallo), el Tribunal llegó -incluso- a ordenar una medida para mejor proveer a fines de esclarecer las circunstancias de la causa.
Decretos, ley derogada, convenios colectivos de trabajo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO UNICO DE SERENOS DE BUQUES c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-16

El dec. 817/92, en cuanto deroga el CCT 128/90 es manifiestamente inconstitucional pues en su dictado no se respetó el orden jerárquico establecido por el art. 31 de la CN en tanto un decreto no puede derogar un convenio colectivo, pues ello implica una subversión del orden jurídico.
Transporte de carga, transporte terrestre, averías, responsabilidad del transportador
Materia: COMERCIAL
Carátula: TUTORA CIA. SUDAMERICANA DE SEGS.  S.A. c/ LA SUREÑA TRANSPORTES s/ INTERESES PRESCRIPTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

La prescripción del artículo 183 del Código de Comercio (en el sentido de que en caso de detrimento o avería es menester formular reclamación contra el transportista dentro del plazo establecido, so pena de caducidad del respectivo derecho); es de excepción y, por lo tanto, de interpretación restrictiva, correspondiendo tener en cuenta que su "ratio legis" apunta a evitar que el factor sorpresa afecte al transportista, y que se vea enfrentado a múltiples dificultades y expuesto a las consecuencias de la mala fe, y a procurar que las controversias sobre el estado de la mercadería en destino tengan rápida solución.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, debido proceso, doble instancia, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Bellegia, Enrique José y otros s/ causa Nº 85.831.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

Si la suprema corte provincial se negó al tratamiento de la procedencia formal del recurso de casación, agravio que resulta -en cuanto a la garantía de doble instancia- de innegable carácter federal, cabe descalificar el fallo impugnado como acto jurisdiccional válido, y admitir el recurso federal interpuesto. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Calumnias, querella, competencia
Materia: PROCESAL PENAL -PENAL
Carátula: NEDER JUAN MIGUEL s/ CALUMNIAS  -  QUERELLA - FALSA DENUNCIA - CONCURSO APARENTE DE NORMAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-12-21

Si el comportamiento del acusado puede ser definido como calumnioso, nunca debió recaer un pronunciamiento en sede instructoria, pues conforme al art. 73 inc. 2do. del C.P., la calumnia es un delito de acción privada y su ejercicio por la persona que se pretende ofendida, se materializa a través de la querella regulada por el art. 447 y concordantes del C.P.P., que establecen que debe ser presentada ante el tribunal de juicio competente.

El art. 26 del C.P.P. atribuye al Juez de Instrucción la investigación de los delitos por los cuales procede instrucción, consecuente con esto a la C amara de Acusación el art. 25 del mismo cuerpo, reconoce competencia para entender en los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces encargados de la instrucción. Siendo ello así, el Juez apelado se pronunció sobre una materia que según las leyes está reservada para otros órganos competente, por lo que lo actuado es absolutamente nulo, no sólo por el principio de la sancionabilidad expresa, C.P.P. art. 33, sino porque además, lo actuado compromete la norma del art. 171 inc.

1ro. del C.P.P., en cuanto se inobservaron disposiciones concernientes a la capacidad del Tribunal.-
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Soria, Miguel Angel y Soria, Víctor Hugo s/ Robo calificado calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

Como no toda reincidencia implica violación de una libertad condicional esta transgresión importa un plus sobre la primera de modo que no hay doble valoración de una única circunstancia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Alonso, Guillermo c/ A.L.D.O.S.S. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que aduce violación de normas que poca o ninguna vinculación tienen con lo resuelto en la causa porque no basta alegar la infracción de un precepto legal, sino que es menester acreditar en primer término, los presupuestos de hecho que lo tornan aplicable al caso.
Falta de legitimación para obrar, pago de tributos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M. L.P. c/ C.O.S.P.S.V. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-22

"Se configura la excepción de falta de legitimación para obrar pasiva en el ejecutado, cuando no media coincidencia entre la persona obligada al pago del crédito tributario y el sujeto pasivo de la pretensión ejecutiva, situación extensible a quien ha demostrado ante el organismo recaudador la circunstancia que la exime de responsabilidad por el pago del tributo".
Interpelación, apropiación
Materia: PENAL
Carátula: H, M A s/ DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA      EXPTE NRO 206-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-28

Comete el delito de defraudación por retención indebida -artículo 173 inciso 2) del Código Penal-, si los hechos probados indican que el enjuiciado recibió el automotor para su reparación, recibió dinero por su futuro trabajo y fue debidamente intimado a entregar el bien, no haciendo la entrega dentro del plazo estipulado. En ese momento queda cumplido el tipo penal al expirar el plazo, que no exige la apropiación, bastando que no se restituya a su debido tiempo.
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: R., R.A. s/ infracción art. 67 d) dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-15

En el caso de una ley contraria a la Constitución, si ambas, la ley y la Constitución, se aplican al caso particular, la justicia debe decidir ese caso ya sea de acuerdo a la ley desatendiendo la Constitución, o bien conforme a la Constitución sin tener en cuenta la ley; debe determinar cuál de las dos normas gobiernan el caso:

esto es de la esencia del Poder Judicial. Entre esas alternativas no hay término medio : o la Constitución es la ley suprema o no lo es.

De admitirse la primera alternativa, que es la única sensata, corresponde invalidar la ley inconstitucional; de admitirse la segunda, entonces las constituciones escritas serían tentativas absurdas para limitar un poder que sería ilimitado por su propia naturaleza. ( Const. Nac. arts. 31, 116 y cdts.; Const. Proc. art.

57 y cdts. )
Régimen penal cambiario, recurso de apelación (procesal), sentencia definitiva, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: LA MERIDIONAL COMPANIA DE SEGUROS S.A. s/ Control de cambios, recurso de apelación Causa 30890
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-28

1- Aún cuando el art. 8 de la Ley Penal Cambiaria en su inc. e) determina que el recurso de apelación solo se otorgará contra las resoluciones definitivas, y que las decisiones que se dicten durante la sustanciación del sumario no son recurribles, salvo que impliquen un manifiesto gravamen irreparable, el rechazo de la excepción de prescripción no produce tal gravamen irreparable toda vez que en la oportunidad pertinente, y al considerarse el eventual recurso de apelación contra la sentencia definitiva, puede tratarse como agravio que cause tal pronunciamiento definitivo a los recurrentes (Del voto en disidencia del Dr. Oyuela.- 2- La ley vigente, más allá de su acierto o error, ha querido evitar la proliferación de incidencias recursivas que dilaten el trámite de la causa administrativa. (Del voto en disidencia del Dr. Oyuela).
Honorarios del abogado, privilegios (civil), gastos del proceso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Credicoop Coop. Ltdo. c/ Della Valle A. M. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-02

Es un principio general que las sumas depositadas en la causa deben aplicarse primeramente al pago del acreedor ejecutante, salvo que se trate de costas de la ejecución por ser éstas preferentes aún frente al crédito de aquél (art. 3879 inc. 1 C.C.). Pero en este rubro no están incluidos los honorarios del letrado de la demandada y sí en cambio lo están los del letrado de la parte vencedora en el pleito, pues ello importa una reparación de los gastos necesarios que esta ha efectuado para obtener el reconocimiento de su derecho. Tal es el sentido que inspira la norma del art. 590 del C.P.C. en cuanto en su segundo párrafo claramente establece "los gastos causados por el deudor para su defensa no tendrán en ningún caso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-02


REGISTRO N° 1548/12 ///nos Aires, 2 de noviembre de 2012.

AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

1. Que la defensa de Héctor Magnetto y de Bartolomé Mitre interpuso recurso de queja por casación denegada, contra la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que declaró la competencia de la justicia federal de esta ciudad para entender en la presente (punto dispositivo III).

2. Que el recurrente no ha logrado demostrar que, en el caso, se esté en presencia de una resolución de carácter definitivo o asimilable -artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación-, dado que la recurrida no pone fin al proceso ni impide su continuación.

Cabe recordar al respecto, que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente que los autos que resuelven cuestiones de competencia no constituyen, en principio, sentencia definitiva en los términos del artículo 14 de la Ley 48 (Fallos 288:95; 301:615; 305:502, entre otros).

Por lo demás, tampoco se verifica en autos la denegación del fuero federal o alguna otra circunstancia que permita hacer excepción a dicha regla y de esa forma equiparar a definitiva la decisión impugnada (cfr. Fallos 306:172; 311:522; esta Sala en causa n° 866 "Suglia, Héctor O. y otro s/rec. de queja", reg. n? 177/96 del 14/6/96 y Sala I en causa n° 693 "Omoldi, Rosalía s/ rec. de queja", reg. N° 950, del 19/3/1996).

Por todo ello corresponde, convalidar el criterio del auto denegatorio del recurso de casación y, en consecuencia, declarar inadmisible la presentación directa en estudio.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR INADMISIBLE la queja interpuesta por la defensa de Héctor Magnetto y de Bartolomé Mitre, con costas (artículos 478, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese al señor Fiscal General ante esta instancia y remítase la presente, en el día de la fecha al Tribunal de origen, el que practicará las notificaciones que correspondan.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

Fdo: Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: Walter Daniel Magnone. Prosecretario de Cámara.
Contrato de trabajo, suspensión del trabajador, deber de ocupación, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: LAMBERTI  MARIA  INES c/ AIRMADRID LINEAS AEREAS S.A.  SUCURSALARGENTINA s/ SPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-26

Aún cuando la trabajadora conociera los motivos por los cuales su empleadora incumplió con su deber de otorgar tareas efectivas, el art. 218 L.C.T. es muy preciso al establecer que "Toda suspensión dispuesta por el empleador para ser considerada válida, deberá fundarse en justa causa, tener plazo fijo y se notificada por escrito al trabajador", requisitos que no se cumplieron en el caso. La comunicación efectuada por la empleadora mediante correo electrónico no se adecua a los requisitos previstos en la ley conforme el art. 218 y siguientes de la ley referida. Es por ello que la trabajadora bien pudo sentirse gravemente injuriada y por ello decidir la ruptura del vínculo ya que se la revela de prestar servicios sin causa. (En el caso, Air Madrid Línes Aéreas S.A. suspendió sus actividades comerciales y recomendó a su personal que no se presentara a trabajar el día subsiguiente, ante las situaciones de violencia generadas, tanto en la estación Ezeiza como en las oficinas centrales, por la interrupción del servicio. (Del voto de la Dra. Ferreirós, en mayoría).
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Campos, María del Carmen c/ Concejo Deliberante de Lomas de Zamora s/ Demanda contencioso administrativa Juz. Crim. y Correc. 4 del Depto. Jud. Azul-Policía Prov. Bs.As. s/ Conflicto art. 161 inc. 2 Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01|1997-05-27

Si el objeto de la pretensión no fue materia de tratamiento en sede administrativa, en atención a la naturaleza revisora de la competencia contencioso administrativa, el Tribunal no puede conocer sobre cuestiones que no han sido objeto de debate en sede administrativa, correspondiendo -en consecuencia- desestimar la demanda interpuesta por su improcedencia formal (arts. 1, 28 inc. 1, 36 y concs. del C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Extinción de la obligación tributaria, tasas de interés, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Establecimientos Textiles La Suiza SACIFIA c/ A.N.A. s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

La tacha de inconstitucionalidad articulada en torno a las tasas de interés establecidas mediante las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y, con posterioridad, por la Secretaría de Ingresos Públicos y por la de Finanzas Públicas, conforme lo establece el art. 794 del C.A., no procede cuando el único fundamento desarrollado a tales fines sólo toma en cuenta la relación existente entre las tasas aplicables y los índices de inflación correspondientes a los períodos en los que aquéllas se encontraban vigentes. En efecto, el argumento de la recurrente se desvanece a poco que se observe que las tasas de interés se conforman teniendo en cuenta el valor del dinero en un momento y mercado dados y, tal valor no sólo guarda relación con el menor o mayor grado de inflación existente en aquél, sino también con otros múltiples factores económicos y políticos. Es en atención a tales características que el legislador, oportunamente, previó distintos medios para evitar, por una parte, la desvalorización monetaria mediante la aplicación de índices de actualización y por otra, la privación del capital a través del establecimiento de las tasas de interés, cuya fijación dejó a cargo de la Secretaría de Estado de Hacienda, en su momento, teniendo en cuenta, precisamente, el carácter dinámico que presenta la cuestión, cuidando de determinar un límite máximo pero siempre en relación con las tasas de interés corriente existentes en el mercado.
Excarcelación, duración del proceso, prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "RIVEROS, Omar s/ denegatoria excarcelación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-07

A fin de evaluar la razonabilidad del tiempo que lleva un proceso y de la detención de un imputado, esta Cámara ya ha decidido en anteriores pronunciamientos (C. N° 29.796 "Fridman", Reg. N° 813 del 25/09/98 y C. N° 32.999, "Vázquez", Reg.N° 490 del 28/06/01) seguir las pautas fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos "Genie Lacayo" del 29/01/1997 y "Suárez Rosero" del 12/11/1997. Este órgano ha afirmado, a su vez, compartir el criterio seguido por la Corte Europea de Derechos Humanos en los casos "Motta" del 19/01/1991 y "Ruiz Mateos" del 23/06/1993, en los cuales se ha analizado el concepto de "plazo razonable", estableciendo que se deben tener en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y, c) la conducta de las autoridades judiciales (ver también voto en minoría de los Ministros de la C.S.J.N. doctores Carlos Fayt y Gustavo Bossert en el precedente "Kipperband" (Fallos; 322:306) respecto al criterio sentado por el Tribunal Europeo en el caso "König"). Estos supuestos excepcionales que habilitan la prórroga de la prisión preventiva, no han instaurado sin embargo, un sistema de libertad automática a su vencimiento. Tiene dicho el Alto Tribunal de Justicia de la Nación que, "...la validez del art. 1° de la ley 24.390 se halla supeditada a la circunstancia de que los plazos fijados en aquella norma no resulten de aplicación automática por el mero transcurso de los plazos fijados, sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en los arts. 380 y 319 del Código de Procedimientos en Materia Penal y Código Procesal Penal, respectivamente, a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable" (in re "Bramajo, Hernán Javier s/incidente de excarcelación", causa n° 44.891, rta. 12/09/1996, Fallos; 319:1840 y más recientemente "Sánchez Reisse, LeandroA. S/excarcelación", rta. 07/05/1998, Fallos; 321:1328; en el mismo sentido esta Sala I, C. N° 27.507, "Merkin", Reg. N° 278 del 02/04/96 y sus citas). Esta doctrina de la Corte -que consiste en la posibilidad de negar la libertad de un imputado, aún después de los dos o tres años de prisión preventiva, cuando continúan existiendo en el caso riesgos procesales- fue reiterada en el precedente "Trusso" (Fallo 326:2716). Por otra parte, la eventual pena a imponer al imputado en caso de obtener una condena por los hechos aquí investigados, considerando el largo plazo de detención, ya no permiten afirmar como sí aconteció en la primer etapa de la instrucción que, de recuperar la libertad el imputado vaya a eludir el accionar de la justicia, toda vez que tal parámetro cede luego de transcurridos holgadamente los plazos legales establecidos por la normativa (del voto del Dr. Vigliani).