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Recurso extraordinario, fundamentación de sentencias, aplicación temporal de la ley, Poder Judicial, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, funcionarios judiciales, médico forense, incompatibilidad de cargos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MEDICOS FORENSES s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDAD  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 785 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario pretendido por el cuerpo de médicos forenses del Poder Judicial en disconformidad con lo adoptado por la Corte en el ejercicio de facultades propias derivadas de su función de gobierno, al decidir que las incompatibilidades introducidas por la ley 11.144 a la Ley 10.160 deben "ser aplicadas a los Médicos Forenses de los Tribunales de la Provincia (incluidos los que actúan en la Justicia de Menores) que ya vienen desempeñándose en tal carácter", desde que los agravios que esgrimen los recurrentes -a pesar del matiz constitucional que se les pretende conferir- no logran superar el nivel de la mera disconformidad con lo resuelto, toda vez que no demuestran que el Cuerpo, al resolver como lo hizo, haya efectuado un ejercicio irrazonable de sus funciones propias o adoptado una hermenéutica caprichosa de las normas directamente comprometidas .

En el caso, y para desestimar las revocatorias planteadas, estimó el Tribunal: 1) que el artículo 168 de la ley 10.160, al establecer que "los integrantes de la oficina no pueden ejercer privadamente su profesión", se refiere a la profesión de médico en general; 2) que dicha norma es aplicable a los médicos integrantes de las Oficinas Médico Forenses y de las Oficinas de Reconocimiento Médico Judicial; 3) que las incompatibilidades establecidas por la mencionada norma comprenden a la totalidad de los médicos que integran el Poder Judicial, y no sólo a los que hayan ingresado con posterioridad a la reforma introducida por la ley 11.144 y 4) que en orden a la restricción prevista en el artículo 212, penúltimo párrafo, de la L.O.P.J., el límite oportunamente establecido por el Tribunal es el de ocho horas semanales en calidad de profesor ordinario y permanente.
Accidentes de trabajo, prótesis, daño estético
Materia: LABORAL
Carátula: Marful, Santiago A. c/ La Primera Cía. de Seguros S.A. s/ Cobro indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

Aún admitiendo que según el texto del art. 26 párrafo 3º de la ley 9688 pueda aceptarse la provisión de prótesis por una necesidad estética, incumbe al afectado demostrar que con el uso de la misma puede subsanarse el problema estético.
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comuna de Cañada Rosquin c/ Racciatti, Irene Lucía y otros s/ Recurso Extraordinario - Recurso de Inconstitucionalidad -Apremio  (Expte.: C.S.J. nro. 410 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-05

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la demandada desde que la sustancia impugnativa se reduce a una mera discrepancia hermenéutica con el alcance asignado a normas procesales, en su aplicación conforme las circunstancias comprobadas de autos (el recurrente funda su discurso argumental en que el Tribunal, en la sentencia impugnada, contraría -sin más- lo resuelto en otra causa). Y sabido es que la Corte Federal descarta la admisibilidad de la arbitrariedad, entre otros casos, cuando se la funda en la mera discrepancia del recurrente con la interpretación de normas procesales practicadas por los tribunales de la causa.
Representación procesal, gestor judicial, patrocinio letrado, querellante, acusación de la querella
Materia: PENAL
Carátula: HORN, GUALTERIO s/ QUERELLANTE - LETRADO GESTOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-04-22

Desde que es evidente que la actuación del letrado del querellante, con sus sendos pedidos de prórroga, ha sido para evitar la pérdida del derecho de acusar de su asistido, la presentación posterior de éste, ejercitando sus pretensiones punitivas dentro de los respectivos plazos de ratificar la gestión, por un lado, y de acusar, por otro, es legalmente suficiente para dar por válido este último acto procesal. El art. 48 del Cód. Civil y Comercial, de aplicación supletoria al fuero penal, determina expresamente que en los casos de urgencia podría admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acredita la personalidad, pero que si no fueren presentados o no se ratificare la gestión dentro del plazo de sesenta días, será nulo todo lo actuado por el gestor.
Prueba pericial, carácter vinculante
Materia: LABORAL
Carátula: Svistuniuk, Pavel c/ CAP La negra s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-21

Los tribunales del trabajo tienen facultades para apartarse de las conclusiones periciales, en tanto dicha prueba carece de efecto vinculante desde que son los jueces quienes ejercen la potestad jurisdiccional y el perito es un mero auxiliar de dicha actividad.
Inadmisibilidad del recurso, defensa en juicio, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Díaz , Alejandro Pablo y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-24

Es inadmisible el RE deducido contra el pronunciamiento que, al hacer lugar al recurso de casación, declaró la nulidad de la condena impuesta por entender que lo resuelto había dirimido cuestiones encontra del imputado sin ninguna inmediación y en violación del derecho de defensa, pues los impugnantes no han cumplido con los recaudos previstos en los arts. 14 y 15 ley 48 y art. 3, incs. d) y e) Ac. CS4/2007.
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fedzuk, Jorge Adrián c/ Macias, Alberto Diego s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

No hay en el art. 3982 bis una remisión a la normativa procesal local, como no la hay en el art. 3986. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estabilidad del delegado gremial, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Agropecuaria Regional Justo José de Urquiza s/ Quiebra-Incidente de verificación de crédito prom. por Martínez,  D.R. y Gavet, E.R.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-11-24

No es admisible la indemnización por estabilidad gremial cuando el establecimiento ha cesado en sus actividades debido a un proceso de tecnificación originado en normas emanadas del Gobierno Nacional. El caso encuadra en la categoría de "cesación de actividad del establecimiento", siendo esta una situación en virtud de la cual la ley especial en la materia -artículo 51 de la Ley 23.551-, dispone la imposibilidad de invocar dicha estabilidad, pues al ser despedido el personal que representaba, no posee legitimación alguna para pretender un resarcimiento especial. (Minoría u opinión personal)
Accidentes de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Labrinchuk, Clementina Leonor c/ Domvil S.A.I.C.A. s/ Enfermedad Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-07-06

Si el Juez de Primera Instancia consideraba que la ley aplicable al presente caso era la de Riesgos del Trabajo, Nro. 24.557 y por aplicación del principio "Iura Novit Curia", en el primer proveído posterior a la iniciación del presente se debió declarar que esa era la ley que debía regir la acción y, a su vez, declararse incompetente, en mérito al artículo 46 de la misma. Al no hacerlo y dar trámite completo a la acción, se acepta la competencia y, por lo tanto, la tácita inconstitucionalidad de la ley 24.557, que regía en principio la acción intentada por la parte actora, dictando sentencia, la que debió valorar la prueba producida y resolver la cuestión en mérito a la misma y aplicando la Ley 24.028, no por lo que hayan alegado las partes -como pretende la actora- sino lo dicho más arriba.
Enfermedad accidente, servicios de vigilancia, stress
Materia: LABORAL
Carátula: KESSELMAN, VICTOR c/ CAMEA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-11

La función de vigilancia implica un grado necesario de tensión y ansiedad, dada la inminente posibilidad de sufrir un enfrentamiento, circunstancia que operaría nefastamente en cualquier individuo, provocando el consabido stress negativo, tan perjudicial para la vida.
Recurso extraordinario federal, interposición del recurso, ejecución de sentencia, suspensión de la ejecución
Materia: PROCESAL
Carátula: Cullen, Iván José María y Roberto Brebbia c/ Provincia de Santa Fe y Caja de Jubilaciones y Pensiones". s/ su solicitud en autos: "Andrioli, José María H. y otros y sus  acumulados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

En orden a lo dispuesto en el art. 499, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la interposición del recurso extraordinario federal suspende la ejecución de la sentencia hasta tanto el tribunal se pronuncie con respecto a su concesión o denegación.
Resistencia a la autoridad, encubrimiento real con receptación, automotor secuestrado, coautoría, estupefacientes, tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal
Materia: PENAL
Carátula: SUPLICIO, FERNANDO. s/ RESISTENCIA  AUTORIDAD.  ATENTADO  AUTORIDAD. ENCUBRIMIENTO. COAUTOR.  ESTUPEFACIENTES. TENENCIA. INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

1) Constituye el delito de RESISTENCIA a la autoridad (art. 239 C PE) la reacción armada del procesado que se produjo cuando el policía ya estaba actuando y ejecutando su procedimiento, que lo hubiera conducido, de poder reducirlos, a la detención de los sujetos que interrogaba; o sea que la actitud del justiciable resultó posterior a lo que debe considerarse fue orden emanada de la autoridad y como reacción de ésta; razón por la cual la figura de ATENTADO a la autoridad queda excluída.

2) Debe considerarse al procesado coautor del delito de ENCUBRIMIENTO, pues aunque en el momento de ser aprehendido se disponía a conducir el vehículo su coprocesado, ambos compartían la guarda del mismo con conocimiento de su sutracción y ello es así aunque no esté probado que la cosa que se tiene lo sea con el fin específico de sustraerla a la acción de la justicia, porque dicho requisito está ínsito en la tenencia de un objeto que se conoce es mal habido y se guarda para sí, con lo que se lo está ocultando de la búsqueda de la justicia, con suficiente afectación para la misma 3) LA TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES, aún para consumo personal merece un análisis de caso por caso para verificar si ella es susceptible de afectar a la salud pública, en cuyo caso, la acción privada constitucionalmente tutelada, se evade de su marco para rozar por Peligro o lesión bienes de terceros, que merecen también cuidado y están efectivamente contemplados por la ley 20.771; que es lo que ocurrió en el caso de autos, pues se usó en un consumo conjunto con el coencausado, debiendo en consecuencia responsabilizarse al justiciable por el delito mencionado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COSENZA, CESAR DANIEL c/  s/ HOMICIDIO CRIMINIS CAUSAE (ARTICULO 80, INCISO 7, CODIGO PENAL)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-10

En orden a las postulaciones referidas a la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, la compareciente no logra demostrar que la sanción impuesta colisione con los principios y derechos genéricamente aludidos -principio de intangibilidad de las personas, reinserción social y prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes-, toda vez que tales afectaciones podrían ser traídas a consideración de este Tribunal por vía del recurso extraordinario cuando el condenado se encuentre en condiciones de peticionar los beneficios penitenciarios del periodo de prueba o de acceder a la libertad condicional y, oportuna y eventualmente, le fueran denegados, constituyendo expectativas futuras que no son inmutables y por ende, se torna inadmisible -por prematuro- su tratamiento. Jurisprudencia concordante con Ferreyra, AyS, T 317, p 315, sumario J0049851.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, coparticipación de impuestos, Estado Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ Estado Nacional s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-24

Dada la trascendencia institucional del pronunciamiento y las particulares características de la jurisdicción que se insta a ejercer a la Corte Suprema, en las que no puede ceñirse a las previsiones legales aplicables a los comunes reclamos por el cobro de una suma de dinero, la naturaleza de la cuestión, que concierne a las relaciones políticas entre los Estados y en particular al complejo régimen de la Coparticipación Federal de Impuestos, requiere para su solución que el Tribunal ejerza las facultades que supone la trascendente misión de resolver los conflictos interestatales, máxime cuando en el ámbito del derecho intrafederal, la Nación no es sino uno de los Estados parte.
Cámara de Apelaciones, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: AMSLER HNOS Y CIA SAC c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ ACCION DECLARATIVA    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 714-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-18

A efectos de que se pueda constituir con cinco vocales una Cámara de Apelación, la resolución atacada debe revestir el carácter de definitiva, lo que es remarcado por Iturralde quien expresa refiriéndose a materia penal- "...de oficio, el Tribunal de Alzada también puede aumentar su composición con dos vocales más del mismo fuero y en su defecto con los de las otras Cámaras de Apelación o con los suplentes que figuran en el artículo". Agregando: "Esto es el Tribunal integrado que se constituye con una cantidad de miembros mayor que la normal (artículo 20, Ley 3611) hasta lograr el número impar de cinco (artículo 22), con el objeto inmediato de mejorar las garantías de una correcta administración de justicia y con el lejano propósito de unificar la jurisprudencia".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PENAL
Carátula: Crespo, Norberto Antonio s/ Lesiones culposas Viola, Gustavo José s/ Lesiones culposas Llanos, Héctor E. s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23|1998-09-29|2000-05-31

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal de Cámaras contra la resolución de la Excma. Cámara por la que se declara extinguida la acción penal por prescripción, si no da cuenta de la norma del Código de fondo que, a su criterio, habría resultado transgredida por la resolución.

La competencia funcional de este tribunal en el ámbito de la casación está limitada por la fundamentación del impugnante (arts. 352 y 355 del C.P.P. seg. ley 3589 y sus modif. y 279 inc. 2 del C.P.C.C.), lo contrario implica la violación al principio de congruencia (doctrina del art. 34 inc. 4 del C.P.P.) y afecta el debido proceso. (Minoría u opinión personal)
Sanciones conminatorias, restricción de acercamiento, depósito judicial, violencia de género, hostigamiento o maltrato, incumplimiento de resolución judicial, tareas comunitarias
Materia: PENAL
Carátula: Suarez Miriam Antonia c/ Albarracin Francisco Eugenio s/ protección de persona
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-03-23

Cabe disponer como sanción conminatoria al hostigador, el pago de la suma de $25.000 (pesos veinticinco mil) equivalente a una consulta escrita fijada por el Colegio de Abogados de Tucumán, mediante depósito judicial, como consecuencia del incumplimiento al deber jurídico de respetar las resoluciones judiciales -restricción de acercamiento-, la mora en el cumplimiento de esta obligación devengará intereses previstos en la legislación civil en vigencia -art. 886 CCC-. Asimismo se ordena la inmediata y obligatoria asistencia a dispositivos o programas de tratamiento para personas violentas y maltratadoras, dicho trabajo deberá contener como eje central: a) la profundización del conocimiento de la violencia de género y las perspectivas de análisis de esta realidad, b) profundización sobre las herramientas que contribuyen a mejorar la convivencia social y seguridad ciudadana, y, c) el análisis de los distintos perfiles de varones "violentos" para poder promover comportamientos de cambios en esos hombres. El incumplimiento de esta orden judicial por parte del responsable de la violencia, lleva implícita la contingencia de aplicación de las astreintes a favor de la damnificada. Corresponde además, ordenar al Municipio de Monteros que incorpore al hostigador en la realización de tareas en beneficio de esa comunidad, en la frecuencia que considere necesario, y sin necesidad de contraprestación alguna y por el término de 90 días contados a partir de la notificación de esta resolución. Para decidir así, ha de tenerse en cuenta que el demandado evidencia un comportamiento reiteradamente hostil y de escalada de la situación de violencia, quedando todos esos hechos enmarcados en los arts. 1, 5, 26 y 32 de la Ley 26485.
Sistema federal, Estado Nacional, Estado Provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

Si bien las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires guardan subordinación con el Estado federal en ciertos ámbitos, esa subordinación se verifica en los estrictos términos jurídicos de la Constitución Nacional; no se trata, por tanto, de una subordinación indeterminada, sino limitada por el mismo texto de la Norma Fundamental argentina.
Relaciones de familia, obligación alimentaria entre parientes
Materia: CIVIL
Carátula: F., D. P. c/ M., F. A. s/ alimentos (expte. electrónico)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-05-26

El vínculo jurídico determinante del parentesco establece una verdadera relación solidaria alimentaria que se traduce en un vínculo obligacional de origen legal (art. 537 CCC), que exige recíprocamente de los parientes una prestación que asegure la subsistencia del pariente necesitado. Esa relación de índole asistencial trasunta principios de solidaridad familiar ante las contingencias que puedan poner en peligro la subsistencia física de uno de sus miembros y que le impidan circunstancial o permanentemente procurarse los medios necesarios para lograr esa subsistencia.
Acción meramente declarativa, recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, contratos administrativos, licitación pública, procedimiento licitatorio
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: K L M AEROCARTO BV c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ DEMANDA MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   537-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-16

En el ordenamiento jurídico provincial está prevista la posibilidad de instaurar un proceso demandando el reconocimiento de una pretensión meramente declarativa (artículo 1, párrafo 1 in fine, ley 5531), y la ley 4106 establece como normas procesales subsidiarias las del Código Procesal en lo Civil y Comercial, por lo que en circunstancias extraordinarias como la aquí considerada, la vía utilizada (acción mere declarativa de inconstitucionalidad), puede encontrar sustento en dicha previsión legal. Debe tenerse en cuenta, además, que la actora ha acreditado la legitimación que invoca, no negada por la contraria; que su pretensión encuentra debido encuadramiento legal en lo preceptuado en el artículo 1, primer párrafo in fine de la ley 5531, en lo que refiere a la lesión que le causa la incertidumbre que aduce mediante alegaciones que podrían encontrar sustento en los reiterados precedentes de esta Corte en los que se afirmó que la necesidad de agotar la vía administrativa mediante recursos a interponer ante el P.E., es requerimiento constitucionalmente exigido por el artículo 72, inciso 18, C.P.; y que concurren los restantes recaudos de admisibilidad que condicionan su tramitación.
Empleados públicos, remuneración, recursos administrativos, trámites judiciales, plazo, leyes, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ACOSTA, VILDO EUSEBIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ ACLARATORIA - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA  JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 116-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-01

Nuestro ordenamiento jurídico, como regla general, entiende que el reconocimiento del derecho a percibir el sueldo, lo es como contraprestación por los servicios cuyo cumplimiento constituye la obligación principal asumida por el agente al instaurarse la relación de empleo. Sin embargo, el artículo 21 de la ley 8525 prevé una excepción cual es el plazo que requiere el trámite administrativo y judicial para permitir el reconocimiento del derecho. Pero no puede racionalmente entenderse que el legislador haya querido dejar librado a la diligencia de la parte interesada dicho plazo, por lo que se ajusta al resto del ordenamiento la interpretación restrictiva de esa norma.
Derecho de huelga, legitimación activa
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, JOSE c/ PROVEDURIA PARA EL PERSONAL DEL BANCO PROVINCIA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-25

Si bien es cierto que el reconocimiento del derecho de huelga a los gremios no empece el derecho constitucional de los trabajadores, aún sin intervención de una asociación profesional, en virtud de lo dispuesto por el art. 14 bis de la constitución el titular del derecho de huelga es el sindicato. Este derecho debe ejercitarse en la forma establecida en la ley de Asociaciones Profesionales (art.

13 inc. k ley 22105) y ajustarse a un procedimiento, con intervención de la autoridad administrativa del trabajo, que en el orden nacional está reglado por la ley 14786.
Recurso de apelación (procesal), providencia simple
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bellandi, Teresa Nélida c/ Municipalidad de Ensenada s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06

La apelabilidad que el art. 494 CPCC establece respecto de la resolución que rechaza de oficio la demanda, debe admitirse extendida al supuesto que desestima el responde de la demanda en razón de que ese escrito reviste para el demandado la misma importancia que la demanda para el actor; como así también ha de reconocerse que en ese caso y en razón de los efectos que tal resolución conlleva, la providencia queda comprendida en el régimen de notificación personal, o por cédula, como se dispone para la situación de declarada la rebeldía (arts. 34 inc. 5, 59, 135, 494, CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, facultades de la Municipalidad
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería c/ Municipalidad de General Alvarado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-04

La Constitución reconoce de manera directa las potestades tributarias de la Nación y las provincias y por eso las llama potestades originarias. Las facultades de los municipios, en cambio, no surgen de la misma forma de la Constitución, sino que ésta se limita a disponer para las constituciones provinciales la obligación de establecer su régimen municipal, lo que implica que debe reconocerles potestades tributarias, que por ello son llamadas derivadas.(del voto del doctor de Lázzari)