Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2009-03-17


Ushuaia, marzo 17 de 2009.

1º ¿Es procedente el recurso interpuesto? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Sagastume dijo:

1. Este Tribunal ha dicho reiteradamente que "El recurso de queja tiene por objeto permitir que el tribunal del recurso revise el juicio de admisibilidad efectuado por el tribunal recurrido, y consecuentemente la argumentación a desarrollar por el quejoso tiene que atacar los fundamentos del decisorio que veda el acceso al tribunal ad quem" ("Santillán, Juan Gabriel c/Municipalidad Ciudad de Ushuaia s/Acción de amparo s/Recurso de queja por casación denegada" -expte. nº 118/95 SDO, sentencia del 31.07.95 registrada en el Libro II, folios 148/149-; "Díaz, Héctor Hugo c/Paredes Ravena, Juan F. s/Querella - s/Recurso de queja por casación denegada" -expte. nº 327/96 SDO del 25.03.97, Libro VII, fº ¢-; "Ríos, María Fabiana s/Recurso de queja en autos æRíos, M.F. s/QuerellaÆ" -expte. nº 483/97 SDO del 24.10.97, Libro X, fº 99-; entre muchos otros).

De esta manera, la queja tiene por finalidad llevar a conocimiento del iudex ad quem la denegatoria de un recurso cuya habilitación corresponde al iudex a quo para lo que debe efectuarse la crítica concreta y razonada de los argumentos de esa denegatoria. La queja "...importa un pedido de revisión al juicio de admisibilidad" del recurso denegado (Epifanio J. Condorelli, "El recurso de queja", L.E.P., 1979, pág. 11).

Sobre el particular, Sagüés indica que el primer objetivo de la queja es el de impugnar la denegación del recurso extraordinario, señalando -en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que "...el recurrente tiene que refutar lo argüido por el tribunal de la causa en la denegación del recurso extraordinario, realizando una crítica eficaz de los considerandos por los cuales el a quo lo rechazó" (Néstor P. Sagüés, "Derecho Procesal Constitucional", tomo 2, Astrea, 1992, pág. 575), criterio igualmente aplicable a la queja ante el rechazo del recurso extraordinario de casación.

2. En autos, la controversia entre la Cámara de Apelaciones y la defensa radica en establecer si la decisión copiada a fs. 12/15 que confirmó el rechazo del planteo de nulidad presentado reviste el carácter de definitividad exigido por la normativa procesal para superar el vallado de admisibilidad de esta instancia casatoria.

El original de dicha decisión rola a fs. 55/59 del "Incidente de nulidad promovido por los Sres. Defensores Particulares del imputado ", Dres. E. Alejandro Berola y E. Francisco Berola (causa nº 16.508 'De M., F. J. s/Peculado - Testimonios extraídos causa nº 13.608')", expediente nº 2965 del registro de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.

Con relación al alcance conceptual del término definitividad, se ha dicho: "Por sentencia definitiva corresponde entender a aquélla que, una vez agotado el debate, se pronuncia sobre el fondo del asunto (penal o civil, o ambos) y, con prescindencia de su contenido (condena, absolución o imposición de una medida de seguridad), goza de eventual aptitud para adquirir eficacia de cosa juzgada" (Lino E. Palacio, "Los recursos en el proceso penal", Abeledo-Perrot, 1998, págs. 80/81; en igual sentido: Fernando de la Rúa, "La casación penal", Depalma, 1994, pág. 180). Más amplia y profusa ha sido la elaboración jurisprudencial de la Corte Suprema, que ha equiparado a definitiva a múltiples resoluciones; por lo que "...no es desacertado afirmar, como se ha dicho, que la característica de poner término al proceso, que debe producir la resolución inspeccionable en casación, debe determinarse más por su efecto en relación al proceso que por su contenido (C.N.C.P., Sala I, LA LEY, 1995-B, 615; C.N.C.P., Sala II, J.A. 1995-I-582; C.N.C.P., Sala III, LA LEY,1994-E, 131)" (Guillermo Rafael Navarro - Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", tomo 2, Pensamiento Jurídico Editora, 1997, págs. 301/302).

Coincidiendo con tal criterio, este Estrado sostuvo que "en materia de remedios extraordinarios el concepto de sentencia definitiva está referido a la irreparabilidad del perjuicio" (conf. Alsina, en "Derecho Procesal Civil", citado por Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", L.E.P., 1991, pág. 389) por lo que resulta decisivo, a los fines de delinear el concepto de definitividad, evaluar los efectos que produce la resolución respecto al proceso; es decir, si el impugnante cuenta con otra vía jurídica para reparar su agravio, pues en tal caso el remedio extraordinario -en principio- se encontraría vedado (ver, por todos, "Incidente de nulidad en causa nº 9653/04 - Fernández, Hugo Omar s/Pto. hurto de ganado menor e inf. al art. 189 bis 3er. párr C.P. s/Recurso de queja" -expte. nº 805/05 SR del 20.04.2005, Libro XI, fº 216/221-).

3. Bajo esta premisa, que ilumina la interpretación del art. 425 del C.P.P., no se advierte de qué manera los argumentos vertidos en la queja puedan conmover la limitación establecida en dicha norma.

Es evidente que el auto que confirmó el rechazo del planteo de nulidad no presenta efectos definitivos con relación a la continuidad de las actuaciones, las que proseguirán con el trámite correspondiente. Similar criterio adoptó este Tribunal en los autos "Rodríguez, Osvaldo Manuel y otros s/Defraudación c/la Administración Pública (14 hechos) s/Recurso de queja" -expte. nº 826/05 SR del 02.08.2005, Libro XI, fº 397/402-; "Incidente de prescripción interpuesto en la causa nº 466/2000 æRodríguez, Osvaldo M. y otros s/Defraudación contra la Administración PúblicaÆ s/Recurso de queja interpuesto por los defensores de Servando Diéguez, Ramón Gallardo y Carlos Pastoriza" -expte. nº 833/05 SR del 02.08.2005, Libro XI, fº 403/407- e "Incidente de prescripción de la acción penal a favor de Servando Diéguez" -expte. nº 938/06 SR del 07.03.2007, Libro XIII, fº 79/87-; "Incidente de excepción y planteo de nulidad promovido por Plasenzotti, Leonardo Ariel - Causa 18.453 caratulada 'Martínez, José Carlos s/Denuncia' s/Recurso de queja" -expte. nº 1066/08 SR del 05.03.2008, Libro XIV, fº 96/103-; entre otros.

En suma, la resolución de fs. 12/15 no pone fin al trámite de la causa principal ni impide su continuación. La continuidad del trámite de las actuaciones no le produce a F. J. De M. un perjuicio que exceda de los que ocasiona todo proceso en sí mismo (similar línea argumental expuso el Sr. Procurador General de la Nación en los autos "Domínguez", dictamen del 11.04.2005). Sus derechos podrá hacerlos valer por medio del régimen ordinario; sólo deberá adecuarse a las exigencias que la ley procesal ha establecido para la generalidad de los imputados.

4. Los presentantes no ignoran los vallados que las normas procesales imponen a la intervención de este Superior Tribunal; mas invocan la conculcación de garantías de rango constitucional para impulsar la intervención de esta instancia casatoria.

Sin discutir que F. J. De M. -abogado que se desempeña en el foro local- asumió por decisión propia su defensa ante la imputación que se le formulara, señalan que ello avasalla su garantía de defensa en juicio pues se opone a las normas contenidas en el Código Procesal Penal.

A mi juicio, los argumentos ensayados por la parte no empañan los fundamentos brindados por el a quo.

Ante la imputación, De M., quien se desempeña profesionalmente en el fuero penal, decidió ejercer su propia defensa: "Instruido acerca de que puede designar defensor a su cargo y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración, y que en su caso será asistido por el Oficial, manifiesta: que toda vez que el declarante es abogado, en este asume su defensa en forma personal" (ver el acta de la declaración indagatoria copiada a fs. 1/3 del expte. 2965). Esta intimación y la misma respuesta se reitera en la posterior ampliación de dicha declaración (fs. 4/6 de aquellos obrados).

El a quo consideró que esta manifestación fue efectuada en forma libre y voluntaria. Por el contrario, los defensores estiman que la concurrencia de una situación tan particular (imputado y abogado) le impidió tener la frialdad y la objetividad necesarias para tomar decisiones en forma independiente e imparcial (fs. 30 vta.). Reiteran la ponencia expuesta a fs. 20 de su recurso de casación.

La actividad procesal del imputado como abogado en causa propia no concluyó allí. De la lectura de los autos principales emerge que a fs. 253/264 interpuso recurso de apelación contra el auto de procesamiento ordenado por la juez de instrucción y a fs. 440/454 dedujo casación contra la decisión de Cámara. Desestimado este recurso por el a quo (auto de fs. 460/462) acudió en queja ante este Estrado, la que fue rechazada (expte. 1028/07 SR, resolución del 19.09.2007 registrada en el Libro XIII, folios 539/546; copiada a fs. 479/486).

5. Ingresando en el análisis de la queja glosada a fs. 26/31, en primer lugar se advierte que la parte no denuncia cuál es el gravamen concreto que surge de las declaraciones cuya nulidad se pretende.

En efecto, a fs. 28 de la queja, los recurrentes reiteran lo manifestado en su escrito inicial del incidente: "La incidencia no solo se fundamentó en el incumplimiento del mandato legal que obliga a contar con una asistencia letrada, sino también en la existencia de un perjuicio por demás evidente, ya que la falta de asistencia, le hizo cometer a nuestro asistido, errores que, de no haberlos cometido, podría no estar procesado". A fs. 30 vta. transcriben lo argumentado en esa oportunidad: "No se trata de hacer conjeturas hipotéticas de cuales hubieran sido los resultados de haber tomado tal o cual decisión, o de haber implementado una u otra estrategia; se trata de analizar una realidad, en la que una persona no puede ser juez y parte, no puede ser defensor y reo a la vez".

Lo expuesto no explica adecuadamente cuál ha sido el agravio que le ocasionó al Dr. De M. su decisión de defenderse en causa propia.

Por lo demás, la afirmación de que una persona no puede ocupar el rol de imputado y defensor simultáneamente debe ser relativizada: los Tratados Internacionales lo autorizan, en la normativa federal se encuentra expresamente previsto y en el ámbito local no se halla prohibido.

Tampoco se advierte una actuación excesivamente subjetiva, nerviosa, vacilante o contraria a sus propios intereses por parte del encartado, quien luego de prestar declaración impulsó -por sí- distintos remedios procesales contra las decisiones jurisdiccionales.

A fs. 30 vta., la defensa recuerda que en su primigenia presentación sostuvo que durante las indagatorias de De M. "...se transgredió su libertad de declarar, indirectamente se le requirió promesa de decir verdad y se lo indujo a declarar contra su voluntad en forma capciosa o sugestiva", lo que -a su juicio- no hubiera ocurrido de haber contado con una defensa técnica. Tal alegación carece de fundamento, toda vez que ese planteo fue expuesto en el recurso de apelación con que De M. recurrió el auto de procesamiento y resuelto -en sentido contrario a la pretensión de la defensa- por la Cámara de Apelaciones a fs. 281/298. En esa oportunidad, el tribunal también notó la falta de perjuicio concreto, toda vez que el imputado se mantuvo en su negativa a aportar los datos que se le requerían (ver fs. 287 vta./288).

6. Al no enunciarse ni demostrarse la existencia de un agravio concreto, el planteo nulidificante no pasa de ser un mero ejercicio académico y, como tal, resulta ajeno a la función jurisdiccional que los tribunales deben acometer en la resolución de los casos. Tiene dicho este Tribunal que el interés constituye la base necesaria de toda tutela legal; y que el mismo anima también la declaración de las nulidades absolutas, porque constituye un presupuesto de razonabilidad, inmanente a la actuación de la ley ("M. P., C. B. s/Violación" -expte. nº 24/95 SR del 27.04.95, Libro I, fº 2/18-; "Nogar, Jorge s/art. 281bis del C.P." -expte. nº 173/97 SR del 15.10.97, Libro III, fº 458/489-; "S., D. A. s/Abuso deshonesto calificado" -expte. nº 220/98 SR del 26.08.98, Libro IV, fº 489/508-; "F., H. D. s/Violación calificada" -expte. nº 349/99 SR del 02.03.2000, Libro VI, 79/94-; y más recientemente: "Incidente de apelación promovido por el Dr. Raúl Miguel Paderne en causa nº 2041 caratulada 'Pena, Héctor; Paderne, Raúl y otros s/Malversación de caudales públicos" -expte. nº 1059/07 SR del 04.04.2008, Libro XIV, fº 147/159-).

Esta postura parte de los principios de conservación y trascendencia, bajo cuyo prisma las nulidades -sean expresas, genéricas, virtuales o, desde otro enfoque, absolutas o relativas- no deben ser declaradas si el vicio del acto no le ha impedido lograr su finalidad (principio de conservación) o si no media interés jurídico que reparar (principio de trascendencia) (conf. Guillermo Rubén Navarro y Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", tomo 1, Hammurabi, 2004, pág. 419 y ss., y sus citas). Estos autores, con cita de Eduardo J. Couture ("Fundamentos de Derecho Procesal Civil"), continúan diciendo que las nulidades de cualquier tipo "no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino subsanar los perjuicios efectivos que pudieren surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción a las garantías a que tienen derecho los litigantes".

7. Por ello, se ha interpretado que deviene inadmisible la declaración de la nulidad por la nulidad misma, en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley. Ello en virtud de que, adversamente, su reconocimiento carecería de toda virtualidad procesalmente beneficiante, y se transformaría en una declaración teórica, de un dispendio de actividad jurisdiccional (Lino E. Palacio, "Nulidad de la indagatoria...", publ. en LA LEY, 1993-D, 186).

En el sentido indicado, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "La nulidad procesal requiere un perjuicio para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia" (Fallos 311:2337; con cita de Fallos 295:961 y 298:312). Ello en virtud de que no corresponde efectuar una aplicación indiscriminada o irrazonable de normas procesales que vede el acceso a la verdad objetiva, situación que equivale a renunciar al logro de ésta (Fallos 238:550) y transformar la actividad jurisdiccional en un conjunto de solemnidades desprovistas de su sentido rector, cual es la realización de la justicia (Fallos 295:961; 298:312; 305:917).Tal lo dicho por este Estrado en los autos "Di Sanzo, Gustavo y otros (adjudicatarios 48 viviendas) s/Dcia. s/Estafa - Imp: Cooperativa Lago Escondido" -expte. nº 273/98 SR del 19.03.99, Libro V, fº 123/127-; criterio reiterado en "N. M., E. A. s/Corrupción de menores calificado por el vínculo y amenazas y abuso deshonesto calificado por el vínculo y corrupción de menores y abuso deshonesto en concurso real" -expte. nº 296/99 SR del 10.08.99, Libro V, fº 392/405- y "Luna, Juan Ramón s/Defraudación" -expte. nº 1048/07 SR del 12.05.2008, Libro XIV, fº 265/279-; entre otros.

Resulta obvio, entonces, que siendo la declaración indagatoria un acto reproducible, cualquier observación, aclaración, ampliación o rectificación que pretenda efectuar el imputado, podrá hacerla en la etapa del juicio -estadio en que se encuentran los obrados principales- y ante el tribunal que dictará sentencia definitiva en el caso.

8. A fs. 27, la parte hace mención a la existencia de un caso de gravedad institucional.

En distintos precedentes, este Tribunal recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha usado este concepto como sinónimo de interés institucional, trascendencia constitucional, grave trascendencia institucional, notorio interés institucional, cuestión institucional seria, razones de interés general, situación que se proyecta sobre la buena marcha de las instituciones, y emerge en un caso cuando las cuestiones debatidas exceden el mero interés de las partes y afectan al de la comunidad, situación que permite obviar uno o algunos de los recaudos formales del recurso (conf. Lino Enrique Palacio, "El recurso extraordinario federal", Abeledo- Perrot, 1997, págs. 270/271). Sagüés engloba esta causal en el término de "cuestión constitucional de interés comunitario total", poniendo de resalto que la nota principal radica en la relevancia de la cuestión en asuntos públicos (según M. G. Smith), en lo colectivo (Joaquín Ruiz Giménez Cortés), en la vida del grupo (José Zafra Valverde), en los conflictos a nivel de la sociedad (Juan Ferrando Badía) (Sagüés, "Derecho...", pág. 368) (ver, por todos, "Incidente de nulidad en causa nº 9653/04 - Fernández, Hugo Omar s/Pto. hurto de ganado menor e inf. al art. 189 bis 3er. párr C.P. s/Recurso de queja" -expte. nº 805/05 SR del 20.04.2005, Libro XI, Fº 216/221-).

Más allá de que los letrados no desarrollan este tema en el escrito de queja, asiste razón al a quo cuando a fs. 24vta. expresa que nada hay en la resolución atacada en casación que -tomando los términos usados por la Corte- nos indique que los valores más sustanciales y profundos de la comunidad se vean conmovidos.

9. En definitiva, aún cuando se estime que otra solución también es posible, lo resuelto a fs. 12/15 no resulta antojadizo o caprichoso, situación que obsta la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, la que -como es sabido- no tiene lugar cuando sólo se disiente con la actividad axiológica del tribunal de mérito (ver, por todos, "Sr. Fiscal s/Denuncia" -expte. nº 777/04 SR del 10.08.2006, Libro XII, fº 499/510-).

Bajo este prisma, no se advierte que la resolución atacada en casación presente notas excepcionales que permitan obviar algunos de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación legalmente establecidos. En su mérito, el recurso de queja glosado a fs. 26/31 debe ser rechazado.

A la cuestión propuesta voto por la negativa.

La doctora Battaini adhiere a lo dicho por el Dr. Sagastume, votando a la primera cuestión por la negativa.

2º cuestión.- El doctor Sagastume dijo:

Atento a la respuesta dada a la cuestión que antecede, propongo rechazar el recurso de queja por casación denegada interpuesto a fs. 26/31 por la defensa de F. J. De M. contra el auto copiado a fs. 23/25, cuyo original obra a fs. 22/24 del incidente "Dres. E. A. B. y E. F. B. s/Recurso de casación interpuesto en causa: Incidente de nulidad promovido por los Sres. Defensores Particulares del imputado ", Dres. E. A. B. y E. F. B. (causa nº 16.508 'D. M., F. J. s/Peculado - Testimonios extraídos causa nº 13.608')", expediente nº 3072 del registro de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.

Sin costas, toda vez que el proceso establecido por los arts. 439 y ss. carece de sustanciación (art. 492, segunda parte, del C.P.P.).

La doctora Battaini comparte y hace suya la propuesta formulada por el Dr. Sagastume, votando a la segunda cuestión en igual sentido.

Por las consideraciones efectuadas en el Acuerdo que antecede el Superior Tribunal de Justicia resuelve: 1º) Rechazar el recurso de queja por casación denegada interpuesto a fs. 26/31 por la defensa de F. J. De M. contra el auto copiado a fs. 23/25, cuyo original obra a fs. 22/24 del incidente "Dres. E. A. Be. y E. F. B. s/Recurso de casación interpuesto en causa: Incidente de nulidad promovido por los Sres. Defensores Particulares del imputado ", Dres. E. A. B. y E. F. B. (causa nº 16.508 'De M., F. J. s/Peculado - Testimonios extraídos causa nº 13.608')", expediente nº 3072 del registro de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones. Sin costas (art. 492, segunda parte, del C.P.P.). 2º) Mandar se registre, notifique y agregue copia al incidente indicado.-María del C. Battaini.- Carlos G. Sagastume.