marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inaplicabilidad de ley, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Centro Empleados de Comercio de Posadas s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-12

La defensa de no ser agente de retención, introducida en los alegatos y contradictoria con la conducta procesal al contestar demanda, - y en el ofrecimiento y producción de pruebas - es violatoria del principio de congruencia (y consecuentemente del derecho de defensa) normado por el art. 277 del C.P.C.C. , aplicable supletoriamente. (Dra. Catella: Según su voto).
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Crédito de Cuyo S A c/ González, Miguel Angel s/ Prepara vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-12-19

En los juicios ejecutivos la aplicación del Art. 1101 del C.C. es restrictiva toda vez que el examen del Juzgador debe limitarse a las condiciones extrínsecas del título pudiendo debatirse en un posterior juicio ordinario el aspecto causal que es al que normalmente se refiere la sentencia penal, no dándose entonces la necesidad de aplicar dicha norma que menoscabaría el carácter abstracto y autónomo de la obligación cartular que tiñe la funcionalidad de la respectiva acción.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Desiderio, Néstor c/ Empresa T.A.L.P.S.A. y/o quién resulte civilmente responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-06

Mediante la prioridad de paso se pretende establecer mecanismos que brinden cierta seguridad en el tránsito vehicular, tales como la calidad de rodado embistente que cabe atribuir al colectivo o las características de dicho automotor. El haber llegado a la encrucijada proveniente de la izquierda y la circunstancia de transitar el conductor del rodado de menor porte, presto a trasponer el segundo carril de circulación de una avenida cuyas manos se encuentran separadas por una rambla, tornaba indudable la percepción de la presencia de un rodado proveniente de la derecha y que, por lo tanto, tenía prioridad de paso.
Campaña electoral, sufragio, partidos políticos, equidad
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

La campaña electoral no es el sufragio, sino las instancias previas de publicidad que permiten captar el sufragio. Si el sufragio se expresa en la boleta papel, mal puede considerarse que el legislador haya previsto que los recursos otorgados para las instancias previas al sufragio deban entenderse como destinados a la impresión de boletas papel que no son un instrumento de captación del voto, sino el instrumento por el que el voto se expresa. Resulta indudable que utilizar los recursos destinados a la campaña electoral propiamente dicha para imprimir boletas en formato papel pone en desventaja a los partidos o agrupaciones de menores recursos y atenta contra el principio de equidad ya reseñado. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Excarcelación, suspensión del juicio a prueba, medidas de seguridad curativas
Materia: PENAL
Carátula: Mozzo, Emilio Pablo Jesús s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-16

Resulta incompatible el encierro cautelar del imputado mientras el juicio se encuentra suspendido a prueba. (Dres. Madueño, Cabral y Borinsky).
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ, LUIS CESAR c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS STORNIOLO DE SOSA, GLADIS NOEMI DEL C. c/ TELECOM ARGENTINA S.A. Y/U OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-05-12|2002-07-12

La aplicación del art. 1.109 del Código Civil requiere la acreditación del presupuesto de la norma, la culpa del autor del daño, es decir la existencia del hecho, la autoría de la persona a quien se imputa responsabilidad y la culpa en su accionar. (Minoría u opinión personal)
Inimputabilidad, estado de necesidad
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez Juan Domingo y otro s/ Hurto simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

Si uno de los agentes nunca adujo causa alguna para justificar el apoderamiento ilegítimo de los animales y el otro encausado recién lo hace después de siete meses de su declaración indagatoria judicial, esto tiene significación para descartar un supuesto estado de necesidad porque no es normal que quien delinca acuciado por una situación vital como la de que se trata, omita toda referencia al asunto no dándose por consiguiente en autos el requisito de la inminencia del mal para que funcione la causa de justificación del art.34 inc.3 del C.P.
Seguro marítimo, citación en garantía
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ULTRAMAR SA DE SEG. c/ BUQUE CORRIENTES II s/ FALTANTE DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10

La Corte Suprema ha dicho que al reconocer al damnificado la facultad de citar en garantía a la aseguradora del demandado y, como consecuencia, propagar respecto de la citada los efectos de la cosa juzgada y establecer que la sentencia condenatoria será ejecutable contra dicha parte, el art. 118 de la ley 17418 no se ha limitado a instituir un mero llamado a la causa del asegurador, sino que, con abstracción del nomen juris utilizado, ha legitimado al actor para acumular a la pretensión deducida contra el responsable otro reclamo de idéntico objeto contra el asegurador, añadiendo que el carácter personal del interés defendido por la aseguradora es objeto de una especial protección dentro del sistema de la ley de seguros, pues no sólo el asegurado tiene deberes en relación con su defensa en juicio, sino que le veda la realización de actos de disposición del objeto procesal en tanto cuenta con la expresa prohibición legal de reconocer su responsabilidad y de transar, art. 116, lo cual lleva a considerar que dentro de la estructura del régimen legal asiste a la aseguradora todo el conjunto de cargas, deberes y facultades procesales contemplados por el ordenamiento ritual para las partes.

Sobre esta base la relación constituida por el demandado y su aseguradora genera en favor de ésta una legitimación que la faculta para ejercer los actos procesales correspondientes con autonomía de la actitud seguida por aquél considerando 7 de la sentencia dictada el 21.4.92.
Municipalidad, gasto público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, Ernesto E. c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

En orden a cuestiones vinculadas con problemas de afectación de partidas, corresponde encuadrar el gasto dentro de los límites de la actividad gubernamental con miras a las funciones propias del cargo y al funcionamiento de la administración municipal. De tal modo, sin perjuicio de la meritoria labor comunitaria que puedan desarrollar determinadas personas, no puede asignarse al gasto que demande su atención la calidad de una erogación oficial, esto es no es el caso de la realización de actos públicos o similares, situación específica que comprende dicha norma, partida cuya denominación marca su exclusiva relación con necesidades de la comunidad.
Desindexación, transporte de carga, falta de entrega de la carga, indemnización, monto de la indemnización, valor de la mercadería, valor real, Ley de desindexación, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. ASEGURADORA ARGENTINA SA DE SEGUROS GRALES. c/ TRANSPORTES POZZO HNOS SRL s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

Lo que persigue la indemnización de un daño es colocar el patrimonio de quien resulta afectado en una situación lo más parecida posible a la que tenía con anterioridad al momento en que aquél tuvo lugar. Y esto en muy pocos casos puede lograrse mediante el cotejo con los precios actuales de la cosa dañada. Aceptar la interpretación de la Ley 24.283 que propicia la demandada, implicaría admitir que se cercene una típica función jurisdiccional, cual es "... La de definir la cuantía de la indemnización de modo que se correlacione con la entidad real del daño ocasionado por el responsable" (Wetzler Malbrán, Alfredo R.: "Una Ley Breve que Traerá Problemas Abundantes", diario El Derecho del 24 de octubre de 1994, p. 1). Además, llevaría a un significativo cercenamiento de la reparación adeudada al acreedor, lo que vulnera su derecho de propiedad garantizado por el art. 17 de C.N..
Seguros, responsabilidad del asegurado, reticencia, mala fe, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOGGIO, MAXIMILIANO c/ METLIFE SEGUROS DE VIDA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-19

Procede rechazar la demanda incoada por cobro de la indemnización prevista en el contrato de seguro, debido a la reticencia en que incurriera el asegurado al concertarlo (Ley 17418: 5). Ello así por cuanto, como en el caso, éste, hoy fallecido, omitió denunciar al asegurador que había padecido -unos meses antes de contratar la cobertura asegurativa- cáncer de intestino delgado y que había sido sometido a una operación quirúrgica con motivo de esa enfermedad, como así también que sufría de "tabaquismo severo". A más, denunciado el siniestro y efectuado un pedido de información complementaria, la compañía, luego de examinar detenidamente la historia clínica y demás antecedentes del caso, terminó rechazando la asunción de responsabilidad con fundamento en que, en oportunidad de recibir dicha información complementaria, la asesoría médica de su compañía aconsejó -luego de evaluar exhaustivamente dicha documentación- declinar su responsabilidad por el aludido siniestro y solicitar la nulidad del contrato por "reticencia" en los términos del art. 5 L.S. cabe agregar -lo que es más grave aún- que el asegurado encubrió que había sido internado en un nosocomio, que había recibido un tratamiento médico e incluso que había sido sometido a una intervención quirúrgica unos meses antes de la contratación. Ello así, se desprende que el asegurado no había sido veraz al declarar el real estado del riesgo a su parte, por lo que había incurrido en reticencia; situación que claramente justifica el rechazo del siniestro.
Contrato de trabajo, locación de servicios, relación de dependencia, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: "Savino, Graciela c/ Ottalagano, César s/ Sucesión".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24

Del juego armónico de los arts. 4, 5, 21, 22, 23, 25, 26 y concordantes de la LCT no surge que sólo un empresario pueda ser considerado empleador, ni tampoco es necesario que haya un fin lucrativo para la configuración de un contrato de trabajo regulado por el régimen laboral común. Desde esta perspectiva, no corresponde la idea apriorística de que la prestación de servicios de una persona dedicada a la asistencia y cuidado de otra, descarta la configuración de un contrato de trabajo por la circunstancia de que quien requiere los servicios de aquélla no sea empresaria ni persiga fines de lucro. Corresponde entonces dilucidar en cada caso concreto las particularidades de la relación a fin de encuadrar la misma en el marco jurídico correspondiente. En este caso, ha quedado demostrado que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo y no por una locación de servicios como concluyó el magistrado de la instancia anterior. (del voto del Dr. Zas, en mayoría).
Facultades del juez, calificación legal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., J. C. c/ Dcia. Omisión de deberes del oficio s/ Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-06

Si el Fiscal tiene la facultad de desestimar la investigación cuando su hipótesis no constituya delito, con más razón la tendrá el juez en la audiencia de apertura, pues a él le incumbe velar sobre la regularidad del proceso.
Interrupción de la prescripción, querella
Materia: PROCESAL
Carátula: MURYK FEIGA c/ GARCIA, José Manuel s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

La querella deducida en sede penal no es interruptiva de la prescripción de la acción civil, sino suspensiva; por lo tanto, la prescripción no corre mientras dura el proceso penal, pero terminado éste, o desistida la querella, se reanuda el curso legal establecido. Empero, las diversas formas de conclusión de un proceso penal, por condena o absolución del acusado o por sobreseimiento -que puede ser provisional o definitivo-, poseen distinta incidencia en lo que se refiere a la materia del juzgamiento en la instancia civil.-
Presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SUAREZ ANGEL ;ESPINOSA FRANCISCO c/ YUROVICH ENRIQUE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-10-26

Si se llegó a la conclusión de que se está en presencia de un Contrato de Trabajo por aplicación de los artículos 22 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, ello debe encuadrarse dentro del Contrato común por tiempo indeterminado, no sólo porque la indeterminación del plazo constituye la regla y la determinación de la duración del Contrato, la excepción, sino porque reconocida por el demandado la prestación de servicios del actor en relación de dependencia laboral, si bien atribuyéndole el carácer de trabajador ocasional, sin estabilidad, incumbe al empleador demostrar el carácter eventual de la vinculación.
Robo con armas, arma de fuego, arma descargada, simulada o defectuosa
Materia: PENAL
Carátula: Márquez Ariel Cristian
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-22

El uso de un arma descargada con el objetivo de procurar el desapoderamiento buscado encuadra en el delito de robo simple, dado que el arma descargada o cargada con cartuchos inaptos para el disparo no permiten subsumir la conducta del imputado en la figura agravada del art. 166 inc. 2 del Cód. Penal (disidencia del Dr. Bunge Campos)
Concursos, tasa de justicia, facilidades de pago, ley de emergencia productiva y crediticia
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUIÑO  VIGO,  CARLOS s/ CONCURSO  PREV.  S/ INC. DE ELEVACION ACAMARA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-24

Del Dictamen Fiscal 99727:

Cabe otorgar un plan de facilidades de pago a la concursada, dentro de los alcances fijados en la ley 25563 art. 13, aun cuando el poder ejecutivo haya omitido reglamentar tal beneficio, toda vez que tal inactividad de los órganos o reparticiones del poder ejecutivo nacional, no puede surtir el efecto de erigirse en obstáculo insalvable para que la voluntad del legislador se torne operativa y produzca los efectos perseguidos mediante la sanción de la norma; por lo que, ante tal omisión será el juez del concurso quien fije un plan de facilidades de pago a la concursada, según su prudente criterio.

(En el caso, se determinó la base imponible y se concedió el plazo de 9 años para abonar la tasa de justicia prevista en la ley 25563 art. 13, siendo su pedido de 10 años).
Pluspetición inexcusable, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Vidal, Roberto (Hoy Sucesión) c/ Ester Becker s/ ordinaria - incidente de regulación de honorarios deducido por el Dr. J. C. S.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-10-18

La regulación de honorarios pretendida por el letrado patrocinante no resulta inexcusable, pues aunque el cálculo ha sido holgado y generoso en su beneficio, los porcentajes sugeridos se encuentran dentro de los parámetros legales.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD COOPERATIVA DE ARROCEROS DOMINGO F. SARMIENTO LTDA. c/ PESARO HUGO IGNACIO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-24

La simple referencia del ejecutante a la existencia de "una deuda" que habría sido instrumentada en el título valor, no le quita a éste su condición de incausado en el abreviado trámite del proceso ejecutivo. Por ello debe confirmarse la sentencia que rechaza las excepciones de falta de causa e inhabilidad de título. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio correccional, homicidio culposo, condena de efectivo cumplimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gutiérrez, Mario Martín s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto en contra de Sentencia Nº 80/12, de Expte. Nº 001/07 - Gutiérrez, Mario Martín - Homicidio Culposo - Santa María
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-02-28

El Juzgado Correccional aplicó al imputado por homicidio culposo una pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, y una inhabilitación especial de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores (arts. 84 segundo párrafo, segundo supuesto; 45, 40, 41 y cctes. del CP y arts. 407, 409 apartado tercero y correlativos del CPP).

Contra el decisorio aludido, comparece el de asistente técnico del imputado G. e interpone recurso de casación.

La pretensión recursiva se dirige a cuestionar la errónea aplicación de las normas previstas en los arts. 40 y 41 C.P. para individualizar judicialmente la pena (art. 454 inc. 3º C.P.P.).

La defensa esgrime que el tribunal ha resaltado en forma abstracta como agravante la naturaleza, gravedad y modalidad delictiva empleada. Lo que puntualmente le causa agravio es que haya valorado en contra del acusado su postura de negación de responsabilidad pretendiendo adjudicar la misma hacia el menor víctima del suceso. En razón de ello, argumenta el recurrente que según surge del Dictamen Pericial obrante en autos, G. circulaba a escasa velocidad -enfatiza-, 22 km/h, lo cual, demuestra, a su modo de ver, cautela en la medida de sus posibilidades teniendo en cuenta su estado (1,20 gr/l - embriaguez); fundamentando que no se ha podido determinar la velocidad en la que circulaba la víctima, probablemente en notable exceso pues no se explica semejante resultado fatal, pero sí se determinó que éste no llevaba puesto casco en la cabeza a los fines de amortizar el golpe.

Aunque el recurrente intente atribuir, al igual que su asistido, la responsabilidad del desenlace fatal al menor víctima de trece años de edad, alegando probabilidades no demostradas, como que venía a exceso de velocidad, cabe responder que, lo que indefectiblemente se ha constatado es que la causa principal del accidente fue la invasión del carril contrario por parte del acusado, embistiendo de esta manera al menor, quien se conducía en su bicicleta todo terreno, en sentido Norte-Sur por la ruta Nº 39, en compañía de su amigo C.

Es decir, que la causa eficiente del accidente ha sido justamente la falta de dominio del ciclomotor por parte de G., quién alcoholizado se cruzó abruptamente de carril, embistiendo al menor víctima.

Por ello corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, mora, buena fe, pago, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: MARASCA, ANTONIO c/ BARAVALLE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19

Los cuestionamientos de la impugnante dirigidos contra las consideraciones de la Sala relativas a la aplicación al caso del artículo 1201 del Código Civil -poniendo el énfasis en el presupuesto de la buena fe del demandante que afirma ausente y en la alegada falta de prueba del pago o del ofrecimiento de pago de las prestaciones a su cargo, manifestando asimismo su oposición a los asertos del Tribunal en punto a la "mora creditoris" y a la posibilidad de depositar la cosa debida en el lugar autorizado por el juez con los efectos de la consignación-, al igual que las quejas relacionadas con las valoraciones de la Alzada acerca de la responsabilidad contractual de la demandada y sobre la certeza del daño causado al actor -en atención a los pagos parciales efectivizados y al tiempo transcurrido sin recibir contraprestación alguna-, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, resueltas por los Jueces de la causa en base a fundamentos suficientes del mismo orden que podrán no conformar a la interesada pero que, al margen de su mayor o menor grado de acierto, no se vislumbran como apartados de la sana crítica racional o del derecho aplicable.
Actualización monetaria, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zucotti, Sofía Dominga c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

En materia de actualización de haberes previsionales retroactivos abonados a valores nominales, el principio vigente es que sólo se dispensa su pago cuando median circunstancias que, prima facie, hicieron responsable por entero al acreedor de la demora en la percepción .
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Copropietarios Edificio Maral 28 c/ Consorcio de Propietarios Edificio Libertados s/ Sumario Quintan S.A. c/ Mujica José s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07|1999-10-25

Si bien la normativa del art.27 inc.a de la ley 8904 habla de "juicios sobre bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, no se comprende cualquier juicio, sino que unicamente aquellos en que los derechos controvertidos tengan conexidad con el dominio o la posesión de tales bienes; por lo tanto la demanda dirigida a "hacer cesar la existencia de vistas en el muro divisorio" no puede encuadrarse dentro de la disposición legal mencionada, sin perjuicio que los valores de las viviendas sean tomados como una pauta más, orientadora a los efectos de determinar los honorarios de los profesionales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedades comerciales, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Scheverlein Hernnan Ricardo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-10-10

Para nuestra legislación las sociedades comerciales son "personas jurídicas privadas", a las que la ley les reconocen " personalidad jurídica propia" para ser titulares de derechos y para ejercer esos derechos y contraer obligaciones, constituyendo un ente DIFERENCIADO DE LOS SOCIOS QUE LA INTEGRAN. Poseen capital y patrimonio propio distinto DEL PATRIMONIO DE CADA UNO Y DE TODOS LOS SOCIOS QUE LA COMPONEN. En consecuencia, los bienes embargados son partes componentes del patrimonio propio de una sociedad comercial "sujeto de derecho" y no de propiedad de los individuos que lo integran, por lo que éstos últimos no están legitimados para atacar la procedencia o peticionar el levantamiento de la medida cautelar de embargo preventivo decretado en estos autos.