Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-20


SENT Nro. 613 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 20 DE AGOSTO de 2003.- Y VISTO: Llegan a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, con más la integración de los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato -por no existir votos suficientes para emitir sentencia válida- y René Mario Goane -por subsistir la falta de votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, los recursos de casación interpuestos por la defensa del imputado y por la querellante, contra la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción, del 09/10/2002 (fs. 588/618), que son concedidos por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 28/10/2002 (cfr. fs. 641). En esta sede, no se presentaron memoria casatoria; y a fs. 649/652 corre agregado dictamen del señor Ministro Fiscal quien se expide por la inadmisibilidad de ambos recursos. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Viene a conocimiento y decisión del Tribunal los recursos de casación deducidos por la defensa del imputado Domingo Pascual Aparicio y por la querellante María del Carmen Bravo, en contra de la sentencia de fecha 9 de octubre de 2002 cuya lectura se efectúa en el mismo día y por la cual se condena a Pascual Domingo Antonio Aparicio por ser autor voluntario y penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo previsto en el art. 84 del Código Penal y violación de los deberes de funcionario público previsto en el art. 249 del mismo ordenamiento de fondo, a la pena de tres años de prisión en suspenso (art. 26 CP) e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de un (1) año, en concurso ideal (art. 54 Código Penal), hechos ocurridos el día 8 de marzo de 2000 en jurisdicción de la Comisaría de La Cocha, habiendo resultado víctima el Sr. Luis Gerardo Bravo.

I.- La sentencia con respecto a la descripción del hecho se remite al requerimiento de la Fiscal de fs. 217 a 222, diciendo: "...que el día 8 de marzo del año 2000, mientras se encontraba de consigna sobre la ruta nacional nro. 38 con la misión de impedir el paso de los automovilistas y demás personas en dirección al sur, porque había caído el puente carretero sobre, el arroyo La Posta (se debe leer arroyo El Sueño conforme plano de fs. 502), no colocó suficientes indicadores sobre la ruta para evitar el paso, y mientras conversaba con un automovilista, se le pasó otro automóvil, al que ni intentó seguir para advertir y este cayó al arroyo, no habiendo comunicado esta situación ni a sus superiores, ni a la familia, lo que impidió que se pudieran realizar maniobras de rescate, que podrían tal vez haber evitado el deceso.- Habiendo ocultado esta situación, y mentido ante la autoridad policial y judicial al ser preguntado al respecto" fs. 588 vta.

El hecho que la sentencia entiende acreditado se expresa en los términos que siguen: "Los testimonios vertidos en la audiencia dan cuenta de la caída del puente sobre el arroyo El Sueño como a horas 5,45 de la mañana, y de una errónea posición de la consigna policial a cargo de Aparicio, por no encontrarse próxima al arroyo, por no tener elementos de señalización viales adecuados, por no disponerse de obstáculos, sean vehículos, ramas u otros elementos que evitaran el tránsito por ruta 38, hacia el lecho del arroyo El Sueño, máxime teniendo conocimiento que la crecida se llevó el puente. Que amén de lo tenido en consideración respecto al hecho de la transgresión por parte de Aparicio, de incumplir la orden de consigna y deberes reglamentarios impuestos por su condición de policía, no advirtiendo el paso de Bravo por ese lugar, o bien no evitando ese paso a la víctima, se colige de su propia declaración policial de fs. 4, la que en nada difiere de la abstención de declarar en el juicio. Por ello, tengo por acreditado este hecho por negligencia de la consigna policial, de modo probado en su materialidad y autoría, pues Aparicio estuvo allí, el dejó o permitió que Bravo pasara hasta el puente caído, por efecto de la correntada, que funcionó como trampa mortal para la víctima...". Fs. 592.

Se debe señalar que mientras el hecho por el que se acusa a Aparicio, nos dice "no colocó suficientes indicadores sobre la ruta para evitar el paso", lo que demuestra la existencia de algunos indicadores; el hecho que la sentencia entiende acreditado es que Aparicio estuvo allí, y "el dejó o permitió que Bravo pasara hacia el puente caído por efecto de la correntada".

II.- Recurso de la defensa de Domingo P. Aparicio.

Luego de señalar que se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad, se refiere al estado de inocencia que todo imputado goza mencionando el art. 18 de la Constitución de la Nación.

Reseña el hecho imputado y bajo el subtítulo de Nulidad de la Sentencia por Vicios de Fundamentación se remite a conceptos generales sobre el razonamiento del juez, y si se hace una afirmación, se debe indicar que las observaciones contarían a favor o en contra de tal afirmación y que a esto se lo denomina criterio de contrastabilidad. Distingue más adelante los conceptos de verdad y de creencia y que la verdad sólo puede demostrarse por la prueba en el campo judicial.

Sigue, que la prueba de la verdad de la creencia de los jueces en la culpa del acusado es objeto de regulación por distintas normas y que este requisito de verdad, es un recaudo esencial cuando se debe imponer la pena por la comisión de un delito. Se remite al art. 18 de la CN ya citado como norma que implícitamente recepta el principio de inocencia y que se encuentra establecido en diferentes convenciones internacionales que menciona.

A continuación, se refiere a la sana crítica que exige el Código de Procedimientos Penal de la Provincia por lo que se debe respetar los principios de la recta razón y de normas de la lógica, mencionando los principios lógicos de identidad, de no contradicción, de tercero excluido y de razón suficiente.

Que tratándose de sentencias de condena sólo la certeza fundada en pruebas de cargo sobre la existencia del delito y su autoría permiten que se aplique la pena que prevé la ley y que tal certeza no puede derivar de prejuicios, ni de valoraciones, ni de simples voluntades de los jueces, ni de sentimientos personales, ni de convicciones íntimas.

Que la sentencia que recurre suple la falta de prueba con creencias intimas de los jueces y constituye un ejemplo de arbitrariedad judicial para dar satisfacción a ciertos y aparentes consensos de opinión publicada.

Al referirse a la nulidad de la sentencia por ausencia de fundamentación con respecto a la existencia del hecho material, concluye que el hecho intimado no ha sido acreditado. Que en atención a la intimación efectuada se debía acreditar -según la defensa- a) que la víctima ha pasado por el lugar de la consigna policial; b) que Aparicio vio efectivamente a la víctima; c) que ha omitido detenerla y avisar que el puente había caído por la corriente del arroyo El Sueño y del peligro subsiguiente; d) que hubo una relación de causa a efecto entre la omisión de Aparicio y la muerte de la víctima.

Critica se acepte el testimonio de Luis Alberto Caniparoli, en el que fundan su opinión dos Señores Vocales.

Observando el testimonio, surge que declara el día 8 de agosto de 2000, cumplidos cinco meses del hecho; que en el careo realizado Aparicio niega tal versión; que la versión de Caniparoli es negada por Valdez y Pérez (afirmación inexacta ya que tanto Valdez como Pérez afirman no recordar haber expendido combustible en la madrugada del día 8 de marzo de 2000 y lo reconocen como cliente habitual, Valdez fs. 580 y 213 - Pérez fs. 582 y 214).

Sostiene que el testigo Caniparoli afirmó que no puede asegurar que el Dr. Bravo conducía el automóvil como tampoco puede afirmar si el auto era un Gol. Que tales omisiones no fueron consideradas por los Señores Jueces.

Agrega que el mismo Fiscal de Cámara actuante Dr. Astorga se adhiere a la petición de la defensa de imputar al testigo la comisión del delito de falso testimonio.

Se pregunta si es posible que un testimonio valorado como falso por el representante del Ministerio Público pueda ser útil como fundamento de una condena.

Afirma que nadie asegura que el Dr. Bravo haya pasado por el puesto donde estaba de consigna Aparicio.

Que no se ha tenido en cuenta que existen dos vías de acceso a la ruta 38 -Huayco y Dorrego- ubicadas al sur del puesto de consigna de Aparicio y que Gómez y Padovani han utilizado dichas vías para acceder a la ruta 38 y que la víctima pudo salir de La Cocha por alguna de ellas por lo tanto no podía ser visto por Aparicio.

Que atento a que la sentencia señala que es normal que Bravo haya recorrido por la salida principal de la ciudad que accede a la ruta 38, por cuanto las calles al sur y al norte se encontraban anegadas, no transitables, el recurrente entiende que mediante esta afirmación se pretende invertir la carga de la prueba.

Por ello concluye que la sentencia lleva el defecto de la falta de motivación y que resulta por ende arbitraria y provoca gravamen institucional.

Cita jurisprudencia sobre la carga de la prueba y sobre la falta de motivación.

Desde otro ángulo y bajo el subtítulo de errónea aplicación del derecho sustantivo, vuelve sobre lo mismo en el sentido que no se encuadra la conducta de su defendido en lo previsto en el art. 84 del Código Penal adjudicándole imprudencia, negligencia o impericia o inobservancia de reglamentos o deberes a su cargo, toda vez que no puede hablarse de omisión si no se cuenta con el hecho omitido y que en el caso resulta que la víctima haya pasado por el puesto de consigna que se encontraba Aparicio y no haberle advertido el peligro.

Cita en forma parcial el voto disidente que se refiere a la duda que Aparicio haya visto a la víctima.

Plantea la nulidad de la sentencia por violación del principio in dubio pro reo.

Expone que solicita que el Tribunal se aparte de la limitada interpretación del art. 468 del Código de Procedimientos con el argumento que el principio mencionado se encuentra excluido del control casatorio por cuanto funciona en el marco de la valoración de la prueba.

Funda el pedido de apartamiento atento una nueva interpretación del alcance del recurso de casación que permita controlar la inobservancia del principio de inocencia y del in dubio pro reo, por cuanto así lo afirma, se trata de garantías incorporadas por el art. 75 inc. 22 en la Constitución Nacional.

Se refiere a que el recurso debe revisar si el fallo se fundamenta en pruebas idóneas y no limitarse a lo expresado por el art. 468 del CPP y si para ello debe declarar la inconstitucionalidad del texto citado, lo deja peticionado.

Deja planteado el caso federal y la reserva para recurrir por la vía del recurso extraordinario federal.

El recurrente afirma que para darle contenido del derecho al recurso del imputado que consagran los pactos internacionales, la interpretación de las normas sobre la casación debe ser amplia, sin limitaciones, de forma que se garantice el acceso al mismo.

Que la prohibición que en el recurso de casación se traten cuestiones de hecho resulta contrario al derecho de recurrir.

III.- Recurso de la querellante, María del Carmen Bravo.

Recurre en concreto con respecto al punto II de la sentencia, específicamente en lo que se refiere al tiempo de la pena de Inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Luego de señalar que los recaudos procesales se encuentran cumplidos señala como fundamento que la sentencia condena a Aparicio como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo y violación de los deberes de funcionario público, art. 249 a la pena de prisión y de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de un año en concurso ideal art. 54 Código Penal.

Se remite al art. 54 del CP señalando que la pena a aplicar es la mayor, que en el caso del homicidio culposo la inhabilitación especial es de 5 a 10 años, en el art. 249 del CP la inhabilitación es de 1 mes a 1 año.

Afirma que la conclusión de la Sala de condenar por los dos delitos es acertada pero ha errado en lo que se refiere a la pena de inhabilitación especial que ha sido fijada por debajo del mínimo que fija el art. 84 del CP.

Cita fallos y solicita se acoja el recurso mandando que la Sala fije la condena de inhabilitación en los límites que expresa el art. 84 del Código Penal.

IV.- El Sr. Ministro Fiscal en su dictamen de fs 649/652, con respecto al recurso deducido por la parte querellante se expide por su rechazo por cuanto conforme lo dispuesto por el art. 471 del Código de Procedimientos Penal, sólo podrá recurrir el querellante contra las sentencias referidas en los incisos 1 (sentencias de sobreseimiento) y 2 (sentencias absolutorias cuando se hubiere requerido imposición de pena) y en los supuestos de los incisos 3 y 4 siempre y cuando lo hiciere el Ministerio Público, extremo que no se cumple en autos.

Con respecto al recurso del imputado se pronuncia sobre su inadmisibilidad fundado en que los agravios se refieren a la materialidad histórica del hecho, temas estos que entiende irrevisables en casación y con respecto a que se habría violado el principio in dubio pro reo se remite a pronunciamientos del Tribunal en el sentido que este tema excede al control casatorio.

V.- De carácter previo se debe señalar que este Tribunal por convicción y siguiendo la doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado el recurso de casación en forma amplia contemplando las causales que se invoca, por lo que no se lesiona la garantía de la doble instancia, atento la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Informe 24/92 Costa Rica del 2 de octubre de 1992, pág. 30.

Nos remitimos a lo dicho en causa "Bazán, Héctor César s/homicidio", sentencia Nro. 809 de fecha 12 de setiembre de 2002. Con respecto a la doctrina de la Excma. Corte de la Nación debemos remitirnos al dictamen del señor Procurador General que el Máximo Tribunal de la Nación comparte los argumentos y conclusiones en causa: "Pérez, Mirta Yolanda s/homicidio Culposo" de fecha 11 de junio de 2002.

Con respecto a los delitos culposos debemos señalar que conforme la doctrina imperante los denomina de "tipos abiertos" por cuanto el juez determina "la acción imprudente completando el tipo de injusto, dado que no es posible que el legislador describa con exactitud todos los comportamientos imprudentes". Edgardo A. Donna -Derecho Penal Parte Especial- Tomo I -Edición Rubinzal-Culzoni- año 1999- pág. 105.

Carlos Creus en su obra Derecho Penal Parte General -Editorial Astrea- Edición 1996- pág. 249 refiriéndose a la culpa nos dice: "...El juez tendrá que apreciar, en cada caso, si de acuerdo con los reglamentos jurídicos o las reglas "de normalidad" la conducta precedente del autor que originó el peligro cuyo desarrollo terminó concretando el resultado típicamente previsto, realmente ha desconocido el deber de cuidado (por eso, como vimos, los tipos culposos quedan comprendidos entre los "abiertos) que a él personalmente le incumbía".

Enrique Bacigalupo -Derecho Penal- Parte General- 2° Edición- Editorial Hammurabi - pág. 342: "La imprudencia, por lo tanto, se convirtió de esta manera en una forma de realización del tipo y dejó de ser una especie de culpabilidad. El tipo del delito imprudente o culposo se caracterizó como un tipo abierto o necesitado de una complementación judicial. Ello significa que el juez debe determinar en primer lugar, el deber objetivo de cuidado exigido en el tráfico (que se debe establecer según las circunstancias del caso) para luego verificar si ha tenido lugar una infracción de ese deber de cuidado y, finalmente, si de ella se deriva el resultado (de lesión o de peligro). El deber objetivo de cuidado, por su parte, se debe fijar, según Welzel, sin recurrir a prescripciones del derecho de policía ni a reglas o máximas de la experiencia, sino "únicamente a partir del principio metódico: qué acción habría realizado en la situación del autor una persona comprensiva y sensata".

Marco A. Terragni -El Delito Culposo- Editorial Rubinzal-Culzoni Edición 1998, pág. 62 y 63 nos enseña, que mientras en el delito doloso no hay que hacer ninguna remisión, en los delitos culposos "la variedad infinita de acciones que pueden causar el resultado, hace imposible su enumeración: se puede provocar, sin quererlo, la muerte de un hombre atropellándolo con un automóvil, aplastándolo como consecuencia de un derrumbe, suministrándole un medicamento que no le está destinado". "Siendo cierto que existe la relativa indeterminación señalada precedentemente, la expresión tipos abiertos se usa por la doctrina en otro sentido: los tipos no son cerrados porque requieren un complemento, el que se debe buscar en un ámbito que excede el de la propia figura delictiva; ésta es la única manera de conocer la posible existencia de un injusto; es decir, de encontrar el limite de la licitud".

Formulada esta doctrina nos lleva a otra conclusión y es que podrá hablarse de un delito imprudente cuando la acción típica y antijurídica pueda serle reprochada al sujeto en la situación concreta en que se encontraba. O sea que será recriminada la infracción si el autor en las circunstancias que se encontraba podía obrar de otra manera de conformidad con el orden jurídico. Revista de Derecho Penal 2002-1 Delitos Culposos I Director E.A. Donna.- Editores Rubinzal-Culzoni- Artículo del Dr. Sandro F. Abraldes pág. 115, notas citando a Cerezo Mir.

De la lectura de los votos de los Señores Vocales Dres. Graneros y Pellegri se observa una falta de acuerdo al considerar el accionar omisivo, lo que hace de aplicación la doctrina de la Excma. Corte Suprema de la Nación en causa Kamenszein y otro vs. Fried de Golring Malka y otros de fecha 31 de agosto de 1989 que dice: "La sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como un producto de un intercambio racional de ideas entre ellos". Fallos: Tomo 312 pág. 1502. En el mismo sentido "cuando no resulta existir una mayoría de votos sustancialmente coincidente" Voto del Dr. Enrique S. Petracchi.- Fallos: Tomo 308 pág. 2188/2208.

Sin perjuicio de lo expuesto observando el voto del Señor Vocal Diego Vital Graneros al que se adhiere el Dr. Carlos J. Pellegri en sus fundamentos nos dice que según los testimonios, el puente sobre el arroyo El Sueño habría caído a hs. 5,45 del día 8 de marzo de 2000 y que se dispuso una consigna policial en un lugar errado o sea a una distancia de 3 kilómetros y medio del puente. Que no contaba con elementos de señalización adecuados; por no disponer de obstáculos, sean vehículos, ramas u otros objetos que evitaran el tránsito por la ruta 38.

Señala como transgresión del imputado la de incumplir la orden de consigna y deberes impuestos por su condición de policía; que no ha advertido el paso de la víctima o bien que no evitó su paso. Que por ello tiene por acreditada la negligencia por cuanto -así lo expresa el voto- el imputado estuvo allí, dejó o permitió que Bravo pasara hacia el puente que se encontraba caído lo que causó la muerte de la víctima al ser arrastrado por las aguas el automóvil que conducía.

Esta afirmación se ve en contradicción con lo que se dice más abajo, cuando se refiere al comportamiento del imputado, (fs 593) sostiene que se evidencia su negligencia por cuanto aún con medios precarios, como ser ramas, maderas, etc. desde la ruta pudo colocar obstáculos que priven el tránsito de vehículos hacia el puente caído. O sea que mientras primeramente se expone que no contaba con elementos...por no disponer de obstáculos, sean vehículos, ramas u otros objetos, más abajo señala que la imprudencia se manifiesta por cuanto aún con medios precarios, ramas, maderas pudo colocar obstáculos.

No se puede desconocer la abierta contradicción que se señala: o no se contaba por no disponer o se disponía de otros elementos.

No es la única contradicción. En el voto del Dr. Jesús Carlos Pellegri no obstante su adhesión al primer voto a fs. 606 en su primer párrafo nos dice con respecto al deber objetivo de cuidado que es el concepto que caracteriza al tipo imprudente, y en el caso que nos ocupa "desde ya cabe destacar, que cuando el imputado se encontraba conversando con Caniparoli, y vio pasar el automóvil Gol rojo y se abstuvo de tomar las medidas del caso que le incumben en función de su labor policial de prevención, ha infringido un deber objetivo de cuidado, que de haberlo realizado, no existiría la condictio sine qua non que llevó a la muerte a Bravo".

Mientras que para el Dr. Graneros el accionar omisivo consiste en no haber cortado el tráfico vehicular -sin afirmar que el imputado vio a Bravo-; el Dr. Pellegri, fundamenta que si vio a Bravo y no le advirtió cuando circulaba por el refugio de Villa Nueva.

Nos encontramos en consecuencia en presencia de afirmaciones contradictorias que demuestran categóricamente la falta de acuerdo entre los Jueces que hacen el voto mayoritario.

Además se debe observar que la sentencia recurrida viola la ley sustantiva en cuanto no expresa cuál es la conducta exigible al autor. Asi se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa: "Navarro, Rolando Luis y otros s/homicidio culposo" de fecha 9 de agosto de 2001, diciendo que la sentencia incurre en arbitrariedad cuando "omite establecer en que consistían las obligaciones jurídicas del médico respecto del paciente, sea que las hubiere asumido voluntariamente o bien que les fueran impuestas reglamentariamente y que ello es así, pues una vez conocido el alcance exacto de aquellas, es posible formular un juicio penal de reproche basado en su incumplimiento culposo". Fallos de la Corte Suprema Tomo 324 págs. 2133/2153.

O sea que en los casos de delito imprudente al autor se lo reprocha haber desatendido su deber de cuidado y por el contrario no se lo reprocha cuando no pudo ejecutar otra distinta.

Conforme lo señalado corresponde casar la sentencia consagrando la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto judicial válido la sentencia de condena dictada en un delito culposo que omite establecer en que consistían las obligaciones que voluntariamente hubiera asumido su autor o que le hayan sido impuestas, más aún cuando como en el caso de autos se señalan contradictoriamente violaciones al deber de cuidado imputables al autor".

Como consecuencia del resultado del recurso se anula la sentencia debiendo volver los autos a fin de que la Sala Penal con nueva integración dicte nuevo pronunciamiento sin que signifique que el Tribunal asuma posición sobre el particular.

Por las razones por las que se casa la sentencia, no corresponde pronunciarse sobre el recurso deducido por María del Carmen Bravo en su calidad de querellante.

Por ello e imponiéndose las costas por su orden en razón de que la causa de la casación de la sentencia obedece a la actuación del órgano jurisdiccional.

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

¿Son admisibles y procedentes los recursos de casación interpuestos por la querellante y la defensa del imputado; es procedente el planteo de inconstitucionalidad del art. 468 CPP? 1. Vienen a conocimiento y decisión del Tribunal los recursos de casación deducidos por la defensa del imputado Domingo Pascual Aparicio y por la querellante María del Carmen Bravo, en contra de la sentencia del 9/10/2002, dictada por la Sala II de la Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción, mediante la que se condena a aquel por ser autor voluntario y penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo previsto en el art. 84 CP y violación de los deberes de funcionario público previsto en el art. 249 CP, a la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de un año en concurso ideal, por el hecho ocurrido el 8/3/2000 en jurisdicción de la Comisaría de la Cocha, habiendo resultado víctima el Sr. Luis Gerardo Bravo.

2. Recurso de la defensa de Domingo Pascual Aparicio. Sostiene primeramente que la sentencia es nula por falta de fundamentación, en particular por ausencia de fundamentación respecto a la existencia material del hecho y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. Considera que el único testigo de cargo era Luis Alberto Caniparoli, pero que no se ha cotejado esa prueba con el resto de la oralizada, por lo que la conclusión es arbitraria. Así señala que no obstante manifestar haber presenciado, presuntamente el hecho más importante de la investigación, presta declaración judicial recién el 8/8/2000, o sea cinco meses des pues; agrega que en el careo, Aparicio niega categóricamente sus dichos, y que la versión de Caniparoli, de que estuvo en el puesto policial, es negada por los testigos Diego Eduardo Valdez y Rubén Edgardo Pérez, empleados de la estación de servicio YPF, quienes coincidentemente afirman no haber visto al testigo cargar combustible el día del hecho, a pesar de que así lo expresara en sus exposiciones; a más de ello, señala el recurre, que el testigo afirmó en la audiencia que "no puedo afirmar que era el Dr. Bravo quien conducía el automóvil" y que "no puedo afirmar que era un GOL"; que por ello la Fiscalía de Cámara pidió la imputación de falso testimonio, a lo que adhirió la defensa. Añade que fuera de Caniparoli nadie afirma que el Dr. Bravo pasó por el puesto policial en que se encontraba Aparicio, y que únicamente la testigo Nilda del Valle Russo, vecina de la familia Bravo, sostiene que la víctima siempre salía a la ruta 38, pero que el día del hecho no lo vio. Estima que el tribunal ponderó parte de la prueba pero no toda la prueba y que no tuvo en cuenta los testimonios de Carlos Domingo Gómez, Domingo Eligio Padovani y del concejal Julio Humberto Bravo que reconoce que había dos entradas más de acceso a la ruta 38 ubicadas al sur del puesto policial: Huayco y Dorrego, y que dos de ellos emplearon tales vías para salir a la ruta 38 a horas 09.00, por lo que se infiere que ambas arterias estaban transitables, y que la víctima pudo ingresar por cualquiera de ellas a la ruta 38, de manera que al salir por detrás de donde estaba Aparicio, éste jamás pudo verlo. Luego de otras consideraciones, afirma que la sentencia es arbitraria.

Se agravia por estimar errónea la interpretación y aplicación del art. 84 CP, aduciendo que la afirmación sentencia del: "...que de haber sido detenido por Aparicio en el lugar de la consigna, Bravo no habría fallecido, de ahí la consecuente relación de su negligencia, con el resultado muerte de un semejante, a título de culpa art. 84...", cuenta con el vicio -dice el recurrente- original: da por supuesto un hecho que no ha sido fehacientemente demostrado durante el debate oral y público; en su criterio, para que pueda hablarse de omisión, tiene que haber existido el hecho omitido, y en ese caso el paso de la víctima por el puesto policial y la actitud negligente de Aparicio de no haberle advertido del peligro de que circulara por la ruta 38, y que, además, debió acreditar que Bravo falleciera a causa de esa omisión, para lo cual también debió probarse que la víctima no pudo advertir la caída del puente.

A continuación alega que la sentencia es nula por violación del in dubio pro reo, sintetizando las dudas de este modo: dudas sobre que el hecho haya existido materialmente del modo que lo afirma la sentencia, y dudas sobre que la víctima pasara por el puesto policial, dudas de que Aparicio haya visto a la víctima, dudas acerca de que la víctima ingresara a la ruta 38 por el acceso principal, dudas de que la víctima no haya ingresado por los accesos sitos al sur del puesto policial. Solicita que la Corte se aparte de la tradicional y limitada interpretación del art. 468 CPP, y cuestiona a esa norma de inconstitucional.

3. Recurso de la querellante María del Carmen Bravo: Se agravia únicamente en contra del punto II de la sentencia, específicamente en lo referente al monto de la pena de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos con la que se condena a Aparicio y solicita que la misma sea fijada según la escala del art. 84 CP.

4. A fs. 649/652 obra dictamen del Sr. Ministro Fiscal quien se pronuncia por la inadmisibilidad de ambos recursos.

5. El recurso de la querellante es evidentemente inadmisible, ya que la sentencia impugnada es una sentencia condenatoria, y al no haber recurrido el Ministerio Público, el querellante particular no se encuentra habilitado para impugnar el fallo respecto del imputado. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 471 y 470 inciso 3° CPP, el querellante particular sólo puede impugnar de modo autónomo las sentencias de sobreseimiento confirmadas o dictadas por la Cámara de Apelación o las dictadas por el Tribunal de juicio, y las sentencias absolutorias, siempre que hubiere requerido la imposición de una pena. En tanto que, tratándose de una sentencia condenatoria, sólo puede recurrirla cuando también lo hubiere hecho el Ministerio Público. No existiendo recurso del Ministerio Público el querellante particular no puede impugnar el fallo respecto de Aparicio, condenado por sentencia del 09/10/2002 (artículos 471y 470 inc. 3° CPP).

6. En relación al recurso del imputado Aparicio, destaco, en primer lugar, que no advierto las contradicciones a que se hace referencia en el voto del Sr. Vocal preopinante.

En mi criterio, existe adecuada coherencia entre lo que se manifiesta en la sentencia a fs. 532 y lo que expresa a fs. 533, pues en sustancia se reprocha a Aparicio el incumplimiento de su deber de no advertir a Bravo el paso por el lugar donde estaba aquel de consigna, o bien de evitar ese paso a la víctima, y esto porque en el lugar no se puso señales viales pertinentes, sino tampoco obstáculos, sean vehículos, ramas u otros elementos, y precisamente se le reprocha a Aparicio que "aún con medios y elementos precarios, como ser ramas, maderas, etc., desde la vera de la ruta pudo poner obstáculos que priven el tránsito de vehículos de automotores hacia el puente caído, y nada de esto ha procurado" (sic, fs. 593).

Tampoco me parece de relevancia que en criterio del vocal Dr. Pellegri Aparicio vio pasar al Dr. Bravo, mientras que el Dr. Graneros nada dice al respecto en su voto, y ello por cuanto al haber adherido previamente el Dr. Pellegri al voto del Dr. Graneros (fs. 593 vta.), existe acuerdo en cuanto a que Aparicio no cumplió con su deber, conforme se puntualiza en el párrafo que antecede, más allá de si viera o no pasar al vehículo del Dr. Bravo.

De igual modo, en orden a cuál es la conducta exigible al autor, según lo expresé recientemente, la sentencia es clara en determinar qué era lo que debía hacer y no hizo o lo hizo deficientemente.

7. La cuestión de inconstitucionalidad del art. 468 planteada por la defensa.

La cuestión es idéntica a la resuelta por esta Corte en autos "Miguel, Jorge Andrés Damián s/homicidio", sentencia nº 943 del 28/10/2002", y merece igual tratamiento según se explicita seguidamente.

Solicita que se declare inconstitucional el artículo 468 CPP por entender que regula el recurso de casación desnaturalizando su esencia de garantía del derecho del condenado a recurrir el fallo. Observa que a partir de la reforma constitucional de 1994, por mandato expreso del artículo 75 inc. 22 CN, los tratados y pactos internacionales forman parte del mismo cuerpo legal. Agrega que siendo requisito de admisibilidad del recurso extraordinario federal de la ley 48 la introducción de la cuestión federal oportunamente, y siendo el recurso de casación el medio de recurrir la sentencia condenatoria, la primera oportunidad para deducir la inconstitucionalidad del citado precepto procesal es el momento de la interposición de la casación, por afectar justamente el derecho constitucional al recurso contra aquella sentencia.

Se plantea, a su criterio, un conflicto entre una norma constitucional (art. 8 inc. 2 Pacto de San José de Costa Rica, y art. 14 inc 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y una norma procesal local, el art. 468 CPP, que restringe en forma contraria a dichas normas, el derecho de recurrir el fallo condenatorio, al impedir al imputado condenado un adecuado control y ejercicio del mismo, por las limitaciones que impone en orden a la revisión de la contundencia de las pruebas para destruir el principio de inocencia, más aún cuando el procedimiento penal diseñado para la provincia de Tucumán es de instancia única.

Centra el planteo en que el recurso de casación previsto en el CPP contra la sentencia de condena parte de la base de la imposibilidad de modificar los hechos fijados por el tribunal que la dictó, con el argumento de que el Tribunal de casación no puede revalorar las pruebas, limitándose el control del fallo a la verificación de aquellos hechos en el derecho sustantivo, o el respeto de las normas constitucionales o procesales esenciales, pero no las relacionadas con cuestiones de hecho o de prueba.

Afirma que tal limitación es contraria a la garantía del recurso, pues la prohibición de controlar por tratarse de "cuestiones de hecho" que la sentencia haya aceptado como verdadera la participación culpable del condenado en un delito, aunque esto sea falso, no exista la contundencia probatoria constitucionalmente exigida, es contraria al derecho a recurrir la condena, y comporta renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva.

Agrega que si el hecho fijado es falso, la aplicación del derecho sustantivo no puede ser verdadera, de modo que el recurso de casación debe permitir el control de la contundencia de la prueba de la existencia y circunstancias de los hechos para poder inducir su existencia en un razonamiento judicial. Pero al no estar autorizada esta verificación fáctica por el art. 468, este deviene contrario al contenido de control jurídico de fondo de la sentencia condenatoria.

En apoyo de su postura, cita el dictamen del Comité Europeo de Derechos Humanos de la ONU del 20 de julio de 2000, en el trámite de la Comunicación nº 701/96 presentada por Cesario Gómez Vázquez contra el Reino de España, según el cual la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor sean revisadas íntegramente, como se desprende de la sentencia de casación que examina, limitándose dicha revisión a aspectos formales de la sentencia, no cumple con las garantías que exige el párrafo 5 artículo 14 del Pacto; y considera que el mismo debe ser tomado en cuenta por la Corte de Justicia local, porque las opiniones y decisiones de los órganos supranacionales de protección de los derechos humanos tiene valor como fuente de interpretación entre nosotros como lo ha admitido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cita jurisprudencia.

En suma sostiene que los límites del artículo 468 CPP deben ser interpretados con amplitud suficiente como para permitir una revisión integral de la sentencia, y deja planteado en subsidio, para el caso de que así no se lo considere, la inconstitucionalidad del precepto citado.

El recurrente cuestiona la constitucionalidad del art. 468 CPP en tanto entra en conflicto con normas constitucionales (art. 8 inc. 2 del PSJCR y art. 14.5 del PIDCP) al restringir en forma contraria a las mismas el derecho del imputado de recurrir el fallo condenatorio por las limitaciones propias del recurso de casación en orden a la revisión de la contundencia de las pruebas para destruir el principio de inocencia, más aún siendo de instancia única el procedimiento penal de esta provincia.

Esta Corte ha manifestado respecto del art. 8 apartado 2º inciso h) que menciona el "derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior", que la garantía se respeta con el recurso de casación que se concede contra sentencia definitiva en sede penal. El fundamento de esta aserción remite a lo expuesto en el Informe Nº 24/92 parágrafo 30 de uno de los Organos competentes para conocer en los asuntos relacionados con el cumplimiento de compromisos que han contraído los Estados Miembros. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (art. 33 Convención citada) ha considerado al recurso de casación como: "una institución jurídica que, en tanto permite la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso de la legalidad de la producción de la prueba, constituye, en principio, un instrumento efectivo para poner en práctica el derecho reconocido por el art. 8.2 h) de la Convención" remarcando: "el recurso de casación satisface los requerimientos de la Convención en tanto no se lo regule, interprete o aplique con rigor formalista sino que permita con relativa sencillez al tribunal de casación examinar la validez de la sentencia en general así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de la defensa y al debido proceso (CSJTuc., sentencias nº 222/2002 y 712/2001; Comisión IDH, informe nº 24/92 del 2/X/92; Comisión IDH, Informe nº 55/97 del 18/XI/97).

Asimismo, en informe nº 17/94 la misma Comisión se expidió en el sentido de que no se requiere necesariamente la apelación directa sino la disponibilidad de un recurso de revisión que al menos permita la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso de la legalidad de la prueba, y que permita con relativa sencillez al tribunal de revisión examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y el debido proceso.

En semejante sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que la solución adoptada en el caso Giroldi (en donde se admite la casación como vía recursiva adecuada para asegurar la garantía de la doble instancia en materia penal) permite cumplir acabadamente los compromisos asumidos en materia de derechos humanos por el Estado Nacional (cf. LL 1995-D-467). Igualmente in re "Tabarez", LL 1998-D,369, tuvo oportunidad de decir que era necesario, en este campo de la casación, dar un margen más amplio para el examen de las posibles arbitrariedades; a la par que manifestó que en el estado actual de la legislación procesal penal de la Nación, los recursos ante la Cámara de Casación Penal constituyen la vía a la que todo condenado puede recurrir en virtud del derecho que consagran los arts. 8 inc. 2º ap. h) de la Convención Americana sobre los Derechos humanos y 14 inc. 5º del PIDCP y reiteró que el recurso de casación satisface los requerimientos de la Convención, en tanto no se regule, interprete o aplique con rigor formalista sino que permita con relativa sencillez al tribunal de casación examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y al debido proceso.

Por tanto, existe una línea directriz en orden a inteligir al recurso de casación con un criterio flexible de sus causales.

En este orden de ideas el conocimiento del recurso de casación por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y/o formal, permite -dentro de las características propias emergentes de la mecánica del juicio oral- incursionar en las conclusiones fácticas del fallo cuando ellas fuesen infundadas, irrazonables o contrarias a las reglas de la sana crítica. Asimismo, el juzgamiento de la casación por errores in procedendo autoriza al tribunal para interpretar el alcance de las normas procesales cuya inobservancia no ha sido explícitamente establecida bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, pero que erróneamente aplicadas por el órgano inferior han generado la consagración de un exceso ritual o de otro vicio susceptible de afectar la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Así, los ribetes específicos del control casatorio no empecen a la garantía prevista en los tratados citados, toda vez que el examen que a través de él se efectúa del fallo condenatorio es amplio, si se considera que, por su análisis se evalúa el exacto encuadramiento de los hechos; el respeto a las normas constitucionales, sustantivas y procesales; la misma estructura interna de la sentencia, lo que implica observar la falta de motivación, de congruencia, la ausencia de fundamentos, los fundamentos aparentes, si se ha basado en datos que no pueden constituir prueba, si los elementos de prueba sobre las que se sustenta el tribunal son falsos, ilegales, contradictorios entre sí; o han sido ilegalmente incorporados al debate; si se prescinde de prueba decisiva; si se invoca prueba inexistente; si el razonamiento no sigue los principios de la lógica, de la recta razón o sana crítica dando lugar a interpretaciones y/o valoraciones jurídicas erróneas o parcializadas; entre otros aspectos.

Se advierte así que el recurso de casación y su potencial horizonte de revisión caben plenamente en las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vertidas en los Informes 24/92, 17/94 y 55/97, esta última expresamente citada por el recurrente a fs. 2696 vta.

De lo expuesto se concluye que el respeto a las garantías mencionadas en los informes de la CIDH es escrupulosamente observado en el recurso de casación penal vigente en el provincia de Tucumán siempre que se lo aplique, como ocurre en este caso, con criterio flexible y amplio. Así interpretado y aplicado el recurso cumple, como lo expresara la Corte de la Nación, con las garantías del PSJCR y del PIDCP. Es que el derecho a recurrir mencionado en el Pacto no supone necesariamente el derecho a apelar, pues "recurso" es todo aquel que cumple las condiciones explicitadas por los informes de la CIDH antes mencionados. El recurso de casación local satisface las exigencias constitucionales del derecho a que un tribunal superior controle la corrección del juicio realizado por el tribunal del juicio oral, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido alcanzar la culpabilidad y la imposición de la pena, en el caso concreto. Reglas entre las que se encuentran, desde luego, todas las que rigen el proceso penal y lo configuran como un proceso justo, con todas las garantías; las que inspiran el principio de presunción de inocencia, y las reglas de la lógica y la experiencia conforme a las cuales han de realizarse las inferencias que permiten considerar un hecho como probado. A través de este recurso el tribunal superior controla tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas; en definitiva, s e puede controlar la declaración de culpabilidad y la pena impuesta. Por lo tanto, por esta vía se posibilita la "revisión íntegra", entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y de valoración de la prueba.

En la especie, conforme se puede advertir en el desarrollo de este pronunciamiento, se ha efectuado un exhaustivo y amplio examen del fallo condenatorio y de la pena, conforme a las normas y exigencias derivadas de los arts. 8 inc. 2º PSJCR y 14.5 PIDCP.

Por lo expuesto, se rechaza el planteo de inconstitucionalidad.

8.- En lo que atañe al cuestionamiento de la valoración de pruebas que efectúa la defensa del imputado el mismo no puede prosperar.

En efecto, se queja de que la sala a quo tuviera por hecho incontrovertible que Bravo haya salido a la ruta por la entrada principal de la ciudad, y considerar que se ponderó sólo una parte de la prueba y no se tuvo en cuenta los testimonios de Gómez, Padovani y Julio Bravo. Por cierto que el tribunal del juicio, en base a la declaración de Caniparoli, tiene por demostrado el hecho de que Bravo pasara por el lugar custodiado por Aparicio, pero se sostiene sobre una presunción -admisible como prueba- de que Bravo salió por la calle principal; la presunción es razonable, por cuanto la calle está pavimentada, llovía, y las otras estaban anegadas, según el tribunal, y ello no aparece desvirtuado por las declaraciones de los mencionados Gómez, Padovani y Julio Bravo (fs. 574 vta, 578), pues éstos recién acceden al lugar del hecho tres horas después, por lo que no testificaron acerca de lo que ocurría tres horas antes.

La crítica del recurrente dirigida a desmerecer el testimonio de Caniparoli no aparece consistente, pues en definitiva el que manifestara que no puede afirmar que era el Dr. Bravo quien conducía el automóvil y que tampoco puede afirmar que era un Gol, no necesariamente implican que el resto de su declaración sea insincera o inconfiable, al contrario, explica que su vehículo tenía mal un vidrio, que era de acrílico, y que no podía ver la cara de la persona que le advertía, y da razón porque recién se presenta a declarar cinco meses después.

No se advierte que las consideraciones fácticas y la ponderación de la prueba efectuada por el tribunal transgreda las reglas de la lógica ni que sea arbitraria. De igual modo, la selección de la prueba, potestad del tribunal de mérito, no aparece caprichosa ni infundada. No basta una mera discrepancia del recurrente, es menester que demuestre que se han conculcado las reglas de la sana crítica racional, y esto es lo que no logra la pretensión recursiva.

9. En orden al planteo de nulidad de la sentencia por violación del principio in dubio pro reo.

El agravio se centra en que una correcta ponderación del cuadro probatorio del proceso, hubiese impedido destruir el principio constitucional de inocencia que ampara al acusado hasta que se pruebe lo contrario más allá de toda duda razonable.

Considera que las dudas se pueden sintetizar así: dudas sobre que el hecho haya existido materialmente del modo que lo afirma la sentencia, y dudas sobre que la víctima pasara por el puesto policial, dudas de que Aparicio haya visto a la víctima, dudas acerca de que la víctima ingresara a la ruta 38 por el acceso principal, dudas de que la víctima no haya ingresado por los accesos sitos al sur del puesto policial Solicita que por vía del recurso de casación se controle la observancia en la sentencia condenatoria del principio de inocencia y del "in dubio pro reo", y se verifique si el pronunciamiento impugnado se halla fundado en un caudal probatorio idóneo por su contenido para sustentar la convicción sobre la participación culpable del condenado en el hecho delictivo, destruyendo el principio de inocencia, consagrado constitucionalmente por imperio de la normativa supranacional. En consecuencia, sostiene que si la lectura de los argumentos del recurso y la sentencia de condena, permite advertir al tribunal que razonablemente el juez debió dudar, es decir, percibe una violación manifiesta del principio "in dubio pro reo" en el fallo condenatorio, proceda a la anulación de la sentencia. Conforme se lo examina en otro apartado deja interpuesta la inconstitucionalidad del artículo 468 CPP si se efectuara una interpretación del mismo limitativa de la posibilidad de controlar el debido respeto del principio de inocencia, así como la adecuada fundamentación del fallo, sobre la base de pruebas idóneas que permitan descartar toda duda sobre la autoría del imputado.

Reiteradamente esta Corte ha establecido que la sentencia debe basarse en la certeza, es decir, en la convicción razonada, objetiva y positiva de que los hechos existieron y ocurrieron de cierta manera, y de que el imputado es su autor, la duda o probabilidad sólo operan a favor del imputado (sentencia nº 928 del 30/10/2001 y sus citas). La condena penal exige un certero juicio de reproche, basado en la evidencia plena de una acción típicamente antijurídica y culpable. A su vez, el estado de duda debe encontrar sustento racional y objetivo en las constancias de la causa, e implica un especial estado de ánimo del juez, que le impide alcanzar la convicción de certeza sobre los hechos, y no exige la convicción de inocencia pues nada decide sobre la real culpabilidad del imputado, pero dicho estado no puede sustentarse en la pura subjetividad, al punto que es descalificable un pronunciamiento que absuelve por el beneficio de la duda sin considerar y valorar razonablemente elementos de prueba con relevancia para la solución del caso (sentencia nº 218 del 12/4/2002).

En la especie, la duda, sea que conceptúe su presencia cuando los motivos que conducen a afirmar y a negar se presentan en paridad de volumen, representando la oscilación entre la certeza positiva y negativa (sentencia nº 23 del 15/02/2000), o como probabilidad en el sentido de prevalencia de la prueba de cargo sobre la de descargo, pero sin destruir a ésta, lo cierto es que tal duda no se configura en autos.

Si bien en principio la verificación de la duda remite a una cuestión ceñida a la eficacia convicción de la prueba, propia esta determinación de los jueces de mérito y no de la casación, ello no impide que el marco del recurso de casación sea el ámbito adecuado para verificar el control de la sentencia con suficiencia tal que pueda apreciarse si ella concurre o no. Al punto en que precisamente este tribunal, en los precedentes referidos, y en otros, efectúa esa verificación. Pues el compromiso con la función de administrar justicia no puede claudicar en el rigor adjetivo cuando se trata justamente de comprobar en el caso si una garantía constitucional aprehende o no al imputado. Esto es lo que se ha efectuado en las distintas partes de la presente sentencia.

Los tópicos que la defensa plantea como de duda han sido analizados y encuentran debido tratamiento y respuesta en el apartado 8 que antecede y a él me remito, y no aparece que tal estado se configura en la sentencia en recurso, sino que, en el caso, sólo aparece como una mera expresión subjetiva del recurrente. De allí que corresponde desestimar el agravio.

10.- Atento a que ambos recursos se rechazan, las costas se imponen por su orden.

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Adhiero al voto del señor vocal doctor Alberto José Brito por sus fundamentos y por la solución a que arriba en el mismo, deseando agregar lo siguiente.

1.- A mayor abundamiento en relación a la valoración de la prueba efectuada en el recurso de casación interpuesto por los letrados defensores a favor del imputado y tratado en el apartado 8 del voto a que hago referencia, considero de que el agravio relacionado al testimonio de Caniparoli, no desvirtúa ni desmerece la conceptualización realizada en el fallo en crisis, desde que el sentenciante analizó el planteo de la defensa en el curso del debate, por falso testimonio, argumentando que la declaración resulta veraz, creíble, por los indicios de tiempo, lugar, persona y modo, ya que es la única estación de servicios para combustible y por su trabajo de panadería, suele ocurrir que las personas dedicadas a esa actividad se incorporen a sus tareas a temprana hora, a lo que se agrega que el imputado no pidió carearse en la audiencia de debate y los playeros que declararon, no desmienten a Caniparoli, argumentaciones éstas que sumadas a otros testimonios tornan ciertos y creíbles los dichos de este testigo (ver fs. 604 y vta.).

También resulta cierto que no obstante el esfuerzo puesto por la defensa, no existe contraprueba válida que enerve los dichos del testigo que se pretende invalidar.

2.- Quiero poner de resalto que del cuadro fáctico que se da por probado en autos, surge como un aspecto sobresaliente del mismo que no se puede soslayar, el hecho que la consigna policial establecida al sur de La Cocha en el refugio "Villa Nueva" con la finalidad de cortar el acceso vehicular hacia el arroyo "El Sueño" distante a tres kilómetros y medio, cuyo puente fue arrastrado por la correntada producto de la lluvia caída, resulta generador de responsabilidades -a más de la que corresponde al acusado-, que debe ser debidamente investigado, pues de haber sido instalado a escasos metros del puente siniestrado y no en la forma equivocada que se hizo, se pudo haber evitado este trágico suceso.

Cualquier persona pudo salir de ese tramo posterior a la consigna, sin el debido resguardo por parte de la autoridad interviniente, sobre su seguridad personal y/o material.

En consecuencia prima facie, podrían resultar reprochables penalmente las conductas de los Comisarios Corbalán José Eduardo, jefe de la Comisaría de La Cocha y del Comisario Raúl Rolando Díaz, segundo jefe de la misma, bajo cuya responsabilidad estuvo el operativo asistencia a las víctimas de las inundaciones, y de quienes habría surgido la orden de disponer erradamente el puesto de control policial a una distancia tal, que lo tornaba no idóneo para disponer medidas de seguridad que preservaran la vida de los transeúntes y en particular los que se movilizaran en automotores, como ya se expresara, según así consta en acta de fs. 2 y 4, y de las merituaciones de la sentencia de fs. 591, 591 vta., 592, 597 y 602 vta.. En igual sentido ver CSJTuc., sentencia Nro. 824 del 9/10/2000 en "Gil, Elena Miguel y Lucena, Sergio Adrián s/Homicidio por culpa o imprudencia".

Siendo así, voto por la ampliación de la investigación en relación a estos dos jefes policiales, y/o cualquier otra autoridad policial relacionada al caso, por lo que se debe pasar los antecedentes pertinentes a la Fiscalía de Instrucción que por turno corresponda, a los efectos de la investigación penal preparatoria pertinente, art. 301 y siguiente del Código de forma.

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal doctor Alberto José Brito, vota en el mismo sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso deducido por la querellante María del Carmen Bravo contra las sentencia del 9/10/2002, dictada por la Sala II de la Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción.

II.-DESESTIMAR el recurso de casación y el planteo de inconstitucionalidad del art. 468 CPP, formulados por la defensa de Domingo Pascual Aparicio en contra de esa sentencia.

III.-COSTAS de los recursos de casación por su orden.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR (en disidencia) ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO (en disidencia)