Asociaciones profesionales de trabajadores, dirigente gremial, tutela sindical, proceso electoral
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ ley de asoc. sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-26

Los actores, dos afiliados del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina que invocan la representación de la entidad sindical, en las calidades de Secretario General y Presidente de la Junta Electoral, apelan la resolución del Ministerio de Trabajo que declaró la ineficacia de los procesos internos de renovación de autoridades, y los actos administrativos que se sucedieron. Como consecuencia de dicha resolución, la autoridad ministerial dispuso la designación de un delegado normalizador en los términos del art. 56 de la ley 23.551. La asamblea extraordinaria del sindicato en cuestión, convocó a elecciones para el día 30/06/17. El día de los comicios un grupo de trabajadores bloqueó el ingreso a la entidad sindical, por lo que no fue posible llevarlos a cabo por lo cual se convocó a una asamblea extraordinaria que decidió prorrogar los mandatos de la Comisión Directiva hasta la asunción de la nueva comisión, lo que tendría lugar luego de un proceso electoral. Los miembros de la Junta Electoral designados por la asamblea extraordinaria fijaron fecha de comicios para el 16/05/18. El Ministerio de Trabajo declaró la ineficacia de la asamblea extraordinaria al considerar que su convocatoria era improcedente porque se encontraban vencidos los mandatos de las autoridades. Cabe decir, que el mandato de las autoridades de la Comisión Directiva vencía el 10/07/17 y la asamblea extraordinaria había sido convocada el 1/07/17, cuando las autoridades contaban con un mandato vigente. Por ende, no se aprecia objetable la personería de quienes efectuaron la convocatoria. Así, la autoridad administrativa está facultada para designar un funcionario encargado de regularizar situaciones de crisis interna para encauzar el proceso de renovación de autoridades en aquellos supuestos de caos que pueden conspirar contra la democracia sindical y la expresión cabal de la voluntad colectiva. Esta facultad, que se refleja en el art. 56 de la ley 23.551, no implica en sí un avance sobre los principios de libertad sindical, en la medida que se encuentre justificada la procedencia de su ejercicio. El art. 15 del ordenamiento estatutario asociacional, que prevé el supuesto de renuncia o la destitución total de los miembros de la Comisión Directiva, prevé como solución que la Asamblea Extraordinaria designe una Junta Provisional de tres (3) miembros que deberá convocar a elecciones dentro de los (5) días, las que deberán realizarse en un plazo no mayor de noventa (90) días, resultaría aplicable en el caso. Si bien no medió ni renuncia ni destitución total de los miembros de la Comisión Directiva, la situación fáctica que deriva de la imposibilidad de llevar adelante un proceso electoral y el vencimiento de los mandatos de las autoridades es asimilable a la previsión estatutaria para la contingencia de acefalia. La interpretación de la cláusula estatutaria a la luz del art. 6 de la ley 23.551, en cuanto prevé el deber de la autoridad administrativa -y de los empleadores, sus asociaciones y toda persona física o jurídica de abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales- respalda la solución propuesta. Por ello la resolución ministerial cuestionada carece de fundamentación suficiente, habiendo excedido la autoridad administrativa, el marco que prescribe el art. 56 ap. 4° de la ley 23.551 sin haber atendido a la norma estatutaria examinada.