marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tributos, habilitación de instancia, solve et repete, pago de tributos, interpretación de la ley, verosimilitud del derecho invocado, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Interieur Forma S.A. c/ G.C.B.A. s/ Recurso de Apelación Judicial Apelación Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-17

El artículo 9 del Código Contencioso Administrativo y Tributario faculta al juzgador a determinar -cuando el acto impugnado ordene el pago de una suma de dinero proveniente de tributos- ...si corresponde el pago previo del impuesto, tasa o contribución, antes de proseguir el juicio" (énfasis agregado). Ello así, es claro que la norma no impone como regla el solve et repete previo del tributo, pues si así fuera, no tendría sentido alguno facultar al juez para determinar si corresponde el pago previo del tributo antes de proseguir el juicio.

En caso de duda sobre el alcance del texto debe estarse por el que favorezca el acceso a la jurisdicción, pues tal criterio viene impuesto por los principios constitucionales en juego. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la interpretación de las leyes requiere de la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos, 265:349; 303:578).

El alcance de la norma no es el de imponer el pago previo como requisito para acceder a la instancia jurisdiccional, sino que por el contrario, ella consagra el principio contrario, aunque facultando al juzgador a ordenar, en determinadas circunstancias, el pago de los tributos reclamados antes de continuar con el juicio. Sólo puede concluirse entonces que la norma establece una exigencia previa, que el demandado podrá plantear si lo considerare pertinente, alegando y probando que el derecho invocado por el accionante carece de suficiente verosimilitud.
Excepciones procesales, falsedad de título, inhabilidad de título, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Alto Paraná S.A. y otro s/ Incidente aplicación ley 24.283
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-10-02

La doctrina y la jurisprudencia han extendido el ámbito de la excepción de falsedad o supuestos que en la ejecución común tramitan por la vía de excepción de la inhabilidad del título. Pero ello siempre ha estado limitado a las cuestiones vinculadas a la legitimación procesal. Es decir que se ha admitido la excepción de falsedad en la ejecución de sentencia cuando el ejecutante no es quien tiene derecho a ejecutarla o los ejecutados no son los condenados
Recusación, jueces, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Lima, Hugo Enrique y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-03-26

Habiendo articulado la parte accionada recusación de los vocales de este Tribunal, considero se debe proceder a formar legajo con el escrito presentado, las restantes piezas que se considere pertinentes e informes individuales de los Magistrados recusados y disponer su remisión a los magistrados que corresponda intervenir para entender en el planteo recusatorio formulado -art. 16 del C.P.CC.-, Tribunal que en su caso se encuentra facultado para el rechazo in limine del mismo -art. 18 último párrafo.
Prescripción, tarjeta de crédito, emisor de tarjeta de crédito, titular de tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARGENTINA  S.A.C. y T. c/ VALSECCHI, PEDRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-12

Corresponde aplicar el plazo decenal ordinario del CCOM 846, en lo que se refiere a la relación entre el emisor y el titular de la tarjeta.
Aportes previsionales, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Seguros para Veterinarios c/ Scordi, María Graciela s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

Si la deuda por aportes previsionales que mantiene el accionado con el demandante está medida en "juvet",igualmente la condena debe expresarse en dicha unidad de medida o módulo y la única manera de cumplimentarse adecuadamente la obligación adeudada es abonando el valor equivalente a la fecha en que se efectivice el pago.-
Actualización monetaria, accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Sevilla, Carlos c/ Transportes 9 de Julio s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-19

Los montos fijados en la sentencia en un juicio de accidente de tránsito deben revalorizarse hasta el 31 de marzo de 1991, por haber quedado cristalizados desde entonces en virtud de lo dispuesto por la Ley 23.928, cristalización que alcanzará al rubro incapacidad sobreviniente desde la fecha del acuerdo de segunda instancia. Los intereses se liquidarán a la tasa pura del 6% anual hasta las fechas de cristalización y a partir de entonces a la tasa bancaria que corresponda.
Alimentos, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S. de L., M. A. c/ L., M. A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-07

La pretensión del ejecutante resulta procedente toda vez que, se corrió traslado de la misma al alimentante, respetándose así el debido contradictorio, sin que el nombrado se haya expedido acerca de su procedencia o improcedencia. En virtud de lo antedicho, corresponde hacer lugar al pedido de actualización monetaria de las cuotas atrasadas, debiendo a tales fines indexárselas, según el índice de precios al consumidor nivel general suministrado por el I.N.D.E.C., utilizándose para ello los índices de los meses anteriores. Esto, por supuesto, procede hasta el 1.4.91. Ley 23928.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, acusación de la querella
Materia: PENAL
Carátula: LEWIN, ISAAC s/ ACUSACION  - NULIDAD - INCUMPLIMIENTO - DEBERES - ASISTENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-06

Es nula la acusación del querellante que omitió consignar los períodos de incumplimiento en que habría incurrido el acusado respecto de sus hijas menores de edad, no delimitando con precisión el objeto procesal, lo que priva el acto acusatorio de los objetivos estructurales condicionantes de su validez formal y viola el principio del debido proceso.
Sentencia, sentencia ultra petita
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Síndico de la quiebra I.M.E. de Pehuajó S.A. y otros c/ Aristizabal, A. y otros s/ Acciones de responsabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

La regla 'ne ultra petita' prohibe al juez la sustitución de hechos constitutivos que individualicen una nueva acción diferente a la expresamente ejercida.-
Proceso penal, niños, niñas y adolescentes, Asesoría de menores, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: V., D. Y. s/ inf. art. 189 bis del C.P.".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-13

El procedimiento que rige en la Ciudad establece en el artículo 58 de la Ley Nro. 1287 la intervención de la Asesoría General Tutelar en resguardo del interés superior de los niños, niñas y adolescentes para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos.
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa, enfermedad profesional, personas con discapacidad auditiva
Materia: LABORAL
Carátula: Lang, Francisco c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Revisten la calidad de cosas productoras de riesgo aquéllas en las que su natural funcionamiento produce ruidos capaces de dañar el oído humano.
Derecho procesal, reclamo administrativo previo, control de legitimidad
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA  DE CREDITO CONSUMO Y VIV LA ESMERALDA LTDA c/ CENTERPROT SA Y OTROS S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

El artículo 30 de la Ley 19549 en su primer párrafo establece que "El Estado Nacional o sus entidades autárquicas no podrán ser demandados judicialmente sin previo reclamo administrativo, dirigido al Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad autárquica, salvo cuando se trate de la impugnación judicial de actos administrativos de alcance particular o general". Sin embargo, cabe señalar que la finalidad del reclamo administrativo previo es producir una etapa conciliatoria anterior al pleito, dándole a la administración la posibilidad de revisar el caso, salvar algún error, y promover el control de legitimidad y conveniencia de lo actuado por los órganos inferiores. El requisito del reclamo administrativo previo es un privilegio establecido a favor de la administración pública para substraer a la Nación a la instancia judicial en una medida compatible con la integridad de todos los derechos; no puede ser objeto de convención modificatoria, mas su incumplimiento no puede ser invocado por el Estado después de la contestación a la demanda (CSJN; Fallos T. 200, p. 196; T. 210, p. 434).
Honorarios, base regulatoria, recurso de casación, cosa juzgada
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Rotta Di Caro de Agüero, Ramona Estela Victoria s/ Ejecución Hipotecaria - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-07-31

De la sentencia que fija la base para la regulación, como de su aclaratoria, se extrae la fórmula que debía emplearse en la pesificación de la deuda y el interés a aplicar: ".que corresponde calcular la deuda confeccionando la planilla conforme la deuda originaria en pesos (recordemos que regía la Ley de Convertibilidad, un peso igual a un dólar) y los intereses establecidos en la sentencia (tasa Activa para operaciones de descuento) hasta la fecha de entrada en vigencia del Decreto 214/02 y a partir de ese momento aplicar dicho decreto pesificando la deuda convirtiendo un dólar (1 U$$) a un peso cuarenta centavos ( $1,40) y aplicando los intereses de la tasa pasiva del B.C.R.A mas 0.50 % mensual, este ultimo a partir de 2002 y hasta su efectivo pago".

De este modo, no cabe inferir que de dicho párrafo surja la aplicación del Coeficiente de Estabilización de referencia, o bien que ello puede inferirse implícitamente de la cita que efectúa el Tribunal, de los casos Sosa y Massa de la CSJN. Pues ello, al margen de haberse realizado a los fines de marcar la diferencia que existía para el Tribunal, entre los casos de deudas según se encuentran vinculadas o no al sistema financiero, y obedecer a un claro propósito ilustrativo, en modo alguno puede justificar su aplicación al caso de autos, ya que tratándose además de una materia que repercute directamente en el derecho de propiedad, el eventual reconocimiento del derecho al cobro de una deuda aplicando un coeficiente de estabilización de referencia como el pretendido, obligaba mínimamente al Tribunal, a su consideración expresa, al tratamiento profundo, meditado, razonado y fundado en las circunstancias y constancias de la causa.

Estimo acertada la sentencia impugnada que resuelve aprobar la planilla de liquidación que fuera confeccionada siguiendo los lineamientos fijados por el mismo Tribunal en la sentencia Nº147/09, que había quedado firme y consentida.

Por lo expuesto, y al no advertir en la sentencia los vicios que el recurrente denuncia, propicio si mis colegas comparten el Acuerdo, rechazar el recurso de casación.
Acción de amparo, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, declaración de inconstitucionalidad, abogados, fundamentación de la demanda, falta de agravio concreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Jorge Gabriel y otro  c/ E.N.-DNU 70/23 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-23

Corresponde rechazar la acción de amparo promovida por una asociación de abogados con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en resguardo de los intereses afectados de los profesionales del derecho, dado la actora persigue la declaración de inconstitucionalidad genérica de la norma cuestionada, argumentando que existe una amenaza concreta contra el sistema democrático, republicano y federal, pero que los argumentos son tan amplios e imprecisos que no resulta posible deducir cuál es el agravio concreto que se derive de la aplicación del decreto en cuestión, lo cual resulta imprescindible para la configuración de una causa o controversia en los términos del art. 116 C.N.
Juicio ejecutivo, regulación de honorarios, regulaciones parciales
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRANCO, Juan c/ MERNIES, Mónica s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

Si no ha concluido aún la segunda etapa del proceso ejecutivo no cabe proceder a regular honorarios por los trabajos realizados durante el curso de la misma, toda vez que podría existir labor profesional futura que deba integrar la retribución. Tal situación se plantea cuando se realizó el bien hipotecado pero existe un saldo impago cuyo cobro el accionante podría perseguir en autos, requiriendo, en su caso, embargo sobre otros bienes del deudor y proseguir la ejecución hasta que se le haga íntegro pago de la deuda.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, concurso preventivo, honorarios, regulación de honorarios, verificación tardía
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ Primera ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la   verificación concursal -tempestiva y tardía- de créditos?. Segunda   ¿Corresponde regular honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante, distinguiendo según aquel sea contador o abogado y   según se impongan o no las costas al tercero verificante?. Tercera   ¿Cuál es la base regulatoria? ¿Se computa la desvalorización   monetaria y los intereses? Cuarta ¿Corresponde reducir la escala   arancelaria en función del trámite seguido y de las etapas cumplidas?   Auto sprint sobre quiebra. Incidente verificación crédito (Expte.   Nro. 128-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

En los concursos preventivos, a los efectos regulatorios el 80% de la escala arancelaria sólo se aplica cuando se ha cumplido efectivamente toda la labor profesional posible en la verificación concursal, debiendo reducirse en función de las etapas cumplidas;

así -en la verificación tempestiva- de dicho total corresponde asignar el 30% a la solicitud de verificación formulada al síndico;

el 20% a la impugnación al informe individual y/o contestación de ella; y, el 30% al recurso de revisión. En las verificaciones tardías corresponde retribuir con un 30% de la escala a la verificación sin oposición; con un 50% cuando ha mediado oposición sin producción de pruebas; y el 80% cuando ha habido oposición con producción de pruebas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, delitos contra la integridad sexual, víctima menor de edad, retractación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., O. R. c/  s/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

Las alegaciones del recurrente -tal como han sido formuladas- sólo revelan su discrepancia con la valoración del material probatorio recolectado y con la entidad que los Magistrados le asignaron a éste a los fines de analizar la responsabilidad penal del imputado, toda vez que los Judicantes -para confirmar la decisión de grado- analizaron los elementos de cargo producidos en juicio y cómo fueron sopesados por la Jueza actuante con lo acontecido en la declaración expuesta en Cámara Gesell, precisando que se había realizado un exhaustivo tratamiento a la modificación en el discurso de la niña víctima, a través de la ponderación del informe de la profesional actuante en la entrevista y su confrontación con la versión vertida en los orígenes de la investigación ante las representantes de las autoridades públicas y de las personas de su confianza, donde sindicó al justiciable como el autor; y así el Tribunal entendió que debían convalidarse las consideraciones efectuadas por la especificidad en su abordaje a partir del análisis de material de estudio especial sobre la temática, relativa a la influencia por distintas razones y/o personas que pueda dar origen a la retractación de la víctima de delitos sexuales, y el traslado de esos criterios a la realidad del presente caso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, derechos y garantías constitucionales, habeas corpus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DR. JUAN MANUEL MARTINEZ SALIBA c/  s/ EJECUCION DE PENA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-30

Corresponde rechazar las postulaciones del recurrente acerca de la necesidad de aplicar el plazo de diez días para la interposición del recurso de apelación contra una resolución que decide hacer lugar a un habeas corpus, en tanto no traducen más que su disenso e insistencia con sus propias postulaciones, sin demostrar que el Juzgador -al considerar extemporáneo el recurso intentado- hubiese incurrido en un supuesto de apartamiento fáctico o normativo, en modo tal que otra solución se hubiere necesariamente impuesto; máxime si se repara que, más allá del grado de acierto o error en que pudiera haber incurrido el A quo, lo cierto es que el presentante no logra demostrar que el criterio sentencial resulte incompatible con la finalidad de tal remedio constitucional, cual es consagrar un mecanismo expeditivo y abreviado. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta).
Cargo, escritos judiciales, instrumentos públicos, plena fe, redargución de falsedad
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CO-VI COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA c/ D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

Dado que el cargo colocado al pie del escrito reviste las características propias de un instrumento público, hace plena fe hasta que sea argüido de falso (art. 993, Código Civil).
Responsabilidad de la sociedad, efectos con relación a terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: VARGAS LERENA, ALVARO ANDRES C/ CADENA PAIS PRODUCCIONES PUBLICITARIAS SA Y OTRO S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-23

La LGS 54, tercer párrafo, consagra una acción cuyo efecto es imputar directamente a ciertos sujetos la responsabilidad civil derivada de una actuación de la sociedad que el legislador reputa contraria a derecho (por perseguir fines extrasocietarios, o ser un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o bien frustrar derechos de terceros). Y para lograr ese efecto, la acción se vale de un vehículo determinado, a saber, la declaración de la inoponibilidad de la persona jurídica societaria (CNCom, Sala D, 25/02/08, "Merlo, Juan Manuel c/ Ponce, Diego Martín y otros s/ despido", voto del Sr. Juez Dr. Heredia, www.societario.com, ref. n° 13847).
Concurso preventivo, impugnación del acuerdo preventivo, recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia definitiva
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ARCANGEL  MAGGIO SA s/ CONC. PREV. (LL SUP. CONCURSOS Y QUIEBRAS,24.4.07, F° 111.375)*. (ED, 10.5.07, F. 54661) QUIEBRAS,24.4.07, F° 111.375)*. (ED, 10.5.07, F. 54661)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

1- Es procedente el recurso extraordinario interpuesto respecto de la sentencia que admitió las impugnaciones formuladas respecto del acuerdo preventivo, ya que al fundarse en la falta de adecuación de la propuesta al mínimo legal requerido por el art. 43, tercer párrafo, de la ley 24.522, aplicó una norma derogada por el art. 1° de la ley 25.589, al suprimir la limitación que exigía al deudor -cuando la propuesta consistía en una quita- ofrecer por lo menos el pago del 40% de los créditos quirografarios anteriores a la presentación. (del dictamen de la Procuradora Fiscal que los doctores Petracchi, Maqueda y Zaffaroni hacen suyo en su voto en disidencia).

2- Es descalificable por vía del recurso extraordinario, el pronunciamiento que admitió las impugnaciones del acuerdo preventivo, ya que omitió considerar la cuestión en el marco puntual de las causales de impugnación a que se refiere el art. 50 de la ley 24.522, y esa deficiencia no se ve subsanada por la remisión al dictamen del fiscal de cámara, desde que aquella materia no fue objeto de un tratamiento específico de parte del mencionado funcionario. (del dictamen de la Procuradora Fiscal que los doctores Petracchi, Maqueda y Zaffaroni hacen suyo en su voto en disidencia).

3- De acuerdo con los propositos preventivos que guían la ley de concursos y quiebras, y teniendo en cuenta que el rechazo del acuerdo originalmente propuesto se funda en aspectos que pueden ser mejorados, una adecuada interpretación de las normas aplicables aconseja ponderar las constancias del expediente producidas con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario -en el caso, la mayoría de la Corte Suprema lo considera improcedente-, de manera de agotar los medios para dar acabada respuesta a los fines que el instituto del acuerdo preventivo persigue en el sistema. (del voto en disidencia de los doctores Petracchi, Maqueda y Zaffaroni).

4- Es equiparable a sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario, la resolución que hizo lugar a las impugnaciones formuladas al acuerdo propuesto por el concursado, ya que, al haberse ordenado la remisión de las actuaciones a primera instancia para comenzar el procedimiento del art. 48 de la ley 24.522, se excluye la posibilidad de reestructuración de la deuda. (del dictamen de la procuradora fiscal que los doctores Petracchi, Maqueda y Zaffaroni hacen suyo en su voto en disidencia).
Derecho procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), monto del juicio, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Hernández Montilla, Jesús Alejandro c/ Garbarino SAICEI y otro s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-03

A los fines de considerar el monto mínimo de apelabilidad el valor cuestionado en un recurso debe determinarse exclusivamente en función del capital involucrado -marginando otros rubros accesorios como intereses o gastos-, ya que de otro modo se desnaturalizaría la télesis de una reforma -por ley 26536- que tuvo en miras limitar la intervención de la segunda instancia (CNCom, Sala D, in re "Laboratorio de Cosmética Van SA s/ quiebra s/ incidente de revisión promovido por Administración Federal de Ingresos Públicos", del 06/07/10; entre muchos otros).
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bertoia, Ramón Roberto y otros c/ Villalba, José Maciel y otros s/ Medida cautelar y otros s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-04-14

Para otorgar una medida precautoria sólo es necesaria la apariencia del "buen derecho", lo cual se obtiene analizando los hechos referidos por las partes y documentación acompañada; no debe buscarse la "certeza" que solamente se podría lograr a través de largas investigaciones que han de efectuarse durante la secuela del juicio.
Acción autónoma de nulidad, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: CANTOS JOSE MARIA s/ ACCION AUTONOMA DE NULIDAD-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-04

La acción autónoma de nulidad, al carecer de contenido económico, por tratarse de una acción meramente declarativa de nulidad, debe asimilarse a los fines regulatorios, a la acción de amparo.