marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recursos, recurso extraordinario, oportunidad procesal, presentación extemporánea
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: AMADO,  CHRISTIAN  ANDRES  Y  OTRO c/ GIANUZZI, GASPAR ALBERTO YOTRO   S/ s/ EJECUCION   PRENDARIA   S/   CUADERNILLO  DE  RECURSOEXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-04

Cabe declarar la extemporaneidad del recurso extraordinario, en atención a la hora que marca el cargo, resultando irrelevante a tales efectos la constancia que lo precede -extendida por el actuario de la sala- de la que se desprende que se intento introducir la pieza en dependencias de la sala antes de la finalización del plazo de gracia, toda vez que la única oficina habilitada para la recepción de escritos dirigidos a las salas e imponerles el cargo pertinente es la mesa general de entradas -cfr. RJN art. 47-a y 82-, constituyendo un error inexcusable el dirigirse a otra para cumplir el acto; además, solo el cargo constituye la atestación apta del día, hora y aðo en que se verifica la presentación -cfr. RJN art. 45 y CPCCN art. 124-.
Cámara de Apelaciones, segunda instancia, jurisdicción, recursos, límites del pronunciamiento, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Delfosse de Zamparutti, Amanda I. c/ Delfosse, Valentín s/ división de condominio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

El régimen del art. 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sólo atribuye al tribunal de segunda instancia la jurisdicción que resulta de los recursos deducidos por ante ella, limitación ésta que tiene jerarquía constitucional.
Recurso de inconstitucionalidad, escrito recursorio, traslado, trámites judiciales, recurso de nulidad, proceso penal, partes, actor civil, falta de agravio concreto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., I.B. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PUBLIC  O Y DEFRAUDACION- RECURSO DE NULIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 663 AÑO  1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10

Corresponde rechazar el recurso de nulidad articulado por el actor civil contra la providencia de la Corte que le corrió el traslado previsto en el artículo 4to. de la ley 7055 por entender que ese derecho debió ejercerlo en forma previa a que la Cámara Penal resolviera la admisibilidad, desde que el derecho de defensa queda adecuadamente resguardado si se ordena correr el traslado en esta sede, teniendo en cuenta que el juicio de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad que incumbe al Tribunal a quo (art. 6) y que luego debe revisar la Corte (art. 11), se refiere a los aspectos formales de la impugnación, quedando los sustanciales para el juicio de procedencia, exclusivamente a su cargo.

Desde esa óptica, no se advierte cual es el perjuicio que le acarrea a la incidentista la falta de contestación del traslado del recurso de inconstitucionalidad sustanciado en baja instancia desde que en esta sede -y como consecuencia del traslado ordenado- podrá esgrimir no sólo aquellas defensas que refieren a la procedencia de la impugnación sino también las que se sustenten en los aspectos estrictamente formales.
Privatizaciones, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Batut, Néstor Daniel y otros c/ Caja  Nacional  de Ahorro y Seguro s/ incidente de tercería de dominio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Aun cuando el proceso de privatización haya quedado regido por el derecho público, de ello no puede derivarse la ausencia de tutela de los legítimos derechos de los acreedores, pues ello se opone a la legislación vigente en su integridad y a la Constitución por encima de la ley (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz, Wilfrida c/ Schonbrod G. y otro s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-05-15

Del escrito de interposición del recurso extraordinario de nulidad resulta que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 118 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial desde que dicha pieza procesal no ha sido suscripta por su presentante, resultando insuficiente la firma estampada por el letrado patrocinante.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de queja (procesal), permiso administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-18

Es requisito insoslayable de las tasas que el importe requerido sea calculado en base al costo de un servicio que el estado le brinda al contribuyente y que el monto recaudado esté destinado a solventar íntegramente ese servicio, circunstancia que no se verifica con los "derechos", dado que si bien pueden estar destinados a solventar un costo en que incurrió la Administración, ese hecho no es el que les da vida, sino la obtención de un permiso para realizar una actividad de otra manera prohibida . (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, acción de amparo, haber jubilatorio, existencia de otras vías, emergencia previsional, régimen de consolidación de deudas, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DEGANO, EGLE DE LA INMACULADA c/ GOBIERNO DE SANTA FE Y/U OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -AMPARO JURISDICCIONAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 149 AÑO 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-18

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la resolución de Alzada que no hizo lugar a la apelación formulada contra el rechazo del amparo promovido contra la Provincia y la Caja de Jubilaciones y Pensiones, por el que pretendía se dejara sin efecto el descuento deducido de sus haberes jubilatorios por imposición de la ley 11.373 y del decreto nro. 234/96, y se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 1, 5, 8, 9 (en cuanto modificó el art. 81 de la ley 6.915) y 13 (en cuanto modificó el art. 10 de la ley 8.288) de la primera, y 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 14 del segundo, así como la invalidez de los actos administrativos que se sustentaran en los mismos. Ello por cuanto la argumentación recursiva no alcanza a superar el nivel de una mera oposición con el criterio sostenido por los Vocales quienes, según sus fundamentos propios y admitiendo la posibilidad, a partir de la reforma constitucional, de declarar la constitucionalidad de normas en el marco del amparo (respecto de aquéllas de las que de modo directo derive el perjuicio invocado al ampararse, conforme lo aclaró el Vocal de primer voto), se pronunciaron por la inidoneidad de la vía intentada para el adecuado tratamiento procedimental del conflicto (correspondiendo, por consiguiente, sustanciarse por la vía contenciosa administrativa), conclusión, ésta, que se asentó en un exhaustivo análisis del caso a la luz de las pautas jurisprudenciales emergentes de precedentes de la Corte local.
Tasa de justicia, prueba anticipada, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: Larroca, Roberta c/ The First National Bank of Boston s/ Diligencia premiliminar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-20

La solicitud de producción de prueba anticipada, constituye actuación judicial en los términos de la ley 23898: 1, por tanto debe tributar tasa de justicia. Ello así, aun cuando -como en el caso- se promovió beneficio de litigar sin gastos con ulterioridad a la actuación judicial. Por su parte, la promoción del beneficio no tiene efectos retroactivos que permitan eximir la integración del tributo devengado en el momento en que fue pedida la "diligencia preliminar" en cuestión.
Seguros, seguro colectivo, beneficiario del seguro, incapacidad total, exclusión de la cobertura, acción por omisión, notificación fehaciente, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Coronado, Miguel Angel y otro c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-03

Cabe reconocer el derecho de los actores al cobro de las indemnizaciones prometidas en la póliza del contrato de seguro colectivo de vida e incapacidad que los unía con la demandada, toda vez que las restricciones a la cobertura que se introdujeron durante el vínculo asegurativo y que la aseguradora invocó para rechazar el siniestro no fueron debidamente notificadas a los aquí accionantes y, por ende, no les son oponibles. Es que el fundamento de ese rechazo fue que la póliza cubría los supuestos de incapacidad sólo si los trabajadores habían cesado en sus empleos antes de la denuncia y negando que, de todos modos, sufrieran un grado de incapacidad que superara el mínimo previsto en la póliza para la procedencia del pago de la indemnización pretendida y en ese marco, alegaron que la condición del previo cese laboral no les había sido comunicada. Al margen de manifestar que la alteración había sido comunicada mediante cierto boletín informativo de la policía de la Provincia de Buenos Aires. En ese contexto, cabe comenzar por señalar que la demandada, quien esgrimió la existencia de tal publicación como uno de los pilares centrales de su defensa, no aportó una copia de esa boletín junto con su contestación de demanda ni solicitó que se oficiara al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a fin de que remitiera un ejemplar o brindara alguna información relativa a la supuesta notificación por esa vía de la modificación introducida.
Sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL -PROCESAL CIVIL
Carátula: SUCESION DE J. INAUDI c/ E. L. REBORA Y CIA. S.R.L. s/ DEMANDA ORDINARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-04

Estando abierta y no dividida una sucesión, la condena de los herederos por la supuesta deuda contraída por el causante sólo puede ser pronunciada por el juez que entiende en el proceso sucesorio.
Acción de amparo, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Costa Bustamante, Mario Samuel s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-12-17

Específicamente en materia de acciones de amparo, el tribunal sostuvo que:"... entre los asuntos de competencia originaria del Cuerpo establecidos por el art. 157 de la Constitución de la Provincia no se encuentra el conocimiento en acciones o recursos de amparo"... (sentencias del 20.10.94 en los autos "Nélida Pereyra y Roberto Agustin Lemos Pereyra s/ Acción de Amparo en favor de Santiago Agustin Lemos Pereyra", expte. Nro. 027/94; del 23.06.94 en los autos "Horacio Rubén Maffei en Favor de Néstor Viera c/ Tribunal Federal en lo Criminal de Comodoro Rivadavia s/ Acción de Amparo", expte. 010/94; y del 02-03-95 en los autos caratulados:"Finis Terrae y Otros c/ Personas Indeterminadas s/ Acción de Amparo", expte. Nro. 069/95, entre otras).
Seguros, póliza, póliza facultativa, prescripción, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Velarde, Félix Gerardo c/ C.N.A.S. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

La póliza que amparaba a la actora era de carácter facultativo.

El artículo 33 de las Condiciones Generales para las pólizas facultativas establece que las "acciones emergentes de esta póliza prescriben al año de producido el hecho generador de la responsabilidad de cualquiera de las partes, computado desde que la pertinente obligación es exigible".
Prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CENTRAL MEDICA c/ L. CUCURELLI s/ Ordinario (LIBRO: S109 - 191)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-06-11

Invocando la parte accionada un hecho impeditivo de la relación sustancial afirmada en la demanda, a ella le incumbe probarlo soportando la carga de la afirmación y de la prueba de que las características definidoras de la falta de legitimación están realizadas en los hechos
Seguro por accidente de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, intervención de terceros, acción civil
Materia: LABORAL
Carátula: Bravo.  Angel  Fernando c/ Kraft Foods Argentina S.A. y otros s/ accidente-acción civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

La citación de una compañía de seguros no se enmarca, en principio, en las disposiciones del art. 94 del CPCCN, aún en el caso en que la citada sea una aseguradora de riesgos del trabajo y el reclamo transite el derecho común. Dicha intervención se encuentra regida por la ley de seguros, con independencia de quien citara a la compañía. A su vez, cabe destacar que no exite la posibilidad de que el trabajador perciba indemnizaciones distintas por el mismo hecho, es decir, no hay duplicación ya que la indemnización que se reconoce en los términos del derecho común, por ser plena, incluye el monto que se debió haber liquidado a la aseguradorado en los términos de la Ley de Riesgos. La exención de toda responsabilidad de la aseguradora en estos casos implicaría una lesión al empleador que se encuentra obligado a contratar el seguro y, consecuentemente, cubierto en esa medida frente a los eventuales infortunios de sus dependientes, y un enriquecimiento de la propia aseguradora, dada la existencia de un hecho que la habría obligado a pagar las sumas previstas por la ley 24.557. Las razones expuestas impiden la exclusión de la condena en los términos del art. 94 CPCCN e impone la aplicabilidad del art. 118 de la ley de seguros.
Acción de amparo, seguros, obligaciones del asegurador, indemnización, pago, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL
Carátula: COLACINO DE LOCANE MARIA R. Y OTRO c/ TOURING COOP. DE SEG. LTDA. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-23

Percibida la indemnización requerida al asegurador respecto del siniestro denunciado, el derecho a cuestionar la integridad del pago realizado, bien puede ser encauzado por las vías rituales ordinarias que se encuentran a disposición de todo justiciable, por lo que no habiéndose invocado impedimentos que obsten a tal proceder, la articulación de un recurso de amparo resulta improcedente. Siendo irrelevante a tal efecto la invocación del riesgo del eventual transcurso de la prescripción.
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, BARBADOS, pena de muerte, Pacto de San José de Costa Rica, violación de derechos humanos, responsabilidad internacional del Estado, proporcionalidad de la pena, violación del derecho a la vida
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Dacosta Cadogan c/ Barbados s/ excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2009-09-24

Resultan violados por Barbados el artículo 4, acápites 1 y 2 de la Convención Americana, en relación con su par 1.1, en perjuicio de quien sufrió una imposición ciega de la pena de muerte por horca -según la Ley de Delitos contra la Persona-, al encontrarlo culpable de homicidio, pues se trata de un castigo obligatorio que no distingue entre distintos grados de culpabilidad del acusado, ni toma en consideración las circunstancias particulares de cada delito.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, responsabilidad civil
Materia: LABORAL
Carátula: GALEANO, VICTOR ALBERTO c/ TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15

La víctima de un accidente in itinere puede reclamar contra su empleador (o, si éste se encuentra asegurado, contra la A.R.T.) la indemnización tarifada que contempla la ley especial, o bien optar por demandar al tercero según el derecho común. En este tipo de accidentes no puede atribuirse responsabilidad civil al empleador, dado que estos infortunios ocurren fuera del ámbito del control empresario.
Intereses punitorios, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SALTA c/ D'ANTONI, Antonio Plácido s/ EMBARGO PREVENTIVO - PREPARACION VIA EJECUTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-04-10

Los intereses punitorios comportan una cláusula penal moratoria prevista para el caso de mora del deudor, reclamable sin necesidad de probar perjuicio por parte del acreedor y sin que pueda eximirse aquél mediante la prueba de que los perjuicios no han existido o han sido menores. Se diferencian de la cláusula penal moratoria en que esta consiste generalmente en una suma fija e invariable cualquiera sea el tiempo de demora, en tanto que los intereses se calculan en proporción cuantitativa (a través de una tasa porcentual) y temporal porque se acrecientan gradualmente a medida que se demora el pago del capital debido. De manera que no existe obstáculo legal para que se establezca por convención el pago de una indemnización distinta a la de los intereses moratorios.
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: García, Eulalia c/ Telese, Miguel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-02-20

Si se determinó "sobre" la cuantificación indemnizatoria los correspondientes intereses "a la tasa pasiva" (arts. 163 inc. 5 del C.P.C.; 509, 612, 622 del C. Civil), corresponde advertir que esos accesorios, como es público y notorio, a partir de las aludidas circunstancias extraordinarias se han incrementado notoriamente en el mercado bancario, y no se ha demostrado por el recurrente que eventualmente los guarismos de indexación -que reitero legalmente no puedan valorarse- no queden "enjugados" con esas tasas de intereses (art. 17 C.N.; arts. 375 del C.P.C.; 519, 619, 622, 1083 del C. Civil).
Competencia contencioso administrativa y tributaria, caducidad de instancia, impulso procesal, recurso de inconstitucionalidad, cédula de notificación, doctrina de la arbitrariedad, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Ferrer, Iván Augusto s/ ejecución fiscal - ing. brutos convenio multilateral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

Si el trámite del recurso de inconstitucionalidad ha perimido, no cabe ya pronunciarse a su respecto, ni denegándolo, ni concediéndolo, ni resolviéndolo, ni en modo concebible alguno. Ello así, pues la perención constituye un modo, ciertamente anormal de extinción del proceso o, en el caso, del recurso; es decir, producida, enerva la jurisdicción en el trámite extinguido. Si esto hubiere dispuesto el a quo, la vía para impugnar su decisión habría sido un incidente planteado en la instancia, pero en el caso, la Cámara denegó el recurso de inconstitucionalidad, pronunciamiento cuya impugnación tiene prevista la queja que presentó el recurrente. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Ministerio Público Fiscal, acusación, Constitución Nacional, sistema republicano, deberes del juez, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: G., J.; M., S. B. s/ Promoción a la prostitución s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

En cuanto a la forma de actuación de los representantes del Ministerio Público Fiscal, el art. 60 del Código de Procedimiento Penal de la provincia dice que éstos formularán motivada y específicamente sus requerimientos y conclusiones y nunca podrán remitirse a las decisiones del juez.

Tal exigencia viene impuesta por la forma republicana de gobierno, que obliga a todos los funcionarios de la república a expresar los fundamentos y razones de su actividad, pues no hay otra forma de verificar el adecuado cumplimiento de su tarea.

El control de la motivación de tales actos se encuentra en manos de los jueces, toda vez que la sanción de nulidad procesal les pertenece, en la advertencia de todo apartamiento del estándar jurídico del derecho positivo (art. 14 y 28 C.N.).
Concubinato, sociedad de hecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOLINA ANTONIO c/ ELVITA TERESA TONANI s/ DISOLUCION SOCIEDAD DE HECHO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-06-08

El concubinato no supone la existencia de una sociedad de hecho entre los concubinos, ni origina presunción alguna en su favor, pero tampoco la excluye, debiendo quien la invoca probarla con prescindencia de tal antecedente, acreditando la existencia de aportes y trabajos comunes que acrecienten el caudal económico, formando un capital mediante el esfuerzo personal de ambos.-
Seguros, seguro de responsabilidad civil, asegurador, citación en garantía, liquidación del asegurador, patrocinante, honorarios, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUSCONI DE VAZQUEZ, ROSA c/ VIVAS, ROBERTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

En un proceso en el que se acciona por daños y perjuicios, contra una empresa de transporte y su chofer y se cita en los términos de la ley 17418: 118 a la aseguradora de la transportista, resulta improcedente que la asegurada -ante la liquidación de la compañía de seguros- se niegue a afrontar los honorarios del letrado designado por la entidad en liquidación. Ello, pues toda tarea que una persona desempeñe en favor de otra se presume remunerada y quienes desarrollan alguna función deben percibir una remuneración. En el caso de la locación de servicios -que es el capitulo en el que se incluye la labor de los abogados-, también rige este principio (CCIV 1627); por lo tanto los letrados tienen derecho a reclamar su honorario de quien generara la tarea. Si bien es cierto que la asegurada no eligió libremente quien seria su abogado dentro del proceso, sino que debió aceptar el designado por la aseguradora, sin embargo, esta situación en nada perjudica al letrado por cuanto la transportista accionada, al momento de concretar la contratación, acepto dicho mecanismo, y por otra parte, porque la tarea fue efectivamente realizada tanto en favor de la compañía como del asegurado; de lo que cabe concluir que, independientemente del resultado del pleito, se vio beneficiado al recibir asesoramiento jurídico y asistencia dentro del juicio.
Interpretación de la ley, justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Agosti, Orlando Ramón s/ incidente de excarcelación-causa N 20.129.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-11

La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia no pueden prescindir de la significación jurídica de las normas aplicables al caso que consagra su versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu. La admisión de soluciones notoriamente injustas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial.
Cédula de notificación, instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Argentini,  Silvia  y  Molinaro,  Alba s/ expediente Nro.239 del Colegio Público de Abogados -Tribunal de  Etica-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-31

La cédula constituye un instrumento público y hace plena fe de su contenido, por ello, no puede admitirse la impugnación que se efectúa para quitar a las manifestaciones insertas en aquél la fuerza de convicción que le confiere la ley y tampoco es suficiente a ese fin la mera afirmación en contrario de los impugnantes, que sólo ofrecen como prueba la confesional del mismo oficial público que extendió el acta, quien no puede contradecir ni variar su contenido, salvo que atestiguase que actuó por dolo o violencia, y esa circunstancia no fue invocada por las peticionantes (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).