marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Apercibimiento, balance, presentación tardía de la documentación
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Inspección General de Justicia  c/ I.A.L. S.A.  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-07

Se reduce la multa impuesta a la fijación de un apercibimiento ya que dicha sanción guarda mejor proporción respecto de la entidad de la falta cometida (incumplimiento de presentación de los balances y la denuncia de sus autoridades dentro del plazo establecido por la ley) y parece más acorde a la inexistencia de antecedentes sancionatorios por incumplimientos en esta materia de la recurrente, con lo cual se atiende a una razonable criterio gradual, a fin de dar auténtico sentido al ejercicio del poder disciplinario
Transacción, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Freijo A. c/ Hernández M. s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-04

Se aplicarán las reglas generales establecidas por el art. 68 y concds. del ordenamiento procesal. Si el juicio está prácticamente concluido, de manera que sea posible analizar la cuestión sustancial debatida, tal análisis debe hacerse aunque más no sea para poder determinar la carga de las costas respecto a quienes no celebraron el convenio. si, por el contrario la transacción se realiza sin estar concluido el procedimiento, no se justificaría seguirlo al solo efecto de establecer las costas; en tales supuestos se ha entendido que la parte actora debe hacerse cargo de las costas de los codemandados que no intervinieron en el acuerdo, habida cuenta que se considera que existió un desistimiento tácito de la acción o que se mantiene la presunción de que la demanda no hubiese progresado con él o ellos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrabando, factura, instrumentos privados
Materia: ADUANERO-PENAL
Carátula: Ruiz, Dolores s/ Mitchell, Yacobucci, García
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-18

El documento presentado por la imputada consistente en "factura de reexpedición", cuyo contenido no responde al verdadero monto de la mercadería negociada, no resulta, de acuerdo a los criterios que regulan los documentos privados, un documento falso, pues el emisor efectivamente ha sido aquel que declara. La falta de veracidad de contenido hace a los aspectos "ideológicos" del instrumento y es un medio engañoso para el control de la autoridad aduanera que satisface las exigencias del injusto típico del art. 864 inc. b) del C.A., pero no la de la figura agravada -Art. 865 inc. f- que reclama una "falsedad documental" en términos de estricta legalidad y taxatividad penal. (Dres. Yacobucci, Mitchell y García).
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, orden del día, acción de nulidad, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Isabella, Pascual c/ Bingo Caballito SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-21

Procede confirmar la resolución que declaró que la decisión de iniciar acciones contra el actor era nula pues no había sido incluida en el orden del día de la convocatoria a la asamblea, no era un tema que estuviera contemplado dentro de las excepciones previstas en la LGS 246 y tampoco tenía una conexión directa con el tema que se encontraba bajo análisis al momento de tomar esa resolución -la prórroga de la vigencia de la sociedad-. Ello por cuanto, el orden del día funciona como una garantía para los accionistas participantes de la asamblea ya que asegura su posibilidad de intervención seria en la deliberación, protegiéndolos contra sorpresas (Zaldívar Manóvil - Ragazzi - Rovira, Cuadernos de Derecho Societario, t. II, segunda parte, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1982, pág. 353). El orden del día debe ser escrito de manera clara, precisa y completa porque delimita la competencia de la asamblea, excepto en los casos previstos en los incisos de la LGS 246 (Halperín, Isaac, Curso de Derecho Comercial, vol. II, Depalma, Bs. As., 1980, pág. 377), resultando nulas las decisiones sobre materias extrañas a las incluidas en él (LGS 246).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, renuncia de derechos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Riglos de Gowland Llobet, Angélica y ots. c/ Quenque S.A. y ots. s/ Cobro de australes. Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Determinar si han mediado actos con los cuales pueda conformarse un supuesto de renuncia tácita constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser reexaminada en la instancia extraordinaria si se pone en evidencia que la conclusión del fallo al respecto deriva de una absurda valoración de las circunstancias fácticas.
Certificado de trabajo, indemnización agravada, consignación de documentos
Materia: LABORAL
Carátula: SAFA CARLOS FRANCISCO c/ PERTENECER S.R.L. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-30

El certificado no reúne la totalidad de los recaudos establecidos en el art. 80 LCT en la medida que no especifica las diferentes categorías profesionales que tuvo el trabajador y, si bien la empleadora manifestó que el certificado habría estado a disposición, no hay evidencia objetiva de que tal circunstancia haya sucedido ya que no hay constancia de su intención de entregarlo en la instancia administrativa ni se efectuó la consignación judicial del mismo. Por ello, el reclamo indemnizatorio efectuado con base en la disposición mencionada debe recibir favorable acogida.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, obras sociales
Materia: PROCESAL
Carátula: Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Chubut, Provincia del s/ ejecución fiscal c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-28

Una obra social sindical es propiedad de todos los trabajadores que la componen (art. 12 de la ley 23.660), incluidos aquellos que se domicilian en la misma provincia demandada, por lo tanto, no se trata de una organización cuyos miembros sean en su totalidad vecinos de una provincia distinta a aquella contra la cual se demanda y no se encuentra acreditada entonces la distinta vecindad que habilite la competencia originaria de esta Corte, de acuerdo con los arts. 116 y 117 de la Constitución y los arts. 1°, inciso 1°, 9°, 10 y 11 de la ley 48 y 24, inciso 1° del decreto-ley 1285/58 (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C, R. c/ B, DE C. N. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-25

Si bien el juzgador queda en libertad de efectuar la calificación jurídica pertinente con prescindencia de la rotulación legal efectuada por las partes, debe hacerlo dentro de los hechos o categorías de hechos puntualizados en los escritos de demanda y contestación.-
Prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Riominsa Sociedad Anónima c/ Gobierno de la Provincia s/ Ordinario-II Cuerpo-Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-08-31

Si bien es verdad que el Juez está facultado en virtud de la norma del artículo 370 del C.P.C. para valorar la prueba pericial conforme la sana crítica, razón por la cual él puede apartarse de las conclusiones allegadas por el técnico no es menos cierto que en cuanto el informe pericial conforma la necesidad de una apreciación específica del campo del saber del perito, para desvirtuarlo es imprescindible traer los elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiera hecho de los conocimientos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado.
Falta de acción, querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MON, MARIA.V. s/ FALTA DE ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

Si bien he votado con anterioridad aceptando que por via de la excepcion de falta de accion se excluya al querellante, un nuevo y detenido analisis del problema me lleva a rechazar que, por este camino, se puede excluir a un sujeto procesal, mas aun cuando el texto legal no lo permite. En efecto, el art. 339, inc. 2°, C.P.P.

Es expreso al hablar de falta de accion. No es el caso analizado; el supuesto que la accion no haya sido legalmente promovida, ni que esta no se haya podido proseguir, ni que estuviese extinguida. Asi es que analizando el tema en profundidad la excepcion de falta de accion se refiere a esta, y no al querellante, que no es sujeto principal de impulsion de la accion. (Fundamentos del Dr.Donna).
Marcas, legitimación activa, interés legítimo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: GLAUBACH, ROBERTO ALEJANDRO c/ HCA SA s/ CESE DE USO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-10

El interés legítimo previsto por el art. 4 de la ley 22362 debe ser interpretado con criterio amplio y tal interés existe cuando el oponente demuestra un perjuicio real o posible. A mas abundamiento esta Cámara ha resuelto que el licenciatario de una marca, alrededor de la cual giran intereses en defender la pureza de su signo evitando confusiones que proyectarían perjuicio cierto sobre su actividad negocial.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, acto administrativo, legalidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miniello, Jorge Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente  de suspensión de medida administrativa (Expte. CSJ Nº 337- 92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-11

No puede prosperar el pedido de suspensión de medida administrativa fundamentada en su supuesta ilegalidad, si el actor no especifica concretamente cuáles serían los aspectos soslayados por la Administración, no demostrando, por ende, si tales omisiones son idóneas en relación a la pretensión incidental.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, médicos, delitos
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: M, M. M. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Omisión de  actos de oficio (Expte. CSJ Nº 728-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-02

Corresponde rechazar la queja puesto que si bien en el escrito recursivo la defensa del justiciable imputa a la decisión carecer de las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, invocando diversos vicios en que habría incurrido el Tribunal a quo al revocar la decisión absolutoria emanada del Juez Correccional, no logra demostrar que la respuesta dada por aquél, en ejercicio de funciones que le son propias -al concluir que debía receptarse la tesis del representante del Ministerio Público en orden a subsumir su conducta en el tipo previsto en el artículo 249 del Código Penal por cuanto que "al rehusar la prestación de un servicio que estaba obligado a realizar, por su condición de médico y funcionario público, está incurriendo en una actitud dolosa por la negativa a atender"-, pueda reputarse ilógica o irracional, a punto tal de justificar la descalificación de la decisión impugnada como acto jurisdiccional válido. En efecto, la decisión recurrida, tras dejar a salvo su opinión de que había mediado una deficiente investigación del caso en baja instancia, llega a la conclusión de que había existido un comportamiento ético y funcionalmente inadecuado del médico, ya que habiendo sido convocado telefónicamente al Hospital para atender a una niña dentro de su turno de guardia y pese a haberse trasladado al centro asistencial, rehusó cumplir con su deber.
Confirmación de sentencia, acción de amparo, universidades nacionales, acceso a la información pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: San Román, Ignacio c/ Universidad Tecnológica Nacional s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-18

Confirma la sentencia de primera instancia. Determina que a las Universidades Nacionales se les aplica las previsiones de la ley 27.275, no encontrándose dentro de las excepciones contenidas en el art. 8° de la mencionada ley. Ordena brindar la información requerida en autos de manera completa al accionante.
Salud del imputado, prueba, intención de eludir la acción de la justicia, prisión perpetua
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-29

El voto concurrente agregó que lo resuelto no logra desvirtuar las especiales consideraciones que habilitaron el dictado de la medida cautelar, máxime cuando la causa se encuentra próxima a la realización del debate, que si bien fue público y notorio el incendio que azotó al tribunal, pasaron más de dos meses sin que se fijara fecha de audiencia, que tampoco los sentenciantes fundaron en pruebas concretas su consideración acerca del "cuadro actual de salud del imputado" que reduciría el riesgo de fuga, ya que al no encontrarse en arresto domiciliario, ello refleja que su estado de salud no sería tan grave como para afirmar que no estaría en condiciones físicas para eludir la acción de la justicia, y menos aún funda su decisión el argumento acerca de que la libertad no se tornaría efectiva ya que se encuentra a disposición de otro tribunal atento a la pena de prisión perpetua en su contra, pues se tiene que atender a las circunstancias obrantes en autos que habilitaren o no a la procedencia del beneficio excarcelatorio, no a depositar a otro órgano jurisdiccional el control del imputado, y si bien resulta atendible el hecho de que lleva detenido en prisión preventiva en los actuados más de cinco años, el tiempo máximo establecido por la normativa aplicable no resulta perentorio, menos aún en causas como la de autos en las que se investigan graves hechos violatorios de derechos humanos. (Dres. Borinsky, Gemignani -voto concurrente-, Hornos).
Cesión de derechos, subasta de inmuebles, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: JOSE LOYACONO c/ JOSE LUIS LAVIERI s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-26

Los CCIV 1327, 1435, 1444 y concs. autorizan la enajenación forzada de derechos y acciones; mas tal facultad debe ser ejercida atendiendo a las posibilidades fácticas de concreción del negocio.

Procede subastar los derechos de la ejecutada respecto de un inmueble adquirido mediante contrato documentado bajo forma privada, reconocido por los vendedores y por el propio ejecutado, pues está determinado el objeto de esos derechos.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, restitución de bienes
Materia: PENAL
Carátula: Cairoli, María Julia; Canga, Ricardo Néstor; Fazzina, Pablo Rodolfo s/ Estafa en forma continuada y robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Constituye atenuante la parcial recuperación de lo sustraído de acuerdo a lo prescripto por el inc. 1 del art. 41 del Código Penal, en el que se legisla sobre lo objetivo del hecho, sin perjuicio de lo resuelto por la Cámara respecto del subjetivismo de los procesados propio del inc. 2 del artículo citado.
Reclamo administrativo previo, pronto despacho, oportunidad procesal, agotamiento de la instancia administrativa, entes autárquicos, recurso de alzada, interposición del recurso, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Electroingeniería S. A. c/ Dirección de Energía de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción E  ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-01

Si el pedido de pronto despacho por parte de la actora fue realizado once meses después del reclamo administrativo, ya se encontraba excedido en demasía el plazo de 90 días corridos previsto en el art. 118 del C.P.A. de conformidad con el art. 165 de la Constitución Provincial, y por lo tanto configurado el acto de ficción por denegatoria tácita ante el silencio de la administración al no haberse resuelto la petición en el plazo de tres meses por el órgano competente. Ante esta inercia administrativa el actor tenía a su disposición habilitar competencia en tiempo oportuno -art. 118 última parte- y agotar la vía recursiva prevista -art. 123- mediante el Recurso de Alzada, por tratarse la demandada de un ente autárquico, el que denegado o sustanciado recién habilita la vía judicial. Por ello no corresponde ejercer a esta Corte de Justicia su jurisdicción, por falta de agotamiento de la vía administrativa previa, lo que torna el ejercicio inoportuno, por extemporaneidad de la acción deducida.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Frankenberg de Weissenberg de Hernandez, Eva c/ Panaderia Roma y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1975-10-28

Habiéndose excedido el plazo máxime dentro del cual debía pronunciarse la sentencia, ésta en consecuencia es nula y así debe declararse, siendo idónea la vía de la apelación por cuanto la nulidad se halla comprendida en la preceptiva del artº 253 del CPC.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, Derecho Tributario
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Consultatio S.A. (TF 14.572-I y acum. 14.573- I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

El Estado debe prescribir claramente los gravámenes y exenciones, para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria (Disidencia parcial del Dr. E. Raúl Zaffaroni). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, subrogación legal, hipermercado, alquileres, responsabilidad de la concesionaria, robo de automotor, obligaciones de resultado, eximentes de responsabilidad
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Zurich Aseguradora Argentina SA c/ Coto CICSA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-16

Todo ello es suficiente para tener por probado que la sustracción de los rodados, y por la cual el accionante abonó a su asegurado el monto aquí reclamado, sucedió tal como fue denunciado por la concesionaria, por responsabilidad del hipermercado demandado ante la falta de las diligencias mínimas que eran esperadas en el marco del contrato de garaje, pues era él y no el concesionario, quien debía adoptar las medidas de seguridad necesarias para cumplir acabadamente con el deber de custodia asumido, reintegrando la cosa guardada a su titular.
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, supervisión de cumplimiento de sentencia, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, derechos políticos, responsabilidad internacional del Estado, derechos de los pueblos indígenas, NICARAGUA, reforma legislativa
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Yatama c/ Nicaragua s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-11-29

Conforme las atribuciones otorgadas por los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana, 25 y 30 del Estatuto del Tribunal y 29.2 de su Reglamento, debe la Corte Interamericana continuar con el proceso de supervisión de cumplimiento de la sentencia que declaró la responsabilidad internacional de Nicaragua -23 de junio de 2005, Serie C No. 127-, en violación a los derechos políticos de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales presentados por el partido político regional indígena "Yatama", pues no ha cumplido con el deber de adoptar las medidas legislativas necesarias para establecer un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita controlar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que afecten derechos humanos, lo que deberá ser instrumentado en el marco de un plazo razonable.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, igualdad entre acreedores, síndico del concurso, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: PROTEIN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-09-29

En relación al agravio que versa sobre la imposibilidad concreta de apartarse en autos de la doctrina sentada en el pleno "Auto Sprint", más allá de la referencia a si dicho fallo resulta o no obligatorio, el vicio radica -a criterio del recurrente- en que tal doctrina se aplicó a otros acreedores en el mismo proceso, lo que importó un trato desigual entre acreedores beneficiando a dos anteriores y perjudicando al tercero; mas en el caso no se discute el acceso del acreedor a la satisfacción de su acreencia, sino de una cuestión vinculada al reconocimiento o no del derecho de la Sindicatura a que se le regulen honorarios por determinadas actuaciones que quedan fuera del artículo 265 de la ley 24522, que los Juzgadores explicaron con suficiencia en la sentencia impugnada; no obstante lo cual, aún si se enmarcara su reclamo en una vulneración de su derecho a igualdad, la respuesta también le resultaría desfavorable puesto que el cambio de criterio aludido no deriva solamente de la modificación de la integración del Tribunal -como intenta hacer ver la compareciente- sino y fundamentalmente de la evolución doctrinaria y jurisprudencial que ya evidenciaba la postura asumida en el precedente mencionado, circunstancia que en modo alguno puede entenderse como generadora de arbitrariedad. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhirió el Dr. Gutiérrez)
Acción de amparo, medida de no innovar, bases para la reconstrucción de la economía Argentina
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Millet, Luis Alberto c/ Galeno Argentina SA s/ amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-01-18

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por un jubilado que entre diciembre y enero sufrió una suba del ochenta y cinco por ciento de su plan y readecuar las cuotas correspondientes a su plan asistencial, dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23 del PEN, limitándose a efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en los términos del art. 17 (no sustituido) de la ley 26682 hasta tanto se dicte sentencia definitiva, toda vez que por aplicación de los principios que rigen la preservación de la salud y la vida de las personas, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora aparecen como inminente, pues el decreto modifica el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga y de las obras sociales (Ley 26682) derogando las funciones de la autoridad de aplicación, quien fiscalizaba el cumplimiento de las prestaciones, los contratos y planes y fundamentalmente en el artículo 17 (sustituido) que debía fiscalizar y garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales, debiendo autorizar el aumento cuando el mismo este fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable calculo actuarial de riesgos.