Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-27


2a Instancia. Buenos Aires,27/11/2009 El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Llegan estos autos a la alzada con motivo de los agravios que contra la sentencia de fs. 524/529 interpusiera el demandado Juan González Fernández a mérito del memorial obrante a fs. 543/544, con réplica de la parte actora a fs. 548/551.

Asimismo la perito contadora apela, a fs. 540, los honorarios que le fueran regulados, por considerarlos reducidos.

2º) Se agravia el demandado por la extensión de la condena contra a su respecto. Sostiene que de las constancias de autos sólo es posible inferir que el señor Albornoz realizaba tareas para la persona jurídica De Pablo S.A. (cuya presidencia ejerce el propio González Fernández) pero en modo alguno se ha demostrado en autos que el ente societario haya sido maliciosamente pergeñado para violar normas laborales, así como que haya tenido un objeto societario ilícito. También cuestiona el rechazo de la demanda contra la compañía de seguros, que su parte citó en garantía.

3º) La queja por la extensión de la condena contra la persona física Juan González Fernández será desestimada. Al respecto cabe recordar que tanto la sociedad demandada como el propio González Fernández -ambos con ídéntica representación letrada- desconocieron rotundamente la existencia de vínculo laboral alguno con el señor Albornoz, quien como luego se demostró en autos cumplió tareas durante poco más de dos años como vigilador del depósito de bebidas explotado por la firma "De Pablo S.A.", de la cual González Fernández es socio y presidente del directorio.

Sin embargo la relación laboral mantenida con el actor permaneció en la clandestinidad y fuera de toda registración. La perito contadora no pudo cotejar los libros de dicha sociedad por exclusiva responsabilidad de esta última (ver fs. 293/303) por lo que se tornó operativa en autos la presunción del art. 55 de la LCT.

Contrariamente a lo que parece entender la recurrente, la conducta referida en el párrafo precedente constituye un típico fraude laboral y previsional, ya que tiene normalmente por fin último la evasión al sistema de seguridad social. Se perjudica al trabajador, que se ve privado de todos los beneficios sociales, al sector pasivo, que es víctima de la evasión, y a la comunidad comercial en cuanto al disminuir los costos laborales pone al autor de la maniobra en mejor condición para competir en el mercado que la reservada a otros empleadores respetuosos de la ley (en este sentido esta Sala X, SD 4.305 del 30/6/98 dictada en autos "Walter Nelson Eduardo c/Masri David y otro s/despido"; SD 4.699 del 31/8/98 in re "Gauna Marýa c/Nerone Jorge Dante y otros s/despido", entre muchos otros).

El art. 54 de la ley 19.550 (último párrafo agregado por la ley 22.903) dispone: "La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados". No podrá decirse que la falta de registro de un trabajador encubre la consecución de fines extrasocietarios, puesto que el principal fin de una sociedad comercial es el lucro; pero sí constituye un recurso para violar la ley (las normas antes citadas), el orden público (el orden público laboral expresado en los arts. 7, 12, 13 y 14 LCT), la buena fe (que obliga al empresario a ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador, art. 63 LCT) y para frustrar derechos de terceros (a saber, el trabajador, el sistema previsional, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial).

A igual resultado se arriba por aplicación de lo dispuesto en el art. 274 de la ley 19.550 toda vez que en el caso del codemandado González Fernández es el presidente del directorio de una sociedad anónima que ha producido daño a un tercero, como es el trabajador.

Es por ello que en el contexto referido y en el marco impuesto por los términos de la presentación recurrida, entiendo que corresponde confirmar lo decidido en grado en relación con la responsabilidad que le cabe a la persona física demandada en el infortunio que le costara la vida a su dependiente el señor Albornoz.

4) Asimismo se agravia el demandado por la eximición de responsabilidad de La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. por la falta de pago de la póliza denunciada en autos.

Refiere el recurrente que el siniestro ocurrido el 11/3/06 fue denunciado a la aseguradora el 23/3/06, la que anuló la póliza por falta de pago recién el 24/8/06, por lo que dicha anulación resultó extemporánea y no eximiría a la compañía de seguros de su obligación de indemnizar.

Adelanto también en este aspecto mi postura contraria al afán revocatorio del accionado. Si bien la citada en garantía anuló la póliza contratada por De Pablo S.A. el 24/08/06 -esto es encontrándose vencido el plazo de 30 días para pronunciarse sobre los derechos del asegurado- lo cierto es que los efectos del contrato de seguro celebrado con La Meridional se encontraban suspendidos por falta de pago con anterioridad al momento del infortunio. Ello es así por cuanto el primer y único pago efectuado por la empleadora a favor de la aseguradora tuvo lugar el 14 de marzo de 2006 (ver fs. 302) esto es con posterioridad 11/3/06, fecha del infortunio de autos. Es decir que más allá del momento a partir del cual se produjo la anulación de la póliza, los efectos del seguro se encontraban suspendidos por falta de pago con anterioridad al infortunado episodio sufrido por Albornoz.

En este sentido se ha expedido el Alto Tribunal al sostener que es procedente la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la aseguradora si se demuestra que la empleadora asegurada, al tiempo de la ocurrencia del siniestro, estaba en mora en el pago de la prima y está establecido en la póliza la automática suspensión de la cobertura cuando existiere un incumplimiento en los plazos de pago. No hay razón legal ni contractual para hacer extensiva la responsabilidad a la aseguradora por el siniestro del caso pues conforme con la ley 17.418 las obligaciones de dicha compañía de seguros son impuestas dentro de los términos pactados en la póliza y la misma ley determina que el contrato es la fuente de sus obligaciones con los alcances y límites de la garantía debida (Fallos 319: 3489; CSJN fallo del 15/4/99 en autos "Yegros Abel B. c/ Tormal S.A. y otro", DT 1999-B pág. 2656). Es por ello que también en este aspecto propongo confirmar el decisorio de grado.

5) En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, facultades del art. 38 de la LO y normativa arancelaria vigente, estimo que los honorarios regulados a la perito contadora resultan equitativos, por lo que propicio sean mantenidos (art. 38 L.O. y cctes. ley arancelaria; arts. 3 y 12 decreto ley 16.638/57).

Por lo expuesto, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar el decisorio de grado en todo cuanto decide y ha sido materia de recursos y agravios; 2) Costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios de los firmantes de fs. 543/544 y 548/551 en el 25% de lo que le corresponda a la representación letrada de cada una de sus partes por su actuación en la instancia anterior (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que antecede, adhiero al mismo.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el decisorio de grado en todo cuanto decide y ha sido materia de recursos y agravios; 2) Costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios de los firmantes de fs. 543/544 y 548/551 en el 25% de lo que le corresponda a la representación letrada de cada una de sus partes por su actuación en la instancia anterior.

Se deja constancia que se encuentra vacante la tercer vocalía (art. 109 R.J.N.). DANIEL E. STORTINI. GREGORIO CORACH.

á L.A.