marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: ZARAGOZA CARLOS DANIEL c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-02-14

La resolución 7/89 del Consejo Nacional Salario mínimo vital y móvil - Boletin Oficial 27/06/89, estableció en australes veinte mil elel salario mínimo vital y móvil a partir del 1/7/89 manteniéndose sin modificaciones hasta el allanamiento de la demandada y depósito de la indemnización, de modo tal que no contempló la hiperinflación que se desató en el mismo mes de entrada en vigencia y que redujo desde su inicio el valor fijado de tal manera que el valor fijado quedó desvirtuado constituyendose en un medio de despojo de indemnizaciones de alto contenido social vulnerante de derechos de jerarquía constitucional como los de igualdad (artículo 16 Contitución Nacional) de la propiedad (artículo 17 Contitución Nacional) y la misma institución del salario mínimo vital y movil (artículo 14 bis Contitución Nacional)
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, fiscal general, remoción de funcionarios públicos, procesamiento, declaración indagatoria, Constitución Nacional, presunción de inocencia
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Molinas, Ricardo Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Como el procesamiento, o llamado a prestar declaración indagatoria, es una resolución que no causa estado, su invocación en los fundamentos del decreto 265/91 para proceder a la remoción del Fiscal General de Investigaciones Administrativas, de ningún modo puede afectar la presunción de inocencia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional, sólo susceptible de ser alterada por una sentencia de condena.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montezanti, Néstor Luis c/ Renda, Alicia María s/ Incidente de rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

El art. 144 de la ley 5177, al igual que el art. 8 de la ley 8904, en cuanto dispone que el abogado o procurador podrá pedir regulación por los trabajos efectuados en cualquier estado del pleito, quedando en este caso ipso iure anulado el pacto, establece una norma tan terminante que no es susceptible de interpretaciones.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, lugar del hecho, falsificación de documentos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Tiscornia, José A. s/ denuncia falsificación de documento público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

El lugar de creación del instrumento público falso por principio es dirimente de la competencia en los delitos de falsificación de documentos.
Prescripción, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: FISCHER, Enrique Daniel c/ SOC. ARG. DE AUTORES Y COM. DE MUSICA S.A.D.A.I.C. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

En materia de prescripción se debe estar a su interpretación restrictiva y aceptarse la solución más favorable a la subsistencia de la acción.-
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FALU, EDUARDO -VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.A.D.A.I.C.) s/ RECURSO EXTRAORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 825 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Esta Corte -en sucesivas integraciones- ha sostenido que las decisiones adoptadas en ejercicio de sus funciones de Superintendencia de la Administración de Justicia -artículo 92, inciso 2) de la Carta Magna de la Provincia- son irrecurribles, y que tampoco son susceptibles de ser impugnadas por la vía regulada por la ley 7055 -que solamente es deducible contra las "decisiones definitivas de los tribunales inferiores", por lo que, en su caso, aquellas sólo podrían ser objeto del remedio extraordinario federal previsto por el artículo 14 de la ley 48
Sentencia absolutoria, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: IBAÑEZ, CARLOS ANTONIO c/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-EXPDTE Nº 143- AÑO 1990 (ACUMULADOS:"SOSA,  EUSEBIO M. C/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Y  "PEREZ, RAMON ELISEO Y OTRO C/MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y OTRO S/  DAÑOS Y PERJUICIOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-12

La absolución del acusado en sede criminal no hace cosa juzgada respecto de la culpa del autor del hecho, en cuanto a su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados. Puede no existir delito y haber culpa, imprudencia o negligencia que obliguen al agente a resarcir los daños causados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, incidentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA GENERAL SAN MARTIN s/ Concurso Preventivo s/Inc. Revisión prom. por A.F.I.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-04-27

En el análisis de la cuestión procesal se aprecia que el artículo 278 de la Ley 24522 establece la aplicabilidad de las normas procesales locales en todo aquello que no esté expresamente dispuesto en esta ley específica.

Para el tema de los incidentes, como el del caso, si bien el artículo 285 limita la apelabilidad a la resolución que pone fin al litigio, establece excepciones entre las que contempla como revocables por la alzada "resoluciones que deciden artículo". Tal es el caso de la que desestimó la caducidad tornando la especificidad de esta normativa inaplicable al caso el principio consagrado en la ley ritual local.
Regímenes jubilatorios especiales, empleados de banco, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carames, José Jorge c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06

La circunstancia de hecho de no realizarse aportes sobre la asignación "no remunerativa para gastos de representación" no implica que no se trate de remuneraciones sobre la que los mismos deben efectuarse en el sentido de la ley 5678. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, Ferrocarriles Argentinos, responsabilidad del Estado, responsabilidad civil
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROGELIO JESUS GOMEZ c/ ALDO PASCUCCI Y OTRO. s/ COMPETENCIA FEDERAL    DEMANDA LABORAL    FERROCARRILES ARGENTINOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

El art. 39 de la ley 18360 dispone que el Estado Nacional garantiza el pago de las deudas de la Empresa y sufraga con cargo a rentas generales los déficit que se produzcan de acuerdo con las previsiones de los arts. 26 y 2(, lo que evidencia que los juicios en que la Empresa Ferrocarriles Argentinos intervenga interesan a la Nación, ya que podría encontrarse comprometida su responsabilidad Civil.
Empleados públicos, cesantía, universidades
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PALMUCCI, RAUL GILFREDO c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR s/ PRESCINDIBILIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-18

Resulta inválida -por carecer de la debida motivación e implicar una "cesantía encubierta"- la prescindibilidad dispuesta por el Interventor Militar de la Universidad Nacional del Sur con base en la ley 21.260, y confirmada por el Ministerio de Cultura y Educación, que cambió su fundamento por el de los arts. 1 y 2 de la ley 21.274. Ello así, pues resulta indudable que la voluntad de remover no obedeció a la consideración de circunstancias generales del servicio no atribuibles a la persona del agente, sino a las descalificadoras causales a que se refiere la mencionada ley 21.260.
Calumnias, cuestiones prejudiciales, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Y. N., D.R. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-09-05

Cabe destacar que nuestro ordenamiento procesal penal no contiene una norma legal que en forma expresa ordene la paralización, con lo que permanece dentro de las facultades del juzgador decidir la continuación o suspensión del trámite de la querella por calumnias, de acuerdo a las circunstancias del caso y a las pautas de la sana crítica (del voto del Dr. González Godoy).
Confirmación de sentencia, daño moral, indemnización, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Faiazzo, Alejandra María y otros c/ Municipalidad De Neuquén s/ acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-04

Corresponde que sea confirmado el daño moral, por cuánto no cualquier inquietud, molestia, perturbación o desagrado hace procedente la indemnización, máxime cuando ésta tiene su origen en la afectación de bienes puramente materiales. Lo expuesto se traduce, entonces, en una apreciación estricta, tanto en lo que concierne al comportamiento de la parte incumpliente, como en la apreciación de las repercusiones que pudo generar" (cfr. Acuerdo N° 1065/04 en autos: "Álvarez", entre otros). Es decir que, para que nos encontremos frente a un daño moral resarcible, es necesario que el padecimiento tenga una entidad tal, que trascienda las meras dificultades o turbaciones que puedan producirse a raíz de un incumplimiento contractual (sea un incumplimiento absoluto de la prestación debida o se trate de un cumplimiento tardío, como en el sub exámine). (Del voto del Dr. MOYA, en mayoría en la disidencia parcial).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, daños y perjuicios, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, demanda, pretensión, responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ, LIDIA c/ H.E.C.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 344 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

Si bien en el ámbito de la prestación del servicio público de salud no puede negarse la aplicación de responsabilidad extracontractual a partir de los claros lineamientos de la Corte federal, tampoco puede negarse el derecho que le asiste al actor de deducir su pretensión dentro de las reglas de la responsabilidad contractual. Pues, ello implicaría, en primer lugar, realizar un esfuerzo de fundamentación -vano por cierto- para tildar de irrazonable e ilógico la hermenéutica propuesta por la gran mayoría de la doctrina y jurisprudencia especializada que se vuelca por la postura contractualista de la responsabilidad del Estado por la asistencia prestada como servicio público y, por otro lado, conculcar el derecho de defensa en juicio de los actores-pacientes que van a tener que canalizar su pretensión inexorablemente por un solo carril de responsabilidad. Y con esto no quiero significar que la cuestión se reduce a una dicotomía interpretativa que excede el ámbito de actuación del recurso de inconstitucionalidad -como es sabido- sino que la retórica está dirigida derechamente a que no se borre una fuente de responsabilidad a la víctima de un perjuicio (responsabilidad contractual) que, si bien puede carecer de importancia en cuanto al régimen de la prueba, en cambio tiene significación, por ejemplo, respecto del plazo de prescripción de la acción resarcitoria. (De la disidencia del Dr. Netri)
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nasser, Antonio Amado c/ Maciel, Eduardo y otro s/ Daños y perjuicios Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-04-10

En el cruce de las bocacalles debe admitirse, como principio -salvo que se pruebe lo contrario- la responsabilidad del vehículo que con su parte delantera embista la lateral del otro. (Fundamento de la Dra. B. Diez de Cardona)
Proceso penal, declaración de la víctima
Materia: PROCESAL
Carátula: A., D. A. por amenazas y lesiones leves agravadas por la relación de pareja y violencia de genero - recurso de casación sin preso c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-12-11

Nada impide que un pronunciamiento condenatorio se sustente sólo en la declaración testimonial de la víctima siempre que sea objeto de riguroso análisis y se expongan los aspectos que le asignan credibilidad por sobre la negativa del acusado (CJS, Tomo 119:269). Para acreditar un hecho delictivo necesariamente debe partirse de los dichos de quien lo sufre, pues reviste si se quiere, el carácter de testigo presencial que captó los hechos en forma directa por haber sufrido las consecuencias materiales del ilícito; y luego ese relato será corroborado con el resto del material probatorio (este Tribunal, Sala II, causa JUI-143.341/17 entre otras); en nuestro caso, con el informe médico que constata y certifica las lesiones sufridas por la victima (fs. 16/17 del legajo de investigación). Y aún cuando existan dos versiones distintas del hecho como alega la recurrente, lo cierto es que, como resultado de ese hecho, se produjeron las lesiones que presenta la víctima y la existencia de ese resultado se encuentra debidamente acreditado con el certificado médico incorporado como prueba al debate, de cuyo contenido surge, que las lesiones constatadas son totalmente compatibles con la descripción que de los hechos hace la denunciante (una de esas versiones del hecho), mientras que el descargo del acusado (otra de las versiones) no encuentra apoyo en las pruebas del debate.
Derecho laboral, acción civil
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Marinero, Carlos Alberto c/ SCOP S.A. s/ Daños y Perjuicios - Sumario I y II cuerpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-12-21

El art. 16 de la ley 24.028 en su párrafo segundo establece para aquellos casos en que se haya optado por la acción civil, que a ésta se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, constitucionalidad, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Dentro de los resguardos que deben adoptarse en materia de adjudicación de licencias de radiodifusión, se encuentra el relacionado con los plazos por los que se otorgan dichas licencias o concesiones, los que no sólo deben estar establecidos en una ley sino que, además, deben ser respetados, pues esos plazos tienen íntima relación con la posibilidad de ejercer efectivamente el derecho a la libre expresión, razón por la cual corresponde declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 (Del voto en disidencia parcial del Dr. Maqueda).
Seguro de vida obligatorio, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ALVAREZ, BERNARDINA c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ SEGURO DE VIDA COLECTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-28

La contratación del seguro de vida obligatorio es un deber del empleador, pero una vez que se ha concertado, genera una relación de carácter comercial entre las partes vinculadas por el mismo, de la que el empleador es ajeno. Por lo tanto es incompetente este fuero para entender en el reclamo referido a lograr que la Caja Nacional de Ahorro y Seguro le abone las diferencias fundadas en el seguro colectivo, seguro obligatorio, ley 13013 y seguro de vida social obligatorio, dec. 1567/84.
Recurso contencioso administrativo, contrato de obra pública, mayores costos, apreciación de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fracchia y Chasset S.R.L. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 252 año 1982)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-19

Es procedente el recurso contencioso administrativo desde que asiste razón a la empresa actora en cuanto a la existencia de saldos sin cancelar en su favor correspondientes a los mayores costos producidos dentro del contrato de obra pública. En efecto, más allá del análisis y objeciones sobre los métodos de cálculo, cifras bases, montos o demás elementos utilizados por el perito para la elaboración del informe técnico que le fue encomendado, lo cierto es que, surge claramente de los restantes elementos de la causa que la obra fue ejecutada en un plazo diferente del establecido, produciéndose una modificación en la ecuación financiera del contrato original, y que los mayores costos originados fueron soportados solamente por la contratista. En punto a ello, y en referencia a la exactitud o no de los cálculos efectuados por la empresa en la confección que ella misma hizo de los certificados de mayores costos, también ha quedado demostrado (lo que tampoco fue negado por la Municipalidad) el incumplimiento de una obligación fundamental por parte de las oficinas de Obras Públicas, consistente en la no emisión de sus propios certificados, ni la observación o corrección concreta de los que en su oportunidad le fueron presentados por la recurrente.
Medidas cautelares, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: López, Oscar P. c/ Gánzabal, Julián y ots. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

El pronunciamiento del Tribunal de Casación que rechaza el recurso interpuesto contra la decisión que revoca la medida cautelar decretada en autos, no reviste carácter de definitivo en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recursos, recurso extraordinario, cuestión federal, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Abeijon, Angel Damián c/ Ministerio de defensa y otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-16

Debe concederse el recurso extraordinario en base a la cuestion federal puesto que se hallan en tela de juicio la aplicación e interpretación de normas federales.
Intereses, intereses punitorios, tasas de interés, orden público
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARGEMACO  SA c/ PILOTES FRANKY ARGENTINA  SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-11

La pretensión de liquidar réditos a tasas del 15%, 12%, 9%, 50% y 18% mensual sobre el capital actualizado que, a su vez, se acumula a la tasa pura del 6% anual, constituye un inequívoco supuesto de transgresión al orden público económico que la ley expresamente repudia (cciv 18, 21, 502, 898, 953 y 1047).
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nazetta, María Cristina y otro c/ E.S.E.B.A. S.A. sucursal Santa Clara del Mar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-05-11

El art. 47 de la ley 5827 valida la sentencia de una Cámara de Apelación del interior suscripta por sólo dos de sus miembros, a condición de que lo hagan en igual sentido.
Confirmación de sentencia, rendición de cuentas, apercibimiento, carga de la prueba, falta de prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Marinelli, María Eugenia y otro c/ Recoleta Flats SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-27

Procede confirmar la resolución que condenó a la accionada a rendir cuentas dentro de los diez (10) días de quedar firme el pronunciamiento por un determinado período bajo apercibimiento de tener por aprobadas las que presentara la parte actora en el mismo plazo. Ello por cuanto, en el caso, la mencionada demandada había reconocido su deber de rendir cuentas, aunque había afirmado haber cumplido esa obligación al remitir mensualmente una liquidación detallada de las operaciones del período. Más, por un lado, dada su falta de respaldo documental, el envío de esas planillas no basta para estimar rendidas las cuentas. A más, si bien el modo de "rendir cuentas" descripto en una cláusula del contrato aparece como significativamente limitado y escueto, resultando al mismo tiempo incompatible con el previsto en la normativa aplicable, por lo que, si se admitiera la interpretación propuesta por la demandada recurrente, debería considerarse que dicha cláusula significó una renuncia de los mandantes a obtener una rendición de cuentas debidamente informada, documentada y explicada, lo cual no puede presumirse (CCIV 873 y 874, vigentes al momento de la celebración del contrato). Por el contrario, no cabe juzgar que esa cláusula pueda significar la renuncia anticipada de los mandantes al derecho que les asistía en su condición de tales a obtener una rendición de cuentas adecuada, pues ello no fue lo allí indicado de manera expresa y, aunque pueda renunciarse de manera tácita a un derecho, la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser necesariamente restrictiva, tal como lo establecen las normas ut supra citadas. Lo cierto es que la demandada no ha probado siquiera haber cumplido con la carga informativa que le imponía esa convención. En efecto, la accionada se limitó a adunar a la demanda veinticinco (25) de esas liquidaciones mensuales, por lo que resulta evidente que ello no basta para cubrir el período de casi seis (6) años por el que ha sido condenada a rendir cuentas, extensión que no fue cuestionada en el recurso.
Procedimiento contencioso administrativo, procedimiento tributario, cómputo del plazo, caducidad, aplicación de la ley, impugnación del acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Ordoñez, Jorge Javier c/ Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (DGR) s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

A los efectos de computar el plazo para declarar la caducidad de la instancia de la queja, más precisamente cuál ha de considerarse su momento de inicio, el art. 261 CCAyT dispone claramente que los plazos de caducidad se computan desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del/la juez/a, Secretario/a o Prosecretario/a administrativo/a, que tenga por efecto impulsar el procedimiento. Corren durante los días inhábiles salvo los que correspondan a las ferias judiciales. En consecuencia, el momento de inicio del cómputo del plazo de caducidad debe ser la fecha del último acto impulsorio (ya sea de las partes o del tribunal), sin importar su firmeza ni la fecha de notificación. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Accidentes de trabajo, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Zalazar, Juan Carlos c/ Club Unión Eléctrica de la Sociedad Mutual Social y Deportiva de Trabajadores de EPEC s/ ordinario - daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-09-16

Aun cuando el Juez no puede declararse oficiosamente incompetente al momento de sentenciar sobre el fondo (conf.: TSJCba., Sala C.C., Sentencia N° 21, 31/03/2015, "Pentasoft S.H. c/ Municipalidad de San Francisco - Ordinario - Recurso de Casación", Diario Jurídico del 08/04/2015);

ni la parte demandada objetó la competencia del fuero civil, corresponde dejar sentado que el presente juicio no debió tramitar en el fuero civil, en virtud de que el hecho productor de los daños que reclama el actor se produjo en ocasión de las tareas que tenía asignadas en la relación jurídica de naturaleza laboral que lo vinculaba con la parte demandada, por lo que sin perjuicio del derecho que le asiste al trabajador a un resarcimiento integral, debió ejercer su "opción acumulativa" de acciones (la primera "tarifada" y la presente fundada en el derecho común) ante el fuero del trabajo, en función de lo dispuesto en el art. 1°, inciso 2°, del Código Procesal de la materia de la Provincia de Córdoba (del voto del Dr. Caivano).