Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-22


Salta, 22 de Febrero de 2016.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "INCIDENTE DE APELACION PRESENTADO POR LA DRA MARTHA LOPEZ EN RELACION A GAR 127889/15 - ROJAS, VICTOR NICOLAS POR ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMAS; PEDROZA, WALTER SEBASTIAN POR ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMAS EN PERJUICIO DE FIERRO, DAMIAN ANTONIO - APELACIONES GARANTIAS CON PRESO", Expte. Nº 127889/15 del Juzgado de Garantías de Tercera Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº G01 127889/15 de la Sala II del Tribunal de Impugnación y, CONSIDERANDO I) Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 1/3 y vta. por la Dra. Martha Graciela López -Defensora Oficial Penal de la Unidad de Defensa Pública Nº 2- contra la resolución de fs. 38/40 que dispone la prisión preventiva de Víctor Nicolás Rojas y Sebastián Pedraza en los términos de los arts. 386 y 389 del C.P.P.

Que de las constancias de autos surge que el decreto de citación a audiencia de imputación lo es por el delito de robo agravado por el uso de armas (art. 166 inc. 2 del C.P.) (v. fs. 11/12 y vta.).

En dicho acto, se aclara que el día 18/X/15 a horas 05:00 aproximadamente, en circunstancias en las que el denunciante Damián Antonio Fierro se desplazaba en su automóvil Fiat Uno (Dom. KJJ 233) -al que utiliza como remis-, por Avda. San Martín y Buenos Aires, subieron los causantes Rojas y Pedraza y se dirigieron hacia el Barrio Autodromo.

Encontrándose allí, uno de los ellos -al que describe como el que tenía una lesión en el labio superior de su bocca-, le colocó un cuchillo tramontina en el cuello, mientras le manifestaban: "dame toda la plata o si no te saco el cuello".

Ante esta situación, el denunciante les entregó un celular marca CX Phone de color negro; una billetera de color marrón de cuero que contenía en su interior $500 (pesos quinientos) pesos; una billetera de color violeta con separadores que, a su vez, contenía en su interior una tercera billetera de color marrón y la llave del vehículo antes mencionado.

En el mismo dictamen, se agrega que uno de los causantes -el que tenía el labio superior lastimado-, rompió el cierre centralizado y la alarma del automóvil. Posteriormente, se indica que los imputados hicieron descender al damnificado del vehículo, le revisaron los bolsillos y uno de ellos le propinó patadas en la pierna derecha hasta lograr que cayera al suelo.

Finalmente, vecinos del lugar dieron aviso al Servicio de Emergencias 911, arribando luego personal policial y demorando a los causantes, quienes, se puntualiza, intentaron darse a la fuga; ergo, declaró el caso como de flagrancia a tenor de lo dispuesto por el art. 271 y ss. del C.P.P.

En lo que aquí importa, a partir de esa imputación inicial, el Fiscal solicitó, previa realización del control de legalidad (v. actas de fs. 8 y vta. y fs. 10 y vta.), el mantenimiento de la detención de los imputados (v. fs. 17 y vta.); petición que fue proveída favorablemente por el Juez de grado a fs. 18 y vta.

Posteriormente, y dentro del plazo establecido por el art. 390 del C.P.P., el Fiscal solicitó la prisión preventiva de los imputados (v. fs.

24/26). Al ordenarla, en lo esencial, el Juez de la causa calificó provisoriamente los hechos en un mismo sentido al decreto de imputación y estimó que ha quedado acreditada, con la debida probabilidad, la participación de los causantes en el delito que se les imputa, que podría proceder pena de cumplimiento efectivo en atención a las circunstancias específicas del hecho y que existe peligro procesal.

Resaltó, en lo que al imputado Pedraza se refiere, el registro de diversos antecedentes penales por delitos de igual naturaleza al investigado en autos y resaltó los distintos pedidos de ubicación y comparendo.

Respecto al acusado Rojas, señaló el incumplimiento de las medidas sustitutivas dispuestas en la causa GAR Nº 121640/15 seguida por el delito de robo calificado, de trámite también ante ese Juzgado. Agregó, además, la pendencia de producción de medidas probatorias, entre ellas, la declaración de más testigos que presenciaron el hecho.

En virtud de esas razones, consideró aconsejable dictar la medida ahora cuestionada por la Defensa.

Contra ello, la recurrente plantea en su apelación (v. fs. 1/3 y vta.) que la resolución que impugna vulnera el principio de inocencia y no ofrece una correcta interpretación de la normativa atinente al derecho a permanecer en libertad durante el trámite del proceso; en ese sentido -y previo análisis de los requisitos que deben verificarse para la imposición de la cautelar que cuestiona-, arguye que el Magistrado no valoró la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la imputación que se le formula, ello por cuanto considera que solo se cuenta con la versión brindada por el denunciante respecto del hecho y sus circunstancias.

En lo que a la pendencia de producción de medidas probatorias se refiere, asevera que la Fiscalía tuvo el tiempo necesario para tomar las declaraciones de los testigos que presenciaron el hecho y apunta que desde el 18/X/15 hasta el día en que efectúa su presentación, no se ordenaron dichas testimoniales.

En relación a la ausencia de peligro procesal por fuga, afirma que no existen indicios que permitan suponer que los imputados se fugarán o que intentarán entorpecer la investigación del evento denunciado.

Agrega que no se constató que el imputado Rojas haya desplegado un comportamiento evasivo en estas y otras causas (art. 388 c) del C.P.P.) y que no se valoró en modo alguno la existencia de un peligro concreto de fuga.

Entiende que éste podría conjurarse mediante la imposición de alguna medida menos gravosa como la prevista por el art. 382 inc. d) o c) del C.P.P.; en ese sentido, cita jurisprudencia de este Tribunal de Impugnación.

Considera, en lo que concierne a la reiteración delictiva aludida en el decisorio que cuestiona, que todos los procesos invocados se encuentran en pleno trámite y que en ninguno de ellos se ha desvirtuado la presunción de inocencia de sus defendidos, mediante sentencia firme.

Finalmente, resalta que el Juez de la causa no valoró la procedencia de otras medidas sustitutivas menos gravosas (art. 382 del C.P.P.).

Cita doctrina, jurisprudencia e instrumentos de raigambre constitucional que estima aplicables al caso.

Bilateralizado el recurso (v. fs. 53/54 y vta.), el Fiscal expresa que la resolución atacada expone concretamente los hechos que se les endilgan a los encausados y los elementos probatorios que sustentan la imputación.

Asevera, respecto a la ausencia de peligro procesal por fuga, que el Juez de Grado valoró correctamente que el hecho que se les atribuye a los imputados podría determinar la aplicación de una pena de cumplimiento efectivo.

Considera que la valoración efectuada por el Juez de Garantías satisface plenamente los requisitos de exigidos por el C.P.P. para su dictado por resultar ostensible la existencia de peligrosidad procesal. Cita doctrina que estima aplicable al caso y se expide por el rechazo del recurso incoado.

II) Que circunscripta de ese modo la cuestión a resolver, es necesario recordar que la prisión preventiva constituye una excepción a la regla de libertad que no colisiona con el bloque constitucional siempre que con su dictado se persigan fines estrictamente procesales y partan de parámetros de esa naturaleza que las tornen idóneas, necesarias y proporcionales a los perjuicios que se pretenden soslayar. Es así que sólo proceden si persiguen evitar daños al proceso, sea por peligro de obstaculización a la investigación o de fuga del imputado.

En esos términos, que en definitiva supeditan la validez de las medidas a un examen de razonabilidad que debe efectuarse en cada caso concreto, la restricción cautelar de la libertad es incluso reconocida tanto por el plexo constitucional como legal aplicable (arts. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 7.3 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 19 de la Const. Prov.; 1° inc. d), 368, 386 ss y cc del C.P.P.).

A partir de ello, el mencionado Código Procesal Penal ratifica mediante numerosas disposiciones la citada regla de libertad y, mediante una pormenorizada regulación de los medios de coerción, impide interpretaciones rígidas que podrían desvirtuar el sistema.

En efecto, su texto supedita claramente la imposición de alguna de las medidas restrictivas a distintos grados de convencimiento sobre la responsabilidad del imputado que resultan congruentes con el progreso del proceso -simple posibilidad para la detención y probabilidad seria para la prisión preventiva- y a la existencia de los peligros procesales antes apuntados, erradicando todo entendimiento que las haga depender exclusivamente a la escala penal del delito.

A la par, en lo que configura un verdadero avance jurídico, otorga la posibilidad de aplicar imposiciones menos gravosas si aparecen como adecuadas para evitar aquellos daños (art. 382 y cc del C.P.P.).

Así, la gravedad del hecho -que lógicamente constituye en la regulación un factor importante para concluir en la razonabilidad de toda privación cautelar de libertad- debe ser ponderada con otros factores objetivos y subjetivos que surgen de cada caso concreto y que pueden contrarrestar la fuerza de convicción que ese primer aspecto conlleva.

De ese modo, despojado de todo parámetro rígido, el Código permite concluir en la falta de necesidad de restringir cautelarmente la libertad aun cuando pueda proceder pena de cumplimiento efectivo.

Como contracara, siempre de acuerdo a su sistema, aun cuando la escala penal admita abstractamente la eventual imposición de condena condicional ese cuerpo orgánico exige examinar las circunstancias particulares de cada caso y efectuar un pronóstico concreto de pena para evaluar la procedencia de la cautelar; a tal punto que también es válido imponerla al margen de la amenaza de pena efectiva si otros indicadores extraordinarios así lo aconsejan, ya sea para asegurar el descubrimiento de la verdad o para evitar que el delito sea llevado a consecuencias ulteriores (arts. 230 inc. "a", 373, 386 ss y cc del C.P.P.).

III) Que complementando el cuadro antes reseñado, el Código reglamenta la excarcelación de oficio en diversas disposiciones (arts. 370, 381 y 400) prevé la instancia espontánea del imputado (art. 89 y 369) y lo faculta expresamente a recurrir la prisión preventiva (art. 386 "in fine") lo cual adquiere especial relevancia para el caso.

La prisión preventiva -como ya se dijo- debe sustentarse en un juicio de probabilidad tanto sobre la participación del imputado en el hecho como respecto al peligro procesal, el cual obviamente debe surgir de la valoración de las constancias obrantes en la causa hasta el dictado de la correspondiente resolución; la apelación que el Código faculta a interponer contra ese auto constituye, así, el medio con que cuenta el interesado para cuestionar las conclusiones y fundamentos que lo sustentan.

IV) Que a partir de lo expuesto, traída a consideración la resolución del Juez de grado, se advierte que los parámetros valorados para imponer la prisión preventiva de Víctor Nicolás Rojas y Walter Sebastián Pedraza han sido ajustados a derecho.

En efecto, no se vislumbra la existencia de elementos de convicción que logren destruir aquella probabilidad y, en especial, que tengan poder intelectivo para desvirtuar la declaración del denunciante, la que, a la sazón, cuenta con asidero más que suficiente en el informe y acta de secuestro -mencionados en el dictamen fiscal de fs. 11/12 y vta. Tal es así, que las actuaciones, culminaron en la declaración de flagrancia y se las sometió al trámite del proceso sumarísimo (art. 271 ss y cc. del C.P.P.) (v. fs. 12 vta.).

En este orden de ideas y en lo que al riesgo procesal concierne, en particular, el peligro de fuga valorado por el Juez de la causa, cabe distinguir la situación particular de cada uno de los imputados; en efecto, y en lo que a Walter Sebastián Pedraza se refiere, la planilla pronturarial de fs. 63 y vta. informa la existencia de distintos pedidos de captura y comparendo que denotan por sí la falta de compromiso ante el requerimiento judicial.

Por su parte, Víctor Nicolás Rojas conforme surge de fs. 62 y fs. 64, en otra causa (GAR- 121640/15) -tramitada ante el mismo Magistrado, por un delito de igual naturaleza al investigado en estas actuaciones- recuperó su libertad mediante resolución de fecha 19/II/15 disponiéndose distintas medidas sustitutivas para asegurar su comparecencia al proceso.

Cabe señalar que éstas fueron incumplidas conforme se desprende del informe obrante a fs. 64, soslayando así la neutralización de los peligros procesales que se pretende con su imposición.

Ergo, en ambos casos se observa que la afirmación sobre la posible procedencia de una pena efectiva, que sustenta en definitiva la proyección de la medida ante un posible peligro de fuga, tampoco es superada por la marcha del proceso.

Lejos de ello, tanto Rojas como Pedraza demostraron un comportamiento evasivo al momento de su detención puesto que intentaron darse a la fuga (v. fs. 12) eludiendo el accionar de la justicia; tal proceder -sumado a los ya expuestos en el párrafo que preceden-, constituyen indicadores fiables del comportamiento futuro de los imputados. En el mismo orden de ideas, es dable destacar que la denuncia que diera lugar a estas actuaciones puso en conocimiento de la autoridad la posible existencia de una conducta que -en ambos casos- persiste en el tiempo y que hacen al medio y modo de vida de los imputados (v. fs. 62 y fs. 63). Esta situación representa, a su vez, otra pauta que justifica la imposición de la cautelar puesta en crisis pues resulta necesario asegurar el resultado del proceso.

Por otra parte es menester señalar que, conforme surge de fs. 49/51, se requirió la remisión de la causa a juicio, lo que indica, per se, el máximo grado de verosimilitud en la etapa preparatoria y el inminente avance de las actuaciones hacia la etapa del plenario.

Finalmente, el tiempo de privación de libertad hasta el momento sufrido por los imputados -desde el 18/X/15- no da lugar a dictar la excarcelación de oficio (art. 400, inc. b del C.P.P.) ni resulta irrazonable frente a las constancias elevadas; siendo que, por lo demás, no surgen otros elementos que permitan inferir como erradicados los peligros procesales aludidos o que lleven a concluir en la posibilidad de superarlos por otros medios menos gravosas.

V) Que por consiguiente, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto.

Por ello ; EL VOCAL Nº 1 DE LA SALA II DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN, RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 1/3 y vta., y en su mérito, CONFIRMAR el auto que dispone la prisión preventiva de Víctor Nicolás Rojas y Walter Sebastián Pedraza de fs. 38/40.

II. REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, OFÍCIESE, NOTIFÍQUESE y, oportunamente, BAJEN los autos.

Ante mí.