Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-02


SENT Nro. 518 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 02 de JULIO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por el letrado apoderado del Banco de Galicia y Buenos Aires, en contra de la sentencia de la Sala IVa. de la Excma. Cámara Penal, del 11/12/2002 (fs. 210/211); que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 24/02/2003 (cfr. fs. 223). En esta sede, ambas partes presentaron memoria sobre el recurso casatorio (cfr. fs. 229/231 y 231/241 vta.), mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo del recurso que se intenta (fs. 243/244). Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alberto José Brito. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a estudio y resolución de esta Corte el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado del Banco de Galicia y Buenos Aires, contra la sentencia de fecha 11/12/2002 (fs. 210/211) dictada por la Sala IVa. de la Cámara Penal, que fue concedido por resolución de fecha 24/02/2003 (fs. 223).

2.- El recurrente se agravia de la decisión del Juez de Instrucción (fs. 179/180), por la cual se dispone el desglose del escrito de apersonamiento del letrado Jorge Conrado Martínez en el carácter de apoderado del Banco de Galicia y Buenos Aires, en el que se deduce también recurso de apelación en contra de la resolutiva de fecha 20/5/2002, por haber dado cumplimiento en forma extemporánea con lo dispuesto por leyes impositivas, bonos y patente profesional, que deben ser repuestas a su presentación. Señala su desacuerdo con la vista otorgada a la contraparte de su presentación adjuntando los bonos y tasa de justicia, contestación en la que el actor civil solicitó el desglose del apersonamiento y apelación por extemporánea, petición que fue acogida por el juez. A su turno la Cámara Penal, declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto, al considerar que conforme a lo dispuesto por el art. 460 CPP, la resolución impugnada no es susceptible de apelación. Tal decisión dejó a su parte, agrega, sin posibilidad alguna de discutir o al menos expresar sus razones en cuanto al supuesto incumplimiento en que se habría incurrido. Destaca que en el caso de autos se interpretó y aplicó erróneamente la citada norma proces al, por cuanto la sentencia apelada produce una grave indefensión a su parte y por ende un agravio irreparable, puesto que imposibilita a su mandante de ejercer su legítimo derecho de defensa, afectándose así derechos amparados por la Constitución Nacional. Justifica la existencia de perjuicio irreparable relacionado con el interés directo, que consistirá en el daño que la resolución le causara o fuera susceptible de causarle (art. 460 Procesal). En el caso argumenta, la no admisión del recurso, implica consentir la aplicación de una sanción totalmente injusta y reñida con el espíritu de Justicia. Entiende que debería haberse habilitado la vía recursiva intentada, toda vez que se encontraban cubiertos los extremos legales exigibles para la procedencia del recurso de apelación intentado. Concluye en que la resolución de alzada, lo agravia en cuanto declara mal concedido el recurso de apelación planteado en contra de la sentencia de fecha 27/8/2002 y su ampliatoria de fecha 04/9/2002, citando como único fundame nto el art. 460 CPP.

3.- El recurso debe ser declarado mal concedido por cuanto la sentencia impugnada no reúne las exigencias del art. 469 CPP, ya que no es definitiva, ni se equipara como tal, pues no termina el pleito ni hace imposible su continuación, menos aún la cuestión es de gravedad institucional, toda vez que no supera el interés individual del recurrente. El tema debatido es si corresponde o no dar curso a un escrito que no satisface las exigencias de pagar las tasas fijadas en la ley tributaria, habiéndose resuelto que se desglosan las actuaciones de apersonamiento y apelación, por haberse cumplido en forma extemporánea con la correspondiente reposición. Se advierte por consiguiente, que la sentencia no resuelve el fondo del asunto ni pone fin al pleito ni impide su continuación.

En el tema debatido se ha resuelto que, al no acreditarse el pago en tiempo oportuno, corresponde tener por no presentado el escrito del demandado civil Banco de Galicia y Buenos Aires y desglosar los escritos de apersonamiento y apelación que se pretendía introducir sin el abono correspondiente de la tasa de justicia adeudada. Se advierte así que tal resolución no resuelve el fondo del asunto ni pone fin al pleito ni impide su continuación.

En estas condiciones, el recurso de casación debe ser declarado inadmisible, y por ende, mal concedido.

4.- A mayor abundamiento, es oportuno señalar que, la exigencia de que se satisfagan los tributos fiscales y los aportes previstos por la ley 6059 no resultan contraria a derechos consagrados por la Constitución Nacional, pues los derechos y garantías contemplados en los digestos constitucionales no son absolutos sino que se ejercen de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. En el orden local es reiterada la jurisprudencia que se ha pronunciado, de conformidad a lo dispuesto en el art. 99 del Código Tributario, en el sentido de no dar curso a la presentación si no se paga la tasa de justicia (CSJTuc., sentencias Nro. 985 del 23/12/98; Nro. 286 del 24/4/2001; Nro. 24 del 13/02/2002; entre otras). A su vez se debe destacar que las tasas y aportes se deben abonar al momento en que se requiere la actuación del órgano jurisdiccional, pues tal requerimiento constituye el hecho imponible que origina la obligación de pagar (CSJTuc., sentencia Nro. 286 del 24/4/2001). Tanto la expresión "no dar curso" o la otra "reteniendo las actuaciones", contenidas en el mencionado art. 99, significan impedir el trámite del escrito que genera el hecho imponible y que infringe la ley tributaria. Pero solo ese escrito es el que se inmoviliza, no el proceso. Pagar el tributo correspondiente es un presupuesto de admisibilidad (de contenido económico) del acto procesal insinuado en el escrito en cuestión.

5.- Debo señalar que en relación a la cuestión planteada en autos considero adecuada la solución expresada precedentemente conforme a los antecedentes jurisprudenciales citados. Tales argumentos y las consecuencias prácticas que de ellos derivan me persuadieron para variar el criterio sostenido en la causa: "Gobierno de la Provincia DGR vs. Empresa Hidroeléctrica s/Ejecución Fiscal", del 28/12/2000. En este sentido me expedí mediante sentencia Nro. 1108 de fecha 04/12/2002.

6.- Costas al recurrente (art. 106 CPCC, por remisión del art. 551 CPP).

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Por los fundamentos expresados, adhiero al voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, que declara inadmisible y por tanto mal concedido el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado del Banco de Galicia y Buenos Aires; a mérito de la ausencia de definitividad del pronunciamiento recurrido.

La presente causa difiere sustancialmente del caso resuelto por esta Sala Civil y Penal en la sentencia Nro. 1134 del 28/12/2000, dictada en autos "Gobierno de la Pcia. DGR vs. Empresa Hidroeléctrica s/Ejecución Fiscal".

Las cuestiones involucradas en dicho precedente habilitaron la instancia extraordinaria local, por configurarse el supuesto excepcional de gravedad institucional previsto en el art. 813, inc. b) del CPCC. En cuanto al fondo del asunto, esta Sala Civil y Penal hizo lugar al recurso de casación, por indebida aplicación de la disposición contenida en el art. 99 del Código Tributario. Según emerge de la doctrina establecida, el pago del gravamen no era exigible a la ejecutada al momento de oponer excepciones, atento a que la misma ley ha diferido su cancelación para una etapa procesal ulterior (art. 308, inc. h) del Código Tributario).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación deducido por el letrado apoderado Jorge Conrado Martínez, en contra de la sentencia de fecha 11/12/2002, emitida por la Sala IVa. de la Cámara Penal.

II.- COSTAS al recurrente.

III.-RESERVAR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (con su voto)