Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-02-25


GARDEBLED HNOS. S.A. contra BENITEZ, Oreste Reg.: A y S t 195 p 37-39. Santa Fe, 25 de febrero del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia 200 del 11 de septiembre del año 2001 dictada por la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario en autos "GARDEBLED HNOS. S.A. contra BENITEZ, Oreste -Prescripción Liberatoria Concursal- (Expte. 433/00)" (Expte. C.S.J. nro. 54, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. La sentencia impugnada confirmó la del Inferior y, en consecuencia, desestimó el planteo de prescripción liberatoria formulado por el actor con fundamento en el artículo 56 de la ley 24522 respecto del crédito eventual o condicional contra Gardebled Hnos. S.A. en los caratulados "Benitez, Oreste c/ Gardebled Hnos. S.A. s/ Daños y Perjuicios laboral".

Es contra dicho pronunciamiento que endereza el perdidoso su recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario por lesionar derechos y garantías de rango constitucional como defensa en juicio, jurisdicción, motivación suficiente, debido proceso y propiedad.

Los vicios que le achaca al fallo pueden reseñarse como sigue:

a) Fundamentación solo aparente con uso de pautas excesivamente latas que implican afirmaciones puramente dogmáticas.

Ello así puesto que el A quo señaló que "no es certero ni indiscutible" que los procesos iniciados ante el fuero laboral con anterioridad a la ley 24522 sean - inexorablemente- objeto del fuero de atracción establecido por dicha norma, siendo que en el concurso de la accionada, los juicios en su contra que tramitaban en distintas jurisdicciones, resultaron atraídos al proceso universal por efecto de la ley 24522 -no solo causas civiles y comerciales sino también laborales- y por ello la afirmación del Sentenciante implica que el pleito promovido por Benítez sea el único que se mantenga al margen de cumplir con la nueva norma legal.

Cita en apoyo de su postura el antecedente de este Cuerpo "Nocioni".

Resalta la trascendencia del pleno conocimiento que Benítez tenía de la iniciación del concurso y de la entrada en vigencia de la nueva disposición concursal que lo compelía a continuar su litigio en sede civil y comercial. b) Lesión del derecho de defensa.

Afirma el recurrente que, frente al proceder del actor laboral de continuar - pese a todo- litigando ante aquel fuero, importó que Gardebled no tuviese otra alternativa que participar en el juicio laboral en ejercicio de su derecho de defensa, pero ello no puede, en modo alguno, implicar su consentimiento al procedimiento ante el juez laboral como lo asevera la Sala.

c) Prescindencia del texto legal.

Sostiene que la Sala soslaya aplicar disposiciones de la ley 24522 -artículos 21, incisos 1) y 5) y artículo 293- que establecen un fuero de atracción generalizado, con aplicación inmediata a todas las situaciones que como en el caso de Benítez, no se encontraban consolidadas.

d) La sentencia de la Sala ha dado preeminencia a una legislación general sobre una especial en la materia.

En este sentido, se queja el impugnante de que la Sala afirmase que aunque la prosecución de la causa laboral en su sede originaria hubiese sido errónea, igualmente tuvo virtualidad de interrumpir la prescripción como cualquier demanda ante juez incompetente (art. 3986 C.C.) pues las causales de interrupción o suspensión del derecho común no pueden obviarse por el hecho de no surgir de la ley concursal.

Asevera que el criterio del Sentenciante convierte en letra muerta al artículo 56 de la Ley de Concursos permitiendo que cualquier acreedor de título o causa anterior al concurso eluda la normativa especial con fundamentos de la ley general sobre el tema. Destaca que en materia de prescripción de créditos concursales rige la ley especial (24522) por sobre las normas que la ley general (Código Civil) contiene acerca de ese instituto. Al respecto, destaca que el criterio jurisprudencial que la Sala cita en aval de su postura no puede trasladarse al presente caso desde que supone una situación diferente.

Entiende que no puede existir colisión entre la ley 24522 y el artículo 3986 del Código Civil pues la primera es una legislación especial en materia de concursos y el segundo, una norma de un ordenamiento general.

La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario intentado razón por la cual el perdidoso ocurrió en forma directa ante esta sede.

2. Aunque pudiera considerarse satisfactoriamente rebatida la falta de una oportuna y adecuada introducción de la cuestión constitucional -señalada por el A quo como obstáculo a la admisibilidad del remedio extraordinario intentado- de todos modos éste no podría prosperar en tanto como también afirma la Sala, los reproches vertidos por el quejoso sólo resultan la reiteración de su propio criterio ya expuesto en primera instancia y ante la Sala sobre una cuestión de derecho común, traducen su disconformidad con la solución brindada al caso, y no ocasionan menoscabo alguno al derecho de defensa, resultando de tal suerte insuficientes para habilitar la apertura de la instancia extraordinaria pretendida.

Es que, concretamente, los agravios del recurrente procuran descalificar lo resuelto por el Tribunal -en tanto confirmó la sentencia de baja instancia que había desestimado la prescripción liberatoria deducida por Gardebled con invocación del artículo 56 de la ley 24522- pero, tal como fueran expuestos, no logran persuadir a este Cuerpo que los fundamentos vertidos para así decidir, adolezcan de los defectos que el perdidoso le imputa. Adviértase que el núcleo del debate giraba en torno a esclarecer si las nuevas normas introducidas por la ley 24522 acerca del fuero de atracción (art. 21, inc. 5)) y prescripción (art. 56), resultaban de aplicación al sub lite y, en caso afirmativo, si efectivamente se había producido la extinción de la acción del acreedor laboral por haber transcurrido el plazo bianual, computado desde la entrada en vigencia de la citada fuente normativa, sin haberse presentado en el proceso concursal.

Y, desde esta óptica, no puede soslayarse que la Sala, situándose en la hipótesis que propone el propio recurrente ("aunque la prosecución de la causa en sede originaria hubiera sido errónea, como pretende la apelante,..." -cfr. f. 13-) reputó que la prescripción no podía considerarse operada desde que, las actuaciones desarrolladas en sede laboral, poseían efectos interruptivos que se extendían durante todo el tiempo que durase el procedimiento.

Como se anticipó, esta línea argumental no puede considerarse rebatida, desde el plano constitucional, con los agravios que vierte el quejoso centrados en la supuesta preeminencia que el A quo otorgó a una norma general (art. 3986 C.C.) por sobre la especial (art. 56 de la ley 24522), pues se reitera, sólo reflejan la disconformidad del impugnante para con la hermenéutica y aplicación de institutos de derecho común, ámbito propio de los jueces de la causa.

Y, además, al transitar por el camino de la colisión normativa, deja incólume el argumento sentencial referido a que "...debe tenerse en cuenta que no pueden obviarse las causales de suspensión o las de interrupción de la prescripción, aun cuando ellas no aparezcan en la ley concursal pero sí en el ordenamiento común del cual no prescinde -en este tema- aquella legislación" (f. 13).

En tales condiciones, las críticas fundadas en el criterio del precedente "Nocioni" pierden virtualidad, toda vez que, aun cuando el fuero de atracción hubiera resultado operativo también respecto del proceso laboral iniciado por Benitez, en el razonamiento de los Sentenciantes del fuero civil y comercial (al que aspira la concursada) la prescripción, que constituye el objeto de la pretensión entablada en autos, no podía entenderse operada.

En suma, el planteo recursivo -tal como ha sido presentado- no traspasa el límite de la disconformidad en cuanto al alcance asignado por la Sala a normas de derecho común y en consecuencia, con la solución dada al caso, aspectos propios de las instancia ordinarias y por ello excluidos de este control al no haberse demostrado que esas apreciaciones resulten ilógicas o irracionales.

Por ello y ante esa mera discrepancia hermenéutica, no se configura una cuestión constitucional idónea para habilitar esta instancia de excepción cuyo cometido no es corregir posibles errores o soluciones opinables.

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)