marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Becker, Ricardo Daniel s/ Patrimonio s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-28

Ante la inexistencia en autos del Informe General del Síndico (art. 40 L.C.) y de cualquier otro elemento que contribuya a la apreciación judicial, no cabe otra posibilidad -a los fines de obtener una base económica para regular honorarios y determinar la tasa de justicia (leyes 10397 y 10398)- que a partir de los valores asignados a los bienes integrantes del patrimonio concursado en oportunidad de promoverse el concurso preventivo, actualizándolos mediante la aplicación de los índices de precios al consumidor con una prudencial deducción a la suma así obtenida. Ello así puesto que las reglas de experiencia propias de esta zona rural indican que difícilmente bienes como los denunciados en estas actuaciones (herramientas agrícolas y automotores) puedan conservar sus valores reales en la misma medida que los guarismos asignados mediante el uso de los mentados índices. Por el contrario, es lógico suponer que, lejos de mantener valores constantes, el transcurso del tiempo implica para ellos una paulatina amortización.-
Principios procesales, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DEL CHUBUT c/ N., A. H. s/ Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-10

Coherencia y derivación; los principios de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente, han de ser cautelosamente puestos en picota, pues ellos previenen la arbitrariedad, que es, como manifestación de un exceso de poder, lo que repugna a toda decisión estatal.
Daños y perjuicios, acción civil por accidente de trabajo, opción del trabajador, medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SAGRETTI, Gustavo Adolfo c/ PAREJA GAS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-07

Si el trabajador ha optado por la vía civil, no puede luego invocar una norma de orden laboral en materia procesal, como es el art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues tal opción produjo como consecuencia necesaria la aplicación no sólo del Código Civil, en orden a la determinación de la eventual obligación a cargo del empleador, sino las del Código Procesal, ordenamiento que no contempla como supuesto de inembargabilidad de un inmueble que lo habite el litigante.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Compañía Meca SA c/ DGR (Res. n° 429 DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y sus acumulados expte. nº 2538/03: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. n° 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fiscal)'" y expte. nº 2585/03: "Compañía Meca SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. n° 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR  (art. 114 Cod. Fiscal)' inconstitucionalidad concedido" y sus acumulados expte. nº 2538/03: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. nº 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fiscal)'" y expte. nº 2585/03: "Compañía Meca SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. nº 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR  (art. 114 Cod. Fiscal)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-12

La admisibilidad del recurso por arbitrariedad, es estricta pues tiende a cubrir casos de carácter excepcional. Por otra parte, ha de repararse que la sola discrepancia con la solución adoptada y la invocación de normas constitucionales y federales que se dicen violadas, no permiten habilitar el remedio extraordinario que se pretende. Ello es así, pues los agravios sólo traducen la disconformidad con la interpretación de las normas locales en juego y con el fundamento del decisorio.
Interdicto de recobrar, fallos de la Corte Suprema, posesión, despojo, posesión clandestina, intruso, Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: FEMESA c/ INTRUSOS Y/U OCUPANTES SANTA MAGDALENA 818 ARCADA 89 s/ INTERDICTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-21

La clandestinidad tiene lugar cuando media ocultamiento, o se aprovecha la ausencia del poseedor, o se toman precauciones para que la posesión no llegue a su conocimiento (cfr. art. 2369 del Código Civil), es decir, se obtiene la posesión de manera furtiva u ocultamente. Y no interesa tanto su publicidad frente a terceros, sino el desconocimiento del perjudicado que actuó con negligencia.

En consecuencia, tal presupuesto queda contorneado ante la falta de oportunidad del poseedor actual de impedir la vía de hecho de la ocupación frente al imprevisto inusual y en virtud del artero procedimiento ejecutado por la demandada de introducirse en el bien (cfr. Morello, Passi Lanza, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. de Buenos Aires y de la Nación", Tomo VII, pág. 68). También se identifica con actos subrepticios, con engaño, en ausencia del poseedor o tenedor o con precauciones para evitar que quienes tenían derecho a oponerse tomaren conocimiento; en otras palabras, tomar la posesión de manera certera (cfr. Falcón, E. M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tomo IV, pág. 43). Sintéticamente expresado, media disimulo del sujeto activo e ignorancia del pasivo (cfr. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tomo 3, pág. 127).
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: SAIRES, José Clemente s/ Privación ilegítima de la libertad y violación calificadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-08

Procede integrar la prueba compuesta con la confesión policial del encartado, aún después de entrada en vigencia la ley 10358, habida cuenta lo preceptuado en el artículo 450 del C.P.P.-
Aportes previsionales, deuda previsional, carga de la prueba, allanamiento, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GROISMAN HORACIO. c/ CAJA NACIONAL DE PREV. PARA TRABAJADORES AUTONOMOS. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-22

Reconocida la inexistencia de la deuda, los organismos recaudadores debieron allanarse a la demanda promovida por el contribuyente, ya que aun cuando en la esfera administrativa hubiera podido suscitarse algún inconveniente de carácter técnico, ello en modo alguno justificaba mantenerlo en una situación de inseguridad jurídica. Y al no proceder de ese modo, deben soportar las costas del juicio tendientes a dejar sin efecto esa situación de inseguridad.
Delitos contra la humanidad, cómputo de la pena, aplicación de la ley, fallos de la Corte Suprema, imprescriptibilidad de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Astiz, Alfredo Ignacio y otros c/  s/ recurso de casación registro  1050
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-28

Respecto de los crímenes de lesa humanidad, a estas alturas de la evolución del derecho, no puede controvertirse que imponen al estado la imprescriptible obligación de efectivizar la investigación, persecución y punición de todo aquel que resulte responsable por hechos de esa magnitud y, en consecuencia, el análisis de la cuestión no puede prescindir de la ponderación de las mentadas obligaciones. En este sentido, resulta claro que la aplicación del artículo 7 de la ley Nº 24.390, en su redacción original, a casos como el de autos, aparejaría como correlato una mengua sustancial en la punición del delito, llegando al extremo en algunos casos de volverla simbólica, con proyección compromisoria sobre las obligaciones del estado argentino, en particular la que llama a erradicar la impunidad (cfr. en este sentido Corte IDH, caso 'La Cantuta vs. Perú', sentencia del 29 de noviembre de 2006, Serie C Nº 162, parág. 167). A su vez, atendiendo a la particular naturaleza de los delitos por los que fueron condenados y las consecuencias que ello entraña, es que no puede parangonarse el supuesto de autos con el que motivó el dictado de los precedentes 'Arce' y 'Cano' de la CSJN". Tampoco puede desatenderse al resultado claramente irracional al que conduciría la aplicación ultra activa del derogado artículo 7 de la ley Nº 24.390 a hipótesis como las de la especie, pues la aplicación del cómputo reclamado se traduciría, en este supuesto, en un privilegio -derivado precisamente del prolongado lapso de impunidad que gozaron conductas como las que motivaron la condena que, además de ser ostensiblemente ajeno a la teleología que motivó el dictado de la norma en cuestión, marcaría una situación claramente impar respecto de aquellas personas condenadas por delitos de menor gravedad.
Proceso contravencional, prescripción de la acción contravencional, secuela de juicio, interrupción de la prescripción de la acción contravencional, tribunal plenario
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B, J. C. s/ Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-18

La Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas en Acuerdo Plenario resolvió: 1- Los supuestos de la interrupción de la prescripción de la acción previstos por el artículo 67 párrafo 4 del Código Penal no son de aplicación en el proceso contravencional, según lo establece el artículo 10 del Código Contravencional.

2-La efectiva realización de la audiencia prevista por el artículo 46 de la Ley de Procedimiento Contravencional interrumpe la prescripción de la acción contravencional.
Expropiación irregular, expropiación total, expropiación parcial, indemnización expropiatoria, aprovechamiento del remanente
Materia: CIVIL
Carátula: TALLERES MET. NAVALES ANGLO ARG. c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-11

Debe hacerse lugar a la expropiación total del inmueble cuando se coloca al mismo en condiciones de aprovechamiento imposible y de indisponibilidad respecto de uno de los usos legítimos que corresponden al propietario. Pero, demandada por el propietario la expropiación total de un bien en el que está instalado un taller metalúrgico, corresponde hacer lugar solamente a la expropiación parcial si la expropiación solo fue parcial y se encuentra acreditado el estado de abandono de dicho taller, desde hace varios años, si la zona en la que queda el inmueble admite la localización de establecimientos industriales y comerciales y sobre todo si el sobrante está constituido por 334,90 m2, por lo que no puede sostenerse que en dicho remanente sea imposible un uso o explotación racional, rigiendo la directiva general del art. 8 de la ley 21.499.

Para establecer una justa indemnización deben computarse, por tratarse de expropiación parcial, los daños que son consecuencia directa e inmediata (conf. art. 10, ley 21.499), entre los cuales corresponde considerar los relativos a la necesidad de realizar nuevos cerramientos, construcción de nuevos baños, etc., amén de la indemnización de las mejoras o construcciones existentes en la parte afectada a expropiación.
Propiedad horizontal, violación del reglamento de copropiedad, obras nuevas y modificaciones, falta de autorización de los propietarios, demolición de obra
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO VIRREY DEL PINO 2650 c/ BISH JORGE EMILIO s/ INTERDICTO DE OBRA NUEVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-16

Corresponde apartarse excepcionalmente del principio según el cual, tratándose de obras nuevas realizadas por un copropietario sin autorización del consorcio procede su demolición, si de las circunstancias del caso surge que tal medida sería excesivamente severa e innecesaria.
Acumulación de procesos, contravenciones, delito penal
Materia: PROCESAL
Carátula: VINAZA, Federico s/ ACUMULACION. COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1923-11-06

No procede la acumulación de procesos por faltas a los instruidos con motivo de delitos previstos en el Código Penal.
Acción de amparo, medidas urgentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GIMENEZ, JUAN CARLOS s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-12-01

El amparo supone una virtual autorización constitucional en favor de cualquier juez (de cualquier fuero o instancia y aun cuando integre un tribunal colegiado) para que, venciendo formalidades procesales y achicando los tiempos habituales en los litigios, acuerde la garantía negada, garantice el ejercicio de derechos o conceda la inmediata recuperación de la libertad indebidamente suprimida o restringida. Este remedio y el tremendo poder que la Constitución concede a los efectos de su implementación no puede vincularse con un trámite que por propia voluntad de la actora y demandada se paraliza por mas de un año. Distinta sería la situación si la demora se debiera a las dilaciones procesales, propias de poderes judiciales de distinta velocidad jurisdiccional (que los hay en nuestro país como endemia innegable). Pero no cuando la paralización procesal fue peticionada por ambas partes.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sarmiento Jorge Ariel y otros c/ Cespedes Carillo Mireya I de las mercedes s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-12

No habiéndose probado que las lesiones sufridas por la víctima hayan producido la "frustración matrimonial familiar" - en el caso que nos ocupa, a lo sumo, la postergación del matrimonio- cualquier reclamo al respecto entra en el plano de lo hipotético y, como tal, no es indemnizable.
Falsedad ideológica, instrumentos públicos, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ JOSE DOMINGO S.D ESTAFA, FALSEDAD IDEOLOGICA EN CONCURSO REAL; FERNANDEZ PEDRO, ACUÑA EFRAIN VALERIO, GOMEZ DIEGO EMILIANO S.D FALSEDAD IDEOLOGICA E.P ESTADO PROVINCIAL s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-13

En principio, sólo en los instrumentos públicos es posible la falsedad ideológica, ya que únicamente los mismos pueden ser objeto de un atentado contra su veracidad, lesionador de la fe pública, por ser el único que, en determinados casos, compromete la garantía estatal respecto de la veracidad "erga omnes" de lo manifestado por el otorgante, toda vez que el eventual perjuicio que puede emerger de una falsedad ideológica en un instrumento público, puede extenderse a terceros que nada hayan tenido que ver con el documento, atacando de ese modo la fe pública. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Participación secundaria, homicidio simple
Materia: PENAL
Carátula: DUARTE, T s/ SOBRE HOMICIDIO SIMPLE - COMPLICE SECUNDARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-09

La actividad del procesado, que tapó la boca del occiso, cuando se encontraba en la fase agónica de la estrangulación que practicaba a otra persona, es la de cómplice secundario del delito de homicidio simple, dado que prestó al autor la colaboración necesaria para que no hiciera ruido, mientras se continuaba con el proceso que conduciría a la muerte que pudo evitarse si se hubiera puesto fin a la constricción persistente del cuello.
Juicio ejecutivo, prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Local Cooperativo Limitado c/ Bustingorri Hnos. S.R.L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

La carga de ser diligente se agudiza en los procesos compulsorios, dadas las notas de celeridad procedimental que los caracterizan (art. 382 Código Procesal).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, radiodifusión, programa de radio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ballesteros, José s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Procede el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que hizo lugar al amparo promovido a fin de que se ordene la reposición del programa radial dirigido por el actor, si se ha cuestionado la validez de un acto dictado por una autoridad nacional y la decisión impugnada ha sido contraria a su validez (art. 14, inc. 1., ley 48).
Honorarios del abogado, intereses, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez Basso, Fabián A. y otra c/ Chaparro, Mariano F. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-29

Aunque desde un punto de vista economicista pudiera asistir alguna razón a los apelantes, constituirse un exceso de creación pretoriana admitir la procedencia de un interés "compensatorio" sobre el monto de los honorarios pagados en término (art. 159, Const. Prov. de Buenos Aires). Tal clase de interés carece de aplicación en la especie, por no darse el supuesto establecido en el art. 621 del Cód. Civil. A su vez, los intereses "moratorios" quedan descartados, en el "sub lite", ante la oportunidad del depósito efectuado (arts.

622 Cód. Civil, art. 54 del dec. ley 8907/77).
Procesos de ejecución, juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, cobro de sumas de dinero, obligaciones negociables, pretensión
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FINANCIERA  LUDICOR  SA c/ TELECOM STET FRANCE s/ EJECUTIVO. (JA1.9.04).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

En un proceso ejecutivo en el que se persigue el cobro de cierta suma dineraria (euros), constituída por los intereses devengados por el capital de las obligaciones negociables adquiridas por el ejecutante -colocadas en inversión por la emplazada, emisora de esos títulos valores representativos de deuda- en el marco del denominado programa de obligaciones negociables a mediano plazo, y con sujeción a los términos de la ley 23576, resulta improcedente que la ejecutada oponga la excepción de inhabilidad de título cuando, -como en el caso-, se verifica que el certificado global ejecutado menciona obligación líquida, en tanto la exigibilidad deriva de la fecha en que se consignó registrada en la Caja de Valores SA a las obligaciones negociables descriptas en dicho instrumento, y de lo establecido en el "resumen de los términos de las obligaciones negociables", cual satisface -a mas de lo previsto expresamente en la ley 23576- los recaudos formales para perseguir el cobro ejecutivo de los mismos, a tenor de lo previsto en el CPCCN art. 520, siguientes y concordantes. De modo pues, que la calificación del título ejecutado es subsumible en el género de obligaciones negociables, y que la autorización dada a las entidades mencionadas en la citada ley para contraer empréstitos mediante las descriptas obligaciones (ver art.1), se rigen por ese ordenamiento, donde incluso se prevé la emisión de los valores en moneda extranjera (art 4). Es cierto, en cambio, que la "moneda" de las obligaciones negociables asumida, constituye una cláusula de fondo o sustancial, a cuyo respecto no procede aplicar la ley nacional, cuya vigencia parece acotarse a los aspectos formales referidos. Tal modalidad consulta el principio de la "autonomía conflictual", que faculta a las partes a someter ciertos aspectos del contrato a las leyes locales y otros a las leyes extranjeras, y que ha sido receptado por la Corte Suprema en numerosos precedentes vinculantes. Entonces, no habiéndose invocado que tal temperamento convencional afecte principios de orden público internacional o resulte contrario a la moral y buenas costumbres (Cód. Civil art. 4), procede aplicar en la especie lo preceptuado en el decreto 410/02 art. 1-e).
Demanda, interposición de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Provincial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2000-12-22

El art. 44 inc. g) de la Ley Nº 6827 reza: "El Patrimonio del Consejo Profesional (de abogados y procuradores) se forma... g) Con los importes que fije el Directorio en concepto de aporte obligatorio profesional, el que deberá efectivizarse al momento de la presentación de cada demanda, su contestación e inicio de actuaciones administrativas del ámbito judicial, en todos los fueros , salvo aquellos que resulten expresamente excluidos por ley ...".

El objeto del precepto consiste en gravar la actividad del profesional que incita la actuación jurisdiccional con el fin de contribuir, a través de dicho aporte, a la formación del patrimonio necesario para asegurar el financiamiento autónomo y el cumplimiento de los fines esenciales de la institución. La propia norma remite, cuando define el hecho imponible, al inicio del proceso. La expresión demanda no fue empleada en sentido lato, el legislador se ubicó para definir la hipótesis legal en el inicio mismo del proceso y no en cualquiera de sus etapas consecuentes.

Demanda equivale al acto procesal en virtud del cual se inicia un juicio o se ejercita el derecho de peticionar a las autoridades procurando la iniciación de un proceso o se excita ab initio el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Y la contestación se produce cuando el demandado responde a las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas por el actor en la demanda.

La exigencia contenida en el inc. g) del art. 44 de la Ley 6827 debe entenderse que rige para los supuestos expresamente allí previstos y no para la instancia extraordinaria de la casación.
Daño moral, irretroactividad de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: REY, JOSE c/ VIÑEDOS Y BODEGAS ARIZU  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1971-12-21

No corresponde aplicar la nueva norma del art. 1078 del Código Civil cuando el hecho dañoso fue anterior a la puesta en vigencia de la ley 17.711.
Intervención de línea telefónica, redargución de falsedad, fundamentación de la resolución, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CONTRERAS, Claudio Sergio y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-13

En lo que respecta a la declaración de la redargución de falsedad de las transcripciones telefónicas, la misma que carece de las exigencias mínimas de fundamentación exigidas por el Código de forma, por cuanto el Tribunal sostuvo que luego de reproducir en forma íntegra las cintas magnetofónicas surgieron diferencias en las transcripciones, empero al referirse a éstas en forma general y no realizar un examen en particular, resulta imposible verificar a qué párrafos, diálogos y demás elementos probatorios se están refiriendo los jueces.

Asimismo, el a quo no ofreció ningún argumento que permita conocer las razones por las que se encontraba impedido de valorar el contenido de los casetes cuando estos fueron reproducidos en el curso de la audiencia, y por tanto esta prueba pudo ser controlada por las partes.

En definitiva, la sentencia no cumple con la motivación exigida por el art. 404, inciso 2° del C.P.P.N., habida cuenta que no sólo se desconoce de manera concreta qué deficiencias se materializaron en las transcripciones, aunado a que los jueces no expresaron ninguna referencia respecto a los motivos por los que descartaron cotejar el contenido de la prueba que surgía de las escuchas, con el resto de las probanzas arrimadas al proceso. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Cuestión abstracta, amparo por mora, sustracción de materia, costas en el orden causado, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: V., M. S. c/ Instituto Provincial de Vivienda s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-01-15

No es posible que los jueces resuelvan cuestiones que en el curso del proceso han quedado abstractas o vacías de contenido, o para responder a un interés meramente académico.