Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-21


Buenos Aires, febrero 21 de 2010.

El doctor Buitrago dijo:

I. Que a fs. 11/22vta. se interpone recurso de apelación contra la resolución Nº 144586, de fecha 16 de julio de 2010, dictada por la Dirección Regional Devoluciones a Exportadores de la A.F.I.P., mediante la cual se le intimó a la recurrente al ingreso de $ 110.495,21.-, correspondiente a importes de capital, mas los intereses provenientes de reintegros de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado vinculado con operaciones de exportación, período fiscal 10/2006.

En su escrito de recurso, alude a la competencia de éste Tribunal respecto a la resolución recurrida y su naturaleza. Expone las razones de hecho y derecho por las que entiende que el acto debe ser revocado. Hace reserva del Caso Federal.

II. Que a fs. 25 se elevan los autos a conocimiento de la Sala para que considere la competencia de este Tribunal para entender en autos.

III. Que el artículo 159 de la ley Nº 11.683 (t.o. en 1978) establece, en lo que aquí interesa, que "El Tribunal Fiscal será competente para conocer: a) de los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva o ajusten quebrantos por un importe superior a $..., b) los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que impongan multas superiores a $..., c) de los recursos de apelación contra las resoluciones denegatorias de las reclamaciones por repetición de impuestos formuladas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y de las demandas de repetición que se entablen directamente ante el Tribunal. En todos los casos siempre que se trate de importes superiores a $., d) De los recursos por retardo en las resolución de las causas radicadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, en los casos contemplados en el segundo párrafo del art. 81; e) del recurso de amparo a que se refieren los artículos 182 y 183....".

Analizado el acto venido en recurso de apelación, se observa que no resulta determinativo de la materia imponible o sus accesorios en forma cierta o presuntiva, ni ajusta quebrantos ni impone sanción.

IV. Que como lo ha decidido este Tribunal en reiteradas resoluciones, los actos que reúnen las características expresadas en el parágrafo anterior y que no se encuentren comprendidos en los incisos del artículo 159 de la ley procedimental, como claramente ocurre en el sub lite, resultan ajenos a su competencia (vid. entre otros, "Gutierrez y Belinsky S.A. s/recurso de apelación", Expte. Nº 9581-I; "Acelin S.A.C.I.A. y F. s/recurso de apelación", Expte. Nº 9247-I,"Gráfica Ares S.A.C.I.F. s/recurso de apelación-", Expte. Nº 9145-I; "Curi Hnos. S.A. s/recurso de apelación-", Expte. Nº 14.939-I.)" En el último de los decisorios referidos, la Sala "B" de este Tribunal, remitiéndose a lo resuelto in re "Cresol S.A.", expresó: "...puede afirmarse desde ya que no todo conflicto tributario entre la Administración y los particulares es materia que permita un pronunciamiento válido de este Tribunal Fiscal. Es al respecto el artículo 141 de la ley 11.683 el que dispone qué puede conocer este Tribunal, a saber: a) recursos de apelación contra resoluciones que "determinen" tributos o que impongan multas, b) recursos de apelación contra resoluciones denegatorias de reclamaciones de repetición de impuestos, c) recursos por retardo, d) recursos de amparo".

V. Que sentado ello, debe advertirse que en el acto en recurso el organismo fiscal no ha desarrollado ninguna tarea interpretativa acerca del hecho imponible y sus diversos aspectos, sino que intimó el ingreso de una suma total de $ 110.495,21.-, correspondiente a importes de capital más intereses provenientes de reintegros de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado vinculado con operaciones de exportación.

VI. Que analizado el acto en recurso, mediante el cual se intima a la responsable para que dentro del plazo que en el mismo fija ingrese la suma correspondiente a la devolución anticipada que se entiende en exceso, aspecto que no puede sino encuadrarse en la doctrina legal fijada en el plenario dictado el 20 de setiembre de 2000 en la causa "Curtiembre Fontela y Cía.", mediante la cual se estableció la incompetencia de este Tribunal para entender en los recursos de apelación deducidos respecto de actos de la AFIP-DGI por los que se reclaman sumas reintegradas pretendidamente en exceso a los responsables.

VII. Que en consecuencia, el acto apelado en autos resulta indudablemente de naturaleza no determinativa y por lo tanto inhábil para abrir la competencia de este órgano jurisdiccional, por lo que cabe declarar la incompetencia de este Tribunal. Las costas quedan reducidas al ingreso de la tasa de actuación correspondiente.

La doctora Sirito dijo:

I. Que procede, en primer lugar, determinar -aún de oficio- si este Tribunal resulta competente para entender en la presente causa, puesto que el pronunciamiento de este Tribunal sobre el alcance de su jurisdicción constituye un presupuesto esencial para otorgar validez a toda otra decisión posterior.

Que corresponde establecer que mediante el acto impugnado en autos, que obra agregado a fs. 4, la AFIP-DGI resolvió la improcedencia de los créditos fiscales vinculados a operaciones de exportación -cuyo detalle obra en el Anexo de fs. 5-, correspondientes a octubre de 2007, cuyo reintegro solicitara la recurrente en el marco de lo previsto por la Resolución General (AFIP) Nº 2000, en consecuencia, se comunica a la recurrente que deberá proceder al ingreso de la suma de $ 14.194,80 con más sus intereses resarcitorios y/o a la cancelación de las obligaciones impositivas compensadas oportunamente.

Que así planteada la cuestión, adhiero al voto del Dr. Buitrago y, por lo tanto corresponde declarar de oficio la incompetencia de este para entender en la presente causa, con costas, las que quedan circunscriptas al pago de la tasa de actuación en la proporción prevista por el artículo 5º de la ley Nº 25.964, por no haberse trabado la litis.

II. Que, asimismo, corresponde remitir la causa a la Dirección General Impositiva, para que se le dé el trámite que corresponda.

El doctor Brodsky dijo:

Que corresponde establecer si el acto apelado es de aquellos que abren la competencia de este Tribunal.

Que el art. 159 de la ley 11.683 -t.o. en 1998- establece la competencia de este Tribunal para conocer en: a) los recursos de apelación contra resoluciones de la AFIP que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva o ajusten quebrantos; b) los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que impongan multas o sanciones de otro tipo, c) los recursos de apelación contra resoluciones denegatorias de las reclamaciones por repetición de impuestos formuladas ante la AFIP y de las demandas de repetición que se entablen directamente ante este Tribunal, d) los recursos por retardo en la resolución de causas radicadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos en los casos contemplados en el segundo párrafo del art. 81 de la ley citada y e) el recurso de amparo a que se refieren los arts. 182 y 183 de la ley.

Que en el caso bajo análisis la cuestión se suscita por el rechazo de la solicitud de reintegro en concepto de créditos fiscales de IVA atribuibles a operaciones de exportaciones correspondientes al mes de julio de 2007, conforme a su acogimiento al régimen de reintegro establecido en la Resolución General (AFIP) Nº 2000, su complementaria y modificatoria. Según consta en el acto recurrido, del monto total de $ 467.155,41 solicitado por la actora mediante presentación de fecha 26/11/2007, a través del cruzamiento de información realizado, el Fisco objetó operaciones correspondientes a determinados proveedores y le intima el ingreso únicamente de la suma de $ 187.799,82 referidas a la solicitud de devolución de créditos fiscales atribuidos a la operatoria de exportación observada.

Que si bien no se trata de una determinación de oficio en los términos previstos en los arts. 16 y 17 de la ley ritual, nada impide que las resoluciones dictadas por el Fisco Nacional sin observar el procedimiento indicado en los citados artículos, puedan ser juzgados por este Tribunal.

Que también al resolver la causa, "Curi Hnos. S.A. s/recurso de apelación impuesto al valor agregado" (Expte. Nº 14.939-I), fallada en la Sala "B" con fecha 6 de octubre de 1997, en la que me he desempeñado como Vocal Subrogante de la Vocalía de la 6a. Nominación, sostuve que:

"...En consecuencia, cabe advertir, que la competencia de este Tribunal, en lo que respecta a la determinación de tributos no está restringida, como erróneamente se ha sostenido, a la apelación de aquellas resoluciones de la Dirección que cuestionan la determinación que de la obligación tributaria ha hecho el responsable impugnando la declaración jurada presentada, o cuando ésta no existe, a aquellas resoluciones que la establecen, sin poder entrar a considerar aquellas resoluciones que cuestionan declaraciones juradas donde la impugnación no se refiere a la determinación del tributo en sí, sino a aspectos posteriores, tales como pueden ser los medios empleados para su cancelación." Que en tal sentido debe precisarse que por determinación debe entenderse "... el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación" (conf. Giuliani Fonrouge, Carlos y Navarrine, Susana, "Procedimiento Tributario", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1992, pág. 655). En una edición más reciente del citado texto doctrinario, se define a la determinación como "el proceso que tiende a individualizar el mandato genérico establecido por ley y constituye parte importante en la dinámica de la obligación tributaria, aunque carezca de efecto creador o vinculativo; su finalidad es declarativa 1 y formal" (Idem, Ed. Lexis Nexis, Bs. Aires, 2005, pág. 164).

Que al respecto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativos Federal en la causa "Algora Comercial e Industrial S.C.A." sentencia de fecha 10/3/97 sostuvo que: "...una adecuada hermenéutica de aquellas normas que regulan la competencia del Tribunal Fiscal en materia impositiva -arts. 78, 141, 184 y demás cc., ley 11.683, t.o. en 1978 y mod.- conduce a sostener que, en casos como el de autos, la circunstancia de que la D.G.I. no hubiera recurrido al procedimiento previsto en los arts. 23 y s.s. de la ley fiscal no obsta a que los actos administrativos dictados en consecuencia sean igualmente revisables en sede de dicho organismo jurisdiccional si es que ellos en esencia se comportan -como ocurre en este caso- como una verdadera revisión administrativa del contenido material de la obligación tributaria declarada por el contribuyente o responsable (tales son a juicio de esta. Cámara, las notas que en principio distinguen el concepto de determinación oficiosa que se tiene en cuenta en la ley para habilitar la competencia del Tribunal Fiscal)".

Que he venido sosteniendo en diversos pronunciamientos que un exceso de ritualismo en la interpretación de las normas que rigen la competencia de este Tribunal, se encuentra en pugna con una adecuada exégesis, incompatible con los postulados de razonabilidad y justicia, ya que en palabras del Alto Tribunal "... la potestad jurisdiccional no se agota en la aplicación mecánica de la norma sino que exige discriminar los distintos aspectos del litigio a fin de lograr en cada hipótesis la justicia concreta del caso" (Fallos 304:1919).

De no admitirse este supuesto se estaría juzgando con un excesivo rigorismo formal en desmedro de la prestación de un adecuado servicio de justicia, denegándole el acceso a uno de los recursos legales, afectando así su derecho de defensa. Que en tal sentido, la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala V- in re "Oeste Automotores S.A. (sentencia de fecha 2/4/96), antes citada, ha dicho: "...Que, en todo caso, aún siendo dudosa la cuestión, corresponde propender a una solución que contribuya al ejercicio pleno de los dispositivos impugnatorios establecidos, criterio que se impone por la interpretación restrictiva que desde una perspectiva general, cabe asignar a los mecanismos aniquiladores de derechos." Asimismo, cabe señalar que no resulta aplicable al caso la doctrina plenaria de este Tribunal recaída en la causa "Curtiembre Fontela y Cia. S.A.C.I. s/recurso de apelación" (Expte. Nº 16.429-I) con fecha 20 de setiembre de 2000, dado que allí se debatía la impugnación contra resoluciones de la AFIP que denegaron reintegros de crédito fiscal e intimaron el ingreso de determinados importes, mientras que en la presente se determina -aunque sin seguir las formas establecidas en los arts. 16 y 17 de la ley de procedimiento tributario-, la improcedencia de créditos fiscales e indica que "de haberse percibido o transferido dicha suma o utilizado en la cancelación de deudas propias o de terceros" deberán proceder al reingreso de la misma. Que a ello se agrega que con fecha 12/5/2003 la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala V-, revocó la sentencia Curtiembre Fontela que había declarado la incompetencia y devolvió las actuaciones para que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

Atento las consideraciones que anteceden, estimo que el Tribunal Fiscal de la Nación es competente para entender en la presente causa.

Las costas se imponen en el orden causado en atención a que la cuestión a resolver fue introducida de oficio.

Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría; se resuelve: 1. Declarar de oficio la incompetencia de este Tribunal para entender en autos. Las costas quedan circunscriptas al pago de la tasa de actuación en la proporción prevista por el artículo 5º de la ley Nº 25.964, por no haberse trabado la litis.

2. Intimar a la recurrente para que dentro del quinto día de notificada la presente ingrese la suma de pesos novecientos veinte con 79/100 ($ 920,79.-) en concepto de tasa de actuación debida por ante este Tribunal, monto que ya se encuentra reducido a un tercio de conformidad a lo normado por el art. 5º de la ley 25.964; todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda.

3. Remitir las presentes actuaciones a la Dirección General Impositiva, a sus efectos. - Ignacio Josué Buitrago. - María Isabel Sirito. - Sergio P. Brodsky.