marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, matrimonio celebrado en el extranjero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bombassei, Nélida Armanda c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

No existe norma de derecho que imponga la exigencia de la prueba de la nulidad del primer enlace como carga previa al reclamo de la pensión por quien invoca ser cónyuge supérstite de un segundo matrimonio celebrado en el extranjero.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, pena, hurto
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LEONARDO ESTEBAN ADAMI y otros s/ HURTO  -  SENTENCIAS  ARBITRARIAS  -  DERECHO  DE  PROPIEDAD - PENA -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  INTRODUCCION  DE  LA  CUESTION    FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

En el delito de hurto no se atiende a la entidad de la lesión patrimonial, sino a la violación del derecho de propiedad, independientemente del mayor o menor valor de la cosa, aspecto que es relevante sólo a los fines de graduar la pena.
Juicio por delitos de acción privada, audiencia de conciliación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: AGUILERA BRITO, JOSE REMIGIO s/ CONFLICTO Causa 732
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

La convocatoria para la audiencia de conciliación era condicionante y resultaba indispensable para la prosecución de la acción penal. (voto del Dr. Fégoli)
Falsificación de documentos, documentación del automotor
Materia: PENAL
Carátula: CAPONE, JOSE Y OTROS s/ INFR. ART. 292, 2 PARRAFO C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-15

La finalidad de la cédula de identificación del automotor es la de acreditar el derecho a la autorización para usar el mismo. Estos, - la licencia para conducir y el comprobante de pago de la patente del automotor, - son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor.
Defraudación, estafa, tipo penal, error (penal)
Materia: PENAL
Carátula: B., C. y Otros s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-17

"La propia credulidad del sujeto pasivo, la creencia en la simple mentira del agente no configura, como principio, los extremos típicos de los delitos previstos y reprimidos en los artículos 172, 173, C.P..
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Capriotti, Lido y otro s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-12-14

La valoración de la prueba en general, o del análisis de la pericial constituyen el ejercicio de una facultad privativa del juzgador y por tanto no pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria en tanto no se demuestre el absurdo.
Cobro de sumas de dinero, valor probatorio, reconocimiento de las obligaciones, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: JAS S. R. L. C/ E.N.S.I. S.E. S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-02-10

La relevancia que el reconocimiento tiene desde el punto de vista probatorio, debe concluirse que la parte actora cumplió con las obligaciones a su cargo, y de ahí la exigibilidad de la deuda reconocida. En esta dirección, resulta más que gráfica la circunstancia de que incluya los intereses "desde que cada suma parcial debió ser cancelada", consignando la fecha de vencimiento que resulta de las mismas facturas. Una deuda no exigible, no devengaría intereses.
Derecho procesal, falta de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: B.I.D. COOP. LTDO. c/ BARILARI, MARCELA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-19

La firma, es el modo de expresión positiva de voluntad, que se exige en el ámbito procesal para conocer fehacientemente la posición de la parte frente a la litis, dado que ella trae aparejada notables consecuencias y no puede existir hesitación respecto de las emisión de la voluntad en el juicio. Desde el momento en que falta la firma el acto es inexistente, el cumplimiento del requisito, una vez vencido el plazo legal, es extemporáneo.
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco del Oeste c/ A.S.T.A.R.S.A. s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-15

Existe allanamiento por parte de la concursada, al que puede asignársele relevancia no existiendo alegación de fraude por parte del síndico. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Entes autárquicos, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Huayqui S.A de Construcciones c/ Provincia de Río Negro (Departamento Provincial de Aguas) s/ ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-26

De la interpretación del art. 3ro. inc. 3 Ley 285 -Departamento Provincial de Aguas- surge una concreta remisión recursiva al Poder Ejecutivo cuando -como en el caso- se trata de cuestiones relacionadas con la jurisdicción y competencia exclusiva acordada en lo relacionado con obras sobre cauces, riberas, etc. siendo irrelevante a su vez que aquel organismo actúe como persona de derecho público y privado (art. 104 ley citada).
Segunda instancia, regulación de honorarios, base regulatoria, monto del juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GALINDO, Emilio c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-21

Es jurisprudencia pacífica que el monto del juicio -a los efectos arancelarios- está dado por el valor económico de las prestaciones deducidas y no tan solo por aquellas que sean admitidas.- Por otra parte, los porcentuales del art. 14 de la ley 21839, no se calculan sobre los honorarios que se hubieren fijado en primera instancia, sino sobre los que correspondan con arreglo a derecho, pues el deber del Tribunal de aplicar la ley conlleva el deber de atenerse directamente a la voluntad del legislador y no a la interpretación que de ella se haga en primera instancia.- En atención a lo expuesto, resulta claro que la nulidad del acto regulativo impugnado sobre la base del recurso de revocatoria pendiente, cuando tales montos son producto de computar, además, los salarios caídos -pretensión que no prosperó-, no irroga gravamen al recurrente, razón por la cual no cabe declarar la nulidad en el solo beneficio de la ley.-
Confirmación de sentencia, certificado de trabajo, aportes y contribuciones previsionales, empleo registrado
Materia: LABORAL
Carátula: Pleimling Castro, Camila Agustina c/ Industrial and Commercial Bank of China Argentina SA. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-07

La codemandada se agravia porque en la instancia anterior se le impuso la obligación de acompañar "el certificado de servicios y remuneraciones y el certificado de trabajo correspondiente al actor". No es atendible lo que manifiesta la coaccionada respecto de que por no haber sido quien efectuó los aportes y las contribuciones a los organismos de la seguridad social no podría acompañar documentación certificada de ellos. La declaración de fraudulencia en la contratación de una dependiente, en el sentido de que quien la registró formalmente no fue su real empleadora, sino que lo fue aquella entidad a la cual se la destinó a prestar tareas (art. 29, 1° párrafo, de la LCT), no solo tiene consecuencias en el ámbito del derecho del trabajo, sino en el de la seguridad social. El empleador es quien debe registrar el contrato de trabajo (art. 80 de al LCT y 7° de la ley 24.013), debe inscribirlo antes de que la trabajadora comience a prestar servicios, pero nada obsta a que cumpla con ese deber con posterioridad y, así, subsane su incumplimiento inicial. La condena a entregar los certificados de trabajo implica, no sólo la de entregar una certificación de la información de lo que se suscitó, sino el deber de entregar documentos certificados que contengan información cierta y verídica de la realidad material de los hechos. El empleador debe volcar allí los datos que originalmente debieron haberse consignado; y para ello debe efectuar las correspondientes correcciones que, en determinados casos, pueden requerir, no solo la presentación de rectificaciones ante los organismos recaudadores, sino el depósito de aportes y contribuciones que debió haber efectuado y que jamás efectuó. La obligación de entregar la documentación certificada (cfr. art. 80 LCT) es accesoria de otra principal, que es la de registrar el contrato de trabajo y realizar los aportes y contribuciones a los organismos sindicales y de la seguridad social. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior (Del voto del Dr. Sudera, en minoría).
Proceso penal, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: M. J. C. Y. O. s/ RETENCION INDEBIDA Y ADMINISTRACION FRAUDULENTA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-28

Los defectos de la individualización descriptiva de los hechos, susceptibles de perjudicar las posibilidades de defensa del imputado, implican su nulidad. La acusación debe versar sobre el hecho intimado al imputado al recibírsele declaración, el que debe ser descripto en el acta respectiva.

Sintetizando, el hecho intimado al acusado, el descripto en la acusación y el fijado en la sentencia, deberá ser el mismo. (Cafferata Nores en el "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba" pág. 50). La correlación, por tanto debe versar sobre los elementos materiales del delito, o sea, sobre la acción u omisión y el resultado imputado (CSJTuc., sentencia Nº 636, 04/8/2005, "J. J. C. s/ Violación").

De las constancias de autos antes referenciado: hecho intimado en las declaraciones de los imputados y la requisitoria fiscal surge la falta de congruencia (identidad fáctica sustancial) entre los hechos intimados en las declaraciones indagatorias de los imputados y los descriptos en el requerimiento fiscal de instrucción (Cafferata Nores-Tarditti, "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba", Tomo 2, Edit. Meditárrenea, Córdoba, pág. 114 y sig. ). Por lo tanto, la sentencia impugnada que dispone la nulidad del requerimiento de la elevación a juicio y todos los actos que fueren su consecuencia, no resulta arbitraria en tanto la misma se fundamenta en la falta de congruencia -antes demostrada y que surge de las constancias de autos-, entre el hecho intimado, el que funda el requerimiento fiscal y el que determina la calificación legal, por violar el derecho de defensa e incumplir con los recaudos legales previstos por el art. 364 CPP, bajo pena de nulidad.
Alimentos, costas, pago
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Liliana Esther Scarpino s/ Incidente de Modificación - Forma de pago Cuota Alimentaria. Liliana Esther Scarpino s/ Incidente de Modificación - Forma de pago Cuota Alimentaria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-02-18|1992-02-18

Las circunstancias que dieron motivo a la modificación de la forma de pago de los alimentos, sin perjuicio de las apreciaciones en cuanto a la conducta de las partes se refieren a hechos que de ninguna manera nos pone en presencia de una situación que pueda calificarse como dudosa de derecho, por lo que mantiene plena vigencia el principio de imposición de costas al vencido. Por otra parte, es doctrina y jurisprudencia conteste que en los juicios de alimentos las costas deben ser soportadas por el alimentante, pues de no ser así, se desvirtúa el objeto y la finalidad esencial de la obligación alimentaria, dado que el importe de aquéllos, recaería sobre las cuotas fijadas, disminuyéndolas.
Medidas cautelares, recurso extraordinario, interposición del recurso, efecto suspensivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AUTOCOMPENSACION S.A. c/ ENCOTEL s/ CONTRATO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-13

Carece de efecto suspensivo el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones que revocó una medida cautelar.
Procedimiento laboral, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: FLORES, SILVIA NATALIA c/ CHALABE DE CAUSARANO, CAROLINA RAQUEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-12-29

Si bien las cuestiones entre empleados y empleadores que atañen a derechos que emanan de la relación laboral y son debatidas ante los tribunales de la causa remiten al análisis de temas de hecho, prueba y derecho común, ajenos a la instancia extraordinaria, tal regla debe dejarse de lado cuando se verifica un supuesto de arbitrariedad que conduce a la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

La doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

La causal de arbitrariedad por prescindencia del texto legal requiere la demostración de un apartamiento palmario de la solución normativa aplicable al caso o decisiva carencia de fundamentación en el pronunciamiento impugnado.

Conforme lo señala la doctrina, el art. 1 del Dcto. Ley 326/56 requiere por un lado, una antigüedad mínima (un mes de servicio), una cantidad mínima de días por semana (cuatro días) y una cantidad mínima de horas por día (cuatro horas).

Estos dos últimos requisitos son acumulables, de modo que un trabajador que, por ejemplo, preste servicios durante seis días a la semana pero por un lapso de tres horas diarias, no se encuentra incluido en el estatuto.

Debe descalificarse por arbitraria la sentencia que ha incurrido en una vulneración a las reglas de la defensa en juicio y del debido proceso, al omitir valorar los restantes requisitos temporales a los que se refiere el art. 1 del Decreto Ley 326/56, como ser: relación laboral durante no menos de cuatro días a la semana.

De esa manera, sólo se valoró la existencia de sólo uno de sus supuestos para justificar la aplicación al caso del Estatuto del Servicio Doméstico.
Prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rojas, Hector Rene c/ Consejo Provincial de Vialidad s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-04

La falta de gestión del actor en un lapso prolongado en la producción de las pruebas pendientes, más aún estando vencido el plazo probatorio, resulta una situación que le es imputable, por lo tanto no puede excusarse y atribuirle al juez su omisión en el diligenciamiento. Ello es así, porque los jueces no pueden ordenar diligencias que las partes han debido solicitar dentro del plazo probatorio o que, pedidas, no se practicaron por negligencia de la misma. Dichas potestades no les han sido dadas para suplir omisiones o errores de los litigantes, ni para liberar a éstos de la carga de la prueba que la misma ley les impone.
Recurso contencioso administrativo, competencia de la Corte Suprema, jueces, declaración de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: TRUFFER, HECTOR EZEQUIEL c/ MUNICIPALIDAD DE VERA Y-O Q R R s/ JUICIO ORDINARIO POR COBRO DE PESOS - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 480-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-10-30

No puede advertirse de qué modo el Tribunal se apartó del texto del artículo 2 in fine de la ley 10160 al declarar de oficio la incompetencia de la justicia ordinaria para entender en la causa (por considerar que se trataba de materia contenciosa administrativa); pues, si la competencia en razón de la materia no depende de la voluntad de las partes, tanto más ocurre en los casos en que la esgrimida ostenta jerarquía constitucional, no pudiendo, entonces, quedar librada al libre juego de las voluntades de las partes intervinientes. Ninguna incidencia cobra, entonces, en la especie el consenso que respecto de la competencia pueda haber existido entre las partes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentos suficientes, Derecho laboral, trabajador, remuneración, carga de la prueba, testigo único
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: VOGEL, ANALIA c/ ISAAK, GUSTAVO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

Corresponde rechazar la queja interpuesta por la actora contra la sentencia que receptó la apelación de la demandada respecto a la base salarial a considerar para la cuantificación numérica de la causa, pues intenta en abstracto acusar diversas causales de arbitrariedad, mas sin demostrar de qué modo lo argumentado lograría desvirtuar la valoración efectuada por los juzgadores de la totalidad del plexo probatorio al concluir que de la confrontación de la documental traída al proceso con los dichos de la única testigo se desprendía que la fecha de ingreso denunciada no pudo ser probada, entendiendo , por otra parte, que el Juez de anterior grado jurisdiccional había cumplido acabadamente con la exigencia que impone el artículo 53 de la Ley de Contrato de Trabajo de valorar, en cada caso concreto, la omisión de formalidades de los libros sin que la recurrente lograra desvirtuar lo así colegido.
Simulación, prueba, contradocumento
Materia: CIVIL
Carátula: SAPORITI DE VIGNOLE EMMA c/ SAPORITI GERARDO s/ S-Suc. y otros S-Simulación y nulidad de acto juridico.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-29

La norma del art. 960 del Código Civil opera cuando la controversia por simulación se plantea entre las partes, pero no es aplicable si la demanda es deducida por terceros. Si la accionante invoca un interés propio y no fue partícipe en el negocio, resultaría absurdo pretender que ella contase con un contradocumento a prueba literal de la simulación y en consecuencia debe presidir el criterio de amplitud probatoria a su respecto (conf., Borda. "Parte General", t. II, nro 1187; Cámara, "Simulación en los actos jurídicos", Bs. As., 1946, p. 232, nro 72; Llambías, "Parte General", t. II, nro 1826 y CNCiv. Sala A; J.A., 1961-V-104, J.A., 1961-VI-595 y L. 1964 del 17-4-84).
Concursos, proceso de verificación, incidente de revisión, resoluciones judiciales, crédito admisible, cheque, factura, falta de prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA MA. HERMINIA SRL S/QUIEBRA S/ INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO POR MCM MOBILE CONTENT MANAGEMENT SA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-01

Corresponde rechazar la revisión promovida por la incidentista, con respecto a la resolución que rechazó la verificación del crédito insinuado, el cual se apoya en diversos cheques que, según la versión que expuso, fueron entregados por la fallida para abonar una factura emitida por la prestación de servicios. Ello así, pues la incidentista sostuvo que el negocio que sirvió de causa a la emisión de la factura se encuentra debidamente registrado. Sin embargo, la perito contadora informó que el crédito cuya verificación pretende no se encuentra registrado en su contabilidad.
Demanda de escrituración, litisconsorcio necesario
Materia: PROCESAL
Carátula: Manuale, Leopoldo Vicente c/ Echeverría, María Elena s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2014-05-06

La acción de escrituración resulta inadmisible en razón de la deficiente integración de la litis por no haberse dado intervención a la otra condómina propietaria del 50% restante del inmueble objeto del proceso, en tanto habida cuenta el carácter indivisible de la obligación de escriturar se configura un litisconsorcio necesario en los términos del art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz, por lo que la sentencia no puede pronunciarse válidamente sin la integración de todos los intervinientes que indivisiblemente se encuentren vinculados en la relación jurídica sustancial.
Títulos públicos, decreto de necesidad y urgencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gruval  S.A. c/ Estado Nacional s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

El Decreto 722/86 no puede ser calificado de "necesidad y urgencia" que le acuerde jerarquía legal, por cuanto si bien en sus considerandos se hacen valer las dificultades en que se enfrentaba el tesoro nacional para afrontar los vencimientos de distintos empréstitos, entre los que se contaban los "bonos", en ninguna parte del acto resulta que el presidente de la República haya pretendido en el caso ejercer estas facultades extraordinarias; más aún el acto se dicta con invocación del artículo 86, inciso 1) de la C.N. , sin darse cuenta de su dictado al Congreso Nacional.
Accidente de tránsito, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torres, Eugenio c/ Crespo, Rubén s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-05

Es de temer que la reforma introducida por la ley 22977, lleve a convalidad soluciones arbitrarias, porque el incumplimiento a la obligación de inscribir en término la transferencia y dar el aviso a que alude el art. 27, lleva a una sanción excesivamente rigurosa.

(diferencia parcial).-
Regulación de honorarios, prescripción bienal, prescripción decenal
Materia: COMERCIAL
Carátula: EMCOVIAR SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

La prescripción bienal se aplica al derecho de pedir regulación de honorarios, es decir, al caso en que los honorarios del abogado no han sido regulados; en caso inverso, o sea, tratándose de la acción de cobro, la prescripción aplicable es la decenal (conf. Rezzónico Luis María, "Estudio de las Obligaciones", V. 2, p. 1177; Lafaille, Héctor, "Curso de Obligaciones", T° I, p. 446 y ss.). Es que cuando los honorarios han sido regulados, en el proceso se presenta la conocida interversión del plazo en razón de aparecer el título de la "actio judicati", que abre el plazo de prescripción de 10 años, siendo aplicable el art. 4023 del mismo cuerpo legal.

En efecto, el auto regulatorio de los honorarios constituye una verdadera sentencia, de tal suerte que una vez firme se desvincula de la pretensión que la generó para dar lugar a la "actio judicati", acción nueva y distinta, cuyo único título y fundamento es la propia decisión -nuevo título que sustituye al originario; se produce la interversión del plazo y comienza a correr el término de diez años referido desde que queda ejecutoriada (conf. Llambías Jorge Joaquín, "Tratado de derecho civil - Obligaciones", T° III, p. 420, N° 2086)-. En síntesis, cuando los honorarios han sido regulados, la causa debendi no se halla ya en el servicio prestado, sino en el auto de regulación, mas en tanto la prescripción liberatoria no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandable "... el plazo respectivo comienza a computarse a partir del momento en que ella puede ser ejercida ..." (CSJN, Fallos 312:2152;

318:879; 319:2648), esto es, a partir de que ha pasado en autoridad de cosa juzgada el auto regulatorio, ello así, porque cuando el derecho del titular no está expedito, la acción respectiva no está en curso de prescripción, simplemente porque aun no ha nacido -actio non nata non praescribitur- (conf.

Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de derecho civil - Parte General", T° II, p. 662 y ss.). Visto entonces que el curso de la prescripción debe computarse a partir del momento en que el derecho respectivo puede hacerse valer, resulta improcedente tomar la fecha del auto regulatorio de primera instancia, dado que en esa oportunidad el derecho a percibir los estipendios no podía aún ser ejercido, por no encontrarse dicho decreto firme.