marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Simulación, testaferro, acto fiduciario
Materia: CIVIL
Carátula: SAPORITI DE VIGNALE EMMA c/ SAPORITI GERARDO s/ s-suc y otros s-simulación y nulidad de acto jurídico.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-29

Mientras que en la convención de testaferro, la adquisición del sujeto interpuesto -precisamente, testaferro, "hombre de paja"- es simulada en el negocio fiduciario la adquisición del fiduciario es real y las limitaciones al derecho que ha adquirido o la obligación de retrasmitir el bien a un tercero son el contenido de un negocio obligacional -el pacto de fiducia- que vincula exclusivamente a fiduciante con fiduciario. El negocio fiduciario es un negocio "de confianza" (arg. art. 989, Cód.Civil), atípico en nuestra ley positiva, que presupone una atribución real de bienes o derechos y obligaciones a cargo del adquirente que, por el efecto relativo de todo vínculo de orden obligacional o creditorio (arg. art. 1199, Código Civil), sólo le son exigibles por el fiduciante. Esto destaca la diferencia con el negocio simulado en que el verdadero destinatario final, el beneficiario de la interposición simulada mediante testaferro, es parte del acuerdo simulatorio.-
Sobreseimiento, impedimento de contacto del menor con el padre no conviviente
Materia: PENAL
Carátula: Toledo, Lorena Belén s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-13

Es arbitrario el sobreseimiento que sólo se muestra como puro voluntarismo de los magistrados, con apartamiento de la verdad jurídica objetiva incompatible con un adecuado servicio de justicia, ya que el incumplimiento de la imputada de la decisión judicial -tomada en el marco del expediente civil que fijó las fechas de vacaciones que cada progenitor compartiría con su hijo- resulta repugnante a la inculpabilidad en la que se sustentó el pronunciamiento. El tipo básico delictivo del art. 1° ley 24.270 únicamente se puede configurar cuando el autor del impedimento de contacto paterno-filial obra de modo formal y sustancialmente arbitrario, abusivo y sin derecho, por no estar jurídicamente autorizado a realizar el hecho o para ejecutarlo del modo que lo hace. Las normas contenidas en los Pactos Internacionales no establecen una prevalencia de los derechos del niño -o de los abuelos del menor- por sobre los derechos de sus padres no convivientes. En la medida en que el padre no conviviente mantiene el ejercicio de la patria potestad, no puede tomarse como argumento una supuesta prevalencia del derecho del niño tergiversada del texto legal, para abortar la encuesta por una inexistencia de delito.
Prueba confesional, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: Escobar, Luis y otros s/ Violación reiterada - Robo calificado - Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Si el imputado al sostener que la confesión cuasijudicial fue obtenida por medios violentos se limita a afirmar en su declaración su temor a ser golpeado por la policía, y no denuncia malos tratos, ni amenazas, ni ningún otro tipo de delito que de lugar a la acción pública, sino que -en el mejor de los supuestos- solamente refleja una dudosa posición subjetiva frente a los aprehensores, cuyo origen no fundamenta, ello de ninguna forma puede conducir a la descalificación de su indagatoria como base idónea de la prueba compuesta.
Accidentes de trabajo, prescripción, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Monzón Santos c/ C.O.T.A.P. Resistencia Limitada y/o quien resulte responsable s/ Enfermedad Accidente de Trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-09-09

El primer párrafo del art.19 del régimen de la ley 9688 (integrado con la reforma de la Ley 23643) a los fines de computar el inicio del plazo de prescripción establece una disposición similar a lo normado por el art.258 de la ley 20744, al disponer que se inicia para el siniestrado desde la toma de conocimiento de la incapacidad, y que en el segundo párrafo del citado art. 19 se explicite el concepto de la toma de conocimiento de la incapacidad, exigiéndose el conocimiento en forma concurrente del grado de minusvalía definitivo, de la calificación médico legal atribuida a la dolencia, del carácter irreversible del proceso y, por último, de la consolidación jurídica de la patología, particularmente en los supuestos de minusvalía progresiva.
Ejecución de honorarios, bien de familia, desafectación del inmueble (civil)
Materia: PROCESAL
Carátula: Jorge Aguero s/ Inc. de ejecución de honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-10

El cobro de honorarios no reviste el carácter de "causa grave" prevista por el inciso e) del artículo 49 de la Ley 14.394, que admite la excepción a la regla del artículo 38 de la misma ley en cuanto veda la ejecución del "bien de familia" por deudas posteriores a su inscripción, por lo que es improcedente su desafectación.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, falta de cita legal, prueba, pacto de cuota litis, firma falsa, defraudación
Materia: PROCESAL
Carátula: Bruland, Walter Enrique s/ defraudación por retención indebida causa n° 1963 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que absolvió al imputado en orden al delito de defraudación por retención indebida si, además de carecer de toda cita normativa, omitió valorar, sin dar razón para ello, las pruebas incorporadas al expediente como el pacto de cuota litis celebrado entre el procesado y el querellante, el resultado del informe caligráfico del que se desprende la falsificación de la firma del querellante en el escrito de denuncia de cobro y la intimación cursada por carta documento.
Plazo, caducidad, procedimiento contencioso administrativo, derecho tributario, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Edreira, Norma Beatriz c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

De conformidad con el art. 261 CCAyT el momento de inicio del cómputo del plazo de caducidad debe ser la fecha del último acto impulsorio (ya sea de las partes o del tribunal), sin importar su firmeza ni la fecha de notificación pero esta regla se diferencia de la contenida en el art. 138 CCAyT aplicable a los plazos en general, según la cual "(L)os plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. // No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles", motivo por el cual, en tal sentido, el art. 261 constituye una norma especial que desplaza -en lo pertinente- a la general del art. 138 CCAyT. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Pay TV S.A. c/ Argentina  Televisora  Color  y  otra  y su acumulado expte. 67.564. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

En la tarea de establecer la inteligencia de las normas federales, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de los jueces de la causa y del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorga.
Honorarios, pacto de cuota litis, ratificación del acto jurídico, nulidad del acto jurídico, nulidad relativa
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Zalazar de Reynoso, María y otro c/ Nación  Argentina  - Ministerio de Defensa y Estado Mayor General del Ejército s/ Accidente de Trabajo - art. 1113  C.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-04

Se valoró como razones conducentes para la desestimación de la procedencia de los convenios presentados, o bien el carácter alimentario que los demandantes asignaban o que cabía reconocer al resarcimiento pecuniario reclamado, o bien la alegación de la aplicabilidad de la normas de la ley de accidentes de trabajo, frente a la cual se entendió que operaba la expresa prohibición consagrada por el art. 13, inc. 5) de la ley 24.028, circunstancias ambas que no concurren en el sub examine. Sobre esta base y ponderando que el convenio de honorarios fue ratificado expresamente en todos sus términos por los actores, conducta que proyecta relevantes efectos, a poco que se advierta que aún considerando a aquel como nulo, se trataría de una nulidad relativa, que como tal no puede el juez declarar de oficio (art. 1048 del Código Civil), y que es, de otro lado, susceptible de ser cubierta por la confirmación de los otorgantes (art. 1058 del Código Civil), no cabe sino la homologación del convenio de honorarios tal como fue solicitada.
Prueba documental, telegrama, despido, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Ortega, Coronel Olga c/ Cartonese SAICF y F. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

En principio, es el resorte exclusivo de la justicia laboral de instancia única la valoración del texto del despacho telegráfico cursado por el principal a la trabajadora en oportunidad de comunicarle su cesantía, con sujeción al sistema de apreciación en conciencia (art. 44 inc.'e' dec ley 7718/71).
Recurso extraordinario, cuestión insustancial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: INNOCENTI, MARIO c/ MAJORANA, PABLO s/ EJECUTIVO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-27

La mera interposición del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad. A tal efecto, es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte local para fundar su decisión, trayendo razones de peso con las cuales revertir lo que de lo contrario constituiría una cuestión baladí o insubstancial.
Quiebra, subasta
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de La Pampa en autos" Reale, Héctor Luis s/ Quiebra s/incidente"
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-04-25

Si el adquirente en subasta pública no perfeccionó su dominio antes del auto declarativo de quiebra, sólo cuenta con un crédito personal sujeto a verificación.
Beneficios previsionales, edad del trabajador, aplicación de la ley, ley vigente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VOUK, CARLOS FRANCISCO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-29

No alcanzando el peticionante la edad establecida por el art. 28, inc. a) de la ley 18.037, modificado por el art. 158 de la ley 24.241, no resulta de aplicación el art. 43 de la referida ley 18.037 -vigente hasta el 14.07.94 (art. 129 y 168, ley 24.241 y Dec. 56/94- toda vez que conforme lo prescripto por el Dec. 2433/93 al reglamentar el art. 156 de la ley 24.241, el derecho a la jubilación se rige hasta la fecha de entrada en vigencia del Libro I en los supuestos contemplados en los párrafos segundo y tercero de la aludida norma "por la ley vigente a la fecha en que se produjera la incapacidad o se cumpliera la edad requerida".
Transporte de carga por agua, usos y costumbres, prueba, responsabilidad del transportador
Materia: CIVIL-COMERCIAL-NAVEGACION-PROCESAL
Carátula: PASA PETROQUIMICA ARGENTINA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. MANGURUYU Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

El uso portuario que admitió el a quo y en cuya virtud rechazó las demandas no fue invocado en forma oportuna ni probado suficientemente, tampoco se trató de una práctica que reuniera indisputablemente los requisitos para ser fuente formal del derecho de la navegación, y en todo supuesto, la conclusión que se extrajo de él choca contra las normas imperativas que rigen el transporte de cosas por agua, arts. 259, segundo párrafo, 268, 270, inc. c, 271, 280 y 284 ley 20094, ello, al margen de carecer de adecuado sustento la tesis de la existencia de un mandato entre el cargador y la sociedad de control de bodegas y carga. Cabe agregar que, la jurisprudencia extranjera también se inclinaría por afirmar que el acondicionamiento de las bodegas comporta una carga personal e indelegable del transportista, ley de la Navegación y a desplazar la responsabilidad del armador hacia los cargadores, transformando en letra muerta la norma del art. 280 de aquella ley.
Interpretación del contrato, apreciación de la prueba, recursos, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SALVIA S.A.M.I.y A. c/ MIRJU S.A.- s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-08-16

La interpretación del contrato o la interpretación del término pradera artificial en el contrato, o interpretar si existe no renuncia de derecho en el contrato,la existencia de buena fe, la existencia de desmonte o determinar el desmonte como mejora o no; y en tal sentido tanto la interpretación de las cláusulas contractuales, la voluntad de las partes, la valoración -que efectúan los jueces de mérito- de las pruebas producidas en el juicio no pueden ser materia recursiva.
Ejecución de la pena, juicio abreviado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Navarro, Hugo Alejandro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24

Teniendo en cuenta que el fundamento de las modalidades alternativas de ejecución (arts. 35 y 50 ley 24.660) radica en la intención del legislador de evita los efectos desocializadores que el encierro de corta duración supone, corresponde hacer lugar a la sustitución prevista en el art. 50 ley 24.660 respecto de la pena de seis meses de prisión impuesta, pues las consideraciones del a quo referidas a las características del hecho y a la calidad de reincidente del condenado, cuestiones que, además fueron objeto de evaluación por parte del MPF al celebrar el acuerdo de juicio abreviado y acordar la pena con el imputado y su defensa y por el propio tribunal al individualizar la pena, no resultan sustento válido para denegar la solicitud. La disidencia sostuvo que del acuerdo efectuado por las partes no se desprende que la libre determinación de las mismas se haya visto viciada y que al haberse acordado una condena de seis meses de efectivo cumplimiento, homologada por el tribunal competente, la defensa no puede en un acto posterior pretender modificar las condiciones bajo las cuales se efectuó dicho acuerdo y, asimismo, señaló que los ciudadanos poseen el derecho a la seguridad, que consiste en el derecho a obtener del Estado una protección razonable contra las agresiones de los demás ciudadanos, correlato indispensable de la obligación ciudadana de proceder pacíficamente y de la proscripción de la venganza privada y, en ese sentido, deben tenerse en cuenta las características violentas del hecho endilgado.

(Dres. Hornos, Gemignani -en disidencia- y Borinsky).
Alegato, tiempo de detención, multa
Materia: PENAL
Carátula: Tavella, Marcela Beatriz c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-29

Lo alegado por la defensa en el sentido de que hubiesen bastado ocho meses para que su asistida recupere la libertad conforme el art. 13 CP, no significa que el tiempo que superó dicho lapso -hasta que fuera excarcelada-, configure un exceso en la prisión preventiva que permita sostener que permaneció detenida más tiempo del que le correspondía y que por ello, resulte viable su solicitud de que se le tenga por compurgada la pena de multa con el "excedente" sufrido en prisión preventiva.
Trabajadores portuarios, capataces
Materia: LABORAL
Carátula: ACOSTA, DOMICIANO c/ OSVALDO LUIS FASCE SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-05

La figura de capataces eventuales surge del artículo 81 de la ley 21429, que coincide con la prevista en el artículo 99 de la LCT. y de las resoluciones de la Capitanía General de Puertos se desprende que, dentro del ámbito portuario, también co-existen y se transfieren de una empresa a otra bajo su fiscalización.
Recurso contencioso administrativo, cargos docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ DE SAADE BLANCA ISABEL c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-11-14

Para configurar la incompatibilidad con cargos no docentes hay que recurrir al concepto de cargos de Personal Superior conforme la categorización que emana de cada organismo estatal, en el caso, la Legislatura Provincial es categórica en mencionar a la actora como empleada perteneciente al Personal Superior y de acuerdo a ello, comprendida de incompatibilidad al pasar a desempeñar funciones como vicedirectora suplente o interina. VOTO: DR. GONZALEZ
Ley de empleo, multa
Materia: LABORAL
Carátula: Hechinger Mónica Viviana c/ Acosta Jorge Ricardo y Otra s/ Cobro de Diferencias Salariales, Indemnización y S.A.C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-11-02

Son procedentes las sanciones previstas en los artículos 8 y ccs. de la ley 24.013 si se cumplieron las intimaciones previstas en la ley y la patronal no dio cumplimiento a la regularización del empleo.
Superior Tribunal de Justicia, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castro de Cabanillas, Rosa Ana y otro c/ Provincia de Córdoba s/ Plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-09-11

El acuerdo 242-A-93 consideró falta objetiva a la conducta desplegada por los actores. La norma legal en cuestión no ha sido derogada por la disposición constitucional contenida en el art. 23 inc. 13 Const. Pcial., atento lo dispuesto por la disposición transitoria 10 de la propia Constitución, en el sentido de que subsisten los actuales regímenes legales, salvo los casos previstos en las demás normas transitorias, no estando prevista en ellas la cuestión de que se trata.

En definitiva en la litis resulta innecesario instrumentar un procedimiento sumarial, ya que se encuentra asegurado el derecho de defensa del agente al permitírsele impugnar las sanciones a través de la vía recursiva, con posibilidad de efectuar su descargo, ofrecer las pruebas que hagan a su derecho, y a obtener en definitiva una decisión fundada de la autoridad administrativa.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Provincial c/ Betty, Alicia Noemí s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-07

De acuerdo al principio de congruencia debe mediar conformidad entre las pretensiones o defensas esgrimidas por las partes y el contenido del pronunciamiento de mérito, razón por la cual si, como acaece en la especie, la parte demandada ha explicitado su anuencia con la pretensión actora, deviene impropia la actitud del "iudex a-quo" de desatender la facultad de disponer de los derechos patrimoniales, alterando el modo propuesto en la traba de la litis.
Abogados, patrocinio letrado, patrocinante
Materia: PROCESAL
Carátula: "Guillen, Horacio Pedro c/ C.P.A.C.F (Ex 17102/04)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

La función del abogado patrocinante, salvo pacto en contrario, no se limita al asesoramiento del cliente y a la preparación de los escritos por imposición legal deben necesariamente llevar su firma, correspondiéndole el cabal cumplimiento de las obligaciones, cargas y deberes que la conducción técnica o dirección del proceso judicial le impone, por lo que puede él válidamente desentenderse del trámite de la causa, cuyo abandono (vgr. no concurrir los días de nota, no impulsar el trámite, etc.) llevaría al estad de indefensión de la parte que patrocina (esta Sala "Llanos, María Daniela", 12/10/2000) (Del voto del juez Licht cons. VI).
Mandato oculto, simulación
Materia: CIVIL
Carátula: Sperperato de Hacher, Leticia Benedicta Delia y otros. c/ Aime, Oscar Raúl. s/ Reivindicación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

El mandato oculto por interposición real de personas en el que el tercero desconoce dicha interposición resulta ajeno a la teoría de la simulación, a diferencia del supuesto de interposición ficta.

Cuando se encara la interposición de persona pueden darse dos hipótesis, según que la interposición de persona, hay simulación relativa, consistente en la constitución o trasmisión del derecho a favor de personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o trasmiten. En cambio cuando el tercero ignoró la real interposición de personas, el acto es plenamente válido, pasando los derechos transmitidos en cabeza del adquirente que ha contratado con él. En este caso no hay simulación alguna, por lo que el mandante oculto que quiera fijar el destino de los bienes tendrá que recurrir no a una acción de simulación contra quienes intervinieron en el acto, sino a una de mandato contra el mandatario que se resista a retransmitir el bien adquirido, a nombre del verdadero titular.
Empleados públicos, personal policial, ley de emergencia, baja policial, supresión del cargo, pase a disponibilidad, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO ZUQUETTI, JAVIER HUMBERTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2001-04-06

La ley de reestructuración, contempla la eventualidad, de que por una política de Estado tendiente a la implementación de un plan general de economía, un sujeto pierda por supresión de su cargo, la estabilidad en el empleo; y prevé para ese gravamen directo que el Estado le ocasiona, una indemnización, cuyo objetivo es neutralizar en parte el daño que le produce esa decisión. En otras palabras, en aquellos casos en donde frente a una tensión de intereses, el Estado prioriza el interés público en desmedro del interés particular, suprimiendo cargos de la administración. En consecuencia, al no comprobarse la circunstancia que condiciona la compensación por disponibilidad, la concesión de la misma es improcedente (Voto Dr.Böhm).