Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-18


Causa Nº 9626-01-CC/2006 "Incidente de excepción de falta de competencia en autos VASCONCEL, Paulino Salvador s/ inf. art. 189 bis CP -Apelación-". Sala II En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver en esta causa.

Y VISTOS:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Paulino Salvador Vasconcel a fs. 97/102 del legajo, contra la resolución que en copia luce a fs. 89/92, por la cual la Sra. Jueza de grado, María Laura Martínez Vega, dispone no hacer lugar a la excepción de falta de competencia planteada a fs. 81/86.

La defensa invoca violación de principios, derechos y garantías de raigambre constitucional, en particular, la referida al juez natural, articulando su procedencia en base a lo estatuido en el art. 61 de la ley 1.287 y el art. 449 del CPPN, además de los arts. 18, 28 y 33 de la CN, art. 13 inc. 3 de la CCABA, art. 8. 1 de la CADH y art. 14. 3. c) del PIDCyP.

Razona que, al arrogarse la "A Quo" competencia para entender en el hecho pesquisado, se menoscaba la garantía enunciada, básicamente, por avanzar en el juzgamiento de una materia para la cual la ley no le ha reconocido tal facultad.

En abono de su postura sostuvo que al momento de ser sancionadas las leyes 25.752 y 597, mediante las cuales se aprobó el convenio de transferencia de competencias penales de la Nación a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se encontraba incluído en el art. 189 bis del Código Penal, la agravante que sí aparece en la ley 25.886. A su entender, dicha normativa introdujo una sustancial modificación a aquél artículo, incluyendo situaciones no contempladas en la legislación anterior (25.086), como así tampoco en el convenio aludido.

En resumidas cuentas, para la asistencia técnica de Vasconcel la Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires se adjudicó de modo automático competencia para entender en este nuevo delito que aparece tipificado en el último párrafo del inc. 2º del art. 189 bis del CP.

A su turno el Sr. Fiscal de Cámara -Walter Fernández- dictamina que corresponde declarar mal concedido el remedio intentado porque al tratarse de una resolución que no pone fin al proceso no causa agravio alguno, criterio éste que apoya en numerosos precedentes de la CSJN a los que cita (fs. 109/110).

En oportunidad del art. 61 inc. 2º de la LPC, la Sra. Defensora Oficial mantuvo sus agravios (fs. 116/117).

Agotados los pasos procesales pertinentes, estos actuados se encuentran en condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

El recurso ha sido interpuesto por escrito fundado, en forma y tiempo oportunos, y por quien tiene derecho a hacerlo. En cuanto a los requisitos de impugnabilidad objetiva, si bien no se trata de una "sentencia definitiva", la resolución que no hace lugar a la declaración de incompetencia solicitada por la defensa es susceptible de causarle a ésta gravamen irreparable -arts. 432, primera parte y 449 in fine del CPPN, aplicables supletoriamente conf. art. 55 de la ley 12, ref. por leyes 1.287 y 1.330 para las competencias aprobadas por ley 597, máxime si se tiene en cuenta que el auto puesto en crisis decide un planteo que había sido introducido como "excepción de falta de competencia", con base en los arts. 339 inc. 1º y 358 del CPPN, por la defensa.

Ingresando al fondo de la cuestión, cabe recordar que las presentes actuaciones se iniciaron por tareas de prevención a cargo de personal de la Causa Nº 9626-01-CC/2006. Sala II comisaría 17ª de la Policía Federal Argentina en virtud de las cuales, el día 17 de diciembre de 2005, siendo aproximadamente las 2:05 horas, en la intersección de las calles Paraguay y Talcahuano de esta ciudad, se procedió a la detención de Paulino Salvador Vasconcel, quien portaba, sin su debida autorización legal, una pistola calibre 22 largo, con siete cartuchos a bala en su cargador y uno en la recámara.

El traspaso de ciertas competencias penales a la ciudad se materializó con la celebración y puesta en vigencia del convenio de "Transferencia Progresiva de Competencias Penales" (BO 29/6/01), ratificado por ley nacional 25.752 y por ley local 597, mediante el cual el fuero en lo Contravencional y de Faltas resulta competente para entender en los delitos de tenencia y portación de armas de uso civil y su suministro a quien no fuera legítimo usuario, cometidos en el territorio de la ciudad.

Posteriormente se produce la reforma de los artículos del Código Penal y leyes complementarias involucradas en el convenio al que se ha venido haciendo mención, en virtud de la sanción de la ley 25886, la cual, a criterio de los suscriptos, no modifica las competencias penales atribuídas al fuero local en materia de armas de fuego de uso civil, no obstante la mayor penalidad con que se reprimen algunas modalidades agravadas y la conversión en delito de la contravención prevista en el derogado art. 42 bis de la ley 20.429.

Es que, en definitiva, si la competencia penal es la medida en la cual el poder del Estado para aplicar penas es concedido a un Tribunal determinado, y este es inalterable e improrrogable y sólo deriva de la ley, será el hecho punible en concreto cuyo juzgamiento fuera transferido a este fuero lo que establecerá el órgano habilitado para su tratamiento.

Resulta claro que el traspaso a la jurisdicción local no respondió a criterios vinculados con las escalas penales fijadas para los ilícitos transferidos. De haber sido tal la intención, ello se hubiera plasmado expresamente de un modo que incluyera a todos aquellos delitos cuyo máximo de la pena no excediera los tres años de prisión, o bien, mediante un catálogo determinado de conductas típicas que respetara aquél tope dentro de la escala punitiva.

Lo dicho anteriormente cobra aún mayor fuerza si tenemos en cuenta el segundo convenio suscripto el 1 de junio de 2004 -aunque aún no entrado en vigencia-, el cual amplía la competencia y transfiere delitos tales como los previstos en los arts. 95 (homicidio y lesiones en riña), 106 y 107 (abandono de personas), entre muchos otros; cuando éstos se cometieren en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Y ello así por cuanto, en este documento, con mayor precisión y en forma expresa, se transfiere la competencia de una amplia y variada nómina de figuras penales al fuero local, sin que haya obstado a ello el monto de la sanción fijada para tales conductas que, en algunos casos, resultan conminadas con penas de igual o mayor gravedad que la del tipo legal aquí cuestionado (art. 189 bis, (2), último párrafo CP).

Ello permite descartar el argumento esbozado por la defensa en cuanto a que la transferencia de competencias penales a la Ciudad estuvo pensada estrictamente para hechos leves o delitos de menor cuantía, con lo que no cabe sino homologar el resolutorio apelado, toda vez que no se advierte vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas por la defensa en sustento del agravio ensayado.

Por lo expuesto, el tribunal resuelve:

I.- CONFIRMAR la resolución de fs. 89/92 de este incidente en cuanto no hace lugar a la declaración de incompetencia solicitada por la Sra. Defensora Oficial de Paulino Salvador Vasconcel a fs. 81/85.

II.- TENER PRESENTE la reserva de recurrir ante el TSJ y del caso federal.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara, y oportunamente, devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.