marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, prueba, aplicación de la ley penal, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: INDUSTRIAS DELTA S.A.I.C. Y OTROS. s/ LEY 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

Aceptado que los indicios y las presunciones graves, precisas y concordantes constituyen plena prueba de un delito, no existen óbices constitucionales para que sea el legislador quien suministrando pautas objetivas establezca en qué casos se podrá tener por acreditados ciertos aspectos de la conducta ilícita mediante presunciones, siempre que éstas se sustenten razonablemente en las circunstancias fácticas contempladas por la ley.
Intereses punitorios, tasa del 24% anual
Materia: CIVIL
Carátula: BLACHERE JORGE A. c/ LORENZATTI ALFREDO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-04-09

Avalar una tasa de interés punitorio del 180% anual, cuando se encuentra vigente la Ley 23.928 (de convertibilidad), la tasa promedio en el mercado financiero es el 24% anual y la obligación fue asumida en dólares, implicaría violentar la norma moral establecida en los arts. 21, 656, 953, 1071 y ccs. del Código Civil por lo que debe reducirse al 24% anual.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en gcba sobre incidente de queja por apelación denegada en vitelli, maría julia y otros contra gcba sobre amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-28

Corresponde rechazar la queja que se estudia, pues los agravios que el GCBA intenta traer a conocimiento de este Tribunal no refutan las razones que expuso el tribunal a quo para denegar el recurso de inconstitucionalidad, a saber, que la sentencia atacada no era la definitiva a la que se refiere el art. 27 de la ley n° 402, ni mostraba razones para equipararla a una de esa especie. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Nulidad absoluta, eximición de prisión, falta de vista previa
Materia: PENAL
Carátula: BERGER, Daniel J. s/ EXENCION DE PRISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-10

Es nula, de nulidad absoluta, la resolución que concede la exención de prisión si se omitió la vista que prevé el art. 331, C.P.P., toda vez que provocó un perjuicio irreparable al privar de su actuación al fiscal, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. La audiencia fiscal es siempre imprescindible, aun en el trámite oficioso. Su omisión causa la nulidad del trámite consecuentemente (*). No es posible asimilar el trámite efectuado en el sumario con la hipótesis oficiosa regulada en el art. 318 del C.P.P.N., si se desprende de los autos que el incidente de exención de prisión a examen fue iniciado a pedido de parte, descartando toda posibilidad de que se apliquen las regulaciones previstas para el caso en el que el juez decida, de oficio, conceder tal beneficio.
Certificado de trabajo, entrega del certificado de trabajo, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Puca, Norma Amalia c/ La Cabaña Generosa S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-17

El reclamo indemnizatorio fundado en la falta de entrega del certificado de trabajo -artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta improcedente pues el trabajador no alega ni prueba haber cumplido con el requerimiento formal y fehaciente que debe cursarse al Empleador una vez que este se halla en mora respecto de su obligación de dar las certificaciones, esto es, a los treinta días de extinguido el contrato de trabajo -artículo 3 del Decreto 146/01-.
Tribunal de cuentas, recurso de apelación (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Abalos, Jorge Ernesto c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-06-13

El art. 70 de la Ley Nro. 50, modificado por el art. 3 de la Ley Nro. 134, admite una doble vía impugnativa contra la decisión del Tribunal de Cuentas en el juicio de responsabilidad: a) por recurso de apelación, que debe deducirse ante este Superior Tribunal en el plazo de 30 días, y b) por acción contencioso-administrativa, que se rige por las reglas de la Ley Nro. 133. El presentante ha hecho uso de la primer alternativa. Ni la Ley 50 ni el CCA han reglado el referido recurso de apelación. Ambas leyes admiten como norma supletoria al Cód. Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero (art. 78 de la Ley 50 y art. 16 de la Ley 133). En consecuencia, el recurso deducido debe considerar de acuerdo con las disposiciones de los arts. 271 y subsiguientes de la ley ritual civil.
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, jueces, valor justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORGNALI, RAUL ANGEL c/ VICENTIN SAIC Y-U OTROS s/ DECLARATORIA DE POBREZA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   N. 524-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-05

Es tarea indeclinable de los jueces percibir y corregir los problemas que trae "la revolución de los iguales", toda vez que ésta , lejos de contribuir a un reparto más justo trae nuevos problemas cuyas consecuencias son, por cierto, ásperas de prever y manejar. La hora reclama el desprendimiento del proceso de su molde privatista clásico, en el que -so pretexto de un dispositivismo riguroso- no es exacto que el juez administre justicia de acuerdo con la ley o las normas del derecho, pues en realidad se limita a reconocer la justicia que las partes obtienen por su propio esfuerzo o a protocolizar la injusticia que reciben como consecuencia de sus errores o su incapacidad o de las limitaciones que la pobreza o la ignorancia les impone en la elección de sus apoderados, en la lucha probatoria o en la utilización de los recursos. (Doctrina: Morello, Augusto M: "El Proceso Justo", Ed. Abeledo Perrot, Bs As p 620;

Devis Echandia, Hernando: "Estudios de Derecho Procesal", Ed.

Zavalía p 258).
Abandono de personas, dolo, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: DOTTORI SORIA, Albino Luis. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-17

El abandono de persona supone la existencia de un dolo en el autor referido al desamparo de la víctima y al peligro corrido en la situación en concreto, lo que significa que a nivel intelectual debe incluirse la representación de la posibilidad de que se producirá un peligro de lesión al bien jurídico (*). No se da la conformación típica del abandono de persona si no se advierte la existencia de indicadores objetivos externos de un dolo de abandono, y no se configuró situación de desamparo ni de abandono. Sí sería dable advertir una conducta desaprensiva, caracterizada por el desinterés hacia un bien jurídico ajeno, en cuanto ante las presuntas dificultades conllevadas por la internación de la paciente, el galeno optó por dejar la orden de internación al familiar a cuyo cuidado dejó a la víctima. El cuidado objetivamente debido -entendido como la diligencia exigida por el derecho en la realización de diversas actividades en la vida social- es un concepto situado por encima de la mera observancia reglamentaria (**), por lo que la alegación del cumplimiento, de parte del imputado, de la reglamentación vigente, ante los escollos presentados por la familia de la occisa, resulta irrelevante. Si la muerte aparece vinculada causal y jurídicamente con la infracción a la diligencia exigida, se impone el cambio de calificación legal por el de homicidio imprudente.
Escrituración, obligación de escriturar, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: M., A. c/ P., F. R. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-21

Hay imposibilidad jurídica de otorgar la escritura cuando el inmueble no ha sido o ya no es propiedad del deudor, quien en tal caso debe ser condenado directamente a resarcir los daños que su inejecución causa al comprador.

Cuando el cumplimiento específico de una obligación se hace imposible por culpa del deudor, aquella no se extingue, sino que la misma obligación asume una nueva forma: la de indemnizar (art. 889 del Código Civil ); es decir, que "Ministerio Legis" la obligación primitiva, sea de dar o de hacer se convierte en la de pagar daños e intereses.
Sistema electoral, elecciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Apoderados de la Alianza Transitoria Frente para la Victoria s/ Recurso c/ Resolución N° 71/11 T.E.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-14

Convalidar una elección cercada por irregularidades imposibles de corregir, no sólo significaría violentar el régimen electoral sino también la voluntad del electorado. La claridad y certeza que debió guiar el proceso de selección de nuestros representantes provinciales, se vio ensombrecida por el incumplimiento de las reglas impuestas para el recuento de los votos.

Con la documentación aportada por los recurrentes que tengo a la vista, es posible analizar en esta instancia lo ocurrido durante el escrutinio y revertir lo decidido por el Tribunal Electoral Provincial, en pos de proteger los derechos de los ciudadanos y los partidos políticos intervinientes o, en otras palabras, para garantizar la transparencia y legalidad de los comicios.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), enfermedad accidente, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, PEDRO RICARDO c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-12

Corresponde rechazar la queja desde que los jueces de la causa dieron argumentos suficientes desde el plano constitucional y respaldados en las constancias de la causa al ponderar -en lo atinente a la cuantificación del daño, rubros e intereses- que las apreciaciones formuladas no constituían verdaderos agravios sino meros comentarios irrelevantes sin atacar en concreto la fundamentación del sentenciante, quien detalló de modo preciso los parámetros en que se sustentan los montos indemnizatorios fijados, puntualizando que no deben estar sujetos a ningún rigorismo, y resulta librado a su arbitrio en la medida que lo ejerza con la prudencia del caso, lo que consideró materializado en el sub lite.
Alimentos, cuota alimentaria, pago en especie, compensación, liberalidades a favor del alimentado
Materia: CIVIL
Carátula: M. de P.L.A. y otros c/ P.M. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-02

La obligación alimenticia es alternativa, ya que puede ser satisfecha "in natura" o en dinero, elección que, en principio, corresponde al deudor. Ello es así sólo cuando el alimentante entrega en especie bienes o servicios que integran, sin lugar a dudas, el objeto de su obligación, y no existe convenio o sentencia judicial que indique la forma en que ésta debe cumplirse. En caso contrario, dicha elección no puede corresponder al alimentante y los otros gastos que realice en beneficio de los alimentados deben ser considerados como simples liberalidades, sin que quepa apartarse de la directiva contenida en los artículos 374 y 825 del Código Civil (conf. C.N.Civ., sala C, R.283.228 del 5/10/82; R. 6.317 del 28/6/84; R. 8.283 del 29/8/84 y R. 11.218 del 20/12/84).-
Acceso a la información pública, planes sociales
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CIPPEC c/ EN - Ministerio de Desarrollo Social s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-08

Cabe hacer lugar al amparo tendiente a que se ordene al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entregar la información relativa a los padrones de beneficiarios de ayudas sociales a su cargo, pues no se advierte que existan razones válidas para dicha negativa ya que no se trata de aspectos que involucren la seguridad, así como tampoco - en principio- que sean susceptibles de afectar la intimidad y el honor de las personas o pudiera importar una forma de intrusión arbitraria de la accionada.
Robo en poblado y en banda, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: LARCO, Esteban s/ ROBO - BANDA - DELITO CONSUMADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-11

1) Acreditado que el procesado, junto con otros cuatro sujetos que se hallan prófugos, se apoderaron mediante el empleo de violencias, de bicicletas y efectos personales de distintas personas que se hallaban en un sitio público; debe admitirse plenamente la calificación de "robo en poblado y en banda", sin que sea óbice para ello la circunstancia de que uno o más partícipes se encuentre prófugo o sea absuelto; descartándose la exigibilidad de los requisitos de la asociación ilícita para la configuración del concepto de "banda".

2) El hecho atribuido al procesado ha sido consumado y no tentado, porque la apropiación de las cosas ajenas llegó a la total consumación, constituyendo la detención del encausado una circunstancia posterior y aleatoria.
Certificado de trabajo, constancia de aportes previsionales, obligaciones del empleador, aplicación de la ley, juez del concurso, ejecución de sentencia, juez previniente
Materia: LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FELIPETTA, Ricardo c/ NORPEN S.A. s/ certificado de aporte previsional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

Cuando el síndico de la quiebra carece de elementos necesarios para la extensión de los certificados de trabajo y aportes previstos por el art. 80 LCT, quien debe resolver, de conformidad con la ley vigente al momento de dictarse la sentencia de primera instancia, es el juez de la quiebra. Esto es así pues dicho acto conforma un aspecto de la ejecución de sentencia ajeno a la competencia que entonces tenía el juez del trabajo (en igual sentido Sala I sent.

55274 del 30/11/87 "Ríos, Liborio C/ Enrique B. Lastra SRL").
Abandono de personas, bien jurídico protegido, valor vida
Materia: PENAL
Carátula: Monsalvo, Segundo Dionicio s/ Lesiones Culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-02-23

El abandono involucra una violación del derecho de manuntención o cuidado que tiene la víctima respecto del autor, peligrosa para la incolumnidad física de aquélla. En esa violación reside la esencia subjetiva del delito. El imputado creyó que había matado a la persona embestida. Y esta fue la situación que afrontó el condenado en primera instancia. Creyó que la víctima estaba muerta y no puede concluírse que queda atrapado en las disposiciones del art. 106 inc. 1) a aquél que no abandonó, ni puso en situación de desamparo, abandonando a su suerte a una persona capaz de valerse y a la que deba mantener y cuidar o la haya el mismo autor incapacitado.

Resulta verosímil frente a las características que rodearon el episodio invocador del sublite, obstaculizan la pretensión de un reproche penal por un delito que exige del sujeto activo que sea conciente de que abandona a su suerte a una persona, no a un cadáver, lo cual deja perfectamente en claro que el bien protegido es la vida humana.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ceballo, Rosa S. y ot. c/ Hospital Duhau s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-30

El contrato por el que la clínica u hospital se compromete a prestar en el caso, por la afiliación de la madre de la criatura a la obra conlleva la obligación accesoria de seguridad que autorizada doctrina ha fundado en el artículo 1198 párrafo primero del Código Civil, en tanto que otra no menos destaca 504 del mismo cuerpo legal.
Derecho a ser oído, debido proceso administrativo, violación al debido proceso, garantías procesales, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: HORMACHEA SEBASTIAN ALEJANDRO c/ MUNICIPALIDAD DE LOS ANTIGUOS -HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-04-20

Cualquiera sea el grado de descentralización que pueda gozar el municipio, éste siempre está supeditado y por ende limitado por las disposiciones emanadas de la Constituciones Nacional y Provincial. Fácil es constatar de las actuaciones cumplidas que en el proceso de marras, no se respetaron los derechos constitucionalmente establecidos que importan la satisfacción del debido proceso legal, la autoridad de contralor podía emitir su veredicto sancionando al infractor o desestimando la denuncia. Todo ello en resolución debidamente fundada. La garantía de defensa -consagrada en las Constituciones Nacional y Provincial (Arts. 18 y 3 respectivamente), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 10) y en el Pacto de San José de Costa Rica (Art. 8) los dos últimos con rango constitucional (Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional)- constituye un principio cuyo ámbito de aplicación, trasciende el marco del proceso judicial, alcanzando también al administrativo, y el requisito de ser oído previamente resulta de observancia general, tanto como el principio de defensa que le sirve de sustento.

Así es que el mentado principio, que se enmarca dentro del debido proceso adjetivo, se halla explícitamente contemplado dentro de los principios básicos y esenciales estatuidos en el Art. 1, inc. f) de la ley 1.260 que contiene la regulación del procedimiento administrativo en la Provincia de Santa Cruz.

La preservación del debido proceso legal, tanto en sentido sustantivo como adjetivo es un imperativo que se aplica a toda la actividad jurídica del Estado.

Consecuentemente, la posibilidad de ser oído en sede administrativa y de aportar pruebas son trámites sustanciales de cumplimiento ineludible para la Administración. Imponer una sanción o desconocer un derecho omitiendo tan fundamental recaudo, imprimiría al acto así dictado un vicio grave que, en principio conlleva su nulidad.

El acto administrativo que impone una sanción de multa es válido en tanto otorgue la garantía del debido proceso al administrado, contemplando la oportunidad de efectuar su debida defensa a través de la sustanciación del sumario administrativo correspondiente.-
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, regulación de honorarios, leyes, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES c/ NEIRA, ORLANDO MANUEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-07

La impugnación planteada merece favorable acogida en esta instancia, por cuanto la cuestión constitucional debatida es sustancialmente análoga a la que ha sido objeto de estudio y decisión por este Tribunal en la causa "Ferrando", en el cual esta Corte dijo que correspondía emitir un juicio adverso a la validez constitucional del artículo 42 de la ley 12851 en tanto dispone que "esta ley ser aplicada en todo proceso en que no hubiere honorarios regulados por resolución firme a la fecha de su publicación", ya que importaba un efectivo menoscabo del derecho de propiedad cuya inviolabilidad está preservada por el artículo 17 de la Constitución nacional; por lo que dicha normativa no podía ser aplicada en el sub lite en atención a que la fecha de su entrada en vigencia es claramente posterior a la época de realización de los trabajos profesionales (Citas: CSJSF: Ferrando, AyS T 235, p 242; Galante, AyS T 156, p 459)
Competencia federal, delitos contra el orden público, privación ilegal de la libertad
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MARTIN MASTINU Y OTROS s/ COMPETENCIA  MILITAR-  COMPETENCIA  ORDINARIA-  COMPETENCIA FEDERAL-   PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD.    PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

Si los hechos denunciados no permiten descartar, PRIMA FACIE, que la desaparición de una persona pueda haber sido inspirada por el propósito de afectar la seguridad de la Nación, en momentos en que la pretensión de disputar al Estado el monopolio de uso de la fuerza constituyó una de las principales amenazas a ese bien jurídico fundamental, corresponde atribuir el conocimiento de la causa a la justicia de excepción.
Indemnización por accidente de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, trabajo ad honorem
Materia: LABORAL
Carátula: TOLOZA, MIGUEL ANGEL c/ CONET s/ ART. 1113 C.CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

Si el trabajador accidentado estaba realizando trabajos de demolición bajo la guarda de la asociación cooperadora en una escuela dependiente del Consejo Nacional de Educación Técnica, los fines benéficos o la gratuidad de la actividad mediante la cual se provocó el riesgo causante del daño, no exime a aquélla de la responsabilidad respecto de la reparación de dicho daño.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, distinta vecindad
Materia: PROCESAL
Carátula: Barbera, Carmelo c/ Dirección de Hidráulicas s/ da$os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

Tratándose de una causa civil en que es parte una provincia, el requisito de la distinta vecindad es "esencial".
Declaratoria de herederos, inscripción registral
Materia: CIVIL
Carátula: DURAN LUZURRAGA Alfonso Luis c/ Registro de la Propiedad Inmueble s/ Reg. Prop. Inm.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-21

".siguiendo lo dispuesto por la ley 17.801 (art. 2° inc. a y art. 3° inc. a), toda transmisión de derechos reales sobre inmuebles, para ser inscripta y anotada en el Registro de la Propiedad del Inmueble, tiene que resultar de instrumentos constituidos por escritura notarial o resolución judicial o administrativa. Ello supone que el heredero, a despecho de las normas generales sobre propiedad y posesión de la herencia -como universalidad, para poder oponer y hacer efectiva la adquisición de los bienes inmuebles que comprenda la sucesión -a título singular- deberá peticionar judicialmente el reconocimiento de su calidad de heredero para que, previa adjudicación, el juez ordene a los registros la anotación o inscripción del dominio. (conf. Zannoni, Eduardo A., Derecho Civil, Derecho de las Sucesiones, T. 1. pág 480).."
Recusación, control de constitucionalidad, deber de imparcialidad, derechos y garantías constitucionales, prórroga del plazo, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09

Dado que la resolución impugnada tenía por objeto resolver un pedido de recusación del juez de primera instancia que había resuelto conceder al fiscal la prórroga del plazo de la instrucción penal preparatoria estando pendiente un pedido de archivo formulado con anterioridad por la Asesoría Tutelar por cumplimiento del plazo de instrucción, la Cámara omitió el trámite legalmente previsto conculcando el debido proceso y la garantía de defensa en juicio, y avaló una resolución del a quo que violó la garantía de imparcialidad al rechazar la recusación.(Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).