Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-08


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 8 días del mes de agosto del año dos mil ocho, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Julio Antonio Alexandre y asistencia de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y del señor Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "S. A., N. R. c/ M., G. A. s/ SUMARIO", expte. nro. 16.683/07, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (expte. nro. 1849/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 474), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Julio Antonio Alexandre, Dr. Fernando Nahuelanca y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 348/353 y su aclaratoria de fs. 362/vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Se alzan las partes del fallo de fs. 348/353, integrado con la resolución aclaratoria de fs. 362/362vta., que rechaza la demanda y hace lugar parcialmente a la reconvención, todo con costas al accionante; la accionante recurre a tenor del informe de fs. 463/465vta. y el demandado-reconviniente con el alcance de la presentación de fs. 466/467, siendo contestada a fs. 469/470vta.

La vencida descalifica el fallo imputándole arbitrariedad ya que erró en la calificación legal del negocio jurídico base de las acciones encontradas, tornó compraventa lo que fue alquiler; sin consideración a la naturaleza de la causa y pese a la ausencia de presupuestos concedió el reclamo por daño moral; desestimó la mora por parte del deudor; no actualizó el valor por "saldo" del precio" y le impone las costas. Se extiende y funda cada agravio.

La reconviniente, señala que a los efectos del pago del saldo no se ha tenido en cuenta la desvalorización del bien por el transcurso del tiempo; como tampoco la imposibilidad de uso desde el año 2002 en las tareas para el cual era utilizado y la falta de condena de hacer, esto es la entrega de los pagarés que documentan la deuda, establecida en el fallo, para evitar su posible ejecución posterior. En la réplica a los argumentos fundamentales de tal pretensión, la accionante no tan sólo solicita el rechazo sino que también entiendo que resulta aplicable la sanción prevista en el art. 266 CPr.

La amplitud de los agravios autoriza a la revisión de todo lo actuado a la luz de los escritos iniciales, sin perjuicio de aquello que haya quedado consentido.

Así, se afirma en la demanda que con fecha 26 de agosto del año 1998 el Sr. J. C. T. vendió al actor el camión y semirremolque que se individualizan tal como obra en la documental que se acompaña (fs. 18/18vta.) que obra reservada y tengo ante mí.

Tal circunstancia ha sido expresamente reconocida por la contraria en su responde y actuaciones a la hora de impugnar el secuestro del bien (incidente acordelado) y por el Sr. T. en su testimonial de fs. 95. Lo que no ha quedado probada es la titularidad de dominio en cabeza del actor pese a haber cumplido con su obligación de pago. De las constancias de autos la titularidad de dominio es la verificada por medio del registro correspondiente, tal como obra en la documental de fs. 19/20 (reservados).

Continua el accionante informando en su escrito de inicio que con fecha 20/07/01, dio en locación verbal al demandado tales bienes, por el término de diez meses y como contraprestación éste firmó diez pagarés por la suma de pesos un mil quinientos cada uno en carácter de alquiler mensual y tan sólo abonó el primero.

Obran en poder del accionante el resto de los pagarés que se reservan como fs. 8/17, que a simple vista se advierte que han sido completados y se ajustan a lo aseverado en la demanda sin que deje de llamar la atención que se encuentren numerados progresivamente desde el 41 al 50, insinuando la posibilidad de haber integrado un conjunto mayor y anterior.

El presunto incumplimiento del pago de tales mensualidades es base de esta acción por la que se persigue la resolución contractual y consecuentemente la inmediata restitución del bien locado. Debe quedar en claro que no se ha acumulado a la presente ni se ha hecho reserva alguna respecto del presunto saldo impago. Tampoco se ha formulado, como es de uso generalizado, requerimiento previo, circunstancia que no obsta al ejercicio de la acción tal como ha entendido gran parte de la doctrina y jurisprudencia y a la que adhiero por las razones que expone v.gr. Lavalle Cobo en "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado" dirigido y coordinado por Belluscio y Zannoni respectivamente, ed. Astrea 1984, t. 5, págs. 1010/1011, parág. 12) y además no ha conformado el objeto de la litis.

A tales pretensiones se opone la demandada calificándolas como "fraude a la justicia" con repercusión lesiva en su patrimonio alertando respecto de su reparación integral.

En principio niega el objeto de la relación y de todo el entramado fáctico propuesto por la contraria, aseverando que en realidad se convino un compraventa verbal de tales unidades, efectuada el 22 de julio de 1999, día en que, asimismo, tomó posesión de los mismos y a los fines de servirlo comercialmente dada su profesión habitual en el ramo de transporte de comestibles.

Justifica el modo verbal del convenio y la firma de pagarés (81 en total de $ 1.500.00 cada uno) por no ser aún titular del dominio el vendedor. Que abonó 21 de ellos que acompaña a fs. 376/396, se observa que no están completados, pero sí numerados del 1/21. Así, y habiendo transcurrido el tiempo sin regularizar tal situación y lograr la trasferencia, formuló intimación al accionante en los términos de la documental que obra a fs. 399 de fecha 27/05/2002, si recibir contestación. Al margen de la especial naturaleza de tales comunicaciones, a los fines probatorios, su desconocimiento queda absolutamente enervado con la autenticación que emana del informe de fs. 105.

Ofrece prueba y reconviene por cumplimiento de contrato a los fines de concretar la trasferencia efectiva de los bienes prometidos en venta con más una indemnización por los perjuicios causados por el incumplimiento y por el daño ocasionado con motivo del secuestro del bien conforme la causa que obra glosada en autos.

Tal como surge de sus propias palabras y a la luz de la documental demostrativa de su obligación principal, si se trató de una compraventa celebrada el 22 de julio de 1999 y abonó veintiuna de las ochenta y una cuotas pactadas, tal como pretende acreditar con los pagarés que obran en su poder y acompaña, el último pagaré rescatado correspondería a la cuota del mes de abril de 2001 y recién intima perfeccionar la transferencia del bien ajeno -hecho conocido al momento de la presunta adquisición- más de un año después, mediante CD 44672600 AR del 22 de mayo de 2002 y sin ofrecer pagar el saldo del precio supuestamente convenido.

No es todo: si se toma en consideración la numeración de todos los pagarés acompañados y la fecha desde la óptica del accionante el número 1 (fs. 376), tendría que corresponder a un alquiler (¿cuota?) del mes de mayo de 1998, esto es, varios meses antes de la fecha de la promesa de venta celebrada por el accionante y el Sr. Thomas, de la unidad en cuestión. Lo que torna imposible el argumento de una y otra parte.

A las dudas expuestas y que surgen como consecuencia de la presentación del demandado-reconviniente, el reconvenido intenta dar una explicación a fs. 48/51, recordando que la locación cuya resolución demandó, no fue la única, ya que se habían celebrado otras con anterioridad y de allí que obren en poder de la contraria los documentos rescatados, ya que la entrega de los mismos es demostrativo de un comportamiento acorde con la buena fe negocial. Pero de manera contundente niega que los mismos puedan ser imputados al pago de un compraventa, ya que ésta nunca existió.

Así, las dudas se acrecientan, máxime cuando tales documentos no han sido completados y en cuanto a su utilidad probatoria solo podrían tener un valor indiciario de existir otras pruebas de mayor jerarquía corroborantes y que justifiquen por la naturaleza del hecho denunciado su existencia.

La reconviniente ha probado sobradamente la posesión del bien y su explotación tal como lo denuncia en su escrito inicial, la negativa genérica volcada en el p. II de su contestación de fs. 48 y siguientes, tan sólo obligó a su contraria a desplegar una amplia actividad probatoria que le resultó positiva, logrando autenticar toda la documental acompañada a tal efecto, circunstancia señalada en el fallo y que quedó consentida. El negocio convenido sea uno u otro, al ser verbal encuentra la primera limitación probatoria en el artículo 1193 del CCiv., sin perjuicio de que supere largamente el valor que se consigna en la norma y que la prueba testimonial resulte inútil por referencial, se mantiene la exigencia de que haya un principio de prueba por escrito; principio de ejecución y una hipótesis lógica y creíble de imposibilidad (ver en tal línea a Bueres-Higthon, "Código Civil y normas complementarias", ed. Hammurabi, 1999, t. 3C, pág. 12, parág. 3).

Bien entendido el principio de prueba por escrito refiere a otros instrumentos incompletos que aluden al negocio y que puedan ser completados con todo otras fuentes de prueba, aún testimonial, que en el caso ya se dijo que era irrelevante (ver v.gr. Lorenzetti, Ricardo Luis en "Tratado de los Contratos", ed. Rubinzal Culzoni 2003, t. I, pág. 259). Los pagarés, en razón de su propia naturaleza y por carencia de toda referencia, resultan insuficientes, en principio, a todo efecto. Nada más se ha aportado en tal sentido.

La posesión del bien y desde la fecha que se puede rescatar a través de la documental que refiere a la actividad comercial del demandado y por la testimonial concordante en cuanto a su uso, permitiría presumir la ejecución en desarrollo de ambas posturas contractuales. Pero insuficiente como para calificar la real operación ya que, a nivel de hipótesis o mera conjetura, podría ser demostrativa de algún negocio en común. Máxime cuando las justificaciones que se han dado por ambas partes respecto a determinados hechos no configuran esa hipótesis de imposibilidad probatoria por hechos ajenos o imprevisibles o de suficiente gravedad y comprobable que se exige en estos casos.

Así, discuerdo con la opinión del a quo que con base en la posesión realmente acreditada, y exagerando al límite de lo absurdo el valor probatorio de la documental de fs. 376/396, de la cual no se puede rescatar más que la presunción por tenencia de pagos atemporales, sin consignación de lugar, fecha de creación, persona o causa, de la suma allí expresada.

La intimación de fs. 399, a la luz de lo dicho, de haber existido venta, requería a los efectos allí consignados el ofrecimiento del pago adeudado, pero al no tener sustento probatorio tal negocio tan sólo admite presumir que se trató de preconstituirlo, por lo que deviene intrascendente su falta de contestación.

Aclaro que, de haber concordado con el a quo favoreciendo las aspiraciones del reconviniente, existe otro olvido, que la cosa sigue siendo ajena y de allí que correspondía fallar en consecuencia. Ya que siendo válida la promesa de venta en tales caso, a lo que se compromete el vendedor a perfeccionar su título o a gestionar la transferencia directa al actual poseedor.

Entiéndase que la compraventa de un automotor concertada con quien no reviste la calidad de propietario debe ser calificada como venta de cosa ajena, por la cual el vendedor asume la obligación de adquirir la cosa removiendo los obstáculos que pudieran existir a fin de obtener la efectiva disposición del vehículo.

Otro error destacable del fallo es haber determinado un saldo deudor sin tener en consideración el período de pérdida de posesión por secuestro resultando absolutamente insólita la condena en costas a favor del vencedor. Pero al margen de destacar tales incongruencias y advertir al respecto, vale concluir en una solución útil, ya que de lo que no se puede dudar es de la existencia de un convenio que tenía por objeto la explotación comercial de un camión y sus semirremolques, y que obra la posesión en cabeza de la demandada desde aproximadamente el año 1999 reconociendo en su oponente el carácter de comprador del mismo y en la forma que da cuenta el boleto de compraventa glosado a la causa y finalmente que se han garantizado pagos a través de pagarés incompletos y posteriormente completados sin que medie impugnación respecto de dicha circunstancia pero sí de su causa.

Así, y por imperio de las pautas interpretativas que emergen del art. 1190 a la luz de las contenidas en el art. 1198 y armónicas y complementarias del CCom., la única figura contractual que emerge de este controvertido "diálogo babilónico", es la de la locación y procede en consecuencia su resolución y consecuente restitución de los bienes comprometidos en tal operación, ya que la demanda suple la intimación y la falta de pago que corresponderían a los pagarés firmados en garantía por el período presuntamente acordado y que obran en poder del accionante.

Vale recordar que los contratos deben ejecutarse de buena fe (art. 1198, Cód. Civil) y ello impone a los contratantes una conducta acorde con sus legítimas expectativas, lo cual implica actuar con sinceridad eliminando toda reticencia o actitud sorpresiva (ver v.gr. CNCom., sala A, 29-2-80, ED, 87-604), el presente no se destaca por tales virtudes, por el contrario, la negociación verbal y la ausencia de documentos que respaldaran los distintos actos durante el desarrollo de su ejecución han obligado a llegar a tal solución, más por presunción que por colaboración. Así, propongo al acuerdo revocar la sentencia de fs. 348/353 en todas sus partes, haciendo lugar a la demanda declarando resuelto el convenio de locación que vinculó a las partes y condenar a G. A. M. a la restitución de los bienes objetos de tal acuerdo en el término de diez días de firme o consentida la presente al actor N. R. S. A.

Asimismo, propongo el rechazo de la reconvención por cumplimiento contractual y daños y perjuicios deducida por el demandada, todo con costas en ambas instancias. Se diferirá la regulación de honorarios al momento del acuerdo y en él se tendrán en cuenta las pautas arancelarias de las leyes 2200 y 4335.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

1. Acoger parcialmente los agravios de la accionante y rechazar en su totalidad los de la demandada y, en consecuencia, se revoca en todas sus partes la sentencia de fs. 348/353, declarándose resuelto el convenio verbal de locación de los bienes individualizados en la causa y el demandado procederá a su restitución en el término de diez días de firme o consentida la presente, bajo apercibimiento de hacerlo efectivo mediante el uso de la fuerza pública y, en caso de imposibilidad, de convertir su obligación en el pago de los daños y perjuicios que pudieran corresponder.

2. Desestimar la reconvención por cumplimiento contractual y daños y perjuicios pretendida por la demandada de conformidad con los considerandos pertinentes.

3. Costas en ambas instancias a la demandada-reconviniente, difiriéndose la regulación de honorarios al momento procesal oportuno.

A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia se dicta a fs. 348/353: 1º) Rechaza la demanda por resolución de contrato de alquiler y restitución de camión y semirremolque, individualizado en la causa, interpuesta por la parte actora N. R. S. A., contra la parte demandada G. A. M. 2º) Admite la reconvención, condenando a la parte actora reconvenida, a otorgar a la parte demandada reconviniente, la documentación necesaria para la transferencia de los automotores que individualiza y a pagar la suma de $10.000 en concepto de daño moral en plazo de 10 días, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de daños y perjuicios. 3º) Rechaza el rubro por lucro cesante. 4º) Fija en $90.000, el monto actual que el demandado debe abonar al actor en concepto de saldo de precio de la compraventa respecto a los bienes en litigio, pagaderos en 60 cuotas de $1.500 cada una -considerandos 12, 13, 14. 5º) Impone las costas al actor reconvenido y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.

A fs. 359/359vta., se interpone por la parte demandada aclaratoria e interpone recurso de apelación.

A fs. 360 apela la sentencia la parte actora y los recursos de las partes se conceden a fs. 361.

A fs. 362/362vta., se dicta sentencia aclaratoria, por la que se admite la reconvención y se ordena la restitución de bienes denunciados e identificados en los autos al demandado y condenando a la parte actora a otorgar a la demandada la documentación necesaria para la transferencia de los bienes automotores que individualiza.

La parte actora N. R. S. A., presenta los agravios a fs. 463/465vta. Explica de inicio el orden que expondrá los agravios. a) Respecto a que la sentencia modifica la naturaleza jurídica del negocio pactado por las partes sosteniendo que se trata de una compraventa y no un alquiler, como lo demuestran los 21 pagarés que corresponden a plazo que abarca desde el mes de agosto de 1999 hasta abril de 2002, observa que de haberse realizado los pagos correlativos, como lo dice el demandado, tales pagos solo abarcarían hasta abril de 2001. Controvierte la autenticidad y procedencia receptada por la sentencia a los pagarés acompañados como prueba instrumental, agraviándose porque los estima incompletos y carentes de validez. Punto b) Rechaza que exista en juicio prueba acreditativa del daño moral por parte del demandado reconvincente y que el sentenciante lo establece sin dar los motivos o fundamentos válidos. Cita jurisprudencia restrictiva del materia de daño moral. c) Cita conceptos de Borda respecto a la innecesariedad de la interpelación en caso de obligación donde el deudor conoce exactamente el momento en que debe efectuar el pago y concreta con jurisprudencia en caso de pagarés sin protesto. Argumenta que si bien los documentos acompañados por el demandado reconvincente no tienen fecha de vencimiento, el mismo deudor reconoce que las cuotas eran de vencimiento mensual, cuestión que el Juez no tuvo en cuenta para receptar la excepción de incumplimiento. Peticiona en concreto se rechace la "exceptio non adimpleti contractus", modificándose la sentencia apelada y se acoja la del contrato no cumplido interpuesta por la actora. d) Actualización del saldo del precio. Sostiene que dentro de la conceptualización del Juez, existe falta de equidad, porque si bien entiende que procede acoger el reajuste de saldo de precio, lo hace sin agregar al saldo los intereses correspondientes a la deuda, con lo que peticiona se modifique agregando al saldo de precio la correspondiente actualización desde que cada una de las cuotas es debida. e) Que en su consecuencia corresponderá la modificación de las costas.

Los agravios de la parte demandada (fs. 466/467), se centran en que se condena a su parte al pago de la suma de $90.000, que lo estima exagerado y que no condicen con el estado actual del camión. Se remite a las reglas de la experiencia, que dan sustento para afirmar el desgaste mecánico y de cubiertas que sufre durante un período tan prolongado; que la propia sentencia reconoce un tiempo prolongado. Admitido que la operación entre las partes consistió en una operación de compraventa y del saldo de precio se pagaron 21 cuotas, con lo que debe establecerse el monto, como lo sostiene el Juez de Grado. Se agravia por la admisión del punto 6, que la operación se realizó por la suma de $121,500, pagaderos en 81 pagarés de $1.500 y que se comenzó a cancelar con los efectos inherentes al pago con los 21 pagarés acompañados al juicio. Se agravia en que no se obliga al actor a devolver los restantes pagarés una vez cancelado el saldo de precio que se fije. Pide la revocatoria del fallo en cuanto ha sido materia de apelación.

La parte actora contesta los agravios a fs. 469/470vta., sosteniendo que no reúne las recaudos del art. 265 del CPCCCh.

Al iniciar la parte actora N. R. S. A. el presente juicio, pretendiendo la resolución de un contrato de alquiler un camión Mercedes Benz, Dominio **** y de un semirremolque Dominio ****** -de los restantes datos obrantes en la causa- por el plazo de 10 meses, pactado en forma verbal con G. A. M. en 20 de agosto de 1998, cuyo precio se instrumenta en 10 pagarés de $1.500 cada uno, en carácter de alquiler mensual a partir del mes de agosto de 2001, impagos a partir del mismo mes de inicio, fs. 2/16vta, la parte demandada nombrada la niega en todos sus términos y sostiene la existencia de un contrato de compraventa respecto a los mismos bienes, celebrado, asimismo, en forma verbal, cuyo precio se pactó en 81 pagarés, por valor de $1500 cada uno y que al momento del secuestro se habían abonado 21 de ellos.

Al pasar la trabazón de la litis por las afirmaciones de cada una de las partes, frente a la inexistencia de contratos escritos, la tipología contractual invocada por cada una en función de los bienes comprendidos y la conducta de las partes subsiguientes a la contratación constituyen base cierta de interpretación del nexo vinculante.

Son las pautas seguidas por la sentencia (fs. 349) y resuelve en virtud de la integridad de las cuestiones debatidas, ya que mediando la "reconvención la relación procesal queda integrada con la contestación de la reconvención" (Conf. S.T.J. Chubut, 6/7/79, en J.A.1980, pág.49 nº 2). Por ello el agravio del inciso a) de la parte actora de fs. 463/463vta. que el Juez modifica la naturaleza jurídica de la negociación habida entre las partes es por consulta interpuesta por la demandada y no se basa fundamentalmente en los "pagarés" -temática abordada por la agraviada- sino que considera la profusa prueba cumplida por la demandada, donde demuestra que tuvo la disposición y explotación de los rodados en tiempo muy anterior al sostenido por la accionante (Conf. constancias de fs. 119/112, 113/126, 127/144, 145/149, 160/161), la propia conducta de la actora extraprocesal (falta de contestación de una intimación) y la asumida en el proceso frente a la reconvención.

La falta de contestación de la parte actora a la intimación de la demandada de fecha 27/3/2002 (fs. 397/399 - doc. reserv. Nº 79/2003; fotocopia en autos a fs. 101) para que se proceda a la entrega del certificado 08, tarjeta verde y título de propiedad a fin de realizar los trámites de transferencia de las unidades AAS-653 y AFR-183, es tratada con amplitud por el sentenciante a fs. 350, punto 7, por la que concluye que el silencio guardado por la actora le impone las consecuencias de haberse obligado al suministro de la documentación necesaria para obtener la intimante la registración de los bienes a su nombre. El punto no resulta motivo de agravio por la apelante, con lo que quedó reconocido el contrato de transferencia de los automotores comprendidos en la reconvención.

Tampoco contestó la agraviada el concepto expedido en la sentencia que "resulta contrario al principio de realidad vender un camión y el semirremolque con destino a transporte no percibir suma alguna por el acto negocial y obrar pasivamente frente al incumplimiento del comprador (aunque como dijo fuera un contrato de alquiler). No resulta verosímil que se convalide o consienta, sin formular reclamo extrajudicial o judicial, que el comprador no pague el importe del precio en un negocio jurídico celebrado según él en julio de 2001 y después de 12 meses, luego de ser intimado (CD de fecha 27/5/02) a transferir, y de haber asumido una postura silente o de abstención aduce vía presentación judicial el incumplimiento (2/7/02) reclamando la restitución de los bienes" (fs. 350, últ. párr/350vta.). La obligación de contestar a título del art. 919 C.C. era insorteable, desde que si resultaba error de la demandada M. el formular la intimación, era deber de la actora S. contraponer y hacerle saber su propia postura contractual (Conf. punto d) Deberes y derechos de las partes - 53: "La moderna noción de fraude en la formación del negocio y su evolución, a partir del principio "caveat emptor" o carga del contratante de ejercer la debida diligencia, coloca sobre cada parte la obligación de informar y liberar a la otra de su error" - C.Nac.Com. Sala B, 5/2/1999 - Z., H.J. v. S., C. - en J.A.1999-II-155.

El criterio jurisdiccional resulta en consecuencia decisorio, se encuentra firme y, por lo tanto, reconocida la finalidad del contrato expuesto por la parte demandada.

Deja ante tal presupuesto de constituirse en "error garrafal" las consideraciones del fallo al reconocer los pagos invocados. Se responde en principio que el Juez no da por sentado la "autenticidad y procedencia" de pagarés como lo expone el agraviado ni se funda en el Dec. 5965/63. Señala la sentencia que merecen un párrafo los 21 pagarés firmados y acompañados por el demandado y que "surge de la labor pericial caligráfica realizada que tanto la cifra "1500" como el texto "pagado" pertenecen al actor S. A., que no puede dejar de observar que los 21 pagarés tienen el Nº 1 al 21, mientras los acompañados por el actor tienen el Nº 41 al 50, lo que hace presumir que se firmaron más de 21 pagarés, lo que acercaría a la hipótesis del demandado y que se firmaron en realidad los 81 pagarés; que a "mayor abundamiento no fue probada ninguna operación comercial anterior a julio de 2001 entre las partes como dice el Sr. S. en su contestación a la reconvención a fs. 48vta., Pto.III a) primer párrafo y que los documentos acompañados por el demandado reconviniente sean imputables a otra operación comercial" (fs. 349vta., 2do.párr.).

Las consideraciones precedentes del fallo no se basan en el concepto técnico del pagaré, requirente de los recaudos de los arts. 101/102 y concords. del Dec. 5965/63, sino en meros instrumentos privados, con las connotaciones que señala en cuanto a la pericial caligráfica que señala y sus alcances, numeración de los documentos "pagarés" y presunción consiguiente, ninguno de cuyos conceptos resultan precisados por la recurrente con orden al art. 265 CPCCCh. También responden al argumento de la recurrente que pueden haber sido firmados los instrumentos por un negocio anterior y distinto. La actora al demandar no pormenorizó antecedente de contratos anteriores al único invocado. Luego de la reconvención que sostenía la existencia de un verdadero contrato de compraventa (fs. 36vta.), amplía la actora la base fáctica y agrega que a "fuer de ser justo, es necesario reconocer que no es la primera operación que se realiza con el demandado-reconviniente" (fs.48vta., punto a.). La ampliación por la actora de la base fáctica contractual, sin caracterizar qué contratos resultaron antecedentes ni sus plazos, no cuenta tampoco con prueba demostrativa y el sentenciante así lo funda. A ello debe agregarse que contradice sus propios actos, si al demandar expuso como único antecedente que con fecha 26 de agosto de 1998 el Sr. J. C. T. "le vendió al actor, el camión y el semirremolque, soporte de la presente acción...", sin ninguna referencia a contratos intermedios (fs. 14).

Se rechaza por todo lo expuesto el agravio del punto a) de fs. 463/463vta.

Punto b) Daño moral (fs. 463vta.). Sostiene que no existe demostración del demandado del daño moral y que el Juez no da fundamentos válidos para su imposición, además de ser excepcional su imposición en materia contractual y facultativa del Juez; que además ni el supuesto de venta o de alquiler puede generar perjuicio abusivo del derecho y ello acarrearía para el demandado un enriquecimiento ilícito.

La alegación respecto a que en ninguno de los supuestos, o el contrato de alquiler puede generar ejercicio abusivo del derecho, así expuesto no revela la realidad de la conducta de la accionante. El ejercicio abusivo por la actora queda esclarecido con la interposición de la demanda, si guardó silencio al ser intimada por carta documento para la entrega de la documentación por "venta" de los rodados, lo que importó su reconocimiento y accionando luego abruptamente -porque además nunca formuló intimación de cumplimiento- invocando una figura contractual fuera de los cauces de la verdadera convención reconocida. El caso comporta para la intimante un daño moral "in re ipsa", por los gravosos comportamientos objetivos que suministra. Como lo señala el fallo, los hechos reúnen por su índole y circunstancias del caso, los componentes que general el daño moral, de conformidad con el art. 522 del Código Civil.

Se confirma el criterio jurisdiccional.

Punto c) Mora (fs. 464). Formula la parte actora reconvenida una extensa transcripción del Dr. Borda sobre el instituto de la mora, destacando que el mejor sistema y al que se ajusta una sociedad dinámica, es la que se verifica con el solo vencimiento del plazo, donde la exigibilidad no depende de operaciones complicadas, con lo que en definitiva, no es de extrañar que en el derecho moderno, predomine el principio de mora automática; que las cuotas eran de vencimiento mensual y que la sentencia en momento alguno lo tuvo en cuenta para receptar la "exceptio non adimpleti contractus" (excepción de incumplimiento) que interpusiera en su oportunidad.

La cita particularizada del destacado doctrinario, pero en forma aislada, de la trama litigiosa no admite discusión, pero no se ajusta al marco contractual que vinculaba a las partes y olvida las propias obligaciones de la actora reconvenida. Precisamente es el mismo doctrinario citado el que enseñando sobre el art. 1204 CC., que comprende en su inicio a los contratos con prestaciones recíprocas, refiere que si no se ha establecido expresamente el pacto comisorio, debe el acreedor brindar una nueva oportunidad de cumplir y que vencido el plazo fijado en el requerimiento, la obligación queda resuelta sin necesidad de nueva actuación del acreedor (Borda, "La Reforma de 1968 al Código Civil", Números 184, 186, 187 y 189). La Jurisprudencia, en forma concordante, expresa que la falta de pacto comisorio expreso no es óbice para la rescisión, dado que esa circunstancia no impide al vendedor demande la rescisión del contrato, siempre que haya cumplido con sus obligaciones y colocado en mora al comprador respecto de las suyas, que esta "es la doctrina del art. 1204 del cód. civil, en virtud de las reformas introducidas por la Ley 17711 (Sup.Corte de Buenos Aires, 17/7/1968 -J.A. 5/11/1969 - en "Código Civil y leyes complementarias", de Manuel Osorio y Florit, T.II, pág. 254, ed. Librería Jurídica - La Plata 1972).

Frente al accionar por resolución interpuesta por la parte actora Sepúlveda Avilez, la parte demandada reconviniente contrapuso oportunamente a fs. 36vta./37 la mora del accionante por incumplimiento, la falta de entrega del Formulario "08", probada con la intimación por CD Nº 446672600, de fecha 27/5/2002.

La demandante no salva los recaudos exigidos para resolver, el cumplimiento de sus propias obligaciones y haber puesto en mora a la demandada, porque frente a las obligaciones asumidas por la demandada y los varios impagos, mediaba la abstención del vendedor S. A. de toda intimación frente al vencimiento de las obligaciones asumidas por la contraparte.

Viene al caso el comentario a fallo del Dr. Luis Moisset de Espanés bajo el título: "El simple retardo, la mora y la resolución por incumplimiento: Variaciones sobre un tema" - J.A.1982-IV-463. Avanzando sobre su lectura de la siempre brillante didáctica jurídica con la que el autor desarrolla sus exposiciones, llega al caso de las implicancias que plantea la tolerancia del acreedor y la mora del deudor. Explica que si el acreedor ha tolerado retrasos en varias oportunidades, el deudor moroso no solo tiene el "deber" de pagar sino el "derecho" mientras no haya incurrido en incumplimiento definitivo (caso de cumplimiento imposible). El acreedor no puede hacer valer en tales circunstancias -la tolerancia aludida- de manera inmediata el pacto comisorio expreso ni la condición resolutoria tácita, pese a que el deudor sea moroso, que "...ello se debe a que la resolución no es un efecto de la mora (pese a que la afirmación es muy frecuente en doctrina), sino del incumplimiento" (del autor, trab. cit. págs. 464/465).

En las condiciones que concurrió a juicio la actora luego reconvenida, carecía de los atributos jurídicos para contraponer la excepción de incumplimiento. Carece por lo mismo de agravio en esta Alzada. Se advierte que el fallo resume correctamente los puntos precedentes en el punto 13 de fs. 351vta./352.

Punto d) Actualización del saldo de precio (fs. 465). Sostiene la apelante que la conceptualización del Juez contiene una notoria falta de equidad, cuando si bien dice que procede acoger el reajuste del saldo de precio, lo hace a valor histórico sin agregar al saldo los intereses de la deuda, la que fija 60 cuotas de $1.500 cada una, por lo que recurre por actualización desde que cada una de las cuotas es debida.

En principio debe advertirse que al oponer su defensa la parte actora al tiempo de contestar la reconvención, no introdujo cuestionamiento alguno respecto al saldo de precio de la compraventa, recordando con seguimiento de la jurisprudencia, que los "arts. 510 y 1201 CC. permiten interpretar que, cuando se trate de obligaciones recíprocas, el solo hecho de demandar el cumplimiento del contrato supone un ofrecimiento tácito del accionante de ejecutar la prestación a su cargo" (C.Nac.Civ. y Com.Fed., Sala 2ª., 5/3/1996 -Estado Mayor General del Ejército v.Barberia, Eduardo y otros- en Rep. J.A. 1999, pág. 416, nº 122).

Además, en cuanto se sostiene la falta de equidad del sentenciante, no trae primeramente cuáles son los textos del fallo que demuestren, luego de su examen, la falta de equidad, conforme con las exigencias del art. 265 CPCCCh. Por lo tanto y en este estadio, no hay razones para reponer las consideraciones de la sentencia de fs. 352. Ésta, a partir del tercer párrafo, analiza el reajuste de saldo de precio en la "compraventa" -sin perjuicio de advertir que las partes contrataron sobre el bien de un tercero, provocando una típica obligación de hacer en la actora (art. 625 C.C.)- parangonando los incumplimientos bajo los postulados del art. 1071 y 1198, primer párr. del Cód. Civil, y luego precedido por tales elementos, completando para así decidir con el considerando 14, al no contar con una valuación actual y seria del valor de los bienes vendidos, aplica asimismo el art. 165 CPCCCh. Ninguno de tales fundamentos troncales resultan contradichos específicamente, por lo que en definitiva se rechaza el agravio, todo lo que comporta, en conjunto con la negativa a los precedentes, la desestimación del memorial de fs. 463/465vta.

Agravios de la parte demandada reconviniente de fs. 466/467.

Conforme lo examinado, se agravia por la condena del saldo de precio de la operación (pagar en 60 cuotas de $1.500 c/u), porque no conduce con el modelo y estado del camión y semirremolque, modelos año 1995. Explica que se encuentran parados y en posesión del actor; que un mínimo de experiencia y conocimiento da sustento para afirmar el desgaste mecánico y de cubiertas que sufren los rodados, gastos para poner en marcha y otros deterioros que pueden tener los bienes.

Los argumentos expresados en esta Alzada por esta parte no demuestran ilación con la trama litigiosa propuesta al reconvenir, ya que si bien al sostener el incumplimiento de la obligación asumida por la actora por la que debía responder y agregar, más los daños y perjuicios ocasionados (fs.38 ler.párr.), no previno ni peticionó que el saldo de precio debía ser compensado con los menoscabos que ahora le asignan a los bienes. Debe observarse que el secuestro de los bienes constituía un hecho que precedía al juicio.

En consecuencia, la pretensión precedente resulta improponible a título del art. 277 CPCCCh, por lo que se la rechaza.

El Juez no pudo pronunciarse por un eventual daño no reclamado o por la desvalorización de los móviles (hay ausencia de una valuación actual y seria del valor de los bienes dice el Juez), en tanto el mínimo de experiencia o conocimiento ordinario que entiende aplicable como facultad jurisdiccional, mensura montos pero no suple la magnitud de los daños, carga evidente de alegación y prueba de la interesada. Por otra parte, el Magistrado resuelve sopesando incumplimientos de una y otra de las partes, propio de la existencia de incumplimientos recíprocos y que incide en la gravedad de las faltas que se atribuye a una de las partes (Conf. C.Nac.Com., Sala C., 6/11/1998 - Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. v. Cañas, Adolfo J. - en J.A. 1999-III-204), todo lo que queda sin revisión por la demandada recurrente, con lo que en definitiva el agravio no resulta demostrado.

La imposibilidad derivada del art. 277 CPCCCh cercena, asimismo, el agravio contra el fallo por no condenar la sentencia a la devolución de lo que llama restantes "pagarés", una vez cancelado el saldo de precio y que dejaría a su parte sujeta a ejecución por la naturaleza que les asigna. Nada opuso al demandar sobre esta cuestión.

A todo evento, carece de agravio sustancial, pues la implicancia potencial ejecutoria que señala es hipótesis que puso la recurrente en el marco contractual con anterioridad a la controversia de autos, quedando el caso comprendido en la doctrina de los actos propios cuyas eventuales consecuencias le competen.

Se rechaza por todo lo expuesto el memorial de agravios de fs. 466/467.

Costas: Las costas devienen impuestas en la primera instancia a la parte actora reconvenida, contando con la queja de esta parte entendiendo que resulta muy riguroso el criterio aplicado por la sentencia, atendiendo a las facultades previstas en el segundo párrafo del art. 68 CPCCCh.

La demandada reconviniente no contesta los agravios.

El fallo considera que vencedor resulta el demandado desde que se atiende su postura accionable (fs. 352svta.) y la solución se ajusta a derecho, ya que no se advierte ningún mérito por el exceso incurrido al accionar por la actora, para eximir total o parcialmente de conformidad con el art. 68, 2da. parte, del CPCCCh.

En cuanto en esta Alzada ninguna de las partes obtiene modificación del fallo apelado, estimo que las costas deben imponerse por su orden (art. 68, 2da. parte, del CPCCCh). Para regular los honorarios rigen las leyes arancelarias Nº 2200 y ref. Ley 4335, arts. 6, 7, 9, 14 y concords., el mérito de los trabajos profesionales y su resultado, por lo que propongo los honorarios del Dr. J. R. V., en la suma de $3.600 y los del Dr. O. Z. A. en la suma de $5.400.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

1) Rechazar el memorial de agravios interpuesto por la parte actora reconvenida N. R. S. A., fundado a fs. 463/465vta. y, asimismo, el de la parte demandada reconviniente G. A. M., fundado a fs. 466/467 y confirmar la sentencia de fs. 348/353 y aclaratoria de fs. 362/362vta., en todas sus partes.

2) Costas en la Alzada por su orden, a cuyo fin propongo las regulaciones de honorarios de los profesionales actuantes de conformidad con el considerando respectivo.

A la primera cuestión la Dra. Alonso de Ariet dijo:

1. Desde que comparto plenamente la postura del magistrado preopinante para la solución de caso venido en apelación, es pertinente que me remita a su voto en orden a los datos de interposición de los recursos, reseña del pleito, fallo dictado y agravios de la actora y de la demandada contra el decisorio en crisis.

2.Tratamiento de los agravios.

2.a. Los agravios de la parte actora reconvenida.

Los fundamentos centrales que dan sustento al rechazo del primer agravio de la parte actora son los siguientes: inexistencia de vulneración del principio de congruencia, falta de refutación de argumentos dirimentes del fallo, los comportamientos de las partes como determinantes para develar lo efectivamente acordado entre las partes.

En orden al primer argumento, he de señalar que como lo ha precisado el Dr. Nahuelanca, la relación jurídico procesal no sólo comprende la pretensión del actor sino que se integra con las oposiciones del demandado.

En función de lo expuesto el vicio que el apelante endilga al juez de grado respecto al modo de integración de las cuestiones debatidas, no es tal.

Corroborando tal aserto, es dable señalar que el principio de congruencia está dirigido "a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional, por imperio del cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico" (Aragoneses citado por Sagües en Recurso extraordinario, t. 2, 4º edición actualizada y ampliada, ed. Astrea, Bs. As. 2002, p. 219).

De lo expuesto resulta que los escritos de demanda y reconvención -como sucede en el caso- y sus contestaciones fijan el objeto litigioso, ya que son las partes, exclusivamente, quienes determinan el tema sometido a decisión. El órgano judicial debe limitar su pronunciamiento tan sólo a lo que es pedido por aquéllas no debiendo, al fallar, apartarse de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y en la oposición de la demandada que constituyen límites infranqueables a los cuales deberá atenerse so pena de incurrir en violación del principio de congruencia y con ello afectar la garantía constitucional de defensa en juicio.

Este límite no ha sido vulnerado por el juez de grado; por el contrario, su decisión se atiene a los hechos introducidos por las partes.

El segundo fundamento para el rechazo de la revisión pretendida en el punto a) de la memoria, es la falta de refutación de argumentos dirimentes del fallo. Huelga recordar el artículo 265 del CPCCCh, obliga a efectuar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.

El concepto de crítica "concreta" y "razonada", contenido en el artículo citado, constituye una carga técnica: deben precisarse, parte por parte, los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general reúnan los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación; para desvirtuar una solución realmente dotada de congruencia.

Esta expresa manda procesal no ha sido cumplida porque han quedado sin refutación concreta dos fundamentos dirimentes del fallo. El primero es el relativo a las consecuencias del silencio del Sr. Sepúlveda a parte a la intimación que el Sr. M. le cursó mediante documento fehaciente -original glosado a fs. 397/399- para la entrega de la documentación necesaria para la transferencia de los rodados individualizados bajo las patentes ****** y ******. El otro argumento íntimamente vinculado con el anterior, que ha quedado incólume es la aplicación del principio de la realidad, desarrollado por el juez de grado en el último párrafo de fs. 350 de los considerandos de la sentencia. Estas omisiones son relevantes porque dan firmeza a la lógica del fallo en orden a la calificación del negocio jurídico que vinculó a las partes.

Resta por último señalar que el análisis del comportamiento de las partes avala la conclusión del juez de grado en la resolución del conflicto e impide acoger los agravios de la recurrente, como se ha precisado en el voto que antecede.

La interpretación jurídica efectuada no ha violentado ni distorsionado el contrato, es decir la norma creada por las partes, sino que ha determinado las conductas exigidas por ella. El reconocimiento de la existencia de un negocio jurídico y la falta de convención escrita determinan la trascendencia del comportamiento de las partes que en relación con el contrato han tenido los contratantes en los distintos momentos del mismo (antes de la celebración, durante y después).

Este examen detalladamente realizado por el juez de grado y por el Dr. Nahuelanca conducen al rechazo de la revisión propuesta y así lo propongo. En cuanto a la impugnación de la procedencia del daño moral, adelanto que tampoco prosperarán los agravios.

El artículo 522 del Código Civil autoriza la reparación del agravio moral en los casos de indemnización por responsabilidad contractual, de acuerdo con la índole del hecho generador de responsabilidad y circunstancias del caso.

Los tribunales han propiciado la adopción de un criterio restrictivo, para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica, (conf. S.C.J., La Plata, "Bernard, Tomás Diego (h) y otra c/ Banco Municipal de La Plata s/ daños y perjuicios", del 5-8-1997). Sin embargo, ello no importa la exigencia de prueba directa de la existencia y entidad del daño como pretende el apelante sino que el juez deberá apreciar las circunstancias del hecho para establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada de la intimidad del sujeto pasivo. La índole misma del agravio que reside en lo más íntimo de la personalidad impide su prueba directa (conf. Bustamante Alsina, "Equitativa valuación del daño no mensurable", L.L. 1990-A-655 y 656).

La conducta del recurrente descripta puntualmente por el Dr. Nahuelanca demuestra que intentó subvertir en forma arbitraria y dañina la naturaleza del negocio jurídico celebrado; vulnerado así el principio de buena fe contractual y configurando un claro supuesto de ejercicio abusivo de los derechos. La buena fe es una exigencia de estos tiempos que domina todo el ordenamiento jurídico, no sólo en lo referente a la constitución de la relación, sino también en la ejecución e interpretación de cualquier aspecto de la convención, exigiéndose una conducta clara, diligente y sincera de las partes, tanto en el proceso formativo de los contratos como durante toda su vigencia y posterior extinción.

Es claro que el elector abusó de su derecho de estar en juicio y originó actuaciones que engendran daño, por las que debe responder.

Con base en lo expuesto, adhiero a la propuesta de confirmación del fallo de primera instancia.

Respecto del tercer agravio -punto c) de la memoria- adhiero, también, al rechazo.

La posibilidad de resolver los contratos se considera implícita en los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, pero sólo la parte que ha cumplido puede ejercerla con éxito. Sabido es que, conforme lo normado por el artículo 1201 del Código Civil, no está facultado para pedir el cumplimiento quien no acreditó haber cumplido con su parte en la obligación contraída, en la otra variante y con los mismos parámetros, no podrá reclamar la resolución por incumplimiento aquel sujeto que no haya cumplido con su obligación (art. 1204, CC).

Sólo el contratante "in bonis" tiene el justificativo legal, conforme lo normado por el artículo 1204 Código Civil, para ejercer la resolución contractual por la situación de incumplimiento, que él no ha causado, no ha contribuido a que así ocurriera y que debe sufrir. La interdependencia de las prestaciones recíprocas da sustento a este presupuesto.

No se advierte que este extremo concurra en autos, ya he señalado que la parte actora fue debidamente intimada por la demandada ha cumplir con una obligación esencial del contrato: la entrega de la documentación de los vehículos que constituyeron el objeto de la compraventa.

La entidad de este incumplimiento impide considerar a la parte como contratante fiel; es que la carencia de la documental impide circular, es decir obstruye el destino natural de los rodados. Una vez, más es dable recordar que en materia contractual debe primar el principio de buena fe como eje rector de las conductas de las partes. Así, y refiriéndose a las conductas sociales que deben ser atendidas por los sujetos en el tráfico jurídico, José Luis de los Mozos, citando a Diez-Picazo, dice "Si la buena fe, considerada objetivamente, en sí misma, es un modelo o un arquetipo de conducta social, hay una norma jurídica que impone a la persona el deber de comportarse de buena fe en el tráfico jurídico. Cada persona debe ajustar su propia conducta al arquetipo de la conducta social reclamada por la idea imperante. El ordenamiento jurídico exige este comportamiento de buena fe, no sólo en lo que tiene de limitación o de veto a una conducta deshonesta (v.gr. no engañar, no defraudar, etc) sino también en lo que tiene de exigencia positiva prestando al prójimo todo aquello que exige una fraterna convivencia (v.gr., deberes de diligencia, de esmero, de cooperación, etc)" (autor citado, "El Principio de la Buena Fe", pág. 37, ed Bosch, Barcelona, 1965).

Las razones expuestas motivan la adhesión al rechazo que propugno.

El último agravio vinculado con el saldo de precio no puede prosperar porque el apelante solo ha expresado una mera disconformidad con lo resuelto. Se pregona la falta de equidad del fallo pero no dice el recurrente cómo se configura tal vicio. Lo expuesto evidencia que las conclusiones del juez de grado no han sido refutadas en forma puntual. Además son derivación razonada del derecho de conformidad con los hechos probados de la causa de modo que se impone su confirmación tal como lo ha propuesto en este acuerdo el segundo votante.

2.b. Los agravios del demandado-reconviniente.

Tal como se sostiene en el voto que me antecede, corresponde considerar extemporáneos los argumentos de la demandada-reconviniente relativos al monto fijado por el juez en concepto de saldo de precio. Ello porque se pretende introducir en la alzada cuestiones que no fueron motivo de planteamiento y puestas a la consideración del juez a-quo, las que aparecen por lo tanto como fruto de una reflexión tardía.

Sabido es que el poder de actuación de la alzada tiene un límite: los temas propuestos por las partes en los escritos de constitución del proceso, como lo prevé el artículo 277 del ritual. En el sublite, el Dr. Nahuelanca al cotejar los alcances de la pretensión inicial y el contenido del agravio ha demostrado cómo, con la incorporación de nuevos planteos que importan la alteración de la relación procesal, dicho límite ha sido vulnerado. El fundamento de la pretensión inicial estuvo vinculado exclusivamente al incumplimiento de la prestación a cargo de la actor y los daños ocasionados, en ningún momento exteriorizó como pretensión la compensación del monto del saldo de precio con un menor valor de los bienes que ahora pretende introducir al debate. Así, la invocación de tal extremo al momento de expresar agravios, comporta un nuevo planteo violatorio -como vengo sosteniendo- del encuadre funcional de la apelación.

En función de lo expuesto concuerdo con la solución propuesta por el segundo votante, es decir con el rechazo del agravio. 3. Costas y honorarios.

Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, atento al modo que se resuelven las impugnaciones de las partes.

Los honorarios se regularán de conformidad con las pautas generales previstas por el artículo 6 de la ley 4335 y por aplicación de la escala específica contenida en el artículo 14 del citado ordenamiento.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo: Por las razones dadas, adhiero a la decisión propuesta por el Dr. Nahuelanca.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia del Dr. Alexandre, la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar el memorial de agravios interpuesto por la parte actora reconvenida N. R. S. A., fundado a fs. 463/465vta. y, asimismo, el de la parte demandada reconviniente G. A. M., fundado a fs. 466/467 y confirmar la sentencia de fs. 348/353 y aclaratoria de fs. 362/362vta., en todas sus partes.

2) Costas en la Alzada por su orden, a cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. J. R. V., en la suma de TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($3.600) y los del Dr. O. Z. A. en la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($5.400).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Presidente SILVIA N. ALONSO de ARIET - Juez de Cámara FERNANDO NAHUELANCA - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 26 DEL AÑO 2008 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "CyC"