Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-27


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"J A, H R c/ M, E F s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", expte. nro. 16.153/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (expte. nro. 247/04), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 186), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Julio Antonio Alexandre, Dr. Fernando Nahuelanca y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 158/159? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que la sentencia condenatoria de fs. 158/159, es apelada por la vencida a fs 160 y a tenor del informe de fs. 180/182 vta.

Una detenida lectura de todo lo actuado, dentro de los límites impuestos por la queja, permite advertir que lo que debió ser una crítica concreta a los presuntos errores del fallo impugnado (a partir del p. 2 a), fs. 181) es una mera reiteración de los hechos y con idénticas referencias doctrinarias y jurisprudenciales que las formuladas al momento de contestar la demanda (fs. 60/63vta.), lo que importaría de común y ordinario aplicar la sanción establecida en el art. 266 CPr.

Y es que los disensos jurídicos o exposición retórica acerca de la posibilidad de interpretación de los hechos de manera diversa de lo apreciado por el juzgador constituyen modalidades propias del debate dialéctico, mas no de la impugnación judicial mediante el recurso de apelación (ver v.gr. CNCiv., sala D, diciembre 3-2002, ED 203-462, y sus citas jurisprudenciales y doctrinarias).

Además, vale recordar que la fundamentación debe considerarse insuficiente si en la presentación respectiva no se atacan concreta y frontalmente las verdaderas y determinantes motivaciones del fallo (conf. Fassi y Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial comentado, anotado y concordado", t. 2, p. 484, n. 18 y jurisprudencia citada en nota 21), con lo que en el caso los recurrentes aparecen manifestando una simple disconformidad que no reúne los recaudos de una característica expresión de agravios en el sentido del art. 265 CPr.

Ello, empero, para mayor resguardo del derecho de defensa, habré de referirme brevemente a la configuración del caso.

En atención al replanteo de hechos salvaré el error cometido en la demanda (fs. 62 vta. p. E) y no corregido en el fallo en cuanto a que el régimen de responsabilidad aplicable en casos de accidentes de automotores viene impuesto en la reforma del CCiv. del año 1968 y receptado en forma pacífica por doctrina y jurisprudencia tal como reiteradamente lo he señalado en casos análogos y allí recordé que tal recepción comenzó primero con la SCBA con fecha 08/04/86 en autos "S de la R c. Vs" en LL-D, 479, con nota de Trigo Represas, "Aceptación jurisprudencial de la tesis del riesgo recíproco" en la colisión de automotores".

Luego la CSJN, en LL,1988-D, 296, con nota de Alterini, A. "Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores". Postura defendida, adelantándose a tales fallos, por Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños", t. II-B, p.45, nº 208; Alterini- Ameal- López Cabana, "Curso de obligaciones", 1975, t. II, p. 425; Trigo Represas, "Responsabilidad por daño causados por automotores" p. 73; Pizarro, "Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa", p. 548 y Kemelmajer de Carlucci tal como lo recuerda Carlos A. Ghersi, en "Los nuevos daños, soluciones modernas de reparación", Ed. Hammurabi, 2ª ed. 2000, t. 1, pág. 472, parág. 172.

En oportunidad del cambio de posición se dijo que si bien esta Corte ha sostenido en casos de accidentes protagonizados por dos o más automotores la inaplicabilidad del art. 1113, párr. 2º, del Cid. Civil, sobre la base de que el riesgo recíproco creado por los vehículos enerva el fundamento de la responsabilidad asignada por esa norma una revisión del problema, conduce a una solución diversa (Fallos 306:1988; 323:4065 y 4081; ver fallos posteriores en Luis Moisset de Espanés y Carlos Alberto Sánchez en Accidentes de Automotores T. II, pág. 72, p.234; CS, 27/12/90, en "Sarro, Antonio y otros c. Buenos Aires Provincia de s/ Daños y perjuicios" (ED, 177, 610 nº 39); CS, 23 diciembre 1997 - "F K e Hijos S.R.L. c. Buenos Aires Provincia de y otro", RED, 35-24, entre muchos).

Y luego: "Que, como lo ha dicho esta Corte en Fallos: 310:2804 y lo ha reiterado en numerosos precedentes, la sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto por el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y, de tal suerte, en supuestos como el sometido a la consideración del Tribunal se crean presunciones de causalidad concurrentes como los que pesan sobre el dueño o guardián, quienes deben afrontar los daños causados a otros salvo que prueben la existencia de factores eximentes" (ver CS, 09/03/2004 - "M, F Nc/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios" - en DJ 2004-2-570).

La tesis del riesgo recíproco en materia de daños y perjuicios significa que cada uno de los dueños o guardianes de los rodados intervinientes en el accidente deben reparar los daños causados al otro, incumbiéndoles invocar y probar la existencia de alguna de las eximentes previstas en la ley: culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder, o caso fortuito externo a la cosa que fracture la relación causal (ver v.gr. CNCiv., sala H, 2002/03/21, DJ, 2002-2-1091; CNCiv., sala H, 2002/08/22, DJ 2002-3-459; CNCiv., sala K, 2002/08/07, DJ, 2002-3-480).

Ello así, pues este régimen fundado en la teoría del riesgo no elimina dentro de su universo la idea de culpa, aunque a ésta no se la hace gravitar como factor de atribución o de imputación de responsabilidad, sino como causal de exención.

De ahí que la víctima de un daño causado por una cosa riesgosa no tenga que probar si existe culpa en el dueño o guardián de la misma, ya que le basta con acreditar la relación de causalidad entre el daño sufrido y aquélla cuya titularidad o guarda atribuye al que demanda, quien, a su vez, puede eximirse de responder si demuestra la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder.

Por tal razón se ha resuelto v.gr. que: La culpa tiene una doble función, como factor de atribución de responsabilidad, tanto contractual como extracontractual -arts 511, 1109 y 1107 CC- y como eximente de responsabilidad, en los casos no ya de responsabilidad subjetiva, sino objetiva, como la que consagra el segundo párrafo, segunda parte del art. 1113 CC.

En tanto allí el factor de atribución es el riesgo de la cosa o el art. 184 del CCom., referido a la responsabilidad del porteador por los daños sufridos por el pasajero durante el transporte oneroso, donde el factor atributivo es la obligación de garantía o seguridad de trasladarlo sano y salvo a destino (ver v.gr. JA 1998-III- síntesis, pág. 97, nº 78).

Considero que lo dicho resulta un aporte jurídico a considerar tanto por quien impugnó la aplicación del régimen como por el a quo en nuevas ocasionas de tales planteamientos, aún cuando la recurrente haya consentido la indefinición del fallo en tal aspecto.

En el punto segundo de los considerandos se han brindado las razones fundadas por las que se ha considerado que de la prueba adquirida surge con grado de certeza que el vehículo del demandado, decidido a efectuar un giro a la izquierda, no adoptó las extremas medidas precautorias que aconseja tal circunstancia, ya que si bien es una maniobra no prohibida por nuestros reglamentos de tránsito, no por ello ha dejado de ser peligrosa, e irrumpiendo la línea de marcha de quien circulaba normalmente y lo embiste.

Lo dicho encuentra sustento probatorio en las constancias de la autoridad de prevención, testimoniales referenciadas en el fallo y de las presunciones que emergen de la incontestación de la demandada por el titular registral y la confesión ficta sin que pueda oponérsele ninguna circunstancia eximente.

Tampoco la incapacidad parcial de reflejos por ingesta de alcohol, que autoriza a presumir tal comprobación merecía mayores consideraciones (fs. 97vta y testimonial de fs. 95, 5ª pregunta) sin más réplica que la simple negativa. Así, en casos análogos al presente se ha resuelto que corresponde atribuir responsabilidad al demandado en el accidente de tránsito, toda vez que la maniobra de giro a la izquierda que pretendió realizar era particularmente peligrosa porque importaba una obstrucción de la calzada de circulación por varios segundos, debido a lo cual debió preavisar debidamente y asegurarse que podía llevarla a cabo sin riesgo alguno para sí o para terceros (ver v.gr. CApel. Civ. y Com. 6ª Nom., Córdoba, 05/07/2004 -Saeed Navid c. Moreno, Francisco A.- LLC 2004 (noviembre), 1080).

Téngase presente que la actuación de la demandada ha interrumpido el nexo causal y de allí que haya liberado de total responsabilidad al actor y así se ha dicho que lo que interesa es la idoneidad de la actuación de la víctima para producir el evento dañoso y como factor interruptivo, total o parcial, de la relación de causalidad (conf. v.gr. Galdós, Jorge Mario; "Derecho de daños en la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires", Ed. Rubinzal-Culzoni 1999, pág. 302 y ss.; Jurisp. S.C.B.A., Ac. 34.081, A. y S. 1985-II-208; Ac. 38.271, D.J.B.A. 135-121; Ac. 41.799, D.J.J. 138-93; Ac. 34.081, A. y S. 1985-II-208; entre otras).

Consentida la responsabilidad del dueño, titular registral del vehículo conducido en la oportunidad por el codemandado M -liberado a fs. 151 por desistimiento de la acción en su contra-, evita mayores fundamentos remitiendo ante la posibilidad de dudas a casos análogos v.gr. CApel. Civ. y Com. Azul, sala II, 2006/05/11, cita MJJ76638 y Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nro. 1 de Rosario, 18/04/2005, Simón, Norberto c. Lucero, Néstor, LL Litoral 2005 (diciembre), 1292.

Las costas de la alzada se le imponen a la recurrente y se difiere la regulación de honorarios al momento del acuerdo, en el que se tendrán presentes las pautas arancelarias de la ley 2200 y su modificatoria por ley 4335.

Se advierte que previo a la conformación de la planilla ordenada por la Acordada 1283, se deberán salvar o informar sobre los actos frustrados como el de fs. 157 al pie, a fin de cumplimentar acabadamente los deberes que emergen del art. 34 CPr.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Rechazar la apelación articulada por el demandado y, en consecuencia, mantener firme la resolución de fs. 158/159 en todo cuanto fue motivo de agravios. Con costas y difiriendo la regulación de honorarios al momento del acuerdo. A la primera y segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia se dicta a fs. 158/159 y en su parte dispositiva hace lugar a la demanda y condena a la parte condenada Al S M M, a pagar a la parte actora H R J A, en plazo de 10 días, la suma de $2.800, en concepto de daño emergente y gastos, con más intereses. Rechaza el rubro daño moral. Impone las costas del juicio al demandado y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.

Se notifican las partes a fs. 159 vta. y a fs. 160 apela por derecho propio y con patrocinio letrado, la parte demandada. El recurso se concede a fs. 161. A fs. 165 la parte actora se presenta por derecho propio y nuevo patrocinio letrado y constituye domicilio, que se tiene presente a fs. 166.

Los agravios de la parte demandada apelante se glosan a fs. 180/182 vta. Alude en los primeros tramos a la condición de rebelde que el fallo le asigna al codemandado hasta fs. 141/142 en que comparece a estar a derecho, en cuanto, asimismo, presume en consecuencia a favor de la acción a título de los arts. 60 y 356 inc.1 del CPCCCh. y además que quedó confeso a tenor del pliego de fs. 156, 1ra. pregunta. Que asimismo la sentencia tiene por reconocidas las circunstancias de tiempo y lugar del accidente, que el auto impactante fue la camioneta Ford de M, conducida por Esteban Franco M en estado alcohólico, lo que consigna como factor atributivo del accidente. Revisados los antecedentes del fallo, comienza a partir del punto 2. de fs. 181 a exponer la crítica del fallo. Manifiesta que no coincide con lo que expone el fallo en el punto 2º del considerando, en cuanto a que los daños que recibió el vehículo de Macías es probatorio de su responsabilidad en el evento dañoso y por la forma de conducir, intentando dar un giro a la izquierda sin adoptar las precauciones. Expone entonces los hechos ocurridos el 20/11/03, afirmando que M circulaba por la avenida Kennedy hacia la avenida Rivadavia, que al llegar a la intersección con la calle Díaz Vélez colocó las luces de giro hacia la izquierda, es decir que tomó las precauciones; que cuando llegó a la bocacalle fue intempestivamente embestido por el F F generándose los daños que señala la sentencia. Que ello surge del acta policial de choque Nº 69/03, la que revela que los daños que recibió el vehículo conducido por el demandante se localizan en todo su frente (capot, parte frontal izquierda, abolladuras ambos guardabarros). Cita doctrina sobre la presunción de causación que recae por tal localización de daños. Contrapone además que J A circulaba a exceso de velocidad. El dato del estado alcohólico lo contrarresta en razón que no se hizo un estudio que estableciera que M estaba o no en condiciones de reaccionar ante un imprevisto.

Al merituar el memorial de agravios de la parte apelante A S M, en propio derecho y a partir de su manifestación que no concuerda con la consideración del punto 2º del fallo, por la que la sentencia le asigna responsabilidad en el evento y maniobra realizada para el giro a la izquierda, expone lo que a su juicio constituye la realidad de los hechos, destacando la toma de precauciones que las circunstancias requerían y que resulta intempestivamente embestido.

A tal defensa intentada, corresponde la siguiente observación, que la solución del caso deviene por aplicación de las normas de la rebeldía, que le importó el reconocimiento de los hechos opuestos en su contra en primera instancia, tanto por no haber contestado la demanda y resultar, asimismo, inconcurrente a la absolución de posiciones.

Devienen impuestos los efectos del art. 60 y 356 inc.1º CPCCCh, como bien lo traduce el recurrente al exponer los términos de la sentencia dictada.

No hay lugar, en consecuencia, para sacar otras conclusiones en función de la localización de los daños del automotor conducido por el actor, o que tomó todas las precauciones del giro a la izquierda.

Los daños, en la forma que expone, son consecuencia lógica de las circunstancias de modo del accidente, pero en razón de la conducción desavisada del recurrente y que reconociera al no contestar la demanda. La accionante sostuvo que conducía en forma normal, sin prisa y responsabilizó al recurrente por la conducción de M, desconocimiento de la prioridad de paso y que sin frenar impactó en la parte delantera del vehículo del reclamante. Todo fue reconocido en la primera instancia por falta de contestación de la acción.

El fallo alude a mayor abundamiento a las declaraciones testimoniales de J V H y N J Q a cuyo respecto dice que permiten aclarar la forma en que se desarrolló el evento en examen, girando a la izquierda por delante del vehículo del actor y que fue la camioneta la que embistió al Falcon.

Por lo demás, resulta improponible en esta instancia que el actor conducía a exceso de velocidad, habiendo reconocido que el mismo conducía a velocidad normal y sin prisa.

Debe recordarse, por otra parte, que el recurrente resulta alcanzado en esta Instancia por el art. 277 CPCCCh, la improponibilidad de cuestiones no opuestas al Juez en la primera instancia para su evaluación, por lo que tampoco puede oponer en esta Alzada que el actor conducía a exceso de velocidad, cuestión que por definición no resulta materia de controversia.

Finalmente, los reparos que se formulan en cuanto a la situación de ebriedad del conductor del rodado M, en cuanto en todo caso no importa establecer que no se encontraba en condiciones de reaccionar ante un imprevisto del tránsito, es presunción lógica del sentenciante, reconocido como quedó por los términos de la demanda que "en el momento del accidente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Como consecuencia de esto último fue conducido a la seccional policial... Fue multado por esta infracción a la Ley de Tránsito" (la demanda a fs. 40). En todo caso para destruir la presunción, dado el antecedente reconocido, la carga probatoria le era propia, tal como la impone el art. 1113 CC, invocado en el fallo. Adviértase el devenir jurisprudencial señalado en el primer voto.

Por todo lo expuesto, voto asimismo como en el presente acuerdo, el rechazo de los agravios y en su consecuencia, la imposición de las costas a la parte recurrente por imperio del art. 68 del CPCCCCh. Para regular los honorarios, rigen las Leyes 2200 y ref. Ley 4335, arts. 6, 7, 14 y concords., el mérito del trabajo profesional y su resultado. Propongo los honorarios del Dr. J C S en la suma de $100.

Se advierte, asimismo, de conformidad la observación expuesta por mi colega preopinante, respecto a las actuaciones anómalas que resultan a fs. 157. En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Alonso de Ariet no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar la apelación articulada por el demandado y, en consecuencia, mantener firme la resolución de fs. 158/159 en todo cuanto fue motivo de agravios.

2) Costas a la apelante vencida, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. J C S en la suma de CIEN PESOS ($100).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FERNANDO NAHUELANCA - Presidente JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 15 DEL AÑO 2007 DELLIBRO DE SENTENCIASDEFINITIVAS