Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-01


Buenos Aires,	1	de agosto de 2012.

Visto: el expediente citado en el epígrafe, resulta:

1. A fs. 28/51 la Asociación por los Derechos Civiles promueve acción en los términos de los arts. 113, inc. 2º, CCABA, y 17 y ss. de la ley nº 402, "a fin de que se declare la inconstitucionalidad y pérdida de vigencia de los incisos `e´, `f´ y `g´ del artículo 3º del Código Electoral"; por contradecir los arts. 1, 10, 11, 13 (incs. 3, 7 y 9), 15 y 62, CCABA; arts. 1, 16, 18, 19, 28, 33 y 37, CN y "artículos concordantes" de los tratados internacionales en Derechos Humanos (Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Declaración Universal de Derechos Humanos).

Sostiene, en sustancia, que "el régimen electoral vigente en la ciudad, de manera ilegítima, excluye del padrón de electores a los condenados por delitos dolosos a pena privativa de libertad, a los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos y a los sancionados por la infracción de deserción calificada" (fs. 28 vuelta) Afirma que "la prohibición genérica de votar que pesa sobre los condenados (.) no persigue un fin legítimo" ni contiene ninguna regla expresa o implícita que motive "la finalidad del impedimento" (fs. 37); "recae diferencialmente sobre un grupo vulnerable y vulnerado por la propia intervención penal del Estado" (fs. 44) y que, en suma, consagra de manera discriminatoria, ilegítima y arbitraria "una restricción desproporcionada y desvinculada del delito cometido" (fs. 42 vuelta y fs. 44).

Añade, por último, que la "inclusión de las personas hoy excluidas al padrón no será más que otro paso, necesario y debido, en la progresiva igualación y universalización del derecho a la participación política" (fs. 45 vuelta).

2. A fs. 71/73 el Sr. Fiscal General dictaminó a favor de la admisibilidad de la demanda declarativa por considerarla "fundada mínima, pero suficientemente" (cf. puntos III y IV del dictamen).

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. La actora está legitimada para interponer la demanda de inconstitucionalidad, en los términos del art. 18, inciso 2, de la ley nº 402.

2. Las normas cuestionadas -incisos "e", "f" y "g" del art. 3, CE que excluyen del padrón electoral a los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena; los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en caso de reincidencia, por seis; y los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la duración de la sanción-, pueden ser objeto de la impugnación declarativa directa de inconstitucionalidad, pues cumplen con los recaudos que establecen los arts. 113, inc. 2, de la CCBA y 17 de la ley nº 402 de ser normas de carácter general y, además, y en lo que aquí interesa, han de considerarse emanadas de una autoridad de la Ciudad toda vez que el silencio de la Legislatura local en cuanto a su modificación o derogación las hace aplicables como ley local (conf. art. 5°, ley 24.588 y numerosas resoluciones en las que el TSJ ratifica el carácter de "derecho público local" del CE, vrg. "Partido Humanista s/ amparo", expte. Nº 4228/05, del 12 de octubre de 2005, "Unión del Centro Democrático s/ amparo", expte. Nº 237/00, sentencia del 17/03/00; "Partido Humanista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo", expte. Nº 2353/03, resolución del 13/08/2003; "Rojo, Horacio A, expte. Nº 5349/07, sentencia del 20 de junio de 2000). 3. Las objeciones que se formulan se basan, en lo sustancial, en razones de naturaleza constitucional. Se satisface, entonces, otra de las exigencias previstas en los arts. 113, inc. 2 CCBA y 17 LPTSJ para la admisibilidad de la acción intentada.

En efecto, los actores sostienen que las normas cuestionadas son violatorias de los artículos 1, 10, 11, 13 (incs. 3, 7 y 9), 15 y 62, CCABA; 1, 16, 18, 19, 28, 33 y 37, CN y "artículos concordantes" de los tratados internacionales en Derechos Humanos (arts. 5.2, 5.6, 24, 29, 30 y 32.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; arts 2.1, 10.1, 10.3, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y arts. 7 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

En especial, funda su impugnación en el art. 23.2 CADH, que -según entiende- prevé la posibilidad de reglamentar el ejercicio del derecho al voto de los condenados en proceso penal "para garantizar el derecho en cuestión a fin de hacerlo operativo" (fs. 34).

4. La demanda interpuesta exhibe un escaso desarrollo argumental en relación con los motivos de índole constitucional que la sustentan. En particular puede mencionarse, como sostiene el Fiscal General, la ausencia de un "análisis individualizado e independiente" de cada una de las normas objetadas (fs. 73, 3º párrafo).

No obstante, comparto la opinión del Ministerio Público Fiscal acerca de que el planteo central contiene fundamento suficiente para habilitar el debate en audiencia pública de la cuestión (conf. mi voto en autos "Bidonde, Héctor y otro c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte n° 4807/06, resolución del 13 de septiembre de 2006 y "Asociación Civil Alianza para el Uso Racional de Envases en Argentina (AUREA) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 6370/08, resolución del 27 de mayo de 2009).

5. Por ello, sin perjuicio del juicio de procedencia de la acción que pueda efectuarse una vez escuchadas las partes en el proceso y, habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General, voto por declarar admisible la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La Asociación por los Derechos Civiles (en adelante ADC) está legitimada para interponer la acción prevista en el art. 113 inc. 2 de la CCBA (art. 18, inc. 2, de la ley nº 402).

En su presentación de fs. 28/51, la ADC cumple con los requisitos previstos en la CCBA y en los arts. 17 y 19 de la LPTSJ. Individualiza con precisión las normas que cuestiona -"incisos 'e', 'f' y 'g' del artículo 3° del Código Electoral Nacional" (fs. 28)-, las que pueden ser objeto de impugnación declarativa de inconstitucionalidad pues poseen carácter general y deben considerarse como emanadas de autoridades de la Ciudad según lo expresa la Sra. jueza de trámite en el apartado 2 de su voto. Además, vincula la normativa impugnada con argumentos constitucionales, lo que satisface la exigencia de fundamentación.

2. La actora señala que las normas contra las que dirige la acción son inconstitucionales pues contradicen abiertamente "los artículos 1, 10, 11, 13 incs. 3), 7) y 9), 15 y 62 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (.), 1, 16, 18, 19, 28, 33 y 37 de la Constitución Nacional (.) y artículos concordantes de los instrumentos internacionales de derechos humanos que sujetan a la ciudad y al Estado Argentino" (fs. 28 vuelta). Explica que, por lo tanto, éstas no resisten el escrutinio estricto que el ordenamiento federal con jerarquía constitucional exige se efectúe respecto de las normas que restringen el ejercicio de derechos.

3. La pretensión se ciñe a la declaración de inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

4. Por las razones indicadas, corresponde admitir la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por la ADC, respecto de los incs. e, f y g del art. 3 del Código Electoral vigente en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Coincido con mis colegas en que la acción resulta admisible. Ello así, toda vez que la parte actora está legitimada para interponer la presenta demanda; y se ha controvertido la validez de normas locales, los incisos e, f, y g del art. 3º del Código Electoral Nacional, por hallarse, a juicio de la asociación accionante, en oposición a la Constitución local, a la Nacional, a la CADH, al PIDCyP y a la DUDH (cf. el punto 1 de los "Resulta").

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Fiscal General, voto por declarar admisible la presente acción.

El juez Horacio Corti dijo:

Coincido con el voto de los Dres. Conde, Ruiz y Lozano en el sentido de que se encuentran dadas las condiciones para declarar admisible la acción.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Coincido con mis colegas preopinantes en que la acción declarativa de inconstitucionalidad incoada es formalmente admisible.

Así lo voto.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el señor Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar formalmente admisible la acción de inconstitucionalidad planteada a fs. 28/51 la Asociación por los Derechos Civiles.

2. Correr traslado de la demanda al Señor Jefe de Gobierno, en el domicilio de la Procuración General de la Ciudad, por el plazo de treinta (30) días, para que comparezca y la conteste, acompañe la prueba documental que haga a su pretensión y ofrezca la restante que considere necesario producir en la audiencia que oportunamente será fijada. 3. Mandar que se registre, se notifique y se cumpla.

Firmado: Ruiz. Lozano. Conde. Casas. Corti.