Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26


ROJAS, Griselda Analía contra MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ Reg.: A y S t 193 p 303-315.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil tres, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ROJAS, Griselda Analía contra MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 195 del año 1996), de conformidad con el acuerdo celebrado el día diecinueve del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

1. Griselda Analía Rojas promueve -por apoderados- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez tendente a que se deje sin efecto la resolución 147 del Intendente municipal, dictada en fecha 27.11.1995, que deniega su pretensión de reincorporación y pago de días caídos incoada por vía del recurso de reconsideración contra el decreto 3896/95 (del 2.10.1995) que, a su turno, dispuso el cese de sus funciones invocando la causal de cesantía contemplada en el artículo 63, inciso a), del Anexo I de la ley 9286.

Indica que ingresó a la Municipalidad demandada el 29.7.1989, bajo el agrupamiento "administrativo", y que al cese se encontraba encuadrada en la condición de permanente (categoría 9), con una antigüedad de 7 años y 3 meses.

Señala que padeció de trastornos en su salud durante la gestación de su hija, por lo que dejó de concurrir "justificadamente" a su puesto de trabajo hasta mediados del mes de mayo de 1995, en que comenzó a gozar, en consideración a la fecha probable del parto, de la licencia por maternidad contemplada en el artículo 29 de la ley 9256.

Afirma que, en fecha 11.7.1995, dio a luz a su hija, quién se encontraba en grave estado de salud dada su "escasa vitalidad", producida como consecuencia de que nació con 5 vueltas de cordón umbilical en su cuello, afectando seriamente su respiración y motivando su estadía por espacio de 15 días en terapia intensiva, añadiendo que "aún continúa con severos cuidados".

Seguidamente, agrega que, agotados en fecha 22.8.1995 los 45 días de licencia por maternidad siguientes al nacimiento, solicitó licencia por atención de familiar enfermo (art. 50, ley 9256) a partir del 23.8.1995, fundando y probando dicho requerimiento con la historia clínica y certificado médico del pediatra, el que no establecía el número de días en que la beba demandaría su indispensable asistencia.

Relata que en fecha 11.9.1995 recibió el telegrama número 14 por el que la demandada le comunicó que, ante su incomparencia a las citaciones de los días 7 y 11 de septiembre para justificar el goce de licencia por familiar enfermo, debería reintegrarse a sus tareas habituales en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de abandono de trabajo.

Afirma que las mencionadas citaciones de los días 7 y 11 de septiembre, nunca fueron recibidas en su domicilio de calle Riobamba 5281 de la ciudad de Rosario.

Sostiene que, ante la situación irregular descripta, el mismo 11.9.1995 envió a las 12 horas un telegrama en el que expresó que se presentaría el 14.9.1995 con el correspondiente certificado médico que justificaba la continuación de la licencia por atención de su hija.

Tal como lo manifestó, prosigue, el día 14 se presentó a las 11 horas en las dependencias del Servicio Médico Municipal haciendo entrega al médico del personal del certificado expedido por el médico pediatra doctor Juan José Calvín.

Sigue diciendo que, en fecha 25.9.1995, recibió otro telegrama, el número 37, que le comunicaba que, ante la incomparencia a sus tareas, su situación se encontraba contemplada en el régimen disciplinario de la ley 9286, Anexo I, artículos 5, 61 inciso c) y 62 inciso b).

Al mismo, señala, replicó mediante carta documento fechada en 26.9.1995, por la que solicitó la extensión de su licencia por lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 9256, con goce de sueldo y por el término que el Servicio Médico determinara, a cuyo fin requirió la realización del estudio socio económico que prevé la misma ley, con el objeto de dedicarse al cuidado de su hija, quien padecía una enfermedad producida por el parto; también destaca que se puso a disposición para la realización de los estudios que resultaren pertinentes para el diagnóstico y soporte consecuente de la licencia solicitada.

En definitiva, agrega, lo rechazó por entender que su inasistencia se encontraba debidamente justificada por fuerza mayor.

Manifiesta que, en 30.9.1995 recepcionó una carta documento que, respondiendo a la antes mencionada, le comunicaba que la licencia otorgada conforme al referido artículo 50 y en virtud de lo peticionado en 24.8.1995 y del certificado del doctor Calvín acompañado, "finalizó el 11.9.1995 por no haber respondido a los requerimientos telegráficos del 7 y 8 de septiembre" tal como se le dijera en el de fecha 11.9.1995, considerando que a partir del 12.9.1995 faltó sin justificación alguna por cuanto la documentación acompañada no acreditaba los presupuestos del citado artículo; y que, al haberse negado a presentar los certificados y a apersonarse en la Dirección de Personal, se tenía por falso lo manifestado y se rechazaba su pedido por falta de encuadre en el último párrafo del artículo 50, concluyendo con la intimación a presentarse el 2.10.1995 bajo apercibimiento de cesantía (art. 63 inc. a).

Continúa su exposición narrando que el 2.10.1995 se presentó a trabajar a las 6:55 horas, encontrando que su tarjeta reloj no se hallaba en su correspondiente lugar, lo que le impidió dejar constancia de su ingreso.

Recién a las 10 horas, afirma, fue recibida por el Director de Personal, quien le comunicó que estaba cesante negándose a recibir el certificado médico emitido en ese mismo día por el doctor Calvín, del que se desprendía que la niña requería control estricto por parte de la madre durante un mes a partir de esa fecha por neumopatía aguda.

Enfatiza que el mismo 2.10.1995 se expidió una carta documento comunicándole que quedaba cesante ante su incomparencia a su lugar de trabajo en ese día, de acuerdo a lo solicitado mediante carta documento del 29.9.1995 y de conformidad al artículo 63 inciso a) de la ley 9286.

Continúa diciendo que el día 3.10.1995 se presentó nuevamente a trabajar y, ante la negativa a su acceso por parte del ente territorial, radicó la denuncia por ante la Comisaría 26a.

Apunta que, luego de un nuevo intercambio telegráfico, solicitó se pusiera a su disposición el decreto que había dispuesto la medida disciplinaria a fin de incoar el correspondiente recurso de reconsideración, que fue finalmente rechazado por resolución 147/95 del Intendente municipal.

Seguidamente, destaca que el decreto 3896/95 -que ordenara la sanción- padece de vicios en su fundamentación, los que sintetiza de la siguiente manera: a) En los vistos se sostuvo que la ausencia injustificada a su lugar de trabajo fue desde el día 11.9.1995, fecha en la que se le comunicó la finalización de la licencia del artículo 50, solicitándole la reincorporación inmediata.

Ello -dice- no es exacto, ya que el telegrama número 14 recepcionado el mismo 11.9.1995 aludía a una incomparencia a las citaciones de los días 7 y 11, las que jamás entraron en la esfera de su conocimiento.

Por el contrario, señala, se apersonó el día 14, conforme lo había comunicado, entregando el correspondiente certificado médico.

b) En los considerandos se hizo referencia a que: hizo caso omiso de las diversas comunicaciones telegráficas, desoyó los consejos del área médica municipal, no se presentó en la Dirección de Personal para clarificar la cuestión, faltando sin justificación alguna ni acreditación de los supuestos del artículo 50. Niega lo expuesto afirmando que el certificado del doctor Calvín del 2.10.1995 acredita la patología de la bebé y la necesidad de su consagración a la atención de la niña, que a la fecha de la cesantía no tenía más de 4 meses, lo que no puede considerarse no indispensable.

c) La ilegitimidad del decreto también reside en lo desmesurado de la sanción.

Colocándose en la hipotética situación de ser merecedora de alguna sanción, y poniendo de resalto las angustiosas circunstancias por las que viene atravesando, entiende que la cesantía luce extremadamente desproporcionada ya que: no se le acordó el plazo de 30 días previsto en el primer párrafo del artículo 50; el Servicio Médico municipal nunca intentó examinar a su hija para comprobar, si existían dudas, su estado de salud, y confeccionar el estudio socio económico solicitado; no se recurrió, pudiendo hacerlo, a la licencia sin goce de haberes (arts. 29 y 50), ni al goce del período vacacional (art. 36), ni se le aplicó sanción disciplinaria alguna. Finalmente, destaca que, la falta de comprensión, colaboración y solidaridad por parte del organismo público, sumada a la falsedad de otros puntos afirmados por la demandada, contribuyen a poner de manifiesto la ilegitimidad y abusividad de las resoluciones impugnadas, lo que las torna contrarias a derecho.

Solicita, en definitiva, el acogimiento de la demanda, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 27), comparece la Municipalidad demandada (f. 46/vto.) y contesta la demanda (fs. 50/55).

En el escrito de responde niega pormenorizadamente cada uno de los extremos argüidos por la actora en su demanda.

Posteriormente, al exponer -a su criterio- la realidad de los hechos, afirma que la licencia prevista en el artículo 50 de la ley 9256 solicitada en la Dirección de Personal el día 24.8.1995, le fue otorgada por un plazo de 19 días, esto es, hasta el 11.9.1995 inclusive; pero llegando casi al final de dicho término, aún no había justificado la misma, por lo que la mencionada Dirección la intimó en fecha 5.9.1995 a que se presente el día 7 a las 8 horas para presentar el certificado médico a los fines de justificar la licencia por familiar enfermo, lo que no sucedió; y, en fecha 8.9.1995, a que se presente el día 11 (en que culminaba la licencia) a las 8 horas bajo apercibimiento de ley, lo que tampoco ocurrió.

Ante el renovado silencio de la agente, sostiene, se le envió nuevo telegrama en fecha 11.9.1995, por el que se la intimó a reintegrarse a sus tareas habituales en el plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de considerar la situación como "abandono de trabajo".

Dicha pieza postal fue rechazada el mismo día por la actora, por considerar que debía continuar con licencia por enfermedad de su hija disponiendo unilateralmente que concurriría a justificar dicha dolencia el 14.9.1995 al Servicio Médico.

Destaca que, evaluado que fuera el certificado que acompañó la agente en dicha fecha, se determinó que su hija no requería el control estricto, ya que en las observaciones, el médico municipal, doctor Monasterio, consignó que la licencia por familiar enfermo se otorgaba hasta el 11.9.1995, "no habiendo motivo acreditado para justificar una prórroga de la misma".

En virtud de lo cual, sostiene, el 15.9.1995 la Dirección de Personal le envió a la agente, nuevo telegrama informándole que, de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Área de Servicio Médico, su licencia por familiar enfermo era hasta el día 11, y que debía reincorporarse a sus tareas inmediatamente, esto es, el 16.9.1995, constituyendo ésta otra oportunidad para que la accionante regularizara su situación.

No obstante -prosigue la demandada-, y ante el silencio de la actora, el 25 del mismo mes remitió otro telegrama a Rojas comunicándole que su situación se encuadraba en los artículos 5, 61 inciso c y 62 inciso b de la ley 9286, el que fue respondido el siguiente día mediante carta documento de rechazo, fundamentada en fuerza mayor debidamente justificada, lo que se aparta de la realidad, puesto que su licencia había finalizado el 11.9.1995, y no le fue otorgado nuevo plazo.

La última oportunidad de reintegrarse a sus tareas, ya estando intimada para ello, afirma, le fue extendida mediante carta documento del 29.9.1995, con un plazo tope del 2.10.1995 y bajo apercibimiento de disponer su cesantía de conformidad al artículo 63 inciso a de la ley 9286, la que, a su tiempo, fue dispuesta, ante el incumplimiento de la agente, mediante decreto 3896/95.

Finalmente, entiende que todo lo expuesto evidencia la falta de contracción al trabajo por parte de la actora, pretendiendo cubrir su abandono de trabajo y conducta desajustada a derecho con un cuestionamiento a la legitimidad del decreto 3896/95 y de la resolución 147/95.

Solicita, en suma, el rechazo de la demanda, con costas.

3. Abierta la causa a prueba (f. 56) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 225/228 y 229/232 vto.). Dictada (f. 233) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

4. Conforme surge del relato precedente, corresponde analizar la pretensión de la actora en punto a la anulación del acto administrativo que dispuso su cesantía (decreto 3896/95) y del que rechaza la reconsideración contra él interpuesta (resolución 147/95).

Del análisis integral de las constancias reunidas en autos luego de tramitado el proceso en su totalidad, resulta que la Administración, al dejar cesante a Rojas por exceso de inasistencias injustificadas -y posteriormente rechazar el recurso de revocatoria-, aplicó una sanción que resultó en la especie irrazonable, por haber omitido considerar relevantes circunstancias particulares del caso.

A ese efecto, es menester resaltar que, de conformidad a lo que surge de los expedientes administrativos de la causa:

4.1. Habiendo vencido el plazo de su licencia por maternidad, la señora Rojas solicitó el otorgamiento de la prevista en el artículo 50 de la ley 9256 para abocarse al cuidado de su hija recién nacida, quien padecía de problemas de salud.

El Servicio Médico de la Municipalidad hizo lugar a lo solicitado y se la otorgó sin ningún tipo de condicionamientos y teniendo en cuenta el certificado del médico tratante de fecha 23.8.1995, por el plazo de 19 días a contar desde el 24.8.1995 y hasta el 11.9.1995 inclusive.

Dicho certificado, expedido por el doctor Calvín (médico pediatra de la niña), acreditaba que la hija de la agente Rojas había sido atendida por el facultativo en ese día y que presentaba dificultades en la alimentación, requiriendo de un control estricto y continuado por parte de la madre.

Durante el transcurso de dicho plazo, y antes de su vencimiento, la Municipalidad demandada envió dos telegramas al domicilio de la actora (en fechas 5 y 8 de septiembre) mediante los cuales la intimaba, por el primero, a concurrir el 7.9.1995 acompañando certificado a los efectos de justificar la licencia, y mediante el segundo, bajo apercibimiento de ley, a presentarse el 11.9.1995.

Respecto de estos, y más allá de la efectiva comprobación de su recepción o no por parte de la actora, cabe destacar que tal obrar administrativo no encuentra respaldo normativo alguno y, por ende, no luce legítimo.

Ello así, por cuanto, si de conformidad a lo establecido por el Servicio Médico en el otorgamiento de la licencia referida -la que fue extendida sin observaciones ni condicionamientos- (f. 1, expte. adm. 14782-95), y como fue reconocido por la Municipalidad en varias oportunidades (ej., f. 54, expte. judicial), el plazo de la licencia del artículo 50 era de 19 días, contados a partir del 24.8.1995 y hasta el 11.9.1995 inclusive, no se encuentra razón fundada alguna para el envío de telegramas intimando a la agente a presentarse antes del vencimiento de dicho lapso, sobre lo que tampoco argumenta válidamente la demandada.

De lo expuesto ut supra, se desprende también la ilegitimidad e irrazonabilidad de la remisión del tercer telegrama enviado a la actora (en fecha 11.9.1995), el que, sobre la base de la incomparencia a las citaciones efectuadas por los otros dos anteriores (5.9 y 8.9), la intimaba a reintegrarse en el plazo de 24 horas bajo apercibimiento de considerarla en situación de abandono de trabajo.

Esto por dos razones: primero, porque esa base de intimaciones previas era ilegítima ya que, la agente se encontraba gozando del período de licencia, ya había acompañado el certificado médico que sirvió de fundamento para el otorgamiento de la misma (fs. 1/2, expte. adm. 14782-95), y aún así, no se encuentra probado que hubiera efectivamente recibido tales intimaciones; y segundo, porque aunque se lo entendiera como intimación válida de reintegro dado que ese mismo día vencía el plazo de su licencia, luce al menos como desmedido el apercibimiento de considerar a la agente en situación de abandono de trabajo, puesto que aún no se encontraba configurada ninguna causal que permitiera el juego de dicha figura.

Con esto, no puede sino concluirse que las intimaciones que la Municipalidad demandada cursó a la recurrente fueron ilegítimas, no pudiéndose acordarles valor alguno a los efectos de entender prevenida a la agente, ni de encuadrar su conducta subsiguiente en la falta de colaboración con la Administración, o como falta de contracción al trabajo, o fundamento de sanciones futuras.

4.2. Así las cosas, hasta el 11.9.1995, y según lo analizado, la Municipalidad aceptó la justificación de la actora y concedió 19 días de licencia para cuidar de su hija enferma, lo que no requería del cumplimiento de ningún otro requisito.

Ahora bien, de ahí en adelante, cabe el estudio de la situación que se extendió desde el 12.9.1995 hasta el 2.10.1995 -fecha en que la actora fue cesanteada-.

a) En primer lugar, debe destacarse que el mismo 11.9.1995 -fecha en que vencía-, aún se encontraba en uso de la licencia otorgada en virtud del artículo 50 de la ley 9256, y con motivo de la intimación recibida, la actora envió telegrama comunicando a la Municipalidad que, de acuerdo a prescripción médica, debería continuar con licencia, lo que justificaría en fecha 14.9.1995.

El mismo 14.9.1995, se presentó ante el ente territorial y acompañó certificado del doctor Calvín (f. 17, expte. adm. citado) que, con fecha 11.9.1995, y luego de un detalle de los síntomas que afirma persistían en la niña, indicó que requería de control.

Agrega que acompañó tal certificado junto con la Historia Clínica de la niña.

A fojas 20/22 del expediente administrativo 14782-95, consta un "telefonograma", de fecha 15.9.1995 finalmente "no entregado" según constancia de foja 22, mediante el que la demandada comunicaba a la actora que se debía reincorporar inmediatamente a sus tareas, dado que de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Área de Servicio Médico, su licencia había sido concedida hasta el 11.9.1995 inclusive.

Al respecto, en el escrito de responde, la Municipalidad agrega que dicha comunicación le fue enviada, para avisarle que la licencia había vencido y que debía reincorporarse el 16.9.1995 sin más dilaciones, en una nueva oportunidad para que regularizara su situación, pero igualmente desatendida por la agente.

A foja 24 del expediente citado, consta otro telegrama enviado por la Municipalidad a Griselda Rojas en fecha 25.9.1995, el cual reza: "comunicamos que ante su incomparencia a sus tareas su situación se encuentra contemplada en el régimen disciplinario ley 9286, Anexo I, art. 5, art. 61 inc. c) y art. 62 inc. b)".

Debe señalarse al respecto que la decisión comunicada, mediante el que podría ser considerado el primer telegrama válidamente enviado por la demandada, padece un vicio en la fundamentación del encuadre normativo en el que considera a la agente.

Ello así, por cuanto el artículo 61 inciso c) de la normativa mencionada establece la cesantía como sanción de la que puede ser pasible el agente, pero se complementa con el artículo 63, que dispone cuáles son las causas para aplicarla.

El aludido telegrama, no obstante, menciona el artículo 62, que fija las causas para aplicar las medidas disciplinarias enunciadas en los incisos a) y b) del artículo 61 (estas son: apercibimiento y suspensión de hasta 30 días corridos), precisamente en su inciso b), el cual refiere a las inasistencias injustificadas que no excedan de 10 días continuos o discontinuos en los doce meses inmediatos anteriores.

Es decir, contiene un fundamento normativo erróneo, en tanto, si la Administración consideraba que la agente había faltado 10 días injustificadamente -del 12 al 25 de septiembre- (art. 62, inc. b), no podía encuadrar tal conducta como causal de cesantía (art. 61, inc. c), puesto que el artículo 61 incisos a) y b) establece que la sanción de la que será pasible el personal en dicho supuesto es la de apercibimiento o suspensión.

b) El 26.9.1995, la señora Rojas rechazó el mencionado telegrama mediante carta documento por la cual solicitaba la extensión de su licencia por artículo 50 por el término que el Servicio Médico determinara, con goce de sueldo, para lo cual requería le fuera realizado el estudio socio económico que prevé la ley; agregando que lo pedía para cuidar de su hija de dos meses y medio que padecía de una enfermedad producida por el parto, "...como ya acreditara ante esa Dirección de Personal". Rechazó por ese medio el telegrama del 25.9.1995 por entender que su inasistencia respondía a causa de fuerza mayor debidamente justificada.

En dicha carta documento, la actora destaca que obran en poder del Servicio Médico todos los antecedentes del caso, pero que de ser menester, se ponía "...a disposición de esa Dirección para que se efectúen los estudios que resulten pertinentes para el diagnóstico y soporte consecuente de la licencia solicitada...".

De conformidad con la normativa vigente, la licencia para la atención de familiar enfermo que establece el artículo 50 de la ley 9256, puede ser concedida hasta un máximo de 30 días con goce de haberes, hasta un año sin goce de haberes, y hasta un año con goce de haberes en el caso de que un estudio socio económico demuestre la necesidad imprescindible del agente de dedicarse al cuidado del enfermo.

Previo al otorgamiento, dispone, interviene el Servicio de Personal, aplicándose en lo pertinente, el artículo 15 de la misma ley, que regula el procedimiento para gestionar la licencia por enfermedad de corta duración que prevé el artículo 14 (y que puede ser otorgada, los primeros 30 días con goce de haberes, los siguientes 30 días con el 60% del goce de haberes, y los restantes sin remuneración).

Ello así, por cuanto el artículo 30 dispone que los trastornos propios de la gravidez y los sobrevinientes al parto deben ser justificados como afecciones de corta duración si se producen fuera del período de licencia acordado por el artículo 29 (licencia por maternidad), como en el caso de autos.

En lo pertinente, dicho artículo 15 establece que, si la afección se produce fuera del lugar de trabajo y la agente no puede trasladarse, debe comunicarle al organismo donde presta servicio, dentro de las dos primeras horas hábiles o de labor.

Éste confecciona el pedido y lo hace llegar al Servicio Médico Municipal o Comunal dentro de las dos horas siguientes.

Pero si el examen no puede cumplirse porque el Servicio Médico no concurre, el agente reiterará el pedido.

Y verificada la no concurrencia del facultativo municipal, el Servicio Médico podrá justificar los días de inasistencias que registren pedido de médico o reiteración, con la presentación por parte del agente de una constancia médica específica y/o los antecedentes que permitan inferir su estado de salud. Dicha certificación se deberá presentar ante el organismo dentro de las 48 horas.

También dispone que si el agente se encuentra fuera de la localidad asiento de su trabajo pero dentro de la Provincia, deberá comunicar en el día de comienzo de la enfermedad y solicitar examen del Servicio Médico del lugar donde se halle.

En este caso, si no hay médico oficial, pueden aceptarse certificados de médicos particulares y el Servicio Médico puede solicitar los antecedentes y exámenes que crea necesarios para emitir dictamen.

En el caso, y considerando las particulares circunstancias de la causa, puede entenderse que la actora puso en conocimiento de la Administración su situación, y solicitó la colaboración de la misma en la confección de los estudios médicos y socio económicos y análisis necesarios a los fines de sustentar y fundar la licencia solicitada.

No obstante lo cual, la Autoridad administrativa no inició ningún procedimiento tendiente a la comprobación de la situación de la agente, ni envió médico oficial alguno a su domicilio, ni dispuso la iniciación del estudio socio económico, ni contempló la posibilidad de otorgar la licencia solicitada sin goce de haberes.

Antes bien, y siendo que la agente se domiciliaba en la ciudad de Rosario, esto es, fuera de la localidad de asiento de su trabajo, no dio curso al ofrecimiento de su parte de realización de los exámenes necesarios en aras de sustentar el pedido en cuestión.

c) Por otra parte, el 29.9.1995 (f. 26, expte. adm. citado) la Municipalidad respondió a la carta documento enviada por la actora comunicando que: "la licencia otorgada conforme al artículo 50, ley 9286 (sic), y en virtud a lo peticionado el día 24.8.95 y el certificado del Dr. Calvín acompañado en su oportunidad, la misma finalizó el día 11.9.95, por no haber respondido a los requerimientos telegráficos de fecha 5.9.95 y 8.9.95, tal como se comunicara por telegrama Nro. 14 del 11.9.95".

Cabe destacar aquí que, si la licencia que vencía el 11.9 ya se encontraba justificada y concedida sin condicionamientos, las intimaciones anteriores a esta fecha e inclusive la realizada el mismo día, aún cuando pudiera admitirse que fueron efectuadas en favor de la actora, no pueden tener una consecuencia negativa para ella.

También, luego de considerar que a partir del 12.9.1995 la agente faltaba sin justificación por entender que la documentación acompañada no acreditaba los presupuestos del citado artículo, y que se había negado sistemáticamente a presentar los certificados médicos y aún a apersonarse en la Dirección de Personal, la demandada rechazó lo expresado en la carta documento por falso y denegó el pedido por no encuadrarse en el "...último párrafo del artículo 50 de la ley 9286 (sic)", intimándola finalmente a presentarse a trabajar el 2.10.1995 bajo apercibimiento de cesantía (art. 63, inc. a).

Sometiendo a análisis el contenido de dicha comunicación, se advierte que aparece viciada en sus fundamentos por lo siguiente: en primer lugar, y respecto de las intimaciones de los días 5, 8 y 11 de septiembre, ya que se ha concluido en su ilegitimidad a los efectos de tenerlas como antecedentes para futuras sanciones; y, en segundo lugar, no sólo no se ha comprobado la negativa sistemática de la agente a apersonarse (por lo antes dicho), ni a presentar certificados médicos, sino, más bien, no surge que se hayan ordenado estudios, o enviado nuevamente al facultativo municipal para la comprobación de la situación, si es que el ente no consideraba suficiente la documentación presentada por la agente.

Respecto de la sanción aplicada (cesantía) por entender configurada la causal comprendida en el artículo 63 inciso a) del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, esto es, inasistencias infustificadas que excedan los 10 días continuos o discontinuos en los 12 meses inmediatos anteriores, debe decirse que, de conformidad a lo que se expondrá más adelante, y no obstante encontrarse prevista por la norma aplicable, no puede sino concluirse que resulta en este caso particular, excesiva, tornándose ilegítima e irrazonable.

d) A foja 27 del expediente administrativo citado, consta la carta documento enviada por la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez a la actora en fecha 2.10.1995, que le comunicó que, "ante su incomparencia a su lugar de trabajo en el día de la fecha, de acuerdo a lo solicitado en carta documento del 29.9.1995... ha sido declarada cesante de conformidad a la ley 9286, Anexo I, Capítulo V, artículo 63, inciso a)", y que dicha medida estaba refrendada por el decreto 3896/95 de esa misma fecha.

La actora afirma en su escrito de demanda que en esa fecha (2.10.1995) se presentó a trabajar a las 6:55 horas, comprobando que su tarjeta reloj no se encontraba en su lugar, lo que le impidió dejar constancia de su ingreso. Afirma que, luego, a las 10:00 horas, fue recibida por el Director de Personal, el que le comunicó que estaba cesante y se negó a recibir el certificado médico emitido el mismo 2.10.1995 por el doctor Calvín del que se desprende que la niña requería de control estricto por parte de la madre durante un mes a partir de esa fecha.

Por su parte, la demandada niega tal extremo, argumentando que, ante la incomparencia a retomar las tareas, no tuvo otra alternativa que disponer la cesantía.

Al siguiente día, esto es martes 3.10.1995, la actora se presentó nuevamente a trabajar y, ante la negativa a su acceso, dejó constancia mediante denuncia radicada en la Comisaría 26a; lo que también puso de manifiesto en la carta documento que envió en dicha fecha a la Municipalidad en respuesta a la recibida el 2.10.1995.

En ésta destacó lo arbitrario de la decisión de limitar la licencia del artículo 50 ya que los supuestos telegramas del 5 y del 8 de septiembre no fueron recibidos, ella no se negó a apersonarse ni a presentar requerimientos, y se presentó a trabajar el 2 y el 3 de octubre pero no se lo permitieron, por lo que solicitó su inmediata reincorporación o se aclare su situación laboral.

El 4.10.1995, la señora Rojas rechazó la carta documento enviada por la demandada el 2.10.1995, solicitando nuevamente su inmediata reincorporación, con el fundamento de haber cumplido con la intimación de presentarse el 2.10.1995, afirmando que no pudo registrarse porque le retiraron la tarjeta, y que aunque entregó el certificado médico que justificaba su inasistencia, no fue tenido en cuenta, lo que importa una actitud delictual por la cesantía dolosamente fraguada (f. 29).

A esto contestó la Municipalidad en 6.10.1995 con carta documento que rechazó la antes mencionada sobre la base de considerar: que el certificado del doctor Calvín del 11.9.1995 no justificaba el encuadramiento en el artículo 50; la efectiva recepción de los telegramas citados; y la no presentación a su lugar de trabajo en tiempo y forma el 2.10.1995, sino sólo a las 10 de la mañana sin poner de manifiesto su voluntad de reintegrarse sino sólo a discutir sobre lo requerido (f. 30).

4.3. Luego de la narración del diálogo postal y de las constancias obrantes en el expediente administrativo, es menester abocarse al análisis de los actos impugnados que rechazan lo peticionado y agotan la instancia administrativa, a saber: la resolución 147/95 y el decreto 3956/95.

Respecto de los fundamentos de la referida resolución 147/95 del Intendente municipal (obrante a fs. 6/7 de autos) que rechaza la revocatoria interpuesta contra el decreto que había declarado la cesantía de Rojas, es necesario efectuar las siguientes consideraciones en orden a poner de manifiesto su ilegitimidad:

a) En el tercer párrafo de los considerandos, la demandada afirma que la agente no concurrió el día 7.9.1995, desoyendo la citación por telegrama del 5.9.1995. De conformidad a lo que surgen de los expedientes administrativos acompañados, y a lo analizado ut supra en el punto 4.1., dicha intimación carecía de legitimidad por cuanto Rojas se encontraba gozando del período de licencia (según se reconoce expresamente en el párrafo segundo de dicho acto), ya había acompañado el certificado médico que sirvió de fundamento para el otorgamiento de la misma (fs. 1/2, expte. adm. 14782-95), y aún así, no se encuentra probado que hubiera recibido tal intimación.

b) Seguidamente, reza que vencida la licencia en 11.9.1995, la señora Rojas no se presentó a laborar, como consecuencia de lo que se le envió una nueva intimación bajo apercibimiento de abandono de trabajo. Sobre esto también se concluyó en el punto 4.1. de la presente, que dado que el mismo 11.9.1995 aún se encontraba dentro del período de licencia acordado, mal podía tal intimación tener la eficacia que le pretendía irrogar la demandada, porque aunque se entendiera como intimación válida a reintegrarse, lucía abusivo y excesivo el apercibimiento de considerar a la agente en situación de abandono de trabajo, puesto que aún no se encontraba configurada ninguna causal que permitiera el juego de dicha figura.

c) Y luego se insiste en que, en vez de concurrir a trabajar, la actora envió telegrama el mismo 11.9.1995 invocando la necesidad de seguir con licencia, y aduciendo que acreditaría tal extremo el 14.9.1995. Agrega que tampoco ese día se presentó, intimándosela por tercera vez a reincorporarse a sus tareas. También esta afirmación luce incorrecta ante el análisis de las constancias de autos.

Ello así, por cuanto en la misma contestación de la demanda, la Municipalidad afirma que el día 14 la agente Rojas presentó y acompañó el certificado y, "evaluado que fuera", se determinó que no alcanzaba para justificar la extensión de la licencia tal como lo solicitaba, por lo que se la intimó nuevamente a que concurriera a trabajar.

d) Seguidamente, y con el objeto de fundar la extemporaneidad en la solicitud de extensión de licencia por parte de la recurrente, se expresa que el 25.9.1995 se la intimó nuevamente comunicándole que, ante su incomparencia a sus tareas (refiriendo a la citación mediante telefonograma del 15.9 que de conformidad a fs. 21/22, expte. adm. 14782-95, no fue entregado) se encontraba contemplada en el régimen disciplinario de la ley 9286, Anexo I, artículos 61, inciso c), y 62, inciso b) -combinación legalmente imposible-, por cuanto dicha solicitud fue presentada "...luego de 15 días en que debió reintegrarse a sus tareas...".

Ello, claro está, no se corresponde con la realidad, ya que desde el 12.9.1995 hasta el 25.9.1995 transcurrieron 10 días hábiles; tiempo que no llegaba a configurar causal de cesantía -arts. 61, inc. c), y 63, inc. a)-, sino sólo para encuadrar la situación de la agente en apercibimiento o suspensión -arts. 61, incs. a) y b), y 62, inc. b)-. e) Finalmente, el acto impugnado consigna que, en virtud de la muestra de "falta de contracción al trabajo y desobediencia a todo requerimiento de sus superiores", Rojas fue intimada por cuarta vez el 29.9.1995 a reintegrarse a sus tareas, bajo apercibimiento de cesantía -arts. 61, inc. c), y 63, inc. a)-, por considerar que había faltado injustificadamente desde el 12.9.1995 sin lograr acreditar los presupuestos para la configuración del artículo 50 solicitado.

En rigor de verdad, esta intimación no podría ser considerada como la cuarta válida, en virtud de las consideraciones ya vertidas acerca de las que le habrían precedido.

Lo cual torna esta nueva como excesiva, teniendo en cuenta las especialísimas particularidades del caso, en que al día 2.10.1995 recién se habrían cumplido 15 días hábiles de inasistencias, que pretendieron ser justificadas (en tanto la recurrente había acompañado certificado médico).

5. Con respecto a los achaques dirigidos contra el decreto 3896/95 que sancionó a la actora aplicándole la cesantía del artículo 61, inciso c), con base en la configuración de la causal contemplada en el artículo 63, inciso a), ambos de la ley 9286, dado que lo expuesto en los considerandos refiere a: que la agente hizo caso omiso de las comunicaciones telegráficas; que desoyó los consejos del Área médica municipal; que faltó sin justificación y sin acreditar los presupuestos del artículo 50; que se negó a apersonarse y a presentar los certificados médicos; y que "...se agotaron las instancias...", y teniendo en consideración que dicho acto es en definitiva del que derivó la resolución (actividad recursiva de la actora mediante) considerada en los párrafos precedentes, y que los agravios de la recurrente no difieren de los allí analizados, corresponde, en mérito a la brevedad, remitir a las consideraciones ya vertidas.

Debe señalarse que la Administración configuró la conducta de la actora en el tipo sancionatorio previsto en la norma señalada, soslayando la posible vinculación de las inasistencias imputadas con algún proceso emocional que era razonable presumir que se podía presentar en la agente renuente a asistir a trabajar.

En tal sentido, obsérvese que el dictamen pericial realizado por el doctor Juan Carlos Guida describe la enfermedad del feto y recién nacido, ilustrando la situación y explicando que es suficiente para generar desajustes emocionales en la madre: "Síndrome del niño vulnerable" vivido por la madre respecto del hijo, que aparece justificando aprensiones infundadas de muerte ante procesos mínimos. El mismo considera que tales dolencias del niño "se benefician realmente con la atención de la madre, que es la atención ideal en este momento de la vida" (fs. 182/184).

Concluye el experto señalando que "es posible inferir que los acontecimientos referidos alrededor del nacimiento de Rocío Pérez pueden haber sido disparadores de potenciales problemas en la salud del recién nacido con expresión en sus primeras semanas de vida, así como origen de eventuales conflictos emocionales en su madre y, casi con certeza, de disturbios en la relación madre-hijo...".

El referido dictamen fue objeto de impugnación por parte de la demandada, en objeción que debe ser desestimada a poco que se advierte, en primer lugar, que se funda en la falta de reconocimiento de documental considerada por el experto, aunque no en modo exclusivo por éste, por cuanto evaluó otros documentos que la demandada no descalifica, ni se advierte que el por ella cuestionado revista relevancia tal como para desvirtuar las conclusiones periciales, ni decisividad en la resolución del presente, en tanto fue de fecha posterior a la considerada por el ente territorial al momento de intimar a la agente bajo apercibimiento de cesantía.

Los demás cuestionamientos efectuados al informe pericial también deben ser descartados a poco que se observe que han sido realizados sin el desarrollo de argumentos científicos aptos para restarles mérito.

Tampoco logran alterar el sentido de las conclusiones expuestas, las declaraciones vertidas por los testigos Monasterio, Heredia y Núñez a fojas 138, 139/140 y 141 de autos.

Por ello, y teniendo en vista que el artículo 116 Anexo I de la ley 9286 prescribe:

"toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta o infracción, los antecedentes del agente y en su caso, los prejuicios causados...", no puede dejar de señalarse que aún en el supuesto de que la agente objetivamente pudiera encontrarse encuadrada en el dispositivo en cuestión, existían circunstancias justificantes (sobre las que ya se ha explicitado suficientemente) o, al menos, atenuantes, de la conducta de la empleada que no aconsejaban en el caso la adopción de una sanción como la dispuesta por el ente territorial.

Es decir, que el actuar de la Administración en el caso resultó ilegítimo por cuanto, al ejercer una potestad disciplinaria ante tan especiales circunstancias, omitió toda consideración de los efectos que dicha enfermedad pudo tener sobre la conducta de la agente, en lo relativo al cumplimiento tanto de sus deberes de asistencia y puntualidad como de las formalidades reglamentarias para la justificación de las inasistencias.

Adviértase además, la brevedad de los plazos en que se desarrollaron los sucesos que culminaron en la cesantía y la gravedad de la sanción impuesta, todo lo cual sumado a lo anterior, lleva a concluir que, en cuanto fue materia de impugnación, la actividad administrativa cuestionada es ilegítima, por lo que corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y anular los actos administrativos impugnados.

Las costas del presente deben imponerse a la demandada (art. 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Gastaldi y Vigo, y el señor Presidente doctor Gutiérrez, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión: -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Netri dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución 147 del 27.11.1995 y el decreto 3896 del 2.10.1995, ordenando a la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez que reincorpore a la actora al cargo y nivel del que fuera separada.

Costas a la demandada (art. 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Gastaldi y Vigo, y el señor Presidente doctor Gutiérrez, dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución 147 del 29.11.1995 y el decreto 3896 del 2.10.1995, ordenando a la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez que reincorpore a la actora al cargo y nivel del que fuera separada. Costas a la demandada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, que doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)