Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-29


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"H, N I c/ B B S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", expte. nro. 16.118/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (expte. nro. 1774/00), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 487), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 438/440? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a conocimiento de esta Alzada el presente pleito por haber sido apelada por la parte actora la sentencia definitiva nro. 128/2005 del Juzgado Letrado en lo Civil y Comercial nro. 2 de la jurisdicción (fs. 438/40, fs.441).

La sentencia cuestionada rechazó la demanda impetrada por la actora N I H contra el B B SA demandado, desestimó el pedido de multa procesal solicitado por el accionado e impuso las costas al vencido.

Sintéticamente recuerdo que la controversia se había suscitado con la demanda de la actora del pago de $18240 en concepto de daño material y $6500 por daño moral, por cuanto había tenido una deuda con el banco que éste financió con un crédito, que sin embargo no fue suficiente y tuvo que tomar otro préstamo del Banco Nación Argentina para cancelar (fs. 72/5).

Que suscribió convenio de pago por las presiones que ejercía la entidad bancaria.

La parte demandada al contestar sostiene que no actuó con dolo, que la actora pagó 15 de 48 cuotas convenidas, que la deuda surge de la propia documental acompañada, fue acreditada en autos la existencia de la deuda generada por las tarjetas de crédito, la cuenta corriente y el préstamo personal, este último bajo el denominado sistema francés (por el cual primero se cancelan los intereses y después el capital).

Sostuvo el juez Aquo que en la cuota 15 dejó de asumir sus compromisos contraídos libremente, que en ningún momento se acreditó dolo o abuso de derecho, tampoco los daños ni material ni moral.

En el memorial de agravios que luce a fs. 469/72, la actora reitera los hechos que fueron expuestos en la demanda, transcribe la sentencia, considerando que no se evaluó lo abusivo y doloso por cuanto se pactó en dólares estadounidenses.

Resalta la posición dominante de la entidad bancaria que no permitió un acuerdo consensuado, remite a la ley nro. 24240, art. 38, sosteniendo que no tuvo posibilidad de discutir las cláusulas contractuales sino que fue una adhesión, cita jurisprudencia con relación al daño moral.

Hace reserva del caso federal.

Siendo retrucado por la contraria a fs. 476/80.

Análisis:

La expresión de agravios es deficiente por incompleta, pues solo comporta una disconformidad y expone opiniones doctrinarias sobre la valoración hecha por la Aquo.

La apelante no explica por qué se equivoca el Juez de Primera Instancia, solo expone su punto de vista sobre cómo debió efectuarse la valoración, mas no indicó cuál fue la norma violada, o lo inadecuado del razonamiento que impedía juzgar los hechos, tales y como fueron expuestos en la sentencia venida en crisis.

Porque las referencias a la ley del consumidor en nada obstaron en el momento oportuno a que la actora por la vía administrativa cuestionara a la empresa o se impidiera lo que libremente suscribió, habida cuenta que no hay prueba alguna del dolo o violencia moral o física para que suscribiera el acuerdo, y buscara por sus propios medios un garante o una solución a las deudas contraídas previamente.

En idéntica situación a la presente el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia sostuvo "...el orden procesal exige que la expresión de agravios deba contener una crítica razonada y concreta del fallo (art. 265 CPCCCh), y la no satisfacción de ello, conduce a su deserción (art. 266 CPCCCh).

De ello se infiere que el contenido de la impugnación se determina en esa expresión, y su límite externo lo precisa el recurrente, se trata por lo tanto, del acatamiento de normas expresas que rigen tanto para el órgano jurisdiccional como para las partes.

El incumplimiento de los requisitos que debe contener el memorial lo convierte en deficiente o incompleto, como ocurre en la especie, y entonces no puede evitarse la declaración de la deserción del recurso, pues la norma contiene un mandato imperativo que no requiere petición de parte ni admite excepciones, todo ello acorde con la perentoriedad de los plazos procesales (SD 51/92, mi voto en SD 15/95 S.T.J.)" (autos "M, R y otro c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ recurso contencioso Administrativo", expte. 17.643 Sentencia nro.12-2001).

No obstante el criterio rector del STJ, me aparté del mismo y efectué apreciaciones respecto de la invocada aplicación de la ley de Defensa al Consumidor, y en la escasez de fundamentos del memorial intentaré dar tratamiento, dando por reunida la existencia de una mínima técnica que lo habilita como recurso.

Retomando el tema de la ley de Defensa al Consumidor, cabe recordar que la actora no solo no efectuó denuncias algunas contra la entidad bancaria, sino demandado en el presente por los daños y perjuicios producidos por el accionar del banco, y en este aspecto es dable señalar que no pudo acreditar ningún daño en el curso del pleito, detectado en la sentencia atacada y esa situación procesal no es rebatida en el memorial.

Dicho de otro modo, el daño patrimonial, para ser resarcido, requiere la existencia de consecuencias valuables económicamente.

El derecho de daños no es sancionatorio, sino resarcitorio, por ello, no se detiene en la lesión, sino que averigua sus resultados y cómo la lesión ha gravitado en la esfera patrimonial o espiritual de la víctima.

La lesión no es el daño y sí su causa (Zavala de González, M., "Resarcimiento de daños", t.2 p.105).

Ahora bien en la especie, ni la lesión ni el daño, porque voluntariamente la actora suscribe el acuerdo con el banco, y con relación a las deudas que siguieron cobrándose en las tarjetas de crédito sobre las que hizo hincapié, no demostró la cancelación de las contraídas previamente en cuotas por esa vía, es decir con la tarjeta de crédito y que el banco demandado afrontó porque con el préstamo personal no se cancelaron (fs. 205/206, fs. 372).

En oportunidades anteriores dije, acorde con la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, que el demandante tiene que probar la existencia del daño, inexcusablemente, so pena de no recibir reparación alguna, en razón de que como ya se dijo anteriormente debe haber algo que reparar (Belluscio "Cod.Civ..", Ed. Astrea, pág. 705).

La indemnización de daños y perjuicios lleva implícita la realidad de estos, para su establecimiento judicial, se requiere la comprobación suficiente de tal realidad (CS, 1-11-99, "R, C A. c/ Estado Nacional", RED 35-521, p, VIII-A-101).

La entidad e importancia del daño resarcible es carga probatoria de quien la invoca (Llambías, "Obligaciones", t.1, n. 248, pág. 281, LL. 130-769).

Cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que incoara como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (Alterini, Atilio y Roberto López Cabana, "Temas de responsabilidad civil", Ed. Ciudad Argentina, pág. 160).

Basta esta síntesis para apuntalar el concepto vertido párrafos precedentes, la actora apelante debió ceñir su conducta procesal a los términos de su demanda, acreditando el daño, lo que no ocurrió, así lo dejó establecido el Aquo y no fue demostrado en el memorial cuál es la equivocación en dicha valuación, lo que debió ser fuente motivante de la apelación.

La contundencia de la pericia contable echa por tierra mayores especulaciones, por lo cual y dando por concluido el estudio del memorial, desestimo los agravios de la parte actora, confirmando el fallo venido en crisis.

Las costas de la Alzada se imponen a la apelante vencida conforme principio objetivo de la derrota (art.68 CPCCCh), difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento del Acuerdo.

Renglón aparte merece la situación del presente trámite.

Por ACUERDO 1075/05 esta Cámara no hizo lugar al pedido de prórroga del Aquo para dictar sentencia por no encuadrar en las prescripciones procesales, no obstante entiendo se convalidó la situación por las partes siguiendo con los trámites procesales, apelando y fundando sin ninguna reserva ni cuestionamientos; incluso puede verse en las actuaciones para agregar de fs. 447/50 que llegaron firmes a la Alzada.

En virtud del presente detalle y atento la función de superintendencia de este cuerpo, por Secretaría de Cámara extráiganse fotocopias certificadas del presente voto, de la sentencia recurrida, de las fojas precedentes, del Acuerdo mencionado ut supra, a los fines pertinentes.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Esta vocalía propone:

1.- Desestimar los agravios, confirmando la sentencia venida en crisis.

2.- Costas de la Alzada a la actora recurrente vencida, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo según considerando respectivo.- 3.- Por Secretaría de Cámara, extráiganse fotocopias certificadas del presente voto, de la sentencia recurrida, de las fojas precedentes, del Acuerdo mencionado ut supra, a los fines pertinentes.

4.- Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien vota precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a la misma me remito.

I.A) A fs. 469/472 vta. expresa agravios la parte apelante actora, los cuales fueron contestados a fs. 476/480vta. por la parte demandada.

En cuanto a la temática planteada, considero que el art. 37 de la ley 24.240 contempla tres hipótesis en las cuales sin perjuicio de la validez del contrato se tendrán por no convenidas las cláusulas: a) Que desnaturalizan las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños. b) Preceptos que impongan una inversión del cargo de la prueba. c) Aquellas que importen una renuncia o restricción de los derechos de la otra parte.

Dichas premisas no se han dado en el presente caso toda vez que del análisis de las pruebas rendidas, a saber: a) testimonial prestada por S C R M (fs. 29/vta.), M V L (fs. 298/299), M C N (fs. 300/301 vta) y S T (fs. 307/vta.); b) informativa prestada por Banco de la Nación Argentina (fs. 275) y la propia demandada B (fs. 302, 416/418); c) absolución de posiciones de la actora y reconocimiento de documentación (fs. 285) y Pericial Contable (fs. 371/373) emerge claramente que la accionante se puso en situación de mora, circunstancia que llevó a un convenio de refinanciación de deuda, por saldos deudores de ciertas cuentas por tarjetas de crédito, préstamos personales y cuenta corriente bancaria, acuerdo que posteriormente igual incumplió.

En tal situación, como es sabido, la mora perturba el normal desarrollo de la obligación, trasladando su término final para un momento ulterior al inicialmente previsto y generando durante este nuevo lapso, severas consecuencias para quien la hubiese provocado (Wayar, Ernesto Clemente, "Tratado de la mora", editorial Abaco, Buenos Aires, 1981, página 46).

Se amerita, asimismo, que a los días de mora anteriores a la firma del convenio deben sumarse al retraso en que incurrió en el pago de las cuotas.

Implicando el reconocimiento de la actora, la refinanciación del saldo deudor de la cuenta corriente, no significando ello que se operara la novación de la obligación.

En la especie, la obligación no fue desnaturalizada, pues en materia de tarjetas de crédito, la aplicación de intereses con tasa activa en caso de mora del usuario es propio de esta operatoria bancaria, aceptada, además, por los organismos de contralor estatal.

En ocasión de abordar la función de las entidades financieras, puede colegirse que la aplicación de la tasa activa en caso de mora no es una cláusula que importe una renuncia o restricción por parte del usuario... no parece discutible que resulta razonable que el Banco exija en caso de mora el pago de una tasa activa.

Tanto es así que, por la cartera de mora la entidad bancaria debe abonar multas al B.C.R.A. (conf. crit. Pcia. Tucumán; Dres. Frías de Sassi Colombres - Avila.- Sentencia N° 269 - "Banco M C. L. c/ I J SA s/ cobro de pesos (Sala IA.)" - Civil y Comercial Común - Sala 1 - 07/09/1997: elDial - BB3BC3.

A ello debe sumarse que la accionante no ha acreditado la existencia de una imposición por parte de la accionada de una cláusula de limitación de responsabilidad por daños.

A mayor abundamiento, considero clarificadora la jurisprudencia que ha determinado que: "La posibilidad de reducir judicialmente los intereses pactados, no resulta aplicable a los réditos liquidados en resúmenes de cuenta de la entidad emisora de una tarjeta de crédito no reclamados por escrito en tiempo oportuno, pues al no haberse deducido la acción prevista por el art. 790 del Código de Comercio, rige al respecto la cláusula del contrato en la que se considera plenamente aceptado por el usuario el monto consignado en las condiciones de afiliación como suma líquida y exigible adeudada a la fecha de la facturación (art. 1197, Cód. Civil)(conf crit. "HSBC B A SA c/ S, H G" - CNCOM - SALA A - 21/02/2003 : elDial - AA1643).

Observo, además, que la actora no realizó cálculo alguno que en concreto permita tener por cierto que se ha utilizado una tasa abusiva.

Por último, en cuanto al reclamo por daño moral incoado por la actora, con fundamento en la lesión íntima que alega haber sufrido como consecuencia de un convenio que dice haber sido forzada a suscribir y que constituyó un grave despojo patrimonial, procede rechazarlo por cuanto no puede desentenderse de la suscripción del convenio ni de la operatoria financiera llevada a cabo, cuando expresamente reconoció la solicitud de refinanciación de su Cta. Cte. Nro. 019- 27434-9 para su cancelación suscripta por ella el día 12/01/99 (doc. reservada por Secretaría de Cámara bajo el nro. 206/06 - fs. 113) resultando extraño que ignorase los cálculos financieros realizados para el plan de refinanciación de su deuda, de manera que no existen elementos aquí para presumir que fue forzada su consentimiento para provocarle un grave despojo, lesivo a su derecho de propiedad o que tendiese a favorecer un desproporcionado enriquecimiento de la entidad crediticia acreedora.

A las circunstancias apuntadas le cabe la aplicación la llamada doctrina de los "actos propios" -tal como lo determinara el a-quo a fs. 439, en el pto. 10mo.-, en virtud que guarda correspondencia con el postulado de la buena fe, en cuanto el ordenamiento jurídico impone el deber de proceder en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas sin contradecir la conducta anterior.

La exigencia jurídica del comportamiento coherente está de esta manera estrechamente vinculada a la buena fe y a la protección de la confianza.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en ese sentido al decidir que es exigible a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, debiéndose desestimar toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que, merced a sus actos anteriores, se ha suscitado en otra parte (CSJN, Fallos, 315:158).

Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios expuestos por la actora a fs. 469/472 vta. y confirmarse la sentencia de fs. 438/440 en este sentido.

I.B) En virtud de lo decidido, las costas de esta instancia son impuestas a la apelante actora vencida (art. 68 del CPCCh).

Difiérese la regulación de los honorarios profesionales para el momento del acuerdo, donde se tendrán en cuenta para su regulación la importancia del tema traído a decisión, la labor profesional desarrollada y el éxito obtenido, en un todo de acuerdo a lo establecido por los arts. 6. 7, 14, 19, 47 y ccdtes del Dto. Ley Pcial Nro. 2.200 y su modificatoria Ley Pcial Nro. 4335.

I.C) En cuanto al plazo que dictó el a-quo la sentencia, se advierte que el mismo no cumplió en debida forma lo prescripto por el art. 34 inc. 3ero. ap. c), ni tomó en cuenta lo dispuesto por esta Cámara de Apelaciones mediante Acuerdo nro. 1075/05, razón por la cual y teniendo en cuenta que se está en presencia de una anulabilidad de carácter relativo, siendo que las partes han convalidado implícitamente al no haber hecho referencia alguna a la misma y habiendo logrado el acto, no obstante su irregularidad la finalidad a que estaba destinado (art. 169 párr. 3ero.del CPCCh), no procede declarar su nulidad, sin perjuicio de lo cual y atento el incumplimiento detectado del sentenciante, extráigase por Secretaría fotocopia certificada tanto del Acuerdo nro. 1075/05 como de las constancias de autos a partir de fs. 437 a fs. 487, y de la presente sentencia, a los efectos que se considere pertinente.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la vocal preopinante Dra. Graciela Mercedes García Blanco y considerar que esta parte del voto no está comprendida en la manda constitucional del art. 169 CPCCh, a la misma me adhiero.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Reynoso de Roberts no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar los agravios, confirmando la sentencia de fs. 438/440 venida en crisis.

2) Costas de la Alzada a la actora recurrente vencida, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. E V en la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($1.350) y del Dr. G A. C en la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750).

3) Por Secretaría de Cámara, extráiganse fotocopias certificadas tanto del Acuerdo nro. 1075/05 como de las constancias de autos a partir de fs. 437 a fs. 487, y de la presente sentencia, a los efectos que se considere pertinente.

4) Tener presente la reserva del caso federal.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO -Presidente NÉLIDA SUSANA MELERO - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 016 DEL AÑO 2007 DELLIBRO DE SENTENCIASDEFINITIVAS