marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa del consumidor, acción judicial, proceso judicial, acciones de clase, multiplicidad de causas, presupuestos de responsabilidad
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ Banco Patagonia SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

A fin de determinar la verificación de una "sustancial semejanza" entre causas colectivas, las que podrían determinar la viabilidad o no de la excepción de litispendencia el Máximo Tribunal de la Nación ha fijado ciertos presupuesto (Ac. 32/14 y 412/16) que son: I) multiplicidad de causas con idénticos o similares objetos, que provoquen una superposición de procesos colectivos; II) causas que involucran al mismo colectivo; III) multiplicidad de causas que, ante sentencias disímiles, provoquen una distorsión o afectación de la competencia existente entre los diferentes proveedores o actores del mercado; IV) juez competente. Unificación de causas. Del Dictamen Fiscal N° 314/21.
Competencia, modificación de la competencia, ley de orden público, aplicación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dandolo, Esperanza Patricia s/ infracción decreto - ley 6618/57.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-31

Las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia, aún en caso de silencio de ellas, se aplican de inmediato a las causas pendientes, siempre que no se afecte ni la legitimidad de lo actuado ni las garantías del art. 18 de la Constitución Nacional.
Mandato, poder general
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Llorente Hnos. Mandato & Consignaciones S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Trib. Fiscal Apel) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La forma es exigida "ad probationem" y no "ad solemnitatem" si la norma legal estipula una forma especial, por lo que en su defecto el acto (el mandato en el caso) no es nulo y logra plena regularidad si puede corroborarse por otro medio de prueba.
Cuestiones de competencia, competencia civil, competencia de menores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEON MATIAS ANDRES s/ ADOPCION PLENA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-15

Planteado conflicto de competencia entre la Jueza de primera Instancia en lo Civil y Comercial y la Juez de menores de igual jurisdicción debe esta Sala dilucidar dicho conflicto conforme lo establecido en el art. 60 de la Ley 8490 y Acordada del 26-2-92 ( Normas practicas ).En tal sentido es preciso determinar que cuando el art. 53 de la Ley de Menores atribuye competencia a esos jueces refiere a los casos en que los menores - objeto de la previsión - esten bajo su amparo. En el caso de autos por el contrario la accionante al promover la acción tendiente a obtener la adopción plena,específica que el menor se encuentra bajo su cargo y de tal presupuesto resulta manifiesta la competencia del Juez de Primera Instancia Civil y Comercial ante quien se interpusiera la acción ( Dictámen Fiscal).
Fallos de la Corte Suprema, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Pablo Daniel c/  s/ queja en causa n° 85.238 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-19

Las decisiones de la Corte no son, en principio, susceptibles de recurso alguno, sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina.
Delitos tributarios, evasión fiscal, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Flores, Adrián Claudio s/ Inf. Ley 24.769
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-22

La acción penal del delito de evasión fiscal del impuesto a los combustibles líquidos, no se encuentra prescripta, pues, tomando como punto de partida el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del tributo referido, correspondiente al último tramo de hechos imponibles generadores de la obligación de tributar, se aprecia que, hasta el primer llamado para prestar declaración indagatoria, y desde ese acto interruptivo hasta la fecha, no transcurrió el término de nueve años, previsto como pena máxima de prisión para el delito en cuestión.
Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, servicio penitenciario, haber jubilatorio, suplementos del haber jubilatorio, aplicación de la ley, decretos, conceptos remunerativos previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GONZALEZ JUAN CARLOS Y OTROS c/ Ministerio de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Conforme el dictamen de la Procuración General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Gines, Juan Carlos c/ EN - M° Justicia - SPF s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg." Expte CAF 24052/2016/CA2-CS1. (Dictamen del 13/10/2020), en donde si bien consideró que las asignaciones denominadas "compensación de gastos por prestación de servicio" y "compensación por gastos de representación", otorgadas por el decreto 243/15 y sus modificaciones, lejos de resultar sumas accesorias del haber mensual o sueldo del personal alcanzado por dichas normas, constituyen una parte sustancial de sus remuneraciones, no incluyó, entre otras, a la compensación por "Fijación de domicilio" en este análisis, con lo cual, las extensas consideraciones allí vertidas únicamente, a mi entender, impiden abrigar duda alguna con respecto a los arts. 5, 7 y 8 no así en relación a las demás compensaciones. (Disidencia del Dr. Fantini).
Procedimiento administrativo, acceso a la justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C. M. y Cía. S.C. c/ M.C.R. s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-01

En el marco de Ley N° 3098 -de jurisdicción exclusivamente revisora- debe haber acto, obtenido por vía de recurso o de reclamación. Y cuando la voluntad administrativa se ha exteriorizado, con la resolución que decidía, sólo se agota la instancia administrativa, cuando dicha resolución sea revisada por la Administración como consecuencia de la interposición de la impugnación prevista por el ordenamiento.
Seguridad social, ejecución de honorarios, competencia laboral, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: JACOBSEN DE MOSCA ZONCA, LILIAN c/ ASES s/ EJECUCION PREVISIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-28

Si lo que se persigue es la ejecución de honorarios de una causa previsional cuyo objeto específico ya fue cumplimentado, tal situación constituye una excepción a la ley 24463 (de Solidaridad Previsional) y por tanto es competente la Justicia Nacional del Trabajo. Dicha petición de los letrados no se halla alcanzada por la norma expresada, toda vez que aparece como residual en el expediente y por su naturaleza ajena a lo que constituye la materia concreta del ordenamiento de marras.
Personal municipal, estabilidad del empleado público, concurso de cargos, ascenso automático, ordenanzas municipales, Constitución Provincial, carrera administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: I. F., J. F. c/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-08-29

El ascenso de un empleado público sin el recaudo del concurso es perfectamente viable. En el caso, lo permite la ordenanza en cuestión para todos aquellos que reúnan los recaudos determinados por la norma. Lo que en todo caso - entiendo - podría cuestionarse es su consolidación en aras del principio de estabilidad que la Constitución Provincial determina, en orden a una eventual revocabilidad que pudiera plantearse. Mas de ello no se infiere que pueda afectarse el derecho a la carrera administrativa de quienes se encuentran bajo el amparo de la Constitución.
Intereses, intereses moratorios, tasas de interés, tasa activa, pago, falta de pago
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: REPETTO  DE  GARAVILLA,  MARIA c/ BANCO SUDAMERIS ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

No corresponde aplicar la tasa pasiva a la liquidación de los intereses moratorios de una deuda generada por la falta de pago de una obra intelectual, con fundamento en que es la empleada para ese accesorio civil en el supuesto de los honorarios que remuneran otra obra intelectual (ley 21839 art. 61, modif. ley 24432, aun cuando no fuera expresamente citado por la apelante); pues, dada la especificidad de esa previsión arancelaria, no cabe extenderla a otros supuestos distintos de los alcanzados expresamente por la ley, cuanto menos cuando -como en el caso los intereses que cabría denominar "comerciales" (Cód. comercial 565) son los que se adecuan a la naturaleza comercial de la sociedad accionada y a la actividad comercial que ella desarrolla; ya que no se comprende el motivo por el cual la deudora de un crédito por derechos autorales ha de pagar al autor intereses a una tasa menor que los intereses que liquidaría y pagaría al tenedor legitimado de un pagaré o al acreedor por causa de una operación comercial.
Abuso sexual, insuficiencia del agravio, atenuantes de la pena, prisión, monto de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Jara W. N.  c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-11

La parte recurrente, no cumplió con la carga argumental de motivar su recurso y explicitar los fundamentos por los cuales, una persona con cuarenta (40) años de edad, adquiera una relevancia sustancial favorable o atenuante de necesaria consideración, en la oportunidad de determinar el monto de la pena de prisión a establecer.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad formal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: CATALDO Rigoberto Francisco c/ José Yanzón A.I.C.I. S.A. s/ Apelación de Sentencia - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-02-06

El cambio del criterio asumido por uno de los integrantes del tribunal a quo con relación al precedente que se cita, no determina per se la arbitrariedad de la sentencia porque los recursos extraordinarios tienen por finalidad ejercer el control de constitucionalidad o legalidad del fallo que se impugna.

El juzgamiento de la actuación de un miembro integrante del Tribunal sentenciante en otras causas, como la eventual existencia de opiniones contradictorias, no son, en cambio, materia de los recursos extraordinarios instituidos por la ley 2.275 sino de procedimientos específicamente previstos en nuestro ordenamiento a los que, de entenderlo necesario, la recurrente puede acudir.
Competencia, Cámara Federal de Casación Penal, secuestro de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Cantini, José s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-29

La disidencia consideró que compete a la CFCP la intervención en cuestiones como la aquí planteada. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos -en disidencia-).
Obligaciones, mora, mora del acreedor
Materia: COMERCIAL
Carátula: CREDIBONO SOCIEDAD ANONIMA c/ RUQUET, ALBERTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-11

El reclamo de una cantidad mayor a la realmente debida resulta válido respecto de la cantidad adeudada, pues el deudor no puede ampararse en esa circunstancia para evitar los efectos de la mora.

Mas como se debe una cantidad menor, la reclamación quedará satisfecha mediante el ofrecimiento de la suma verdaderamente adeudada: y ese solo ofrecimiento bastará para purgar la mora del solvens.

Por fin, si tal ofrecimiento no es aceptado por el acreedor, tendrá efecto moratorio respecto de éste.
Nulidad procesal, notificación, nulidad del acto jurídico, recurso extraordinario
Materia: PENAL
Carátula: SALVATORE, CARLOS ALBERTO s/ Cheque sin fondos. CAUSA: 37057.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-30

1 - Es inoficioso el dictado de providencias declarativas acerca de vicios y nulidades y no está autorizado por la ley procesal; los interesados pueden hacer mérito de esos vicios y nulidades para hacer valer sus derechos, tal como en el caso, en que la providencia declarativa apelada se encuentra íntimamente ligada a dos planteos que pueden dar lugar a controversia y susceptible de apelación, el planteo de la prescripción de la acción penal y el recurso extraordinario contra el fallo condenatorio (Del voto de los Dres.

Hendler y Repetto).- 2 - Corresponde rechazar el planteo de nulidad efectuado y confirmar el auto apelado (qué resolvía ? ) pues si bien la notificación cursada no cumple estrictamente con los requisitos establecidos en los art. 128 y art. 129 del C.P.M.P. ha cumplido su cometido desde que no se observa que se haya conculcado el derecho de defensa en juicio ya que no puede decirse que el hecho de haber omitido notificar personalmente al imputado de lo resuelto por el Tribunal lo haya dejado en estado de indefensión por cuanto los abogados defensores que lo asistían habían agotado la instancia intentando el recurso extraordinario (Del voto en disidencia del Dr. Romero).- 3 - Corresponde el rechazo del planteo de la prescripción toda vez que el último acto de la secuela de juicio es la acusación fiscal ... ??? por lo que no se ha cumplido el máximo de la pena prevista por el delito que se investiga (Del voto en disidencia del Dr.

Romero).
Declaración de rebeldía, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Palma, Felidor c/ Santana, Luis s/ Ordinario por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-07-04

"la declaración de rebeldía constituye el fundamento de una presunción simple o judicial de manera que incumbe al juez, mediante la valoración de los elementos de juicio incorporados al proceso, estimar si la incomparecencia o el abandono importan o no, en cada caso concreto, el reconocimiento de los hechos afirmados por la otra parte, ya que la ausencia de efectiva controversia que entraña la mencionada declaración no exime al juez de dictar una sentencia justa".
Juicio ejecutivo, falsedad de título, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Intercrédito Mar del Plata S.A. c/ Frugone, Miguel A. y otros s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-02

La naturaleza del proceso tiene implicancias trascendentes en cuanto al tema de la carga de la prueba, toda vez que en el proceso ejecutivo, -dada la presunción de veracidad de los títulos completos (art. 521 CPC)- no son aplicables, en principio, las reglas establecidas en el art. 375 CPC. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de obra pública, certificados de mayores costos, notificación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMACO  S.A.C.I.e I. c/ CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA s/ COBRO DE PESOS - CERTIFICADO DE MAYORES COSTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-07

Según la intervención del Tribunal Arbitral (ley 12910 los certificados de diferencia de mayores costos para la construcción de la ENET Nro. 12 (Cap. Fed.) debían liquidarse conforme los índices del mes anterior a su emisión y a la de la medición de la obra, cuando el CONET entendía que debían efectuarse de conformidad a lo dispuesto en el art. 2, del decreto 2348/76.

La "emisión" del certificado no puede ser de manera alguna su simple confección y posterior reserva en el seno, del organismo que lo confeccionó.

Aun cuando pueda aceptarse que los certificados cuestionados puedan reunir los requisitos del acto administrativo les falta el esencial para que éste pueda tener eficacia su notificación al interesado.

Sin notificación el acto tiene existencia real que afecte al administrado y que ponga en ejercicio los derechos que de él hayan nacido. En otras palabras, no existe un acto administrativo in pectos que por su solo dictado y posterior reserva pueda afectar derechos del administrado afectado.

Todo lo anterior debe llevar también a rechazar por falta de sustento lógico la pretensión de aplicar las disposiciones de la ley 21.392 en el reajuste de lo adeudado y a partir de la fecha que lucen los certificados discutidos.

De tal manera, hasta el momento en el cual el Estado hace entrega del certificado que reconoce el trabajo realizado y su monto, el ciclo de tal certificación no ha concluido y, por tanto, continua en vigencia el régimen de ajuste por mayores costos, y no rige, de manera alguna aquel establecido en la ley 21.392 y, por consiguiente, tampoco el decreto 1938/79.
Competencia de la Corte Suprema, conflicto interno municipal, Estado Provincial, cuestión no justiciable
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Concejo Deliberante de Mercedes c/ Departamento Ejecutivo Municipal s/ Conflicto de poderes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-16

El conflicto suscitado entre el Departamento Ejecutivo y el Consejo Deliberante de un municipio, resuelto por el superior tribunal estadual en el ámbito de la atribución que le reconoce la Constitución Provincial, no constituye una cuestión justiciable que justifique la intervención de la Corte Suprema con arreglo a lo dispuesto en los arts. 31 y 116 de la Constitución Nacional, en el art. 2° de la ley 27, y en el art. 14 de la ley 48
Prueba testimonial, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ESQUIVEL, BERNARDINO B. c/ ENVASA PLAST. S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-02-16

La impugnación a los dichos del testigo, debe formularse luego de concluida la declaración y antes de cerrarse el acto, resultando extemporáneo si se la plantea con posterioridad.
Regulación de honorarios, honorarios del perito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MOONEY Carolina c/ FORESTAL SAN JOSE S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-05-29

Admitida la conclusión del trabajo profesional, no obstante no surgir acreditada su realización en autos, no se advierte motivo que justifique -si tampoco queda pendiente la carga de brindar explicaciones y que la resolución atacada no menciona como causa de la decisión- dilatar la regulación de honorarios interesada, sin perjuicio de que en su fijación se evalúe -de corresponder- la circunstancia prevista en el artículo 134 de la Ley 6902.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, recursos, ejecución de sentencia, juicio ejecutivo, título ejecutivo hábil, condena a hacer
Materia: PROCESAL
Carátula: HEREDIA, Eduardo Roberto; FEDELICH DE HEREDIA, Constancia Rosa c/ BANCO FRANCÉS DEL RÍO DE LA PLATA (BBC Banco Francés S.A.) s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-08

La expresión ejecución de sentencia es de carácter genérico y se refiere a todos los casos en que debe llevarse a cabo lo dispuesto en una decisión judicial.

El ordenamiento procesal regula el trámite respectivo para los distintos supuestos: así, la ejecución de sentencias que ordenan dar sumas de dinero está regulada en los arts. 509 y ss.; la que condena a escriturar en el art. 522; la que condena a hacer en el art. 523; la que condena a no hacer en el art. 524; la que ordena entregar cosas en el art. 525 del Código Procesal.

El Tribunal ha señalado que el trámite de ejecución de sentencia constituye una nueva etapa en el iter de la realización del derecho reconocido al acreedor en la sentencia del proceso principal de conocimiento. Como dicen Palacio y Alvarado Velloso (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, tomo 9, 1995, pág. 90), el proceso de conocimiento y el de ejecución coinciden en la esencial finalidad de procurar la tutela integral de los derechos del acreedor; y ambos representan distintos momentos o etapas dentro de la unidad que caracteriza a la actividad jurisdiccional.

En sentido coincidente, la Sala III de la Corte de Justicia dijo que la ejecución de sentencia no constituye un juicio distinto del ordinario en que aquélla recayó, sino el complemento o última fase del mismo (CJSalta, Sala III, protocolo XV, año 1970, f° 154; CApel.CC. Salta, Sala III, año 2000, f° 394; íd. íd. año 2004, f° 755).

En esa orientación se señaló que el objeto preferente y principal de todo proceso de ejecución consiste en que el acreedor a cuya instancia se promueve logre la satisfacción de su crédito a través de un trámite abreviado en el que se limitan los plazos, las defensas y los recursos.

Ello, por cuanto en la base de todo juicio de esta clase se encuentra un derecho cierto o presumiblemente cierto, por lo que la función jurisdiccional se ejerce exclusivamente para hacer efectiva o rechazar la ejecución (Falcón, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1984, tomo III, f° 596/600, n° 520.9.4 y 520.9.7; CApel.CC.Salta, Sala III, año 2006, f° 549), Sabido es que el título ejecutorio nace de la propia sentencia, y no requiere por ese motivo, otro elemento complementario, para tener la vigencia necesaria que permita la realización práctica final del pronunciamiento.

Así, en el sub lite es innegable que el título que se ejecuta en autos, lo constituye la sentencia de primera instancia, con la modificación dispuesta por la Sala, y de tal manera lo entendió el Juzgado cuando antes de despachar la ejecución reclamó se arrime el expediente principal.
Licitación pública, nulidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA c/ Epszteyn, Eduardo Ezequiel s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-30

La pretensión identifica cuál es el objetivo perseguido, consistente en obtener una sentencia que declare la nulidad de una licitación pues, a criterio de los accionantes, no se han cumplido los recaudos legales aplicables en tanto el endeudamiento involucrado requeriría una autorización legislativa obviada, pero el planteo es confuso al momento de identificar cuál es el derecho -subjetivo o de incidencia colectiva- que asistiría a los actores para reclamar lo que pretenden, pues a ese fin no basta con mencionar normas que establecen obligaciones si luego no se invoca una que confiera al accionante explícita o implícitamente el derecho de instar judicialmente el reconocimiento del derecho de fondo. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Accidente de tránsito, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SABELLA ROSA JUSTA; LAHOZ MIGUEL H. POR SU HIJA MARIA LAHOZ c/ FRANCISCO J. CALDERON Y PRIMO MESCHINI S.A.I.C. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S129 - 309)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-22

"... a los efectos de la procedencia de la indemnización por daño estético, los rastros de las lesiones deben tener por cierta magnitud, sin que sea resarcible la lesión insignificante.

Una modificación prácticamente imperceptible y carente de entidad alteradora de la fisonomía de la presentación corporal, no alcanza a repercutir disvaliosamente en la escala de valores estéticos correlativos a la persona del damnificado y no merece reconocimiento jurídico dentro del ámbito que estudiamos".
Transporte de carga por agua, conocimiento de embarque
Materia: NAVEGACION
Carátula: La Equitativa del Plata  S.A.  de Segs. c/ Cap. y otros Bq. "Cabo de Hornos" s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

La emisión del conocimiento de embarque no es el fruto de una actividad unilateral del cargador, porque se supone que con anterioridad, el transportista ha hecho llegar a su contraparte los recibos provisionales, que contienen los datos que luego se volcarán en el conocimiento.