marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, ejecución de sentencias contra el Estado, facultades del Poder Legislativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Telese de Agost Carreño Ma. Sofía y otros c/ G.C.B.A. s/ Demanda Contrac. Aut. Adm. s/ Demanda Contrac. Aut. Adm.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-07

Los artículos 398 y 399, como lo indica el nombre del capítulo correspondiente (Capítulo II del Título XII del CCAyT), regulan el procedimiento de ejecución de sentencia en causas contra las autoridades administrativas en general, sin distinguir entre los juicios de conocimiento y los procesos ejecutivos, y sabido es que ubi lex non distinguit nec non distinguiere debemus.

En efecto, el juicio ejecutivo no tiene una naturaleza ontológica que conduzca necesariamente a la ejecutabilidad inmediata de la sentencia dictada en él. Por el contrario, es el legislador el encargado de establecer en cada caso las pautas que habrán de regirlo, siempre dentro de un marco de razonabilidad.

Por lo tanto, y encontrándose incluido el caso de marras entre los regidos por los artículos 395 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y Tributario, corresponde declarar dicha normativa aplicable al presente caso.
Medidas autosatisfactivas, consentimiento informado
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: V., Esteban; G, Ivana; V., B. P. S. c/  s/ medida autosatisfactiva de acceso a la información y al consentimiento informado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-04-29

Resulta procedente respetar la voluntad de un niño integrante de la comunidad wichí, que padece un cuadro de hemorragia intracerebral, y la de sus progenitores, de no someterse a la intervención quirúrgica propuesta por el equipo médico, pues el consentimiento informado del niño ha sido debidamente cumplimentado y el modelo actual es el de la activa participación del paciente en la toma de decisiones, como expresión de la autonomía de las personas en el ámbito de la salud, así el paciente es libre de optar por alternativas que el médico podría considerar como contraria a su consejo, siendo por ello la expresión más clara del respeto de la autonomía en el ámbito de la medicina.
Enjuiciamiento de magistrados, remoción de jueces, queja por denegación del recurso extraordinario, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Miret, Luis Francisco s/ pedido de enjuiciamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-17

Corresponde desestimar la queja deducida ante la denegación del recurso extraordinario interpuesto por quien fuera removido de su cargo de juez de Cámara si el recurrente no ha cuestionado la interpretación realizada por el jurado sobre el alcance de las atribuciones que le fija la Constitución Nacional, ni tampoco sobre la imposibilidad de que dicho cuerpo tenga por configurada la causal de mal desempeño por hechos cumplidos por el magistrado con anterioridad a su designación, por lo que el agravio deducido se reduce a una cuestión de prueba que fue resuelta sin arbitrariedad en el pronunciamiento recurrido.
Conciliación laboral, conciliación en sede administrativa, homologación del acuerdo laboral, cosa juzgada, acción autónoma de nulidad
Materia: LABORAL
Carátula: Avendaño, Modesto Gregorio y otros c/ Industrias Químicas Baradero s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-08-28

Los acuerdos celebrados en sede administrativa y homologados por autoridad competente tienen el efecto de cosa juzgada. En consecuencia, sólo puede ser cuestionado como cualquier otro acto administrativo o judicial en el que hubiera mediado un vicio que la invalidara, no cabiendo hacerse por la vía elegida, sino que debió demandarse por acción autónoma de nulidad, para contar con la prueba suficiente y cabal de tan trascendental y restrictiva solución.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, cuerpo del delito, falta de acreditación del cuerpo del delito, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ANSOTEGUI, Agustín y otros s/ inf. ley 23.737 Causa nro. 11.948
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-01

La ausencia de cuantificación del material estupefaciente compromete la debida acreditación del cuerpo del delito. Al no haberse determinado con exactitud la capacidad toxicomanígena del material secuestrado resulta imposible afirmar la debida acreditación del cuerpo del delito con el grado de certeza que requiere esta etapa procesal, por no haberse demostrado su idoneidad para constituir el elemento objetivo del tipo en cuestión, impidiendo en consecuencia arribar a un pronunciamiento inequívoco y sin esfuerzo, por lo que indefectiblemente tal situación debe jugar en favor del justiciable en virtud de lo prescripto en el artículo 13 del Código de rito.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bigatti, Mario R. y otro c/ Cambio, Agustín A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-15

Cuando la víctima del accidente se ha atendido en establecimientos asistenciales que cubren las erogaciones con la obra social a la cual aquélla se encuentra afiliada, el importe de los gastos médicos debe acordarse con suma prudencia, pues debe tenerse presente que lo mayor del gasto lo soporta la obra social, no el afiliado.
Procedimiento militar, delitos militares, jueces militares, deberes del juez, garantías procesales, debido proceso, prisión preventiva, rebeldía
Materia: PENAL-MILITAR
Carátula: Capitán  de  Corbeta  de IM Bertran, Alberto Daniel s/ recurso delart. 445 bis del C.J.M.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-14

La autoridad administrativa estatal que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tal como sucede en el caso de marras donde un Juez Militar dependiente de la Armada Argentina investiga un delito militar, debe adoptar decisiones apegadas a las garantías del debido proceso legal previstas en la Constitución Nacional y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos a ella incorporados. La interpretación que realiza el juez de instrucción militar en la decisión en crisis del art. 314 bis del C.J.M., comporta un impedimento de carácter absoluto para la concesión del beneficio de permanecer en libertad durante el proceso que encuentra exclusivo sustento en el monto de pena amenazado. En ese entendimiento, siempre que se corrobore la mentada condición, el encierro cautelar durante el curso de la investigación de la infracción militar será la regla y no la excepción. Inteligencia que no se ajusta a las pautas que para la restricción de la libertad durante el proceso establecen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, conforme lo antes apuntado. En efecto, una correcta exégesis de la disposición sub examine, que armonice con el aludido marco dogmático, supone como criterio rector para la imposición y mantenimiento del encierro cautelar la estricta necesidad de evitar que el imputado obstaculice la investigación o eluda la acción de la justicia. En el caso, el acusado carece de antecedentes, vive de su haber militar -hoy menguado debido a la prisión preventiva que se le impusiera junto a su familia, a poca distancia de la sede del Juzgado de Paz, y, en caso de no presentarse a la citación del Juzgado, quedaría habilitada su declaración de rebeldía, lo que implicaría la baja y la pérdida del sustento familiar (cfr. C.J.M, art. 171 y 175). En tales condiciones, puede concluirse que no existen elementos que permitan, fundadamente, presumir que, en caso de que el nombrado recupere su libertad, intentará obstaculizar el avance de las investigaciones o eludir la acción de la justicia. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos según su voto, adhiere la Dra. Berraz de Vidal).
Juicios contra el Estado, Municipalidad, bienes, embargo, honorarios, sentencia, ejecución de sentencia, juicio de apremio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: VALLEJOS, JORGE EDUARDO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 272 AÑO 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-09

Siendo que la deuda reclamada debe ser cancelada en el marco del "sistema de ejecución de sentencias contra el Estado" instaurado por la ley 12.036, debe concluirse que, en cuanto a los rubros reclamados y en su cotejo con el esquema desarrollado in re "Lugli"- según las leyes aplicables (leyes 7.234 -ref. Leyes 9.040 y 12.036- y 12.510)- surge prístino que se encuentra vencida la posibilidad con que cuenta la Administración de cancelar el importe adeudado mediante la correspondiente previsión presupuestaria.

Empero, así concluir, no lleva necesariamente a que el pedido de traba de embargo sobre fondos disponibles de la Municipalidad en cantidad suficiente para cubrir el capital, intereses y costas, prospere en su integridad.

En efecto, debe hacerse excepción a la inembargabilidad de los fondos establecida por el ordenamiento mencionado en torno a los rubros honorarios, aportes profesionales y gastos, toda vez que la pretensión puede enmarcarse en el artículo 260 del Código de rito -suplet. aplic., art. 23, ley 4106- y estando cumplidos los pasos que dicha norma contempla, se coloca a la especie en igual situación que la considerada por el Tribunal en el precedente "Lugli" (cit.) atento a que la demandada no ha adecuado su conducta a la normativa vigente.

Empero, a distinta solución se debe arribar en cuanto a la medida solicitada para cubrir capital e intereses, desde que el embargo se peticiona sin haberse iniciado el correspondiente apremio, vía ésta que, conforme el artículo 92 de la ley 4.106 -norma que rige el caso por aplicación del artículo 38 de la ley 11.330-, es la que debe utilizarse en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia.
Quiebra, actos perjudiciales a los acreedores, participación de una sociedad en otra, aportes societarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: BLUFONTEIN  S.A. s/ QUIEBRA S/ INC. DE REVISION POR AÑASCO LTDA. (EN LIQ.).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-29

La participación de una sociedad en otra mediante el aporte de un inmueble que, sería el único de propiedad de la fallida, debe ser decidida por el órgano de gobierno de la sociedad, o al menos por el órgano de administración, por tanto resulta invalida a tales fines la actuación del representante legal sin estar autorizada por los órganos societarios, resultando inoponible tal aporte a la quiebra, por lo que debe rechazarse el pedido de escrituración formulado.
Recurso de casación penal, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., J.A. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-23

El examen de la estructura racional de la resolución se limita a la indagación sobre la eventual violación a las reglas de la sana crítica y al defecto en su motivación. Para ello, el tribunal de casación debe efectuar por medio de la inclusión mental hipotética de las pruebas que se reputan omitidas o incorrectamente apreciadas, un juicio de hecho concerniente a la valoración de dichas pruebas.
Acto administrativo, vías de hecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Avícola Bambi SA. c/ Consejo Provincial de Salud Pública s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/APELACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-10-13

Las actuaciones administrativas que concluyeron -en el caso- con el decomiso de mercaderías en estado de descomposición, no constituyen vías de hecho lesivas a los derechos de los administrados, puesto que para que se configuren éstas, se exige alguno de los comportamientos descriptos en los dos incisos del art. 15 del Decreto 819/80. Eso así, porque en autos se trata de actuaciones cumplidas dentro de la esfera de competencia prevista por las disposiciones legales, por ende, no constituyen "meros comportamientos materiales".
Competencia, prórroga de la competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C.M.F. s/ Declaración de demencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-26

Lo vinculado a la capacidad de las personas es cuestión que atañe al orden público y, en consecuencia, la conformidad de las partes no autoriza a modificar las reglas procesales que gobiernan el trámite de los procesos encaminados a obtener su declaración judicial.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, arbitrariedad sorpresiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Mutual Supervisores Ferroviarios c/ Padalina, Mario E. y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda   ordinaria (Expte CSJ Nº 17-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-19

Obsta a la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad intentado la ausencia de oportuna y adecuada introducción de la cuestión constitucional, ya que si bien la quejosa intenta rebatir lo argumentado sobre este ápice en el auto denegatorio, la escueta referencia a la existencia de arbitrariedad sorpresiva que -a su criterio- nació con el dictado de la sentencia impugnada, resulta insuficiente en orden a demostrar la configuración imprevisible de tal vicio, cuando del relato efectuado en la sentencia surge que la parte contraria adujo, al menos al expresar agravios, las razones en que luego se fundó el Tribunal, por lo que obviamente, la recurrente pudo, al contestarlos, plantear los reparos constitucionales.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, reglamento interno, aplicación de la ley, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Chemea, Marcos S/ Sucesión y otro c/ Boeing SACIEI s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

La LGS 260 establece que el estatuto debe reglamentar la constitución y el funcionamiento del órgano de administración. A su vez permite la creación de un reglamento interno que, en concordancia con la ley y el estatuto y en una relación de jerarquía, es fuente de derechos y obligaciones para los directores, por reglamento interno debe entenderse un conjunto ordenado de preceptos complementarios del contrato o estatuto, establecido con el objeto de regir el funcionamiento de los órganos sociales en aspectos no previstos en la ley ni en dichos cuerpos normativos (Jorge D. Grispo, "Ley Generales de Sociedades" T° IV, ed. Rubinzal Culzoni, 2017, págs. 123/35).
Cheque, competencia, domicilio del banco
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARRY BLANK. c/ IZQUIERDO E. s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-29

El juez del domicilio del banco girado es llamado a conocer en la acción tendiente al cobro del cheque, quedando sometidos a su jurisdicción todos los obligados, sea como libradores o endosantes
Juicio de desalojo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Branchini Inés c/ Leguizamon Carlos Mariano y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-17

Si bien cuando se concretó la transacción las demandas que originaron los procesos acumulados ya habían sido interpuestas, aún no se había notificado a los demandados, por lo que no habíase trabado la litis. Es decir, existían derechos dudosos o conflictivos, no litigiosos. En tal marco, la transacción es válida aunque se la intente renunciar antes de la presentación del instrumento al juicio, porque la norma invocada por la actora -el art.838 del cód.Civil- alude específicamente a los derechos litigiosos y no al supuesto sucedido entre las partes de autos. Ello así, procede acordarle validez al convenio e -como lo hiciera el juzgador- imponer las costas al demandante.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, apelación de honorarios, valor disputado en último término
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: CIA. AZUCARERA TUCUMANA c/ ESTADO NACIONAL s/ RECURSO  ORDINARIO  DE  APELACION - TERCERA INSTANCIA - HONORARIOS DE  ABOGADOS Y PROCURADORES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

Si bien de la norma contenida en el art. 244 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -después de la reforma introducida por la ley 22.434- resulta que la fundamentación del recurso de apelación contra las regulaciones de honorarios es facultativa, tal circunstancia no exime al apelante de la carga de justificar, en oportunidad de su interposición, el cumplimiento del citado recaudo, lo que no ocurre en el caso en que quien intentó el recurso ordinario se ha limitado a señalar que las regulaciones son "elevadas" y ha omitido toda referencia a la sustancia económica discutida, la que se hallaría representada por la diferencia entre las sumas reguladas y las menores pretendidas, porque tal sería el valor disputado en último término.
Propiedad horizontal, administrador del consorcio, derechos del administrador del consorcio
Materia: CIVIL
Carátula: JADZINSKY, ROBERTO c/ CONSORCIO GASCON 683/5 s/ SUMAO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

Si bien el administrador de un consorcio reviste el carácter de mandatario de los integrantes de aquel, las características de su representación están regladas por la ley 13512 y el respectivo reglamento de copropiedad, en especial sus facultades se encuentran limitadas a los actos de administración, pero no puede obligar al patrimonio del consorcio sin la conformidad de éste. En consecuencia, no existe obligación alguna del consorcio a responder por lo actuado en extralimitación por el administrador si no existió ni siquiera tácita conformidad.
Sentencia, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Buenos Aires, Provincia de c/ Arturo Julio Sala s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

Si los considerandos del fallo indican que el demandado deberá participar en un tercio del total de la condena dictada en otra causa, tal expresión autoriza a concluir que ha quedado comprendida la condena accesoria de las costas generadas en el trámite de ese juicio .
Medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lugli, Anita Ema c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia delChubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-31

Para la procedencia de las medida cautelares genéricas, justificadas en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el juicio y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que le ponga fin -se requiere, mínimamente, la configuración de dos extremos: la verosimilitud del derecho- fumus bonis iuris, y el peligro de un daño irreparable -periculum in mora-; a los que debe añadirse la constitución de contracautela, previsto en el artículo 199 del ordenamiento procesal.
Extinción del contrato de trabajo, despido indirecto, injurias graves
Materia: LABORAL
Carátula: Méndez, Miguel Ramón y otro c/ Guames, Daniel y/o quien o quienes resulten responsables s/ Reclamo laboral o quienes resulten responsables s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-11

Sustentar un formalismo extremo impide una interpretación sistemativa y congruente de la ley, y resulta ser fuente de injusticia; por lo que si los hechos injuriosos no pueden ser ignorados por el trabajador, se cumple con la finalidad del art. 243 L.C.T. Cuando la notificación del despido alude a dicho accionar, aunque no explicite los hechos que lo componen.
Derecho procesal, partes, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RECHE  ANTONIO  ROBERTO c/ AMERICAN  EXPRESS  ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-18

Cualquiera sea el resultado del progreso de la demanda iniciada (rechazo total o parcial de la pretensión), la distribución de los gastos causídicos debe definirse con base en el resultado de los temas conceptuales y jurídicos debatidos, y no a partir del aspecto puramente numérico o cuantitativo constituido por la diferencia entre el monto reclamado en la demanda y el reconocido por la sentencia (conf. CNCom., Sala D, 24.10.06 "Di Pietro Paolo Gabriel c/ BBVA Banco Francés s/ ordinario").
Despido, proporcionalidad de la pena
Materia: LABORAL
Carátula: Flores Isabel y otra c/ Frigorífico Avícola Basavilbaso S.A. s/ Indemnización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-23

Si el hecho se habría circunscripto a una pelea entre las ahora actoras y que habría durado escasos dos minutos, no se advierte la injuria que imposibilitara la prosecución del vínculo.Tratándose de un hecho aislado de los antecedentes de las accionantes, quienes tenían cuatro años de antigüedad una y más de ocho la otra, las mismas merecían una mayor consideración de su empleadora al definir sus destinos y no aplicarles la medida extrema del despido el mismo día de un hecho que no aparece con entidad suficiente para legitimarlo.
Modificación del objeto del proceso, nulidad procesal, principio de congruencia, hurto de automotor, cosas en el automotor
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: JAIME, Pablo s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28

Se describe el hecho imputado como un intento de apoderamiento de un vehículo, tal como se hiciera en el acto de la indagatoria, al valorarse la prueba de cargo que podría calificarse como decisiva, se sostiene que en realidad la voluntad del imputado habría sido la de apoderarse de algún efecto que se encontrara en el interior del rodado, por lo que, y afectándose además el principio de congruencia al modificarse el objeto procesal materia de indagatoria, corresponde declarar la nulidad del auto.
Prueba, resoluciones inapelables
Materia: COMERCIAL
Carátula: CERPRE, JOSE c/ EL MARISCO SOCIEDAD ANONIMA s/ INCIDENTE ARTICULO 208
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-23

El régimen de inapelabilidad consagrado por el Código Procesal: 379 comprende todo lo relativo a la prueba, sea que la cuestión se refiera a las circunstancias de su ofrecimiento, denegación, o sustanciación, como las demás cuestiones procedimentales desarrolladas en curso de su recepción.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, Superior Tribunal de la Causa, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Incidente  de recusación planteado en autos Mostafá, Nair -víctima de Violación y homicidio en Tres Arroyos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Las excepciones al requisito del tribunal superior de la causa como recaudo de admisibilidad del recurso extraordinario no pueden ser sino de alcance sumamente restringido y de marcada excepcionalidad: sólo proceden en causas de la competencia federal concepto distinto al de cuestión federal en sentido lato en las que se hallen en juego cuestiones de intensa gravedad institucional donde se advierta suficientemente que el remedio federal intentado constituye el único medio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, que autorice a prescindir del recaudo del tribunal superior y a habilitar la instancia para que sea la Corte quien revise lo decidido por la sentencia apelada.
Medidas de seguridad, régimen penitenciario, reclusión accesoria por tiempo indeterminado
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Conmutación Miño, Ernesto Oscar y otro s/ Robo Cuello, Segundo Dionisio s/ Tentativa de robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07|1986-11-28|1994-04-26

El antiguo concepto que sostiene que la reclusión como accesoria servía para "segregar" por tiempo indeterminado a los delincuentes supuestamente incorregibles, se ve desvirtuado en la actualidad pues ellos cumplen con la progresividad del régimen penitenciario en forma paralela al cumplimiento de la pena principal y no existe en la práctica diferencia alguna en cuanto a su alojamiento en institutos exclusivos.