Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-28


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17.705 EXPEDIENTE N° 41.470/2010 SALA IX JUZGADO N° 77	En la ciudad de Buenos Aires, el 28-03-2012 para dictar sentencia en los autos: "VITASSE MARCELO DANIEL C/ C.R.F. SERVICIOS EMPRESARIOS S.R.L. Y OTRO S/ ACCIDENTE- ACCION CIVIL", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr Alvaro E. Balestrini dijo:

I-Contra la sentencia dictada en la anterior instancia a fs. 170/173 que rechazó parcialmente la acción incoada, se agravió la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 180/181 vta., considerando errónea la valoración efectuada por la magistrada anterior de la prueba adunada a la causa.

Asimismo, recurrió la regulación de honorarios practicada a su favor y la imposición de los mismos en el orden causado.

Corrido el pertinente traslado de ley, la co-demandada Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., contestó agravios a tenor del escrito de fs. 188/190 vta., y la co-demandada CRF Servicios Empresarios S.R.L. hizo lo propio a fs. 191/192.

A fs. 178 el perito traumatólogo apeló los honorarios que le fueron regulados por considerarlos bajos.

II- Adelanto que la queja traída a estudio en torno al fondo de la cuestión debatida, será desestimada.

Corresponde aclarar liminarmente, y sin que ello resul- te relevante para dilucidar el fondo de la cuestión que se debate, que si bien se consignó en el decisorio a fs. 170 que la co-demandada CRF Servicios Empresarios S.R.L. se encontraba en la situación de rebeldía en los términos del art. 71 de la L.O., ello no es así por cuanto si bien fue decretada a fs. 114, la misma cesó conforme auto de fs. 121 en virtud de la presentación a fs. 120.

Aclarado ello, me expediré acerca de mi adelanto al inicio del presente considerando.

A fin de esclarecer las cuestiones planteadas corresponde efectuar una breve reseña de los hechos acaecidos por los cuales el actor inició la presente acción.

El día 6 de febrero de 2008 el actor sufrió un accidente en el trayecto entre el trabajo y su domicilio que le provocó la amputación de su dedo meñique en su mano derecha, determinándose a través de la Comisión Médica, una incapacidad del 5,83% y por la cual se le abonó la suma de $ 10.494, hecho que no se encuentra controvertido.

Ahora bien, a fin de fundamentar mi adelanto, considero que los términos esgrimidos en el escrito objeto de estudio, no logran conmover el fundamento brindado por la Sra. Juez "a quo" toda vez que no existe elemento de juicio con asidero jurídico alguno a lo largo de la lectura del memorial recursivo, que amerite variar la decisión.

Ello es así por cuanto, en primer término sólo se advierte una mera disconformidad dogmática y subjetiva de la decisión que le fue adversa, sin ningún fundamento jurídico que avale la pretensión, pues se queja de la evaluación errónea -a su entender- de la prueba adunada a la causa, pretendiendo hacer valer una pericia efectuada por un médico legista y traumatólogo adjuntado como prueba documental conjuntamente con el inicio de la acción, y efectuado a poco tiempo de producido el accidente.

En efecto, primeramente corresponde destacar que la pretensión deviene inadmisible, toda vez que son los auxiliares de justicia -en el caso perito traumátologo- los aptos para otorgarle al Juez -en función de su experticia- los elementos y conclusiones emergentes que en virtud de la pericia a las ha logrado arribar, en el caso concreto, el grado de incapacidad que padece el actor como consecuencia del infortunio acaecido.

En este contexto, es que los términos esgrimidos en la queja pretendiendo variar la incapacidad determinada en autos devienen improcedentes e inconducentes, pues más allá de formularse apreciaciones carentes de toda crítica concreta y razonada del decisorio basado en el informe pericial médico efectuado en la causa que considero evaluado en sana crítica (art. 386 del C.P.C.C.N.), no arrima ningún elemento de juicio apto para controvertir los fundamentos expuestos en la sentencia dictada en autos.

En mérito a estas consideraciones y toda vez que -a mi juicio- el informe médico de autos merece pleno valor probatorio y fuerza convictiva, en razón de haberse basado en exámenes practicados al trabajador y en fundamentos científicos técnicos aplicables (arts. 386 y 477 C.P.C.C.N.), sin que las impugnaciones oportunamente formuladas logren desvirtuarlas por haberse limitado a exponer un disenso con los rudimentos periciales sin evidenciar fundamentos de índole científicos que permitan poner en duda los argumentos propuestos por el galeno y tomados como válidos por la sentenciante de grado, no advierto razones que me lleven a apartarme de la decisión recurrida en este aspecto.

Más allá de ello y teniendo en cuenta que la queja se encuentra basada en disentir con la conclusión a la que arribó la sentenciante respecto al grado de incapacidad determinada por el experto, tampoco se advierten elementos de entidad suficiente alguna que permitan apartarme del valor de condena que por la incapacidad determinada por el galeno decidió la magistrada anterior.

Ello es así por cuanto arriba incuestionado el segmento del decisorio que rechazó in limine la reparación integral con fundamento en el Código Civil -improcedente por cierto- pretendida en la demanda toda vez que no puede atribuírsele responsabilidad civil a la empleadora cuando no existe una vinculación causal entre el trabajo y el daño, salvo que éste haya sido provocado por elementos riesgosos o viciosos de su pertenencia, por la propia implementación del trabajo sin observar deberes de seguridad o por el hecho de un dependiente (art. 1113 del Código Civil).

Aclarado ello, y teniendo en cuenta que el accidente acaecido al actor -in itinere- se produjo fuera del establecimiento y entre el trayecto del trabajo y su domicilio, de modo tal que no corresponde atribuirle al empleador responsabilidad alguna ni tampoco a la ART más de lo que por reparación sistémica corresponde, y que los términos de la queja en nada logran conmover la decisión anterior en torno al fondo del asunto.

III- No correrá distinta suerte el recurso tendiente a obtener un resarcimiento por daño moral.

Ello es así por cuanto, si bien resulta cierto que la magistrada anterior omitió expedirse en relación a este tópico, no resulta menos cierto que ningún argumento eficaz con entidad suficiente se vuelca en el memorial para permitirme viabilizar el concepto que se pretende.

En efecto, no puedo soslayar que más allá de no acreditarse perjuicio espiritual, angustia o frustración ni que haya estado sometido a tratamiento psicológico alguno, el libelo inicial (ver fs. 29/38 vta.) adolece de los requisitos al respecto en cuanto a este tópico que prescribe el art. 65 de la L.O. incs. 4) y 6).

Es por ello que, propicio desestimar la petición objeto de debate. Así lo voto.

IV- Sentado todo ello, me expediré sobre la queja impetrada por la parte actora en relación a que el pago de los honorarios regulados fueron impuestos en el orden causado, y en el punto debo aclarar que, si bien la determinación de los gastos causídicos no resulta ser una cuestión puramente aritmética, toda vez que la misión de los jueces al respecto no se limita a la sola apreciación de la cuantía por la que prosperan los créditos o no, sino también los motivos por los que se llega al litigio y como éste se desenvuelve, no existiendo entre los artículos relativos al régimen en cuestión norma alguna que requiere una pauta matemática exacta (cf. esta Sala "in re" "Almaraz Luis Antonio c/ IESA S.A. s/ diferencias de salarios " S.D. nº 363 del 30/9/96, entre muchos otros), y habiéndose verificado la existencia de vencimientos parciales y mutuos, considero adecuada la distribución de las costas determinada en origen (art. 71 del CPCCN). Así lo voto.

V- Resta abocarme a los recursos impetrados contra los honorarios regulados en la anterior instancia por el perito médico traumatólogo a fs. 178 por considerar bajos los regulados a su favor y por la parte actora a fs. 181 por idéntico motivo.

En efecto estimo que, los honorarios regulados a favor del perito médico traumatólogo en virtud de la calidad, extensión y mérito de las tareas desarrolladas en origen lucen razonables, motivo por el cual propicio se confirmen (conf. arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839, 38 Ley Org. y 3 y concs. dto. Ley 16.638/57).

En cambio, advierto que resulta improcedente por carecer de interés recursivo, el recurso impetrado por la parte actora contra sus honorarios por considerarlos bajos, toda vez que no ha sido interpuesto por derecho propio sino como letrada apoderada del accionante.

VI- Por la forma de dirimirse las cuestiones planteadas en esta alzada, impónganse las costas de esta instancia a cargo de la parte actora (art. 68 2º párrafo del C.P.C.C.N.) y a tal fin, regúlanse por las labores desplegadas ante esta instancia, a favor de las partes co-demandadas Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y CRF Servicios Empresarios S.R.L. y actora, en el 25 % de lo que a cada una de ellas les corresponda percibir por sus trabajos efectuados en la anterior instancia (art. 14, ley 21.839).

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto precedente.

El Dr. Gregorio Corach no vota (art. 125 de la L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de la anterior instancia en todo cuanto fuera materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de esta alzada a cargo de la parte actora. 3) Regular los honorarios a favor de las partes co-demandadas Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y CRF Servicios Empresarios S.R.L. y actora, en el 25 % para cada una de ellas de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia de origen.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Ante Mí