marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Locación, constitución en mora, juicio de desalojo
Materia: CIVIL
Carátula: González Zazo, Wenceslao c/ Owen, Griffitn Stanley o Gryffidd Stanley Owens s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-10-17

"Si bien la constitución en mora puede hacerse judicialmente, mediante la notificación de la demanda -o la intimación de pago en los juicios ejecutivos-, corresponde señalar que ello será "siempre que en la demanda o reconvención se exija directamente el pago"; pero no cuando no se reclamó el pago de alquileres adeudados, sino el desalojamiento por dicha causal, lo que es distinto evidentemente, por cuanto tal acción no contiene exigencia alguna, directa o indirecta, de cumplimiento de la obligación.
Control de razonabilidad, transporte de pasajeros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TRONCOZO, NÉSTOR HUGO c/ AHYNARCA S.A. Y/O SAETA S.A. s/ Recurso de Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-12-16

La Cámara de Apelaciones del trabajo confirmó la condena a la empresa prestataria del servicio de transporte interurbano de pasajeros a pagar al trabajador la indemnización por antigüedad debida y el rechazo de la demanda contra SAETA S.A. ( Sociedad Anónima de Transporte Automotor del Estado) y contra la Autoridad Metropolitana de Transporte.

Se presenta un conjunto jurídico integrado por la ley 7.233 y los Convenios que se dictaron en su consecuencia, el que define una política legislativa, sobre la cual no hay argumentaciones que demuestren que fue dictada en exceso, o con desproporción o inadecuación de medios, por lo que no encuentro que carezca de conformidad con la Constitución Nacional ni con tratado internacional alguno.

Si bien la obligación prevista en el cuarto párrafo del art. 12 de la ley 7.322 comprende dos aspectos (la incorporación y la antigüedad), se trata de una misma imposición normativa, toda vez que si lo que se procuraba era "... evitar que este personal que trabaja en alguna de las empresas pueda quedar desprotegido cuando la Sociedad Anónima de Transporte Automotor del Estado otorgue en concesión la explotación de algunas de esas líneas." (Diario de Sesiones ya individualizado, p. 1.258), no es imaginable una incorporación sin afectación de la relación de trabajo que no implique el mantenimiento de las condiciones de labor, en particular las que hacen a la antigüedad y su impacto en la ecuación remuneración - trabajo. En conclusión: como no es el reconocimiento de la antigüedad, sino la absorción misma lo que quedaba condicionado a la coexistencia de ambas condiciones, esta debió contener el reconocimiento de aquella, lo que no fue cumplido y es el objeto de la pretensión.
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vismara de Fruttero, Adela c/ Fuertes, Juan s/ Ejecución hipotecaria Calderoni, Atilio Victor s/ Concurso preventivo (Reconstrucción)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27|1991-06-11

Aunque el actual texto del inc. 1º del artº 22 de la ley 19551 no consagre a las ejecuciones de garantías hipotecarias y prendarias, como excepción al principio de suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial, en principio éstas también se suspenden -o no pueden deducirse- a partir de la apertura del concurso preventivo del deudor, hasta tanto se presente el pedido de verificación respectivo. Si se suspenden, aunque provisoriamente, quedan alcanzadas por la disposición del inc. 2º del artº 22 de la ley 19551. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trata de personas, situación de vulnerabilidad, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Gil Solano, Julia y Molina, Héctor Mario c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-11

Está debidamente fundada la condena por el delito acogimiento y recepción de mujeres mayores de dieciocho años de edad con fines de explotación sexual, mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, agravado por ser más de tres las víctimas -art. 145 bis, inc. 3º, CP, conforme ley 26.364- si se demostró que las damnificadas, mujeres en situación de vulnerabilidad, recibían el cincuenta por ciento de lo recaudado por ambas actividades -copas y "pases"-, quedándose con la otra mitad los dueños del local nocturno.

El art. 145 bis no solo protege la libertad ambulatoria de las víctimas, sino que incluye la libertad de autodeterminación.

Resulta imposible y contrario a la lógica considerar que los imputados desconocían que la actividad comercial que desarrollaban era ilegal, aun cuando contaran con habilitación municipal para explotar el rubro "cabaret" y las alternadoras tuvieran sus libretas sanitarias actualizadas.La asimilación pretendida por la defensa respecto de las tareas que le eran permitidas con la habilitación de local nocturno o el empleo de alternadoras, bajo ningún concepto podía suponer el ejercicio de la prostitución o la autorización para explotar una casa de tolerancia, en los términos de la ley 12.331. Dres. Mahiques, Riggi, Catucci.
Concursos, prueba, verificación de créditos, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calderone Rubén F. s/ Quiebra - Incid. Verificación de Créditos Alfredo Alvarez e hijos S.C.-Quiebra- c/ Pérez Roberto A. y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10|1995-09-12

Frente a una cuenta simple o de gestión, que no configura un contrato en sí mismo sino una forma de contabilidad, útil para obtener el saldo de las operaciones habidas entre los interesados, pero que no produce una mutación en la relación de derechos primigenia, el saldo que pudiere arrojar tal contabilidad en orden a su cobro no puede separarse de los negocios jurídicos sustantivos que le dieron causa y que son, en definitiva, su título.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Falcón, Daniel Alberto c/ Taibo, José s/ Contrato a plazo fijo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

Frente a la insuficiencia del monto de lo cuestionado (art. 278 del C.P.C.C.) no es útil para la apertura de la instancia extraordinaria la denuncia de violación de doctrina legal (art. 55, dec.ley 7718/71 ) si la impugnación no se refiere directamente a la transgresión de la aludida doctrina sino a la valoración de las circunstancias sobre las que se apoya.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba testimonial, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ERSA URBANO S.A. c/  s/ APELACION MUNICIPAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-13

El recurso intentado -en lo que hace al planteo del recurrente sobre la falta de producción de la prueba testimonial ofrecida en sede administrativa- ha sido correctamente denegado por cuanto es postulado sin hacerse suficientemente cargo que el tribunal inferior asumió la posición que en materia de contravenciones municipales el onus probandi recae sobre el inculpado debido a la naturaleza jurídica del acta de constatación de la infracción, y que -con cita de precedentes de esta Corte- la instancia que habilita el art. 99 de la Ley 10160, tiene carácter revisor y que el acto impugnado goza de presunción de legitimidad, efectuando una interpretación razonable de todas las constancias probatorias obrantes en la causa que no resulta revisable en esta instancia, ni permite que prosperen los agravios así planteados por la recurrente a título de arbitrariedad. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 99.
Ley de emergencia, despido, desempleo, prórroga del plazo, indemnización agravada, ley de contrato de trabajo, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: G. C., L. M. c/ C., E. S. s/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-08-02

El artículo 16 de la ley 25561 fue prorrogado sucesivamente por los decretos 883/02, 662/03, 256/03, 1351/03, 369/04 y 823/04 y, en su oportunidad, por el art. 4 de la Ley 25972 que reza: "Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la Ley Nro. 25561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO. En caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias".
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, ejecución hipotecaria, vivienda única, bienes inembargables, Corte Suprema de Justicia de la Nación, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c/ ROSCANI, RAUL PEDRO Y OTRA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJECUCION HIPOTECARIA (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 461 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-17

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el banco acreedor, si la Cámara solo parcialmente abordó el "thema decidendum" puesto que se limitó a trasladar al caso, casi sin miramientos, la doctrina constitucional elaborada por la Corte nacional, recepcionada por la local, acerca de los inmuebles destinados a vivienda propia y construidos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional, soslayando todo análisis y consideración del planteo formulado por la actora en los escritos constitutivos del proceso: la cancelación por parte de los demandado s de la garantía de inembargabilidad mediante escritura pública.

Desde luego que la solución propiciada en modo alguno implica desconocer la doctrina constitucional imperante en la materia; pero debe quedar en claro que para poder subsumir la presente causa en esa línea jurisprudencial la misma debe presentar una identidad fundamental analógica entre los supuestos de hecho y de los preceptos legales con los casos que sirvieron de sustento a aquella doctrina constitucional; y, precisamente la identidad requerida entre los casos concretos decididos en las sentencias con el presente caso al que la Cámara aplica la doctrina jurisprudencial se encuentra controvertida en el "sub examine" a partir del planteo propuesto por el impugnante, por lo cual la omisión del Tribunal de brindar adecuada respuesta jurisdiccional sobre esa cuestión hace pasible de descalificación al fallo impugnado sin que ello implique adelantar opinión alguna sobre la sustantiva procedencia de la defensas opuestas por el actor y no tratadas.
Concursos, locación, extinción del contrato, bienes de terceros, juicio de desalojo
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERROEXPRESO PAMPEANO SA c/ CEREACO SA s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-28

Procede la pretensión del accionante en cuanto a que el fallido desaloje un predio alquilado si, -como en el caso-, surge que el reclamante es locador del citado predio, el causante del concurso es locatario, y el contrato de locación se resolvió antes de que existiese el proceso universal. De modo pues, que para obtener la restitución del bien, no hacía falta que el locador acreditase la titularidad del dominio sobre el mismo, puesto que los locadores tienen titulo, por su condición de tales, para obtener la restitución de lo alquilado una vez terminado el contrato (cód.

civil arts. 1609 y 1622). De modo, que el pretensor es un tercero que tiene derecho a la restitución en los términos del art. 138 de la ley de concursos.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LANZILLOTTA, STELLA M. c/ BROLLO, ANTONIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-31

Si bien el tercero, víctima de una accidente de tránsito en el que ha intervenido más de un protagonista, no tiene porque investigar la mecánica del mismo y determinar cuál de los vehículos fue el culpable de la colisión, pudiendo de tal manera dirigir la acción contra uno o contra ambos conductores, sin perjuicio de las acciones que a aquéllos les pudiera corresponder entre sí para establecer su respectiva responsabilidad se ha demandado a los intervinientes en el evento dañoso cabe investigar la forma en que ha ocurrido el siniestro y deslindar las respectivas parte de culpa, puesto que la cuestión a dilucidar reside en establecer si el hecho dañoso es consecuencia de la conducta de alguno de los codemandados.
Cuestiones de competencia, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: González, Ramón Roberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-26

Resulta inoportuna la declinatoria de competencia del fuero federal si sólo resta la fijación de la audiencia de debate oral y público a los fines de que recaiga una sentencia definitiva respecto del imputado, de lo contrario, viraría el espíritu tenido en miras al promulgar la ley 26.052, efectuándose simplemente una aplicación literal y, en el caso, descontextualizada y no circunstanciada de la norma, violatoria -incluso- de razones de celeridad, eficiencia y economía procesal. La disidencia señaló que la forma en que se hallaba fraccionado el estupefaciente permite inferir que estaba destinado directamente al consumidor y que, avalar la competencia federal basándose en el estadio procesal en que se encuentra la causa, implica apartarse de la simple letra de la ley y poner en juego la validez del proceso. (Dres. Fégoli, Madueño y Cabral).
Garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, exenciones impositivas, impuesto a las ganancias, competencia nacional, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSeS s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

En tanto el principio de intangibilidad no puede ser desconocido en el ámbito provincial (art. 5 de la Ley Fundamental), la derogación de las normas exentivas del impuesto a las ganancias se refiere tanto a la judicatura nacional como a las provinciales, pues los jueces locales son, como los nacionales y federales, jueces de la Constitución, cumplen idéntico ministerio y se hallan sujetos a parejas responsabilidades y deberes, y han de contar, a tal efecto, con similares garantías (Voto de los Dres. Juan Carlos Poclava Lafuente y Jorge Ferro).
Acción de inconstitucionalidad, intervención de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: FUNDACION BIOSFERA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA s/ INCONST. ORD. Nº 10.703
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-18

Si surge "prima facie" de las constancias de los autos que el resultado del pleito puede afectar a un sujeto distinto de aquél que sancionó la ley, decreto, ordenanza o reglamento impugnado, en sus intereses propios, corresponde que sea citado en el carácter de tercero.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, Corte Suprema de Justicia de la Nación, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Garay Diartes, Eduardo c/ Rodríguez, José Francisco y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

Pese al aparente carácter potestativo del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que impone a la Corte el deber de seleccionar "según su sana discreción", las causas en que conocerá por recurso extraordinario, la obligación de hacer justicia por la vía del control de constitucionalidad torna imperativo desatender los planteos de cuestiones, aun federales, carentes de transcendencia.
Falsedad ideológica, tentativa, funcionarios judiciales, escritos judiciales, cargo, alteración de la fecha de ingreso
Materia: PENAL
Carátula: FARIAS NESTOR JOSE s/ FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PRIVADO EN GRADO DE TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-11

Cabe destacar como lo sostiene la sentencia en crisis que si bien el cargo se perfecciona con la firma del actuario, la falsedad ideológica del mismo se extiende aparte del funcionario fedatario, a los colaboradores de éste que tienen la obligación legal de decir la verdad cuando preparan el documento que luego perfecciona el fedatario. Por ello, la pretensión del quejoso -empleado judicial- de que su conducta no encuadra en el artículo 293, resulta inadmisible y carente de asidero jurídico máxime si se tiene en cuenta que el imputado reviste la calidad de empleado público, y como tal tiene facultades para recepcionar los escritos, poner fechas y destacar la documentación que se acompaña y presentarlo posteriormente al Secretario del Juzgado para su firma, siendo ésta una práctica forense, usual, incuestionada, correcta y de inveterada aplicación.

La sentencia en casación no merece reproche alguno que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido en cuanto hubo congruencia fáctica en laimputación del hecho, y se encuadró en definitiva la conducta del acusado en el artículo 293 y 42 del CP, "falsedad ideológica en grado de tentativa", en razón que su ilícito accionar en la confección del cargo, se interrumpe por una circunstancia ajena a su voluntad, cuando la Secretaria del Juzgado quien debía firmar el mismo, advertida de la irregularidad que estaba cometiendo, lo observaba atentamente, y le retira la documentación que obrabaen su poder, en donde dolosamente había colocado una fecha de recepción antidatada, quedando el delito acertadamente encuadrado en el grado de tentativa (art. 42 del CP).
Permisos de pesca, medida de no innovar, quiebra
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Esperanza del Mar S.A. s/ quiebra c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-22

Corresponde dejar sin efecto la resolución que hizo saber que sobre un permiso de pesca pesaba una medida de no innovar y que correspondía abstenerse de adoptar o implementar la decisión tomada por el Consejo Federal Pesquero si los permisos de pesca solo pudieron entrar y permanecer en el activo de la quiebra en la medida en que se observaran las disposiciones legales y reglamentarias cuya aplicación competía a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la circunstancia de que el Consejo no haya ejercido concretamente sus atribuciones antes de que el juez de la quiebra dictara la medida de no innovar, no constituye razón para prohibir que las ejerza en lo sucesivo, sin perjuicio de que los interesados lo demandasen ante el juez competente en caso de que los negara o limitara ilegítima o irrazonablemente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, apreciación de la prueba, interpretación del contrato, equilibrio contractual, pericia contable
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: ASOCIACION MEDICA DEPTO SAN CRISTOBAL y 9 DE JULIO c/ POLICLINICO RAFAELA Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 191  AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-21

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad cuando el análisis de los planteos esgrimidos a la luz de las constancias de la causa autoriza a colegir que la tesis de los sentenciantes exhibe una falencia reprochable por cuanto el debido respeto al propósito de preservar la "igualdad" de las partes expresado en el voto de la mayoría exigía en todo caso una prudente apreciación de los posibles perjuicios que, en función del contrato, podían padecer ambos celebrantes, lo que no se advierte haya acontecido , toda vez que no se desprende del pronunciamiento la consideración de la pericial contable, conforme a la cual, según lo argumentado por la recurrente, resultaría demostrada la existencia de un resultado desfavorable para la actora.
Alimentos, convenio de alimentos
Materia: CIVIL
Carátula: C.M. DE S.D. Y OTROS c/ S.A.O. s/ ALIMENTOS - CONVENIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-23

Si bien el convenio -como también sucede con la sentencia que fija los alimentos- tiene una validez esencialmente provisional, sólo puede ser denunciado cuando se han alterado las circunstancias que se tuvieron en cuenta para la fijación de la cuota.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Prieto, Sandra Araceli c/ Battistessa, Enrique Osvaldo y otros s/ Anulación de boletos de compraventa inmueble
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-27

La perención de la instancia es un arbitrio instituído por el legislador para sancionar la inacción de los litigantes, cuya mayor carga es procurar el impulso de la tramitación de la causa hacia su fin natural que es la sentencia (art. 310, 311, 316 y concds. CPCC).

Se reafirma así el llamado principio dispositivo que rige en la jurisdicción civil, en virtud del cual, el impulso procesal recae fundamentalmente sobre las partes cual carga principalísima, pues si bien al juez no le está vedado tomar la iniciativa, tampoco esta obligado a actuar de oficio a menos que la ley se lo imponga, motivo por el cual, con la finalidad de que la actividad procesal no se prolongue indefinidamente, el legislador ha establecido que si no se insta el proceso durante los plazos que la norma establece, caduca la instancia, corrigiendo así la inercia o abandono en que pudieron haber incurrido las partes en el proceso.
Daños y perjuicios, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Parodi Rubén Daniel c/ Folguera S.a. y/o quien resulte propietario s/ Cesación de daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

Frente a una demanda por cesación de los daños presuntamente ocasionados por la emisión de polvillo y granza provenientes del cereal procesado en una planta industrial, es advertible que en la calificación de la normal tolerancia ha de privar un criterio objetivo, debiendo evaluarse especialmente las circunstancias económico-sociales y ponderarse, como factor digno de consideración, las características de cada caso, por cuanto es obvio que en un barrio industrial los vecinos deberán sujetarse a restricciones mayores que las que resulten razonables en un barrio residencial.-
Regímenes jubilatorios especiales, ingenieros, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Deluca de Campos, Ana Carolina c/ Caja de Previsión Social Para Profesionales de la Ingeniería s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

El régimen establecido por la ley 5920 excluye del derecho a pensión a los causahabientes de los afiliados que al momento de fallecer no estuvieren en condiciones de obtener una jubilación ordinaria por falta del cumplimiento de los requisitos de edad y servicios. Esa exclusión abarca, también, a los causahabientes del jubilado por incapacidad, sin que corresponda al Tribunal juzgar acerca del acierto o desacierto del legislador.