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Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: PEÑALBA DE FLORES, Carmen Rosa c/ AGROCAR y/o PANIRI DE MORENO, Marta Alicia y/o SUCESION DE MORENO, Francisco s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-06-03

Incumbe al trabajador la prueba de la relación laboral en situación de dependencia cuando la misma ha sido negada por la empleadoraLa prestación de servicios hace presumir la existencia de una relación laboral en situación de dependencia, pero ello no altera el principio de la carga probatoria, pues de ello depende que la presunción entre a jugar.
Contrato de trabajo, Administración Nacional de la Seguridad Social, aplicación del convenio colectivo, reducción salarial, reclamo salarial
Materia: LABORAL
Carátula: Coquibus  María  Norma  y  otro c/ Administración Nacional de laSeguridad Social Anses s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-08

El caso de la modificación dispuesta a la asignación por movilidad fija de carácter remunerativo previsto en el art. 37 inc. 1) del CCT celebrado el 29.10.92. por el CCT 305/98 "E" que dispuso que dichos viáticos no están sujetos a rendición de cuentas y por lo tanto carecen de carácter remuneratorio, no puede ser considerada como una rebaja remuneratoria que justifique un reclamo por diferencias salariales. La modificación que determina el carácter no remunerativo de los importes que se entreguen en concepto de viáticos -así como que, dicho importe, en definitiva, constituye un reintegro de gastos proviene de una fuente heterónoma surgida de la autonomía privada colectiva y no de otros actos de efecto normativo. Habida cuenta del carácter cambiante de la realidad socio-económica que subyace en la celebración de todo convenio colectivo y de la consiguiente necesidad de que éste se adecue a las circunstancias que intenta normativizar, resulta evidente que las condiciones emergentes de una determinada convención no se incorporan definitivamente al contrato y no son exigibles más allá de la vigencia de aquélla (o de su posible ultraactividad); lo cual, implica admitir que pueden ser válidamente modificadas in peius, derogadas o sustituídas por otras pactadas en un nuevo convenio en ejercicio de la misma autonomía que dio origen a la convención anterior. En este sentido el art. 19 inc. a) de la ley 14.250 (modificada por el art. 18 de la ley 25.877 T.O. Dec. 1135/04) contempla la aptitud que tiene un convenio colectivo para derogar o suprimir un beneficio emanado de uno anterior. (Del voto del Dr. Pirolo).
Deserción del recurso, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ávila, Haydeé Gladys y Otros c/ Estado Nacional -  Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y S.P.F. s/ Ordinario s/Incidente de Apelación de Medida Cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-26

El recurso de apelación deviene desierto atento el letrado presentó las copias en forma extemporánea, fuera del plazo establecido en la norma procesal -art.250 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, más allá de la notificación vía cédula al apelante intimando a acompañar las copias en el término de cinco días.
Competencia de familia, juzgado de familia, determinación de la paternidad
Materia: PROCESAL
Carátula: D.,  C.G.  y  otro c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE RELACIONESEXTERIORES s/ INFORMACIÓN SUMARIA s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

Son competentes los juzgados de familia para entender en la acción de amparo promovida no sólo a los efectos que se ordene al Estado Nacional expedir la documentación (partida de nacimiento, pasaporte, cédula de identidad, y documento nacional de identidad)sino que también se reconozca la copaternidad basada en la voluntad procreacional respecto de un niño por nacer.
Error de prohibición, prostitución, permanencia ilegal de extranjeros
Materia: PENAL
Carátula: Natale, Guido Santos c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-27

Debe descartarse el error de prohibición si el encartado se auto-definió como un empresario con larga experiencia en la actividad de regenteo de prostíbulos, y se comprobó que en el caso de una mujer cuya situación migratoria resultaba irregular, intentó encubrirla mediante la manipulación de un documento.
Responsabilidad del Estado, faltas del servicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Heine, José Luis c/ Gobierno Provincia Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

La responsabilidad atribuida al agente del estado provincial se sustenta en la autoría de daños producidos a la persona del demandado con un arma de la repartición policial del citado Estado.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sociedad controlada, estados contables, revalúo contable
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Comisión Nacional de Valores c/ Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-18

El recurso extraordinario contra el pronunciamiento que autorizó la contabilización en los estados contables del mayor valor resultante del revalúo técnico practicado por la sociedad controlada es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Del Palacio, Alexis Claudio Damián contra Pertini, Esteban Hernán y otro. c/  s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

La regla derecha antes que izquierda no representa ningún "bill de indemnidad" que autorice al que aparece por la derecha de otro vehículo, a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda.(doctor Pettigiani, mayoría)
Constitucionalidad, ley de emergencia económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MILLÁS José Luis c/ Romero Roberto y Otro s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-03-06

La legislación de emergencia que se trata satisface las condiciones de validez constitucional dentro del marco de excepción en que fueron dictadas.

Las normas contenidas en la ley 25.561, decretos 214/02 y 320/02 en cuanto disponen la pesificación de las obligaciones constituidas en moneda extranjera, satisfacen las condiciones de validez constitucional desde que, en el marco de la excepcional situación fáctica en que fueron dictadas, responden a los presupuestos caracterizantes del estado de emergencia: real situación de emergencia constatada y declarada por el órgano competente, fin de interés social y público, transitoriedad de la regulación y razonabilidad del medio empleado". [...] "No resulta irrazonable la pesificación de las obligaciones constituidas en moneda extranjera conforme lo establece el decreto 214/02, pues la limitación impuesta a los acreedores encuentra fundado justificativo en la situación de emergencia en la cual se encuentra el país y el empobrecimiento de la población en general merced a la depreciación del signo monetario". [. . .] "La pesificación de las obligaciones constituidas en moneda extranjera conforme lo establecen los decretos 214/02 y 320/02, no vulnera el derecho de propiedad del acreedor, pues si bien la conversión dispuesta perjudica, en principio a éste, la quita o disminución no es definitiva al permitirle requerir un reajuste equitativo del precio, tanto en los contratos bilaterales onerosos como en los unilaterales (mutuo oneroso o gratuito)".

La ley 25.561, en cuanto faculta al Poder Ejecutivo por razones de emergencia -hasta el 10 de diciembre de 2003- a establecer la relación de cambio entre el peso y las monedas extranjeras, cumple con los requisitos constitucionales para su sanción, pues es atribución del Congreso fijar el valor de la moneda -art. 75, inc. 11, Constitución Nacional-, y existe una situación de grave emergencia, que amerita la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo prevista en el art. 76 de la Constitución Nacional".

El decreto 214/02 -dictado por el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades delegadas por la ley 25.561-, al transformar a pesos las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en moneda extranjera -arts. 3 y 8- no es irrazonable, a los fines de su impugnación constitucional, pues tiene por objeto armonizar los derechos y garantías individuales con la conveniencia general, de manera de impedir que aquellos corran el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal.
Recurso de casación laboral, derechos adquiridos
Materia: LABORAL
Carátula: TREJO JORGE RENE c/ BCO.DE LA PROVINCIA DE SGO.DEL ESTERO S/CONCESION GRACIABLE s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-03-12

Cuando bajo la vigencia de una norma el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de una determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, que ni el legislador ni el juez pueden arrebatar, ya que el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema.
Sentencia, notificación, honorarios del perito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ D'Alfonso, Julio Atilio s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

No puede resolverse que las decisiones integrantes de la sentencia como en el caso la regulación de honorarios del perito que no habían sido notificadas- no forman parte de la misma, única forma en que cabría excluir la aplicación del art. 483 del Código Procesal Civil y Comercial que impone notificar la sentencia "de oficio". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley vigente, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Pérez, Claudio Naim c/ Bestene, Jorge Manuel s/ sumarisimo s/casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-11-02

Si no se opta por la vía procesal contemplada en el art. 208 del CPCyC, siempre estará la posibilidad de formular el reclamo en un proceso autónomo. "El Código Procesal no puede alterar lo que surge del Código Civil de modo que el afectado puede interponer una acción autónoma de responsabilidad con apoyo en las normas del segundo, en tanto no se verifique la prescripción de la acción" (cf. "Código Procesal Civil y Comercial Comentado y Anotado" T. II, p. 555). (Voto de la Dra. Criado sin disidencia)
Seguros, reticencia, acción por omisión, dictamen pericial
Materia: COMERCIAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Bovo, Alejandra Inés  c/ Federación Patronal Seguros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-09

Es que, una cosa es tener por probado el hecho de la reticencia, para lo cual todo medio de prueba resulta admisible (CNCom, Sala A, "Suárez, Mariela c/ La Buenos Aires Seguros SA s/ ordinario" del 03/05/07; Morandi, J., "Estudios de derecho de seguros", pág. 255, Bs. As., 1971; Stiglitz, R., "Derecho de Seguros", t. I, págs. 725/726, Bs. As., 2008; Meilij, G. y Barbato, N., "Tratado de derecho de seguros", pág. 39, Rosario, 1975; Steinfeld, E., "Estudios del derecho de seguros", págs. 87/88, Bs. As., 2003), y otra bien distinta es la acreditación de la "influencia" que dicha reticencia (o falsedad) tuvo sobre el riesgo cubierto o, expresado en otras palabras, la incidencia que habría producido el conocimiento de la verdad con relación a la contratación del seguro o a los términos de dicha contratación, desde la visión de la entidad aseguradora (conf. CNCom, Sala D, in re "Torga, V. Adela c/ Generali Arg. Cía. de Seg. s/ cobro de pesos", del 12/04/00), siendo fundamental que el asegurador pruebe que las circunstancias ocultadas o inexactamente declaradas han sido influyentes sobre el riesgo, de una manera tal, que si aquél hubiese sido cerciorado de ellas no habría dado su consentimiento o lo habría dado en otras condiciones (conf. CNCom, Sala B in re "Molina de Rombola, Elisa c/ El Comercio Cía. de Seguros SA s/ ordinario" del 05/04/90, ídem Sala D, "Bisio Juan Carlos c/ Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada s/ ordinario" del 03/02/09; Sala E, "Cocivial SA c/ Provincia Seguros SA s/ ordinario" del 25/08/20).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, David Eladio. Pérez, Héctor Omar. s/ Homicidio en ocasión de robo - Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Es ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no pone en evidencia que el reconocimiento autoinculpatorio sea, en el caso, encuadrable en alguna de las circunstancias atenuantes previstas en los arts.40 y 41 del Código Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empresas petroleras, deber de información, Derecho ambiental
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: 77655 - PECOM ENERGIA S.A. PETROBRAS ENERGIA S.A. c/ CONSEJO PROFESIONAL DE ING. Y GEOLOGOS DE MZA. s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-11-02

El Decreto 437/93, contiene una serie de preceptos que imponen a las empresas petroleras la obligación de producir informes a la autoridad de aplicación del Ministerio de Medio Ambiente, y de la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental. De tal modo también en período de explotación y operación del yacimiento y no sólo en el de su perforación, la empresa petrolera está sujeta a obligaciones que le imponen informar con nivel técnico acerca de su tarea y del estado de las instalaciones que explota, encontrándose obligada a la elaboración de un Informe de Partida - art. 10 dec. 437/93 con el que luego la autoridad de aplicación le exigirá el ajuste a las previsiones de la Res. 105/1.992 de la Secretaría de Energía de la Nación.
Cuestiones de competencia, riesgos del trabajo, amparo por mora, incapacidad, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Meder, Jorge Amilcar c/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/ amparo por mora c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-03

Corresponde declarar la competencia de la justicia en lo contencioso administrativo federal para entender en el amparo por mora de la administración con el fin de que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo emita el dictamen que determine, de existir, el grado de incapacidad laboral del actor si se peticiona que un organismo administrativo nacional, con sede en Capital Federal, se expida sobre un asunto llevado ante él, debatiéndose si el ente ha incurrido en mora al pronunciarse, y no que el tribunal resuelva el problema que aquél implica y trate lo referido a la determinación de la supuesta incapacidad en el plano de la Ley de Riesgos del Trabajo.

-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZEBALLOS, GRISELDA CORTES DE c/ MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA s/ RECURSO    CONTENCIOSO    ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION  INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA     CSJ EXPTE NRO 636-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-10

Los supuestos para que proceda la suspensión de medida administrativa encuadrados en el artículo 30 de la ley 4106, son excepcionales y requieren para la procedencia de la privación temporaria de los efectos normales del acto impugnado, que los vicios en una y otra de las hipótesis contempladas en la norma, aparezcan con un grado de evidencia tal que justifique la suspensión de la medida administrativa.

En el caso, la actora no acusa la incompetencia del órgano que dictó la decisión atacada, ni invoca la violación de norma alguna, inciso a) ni que el daño que pueda provocar la medida sea insusceptible de reparación ulterior, ni otros vicios del acto que aparezcan como manifiestos (inciso b).
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: García, Arturo Humberto s/ Robo calificado Ledesma, Guillermo Rubén s/ Robo agravado por el uso de armas Acevedo, Adrián David y ots. s/ Asociación ilícita - Privación ilegal de la libertad - Secuestro  extorsivo - Robos reiterados El Ali, Delia Inés y otro s/ Robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-28|1990-11-27|1991-10-01|1993-03-30

Es formalmente imposible asumir una posición mixta subjetiva -objetiva. Pues si la ofensividad no constituyera un ingrediente del concepto legal de "arma" no cabría ventilar su prueba hubieran o no dudas o contrapruebas a su respecto. "A contrario", si el poder de dañar es inherente al referido concepto jurídico de "arma" habría que probar siempre esa capacidad, con independencia de las dudas que con relación a ella se hubieran planteado.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fragelli Horacio José c/ Graziaplena Eduardo O. y otro y/o quien resulte propietario y/o responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

En orden a la fijación del quantum debeatur que conduce a una retribución equitativa, debe evaluarse las condiciones personales de la víctima, cotejándoselas con antecedentes semejantes ya juzgados.
Agravantes de la pena, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Schabner, Héctor Eduardo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-09

Debe rechazarse la alegación en punto a la incorrecta aplicación de las reglas de conducta impuestas de conformidad con lo previsto en el art. 27 bis del CP pues son un imperativo legal para el juez en el caso de dejar en suspenso la pena impuesta y no han especificado los recurrentes frente al escenario planteado qué agravio concreto les trae fijar residencia y someterse al cuidado del patronato y abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas durante el lapso de tres años, restricciones sensiblemente menores a las que solicitaron los acusadores en sus respectivos alegatos. (Dres. Figueroa, Riggi y Catucci).
Prueba, apreciación de la prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Schumacher Roberto Antonio c/ Vergara Carlos N. s/ Cobro de pesos y entrega de certificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-07-12

En análoga situación, se ha dicho que la no contestación de los telegramas tampoco mejora la situación del obrero. Aún sin norma legal que lo estableciese, la obligación del empleador de expedirse ante un reclamo del trabajador para que se aclare la situación, presume que remitente y destinatario tienen ese carácter. No probado el referido status, la incontestación no significa reconocimiento de un incumplimiento contractual. Nadie, cuando no media una situación que le imponga esa conducta, está obligado a contestar intimaciones que le dirigen terceros.
Bancos, responsabilidad del banco, culpa civil, cuenta corriente bancaria, apertura de cuenta corriente, culpa concurrente, indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CAMPOTENCIA  S.A. c/ BANCO MAYO COOP. LTDO. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-18

Incurre en una inequívoca imputabilidad culposa, la entidad bancaria que con manifiesta ligereza, procede a la apertura de una cuenta corriente bancaria peticionada por una persona munida en forma fraudulenta de un documento nacional de identidad extraviado, o sustraído, es decir perteneciente a otra persona.

La falta de un acabado y fiel cumplimiento a las normas que disciplinan la apertura de cuentas corrientes (OPASI 1 comunicación A-59 del BCRA), al no mediar comprobación alguna sobre la identidad real del supuesto presentante ni de su domicilio, trae como consecuencia la responsabilidad civil del banco, derivada del daño configurado por la incobrabilidad del cheque librado por persona desconocida; responsabilidad que, en el caso, corresponde sopesar en virtud de la culpa concurrente incurrida entre el banco y el damnificado, al haber este último aceptado un cheque firmado, con el texto en blanco, entregado por un desconocido en nombre del supuesto firmante del instrumento, y de cuya solvencia y responsabilidad patrimonial ignoraba, comportamiento este, descuidado y negligente de indudable gravitación en el resultado dañoso.

Estando representado el perjuicio sufrido por el damnificado, por la pérdida o frustración del ingreso a su patrimonio de la cuantía dineraria del cheque entregado, a los efectos indemnizatorios, no puede sumarse a ese daño el lucro cesante, consistente en el rendimiento de que se habría privado por la suma no ingresada, si no ha sido probada la conexión causal jurídicamente relevante entre el hecho originario y el citado daño, aún tratándose de una situación gobernada por las normas de la responsabilidad aquiliana que alcanza a las consecuencias mediatas previsibles (CCIV: 904).

Incumbe al damnificado no solamente la prueba de que la utilidad dejada de percibir fue un efecto mediato previsible del obrar negligente del banco autorizante, sino también que este no previó lo que pudo prever empleando la debida atención y conocimiento de la cosa (CCIV: 904 in fine).
Sentencia, contenido de la sentencia, prueba pericial
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: RODRIGEZ, ALFREDO c/ S.A.T.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-19

La sentencia, analiza y valora la pericia, lo hace dentro del marco referencial de la sana critica del art. 19 del c.P.L., Como objetivamente puede colegirse; y concluye dándole la importancia decisoria, atendiendo a lo que allí dice. No se puede admitir que el trabajo peque de falta de operaciones técnicas detalladas, puesto que se expresa un "examen actual" de paciente, que desemboca en una conclusión, que es el diagnostico y la determinación de la minusvalía laboral.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Z. DE G. D., M. B. c/ G.D., V.M. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-11

Constituye uno de los requisitos esenciales de admisibilidad del recurso que la resolución o sentencia que se impugnan causen al recurrente un perjuicio cierto y concreto. Esa necesidad del gravamen deriva del principio general según el cual sin interés no hay acción con derecho, y es la que permite afirmar que quien ha triunfado en el pleito porque su resultado le es favorable, no puede apelar excepto cuando los fundamentos del fallo pudieran determinar una conducta a seguir en su ejecución que ocasionare el perjuicio que justifique el interés.
Compraventa mercantil, prueba del contrato, factura
Materia: COMERCIAL
Carátula: VESPOLI ANGEL EDITORES c/ MIRMAR  S.A.C.I.F.I. s/ COMPRAVENTA - RECONVENCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-29

El silencio guardado por el destinatario de una factura equivale a conformidad y aceptación, dado que se trata de un supuesto de manifestación tácita de la voluntad, especialmente calificada en razón de la celeridad y seguridad del tráfico mercantil.

Contradice el habitual devenir de los hechos mercantiles la actitud del comprador que habiendo abonado parte sustancial del precio acordado no realizó las gestiones para obtener la prestación a cargo del vendedor, o en su defecto el reintegro de la suma abonada que ahora persigue mediante la reconvención deducida (el comprador demandado alegaba falta de entrega de la mercadería.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, lugar del hecho, extorsión
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Sardagna, Julio J. s/ denuncia extorsión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

Si los supuestos actos intimidatorios a través de llamadas telefónicas recibidas en la provincia, se originaron en la Capital Federal, corresponde reputar concretados en ambos lugares los actos de ejecución del delito de extorsión y, en consecuencia, dirimir el conflicto atendiendo a razones de economía procesal y facilitar el buen servicio de justicia.