Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-04-03


Reg.: A y S t 281 p 381/383. Santa Fe, 3 de abril del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra el acuerdo de fecha 29 de agosto de 2017, dictado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe en autos "C.B.G. S.R.L. contra SCHAUFLER, BERARDO ELVIO Y OTROS -MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES- (EXPTE. CUIJ N° 21-00902145-8)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511682-9); y, CONSIDERANDO: 1. Por sentencia del 29.08.2017, el Tribunal hizo lugar al recurso de apelación de la demandada declarando la caducidad de las medidas de aseguramiento de bienes promovidas por el accionante, con costas. Contra dicho pronunciamiento, el compareciente interpuso recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055. Postula que el fallo impugnado arriba a una respuesta arbitraria al prescindir de las constancias de autos, por cuanto -aduce- la caducidad declarada por el A quo no tuvo en cuenta que el decreto del 06.05.2014 dio trámite a las medidas preparatorias que ya habían sido interpuestas con anterioridad a la traba de las medidas cautelares, ya que la promoción de aquéllas era de fecha anterior a la traba del embargo cuya caducidad solicitó Schaufler. Con relación a ello, agrega que la Alzada no podía revocar los efectos del decreto mencionado con el efecto de no tener por promovidas las medidas preparatorias interpuestas originariamente el 14.08.2013, ya que no podía prescindirse de que el mismo estaba firme y ejecutoriado, con el consentimiento de todas las partes intervinientes, sin que transcurriera el término ordinario de caducidad de la instancia. Agrega que la Cámara omite que las medidas preparatorias habían sido presentadas "conjuntamente con las medidas de aseguramiento de bienes", es decir dentro del plazo hábil previsto por el artículo 286 de la ley de rito local. Asimismo, le endilga al decisorio arbitrariedad por restringir de manera inaceptable el derecho de defensa, privando a su parte de un proceso judicial justo y de asegurar el resultado de un juicio con el bien embargable suficiente a los efectos indicados, desde que dejó sin efecto el decreto del 06.05.2017 que había sido notificado y consentido por el apelante y que dio trámite a las medidas preparatorias interpuestas en el libelo inicial de la causa. Refiere que el pronunciamiento incurre en un error en la apreciación de la causa y en una interpretación del derecho que no satisface el derecho constitucional a la jurisdicción consagrado por el artículo 7 de la Constitución provincial. En este sentido, sostiene que el fallo con un argumento aparente y con un rigorismo formal excesivo afirmó que las medidas preparatorias fueron denegadas por la primera providencia dictada en autos, empero ello no fue así, ya que el decreto dispuso "respecto a las Medidas Preparatorias iniciadas conjuntamente al presente, hágase saber que deberán iniciarse por separado...", lo que significa que se reconoce que las "medidas preparatorias" han sido iniciadas conjuntamente con la de aseguramiento de bienes, con lo que se admite su existencia e interposición, aunque con una tramitación por separado, y si bien luego se peticionó y se proveyó la tramitación conjunta no se había producido la caducidad de la instancia de las mismas y cualquier irregularidad quedó purgada por el consentimiento de las partes.	Por otro lado, tilda al fallo de arbitrario por apartarse del texto expreso de las normas directamente aplicables al caso, toda vez que al momento en que Schaufler interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia de fecha 21.04.2017 que rechazó la caducidad, esto es el 17.05.2017, se encontraba vigente la ley 13615 que reformó el código de procedimientos y dejó sentado que las resoluciones que rechazan la caducidad resultan inapelables (art. 232, C.P.C.C.). Se agravia, además, de que la sentencia se manifieste en sentido contrario a la jurisprudencia de la Corte Suprema local y nacional en orden a la interpretación restrictiva del instituto de la caducidad. Concluye que el fallo de la Cámara introduce un flagrante estado de indefensión al posibilitar que los futuros demandados queden absolutamente insolventes y sin bienes suficientes a su nombre para responder frente al dictado de una sentencia favorable a la parte actora, provocando un perjuicio insusceptible de ser reparado por cualquier resolución posterior. 2. El Tribunal a quo denegó la concesión del recurso interpuesto mediante auto del 27.11.2017 (fs. 65/67), lo que motivó la queja ante esta Sede (fs. 1/19). 3. La resolución impugnada carece del recaudo de definitividad exigido por el artículo 1 de la ley 7055. En efecto, el referido canon limita la apertura del recurso extraordinario local a los casos en que se impugnan "...sentencias definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación ...". Dable es recordar que resulta ser posición pacíficamente aceptada, tanto por esta Corte como por el más Alto Tribunal de la Nación, que corresponde atribuir tal carácter a las decisiones que si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (en tal sentido, CSJN Fallos:308:1832, entre otros, C.S.J. de Santa Fe A. y S. T. 70, pág. 136; T. 92, pág. 416; T. 97, pág. 197, entre muchos otros). Conforme a lo expresado, la resolución cuestionada no puede constituirse en objeto procesal de la presente impugnación extraordinaria, por no ser una sentencia definitiva ni auto interlocutorio con las características prescriptas en el aludido artículo 1ro. de la ley pertinente, desde que la decisión versa sobre medidas cautelares, concretamente aseguramiento de bienes, hipótesis que de modo alguno se subsume en la previsión del mencionado artículo ("Monserrat" del 22.4.1987; Fallos: 187:534; 195:221; 214:224, entre otros). En consecuencia la decisión que, acertada o no, dispuso declarar la caducidad de las medidas de aseguramiento de bienes no ostenta la definitividad exigida por ley. Asimismo, la quejosa tampoco demuestra la irreparabilidad del gravamen (A. y S. T. 51, pág. 307, T. 60, pág. 192) que pudiera depararle lo decidido, para que se torne inexcusable la vigencia de las excepciones que esta Corte ya tiene admitidas. Cierto es que invoca que el inmueble embargado era el único bien susceptible de ser afectado al cumplimiento de una eventual resolución judicial favorable a su parte, mas ello luce insuficiente ante las alegaciones de la recurrida -no rebatidas en la presentación directa- acerca de la existencia de otras posibilidades de embargo sobre bienes registrables (vehículo automotor) y cuentas bancarias que menciona y que serían suficientes para cubrir el valor del capital supuestamente adeudado (f. 55). Las razones expuestas, pues, determinan la inadmisibilidad del presente recurso. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el quejoso el depósito efectuado (art. 8, ley 7055). Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - FALISTOCCO - GASTALDI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo civil y comercial N° 3 de Rafaela.