Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-15


- En la ciudad de Trelew, a los 15 días de agosto del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "K., F. c/ C., H. s/ acción de simulación y colación" (Expte. nº 21.304 - año: 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse de conformidad al sorteo efectuado a fs. 229.

-A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Vergara dijo:

- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs. 200, que fuera concedido libremente a fs. 201, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 191/194 y su aclaratoria de fs. 196 que rechazó la excepción de prescripción opuesta por la accionada e hizo lugar a la demanda de simulación entablada por F. K. contra H. C. y declaró nula la compraventa efectuada mediante escritura pública N° 23 del 8 de enero de 1992, pasada por ante Registro N° 26 de Trelew, del inmueble rural individualizado como lote ........., fracción ....., sección .........., Departamento Telsen, Provincia del Chubut, disponiendo que el citado bien debe incluirse en el acervo hereditario de la sucesión de E. K., con imposición de costas a la vencida. Los agravios de la demandada lucen a fs. 220/222, el traslado conferido a fs. 223 no fue evacuado por su contraria al hacerse efectivo a fs. 227 el apercibimiento dispuesto a fs. 226, y la apelante señala que: a) el plazo que establece el art. 4030 del Código Civil para la prescripción de la acción de simulación se computa a partir del momento de la apertura de la sucesión; b) la jurisprudencia mayoritaria interpretó que si se acreditó que el heredero conocía el carácter ficticio del acto cuestionado el plazo debe computarse desde el fallecimiento del causante, y asimismo por tratarse el heredero de un tercero el cómputo de la prescripción es a partir del momento que tuvo conocimiento de la falsedad, para lo cual cita fallos; c) el actor conocía al momento de realizarse la operación de venta del campo en agosto de 1992 y nada dijo ni en aquella oportunidad, ni en los doce años transcurridos hasta la interposición de la demanda; d) se agravia ya que la sentenciante arriba a la conclusión que hubo simulación al considerar que hubo contradicción entre los dichos expuestos en la contestación de demanda y los vertidos al absolver posiciones, y esto no es así ya que la señora C. expresó que obtuvo dinero en préstamo por parte de su cuñado para la compra del campo, y la operación se hizo a título oneroso, no a un precio simulado sino razonable, atendiendo a las especiales circunstancias de la relación que tuvo con el señor E. K.; e) en cuanto al precio de la operación no es pausible resaltar como una diferencia abismal exponiendo el valor de venta en el año 1992 y la tasación realizada en el año 2005, para lo cual alude a los avatares de la economía argentina, a la circunstancia que el valor de los inmuebles siempre se tasó en la moneda norteamericana y a que en el momento de la venta la paridad del dólar con el peso era de uno a uno; f) por la paridad existente los precios internacionales del valor de la lana se mantuvo en dólares a razón de dos dólares por kilo de lana y hoy ronda los tres dólares; g) el crecimiento sostenido en los últimos años hizo que el valor de los campos haya aumentado, y por su parte el actor no logró demostrar esta variación de precios que tuvieron los campos y tampoco se advierte en la prueba pericial de agronomía, por lo que el precio pagado al concretarse la escritura era el estimado al precio del mercado; h) la actora adquirió el inmueble por un precio que no es irrisorio y a tal fin considera la tasación del perito, y también señala que se encuentra adecuado a la libre voluntad de las partes, y la jurisprudencia requiere en materia de simulación una prueba inequívoca que lleve a la convicción judicial de que el negocio es fingido; e i) peticiona se revoque la sentencia, con costas.- - 2.1. Las manifestaciones de la quejosa en cuanto a que el plazo de prescripción de la acción de simulación debe computarse a partir del momento en que el heredero tuvo conocimiento del acto cuestionado y que ello acaeció al momento de realizarse la operación de venta en agosto de 1992 es reiteración de la postura asumida al contestar demanda y oponer la excepción de prescripción (acápite II. c), fs. 46 y vta.), mantenida al presentar el alegato de bien probado (p. V, fs 185 y vta.), y ello no constituye agravio.

Se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia; o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 357/358 y cita de fallos).

- Asimismo, cabe señalar que con la reiteración de argumentos (fs. 220/221) la apelante evita hacerse cargo del fundamento brindado por la Sra. Juez de la anterior instancia al punto 1) del considerando (fs. 192 y vta.) que resultó dirimente para dilucidar la cuestión referida a la prescripción opuesta.- - Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia, conforme lo exige el art. 265 del C.P.C.C. Tal requisito además encuentra sólida base en la correlación que existe entre el deber del juez y la carga procesal del justiciable, desde que así como el magistrado debe fundamentar adecuadamente la sentencia, la parte asume la carga de criticarla, no siendo razonable permitirle que reproduzca alegaciones anteriores que, precisamente, fueron replicadas en el fallo (conf. Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 357 y cita de jurisprudencia).- Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985-A, 309).- 2.2. Y aun cuando se obviara tal circunstancia procesal para ingresar al agravio no le asiste razón a la recurrente, pues tratándose de un tercero comenzará el curso de la prescripción desde que adquiere legitimación (conf. Rivera, "Instituciones de Derecho Civil. Parte General", Abeledo-Perrot, 2000, par. 1448, pág. 865). En tal caso, si el heredero actúa en defensa de su legítima -como es el caso de autos- no lo hace como continuador de la persona del causante, por lo que resulta de aplicación el art. 3953 del Código Civil y el plazo de prescripción comienza a correr desde la apertura del sucesorio ("Los derechos que no pueden reclamarse sino en calidad de heredero . no son prescriptibles, sino desde la apertura de la sucesión sobre la cual deben ejercerse"), pues el sucesor no puede ejercer sus derechos sobre los bienes que integran el acervo sino desde la iniciación del juicio sucesorio, y con anterioridad sólo constituyen meras expectativas.- La situación del cónyuge y los herederos del o los otorgantes del acto simulado debe ser calificada especialmente. . si la simulación ha sido efectuada en perjuicio del heredero, de modo tal que éste actúa en ejercicio de sus derechos, como un tercero ajeno al acto atacado, es de aplicación lo dispuesto por el art. 3953 del cód. civil, de donde la prescripción comenzará a correr desde la apertura de la sucesión (conf. Julio Cesar Rivera, "Capítulo VIII - Acción de simulación", en "Las reformas civiles (dec. ley 17.711/68) anotadas", bajo la dirección de Atilio Anibal Alterini, E.D. 60-895).

La norma sienta un principio conforme al cual el inicio del cómputo de prescripción -liberatoria- de las acciones vinculadas a la calidad de heredero de una persona fallecida, sólo se registra a partir del momento en que ese rango se inviste, cual es la muerte del causante (conf. arts. 3282, 3410 y concs.). Entre las acciones cuyo plazo de prescripción se inicia con el fallecimiento del causante se registran . la acción de simulación contra un acto del causante por el cual se afectan derechos de un heredero forzoso (conf. Llambías-Méndez Costa, "Código Civil Anotado", Abeledo-Perrot, 2001, T. V-C, pág. 730). - Cuando la acción de simulación es ejercida por los herederos en defensa de su legítima, corresponde atender a la solución establecida por los arts. 3953 y 3954 CC, ya que el heredero actúa en defensa de sus derechos hereditarios y no como continuador de la persona del causante . aparece con nitidez que el plazo de prescripción debe empezar a correr desde la iniciación del proceso sucesorio, esto es, desde la época en que los herederos o quienes aspiran a ser tenidos por tales, exteriorizan su voluntad de ser reconocidos en esa calidad y de continuar en la titularidad de los bienes - o parte de ellos- que pertenecían al difunto (Salvat-Galli, "Obligaciones .", t. 3, ps. 431 y ss.). Dicho en otros términos de idéntica sustancia, los derechos que no pueden reclamarse sino en calidad de heredero de bienes futuros, no son prescriptibles sino desde la iniciación del juicio sucesorio sobre el cual, o en su beneficio, deben ejercerse, pues en tal condición esos derechos carecen de existencia jurídica, constituyendo meras expectativas que no pueden servir de base a ninguna actividad judicial. (del voto del Dr. Larran por la mayoría, S.C. Buenos Aires, septiembre 9-980, "L. d A., O. v. G. C. S.R.L.", J.A. 1981-I, 58).

En el mismo sentido, para determinar el comienzo del plazo de prescripción estatuido por el art. 4030 del cód. civil, cuando la acción de simulación es ejercida por los herederos en defensa de su legítima, corresponde atender a la solución establecida por los arts. 3953 y 3954 del cód. cit., ya que aquéllos actúan en defensa y ejercicio de sus derechos hereditarios y no como continuadores de la persona del causante; por ello, el plazo debe computarse a partir de la apertura de la sucesión (S.C.Buenos Aires, abril 22-1980, "B. de L., C. y otra c. B.A. y otro", Ac. 28.773, fallo 33.545, E.D. 90-311) (el subrayado me pertenece). Respecto de los herederos de quien cumplimentara el acto impugnado por simulación, el plazo que fija el art. 4030, párr. 2° del cód. civil comienza a correr desde la apertura de la sucesión, conforme lo preceptuado por el art. 3953 de dicho cuerpo legal (CNCiv., sala G, septiembre 25-1980, "P. O. d. l. D. P. c. G. S.C.A.", E.D. 91-307; idem, sala C, La Ley 121-48). Por tales fundamentos se desestima la queja vertida en ese aspecto. 3.1. Entiende la recurrente que en materia de simulación se exige una prueba inequívoca.

- Al respecto, cuando los sucesores actúan con un interés contrario al de su antecesor (caso del legitimario que ataca la simulación de una venta realizada por el causante, por ejemplo), se los reputará terceros -actúan como tales- y en consecuencia podrán valerse de toda clase de pruebas, incluso presunciones. Como se sabe, el art. 163, inc. 5°, del Cód. Proc. Civ. y Com. establece que las presunciones de hecho o judiciales constituirán prueba cuando se "funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica" (conf. Belluscio, Director, "Código Civil .", Astrea, 1982, T. 4, pár. 6 y 16, págs. 421 y 426, respectivamente). Ello con la aclaración que un hecho no es indicio en sí, sino que se convierte en tal cuando una regla de experiencia lo pone con el hecho a probar en una relación lógica, que permita deducir la existencia o no existencia de éste (Carnelutti, "La prueba civil", Depalma, 2da. ed., 1982, par. 45, pags. 191/192).

- Y la presunción es un juicio lógico, un razonamiento que en función de la relación entre un hecho que se conoce (indicio) y otro desconocido (hecho a probar), permite, con fundamento en las máximas generales de la experiencia, extraer del primero las consecuencias conjeturales suficientes para aseverar la certeza o probabilidad del segundo (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1992, T. V-B, pág. 531).

En rigor los que por su número, precisión, gravedad y concordancia tienen que producir convicción, son los indicios; las presunciones son la consecuencia de la labor intelectual del juez para extraer conclusiones de esos indicios. Los indicios son fuente de presunciones, y las presunciones son formas del razonamiento judicial (conf. Arazi, "La prueba en el proceso civil", Ediciones La Rocca, 1986, par. 3, págs. 92/94).- - En ese contexto, mientras el juez debe ser riguroso en la apreciación de las probanzas producidas por los partícipes del acto simulado, no puede serlo con la misma intensidad con relación a los terceros, pues la situación de éstos es muy distinta. Se comprende, por lo tanto, cuán difícil es la tarea de los terceros, que casi la única prueba que tienen a su disposición es la de presunciones (CNCiv., Sala A, setiembre 15-1998, E.D. 183-361).- El medio frecuentemente utilizado por los terceros -y en el presente caso el heredero lo es por no haber sido parte del acto cuestionado- es la prueba de presunciones o indicios suficientes como para llevar al ánimo del juzgador la convicción de que ha ocurrido la simulación. La apreciación de la prueba de presunciones es una cuestión de hecho librada al recto criterio judicial (Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Parte General", Editorial Perrot, 2da. ed., 1964, T. II, par. 1826, pág. 515).

Por ello, bien puntualizó el sentenciante con cita de doctrina que "mientras el juez debe ser riguroso en la apreciación de la prueba producida por las partes, no puede serlo respecto de terceros . pues casi la única prueba que tienen a su disposición es la de presunciones; sólo por excepción disponen de documentos o testigos" (Borda, Tratado De Derecho Civil, Parte General, Tomo II, pág. 317). Y respecto a tales presunciones (indicios) la Sra. Juez de la anterior instancia ponderó, a saber: a) la propia demandada en su escrito de responde (quien) reconoce expresamente que mantenía con el causante una relación concubinaria, de la que nacieron tres hijos; b) el actor y el causante no mantenían una relación filial fluida pues en los últimos años sólo se vieron unos días antes de la muerte de E. K.; c) que el causante quiso desprenderse del campo para que la Sra. C. se hiciera cargo del mismo, efectuando la venta por un precio especial atendiendo a los años de convivencia y dinero disponible por la ayuda económica de sus hijos, estas últimas manifestaciones se contraponen con lo manifestado al absolver posiciones, afirmando que para la operación recibió dinero de terceros, de su cuñado; d) al absolver, la Sra. C. asegura que durante la convivencia con K. no desempeñó trabajo o empleo alguno; e) el causante . tenía problemas económicos por las acciones judiciales de su ex esposa; f) de los términos de la escritura N° 23 . K. le vendió a C. un inmueble rural . por la suma de $30.000 que el vendedor "declara haber percibido íntegramente con anterioridad ."; y g) el valor del inmueble . a la fecha de la pericia de $310.000, valor que y si bien no se ha incorporado prueba referida al valor del inmueble al tiempo de la compraventa, resulta muy superior al consignado en la escritura N° 23. Y en lo que hace al indicio expuesto al punto c) afirma la recurrente sin dar mayor precisión que no existió contradicción alguna al absolver posiciones. Sin embargo, acerca del origen de los fondos con los que supuestamente abonó el precio del bien inmueble adquirido alegó la parte al contestar demanda: "En cuanto al precio de venta, fue un precio especial que el difunto vendedor me hizo en razón de los largos años de convivencia, y adecuado al dinero que disponía en esa oportunidad, con la ayuda económica de mis hijos" (acápite V, fs. 47 vta.) (el resaltado me pertenece).- Y en ese direccionamiento, puede observarse que al contestar demanda no alegó que recibiera dinero de su cuñado.- Por eso, resulta sugestivo y contradictorio respecto a su alegación de fs. 47 vta. que al absolver posiciones luego de su negativa a la cuarta posición aclarara "yo recibí dinero de terceros, mi cuñado para comprarle el campo al Sr. K.." (fs. 114) (el subrayado me pertenece). Tal aclaración de la absolvente contraria a la expuesta previamente al contestar demanda queda comprendida dentro de la doctrina de los actos propios. Y la doctrina de los actos propios, emanada de los términos del art. 16 del Código Civil, constituye un principio general del derecho. Es derivación directa del principio de buena fe con fundamento en los arts. 1071 y 1198 del Código Civil, y su aplicación es deber inexcusable para el órgano jurisdiccional, de acuerdo al art. 34 inciso 5 apartado d) del C.P.C.C. (conf. López Mesa, "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia", Depalma, 1997, págs. 74/76, y cita de fallos).

- Una pretensión o una defensa que se formula dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, ya que ello infringiría el principio de buena fe ante la imposibilidad de "venire contra factum", del cual es derivación necesaria e inmediata (conf. Diez Picazo, "La doctrina de los actos propios", Bosch, Barcelona, 1963, págs. 223 y 163, respectivamente).

La esencia de la conducta contradictoria es el impedimento de hacer valer el derecho que en otro caso se podría ejercitar. Lo obstativo se apoya en la ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la que precede. La ilicitud reposa en el hecho de que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico considerado éste inescindíblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual -y también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial- y que conlleva como sanción, la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Morello-Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L. 1984-A-866; y Morello, "Dinámica del contrato. Enfoques", Editora Platense S.R.L., 1985, Cap. IV, págs. 59/60).- El fundamento estará dado en razón que la conducta anterior ha generado confianza en que, quien la ha emitido, permanecerá en ella, pues de lo contrario importaría incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido pues había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección de origen (Morello-Stiglitz, ob. cit., pág. 866). De tal modo, la aclaración realizada al absolver posiciones en el sentido que recibió dinero de su cuñado evidentemente se contradice con su anterior manifestación al sostener que la ayuda económica provino de sus hijos, y ello impide volver sobre la misma, por lo que la conducta incoherente asumida por la parte merece su repulsa y no puede ser considerada.- En tales condiciones, el restante agravio centrado exclusivamente en el precio de la operación se revela manifiestamente insuficiente como para restarle valor al conjunto de indicios valorados prudencialmente en el fallo en crisis conforme a las reglas de la sana crítica (art. 386 del C.P.C.C.).

- 3.2. También existen otros fundamentos que se suman a los brindados por el juzgador a cuyo respecto cabe señalar que las presunciones (indicios) generalmente admitidas como prueba de la simulación, son las siguientes: a) una causa simulandi que tiene una gran importancia porque arroja una luz esclarecedora sobre todo negocio y facilita de modo notable la interpretación de la conducta de las partes ; b) el vínculo de parentesco muy estrecho o la amistad íntima entre las partes, que suelen ser un indicio importante, ya que la gravedad que reviste el acto cuando perjudica a terceros exige una gran confianza recíproca; c) la imposibilidad económica del comprador para adquirir los bienes que aparecen vendidos; en estos juicios tiene una gran importancia la averiguación de la fortuna del adquirente. No menos revelador es otro in(dicio): si el precio que se dice pagado es muy considerable; d) la naturaleza y cuantía de los bienes que aparecen enajenados; es sospechoso, en efecto, que el vendedor transfiera precisamente aquellos bienes que, por razones económicas, por ser su principal fuente de recursos son los que más hubiera debido procurar que quedaran en su poder,; es igualmente sospechoso que transfiera todos sus bienes, o que transfiera un conjunto muy importante de ellos por un precio único; e) la falta de ejecución material del contrato: por ejemplo, si el que aparece vendiendo una propiedad continúa en posesión de ella y administrándola; f) las circunstancias y el momento en que se realizó el acto; g) el precio vil pagado por el bien; h) los antecedentes de las partes; i) el modo de comportarse del prestanombre, que no se conduce como verdadero adquirente de los bienes; tiene también relevancia la índole de las relaciones entre el enajenante y el verdadero destinatario de los derechos o bienes, tal como ocurre entre un hombre casado y su amante; j) el hecho de que el demandado por simulación guarde una actitud de sospechosa inercia, sin aportar pruebas que, de existir, demostrarían su inocencia. El principio procesal de que la carga de la prueba recae sobre el actor, no obsta en este caso a imponer al demandado el deber moral de aportar los elementos tendientes a demostrar su inocencia, colaborando así con el esclarecimiento de la verdad . (Borda, "Tratado de Derecho Civil. Parte general", Editorial Perrot, 7a. ed., 1980, T. II, par. 1189, págs. 368/372).

- Y la "causa simulandi" no es prueba indispensable pero si muy útil (conf. CNCiv., Sala A, 23/06/2000, La Ley 2000-F, 293; Sala C, 14/05/1981, E.D. 94-319, Sala B, 11/07/1996, La Ley 1997-D, 423). - Y desde ya que en el juicio de simulación, la carga de la prueba pesa sobre ambas partes, pues a quien la invoca incumbe demostrarla y la parte demandada tiene la obligación de colaborar con su aporte probatorio, para acreditar la efectiva realidad del acto, sin que ello se derogue de modo absoluto el principio general de que la prueba debe ser proporcionada por quien alega el hecho. La falta de justificación del origen y destino del precio que se dice pagado y recibido, constituye un indicio de la simulación de la compraventa. Se trata de demostrar de dónde surgieron los fondos y su posterior currículum una vez ingresados en el patrimonio del vendedor. En los procesos donde se discute la simulación de los actos de transferencia de bienes inmuebles, tiene una gran importancia la averiguación de la fortuna del adquirente, pues la imposibilidad patrimonial del comprador es un hecho revelador de la insinceridad del acto (CNCiv., sala A, setiembre 15-1998, E.D. 183-362).- - Y la demandada no sólo incurrió en contradicción acerca del origen de los fondos, sino que tampoco justificó de donde surgieron los mismos.- Así, su sola manifestación al contestar demanda ("ayuda económica de mis hijos) nada acredita; y a su vez, la aclaración dada por la absolvente luego de la negativa vertida (4a. posición, fs. 114) contraria al hecho puesto por el ponente es una afirmación en beneficio propio, y por tanto alegación que sólo puede tenerse por cierta si recibe sustento probatorio (art. 424, inciso 1°, del C.P.C.C.). Cuando el hecho que agrega el confesante es absolutamente separable e independiente del hecho principal, recae en esa parte la carga de probar los hechos favorables que alega (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, pág. 434).

Es que pesa sobre el confesante, según así lo prescribe esta norma, la carga de probar los hechos impeditivos, modificativos o extintivos. La prueba del elemento agregado por el confesante (impeditivo, modificativo o extintivo) incumbe al mismo, pues está alegando una defensa sustancial (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1992, T. V-B, pág. 129, y cita de fallos). - Y la falta de acreditación del origen de los fondos resulta un indicio por demás relevante, máxime si se considera el hecho de que la accionada no desempeñó empleo, ni oficio alguno (contestación a la 3a. posición, fs. 114). - También se agrega como indicio, ya puesto de relieve por el juzgador a fs. 194 vta., primer párrafo, que en la escritura de compraventa el vendedor declaró que percibió íntegramente el precio con anterioridad al acto y en dinero efectivo (fs. 28, quinto y sexto renglón), y no es usual que una operación de esa magnitud (venta de un inmueble rural con una superficie de 5.915 hectáreas) se lleve a cabo sin que previamente se firmara un boleto de compraventa, y aun prescindiendo de tal boleto, que se abonara el precio antes de escriturar asumiendo la parte compradora un riesgo que no es habitual cual es abonar íntegramente el precio sin que se le transmita el dominio del bien.

- En este sentido se ha sostenido que la circunstancia de que en la escritura de venta se haya manifestado que el precio fue recibido con anterioridad, constituye un indicio que ha sido considerado corroborante de la simulación del acto, porque no es habitual que el adquirente se arriesgue a solventar totalmente el precio, sin que contemporáneamente se le transmita el dominio y además, porque de ese modo de actuar, impide constatar la efectividad de la compraventa, al no permitir que el escribano autorizante compruebe la realidad de un pago que sería un relevante vestigio de la sinceridad del negocio (del voto del Dr. Molteni, CNCiv., sala C, marzo 28-2000, La Ley 2000-F, 293).

Y el pago anticipado del precio es un hecho que frecuentemente ha sido considerado como indicio de la simulación (Llambías, obra y tomo citado, par. 1826, pág. 515).- Y como ya se señalara también constituye un indicio la circunstancia que el demandado por simulación no aporte pruebas acerca de la veracidad de la compraventa, colaborando así con el esclarecimiento de la verdad. En concordancia con una moderna concepción sobre las cargas dinámicas, se entiende que a los demandados por simulación por un tercero no les basta la negativa de los hechos y la afirmación de la realidad del acto que defienden, sino que deben aportar pruebas tendientes a convencer de la honestidad y sinceridad del acto en el que intervinieron (del voto del Dr. Greco por la mayoría, CNCiv., Sala G, octubre 28-1996, E.D. 174-390).- Así, debe atenderse a la regla de distribución de la carga de la prueba al colocar la misma en cabeza de la parte que se encuentre en mejores condiciones para producirla (conf. Peyrano y Chiappini, "Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas", E.D. 107-1005).

En este direccionamiento, no parece suficiente ni valioso el solo manejo de la "regla" conforme a la cual el actor tiene la carga de acreditar los hechos constitutivos del derecho que invoca y el demandado los extintivos, impeditivos o modificativos que opone a aquéllos. Ante ese cuadro el juez, de acuerdo a las particularidades del caso y a la conducta obrada por las partes, reparará en la quiebra del deber de cooperación, haciéndolo jugar en contra del infractor al representar un módulo de utilización razonablemente adecuado para arribar a la acreditación de las afirmaciones controvertidas. Expresándolo con las palabras del artículo 163, inciso 5°, apartado 2° del Código Procesal, esa falta de cooperación activa, entre otras matizaciones, traduce "la conducta observada por las partes durante la sustanciación del juicio y podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, inclusive los indicios y presunciones, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones" (conf. Morello, "La Prueba. Tendencias modernas", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1991, págs. 60/61).

- Ello significa que las partes deben colaborar con el juzgador aportando los elementos que permitan dilucidar el caso, recayendo la carga probatoria en cabeza de aquel que se encuentre en mejor situación de probar, por lo que su conducta pasiva aferrándose a una mera negativa constituye una violación al principio de buena fe y al deber de colaboración que el juez no puede dejar de valorar al tiempo de dictar sentencia, en los términos previstos por el inc. 5° del art. 163 del C.P.C.C.).

- En consecuencia, la falta de acreditación por la demandada del origen de los fondos, su actitud aferrada a la negativa de los hechos sin aportar pruebas tendientes a demostrar la sinceridad del acto, y el pago anticipado del precio, son indicios que hacen innecesario ingresar a la queja de la apelante en cuanto al precio establecido en la escritura de compraventa.

- Sin perjuicio de ello, cabe señalar que respecto al valor del inmueble informado por el perito tasador a fs. 117 y vta. bien señaló el sentenciante que no se ha incorporado prueba referida al valor del inmueble al tiempo de la compraventa, como también que resulta muy superior al consignado en la escritura N° 23.- Y nada aportó la demandada respecto al valor del bien a la época de la compraventa, y tampoco nada señaló ante el traslado dispuesto a fs. 118, por lo que esa falta de cooperación activa (art. 163, inciso 5°, apartado 2° del C. P.C.C.) también constituye un indicio a considerar.- - Por lo demás, aun considerando que el precio de $30.000.- equivalía en aquella época a u$s 30.000.-, esa cifra traducida a este momento arroja $93.000.- (1 u$s = $3,10.-), monto muy inferior a la tasación de fs. 117 vta. que asciende a $310.000.- - Por los fundamentos expuestos, el conjunto de indicios reunidos, por su número, precisión, gravedad, y concordancia, permiten concluir que constituyen presunciones de tal entidad que, con fundamento en las máximas generales de la experiencia, conforme a la naturaleza de este juicio y a las reglas de la sana crítica (art. 163, inc. 5°, y 386, del C.P.C.C.), me llevan al pleno convencimiento de la insinceridad del acto atacado por simulación, lo que lleva a desestimar los agravios vertidos.

4. En consecuencia, propicio al Acuerdo la confirmación del fallo venido en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

- Asimismo, atendiendo al mérito, extensión, calidad y eficacia de las tareas cumplidas en esta instancia, propicio regular los honorarios del Dr. E. A. M., letrado apoderado de la demandada, por la totalidad de las tareas de patrocinio y apoderamiento, en la suma porcentual equivalente al 2,92% del monto del proceso que resulte en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 9, 14, 23 y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.- - Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.- - A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo:

- I.- Vienen a esta instancia los presentes actuados a raíz del recurso de apelación promovido a fs. 200 por la parte demandada, concedido libremente a fs. 201, contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 191/194, y su respectiva aclaratoria de fs. 196, por la cual la Sra. Juez de grado anterior, hizo lugar a la acción de simulación instaurada por el actor, Sr. F. K., contra la Sra. H. C., declarando la nulidad de la compraventa llevada a cabo mediante la escritura pública Nº 23, de fecha 8 de Enero de 1992, pasada por ante le Registro Nº 26 de la ciudad de Trelew, por la cual se transmitiera a la demandada el dominio del inmueble rural que se individualiza como Lote ........., Fracción ......, Sección ........., ubicado en el Departamento de Telsen, provincia del Chubut, y resuelve que dicho inmueble debe incluirse en el acervo hereditario de la sucesión de E. K., e impone las costas a la demandada vencida.- - A fs. 220/222 se halla agregado el escrito conteniendo la expresión de agravios de la demandada, y conferido el traslado que prevé el rito, el mismo no es evacuado por la contraria.- - La relación de las quejas formuladas por la apelante, ya ha sido adecuadamente desarrollada por el Sr. Vocal en el voto precedente, por lo que por razones de economía procesal , evitaré su reiteración.

- II.- a) Adentrándome, entonces, al tratamiento de los agravios vertidos por la recurrente, he de considerar en primer lugar, el atinente al plazo de prescripción que debe tenerse en cuenta al entablar la demanda por simulación.

- Así, la apelante sostiene que debe tomarse a partir de la fecha en que el heredero tuvo conocimiento del acto que se impugna, afirmando que el actor supo de la operación de compraventa concertada, al celebrarse la misma en el mes de Agosto de 1992.- - Por su lado, la Sra. Juez en su fallo, expresa que la solución es distinta si quien ataca el acto es heredero de una de las partes, ya que en este caso el plazo comienza a correr desde la apertura de la sucesión.- - Y sobre la dilucidación de este punto se finca el agravio aquí bajo examen.

- Sin desmedro de considerar que el argumento arrimado por la quejosa sobre este punto, fue el mismo que ya esgrimiera en su escrito de contestación de demanda (fs. 46/47 vta.), y que reitera en su alegato de fs.183/186, por lo que la magistrado anterior tuvo a la mano para su evaluación, se advierte que la recurrente no embiste de forma precisa y determinada contra el pensamiento dirimente que sobre este tema puntual despliega la sentencia apelada.

- Y si bien ello, no cumple, en principio, con los requisitos de crítica razonada y concreta que exige el código adjetivo en su artículo 265 para habilitar el andamiento del agravio, no obstante, siguiendo un criterio amplio a favor del recurrente, entiendo que corresponde ingresar al agravio a fin de expedirse sobre la cuestión planteada.

- En este sentido comenzaré por decir que en el caso de los herederos, los legitimarios afectados por un acto simulado de su causante, no lo pueden cuestionar en vida del simulador por que mientras éste viva aquellos carecen de un derecho actual a la vocación hereditaria, así sea la de los descendientes, pues no pasa de ser una expectativa ( la llamada "esperanza de heredar"), sujeto al hecho contingente de quien muera primero.

- Como sin muerto no hay heredero, la vocación se convierte en derecho en el instante de la muerte. Por eso el heredero adquiere en ese momento legitimación para impugnar actos del causante que lesionan su legítima; deja de ser una esperanza y se convierte en un derecho.

- Por idéntica razón no lo atacan como continuadores de la persona del causante - supuesto en el que plantearían una simulación entre partes - sino como terceros en defensa de su legítima (conf. CNCiv., Sala G, B. de T. c/ M.L.P., LL, 1985-E-380; idem, D., C. C., "Acción de Simulación", Ed. Juris, año 2000, p. 57).- - En igual sentido se ha expresado que cuando la acción de simulación ha sido realizada en perjuicio del heredero y éste actúa en ejercicio y defensa de sus derechos hereditarios, como un tercero, pretendiendo hacer caer el acto viciado (en el caso de autos, venta de inmueble simulada de su causante durante la vida de éste) tiene plena vigencia la norma del artículo 3953 del Código Civil ( conf., Llambías- Méndez Costa, "Código Civil Anotado", Tº. V-C, p. 731, Ed. Abeledo- Perrot, año 2001). Y ello en concordancia con las prescripciones contempladas en el artículo 3282 del referido código sustancial.

- Y así, partiendo desde este posicionamiento, de los antecedentes obrantes en la causa se constata a fs. 7 del expediente que corre por cuerda, que el Sr. E. K., padre del actor, falleció el 1º de Junio de 2003, y la demanda por simulación promovida por su hijo, F. K., y aquí accionante, fue interpuesta el 1º de Abril de 2004, es decir, con holgada anticipación a la fecha de cumplimiento de la prescripción, que para este tipo de acciones el código civil fija en dos años, conforme reza el artículo 4030.

- Y a mayor abundamiento, y como un elemento complementario y decisivo mayor, sin perjuicio que la sucesión o derecho hereditario se abre desde la muerte del causante ( art. 3282 del Código Civil, ya citado), el juicio sucesorio fue iniciado por el mismo actor en el mes de Noviembre de 2003, según se desprende del expediente acordelado que lo contiene. O sea, apenas cinco meses después del deceso del causante.

- Por ello corresponde desestimar esta porción de la queja.- - II.b) En el agravio siguiente la apelante sostiene que para el ejercicio de la acción de simulación, es necesario una prueba indubitable del supuesto acto encubierto que se ataca.

- Sobre este aspecto, estimo más acertado para arribar a la decisión final del tema expuesto, formular primeramente la armazón jurídica que estructura el caso, para luego, a la luz de las probanzas de autos, alcanzar una solución que se adecue al problema introducido por la recurrente en su agravio.- - II.b.1) Plataforma Jurídica: a) He de comenzar diciendo que el fundamento alrededor del cual gira el tema en debate se centra, entre otros, en el desarrollo de las previsiones contempladas en el artículo 955 y siguientes del código civil.- - Podemos decir, pues, que hay simulación cuando los contratantes crean, con su declaración, sólo la apariencia exterior de un contrato, del cual no quieren los efectos, o crean la apariencia exterior de un contrato diverso del querido por ellos (conf., entre otros, Galgano; Campagnucci de Caso, R., "El Negocio Jurídico", págs. 311, 334, Edit. Astrea, año 1992).

- Es el defecto de buena fe del acto jurídico, consistente en la discordancia consciente y acordada entre la voluntad real y la declarada por los otorgantes del acto, efectuada con el ánimo de engañar, de donde puede resultar o no una lesión al orden normativo o a los terceros ajenos al acto ( conf. Ferrara, Francesco, "La Simulación de los Actos Jurídicos", Revista de Derecho Privado, Madrid, 1953).

- Así, como elementos del negocio simulado, y conforme la mayoría de la doctrina, se señalan: a) la contradicción consciente entre la voluntad interna y la declarada; b) el acuerdo de partes que le sirve de causa; y c) el propósito de engañar, ya sea inocuo o en perjuicio de terceros o de la ley.

- Y quiero detenerme un momento en este tercer elemento, ya señalado. El propósito de engañar , que dijimos puede ser inocuo o en perjuicio de la ley o de terceros, es lo que principalmente da su color y su razón de ser a la simulación, ya que las partes recurren a este artificio para hacer creer en la existencia de un acto real o en la naturaleza distinta de un acto no real, o en la naturaleza distinta de un acto realizado seriamente.

- En cuanto a la "causa simulandi", o sea el interés que lleva a las partes a hacer un trato simulado, depende de la calificación del acto, pues en el caso de una simulación lícita, vinculada a un interés justificado y aceptable sin perjuicio para terceros, resultaría inocua, ya que hay engaño pero no perjuicio.

- Pero no resulta lo mismo cuando la "causa simulandi" tuvo por objeto la simulación ilícita, en que el engaño encierra o produce un perjuicio para terceros, que sería el caso invocado en autos por la parte actora, tema sobre el que volveré más adelante.

- En línea con lo antedicho conviene recordar lo normado por el artículo 957 del código de fondo citado, cuando dice que : "La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito".

- II.b.1) b) Pero uno de los aspectos más importantes a determinar sobre la cuestión en trato, es el atinente a la prueba de la simulación . Según el maestro Morello, el moderno derecho de la prueba reviste, desde los planos constitucional y transnacional, una importancia crucial al erigirse en uno de los vértices más álgidos de la tutela efectiva de los derechos y en donde hace pie en concreto, la garantía de la defensa en juicio (Morello, A., "La Prueba. Tendencia Modernas", Abeledo- Perrot, año 1991, pág. 33).

- También Sentís Melendo ha dicho en este sentido que el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar pruebas (Sentís Melendo, "El Proceso Civil", T. 1, Ed. Ejea, Bs. As., año 1957).

- De obligada referencia resultan en el subexámine, las pautas contenidas en el artículo 960 del Código Civil. Ahora bien, en el aspecto apuntado, la carga probatoria varía si el conflicto judicial se ha entablado entre las partes celebrantes del contrato reputado como simulado, o el acto jurídico es atacado por un tercero ajeno al mismo, que es el supuesto que se discute en la presente causa.- - En este último caso, la jurisprudencia exige que los terceros sean titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo amenazado por el negocio simulado (que es el caso del actor), aceptándose que la amenaza de la violación de un derecho de tercero abre la vía para accionar.

- Debo puntualizar que la acción de los terceros invocando la simulación sólo es admisible cuando se trata de la simulación ilícita, ya que siendo lícita carece de acción por falta de interés, pues en este caso el tercero no puede actuar por subrogación, sino que debe hacerlo por un derecho propio (conf. Cifuentes, Santos, "Negocio Jurídico", Ed. Astrea, Bs. As., año 1986, pág. 532).- - Y en este contexto, la prueba de simulación que pueden aportar los terceros, no se encuentra alcanzada por la exigencia del artículo 960 del código de fondo, respecto de la existencia de un contradocumento, destinado normalmente a quedar en secreto y conocido sólo por las partes.

- Es decir el tercero no puede presentar prueba directa de la simulación. Y es con ese fundamento que la jurisprudencia y doctrina nacional admiten la validez de la pruebas de presunciones.

- Así, según acreditada doctrina (Ferrara, F., op. cit.), estas presunciones deben ser relativas a las personas intervinientes, al objeto del negocio, a la ejecución del negocio, o a la actitud de las partes. Pero siempre deben reunir los requisitos de gravedad, precisión y concordancia necesarios para llevar al ánimo del juzgador la convicción suficiente de la razón que asiste al demandante, y conforme los lineamientos trazados por el artículo 163, inc. 5, del CPCC.

- II.b.2) Plataforma Fáctica: Esbozados, pues, los principales sustentos jurídicos que vertebran la cuestión a resolver, ha de ingresarse al análisis de las probanzas de autos a fin de determinar la procedencia, en sentido afirmativo o negativo, del agravio vertido por la recurrente.

- a) Desde este enfoque, he de principiar por compartir el criterio sustentado por mi colega preopinante en el voto precedente, en el sentido que se advierte una palmaria contradicción entre las declaraciones formuladas por la accionada al contestar el escrito de demanda (v. fs. 47 vta), y las que efectuara al absolver posiciones (v. fs. 114), en lo que hace al origen de los fondos para la compra del inmueble rural.

- Se constata entonces, que en su libelo de contestación afirma que el dinero provino de la ayuda económica de sus hijos, mientras que en la referida confesional sostiene que los fondos se los proveyó su cuñado.

- Indudablemente que resulta de aplicación al caso la denominada "teoría de los actos propios", desgajada del principio de buena fe, según la cual traduce que nadie - conforme terminología de la Corte Nacional- puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (idem, DJLL, T.XII, año 1996, p. 1598).

- Por ello, se ha expresado que los sujetos de la relación jurídica - sea de naturaleza contractual o extracontractual- no pueden obrar en contradicción con sus propios actos, pues esa prohibición importa una limitación al ejercicio del derecho y deriva del principio de buena fe. Por tal razón resulta inadmisible que un litigante pretenda fundamentar su accionar, aportando hechos y/o razones de derecho que contravengan sus propios actos, es decir, que asuma una actitud que lo venga a colocar en contradicción con su anterior conducta (conf. CNCiv., Sala D, in re " V. de B. C/ B.C.L., ED, 105-421).

- Por otro lado, no debe perderse de vista que el proceso es una empresa de buena fe, en la que sus protagonistas deben revelarse empeñados en la consecución de la común aspiración de justicia.

- Desde este posicionamiento, y tomando la prueba de indicios como eje principal sobre el que han de pivotear las presunciones que el código de rito habilita a tener en cuenta por parte del juzgador, ha de concluirse que el agravio enderezado a cuestionar el precio estipulado en la celebración del negocio atacado, no alcanza para quitarle entidad a la valoración indiciaria que, a mi juicio acertadamente, formulara la Sra. Juez en el fallo en crisis, para dar curso favorable a la acción de simulación intentada por el actor, y conforme las reglas de la sana crítica y las pautas que en tal sentido contempla el artículo 386 del rito.

- b) Pero aparte de lo antedicho en el punto precedente, hay otros aspectos del tema en trato que no se pueden soslayar, como elementos que constituyen indicios pasibles de evaluación.

- Entre ellos, en primer lugar, el muy estrecho vínculo que unía a las partes contratantes, configurado por una relación concubinaria de la que nacieran tres hijos; la evidente y comprobada imposibilidad económica de la demandada-compradora de adquirir por sus propios medios un inmueble de las características como el enajenado; el precio pagado, notablemente inferior al real, a pesar de los argumentos esgrimidos por el apelante, y fundados en los avatares de la economía argentina desde el momento de la operación de compraventa y hasta el de promoción de la demanda; la patente contradicción atinente al origen de los fondos que no pudo ser demostrada a lo largo del proceso.

- Debe tenerse presente que en materia de juicio de simulación, la carga ordinaria de la prueba resulta en alguna medida modificada, produciéndose lo que la doctrina califica como redistribución del onus probandi, en virtud del cual al demandado por simulación le incumbe el deber moral de aportar los elementos probatorios tendientes a demostrar los hechos por él invocados y colaborando con la justicia para el esclarecimiento de la verdad (conf. CCiv. y Com. Paraná, Sala 1ª, in re "I., A. C/ F. S.A.C.F., s/ Ordinario por Simulación, Rep. Zeus, 8-1131; idem, Durigón, C., op. cit.).

- Y así, la demandada por simulación tiene el deber moral de aportar elementos tendientes a demostrar la seriedad del acto, por ejemplo el origen y tenencia anterior del importe del precio, como así también su ingreso al patrimonio de la vendedora. Y la conducta procesal reticente importa una presunción de la existencia de la simulación (conf. CNCiv., Sala D, in re "D. B., E. c/ R. d A., Norma T., ED. 95-469).

Y precisamente, ninguno de tales recaudos han sido probados por la parte accionada, como tampoco demostró el valor que tenía el inmueble al momento de la operación de compraventa, que permitiera al juzgador tener un panorama de valoración distinto.- - A mi leal saber y entender, todo este conjunto de indicios ameritan que por su número, gravedad, precisión y concordancia, y conforme las pautas fijadas por los artículos 163, inc. 5, ya señalado, y el 386, y concordantes del código adjetivo, me mueven a considerar que el acto impugnado adolece del vicio de simulación, reclamado por el actor, por lo que corresponde desestimar los agravios introducidos por la apelante.

II.c) En consecuencia, he de proponer al Acuerdo la confirmación de la sentencia venida en apelación, en todo cuanto fuera materia de agravios, imponiendo las costas de esta segunda instancia a la recurrente vencida, por imperio del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC), del que no encuentro razón para apartarme.

Por tal razón, y tomando en consideración la calidad, extensión y eficacia de las labores profesionales desplegadas en la Alzada, propicio regular los honorarios del Dr. E. A. M., apoderado de la demandada, en el 2,92% del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, y conforme las previsiones de los artículos 6, 7, 9, 14, 23 y 47 de la ley arancelaria, al que ha de añadirse el IVA correspondiente.- - Termino mi intervención y a esta primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia a la apelante vencida; y c) regular los honorarios del Dr. E. A. M., por sus trabajos profesionales de Alzada, en la suma porcentual equivalente al 2,92% del monto del proceso que resulte en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente.

Así lo voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, en virtud de constituir el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en las cuestiones traídas a su decisión.

- ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 8 de la ley 1130, To. de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, RESUELVE:

- CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios; IMPONER las costas de segunda instancia a la apelante vencida; - REGULAR los honorarios del Dr. E. A. M., por sus trabajos profesionales de Alzada, en la suma porcentual equivalente al 2,92% del monto del proceso que resulte en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 38 DE 2006 - SDC.- CONSTE.-