Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-05


L., F. R.; A., R.; S., C. A.; V., A. y O., A. B.

Reg.: A y S t 193 p 102-105.

Santa Fe, 5 de noviembre del año 2003.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de A. V. contra la resolución nro. 5 del 20.3.2003 dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, en autos "L., F. R.; A., R.; S., C. A.; V. A. y O., A. B. -Partícipe de Extorsión, etc.- (Expte. 229/02)" (Expte. C.S.J. nro. 196, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, confirmatoria de la sentencia emanada del Juzgado Penal de Sentencia de la Segunda Nominación, el que a su turno y en lo que resulta de interés en el sub examine, resolvió "...7) condenar a A. V. como autor penalmente responsable de los delitos de extorsiones reiteradas en tres oportunidades (artículos 168 y 55 del Código Penal) a sufrir la pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, con costas"; deduce la defensa técnica del condenado recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055, por considerarlo lesivo de los derechos y garantías de raigambre constitucional que invoca.

En el memorial recursivo, sostiene que el decisorio interpreta incorrectamente las pruebas en que se sustenta la condena, las que fueron obtenidas por "medios congruentes con internas policiales", apartándose en tal función de la sana crítica que impera en el proceso penal, desconociendo el principio de inocencia e "in dubio pro reo" (artículo 5, Código Procesal Penal), preceptos éstos que de haberse ponderados hubieran conducido al dictado de una sentencia absolutoria y no condenatoria.

Para que exista condena debe mediar certeza -afirma- y en autos, necesariamente ello no aconteció. Sostiene que los juzgadores apoyan su decisión en afirmaciones hipotéticas, en cuanto expresan, por ejemplo: "...pudo deberse...", "...aparentemente..." para concluir en la condena de su pupilo, habiendo soslayado analizar su petición de apertura de la causa prueba, la que formuló con motivo de haber asumido la defensa de V. una vez perimida la etapa probatoria, como así, el referirse a los diversos argumentos que esgrimió en relación a las conclusiones que extrajo sobre circunstancias de tiempo, lugar, personas y demás elementos que rodearon el hecho. Puntaliza que en la causa por extorsión seguida, entre otros, al justiciable se evidencian dos posturas bien definidas; una que lo pretende encasillar como coautor de las solicitudes ilegales a cambio de supuestas ventajas procesales ofrecidas a los denunciados (hoy víctimas del ilícito que se le imputa al encartado), al prometerles evitar el ser sometidos a un proceso penal por hurto de energía eléctrica y otra, la que sostuvo V. desde la indagatoria, mantenida luego en los careos y demás etapas del proceso, en relación a su estado de inocencia, el que se presume y no debe demostrarse.

Aduce que la sentencia carece de motivación suficiente e incurre en aparente fundamentación, al pretender centrar la acusación de V. en las declaraciones de las víctimas conjuntamente con los restantes testimonios y al procedimiento policial realizado, expresando que si los juzgadores habrían ponderado lo realmente declarado, fundamentalmente por R. y M. B., habrían apreciado múltiples desaciertos y contradicciones, los que impedirían inculparlo. La Sala a quo, mediante auto nro. 54 del 14.5.2003 denegó la concesión del remedio por considerar que los planteos de la defensa de V. no constituyen cuestión constitucional suficiente para habilitar la apertura de esta instancia, lo que motivó la presentación directa de aquélla ante esta sede, insistiendo en la concesión del recurso.

2. Lo aseverado por el Tribunal a quo en oportunidad de efectuar el análisis de admisibilidad que prevé el artículo 6 de la ley 7055 es correcto y por ello no logra ser desvirtuado por la compareciente en su recurso directo.

Ello así, por cuanto el planteo que se intenta perfilar como de naturaleza constitucional no es tal, pues del análisis de los fundamentos vertidos en la pieza recursoria, en su confrontación con la resolución atacada, surge tan sólo la mera discrepancia de la recurrente para con la interpretación que de los hechos, pruebas y derecho aplicable efectuara el Tribunal a quo en ejercicio de funciones propias, lo que resulta insusceptible de revisión en esta instancia de excepción. Sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye la disconformidad del quejoso con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba.

Por lo que pretender invadir esa esfera significaría que este Cuerpo sustituyera a aquéllos distorsionando de tal modo el restringido ámbito que sobre el control de constitucionalidad de los pronunciamientos judiciales le confiere la Carta Magna local (A. y S. T. 129, pág. 121; T. 131, pág. 184; T. 154, pág. 171, entre otros).

En efecto, la Alzada luego de realizar una crítica racional de la conjunción de los elementos incorporados legítimamente a la causa, sin subsistencia de duda razonable, concluyó que los tres imputados -entre ellos, V.-, aprovechándose de la oportunidad que se les presentó ante denuncias realizadas por la Dirección Provincial de la Energía, de común acuerdo ejecutaron un plan, formulando exigencias ilícitas a los que podrían estar implicados en las mismas y éstos por temor, las acataron.

La certeza alcanzada por el Tribunal lo condujo a juzgar inaplicable los principios reclamados. Y en aquél análisis, centró su atención en el procedimiento realizado por la Oficina de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia en la Seccional Séptima, del que surgió la falta de hallazgo de los billetes de moneda nacional preparados para su entrega a los sospechosos, falta expresó, que puede obedecer a diversas causas y que no equivale a sostener que se demostró la inexistencia del hecho, estimando poco creíble que exista confabulación de la citada oficina para incriminar falsamente a los ahora imputados.

Asimismo restó carácter determinante a los registros fonográficos, pues a los inconvenientes propios de toda grabación, se agregaron en el caso, imperfecciones en la registración de voces. Empero, afirmó, nada le impidió alcanzar certeza en la comisión del delito que se enrostra a V. El reproche así planteado se reduce al disenso del imputado para con la condena impuesta, desde que pretende asignarles a las pruebas colectadas un alcance distinto al atribuido por los sentenciantes (especialmente, conclusiones obtenidas del procedimiento realizado por la Oficina de Asuntos Internos y registros fonográficos), quienes efectuando una crítica racional de las mismas alcanzaron la certeza suficiente para incriminar al pupilo y desestimar la aplicación del principio que consagra el artículo 5 del Código Procesal Penal.

Tal grado de certeza descarta también las afirmaciones hipotéticas que, a entender de la compareciente, incurrieron los jueces, pues sostener lo contrario resultaría contradictorio. El supuesto soslayamiento que la quejosa imputa a la Alzada no se advierte configurado, desde que si bien, la defensa del pupilo solicitó la apertura de la causa a prueba (considerandos del fallo, foja f. 47 vta.), según surge de la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, tal petición se rechazó en dicha instancia por no cumplimentar las exigencias que prevé el artículo 430 del Código Procesal Penal, a lo que se sumó la renuncia expresa por parte de la defensa a la posibilidad de ofrecer pruebas durante la sustanciación del juicio.

No obstante ello, la Sala aclaró que la prueba cuya producción se postuló carecía o careció de relevancia para la decisión sobre la atribución de responsabilidad penal -legajo personal de servicios de V.- (fojas 68 vta. y 69).

Lo expuesto demuestra que el Tribunal a quo en la etapa procesal oportuna rechazó la petición de la defensa técnica del condenado -apertura de la causa a prueba-, brindando fundamentos suficientes para así decidirlo (conforme se reseñara precedentemente), por lo que precluida aquella etapa, no corresponde su tratamiento en este estadio.

Pero aún en el supuesto que hubiera procedido su análisis, tal reproche tampoco hubiera prosperado, pues mal podría agraviarse la defensa de la propia conducta asumida al renunciar, circunstancia que por sí sola aparejaría la inexistencia de gravamen, cancelando la competencia de la Corte a los fines del recurso extraordinario.

No reviste matiz constitucional la planteada existencia de posturas contradictorias respecto de V. (una absolutoria, mantenida por su defensa, con sustento en el principio de inocencia y otra, condenatoria, a consecuencia de las imputaciones realizadas por las hoy víctimas de la extorsión) pues la recurrente, con su genérica alegación, no explica en qué le agravia el desarrollo de ambas tesituras por parte de los juzgadores, de tal suerte que logre conmover los fundamentos de la sentencia condenatoria impugnada. La falta de desarrollo argumental del agravio, impide a este Cuerpo analizarlo, quedando incumplida la exigencia que prevé el artículo 3 de la ley 7055. La última tacha invocada tampoco ha de prosperar, pues una vez más, denota el disenso de la quejosa para con la interpretación que del plexo probatorio, fundamentalmente ciertas testimoniales y procedimientos policíacos, efectuaron los jueces de la causa, quienes le asignaron un alcance y efectos distintos al pretendido por la defensa, quien se empeña en sostener una postura desincriminatoria para V. Ello es así, pues a poco que se repare en el fallo cuestionado, se observa que el mismo atribuyó veracidad a las declaraciones de T. D., M., C. D., R. y M. B., versiones concordantes entre sí, concordancia que en modo alguno significa identidad exacta entre los contenidos de cada uno de los relatos pues, de así acontecer, podría pensarse en la existencia de un acuerdo previo.

Y, concretamente, en relación a los dichos de R. y M. B. descartó la contradicción invocada, pues admite la posibilidad de disonancias generadas en la subjetividad de la propia percepción de los hechos o la memoria, circunstancia ésta -dice- que frecuentemente produce estos resultados.

Calificó de poco creíble la supuesta confabulación de la oficina de Asuntos Internos para incriminar falsamente a los inculpados, desde que no encuentra explicación para qué "se hubiera producido y si de eso se hubiera tratado, dice, seguramente se hubiera hecho intervenir en ella a todos los que acusaban a los ahora imputados y se hubiesen tomado recaudos para lograr que el procedimiento que cumplieran en el local policial diera el resultado que se espera..." y afirmó que los registros fonográficos tampoco representan prueba de cargo absolutamente determinante.

La tacha, tal como se sostuviera, denota el disenso de la compareciente para con la ponderación, que del plexo probatorio, efectuaran los jueces de grado, lo que resulta insusceptible de revisión en esta instancia excepcional.

En definitiva, la sentencia recurrida encuentra motivación suficiente al concluir certeramente en la responsabilidad de V., afianzando con sólidos fundamentos la postura incriminatoria del Inferior, tras analizar de manera prudente y con arreglo a la sana crítica procesal diversas probanzas que hizo jugar con el resto de las constancias de autos; decisión que -más allá de su acierto o error- no luce arbitraria, ilógica o irrazonable, de tal suerte que permita la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido.

Lo expuesto, determina la inadmisibilidad del presente recurso.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)