Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-15


NEUQUEN, 15 de mayo de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "HERNANDEZ SOLIDIA DE LOS ANGELES C/ RECCHIONI MARIO ALBERTO Y OTRO S/ D. Y P. RES. CONTRACTUAL PARTICULARES" (Expte. Nº 402312/09) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 2 a esta Sala I integrada por los Dres. CECILIA PAMPHILE y Fernando GHISINI, por encontrarse excusado el Dr. Jorge PASCUARELLI -fs. 1338- con la presencia de la Secretaria actuante Dra. MONICA MORALEJO y, de acuerdo al orden de votación sorteado, CECILIA PAMPHILE dijo:

1. Contra la sentencia de primera instancia que hace parcialmente lugar a la demanda y condena a los accionados a abonar al actor las sumas que se indican a fs. 1274 y vta., se alzan la Sra. Hernández y el arquitecto Eddi.

La primera presenta memorial a fs. 1291/1303. Se agravia de que la sentencia acotara la responsabilidad del codemandado Eddi exclusivamente al tiempo que certificó los avances de obra.

Dice que la valoración de la prueba ha sido arbitraria. Refiere aquí a los certificados de avance de obra, los recibos de pago, al acta de inicio de obra y al contrato de locación de obra suscripto con Recchioni.

Agrega que el decisorio viola el principio de congruencia, puesto que el accionado en ninguna parte de su contestación de demanda esgrimió el argumento referente a la falta de instrumentación por escrito del contrato habido entre ellos.

Luego enumera el resto de los elementos de prueba que, a su juicio, demuestran la verdadera intervención profesional del arquitecto en la obra.

También la agravia que se resolviera no hacer lugar al reclamo por gastos de materiales. Entiende que la jueza no ha leído con detenimiento la demanda ni ha analizado la prueba documental, testimonial e informativa producida.

A su criterio, resulta notorio que el ítem en cuestión comprende los necesarios para subsanar las deficiencias y los elementos sustraídos de la obra.

Cuestiona luego el monto determinado por el rubro daño moral y el rechazo del reclamo formulado en concepto de gastos emergentes. Cita varios autores que aluden al dolo en la responsabilidad contractual y concluye que el constructor no tuvo el propósito de cumplir con el objeto contractual, resultando responsable por las consecuencias mediatas de su incumplimiento.

2. A fs. 1304/1314 expresa agravios el co-demandado, arquitecto Eddi.

En primer lugar objeta que se lo considere responsable de los trabajos mal realizados por el constructor. Afirma que no fue contratado como Director de Obra y que durante el desarrollo de la obra concurrió cuando lo convocaba la propietaria, lo cual, en principio, se estableció una vez por mes, para efectuar una medición de los trabajos realizados.

Esgrime que no tuvo ninguna participación en definir los detalles de la obra, ni para elegir los materiales ni para controlar su desarrollo. Indica que, a pedido de la propietaria, las mediciones se dejaron de realizar y que luego de ello, aquélla igualmente siguió abonando al constructor.

Plantea que la sentencia comete un yerro dado que, pese a afirmar que el arquitecto no fue director de obra, se lo responsabiliza por los trabajos mal realizados.

Agrega que no hay contrato ni orden de trabajo que indique que fue Director de Obra, que el constructor manifiesta que no lo era, y que nunca se le abonaron los honorarios correspondientes a esa función, tal como surge de la pericia practicada y de los recibos obrantes en autos.

Señala también que ha quedado probado que la actora y propietaria de la obra, en su afán de ahorrar dinero, contrató mano de obra barata, sin dirección de obra y sin planos que contuvieran las modificaciones que quería ejecutar, con el agregado que compraba ella misma los materiales, sin asegurarse sobre su calidad.

En segundo término, y en forma subsidiaria, para el caso que se mantenga su responsabilidad, dice que el porcentaje de las sumas abonadas con sus mediciones es del 49,30%, respecto de los trabajos realizados por el constructor, y no del 55,07%, como indica la sentencia.

Luego cuestiona la condena a abonar los gastos de mano de obra utilizada para reparar las deficiencias en la construcción, ya que tales presuntos vicios no son ciertos y no tienen asidero en las constancias de autos.

Asimismo, se agravia de la condena a abonar gastos de asesoramiento, puesto que el informe de la Ing. Rebolledo no fue corroborado por la perito actuante y su valor no resulta razonable.

En cuanto a multa por la causal de abandono de obra, indica que no existió tal abandono, sino claras disidencias entre la propietaria y el constructor.

En similar sentido, reprocha el razonamiento seguido para condenar a los accionados a abonar el valor de reposición de una puerta de cedro, atento la falta de respaldo probatorio sobre las circunstancias de su desaparición.

Por último, se agravia del monto reconocido en concepto de daño moral, por estimar que no medió lesión alguna y existir, en consecuencia, un enriquecimiento sin causa.

3.- Los agravios son replicados por el arquitecto a fs. 1316/1329 vta. y por la actora a fs. 1330/1334. Ambas partes solicitan el rechazo del recurso de la contraria, con costas.

4.- Por una cuestión de orden, y en virtud del impacto que tendrá respecto del resto de los agravios vertidos, estimo conveniente comenzar con el tratamiento de los cuestionamientos que ambos recurrentes plantean, en torno al alcance y extensión de la actuación profesional del arquitecto codemandado en el desarrollo de la obra. Ello, a fin de dilucidar si ha sido correcto el razonamiento de la jueza de grado, al responsabilizarlo parcialmente por los daños que la actora manifestó haber padecido.

Tal como lo pone de relieve la sentenciante, en autos no existió un contrato escrito de Dirección de Obra.

A mi juicio, los agravios traídos por la actora son insuficientes para crear convicción acerca de la existencia de un contrato de ese tenor, siquiera en forma verbal.

La suscripción del acta de inicio de obra (fs. 1103) no tiene el alcance que pretende atribuirle la actora, puesto que allí no se designa al arquitecto ostentando tal rol.

En cuanto a las respuestas dadas por el constructor al absolver posiciones, tampoco encuentro que de ellas se desprenda un reconocimiento de las tareas de supervisión del arq. Eddi con el alcance pretendido, máxime frente al expreso desconocimiento acerca de su designación como Director de Obra (posición 11) y los términos de la contestación de la demanda (ver especialmente fs. 377, donde circunscribe su intervención a la medición de los avances de obra).

Tampoco contrarresta lo expuesto, el presupuesto elaborado por el Sr. Omar González, a tenor del testimonio brindado por éste a fs. 825, oportunidad en la que señaló que el arquitecto no tuvo que ver en su contratación como gasista, que no le daba órdenes ni controlaba su trabajo y que éste no le presentó a la actora, sino que fue ella quien se comunicó telefónicamente con él.

Ninguna incidencia tiene que el arquitecto accionado haya sido el director de obra en la primera etapa de la construcción realizada en la vivienda de la actora, puesto que, como ella misma reconoce, esto ocurrió 22 años antes.

Tampoco lo tiene, lo acontecido a raíz del reclamo realizado por un albañil ante la Subsecretaría de Trabajo, puesto que allí el Sr. Eddi nada afirmó sobre su función en la obra, sin que el silencio pueda ser interpretado para agravar su responsabilidad.

Más allá de que lo expuesto permite constatar que los elementos que la actora invoca como indiciarios del verdadero vínculo que la unió con el profesional, no tienen la fuerza que pretende atribuirle, lo cierto es que la recurrente no rebate un argumento central del decisorio: tal la falta de concordancia entre el monto abonado al arquitecto por su intervención profesional y lo que debió pagársele si su labor hubiese sido realmente como Director de Obra.

Es que, según expresa la perito arquitecta, "los honorarios profesionales, al mes de mayo de 2008, que corresponden a un arquitecto por la dirección de obra es del 4% del costo total de la obra. El costo de construcción en la ciudad de Neuquén, al mes de mayo de 2008, era de $3.299,00.- por m2, con una superficie de 223,15.- m2 da un costo de $736.171,85.-, por lo que los honorarios son $29.446,87".

Y bien, no se encuentra controvertido que el arquitecto Eddi percibió dos pagos que totalizan la suma de $4.500 (fs. 1116).

La afirmación del recurrente en punto a que el arquitecto no aceptó recibir nuevos pagos, ha sido introducida recién en esta instancia, por lo que juega aquí el límite que impone el art. 277 CPCC.

Sin perjuicio de ello, se halla acreditado que, pese a no contar con las mediciones del arquitecto, la actora continuó haciendo pagos al constructor desde octubre/08 a febrero/09 (ver fs. 1119/1224). Es decir, el proceso constructivo continuó pese a no existir mediciones técnicas del arquitecto Con respecto a la cuestión terminológica que subyace en autos, atinente a la función específica que cumplía o debe cumplir un "Director Técnico" en una obra en construcción, cabe señalar que el informe acompañado a fs. 857 por la perito arquitecta, elaborado por el Colegio de Arquitectura de la provincia, indica la existencia de honorarios diferenciados para un Director de Obra (cfr. art. 57, pto. s) y 63 de la ley 1004) y para la realización de mediciones de avance de obra (ver puntos 2 y 4), todo lo cual abona la hipótesis planteada por el co-accionado en punto a una labor mucho más acotada que la que se le endilga.

En este punto, y toda vez que la recurrente hace alusión a aspectos vinculados a la carga probatoria de las partes, cabe recordar que era la actora quien debía acreditar que el arquitecto accionado cumplía o debía cumplir funciones asimilables a un "Director de Obra".

Todo lo expuesto me lleva a considerar que el arquitecto no puede ser responsabilizado frente a los daños que invoca la accionante, toda vez que su labor estaba limitada a las tareas de medición para la certificación y pago de los trabajos ejecutados.

A más de ello, la propia accionante reconoce en su demanda que hasta septiembre de 2008 (última medición realizada por el arquitecto) se había cumplido con el plan de obra establecido y que fue a partir de octubre en que "la obra comenzó a tomar un ritmo más lento" (fs. 302).

Por estas razones, entiendo que corresponde revocar la sentencia de grado y rechazar la demanda entablada contra el arquitecto Ricardo Eddi, deviniendo abstracto el tratamiento de los restantes agravios planteados en forma subsidiaria.

5.- Con respecto a la queja de la actora referida al quantum indemnizatorio por los distintos rubros que menciona en su recurso, juzgo que su reclamo no puede ser admitido.

De la prueba producida en la causa surge que la accionante contrató una mano de obra económica, por un precio muy inferior a la media.

La perito arquitecta indica que el costo estimativo de la mano de obra en mayo de 2008, para un emprendimiento como el realizado en la vivienda de la actora (en función de la superficie construida), debió ser de $265.021,00.-. Dicha superficie es la que figuraba en los planos de modificación y ampliación sin permiso municipal exp. Nº 451-B-86, tal como refiere la experta a fs. 886. Y véase que, aun si se tomaran los metros cuadrados que plantea la accionante en su impugnación de fs. 878, se arribaría a un monto aproximado de 233.086,22.

Luego, no existe controversia en torno a que el monto por mano de obra que la actora acordó con el constructor era de $150.000,00.-. Es decir, que la diferencia entre ambos importes representa un 44% aproximadamente del precio normal de construcción para esa época. Es $265.021,00.- el precio que la perito considera lógico, razonable y de mercado, y no el monto pagado por la actora.

Ello no quiere decir que por haber acordado un monto inferior al de mercado, el constructor pueda ejecutar sus obligaciones en forma deficiente o impropia para su destino, pero lo que tales datos sí revelan, es que la actora no podía pretender un nivel constructivo de altísima calidad, puesto que no había pagado para ello.

Sobre este aspecto, se ha dicho: "...tampoco puede aplicarse el mismo criterio de responsabilidad profesional en obras de muy distinto nivel, precio o categoría. Si bien la responsabilidad estará siempre presente, no puede acudirse a ese principio con la misma amplitud en obras de nivel estándar, frente a otras de primera categoría. Porque la respuesta es muy distinta cuando el propietario invierte o gasta 300 pesos por metro cuadrado cubierto, al caso en donde el metro cuadrado puede resultar costando más de mil pesos.

Y en esta calificación económica de las obras, siempre estará presente también el monto de los honorarios que cobran los profesionales. Porque la compensación económica hace también de manera precisa y necesaria, a la calificación y extensión de la responsabilidad. No tomar en cuenta los cobros percibidos por el obligado, nos lleva al despropósito de obligarlo a asumir responsabilidades de contenido económico que representan diez o veinte veces los montos estimados como honorarios" (Rondina, Homero, "Cuando se juzga y decide acerca de la responsabilidad profesional y económica del arquitecto-constructor ante la aparición de vicios de obra", LLC 2001-876, 2001).

Lo expuesto, sumado a la ausencia de discriminación que se observa en la demanda con respecto al ítem gasto de materiales, y a la falta de ratificación -del monto estimado en forma global- por parte de la perito actuante (a la que ni siquiera se le consulta sobre la corrección o razonabilidad de dicho importe), me lleva a desechar este agravio de la accionante.

Así también, el referente al importe reconocido por daño moral, atento el criterio restrictivo que impera en materia contractual, sin perjuicio que el análisis que precede también incide en su rechazo.

Todas estas apreciaciones tienen evidente proyección en el resto de los rubros cuyo monto indemnizatorio objeta la actora, pero que no cabe modificar, a fin de no incurrir en reformatio in pejus, ante la falta de impugnación por parte del constructor condenado en la instancia de grado.

Por las consideraciones que preceden, propongo al Acuerdo modificar la sentencia recurrida y, en consecuencia, rechazar la demanda entablada contra el arq. Ricardo Eddi, con costas a la actora atento el principio objetivo de la derrota, confirmándola en todos los restantes puntos que han sido motivo de recurso y agravio, debiendo fijarse oportunamente los honorarios de Alzada de los letrados del demandado Edi en el 35% de la suma que corresponda por la regulación de la instancia de grado (art. 15, in fine, ley 1594).

TAL MI VOTO.

El Dr. Fernando GHISINI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- Modificar la sentencia de fs. 1272/1274 y, en consecuencia, rechazar la demanda entablada contra el codemandado arquitecto Jaime Ricardo EDDI, confirmándola en los restantes puntos que han sido motivo de recurso y agravio.

2.- Imponer las costas a la actora, atento el principio objetivo de la derrota (art. 68, Código Procesal).

3.- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia a los letrados del Arq. Ricardo Edi en el 35% de lo que corresponde por la labor en la instancia de grado (art. 15 in fine, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando GHISINI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.