Lesiones graves, suspensión del juicio a prueba, recurso de inconstitucionalidad, presentación extemporánea
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero Lencina, Ernesto O. s/ Recurso Extraordinario e Inconstitucionalidad interpuesto por Ernesto G. Romero Lencina con el patrocinio del Dr. Sergio F. Túa en causa Nº 80/07 - Pérez, Claudio Nicolás - Lesiones Graves - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-04-07

Por Auto Interlocutorio, la Cámara en lo Penal -Sala Unipersonal- hizo lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba incoada por el imputado por el término de dos años, a contar desde el efectivo inicio del cumplimiento de determinadas normas de conducta.

Contra esa decisión, el querellante, con patrocinio letrado, interpone este recurso que nomina como de inconstitucionalidad.

Después de estudiar el planteo efectuado, observo que, aunque enmarca sus pretensiones en los arts. 470 y 471 del digesto ritual, que remiten a la Constitución Provincial, el recurrente no indica qué norma de ese cuerpo legal estima vulnerada en el caso, como consecuencia de la resolución impugnada, y esa omisión priva a su pretensión de adecuado sustento legal en tanto la mera aserción acerca de la vulneración de preceptos de la Constitución no tiene eficacia si quien la alega no expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tal supuesta violación constitucional.

Observo asimismo que, aunque el recurrente declara que formuló idéntico planteo en la primera oportunidad que le brindó el procedimiento, las constancias del acta de la audiencia respectiva, prevista en el art. 355 del rito, dan cuenta de otra cosa: en la primera oportunidad que tuvo para opinar sobre la solicitud del imputado, el querellante no cuestionó la constitucionalidad del Instituto de la suspensión del juicio a prueba sino la compensación ofrecida a esa parte, juzgándola insuficiente.

Sólo en segundo lugar, y por estimar insuficiente la oferta de reparación, el querellante invocó la supuesta inconstitucionalidad.

Por otra parte, contrariamente a lo que pretende el recurrente, dicha acta acredita sin hesitación alguna que el querellante fue debidamente oído en el caso en tanto la suspensión del juicio fue decidida por el tribunal previa celebración de la audiencia legalmente prevista a ese efecto (art. 355 del CPP), en la que, además del representante del Ministerio Público Fiscal, también esa parte fue consultada y tuvo la oportunidad procesal de manifestar su oposición al requerimiento efectuado, de suministrar las razones que a su juicio obstaban a su concesión y de solicitar formalmente al tribunal que rechazara el pedido. Así las cosas, con relación al Instituto, no constato ni acredita el recurrente, ninguna restricción en este proceso al derecho de audiencia e intervención del querellante y a su tutela judicial efectiva.

Observo también que en los considerandos de la resolución cuestionada fueron atendidas las objeciones manifestadas por la parte querellante con relación a la propuesta de reparación del daño formulada por el imputado como requisito para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba; y que el tribunal a quo motivó suficientemente su rechazo a esas objeciones con argumentos de los que el recurrente no se hace cargo en el recurso y cuya razonabilidad, por ende, no desvirtúa.

Con esa omisión, no constato, ni el recurrente demuestra, la denunciada desigualdad de trato entre la víctima que ha padecido el daño con relación a la persona imputada de haberlo ocasionado; como tampoco la errónea valoración de las circunstancias relevantes para la ponderación razonable de la oferta de reparación efectuada por el imputado ni la injusticia de lo decidido con arreglo a la capacidad económica de éste.

De tal modo, el recurrente no pone en evidencia la supuesta contradicción de lo resuelto por el tribunal a quo con lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los tratados internaciones que invoca ni la incompatibilidad de la ley y, con ese déficit, su pretensión en ese sentido carece de fundamento.

Por lo tanto, corresponde no hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido.