marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Estado Provincial, conflicto de poderes, Constitución Nacional, autonomía provincial, Superior Tribunal de Justicia, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Carlos GRAFFIGNA LATINO y otros s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA  -  CORTE  SUPREMA  -  ENJUICIAMIENTO DE  MAGISTRADOS - CONFLICTO DE PODERES - PROVINCIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

La Corte Suprema carece de jurisdicción para conocer respecto de cuestiones que constituyen conflictos de poderes de una misma provincia. Esta doctrina encuentra fundamento en la reforma constitucional de 1860 y en los arts. 104 y siguientes de la Constitución Nacional que consagran la autonomía de los estados provinciales. Así ocurre en el caso en el que varios magistrados del Superior tribunal de una provincia impugnan la resolución del jurado de enjuiciamiento mediante la que se dispuso suspender en sus funciones a los actores entretanto se tramita el proceso abierto en virtud de las denuncias formuladas por el Fiscal de Estado, vinculadas a la tramitación de una causa elevada ante aquel alto tribunal por dos legisladoras separadas del seno de la legislatura local.
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pereira, Esteban c/ Rodríguez, Eustaquio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-16

Si se fijaron los estipendios del abogado por los trabajos realizados en la primera instancia, a la fecha del auto regulatorio de la instancia de origen; regulándose los honorarios por la labor cumplida ante la Alzada, según valores vigentes a ese momento, cabe admitir el reajuste del crédito desde las fechas en que fueron practicadas cada una de las regulaciones. Es que, no obstante lo dispuesto por el art.54 del decreto ley 8904/77 acerca de la constitución en mora del obligado, nada autoriza a establecer que la actualización sólo debe computarse a partir de la referida constitución en mora.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: PLASTICOS  ARGENTINOS  SA c/ MENENDEZ,  ALFREDO S/ORDINARIO. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-13

Procede confirmar la resolución que rechazó el planteo de nulidad incoado por la demandada, ello así por cuanto, la pieza notificatoria mediante la cual aquella fue anoticiada de esta acción no presenta defectos formales que obsten a su validez. A mas, las manifestaciones vertidas por el oficial notificador solo pueden ser redargüidas de falsedad. La aludida ausencia temporal del nulidicente del lugar donde se practicó la notificación cuya validez impugna, no reviste trascendencia para sustentar su postura, pues al tiempo en que presuntamente regreso del viaje que refirió, aun no había vencido el plazo para responder la demanda impetrada en su contra. Por lo demás, en cuanto a las constancias que asentó el oficial notificador por revestir la naturaleza propia de los instrumentos públicos, hacen plena fe, con el alcance del cciv: 993, y esa eficacia solo puede ser impugnada mediante el pertinente incidente de redargución de falsedad que todavía no ha hecho y no podrá hacer en el futuro (cpr: 395-1° parr.).
Recurso extraordinario, depósito previo, privación de justicia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: FUSCO DE ABELARDO, GLORIA CATALINA c/ A.F.I.P
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-10

Debe aplicarse un criterio amplio para ponderar las circunstancias que llevan al litigante a no efectuar el depósito previo y ello sobre la base de privilegiar el derecho de defensa y a obtener una sentencia que analice sus pretensiones, frente a un recaudo formal cuya aplicación a ultranza lleve a convalidar una arbitrariedad o una denegación de justicia. Asimismo, corresponde entender que se configura gravedad institucional en la medida que esté en tela de juicio el cumplimiento de obligaciones del Estado Argentino frente a los Pactos Internacionales suscriptos e incorporados a la Constitución Nacional. Por ello, no puede menos que propiciarse la concesión del recurso extraordinario, ante el convencimiento de la justicia que inspira la reiterada doctrina de la C.S.J.N. que por sobre el ritualismo de las formas privilegia la materialidad de la verdad (cfr. Fallos 310:799; 311:2004, 2082, 2193; 313:1223; 314:629;

315:1203; 316:1957; 317:1759; entre otros). (Disidencia del Dr.

Fernández)
Recurso de casación, regulación de honorarios, prescripción, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: EMPRESA CONSTRUCTORA JOSE ROBERTO MOLE c/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14

El artículo 4032, inciso 1) del Código Civil, expresamente dispone: "Se prescribe por dos años la obligación de pagar: 1) A los jueces, árbitros y conjueces, abogados, procuradores y toda clase de empleados en la administración de justicia, sus honorarios y derechos".

"El tiempo de prescripción corre desde que feneció el pleito por sentencia o transacción, o desde la cesación de los poderes del procurador o desde que el abogado cesó en su ministerio".

En autos, el letrado solicitó que se le regulen honorarios conforme la sentencia Nro. 243, y no encontrándose ésta firme por haber sido recurrida, en la especie no existía suma líquida firme determinante de la base regulatoria, por cuanto ello dependía según fuera el modo de extinción del proceso (desistimiento o transacción extrajudicial).

Ello así, la decisión sentencial de considerar que una vez resueltos los recursos de casación de López y Sagués contra la sentencia Nro. 243/98, notificados al letrado el 20-3-2001 (fs. 682), el plazo bienal de prescripción del pedido de regulación de honorarios debe contarse desde dicha notificación, no luce descaminada.

Consecuentemente, desde la notificación del 20-3-2001 hasta la nueva presentación solicitando regulación acaecida el 09-11-2001, no ha transcurrido el plazo de prescripción establecido en el artículo 4032 del CC.
Recurso de casación, quiebra, trámites judiciales, incompetencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lorente, Waldino Adrian en j: Lorente, Adrian W. s/ Quiebra necesaria - Casación (Libro: A027A-334)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-03-12

La resolución de la Cámara por la que se declara incompetente para substanciar el procedimiento tendiente a justificar las faltas graves y el mal desempeño del síndico de la quiebra y que en síntesis se funda en que el conocimiento de los casos de remoción del síndico, facultad que el art. 88 de la ley de quiebras atribuye a la Cámara, está supeditado a la sustanciación previa ante el Juez de la quiebra de las causales que se arguyen para solicitar la sanción contra el síndico no tiene carácter definitivo, y en consecuencia contra la misma no cabe el recurso de casación.
Recurso de casación, accidente de tránsito, fundamentación del recurso, falta de fundamentación suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Autos Corte Nº 43/16, caratulado: "Recurso de Casación interpuesto p/Dr. Raúl Rolando Barrionuevo en Expte. Nº 36/14 "Bazán, Luís Edgardo c/  s/ Homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor (un hecho), Lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor (un hecho), Lesiones culposas (dos hechos), todo en concurso ideal - Polcos - Dpto. Valle Viejo".
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-23

Corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto, toda vez que los argumentos presentados en esta instancia no demuestran el grave desacierto que el recurrente le atribuye a la sentencia impugnada, en la apreciación de la prueba invocada en sustento de lo decidido y, como consecuencia, en el Derecho aplicado.
Cuestiones de competencia, restricciones a la capacidad, código civil y comercial, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M. P., C. F. c/  s/ determinación de la capacidad (vigente hasta 13/08/2015)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

El artículo 36 del Código Civil y Comercial establece que la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad se deduce ante el juez correspondiente al domicilio de la persona en cuyo interés se inicia el juicio o ante el tribunal del lugar de su internación; pauta legal que debe leerse a la luz de sus finalidades, las leyes análogas, los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (arts. 1 y 2, CCyCN). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Ejecución de sentencia, astreintes
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Franco Dionisio. c/ Lorenzo S.A.I.C.A..- s/ Indemnización por despido,etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-09-29

La imposición de astreintes, sólo se aplica en la etapa de ejecución de sentencia, por lo que la operabilidad de sanciones previstas en el art. 666 -bis- del Código Civil, queda supeditada al incumplimiento patronal, siendo así, en la etapa correspondiente se determinarán los extremos peticionados por el actor.
Ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos u honores
Materia: PENAL
Carátula: PISTONI, Roberto s/ Ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1956-11-29

Si la prueba acredita el ejercicio ilegal del arte de curar por parte del acusado, la ostentación del título no constituye sino el medio de practicar la acción legal antes referida, descartando la existencia de la usurpación prevista por el art. 247 del C.P.
Condominio, comodato, efectos del contrato, obligaciones de los condóminos, ius prohibendi
Materia: CIVIL
Carátula: FREITES MONTERO, Alberto E. c/ DIETRICH, Stella M. s/ EJECUCION DE ACUERDO - LEY 24.573
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-26

La prohibición que prescribe el art. 2682 del Código Civil en concordancia con el art. 1512 del Código Civil se extiende a la de dar la cosa en comodato, por ser éste gratuito. Frente a esta situación, el condómino perjudicado que no ha prestado su consentimiento para la celebración de dichos actos, ni siquiera necesita solicitar su nulidad para repeler la pretensión del tercero contratante, pues se encuentra amparado por el principio de relatividad de los contratos que establece el art. 1195 del Código Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, doble instancia, defensa en juicio, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GALLO, LIDIA A Y OTROS c/ MARTINEZ, HILARIO s/ EJECUCION HIPOTECARIA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 143-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-02-28

Debe declararse procedente el recurso interpuesto por arbitrariedad de sentencia, si ella priva indebidamente a los incidentistas de una instancia legalmente establecida, y que por consiguiente conculca garantías tales como las de defensa en juicio y debido proceso; vulnerando, en definitiva, el derecho a la jurisdicción consagrado por nuestra Constitución Provincial (artículos 7 y 9).
Acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, suspensión del acto administrativo, vicios del acto administrativo, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUCERO, OSMAR JUSTO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO.  146 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-17

Las medidas dispuestas en el decreto 65/91 apuntan a un posterior análisis de la situación particular de los agentes involucrados (la que se llevaría a cabo en un "plano de igualdad y respeto a la carrera administrativa"), lo que se corrobora también con las disposiciones del decreto 32/92, en cuanto dispone crear las comisiones destinadas a evaluar la situación emergente de los actos alcanzados por aquél decreto. Cabe concluir entonces, que la Administración separó un grupo de actos para someterlo a revisión en atención a que, "prima facie", consideraba a tales actos afectados de ilegitimidad y, mientras se desarrollaba la investigación sobre el particular, decidió privarlos de efectos. Esta facultad de la Administración, que no ha sido objetada por los recurrentes, no aparece, en abstracto, como ilegal o arbitraria, puesto que ante la falta de certeza total sobre los vicios que pudieran afectar a determinados actos, pero existiendo dudas razonables sobre su validez, escogió una vía menos gravosa que la anulación o revocación.
Cuidado personal compartido, responsabilidad parental, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G.C.A. c/ J.L.L. s/ Tenencia de hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

Entre las pautas relativas al interés del menor a tener en cuenta en materia de atribución de su tenencia, puede citarse la improcedencia de innovar sobre estados de hecho consolidados de alguna manera, salvo que poderosas razones así lo aconsejen. La directiva se expresa en la improcedencia de modificar sin fundamento el estilo de vida consolidado del menor que lo favorece; pero a la par, el estado de hecho deberá modificarse cuando razones de peso así lo determinen, exigiéndose en algunas oportunidades "causas muy serias" que así lo aconsejen.-
Adicional por función fiscalizadora calificada, adicionales de remuneración, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mas, Olga Marta s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-31

El derecho a la incorporación del Adicional por Función Fiscalizadora al beneficio jubilatorio de los ex-agentes del Tribunal de Cuentas se adquiere recién a partir de la sentencia recaída en los autos:

"Morales....", 47-98, por lo que no puede decirse que hayan prescripto los haberes devengados con anterioridad a dicho pronunciamiento, por cuanto hasta ese momento el derecho a la percepción aún no había nacido.
Accidentes de trabajo, indemnización, inconstitucionalidad, incapacidad permanente
Materia: LABORAL
Carátula: Sequeira Leandro Alberto c/ MAPFRE Argentina ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-18

El decreto reglamentario 472/2014 intenta debilitar la jurisprudencia de la C.N.A.T. y de otros tribunales del país que se ha inclinado por aplicar el RIPTE sobre el total de los montos indemnizatorios desde el 1º de enero de 2010. En ese sentido, incorpora una discriminación entre las prestaciones dinerarias que deben ajustarse conforme la variación del índice RIPTE desde el 1º de enero del año 2010 (compensaciones adicionales de pago único y pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09) y aquellas que deben ajustarlo desde la fecha de entrada en vigencia de la ley Nº 26.773 (indemnización tarifada). Dicha discriminación resulta confiscatoria por reducir arbitrariamente la suma que resulta de aplicar la indemnización tarifada con la actualización lisa y llana de la ley 26.773. A partir de las normas y principios constitucionales en juego cabe considerar que el decreto reglamentario, en cuanto reduce el lapso temporal del ajuste RIPTE sobre la indemnización tarifada, causa un daño al trabajador que disminuye en forma manifiesta e intolerable el marco de cobertura que razonablemente cabe entender abarcado por el sistema especial. Por lo tanto, corresponde declarar la inconstitucionalidad de oficio, ya que del decreto 472/2014 en cuanto reforma en perjuicio de la víctima la prestación del art 17 ap. 6º de la ley 26.773 según el cual la actualización alcanza a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, sin distinción alguna.
Contratos administrativos, obligaciones del contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Frigorífico Guaraní S.A.C.I. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Resulta improcedente la actitud de la actora, adquirente por venta directa de un inmueble de la Provincia de Buenos Aires mediante dec.

ley 9487 y resolución ministerial 534, de condicionar su obrar a la realización de una actividad no prevista en las bases regulatorias de la relación administrativa establecida entre las partes.
Sentencia, principio de congruencia, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: MORALES JOSE RODOLFO c/ EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO ORAN S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-28

En definitiva, el fallo no debe sobrepasar las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, no pudiendo conceder o negar más de lo peticionado por los litigantes (no puede fallar "ne eat iudex ultra petita partium") so pena de lesionar las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio, debido proceso e igualdad.

En el caso, si las sentencias inferiores hubieran receptado los daños analizados en las pericias producidas, aquél vicio habría existido al exceder la sentencia, desde el punto de vista cualitativo, el objeto de la pretensión. En efecto, ya la CSJN tuvo ocasión de decir que existe violación al principio de congruencia (sentencia ultra petita, desde lo cualitativo) si se condena por rubros que no han sido objeto concreto de la demanda, aunque hayan surgido en el pleito por vía de peritaje (conf. Fallos: 292: 269).

Es que por más que la existencia del perjuicio haya quedado acreditada no es admisible recoger un rubro que no fue pedido en su debida oportunidad sin atentar contra el principio citado.
Pretensión procesal, iura novit curia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: S., A. R. c/ A. T. S.A. P. ART. S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-25

Está vedado a los jueces apartarse de los términos de la relación procesal y decidir en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación, o resolver sobre capítulos o reclamos no propuestos que en manera alguna integraron la litis, desde que ello importa desviarse de las pretensiones de las mismas deducidas en juicio.
Derechos de los pueblos indígenas, tierras de los pueblos originarios, propiedad comunitaria de la tierra, adjudicación de tierras, jerarquía constitucional, normas operativas, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Defensa y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2022-02-02

La cláusula contenida en el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional resulta plenamente operativa, y, en consecuencia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se encuentra facultado, a través de los mecanismos previstos en el art. 8 de la Ley 23.302, para concluir con la inscripción de la propiedad comunitaria de las tierras, cuya mensura fue aprobada por Resolución 1174 del INAI, a los efectos de su adjudicación en propiedad a la comunidad mapuche reclamante.
Recursos, límites del pronunciamiento, reformatio in pejus, acción de amparo, tratamiento médico
Materia: PROCESAL
Carátula: Savioli, María Marcela s/ amparo s/ apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-17

Si al admitirse la acción de amparo se condenó a la demandada a suministrar tratamiento médico domiciliario por el lapso que "el profesional interviniente diagnostique", la sentencia que -con motivo del único recurso intentado por la actora- redujo el plazo de cobertura a cuarenta y cinco días, término dentro del cual la recurrente debía ocurrir a las vías que considerase pertinentes, incurrió en una indebida reformatio in pejus al colocar a la única apelante en peor situación que la resultante del pronunciamiento recurrido, lo que implica una violación en forma directa e inmediata de las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio.
Juicio ejecutivo, obligaciones solidarias, fianza
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO COMAFI SA C/CARRO, DIEGO HERNAN Y OTRO S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-18

Considerando entonces que, por tratarse de una obligación principal, solidaria, la figura jurídica de la fianza, en su aspecto de la relación externa frente al acreedor, desaparece para convertirse el tercero garante en codeudor (otro obligado principal) sin derecho a excusión ni a interpelación (cfr. CNCom, Sala B, 16/11/99, in re "Dover SA c/ Levi Daniel") corresponde rechazar la defensa intentada.
Proceso contravencional, sobreseimiento, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, M. P. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

El procedimiento contravencional se rige por la normativa que le es propia, a saber la Ley Nro. 12, y sólo corresponde acudir supletoriamente a su integración con las disposiciones del Código Procesal Penal vigente en la Ciudad, en todo cuanto no se oponga a aquéllas, según lo previsto en el artículo 6 de la referida ley. El artículo 361 del Código Procesal Penal de la Nación, relativo a la figura del sobreseimiento, constituye una norma cuya aplicación supletoria al procedimiento contravencional no resulta posible.
Responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, vehículo embistente, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: Tinti de Gugliemin, Rosana Ester c/ Miguens, Cora Antonia y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-09

"...El embestimiento -choque- denota para el conductor embistente la imposiblidad de detener normalmente el vehículo ante la interferencia de otro y autoriza a suponer que su conductor guiaba desatento o con exceso de velocidad, lo que importa culpa de su parte...".
Directorio, sociedad anónima, club de campo, cuota social, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: COMERCIAL
Carátula: Club de Campo San Diego S.A. c/ Varone Claudio Alejandro s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-29

Debe rechazarse el pedido del reintegro de los bonos de contribución que fueron autorizados por el Directorio de la S.A. que funciona como country, pues conforme a la pericia obrante en el caso y habiendo sido abonados por el socio accionista durante largos años sin formular reclamo alguno, es decir - si el accionado consintió su pago -, no puede cuestionarlos, quejarse ni solicitar su reintegro recién al responder la demanda donde se le reclama una deuda dineraria en concepto de cargas sociales, cuotas y otras obligaciones.
Indemnización, remuneración, empleador, carga
Materia: LABORAL
Carátula: Idarraga, Roberto Eliseo c/ Abraham Textil S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-08-07

El art.91 de la Ley 2383 dispensa a la parte actora de la carga de acreditar el monto de salarios, sueldos u otra forma de remuneración en dinero o especie, ya que pone en cabeza de la demandada, la prueba contraria a la reclamación.
Locación, obligaciones del locatario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aldigheri, Graciela Susana c/ Municipalidad de Gral. Viamonte s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-22

Siendo admitido por las partes que el destino del bien en cuestión, era ser alojamiento para estudiantes, los cuales producen habitualmente un mayor deterioro en los bienes en los que se hospedan, ello imponía una mayor diligencia por parte del locatario en su cuidado (cfr. art. 163 inc. 5 del C.P.C).