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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), jueces, habeas corpus, carácter taxativo, recursos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: A., A. c/  s/ habeas corpus interpuesto por el defensor Dr. Bay, Abel Eduardo en favor de A., A.-apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-31

La Sala valoró las cuestiones venidas en revisión y compartió los argumentos de la Jueza de Primera Instancia en orden a rechazar la procedencia del hábeas corpus, al entender que los cuestionamientos traídos por la impugnante debían encontrar cauce por las vías recursivas previstas en el ordenamiento procesal -a las que según constancias del sistema informático de la Oficina de Gestión Judicial efectivamente ocurrió-; y considerando que las circunstancias del caso no se adecuaban a ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 370 del Código Procesal Penal; ello así, mas allá de los nutridos planteos de la quejosa en lo que hace a las circunstancias propias de la causa, pero lo cierto es que la cuestión atinente a la procedencia de la acción propuesta no logra traspasar el umbral de la mera disconformidad con lo resuelto por los jueces de la causa en ejercicio de funciones que le son privativas, dentro de un margen de razonabilidad y sin que se advierta un defecto exegético que aleje lo decidido del ordenamiento jurídico fundamental. (Del voto de la Dra. Gastaldi y el Dr. Spuler)
Tercería de dominio, fondo de comercio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bourlot Stella Maris c/ Issaly Adriana María Nilda y Otros s/ Tercería de Dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-11

Habiendo la accionante acreditado la titularidad del fondo de comercio y no desvirtuado por el embargante con prueba idónea la presunción de propiedad que dimana de tal hecho, debe entenderse que todos los bienes muebles pertenecen a la titular del fondo de comercio y por ello hacerse lugar al levantamiento del embargo, al admitir totalmente la demanda de tercería de dominio.
Derecho al olvido, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Denegri, Natalia Ruth c/ Google Inc. s/ derechos personalísimos: Acciones relacionadas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

El carácter desagradable, indignante o desmesurado de ciertas expresiones del debate público no podría despojarlas de protección constitucional sin incurrir en criterios que, en última instancia, dependerían de los subjetivos gustos o sensibilidades del tribunal de justicia llamado a ponderarlas, el solo motivo de que esas expresiones puedan resultar ingratas u ofensivas para las personas involucradas, tampoco podría sustraerlas, sin más, de esa protección constitucional. Admitir razonamientos de esta naturaleza, basados en gustos o puntos de vista particulares, introduce en el estándar de análisis una variable extremadamente maleable y subjetiva que abre la puerta a la arbitrariedad y, por ende, debilita la protección de la expresión.
Juicio de desalojo, prueba de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barros de Leguizamón, Olga c/ Barros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

El pago de la totalidad de la deuda perteneciente a la red de gas natural que afecta el inmueble, es un típico acto posesorio en los términos del art. 2384 del Cód. Civil, que sirve para acreditar "prima facie" que la demandada reviste la calidad de poseedora. A su vez, quien adquiere materiales de construcción para realizar mejoras en un inmueble, se está comportando a la manera del dueño de esa cosa, lo que también permite extraer la condición de poseedor. De ello se deriva que queda enervada la admisibilidad del desalojo, pues las cuestiones que han aflorado en este proceso son propias del derecho posesorio o petitorio y, por ende, ajenas al ámbito de este proceso especial de desalojo (art. 676 Cód. Proc.).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, secuestro de bienes, cantidad de estupefacientes, derecho a la privacidad, interpretación de la ley, bien jurídico protegido
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLAR LOPEZ, PABLO s/ ESTUPEFACIENTES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-11

El artículo 6 de la ley 20.771 no distingue respecto de la cantidad de droga que puede tener un individuo en su poder. La norma establece la incriminación, por el solo hecho de la tenencia del estupefaciente. En nada importa la cantidad, si ella no ha sido tenida en cuenta ha sido por la finalidad de combatir con eficacia el tráfico de estupefacientes. Así, sobre la base de que el consumidor es un eslabón en la cadena del tráfico; se quiere cortar el flujo de la circulación indiscriminada de estupefacientes.

Dado que el artículo 19 de la Constitucion Nacional fija como materia de la potestad legislativa del Estado a los actos humanos objeto de la virtud de justicia, se deduce que dicha disposición considera acciones privadas de los hombres no sólo a las acciones interiores, sino también a las exteriores que no sean actos de justicia, pues en los casos que la ley manda alguna cosa de las otras virtudes lo hace siempre considerándola bajo la razón de justicia.

El artículo 19 distingue un orden moral natural y un orden jurídico positivo reglantes de las acciones humanas, pues, como a algunas de estas acciones que denomina privadas la reserva al solo juzgamiento de Dios, y a otras llamadas públicas, las somete al juicio de los magistrados del Estado, y como a la entidad que establece un orden le corresponde juzgar las violaciones a ese orden, forzoso es concluir que la Constitución reconoce un orden de conducta instituido por Dios y otro instituido por el Estado.

Justamente en todas las figuras del título VII del Código Penal se atiende a esas acciones públicas, no a las acciones privadas, pues la seguridad común -no la individual-, es el título indicador del bien jurídico protegido.

No resulta apropiado hacer depender la existencia del delito de la cantidad de estupefacientes que consuma una persona, dominada por el vicio, pues le bastaría simular toxicomanía para preparar la coartada de tenencia como de uso personal, puesto que él sería el único árbitro que determinase la cantidad que necesita.
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, obligaciones de resultado, cirugía estética
Materia: CIVIL
Carátula: PAEZ DE TEZANOS PINTO, Ana M. c/ OTERMIN AGUIRRE, Julio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-20

Si bien se ha considerado por lo general que la obligación asumida por el médico no es de "resultado", sanar al enfermo, sino de "medios", o sea emplear toda su diligencia y prudencia a fin de lograr su curación, lo que no puede asegurar, se hace excepción de algunos supuestos particulares, entre los que se cuenta la "cirugía estética", en los cuales la obligación se considera de "resultado", puesto que de no prometerse un resultado feliz al paciente, éste no se sometería al tratamiento u operación (conf. Trigo Represas, "Responsabilidad civil de los profesionales" p. 81/82; Alterini J.H.

"Obligaciones de Resultado y de Medios", Enciclopedia Jurídica Omeba, T. XX, p. 706, nro. XI; Alterini, Ameal y López Cabana, "Curso de Obligaciones", T. II, p. 492, nro. 1863; Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por Daños", p. 352; íd."Responsabilidad Civil del Médico", p. 134; Bustamante Alsina, "Teoría general de la responsabilidad civil", nro. 1436, p. 407; Bueres, "Responsabilidad Civil de los Médicos", p. 373, nro. 89, C.N.Civ. sala C, L. 286.860 del 24/8/82, in re: "Vega, Néstor Gabriel c/Sanatorio Alberti y otros s/Daños y Perjuicios").-
Proceso penal, imputado, libertad provisional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B., J. C. s/ Robo en grado de tentativa - Libertad provisional (Expte. Nro.  259-00,  Resolución Nro.  90, Tomo 56, Folio 249)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-19

Más allá de que el cese de prisión preventiva pueda enervar la validez de las sucesivas libertades provisionales para el pronóstico del obstáculo, lo cierto es que tras esa liberación concretó otro acometimiento -motivante de esta incidencia- que nuevamente lo coloca en detención y situación de evaluarse si es merecedor de su liberación. Así las cosas, la pluralidad de imputaciones que pesan sobre el imputado, tramitadas ante distintos Juzgados penales, las que concurren realmente entre sí, permiten concluir acerca de la inviabilidad de la liberación por aplicación del inc. 1 del art. 33 7 C.P.P., toda vez que el monto de la escala penal a tener en cuenta -conforme reglas del art. 55 C.P.- superaría el tope legal máximo contemplado en esa norma, sin que hasta el momento y sin perjuicio de los ulteriores resultados que pudieren recaer en las distintas actuaciones, se vislumbrare la posibilidad de diferir el cumplimiento de la eventual pena privativa de libertad que se le impusiere (art. 26 C.P. a contrario). Todo lo cual conforma el pronóstico de peligrosidad procesal que el Juez de grado efectuó sospechando de que en caso de recuperar su libertad intentará eludir la acción de la justicia".
Banco central, régimen de garantía de los depósitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendoza, Osvaldo y otro c/ B.C.R.A. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-29

La potestad del Banco Central queda limitada a la exigencia que contiene la Ley 21.526 (declaración jurada de los depósitos constituidos en la entidad).
Responsabilidad civil, asegurador por riesgos del trabajo, acción indemnizatoria, accidentes de trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: R. F., J. L. c/ F. T. S.R.L. y P. ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-11

"Es descalificable como acto jurisdiccional, la sentencia que condenó solidariamente a una aseguradora de riesgos del trabajo a indemnizar a un trabajador con fundamento en el derecho civil, pues, al decidir que el incumplimiento de los deberes de control que le incumbían, es por sí solo suficiente para generar responsabilidad civil y dar por sentada la existencia de un nexo adecuado de causalidad, no realizó una interpretación legítima de la ley con arreglo a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni es coherente con las demás reglas del ordenamiento".
Servicio público, servicios eléctricos, competencia federal, mercado eléctrico mayorista, establecimientos minoristas
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Eden S.A. c/ Resol. 707/98 -ENRE (Expte. 4145/97)". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-06

A efectos de dilucidar el límite entre la jurisdicción federal y la local es necesario distinguir la existencia de dos mercados, el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y el Mercado Minorista, donde los distribuidores comercializan con ciertos usuarios identificados dentro de un área determinada. En el primero, el consumidor que es reconocido como agente del MEM y utiliza las instalaciones de un tercero para acceder al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), realiza sus transacciones bajo la jurisdicción federal, mientras que en el mercado minorista, las transacciones son efectuadas dentro de una determinada área, entre el distribuidor que puede ser o no agente del MEM y los usuarios que demandan de éste, tanto la energía como el servicio de trasladarla al lugar de consumo; en este mercado prima la jurisdicción local sobre la federal.

(Consid. XV).
Concursos, incidente de impugnación, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: CUNNINGTON  C.I.F.I.S.A. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-12

En tanto la actuación de los abogados y procuradores se presume onerosa (ley 21.839: 3), corresponde regular los honorarios de los peticionantes por las actuaciones cumplidas en el incidente de impugnación, más allá de que -por la naturaleza del mismo- no procede emitir pronunciamiento en materia de costas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., M. V. s/ Adopción plena. López de Chiliano, Beatriz c/ Aprea, Luis s/ Cumplimiento de contrato Altura de Varea, Norma Noemí c/ Rodriguez, Rubén Horacio s/ Daños y perjuicios B., R. A. c/ M., A. s/ Incidente cambio de tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24|1986-04-08|1987-09-29|1992-11-17

La discrepancia de criterio con el del fallo -por mas respetable que aquella sea- no configura absurdo.
Locación, mejoras, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dagnino Esteban Carlos c/ Roma Marisa Adriana y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-06

La falta de ejercicio de la facultad resolutoria por parte del locador, vencido el plazo estipulado en el contrato para la realización de las mejoras, y la carencia de reclamo previo a la terminación del contrato, importan consentimiento alguno del locador respecto de lo realizado y menos aún la renuncia a exigir el cumplimiento correspondiente (arts. 1567 y 1204 Código Civil) máxime cuando el locador tiene siempre contra el locatario expedita una acción por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de éste.-
Notificación, notificación al condenado, nulidad procesal, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Neder,  Alberto  Ramón  Alexis  y  otro s/ p.s. inf. art. 44 del Código de Faltas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

A efectos de determinar la correcta notificación de un condenado deberá tenerse en cuenta si las circunstancias de la causa son inequívocamente demostrativas de que el condenado ha tomado conocimiento completo de la condena y de sus fundamentos, y, en caso afirmativo, computar desde ese momento el plazo para impugnarla (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Gustavo A. Bossert).
Poder de policía, derecho de trabajar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saiz Escagedo, Eduardo c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1977-07-19

El ejercicio del poder de policía que incumbe a las autoridades locales legitima la reglamentación y aún la limitación de ciertas industrias, actividades o profesiones, en función de las necesidades y conveniencias colectivas, y mientras sean razonables y justas y no afecten preceptos de orden común o federal que legislen el punto en forma contraria.
Proceso penal, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HEINE DE CANEVARO HILDA ALICIA c/ RUBEN ALBERTO OLIVERA s/ ORDINARIO"EXPTE. N 9006/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-08-15

Concurriendo dos requisitos -dualidad de procesos originados en un mismo hecho-, se impone la postergación de la sentencia civil hasta tanto se dicte la sentencia penal y esta quede ejecutoriada. Es indiferente, de ese modo, que el proceso penal pendiente se haya iniciado antes o después que el civil, como irrelevante que el damnificado civil no haya querellado por el delito, habiéndose iniciado la acción penal por el estado.
Regulación de honorarios, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Abregu, Miguel Roberto c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policia Federal s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-14

Si bien en los casos de rechazo total de la demanda es regla general que, a los fines arancelarios, corresponde computar la totalidad de la suma reclamada con más los intereses apreciados prudencialmente hasta el presente, tal doctrina no es de aplicación a los juicios por daños a las personas por cuanto los rubros indemnizatorios pretendidos son unilateralmente estimados por la propia víctima y sujetos generalmente a la formula "en lo que en más o en menos resulte de las pruebas ofrecidas".
Pena, salidas transitorias
Materia: PENAL
Carátula: Goudard, A. M. s/ Ejecución penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-11-18

Para acceder al beneficio de las Salidas Transitorias el interno debe cumplir todos y cada uno de los requisitos del artículo 17 de la Ley 24.660, los que son taxativos y conglobantes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Asegurador por riesgos del trabajo, pago, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: LA HOLANDO SUDAMERICANA c/ ZAMPIERINI, NORBERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-12

El artículo 39 inciso 5 de la ley 24557 -cuando crea en favor de la ART el derecho a reclamar las sumas erogadas y perseguir la totalidad de su cobro- no consagra una acción de recupero en la relación interna entre responsables del hecho por parte del que pagó, sino una acción autónoma y directa de recupero de lo pagado contra quienes resultaron responsables civilmente del evento dañoso y, por ello, obligados a repararlo, desde que tales responsables civiles no podrían resultar beneficiados por una cobertura de riesgos del trabajo contratada por quien fue totalmente ajeno a la producción del daño (empleador); por lo que la aseguradora de riesgos del trabajo que pagó con fundamento en disposiciones del Derecho del Trabajo -en la medida de lo pagado- se encuentra autorizada a reclamar la totalidad de su reintegro contra cualquiera de los responsables, incluidas las compañías que con los referidos sujetos estén vinculadas por un contrato de seguro de responsabilidad civil, deducido -en el caso- la responsabilidad atribuida al trabajador accidentado. (Del voto del Dr. Falistocco).
Homicidio simple, pelea, muerte de un detenido, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Sotelo Aranda José c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-05

Como como el Estado resulta garante de la vida de las personas detenidas en establecimientos penitenciarios, deviene insoslayable que los hechos bajo juzgamiento -homicidio producto de un combate entre internos- pueden implicar responsabilidad penal para aquellos funcionarios públicos que debieron velar por los derechos de quien resultó víctima del suceso estudiado. Por ello, deben realizarse los máximos esfuerzos tendientes a investigar y juzgar a aquellos funcionarios públicos que, encontrándose en funciones, omitieron cumplir debidamente con su rol de garante de los derechos de las personas allí privadas de su libertad ambulatoria, como lo era la víctima.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, reparación integral
Materia: LABORAL
Carátula: Cordero, Carlos Ramiro c/ Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-09-17

Se puede llegar a la reparación integral de los daños laborales sufridos por un trabajador como consecuencia del disparo con un arma de fuego efectuado accidentalmente por un compañero, a partir de la invocación de distintos regímenes de responsabilidad -contractual y extracontractual - pero sin acumular indemnizaciones.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contratos civiles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Concesionaria Vermen S.A. c/ Lomasud S.A. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-11

Determinar si las intimaciones cursadas fueron eficaces en los términos del art. 1204 del Código Civil constituye una cuestión de hecho.
Costas, Impuesto de sellos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Risso, V. N. c/ Martínez, J. A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

El sellado de los documentos constituye una obligación tributaria y no propiamente un gasto, de la que son solidariamente responsables por el total del impuesto, las partes intervinientes en el acto gravado, "quedando a salvo el derecho de cada uno de repetir de los demás intervinientes la cuota parte que le correspondiere..." (art.

243, ley 10.397). (Minoría u opinión personal)
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, recurso extraordinario, certiorari, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, prisión perpetua, homicidio calificado, grooming
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Luna, Yonatan Omar  c/  s/ recurso de queja en causa n° 133740
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

Cabe rechazar la queda deducida por denegación del recurso extraordinario presentado, en la causa por la que se condenó a prisión perpetua a quien fue encontrado autor materialmente responsable del homicidio agravado de una menor, previamente contactada mediante redes sociales, por aplicación de la inadmisibilidad contemplada en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Asegurador, citación en garantía
Materia: PROCESAL
Carátula: OLMOS, JORGE ENRIQUE Y OTROS c/ DOÑA, ANTONIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-08-25

Teniendo en cuenta que la sentencia a dictarse contra el demandado hará cosa juzgada respecto al asegurador, su intervención en el proceso es la prevista por el art. 100 del c.P., Es decir, que intervendrá en calidad de parte en el juicio; por lo tanto la rebeldía del demando no altera la secuencia normal del proceso en lo que hace al tercero.
Adicionales de remuneración, adicional por zona
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., R. E. y otra. c/ Provincia del Chubut y otro. s/ Daños y Perjuicios - sumario. F. P., A. M. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-29|2018-08-07

No me caben dudas que con la sanción de la Ley N° 5718 se instituyó un nuevo sistema de pago del adicional zona, también denominado zona patagónica, al fijar una suma fija. Esta forma de abonar el rubro modificó la anterior que consistía en un importe calculado como un porcentaje. Sostengo que se trata del mismo rubro abonado en forma distinta pues como lo entiende Marienhoff, el fin que lleva a implementar este adicional se vincula con el costo de vida. Así, señala el doctrinario que ".Tiende a compensar la mayor carestía de la vida existente en unas poblaciones con relación a otras, a la vez tiende a contemplar las consecuencias del alza de precios.". Esto es lo que observo ocurre con el adicional en la forma prevista por la Ley N° 5718 (ahora Ley I N° 355), ya que se atiende al costo superior de vida que conlleva la residencia en nuestra provincia, aun cuando se distinguen, para el pago, que las localidades se encuentren en una u otra zona.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Reboredo, José c/ Empresa del Oeste S.A. s/ Enfermedad profesional (Ley 9688)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Como consecuencia del absurdo es arbitraria la sentencia que se aparta de las constancias de la causa basándose para ello exclusivamente en afirmaciones dogmáticas de los jueces.
Competencia, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: CABADAS, Francisco Darío y otros c/ EN-SPF s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

La Justicia Federal de San Martín es incompetente para entender en la acción por reajuste de haberes, si el actor se encuentra en situación de retiro y la demandada tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde deben cumplirse las obligaciones que se reclaman, pues en las acciones personales deber ser juez competente el del lugar que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecida conforme a los elementos aportados en el juicio.