Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-27


Causa 29960- 00-CC/2006 (int. 107/06) "RUBIO, Rolando Elias s/inf. art. 83 ley 1472 - Apelación".

En n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de febrero de 2007.

AUTOS Y VISTOS, Para resolver en la presente causa nro. 29960- 00-CC/2006 (int. 107/06) caratulada: "Rubio, Rolando Elias s/inf. art. 83 ley 1472 - Apelación".

Y CONSIDERANDO:

I. Que viene a estudio de este Tribunal, el recurso de apelación interpuesto a fs. 11/14 vta., por el co-titular de la Fiscalía Nro. 9 del Fuero, Gabriel Esteban Unrein, contra la resolución del Juzgado Nro. 13 obrante a fs. 9/ vta., en la que se dispuso remitir las presentes actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas que por turno corresponda. Considera que los argumentos esgrimidos por el Sr. Magistrado actuante conducen al cierre de toda posibilidad persecutoria por parte del Ministerio Público Fiscal y no se ajustan a derecho ni a las constancias obrantes en el presente legajo, tanto por la inobservancia o errónea interpretación de la ley sustantiva (art. 83 ley 1472) como por la manifiesta arbitrariedad en la decisión que vulnera las características propias del debido proceso legal y el sistema acusatorio de persecución contravencional, causándole un gravamen irreparable. Al respecto cita jurisprudencia de esta Cámara, y discrepa con el a quo sobre la interpretación dada por éste del art. 83 de la ley 1472, acentuando que en el presente caso, por tratarse la mercadería secuestrada de alimentos, configura un peligro cierto para los ocasionales clientes del imputado.

II. Que a fs. 16/17 vta., el Juez a quo concede el recurso interpuesto y realiza consideraciones respecto de lo manifestado por el apelante, para lo cual cita distintas causas referidas al art. 83 CC, en donde se adoptara el mismo criterio que en la presente.

III. Que llegadas las actuaciones a esta Sala, se corre vista a la Señora Fiscal de Cámara, quien en su dictamen de fs. 21 sostiene el recurso de apelación presentado por el co-titular de la Fiscalía de Primera Instancia nº 9, solicitando se haga lugar al recurso de apelación interpuesto y se revoque la resolución impugnada.

IV. Que a fs 23/25 vta., la señora Defensora Oficial, Patricia B. López, contesta agravios. Entiende que el gravamen irreparable invocado por el Sr. Fiscal no resulta suficiente para habilitar la vía recursiva y apoya el argumento del a quo que al conceder el recurso manifiesta que la resolución impugnada no extingue la acción ni cierra definitivamante la posibilidad persecutoria del Estado. Destaca que no caben dudas que el Juez de Garantías se encuentra plenamente facultado a adoptar una decisión desincriminatoria en cualquier momento del proceso, y que la interpretación del articulo 83 CC dada por el Fiscal constituye un claro ejemplo de interpretación extensiva in malam partem, totalmente vedada en materia contravencional. Solicita por último que se declare mal concedido el recurso de apelación deducido.

V. Que a fs. 27, pasan los autos a resolución de esta Sala.

PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación interpuesto lo ha sido en las condiciones y plazos establecidos en el art. 50 de la Ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo. Asimismo, y si bien la norma citada prevé expresamente la apelación de la sentencia, esta Sala tiene dicho que resulta de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN - art. 6 de la ley citada - que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable.

En el caso traído a examen, tratándose de una resolución distinta de una sentencia definitiva es necesario verificar si los argumentos aportados por el impugnante resultan suficientes para demostrar por qué la decisión que pone en crisis lo priva de otros medios legales para obtener la tutela de los intereses que representa, irrogándole de este modo, el alegado perjuicio.

En este caso, la decisión impugnada resulta hábil para producir el alegado gravamen, en tanto involucra la posibilidad de que se sustraiga al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de ejercer funciones que le son propias relacionadas con la instrucción de la causa (causas nro. 428-00-CC/2004, "Del Valle Aguilar, Benedicto s/ inf. art. 40 CC -Apelación, rta. el 23/03/05 y nro. 467-00-CC/2005, "Romero, Leandro Raúl s/infr. art. 83 ley 1472 - Apelación, rta. el 8/05/2006, entre otras). Por ello, a diferencia de lo propiciado por la defensa el recurso ha sido correctamente concedido.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Admitido el recurso incoado, y en cuanto a los agravios esgrimidos por el titular del Ministerio Público Fiscal, es dable afirmar que el recurrente critica fundamentalmente la resolución del a quo al sostener que la conducta endilgada al encartado es atípica a la luz de lo descripto en el art. 83 CC -por considerar que se trataba de una venta de mera subsistencia y que no resultaba lesiva para el bien jurídico protegido- y remitir la causa a la Unidad Administrativa de Control de Faltas; pues, a criterio del acusador público, las circunstancias incluidas en la última parte del art. 83 no forman parte de la tipicidad de la conducta, sino que deben tratarse como verdaderas excusas absolutorias. Por ello, entiende que la interpretación del a quo vulnera el espíritu de la ley y se contradice con la dogmática penal y la teoría general del delito.

En primer término, corresponde señalar que esta Sala se ha pronunciado sobre un idéntico planteo en la causa Nº 30120-00-CC/2006 (int. 106/06) "Lagraña, Ignacio s/inf. art. 83 ley 1472 - Apelación" rta.: 26/12/2006; causa Nº 30101-00-CC/2006 (int. 115/06) "Castro, Enrique s/ infr. art. 83 ley 1472- Apelación" rta.: 14/02/2007; causa Nº 30106-00-CC/2006 (int. 110/06) "Cerrano, Roque s/ infr. art. 83 ley 1472- Apelación" rta.: 14/02/2007 Allí afirmamos que este Tribunal ha decidido en otros precedentes que ninguna duda cabe que el juez tiene no solo la facultad sino el deber de efectuar la subsunción legal de los hechos que conforman el objeto procesal y decidir en base a ello, pues mal podría continuar el trámite conforme el procedimiento contravencional, como pretende el Sr. Fiscal de Grado, si considera que no se ha cometido una contravención (causas Nros. 343-00-CC/2005 "Klivovocava, Antonia s/ inf. art. 83 ley 1472- Apelación", rta. el 21/11/2005, 470-00-CC/2005 "Perón, Juan Domingo s/infr. art. 83 ley 1472 -Apelación, rta. el 15/03/2006 y 467-00-CC/2005, "Romero, Leandro Raúl s/infr. art. 83 ley 1472 - Apelación, rta. el 8/05/2006 ).

A lo expuesto anteriormente se aduna que, si el juez entiende que se encuentra en presencia de una falta y no de una contravención, no sería ajustado al principio de celeridad procesal que el juicio se desarrolle en su integridad y que, transcurrido el debate, decida remitir las actuaciones a otra sede. Es decir, que de advertir que la calificación legal es errónea en su primera intervención, debe evitar el dispendio jurisdiccional que lo contrario importaría.

Lo apuntado precedentemente, en modo alguno implica que se vulnere el principio acusatorio que nos rige, en el que las funciones estatales de perseguir y juzgar se encuentran desdobladas, dado que es un órgano distinto a los jueces el encargado de excitar la actividad de éstos; no puede haber actuación de oficio y los magistrados en su rol de terceros imparciales, son encargados de resolver los puntos que las partes debaten. Esta separación entre el que acusa y el que juzga, como así también el ejercicio y mantenimiento de la acción por el que acusa, resultan los elementos esenciales del sistema acusatorio formal (Asencio Mellado, José María, "Principio Acusatorio y Derecho de Defensa en el Proceso Penal", Madrid, 1991, p. 17/18; Armenta Deu, Teresa, "Principio Acusatorio y Derecho Penal", Barcelona, 1995, p. 31/32, cit. por Gil Lavedra, Ricardo, "Legalidad vs, Acusatorio -una falsa controversia", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal n° 7, Ad. Hoc, p. 836). Ello veda la posibilidad al Juez de impulsar la acción de oficio, esto es, sin que exista un actor que la lleve adelante y la sostenga; circunstancia que resulta necesaria para que exista una contienda susceptible de habilitar la jurisdicción (Causa 248-00-CC/2004 "Aquino, Marcela Claudia s/ art. 71- Apelación" rta. 25/10/2004).

En efecto, dicho principio no se ve afectado porque el juez decida remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, pues ello no implica el ejercicio de una actividad requirente, sino la decisión del caso a la luz del principio "iura novit curia". Ello es así, puesto que el juez debe asegurar el debido respeto a las garantías del imputado frente a la persecución estatal, concentrando su actividad en la función de control y no sólo en una mera contemplación del transcurso del proceso (Causa N° 075-00-CC/2004 "Aragón, Juan s/ art. 72 CC- Allanamiento", rta. el 21/05/2004).

Aclarado ello, es dable mencionar que el hecho prima facie endilgado al encartado, tal como se desprende del acta obrante a fs. 3, consistiría en encontrarse vendiendo bebidas sin alcohol en la vía pública, sin la debida autorización el 23/10/06; hecho que tal como destaca el Juez no resulta típico a la luz de la ley contravencional, pudiendo quedar subsumido en el régimen de faltas.

Siendo así, la Ley 1166 -que modifica el Código de Habilitaciones y Verificaciones, reglamentada por el Decreto 612-, en su art. 11.1.2 prohíbe la venta, comercialización o ejercicio de actividad comercial y la elaboración o expendio de productos alimenticios en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, a todo aquel que no tenga otorgado a su favor un permiso de uso, con el objeto de garantizar el control de la higiene y la calidad de los productos que se ofrecen en la vía pública.

Por otra parte, el art. 11.2.7 del mismo cuerpo normativo regula explícitamente el expendio de agua y bebidas sin alcohol envasados.

De este modo, corresponde a la Justicia de Faltas determinar si Rolando Elias Rubio ha infringido el art. 11.1.2 de la Ley 1166, en virtud de no poseer la autorización requerida para llevar a cabo dicha actividad, como también ejercer el control de la higiene y determinar la calidad de los productos que se ofrecen en la vía pública (conf. Decreto Reglamentario 612/04 de la Ley N°1166), a fin de verificar si los productos cumplen con las disposiciones legales en la materia.

Ahora bien, párrafo aparte merecen las afirmaciones del titular de la acción relativas a la naturaleza jurídica del supuesto de "mera subsistencia" que no implique competencia desleal efectiva -que considera una excusa absolutoria-, punto al cual le dedica largos párrafos, pero que carece de vinculación con la decisión criticada que en ningún momento alude a tal hipótesis, sino a la insignificante afectación al bien jurídico protegido por el art. 83 CC, haciendo referencia específica a las disposiciones de la ley 1166 que regula la venta de los elementos en cuestión, por lo que dicho agravio no tendrá favorable acogida.

En razón de lo hasta aquí expresado, corresponde confirmar la resolución impugnada en cuanto dispone la convalidación de la medida cautelar dispuesta y ordena la remisión de la presente a la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

Por los motivos expuestos, el Tribunal, RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución recurrida, obrante a fs. 9/ vta. en cuanto dispone la remisión de los presentes actuados a la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia a sus efectos.

Ante mí:

Sae