Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-12-27


(Tomo 216:471/490) Salta, 27 de diciembre de 2017.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "CHOCOBAR, MANUEL EDUARDO VS. AHYNARCA S.A. Y/O; SAETA S.A. Y/O Y OTROS - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº CJS 38.842/17), y CONSIDERANDO:

La Dra. Susana Graciela Kauffman, dijo:

1º) Que a fs. 391/393 vta. la codemandada Ahynarca S.A. interpone recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de fs. 373/387 vta.

Según la impugnante el fallo de la alzada, confirmatorio del anterior que la condenó a pagar al actor la suma de $ 131.553,80 con más intereses, por los rubros allí consignados, resulta arbitrario y vulnera los derechos y garantías constitucionales de defensa en juicio, de igualdad y de propiedad, por cuanto se sustenta en afirmaciones dogmáticas que no guardan relación adecuada con la causa.

Sostiene que la Cámara ha interpretado el art. 12 de la Ley Provincial 7322 como si fuera una norma de derecho laboral común, que produce efectos fuera del ámbito administrativo y genera obligaciones a un sujeto privado. Indica que, en ese contexto, el ordenamiento en cuestión resulta inconstitucional por exceso en el ejercicio de las competencias provinciales, por contrariar lo dispuesto por el art. 75 de la Constitución Nacional, en tanto atribuye al Congreso de la Nación la facultad exclusiva de dictar las leyes laborales. Expone que la legislatura local carece de competencia para sancionar un régimen de antigüedad diferente al establecido por el derecho común laboral.

Alega que el alcance que le da la sentencia impugnada a la norma citada impacta en las obligaciones del empresario de transporte. Manifiesta que esa interpretación modifica el art. 18 de la LCT por cuanto las empresas que prestan el servicio de transporte automotor de pasajeros del área metropolitana, por concesión que les efectúa SAETA S.A., se ven obligadas a pagar una antigüedad al empleado por un período anterior a su contratación sin que haya habido transferencia de contrato de trabajo ni cesión de establecimiento.

Destaca que el art. 12 de la Ley 7322 se refiere exclusivamente a la relación de SAETA con los futuros empleados y que su texto no permite extender sus efectos a la empresa subconcesionaria, por lo que -dice- no podría ser condenada a cumplir con la pretensión del accionante con sustento en esa norma. Aduce que resulta dogmático postular que donde la ley dice SAETA dice también subconcesionarios, más aún -señala- cuando el contrato de subconcesión no tiene cláusula que permita inferir esa obligación.

Expresa además que esa normativa indica que los empleados que SAETA deberá absorber son los que al tiempo de su dictado están prestando servicios en algunas de las empresas del área, extremo que el actor no probó sino que, por el contrario, ha quedado demostrado que a la fecha de corte establecida por la ley (30/09/04), no era empleado de alguna empresa de transporte con concesión vigente. Expone que la contratación del accionante, más de un año después de esa fecha, importa una contratación originaria, nacida de su libertad de contratar y no de una norma que la obligara a hacerlo. Invoca gravedad institucional.

Concedido el recurso por el tribunal "a quo" a fs. 398/399 vta., se agregan las memorias presentadas por las partes y a fs. 439/441 dictamina la señora Fiscal ante la Corte Nº 2, en el sentido de que corresponde hacer lugar al recurso, encontrándose ahora los autos en estado de resolver.

2º) Que la doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo 59:527; 61:743; 70:987; 71:1; 77:619; 87:769; 96:521; 212:551).

En consonancia con ello, corresponde determinar si lo decidido importa un tratamiento inadecuado y dogmático del planteamiento propuesto, es decir, si adolece de defectos que lo invalidan como acto jurisdiccional (cf. CSJN, Fallos, 301:1002; 310:1638).

3º) Que en el caso, la Cámara, en lo que aquí interesa, confirmó la condena a abonar las diferencias de haberes, SAC y vacaciones reclamadas sobre la base del reconocimiento de la antigüedad pretendida por el actor decidida en la instancia anterior, con sustento en que, a tenor de la reseña que efectúa sobre las condiciones del servicio de transporte público de pasajeros, ni antes ni después de la sanción de la Ley 7322 fue prestado por la Municipalidad de la Ciudad de Salta, por la Provincia ni por SAETA S.A. sino por sociedades comerciales regidas por la Ley 19550, sin participación alguna del Estado. En este contexto entendió que cuando el legislador mentó, en el art. 12 de la ley mencionada, "los servicios que sean prestados por la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA)", no está haciendo referencia únicamente a la hipótesis de que sea esa sociedad anónima quien por sí explote el servicio, sino en especial a los casos en que ésta los presta de manera mediata por contratos de subconcesión con empresas privadas. Estimó que lo contrario no se correspondería con la experiencia histórica del servicio, al menos en nuestra Ciudad. Expresó que el art. 11 al establecer el objeto social de SAETA dispone que el servicio puede ser prestado por sí o por terceros, o asociada a terceros.

Indicó que con la interpretación que propone la codemandada ni la prestataria ni la subconcesionaria, por motivos que tienen que ver con la asignación de competencias estatales y definición de políticas públicas, deberían observar la antigüedad que los dependientes acumularon durante el tiempo que trabajaron para sucesivos prestadores del servicio de transporte urbano de pasajeros, resultando como consecuencia última la circunstancia de que personas que se encuentran subsumidas en la hipótesis de la norma no tendrían un posible sujeto pasivo de la acción tendiente a que se les reconozca un crédito previsto en la ley que creó a los entes ideales que serían los protagonistas del transporte público de pasajeros en Salta.

Destacó que la interpretación y aplicación del mencionado art. 12 debe ser, en principio, favorable a su validez, privilegiando la solución que mejor respete la respuesta dada a la emergencia por el legislador, siempre que ello no resulte manifiestamente contradictorio con la Constitución ni con los tratados internacionales. Entendió que la norma en cuestión es una previsión explícitamente proteccionista, una respuesta legislativa tendiente a salvar intereses generales frente a una situación de necesidad pública. Consideró que con el dictado de la Ley 7322 el Poder Legislativo dio la mejor solución posible para lograr un adecuado contrapeso entre las exigencias económicas, técnicas y productivas atinentes a un servicio público y los derechos individuales del empresario y del trabajador. Valoró que no resulta incompatible con norma alguna de la ley de contrato de trabajo sino que implica la continuidad de los contratos y la asunción de la antigüedad sin límite hacia el pasado. Ponderó que así como las pautas de la nueva negociación ubicaron al empresario de transporte en una situación costo-beneficio más conveniente que aquella en que se encontraba, también le fueron impuestos ciertos compromisos, uno de los cuales fue hacerse cargo de personal proveniente de otras líneas de transporte urbano con el reconocimiento de su antigüedad. En ese marco descartó lesión alguna en relación con las garantías consagradas en los arts. 17, 18, 28 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.

Por otra parte consideró que si bien la obligación prevista en el cuarto párrafo del art. 12 de la Ley 7322 comprende dos aspectos (la incorporación y la antigüedad), se trata de una misma imposición normativa toda vez que no es imaginable una incorporación sin afectación de la relación de trabajo si no implica el mantenimiento de las condiciones de labor, en particular las que hacen a la antigüedad y su impacto en la ecuación remuneración-trabajo. Acotó que el actor promovió el proceso tendiente al reconocimiento de la segunda de las obligaciones toda vez que la primera fue observada al haber ingresado a trabajar bajo la dependencia de Ahynarca S.A. Con ese encuadre, entendió que es la absorción misma la que quedaba condicionada a la coexistencia de los requisitos establecidos por la ley, pero que al haberse ya producido no habilita el debate sobre el reconocimiento de la antigüedad, en tanto era un compromiso incluido en aquélla.

4°) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que es regla de interpretación de las leyes la de que los jueces deben atenerse a su texto, cuando es claro y no da lugar a dudas, y que cuando los términos de la Ley son claros no corresponde a los jueces apartarse de sus propósitos so pretexto de evitar las deficiencias reales o presuntas que podrían resultar de su aplicación (Fallos, 326:1778).

La Ley 7322 delimita a los fines de regular los servicios de transporte automotor de pasajeros propios e impropios de carácter urbano e interurbano, la Región Metropolitana de Salta, y crea la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT) y la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA), bajo la forma de sociedad anónima.

Respecto de esta última, en su art. 11 dispone que "El objeto social de la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA) consistirá en la prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros en la Región Metropolitana de Salta, a cuyo fin deberá generar las condiciones idóneas para la prestación eficaz y eficiente del servicio público regular masivo de transporte automotor metropolitano de pasajeros que compone el Sistema Integrado de Transporte por Unidad de Red (SITUR) de la Región Metropolitana de Salta, prestando el servicio y ejerciendo todas las demás facultades y funciones a su cargo por sí, o por terceros, o asociada a terceros, atendiendo a los lineamientos de la política provincial en materia de transporte urbano masivo de pasajeros y a los parámetros previstos en la presente norma".

Por su parte, en los párrafos cuarto y quinto del art. 12 establece que "En los servicios que sean prestados por la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA), la misma asumirá la obligación de absorber la totalidad del personal (choferes, mecánicos y administrativos) que preste servicios en las Empresas que mediante concesión actualmente cubren el área de los municipios mencionados en el art. 1º. El referido personal, será absorbido con el total de antigüedad que registre de las sucesivas absorciones registradas hasta la fecha por distintos reordenamientos operados dentro del transporte automotor de pasajeros, consignando además, que la relación laboral se regirá por el Convenio Colectivo vigente. A los efectos de la aplicación de esta norma, la nómina del personal que deberá tenerse en cuenta, será la existente al 30 de septiembre del año 2004" (texto vigente conforme veto parcial, art. 1º del Decreto 2593/2004).

De las referencias efectuadas precedentemente surge que SAETA S.A. es la persona jurídica creada por la ley con el objeto específico de prestar el servicio de transporte automotor de pasajeros en la Región Metropolitana de Salta, independientemente que lo realice por sí, asociada con otros o por terceros, y que en esa normativa se regulan sus funciones, derechos y obligaciones sin que disponga, respecto de las empresas particulares, la obligación de absorber personal alguno en las condiciones establecidas.

Tal circunstancia se ve corroborada en las consideraciones efectuadas en el Decreto 2593/04 (copia certificada reservada en Secretaría) por cuanto, al observar el carácter de "imperativo legal" del párrafo cuarto del art. 12 de la ley, se señala, en el párrafo sexto, "Que esa falta de precisión y previsión en el texto incorporado provoca la necesidad de observarlo a fin de evitar que su entrada en vigencia ponga automáticamente en cabeza de SAETA un cúmulo indeterminado de obligaciones y consecuencias que exceden un margen adecuado de previsibilidad". Asimismo, al formular observación respecto de la última parte del mismo párrafo del artículo mencionado, en cuanto refiere a una convención colectiva determinada, se expresó (párrafo noveno) que "... las normas establecidas en el Proyecto de Ley, en cuanto se refieren a la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA), no están diseñadas para regular relaciones de empleo público (que sí caerían dentro del ámbito de reserva de potestades de la Provincia), sino referidas a la vinculación con los dependientes de una sociedad anónima, relación que se rige por las normas del derecho laboral común".

En definitiva, al ser la primera fuente de interpretación de la norma su letra y al resultar clara la del art. 12 de la Ley 7322 cuando dispone que en los servicios que preste SAETA asumirá la obligación de absorber el personal, con los requisitos y en las circunstancias allí indicados, entender que esa obligación cae, por imperio de esa disposición, en cabeza de las empresas subcontratistas del servicio importaría darle a la norma una inteligencia que equivale a prescindir de su texto, lo que deviene indudablemente arbitrario. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto (Fallos, 321:1434; 323:3139; 324:2885, entre otros).

5º) Que tampoco puede considerarse que, en virtud del acta acuerdo de fecha 5 de enero de 2005, celebrada entre la Unión Tranviarios Automotor (U.T.A.) y el Ministerio de la Producción y el Empleo, la demandada se encuentra obligada en los términos del art. 12 de la ley en cuestión, en tanto no sólo no fue parte en ese acuerdo sino que, además, lo que allí se expresó fue que el Gobierno de la Provincia asumía el compromiso de exigir a quien resulte en el futuro adjudicatario definitivo o titular definitivo de la explotación por cualquier título del sistema integrado de transporte por unidad de red, en las circunstancias allí descriptas, la absorción de personal en cumplimiento de lo establecido por el citado artículo.

Por lo demás, no se encuentra acreditado en autos que esa exigencia le haya sido impuesta a la accionada. En efecto, ello no surge del convenio para la prestación del servicio de transporte en el marco del nuevo sistema metropolitano de transporte de pasajeros, de fecha 20 de julio de 2005, celebrado entre la Provincia de Salta, SAETA y la Empresa de Transporte San Cayetano S.A., como tampoco de la addenda correspondiente a ese convenio, por la cual SAETA autoriza que la prestación de servicios que efectúa San Cayetano S.A. la realice asociada a Ahynarca S,A., por medio de la U.T.E. San Cayetano S.A. Unión Transitoria de Empresas, de diciembre de 2005, ni de la Resolución GG 02/07 de SAETA S.A., de fecha 04 de enero de 2007, por la que se rescinde el contrato con la empresa San Cayetano S.A. y se decide que el servicio que ella prestaba originalmente y luego la U.T.E., sería efectuado a partir del 1 de enero de 2007 en forma exclusiva por Ahynarca S.A. (v. copias certificadas reservadas por Secretaría).

Cabe destacar que las únicas exigencias para la absorción de personal establecidas en los instrumentos referidos fueron con relación a SAETA, para el supuesto de que ésta tomare personal a su cargo de San Cayetano S.A., y para la Provincia y SAETA para el caso de extinción del contrato por decisión de ellas sin justa causa o por razones de oportunidad, mérito o conveniencia (v. tercer y cuarto párrafos de la cláusula quinta del primer instrumento arriba indicado). Asimismo, en el art. 5º de la Resolución GG 02/07 mencionada, se dejó expresamente establecido que la empresa Ahynarca S.A. debía absorber a la totalidad del personal que prestaba servicios en la empresa San Cayetano S.A., respetando su antigüedad y demás condiciones de trabajo.

6º) Que lo expuesto evidencia que la decisión del tribunal "a quo" incurre en formulaciones dogmáticas que traducen un apartamiento del derecho aplicable, de las constancias del expediente y de la adecuada interpretación de los principios que sustentan el debido proceso adjetivo consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Esa falencia, que impide considerar al fallo, por su aparente fundamentación, como un acto judicial válido, provoca la afectación del debido proceso y de la defensa en juicio, ya que es condición de validez de las sentencias que sean fundadas, lo que exige que constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. esta Corte, Tomo 59:527; 61:743; 114:229; 116:441; 119:935, entre muchos otros).

7º) Que en atención a que, conforme a lo señalado en los párrafos precedente, la demandada no se encuentra alcanzada por lo dispuesto por el art. 12 de la Ley 7322, deviene inconducente analizar el planteo de inconstitucionalidad formulado.

8º) Que las razones precedentemente expuestas conducen a admitir el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada y, en consecuencia, dejar sin efecto el punto II de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 373/387 vta.

9º) Que en cuanto a las costas, las vicisitudes en las que se vieron envueltos los empleados del transporte público de pasajeros, entre las que se observan acuerdos referidos a la cuestión entre protagonistas diferentes, podrian, haber inducido al actor a considerarse con derecho a litigar como lo hizo, por lo que corresponde que sean impuestas por el orden causado.

10) Que por otra parte, es atribución de esta Corte no adoptar el camino del reenvío y decidir sobre el fondo del asunto cuando -como en la especie sucede- así lo aconsejan razones de economía, celeridad y certeza, atendiendo a la naturaleza de la cuestión suscitada y al tiempo transcurrido (cfr. Tomo 116:699, entre otros).

Con base en ello, en virtud de los fundamentos expresados precedentemente y en atención a que en el caso, contrariamente a lo señalado por el señor juez de primera instancia, no resultan aplicables los arts. 18, 19 y 255 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto no se da el supuesto de reingreso a las órdenes del mismo empleador allí previsto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación de fs. 320/323 vta., revocar el punto I de la parte dispositiva del pronunciamiento de fs. 314/319 y rechazar la demanda deducida en contra de Ahynarca S.A.

Las costas de ambas instancias se imponen por su orden a tenor de los mismos fundamentos vertidos en el considerando Nº 9.__ 11) Que en virtud de lo dispuesto por los arts. 15 y 46 de la Ley 8035 y modificatorias y la Acordada 12062, se establece que los honorarios por el recurso de apelación que aquí se resuelve deben fijarse en un 50 % de lo que corresponde regular en primera instancia.

El Dr. Ernesto R. Samsón, la Dra. Sandra Bonari y los Dres. Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo y Guillermo Alberto Posadas, dijeron:

1º) Que nos remitimos al relato de los antecedentes de la causa expresado en el punto 1º) del voto que abre el presente acuerdo y compartimos lo expuesto en los considerandos 2º), 3º) y 9º) y la solución que se propicia, por los siguientes fundamentos.

2º) Que la Ley 7322 delimita la Región Metropolitana de Salta a los fines de regular los servicios de transporte automotor de pasajeros propios e impropios de carácter urbano e interurbano, y crea la Autoridad Metropolitana del Transporte (A.M.T.) y la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA), bajo la forma de sociedad anónima.

El art. 11 del referido cuerpo legal establece que el objeto social de SAETA consiste en la prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros en la Región Metropolitana de Salta, a cuyo fin debe generar las condiciones idóneas para la prestación eficaz y eficiente del servicio público regular masivo de transporte automotor metropolitano de pasajeros que compone el Sistema Integrado de Transporte por Unidad de Red de la Región Metropolitana de Salta, prestando el servicio y ejerciendo todas las demás facultades y funciones a su cargo, por sí o por terceros, o asociada a terceros, atendiendo a los lineamientos de la política provincial en materia de transporte urbano masivo de pasajeros y a los parámetros previstos en esta norma.

Por su parte, el art. 12 prescribe que en los servicios que sean prestados por SAETA, ésta asumirá la obligación de absorber la totalidad del personal (choferes, mecánicos y administrativos) que preste servicios en las empresas que mediante concesión cubren el área de los municipios mencionados en el art. 1º. El referido personal será absorbido con el total de antigüedad que registre de las sucesivas absorciones producidas hasta la fecha por distintos reordenamientos operados dentro del transporte automotor de pasajeros, consignando además, que la relación laboral se regirá por el convenio colectivo vigente. A los efectos de la aplicación de esta norma, la nómina del personal que se debe tener en cuenta será la existente al 30 de septiembre de 2004.

Cabe destacar que el 20 de julio de 2005 se celebró el Convenio para la Prestación del Servicio de Transporte en el marco del Nuevo Sistema Metropolitano de Transporte de Pasajeros, entre la Provincia de Salta, SAETA y la Empresa San Cayetano S.A. En ese convenio se reconoce que la Provincia de Salta ha promulgado la Ley 7322 que establece la Región Metropolitana de Salta, y que SAETA es la única concesionaria del servicio público de transporte automotor de pasajeros en la región creada por la normativa.

Se prescribe que, a fin de compatibilizar intereses, en orden a respetar los derechos emergentes de los contratos de concesión municipal en vigencia e implementar el nuevo sistema de transporte creado por la Ley 7322, la Empresa San Cayetano S.A. cede a la Provincia y a SAETA todos los derechos y obligaciones emergentes de la concesión otorgada por la Municipalidad de la Ciudad de Salta mediante contrato de fecha 13 de marzo de 2002, con lo cual SAETA se constituye en única prestadora del servicio público de transporte de pasajeros en la Ciudad de Salta y en la Región Metropolitana creada por la Ley 7322. Simultáneamente, SAETA contrata los servicios de la empresa San Cayetano S.A. como subconcesionaria del sistema.

En virtud de la addenda correspondiente al mentado convenio, SAETA autoriza a que la prestación del servicio de transporte en el marco del nuevo sistema metropolitano de transporte de pasajeros que efectúa San Cayetano S.A. la realice asociada a Ahynarca S.A. por medio de la U.T.E. San Cayetano S.A. Unión Transitoria de Empresas, constituyéndose esta última en la prestadora. En la cláusula tercera queda establecido que San Cayetano S.A. Unión Transitoria de Empresas, San Cayetano S.A. y Ahynarca S.A. se constituyen en codeudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores de todas las obligaciones -cualquiera fuera su naturaleza y/u objeto- derivadas del convenio para la prestación del servicio de transporte en el marco del nuevo sistema metropolitano de transporte de pasajeros, sus anexos y demás instrumentos accesorios.

Por Resolución GG 02/07 de SAETA S.A. se rescindió a partir del 1 de enero de 2007 el convenio para la prestación del servicio de transporte en el marco del nuevo sistema metropolitano de transporte de pasajeros celebrado con la Empresa San Cayetano S.A. y se dejó establecido que la prestación del servicio de transporte, originalmente contratada por San Cayetano S.A. y posteriormente realizada por San Cayetano S.A. asociada con Ahynarca S.A. mediante la U.T.E. San Cayetano S.A. Unión Transitoria de Empresas, será efectuada a partir del 1 de enero de 2007 en forma exclusiva por la Empresa Ahynarca S.A., convirtiéndose en la única prestadora del servicio (art. 3º).

En la mentada resolución se dejó establecido que la empresa Ahynarca S.A. deberá absorber a la totalidad del personal que presta servicios en la Empresa San Cayetano S.A. respetando su antigüedad y demás condiciones de trabajo (art. 5º).

3º) Que en la sentencia impugnada la Cámara efectuó un análisis sobre lo dispuesto por el art. 12 de la Ley 7322 y resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la codemandada Ahynarca S.A. y confirmar el fallo de primera instancia que la condenó a abonar al actor una suma por lo adeudado en concepto de antigüedad.

Ahora bien, resulta decisivo en este caso que el actor no ha logrado demostrar que forma parte de la nómina del personal que debe tenerse en cuenta para la aplicación del art. 12 de la Ley 7322, lo que no fue valorado por la Cámara. En efecto, el accionante manifestó en la demanda que ingresó a trabajar bajo la dependencia de la firma Tanoa S.R.L. el día 1 de febrero de 1976 cumpliendo funciones de conductor de media distancia, hasta septiembre de 2002; que luego de unos meses sin trabajo fue incorporado en la empresa El Indio S.A. en fecha 1 de marzo de 2003 y que trabajó allí hasta el 30 de abril de 2004; que desde el 1 de mayo de 2004 al 31 de agosto de 2004 se desempeñó en la empresa de transporte Elisa, y que luego de gestiones realizadas fue incorporado a la empresa Ahynarca S.A. el 8 de octubre de 2005. Es decir, al 30 de septiembre de 2004 -fecha establecida por el art. 12 de la Ley 7322- el demandante no pertenecía al plantel de empleados de alguna de las empresas que mediante concesión cubrían el área de los municipios mencionados en el art. 1º.

El actor afirmó que la referida nómina de personal resulta del anexo de la Ley 7322; sin embargo, ha quedado probado que esta norma no contiene anexo alguno ni nómina de personal (v. fs. 131). Además, no puede tenerse como tal la nómina de empleados de empresas de media distancia que acompaña, pues de ella no surge que forme parte de aquel instrumento.

4º) Que en la sentencia impugnada el tribunal "a quo" se apartó de las constancias de la causa y del derecho aplicable, lo que impide considerar al fallo, por su aparente fundamentación, como un acto judicial válido (esta Corte, Tomo 210:415).

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley 7322 formulado por la codemandada, atento que el actor no se encuentra incluido entre el personal al que le resulta de aplicación esa norma, deviene innecesario un pronunciamiento al respecto.

5º) Que por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada y, en su mérito, dejar sin efecto el punto II de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 373/387 vta. Con costas por su orden.

6º) Que por parte, es atribución de esta Corte no adoptar el camino del reenvío y decidir sobre el fondo del asunto cuando -como en la especie sucede- así lo aconsejan razones de economía, celeridad y certeza, atendiendo a la naturaleza de la cuestión suscitada y al tiempo transcurrido (cfr. Tomo 116:699, entre otros).

Por ello, y en virtud de los fundamentos expresados precedentemente, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 320/323 vta. por la codemandada Ahynarca S.A. y revocar el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 314/319 y rechazar la demanda deducida en su contra. Con costas por su orden en ambas instancias.

7º) Que en virtud de lo dispuesto por Acordada 12062 y por los art. 15 y 46 de la Ley 8035, se deja establecido que los honorarios por el recurso de apelación que aquí se resuelve deben fijarse en un 50 % de lo que corresponde regular en primera instancia.

Por lo que resulta de la votación que antecede, LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Ahynarca S.A. a fs. 391/393 vta. y, en su mérito, dejar sin efecto el punto II de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 373/387 vta. Costas por su orden.

II. HACER LUGAR al recurso de apelación de fs. 320/323 vta., revocar el punto I de la parte dispositiva del pronunciamiento de fs. 314/319 y rechazar la demanda deducida en contra de Ahynarca S.A. Con costas, en ambas instancias, por el orden causado.

III. ESTABLECER que los honorarios por el recurso de apelación que aquí se resuelve deben fijarse en un 50 % de lo que corresponde regular en primera instancia.

IV. MANDAR que se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Susana Graciela Kauffman -Jueza de Corte-, Ernesto R. Samsón -Juez de Corte-, Sandra Bonari -Jueza de Corte-, Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Abel Cornejo y Guillermo Alberto Posadas -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).