Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09


ROVETTO, Alejandra contra MANODORO, Adriana Reg.: A y S t 197 p 419-421.

Santa Fe, 9 de junio del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia de fecha 21 de febrero de 2002 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, en autos "ROVETTO, Alejandra contra MANODORO, Adriana -cobro de pesos-despido- (Expte. 101/00)" (Expte. C.S.J. nro. 292, año 2002); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 21 de febrero de 2002 la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocando la sentencia dictada en cuanto admite la relación laboral a partir de la fecha declarada en la demanda, debiendo tenerse como fecha de ingreso la de habilitación del negocio a nombre de Manodoro, con costas en am`as instancias en un 60% a cargo de la demadnada y en un 40% a cargo de la actora.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandante recurso de inconstitucionalidad invocando la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Afirmó que lo resuelto por la Sala resulta desajustado a derecho, arbitrario y violatorio de expresas dispocisiones legales, lesionando el derecho de propiedad.

A su entender la arbitrariedad se manifiesta al prescindir los sentenciantes de las decisivas pruebas testimoniales producidas e interpretar parcial y equivocadamente los elementos de información del ente Municipal, afectando con ello derechos constitucionales y legales.

Sostuvo que la Sala, en relación a la prueba de los tickets de la máquina registradora con el nombre de la moza y los datos de la demandada (cuit y titularidad), que ésta no resulta de gran utilidad para el esclarecimiento del sublite, negando así la veracidad de una prueba documental irrefutable, reconocida por la demandada, lo que conduce a la absoluta arbitrariedad de lo decidido.

Por otra parte señaló que en relación que existe una errónea interpretación por parte de la Sala de el expediente administrativo obrante a fojas 64/75, que describe las sucesivas aperturas de negocios efectuadas en el inmueble de calle Tucumán 1264/1292, desde que éstos no funcionaron el mismo local.

Explicó seguidamente que existen varios ingresos, aunque el inmueble está catastrado singularmente por ser una sólo propiedad.

Por ello, aseguró, nada tiene que ver el negocio de María Marin y Marcelo Woods con el bar El Surtidor, ni el cierre de aquél negocio con éste.

Luego de mencionar los distintos domicilios de los negocios, manifestó que dicha información erróneamente procesada ha sido el fundamento de la desestimación de los reclamos de la actora, haciendo depender la existencia de la relación laboral en forma arbitraria y contraria a derecho, restando credibilidad a la existencia del contrato de trabajo, vulnerando los más elementales principios del derecho del trabajo.

Aclaró, luego, que los registrantes mencionados por la sentenciante: Burgos, Marín y Woods no locaban el mismo espacio físico.

Locaban otros locales linderos del bar El Surtidor.

Afirmó que la descalificación de las declaraciones de la testigo Andrea Conti vulnera el derecho de defensa de su parte, ya que es una prueba contundente y sus dichos quedaron firmes.

Descalificarla, a su entender, viola elementales principios protectorios del derecho laboral.

Luego de referir a los fundamentos dados por la Sala para descalificarla se preguntó cuáles declaraciones de Conti resultan contradictorias y con qué pruebas.

Aseguró, al respecto, que existe concordancia en sus declaraciones de haber sido socia de Manodoro con la existencia de documentos librados a su favor, que la fecha de su retiro de la sociedad coincide con la de los documentos, y que nunca manifestó odio ni rencores contra la demandada.

Posteriormente refirió a los testomonios de Mallo y Carpi, señalando que la Sala los tuvo por veraces, teniendo por acreditada la relación laboral.

Pero, es del caso, siguió, que Carpi en sus responder dijo que él trabajó para Manodoro tres o cuatro meses y que lo recomendó Rovetto.

Luego -reflexionó-, si Carpi trabajó tres o cuatro meses para Manodoro como encargado y tomaba el turno que dejaba Rovetto ¿cuál es el motivo por el cual no se computan estos tres o cuatro meses como trabajados por Rovetto para Manodoro? ¿Por qué se le reconoce solamente el tiempo trabajado respecto de la habilitación municipal?.

También se preguntó si nunca se hubiera registrado el negocio, si ese acto sería oponible al Trabajador y se se está privilegiando al empleador evasor.

Finalmente citó las normas legales y constitucionales, a su entender, vulneradas y reiteró que la contradicción y arbitrariedad del decisorio hacen procedente el recurso, debiéndoselo declarar admisible.

2. Por decisorio de fecha 13 de junio de 2002 la Sala resolvió denegar la concesión del remedio extraordinario interpuesto aduciendo que aparecen incumplidos los recaudos formales de planteo oportuno y autosuficiencia del escrito recursivo; como así también que la quejosa pretende una tercera instancia, situación ajena al recurso deducido.

Tal denegatoria motivó la presentación directa de la actora ante esta Corte.

3. Ante todo corresponde señalar que, a pesar de los reparos señalados por la Sala en su denegatoria, no se advierten obstáculos estrictamente formales que obstaculicen la admisibilidad de la presente impugnación.

En efecto, por un lado, la confrontación del recurso de inconstitucionalidad con el decisorio atacado permite comprender suficientemente el planteo constitucional efectuado por la impugnante.

Por otro lado, en cuanto al planteo oportuno de la cuestión constitucional, al articular la compareciente vicios que -de existir- se habrían originado con el dictado del pronunciamiento atacado -tales como prescindir e interpretar parcial y equivocadamente la prueba-, exigirle su intrudocción con anterioridad implicaría correr el riesgo de incurrir en un excesivo formalismo, incompatible con un adecuado servicio de justicia.

Aclarado ello, puede afirmarse que la postulación de la recurrente cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de autos e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia de excepción.

Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio y sin que implique emitir opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Admitir la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad deducido por la actora.

Encontrándose en esta sede los autos principales, imprímaseles el trámite que corresponda.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)