Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-07-08


SENT Nº 680	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Ocho (08) de Julio de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Robles Daniel Enrique vs. La Lugenze S.R.L. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo el 13 de junio de 2008 (fs. 236/241vta.), la parte demandada dedujo recurso de casación, que fue concedido por resolución de fecha 4 de noviembre de 2008 (fs. 273). Consta en informe actuarial de fs. 284 que únicamente la parte actora ha presentado el memorial del art. 137 CPL.

2.- El Tribunal consideró que la renuncia al empleo formalizada por el actor, fue dispuesta bajo los efectos de una voluntad viciada, por lo que dispuso declarar la nulidad de dicha renuncia reconociéndole al actor el derecho al cobro de las indemnizaciones consecuentes.

Por otro lado, la sentencia determinó que el ingreso del trabajador a su empleo se produjo en fecha 1 de octubre de 1999, tal como lo había reclamado el actor al interponer demanda.

La Cámara resolvió hacer lugar a la demanda promovida en contra de la firma La Luguenze S.R.L., condenándola a abonarle al actor la suma de $10.515,62 en concepto de indemnización por antigüedad (art. 7 ley 25.013), sustitutiva de preaviso, incidencia de SAC s/ sustitutiva de preaviso, sanción art. 1 de la ley 25.323 y sanción art. 45 ley 25.345.

3.- El recurrente denuncia que existe una ausencia de razonabilidad en la estimación de la prueba testimonial, toda vez que la sentencia hace que los testigos oigan lo que no oyeron y que vean lo que no vieron, todo esto en base a argumentos carentes de lógica y que no resisten análisis alguno, lo que llevó a la Cámara a disponer erróneamente el rechazo de la tacha formulada contra los dos únicos testigos propuestos por la contraria.

Transcribe las consideraciones expresadas en relación al testimonio de Luis Adrián Soria, señalando que existen errores conceptuales en el fallo. Indica que la Cámara habla de 'intimidación', lo que significa causar miedo, y ante ello se pregunta si causa miedo salir del lugar del trabajo acompañado por una persona de la empresa, si ese miedo pudo haber determinado un vicio en la voluntad del actor que lo haya hecho enviar un telegrama renunciando a su única fuente de ingreso, y si se puede percibir que se causa miedo cuando no se sabe a qué le teme alguien. Afirma que estos interrogantes no tienen respuesta racional, ni tiene racionalidad la apreciación de este testimonio efectuada por el fallo.

Seguidamente, refiere a las consideraciones efectuadas en el fallo en relación a la testigo Claudia Beatriz Daluz, señalando que la Cámara comete un error al justificar el vicio de la voluntad que invalidaría su renuncia en el supuesto, y no probado hecho, de que al actor se le imputó la sustracción de un ticket, cuando ello no es real.

Expresa que los dos miembros de la Sala, en anterior pronunciamiento, sentaron jurisprudencia diferente a la que una de las vocales aplica en el presente caso, por lo que se pregunta cómo pudo en el momento del dictado de aquella sentencia considerar que el hecho de la imputación de un delito doloso no pueda de modo alguno constituir violencia o intimidación susceptible de originar la nulidad de la renuncia en aquél caso, y sí en el presente.

Cuestiona que la sentencia haya sostenido que la renuncia es ineficaz considerando el hecho puntual de la inmediata retractación, cuando ello para nada es así, pues habían transcurrido tres días desde el momento en que el actor mandó su telegrama de renuncia hasta que mandó el segundo con el cual se retractó.

Por otro lado, refiere que le causa agravio la sentencia en el sentido de que para calcular las indemnizaciones y sanciones agravadas, aplica la remuneración vigente a la fecha de la sentencia, apartándose del principio general de que la indemnización surge de aplicar la remuneración al momento del despido y adicionar como ajuste la tasa de interés pasiva del BCRA. Afirma que el criterio aplicado resulta contradictorio con sentencias dictadas por otras Salas de la Cámara del Trabajo, y también con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia respecto del tema intereses.

4.- El recurso ha sido deducido en término, se dirige en contra de un pronunciamiento definitivo, y se ha cumplido con el afianzamiento de ley (arts. 130, 132 y 133 CPL).

En orden al motivo de la casación intentada (art. 131 CPL), se advierte que los agravios expuestos en primer término se dirigen a cuestionar la valoración de las pruebas testimoniales efectuada por la Cámara, en mérito a la cual tuvo por acreditada la fecha de ingreso invocada por el actor, y que por otro lado sustentó el criterio de que se había demostrado la violencia y presión ejercida por la empresa en contra del trabajador al momento de su renuncia, lo que llevó a declarar la nulidad de dicha renuncia y a reconocerle al accionante su derecho a la percepción de las indemnizaciones reclamadas.

El agravio así expuesto resulta de naturaleza eminentemente fáctica, toda vez que se dirige a cuestionar la valoración de los hechos y de las pruebas de la causa, lo que desborda el estricto ámbito de la casación previsto por el art. 131 inc. a) del CPL, sin que en el caso se haya demostrado que exista una ausencia de razonabilidad en la valoración de la prueba testimonial tal como lo postula el recurrente.

De los términos de la sentencia se desprende que la Cámara efectuó consideraciones suficientes al momento de disponer el rechazo de las tachas y de otorgarle valor a las pruebas testimoniales producidas en la causa.

Así, con respecto al testigo Luis Adrián Soria, el tribunal considera que fue objeto de un testimonio absolutamente inquisidor, y que sin embargo las respuestas brindadas son razonables y para nada falaces, señalando además que declaró sobre lo que percibieron sus sentidos. En tal orientación, remarca que es clara la percepción de intimidación que advierte dicho testigo, ante el hecho puntual de ver salir al actor de su lugar de trabajo acompañado por personal jerárquico de la empresa, e interpreta que sería absurdo pretender que el testigo escuche lo que se dijo en el automóvil, siendo que no había ido en él.

Por otro lado, al evaluar el testimonio de Claudia Beatriz Daluz, el tribunal tuvo en cuenta que su testimonio contiene una declaración puntillosa que sigue la secuencia de actos, y todo lo que percibió la testigo con respecto a la actitud de la empresa para con el actor luego de la imputación concreta sobre la desaparición de los tickets en tesorería; todo ello, partiendo del conocimiento de un modus operandi normal de la empresa. Además, el tribunal tuvo en cuenta que ambos testimonios son coincidentes y responden sobre lo que percibieron sus sentidos ante el modo en que era tratado el actor a la vista de todos.

Sobre la base de la declaración de estos testigos, la Cámara fundó su conclusión relativa a la existencia de vicios del consentimiento que afectaron la renuncia del actor y la tornaron ineficaz. De igual modo, consideró que los testigos declararon de modo preciso, concordante, y dando razón de su dichos, sobre la fecha en que ingresó el actor, y en mérito a ello determinó que el ingreso en la empresa tuvo lugar el 1 de octubre de 1999.

En el memorial de casación, la recurrente no logra demostrar la irrazonabilidad en la valoración de la testimonial. Así, la demandada sostiene que la sentencia hace que los testigos oigan lo que no oyeron y vean lo que no vieron, pero su crítica no logra desvirtuar las consideraciones efectuadas por la Cámara. Al respecto, el tribunal sostuvo que no se podría requerir que los testigos hayan escuchado las amenazas de las que fue objeto el actor, ya interpretó que quien amenaza no lo hace de viva voz ni de modo directo, sino que normalmente se intimida en un lugar apartado y a través de terceras personas, quedando a los testigos la percepción de lo que ven y no de lo que escuchan, no siendo desvirtuada esta consideración con los agravios esgrimidos en casación.

Por otra parte, la accionada tampoco logra demostrar que exista un déficit en la valoración de las pruebas cuando sostiene que no es real el hecho de que al actor se le imputó la sustracción de un ticket. Lo sostenido por la Cámara en torno a dicha imputación contiene justificación probatoria suficiente y razonable, toda vez que se apoya en las aseveraciones que se desprenden de las declaraciones testimoniales, en concordancia con lo manifestado en el intercambio epistolar cursado entre las partes, por lo que no se advierte que el criterio asumido por el fallo resulte contrario a los principios de la sana crítica.

Los agravios esgrimidos en casación no logran demostrar la arbitrariedad de la sentencia, pues sólo expresan un criterio propio del recurrente en torno al sentido y valor que cabe asignarle a las pruebas testimoniales producidas en la causa, lo que sólo traduce una mera discrepancia con el modo en que dichas pruebas fueron ponderadas por el Tribunal de mérito, sin haberse llegado a demostrar un apartamiento de los principios de la sana crítica por parte del fallo.

Por otro lado, la recurrente denuncia que lo sostenido por una de las vocales integrantes de la sala es contradictorio con lo expresado en una sentencia del año 1997, ya que en aquella oportunidad sostuvo que la imputación de un acto doloso no puede constituir violencia o intimidación susceptible de originar la nulidad de la renuncia, mientras que en este caso se asevera todo lo contrario. Al respecto, cabe señalar que en el caso que nos ocupa, existen circunstancias específicas, tales como el modo en que habría operado la empresa para presionar al actor y la juventud de éste quien contaba con tan solo 19 años al momento del hecho, que fueron especialmente tenidas en cuenta por la Cámara al momento de inferir que el actor actuó con la voluntad viciada. Tales circunstancias resultan propias del caso que nos ocupa, y de la escueta cita del fallo que transcribe la recurrente no surge que sean idénticas al precedente que se denuncia como contradictorio, razón por la cual cabe concluir que no se ha demostrado la contradicción que se invoca en el presente caso.

Finalmente, hay que señalar que el agravio referido a si la retractación de la renuncia fue o no efectuada de manera inmediata, constituye una cuestión de apreciación de las circunstancias fácticas de la causa, que ha sido decidida por la Cámara de un modo razonable, sin que se logre demostrar la configuración de arbitrariedad en este punto.

Consecuentemente, el carácter fáctico de las cuestiones examinadas precedentemente y la insuficiencia del vicio de arbitrariedad denunciado, determinan la inadmisibilidad del recurso de casación intentado por la demandada en relación a los referidos agravios.

5.- El restante agravio dirigido a cuestionar el método de actualización seguido por la sentencia, cumple con la totalidad de los requisitos de admisibilidad de la vía impugnativa intentada (arts. 130 a 133 del CPL), por lo que corresponde abordar el análisis de procedencia del recurso de este planteo.

Considero que el agravio dirigido a cuestionar el procedimiento de actualización de la condena observado por la sentencia, debe prosperar, por aplicación del criterio y fundamentos sentados en el caso "Gallettini Francisco vs. Empresa Gutiérrez S.R.L. s/ Indemnizaciones", sentencia nº 443 del 15/6/04.

En dicha oportunidad esta Corte sentó doctrina legal sobre este tema, estableciendo que para liquidar los intereses por el monto condenado corresponde tomar desde que son debidos hasta el 6 de enero de 2002 por el procedimiento establecido contenido en la sentencia n° 756 del 25 de octubre de 1996 "Navarro Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Impugnación de planilla"; y desde el 7 de enero de 2002 con el procedimiento sugerido por el comunicado "A" n° 14.290 del BCRA y su reglamento "B" n° 5014 hasta su efectivo pago. Esta doctrina fue seguida por esta Corte en los fallos n° 469 "Moreno Alicia Viviana vs. Instituto de Enseñanza Privada María Montessori S.R.L. s/ Cobros" del 28/6/04; n° 604 "Gómez de Almaraz Nora s/ Lesiones culposas" del 13/8/04; n° 548 "Lascano Daniel Marcelo vs. Elementos y Materiales Industriales S.R.L. s/ Cobros" del 11/8/04; n° 664 "Gerónimo Raúl Alberto vs. Cía. Aguas del Aconquija S.A. s/ Cobros" del 06/9/04 entre otros.

La sentencia impugnada se aparta del criterio señalado, toda vez que omite aplicar el procedimiento para liquidar intereses establecido por doctrina legal de esta Corte, a todo el período temporal que transcurre desde que el crédito es debido hasta el momento del dictado de la sentencia, aplicando -en cambio- un sistema de actualización que consiste en tomar como base de cálculo, la remuneración que el actor percibiría a la fecha en que fue emitido el fallo.

Siendo el criterio antes expuesto el adoptado por esta Corte como doctrina legal en el tema en disputa, el mismo resulta de obligatoria observancia para los tribunales inferiores, por lo que al verificarse una identidad de configuración fáctica respecto a los períodos temporales por los que cabe calcular intereses moratorios, en la presente causa se debe aplicar dicha doctrina legal y utilizar la fórmula allí propuesta para determinar los intereses, lo que además impide tomar como base de cálculo de las indemnizaciones la remuneración que el actor percibiría al momento de dictarse la sentencia, sino que deberá tomarse la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año de prestación de servicios (cfrme. art. 7 ley 25.013).

En consecuencia, corresponde casar parcialmente la sentencia según la siguiente doctrina legal: "Atento a las circunstancias de la causa, resulta arreglado a derecho liquidar los intereses de condena desde el 07-01-02 con la tasa pasiva de los índices fijados por el BCRA, de acuerdo con el pronunciamiento sugerido por el comunicado "A" Nº 14.290 del BCRA, y su reglamentario "B" Nº 5014, hasta su efectivo pago".

Por lo expresado, corresponde que se deje sin efecto la planilla de capital e intereses contenida en la sentencia de fecha 13 de junio de 2008, y que en la etapa de ejecución de sentencia se practique nueva planilla conforme a lo resuelto.

En razón de que se modifica la base regulatoria, deben dejarse sin efecto los honorarios fijados, los cuales se determinarán con la base de la planilla resultante en la etapa de ejecución de sentencia, de acuerdo a los porcentajes fijados para la regulación de honorarios de los profesionales actuantes en la sentencia de fecha 13/6/2008.

6.- Respecto a las costas de esta instancia casatoria, atento al progreso parcial del recurso estimo prudencial distribuir las costas por el orden causado (artículo 109 CPCC y 49 del CPL).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- DECLARAR PARCIALMENTE INADMISIBLE, y por ende mal concedido en relación a los agravios examinados en el considerando n° 4, al recurso de casación deducido por la demandada, en contra de la sentencia dictada en fecha 13 de junio de 2008 (fs. 236/241); y HACER LUGAR PARCIALMENTE al mismo por los planteos tratados en el considerando n° 5, y en consecuencia CASAR parcialmente la sentencia impugnada, con el alcance señalado y de acuerdo a la doctrina legal expresada en los considerandos, disponiéndose que en la etapa de ejecución de sentencia se practique una nueva planilla conforme a lo resuelto, y se proceda a efectuar una nueva regulación de honorarios de acuerdo a la nueva planilla resultante.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.