Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-13


SENT Nº 577	C A S A C I Ó N	San Miguel de Tucumán, 13 de Agosto de 2004.-	Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala II del 19/12/2003 (fs. 241/vta.), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 16/02/2004 (cfr. fs. 252/vta). En esta sede, tanto el impugnante como la querella presentaron memoria sobre el recurso casatorio (cfr. fs. 261/263 y 264/265), mientras que a fs. 267/269 el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo de la vía impugnativa.

Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente:

doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica en contra de la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2003 dictada por la Sala II de la Cámara en lo Penal que resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad. La querella presenta memorial a fojas 264/265.

2.- Entre los antecedentes debemos señalar que el actual recurrente solicitó a fojas 177/180 y 183/184 la nulidad de todas las actuaciones posteriores al 14 de septiembre de 1999.

Fundamentó su pedido en la existencia de un estado de indefensión que padeció entre el 14 de septiembre de 1999 al 18 de agosto de 2000 al carecer de abogado defensor.

Expuso que dicha situación surge de las constancias obrantes en autos a fojas 75/77 en el que el doctor Gabriel Balardini presentó el escrito devolviendo la cédula n° 177 en el cual expresó que tenía un poder revocado y extinguido el carácter de defensor mediante carta documento cuya copia obra a fojas 77.

La Cámara, en coincidencia con lo expresado por la señora Fiscal de Cámara, sostuvo el rechazo del planteo de nulidad.

En este sentido, señaló que la carta documento obrante a fojas 77 no hace referencia al presente proceso, que los actos procesales de revocación y designación de nuevo defensor lo debe practicar la autoridad competente que entiende en la causa (art. 118 y subsiguientes del CPPT), que en el periodo en que supuestamente se encontraba indefenso estaba vigente el cargo de defensor del doctor Balardini (art. 119 y subsiguiente del CPPT) y que, por lo tanto, no se violentó su derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la CN.

3.- El recurrente expresa que la sentencia de Cámara violentó en su resolución el art. 18 de la CN en concordancia con el 75 inc. 22, es decir, las normas supranacionales de jerarquía constitucional como La Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Que también se encuentran violadas las disposiciones de los arts. 22, 27 y concordantes de la Constitución Provincial por cuanto la decisión excede el interés individual de las partes al poner en cuestión el derecho a la debida defensa en juicio, pilar del sistema de garantías judiciales en beneficio del imputado.

Señala que ni el tribunal, ni el fiscal, ni la querella advirtieron las implicancias y graves perjuicios que le provocó a su defendido la carencia de defensa.

Que se debe recordar que en el proceso penal se debe garantizar plenamente el derecho de defensa y que esta protección atañe a la designación de un defensor de confianza la cual no reside en el conocimiento del defensor designado sino en la adecuada información al imputado de la multiplicidad de facultades y derechos que regulan el caso.

Que existe un interés público en que se garantice y materialice la defensa en juicio de los derechos e intereses de la persona.

Afirma que las normas del art. 8 punto 2 del Pacto de San José de Costa Rica guardan directa vinculación con los arts. 308, 309 y 310 del CPPT, referidos al control de prueba que no aconteció en autos como tampoco se formalizó en el proceso presentación alguna a los fines de demostrar la inocencia de su defendido durante toda la etapa instructoria.

Expresa que el concepto defensa del imputado abarca al término resistencia, el cual comprende la posibilidad de reclamar la vigencia de otras garantías como la de imparcialidad, juez natural, juicio previo, debido control de pruebas, etc.

Reitera que la defensa abarca la atribución de resistir jurídicamente cualquier acto que pueda afectar los derechos individuales con motivo del proceso o so pretexto de su desarrollo.

Por otra parte, indica que, en particular, la defensa del imputado consiste en el derecho de intervenir en el proceso y en la posibilidad que se le debe acordar de conocer y contradecir la imputación.

Que radica también en la posibilidad de ofrecer pruebas de descargo, de controlar el ingreso de éstas y las de cargo y alegar sobre el mérito de todas ellas para demostrar la carencia total o parcial de fundamento de la pretensión de penarlo por razones fácticas o jurídicas, de fondo o de forma e interponer recursos.

Retornando al caso, afirma que quedó demostrado en forma inequívoca que el doctor Balardini entendió que había cesado en sus funciones de abogado del Sr. Hernández y que también se comprobó que el imputado careció de defensa. Que por todo ello se debe nulificar el procedimiento y actos que son su consecuencia.

Se agravia de que la inversión de la carga de la prueba y las especulaciones sobre una supuesta estrategia defensiva sostenida por el tribunal es de excesivo riesgo.

Que la Cámara no puede desconocer la inexistencia de diligencias por parte de la investigación como del ex defensor respecto al debido control del proceso y a las pruebas como de la falta de notificación de las diligencias investigaciones de la fiscalía la que trabajó en forma unilateral y sin control. Que esta orfandad defensiva no puede recaer en su perjuicio sino que debe ser subsanada e investir del proceso con las formalidades legales.

4.- El recurso ha sido concedido mediante auto dictado por la Cámara en fecha 16 de febrero de 2004. El Ministerio Fiscal se pronuncia por el rechazo del recurso, conforme los términos vertidos en su dictamen de fs. 267/269 correspondiendo, en esta oportunidad, el análisis de su admisibilidad y procedencia.

5.- En recurrente afirma en sus agravios que en el actual proceso se configuró una situación de nulidad que afectó el derecho de defensa del imputado violentando, de este modo, este derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional.

Más allá de las normas constitucionales o de jerarquía constitucional invocadas por el recurrente, se puede entender que se plantea una nulidad genérica consagrada en el art. 185 inc. 3 y 186 del CPPT. Entendemos que para que sea admisible su pretensión corresponde verificar la existencia del hecho invocado como causante de la nulidad, el efectivo atropello al derecho de defensa invocado y el daño cierto que este provocó al imputado.

De las constancias en autos surge que a fojas 29 el señor Luis Hernández designó abogado defensor al doctor Gabriel M. E. Balardini. A fojas 75 el letrado se presentó devolviendo la cédula de notificación n° 177 y comunicando que se le revocó el poder de representación del imputado a través de una carta documento de fecha 14 de septiembre de 1999.

En dicha carta, agregada en autos a fojas 77, el señor Hernández expresa que deja sin efecto el poder otorgado bajo escritura n° 338 y solicita detalle de todo lo actuado en "la gestión encomendada" desde el 18 de junio de 1997 al 14 de septiembre de 1999.

Los hechos invocados por el recurrente evidencian anomalías y discrepancias que contradicen la pretendida ausencia de defensa.

En efecto, la carta documento que revoca el poder y que aparece como eje probatoria de su pretensión, pareciera no tener relación con el actual proceso en razón de que hace referencia a un poder otorgado bajo escritura n° 388 la cual nunca obró en autos.

Igualmente el período por el cual le exige la rendición de cuenta (18 de junio de 1997 al 14 de septiembre de 1999) no se ajusta a la fecha de inicio de la causa penal ni siquiera a la fecha de la comisión del supuesto delito de defraudación, es decir, la celebración del contrato de compraventa del automotor (20 de octubre de 1998).

Desde otra perspectiva, se debe señalar que el Título V del Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán regula la intervención de las partes y defensores en el proceso. En su capítulo 6 consagra como uno de los derechos del imputado el de hacerse defender por el Defensor Oficial (art. 118 CPPT); y dispone que cuando el imputado no elija oportunamente defensor, se le designará en tal carácter al Defensor Oficial, salvo que se lo autorice a defenderse personalmente (art. 121 CPPT).

El cargo de defensor del imputado es obligatorio para el letrado que lo acepte y la excusación será atendida luego que se nombre en sustitución un defensor oficial (art. 120 CPPT). Nuestro Código Procesal también prevé el caso en que el defensor abandona su tarea, situación que no se configura en autos, y aún en este supuesto el imputado no queda sin defensa puesto si el defensor del imputado abandonare la defensa y dejare al cliente sin abogado, se proveerá a su inmediata sustitución por el Defensor Oficial(art. 126 CPPT).

Vemos como por ser la defensa una actividad indispensable la norma procesal prevé su amparo durante todo el proceso, y si bien, el defensor puede renunciar no pude dejar inerme al imputado hasta que no intervenga el defensor oficial.

La finalidad de la normativa antes citada es que no sólo no quede el imputado sin defensa técnica, sino que tampoco se obstaculice la marcha del proceso; recordemos que en el caso se opera el cese de la defensa por decisión propia del recurrente.

Tales preceptos, además de constituir una necesaria derivación del principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la CN, expresan el interés público en que se garantice y materialice en el proceso penal la defensa en juicio del acusado.

En autos no se configura un supuesto de ausencia de defensa por abandono o renuncia del abogado, sino que, en el caso que fueran ciertos los hechos expresados por el recurrente, se produjo la revocación del poder por parte del imputado sin que nombrara a su sustituto ni se realizara comunicación alguna a la autoridad competente.

Recordemos que de acuerdo a la normativa procesal antes citada esta situación no provoca la efectiva revocación de las funciones del letrado puesto que ésta debe obtenerse a partir de una resolución de la autoridad competente y no de un particular.

Hasta tanto no se produzca esta resolución el letrado continúa en sus funciones en razón de que el cargo conferido es obligatorio quedando así a salvo el derecho de defensa. Vemos que las decisiones particulares sobre la representación letrada que no son comunicadas en el proceso no pueden ser luego alegadas como causal de nulidad.

La invocación de que hubo una falta de defensa atribuible al actuar jurisdiccional es inadmisible en tanto que éste órgano no puede conocer y hacer depender su legalidad de los malestares y movimiento internos del defensor particular con el imputado que no tengan un efecto real en la causa; de otra manera, el litigio estaría siempre al acecho de nulidades provocadas por cuestiones particulares ajenas al proceso.

Se puede mencionar que la Corte Suprema de la Nación en el caso "Arnaiz" expresó en relación al derecho de defensa que: "la renuncia a la defensa letrada no puede presumirse sino que debe resultar de un acto inequívoco de voluntad" (citado por Alejandro D. Carrió, "Garantías constitucionales en el proceso penal", Ed. Hammurabi, Ed. José Luis Depalma, 4ta. Edición, pág. 402).

Finalmente, debemos indicar, y este punto define la cuestión planteada, no se advierte en el período en que el recurrente señaló como de indefensión (14 de septiembre de 1999 a 18 de agosto de 2000) que la actuación de la Fiscalía o la inacción de su letrado hayan violentado el derecho de defensa protegido en el art. 18 de la CN.

Tampoco el recurrente expresó en qué situación particular se vio indefenso o frente a cuál actuación su defensa no actuó con la diligencia necesaria provocándole un perjuicio. Por el contrario, el escrito casatorio realizó enunciaciones genéricas e insustanciales sobre la falta de inspección sobre las pruebas o sobre el supuesto accionar incontrolado de la la fiscalía sin establecer el concreto daño que le provocó el supuesto abandono defensivo de su letrado.

Recordemos que la existencia de un perjuicio e interés jurídico de la declaración de nulidad es un requisito esencial para su pronunciamiento. El principio pas de nullite sans grief (no hay nulidad sin daño o perjuicio) indica que no puede admitirse la nulidad por la nulidad misma o para satisfacer pruritos formales.

Resulta necesario, entonces, que se configure el principio de trascendencia, es decir, que, como dijo Couture, la nulidad no procede "si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esencia de la defensa en juicio" (cfr. cita de por Alberto Luis Maurino, "Nulidades procesales", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995, pág. 45).

En este sentido, esta Corte ha expresado coincidentemente con lo expuesto por la doctrina que: "...la declaración de nulidad sólo corresponde cuando el pretenso vicio haya podido realmente influir en contra de la defensa y lesionar el interés de la parte;

pero si ello no ha ocurrido es improcedente declarar la nulidad por la nulidad misma. Desde la óptica, el requisito de motivación de la instancia de nulidad (arg. art. 188, segundo parágrafo del CPP) requiere la carga de expresar sumariamente el perjuicio que el acto defectuoso irroga, y el concreto interés de su declaración de nulidad.

El recurrente no ha demostrado cuál es el perjuicio que le ha ocasionado, en cuyo caso carece de interés legítimo en el planteo, por cuanto la posible invalidez de los actos procesales debe examinarse, en el caso, en función de la trascendencia que el pretenso vicio representa respecto a la garantía de la defensa en juicio. La nulidad de los actos procesales -atento al principio de instrumentalidad de las formas- requieren un perjuicio concreto para alguna de las partes, por cuanto si se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia.

(cfr. CSJTuc., "Ferreyra Mario y otros s/triple homicidio", 30/3/95; CSJNac., "Fiscal c/ S.W. R. y otros", 11/8/88). En la especie, no se acreditó el preciso interés tutelado que se hubiere visto afectado por el acto que se pretende irregular, y la genérica mención del ejercicio de la defensa en juicio es insuficiente para demostrar, según lo considerado, el concreto perjuicio que se habría causado al imputado". (cfr. CSJT, sent. n° 1020, "Paz Oscar s/ Injurias", de fecha 11/11/2002).

Las evidentes inexactitudes y anacronismos de la documentación acercada, el supuesto actuar omisivo y negligente del imputado, el silencio respecto a la normativa procesal que resguarda el derecho de defensa y la ausencia total de perjuicio concreto del derecho invocado dejan entrever una actitud confusa por parte del recurrente quien reclama una nulidad a todas luces inexistente.

En conclusión, la pretensión expuesta en su escrito casatorio aparece a todas luces insuficiente, en tanto que intenta provocar la nulidad de un proceso alegando la violación de un derecho que, contrariamente con lo afirmado, aparece salvaguardado en todo el proceso. Corresponde, entonces, declarar inadmisible el recurso casatorio intentado por la parte querellada con costas a la vencida.

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica en contra de la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2003 dictada por la Sala II de la Cámara en lo Penal.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA