marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, pérdida del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO MUNICIPAL DE TUCUMAN c/ RUIZ MONICA ADRIANA s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-10-27

Esta Corte Suprema de Justicia dijo "que el extravío del expediente es un obstáculo que explica la paralización del trámite de la causa, pero que no obsta a la caducidad de la instancia. Y de allí que el interesado en mantener viva la instancia debe activar la búsqueda o la reconstrucción con la debida diligencia, a fin de remediar la situación creada con tal motivo (CSJT, sentencia Nº 948 del 07/11/2001) ." (CSJT, sentencia Nº 697, de fecha 06/8/2007) . En la misma línea se han pronunciado otros tribunales, en lo referido a que "el extravío del expediente, no es motivo para impedir que se produzca la perención si la parte actora nada ha hecho en tiempo oportuno para tratar de que sea hallado o para reconstruirlo" (CCiv., 1º Cap., 26-12-40, "González, Ruperto c. Vera Hnos., rev. La Ley, 21-257). Y en análogo sentido, se dijo que "la pérdida de una parte del expediente no constituye un supuesto de suspensión del curso de la perención de instancia, ya que el interesado puede requerir la reconstrucción del mismo, acto que tiene calidad interruptiva de dicho curso" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Contencioso-Administrativo de San Francisco, de fecha 01/11/1999, in re "Albano, José A. c. Gaida, Pedro", LLC 2000, 733, AR/JUR/279/1999). Es decir, que en el supuesto del extravío de un expediente, la parte a la que corresponde el impulso del proceso, no queda relevada del mismo, sino que debe activar la búsqueda o reconstrucción del expediente extraviado, con la debida diligencia para evitar que se opere la caducidad de la instancia.
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, multa laboral
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Torrez Lorenzo, Martin c/ Bataan Seguridad S.R.L. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-10

La norma del artículo 30 RCT no presupone actuación ilícita alguna, sino la utilización como medio -de otras empresas-, para el logro de fines propios (definición del artículo 5 RCT). Esto es lo que vulgarmente se conoce como tercerización. Para ello se cede una esfera de actuación en la que la empresa contratada es justamente un medio. Así, respecto a las obligaciones solidarias, la lectura textual de la norma establece claramente, en términos del referido artículo 30, que el principal no responde por las obligaciones del contrato de trabajo sino por las consecuencias del incumplimiento de las mismas en caso de ausencia de control. El principal no es deudor sobre el contenido de las obligaciones (que deben ser cumplidas por el acreedor) sino responsable por la falta de cumplimiento por parte de los subcontratistas. De este modo el principal, si bien no debe confeccionar el certificado de trabajo, sí debe responder frente a las consecuencias de la omisión. De igual forma este principio es aplicable a las multas dispuestas por los artículos 80 RCT, 2 de la ley 25.323, LNE, rubros indemnizatorios y haberes adeudados.
Costas, incidentes, actuación de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNÁNDEZ GUERRERO, MANUEL c/ SIERE, BERNARDO Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-11-13

Si no hubo incidente trabado, y el juzgado resolvió directamente la petición formulada, sin traslado a la contraparte, no corresponde imponer las costas.-
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-03


C. 637. XLIII. RECURSO DE HECHO -521- Chauque, Adriana Carolina y otro s/ robo con armas en tentativa -causa nº 20.416-.

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la Defensora Oficial de Adriana Carolina Chauque en la causa Chau- que, Adriana Carolina y otro s/ robo con armas en tentativa -causa nº 20.416-", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que en la sentencia del 21 de marzo de 2006, esta Corte dejó sin efecto la decisión de la sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal por considerar aplicable lo resuelto en Fallos: 327:5863 "Quiroga", y ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo decidido.

Que no obstante lo resuelto, el tribunal a quo rechazó nuevamente el recurso de casación con el argumento de que el recurso fiscal había perdido virtualidad por falta de gravamen actual pues ya al tiempo del fallo de esta Corte, Adriana Carolina Chauque había sido condenada (en el marco de un juicio abreviado) por sentencia firme del 18 de septiembre de 2003 a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional en calidad de coautora penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa.

Que, en tales condiciones, la sentencia apelada no se ajusta a lo resuelto por esta Corte el 21 de marzo de 2006, toda vez que en el precedente allí citado se declaró la inconstitucionalidad del artículo 348, segundo párrafo, segunda alternativa, del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto autoriza a la cámara de apelaciones, en los casos en que el juez no está de acuerdo con el pedido de sobreseimiento del fiscal, a apartarlo e instruir al que designe el fiscal de cámara, a fin de producir la elevación a juicio; de modo tal que resulta inválida la consulta efectuada por el juez de instrucción con arreglo a dicha norma y todo lo actuado en consecuencia.

Por ello y oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Agréguese la queja al principal y vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo expuesto. Notifíquese. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).

DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY Considerando:

Que esta Corte comparte los argumentos vertidos por el señor Procurador Fiscal en su dictamen, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse en razón de brevedad.

Por ello, se desestima la queja. Hágase saber y archívese, previa devolución de los autos principales. CARMEN M. ARGIBAY.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación suficiente, principio de congruencia, contratos innominados, contrato de distribución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cayasta Comercial S.A. c/ Instituto Rosembusch S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Daños y  perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-24

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto si la quejosa no logra demostrar que la Sala incurra en violación al principio de congruencia o no cumpla con su función revisora, en tanto si bien señaló que la sentencia de grado concluye que -en el caso- se trataba de un contrato de distribución tomando como base lo afirmado por la actora y ponderando el material probatorio reunido en autos -no obstante la negativa general de la demandada y la ausencia de pruebas de esa misma parte-, destacó la ausencia de fundamentación suficiente de sus agravios, agregando el Tribunal con referencia a aquellos que "No puede ignorar dicha parte, que acusa a la resolución recurrida de 'inventar un contrato fantástico y sin normativa para reglar las relaciones generales...' ya que la definición dada por el artículo 1143 del Código Civil cuando dice que los contratos son nominados o innominados según que la ley los designe o no bajo una denominación especial", por lo que se advierte que la Sala menciona la norma en respuesta al planteo concreto de la apelante y precisamente en ejercicio de su función revisora, por lo que los planteos de la demandada al respecto resultan también insuficientes para lograra la apertura de esta instancia excepcional.
Prueba, carga de la prueba, demandado, falta de prueba, presunciones
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ponce de León, Jesús Omar y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-30

En muchas hipótesis, el demandado tiene el deber moral y jurídico de allegar a la causa los elementos que permitan definir lo justo concreto, siendo la conducta omisiva un factor significativo de valoración. En ese orden de ideas recuerdo que la omisión del interesado puede llegar, por mandato legal, a constituir una presunción en su contra.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez, Gumersindo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad en el que se cuestiona la legalidad del acta de secuestro y afirma la existencia de un allanamiento contrario a la ley sin hacerse cargo de los fundamentos del sentenciante por lo que se otorga plena validez a los procedimientos realizados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento administrativo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, acción de amparo, recurso de alzada, dictamen jurídico previo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CARRERAS, Eduardo Alberto por si y en rep. de Coop. de trabajo y Serv. de Seguridad 20 de Febrero ltda. s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-06-11

La falta de emisión del dictamen previo requerido al órgano asesor para la resolución del recurso de alzada en el respectivo plazo legal, sin que se haya acreditado la existencia de algún impedimento u otra razón atendible que justifique la demora, configura una situación arbitraria que torna procedente la acción de amparo por mora.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Adra, Zaida c/ Mineli, José Luis y ots. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

Habiéndose reclamado por daños y perjuicios, si bien no se encuentra totalmente determinado el valor del juicio a los fines del depósito previo a efectuar, el mismo surge de lo reclamado en concepto de daño emergente y lucro cesante debidamente actualizado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), recursos administrativos, personería, acreditación de la personería, representación procesal, mandato
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Bergesio, Adriana Stella Maris Mori de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Recurso de  revocatoria contra el auto de inadmisibilidad (Expte. CSJ Nro.   137-1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Corresponde rechazar la revocatoria interpuesta contra el auto de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo por considerar que la actuación del profesional fue desplegada sin contar con las atribuciones correspondientes. En efecto, resulta imposible soslayar que la actora luego de rechazado el recurso de apelación por parte del Poder Ejecutivo provincial con base en la falta de acreditación de la representación invocada en sede administrativa y con posterioridad a que, por los mismos motivos, la Presidencia de la Corte declarara inadmisible el recurso contencioso administrativo indicando, inclusive, que en el escrito de demanda no se acompañó constancia alguna por la que se intentara, al menos, suplir las deficiencias antes apuntadas, se ha limitado a insistir en su postura basada en un supuesto consentimiento de dicha situación por parte de la Administración, sin siquiera mencionar que el poder invocado realmente existía ni, mucho menos, acompañar las constancias correspondientes a efectos de desvirtuar lo considerado tanto en sede administrativa como en esta sede jurisdiccional. No se trata, pues, de simples defectos en la debida acreditación de la personería sino de la completa ausencia de representación (falsus procurator) lo cual no es admitido por la normativa ni los principios aplicables al caso.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, contrato de obra pública, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Helport S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 293-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-10

Si una misma decisión administrativa -la de dejar sin efecto la adjudicación de la ampliación de trabajos dispuesta en una obra pública-, reconoce como fundamento tres órdenes de razones: a) de oportunidad y conveniencia; b) de ilegitimidad; y, c) supuestos incumplimientos de la empresa, es preciso aclarar que tales razones, que condujeron en el caso a justificar un mismo resultado -el retiro del acto-, se fueron integrando a la voluntad administrativa sin excluirse unas a otras. En efecto: el diverso contenido de cada una de ellas, como así también el modo en que sucesivamente se fueron formulando, impiden entender -cualquiera sea la opinión que merezca dicho proceder- que alguna de estas razones haya implicado la sustitución de las anteriores.
Recursos, fundamentación del recurso, derecho a la vivienda digna, gastos de alojamiento, violencia familiar, agravio extemporáneo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en MLM contra GCBA sobre amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-17

Corresponde rechazar la queja destinada a cuestionar en último término, la sentencia de la Cámara que ratificó la incorporación de la amparista y su grupo familiar en el listado de beneficiarios de vivienda nueva en los términos de la ley n° 3343, donde se la estableció como "empadronada" y "beneficiaria" (conf. art. 30 de la ley n° 6129). En la mencionada sentencia se dispuso que correspondía a la actora y a su grupo familiar la relocalización y una solución habitacional definitiva pero sin expedirse respecto de la propuesta de vivienda efectuada por el GCBA; ello por considerar que tal extremo integraría un aspecto para ser tratado en la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, se recalcó que el alojamiento, en modo alguno, podía implicar incumplir o desconocer las medidas de distanciamiento (pues la actora sufría situaciones de violencia por parte de su expareja) dispuestas por el Juzgado Nacional en lo Civil). Si bien la recurrente se agravia porque las propuestas hasta ahora formuladas por el GCBA no cumplen a su entender, con la distancia mínima [respecto del lugar donde habita el exesposo] ordenada por la jueza civil, aquella no se hace cargo de que la Cámara reconoció la subsistencia de esa medida y el hecho de que debía ser respetada, aspecto que forma parte de la sentencia definitiva y, por lo tanto habrá de ser considerado en la etapa de ejecución. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: ARENAS R.E. c/ EMPRESA TRANSPORTES FLUVIALES DEL LITORAL SRL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-12

Por aplicación de este principio, que surge de las citadas normas, el pronunciamiento del juez debe observar una estricta correspondencia con las cuestiones oportunamente introducidas por los litigantes, esto con fundamento de raigambre constitucional, pues, como lo tiene dicho la C.S.J.N., comportan agravios a la garantía de defensa -artículo 18 Constitución Nacional-, tanto los fallos que omiten el examen de cuestiones propuestas por las partes, conducentes para la solución del pleito, como aquellas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso.
Procesos de ejecución, ejecución fiscal, improcedencia del recurso, juicio ejecutivo, certificado de deuda, Recursos naturales
Materia: CIVIL
Carátula: Provincia del Neuquén c/ YPF S. A. s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-15

De las presentes actuaciones, no surge de manera manifiesta que el gas extraído del área de Puesto Hernández se utilizó exclusivamente para el propio yacimiento y la producción y consideración de prueba al respecto implicaría el análisis causal del título. Entonces, no se observan las excepcionales causales mencionadas en los precedentes citados que habiliten el tratamiento de la inconstitucionalidad planteada por la apelante.
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Braislowsky Israel c/ Galvan Antonio s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

Es a cargo de quien pretende darle relevancia a un documento que acompaña la obligación de justificar su autenticidad (doc. arts. 354 inc. 1 y 375 CPC); razón por la cual si el locatario acompaña recibos que justificarían el pago de los arriendos, y estos son tachados de falsos por el locador, es a cargo del demandado ofrecer prueba de peritos en forma subsidiaria ante tal eventualidad.
Banco central, personal contratado, pasantías, estado civil, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: B.C.R.A. c/ RESNIK BENNER, DEBORAH s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

Corresponde indemnizar el daño causado por la demandada, becaria del B.C.R.A. , que se comprometió al cumplimiento de ciertas prestaciones que tuvieron un origen de naturaleza contractual, en donde se fijaron las condiciones de su beca, entre las que no se contempló que pudiera tener incidencia el estado civil de la becaria.
Enfermedad accidente, relación de causalidad, indemnización por enfermedad
Materia: LABORAL
Carátula: LEPPEZ, VICTORIO ROQUE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 180-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-23

La "enfermedad accidente" debe ser considerada -igual que la ocupacional o que el accidente de trabajo- como hecho indemnizable, incluso en el régimen de la Ley 9688, ya que aún admitiendo -por vía de hipótesis- que la figura no fue incorporada al texto de la ley, la responsabilidad que genera en el empleador lo es, de igual modo, por la aplicación del concepto "en ocasión del trabajo" a que refiere el artículo 5 de la misma.

Pero dicha ley admite la figura de la enfermedad accidente, o sea, la provocado no exclusivamente por el desempeño de la tarea, sino concausalmente por ésta. Es decir, la labor realizada por sí o por el ambiente en que se desarrolla actúa como factor desencadenante de un proceso patológico que se une a otra motivación (predisposición del trabajador, u otra).
Mutuo, intereses, intereses convencionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Farroni, Antonio M. c/ Michetti, Isabel y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-24

El 30% de interés pactado por el total de los intereses incluidos los punitorios en la cláusula respectiva del mutuo hipotecario, no es repugnante a los principios de moral y buenas costumbres, aún cuando se trate de préstamo con garantía hipotecaria en moneda constante, ya que en el volátil mercado financiero actual, influido por las circunstancias del mal llamado final del milenio, no puede conceptuarse excesivo, resultando acorde a la aceptada por este Tribunal en anteriores pronunciamientos, teniendo en cuenta el mercado de capitales en los períodos comprendidos hasta fechas cercanas al presente.
Personal militar, ampliación del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Caviglia Carlos Alberto y Otros c/ En-M° Defensa-Ejercito-Dto 1897/85 751/09 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-15

La sala consideró que la condición positiva y suspensiva -completitud y suscripción en forma ológrafa por cada actor, de los formularios de "Solicitud de Modificaciones, Rehabilitaciones y Reactivaciones de Entes" y de "Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria"-, a la que el a quo subordinó el cumplimiento de la obligación de pago -para ser más precisos, la ampliación del embargo-, supone la reedición de un asunto que va en contra de la letra y del espíritu de la doctrina sentada por esta Cámara en la Acordada (CNACAF) n° 1/20. Ello así, concluyó que el establecimiento de nuevos requisitos burocráticos, se contrapone con la finalidad de diligencia en el pago de créditos de carácter alimentario, y el principio procesal de buena fe, toda vez que la demandada cuenta con la base de datos necesaria para efectuar las operaciones de transferencia, toda vez que los haberes de los beneficiarios son abonados por esa vía. (v., Acordada n° 1/20, consid. IV).
Conflicto intrasindical, facultades del juez, competencia, jurisdicción
Materia: LABORAL
Carátula: SAEZ, ROLANDO RAFAEL c/ AGRUPACION MARRON Y A.T.S.A. Y OTROS s/ APELACION DE PROVIDENCIA-AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-11

Excede el marco fijado por el art. 47 de la ley 23551, la decisión que ordena la oficialización de la lista y la realización de nuevos comicios, por cuanto las partes deben encontrar solución adecuada a su conflicto electoral en el ámbito interno de la asociación o por las vías judiciales que estimen pertinentes, que permitan una amplia discusión y prueba de las circunstancias de hecho y de derecho alegadas, ajenas de por si a la vía del art. 498 del c.P. Nacional.
Proceso contravencional, sentencia, calificación legal, cambio de calificación legal, iura novit curia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: REITOVICH, Saúl Pablo y otra s/ inf. Arts. 116 y 117 Ley 1472 (Lavalle 3299)- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21

El tribunal de sentencia puede adjudicar al hecho acusado una calificación jurídica distinta a la expresada en la acusación (iura novit curia), mas aún si la modificación recae no ya sobre el encuadre jurídico sino en la forma de concurso, o de delito continuado.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, sentencia no firme, reenvío, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: B., J. P. Y M., N. N. c/  s/ delitos contra la integridad sexual con acceso carnal calificado-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-20

El recurso extraordinario deducido se dirige contra un pronunciamiento que dispone el reenvío de la causa a una instancia inferior y, por lo tanto, no se erige como sentencia definitiva o equiparable, de conformidad con la interpretación efectuada al respecto por el Supremo Tribunal nacional; y, si bien el interesado se limita a mencionar que la decisión es equiparable a definitiva toda vez que no admite ninguna impugnación sobre el mismo objeto y resulta inmodificable en cualquier otro procedimiento posterior, no logra demostrar la configuración de un supuesto de excepción que habilite a sortear la ausencia del recaudo referido, ni persuadir con sus alegaciones vinculadas al supuesto gravamen irreparable, acerca de que en el caso corresponda tener por satisfecho el mencionado requisito. (Del voto de los Dres. Erbetta y Falistocco. En disidencia: Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 93, p 414.