Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-25


Comodoro Rivadavia, de marzo de 2010.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "C. C. S. s/ Denuncia Presunta infracción LEY 4558" Expediente N° 527/2009, venidos del Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia, Tribunal de Disciplina, (Expte. N° 115/2008).

Que llegan los presentes autos a conocimiento de esta Cámara de Apelaciones, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 49/51 vta. por el Dr. N. R. M. L. contra la resolución no. 105/2009 de fs. 42/45, del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de esta ciudad.

Que a fs. 1, el Sr. C. S. C. formula denuncia contra los letrados Dres. E. O. y N. R. M. Relata que el Dr O. retiró fondos que fueran depositados judicialmente a su favor, en los autos: " A. P. SA y otros s/ Quiebra Indirecta" Expte no. 1049/99, que nunca fueron entregados al beneficiario por el profesional. Agrega que su representante jurídico en principio era el Dr M., que no recibió pago alguno a dos años del hecho que denuncia ni información o notificación de sus letrados. Adjunta la documental de fs. 2/6.

A fs. 10 ratifica la denuncia.

A fs. 13/14, el Dr M. formula su descargo, niega la conducta atribuida a su persona y responsabilidad en los hechos denunciados.

Agregada la prueba documental presentada por la denunciante y las constancias de la causa penal requerida por el Tribunal de Disciplina, en cumplimiento a lo normado por el artículo 10 inc. b) y c) del Reglamento de Procedimientos ( Anexo II Ley 4558) se fija fecha de audiencia de vista de causa a fs.30, que se celebra a fs. 41 con la presencia del defensor designado en representación del Dr O.

A fs. 42/45 el tribunal dicta resolución e impone en el punto II de la parte dispositiva la sanción de suspender por dos meses en el ejercicio de la matrícula al Dr N. R. M. por hallarlo responsable de la falta de ética prevista en el art. 17 inc a) del Código de Ética Anexo I de la Ley 4558.

A fs. 60 y 61 se incorporan a la causa las pruebas ordenadas como medidas para mejor proveer por este Tribunal. II. En su memoria de fs. 49/51 vta., el recurrente sostiene que la resolución es arbitraria. Critica la imputación de falta de ética que se le atribuye. Refiere a los antecedentes de la causa y destaca que la conducta reprochable es la del letrado que fuera su colega y socio del estudio jurídico. Agrega que los actos realizados por el Dr O. le son ajenos. Reitera que no es responsables por no ser el autor de los actos denunciados y verificados. Destaca que en sede penal se acordó la suspensión del juicio a prueba respecto de su colega y, que el denunciante ha relevado de responsabilidad a su parte, adjunta documental que avala sus dichos. Critica la graduación de la sanción impuesta porque no se tuvo en cuenta que no tiene antecedentes disciplinarios en su contra. Solicita se revoque la sanción impuesta en su contra. Hace reserva del caso federal. III. De la lectura de la resolución impugnada surge que el reproche y la sanción impuesta se basan en el incumplimiento del deber de fidelidad por parte del letrado denunciado, previsto por el art 17 inc a) Anexo I de la ley 4558 ( ahora Ley XIII N° 11 conf Digesto Jurídico). Esto es, a modo de ejemplo, decir la verdad al cliente, no generar falsas expectativas, atender los intereses confiados con celo, saber y dedicación, entre otros.

En la resolución atacada se señala que las constancias obrantes de los autos " A." Expte no. 1049/99, cuyas copias certificadas se encuentran glosadas al presente, surge la actividad profesional del letrado requiriendo el pronto pago de los fondos depositados a favor de su cliente, desvirtuando la afirmación que el Sr C. fuera atendido exclusivamente por el Dr O..

De las copias adjuntas se observa que efectivamente el Dr M. realizó peticiones y diligencias a favor de su cliente durante el periodo 1999-octubre 2006, actuando en calidad de apoderado y el Dr O. como su patrocinante.

Ahora bien, de la copia de fs. 775 se advierte que el señor C. otorga poder general para juicio a ambos letrados, acto que implica la tácita revocación de la carta poder de fs.193 y vta. A partir de dicho apoderamiento, a fs. 777, los Dres M. L. y O. peticionan se libre orden de pago por los fondos depositados y solicitan que la misma se extienda a nombre del Dr. O. en virtud de la expresa autorización de su representado. Dicha petición conforme el cargo impuesto por el tribual fue presentada el día 27 de noviembre de 2006, con firma de ambos abogados.

Con posterioridad a dicha gestión, las sucesivas peticiones de libramiento de orden de pago fueron firmadas por el Dr O., quien en definitiva retira el cheque no. 19484 en fecha 21 de diciembre de 2006, conforme lo ordenado por el tribual actuante.

El tribunal atribuye responsabilidad profesional al recurrente porque no solo no fue ajeno al caso sino que intervino en las gestiones que culminaron en el libramiento de la orden de pago a nombre de su colega, entonces socio de estudio jurídico, valiéndose de la autorización otorgada por el cliente en el poder para juicio de fs. 775, que habilitó el cobro por parte de uno de los letrados apoderados facultad que se excluía en el anterior poder.

Se le atribuye especialmente falta de celo, saber y dedicación con relación a los intereses de su cliente a fin de procurar la custodia de sus bienes y la recepción de las sumas depositadas a su favor, cobradas por el socio del estudio jurídico; razones que el Tribunal de Disciplina considera falta grave en los términos del art. 24 inc b) del Código de Etica. Lo expuesto evidencia que la responsabilidad atribuida al profesional recurrente no son los actos reprochables cometidos por su colega, sino la falta de control y seguimiento de los asuntos de su cliente a quien atendió y por quien peticionó hasta casi fines del año 2006, conforme surge de las copias glosadas al presente, prueba documental que no fue desconocida por el recurrente y que acabadamente refuta su posición. No se le exige al abogado que garantice un resultado, sino que cumpla con el compromiso profesional que asume frente al cliente, en el caso, arbitrar los medios necesarios para que el mismo percibiera los fondos depositados a su favor, consecuencia del pago de una indemnización por accidente de trabajo, así como brindar la debida información a su cliente sobre la gestión encomendada y por la que otorgó poder.

La alegación del profesional realizada en la oportunidad de expresar agravios, respecto a que solo le cabe responsabilidad por falta de ética a su colega carece de sustento, a la luz de las pruebas colectadas en el caso.

En concreto, el profesional no ha aportado prueba alguna que avale sus dichos o su falta de participación en el pedido de cobro de los fondos depositados a favor del Sr C.. Reparase que el primer escrito requiriendo que la orden de pago se libre a nombre de uno de los letrados fue suscripto por ambos mandatarios, meses antes de su efectivo retiro del expediente, prueba acabada que el recurrente no desconocía el estado procesal del expediente y gestiones efectuadas por su colega, que le impidieran actuar en resguardo de los intereses de su cliente. Tampoco que haya informado debidamente al cliente respecto a resultado de la gestión de cobro y destino de los fondos retirados por cheque judicial.

Si bien la maniobra en perjuicio del cliente fue concretada personalmente por el Dr. O., y los dichos del denunciante responsabilizan en forma directa al profesional ( fs. 48 y 61) ello no libera de responsabilidad al recurrente por la falta endilgada en su contra.

El profesional, reiteramos, no ha aportado elementos suficientes que acrediten haber realizado dicha gestión o por lo menos, haber cumplido con su deber de fidelidad y haber informado al cliente sobre el estado procesal de su trámite y fondos depositados a su favor, limitando su defensa a la simple negativa de los hechos invocados.

Máxime, que el abogado contaba con poder general para juicios otorgado por el denunciante, lo que implica que asume la plena dirección jurídica del proceso y el cabal cumplimiento de los deberes que ello importe, es decir, el empleo de toda su diligencia para conducirlo de la mejor manera posible hasta su terminación, más allá del resultado final del mismo.

Por lo expuesto, encontrándose acreditada la conducta atribuida como incumplimiento del deber de fidelidad impuesto por el Código de ética profesional ( art 17 inc a) Anexo I ley 4558; ahora Ley XIII n° 11 conf Digesto Jurídico), corresponde el rechazo de los agravios y la confirmación de la resolución impugnada de fs. 42/45.- Por ello la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia:

R E S U E L V E:

1º).- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el letrado colegiado a fs. 49/51 vta.

2º).- Confirmar parcialmente el punto II de la resolución de fs. 42/45 del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia, de fecha 23 de octubre de 2009.

3º).- Tener presente la reserva del caso federal.

4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.- REGISTRADA BAJO EL NRO. AÑO 2010 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS