Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-11


En Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "VARGAS DE BRAÑA, ADRIANA BEATRIZ C/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. S/ INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES", respecto de la sentencia de fs.391/401, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden; señores Jueces de Cámara doctores Marina Mariani de Vidal y Eduardo Vocos Conesa. A la cuestión planteada, la señora Juez de Cámara doctora MARINA MARIANI DE VIDAL dijo:

I.- Adriana Beatriz Vargas de Braña, alegando que la línea telefónica instalada en su domicilio particular permaneció sin funcionar regularmente durante largo tiempo y que, no obstante, le fueron cobrados pulsos inexistentes, promovió este juicio contra Telefónica de Argentina S.A., reclamando la anulación de la facturación correspondiente a los períodos en que no se prestó el servicio, la devolución de las sumas abonadas en demasía y la indemnización de los daños material y moral que el hecho le significó (u$s 500 por cada mes en que no se prestó el servicio con más el 30% de la suma que resulte en concepto de daño moral; o lo que en definitiva surgiera de las probanzas de autos). Requirió, asimismo, la instalación en su domicilio de un medidor de pulsos con visor a fin de verificar el consumo del servicio telefónico. Todo con intereses y costas. Telefónica de Argentina S.A., luego de una pormenorizada negativa de los hechos argüidos por el accionante, resistió la pretensión sobre la base de distintas argumentaciones, opuso la defensa de falta de legitimación pasiva por el período anterior al 8.11.90 fecha en la que se hizo cargo del servicio- y solicitó la citación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en los términos del art. 94, del Código Procesal. En respuesta a la citación compareció ENTEL y luego de negar los hechos narrados por la actora, señaló que por haber sido citada por la demandada, no podía dictarse condena alguna en su contra. La sentencia de fs. 391/401 hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a Telefónica de Argentina S.A. a pagarle a Adriana Beatriz Vargas de Braña la suma de $ 3.500 ($ 2.500 en concepto de daño material y $ 1.000 por daño moral); con intereses desde el día siguiente al de la notificación de la demanda y a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones habituales de descuento a treinta días. Resultó desestimada la pretensión de la actora de que se instalara en su domicilio un medidor de pulsos con visor. Respecto del tercero -y precisamente por revestir esa calidad- se consideró improcedente pronunciar condena alguna. Las costas fueron impuestas a la demandada, salvo en lo relativo a las devengadas por la citación del tercero, las que se dispuso fueran soportadas según el orden causado. Apelaron ambas partes y la citada. La actora expresó agravios a fs.434/440, los que no se contestó. La demandada dijo los suyos a fs.422/433, mereciendo la respuesta de la actora que luce a fs.444/450. ENTEL expuso sus quejas a fs.442 y vta., las que no fueron objeto de réplica. Media también un recurso por los honorarios regulados, el que será tratado por la Sala en conjunto al final del acuerdo.

II.- Solicita la actora que se ordene anular la facturación del período en que no se le prestó el servicio, ordenando la devolución de los importes, con los mismos recargos que se aplica a los usuarios morosos. Afirma que "el fallo del Juez nada ha dicho respecto de este reclamo". No es así. El a quo -con apoyo en el peritaje contable de fs.208/214 y su Anexo I (conf. Fs.208/214)- concluyó en que le habían sido efectuados a la actora los correspondientes reintegros o descuentos por los días en que la línea permaneció sin servicio, los que detalla (conf. Considerando II, fs. 395). Y sobre esta decisión la actora guarda silencio, formulando afirmaciones dogmáticas sobre el particular, que no satisfacen los requisitos exigidos por el art. 265, del Código Procesal. En tales condiciones, este aspecto de su queja no puede ser atendido.

III.- La suma que en la sentencia se fijara para restañar el daño material suscita las quejas de ambas partes: la actora por considerar exiguo el monto establecido, la demandada por entender que no se acreditó la existencia misma del perjuicio, de manera que se la habría condenado a indemnizar un menoscabo inexistente. Diré en primer término, que el Juez tuvo por demostrado -mediante presunciones derivadas de los elementos colectados y que estimó graves, precisas y concordantes- que la línea instalada en el domicilio de la actora funcionó irregularmente en el lapso comprendido entre los meses de noviembre de 1988 y octubre de 1992. Esta conclusión ha quedado firme, pues ninguna de las partes hace argumento sobre el punto en su memorial. Asimismo, surge de las constancias de autos que la actora -durante ese lapso- formuló innumerables reclamos ante ENTEL -mientras ésta era prestadora del servicio- (conf. fs.5, 7, 9, 13, 14, 16, 17) y luego ante la licenciataria Telefónica de Argentina S.A. (conf. fs.18, 19, 22, 23, 25, 26, 27/35) y que inclusive habría efectuado ella o su esposo -junto con otros vecinos afectados también por inconvenientes en la prestación del servicio telefónico- protestas en la vía pública por el mismo motivo (conf. declaraciones testimoniales de fs.160 vta., 162 vta./163, 163 vta.). Empero, las aludidas circunstancias -que son de indudable peso para tener por acreditado el defectuoso funcionamiento de la línea durante en prolongado período (conf. esta Sala, causas: 5781/94 del 31.3.98; 6448/95 del 15.10.98 y sus citas, etc.)- no resultan suficientes para pronunciar una condena a reparar daños materiales, si es que éstos no aparecen puntualmente demostrados. Porque es sabido que -tal como lo señaló el a quo- sin daño no hay responsabilidad civil (ni contractual ni extracontractual) -ya sea que se considere a éste como elemento del acto ilícito o como presupuesto de la responsabilidad (arg. arts.519 y sig., 622, 1067 y 1068, Código Civil; conf. LLAMBÍAS, J.J., Tratado de derecho civil, Obligaciones, 2a. ed., t. III, nº 2280; BORDA, G., Tratado de derecho civil, Obligaciones, 4ª.ed., t.II, nº 1311; ALTERINI, A.A.-AMEAL, O.-LOPEZ CABANA, R., Derecho de obligaciones civiles y comerciales, Bs.As. 1995, nº 485 y 1692; ORGAZ, A., El daño resarcible, 2a.ed., p. 18/19)-, incumbiendo la prueba de su concurrencia a quien pretende ser resarcido (conf. esta Sala, causas: 8033 del 5.6.79; 765 del 26.6.81; 9255/92 del 24.9.93 y sus citas; 4686/91 del 29.11.98, etc.; LLAMBIAS, J.J., ob.cit., t.I, nº 248). La actora no cumplió con esa carga probatoria que le incumbía como imperativo de su propio interés. En efecto, no surge de las constancias de autos -las que he examinado prolijamente- la existencia de detrimento patrimonial que se le haya derivado a la señora Vargas de Braña por la defectuosa prestación del servicio telefónico (sin perjuicio de lo expuesto en el Considerando II) y ni siquiera ella misma explica en su demanda cuál habría sido ese menoscabo económico que quiere le sea restañado (las referencias que formula a fs.58 vta. se vinculan con agravios espirituales y no materiales. En el mismo sentido declaran los testigos de fs.160/164 y se pronuncia el perito médico psiquiátrico designado de oficio en autos -informa que actualmente no hay alteraciones psíquicas vinculadas al corte del servicio- (conf. fs.282/282 vta. y explicaciones de fs.286 y 355 y vta.). Finalmente, advierto que los daños punitivos no han merecido hasta el momento recepción como regla en nuestro derecho positivo (conf. esta Sala, causas 5078/92 del 30.10.97; 6448/95 del 15.10.98, y otras; CNCiv., Sala D, 28.2.96, LL f. 94.688, supl.diario del 11.9.96; Sala F, 5.12.95, JA supl. diario del 30.7.97; BUSTAMANTE ALSINA, J., "Los llamados daños punitivos son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil", LL 1994-B-860; VAZQUEZ FERREYRA, R., "Importantísimos aspectos del derecho de daños en un fallo sobre responsabilidad médica", espec. cap.VI, LL supl.diario del 11.9.96), de modo que no podría condenarse a la demandada a título de sanción ejemplar. En las condiciones apuntadas, resulta imposible que se ponga en movimiento la facultad que confiere al juzgador el art,165, in fine, del Código Procesal, en orden a la fijación del resarcimiento, habida cuenta de que la norma autoriza a fijar "el importe... de los prejuicios, siempre que su existencia esté legalmente comprobada". Con lo que va dicho que, si mi opinión es compartida, corresponderá revocar este aspecto del pronunciamiento de primera instancia.

IV.- La decisión del Juez en punto al daño moral concita las críticas de ambas contendientes. Desde ese ángulo, adviértese que las molestias e inconvenientes que padeciera la actora con motivo de la interrupción del servicio telefónico parecieran no ser diferentes a las que debe soportar una de las partes del contrato ante la inejecución de las obligaciones de la otra, de modo que esa perturbación del ánimo por la carencia transitoria de un bien material no legitima como principio el reclamo por daño moral (conf. esta Sala, causas: 1247 del 14.5.82; 2166 del 18.5.84 y sus citas; 5889/93 del 11.2.97; 6448/95 del 15.10.98; doctrina de la causa 8460/95 del 12.9.96, etc. En análogo sentido, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 296:308; 300:639, y otros; Sala I, causas 930 del 19.3.82, "Goyena, R. c/ Telecom Argentina Stet France" del 11.7.95", etc.). No obstante, concurren en el supuesto de autos circunstancias especiales que, a mi entender, lo tornan procedente. Y es que la diversidad de alternativas que tuvo que transitar la actora para lograr el reconocimiento de sus derechos y la zozobra y frustración espiritual que debió causarle el hecho de que durante un largo período sus reclamos no fueran atendidos (conf. peritaje psiquiátrico antes citado y declaraciones testimoniales de fs.160/164), unidos a la pérdida de valioso tiempo de su vida insumido en diversidad de reclamos que tuvo que realizar, creo que exceden la normal tolerancia que es dable exigir en el sufrido consumidor de servicios que son esenciales para mantener un mínimo de bienestar en esta turbulenta vida actual (conf. esta Sala, doctrina de las causas: 8460/95 del 12.9.96; 5667/93 del 10.4.97; 1295/92 del 7.7. 98; 6448/95 del 15.10.98, etc.). Como nadie se halla autorizado a alterar indebidamente el sosiego espiritual de otra persona, propiciaré confirmar la procedencia de la indemnización de este capítulo del daño. Examinadas las constancias de la causa a la luz de los principios que acabo de exponer, hallo adecuada la suma que fijara el a quo, la que se compadece con la otorgada por la Sala en situaciones similares a la presente (conf. causas 6168/94 del 21.4.98; 6448/95 del 15.10.98, etc.). A lo cual cabe añadir que las argumentaciones que vierte la actora sobre este capítulo no satisfacen las exigencias del art.265, del Código Procesal, en tanto se limitan a reclamar, dogmáticamente, que se fije en concepto de daño moral una suma equivalente al 30% de la que se conceda para resarcir el daño material.

V.- Relativamente a las costas de la primera instancia, una adecuada ponderación del resultado del litigio considerando las modificaciones introducidas en alzada justifica modificar el régimen adoptado por el a quo (art.279, del Código Procesal). Cabe tener en cuenta, en ese sentido, que la actora acreditó el aspecto central del pleito -el irregular funcionamiento de su línea telefónica y la responsabilidad que le incumbía a la empresa prestadora del servicio. Y si bien fracasó en su intento de probar los daños económicos que aquella situación le producía, sí tuvo éxito en la prueba de los presupuestos condicionantes de la indemnización del daño moral (art. 522, del Código Civil). Por su parte Telefónica de Argentina venció en el tema del resarcimiento del daño patrimonial y en el rubro reintegros, de escasa significación económica. En función de esos antecedentes, resulta incuestionable que se da en la especie una situación de vencimiento parcial y mutuo, que torna de aplicación la norma del art.71 del Código de rito; precepto éste que exige meritar la naturaleza y entidad del triunfo obtenido por cada una de las partes, toda vez que -conforme con la jurisprudencia del Tribunal- el mencionado art.71 no requiere una distribución matemática de los accesorios sino que contempla su imposición prudencial (confr. causas: 6186 del 18.11.88; 7831 del 16.11.90; 1223/91 del 12. 12.95, etc.). Desde ese punto de vista, es incuestionable que el punto neurálgico del conflicto reside en la determinación de la responsabilidad, aspecto en el que -como antes se dijo- resultó vencedora la demandante. Y este extremo viene a compensar el poco significativo monto de la condena, que fue supeditado a la fórmula "o lo que en más o en menos resulte de la prueba". Valorando lo dicho y la magnitud de los fondos obtenidos por la empresa demandada, esta Sala juzga equitativo que las costas de la instancia anterior sean soportadas por su orden y las periciales por mitades (art.71 del Código Procesal).

VI.- Asimismo, considero acertado el criterio del Juez en tanto dispuso que las costas generadas por la intervención del tercero citado (ENTEL) sean satisfechas en el orden causado, porque las circunstancias del reclamo pudieron persuadirla de que le asistía el derecho de requerir la citación. En primer lugar, advierto que la citada no controvierte fundadamente aquellas razones (se limita a una reseña de precedentes jurisprudenciales, pero no los relaciona con las concretas circunstancias de esta causa). Además, la forma en que fue plantada la pretensión, abarcando un período anterior a la fecha en que se operó la transferencia del servicio telefónico privatizado a las licenciatarias (8.11.90: conf. Pliego de Bases y Condiciones aprobado por dec.62/90 y Contrato de Transferencia aprobado por dec.2332/90) -extremo al que alude la propia ENTEL, en su responde (conf. fs.94 y vta.) y al alegar (conf. fs.375) y también la demandada (conf. fs.66 y vta. y 379)-, convence acerca de que la actitud asumida por Telefónica de Argentina S.A. de convocar al pleito a ENTEL fue justificada.

VII.- Por lo expuesto, propongo revocar la sentencia apelada en cuanto condenó a la demandada a abonar la suma de $ 2.500 en concepto de daño material y confirmarla en lo demás que decidió y fue materia de agravios, con excepción del régimen de las costas, que se adecuará a lo expuesto en los considerandos V y VI de la presente. Costas de alzada: en el recurso de la actora: a ella, porque resulta vencida (art.68, Código Procesal); en el recurso de la demandada: en un 30% a ella y en el 70% restante a la actora (art.71, Código Procesal); en el recurso de la citada: a ella, porque su recurso no prosperó (art.68, primer párrafo, Código Procesal). Es mi voto.

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, adhiere a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FDO: MARINA MARIANI DE VIDAL - EDUARDO VOCOS CONESA