marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, falta de legitimación para obrar, daños en el inmueble, filtraciones de humedad
Materia: PROCESAL
Carátula: ROJAS,  Carlos  Eduardo c/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-16

Para reclamar la indemnización del daño causado a las cosas, están legitimados su dueño, poseedor, heredero, usufructuario o mero tenedor, más cada uno de ellos en la medida que el detrimento irrogue perjuicio a su respectivo interés.

Así, el tenedor no está legitimado para peticionar los perjuicios sufridos por filtraciones desde el techo en una propiedad si estos no le provocaron una indisponibilidad, en tanto su derecho está limitado para reclamar exclusivamente aquellos que experimentaran sus bienes dentro del inmueble y que fueron afectados por el obrar de terceros o bien por la aludida imposibilidad material de uso que le hubiera ocasionado aquel ilícito proceder (conf. arts 1079, 1095 y 1110 del Código Civil).

De tal manera, si probó únicamente ser usuario de la propiedad, sólo hubiese estado legitimado para reclamar aquellos arreglos en el inmueble por él efectuados con motivo de los deterioros provocados de manera ilícita por terceros, siempre que hubiera sido él quien solventó los arreglos.

Desde esta perspectiva, carece de legitimación activa quien no demostró carácter de titular o poseedor del inmueble o en su caso de haberse subrogado en los derechos del titular del bien por haber solventado los perjuicios inferidos a la propiedad, no obstante que alegó ser heredero testamentario del 50 por ciento de ella y no acreditó el fallecimiento de su dueño ni el inicio del sucesorio ni la validez del instrumento.
Recurso de revisión (administrativo), acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PLATNER Claudio Roberto c/ Pcia. de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-05-19

En tal sentido, el recurso de revisión " en el supuesto indicado por el actor- se interpone " contra las sentencias dictadas en contradicción con otra dictada sobre la misma cuestión;" (conf.: FIORINI, Bartolomé A., "Derecho Administrativo", T.II, Ed. Abeledo-Perrot, 1997, pág. 713).

Asimismo, "Es también susceptible de recurso de revisión el supuesto en que se hubieran dictado dos o más sentencias contradictorias en causas seguidas por las mismas partes y con idénticos fines, aunque sobre actos y hechos administrativos distintos. " (conf.: DIEZ, Manuel María, "Derecho Procesal Administrativo", Ed. Plus Ultra, 1996, pág. 184).
Recusación, recusación con causa, deber de imparcialidad, procesamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Cofre, A. L. y otros c/  s/ recusación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-19

Cabe hacer lugar a la recusación, planteada por uno de los imputados en la causa, respecto de dos magistrados de la Sala que habían confirmado el procesamiento de otros dos coimputados y, al haber emitido opinión sobre aspectos centrales de la imputación, ingresando al análisis de los hechos y la prueba que la sustentan, daban lugar a un fundado temor de parcialidad, habida cuenta que las especiales circunstancias del caso y los términos la intervención de ambos en la que arribaron a un juicio global sobre la existencia de los hechos objeto de imputación, como también de la prueba que los sustentan, podrían dar lugar a la duda que el alegada por el recusante.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, acción de amparo, cobertura médica, prueba de informes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., S. G. c/ INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL (IAPOS) Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-04

La Sala valoró la documental presentada que, según la amparista, constituirían un hecho nuevo, y sobre el particular, expuso que tales informes no cambian la decisión por cuanto el correspondiente a la ANMAT se limita a calificar al método como pedagógico y no como tratamiento o producto médico, de lo cual no puede desprenderse que constituya una prestación educativa cuya cobertura se encuentre prevista en el régimen examinado; y el de la repartición de la Superintendencia de Servicios de Salud si bien considera al método como una actividad profesional de las reconocidas por el Ministerio de Salud, ello no ha sido demostrado y, por el contrario, ha sido el principal argumento del rechazo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Resolución 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Competencia, competencia civil, homologación judicial, convenio de honorarios, competencia laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Fischetti, Nunzio Antonio c/ Pérez, Néstor Eduardo s/ Homologación de acuerdo/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-13

Si el actor solicita la homologación judicial y el cobro de un pacto de cuota litis suscripto con el demandado, quien se habría comprometido al pago del 25% de toda suma que por cualquier concepto percibiera en el juicio laboral, resulta aplicable lo dispuesto en el art. 43, inc. c) del decreto ley n° 1285/58 en cuanto establece que los juzgados nacionales en lo Civil conocerán en las causas "...relativas a las relaciones contractuales entre los profesionales y sus clientes o a la responsabilidad civil de aquéllos". Ello así, en tanto se denuncia la existencia de un contrato -convenio de honorarios-que no fue homologado en el juicio laboral y cuyo cumplimiento pretende exigir del aquí demandado. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Voto coincidente del juez Luis F. Lozano).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, sistema federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido   Justicialista   Distrito   Electoral  de  Catamarca c/ Catamarca,  Provincia  de s/ acción declarativa de certeza. Barrionuevo -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18

Si, so capa de un derecho lesionado, o no suficientemente tutelado o garantido, la Corte pudiera traer a juicio, a sus estrados, a todos los actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias, sería el régimen unitario el imperante y no el federal que menciona el art. 1° de la Constitución Nacional
Responsabilidad del Estado, prisión preventiva, resarcimiento a personas condenadas por error
Materia: PROCESAL
Carátula: "Soruco  Choque,  Silvio c/ Estado  Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-26

Para que el Estado sea responsable del perjuicio ocasionado a quien, imputado de un delito, sufre efectivamente prisión preventiva y luego resulta absuelto, es exigible: A) que la absolución haya sido dictada en virtud de su inocencia manifiesta, y B) que el auto de prisión preventiva -aun confirmado en las instancias superiores o proveniente de éstas se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario (Fallos: 318:1990) (Del voto del juez Coviello).
Proceso de reorganización nacional, desaparecidos, publicidad de los actos de gobierno
Materia: PROCESAL
Carátula: Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Tucumán
Fecha: 2008-09-04|2008-09-04

El esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional es fundamental para satisfacer el derecho a la verdad sobre personas desaparecidas de modo tal que, aún sin poder saber donde está el cuerpo de la víctima, permita morigerar el dolor de la incertidumbre y abrir la posibilidad de un duelo, entendiendo que este derecho a la verdad no solo lo titularizan quienes tienen vínculos jurídicos familiares pues se trata de un derecho que tiene una perspectiva colectiva porque concierne a la sociedad en su conjunto y que se vincula con la publicidad de los actos de gobierno que dimana del principio republicano.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viñuela, Gabriel c/ Plata Gas SACI s/ Incidente medida precautoria Sorrenti de Abbruzzese c/ Tucker, Carlos s/ Cobro de pesos Atilena SCA c/ Vargas, Daniel y otro s/ Cumplimiento de contrato Vázquez Victor Luis s/ Medida cautelar Costa Delia Dora c/ Consorcio Edificio San Luis 2046 s/ Acción sumarisima Ley 13512 Art. 250 CPC
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-18|1993-03-04|1995-12-26|1996-04-25|1997-05-29

La caución juratoria resulta insuficiente a los fines de garantizar las eventuales costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida trabada en caso de haberse pedido sin derecho por lo tanto la contracautela debe consistir en caución real o personal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Priotti, Nicolás Fernando c/ Figueroa, Ramón Antonio s/ EJECUTIVO - QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-05-15

La presente queja no satisface los requisitos de tiempo previstos por el ritual para su interposición. Deviene así, por la circunstancia de que la Resolución que en efecto determina negar la concesión del recurso está dada por la Sentencia Interlocutoria Nro. 342 y es la que precisamente debió ser objeto de queja. Sin embargo, contra ella se deduce previamente una apelación cuyo trámite decretó la firmeza procesal en relación a la presente vía recursiva. Es conteste la jurisprudencia, como la doctrina, en considerar que el litigante debe articular el Recurso de Queja directamente ante el Tribunal Superior. Es improcedente la vía de recurso de revocatoria y apelación en subsidio. Que, además de las constancias elevadas a esta Alzada, resulta contundente que la providencia agregada a estos obrados, disponiendo la caducidad de la prueba pendiente, nunca fue atacada por recurso alguno, de ahí que ha quedado firme y consentida la que también marca la improcedencia del presente Recurso de Queja.
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, sentencia firme, pago, cobro de retroactivo, aplicación de la ley previsional, persona de edad avanzada, carácter alimentario
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: JAMARDO DE MUTI, MARIA CAROLINA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-29

El mecanismo de cumplimiento de sentencias previsto en el art. 22 de la ley 24.463, resulta de aplicación a las retroactividades emergentes de los pronunciamientos sobre reajustes (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 02.12.98, Arisa, Angel Umberto). Pero de esa doctrina se excluye el nuevo haber resultante del recálculo ordenado en la sentencia, el cual deberá comenzar a pagarse dentro de los 90 días de quedar firme la misma, porque teniendo en cuenta la edad del titular (en el caso, 92 años) y el carácter alimentario del beneficio, su reducción puede insolventar o menguar sustancialmente el patrimonio de aquél, y de esta forma, hacer ilusorio el derecho que legalmente le corresponde.
Colegio Público de Abogados, sanciones del Colegio Profesional, remisión del expediente, cómputo del plazo, ley de procedimientos administrativos, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cichello Carlos R. G. c/ Junta Electoral del C.P.A.P.F. y Otro s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-11

Según el art. 17 de la ley 23.187: "sin perjuicio de las remisiones, especiales, la actuación del Colegio que se refiere al ejercicio del cometido administrativo que esta ley habilita, se regirá observando supletoriamente la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos". Esta fórmula sanciona una remisión integrativa que, por si sola, legitimaria el cómputo de los plazos conforme a la ley antes citada.
Compraventa, automotores, obligaciones del vendedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOYANO ELIO c/ EDUARDO CANNIZZO s/ Transf - Autom (LIBRO: S083 - 395)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-11-04

El hecho de haber prometido en venta como propio un bien ajeno no libera al vendedor de toda obligación, pues debe entenderse que al proceder de ese modo, se compromete en todo caso a conseguir la ratificación del "dominus", conforme al principio de que los contratos deben interpretarse y cumplirse de buena fe y obligan a todas las consecuencias virtualmente comprendidas en ellos (art. 1198 CCI). La existencia de esa obligación implícita impone al vendedor la obligación de remover los obstáculos que impidan la libre disposición del bien, procurando obtener la ratificación, que en nuestro caso, por tratarse de la transferencia de un automotor, implica la obtención de toda la documentación emanada del titular registral, que permita la inscripción en el Registro, a nombre del adquirente.

Puede por consiguiente -aún en este supuesto- condenárselo a realizar el acto prometido, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños e intereses por el incumplimiento de la obligación, de tornarse imposible el mismo.
Recurso de queja (procesal), remisión de deudas
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodo Hogar SA c/ GCBA s/ queja pr recurso de inconstitucionalidad denegado en: Rodo Hogar SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos" inconstitucionalidad denegado en: Rodo Hogar SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-07

No se desconoce que las medidas cautelares son esencialmente provisionales y siguen la suerte del principal que garantizan, pero está claro que ellas subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron (art. 182, CCAyT y art. 202, CPCCN). En suma, el acto administrativo, suspendido en sus efectos en este caso -aunque sea cautelarmente-, se encontraba privado de manera temporaria de su ejecutoriedad y, en consecuencia, no resultaba exigible al contribuyente al 31 de octubre de 2001.
Abandono de trabajo, intimación previa, plazo legal
Materia: LABORAL
Carátula: MONSERRAT ANGEL ALBERTO c/ EXPRESO LO BRUNO S/INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-05-15

El término por el cual corresponde realizar la intimación prevista en el art. 244 de la LCT es de dos dias hábiles.
Recurso de inconstitucionalidad, gravamen irreparable, fundamentos suficientes, leyes, aplicación de la ley, acción penal, prescripción, actos y diligencias procesales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., E.G. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 367 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

No puede tener favorable acogida el agravio esgrimido por el recurrente al señalar que le causó un gravamen irreparable el exceso ritual en que habría incurrido el Tribunal al prolongar la resolución sine die de la situación procesal de su defendido, omitiendo pronunciarse respecto de la prescripción de la acción penal planteada, obedeciendo tal circunstancia a que existían dos obstáculos que le impedían, en ese momento, dicha declaración -tales, el hecho de atribuirse al imputado otros hechos que tendrían potencialidad interruptiva del curso de la prescripción, y la ausencia absoluta de las informaciones registrales relativas a eventuales antecedentes del imputado. Ello por cuando, más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido los sentenciantes, la respuesta brindada por la Alzada al suspender el pronunciamiento sobre la prescripción opuesta, no luce arbitraria ni ilógica, encuentra sustento en doctrina y jurisprudencia, y, en definitiva, tal como lo expresa la Sala en la denegatoria, remite a un tema discutible toda vez que importa la interpretación de una norma de derecho común.
Falta de traslado, incidentes, tasa de justicia, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Dycasa Dragados y Construcciones  SAICI c/ Estado Mayor (Estado Mayor General de la Armada) s/ contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-04

La omisión del traslado dispuesto en el segundo párrafo del art.

257 del Código Procesal a quien tiene asignada expresa intervención en el incidente sobre oposición al pago de la tasa judicial (cuarto párrafo del art. 11 de la ley 23.898) compromete irremediablemente su derecho de defensa.
Hurto simple, sustracción de nafta, principio de insignificancia
Materia: PENAL
Carátula: Esperon, Enrique y otro s/ Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Sorprendidos los encausados en plena maniobra sustractiva, apoderándose de la nafta contenida en el tanque de un vehículo, ignorándose que cantidad de combustible se proponían apropiar, no es posible invocar la teoría de la insignificancia, ya que aunque el total de lo sustraído resultara escaso en su monto, ello no puede dar lugar a la impunidad del hecho, pues la nafta tiene valor económico y constituye "cosa" en el sentido del art. 162 del C.P.

que tutela el derecho de propiedad en sentido amplio, sin importar la magnitud de la afectación del patrimonio del sujeto pasivo.
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, oportunidad procesal, hecho imponible
Materia: PROCESAL
Carátula: "Pesquera Santa Elena SAIC (T.F. 9795-A) c/ D.G.A.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-30

La tasa de justicia tiene como hecho generador de la obligación tributaria el acto del actor o del reconveniente por el cual insta -uno u otro- la intervención de los tribunales, por lo que, la actora no puede eximirse de la obligación que impone el art. 9 de la ley 23.898, en cuanto establece que la totalidad de la tasa se abonará en el acto de iniciación de las actuaciones, porque es el momento en el que se verifica el hecho imponible, del que indudablemente surge la obligación de pago por parte de quien instó el proceso. La tasa se debe por la contraprestación efectiva o potencial de un servicio y basta para la procedencia de su pago que el servicio esté organizado y en condiciones de prestarse sin que pueda decirse que no se ha generado el hecho imponible porque no se ha prestado el servicio de justicia ni que los plazos procesales se encuentran suspendidos en virtud de lo dispuesto por los arts. 6 y 8 de la ley 25.344.
Empleados públicos, categoría administrativa, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARRIÓN, SERGIO EDUARDO EXPTE. N°  84.867 c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-05-02

La estabilidad del empleado público, definida por el art. 16 Dec.Ley 560/73, comprende el derecho a la carrera, el que se refiere al derecho del agente a no ser disminuido en el cargo que ha sido designado, pero no es extensivo a las funciones que se le han asignado si éstas no han sido acompañadas del respectivo decreto escalafonario, ya que no puede sostenerse que en verdad y fuera de los casos de promoción automática exista un derecho subjetivo al ascenso y menos aún que el mismo se dé con carácter general, ya que la selección necesaria y la estructura piramidal de la Administración Pública se oponen a ello, salvo que el agente interesado que ha sido objeto de una indebida postergación invoque su derecho a que se cumplan los procedimientos selectivos que estuvieran establecidos y se ajuste la decisión administrativa al principio de igualdad de oportunidades en la carrera.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso contencioso administrativo, sentencia, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, jubilación de privilegio, economía procesal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RUIZ DE GALARRETA, HECTOR JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

Habiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocado la sentencia dictada por la Corte Provincial en un precedente análogo, declarando la nulidad de los actos administrativos que dispusieron conforme lo establecido por la ley provincial 9429- la caducidad de la jubilación ordinaria concedida en su momento conforme lo estatuido por la ley provincial 9214 y dejado sin efecto esa declaración de caducidad a partir del instante en que la misma fue dispuesta; se justifica el cambio de criterio mantenido en aquella causa por nuestro Tribunal, ya que en tales condiciones el apartamiento del criterio mayoritario del Tribunal nacional sólo irrogaría perjuicios para las partes y significaría un inútil dispendio de actividad procesal. Por lo tanto, corresponde en este caso -remitiendo "mutatis mutandi", en honor a la brevedad, a los fundamentos del expresado fallo- juzgar procedente el recurso interpuesto.
Sentencia, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: PONTE DANIEL GUSTAVO s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-25

La determinación del hecho comprobado en la sentencia absolutoria se hace necesaria también para asegurar, debidamente, la garantía de rango constitucional que se expresa en el aforismo "non bis in idem" y adoptan los arts. 39 de la Constitución de la provincia y art. 1ro. del C.P.P. y que la perentoriedad de aquella exigencia legal surge con evidencia contrastable precisamente en los casos de sentencias que deciden sobre el ejercicio de dos acciones:

penal y civil, en la que se absuelve por la primera y se condena por la segunda.

Para ambos supuestos, la decisión presupone como base o fundamento del juicio de derecho, la determinación del hecho comprobado en el debate.

La exigencia que se trata no es para los casos de absolución por inexistencia de hecho, pues no se podrá acreditar lo históricamente inexistente, situación que no debe confundirse con la acreditación de un hecho diverso (C.P.P., art. 414) o nuevo (C.P.P , art. 140).-
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, intereses, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Compañía Meca SA c/ DGR (Res. n° 429 DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y sus acumulados expte. nº 2538/03: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. n° 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fiscal)'" y expte. nº 2585/03: "Compañía Meca SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. n° 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR  (art. 114 Cod. Fiscal)' inconstitucionalidad concedido" y sus acumulados expte. nº 2538/03: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. nº 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fiscal)'" y expte. nº 2585/03: "Compañía Meca SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. nº 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR  (art. 114 Cod. Fiscal)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-12

Aun cuando resulta correcto afirmar la omisión de fundamentos del tribunal de mérito respecto de los intereses, no existe base alguna -agravio determinado por la recurrente- para que este Tribunal revoque la sentencia en este aspecto. Desde otro punto de vista se puede decir que la recurrente, al no concretar su agravio abstracto (intereses), de manera tal de permitir el ejercicio de la competencia recursiva, ha dejado que la sentencia, aun con defectos, adquiera calidad de cosa juzgada.