Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-27


V., J. y otros Reg.: A y S t 202 p 172-174. Santa Fe, 27 de octubre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el doctor Aldo Mariano Sáenz contra la sentencia 34 del 25 de marzo de 2004, dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto en autos "V., J. y otros -Asociación ilícita, etc.-Expte. 777/03- Incidente de reposición interpuesto por el Dr. Aldo SÁENZ- (Expte. 283/03)" (Expte. C.S.J. nro. 265, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso extraordinario local, la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto desestimó el recurso de apelación en subsidio oportunamente incoado y confirmó la sanción de prevención que fuera impuesta por el Juez de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción, Correccional y Faltas de Rufino al doctor Aldo Mariano Sáenz (fs. 87/90).

En el memorial introductor del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 99/123), el doctor Sáenz, por derecho propio, endilgó arbitrariedad a la decisión de la Cámara en mérito de las siguientes razones:

En primer lugar, adujo el citado profesional que el A quo no decidió cuestiones planteadas y que resultaban conducentes para la solución del litigio.

Refirió que ninguna de las cuestiones centrales sometidas a decisión de la Cámara -que a continuación reseñara-, recibieron una contestación clara y contundente. Concretamente, aludió a que ninguno de los dos párrafos calificados por el A quo como ofensivos a su persona poseían esa entidad agraviante. Afirmó que las frases vertidas se justificaban plenamente dentro del contexto procesal en que fueron volcadas, por lo que la conducta no fue excesiva y que por lo tanto, se encontraba dentro de una causal de justificación, tal el legítimo ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber propio de su cargo.

Sostuvo que no se puede aplicar una sanción a un letrado -del tipo de la que se ha aplicado- si no hay perjuicio concreto a la marcha del proceso.

En segundo término, sostuvo que la decisión se sustentaba en afirmaciones dogmáticas.

En tal sentido, expresó que la resolución padecía de una apariencia de fundamentación toda vez que al no haber ingresado a la esencia de la cuestión debatida, no haber ponderado en profundidad ni uno solo de los argumentos conducentes a la elucidación del objeto procesal, debió recurrir a afirmaciones dogmáticas.

Afirmó además que la Cámara pretendía dejar sin efecto decisiones anteriores firmes. Ello así puesto que -dijo- se impidió intervenir al Colegio de Abogados pese a que existía un decreto judicial firme que así lo disponía.

Finalmente, reprochó al Tribunal convalidar la pretensión de aplicar una sanción disciplinaria sin oír previamente al afectado, aniquilando su derecho de defensa, y no atender a la inconstitucionalidad por violación del principio de legalidad de la ley 10.160 que permite la sanción de conductas indeterminadas.

La Cámara, mediante auto 78 del 15.06.2004 denegó la concesión del medio impugnatorio deducido por considerar que los cuestionamientos del recurrente se centraban en las circunstancias propias de la imposición de la sanción, mas sin hacerse cargo de los argumentos en cuya virtud se confirmara la decisión del A quo (fs. 130/134). Tal denegatoria, motivó la presentación directa del interesado ante esta sede (fs. 137/147).

2. Liminarmente, cabe consignar que resulta criterio jurisprudencial afincado en la Corte Nacional y Provincial que lo atinente a las sanciones disciplinarias impuestas por los tribunales de justicia, por no constituir castigos del derecho criminal ni importar el ejercicio del poder ordinario de imponer penas, constituyen -por regla- facultades inherentes a ellos no susceptibles de ser revisadas mediante el recurso extraordinario.

Así, reiteradamente ha dicho el Máximo Tribunal nacional que "los agravios referentes a la valoración de las actitudes procesales y a la procedencia de la sanción remiten al examen de cuestiones fácticas y de derecho no federal , materia propia de los jueces de la causa y ajena, por su naturaleza, al remedio del artículo 14 de la ley 48" (C.S.J.N. Fallos: 318:892; ver también, Fallos: 312:607,1076; 317:1124, entre muchos otros), criterio éste que fuera receptado por este Cuerpo (vid, A. y S. T. 189, págs. 72/74).

Cierto es, sin embargo, que tanto este Cuerpo como la Corte Suprema de Justicia de la Nación han reconocido excepciones a esta regla, en cuanto que son irrevisibles únicamente aquellas medidas disciplinarias que no excedan de las usuales (C.S.J.N. Fallos: 245:284; 254:247; 307:1906), las que no traspasan las comunes (C.S.J.N. Fallos: 255:283; 303:1673), las que no sean excesivas (C.S.J.N. Fallos: 276:312; 277:15; 306:2048), que no importen un abuso (C.S.J.N. Fallos: 298:726), no comporten una evidente arbitrariedad (C.S.J.N. Fallos: 307:1527; 308:1065), o no resulten irrazonables, no signifiquen un claro apartamiento de las facultades legales o menoscabo al derecho de defensa (C.S.J.N. Fallos: 306:90); (Cfr. A. y S., T. 87, págs. 479/482; T. 91, págs. 437/438; T. 104, págs. 437/439; T. 108, págs. 179/181).

A tenor de tales lineamientos, dable es señalar que el caso de autos no es susceptible de ser encuadrado en ninguno de tales supuestos excepción.

En efecto: el impugnante endilga a la resolución violación de garantías constitucionales, omisión de decidir cuestiones planteadas, dogmatismo y dejar sin efecto decisiones anteriores firmes, agraviándose acerca de que la sanción le ha sido impuesta sin ser oído, discrepando con la conclusión del A quo que reputara ofensivas las expresiones utilizadas, afirmando que tales frases se justificaban en el contexto en que fueran vertidas y que en definitiva no existió un perjuicio concreto a la marcha del proceso. Sin embargo, lo cierto es que todo ello no se compadece con las constancias de la causa, toda vez que de la lectura del pronunciamiento puesto en tela de juicio -reafirmado ello con énfasis en el auto denegatorio- surge que la Alzada dio las razones que la condujeron a la confirmación de la sanción que impusiera el Juez de baja instancia, al haber estado sus motivos razonadamente explicitados en su resolución.

Más aún, el Tribunal abordó la temática en cuestión de manera exhaustiva, dejando sentado que "cuando las correcciones disciplinarias se tornan imprescindibles y no producen efectos fuera de los límites del juicio concreto (como sería en la hipótesis de prevención) el poder disciplinario prevalece sobre los aspectos defensivos...". (f. 89).

En base a tales criterios, fue que analizó las expresiones vertidas por el letrado y consideró que resultaban "ofensivas y vulnerantes de la dignidad del Magistrado en su función jurisdiccional en cuyo marco dispuso y ejecutó medidas acordes a la Ley y a la Constitución, que no vulneraron derechos y garantías del imputado, resultando desmesuradas las expresiones del Curial al preguntarse si no sería más piadoso restablecer la pena de muerte y acortarle el suplicio (referido a su defendido y en relación a las medidas instructoras ordenadas en la causa)" (f. 89vto.). Y todo ello -más allá su acierto o error- sin que este Cuerpo advierta que en tal labor se hubiese incurrido en arbitrariedad.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)