marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción, derecho subjetivo vulnerado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pereyra Pérez, Gonzalo María c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

La circunstancia de que esta Suprema Corte haya declarado la procedencia formal de la demanda sin oponer la ausencia de un derecho subjetivo de naturaleza administrativa, no constituye obstáculo para desestimarla al dictar sentencia cuando tal ausencia importa, además, la imposibilidad de una condena.
Poder de policía, control sanitario, medicamentos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Drawer S.A. c/ Estado Nacional s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Las actividades de importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización o depósito en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación de la medicina humana, están sometidas a la ley 16.463 -y a los reglamentos que en su consecuencia se dicten- y sólo pueden realizarse previa autorización y bajo control del ministerio que ejerce el poder de policía sanitaria referente a dichas actividades.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, muerte del paciente, hospitales públicos, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, legitimación activa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PARRA, Angel Norberto c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15

El hospital municipal presta un servicio encaminado a la curación de los enfermos que allí acuden a hacerse atender, y al objeto de ese servicio debe limitarse la apreciación de una relación de tipo contractual u obligacional emergente de la actuación de la administración municipal. Al suceder el fallecimiento del paciente por culpa de los agentes municipales encargados de la prestación de determinado servicio asistencial, sus familiares o las personas perjudicadas a raíz del hecho, pueden invocar la responsabilidad de los hechos ilícitos, como damnificados indirectos.
Derecho constitucional, jerarquía de las leyes, conflicto de leyes, decretos, Dirección General de Rentas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: 72215 - LA FACULTAD S.R.L. Y OTR. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-08-31

Es inconstitucional la aplicación de una resolución dictada por la Dirección General de rentas, que modifica unilateralmente el uso del saldo de crédito fiscal, desconociendo el acta acuerdo firmada por las partes y ratificada por Decreto nro. 567/96; Ya que la misma se contrapone al orden constitucional de prelación de las leyes.
Daños y perjuicios, carga de la prueba, beneficiarios de la indemnización civil, hermanos, presunción legal
Materia: CIVIL
Carátula: SUCESION DE PEDRO PABLO JUAREZ c/ JULIO ANTONIO CURIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1991-08-20

En el juicio de da/os y perjuicios, los hermanos del causante (víctima) tienen la carga de acreditar el da/o, porque si bien es aplicable el artículo 1079 del Código Civil, en cuanto establece la obligación de reparar el da/o a toda persona que lo hubiera sufrido de un modo indirecto, no es aplicable a los hermanos la presunción legal determinada en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil.
Competencia, cuestiones de competencia, delitos contra el honor, calumnias
Materia: PROCESAL
Carátula: PARENTI s/ CALUMNIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1940-11-12

El conocimiento de las querellas por delito de calumnia, corresponde exclusivamente a los Señores Jueces de Sentencia.

NOTA: 1) Desde la sanción de la norma del art. 57 del Decreto Ley 2 021/63 la doctrina del fallo plenario 'Parenti, G.M.', perdió aplicabilidad. Causa: 'Valotta, Mario', del 17/9/65. Sala IV, Correccional.

2) Procedimiento. Doble etapa, instrucción y sentencia. Causa:

'Popouski, Moisés', del 22/10/63, Sala II.
Secuestro extorsivo, elemento subjetivo, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: VIDELA,  JORGE  -  HARGUINDEGUI,  ALBANO  -  MARTINEZ  DE  HOZ,  JOSE s/ PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-14

Si bien su elemento objetivo es similar al delito de privación ilegal de la libertad, se caracteriza por el elemento subjetivo, que guía el autor, y consiste en la finalidad de obtener un rescate.

Así, además del dolo, conocimiento y voluntad de realización - objetivo -, el autor realiza el hecho con una determinada intención, motivación o impulso.

El secuestro extorsivo es una figura que requiere que la privación ilegal de la libertad sea un medio para presionar y obtener el rescate, el supuesto previo de la libertad es el rescate entendido como una exigencia de tipo patrimonial.
Derecho administrativo, empleo público, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZAVALIA, PATRICIA EUGENIA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-05-27

La función pública de intendente municipal, se equipara en su régimen al de empleado público, y siendo que el estatuto que rige a los empleados y obreros municipales no prevé regulación alguna relacionada a los plazos de prescripción respecto a las acciones relativas a los créditos provenientes de las relaciones de trabajo entre la Administración Municipal y sus agentes, deberá aplicarse por analogía, la norma de derecho público administrativo que más se adecue al caso en primer lugar, y luego las del derecho privado que regulan la materia de prescripción, como el Código Civil, en ese orden.
Cese de la detención, sentencia definitiva, gravamen irreparable
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Eischeid, Paul Merle c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-31

La decisión que no hace lugar al pedido de cese de la detención de quien es requerido por un Estado extranjero, debe considerarse sentencia definitiva, en tanto ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior. No es aplicable el art. 62, inc. 2do. CP, en tanto hay un convenio vigente que rige el tratamiento de la cuestión por sobre las disposiciones que gobiernan el régimen procesal interno de la República Argentina y, en el mismo sentido, tampoco las disposiciones de la ley 24.767 resultan aplicables sobre este punto.
Sentencia, reglas para dictar sentencias, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Valvez, Jorge Marcelo y otros s/ Robo Calificado- Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-09-04

Motivar la Sentencia importa dar las razones de hecho y de derecho en que se funda el fallo, recaudo impuesto bajo sanción de nulidad (arts. 436 inc. 2º y 433 inc. 8º del C.P.P.), a fin de que los interesados -la sociedad entre ellos- y el superior puedan conocer y en el caso de este último, también controlar, si la sentencia es el fruto de la sola voluntad del juzgador, de su íntima convicción (la sentencia no puede fundarse en ellos) o si los Jueces han cumplido el mandato legal de apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.
Empleados públicos, indemnización, muerte, leyes, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Heit, María Graciela y otros c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-03

La solución legal del artículo 36 de la ley 8525 -que prevé que en caso de fallecimiento del empleado, tienen derecho a una indemnización igual a la mitad de la prevista en el artículo 26, la cónyuge con derecho a alimentos o el cónyuge incapacitado totalmente, cuando su único sustento provenía del ingreso de la empleada, y los hijos menores- fue evolucionando incluyendo nuevos legitimados para su cobro, a los que la Administración reconoció progresivamente, puesto que su redacción ya no se adecuaba a su esencia o finalidad, que estriba en la protección integral de la familia, resultando, en la actualidad, indiferente que se trate de un cónyuge supérstite varón o mujer, incapacitado totalmente o no, con sustento propio o no, siempre que tal aporte hubiera servido para sostener o mantener el grupo familiar, puesto que las exigencias contempladas por la norma en 1979 ya no resultan compatibles con la tutela de la dignidad intrínseca de la persona humana, encontrándose dicha distinción superada, al ser discriminatoria por motivos de sexo (ley 23592) y resultar antagónica con antecedentes jurisprudenciales y legislativos, al espíritu que inspira el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución nacional y la Constitución provincial, como así también en pactos internacionales de igual jerarquía. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Erbetta. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículos 14, 14 bis, 16 a 18 y 75, inciso 22; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, artículos 16 y 17; Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 16; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 23; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 17; Ley 23592; Ley 8525, artículos 26 y 36
Cuestiones de competencia, competencia por la persona, agentes diplomáticos, prueba, prueba de informes, Ministerio de Relaciones Exteriores
Materia: PROCESAL
Carátula: Reynals, Mercedes Noemí c/ Korea Trade Center s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores es el procedimiento adecuado para justificar el carácter diplomático que puede revestir una de las partes en juicio, en los términos del art.

24, inc. 1° de la ley 13.998 - similar en lo pertinente al art.

24, inc. 1° del decreto-ley 1285/58 - y 38 del Reglamento para la Justicia Nacional.
Acción meramente declarativa, facultades tributarias municipales, tasas, energía eléctrica, prestación del servicio público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Edenor c/ Municipalidad  de Gral Rodríguez s/ acción declarativa medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la acción declarativa promovida con el objeto de que se declare que una municipalidad carece de facultades para exigir a la empresa prestataria del servicio público de electricidad el pago de la tasa de inspección, seguridad e higiene respecto de los locales comerciales que aquella posee en el ejido de la comuna, pues tales tasas pertenecen inequívocamente al ámbito de facultades que, por su naturaleza, son propias de los municipios.
Perspectiva de género, igualdad ante la ley
Materia: DERECHOS HUMANOS-CONSTITUCIONAL
Carátula: F. C/ Chaves Rubio Darío P/ Homicidio Agravado S/ Casación  c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-07-03

El enfoque de derechos humanos con mirada de género postula que es deber del/la juzgador/a buscar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos desde el principio de igualdad, y para eso es necesario analizar la prueba e interpretar las normas ajustando las inequidades propias del sistema social y cultural en el que vivimos. La perspectiva de género visibiliza estas desigualdades que el operador judicial debe tener en cuenta durante todo el proceso para llegar a un resultado justo y equitativo.
Incapaces de derecho, responsabilidad del mandatario, prohibición de contratar, locación
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ de RICO PEÑA, Leonor c/ CHACO S.A s/ LOCACION-DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

Las prohibiciones impuestas al mandatario por los arts. 1918 y 1361 del Código Civil son de aplicación a un contrato de locación celebrado por el mandatario de la locadora quien contrata en nombre de la mencionada propietaria y en nombre de la sociedad locataria de la cual es representante, ya que lo dispuesto en los citados preceptos legales respecto de la compraventa debe extenderse a todos los contratos en los que haya conflictos de intereses, pues la ratio legis es idéntica.
Mercadería aduanera, origen de la mercadería, prueba, certificado de origen, sanciones aduaneras
Materia: ADUANERO
Carátula: Massalin Particulares S.A. (T.F. 9019-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-21

Esta Sala, en la causa "Autolatina Arg. S.A.", del 23/5/97, dijo que: "Resulta claro que lo fundamental no es el certificado en sí, sino si las mercaderías incluídas en el mismo pueden ser consideradas como de origen a los fines de la preferencia arancelaria. En consecuencia no puede sino concluirse que los incumplimientos formales (como son la presentación tardía de la documentación) llevan consigo la sanción de la multa automática mas, no como lo pretende la aduana...de hacer caer todo el régimen...En efecto, si la Aduana entiende que no se ha acreditado debidamente el origen de las mercaderías (por cuanto de ello se trata) debe intimar previamente a que tal extremo se pruebe y no aplicar una consecuencia de tal gravedad (como es la caída de todo el régimen) por incumplimientos formales. (Consid. VIII) .
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección General de Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Quilmes c/ Juárez Allen, Eduardo s/ Apremio. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

El pronunciamiento de la Cámara que resuelve sobre la revocación del mandato otorgado al letrado recurrente, aunque pudiera causar un gravamen irreparable, no reviste carácter definitivo máxime que ha sido dictado en un juicio de apremio, cuyas decisiones por regla no son revisibles ante esta instancia extraordinaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedencia del recurso, recurso de inaplicabilidad de ley, accidentes de trabajo, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: VAZQUEZ EDGARDO EMANUEL C/ PROVINCIA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-10-26

El recurso de Inaplicabilidad de Ley interpuesto por el actor contra la sentencia de segunda instancia que aplicó la tasa de interés mix desde el accidente hasta la sentencia y a partir de allí la activa es procedente, toda vez que si a través de este voto se deja sin efecto lo dispuesto por la Cámara para la conformación del módulo -IBM- cuestionado, por aplicación de la doctrina establecida en la causa "Espósito", receptada y confirmada por este Tribunal Superior de Justicia en diversos precedentes, teniendo presente el resarcimiento del caso y constancias de la causa, entonces resultará aplicable la tasa activa del Banco de la Provincia del Neuquén como mecanismo tendiente a mantener el valor económico de la sentencia, conforme la inveterada doctrina sostenida por este Cuerpo y que fuera sentada in re "Alocilla" (Acuerdo N° 1590, del registro de la Secretaría de Demandas Originarias).
Nulidad procesal, interés legítimo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MASSI MARIO Y OTROS EN J: BODEGAS Y VINEDOS RINALDI s/ Quiebra Voluntaria inc - Rest - bga (LIBRO: A075 - 459)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-04-21

No todo incumplimiento a la ley formal, ocasiona necesariamente la sanción de nulidad, ya que por el principio de trascendencia, cuando la irregularidad no compromete la defensa en juicio, carece el recurrente de interés jurídico en la declaración de nulidad impetrada.-
Filiación extramatrimonial, prueba de ADN, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: P. I.V. #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: CM c/ C. R.R. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-03-16

En las acciones de filiación puede ordenarse una pericia en uso de las facultades instructorias conferidas por el Código Civil en el art. 253, sin que ello viole el debido proceso y la igualdad de las partes a raíz de la medida de prueba ordenada de oficio durante el proceso.

Es que de acuerdo al nuevo paradigma que rige en la actualidad, deviene necesario conciliar el sistema dispositivo con un rol activo del juez en la adquisición de las pruebas relevantes para la decisión de los hechos, a fin de brindar un servicio de justicia eficaz.

Por ende, se justifica que en las acciones de filiación el Juez tenga poderes más amplios para alcanzar la verdad, ya que no sólo están en juego intereses privados, sino también un interés público como lo es el estado de las personas.

En tal sentido, el art. 579 del Código Civil y Comercial que próximamente entrará en vigencia establece que la prueba puede ser impulsada de oficio y que el juez valora la negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente.

A su vez, el art. 709 recepta el principio de oficiosidad para todos los procesos de familia a excepción de los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean capaces.

A ello se agrega que la carga de la prueba recae en quien está en mejores condiciones para producirla y no exclusivamente sobre la parte actora, para quien muchas veces la acreditación de sus afirmaciones constituye prueba de imposible o improbable producción.
Actos y diligencias procesales, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ríos, Norberto c/ Provincia del Chubut s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-24

Si en la realización del acto procesal se han observado todos los recaudos que el ordenamiento establece con respecto a los mismos, el acto produce normalmente todos y solamente sus efectos propios; por el contrario, si alguno de los requisitos marcados para los actos procesales no se da, el acto queda viciado por la falta de esa circunstancia, ya que el vicio de un acto no es sino la ausencia en el mismo de alguno de los requisitos que, en él, debieron concurrir. Queda, entonces, alterada la eficacia normal y se entra, consiguientemente al terreno de las nulidades procesales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, acción declarativa de inconstitucionalidad, Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DAYER DE ALVAREZ, SILVIA ERNESTINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-10-19

El presente recurso no puede prosperar en tanto el examen de los agravios esgrimidos por la compareciente en el recurso de inconstitucionalidad local no trasluce más que su mero disenso -sin entidad constitucional- con lo resuelto por la Sala en materias que se encuentran, como principio, reservadas a los jueces de la causa y que, por ende, no resultan susceptibles de revisión por medio de la vía de excepción intentada. Al respecto, de los propios términos del escrito recursivo se desprende que la compareciente solicitó ser admitida para desempeñarse en la ciudad de Santa Fe y, luego de ello, había aceptado el traslado en una categoría inferior del escalafón, quedando consolidado, y de sus dichos surgía que no pretendía cuestionar esta decisión, lo que no se corresponde con la finalidad expuesta en la demanda, esto es, esclarecer una situación de incertidumbre jurídica mediante una acción mere declarativa. Frente a lo expuesto, la compareciente aun en esta instancia insiste en alegar que carece de interés en cuestionar la decisión administrativa a la que aludió la Cámara, consideraciones éstas que definen la suerte de su situación, resultando -por lo demás- insuficientes sus alegaciones de tener interés en la declaración de inconstitucionalidad del "Reglamento de Calificaciones del Personal Judicial" que cita. Es que con su postulación sólo intenta oponer una singular interpretación de las circunstancias fácticas y procesales de la causa, no demostrando, en las particularidades del "sub examine", que resulte irrazonable el criterio expuesto por la Sala sobre la inexistencia de incertidumbre jurídica.
Falta de prueba, conducción de vehículo en estado de ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: BENITEZ MARIA ANGELICA c/ EDGARDO JAVIER SAVOY Y/U OTRA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-09-30

Ante la ausencia de prueba concluyente acerca del estado de ebriedad del conductor Savoy, y las demás pruebas evaluadas que demuestran haber concurrido en la producción del accidente, otros factores trascendentes: desperfecto mecánico y exceso de velocidad (véase el auto de procesamiento dictado en contra de Savoy), no puedo sino concluir en que no ha demostrado la aseguradora citada en garantía, con la contundencia exigida por la norma, haber incurrido el conductor en la hipótesis de "culpa grave" prevista por los arts. 70 y 114 de la Ley de Seguros, debiendo, responder en los términos del contrato vigente entre ella y la titular registral del vehículo.
Ejecución de sentencia, competencia, impuesto a las ganancias, reajuste jubilatorio, improcedencia del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Echtel Víctor c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Corresponde declarar competente al Fuero de la Seguridad social, pues en cuanto a la cuestión relacionada con la competencia respecto al impuesto las ganancias, dispone de manera expresa el art 5 del CPCC que la competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda. Siendo que en autos se peticiona que no se proceda a descontar monto alguno relacionado con el impuesto a las ganancias sobre las sumas retroactivas que se deban originadas en el reajuste del haber, no existe duda que la pretensión de la actora guarda relación directa con el monto a percibir derivado de su beneficio previsional, por lo que corresponde a la competencia de la justicia de la seguridad social.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), enfermedad accidente, indemnización, prescripción, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROTONDO, JOSE SANTIAGO c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-04

En lo que respecta a los cuestionamientos de la impugnante ante la desestimación de la defensa de prescripción, se advierte su fuerte discrepancia específicamente con el punto de arranque del cómputo del plazo respectivo, que no logra desmerecer el razonamiento vertido por la Alzada en su voto mayoritario, que entendió que por tratarse de una enfermedad profesional (de extenso proceso evolutivo, desarrollada antes y después del infortunio), el inicio del cómputo de la prescripción se da cuando el trabajador adquiere un cabal conocimiento del grado de incapacidad resultante de su enfermedad o accidente, prescribiendo al derivar de una enfermedad profesional a los dos años a contar desde la determinación de la incapacidad (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco. En disidencia parcial: Dres. Gutiérrez y Spuler)REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley de Riesgos del Trabajo 24557: artículo 44