Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-10


SENTENCIA NUMERO: DIEZ En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los diez días del mes de mayo de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 75/10, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Rolando F. Crook, en causa Nº 174/08 'SOLOHAGA, Lucio Reynaldo - Lesiones Gravísimas'", contra la Sentencia Nº TREINTA Y UNO/2010, dictada con fecha quince de junio de dos mil diez por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, Sala Unipersonal del Dr. Luis Raúl Guillamondegui, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el fallo impugnado, por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº TREINTA Y UNO/2010, dictada en los autos principales, reúne los requisi-tos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 21, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. Luis Raúl Cippitelli.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Sentencia nº TREINTA Y UNO, del 15/06/2010, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, integrada en Sala Unipersonal, en lo que aquí concierne, resolvió: "1) Declarar culpable a Lucio Reynaldo So-lohaga, de condiciones personales ya mencionadas en la causa, como autor pe-nalmente responsable del delito de Lesiones gravísimas y lesiones leves en concurso ideal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de cuatro años de prisión y accesorias de ley, ordenándose en consecuencia su inmediata de-tención y traslado al Servicio Penitenciario Provincial (arts. 91, 89, 54, 12, 40, 41 y 45 del Código Penal y art. 492 del C.P.P.)." II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Rolando F. Crook, en su calidad de asistente técnico del imputado Lucio Reynaldo Soloha-ga, e interpone recurso de casación invocando el motivo previsto en el art. 454, inc. 2º del C.P.P.

II. a. El recurrente denuncia que la sentencia es arbitraria; que no existe en toda la causa prueba objetiva de la conclusión a la que arriba el juez; que el juez aplicó erróneamente las reglas de la sana crítica en la aprecia-ción de las pruebas. Considera que las premisas que sustentan el juicio de re-proche, fundado en el dolo del acusado por parte del juez, se funda en conjetu-ras (1-Que Solohaga actuó con ánimo de venganza. 2- Que luego del choque continuó acelerando. 3- Que ni siquiera se bajó del auto. 4- Que estaba en esta-do de ebriedad. 5- Que conducía a mayor velocidad de la permitida), que no son ciertas y que no se basan en prueba objetiva. Sostiene que, ante la ausencia de testigos (pues nadie vio el choque), el juez debió absolver a su defendido por el beneficio de la duda. Manifiesta que el a quo no razona con lógica, sino con el voluntarismo del que quiere que las cosas sean de una determinada manera. Afirma que "lo que pasó es lo que sostiene su defendido Solohaga, que sin que-rer toca la moto., esta cae., y allí nomás acaba todo. El auto frena., él in-tenta bajar y llega Galíndez y le da una trompada, a la vez que el resto de los muchachos que llegaban lo amenazaban con lincharlo". Enfatiza que "esa in-terpretación es lógica.., saludable y compatible incluso con los antecedentes y características personales de Solohaga quién jamás tuvo un problema. Lo con-trario implicaría una tentativa de homicidio sin dudas". A continuación, pone de resalto testimonios no ponderados por el juzgador, los que -en su interpreta-ción- arrojan dudas en cuanto a las circunstancias previas al hecho, así como otros que considera contradictorios entre sí (Jessica Ramírez (fs. 56) y Valeria Beatriz Díaz (fs. 58). Consecuentemente, sostiene que el juez supone el dolo, porque toma en forma aislada y arbitraria los testimonios de algunas personas. Se pregunta que si hubo un defecto de conducta producto del alcohol como lo afirma el perito, entonces, ¿por qué el reproche es a título de dolo? Considera que el dolo no ha sido suficientemente demostrado.

Finalmente solicita que se absuelva a su asistido por el be-neficio de la duda; formula expresa reserva del caso federal y peticiona la re-ducción al mínimo de la escala penal prevista, conforme los criterios mensura-dores del art. 41 del C.P., y a los antecedentes personales del acusado.

III. Como puede apreciarse, el eje central de discusión radi-ca en analizar si el a quo ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º del C.P.P.).

Adelanto mi respuesta negativa a la pretensión deducida, por entender que el decisorio atacado resulta fundado conforme a derecho y sus conclusiones, fruto de una meritación integrada e interrelacionada de la prueba colectada, no se ven conmovidas por el análisis fragmentario y parcializado efectuado por el recurrente.

Digo ello porque el tribunal, al valorar la participación res-ponsable del imputado en el hecho que se le endilga, no sólo tuvo en cuenta la totalidad de la prueba común producida en juicio, sino que además, ponderó la recíproca complementación de los elementos que la integran, los que irreme-diablemente sindican al imputado Lucio Reynaldo Solohaga. En consecuencia, concluyó de modo firme y categórico, con el grado de certeza requerido en la pertinente etapa procesal, que se encuentran reunidos y acreditados los extre-mos objetivos y subjetivos de la imputación delictiva. En efecto, un detenido análisis del fallo en crisis, permite desvirtuar los cuestionamientos perpetrados por el recurrente, quien acentúa sus críticas básicamente en aseverar que el dolo del acusado no se encuentra proba-do, y que el juez fundó su resolución en conjeturas, que no son ciertas y que no se basan en prueba objetiva, razón por la cual, peticiona la absolución de su asistido por el beneficio de la duda.

El recurrente descalifica el fallo al sostener, en primer tér-mino, que lo único probado en la causa respecto del momento previo a la coli-sión, es la pelea entre Calderón y Solohaga, y nada más. De tal manera, se pre-gunta de dónde el juez habla de "venganza", "mala intención", sosteniendo que el a quo supone el dolo. Al respecto debo decir, contrariamente a lo señalado, que el tribunal ha efectuado un prolijo y pormenorizado análisis en relación a la dinámica comisiva del hecho en cuestión, así como del grado de responsabili-dad que le cupo en el mismo al acusado Solohaga. De este modo, puntualizó que la participación penalmente responsable del acusado parte del libre y vo-luntario reconocimiento efectuado por el mismo respecto de su presencia y comportamiento en el escenario del evento el día 26 de mayo de 2007, en las primeras horas del día. En tal sentido, resaltó que más allá que aquél pretenda atribuir su concreción fáctica a una imprudente maniobra inicial del conductor de la motocicleta y que se trató de un mero accidente de tránsito que no pudo evitar, esta postura exculpatoria resulta derribada por los diferentes elementos probatorios susceptibles de valoración. De este modo, el sentenciante ponderó diversas circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores al hecho, a fin de concluir la responsabilidad intencional directa del imputado Solohaga. Divi-dió su razonamiento en tres momentos que consideró cruciales: el primero de ellos, vinculado al incidente ocurrido entre Solohaga y Calderón en las afueras del local conocido como el "Pool de los Orquera" (circunstancia ésta reconoci-da por el propio recurrente); el segundo, circunscripto al hecho de la colisión en sí, y el tercero referido a las conductas posteriores al hecho manifestadas por el acusado. En esa dirección, el camarista aclaró que no caben dudas de que hubiese resultado más sencillo relacionar el comportamiento del acusado con un tipo penal culposo; sin embargo, valoró que, conforme la prueba recibida en audiencia y percibida sin ninguna interferencia, se trataba de un hecho delictivo doloso, de dolo directo. En consecuencia, luego de ponderar distintos testimo-nios (Galíndez, Sir, Díaz, Ramírez Callafa) como así, diversos elementos pro-batorios debidamente incorporados a debate (croquis ilustrativo del lugar del hecho, placas fotográficas, informes técnico bioquímico, mecánico y accidento-lógico), concluyó que el Renault 12 colisionó con su parte derecha delantera (óptica, paragolpes y guardabarros derechos) en el sector trasero izquierdo de la motocicleta Yamaha -la que marchaba por el sector permitido de su carril-, y que la trasladó primero hacia el lado Oeste -en dirección del cordón cuneta- y luego, al perderse el control de los vehículos que quedan enganchados, ambos se direccionan hacia el carril opuesto, esto es, hacia el punto cardinal Este (fs. 164). En consonancia con lo expuesto, el a quo destacó que el primer direccio-namiento señalado guarda relación con una mecánica de colisión donde el ro-dado embistente dirige su fuerza hacia un determinado punto, modalidad total-mente incompatible con una pretendida maniobra donde el Renault 12 va hacia la izquierda -más bien hacia el centro de la calzada- en procura de evitar la co-lisión ante una presunta maniobra en idéntica dirección (hacia el Este) de la motocicleta, tal como lo intenta argumentar el prevenido en su descargo. De ser así -aclaró el juez-, por razones de inercia, el Renault 12 nunca podría haberse direccionado hacia el lado Oeste de la calzada, salvo que exista una primera conducta dirigida hacia esa dirección, tal como sucedió en autos -puntualizó-. Razonamiento éste que echa por la borda las manifestaciones del quejoso al aseverar que no se encuentra acreditado el dolo de su asistido. En idéntica di-rección, el sentenciante también destacó como dato relevante, la carencia de frenadas del vehículo mayor, máxime cuando se desplazó por una extensión de casi media cuadra. Puso de resalto que, si bien este dato suele estar presente en delitos culposos de tránsito, en el caso bajo examen vinculado a las restantes probanzas, permite inferir el elemento subjetivo, avalado específicamente por el Informe Técnico Accidentológico (fs. 164 y 167/167 vta.) y por los testimonios de las hermanas Ramírez Callafa. De esta manera, el tribunal concluyó que ".la situación del incidente previo con Calderón más el grado de ebriedad de Solohaga -susceptible de potenciar la ira y agresividad-, determinaron a éste a actuar con intencionalidad lesiva hacia terceros, cuando en la emergencia divisa a las víctimas adelante y guiado con ánimo de venganza utiliza el medio a su alcance en ese momento, direccionando su automóvil con intención de impactar al rodado menor para desestabilizarlo y de ese modo lesionar a sus ocupantes".

Debo detenerme aquí, a fin de efectuar ciertas aclaraciones en atención a los cuestionamientos efectuados por el recurrente. En primer tér-mino, cabe resaltar que en modo alguno resulta aceptable referir que el magis-trado ha supuesto la circunstancia previamente descripta, puesto que lo referido en el párrafo anterior, no hace más que reflejar el minucioso estudio que el a quo ha realizado de la prueba analizada. Tampoco resulta de recibo afirmar que no hay ninguna prueba del ánimo de venganza por parte de Solohaga, como se sostiene en el recurso, alegando que después de la pelea con Calderón se retira por temor, para no tener problemas y porque quiere evitar mayores daños, sin saber quienes eran sus contrincantes ni qué clase de vehículo tenían. Esta afir-mación fue desvirtuada con el testimonio de Víctor Daniel Cardozo -víctima-, quien sostuvo que luego de la pelea se fueron en la moto conducida por Calde-rón, y yendo por Ahumada y Barros en sentido norte-sur, antes de llegar a la Escuela Apolo, observan que viene un auto por detrás, se ponen más a la dere-cha de lo que venían para darle paso y entonces el automóvil los impacta por detrás, tirándolo a él al piso y arrastrando la moto con Calderón por una distan-cia de cincuenta metros aproximadamente, advirtiendo que la persona que los chocó era la misma con la que antes había discutido Calderón. En idéntica di-rección declaró José Elías Galíndez, quien observó al acusado y a Calderón discutiendo en la calle, que la gente trataba de separarlos y que el acusado le dijo a Calderón: "Te voy a matar", "Te voy a pasar por encima". Que Calderón con el otro muchacho se van en la moto, y luego sale el hombre con su auto en la misma dirección. Que continúa con Sir en su moto y al llegar a la Ahumada y Barros, a la altura de la Policía Judicial ve que estaba la calle cortada, se acerca y ve que el auto estaba arriba de la moto, con Calderón tirando en el piso. A ello se suma lo vertido en debate por el testigo Enrique Abrahan Sir, quien co-incide plenamente en su relato con lo expresado por Galíndez. En consecuen-cia, Sir expresó que venía acompañando a Galíndez en su moto y al llegar a la intersección de Sánchez Oviedo y Gral. Díaz observa a unas personas discu-tiendo. Galíndez se baja porque reconoce a una persona amiga y él se queda en la moto. De la distancia a la que estaba no podía escuchar lo que decían. Luego los de la moto se marcharon y después el del auto. Más adelante, y ya por Ahu-mada y Barros, el tráfico estaba cortado por un accidente, su compañero Galín-dez se baja y advierte que el accidentado era su amigo, el que había estado dis-cutiendo con el señor del auto.

En segundo término, también cabe referir que lo manifesta-do por el casacionista, en cuanto a que casualmente el imputado ve a dos suje-tos en una moto que se le cruzan, que frena pero no puede evitar el impacto, no sólo ha sido descartado en el razonamiento efectuado por el juzgador al expli-car el mecanismo de colisión, descripto en el párrafo precedente sino que, ade-más, tales aseveraciones no encuentran sustento en el fallo en cuestión.

Tampoco resulta aceptable sostener que el sentenciante se haya basado en sugerencias, como denuncia el recurrente, puesto que de la simple lectura del fallo bajo examen, se advierte con claridad que el mismo se sustenta en prueba objetiva, debidamente incorporada a debate, la que no sólo no ha sido objetada sino que, además, ha contado con el pleno consentimiento de las partes para su debida incorporación. En este sentido, adviértase que no existe constancia alguna que acredite que el acusado en cuestión haya frenado su automóvil momentos previos al impacto o inmediatamente después, como intenta demostrar el recurrente con débiles argumentos, los cuales resultan de-rribados por el análisis crítico de la prueba reflejado en el razonamiento del juz-gador. En este orden de ideas, cabe destacar que la pretendida aplicación del mecanismo de frenos por parte del conductor ha quedado descartada conforme las conclusiones del Informe Técnico Accidentológico (167/167 vta.) en donde también se pone de resalto que el conductor del vehículo Renault 12 al colisio-nar no sólo no aplicó el mecanismo de frenos, sino que ambas unidades (Re-nault 12 y la moto en la que se conducían Calderón y Cardozo) quedaron uni-das por espacio de 39 metros hasta la inmovilidad final, deteniéndose por ac-ción de las fuerzas de fricción, que se produjeron como consecuencia del arras-tre de la motocicleta sobre la calzada al quedar enganchada a la estructura del rodado mayor, y a pesar que en primera instancia el vehículo lleva a la motoci-cleta hacia el borde Oeste, luego cambia de dirección hacia el carril contrario. Conclusiones que a su vez resultan reforzadas con lo plasmado en el Acta de Procedimiento (fs. 2/3 vta.), en el Croquis Ilustrativo (fs. 148/149), en las pla-cas fotográficas obrantes a fs. 4/8, así como por los testimonios coincidentes de Jessica A. Ramírez Callafa, Gabriela M. Ramírez Callafa y Valeria Beatriz Dí-az, quienes en debate, de manera coincidente, afirmaron haber visto cómo el automóvil arrastró a la moto varios metros y que el conductor quedó abajo, has-ta que el automóvil se detuvo. El análisis precedente deja sin sustento las argu-mentaciones del quejoso, quien sostiene que el a quo ha tomado el testimonio de Moreno en forma aislada. Digo ello, porque conforme el material probatorio ponderado por el tribunal, ha quedado fehacientemente acreditado que Soloha-ga no aplicó el mecanismo de frenado y que el automóvil se detuvo por la ac-ción de las fuerzas de fricción que se produjeron como consecuencia del arras-tre de la motocicleta sobre el asfalto, logrando recién la detención total del ro-dado mayor luego de 39 metros de arrastre.

En igual sentido, el recurrente afirma que, conforme se constata en la pericia mecánica del Renault 12, se trata de un auto viejo, en pé-simo estado y que no da más de 50 km/h., sostiene que es una payasada hablar de "gran velocidad". Una vez más, debo decir que esta apreciación personal del casacionista no puede tener acogida favorable, desde ningún punto de vista. En primer lugar, destáquese que lo aseverado por la defensa no encuentra sustento en el referido Informe Técnico Mecánico (fs. 146/147), puesto que, contraria-mente a lo afirmado, allí ninguna consideración se efectúa con respecto a la velocidad a la que se conducía el Renault 12, la que sí ha sido constatada en el Informe Técnico Accidentológico (162/167 vta.), en donde expresamente se concluye que la velocidad calculada para el vehículo Renault 12 es de 65 km/h. Destáquese, además, que el perito en Accidentología Vial y Documentología que realizó el referido informe, José Norberto Bustamante, compareció a debate y expuso respecto a los alcances de su dictamen, aclarando que el automóvil había superado la velocidad máxima permitida (60 km/h), y que si bien él pone 65 km/h en su informe, resaltó que esa era la velocidad mínima calculada a la que marchaba el rodado, pudiendo ser mayor que la informada; es decir, que el auto iba como mínimo a 65 km/h.

Desde otro ángulo, el recurrente sostiene que el estado de euforia (0,85 gr/lt de alcohol etílico en sangre, fs. 99), no constituye borrachera, menos en una estructura física como la del encartado y que, del testimonio de Julio César Acuña surge que se tomaron dos cervezas aproximadamente, lo que da cuenta -enfatiza-, que en nada puede incidir para provocar o potenciar agre-sividad como "infiere el juez", remata diciendo. Al respecto, cabe referir que el impugnante pretende introducir, tardíamente, cuestiones que se omitió conside-rar al momento de ejercer la defensa técnica de su asistido, en la etapa de los alegatos. Destáquese, que allí el defensor de Solohaga, quizás con otra estrate-gia defensiva, admitió la intoxicación por consumo alcohólico, por lo que este planteo resulta, a todas luces, extemporáneo e improcedente. No obstante ello, cabe resaltar que, contrariamente a lo sostenido por el quejoso en debate, el testigo Acuña especificó que no recuerda cuántas cervezas tomaron y que es probable que Solohaga haya estado un poco ebrio. En consonancia con lo ex-presado, el a quo concretamente ponderó lo constatado en el Acta de Procedi-miento (fs. 02/03 vta.) en donde se deja constancia que "dentro del automóvil se observa a una persona de sexo masculino que lo hace sentada frente al volan-te, en evidente estado de ebriedad, quien al interrogatorio y con fuerte aliento alcohólico responde llamarse LUCIO SOLOHAGA". Refuerza lo anterior lo informado por el laboratorio de toxicología y química legal (fs. 99), en donde se determinó que la muestra perteneciente al imputado en cuestión arrojo resul-tado positivo, esto es, 0,85 gr/lt de alcohol etílico en sangre, lo que corresponde a "euforia" al momento de los hechos. A ello, se suma lo expuesto en debate por la sumariante judicial que intervino en el inicio de las actuaciones, quien relató que Solohaga permaneció siempre dentro del automóvil y que aparentaba estar alcoholizado. Se advierte así, que no resulta para nada caprichoso ni arbi-trario el razonamiento efectuado por el juez, quien además puntualmente pon-deró lo referido en debate por el testigo José Norberto Bustamante (perito acci-dentológico policial) quien al exponer respecto a los alcances de su dictamen (fs. 162/167), expresó que las razones de producción del hecho están dadas por el estado alcohólico del conductor y por la carencia de distancia reglamentaria entre el automóvil y la motocicleta, circunstancias éstas expresamente recono-cidas por el asistente técnico del acusado al momento de efectuar los alegatos, conforme se advierte en el acta respectiva (fs. 376 vta.). En razón de lo expues-to, este embate no puede ser de recibo.

Corresponde ahora considerar otra crítica expuesta por el recurrente, en relación a la ponderación del tribunal referida al hecho de que Solohaga, luego del evento criminoso que se le imputa, no se bajó de su auto-móvil. Concretamente, se agravia cuestionando de dónde saca el juez que Solo-haga no se bajó del vehículo, cuando se encuentra acreditado que apenas baja, recibe una trompada por parte de Galíndez lo que, además, ha sido reconocido por este testigo -enfatiza el recurrente-. Con relación a este embate, estimo oportuno recordar lo sostenido por esta Corte en numerosos precedentes (S.nº 34, 07/10/10; S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otros), en donde se dijo que, "...por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Na-cional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tri-bunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa, puesto que el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación, es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal".

Con relación a esto último, adviértase que los principios de inmediación y contradicción imponen que los órganos de prueba que hayan de producirse en el debate deban comparecer personalmente a fin de que, precisa-mente, tanto el tribunal como las partes tomen conocimiento directo de los mismos, de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y demás circunstancias que sirven para evaluar su veracidad y efica-cia y, por sobre todo ello, de interrogar directa y libremente a los testigos a fin de indagar sobre el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener.

De este modo, se han señalado con claridad los límites que tiene el tribunal de casación en el contralor lógico de la motivación de las sen-tencias a través del recurso de casación. Así, se ha expresado que a la casación llegan los relatos que de la prueba efectúa el tribunal de juicio "pero no le lle-gan ni las pruebas testimoniales originales, ni las impresiones originales de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el curso del debate", por lo cual, el contralor no puede ni debe invadir el ámbito que configura la competencia reservada precisamente a los jueces de mérito, porque son quienes tienen la inmediación en la recepción de la prueba, les corresponde apreciar libre y pru-dencialmente la eficiencia probatoria" (Núñez, Ricardo C., "El contralor de las sentencias de los tribunales de juicio por vía de la casación", Opúsculos de Derecho Penal y Criminología, n° 40, Ed. Lerner, p. 30).

Asimismo, destáquese que el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perte-neciente a la esfera reservada a aquéllos por la ley, quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o me-nor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible, por la vía casatoria, invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juz-gador al observar la declaración de los testigos, salvo que se demuestre su con-tradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento cientí-fico o aquellas que rigen el entendimiento humano, lo que no ha ocurrido en el caso bajo examen.

Lo dicho sustenta lo meritado por el a quo, quien luego de haber visto y oído en audiencia de debate al testigo Norberto Tomás Moreno, como así, haber percibido los testimonios brindados por Margarita Ramona Orquera y la sumariante judicial María Marta Contreras Paz, concluyó que los referidos testigos dan crédito de que el imputado no se bajó del vehículo para interesarse de las consecuencias de su accionar, entendiendo que tales testigos controvierten las aserciones del acusado, constituyendo ello otro indicio de ma-la justificación. En este sentido, el tribunal también destacó que resultó llamati-vo que Solohaga, al hacer uso de la última palabra, haya destinado sus discul-pas "a la familia del chico", pero nunca al damnificado directo -recuérdese que el comportamiento del acusado ocasionó en relación a la víctima Calderón, la anulación funcional definitiva de sus miembros inferiores-. De igual modo, el sentenciante puso de resalto que tampoco consta que Solohaga, con posteriori-dad al hecho -atendiendo a que ello fue uno de los principales esfuerzos argu-mentativos de la defensa-, se haya acercado, por sí o por terceros, a las víctimas a interesarse por su situación y, en la medida de lo posible, colaborar mínima-mente en la reparación de los perjuicios ocurridos. Es importante destacar aquí lo aclarado por el tribunal en cuanto puso de resalto que, si bien estas dos últi-mas apreciaciones no resultan gravitantes por sí, entremezcladas con otras pro-banzas de mayor convicción, van permitiendo deducir el elemento subjetivo propulsor de semejantes consecuencias lesivas.

En idéntica dirección, cabe hacer referencia a las supuestas contradicciones denunciadas por el recurrente en relación a los testigos More-no, Galíndez, Sir, Díaz y Orquera. Este planteo resulta, a todas luces, extempo-ráneo. En primer término, cabe destacar que los mencionados testimonios han sido ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal (fs. 272/274 vta.), y que pese a la tardía denuncia de contradicción, la defensa del acusado no ofreció como prueba testimonial a quienes ahora tilda de testigos contradictorios. Sumado a ello, cabe poner de resalto que tanto Moreno (fs. 366 vta.), como Galíndez (fs. 366), Díaz (366 vta.), Orquera (367) y Sir (fs. 366), comparecieron a la audien-cia de debate; es más, del acta respectiva surge que cuando declaró José Elías Galíndez, a pedido de parte se dejó expresamente constancia de: "Solohaga lo amenazaba diciéndole 'te voy a cagar matando, te voy a pasar el auto por enci-ma'", 'no seas mentiroso, vos lo quisiste matar, para eso lo seguistes' y le dio una piña" (fs. 366), manifestaciones que incluso, como se advierte, comprome-ten al imputado. No obstante ello, la defensa ninguna consideración hizo al momento de los alegatos respecto a las ahora aludidas contradicciones, re-flexión tardía expuesta por el recurrente, que en modo alguno permite desesta-bilizar el razonamiento efectuado por el a quo.

En idéntica dirección, el casacionista manifiesta que con-forme surge de los informes médicos, Cardozo jamás pudo haber sido arrastra-do por el auto, porque no tenía lesiones de importancia. Afirma que ésto ha sido reconocido por el propio Cardozo y que es contradictorio lo que dijo la testigo Gabriela Ramírez Callafa, al sostener que vio que el auto arrastraba a dos per-sonas por más de veinte metros. Si bien reconoce que dicha aseveración o men-tira no ha sido trabajada en debate, asevera que debió ser meritada por el juez.

Una vez más debo decir que lo referido precedentemente no encuentra sustento en las constancias de la causa, ni en lo reflejado en la res-pectiva acta de debate (fs. 364/377). En efecto, contrariamente a lo señalado, del Informe Técnico Médico (fs. 12) debidamente incorporado a debate y pon-derado por el a quo, se advierte que Cardozo ha sufrido diferentes traumatismos y excoriaciones en rostro, miembros superiores e inferiores, cuantificadas en 21 días de curación y 6 días de incapacidad. Tampoco se advierte que la testigo Jessica Anahí Ramírez Callafa haya sostenido que Cardozo fue arrastrado por el automóvil junto con Calderón; por el contrario, ésta en debate declaró -conforme lo percibido por el tribunal (inmediación)- en coincidencia con lo expresado por su hermana, en cuanto a la ubicación en el escenario del suceso, agregando que, al sentir un fuerte golpe, giró su cabeza y observó por la aveni-da en dirección norte-sur que venía un automóvil arrastrando una motocicleta. En tal sentido, aclaró que uno de los muchachos de la moto salió despedido (y no que fue arrastrado como sostiene el quejoso), y el otro continuó debajo.

Como último punto de agravio, el recurrente invoca el in dubio pro reo, procurando desestabilizar el razonamiento del a quo. Reitera que el dolo no ha sido suficientemente demostrado, como así, que Solohaga se reti-ró del lugar porque no quería más problemas y luego se encuentra de nuevo con la moto y que allí se produce el accidente. Asevera que ningún testigo vio el accidente, argumentando que tales situaciones sólo alcanzan para aproximar a una versión, pero jamás a la certeza que reclama una sentencia de juicio. Esta pretensión no merece el mínimo tratamiento, puesto que el recurrente no hace más que reiterar cuestionamientos ya contestados en los párrafos que antece-den, por lo que así fundada la duda, deviene en irrazonable, en tanto se advierte con claridad que el Tribunal ha proporcionado sólidos fundamentos, los que no hacen más que acreditar fehacientemente la existencia del hecho -tal cual lo tuvo por acreditado el tribunal- como así, la participación responsable del im-putado Solohaga, en los hechos de lesiones gravísimas y lesiones leves en con-curso ideal que se le ha atribuido. Concretamente, no se advierte, ni se ha lo-grado demostrar con seriedad, que el sentenciante no haya proporcionado fun-damentos, o bien, que la fundamentación se haya basado en prueba ilegal o que haya omitido prueba decisiva. Destáquese que no forma parte de los motivos la revisión del valor convictivo de la prueba invocada en sustento de la conclusión dubitativa, salvo que la valoración efectuada por el Juzgador haya sido arbitra-ria, lo que no se ha demostrado en el caso bajo examen.

Antes de finalizar debo decir que, si bien una lectura de los fundamentos brindados por el casacionista en su escrito recursivo permitiría afirmar que ya se habría finalizado con el tratamiento de los embates esgrimi-dos, no obstante ello, se advierte que el recurrente en la última hoja del recurso, luego del petitum, solicita la reducción del monto de la pena impuesta a su asis-tido, al mínimo de la escala penal prevista.

Este agravio, así expuesto, permite adelantar que el impe-trante ha inobservado las prescripciones contenidas en el art. 460 de la ley de rito. En esta disposición se regulan algunas de las condiciones de procedencia formal del recurso de casación, reglamentándose así, lo que concierne al tribu-nal en donde se debe presentar, el plazo y las condiciones de forma del acto de interposición.

La mencionada norma exige la individualización del agra-vio y del motivo, debiéndose exponer separadamente cada uno de ellos, con sus respectivos fundamentos, exigencia legal que se justifica en razón de que el recurso debe resultar comprensible.

En el caso bajo examen, la defensa del imputado se ha limi-tado a expresar una aparente disconformidad con el monto de pena atribuido a su asistido por el a quo en el fallo que ataca, pero erróneamente ha omitido es-pecificar en qué consisten sus pretendidas objeciones. Repárese, que el interés concreto en recurrir es una condición de procedencia de los recursos, razón por la cual el impugnante debe procurar demostrar que el agravio que invoca para casar o anular la resolución, tiene aptitud para provocar esas consecuencias y que se puede eliminar o corregir a través de la vía intentada. Nada de ello se advierte en el cuestionamiento esgrimido.

Al respecto, cabe recordar lo sostenido por esta Corte en cuanto a que todo agravio debe ir acompañado de sus respectivos fundamentos; es decir, de las razones tendientes a demostrar que existe. La afirmación dog-mática de la existencia del defecto, sin desplegar los argumentos tendientes a evidenciarlo, perjudica la admisibilidad del recurso (S. nº 20, 17/09/07). Con-cretamente, el recurrente ha omitido especificar cuáles son las circunstancias que, a su entender, incidirían en el monto de pena impuesto a su defendido, li-mitándose sólo a peticionar la reducción de la pena impuesta, omitiendo tam-bién denunciar que la individualización de la pena salga de la escala penal apli-cable, lo que torna insuficiente la vía recursiva intentada, debido a la falta de especificación del modo en que se compone la sanción (S. nº 17/08).

En lo atinente a esto último, debo recordar que este Tribunal ha sostenido que la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto, tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para contro-lar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial (S. nº 03/11; S. nº 24/08).

En razón de lo expuesto, considero que este agravio no pue-de prosperar, tornándose inadmisible al no poder ser suplidos por este Tribunal los defectos de interposición señalados.

Consecuentemente con lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Después de estudiar los fundamentos de la resolución recu-rrida y del recurso deducido en su contra encuentro que, a la luz de la prueba producida, los primeros no resisten la crítica efectuada.

Para no incurrir en repeticiones innecesarias, voy a omitir el relato del discurso recursivo y de la prueba, remitiéndome, en lo pertinente, a las reseñas efectuadas por el Sr. Ministro que me precede en el tratamiento de la cuestión propuesta.

Ahora bien, luego de examinar el plexo probatorio produci-do en el juicio y el incorporado válidamente a éste, y de controlar la valoración que del mismo contiene la sentencia puesta en crisis, concluyo que los elemen-tos de convicción que lo conforman permiten afirmar, con certeza apodíctica, que en la ocasión en examen el imputado Lucio Reinaldo Solohaga embistió con el automóvil a su mando -marca Renault 12- la motocicleta -marca Ya-maha, de 125cc- en la que se trasladaban Walter Ricardo Calderón y Víctor Daniel Cardozo, ocasionándoles a los mismos lesiones de distinta entidad, cuya existencia, gravedad y origen no está en cuestión.

El punto no es motivo de discusión en las presentes, sino la procedencia del reproche penal a Solohaga como consecuencia de su interven-ción en el suceso, procedencia que afirma la sentencia impugnada y niega el recurrente; y, en su caso, si el reproche corresponde a título de dolo o culpa, cómo fue resuelto o cómo debería serlo, según la distinta óptica del a quo y del apelante, respectivamente.

1. Después de estudiar los términos de la decisión impugna-da, llego a la conclusión de que le asiste razón al recurrente en cuanto a que no tiene base el convencimiento del a quo acerca de la ocurrencia dolosa del hecho por haber, según su tesis, acometido intencionalmente Solohaga con su vehícu-lo contra la motocicleta en la que se conducían Calderón y Cardozo, con ánimo de dañar la integridad física de los mismos, en represalia o venganza, procuran-do compensarse el mal momento que éstos le habían hecho padecer un rato an-tes cuando se encontraron circunstancialmente en el bar ubicado a pocas cua-dras de ese lugar, en Av. Sánchez Oviedo Nº 908, conocido por el nombre de su propietario y mencionado en el juicio como "el pool de los Orquera".

Es que no cabe presumir el dolo sino acreditarlo y, por ello, los elementos cognitivo y volitivo que involucran el concepto no pueden ser válidamente deducidos de un suceso anterior, con prescindencia de las circuns-tancias inmediatas y concomitantes al hecho las que, en el caso, no informan sobre la existencia inequívoca de la voluntad del agente de lesionar a los ocu-pantes del rodado embestido manifestada en actos concretos dirigidos directa-mente a la consecución de ese objetivo.

Así opino en tanto, en materia penal, la responsabilidad del causante del daño no es objetiva por su mera producción, por lo que no basta la sola comprobación de su intervención y la relación causal de su hecho con el resultado lesivo del orden penal.

La responsabilidad penal del causante de un daño es subje-tiva, dependiente de la vinculación intelectual del sujeto con su hecho, por lo que la atribución de responsabilidad penal al mismo impone examinar los datos objetivos del caso que traduzcan inequívocamente esa conexión intelectual y de la voluntad del imputado con el acontecimiento de existencia material y de ili-citud comprobada puesto a su cargo.

Observo que el ánimo de causar un detrimento físico a los damnificados no ha quedado establecido en el caso, con el grado de certeza que requiere la condena pronunciada en los términos de los arts. 91 y 89 del Códi-go Penal, por los delitos de lesiones gravísimas y leves, respectivamente.

Sobre el punto, estimo insuficientes las razones proporcio-nadas en el fallo, relacionadas con la orientación hacia la derecha de las marcas en el pavimento, de fricción de neumático de la rueda trasera de la motocicleta, producidas inmediatamente después de haber sido impactada por el automóvil del imputado, mientras era arrastrada por éste, de cuyo paragolpes había queda-do enganchada en la colisión.

Es que, según el a quo, esa probada orientación hacia la de-recha que siguió el automóvil después del impacto, demuestra que esa misma dirección llevaba dicho vehículo antes de la colisión, y deriva de esa circuns-tancia la intención de Solohaga de embestir la motocicleta en la que se condu-cían Calderón y Cardozo, con el ánimo de lastimarlos a ambos.

Sin embargo, carece de rigor científico la premisa sobre la que construye el a quo el fundamento de su convicción, debido a que la orien-tación previa del automóvil hacia la derecha que deduce no tiene base en las leyes de la física y, de hecho, según la experiencia común, tan frecuentemente acontece que después del impacto los vehículos embistentes conserven la direc-ción que llevaban antes, como que modifiquen su trayectoria, por lo que en el caso no ha quedado excluida la posibilidad de que antes de chocar a la motoci-cleta Solohaga haya conducido de modo regular o paralelo al cordón.

Por otra parte, de conformidad con los datos del croquis del lugar -del que surge que el impacto se produjo a dos metros del límite Este de la mano con sentido Norte-Sur por la que circulaban los protagonistas-, aceptar el argumento del fallo implicaría admitir que, en los momentos previos a la co-lisión, el automóvil se desplazaba por el medio de la avenida, invadiendo la mano contraria, circunstancia que no tiene sustento en prueba alguna rendida en el juicio.

Por ello, estimo que ese fundamento expuesto en la senten-cia es inidóneo a fin de acreditar el dolo requerido por las figuras penales que el a quo tuvo por consumadas en el caso.

Igual déficit observo con relación a los argumentos que re-miten a la discusión, pelea o agresión entre los protagonistas, en el mencionado bar en que ocasionalmente se habían encontrado momentos antes. La misma sentencia impugnada tuvo por acreditado que, en esa discusión por motivos banales, Calderón utilizó palabras teñidas de intensa agresividad y que, según algunos testigos, habría llegado a agredir físicamente a Solohaga, y que éste, amedrentado por la situación y por un envalentonado Calderón que contaba con personas conocidas a su alrededor, decidió subirse a su automóvil para marcharse del lugar.

Hasta Cardozo, refiriéndose a ese episodio, declaró que Walter (Calderón) se dirigió a Solohaga para decirle que el dueño del local lo estaba llamando para que le pagara la ficha del pool y que éste le contestó mal, por lo que Walter se acercó al auto donde estaba ese señor (Solohaga) y empe-zaron a forcejear, tratando Walter de sacarlo del auto para pelear.

Por su parte, Margarita Ramona Orquera, tía del dueño del bar y con domicilio en ese mismo lugar, de cuyos dichos no verifico motivo alguno para dudar de su veracidad, dijo que le informaron que en la esquina estaban peleando unas personas y cuando salió vio que una persona de sexo masculino era sujetada por otras para que no agrediera a un hombre que se en-contraba en el interior de su automóvil.

Por ello, en la tenacidad puesta en la ocasión de manifiesto por Calderón encuentra asidero la especulación del recurrente, según la cual, momentos después, el nombrado habría dado más muestras de su persistencia interponiéndose en el camino de Solohaga, sólo para molestarlo.

Los testimonios recibidos también permiten asumir que So-lohaga le puso fin al episodio introduciéndose, espontáneamente o a instancias de un amigo, en el interior de su automóvil, y no cedió a las provocaciones de Calderón que intentaba sacarlo del mismo para agredirlo.

Por ello, el ánimo de venganza que le endilga el a quo al imputado Solohaga no parece compatible con el modo en que éste sorteó el conflicto mencionado, no bajándose del auto, amedrentado, tomando distancia de Calderón y rehusando de tal modo la pelea que le proponía el mismo, actitud incompatible con la mayor agresividad por la ebriedad que presentaba, que le es atribuida en la sentencia mediante una interpretación fragmentaria del informe accidentológico. Es que esa actitud, más bien, -según el acontecer habitual- podría haber sido interpretada por Calderón como timorata, envalentonándolo cuando lo volvió a ver a Solohaga en la avenida, mientras circulaban ambos en sus respectivos vehículos, y decidiéndolo a realizar maniobras desafiantes para seguir la pelea -como sugiere el recurrente-.

Además, no quedaron debidamente acreditadas las amena-zas de muerte o de pasarle el auto por encima, proferidas supuestamente por Solohaga a Calderón ya que, aunque en el mencionado local de esparcimiento que habrían tenido lugar había otras personas que también declararon en la cau-sa, el único que dijo que existieron esas amenazas fue el testigo Galíndez, cuya sinceridad se encuentra irremediablemente afectada por su declarada amistad con Calderón y por la admitida y comprobada trompada que le pegó a Solohaga después de la colisión, en tanto ambas circunstancias evidencian un claro inte-rés a favor del damnificado y en contra del imputado que hacen poco fiable su relato.

Y, fundamentalmente, encuentro que su testimonio no es creíble en tanto no se compadece con el prestado por su propio amigo y oca-sional acompañante, Enrique Abraham Sir, con el que arribó al mencionado "pool" en momentos en que tenía lugar el incidente referido. Es que surge de la declaración de Sir que, cuando ellos llegaron, Solohaga se encontraba en el in-terior del Renault 12 y no hacía caso de los insultos que le proferían las perso-nas que intentaban agredirlo, por lo que cabe tener por desmentidos los dichos de Galíndez sobre las amenazas que le atribuye al imputado.

A los fines de tener por acreditado el dolo directo enrostrado al imputado en la producción de las lesiones de que se trata, tampoco son rele-vantes las circunstancias invocadas en la sentencia, posteriores a la colisión.

Así, considero desacertado el criterio del a quo de inferir la existencia del ánimo de Solohaga de causar el daño producido, del hecho de no haberle prestado asistencia a los damnificados. Es que, por una parte, sin per-juicio del reproche moral de conducta semejante, considero que, contrariamente a lo que sostiene el fallo, esa omisión de auxilio no acredita la premeditación o la intención delictiva atribuida al imputado. Por otra parte, cuando con motivo del impacto resultó des-pedido de la motocicleta embestida, Cardozo -como lo reconoció él mismo- no se quedó con su amigo Calderón atrapado bajo dicha motocicleta, sino que se fue a su casa a avisarle a su madre lo sucedido y por ello, en principio, son ra-zonables los argumentos del recurrente que, procurando justificar que Solohaga haya permanecido en el auto, dice que lo hizo para evitar ser linchado por los familiares y amigos de los damnificados en tanto, aunque no constato testimo-nio alguno en ese sentido, por las circunstancias mencionadas con respecto a Cardozo y dado que Calderón se domiciliaba en la misma avenida escenario de los hechos -esquina San Juan-, resulta creíble que éstos pudieran llegar o hayan llegado enseguida al lugar y que, dada la gravedad del hecho, estuvieran exal-tados y molestos con Solohaga.

Las disculpas que el imputado no le pidió a Calderón -en oportunidad de hacer uso de la última palabra en el juicio-, como su falta de interés por la situación de ambos damnificados y en la reparación de los perjui-cios ocasionados a los mismos, tampoco prueban el ánimo delictivo que justifi-ca la atribución de las lesiones causadas a título de dolo. Y aunque el fallo ad-mite que no son circunstancias gravitantes sobre el punto, considero que, con-trariamente a lo que sostiene el a quo y convalida el Sr. Juez preopinante, tam-poco "(.) entrelazadas con otras probanzas de mayor convicción nos van per-mitiendo deducir el elemento subjetivo propulsor de semejantes consecuencias lesivas y calificar adecuadamente el comportamiento del traído a juicio".

De tal modo, la valoración probatoria contenida en la sen-tencia no respeta las reglas de la sana crítica racional en tanto, contrariamente a lo que sostiene, las conclusiones a las que arriba no se derivan lógicamente de los elementos de convicción seleccionados, los que no acreditan, sin hesitación alguna, como cabe exigir de un pronunciamiento condenatorio, la preordena-ción de la conducta de Solohaga, que éste -como sostiene el fallo- se haya pro-puesto vengarse de Calderón y de Cardozo y que, con ese objetivo, los haya seguido y direccionado maliciosamente el automóvil que conducía en contra de la motocicleta en la que se transportaban los nombrados, provocando la caída de los mismos y produciéndoles las lesiones informadas.

Por ello, no comparto las razones dadas para homologar el fallo impugnado por el Sr. Juez que me precedió en el tratamiento de la cues-tión.

2. Sin embargo, no puede prosperar la pretensión del recu-rrente para que el imputado sea absuelto por el beneficio de la duda, en tanto los argumentos que el mismo propone en esa dirección no revelan las dudas insuperables que justifican un pronunciamiento en ese sentido.

Es que, si bien es cierto que de los testigos que declararon en el juicio ninguno presenció el hecho de que se trata, los rastros que éste dejó en el lugar de su ocurrencia suministran indicios del modo de su producción, y éstos, aunados con los informes técnicos no desvirtuados en el recurso -accidentológico y de alcoholemia del imputado-, permiten reconstruir intelec-tualmente la mecánica de su desarrollo y decidir, con certeza, sobre la respon-sabilidad penal del imputado con relación a dicho evento.

3. Considero que los informes técnicos y las fotografías in-corporados al juicio son objetivamente reveladores del modo en que se desarro-llaron los acontecimientos de que se trata, por lo que no cabe sustituir las con-clusiones que se siguen de esos informes por especulaciones construidas sobre los dichos de quienes, por no haber presenciado los hechos en cuestión, sólo aportan el conocimiento que tienen sobre circunstancias anteriores o posteriores a los mismos.

Así, surge del croquis ilustrativo del lugar del hecho que la avenida escenario del mismo tiene 14 metros de ancho, y que por tener dos ma-nos, cada una tiene 7 metros; como asimismo que los vehículos involucrados -el automóvil Renault 12 conducido por el imputado Solohaga y la motocicleta marca Yamaha al mando de Calderón- circulaban en sentido Norte-Sur por la mano correspondiente; que siguiendo esa dirección, a 5 metros de distancia del cordón derecho, principian en la calzada las marcas por fricción de neumático de la rueda trasera de la motocicleta, producidas por arrastre, después de la caí-da de este rodado ocurrida como consecuencia del impacto.

También que la motocicleta fue colisionada desde atrás, en su lado izquierdo, con la parte frontal derecha del automóvil conducido por el imputado. Lo que acredita que, al tiempo del impacto, tanto el automóvil como la motocicleta circulaban por el carril "rápido" correspondiente a su mano (de 7 metros de ancho), a un poco más de 5 metros de distancia del cordón derecho de dicha avenida.

Por otra parte, si bien no encontraron respaldo adecuado las explicaciones del imputado con respecto a que el accidente se produjo porque los muchachos se "tiraron" hacia la izquierda, el croquis de referencia ilustra acabadamente que, al momento del impacto, la motocicleta circulaba cierta e inequívocamente por el lado izquierdo de la mano correspondiente, o sea por el carril "rápido", así llamado en alusión al modo de circulación habitual en ese sector de conformidad con los usos del medio.

Así, de los datos consignados en dicho croquis referidos a la impronta que dejó la motocicleta en el asfalto, resulta que ésta circulaba apenas a 2 metros de la línea imaginaria de separación de ambas manos de cir-culación, por lo que, aparentemente, obstaculizaba de tal modo el eventual paso de vehículos de mayor envergadura y ancho que cabía prever circularían a ma-yor velocidad que los que optan por el carril derecho, por ello llamado también "lento".

Por ello, las referidas constancias echan irremediablemente por tierra la versión de Cardozo, según la cual, cuando Calderón notó que se acercaba el automóvil, se puso más a la derecha (hacia el costado de la avenida) para darle paso.

Sin embargo, aunque el perito interviniente no pudo esta-blecer la velocidad a la que avanzaba la motocicleta antes del impacto, Valeria Beatriz Díaz señaló que ambos vehículos, tanto la motocicleta como el auto-móvil que después la embistió, "venían a muy alta velocidad"; y si bien esa apreciación carece de rigor técnico, cabe considerar que en tanto con respecto al automóvil ese juicio quedó corroborado con la pericia accidentológica que estableció que antes del impacto éste circulaba al menos a 65km/h, resulta ajus-tado a la lógica admitir como correcta la impresión de la testigo también con respecto a la motocicleta y tener como virtualmente acreditado que, al menos, era conducida entonces a una velocidad que justificaba el uso del mencionado carril rápido.

Las conclusiones expuestas, derivadas lógicamente de los elementos probatorios analizados y no cuestionados por el recurrente, resultan insuficientes, no obstante, para explicar la mecánica de producción del hecho, en tanto, aunque a alta velocidad, ha quedado debidamente acreditado que am-bos vehículos circulaban por su mano y por el carril "rápido".

La respuesta acerca de la causa de la colisión la proporcio-na el informe del Perito en Accidentología Vial, cuyas conclusiones no han sido objetadas o puestas seriamente en duda por el recurrente con fundamentos sufi-cientes de parejo rigor, y no sólo están adecuadamente fundadas en estudios y conocimientos empíricos, sino que se ajustan, además, y como no podía ser de otra manera, a las reglas de la lógica y de la experiencia común.

Según el Perito, la colisión tuvo lugar por la inobservancia de los reglamentos de tránsito que ponían a cargo del imputado mantenerse a una distancia prudencial de la motocicleta que lo precedía en la vía, con arreglo a la velocidad a la que circulaban ambos vehículos, considerando especialmente que él se conducía a mayor velocidad.

Y el desarreglo de su conducta, sin justificarlo, encuentra lógica explicación en las deficientes condiciones físicas que presentaba el im-putado Solohaga, de las que da cuenta el Acta de Procedimiento de fs. 02/03 vta.(incorporada debidamente al juicio) labrada con motivo de la ocurrencia del hecho de la causa y en la que consta lo siguiente: "(.) dentro del automóvil se observa a una persona de sexo masculino que lo hace sentada frente al volante, en evidente estado de ebriedad, quien al interrogatorio y con fuerte aliento al-cohólico responde llamarse LUCIO SOLOHAGA (.)".

A esa previa ingesta alcohólica se refirió el testigo Julio Cé-sar Acuña que, aunque no recordó cuántas cervezas tomaron con el imputado, la pluralidad a la que alude es suficiente para afirmar como probable que, en la oportunidad, Solohaga haya manifestado signos típicos de ebriedad.

Pero el punto quedó categóricamente acreditado con el res-pectivo Informe Bioquímico (fs.99, también ingresado en debida forma al jui-cio), según el cual, al momento de la colisión, Solohaga se encontraba bajo los efectos de la ingesta alcohólica, en grado correspondiente a "euforia"(0.85gr/lt de alcohol etílico en sangre).

Es que la ingesta que refleja esa proporción, como es bien sabido, es suceptible de disminuir la capacidad de juicio y de reacción del suje-to, retardando o aplazando sus respuestas a los estímulos o contingencias del tránsito. Por ello, resulta compatible con ese estado que, como señaló el inter-viniente Perito en Accidentología Vial, en la ocasión, Solohaga no haya calcu-lado eficazmente la velocidad que llevaba la motocicleta que lo precedía en la vía ni la distancia que lo separaba de dicho rodado y, como consecuencia, ante la inminencia de la colisión, no haya atinado a realizar una maniobra útil para evitarlo y, por el contrario, después del impacto, haya perdido el control de su vehículo, desplazándose en forma errática hacia la derecha y luego hacia la iz-quierda, hasta detenerse finalmente en sentido oblicuo a la vía.

Por las razones manifestadas, considero que han quedado suficientemente establecidas en el juicio la concurrencia de las circunstancias que autorizan tener por ocurrido el evento por el modo imprudente en que con-ducía su vehículo el imputado, a 65km/h como mínimo, por encima del límite de velocidad permitido en el lugar, que por tratarse de una avenida en zona ur-bana no podía superar los 60km/h; y bajo los efectos del alcohol que, aunque no anularon su conciencia, aplazaron claramente las reacciones que podrían haber evitado la colisión o minorado sus consecuencias.

Como consecuencia, estimo que los hechos acreditados en el caso, configuran el delito de Lesiones Culposas, previsto en el art. 94 del Código Penal.

Así las cosas, mi respuesta a la cuestión propuesta es positi-va y así voto.

En cuanto a los agravios vinculados con el monto de la pe-na, comparto los fundamentos dados por el Sr. Juez preopinante para rechazar-los y voto en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr .Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr .Cáceres dijo:

A mérito de la votación que antecede y lo resuelto, por ma-yoría, al tratar la cuestión precedente, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/11 vta., por el Dr. Rolando F. Crook, en su carácter de asistente técnico del imputado, Lucio Reynaldo So-lohaga. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Con arreglo a las razones que expuse al tratar la primera cuestión, considero que debería hacerse lugar al recurso interpuesto y bajar las presentes a origen para que el a quo determine la pena acorde a los hechos ilíci-tos que tengo por acreditados. Sin Costas A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por mayoría, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs.1/11 vta., por el Dr. Rolando F. Crook, en su carácter de asis-tente técnico del imputado Lucio Reynaldo Solohaga.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen es-tos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia Sesto de Leiva (En disidencia) -Presidente- José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria-. ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.