Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2006-02-10


Córdoba, febrero 10 de 2006.

1º ¿Es nula la sentencia impugnada en cuanto absolvió a la imputada por el principio del in dubio pro reo? 2º ¿Se ha aplicado erróneamente el art. 46 del Cód. Penal? 3º ¿Qué solución corresponde dictar? 1º cuestión.- Las doctoras Cafure de Battistelli y Blanc G. de Arabel dijeron:

I. Por sentencia número 112, del 25 de octubre de 2004, la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de San Francisco resolvió, en lo que aquí interesa: "... absolver, por aplicación del principio de la duda, a Marcela del Valle Juncos,... del delito de homicidio calificado por el vínculo (art. 80, inc. 1º, Cód. Penal), que la requisitoria fiscal de fs. 950 le atribuye en perjuicio de su hija M.V. J., sin costas (arts. 406 3º párrafo, 550 y 551, CPP), disponiendo su inmediata libertad..." (fs. 1236).

II. Contra dicha resolución, recurre el Sr. Fiscal de Cámara Dr. Víctor Hugo Pezzano, reprochando al decisorio incurrir en una arbitraria violación de las reglas de la sana crítica racional.

Explica el quejoso que la Cámara interpreta que no se ha probado el hecho descrito en la requisitoria fiscal y absuelve a la imputada por el principio de la duda, poniendo una enorme distancia con los argumentos que fundaron la acusación (fs. 1241 vta.).Entre otros, la a quo criticó la ponderación que el impugnante efectuó de prueba que a juicio de aquélla era ilegal (testimonios de González, Navarro y Matos). Si bien a éste le subsisten dudas sobre la eficacia probatoria de estas declaraciones, acepta que no se valoren (fs. 1241 vta.).

No obstante ello, señala que el cuidado, profundidad y meticulosidad puestos por la sentenciante en destacar la invalidez de estos elementos de convicción, no fueron igualmente dispensados a la valoración de la prueba incriminatoria. Apunta -en este sentido- que el caso sub examine presenta algunas particularidades especiales que resultan desfavorables para su esclarecimiento: la víctima no aporta dato alguno porque fue hallada muerta y prácticamente no habló con nadie aquella mañana, el sindicado como autor material del hecho se suicidó antes de ser imputado, no hubo testigos presenciales (fs. 1242).

Todo ello hace necesario un análisis profundo y detallado de cada uno de los indicios reunidos, puesto que de lo contrario se estaría exigiendo prueba directa para demostrar el hecho o, en el caso, la participación secundaria de la acusada. Todas las apreciaciones de la Cámara han sido meramente teóricas, los indicios han sido meritados en forma separada, y algunos de ellos han sido incluso soslayados. Por tal motivo, juzga el quejoso que la sentencia es arbitraria, violatoria de la sana crítica racional y por ende, del principio de razón suficiente. Cita jurisprudencia de esta sala (fs. 1242 y vta.).

Destaca, de otro costado, que aunque la Juzgadora marca un gran desacuerdo con los argumentos de la acusación, no obstante coincide parcialmente con ellos, al reconocer que la prueba reunida alcanzaría para condenar por el delito de encubrimiento, que en el caso bajo análisis no es punible por estar la imputada amparada por una excusa absolutoria (fs. 1242 vta.).

Es inimaginable, a juicio del recurrente, que una madre cuyo esposo asesina a su hija -que no es hija de éste- despliegue una enorme actividad destinada a desviar la investigación, solamente para encubrirlo, privilegiando su situación procesal ante semejante hecho. Y mucho menos imaginable es que comenzara su acción en forma conjunta con el autor, instantes después de haberse cometido el hecho, si no ha tenido algún grado de participación en el suceso. Afirma entonces el quejoso que "toda la actividad desarrollada por la acusada destinada a desviar la investigación del hecho, que por vía indiciaria se ha probado acabadamente... permite inferir que la acusada ha tenido, por lo menos, una participación secundaria en el hecho, porque necesariamente esta ayuda posterior debió derivarse de un conocimiento acabado de lo que había sucedido, y de un acuerdo con el autor plasmado antes o en el mismo momento de cometerlo" (fs. 1242 vta./1243).

1. Ingresando al preciso objeto de gravamen, aclara el recurrente que sólo va a referirse a la prueba que no está controvertida, para demostrar que los indicios reunidos en su conjunto permiten afirmar que Marcela Juncos ha sido al menos partícipe secundaria del hecho. Enuncia, en esta línea, los siguientes indicios:

a) La mentira de la acusada al sostener que M.V. había salido sola antes de su desaparición. La explicación posterior de haber mentido intencionalmente para que no sospechen de su marido José Ramón Cortez, porque no era el padre de la niña: entiende el quejoso que la Cámara debió prestar especial atención a la actitud de la acusada, que tuvo desde el mismo momento en que se comenzó a buscar a su hija, porque supuestamente había "desaparecido". Ese mismo día, aproximadamente a las 12 hs., comenzó a desplegar una actividad dirigida supuestamente a la búsqueda de una hija desaparecida, en la que tuvieron intervención muchos vecinos y luego las autoridades policiales. Es sumamente llamativo que Marcela Juncos haya proporcionado una cantidad de datos falsos y especialmente que ella misma reconozca que mintió a pedido de su marido, para que no se lo involucrara en el hecho, por no ser el padre de Victoria (fs. 1244).

Hasta el debate, nunca dijo a nadie que Victoria había salido con su marido (denuncia de fs.1, recorte del diario La Voz de San Justo de fs. 17, testimonio del policía Vivas) (fs. 512/518). Concordantemente con la posición asumida a posteriori del hecho, al prestar declaración por primera vez en la Fiscalía relató que aproximadamente a las 10 hs., su hija desayunó, se cambió las alpargatas y salió diciéndole "ya vengo má, chau", y que luego alrededor de las 11.15 hs. regresó su marido. En la audiencia, sin embargo, al comenzar a declarar dijo que fue su marido quien llevó a M.V. Advertida de la contradicción, aclaró que había pensado que su marido ya no estaba, que ya había salido, pero que cuando salió a la puerta estaba en la vereda y se ofreció a llevar a la niña unas cuadras más allá para que no vendiera pastafrolas siempre en el mismo barrio; afirmó desconocer si finalmente Cortez la llevó, y explicó que mintió a pedido de éste, ya que al no ser el padre podía ser objeto de sospechas (fs. 1244 y vta.).

Sobre esta explicación se detiene el recurrente, y advierte que las reglas de la experiencia y la psicología indican que una madre, ante la desaparición de su hija, tratará de buscar ayuda y brindar datos lo más precisos posibles que permitan su rápida localización. Lo que menos se le ocurriría en tal situación límite es ponerse a pensar en que podrían inculpar a su marido, y por ello mentir a quienes tienen la tarea de buscar y encontrar sana y salva a la niña. Es natural pensar, colige el quejoso, que la actitud de la encartada partió de un acuerdo entre ella y su cónyuge, ya que de no ser así sus versiones serían diferentes, lo que no ocurrió hasta el momento en que la acusada decidió cambiar su declaración (fs. 1244 vta./1245).

Es fundamental entender por qué se produce esta modificación del relato de Marcela Juncos: no obedeció a un descuido, ya que se mantuvo en todo momento concentrada y atenta al desarrollo de la prueba. Ya había advertido que no podía sostener su postura inicial, porque varios testigos habían visto cuando Cortez salió de su casa en moto, llevando en el asiento trasero a M.V., en momentos en que ella estaba presente en la vereda. Entonces, anticipándose a lo que ocurriría en la audiencia, decidió estratégicamente cambiar su declaración. A lo largo del debate, fue paulatina y razonadamente adecuando su relato a la prueba que iba apareciendo desfavorable a su postura inicial. En efecto, luego declaran sucesivamente tres testigos en el debate, que vieron cuando esa mañana, M.V. Juncos se fue en motocicleta junto a Cortez (Oyola, Torres e Ibáñez). Otros dos testigos pudieron confirmar que esa mañana estuvieron con José Ramón Cortez por cuestiones de trabajo, pero antes de las once de la mañana (Miranda, Daghero). La menor Carla Arce la vio caminando entre Av. 9 de Septiembre y French y Berutti (fs. 1245 vta./1246).

La Cámara admite sin discusión que todas estas premisas se han acreditado, pero no les asigna la importancia y significado que, a criterio del recurrente, debió tener en la meritación final este indicio de mendacidad y mala justificación (fs. 1246).

b) La respuesta de la imputada acerca de la información dada por Cortez sobre el traslado de M.V.: En el debate, el impugnante interrogó a la encartada sobre lo que Cortez le dijo en cuanto al lugar donde había dejado a M.V. después de haberla llevado en la motocicleta. Es que -indudablemente- si la menor había desaparecido y aquélla no sabía lo ocurrido y estaba muy preocupada, lo primero que debió hacer fue interiorizarse ella, independientemente de haber brindado datos falsos a la Policía. Sin embargo, a ello Marcela Juncos respondió que su marido regresó a las 11.15 u 11.20 hs., sin comentarle si la había llevado o no, y que ella tampoco se lo preguntó. Tal explicación no resiste el menor análisis, si es que Victoria había desaparecido y era el dato más importante a tener en cuenta para empezar la búsqueda (fs. 1246 vta.).

Sorprendentemente, empero, la Cámara no asigna ni un solo párrafo a este indicio, no lo trata, lo ignora, cuando fue remarcado por la Fiscalía como uno de los más importantes a ponderar (fs. 1246 vta.).

c) La mentira de Marcela del Valle Juncos acerca de que M.V. había salido a vender pastafrolas en el barrio: apunta el quejoso que este indicio también fue soslayado. Se valoraron testimonios de personas que decían conocer que la niña solía vender pastafrolas en el barrio, cuando no es ese el punto que el Ministerio Público pretendió acreditar. No se puso en discusión que la menor soliera realizar esa actividad. Lo que quedó probado en la audiencia fue que esa mañana la menor no iba a venderle pastafrolas a nadie. Los acusados crearon una coartada de común acuerdo, en la que se incluyeron varias mentiras para desvincularse de M.V. durante las horas previas a la puesta en conocimiento de su "desaparición" (fs. 1247).

Analizadas las declaraciones de los vecinos, se aprecia con claridad que esa mañana M.V. no salió a vender pastafrolas, razón por la cual se trató de un eslabón más del plan urdido para explicar la actividad que supuestamente desarrolló la niña esa mañana y desvincularse de ella.

Ello es una muestra más de la actitud que mantuvo la imputada en el debate, adecuando permanentemente sus dichos a lo que la prueba anticipaba: así, cuando primero dijo que su hija salió sola, luego se corrigió en el sentido de que creyó que salió con Cortez aunque no estaba segura porque entró antes a la casa y supuso que se marcharon juntos, sin verlos irse. Ahora, en un tercer momento, Marcela Juncos confirma que Cortez la llevó y además indicó las razones: para que no vendiera pastafrolas siempre en el barrio y cansara a los vecinos. Lo que ocurrió fue que como éstos pusieron en evidencia que aquella mañana no hubo venta alguna, la imputada intentó "trasladar" dicha tarea a dos o tres cuadras de su casa, para hacer creer que la menor pudo ofrecer las pastafrolas a otra gente, que no declaró en el proceso (fs. 1247 vta.).

d) La supuesta compra de ingredientes para las pastafrolas en el Supermercado "555": constituye otro indicio incriminatorio omitido por la Cámara en su razonamiento. Se ha demostrado que M.V. fue vista con vida por última vez a las 11 hs., y que una hora después, la imputada y su esposo ya estaban haciendo pública su "desaparición". La requisitoria relató que el hecho ocurrió en el domicilio. Cortez y la encartada, para completar la coartada, explicaron que a esa hora estaban en el supermercado comprando mercaderías, que curiosamente se trataba de la materia prima para hacer las pastafrolas. Agregó esta última, además, que fueron atendidos por la cajera que está siempre, que los conocía (fs. 1248).

Alicia Pellegrini, la cajera, negó con seguridad haber visto a la pareja el día sábado en el local, donde hay una sola caja habilitada y es ella quien la atiende. Fue llamativo, entonces, que al carearse con la imputada, tal como fue su constante, ésta cambió su postura y dijo que no recordaba si ese día fue atendida por la Cajera o por "Mechi", la encargada. El testigo Ibáñez, quien se entrevistó con Cortez aproximadamente a las 11.30 ó 12 hs., no recordó que éste le comentara haber ido al Supermercado (fs. 1248 y vta.).

Apunta el quejoso que nuevamente resulta sorprendente que la a quo no dedique un solo párrafo a este indicio, dirimente como prueba incriminatoria, que acredita que Juncos pretendió postular que ni ella ni Cortez estaban en su domicilio, y que por ello no pudieron tener contacto con M.V. momentos antes de que comenzaran a notar su "desaparición". En este sentido, recalca el impugnante que esta mentira tampoco puede explicarse en la intención de proteger a Cortez, ya que si era éste quien podía resultar sospechoso ante las autoridades por no ser el padre de la niña, ¿por qué se intentó hacer creer que tampoco la imputada estaba en su domicilio sino en el Supermercado? (fs. 1248 vta.).

e) La sorprendente rapidez en declarar desaparecida a M.V., cuando apenas había pasado una hora desde que supuestamente se había ido de la casa: sobre este punto, el Tribunal expuso que debe tenerse en cuenta que la acusada señaló que recién tomó conocimiento de que su hija estaba muerta cuando lo confesó su marido poco tiempo antes de ser detenidos, y que fue Cortez quien la llevó en su moto a distintos domicilios a preguntar por la niña. Una vez más, reprocha el recurrente, el indicio ha sido valorado en forma aislada, desvinculándolo de los restantes indicios y en función de lo que la imputada declaró finalmente en la audiencia, lo que nunca puede aparecer como creíble (fs. 1248 vta./1249).

Es que si se valora esta circunstancia en el marco de lo ya tratado, se advierte que esta inmediata búsqueda fue emprendida porque ambos sabían que nunca hallarían con vida a M.V., y que debían hacerlo para desvincularse rápidamente del hecho y hacer creer a la comunidad que la niña había desaparecido sin que ellos tuvieran nada que ver. Existe una enorme contradicción entre el exceso de celo que lleva a la acusada a la búsqueda apresurada de su hija, por un lado, y por el otro, la elaboración junto con su cónyuge, de un plan de mentiras para los vecinos y la Policía en los detalles fundamentales, para que no sospecharan de su marido (fs. 1249).

f) La nueva versión del hecho que brinda la acusada en la audiencia del 5/10/04: recuerda el recurrente la costumbre que atribuye a Juncos de ir analizando el desarrollo de la audiencia y cambiando, conforme a ello, su versión sobre el conocimiento de los hechos. Hasta la fecha mencionada, su postura había consistido en sostener enfáticamente que nunca supo lo que le había sucedido a M.V., llegando incluso a descreer del ADN y afirmar que aún abrigaba la esperanza de encontrarla con vida (fs. 1249 vta.).

Ahora bien; al prestar declaración su sobrino Javier Grosso, y complicarse más su situación, la imputada decidió montar una escena, brindando una verdadera demostración teatral en la que decidió contar "su verdad", recurriendo al viejo artilugio de cargar la culpa al muerto (fs. 1249 vta.).

Sobre esta nueva versión, según la cual Juncos afirmó haber dicho la verdad a los empleados policiales Andraus, Valero y Vivas, quienes la amenazaron para que no hablara, la Cámara entendió que ello explicaba que la acusada, luego de un año y medio de detención, sabiéndose inocente desde un primer momento, esperara todo ese tiempo para contar lo ocurrido (fs. 1250).

Sin que ello importe cuestionar la validez del derecho de defensa de la imputada para elegir la oportunidad que prefiera para declarar, afirma el impugnante que es imposible otorgar credibilidad a sus dichos. Se receptó declaración a los policías a quienes ella dijo haberles narrado el suceso, y la Cámara no los valoró. Marcelo Valero corroboró que la imputada comentó el hecho ante él y dos o tres policías femeninas; que primero dijo que hubo una discusión en la casa, que la niña trastabilló, se golpeó la cabeza, no respiraba, estaba muerta. Luego, le dijo que no había sido así, pero no le dio la versión que expuso en la audiencia. Jorge Vivas, por su parte, negó haber recibido relato alguno, porque ya no estaba en la investigación (fs. 1250 y vta.).

Se pregunta, además, el quejoso ¿es razonable pensar que la policía quisiera que la imputada callara y no diera el dato de que Cortez era el violador y asesino? Si hubiera de pensarse en una acción coactiva por parte de la policía, lo razonable sería presumir que la presión se ejercería a la inversa, esto es, para que declare que Cortez, que se suicidó en el calabozo, era un violador y asesino y no para que lo calle, y íqué mejor que escucharlo de la propia esposa y madre de la niña! Además, agrega, si se supone que Juncos era amenazada para que no denuncie sus dudas sobre la supuesta muerte de Cortez, o los malos tratos que dice haber recibido, ello tampoco se compadece con lo que ella realiza, ya que todo se puso en conocimiento no sólo de la Fiscalía de Turno, sino también de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia (fs. 1250 vta.).

No es entonces razonable creer a esta última versión de la imputada, cuando ya ha proporcionado tantos relatos diferentes y además resulta incompatible con su conducta anterior, desde la desaparición de M.V., y poner en evidencia que conoció instantes después de ocurrida la muerte lo que había sucedido (fs. 1251).

g) Lo que escucharon o advirtieron distintas personas acerca de Cortez o de la imputada, previo a su detención: Judith Elizabeth Grosso dijo que la pareja cambió después de la desaparición, y que la madre estaba muy fría, calculadora; que ese mismo sábado empezó a hablar de V. en pasado, preguntándose por qué le había hecho esto, y diciendo que ya iba a aparecer en una bolsa de basura. Carlos Maximiliano Ibáñez manifestó que cuando su madre charlaba con Cortez, éste dijo "si la Marcela le pegó, si ella le pegó mal, si a ella se le fue la mano que se arregle", siempre mirando para abajo. Ramón Félix Ibáñez aportó similar comentario de Cortez, quien siempre decía que Marcela solía pegarle a la niña y fuerte, excesivamente, aun cuando ésta era "una piba buenita". Agregó haberle sugerido a aquél si no le habrían pegado de más, a lo que Cortez no respondió y adoptó de allí en más una actitud esquiva. Norma Aidée Veritá expresó que mucho después de la desaparición, Juncos se lamentó "pobrecita Vicky, qué huesitos tan chicos que tenía". Mónica Elizabeth Lesta de Ibáñez relató que ese mismo sábado, a la tarde, Cortez fue a buscar un trabajo y sin que nadie preguntara nada dijo que tenía "un problemón", y se puso a hablar de M.V., diciendo que durante quince días su esposa había estado pelando con ella, porque ésta quería ver al padre. Afirmó la testigo que Cortez concluyó: "si le hizo algo a la M.V. que se arregle, ahora va a saber lo que es perder un hijo... si la Marcela le pegó mal, que se arregle, que se haga cargo ella..." (fs. 1251 y vta.).

Estos testimonios no han sido siquiera mencionados por la sentenciante. Si bien se trata de dichos vagos, que valorados individualmente pueden dar lugar a diversas interpretaciones, en concordancia con el resto de los indicios significan un aporte más para concluir que la acusada ha tenido participación en el hecho (fs. 1251 vta.).

h) La conversación escuchada por Susana Beatriz Molina de Silva: esta testigo nueva, que vive colindante a la imputada, señaló que quince o veinte días después de la desaparición de la niña, un sábado a la tarde escuchó claramente que Juncos lloraba y después lloraba Cortez. Luego "salieron, reían y hablaban, ella lloraba un ratito, después se limpiaba los ojos". El esposo de la testigo -Héctor Silva- por su parte, refirió que su señora había escuchado "mirá lo que le hicimos a la nena", sin recordar si lo había dicho Juncos o Cortez, manifestando que su esposa tenía un presentimiento, ya que la imputada lloraba y al ratito estaba riendo (fs. 1252).

La Cámara jamás conectó este indicio con el resto del cuadro probatorio. Sobre la expresión escuchada por Molina de Silva, la a quo consideró que podía dar lugar a distintas interpretaciones, y que además fue escuchada por una testigo que afirma haber pensado siempre que fue el matrimonio Juncos-Cortez los que habían matado a la niña y enterrado en el patio, llegando incluso al exceso de afirmar que aún a la fecha de la audiencia sentía olores. Apuntó también que fue incoherente al explicar por qué no había dado antes esa información, a la policía o al Fiscal, y que el propio marido le dio poca importancia al comentario "por la forma de ser de su mujer". Concluyó el Tribunal que la testigo es una persona prejuiciosa, impresionable y cargada de animosidad hacia la acusada -reconoció que trataba de escuchar las conversaciones de sus vecinos- (fs. 1252 y vta.).

Contra este razonamiento, el quejoso afirma que los relatos de la nombrada han sido absolutamente espontáneos e incluso inesperados. Molina de Silva fue ofrecida por la Fiscalía como testigo nueva simplemente porque era la primera vecina y nunca había declarado. Fue ella, por su propia voluntad y sin que nadie la interrogara al respecto, la que cuando prácticamente se estaba retirando de la sala preguntó tímidamente si podía agregar algo más. Y lo que dijo prácticamente importó una confesión extrajudicial de Marcela Juncos sobre su participación en el hecho. Al hacer pasar a su esposo -manteniéndose a Molina de Silva apartada de la audiencia- éste se presentó muy nervioso, como lógicamente ocurre con alguien que es buscado de urgencia para que declare en un juicio de tanta trascendencia social. Cuando depuso, confirmó no sólo lo que su mujer había dicho sino también coincidió temporalmente (fs. 1253).

Las razones por las cuales la vecina no aportó este dato con anterioridad no pudieron ser explicadas por ella. Sin embargo, es sabido que las personas en general son reticentes a comparecer como testigos y mucho más a poner en conocimiento del Tribunal circunstancias incriminantes de los acusados, por aquello del "no te metas" y el lógico temor a represalias. No puede pretenderse que la señora, al escuchar estas expresiones, saliera corriendo a contarlo a la policía o al Fiscal. Diferente es lo que ocurre cuando son llamados y sienten que no pueden callar lo que conocen ante la existencia de un hecho como el de marras. Tampoco puede pretenderse que personas ajenas al conocimiento jurídico y que sólo se enteran de lo ocurrido por versiones periodísticas, puedan sopesar la importancia que tienen sus dichos (fs. 1253 vta.).

Concluye el recurrente que la Cámara exhibe una contradicción al creer la versión que la imputada proporciona en el debate, luego de un año y medio del hecho, previo haber mentido reiterada y metódicamente, y por el otro lado, sólo por hablar un año y medio después, no creer a una testigo que nunca declaró antes y que depuso sobre circunstancias no revertidas por ningún otro testimonio y absolutamente compatibles con el resto de los indicios reunidos (fs. 1253 y vta.).

i) La personalidad de Marcela del Valle Juncos y de José Ramón Cortez, la complicidad perversa del vínculo entre los cónyuges y la relación conflictiva entre la acusada y su hija M.V.: en base a abundante material probatorio, la Cámara coincide en señalar a José Ramón Cortez como un pervertido sexual, con antecedentes de condena por violación. Pero en lo que refiere a la imputada, la a quo no admite su personalidad violenta, autoritaria, dominante y psicopática en su real dimensión, como tampoco acepta que exista una complicidad perversa del vínculo con la acusada con su cónyuge ni una relación conflictiva entre Juncos y su hija (fs. 1253 vta.).

La encartada ejercía un dominio sobre toda la familia; con su hija era posesiva, dominante, celosa, asfixiante, controladora. Interfería en la relación con sus amigas y la presionaba por logros escolares, la golpeaba con frecuencia y desmedidamente -no sólo a ella sino también a su madre-. Todo ello surge del informe psicológico practicado por el Lic. Monina (fs. 410/411), de la pericia psiquiátrica realizada por el Dr. Vignolo (fs. 720/722), de los informes periciales psicológicos efectuados por las Lic. Cuenca (fs. 1054/1056) y Sudarovich (fs. 1047/1049). También lo corroboran los vecinos, por boca de los policías Valero, Andraus y Ferrero. Del mismo modo se expidieron -relatando diversos episodios- los testigos Beatriz Merino, Ana Laura Mazariego, Norma Aidée Veritá, Mónica Elizabeth Lesta de Ibáñez, Judith Elizabeth Grosso, Eder Doroteo Juncos, Mónica Ofelia Bazán, Juana Clara Henot, Gerán José Cortez, Ilda Rosa Vocos, Gaspar Grosso, Walter Gastón Ibáñez, Ramón Félix Ibáñez, Erika Noelia Arce, Carina Emiliana Díaz y María de los Angeles Bert (fs. 1255/1257 vta.).

A pesar de todo este marco convictivo, la Cámara sólo rescató que de las declaraciones reunidas únicamente surgió que los deponentes vieron a Marcela Juncos dar una cachetada a su hija en distintas oportunidades, y aclaró que ninguno manifestó haberla visto lesionada, o haber escuchado que su madre la maltratara o golpeara en forma desmedida, fuera de lo normal, más allá de algún episodio puntual. El quejoso refuta esta valoración, ya que a su juicio la prueba informativa, pericial y testimonial receptada demuestra acabadamente una personalidad muy agresiva, violenta, autoritaria, dominante y psicopática de la encartada (fs. 1257 vta.).

Luego continúa la a quo examinando el temperamento de Juncos, y expresa que tuvo una vida muy dura, que a los doce años fue a vivir al campo, donde debía realizar tareas del tambo y a la vez concurrir a la escuela, que su padre casi nunca estaba en la casa, que no recordaba que su madre le hubiera dado un beso, y que cuando quedó embarazada de V., aquélla la rechazó, conflictiva que se mantuvo hasta la vida adulta. Apunta el recurrente que esta apreciación no puede rebatir las conclusiones periciales; por el contrario, explica el carácter violento de la imputada, la tendencia de toda persona que no ha tratado su problemática en un proceso terapéutico, a repetir y trasladar a sus hijos los mismos conflictos que tuvo en la infancia con sus padres (fs. 1258).

También descartó la sentenciante la complicidad perversa del vínculo de la acusada con su cónyuge y la conflictiva relación con su hija sin dar razones. Tales conclusiones, empero, surgían de los dictámenes periciales, por lo que sólo pudieron haber sido desechadas con fundamentos científicos igualmente valederos (fs. 1258).

j) La valoración de los indicios en su conjunto. Univocidad y concordancia: estima el impugnante que la decisión de la Cámara ha partido de un preconcepto formado antes de la iniciación del debate. La fijación del hecho se basaba fundamentalmente en los testimonios de María Nilda González, María Alejandra Navarro y María Silvana Matos, cuya eficacia probatoria fue puesta en duda. Al descartar estos elementos de juicio, la a quo entendió que no era posible llegar a conocer exactamente cómo murió M.V. y automáticamente descartó el resto del material probatorio, sin advertir que se podía llegar a la verdad por otro camino. Así, relativizó el valor de los indicios, y los analizó de un modo somero y superficial (fs. 1258 vta.).

A contrario, el recurrente sostiene que a pesar de aquellas exclusiones probatorias, hay tres circunstancias que de acuerdo al análisis de la sentencia, han quedado claramente demostradas: 1) que la muerte de M.V. se produjo aproximadamente entre las 11 y las 12 hs. del día 18 de enero de 2003; 2) que la causa de la muerte ha sido los golpes en su cabeza, producidos como un elemento contundente; y 3) que el autor material ha sido el occiso José Ramón Cortez (fs. 1259).

Del análisis en conjunto de los indicios valorados, queda claramente demostrado que Marcela del Valle Juncos, y su cónyuge hoy fallecido José Ramón Cortez, inmediatamente después del hecho, se confabularon e idearon una estrategia que tenía como propósito desviar las investigaciones de la supuesta desaparición de M.V. hacia otras hipótesis. Toda esta actividad, tendiente a desviar la investigación y despistar a los policías y al Fiscal, llevada a cabo por la imputada, es absolutamente incompatible con el desconocimiento de lo que había pasado (fs. 1259 y vta.).

Marcela Juncos dijo que mintió a la policía para evitar que investigasen a su marido, porque no era el padre de la niña. Pero una madre que comienza a sospechar que su hija desapareció, debería necesariamente tener una enorme preocupación, y a medida que pasa el tiempo, esa ansiedad se debería transformar en angustia, desesperación, pánico. No es razonable pensar que privilegie y encubra a su cónyuge. Pero es más, continúa el quejoso: si la conducta es simplemente encubridora, ¿por qué motivo inventó, a la hora del hecho, una falsa salida de compras a un Supermercado? Aún admitiendo el encubrimiento y la mentira, no resiste el más mínimo análisis lógico que no pregunte a su marido, al llegar, dónde había dejado a Victoria cuando la llevó (fs. 1260).

El análisis conjunto de todos estos indicios, afirma el impugnante, conduce directamente a la conclusión de que Marcela del Valle Juncos tuvo participación en el hecho que acababa de cometerse. Desde un primer momento sabía lo que había sucedido con su hija, lo que descarta de plano la versión que dio finalmente en su declaración, y lo sabía porque tuvo algún grado de participación, ya que de no ser así no hubiera protegido a su marido, que fue el autor principal del hecho (fs. 1260).

A lo hasta aquí valorado, que se trata de indicios que refieren a lo sucedido inmediatamente después de cometido el hecho (indicios a, b, c, d, e, y f), corresponde agregar conductas posteriores a la acusada (indicios g y h), pero antes de ser detenida. En efecto, todas las personas que escucharon explicaciones que incriminaban a la acusada como partícipe del hecho -en especial los testimonios de Susana Beatriz Molina de Silva y Héctor Raúl Silva- vienen a reforzar la postura sostenida por la Acusación (fs. 1260 y vta.).

Y finalmente debe traerse el indicio "i", que analiza conductas anteriores de la acusada y su pareja. Este indicio de personalidad resulta relevante. Se trata de un padrastro que mata a su hija y de una madre que junto a él urdió un plan para desincriminarlo. Es una situación inexplicable e inimaginable si se piensa en un matrimonio común, pero muy diferente de conceptualizar si entendemos el contexto psicológico del hogar donde vivía M.V., con un padrastro con el perfil psicológico probado de abusador sexual, y una madre dominante y extremadamente agresiva, autoritaria y perversa, que trataba a la niña como si fuera un objeto de su propiedad, de personalidad psicopática y con una complicidad perversa con su marido (fs. 1260 vta.).

De este indicio de personalidad, se derivan los de actitud y conducta de la imputada, quien mostró frialdad e indiferencia durante todo el curso de la investigación y el debate, sin la conmoción expectable en una madre que ha perdido a su hija, pero compatible con el trato desconsiderado que -según quedó demostrado- siempre le dio (fs. 1260 vta.).

No es posible, a juicio del quejoso, concluir que Marcela del Valle Juncos haya incurrido simplemente en un encubrimiento del autor material del hecho. Su íntima convicción le permite conjeturar de que ha sido una coautora o cómplice primaria, pero reconoce que no puede probarse en qué consistió su aporte necesario para que se consume el hecho. Sin embargo, a pesar de no haberse esclarecido con precisión cómo murió la víctima, sí pudo establecerse el autor, la causa de la muerte y el horario en el que ocurrió. También, que la imputada prestó una ayuda inmediata posterior, que de acuerdo a las circunstancias apuntadas, necesariamente debió hacerse en cumplimiento de promesas que se hicieron antes o en el momento de cometerse el hecho. Hubo comunidad de hecho, de algún modo Juncos participó y desde allí indudablemente nació su ayuda posterior tendiente a desviar la investigación en contra suya y de Cortez. La promesa anterior debe inferirse de todas las circunstancias analizadas y que rodearon al suceso (fs. 1261).

Necesariamente, del acuerdo reflexivo o improviso que se produjo en el mismo momento consumativo del hecho, tuvo que derivarse la conducta de ayuda posterior que la acusada llevó a cabo, en forma conjunta con su cónyuge, para obstaculizar la investigación. Resulta ilógico, irrazonable, impensable, que se sostenga una simple ayuda posterior individual de la encartada, que no responda a un acuerdo surgido al menos en el mismo momento del hecho (fs. 1261 y vta.).

La coartada inventada por la acusada y Cortez no ha sido una simple mentira para desincriminarse mutuamente. Muy por el contrario, respondió a una estrategia de gran envergadura, ya que al principio recurrieron a vecinos y amigos, pero luego fueron a contar sus mentiras a todos los medios, mostrando falsamente su preocupación por la desaparición de Victoria y generaron un estado de angustia en toda la comunidad (fs. 1261 vta.).

III. Por dictamen Nº P-966, la Sra. Fiscal Adjunta mantiene el recurso deducido (fs. 1269/1271).

IV.1. La sentencia que el Ministerio Público recurre, absuelve a la imputada Juncos por aplicación del principio in dubio pro reo.

El recurrente da cauce a su pretensión dentro del estándar de revisión relativo a las sentencias absolutorias en virtud del aludido principio, puesto que le atribuye a la Cámara la vulneración del principio de razón suficiente, por cuanto entiende que si hubiese ponderado conjuntamente los indicios -en lugar de hacerlo en forma aislada-, y no se hubieran omitido otros que resultaban de la causa y que han quedado especificados supra, habría arribado a una condena como partícipe secundaria, ya que ellos permitirían acreditar que Juncos prestó una colaboración posterior a Cortez para la muerte de su hija, en virtud de una promesa anterior o concomitante con la muerte de su hija.

1. Según la requisitoria fiscal, en el marco de una discusión "la encartada Juncos de repente comienza a golpear fuertemente en su rostro a M.V., de tal manera que hace que ésta pierda el equilibrio y que golpee con su cráneo sobre una caja de metal... que se encontraba ubicada en el piso del lugar. Esta situación es aprovechada por José Luis Cortez, quien de inmediato, en circunstancias en que ésta todavía se encontraba tirada en el suelo, toma una pala con punta de hierro con la que comienza a golpear ferozmente a la niña, principalmente en su rostro y en otras partes de su cuerpo... quedando la misma totalmente indefensa debido a la tremenda golpiza, tras lo cual entre ambos, es decir José Ramón Cortez y Marcela del Valle Juncos, utilizando probablemente una cuerda o elemento similar, con la cual, intencional y con el ánimo de matar, enrollan al cuello de la menor hasta provocarle su deceso por asfixia...". Después de la muerte, Cortez junto con la colaboración de Juncos, enterró a la niña en el patio de la casa, en una fosa e "idearon una estrategia a los fines de ocultar el asesinato" que se detalla en el documento acusatorio (fs. 1179 vta., 1180 y vta.).

En las conclusiones vertidas por el Ministerio Público en la discusión final, el Fiscal consideró demostrada la participación de la encartada, aunque no en cuanto a que ella hubiera dado muerte a M.V.: "en efecto, la requisitoria la acusa de haber aplicado una cachetada, como consecuencia de la cual la nena cae al suelo y se golpea. Es indudable que una cachetada no es apta para quitar la vida de una persona, aun cuando cayese y se le ocasionara un golpe importante, porque en ese caso nos encontraríamos dentro de la preterintencionalidad. Luego dice la requisitoria que es Cortez quien con una pala le ocasiona las lesiones mortales. Ello es absolutamente compatible con el informe de autopsia... Del informe de autopsia queda claro, entonces, que fueron múltiples lesiones en la cabeza, no un solo golpe como puede haber sido el producido por una caída, lo que origina la muerte de M.V. Después se habla de una posible compresión que supuestamente genere asfixia por ahorcadura. Ello no lo puede asegurar ni el propio médico forense. Pero aun así esto no ha surgido de ninguna prueba ni relato en el debate como una acción de la acusada... el principio de la duda la favorece. Pero sí se demuestra que ella realizó algunas acciones en el lugar del hecho, que no se opuso, que necesariamente tuvo que ayudarlo a ocultar el cadáver, porque no pudo desconocer todas estas situaciones. Ello se infiere claramente... de toda su actuación posterior... De lo que sí existe certeza es que tuvo por lo menos una participación no necesaria en la realización del hecho, porque resulta indudable que realizó aportes y contribuciones en el momento de la consumación, que tuvo intervención en el ocultamiento del cadáver y que, luego, realizó una tarea gigantesca para lograr el ocultamiento de pruebas que pudiera llevar al esclarecimiento del hecho, de lo que se infiere, su necesaria participación previa..." (fs. 1166 vta.).

De la transcripción que precede se desprende que el Ministerio Público escindió la plataforma en dos claros segmentos: uno referido a la intervención de Marcela del Valle Juncos en la causación de la muerte de la niña y otro relativo a la simulación posterior instalada por la imputada y su cónyuge, de la que infiere la participación en el momento del hecho. El Fiscal excusó a la encartada por el primero, pero sí acusó contra ella por el segundo.

3. Frente a la acusación, la defensa material de Juncos consistió en negar el hecho, relatando primero haber ignorado lo hecho por su esposo hasta después de ser detenida, y admitiendo luego que fue el propio Cortez quien, el día que los detuvieron -momentos antes- le confesó que había llevado engañada a su hija a una zona rural, en donde la había violado, dado muerte y enterrado (fs. 1182 vta., 1183 y vta.).

4. La sentencia, ante lo que denominó "dos versiones" (acusador y defensa), consideró no probada la acusación. En lo que aquí interesa, y ateniéndonos a los dos momentos señalados por el Fiscal, los fundamentos fueron los que prietamente se mencionan:

a) Respecto de la intervención en la muerte de la niña, la prueba que corroboraría la descripción del hecho que se efectúa en la requisitoria se sostiene en declaraciones testimoniales de mujeres detenidas que traen una suerte de confesión de la imputada que carece de valor probatorio porque ya estaba detenida y esposada; no ha sido espontánea y se prestó sin defensor, en un contexto de intimidación (fs. 1209 vta. a 1212 vta.).

En opinión del Tribunal, la hipótesis de la acusación no encuentra acreditación en la prueba, y ello "fundamentalmente porque no se ha podido probar que el cuerpo de M.V. haya sido enterrado en el patio de la casa" (fs. 1212 vta.), conforme a las comprobaciones allí realizadas. Más adelante vuelve a insistir en que la versión acusatoria se debe desechar "no sólo por la ineficacia de los tres testimonios ilegales, sino por la prueba positiva", consistente en que el enterramiento de la víctima "en el mismo patio de la casa y su posterior traslado, se desecha por la revisación minuciosa y prolija de dicho patio, que se efectúa por parte del personal policial, personal de cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad, y aun con la colaboración de perros especializados", que lo descartan, unido a que "la concurrencia masiva de amigos y familiares a la casa de Cortez y de Marcela Juncos a pocos minutos de salir a buscar a Vicky también funda esa aseveración" (fs. 1232 vta., 1233).

En relación a los aportes y contribuciones en el momento del hecho que asevera el Fiscal, el Tribunal entendió que "en ningún momento indicó ni menos demostró cuáles fueron esos aportes y contribuciones" (fs. 1225 vta./1226).

El impugnante acepta la decisión de la a quo respecto de este tramo. Embate, empero, la respuesta que aquélla expuso en cuanto a la atribución de participación secundaria.

b) Ahora bien; sobre este preciso extremo -esto es, la complicidad no necesaria en cuanto a la labor de Juncos posterior a la muerte de su hija, el Tribunal consideró que para que se configure esta forma de complicidad es menester que se haya actuado en cumplimiento de una promesa anterior: "a este requisito, la Fiscalía de Cámara lo obvió por completo, sin percatarse de que la ayuda posterior sin promesa anterior configura encubrimiento y no participación secundaria; y máxime que nunca la Fiscalía sostuvo que la muerte de la niña hubiese sido planeada por Cortez y la Juncos" (fs. 1225 vta.).

Tales consideraciones, sin embargo, no reflejan fielmente el contenido de la acusación formulada en la discusión final. La lectura del acta, en los párrafos pertinentes, evidencia que el Sr. Fiscal entendió que estaba "demostrada la participación de la acusada en este hecho. Lo que no se ha demostrado, eso sí, es que ella haya dado muerte a M.V... Pero sí se demuestra que ella realizó algunas acciones en el lugar del hecho, que no se opuso, que necesariamente tuvo que ayudarlo a ocultar el cadáver, porque no pudo desconocer todas estas situaciones. Ello se infiere, como ya lo he señalado de toda su actuación posterior... De lo que sí existe certeza es que tuvo por lo menos una participación no necesaria en la realización del hecho, porque resulta indudable que realizó aportes y contribuciones en el momento de la consumación, que tuvo intervención en el ocultamiento del cadáver y que, luego, realizó una tarea gigantesca para lograr el ocultamiento de pruebas que pudiera llevar al esclarecimiento del hecho, de lo que se infiere su necesaria participación previa..." (fs. 1165 vta./1166 vta.).

Las razones sobre las cuales el acusador asentó esta atribución pueden leerse en el acta que documenta su alegato:

M.V.J. vivía en un ambiente de alto riesgo y absolutamente compatible con lo sucedido: un padrastro con los antecedentes y el perfil de abusador sexual sin ningún tipo de tratamiento psicológico, una madre excesivamente violenta y perversa, sin ningún tipo de tratamiento psicológico y ambos profesando una religión no autorizada, que muy lejos estaba de ofrecer una ayuda espiritual acorde con las necesidades del grupo familiar (fs. 1142 y vta.).

Cortez -autor del hecho- y Juncos mintieron sobre todas las circunstancias ocurridas ese día 18 de enero, previas, concomitantes e inmediatamente posteriores a la supuesta desaparición de la niña. En este sentido, el Ministerio Público reparó primero en las diferencias en cuanto a lo adquirido por ésta en el almacén "Camila" (fs. 1144 y vta.). Luego refirió a las circunstancias en las que M.V. salió de la casa: primero Juncos dijo que lo hizo sola, admitió luego haber mentido y manifestó que su hija se fue con Cortez en la motocicleta (fs. 1144 vta./1146 vta.). Similar situación se registró en cuanto a la venta de pastafrolas, versión que la imputada varió cuando se demostró que la niña no había ido a ofrecer pastafrolas a nadie (fs. 1146 vta./1148). Tampoco hubo coherencia en cuanto a las zapatillas que llevaba puestas (fs. 1148/1151 vta.). Se descartó, asimismo, la alegada compra de ingredientes para las pastafrolas en el Supermercados "555", ante la categórica negativa de la única cajera del comercio (fs. 1151/1152).

El matrimonio Juncos-Cortez fue sorprendentemente rápido en declarar desaparecida a M.V., cuando apenas había pasado una hora u hora y media de su salida. Ello surge del cotejo de la hora indicada por la imputada como el momento en que la niña se ausenta del domicilio, y de los testimonios de vecinos y conocidos a quienes aquélla y su marido indagan ya a partir de las 12 hs. (fs. 1152 y vta.).

Los nombrados hicieron circular -supuestamente para dar con su paradero- una foto no actualizada de la niña, según advirtieron investigadores y conocidos. También Missing Children señaló la reticencia de la madre en proporcionar la foto que necesitaban para iniciar la búsqueda, en un oficio que se secuestró en la Iglesia "Asamblea de Dios" (fs. 1152 vta./1153 vta.).

Como conclusión provisoria, afirmó el Fiscal que ambos cónyuges fueron mentirosos desde el inicio; integraban un plan para despistar y desincriminarse ante un suceso en el que habían sido protagonistas. Debe considerarse la actitud de cualquier madre, sea cual fuere su condición social, frente a la desaparición de su hija -desesperación, angustia, etc.-, falseando toda la información, y cambiándola a medida que la prueba reunida la fue complicando (fs. 1154 y vta.). Continuó luego el acusador razonando:

Se verificaron diversas actitudes asumidas por la encartada, con posterioridad a la desaparición de la joven, antes y después de su detención, que son incompatibles con una persona inocente y que, por el contrario, se compadecen al menos parcialmente con haber sido partícipes del hecho: diversas personas escucharon dichos o advirtieron actitudes distintas en los cónyuges, que involucraban a la encartada en el hecho: Grosso, Carlos y Ramón Ibáñez, Lesta de Ibáñez, Molina de Silva, Silva (fs. 1155/1161 vta.); en la vivienda se percibían olores nauseabundos, y el terreno presentaba una depresión (fs. 1161 vta./1162); en la casa se secuestraron elementos relacionados al entierro del cadáver, y prendas de la niña (fs. 1162/1165 vta.).

c) De la lectura de su intervención en la discusión final, surge con claridad que el Ministerio Público sí encontró acreditada una comunidad subjetiva instalada con anterioridad a la muerte para ser ejecutada después. El argumento central giró, como reitera en su impugnación, en que toda la actividad asumida por Juncos en forma inmediata a la "desaparición" es incompatible con un acuerdo súbito surgido luego de la muerte de la niña a manos de Cortez, y por lo tanto constituye acabada cuenta de que preexistió al hecho una comunidad subjetiva que hizo posible la rápida instalación de semejante puesta en escena y a la vez enervó la natural conmoción que toda madre debe sentir ante la pérdida de un hijo. La circunstancia que no se tuviera por acreditada la ejecución de algunos aspectos del acuerdo (ocultación del cuerpo) no autoriza a negar la convergencia intencional previa sobre otros hechos que sí se cumplieron.

La afirmación de la Cámara relativa a que dicho extremo había sido obviado por el Fiscal parte de una percepción equivocada de la acusación fiscal. El descarte de esta circunstancia, entonces, no tiene sustento en las constancias del debate, y por ende la respuesta del Tribunal nulifica la solución dispuesta.

Es que "la fundamentación de la sentencia resulta inidónea, entonces, cuando el pronunciamiento se basa en afirmaciones sin sustento, al no compadecerse con las constancias glosadas a la causa (TSJ, sala Civil, S. Nº 157, 28/9/98, "Celotti", entre otros)... Constituye un vicio de la debida motivación, el yerro en la percepción o la inadvertencia en la consulta de los autos, cuya consecuencia es la falsa representación de la realidad sobre la cual debe recaer el juicio del Tribunal (TSJ, sala Civil, "Celotti", S. Nº 157, cit.)..." (TSJ, sala Penal, S. Nº 39, 30/5/02, "Alvarez"; S. Nº 26, 24/4/03, "Rodríguez").

5. No constituye óbice a lo expuesto, debemos aclarar, que la requisitoria fiscal que dio inicio al proceso ubicara la estrategia de ocultación planeada por Cortez y Juncos a posteriori del fallecimiento de la víctima, pues ésta aparecía unida con lo actuado con anterioridad y que causara la muerte de la víctima.

La "estrategia de ocultación" referida, hace a las acciones concretas a desarrollar que se diseñaron para cumplirse a posteriori de la muerte, y que fueron ajustándose con el transcurso del tiempo; pero surge del documento acusatorio que el acuerdo para realizar tales maniobras estaba comprendido en el plan criminal inicial.

El hecho de no haberse tenido por acreditado que la imputada intervino en la muerte y ocultamiento del cadáver no hace caer la imputación por las acciones cumplidas a posteriori y abarcadas por el plan, que han quedado acreditadas en forma indubitable en su faz objetiva.

6. Las eventuales conjeturas que pudieran albergarse acerca de una posible infición al art. 389 del CPP, al no haberse tenido por acreditada las circunstancias de la muerte, quedan enervadas a poco que se repara en que la encartada se defendió activamente de la atribución de responsabilidad por este segundo tramo del hecho, al sostener que durante su desarrollo ignoraba que su hija había fallecido.

Es que la institución del hecho diverso tiene razón de ser en el debido resguardo del derecho de defensa, tomado éste en uno de sus corolarios fundamentales: la posibilidad de contradecir la atribución de la totalidad de los hechos delictivos y de sus circunstancias con valor penal que, en su conjunto, constituyen el objeto del juicio (TSJ, sala Penal, "Ateca", S. Nº 125, del 26/10/99; "Canepa", S. Nº 40, 11/5/01; S. Nº 118, 11/11/04, "Querella Cabrera c. Ludueña", entre muchos otros). A raíz de lo anterior, se ha dicho que no toda diferencia menoscaba esta facultad del imputado; sólo concurre tal perjuicio cuando la diversidad le restringe o cercena la factibilidad de presentar pruebas defensivas (Nuñez, Ricardo C., "Código Procesal Penal", Lerner, Córdoba, 1986, nota 1º al art. 414, p. 385; conf., TSJ, sala Penal, S. Nº 8, 1º/7/88, "Cuello"; S. Nº 17, 17/10/90, "Avalos"; S. Nº 23, 28/5/97, "Sánchez"; A. Nº 97 del 25/4/00, "Guzmán"; A. Nº 417, 27/12/00; "Quiroga"; S. Nº 84, 12/9/03, "Moreno" -entre muchos otros-).

Repárese que los hechos objetivos constitutivos de la ayuda posterior (la estrategia desarrollada para desorientar a los pesquisas, simulando ya minutos después de la muerte la desaparición de la menor) sí se encontraban descriptos en la requisitoria. Sólo es, entonces, en lo atinente al momento en que se produjo el acuerdo -que en la acusación se ubica ex post- que debe verificarse si Marcela del Valle Juncos pudo defenderse en forma eficaz.

Advertimos, en primer lugar, que la prueba sobre la cual el Ministerio Público basó su hipótesis, es la misma que se produjo y meritó en torno a la primera parte del hecho, sólo que en relación al segundo tramo dichos elementos de juicio fueron valorados como indiciarios de la existencia de un acuerdo previo.

Tal marco habilitaba a la imputada las herramientas necesarias para ejercer su defensa respecto de la atribución de una participación secundaria, y -lo que es más relevante aún- efectivamente Juncos lo hizo. Las constancias de la causa ponen en evidencia que ésta ha hecho repetido y diversificado uso de su facultad de declarar en el proceso, postulando distintas versiones, pero coincidentes todas en mostrarse por completo ajena de lo ocurrido a su hija.

En tal sentido, ante el Tribunal de juicio alegó que la última vez que vio a su hija fue aquel sábado cuando M.V. salió de su casa junto con su esposo, que escondió inicialmente este dato a los investigadores para que no sospecharan de Cortez, atento a que no era el padre de la niña y que fue una vez detenida que se enteró de lo sucedido (fs. 1181/1182). Durante el debate, y luego de la declaración de su sobrino Javier Grosso, la imputada proporcionó otro relato: manteniendo el primer segmento, corrigió que supo de la muerte de su hija a manos de Cortez cuando éste se lo confesó instantes previos a ser aprehendidos (fs. 1182 vta./1183). Asimismo, en sus diversas declaraciones Juncos dio profusos detalles de la actividad desplegada el día del hecho (las razones por las que la menor salió, la vestimenta que llevaba, la supuesta compra en el supermercado "555", etc.).

6. En función de lo expuesto, entendemos que la solución dispuesta por la a quo desoye un aspecto de la acusación formulada por el Ministerio Público, que por ello ha quedado incontestado. La decisión es nula en tanto no ha dado tratamiento a la acusación dirigida contra Marcela Juncos a título de partícipe secundaria, y exige un nuevo pronunciamiento de aquélla sobre el punto.

Votamos, pues, afirmativamente.

La doctora Tarditti dijo:

I. Adhiero a la relación de causa referida por las Vocales preopinantes (supra, I, II, III, IV.1, IV.2 y IV.3), mas discrepo en la solución por ellas propuesta al caso bajo análisis.

1. En cuanto a las razones por las que la sentenciante, ante la postulación de "dos versiones" (acusador y defensa), consideró no probada la acusación, pueden abreviarse como sigue:

a) La prueba que corroboraría la descripción del hecho que se efectúa en la requisitoria se sostiene en declaraciones testimoniales de mujeres detenidas que traen una suerte de confesión de la imputada que carece de valor probatorio porque ya estaba detenida y esposada; no ha sido espontánea y se prestó sin defensor, en un contexto de intimidación (fs. 1209 vta. a 1212 vta.).

b) A juicio del Tribunal, la hipótesis de la acusación no encuentra acreditación en la prueba, y ello "fundamentalmente porque no se ha podido probar que el cuerpo de M.V. haya sido enterrado en el patio de la casa", (fs. 1212 vta.), conforme a las comprobaciones allí realizadas. Más adelante vuelve a insistir el Tribunal que la versión acusatoria se debe desechar "no sólo por la ineficacia de los tres testimonios ilegales, sino por la prueba positiva", consistente en que el enterramiento de la víctima "en el mismo patio de la casa y su posterior traslado, se desecha por la revisión minuciosa y prolija de dicho patio, que se efectúa por parte del personal policial, personal de cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad, y aun con la colaboración de perros especializados", que lo descartan, unido a que "la concurrencia masiva de amigos y familiares a la casa de Cortez y de Marcela Juncos a pocos minutos de salir a buscar a Vicky también funda esa aseveración" (fs. 1232 vta., 1233).

c) El acusador invocó diversos indicios: personalidad de Cortez (fs. 1213 vta. a 1216); personalidad de la acusada (fs. 1216 vta. a 1218); el reconocimiento de ésta de haber mentido para favorecer a Cortez (fs. 1218 vta. a 1219 vta.); la alusión relativa a una actividad considerada no verdadera de la víctima anterior al hecho (fs. 1219 vta. a 1220); el suministro por la acusada de información no veraz acerca del calzado de la niña (fs. 1220 a 1221 vta.); la rapidez en que consideró como "desaparecida" a su hija (fs. 1221 a 1222); la entrega a la Policía de una foto no actualizada de la niña (fs. 1222 y vta.); la falta de diligenciamiento del oficio de búsqueda a través de Missing Children (fs. 1222 vta.); las mentiras acerca de las amenazas policiales para que callara la confesión de Cortez (fs. 1223 y vta.); las actitudes anteriores y posteriores a la detención (fs. 1223 vta., a 1224 vta.); y el secuestro de efectos en el vivienda -que se declaró inválido, fs. 1124 vta-. Tales indicios, empero, no proporcionaron certeza al Tribunal, aunque sí una probabilidad que posibilitó la prisión preventiva (fs. 1228 a 1230 vta.).

d) En relación a los aportes y contribuciones en el momento del hecho que asevera el Fiscal, el Tribunal entiende que "en ningún momento indicó ni menos demostró cuáles fueron esos aportes y contribuciones", y en cuanto a la labor de Juncos posterior a la muerte de su hija, el Tribunal consideró que el Ministerio Público nunca sostuvo "que la muerte de la niña hubiera sido planeada por Cortez y la Juncos", por lo que esa colaboración sin promesa anterior, tampoco puede encuadrar en el encubrimiento por la exclusión de punibilidad debido al vínculo con Cortez (fs. 1225 vta. y 1226).

2. En el marco arriba reseñado, la queja traída por el Ministerio Público no puede prosperar, en la medida en que invoca la acreditación con grado de certeza, de circunstancias fácticas que -aunque tendientes a mostrar a Marcela del Valle Juncos como responsable a título de cómplice secundario por la muerte de su hija M.V. Juncos- no se corresponden con la plataforma fáctica contenida en la acusación, sea la de la requisitoria o la formulada en la discusión final: el reproche carece de congruencia, en tanto la pretensión recursiva intenta lograr la chance de un fallo condenatorio sobre otras bases.

En comparación con la requisitoria, el análisis propugnado por el impugnante descansa sobre una diferente base fáctica: ya no la hipótesis de la muerte causada como corolario de una discusión familiar -con el concurso de la imputada- en domicilio familiar, con aporte de presencia al momento del hecho, y la colaboración posterior en el enterramiento del cuerpo en el patio y la trama para ocultarlo. En reemplazo de esta hipótesis, el recurrente procura demostrar que la prueba indiciaria da base para sostener con certeza que la imputada aportó para la comisión de un hecho ocurrido conforme a modalidades de lugar, modo y autor diferentes, con ocasión del traslado de la joven por parte de José Ramón Cortez hasta la zona descampada donde -previo abusar sexualmente de ella- le dio muerte y luego la enterró, quedando Marcela del Valle Juncos en su vivienda con su hija menor, colaborando posteriormente en la trama urdida de consuno para ocultar el hecho.

Se trata, de una completa modificación que incluye tanto la circunstancia de lugar (no en la vivienda sino en un baldío), como las de modo (no aprovechando el desvanecimiento accidental sino luego de haberla violado) y persona (no ambos cónyuges sino sólo Cortez).

Tampoco la pretensión recursiva guarda correlación con las conclusiones en la discusión final, ya que conforme a ellas, la imputada realizó "acciones en el lugar del hecho, ...no se opuso ...tuvo que ayudarlo a ocultar el cadáver" ya que estaba presente en el domicilio familiar en donde ocurrió la discusión "realizó aportes y contribuciones en el momento de la consumación"; además de ayudar posteriormente en el ocultamiento de pruebas.

En relación a estas conclusiones, también se advierte la mutación respecto del lugar del hecho, con lo cual queda sin base nada menos que la presencia de la imputada en ese trágico momento, ya que ella le proporcionaba fundamento probatorio para sostener la existencia de un acuerdo criminal surgido al menos en ese momento para la ayuda posterior.

Adviértase que, conforme a la sentencia, la participación de la imputada tal como pretendía el acusador en la requisitoria no se podía tener por cierta por la ilegitimidad de la prueba testimonial que la sostenía, lo cual no discute el recurrente, y fundamentalmente -y a esto le otorgó valor decisivo- porque no se probó que la niña haya sido enterrada en el patio de la vivienda familiar en presencia de la imputada, situación que tampoco discute.

En consecuencia, el impugnante edifica su crítica sobre un cimiento ajeno al que daba fundamento al debate, tarea que no es posible sin infición de las garantías del debido proceso -por ausencia de acusación- y de la defensa en juicio (arts. 18, CN). Ello, con mayor razón, si la regulación procesal habilita vías como las de la ampliación del requerimiento fiscal (art. 388, CPP) o el trámite del hecho diverso (art. 389, CPP) como únicas formas de mutar válidamente el cauce impuesto por el factum del requerimiento fiscal, las que no fueron utilizadas por el recurrente en la oportunidad procesal oportuna.

3. Atento a lo expuesto, cabe concluir que el recurso no puede prosperar en la medida en que propicia revertir una absolución y provocar una condena por un hecho diferente al que fuera objeto del juicio, pretensión que conlleva ínsita una violación a las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, por lo que no puede prosperar.

Voto, pues, negativamente.

2º cuestión.- Las doctoras Cafure de Battistelli y Blanc G. de Arabel dijeron:

I. Desplazándose hacia el motivo sustancial de casación (art. 468, inc. 1º, CPP), el quejoso reprocha una errónea aplicación del art. 46 del Código Penal, en cuanto la a quo descartó la participación secundaria de Marcela del Valle Juncos en el accionar homicida de su cónyuge José Ramón Cortez (fs. 1262).

Explica que a consecuencia de la valoración arbitraria de la prueba, se ha aplicado erróneamente la ley sustantiva. En la participación criminal, se exige comunidad de hecho y convergencia intencional. Cuando se trata de una participación secundaria de complicidad por ayuda, estos requisitos también deben cumplirse, y en el caso específico de la ayuda posterior por promesa anterior, estos requisitos se configuran cuando el partícipe promete la ayuda y luego cumple con al promesa. Esto es lo que diferencia esta forma de complicidad del simple encubrimiento, donde la ayuda posterior está completamente desvinculada del hecho, sin previo acuerdo de cooperación (fs. 1262 y vta.).

La promesa anterior concurre siempre que antes de o durante la ejecución del hecho, el agente haya cooperado al mismo con una expresión de voluntad de ayuda para después de consumado. El acuerdo entre los partícipes puede surgir en forma reflexiva o de improviso, y puede formularse de uno u otro modo antes o en el mismo momento de la comisión del hecho (fs. 1262 vta.).

En el sub examine, la ayuda no fue simplemente posterior, sino inmediatamente posterior a la consumación del hecho (a las 11 hs. Victoria estaba con vida, a las 12 hs. ya habían comenzado a desarrollar el plan para desviar la investigación). No se trató simplemente de una acción individual de ayuda posterior por parte de Marcela Juncos: fueron los dos, ella y su cónyuge, quienes ejecutaron un plan tendiente a despistar a los investigadores, tratando de desvincularse de todo contacto con su hija. La imputada no pudo ignorar lo que había sucedido; una acción de esta naturaleza no pudo haber sido desarrollada sin un acuerdo previo, que por las circunstancias cronológicas señaladas tuvo necesariamente que concertarse o planificarse ya sea antes de consumarse el hecho o al menos en el mismo momento de cometerlo (fs. 1263).

En definitiva, concluye el recurrente, esa ayuda inmediatamente posterior al hecho brindada por la acusada al autor no pudo realizarse sino a consecuencia de un acuerdo previo que, de acuerdo a la cronología de las acciones explicadas, debió plasmarse antes o concomitantemente a su ejecución. Si bien la doctrina no exige que el acuerdo sea reflexivo, ya que también puede surgir de improviso, en este caso es evidente que para ponerse de acuerdo en los detalles en que debían mentir, tuvo que tratarse de un acuerdo reflexivo (fs. 1263).

Afirma entonces que a consecuencia del análisis arbitrario de la prueba incorporada legalmente al debate, violatorio del principio de razón suficiente, se ha aplicado erróneamente la ley sustantiva, al encuadrar las acciones de la acusada Juncos en la figura del encubrimiento -exenta de responsabilidad penal al amparo de la excusa absolutoria del art. 277, inc. 1º, apartado "a" e, inc. 2º, CP-. Solicita el quejoso, en consecuencia, se condene a la nombrada como partícipe secundaria del delito de homicidio calificado por el vínculo, en los términos de los arts. 46, 79 y 80, inc. 1º del CP (fs. 1264).

II. Atento a la respuesta propiciada por la Mayoría a la primera cuestión, el tratamiento de la presente deviene abstracto.

Así votamos.

La doctora Tarditti dijo:

Las señoras Vocales preopinantes, dan, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

3º cuestión.- Las doctoras Cafure de Battistelli y Blanc G. de Arabel dijeron:

I. Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde -por mayoría- hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto, en cuanto al agravio deducido bajo el motivo formal (primera cuestión), y en consecuencia anular la sentencia impugnada en cuanto absolvió a la imputada por la duda y el debate que la precedió, reenviando los presentes a la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Bell Ville, circunscripción judicial más próxima, para su nuevo juzgamiento.

II. En lo que respecta al agravio sustantivo, debe declarárselo abstracto.

III. Sin costas en la Alzada (arts. 550/552, CPP).

Así votamos.

La doctora Tarditti dijo:

Las señoras Vocales preopinantes, dan, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la sala Penal, resuelve: I) Por mayoría, hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámara Dr. Víctor Hugo Pezzano, en cuanto al agravio deducido al amparo del motivo formal de casación (nulidad de sentencia por arbitrariedad - violación de las reglas de la sana crítica racional), y en consecuencia: 1. Anular la sentencia número 112, del 25 de octubre de 2004, dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de San Francisco -y el debate que la precedió-, que dispuso absolver a Marcela del Valle Juncos del delito de homicidio calificado por el vínculo (art. 80, inc. 1º del Código Penal), que la requisitoria fiscal de fs. 950 le atribuyó en perjuicio de su hija M.V. Juncos, sin costas. 2. Reenviar los presentes a la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Bell Ville, para su nuevo juzgamiento. II) Declarar abstracto el agravio traído bajo el motivo sustancial de casación (inobservancia del art. 46 del CP). III) Sin costas.- María E. Cafure de Battistelli.- María de las M. Blanc G. de Arabel.- Aída L. T. Tarditti.