marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo, ley de emergencia económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

El legislador está facultado para hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes atribuidos al gobierno de la Nación y, en correspondencia con los fines enunciados en el Preámbulo de la Constitución, aquél cuenta con las facultades constitucionales necesarias para satisfacer los requerimientos de la sociedad, poner fin a los estados de emergencia y conjurar cuanto ponga en peligro la subsistencia del Estado (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Diligencias preliminares, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cordero, Graciela c/ Desantis, Andrés s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-06

Las diligencias preliminares a la iniciación del juicio - medidas preparatorias (art. 323 Código Procesal) o la producción anticipada de pruebas (art. 326 Código Procesal)- conforme la regla especial que contiene el inciso 4 del art. 6 del ordenamiento ritual fijan la intervención de un juez cuando existe más de uno dentro de la circunscripción territorial y el fuero, y ante él debe radicarse el juicio principal promovido con posterioridad. (Minoría u opinión personal)
Contrato de distribución, forma del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMUNICACIÓN LITORAL SRL c/ TELECOM PERSONAL SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-04

No es óbice a la existencia de una relación de distribución la inexistencia de instrumentación del acuerdo. El contrato de distribución comercial es un contrato innominado que admite la forma verbal.
Concursos, extensión de la quiebra, acción de responsabilidad, terceros, socios, prueba, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bonquim SA c/  s/ quiebra c/pausic marcos y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-09

La índole de la acción entablada -extensión de quiebra- impone ser particularmente exigente en la apreciación de los presupuestos que supeditan su procedencia. Primero, porque, ponderada esa acción desde la óptica de los principios que gobiernan el derecho concursal, ella se presenta como una solución anómala o excepcional, en tanto, apartándose de esos principios, deriva en la quiebra de un sujeto solvente, con la consecuente posibilidad de provocar la pérdida de una empresa potable en cuya subsistencia converjan variados intereses. Y segundo, porque la interpretación estricta es propia de todo instituto cuya aplicación presuponga -como sucede con la extensión de quiebra-, una conducta reprochable de quien ha de sufrir por tal causa una sanción. La quiebra por extensión presupone ese reproche cuando estamos ante los supuestos de la LCQ 161 y cuando, como en el caso, se ha hecho una interpretación extensiva de las figuras previstas en el art. 160 de esa ley. En tales casos, la finalidad de la extensión es patrimonial, pero, en tanto se presenta -esa extensión de quiebra- como una respuesta del orden jurídico que excede los parámetros dentro de los cuales se mueve el derecho de daños, conlleva también el referido matiz sancionatorio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Arias, Daniel Alejandro y otro s/ Robo agravado por el uso de armas, homicidio, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si el planteo de la defensa sobre el acta de secuestro no intenta demostrar, con apoyo normativo, que el art. 988 del Código Civil sea aplicable al caso. Ni, si lo fuere, que en el acta en cuestión falte la firma del procesado (siendo que la Cámara resolvió lo contrario) o la de alguien que, si el citado 988 fuera atingente en la especie, revistiere el carácter de interesado "que aparezca como parte" en función de como dicha norma fuese aplicable en la situación de que se trata.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piccione, Carlos Víctor c/ Federación Patronal Coop. de Seg. Ltda. s/ Cumplimiento contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

El hecho principal mencionado en el art. 1103 del Cód. Civil no es el mero hecho del accidente, sino también las circunstancias que lo rodearon o, como se señalara, la autoridad de la cosa juzgada que emana de una sentencia penal firme, alcanza no sólo al hecho de la producción del accidente origen de los perjuicios reclamados, sino también a las circunstancias en que el mismo se produjo.
Recurso de apelación (procesal), nulidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: EL ORIENTE c/ ABALOS ALCORTA, MARCELO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-02-28

Si bien el art. 253 del Código Procesal dispone que el recurso de apelación comprende el de nulidad, el art. 170 del mismo ordenamiento establece que la nulidad no puede ser declarada cuando el acto hubiera sido consentido; como así también que el recurso de nulidad deviene improcedente si no se demuestra que los presuntos vicios denunciados han producido un perjuicio cierto e irreparable.

Por lo tanto la mera invocación de haberse quebrantado las formas del proceso, resulta irrelevante e insuficiente por sí sola, para dar andamiento al recurso de nulidad.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, fuentes de información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gesualdi,  Dora  Mariana c/ Cooperativa Periodistas Independientes Limitada y otros s/ cumplimiento ley 23.073.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

La preeminencia que la Constitución otorga a la libertad de prensa está signada por la necesidad de la existencia de una conducta diligente en la obtención de la información, susceptible de ser corroborada con elementos de juicio objetivos, así como por una reproducción fidedigna de la información obtenida en tales condiciones, sin perjuicio de recurrir, llegado el caso de una dificultad práctica en verificar la exactitud de la noticia, a la mención de la fuente de información, a la utilización en tiempo potencia de los verbos, o a la reserva de la identidad de las personas implicadas (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recusación, presentación extemporánea
Materia: PENAL
Carátula: Pla, Carlos Esteban y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-02

El planteo recusatorio del juez interpuesto en el recurso de casación fundado en que el mismo fue secretario de la Fiscalía que intervino en la presente causa -artículo 10 de la Ley 23.049- deviene improcedente, pues la defensa pudo conocer dicha circunstancia al compulsar la causa con anterioridad -artículo 60 del Código Procesal Penal de la Nación- y nunca objetó la capacidad del magistrado sino que impugnó su intervención una vez que el fallo le resultó adverso, lo que deja entrever una actitud expectante de su parte que evidencia la ausencia de un motivo concreto que funde la falta de parcialidad invocada.
Empleados públicos, salario horario, determinación del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MALIENI, FORTUNA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ ESTADO, PERSONAL DEL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-31

Dentro del esquema de la ley 22.955 las horas extras pueden considerarse retribuciones variables e incluidas en el haber de pasividad, en la medida que se acredite el cumplimiento de las directivas que da el art. 8 del Dec. Reg. 3319/83.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, incidentes
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: SAVYC SOCIEDAD ANONIMA, VIAL Y CONSTRUCTORA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. CADUCIDAD  DE INSTANCIA.     CSJ EXPTE NRO 2-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-28

Carece de relevancia para considerar interrumpido el plazo de caducidad, el argumento basado en que los autos estuvieron a estudio y resolución del Tribunal durante setenta y dos días, y que ello produjo la suspensión del plazo, ya que de haber solicitado la formación de legajo separado, el juicio principal pudo seguir libremente su curso, y estaba en manos de la actora eliminar el obstáculo; máxime que "el encontrarse a resolución" no impidió la caducidad porque la ley sólo prevé ese efecto cuando "pendieren de resolución definitiva sobre lo principal". En el caso de autos, la causa estuvo a estudio y resolución no del principal sino de un incidente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ochiuzzi, Fidel Marcos s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia como violados dispositivos constitucionales si el cuestionamiento se limita a la transcripción de fallos y citas doctrinarias que el apelante no relaciona concretamente con las circunstancias del caso a decidir.
Servicio público, entes reguladores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ciancio José María c/ Resol. 184/97 -Enargas- (exp. 3042/97)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

Los Entes Controladores tienen el deber de actuar directamente o de ejercer su autoridad para que los prestatarios de los servicios públicos adopten las medidas apropiadas para evitar que la deficiente instalación o conservación de los bienes afectados se transforme en fuente de daños para terceros. (Consid. VI).
Prescripción adquisitiva, automotores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANRIQUE JUAN s/ Prescripción Adquisitiva Automotor (LIBRO: S078 - 479)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-11-28

"...El accionante no puede acceder a la prescripción base del art. 4016 bis del CCI, por cuanto carece de los requisitos que dicha norma exige para su procedencia: "posesión de buena fe".

En materia de automotores la inscripción es constitutiva y, en consecuencia, el poseedor que no ha logrado la inscripción a su favor no puede de ninguna manera aducir buena fe...".-
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Echegaray, Fabián N. c/ González, Ricardo A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-28

La observación de la regla de prioridad de paso no implica convertir a la regla "derecha antes que izquierda" en un dogma, ni dejar de lado lo dicho en orden a que esta regla no representa ningún "bill de indemnidad" que autorice al que aparece por la derecha de otro vehículo a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda, pues tanto el art. 71 de la ley 5800 como el art. 57 de la ley 11.430 imponen al conductor que llegue a una bocacalle el deber de reducir sensiblemente la velocidad, obligación que rige tanto para el que se aproxima por la derecha como para el que lo hace por la izquierda.
Accidentes de trabajo, aplicación temporal de la ley, índices de actualización
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos, Oscar Hernando c/ Experta A.R.T. S.A. s/ Accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-01

A los fines de establecer la procedencia y momento a partir del cual debe aplicarse el índice RIPTE, debe tenerse en cuenta lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa "Espósito", interpretando las disposiciones de la L.R.T.. Así dispuso que del juego armónico de los arts. 8º y 17.6 de la ley 26.773 se desprende que la intención del legislador no fue otra que la de: 1) aplicar sobre los importes fijados a fines de 2009 por el decreto 1694 un reajuste, según la evolución que tuvo el índice RIPTE entre enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia de la ley, que los dejara "actualizados" a esta última fecha; y 2) ordenar, a partir de allí, un reajuste cada seis meses de esos importes de acuerdo con la variación del mismo índice. Y que del art. 17.5 también se desprende claramente que estos nuevos importes "actualizados" sólo rigen para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias emergentes del régimen de reparación, esto es a partir de la publicación de la ley 26.773 en el Boletín Oficial.
Recurso extraordinario, circunstancias sobrevinientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Núñez,  Fernando  Ernesto  y  otra c/ Provincia de Buenos Aires yotros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

Si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto del litigio, la decisión de la Corte deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos dispositivos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, sentencia, primera instancia, actualización monetaria, cómputo de la actualización
Materia: CIVIL
Carátula: JAIME, CARLOS RENE c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-01

En un juicio por daños derivados de un accidente de tránsito si los montos de la condena fueron fijados a la fecha de la sentencia de primera instancia, los mismos deberán ser actualizados desde ese momento hasta el efectivo pago, correspondiendo computar también, el tiempo que transcurra entre las sentencias de primera y segunda instancia a fin de mantener el poder adquisitivo de la moneda.
Acción de amparo, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Schenone, Omar Norberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-03-22

El tema de las costas en los juicios de amparo se rige a la luz del art. 25 de la ley de la materia.
Recurso de revisión (procesal), sentencia definitiva, acción de amparo
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MUSSA JORGE D. c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA s/ RECURSO  DE  REVISION  -  SENTENCIA  DEFINITIVA  - ACCION DE AMPARO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-02-14

La resolución final en el amparo no constituye sentencia definitiva a los fines de la revisión, pues ese decisorio no hace cosa juzgada material ya que deja a las partes en libertad de promover las acciones y recursos que puedan corresponderles, con independencia del amparo (arts. 1° Y 3°, ley 4915 modif. 5770), De suerte que no posee la calidad de sentencia definitiva que es indispensable para que pueda ser examinada en esta sede.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal, autonomía de la voluntad, perspectiva de género
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: C.A.C. c/ V.R.E. s/ incidente liquidación régimen de comunidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-04

El análisis jurisdiccional crítico del contenido del convenio acerca de la disponibilidad de los derechos negociados y la capacidad contractual de los negociantes, su particular posición en la ecuación negocial y en definitiva el respeto de los derechos involucrados desde una mirada con perspectiva de género como se resolviera en el caso, constituye una condición necesaria para obtener la homologación judicial requerida con efectos procesales de cosa juzgada.
Acción de amparo, gravamen actual, caducidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GUEZAMBURU, ISABEL c/ IOS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

Cuanto mayor sea la gravedad de la afectación constitucional o legal del derecho, no parece irrazonable sostener la consiguiente diligencia, prontitud o celeridad procesal del legitimado para acudir y accionar en sede judicial a fin de obtener su restablecimiento, o bien preservar su inminente afectación. Consecuentemente con ello, no falta doctrina que ha sostenido que quien demora considerablemente el inicio de la demanda de amparo no puede luego invocar el gravamen irreparable que le significa el largo trámite ordinario (cfr.

Lazarini, "El Juicio de Amparo", Bs. As., La Ley, 1967, págs. 147 y 158). (Del voto en disidencia del Dr. de las Carreras).
Responsabilidad médica, mala praxis, intervención quirúrgica, responsabilidad de la obra social, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Gallardo, Domingo c/ Obra Social s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-29

Demandados daños y perjuicios por mala praxis contra la obra social, el médico que efectuó una primera intervención quirúrgica de juanetes en ambos pies, donde no se logró el resultado esperado y contra el que efectuó la segunda, donde tampoco obtuvo la paciente el restablecimiento, desembocando en la pérdida de un dedo debido a la aparición de una gangrena seca, corresponde hacer lugar a la demanda, si la falta de valoración del factor neurológico llevó a la utilización de un método inadecuado para el caso, que ocasionó el fracaso de la primera intervención y el agravamiento de la deformidad de la enferma, y si la segunda estaba orientada a rehabilitar el "pie neurológico", se llevó a cabo mediante la técnica adecuada pero en la ejecución se produjo la ligadura de arterias colaterales que ocasionó la necrosis de éste por falta de irrigación sanguínea.
Administración Pública, racionalización administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tolosa de Mares, Stella Maris c/ Provincia del Chubut y Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-09-28

La racionalización y reestructuración, como procedimientos de carácter general -sea al total de la administración, a un área o sector o a una repartición-, encarados con el objeto de eficientar el servicio público, constituyen actos de autoridad, en cuyo marco, y en no pocos casos, la justicia se ha abstenido de intervenir, en la medida en que no se advirtieren- en la cuestión sometida a su conocimiento - arbitrariedad o ilegitimidad manifiestas. Implican por cierto la modificación de las plantas presupuestarias de recursos humanos -entre otras- para lograr su adecuación a las nuevas orgánicas.
Violencia de género, perspectiva de género, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Acosta, Bruno Ariel y otros  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-28

En el fallo recurrido no se observa un adecuado abordaje de la cuestión con perspectiva de género, dado que los defectos apuntados adquieren especial significación, en virtud del compromiso de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer plasmado en la Convención Belém do Pará (art. 7, primer párrafo), tal como ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Facultades de la administración, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marenco, Guillermo Julio c/ Estado Nacional - Min. de Acción Social y Salud Pública s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Es un contrasentido lógico hablar de irrevisibilidad de la actividad discrecional de la Administración Pública, salvo arbitrariedad, puesto que para determinar la existencia de éste habrá que revisar el acto. Como lo sostuve in re "Edelmann", del 11/4/97, no es que los actos administrativos dictados en ejercicio de potestades discrecionales estén eximidos del control judicial, sino, antes bien, significa que el alcance del control es más limitado. Y ello es lógico, en la medida que el juez valorará la legalidad (lato senso) del acto a través del control de sus elementos. A su vez, viene bien recordar lo que hace años escribió Germán Bidart Campos: "Todo es justiciable, lo cual significa que el ojo del juzgador abarca la integridad de la materia administrativa a efectos de averiguar si en el contenido total de su ejercicio aparece alguna arbitrariedad o alguna sinrazón. Una vez ejercido el control con esa vastedad, el juez dice: esto que controlo es una materia donde el Poder administrador puede moverse con arbitrio amplio" (¿Materias "no justiciables" en la Administración?, ED 78-703). (Del voto del juez Coviello, cons.1).
Proxenetismo, rufianería
Materia: PENAL
Carátula: MINARDI DE PONTIERI s/ PROXENETISMO. RUFIANERIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-01

La acción de la procesada, que facilitó su vivienda para que dos mujeres mantuvieran relaciones carnales con hombres que ella les presentó, no configura el delito de rufianería, sino el de proxenetismo, porque si bien aquélla concretó en su casa ese tipo de relaciones, pero su casa no puede considerarse "casa de tolerancia" ni su dueña explotó prostitución ajena en el sentido que determina la norma del art. 127 C.P.; ya que las relaciones que concertó fueron aisladas y no públicas, y no fueron con personas indeterminadas.

Por otra parte, el quehacer de la encausada, que habría permitido y concertado actos aislados de la naturaleza mencionada, participando del precio a modo de compensación por su mediación, no permite considerarse continua y permanente, características del propósito de "hacerse mantener" a que se refiere la norma cuya infracción se la reprocha, por lo que no se darían en la especie sus elementos tipificantes.
Locación, contratos administrativos, Administración Pública, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Mundo Construcciones S.A. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (EXPTE CSJ Nº   768-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-05

No obstante que el convenio suscripto entre la Municipalidad y la firma actora locando una motoniveladora con destino a la nivelación y abovedamiento de calles de tierra, se concretó en formularios que contienen cláusulas exorbitantes típicas del contrato de suministro cuales son, entre otras, la facultad de la Administración de control, de rescisión, de imponer sanciones, de modificar el objeto a suministrar, de fijar plazo de garantía, no se advierte la relación de esas disposiciones con el objeto del contrato y por tanto no alcanzan a afectar el encuadre de la relación en el contrato de locación al que debe considerarse sujeto el uso y goce de la cosa. El ente público ejerció, por tanto, una actividad propia de su capacidad de derecho privado, concluyendo un contrato regido, sustancialmente, por el derecho común y en el que no aparece directamente comprometido el interés público, sin perjuicio de que siempre esté subyacente el interés general que justifica su existencia misma y la del desenvolvimiento de los cometidos que tiene atribuidos.