Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-10


PEREZ, Mario Rubén y otros contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 208 p 408-421.

En la ciudad de Santa Fe, a los diez días del mes de agosto del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PÉREZ, Mario Rubén y otros contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 455, año 1990), de conformidad con el acuerdo celebrado el día tres del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo:

Domingo Abrigo, José B. Arce, Carlos V. Arrua, Julio C. Albachiara, Lilian Amarillo, José Bruno, Julio Bogado, Raúl Carnevalli, Miguel Cáceres, Héctor O. Fernández, Juan Domingo Frutos, María Salomé Gorosito, Jorge González, Salvador Hernández, Waldino J.D. Luque, Horacio Ledesma, Reinaldo Leckie, Valentín Palacios, Teodoro Porucznik, Juan Carlos Quintana, Miguel Angel Rodríguez, Edgardo J. Ramírez, Héctor Raimondi, Héctor Sanchez, María Cristina Sosa, H. Horacio Torres, Hugo Roberto Vila, José D. Veloso, Ricardo Spicher, Ricardo Luis González, Elena Acuña, Teodoro B. Alegre, Juan C. Almirón, Rubén Ayala, Sandra Avicta, José Andreotti, Jacinto Aragauna, Juan C. Bambosi, Rodolfo N. Busterla, Olga R. Bustos, Laura Barcos, Elvio Bernalig, María Cristina Brunetti, Abel Luis Basualdo, Miguel Brouvesard, Jorge Bambosi, Osvaldo Cicerchia, José Luis Cétola, Ariel Cognet, Miguel A. Coratti, Armando Carnevalli, Gabriel Caraffa, Angélica Cabanas, Claudio Campagnoli, Carlos A. Díaz, Carlos B. Díaz, Antonio Durán, Miguel A. Díaz, Alfredo Díaz, Daniela Díaz, Alejandro Deutsch, Carlos Díaz, C. Benito Díaz, Omar Díaz, Ricardo A. Díaz, Angel G. Escobar, Mario Flores, Mario Fasio, Roberto Flores, Reynaldo Ferrez, Héctor Antonio González, Alejandra González, A. Ramón González, Jacinto Gauna, Héctor Juan Heredia, Oscar Heredia, Ceferino Isla, Víctor Ibañez, Alberto R. Judni, María Cristina Juárez, Jorge Alcides Luna, Ramón Ledesma, Juan Ramón López, Omar A. Loseco, H. Alberto Luna, Marcelino Loseco, Juan R. López, Néstor Maina, Norberto Martínez, Norma Modena, Jorge Méndez, Eustaquio Machado, Angel Martínez, Jorge Medrano, Miguel Méndez, Raúl Morales, Mario Rubén Pérez, Miguel Angel Pérez, Francisco Pinatti, Ana María Paván, Julio Ponce, Estanislao Pavón, Ponce de León, Humberto Pérez, Norma Rossini, Miguel Oscar Romero, José Roldán, Zunilda Reynoso, Nilda Ríos, José Rodríguez, Clara Saldaño, Julio Sueldo, Juan Soria, Francisco G. Scatarregui, Jorge D. Salva, Jorge Sosa, Carlos Sollberg, Saturnino Sosa, Francisco Savogin, José Justo Suárez, Eduardo Sopérez, Aldo Taborda, Estela Toledo, Ricardo Aurelio Trejo, Graciela Velásquez, Ubaldo Vizcaire, Hugo Vázquez, Víctor Vizcarra, Raúl Villanueva, Luis Alberto Zapata, Oscar Omar Montero Merlo, Jorge Alberto Cena y Marcelo Unzueta promueven recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Santa Fe, tendente a obtener el cobro de asignaciones familiares (por cónyuges, hijos, familia numerosa, escolaridad primaria, secundaria, nacimiento, matrimonio, ayuda escolar primara y secundaria), sueldo anual complementario correspondiente a todo el período que duró la relación contractual que los vinculó a la demandada, y vacaciones no gozadas por los años 1988, 1989 y proporcional del año 1990.

Expresan que ingresaron a trabajar como agentes municipales en calidad de personal contratado; que el primer contrato se celebró por el término de seis meses, vencido el cual, se les comunicó que lo seguirían haciendo en iguales tareas y condiciones; y que ello ocurrió hasta el 24.1.1990, en que se les notificó la extinción del empleo público.

Dicen que durante todo el término que duró la relación laboral, no se les hicieron efectivas las asignaciones familiares, licencias ni sueldo anual complementario; que conforme a los artículos 16 y 22 de la ley 9286, el personal tiene derecho a percibir asignaciones, y por lo normado en el artículo 42 del mismo cuerpo legal, derecho a licencias, justificaciones y franquicias y sueldo anual complementario.

Mencionan que, notificada la ruptura del contrato administrativo de empleo, interpusieron recurso de reconsideración, cuyo rechazo expreso por el Intendente municipal agotó la vía administrativa previa.

A foja 67 amplían la demanda, reclamando "indemnización por antigüedad por despido incausado, preaviso, diferencias salariales por todo el período laborado y no prescripto entre lo abonado y las escalas salariales de convenio conforme la categoría laboral de cada uno" . Solicitan, asimismo, que se intime a la demandada el pago de los aportes previsionales que adeuda a la Caja municipal de Jubilaciones y Pensiones.

2. Por auto de Presidencia se declara la admisibilidad de los recursos interpuestos por Domingo Abrigo, José B. Arce, Carlos V. Arrua, Julio C. Albachiara, Lilian Amarillo, José Bruno, Julio Bogado, Raúl Carnevalli, Miguel Cáceres, Héctor O. Fernández, Juan Domingo Frutos, María Salomé Gorosito, Jorge González, Salvador Hernández, Waldino J.D. Luque, Horacio Ledesma, Reinaldo Leckie, Valentín Palacios, Teodoro Porucznik, Juan Carlos Quintana, Miguel Angel Rodríguez, Edgardo J. Ramírez, Héctor Raimondi, Héctor Sanchez, María Cristina Sosa, H. Horacio Torres, Hugo Roberto Vila y José D. Veloso, y la inadmisibilidad de los deducidos por Ricardo Spicher, Ricardo Luis González, Elena Acuña, Teodoro B. Alegre, Juan C. Almirón, Rubén Ayala, Sandra Avicta, José Andreotti, Jacinto Aragauna, Juan C. Bambosi, Rodolfo N. Busterla, Olga R. Bustos, Laura Barcos, Elvio Bernalig, María Cristina Brunetti, Abel Luis Basualdo, Miguel Brouvesard, Jorge Bambosi, Osvaldo Cicerchia, José Luis Cétola, Ariel Cognet, Miguel A. Coratti, Armando Carnevalli, Gabriel Caraffa, Angélica Cabanas, Claudio Campagnoli, Carlos A. Díaz, Carlos B. Díaz, Antonio Durán, Miguel A. Díaz, Alfredo Díaz, Daniela Díaz, Alejandro Deutsch, Carlos Díaz, C. Benito Díaz, Omar Díaz, Ricardo A. Díaz, Angel G. Escobar, Mario Flores, Mario Fasio, Roberto Flores, Reynaldo Ferrez, Héctor Antonio González, Alejandra González, A. Ramón González, Jacinto Gauna, Héctor Juan Heredia, Oscar Heredia, Ceferino Isla, Víctor Ibañez, Alberto R. Judni, María Cristina Juárez, Jorge Alcides Luna, Ramón Ledesma, Juan Ramón López, Omar A. Loseco, H. Alberto Luna, Marcelino Loseco, Juan R. López, Néstor Maina, Norberto Martínez, Norma Modena, Jorge Méndez, Eustaquio Machado, Angel Martínez, Jorge Medrano, Miguel Méndez, Raúl Morales, Mario Rubén Pérez, Miguel Angel Pérez, Francisco Pinatti, Ana María Paván, Julio Ponce, Estanislao Pavón, Ponce de León, Humberto Pérez, Norma Rossini, Miguel Oscar Romero, José Roldán, Zunilda Reynoso, Nilda Ríos, José Rodríguez, Clara Saldaño, Julio Sueldo, Juan Soria, Francisco G. Scatarregui, Jorge D. Salva, Jorge Sosa, Carlos Sollberg, Saturnino Sosa, Francisco Savogin, José Justo Suárez, Eduardo Sopérez, Aldo Taborda, Estela Toledo, Ricardo Aurelio Trejo, Graciela Velásquez, Ubaldo Vizcaire, Hugo Vázquez, Víctor Vizcarra, Raúl Villanueva, Luis Alberto Zapata (fs. 60/63), Marcelo Fabián Unzueta, Oscar Omar Montero Merlo y Jorge Alberto Cena (f. 76).

Los tres últimos cuestionan esa declaración a foja 78, afirmando que -contrariamente a lo sostenido por Presidencia- sus recursos deben considerarse temporáneos, ya que "fueron incoados junto con todos los demás", y no "a foja 50 como equivocadamente se dice ya que los mismos lo fueron en el escrito inicial de esta causa; lo que pasó es que se había deslizado un error en los nombres de los actores, lo que fuera en tiempo y legal forma corregido a fs. 65, 69 y 70".

3. A fojas 144/148 la Municipalidad de Santa Fe contesta la demanda.

Niega que los recurrentes hayan ingresado a trabajar como agentes municipales en calidad de personal contratado; sostiene que, en verdad, suscribieron con el ente territorial "contratos de servicio", ajenos a la normativa del Estatuto para el personal municipal .

Admite que la relación contractual se extendió hasta el mes de enero de 1990, en que se les notificó su finalización.

Niega que sean aplicables a los actores las normas de la ley 9286 que confieren derecho a percibir asignaciones familiares, licencias y sueldo anual complementario.

Plantea la inadmisibilidad de las pretensiones que, deducidas en la presente causa, no lo fueron previamente en sede administrativa; explica que, siendo el recurso contencioso administrativo de naturaleza eminentemente revisora, no puede referir a cuestiones no propuestas y resueltas expresa o presuntamente en la reclamación administrativa previa.

Expresa que, de acuerdo a las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, los recurrentes celebraron con el Municipio un "contrato de servicio", modalidad que no encuadra en las figuras jurídicas previstas por los artículos 8 y 9 del Estatuto, por lo cual no le son aplicables los artículos 133 y 134 de la ordenanza nro. 8527/83.

En cambio, se rige por las propias normas del contrato, que entre sus cláusulas estipulaba "cualquiera de las partes queda facultada para rescindir el presente en el momento que se estime conveniente", y que "el contratado declara expresamente conocer que este contrato está excluido de la estabilidad e indemnizaciones consagradas en las ordenanzas respectivas".

Menciona que el Alto Tribunal nacional, en la causa "Rivademar", declaró la inconstitucionalidad del artículo 133 de la ley 9286, en tanto impone a los municipios admitir con carácter permanente a personal que sólo había sido contratado, y al que por esa vía se permitiría ingresar irregularmente en categorías superiores, en desmedro de la carrera administrativa.

Cita los precedentes "Orive" y "Santoro" de esta Corte, conforme los cuales "si la naturaleza de transitorio del contrato celebrado entre las partes deriva del encuadre jurídico que ambas dieron a la relación que los vinculaba durante el término allí establecido, no puede el actor pretender que lo ampare la normativa legal que rige al personal permanente en lo que hace a la estabilidad de la relación de empleo, pues nunca dejó de ser personal transitorio a pesar de continuar prestando servicio durante unos meses posteriores al vencimiento de la relación contractual"; y "si el recurrente tenía dudas acerca del alcance de su designación en la administración municipal, debió haber solicitado aclaración cuando la relación fue establecida y en oportunidad de las sucesivas prórrogas de los contratos; la aceptación del contrato y sus pertinentes prórrogas, precedidas por un régimen de inestabilidad, veda al actor reclamar los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que, de otro modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos".

Asevera que los adicionales que solicitan los actores estaban incluidos y formaron parte de la contraprestación abonada por la Municipalidad, convenida voluntariamente en el contrato suscripto y, por tanto, han sido debidamente percibidos por los actores.

Respecto de las pretensiones incluidas en la "ampliación de demanda", plantea que son inadmisibles por no haberse formulado en sede administrativa.

En cuanto a las asignaciones familiares reclamadas, postula que no se ha probado que los recurrentes tuviesen derecho a percibirlas.

Ello, en primer lugar, por cuanto el decreto nro. 2172/87 -que establece las asignaciones familiares de los empleados municipales- no incluye en sus alcances a quienes se hallan vinculados con el municipio por "contratos de servicios".

Y en segundo lugar, porque para su percepción se impone la carga de acreditar los hechos que dan origen al respectivo derecho, siendo los propios agentes quienes deben demostrar el supuesto fáctico contemplado por la norma, dentro de un plazo vencido el cual caduca la posibilidad de percibir el beneficio (artículo 50, decreto mencionado). En el caso, los actores jamás reclamaron ni acreditaron su encuadramiento en las previsiones de dicha normativa; ni siquiera lo hicieron ante esta sede, no pudiendo determinarse cuál es el reclamo de cada agente en particular.

Por último, con referencia al sueldo anual complementario y a las vacaciones, señala que del contrato celebrado con la Administración -al que las partes deben atenerse y que no mereció ningún pedido de aclaración-, no surge derecho alguno por tales conceptos.

Solicita, en suma, el rechazo de la demanda, con costas.

4. Abierta la causa a prueba (foja 149) y producida la que consta en el expediente, informan actores y demandada sobre su mérito (fojas 396/399 y 400/403). Dictada (foja 404) y consentida la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de ser resuelta.

5. a. Inicialmente, es preciso destacar que en autos (f. 62) se declararon admisibles los recursos deducidos por Domingo Abrigo, José B. Arce, Carlos V. Arrua, Julio C. Albachiara, Lilian Amarillo, José Bruno, Julio Bogado, Raúl Carnevalli, Miguel Cáceres, Héctor O. Fernández, Juan Domingo Frutos, María Salomé Gorosito, Jorge González, Salvador Hernández, Waldino J. D. Luque, Horacio Ledesma, Reinaldo Leckie, Valentín Palacios, Teodoro Porucznik, Juan Carlos Quintana, Miguel Angel Rodríguez, Edgardo J. Ramírez, Héctor Raimondi, Héctor Sanchez, María Cristina Sosa, H. Horacio Torres, Hugo Roberto Vila y José D. Veloso.

Por su parte, se encuentra firme la declaración de inadmisibilidad respecto de Ricardo Spicher, Ricardo Luis González, Elena Acuña, Teodoro B. Alegre, Juan C. Almirón, Rubén Ayala, Sandra Avicta, José Andreotti, Jacinto Aragauna, Juan C. Bambosi, Rodolfo N. Busterla, Olga R. Bustos, Laura Barcos, Elvio Bernalig, María Cristina Brunetti, Abel Luis Basualdo, Miguel Brouvesard, Jorge Bambosi, Osvaldo Cicerchia, José Luis Cétola, Ariel Cognet, Miguel A. Coratti, Armando Carnevalli, Gabriel Caraffa, Angélica Cabanas, Claudio Campagnoli, Carlos A. Díaz, Carlos B. Díaz, Antonio Durán, Miguel A. Díaz, Alfredo Díaz, Daniela Díaz, Alejandro Deutsch, Carlos Díaz, C. Benito Díaz, Omar Díaz, Ricardo A. Díaz, Angel G. Escobar, Mario Flores, Mario Fasio, Roberto Flores, Reynaldo Ferrez, Héctor Antonio González, Alejandra González, A. Ramón González, Jacinto Gauna, Héctor Juan Heredia, Oscar Heredia, Ceferino Isla, Víctor Ibañez, Alberto R. Judni, María Cristina Juárez, Jorge Alcides Luna, Ramón Ledesma, Juan Ramón López, Omar A. Loseco, H. Alberto Luna, Marcelino Loseco, Juan R. López, Néstor Maina, Norberto Martínez, Norma Modena, Jorge Méndez, Eustaquio Machado, Angel Martínez, Jorge Medrano, Miguel Méndez, Raúl Morales, Mario Rubén Pérez, Miguel Angel Pérez, Francisco Pinatti, Ana María Paván, Julio Ponce, Estanislao Pavón, Ponce de León, Humberto Pérez, Norma Rossini, Miguel Oscar Romero, José Roldán, Zunilda Reynoso, Nilda Ríos, José Rodríguez, Clara Saldaño, Julio Sueldo, Juan Soria, Francisco G. Scatarregui, Jorge D. Salva, Jorge Sosa, Carlos Sollberg, Saturnino Sosa, Francisco Savogin, José Justo Suárez, Eduardo Sopérez, Aldo Taborda, Estela Toledo, Ricardo Aurelio Trejo, Graciela Velásquez, Ubaldo Vizcaire, Hugo Vázquez, Víctor Vizcarra, Raúl Villanueva y Luis Alberto Zapata.

En cambio, se cuestionó en tiempo y forma la inadmisibilidad referente a Marcelo Fabián Unzueta, Oscar Omar Montero Merlo y Jorge Alberto Cena, la que fue declarada, a foja 76, por considerar que los respectivos recursos habían sido presentados recién el 21.11.1991 (foja 50), y por ende resultaban extemporáneos.

Mas cabe atender los argumentos expuestos por los mencionados a foja 78, en cuanto que sus recursos fueron deducidos, en realidad, junto con los demás actores, en fecha 27.8.1990 (fs. 23/25), sólo que en dicha ocasión se deslizaron en sus nombres los errores materiales que puntualizan -se consignó "Chena, Jorge Alberto" en el décimo renglón del parágrafo "Personería" de foja 23, así como "Montero Méndez, Oscar" y "Unzueta, Marcelo" en las líneas novena y décismosexta, respectivamente, de foja 23 vto.-, posteriormente rectificados.

Corresponde, en consecuencia, considerar también admisibles los recursos interpuestos por Marcelo Fabián Unzueta, Oscar Omar Montero Merlo y Jorge Alberto Cena.

5. b. Por otra parte, la demandada postula la inadmisibilidad de aquellas pretensiones no planteadas previamente en sede administrativa, con fundamento en el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa.

Al respecto, esta Corte tiene reiteradamente dicho que "el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa supone someter a consideración de la Administración la materia que luego se trae ante el órgano jurisdiccional, (...) la ley exige (...) que no se planteen pretensiones distintas de las allá invocadas, (...), consistiendo la regla, pues, en que no se puede demandar judicialmente lo que no haya sido pedido en aquella instancia." ("Ruiz", T. 152, pág. 196; "Piovano", T. 194, pág. 491, entre otros); y que "el carácter revisor impide que el Tribunal se aboque a la decisión de pretensiones no propuestas en sede administrativa" ("Rossi", A. y S. T. 147, pág. 232; por todos).

De conformidad con la doctrina que emerge de dichos precedentes, pues, en el caso corresponde confrontar lo peticionado en ambas sedes, a fin de detectar si existieron pretensiones introducidas recién ante este Tribunal, las que no podrán admitirse.

Y bien: según puede extraerse del escrito obrante a fojas 4/10, los actores reclamaron ante el Intendente municipal la reincorporación a la planta de personal permanente más salarios caídos desde la "cesantía" o, en su defecto, las "pertinentes indemnizaciones, debidamente actualizadas"; el cobro de asignaciones familiares desde la fecha de ingreso y por todo el período no prescripto, con más actualización e intereses; la percepción de las vacaciones anuales no otorgadas; el cobro de diferencias salariales conforme la categoría laboral correspondiente a cada agente por todo el período no prescripto más actualización e intereses; y el pago de los aportes jubilatorios a la Caja municipal por todo el período trabajado.

A su vez, las pretensiones objeto del presente recurso contencioso administrativo pueden sintetizarse así: asignaciones familiares; sueldo anual complementario por todo el lapso de la relación contractual; vacaciones no gozadas por los años 1988, 1989 y proporcional año 1990 (fs. 23/25); indemnización por antigüedad por despido incausado y falta de preaviso; diferencias salariales entre lo percibido y las escalas salariales de convenio conforme la categoría laboral de cada actor, por todo el período trabajado y no prescripto; pago de aportes jubilatorios a la Caja municipal (f. 67).

Cabe, pues, concluir que resulta inadmisible la pretensión referida al sueldo anual complementario, lo que así deberá declararse.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco, Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo, y votaron con igual sentido y alcance.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: 6. a. Como surge de la demanda, los actores, invocando las normas de la ley 9286, plantean básicamente que fueron contratados por el municipio, que vencido el término de dicha contratación siguieron prestando servicios en iguales condiciones, y que la relación terminó el 24.1.1990.

Pretenden, a partir de tales hechos -entre otros rubros-, indemnización "por antigüedad por despido incausado" y "falta de preaviso", y la percepción del monto correspondiente a las vacaciones no gozadas por los años 1988, 1989 y proporcional año 1990.

Tales pretensiones reconocen como fundamento la postulada -y admitida por la demandada- finalización de la relación en fecha 24.1.1990.

Mas de la prueba obrante en autos, concretamente, de la contestación al oficio nro. 1215 (fs. 6/7 expte. adm. nro. 12, año 2001, letra C del registro de la Municipalidad de Santa Fe) -no cuestionada- surge demostrado que, para algunos de los recurrentes, otra fue la situación de hecho.

Así, Domingo Abrigo, Waldino Luque, Teodoro Poruznik y José D. Veloso siguieron trabajando como contratados hasta su pase a planta permanente; lo propio aconteció con Raúl Carnevalli, con la salvedad de que fue dejado cesante el 20.11.1994. Por su parte, Jorge González revistó como contratado hasta el 31.5.1992, quedando cesante a partir del 3.6.1992, Miguel A. Rodríguez fue personal temporario hasta el 12.8.1991, fecha en que falleció, y Edgardo Ramírez sólo trabajó como contratado desde el 1.1.1988 al 31.3.1988.

En consecuencia, encontrándose en autos desvirtuadas las circunstancias fácticas en las que dichos actores sustentaron las pretensiones mencionadas, los respectivos recursos deben declararse improcedentes.

En cuanto a los restantes recurrentes, como se dijo, en la demanda se invoca, como fundamento jurídico, las disposiciones de la ley 9286.

La demandada, por su parte, postula que el "contrato de servicio" que la unía a los actores regula el caso con exclusión de la normativa legal específica establecida en la ley 9286.

Vale decir, discrepan inicialmente las partes en cuanto al régimen aplicable a la relación que los unió, correspondiendo, pues, dilucidar tal extremo.

A tal fin deben considerarse especialmente los decretos por los que se dispuso la contratación de los recurrentes (vgr., nros. 149/88, 1094/88, 298/88, 1634/88,194/88, 998/88,1366/88,955/88,1278/88,1448/88, 592/88,926/88,1330/88, 511/88, 1574/88 y 1577/88, v. fs. 14, 23, 27, 35, 40, 51, 54, 87, 98, 111, 132, 139, 152, 185 y 204, expte. adm. nro. 0095-L-90 del registro de la Municipalidad de Santa Fe) y el texto de los respectivos contratos (v. fs. 15, 24, 28, 36, 41, 53, 55, 88, 99, 112, 134, 136, 141, 150, 158, 186, 188, 205 y 210 del mismo expte. adm.).

Y bien: por los decretos antes mencionados, el Intendente municipal dispuso la contratación de los servicios de los actores, por un plazo determinado, para cumplir funciones en distintas dependencias municipales, con una remuneración mensual equivalente a la categoría mencionada en cada caso, en atención a la necesidad de "reforzar la dotación de personal" de los respectivos destinos.

Y en los contratos celebrados en consecuencia se consignó que las partes "convienen en celebrar el presente contrato", sujeto a las siguientes cláusulas: 1) la Municipalidad contrata los servicios del agente ...., quien deberá prestar servicios en los días, horarios y con las modalidades que se le indique; 2) el contratado percibirá una retribución mensual equivalente a la categoría que en cada caso se menciona; etcétera.

Ahora bien, la ley 9286 (Estatuto y Escalafón para el Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe), Anexo I, en el capítulo referente al "Ámbito de aplicación" dispone: "Este Estatuto comprende a todas las personas que, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios remunerados en todas las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe y Organismos descentralizados y/o autárquicos de éstas" (artículo 1).

Tal es el caso de los actores, cuyas contrataciones fueron dispuestas por los decretos antes citados, en atención -como surge de los "vistos"- a la necesidad de reforzar la dotación de personal; sin que -además- la situación de los recurrentes encuadre en ninguna de las excepciones previstas en el artículo 2 de la ley 9286.

Debe, pues, concluirse en la aplicación al caso de las normas pertinentes de la ley 9286, correspondiendo además dilucidar en qué carácter prestaron los recurrentes servicios para la Administración demandada.

Conforme puede extraerse del criterio jurisprudencial expuesto en las causas "Tempesta" (A. y S. T. 113, pág. 40) y "González" (A. y S. T. 107, pág. 36) -entre otros precedentes-, el acto que dio comienzo a la relación, apreciado en consonancia con otros elementos de ésta, asume fundamental importancia a efectos de determinar su carácter.

Es que de ninguna manera puede acordarse a la relación que vinculó originariamente a las partes un carácter que evidentemente no surge de la letra del acto, ni estuvo en la intención de aquéllas al momento de su concreción (ver también "González", citado; "Daperno", A. y S. T. 115, pág. 294).

Y bien: de las constancias de autos antes reseñadas surge inequívoco que en las circunstancias a que las mismas refieren los actores no fueron designados en planta permanente, sino como personal contratado, resultando por ende de aplicación las normas pertinentes de la ley 9286 (concretamente, el artículo 8), en cuyas previsiones cabe enmarcar la situación bajo examen.

No correspondería, por otra parte, derivar el carácter de agentes permanentes de la mera continuidad en las tareas luego del vencimiento de los contratos originales y de su desempeño con idoneidad, alegados en sede administrativa (v. f. 8 vto).

Al respecto, este Tribunal recordó también en la causa "Tempesta" (citada) que la Corte nacional ha sostenido que "el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicios por un plazo superior a los doce meses no puede trastocar por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de la Administración" (Fallos: 310:195).

En cuanto a la invocación del artículo 134 de la ley 9286 que se efectúa al informar sobre el mérito de la causa (fs. 396/399), cabe recordar que en el precedente "Alvarez" (A. y S. T. 130, pág. 267) -y en otros posteriores, como "Araya", T. 133, pág. 184, "Aquino", T. 133, pág. 234, "Rivero", T. 134, pág. 95, "Bustos", T. 160, pág. 309; "Cabral", T. 160, pág. 322; "Frutos", T. 197, pág. 384- este Cuerpo sostuvo que, de la lectura aislada de dicha norma, se puede colegir que su texto contraría el exhaustivo régimen de ingreso previsto en la ley 9286 para el personal permanente de las Municipalidades y Comunas, en tanto el Capítulo II (comprensivo de las "Condiciones generales de ingreso") del Anexo II de dicha ley prevé, en su artículo 3, que "el ingreso a este Escalafón se hará previa acreditación de las condiciones establecidas por el Estatuto para el Personal de Municipalidades y Comunas y cumplimiento de los requisitos que para cada agrupamiento o tramo se establecen en el presente"; en el artículo 4, que el ingreso sólo tendrá lugar cuando medien los concursos abiertos conforme a las pautas del capítulo respectivo del Escalafón y, en el artículo 5, que "el personal ingresará al tramo de ejecución en la categoría inicial de cada agrupamiento hasta cumplir con el requisito de antigüedad, con excepción de las funciones nominadas en cada uno de ellos y previa aprobación del concurso respectivo".

También se mencionó, en lo referente a las exigencias para el ingreso y la promoción del personal, lo dispuesto en los artículos 7, 11, 13 -incisos b) y c)-, 16, 17 -incisos b) y c)-, 20, 21 -inciso b)-, 24 -puntos 1.2., 2.2. y 3.2.-, 25, 26, 27 -puntos 1.1., 3.2., 4.3, 4.6., 5.2. y 5.3.-, 38, 39 -incisos b) y c)-, 43, 44 -incisos b) y c)-, y en el Capítulo XIII -arts. 79 a 116, 121, 122- del Anexo II de la ley 9286.

Se invocó el criterio del Alto Tribunal nacional según el cual la inconsecuencia o falta de previsión no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que concilie y deje a todos con valor y efectos (Fallos: 296:372; 297:142; 300:1080; 314:458).

Por tales razones -y las demás a las que se remite en honor a la brevedad- se concluyó que, si el legislador contempló un exhaustivo régimen de ingreso a la planta de personal permanente de Municipalidades y Comunas, no parece lógico suponer que luego prescindiera de dichos extremos y pretendiera mediante el artículo 134 el ingreso a la planta permanente del personal contratado y transitorio por el solo transcurso del lapso de tres meses que el mismo prevé, soslayando lo previsto en los referidos artículos con relación a las "Condiciones generales de ingreso"; concretamente, se señaló que no es razonable pensar que el legislador ha admitido la posibilidad de que se sustituyan los rigurosos procedimientos de selección del personal, con el simple recurso de proceder a la celebración de contratos.

En definitiva, se entendió que el automatismo al que refiere la norma debe entenderse limitado al derecho de los agentes a ser considerados por la Administración para el eventual ingreso a la planta permanente.

Y bien: contrariamente a lo que se sostiene a foja 398 vto., tales criterios son plenamente trasladables al caso de autos, aun en cuanto refiere al agrupamiento "servicios generales", el que -desde luego- no puede considerarse excluido del exhaustivo régimen de ingreso a que antes se aludió.

En consecuencia, de ningún modo puede entenderse que el mero transcurso de un lapso superior al previsto por el artículo 134 de la ley 9286 haya generado en cabeza de los actores el derecho a revistar, por ese solo hecho, en la planta de personal permanente.

Siendo entonces claro que la relación de empleo que vinculó a los actores con la Municipalidad Santa Fe encuadra en el artículo 8, Anexo I, de la ley 9286, corresponde analizar a continuación la solicitud de indemnización "por antigüedad por despido incausado".

Al respecto, no podría soslayarse que en la especie, al contratar, las partes claramente convinieron en que "cualquiera de las partes queda facultada para rescindir el presente en el momento que estime conveniente, debiendo comunicarlo de modo fehaciente con treinta (30) días de anticipación como mínimo, y sin que ello derive derecho alguno de indemnización" (cláusula quinta, fs. 15, 24, 28, 36, 41, 53, 55, 57, 61, 88, 99, 100, 112, 134, 136, 141, 150, 151, 158, 188, 190, 205, 209, 210 del expte. adm. cit.).

En tales condiciones, puede afirmarse que si la ruptura anticipada del contrato no generaba en principio derecho a resarcimiento, menos aún podría sostenerse que tal efecto derivaría de la posterior decisión de no renovarlo -"Gargatagli", A. y S. T. 156, pág. 202; "Martorell", T. 156, pág. 237; "Vallejos", T. 198, pág.1-.

Y si bien es cierto que las partes coinciden en que el vínculo, sin sufrir modificaciones, se extendió en realidad por más tiempo del previsto originalmente en los contratos, la circunstancia de haber continuado prestando servicios con posterioridad no mejora por sí sola la posición de los actores en este aspecto, pues ello, en todo caso, habrá podido acarrear alguna otra consecuencia, pero de ningún modo el derecho al cobro de indemnización por despido (criterio de "Rivero", A. y S. T. 134, 93).

Ello es así, por cuanto en el artículo 23 de la ley 9286 se establece que el personal que haya sido afectado en su estabilidad tiene derecho a indemnización, refiriéndose a aquellos que gozan de dicha condición (estabilidad), y claro es que el personal contratado no goza de ella. Así lo dispone el artículo 15 de la mencionada norma, que al establecer el derecho a la estabilidad -junto a otros-, en su último párrafo dispone que el mismo no le alcanzará al personal no permanente. A lo que cabe agregar que en la cláusula sexta de los contratos mencionados se consignó: "El/la contratado/a declara expresamente conocer que este contrato está excluido de la estabilidad e indemnizaciones consagradas en las ordenanzas respectivas".

Deduciéndose de las circunstancias reseñadas que la constitución, desarrollo y extinción de la relación de empleo se adecuó a la condición de personal no permanente, se hace evidente la falta de derecho de los agentes a reclamar, en el caso, el cobro de indemnización por despido, ya que ello no encuentra fundamento en la norma de aplicación.

Específicamente en cuanto a la indemnización por falta de preaviso, también reclamada, puede agregarse que ningún fundamento jurídico adujeron los actores en sustento de la misma. Es más, si algún sustento tuvo este punto, fue expuesto en sede administrativa y en base a normas del derecho privado, que consagran una indemnización por completo extraña al régimen que se ha considerado aplicable al caso.

Desde luego, la cláusula quinta de los contratos (antes transcripta), en cuanto establece el deber de comunicar de modo fehaciente con treinta días de anticipación como mínimo la decisión de rescindir anticipadamente el contrato, no autoriza a postular una solución distinta, en cuanto en dicho negocio no se estableció indemnización alguna en caso de incumplimiento del mencionado deber, cuya subsistencia -además- supone la de la relación contractual.

Corresponde, pues, rechazar la pretensión bajo análisis.

En cuanto al reconocimiento de las vacaciones no gozadas por los años 1988, 1989 y proporcional año 1990, es menester señalar que la ley 9256 (Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal de las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe) expresa, en su artículo 67, que: "Salvo que el decreto de designación establezca otras normas, se aplican al personal no permanente las licencias ordinarias, médicas, por accidente de trabajo, por matrimonio y por maternidad y las justificaciones de inasistencias y las franquicias".

En lo que en el punto interesa, se puede observar que en los actos administrativos que dispusieron la contratación de los actores -antes citados- no se invoca norma alguna para el goce de las licencias ordinarias, lo que -de acuerdo a la disposición transcripta- torna aplicable el Régimen de Licencias establecido por ley 9256.

Conviene aquí recordar que este Cuerpo tiene dicho, in re "Barquín" (A. y S. T. 105, págs. 117/124), que "...el derecho al descanso encuentra consagración constitucional. En efecto, el artículo 14 bis de la Constitución nacional estatuye que 'El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: ...descanso y vacaciones pagados'".

También se expresó que: "En el mismo sentido, el artículo 6 de la Constitución provincial estatuye que: 'Los habitantes de la Provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución nacional y la presente'. Y el artículo 20 establece: 'La Provincia, en la esfera de sus poderes protege el trabajo en todas sus formas y aplicaciones y, en particular asegura el goce de los derechos que la Constitución y las leyes nacionales reconocen al trabajador...'".

Se concluyó en el citado antecedente que "corresponde en consecuencia abonar las vacaciones si no se las hubiera disfrutado, porque de otro modo se estaría considerando a la persona afectada como un medio para el cumplimiento de un cometido; y aun violando su consentimiento (violando el principio de autonomía personal: 'el principio de autonomía erige...en un bien tanto la libertad para realizar trabajos significativos como la de contar con períodos de ocio para atender otros aspectos de la autorealización individual'...)... La utilización de la persona como medio está justamente vedado por el artículo 7 de nuestra Carta provincial que la Administración debe cumplir".

El régimen establecido en la ley 9256 prevé, en su Capítulo IV, la licencia anual ordinaria, disponiendo, en el artículo 36, que "la licencia anual con goce íntegro de haberes debe acordarse dentro del período comprendido entre el 1 de noviembre del año que corresponda y el 30 de abril siguiente. Sin embargo, puede concederse en cualquier época del año cuando razones especiales lo justifiquen...". Por su parte, el artículo 43 establece que "La licencia anual se pierde si el agente no la utiliza dentro del plazo en que corresponda, salvo postergación o suspensión".

Las circunstancias fácticas invocadas por las partes, encuadradas en las normas transcriptas, permiten concluir que, habiéndose prolongado la relación hasta el 24.1.1990, a la época de la ruptura del vínculo los agentes todavía se encontraban en condiciones de gozar la licencia anual ordinaria correspondiente al año 1989, por lo que cabe reconocer el pago de dichas vacaciones.

Contrariamente, no tenían derecho al goce de la correspondiente al año 1988, por cuanto ya había vencido el término previsto en el artículo 36, sin que surja la concurrencia de razones excepcionales, ni la "postergación o suspensión" a que refiere el artículo 43 de la ley 9256; por ello, corresponde el rechazo de la pretensión en cuanto al año 1988.

Por último, con relación al año en que -según ambas partes- la relación culminó (1990), debe reconocerse el derecho a la percepción de un día de vacaciones, de acuerdo a la proporción establecida en el artículo 38 de la ley 9256.

6. b. Respecto de las restantes pretensiones -cobro de diferencias salariales entre lo percibido y las escalas salariales de convenio conforme la categoría laboral de cada actor, pago de los aportes jubilatorios a la Caja municipal por todo el período trabajado y asignaciones familiares- obsta a su procedencia la falta de un mínimo desarrollo argumental, precisión acerca de los datos necesarios para atender a los respectivos planteos, y, fundamentalmente, aporte de pruebas -tanto en las actuaciones labradas ante esta sede judicial como en las tramitaciones administrativas-.

Específicamente en cuanto a las asignaciones familiares, cabe agregar que los actores no han precisado -ni mucho menos probado- cuál sería, en cada caso, el beneficio que deberían percibir, omitiendo manifestar en virtud de qué vínculos serían procedentes sus pretensiones, sobre los cuales tampoco acompañan -ni en esta sede ni frente a la Municipalidad-, documentación alguna de la que pueda inferirse acierto en lo sostenido (criterio de "Almirón", A. y S. T. 187, pág. 335).

Más aún: en la pericial contable obrante a foja 291, se señala que "han resultado totalmente infructuosas las gestiones para obtener los datos de composición del grupo familiar de cada uno de los actores, que no han proporcionado ningún elemento útil que permita liquidar los montos que reclaman de asignaciones familiares".

6. c. Por todo lo expuesto, corresponde declarar parcialmente procedente el recurso, con el alcance objetivo y subjetivo que surge de las consideraciones precedentes, esto es, en cuanto refiere a las vacaciones de los años 1989 y 1990, y sólo respecto de José B. Arce, Carlos V. Arrua, Julio C. Albachiara, Lilian Amarillo, José Bruno, Julio Bogado, Miguel Cáceres, Héctor O. Fernández, Juan Domingo Frutos, María Salomé Gorosito, Salvador Hernández, Horacio Ledesma, Reinaldo Leckie, Valentín Palacios, Juan Carlos Quintana, Héctor Raimondi, Héctor Sanchez, María Cristina Sosa, H. Horacio Torres, Hugo Roberto Vila, Marcelo Fabián Unzueta, Oscar Omar Montero Merlo y Jorge Alberto Cena, e improcedente en los demás aspectos. En consecuencia, condenar a la Municipalidad de Santa Fe a pagar a los nombrados el monto que hubieran debido percibir por tales conceptos, debidamente actualizado hasta el 31.3.1991; con más intereses a la tasa del 6% anual desde el reclamo administrativo hasta el 31.3.1991. De allí en más, deberá computarse la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, o la que en su caso se demuestre pueda corresponder.

En cuanto a la imposición de costas, debe considerarse que el recurso -conforme la solución que se propicia- resulta parcialmente procedente sólo para algunos de los actores en la presente causa, y totalmente improcedente para los restantes.

En consecuencia, las costas causadas por estos últimos deben ser por ellos soportadas en su totalidad; mientras que aquellos actores cuyos recursos resultan sólo parcialmente procedentes, deberán soportar, atento al éxito obtenido, el 90% de las respectivas costas, pesando el 10% restante sobre la Municipalidad demandada.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco, Gastaldi y Netri dijeron que compartían los fundamentos expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron con igual sentido y alcance.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar admisibles -además de los ya declarados a foja 62, esto es, Domingo Abrigo, José B. Arce, Carlos V. Arrua, Julio C. Albachiara, Lilian Amarillo, José Bruno, Julio Bogado, Raúl Carnevalli, Miguel Cáceres, Héctor O. Fernández, Juan Domingo Frutos, María Salomé Gorosito, Jorge González, Salvador Hernández, Waldino J. D. Luque, Horacio Ledesma, Reinaldo Leckie, Valentín Palacios, Teodoro Porucznik, Juan Carlos Quintana, Miguel Angel Rodríguez, Edgardo J. Ramírez, Héctor Raimondi, Héctor Sanchez, María Cristina Sosa, H. Horacio Torres, Hugo Roberto Vila y José D. Veloso-, los recursos interpuestos por Marcelo Fabián Unzueta, Oscar Omar Montero Merlo y Jorge Alberto Cena, e inadmisible la pretensión referida al sueldo anual complementario. Declarar parcialmente procedente el recurso, con el alcance objetivo y subjetivo que surge de las consideraciones precedentes, esto es, en cuanto refiere a la indemnización sustitutiva de vacaciones de los años 1989 y 1990, e improcedente en los demás aspectos.

En consecuencia, condenar a la Municipalidad de Santa Fe a pagar a los actores cuyo recurso se declara parcialmente procedente en legal forma, y según liquidación que deberá practicarse en un plazo no mayor de treinta días, el monto que hubieran debido percibir dichos actores por tales conceptos, debidamente actualizado hasta el 31.3.1991; con más intereses a la tasa del 6% anual desde el reclamo administrativo hasta el 31.3.1991.

De allí en más, deberá computarse la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, o la que en su caso se demuestre pueda corresponder. Imponer a aquellos actores cuyo recurso resulta totalmente improcedente la totalidad de las costas por ellos causadas; y a aquellos actores cuyo recurso resulta parcialmente procedente, el 90% de las respectivas costas, y el 10% restante a la demandada.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco, Gastaldi y Netri, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito a los fundamentos de acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar admisibles -además de los ya declarados a foja 62- los recursos interpuestos por Marcelo Fabián Unzueta, Oscar Omar Montero Merlo y Jorge Alberto Cena, e inadmisible la pretensión referida al sueldo anual complementario. Declarar parcialmente procedente el recurso, con el alcance objetivo y subjetivo que surge de las consideraciones precedentes, esto es, en cuanto refiere a la indemnización sustitutiva de vacaciones de los años 1989 y 1990, e improcedente en los demás aspectos.

En consecuencia, condenar a la Municipalidad de Santa Fe a pagar a los actores cuyo recurso se declara parcialmente procedente en legal forma, y según liquidación que deberá practicarse en un plazo no mayor de treinta días, el monto que hubieran debido percibir dichos actores por tales conceptos, debidamente actualizado hasta el 31.3.1991; con más intereses a la tasa del 6% anual desde el reclamo administrativo hasta el 31.3.1991.

De allí en más, deberá computarse la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, o la que en su caso se demuestre pueda corresponder. Imponer a aquellos actores cuyo recurso resulta totalmente improcedente la totalidad de las costas por ellos causadas; y a aquellos actores cuyo recurso resulta parcialmente procedente, el 90% de las respectivas costas, y el 10% restante a la demandada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)