marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Retención indebida, dependientes, cadete, abuso de firma en blanco, cheque en blanco, uso por terceros sin autorización
Materia: PENAL
Carátula: KRUGER, FABIAN R. s/ DEFRAUDACION - HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-28

Incurre en la conducta atrapada por el art. 173, inc. 2 C.P., el mero cadete que en virtud de su relación laboral recibe una suma de dinero para un fin determinado -su depósito-, desviándola en su provecho.

La apropiación de un cheque firmado en blanco, su redacción y cobro en el banco, no constituye abuso de firma en blanco, pues el tipo del inc. 4 del art. 173 C.P., requiere que el documento sea entregado por quien lo signó para que lo use quien lo recibe, y el tenedor viola la convenido llenándolo abusivamente. Como el procesado admitió que sólo completó la fecha y que cobró el cartular al presentarlo en el banco, la conducta debe subsumirse en el art.

162 C.P.
Actos voluntarios, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. E. c/ P. G. A. y S., L. E. y/o contra quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-02

Relacionado con Sumario 23522
Daño moral, legitimación activa
Materia: PENAL
Carátula: Monzón, Carlos s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

El art. 1078 del C.C. a través de la reforma introducida por la ley 17.711 exige la calidad de heredero para ejercer la pretensión por indemnización de daño moral en caso de muerte de la víctima del acto ilícito, la que adecuadamente debe establecerse al momento del hecho.
Temeridad o malicia
Materia: LABORAL
Carátula: TABUAS, JOSE c/ CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

La temeridad se configura cuando el litigante sabe a ciencia cierta que no tiene razón valedera, y no obstante abusando de su jurisdicción, impone un proceso del que se ha de generar un daño a la otra parte. A su vez la malicia implica un ocultamiento doloso y la articulación de defensa que manifiestamente tienden a dilatar la tramitación del proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, jueces, competencia por la materia, contrato de suministros, responsabilidad contractual del Estado, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ROLUAR S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 441 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-11

Si bien esta Corte ha sostenido en diversos decisorios no ser competente para resolver sobre materia indemnizatoria , no corresponde hacer extensivo dicho criterio a todas las situaciones litigiosas que pudieren suscitarse, exigiendo una complementación con otros elementos de juicio, porque en ciertos casos, el no reconocimiento de la competencia contencioso administrativa, por hallarse eventualmente en juego pretensiones indemnizatorias, podría llevar a una desnaturalización de los fundamentos que justifican esta competencia, remitiendo el conocimiento de aspectos netamente administrativos a los jueces ordinarios.

Tal es el caso de autos, en donde una visión parcializada y aislada de la pretensión ejercida por la actora llevó al sentenciante a considerarse competente para intervenir en un caso en donde la dilucidación de los distintos aspectos involucrados para decidir la admisibilidad y, en su caso, la procedencia del reclamo nos conduce indefectiblemente al análisis previo del contrato de suministro que vinculó a las partes, y las distintas cuestiones planteadas en torno al mismo; es decir, a su perfeccionamiento, a las obligaciones de los sujetos intervinientes, a las vicisitudes vinculadas con la apertura de la carta de crédito y la conducta a seguir por las partes, etc., todo lo cual formó parte de la discusión necesaria en torno al reclamo, comprometiendo una normativa claramente exorbitante del derecho privado (esencialmente: ley 10.019, ley de Contabilidad, ley orgánica 4908, ley 5188, pliego de bases y condiciones generales) lo que pone de manifiesto que resulta inescindible la pretensión de la actora de aquellos aspectos y normas de derecho público involucrados, lo que solo puede y debe ser analizado y resuelto por la justicia constitucionalmente asignada para ello.
Marcas, marcas confundibles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Grupo Editorial Planeta SAIyC c/  s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-17

En cuanto al peligro en la demora, el destinatario ha indicado que el dominio fue registrado en el 2012 y está en uso desde el año 2014. Quiere decir que el riesgo de confusión y peligro de dilución de las marcas de la actora han cobrado virtualidad a partir de entonces. El hecho de que hacia octubre de 2014 ésta hubiera intentado adquirirlo, lo cual finalmente no prosperó, no anula la necesidad de tomar preventivamente una decisión que resguarde el derecho invocado, derivado del título marcario acreditado, y evitar la posibilidad de equivocaciones del público durante la sustanciación del pleito, máxime cuando el dominio de que se trata (planetadelibros.com.ar) responde al mismo patrón que los registrados en el extranjero (v. gr., planetadelibros.com.co de Colombia, planetadelibros.com.pe de Perú, planetadelibros.com.mx, de México, planetadelibros.com.uy de Uruguay, etc.), y estaba siendo empleado para comercializar libros por quien no tenía ninguna relación con la registrante (Editorial Planeta SA), ni con la actora.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Bossi, Oscar Carlos c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. y Otro s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-18

Las medidas cautelares no exigen de los jueces el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Ello así, no obstante el especial cuidado que tales medidas imponen, pues la pretensión que constituye el objeto del proceso cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un examen de probabilidades de la existencia del derecho invocado.
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, sanciones disciplinarias, llamado de atención
Materia: PROCESAL
Carátula: CASAMIQUELA,  VERONICA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/ INCIDENTE DE APELACION (ART. 250 CPCC).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-17

Si bien la incontestación en tiempo oportuno del traslado en cuestión denotaría cierto grado de desatención en el propio seguimiento de las actuaciones por parte del funcionario sindical cabe concluir que la medida disciplinaria impuesta -llamado de atención con comunicación a la Cámara- no resulta proporcional a la conducta que se le achaca, máxime considerando que la comunicación ordenada a la Cámara Comercial quedaría sentada como antecedente en el legajo del síndico, lo cual incidiría en las futuras inscripciones en las listas de peritos.
Propiedad horizontal, administrador del consorcio, remoción del administrador del consorcio, mandato irrevocable
Materia: CIVIL
Carátula: BALESTRA, CARLOS c/ ARIBAR S.A s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-31

Nuestro derecho común sólo admite la irrevocabilidad del mandato en casos excepcionales: cuando sea para negocios especiales, limitado en el tiempo y cuando existe un interés común de mandante y mandatario o de un tercero que así lo justifique (art. 1197 C.

Civil), situación que no se da con respecto al administrador de un consorcio -a quien en su condición de mandatario del mismo resultan aplicables las normas referidas al mandato-, pues el desempeño del administrador no se justifica sino en interés del consorcio, y el único interés que existe en el mandatario de un consorcio se limita exclusivamente a recibir la remuneración pactada, por cuya razón podría tener derecho a ser indemnizado en los supuestos en que no exista justa causa de revocación, pero nunca pretender la irrevocabilidad del mandato, por cuanto el interés que la ley protege es el del mandante y no el del mandatario.-
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por la materia, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Di Maio Diego Ruben c/ Provincia ART SA y otros s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-12

En el caso, el actor apela la resolución que declaró de oficio la incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo. El actor reclama el resarcimiento de los daños derivados de un accidente de trabajo, y dirige su acción tanto contra la sociedad empleadora (y su presidente) como contra la aseguradora de riesgos laborales. Con respecto a la empleadora, funda su derecho en el incumplimiento de los deberes de previsión y seguridad que se encuentran contemplados por el art. 75 L.C.T. y por las disposiciones de la ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Tal como lo sostuviera la C.S.J.N. en la causa "Faguada Carlos Humberto c/Alushow S.A. y otros s/despido" del 9/5/2017, "a los efectos de determinar la competencia no puede dejar de ponderarse que la demanda promovida no se basa exclusivamente en normas civiles, sino que el actor también invoca como fundamento de su pretensión normas laborales. En consecuencia, corresponde atenerse, en lo pertinente, al criterio adoptado en los precedentes "Munilla" y "Jaimes" (cfr. Fallos: 321:2757 y 324:326) declarando la competencia del fuero laboral. Para arribar a esta conclusión se tiene en cuenta, asimismo, que el fuero especializado en la resolución de cuestiones laborales asegura un piso mínimo de garantías que hacen a la especial tutela de los derechos del trabajador, tales como el impulso de oficio y el beneficio de gratuidad. Sobre la base de esta doctrina, a la que cabe adherir por razones de economía procesal, corresponde revocar lo resuelto en primera instancia.
Régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, cancelación de deudas, deuda no consolidada, ley de consolidación de la deuda pública, jerarquía de las leyes, Constitución Nacional, facultades del Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARAMELINO MIGUEL ANGEL Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE DEFENSA s/ PROCESO DE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-11

El crédito de los autores tiene origen en documentos suscriptos por la libradora con posterioridad al 1.4.91, de modo que se encuentran en la órbita del art. 22, Ley 23.982, posteriores a su fecha de corte y que tienen un régimen de cancelación diferente a las "consolidadas", lo cual permite sostener que no ingresan en el terreno del decreto 1923/92, solo destinado a regir sobre aquellas que no estuvieren comprendidas en los incisos a), b) y c) del art. 11 del Decreto 1144. Una interpretación distinta, importaría dar preeminencia al régimen de un Decreto (el 1923/92) por sobre lo que dice la ley, solución que encuentra su óbice en el orden jerárquico normativo que establece nuestra Constitución Nacional (art. 99, Inc. 2), a cuyo efecto débese tener en cuenta que en los considerandos del citado decreto 1923/92 se echa mano a las facultades reglamentarias que se reconocen al Poder Ejecutivo (ver la cita del antiguo art. 86, Inc.

2), de modo que es ajeno al caso lo atinente a la eficacia de los denominados decretos de necesidad y urgencia.
Competencia por conexidad, daños y perjuicios, compraventa, resolución del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: SAVINO, Graciela c/ SUGART R.G.P. PROPIEDADES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-26

Si se persigue en un proceso la resolución de un boleto de compraventa con fundamento en el incumplimiento de alguna de sus cláusulas y, en otro, se le reclaman a la intermediaria los daños y perjuicios derivados del fracaso de la operación inmobiliaria de que se trata, es conveniente que sea un mismo juez el que conozca en ambas causas.-
Costas, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ VDA. DE DIAZ ESTELA Y OTROS c/ GIORDANO FLORENCIO TRANQUILINO s/ COSTAS - PERENCION DE INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-20

El actor, a quien se declara perimida la instancia, debe cargar con las costas del proceso principal; ello así en consideración al principio de que la obligación de instar el procedimiento incumbe a la parte actora, con prescindencia de la distribución de la carga probatoria. Y siendo el actor el principal interesado en activar el trámite, no se justifica, que haya dejado transcurrir los plazos de caducidad establecidos, aún cuando no haya mediado culpa o temeridad
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-25


Poder Judicial de la Nación SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 45824 CAUSA Nº 36601/2007 CNAT SALA IV "COLOMBO VICENTA C/ PODER JUDICIAL DE LA NACION S/JUICIO SUMARISIMO" Juzgado Nº5.- Buenos Aires, 25 de febrero de 2008.

VISTAS, Las presentes actuaciones que llegan a esta Alzada a próposito de los agravios vertidos por la parte actora contra la resolución de fs. 12 que denegó las medidas cautelares solicitadas.

Y CONSIDERANDO;

Que en relación con la cuestión suscitada esta Sala conviene íntegramente con el dictamen del Sr.

Fiscal General del Trabajo obrante a fs.22 en cuanto propicia la confirmatoria del decisorio apelado.

Que tal como señala el Dr. Alvarez, "la petición, tanto referida a una abstención de producir descuentos por la participación de una medida de acción directa como en lo concerniente a la devolución de lo ya descontado, no presenta una clara verosimilitud del derecho".

Que "tampoco se advierte la existencia cabal de peligro en la demora, porque nada obstaría al reintegro oportuno de lo deducido si se corroborase, luego de agotado el proceso de cognición, que los hechos se sucedieron como se sostiene al demandar y si se acredita que existió una intención lesiva de los derechos emergentes de la libertad sindical (doct.

Art. 230 C.P.C.C.)".

Que coincidimos también en que lo que respecta a la medida "innovativa" solicitada (orden de reintegro de los montos descontados) también debe ser confirmado, porque lo solicitado coincide con el objeto de la acción sumarísima.

Que por lo expuesto, y sin que ello implique sentar posición acerca de la cuestión sometida al debate, la resolución debe confirmarse y la queja no puede prosperar, por las razones procesales expuestas en los considerandos pertinentes.

En definitiva el Tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución apelada.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, coronavirus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SEIMANDI, MARCOS JESUS c/  s/ CONCUSION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

La recurrente insiste en achacar excesiva duración en la tramitación del proceso y la consecuente lesión a la garantía del plazo razonable-con base en que hubo lapsos de absoluta inactividad en la causa más allá de los considerandos por el Tribunal-; sin embargo, no alcanza a evidenciar con tal genérica afirmación la irrazonabilidad y desproporcionalidad pretendida, ni a desbaratar desde el marco constitucional la argumentación brindada por los Sentenciantes, quienes así destacaron que los actos procesales habían sido concatenados y continuos desde el inicio, con un paréntesis en el último período debido a las suspensiones de las actividades judiciales dispuestas por todos los órganos del Estado en función a la emergencia por Pandemia.(Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - Jurisprudencia concordante con Seimandi, AyS T 320, p 300/305, sumario J0050422.
Insuficiencia del agravio, fallos de la Corte Suprema, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Benitez Leiva , Cleto y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-05

Si la defensa no trajo a estudio nuevos fundamentos que logren conmover la doctrina de la CS, debe rechazarse el planteo relativo a la inconstitucionalidad de la reincidencia.
Multa, faltas, declaración de oficio, cuestión constitucional
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Expreso Cañuelas SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado Cañuelas SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-19

No resulta admisible la declaración oficiosa de la prescripción de una multa que se encuentra en condiciones de ser ejecutada por la vía del apremio. La prescripción de la deuda es, justamente, una de las excepciones que puede invocar la parte legitimada en el momento oportuno (art. 451.7, CCAyT), que en el caso, no fue ejercida por la demandada.
Competencia, acción meramente declarativa, Constitución Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RODRIGUEZ ALICIA HAYDEE s/ PRETENSION DECL. DE CERTEZA. CONFL. DE COMPETENCIA ART. 71 INC. 1º LEY 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-05

La redacción originaria del decreto-ley 11.643/63, Capítulo XI "Procedimiento contencioso-registral", disponía en su artículo 44 inc. "b" la procedencia de la demanda contencioso administrativa a los fines de impugnar judicialmente las observaciones que formulase el Registro de la Propiedad Inmueble que obsten a la inscripción de un título, circunstancia por la que esta Corte habilitó la competencia que ejercía sobre la materia, tanto originaria como transitoriamente. Mas luego, la entrada en vigencia de la ley 12.008 alteró este procedimiento, toda vez que su artículo 85 modificó el mentado artículo 44 y estableció la competencia de las cámaras de apelación en lo civil y comercial del Departamento Judicial de La Plata para entender en los recursos interpuestos contra las observaciones registrales. De lo expuesto se advierte una categórica decisión del legislador de sustraer esta clase de controversias del conocimiento de los órganos del fuero Contencioso Administrativo, criterio también seguido para otros casos que, si bien originados en el ejercicio de la función administrativa, cuentan con regímenes específicos de impugnación sin que pueda sostenerse su abierta incompatibilidad con el contenido esencial de la cláusula del contencioso administrativo establecida en el artículo 166, in fine, de la Constitución Provincial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Tellechea, Telma R. c/ Frigorífico Swift Armour S.A. Argentina s/ Cobro de pesos Vargas, Antonio c/ Food Orientales Argentinas S.A. s/ Accidente Lezama Almada, Ricardo Lucio c/ Tarraubella, Eduardo Eder s/ Indemnización ley 9688 Alvarez, Amelia A. c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Indemnización por enfermedad accidente Carafiello, Luis Efren c/ Municipalidad de Junín s/ Indemnización por enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20|1995-04-25|1989-08-15|1996-07-05|1991-04-02

Determinar si transcurrió o no el plazo legal de prescripción y su punto de partida, son cuestiones de hecho irrevisables en casación y ajenas a la esfera del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley salvo la existencia de absurdo.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: MMNF s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Mind y Otros contra GCBA sobre Amparo - Habitacionales", expte. SACAyT n° 172423/21-2 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-07

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, la sentencia de la Cámara que ordenó entregar un subsidio a la actora y a su hija menor, y revocó la sentencia respecto del coactor, por entender que no se encontraba en la misma situación de vulnerabilidad que el resto del grupo familiar. Ello así, toda vez que no rebate en forma suficiente el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad intentado, así como tampoco acredita que los planteos vertidos configuren un genuino caso constitucional (arts. 113, inc. 3° de la CCABA y 27 de la ley n° 402). Los planteos formulados por el coactor en su presentación remiten necesariamente al relevamiento de cuestiones de hecho y prueba bajo el análisis de normas infraconstitucionales, cuyo debate, por vía de principio, no corresponde a esta instancia (conf. doctrina de Fallos: 330:4770, 330:3526, 330:2599 y 330:2498, entre otros), y no logran evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Lesiones, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Escumbarti, Ramón y otros c/ De Jesús, Horacio A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

En el supuesto de lesiones el daño moral se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho.
Incidentes, trámites judiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: El Halcón S.A.T. s/ Incidente de seguridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

Un incidente es una auténtica demanda reducida dotada de una tramitación especial, en la que el legislador ha tenido especial cuidado de preservar el principio de bilateralidad y la garantía de la defensa en juicio (arts. 280 a 287 de la ley 24.522), que no ha sido observados en la presente, habiéndose emitido el pronunciamiento atacado sin correr el previo traslado - notificable por cédula - normado en el art. 281 de la ley 24.522.
Pacto comisorio, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villegas de Aballay Blanca c/ María Luisa Altamiranda de Gutierrez s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S135 - 075)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-08-28

Para apreciar el ejercicio del pacto comisorio y sus consecuencias debe tenerse en cuenta, por una parte, que las obligaciones deben ser cumplidas, ya que están en juego la seguridad jurídica y los derechos subjetivos reconocidos por las leyes, pero por otro lado cabe también prevenir que su aplicación rigurosa no se haga en detrimento del valor justicia con apoyo en fórmulas rígidas y no en la medida de las cosas, lo que supone ponderar las circunstancias fácticas propias de cada especie, entre las que fundamentalmente se encuentran el alcance de los actos cumplidos y omitidos por cada una de las partes, el contratante que opta por la resolución tiene acción, además, para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados por el incumplimiento, basada en las normas generales de la responsabilidad contractual, mas siendo injustificada la resolución, es improcedente la acción por indemnización de daños que le accede.
Testigos de actuación, requisa personal, idoneidad del testigo, personal penitenciario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zarco, Mariana Elizabeth s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-09

Si bien es cierto que el personal penitenciario podría estar alcanzado por las inhabilidades que contempla el art. 138 del C.P.P.N. para actuar como testigos de una requisa, en el caso, la expectativa de privacidad del requisado, en sede detención, debe ceder ante intereses superiores de seguridad. Sólo por vía del absurdo podría requerirse la presencia de testigos civiles en las inspecciones como la que aquí se trata, o exigirse que se hubiera previsto la naturaleza de los efectos hallados en tales rutinas. (Voto de los Dres. Madueño, Catucci y Rodríguez Basavilbaso).