Accidentes de trabajo, litisconsorcio
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Martínez, Diego Fernando c/Equimac SA y otro c/  s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-11

La sentencia de primera instancia acogió el reclamo deducido por el actor contra su empleador y la ART, con fundamento en el ordenamiento común debido al infortunio de trabajo sufrido. La Sala VIII CNAT consolidó el decisorio anterior, sin perjuicio de reformarlo en el modo de cómputo de los aditamentos devengados del capital nominal de condena. Contra esa decisión, ambas encartadas, dedujeron recurso extraordinario federal que, tras ser denegado por la Sala VIII, decantó en que la empleadora interponga una queja ante la CSJN. El Máximo Tribunal acogió ese auxilio procesal, declaró procedente el remedio federal intentado, dejó sin efecto el decisorio anterior y mandó a dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo a las pautas allí trazadas, lo cual será tarea de la Sala I. El escenario configurado al haberse acreditado los presupuestos configurativos de responsabilidad que el actor procuraba enrostrarle a cada demandada lució signado por la confluencia de obligaciones concurrentes y no de naturaleza solidaria. Tal caracterización viene dada en virtud de que la causa génesis sobre las que emergen los deberes imputados a cada una de las requeridas carecen de identidad; mientras que la patronal hubo de responder en carácter de dueña o guardiana de una cosa viciosa o riesgosa por los daños que tal elemento generara (art. 1113 del Cód. Civil, vigente a la época de los hechos), el imperativo resarcitorio que gravita sobre la aseguradora halla su fuente en la omisión de desplegar una conducta que le resultaba jurídicamente exigible y que -de haber sido adoptada- habría evitado o disminuido la posibilidad de que se generen los perjuicios en cuestión (cfr. arts. 1074 y cctes. del código citado). Es decir, que la identidad existente entre la prestación debida por ambos deudores no se extiende hacia el origen de dicho deber, lo que entraña deducir que media una pluralidad de obligaciones cuyos núcleos se imbrican tan sólo objetivamente, dejando incólume su faceta subjetiva y -por ende- la plena independencia de las relaciones que les brindan basamento. Dichos nexos, no aparecen ligados entre sí por un enlace propio, sino que únicamente coinciden en el sujeto a quien adeudan la satisfacción de la prestación comprometida, la cual -a su vez- es única (en el caso, el resarcimiento integral de los padecimientos sufridos a raíz de enfermedades contraídas en ocasión del trabajo). En el caso se trata de un litisconsorcio pasivo facultativo, caracterizado por la autonomía procesal de los litisconsortes convocados al pleito. Esa autonomía impide atribuir a las acciones procesales de uno de ellos efectos expansivos respecto del otro, salvo en aquellos supuestos taxativamente delineados por la jurisprudencia o la doctrina, como la existencia de un "espacio defensivo común" o la configuración de "hechos comunes". Sin embargo, tales excepciones no lucen configuradas en el caso. Por lo tanto, si la ART optó por no deducir recurso alguno contra la sentencia dictada por la Sala VIII que desestimó su recurso extraordinario, debe colegirse que se sintió conforme con el resultado alcanzado en esa instancia, -cuando menos- que asumió voluntariamente las consecuencias de su inactividad. No hay razón para imponerle el deber de impugnar una sentencia que consideró ajustada a derecho sólo porque su litisconsorte decidió recorrer una vía recursiva diversa. Forzar lo contrario importaría conculcar el principio dispositivo que rige el proceso civil, además de desdibujar la regla de la preclusión. En el litisconsorcio existe una relación procesal única, con pluralidad de sujetos que actúan como actores o demandados, pero en forma autónoma, es decir, independientemente los unos de los otros. De tal modo, dos son los caracteres fundamentales del litisconsorcio: unidad de relación jurídica y autonomía de los sujetos procesales, por lo que los actos de uno ni aprovechan ni perjudican a los otros, salvo cuando por las disposiciones que regulan la relación jurídica sustantiva el efecto está previsto expresamente, como ocurre con las obligaciones solidarias. Pero entonces esos efectos no derivan de su calidad de litisconsortes sino de la de sujeto activo o pasivo de la obligación. La firmeza de una sentencia respecto de uno de los codemandados impide su revisión ulterior, aunque otra parte obtenga un pronunciamiento diverso en sede recursiva, si aquel no dedujo el recurso pertinente. La apelación de uno de los codemandados no puede beneficiar al que no la interpuso, salvo que medie una relación de litisconsorcio necesario, lo que no ocurre en el caso de obligaciones concurrentes. Esta es la distinción esencial entre litisconsorcios forzosos y facultativos. Sólo en los primeros las defensas y recursos de uno se extiende a los demás, mientras que, en los segundos, cada parte conserva plena autonomía, tanto en la instancia como en los medios impugnativos. Si se admitiera la extensión de los efectos de la sentencia de la CSJN a la codemandada inactiva, se llegaría a un resultado normativamente injustificable: una parte beneficiada sin haber actuado, y una contraparte despojada del efecto jurídico de una sentencia firme. No hay principio ni norma que imponga la armonización forzada de los resultados del pleito entre litisconsortes pasivos independientes, y mucho menos cuando ello conllevaría la revocación implícita de una sentencia firme sin intervención de la parte afectada. Es cierto que la solución genera un resultado atípico -la existencia de dos montos distintos de condena en lo concerniente a los accesorios o actualización monetaria-, pero tal singularidad no contraviene ninguna norma positiva ni tampoco alcanza entidad suficiente para violentar los principios rectores del proceso civil, porque la lógica del proceso no siempre se identifica con la simetría de sus consecuencias. Por todo ello, no corresponde atribuir a la aseguradora codemandada los efectos beneficiosos derivados de la sentencia de la CSJN, obtenida exclusivamente por el empleador, habida cuenta que no interpuso recurso alguno. La sentencia de la Sala VIII ha quedado firme a su respecto, y produce todos los efectos jurídicos que de ello se derivan. El principio de preclusión, autonomía procesal y la seguridad jurídica impiden arribar a una conclusión distinta. (Del voto del Dr. Catani, en mayoría).