Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-06


Causa n° 6829/2010 - I- Juzgado n° 10 Secretaría n° 19 "M. M. A. c/ SERRAO JORGE MARIO JESUS Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Buenos Aires, 6 de mayo de 2014.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 179 -fundado a fs. 181/182-, contra la decisión de fs. 177; y CONSIDERANDO:

1. El señor Juez resolvió hacer lugar a la excepción de incompetencia opuesta por los demandados, atribuyendo el conocimiento de la causa a la Justicia Federal con jurisdicción en la Ciudad de Santa Fe.

Contra dicha resolución se agravia la recurrente quien manifiesta que ya se ha pronunciado la Alzada a fs. 80/51, en cuanto a la fijación de la competencia, por lo que la decisión de fs. 177 resulta contraria a lo resuelto oportunamente (fs. 181/182).

2. En primer lugar, es conveniente recordar que, la sanción de la deserción de la instancia, por su gravedad, debe aplicarse con criterio favorable al apelante a condición de que el agraviado individualice, aunque sea en mínima medida, los motivos de su disconformidad (conf. CNCiv, Sala E, 30/9/80, citado por Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Ed. Astrea, 1993, T.1, pág. 945). Esta inteligencia, y el criterio amplio que al respecto tiene esta Sala, permite considerar que -con juicio indulgente- el memorial presentado por la actora cumple mínimamente con los requisitos exigidos por el art. 265 del Código Procesal (conf. esta Sala, causas 4782/97 del 24.3.98, 2150/97 del 16.11.00, 3041/97 del 19.6.01 y 4639/04 del 1.6.10).

3. Ello sentado, corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que para determinar la competencia de los tribunales corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda, y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión, pues los primeros animan al segundo y, por ello, son el único sustento de los sentidos jurídicos particulares que les fuesen atribuibles (conf. arts. 4 y 5, del Código Procesal; Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 303:1453; 306:328, 856, 948, 1056; 307:505, 774 y 871; esta Sala, causas 7.122 del 14.12.93, 20.039 del 23.2.95, 4.365 del 20.6.96, 2.041 del 3.4.97, 2.324/98 del 22.10.98, 5.295/07 del 27.9.07, 12.290/07 del 27.3.08, 5.959/07 del 3.6.08, 13.178/06 del 24.6.08, 4.868/07 del 26.8.08, 5.967/08 del 28.8.08, 723/08 del 11.9.08, 882/08 del 30.9.08, 13.470/07 del 2.10.08, 10.899/07 del 7.10.08, 7.683/08 del 25.11.08, 2.055/08 del 23.12.08, 3.295/08 del 10.2.09, 8.670/08 del 7.4.09, 9.876/08 del 19.5.09, 4.423/08 del 26.5.09, 11.300/08 del 6.8.09, 2.086/09 del 11.8.09, 13.783/07 del 18.8.09, 1.310/09 del 20.8.09, 2.701/09 del 24.9.09, 680/08 del 29.10.09, 2.801/09 del 29.10.09, 5.850/09 del 15.12.09, 3.544/09 del 22.12.09; entre otras).

También se ha sostenido que, a tal fin, se debe indagar en la naturaleza de la pretensión, examinar su origen, así como la relación de derecho existente entre las partes (conf. CSJN, Fallos 321:2917, 322:617).

4. Por otro lado, se debe destacar que a raíz de lo dictaminado por el Sr. Fiscal Federal a fs. 71, el magistardo decidió declarar la incompetencia del juzgado y remitir los autos a la Justicia Nacional en lo Civil. Decisión que fue revocada por este Tribunal, en la que se dispuso que el a quo debía reasumir la competencia declinada en razón de la materia (conf. fs. 80/81).

5. En esta oportunidad, la cuestión a decidir se cirscuncribe a determinar la competencia en razón del territorio.

Al respecto, cabe señalar que tratándose de pretensiones fundadas en relaciones jurídicas de origen contractual, el art. 5 , inc. 3 , del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, establece que en materia de competencia territorial, el fuero principal esta determinado por el lugar en que debe cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación.

Esta regla confiere primacía al "forum solutionis", en tanto pueda surgir en forma expresa o implícita del contrato o de la naturaleza de la obligación (conf. Palacio, "Estudio de la Reforma Procesal Civil y Comercial", p. 62, Abeledo-Perrot, 1981).

Dicho de otra manera, si del acto resulta claramente dónde, por voluntad de las partes, deben cumplirse las prestaciones, éste es el lugar que fija la competencia, y sólo a falta de indicación expresa o implícita de él, el actor podrá optar entre el juez del domicilio del demandado o el del lugar donde se celebró el contrato (conf. CSJN, 27-5-80, E.D., 89-242, n 40; Fassi-Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial", t. 1, p. 123, Editorial Astrea, 1988).

En suma, y habida cuenta de que de autos surge que el contrato de compraventa se suscribió entre las partes en la provincia de Santa Fe y que los demandados tienen domicilio en la referida provincia (fs. 4/6 y 11/12), cabe confirmar la decisión de la anterior instancia.

6. Sólo resta agregar que los fundamentos hasta aquí desarrollados resultan suficientes para decidir la cuestión materia de recurso, sin que resulte necesario examinar los restantes agravios vertidos por la recurrente. Ello es así, pues los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquellos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos: 276:132; 280:320; 303:2088; 304:819; 305:537 y 307:1121, entre otros).

Por los fundamentos expuestos, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General ante esta Cámara a fs. 199/200, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución en cuanto fue motivo de agravios, sin costas de Alzada en tanto no hay trabajos de la contraria.

En atención a los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada a fs. 159, y considerando el mérito, la extensión, y la eficacia de los trabajos desarrollados, así como la naturaleza del juicio, la mitad del monto reclamado y la etapa cumplida, se confirman los establecidos en favor de los ex letrados del actor, Dres. Sergio Svartz y Virginia Svartz (arts. 6, 7, 9, 20, 37, 38 y 47 del arancel de honorarios de abogados y procuradores).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13 (B.O. 17.10.13).

El Dr. Ricardo V. Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese -al Sr. Fiscal General ante ésta Cámara- y devuélvase.

María Susana Najurieta Francisco de las Carreras