Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-02


SENTENCIA NÚMERO: QUINCE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los dos días del mes de mayo de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros, doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 111/12, caratulados: "Recurso de Casación interpuesto p/ Dr. Jorge Lionel Toledo en Expte. 'Trujillo, Luis Alberto - s.a. Homicidio Culposo Agravado - Ruta Nac. 38 - El Pantanillo' ", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la resolución por haber inobservado las normas que el Código de Procedimientos Penales establece bajo pena de nulidad? 2º) ¿Es nula la resolución por errónea aplicación del art. 76 bis del Código Penal? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso es presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra una resolución judicial equiparable a sentencia definitiva en tanto priva al imputado del derecho que tiene a evitar la pena y la cuestión no es susceptible de ser revisada eficazmente en oportunidad posterior; por lo que es formalmente admisible.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 11, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres, y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Auto Nº 153/12, dictado el 12/09/2012, el Juzgado Correccional de Primera Nominación resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba.

El hecho por el que la causa fue elevada a juicio es el siguiente: "En esta Capital el día 10 de agosto del 2008, en un horario que no se ha podido determinar con exactitud, pero que podría estar comprendido entre las horas 01:00 y 01:20, y en oportunidad en que Luis Alberto Trujillo circulaba en un automóvil marca Volkswagen modelo Gol de color rojo, dominio DWA-565, acompañado de Natalia Navarro Jiménez, Karina Pachado y Taime Figueroa, por Ruta Nacional Nº 38, a la altura de la fábrica de Coca Cola -Pantanillo en sentido Norte-Sur; habría intentado negligentemente e imprudentemente pasar a otro vehículo (no identificado) que circulaba en igual sentido, invadiendo el carril contrario embistió a la motocicleta marca Motomel modelo CG 125 cc, dominio 776- DRF, en la que se conducía Ramón Armando Astrada, en sentido Sur-Norte, por el carril correspondiente de la misma ruta mencionada, perdiendo Trujillo el efectivo control de vehículo Volkswagen Gol, que se precipitó hacia la banquina izquierda dicha ruta (sur-norte), donde se detuvo para luego prenderse fuego. Concurriendo con su conducta activamente a la producción del resultado, la muerte de Ramón Armando Astrada, por shock hipovolémico por hemotórax, hemoperitoneo, pérdida masiva de sangre por amputación del miembro inferior izquierdo y del foco fracturado del fémur derecho". El acontecimiento descrito fue encuadrado legalmente en el art. 84 2º párrafo del Código Penal, como delito de Homicidio culposo calificado, el que tiene prevista una pena de 2 a 5 años de prisión y, en su caso, de 5 a 10 años de inhabilitación especial.

II. Contra dicha resolución, el defensor del imputado, el Dr. Jorge Lionel Toledo, interpone este recurso de casación por los motivos previstos en los incs. 2º y 4º del art. 454 del CPP.

II. a. En primer lugar, plantea la errónea aplicación del art. 76 bis del Código Penal.

Cuestiona los motivos por los que el tribunal no hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba. Sostiene que el Juez a quo realizó una interpretación literal del instituto, sin desentrañar su verdadero sentido y alcance, y que ello afecta el derecho de defensa del imputado.

Dice que debe hacerse una interpretación teleológica de la norma contenida en el art. 76 bis del Código Penal y que para sortear el obstáculo de la pena de inhabilitación y satisfacer el fin de política criminal previsto por el legislador, de resocialización del imputado, cabe acudir a la interpretación sistemática de los arts. 27 y 76 ter del Código Penal y establecer como regla de conducta y a modo cautelar la prohibición de conducir, por el tiempo que sea fijado en la sentencia que haga lugar a la probation.

II. b. En segundo lugar, sostiene que el auto impugnado carece de fundamentación, y que ello produce un agravio constitucional, porque afecta el derecho de defensa en juicio de su defendido. Así lo considera debido a que la resolución del tribunal a quo remite a lo resuelto por esta Corte en los precedentes "Herrera" y "Vargas" y no reproduce ningún fundamento de éste tribunal vertido entonces, los que desconoce esa Parte.

Por todo ello, pide que sea declarada la nulidad de la resolución recurrida.

Hace reserva del caso federal.

III. Después de estudiar los planteos efectuados, de nulidad de la sentencia por defectuosa fundamentación (1º agravio) y por falta de fundamentación (2º agravio), estimo pertinente tratarlos en orden inverso al que fueron propuestos en tanto, de prosperar el último, la sentencia sería irremediablemente nula, lo que tornaría abstracto el control del alegado como primer motivo de la impugnación.

III. 1. En contra de lo que sostiene el recurrente, opino que la resolución impugnada no carece de fundamento. Así lo considero puesto que en ella constato que, aunque de manera escueta, el Tribunal a quo sí expresó las razones por la que decidió no conceder la solicitud formulada en el caso para que el juicio a prueba sea suspendido.

En esa dirección, como obstáculo legal insalvable a la procedencia del Instituto y, por ende, como fundamento de la denegatoria en cuestión, el tribunal invocó la pena de inhabilitación prevista para el delito reprochado en el caso al imputado Trujillo.

Esa solución era al menos previsible, dada la conminación en abstracto de esa especie de pena en el art. 84 del Código Penal para la comisión del delito de homicidio culposo atribuido al imputado, y en tanto según los términos del art. 76 bis del mismo Código esa categoría de delitos se encuentra expresamente excluida de la aplicación del instituto de la probation.

En ese sentido es uniforme la jurisprudencia de los tribunales locales; y la debida diligencia en el ejercicio profesional aconseja conocerla para no reiterar, como en el caso, objeciones repetidamente rechazadas, sin re-fuerzo argumental novedoso que exija revisar esa postura.

Por ello, la remisión efectuada por el Juez a quo, a lo resuelto en casos semejantes por este tribunal -la que, contrariamente a lo que propone el recurrente, no exige reproducción de los argumentos pertinentes- no sólo expresa economía procesal en tanto evita un desgaste jurisdiccional innecesario, sino que constituye fundamento suficiente de la decisión impugnada, puesto que, en tanto se encuentran adecuadamente expresados, son claros e inequívocos los motivos que la sustentan.

Además, en principio, y de conformidad con conocida jurisprudencia de la Corte Suprema, es bastante fundamento de las decisiones judiciales la remisión a lo resuelto en pronunciamientos anteriores (confr. Fallos: 311:2293 y sus citas; 327:954, Voto del Dr. Fayt ).

Por otra parte, no constato menoscabo alguno al ejercicio de la defensa en juicio derivado del supuesto vicio acusado en tanto la negada existencia de la suficiente fundamentación de lo resuelto está implícita en la calidad de defectuosa que el recurrente le atribuye a esa fundamentación como "Motivo sustantivo casatorio: errónea aplicación del art. 76 bis del Código Penal". Bajo ese título, el recurrente ejerce las facultades de alegación y de refutación de esa Parte, con el desarrollo de múltiples argumentos en contra de expresiones del fallo cuestionado vinculadas con la interpretación que lo sustenta: sobre el Instituto, sobre las sentencias que cita de la Corte Suprema y de este tribunal, y sobre los distintos principios que rigen la materia; y hace consideraciones que estima útiles a los intereses que representa. Así las cosas, debido a que el recurrente no demuestra el detrimento que alega, a la intervención y asistencia técnica del imputado, y ninguna afectación más que la que pueda provenir de su propia actuación cabe derivar del modo en que fue resuelta la cuestión, no es de recibo su pretensión para que el auto apelado sea invalidado por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 186 inc. 3º del rito local. Por ende, mi respuesta a la cuestión es negativa. Así voto.

III. 2. En cuanto a los agravios desarrollados bajo el título "Motivo sustantivo casatorio: errónea aplicación del art. 76 bis del Código Penal", estimo preciso señalar que, como dijo el Juez a quo y reseña el recurrente, en reiteradas oportunidades, este Tribunal sostuvo que el instituto de la suspensión del juicio a prueba no procede si el delito de la causa tiene prevista pena de inhabilitación.

Por ello, para evitar repeticiones innecesarias y en homenaje a la brevedad, cabe remitir a las consideraciones efectuadas en las resoluciones mencionadas en el auto impugnado ( S. Nº 4/0 "Herrera" y S. Nº 17/09 "Vargas") y en las más recientes del tribunal ( S. Nº 07/10 "Segura"; S. Nº 20/10 "Agüero", Auto Interlocutorio Nº 15/10 "Segura"; S. Nº 43/11 "Finazzi"; S. Nº 44/11 "Londero"; 3/12 "Tapia"; 15/12 "Carrizo"; 38/12 "Aroca", entre otras), puesto que, aún con distintas integraciones, esta Corte ha mantenido invariable ese criterio sobre ese tema, como sobre el sentido y alcance de lo resuelto por la Corte Suprema en el conocido precedente "Acosta", y también sobre los principios invocados por el recurrente y aplicables en materia de interpretación de las normas jurídicas (en este último caso, especialmente en S Nº 20/10).

Por ello, opino que el agravio carece de fundamento. Como consecuencia, mi respuesta a la cuestión es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por las razones que él desarrolla. Por consiguiente, adhiero a su voto y doy el mío en idéntico sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

Por el modo en que quedaron resueltas las cuestiones ante-riores, soy de la opinión que corresponde dictar la siguiente resolución: I) De-clarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. To-ledo en representación del imputado Luis Alberto Trujillo. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estoy de acuerdo con la solución propuesta por el Señor Mi-nistro preopinante. Por ello, adhiero a su voto, y me expido en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo acertada la solución postulada por el señor Ministro Dr. Cippitelli. Por ende, voto de igual manera.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimi-dad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Jorge Lionel Toledo en representación del imputado Luis Alberto Trujillo.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen es-tos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- CERTIFICO: Que la presente sentencia es copia fiel de la original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.