Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-06-04


RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA Nro. 67 NEUQUÉN, 4 de junio de 2014.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "C. M. R. - R. J. L. S/ HOMICIDIO" Expte. Nro. 32 año 2014) del Registro de la Secretaría Penal, venidos a conocimiento de la respectiva Sala del Tribunal Superior de Justicia; y CONSIDERANDO:

I.- Que mediante resolución interlocutoria Nro. 26/14 (fs. 314/318) de su propio registro, el Tribunal de Impugnación Provincial constituido en la ciudad de Junín de los Andes, declaró inadmisible la impugnación interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, contra la resolución del Juez de Garantías de fecha 17 de marzo de 2014, que resolvió: 1) no llevar adelante el Juicio por Jurados Populares en la ciudad de San Martín de los Andes, 2) excluir de la lista de Jurados a todos los ciudadanos de San Martín de los Andes, y 3) llevar adelante el referido Juicio en la localidad de Junín de los Andes, sin sorteo previo de localidad.

Contra dicha decisión, el Fiscal Jefe de la Unidad Operativa IV, articuló una impugnación extraordinaria (cfr. fs. 302/312), de conformidad -dice- a lo normado por los Arts. 227, 233 y 242 del C.P.P. y art. 12 inc. a) de la LOMPF.

II.- En cuanto a los motivos que harían admisible la impugnación extraordinaria, afirma que la misma se basa en la errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del Jurado y a la capacidad de sus miembros, al cuestionamiento por parte del sentenciante de los arts. 25 y 238 del C.P.P.N., y a la violación del principio constitucional del juez natural, así como la negativa a reconocer a la víctima -a cuyos intereses el Ministerio Público Fiscal representa- "...el derecho internacionalmente reconocido al recurso o acceso a la jurisdicción, que en ambos casos habilita la interposición del recurso extraordinario federal (Arts. 238 inc. a) y 248 inc. 1), 2), y 3) del C.P.P.; y 2° inc. a) y 29 de la ley 2893)..." (fs. 1), por lo que considera que la resolución en crisis debe ser nulificada.

Luego de señalar los antecedentes del caso (fs. 302 vta./303 vta.), expone como fundamentos para la admisibilidad de su impugnación, que la resolución del Tribunal de Impugnación es de las expresamente declaradas como recurribles por el artículo 238 inc. a) del C.P.P., por errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros.

Afirma que la resolución cuestionada le causa un gravamen irreparable porque la denegatoria del recurso, en violación a las normas y jurisprudencia local e internacional, donde se designaría un Jurado que no resulta ser el Juez Natural y la realización del Debate en una sede que no es la que marca la ley, resulta de imposible reparación ulterior.

Sostiene que dicha resolución pone en crisis la validez de las Constituciones Nacional y Provincial, y de los arts. 25 y 238 del Código Procesal Penal del Neuquén y 2° inc. a) y 29 de la ley 2893, que regulan el Juicio por Jurados y por ende el debido proceso penal (art. 248 inc. 1 del C.P.P.N.); normas constitucionalmente amparadas del Juez Natural, del debido proceso legal y del derecho a los recursos por parte de las víctimas (art. 248 inc. 2 del C.P.P.N.); y además, desconoce y se opone abiertamente a la doctrina que mana del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, de la Corte Suprema de Justicia Nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resultan de aplicación obligatoria para los Tribunales nacionales (art. 248 inc. 3 del C.P.P.N.).

Al exponer los fundamentos de la impugnación extraordinaria que intenta, expresa: 1) que la resolución le deniega el derecho al recurso que, como Órgano de control de legalidad, garante de los derechos y representante de los intereses de las víctimas, le caben al Ministerio Público Fiscal; 2) que la resolución del Tribunal de Impugnación pretende hacer un análisis exhaustivo, sobre las pautas de viabilidad formal de los recursos por parte del Ministerio Público Fiscal, pero olvida la norma del art. 238 inc. a) del C.P.P., cuando lo que estaba en discusión era la errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros, pretensión original que desoyó el Juez de Garantías; 3) pone en crisis la participación y el rol que le cabe al Ministerio Público Fiscal, desconoce la expresa manda de los arts. 2 inc. a) y 29 de la Ley Orgánica del MPF, al sostener que solo en las circunstancias y condiciones del art. 241 del C.P.P. puede recurrir el Ministerio que representa, careciendo de vía recursiva fuera de lo dispuesto por dicho artículo, y que la misma se encuentra limitada desde el punto de vista objetivo y subjetivo; y 4) finalmente, considera a la resolución del Tribunal de Impugnación como carente de fundamentación, al no dar motivo por el que se tiene por suficientemente fundado lo resuelto por el juez de Garantías, en cuanto a la integración del jurado en el caso, ni para descartar los fundamentos de su Ministerio para rechazar aquélla resolución.

Luego a fs. 5 vta., y en el acápite "3)" cuestiona la resolución, considerando que violenta el derecho al recurso de su parte, en tanto sostiene que no ha logrado demostrar el agravio procesal que la misma le provoca y, consecuentemente se le está vedando el derecho al recurso de la víctima, al desconocer la manda del artículo 29 de la Ley Orgánica del MPF.

Finalmente, en el acápite "4)" -fs. 6 vta./7-, expresa que el Tribunal de Impugnación no sólo desconoce, sino que se opone a la doctrina de este Tribunal (Cfrme. R.I. 23/2009, del 6/9/09), de los Fallos de la CSJN, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que le niega, sin evaluar en forma íntegra el conjunto normativo provincial, nacional e internacional de las facultades recursivas que le asisten en resguardo de la legalidad y representación de los derechos de las víctimas.

III.- Sentado así los motivos de la impugnación deducida y de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal de Impugnación, se impone el estudio de los recaudos mínimos de procedencia formal del remedio intentado, atento al principio general de las impugnaciones establecido en el artículo 227 del C.P.P.N.

Veamos.

De conformidad con lo establecido por el art. 227, del Código de rito: "Las decisiones judiciales sólo serán impugnables en los casos, por los motivos y en las condiciones establecidas por este Código. El derecho de impugnar una decisión corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado. Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio".

Con ello, en nuestro sistema procesal, se consagra el principio de taxatividad de los recursos. En este sentido, se ha indicado que "(.) el código establece taxativamente las resoluciones jurisdiccionales recurribles (.), de modo genérico (.) o específico (.), por quiénes y mediante qué recurso en particular. A más de ello, exige la observancia obligatoria de requisitos de tiempo y forma para su interposición, que varían según el recurso de que se trate (.)" (Cfr. Cafferata Nores, José I.; Tarditti, Aída "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Comentado", Editorial Mediterránea, Tomo 2, pág. 357).

En el presente caso, a poco que se repasa la lectura de la resolución recurrida, se advierte que la misma resuelve declarar la inadmisibilidad de la impugnación ordinaria, por motivos formales, razón por la cual, no se avocó a resolver la cuestión de fondo planteada por el recurrente y sobre sus agravios, sin perjuicio de algún párrafo del decisorio en crisis, que considera fundada la primigenia resolución del Juez de Garantías, que motivó el presente trámite.

Obsérvese que en el punto IV) de la resolución del Tribunal de impugnación, se establece que: "...en primer lugar corresponde analizar si la impugnación deducida contiene los recaudos mínimos de procedencia. Siguiendo la opinión del Tribunal Superior de Justicia...en la causa "Landaeta?..." (fs. 316).

En función de lo expuesto y de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal de Impugnación, se considera que se ha denegado la impugnación ordinaria, en los términos del art. 32, inc. 1°, segundo supuesto del C.P.P.N., lo cual determina que el remedio procesal que correspondía interponer a la parte, que se consideró perjudicada con tal resolución, era el la queja por recurso denegado, regulado en los arts. 250 y siguientes del mismo cuerpo legal.

Respecto a la procedencia de tal remedio, la norma mencionada en último término, claramente dispone que: "Cuando sea denegado indebidamente un recurso que procediere ante otro órgano judicial, el recurrente podrá presentarse en queja ante este, a fin de que lo declare mal denegado" (art. 250 del C.P.P.N.).

Adviértase, que el mismo recurrente en esta instancia al exponer sus agravios sostiene que el a quo rechazó indebidamente su recurso por considerarlo carente de legitimación para recurrir y que la resolución que cuestionaba no era de las expresamente enumeradas como recurribles, lo que determinó que el análisis y la fundamentación brindada por el Tribunal de Impugnación se ciñera exclusivamente a los requisitos de forma de la impugnación ordinaria, sin pronunciarse, en concreto, sobre la dictada por el Juez de Garantías. Más aún, si uno de los motivos de impugnación es que se le denegó el derecho al recurso. Todo lo cual determina, que se ha errado en el remedio intentado, y corresponde en consecuencia, no resolver sobre el mismo.

En el mismo sentido se ha dicho que: "El error en la vía impugnativa seleccionada por el recurrente no admite subsanación por el órgano (CNCP, Sala I, JPBA, 114-132-263, siendo nulo el auto que conceda una impugnación distinta de la interpuesta [CNCP. Sala III, JPBA, 115-91-218...])" (Navarro, Guillermo Rafael- Daray, Roberto Raúl, Código Procesal Penal de la Nación, análisis doctrinal y jurisprudencial, Ed. Hammurabi, 3ª. Ed. pg. 1266).

Por lo demás, la interposición del remedio correspondiente, hubiera permitido a esta Sala, analizar si el recurso presentado ante el Tribunal de Impugnación, fue correctamente denegado, en los términos de los arts. 32 y 250 del Código del rito.

Por todo ello, esta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia; RESUELVE: I) Declarar IMPROCEDENTE la impugnación extraordinaria concretada por el Dr. Fernando Guillermo Rubio, en su rol de Fiscal Jefe de la Unidad Operativa IV y dirigida contra la sentencia del Tribunal de Impugnación obrante a fs. 314/318.

II) Notifíquese, regístrese y hágase saber de ello a la Oficina Judicial a los fines pertinentes.

Dr. ANTONIO G. LABATE - Dra. GRACIELA M. de Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario.