Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-09-13


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los trece días del mes de septiembre de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "RIQUELME, Estela Edid c/Escuela Nº 176 "San Vicente de Paul" y/o quien resulte responsable S/ ACCION DE AMPARO".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. Carubia, Mizawak y Chiara Díaz.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente cuestión:

¿Qué corresponde resolver? A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CARUBIA DIJO:

I.- Contra la sentencia definitiva dictada a fs. 217/218 por esta Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que no hizo lugar a la acción de amparo por ella promovida contra la Escuela Privada Nº 176 "San Vicente de Paul" de Concepción del Uruguay, se alza -mediante apoderada- interponiendo recurso extraordinario para ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 222/228) procurando su concesión.- II.- La pieza impugnativa, luego de reseñar la observancia de los aspectos rituales relativos a la interposición del especial recurso intentado, atribuye violación al principio de debido proceso, violación al principio de defensa en juicio, violación a la regla de la sana crítica, omisión tratamiento de inconstitucionalidad art. 22 Ley 6402/79, excesivo rigor formal, violación art. 18 y 42 de la Constitución Nacional, violación a la Ley 23.592 y, violación a la estabilidad del docente art. 259 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.- Aduce que la sentencia recurrida pone fin al proceso convalidando errores judiciales, en cuanto a la apreciación de la prueba.- Cita en abono de su postura un reciente fallo de la corte Suprema de Justicia de la Nación, 22.092 CS. 2004/08/24 "Atanasof, Alfredo s/Recurso Extraordinario".- Entiende que el presente juicio queda perfectamente incluido en el concepto de sentencia arbitraria, según los parámetros de la Corte Suprema de Justicia ya que surgen dos supuestos con claridad, el primero: se omite decidir cuestiones debidamente planteadas (ley 23.592 y decretos ley 6002 y 6094) sobre discriminación y la violación de la estabilidad laboral de la misma fijada en la norma legal.- Manifiesta que resulta clara la vulneración a la ley, al debido proceso y a la defensa en juicio, cuando no se resuelve cuestiones de hechos fundamentales para una sentencia constitucional, basada en los principios de nuestra carta magna y principios generales del derecho, agraviándose con una sentencia arbitraria e ilegal a todas luces.- Intenta -arguye- que la Corte Suprema de Justicia disponga una sentencia ejemplar basada en los principios constitucionales, revoque el fallo del S.T.J. y revise las cuestiones de fondo planteadas y de hecho y derecho omitidas en la valoración de la prueba ofrecida y los hechos enunciados y denunciados por su parte, conforme lo efectuó en el precedente "Guzmán, Roberto Luis c/Transportes Unidos de Merlo S.A.C.I.e I. Contrato de seguros".- Con citas de pronunciamientos del Tribunal y doctrina que entiende aplicable a su caso, finaliza peticionando se conceda el recurso extraordinario federal, se revoque la sentencia recurrida con costas a la contraria.- III.- Corrido traslado a la demandada, contesta (fs. 232/242 y vta.) oponiéndose al progreso del recurso deducido, argumentando inexistencia de la invocada cuestión federal, formulando una amplia crítica a las argumentaciones de la accionante, la ineptitud del agravio invocado para habilitar su procedencia y refutando todos y cada uno de los agravios invocados por la actora con citas de profusa jurisprudencia.- IV.- A su turno, el Ministerio Público Fiscal (fs. 244/245) considera en primer lugar, que -si bien de un modo harto escueto- fueron satisfechos los recaudos formales de interposición del recurso, habida cuenta que, al momento de la introducción de la demanda se efectuó en ella expresa referencia de ocurrir ante el máximo órgano jurisdiccional nacional en el supuesto que el juicio le resultara adverso, opinando que este aspecto como asimismo la temporaneidad de la interposición, se verifican cumplidos.- Amén de ello, considera que debe denegarse su concesión porque -en apretada síntesis- entiende que los fundamentos recursivos no demuestran la existencia de una cuestión federal, que el pronunciamiento recurrido se sustenta en la interpretación y aplicación de normas de derecho común y local, excluida del control de la Corte Suprema, salvo supuestos vicios de arbitrariedad o absurdidad que no advierte presentes en la factura impugnada, la cual estima adecuadamente fundada, precisando por qué el reclamo, del modo como fue planteado -esto es: con absoluta exclusión de quien ejerce el cargo que la actora pretende- es inviable, circunstancia que aventa toda posibilidad de situarnos ante un fallo que pueda ser tildado de arbitrario.- Sostiene que se advierte que al insistir la recurrente con planteamientos extraños a lo expresado por la Sala, en lugar de refutar cabalmente la única y verdadera razón esgrimida para el rechazo de la acción, va de suyo: la defectuosa integración de la litis, sus agravios en nada afectan o conmueven al acto sentencial.- Concluye que no es posible aceptar -ni siquiera merced a una muy laxa interpretación- que exista alguno de los vicios o irregularidades invocados genéricamente y sin suficientes fundamentos por la recurrente, considerando que debe denegarse la concesión del recurso interpuesto.- V.- Resumidas así las posiciones de las partes y del Ministerio Público Fiscal corresponde ingresar al análisis de la admisibilidad formal de la articulación impugnativa formulada y verificar ab initio, que su examen formal no revela cumplimentados, en términos generales, los requisitos exigidos por la reglamentación vigente (cfme.: Ac. 4/2007, CSJN), así como los emergentes de la normativa de los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y cabe reparar aquí, sin caer en excesivo rigorismo formal, en la circunstancia de que no todas las fojas del memorial de interposición (fs. 222/228) contienen la cantidad de renglones (26) exigidos en el art. 1º de las Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal (Ac. 4/2007, CSJN).- Por lo demás, debe acotarse que la vía elegida por la recurrente, es de naturaleza excepcional, de aplicación restringida y circunscripta a la existencia de "cuestión federal". Así, el citado art. 14 limita esta impugnación a las sentencias definitivas emanadas de Superiores Tribunales de Provincia, cuando en ella pueda verse plasmada alguna de las situaciones previstas en cualquiera de sus tres incisos. Es decir, que el objetivo fundamental del recurso extraordinario federal es afirmar la supremacía de la Constitución Nacional; lo que esté fuera de este ámbito, como las normas de derecho común o de fondo, las normas de derecho procesal local, o casos que versen sobre cuestiones de hecho, en principio, su aplicación, interpretación y tratamiento compete a los tribunales ordinarios resultando, por ello, materia excluida de esta impugnación extraordinaria, salvo supuestos de arbitrariedad o gravedad institucional.- Establecidos así los parámetros dentro de los cuales corresponde examinar si es viable o no la apertura de la instancia extraordinaria pretendida, cabe mencionar que, en aras de establecer la concurrencia de los mismos, arguye la recurrente que los requisitos básicos para su interposición se cumplieron porque se ataca, dentro del plazo legalmente establecido, una sentencia definitiva emanada del Superior Tribunal de Provincia aduciendo la existencia de cuestión federal en relación directa con la materia y solución dada al caso, contraria a los derechos federales invocados -violación al principio de debido proceso, violación al principio de defensa en juicio, violación a la regla de la sana crítica, omisión tratamiento de inconstitucionalidad art. 22 Ley 6402/79, excesivo rigor formal, violación art. 18 y 42 de la Constitución Nacional, violación a la Ley 23.592 y, violación a la estabilidad del docente art. 259 de la Constitución de la Provincia de E.R.- y, asimismo, invoca la causal de "arbitrariedad".- Corresponde destacar que si bien es cierto que el recurso se interpone en legal tiempo, debe señalarse liminarmente que no expone configurado en el sub judice un real supuesto de "cuestión federal" por verdadera vulneración de las garantías del debido proceso ni de defensa en juicio.- Asimismo, es de naturaleza excepcional la causal de arbitrariedad para habilitar la instancia extraordinaria, por lo cual la revisión por tal vicio no puede tener por objeto el abrir una nueva instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas (Fallos 295:420 y 618; 304:268 y 376) -tal como lo pretende la parte recurrente- y sólo atiende a la exigencia constitucional de que los fallos sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las constancias de la causa, esgrimiéndose este agravio descalificante con sustento sólo en la disconformidad de la impugnante, por lo que tampoco tal causal habilita la apertura de esta vía extraordinaria.- En numerosos precedentes esta Sala se ha sostenido que, siendo la tacha de arbitrariedad excepcional, no hay un verdadero planteo de sentencia arbitraria si los agravios del recurrente sólo manifiestan su discrepancia con los criterios de selección y valoración de las normas que han utilizado los jueces de la causa.- Además de ello -que exhibe autonomía suficiente para descalificar la admisibilidad de la impugnación en examen-, es necesario poner de resalto que el libelo recursivo carece por completo de una crítica razonada de los reales fundamentos que sustentaron el fallo atacado y omiten una leal interpretación de mismos, los cuales, precisamente, hacen hincapié en por qué el reclamo amparista resulta inviable del modo en que fue planteado, es decir, con errónea integración de la litis, al omitir traer al proceso, excluyéndola, a quien ejerce el cargo que la actora pretende; cuestiones éstas por completo extrañas a la competencia de excepción del Alto Tribunal Federal.- Por otra parte, la prevalencia de normas en la cual la parte actora-recurrente pretende fundar la "supuesta" arbitrariedad, en primer lugar no tiene la relevancia que los quejosos le quieren otorgar ni bajo aspecto alguno podría suscitar agravio federal. Las que se ventilan son cuestiones de derecho público local; volviendo a repetir ahora los argumentos fundantes de la pretensión esgrimida oportunamente, sin lograr enhebrar una crítica sustentable contra los puntuales fundamentos del pronunciamiento, evidenciando que nunca interpretó ni asimiló la recurrente el mensaje que emerge de él ni las peculiaridades que caracterizan a los recursos extraordinarios que no constituyen la vía de acceso a una nueva instancia ordinaria de mérito ante la cual se pueda someter a conocimiento y decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el originario planteo pretensivo de la demanda.- VI.- Tales consideraciones me conducen inexorablemente a concluir que el recurso extraordinario bajo examen resulta palmariamente inadmisible y corresponde denegar su concesión para ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, debiendo la recurrente soportar la totalidad de las costas devengadas por su impugnación.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta la sra. Vocal Dra. MIZAWAK expresa:

Resumidos los antecedentes del caso por el colega ponente ingreso directamente al tratamiento de la cuestión propuesta verificando, en primer término, si la impugnación deducida en autos reúne los requisitos de admisibilidad, con arreglo a las disposiciones previstas en los arts.14 y 15 de la Ley Nº 48.- Así, dentro de los parámetros resumidos por el Dr. Carubia en los dos primeros párrafos del punto V.- de su voto corresponde analizar la cuestión traída.- La decisión atacada, en cuanto confirmó el rechazo de la demanda por un defecto de proponibilidad subjetiva de la pretensión, se basó en el análisis e interpretación de las constancias obrantes en autos, lo que es insusceptible de arribar a la instancia extraordinaria pretendida ya que escapa al control de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por no constituir un supuesto de "cuestión federal.- Se ha invocado también la existencia de "arbitrariedad" en los fundamentos del resolutorio recurrido y, en principio, no podría el mismo Tribunal que ha dictado la sentencia decidir si su propio fallo reviste o no aquel carácter.- Sin embargo, sí se encuentra dentro de sus potestades, examinar si el planteo efectuado podría eventualmente encuadrarse dentro de alguna de las hipótesis que la doctrina y jurisprudencia han considerado que configuran "sentencia arbitraria" -cftr. doctrina de esta Sala in re "MOREIRA, Juan A." (29/03/11)-.- Al respecto nos enseña el maestro SAGÜES que "el tribunal de la causa no debe decidir, al conceder el citado recurso, si dictó una resolución arbitraria. Le toca auscultar, en cambio, si el recurrente invoca un supuesto específico de arbitrariedad; y si tal supuesto cuenta con una fundamentación seria, eventualmente viable, y conectada con la sentencia pronunciada en autos. De tipificarse tales extremos (y cumplidos, por supuesto, los recaudos formales de admisibilidad) debe conceder el recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema quien decida si la arbitrariedad alegada existe o no" (en Derecho Procesal Constitucional - Recurso Extraordinario, t.2, Astrea, 1992, pág.503).- Dentro de lo limitado de tal examen se impone precisar que el resolutivo cuestionado en cuanto confirmó, por sus propios fundamentos, el fallo dictado, se basó en la interpretación que podía dar dentro de sus facultades jurisdiccionales a las circunstancias probadas en el caso de acuerdo a las normas locales vigentes, sin demostrar el recurrente el apartamiento de su contenido de las reglas lógicas o una carencia de fundamentación que impida, considerarlo como un acto jurisdiccional legítimo (Fallos 270:176; 288:113; 295:278 301:542 y 303:1306), por lo que el mismo no aparece, en principio, como arbitrario en los términos denunciados por el quejoso.- Por las razones expresadas propicio también se deniegue la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto, con costas.- Así voto.- A su turno el Señor Vocal Dr. CHIARA DIAZ manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz -	SENTENCIA:

Paraná, 13 de septiembre de 2011.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) DENEGAR la concesión del recurso extraordinario interpuesto a fs. 222/228 por la parte actora contra la sentencia definitiva dictada a fs. 217/218 vta. por el Superior Tribunal de Justicia de Feria de Entre Ríos.- 2º) IMPONER las costas de la incidencia a la actora/recurrente vencida.- 3º) DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales hasta que se determinen los correspondientes a la primera instancia.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz - Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA**	Rubén A. Chaia	Secretario