Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


M., G. C.

Reg.: A y S t 212 p 224-231.

En la ciudad de Santa Fe, a los ocho días del mes de marzo de dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Roberto Héctor Falistocco y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "M., G. C. -Homicidio- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J.

Nro. 459, Año 2005). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?.

Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea doctores Vigo, Spuler, Falistocco y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 209, pág. 177, esta Corte admitió la queja y, en consecuencia, concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de G. C. M., por las razones entonces expuestas (Expte. C.S.J. Nro. 450, Año 2004, fs. 88/89).

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para apartarme de aquella conclusión provisoria, no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 394/395.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: 1. En la presente causa el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N 1 de la ciudad de Rosario absolvió de culpa y cargo a G. C. M. "en orden al delito de homicidio por el que fuera procesado y enjuiciado en grado de autor, por falta de pruebas suficientes demostrativas de su culpabilidad (art. 5 del Código Procesal Penal)" (sentencia de fs. 339/352 v.).

Para así resolver consideró e no deja de ser "una Por lo expuesto concluyó en que "si bien en su momento el material reunido cubría las exigencias del art. 325 del Código Procesal Penal", ese mismo acervo con más el que después de dicho pronunciamiento se incorporara no permite ahora asegurar con razonable certeza que M. fuese la persona que conducía la moto al momento en que su acompañante "ajusticiaba" a M. L. I.

Apelado que fuera tal decisorio por el Ministerio Público Fiscal, mediante sentencia de fs. 375/379 v. la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal lo revocó "condenando a G. C. M. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado".

2. Contra tal pronunciamiento deduce la defensa técnica de M. recurso de inconstitucionalidad (artículo 1, inciso 3 , ley 7.055), agraviándose de que el mismo es arbitrario toda vez que condena al encartado a partir de una tergiversación de los hechos de la causa, ignorando que la moto secuestrada no es una Honda C-90, sino una Honda 100, y afirmando la existencia de "indicios cuidadosamente reconstruidos que 'inequívocamente' conducen a M.", aunque sin indicar "cuáles son esos 'indicios', e ignorando que el mismo no ha sido reconocido por nadie como el individuo que manejaba la moto, con lo cual la conclusión del vocal de primer voto "está basada en su sola voluntad y no en el análisis de la prueba o de los indicios de la causa".

Expresa que la Alzada afirma dogmáticamente que el testimonio de la señora Z. "es a todas luces creíble" y resulta coincidente "con pautas que conforman el plexo probatorio reunido", sin explicar ni indicar "a qué otras pruebas se refiere"; observa en el punto: a) que "ni la mujer conocida como 'M.' si la otra id Expresa que lo expuesto demuestra que el fallo no se ajusta a las pruebas de la causa, y que priva a M. de su libertad sin más fundamento que el de una caprichosa valoración de aquéllas, extremo que determina la necesaria invalidación de lo decidido a la luz de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias (fs. 1/7, expte. 1432/04).

Evacuado el traslado respectivo (fs. 10/12 v), la Sala denegó la concesión del recurso interpuesto por auto de fs. 13/14, accediendo la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja, como se expresara al tratar la primera cuestión.

3. El estudio del expediente me convence de que la impugnación merece favorable acogida en esta instancia, pues si bien los agravios planteados remiten al examen de cuestiones -como lo son las vinculadas con la valoración de hechos y pruebas- que por su naturaleza resultan ajenas en principio al recurso reglado por la ley 7.055, corresponde hacer excepción a dicha regla cuando lo decidido ha supuesto transponer efectivamente el límite de razonabilidad a que está subordinada la referida valoración (vide Fallos, 300:928; 311:948 y 2547; 314:174, etc.), con ignorancia de concretos principios de inequívoca concurrencia en el caso, lo que transgrede la adecuada fundamentación de los fallos judiciales como exteriorización del cumplimiento de la garantía del debido proceso y torna procedente la anulación del fallo por no reunir el mismo las condiciones mínimas necesarias para asegurar el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

En el caso -cabe En ese orden recordó el testimonio de L. R. Z. -quien afirmara que una persona (de nombre M.) que trabajaba en su casa le había contado que su sobrina, de nombre E., le aseguró que uno de los que había cometido el delito era M.- y "el llamado telefónico efectuado al Juzgado en lo Penal de Instrucción de feria en julio 2003", con "idénticas referencias", versiones "que orientaron hacia el domicilio del imputado y al secuestro de elementos vinculantes con la muerte de I.", entre las cuales se destacó "la ropa de trabajo a la que aludió el padre de la víctima, J. R. I., como que vestía uno de los que se desplazaba en la moto (fs. 51)", "indicio fuertemente incriminante" para M.

También destacó el secuestro, en el domicilio de la madre del imputado, de una moto Honda C-90, color roja, de 100 c.c., "similar a la que describió I. padre", y de una máquina bordeadora "que los ocupantes de la moto llevaba consigo al momento de los disparos, también aludida por testigos", agregando que "algo similar ocurre con el revólver calibre 22 incautado", pues si bien éste no había sido el arma de la que partió el disparo mortal, "la testigo M. R. G. es ilustrativa en cuanto afirma que se efectuaron en la ocasión diversos disparos, lo que brinda andamiento a la utilización en la escena del crimen del arma homicida y otra más".

Tras aludir a "las irregularidades propuestas por M. al mecánico V. para que cambie la fecha de los recibos del arreglo de la moto (...) todo indiscutiblemente orientado a desfigurar la prueba de descargo", concluyó en que "todo lo anterior da cuenta de la mendacidad de M.", de quien no podía decirse que "no haya sido uno de los protagonistas del crimen, ya que su versión ha resultado desmerecida", por sus cambiantes dichos y las contradicciones de los testigos propuestos para sustentar su coartada.

"En consecuencia, las pruebas colectadas, entre otras, la descripción que hace J. R.

I. del aspecto físico del autor material del homicidio, muestran fehacientemente que G.

C. M. no fue el autor del disparo mortal, sino que lo fue su consorte prófugo en la causa", pero "ello no puede eximir de reproche su accionar", pues "si él conducía la moto", su responsabilidad por el homicidio quedaba determinada por el artículo 45 del Código Penal, sin que ello violentase el principio de congruencia "ya que el núcleo fáctico imputativo fue el mismo", y la intimación del hecho no se limitó a la mera autoría del disparo "sino que fue lo suficientemente amplia para permitir una defensa igualmente amplia comprensiva de las garantías de la defensa en juicio", no pudiendo existir incongruencia cuando "el núcleo fáctico es esencialmente el mismo y no fue alterado", pues "no cabe objetar como facultad del órgano jurisdiccional el cambio de calificación por una incompleta intimación del hecho".

En el caso -prosiguió- "se trata de un hecho al que concurren dos sujetos activos en calidad de coautores, pues intervienen en el momento de ejecución del homicidio con conductas necesarias para la producción del mismo, es decir, ambos tienen cada uno el dominio del hecho que se plasma en la actuación conjunta, incluso a ambos se los ve disparar (testimonio de A. R. G.), independientemente de quien, en concreto, impactó con el disparo de su arma de fuego y dio muerte a la víctima. M. compartió el dominio del hecho funcionalmente con su compañero prófugo; ambos se dividieron roles o tareas de acuerdo a un plan que compartieron y mediante la decisión conjunta o común se vincularon funcionalmente con el aporte de cada uno al hecho criminoso (sic). (...) Ambos actuaron con la voluntad necesaria de ser autores del delito. Además su desempeño -refiriéndose a M.- fue decisivo: para llegar al lugar, aguardan hasta que descerrajen el disparo y para huir, siempre en la moto".

"En síntesis -finalizó-, el secuestro en su poder de la moto utilizada para el delito, de la bordeadora que llevaban al momento del hecho y la ropa de trabajo que responde por sus características a la usual de un trabajador metalúrgico como M., y la contundencia en cuanto al reconocimiento de dichos elementos por parte del padre del occiso, conforma(n) a la luz de la sana crítica pruebas suficientes para tener por acreditado el decisivo aporte del justiciable en la muerte del joven M. I., con relevancia para poner en crisis la sentencia recurrida".

La defensa, conforme se relatara, cuestiona la validez de tal conclusión alegando la insuficiencia de los elementos invocados como prueba, y la ausencia de los pretendidos "indicios inequívocos" que demostrarían la responsabilidad penal de M., objeciones que - vale la pena destacarlo- encuentran asidero suficiente en las constancias de la causa, superando así el nivel de la mera discrepancia con el criterio adoptado por los sentenciantes al fallar, para poner en cuestión la propia aceptabilidad constitucional de lo resuelto por el mismo.

Es que si bien no puede desconocerse que la mera invocación del principio "in dubio pro reo" no es razón suficiente para eludir la necesaria valoración integral de los indicios disponibles (vide Fallos, 316:1717), también es cierto que -conforme reiterada jurisprudencia- la eficacia de la prueba de indicios "depende de la valoración conjunta que se hiciera de ellos teni Y en esta dirección no resisto destacar que resulta a todas luces inadmisible (e insuficiente para cumplir con aquella carga) la invocación de un llamado telefónico anónimo (sobre cuya fecha se yerra), o dichos -por no decir rumores- provenientes de personas que nunca fueron individualizadas ni traídas al proceso, como tampoco puede inferirse -con grado de certeza- que del examen de los efectos secuestrados en los domicilios de M. y de su madre, el justiciable haya efectivamente participado en la ejecución del hecho.

En tal sentido, luce arbitraria la argumentación de la Sala en tanto consideró que, si bien el revólver calibre 32 incautado a M. no podía ser el arma homicida, esto brindaba andamiento a la utilización en la escena del crimen de otra arma de fuego, apuntalando dicha hipótesis en declaraciones de M. R. G.

Mas en ese razonamiento, el Tribunal soslaya la contundente descripción aportada por la citada testigo, según la cual el conductor de la moto tenía "un arma media rara tipo ametralladora porque la tenía que manejar con las dos manos y algo le sobresalía a esa arma de la parte de arriba" (f. 64); como así también prescinde el A quo lo que surge de la pericial balística respecto al posible empleo de un arma de fuego calibre 38 (f. 9), elementos estos que arrojan un manto de duda en torno a la efectiva utilización en el hecho del arma secuestrada.

Asimismo, entiendo que el fallo impugnado merece reproche constitucional desde que el Juzgador no pudo obviar la existencia de versiones encontradas respecto de las características de la bordeadora. En tal sentido, adviértase que mientras I. declarara que ésta tenía una carcaza roja que cubría el motor, G. precisó que aquélla era verde con mango blanco; lo que refleja la ausencia de certeza sobre tal cuestión.

Por otra parte, y en lo que refiere a la ropa de trabajo, tampoco se observa que tal elemento de prueba arroje una indubitable individualización de M. como uno de los autores del homicidio, por ser las prendas secuestradas de uso habitual en un operario metalúrgico como lo era el encartado, omitiéndose -asimismo- el planteo formulado por la Defensa del imputado respecto al divergente color de las prendas que se observa entre el señalado por J. I. y el que surge de la vestimenta secuestrada en el domicilio del justiciable.

En otro orden, y en lo relativo al vehículo que se habría utilizado para llevar a cabo el hecho también merece reproche constitucional la labor efectuada por la Alzada desde que no pudo pasar desapercibida para los Sentenciantes la discordancia existente entre las declaraciones de los testigos I., G. y G., cuando expresaran que los sujetos se desplazaban en una moto C 90, roja, tipo "Econo power", "sin tapa frontal" -para el primero-; lo que dista de guardar correspondencia con la Zanella, roja, a la que hace referencia G., y fundamentalmente con la moto Honda BIS 100 cc, roja, con carenado, secuestrada a M. (cfr. declaraciones de fs. 15, 127 y 180; 19 v. y 64, acta de allanamiento de fs. 72/73 y vistas fotográficas de fs. 274).

Debo señalar también que "lo propio ocurre con las hipotéticas irregularidades denunciadas en cuanto a la fecha de la factura por la reparación de la moto (cuya efectiva realización no cabe desestimar de plano), o el mismo "reconocimiento impropio" efectuado por el señor I. con relación a la única moto que se le presentó en un "muestreo singular" que relativiza la eficacia probatoria de la diligencia respectiva)".

Todo ello me conduce a concluir en que la tesis de la Alz No es ocioso insistir en que el derecho de la sociedad a defenderse del delito se encuentra sujeto a los límites impuestos por el Estado de Derecho, y que -como se lee ya en la Magna Carta de 1215- para que un hombre pueda ser encarce Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada.

Disponer la remisión de los autos a la Sala que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco y Gastaldi dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro decano doctor Vigo y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas. Disponer la remisión de los autos a la Sala que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: VIGO-GASTALDI-FALISTOCCO-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria).