marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización, valor vida, daño moral, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: BLANES DE SANCHEZ, ROSA M. c/ ECHEGARAY, JULIO A. Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-23

La denominada tesis del "valor vida" entiende que la vida humana carece de un valor económico per se, por ser inconmensurable y referida siempre a la dignidad de la persona humana, lo cual no impide la indemnización del daño en cuanto aquella es "fuente actual o potencial de bienes". Por lo tanto, este rubro como el que llama la actora "valor vida útil", será conceptualizado como daño emergente o lucro cesante, independiente del resarcimiento del daño moral.
Encubrimiento, ministro de economía, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: Miceli, Felisa Josefina s/ inf. art. 277 inc. 2° en función del inciso 1° "c" y agravado por el inciso 3 "d" en concurso real con el delito previsto en el art. 255, ambos del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-06

Corresponde condenar a un ex ministro de economía de la Nación en orden al delito de encubrimiento por receptación, agravado ser cometido por funcionario público y en ocasión de sus funciones, (en concurso material con el de sustracción y ocultación de objetos custodiados, agravado por haberse cometido con abuso en el ejercicio de un cargo público) pues se acreditó que el dinero hallado en su despacho privado durante una inspección de seguridad llevada a cabo por personal de la Dirección de Explosivos de la Policía Federal (100 mil pesos), no era de su propiedad tal como alegó, sino que pertenecía a una Financiera cuyo egreso no había sido registrado, lo que revela que, el delito encubierto es el de administración fraudulenta previsto por el art. 173, inc. 7° del Código Penal, cometido por personal de la financiera, quien en una franca violación de los deberes a su cargo y por sus medios o con la complicidad de terceros, desvió el dinero de la cadena que necesariamente debía seguir según los protocolos internos de la empresa, omitiendo asentar dichos movimientos en los registros correspondientes. Máxime cuando el imputado no podía desconocer que el dinero se encontraba destinado, necesariamente, a una entidad crediticia o bancaria determinada ya se hallaba termosellado y numerado con el logo del Banco Central de la República Argentina, y por ende, no podría haber llegado de ninguna forma lícita a sus manos, salvo que legalmente hubiera efectuado una transacción con la financiera en cuestión, lo que nunca ni siquiera fue alegado por la defensa.
Aplicación de la ley, licitación pública
Materia: PENAL
Carátula: Palermo Salud S.A. c/ Lotería Nacional sociedad del estado y otros s/ proceso de conocimiento y acumuladas : causa N° 5.868 / 05 / CA2 y causa N° 8.700 / 06
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-07

La denominada "ley de la licitación" está formada por el pliego -donde se especifican el objeto de la licitación y los derechos y obligaciones del licitante, de los oferentes y del adjudicatario- las notas de aclaración o reserva que hayan sido aceptadas y el contrato celebrado de un todo de acuerdo con las condiciones iniciales (Fallos: 333: 1192). Interpretarla y ejecutarla implica atender al plexo de obligaciones que las partes entendieron asumir o pudieron entender obrando de buena fe (art. 1198 del Código Civil y doctrina de Fallos: 315:158; 316:212; 323:1321, entre otros).
Contratos comerciales, interpretación del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: NESTOR CARDOSO c/ ARMANDO QUIRINO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-30

Cuando los términos de un contrato son claros y terminantes, cabe limitarse a su aplicación sin que resulte necesaria una labor hermenéutica adicional.
Recurso contencioso administrativo, recurso de reposición (procesal), honorarios, base regulatoria, transacción, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Vargas, Telmo Ramón c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción-Revocatoria  (Expte.: C.S.J. Nro. 163 año 1984)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-12

Corresponde rechazar la revocatoria interpuesta por el letrado contra el auto regulatorio de sus honorarios por haberse tomado como base el acuerdo logrado entre la demandada y el nuevo apoderado del actor, siendo dicho monto inferior al que invoca como aplicable -esto es, el artículo 8, inc. a) de la ley 6767-, desde que -contrariamente a lo sostenido por el quejoso-, el caso queda comprendido en la norma específica del inciso m) de dicho artículo.

En este sentido, tratándose de transacciones, la norma determina que la regulación ha de efectuarse tomando como base el valor de la misma, consagrando un límite, como garantía para los curiales, del cincuenta por ciento del monto de la demanda; barrera que el recurrente no ha logrado demostrar que se viole en la especie.
Contrato de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Dubied, Avelino A. c/ Super S.A. s/ Indemnizaciones y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-09-30

La Convención Colectiva de Trabajo Nº 151/91 se orientó a establecer las condiciones de trabajo en las plantas de procesado de aves, alcanzando las diversas actividades que le son inherentes a lograr su fin, pero sin que puedan extenderse más allá de las que, como tales, señalaron las partes intervinientes en las normas que componen el acuerdo. Estas, de ningún modo, comprenden al personal que se desempeña en granjas productoras de pollos o de reproductoras, las cuales deben regirse por las normas contenidas en la resolución de la Comisión Nacional del Trabajador Agrario Nº 170 /89 y, supletoriamente, por el régimen autónomo de la ley 22.248.
Recursos, deserción, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: QUILES, DANIEL c/ LACENTRE, BUENO PEDRO s/ INTERDICTO DE RECOBRAR DE RECOBRAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1984-10-08

La declaración de deserción del recurso por insuficiencia de agravios debe ser de aplicación restrictiva.
Injurias, animus injuriandi
Materia: PENAL
Carátula: GRASSO, HORACIO s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-11

El art. 110 del CP, en su faz subjetiva, requiere la intención expresa de agraviar, el animus injuriandi, es decir que las expresiones sean manifiesta e inequívocamente destinadas a lesionar el honor, pues sólo de este modo puede pensarse que son dirigidas con voluntad de ofender.
Revocación de sentencia, designación de perito, competencia, violencia de género, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL-DERECHOS HUMANOS-CONSTITUCIONAL
Carátula: V., V.  c/  s/ ley 26.485 (Causa Nº 42.566/2022)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-06

Perito.

Magistrado que no hizo lugar a la designación del perito propuesto por la querella por no estar inscripto en el listado de peritos judiciales.

Vocal Lucero: Normativa que establece que los peritos de parte deben estar inscriptos en la lista formada por el órgano judicial competente (art. 254 del C.P.P.N.). Acordada 2/2014 que ha establecido que esa habilitación se da a través del "Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal". Padrón que permite controlar los requisitos necesarios para ejercer la actividad correspondiente asegurando la habilitación de los profesionales que se inscriban en tiempo y forma para desempeñarse en sus especialidades, ejercer su control de idoneidad y asimismo establecer que no se encuentren afectados por alguna inhabilidad, en virtud de lo previsto en el artículo 255 del código de forma. Hecho que, por sus características, encuadra en una violencia de género, lo que implica que deban contemplarse los estándares convencionales y constitucionales correspondientes. Necesidad de evitar la revictimización y atender las situaciones de las personas víctimas. Participación de una persona experta de confianza de la víctima como consultor técnico en los términos y con los alcances previstos en el artículo 458, siguientes y concordantes, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permitiría conciliar el interés estatal previsto en el Código Procesal Penal y el de la parte.

Vocal Laíño: Falta de inscripción del experto en los listados que no es un obstáculo para actuar en una causa penal. Requisito que importa una limitación a la garantía de defensa en juicio y con ello, al debido proceso. Parte que puede designar como perito al profesional de su confianza.

Vocal Scotto: Deja a salvo su opinión en cuanto a que los peritos, como asesores técnicos, deben estar inscriptos en los listados y dirime la disidencia suscitada adhiriendo a la propuesta del vocal Lucero -consultor técnico- con las limitaciones del artículo 471 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Revocación. Profesional que podrá actuar en condición de consultor técnico, según las previsiones del artículo 458 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Demanda, ampliación de la demanda, acumulación de procesos, estado de la causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Distribuidora Química S.A. c/ Estado Nacional s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Si al reformular la actora la demanda el otro litigio estaba en estado de dictar sentencia, ello obstaba a la acumulación de los procesos, ya que elementales razones de orden y economía en el trámite descartan la posibilidad de admitir la tramitación conjunta de dos o más juicios cuando se encuentran en diferentes etapas procesales (art. 188, inc. 4º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Intereses, tasas de interés, tasa activa, emergencia económica
Materia: CIVIL
Carátula: PUSTERLA, RODOLFO NORBERTO R. c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) -COBRO DE PESOS LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 594 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-24

Las disposiciones de la Ley de Convertibilidad que mantienen plena vigencia, se propusieron evitar la repotenciación de las deudas. Por ello debe prevenirse que, a partir de la aplicación de elevadas tasas de interés, se burle dicho propósito legal. Por tal motivo, la fijación de una tasa activa sólo resulta -por regla- indubitable cuando existe una disposición legal habilitante; cuando así se ha convenido o bien cuando quien la pretende acredita de modo fehaciente que corresponde una distinta a aquélla que normalmente compensa el crédito en mora.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bavaud, José M. y otro c/ López, Sol y otra s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

Si el conductor que no mira si por la calle a la que ingresa viene alguien puede ser declarado culpable, igual calificativo vale para quien piensa que puede atravesar el cruce sin inconvenientes, pese a la "proximidad" del vehículo que alcanzó a distinguir (arts. 375,421 Cód.Proc., 512, 1067 y 1113 párrafo 2º "in fine" Cód.Civil).-
Sistema acusatorio, facultades del fiscal, Ministerio Público Fiscal, portación de armas, armas de uso civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Lazarte, Emiliano y otros c/  s/ 189 bis, Portación de arma de fuego de uso civil s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Conforme las previsiones de los arts. 13.3, 106, 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rige en el ámbito local el sistema acusatorio y la inviolabilidad de la defensa en juicio (cf. art. 13.3, CCABA), como también la autonomía funcional y autarquía del Ministerio Público Fiscal dentro del Poder Judicial, cuya función consiste en promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velando por la prestación del servicio de justicia y debiendo procurar, ante los tribunales, la satisfacción del interés social (cf. arts. 124 y 125, CCABA). En ese marco, el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo el ejercicio de la acción pública y el proceso penal está diseñado de forma tal que asegura una separación estricta entre las funciones de acusar y sentenciar, separación que además viene a resguardar la imparcialidad y la defensa en juicio (cf. art. 4, CPPCABA). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, ejecución de sentencia, juicio de desalojo, condominio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Tropicom S.A. c/ Bodegas Edmundo J. Navarro Correas S.A. s/ Desalojo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Es arbitrario el pronunciamiento que - al confirmar parcialmente el de primera instancia - dispuso el desalojo de la demandada, si ello importó un apartamiento inequívoco de lo decidido en la sentencia definitiva dictada en el juicio de desalojo, proceso en el que nada podía haberse dispuesto respecto al derecho de aquélla a permanecer como poseedora a título de condómina en la propiedad cuya mitad indivisa había adquirido en el curso del proceso.
Revisión judicial, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cámara Minera de Jujuy y otra (Provincia de Jujuy) c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-30

Las consecuencias del control judicial sobre las actividades ejecutiva y legislativa suponen que el requisito de la existencia de un "caso o controversia judicial" sea observado rigurosamente para la preservación de la garantía de la división de poderes, siendo éste requisito aplicable a las acciones meramente declarativas, lo que excluye la posibilidad de dar trámite a pretensiones, en tanto las normas o actos de otros poderes no hayan dado lugar a un litigio contencioso para cuyo fallo se requiera el punto constitucional propuesto.
Acción de amparo, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marco Jorge Raúl c/ S.G.P.E.R. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-02-29

El actor, siguiendo una estrategia por completo incompatible con la específica acción de excepción promovida, voluntariamente interesó se lo sometiera cautelarmente al régimen del Programa de Unificación Monetaria, cuyos eventuales resultados exceden palmariamente la posibilidad de hacer jugar sus efectos en el estrecho y acotado marco del proceso de amparo incoado, ya que ello implicaría una significativa variación del originario objeto procesal determinado por la pretensión actoral sobre la que se trabó la litis en la causa, afectando severamente el principio de congruencia y, por otra parte, neutraliza con sus propios actos el invocado agravio amparista motivante de la promoción de la acción de autos, toda vez que somete voluntariamente a los dispositivos de la normativa cuya ilegitimidad denunciara, direccionando ahora su pretensión al logro de una compensación que equipare el valor percibido por el rescate de los Bonos "Federal" con el valor nominal de éstos con más sus intereses legales devengados al vencimiento, lo cual, además de encontrar otras vías procedimientales idóneas y eficaces contempladas en el derecho común que impiden la admisibilidad de la acción de amparo, contradice la originaria invocación de la existencia de un verdadero agravio amparista susceptible de ocasionar una ilegítima lesión de un derecho o garantía constitucional irreparable por otra vía de protección. Por ello se revoca el pronunciamiento, declarando la competencia material de los tribunales ordinarios de la Provincia y se rechaza la acción en razón de su manifiesta inadmisibilidad.
Requerimiento de elevación a juicio, cambio de calificación legal, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: ALMIRÓN, Miguel Ángel y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

La inmutabilidad de la acusación, representada por el requerimiento de elevación o por el auto de remisión, tiene específica excepción en la norma del art. 381 CPPN, es decir, el procedimiento previsto en el artículo citado precedentemente admite la modificación de la hipótesis delictiva reprochada a los imputados, no encontrándose limitada únicamente al cambio de calificación. No es el cargo funcional que ostentara el imputado aquello que fundamenta su responsabilidad criminal, sino el hecho de que, desde aquella posición deviene absolutamente irrazonable imaginar que desconociera hechos que ocurrían precisamente en el ámbito físico-Comisaría- en donde ejercía la máxima autoridad policial.
Requerimiento de elevación a juicio, descripción de los hechos, debate, principio de congruencia, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Onofri, Eduardo Andrés s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-26

"Es preciso que haya correlación entre la acusación y la sentencia de acuerdo a la regla del art 401 del Código de rito, ello supone que el núcleo fáctico ha de ser congruente con el del fallo del Tribunal de mérito. La trascendencia fundamental del requerimiento del Ministerio Fiscal como del auto de elevación a juicio se advierte en la exigencia de contener, bajo pena de nulidad y entre otros requisitos intrínsecos, la individualización del imputado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos y su calificación legal (arts 347 y 351 del CPPN)". "El objeto de la relación procesal es la representación conceptual de un acontecimiento histórico que se presume jurídicamente relevante, se trata pues de una hipótesis fáctica considerada a la luz del derecho penal, determinando los alcances de la imputación en torno al cual gira el proceso" Y que "no debe interpretarse tal máxima en un sentido tan rígido que haga desconocer la verdadera naturaleza de la garantía constitucional de la defensa en juicio con el objeto de procurar nulidades por alteraciones no sustanciales del hecho, que no merecen tal sanción" (Voto del Dr. Tragant).
Acción de amparo, cuestión abstracta, suministro de gas, interrupción del servicio
Materia: PROCESAL
Carátula: CHENQUELOF DE ROBERTS MARIA SUSANA c/ METROGAS SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

La apelante no se hace cargo de la circunstancia invocada por el a quo concerniente a que la pretensión contenida en el escrito inicial fue satisfecha, lo cual implicó el agotamiento de su objeto.

De tal manera, la accionante no puede requerir una sentencia de condena, pues ésta implicaría ordenar el cumplimiento de ciertos actos que ya se han ejecutado. Y, si bien se admite que la fecha en que fue restablecido el suministro de gas al domicilio de la actora, es distinta de la expresada por el Sr. Juez, aún aceptando que fuera el 2 de mayo, lo cierto es que cuando libró la cédula de notificación el 15 de mayo-ya había logrado su propósito, de modo que carecía de razón continuar el trámite de las actuaciones. En esas condiciones, resultaba ineludible dictar un pronunciamiento como el apelado.
Retrocesión, depósito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pisano Costa, Lilia c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación -inc. retrocesión-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

Si el presupuesto de admisibilidad previsto en el art. 45 de la ley 5708 ha de cumplimentarse inexorablemente antes de darse curso al incidente, no puede sostenerse validamente que su observancia pueda configurar un apego a las formas, propio del exceso ritual manifiesto, como pretenden los recurrentes, ya que el cumplimiento de ese recaudo lo establece la ley y no vulnera ningún derecho sino que, por el contrario, soslayar la mentada exigencia legal conduciría, sin razón valedera que lo justifique, a una alteración de los principios de igualdad ante la ley y de defensa en juicio (arts. 16 y 18 Const. Nac.).
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, acción de amparo, sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MESA, OSCAR c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 235-84 MATTANA, CARLOS A c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 232-84 MORELLO, FANI OÑATE DE c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 225-84 SUTTER SCHNEIDER, EDUARDO E c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 230-84 GIAVEDONI, HECTOR RAMON c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 228-84 GERBASI, FRANCISCO c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXTE NRO 229-84 GUZMAN, MARIA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 675-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-04-24|1985-04-24|1985-05-02|1985-05-02|1985-05-16|1985-05-16|1987-12-02

Las resoluciones recaídas en los amparos -en principio- no son susceptibles de ser recurridas por la vía del recurso de inconstitucionalidad por carecer de la definitividad exigida por el artículo 1 de la ley 7055, habiéndolo confirmado así la Corte en numerosas oportunidades; sin embargo tal premisa debe ceder en casos donde se plantean cuestiones que revisten suficiente interés institucional, superando los meros intereses de las partes cuando el fallo es cuestionado como violatorio de las atribuciones de los demás poderes del estado, y cuando por sus implicancias, puede afectar las de otros órganos constitucionales. En esos casos la Corte está habilitada por el ordenamiento jurídico para superar escollos de orden formal, considerando admisible el recurso intentado no obstante existir "stritu sensu" obstáculos para ello citas jurisprudenciales: A y S T 16 p 29 y 58; t 31 p 53; t 35 p 495; t 39 p 123; t 29 y 498; t 40 p 236; t 41 p 209; y 41 p 217; y 50 p 404-405. A y S T 31 p 439; y sus citas; t 32 p 442; t 37 p 452;

t 38 p 105; t 42 p 7; t 46 p 124; t 52 p 23. Csjn: fallos 262:155
Seguros, régimen de contralor, Superintendencia de Seguros de la Nación, sociedades mutuales
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  DE  SEGUROS  DE  LA NACION c/ ASOCIACION MUTUALPARA CONDUCTORES ASISTENCIA TOTAL. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-10

Si una mutual ejerce una actividad aseguradora encubierta con el nombre de subsidio, corresponde que la superintendencia de seguros de la nación actúe como órgano fiscalizador.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias, acuerdo y voto individual
Materia: PENAL
Carátula: Sigili, Homero Dante s/ Cohecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-26

Resulta ajena al ámbito del recurso de inaplicabilidad de ley la denunciada violación de los artículos 168 y 171 de la Constitución provincial.