Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10


SENTENCIA NRO.: 86488 SALA II EXPEDIENTE NRO.: 1736/99 JUZGADO Nro.: 41 AUTOS: "CYMENT, CYRLA c/ GENERALI ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS PATRIMONIALES S.A. s/ Acción de Amparo.

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1999.

VISTO Y CONSIDERANDO: Para resolver el recurso de apelación que ha sido interpuesto el DOCTOR JORGE GUILLERMO BERMUDEZ dijo:

Admitida en la instancia anterior la acción de amparo promovida por la actora, tal solución provoca el agravio de la parte condenada, quien sostiene que más allá del resultado económico que deriva del reclamo, su queja se funda en que a través del acto jurisdiccional se prescinde de la sistemática de la ley denominada "De Riesgos de Trabajo", configurativa en su contenido de un dispositivo integral e integrado de seguridad social, que persigue la cobertura armónica mediante beneficios diagramados en el tiempo de determinadas contingencias, lo cual no debió ser dejado de lado por consideraciones meramente individualistas que se ubican en total oposición a los objetivos consagrados en aquella ley. Esgrime que la operatividad del régimen instituido en la ley 24.557 se compadece con las directrices contenidas en el artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional y aunque la beneficiaria tenga una relativa expectativa de vida es inequívoco que el sistema de renta garantiza un nivel de ingresos durante la subsistencia de la beneficiaria que es constante y no puede configurar lesión alguna a la demandante.

La índole del tema involucrado, la vía por la que se lo planteara y el alcance del decisorio motivaron que esta Sala requiriera la opinión del Ministerio Público del Trabajo, que emite su parecer a fs. 131 en disfavor de la queja, señalando que debería considerarse que es la propia recurrente, en el memorial en análisis, quien reconoce expresamente que, sea cual fuere la suerte de la acción, debe abonar la suma diferida a condena, ya sea a la actora o a la entidad lucrativa del sistema que se encargará de pagar la renta, de lo que se colige que no existe perjuicio alguno y su cuestionamiento sólo consiste en una dogmática y genérica defensa del diseño legal, por motivaciones corporativas.

Si bien tales conclusiones son compartidas, porque en realidad desde un punto de vista estrictamente patrimonial, la solución adoptada resultaría totalmente intrascendente en ese plano a la apelante, lo cierto es que inequívocamente se encuentra en juego la mecánica del dispositivo legislativo prevista para implementar la cobertura de la contingencia y es por ello que, aún en ese plano general, débese reconocer en la quejosa un interés legítimo, porque aún cuando podría resultar desobligada en la alternativa que ofrece la condena declarada, lo real es que las previsiones de cobertura contenidas en la ley positiva han seleccionado una respuesta diversa a la que se plasmara en la condena y ello puede valorarse como un eventual desajuste de un sistema que aparece diseñado en planos, etapas y dispositivos resarcitorios en perfecta correspondencia con la hipótesis respectiva, lo cual no autorizaría ningún tipo de apartamiento, ni siquiera en mérito al control de constitucionalidad ejercitado en la causa por el magistrado interviniente.

Ciertamente, ha sido doctrina invariable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la declaración de la constitucionalidad de una ley o de alguna de sus partes es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerada como una "última ratio" del orden jurídico (Fallos 295:455), pero también que el análisis de razonabilidad de las leyes en punto a su validez constitucional no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas y de modo alguno sobre la base de los resultados posibles de su aplicación, lo que importaría valorarlas en mérito a factores extraños a sus normas (Fallos 299:45).

En la especie, cabe valorar que la renta a la que resultaría acreedora la beneficiaria en el muy particular diseño, según la alegaciones efectuadas a fs. 6 y no desconocidas en la réplica, no se revelan como una respuesta idónea para dar protección específica y cualitativamente valorable en términos de protección integral a la cónyuge supérstite del accidentado, sino, muy por el contrario, conjugando los ingresos hasta el momento del fallecimiento, la edad y su estado de salud, permiten inferir que el importe que eventualmente le sería entregado en forma periódica y como una muy relativa expectativa de vida - adviértase que la actora ha superado los 80 años- tornan realmente carente de sentido un mecanismo que si bien aparece consagrado a efectos de brindar en caso de una familia obrera, con hijos menores, o viudas jóvenes, una permanencia de ingresos, perdurable durante el tiempo útil, en el caso tal situación aparece, por el contrario, totalmente desquiciada, porque su aplicación en la situación examinada no constituye una adecuada reparación al postergar la percepción del resarcimiento en una renta que a la afectada no le es útil, en principio, para conjurar su situación de necesidad.

Es desde ese ángulo, en el cual las prestaciones previstas como renta, pueden desnaturalizar la finalidad para la cual fueron establecidas y a través de ello se configure en forma indirecta, pero significativa, una desprotección tal que torne a las normas aplicables en contrarias por la inequidad de la solución a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional para la tutela de los trabajadores y, fundamentalmente, menoscaben las garantías emergentes de los tratados que el inciso 22 del artículo 75 ha incorporado al contenido de la ley fundamental, reconociendo con idéntico nivel a los que allí se enuncian aquellos que derivan de fuentes económicas, sociales y culturales, con la amplitud suficiente como para que cada integrante de un cuerpo social pueda restaurar su dignidad y capacidad de un desenvolvimiento ante cualquier tipo de situación que lesione sus derechos.

En tal contexto, es que cabría desechar el agravio y confirmar la decisión recurrida, teniendo en cuenta que es el único medio idóneo para quien en la afligente situación en que se encuentra pueda obtener del orden jurídico la protección adecuada y acorde con sus necesidades personales, porque además la descalificación con base constitucional que se propicia no se proyecta genéricamente sobre el sistema, sino que, en la especie, se advierte que su lisa y llana aplicación esteriliza el propósito a perseguir, que no es otro, según la propia ley 24.557, que el de reparar los daños derivados de los accidentes de trabajo, con una respuesta que sea eficaz de acuerdo a la situación del damnificado.

Las costas de la Alzada serán soportadas en el orden causado, teniendo en cuenta la índole de las cuestiones debatidas (artículo 68 CPCCN).

La DOCTORA GRACIELA A. GONZALEZ dijo:

Adhiero al voto del DOCTOR JORGE GUILLERMO BERMUDEZ por compartir sus fundamentos.

Por lo que resulta del Acuerdo que antecede (artículo 125, segundo párrafo, ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el pronunciamiento recurrido en todo cuanto fuera materia de agravios. 2) Disponer que las costas de la Alzada sean soportadas en el orden causado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

DICTAMEN DEL SR. FISCAL GENERAL DR. EDUARDO O. ALVAREZ Buenos Aires, 5 agosto de 1999. Dictamen 27.523.

EXCMA. CAMARA:

La demandante es una persona de más de ochenta años, que padece afecciones cardíacas, artereoesclerosis cerebral y trastornos en la marcha y cuyo esposo falleció en un trágico accidente "in itínere". La acción de amparo que interpone está destinada a que se le abone de inmediato y en un solo pago el importe de $47.642, correspondiente al capital integrado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en los términos de los arts. 15, inc. 2; 18 y 19 de la ley 24557, soslayando el sistema de renta periódica que prevé la referida normativa y que la llevaría a percibir una suma ínfima en relación a sus necesidades y a su expectativa de vira (ver fs. 5110).

El Señor Juez a-quo admitió la pretensión de la actora, en el marco de los art. 43 de la Constitución Nacional y 498 del C.P.C.C., porque consideró, en líneas generales, que la aplicación del dispositivo legal, en el caso, afectaba elementales garantías tuteladas por la Carta Magna (ver fs. 87/95).

Tal decisión ha sido apelada por la demandada vencida (ver fs. 101/106) y, a mi juicio, es muy claro que la queja debe ser desestimada.

Hago esta afirmación porque la propia recurrente, en el memorial U) de agravios, reconoce expresamente que, sea cual fuere la suerte de la acción, debe abonar la suma diferida a condena, ya sea a la actora o a la entidad lucrativa del sistema que se encargará de pagar la renta y, por lo tanto, no existe perjuicio alguno y su cuestionamiento sólo consiste en una dogmática y genérica defensa del diseño legal, por motivaciones corporativas (ver fs. 10 1 y sgtes.).

Como es sabido, los órganos jurisdiccionales sólo están llamados a expedirse solucionando los conflictos, ante la alegación concreta de un agravio y no es admisible un pronunciamiento meramente académico, en el único interés de la ley ("...pas decisión sans grief..."). Más aún, si se repara en la singularidad del reclamo y en la grave y atípica situación de la accionante, que toma improcedente los devaneos doctrinarios estériles, que, por otra parte, no implicarían para la accionada una disminución, de deuda, como esta misma lo admite en un ejercicio de sinceridad.

Por otra parte, la sentencia, más allá de la opinión que suscite, no parecería teñida de irrazonabilidad porque, reitero, se trata de un supuesto muy excepcional, casi diría límite. La renta periódica cesa con la muerte (cfr. art. 19 de la ley 24.557) y la expectativa de vida de una persona enferma de más de ochenta años no permite afirmar con seriedad que habrá tiempo de agotar el capital integrado.

En síntesis, la resolución recurrida no perjudica a la demandada, que estaba llamada, de una u otra manera, a pagar la suma diferida de condena, y corresponde rechazar el recurso deducido, sin que la iniciativa implique sentar posición en tomo a la validez del ordenamiento cuestionado.

Tenga V.E. por evacuada la vista.