Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-29


Salta, 29 de Mayo de 2013.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "JUAREZ, NESTOR NAZARIO, RODAS, MIGUEL ANGEL POR ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL (2 HECHOS) AGRAVADO POR LA SITUACION DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE CON LA VICTIMA MENOR A TOLEDO, ADRIANA DEN. RODAS, NANCY LORENA", Expte. Nº12.805/10 del Juzgado en lo Correccional y de Garantías y de Menores de Primera Nominación del Distrito Judicial del Norte - Tartagal, causa Nº C01 12805/10 de la Sala I del Tribunal de Impugnación; y CONSIDERANDO El Dr. Abel Fleming, dijo:

Que arriban los presentes obrados a este Tribunal en virtud del recurso de apelación impetrado a fs.190/191 por el Dr. Rolando del Valle Ferreyra de-fensor del menor Miguel Ángel Rojas, contra el punto III del auto resolutivo de fs. 166/173 que lo procesa por el delito de Abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) agravado por la situación de convivencia preexistente con la víc-tima menor (art. 119 tercer párrafo en función del cuarto párrafo inc.f) del C.P.). El recurso fue promovido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Que la Sra. Juez de grado, reseña la prueba colectada en el curso de la investigación instructoria y arriba al mérito incriminador de Miguel Ángel Ro-jas, quien al momento del hecho contaba con 16 años de edad (fs.13 y vta.), con base en los testimonios de la Sra. Nancy Lorena Rojas, madre de las víc-timas, en los exámenes médicos de fs. 7 y 8 ratificados a fs. 89, el informe psicológico de fs. 144/145 de todo lo cual surge que el acusado en el mes de Noviembre/2010 en circunstancias en que sus primas Abigail y Adriana Tole-do de 7 y 9 años de edad (fs.164 y 165), respectivamente, convivían en su ca-sa, abusó sexualmente de ambas introduciéndole su miembro viril, siendo cla-ras las niñas en sus respectivos relatos al sindicarlo como autor de los abusos padecidos. Destaca que atento a la edad de las víctimas la ley presume sin ad-mitir prueba en contrario la incapacidad para comprender el sentido de la con-ducta del autor por lo que el consentimiento de las damnificadas es absoluta-mente irrelevante, de modo tal que no cabe probar la amenaza. Por su parte refiere la negativa del imputado con fundamento en que las niñas nunca que-daron a solas con él, siendo un vano intento por eludir su responsabilidad fren-te a la clara imputación de las menores.

La defensa solicita se revoque el auto apelado y en su reemplazo se dicte auto de sobreseimiento o en su defecto de falta de mérito. Se agravia porque entiende que el a-quo no fundamentó los motivos o elementos de con-vicción para afirmar la existencia del hecho y la autoría y responsabilidad de su asistido, ya que no existe prueba alguna contundente para asentar en ella la probabilidad que el menor Rojas haya cometido los abusos denunciados. Que no surge con claridad la fecha del supuesto hecho y analiza la declaración del Dr. Flores (fs.89) respecto del examen a la menor Abigail (fs.7 vta.) en la que señala que presentando al momento del examen los genitales congestivos (en-rojecidos) ello podría obedecer a una relación normal sexual reciente de 24 ó 48 hs., en base a ello la relación sexual sería del 01/12/2010, pero en autos se acredita que en esa fecha no tuvo ningún contacto con Rojas como también que ya no convivía en su domicilio, sino en la casa ubicada a cinco cuadras de la del acusado. Cuestiona asimismo la afirmación de la resolvente en torno a que el abuso se produjo 15 días atrás teniendo en cuenta la cicatrización de la desfloración vaginal, cuando el galeno en su declaración responde que como normal la cicatrización se produce entre 7 a 15 días como máximo y luego de eso no se puede saber la antigüedad. Que el menor Rojas conforme certificado de fs. 48 no presenta lesiones al 06/12/10. Concluye así que, teniendo en cuen-ta la fecha de la denuncia y los certificados médicos agregados no surge que hayan sido en el mes de noviembre de 2010, ya que por el tiempo transcurrido no se puede saber la antigüedad de la misma. Avalan la negativa de su defen-dido (fs.26), el testimonio de Eusebia Mendoza (fs.107) el de Natalia Ledesma (fs.77) y el Informe Social de fs. 108/111. Tampoco el Psicológico de fs. 144/145 elaborado por la Lic. Lizondo establece que su defendido sea un abu-sador, ya que sólo refiere que "Presenta dificultades en el área Psicosexual, las que si bien se responden con aspectos esperables en la etapa vital ....", no siendo como interpreta la Sra. Juez que sean pruebas contundentes para verifi-car la existencia de ambos hechos y la probable participación de su asistido.

Que así planteada la cuestión a resolver debe señalarse que en el ámbi-to procesal es reconocida la dificultad de la prueba en esta clase de ilícitos, ya que generalmente se cometen sin presencia de testigos, dentro de un marco de clandestinidad, ocultamiento o privacidad. De allí que "la existencia del deli-to" pueda demostrarse por otros medios, aún cuando no existan probanzas di-rectas de su comisión. A partir de la versión de la víctima la jurisprudencia ha admitido la prueba compuesta como idónea para demostrar la existencia del cuerpo del delito y la responsabilidad del agente, requiriéndose asimismo que tales ilícitos sean examinados a la luz de una extrema objetividad.

Ante la imposibilidad de producir prueba directa el Juez describe aque-llas circunstancias que le permiten inferir que el hecho efectivamente ocurrió y que el imputado participó activamente en el abuso de la víctima. Este es sin duda un mecanismo enteramente válido que permite al intérprete reconstruir, a través de inferencias lógicas, aquello que es objeto de su investigación y que se le muestra esquivo u oscuro, pero es igualmente revelado por los indicios que sí son conocidos de modo directo.

Señala Augusto Morello "si hay un sector del mapa probatorio que de-be llevar al operador jurídico a merituar en un frente de conjunto, en una red que, interactuante, anude y teja, es en los indicios: dispersos acaso, débiles o insuficientes si son evaluados selectivamente en solitario pero que se multipli-can e interactúan en la recíproca articulación del valor conviccional de las evi-dencias, porque los indicios abastecen a las presunciones reflejado dentro de un paciente armado que conlleva la unión totalizadora de cabos sueltos".

El juicio presuncional cobra suficiente vigor y actualidad dentro de este primer segmento del proceso. En este sentido y reproduciendo parte de un fallo de la C.N.F.en lo Criminal y Correc.de la Capital se afirma que "para el dictado del auto de procesamiento no se requiere certidumbre apodíctica acerca de la comisión de un hecho ilícito ni de la participación de los proce-sados en su producción...De lo que se trata, pues es de habilitar el avance del proceso hacia el juicio, que es la etapa en la que se desenvolverán los debates y la confrontación con amplitud" (Revista La Ley, Sup.de Jurisprudencia Pe-nal, Setiembre de 2000, con nota de Mª L. Martínez Vega, pag.32 y ss).- Trasladados estos conceptos al sub-judice y respondiendo a la queja apelativa se advierte que más que una crítica razonada a los fundamentos es-grimidos por el a-quo, de su exordio se desprende una mera disconformidad con lo por él decidido alegando insuficiencia de elementos incriminatorios.

Que admitida la dificultad de obtener prueba directa y en virtud de ello la relevancia que adquieren para el caso los indicios, el juzgador emite un jui-cio como el que nos ocupa, formando convicción suficiente en orden al objeto de la Instrucción (art.189 del C.P.P.).

Para ello el órgano jurisdiccional realiza un análisis crítico, razonado sobre el valor acreditante que los elementos probatorios introducidos tienen, es decir realiza el examen de mérito y de apreciación en base al sistema de la libre convicción y sana crítica racional. De allí que no esté obligado el juez a valorar toda la prueba, aunque sí debe imperativamente dar la debida funda-mentación de su decisión, brindando las razones extraídas sólo y directamente de las pruebas directas o indirectamente recogidas en el curso del proceso, con claro sustento en los principios de la lógica, la experiencia común, la Psicolo-gía y el recto entendimiento humano.

Es lo que acontece en el caso de marras. De allí que las quejas esgri-midas por la defensa en torno a lo resuelto no logran conmoverlo y menos aún justifican el dictado de un sobreseimiento ni aún de la falta de mérito, ya que la certeza negativa sobre la autoría de Miguel Rojas no se acredita en autos, como tampoco el equilibrio probatorio que justifique la falta de mérito a su favor, como lo pretende el recurrente.

Por el contrario el juicio de probabilidad positiva se asienta a partir de los dichos de las menores víctimas (fs.75 y 76), en las manifestaciones de su madre (fs.1 y 88), en las constataciones del médico legal -ambas están deflo-radas- (fs.7 vta. y 8vta.) y en lo informado a fs.110 en el Informe Social en el que se confirma que las niñas comentaron con anterioridad a los familiares que los acusados y un vecino se querían "hacer los pícaros con ellas" (Conf.en fs. 110 "Referencia a la Causa" quinto párrafo y en fs.110 vta. penúltimo pá-rrafo).

Estas manifestaciones de las menores autorizan a despejar toda duda acerca de que lo denunciado pueda haber sido urdido como venganza o con alguna animosidad por parte de las niñas o su madre. Por el contrario, se des-prende del informe Social ya referido que de quien se evidencia animosidad es del padre de Miguel hacia las mujeres y en especial hacia su hermana la de-nunciante Nancy; como también surge de lo actuado que se pretende descalifi-carla por no ser -según opinan- una madre dedicada a sus hijas y atribuirle culpa por lo sucedido por falta de su debido cuidado.

También sirve lo valorado sobre el Informe Social para refutar la afir-mación del apelante en torno a que el testimonio de Mendoza y de Ledesma avalan la negativa de su defendido, toda vez que ambas niegan que las meno-res le hayan avisado con anterioridad lo que sucedía y el referido informe permite afirmar lo contrario.

Pretende la defensa convencer, en base a lo certificado por el galeno policial y aclarado por éste en su testimonio, que su asistido no pudo haber abusado de las menores en base al tiempo de cicatrización de la desfloración. A ello sólo cabe refutar que, si bien no puede darse una fecha exacta acerca de cada uno de los abusos a que se sometiera a las niñas, no solamente porque dada su edad, la vergüenza por lo vivido y sobre todo porque surge claramente que en su inocencia aún no han tomado el peso de lo que les ocurriera y no aportan datos precisos sino solamente genéricos, lo cierto es que ocurrieron en el tiempo que estuvieron viviendo en el domicilio del acusado. Y lo afirmado por el médico legista permite confirmarlo toda vez que no puede tomarse de manera exacta las apreciaciones médicas, ya que como bien lo destaca el pro-fesional médico el periodo de cicatrización depende de la conformación bioló-gica de cada persona por lo que se da un tiempo aproximado entre 7 y 15 días. Por otra parte, ese elemento de prueba es uno más para valorar con el resto de lo colectado, lo que en su conjunto y a partir de la sindicación clara de las me-nores respecto de los autores, permite arribar al juicio presuncional que se se-ñalara en los párrafos precedentes.

La defensa en base a la congestión que presenta en los genitales la me-nor Abigail y la opinión brindada por el profesional que la examinara, preten-de ubicar el día 01/12/10 una relación sexual que desincrimina a su asistido en razón que a esa fecha las niñas ya no cohabitaban en su vivienda. A esa afir-mación cabe refutar que tal congestión en los genitales de la niña, bien puede obedecer no solo a las maniobras sexuales a las que fuera sometida, sino tam-bién puede deberse a rascado, fricción producida por determinadas actividades o indumentarias u otras razones, no siendo exacto en atención a lo antes valo-rado que pueda sólo tener origen en un acto sexual normal de no más de 48 horas. Por otro lado, de no admitirse esta afirmación y entender como válido lo sustentado por la defensa, ello por sí solo no descarta la atribución de auto-ría y responsabilidad no solamente ante la clara evidencia de desfloración y la firme indicación de la menor sobre su accionar en su perjuicio. Aún el hecho que a la supuesta fecha "01/12/2010" las niñas vivan a cinco cuadras de la ca-sa del acusado Miguel Ángel, esa "distancia" no impide el contacto sobre todo si se tiene en cuenta lo que afirman acerca de la madre respecto al descuido con las niñas y la demora en hacer la denuncia y la pertinente revisación por el galeno policial.

El cuestionamiento del recurrente a la valoración efectuada por el a-quo al Informe Psicológico de Miguel Ángel Arias, lejos de tener asidero, im-porta una queja desmedida ya que de ninguna manera se afirma que del referi-do informe surge que sea un abusador. Lo que sí concluye la profesional que lo elaborara, es que el acusado tiene dificultades en el área psicosexual y que ello responde a la etapa por la que transita; es un adolescente en plena eferves-cencia sexual y con rasgos de agresividad, lo que importa un indicio anfiboló-gico para valorar su conducta en atención a la imputación de las menores víc-timas.

Resta agregar lo referido (fs.28) por el menor Néstor Juárez acerca de las conversaciones con las niñas en torno a lo que hacían con Miguel Ángel. Atento a la comprobada irresponsabilidad penal del nombrado, en razón de su minoría de edad, esta atribución más que interpretarse como negación de la responsabilidad propia, apoya la carga convictita que responsabiliza al impu-tado Arias.

Se advierte que aún no se ha realizado el Informe Psicológico a las menores por lo que se sugiere su realización.

De lo valorado entiendo que el auto en crisis debe ser mantenido por haber sido motivado de modo razonable y suficiente, resultando de él una convicción válida respecto de los requerimientos probatorios exigibles en esta etapa procesal, por lo que voto en consecuencia por la confirmación del auto atacado.

El Dr. Julio Pancio, dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, LA SALA I DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 190/191 y en su mérito CONFIRMAR el punto III del auto resolutivo de fs. 166/173 que dispuso el procesamiento del menor Miguel Ángel Rojas.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportuna-mente BAJEN los autos al Juzgado de origen.