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Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, duración del proceso
Materia: PENAL
Carátula: ODDONE, Luis A. s/ inf. Art. 173 del C.P Causa 8386/8886/8889  inf. Art. 163 inc. 7 Causa 8886  inf. Art. 173 del C.P. inc. 7 Causa 8886
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-05

La secuela de juicio es el elemento corroborante de la voluntad persecutoria estatal.

Así, se ha sostenido que " En su pureza, libre de otros motivos provenientes de su interrupción y suspensión, la prescripción se funda en la destrucción por el transcurso del tiempo de los efectos morales del delito en la sociedad, extingue la alarma social ante el delito y la correlativa exigencia de ella de que se lo reprima" y que "...no puede aceptarse que la acción penal prescriba mientras se encuentra en movimiento"..."cuando se ejercita la acción penal y se pone en marcha el proceso, la prescripción de esa acción penal va a verse interrumpida cada vez que quien es titular del poder de acción penal o del poder jurisdiccional realiza actos que indiquen voluntad de mantener esa acción en movimiento....".

"Por ello, la vigencia de la acción persecutoria, posee entidad suficiente para descartar de plano cualquier planteo dirigido a interpretar irrazonable la duración de un pleito judicial, cuando su extensión tiene lugar por la existencia de secuela de juicio".
Derecho contravencional, uso indebido del espacio público, transporte de pasajeros, falta de certificado habilitante, sentencia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Uber y otros c/  s/ s/ 83 - usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) (art.86 según TC Ley 5666 y modif.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

Resulta arbitraria la interpretación que circunscribe la aplicación del art. 86 únicamente a las ferias y a los puestos clandestinos. Ello así, en tanto asume que la norma capta únicamente la habilitación de locales, excluyendo aquellas actividades para las cuales no es necesaria la instalación de uno. Sin embargo, ese argumento no se hace cargo de que esa interpretación no surge del texto de la norma considerada, ni de una lectura sistemática del ordenamiento que la contiene. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Molinera S.R.L. c/ Oronzo Rosati s/ Ejecutivo (LIBRO: A142 - 186)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-10-16

Procede la vía ejecutiva cuando el instrumento que sirve de base a la apertura del juicio ejecutivo contiene por parte del deudor básicamente un reconocimiento y un compromiso de pago, de deuda líquida o fácilmente liquidable, y exigible que provenga de una manifestación explícita del obligado en tal sentido, cuya interpretación no resulte incompatible con la limitación de conocimiento propia del juicio ejecutivo, ni dependa tal reconocimiento de contraprestación a cargo del acreedor.
Prueba testimonial, declaración testimonial, audiencia, partes del proceso, asistencia a las audiencias, facultades del juez
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: STATUTO, Horacio s/ Causa 27.061
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-07

Cualquiera de las partes constituidas como tales tiene derecho a participar en las testimoniales a celebrarse en los cuadernos formados por la otra, con independencia de haber ofrecido o no al testigo de que se trate, ello sin perjuicio de la facultad del Juez de examinar la procedencia de las repreguntas que pudieran formularse en el transcurso de la audiencia.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Municipalidad, poder de policía, deber de vigilancia, responsabilidad del Estado, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ODI, GLADYS BEATRIZ c/ GONZALEZ, HUGO ALEJANDRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-14

Si bien el recurrente describe hipótesis de arbitrariedades, aquella doctrina atiende solo a supuestos de extrema gravedad, en los que se evidencie que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación, y en ese marco, es de ver que la Alzada en ningún momento desconoció -como pretende hacer valer la parte recurrente- el deber de vigilancia y contralor que le correspondía a la Municipalidad, sino que sostuvo que tales deberes en el caso se referían a lo necesario para la correcta ejecución de la obra, por lo cual no puede acarrear la Municipalidad con la responsabilidad de un accidente ajeno a la obra misma y que tiene como responsables al dueño o guardián en los términos del artículo 1113 del Código Civil, de lo contrario se convertiría en una suerte de aseguradora general con la carga concomitante para la comunidad. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1113.
Recurso de queja (procesal), juicio ejecutivo, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Club Atletico River Plate Asociación Civil c/ GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Club Atletico River Plate s/ ejecución fiscal queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Club Atletico River Plate s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-07

Empero, en cuanto concierne al requisito de la autorización previa de la DGR, recaudo no obtenido por la recurrente, para gozar de la exención por el gravamen denominado "Contribución territorial", por los períodos 1995 a 1997, ambos inclusive (art. 172 de la Ordenanza Fiscal nro. 40.731, modificada por la Ordenanza Fiscal nro. 44.100), agrego y reitero aquí mi posición adversa a las consideraciones de la CSJN, expuesta en la sentencia de este tribunal dictada en la causa "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires c/ DGR (Resolución nro. 1881/DGR/00) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR'", expte. nro. 1227/01, sentencia del 26/3/02.
Juicio de desalojo, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Pomán c/ Romero, Armando s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-11-07

En un juicio de desalojo iniciado por una municipalidad en contra de un particular-concesionario de la explotación del Bar-Comedor del Parador de Ómnibus- cuyo inmueble es un bien del dominio público de la actora es competente el fuero civil y no el Tribunal en lo contencioso administrativo.

En efecto, la pretensión del actor no persigue la revisión de un acto administrativo que haya provocado lesión a un derecho subjetivo otorgado por la ley, decreto, ordenanza, etc., tal como lo exige el art. 10 del CCA.

Entonces, no existiendo en nuestro ordenamiento procesal normas que expresamente contemplen el presente supuesto, corresponde que la cuestión sea debatida por ante el fuero civil, por ser órgano residual de todos aquellos casos especiales que carecen de fuero específico.
Acción de inconstitucionalidad, competencia ordinaria, procesos de conocimiento, competencia originaria, competencia del Superior Tribunal de Justicia, derechos del aborigen, propiedad comunitaria de la tierra
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COMUNIDAD MAPUCHE "LOF LEUFUCHE" s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD LEYES PCIALES Nº 279, 1138, 4096, ORDENANZAS MUNICIPALES Nº 92/75 Nº 2583/97, DISPOSICION ADMINISTRATIVA Nº 269 Y DECRETOS Nº 2094/75 Y 813/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

En síntesis, una alegación de convenios internacionales, de cláusulas constitucionales, sin leyes que reglamenten específicamente cómo se resuelven los conflictos de posesión, propiedad, sin alterar las estructuras esenciales de la Nación y del Estado, incluida el capítulo de protección de los derechos consuetudinarios, ambientales y humanos, escapa notoriamente al marco de una acción de inconstitucionalidad ya que la acción entablada en el fondo persigue una "reivindicación conglobante" ya que tiene una definición cultural y espiritual que incluye a los que no ocupan actualmente el territorio denunciado como históricamente pertenecientes a la parte actora.

Opinar sobre los tópicos concretos de la demanda es tarea propia de la jurisdicción ordinaria, ya que como he explicado, a mi criterio no hay ninguna cuestión institucional que amerite excepción que habilite esta vía ante el STJ y por el contrario, la única cuestión institucional sería la de inconstitucionalidad por omisión por no dictar la norma que reglamente y torne operativo estos derechos, en una competencia que no se encuentra aún definida, y que deberá se delineada por la legislación a dictarse, tanto nacional como provincial.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, legitimación activa, solicitud de marca, cesión de la solicitud
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO FABRILES GUEREÑO  S.A. c/ LOPEZ, JOSE BENITO s/ OPOSICION INFUNDADA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

De las constancias de autos surge que el solicitante original transfirió la petición de registro de la marca "Granby" con anterioridad a la promoción de esta acción, en consecuencia, al momento de ser deducida la única titular del derecho sustancial y, por ende, de la facultad de iniciar este juicio, era la cesionaria, es decir "Establecimientos Fabriles Guereño S.A. " que es sucesora a título singular del cedente, convirtiéndose aquélla en dueña exclusiva del derecho cedido, pudiendo ejercer todos los derechos que nacen de aquel acto.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Echegaray, Fabían N. c/ González, Ricardo A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

El conductor que llegue a una bocacalle o encrucijada debe en todos los casos reducir sensiblemente la velocidad y tiene obligación de ceder espontáneamente el paso a todo vehículo que se presente por una vía pública situada a su derecha; sin discriminar quien llegó primero a la bocacalle. Quien viene por la izquierda sólo podrá continuar su marcha si luego de frenar hasta casi detenerla, advierten que no circulan autos con prioridad de paso.
Explotación laboral, situación de vulnerabilidad, cuestiones de competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Torres, Marcelo Angel  c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-11

Es competente la justicia federal para entender en la causa donde se denuncia la situación de precariedad laboral de dos personas de más de sesenta años de edad que no se encontrarían registrados en el sistema laboral, no percibirían salarios ni se les brindaría alimentos, y a los que el imputado les habría retenido los documentos nacionales de identidad, pues el abuso de la condición de vulnerabilidad y la dominación de la voluntad de las víctimas, junto con otros indicadores que surgen de los testimonios (analfabetismo, ofrecimiento engañoso de mejora laboral, aislamiento en un lugar inhóspito e incomunicado de los centros de población, falta de agua potable, de electricidad y retaceo en la provisión de alimentos e indumentaria) impiden descartar la existencia de conductas en infracción a la ley de prevención y sanción de la trata de personas. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Quiebra, hipoteca, caducidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  MERIDIONAL  COOPERATIVO  LTDO. - VERIFICACION TARDIA EN: OSCAR JUAN  LEMBO  Y  JOSEFINA B. D'ALESSIO  -SOCIEDAD  DE  HECHO-  QUIEBRA PROPIA s/ QUIEBRA - INEFICACIA CONCURSAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-09

El plazo procesal concursal que efectúa la ley para que proceda la declaración de oficio por parte del juez sobre la ineficacia de pleno derecho que contempla en los casos normados por el art. 122, caduca por el sólo vencimiento del término fijado legalmente art.

128, Ley 19551), aunque este plazo muchas veces resulta el mínimo para que el juez pueda resolverlo en ese lapso.

En el caso se presenta,una situación que debe ser contemplada desde otra perspectiva:en efecto,producida la dación en pago,acto efectuado por escritura pública por tratarse de un inmueble,debiendo inscribirse tal hecho resulta imposible de detectar,a no ser cuando el acreedor, cuya dación en pago fue declarada ineficaz, se presenta a verificar el crédito incluyendo en ella el privilegio pretendido.

Es imposible, entonces para el juez efectuar una declaración de oficio lírica, sin conocimiento expreso de la situación referida.-
Ejecución hipotecaria, revisión de la liquidación
Materia: CIVIL
Carátula: EXPTE. Nº 85395 - JIMÉNEZ, MARÍA RUTH EN J° 79.564/28.264 ABN A.M.R.O. TRUST COMPANY ARG. S.A. 	 c/ JIMÉNEZ, MARÍA Y OTS. 	 s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-06-01

Conforme a lo previsto en el art. 255 inc. V del Código Procesal Civil, tanto en la redacción impresa por la ley 7065, cuanto a la luz del texto sancionado por la ley 7642 y el actualmente vigente de la ley 7684, es arbitraria una decisión judicial que rechaza el pedido de la deudora de abrir "el incidente previsto por la ley 7065" a los términos del art. 255 inc. V, dados los siguientes hechos no discutidos: 1. La deudora peticionó la suspensión del procedimiento con el fin de "tramitar el incidente previsto en la ley 7065" en una ejecución hipotecaria. 2. En ese expediente se ha fijado fecha para la subasta del inmueble hipotecado, pero el inmueble aún no se ha rematado. 3. No está en discusión que el inmueble está destinado a vivienda familiar de la deudora (ver ubicación del inmueble hipotecado, fs. 13, y domicilio de la deudora, fs. 36), ya que esta Corte declaró la constitucionalidad del art. 255 en cuanto "Remite el expediente a mediación con los fines de obtener la autocomposición del litigio". O sea que, al menos para que se intentara la vía alternativa, el incidente debió ser abierto.
Sentencia, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Affranchino, Ana María s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-18

El art. 260 regla 4 inc. "a" -numeración anterior- del Código de Procedimiento Penal no pudo ser violado, pues no era oportunamente aplicable a las sentencias de las Cámaras.
Pensiones militares, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Olivera, Lidia Olga c/ Estado Nacional (Mx de Defensa - Ejercito Argentino). s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-20

Los límites que los arts. 82 in fine y 85, inc. 4, de la ley 19 101 imponen al goce del beneficio de la pensión, suponen la verificación de presupuestos de hecho cuya demostración está a cargo de quien pretende beneficiarse con dichas disposiciones.
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, fallos de la Corte Suprema
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCATTAGLIA, JOSE Y OTRO c/ B.C.R.A. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

De la doctrina de la Corte sobre la ley 22.051 se deducen los siguientes criterio: a) la garantía de los depósitos se inspiró en finalidades de regulación económica sin implicar una prolongación del vínculo contractual originario; b) siendo auténtico el instrumento de crédito, debe asegurarse la devolución del depósito sin exigir más condiciones que las habituales para retirar fondos;

c) el obrar irregular de los depositarios no puede imputarse a los depositantes, salvo connivencia terminantemente probada; d) es relevante para evaluar los conflictos, especialmente en caso de detectarse irregularidades en la entidad depositaria, la presentación de declaraciones juradas, así como el real ingreso de las sumas reclamadas y aún la existencia de un patrimonio, disponibilidad o solvencia que haga inferir el origen de los fondos.
Ejercicio profesional, médicos, contrato de trabajo, consultorios externos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: "ACUDA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I.". s/ IMPUGNACION DE DEUDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

Es práctica actual que los médicos, en ejercicio autónomo de su especialidad, acuerden con las obras sociales, mutuales, sanatorios o centros asistenciales la atención de sus pacientes, sin que ello convierta o altere el desempeño independiente. Cada vez son menos quienes, por las necesidades asistenciales de la comunidad, de manera aislada ejercen sus propios consultorios en forma exclusiva a pacientes carentes de obra social, mutual, etc. Por lo tanto, debe concluirse que de la sola prestación de las mismas no se puede calificar con certeza si se está ante un contrato de trabajo (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 27.05.98, "Asociación de Beneficencia de Hnos. Hospitalarios San Juan de Dios").
Estado de derecho, Constitución Nacional, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ponce,  Carlos  Alberto c/ San  Luis,  Provincia  de s/ acción declarativa de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

Nadie está por encima de la ley y de su correcta interpretación judicial, puesto que afirmar lo contrario transformaría a la Constitución en un vano intento de limitar lo ilimitable (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Alimentos, obligación alimentaria, incumplimiento de la obligación alimentaria, suspensión de juicios conexos
Materia: CIVIL
Carátula: G. de R.D.B. c/ R.O. s/ EJECUCION DE SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-13

La suspensión del incidente de reducción o cesación de los alimentos, constituye uno de los medios de coerción que la doctrina y la jurisprudencia han admitido para lograr el cumplimiento de las obligaciones impuestas al alimentante (conf. Borda, "Tratado de Derecho Civil-Familia", 6a. ed., t. II, p. 431, nro. 1229; Busso, "Código Civil Anotado", t. II, p. 847, "Código Procesal...", 4a. ed , t. II, p. 293; Palacio "Derecho Procesal Civil", t. VI, p. 553;

Morello, "Códigos Procesales...", t. VII, p. 335; C.N.Civ. Sala F, c. 167.097 del 25-11-72; íd., c. 157.425 del 8-6-72; íd., E D. 92-610), de manera tal que la decisión jurisdiccional no se sustituida anticipadamente por la de la propia parte que solicita la disminución o cesación de la cuota, mientras su pretensión es objeto de debate y prueba (conf. C.N.Civ. Sala G, E.D. 99-189). Si bien se ha interpretado que tal temperamento reviste carácter excepcional, pues se trata en definitiva de una restricción al derecho a la jurisdicción ( conf. C.N.Civ. Sala F, c. 227.687 del 24-11-81 y sus citas; íd., c. 280.778 del 5-5-82; íd. c. 289.195 del 5-8 83), ello no obsta a su aplicación cuando así lo justifica la conducta del obligado, que no cumple siquiera con el pago de la cuota que razonablemente puede abonar, y cuando, además, no existen otros medios que permitan obtener la satisfacción de la pensión vigente (conf. C.N.Civ. Sala C, E.D. 98-244; íd., Sala F, fallos citados supra).
Mejoras, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA ANTONIO c/ ZABALETA BERNARDO Y OTRO s/ RES. DE PROMESA DE VENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-18

Las mejoras útiles son indemnizables al deudor de buena fe siempre que no se le hubiese prohibido hacer mejoras. La buena fe consiste en la creencia del deudor sobre la legitimidad del título en virtud del cual detenta la cosa, y especialmente en la persuasión de estar habilitado para efectuarlas.-
Derecho a la salud, obligaciones de la obra social, médico especialista, personas con discapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GASTÓN, José Luis y otros c/ OSDE BINARIO s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-23

Corresponde condenar a una obra social a brindar la cobertura integral de la Terapia de Comunicación Lenguaje requerida por una afiliada menor de edad, que padece de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), a cargo de la profesional idónea en neurolingüística tratante de la niña, en tanto se advierte que no se trata de otorgar livianamente una cobertura médica con un determinado profesional de la salud ante la presentación de una receta médica, sino de evitar que niños con gravísimas patologías, y acreditada condición de discapacidad, deban "penar" administrativamente para lograr que se le provea una determinada cobertura médica con un determinado profesional, con el cual tiene una consolidada relación de confianza "médico-paciente", y con quien viene tratando su grave enfermedad.
Recurso de nulidad, improcedencia del recurso, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Gualdoni, Jorge Luis c/ E.N.  (Ministerio de Educación y Justicia) s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-10

El recurso de nulidad no procede "por defectos de la sentencia si el agravio puede ser reparado por medio de la apelación" (Cond. E.D.

40-786; E.D. 51-745).
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUENO RUBEN EN J: BUENO RUBEN DARIO c/ COMENSA COMPAÑIA MENDOCINA S.A. s/ Ordinario Casación (LIBRO: A096 - 073)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-12-09

El análisis subsuntivo de los hechos del proceso en relación al contenido material de la norma jurídica, constituye en ciertos casos uno de los supuestos de control de legalidad en el esquema casatorio (art. 161 inc. 3 C.P.C.). Tal examen habilita la vía excepcional sólo a condición de que se funde la queja manteniendo exactamente los hechos determinados en la instancia de grado.

Ello por cuanto cualquier alteración o controversia sobre el material fáctico del proceso excede el ámbito restricto del control casacional, reservado a los supuestos normativo contemplados en el art. 159 del C.P.C.
Abogados, ejercicio profesional, matrícula profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maida, Juan Adolfo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

De las disposiciones de la ley 5177 - mod. por la ley 12.227- se desprende claramente que quienes han obtenido un título universitario de abogado, obviamente no están obligados a ejercer la profesión, pero que si quieren hacerlo deben presentar su pedido de inscripción en el Colegio Departamental del que formarán parte (art.

6, ley 5177, texto según ley 12.227) y que, a su vez, aunque puedan inscribirse en la matrícula, no pueden trabajar como abogados si son empleados judiciales.
Seguros, daño material, automotores, siniestro, culpa grave
Materia: COMERCIAL
Carátula: Benitez Leguizamon, Miguel Ramon c/Federacion Patronal Seguros SA s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-11

Sobre la base de la LS 70 y lo establecido en cierta cláusula, cabe concluir que en el caso se configuró la causal de exclusión de cobertura debido a que el siniestro se había provocado por la culpa grave del asegurado. Siendo que, dejar un rodado en la vía pública, en horario nocturno, sin vigilancia y con las llaves "colocadas", constituye una gravísima negligencia y una evidente culpa grave.