marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Suprema Corte de Buenos Aires, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Los Lagartos Country Club S.A. c/ Municipalidad de Pilar s/ Acción de amparo -cuestión de competencia art. 6 C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22

Resulta ajena a la competencia que sobre la materia contencioso administrativa esta Corte tiene transitoriamente atribuida por imperio constitucional la pretensión de una firma propietaria de un country club de que se deje sin efecto la ordenanza municipal, a través de la cual se resolvió desafectar del dominio público una de las calles perimetrales del barrio privado, si no surge de las constancias de la causa que la actora promueva la demanda invocando alguna situación jurídica administrativa particularizada que la relacione con la comuna demandada sino que lo hace en su carácter de titular del derecho de dominio sobre el inmueble de su propiedad (arts. 215 Const. Prov.; 1, 6, 28 y concs. del C.P.C.A.). (Minoría u opinión personal)
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Encina, Mirta c/ Rodriguez, Oscar s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-29

La determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituye una cuestión de hecho ajena a la casación, salvo la existencia de absurdo, que debe ser eficazmente invocada con cita del precepto legal que rige la labor axiológica de los jueces de mérito y acabadamente demostrada.
Acto administrativo, estabilidad del acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: Tocchini, María Estela c/ Provincia del Chaco s/ Acción de Amparo. Tocchini, María Estela c/ Provincia del Chaco s/ Acción de Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-12-04|1996-12-04

La fuerza material de la estabilidad sirve de interés del destinatario y lo protege: 1) de la sustracción de una situación jurídica que le está garantizada (acto administrativo favorable) y 2) del incremento de las obligaciones que le están impuestas (acto administrativo oneroso). Pero no por ello la Administración queda atada a la irrevocabilidad, sino que cuando el interés público reclama una rectificación, puede acudir al órgano judicial para que anule el acto lesivo. La doctrina de los propios actos afirma que es lícito hacer valer un derecho en contradicción con una conducta anterior cuando la misma interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe, justifica la conclusión de que no se ejercer el derecho; o cuando el ejercicio posterior del mismo choque contra la ley, las buenas costumbres o la buena fe.
Contestación de la demanda, ofrecimiento de la prueba, cómputo del plazo, plazos procesales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ - HERRERO - ETALA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-27

Si bien el plazo de seis meses para contestar demanda y ofrecer pruebas, que por única vez el art. 24 de la ley 24.463 otorgó a la A.N.S.E.S., se trata de un plazo procesal, y como tal debería regirse por lo dispuesto por los arts. 152 y 156 del C.P.C.C., la propia ley señaló que debía contarse en meses y no en días, por lo cual el vencimiento opera conforme a los arts. 25 y 26 del Código Civil.
Medicina prepaga, juicio ejecutivo, procedencia del recurso, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Arando, Ignacio Miguel c/ Swiss Medical SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-19

Procede admitir la nulidad planteada por la demandada, en cuanto la vía otorgada al proceso no ha sido la correcta. Ello por cuanto, en el caso, se presentó el actor promoviendo contra la empresa de medicina prepaga demandada la ejecución de cierta disposición emanada de la Superintendencia de Servicios de Salud, en donde se intimó a la accionada para que se abstuviera de aplicarle aumentos en razón de la edad, no autorizados por la Autoridad de Aplicación y el magistrado de grado otorgó a la presente acción el trámite de ejecución de sentencia. El acto administrativo es ejecutorio cuando la administración tenga otorgados por el orden jurídico, expresamente o, en forma razonablemente implícita, los medios para hacerlo cumplir ella misma por la coerción. Si la ley no autoriza expresamente a la administración a ejecutar ella misma el acto, ni tampoco la autoriza implícitamente y no hay sanción penal, civil ni administrativa por el incumplimiento, entonces, simplemente, la administración no puede ejecutar el acto de oficio por la coerción, cuando con ello invade derechos de particulares y sólo podrá solicitarlo judicialmente (conf. Gordillo Agustín, "Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas", T. 8, pág. 255 y sgtes.), conclusión que resulta aplicable cuando quien pretende la ejecución es el beneficiario del acto administrativo, como ocurre en el caso de autos. Así es claro que, a los fines de ejecutar la disposición administrativa en la que fundó su derecho el actor, era necesario recurrir al auxilio de la jurisdicción judicial, más la vía elegida no se advierte que fuera la procedente.
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Skycab S.A. c/ Peralta, Ricardo E. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

El desistimiento de la acción y el derecho efectuado por la actora encuentra causa en la satisfacción de las pretensiones del reclamante y no en su resignación, de lo que da cuenta el acuerdo celebrado con la citada en garantía en el que se estableció las costas por su orden y la demandada no puede mantenerse al margen de dicho acuerdo, por lo que no corresponde imponerle las costas a la actora por el desistimiento señalado.
Contrabando, sumas de dinero
Materia: PENAL
Carátula: Quintana Teodoro C. Y Murta De Quintana Norma L. s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-25

A los fines del derecho aduanero el dinero efectivo se encuentra abarcado por la calificación de "mercadería", pues se trata de un bien material susceptible de ser importado o exportado y, entonces, es "mercadería" en los términos del tipo penal del delito de contrabando. Si se intentó transgredir la prohibición de egresar del país con una suma superior a U$S 10.000 por cada pasajero (arts. 632, 609 inc. B) y art. 7 decreto 1570/01) y el dinero fue encontrado entre las prendas de los imputados, se trata de un especial modo de contrabando a través del ocultamiento y, teniendo en cuenta que el monto excluye la posibilidad de considerar el hecho como un contrabando menor, corresponde encuadrarlo provisionalmente en el art. 864 inc. d) en función del art. 871 CA, en atención a la etapa del proceso.
Leyes, presunción de legitimidad, medida de no innovar, conflicto de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BODEGAS Y VIÑEDOS IGLESIAS Y COMPAÑIA c/ GOBIERNO NACIONAL s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-10

La improcedencia de una medida de no innovar respecto de una ley debe establecerse como principio, no sólo la presunción de validez que subyace en ella al ser la expresión de la voluntad soberana, sino porque por el simple artilugio de una medida cautelar se obviaría la aplicación -lo que es sinónimo de una derogación temporal- de una norma que es de aplicación directa de la Constitución, con la consiguiente intromisión de un "poder" en lo que es propio de otro.
Faltas, régimen de faltas, faltas relacionadas con la seguridad y prevención de siniestros, Código de edificación, playas de estacionamiento, estacionamiento antirreglamentario, declaración de inconstitucionalidad, gravamen irreparable
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: AMFLOR S.A. s/ superar la capacidad de cocheras y otra - APELACION - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-26

El artículo 7.7.1.2 del Código de Edificación no afecta derechos de rango constitucional, toda vez que los argumentos vertidos por la quejosa no avalan ni fundamentan en modo alguno el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la norma aplicada, ya que refiere sólo a diferencias de opinión con la finalidad, interés y bien jurídico protegido que ha tenido en vista el legislador al sancionar la norma, como así también su disidencia respecto de la política comunal.

Ello constituye una mera discrepancia con el criterio adoptado por el legislador y volcado en la norma atacada, que imperativamente conduce a la descalificación de tal agravio (CSJN Fallos 257:127; 308:1631).
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, amnistía, Fuerzas Armadas
Materia: PROCESAL
Carátula: Golpe, Isaac Rodolfo c/ Estado   Nacional  (Ministeio  de  Defensa  -  Gendarmería  Nacional) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

Procede el recurso extraordinario, si para arribar a la solución que se impugna, la Cámara interpretó normas federales -ley 20.508 y decreto reglamentario 1332/73- y tal exégesis contradice la sostenida por el recurrente.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, contrato de trabajo, indemnización por despido, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Villarreal, Adolfo c/ Roemmers s/ cobro de salarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

Es arbitraria la sentencia que dispuso la inaplicabilidad del tope previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo - cuya inconstitucionalidad declaró - si el a quo soslayó la resolución del Ministerio de Trabajo 65/92, y no advirtió que calculando el monto indemnizatorio según las directivas de la mencionada norma, la cifra que arroja no produce lesión alguna a la propiedad tutelada en el art. 17 de la Constitución Nacional.
Resoluciones, pesca, veda pesquera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HARENGUS  S.A. s/ APELACION  RESOL.  NRO. 619 DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA  Y PESCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-21

La prohibición general de la pesca de la merluza dentro de una zona de veda dispuesta en las resoluciones 174, 175 y 231 de 1976, lejos de ser caprichosas o responder a fines persecutorios, tienden a conservar un recurso natural que aunque cuantioso no es inagotable e imponen a todos aquellos que participan de la actividad un celo extremado para asegurar la efectividad de dicho propósito. Quedan comprendidas en la exigencia, con mucha mayor razón, quienes son sus directos beneficiarios y necesitan por ello que se asegure en el tiempo un volumen de captura razonable.
Revocación de sentencia, declaración de inconstitucionalidad, sobreseimiento, tenencia de estupefacientes para consumo personal, allanamiento domiciliario, igualdad ante la ley, fallos de la Corte Suprema, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL
Carátula: PINTO, Carlos Alberto c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-01

Corresponde revocar la resolución que declaró la inconstitucionalidad del art. 14 segundo párrafo de la ley 23.737 y sobreseyó al encausado pues no puede considerarse que la imputación penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal -dentro del espacio penitenciario- implique un allanamiento general o aniquilación plena de la privacidad. En consecuencia, resulta improcedente trasladar el "caso Arriola" a la situación analizada en este caso concreto. Con esta interpretación no se lesiona el principio de igualdad, en tanto, al momento de los hechos el imputado se encontraba sometido a una regla de sujeción jurisdiccional que particulariza el caso respecto de situaciones donde rige la plena libertad normativa de la persona. En esas condiciones, la trascendencia del comportamiento y el riesgo a los que remite la doctrina aplicada en el pronunciamiento del a quo deben ser evaluados en las especiales condiciones de la tenencia del estupefaciente por parte del encausado. Sobre este punto, vale recordar que la C.S.J.N ha señalado que las prescripciones constitucionales respecto a las personas privadas de su libertad "impone al Estado, por intermedio de los servicios respectivos. la adecuada custodia que se manifiesta en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral". Esto determina que el campo de injerencia estatal en estas circunstancias se vea ampliado, pues además de ejercer el control sobre quien está detenido, aparece como garante y custodio de la propia integridad y de la del resto de la población penitenciaria. En consecuencia, la tenencia de estupefacientes que se le imputa al encausado mientras se encontraba alojado en la Alcaidía Policial de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, no está amparada por un ámbito de privacidad constitucionalmente tutelado y, en ese contexto, constituye por sí mismo un riesgo para terceros que hace a la trascendencia de su comportamiento.
Honorarios del abogado, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Ortellado, Francisco Ramón c/ Eriday-UTE s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-02-20

Acorde a los lineamientos de la ley 607, en principio, los honorarios son embargos preventivos sustanciados antes del proceso de ejecución, en cuanto los mismos fueran procedentes, son objeto de tratamiento especial para estimación de la labor profesional según lo establecido en el artículo 25 de la ley 607.
Recurso extraordinario de nulidad, debido proceso
Materia: LABORAL
Carátula: Silvestre, Edelma Hilda c/ Bilous, Alberto Esteban s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Son ajenas al ámbito del recurso de nulidad extraordinario las alegaciones referidas a la violación del debido proceso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Merlo, Pedro Rodolfo s/ Robo de aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se impugna la calificación del hecho bajo las previsiones del art. 38 del dec. ley 6.582/58, ratificado por ley 14.467, si no se demuestra que los hechos que consideró probados la Cámara no encuadran en ninguna figura legal, ni que deban serlo conforme se pretende.
Seguro por invalidez, cobertura, responsabilidad del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: Giménez José Enrique c/ Alico Cía. de Seguros SA Metlife Inc. s/ cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-03-26

En relación al agravio sobre el límite de cobertura -en cuanto que correspondía que la accionada responda en la medida del seguro, pero con valores vigentes para el mismo tipo de contrato al momento de la liquidación judicial ordenada en la sentencia definitiva, en sustitución de su valor histórico-, vale decir que si bien la a quo mantuvo el límite de cobertura fijado por la aseguradora para la opción elegida por el actor de 24 sueldos y con intereses a la misma tasa del monto del capital, cabe disponer que la aseguradora responda en la medida del seguro, pero con valores vigentes para el mismo tipo de contrato al momento de la liquidación judicial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: González, Alberto Antonio c/ Buxton S.A.C.I.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-06

Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo debe examinarse si la ley ha sido bien aplicada a los hechos examinados en la instancia ordinaria, pudiendo revisarse la apreciación de la prueba sólo en supuestos de excepción -y que por eso mismo exigen criterio restrictivo- a riesgo de desnaturalizarse la función del Tribunal de aplicación de derecho de la Suprema Corte, para convertirse en una nueva instancia ordinaria.
Sociedades comerciales, absolución de posiciones, representación de la sociedad, representante legal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Linares, Francisco s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1989-06-01

Debe descartarse toda posibilidad de que absuelva posiciones validamente por una persona jurídica, un simple convencional o un abogado o procurador de la empresa nombrado gerente exclusivamente para este fin, aunque cuente con poder para el acto de marras, e inclusive los altos funcionarios de la entidad que no cumplan los requisitos detallados precedentemente, ya que si esa hubiera sido la intención del legislador así lo hubiera establecido, como ocurre en el procedimiento laboral por acción del art. 87 de la ley Nº 18.345.

El vicio acusado por el casacionista se ve materializado porque se permitió la absolución de posiciones pese a la expresa negativa del adversario (aunque en definitiva no se hicieron las preguntas), en contravención a lo que dispuso el segundo párrafo del art. 191 del C.P.C. y porque el actor de los autos, y el debía realizarse como lo pedía el proponente de la prueba, o sea, por intermedio del "representante legal" de la firma accionante.
Cuestiones de competencia, economía procesal, cheque sin fondos
Materia: PENAL
Carátula: MACIEL, ABEL s/ Cheque sin fondosIncidente de Declaración de Competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

La circunstancia de que los distintos cheques cuya frustración da lugar a la instrucción de dos sumarios separados ostenten numeración correlativa de un mismo cuaderno, se atribuya haberlos suscripto y puesto en circulación a la misma persona y haberlos recibido de ella también un mismo tenedor, a lo que cabe añadir la suposición de que la entrega de todos ellos haya tenido lugar en una misma ocasión, es claramente indicativa de las razones de economía procesal y la evidente conveniencia de que sea el mismo Juez quien se encargue de la instrucción de ambos procesos.
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Mujica Marta Graciela c/ Asociart Art S.A. s/ indemnizacion por enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-09-18

El ambiente laboral por sí solo no posee entidad objetiva suficiente para atribuirle la capacidad de generar riesgos o contener un vicio al que se refiere el art. 1113 del Código Civil, por lo que se requiere de la participación de una cosa en la producción del daño, por contar con un vicio o generar riesgo.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, prisión preventiva, excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Villegas, Angel Ariel y otros s/ infracción ley 23.737 - causa n° 9160.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-05

La importancia del derecho afectado no puede convertir a cualquier acto procesal en sentencia definitiva. La libertad, aún mal decretada, no es de imposible reparación ulterior puesto que es perfectamente reparable por la eventual sentencia condenatoria.
Contratos, prueba, factura
Materia: COMERCIAL
Carátula: D.VARONE   SRL c/ CONSORCIO  DE  PROPIETARIOS  YERBAL  525 s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-29

Si bien, en el caso, no se ha reconocido la efectiva recepción de las facturas y las "órdenes conforme", por lo que resultarían ineficaces de por sí para evidenciar las obras, sin embargo, el derecho al cobro del precio por los servicios prestados no puede depender de que las facturas hubieran sido previamente recibidas por el demandado, ya que de ser así con solo negarse su recepción se eludiría fácilmente la obligación de pago de los importes (CNCom., sala E, "Muzzupappa, Francisco Juan c/ Ecma SRL", del 23-4-10 y "Artanco SA c/ Mancuso, C.", del 11-4-11). Además, tal suma se debe como contraprestación de la correlativa obligación cumplida por el co-contratante en virtud de lo establecido al celebrarse el contrato y no por efecto de la sola emisión del instrumento o recepción del documento liquidatorio de la operación (CNCom., Sala E, "Radiodifusora Buenos Aires SA c/ Martínez, Ovidio", del 6-05-91), ya que éste se emite justamente a consecuencia del contrato celebrado, dando fe de su preexistencia.
Acción de amparo, acto administrativo, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: PEREA DE PAZ, NORMA ELENA c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-29

La recepción de la cautela contra la administración, queda supeditada a la acreditación de alguno de los siguientes extremos:

a) existencia de motivos de interés publico; b) para evitar perjuicios graves al interesado; c) cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. La demostración debe tener lugar en grado de apariencia y provisionalidad que es propia de la materia cautelar.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, expresión de agravios
Materia: PENAL
Carátula: CH. J.M., S.R.R. S.D. ROBO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA E.P. CHAR EDUARDO LUIS Y CHAR MIGEUL ANGEL s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-11

Se deben citar cada uno de los motivos en los cuales se fundan los agravios, con mención de los preceptos legales considerados violados o erróneamente aplicados, haciéndolo separadamente para cada causal y sin que sea posible en principio corregir ex officio las deficiencias del recurrente, porque funciona en forma muy limitada el principio iura novit curia, al tratarse de un recurso eminentemente técnico, con obligación de patrocinio letrado y donde inclusive se deberá explicitar la solución que se pretende respecto de la aplicación de las normas en cuestión. Los motivos aducidos delimitan el objeto de conocimiento y discusión en el recurso, tanto para las partes como para el tribunal ad quem.
Trabajadores petroleros, convenios colectivos de trabajo, despido indirecto, injuria laboral, gravedad de la falta, sanciones disciplinarias
Materia: LABORAL
Carátula: Plaza, Flavio Oscar. c/ Chromu S.A. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-10

La sanción disciplinaria impuesta al actor con motivo de un accidente de tránsito de que fue protagonista conduciendo -con carnet habilitante vencido- un vehículo de la empresa, teniendo en cuenta que se trataba de una sanción de suspensión que pudo ser atacada por la vía judicial prevista en el art. 67 LCT, para lo que bastaba con la impugnación cursada en el TCL aludido, tampoco puede asignársele entidad como para tornar imposible la continuidad de la relación laboral, aun cuando no hubiese gozado de derecho de defensa previo a la sanción.
Derecho procesal, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: HEREDIA VIUDA DE PAREDES FAUSTINA Y OTRO c/ PROVINCIA DE SAN JUAN Y JAIMES SIREROL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-26

Dado lo difícil y a veces imposible que resulta la prueba directa del hecho generador del reclamo judicial, es que se han elaborado una serie de presunciones, basadas en que, por lo general, las conductas humanas, producen en determinadas circunstancias análogas consecuencias. Tradicionalmente se define a las presunciones, como las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para afirmar un hecho desconocido.