marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: GIORGETTI  ALEJANDRO  HECTOR EN: "BANCO REGIONAL DE CORDOBA -SOCIEDAD DE HECHO-" s/ QUIEBRA PROPIA - INCIDENTE DE ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-06-07

La circunstancia de que no se hayan agregado a los autos las cedulas cuyo diligenciamiento interrumpieron el término de la perención, no implica que haya habido paralización en el trámite tendiente al agotamiento de la instancia, porque la actividad se cumplió en forma idónea. Si bien era imprescindible que se agregaran las cedulas a los autos para que cumplieran con su finalidad de impulso del proceso, es de señalar que desde que las notificaciones se efectuaron hasta que se agregaran a los autos no transcurrió nuevamente el término de la perención. Declarar de oficio la perención luego de acompañadas las cedulas, constituiría un formalismo excesivo.
Responsabilidad extracontractual del Estado, servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G. Y., M.E. y Otros c/ E. SRL y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-27

No creo que existan discrepancias si digo que para la procedencia de la acción de daños y perjuicios contra el Estado por negligencia o cumplimiento irregular de su función, en el caso -el otorgamiento de certificados de habilitación de automotores- debe aunarse la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre la conducta de la provincia y el perjuicio y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la demandada.

Tampoco la habrá si afirmo que la obligación de prestar un servicio público, insisto la habilitación de automotores para el transporte de pasajeros, se debe cumplir en condiciones adecuadas para satisfacer el fin para el que ha sido establecido y que, caso contrario nace su responsabilidad por los perjuicios causados por su incumplimiento irregular o bien lisa y llanamente incumplimiento; que esta idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil.
Contratos comerciales, contrato de distribución, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: RAINLY   SA c/ LINDSAY  INTERNATIONAL  SALES  CORPORATION s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-12

Celebrado un contrato de distribución, en el cual la accionante fue designada durante cierto período como única distribuidora en el país de los equipos fabricados por la demandada, procede hacer lugar al reclamo de indemnización por los daños causados a traves del "desvío de ventas" efectuado por la accionada, lo que motivó la rescisión unilateral efectuada por la actora. Ello así, toda vez que surge de los documentos arrimados a la causa, reconocidos por la demandada, el carácter de distribuidor exclusivo de la actora durante los dos últimos años de la relación contractual; asimismo, del informe efectuado sobre los libros de la demandada aparecen operaciones concretadas con otras empresas durante tales periodos. en tales condiciones, la demandada deberá indemnizar a la actora el daño ocasionado, pero en el concepto de "perdida de chance", por lo que el importe se fijará sobre la chance misma (cncom, sala b, 12.10.94, in re "Separata SA c/ Parques Interama SA s/ Ordinario").
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, constitucionalidad, depósito previo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moresco, Carlos c/ Giarruso, Salvador s/ Daños y perjuicios Municipalidad de Chivilcoy c/ Mendez, Eduardo Rubén s/ Apremio. Recurso de queja Toselec S.A.C.I.F. c/ Banco Argencoop Coop. Ltdo. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28|2001-10-03|2006-05-31

Las limitaciones establecidas por los arts. 278 y 280 del Código Procesal en cuanto al monto del pleito para la concesión del recurso de inaplicabilidad de ley y a la obligatoriedad del depósito previo no vulneran derechos o garantías constitucionales pues de acuerdo con el art. 149 inc. 4to. ap. "a" de la Constitución Provincial la Corte conoce de este recurso "con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan".
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: PROCESAL
Carátula: García Foucault, María Rosa c/ Honorable Senado de la Nación s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Las decisiones en los juicios de amparo deben atender a la situación existente al momento de ser dictadas.
Recurso de casación, denegatoria del recurso, debido proceso, deberes del juez, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Morales Agüero, Luis Alberto s/ art. 5, inc. c de la ley 23.737 (causa N? 368).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Es descalificable el pronunciamiento que, al denegar el recurso de casación, dejó firme la resolución que impedía el descubrimiento de la verdad jurídica objetiva, sobre la base de fórmulas genéricas y abstractas, importando flagrante violación a las reglas del debido proceso.
Cheque, competencia, domicilio, registración del cheque, bancos
Materia: COMERCIAL
Carátula: JOAMAR SA C/SERVICIOS VERTUA SA S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

Los efectos del domicilio registrado por el cliente en el banco girado no solo tienen plena e innegable validez entre ellos (cliente-banco, CCCN 75) sino frente a cualquier portador legitimado del cheque (cfr. esta Sala, 1/7/19, "Dajnowski, Juan c/ Marcaida Hnos SA s/ ejec.", Expte. COM N° 10865/2018).
Defraudación, retención indebida
Materia: PENAL
Carátula: MIÑO ARMANDO s/ DEFRAUDACION EN PERJ.DE LA ADM.PBCA.en forma reit.y ESTAFA en  conc.real.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-12-03

El imputado abusando de la confianza depositada en él por el IAFAS, ente oficial que rige el juego en la Provincia de Entre Ríos y que pertenece al Estado, en forma ilícita sustrajo diversos montos de dinero correspondientes a las jugadas efectuadas en su Agencia por los clientes, que no fueron remitidas a dicho instituto, por lo cual no ingresaron al sistema como tampoco los importes correspondientes a ellas. Tal conducta dolosa se precipita en la figura descripta en el inciso 5º del artículo 174 del Código Penal como defraudación en perjuicio de la administración pública.
Proceso penal, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ROSETTI, ALBERTO c/ REYES AGUIRRE, HUGO s/ QUERELLA POR INFRACCION A LA LEY DE MARCAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-09

La facultad del imputado para probar cuanto sea favorable a su interés, no puede ser considerada una carga, por cuanto su estado de inocencia puede ser confirmado, en tanto que la llamada teoría de la carga probatoria aceptada para el proceso civil no rige, en el proceso penal.

Los códigos antiguos expresamente cierran esa posibilidad -la de aplicar la teoría civilista sobre el onus probandi-, al preceptuar que en todos los casos incumbe a la acusación de los hechos para justificar la criminalidad del proceso. Los modernos no han tenido necesidad de consignar una regla semejante, por cuanto se estimó que ella fluye de la propia naturaleza de la cuestión penal.

Por su parte, el art. 468 del C.P.M.P. acoge el mismo criterio al establecer que "en todos los casos, incumbe a la acusación la prueba de los hechos para justificar la criminalidad del procesado.
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo, comisiones médicas, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

El sistema de comisiones médicas incorpora resguardos del debido proceso que contribuyen a la participación de las partes en el procedimiento, garantizando en especial la de los damnificados, y al control de la actividad administrativa; y el trabajador cuenta con patrocinio letrado gratuito y obligatorio durante la instancia administrativa, y los honorarios y demás gastos en que incurre están a cargo de la respectiva aseguradora; en suma, todo el procedimiento es gratuito para el damnificado, incluyendo traslados y estudios complementarios.
Facultades del juez, medidas para mejor proveer, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: ZAPATA Marcos Oscar c/ Provincia de San Juan s/ Rec. de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-30

Al rechazar el Juez el recurso de reposición reitera las normas invocadas en el decreto cuestionado, a saber los arts. 35 y 340 in fine del Código Procesal y cita doctrina que apoya la facultad del Juez de agotar todos los medios para adquirir certeza sobre los hechos alegados por las partes.

Como dijéramos en considerandos anteriores, estas medidas probatorias no afectan el derecho de defensa, como tampoco el debido proceso legal, toda vez que el actor conserva la facultad de fiscalizar e impugnar el resultado de los informes requeridos. Ese resultado, que al momento es incierto no puede agraviar a la actora antes de conocer si le beneficiará a la demandada y/o la perjudicará a ella.

Respecto de la preclusión de los términos invocada y la aplicación irrestricta del art. 478 de la ley 3738, conforme lo estipulado por el art. 793 de la ley 7942, debemos decir que a nuestro entender, la aplicación de una norma procesal debe hacerse en forma sistemática, en conjunción y congruencia con otras que forman el mismo ordenamiento adjetivo.

Para ello debe entenderse, que pese a que en sus inicios el presente se generó como un proceso sumario, no dejan de ser aplicables normas genéricas ya existentes como el art. 35 inc. 2 y 6 del anterior Código Procesal, contenidas en los nuevos artículos 35 y 340.

Por otra parte, debemos concluir que siendo el decreto cuestionado fundado en los artículos citados corresponde la aplicación del art.

342 del C.P.C. y por lo tanto considerarse inapelable, entendiendo claramente que se trata de producción de pruebas y las normas que se aplican son exclusivas del régimen probatorio.

Conforme a lo señalado, no se advierte ni surge del cuerpo de actuaciones que conforman el presente recurso de queja que exista arbitrariedad alguna que pudiere ser incompatible con los principios constitucionales cuyo análisis se preanunciara.
Condominio, división de condominio, partición en especie, subasta de inmuebles
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MARTÍNEZ,  María  José c/ MARTÍNEZ TRIGUEROS, Federico Roberto s/ DIVISIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-23

No obstante que la norma del art. 3475 bis del Código Civil dispone la posibilidad de dividir y adjudicar en especie los bienes del acervo hereditario, cuando no se trata de la partición de éstos sino de un inmueble que no lo integra sino que ~ r nombre de los coherederos, y entre ellos no arribaron a acuerdo para su división (en la audiencia del art. 677 del Código Procesal), la única solución posible es la subasta, en tanto constituye una única vivienda imposible de división en especie.
Indemnización por muerte del trabajador, competencia laboral
Materia: PENAL
Carátula: Quintar Marcela Isabel c/ Total Austral SA s/ indemnización por fallecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-29

De la lectura de la demanda, surge que la actora presenta acciona con el objeto de percibir, entre otros rubros, la indemnización por daños y perjuicios que le habría producido la empresa demandada con motivo del desenvolvimiento del contrato de trabajo que unió a su marido fallecido con aquélla. Tal circunstancia sella la suerte de la cuestión, pues resulta evidente que nos encontramos frente a hechos que se vinculan íntimamente a la relación laboral y obedecen a conductas que tienen por inequívoco marco el contrato de trabajo que subyace, ya que adquiere una influencia decisiva para resolver el litigio la determinación del alcance de las obligaciones en el ámbito de la empresa, lo que encuadra la cuestión en la doctrina interpretativa de los arts. 20 y 21 inc. a) LO. Por ello resulta competente para entender en el caso la J.N.T..
Recurso de apelación (procesal), Ministerio Público Fiscal, improcedencia del recurso, falta de agravio concreto, declaración indagatoria
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: D'AMATO, Enrique s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

El agravio de la fiscalía por la respuesta negativa del juez de instrucción a recibirle declaración indagatoria a un imputado, no puede dilucidarse a través del recurso de apelación contra dicho temperamento, pues no importa ello auto que cause gravamen irreparable, desde que el magistrado no se ha pronunciado de conformidad con los modelos previstos por la normativa instrumental (ley 23.984), ya sea para la incorporación del denunciado al proceso o para su directa desvinculación, sin perjuicio que a ese efecto deba el fiscal adecuar su petición a las previsiones del art. 180 del ordenamiento adjetivo.
Recurso extraordinario de nulidad, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Marchetti, Jesús Alberto s/ Homicidio calificado Casati, Alberto Rubén s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07|1989-12-26

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad que invoca los arts. 156 y 159 de la Constitución de la Provincia, pero no denuncia se haya configurado ninguna de las situaciones que dichos preceptos contemplan como causales de invalidez de las sentencias.
Sepulcros, gravamen irreparable
Materia: CIVIL
Carátula: Acuña Rosa Esther y otros c/ Aranda Raquel s/ sumarisimo art. 321 C.P.C.C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-11-07

El interés y derecho personalísimo de los familiares -en el caso cónyuge e hijos del causante- a disponer de los restos mortales y preservar la memoria del difunto, no sufre mengua ni avasallamiento como consecuencia de la resolución que dispone que la concubina tiene derecho a que se le entregue el cadáver del difunto a fin de disponer su sepultura donde elija; pues el fin pretendido en el escrito de demanda -realizar el sepelio y cristiana sepultura de sus restos- se encuentra cumplido, más allá de la localidad en que se realice; así la resolución atacada no le causa a la apelante un perjuicio cierto, concreto e irreparable.
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, supervisión de cumplimiento de sentencia, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones del Estado miembro
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Cantos c/ Argentina s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-26

Conforme lo establecido por los artículos 67 y 68 de la Convención Americana y 29 del Reglamento de la Corte, los Estados Parte deben cumplir la decisión del Tribunal, asegurando la implementación a nivel interno de lo dispuesto en la Sentencia, las que tienen carácter definitivo e inapelable, representando una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales del Tribunal, la supervisión del cumplimiento de sus decisiones.
Despido, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Miguez, Rubén R.y otro c/ Comarca S.A. y otro s/ Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

Debe hacerse lugar a la indemnización por daño moral peticionada por el dependiente si se ha demostrado la actitud ilegítima del empleador y el consecuente daño moral que deviene de tal acción antijurídica, como así también la relación causal entre ambos y la imputabilidad legal que le cabe al demandado (art. 1078, Código Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento policial, extraña jurisdicción, robo de automotor, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: SARAVIA, H. J. s/ AUTOMOTORES - PREVENCION POLICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-17

1) No puede considerarse sin valor la actuación de la prevención policial en extraña jurisdicción, si la persecución de los delincuentes fue iniciada en Capital, ya que sería un absurdo pretender que la Policía Federal debe cesar las persecuciones una vez alcanzado el linde la Avda. Gral. Paz, porque lo que se estaba garantizando con esa actuación era la seguridad pública.

2) Si bien se ha declarado en varias ocasiones la inconstitucionalidad del decreto-ley 6582/58, ello ocurrió en situaciones concretas en que la pena resultaba irracional ante el hecho consumado, siendo de esperar que pronto esas disposiciones sean derogadas o modificadas sustancialmente, por cuanto resulta inexplicable que el automotor haya pasado a ser un bien jurídico de mayor importancia que el orden constitucional y la vida democrática.

3) Corresponde declarar reincidentes a ambos procesados, debiendo aplicárseles la accesoria del art. 52, de modo efectivo, atento la personalidad y conducta demostrada por s sean derogadas o modificadas s
Acción, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López Alem, Juan Carlos c/ Caja de Previsión Social y Seguro Médico de la Provincia s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

Corresponde desestimar la acción contencioso administrativa si el actor no logra acreditar los hechos que invoca como fundamento de su acción. Ello teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción y que la posibilidad de probar los hechos justificantes de la pretensión es particularmente amplia, siendo admisibles todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras ésta no los excluya expresamente.
Sociedades comerciales, sociedad irregular
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bali S.R.l c/ Rodríguez Cecilia y otros s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

Si bien la sociedad irregular puede llegar a tener un órgano de administración conjunto ( en el caso, surgía del contrato social), ello no implica que la representación externa no pueda ser ejercida por cualquiera de los socios, tal como lo prescribe el art. 24 de la ley 19.550. Por lo tanto no corresponde declarar la falta de personería si el proceso fue iniciado por uno de los socios que acreditó dicha calidad.- (Minoría u opinión personal)
Acción de amparo, facultades del juez, resolución administrativa, revocación del acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: TREJO SILVIA ISABEL c/ CONCEJO DELIBERANTE DE TERMAS DE RIO HONDO s/ ACCION DE AMPARO- APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-12-26

Sin necesidad de norma expresa, los jueces intervinientes, poseen la potestad de revocar o anular la decisión administrativa sobre los hechos controvertidos si ella fuera suficientemente irrazonable, o se apoyara tan sólo en la voluntad arbitraria o en el capricho de los funcionarios o implicara denegación de la defensa en juicio.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedades comerciales, representante legal, teoría del órgano
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Recondo, Ramiro Octavio c/ Origenes Seguros de Retiro SA s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-27

El desenvolvimiento de una sociedad, la gestión de sus negocios, su actuación frente a terceros, la vida misma de la entidad requiere la actuación de personas facultadas a ese efecto, que deben procurar que aquella alcance el objetivo propuesto para su creación, actos éstos que se efectúan a través de sus "órganos", definidos éstos como aquella estructura normativa que determina cuándo y de qué manera la voluntad o el hecho de un individuo o de varios serán imputados en sus efectos a un sujeto de derecho en un orden jurídico especial (conf. Colombres G., "La Teoría del Órgano en la Sociedad Anónima", 1964, págs. 14/15). Así, el régimen nacional recepta la teoría del órgano, en virtud de la cual se atribuye como actos propios de la sociedad a todas aquellas conductas humanas, voluntarias y lícitas, realizadas por quienes conforman sus diferentes órganos deliberativos, ejecutivos, administrativos, de control o de representación (conf. Roitman H., en su trabajo "Representación en la Sociedad Anónima", publicado en Revista del Derecho Privado y Comunitario, 6, pág. 277).
Libertad condicional, vista al fiscal, falta de vista previa, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MIROL, GASTON F. s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 1257
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-16

Antes de resolver la solicitud de libertad condicional se debe otorgar previamente vista a la parte contraria. En la medida en que esa vista previa tiende a asegurar el principio de contradicción entre las partes (art. 18 De la c.N.), Su omisión causa una nulidad de orden general, pues afecta la intervención del ministerio fiscal y su participación en un acto en que ella es obligatoria (art. 167, Inc. 2, del c.P.P.N.), Sanción declarable de oficio por violar la garantía constitucional mencionada (art. 168, Segundo párrafo, del mismo código).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de leyes federales, expulsión de extranjeros, tráfico de estupefacientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Manzaba Cagua, Jessica c/ EN - M Interior OP y V- DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-10

El remedio federal es procedente si se encuentra en tela de juicio la interpretación de una norma federal (artículo 29, inciso c, de la ley 25.871) y la decisión de la cámara de apelaciones resulta contraria a la pretensión que la recurrente fundó en ella (conf. artículo 14, inciso 3°, de la ley 48).
Malversación de bienes privados equiparables a públicos, establecimientos educacionales
Materia: PENAL
Carátula: LYONNET, JULIO HECTOR s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-26

Los bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o beneficencia, a que hace alusión el art. 263 del C.P. , si bien están equiparados a públicos, las reglas que le son aplicables no son las que se refieren a los fondos públicos, siendo unánime la doctrina en el sentido de que los establecimientos que menciona en primer término la norma aludida deben ser de carácter privado.
Simulación, causa simulandi
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gianotti de Gungolo, Elsa c/ Hernández, Néstor E. s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

Comprobado el acuerdo simulatorio, no es necesario enumerar la "causa simulandi" como elemento constitutivo esencial para la procedencia de la acción, ni configura requisito esencial para la prueba de la simulación los propósitos concordantes o disímiles que guían a las partes a realizar actos engañosos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: 24 de Enero S.A. c/ Gutiérrez, Salvador y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-11

Es la ejecutada la que tiene a su cargo acreditar la falsedad de la firma que se le atribuye.
Registro de la propiedad inmueble, inscripción registral, certificación registral, publicidad registral
Materia: CIVIL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA LIMITADA c/ ALLASIA, OSCAR SALVADOR Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J.    NRO. 220 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-14

La ley 6435 como así también la ley nacional 17.801 en su artículo 25, prescribe que la expedición del certificado implica una "anotación preventiva" en favor de quien en el plazo legal requiera la inscripción del documento para el cual lo hubiera solicitado, garantizando la inmutabilidad de la situación jurídica publicitada durante un lapso de tiempo, reservando prioridad para un documento in itinere cuya inscripción se persigue.