Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-27


Buenos Aires, diciembre 27 de 2006.

Considerando:

I. Que a fs. 14/21 vta. se presenta, por apoderada, la firma Polytech S.A. interponiendo recurso de apelación contra la Res.-fallo 192/01, recaída en el expediente SA 33/381/00, mediante la cual se resolvió condenarla al pago de una multa y se le formuló cargo por tributos, por considerarla incursa en la infracción al art. 954, incs. a) y c), del C.A. Relata que la empresa registró en la Aduana de la Plata, en el curso del año 2000, los despachos de importación nros. ZFE1 004219 A, 3524 V, 4796 K y 2316-T, mediante los cuales se importaba "mercaderías varias del ramo computación". Manifiesta que hasta la fecha se ignora cual o cuales son las mercaderías, ítem o subítem cuyo valor se observó, que se encuentran involucradas en el sumario y por la cual o cuales resulta condenada. Señala que con el informe de la División Fiscalización y Valoración de Importación, carente de contenido, se llevó adelante la denuncia y se la condenó. Declara que tanto el Dictamen como el acto que pone fin al procedimiento previsto, se sustenta en la evaluación de los argumentos jurídicos esgrimidos por su parte cuando respondió al requerimiento efectuado por la Aduana de la Plata, oportunidad en la cual se limitó a confirmar los valores declarados en los despachos y factura comercial, que guardan identidad y correspondencia con los aceptados sin discrepancia por los respectivos certificados de preembarque, toda vez que por ser importadora habitual de la misma mercadería desde hace muchos años, no tiene contratos para exhibir. Añade que por ese motivo es que ratificó la declaración en los despachos solicitando la devolución de los importes dados en garantía a requerimiento de la Aduana y, a su vez, se refirió al sustento legal de su pretensión. Señala que, no obstante ello, y de surgir del campo correspondiente en los despachos la constancia de "verificado conforme" respecto de todos los ítem, se ajustaron los valores por aplicación de lo previsto en la Res. 335/99, obligando a la empresa a pagar una suma de dinero en concepto de garantía como único medio de poder liberar la mercadería. Manifiesta que al tomar vista del expediente, pudo comprobar que el servicio aduanero procedió a ajustar el valor de las mercaderías realizándose liquidaciones provisorias, agregadas al sumario sin haberse acreditado en forma fehaciente el parámetro de comparación y aplicando los valores de las mercaderías cuyas planillas obran agregadas a fs. 5 del sumario, las cuales no pueden ser consideradas como antecedentes de valor por no ser idénticas ni del mismo grado de adelanto tecnológico que justifique el apartamiento del valor de transacción declarado y acreditado. Considera que el procedimiento implementado juntamente con la Res. 335/99 es ilegítimo. Manifiesta que a partir de la vigencia de la ley 23.311 y de su dec. reglamentario 1026/87, por la cual nuestro país adoptó el GATT, se produce un cambio sustancial en el ámbito de valoración aduanera de las mercaderías conforme a la normativa vigente hasta ese momento, al sustituirse el concepto de definición teórica de valor por el de definición positiva de valor, que obliga a la aplicación del nuevo procedimiento. Añade que desde el punto de vista estrictamente jurídico, la aplicación del GATT implica para nuestro país un deber, que tiene su fuente directa en la Constitución Nacional. Considera que el sumario instruido como la condena dictada constituyen actos ilegítimos, si se tiene en cuenta que el apartamiento del valor de transacción debe ser fundado. Manifiesta que la Res. 335/99 plantea una incongruencia que debe ser resuelta en forma inmediata por su gravedad, toda vez que ha derogado de hecho el dec. 477/97. Señala que no es posible que como control de veracidad en el valor documentado, el Poder Ejecutivo haya creado con carácter general y obligatorio el control de preembarque, cuyos certificados de inspección comprueban que el valor-precio de la mercadería conforme a las facturas comerciales no merece observación alguna, y con posterioridad el mismo sea ajustado por una resolución de fecha posterior, como ocurre con la nº 335/99. Añade que resulta ilegítimo que una norma de rango inferior derogue a otra de rango superior y que también es ilegítimo que una norma interna viole un acuerdo internacional, como es el caso del Tratado de Marrakech y de la ley 24.425. Señala que el límite de lo absurdo lo constituye el hecho de que el servicio aduanero no aplica las alternativas legalmente previstas para valorar a una mercadería conforme al GATT, sino que aplica precios bolsa y no individualiza a las mercaderías, de modo que el propio importador desconoce cual de las mercaderías que componen la partida han sido alcanzadas por el ajuste. Agrega que dicha circunstancia afecta el principio de legalidad y de la verdad económica objetiva, toda vez que no se ha demostrado cual es la prueba en la cual se sustenta el servicio aduanero para considerar que se ha tipificado la infracción al art. 954, inc. a) y c), del C.A. Manifiesta que los antecedentes de valor tomados por la Aduana, no constituyen pruebas idóneas para apartarse del valor de transacción como método de prelación obligatoria para valorar, toda vez que ninguna de las mercaderías detalladas en los despachos de importación involucrados pueden ser consideradas mercaderías ni idénticas ni similares, por responder a diferentes especificaciones técnicas que influyen en el valor de transacción en forma directa. Impugna las liquidaciones de tributos pretendidos como el importe fijado para la condena por haberse calculado sobre bases imponibles indeterminadas o determinadas sin fundamento legal por el mero voluntarismo del agente aduanero interviniente. Cita jurisprudencia en apoyo de sus dichos. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se revoque el acto apelado, disponiéndose la devolución de los importes exigidos en garantía en efectivo, con costas.

II. Que a fs. 29/32 vta. contesta el traslado del recurso incoado la representación fiscal, solicitando su rechazo, con costas. Reseña los antecedentes administrativos. Señala que de la documentación obrante en autos se desprende que ha quedado probado que las declaraciones formuladas en las destinaciones en cuestión no resultan exactas y que la diferencia entre lo declarado y lo resultante pudo ocasionar un perjuicio fiscal, así como también la diferencia a que alude el inc. c), del art. 954 del C.A, atento a que, como lo expusieran los agentes intervinientes en el análisis de valor, los precios documentados no concuerdan con los usuales en la rama de la industria. Manifiesta que en el caso, el valor declarado es inexacto, y de haber pasado desapercibido hubiera podido ocasionar un perjuicio fiscal, por cuanto los tributos se abonaron sobre la base de un valor diferente al que correspondía. Destaca que en la totalidad del proceso realizado, ya sea a los fines de corroborar el valor oportunamente declarado como posteriormente durante el desarrollo del sumario, se ha brindado adecuado derecho de defensa a la recurrente, atento a que se han respetado todos los pasos establecidos en la normativa en vigencia. Señala que el importador no se presentó, pese a estar debidamente citado para aportar elementos que permitieran ratificar el valor declarado, habiendo comparecido el mismo posteriormente a contestar la vista, en la que se limitó a expresar dogmáticamente que las mercaderías tomadas como parámetro por el servicio aduanero eran de distinto adelanto tecnológico y que ello podría significar un demérito y en otros casos un mayor valor, sin aportar prueba de lo propio y sin acompañar elemento alguno que permita establecerlo o modificar las conclusiones arribadas por el servicio aduanero.

Manifiesta que no le asiste razón a la actora cuando sostiene que ignora cuáles son las mercaderías cuyo valor se observó, por cuanto a fs. 6/10 de las actuaciones administrativas obra un detalle pormenorizado donde se individualiza el número de despacho, la factura, el tipo de mercadería, cantidad, ítem, así como también los valores declarados y los que surgen de la recomposición efectuada por el servicio aduanero y, por último, la diferencia a que los mismos dieron lugar, sin que obre constancia alguna en las mencionadas actuaciones de pedido de aclaración por parte de la actora. Destaca que no le asiste razón a la recurrente cuando pretende justificar su postura sosteniendo que el control de preembarque se concluyó a través de los certificados de inspección y que no había observación que efectuar en relación al valor, por cuanto surge del dec. 477/97, Anexo I, punto c), II, que la intervención de las empresas de inspección no reemplaza o limita la competencia que las normas vigentes atribuyen al servicio aduanero y que, por lo demás, están específicamente contempladas en el Código Aduanero. Añade que el propio decreto destaca que la actividad de las mencionadas empresas de inspección no libera ni sustituye al exportador de sus responsabilidades contractuales con el importador, ni a éste, ni a los agentes de transporte aduanero, ni a los despachantes de aduana de sus obligaciones contractuales y legales frente a los particulares y autoridades gubernamentales, tanto del país exportador como de la República Argentina y del cumplimiento del Código Aduanero por el despacho de la mercadería. Cita jurisprudencia en base a lo expuesto. Solicita se considere al dictamen emitido en las actuaciones administrativas como parte integrante de la contestación de demanda. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme el decisorio apelado, con costas.

III. Que a fs. 33 se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes. A fs. 57 no habiéndose producido prueba alguna, se elevan los autos a la sala F y quedan en estado de dictar sentencia.

IV. Que el expediente SA33 nº 381/00 se inicia a fs. 1/2 con el acta de denuncia efectuada por la Aduana de la Plata. A fs. 3/4 obra agregado el informe de la Sección Fiscalización y Valoración de Importación mediante el cual señala que, atento a la diferencia entre los montos declarados y los resultantes del estudio de valor, es de su opinión encuadrar el caso en los términos del art. 954 del C.A. A fs. 5 se encuentra agregado el sobre contenedor de los antecedentes de valor utilizados. A fs. 6/9 se agregan las planillas correspondientes al estudio de valor realizado sobre las mercaderías documentadas mediante los despachos de importación nros. 00 033 ZFE1 004219A, 00 033 ZFE1 003524V, 00 033 ZFE1 004796K y 00 033 ZFE1 002316T. A fs. 10 obra el informe de la Sección Fiscalización de Operaciones Aduaneras. A fs. 11/14 se agregan las carpetas contenedoras de los despachos de importación mencionados y su documentación complementaria. A fs. 15 vta. se agregan los expedientes EA nº 33-00-2583 y EA nº 33-00-2584, mediante los cuales la recurrente peticiona la devolución de los importes dados en garantía. A fs. 19 se dispone instruir sumario contencioso contra la firma Polytech S.A. por presunta infracción al art. 954, incs. a) y c), del Código Aduanero. A fs. 20/74 se practica el aforo de la mercadería y la liquidación de la multa y los tributos adeudados. A fs. 76 se corre vista a la importadora de todo lo actuado, la que es contestada por la misma a fs. 82/86. A fs. 91 se abre a prueba y a fs. 95 se ponen las actuaciones para alegar. A fs. 103/107 se encuentra agregado el Dictamen nº 538/01 y a fs. 108/109 se dicta la Res.-fallo 192/01, por la que se condena a la firma Polytech S.A., al pago de una multa y tributos, por infracción al art. 954, incs. a) y c), del Código Aduanero. A fs. 118 la importadora acredita la interposición del presente recurso de apelación.

V. Que corresponde decidir a este Tribunal si se ajusta o no a derecho la resolución aduanera apelada en cuanto condena a la actora al pago de una multa y exige una diferencia tributaria por considerar configurada la infracción tipificada en el art. 954, incs. a) y c), del C.A., en relación a las operaciones documentadas mediante los D.I. nros. 00 033 ZFE1 004219A, 00 033 ZFE1 003524V, 00 033 ZFE1 004796K y 00 033 ZFE1 002316T, registrados ante la Aduana de La Plata, con fecha 4/4/00, 21/3/00, 17/4/00 y 23/2/00, respectivamente.

Que vinculada a la posible configuración de la infracción endilgada, se encuentra la cuestión del ajuste de valor practicado por el servicio aduanero en relación a los ítem 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4, 6, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1 y 10.2 del D.I. nro. 00 033 ZFE1 004219A, 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 9.1, 10, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2 y 13 del D.I. nro. 00 033 ZFE1 003524V, 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4 y 10 del D.I. nro. 00 033 ZFE1 004796K y 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1 y 10.2 del D.I. nro. 00 033 ZFE1 002316T, justificando el apartamiento de los precios de factura en la consideración de que los mismos se encontraban anormalmente reducidos en comparación con los usuales en la rama de la industria.

Que por los citados despachos, la firma Polytech S.A. documentó la importación a consumo de diversas mercaderías del ramo computación originarias de China, Malasia, Singapur y Filipinas, previamente ingresadas a la zona franca de La Plata, clasificadas por las posiciones SIM 8471.70.12.900G, 8471.70.21.000K, 8473.30.49.900V, 8571.50.19.000B, 8471.70.11.000A, 8471.70.19.900K, 8471.60.53.000Q, 8473.30.41.000K, 8542.13.92.000A, declarando el precio unitario de cada una, así como el valor FOB total respecto de aquellos ítem cuyo valor fuera objeto de observación y posterior ajuste.

Que compulsada asimismo la documentación complementaria obrante en las carpetas contenedoras, se advierte que los valores declarados se ajustan a la información contenida en las facturas comerciales nros. 12.785, 12.640, 12.816 y 12.388, emitidas con fecha 24/3/00, 10/3/00, 7/4/00 y 11/2/00, respectivamente, por parte de Microimage Technology Inc., Miami, Florida, Estados Unidos. A su turno, obran adjuntos los respectivos certificados de inspección de preembarque, en los que se asentó la conformidad con los valores declarados.

VI. Que conviene destacar, en primer lugar, que el dec. 477/97 (B.O. 30/7/97) aprobó el Programa de Inspección de Preembarque de Importaciones cuyos objetivos fueron plasmados en el Anexo I del mismo y eran: a) Detectar y combatir la subfacturación, la clasificación errónea y la declaración por defecto de la calidad y cantidad de las mercaderías importadas, y atacar la evasión y elusión impositivas consecuencias de esas prácticas; b) Combatir la competencia desleal sufrida por la industria nacional, por mercaderías importadas subvaluadas o sobrevaluadas; c) Perfeccionar la aplicación de los métodos de valoración y verificación de las mercaderías importadas utilizados por el servicio aduanero, a través de la implementación de un programa de transferencia tecnológica, equipamiento físico y capacitación del personal aduanero, con la cooperación de las empresas de inspección; d) Promover el cumplimiento de las normas vigentes en materia aduanera e impositiva y agilizar los trámites de declaración de importación y; e) Mejorar los controles de calidad y el cumplimiento de especificaciones técnicas de las mercaderías importadas.

Que la emisión de los certificados de inspección de preembarque "sin discrepancia", no excluye la responsabilidad asumida por el importador en la declaración comprometida, en tanto dicha inspección resulta una herramienta complementaria que contribuye a reforzar los mecanismos de control propios del servicio aduanero, pero no reemplaza las funciones y facultades que le son propias a éste último.

Que, precisamente, surge del punto c) del Anexo I, del mencionado decreto que "la intervención de las empresas de inspección no reemplazará o limitará las competencias que las normas vigentes atribuyen al servicio aduanero".

Que, por lo expuesto, no se advierte cuál es el agravio de la actora en relación al planteo de ilegitimidad de la Res. 335/99, atento a que de la lectura de la misma surge que fue dictada en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 455 de la ley 22.415 y el art. 7º del dec. 618/97, para incrementar la eficacia de la fiscalización de la operaciones de importación, sin que se advierta incongruencia alguna con las normas del Programa de Inspección de Preembarque.

VII. Que, en atención a lo expuesto, la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal se rige por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) de 1994 del que nuestro país es parte, conforme lo establece la ley 24.425 (B.O. 05/01/95), que aprobó el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay, entre los cuales se encuentra, el citado Acuerdo, relativo a la materia que aquí nos ocupa.

Que, con sujeción a lo dispuesto en la normativa apuntada, vigente al tiempo de la importación de que se trata, la primera base para la determinación del valor en aduana de las mercaderías importadas a los efectos de percepción de derechos de aduana ad valorem, seráel valor de transacción, ello es, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ello considerado en conjunción con lo previsto en el art. 8º -ajustes del precio pagado o por pagar- (arts. 1, 8 y 15 del Acuerdo y sus notas interpretativas, contenidas en el Anexo I).

Que el sistema de valoración allí aprobado se basa en un criterio principal, contenido en el art. 1º ya reseñado, cuatro criterios subsidiarios, que en principio deben aplicarse sucesivamente en el mismo orden en que se los enumera, previstos en los arts. 2º, 3º, 5º y 6º -con la posibilidad de invertir el orden de aplicación previsto con relación a los arts. 5º y 6º- y el criterio de razonabilidad previsto en el art. 7º, cuya aplicación será viable como último recurso a fin de determinar el valor en aduana.

Que, siendo así, recién cuando no pueda determinarse dicho valor en virtud del método previsto en el art. 1º, se podrá recurrir a las otras bases de valoración previstas, en forma sucesiva y excluyente, en los artículos siguientes.

Que en el caso que nos ocupa, la División Valoración señaló a fs. 3/4 de las actuaciones administrativas que entendía que existían motivos para dudar de la exactitud y veracidad por lo cual se profundizaba el estudio de valor de acuerdo a lo dispuesto en el art. XVII del Acuerdo de Valoración (ley 24.425), concluyendo que: "...Realizado el mismo, se observa que los precios documentados no concuerdan con los usuales en la rama de la industria. Tal apreciación se sustenta en valores de transacción de operaciones comerciales contemporáneas a las objeto de análisis, atendiendo a factores comunes a lo que respecta a naturaleza, especie, calidad, origen, prestigio comercial, la existencia de una marca, etc. Apareciendo anormalmente reducidos frente al marco que refleja aquella realidad. Para mejor proveer se agregan fotocopias debidamente autenticadas de la documentación arriba mencionada que ratifican lo expuesto en sobre a fs. 05 conteniendo 21 páginas y las planillas correspondientes al estudio de valor realizado a fs. 06 a 09. Es de resaltar que el importador fue citado al domicilio declarado en las presentes destinaciones -según lo previsto en Res. 229/98 Anexo III- y para cada una de ellas, no compareciendo el mismo a tales requerimientos, por lo que no aporta elementos que permitan ratificar el valor de transacción... En virtud de la diferencia entre los montos declarados y los resultantes del estudio de valor (70% promedio) y teniendo en cuenta el perjuicio fiscal resultante de aproximadamente $49.450, se considera que los valores declarados no son razonables y por lo tanto inaceptables como expresión real del valor. Por tal motivo, y de acuerdo a lo estipulado en la Res. 229/98, es opinión de esta instancia encuadrar el presente caso en los términos del art. 954 del Código Aduanero...".

Que las citadas planillas de análisis de valor fueron acompañadas de impresiones de registros del sistema NOSIS, de las que surgen los datos de los antecedentes considerados por el servicio aduanero conforme a los que se determinó el porcentaje de ajuste correspondiente a la mercadería importada de los ítem observados de los despachos en cuestión.

Que, a estar a las constancias de los antecedentes administrativos, se advierte que el rechazo del valor de transacción contemplado en el criterio principal, no se debió a la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 1º, párrafo primero, como impedimento para su aplicación, a saber: a) que no existan restricciones para la cesión o utilización de las mercaderías por el comprador; b) que la venta o el precio no dependan de condiciones o prestaciones, cuyo valor no pueda determinarse; c) que ninguna parte del producto de cualquier reventa, cesión o utilización posterior de la mercadería por el comprador revierta directa o indirectamente al vendedor y d) que no exista vinculación entre comprador y vendedor o que, aun existiendo, no haya ejercido ninguna influencia sobre el precio.

Que tampoco se observa la existencia de alguno de los elementos enunciados en el art. 8, susceptibles de producir un ajuste del precio realmente pagado o por pagar.

Que surge de los términos de las planillas reseñadas que el descarte del primer método de valoración, es decir el rechazo de los precios que surgen de las facturas comerciales que respaldan las declaraciones comprometidas -cuya autenticidad no fue cuestionada por el servicio aduanero- se ha fundado exclusivamente en que aquéllos resultaban inferiores a los precios de mercaderías que la Aduana consideró idénticas y/o similares, por lo cual se procedió a valorar las mercaderías importadas haciendo aplicación de los métodos previstos en los arts. 2 y 3 del Acuerdo.

Que, al respecto, el Comité Técnico, a través de la opinión consultiva 2.1, sostiene el criterio de que "el mero hecho de que un precio sea inferior a los precios corrientes de mercado de productos idénticos, no es razón suficiente para rechazarlo, a efectos del art. 1, sin perjuicio, desde luego, de lo dispuesto en el art. 17 del Acuerdo", norma ésta última que expresamente dispone: "Ninguna de las disposiciones del presente acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentadas a efectos de la valoración en aduana".

Que, conforme surge de la "Decisión relativa a los casos en que las Administraciones de Aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado", adoptada también en el Acta final de la Ronda Uruguay del GATT de 1994, para poder rechazarse el precio por "otros motivos" distintos a las circunstancias enunciadas en el párrafo 1 del art. 1º, es necesario que la Aduana determine la falta de veracidad o exactitud de las informaciones, documentos o declaraciones que se hayan presentado y recién en ese supuesto se legitima la utilización de un método distinto de valoración, lo que permite concluir que el precio, aún en tales casos y, en principio, será aceptable como valor de transacción, aunque sea inferior a los precios corrientes de mercado para artículos idénticos.

Que la mencionada Decisión permite a la Aduana, por razones fundadas que induzcan claramente a sospechar de la veracidad de los precios facturados y declarados, a proceder a su rechazo e incluso determina la posibilidad de desestimarlos como base de valoración, previa citación al importador a justificarlos, si su autenticidad no puede ser satisfactoriamente probada por el interesado.

Que, en ese orden de ideas, la Res. 229/98 (ex ANA) (B.O. 23/10/98), vigente a la fecha del registro de las operaciones, aunque derogada en la actualidad, regulaba en su Anexo II el Procedimiento a seguir para la valoración de los despachos de importación, así como su Anexo III lo atinente a la "Determinación de la base de valoración en el caso de existir motivos para dudar sobre la veracidad o la exactitud del valor declarado", ello es, en el marco de lo previsto en el Artículo 17 del Acuerdo.

Que, en tal sentido, previó el pedido al importador y/o al despachante interviniente, de explicaciones complementarias que hagan a la probanza de la veracidad de los valores declarados y de la documentación con la que se pretendió acreditar el valor de transacción, estableciendo en forma expresa la forma en que debía notificarse en el domicilio constituido, así como el plazo para dar respuesta a los requerimientos, previendo además la posibilidad de solicitar un nuevo requerimiento, ampliando lo solicitado en la primera oportunidad.

Que, en atención a la normativa aplicable, corresponde determinar en autos si el análisis de valor efectuado por el servicio aduanero justifica la recomposición del valor declarado por el importador en las operaciones de autos, confirmada en la Resolución aquí apelada.

Que cabe señalar que la investigación aduanera se centró en las impresiones del sistema NOSIS, el que, como fuera señalado, arrojó antecedentes que ampararían mercadería clasificable en la misma posición arancelaria que la objeto de valoración.

Que los suscriptos entienden que si bien la consulta a registros informáticos de datos aduaneros pudo ser empleada como parámetro a fin de recabar información y determinar la inicial inverosimilitud de los precios declarados y servir de fundamento para dudar de los precios declarados por encontrarlos razonablemente disminuidos, dicha duda inicial debió justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite que los utilizados no resultan arbitrarios, ajustándose el proceder aduanero a las prescripciones del Anexo III de la Resolución comentada.

Que, en efecto, a fin de justificar el ajuste efectuado, el servicio aduanero debió adjuntar los despachos de importación, es decir la documentación aduanera pertinente, para dar pleno cumplimiento a las condiciones exigidas en los arts. 2 ó 3 del Acuerdo, por cuanto si bien del cotejo de las citadas impresiones se puede conocer la cantidad de mercadería objeto de cada operación, similar al factor cantidad de las operaciones de autos, en cambio no surge el nivel comercial en que se pactaron las operaciones, como tampoco se pueden cotejar dichos datos con las facturas comerciales que las habrían antecedido.

Que tratándose de documentación que se encuentra en poder de la Aduana, dicho organismo debió extremar los recaudos de la investigación, máxime cuando, como en el caso, se trata de mercadería que presenta precios variables, pudiendo estar ligado ello, entre otras circunstancias, a los avances tecnológicos, que tornan obsoletos los productos en un corto período de tiempo.

Que, asimismo, se advierte que la D.G.A. lisa y llanamente desestimó el precio documentado como base de valoración y lo sustituyó por los valores emergentes de sus propios registros informáticos, sin que exista en las actuaciones administrativas constancia alguna de la previa citación a la actora, que, como condición previa, establece el actual régimen, a efectos de que provea los elementos de juicio y/o explicaciones complementarias que permitan arribar a un valor que refleje el precio real, es decir justificar el valor de transacción documentado.

Que, siendo así las cosas, debió el servicio aduanero solicitar información adicional al importador o, en su defecto, información a la administración aduanera del país de procedencia de la mercadería, o requerir por intermedio del servicio exterior de la Nación, información relativa a los precios de exportación vigentes en el país de origen respecto de la mercadería objeto de investigación, tal como lo disponía a tales efectos, la Res. general 229/98 de AFIP (B.O. 23/10/98), vigente a la fecha de registro de las operaciones, en su Anexo III "Determinación de la base de valoración en el caso de existir motivos para dudar sobre la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba del valor declarado", y Anexo V "Posibles acciones a realizarse en el exterior del país para efectuar investigación en materia de valor", que establecía a los fines del control de la valoración, el procedimiento a seguir, en el marco de lo previsto en el Artículo 17 del Acuerdo.

Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que surge del estudio de valor obrante a fs. 6, que las cantidades de los artículos importados tenidas en cuenta por el servicio aduanero para determinar el porcentaje de diferencia de valor, no coinciden con las cantidades declaradas en el despacho de importación. En efecto, respecto del D.I. nº 00 033 ZFE1 004219, en el ítem 1 fueron declaradas 40 unidades mientras que las tomadas en cuenta por la Aduana fueron 200, en el ítem 2.1 fueron declaradas 80 unidades mientras que las consideradas por la Aduana fueron 500, y la misma circunstancia se advierte en relación a los ítem 4.1, 6, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1 y 10.2.

Que, en definitiva, el proceder de la Aduana se expone como abiertamente contradictorio e incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema "equitativo" de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia (conf. sala F in re: "Krevisky Import S.R.L., expediente nº 10.318-A, sentencia de fecha XX/05/01, entre otros).

Que las circunstancias expuestas permiten concluir que no existen en el caso antecedentes que puedan tenerse como referentes para descartar el valor de la mercadería declarada, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como caprichoso e incierto, si se tiene en cuenta que los productos que nos ocupan presentan en el mercado una amplia diversidad de modelos y calidad, que influyen directamente en su precio.

Que, ello así por cuanto no puede desconocerse, a la luz del actual régimen de valoración de mercaderías, la imposibilidad de la Aduana de desestimar directamente el precio de transacción, sin motivar su decisión, ni recabar otros antecedentes más que los valores emergentes de los registros informáticos, que resultan inaccesibles a los importadores, salvo en virtud de su publicación, que no resultó acreditada en autos.

Que, por todo lo expuesto, entienden los suscriptos que el rechazo del valor de transacción de las mercaderías objeto de la importación de que se trata como valor en aduana no se encuentra respaldado en la investigación de valor realizada y, en consecuencia, el ajuste de valor dispuesto no resulta ajustado a derecho.

Que conforme lo señalado, no se ha verificado en autos perjuicio fiscal real o potencial por cuanto no puede tenerse como base hábil de valoración el valor emergente de los registros informáticos, sin otras constancias que justifiquen el ajuste. Ello así, tampoco se pudo constatar la existencia de una diferencia de valor que pudiera ocasionar el ingreso o el egreso de una suma diferente a la que correspondía, presupuestos estos necesarios para que la declaración inexacta en que se habría incurrido sea sancionable por los incs. a) y c), ap. 1), del art. 954 del Código Aduanero.

VII. Que de conformidad con lo hasta aquí resuelto, y no resultando ajustada a derecho la recomposición de valor realizada, tampoco procede el reclamo efectuado por el servicio aduanero en concepto de diferencia de derechos.

Que en tal sentido y atento a lo solicitado por la actora en relación a la devolución de los importes exigidos en garantía en efectivo, no obstante que no existen constancias de la constitución de las mismas en el expediente administrativo, por la forma en que se resuelve, y en el caso de que hubieran sido efectivamente constituidas, corresponde que el servicio aduanero proceda de conformidad a lo peticionado por la recurrente.

Por ello, se resuelve: 1. Revocar la Res.-fallo 192/01, dictada en el expediente SA nº 33/381/00. 2. Costas a la demandada. 3. Ordenar la devolución de las garantías, si éstas hubiesen sido otorgadas. 4. Declarado que sea por los profesionales intervinientes su número de inscripción tributaria y situación que revisten frente al I.V.A., se procederá a la regulación de sus honorarios profesionales. - Silvia A. Crescia. - Susana L. Silbert. - Ricardo X. Basaldúa.