Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-22


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 22 de 2006.

¿Es justa la sentencia apelada? El doctor Bellucci dijo:

I. A consecuencia de la enfermedad laboral "cervicalgia vértebro basilar" contraída al prestar servicios de conductor de larga distancia para la empresa, detectada durante el decurso del mes de marzo de 1994, el actor la demandó en esta sede jurisdiccional por indemnización de los perjuicios derivados de aquélla, y sus concomitancias que describió en su presentación inaugural que corre glosada a fs. 11/26 vta. que lleva cargo de fecha 9 de junio de 1997.

La emplazada que reconoció el vínculo laboral y su distracto por despido el día 19 de septiembre de 1994, le opuso excepción de prescripción conforme normativa del artículo 12 de la ley 24.028, habida cuenta de que feneció el plazo de decadencia allí establecido a contar desde la consolidación del daño en pos del que -aún negado- se reclamó (v.g. 12-3-94).

II. Agotadas sendas etapas de cognición y de debate, a fs. 325/328 vta., y ampliación de fs. 338/vta., el sr. juez de grado calificó la órbita extracontractual civil de imputabilidad como la aplicable a la solución del caso, y aún con descuento del período de suspensión del instituto por razón de la mediación abortada de que da cuenta el acta de fs. 9, admitió esa defensa y rechazó con costas la demanda interpuesta. Reguló honorarios a los sres. profesionales que intervinieron en la litis y fijó el plazo para que tales emolumentos fueran honrados.

III. Naturalmente y como no podía ser de otra forma, el peticionario protesta contra esa decisión, vertebralmente porque sostiene que debe regir la órbita de responsabilidad contractual, y su plazo de prescripción es el decenal y no el bianual que erradamente -sostiene- aplicó el "iudex". Argumenta que la ley 24.028/91, posterior a la 20.744/76 (L.C.T.), es la aplicable en la especie pues regula las "enfermedades laborales" y que, como norma especial a la que remitiría el artículo 4023 del código civil, no desplaza el lapso decenal de prescripción allí establecido, todo lo que, concluye, convierte en equivocado al decisorio recurrido y amerita la admisión de su reclamo postular, con costas. ("vide" pieza de fs. 386/391 vta., con repulsa a fs. 393/398 vta.).

IV. En rigor de verdad, por fundarse el reclamo en la adquisición de una enfermedad producto de la prestación laboral del actor en favor de la accionada, discrepo con el colega de la otra instancia en cuanto a la normativa civil aplicable, que a mi ver es la contractual derivada de ese vínculo bilateral patrimonial, ya que la extra-contractual queda reservada para el caso de daños derivados de un accidente o infortunio sucedido durante y/o a consecuencia del desempeño de las tareas asignadas al dañado.

En este aspecto le asiste razón al quejoso, pero permito que sólo en el punto, porque todo su discurso revisor resulta equívoco y no exento de falacia. Veamos:

a) La ley 24.028, sancionada el 14 de noviembre de 1991, promulgada el 5 de diciembre de 1991 y publicada el día 17 de ese mismo mes y año (L.A. al to. 1991-C-2924/2929), a pesar que en su artículo 12 establece el plazo duodenal de prescripción, no resulta aplicable desde que, contrariamente a lo que refiere la memoria gravosa, regula el régimen concerniente a los "accidentes laborales "in itinere", eximentes de responsabilidad, indemnizaciones, asistencia médica y farmacéutica, prescripción de los derechos en ella estatuidos y el fondo de garantía. No es dable sostener, como lo hace el disidente, que regule lo atinente a las enfermedades contraídas en el desempeño de labores concertadas con el empleador, desde que éstas quedan aprehendidas en la ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), que aún muy anterior en su vigencia a la antes mentada (ley 24.028), no fue derogada, y consecuentemente, rigió y rige durante el tiempo en que se adujo haber contraído aquella enfermedad y su comprobación. Su artículo 258 prevé el plazo bienal de prescripción para las acciones indemnizatorias derivadas de enfermedades profesionales, amén de las por accidentes. Esta es sin dudarlo, la regla de excepción o disposición especial que atrapa la "quaestio" ventilada en este retazo de verdad ya histórica. Tal modo de lógico razonar desvirtúa sin más las falaces aseveraciones contenidas en los apartados G1), G2), G3) y G4) del escrito de fs. 387/vta. repulsados con precisión a fs. 394/vta.

b) Así, por aplicación del artículo 4023 del código civil TO ley 17.711/68, el lapso decenal aplicable al "sub-lite" cede ante el expresamente previsto en el citado artículo 258 de la Ley de Contrato de Trabajo, puesto que es ésta la disposición especial a la que aquella norma reenvía.

c) Este marco jurídico es el que expresamente fundó no sólo la exposición de hechos contenida en el escrito inaugural de fs. 11 vta. punto III/16, sino también el derecho que allí se invocó a fs. 19vta./20, apartado 2). Llama la atención entonces, que ahora, al rezongar acerca del pronunciamiento recaído, el actor pretenda desconocer lo que afirmó al tiempo de pretender indemnización derivada de una enfermedad laboral.

d) Toda vez que no se ha cuestionado el cómputo realizado por el primer magistrado respecto de la fecha de comienzo del lapso de decadencia del derecho esgrimido, ni a propósito del realizado con relación a la suspensión de aquél por razón de la mediación frustrada y su reinicio a partir de los veinte días de ésta, con el que se coincide, el instituto opuesto al progreso de la demanda ha operado sus efectos extintivos. (arts. 265, 266, 330, 346 TO ley 25.488 (BO del 22/11/2001, vigente a partir del 22/5/2002), 354 inc. 2º y cc. de la ley adjetiva; arts. 4017, 4019, 3947, 3962 TO ley 17.711/68, 3983, 4023 y cc. de la ley sustantiva; art. 258 de la ley 20744, concordante con el art. 44 inc. 1º de la ley 24.557/95; art. 28 del decreto 91/98 reglamentario de la ley 24.573).

e)Tampoco resiste el menor análisis sostener que las intimaciones que el quejoso cursó y cuyo texto ha sido por él totalmente reproducido a fs. 13 vta./14, puedan haber interrumpido el curso de la prescripción liberatoria, desde que en ninguna de ellas se interpeló de modo fehaciente respecto de las yacturas derivadas de la enfermedad adquirida; en todas ellas -substancialmente- lo que se reclamó fueron los salarios caídos, y se tildó de improcedente el despido anoticiado por la empleadora. En esto coincido con el extenso fundamento dado por el "iudex" a fs. 326vta. "in fine" 1327 vta. que la diatriba ensayada a fs. 388 vta. (acápite 2) no desmerece ni corroe. (arts. 509, 3986 TO ley 17.711/68, art. 1º inc. 150, con las modificaciones de la ley 17.940, su art. 1º inc. 10, y cc. del código civil). En todo caso, a la sola satisfacción del recurrente, me permito agregar que esas interpelaciones ("rectius": mecanismo de constitución en mora, en forma auténtica en propias palabras del legislador), sólo poseyeron virtualidad bastante para suspender el curso de la liberación de la obligación de la empleadora respecto a las consecuencias disvaliosas de un supuesto caso de despido que se calificó de injustificado y que motivó la promoción del pleito acollarado nº 43.239/95, tramitado ante el fuero del Trabajo, en el que a fs. 485/90 recayó sentencia favorable, modificada parcialmente en cuanto al capital de condena por el superior, a fs. 526/27, más nunca, a propósito de los efectos lesivos derivados de la afectación corpórea, título y causa fuente en la que se basó el presente reclamo.

Sobre este piso de marcha, de consuno a las consideraciones vertidas propicio el rechazo de las quejas bajo lupa de examen, y consecuentemente, por estos fundamentos y los que a ellos se avienen lo parcialmente dados en el pronunciamiento de marras, doy mi voto por la afirmativa.

V. Si bien resulta asequible la postura del demandante en torno a la normativa contractual alegada al inicio, no lo fue, en cambio -sobre la base de la misma- su cerrada postura negatoria a la defensa opuesta y que se advierte en su responde de fs. 43/45 vta., al punto que careció de andamiento y, subsecuentemente, resulto devinto sin que pueda convencer su parca y a la vez obstinada manifestación vertida a fs. 391 apartado 4). (arts. 68 y cc. de la ley del rito). Por seguir el razonamiento allí volcado, se llega a la conclusión inatendible que todo aquél que se considerase con derecho a interponer una demanda, aún resuelta desfavorablemente por venir teñida ya de falta de coercibilidad, debería sortear el principio maten que rige esta materia, con lo que aquél dejaría de ser tal para convertirse en las excepciones que contempla, en una suerte de inversión legislativa impropia, desvinculada de las circunstancias y conductas propias y actuadas en del caso fallado.

Por ende, tampoco admitiré este reproche del "petitor".

Colofón, invito a mis pares a confirmar la conclusión arribada en la sentencia apelada, y a desestimar los agravios que en su contra deslizó el actor, con costas de alzada a su cargo ya que su intento revisor, si mi voto fuera compartido, se frustará. (art. 68, cód. cit).

De suscitar concurrencia, corresponderá confirmar la solución adoptada en la anterior instancia, materia de agravios, sin costas de alzada. Las apelaciones de honorarios y la fijación de los devengados ante este colegiado, propicio sean tratadas en conjunto, al tiempo de celebrarse el correspondiente acuerdo de sala.

Tal, mi parecer.

Los doctores Cancela y Montes de Oca votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por el doctor Bellucci.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: I.-Confirmar la decisión de grado en todo cuanto decidió y fue motivo de quejas, con costas de alzada a cargo del recurrente. II. En atención al resultado del proceso, el monto a tomar como base regulatoria es el que surge de la suma reclamada en la demanda conforme la doctrina del fallo plenario recaído en autos "Multiflex S.A. c. Consorcio" (LA LEY, 1975-D, 297). Valorando la calidad, extensión y mérito de la labor profesional desarrollada, etapas cumplidas y resultado obtenido y conforme lo normado por los arts. 6, 7, 9, 14, 19, 37, 38 y conc. de la ley 21.839 y la ley 24.432, se elevan los honorarios del letrado apoderado de la parte demandada y citada en garantía Dr. M. D. N., a la suma de pesos sesenta y un mil ($ 61.000) y del letrado apoderado de la parte citada en garantía Dr. A. A. R., por su actuación en la tercera etapa del proceso a la suma de pesos treinta mil trescientos ($30.300). Por los trabajos de alzada se fija la remuneración del Dr. A. A. R., en la suma de pesos veintidós mil quinientos ($ 22.500), y del letrado patrocinante de la parte actora Dr. C. J. S. D., se fijarán una vez establecidos los de primera instancia. En atención a la calidad, naturaleza y mérito de la labor pericial desarrollada en autos; lo normado por los arts. 10, 13 y conc. de la ley 24.432 y la adecuada proporción que deben guardar las retribuciones de los expertos con las de los letrados intervinientes (ED, 6-614; ED, 88-423; E.D. 94-632; entre otros), se confirman -por estar apelados sólo por "altos"- los honorarios del perito médico Dr. P. H. B.; los del perito contador P. A. M., elevan a la suma de pesos quince mil ($15.000). Notifíquese, regístrese y devuélvase. -Carlos A. Bellucci. -Omar J. Cancela. -Leopoldo Montes de Oca.