marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Rebeldía, presunciones, relación de dependencia, inversión de la carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Leguizamón, Carlos Raúl y otros c/ JU.PE.SA. y/u otros s/ Reclamo laboral s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-04

Configurada la presunción de que medió una relación laboral entre las partes, incumbe al empleador desvirtuarlas y demostrar que el nexo que la ligaba con el actor era de una naturaleza distinta de la propia de una relación de trabajo subordinado.
Crédito laboral, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: VIOLETTO, DANIEL ROBERTO c/ BLANCHETTI, EMILIO RENE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

Aún en caso de inexistencia de mora del empleador, procede la actualización por desvalorización monetaria de los créditos laborales, a fin de preservar la justicia y principios de rango constitucional,, ya que el reajuste no hace a la deuda más onerosa, sino que mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento (Conforme CSJN., sentencia del 26 de julio de 1983, "Saavedra, Humberto c/ Eleprint SAIC.", T. y SS., 1983, página 1055).
Contrato de transporte, transporte de carga, transporte de equipaje, verificación de la carga, responsabilidad del transportador, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: BENEDETTO, GUSTAVO c/ TRANSPORTE DIVANO HNOS. SRL s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-04

La limitación de responsabilidad del transportador que recibe bultos sin valor declarado, solo se aplica a los equipajes de los pasajeros y no a las cargas. Además, en el caso de que el contenido de los bultos fuese conocido, la indemnización se fijara conforme a los precios de plaza.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Blanco, Damián s/ Robo automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que con cita de los incisos 3º, 4º y 6º del art. 256 -n.a.- del Código de Procedimiento Penal la defensa formula consideraciones genéricas sobre supuestos vicios de una presunción -tenida en cuenta por el sentenciante- que no intenta demostrar concretamente.
Contratos, relación de consumo, Transporte, deber de información, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LULUAGA Aitor Andrés c/ CATA Internacional Ltda. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-10-31

Corresponde afirmar la existencia de una relación de consumo entre la actora y la empresa proveedora del servicio de transporte. Por lo que corresponde la aplicación de la ley 24.240 que tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario en la relación de consumo. El deber de información consagrado en el art. 4 de la ley 24.240, es una obligación derivada del principio de buena fe que implica que el proveedor debe dar a conocer al consumidor todas aquellas características del producto o del servicio que presta, en forma clara, cierta, detallada y objetiva. Este conocimiento es necesario para hacer elecciones bien fundadas y estar al tanto de todo aquello capaz de influir en la decisión a la hora de contratar el bien o servicio. No obstante el deber de informar no se agota con la contratación del servicio, en el caso específico de autos se mantiene durante toda la relación de consumo. Tal deber viene a equilibrar las diferencias existentes entre las partes en la relación de consumo, derivadas de situaciones abusiva que se presentan en la vida cotidiana en la relación entre el consumidor y el proveedor.

El Tribunal Supremo de la Nación tiene dicho que "Para resolver la colisión de los derechos de usuarios y consumidores con otras normas que regulan diversas situaciones específicas, corresponde tener en cuenta un doble orden de consideraciones. Por un lado, que en los casos que presentan colisión de normas no es la ley sino la Constitución Nacional la fuente principal de los derechos de los consumidores. Por otro lado, en el derecho argentino rige la interpretación más favorable al consumidor, la precedencia normativa constitucional y la integración con otras normas en el supuesto de ausencia de regulación específica. "La Ley 24.240 de defensa al consumidor fue sancionada por el Congreso, dentro de las facultades otorgadas por el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional llenando un vacío existente en la legislación argentina, pues otorga una mayor protección a la parte más débil en las relaciones comerciales -los consumidores- recomponiendo, con un sentido ético de justicia y de solidaridad social, el equilibrio que deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios, que se veían afectados ante las situaciones abusiva que se presentaban en la vida cotidiana".
Matrimonio, Constitución Nacional, libertad de cultos, Iglesia Católica, divorcio, disolución del matrimonio, aptitud nupcial
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

La disposición de la ley 2393 que establece que el vínculo matrimonial no se disuelve por divorcio, sería inconstitucional si consistiera en la consagración legislativa del Canon 1141 que establece la indisolubilidad del matrimonio como dogma de la Iglesia Católica. Esto es así porque la Constitución Nacional protege la libertad, de todos los habitantes de la Nación que no profesan el credo católico, de concebir sus vinculaciones matrimoniales con alcances distintos de los que establece esa religión en particular, y la libertad religiosa establecida en la Constitución resulta hoy aceptada y propugnada como cualidad de las legislaciones civiles por la propia Iglesia Católica.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: López, Justo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-25

El agotamiento de los plazos para la prisión preventiva estatuidos por el artículo 169, inciso 11 del Código de Procedimiento Penal, torna asimilable la decisión que a su respecto se dicte a las decisiones a que se refiere el artículo 417 del ritual.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente, principio de congruencia, sociedad anónima, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - COMERCIAL
Carátula: Burmar  S.A. c/ Marincovich Rodolfo Carlos y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de una sociedad anónima contra dos ex directores por los daños y perjuicios causados en ejercicio y con ocasión de sus funciones, pues al negarse a examinar su responsabilidad, bajo la invocación de que los demandados constituían una minoría en el directorio y de que no se les imputaban actos celebrados en contra de sus obligaciones como directores, transgredió el principio de congruencia, de raigambre constitucional, ya que de la demanda surgía que la imputación de los demandados no se fundaba en la participación de los demandados en las resoluciones del directorio, sino en la índole de sus renuncias y en la ejecución personal de actos en infracción al deber de lealtad.
Concursos, quiebra, honorarios, aplicación de la ley, monto del juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vitiello, Vanesa Patricia c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-15

En el ámbito de un proceso falencial no es posible prescindir, al determinar la cuantía de los honorarios, de la pauta mínima que la legislación ha fijado, con el claro fin de asegurar una retribución justa a los letrados y funcionarios de la quiebra liquidativa, para remunerar una tarea que, en términos generales, no depende de la cuantía del activo realizado. Se tendió así a amparar el trabajo profesional de quienes actúan en quiebras de escaso monto, asegurando un monto mínimo que, como principio, no puede ser reducido.

Es decir, que resulta improcedente la perforación de la retribución sostén si las tareas realizadas fueron comunes y ordinarias, ya que dicho mínimo tiende a establecer una protección al trabajo desarrollado por profesionales especializados; máxime cuando la deudora debería saber que la solicitud de propia quiebra presupone una suma mínima en concepto de emolumentos (conf. CNCom, Sala D, in re "Suanno, Lorenzo s/ quiebra", del 24/05/16).
Asociaciones sindicales, conflicto intersindical
Materia: LABORAL
Carátula: CTERA c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-10

En nuestro régimen legal, la creación de una asociación sindical es un acto espontáneo del grupo que no requiere autorización previa de la autoridad estatal. El acto de creación da nacimiento a una entidad colectiva cuya existencia el Estado, por disposición constitucional, debe reconocer, exteriorizando tal reconocimiento con la inscripción en un registro especial. Sólo habrá conflicto entre asociaciones cuando una de ellas pretenda el otorgamiento de personería gremial que afecte los alcances de la que invistiera otra agrupación, previamente inscripta.

En tal caso ésta podría invocar un interés legítimo a la incolumidad de su investidura.
Sucesiones, derecho de habitación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gimenez, Roberto, c/ Cardozo, Esther o/quien resulte s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

No corresponde la aplicación del beneficio del artº 3573 bis del CCI respecto a la cónyuge del causante, cuando no ha probado la condición de heredera con derecho al bien, habida cuenta que el causante donó el mismo con anterioridad al matrimonio, no dejándole entre sus bienes ningún inmueble sobre el cual pudiera ejercitar -a título personal- el derecho real de habitación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, autosuficiencia, leyes, cuestión no constitucional, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TURCHIO, CARLOS LUIS BERNARDO c/ RIVERA, RICARDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

La presente queja no ha de prosperar desde que en su presentación directa el recurrente, aún cuando menciona los motivos por los cuales la Alzada denegó su recurso de inconstitucionalidad y su planteo de inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 7055, no logra desvirtuarlos debidamente al no brindar una refutación puntual a los mismos, reiterando planteos ya formulados, dejando de esta manera incumplida la carga impuesta por el artículo 8 de la ley 7055 y permaneciendo incólumes los fundamentos atinentes a la extemporaneidad tanto de su tacha de inconstitucionalidad respecto del artículo 2, como del mismo recurso de inconstitucionalidad, y los relativos a que toda su argumentación remite a cuestiones sobre la aplicación e interpretación de normas arancelarias, en tanto las mismas resultan ajenas a esta vía excepcional. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículos 2 y 8
Moneda extranjera, tipo de cambio
Materia: ECONOMIA
Carátula: Banco de Valores SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

Las diferencias de cotización por tenencia de moneda extranjera no están alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos. En este sentido, en la medida en que dichas diferencias de cotización surgen a partir del revalúo mensual de la tenencia de moneda extranjera, resulta claro que no derivan del ejercicio de ninguna actividad ni constituyen una contraprestación, conforme lo establecido en los artículos 119 y 143 del Código Fiscal (t. o. 2002). (Del voto en disidencia del juez José Osvaldo Casás).
Facultades del juez, iura novit curia
Materia: LABORAL
Carátula: Alexander, Sebastián Javier c/ International Health Services Argentina S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-13

El juzgador tiene la facultad y el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen con prescindencia de los fundamentos que hayan enunciado las partes o del nombre que se le hubiera asignado a la acción intentada en virtud del principio procesal iura novit curia, conforme ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Bravo de González Stella Maris c/ Molinos Río de La Plata S.A. s/ Indemn. art. 52 ley 23.551
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

Siendo el fundamento de la estabilidad gremial -precisamente para evitar posibles represalias de patrón- la representación de los trabajadores por el dirigente gremial, conforme las normas legales que reglamentan su ejercicio, resulta improcedente bajo el régimen de la ley 23.551 la pretensión de que el amparo de dicha estabilidad alcance a quienes carecen de posibilidad de ejercer su mandato sindical.
Proceso judicial, liquidación judicial, errores en la liquidación, facultades del juez, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bigma S.R.L. c/ Ferrocarriles Argentinos s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Si bien las liquidaciones judiciales se aprueban en cuanto ha lugar por derecho, ello sólo implica que pueda subsanarse cualquier error material no sustancial que aquéllas adolezcan, aún de oficio, en la medida que tal situación no traiga aparejada la afectación del principio de la cosa juzgada, tanto respecto a la determinación imperativa del derecho sobre el cual se requirió pronunciamiento judicial, cuanto en orden a la eficacia de este último. (Del voto de la Juez Herrera).
Pronto pago, resoluciones inapelables
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pairo, María Ana s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-24

Es criterio sentado por esta Alzada que la resolución concerniente al instituto de pronto pago solicitado es inapelable.
Evasión fiscal, erogaciones no documentadas, tentativa, nulidad procesal, nulidad parcial, fundamentación de sentencias, IVA, sobreseimiento parcial
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: INCIDENTE DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE MÉRITO DE FS. 8062 A 8182 PROCESAMIENTO Y EMBARGO DE PEDRO UBALDO CARROZO CON RELACIÓN A DAROM CONSTRUCCIONES S.R.L. CAUSA N° 1705/05 (INT. 683) CAUSA VAGO GUSTAVO ÁNGEL y OTROS CONTRIBUYENTE SKANSKA SA S/EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Y AGRAVADA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-18

Corresponde declarar la nulidad parcial de la resolución apelada en relación a la imputación relacionada con la presunta evasión del Impuesto a las Salidas No Documentadas, en grado de tentativa, pues no se advierten expresadas las razones por las cuales se verificaría en el caso la tentativa de un delito.

En efecto, por el art. 123 del CPPN. se prescribe, bajo pena de nulidad, la obligación del juez de motivar las sentencias y autos, en concordancia con lo dispuesto por el art. 308 del CPPN., por el cual se establece como requisito de validez del auto de procesamiento, una somera enunciación de los motivos en que se funda la decisión.

No obstante, corresponde confirmar parcialmente el procesamiento en relación a la participación del imputado en la presunta evasión del Impuesto al Valor Agregado puesto que, sin perjuicio de lo mencionado acerca de la anterior imputación, ésta última contiene suficiente fundamentación en los términos previstos por los arts. 123 y 308 del C.P.P.N. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso extraordinario, medidas cautelares, Internet, dominio web
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dragonetti Hugo Alberto c/ Google Inc s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-14

El recurrente sigue sin hacerse cargo del argumento dirimente de la decisión atacada: no está demostrada la imposibilidad de identificar al responsable del blog. Porque a esta altura del procedimiento mal podría obviarse la existencia de medios técnicos que permitirían identificar el puerto desde el cual se conectó a Internet el usuario que creó el sitio web que reputa injuriante, sobre los cuales nada dice el peticionario. Tampoco se ha hecho debidamente cargo de los fundamentos del fallo apelado, incurriendo en afirmaciones dogmáticas acerca de la garantía de la libertad de expresión tutelada por la Constitución Nacional -que en su peculiar criterio sólo ampararía a los medios de prensa stricto sensu-, extremos que demuestran la ausencia de una debida fundamentación autónoma (art. 15 de la ley 48).
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, calidad de la mercadería
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: RAMGRAS  S.A.C.I. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-15

Constituye también infracción en los términos del art. 954 inc. b del Código Aduanero la diferencia de calidad verificada en una declaración de exportación que origina una sobrefacturación. Esta última conducta se traduce en una diferencia de los importes percibidos o por percibir del exterior, o sea, un ingreso desde el exterior distinto del que corresponde a la realidad. Ni el Cód.

Aduanero ni su mensaje limitan la represión en tales casos al solo supuesto de transferencia clandestinas de divisas; a lo que se agrega que en los textos que se aspira a refundir, estaba expresamente previsto tal supuesto como punible o implícito pero de modo indudable (párrafo 12 del mensaje de la ley 19.881). En tales condiciones no cabe la aplicación del art. 899 del Cód. Aduanero (ley penal más benigna) que requiere la existencia de una infracción distinta a la que estuviese en vigor al tiempo de la condena.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Chazarreta, Gerardo J. s/ Inf. art. 96 inc. "f", dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-12

Es inatendible el agravio por el cual se denuncia que la sentencia condenatoria dictada por la Juez de Paz letrado no fue notificada al imputado si en el memorial en que fundó la defensa la apelación nada dijo acerca de ello, por lo que no puede constituirse en reclamo ante esta Corte.
División de poderes, distribución de competencias, cuestión política, cuestión no justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Torres, Humberto c/ Concejo Deliberante de la Esperanza s/ Acción de Amparo  (L.A. 43, Fº 331/333, Nº 144) s/ Acción de Amparo  (L.A. 43, Fº 331/333, Nº 144)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1994-10-31

Resulta del principio esencial de la división de poderes la existencia de facultades privativas de cada uno de ellos, según el reparto de competencias que realiza la constitución. Dentro de su esfera de acción cada poder ejerce libremente esas facultades privativas, de tal forma que el proceso se desarrolla dentro del propio poder, comienza y termina en el mismo. El Poder Judicial no puede intervenir en cuestiones políticas, cuya naturaleza es - en principio, y salvo violación de la Constitución - ajena a la función judicial y reservada a los poderes políticos. Saliendo de su esfera para entrar a revisar las facultades políticas de los otros poderes del Estado, violaría el principio de la división de poderes y desnaturalizaría su función específica. La función del Poder Judicial es predominantemente jurídica y no política, aunque es cierto que no debe admitirse, so pretexto de cuestión política, la encubierta violación de la Constitución y de los derechos que ella garantiza.-
Bienes inembargables, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Arrieta, Alberto Magin c/ Morales, Carlos Mario s/ Apelación Auto interlocutorio. Inconstitucionalidad y Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-04-26

Si el inmueble se encuentra afectado a algún régimen de inembargabilidad, debió ser acreditado con prueba objetiva como por ejemplo mediante la respectiva constancia de inscripción de inembargabilidad en el Registro de la propiedad Inmobiliaria, de conformidad a lo dispuesto en la ley nacional 17801 y provincial nº 3802.
Principio de congruencia, hechos nuevos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sandler, Ileana Mónica s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-20

El principio de congruencia previsto en los arts. 34,. inc. 4 y 163, inc. 6 del C.P.C.C.N. requiere que el Juez emita pronunciamiento, total o parcialmente positivo o negativo, sobre todas las pretensiones y oposiciones formuladas por las partes y sólo sobre ellas, respetando esos límites cuantitativos y cualitativos. La incongruencia no existe en el supuesto de que, por ejemplo, acumulada una pretensión a título subsidiario o sucesivo, no recaiga decisión sobre esta última como consecuencia del acogimiento o del rechazo, respectivamente, de la pretensión principal. En lo que respecta a la causa, el fallo debe adecuarse a la concreta situación de hecho invocada por ambas partes a fin de delimitar los términos de su pretensión u oposición, aunque una vez cumplidos esos actos y durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir nuevos hechos modificativos, constitutivos o extintivos, que alteren la situación inicial, o verificados con anterioridad pero cuya existencia hubiese sido ignorada por la parte a quien benefician, que pueden ser considerados por el juez al momento de dictar sentencia, porque de lo contrario se impondría la necesidad de reeditar el litigio con el consiguiente dispendio de actividad que ello importa -art. 163, inciso 6), segundo apartado-. (Voto del Dr. Hornos)
Acción de amparo, emergencia financiera, reordenamiento del sistema financiero, pesificación
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: "Lentini  Alberto  Constantino c/ PEN-Ley  25.561- Dtos 1.70/01214/02 s/ amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-23

En inversiones a riesgo instrumentadas en un contrato de crédito público -celebrado voluntariamente por una persona privada-, parece al menos discutible la facultad estatal, en el marco de la innegable situación de emergencia económica que atraviesa la Nación, de realizar un quita en el capital adeudado sin que la prestación reclamada sea de naturaleza alimentaria sin que el accionante haya acreditado una situación de excepción que permita abrir el debate sobre una materia compleja, regida por una legislación cambiante -que no es impugnada concretamente-, en el marco de la vía excepcional del amparo (Del voto en disidencia de la juez Garzón de Conte Grand).
Monto de la indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Quiroga Romina Daniela - Quiroga Enzo Leonardo - Quiroga Verónica Belén - Quiroga Edgardo Dionisio y Estrada Marcela Andrea  c/ Agua y Saneamiento Mendoza S.A. y Ente Provincial de Agua y Saneamiento s/ Proceso de consumo p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-02

La cuantificación del daño moral queda librada al prudente arbitrio del juzgador; quien deberá fundamentar la fijación del monto indemnizatorio de dicho daño en forma, expresa, clara y completa, en cuanto a las razones tomadas en consideración para arribar a una suma, atento a las particulares circunstancias fácticas del caso concreto (ver: LS 631-023).
Juicio de apremio, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco Pcia. Bs.As. c/ La Nación Cia. Arg. Seg. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-06

El pago para servir de base a la excepción en el procedimiento de apremio debe, además de haber sido hecho antes de la interpelación judicial, ser total y documentado (art. 6 inc. c dec. ley 9122/78).