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Expropiación, proceso expropiatorio, indemnización expropiatoria, actualización monetaria, cómputo de la actualización
Materia: CIVIL
Carátula: DI BIASSI ENRIQUE Y OTRO. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-03

Por más de que pudo objetivamente considerarse un mayor beneficio. si ocasionalmente en plaza los intereses ofrecidos sobrepasaron la actualización o ajuste del dinero por su valor compra, es una circunstancia ajena a la justa indemnización prevista en el art. 17 de la Constitución Nacional y tampoco contemplada en el art. 20 de la ley 21.499.

En estos preceptos de lo que se trata no es del lucro hipotético por el capital en dinero que representa el bien expropiado, sino el justo equilibrio compensatorio entre el bien que por la utilidad pública se obliga a desarrollar el propietario y la valorización dineraria de ese bien. Precisamente para mantener ese equilibrio en los valores, la ley preve el reajuste o actualización hasta el efectivo pago. Si no se produjo la consignación que el art. 20 contempla, corresponde condenar al pago del valor establecido por la tasación, más el cálculo por depreciación monetaria, todo lo cual es ajeno a las mayores ganancias que la imposición del dinero a intereses pudieron significarle al propietario, en virtud de las altas temporarias existentes. Ello porque de no haberse producido al exportación ni la desposesión, el bien no hubiera redituado acorde con esas altas tasas de interés, sino según el uso el propietario pudo darle o no a la finca, garage y jardín todo lo cual se tiene que calcular por el valor venal de la propiedad. Si se contempló en la sentencia la tasa de interés legal que el art. 20 estatuye (6% anual, desde la desposesión) que es la que corresponde a un capital actualizado por depreciación pecuniaria, queda el perjuicio suficientemente reparado, el margen de la especulación posible con el dinero, cuestión ajena a la indemnización expropiatoria y al resarcimiento de cualquier otro daño, que debió ser invocado y probado oportunamente.
Derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, derecho a ser oído, libertad de expresión
Materia: CIVIL
Carátula: P. J.; O. M.; O. M. y O. Y. c/  s/ DECLARACIÓN DE ESTADO DE ABANDONO Y GUARDA PARA FUTURA ADOPCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-06-07

Las audiencias de los niños con el juez no vienen a cumplir pruritos formales, ya que el derecho del aquéllos a ser oído es el complemento necesario del principio del superior interés del mismo, de modo que su desarrollo por tratarse de una garantía, exige una correcta preparación del juez con el auxilio del equipo técnico del organismo, siendo necesaria la observaciones de ciertas condiciones, como ser: 1) Libertad para emitir opinión; 2) Generar un entorno adecuado; 3) Lograr que se visualice el derecho a expresarse del niño, como un derecho personal y que la entrevista es personal con el juez, pudiendo estar solos o en presencia de otros operadores, explicándole sus funciones; 4) Los niños deben percibir que existe por parte del juez concentración y disponibilidad para la escucha, y debe este munirse de técnicas en determinados casos necesarias para establecer la comunicación, en relación a la información que se brinda, las preguntas que se formulan y el lenguaje adecuado. 5) La escucha judicial es una opción que garantizar la observancia del derecho a ser oído, pero no puede ser entendida como una obligación, lo cual el niño debe saberlo, como asi mismo, que no lo perjudicará o no será lo único que decida la cuestión, evitando siempre que sienta la pesada carga de tener que decidir, pues en rigor, esa es la función del juez.

Observaciones: González de Vicel, Mariela, "Escucha del Niño en sede judicial", en Suplemento DPI Derecho Civil, Bioética y Derechos Humanos Nro. 8, del 29/03/2016.
Contrato de trabajo, viajantes de comercio, prescripción bienal
Materia: LABORAL
Carátula: "Masenga,  Maximiliano c/ Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A. s/ Ley 14546".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-31

El plazo de cinco años previsto por el art. 4 de la ley 14546 quedó derogado por la ley 17709 por lo que resulta de aplicación la regla general contenida en el art. 256 LCT que establece la prescripción bienal.
Prescripción, suspensión de la prescripción, medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: ORTIZ PABLO ISMAEL c/ MARCELO MARSICANO Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-03-07

Si bien alguna jurisprudencia ha llegado a admitir que la promoción de una medida cautelar produce el efecto de interrumpir la prescripción -doctrina que se comparte-, este efecto opera desde el día en que se promueve la incidencia cautelar pero no perdura durante la tramitación de la incidencia como pareciera entenderlo la parte recurrente. Es decir que promovido un embargo preventivo, al día siguiente el plazo de prescripción se reanuda en los términos del artículo 3986 del Código Civil. En un viejo fallo (Banco de la Nación c/ Dunn y Magariños, JA. 1959- I- 147) la Cámara Federal de La Plata sostuvo que "la petición de un embargo o inhibición poseen el mismo efecto interruptivo que la demanda" pero se dejaba aclarado que, aún en los casos en que algunos autores estimaban que la demanda o embargo debían ser notificados al demandado para producir efectos interruptivos, "una vez realizado el acto sus efectos se retrotraen al día de la notificación.

En el mismo sentido Borda (Tratado Obligaciones, R. II pág. 49) sostiene que aunque no se trate de una demanda "sino de algunos de los actos de gestíon procesal que la jurisprudencia ha asimilado a la demanda a los efectos de la interrupción de la prescripción, ésta corre nuevamente desde el momento en que se lleva a cabo el acto interruptivo".
Caducidad, concursos
Materia: PENAL
Carátula: BOSNIC LOPEZ FELTRIN Y ASOCIADOS c/ SIDUS SA Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-22

Si bien no se desconoce que el cómputo del plazo de caducidad previsto por la LCQ 163 ha suscitado fallos y opiniones doctrinarias encontradas, esta Sala propugna el criterio de que el término de caducidad contemplado debe contarse por días corridos incluyendo los inhábiles judiciales (conf. CNCom, Sala A, 26.06.12, in re: "Tolosa Vanesa Elizabeth c/ Caputo Armando Daniel y otra s/ extensión de quiebra"; id. Sala C, 05.04.90, in re: "Egaña Construcciones c/ Egaña Guillermo s/ ordinario"), estando al ordenamiento civil vigente al tiempo de los hechos que resulta aplicable al caso (CCCN 7 y CCIV 3). En ese sentido, ha sido sostenido que al tratarse de un plazo determinado en "meses", su cálculo deberá efectuarse necesariamente por días corridos, conforme lo expresamente dispuesto por el CCIV 25 y 27. La primera de esas normas dispone que los plazos de meses terminaran el día en que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha, por lo que si un plazo comienza el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera sea el número de días que tengan los meses o el año; a su vez, el art. 27 establece que todos los plazos serán continuos o completos, debiendo siempre terminar en la medianoche del último día, es decir, sin importar que sean hábiles o inhábiles (conf. Salvat, Raymundo; "Derecho Civil Argentino", apéndice pág. 894 y 972; Llambías, Jorge J.; "Tratado de Derecho Civil - Parte General", T. 1, pág. 168 y ss). También, ha sido dicho que aún en la hipótesis de considerar de que trata de un plazo de naturaleza procesal la solución sería la misma, toda vez que no resultaría aplicable el principio establecido en la LCQ 273-2° -que contempla únicamente los días "hábiles judiciales"-, debido a que esta norma concursal alude en realidad a los lapsos fijados en días, no así a los establecidos en otras unidades de tiempo, como es el caso de los meses, respecto de los cuales, salvo disposición expresa en contrario de ley, rigen los principios generales sobre la forma de contar este tipo de plazos, o sea, por períodos corridos y completos (conf. CNCom, Sala A, in re: "Tolosa Vanesa Elizabeth c/ Caputo Armando Daniel y otra s/ extensión de quiebra", fallo supra citado).
Intereses moratorios, intereses compensatorios, actualización monetaria, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: MASTROSTEFANO NICOLAS c/ LUCASA CONSTRUCCIONES S.A. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-27

La tasa del 15% anual es la máxima admitida para el calculo de los intereses moratorios y compensatorios, en su conjunto, cuando el capital se revaloriza (conf. CNCiv., Sala A, E.D.83-375; id., E.D.

83-656 C, E.D. 83-289; íd. E.D. 85-645; íd., E.D. 86-480; Sala E, E D. 83-664; íd., E.D. 102-381; Sala G, E.D. 92-585; Sala F. c. 270 353 del 23-4-81; íd., c. 281.376 del 23-6-82; íd., c. 283.370 del 30-8-82; íd. íd., E.D 93-695; íd. íd., c. 9642 del 8-9-84).-
Extradición, tratados internacionales, Italia, interpretación de tratados internacionales, aplicación de la ley penal, aplicación supletoria de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FIDANZATI, Gaetano s/ extradición Causa nro. 26.446
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-20

El tratado, además de poseer supremacía por sobre las leyes internas, es reflejo de la voluntad de las partes. La Convención de extradición con Italia no prevé ninguna remisión al derecho interno y el principio interpretativo que la rige es la optimización de la cooperación. El artículo 648 del Código de rito es claro al disponer que habiendo tratados de extradición será pedida y otorgada en la forma y con los requisitos que aquellos prescriban y sólo a falta de tratados, la extradición será pedida y otorgada con arreglo al procedimiento y condiciones que se establecen en el código. Asimismo, es indiscutible el carácter supletorio del artículo 667 para la inexistencia de convenciones entre las partes y en consecuencia no se debe determinar el monto máximo de la pena que puede aplicar el Estado requirente.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: PUEYRREDON JORGE c/ ROUX OCEFA  S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-22

Los vicios que se denuncian carecen de sustento real. No obstante la falta de prolijidad del fallo en su redacción y algunas expresiones que pueden producir confusión a las parte, la conclusión del Tribunal admitiendo el informe pericial revela que "el actor padece de cervicalgia, que le produce una incapacidad laboral parcial y permanente de un veinte por ciento de la total obrera para ese segmento de su columna y de un veinte por ciento de la total obrera por su hipertensión reactiva e incompetencia cardíaca cronotrópica. No debemos considerar la incapacidad referida a la región lumbar por no haber sido demandada, habiéndose trabado la litis exclusivamente sobre el segmento cervical y por la cardiopatía. De allí que la conclusión en definitiva es que la responsabilidad de la demandada se extiende a reparar un cuarenta por ciento de la incapacidad de la total obrera.
Recurso de inaplicabilidad de ley, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Cámara  Correntina de Farmacias c/ OSECAC s/ incumplim. de prest.de obra soc. - med. prepaga.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-19

Este Tribunal entiende que el recurso no puede ser admitido dado que la diversidad de criterios se sustenta en una diferencia fáctica, que fue especialmente resaltada en autos: la verificación de este mismo crédito en el concurso de la gerenciadora. Esa cuestión de hecho es determinante en la solución recurrida y no fue motivo de análisis en los fallos que se estiman contradictorios, extremo que torna inadmisible el recurso intentado (conf. Fennochietto, Eduardo - Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Comentado y Concordado, Astrea, 1993, t.1, pág. 982 y sus citas).
Recurso de queja (procesal), depósito previo, quiebra
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Scarzi, Hugo Alberto c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-29

Las objeciones de los recurrentes al depósito del art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con respaldo en disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras (como pueden ser los arts. 240 y 273) son inatendibles pues dichas normas se refieren a supuestos claramente distintos del que da lugar a la obligación de efectuar el mencionado depósito.
Medidas cautelares, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Krausse, Oscar c/ Gauna, Maris s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-17

El art. 196 del C.P.C.C. establece como regla general que los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias, cuando la causa no resultare de su competencia. Sin perjuicio de que las medidas ordenandas mantengan su validez, resultando prudente destacar que la excepción a la regla se funda en la urgencia de las medidas cautelares. Con respecto al levantamiento de las mismas, es el juez competente el que deberá resolver tales medidas, las cuales no quedan sin efecto en razón de la incompetencia declarada.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, declaración de incompetencia, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, inconstitucionalidad, paralización del expediente, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rolón Zappa, Víctor Francisco s/ queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-25

Corresponde dejar sin efecto la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por la que se declaró incompetente para entender en la tacha de inconstitucionalidad de los arts. 6° y 7° del decreto 648/87 que paralizaron el trámite de reajuste y reliquidación de haberes previsionales ordenados por sentencia judicial.
Disolución del matrimonio, separación personal, deberes de los cónyuges, deber de fidelidad, adulterio
Materia: CIVIL
Carátula: S., C. R. c/ T., E. A. s/ Ordinario (divorvcio)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-11

Frente a los nuevos textos de la ley 23.515, cabe preguntarse si persiste el deber de fidelidad tras la separación personal. La cuestión puede plantearse en los mismos términos que antes de la ley 17.711. Sin embargo, existe un nuevo fundamento para la respuesta afirmativa: entre las causas de divorcio está, obviamente, la infidelidad, pues el art. 214, inc. 1, remite al art. 202; y no existe ningún obstáculo legal para que entre cónyuges separados, en lugar de solicitarse la conversión de la separación personal en divorcio, se promueva directamente éste por cualquiera de las causas del art. 202. Por tanto, cabe concluir que el deber de fidelidad no desaparece por la mera separación personal.
Principio de progresividad, prohibición de regresividad, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CARABAJAL NELIDA ESTER  c/ A.N.Se.S.  s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-18

Cabe resaltar que el principio de progresividad o de prohibición de regresividad de los derechos económicos y sociales, establecido por el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -ambos de jerarquía constitucional- y por la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores -ratificada por el Estado Argentino por ley 27.360 y recientemente con jerarquía constitucional mediante la ley 27.700 - implica comportamientos positivos por parte del Estado, no pudiendo posponerse su goce ni disminuir el grado de protección ya alcanzado. Pues, no debe olvidarse que, en tanto la jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que percibía el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral una vez cesada ésta y como débito de la comunidad por dicho servicio, el principio básico que se privilegia es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad (Fallos: 305:611). (Del voto Dr. Carnota al que adhiere la Dra. Dorado. El Dr. Fantini votó en disidencia).
Empleo público, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALLUB RICARDO F. Y PEREYRA TERESA DEL V. c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURSIDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-29

La estabilidad es concebida técnicamente como el derecho a conservar el empleo y nivel escalafonario alcanzado, salvo que medie una causa de cesantía imputable al agente acreditada en sumario administrativo regular o bien exista una causa legal que la justifique.
Contrabando, personas jurídicas, responsabilidad de las personas jurídicas, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: WAKIN, MIGUEL ANGELLOUSSINIAN, EDUARDOSUDAMERICANA DE INTERCAMBIO S.A. s/ Averiguación de contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

1- Corresponde responsabilizar a las personas jurídicas por el delito de contrabando, en consecuencia de su voluntad y accionar independiente, aunque no física, si se demuestra la existencia del ilícito y que el mismo se produjo en nombre de la persona jurídica.

2- Es necesario para responsabilizar a una persona jurídica por el delito de contrabando, que sus representantes tengan mandato legal o autoridad suficiente para obligarlas y que asimismo obtenga la sociedad un beneficio de la actividad ilícita.- 3- Respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas en relación al delito de contrabando, la ley ha tomado en cuenta la realidad económica de la actividad de las sociedades frente a la cual el Estado sería impotente y cuya responsabilidad quedaría a salvo con la existencia de un "hombre de paja" en su dirección. La única forma de evitar la responsabilidad de la sociedad sería que el resto de los órganos societarios impugnaran, en su momento, el hecho ilícito que pretendieron cometer o cometieron sus directores.- 4- La continuación de una sociedad por otra de distinta denominación, no impide que se responsabilice ésta última por el delito de contrabando cometido en nombre de la primera.- 5- Encuadra en el tipo de contrabando, previsto por el art. 187, inc. f) de la ley de aduanas (t.o.1962), el doble uso de licencias arancelarias en forma indebida, en perjuicio del control aduanero y las finanzas públicas. (Del voto del Dr. Sustaíta).
Aplicación de la ley, remuneración, modificación del sistema remunerativo, ley vigente, personal de vuelo
Materia: LABORAL
Carátula: MIRANDA, CARLOS c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

Las normas del Capítulo III del decreto 16.130/46 establecieron un sistema remunerativo que era adecuado a esa época porque se correspondía con la realidad de entonces pero que dejó de serlo cuando ésta se modificó. La resolución 571/68 introdujo modificaciones en la regulación del sector, del mismo modo que el CCT 128/73 y el decreto 521/81 que desplazó al decreto expresado en primer término en lo referente a salarios y jornada de trabajo. Esto no significa que corresponda entender que el dec. 16130/46 carece de vigencia en todo su alcance jurídico sino solo que las normas sobre jornada y retribución, por la dinámica de los tiempos y la valoración de los supuestos que preveían, han quedado modificadas por las reglas posteriores de distinta fuente que se acondicionaban a las nuevas técnicas de la aerotransportación.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, sobreseimiento, prescripción de la acción penal, responsabilidad extracontractual del Estado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Temer, Pablo Fabián c/ EN - PJN y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

La demora irrazonable que se produjo a criterio de los jueces del tribunal oral y que llevó a dictar el sobreseimiento del actor y de otros imputados por prescripción, no implica necesariamente que los daños que derivarían de aquella circunstancia puedan ser imputados jurídicamente al Estado Nacional por una prestación defectuosa del servicio de justicia, ni que se encuentre probada la existencia del nexo causal; por lo que la cámara estaba plenamente habilitada a verificar si la dilación del trámite del proceso penal al que fue sometido el actor se debió a la conducta negligente del órgano judicial en la conducción de la causa y si ello impidió el dictado de la sentencia definitiva en tiempo útil, planteos que se resuelven a la luz de los principios generales establecidos para determinar la responsabilidad extracontractual del Estado por actividad ilícita. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, competencia provincial, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Electromecánica Argentina  S.A. c/ Provincia del Chaco s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

Corresponde hacer excepción a la regla según la cual lo atinente a las facultades de los tribunales provinciales, al alcance de su jurisdicción y a la forma en que ejercen su ministerio es ajeno a la instancia extraordinaria cuando la decisión respectiva se aparta notablemente de lo resuelto con carácter firme en el proceso.
Tributos aduaneros, repetición de impuestos, tasas de interés, Secretaría de Hacienda
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Papelera Francesa S.A. c/ A.N.A. s/ Aduana
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-16

No resulta aplicable lo dispuesto por el art. 10 del decreto 941/91, atento a que conforme lo dispone el art. 812 C.A., la tasa de interés será la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 de ese cuerpo legal.
Acusación, sentencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DIAZ, MIGUEL ANGEL s/ SENTENCIA - ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1975-02-12

La correlación entre acusación y sentencia, corolario del principio de inviolabilidad de la defensa, no constituye un preciosismo jurídico, sino una vigorosa exigencia de la ley para permitir el adecuado control jurídico de la sentencia, posibilitar el adecuado ejercicio del legítimo derecho de impugnación por parte del condenado y para fijar con precisión el alcance de las res judicata.

A pesar de la jerarquía y alcance de la exigencia legal prevista en las normas de los arts. 393, 414 y 417, inc. 2do., C.P.P., no corresponde interpretar ciegamente esas disposiciones, hasta el punto de invalidar un pronunciamiento jurisdiccional que, si bien es cierto observó inadecuadamente la técnica de la ley, limitándose a remitirse brevitatis causae a los hechos de la acusación, en un caso como éste, donde habían mediado múltiples ampliaciones de la acusación originaria, pero que -sustancialmente- dentro del límite peligroso que la norma jurídica permite, se la cumplimentó en el sentido de precisar el hecho o hechos que el tribunal estimó acreditados.-