Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-29


SENTENCIA DEFINITIVA N° 13.792 EXPEDIENTE N° 5.745/2004 SALA IX. JUZGADO N° 21 En la Ciudad de Buenos Aires, el 29/11/06 para dictar sentencia en los autos "TREJO MONICA BEATRIZ C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- SINDICATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTRO S/DESPIDO" se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. María Isabel Zapatero de Ruckauf dijo:

I- Agravia a la accionante vencida la ponderación que se efectuara del derecho aplicable y de los elementos de juicio agregados a la causa, sosteniendo que se habría acreditado fehacientemente el carácter invariablemente laboral de las prestaciones llevadas a cabo por la reclamante a favor de las demandadas y en consecuencia la exigencia para la proyección del amparo previsto en la L.C.T., no obstante las formalidades a las que recurrieran a fin de instrumentar el vínculo.

En cuanto al régimen de pasantías al que se recurriera en primer término, alega que se superó claramente el límite temporal que tiene dicha forma de contratación, como así también el carácter de la remuneración abonada, que excediera la mera asignación por estímulo propia de la modalidad.	Invoca en respaldo de su postura los principios de supremacía de la realidad e "in dubio pro operario".

Subsidiariamente, aún de mantenerse la solución adoptada, controvierte la imposición de las costas en tanto no reflejarían las válidas expectativas a un mejor resultado que pudo tener.

II- Cabe anticipar la suerte desfavorable de la pretensión, destacándose liminarmente que no se objeta que la co-demandada Universidad de Buenos Aires forma parte de la administración pública descentralizada, que actúa en el éjido administrativo del Estado Nacional. Tampoco que la restante accionada, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es un organismo estatal inscripto en el régimen normativo de derecho público.

Arriba también firme que las sucesivas contrataciones de la demandante se enmarcaron en los convenios celebrados entre la Universidad de Buenos Aires y la Sindicatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese orden de ideas, en nada varía la suerte del litigio que se recepte la existencia de un vínculo laboral dependiente entre la reclamante y las accionadas en desmedro de las figuras contractuales a las que se recurrieran para formalizar la relación -aspecto central de la argumentación recursiva-, toda vez que la exclusión del art. 2° inc. a) de la L.C.T. abarca precisamente a quienes se desempeñen como dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal, contemplando como única salvedad la existencia de un acto expreso que los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo.

La fórmula referida no admite la inclusión implícita que esgrime la recurrente ante la ausencia de acto expreso en tal sentido.

Señalaré asimismo que en reiteradas oportunidades esta Sala ha resuelto de manera adversa frente a planteos de similares aristas al "sub-examine" dirigidos por dependientes de las aquí accionadas a obtener el amparo del régimen laboral común (SD N° 13.707 del 31/10/06 "in re" "Mari, Aldo Fabio c/ Colegio de Escribanos de la Capital Federal y otros s/despido", SD N° 12.560 del 22/6/05 "in re" "Zaffaroni, Santiago Guillermo c/ Universidad de Buenos Aires s/despido", entre otros).	Por tales razones, propondré que se confirme la sentencia dictada en la anterior instancia en lo principal que fuera materia de apelación y agravios.

III- Distinta será la suerte de la queja dirigida contra la imposición de las costas derivadas de la anterior instancia, toda vez que el principio objetivo de la derrota carece de rigidez y las circunstancias valoradas, especialmente las sucesivas modalidades de contratación adoptadas por las accionadas, válidamente pudieron hacer suponer a la actora con mejor derecho a litigar como lo hiciera, por lo que propondré que en este accesorio se modifique la sentencia dictada en la anterior instancia y se atribuyan en el orden causado y las comunes por mitades en ambas instancias (conf. art. 68 del CPCCN).

Respecto a la regulación de honorarios, que mereciera impugnaciones tanto de la parte actora por considerar elevados los diferidos a favor de la representación letrada de la contraria y del perito contador, como de éste último por estimar reducidos los propios, en mi opinión los emolumentos correspondientes a la representación letrada de la parte actora resultan ajustados y los del perito contador insuficientemente remunerativos, por lo que propiciaré que también en este accesorio se modifique el fallo de la anterior instancia y se eleven a la suma de $1.200 a valores actuales, todo ello de conformidad con la calidad, mérito y extensión de las tareas llevadas a cabo en la anterior instancia, evaluadas en el marco del valor económico en juego (conf. art. 38 primera parte de la L.O., dec. 16.638/57, ley 24.432 y doctrina de la C.S.J.N. "in re""Villasanti, Juan Acosta c/ Serrago, Marcela Patricia y otros", T.233 F. 4499, entre otros), sin que a tales efectos pueda adoptarse como parámetro la totalidad del reclamo, ya que la inclusión de parciales injustificados lo descalifica a tales fines.

IV- Por las actuaciones desplegadas ante esta Alzada, regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que les correspondiera por lo actuado en la anterior instancia, conforme las pautas y normativa expuestas precedentemente.

Por último, se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2º del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, en caso de corresponder, se hace saber también que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3º del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN No. 6/05).

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

La Dra. Alcira Paula Pasini no vota (conf. Art. 125 L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE : I)Confirmar la sentencia dictada en la anterior instancia en lo principal que fuera materia de agravios y modificar la imposición de las costas, que serán asumidas en el orden causado y las comunes por mitades. II)Modificar la regulación de los honorarios diferidos a favor del perito contador, que se elevan a la suma de $1.200 (PESOS MIL DOSCIENTOS) a valores actuales. III)Costas de la Alzada en el orden causado. IV) Por las actuaciones desplegadas ante esta Alzada, regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que les correspondiera por lo actuado en la anterior instancia. IV) Hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2º del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, en caso de corresponder, se hace saber también que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3º del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN No. 6/05).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ante mí: