marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad de sentencia, prisión domiciliaria, interés superior del niño, código civil y comercial
Materia: PENAL
Carátula: Ledesma, Bruno José c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

Corresponde anular la resolución recurrida en cuanto denegó el pedido de prisión domiciliaria solicitado en favor de la imputada con sustento en el art. 32, inc. f), de la ley 24.660, por aplicación del art. 167, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, si el tribunal oral no le corrió vista al asesor de menores durante el trámite del incidente. Ello es así, puesto que uno de los paradigmas de la Convención sobre los Derechos del Niño es que los niños deben ser tratados como sujetos de derecho y no como objetos, lo que implica darles intervención en la tramitación del caso, y para ello resulta esencial contar con el dictamen de la defensoría de menores, circunstancia que además, está expresamente prevista en el art. 103 inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación y el art. 43, inc. f) de la ley 27.149. Asimismo, la razón de ser del arresto domiciliario no es la situación del procesado sino, específicamente, la del niño y, si se va a hacer valer el principio del interés superior del niño, conforme a la Observación General nº 14 y al art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño, no puede evaluarse la cuestión sin escucharlo (jueces Jantus y Llerena).
Regulación de honorarios, monto del juicio, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: De La Cruz, María Gabriela c/ Rotonda Group S.A. s/ ordinario escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-09-28

Conforme lo determinar el art. 38 de la LA -aplicable por remisión del art. 52-, "cuando se deba computar el monto de un contrato como cuantía del juicio, el honorario se regulará tomando como base ese monto actualizado por la variación de los índices de precios al consumidor (costo de vida) operada entre la fecha del contrato y el mes anterior al de la regulación". En ese sentido, las diferentes variables que se puedan formular para estimar los honorarios, hallan límite en el texto legal. Tampoco resulta posible emplear el avalúo fiscal, ya que la idea no tiene ninguna relación con la ley.
Daños y perjuicios, relación de dependencia, discriminación, daño material, daño moral, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: M., M.J. c/ CITIBANK NA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-07

1- En los supuesto en que el empleado recibe una compensación de su empleadora por retiro voluntario, no puede reclamar el daño vinculado a la posible chance de ascender en la empresa y de obtener mayors ingresos, pues esa vía se agotó al optar por la indemnizacion prevista en las normas laborales.

2- Sin embargo, puede reclamar el daño moral sufrido por haber sido discriminado en su relación de empleo -en el caso por la condición de homosexual y portador de HIV-, con prescindencia de que el padecimiento continúe o se haya extinguido, y además algún daño material que no haya sido alcanzado por la indemnización voluntariamente percibida.

3- El hecho de que el art. 1 de la ley 23.592 permita en forma expresa reclamar tanto el daño moral como el material, no significa que no se deba formular el reclamo en su demanda y en su caso, acreditar el daño sufrido. En los supuestos de discriminación el daño moral surge in re ipsa, sin necesidad de mayores pruebas, pero no ocurre lo mismo con el daño material.

No solo no se presume, sino que es necesario, pedirlo con cierta claridad.

(Sumario N°19126 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Seguros, seguro de vida, beneficiario del seguro, enfermedad del asegurado, enfermedad preexistente, exclusión de la cobertura, examen de salud, declaración jurada
Materia: COMERCIAL
Carátula: SERGIO  DANIEL  DESTEFANIS c/ CIGNA ARGENTINA CIA. DE SEGUROS SAS/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-13

En una acción en la que el beneficiario de un seguro de vida reclama de la aseguradora el pago de cierta suma dineraria en concepto de cumplimiento del contrato, resulta improcedente que la defendida pretenda eximir su responsabilidad alegando que la causal de deceso del asegurado estaba expresamente excluida de la cobertura por una cláusula que hacia referencia a "enfermedades preexistentes", toda vez que -como en el caso para otorgar operatividad a dicha cláusula, la defendida debió exigir al asegurado que al momento de adherir al contrato de seguro, presentara una declaración jurada o un examen médico para conocer cual era su estado de salud, y sobre todo, para determinar si padecía una enfermedad preexistente a su ingreso al seguro. Omitir tales extremos transgrede obvias razones de prudencia, esto es, obrar con el cuidado y la previsión que exige el CCIV art. 1198. Ello así, no habiendo observado tal conducta, mal puede escudarse en situaciones no invocadas claramente con anterioridad para excluir o limitar el cumplimiento de sus obligaciones. (cfr. sala C, 30.4.99, in re, "Carrara, Alberto C. c/ Providencia Cia. Arg. de Seguros S.A."). Máxime aun, pues pudiendo la accionada acreditar que la causa del deceso del asegurado era una enfermedad preexistente, sin embargo, no lo hizo.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos ilícitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez, Javier Horacio c/ Quiróz, Alfredo y Estado Nacional (Policía Federal) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

La admisión de la responsabilidad del Estado por sus actos ilícitos no significa de por sí la posibilidad de imputarle los daños que ha sufrido el actor, ya que es necesario demostrar la concurrencia de requisitos ineludibles, a saber, la existencia de un daño actual y cierto, la relación de causalidad directa y relevante entre el actuar del Estado y el daño cuya reparación se persigue, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la demandada.
Costas, recurso de casación, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Salvatierra, Eulogio M. c/ Suc. de Leiva, Alejandro y/o sus herederos y/o Q.R.R. s/ Beneficios laborales s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-09-20

Las resoluciones referidas a las costas solo son revisables mediante el recurso de casación cuando en ellas se efectúa una incorrecta aplicación de la norma que rige la materia y revela que el pronunciamiento está basado sólo en la voluntad del juzgador, resultando de este modo la única posibilidad de ser atendible el recurso. En el caso tales circunstancias no acontecen, puesto que la crítica está basada en una mera disconformidad con los porcentajes que en concepto de costas fija la Cámara, sin que surja que con ellos, el Tribunal se haya apartado de la norma que rige la materia, por lo que resulta manifiestamente inadmisible el recurso articulado.
Recusación y excusación, prejuzgamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Incidente de excusación en la causa D, C.M. y D, D.E. s/ Art. 10 ley 10.067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-26

Prejuzgar implica haberse expedido, previo al dictado de la sentencia, sobre el modo de resolver una situación jurídica dada, lo que no ocurre cuando las circunstancias fácticas que la conforman han variado sustancialmente, de modo que ha dejado de ser aquella situación para devenir en otra distinta.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tummino, Juan c/ González, Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

El sistema de la responsabilidad objetiva, entre muchos, cede cuando las pruebas demuestran de manera directa o indirecta la traslación de la culpa a la víctima (art. 1113, C.C.).
Juicio ejecutivo, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solana, Faustino y otra c/ Golz, Adán Juan s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

El cumplimiento de la sentencia ejecutiva se rige por las normas de los arts. 557 y sgtes. del C.P.C. y no por los arts. 497 y sgtes.

del mismo Código.
Derecho laboral, registro de antecedentes, faltas disciplinarias, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: Montedeoca, Adalberto Daniel c/ Lema, José Leopoldo y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-29

Los antecedentes no son relevantes ante la comisión de un hecho puntual lo suficientemente grave y concluyente. No es obligación transitar por sanciones graduales, o ponderar la antigüedad del trabajador, si un solo hecho justifica la máxima sanción. Y, obviamente, que el hecho de no sancionar, o confiar, o atender a preservar el vínculo en el pasado, no condiciona a la patronal frente a nuevos sucesos. El contrato de trabajo es un contrato dinámico y atado a la realidad, no podemos aceptar análisis con un nivel de formalismo o tecnicismo que implique que el sentido común -y la justicia- se evaporen y no resistan el escrutinio del razonamiento del ciudadano común (Voto Welp. Adhesión Romero)
Cuestiones de competencia, competencia de familia, honorarios, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dra. Pereyra maría Esther, Juez Civil y Comercial Nro. e/a: Bermejo, Carlos Eduardo c/ De caso, Carlos Horacio s/ Ejecución de Honorarios s/Inc. de Oposición.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-10-26

Para entender en las ejecuciones de honorarios regulados por el Juzgado del Menor de Edad y Familia son competentes en Juzgados de Primera Instancia Civil y Comercial. La cuestión que nos ocupa las "relaciones derivadas del derecho de familia, sólo aparecen como la razón (y ámbito) de la intervención del letrado. Pero su crédito por los honorarios que se le regularan no lo involucra en la relación sustancial, en la cual carece del más mínimo interés y de la menor legitimación.

El verdadero interés que le asiste, de estricta índole patrimonial y personal, es ejercitable precisamente frente al/los sujetos de aquella relación que resulten responsables de abonar sus emolumentos. Elementales razones de lógica y sentido común indican que, en lo que atañe a los efectos de ese vínculo obligacional, ni el acreedor ni los responsables pueden ser considerados sujetos del Derecho de Familia amparados -como tales- por el fuero especializado. Estamos en presencia de un conflicto de competencia suscitado entre tribunales de distinta naturaleza, y que por ende, para dirimirlo, no resultan aplicables las reglas de conexidad (FED Corte, 01-08-85, TUCCI, cit. por Palacio Alvarado Velloso, Cod. Proc.Civ. y Com. de la Nac. T.I., pag.303, Ed. Rubinzal Culzoni 1988). Estimamos que se configura la misma situación a la que alude el art.492 del C.P.P (del que resulta que la ejecución de condenas pecuniarias fijadas en sede penal deben tramitar ante tribunales civiles y conforme los códigos procesales de ese fuero).

El ilustre Jorge Clariá Olmedo, justifica dicha previsión, con argumentos que entendemos plenamente aplicables al sub-judice. Sobre los jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial recae la competencia no atribuida expresamente a otros fueros (ejercen, en resumidas cuentas, lo que se ha dado en llamar "Competencia residual". Al respecto, ya puntualizamos que la competencia en ejecuciones de honorarios no ha sido conferida de modo expreso en el Estatuto al Tribunal especializado ni puede entenderse implícita. Nos unimos pues a las voces que reclaman por la vigencia de órganos judiciales especializados, pero verdaderamente especializados, para casos de familia y menores de edad. El impulso de oficio, las amplias facultades acordadas a los Jueces de este fuero y las escasas remisiones contempladas respecto de los procedimientos, entre otras cosas, son la muestra más elocuente de que el legislador quiso facilitar y resguardar al máximo la obtención de los objetivos esenciales que presidieron su creación. Declarar a estos tribunales competentes para entender también en las ejecuciones de honorarios implicaría consentir su progresiva desnaturalización.
Sociedades comerciales, contratos de colaboración empresaria, unión transitoria, empresas relacionadas, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Immba SRL c/ Buenos Aires Servicios de Salud SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-02

El CCCN 1463 reproduce, casi en su totalidad, lo prescripto por la LS 377 derogado, con la particularidad de que: i) elimina la palabra "empresarios", ii) no se hace alusión a los sujetos que pueden integrar el contrato e, iii) identifica como plural las operaciones que puede realizar la Unión Transitoria, al introducir la palabra "concretos" y no solo "concreto". En dicho sentido, el contrato de unión transitoria es un contrato asociativo mediante el cual las partes se unen temporariamente para la realización de una obra, servicio o suministros concretos, dentro o fuera de la República, complementario de su objeto social. Señalando, asimismo, que no son sujetos de derecho. Es un acuerdo contractual que posibilita la obtención de lucro por medio de la concentración de recursos destinados a un emprendimiento unitario (conf. H. Roitman, "Ley de Sociedades Comerciales. Comentada y anotada", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2006, pág. 884). La ley 22903, al momento de incorporar este tipo de contratos al ordenamiento societario, expresamente, negó la calidad de sujeto de derecho a las uniones transitorias y su consideración como sociedad (conf. J. H. Alterini, "Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2015, pág. 377).
Jueces, deberes del juez
Materia: POLITICO - ELECTORAL - PROCESAL
Carátula: Botana, Helvio Ildefonso y otros c/ CADEPSA. y otros s/ nulidad de actos jurídicos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Si bien los jueces no pueden evitar la política en su amplio sentido de teoría política, la ley no es materia de política personal o partidaria, y la crítica (o la aplicación) de la ley que no entienda esta diferencia proveerá un pobre entendimiento y aun una más pobre guía para solucionar los casos sometidos a juzgamiento.
Instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Faiazzo, Elba Alicia c/ Ochoa de Alda de Caiola, Victoria M. s/ Diferencia indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

En un instrumento público lo que hace plena fe, hasta su redargución de falsedad, es la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese enunciado como cumplidos por el mismo o que han sucedido en su presencia, pero no si son veraces las manifestaciones que alguno de los intervinientes en el acto efectuó al mismo.
Concursos, quiebra a pedido del acreedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simex SRL s/ Quiebra - Solicitada por Fountain SRL.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-07

Si los cheques fueron librados en el cuaderno de fórmulas correspondientes a la sociedad, la que ha admitido que la firmante es una de sus socias y, pese a que se sostiene que carecía de facultades para librar cheques de la misma, también se reconoce que podía efectuar libramientos de esa especie, lo cual importa el reconocimiento de que tal socia la representaba, siendo inoponible a un tercero la invocada diferencia para obrar según se tratare de una u otra de las chequeras, puede estimarse acreditado el estado de cesación de pagos sugerido por los cheques rechazados. Es que, creada por la sociedad cuya quiebra se peticiona una apariencia, motivos de seguridad y buena fe en las relaciones jurídicas llevan a que deba tutelarse a los terceros que, en todo caso, seguían por la manifestación externa de los actos, los que trascienden más en virtud de esas expresiones que por las limitaciones contenidas en instrumentos sujetos a una publicidad formal.
Derecho a la identidad, derecho a conocer la identidad de origen, adopción, leyes, menores, interés superior del niño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., A. K. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA ASESORA DE MENORE  S -APELACION RESOLUCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 338 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30

El "derecho a la identidad" lleva ínsito que, por regla general, toda persona tiene el derecho a conocer sus orígenes, y si es su deseo, el conocimiento de sus padres, hermanos, abuelos de sangre, sin que -en principio- ninguna restricción se lo impida. La excepción, sin embargo, se configuraría en aquellos supuestos en donde la verdad puede ser tan cruel e innecesaria que aconseje no brindarse la información o, en todo caso, postergarse en el tiempo, siempre en franca atención al fin último y fundamental que persigue tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la ley de adopción, esto es, el de proteger el interés superior del niño. (De los fundamentos del Dr. Falistocco)
Recurso extraordinario, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Bagalio,  Hugo  Jorge  y  otros c/ Caja de Ret. Jub. Pen. de laPolicía  Federal s/ personal militar y civil de las FF.AA. y deseg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

Los agravios expuestos en el recurso extraordinario deben afectar en forma personal a la parte que los esgrime.
Tentativa inidónea, fundamentación de sentencias, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Nieva, Daniela Alejandra s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-14

Carece de fundamentos en orden a la imputación objetiva del delito (dolo) la sentencia que sólo ha desenvuelto sus razonamientos en el orden objetivo y en relación a las circunstancias del hallazgo de la droga en un envase de desodorante que la imputada llevaba para entregar a un detenido, y esa carencia cobra particular relevancia en tanto del acta de requisa surge que manifestó que los efectos le habían sido entregados por una persona -señalando nombre y domicilio- para ser entregados al detenido, pues no se probó el conocimiento por parte de la imputada de lo que llevaba en la bolsa para uso del detenido. La disidencia sostuvo que sólo excepcionalmente podría la CNCP declarar de oficio alguna nulidad de las comprendidas en el art. 168 CPPN y que, si bien el dolo es un hecho que requiere comprobación, no se presenta ningún defecto en ese sentido, máxime teniendo en cuenta que ninguna alegación se hace en el recurso y que la imputada ejerció su derecho a guardar silencio frente a la acusación. (Yacobucci, Mitchell, García -en disidencia-).
Amicus curiae, derecho de elección, sufragio, personas privadas de la libertad
Materia: ELECTORAL
Carátula: Procuración Penitenciaria de la Nación y otro c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior y Transporte s/ Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-06

Amerita la intervención de "Amigos del Tribunal" en los términos de la Acordada 85/2007 CNE, toda vez que se plantea la inconstitucionalidad de normas que impiden ejercer derechos electorales a personas condenadas en proceso penal y ello constituye una cuestión de indudable trascendencia colectiva e interés general, pues lo que se decida excede claramente el interés de las partes aquí involucradas ya que puede afectar -directa o indirectamente- a la ciudadanía en su conjunto o a importantes sectores de ella.
Suspensión del juicio a prueba, facultades del querellante, derecho al recurso
Materia: PENAL
Carátula: Feroleto, Tomás y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-30

Como consecuencia de que la parte querellante carece de facultades para oponerse a la suspensión del juicio a prueba, tampoco tiene legitimación para recurrir por esta vía casatoria la decisión por la que se hace lugar a la solicitud del imputado. No es de aplicación lo resuelto en el plenario "Kosuta" en punto a que "el querellante posee legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos" toda vez que, aún cuando el plenario haya tenido su origen en una autoconvocatoria, no puede entenderse a partir de los resuelto por la Corte en "Casal", que por tal circunstancia hubiera quedado habilitada su jurisdicción para expedirse más allá de las concretas características del caso que motivara su intervención. La disidencia expresó que el querellante tiene legitimación para recurrir la suspensión del juicio a prueba. (Dres. González Palazzo, Diez Ojeda y Hornos -en disidencia-).
Recurso extraordinario, transfusión de sangre, consentimiento del paciente, testigos de Jehová, establecimientos asistenciales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Prestaciones Médico Asistenciales S.A. s/ autorización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

Existe caso, juicio o pleito a los efectos del art. 14 de la ley 48 si el pronunciamiento que rechazó la autorización requerida e indicó al sanatorio que debía suministrarle al paciente transfusiones de sangre es potencialmente apto para constituirse en causa de una restricción a su derecho a disponer del propio cuerpo y a su libertad religiosa (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Factura, títulos ejecutivos, sentencia definitiva, prueba
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: TAPIA IVANA MARCELA c/ TELAM SE s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-07

Las facturas comerciales no son títulos ejecutivos ni constituyen prueba indubitable del cumplimiento de la prestación aludida en ellas. Son, en todo caso, un documento remitido unilateralmente por el comerciante que puede, según las circunstancias, configurar un indicio que forme la convicción del magistrado en un sentido determinado (art. 163, inc. 5, del Código Procesal). La publicidad que dijo haber llevado a cabo la actora debió haber sido acreditada por los medios aptos a ese fin -v.gr., informes de empresas que auditan día por día y hora por hora la efectiva emisión de las publicidades radiales o televisivas, testimonio del personal involucrado en estas últimas, grabaciones certificadas, etc.-. Dado que ello no ocurrió, la falta de certificación a la que me he referido desvirtúa por completo el reclamo de la demandante. Efectivamente, se trata del incumplimiento de un requisito aceptado por la actora al momento de contratar (art. 1197 del Código Civil) que denota que las sumas demandadas no se corresponden con la prestación efectiva de la publicidad convenida.
Resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ GCBA s/ incidente de apelación - otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Cualquiera sea su mérito, lo cierto es que la sola circunstancia de ser posterior a la definitiva no torna arbitraria una medida cautelar, ni la recurrente intenta poner en tela de juicio la constitucionalidad del art. 19 de la ley de amparo, si le fuera posible hacerlo. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Competencia por el territorio, sucesiones, domicilio del causante, acervo sucesorio
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: DE LA PEÑA s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Si el causante con último domicilio en el extranjero hubiere dejado sólo un inmueble en nuestro país, al momento de su fallecimiento, rige la lex rei sitae y la competencia corresponde al juez del lugar en que se encuentre el bien.