Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23


S., A. F.

Reg.: A y S t 215 p 297-300.

Santa Fe, 23 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte defensiva contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 2005, dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario en autos "S., A. F.

-Robo calificado por uso de arma de fuego apta para el disparo y portación ilegítima de armas de fuego de uso civil, en concurso real- (Expte 313/05)" (Expte. C.S.J. Nro. 429, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 31 de mayo de 2005, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario resuelve confirmar la sentencia de primera instancia que, a su turno, había condenado a A. F. S. a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, por considerarlo cómplice primario del delito de robo calificado por empleo de arma de fuego apta para el disparo y autor del delito de portación ilegítima de armas de uso civil (fs. 52/55).

Contra dicha resolución, la parte defensiva interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 56/64).

Postula que el fallo es arbitrario pues la condena se impone en base a una supuesta participación que no está probada conforme las reglas de la sana crítica.

Manifiesta que el imputado ha negado su autoría y describe las circunstancias que rodearon su detención, las que -agrega- son distintas a las relatadas en el acta policial que motoriza la causa. Señala que la reforma procesal acompaña lo sustentado en el sentido de que los secuestros y requisas instrumentados en actas, para acreditar actos irreproducibles y definitivos, deben realizarse en presencia de dos testigos.

Afirma que la Sala prácticamente consideró un único agravio -el referido a la dudosa existencia del revolver calibre 32- pero desconoció los restantes, y que luce totalmente arbitraria la conclusión de veracidad que se otorga al acta policial respecto al tema del revólver mencionado.

Añade que, además, no hay testigos del hecho -tal como lo describe la preventora- , tampoco secuestro de res furtiva ni prueba dermotest ni, fundamentalmente, reconocimiento positivo de la propia víctima G. o del testigo P. sobre la persona del imputado que lo vincule en el rol que se le atribuye en el asalto.

Considera que la arbitrariedad consiste en vincular dos hechos distintos e independientes -el asalto a la carnicería de Villa Gobernador Gálvez y el tiroteo entre P. y la policía- siendo que no existe elemento alguno que certeramente los vincule.

Es perfectamente posible -continúa- la presencia y la muy dudosa intervención de S. en el tiroteo mencionado en el acta policial, sin que ello determine necesariamente su participación en el asalto indicado, más aún cuando existió solución de continuidad entre ambos hechos.

Argumenta que las prendas, cantidad de personas, vehículo y posición que cada uno ocupaba en el mismo son elementos absolutamente comunes o fungibles y que la identificación del arma por parte de la víctima del robo no hace surgir un plexo de indicios claros y concordantes.

Sostiene que los resultados de los reconocimientos personales han sido negativos y que esa circunstancia no puede computarse en contra del imputado, como parece sugerirlo la Cámara en una suerte de inversión del principio in dubio pro reo.

Dice que igual suerte de equívoco rumbo tienen las afirmaciones del A quo en torno a la prueba de testigos, la que -arguye- no acredita nada determinante salvo la cercanía geográfica, la cual, unida a las restantes pruebas anfibológicas, nada acredita certeramente.

Tras una serie de consideraciones vinculadas con el derecho de defensa -con citas doctrinarias-, concluye que el modo de razonar del Tribunal, en orden a prestigiar como prueba prácticamente definitoria de cargo a presunciones no unívocas ni coincidentes, conculca insoslayables reglas de la sana crítica.

2. La Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario, por auto de fecha 14 de setiembre de 2005, resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad en razón de que no se ha cumplido con el requisito de la oportuna y debida introducción de la cuestión constitucional, el escrito impugnativo no se basta a sí mismo y las alegaciones formuladas expresan una disconformidad con el modo de valoración de la prueba reunida en la causa (fs. 68/71).

Tal denegatoria motiva la presentación directa de la defensa técnica del imputado ante esta Corte (fs. 41/49 vta.).

3. En términos generales, puede considerarse superado -a partir del análisis de la totalidad de las constancias obrantes en el expediente- el recaudo de la fundamentación suficiente y autónoma del recurso de inconstitucionalidad -más allá de lo que puntualmente se observará respecto de determinados agravios-.

También cabe tener por satisfecho el requisito de la introducción debida y oportuna de la cuestión constitucional pues, atendiendo a las circunstancias del caso, no podía exigirse al recurrente el planteo de aquélla antes del dictado de la sentencia de primera instancia.

En cambio, no puede arribarse a la misma conclusión respecto del otro de los requisitos cuyo incumplimiento advirtió el A quo al denegar la admisibilidad del recurso en la oportunidad prevista en el artículo 6 de la ley 7055.

En efecto, los cuestionamientos defensivos constituyen solamente una discrepancia con el criterio utilizado por la Alzada -en ejercicio de funciones que le atañen- en la valoración del plexo probatorio de la causa.

Y el recurrente -en esta presentación directa- no ha rebatido idóneamente el achaque que en tal sentido formuló la Sala en el auto denegatorio -dejando de ese modo insatisfecha, también, la carga del artículo 8 de la ley 7055-.

Es que con la mera remisión a "las piezas procesales acompañadas" -que, según afirma, "exime de todo otro glosa demostrativa y/o probatoria sobre los puntos en cuestión"- no alcanza a convencer de la existencia de una hipótesis de arbitrariedad, pues justamente el cotejo de los agravios contenidos en el recurso de inconstitucionalidad con los fundamentos de la resolución impugnada revela lo acertado de la decisión del A quo.

Todo el razonamiento desplegado en el escrito introductorio del remedio extraordinario está enfocado a hacer prevalecer la versión defensiva de los hechos - vinculada a la no participación del imputado en el delito ocurrido en la panadería de Villa Gobernador Gálvez y a que las circunstancias que rodearon el posterior tiroteo con la policía, al procederse a su detención, fueron distintas a las relatadas por los funcionarios de la prevención- sobre la base de argumentos propios de una apelación ordinaria.

Así, frente al criterio del A quo -que valoró como indicios graves y concordantes a la cercanía geográfica y la proximidad temporal entre ambos sucesos, las semejanzas entre los datos aportados por la víctima y las establecidas en los ocupantes de la motocicleta respecto de las prendas, cantidad de personas, vehículo y posición que cada uno ocupaba en el mismo, la identificación del arma que portaba P. por parte de la víctima, la actitud que tomaron cuando simplemente se intentó su identificación, huyendo a gran velocidad y disparando el arma contra los policías-, el impugnante intenta oponer su propio parecer fundado en un particular enfoque de las mismas pruebas -cuestionando su eficacia para generar la certeza necesaria en una sentencia condenatoria, haciendo hincapié en la solución de continuidad entre ambos hechos y calificando como fungibles a los elementos tenidos por indiciarios-.

Es claro, entonces, que lo que se pretende es reabrir el debate sobre la apreciación de los hechos y sustituir el criterio de los jueces de la causa por el de la Corte en cuestiones ajenas a la materia constitucional y que fueron materia de adecuado tratamiento por el tribunal revisor en la instancia ordinaria.

Con relación a las actas que documentan el accionar policial, se advierte que los cuestionamientos del recurrente se basan, principalmente, en la versión del propio imputado y en las supuestas constantes irregularidades cometidas por funcionarios policiales en tareas de investigación, circunstancia esta última que fuera tenida en consideración en la reforma al Código Procesal Penal.

Respecto de ello, la Alzada afirmó que "es el propio imputado S. quien al declarar ya en el plenario las corrobora en lo sustancial ... negando solamente el haber portado alguna de las armas que se incautan", y especificó las razones por las que "no se advierte qué necesidad pudiesen haber tenido los policías de falsear la documentación del procedimiento 'plantándole' a S. un revólver que el aludido no hubiese llevado", articulando razonamientos, apoyados en los hechos que consideró acreditados en la causa, que no pueden reputarse absurdos o irracionales.

Además, el planteo resulta notoriamente deficiente en orden a perfilar un agravio de índole constitucional, en la medida que el impugnante no detalla concretamente el contenido del acta, cómo se desarrolló el procedimiento y cuándo se produjo el secuestro de las armas.

También se alude a la existencia de arbitrariedad en la valoración del reconocimiento en rueda de personas, afirmándose que el resultado negativo de la medida no puede computarse en contra del imputado como parece sugerirse en la resolución atacada. Tal postulación debe desecharse desde que el A quo, al pronunciarse sobre el resultado de dicha prueba, de ningún modo la consideró como un elemento de cargo sino que fundamentó por qué no la tenía en cuenta como un elemento favorable a la tesis defensiva y descartaba su relevancia -señalando que todos los testigos habían afirmado previamente que difícilmente reconocerían al conductor de la moto (S.), o directamente habían dicho no poder hacerlo-.

Tampoco la alegación vinculada a la inexistencia de determinados medios de prueba alcanza a configurar un agravio constitucional pues, por una parte, no se explica razonablemente la decisividad de la prueba supuestamente omitida -como es el caso del dermotest- para cambiar la suerte del proceso y, por otra, porque es evidente que la ausencia de algunos medios probatorios en el caso -como la presencia de testigos o el secuestro de la res furtiva- o la falta de elementos cargosos derivados de parte de la prueba producida -como el reconocimiento en rueda de personas- no presupone arbitrariedad alguna en razón de que, sobre el particular, rige el principio de libertad probatoria y el A quo tuvo por acreditada la existencia del hecho y la participación del imputado a partir de elementos emergentes de otros medios, que menciona.

Finalmente, con relación a la supuesta omisión de tratamiento de los agravios introducidos en el recurso de apelación, queda claro -con lo hasta aquí señalado- que la Alzada no se limitó a examinar la inquietud defensiva relativa al secuestro del arma de fuego sino que ingresó al análisis de otras cuestiones, y el recurrente no demuestra que dicho examen haya sido inadecuado al tenor de aquellos agravios y la entidad de la fundamentación con que los acompañó.

En suma, el impugnante no logra aportar razones valederas tendentes a persuadir a este Cuerpo acerca de que la Sala, en la apreciación de los hechos y del plexo probatorio y la aplicación de la legislación procesal penal hubiera incurrido en arbitrariedad, resultando oportuno reafirmar que la misión de esta Corte es controlar la conformidad de los pronunciamientos judiciales al ordenamiento jurídico fundamental pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional (A. y S. T. 95, pág. 341; T. 100, pág. 251; T. 137, pág. 341; T. 208, pág. 438; entre muchos otros).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)