Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2006-06-07


Formosa, junio 7 de 2006.

Considerando: Que se encuentra en estado de resolver, el recurso extraordinario promovido por Luciano Zucchet a fs. 50/56, contra la decisión emanada de la Sala Primera del Tribunal del Trabajo, (auto interlocutorio 199/05 a fs. 41/42), en cuanto rechazó parcialmente el recurso de revocatoria que oportunamente planteara contra la resolución 97/05 (fs. 24/vta.), manteniendo la declaración del cese del beneficio de pobreza del actor -en los autos principales- Luciano Zucchet por haber mejorado de fortuna.

Que el recurso extraordinario deducido fue declarado formalmente admisible por el Tribunal de mérito (fs. 61/vta.) al interpretar que concurren los extremos formales del recurso en trámite, previa sustanciación con la debida intervención de la contraria (fs. 59/vta.) Que el remedio procesal intentado, atribuye a la decisión en crisis, que adolece de fundamentos fácticos y jurídicos, que realiza una violación y errónea interpretación del derecho aplicable, ha violado el principio de bilateralidad y por esa vía, las garantías del debido proceso, de la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Cita los antecedentes de la causa, relata los pormenores del incidente de ejecución de honorarios promovido por el Perito Javier Nicora y desarrolla las causales de arbitrariedad que considera concurren en el caso planteado.

Que de toda la argumentación expuesta, notorio resulta colegir que la falta de bilateralidad en el trámite que culminó con la declaración del cese del beneficio de pobreza, es el argumento que debe priorizarse en el análisis, en cuanto de acreditarse su concurrencia como vicio invalidante de la sentencia apelada, ocioso sería referirnos a las demás cuestiones planteadas.

Que el art. 24 del Código Procesal Laboral, regula el llamado "beneficio de pobreza" de los trabajadores y sus derecho habientes. El párrafo final de la norma, señala que éstos deberán abonar costas y honorarios, si mejorasen de fortuna. A partir de esta disposición y con cita de jurisprudencia, el tribunal de mérito se afilia al criterio que autoriza al Perito, a reclamar sus honorarios a ambas partes, cuando su trabajo ha aportado a la solución del litigio, fue designado de oficio y las partes no se opusieron a la labor pericial. Cuando una de las partes a quien se reclama el pago de los honorarios, es el trabajador, el acreedor debe acreditar, no sólo la insolvencia del condenado en costas, sino también que el trabajador ha mejorado de fortuna, en los términos del art. 24 de la ley de rito.

El punto puesto en crisis por el recurrente es el procedimiento a seguirse para llegar a la conclusión de que el trabajador ha mejorado de fortuna. El interesado sostiene que debió corrérsele traslado de la pretensión del ejecutante, por respeto a los principios del debido proceso y defensa en juicio, expresando las diferencias que existen entre contestar un traslado ante un pedido de la contraria, y la acción de promover un recurso de revocatoria contra una decisión ya tomada. El tribunal de origen, sostiene que la objeción está salvada, desde que el afectado tuvo derecho a exponer sus consideraciones al promover la revocatoria, finalmente desestimada.

Desde el punto de vista estrictamente procesal, el art. 24 del Código de Procedimiento en materia laboral, nada dice sobre el trámite a seguir. De manera que -por mandato del art. 89 de ese cuerpo laboral- opera la supletoria aplicación de las normas pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial "en cuanto concuerde con el sistema de la presente Ley". Esta última mención nos conduce a la solución del problema planteado.

En efecto, en el "sistema" de la ley procesal laboral, el beneficio de gratuidad constituye una presunción "iuris tantum" (Brito Peret - Comadira, "Procedimiento Laboral en la Provincia de Buenos Aires", p. 226, Astrea), no sólo por mandato del art. 24 del C.P.L., sino por poseer sustento constitucional (art. 82 inc. 10 Constitución Provincial), beneficio que por ende no depende de un reconocimiento jurisdiccional, como ocurre en el proceso civil y comercial (art. 82, primer párrafo, C.P.C.C.). En el ámbito laboral, el beneficio de pobreza constituye una garantía para el trabajador, desde el inicio mismo del proceso, y siendo así, estando concedido por "ministerio legis", para poder ser dejado sin efecto, siempre a requerimiento de parte interesada, la impugnación debe sustanciarse por incidente, tal como lo regula el art. 82 in fine del Código Procesal en lo Civil y Comercial. Este es el modo en que se integra -por vía supletoria- el procedimiento civil en el proceso laboral.

Ahora bien, no sólo la propia norma citada determina la formación de un procedimiento incidental, expresando que la impugnación deberá sustanciarse -lo cual implica traslado a la contraria- sino que el objeto mismo del planteo, amerita la intervención obligada de quien se considera ha mejorado de fortuna. La parte contraria puede solicitar que se deje sin efecto el beneficio de pobreza, acreditando la desaparición o modificación de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para concederse el mismo, cuanto más en el caso puntual donde el beneficio opera por mandato legal, fincándose el interés jurídico en la exoneración de responsabilidad del beneficiario para el pago de las costas causídicas (Higthon - Arean; "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. 2, Ed. Hammurabi, p. 214).

Siendo esa la consecuencia, notorio resulta que si -como en el caso de autos- el perito consideró que la actora en el proceso principal tuvo mejoría de fortuna, al extremo de desvirtuar la presunción legal, debió formarse y sustanciarse el incidente correspondiente para que este último pudiera ejercer la defensa de sus derechos, manifestar lo que considere pertinente y aportar las pruebas de que intente valerse, todo con el objeto de que los Jueces intervinientes pudieran realizar un completo análisis de la situación a resolver. Esa es la solución que mejor se adecua al art. 82 del C.P.C.C.; aplicable al procedimiento laboral por reenvío del art. 89 del C.P.L. y a la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Que en consecuencia, habiéndose acreditado un vicio procedimental que afecta la garantía del art. 18, C.N., compartiéndose el dictamen del Procurador General, y con las opiniones concordantes de los doctores Coll, Colman y González, se forma la mayoría que prescribe el art. 25 de la ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, suscribiendo el presente los doctores Hang y Tievas, sin emitir opinión personal, por lo que el Excmo. Superior Tribunal de Justicia resuelve: 1) Hacer lugar al Recurso Extraordinario promovido a fs. 50/56 y en consecuencia declarar la nulidad del auto interlocutorio 199/05 en cuanto confirma el punto 1º de la resolución 97/05 de fs. 24/vta. Costas a la vencida en esta instancia, defiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 15, Ley 512). -Ariel G. Coll. - Arminda del C. Colman. - Carlos G. González. - Eduardo M. Hang. - Héctor Tievas.