Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-05-16


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciséis (16) de Mayo de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Santana, Lionel Fernando vs. Establecimiento La Mariposa S.A. s/ Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 807/816, plantea recurso de casación en contra de la sentencia Nº 80, de fecha 7 de mayo de 2004, dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, obrante a fs. 799/801 vta. de autos.

En cuanto a la admisibilidad de esta pretensión impugnativa, cabe poner de resalto que por sentencia Nº 731 del 27-9-2004 (cfr. fs. 859 y vta.), esta Corte resolvió hacer lugar a la queja por casación denegada incoada por la accionada, dejando expedita la vía extraordinaria local.

La parte demandada, a fs. 865/873, presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137, primera parte, del CPT, conforme se desprende del informe actuarial de fs. 874.

II.- Sostiene el recurrente que la sentencia atacada incurre en arbitrariedad normativa al efectuar una interpretación "distorsionante" y, por lo tanto, prescindente del artículo 49, inciso b, de la Ley Nº 23.551, que viene a conculcar su letra y espíritu.

Cita lo que entiende es la posición de Héctor Jorge Scotti sobre dicha norma; arguye que se postula una solución que no se compadece con la letra de la misma, al incluir indebidamente en el texto la voz "fehaciente", y considerar al requisito impuesto por ella como una forma ad solemnitatem, vale decir, impuesta como requisito de validez del acto, cuando ello no es así.

A su modo de ver, la comunicación exigida por el artículo 49, inciso b, no es constitutiva del derecho a la estabilidad sindical, por lo que deja de ser necesaria si se prueba por cualquier medio idóneo que el principal conoce la situación aludida, en mérito a los principios de la buena fe y de los actos propios.

Como segundo agravio, imputa arbitrariedad fáctica al pronunciamiento en recurso, por haber desechado infundadamente, o con fundamento errado, la valoración de pruebas conducentes para la solución del litigio, con el consiguiente quebrantamiento de los artículos 272, 273, inciso 4, y 33, del CPCC.

En esta dirección aduce que en autos existían pruebas que demostraban que la calidad gremial del actor era conocida por la demandada. Así, hace alusión al propio reconocimiento de la empleadora que se habría materializado en el responde, y también a su confesión ficta que surgiría de la absolución de posiciones en concordancia con las demás pruebas que menciona (actuaciones administrativas de fs. 50, 51, 54, 55 y 56 y declaraciones testimoniales); todo, en los términos de fs. 812/815.

Finalmente, concluye diciendo que de las circunstancias de hecho y pruebas del juicio apuntadas (versión de los hechos dada en el responde y conclusiones arrojadas por la confesión ficta), resulta el efectivo conocimiento del empleador de la función sindical del accionante lo cual, en virtud del principio de buena fe, releva de la prueba de la comunicación exigida por aquél artículo, habida cuenta que dicha exigencia lo es al solo efecto probatorio y no constitutivo del derecho a la estabilidad gremial.

III.- El recurrente se agravia de la interpretación prodigada por la Cámara a la norma de marras, sosteniendo que la comunicación exigida por el artículo 49, inciso b, de la Ley Nº 23.551 no es constitutiva del derecho a la estabilidad sindical, por lo que deja de ser necesaria si se prueba por cualquier medio idóneo que el empleador conoce la situación aludida, esto es, el carácter gremial de su dependiente.

Esta norma, en su parte pertinente, dispone: "Para que surta efecto la garantía antes establecida se deberá observar los siguientes requisitos: (...) b) Que haya sido comunicada al empleador. La comunicación se probará mediante telegrama o carta documento u otra forma escrita". A su turno, el artículo 25, última parte, del Decreto Nº 467/88, del 22-4-88, reglamentario de la Ley Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales, preceptúa: "La designación de los miembros de los representantes del personal será notificada al empleador en forma fehaciente, por la asociación sindical representativa del personal del establecimiento dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la elección".

Al respecto, previo a toda otra consideración, estimo de sumo interés recordar el criterio sentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo relativo a las pautas a tener en cuenta en la interpretación de la ley. Así, en la causa: "Montero, Víctor Roberto y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Acción Contencioso administrativa". Sentencia M. 538. XXXI del 5 de noviembre de 1996; en su considerando Nº 4º) expresó textualmente: "Que, a los fines hermenéuticos, conviene recordar que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (cfr. Fallos: 315:790, causa B. 409. XXIII, 'Banco Shaw S.A. c/ B.C.R.A. s/ Nulidad de acto administrativo', del 16 de junio de 1993), y que cuando ésta no exija esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que exceden las circunstancias del caso expresamente contempladas en aquélla (cfr. causa L. 56 XXIV, 'Logitex S.A. s/ aplicación de la Ley N° 11.683', del 8 de junio de 1.993). Por ello, no es admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal si no media debate y declaración de inconstitucionalidad (cfr. causa S. XXII, 'Santa Cruz, Provincia de c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Sociedad del Estado) s/ ejecución fiscal', del 2 de febrero de 1993; V 254. XXVII, 'Vera de González, Alcides Juan c/ Radio y Televisión Riojana S.E. y otra', del 4 de mayo de 1995)".

En la perspectiva de la regla hermenéutica que antecede, considero que no le asiste razón al recurrente por cuanto otra es la solución que claramente se deriva del texto expreso del artículo en cuestión, al erigir de manera categórica en el inciso b) del artículo 49 de la Ley Nº 23.551, como uno de los "requisitos" para que surta efecto la garantía de la estabilidad, a "la comunicación" de la designación al empleador, con respecto a la cual también establece, a continuación, que debe probarse por telegrama, carta documento u otra forma escrita. Comunicar, según el Diccionario de la Real Academia en la acepción que se presenta adecuada al caso, es "Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien alguna cosa" lo cual, obviamente, no es lo mismo que el mero tener conocimiento por cualquier medio.

No cabe duda, entonces, que de acuerdo al precitado artículo, para que el dirigente gremial electo tenga estabilidad es necesario que le haya sido comunicado o hecho saber el nombramiento al empleador, a fin de asegurarle el conocimiento de la designación de dicho dirigente y no el mero conocimiento; esto último, de haber sido la voluntad del legislador, se hubiera traducido con la pertinente proposición normativa que no es, reitero, la que empleó en el inciso b del artículo 49 de marras. De allí que esa notificación o comunicación -conforme lo dispone este precepto de la Ley Nº 23.551-, constituya uno de los presupuestos que hace posible la oposición al empleador de la citada garantía, de tal suerte que su ausencia afecta el derecho gremial mismo, y no simplemente al conocimiento del nombramiento. Es de interés señalar también, que esta posición ya fue insinuada por este Tribunal en sentencia Nº 742, del 05-10-1998, al expresar que "...para gozar de la estabilidad gremial, necesariamente debe acreditarse su calidad de representante elegido y comunicada su designación en las formas estipuladas por la ley".

En consecuencia, no resulta objetable la forma en que abordó esta cuestión la Sala a quo, en tanto se sujetó al texto expreso de la norma y, desde esa óptica, se refirió al material fáctico del proceso, aduciendo que la comunicación del 18-10-1996 no cumplimentaba la exigencia legal al referirse a la postulación y no a la designación, como correspondía; que de las pruebas ofrecidas no surgía que el actor hubiera dado cumplimiento con el requisito establecido en el inciso b) del artículo 49; que no se podía tener por cumplido el requisito por simples presunciones respecto al conocimiento de tal designación que hubiera podido tener la empleadora, ante una exigencia tan clara de la propia ley, máxime, atendiendo a lo que expone con relación al informe pericial contable a fs. 800 in fine, y vta.; y que teniendo en cuenta la formalidad legal, en cuanto a la comunicación exigida, resultaba innecesario por inconducente a tal fin, el análisis de las demás pruebas ofrecidas por las partes, incluida la testimonial (cfr. fs. (800 y vta.).

Tales conclusiones, en modo alguno, traducen la arbitrariedad fáctica que alega el agraviado, no bien se advierte que las transcripciones del responde de la accionada efectuados a fs. 812 y vta. del escrito casatorio, lejos están de acreditar de manera suficiente la existencia de la comunicación requerida; y que lo propio acontece con la respuesta "que desconoce" a las posiciones número 6 y 13 a la absolución de posiciones del representante de la demandada (cfr. fs. 330), de las que pretende el impugnante hacer derivar la existencia de una confesión ficta, recurriendo a las constancias administrativas en que no se menciona expresamente al actor y al testimonio de testigos, lo que contraviene la obligatoriedad de forma escrita para la prueba respectiva, tal como lo prevé el inciso b) de la norma en cuestión. Téngase presente, además, lo expuesto por el fallo con relación a la medida para mejor proveer (sobre lo que nada dijo el recurrente en su presentación recursiva), en cuanto arguyó que al contestar el perito contable "...la pregunta Nº 4 del cuestionario propuesto por el actor, se informa que no existen antecedentes de lo solicitado, sobre la base de la documentación respecto a la que se solicita el informe, no siendo conducente respecto al cumplimiento de la comunicación exigida por la ley, lo informado en respuesta a la pregunta Nº 3, pues la misma se basa en la compulsa practicada en autos, conforme aclaración que efectúa el señor perito, correspondiendo rechazar la impugnación que formula el actor al informe pericial contable" (cfr. fs. 800 in fine y vta.).

Por tales motivos, resulta ajustada a derecho la afirmación de la sentencia en recurso en el sentido que, ante la exigencia clara de la ley, mal podía tenerse a la misma acreditada mediante presunciones, y que era innecesario por inconducente a tal fin, hacerse cargo de la prueba testimonial.

Por lo tanto, y en mérito a que el recurrente no aporta ninguna otra prueba -cuyo análisis se invoque también omitido por el Tribunal a quo- (contrariamente, en el escrito recursivo se limita a reiterar sobre el particular lo que ya había expresado en su alegato -cfr. fs. 693/696-) que satisfaga el requerimiento legal aludido, el presente recurso de casación carece de sustento para revertir el resultado a que se arribó en la instancia de grado en orden al tema en examen.

Sin perjuicio de ello, a todo evento y en cualquier caso, aunque se examinara la arbitrariedad fáctica alegada por el recurrente a la luz del criterio propugnado por su parte, tampoco de lo expresado en el escrito casatorio sobre el punto surge demostrado el déficit que se invoca, desde que de las aludidas transcripciones del responde de la accionada efectuadas a fs. 812 y vta. de la presentación recursiva no surge expresa e indubitablemente el reconocimiento del carácter gremial, por parte de la accionada, que se pretende. Ello así, más allá de que esta argumentación no resulta compatible con la posición asumida por el actor, en su momento, consistente en sostener que no había tenido intervención en el trámite administrativo del procedimiento preventivo de crisis de empresa, negando haber asistido a las audiencias y suscripto actas (cfr. fs. 40). La misma ausencia de certeza incontrastable puntualizada precedentemente, se colige de las constancias sobre la base de las cuales se persigue inferir la existencia de la confesión ficta, siendo dable enfatizar que, en ningún caso, cualquiera sea el criterio que se asuma en torno al sentido y alcance del inciso b) del artículo 49 de la Ley Nº 23.551, la prueba de testigos está admitida para demostrar el conocimiento, por parte de la empleadora, del estado gremial del dependiente. Y ello no podría ser de otro modo, teniendo en cuenta la limitación expresa y terminante que se consignan en el mencionado inciso al circunscribir la prueba a la forma escrita. Por último, tampoco debe perderse de vista que aún en la posición más flexible, se exige que el empleador tenga un conocimiento indubitable y fehaciente de la designación respectiva, por lo que las presunciones o el conocimiento presunto no serían un método adecuado a tal fin.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nº 80, de fecha 7 de mayo de 2004, de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, obrante a fs. 799/801 vta.. Voto porque así se declare.

IV.- Atento al resultado a que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia casatoria se imponen a la parte vencida, actora en autos (artículos 49 del CPT y 106, primera parte, del CPCC).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nº 80, de fecha 7 de mayo de 2004, de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, glosada a fs. 799/801 vta. de autos.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA