marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interrupción del embarazo, prueba insuficiente, víctima menor de edad, abuso sexual, derechos de la persona por nacer
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Solicitud de autorización por la Sra. M. J.C. por su hija S., M. J. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-03-15

Corresponde rechazar la solicitud de autorización formulada por la madre en representación de su hija menor, para practicarle a esta última una intervención quirúrgica destinada a interrumpir el embarazo que porta -producto del abuso sexual padecido-, pues aparece con suficiente claridad que se suscita un verdadero conflicto de derechos entre la menor víctima y el nasciturus que, sin embargo, debe ser individualizado con mayor precisión aún, así, mientras el último resulta portador del derecho a la vida, a vivir o de nacer, utilizando las distintas denominaciones que se emplean a su respecto, la primera no ha individualizado claramente cuál es el derecho que estima actual o potencialmente lesionado, ello por cuanto, a mérito de lo referido por las presentantes no surge una concreta referencia a patología alguna -sea física o psíquica- que afecte a la niña madre, como tampoco se han consignado motivos concretos de orden socio-económico que justifiquen la pretensión deducida, cabe precisar, que con miras a satisfacer los requerimientos orientados a preservar la salud psicofísica de la menor y del nasciturus, deviene imprescindible disponer las medidas inherentes a tal fin, ordenando al Ministerio de Bienestar Social de la Provincia que arbitre los medios para controlar de manera periódica y estrecha el desarrollo del embarazo que cursa la menor, debiendo poner al alcance de esta última todos los recursos humanos y materiales disponibles para brindar la asistencia que le sea efectivamente requerida tanto en el domicilio de la niña, como asegurando su traslado al centro sanitario correspondiente en todas las oportunidades en que ello se vuelva necesario para el mejor cumplimiento del cometido impuesto.
Jueces, indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: TEVEZ, EULOGIO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-16

Le cabe al Juez la facultad y el deber+de discernir los conflictos y dirimirlos de acuerdo al derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica, encuadrándola en las normas jurídicas que a criterio del juzgador las rigen de acuerdo a la regla "iura novit curia", prescindiendo de los fundamentos que esgrimen las partes. Tal facultad deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional.

Para determinar el quantum indemnizatorio no debe adoptarse un criterio formalmente matemático sobre la base exclusiva de los eventuales ingresos que hubiera podido obtener en determinado tiempo, desarrollando una actividad particular. Se debe proyectar el futuro del damnificado de acuerdo a la incapacidad que lo limita, tomando como parámetro, a este efecto, todos los elementos, tanto sociales, económicos, familiares, etc., que concurrían al ocurrir el hecho, y a partir de ellos determinar la indemnización.

La reparación del agravio moral, corresponde cuando existe una responsabilidad contractual. Dicha indemnización reviste carácter resarcitorio y contempla fundamentalmente la reparación del padecimiento físico y moral que ha sobrellevado la víctima.
Medidas cautelares, resoluciones apelables, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur-Proconsumer c/ A.M.X. Argentina S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-04-03

Las medidas cautelares, peticionadas para la efectividad de una futura sentencia de condena y en el marco del inc. 3 del art. 209 del CPCC, no se encuentran supeditadas al método de ejecución de la sentencia ni a la determinación de monto.
Contrato de trabajo, periodistas y empleados administrativos de empresas periodísticas, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: VILLAR  FERNANDO  PABLO c/ L.S. RADIO CONTINENTAL S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

La enumeración que realiza el art. 43 de la ley 12.908 en su inc. a) es meramente enunciativa, por lo tanto, la falta de inclusión expresa en su texto del SAC no importa, en modo alguno, la prohibición legal de tomarlo en consideración para calcular las indemnizaciones que dicha norma prevé. Por otra parte, para liquidar las reparaciones por despido para los trabajadores amparados por el estatuto del periodista no corresponde tener en cuenta el art. 245 L.C.T., sino lo establecido por la norma específica que rige la actividad. Si la enumeración incluye las gratificaciones, que son excepcionales y no necesariamente periódicas ni uniformes, con mayor razón debería entenderse que incluye también el SAC, que es una prestación obligatoria y regular, cuyo cálculo está fijado por ley y se paga semestralmente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Cejas, Jorge Rubén s/ Robo calificado. Evasión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Es ineficaz el agravio referido a la conculcación de garantías constitucionales, si se hace depender el mismo de planteos que fueron desestimados.
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: García, Marta Beatriz y Otro c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Cobro de Diferencias Salariales  Nulidad eInconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-21

La Corte Suprema ha dicho que el régimen de contribuciones y aportes es "de adhesión" a cláusulas exorbitantes, impuestas por el Estado en el marco del contrato. Aunque en Fallos aseguraba que los beneficios previsionales no nacen de un contrato, sino que se basan en la potestad pública del Estado que la ejercita ampliamente en concepto de bien público, con su derecho de imperio y la finalidad de justicia que la informa". Lo que se aviene más con la teoría "estatutaria" del vínculo de empleo público, en cuyo marco es fácil discernir que conforman una obligación más de las propias del mismo.
Nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ZARATE, OSCAR ALEJANDRO c/ MOYANO, VICTOR HUGO s/ DEMANDA ORDINARIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   1054-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

La nulidad no procede si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco).
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, interpretación de la ley, ley procesal, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/ inf. ley 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Los aspectos meramente procesales, aún cuando estén contenidos en normas federales resultan, por regla, ajenos a la instancia extraordinaria, salvo que se invoque arbitrariedad.
Ley de defensa del consumidor, información al consumidor, mutuo dinerario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Créditos Rivadavia y Otros c/ Apelación (Ley Pcial. Nº 1.480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-07-06

La obligación legal consagrada en el artículo 36° de la Ley de Defensa del Consumidor y Usuario, es garantizar la transparencia en la composición de la deuda y constituye un deber calificado de información complementario del que está garantizado en el artículo 4º de la misma norma, que, en los casos de venta de crédito, debe prestarse una especial atención, por lo que ese deber de información debe extenderse desde las tratativas previas a la conclusión del contrato y durante la ejecución del mismo.
Procedimiento administrativo, reclamo administrativo previo, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M. C., E. y Otra c/ Provincia del Chubut y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-26

El principio de congruencia, que determina que entre la reclamación administrativa previa y la demanda no puede variar ni el objeto, ni el contenido de las pretensiones, es una exigencia común al reclamo previo a las acciones de derecho común -tal el caso bajo análisis- como al que se aplica como exigencia -cuando las normas lo contemplan- como requisito para el ejercicio a las acciones contencioso-administrativas. Para ambos casos -aunque no sin discrepancias doctrinarias- se han estimado de aplicación los artículos 30, 31 y 32 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, por lo que puede traerse sobre la cuestión el aporte de los administrativistas, aunque sin perder de vista las diferencias entre uno y otro proceso, y la finalidad que el instituto está llamado a cumplir en cada uno.
Daño moral, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simionatto, Marcelo A. c/ SEVEL ARGENTINA s/ Daños y Perjuicios Santoro, Abel c/ Lavatelli, José y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21|1990-03-06

Si bien en algunos casos corresponde indemnizar el daño moral que ocasiona la destrucción del vehículo que se utiliza para el trabajo personal, cuando ello provoca una sensible disminución de los ingresos, con las consecuentes angustias, zozobras, aflicciones y padecimientos que importa el abrupto descenso en el nivel de vida;

no procede en cambio el reconocimiento del daño moral cuando el actor a raíz de la privación transitoria de un bien material ha debido soportar las incomodidades que ello trae aparejado.
Responsabilidad contractual, eximentes de responsabilidad, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cazorla Claudio Fabián  c/ Tarshop s/ Daños Y Perjuicios - Expte. N° 564/17
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-08-10

A los fines de deslindar la responsabilidad por incumplimiento del deber de seguridad, el demandado debe demostrar la existencia de una causa ajena sin que baste la prueba de su falta de culpa, debido a que este factor resulta extraño a la imputación objetiva; ello así, porque es una responsabilidad contractual derivada de una obligación de resultado. Así, pesa sobre la persona contra quién se dirige la acción, la carga de acreditar que el hecho se debió a la culpa del damnificado o de un tercero por quien no sea civilmente responsable, o que provino de caso fortuito o fuerza mayor.
Proceso electoral, sindicatos
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad social c/ Sindicato de Trabajadores de Subterráneos s/ Ley de asoc. sindicales Sindicato de Trabajadores de Subterráneos s/ Ley de asoc. sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-30

El Sindicato de Trabajadores de Subterráneos interpuso recurso fundado en el art. 62 de la ley 23.551, destinado a cuestionar la resolución suscripta por el Ministro de Trabajo de la Nación que confirmó la decisión de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales en cuanto dispuso la nulidad del proceso electoral llevado a cabo.

Se han transgredido los principios de la libertad sindical garantizados no sólo por el art. 6 de la ley 23.551 y el art. 14 bis de la C.N.

sino también los consagrados en el convenio Nº 87 de la O.I.T. afectando el principio de no injerencia al intervenir "de oficio" el Ministerio de Trabajo vulnerando los límites normativos mencionados. Tal como lo sostiene el dictamen fiscal "el mandato de abstención al poder público, que emerge de la libertad sindical, impone conjurar todo avance por sobre lo resuelto por la autonomía colectiva, que sólo debe ser afectado ante un planteo concreto, y en casos de acreditada antijuridicidad".
Recurso de queja (procesal), transporte aéreo, pasaje aéreo, reembolso de gastos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: LWOFF ADRIAN c/ AEROLINEAS ARGENTINAS - SOCIEDAD DEL ESTADO Y OTRO s/ DEVOLUCION DE PASAJES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-13

El substractus de la queja reside en el hecho de que el actor habrá de ver alcanzado su crédito -al tener como único deudor al Estado Nacional- por la ley de consolidación 23982. Mas esta situación se hubiera producido igualmente, supuesto que la sociedad de Estado no hubiera traspasado sus activos al nuevo ente, de manera que, en definitiva, no es el régimen de privatización en sí el que afecta el modo y tiempo de percepción del crédito sino la situación de emergencia económica que acosa al Estado Nacional; situación declarada por ley, cuya constitucionalidad -no controvertida por el actor- ha aceptado la Corte Suprema y esta Cámara en precedentes bastante conocidos. El crédito del actor no ha sufrido mutación alguna en su naturaleza jurídica por causa del proceso de privatización. Si han sido alterados el modo y los tiempos de cobro, más esto no es por tal proceso sino por la emergencia económica declarada por el Poder Legislativo, cuyos efectos se proyectan sobre la población toda. Precisamente para hacer frente a esa situación caótica de la economía y finanzas públicas, se ha dictado las leyes 23696, 23697, 23928, 23982 y 23900 las que en conjunto -según el Alto Tribunal- conforman un Plan de Gobierno sobre el que no cuadra proyectar situaciones de inseguridad jurídica respecto de los derechos y obligaciones emergentes de la privatización de las empresas del Estado. Por tal motivo y con la finalidad explícita de aventar cualquier duda al respecto el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1802/92 aclarando que no será aplicable a ningún efecto la ley 11867 en los procesos de privatización concretados o a concretarse, en cumplimiento de la ley 23696, sus normas complementarias y reglamentaciones.
Juicio abreviado, recurso de casación penal, requerimiento de instrucción, reclusión accesoria por tiempo indeterminado, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lovera, Roberto Carlos s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-24

Si bien el tribunal de mérito concluyó respecto del imputado en la sanción punitiva de prisión conciliada en el acuerdo de juicio abreviado y mantuvo la reincidencia aplicada al nombrado por otro tribunal, le impuso además la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, cuya aplicación dejó en suspenso (art. 52, segundo párrafo, en función del art. 26 del C.P.), aplicación legal que excede lo requerido por el Sr.

Fiscal a los fines del avenimiento, erigiéndose de este modo en una imposición oficiosa, y consecuentemente, ilegítima. Ello así, en razón de que el inc. 5° del art. 431 bis del C.P.P.N. veda expresamente al Tribunal de juicio la imposición de "una pena superior o más grave que la pedida por el ministerio fiscal", por lo que debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa dejándose sin efecto la reclusión por tiempo indeterminado impuesta al imputado. (Dra. Berraz de Vidal según su voto).
Recurso de reposición (procesal), admisibilidad del recurso, multa procesal, oficios, diligenciamiento de oficios, falta de contestación del oficio, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Echezarreta, SUsana Margarita c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación de Actos Administrativos de Bs. As. s/ Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-17

En el caso, la Administración interpuso recurso de reposición contra la providencia que aplicó una multa por cada día de demora en el cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal a través de sendos oficios.

Teniendo en cuenta el vencimiento del plazo fijado en el oficio sin que se remitiera la información solicitada por el Tribunal, y la falta de invocación oportuna de circunstancias atendibles que, razonablemente, impidieran el cumplimiento en término de la demanda judicial, corresponde concluir que se han configurado en la especie los presupuestos previstos por el artículo 327 del Código Contencioso Administrativo y Tributario y en consecuencia, la providencia que hizo efectivo el apercibimiento dispuesto, se encuentra ajustada a derecho
Modelos y diseños industriales, apropiación indebida de diseño industrial, daños y perjuicios, buena fe, mala fe, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTIN DE PACHECO MARIA ADELA. c/ GELSUMINI INES MARIA EVA Y EDUARDO HECTORGELSUMINI. s/ CESACION  DE USO DE MODELO INDUSTRIAL (MARCO PLEGABLE PARA  ANTEOJOS).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-15

El decreto-ley 6.673/63 Establece una importante distinción: cuando se trata de los daños y perjuicios sufridos por el titular del modelo dispone que su resarcimiento es debido tanto por el infractor de mala fe como por el de buena fe; en cambio, en orden a la restitución de los frutos sólo impone la correlativa obligación a quien ha obrado de mala fe. Por ende, la prueba de que el infractor ha procedido de este modo corre por cuenta de quien lo invoca.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alfaro, Gustavo Darío c/ Khoury, Alfredo L. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-10

Cualquier déficit probatorio acerca de la causa del perjuicio no puede redundar más que en desmedro de los intereses de quién lleva sobre si la carga de acreditarla, ya que no debe caber duda alguna sobre la efectiva concurrencia de la aludida causal de exoneración. Es que en esos casos de incertidumbre sobre cuál ha sido el factor causal del perjuicio, cuando los principios de la responsabilidad objetiva emergen con todo su rigor, determinando que ésta se aloje en quien resulta guardián de la cosa productora de riesgo (art. 1113 del Código Civil).
Competencia, filiación, fuero de atracción
Materia: PENAL
Carátula: Leal Sertorio Ney Mario c/ Sensever Colina María Teresa y otros s/ incidente competencia , Expte. N° 8532
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-13

La norma de atribución de competencia consagrada en el art. 581 del C.C.C.N. expresamente referida a las acciones de filiación, ha sido especialmente diseñada para tutelar los derechos de las personas menores o con capacidad restringida. Sin embargo, aún en este particular caso -en el que se ha revalorizado el centro de vida de los más vulnerables- se sostiene que esa regla de competencia especialísima cede frente al 2336 CCCN en tanto rigen las reglas del fuero de atracción del juicio universal.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, jueces, facultades jurisdiccionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

No es correcto sostener, con apoyo en el artículo 116 de la Constitución Nacional, que los órganos judiciales exclusivamente conocen y deciden en causas judiciales. Esa es su tarea primordial pero nada impide que se les acuerden otras facultades, como lo hiciera el constituyente con las reglamentarias (artículo 113 de la Constitución Nacional), o el propio Poder Legislativo, por delegación, como efectivamente lo ha hecho en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (poder reglamentario-por disciplinario), habiendo llegado a facultar al Alto Tribunal para establecer los reglamentos necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos, con tal que no sean repugnantes a las prescripciones de la ley de procedimientos. (Del Voto del Dr. Suárez). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨es constitucional el artículo 28 de la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "defecto de caso concreto"?
Sociedad conyugal, bienes de la sociedad conyugal, administración del condominio
Materia: CIVIL
Carátula: B.R. c/ N.,  E.A.  y otros. s/ Vicios redhibitorios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-17

El condominio de partes indivisas propias está explícitamente admitida en el Código Civil (art. 1264). Si entre los cónyuges está previsto el condominio de partes indivisas propias, no existe fundamento para sostener que no pueda haberlo de partes indivisas gananciales o de parte indivisa propia de un cónyuge y ganancial del otro. Lo que importa es la calificación de propia o ganancial de la parte indivisa; el carácter ganancial de los bienes no afecta la propiedad exclusiva sino que sólo la hace menos plena, por las limitaciones al poder de disposición que establece el art. 1277 del Código citado, y el eventual sometimiento al proceso de liquidación y partición si continúan en el patrimonio del cónyuge al disolverse la comunidad. Por lo tanto, no hay obstáculo para admitir la existencia de un condominio en el cual la parte indivisa de cada cónyuge sea ganancial, ni lo que hay que aceptar uno en que la parte de un cónyuge sea ganancial y la otra propia; así ocurriría, vgr., si se hiciese una compra con dinero ganado durante el matrimonio por uno de los esposos y heredado por el otro.

Cuando se trata de la administración de una cosa que constituye un condominio de partes indivisas gananciales, la administración debe ser decidida en común conforme lo dispone el art. 2699 del Código Civil.
Costas, responsabilidad del abogado, abogado apoderado, mandato, interés legítimo, responsabilidad civil, negligencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., H. J. y Otro c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-05-29

Se ha dicho que (art. 52 del Cpcc): "... con la finalidad de evitar un inútil dispendio de actividad procesal y no premiar al profesional que con su accionar culpable ha perjudicado a su mandante, esta norma procesal prevé que el cliente pueda cobrarse en el mismo pleito las costas que ha debido pagar como consecuencia de la actuación de su apoderado. (...) la norma contempla un supuesto de responsabilidad civil originado en la culpa o negligencia del profesional en la ejecución del mandato. Pero lo que puede obtener el poderdante en el mismo proceso, dada la ejecución defectuosa del encargo, es que su mandatario le reintegre las costas que hubiera debido abonar."
Docentes, cesantía, universidades nacionales, legitimación pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASALLA, MARIO CARLOS c/ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION s/ NULIDAD - REINCORPORACION - COBRO DE HEBERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-09

La Universidad Nacional de Salta, persona jurídica diferenciada del Estado Nacional, no puede ser condenada en el juicio donde no fue parte, seguido contra éste por un ex profesor dejado cesante en que se impugna la resolución del Ministerio de Cultura y Educación que, al decidir un recurso de alzada, mantuvo la cesantía del actor aunque modificando su encuadre jurídico. Si bien ninguna decisión puede ser pronunciada respecto de la reincorporación del actor o el pago de indemnizaciones (condenas cuyo cumplimiento recaería directamente sobre la Universidad), nada impide anular la resolución ministerial, que fue correctamente enjuiciada con intervención de la autoridad que la dictó, lo que dará lugar a que dicha resolución deba ser sustituida por un nuevo acto ministerial de diverso contenido.