marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento administrativo, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: UGOZZOLI MARIO RAEL c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-13

La Ley Nro. 2.297, establece el plazo de meses no solamente en el art. 4, sino también en el 54, respecto del cual se ha interpretado pacíficamente y sin duda alguna que se trata de un término corrido, comprensivo de días inhábiles. Por su parte, cuando la ley quiso referirse a plazos computables en días, lo hizo de manera expresa; tal el caso del art. 5 de dicho texto legal, en un claro ejemplo de cómputo exclusivo de días hábiles. Igual acontece con el art. 6 respecto del plazo de interposición del recurso contencioso administrativo. De ello se desprende que, resulta evidente que cuando la ley se refiere a cómputos corridos -incluyendo los días inhábiles- expresa el vocablo "meses" y cuando lo hace respecto al cómputo de días hábiles, usa el vocablo "días". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Filiación, prueba de histocompatibilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Morales, Adrián A. c/ Asurmendi, Armando D. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-01

Ante un posible conflicto entre el derecho a la identidad (art. 7, párr. 1 de la Convención del Niño) y a no autoincriminarse (art. 18, Const. nac.) cabe conceder jerarquía al derecho de una persona a conocer su origen biológico.
Violación de la ley o doctrina legal, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ramos, Mercedes (su sucesión ab intestato) c/  s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Quien afirma la violación de un precepto legal o doctrina no hace sino adelantar una premisa cuya inmediata demostración debe concretar en el mismo escrito, extremo que no queda satisfactoriamente abastecido con la sola mención de distintas normas jurídicas o el despliegue de una argumentación que no se dirige al punto neurálgico del fallo cuestionado.(doctor Soria, sin disidencia)
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, incapacidad, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: POZZI HORACIO c/ E.P.E.C. s/ CASACION  LABORAL  -  ACCIDENTE  DE  TRABAJO - ENFERMEDAD ACCIDENTE -  INCAPACIDAD - PRESCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-12-03

Durante el período de reserva del empleo, solo se hallan suspendidos ciertos efectos del contrato de trabajo, tales como la prestación de servicios y la percepción de remuneraciones, pero la relación subsiste hasta tanto alguna de las partes decida y notifique a la otra su voluntad de rescindirla (art. 211 LCT). La circunstancia de haberse iniciado el trámite jubilatorio no modifica este criterio, porque aun en ese caso, frente a una resolución desfavorable del organismo previsional, el actor habría podido retomar efectivamente sus tareas habituales u otras compatibles con su grado de incapacidad. A los fines del cómputo de la prescripción en los casos en los que no ha existido determinación de la incapacidad con anterioridad a la ruptura del vínculo, debe entenderse que el plazo comienza desde ese momento, porque de otro modo se admitiría la existencia de una acción practica mente imprescriptible. Si el empleador hubiera cumplido con el mandato legal impuesto por la ley de seguridad e higiene en el trabajo y su decreto reglamentario, habría tomado conocimiento de la incapacidad del trabajador y de la consiguiente obligación de indemnizarlo.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, litisconsorcio, incidentes, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cargen  S.A. s/ quiebra  s/  incidente  de revisión promovido por La Plata Cereal Co.   SACIAF. e I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Es inadmisible el recurso extraordinario relacionado con la existencia de un litisconsorcio en el incidente de caducidad de la instancia.
Sentencia, fundamentación de sentencias, tribunal colegiado, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la Caja de Seguros S.A. en la causa Flamenco, Néstor Atilio c/ Policía Federal Argentina y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-02

Toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria, por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos; ello así, pues las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas entre ellos.
Jueces, leyes, interpretación de la ley, ley arancelaria, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ANNOVAZZI, FRANCISCO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y COMUNA DE THEOBALD s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LEY 10.000 - CONDENACION EN COSTAS Y  REGULACION DE HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 270 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-20

Si bien no se descarta que los jueces puedan en algunos supuestos flexibilizar los cánones establecidos por la ley de aranceles con base en criterios de "justa retribución", ello presupone que la parte agraviada debe demostrar en concreto que los honorarios aparecen como manifiestamente desproporcionados o en su caso evidentemente lesivos del derecho de propiedad, con lo cual no cabe admitir el apartamiento de las respectivas normas arancelarias. (De La Ampliación De Fundamentos De La Dra. Gastaldi)
Delitos contra la integridad sexual, escala penal, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: N. N. c/  s/ Abuso sex. Agrav. por las circunstancias de su realiz. y la situac. de conv. preexist. e/p de N. N. y N. N. S/ Casación de su realiz. y la situac. de conv. preexist. e/p de N. N. y N. N. S/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-11-07

"Igual suerte debe seguir el planteo de inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 119 del C.P. fundado en la escala penal asignada legislativamente, atento que es sabido que la determinación de las escalas punitivas se encuentra reservada al legislador por ser materia de política criminal del Congreso de la Nación.

El poder legislativo es el único órgano de poder que tiene la potestad de valorar conductas, constituyéndolas en tipos penales, y decidir sobre la pena que estima adecuada a la actividad que se considera dañosa; siendo ajeno al control judicial el examen sobre la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propios de sus funciones.(.) En conclusión, la norma cuestionada en su escala no puede tildarse como desproporcionada o arbitraria, como tampoco que se encuentre afectado el principio de igualdad o proporcionalidad. Tan solo cabe afirmar que su estructura es producto de una atribución propia y legítima del órgano legislativo en el delineamiento de la política criminal".
Habilitación de feria, continuación del proceso judicial, robo, expediente electrónico
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., M. c/  s/ robo en tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-05

Corresponde habilitar la feria extraordinaria a los efectos de continuar con el trámite de la causa, puesto que no caben dudas que el objeto procesal de los autos recae sobre aquellos asuntos que la Corte Suprema considera de trámite prioritario, dado que al tratarse de un caso de robo en la vía pública, encuadra cabalmente en los supuestos de violencia urbana señalados por el Alto Tribunal en el punto 4 de la Acordada 6/2020 y, asimismo, al tiempo de decidirse la habilitación recurrida, ya se habían ordenado todas las medidas necesarias para tener por digitalizado el expediente en forma completa.
Resolución administrativa, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saravsky, Jorge c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

La no interposición de los recursos previstos por el régimen procesal administrativo aplicable (en el caso el art. 57 de la ley 9538), imposibilita la revisión judicial de la decisión administrativa impugnada, desde que no media en tal caso resolución definitiva en los términos de los arts. 1 y 28 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo.
Responsabilidad contractual, responsabilidad médica
Materia: CIVIL
Carátula: Peña de Paz Ureña, Eduvina y otro c/ Pinal, Benigno H. J. y otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1987-06-08

Las relaciones entre el paciente y el médico deben considerarse de carácter contractual, encuadrándose su responsabilidad en las reglas relativas al incumplimiento de las obligaciones. La obligación que asume el profesional del arte de curar es poner todo su empeño, su saber, su diligencia y los medios de que disponga para obtener la curación del enfermo, sin que pueda garantizar el logro de tal objetivo pues la complejidad de los elementos que juegan en cada caso médico, sumado a las particularidades que hacen la individualidad de cada enfermo impiden tener la certeza de que un organismo responderá en la forma que lo hacen los demás.
Cesión del establecimiento, responsabilidad solidaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TELEARTE  S.A. c/ EN - SEC. PRESIDENCIA DE LA NACION s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-12

Debe estarse a la existencia de solidaridad en los términos del art. 228 de la LCT cuando se trata de un crédito laboral devengado día a día cargo del empleador - el Estado Nacional- hasta el día inmediato anterior al de transmisión del establecimiento. Así también que en las relaciones entre transmitente y adquirente a partir de este último momento las deudas de tal índole que se vayan devengando después de la transferencia son, sin duda, a cargo exclusivo del adquirente.
Derecho penal, delitos contra la propiedad, robo simple, robo con violencia en las personas
Materia: PENAL
Carátula: Botto, Pablo Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

La existencia de un menoscabo en el cuerpo de la víctima producido al arrastrarla de cara al suelo por un largo trayecto y con un feroz puntapié en el rostro al tratar de despojarla de su cartera excede la violencia del robo y configura el delito de lesiones previsto en el artículo 89 del Código Penal, delito que integra el robo en poblado y en banda un único hecho, y lo que resulta bien enlazado en concurso ideal (artículo 54 del Código Penal).
Legitimación pasiva, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Delfino, Carlos Luis c/ Banco Entre Ríos S.A. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-26

Si el Magistrado ha desplazado el eje temático de la causa, violando el principio de congruencia -cuya vigencia ha de cuidarse celosamente- al entender que existía falta de legitimación pasiva en el accionado, a fin de garantizar la vigencia de una doble instancia plena -arts. 8 inciso 1 punto h) y 25 inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica-, corresponde anular el pronunciamiento recurrido y remitir los autos a Primera Instancia para que se dicte sentencia conforme los términos en que quedara trabada la litis (Voto Dr. Pirovani).La falta de articulación de defensa por el demandado se manifiesta no porque el Juez haya admitido la inexistencia de la misma, sino porque ha interpretado que los cuestionamientos de la accionada referidos a su carácter o condición como verdadera obligada al pago, legitiman la hermenéutica aplicada. Tal criterio es improcedente ya que el Código Procesal Laboral en su artículo 68, impone expresamente la necesidad de interposición formal de las excepciones, así como su propia tramitación -artículo 69-, sin que pueda, implícitamente, inferirse la existencia de la misma (Voto del Dr. Bugnone).
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial, locación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cámara de Asociaciones de Transportistas Argentinos de Carga Internacional (ATACI) c/ Seguridad República SRL y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

Resulta competente la justicia comercial pues, pese a tratarse de una locación inmobiliaria, el Contrato de Locación refiere de modo expreso a un "uso exclusivo de oficina comercial de servicios, quedando expresamente prohibido otro destino que el mencionado" (cláusula segunda), lo cual no es subsumible estrictamente en el típico alquiler de inmuebles de competencia de la justicia civil (Doctrina del fallo de la CSJN del 26/5/10 in re "Unity Oil SA c/ Golo Kids SA s/ desalojo"; en igual sentido, mutatis mutandi, esta Sala F, 25/9/12, "Saveghe SRL c/ Estacionamiento El Abad SA y otros s/ ejecutivo"); no pudiendo ser desatendida la naturaleza de la actividad comercial para la cual fue arrendado el bien.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carou Carlos Antonio s/ Incidente de revision
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-04

La interpretación debe efectuarse de tal manera que las normas armonicen entre si y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas entre ellas (SCBA, Ac. 55689, del 28-2-95)
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal, mala administración de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: C. de V.R.E. c/ V.J. s/ DISOLUCION  DE LA SOCIEDAD CONYUGAL - FRAUDE - MALA ADMINISTRACION DE  LOS BIENES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-13

La discusión relativa a la vigencia de la causal contemplada en la norma del art. 1294 del Código Civil, negada por la mayoría de nuestra doctrina nacional, quedó finalmente superada mediante la reforma que a ese dispositivo legal introdujo la ley 23.315, por cuanto específicamente consagra a la mala administración de los bienes gananciales, como una causal de disolución de la sociedad conyugal.

Si no existe una cabal demostración de que el cónyuge hubiese realizado un deficiente manejo del acervo ganancial, ni menos aún que el mismo hubiese estado encaminado a defraudar los derechos de su esposa, corresponde rechazar la demanda por disolución de la sociedad conyugal.
Recurso de inconstitucionalidad, presentación extemporánea, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Harbertz, Carlos Facundo c/ Provincia ART S.A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-09-12

No resultan atendibles en esta instancia extraordinaria los planteos relacionados con los parámetros indemnizatorios que fueron consentidos por la propia accionante, toda vez que de las constancias acompañadas no surge que la cuestión haya sido objeto de anterior alegación ni, por ende, de debate por las partes y de estudio y decisión por los jueces ordinarios de la causa, la cuestión se trataría de una reflexión tardía que no puede tener acogida. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco y Erbetta) - CITAS: CSJN: Fallos 324:2268; 329:3235; 335:686; 339:1463; y 342:744; CSJStaFe: AyS T 215, p 433; T 260, p 273; T 268, p 412; T 295, p 200; T 305, p 262.
Situación del imputado, nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, non bis in ídem
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Olmos, José Horacio; De Guernica, Guillermo Augusto s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

Si la primera sentencia fue declarada nula por deficiencias esenciales en su fundamentación, es decir, por una nulidad instituida en beneficio del imputado, no es posible, a fin de poder corregir los defectos de la sentencia anterior, y poder llegar, esta vez sí, a una condena válida, someter nuevamente a juicio al imputado, ya que ello significaría concederle al Estado una "nueva oportunidad" que el principio de non bis in idem prohíbe (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Delitos contra la integridad sexual, abuso sexual calificado por acceso carnal, leyes, interpretación de la ley, antecedentes legislativos
Materia: PENAL
Carátula: L., J. s/ Abuso sexual con acceso carnal (Expte Nº  98-02, Resolución Nº  52,  Tomo 8, Folio 410)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-27

Aunque a la hora de la interpretación legal no acuerdo excesivo valor a los antecedentes parlamentarios, ya que coincido en que ante cuerpos legislativos conformados por tantas personas como nuestras Cámaras de Diputados y Senadores, no es posible establecer la existencia de una única voluntad en el ánimo de todos los que votaron por la sanción de la ley, ciertamente algún valor podrían tener tales antecedentes. En el caso, de la lectura de ellos (ver La Ley - Antecedentes parlamentarios- ley 25.087- año 1999- nº 5) resulta que ante la Cámara de Diputados se presentaron numerosos proyectos, que se dicen unificados en un solo texto final. Que excluyendo a los proyectos que no contenían ninguna referencia a la violación, existen cuatro que en sus textos expresamente mencionan al acceso bucal como configurativo de la acción (González Gaviola, Corchuelo Blasco-Das Neves-Melogno, Cafferata Nores, Rubeo-Godoy), otros cuatro que no utilizan expresiones tan claras pero en los que los proyectistas al explicar las utilizadas dieron cuenta expresa de que incluían al acceso bucal (Fernández Meijide-Alvarez-Estevez Boero-Garré-Parentelli- Raimondi-Rodil-Storani, Cafiero, Carrió-Carca-Bravo-Fayad, Sat), y cuatro que nada dicen en el texto ni aclaran en las exposiciones de apoyo (Banzas de Moureau-Colucigno-Santino-Vázquez, Bartolozzi de Bogado, Camaño-Moqueda, Drisaldi). Que se encuentra uno, suscripto por la diputada Norma Godoy, que explícitamente se manifiesta aceptando sólo al acceso vaginal y al anal, rechazando en cambio al acceso bucal, pero, resulta digno de mención que la misma diputada en otro proyecto que suscribe con el diputado Rubeo contradice lo que antes había sostenido, ya que en la tipificación que proponen incluyen al acceso bucal como constitutivo de violación. A su turno, en la Cámara de Senadores, se acompaña un proyecto del senador Yoma incluyendo al acceso bucal, y al expedirse verbalmente el citado senador y sus pares Genoud, Molinari Romero y Maya sobre el proyecto que había sido remitido por la Cámara de Diputados, señalan expresamente que consideran abarcado al acceso bucal en la violación, pese a que reconocen la existencia de imprecisiones en el texto. En definitiva, aunque no creo que pueda obtenerse de lo que fue el pobre debate parlamentario de la ley ninguna conclusión categórica acerca del tema analizado, tampoco me caben dudas sobre dos cosas: una, que de él se desprende una orientación en favor de la inclusión en la violación de los accesos bucales, y, otra, que nada se puede encontrar en contra de tal inclusión (ya hice alusión a las encontradas posiciones de la diputada Norma Godoy).
Acción de amparo, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Petrecca, Roberto Armando c/ Nuevo Banco de Azul s/ Acción de Amparo Petrecca, Roberto Armando c/ Nuevo Banco de Azul s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30|1987-11-30

Aunque se pretende que lo atacado es un acto del Banco, que se niega a aplicar la ley 23370, contra quién se dirige el amparo, resulta obvio que lo perseguido es revertir la situación resuelta en el proceso ejecutivo donde hace más de un año se realizara la subasta del bien embargado y cuyo lanzamiento se pretende impedir a través de una medida de no innovar dentro del amparo. Pero la resolución en el proceso ejecutivo ha quedado firme, en consecuencia, el amparo no puede prosperar porque se estaría dejando sin efecto aquella resolución judicial formal y precluida. De manera tal,que si la vía judicial ha concluido y media cosa juzgada, el amparo resultaría igualmente ineficaz para reiterar cuestiones ya decididas por la justicia.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, cheque, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mastroprieto Aldo c/ José Gelabert s/ Cambiaria (LIBRO: S141 - 232)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-04-16

Constituye exceso de rigor formal el rechazo de la excepción promovida por el actor, basado principalmente en la presentación tardía, de los cheques, si existe reconocimiento expreso de la firma y contenido y si los títulos que se ejecutan reúnen los requisitos del art. 228 del C.P.C.
Daño material, incapacidad laboral, incapacidad total
Materia: CIVIL
Carátula: Bogao Mario Gustavo c/ Hospital San Martin y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-11-18

El rubro daño material no resarce solamente la eventual incapacidad laborativa de la persona, sino todos los ámbitos de su vida en que tal incapacidad pueda incidir; en el caso la paraplejía, la imposibilidad de movilizar sus miembros inferiores y la pérdida absoluta del control de constituyen una grave secuela incapacitante que afecta todos los ámbitos la vida del actor, tanto en su faz laboral como social.
Responsabilidad del Estado, omisiones administrativas, poder de policía, establecimientos educacionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. Nro. 84109 D.G.E. EN J° 8352/74.690 MEYDAC, MARIA C. Y OTS. c/ GOB. DE LA PCIA. DE MZA. ESC. SUP. DE PUBL. Y PROP. Y OTS. s/ D.Y P. S/ INC." Y SU ACUMULADO Nro. 84.197
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-12-28

La responsabilidad del Estado por omisión en el ejercicio de su poder de policía no debe ser analizada con criterios rígidos o inflexibles; dependen del lugar, objeto o índole de la actividad o de las personas, pues el ejercicio del poder de policía es contingente, circunstancial, no uniforme, fijo o igual en todos los casos.

No siempre es una obligación de resultado. En consecuencia, el deber omitido debe ser una verdadera obligación a cuyo cumplimiento pueda ser compelida la Administración, aún cuando para ello sea necesario cumplir determinadas cargas procesales.
Concesión de obra pública, responsabilidad del concesionario vial
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Julia Irene Y Otros c/ Agrupación Ciclista Azuleña y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-02-27

El contrato de concesión de obra pública por peaje celebrado entre el Estado -concedente- y el particular -concesionario- es de derecho público, está conformado por los pliegos licitatorios y demás normas complementarias y reglamentaciones administrativas y solo rige las relaciones jurídicas entre los co-contratantes, alcanzando a los usuarios unicamente en la medida que no se encuentren derogadas expresa o tácitamente por leyes posteriores o de jerarquía superior. Resultan inoponibles al usuario vial las reglametaciones administrativas que limiten la responsabilidad civil de los concesionarios en oposición al régimen legal del derecho del consumo. (vgr. Ley nacional de tránsito, 24449; Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires, ley 11430)
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación de sentencias, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL
Carátula: Catorceno, Fabián Marcelo Y Monzón Montes, Vilma c/ Catorceno, René Y Gaspar, Luis s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-06-12

El recurso de inconstitucionalidad deviene improcedente atento la sentencia atacada no carece de fundamentos ni consagra una interpretación manifiestamente irrazonable de los jueces de la causa, supuestos que habilitarían esta vía excepcional en virtud de la doctrina de arbitrariedad de sentencias, por el contrario el fallo impugnado cuenta con fundamentos suficientes de hecho y derecho.