marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intereses, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Knapheis, Sergio Saniel c/ Asociación Mutual Israelita Argentina y otro s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-23

La actual coyuntura económica reflota la idea de defender el valor de los créditos por medio del reajuste a través de índices, siendo el propio Poder Ejecutivo Nacional quien reconoce el envilecimiento de la moneda y la necesidad de reajustar las deudas por medio de índices. Así, mediante el DNU 70/23 -sin perjuicio de la inconstitucionalidad declarada en las causas "Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/Poder Ejecutivo s/incidente" (Expte. N° 56862/2023/1) y "Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina -CTA- c/Estado Nacional Poder Ejecutivo s/acción de amparo" (Expte. N° 56687/2023) el Poder Ejecutivo Nacional pretendió modificar el art. 276 LCT y disponer que "...los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados y/o repotenciados y/o devengarán intereses. La suma que resulte de dicha actualización y/o repotenciación y/o aplicación de intereses en ningún caso podrá ser superior a la que resulte de calcular el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual.". Así, no resulta razonable que el trabajador se encuentre desguarnecido frente al deterioro del signo monetario debido a una prohibición legal, que en el contexto actual aparece como irrazonable y violatoria del derecho de propiedad, a la par que vulnera aquello que pretendía garantizar la propia ley de convertibilidad y sus decretos reglamentarios, esto es, ".mantener incólume el contenido de la pretensión.". En este contexto, no cabe más que declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- y consecuentemente, disponer la actualización del crédito utilizando el índice de precios al consumidor INDEC (IPC), con más una tasa de interés pura del 3% anual, ambos desde el origen del crédito y hasta su efectivo pago.
Crédito laboral, intereses compensatorios
Materia: LABORAL
Carátula: Villanueva, Néstor Eduardo  c/ Provincia ART SA y otro  s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-15

E0025666 CRÉDITO LABORAL - INTERESES COMPENSATORIOS A fin de determinar cuál es la tasa que debe aplicarse a los créditos laborales y ante la evidencia de que esos créditos -en palabras de la Corte Suprema- se devengan, generalmente, en situaciones de emergencia para el trabajador, por lo que responde a un claro imperativo de justicia eliminar los efectos perjudiciales que para éste significa la demora en percibir las prestaciones de esa especie cuando por circunstancias no imputables a él queda afectada la real significación económica del beneficio, no resulta un ejercicio difícil concluir que no hay tasa del Banco Central que permita a los acreedores laborales recuperarse de los efectos de la inflación. Si el Poder Ejecutivo Nacional ata sus deudas en pesos al "CER" y el Banco Central de la República Argentina avala los depósitos a plazo fijo atados al "CER", nada impide al Poder Judicial utilizar esta misma variable para penar la mora, en los términos del art. 768, inc. c) del CCyCN. La aplicación a los créditos del mecanismo CER, guarda total y absoluta razonabilidad -en los términos exigidos por la Corte en "Oliva" y en "Lacuadra" y por la CN- en la medida que su resultado no excede "sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación" (art. 771 CCyCN). Ni más ni menos lo que dispuso el PEN en el Decreto 70/23 (con el agregado de un 3% e interés anual) metodología que está en línea con el CER, que se basa en ese índice. En la sentencia "Lacuadra", el Máximo Tribunal, dejó sentada la imposibilidad de acumular una tasa de interés compensatoria al CER, de modo tal que al crédito del actor se le adicionará como interés moratorio, exclusivamente el CER, desde la exigibilidad del crédito hasta el efectivo pago.
Despido, remuneración en especie
Materia: LABORAL
Carátula: López, Cristian Fabián c/ LAN ARGENTINA SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

El actor se agravia por el desconocimiento del carácter salarial del rubro "franquicia de pasajes" que la demandada le entregaba en forma habitual, ya que dichos pasajes fueron consecuencia del contrato de trabajo y por ende remuneración en especie. La suma que debe considerarse para cualquier cálculo indemnizatorio es la consignada en los recibos. La demandada era una compañía aerocomercial, cuya actividad principal es el transporte aéreo ya sea de personas o de cargas. La entrega de pasajes a sus trabajadores no es otra cosa que una remuneración en especie, en tanto se trata de la entrega de la mercadería que ofrece al público en general. El pago en especie de la parte de la remuneración del trabajador se encuentra contemplado como una de las formas de pago previstas en la norma del art. 105 LCT, cuyo límite es el 20% establecido en el art. 107 LCT, sin encontrarse incluida la entrega de pasajes aéreos en las excepciones que prevé el mismo artículo. Lo que recibe el trabajador en especie a consecuencia del contrato de trabajo y como contraprestación del mismo es salario. Más allá que el cupo de pasajes aéreos recibidos por el trabajador no podía ser transferido a terceros, no lo es menos que dicha entrega habitual implicó que el actor no tuviera que desembolsar de su salario el pago de los mismos, aunque dicho cupo no fuera utilizado en su totalidad. Se trató de una prestación salarial en especie que el empleador otorgó al trabajador como consecuencia del contrato de trabajo y, por ello, representa una ventaja acordada en tal marco, que tiene su causa fin en la prestación del trabajo en el marco del contrato. El otorgamiento de estos pasajes por parte de la empleadora es apreciable en dinero tanto evitó que el actor afrontara el gasto que tal servicio le ocasionaba. Por ello adquiere naturaleza salarial a la luz de las previsiones de los arts. 103 y 105 de la LCT y arts. 1 y 4 del Convenio 95 OIT.
Capitalización de intereses, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Villareal, Carlos Javier  c/ Sygenta AGRO SA  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-26

El proceso hiperinflacionario que viene azotando al país desde hace ya tiempo lleva a buscar vías alternativas para evitar la pérdida total de significación de las condenas al advertir que las tasas vigentes en el sistema bancario según publicaciones del Banco Central de la República Argentina, aplicadas de manera lineal o recta - es decir por mera sumatoria y sin capitalizaciones periódicas o por acumulación- arrojaban resultados totalmente distorsivos que, en algunos casos, llegaban a reducir a menos de un 20 % de su valor originario al monto adeudado. Efectuadas las compulsas y comparaciones pertinentes se evidencia que ninguna de las tasas bancarias publicadas por entidades oficiales, aplicadas en forma lineal, ni aun computando una única capitalización de intereses al tiempo del traslado de la demanda, arrojan resultados que reflejen el valor real del crédito reconocido teniendo en cuenta la capacidad que él tenía para la adquisición de bienes y servicios al tiempo de hacerse exigible, por lo que cabe descartar la aplicación de intereses -no capitalizables con cierta periodicidad- para obtener un resultado económico a valores actuales justo y equitativo para ambas partes. Del precedente de la CSJN in re "Valdéz, Julio H. c/Cintioni, Alberto D." (Fallos: 301:319) pueden extraerse como premisas: a) la actualización de créditos laborales responde a un imperativo de justicia; b) El contenido alimentario de las prestaciones salariales e indemnizatorias, y la situación de emergencia en que normalmente se devengan estas últimas, refrendan la necesidad de ajuste; c) El reajuste no hace a la deuda más onerosa, sino que mantienen su valor real; d) El envilecimiento de la moneda impone eliminar los efectos perniciosos de aquella en función de la demora en percibir los créditos que corresponde a los dependientes, e) Si se habilita al deudor a desobligarse transfiriendo un valor económicamente inferior al que hubo de entregar en caso de haber satisfecho en término la obligación, se produce una afectación de los derechos del acreedor; f) La alteración nominal del monto de la deuda no implica modificar la sustancia jurídica de lo decidido en pronunciamientos firmes, tal alteración no menoscaba la cosa juzgada sino que salvaguarda la justicia de la decisión; g) El derecho a la justa retribución y la protección contra el despido arbitrario imponen la aplicación de ajustes sobre los créditos laborales insatisfechos; h) Los efectos de la mora no pueden ser trasladados al acreedor laboral y ello abarca lo que no pudo ser previsto o evitado; f) la indexación tiene fundamento constitucional. Por todo ello, cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 -conf. ley 25.561-, norma que veda la repotenciación de las deudas dinerarias, y se propone aplicar como método de ajuste el IPC elaborado por el INDEC desde la exigibilidad de los créditos reconocidos hasta su efectivo pago y sobre ese resultado aplicar un interés puro del 3% anual.
Despido, indemnización tarifada, empleo no registrado
Materia: LABORAL
Carátula: López, Cristian Fabián c/ LAN ARGENTINA SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

El actor cuestiona el rechazo de la multa prevista en el art. 1 de la ley 25.323, toda vez que LAN desconoció el carácter salarial del rubro "franquicia de pasajes" que se entregaba en forma habitual como consecuencia del contrato de trabajo. La deficiente registración es la que tiene lugar cuando los registros y demás constancias no se corresponden con la realidad. Cuando se otorga prestaciones complementarias en especie, o no se reconoce el carácter remuneratorio de un pago cuando no es ni beneficio ni viático, debe considerarse remuneración y como tal una deficiencia en su registración. Por ello en estos casos debe imponerse la multa del art. 1 de la Ley 25.323.
Despido, economía procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Castellón, Martín Gerardo  c/ Decobaires SRL y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-10

Las Actas 2764/22 y 2783/24 referidas a los intereses sugeridos por la CNAT han sido descalificadas por el Tribunal Superior de la Nación en los precedentes "Oliva, Fabio Omar c/COMA SA s/despido" del 29 de febrero de 2024 y "Lacuadra, Jonatan G. c/Directv Argentina" del 13 de agosto de 2024, por lo que razones de economía procesal llevan a sugerir la inaplicabilidad al caso. En este mismo sentido, no sólo la CSJN ha sostenido que "el aumento del monto nominal en función de los índices oficiales de precios al consumidor no hace la deuda más onerosa en su origen, sólo mantiene el valor económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda", como así también que, de no procederse al referido ajuste, el derecho de propiedad afectado sería del acreedor a quien se le pagaría - si no se aplicara la actualización- con una moneda desvalorizada cuyo poder adquisitivo sería inferior al que tenía cuando nació el crédito, sino que, en concreto, el art. 84 del decreto 70/23, más allá de su dudosa constitucionalidad, ha establecido que los créditos provenientes de las relaciones individuales del trabajo serán actualizados y/o repotenciados y/o devengarán intereses, con la sola condición de que la suma que resulte de dicha actualización y/o repotenciación y/o aplicación de intereses en ningún caso sea superior a la que resulte de calcular el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa pura del 3% anual. Es así que, en el entendimiento que las disposiciones del referido decreto se encuentran actualmente suspendidas por efecto de la sentencia dictada por la Sala de Feria de la CNAT en la causa "Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/Poder Ejecutivo Nacional s/acción de amparo" del 30/01/2024, y dado la inexistencia de una tasa de interés bancaria que, aplicada en forma lineal como sugiere el Superior, resulte suficiente para compensar el deterioro de los créditos por la pérdida del valor de la moneda en la que están expresados, no se observa otra alternativa posible, en orden a la preservación de la integridad de los derechos en juego, que declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.982, disponiendo que el capital diferido a condena sea actualizado, desde la fecha en que el interesado dejó de consentir lo decidido en la instancia anterior, mediante el IPC más un interés del 3% anual a calcular exclusivamente sobre el capital reajustado. (Del voto del Dr. Perugini, en mayoría).
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos
Materia: CIVIL
Carátula: A., I. N.; A., S. V.; A., M. B.  c/  s/ control de legalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2024-10-09

Entre las pautas esenciales para llevar a cabo el procedimiento de manera adecuada, está la de otorgar una debida participación al niño, niña y/o adolescente, escuchando su opinión y teniéndola en cuenta según el grado de autonomía de éste y su desarrollo madurativo. Esto, a fin de poder garantizar el sostenimiento de la solución dada por la jurisdicción al conflicto familiar.
Responsabilidad parental, interés superior del niño, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, Convención sobre los derechos del niño, grupos vulnerables, obligaciones internacionales, adopción, adopción plena
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C.Q.J.M. y D.R.S.G. c/ V.G.J.  s/ Privación de la Responsabilidad Parental
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-10-10

El concepto de interés superior del niño es complejo, debiendo determinarse caso por caso, ajustándose a la situación concreta del niño y su entorno, es decir que, la situación de vulnerabilidad del niño sin cuidados parentales y la singularidad de cada caso exigen un enfoque especializado. El Estado, en su rol de garante de los derechos del niño, debe intervenir para garantizar la tutela adecuada de los menores y de las madres en situación de vulnerabilidad. La intervención de aquel es imprescindible para asegurar que se respeten los derechos del niño en situaciones de adopción, dejando menos espacio a la autonomía de los adultos involucrados.
Juicio por jurados populares, deberes del juez, instrucciones al jurado, apreciación de la prueba, MENDOZA, sujetos del proceso penal, iura novit curia, dirección del proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F. c/ Pinavaría Corvalán, Francisco p/ homicidio criminis causa en concurso ideal con femicidio s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2024-11-27

Las instrucciones impartidas al jurado popular deben satisfacer requisitos básicos de claridad y anticipación de los problemas que pueden presentarse en el plano de la valoración de la prueba y en el de la aplicación del derecho, siendo el juez técnico el responsable por el cumplimiento de estos recaudos en tanto posee la dirección y el control del proceso, tal como la Ley 9106 de Juicio por Jurados indica en su artículo 32 al señalar que las partes se encuentran habilitadas para proponer las instrucciones que se imparten al jurado, pero es el juez quien debe explicarlas y decidir en forma definitiva las que se les impartirán.
Médicos, certificado médico falso, licencia por enfermedad, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Meza, E. A.  c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-11-12

Cabe sobreseer al médico acusado de haber presentado certificados médicos apócrifos a su empleador, con el objeto de gozar de licencias psiquiátricas con reposo laboral, habiéndose comprobado que durante el período de licencia había prestado servicios para otros centros de salud, porque si bien el peritaje solicitado por la querella no supondría, per se, una confesión de la comisión del delito denunciado, se encuentra vedado compeler física o moralmente a una persona con el fin de obtener comunicaciones o expresiones verbales que debieran provenir de su libre voluntad. Además, no se observa que la parte apelante se vea privada de ejercer sus derechos en el ámbito pertinente para la resolución del conflicto laboral en discusión.
Confirmación de sentencia, despido, capitalización de intereses, actualización monetaria
Materia: PROCESAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Cabral, Camila Jazmín  c/ Cabral, María Alejandra  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-30

En el caso, se observa que, de aplicarse al capital nominal de condena las tasas previstas en las Actas N° 2601, 2630 y 2658 desde la fecha de exigibilidad del crédito, con más una capitalización en los términos del art. 770 inc. b) del CCyCN -tal como se dispuso en origen- el importe resultante equivaldría a $ 9.309.520, 63, mientras que, en idéntico período, si se tienen en consideración el incremento de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC -sin interés alguno- el resultado ascendería a $ 10.332.477,71, lo que equivale a una diferencia de sólo el 9,9%. De este modo, y sin perjuicio de la tesis que he sostenido al votar en la causa "Cambronero, Hernán Matías c/Sentinell SA s/despido" (SD N° 117.125 del 26/08/2024), la conclusión a la que arribé en dicho precedente no resulta aplicable en la especie, pues no se encuentran dados los presupuestos de hecho para adoptar tal decisión. Así, la aplicación de las tasas de interés al crédito del caso -las previstas en las Actas N° 2601, 2630 y 2658, sumadas a una capitalización- en el breve lapso transcurrido y teniendo en cuenta el alza generalizada del costo de vida, no conllevó una pulverización del crédito de la persona trabajadora que amerite recurrir a la última ratio del orden jurídico, esto es, declarar la invalidez constitucional de la norma que veda la actualización monetaria: el art. 7 de la ley 23.928 con las modificaciones de la ley 25.561. Por lo tanto, en el concreto supuesto en examen, debe mantenerse lo dispuesto en origen. (Del voto de la Dra. Pinto Varela, al que adhiere el Dr. Díez Selva).
Rebeldía, declaración de rebeldía, orden de detención
Materia: PENAL
Carátula: C., M. A.  c/  s/ rebeldía y detención
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-11-06

El presupuesto esencial para dictar la rebeldía de un imputado debe derivarse de alguna manifestación que demuestre su intención de no someterse al proceso.
Reforma de la constitución, interés superior del niño, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, Convención sobre los derechos del niño, responsabilidad parental
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C.Q.J.M. y D.R.S.G. c/ V.G.J.  s/ Privación de la Responsabilidad Parental
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-10-10

La reforma constitucional de 1994, mediante el art. 75 inc. 22, otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, que pone énfasis en que el interés superior del niño debe prevalecer sobre los derechos de los padres y de la familia. Por ello, el juez debe garantizar la protección preponderante del interés superior del niño, incluso por encima de los intereses legítimos de los adultos que reclaman su tenencia.
Despido, jornada de trabajo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Garibotti, Jorge Luis c/ Eyherabide Héctor Mario y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-04

Se agravia la actora porque el a quo rechazó su reclamo con base en las horas extras que trabajó en la explotación tambera. Los testimonios receptados a instancia de la actora son contestes en que el actor se desempeñó en exceso de la jornada legal cumpliendo jornadas de trabajo que iban desde las 4.30 hs. de la mañana hasta el mediodía y luego a la tarde desde las 14.00 hs. hasta las siete u ocho de la noche hasta concluir la tarea de tambo y el resto de sus tareas. La ley 11.544 art. 6 inc. c) obliga al empleador a llevar un registro de las horas trabajadas y, probado el desempeño en tiempo suplementario, ante su omisión resulta procedente la presunción derivada del art. 55 lCt, lo que aconteció en el modo de desempeño del accionante. Así entonces, la conducta asumida por la demandada que negó el vínculo laboral, omitiendo describir la jornada de trabajo efectivamente cumplida por el dependiente, más la omisión antedicha en orden a las planillas y registro especial de horas extras conlleva a considerar acreditado el cumplimiento de labores en tiempo suplementario. Cabe admitir la procedencia de las horas trabajadas en exceso de la jornada legal y revocar la sentencia de la anterior instancia en tal segmento.
Confirmación de sentencia, despido sin causa, prueba, declaración de quiebra, verificación de créditos
Materia: PROCESAL-LABORAL-COMERCIAL
Carátula: Baraiolo, Susana Irene  c/ Bustamante, Ricardo Enrique y otros  s/ extensión de responsabilidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-02

La actora procura el cumplimiento del pago de la suma de dinero pactada en el SECLO a las personas humanas integrantes de las personas jurídicas para las que trabajó hasta que fue despedida sin causa. Inició la ejecución judicial de los créditos impagos con resultado adverso, pues la juez de grado no hizo lugar a la demanda. Las pruebas arrimadas dan cuenta que una de sus empleadoras se presentó en concurso preventivo y se decretó la quiebra. La "a quo" determinó que los demandados no intervinieron personalmente en el acuerdo conciliatorio arribado ante el SECLO, y por consecuencia, no deben responder por el incumplimiento por parte de las sociedades que representan. Se agravia la accionante, quien reconoce que ella misma se presentó en el proceso de declaración de quiebra a verificar su crédito en los términos del art. 32 LCQ por la suma acordada en el SECLO en la quiebra de una de sus empleadoras, la que fue aceptada por el juez interviniente, quien otorgó al crédito en concepto de capital el carácter de privilegio especial, con más los intereses con carácter de privilegio general. La resolución verificatoria quedó firme, y la sindicatura presentó en la quiebra el informe final y proyecto de distribución con arreglo a la verificación y graduación de los créditos reconocidos (art. 218 LCT), la que fue aprobada, se puso a su disposición y se acreditó en la cuenta bancaria de la actora. Así entonces, el crédito reclamado por la accionante tiene el mismo origen y monto por el que recurrió en sede comercial a verificarlo respecto de una de las empresas que se había obligado al pago en el acuerdo ante el SECLO, y que se le depositó la suma adeudada con más los intereses conforme la liquidación que allí se practicó, que no mereció cuestión alguna por parte de la actora. Ello así, torna improcedente su reclamo, toda vez que la resolución que declara verificado el crédito, y en su caso el privilegio, produce los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo (conf. art. 37 ley 24.522). Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.