Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-29


SENT Nro. 710 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 29 DE SEPTIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato -por recusación sin expresión de causa del señor vocal doctor Antonio Gandur-, bajo la Presidencia del doctor Alberto José Brito, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte demandada en autos: "La Invernada S.A. vs. Ikagro S.A. s/Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte demandada, contra la sentencia de la Sala IIa. de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, del 30 de noviembre de 2001 (fs. 378/382 vta.).

La demandada recurrente se agravia con fundamento en que no obstante que la obligación reclamada -y que dio causa al presente proceso-, se hallaba ya prescripta cuando con fecha 22 de noviembre de 1993 el Presidente del Directorio de la empresa accionada entregó el resumen de cuenta en el que se sustentó la acción promovida en autos; se desestimó la defensa de prescripción opuesta y se admitió la demanda con el argumento de que la recepción de dicho resumen "significó una renuncia tácita a la prescripción ganada", arribándose así a una conclusión inexacta, y violatoria de diversas normas jurídicas.

Señala, en tal sentido, que la tesis de que la recepción de un resumen de cuenta constituye una renuncia tácita a la prescripción ganada, infringe el artículo 874 CC, a tenor del cual la intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva. Hace notar que en el caso el Tribunal presume la renuncia tácita. Y ello así, por cuanto en el ámbito de la prescripción no existe norma alguna que disponga que aquel acto -recepción de un resumen- pueda interpretarse como una renuncia a la prescripción; a lo que añade que el artículo 919 CC no se aplica si nada se ha manifestado por el interpelante acerca de la prescripción. Cita doctrina y jurisprudencia que estima aplicables al caso.

Por otra parte indica que la citada conclusión vulnera los artículos 58 y 255 de la LS y 1881 CC, puesto que para que la renuncia tácita a la prescripción ganada a que refiere la sentencia -efectuada sin precio o contraprestación y por tanto a título gratuito- fuera válida, era preciso que el representante legal de sociedad anónima demandada tuviera facultades suficientes para otorgar ese acto, lo que no aconteció en el caso. Destaca, al respecto, que el presidente de una sociedad anónima no tiene facultades para dar o recibir a título gratuito en nombre y representación de la sociedad, pues sólo tiene la representación de la misma en tanto que la administración está en manos del directorio (doctrina del artículo 255 LS); y siendo el acto en cuestión notoriamente extraño al objeto social (doctrina del artículo 58 LS). En esas condiciones, prosigue, la presunta renuncia que derivaría de la recepción del resumen de cuenta, por tratarse de un acto notoriamente extraño al objeto social, no obliga a la sociedad, que puede repeler las acciones judiciales tendientes a exigir su cumplimiento.

Considera que la conclusión de la sentencia que impugna transgrede lo normado por el artículo 3962 CC, según el cual la prescripción debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla, de donde se infiere que sólo una vez transcurrida esa oportunidad procesal puede sostenerse que quien no ha interpuesto tal defensa ha renunciado en forma tácita a la prescripción ganada. Puntualiza que mientras la renuncia expresa puede concretarse en cualquier momento y de modo extrajudicial, la renuncia tácita sólo puede considerarse producida cuando se pierde la oportunidad procesal a que se refiere el citado artículo 3962 CC.

Desde otra perspectiva invoca la violación a lo dispuesto por el artículo 68 Cód. Comercio, con fundamento en que la sentencia en crisis considera como una "cuenta" a la supuesta rendición presentada por la actora, no obstante la falta de concordancia y correspondencia entre el contenido de dicho instrumento y los libros y comprobantes de la demandante. Destaca que la parte actora no tiene contabilizados en sus registros los movimientos a los que hace referencia el mentado resumen, circunstancia que quedó acreditada con la prueba pericial contable (informe obrante a fs. 138 y vta.), a lo que añade que la obligación a cargo de la demandada que emergería de la documentación de la actora, no consiste en la entrega de cantidades de granos como dice el resumen, sino en una deuda dineraria expresada en australes, tal cual surge del informe pericial de fs. 143 in fine y 143 vta. ab initio.

Alega, como otro motivo de casación, que el fallo que impugna contradice el sistema establecido en el artículo 73 Cód. Com., por cuanto la presunción que la norma contiene exige la existencia de una cuenta que reúna los requisitos previstos por el artículo 68 Cód. Com. Explica que dicha exigencia no se cumplió en este caso, donde la "cuenta" en que se basó la demanda, no fue realizada conforme a los asientos de los libros de quien la rinde, ni fue acompañada de los respectivos comprobantes. En esa dirección señala que la falta de concordancia entre el contenido de la cuenta y los libros y registros contables de la demandante, quedó evidenciada con la pericia contable, de donde surge que no pudo verificarse la documentación por el extravío y destrucción de los libros de la actora (fs. 137 vta. y 138). Y sostiene que en ese contexto, la pretensión de hacer valer la presunción legal mencionada, pese a que el contenido del resumen de cuenta presentado no concuerda con los libros y registros contables de la accionante que se extraviaron o destruyeron, transgrede el precepto contenido en el artículo 68 Cód. Com. Y se descalifica a la sentencia como acto jurisdiccional válido.

Asimismo invoca como motivo de casación que el Tribunal se apartó de la pericia y de la contabilidad de la parte demandada, aunque no adolecía de destrucción, pérdida o extravío de ningún libro. Sostiene que si la actora no pudo exhibir algunos de sus libros (que fueron extraviados o destruidos), y, por tanto, sus registraciones contables no reunían los requisitos de los artículos 53, 54, 55 y conc. Cód. Com., la Sala de instancia debió aplicar el artículo 55 Cód. Com., que regula el supuesto en que una de las partes (en el caso la actora), no ha podido exhibir la totalidad de sus libros y registros contables, y la otra parte (la demandada), lo ha hecho, y establece que en tales casos los libros y registros contables que carezcan de algunas de las formalidades prescriptas en el artículo 53 o tengan algunos de los defectos y vicios notados en el artículo 54, no tienen valor alguno en juicio a favor del comerciante a quien pertenezcan. Cita jurisprudencia. Sobre esa base concluye que la sentencia no debió asignar valor alguno a los libros de la actora, ni pudo estimar satisfechos los recaudos exigidos por el artículo 68 Cód. Com. para que el resumen presentado por la demandante sea considerado una cuenta, ni, por fin, aplicar la norma del artículo 73 Cód. Com. en la que se fundó la condena.

Por otra parte señala que el Tribunal no sólo asignó en forma incorrecta el carácter de "cuenta" a la "rendición" que presentó la actora a la demandada, sino que tomó como valores para establecer la condena los consignados en la mentada "rendición", apartándose de los registros contables en los que debía basarse, y dejando de lado la prueba pericial rendida en autos, lo que torna arbitraria a la sentencia. Al respecto afirma que el fallo en crisis analiza parcialmente la pericia, expresando que admitirá los valores reclamados por la actora que emanan de su documentación contable (y no de sus libros), pero luego se aparta de ello e impone una condena que no guarda relación con la documentación a que se refiere la pericia obrante en autos. En tal sentido hace notar que mientras el Tribunal condena a pagar una cantidad de granos, del informe pericial surge que la obligación incumplida consistía en una deuda dineraria expresada en Australes; de donde hace derivar la infracción a las reglas de la sana crítica y a lo dispuesto en el artículo 40 CPCC.

Desde otro enfoque se agravia porque se condena a su mandante al pago de los intereses compensatorios emanados de la remesa, e indicados al final del resumen. Advierte que al condenar a su parte a pagar los intereses por haber recibido una liquidación confeccionada por la actora en la que se consignaba que quedaban pendientes intereses anuales hasta la fecha del efectivo pago, se infringen los artículos 1197 y 919 CC, toda vez que en el caso las partes no acordaron en ningún momento que los saldos que pudieran resultar de la relación comercial que los vinculaba devengarían intereses, y de ninguna manera puede admitirse que la recepción del resumen que hace referencia a intereses adeudados, implique una convención sobre intereses. Puntualiza que las obligaciones de dar que no tienen por objeto el pago de una suma de dinero no generan intereses del modo en que la sentencia lo establece; por lo que estima también infringidos los artículos 621 y 622 CC, en tanto se condena a pagar los intereses que emerjan del incumplimiento de una obligación de dar cantidades de granos. Añade que tampoco se especificó qué intereses deberían aplicarse, ni con qué tasa, ni sobre cuál monto y desde qué fecha, con lo que estima incumplidos los requisitos del art. 272 procesal, que impone la obligación de decidir en forma expresa, positiva y precisa las cuestiones sometidas a decisión del Tribunal.

En orden a la imposición de costas hace notar que la sentencia sólo se pronuncia sobre las de segunda instancia. Advierte que la omisión de pronunciamiento sobre las costas de primera instancia puede obedecer a un involuntario error del Tribunal; pero también puede fundarse en la consideración de que éstas deben mantenerse íntegramente a cargo de la demandada, y en tal caso, según sostiene, se estaría violando el principio de la derrota, ya que si la Alzada impone las costas por el orden causado, en atención al progreso parcial de la apelación, tal criterio debió manifestarse respecto de las costas de primera instancia, estableciéndolas en niveles de proporción entre los valores reclamados al accionar y aquellos que se determinen por el fallo del Tribunal interviniente, por cuanto la procedencia, aun parcial, del recurso de apelación, presupone por principio de congruencia y equidad, la consideración por el Tribunal de Alzada de la imposición de costas establecida por el juez de grado.

Cita las normas que estima violadas, propone doctrinas legales, formula reserva del caso federal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso tentado.

2.1.- Corrido el traslado de ley, la parte actora solicita el rechazo del recurso interpuesto. Alega que los agravios de la demandada expresan el mero disenso sobre la interpretación de un hecho de la causa, cual es el significado de la recepción de la cuenta, lo cual constituye materia ajena a la casación como recurso extraordinario. Explica que para ello descontextualiza un argumento de la Cámara según el cual en el peor de los casos el hecho mencionado -recepción de la cuenta y silencio posterior-, constituiría una renuncia a la prescripción ya ganada, en lo que se apoya la accionada para proponer como doctrina legal que operada la prescripción solamente pueda renunciarse a ella en forma expresa, y que la única forma de renuncia tácita admitida es la omisión de oponerla como defensa en la primera presentación judicial, y finalmente que el representante legal de una sociedad debe contar con poder especial para renunciar a una prescripción ganada.

Sostiene que la descontextualización maliciosa en la que incurre la demandada radica en que esa renuncia es concebida por el Tribunal a título de argumento meramente subsidiario, ya que su tesitura principal es que la sociedad demandada asumió en los hechos (suscripción del resumen del 23 de noviembre de 1993 a través del presidente de su directorio) una conducta que importa admitir inequívocamente que la actora tenía la posibilidad de exigirle coactivamente el cumplimientos de las obligaciones que derivarían del resumen de cuenta corriente mercantil; de donde hace derivar que, a criterio del Tribunal, en la común intención de las partes la cuenta se mantendría abierta "sine die", hasta que cualquiera de ellas solicitara el cierre, oportunidad en que se establecería el saldo, cuyo pago se haría exigible, una vez conformado expresa o tácitamente por la otra, y mientras ello no ocurriera, mal podía hablarse de prescripción. Concluye el punto afirmando que para la Cámara la recepción de la cuenta constituía un acto de cumplimiento de lo acordado por las partes al celebrar el contrato, aplicando así la disposición del artículo 218, inciso 4º Cód. Comercio, según el cual los hechos de los contrayentes, subsiguientes al contrato, que tengan relación con que se discute, serán l a mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de contratar. En esa dirección señala que la suscripción del instrumento en cuestión por parte del presidente del Directorio de la empresa demandada, constituye la mejor prueba de que a la fecha de la recepción de la cuenta, ésta se mantenía abierta, puesto que, de lo contrario, sencillamente se hubiese negado a firmarla.

Sobre esa base afirma que mal puede hablarse de renuncia de una prescripción ganada, si, como ocurrió en la especie, la obligación recién se hizo exigible el 23 de diciembre de 1993, cuando Ikagro S.A. dejó transcurrir los 30 días de la recepción de la cuenta, sin formular disconformidad (artículo 73 Cód. Comercio), de modo que la prescripción recién comenzó a correr partir de volverse exigible el saldo deudor resultante del resumen de cuenta no observado.

Desde otra perspectiva señala que la supuesta infracción a los artículos 68 y 73 Cód. Com. alegada por la demandada, no es tal. Al respecto indica que la invocación de la norma contenida en el artículo 68 se encuentra fuera de contexto, puesto que se refiere a rendiciones de cuentas relacionadas con actos jurídicos en que quien las rinde actúa a nombre o por cuenta ajena, siendo extraña al contrato de cuenta corriente mercantil. Cita doctrina y jurisprudencia que considera pertinentes.

Observa que en el caso, se está en presencia de una contratación en condiciones de igualdad, entre dos comerciantes, que se efectúan remesas recíprocas, situación que no guarda vinculación alguna con la planteada en la rendición de cuentas por operaciones realizadas a nombre o en interés ajeno.

Por otra parte advierte que los términos del citado artículo 68, aún en este otro tipo de operaciones, no pueden entenderse en el sentido de que los libros de quien rinde sean el único medio admisible de la veracidad de la cuenta, pues puede a lo sumo establecer una presunción, que no autoriza a descartar otros medios procesales de prueba que avalen la existencia de aquella. A todo evento señala que conforme al párrafo del dictamen pericial transcripto por la contraparte, las cuentas coinciden con las constancias de los libros, salvo los correspondientes al ejercicio 1986, extraviados según denuncia policial que data de 9 meses antes de la firma del resumen y casi un año y medio antes de la iniciación de la demanda, lo que hace inverosímil cualquier ocultamiento de parte de su mandante; a los que se suma que la concordancia de los años posteriores entre libros y cuenta, constituye una seria presunción a favor de la coincidencia también del año 1996. Añade que debe tenerse en cuenta además la ocultación deliberada que la demandada hizo de sus propios libros de comercio en este proceso, impidiendo controlar las partidas que no pudieron comprobarse en los libros que se le destruyeron a la actora, generándose así una grave presunción en contra de la primera.

Desde otro enfoque señala, con apoyo en citas jurisprudenciales que estima pertinentes, que contrariamente a lo afirmado por la demandada, la disposición contenida en el artículo 73 Cód. Com., resulta plenamente aplicable, bien que por analogía a la cuenta corriente mercantil; de modo que la afirmación formulada por la contraparte en el sentido de que la presunción de la norma de cita solamente funciona cuando las cuentas reúnen los requisitos del artículo 68 Cód. Com., carece de fundamento legal.

En orden a la alegada violación de lo dispuesto por el artículo 55 Cód. Com., afirma que la interpretación postulada por la demandada resulta inexacta, toda vez que dicha norma remite a los 5 incisos del artículo 54, que no contemplan el supuesto mencionado; y añade que, en todo caso, la destrucción y el extravío guardan mayor analogía con el supuesto de omisión, contemplado por el artículo 56, que manda a juzgar la controversia por los asientos de la contraria; de donde deriva que mal puede estarse a los asientos de los libros de Ikagro en referencia a ese período si debidamente emplazado, omitió deliberadamente presentarlos en la causa.

Sostiene además que resulta inexacto el agravio formulado por la demandada, que afirma que la Cámara no fundó su apartamiento de la pericia, ya que surge del penúltimo considerado de fs. 380 que la sentencia califica al dictamen como autocontradictorio, por cuanto el perito sostiene y niega, simultáneamente, la existencia del contrato de cuenta corriente mercantil, nada menos que la relación jurídica invocada como base de la acción. A la razón aportada por la Cámara, añade una serie de motivos que considera descalificantes del dictamen mencionado, conforme los argumentos vertidos a fs. 424 vta./425 vta.

Con relación a los intereses, señala que resulta inexacto el argumento de la demandada que descalifica a la sentencia porque considera como pacto de intereses a la recepción del resumen de cuenta. Al respecto hace notar que el artículo 73 Cód. Com., establece expresamente lo contrario; y que lo propio hace el artículo 919, ya que en el sub examine pesaba sobre Ikagro la obligación de explicarse a causa de una relación entre el silencio actual y la declaración precedente, que en el caso estaba constituida por la recepción de la cuenta, inserta y rubricada 10 veces en el instrumento en que los intereses se consignaban. Añade que el argumento de que solamente las obligaciones de dar sumas de dinero devengan intereses, nada pone ni quita en la especie, ya que si los mismos se estipularon, lo fueron remitiéndose, en cuanto al capital, al valor de plaza de los productos adeudados. En ese sentido observa que el principio de libertad de las convenciones, del art. 1197 CC, autoriza a pactar intereses o porcentajes de rédito sobre obligaciones de dar cantidades de cosas, en especial, cuando se trata de cosas fungibles como los granos. Y en orden a la falta de fijación de la tasa de condena, considera que su consignación no era obligatoria, puesto que es criterio jurisprudencial constante que la tasa que corresponde aplicar es la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en las operaciones comunes de descuento cuando, como en la especie, ambas partes revisten la calidad de comerciantes; a lo que agrega que la cuestión era fácilmente solucionables mediante una aclaratoria.

En orden al agravio vinculado a la imposición de las costas, sostiene que el Tribunal pudo tener muchas otras razones que las expuestas por el recurrente para imponer las costas de segunda instancia por el orden causado, y confirmar, aunque tácitamente las impuestas en primera instancia. En esa dirección señala que la Cámara pudo y debió considerar que el valor por el que prospera la demanda es muy superior al valor por el que se la rechaza, y por razones de justicia pudo haber decidido mantener el orden de las impuestas en primera instancia, lo que nada tiene de incongruente, sino que beneficia a la demandada. Por otra parte señala que al no haber solicitado aclaratoria sobre el punto, la cuestión quedó precluida y firme, aun cuando la aclaratoria no fuera suspensiva de la casación, pues tal circunstancia no exime de la carga procesal referida, toda vez que con el criterio de la demandada la Corte se avocaría a una cuestión no tratada por el inferior en grado; y si la aclaratoria resultara satisfactoria para el recurrente, podría desistir de la casación, ahorrando un dispendio de tiempo valiosísimo para la Corte de Justicia.

3.- Por auto interlocutorio del 5 de abril de 2002 se concede el recurso interpuesto, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

4.- El recurso de casación ha sido deducido tempestivamente, contra una sentencia definitiva en los términos del artículo 813 CPCC. Los agravios formulados satisfacen los restantes recaudos de admisibilidad impuestos por los artículos 815 y 816 CPCC, por lo que corresponde analizar su procedencia.

5.- A la cuestión referida a la prescripción de la acción, al resumen de cuenta, a la presunción del art. 73 y a los libros extraviados y deteriorados, corresponde puntualizar que existe como materia fáctica irrevisable en casación la determinación de que el último movimiento de la cuenta corriente mercantil que vinculaba a las partes, data del año 1987 inclusive ( fs. 381 vta). Ello toda vez que han quedado excluidas las operaciones ajenas a la mencionada cuenta corriente que estaban a nombre de terceros ("Juan Sandoval" y "Sociedad de Siembra").

Ahora bien, la consideración sentencial de que la suscripción del resumen de cuenta corriente mercantil del 22/11/93 significa una renuncia tácita a la prescripción ganada, implica un desenfoque jurídico del tema.

En efecto, lo que ocurre es que no hubo tal renuncia tácita a la prescripción ganada, simplemente porque no hubo prescripción ganada.

La cuenta permaneció inactiva desde 1987. Mas de la simple inactividad no se infiere que la cuenta esté cerrada. Pues la cuenta solo puede terminar "cuando no debe ser seguida de ninguna operación de negocios" (art. 783 C. Com.), y ello ocurre cuando se dan los supuestos de conclusión previstos en el art. 782. Ninguno de los cuales aconteció entre los cuentacorrentistas hasta el 22/11/93, día en que La Invernada S.A. remitió a Ikagro S.A. el resumen que en copia obra a fs. 40/49.

Reitero entonces, de la simple paralización de las negociaciones no se deriva que concluye la cuenta, sino que es menester que acontezca alguno de los supuestos contemplados en las normas citadas.

Detenido el movimiento de la cuenta, como enseña Zavala Rodríguez, "o los cuentacorrentistas continúan las remesas, es decir, el régimen de las cuentas, o si la paralización se mantiene, tratarán de lograr una liquidación para llegar a un saldo exigible. Esto se obtiene por medio de la acción de arreglo de cuentas, que prescribe a los cinco años" ("Código de Comercio Comentado", t. V, pág. 89, núm. 89).

En la especie, uno de los contratantes, a fin de obtener la conclusión de la cuenta, remite al otro el mentado resumen o liquidación. Este lo recibe y no dice nada al respecto.

La recurrente considera que esa liquidación no es una "cuenta" según los términos del art. 68 del C. Com. y sostiene su tesis aduciendo que la misma no se corresponde con los libros de quien la rinde ni está acompañada de los respectivos comprobantes. No es admisible tal postulación pues la misma confunde la cuenta con la presentación de la cuenta (arg. arts. 68, 69, 71, 72, 73 y 74 C. Com.). En el caso, a la accionada le fue presentada la cuenta (fs. 40/49) y ésta la recepcionó, abriéndose el período de un mes para las observaciones (art. 73). El silencio genera la presunción de exactitud, salvo prueba en contrario. Si la cuenta recibida hubiera sido observada (vgr. por inexacta, por carecer documentación respaldatoria, o no ajustarse a los libros, o estar éstos extraviados o deteriorados, etc) y no hubieran podido las partes acordar extrajudicialmente las diferencias ("terminar las cuestiones que le son relativas", art. 72), la presentante de la cuenta corriente hubiera debido ejercitar la ya mencionada acción de arreglo de la cuenta corriente contemplada en el art. 790. Pero como la cuenta presentada no fue objetada (y se generó a favor la actora la presunción iuris tantum de s u exactitud), no era menester el ejercicio de aquella acción (es esa acción la que se prescribe a los cinco años a contar "desde la última operación de negocios" -cfrme Zavala Rodríguez op. y loc. cit.- y no la de cobro del saldo, cuando media la presentación de la cuenta).

Cumplido el procedimiento anterior (que se cierra un mes después del 22/11/93) al no existir observación a la cuenta presentada, concluye el contrato de cuenta corriente (arts. 782 y 783) y se torna exigible el saldo definitivo (art. 777 inc. 5).

El plazo de prescripción de la acción de cobro del saldo se prescribe a los cinco años (art. 790) que se computan desde que éste ha sido determinado, aceptado, o no observado, y resulta exigible.

En el caso subexamine, al promoverse la acción de cobro del saldo el 14/6/94, resulta evidente que la excepción de su prescripción opuesta a fs. 69/81 vta. no resulta procedente.

En definitiva, no se trata de que hubo (o no) renuncia a la prescripción ganada, sino de que, conforme al análisis precedente, no se operó la prescripción de la acción de cobro del saldo de la cuenta corriente promovida por la actora. En consecuencia se desestiman los agravios.

La recurrente imputa contradicción al fallo en cuanto en el mismo se condena a pagar a la actora 15.204 kgs y 106.000 kgs. de soja, pues, afirma la demandada que el perito dictaminó que la obligación incumplida consistía en una deuda dineraria de A 12.649,43.

Al respecto cabe señalar que en la sentencia de primera instancia ya había dispuesto la condena en especie, aunque por una cantidad superior, esto es 165.604 hgs. de soja y 103.400 kgs. de trigo, y la accionada no se agravió al respecto ante el tribunal de alzada, por lo que éste no pudo considerar de otro modo la cuestión (art. 775 CPCC). La cuestión ha quedado firme, y ha precluído la posibilidad de que la casacionista efectúe en la instancia extraordinaria el planteo que no formule ante el tribunal de grado.

En torno al agravio relacionado con el tema de intereses corresponde igual consideración. La sentencia de primera instancia condenó a pagar "los intereses compensatorios emanados de la remesa". No hubo agravios de la demandada sobre este tópico al momento de fundar la apelación, por lo que esa decisión quedó, en ese aspecto, consentida y, por ende, firme. De allí que la Cámara se remite a esa decisión al expresar "con más los intereses a que hace referencia la sentencia de primera instancia", no resultando admisible el agravio tardío recién en ocasión del recurso de casación.

En lo que atañe al reproche referido a que la sentencia se aparta de las conclusiones de la pericia contable y de la contabilidad de la demandada, se advierte, por una parte, la insuficiencia técnica del agravio toda vez que no se rebaten puntualmente los fundamentos del fallo sobre el tópico, tal como exige el art. 816 CPCC; y, por otra, el tema resulta inadmisible en casación al tratar de la valoración de pruebas, cuestión de hecho inalcanzada como principio por este recurso extraordinario, salvo absurdo o arbitrariedad, extremos que, al no atacarse en concreto los argumentos sentenciales, no pueden tenerse por acreditados.

6. Se agravia la recurrente en relación a que la Cámara, si bien disminuyó el monto de la condena, no modificó las costas de primera instancia que le fueran impuestas en su totalidad.

Sobre el particular cabe precisar que al no decir explícitamente nada al respecto, y, en cambio, expresar en la resolutiva que modifica la sentencia apelada "únicamente en cuanto al monto de la condena" (fs. 382 vta.), debe considerarse que mantuvo aquella decisión del juez de primer grado.

Este agravio debe ser receptado positivamente, puesto que parcialmente se confirma y se revoca la sentencia, de modo que no se acoge en su totalidad la demanda, sino que en parte es rechazada, y al imponerse, sin embargo, la totalidad de las costas a la demandada se infringen las preceptivas contenidas en los arts. 106 y 109 del CPCC. Por consiguiente, corresponde casar la sentencia en este punto a tenor de la siguiente doctrina legal: "Si el resultado del juicio es parcialmente favorable a ambos litigantes, corresponde imponer las costas prudencialmente en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos".

En consecuencia, las costas de primera instancia se imponen de este modo: por la parte que prospera la demanda, las costas se imponen a la demandada; por la parte en que se rechaza la demanda, las costas se imponen a la actora.

7.- Atento a que la demandada es vencida en lo sustancial del recurso de casación, el que prospera solo en las costas de primera instancia, las correspondientes a este recurso se distribuyen de este modo: la demandada soporta sus propias costas, y el 85% de las que corresponden al actor, y este el restante 15% de las suyas propias.

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR parcialmente el recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común del 30/11/2001. HACER LUGAR parcialmente a ese recurso únicamente en lo que se refiere a las costas de primera instancia; en consecuencia, se casa ese fallo en ese tópico a tenor de la doctrina legal enunciada, y como sustitutiva se dicta la siguiente: "Las costas de primera instancia se imponen de este modo: por la parte que prospera la demanda, las costas se imponen a la demandada; por la parte en que se rechaza la demanda, las costas se imponen a la actora".

II.- COSTAS del recurso de casación como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALFREDO CARLOS DATO