Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-29


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Dieciseis.- San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de junio de 2009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 02/07: "REINOSO, Analía Elba c/ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA y TECNOLOGÍA - s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción ", en los que a fs. 90 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 del Código Contencioso Administrativo y a fs. 96/99 obra Dictamen N° 155/08 del Sr. Procurador General, llamándose autos para Sentencia a fs. 100vta. En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) ¿Es procedente la Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde?.

2) Costas. Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs. 101vta. dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. LUIS RAÚL CIPPITELLI, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y JOSÉ RICARDO CÁCERES. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Analía Elba Reinoso, promueve acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción en contra del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a fin de obtener la nulidad de la resolución Ministerial ECCyT Nº3063/06, que rechaza el recurso de reconsideración y jerárquico interpuesto en contra del procedimiento implementado en la asamblea de opción de cargos de fecha 10 de agosto de 2005. Solicita se declare la nulidad de la asamblea, y del alta del docente Bernasconi Gustavo en el cargo de Maestro Especial de Tecnología de 1 y 2 Ciclo de EGB en la Escuela Nº 498 de la ciudad de Belén, y su reintegro a dicho cargo, del que ilegítimamente fuera desplazada. Justifica el agotamiento de la vía administrativa y demás requisitos que habilitan la instancia judicial. En relación a los hechos expresa que, con fecha 10 de agosto del 2005 se realizó la asamblea de opción de cargos docentes, en la que optó por el cargo de Maestra Especial de Tecnología de 1 y 2 ciclo EGB, en la escuela 498 de la Ciudad de Belén, el que había comenzado a ejercer desde octubre del 2002, en calidad de interina y hasta el día de la asamblea, en la que fue desplazada por la designación como interino del docente Bernasconi. Que en tiempo y forma interpuso Recurso de Reconsideración y oportunamente Jerárquico en contra del procedimiento implementado en dicha asamblea con fundamento en lo dispuesto por la Ley N°3122, que en su Art. 94 dispone ".El personal interino y suplente será designado dentro de los dos días hábiles de producida la necesidad de su designación y cesará automáticamente por presentación del titular.". Destaca el dictamen de la Asesora del Ministerio, favorable a su posición y su referencia a la prelación de las normas por lo que la Resolución N°723/01 no puede contrariar lo dispuesto por su propio Art. 18 inc 1. Que este dictamen fue ratificado por la Directora de Asuntos Jurídicos y Legislación del Ministerio de Educación Ciencia Cultura y Tecnología.

Que el asesor del Ministerio de Educación comparte este análisis, pero sin embargo indica que este caso particular debe ser analizado a la luz del Art. 32 del C.P.Ad. -anulación en sede administrativa o judicial- y en consecuencia aconseja remitir los autos a dictamen de la Fiscalía de Estado. Posteriormente fundado en un confuso e inexacto dictamen de Fiscalía de Estado se rechaza los recursos mediante la Resolución Ministerial ahora recurrida. Señala que el error del análisis jurídico de asesoría de fiscalía radica en confundir, la falta de estabilidad del docente interino, la falta de título específico y/o habilitante y el modo de cesación en el cargo..

Que fiscalía sostiene que no se han vulnerados los derechos subjetivos a la luz de la Resolución Ministerial N°723/01, Art. 8 inc. j) y los arts. 13,15 y 18 de la Ley 3122, ya que al no ser docente titular no goza de estabilidad en el cargo; que al no tener título específico como exige el Art.13, conforme al Art- 15 y Resolución N° 723/01 inc. j), el cargo debía ser presentado en la primera asamblea. Asevera la actora que esto es un error de interpretación dado que lo denunciado es la designación en el cargo a otro docente interino, que vulnera el Art. 94 y la misma Resolución en su Art. 18 inc. 1 y lesiona su derecho subjetivo. Asimismo solicita que al momento de ejecución de sentencia se liquiden los haberes devengados retroactivos a la fecha en que fue ilegítimamente desplazada. Por último denuncia la inseguridad jurídica y el trato desigual en que incurre la resolución impugnada al resolverse en un caso análogo de diferente modo, en alusión a la Resolución N° 1347/06 que hace lugar al recurso jerárquico. Funda su derecho en el C.C.Ad., C.P.Ad., Ley Prov. 3122 y principios constitucionales mencionados. Ofrece prueba instrumental e informativa. Hace reserva del caso federal. A fs. 14 previa vista al Sr. Procurador General de la Corte se declara prima facie la jurisdicción y competencia de este Tribunal.- A fs. 18 /21 contesta traslado la demandada. Niega todos los hechos y solicita el rechazo de la acción interpuesta. Ofrece prueba documental e informativa. Hace reserva del caso federal. A fs. 25 la actora agrega documento nuevo, -Resolución Ministerial ECCyT Nº 1026 de fecha 04 de Abril del 2007-, en la que se resuelve derogar el inc. j) Art. 8 de la Resolución Ministerial N° 723/01, que sustenta la decisión cuestionada. Se corre traslado y la contraria se opone a su aplicación y solicita la declaración de inconstitucionalidad de dicha Resolución -fs. 28/29. Dispuesto el traslado del pedido de inconstitucionalidad, la actora se opone, fs. 38/40. Abierta la etapa probatoria a su término las partes alegan sobre el mérito de la causa. A fs. 96/99 obra dictamen del Sr. Procurador General de la Corte. Firme el proveído de autos para sentencia, y conforme el sorteo practicado para el estudio y votación en los presentes autos, conforme a la audiencia obrante a fs. 101, me avoco al estudio de la causa para inaugurar el acuerdo. Efectuado el control de los presupuestos que hacen a la habilitación de esta instancia revisora considero cumplidos los recaudos y no habiendo oposición de la demandada al respecto ratifico lo ya resuelto por este Tribunal a fs 14. A fin de abordar la cuestión de fondo estimo oportuno recapitular que, la actora pretende su reintegro al cargo que desempeñaba como docente interina, el que al haber sido ofrecido como vacante en la asamblea, fue cubierto por otro docente interino con título específico. Argumenta que la decisión administrativa que ataca viola el Art. 94 del Estatuto del Docente referida a que los interinos cesaran en su cargo sólo por presentación del titular y ella fue desplazada por otro interino. Que se dejó de lado los dictámenes del Asesor del Ministerio de Educación relativa a la prelación de normas y que existe una confusión de conceptos en torno a la falta de estabilidad del docente interino, falta de título específico y modo de cesación en el cargo. En este marco cabe remontarnos al inicio de la actora en el cargo que ahora denuncia ilegítimamente desplazada. Es así que, a fs. 33 del expediente administrativo se encuentra incorporada la copia de su designación, cuyo texto expresamente dice " . ante la falta de aspirante con título docente correspondiente, Art. 13, Ley 3122-, como medida de excepción y ante la necesidad de un servicio educativo, se la codesigna .". ".Transcurrido treinta (30) días de la designación, su estabilidad estará condicionada a la presentación de un aspirante con título docente. Ante tal situación se producirá vuestro cese en forma inmediata.." ".Observaciones: el cargo será presentado en la primera asamblea del ciclo lectivo en virtud de la Resolución Nº 723 Art. 8 inc. j)". Finalmente al pie de la Resolución, se observa la firma de la docente designada, hoy la reclamante. Es decir, en estos términos ha sido realizada y aceptada la designación de la actora Analía Elba Reinoso. Siendo ello así, no encuentro en el sub examen que la situación de la docente desplazada permita inferir la configuración de una lesión a su derecho subjetivo, en tanto la interesada conocía que su designación, por responder a una necesidad de asegurar la prestación de servicio frente a una vacancia, resultaba precaria. En otras palabras sabía que su derecho fue otorgado expresa y válidamente a título precario, en consecuencia la administración podía revocar, modificar o sustituir de oficio en sede administrativa, -C.P.Ad., Art. 33 ultima parte-. Ningún derecho subjetivo se aprecia vulnerado y, no puede la actora reclamar derecho a la estabilidad, pues como bien lo recuerda el Sr. Procurador en su dictamen la Corte tiene ya establecido que los que revisten el cargo de interino no gozan del derecho de estabilidad.

Afianzo este criterio y en ese sentido viene acertado evocar al maestro Gordillo cuando al tema se refiere -¿estabilidad en un interinato? ".Es un viejo axioma de la administración real que a veces los interinatos duran más, en la práctica, que las designaciones estables. Tal es la dura realidad de nuestra administración. Pero de allí pretender que esa práctica se pueda elevar a principio teórico, con la consagración de la estabilidad a un interinato, hay un abismo que la justicia no puede por supuesto tolerar". Por otra parte respalda la actora su pretensión en el Art. 94 del estatuto del docente. Sobre ello estimo que la norma debe ser interpretada, no solo unilateralmente el último párrafo, sino en todo su contexto e incluido el resto de disposiciones que conforman el cuerpo normativo. Y dice el Art. 94 en su primera parte ".Para el desempeño de interinatos y suplencias será necesario acreditar las mismas condiciones establecidas para la designación de titulares". A la época del nombramiento la actora no reunía las condiciones requeridas para titular, no poseía el título respectivo, ni específico, ni habilitante y esto marca la diferencia. Puesto que, en esas condiciones, como medida de excepción y con su pleno conocimiento y consentimiento se realizó la designación y que a su vez, bien sabía, que el cargo se ofrecería en asamblea y la permanencia en el mismo era hasta la presentación de un aspirante con título. Además vale tener presente que los cargos son creados y se cubren en función del servicio de educación y no en función del derecho personal del docente. Luego el hecho de que la disposición que fundamenta la resolución que se impugna haya sido derogada -Resolución N°723 inc. j)-, e incluso que la actora en la actualidad ostente el título pertinente, estimo no modifica la situación, dado que tales circunstancias no existían al momento de generarse el acto objeto de revisión. Ello es así, por el principio de irretroactividad de la ley y porque un principio elemental de buena fe, obliga a que la administración tenga conocimiento cierto de los hechos que invoca el particular y la extensión del perjuicio que dice se infiere con el acto, hecho o situación que lo afecta. De modificar la fundamentación fáctica o la extensión de sus pretensiones al demandar judicialmente, el particular quita a la administración la posibilidad de decisión, sustrayéndole su competencia y asignándosela por propia y personal decisión al Tribunal Judicial que, de órgano revisor de actos se transformaría en decisor de cuestiones que debían ser planteadas en sede administrativa. Por ello a fin de impugnar judicialmente un acto administrativo, la recurrente debe someter a juzgamiento los mismos temas y motivos propuestos a decisión administrativa, y alegar y acreditar la invalidéz de las razones que motivaron su emisión. La demanda judicial debe versar sobre los mismos hechos y derecho invocado al efectuar el reclamo o al impugnar el acto en sede administrativa, en definitiva son los mismos temas y motivos propuestos a decisión administrativa, los que deban ser sometidos a juzgamiento judicial. Finalmente resulta necesario precisar que, no se advierte avasallada la seguridad jurídica ni lesionado el principio de igualdad ante la ley, ello en tanto la Resolución N°1347/06, que hace lugar a un recurso jerárquico no revela la misma identidad del caso de la actora, en tanto la misma radica en el supuesto de: una suplente con título habilitante desplazada del cargo por otra suplente. Cabe recordar que "La garantía de igualdad ante la ley impone la obligación de tratar de un modo igual a los iguales, en iguales circunstancias, lo que no impide la distinción razonable entre quienes no se encuentran en las mismas condiciones" (SC Buenos Aires, 1985/06/04. -Soler Ursino.- ED, 118-242). Es por todo ello, como así también, por lo expuesto por el Sr. Procurador General en su dictamen de fs. 96/99, el que hago propio su contenido, propicio el rechazo de la demanda. Por último, respecto del planteamiento de inconstitucionalidad de la Resolución ECCyT N° 1026, de fecha 04 de abril de 2007, formulada por la demandada a fs. 29 cuyo tratamiento fuera diferido para esta oportunidad, conforme al resultado anunciado, el mismo ha quedado sin materia. No obstante ello vale expresar en función del Art. 204 de la C.P., mi opinión adversa a la procedencia del citado planteamiento en el marco de este procedimiento de conocimiento contencioso administrativo, al que fue convocada la demanda a participar. Y esto es así atento que esta Corte de Justicia no es el Tribunal competente para entender en instancia originaria, la inconstitucionalidad planteada por las apoderadas del Estado Provincial, de la norma agregada en autos fs. 22/24, en función de lo establecido por el Art. 203 de la C.P. y menos aún cuando se intenta introducir ésta, en forma incidental, en una vía contencioso administrativa, ésta sí de jurisdicción exclusiva y excluyente. Postura esta que la Corte ha reiterado en su doctrina, como bien lo explicita el Sr. Procurador General, cuando cita ".que la declaración de inconstitucionalidad de una norma sólo puede obtenerse en el contenciosoadministrativo cuando el planteo se formula en forma coadyuvante o secundaria a la cuestión de la ilegitimidad del asunto en cuestión. Pues de otro modo se transformaría la acción contencioso administrativa en una acción originaria de inconstitucionalidad cuya procedencia se encuentra como se sabe sujeta a requisitos y procedimientos diferentes." Expte. 07/06 Lagmadi, J. c/P.E. Por lo que opino, el planteamiento de inconstitucionalidad formulado por la demandada, debe rechazarse por ser el mismo formalmente inadmisible en esta instancia. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Comparto en un todo las consideraciones formuladas por el Sr. Ministro que inaugura el acto y adhiero a la solución final propuesta, por lo que me pronuncio en idéntico sentido. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que adhiero al fundamento y solución propiciada por el Sr. Ministro, Dr. Cippitelli, por lo que voto en el mismo sentido. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que conforme los resuelto en la primera cuestión planteada, corresponde imponer las costas a la vencida. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Con costas a la vencida. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que una vez más, adhiero a las conclusiones expuestas por el Sr. Ministro preopinante, Dr. Cippitelli, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido. Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia). San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de junio de 2009.- ­Y VISTOS:

El Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción interpuesta por la parte actora. 2) Imponer las costas a la parte actora que resulta vencida. 3) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada, con costas. 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. 5) Protocolícese, hágase saber y firme o ejecutoriada que sea la presente, por Secretaría procédase a devolver los Expedientes Administrativos agregados por cuerda al Organismo correspondiente y oportunamente archívense. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).