Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-04-29


AUTOS N° 20.761 (104698 - 3° CIVIL) "LOPEZ Mendez Mabel Susana C/ Ponte Pedro Alfredo - Cumplimiento de Contrato" L. DE S. T° 110, F° 60/69 En la ciudad de San Juan, a 29 días del mes de Abril del año dos mil once, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. GILBERTO A. RIVEROS, y el señor Vocal DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.761 (104698 - 3° CIVIL) caratulados "LOPEZ MENDEZ MABEL SUSANA C/ PONTE PEDRO ALFREDO - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", dictada en fecha cinco del mes de marzo del año dos mil nueve, obrante a fs. 77-83, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. Doy por reproducida la fiel y prolija relación de la causa que trae el fallo apelado. La sentencia de primera instancia hace lugar a la demanda de cumplimiento de contrato interpuesta por la Sra. Mabel Susana López Mendez; ordeno la pesificación de la suma reclamada de conformidad a las pautas dadas en el fallo y condenó al demandado, Sr. Pedro Alfredo Ponte a pagar a la actora en el plazo de quince días la suma demandada pesificada en base a los lineamientos expuestos en la sentencia ($ 35.000 + CER) con más los intereses convenidos conforme cláusula tercera y sexta del contrato. A su vez, rechazó el reclamo por daño moral e impuso las costas a la demandada vencida. Ambas partes apelan.

2. Agravios de la parte actora:

La expresión está a cargo de su letrado, Dr. Juan Carlos Zapata Marcone. Entiende el apelante que incurre en error in iudicando la señora jueza en cuanto a los intereses mandados a pagar, según las cláusulas tercera y sexta del contrato, puesto que si es de aplicación en la pesificación el Decreto 214/02, además de aquéllos, deberían adicionársele los intereses referidos en el art. 4° del mencionado decreto, ya que éstos nada tienen que ver con los que fija el contrato.

El contrato debió concluirse de buena fe, al sentenciar debió condenar al pago de los intereses convenidos, "transformando el importe en dólares en pesos tal como prevé el artículo 8 del mencionado decreto". La ley dice que "además se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos"; pero la jueza lo omitió a la hora de dictar el fallo.

3. Agravios de la parte demandada:

El Dr. Leonardo Lara Lanteri, por su defendido dice:

a) En primer lugar pone en tela de juicio el enfoque de la jueza a quo respecto al momento y causas del incumplimiento del contrato, "hecho que determinaría el nacimiento de la obligación consistente en devolver el capital otorgado en mutuo por la actora". En el año 2000, cuando debía cumplir el contrato de mutuo, se produjo el descalabro económico financiero que modificó las condiciones y circunstancias económicas bajo las cuales contrataron las partes. El escenario jurídico económico del país era bien distinto al celebrarse el contrato. La situación había variado de tal forma que no es posible hablar literalmente de incumplimiento contractual, puesto que las bases del negocio fueron modificadas por la crisis económica financiera y por las disposiciones de la ley N° 25.713, que condujo a la frustración total del convenio. De ahí que las pautas, condiciones originarias y las cláusulas del convenio, sustancialmente modificadas por la normativa de emergencia, quedaron sin vigencia. En consecuencia, mal puede interpretar la jueza que, en virtud de la cláusula Sexta pudiera quedar constituida automáticamente la mora. "Además echando un poco de luz al tema que nos ocupa -constitución en mora del deudor-, mi mandante -Sr. Pedro A. Ponte- no se encontraba en mora al momento de producirse el descalabro financiero el 31/12/2001, o al momento de la vigencia de la ley N° 25.561 y/o dictado del Decreto N° 214/2002 -enero de 2002-, ya que tal como surge de los contratos de mutuos ejecutados, el capital debía ser devuelto el 28 de febrero y 19 de marzo de 2002".

Es sumamente relevante que la actora consintió y autorizó la modificación de los contratos de mutuo, "tolerando y asintiendo que el capital no le sea devuelto en las fechas indicadas en el párrafo que antecede, y continuó percibiendo los intereses de ambos contratos, totalmente conforme y sin objeción hasta el mes de septiembre de 2007, es decir CINCO (5) años más tarde, fecha en que mi mandante toma la iniciativa de depositarle en la Cuenta de Banco Francés la suma de pesos: Ocho mil novecientos noventa y seis ($ 8.996) a cuenta del capital dado en mutuo". b) El segundo agravio radica sobre los intereses compensatorios y moratorios que fueron fijados por la jueza a quo según la tasa pactada en los contratos de mutuo (1,5% y 1% mensual), siendo la misma excesiva y desproporcionada al marco normativo dictado como consecuencia de la crisis económica financiera del año 2000.

Alega: La jurisprudencia ha considerado: ".el mecanismo establecido por la legislación emergencial, en cuanto establece la aplicación de un coeficiente de estabilización -que por mínimo que fuere tiende a una recomposición del capital adeudado, va acompañado del desplazamiento de la tasa de interés pactada, que solo puede computarse hasta la fecha de inicio de aplicación del referido coeficiente, devengándose, de allí en más, la prevista en el art. 4 de la ley N° 25.713" (Epte. N° 119.979, número de orden de sentencia 253 sentencia del 8-7-03, C. 1° de Apelación Civ. y Com. de Bahía Blanca).

Considera que dentro del esquema revisor e intervencionista del Estado respecto de los contratos adoptado por la jueza de primera instancia, al fijar que el capital a devolver no sea en dólares estadounidenses sino en pesos más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), la solución más armoniosa sería la de no aplicar el interés pactado, sino fijar la tasa de interés que previeron las leyes de emergencia. De lo contrario, se innovaría el primer tramo de la obligación, mientras se mantendrían las pautas originales del contrato respecto a los accesorios, esto es, los intereses. "Teniendo en cuenta que si al capital a devolver se le aplicará el CER, y éste coeficiente se calcula sobre el índice de precios al consumidor, es decir, mantendrá incólume el poder adquisitivo del dinero dado en mutuo, la tasa de interés a fijas debería ser la denominada de 'interés puro', tal como lo prevé la ley provincial N°4119 para capitales actualizados -8% anual-". En este sentido, recuerda que la Cámara de Apelaciones dijo: "Por ello es que consideramos que no resultan vigentes las cláusulas contractuales originarias que contemplaban la tasa de interés a aplicar y, ante la falencia normativa apuntada, es que el Juzgador es quien debe determinarla (art. 622 C.C.)". (Sala II -Autos N° 56.157, C.C. N° 19.321, caratulados: "Caja Previsión para Profesionales en Ciencias Jurídicas de San Juan c/ Queirolo Eugenio Alberto - Ejecución hipotecaria").

c) La imposición de costas también es motivo de agravio, puesto que al contestar la demanda opone la excepción de pago parcial de la suma de Pesos Ocho mil ochocientos noventa y seis ($ 8.896,00) a cuenta de capital -acreditado a fojas 35-, pago que no es desconocido por la actora, pero que sí lo advierte la jueza de primera instancia a fojas 78, renglón 10/11.

En conclusión peticiona la modificación de la sentencia impugnada, acorde a una visión de justicia y ajustada a la realidad económica del conflicto suscitado, dentro del marco normativo dictado como consecuencia de la emergencia declarada por la que atravesó el país.

4. Ambas partes contestaron los respectivos agravios formulados.

a) Cuando lo hace la demandada, refuta que al agraviarse la contraria por causa de no haberse adosado a los intereses pactados aquéllos que prevé el art. 4° del Decreto del P.E.N. N° 214/02, no advierte que esta normativa fue dictada en un contexto propio y de aplicación a las operaciones realizadas entre personas físicas o jurídicas vinculadas al sistema financiero o dentro de la Ley de Entidades Financiera (ley N° 21.526). "Como consecuencia del decreto N° 214/02, el Banco Central de la República Argentina dictó la Comunicación "A" 3507, la que en su ap. 2) fijó que las tasas máximas que correspondían a las obligaciones recalculadas con el CER oscilarían entre una banda que va del 3,5% al 8% nominal anual". La referida tasa de interés cumple con las características de "tasa máxima", "puesto que al recalcularse la deuda mediante la aplicación del CER, no resulta posible que las tasas pactadas superen el tope que significan los aludidos porcentajes, tal como expresamente se encuentra fijado por la autoridad de contralor en el ap. 2.17°párrafo de la citada comunicación". Vuelve a criticar la sentencia porque sin razones fácticas ni jurídicas desvía la solución aplicando la tasa de interés que originariamente habían pactado las partes.

b) La contestación de agravios que ensaya la parte actora, presenta como cuestión previa la necesidad de declarar desierto al recurso, porque su exposición es una mera discrepancia subjetiva que no llega a ser un crítica razonada de la sentencia sin lograr enervar lo resuelto fundadamente. En lo demás, estima que los argumentos de la demandada para presentar la apelación son reiterativos, difusos e inconsistentes. Con un simple juego de palabras, que solo él entiende, únicamente trae a colación la crisis económica financiera que afectó al país años atrás, por todos nosotros conocida, pero no concretando en términos jurídicos el error del juez. Pretende que desconozca los términos del contrato. Dice que sinceramente no entiende por qué. Respecto de los intereses, de no aplicarse los pactados, es desconocer lo que ya tuvo principio de ejecución. El demandado fue constituido en mora, jamás pagó la deuda, ni cuando fue demandado depositó lo debido. En ninguna parte de la contestación de demanda fueron utilizadas las palabras "pago parcial".

5. El fallo de primera instancia delimitó el objeto del litigio en tres temas: 1) La existencia del contrato; 2) el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes; 3) la procedencia de los daños reclamados.

En lo primero, estimó correctamente que la relación jurídica deriva de dos contratos de mutuos suscritos por la actora y demandada, en fecha 28 de agosto de 2001 y 19 de septiembre de 2001. En virtud de lo dispuesto en el art. 1190 del Cód. Civil, tuvo por acreditada la existencia de los contratos, reconocidos por ambas partes. Analizando la segunda cuestión, la jueza a quo ponderó las prestaciones de cada una de las partes contratantes, estableciendo que el actor había cumplido la suya entregando las sumas de dinero especificadas en los contratos adjuntos. Lo hizo en efectivo y en billetes al momento de la celebración de los mutuos, sirviendo los respectivos instrumentos de suficiente recibo por el mutuario. Introduce en esta parte del pronunciamiento una consideración sobre la carga de la prueba, para señalar que el demandado se ha limitado a decir que no cumplió a causa de la situación económica del país que trajo la crisis en enero del año 2002 y como consecuencia el P.E.N. decretó la emergencia económica financiera. Sin embargo, a pesar de la negación del demandado, estimó sin equívocos que en virtud de la mora automática, es decir de pleno derecho, acordada en los contratos de mutuo, el atraso en el pago de los intereses daba derecho a la parte mutuante a exigir el pago total de lo adeudado. Y que por tal incumplimiento operaba la caducidad de los plazos pactados.

Agregó en su razonamiento: "Ahora bien, no resulta ajeno a nadie que la crisis, que alega el accionado, sufrida en aquél entonces por nuestro país, en la que aún hoy nos vemos inmersos, revistió -y reviste- características inusitadas. Es así que una situación de emergencia institucional, económica y financiera -salida de la convertibilidad- y social, justifica remedios excepcionales para afrontarla." Luego hace una reseña normativa acerca de las disposiciones de la ley N° 25.561 y sus Decretos Reglamentarios y reproduce el art. 11 de la referida ley: "Las prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de la promulgación de la presente ley, originadas en contratos celebrados entre particulares, sometidas a normas de derecho privado, pactados en dólares u otra moneda extranjera. serán canceladas en pesos a la relación UN PESO ($ 1) = UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE ( U$S 1); en concepto de pago a cuenta de la suma que, en definitiva, resulte de los procedimientos que se establecen seguidamente.." Menciona la magistrada que el art. 8 del decreto 214/02 dispone: ".las obligaciones de dar sumas de dinero, expresada en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculada al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de un dólar estadounidense (U$S 1) = un peso ($ 1). A su vez el art. 4 del mismo decreto, establece que a las deudas referidas se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que será publicado por el Banco Central de la República Argentina, aplicándose además una tasa de interés máxima para los préstamos. La jueza aclara que los intereses convenidos siguen la misma suerte de la obligación principal de la cual son accesorios, por lo que serán debidos en pesos.

La jueza a quo ha considerado que la tasa de interés fijada (1,5% mensual en concepto de intereses compensatorios y 1% mensual en concepto de punitorios) no resuelta excesiva, "si se tiene en cuenta la moneda en que deben ser pagados (pesos). Este juicio es correcto, comparto la jurisprudencia que trae el fallo al respecto y reproduzco: "Si las partes convinieron un interés compensatorio del 18 por ciento anual -incluido en las cuotas acordadas- y un punitorio del 3 por ciento mensual que ya no se encuentra vinculado a una moneda fuerte sino a un crédito "pesificado" por imperio de las normas de emergencia, esto es, expresado en una moneda devaluada a raíz del abandono del régimen de paridad cambiaria vigente durante la convertibilidad (ley 23.928: art. 1, 2, 3, 4, ley 25.561), no aparece justificado el ejercicio de la facultad morigeradora a que recurrió el a quo. Siendo así, los interese punitorios -únicos aplicables a partir de la mora- se devengarán respetando el porcentual pactado y con el límite temporal indicado en el decisorio en crisis, teniendo en cuenta el comienzo de la vigencia de las normas de emergencia (art. 621, 622, 623, 652, 1197 del Código Civil; 1,4,8, dec. 214/02; dec. 762/02; art. 9. dec. 1242/02; 1, 2, 4, 9, ley 25.713; art. 1°, ley 25.796; 34, inc. 4°; 242, 246 del CPCC)".

Finalmente, la sentencia en crisis, trata el reclamo de los daños y perjuicios derivados de la inejecución, fijado en la suma de $ 16.000, en concepto de daño moral. Aunque la desestimación de este rubro indemnizatorio no ha sido objeto de agravio, es interesante recordar lo dicho por la jueza a quo en su sentencia: "La demostración del alcance, extensión y valoración del perjuicio efectivamente sufrido se encuentra a cargo exclusivo de la parte actora. En base a ello, todo daño debe ser probado por quien lo alega; es éste un requisito esencial para obtener una condena indemnizatoria, pues un daño improbado no existe para el derecho, y tan es así que faltando la indispensable acreditación del daño, no puede suplirse la prueba de su entidad por la prudente estimación judicial". "En materia contractual el daño moral no se presume". La jurisprudencia citada en apoyo de esta premisa, está alineada a los criterios que viene aplicando este tribunal. La jueza a quo invocó el siguiente precedente jurisprudencial: "Para la apreciación del daño moral de origen contractual se debe proceder con rigor estricto y es a cargo de quien lo reclama su prueba concreta. La mera inejecución contractual no evidencia por sí misma un daño moral, porque este atiende a la lesión de derecho extrapatrimoniales y no a cualquier molestia, inconveniente o perturbación secundaria, prácticamente ínsitos en todo aquel que se vea afectado por el incumplimiento de un contrato. Para la procedencia de su resarcimiento se requiere que el daño tenga verdadera repercusión espiritual pues no constituye un medio para aumentar la indemnización del daño económico, sino el remedio excepcional a que recurre el orden jurídico para compensar el detrimento espiritual sufrido".

6. He querido hacer una síntesis de la sentencia porque juzgo adecuado a derecho sus fundamentos, no obstante la omisión de pronunciamiento que deberá ser tratada en esta instancia respecto a la suma pesos ocho mil ochocientos noventa y seis ($ 8.896,00) depositada por la demandada en la cuenta bancaria de BBVA Banco Francés Sucursal San Juan, perteneciente a la Sra. Mabel Susana López Méndez, con fecha 10/09/2007.

6.1. La parte actora pretende con su recurso la modificación del fallo con la finalidad de incluir en la condena los intereses que prevé el artículo 4 del decreto 214/02 en razón de la pesificación de la obligación dineraria originariamente contraída en dólares. Es decir, la pretensión, según su postura, a más de los intereses compensatorios y moratorios convenidos en las cláusulas de ambos contratos de mutuo, comprendería los que prevén las normas de la emergencia económica.

En este tema, debo decir ante nada que el pago no es íntegro si no incluye los intereses. Por ello el art. 624 del C.C. dispone: El recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto de ellos". De ahí que el acreedor puede negarse a recibir el pago si no se abonan los intereses junto al capital (art. 744, C.C.). La sentenciadora acierta en no incluir los intereses a que se refiere la última parte del Decreto 214/02 porque los intereses, tanto compensatorios como moratorios, ya habían sido convenidos por las partes en los respectivos contratos de mutuo, lo que es lícito conforme a la libertad de contratar. Así lo autoriza el Cód. Civil en su artículo 621: "La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se hubiesen convenido entre deudor y acreedor". En lo específico, al regular supletoriamente el codificador la cuestión de intereses en la figura del mutuo o empréstito de consumo el artículo 2248 dispone: "No habiendo convención expresa sobre intereses, el mutuo se supone gratuito, y el mutuante sólo podrá exigir los intereses moratorios, o las pérdidas e intereses de la mora".

La transformación obligatoria de las obligaciones dinerarias entre particulares concertadas en moneda extranjera convertidas ipso iure -por el hecho del príncipe- a pesos moneda nacional (art. 1° del Decreto 214/2002), no arrastra a los intereses pactados. Así lo establece el Decreto 410/2002, artículo 7: "A los contratos y relaciones jurídicas alcanzados por el artículo 8 del decreto 214/2002, no les serán de aplicación las tasas de interés referidas en el artículo 4 del citado decreto".

6.2. La morigeración de los intereses que pretende la parte demanda al señalar el cambio de condiciones en la relación contractual debido el descalabro económico acontecido en el año 2002, especialmente porque afirmó no haber sido constituido en mora, es completamente inaceptable. Menos cuando trata de liberar su responsabilidad con la excusa de que al variar las situaciones generales por la crisis económica financiera no es posible hablar literalmente de incumplimiento contractual. El brusco cambio en el escenario jurídico económico financiero del país, si bien era muy distinto al celebrarse el contrato, por entonces emergieron las normas jurídicas que dieron las pautas de cómo debían cumplirse las prestaciones concertadas en las relaciones privadas. Sin embargo, en vez de acogerse a la nueva normativa y cumplir con sus obligaciones, prefirió entrar en mora, esperando la interpelación que no tenía obligación el mutuario de formular ya que la mora estaba pactada automáticamente, la misma se produjo por el solo vencimiento de los plazos (art. 509, C.C.). Además, en razón de la mora que le era imputable, no estaba en condiciones de pedir ningún tipo de reajuste equitativo puesto que por imperio del art. 8 del Decreto 214/2000 le estaba vedado el procedimiento que lo hace posible.

6.3. Los jueces tienen facultades para morigerar los intereses convenidos y el fundamento legal puede encontrarse en lo dispuesto en los arts. 502 y 953 del Código Civil, desde el momento que consagran la nulidad de las obligaciones con causa ilícita y por ello afecta al orden público. Sin embargo, comparto la ponderación y prudencia de la jueza a quo al justificar las tasas de interés pactadas, no aparecen contrarias a la moral y las buenas costumbres. 6.4. A pesar que la actora menta sobre un supuesto consentimiento de la parte mutuante para modificar tácitamente los contratos de mutuo, con la idea que toleró y asintió "que el capital no le sea devuelto en las fechas indicadas en el párrafo que antecede, y continuó percibiendo los intereses de ambos contratos, totalmente conforme y sin objeción hasta el mes de septiembre de 2007, es decir CINCO (5) años más tarde, fecha en que mi mandante toma la iniciativa de depositarle en la Cuenta de Banco Francés la suma de pesos: Ocho mil novecientos noventa y seis ($ 8.996) a cuenta del capital dado en mutuo", no hay ningún tipo de prueba que pueda así corroborarlo. El acto, que significaría una novación por la transformación de una obligación en otra (art. 801, C.C.), no admite conjeturas. Es muy claro el art. 812, C.C. cuando establece: "La novación no se presume. Es preciso que la voluntad de las partes se manifieste claramente en la nueva convención, o que la existencia de la anterior obligación sea incompatible con la nueva". La prueba sobre la existencia de la novación debe ser rigurosa y muy estricta su interpretación. En la especie resulta aplicable el art. 874 del mismo código: "La intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzca probarla debe ser restrictiva".

7. Adelanté que el fallo acusa una omisión de pronunciamiento en cuanto a los efectos jurídicos del depósito bancario realizado por el demandado. Necesariamente debe ser tratada en la alzada pues fue un punto sometido a decisión del juez de grado inferior y es requerido el respectivo pronunciamiento en la expresión de agravios (conf. art. 278, CPC, Ley N° 3738). Me refiero al depósito de la suma pesos ocho mil ochocientos noventa y seis ($ 8.896,00) en la cuenta bancaria de BBVA Banco Francés Sucursal San Juan, perteneciente a la Sra. Mabel Susana López Méndez, con fecha 10/09/2007. Aunque éste es un pago parcial a destiempo, surge evidente de la prueba aportada que la actora percibió el importe del cheque depositado. Aunque el actor no extendió recibo, la constancia emitida por BBVA Banco Francés no fue impugnada en su autenticidad.

En cambio, la prueba de que alguna de las partes haya hecho la imputación de pago está ausente. Tal determinación no es óbice para tratar el tema, ya que tendrá su importancia en el resultado final de los derechos declarados y reconocidos, el monto de la deuda y la distribución de las costas.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, en fecha: 20/11/1990, con primer voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, dictó un fallo donde, aceptando el dictamen del Procurador General y las opiniones doctrinarias concordantes, sostuvo que el art. 624 del Código Civil debe ser interpretado en consonancia con las normas de imputación al pago. En tal sentido, imputar arbitrariamente al capital las sumas que resultan de un cheque librado a cuenta de liquidación violenta la regla de los arts. 776 y 777, que fundados en el principio de integralidad del pago, mandan imputar primero a intereses y después a capital (ver Trigo Represas, en Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", t. 3, p. 187, La Plata, Ed. Platense, 2ª ed. 1975; Llambías, Jorge J., "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", t. II, N° 1601, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Esta es también la solución de un importante sector de la jurisprudencia española; ver Bercovitz, Rodrigo, "La imputación de pagos", ps. 302 y sigts. Ed, Montecorvo, Madrid 1973). ("Sánchez, O. c. Campoy, Gustavo". Publicado en: LA LEY 1992-C, 487 Cita Online: AR/JUR/1396/1990).

A la época de efectuarse el depósito, el demandado estaba incurso en mora. Para él ya operaba de pleno derecho el art. 508 del Cód. Civil: "El deudor es igualmente responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al deudor en el cumplimiento de la obligación". No hay duda que por entonces debía los intereses moratorios. Sin embargo, la falta del ejercicio del derecho del deudor para imputar el pago (art. 773, C.C.), no conduce a aceptar la extinción de aquéllos, puesto que el art. 624 del Cód. Civil solo contempla una presunción iuris tantum ante la aceptación del pago parcial. La carta documento que el actor envió al deudor, Pedro Alfredo Ponte, por intermedio de su abogado, en el mes de marzo de 2008, es decir, tiempo después del depósito, son una clara expresión de voluntad de no renunciar a los intereses (ver fs. 2). De esto cabe inferir que la mora no quedaba purgada y por ello la obligación accesoria respecto de la principal (art. 525 Cód. Civil) no quedaba extinguida.

De cualquier forma, el deudor, sin el consentimiento del acreedor, no estaba legalmente autorizado para imputar la suma depositada al pago del principal (art. 776, C.C.). En una palabra, dicho importe debe considerarse imputado al pago de intereses en primer lugar y el sobrante, si lo hubiere, al pago de capital al momento de la liquidación.

8. La imposición de costas, que ha sido motivo de agravio por la parte demandada, debe estar adecuada a este pronunciamiento. Siendo así, no obstante la omisión que hago ver, ya que correspondía a la jueza de grado se expediera sobre el asunto, a la vez señalar con precisión los efectos jurídicos que tuvo el aludido depósito bancario. Tal omisión, con resultado favorable para la demandada en la alzada, implica una modificación en el fallo apelado que debe atenderse en virtud de lo dispuesto en el artículo 279 del CPC (ley N° 3738). Funciona el principio del vencimiento parcial y mutuo contemplado en el art. 77 del CPC, ley N° 3738. En segunda instancia, se produce la misma situación porque el recurso de la parte demandada prospera en este agravio, en tanto el de la parte actora corresponde rechazarlo.

9. El daño moral reclamado en la demanda fue desestimado en la sentencia definitiva. La parte interesada consiente la decisión al respecto, la cuestión no fue materia de recurso, en consecuencia no cabe tratarlo, sin perjuicio de lo dicho más arriba.

10. Expuestos los fundamentos que anteceden, estimo justa la siguiente resolución:

I) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación promovido por la parte demandada, con arreglo a lo expuesto en los considerandos.

III) Disponer que la suma del depósito por la suma pesos ocho mil ochocientos noventa y seis ($ 8.896,00) en la cuenta bancaria de BBVA Banco Francés Sucursal San Juan, perteneciente a la Sra. Mabel Susana López Méndez, con fecha 10/09/2007, sea imputada en primer lugar a intereses y si hubiere un sobrante a capital una vez realizada la liquidación. Confirmar en lo demás el fallo de primera instancia.

IV) Imponer las costas de primera instancia en un setenta por ciento a cargo de la demandada y en un treinta por ciento a cargo de la parte actora. Las costas de segunda instancia se distribuyen en un setenta por ciento a cargo de la parte actora recurrente y en un treinta por ciento a cargo de la demandada.

Así voto.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación promovido por la parte demandada, con arreglo a lo expuesto en los considerandos.

III) Disponer que la suma del depósito por la suma pesos ocho mil ochocientos noventa y seis ($ 8.896,00) en la cuenta bancaria de BBVA Banco Francés Sucursal San Juan, perteneciente a la Sra. Mabel Susana López Méndez, con fecha 10/09/2007, sea imputada en primer lugar a intereses y si hubiere un sobrante a capital una vez realizada la liquidación. Confirmar en lo demás el fallo de primera instancia.

IV) Imponer las costas de primera instancia en un setenta por ciento a cargo de la demandada y en un treinta por ciento a cargo de la parte actora. Las costas de segunda instancia se distribuyen en un setenta por ciento a cargo de la parte actora recurrente y en un treinta por ciento a cargo de la demandada.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación promovido por la parte demandada, con arreglo a lo expuesto en los considerandos.

III) Disponer que la suma del depósito por la suma pesos ocho mil ochocientos noventa y seis ($ 8.896,00) en la cuenta bancaria de BBVA Banco Francés Sucursal San Juan, perteneciente a la Sra. Mabel Susana López Méndez, con fecha 10/09/2007, sea imputada en primer lugar a intereses y si hubiere un sobrante a capital una vez realizada la liquidación. Confirmar en lo demás el fallo de primera instancia.

IV) Imponer las costas de primera instancia en un setenta por ciento a cargo de la demandada y en un treinta por ciento a cargo de la parte actora. Las costas de segunda instancia se distribuyen en un setenta por ciento a cargo de la parte actora recurrente y en un treinta por ciento a cargo de la demandada.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 de la ley 8037.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.