Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-06


Causa nº 33.771 "De Mora, Juan s/Excarcelación" Sala IV. Juzgado de Instrucción nº 46, Sec. nº 134 ///nos Aires, 6 de febrero de 2008.

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO Llega este incidente a estudio del tribunal en virtud de la apelación interpuesta por la defensa contra el auto de fs. 6/6vta. en cuanto no hace lugar a la excarcelación de Juan Facundo De Mora bajo ningún tipo de caución.

Cuestiona también el recurrente que dicha decisión cumpla con las exigencias del artículo 123 del Código de forma.

El recurso se mantuvo a fs. 15, en tanto que los agravios ante esta alzada fueron expuestos en el memorial agregado a fs. 17/21.

Sobre la nulidad:

La finalidad de la exigencia del artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación es que se puedan conocer los fundamentos del juez para de ese modo evaluar si su decisión fue acertada. Motivar, se dijo, significa "...consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo..." (Francisco J. D'Albora, Código Procesal Penal de La Nación, anotado, comentado y concordado, tomo I, página 257).

Frente a ello, entendemos que la falta de fundamentación aludida por el apelante no es tal, pues el a quo expuso las razones por las cuales consideró que no correspondía otorgar en el caso la libertad a su pupilo procesal. La ausencia de coincidencia con tal criterio es susceptible de ser canalizada a través del recurso de apelación, que al haber sido interpuesto y concedido, habilitó la atención de este tribunal.

Por otra parte, en orden a los agravios vinculados con la errónea interpretación de las normas procesales, cabe precisar que el artículo 18 de la Constitución Nacional autoriza el arresto mediando orden escrita de autoridad competente, que es la judicial. En cuanto a ello la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que "el derecho consistente en gozar de libertad hasta el momento en que se dicte sentencia de condena no constituye una salvaguardia contra el arresto, detención y prisión preventiva, medidas cautelares éstas cuentan con respaldo constitucional" (C.S., agosto 4-983, Legumbres S.A., L.L. 1883-D).

Del mismo modo se sostuvo que: "El respeto debido a la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparecencia del reo..." (C.S. Fallos 280:297).

Y con motivo de la interpretación de las pautas que obstaculizan la soltura durante el proceso, previstas en el artículo 319 del código de rito, se ha precisado que "parece razonable a tal fin atender a la cuantía de la posible condena según los criterios señalados en los artículos 316, párrafo segundo y 317" (cfr. Código Procesal Penal, Anotado. Comentado. Concordado." por Francisco J. D'Albora, 5° edición corregida, ampliada y actualizada, Editorial LexisNexis, Abeldo Perrot, 15 de mayo de 2002, página 681).

Del mismo modo, "...resulta una pauta lógica para pronosticar la actitud que podría asumir el procesado, que es admitida doctrinariamente por Cafferata Nores..." (cfr. Solimine, Marcelo A. "Tratado sobre las causales de excarcelación y prisión preventiva en el Código Procesal Penal de la Nación", página 94, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, diciembre de 2003). Dicho autor reproduce en su obra, el voto del Dr. Petracchi en la causa "Gómez Alberto", rta. El 3/5/1988, que sustenta el razonamiento posteriormente realizado por la Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires, en la causa 8968 "Jardín L.M.", rta. 4/1/1994 y en la causa "Green" del 4/6/1998 dónde se indicó "el monto de la pena de la futura condena es fundamento válido para denegar la excarcelación, si permite presumir que tras la libertad, el imputado intentará eludir la acción de la justicia", con cita de precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la consideración 8°, apart. b) del precedente "Firmenich", la Comisión Interamericana indicó "la Comisión estima que las características de los hechos (punibles) que forman la cabeza de estos procesos y las penas que podrían corresponder al acusado hacen presunción fundada de que es necesario cautelar que la justicia no sea evadida siendo, por tanto, la excarcelación improcedente".

Refiere también el autor, que esta pauta fue consagrada por el párrafo 2°, punto c) de la resolución 17 del Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente - aludiendo a la "índole y gravedad del presunto ilícito" y a la "pena que cabría aplicar" - y legitimada desde los órganos internacionales de derechos humanos (cfr. Solimine, ob. cit. páginas 94 y 95).

De tal modo, corresponde rechazar in límine el planteo de nulidad efectuado.

De la excarcelación:

Este tribunal coincide con el criterio adoptado por el Sr. Juez de grado en cuanto a que no corresponde en el caso autorizar la soltura anticipada del imputado. Ello por estricta aplicación de las reglas del código de forma que rigen la materia.

Si bien el margen punitivo previsto para el delito por el cual se dictara el procesamiento del causante -robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada, en grado de tentativa (cfr. fs. 59/62vta.)- autorizaría su excarcelación, lo cierto es que de la información suministrada por el Registro Nacional de Reincidencia (cfr. fs. 23/29) surge que previo a la formación de estas actuaciones, más exactamente el 6 de diciembre de 2004 Juan Facundo De Mora fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 30 a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento. Previamente, el 22 de junio de 2001, había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 8 a la pena de cinco años de prisión.

Ante ello, en virtud de lo normado por los artículos 26 y 27 del Código Penal, entendemos que de recaer condena en este proceso, su cumplimiento será necesariamente será efectivo.

Hemos sostenido con anterioridad (in re causa nº 28.585 "Sánchez, Maximiliano Gabriel", rta. 27/12/2005; causa nº 31.622 "Gallardo, José Luis s/Excarcelación, rta. el 28 de marzo de 2006; causa nº 32.857 "Herrera, Ricardo Eduardo s/Excarcelación", rta. el 19 de septiembre de 2006; causa nº 31.657 "Oyola, Marcela s/Excarcelación", rta. el 9 de abril de 2007, entre otras) que la amenaza de imposición de una pena de efectivo cumplimiento es un elemento de gran relevancia para presumir que quien recupere la libertad intentará eludir la acción de la justicia para sortear su posible encarcelamiento.

Esta interpretación coincide con la sustentada por la Cámara Nacional de Casación Penal, según la cual "resulta harto razonable concluir en que dado el pronóstico de pena que se cierne en cabeza de ...[el imputado]... éste, de recuperar su libertad, podría intentar eludir la acción de la justicia (art. 319 del código adjetivo)" (Sala I, in re causa nº 6069 "Baratti, Fernando Daniel", rta. 18/05/05).

Ante ello, se impone la restricción de libertad del imputado en los términos del art. 319 del C.P.P.N. por la posible frustración de los fines del proceso debido al peligro cierto de elusión que se deducen de sus condiciones personales.

Por ello, habremos de confirmar auto recurrido.

Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:

I. No hacer lugar al planteo de nulidad de la defensa.

II. Confirmar el auto de fs. 6/6vta. en cuanto fuera materia de recurso (artículos 316, 317 inciso 1° a contrario sensu y 319 del Código Procesal Penal de la Nación).

Devuélvase al juzgado de origen, dónde deberán efectuarse las notificaciones pertinentes, y sirva lo proveído de atenta nota.

Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Carlos Alberto González.

Ante mí: Hugo Sergio Barros, Secretario de Cámara.