Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-14


TS07D45607 Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA Nº45607 CAUSA Nº 34.624/11 - SALA VII - JUZGADO Nº 62 En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto de 2013, para dictar sentencia en estos autos: "Albornoz Oscar Luis c/ Orussa Jorge Antonio y otros s/ Despido", se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

I-A fs. 31/37 se presenta Oscar Luis Albornoz e inicia demanda contra Jorge Antonio Orussa, Jorge Antonio Orussa y Mirta Ricci sociedad de Hecho y contra Mirta Ricci.

Sostiene que comenzó a trabajar para los demandados el 01/02/92 realizando tareas de reparto, y denuncia que la relación laboral se desarrollÓ en total clandestinidad.

Afirma que el 22/12/10 le fueron negadas tareas, por lo que decidió intimar a que se regularizara su situación laboral, más al no recibir contestación alguna, se consideró gravemente injuriado y despedido el 18/02/11.

Viene a reclamar indemnización por despido, deudas salariales y demás rubros establecidos en la normativa vigente.

A fs. 55/61 se presentan los demandados en forma conjunta y contestan negando todos y cada uno de los hechos invocados en el escrito de inicio salvo los expresamente reconocidos.

La sentencia glosada a fs. 254/259, hace lugar a las principales pretensiones del actor, es apelada por la parte actora (fs. 266/271) y por la demandada (fs. 263/264).

Apelación parte demandada. II. Se agravia la quejosa por la decisión del sentenciante que concluyó que la relación que unía a las partes era de índole laboral. Arguye que el "a quo" ha realizado un erróneo análisis de las probanzas arrimadas a la causa.

Adelanto que su pretensión, de que sea revocado este aspecto del fallo no ha de tener favorable acogida.

En efecto es la propia demandada quien asume que ha existido una prestación de servicio de parte del trabajador en el lavadero; ". el único contacto que tuvo el actor con Orussa fue en calidad de socio de tal lavadero y porque el actor aún tiene en su poder la camioneta de Orussa." (ver fs. 56 v).

Es decir, el demandado es quien acepta la existencia de un vínculo entre las partes, lo cual conduce a la aplicación de la presunción establecida en el art. 23 de la L.C.T. y pone en cabeza del empleador la carga probatoria de acreditar que la vinculación existente entre las partes responde a una característica diferente a la laboral. Cuestión que no se aprecia cumplida en autos.

En efecto, se configura la presunción legal "iuris tantum" (provista en el art. 23 de la L.C.T.), de la existencia de un contrato de trabajo, cuando se acredita que ha existido una prestación de servicio. Por lo tanto ello produce la inversión de la carga de la prueba. Será el empleador, entonces, quien deba probar que la prestación no tuvo como causa un contrato de trabajo, sino alguna otra (art. 499 CC).

Lo anteriormente analizado, sumado a lo informado por la IGJ a fs. 109/135, en cuanto a que el único trámite inscripto por "Lavadero Ciudadela S.R.L." es la inscripción me lleva a concluir a la luz de las reglas de la sana critica (art. 386 C.P.C.C.N), que la relación habida entre las parte ha sido de índole laboral.

En definitiva, no habiendo probado el demandado, que toda esa actividad desplegada por el actor hubiese sido para su propio beneficio, debe concluirse que las partes se han vinculado mediante un contrato de trabajo (art. 21 y 22 de la L.C.T.), y de este modo dejo propuesto mi voto.

Por lo anteriomente expuesto, propicio la confirmación del fallo en este sustancial segmento.

III- Arguye la parte que el sentenciante no puede pretender que se pruebe para quien trabajó el actor, cuando fue denegada la citación de tercero.

En este punto advierto	que la resolución de la denegatoria ha sido notifica a la presentante, sin que esta objetase cuestión alguna, por lo tanto dicha resolución se encuentra consentida y mal puede realizarse algún planteo en esta etapa del proceso (ver fs. 77/78).

IV- Sostiene el agraviado que ha existido una deficiencia en el intercambio telegráfico, lo que le impidió realizar una defensa adecuada.

En primer término deseo aclarar tal como lo hizo el sentenciante que según lo informado por el Correo a fs. 180 las misivas intimatorias como la que notifica la extinción de la relación laboral han sido enviadas al mismo domicilio en donde se realizó en traslado de demanda.

Por lo tanto teniendo en cuenta que la contestación de demanda ha sido presentada en debido tiempo, concluyo que la falta de recepción de los telegramas en cuestión no ha sido por responsabilidad del actor sino de los demandados, por lo que la defensa intentada no resulta hábil para revertir lo decidido en este punto.

Apelación parte actora.

V-Se agravia la parte por el rechazo dispuesto por el sentenciante en relación a la multa establecida en el art. 8 de la ley 24.013.

En este punto es dable aclarar que el actor asume que no ha realizado la notificación establecida en el art. 11 del mismo cuerpo normativo, requisito necesario para la procedencia de la pretensión.

Sin embargo entiendo que sí corresponde el incremento previsto en el art.1 de la ley 25.323 (duplicación de la indemnización por antigüedad). Si bien no ha sido reclamado en la demanda, lo cierto es que el actor sí pidió un resarcimiento por irregularidad registral, y el art.1 contempla esa situación, así, por aplicación del principio iura novit curia (en similar sentido esta Sala "Freire, Oscar c/ Fapiquim S.A. y otros s/ despido", S.D. 39.666 del 24/10/06) el actor resultará acreedor de $37.525 por este rubro.

VI- Se agravia la quejosa por el rechazo dispuesto en relación a la multa establecida en el art. 45 de la ley 25.345, pues sostiene que la intimación cursada por el actor resulta suficiente a tales efectos.

Considero oportuno destacar que siendo la demandada intimada fehacientemente a regularizar la situación, esta negó rotundamente las irregularidades denunciadas, por lo tanto se tornó innecesario el plazo de 30 días contemplados en la ley, porque mal puede suponerse que tuviese, la empleadora, voluntad de cumplir con lo dispuesto en la normativa.

Por los argumentos expuestos propicio modificar el fallo y elevar la condena a la suma de $156.543 (art. 80 L.C.T. $5.925 + $150.618), más intereses tal como se fijaron en la instancia anterior.

VII- Reclama el apelante que se revoque lo decidido en grado en relación a las diferencias salariales pretendidas.

Advierto que en el escrito de inicio, sufre de diversas carencias en este punto.

Cabe recordar los requisitos establecidos en el art. 65 L.O.: "... 3) La cosa demandada, designada con precisó; 4) Los hechos en que se funde, explicados claramente (...) 6) La petición en términos claros y positivos...".

Por lo tanto la sola inclusión del rubro en la liquidación o en la enunciación de una cantidad correspondiente a un concepto de los rubros invocados - carece de sentido si no tiene sustento en un relato circunstanciado de los antecedentes fácticos del reclamo.

En efecto en el escrito de inicio, posee un vicio insalvable, ya que, se realiza una descripción vaga, genérica e imprecisa en relación a las comparaciones salariales que realiza.

Es decir la demanda tal como ha sido presentada no resulta ser autosuficiente como para determinar los alcances de su pretensión judicial.

Concluyo entonces que la parte actora incumplió con lo prescripto por los inc. 3 y 4 del art. 65 de la L.O., los que exigen que la demanda contenga la cosa demandada designada con precisión y los hechos en que se funda, explicados claramente, pues no cumple dicha carga procesal la sola mención de la cantidad correspondiente a tal concepto al practicarse la liquidación.

Por los argumentos expuestos propicio la confirmación del fallo en este punto.

IX- Pretende el apelante que se recalculen los rubros "vacaciones", y "preaviso", con la incidencia del S.A.C..

Como primer punto deseo resaltar que el sentenciante al realizar la liquidación a fs. 258 indica que el preaviso ha sido calculado con la incidencia del S.A.C., no así las vacaciones, lo cual propongo sea modificado, en tanto la compensación en dinero de estas reviste carácter remuneratorio, más allá de la terminología empleada por el art. 156 de la L.C.T.. Propongo entonces la modificatoria en este punto, lo que eleva la condena a la suma de $156.572,16 (156.543 + 29,16), suma que devengara intereses tal como ha sido fijado en la instancia anterior.

En cuanto a la pretensión instaurada por la indemnización por vacaciones del año 2009 y 2010, es mi ver que la escases argumental del recurso en este segmento, ya que simplemente se limita a disentir con lo resuelto en grado, más sus manifestaciones resultan ser meras alegaciones de parte carente de sustento fáctico y jurídico (art. 116 L.O.).

X- En relación al rechazo de condena dispuesto por el "a quo", respecto de la Sra. Ricci, advierto que el sentenciante ha realizado un detallado análisis de las probanzas arrimadas a la causa, lo cual no ha podido ser desvirtuado por las argumentaciones vertidas por el apelante. Veamos:

No hay en el expediente prueba alguna que acredite una relación laboral entre el actor y la Sra. Ricci, ya que la prueba documental de la cual pretende valerse el presentante carece de fuerza convictiva ya que las mismas han sido desconocidas por la contraparte y el interesado no produjo prueba tendiente a acredita su veracidad.

A mayor abundamiento deseo destacar que el hecho que la Sra. Ricci sea cónyuge de Orussa, no implica que le quepa responsabilidad en esta contienda.

XI- Atento lo normado en el art. 279 propicio mantener los porcentuales escogidos por el Sr. Juez a los efectos de justipreciar los emolumentos correspondientes a la etapa anterior de los profesionales actuantes en autos, pero sugiero se modifique la base regulatoria, tomando como tal el nuevo monto de condena que dejo propuesto en el apartado anterior y confirmar el fallo en lo demás que decide.

En relación a la demandada Ricci comparto lo indicado, en cuanto las particulares circunstancias del caso, pudo el actor considerarse con mejor derecho para reclamar.

XII- En caso de ser compartido mi voto, propicio que las costas de alzada sean soportadas por la demandada vencida, y se regulen honorarios a la representación letrada de la demandada y actora en el 25% y 35% respectivamente, de los determinados para la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839).

LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA DIJO: Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar el fallo y elevar la condena a la suma de $156.572,16 (ciento cincuenta y seis mil quinientos setenta y dos pesos con dieciseis centavos), más intereses según se han fijado en la instancia anterior. 2) Mantener los porcentuales escogidos por el Sr. Juez a los efectos de justipreciar los emolumentos correspondientes a la etapa anterior de los profesionales actuantes en autos, pero tomando como base de cálculo el nuevo monto de condena. 3) Confirmar el fallo en lo demás que decide. 4) Declarar que las costas de alzada sean soportadas por la demandada vencida. 4) Regular honorarios a la representación letrada de la demandada y actora en el 25% (veinticinco por ciento) y 35% (treinta y cinco por ciento) respectivamente, de los determinados para la instancia anterior. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.