marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Amparo ambiental, aplicación de la ley, principio de congruencia, procedimiento administrativo, discrecionalidad técnica, residuos domiciliarios, educación ambiental
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba [CORMECOR] y otros c/  s/ Cuestión ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-19

La circunstancia de que se ordene a la Secretaría de Ambiente que dicte un acto administrativo complementario para subsanar la licencia ambiental puede resultar una buena oportunidad institucional para amigar a la población con el emprendimiento para el tratamiento, valoración y disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU) o, al menos, para que sus inquietudes dispongan de un canal institucional adecuado por el que puedan ser planteadas, consideradas y despejadas. Además, este marco también puede servir para poder implementar medidas de concientización o de buenas prácticas ambientales. En definitiva, en primer lugar, los vecinos podrían exigir un mayor rigor en todo el funcionamiento del complejo; incluido lo que, por supuesto, posibilite mitigar eventuales consecuencias perniciosas. Incluso, por medio de los recursos pedagógicos necesarios, también se podría involucrar a las instituciones educativas. En este sentido, cabe recordar que los niños, niñas y adolescentes son merecedores de una tutela ambiental reforzada, preferente o de mayor espesor. Por ende, sobre el Estado pesa la obligación internacional de "inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural" (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 29.1, inc. e). Por lo tanto, sea que se los conciba como las generaciones actuales o como las futuras (CN, art. 41), lo que se pudiera hacer para que los alumnos y alumnas se vinculen con el proyecto, podría reforzar la conciencia y la formación ambiental en la que estos deben ser educados.
Ejecución de sentencia penal, prisión domiciliaria, visitas carcelarias, facultades del juez, reglas de conducta
Materia: PENAL
Carátula: Fernández de Kirchner, Cristina c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-13

Cuando la autorización solicitada para visitas no contempla expresamente la realización de un encuentro colectivo o el ingreso simultáneo de múltiples personas, la concreción de una reunión grupal en el domicilio excede los términos de la autorización otorgada y desnaturaliza el régimen restrictivo propio de la prisión domiciliaria, habilitando al juez de ejecución a adecuar las reglas de conducta.
Amparo ambiental, bien jurídico protegido, tutela diferenciada, principio de congruencia
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Destefanis, Mario Guillermo y otros c/ Municipalidad de Villa María y otro s/ Amparo ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-27

La perspectiva de una visión policéntrica de intereses no puede circunscribirse únicamente a los intereses privados o a los institucionales. Asimismo, hay que integrar una diversidad de intereses sistémicos que aluden a los distintos aspectos ecológicos, físicos, sociales, culturales y jurídicos, entre otros, en los que se asienta el "funcionamiento [y] la sustentabilidad de los ecosistemas" (arts. 240, CCC; 2 y 10, Ley n.° 25675; 3, 6 y 9, Ley n.°10208). Tampoco pueden dejarse de lado a los intereses de las generaciones futuras, cuyo derecho a gozar del ambiente está protegido por el derecho vigente en función de una equidad intergeneracional (arts. 41 de la CN; 2, inc. b, y 4, Ley n.° 25675; 3, inc. c, y 4, inc. d, Ley n.° 10208). Lo reseñado deja en claro que el principio de congruencia no ostenta límites infranqueables que impidan su adaptación adecuada a la visión policéntrica descripta.
Amparo ambiental, bien jurídico protegido, tutela diferenciada, principio de congruencia, compensación
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Destefanis, Mario Guillermo y otros c/ Municipalidad de Villa María y otro s/ Amparo ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-27

Distintos instrumentos normativos contienen reseñas acerca de la compensación ambiental. En ese sentido, al reglamentarse el art. 28 de la Ley n.° 25675, se la entiende como el conjunto de medidas tendientes a compensar impactos negativos significativos que "no pudieron ser evitados, minimizados o restaurados" (art. 4, inc. e, Anexo, Resolución n.° 334/2019, de la actual Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación). Asimismo, se ha explicado que las medidas de compensación ambiental solo pueden implementarse como "último recurso" ante la imposibilidad de evitar (prevenir impactos negativos), minimizar (reducir tales impactos) y restaurar (recomponer los factores afectados) (Guía para la elaboración de estudios de impacto ambiental, pp. 78-79, Anexo n.° I, Resolución n.° 23/2023, ídem).
Revocación de sentencia, medidas cautelares, tutela anticipada, procedencia del recurso, establecimientos educacionales, régimen escolar, matrícula escolar, derecho de admisión y permanencia, apreciación de la prueba, sanciones disciplinarias, prueba documental, ley federal de educación, Constitución Nacional, gratuidad de la enseñanza, sistema educativo nacional, sistema educativo provincial, derecho de enseñar y aprender
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: T., M. M.  c/ A. E. S.A s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2026-02-04

Cabe admitir el rechazo de la institución educativa contra la decisión del a quo quien mediante una cautelar ordenó rematricular a un joven para el ciclo lectivo 2026, pues atento la documentación aportada (Registro de actitudes contrarias a los principios institucionales y parte de sanciones disciplinarias) , y los informes brindados sobre los numerosos intentos que con especialistas y la familia del alumno se llevaron a cabo durante más de dos años sin haber podido lograr mejoras en su conducta, no se advierte arbitrariedad alguna ni falta de causa suficiente en la negativa a inscribirlo, máxime cuando no hay vulneración al derecho constitucional de aprender consagrado en el art. 14 de la Constitución Nacional, reforzado por la Ley de Educación 26.206, ya que este derecho no implica garantía de permanencia indefinida en una institución educativa determinada sino la obligación estatal de asegurar el acceso a una educación integral, gratuita y de calidad lo que podrá obtener inscribiéndose en otros colegios públicos o privados disponibles en el sistema educativo en las distintas jurisdicciones provinciales o municipales.
Recurso de inconstitucionalidad, excepciones procesales, prescripción, seguros, interpretación de la ley, plazo, relación de consumo
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Paulo Andrés  c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA - Abreviado - Cumplimiento/resolución de contrato - Trámite oral s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-07-03

Si el art. 50 de la LDC ya no rige la prescripción de las acciones nacidas de la relación de consumo, y el CCC no contiene un plazo especial para las obligaciones nacidas del contrato de consumo, debe entenderse que rige el "genérico" que el mismo cuerpo contempla con carácter residual. Esta circunstancia no le quita singularidad. La especialidad del seguro no puede menoscabar ni, menos aún, suprimir, la especialidad del contrato de consumo; cuyo núcleo duro de protección debe ser observado por tratarse de un régimen legal de orden público y fuente constitucional. Esta tesis no implica despojar de todo contenido al art. 58 de la Ley 17418. El plazo anual conserva intacta su vigencia y aplicabilidad a los seguros que no califiquen, también, como de consumo.
Caducidad de instancia, falta de notificación, resoluciones judiciales, efectos entre partes
Materia: PROCESAL
Carátula: Sucesores de Ibarra, Gloria Petrona y otros c/ Carbonetti, Domingo Ángel s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-25

El cese de la suspensión del proceso opera con el dictado de la resolución pendiente, con la salvedad de que las providencias y resoluciones judiciales no obligan si no son notificadas con arreglo a la ley (art. 142, CPCC). El interesado no reasume la carga de impulsar el procedimiento mientras no esté notificado de la resolución que causa ese efecto. En consecuencia, hasta tanto no se practique la notificación a domicilio, el plazo de caducidad de la instancia continúa suspendido.
Caducidad de instancia, falta de notificación, resoluciones judiciales, efectos entre partes, notificación automática
Materia: PROCESAL
Carátula: Sucesores de Ibarra, Gloria Petrona y otros c/ Carbonetti, Domingo Ángel s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-25

Cuando el proceso se halla en estado de dictar sentencia, no resulta aplicable el art. 153 del CPCC, en atención a que cesa para las partes la carga de comparecer los días designados legal o en su caso judicialmente, y deja por lo tanto de funcionar el sistema de la notificación automática o por ministerio de la ley.
Amparo ambiental, bien jurídico protegido, policía ambiental, derecho de propiedad
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Destefanis, Mario Guillermo y otros c/ Municipalidad de Villa María y otro s/ Amparo ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-27

El ejercicio del poder de policía ambiental y urbanístico no vulnera las garantías consagradas en los textos constitucionales, puesto que el derecho de propiedad no reviste carácter absoluto y es susceptible de razonable reglamentación; máxime cuando las normas adoptadas por las autoridades provinciales (Ley n.° 10355) y municipales (Ords. n.° 6402 y 7215) coinciden con el propósito de preservación del bien colectivo del ambiente y su vinculación con lo sociourbano y paisajístico (arts. 41 de la Constitución nacional [CN]; 53, 66 y 186, inc. 7.° Constitución provincial [CP]; 9, inc. g, 26, 28 y 107, inc. 33.°, de la Carta Orgánica Municipal de Villa María).
Extradición, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Lavrentiev, Dmitri  c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-10

Cabe rechazar la objeción planteada por la defensa del requerido en relación al riesgo denunciado de ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, pues no se hace cargo de ponderar lo manifestado por el juez de la causa -para descartar el punto-, sumado a que los informes generales no presentan, a priori y en términos de pertinencia y utilidad, la idoneidad suficiente como para verificar un riesgo cierto y actual a los derechos del extraditable.
Ejecución de sentencia penal, prisión domiciliaria, tobillera electrónica, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Fernández de Kirchner, Cristina c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-13

El mantenimiento del dispositivo electrónico de control y monitoreo respecto de quien cumple prisión domiciliaria se encuentra comprendido dentro de las facultades del juez de ejecución para asegurar el efectivo cumplimiento de la pena, en tanto instrumento idóneo para el control de la restricción ambulatoria impuesta.
Honorarios, peritos, coadministrador, base regulatoria, costas, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Marchisone, Fernando Raúl c/ Reciclar Ingeniería Ambiental SA y otros s/ Acción ordinaria - otras
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-17

A efectos de establecer un guarismo de retribución por la labor cumplida por un perito coadministrador, cabe considerar que, si bien la cuestión analizada por el experto tiene valor dirimente en la decisión judicial, esa importancia está atendida en la base regulatoria, habida cuenta de que se computa activo y pasivo más ingresos por todo concepto (arts. 27 y 28, Ley 7626). En función de ello, el guarismo luce claramente excesivo, cuando el propio beneficiario de la regulación asume que su labor duró solo tres meses. Ese parámetro temporal, impone reducir el arancel, aplicado sobre la sumatoria de todos esos ítems mencionados.
Amparo ambiental, aplicación de la ley, interpretación de la ley, principio de congruencia
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba [CORMECOR] y otros c/  s/ Cuestión ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-19

Nadie discute que, constitucionalmente, las autoridades provinciales y municipales cuenten con la atribución de disponer o de declarar expropiaciones por causas de utilidad pública (CN, art. 17; CP, arts. 104, inc. 18, y art. 186, inc. 10). Esto, cuando la satisfacción del bien común lo requiriera. De esto no puede inferirse que dicha facultad pueda ser ejercida en el vacío o al margen de las regulaciones que conforman el denominado orden público ambiental o, lo que es lo mismo, el componente ambiental del estado de derecho. En otras palabras, no puede prescindirse de lo que mandan, en tal sentido, la CN, la LGA y la Ley n.° 10208. Si no fuera así, a una ley expropiatoria se le asignaría o reconocería un rango constitucional que no tiene y se la pondría al margen o por encima de las disposiciones de la Ley n.° 10208. Ello, pese a que esta última ostenta el estatus de norma mayor en esta materia, porque complementa las disposiciones de la LGA.
Amparo ambiental, bien jurídico protegido, tutela diferenciada
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Destefanis, Mario Guillermo y otros c/ Municipalidad de Villa María y otro s/ Amparo ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-27

El objeto jurídico protegido por las disposiciones en materia ambiental, dada la envergadura de los intereses colectivos en juego y la caracterización del ambiente como un bien social de disfrute general e intergeneracional, es diverso del que se contempla en un juicio donde prevalece una concepción diádica propia del derecho patrimonial. Precisamente, el legislador provincial ha establecido que la restricción al dominio aplicable en el espacio físico o franja de terreno colindante a todo curso de agua, a partir de la línea de ribera de que se trate y extendido hasta los 35 m contados desde esa base, obedece a la finalidad resguardar el "equilibrio ecológico de los ámbitos y entornos referidos, sin pretender el Estado provincial compartir o menoscabar el derecho de propiedad" (art. 2, Ley n.° 10355).
Amparo ambiental, aplicación de la ley, interpretación de la ley, recursos, sentencia
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba [CORMECOR] y otros c/  s/ Cuestión ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-19

El artículo 74, 2.° párrafo, de la Ley n.° 10208, que limita el recurso de apelación solo a las sentencias denegatorias del amparo, no puede aplicarse sin atenuantes o de forma excluyente. En efecto, por esta deriva, pese a su entidad constitucional (CN, art. 18) y convencional (Convención Americana sobre Derechos Humanos [CADH], art. 8.2, inc. h, entre otros), solo los actores gozarían del derecho al recurso. No acontecería lo mismo con quienes hubieran sido demandados y condenados. Entonces, la Ley n.° 4915 (art. 15) debe desplazar a la Ley n.° 10208 (solo al 2.° párrafo del art. 74). Es que si en el referido contrapunto normativo no se prioriza la amplia atribución de recurrir la sentencia definitiva, sin restricciones, que la Ley n.° 4915 reconoce a todas las partes, por igual, sin importar el polo (activo o pasivo) que ocuparan en la relación procesal, se suscitaría una situación difícil de justificar en términos constitucionales.
Poder de policía, control sanitario, código alimentario Argentino, autoridad de aplicación, autonomía municipal, alimentos, organismos del Estado, bien jurídico protegido
Materia: SALUD PUBLICA
Carátula: Wal-Mart Argentina SRL (Hoy Dorinka SRL)  c/ Municipalidad de Córdoba s/ Plena jurisdicción - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-26

En la República Argentina existe un sistema de control alimentario que involucra la actuación coordinada entre los distintos organismos nacionales que lo conforman (como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -SENASA- y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología -ANMAT-) y sus pares provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales, quienes no resultan ajenos, sino que también lo integran ejerciendo competencias propias en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones (art. 2, Anexo II del Decreto n.° 2126/71), en procura común de proveer a asegurar el fiel cumplimiento del Código Alimentario Argentino. En dicho marco normativo, no se advierte que existan dos preceptos en pugna que obliguen a desmerecer uno frente al otro. Así, ambos organismos (nacional y municipal), junto con otras dependencias y reparticiones públicas de los distintos niveles estaduales, integran conjuntamente un mismo sistema de control de alimentos, comparten un mismo objetivo (controlar fielmente la sanidad de los alimentos) y tutelan un mismo bien jurídico (la salud pública). En ese contexto, el ejercicio de sus legítimas atribuciones lejos de inhibirse mutuamente, buscan converger para obtener un mejor y mayor control en la calidad de los alimentos en beneficio de la población.
Código civil y comercial, enriquecimiento sin causa, uniones convivenciales, esponsales, juzgado de familia, ruptura del noviazgo, carga de la prueba, revocación de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: G. N. F. c/ G. M. D. L. A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2026-02-04

La decisión sobre la vía para accionar judicialmente es facultad exclusiva de las partes, debiendo resaltar que la elección del actor para que la demanda contra su ex novia respecto de quien alega incurrió luego de la ruptura sentimental en enriquecimiento sin causa, sea tratada por ante el fuero especializado de familia exige la acreditación de los presupuestos que habilitan un trámite específico, ajeno al genérico y que guarde intrínseca relación con la ocurrencia de circunstancias para las que la legislación previó la respuesta diferenciada, todo lo cual no sucede en el caso puesto que el demandante funda su reclamo económico en los arts. 401 y 528 del Código Civil, esponsales y convivencia respectivamente, cuando ésta última no existió y no pudo probar que mediara entre ellos promesa de matrimonio o pacto en la adquisición de bienes.
Estado de necesidad, situación de vulnerabilidad, error de prohibición
Materia: PENAL
Carátula: V. C., Claudia V.  c/  s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2024-12-30

La valoración de la prueba debe integrar los informes psicológicos que describen el "Síndrome de la Mujer Maltratada". En casos donde la mujer ha sufrido violencia física, sexual y psicológica prolongada, su percepción del peligro está condicionada por un estado de alerta permanente. Por tanto, la falta de proporcionalidad aparente del medio empleado debe analizarse considerando la asimetría de poder y la imposibilidad de acudir a la protección estatal efectiva en ese contexto.
Concurso preventivo, autorización de venta, homologación del acuerdo, desapoderamiento, sindicatura, fondo de comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: José Minetti y Compañía Limitada SACI c/  s/ Gran concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-04-14

El depósito en la sede concursal de los fondos provenientes de la venta autorizada, no tiene por finalidad el pago -vía judicial- a los acreedores concursales; sino que la consignación aquí dispuesta es en concepto de garantía, para el aseguramiento del derecho al cobro anticipado de los créditos quirografarios y gastos insolutos del concurso. Al tratarse de una garantía, ella debe mantenerse hasta tanto la concursada acredite fehacientemente en el expediente, a través de los recibos correspondientes, el pago de cada una de las acreencias comprendidas en las planillas del pasivo (unificado) verificado o admitido como quirografario, elaboradas por la sindicatura (art. 59, última parte, LCQ). En este contexto, es resorte de la obligada al pago el anoticiamiento a sus acreedores de la existencia de la mentada garantía, en respaldo de la cobertura anticipada de las cuotas concordatarias, a los fines de que ejerzan su derecho inmediato al cobro. En caso de incumplimiento del depósito judicial de los fondos determinados para el pago, el acto será reputado ineficaz y consecuentemente, inoponible a los acreedores (art. 121 LCQ).
Rechazo in límine, código civil y comercial, acción meramente declarativa, pericia caligráfica, testamento ológrafo, perjuicio directo, estado de incertidumbre, cuestión abstracta, agravio hipotético
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Juan Cristóbal y otro c/  s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2025-12-29

Corresponde el rechazo in limine de la acción declarativa de certeza planteada respecto del alcance atribuible al art. 2339 del Código Civil y Comercial que impone la prueba pericial caligráfica en los casos de testamento ológrafo toda vez que no existe ni estado de incertidumbre sobre una relación jurídica concreta, actual o inminente con aptitud objetiva para provocar un perjuicio ni controversia alguna sino tan solo una consulta meramente hipotética con pretensión de disconformidad respecto de un requisito legal plenamente vigente sin contraparte ni contradictorio lo que merece su calificación de improponibilidad objetiva.
Amparo ambiental, aplicación de la ley, interpretación de la ley, impacto ambiental
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba [CORMECOR] y otros c/  s/ Cuestión ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-19

La licencia ambiental, lejos de ser una suerte de cheque en blanco o un simple trámite administrativo por el que solo se da cuenta de lo que se ha proyectado, comporta un instrumento fundamental de control y para la toma de decisiones ambientales responsables, en consonancia con el mandato constitucional de conjugar el desarrollo productivo racional con la preservación del patrimonio natural (CN, art. 31). Por ello, respecto de los proyectos enumerados en el anexo n.° I de la Ley n.° 10208, dicha autorización debe tener como soporte un EIA, instrumento técnico esencial para calcular y dimensionar la gravitación que una determinada iniciativa "puede causar sobre la calidad de vida del hombre y el ambiente en general" (Ley n.° 10208, art. 19).
Costas, principio de especialidad (procesal), aplicación de la ley, obligación subsidiaria, pago, competencia provincial, legitimación procesal, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Pico, Luis Alberto c/ Colegio Médico Veterinario de Córdoba s/ Plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-02-27

Sólo el abogado de la parte actora, se encuentra legitimado para solicitar la regulación de honorarios por las tareas previas a iniciar el juicio (art. 104, inc. 5 de la Ley n° 9459). Es que, el criterio por el cual la retribución del art. 99 inc. 5 (hoy 104, inc. 5) corresponde solamente al letrado de la parte actora se debe rastrear tras el principio de la responsabilidad profesional que compromete el abogado de la parte actora, por cuanto -como regla general- es sensiblemente mayor en quien inicia un pleito a quien se defiende. A los fines de iniciar una demanda es necesario el despliegue de una serie de actos tendientes a la corrección en el asesoramiento y eventual ejercicio de una acción judicial, lo que difiere de la actividad del abogado de la contraria. Y es, precisamente, ese punto -preparación de la demanda- el que tuvo en cuenta el legislador para reconocer dicho gaje por las tareas extrajudiciales para el letrado de la parte actora, como emolumento autónomo de regulación asignada al resto de las actividades efectuadas en el pleito en razón de las diferencias ontológicas antes mencionadas.