marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario federal, fundamentación del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Conde Olga Carmen y Otra c/ Estado Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-11-05

De ello se desprende que pesa sobre el recurrente efectuar en el escrito de interposición del recurso extraordinario, una crítica concreta y razonada del acto sentencial impugnado, mediante la cual se refuten en forma clara y prolija cada uno de los fundamentos esgrimidos por el Tribunal de Alzada para arribar a las conclusiones que dieron origen a los agravios, debiendo hacerse una relación entre los hechos del proceso y la vinculación que tienen con lo resuelto y sometido a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debiéndose el libelo recursivo bastarse a sí mismo.

Ha sostenido al respecto el Alto Cuerpo Federal "para la correcta deducción del recurso extraordinario es menester se lo funde, dado su carácter autónomo, mediante un preciso relato de los hechos de la causa, de la materia federal en debate y de la vinculación existente entre ésta y aquellos.

El escrito respectivo ha de contener, además una crítica concreta y circunstanciada de la sentencia que se impugna, debiendo el apelante rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el a quo para arribar a las conclusiones que lo agravian" (CSJN, Fallos: 305:706), habiendo expresado además que "el pronunciamiento cuando conoce por la vía del recurso extraordinario esta limitado a los agravios expresados en el escrito que se dedujo" (CSJN, Fallos: 296:639).-
Competencia, competencia civil y comercial federal, automotores
Materia: PROCESAL
Carátula: "Cohen Watkins Eduardo c/ EN - RENAPA -ADA s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

El fuero nacional en lo civil y comercial federal debe asumir la competencia, atento de que está especializado en materias vinculadas con el régimen jurídico del automotor (v. art. 37 del Régimen Jurídico del Automotor [t.o. por el decreto 1147/97 y modificaciones posteriores leyes 25.232, 25.345 y 25.677]), en especial cuando ello se relaciona con la actuación de un organismo de la estructura administrativa del Estado Nacional (CSJN, 6/2/07, Fallos: 330:29, "Lutzky, Abel Abraham"; 7/10/08, "Tenenti, Héctor Edgardo c/ EN - Mº Justicia - RPA s/ daños y perjuicios", Competencia N° 397. XLIV; esta sala, "García Sergio Fernando c/ EN - DINAREPA - DNI nota 406/09 s/ amparo ley 16.986", 24/6/10).
Competencia, hábeas data, banco central
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Dalquie  Elsa  Alicia c/ BCRA  -BAse de Datos y otro s/ hábeas data".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-29

Si de la normativa aplicable no surge -en principio- que al B.C.R.A le hayan sido reconocidas facultades para modificar por sí o revisar los datos apaortados por las distintas entidades bancarias o financieras respecto de sus clientes, la acción de habeas data no deberá ser resuelta con aplicación de normas de derecho administrativo, sino de derecho privado, quedando por ello excluidas del conocimiento del fuero contencioso administrativo (Sala IV, "Crivelli", del 14/11/00) (Cons. IV).
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rumi c/ Ruffo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-27

Si bien se conoce que la parte actora realizaba "changas, en la especie la magnitud de las ganancias frustradas no logran estar debidamente acreditadas, Ni siquiera los testigos acercan alguna estimación de sus ingresos. En consecuencia, la falta de prueba concreta acerca de las ganancias no percibidas es una omisión imputable definitivamente a la peticionaria y en este caso, conspira en su contra. No debe olvidarse que el daño, para ser indemnizable, debe ser cierto; no es bastante la posibilidad de la existencia de un perjuicio, pues no corresponde acordar indemnizaciones sobre la base de simples conjeturas.
Principio de congruencia, sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FERREYRA  FRANCISCO RAMON Y OTRA c/ MENDOZA DANIEL HECTOR Y OTROS s/ ORDINARIO (CIVIL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-06-17

La Cámara bajo una aparente flexibilización del principio de congruencia, emite una sentencia arbitraria, lesionando flagrantemente el derecho de defensa y el debido proceso. Surge así que el razonamiento jurídico arribado por la Cámara no es acorde con las peticiones a través de las cuales se trabó la litis y se produjo la prueba, configurándose el error invocado por el recurrente.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, seguro de vida obligatorio, seguro colectivo, ejecución del contrato, póliza
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Acuña, Rosario Francisco c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda por cumplimiento del contrato de seguro colectivo de vida, apartándose de la literalidad de la póliza.
Concursos, honorarios del abogado, síndico del concurso, patrocinio letrado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montanaro, Alicia Noemí s/ Concurso comercial preventivo López, Antonio s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-14|1990-09-13

Los honorarios del letrado del síndico, sólo pueden considerarse como gastos del concurso si tal patrocinio ha resultado necesario (art. 281, ley 19551, t.o.). Es decir, que lo que determina la necesidad es la índole de las tareas que debe afrontar aquél funcionario, por donde deviene necesario establecer que, como regla general, las labores realizadas en el concurso son las normales y comprendidas en el conocimiento propio de toda persona inscripta en las listas que menciona el art. 277 inc. 1º de la ley 19551 t.o.
Juicio de desalojo, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Suárez, José L. c/ Salazar, Héctor O. s/ desalojo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-15

Tratándose la obligación del locatario de entregar una suma de dinero mensual al locador en contraprestación por el uso del inmueble alquilado de un deber de resultado, el incumplimiento del mismo genera una mora objetiva, con sustento en el factor garantía ( art. 1198 C.C. ), por lo que el deudor no puede invocar su no culpa ( alegando, en el caso, que el corte de energía eléctrica realizado por el locador le impidió realizar su actividad comercial ), debiendo probar el caso fortuito.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROZAS, MARIA JOSEFA Y OTROS c/ JELMA IMPELLIZZERI Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. COBRO DE IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS. RECURSO   DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 233-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-14

La exigencia constitucional de que las sentencias tengan motivación suficiente importa el requerimiento de que la fundamentación sea idónea y se deduzca del ordenamiento jurídico vigente y de la prueba de los hechos presupuestos para la aplicabilidad de cada norma, configurándose como una conclusión razonada y congruente, al margen de su grado de acierto o error. En tal sentido, la necesidad de cumplir con la carga de fundamentación suficiente importa el deber de respetar una forma de pensamiento que califica jurídicamente las relaciones factuales conforme a determinadas reglas, forma ésta que se configura de acuerdo a un razonamiento hilativo que siempre debe explicarse para poder ser controlado intersubjetivamente. (De los Fundamentos del Dr. Barraguirre).
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALVAREZ HUGO c/ GARCIA MARIO ALBERTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-03-19

Si bien se ha relativizado el valor de las actas notariales como prueba judicial, por provenir de quienes están interesados en producirlas a su favor y no se extienden por circunstancias casuales, sino intencionalmente a requerimiento de partes comprometidas en su preconstitución; no es menos cierto que constituyen medios admisibles, a los que no se les puede desconocer valor probatorio, el que deberá ser apreciado de acuerdo a las circunstancias del caso y computando las pruebas restantes.
Estafa, sujeto pasivo, mala fe, Prefectura Naval
Materia: PENAL
Carátula: COCCHIA, ALFREDO s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

La mala fe de las víctimas de las estafas reiteradas desplegadas por el acusado, sabedoras de cual era el trámite regular que estaban tratando de eludir mediante los oficios del encausado, - conseguir mediante su supuesta influencia ante la Prefectura Naval Argentina, la necesaria libreta habilitante, para trabajar embarcados, sin rendir el examen pertinente -, de manera alguna resta ilicitud a la conducta de aquél.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., R. c/ L., C. s/ Acción declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

El testimonio debe ser analizado en consonancia con las distintas respuestas brindadas al interrogatorio al que el testigo es sometido, única forma de extraer verdaderamente el contenido del testimonio.
Juicio ejecutivo, sentencia, emergencia económica, pesificación
Materia: ECONOMIA
Carátula: SPUCHES ANTONIO MANUEL c/ ZAPATA BEATRIZ SUSANA s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-10-01

La Corte Suprema de la Nación fue exponiendo a través de sus fallos una doctrina sobre los estándares que deben cumplir los regímenes legales de emergencia para ajustarse a la Constitución Nacional. En el caso "Peralta" -sentencia del 27 de diciembre de 1990 publicada en La Ley 1991-C 158,- En la sentencia citada, el Supremo Tribunal dijo "...Cuando por razones de necesidad, sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, no hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional, sino una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis.

En el sistema constitucional argentino, no hay derechos absolutos y todos están subordinados a las leyes que reglamentan su ejercicio".. Los criterios de la Corte de la Nación al declarar la constitucionalidad de la normativa de emergencia cuestionada en "Peralta" y casos anteriores citados respecto a la restitución de valores inferiores sin que ello implique una quita, son válidos para el presente caso -proceso de ejecución de un crédito contraído en dólares estadounidenses, en el que recayó sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución de U$S16.400 (dieciséis mil cuatrocientos dólares estadounidenses) e intereses de tasa pasiva promedio, y respecto al cual la sentencia de primera instancia, de fecha 11 de abril de 2000, confirmada por la Cámara, es anterior al régimen de emergencia y de pesificación- en el cual es inadmisible la pretensión de que la conversión de la deuda se efectúe a la cotización actual del dólar como si el cese de la convertibilidad no se hubiese producido.

Ello sería ignorar que el cese de la convertibilidad es una medida de alcance general, que afecta todas las relaciones jurídicas y que fue fruto de una decisión política impuesta por una gravísima crisis. Por otra parte, debe considerarse que el precio del dólar en el mercado libre está determinado por múltiples factores, entre ellos las operaciones que efectúa el Banco Central para incidir en la cotización, debiendo tenerse presente que la evolución de los precios internos depende de muchísimas causas ajenas al valor del dólar, y que exhibe una variación de valores diferente a la cotización de la divisa extranjera.

De ello se deduce que la pesificación impugnada no implica una "quita", si se considera que antes de la ley 25.561 tenían igual valor el peso y el dólar, y que la suba de la cotización de este último representa una variación de valor diferente y muy superior a la de los precios internos, a los cuales el régimen de emergencia busca cubrir con la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia.
Proceso penal, sobreseimiento, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PROCESAL
Carátula: Rondeau Claudio Fabián c/ Almeira Alias s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-10-29

Respecto del transcurso del tiempo y como reglamentación de la garantía convencional/constitucional de una persona de ser sometida a juicio en plazo razonable, la ley procesal local ha utilizado de modo expreso el sobreseimiento como acto adecuado para poner fin al procedimiento, siempre a partir de la formulación de cargos del imputado, tanto en la etapa de investigación preparatoria como en la intermedia, como respecto del plazo global indicado para todo el proceso y hasta el dictado de una sentencia absolutoria o condenatoria. (Voto del Dr. Barotto en disidencia)
Juegos de azar, PRODE, cláusulas del contrato, consentimiento, aceptación
Materia: CIVIL
Carátula: Guzmán, Oscar  Sebastián c/ Lotería  Nacional  y Casinos y otros(Neuquén, Provincia del) s/ demanda ordinaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

La participación en el concurso de Pronósticos Deportivos -Prode- implica el conocimiento y la aceptación por el apostador de todas las normas contenidas en la respectiva reglamentación.
Contrato de trabajo, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: VERA,JORGE c/ CONSORCIO    DE    PROPIETARIOS    DEL   EDIFICIOHIPOLITOYRIGOYEN s/ SPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

Surge claro que no se ha dado en el caso el supuesto de "abandono de trabajo" que regula el art. 244 de la L.C.T., pues la conducta del actor se dirigió a procurar el mantenimiento del vínculo y por ende, la rescisión de la empleadora se advierte apresurada, con lo cual se advierte injustificada la medida rescisoria adoptada (cfr. art. 386 CPCCN).
Relación de causalidad, falta de prueba, médico forense, historia clínica, muerte del cónyuge, bienes en el exterior
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL-SALUD PUBLICA-ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: B., G. G.  c/  s/ homicidio agravado por el vínculo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-01

Homicidio agravado por el vínculo, por haber sido cometido con alevosía, por el suministro de veneno y por codicia. Procesamiento y prisión preventiva.

Agravio: Nexo causal entre la conducta del imputado y la muerte de su cónyuge que no se ha podido establecer dado el grave estado de salud y la imposibilidad de determinar la causa del deceso.

Rechazo. Testimonios de los profesionales que estuvieron a cargo del occiso en el sanatorio y filmaciones que dan cuenta de lo sucedido. Informe de la experta forense referido a la causa de la muerte que fue categórico en tanto sostuvo, en el análisis de los antecedentes médicos plasmados en la historia clínica, que la víctima había sido intoxicada con metanol así como también con etilenglicol y que ello resultó determinante. Críticas referidas a la aplicación de la agravante codicia que deben ser desechadas toda vez que no sólo no tiene incidencia en la discusión del encarcelamiento preventivo ni tampoco en otros institutos, sino que conforme los testimonios recabados existen bienes en el exterior que el imputado pretendía ingresar a su patrimonio tras la muerte de su cónyuge.
Renuncia al empleo, presunciones, in dubio pro operario, demanda laboral, desistimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Cariman, José Heriberto. c/ Ruiz, José y Fábrica de Pastas "Don José". s/ Renuncia del Trabajador.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-03-05

El supuesto del artículo 27 de la ley 1504 no puede asimilarse al desistimiento de la demanda al que alude el artículo 3987 del CC. Es que sería demasiado grave la consecuencia jurídica que se pretende obtener de la asimilación de ambas normas para tener por acreditado el desistimiento mediante una interpretación analógica en contra del trabajador y presumiendo su renuncia.
Derecho contravencional y de faltas, sistema acusatorio
Materia: PROCESAL-PENAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: PIGHIN, FRANCISCO ALBERTO c/  s/ CONFLICTO DE ATRIBUCIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-22

Dada la necesidad de contar con una acusación previa a la sentencia -y realizada por un funcionario distinto del juez-, teniendo en cuenta las constancias de autos y lo dispuesto por el artículo 2 de la ley 13004 -que prevé que la fecha determinante para decidir si una causa será tramitada por el nuevo sistema procesal penal es aquélla en la que el hecho llega a conocimiento de las autoridades provinciales con competencia para actuar en la prevención o investigación penal preparatoria-, corresponde intervenir en los presentes al representante del Ministerio Público de la Acusación con competencia en el lugar en que se produjo el hecho.
Cuestiones de competencia, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, competencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Cons. de Prop. Montiel3953/75 2 de Abril 6751/99/6833 c/ Comisión Municipal de la Vivienda y otro s/ ejecución de expensas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

El art. 8° de la ley 24.588, que reglamenta el art. 129 de la Constitución Nacional, sólo atribuye competencia a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso administrativa y tributaria locales. Y si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha ciudad (ley N° 7) previó la creación de una justicia civil (art. 39), no puede desconocerse que su puesta en marcha se encuentra supeditada y sujeta a un acuerdo entre los gobiernos federal y porteño no alcanzado todavía. -Del precedente "Cons. de Prop. Montiel 3953",, al que remitió la Corte Suprema-.
Honorarios, regulación de honorarios, competencia, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA  INVERSORA  DE  EMPLEADOS  DEL  BANCO  DE  FORMOSA SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

Si bien el principio general es que quien debe justipreciar las tareas desplegadas es el juez competente que entendió en el proceso principal (cfr. doc. artículo 6, inciso 1º, Código Procesal), esto es, ante quien se efectuaron las peticiones que pretendan ser meritadas, pues, claro está, cual es el que está en mejores condiciones para pregonar el mérito y cuantificarlos (cfr. Passarón - Pesaresi, en "Honorarios Judiciales", T. I pág. 200, ed. Astrea), sin embargo este principio cede cuando el juez previniente se ha desprendido del conocimiento de la causa y ha efectuado la remisión del expediente. En ese caso, el Magistrado receptor será quien estime los honorarios, dado el interés público comprometido en la preservación de la unidad de la jurisdicción del proceso. Abona a la solución antedicha, aplicable al caso, la regla que fija que la retribución profesional debe ser estimada por una única vez, de modo que no es conveniente efectuar regulaciones parciales y fragmentadas, puesto que estas se hallarían sujetas a consecutivas ampliaciones, lo que vulneraría el principio de concentración y economía procesal / cfr. doc. artículo 34, inciso 5 "a" y "e" Cpr).
Contrabando, moneda extranjera, bien jurídico protegido, control aduanero, régimen penal cambiario, ardid, falta de ardid, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL-ADUANERO
Carátula: SPACCAROTELLA, ELIO; SPACCAROTELLA, GIUSEPPE; SPACCAROTELLA, JOSE s/ Contrabando, incidente de apelación contra la  resolución de procesamiento de José, Spaccarotella y Elio, Spaccarotella
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-06

1 - La ley aduanera describe el delito de contrabando refiriéndolo a las funciones de control sobre importaciones y exportaciones (Cf. art. 863 del Código Aduanero) y esas funciones de control son distintas de las que se refieren al control de cambios y además "no cualquier acto que afecte la actividad estatal en materia de policía económica puede ser considerado contrabando" (Cf. Fallos 312:1920); los bienes jurídicos en función de los cuales se castiga el contrabando son distintos de los tutelados por el régimen penal cambiario de donde interpretar que estos últimos se encuentran comprendidos entre los primeros, sería aplicar analógicamente una ley penal, lo que se encuentra vedado por el art. 18 de la Constitución Nacional (Cf. Fallos citado).- 2 - La ocultación del dinero en efectivo es la actitud normal de todo pasajero y no puede entenderse que constituya ardid o engaño tendiente a impedir o dificultar el control aduanero de importaciones o exportaciones. En el caso, el imputado llevaba consigo en viaje al exterior una cantidad de dólares superior a la que las reglamentaciones autorizan pero, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad administrativa encargada del control de cambios, el hecho investigado no encuadra en la figura legal de contrabando.
Declaración indagatoria, nulidad procesal, juramento y promesa de decir verdad, relevo del juramento
Materia: PENAL
Carátula: CATALUÑA, Ramón s/ DECLARACION INDAGATORIA - NULIDAD PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-04

No es nula la declaración indagatoria prestada sin relevarse al procesado del juramento anterior, si en aquélla, lejos de ratificar la declaración anterior, la ratificó, se le hicieron saber los derechos que le asisten y que podía negarse a declarar.
Actualización monetaria, hiperinflación, teoría de la imprevisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cirigliano, Carlos Eduardo c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Consignación de pago Dist-car Sociedad Colectiva c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Consignación de importes de cuotas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15|1993-03-09

La hiperinflación padecida, durante los meses de junio y julio de 1989, del 114,5 por ciento y del 196,6 por ciento, respectivamente, es un "hecho del príncipe", dado que se origina en la política monetaria del Estado, y por tanto, ajeno a las relaciones en que las partes en cualquier vinculación jurídica, ya sea que ésta se origine en un contrato, en un hecho o se derive de la ley. Al mismo tiempo, es un hecho imprevisible, porque no solamente no es preanunciado, sino que es objeto de ocultamiento en cuanto a sus causas generadoras -la emisión monetaria-, y dada su magnitud, hace imposible el cumplimiento de las obligaciones en algunos casos, y en otros distorsiona las pretensiones de manera enorme, consagrando situaciones de extrema injusticia.
Daño moral, fianza, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: ADROVER, Teresa Raquel c/ MONTAÑO, Ramón Reinaldo s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-24

DEL VOTO DE LA MAYORIA: Dado que en términos amplios la fianza es asumida antes que otra cosa como una expresión de solidaridad, especialmente en el negocio de los alquileres, donde parientes y amigos son requeridos por locatarios para convencer al locador de las seguridades que el interés de éstos exige, y que por naturaleza el contrato es gratuito, el reclamo de daño moral originado en el incumplimiento del afianzado no puede atenderse de manera excepcional porque también se estaría consagrando un mensaje escasamente plausible, que sería leído como una exhortación a no afianzar.