Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-12-23


Autos N° 21.834 (96902/2 - 3° JUZ. CIVIL),caratulados: "CARMONA Marcelo Jorge y Otros C/ Chaparro José Maria S/ Caducidad de Instancia (Legajo de Copias para Elevar a Cámara por Recurso Concedido sin Efecto)" En la ciudad de San Juan, a 23 días del mes de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los Dres..GILBERTO RIVEROS , PASCUAL ALFERILLO y DRA. ESTELA ZORRILLA, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas sub 271, contra la sentencia interlocutoria , recaída en autos N° 21.834 (96902/2 - 3° JUZ. CIVIL),caratulados: "CARMONA MARCELO JORGE Y OTROS C/ CHAPARRO JOSE MARIA S/ Caducidad de Instancia (LEGAJO DE COPIAS PARA ELEVAR A CAMARA POR RECURSO CONCEDIDO SIN EFECTO)", dictada en fecha 25 del mes de septiembre del año dos mil trece , obrante a fs. sub 262/264, de estos autos originarios del 3° Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO RIVEROS, dijo: En el resolutorio apelado el Juez aquo rechaza el acuse de perención de instancia articulado por el demandado; ordena oficiar al Tercer Juzgado correccional requiriendo el sumario penal que señala; declara abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 72 in fine del CPC; y exime de costas por el presente incidente.- Con ello daba respuesta al planteo de perención de instancia que formula el demandado a fs. 241; y a la propuesta que declare inconstitucional el art. 72 in fine del C.P.C. que dispone que las costas del principal serán por su orden.- Para resolver el rechazo de la demanda consideró que no correspondía computar el plazo luego que venciera el de prueba, que fue de 40 días de conformidad al art. 275 inc. 5 del CPC; y que el plazo acusado se produce con posterioridad a la finalización de ese término. Lo demás, en el art. 1.101 del C. Civil.- Respecto a la eximisión de costas del incidente, por la innecesariedad de la sustanciación; y según el resultado entiende abstracto el planteo de inconstitucionalidad.

Relato de los agravios:

La demandada critica que el juez a quo se ciñe literalmente a la letra del art. 275 inc. 5 del C.P.C., entendiendo que una vez finalizado el plazo de prueba no correrán los de perención. Agrega que la sentencia es arbitraria e infundada, ya que hace que el proceso permanezca vivo cuando, por la falta de diligencia y de actividad por parte de la actora y del Juzgado, se ha producido la perención de instancia. Afirma que el plazo de prueba no debe entenderse constituído por los sesenta días máximos que establece el art. 326 del CPC, ya que normalmente las pruebas no se producen dentro de esos días.

Sostiene que a diferencia del fallo apelado, lo que el legislador ha entendido es que vencido el plazo de prueba, comienza una etapa que corresponde al juez, siendo él quien debe instar el proceso.

En segundo lugar, objeta el fallo por contradictorio, ya que por un lado declara que el plazo de prueba está vencido y que solo queda la certificación del actuario y por el otro ordena oficiar al Tercer Juzgado Correccional, pretendiendo producir prueba. Cita jurisprudencia.

También le agravia la eximición de costas.

Solicita se revoque el fallo apelado, se declare perimida la instancia y se decrete la inconstitucionalidad del art. 72 del CPC, con costas a la parte actora.

Tratamiento de los agravios:

El instituto de perención de instancia es un modo anticipado de conclusión del proceso, cuyo fundamento radica en la presunción de desinterés que exterioriza la inactividad de los sujetos intervinientes.- Cabe recordar que las peticiones de las partes, así como los actos del órgano judicial o sus auxiliares, que activan el procedimiento haciéndolo avanzar hacia su destino normal, la sentencia, interrumpen el curso del plazo de perención; y debe tratarse de actos útiles, que guardan directa relación con la marcha normal y, acorde " a la etapa procesal en que se realice ". (Cfr. Fenocchieto -Arazi-"CPC", t 2 pag 28).

Tratándose de un planteo de perención de primera instancia el plazo de inactividad rige conforme las pautas regladas por el art.274 in c 1° del CPC Ley 8037 (seis meses).

Analizando las actuaciones cumplidas en estos autos, advierto que se abrió a prueba por el plazo de cuarenta días (fs. sub 77), en fecha 21 de septiembre de 2010, notificado el 14-12-10 (fs. sub 81).- Pero también que dicho plazo fue superado por las actuaciones de las partes, sea pidiendo medidas de prueba, o produciéndolas; y por el Tribunal dictando providencias al respecto, con lo cual podría decirse que si bien el plazo fijado, en el proveído pertinente había finalizado, como lo requiere el art. 275 inc. 5° del C.P.C., la conducta de las partes y del Tribunal mantienen vigente la etapa probatoria pues las partes, con sus peticiones, han consentido en prorrogarlo más allá de los 40 días que se fijaran en el decreto de fs. sub 77 .

Así, las actuaciones de fs. sub 131, del 24 de mayo del año 2.011 en que se solicita intimación al perito, se produce cuando ya habían pasado los 40 días del plazo de prueba; y el Juez accede a ello; a lo que siguen peticiones de igual tenor de fecha 08 de junio, proveídos del 30 de agosto ( fs. sub 137), etc. lo que pone a las claras, que a la fecha de la presentación de esos escritos el proceso seguía recibiendo actuaciones propias de la etapa probatoria, de lo que se concluye no había finalizado, sino que se prorrogó por la iniciativa de unos, y la consecuente tolerancia de todos los sujetos del proceso.- Dejado de lado el plazo originario, que permita una consumación automática de la etapa probatoria, era necesario una actuación especial de los interesados que expresara la voluntad de ponerle fin, para que ello suceda.

Con ello puede concluirse que si bien el plazo de prueba había concluído, no había ocurrido lo mismo con la etapa de prueba; y por ende, sobre los sujetos intervinientes perduraba la carga de activar el proceso.

En igual sentido resolvió este Tribunal en Autos Nº 21.760, caratulados: "Molina de Cortez, María c/ Caja de Jubilaciones s/ ordinario - actuaciones por separado para elevar al superior", el 06-03-14, protocolizado en L.A. T° I-2014, F°15/18.- Cabe agregar, que siendo aplicable al caso de autos, las disposiciones de la Ley 8037, desde la última actuación tendiente a impulsar el proceso esto es, la presentación efectuada por la parte actora a fs sub 236, donde indica el paradero del ciclomotor interviniente en el evento dañoso, y su decreto de fs. sub 237 de fecha 23 de mayo de 2012, hasta el escrito de fs sub 241 , donde se peticiona la declaración de perención de instancia, ha transcurrido el plazo previsto en el art 274 inc. 1° del CPC.

En efecto, con posterioridad al día 11 de mayo de 2012, se presentó la parte actora y solicitó, el día 05-03-13 se intime al perito para que presente el dictamen pericial, lo cual motivó la providencia de fecha 15 de marzo de 2013, donde se ordenó la suspensión para presentar la pericia encomendada.

Este acto procesal, tiene todas las características de un acto idóneo para impulsar el procedimiento ya que guarda relación con la marcha del proceso.- Pero es el caso que no fue consentido por la parte recurrente, lo cual la legitimaba, conforme a lo dispuesto por el art. 279, 2° párrafo del C.P.C. para solicitar la perención; a su vez, impedía que se purgue el efecto de la inactividad en que había incurrido su contraria; pues para ello no basta con la actividad impulsora de la actora, sino que es menester el expreso reconocimiento o tácita aceptación por parte de la demandada.

Así fue entendido, en autos N° 18.788 caratulados "Lloyds Bank PLC c/ Cravero, Dante Mario y otra - Cobro de pesos", 19/09/2006, autos N° 15.886 "Calivar, Pedro Julio c/ Caicedo, Napoleón Reinaldo - Daños y Perjuicios" (Prot. de A. Tº 116, Fº 106/114 -21/12/2001) y Nº 16.611 "S.A. Médica Rawson c/ Instituto Cardiovascular de Cuyo S.A. - Cobro de Pesos" (Prot. de Autos Tº 115 Fº 167/173 - año 2000) Este criterio ha sido avalado por la Corte de Justicia de la Provincia, cuando, entre otros precedentes, en el expte. Nº 2106 "O.S.S.E. c/ Svetskin de Meirovich Sara y otros - Ejecutivo - Inconstitucionalidad y casación" (PRE S. 1 2001-II-329 - 10/10/2001) interpretó que "vencido el plazo de caducidad, si el actor insta el procedimiento no por esa circunstancia queda ésta neutralizada mientras quien tiene la facultad de solicitar su declaración no haya consentido alguna actuación del Tribunal o el acto impulsorio producido por la contraria posterior al vencimiento. Esta es la conclusión que cabe extraer del art. 299 del Cód. Proc. Civil"..." Siendo así, resulta innecesario ocuparse del otro agravio referido a lo que el apelante considera un contrasentido en la sentencia cuando dispone oficiar para obtener un expediente de un Juzgado Penal.- Habiéndose dispuesto acoger el recurso en lo principal, y resolviendo que la primera instancia está perimida, debe adecuarse la imposición de costas, según lo previsto por el art. 264 del C.P.C.

Las del incidente, y conforme lo previsto por el art. 66, 67 y 72 in fine, las deberá soportarlas el actor.- En cuanto a las costas por el proceso principal cabe decir, en primer lugar, que conforme a lo resuelto en el punto anterior, ha recobrado vigencia el planteo de inconstitucionalidad de la parte del artículo citado en último término, y referido a que " las de primera instancia deberán imponerse por el orden causado".- El demandado ha fundado su petición al considerar que el art. 72 in fine del C.P.C. ataca el principio de igualdad alejándose del de derrota; agrede el derecho de propiedad puesto que tendrá que asumir el costo por la defensa ejercida en un pleito iniciado por la actora, por quien no tiene obligación de responder.- Cita en fallo de esta Sala "Castro Julio A. c/ Almada Domingo Ernesto - Daños y Perjuicios", que suscribí, y donde se declaró la inconstitucionalidad, siguiendo el criterio expuesto por el Dr. Pascual Alferillo.- Sin embargo, luego de reflexionar sobre el tema y atendiendo a las particularidades del presente juicio, voy a adoptar una solución diferente.- Una de las razones que me inclinan a decidir de tal manera es que el demandado no está exento de la carga de impulsar el proceso; y no fue ajeno a la inactividad ocurrida, cuando sobre él también pesa la carga de probar los hechos de las normas que invocare como fundamento de su pretensión (art. 340 del C.P.C.).- Si ambas partes han invocado hechos y formulado peticiones, hay una carga compartida.

En el caso, el Sr. Chaparro reconoció, al momento de contestar demanda su participación en el siniestro que costara la vida al padre del actor, Sr. Luis Rodolfo Carmona. Y frente al reclamo judicial indemnizatorio niega tener culpa alguna; por el contrario, dijo que es exclusiva y excluyente la culpa de la víctima; por ello es que ofreció pruebas, pidió su producción, y se ha opuesto a otras; y requirió se desestime " la demanda en su integridad.... y para el supuesto que se admita se reduzcan los montos reclamados...". También pidió que se cargue a su contraria con las costas del juicio.- Aspira, por tanto, a que por sentencia firme se lo declare libre de toda responsabilidad.- Por ello que no está liberado de impulsar el procedimiento para lograr que su posición sea reconocida mediante un pronunciamiento jurisdiccional con calidad de cosa juzgada, firme e inmutable.- Claramente se advierte en autos que la prueba pericial accidentológica que no ha instado oportunamente el actor, es la misma que el demandado ha ofrecido; que era una prueba común, que también era de su interés la producción (según fs. 32 vta.) en donde el Sr. Chaparro se adhiere a la que ofrece el demandante, y que es proveída por el juez a fs. 76 asimilándola a la de la actora); respecto de la que, ha señalado puntualmente, de su parte no hubo actividad ( fs. sub 241);con lo cual no cabe sino tener por comprobado el desinterés y abandono del proceso en pos de lograr la sentencia que defina sus pretensiones.- Luego, que por el principio de indivisibilidad de la instancia quien peticiona la perención, y logra su declaración, tiene en su contra el efecto de "desistimiento" de sus pretensiones (art. 282 del C.P.C., tanto con relación a la reconvención, al recurso interpuesto por el peticionante de la perención, como de los incidentes), por lo que existe una razón más para que - por aplicación del art.72 segundo párrafo del C.P.C. las costas sean compartidas- Sumo a ello, que tal como se desprende de la parte principal de este fallo, ha prosperado la perención de instancia mediando una interpretación sistemática y armónica de la ley, que no es la literal, ya que como lo ha señalado el juez a-quo conforme a lo previsto por el art. 275 inc. 5° " no correrán (los plazos) luego de finalizado el plazo de prueba...", que en el caso fue de cuarenta días.- Por tanto, adoptar como tiempo en que no se computarán los plazos recién cuando se haya clausurado la etapa probatoria, es una actitud que no está ajustada a los términos literales de la ley, con lo cual aparece la situación que encuadraría en el supuesto que contemplaba el art. 75 in fine del Código Procesal derogado, ley 3.738, que si bien se refería a "Incidentes" era aplicable a todas las contingencias procesales en donde había que decidir sobre la imposición de costas.- Hoy esa situación aparece englobada en la previsión del art.. 66 (ley 8.037) segundo párrafo que autoriza a apartarse del principio objetivo de derrota cuando haya mérito para ello; y en el supuesto de autos, entiendo que hay suficientes motivos para mantener la disposición legal e imponer costas por su orden en lo atinente al proceso principal.- En mérito a lo considerado, voto por acoger el recurso interpuesto por el demandado. Revocar la sentencia apelada. Hacer lugar a su petición y en consecuencia declarar perimida la instancia. Imponer las costas del incidente a cargo del actor. Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 72 in fine del C.P.C.. Imponer las costas del proceso principal por su orden.- El DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO en disidencia parcial dijo: Atento al contenido del voto que me precede, comparto con el mismo la decisión de declarar que la instancia abierta por la actora ha perimido, por las razones que exponen especialmente por la adopción del concepto de que es necesario el consentimiento de la parte favorecida con la caducidad para purgar la misma.

Por el contrario, me aparto expresamente de la parte de las razones que invoca para justificar la imposición de las costas por el orden causado, puesto que no se debe confundir la carga de impulsar el procedimiento con el derecho que tiene la parte demandada , primero de invocar distintas defensas y, segundo, de probar o no hechos en que se funda su defensa.

La circunstancia de no probar o instar la prueba por parte de la demandada esta dentro de la esfera de su derecho y no tiene el deber procesal de instar, por ello, la instancia del proceso.

Ello queda claramente definido por la ley procesal, en el art 279 C.P.C. ,cuando precisa los sujetos intervinientes en el proceso que pueden ser las partes legitimadas para interponer el pedido de caducidad de instancia. Allí claramente indica que "la perención puede ser pedida en primera instancia por el demandado, salvo en los procesos de estructura monitoria en que podrá solicitarla el actor contra la oposición que se haya deducido...." Como se colige fácilmente quien tiene la carga de impulsar el proceso judicial en la primera instancia es la parte actora.

Una interpretación en sentido contrario llega a la incoherencia judicial de que podría el propio actor pedir la caducidad de la perención de la instancia por la abierta cuando interpuso la demanda.

Ahora bien, antes de definir la imposición de las costas, corresponde que se trate el tema del planteo de inconstitucionalidad formulado contra la decisión legal de que se impongan por su orden que no fue considerado en la instancia inicial. Por ello y, en base al constitucional principio de la doble instancia que hace el debido proceso y derecho de defensa de las partes, propongo que se ordene la devolución a la primera instancia para que se pronuncie sobre el tema dado que se coincide en declarar la caducidad de la instancia en el presente proceso modificando parcialmente la sentencia puesta en crisis.

LA DRA. ESTELA ZORRILLA dijo:

Mi intervención en estos autos, conforme surge del decreto de adjudicación de la causa a estudio(fs. sub 306) está condicionada para el caso de disidencia de los magistrados preopinantes y conforme lo dispuesto por los arts. 257 y 260 del C.P.C. , limitada a los puntos en disenso.

Siendo éste el ámbito de competencia en el cual he de participar luego de analizar las soluciones propuestas por los Dres. Gilberto Riveros y Pascual Alferillo , advierto que la discrepancia aparece reducida al tratamiento del tema de costas.

Respecto a tal cuestión y por idénticos fundamentos a los expuestos por el Dr. Gilberto Riveros, adhiero al voto que dicho magistrado emitió.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO RIVEROS , dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde LOS DRES. GILBERTO RIVEROS Y ESTELA ZORRILLA dijeron:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE: Revocar la sentencia apelada. Hacer lugar a su petición y en consecuencia declarar perimida la instancia. Imponer las costas del incidente a cargo del actor. Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 72 in fine del C.P.C.. Imponer las costas del proceso principal por su orden.- Protocolícese, notifíquese en debida forma y bajen los autos al juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2014; F°228/234; FECHA:23/12/14 DRES. GILBERTO RIVEROS, PASCUAL ALFERILLO y ESTELA ZORRILLA