Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-12-28


SENT Nº 1185 San Miguel de Tucumán, 28 de Diciemre de 2012.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la parte actora en autos: "Cortes Rubén Dario vs. López Corina (sus herederos) s/ Sumario fuero de atracción"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Que viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia Nº 56 de fecha 17 de agosto de 2012, expedida por la Excma. Cámara Civil en Documentos, Locaciones, Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción.

En dicha resolución no se hizo lugar al recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia Nº 37, de fecha 19 de junio de 2012, expedida por la misma Cámara, que rechaza la apelación deducida en contra de la sentencia de Iª Instancia Nº 493 dictada el 13 de junio de 2011 por el Juzgado de Familia y Sucesiones de la IIIª Nominación del referido centro judicial. En esta última sentencia se hizo lugar a la revocatoria planteada por el demandado y se dispuso la notificación personal del decreto que lo intimaba a presentar el aporte de tasa de justicia faltante, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.

II.- La decisión, objeto del presente recurso de queja, no hace lugar a lo solicitado por entender que la sentencia cuestionada en casación no reviste el carácter de definitiva ni es equiparable a tal por no resolver una cuestión de fondo ni poner fin al pleito. Tampoco advierte que exista gravedad institucional, dado que lo decidido no trasciende el mero interés particular del recurrente. Por último entiende que el pronunciamiento cuestionado tampoco es arbitrario por ser una derivación razonada del derecho vigente con apoyo en las circunstancias de la causa. Impone las costas al recurrente.

III.- El recurrente considera admisible la queja, afirma que la sentencia que rechaza la casación configura denegación de justicia. Luego de hacer una relación de los argumentos esgrimidos en las instancias anteriores, expresa en concreto y en relación al recurso directo, que se agravia por que el fallo cuestionado en casación no se expide en relación al tratamiento del pago obligatorio de la tasa, el modo o medio para exigir dicho pago a los justiciables y su relación con el principio de igualdad ante la ley.

En virtud de ello estima que la sentencia es incongruente por que no consideró los principios aportados por la parte apelante y en especial el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán Nº 153 de fecha 09 de marzo de 2006. Citando la mencionada decisión agrega que ".las oportunidades legalmente establecidas para este pago (tasas y aportes).no pueden ser modificadas por los magistrados mediante el otorgamiento de un plazo para el pago, cuando éste implique.la afectación de la igualdad de las partes en el proceso.". En este contexto invoca gravedad institucional. Por otro lado agrega fallos de Corte referidos a la incongruencia sentencial en general (fallos Nº 249 del 23 de mayo de 1995; Nº 508 del 13 de agosto de 1996; Nº 35 del 13 de febrero de 1998).

Se agravia también por que la Excma. Cámara considera que el planteo no excede el mero interés del peticionante, lo cual estima contradictorio con la doctrina sentada por esta Suprema Corte en fallos Nº 286 del 24 de abril de 2001; Nº 985 del 23 diciembre de 1998 y otros del mismo tenor sobre la constitucionalidad de los tributos fiscales. Entiende afectado el derecho constitucional a obtener un efectivo acceso a la justicia en el que engloba la necesidad de obtener una decisión fundada. Cita normativa que entiende aplicable, jurisprudencia y hace reserva del caso federal.

IV.- A fs. 31 obra dictamen del señor Ministro Fiscal, que estima que la queja deviene inadmisible por considerar aplicable al caso el inc. 6º del art. 153 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de Tucumán (en adelante CPCCT), por no tratarse de una sentencia definitiva ni configurarse el supuesto de la gravedad institucional invocado.

V.- En razón de lo expuesto, corresponde expedirse sobre la admisibilidad de la vía impugnativa directa. En este sentido se advierte que el escrito recursivo se ajusta a lo estatuido por los arts. 706; 752 y 755 (CPCCT), por estar debidamente cumplimentados los recaudos allí exigidos, siendo admisible el remedio tentado.

VI En cuanto a su procedencia se advierte que no asiste razón al recurrente atento a que la casación que fuera denegada por la sentencia recurrida en queja, deviene inadmisible. En razón de ello corresponde rechazar el recurso directo.

En este contexto corresponde expedirse sobre dos cuestiones. En primer lugar, si la sentencia recurrida en casación cubre el requisito de definitividad exigido por el art. 748 inc. 1º (CPCCT). En segundo lugar, si se ha producido el presupuesto de gravedad institucional invocado, que habilitaría el remedio casatorio aunque la sentencia no fuere definitiva, conforme lo dispone el art. 2º del citado artículo.

En relación al primer punto, la sentencia impugnada en casación al hacer lugar a la revocatoria planteada por la parte demandada y ordenar la notificación personal de una providencia en el marco de lo dispuesto por el art. 153 inc. 6º (CPCCT), no impide la continuación del pleito y en consecuencia no es definitiva.

En cuanto a la gravedad institucional invocada, dos planteos son dirimentes:

El primer planteo se vincula con la sentencia de Corte antes citada (sentencia Nº 153 de fecha 09 de marzo de 2006), cuyo sentido es contrario al adoptado por el pronunciamiento cuya casación se intenta.

En este contexto cabe advertir que, con posterioridad al dictado de aquella sentencia se modificó el entonces art. 99 (hoy 112) de la Ley Nº 5.121, por medio de la Ley Nº 8.149 del 31 de diciembre de 2008. En su redacción actual el nuevo artículo dispone que los jueces y otros funcionarios no podrán dar curso a documentos, contratos, expedientes ni intervenir en actos en el ejercicio de su función sin que previamente se acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias respectivas. Sin embargo y de manera textual la norma agrega: ".los mencionados funcionarios son responsables de las citadas obligaciones relativas a los actos en que intervengan, para cuyo fin están facultados para retener o requerir de los contribuyentes o responsables los fondos necesarios".

Esta reforma es concordante con dos disposiciones del CPCCT, una de manera directa y otra por analogía. La primera es el art. 153 en sus incs. 6º y 10º que dispone que las providencias que ordenan intimaciones, emplazamientos, etc. y, las que el juez por razones especiales dispusiera, deben ser personales o por cédula. La segunda disposición, que se aplica de manera analógica, es la contenida en el art. 281 del mismo digesto y establece que, si la demanda no se ajusta a los requisitos del art. 278, el juez dispondrá que se subsanen los defectos que contengan o que se llenen las omisiones, dentro del plazo que se señale, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

En consecuencia, en relación a este punto, la sentencia Nº 37, de fecha 19 de junio de 2012 expedida por la Excma. Cámara y que motivó la casación y su posterior rechazo, es ajustada a derecho y su divergencia con la sentencia de la Excma. Corte Nº 153 de fecha 09 de marzo de 2006 se explica por el cambio del plexo normativo vigente.

El segundo planteo dirimente en relación a la gravedad institucional invocada es la aseveración contenida a fs. 20 reversa del escrito recursivo, que la diligencia procesal requerida por el demandado (la notificación por cédula), en realidad fue cumplida. Afirma el recurrente que obra copia de la misma a fs. 76 (hoy refoliada como 82) del expediente principal. La omisión de este antecedente por parte de la sentencia recurrida en casación, constituiría un grave desconocimiento de la plataforma fáctica que podría implicar la alteración de la estructura esencial del proceso y por ende la corroboración de la gravedad institucional planteada.

Compulsados los antecedentes de la causa principal en el marco de las facultades concedidas a esta Corte por el art. 740 (CPCCT), se advierte que no asiste razón al recurrente. La cédula obrante es la que hace efectiva la sanción contenida en el apercibimiento realizado a fs. 72 (hoy refoliada como 78), que fue realizado por oficina y no por cédula como lo dispone el art. 153 inc. 6º (CPCCT). Ello desvirtúa la grave omisión acusada por el recurrente y la pretendida gravedad institucional invocada.

En consecuencia, la casación planteada deviene inadmisible atento a que no se acreditaron los extremos exigidos por el art. 748 (CPCCT). La sentencia no es definitiva ni se advierte que se hayan configurado los supuestos de gravedad institucional que posibiliten la apertura del remedio intentado. En este contexto corresponde que no se haga lugar a la queja interpuesta por ser inadmisible el recurso de casación interpuesto, con pérdida del depósito acreditado por el recurrente.

Por todo lo expuesto se R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR, el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia Nº 56 de fecha 17 de agosto de 2012, expedida por la Excma. Cámara Civil en Documentos, Locaciones, Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción.

II.- DISPONER la pérdida del depósito acreditado por el recurrente en queja en el marco de lo dispuesto por el art. 752 (CPCCT).

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.