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Recurso de casación, admisibilidad del recurso, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOSA EMILIO c/ SUCESION DE ADELA DEL C. MONTERO VDA. DE SERRA s/ DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD IRREGULAR Y RENDICION DE  CUENTAS - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-18

A los efectos de la admisibilidad del remedio casatorio, es menester la fundamentación del mismo, que debe consistir no sólo en la mención de las normas legales que se estima violadas, sino en una crítica concreta, seria e idónea de la resolución recurrida, demostrando el error o violación en la aplicación de la ley que se denuncia.
Mora automática, intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: T., C. A. c/ V., E. Á. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-30

Luego de ponerse en vigencia el régimen de la mora automática introducido por la Ley 17.711 en el art. 509 del Código Civil, se generalizó el criterio de que los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos y cuasidelitos se liquidarán desde el día que se produce cada perjuicio objeto de reparación.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, eximentes de responsabilidad del empleador, culpa grave del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: JAROVOY, EULOGIO FEDERICO c/ SANYM SA. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-19

Aún tratándose de una máquina riesgosa, la actitud irreflexiva del trabajador que tenía justamente a su cargo detectar las fallas para proceder a su reparación, exime al empleador de toda responsabilidad por los daños causados (Conforme artículos 512 y 904 Código Civil).
Cuestiones de competencia, robo de automotor, encubrimiento, competencia federal, lugar del hecho
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Torres, Gustavo  Javier  y  otros s/ encubrimiento  -  causa  n 2-010186 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-09

El encubrimiento de un robo cometido en la Capital debe ser investigado por la justicia federal con jurisdicción en el lugar donde se halló el objeto robado.
Impuesto sobre el patrimonio neto, inmuebles situados en el país, domicilio en el extranjero, declaración de inconstitucionalidad, tratados internacionales
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Hoechst A.G. c/ DGI s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Resulta infundada la tacha de inconstitucionalidad dirigida contra el art. 14 de la ley 21.282, modificado por la ley 23.297, del impuesto al patrimonio neto, si su aplicación sobre bienes situados en el país es compatible con los altos fines del tratado vigente entre la República Argentina y la República Federal de Alemania y con el principio rector contenido en la Constitución Nacional, que protege la contribución de los nacionales de estados extranjeros a la vida económica de nuestro país (art. 20 de la Constitución Nacional).
Costas, asegurador, sentencia condenatoria, recurso de casación
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: GUTIERREZ JOSE DEL TRANSITO c/ LA VOZ DEL INTERIOR s/ COSTAS - COMPAÑIA DE SEGUROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-30

Si la demandada llama a juicio a dos o tres compañías, en un exceso de celo defensivo pese a conocer la jurisprudencia de esta Sala de vieja data acerca de cuál ha sido considerada aseguradora responsable en los supuestos de enfermedades accidentes, en los que se hubiese contratado con diversas compañías a lo largo de la relación laboral que ocasionó por el que se reclama, es plenamente justificada la jurisprudencia señalada en la que se hace responsable de las costas ocasionadas por la intervención de las aseguradoras mal citadas a la propia demandada. En el sub-exámen la actitud de la demandada -al convocar a la aseguradora pese a que inicialmente no lo hizo-se halla plenamente justificada en la reticencia demostrada por la otra aseguradora que manifestó su intención de declinar el llamado en garantía, por entender que el riesgo no se produjo dentro del período de cobertura. Habiendo resultado vencida en la relación aseguratoria -a la que el actor por otra parte es completamente extraño- debe cargar con las costas que fueron generadas por su propia actuación. Falta razón suficiente al pronunciamiento de la a quo que libera al vencido de esa obligación para imponerle costas a la demandada que resultó triunfante en la disputa entre ambas. Debe casarse pues en este aspecto.-
Resoluciones posteriores a la sentencia definitiva, recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: R. S. G. c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ R. S. G. c/ GCBA y otros s/ amparo (art.14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

Corresponde revocar el decisorio atacado en tanto la negativa a adecuar el monto del subsidio habitacional a ser percibido por la amparista no permitiría en la actualidad una tutela judicial efectiva y razonable. Frente a su imposibilidad de abonar la diferencia mensual del canon locativo dada la persistencia de la situación de vulnerabilidad oportunamente acreditada, la resolución del a quo equivale a colocar a la actora en situación de calle, con la consiguiente lesión de sus derechos de defensa y a una vivienda digna, y el principio de no regresividad. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de casación, prescripción de la acción penal, ley penal más benigna, retroactividad de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Denuncia s/ Presuntas irregularidades en el BANCO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO s/ Casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-15

Destacamos el carácter jurídico - material de la temática en tratamiento, que se encuentra dentro de la esfera de competencia del derecho penal, porque extingue la potestad represiva del estado en sí misma.

Así, la "... doctrina y la jurisprudencia han ratificado cabalmente el carácter material de la prescripción de la acción penal al someterla, en lo que atañe a la retroactividad de la ley, al principio sustancial de la ley más benigna (C.P., art. 2), y no al principio del acto procesal concluido, que domina la irretroactividad de las leyes procesales".
Daños y perjuicios, culpa civil, responsabilidad extracontractual, medida de no innovar, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Delfor Ariel GIMENEZ c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ COMPETENCIA  ORIGINARIA  DE LA CORTE SUPREMA - CAUSAS EN QUE ES PARTE UNA PROVINCIA - DAÑOS Y PERJUICIOS  - CULPA EXTRACONTRACTUAL - MEDIDA  DE NO INNOVAR - ABUSO DEL DERECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-08

La provincia que obtuvo una medida de no innovar en un litigio donde se rechazó su pretensión, no es responsable por daños y perjuicios si no incurrió en una conducta negligente, omisiva de las diligencias debidas según las circunstancias de tiempo, persona y lugar.
Recurso extraordinario, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BARBOSA, DIONICIO c/ ESTEXA SAICI Y F s/ COBRO DE PESOS    RECURSO  EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION      EXPTE NRO 621-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-02-07

Carece de asidero el reproche intentado para fundar el recurso extraordinario federal, referente a la falta de tratamiento de la cuestión planteada, cuando de la resolución dictada por la Corte al declarar improcedente el recurso local, surgen con claridad las razones en base a las cuales las que se dicen omitidas fueron desestimadas.
Sentencia, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Villariño, Jorge A.; Santillán, José del Valle s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

La falta de tratamiento de la cuestión esencial relativa al cuerpo del delito, en que incurre el decisorio en el que se efectúa una descripción parcial del hecho incriminado, sin mención de los elementos de convicción que contribuirían a su demostración, ni de las normas que regularían su prueba, configura una flagrante violación al art. 10 de la ley 3560 (art. 333 del C.P.P.) y quebranta el art. 156 de la Constitución provincial.
Actos de los poderes públicos, medidas cautelares, agravio concreto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Intendente de la Comuna de Tolhuin c/ Concejo Deliberante de Tolhuin s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2002-11-13

La suspensión de disposiciones emanadas del Consejo Deliberante son procedentes cuando su ejecución pueda causar grave daño al peticionante, o éste sea de difícil o imposible reparación posterior, y siempre que de la concesión de la medida no resulte un grave perjuicio para el interés público.
Indemnización, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: B.M., M. c/ T.C. SA y/o M.R. y/o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-12

"En principio y al menos en vinculación con una etapa terapéutica más o menos breve, el resarcimiento del lucro cesante supone no sólo la previa "aptitud" sino además la "actividad" productiva. Quien tenía un potencial de trabajo pero no lo desarrollaba en los hechos, sea voluntariamente o por obstáculos ajenos (dificultades en el mercado laboral), sólo invocaría un perjuicio conjetural o hipotético si pretendiese erigir el suceso lesivo en fuente de obligación resarcitoria de una inexistente alteración económica".
Multa administrativa, asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria, presentación tardía de la documentación
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Herso S.A.  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-01

Se confirma multa impuesta por IGJ a sociedad anónima por haber infringido el art. 16 del Decreto 1493/82, el art. 145 de la Resolución General IGJ n° 7/05 y el art. 146 del Anexo "A" de la mencionada Resolución General; esto es, no haber informado al organismo de contralor con la debida antelación la celebración de la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada, y haber presentado extemporáneamente la documentación que exige la LS 67 y la Resolución General IGJ 7/05, dado que el argumento central esgrimido por la recurrente (consistente en que en anteriores ocasiones no fue sancionada por el organismo de contralor pese a haber presentado también fuera de término los trámites exigidos por ley) resulta claramente insuficiente.
Trámites judiciales, competencia del Superior Tribunal de Justicia, recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, resoluciones judiciales, compatibilidad previsional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Prado Eva Maria Inés y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-03

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad ya que el recurrente logra demostrar que la Cámara, al confirmar que la obligación del GCBA de acreditar el depósito de los aportes y contribuciones, se apartó palmariamente de lo resuelto en la sentencia definitiva. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano. Voto en igual sentido de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Recurso extraordinario, excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Kohen, Roberto León s/ incidente de excarcelación - causa N. 5261.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

Resulta inoficioso un pronunciamiento de la Corte, si el procesado recuperó su libertad al haber sido excarcelado sin que a ello empezca la circunstancia de que tal decisión podría carecer de firmeza, pues de ser revocada por una decisión de cámara, ésta sería susceptible de ser sometida a la Corte de concurrir a su respecto los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ANNA, MARTA ADELINA c/ MARGARITA ANAHUATE DE BATULE s/ REDUCCION DE PRECIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-03

La Ley Nº 24.432 (art. 1º), establece un tope de responsabilidad causídica para el condenado en costas del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al pleito, pero se aplica cuando los montos o bases regulatorias sean excesivamente elevados y la aplicación de los porcentajes arancelarios sobre dicha base dé como resultado una regulación cuya cifra supere lo razonable. Esta ley también dispone la aplicación de mínimos, esto es, que en los supuestos de que las bases regulatorias sean ínfimas o reducidas, la aplicación de los mínimos establecidos por la ley se impone, pues de otra manera no se estaría reconociendo la tarea profesional que igualmente debe ser remunerada, se esté o no ante un pleito de importancia económica gravitante.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia no aplicable, Derecho laboral, relación de dependencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SPEDALETTI, JOSE ADOLFO c/ SANATORIO AMERICANO S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-27

La Alzada aseveró que resultaba inadmisible la aplicación en el sub examine del caso "Rica" de la Corte Nacional, al no reunirse el mismo escenario fáctico, puesto que dicho precedente -a diferencia con el caso de marras- se trataba de una prestación discontinua donde el trabajador podía fijar sus propios horarios y los valores que percibía eran diferentes según las prácticas que realizaba. - CITAS: CSJN: Rica, Fallos 341:427.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: ZUAÓN GUSTAVO ARIEL c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD SANTUCHO LUIS HORACIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-10-07|2009-08-04

La simple condición de ciudadano no es apta en el orden legal, para interponer acción de inconstitucionalidad y autorizar la intervención del Superior Tribunal a fin de ejercer su jurisdicción, por cuanto dicho carácter posee una generalidad tal que no permite en el caso tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que habilite el control solicitado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aportes previsionales, acta de inspección, presunción juris tantum, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PROMOTORA AGROPECUARIA S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-16

Si bien las manifestaciones de los inspectores tienen, en principio, presunción de veracidad, lo cierto es que las mismas deben encontrarse avaladas por constancias que permitan ante los posibles cuestionamientos que susciten, confirmar la certeza del aserto, so pena de convertirse en meras afirmaciones dogmáticas y como tales descalificables.
Reglamento general de tránsito, policía, actuaciones administrativas, multa, administración de vialidad provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Covacevich, Julio Adrian c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 175-91) Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 175-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-23

El cotejo de los cometidos de la Policía de la Provincia, Vialidad Provincial y Dirección Provincial de Transporte como autoridades de aplicación de la normativa sobre control de tránsito, resulta de utilidad para determinar la competencia de cada una de las instituciones en lo que hace a dicho tema. La ley 4908 -de creación de la Dirección Provincial de Vialidad- le encomienda a dicho ente "el contralor con pleno ejercicio del poder de policía, sobre los trabajos realizados y que se realicen en los caminos públicos de la Provincia" (artículo 38). Ni de esa ley, ni de ninguna otra que pudiera considerarse aplicable, surge la posibilidad de que la Dirección Provincial de Vialidad tenga a cargo funciones vinculadas al control de del pago de la Patente énica Automotor. En lo que hace a la Dirección Provincial de Transporte, la ley 2499 (aplicable a la época en que se labraron las actas impugnadas) fija las normas a que deben someterse los empresarios de servicios de transportes colectivos de pasajeros por los caminos de la Provincia y la competencia de dicha Dirección. En cambio, si hay normas en nuestro ordenamiento jurídico que le otorgan a la Policía de la Provincia tareas de fiscalización en materia de Patente automotor. En efecto, el artículo 40 de la ley 3088 establece que "la fiscalización de las disposiciones de la presente se hará con intervención de las Municipalidades, Comisiones de Fomento y Policía, en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo".
Actualización monetaria, pautas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Delta Plata S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ Incidente de desindexación de deuda Ley 24.283
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

La ley 24.283 dispone la adopción de un mecanismo comparativo del valor real y actual de una cosa, bien o prestación, con el que resulte de "una liquidación judicial o extrajudicial" que contengan algún mecanismo actualizatorio, de modo que, necesariamente la operatividad de tal precepto supone la existendcia de una liquidación. (Minoría u opinión personal)
Concursos, extensión de la quiebra, terceros, derechos patrimoniales, presunciones
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Tinas del Sur SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-18

Como es sabido, los cuatro principales mecanismos concursales de responsabilidad patrimonial de terceros en caso de quiebra, con miras a la mejora del activo repartible, son: i) Las ineficacias falenciales (LCQ 118 y ss.); ii) La llamada responsabilidad de representantes (LCQ 173); iii) La responsabilidad de otros terceros "representantes o no" (genéricamente llamada "responsabilidad de terceros en la LCQ 173, segundo párrafo"); y iv) La extensión de quiebra (LCQ 160 y ss.). Como contrapartida, los presupuestos de ejercicio de las cuatro (4) acciones concursales precedentemente citadas se hallan definidos expresamente en la LCQ. Así pues, para las tres (3) primeras ineficacias falenciales (por conocimiento de cesación de pagos y acciones de responsabilidad de representantes y de otros terceros) la ley concursal exige a los efectos de su promoción el régimen de autorización previa previsto en la LCQ 119, tercer párrafo, consistente en la aprobación de la mayoría simple del capital quirografario verificado y declarado admisible (ver LCQ 174 in fine).
Adopción de integración, adopción simple
Materia: CIVIL
Carátula: NN c/ NN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-08-28

La adopción integrativa debe ser otorgada en forma simple al concubino de la progenitora del menor, -en el caso, se pretende la adopción de dos hermanos- pues sin perjuicio de que éste no haya tenido relación con su padre biológico desde su temprana infancia o con su familia, y por el contrario lo ha entablado con su madre y con el pretenso adoptante, ha expresado su deseo de que la adopción sea simple, atento que recientemente había comenzado a tener una vinculación vía red social con su padre biológico y que no se sentía preparado para una adopción plena como su hermano.
Honorarios, abogados, ejecución de sentencia, convertibilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: BORELLO NESTOR c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y OTRO s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-21

No corresponde regular honorarios por la etapa de ejecución de sentencia al no existir resolución admisiva en tal sentido (art. 78 ley 7269), sino solo por el pedido de informe requerido al Banco y el diligenciamiento de la medida cautelar.

La base a los efectos de la regulación de honorarios por la medida cautelar lo constituye la suma que se pretendía asegurar (art. 81), al que debe adicionarse intereses al 12% anual (ley 23928) y efectuarse la conversión monetaria (Dec. 2128/91).-
Administración Pública, bienes inmuebles, dominio
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c/ GRESCHUCK, IVAN s/ APREMIO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 240- 89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-07-07

La vía de ejecución fiscal importa un privilegio que obliga al demandante, como auxiliar de la función jurisdiccional, a un obrar prudente que dé certeza sobre qué se reclama, cuánto, a quién, por qué medios y, además, sobre qué se hará efectivo, en su caso, el crédito reclamado. La Administración Pública, -o los terceros que actúan, en cualquier circunstancia "en ejercicio de funciones públicas" (artículo 17 de la Constitución Provincial)- están comprometidos, como contracara de las potestades que pueda habérsele s atribuido, a esclarecer debidamente aquellos aspectos para no lesionar indebidamente derechos de particulares.
Tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, violación de derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Artigue, Sergio Pablo. s/ Incidente de restitución de detenido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-25

El sólo irrespeto de los derechos humanos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y la sola denegación de su amparo, gubernativo o jurisdiccional, constituirían violaciones directas de los mismos, en función del deber de respetarlos y garantizarlos establecido por el art. 1.1. del tratado.
Accidentes de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, fondo de reserva de la ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: García Marcelo Javier c/ ART Interacción SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-21

El Decreto 1022/2017 (11/12/2017), en cuanto modifica el art. 22 del Decreto 334/96, reglamentario del art. 34 LRT, dispone que "la obligación del Fondo de Reserva alcanza al monto de las prestaciones reconocidas por la ley Nº 24.557, excluyéndose las costas y gastos casuísticos". A tal fin, se hace necesaria la consideración del Decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional ante las decisiones que se venían tomando con motivo de la existencia de un Plenario dictado por la C.N.A.T. (Nº 328 "Borgia c/Luz ART") en el cual se sostiene que "la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el art. 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo se extiende a los intereses y costas". La Sala VII cambia su criterio y lo adapta al nuevo aspecto legislativo. Se partirá de la eficacia del Decreto 1022/2017 y en cada caso se resolverá sobre la base de ese contenido decisorio. Y frente a la pretensión de Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en representación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Administradora Legal del Fondo de Reserva de la L.R.T., vinculada con la aplicación del Decreto 1022/2017, cabe mantener la doctrina plenaria en lo que hace a los intereses devengados por el capital de condena, más respecto de las costas y gastos causídicos se habrá de aplicar lo previsto por el Decreto 1022/2017, quedando excluido de este modo el Fondo de Reserva de la obligación vinculada con el pago de los mismos.