Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-10


SENTENCIA Nº 38677 JUZGADO Nº 73 AUTOS: "CAAMAÑO JORGE AUGUSTO C/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. S/ DESPIDO"	En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de	febrero	de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

Llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs. 260/265, que fuera respondido a fs. 271/274. El letrado del actor y el perito contador consideran bajos los honorarios que se les regularan.

a) Se queja en primer lugar la demandada por la decisión de la sentenciante de no considerar acreditadas las causas económicas invocadas por la empleadora al momento de decidir la rescisión del contrato de trabajo.

En líneas generales prácticamente hoy no se discute que la aplicabilidad del supuesto contemplado en el artículo 247 del R.C.T. se encuentra supeditada a dos recaudos. Uno, de carácter material, que apunta a la disminución o falta de trabajo y otro ideal, que hace a la inimputabilidad empresarial.

Toda actividad empresarial importa riesgos que debe asumir la empresa y que, por el principio de ajenidad e indemnidad, no puede trasladar a los recursos humanos que utiliza para llevar adelante su emprendimiento.

Que, según señala la accionada en su presentación, la falta de trabajo se originó en la discontinuidad de la flota de aviones B 747-200, que fue paulatinamente desprogramada por diferentes causas, entre las que destaca la derivada de los adelantos tecnológicos en materia de aviación, que llevó a que dejaran de fabricarse ese tipo de aeronaves.

Las razones esbozadas por la empleadora impiden subsumir el caso dentro de las previsiones de la normativa invocada por la misma, ya que los avances tecnológicos y la discontinuidad en la fabricación de un determinado modelo de avión, son contingencias previsibles para una empresa como la accionada, para la que, mantener actualizada su flota aérea constituye una condición de la propia explotación. De ello se extrae que, si en lugar de invertir en la formación y capacitación de los pilotos (como hubiera correspondido, de conformidad con la inteligencia que cabe dar al artículo 78 de la L.C.T.), opta por prescindir de sus servicios, debe cargar con las consecuencias de su accionar. De otro modo se trasladarían al empleado los avatares propios de la navegación aérea.

En realidad y a partir de lo manifestado en los agravios, la determinación de prescindir de los servicios del actor se debió a las razones expuestas en el recurso (fs. 262, párrafo primero), esto es: la existencia de pilotos supernumerarios, la necesidad de resguardar las condiciones de seguridad operativas y la potencial jubilabilidad, aspectos que hacen a la dotación del personal y que si bien autorizan a la empleadora a adoptar alguna medida al respecto, de ninguna manera la habilitan para rescindir los contratos de trabajo con la invocación del artículo 247 de la L.C.T.

Por lo demás, no se invocó ni surge de autos que se cumpliera con el recaudo insoslayable del artículo 247 de la L.C.T., es decir que se respetara el orden de prelación estipulado por la norma.

Por estas consideraciones sugiero confirmar este aspecto del pronunciamiento.

b) El segundo tramo de la queja se centra en la procedencia de la sanción del artículo 2° de la ley 25323. La circunstancia de que se hubiera invocado una causa para despedir al trabajador no exime del pago de la multa aludida si en el juicio se declara que dicha causa no existió. Caso contrario, le bastaría al empleador con esgrimir cualquier razón para desprenderse de aquél y, de esta forma, evitar el pago del incremento determinado en la norma legal.

Tampoco aprecio que exista elemento alguno que permita morigerar la incidencia de la multa, tal como se pregona.

Lo demás que motivara agravio es de abstracto tratamiento, ya que fue motivo de la aclaratoria de fs. 258, que se encuentra firme.

Por lo tanto, opino que también debe confirmarse este aspecto de la sentencia.

c) La tercera parte del recurso discurre por lo que considera incorrecta conclusión acerca del carácter remuneratorio otorgado a la suma reconocida en el Acta Acuerdo del 18 de mayo de 2007.

Con fecha 21 de mayo de 2007 entre AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. APLA, se suscribió un acuerdo, en cuyo Capítulo I, denominado "Condiciones Económicas" se dispuso, que "c) En función de las consideraciones enunciadas en el punto anterior, las sumas no remunerativas de pago mensual previstas en el Acta Acuerdo de fecha 15.5.06 punto 1.1.b remanentes, serán de $ 500 (pesos quinientos) para los Comandantes y $ 300 (pesos trescientos) para los Copilotos, manteniendo su carácter no remunerativo y de pago mensual, las que se liquidarán bajo la voz de pago "Suma no remunerativa Acta Acuerdo 18.05.07, punto 1, inc. c)".

A su vez, en el acuerdo aludido, que data del 15 de mayo de 2006 se había establecido, en el punto 1.1)-b), denominado "Condiciones Salariales", que "Se ratifica la continuidad en el pago de las siguientes sumas mensuales NO REMUNERATIVAS:$ 1.000 (pesos mil) para los Comandantes y $ 600 (pesos seiscientos) para los Copilotos, con la misma naturaleza y alcance, el pago de tales asignaciones no remunerativas, ocurrido en abril del corriente año e imputable al mes de marzo de 2006, como así también las convenidas en el acuerdo del 2.12.05, el que se complementa con el presente. Las partes acuerdan que a partir del mes de Abril de 2007, se fijará el criterio para la incorporación progresiva a la estructura salarial de las sumas no remunerativas establecidas, manteniéndose el pago de las mismas hasta que se acuerde el nuevo criterio".

Un análisis detenido de las articulaciones reseñadas permite apreciar que las partes establecieron en realidad incrementos sobre las remuneraciones, a punto tal que en el acuerdo del año 2006, se incluyeron en el capítulo denominado "Condiciones salariales".

Por lo demás, la paulatina incorporación a la que se aludiera en el acta del año 2006, no permite abrigar duda alguna en cuanto a que las partes intervinientes estaban de acuerdo en que lo que estaban negociando era un incremento de salarios, cuyo origen era el trabajo prestado (contraprestación por los servicios realizados) por todos los empleados alcanzados por el convenio.

Por tanto no podía asignársele carácter no remuneratorio, por contrariar lo previsto en el artículo 103 de la L.C.T. que determina que es remuneración lo que percibe el trabajador por el hecho de la prestación de servicios a favor del empleador.

Resulta de significativa importancia que las partes acordaran la paulatina incorporación de las sumas pagadas a la remuneración, lo que no hace sino corroborar su verdadera naturaleza, la cual no puede ser mutada por el sólo transcurso del tiempo.

Fernández Madrid ("Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Tº II, pág. 1331) sostiene, con criterio que comparto, que cualquiera sea la causa del pago del empleador, "la prestación tendrá carácter salarial si -como enseña Justo López- se dan las dos notas relevantes del concepto jurídico del salario consistentes en que, en primer lugar, constituya una ganancia (ventaja patrimonial) para el trabajador y en segundo término, que se trate de la retribución de los servicios de éste.es decir.como contrapartida de la labor cumplida", condiciones que se cumplen con las sumas que surgen del acuerdo de marras.

Dice el autor citado (ob. cit., pág. 1354) que "El convenio colectivo no puede contrariar la norma del artículo 103, L.C.T., sin colocar a la propia convención fuera del marco legal (art. 7º, ley 14.250)" (CNAT, Sala III, 17/12/93, "Taborda, Javier H. c/Florentia S.A.", D.T. 1996-A-264) y, desde esa óptica, solo cabe concluir que el acuerdo es nulo en tanto determina que las sumas percibidas en función del mismo no son remuneratorias ya que "El convenio colectivo, fuera de las hipótesis expresamente previstas por la ley (vgr. art. 106, L.C.T.), no puede válidamente cambiar la naturaleza remuneratoria de un rubro establecida por el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo" (ob. cit., Tº III, pág. 370).

No obsta al carácter nulo de las cláusulas analizadas que el acuerdo haya sido homologado por el Ministerio de Trabajo ya que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la L.C.T. el orden de prelación normativo (art. 31, C.N.), en caso de duda en la aplicación de normas legales o convencionales preponderará la más favorable al trabajador. En el derecho del trabajo la norma de rango inferior prevalece sobre la superior sólo si establece mayores beneficios, que no es justamente el caso que nos ocupa. No puede soslayarse tampoco en este análisis que el principio protectorio es el abrigo del derecho del trabajo y ha sido consagrado constitucionalmente en el artículo 14 bis, que determina que las leyes deben asegurar al trabajador una retribución justa.

En materia de derecho del trabajo la naturaleza salarial de las prestaciones está expresamente legislada. Como señalara, el artículo 103 de la L.C.T. establece que, a los fines de la ley, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Por lo tanto una resolución ministerial homologatoria no puede calificar un "incremento de salarios" como no remuneratorio porque ello contraría una norma de rango superior y, además, va en contra de principios elementales del derecho del trabajo.

Como dice también el citado jurista, el acto homologatorio no tiene la virtualidad de purgar el vicio de origen, ya que la autoridad de aplicación debe, en todos los casos, hacer un control de legalidad de los convenios y acuerdos, en los términos del artículo 7º de la ley 14.250 y 8º de la L.C.T. Y si lo hace mal, la sanción es la nulidad de la cláusula que contraría la ley. El convenio colectivo no puede exceder los límites de la disponibilidad colectiva, particularmente cuando se trata de una materia tan delicada como el salario, que se proyecta sobre numerosas prestaciones laborales. Y la calificación ilegítima de una determinada prestación como no salarial puede originar un grave conflicto para la empresa, pues esta materia está siempre sujeta a la decisión judicial, que tiene la obligación de adecuar lo actuado en la sede administrativa al tipo legal".

Por lo expuesto, coincido con el criterio adoptado en grado y sugiero se confirme también lo decidido al respecto.

d) En materia de intereses comparto lo resuelto en origen, dado que el pronunciamiento se ajusta al criterio adoptado por esta Cámara (cfr. Acta Nº 2.357 y Resolución Nº 8/02). Por otra parte, en un sistema nominalista, en el que no es posible la repotenciación de las deudas dinerarias en base a índices de precios, es necesario que la alícuota contenga un ingrediente que mitigue la incidencia dañosa de la inflación. En ese marco, la tasa escogida en grado es la adecuada, máxime si se atiende a la naturaleza alimentaria de los créditos que estuvieron en disputa. e) Respecto a las costas, y a influjo de la solución propiciada, no encuentro motivos que justifiquen apartarse de lo resuelto en la instancia anterior, ya que la demandada ha sido vencida en lo sustancial (conf. artículo 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.).

f) Los honorarios recurridos, en función de la importancia, mérito y extensión de los trabajos realizados, son equitativos (artículos 6°, 7°, 8°, 37 y 39 de la Ley 21839, 3° del Decreto-Ley 16638/57 y 38 de la L.O.).

En definitiva, por las razones hasta aquí expuestas, propongo: se confirme la sentencia apelada en lo principal que decide y ha sido materia de recursos y agravios; se impongan las costas de Alzada a la demandada vencida en lo sustancial (artículo 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.); se regulen los honorarios de la representación letrada del actor y de la demandada, por sus trabajos en esta instancia, en el 25%, respectivamente, de lo fijado por la anterior (artículo 14 de la Ley 21839).

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

I)	Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y ha sido materia de recursos y agravios.- II)	Imponer las costas de Alzada a la demandada.- III)	Regular los honorarios de la representación letrada del actor y de la demandada, por sus trabajos en esta instancia, en el 25%, respectivamente, de lo fijado por la anterior.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.- ss VICTOR A. PESINO LUIS A.CATARDO JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA