Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-28


MUNICIPALIDAD DE ROSARIO contra GUARDERIA NAUTICA S.R.L.

Reg.: A y S t 211 p 341-348.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE ROSARIO contra GUARDERÍA NÁUTICA S.R.L. -Apremio- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 174, año 2004). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores: Netri, Falistocco, Vigo y Spuler.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Sucintamente, el caso.

La Municipalidad de Rosario promovió juicio de apremio (ley 5066) contra Guardería Náutica S.R.L., pretendiendo el cobro de la suma de $117.115,07 con más sus intereses, en concepto de permiso de uso de un predio ubicado en la zona del Puerto de Rosario, con base en la liquidación de deuda -del 23.8.2002-, que fue expedida como consecuencia del no cumplimiento de un convenio de pago suscripto entre las partes.

Al contestar la citación de remate, la ejecutada opuso excepción de inhabilidad de título por pendencia de recursos administrativos (arts. 53 y 55, C.T.M.) y por la inadmisibilidad de la vía escogida, esto es, la ley 5066, ya que -a su entender- no se trataba de una obligación fiscal.

Planteó la inconstitucionalidad del artículo 8, inciso d) de ese cuerpo legal, en tanto limita la defensa mencionada a las formas extrínsecas del título; asimismo, acusó la incompetencia del juzgador con fundamento en el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Mediante sentencia n 667 del 29.8.2003, la Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N 6 de Rosario rechazó las excepciones opuestas por la demandada y, en consecuencia, declaró su competencia, denegó el planteo de inconstitucionalidad formulado e hizo lugar a la demanda incoada por la Municipalidad de Rosario, ordenando llevar adelante la ejecución (fs. 73/77).

Para así resolver consideró que la liquidación del 23.8.2002, emanada de la Dirección de Gravámenes Especiales de la Municipalidad por $117.115,07, reunía los requisitos exigidos por el artículo 6 de la ley 5066 y que las consideraciones que había formulado la ejecutada en cuanto al origen o causa de la obligación resultaban inadmisibles en el proceso ejecutivo; con idéntico fundamento desestimó el planteo de inconstitucionalidad.

El rechazo de la defensa de inadmisibilidad de la vía escogida se sustentó en que, en el convenio de pago referido, las partes habían pactado que se trataba de un "crédito fiscal" y que la caducidad del título se producía por el no pago, quedando habilitada, así, la vía del apremio.

En cuanto a la pendencia de recursos administrativos opuesta, la Juez entendió que la mora en el pago de las cuotas que fijaba el convenio produjo automáticamente su caducidad, sin necesidad de resolución que así lo declarare; pero además, que la resolución recurrida mediante reconsideración en sede administrativa (297/02) había quedado perfeccionada por el efecto "ius superveniens" que sobre ella tuvo el decreto del Intendente Municipal 2336/02, que rechazó dicha revocatoria.

Finalmente, consideró que tampoco procedía la excepción de incompetencia en razón de que el título ejecutivo autocreado era suficiente para accionar por la vía del apremio fiscal (arts. 72 y 117, ley 10160).

2. Contra ese pronunciamiento interpuso la ejecutada su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

Sostiene que el A quo conculca la garantía del debido proceso legal al admitir la aplicación al caso de un procedimiento previsto para otros supuestos de hecho.

Afirma -en tal sentido- que la ley 5066 es especial para el cobro de obligaciones fiscales, categoría de la que no participa la pretensión de percepción de cánones locativos como el de marras, concluyendo que este "apremio" no es un proceso de ejecución tendente al cobro de una "deuda fiscal", sino, en rigor, "un apremio".

Seguidamente, le imputa al Juzgador las siguientes causales descalificantes: a) Exceso ritual manifiesto por limitarse a analizar el aspecto formal del título cuando surgían con evidencia -dice- los vicios denunciados en las excepciones.

b) Grave desinterpretación de las constancias de autos en tanto el crédito en cuestión no constituye una obligación fiscal que habilite la vía prevista en la ley 5066 ya que, a pesar del argumento de que así había sido reconocido por las partes en la suscripción del convenio de pago, la conclusión del Juez importó dar prevalencia al "nomen juris" por sobre la ontología de la relación jurídica (pago de un canon locativo y no de un impuesto).

Expresa que del convenio surge que el inmueble donde desarrollaba su actividad es de propiedad de la Municipalidad, pero del dominio privado de ésta e inscripto a su nombre en el Registro General de Propiedades de Rosario; que el ente municipal se hizo acreedor del bien en cuestión mediante la sanción de la ley 24075, norma que desafectó al inmueble del servicio público al cual estaba destinado, cediéndolo a título gratuito a la ejecutante; y que esta situación de hecho y de derecho descripta determina que el precio que se pagó por su uso es un canon locativo en función de la operada locación del inmueble.

c) Grave desinterpretación de la "quaestio juris" con referencia a los llamados títulos "autocreados" ya que, si bien la voluntad de las partes es libre para crear títulos ejecutivos, ese principio no es trasladable al régimen de la 5066 y las obligaciones fiscales que abarca, porque no pueden crearse convencionalmente obligaciones fiscales y menos títulos que permitan acudir a la vía de apremio fiscal.

Sostiene que sólo con grave error de derecho se puede afirmar que Guardería Náutica y la Municipalidad de Rosario convinieron "crear" un título hábil para un apremio fiscal donde el principio de legalidad es absolutamente rígido y necesario.

d) Autocontradicción y ausencia de motivación suficiente al examinar la pendencia de recursos.

Manifiesta que si se entiende que el incumplimiento del plan de pagos constituye una obligación fiscal, debería aceptarse la inhabilidad de título por cuanto la caducidad del plan de pagos no fue declarada por el órgano administrativo competente (Intendente Municipal).

e) Violación del texto expreso de la ley habida cuenta que el A quo soslaya lo dispuesto por el artículo 111 de la ley 10160 conforme al cual la causa debió radicarse en el juzgado de circuito, donde se homologó el convenio.

3. En el análisis de admisibilidad que le compete efectuar a esta Corte por imperio del artículo 11 de la ley 7055, cabe mencionar -en primer lugar- que el artículo 1 de la ley 7055 establece que procederá el recurso de inconstitucionalidad, siempre que también se configure, al menos, uno de los casos enunciados en los tres incisos de la citada disposición, contra sentencias definitivas dictadas en juicios que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación.

Conforme a su naturaleza, la resolución atacada por el presente remedio extraordinario -recaído en un juicio de apremio- es, por regla general, insusceptible de recurso de inconstitucionalidad, pues carece del carácter de definitivo exigido por la anteriormente mencionada norma de la ley 7055, en la medida en que, por no tener autoridad de cosa juzgada sustancial, puede ser objeto de revisión en juicio ordinario posterior.

En otras palabras, tratándose de un proceso de ejecución, éste se cierra con una sentencia contra la que la ley 5066 abre la vía ordinaria prevista por el artículo 26 y, por ende, no reviste en principio calidad de definitiva (cfr. A. y S., T. 36, pág. 229; T. 48, pág. 289; T. 84, pág. 222; T. 110, pág. 231).

Mas, cabe precisar que tal enunciado no es absoluto, desde que cede cuando no existe la posibilidad del aludido ordinario posterior, circunstancia que se da cuando se trata de excepciones procesales relativas al proceso ejecutivo y de cualquier excepción o defensa que se haya deducido, sustanciado y decidido en aquél sin limitación de prueba (cfr. A.

y S., T. 60, pág. 1; T. 65, pág. 185; T. 74, pág. 205; T. 75, pág. 312; T. 95, pág. 132; T. 114, pág. 23, entre muchos otros), por lo que el obstáculo formal señalado queda así superado.

4. Sentado lo que antecede, ha de concluirse que la impugnación carece de matiz constitucional, conforme se expondrá seguidamente.

Aun cuando la recurrente acusa la invalidez de la sentencia por presunta arbitrariedad y por ser violatoria a las garantías del debido proceso legal, en su confrontación con la resolución atacada, surge tan sólo la mera disconformidad de la impugnante con la solución dada por el Juez de la causa, en ejercicio de funciones propias, pero sin lograr demostrar que aquél haya excedido, en tal cometido, el marco propio de sus facultades, lo cual -independientemente del mayor o menor grado de acierto con que lo haya hecho- no incumbe a este Órgano revisar.

4.1. En cuanto a la hipótesis descalificante reseñada en el punto 2.a), corresponde aclarar que en esta instancia extraordinario la impugnante no reedita su planteo de inconstitucionalidad del artículo 8, inciso d) de la ley 5066 sino que se limita a aseverar que ésta fue resuelta por el Inferior mediante un excesivo abuso de las formas.

Circunscripta, así, la postulación recursiva en los términos de la doctrina de la arbitrariedad (art. 1, inc. 3, ley 7055), cabe destacar que de la lectura del libelo recursivo surge con toda claridad que el reproche de la quejosa conduce al examen de cuestiones de estricto contenido procesal materia que, en principio, resulta ajena a esta instancia extraordinaria, dado que con tales formulaciones no consigue persuadir que en el "sub lite" se den los supuestos de excepción a tal regla, esto es: cuando en la inteligencia de las normas instrumentales medie arbitrariedad o lesión a la garantía constitucional de defensa en juicio.

En tal sentido, conviene memorar que la interpretación propuesta por el A quo para desestimar la incongruencia del mencionado precepto (art. 8, inc. d, ley 5066) con normas de jerarquía superior se sustentó en que no se advertía violación alguna de cláusulas contenidas en la Carta Magna local al tener la sentencia de apremio efectos de cosa juzgada formal.

Sobre esa base, el A quo afirmó que sólo cabía examinar si el título acompañado reunía los requisitos exigidos por el artículo 6 del mencionado cuerpo normativo y, en ese menester, concluyó que "...es evidente que la Liquidación de Deuda expedida por la Sub-Directora de la Dirección de Gravámenes Especiales de la Municipalidad de Rosario en fecha 23 de agosto de 2002 por $117.115,07 cuya copia luce a foja 10, reúne los requisitos exigidos por el art. 6 inc. 1) de la ley 5066 que viabiliza la acción entablada. Todas las consideraciones que formula la ejecutada en cuanto al origen o causa de la obligación resultan inadmisibles en juicio ejecutivo como el presente..." (fs. 74v./75).

A estos argumentos se opone la quejosa sosteniendo que la hermenéutica propiciada se encuentra imbuida de un excesivo apego a las formas, en tanto se erige como obstáculo para examinar tres cuestiones que estima decisivas, cuales son: a) la manifiesta inadmisibilidad de la vía intentada al no tratarse el caso de un crédito fiscal; b) la iniciación de la ejecución mientras estaban pendientes recursos administrativos -deficiencia que no podía suplirse aun con la invocación del efecto "ius superveniens" del decreto 2336/02-; y c) la incompetencia del juez para entender en la causa, correspondiendo su radicación ante la justicia circuital (art. 111, L.O.P.J.).

Pero la formulación así concebida se desvanece, a poco de tener en cuenta que todas esas defensas que el recurrente afirma que no fueron examinadas por la Juez como consecuencia de la desestimación del planteo de inconstitucionalidad, en rigor, sí han sido tratadas y juzgadas por el Inferior (fs. 75/77), por lo cual ningún abuso de las formas puede verificarse en la especie.

Dicha solución se robustece en el caso ante la evidencia de que los restantes reparos vertidos por la impugnante se dirigen derechamente a cuestionar los argumentos brindados por el A quo tendentes a desestimar cada uno de esas cuestiones, conforme se expondrá a continuación.

4.2. Le imputa al Sentenciante grave desinterpretación de las constancias de autos y de la "quaestio juris" al considerar que la pretensión entablada constituía un "crédito fiscal", otorgándole supremacía al "nomen juris" empleado en el convenio de pago por sobre la ontología de la relación jurídica -cobro de un canon locativo y no de un impuesto-.

Sin embargo, el cuestionamiento enunciado -tal como ha sido formulado- revela mera disconformidad de la impugnante con la ponderación de las circunstancias fácticas como de las probanzas rendidas que efectuara el Juzgador, en ejercicio de funciones propias, en un intento de hacer primar su apreciación del resultado que correspondía arribar en el caso, esto es: la prueba producida (convenio de pago) acreditaba que el bien era del dominio privado de la Municipalidad de Rosario y, como consecuencia de ello, el canon debido en concepto de locación del inmueble ostentaba naturaleza privada, no pudiendo considerarse como "crédito fiscal", carácter, además, que sólo puede otorgarlo la ley mas no el acuerdo de partes.

Esta apreciación de la prueba, concretamente del mencionado convenio, se contrapone con la efectuada por el Inferior al entender que por vía de ese instrumento, Guardería Náutica Rosario S.R.L. reconoció adeudar a la Municipalidad de Rosario la suma de $122.444,80, acordándose que mientras tuviera vigencia el acuerdo, la acreedora se comprometía a no realizar medidas tendentes al cobro con excepción de las que fueran necesarias para resguardar el "crédito fiscal" y que, en caso del no pago de tres cuotas consecutivas o alternadas o una por el término de 90 días, se produciría la caducidad del plan de facilidades, quedando, así, habilitado el proceso de apremio (f. 75v.).

Sabido es que el recurso de inconstitucionalidad resulta inadmisible si el quejoso sólo pretende una nueva valoración de la prueba rendida. En el caso, la argumentación del recurrente respecto de la existencia de una grave desinterpretación de los medios de confirmación sólo refleja su particular enfoque acerca del valor que se debió asignar al "convenio de pago" suscripto entre las partes, pero sin lograr demostrar que el Juez haya examinado el plexo probatorio transgrediendo las elementales reglas de la lógica y la experiencia que gobiernan en ese campo.

A lo expuesto, corresponde agregar que de la ley 24075 -invocada por el recurrente en sustento de su tesis- no surge de manera alguna que el bien en cuestión sea del dominio privado de la ejecutante, antes bien, el destino a la ampliación del Parque Nacional a la Bandera con que fue cedido el inmueble, es un pauta, desde luego no excluyente, de que ha sido afectado a un uso público que lo colocaría dentro del denominado régimen de dominialidad.

Resumiendo: La apelante con su discurso recursivo no consigue persuadir que la pretensión ejecutiva no esté contenida en los artículos 4, 106 y 107 del Código Tributario Municipal y, de consiguiente, no quede sujeta al régimen procesal establecido en el artículo 1 de la ley 5066.

4.3. Le imputa autocontradicción y ausencia de motivación suficiente al Juez al desestimar la temática relativa a la caducidad y la pendencia de recursos administrativos concedidos con efecto suspensivo.

Ninguno de esos vicios son acreditados siquiera "prima facie" en esta instancia.

Repárese, ante todo, que el Inferior dejó enfáticamente aclarado que no era exigible declaración de caducidad expresa, habida cuenta que se había pactado -expresamente- que el atraso en el pago de tres cuotas consecutivas o alternadas o una por el término de 90 días produciría la "caducidad" del referido plan de facilidades, facultando a la Municipalidad a iniciar el juicio de apremio; por lo cual la mora se había producido por el mero transcurso del tiempo, operándose, así, la caducidad automática, que no requiere de acto administrativo emanado del Intendente Municipal (f. 76v.).

Estas líneas argumentativas expuestas por la Jueza no son compartidas por la impugnante, insistiendo en su postura de que era necesaria la declaración de caducidad del referido convenio de pago, pero sin lograr demostrar articulada una cuestión constitucional, no bastando a tales efectos la afirmación que efectuara, en el sentido de que como manifestación de los privilegios de la Administración a la par de la interpretación asignada de que se trababa de una "obligación fiscal", era exigible que dicha cláusula exorbitante se ejecutase mediante acto expreso del Intendente, único órgano con competencia al efecto.

Lo que la quejosa hace aquí, no es más que oponer su propio enfoque al criterio sostenido por el Juzgador, que de manera alguna resulta suficiente para explicar en dónde radicaría la irreductible oposición conceptual al afirmarse, por un lado, que la "caducidad" del plan de pagos era automática y, por el otro, que la pretensión reclamada constituía un "crédito fiscal".

Además, el alegado incumplimiento de la exigencia contemplada por el artículo 95 de la Constitución de la Provincia en el tratamiento de la defensa de los recursos administrativos pendientes, ninguna correspondencia guarda con la sentencia impugnada.

Repárese, sobre el particular, que la Juez sostuvo que el decreto 2336/02 del Intendente Municipal -que rechazó la reconsideración contra la resolución 297/02 que, a su turno, había desestimado el pedido de prórroga del desalojo del predio y reformulación del plan de facilidades de pago efectuado por Guardería Náutica- había venido a perfeccionar la resolución 297/02 por el efecto "jus superveniens", haciéndola adquirir firmeza.

Es que, en rigor de verdad, la vía recursiva que menciona la recurrente (arts. 53 a 55, C.T.M.) refiere a la impugnación de la determinación del organismo fiscal, para el caso, la liquidación deuda expedida por la Dirección de Gravámenes Especiales de la Municipalidad de Rosario el 23.8.2002.

Esta liquidación de deuda operó como base del apremio iniciado por la ejecutante, la cual viniendo a denegar implícitamente el pedido de renegociación efectuado por la demandada, no consta en autos que hubiera sido recurrida a través de los medios impugnativos que otorga el Código Tributario Municipal.

En cambio, la recurrente pretende conferir dicha trascendencia a la resolución 297/02 la que, en puridad, fue dictada luego de que el pedido de Guardería Náutica se tornara abstracto en tanto ya había sido desalojada y la Dirección de Gravámenes Especiales había emitido la liquidación de deuda.

Palabras más o menos, la apelante no consigue acreditar que la sentencia atacada no se erija como el fruto de un criterio lógico y racional efectuado por la Juzgadora, uniendo de modo congruente y sistemático los hechos con los preceptos jurídicos aplicables. Menos aun persuade que la pendencia de recursos administrativos planteada, en las particulares circunstancias del caso, tengan trascendencia alguna para enervar los efectos de la determinación de deuda, base de la presente ejecución.

4.4. Finalmente, la recurrente acusa de arbitraria la sentencia por violación del texto legal expreso afirmando que la Jueza interviniente era incompetente en tanto así lo dispone el artículo 111 de la L.O.P.J. al establecer que las cuestiones atinentes a locaciones corresponden a los jueces de circuito, situación que acontece -a su juicio- en autos al tratarse de un "canon locativo".

Sin embargo, dicho reparo se resquebraja por el solo hecho de que la recurrente no ha conseguido demostrar -como ya se vio- la arbitrariedad de la respuesta jurisdiccional brindada por el Sentenciante respecto de la naturaleza de la acreencia reclamada, esto es: "crédito fiscal", circunstancia que "per se" descarta de plano la competencia de la justicia de circuito para entender en pretensiones como las de marras.

Corolario de lo expuesto es que el planteo queda reducido a la mera disconformidad interpretativa de la recurrente para con el criterio sustentado por los jueces de la causa en torno a la suerte de lo decidido, en una postura adversa a sus pretensiones, mas sin lograr demostrar configurada una cuestión constitucional idónea para habilitar la instancia ante este Cuerpo, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia funcional.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Regístrese y hágase saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)