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Prenda con registro, ejecución prendaria, subasta de muebles, patente del automotor, documentación del automotor, multa administrativa, certificado de libre deuda, Dirección General de Rentas, reglamento general de tránsito, automotores, régimen de empadronamiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALENCO SAIC c/ EL VALLE SATIC s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-02

Si el ejecutante de prenda pidió que se dispusiera la subasta del automóvil, resulta improcedente requerirle que acompañe "el informe de deudas por patentes y multas", si -como en el caso - surge que la dirección de rentas de la provincia de Río Negro informo que él rodado "no" fue registrado en sus padrones impositivos, y que la Municipalidad de General Roca, afirmó que no existen "antecedentes por violación a las ordenanzas y reglamentaciones de tránsito". Ello pues, de tal circunstancia no se sigue óbice para disponer la subasta, en tanto los referidos datos sean adecuadamente exteriorizados para conocimiento de los postores.
Prescripción adquisitiva, accesión de posesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Artuso, Luis c/ Sainz, Florencio s/ Posesión Veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

Para poder computarse la posesión ejercida por los antecesores del accionante, en el inmueble, insoslayablemente se requiere la existencia de un nexo jurídico o causa para que la transmisión configure una sucesión legal -art. 2476 C. Civil-.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: LABORAL
Carátula: FIGUEROA Otilio Orlando c/ PALAZZOTTI Rosa A. y Otro s/ Cobro de Pesos (Horas Extras, S.A.C., Indemnizaciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-07-11

El art. 125 inc. c) del C.P.L. establece que al expresar agravios el apelante deberá efectuar una crítica razonada y concreta del fallo, señalando las partes que considere equivocadas, no bastando la remisión a escritos anteriores, manteniendo especialmente la objetividad de los agravios, por lo que, en el caso, a poco que se observe el escrito de la actora, se advertirá que no reúne las condiciones mínimas para cumplir con su objetivo.
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, examen de admisibilidad, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bernardin SAIC s/ Concurso comercial preventivo. Incidente de regulación de honorarios.  Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso Extraordinario (Expte. CSJ  Nro. 293-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-11

La ley 7055 exige al Tribunal pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso (artículo 11) y entre los recaudos que debe tener en cuenta el juzgador al meritar la viabilidad del mismo, se incluye la demostración de la existencia de una cuestión constitucional a cuyo efecto el recurrente debe, en el escrito de interposición, exponerla "con claridad y precisión". El control del cumplimiento de esa exigencia, establecida en el artículo 3 de esa ley, corresponde efectuarlo en esa oportunidad -al juzgador la admisibilidad-, ya que no se trata de decidir en esa primera etapa, si hubo o no lesión constitucional, sino sólo si se ha expuesto suficientemente en demostración de que prima facie se habría configurado una cuestión de esa jerarquía.
Prima, seguro de vida
Materia: CIVIL
Carátula: Lima Antonia c/ Instituto Seguro Misiones Sa s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-07-07

Aun cuando el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Misiones no haya abonado al asegurador la prima correspondiente al seguro de vida de quien fuera en vida esposo de la actora, la alegada suspensión de la prima por falta de pago opuesta al progreso de la acción no resulta atendible atento la finalidad económica social y de previsión atribuida al seguro obligatorio colectivo de vida y a la especial metodología de formación del contrato y sobre todo del pago de la prima, los que son afrontados con fondos provenientes de descuentos de los haberes de los jubilados asegurados.
Acumulación de acciones, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: COMERCIAL
Carátula: Goñi Héctor Jesús c/ Ing Bank N.V. s/ ordinario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

Quien resulta víctima de un daño no tiene, en nuestro derecho, dos acciones -la contractual y la extracontractual- entre las cuales pueda optar o, menos aún, acumularlas libremente, oponiéndose a ello el Cciv: 1107 en cuanto dispone que: "Los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones convencionales, no están comprendidas en los artículos de este Título, si no degeneran en delitos del derecho criminal". Por el contrario, el damnificado debe -en su caso- atenerse a uno u otro sistema según la causa determinante de la responsabilidad, salvo el supuesto previsto en la norma citada (CNCiv, Sala E, 05/04/91 ED. 143-138), considerándose en general que para determinar el tipo de acción por el que ha optado debe estarse a los hechos invocados y no al derecho que se menciona (v. Bueres, Alberto J.-Highton, Elena I. "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", t. 3 A.

tít. IX, pág. 344 y ss., ed. 2005 y citas allí indicadas), e impidiéndosele que acumule los dos regímenes, eligiendo lo que más le conviene de cada uno de ellos (v. Lorenzetti, Ricardo L.

"Tratado de los Contratos. Parte General", cáp. XIX, pág. 579 y ss., ed. 2004, con cita de Kemelmajer de Carlucci en Belluscio y Zannoni, y de Cazeaux y Trigo Represas).
Alimentos, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.de C., M.H. c/ C., J.B. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

No es necesario e indispensable que la justificación de los ingresos del alimentante resulte de prueba directa, pues, es suficiente la meramente indiciaria, que debe ser valorada con criterio favorable a la pretensión que se persigue.-
Deserción del recurso, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: M. C. A. c/ D. G. B. T. y otro/a s/ nulidad de testamento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-08-18

Cabe desestimar el planteo de deserción del recurso introducido por el demandado, pues la deserción fue planteada por violación de lo dispuesto en el art. 260 del código ritual. Ha de precisarse, que este planteo del accionado carece de toda entidad porque la expresión de agravios del apelante contiene una crítica concreta y razonada del fallo apelado, satisfaciendo la carga de fundamentación exigida por dicha norma procesal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: Cura, Daniel c/ Frigorifico Regional Salto S.A. s/ Indemnizacion por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a sostener que el tribunal del trabajo no consideró una causal de injuria sin denunciar ni demostrar absurdo a los alcances que se dieron en el fallo a la notificación del despido indirecto ni invocar infracción del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delito penal, tentativa, graduación de la pena, consumación del delito, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: S, M E s/ Pedido de formación de Tribunal Pleno - Libertad provisional  concedida (Expte.: NRO. 13 Año 2000) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-23

Durante mucho tiempo tuvo notable aceptación jurisprudencial la teoría que afirma que la escala penal que corresponde aplicar por el delito conminado con pena temporal privativa de libertad en grado de tentativa, resulta de disminuir en un tercio el máximo de la pena prevista para el delito consumado y en la mitad su mínimo. Dicha interpretación lleva al resultado inadmisible de que el máximo de la pena aplicable a la tentativa de un delito castigado con prisión temporal, sería superior a la aplicable si el delito estuviese castigado con prisión perpetua (esto como consecuencia de que el artículo 44, tercer párrafo, del Código Penal, establece que si la pena fuese de prisión perpetua la de la tentativa será de diez a quince años de prisión y, utilizando el criterio antes citado, la pena de prisión temporal para el homicidio oscilaría entre los cuatro años y los dieciséis años y ocho meses de prisión, pudiendo así merecer mayor pena el autor de una tentativa de homicidio simple -16 años y 8 meses de prisión-, que el autor de una tentativa de homicidio calificado -15 años- pese a ser éste un delito de mayor entidad criminal).Habida cuenta de la irracionalidad derivada de lo antes señalado, se evidenció la necesidad de buscar otra interpretación que evitara semejante resultado desestructurante de la armonía punitiva del Código. Fue el propio Ricardo Núñez quien se ocupó de hallar una solución, indicando que la misma pasaba por disminuir un tercio del mínimo de la pena posible y la mitad del máximo, con lo que se lograba para la hipótesis extrema que tratáramos una escala que partía de los cinco años y cuatro meses de prisión como mínimo, y llegaba a los doce años y seis meses de prisión como máximo. Con una propuesta como la referida, se salvaba la armonía de los grados punitivos del Código Penal. Sin embargo, apareció otra y que en procura de idéntico resultado sostuvo que la escala debía fijarse reduciendo a un tercio el mínimo y a la mitad el máximo, con lo que se obtenía para la hipótesis hasta aquí considerada un mínimo de dos años y ocho meses de prisión, y un máximo de doce años y seis meses de igual pena. Aunque con semejante interpretación se lograba un resultado más beneficioso para el imputado, puede sin embargo advertirse que con ello en vez de estarse a la letra del Código Penal y disminuirse la pena "de un tercio a la mitad", lo que en realidad se hacía era disminuir el mínimo en dos tercios, y ello es claramente contradictorio con lo que expresa la ley penal. (De los Fundamentos del Dr. Amadío que quedó en Disidencia). En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Cuál debe ser la exégesis correcta del art. 42 del Código Penal a efectos de establecer la escala aplicable por el delito conminado con pena temporal privativa de la libertad y en grado de tentativa?.
Accidentes de trabajo, incapacidad total, incapacidad permanente
Materia: LABORAL
Carátula: CARAZA, ROBERTO CAYETANO c/ AVENIDA CASEROS 3302  S.R.L. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-09

Debe concluirse que es total y permanente la incapacidad de una persona de más de sesenta años de edad, que a raíz de un accidente de trabajo sufrió amputación de un miembro (en el caso, inferior izquierdo), quedando imposibilitado de deambular y por ende de desempeñar sus tareas habituales que lo obligaban a mantenerse en movimiento.
Derecho de la navegación, seguridad de la navegación, asistencia y salvamento
Materia: PROCESAL-NAVEGACION
Carátula: PEREYRA  ANGEL  ORLANDO  Y  OTROS c/ PESQUERA SANTA ELENA S.A. s/ COBRO DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-16

La conclusión del perito es determinante y me convence aún más acerca de la inexistencia de un peligro real en el momento en que comenzaron las tareas de remolque, pues expresa que la actividad desplegada por el buque "Uchi" y su tripulación, independientemente del éxito de la operación, no encuandra dentro del instituto de salvamento o asistencia previsto en la Ley de la Navegación porque: a) el remolque fue cumplido por ambas partes sin existir ningún hecho extraordinario que permita inferir su conversión en una asistencia o salvamento y b) no existieron situaciones de peligro ni se realizaron tareas que excedieran las que normalmente requieren este tipo de operaciones. El buque "Kaleu-Kaleu", su carga y sus tripulantes no han soportado una situación de zozobra o de riesgo anormal que haya generado ese peligro amenazante característico de la "asistencia".
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tripi, Norma c/ Marcelo, Raúl s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

Interrumpe el nexo causal y exime de responsabilidad (art.1113, C.Civ.) la conducta de la víctima que -influida por su intoxicación etílica- desoye las advertencias que se le realizan y emprende el cruce ante la proximidad del vehículo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Angel; Vázquez, Horacio Daniel s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-26

Es infundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación del art. 259 inc. 1º del Código de Procedimiento Penal y se sostiene que habiéndose acreditado el cuerpo del delito por prueba indirecta no puede demostrarse la autoría también por prueba presuncional si de la sentencia aunque se cita el art. 259 en forma global se puede inferir sin dificultad, conforme al léxico que se emplea, que la prueba utilizada a los fines indicados es la prueba compuesta y se observa que el complejo probatorio se ha formado con elementos de prueba directa, apreciados en calidad de tales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Designaciones docentes, título profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FOS DE RIOS VELAR, MARIA JULIA c/ E.N.  MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

La disposición 470/79 de la Dirección Nacional de Educación media y superior dispuso que cuando fuera imposible cumplir el requisito de título habilitante o supletorio quien fuera designado será notificado que se lo hace con carácter precario y que será reemplazado en el momento que se cuente con el docente con el título reglamentario.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, competencia contencioso administrativa, consentimiento
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ DIACZUK, NICOLAS s/ EXPROPIACION. INCIDENTE DE APREMIO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 101-85 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ EVARISTO SERVANDO BALMACEDA s/ EXPROPIACION. INCIDENTE DE APREMIO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 115-85 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ RAILLON, PETRONA GELABERT DE s/ EXPROPIACION. INCIDENTE DE APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 180-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-03|1986-04-03|1986-04-03

Resulta tardío el planteo de la cuestión constitucional referido a la supuesta competencia de este tribunal por ser materia contencioso administrativa la debatida, si en autos no se dedujo ni se trató, ni siquiera tangencialmente cuestión alguna vinculada a la competencia. La demandada, no planteó excepción ni afirmó, a estar a lo que surge de la queja, que se dieran los presupuestos condicionantes de la competencia contencioso administrativa, sino que consintió, sin utilizar los medios legales, el trámite ante la justicia ordinaria, para recién luego de la sentencia condenatoria, pretender introducir el tema.
Prueba pericial, pericia médica, citación de partes, notificación en el domicilio, falta de notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: GUERRERO, Juan c/ ELECTRODOMESTICOS AURORA S.A. s/ accidente ley 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-29

Omitida la notificación al domicilio real del actor (art. 32, inc d) de la L.O.) para que concurra al consultorio del experto, no puede tenerse por válida la posterior intimación bajo apercibimiento de darle por decaído el derecho de producir la pericial médica efectuada al domicilio constituido y mucho menos la efectivización de dicho apercibimiento, pues se desvirtuaría entonces la finalidad tuitiva perseguida por el art 32 inc d) de la L.O.). (Del voto de la Dra. Guthmann, en minoría).
Justicia municipal de faltas, revisión judicial, ley de tránsito, responsabilidad de las personas jurídicas, interpretación sistemática
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L. S. A. T. s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-06

La Ley 24.449 fue dictada por el Congreso de la Nación y constituye una ley convenio que invita a las autoridades locales a adherir a ella, con intención de lograr la unificación normativa en el país sobre la temática que regula.

La ley invocada contempla, en su artículo 2, la posibilidad de que las jurisdicciones locales dicten sus propias normas en la materia, adecuadas a las específicas y fundadas circunstancias locales. La Ciudad de Buenos Aires dictó al efecto la Ordenanza Nro. 50.292, apartándose en su artículo 17 de las previsiones del artículo 76 de la ley, en razón de la complejidad y especiales características que el tránsito de superficie presenta en la Capital Federal.

En oportunidad del dictado de la citada Ordenanza, los legisladores de la Ciudad hicieron uso de la facultad que la ley reconocía a las jurisdicciones locales, conservando esta norma su vigencia hasta tanto la Legislatura legisle sobre el particular.
Empleo público, sanciones disciplinarias administrativas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUERO DE ALVAREZ, MARIA c/ C.O.N.E.T. s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

Basta que la inconducta del agente resulte acreditada, previo debido sumario y esté revestida de un grado de gravedad acorde con la magnitud de la sanción impuesta para que el acto administrativo que así lo determina resulte, por principio, legítimo e insusceptible de descalificación por vicio de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta.
Contratos, compraventa de automotores, plan de ahorro previo, vicios redhibitorios, defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Carello Rafael Roque c/ C.I.A.D.E.A. y otros s/ Rescisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-06-29

Nos encontramos frente a una relación de consumo en los términos de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa al Consumidor, puesto que en la misma participan , por una parte, el actor como persona física que contrata a título oneroso para su consumo final o beneficio propio la compra de un auto, o sea en el carácter de consumidor y por la otra, las empresas demandadas integrantes de la cadena de distribución y comercialización del mentado producto. Empresas a las que se extiende la responsabilidad por daños de acuerdo a lo normado por el artículo 40 de la ley antes citada.
Cuestiones de competencia, fuero de atracción, concursos, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL
Carátula: PONTAROLLO, Pierina c/ CASSAP, Abraham Jorge s/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO Y/O VENCIMIENTO DE CONTRATO -  COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

La suspensión de las acciones individuales y el fuero de atracción concursal, no rige para el juicio de desalojo, promovido al concursado, con el fin de lograr la restitución de un bien cuya titularidad no corresponde al deudor en concurso. Ello, por cuanto los juicios de desalojo pueden ser iniciados o perseguidos no obstante la apertura del concurso, pues no se trata de aumentar el número de acreedores o verificar si las acreencias recaen sobre bienes del deudor, ya que los inmuebles que los provocan no son del convocatorio y, por ende, no se ven afectados aquellos principios que la institución tiende, precisamente, a proteger.
Condominio, sucesiones, derechos y deberes del heredero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Nucci, Juan Carlos c/ Dongo, Carlos Rosa y otros s/ Disolución de condominio y sociedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-03

Nada obsta a que el heredero del condómino ponga en movimiento la acción prevista por el art. 2692 del Código Civil aun cuando no se hubiera procedido a la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad de los bienes dejados por su autor.
Pueblos originarios, participación ciudadana, ley provincial, derecho de libre determinación de los pueblos, Organización Internacional del Trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

La creación de un municipio no afecta ningún derecho reconocido a las comunidades indígenas por el Convenio 169 de la OIT ya que éste no les confiere un derecho a la autodeterminación política; éste no otorga a las comunidades indígenas el derecho a que el poder político general se organice de manera diferente al modo previsto por las normas constitucionales de los Estados en los que habitan, por lo tanto, no puede sostenerse que las normas cuestionadas por las recurrentes - ley 2439 y decreto PEP 2/2004 de la Provincia del Neuquén -, al establecer para el funcionamiento de Villa Pehuenia un modelo político representativo y no asambleísta, las afectaron directamente (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Adulteración de la numeración de bienes registrables, patente del automotor, estafa
Materia: PENAL
Carátula: MORALES, JOSE Y OTRO. s/ FALSIFICACION. CHAPA PATENTE. DEFRAUDACION. ESTAFA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-21

1) Si bien se halla acreditado que los procesados hicieron colocar, en vehículos colectivos de su empresa,chapas patentes pertenecientes a otras unidades, adecuándose su conducta a la norma del art. 289 inc. 3ro C.P.-ley 21.338-, en la actualidad los hechos resultan atípicos pues si bien la ley 23.077 reimplantó la vigencia del decreto-ley 6582-58, ni su art. 33, ni los restantes, permiten la aplicación del citado decreto a la conducta de los imputados (art. 2-Código Penal).

2) Por otra parte, aunque la colocación de las chapas duplicadas a vehículos que carecían de patentamiento constituyó el ardid destinado a eludir el pago de las respectivas patentes, no puede encuadrarse la acción descripta en el delito de estafa por cuanto para su configuración no basta la existencia de un ardid en el agente y un perjuicio económico en la víctima, sino que ésta debe realizar un acto de contraprestación o de gestión que, siendo consecuencia del engaño, sea, a su vez, causa del perjuicio.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, defraudación
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrari, Carlos Isidoro s/ defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

Corresponde declarar la competencia del juzgado provincial si de las constancias del expediente resulta que habría sido en territorio bonaerense donde se utilizaron las actas apócrifas, que produjeron la caducidad de la licencia de explotación que la empresa querellante tenía sobre la sala de juegos. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.