marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedades comerciales, intervención judicial, administrador judicial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Palmisciano, Juan Pablo  c/ Virgen del Carmen SRL  s/ medida precautoria s/incidente art. 250 cpr
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-07

Cabe revocar el pronunciamiento que agravó en grado de coadministración la intervención de veeduría decretada sobre una sociedad de responsabilidad limitada, siendo que no se observa que -en el caso- haya existido una renuencia a brindar cierta información, sino que a todo evento, la brindada no satisfizó al requirente. Y en este escenario, resulta inadecuado someter a la sociedad a satisfacer los requerimientos de un socio cuando éstos resultan infundados, sin obligación normativa o excesivos (v. CNCom, Sala F, in re "Demarco, José Francisco c/ Fransi SA s/ diligencia preliminar", del 1/12/21).

Por otra parte, las críticas que el actor levanta en relación a las decisiones sociales adoptadas por mayoría y que considera lesivas al interés social encuentran respaldo en su sesgada subjetividad, lo que no se traduce estrictamente en una anomalía en la gestión. Antes bien, la problemática parece pasar por el conflicto generado entre los socios mayoritarios y los minoritarios, ligado al desenvolvimiento social y de conducción del negocio, circunstancias éstas que, al igual que la eventual pérdida de la affectio societatis, no justifica la coadministración pretendida por ser tópicos ajenos a la administración social (v. mutatis mutandi, CNCom, Sala F, in re "Solari, Alejandra Elda c/ Recovering SA y otros s/ medida precautoria", del 30/10/12).
Excusación, asegurador por riesgos del trabajo, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Casa Barberia  S.A.C. c/ Sindicatos Unidos Petroleros del Estado s/ Ejecutivo  -  Incidente  de  Oposición  a Excusación de Rodolfo Mario  Milano
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-03-11

El a quo se excusa por ser pre - adjudicatario de una vivienda de un plan de la demandada, ... atento lo dispuesto en el art. 30 del C P.C.C.

Que si bien tal artículo autoriza la excusación no sólo por los motivos de la recusación sino también "... cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza...", siempre se ha entendido que debe juzgarse con estrictez, a fin de que los juicios se inicien y concluyan, en lo posible, ante los jueces naturales de acuerdo con el ordenamiento legal vigente.
Queja por recurso denegado, denegatoria del recurso, declaración testimonial, embajadas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "Dr. Jorge BULLO PEREA s/ Rec. de queja...".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

Debe rechazarse el recurso de queja contra la denegatoria del de apelación interpuesto contra la decisión de tomar declaración testimonial personalmente por el juez en la sede de una embajada (Reino de España) en tanto ésta se adapto en cumplimiento de precepros legales y las defensas tuvieron la oportunidad de formular los pliegos interrogatorios e incluso repreguntar.
Recurso extraordinario de nulidad, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROVINCIA DE MISIONES s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY EN AUTOS: "EXPTE. Nº 962/04 - MYCAR S.A. S/ ACCIÓN DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2010-02-08

El recurso extraordinario federal -Ley 48- y de Inaplicabilidad de Ley resulta improcedente pues no se ha demostrado la vulnerabilidad en la interpretación de norma federal alguna ni se observa divergencia en la interpretación de normas de índole federal que afecten preceptos constitucionales, como tampoco la trascendencia federal del caso, por lo que el remedio analizado no es apto para la admisión que el Máximo Tribunal exige, recordando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado que la arbitrariedad debe invocarse y probarse fehacientemente por el interesado.
Despido sin causa, indemnización tarifada, daño moral, recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: MORENO, RENE EDUARDO c/ EDECAT S.A. s/ BENEFICIOS LABORALES - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-12-04

El empleador puede, con amplia discrecionalidad, excluir de la empresa en cualquier momento a un dependiente en forma incausada, abonando la indemnización tarifada que determina la ley laboral y que comprende los perjuicios patrimoniales y morales que derivan de la pérdida del empleo.

Ahora bien, lo que no debe tolerarse es que so-pretexto de tal ejercicio se lesionen otros intereses patrimoniales o extra patrimoniales del trabajador, distintos de los alcanzados por la tarifación.

De ahí que sea necesario discernir cu les son las repercusiones que la conducta cuestionada produce, pues de verificarse un acto ilícito conexo al despido, el daño que eventualmente se podría generar estaría al margen de la tarifa legal.

En el caso, no advierto que la comunicación del despido haya incluido aseveraciones lesivas para la dignidad del trabajador, o que se formulen en ella atribución de actos ilícitos o contrarias a la buenas costumbres.

En mi opinión la valoración de las circunstancias que realiza el voto de la mayoría en el fallo que se impugna, cuando enumera las vicisitudes que pasar el trabajador ante el despido incausado, solo puede entenderse como un análisis de las consecuencias patrimoniales y morales que derivan de la lesión del interés del trabajador a la estabilidad de su empleo y que soporta éste, como tantos otros trabajadores en nuestro medio.

En conclusión debe hacerse lugar al recurso de casación articulado y revocar la sentencia de grado también por este agravio. Del voto del Dr. Cáceres- según su Fundamento
Depósito bancario, obligación de restituir, restitución de sumas de dinero
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZUCCOTTI, MARTA C. Y OTROS c/ P.E.N. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-05

La enumeración de ciertos supuestos de exclusión contenida en el decreto 591/90 no deben entenderse como taxativas sino que, por el contrario, debe ser asumida (en orden a una interpretación integrativa relacionada de modo especial con el decreto 36/90) como meramente enunciativa y fijadora de pautas orientadoras para determinar los supuestos de exclusión además de los que, expresamente allá, se indican.
Violación, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., S. C. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-27

El hecho de que la víctima de la violación no se encuentre legalmente casada, no impide compensar se indemnice, entre cosas, el daño moral padecido al tener que separarse de su compañero, porque este es el hecho que interesa: la destrucción de un hogar bien constituido, que tenía un hijo y que llevaba varios años de una armónica y feliz convivencia (art. 1078, Código Civil). Es por ello que resulta justo conceder -a la fecha de la sentencia apelada, 13/6 /90-, la suma de A 50.000.000 en concepto de daño moral.
Pena privativa de la libertad, concurso de delitos, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: Manfredi, Luis y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-08

El art. 55 del Cód. Penal es una disposición general y dinámica cuyo enunciado no determina con precisión cuál es el máximo de las penas privativas de libertad, sólo exige que "...no podrá exceder del máximun legal de la especie de pena de que se trate". En ese aspecto y a fin de interpretar el verdadero alcance de esta norma, deberá ponerse en relación con las figuras penales previstas en la parte especial y en las leyes que complementan el Código de fondo y así limitar la suma de la clase de pena a aplicar en el caso concreto. Si bien histórica y tácitamente se había reconocido que el máximo de la pena privativa de la libertad temporal era de veinticinco años -recurriendo al monto de la pena que fija el art. 79 Cód. Penal-, considero que tanto para el concurso de delitos como para la unificación de penas y conforme a una interpretación sistemática de la norma bajo análisis, este máximo podrá variar cada vez que se modifiquen en la parte especial las escalas penales correspondientes a la especie de pena (prisión o reclusión) de que se trate. Y ello así pues el término de 25 años al que hace alusión la defensa nunca fue expresamente reconocido por nuestro legislador como un tope máximo insuperable para restringir la suma de las penas en lo que respecta a la aplicación de los arts. 55 y 58 del texto legal de fondo. (Voto del Dr. Mitchell).
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ, AMERICO GRICELDO c/ JOSE HUGO CARRIZO Y/U OTROS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-07-16

La responsabilidad de la aseguradora en cuanto a la indemnización que debe percibir el trabajador como consecuencia de un Accidente de Trabajo -habiéndose accionado por la vía del art. 1.113 del C.C.- debe extenderse hasta el importe por el cual el empleador contrató el seguro, toda vez que la fuente de la Obligación es el contrato que celebró con este y en el campo civil no rigen las normas legales (arts. 7. 20 y 21 Ley 9688) que excluyen las cláusulas de caducidad.
Condena penal, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rocca, Alberto Gustavo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en contra de la Sentencia 08/08 en causa Expte. 231/06 "Rocca, Alberto Gustavo s.a. Robo (3 hechos) en Concurso Real - Capital"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-06

La defensa técnica interpuso Recurso de Casación en contra de la sentencia que declaró culpable al imputado como coautor penalmente responsable de los delitos de robo reiterado y lo condenó a sufrir la pena de ocho años de prisión más accesorias de ley, (arts. 40, 41, 12 y concordantes del C. Penal), con fundamento en el motivo sustancial de casación previsto en el inciso 3ro. del art. 454 del C.P.P..

Se agravia el recurrente porque entiende que el voto mayoritario viola lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del C.P., analizando de manera parcial la supuesta peligrosidad del encartado y su supuesta reeducación, sin hacer mención ni analizar las normas mencionadas, y sin tener en cuenta las circunstancias atenuantes, limitándose a realizar citas jurisprudenciales referentes al tópico. Manifiesta que es una fundamentación aparente, en franca violación a las normas citadas, y que concluye imponiendo una pena de ocho años de prisión, la que es igual al mínimo para el homicidio.

Conforme ha sido reiterado por esta Corte, la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

En el caso, no le asiste razón al impugnante, puesto que en la sentencia cuestionada se han expresado concretamente las circunstancias atenuantes tenidas en cuenta por el a quo al imponer la pena de ocho años de prisión efectiva, y para ello, basta con la mera lectura a la respuesta dada a la tercera cuestión del fallo en crisis (fs. 418/419), en la que no se advierte que el tribunal de mérito haya ejercido la facultad discrecional de fijar la pena de manera arbitraria.

En cuanto al supuesto exceso de pena impuesta a su defendido, adviértase, como ya lo ha sostenido este Tribunal en el precedente Núñez (S. nº 8, 30/04/08), y más recientemente en Rivero, (S. nº 22, 11/11/08), que el Código Penal no establece pauta ni criterio formal alguno que indique que deba imponerse una pena media entre el máximo y el mínimo o partirse de ese término, por lo que esto le permite al juzgador la elección de la sanción que considere más adecuada y justa para el caso concreto, puesto que cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios rígidos y estandarizados.

Del análisis efectuado no surge que la individualización de la pena se salga de la escala aplicable. Es más, si el juzgador impuso ocho años de prisión por los tres hechos de robo simple en concurso real (arts. 164, 45 y 55 del C.P.), efectivamente consideró las circunstancias atenuantes, pues, en caso contrario, podría haberle impuesto el máximo de pena previsto para los delitos en cuestión.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: LABORAL
Carátula: Leal, Lidia Mabel c/ Consorcio de Propietarios calle 91 Nº 1795 s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

El daño, a los efectos de la responsabilidad y su resarcimiento, es aquél cuya existencia se ha probado acabadamente; consecuencia de ello es que para el derecho la prueba del daño es esencial, puesto que no demostrado carece de existencia.
Recursos, recurso de apelación (procesal), trámites judiciales, expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARAHONA DE MAURI NELLY c/ MANUEL GONZALEZ s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A075 - 050)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-18

Se entiende no satisface la exigencia procesal de puntualizar "en forma precisa y concreta, los errores contenidos en el decisorio impugnado, señalar que" por vía de un incidente innominado" no puede modificarse lo resuelto expresamente en una sentencia de Cámara", con esos argumentos no puede afirmarse que haya agravio por lo resuelto, y procede en consecuencia a declarar desierto el recurso.
Beneficio de litigar sin gastos, alimentado con recursos económicos, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: TARABORRELLI, Hugo Marino c/ MASSALIN PARTICULARES S.A. s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La actitud reticente del accionante en el aporte de información para una correcta decisión del pedido de beneficio de litigar sin gastos, sumado a la circunstancia de que su situación económica dista de ser la adecuada para solicitarlo, son elementos suficientes para su denegatoria. De lo contrario, se estaría admitiendo que los jueces asistan como testigos pasivos al despliegue de conductas disvaliosas, violatorias de los principios de lealtad, probidad y buena fe, adoptadas por las partes en los procesos cuyo trámite deben ordenar y dirigir.
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: AVICOLA MONTECARLO S.A. c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-14

El recurso de inaplicabilidad de ley tiene en mira evitar fallos contradictorios entre Salas que conforman una misma Cámara de Apelaciones. Exige no sólo una invocación genérica, sino que debe ser fundado, especificar la contradicción en términos precisos, expresando en forma concreta la doctrina inaplicada o citada erróneamente y su vinculación con el problema a resolver (cfr.

C.N.A.Com. S: "C", sent. del 24.04.87, "Acindar c/ Intels S.A.").
Acción dependiente de instancia privada, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: Chiarillo, Héctor s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

El art.72 del Código Penal no establece, ni expresa ni implícitamente, prioridad alguna entre el "tutor, guardador o representante legal" y en razón de ello no desplaza la posibilidad de denunciar por parte del guardador no obstante encontrarse vigente la patria potestad ejercida por el padre.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Torres, E. c/ Emp. Línea 216 S.A.T. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-16

Si un camión que circulaba en sentido contrario al colectivo donde viajaba la víctima, embistió a este cuando se encontraba parado, el hecho de ese tercero contribuyó en la producción del daño, lo que determina una concausa entre ese hecho del tercero y el de la cosa generadora del riesgo, como es un automotor, aun cumpliendo éste un rol pasivo. El hecho del tercero, entonces, no actúa como causal de eximición total frente a la víctima; y si bien funciona como concausa en la responsabilidad por el riesgo creado, ese hecho concausal del tercero carece, frente a la víctima, de toda relevancia eximitoria, pues no es exclusivo sino que ha coayudado de manera idónea a la producción del hecho lesivo, con lo cual el demandado está obligado al pleno resarcimiento de los daños sufridos por su pasajero, sin perjuicio de las acciones de regreso que puedan corresponder.
Recursos, denegatoria del recurso, Ministerio Público Fiscal, recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Quintela, Guido Ezequiel s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

No puede prosperar la queja presentada por el Ministerio Público Fiscal pues, si bien se dirige a cuestionar en última instancia un pronunciamiento que puso fin al proceso (el sobreseimiento del acusado), la fiscalía no acredita que la solución del tribunal a quo, que hizo lugar a la excepción de atipicidad interpuesta por la defensa y sobreseyó al imputado respecto del delito previsto en el art. 239, CP, resulte descalificable por estar alcanzada por la doctrina de la arbitrariedad. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Lealtad comercial, contrato de publicidad, multa, pago en cuotas, IVA
Materia: PENAL
Carátula: CAFRE S.A. s/ Lealtad comercial Causa Nro. 36574.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

1-Que el potencial cliente de una oferta de servicios turísticos se encuentre en la obligación de realizar ciertos cálculos tendientes a obtener el precio total, es lo que quiere evitar la reglamentación vigente en materia de lealtad comercial, tratando de proteger al consumidor de toda propuesta engañosa y permitiéndole comparar fácilmente entre los distintos ofertantes de plaza (Del voto del Dr.

Repetto).- 2-La ley no distingue, en lo que respecta a la oferta de bienes y servicios, entre mayoristas, minoristas y consumidor final, exigiendo que el precio simplemente "corresponderá al importe total que efectivamente deba abonar el consumidor final". (Del voto del Dr.

Repetto).- 3-La solicitud del pago de la multa en cuotas ha de proceder cuando se haya "comprobado que el condenado carece de toda clase de bienes para satisfacer la sanción pecuniaria". (Fontán Balestra, Carlos:Derecho Penal, Introducción y Parte General, pág. 665) (Del voto del Dr.

Repetto).- 3-No puede prosperar el error invocado como excusa en cuanto al desconocimiento de las normas vigentes, pues si bien cabe atender la dificultad para conocer las reglamentaciones de publicación relativamente reciente, no puede admitirse cuando, como en el caso, se trata de un mayorista del ramo y la norma reglamentaria simplemente estableció el deber de anunciar claramente el precio de las ofertas (Del voto del Dr. Hendler).
Prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-07

El peritaje realizado por el Equipo de Antropología Forense sin la intervención de las defensas, resulta válido, pues al momento de su práctica dicha parte aún no había sido convocada al proceso y el peritaje se basa no sólo en el informe confeccionado por el perito del EAF sino en el reconocimiento efectuado por familiares de la víctima, que declararon en el juicio, oportunidad donde la defensa pudo controlar la prueba y argumentar en relación al valor que correspondía asignarle, máxime si el homicidio de la víctima aparece acreditado por otros elementos de juicio autónomos.
Costas, juicio de apremio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION GENERAL RENTAS c/ ELMELAJ A. s/ Apremio (LIBRO: S066 - 127)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-02-13

Las costas deben aplicarse al demandado si es notificado de la boleta de deuda y no hace saber a Rentas del pago de algunos de los impuestos reclamados en la misma y posibilita la ejecución por el total.
Plan de ahorro previo, seguro colectivo, sucesores, estado de insolvencia
Materia: PENAL
Carátula: VILLANUEVA SALVADOR Y OTRO c/ PLAN OVALO SA Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-23

En los sistemas de ahorro previo, la administradora contrata un seguro de vida colectivo, cuya función es la de mantener la operatoria en caso de que fallezca uno de los adherentes. Así, por medio de la contratación del seguro de vida colectivo, se intenta evitar las posibles consecuencias de un proceso sucesorio y de la eventual insolvencia de los derechohabientes, siendo que esto afectaría al grupo. En orden a ello, los herederos serán quienes, en definitiva y a partir de la aplicación de la suma asegurada al pago de las cuotas pendientes, lograrán la adjudicación del bien de que se trata (conf. Ghersi, C. y Muzio, A., Compraventa de automotores por ahorro previo, Buenos Aires, 1996, págs. 166/167, n° 58; Schiavo, C., Contrato de Seguro - Reticencia y agravación del riesgo, Buenos Aires, 2006, págs. 141/143, n° VII).
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Del Puerto, Daniel Horacio s/ Tercería de dominio en autos: `Banco Español del Río de la Plata c/  Schmidt, Gladys H. y Del Puerto, Daniel. Sucesión. Cobro ejecutivo.  Embargo preventivo'
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-15

Es insuficiente el recurso de nulidad en el que no se indica en forma clara y concreta cuál sería la cuestión esencial supuestamente omitida.
Cuestiones de competencia, fuero de atracción, cargas de la sucesión
Materia: PROCESAL
Carátula: O.S.N. c/ PROP. MONTEVIDEO Nº1759 U.10 s/ EJECUCION FISCAL - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

La acción por cobro de los importes adeudados por los servicios prestados a un inmueble que integra el acervo sucesorio, se encuentra incluida en los supuestos del art. 3284 del Código Civil.
Regímenes jubilatorios especiales, médicos, derecho al beneficio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ale, Nélida Rosa s/ Inconstitucionalidad del art. 56 bis, de la ley 10.715. Tercero:  Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-05

El límite temporal, establecido en el último párrafo del art. 56 de la ley 10.715 en cuanto a que el beneficio de pensión a los convivientes, será aplicable a los casos en que el fallecimiento del jubilado o afiliado en actividad se produzca con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, por la índole del beneficio en juego y las características de los derechos que se tienden a proteger en esta materia, configura una vulneración al derecho constitucional de igualdad ante la ley (art. 9, Const. prov.).