Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-08


Se transcribe parcialmente el fallo anotado:

"......III......En tal sentido señalamos que "La desobediencia a la autoridad es el no acatamiento por el autor a la orden que le ha impartido legítimamente una autoridad pública, el autor de este delito sólo puede ser el destinatario de la orden" ( Cf. Tratado de Derecho Penal, T. V. Vol. II, pág. 27, Ricardo C. Núñez, Ed. Lerner). Asimismo se ha dicho que " ...si faltase la orden no se daría una conducta a la que pueda caracterizarse como desobediencia..." (Cf. Derecho Penal, Parte Especial, T. II., pag.228, Carlos Creus, Ed. Astrea).

Así es que teniendo como presupuesto la existencia de una orden, habrá de determinarse la modalidad que debe revestir el mandato cuya violación pueda considerarse delictiva, en tal sentido existe acuerdo tanto en la doctrina como en la jurisprudencia que para este delito se requiere una orden "...clara y concretamente dirigida a persona o personas determinadas" (Cf. Tratado de Derecho Penal, T. VII, pág. 169 y ss., Carlos Fontán Balestra, Ed. Abeledo Perrot), también "Para no acordar extensión desmedida a la figura de la desobediencia, es preciso ser muy exigentes acerca de la concretación de la orden con respecto a cada destinatario, la clara conminación de ella y la existencia de un deber positivo de acatamiento." (Cf. Derecho Penal Argentino, T. V., pág. 109, Sebastián Soler, Ed. Tea).

Puestos a ponderar el caso, surge de autos que con fecha 13 de Febrero de 1998 el Sr. Magistrado en lo Comercial decretó " Dispongo: hacer saber a los restantes integrantes del "pacto" que deberán abstenerse de solicitar- tanto al directorio y sindicatura de la sociedad, como a la Inspección General de Justicia que se convoque a la asamblea ordinaria en Otto Garde y Cía. SAICFeI para que considere la remoción del directorio, hasta tanto la acción de nulidad pueda prosperar..." (Cf. fs. 114); hasta aquí el decreto indicado pareciera revestir la modalidad requerida en cuanto a la claridad del mandato y a la concreción de los destinatarios, pero también es dable destacar que no establece prohibición alguna con respecto a la conducta observada por lo imputados.

Un pedido de aclaratoria de la resolución precedente, formulado por la Inspección General de Justicia, en el que el organismo le solicitó al Tribunal Comercial de manera muy concreta, que explique si la prohibición alcanzaba sólo al punto de la orden del día que consideraba la remoción del directorio, alcanzaba a todos los puntos de aquella. El pedido motivó el dictado de la siguiente resolución, pudiendose tratar en consecuencia los restantes, es decir la remoción, designación y responsabilidad de síndicos, o sí la prohibición alcanzaba a todos los puntos de aquella. "...Por lo tanto y manteniendo la secuencia lógica que provocó, además de la cautelar de fs ... cabe aclarar que la medida alcanza también a todas aquellas que son consecuencia necesaria de la imposibilidad provisoria de convocar..., dentro de lo que fue materia de los laudos en revisión" (Cf. fs. 116). Entiende el Tribunal que la aclaratoria de marras, que lógicamente debe ser ponderada como parte integrante del precepto original, carece de la transparencia necesaria, conspirando así contra la existencia de un deber positivo de acatamiento y en consecuencia, dificultando notablemente a los destinatarios a los fines de desentrañar la conducta que la imposición permitía o a la inversa que la orden impedía. Así las cosas, si estamos a la primera resolución (cf. fs. 114), como se dijo, el accionar de los imputados no ha violentado el precepto emitido por el Magistrado, pues el caso contrario implica una interpretación extensiva de la orden, más allá del sentido literal que ha criterio de los suscriptos debe ser considerado como límite extremo de la interpretación, "Lo que se ubica al otro lado de ese límite constituye ya una creación jurídica complementaria que metódicamente no puede seguir denominándose interpretación. El criterio del sentido literal posible es irrenunciable por razones provenientes del Estado de Derecho, pues representa el único elemento objetivamente constatable que permite saber con una cierta seguridad dónde empieza la responsabilidad del juez por el Derecho de creación propia..." (Cf. Tratado de Derecho Penal, Parte General, Hans H. Jescheck, pags. 137 y ss., Ed. Comares).

El auto del Sr. Juez en lo Comercial a cargo del Juzgado n° 1 (fs. 117) de fecha 27/3/98, segundo párrafo, sostiene el Tribunal, no sólo no contribuye a esclarecer la cuestión, no porque en si mismo no sea claro, sino porque pareciera contradecir los dispuesto en el auto de fs. 114, nótese que aquel refiere a "toda asamblea dentro de los términos de la resolución aclaratoria por ella misma pedida" y éste sólo hace referencia a "asamblea ordinaria ... para que considere la remoción del directorio".

En lo que hace a las resoluciones cuyas copias obran a fs. 118 y 188 de la presente, respecto a la entrega de los libros de comercio, surge de autos que los mencionados fueron entregados a los fines de ejercer las funciones fiscalizadoras genéricas previstas por el artículo 6 de la ley 22.315 por parte de la Inspección General de Justicia. Si nos atenemos a lo dicho por el Sr. Juez de Comercio sobre todo en el decreto de fecha 31 de Marzo de 1998, resulta fácil advertir que el mencionado Magistrado nada dijo acerca de la asamblea que se pretendía llevar a cabo, no emitió opinión ni a favor ni en contra; con lo cual se reafirma lo sostenido por el Tribunal en los párrafos precedentes acerca de que el mandato cuya violación es afirmada por la querella, carecía de claridad y concreción acerca del deber positivo de acatamiento, resultando sus límites sumamente difusos, situación que torna atípica la conducta de los imputados, coincidiendo en tal sentido la Sala con lo dicho tanto por el Sr. Juez de grado como por el Sr. Agente Fiscal.

De otra parte, si tal como explicó la querella existió duda en los imputados y ella debió resolverse por la abstención de convocar a cualquier tipo de asamblea, cualesquiera fueran los puntos incluidos en la correspondiente orden del día, si existió negligencia en tal sentido, debemos recordar que el delito por el cual se querella es netamente doloso, siendo ajena a este proceso la consideración acerca de la posible culpa de los imputados.

IV. Con respecto a las costas, el Tribunal habrá de eximir a la parte vencida de su pago, toda vez que existió razón plausible para litigar (Cf. art. 531 CPPN).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. 236/238 en todo cuanto fuere materia de recurso, sin costas (Art 336, inc. 3ro., 530 y 531 del CPPN)".