marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Subasta, publicación de edictos
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Enrique Martín e/a Majewsky, Ernesto Walter c/Enrique Martín Martinez y/o Mabel Edith Cristaldi s/Ejecución Hipotecaria s/ Incidente de Nulidad de Subasta
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-04-29

El edicto es la verdadera garantía de las partes y vela por los intereses de las mismas, toda vez que: "La publicación de los edictos es el medio de poner en conocimiento de los eventuales interesados la situación de la cosa objeto del remate a realizarse.

Es así que, aparte de la concreta y precisa individualización del bien, es indispensable establecer en los edictos su estado de ocupación y demás situaciones de orden legal que pudieran afectarlo.

En consecuencia, no puede dejar de señalarse en los edictos la real situación jurídica del bien ejecutado, para ordenar así la venta con todas las garantías posibles.
Daños y perjuicios, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Blanco de Ballarini c/ Demarco, José Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-14

El fundamento de la responsabilidad para nuestro derecho positivo hoy vigente está enclavado en una presunción legal de culpa en la vigilancia de los hijos (que el legislador exige activa, según la clara expresión del art. 1116 CC), va de suyo que dicha vigilancia se ve legítima e irreprochablemente impedida con el rotundo extrañamiento de la casa paterna que llevan a cabo estos últimos para en unión intersexual estable y permanente con una persona del sexo opuesto formar otro hogar, aunque esa unión no llegue a institucionalizarse jurídicamente como matrimonio.
Recurso de inaplicabilidad de ley, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: Miceli y Antelo, Marcela M. c/ Ente Descentralizado Hospital Doctor Ángel Marzetti y ots. s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

La determinación de la existencia del nexo de causalidad entre el obrar y el daño constituye una típica cuestión de hecho irrevisable en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo.(doctor Negri, mayoría)
Juicios contra el Estado, ejecución del presupuesto nacional, deudas consolidadas, presunciones, producción de la prueba
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Giovagnoli, César Augusto c/ Caja  Nacional de Ahorro y Seguro s/ cobro de seguro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

La falta de partida presupuestaria pertinente para atender el pago del crédito reconocido en sede judicial constituye un extremo de hecho cuya existencia no se presume, por lo que debe ser probado por quien invoque la aplicación del art.19 de la ley 24.624.
Competencia civil, mala praxis, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: LOKOTKOVA,   Lioudmila c/ OBRA  SOCIAL  DEL  PERSONAL  DE  LAUNIVERSIDAD   DE   BUENOS   AIRES  (DOSUBA)y  otros s/ DAÑOS  YPERJUICIOS s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-03

Corresponde entender a la Justicia Civil cuando son demandados profesionales de la medicina por mala praxis médica y falta de atención médica que se atribuyen a un accionar ilícito y negligente de la demandada, toda vez que no están en juego cuestiones atinentes a la organización del sistema de salud, sino que se reclama un resarcimiento. En el caso de autos la UBA planteó la caducidad de instancia en su primer presentación sin referir cuestión de competencia alguna, motivo por el cual es dable concluir que tal actitud implicó un consentimiento de la jurisdicción civil, debiendo por este motivo ser el juez civil quien conozca en estas actuaciones. (Sumario N°21136 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Sobreseimiento, revocación del sobreseimiento, abuso sexual simple
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: A J. p.s.a. abuso sexual simple. San Pedro c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2023-07-05

Se revoca el sobreseimiento dictado ya que puede advertirse con facilidad que la pretensión de sobreseimiento de la defensa deviene anticipada e improcedente. Ello así, si se tiene en cuenta el escaso avance que registra la etapa preliminar del proceso y -fundamentalmente- que el fiscal aún no se ha expedido en relación al mérito de la investigación penal preparatoria restando diligencias por practicarse; entre ellas, la declaración del imputado y el informe socio-ambiental conforme lo oportunamente ordenado, como así también los informes solicitados por la querella. Como se ve, en el estado incipiente en que se encuentra la causa no es posible sostener -tal como lo hizo el a quo por mayoría-, que el hecho no encuadra en una figura penal (artículo 379, inciso 2, del Código Procesal Penal) con el grado de certeza que la ley adjetiva exige para desvincular definitivamente del proceso al imputado.
Acción de amparo, competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CIVIL
Carátula: HERRERA DE GIMENEZ MARIA M.; ALFONSO MONTES DE OCA Y OTROS c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO PROVINCIA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-22

Corresponde declarar la incompetencia del Superior Tribunal para entender en la cuestion planteada, si ninguno de los entes demandados se encuentran comprendidos en las previsiones de la ley de amparo vigente que habilita la competencia de la Sala Civil y Comercial.
Derecho procesal, ley procesal, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ AUBONE, ARMANDO FELIPE s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-04-15

El articulo 7 del C.P.C., dispone para uno u otro caso (inhibitoria o declinatoria) que solo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia que se reclama.
Servicio penitenciario, haber de retiro, empleo público, compatibilidad previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CALLEJAS  MARÍN,  ALFREDO c/ Ministerio de Justicia y DerechosHumanos  de la Nación - Servicio Penitenciario Federal s/ Personalmilitar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-24

La razonabilidad del Dec. 894/01 se sustenta en que no impone una de las alternativas, y deja librada a la voluntad del agente elegir por lo que más le convenga a sus intereses, que podrían no ser meramente patrimoniales. La falta de obligatoriedad por la opción de continuar trabajando sin el pago de remuneraciones no puede generar derecho a reparación alguna, en la medida que tal hipótesis sería producto de una decisión deliberada del agente y no una medida coactiva de la administración. Sólo en este caso resultaría aplicable la indemnización prevista en la ley de empleo público (art. 21 de la ley 25.164). La opción por percibir el salario puede convenir a los intereses del agente además de que tal elección no afecta al derecho adquirido a percibir el haber jubilatorio, porque sólo implica la suspensión de su cobro (cfr. dictamen del Procurador General de la Nación al que remite el fallo de la C.S.J.N. in re "Saralegui, Francisco c/ E.N. - P.E.N.", sent. del 14.02.06; C.F.S.S., Sala I, sent. del 25.04.06, "Breuning, Silvia Noemí c/ Servicio Penitenciario Federal"). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Mandamiento de prohibición, matrícula profesional, suspensión de la matrícula, médicos, trabajadores de la salud, ministros, facultades del ministro, estado de indefensión, defensa en juicio, vicios del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A., C. A. s/ ACCION DE AMPARO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

Se advierte que el Poder Administrador se ha excedido en el ejercicio que legalmente le corresponde,...el procedimiento llevado a cabo contra el aquí amparado ha padecido deficiencias en orden a la determinación de incapacidad o peligrosidad que debía efectuar la Junta Médica Especial, oportunidad en la que pudiera haber hecho valer su derecho de defensa; así como ofrecer la participación de un profesional designado por el mismo.

Es decir, no medió convocatoria según los términos, modalidades, misiones y funciones establecidos en la reglamentación (art. 14 de la ley 3338). Esta circunstancia generó una indefensión para con el amparista que no puede ser convalidada judicialmente.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cadesa  S.A. c/ Estado Nacional (ANA.) s/ daños y perjuicios. DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

El Estado es responsable por sus actos lícitos que originan perjuicios a particulares.
Nulidad procesal, incidentes, recursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE MENDOZA c/ AFFITO TOURS S.R.L. s/ Ejecución Sentencia (LIBRO: A075 - 155)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-07-05

La doctrina, la legislación y la jurisprudencia comparada ofrecen distintas soluciones en cuanto a las vías idóneas para plantear la nulidad procesal. En nuestro régimen adjetivo, el tema ha sido regulado expresaamente en el art. 94 del C.P.C. estableciendo un incidente de nulidad genérico; en el supuesto del art. 133, ap. IV se precisa específicamente que en el caso de deducir recurso de apelación contra sentencias, en el mismo se incluyen los agravios por nulidad de la misma. Por tanto esta vía es también indónea para planterarlo. Caso contrario, de no ser posible el recurso de apelación, ni idóneo el de reposición, si el acto es de los que autorizan recursos extraordinarios, procederá el de incosntitucionalidad, que comprende todas las cuestiones relativas a "violación del derecho de defensa" y a la carencia "de los requisitos y formas establecidos en la constitución y en este código".
Accidentes de trabajo, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Vargas Díaz, Agustín Selsio c/ Didier García y Asociados s/ Demanda Laboral -Ley 9688-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-10

En punto a cuál es el acto o hecho por el que debe tenerse por determinada la incapacidad, este Tribunal tiene jurisprudencia sentada, estableciendo que es el dictamen de la junta médica o en su defecto la fecha del alta médica con informe sobre el grado de incapacidad sufrido fehacientemente conocida por el infortunado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER Y OTROS c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

Corresponde rectificar la concesión dispuesta por la Alzada en oportunidad de resolver el recurso extraordinario local deducido por la madre del hijo menor de edad de la víctima -constituida en el proceso como parte Querellante en representación de su hijo-, por cuanto de la confrontación del pronunciamiento atacado con el remedio interpuesto se advierte la inexistencia de una cuestión constitucional aprehensible en los términos del artículo 1 de la ley 7055, reflejando las articulaciones de la compareciente sólo su desacuerdo con los argumentos desarrollados por el A quo al confirmar la condena impuesta al imputado, siendo que los mismos trasuntaron cuestiones de hecho, prueba y derecho común; materias que por regla hacen al ejercicio de funciones que les son propias y que escapan al restringido ámbito de control de constitucionalidad de sentencias que compete a esta Corte, sin lograr, a mi juicio, la interesada demostrar la concurrencia en la especie de un supuesto de arbitrariedad con directa conexión con lo decidido. (De la disidencia del Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Juez de instrucción, facultades del juez, facultades discrecionales del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Juzgado  en  lo  Criminal  y  Correccional  de  San Isidro Nro.1 Avocación- Marquevich, Roberto José.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-18

Las resoluciones mediante las cuales la cámara revocó las delegaciones que había efectuado un juez en ejercicio de la facultad del art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación, no pueden considerarse "normas prácticas" en los términos del art. 4 del mismo código, toda vez que la norma exige como requisito su dictado en acuerdo plenario y que ello sea sin alterar los alcances y el espíritu del código de rito.
Beneficio de litigar sin gastos, revisión judicial
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Galeano, Adolfo I. c/ Jefe del Estado Mayor General del Ejército s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-04

Dada la esencial mutabilidad de los pronunciamientos relativos al beneficio de litigar sin gastos, esta resolución puede ser revisada siempre que las partes incorporen nuevos elementos de prueba sobre cuya base resulte posible efectuar una nueva valoración acerca de la procedencia o improcedencia de sus respectivas pretensiones. (Confr. esta Sala, "Sánchez" del 25/3/96).
Concursos, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, veedor judicial, honorarios del veedor
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUSCO HERMANOS s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-05-05

La inapelabilidad establecida por el inciso tercero del artículo 296 de la ley 19551, debe entenderse referida a las contingencias habituales y normales en la sustanciación del proceso, no revistiendo tal carácter la determinación previa de honorarios al veedor judicial en el auto en el cual se lo designa, la que como tal es pasible de engendrar un gravamen, que en caso de no ser atendido afectaría la libre defensa en juicio.
Deserción del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Videla, Paulo Luciano c/ S.P.F. y Otros s/ Amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-18

Cabe declarar desierto el recurso de apelación -arts. 265 y 266 del CPCCN-, puesto que para considerar fundado un recurso no basta ensayar un criterio interpretativo distinto, sino que es menester rebatir punto por punto los fundamentos del fallo apelado, lo que no ha hecho en el caso el demandado.
Empleados públicos, indemnización, enfermedad profesional, aplicación de la ley, jubilación por invalidez
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: DELGADO, VICTOR DE LA CRUZ c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-01

Para arribar a la conclusión de que resulta aplicable al caso la ley de accidentes de trabajo nro 9688, en virtud de lo establecido por el artículo 19 de la ley 24028, no es decisivo el incidente ocurrido cuando el agente municipal realizaba tareas de reparación de un cordón de vereda y que le provocara un cuadro de espondilo artrosis severa, sino la dolencia padecida por el actor que fuera oportunamente comprobada, por la Administración y determinante de la invalidez por la que finalmente se jubiló.
Uso indebido de marca o designación, cese de uso de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: 5  AL  DIA  POR  EL  CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS ASOC. CIV. c/ CENCOSUD S.A. S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-15

La parte demandada estaba al tanto de este enfrentamiento antes de que la actora promoviera el pedido de medida cautelar (en forma inmediatamente posterior al vencimiento de la marca n° 1.628.169). Las declaraciones del Ing. Mariano Winograd y del testigo Walter Felipe Giménez en cuanto a conversaciones entre las partes para llegar a un acuerdo económico de autorización de uso de marca o de pago de membresía -como había sucedido entre la organización "5 AL DIA CHILE" y los supermercados "Jumbo" de Chile-, son compatibles con el conocimiento de los hechos que relató el testigo Domingo Sansotta. El uso de la marca "5 AL DÍA" devino indebido para la parte demandada a partir del vencimiento de su propia marca, el 10 de marzo de 2007. La parte demandada reitera enfáticamente que el uso de marca propia no puede constituir ningún acto ilícito ni puede generar daño ni derecho a resarcimiento de la contraria. En las particularidades del conflicto, creo que le asiste razón pero sólo en tanto su marca estuvo vigente. Al vencimiento, cobró prioridad la marca de la actora, que justifica la orden de cese de uso dictada en primera instancia de manera provisional el 20 de diciembre de 2007.
Despido, interpelación, apercibimiento, presentación extemporánea
Materia: LABORAL
Carátula: OLMEDO RUBEN c/ AMUCHASTEGUI SEVERO s/ CONTRATO DE TRABAJO - DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-28

La obligación de que la denuncia del contrato de trabajo es hecha en forma personal por el trabajador se funda en el hecho de poder saber en forma indubitable su voluntad en tal sentido y en que momento ello ocurre y establecer así la inmediatez que la circunstancia requiere. No se trata de un acto ratificable y la expresión de voluntad del trabajador de darse por indirectamente despedido queda materializada en el momento que la admite personalmente. A esa fecha, ella es absolutamente extemporánea, ya que conforme expresa en su propia demanda no prestó servicios desde que se le había requerido que renunciara, habiendo mediado un lapso de casi tres meses hasta que resuelve darse por despedido indirectamente. Tal falta de contemporaneidad hace que la situación deba considerarse encuadrada en la previsión del art. 241 último párrafo de la Ley 20744 t.o. pues de la referida conducta recíproca de las partes surge su inequívoca voluntad de extinguir la relación de común acuerdo, ya que si así no fuera debieron actuar de otra manera. Aún obviándose la extemporaneidad de la fecha en que el actor resuelve darse por indirectamente despedido, la conclusión sería la misma, ya que el actor no fue quién intimó al demandado para que le aclarase su situación laboral, sino que lo hizo la entidad sindical que carecía de atribuciones para ello, a lo que debe agregarse que la intimación carecía de un defecto insalvable, no contenía apercibimiento de que su incumplimiento provocaría el despido indirecto. Pero aún hay más: la decisión de considerarse despedido por culpa patronal, no invoca de manera concreta la causa pretendidamente injuriosa que la motiva, violando la carga impuesta por el art. 243 de la Ley 20744 t.o., motivo por el cual también debe considerarse improcedente. Por los motivos aducidos debe rechazarse el reclamo de pago de la integración del mes del despido y de las indemnizaciones por antigüedad y por falta de preaviso.-
Costas, daños y perjuicios, rechazo de la demanda, empleador, ius variandi, sanciones disciplinarias, mobbing, denuncia, cuestiones prejudiciales, daño cierto, presunción de inocencia, costas en el orden causado en ambas instancias
Materia: PROCESAL
Carátula: T., V. R. c/ C.A.L.F. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-24

Si bien cabe rechazar la demanda por daños y perjuicios promovida por la empleada de una Cooperativa por la consecuencias dañosas de los hechos atribuidos a su empleadora - inclusión en una denuncia penal y en demandas resarcitorias con traba de embargo sobre sus bienes, tratamiento desconsiderado, sanciones disciplinarias y cambios de funciones, que califica como humillantes - en tanto de los hechos probados no se deriva culpa, dolo o responsabilidad objetiva imputable a la empleadora, no habiéndose sentenciado la causa penal que reviste condición prejudicial con respecto a la presente acción resarcitoria (art.1101 cód.civ.) y teniendo en cuenta el principio de inocencia (art. 18 CN), corresponde imponer las costas en el orden causado (art. 68 2da. parte cód. proc.) en ambas instancias, pues la actora tuvo razones para considerarse con derecho a reclamar el resarcimiento del daño cierto que comprobadamente ha experimentado en su salud psicofísica como consecuencia de tales acontecimientos.
Medidas cautelares, Instituto Nacional de Obras Sociales, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, intervención de terceros, restitución de aportes
Materia: PROCESAL
Carátula: ORTIZ AMELIA LUISA c/ IOS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

La destinataria de la medida cautelar desestimada -frente al pedido de citación formulado por la recurrente- no fue admitida como tercera, de modo que no era posible dirigir una medida de esa naturaleza respecto de quien permanece ajena al pleito. Además, no es posible perder de vista que aquí se demanda por el cumplimiento de las prestaciones médico-asistenciales que la actora reclama al I.O.S., con fundamento en su afiliación, originada en la relación laboral y que, al momento de acogerse a la jubilación, prefirió mantener, en lugar de la cobertura que ofrecía el I.N.S.S.J.P., mientras que la medida que se persigue tiene como propósito que aquél Instituto deposite en las cuentas del I.O.S. "Los importes retenidos a los jubilados y pensionados comprendidos en las presentes actuaciones", pues sostiene que debe brindar los servicios y no recibe ninguna contraprestación por ello. De tal manera, se advierte que el interés del I.O.S. consiste en obtener a través de esta causa -y de otras tantas en trámite en el fuero, en las que le cupo intervenir a esta Sala, al menos- la solución -aunque limitada a la actora en cada pleito- del conflicto que aduce tener con el I.N.S.S.J.P. acerca de la falta de pago invocada, lo cual (mas allá del derecho que pueda asistirle o no -y sobre el cual no le corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento alguno-), resulta absolutamente improcedente.
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Casas Neuquén, Ceferino s/ recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Tratándose de una decisión relativa a una norma procesal, la interpretación ha de ser dinámica y flexible, contemplando específicamente en el caso concreto la óptica de las partes y procurando adoptar la que mejor asegure la tutela efectiva de su derechos de calidad constitucional (Voto del Dr Hornos).
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: MEVOPAL S.A. Y OTRA. c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. s/ RECURSO    ORDINARIO   DE  APELACION-  FUNDAMENTACION-  INSUFICIENTE-  CONTRATO DE  OBRAS  PUBLICAS-   CERTIFICADO  DE  OBRA-  PAGO-  MORA-  INTERESES-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-26

No puede ser considerado el agravio referente a los daños solicitados por el atraso en los pagos que fueron rechazados sobre la base de considerarlos comprendidos en la renuncia de derechos, en lo atinente al alcance y límites de aquélla, toda vez que no fue introducido oportunamente por la apelante en la instancia precedente, por lo que excede el ámbito de conocimiento de la Corte cuando conoce a través del recurso ordinario de apelación.
Recurso contencioso administrativo, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: GALETTI, JOSE ENRIQUE PEDRO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   ADMISIBILIDAD.    RECURSO DE REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 32-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-06-27

No integra la litis en un recurso contencioso administrativo, las cuestiones que la parte recurrente no haya propuesto en sede administrativa.

En el caso, el recurrente alega, recién al interponer el recurso de revocatoria contra el auto de presidencia que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, la irrazonabilidad y carencia de sustento normativo de la sanción disciplinaria que se aplicara y que motivara el presente recurso.