Juicio correccional, finalidad de la ley, antecedentes parlamentarios, sentencia arbitraria, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Araoz, Miguel Angel s/ Recurso Extraordinario deducido en Expte. Corte Nº 59/10: Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Lisandro E. Mendoza en Expte. Nº 171/08 - Aráoz, Miguel Angel s/ Lesiones Graves Culposas - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-26

Esta Corte rechazó el recurso de casación deducido por la defensa del imputado-por delito de Lesiones Graves Culposas- contra la resolución que no había hecho lugar a su pretensión para que suspenda el juicio a prueba, y fundó su decisión en la concurrencia del obstáculo formal a la admisibilidad del Instituto reglado por el art. 76 bis octavo párrafo del Código Penal, según el cual la suspensión del juicio a prueba no procede si el delito tiene prevista pena de inhabilitación.

El recurso es inadmisible por no existir agravio federal suficiente que suscite la apertura de la instancia extraordinaria.

Y también es inadmisible el recurso por la insuficiencia de su argumentación, que no logra demostrar la irrazonabilidad de lo resuelto con fundamentos suficientes que excluyen la arbitrariedad que el recurrente predica del fallo.

La resolución impugnada descansa en la constatación por esta Corte, en ejercicio del deber de control que le fue requerido mediante el recurso de casación, de la concurrencia en el caso del siguiente impedimento previsto en el párrafo 8º del art. 76 del Código Penal para la suspensión del juicio: la pena de inhabilitación, amenazada para el delito de cuyo juzgamiento se trata (art.94 del Código Penal).

Consideramos que esa interpretación es compatible con la del fallo dictado en el caso "Gregorchuk" (G.663.XXXVI del 3/12/02 (Fallos 325:3229 ), en el que la Corte federal destacó lo siguiente: "La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitación (art. 76 bis in fine del Código Penal) surge de manera inequívoca de la intención del legislador.

En efecto, el miembro informante del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Antonio M. Hernández, señaló que "en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" lo que importa continuar el juicio hasta una sentencia definitiva que pruebe adecuadamente la conducta del imputado y que permita adoptar las sanciones que correspondan según el caso (ver Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995)", doctrina que, según este Tribunal, se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicada en el caso, como criterio rector actual y último del Máximo tribunal sobre la materia.

En esta instancia, no demuestra el recurrente la irrazonabilidad de la hermenéutica de esta Corte, la que no excede el marco de posibilidades que brinda la norma en tanto se ajusta a sus expresos términos, por lo que no es arbitraria (Fallos: 304:1826; 310:896). El reclamante vuelve a expresar su postura discrepante con la de esta Corte pero, dado que no pone en evidencia el grave desacierto de lo decidido, sus argumentos no comprometen la validez de la sentencia como acto jurisdiccional, en los términos de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 320:1534; 323:1779; 327:5528).

Por ello, en tanto no desvirtúa los motivos expresados por el legislador e invocados por la Corte en dicho precedente, el recurso carece de fundamento suficiente para dar sustento a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional como lo es el de la arbitrariedad (Fallos: 310:1014, entre otros), por lo que es inadmisible y, como consecuencia, corresponde no hacer lugar al Recurso Extraordinario deducido.