Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-06-08


Nº 92 / En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los ocho días del mes de junio del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, EDUARDO OMAR MOLINA y RICARDO FERNANDO FRANCO, quienes emitirán su voto en ese orden, asistidos por el Secretario Autorizante MIGUEL ANGEL LUBARY, tomaron conocimiento del expediente nº 55.153, año 2003, caratulado: "JOVANOVICH JAVIER S/ DEFRAUDACION ESPECIAL - RETENCION INDEBIDA", con el objeto de dictar sentencia conforme los artículos 434 y 446 del Código Procesal Penal.- Seguidamente la Sala Segunda plantea las siguientes C U E S T I O N E S 1°) ¿Es procedente el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs.207/217 y vta.? 2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, EDUARDO OMAR MOLINA dijo:

I- La defensa particular interviniente ataca mediante esta vía impugnaticia el pronunciamiento N° 67 de la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, dictado por una de sus Salas Unipersonales, fechado el 18 de septiembre del 2003 y obrante a fs. 196/205, en el que se condena a JAVIER JOVANOVICH como autor penalmente responsable del delito de DEPOSITARIO INFIEL (art. 261 primera parte en función del art. 263 del C.P.), a la pena de DOS AÑOS DE PRISION en suspenso (art. 26 C.P.), e INHABILITACION ABSOLUTA PERPETUA para ejercer el cargo de depositario judicial; con costas.- El a quo, en resolutorio de fs. 218 y vta., concede dicho recurso elevando la causa a la instancia extraordinaria quedando radicada ante esta Sala Segunda, donde le fue impuesta la pertinente tramitación.- Luego de consignar todo lo relacionado con el objeto del escrito, antecedentes, procedencia del recurso y de recordar el hecho que el Tribunal dio por acreditado, aduce que el Magistrado viola el principio de congruencia que debe existir entre acusación y sentencia,distorsionando el contenido de las pruebas "a su máxima expresión", para decir que el imputado sustrajo los efectos, siendo que éstos obraban en poder de la actora conforme surge de la causa civil. Da sus razones para sostener que se condenó por un hecho distinto al de la acusación, donde se lo encuadró en el art. 173 inc. 2° C.P., resaltando que entre esta calificación y la de Depositario Infiel existen marcadas variantes fácticas que las distinguen. Considera que a través de este vicio se violó el derecho de defensa.-, aportando variada doctrina y jurisprudencia que considera ajustada a su postura impugnaticia.- Argumenta que también se violaron las reglas de la sana crítica, y que el fallo no contiene ninguna fundamentación al estar compuesto solo por el contenido de las pruebas sin valoración respecto de las mismas. Aduce que se condenó por una figura penal sin que se hayan acreditado todos los requisitos tipificantes de la misma, para lo cual se distorsionaron las reglas de la lógica conformándose una falsa motivación que conduce a la nulidad del pronunciamiento.- Asimismo, considera transgredida la ley de derivación, por sustentarse con pruebas inexistentes y falseadas en su contenido, ofreciendo un fundamento solo aparente; recuerda el contenido de los arts. 112 y 387 inc. 4° del ritual. Aporta variada doctrina y jurisprudencia que considera ajustada a su postura impugnaticia. Finaliza peticionando se nulifique el fallo y se proceda según el art. 448 del C.P.P.- Por resultar materia a resolver en este estadio procesal lo expresado por el recurrente en el escrito de fs. 236, conforme lo proveído en el punto II de fs. 237, recuerdo que a través del mismo se solicitó la absolución del imputado por haberse abstenido el Sr. Fiscal de Cámara de acusar en el debate, sustentando su pedido en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en vigencia los precedentes "Tarifeño" y "Cattonar".- II- Iniciaré mi voto con el análisis del asunto propuesto por la Defensa en su escrito de fs. 236, dadas las consecuencias que pueden significar para el caso su acogida favorable. En relación a ello, es necesario considerar los reiterados precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la cuestión planteaday el criterio de esta Sala Segunda en cuanto lo oportuno de ajustar sus decisiones a la cadencia de los antecedentes del Alto Tribunal que por coherencia es propio hacerlo, no solo por respeto al orden constitucional, sino por la fuerza moral de sus pronunciamientos y la eventual suerte de una sucesiva impugnación extraordinaria, que culminara con la nulidad de un decisorio que sustentara una doctrina opuesta.- Colegas que me precedieran como integrantes de Sala, abundaron en algunas consideraciones en cuanto a la eficacia vinculante o no vinculante del criterio jurisprudencial del Tribunal Cimero, sin perjuicio de reconocerlo siempre como intérprete supremo de los principios y garantías constitucionales, siguiendo la definición efectuada por Bidart Campos ("La Corte Suprema", ed Ediar, 1984, pág.9).- Es así que en el caso "Romero....", sent. 75/95, razonablemente se expuso al respecto que: "La repercusión de sus decisiones en el conjunto de los órganos que componen la estructura judicial es notoria, como así en la evolución del derecho. Si hasta se le reconoce nivel docente y formativo de la opinión pública, solo corresponde estar a la altura de las expectativas de ajuste que anida en los justiciables y la comunidad jurídica en función a los respectivos precedentes".- Asimismo se recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo (fallos 212:59) que si bien los Jueces gozan de incuestionable libertad de juicio en sus decisiones, el apartarse de las jurisprudencias de la Corte, citándola pero sin controvertir sus fundamentos, importa desconocimiento deliberado de su autoridad, añadiendo luego (fallos 212:253) que la prescindencia pura y simple de sus sentencias por parte de los Tribunales Inferiores, perturba el esquema institucional judiciario.- Néstor Pedro Sagües entiende acertadamente que si bien no existe uniformidad en torno a la eficacia vinculante de los pronunciamientos del Alto Tribunal, el sometimiento solo condicionado de los Tribunales inferiores se trata de la tesitura más moderna, y la menos apartada del esquema constitucional y que autoriza al Juez de la causa operar con un relativo margen de libertad (Cf. E.D., 93, pág. 891/900).- Siguiendo esta línea argumental y si liminarmente se advirtió sobre la eventualidad de la casación de un fallo que desoyera las enseñanzas del Tribunal,entiendo propicio orientarnos en el respeto de la regla de economía procesal e inclusive de celeridad judicial, para no favorecer una actividad que descalifique el servicio de justicia.- Atendiendo el caso que nos convoca, es indudable que el recurrente tomó razón de lo consignado precedentemente, toda vez que peticionó el dictado de una sentencia absolutoria en favor de su defendido, ante la abstención del Sr.Fiscal de Cámara de acusarlo por las razones que surgen del acta respectivo. En relación a ello, recuérdese los precedentes emanados del Alto Cuerpo de la Nación, en especial el caso "Tarifeño...", T. 209-XXII, del 29 de diciembre de 1989 donde se dijo "Corresponde decretar la nulidad de la sentencia condenatoria sin que mediase acusación si, dispuesta la elevación a juicio, el Fiscal solicitó durante el debate la libre absolución del sujeto pasivo del proceso"; que es lo que aconteciera en el sub- examen.- Tal posición, que fue mantenida en posteriores asuntos que fueran llevados a su consideración: "García...", T.317 del 22/12/94; "Cattonar...", T.317 del 13/06/95; "Bensadón...", T.317 del 10/8/95; "Montero...", T.318 del 5/10/95 y otros, resultó renovada por la mayoría del Tribunal Cimero en autos: "Mostaccio...", del 17/02/04.- Lo medular de este criterio estriba en considerar que en el ordenamiento procesal, la acusación se integra -necesariamente- con dos pasos procesales diferentes pero que se complementan: 1°)El requerimiento de elevación a juicio propiamente dicho, que fija los límites de la plataforma fáctica, aunque sobre la base de motivos provisionales, toda vez que los hechos que configuran su objeto deben ser acreditados en el juicio y 2°)La formulación de la acusación según lo normado por el art. 376 del C.P.P., si esta última no se concreta, no existe controversia entre Ministerio Público Fiscal y defensa que deba ser resuelta por un Juez imparcial; exigencia básica para reconocer que estamos ante un enjuiciamiento penal donde actúan dos partes representativas del conflicto que motivara el caso. Aquella falta equivale a la ausencia del juicio previo que asegura el art.18 de la Constitución Nacional.- No puede escapar a este análisis que autorizada doctrina y jurisprudencia se expide en sentido contrario a la tesis expuesta,al afirmar que la acusación exigida como uno de los modos de ejercicio de la acción penal ya se encuentra contenida en el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio (art.329 del C.P.P.), no siendo complementario ni condicionante al ejercicio de la jurisdicción, la acusación y expreso pedido de pena por parte del Fiscal en el transcurso del debate (art.376 del C.P.P.).- Sin embargo, no obstante las atendibles razones de esta posición, no puede soslayarse la aplicación de la recordada doctrina de la Corte Suprema seguida en el aludido caso "Tarifeño..." y sus precedentes, que fuera esclarecedoramente desarrollada, por la minoría de la Cámara Nacional de Casación Penal ("F.J.s/recurso de casación" del 14 de abril de 1994, Sala I.) al expresar que: "Se vulneran las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso al condenarse al imputado sin acusación complementada en la oportunidad del art. 393 (nuestro 376) del Código Procesal Penal. En el nuevo ordenamiento procesal la acusación se integra con dos actos procesales distintos y complementarios que tienen características particulares que impiden sostener que cualquiera de ellos cumple, por sí solo, con la exigencia del art.18 de la Constitución Nacional, en el sentido de que presupuesto de una sentencia condenatoria en materia penal es que haya mediado acusación y prueba". Asimismo, agregó la minoría, que: "Habilitar un fallo condenatorio del Tribunal interviniente, cuando el Ministerio Público en la oportunidad prevista en el art.393 (nuestro 376) del C.P.P., no complementa la acusación con un requerimiento punitivo, sino que postula la absolución del imputado, significa eliminar en la etapa decisiva de la discusión final todo vestigio del principio de contradicción".- Como se anticipara, esta postura afirma que el requerimiento Fiscal de elevación de la causa a juicio es un instituto distinto de la acusación que se concreta en el debate, siendo por ello posible que luego de examinadas las pruebas incorporadas legalmente al mismo, el Sr.Fiscal de Cámara decida no acusar al o los procesados en una causa, lo que conduce a la inexistencia de un conflicto entre partes que tenga que ser dirimida por los Sres.Jueces de un Tribunal colegiado del fuero penal. En estas condiciones, de dictarse una condena sin acusación, aquélla resulta nula porque fue vulnerada la garantía constitucional del debido proceso toda vez que al Tribunal, para asumir el poder jurisdiccional y emitir sentencia, le es exigible que las dos partes integrativas del enjuiciamiento -Ministerio Público Fiscal y Defensa- hayan dinamizado el proceso.- Por todo lo expuesto, no obstante el disenso que se suscita por esta cuestión y los sólidos argumentos desarrollados en cada tesis, precedentemente sintetizados, corresponde orientarse en la línea trazada al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,priorizando la regla de economía procesal, tal como se concluyó en los antecedentes de esta Sala "Allende", 55/98; "Villalba", 86/98 y "Vucko", 104/98, sobre los que -por compartir in totum su contenido- asiento mi voto en esta primera cuestión y consecuentemente me expido favorablemente en la misma, con el alcance que se explicitará en la siguiente, lo cual torna inoficiosa toda consideración vinculada con los restantes agravios defensivos.ASI VOTO.- A LA PRIMERA CUESTION, RICARDO FERNANDO FRANCO dijo:

Adhiero a la relación de causa y conclusión del Sr. Juez preopinante en cuanto adherir a la nueva doctrina de la Corte Suprema plasmada en el caso "Mostaccio.." haciéndolo únicamente por razones de economía procesalcomo lo hiciera mi colega y también el suscripto cuando se expidiera en igual sentido en las causas "Allende", "Villalba" y "Vucko" donde mantuviera la posición que adoptara como Juez de la Cámara Tercera en lo Criminal de esta ciudad en autos "Zarza Verón...", Expte. n°93/95, registro del citado Tribunal Colegiado del fuero penal. De ellos puede interpretarse sin dificultad alguna que el criterio jurisprudencial del Alto Cuerpo de la Nación que entiendo acertado es el sostenido, transitoriamente, con posterioridad al precedente "Tarifeño.." cuando- por mayoría- se expidiera en el caso "Marcilese.."(Fallos 325: 2005) del que surge correctamente que no se viola la garantía constitucional de la defensa en juicio y el debido proceso (Art.18 C.N.) al dictarse una sentencia condenatoria en sede penal aún cuando el Sr. Fiscal de Cámara hubiere pedido la absolución del imputado en el acto de efectuar su alegato durante el debate. Por ello, al retomar el Tribunal Cimero en autos: "Mostaccio..." la doctrina "Tarifeño..", con elocuente claridad conceptual se expidieron en minoría los doctores Fayt y Vázquez señalando que ".. es irrazonable pensar que con su sola decisión el fiscal pueda, sin contralor alguno, decidir la suerte del proceso luego de haber formulado una verdadera acusación con el pedido de remisión a juicio y postulando un verdadero reproche penal, en tanto ello lo convertiría en juez y parte..." agregando que dicho pedido de absolución por parte del Sr. Fiscal durante el debate "..no reviste carácter vinculante para el tribunal de juicio, quien con total imparcialidad y dentro del marco del proceso acusatorio tiene por misión descubrir la verdad cumpliendo así con el ejercicio de la jurisdicción, conduciendo la solución contraria a desconocer el alcance del principio de oficialidad, en tanto implicaría la arrogación del ámbito de la decisión jurisdiccional que la Constitución asigna a un poder distinto e independiente, transformándose el fiscal, de hecho, en juez..".Este voto minoritario de los citados jueces, pone de manifiesto como se evita la concentración de poder en el Sr.Fiscal de Cámara y se recuerda que la Constitución consagra los principios de oficialidadyacusatorio, por lo tanto, para una adecuada coexistencia de un Juez con dicho Funcionario resulta un impedimento "..introducir una connotación dispositiva de la acción penal pues ello significaría desconocer que el ius puniendi no pertenece al Ministerio Público Fiscal sino al propio Estado del que también son expresión los jueces" (La Ley-Suplemento de Jurisprudencia Penal y Procesal Penal del 26/03/04, pág.20).Sin perjuicio de lo cual y por las razones expuestas por el colega preopinante, me expido afirmativamente en esta cuestión.ASI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION, EDUARDO OMAR MOLINA dijo:

Atento al resultado de la cuestión anterior, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 207/217 y vta., declarando la nulidad de la sentencia de fs. 196/205y disponer que el mismo Tribunal de juicio- por la naturaleza del caso- proceda directamente a dictar la consecuente absolución de culpa y cargo, sin debate previo; esto así, por la limitación legal derivada del recurso en tratamiento (art. 434 inc.2° del C.P.P.), toda vez que esta Sala únicamente está autorizada a casar la sentencia del Inferior y resolver el caso con arreglo a la ley (art. 447 C.P.P.) es por el motivo previsto en el art. 434 inc. 1° de rito. Sin costas, excepto los honorarios del Dr. Homero Alfredo Masi, los que estimo en la suma de cuatrocientos pesos ($400.-) por su actuación en esta sede y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 4, 7, 11 y 13 de la Ley 2011 y su modificatoria 2385. ASI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION, RICARDO FERNANDO FRANCO dijo:

Adhiero a la solución propiciada por el Dr. Eduardo Omar Molina como también en cuanto a los honorarios que propone para el profesional actuante. ES MI VOTO.- Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo precedente, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretario que doy fe.- S E N T E N C I A Nº92 / Resistencia, 8 de junio de 2004.- Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

I- Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 207/217 y vta., declarando la nulidad de la sentencia de fs. 196/205y disponer que el mismo Tribunal de juicio- por la naturaleza del caso- proceda directamente a dictar la consecuente absolución de culpa y cargo del imputado, sin debate previo, por las razones expuestas en la primera y segunda cuestión. Sin costas.- II- Regular los honorarios profesionales del Dr. Homero Alfredo Masi, en la suma de cuatrocientos pesos ($400.-) por su actuación en esta sede y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 4, 7, 11 y 13 de la Ley 2011 y su modificatoria 2385.- III- Regístrese. Notifíquese. Oportunamente comuníquese a Caja Forense y devuélvanse los autos.-