Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-10-03


Expediente: --7357-2010 Tribunal: Superior Tribunal de Justicia Competencia: Recursiva Fecha: 03/10/2011 Libro de Acuerdos: 54 N° de Registro: 549 TEMAS: PROCESO LABORAL. DIFERENCIAS SALARIALES. PAGO ANTE ESCRIBANO. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. PRUEBA PERICIAL. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. TRANSFERENCIA DEL ESTABLECIMIENTO. INOPONIBILIDAD AL TRABAJADOR. REVOCACIÓN DE SENTENCIA.

(Libro de Acuerdos Nº 54 Fº 1899/1903 Nº 549). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los tres días del mes de octubre del año dos mil once, los Señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Sergio Ricardo González, Clara D.L. de Falcone, Sergio Marcelo Jenefes, Lilian Edith Bravo y María Victoria González de Prada bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº 7357/2010, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-77.481/01 (Sala I Tribunal del Trabajo) Indemnización por despido y otros rubros: Claudio Rodolfo Camargo Frank y Laura Viviana de los A. Tordoya c/ Refinor S.A. y otros".

El Dr. González dijo:

La demanda laboral del expediente que nos ocupa fue rechazada por la Sala I del Tribunal del Trabajo. Consideró al efecto que los créditos reclamados por los actores conforme surgía del objeto de la demanda habían sido cancelados, tal como lo alegó la accionada Refinor S.A. al plantear la excepción de pago, acreditada con los recibos atribuidos a los actores y la declaración del Escribano César Frías con cuya intervención se concretaron y documentaron. Descartó que la falta de registro en la documentación contable de la demandada fuera suficiente para privarlos de validez.

Siendo esa la solución del caso, entendió innecesario abordar el tratamiento de la otra defensa articulada por Refinor S.A. en cuanto a que no había utilizado la fuerza de trabajo de los actores, pues su actividad tuvo inicio a fines de julio de 2000, cuando ya todos los trabajadores de su antecesora en la explotación comercial, Servicios Éxodo S.R.L., habían sido desvinculados.

En contra de esa sentencia, articula el Dr. Sergio E. Stephan, en representación de los actores, el presente recurso de inconstitucionalidad.

Al reseñar los antecedentes del caso, afirma que sus mandantes trabajaron en la Estación de Servicios de Av. El Éxodo 429 de propiedad de Centro de Servicios Éxodo S.R.L. El 9 de febrero de 2000, el establecimiento fue transferido a Refinería del Norte y/o Refinor, la que comunicó de ello a empleados y clientes. El 31 de julio de 2000, la empleadora, a través de Josefina Paula Centeno, con intervención del Escribano Público César Frías, comunicó el despido de casi todos los empleados, entre ellos, la actora Laura Viviana de los A. Tordoya. El coactor Claudio Rodolfo Camargo Frank fue despedido mediante telegrama recibido el 18 de agosto de 2000 remitido por Centro de Servicios Éxodo S.R.L. en el que se ratificaba el despido. En ambos casos, se hacía saber que los haberes y demás rubros estaban a disposición de los trabajadores en la Escribanía del notario actuante. Sin embargo, éstos nunca los percibieron pese a que se les hizo firmar recibos de pago.

Al demandar, denunció esas circunstancias e, incluso, arrimó los duplicados de los recibos.

La demanda fue contestada por la accionada quien opuso excepción de pago que dijo había concretado el Centro de Servicios Éxodo S.R.L.. Además, negó su rol de empleadora, atribuyéndolo a su antecesora a la que solicitó se citara como tercero.

Al contestar hechos nuevos, su parte negó haber percibido pago alguno. Refirió que los recibos habían sido firmados "a pedido del gerente del Centro de Servicios Éxodo S.R.L., Sr. Carlos Flores, aduciendo que ello era necesario para la admisión del concurso preventivo y con la promesa (nunca cumplida) que les abonaría los haberes e indemnizaciones devengadas".

Agrega que Centro de Servicios Éxodo S.R.L. compareció al proceso como tercero diciendo de la improcedencia de su citación por cuanto el 9 de febrero de 2000 había cedido a Refinor S.A. la estación de servicios, que ésta se hizo cargo de todo lo relacionado con el personal, dispuso el despido y aportó el dinero para el pago de las indemnizaciones y rubros adeudados.

Seguidamente, tras calificar a la sentencia de arbitraria, concreta su análisis critico en sucesivos capítulos, en los que expresa:

a) Falta de fundamentos jurídicos, en tanto no contiene cita de derecho ni se menciona norma jurídica, doctrina o jurisprudencia que lo avale, lo que desatiende la exigencia del art. 45, inc. 3º del C.P.C. y traduce la sola expresión de voluntad del sentenciante.

b) Apartamiento de la solución normativa prevista para el caso al dar por ciertos los pagos. Destaca que el reconocimiento de las firmas de los recibos no es suficiente para tenerlos por concretados pues, en materia laboral, no rige el art. 1028 del Cód. Civil sino los arts. 60 y 142 de la L.C.T., que obligan a los jueces a apreciar la eficacia probatoria de los recibos que no reúnan algunos de los requisitos consignados en el art. 140 o cuyas menciones no guarden debida correlación con la documentación laboral, comercial, previsional y tributaria de la empresa que supuestamente los efectivizó. Los actores al demandar -agrega- admitieron haber firmado los recibos respectivos cuyos duplicados acompañaron, pero aclarando que los rubros allí consignados no habían sido abonados, tal como quedaría demostrado en la pericial contable lo que, en definitiva, sucedió. Esta fue elaborada por el perito con los datos del expediente porque no hay respaldo alguno en la documentación de la demandada. Descarta que la declaración del Escribano Frías al decir que los montos fueron pagados tenga validez alguna en tanto ni la demandada ni la empresa citada como tercero admiten haberlos practicado.

c) Apartamiento de la solución normativa al privar a los actores de cobrar las diferencias salariales entre lo liquidado en los recibos y lo debido. Argumenta al respecto que, aún considerándolos verídicos, los pagos que dice su contraria fueron practicados son insuficientes conforme resulta de la pericial contable. Siendo así, debió aplicar el a-quo el art. 260 de la L.C.T. y considerar aquellos montos a cuenta del total adeudado. Detalla minuciosamente cada rubro y los importes consignados por el perito, cotejándolos con los de los recibos.

d) Prescindencia de la prueba pericial contable, en tanto desatiende los montos que el experto consigna como debidos, para dar por cancelada la deuda en base a recibos que expresan sumas menores.

e) Infundado apartamiento de la doctrina legal en materia de regulación de honorarios, cuya suma representa el 156,35% del importe reclamado en la demanda, lo que excede el tope del 25% previsto por la ley 24.432.

d) Arbitrariedad en la imposición de costas a su parte, respecto a la actuación del tercero citado a instancias de la demandada.

Después de formular reserva del caso federal pide, concretamente, se haga lugar a su recurso en todas sus partes con costas en ambas instancias, a la demandada.

A fs. 24/26 el Dr. Ángel Alberto Lamas, en representación de Centro de Servicios Éxodo S.R.L. reafirma la posición asumida en la instancia anterior, en el sentido de que esa empresa es ajena a la relación entre actores y demandada y niega haber participado en el despido y en el pago que se denuncia. Dice que su mención en los recibos fue una "ficción jurídica (sic) realizada por cuestiones de orden impositivo, hasta tanto Refinor S.A. regularizara su situación con Centro de Servicios Éxodo S.R.L. a quien abonaba una comisión por la venta, por existir un saldo a favor de ésta última luego de la cesión de la explotación de la Estación de Servicios".

El Dr. Carlos José Insausti (h) contestó a fs. 34/38 el traslado conferido a la demandada. Pide el rechazo del recurso diciendo que su promotor pretende la revisión del fallo a partir de un nuevo análisis de los hechos y las pruebas incorporadas a la causa, lo que resulta inadmisible en esta instancia. Descarta arbitrariedad. Insiste en que la empleadora de los actores fue su antecesora en la explotación comercial. La compra del inmueble donde funciona la estación de servicios, concretada en febrero de 2000, no lleva a inferir su calidad de empleador. Tanto que en la escritura respectiva se dejó aclarado que sólo la vendedora asumía -entre otras- las obligaciones laborales con sus empleados.

Dice -textual- que "el 25 de enero de 2000 se suscribe entre la empleadora Centro de Servicios El Éxodo S.R.L. y Refinor S.A. un contrato de suministro de combustible y otros productos en consignación, conforme refieren el contrato (ver fs. 69/92) para ser vendidos en la estación operada por El Éxodo S.R.L. bajo los colores e identificaciones de la marca Refinor, sita en calle Av. El Éxodo Nº 423 de esta ciudad". De ello infiere que es incuestionable que aquella fue la verdadera empleadora de los actores descartando que se tratara de una ficción. Fue esa empresa la que dispuso el despido el 31 de julio de 2000, según consta en el acta notarial pasada por ante el Esc. Frías y surge de los instrumentos de fs. 4 y 5. Replica, así, las afirmaciones de la citada como tercero.

El mencionado notario procedió a pagar a los actores el importe de la liquidación final practicada por Centro de Servicios El Éxodo S.R.L. y, ante él, firmaron aquellos los recibos respectivos. Así surge probado en la causa con testimoniales, absolución de posiciones y pericial contable. Por esas circunstancias, su parte no tiene documentación alguna.

Se extiende en consideraciones acerca de la validez y efectos de los recibos de pago, defendiendo la sentencia que así lo resolvió. Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Repuestos los aportes a cargo de la demandada y pagada la multa que debió imponérsele por la demora en practicarlos, los autos fueron sometidos a consideración del Ministerio Público.

Se pronunció el Sr. Fiscal General quien propone hacer lugar parcialmente a este recurso. Entiende que existen elementos para conferir validez a los recibos de pago rubricados por los actores con apoyo en la declaración del Escribano Frías. Considera que exigir el cumplimiento de mayores recaudos constituye un rigorismo formal inconciliable con el deber de buscar la verdad jurídica objetiva. Los agravios, en el punto, sólo expresan la disconformidad del quejoso y su pretensión de revisar cuestiones de hecho y prueba que superan el límite de este extraordinario recurso.

Sí es atendible la queja -prosigue- en tanto el fallo prescinde de la prueba pericial contable que estableció que el crédito reclamado es mayor al que expresan los recibos, cuyos importes deben, entonces, considerarse a cuenta. De allí que la demanda debió admitirse por la diferencia e imponerse las costas íntegramente a la demandada, aún cuando no hayan progresado la totalidad de los reclamos, practicándose en consecuencia una nueva y fundada regulación de honorarios que deberá ajustarse al límite máximo de la ley 24.432.

Consentida la integración del Tribunal, corresponde sin más pronunciarnos.

Coincido con el criterio asumido en el referido dictamen.

Para dar por ciertos los pagos que expresan los recibos, pese a la negativa de los trabajadores de haberlos percibido, el a-quo ponderó, además de esos instrumentos, la declaración testimonial del Esc. César Frías (acta de fs. 249/250 del principal) quien -según lo refiere el sentenciante- dijo haberlos practicado personalmente, con fondos de la demandada. Esa circunstancia es corroborada por la perito contadora (apartado "d" de su dictamen a fs. 461).

Siendo así, el agravio formulado al respecto debe desestimarse en razón del principio que impide en esta instancia y a través de este extraordinario remedio rediseñar la plataforma fáctica del caso; principio que resulta más riguroso aún si la sentencia recurrida fue dictada -como en el caso- al cabo del proceso oral, lo que supone que parte de la prueba rendida, así como los alegatos de bien probado, no quedan glosados en la causa y sólo son aprehendidas por los Jueces que llevaron adelante el debate en el contexto de la audiencia de vista de la causa (cfr. L.A. 43 Fº 1159/1161 Nº 430; L.A. 43 Fº 1188/1190 Nº 443; L.A. 43 Fº 1191/1193 Nº 444; L.A. 43 Fº 1199/1201 Nº 446; L.A. 43, Fº 1215/1216 Nº 453, y, con su actual integración, en L.A. 48 Fº 1075/1077 Nº 384, entre muchos otros).

Y si bien la regla admite excepciones, no encuentro que, en el caso, pueda establecerse ninguna. En efecto, es verdad que el art. 60 de la L.C.T. que invoca la recurrente admite que el trabajador se oponga al contenido del recibo si fue firmado en blanco, pero la misma norma pone a su cargo la demostración de que las declaraciones insertas en el documento no son reales. Entiendo no ha alcanzado ese objetivo desvirtuando la prueba testimonial aludida.

Siendo así, la falta de respaldo en los registros de la demandada no es razón suficiente para sostener que no se hicieron. En el punto, entonces, el fallo resulta inatacable.

Sí asiste razón a la recurrente al agraviarse porque el a-quo prescindió de valorar prueba conducente para la justa resolución de la causa y omitió aplicar el derecho aplicable al caso.

Así lo sostengo porque de la prueba pericial resulta claro que los montos adeudados a los actores por los rubros reclamados son superiores a los que reflejan los recibos, de modo que correspondía aplicar el art. 260 de la L.C.T. para considerarlos a cuenta y mandar pagar la diferencia.

Tales sumas fueron calculadas por la experta al 7 de agosto de 2000, en las sumas de $ 3.768,38 y $ 1.663,92 para Claudio Camargo Frank y Laura Viviana de los A. Tordoya, respectivamente (fs. 461/462). En cuanto a los intereses, conforme el criterio sentado por este Tribunal en L.A. Nº 54 Fº 673/678 Nº 235, corresponde calcularlos conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina que, desde esa fecha y hasta el 1º de julio de 2011, conforme el coeficiente de 244,9257%, arroja la suma de $ 9.229,37 para el primero y $ 5.739,27 para la segunda. De tal modo, la sumatoria de capital e intereses arroja para el primero la suma total de $ 12.998,11 y para la segunda $ 5.739,27.

Ahora, queda por establecer si la demanda procede contra Refinor S.A. pese a la defensa opuesta por su parte al decir que no tuvo vínculo laboral con los actores.

La respuesta afirmativa se impone.

En la causa agregada como prueba a la presente, con minucioso detalle, la Sala II del mismo Tribunal analizó idéntico planteo respecto a otros trabajadores en la misma situación que los actores de esta causa y concluyó en la responsabilidad de Refinor S.A. por la deuda laboral. Esa sentencia -destaco- fue consentida por la demandada, en ese punto.

En esta causa no son pocos los elementos probatorios que llevan a concluir de igual manera. Por empezar, la postura asumida tanto por la demandada como por la tercero citada en garantía, y la pueril defensa asumida por ambas para endilgarse, recíprocamente, el rol de empleadora en la relación laboral.

Además, en coherencia con el valor asignado a la prueba testimonial brindada por el Escribano Frías, diré que, así como la he juzgado irrefutable para dar por ciertos los pagos que dijo haber concretado personalmente, igualmente conducente la considero para dar por cierto que los practicó -conforme lo declaró ante el Tribunal de la causa- "con dinero remitido por la demandada".

Agrego a ello que la falta de publicación de la transferencia del fondo de comercio tanto como el hecho de que -según lo afirmó en esta instancia la demandada- a partir de febrero de 2000 la estación de servicios por ella adquirida empezó a exhibir su marca y colores expendiendo sus productos, hacen que la falta de responsabilidad que invoca en razón del contrato suscripto con Centro de Servicios Éxodo S.R.L. resulte inoponible a los trabajadores. En todo caso, será esa cuestión a dirimir en caso de ejercer las acciones de regreso a que se considere con derecho.

Siendo la expresada mi posición respecto a los dos agravios hasta aquí tratados, resulta inconducente abordar los restantes, toda vez que la modificación del fallo respecto a la cuestión principal, lleva a hacer lo propio con la distribución de las costas y la regulación de los honorarios profesionales. En definitiva, propongo hacer lugar parcialmente a este recurso para revocar la sentencia cuestionada y declarar parcialmente procedente la demanda, condenando a la accionada Refinor S.A. a pagar a Claudio Rodolfo Camargo Frank la suma de $ 12.988,11 comprensiva del capital e intereses calculados al 1º de julio de 2011 y a Laura Viviana de los A. Tordoya, la suma de $ 5.739,27 por igual concepto.

Esos importes devengarán desde el 1º de julio de 2011 y hasta el efectivo pago, intereses que se calcularán con aplicación de la misma tasa activa.

De compartir mis pares esta propuesta las costas de ambas instancias deben ser impuestas a la demandada en su condición de vencida, aún cuando su pretensión no prospere íntegramente, pues es lo que corresponde en miras a mantener incólume los créditos laborales y ponderando que fue la actitud de la empleadora lo que obligó a los trabajadores a promover la demanda (cfr. L.A. 45 Fº 336/339 Nº 148).

En cuanto a los honorarios profesionales, con ajuste a las previsiones del la ley de aranceles 1687, en mérito a la calidad, eficacia y extensión de la labor profesional desarrollada (art. 4 inc. c); el interés económico comprometido (art. 4 inc. a) el resultado obtenido (art. 7), la participación de cada letrado (art. 10) y la escala del art. 6, propongo regular los que corresponden a la actuación en la instancia de grado a los Dres. Sergio E. Stephan, Hugo Eduardo Macedo, Carlos José Insausti (h), Ángel Alberto Lamas y Cdra. Graciela A. Seguí, en las sumas de tres mil ciento veintidós pesos ($ 3.122.-), seiscientos veinticinco pesos ($ 625.-), tres mil pesos ($ 3.000.-), tres mil pesos ($ 3.000.-) y un mil pesos ($ 1.000.-) respectivamente. Los que corresponden por la labor desarrollada en esta instancia (art. 11 ley 1687) a los Dres. Sergio E. Stephan, Carlos José Insausti (h) y Ángel Alberto Lamas, los propongo en las sumas de un mil ciento veinticinco pesos ($ 1.125.-), novecientos pesos ($ 900.-) y novecientos pesos ($ 900.-) respectivamente. A todos esos importes se les sumará el impuesto al valor agregado de corresponder y devengarán, desde el 1º de julio de 2011 y hasta el efectivo pago, el mismo interés que el capital.

Tal es mi voto.

Los Dres. de Falcone, Jenefes, Bravo y González de Prada, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia, Resuelve:

1. Hacer lugar parcialmente al recurso articulado por el Dr. Sergio E. Stephan en representación de Claudio Rodolfo Camargo Frank y Laura Viviana de los Ángeles Tordoya y, en su mérito, revocar la sentencia dictada por la Sala I del Tribunal del Trabajo el 10 de diciembre de 2009, la que quedará redactada como sigue: I. Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta y, en su mérito, condenar a Refinor S.A. a pagar a Claudio Rodolfo Camargo Frank en concepto de capital e intereses calculados al 1º de julio de 2011, la suma de doce mil novecientos noventa y ocho pesos con 11/00 ($ 12.998,11) y a Laura Viviana de los Ángeles Tordoya, por iguales conceptos, la suma de cinco mil setecientos treinta y nueve pesos con 27/00 ($ 5.739,27). II. Imponer las costas a la demandada vencida. III. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Sergio E. Stephan, Hugo Eduardo Macedo, Carlos José Insausti (h), Ángel Alberto Lamas y Cdra. Graciela A. Seguí, en las sumas de tres mil ciento veintidós pesos ($ 3.122.-), seiscientos veinticinco pesos ($ 625.-), tres mil pesos ($ 3.000.-), tres mil pesos ($ 3.000.-) y un mil pesos ($ 1.000.-), respectivamente, más el impuesto al valor agregado, de corresponder. IV. Los créditos de los actores y los honorarios profesionales devengarán, desde el 1º de julio de 2011 y hasta el efectivo pago, intereses que se calcularán conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

2. Imponer las costas de esta instancia a la recurrida vencida.

3. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Sergio E. Stephan, Carlos José Insausti (h) y Ángel Alberto Lamas por la labor desarrollada en esta instancia, en las sumas de un mil ciento veinticinco pesos ($ 1.125.-), novecientos pesos ($ 900.-) y novecientos pesos ($ 900.-) respectivamente, más el impuesto al valor agregado, de corresponder. Esos importes devengarán desde el 1º de julio de 2011 hasta el efectivo pago, el mismo interés fijado en el apartado 1º del presente.

4. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. Sergio Ricardo González; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Lilian Edith Bravo (Habilitada); Dra. María Victoria González de Prada (Habilitada).

Ante mí: Dra. Alejandra María Luz Caballero - Secretaria Relatora.