Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-23


RAWSON, 23 de Mayo de 2.011.- --VISTOS: -- --Estos autos, caratulados: "C., S. y Otro s/ Acción de Amparo" (Expte. N º 22.258-C-2.011).

--DE LOS QUE RESULTA:- --El Señor S. C., en su carácter de apoderado del partido Coalición Cívica - Afirmación Para una República Igualitaria (C. C. - A. R. I.) y el Sr. F. U., como presidente del mismo partido, se presentaron con el patrocinio letrado del Dr. Juan E. SAGLIETTO, por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N ° 2 de la ciudad de Trelew e interpusieron Acción de Amparo contra el Estado Provincial, para emplazarlo a cubrir la totalidad de gastos que demandara la impresión de boletas de sufragio correspondientes a la agrupación política indicada, para las elecciones del 20/03/11.- --Manifestaron que por decreto 630/10 se convocaron a elecciones provinciales para cubrir, entre otros, los cargos de Gobernador, Vicegobernador, Diputados Provinciales titulares y suplentes, y miembros de Consejo de la Magistratura de algunas localidades.

--Para tal fin, se seguía el criterio según el cual, cada partido debía imprimir tantas boletas como electores figuraran en el padrón.- --Señalaron que en una reunión llevada a cabo con el Tribunal Electoral, se le requirió que se expidiera y exigiera al Poder Ejecutivo, la financiación necesaria para imprimir las boletas. Dicho organismo informó que no se había expedido normativa al respecto y que su competencia le impedía formular dicha exigencia, sin perjuicio de informar el pedido al gobierno provincial.

--Con fecha 21/02/11, refirieron haber presentado nota al Gobernador formalizando el pedido de impresión de boletas. Al día siguiente, enviaron un pronto despacho sin haber obtenido respuesta alguna hasta el momento de interposición de esta acción.

--Hicieron referencia a la legislación nacional que cuenta con la expresa disposición donde el Estado debe afrontar el pago de la emisión de boletas. Indicaron que la normativa provincial no preveía el mismo supuesto, por lo que existía un vació legal en tal sentido. No obstante ello, sustentaron la obligación del ejecutivo provincial de afrontar dichos gastos, por el carácter público de la función que cumplían los partidos políticos, tanto nacionales como provinciales, para garantizar las condiciones organizativas que aseguraran la continuidad del régimen democrático y republicano de gobierno. Indicaron que en anteriores elecciones, el gobierno local había afrontado dichos gastos, motivo por el cual, debería hacer lo mismo en esta oportunidad.

--Fundaron la petición en la necesidad de garantizar la efectiva participación de los distintos partidos políticos en el acto eleccionario, invocando el Art. 38 de la C. N. y fallos de la Corte Suprema, que consideraron aplicables al caso. Insistieron en que la organización y celebración de elecciones competitivas, obligaba al Estado a intervenir de manera activa en la materia, para asegurar la igualdad de oportunidades entre los distintos partidos y, también, su autonomía.

--Indicaron que el aspecto económico que respaldaba a los procesos electorales, constituía uno de los elementos más trascendentes en los que tiene lugar sin excepciones, la nueva lucha por el poder. Agregaron que, en una sociedad comprometida con los valores democráticos, no se podía aceptar que la falta de recursos, obligara la exclusión de la contienda electoral o la obstaculizara.

--Remarcaron las ventajas que tenían aquellos partidos políticos mejor dotados económicamente, no solo desde el punto de vista de su propia financiación sino, asimismo, de su llegada a los medios de comunicación. Así, entendieron que la capacidad monetaria de un partido, resultaba decisiva al momento de definir un proceso electoral. Por ello el Estado debía garantizar que las diferencias de esta naturaleza, en los diferentes partidos, no se tradujera en una imposibilidad de participar en las elecciones, en su rol de garante de los derechos de todos los habitantes.-- --Manifestaron que el sufragio solo se llevaba a cabo a través de las boletas electorales y por ello, si el partido político no podía procurárselas, no había forma de habilitar que los votos se emitieran en su favor, quedando en los hechos, excluidos de las elecciones. De allí, la necesidad de la participación activa del estado para garantizar el cumplimiento de los derechos individuales. Entre ellas, el financiamiento público. Formularon citas jurisprudenciales y doctrinarias en apoyo de sus argumentos.- --Agregaron que lo normado por el Art. 80 de la C. P. imponía la asistencia dineraria para la efectiva participación de los partidos políticos en un Estado de derecho.- -- En el punto IV de su presentación, resaltaron que se habían violado los presupuestos de elecciones competitivas ya que el estado provincial, no contaba con ningún mecanismo para garantizar las condiciones mínimas, al no permitir la impresión de dos veces la cantidad de boletas conforme electores del padrón vigente. Así, los partidos que no contaran con los recursos para hacerlo por sí mismos, quedaban excluidos de la contienda.

--Formularon sus conclusiones y peticionaron que se condenara al Estado Provincial a cubrir el costo de impresión de las boletas electorales correspondientes al CC - ARI para las elecciones del 20/03/11, en cantidad, como mínimo, equivalente al número de electores que figuraran en el padrón.-- Desarrollaron los fundamentos que consideraron viables para hacer lugar al Amparo articulado en cuanto a la legitimación activa, al carácter inminente de la lesión, a la manifiesta ilegalidad y arbitrariedad de la falta de cobertura de los gastos para emitir las boletas y la inexistencia de una vía judicial mas idónea para formular sus reclamos.- --Ofrecieron prueba, fundaron la competencia del Juzgado de Primera Instancia, formularon reserva del Caso Federal y efectuaron petitorio de estilo.

--A fs. 24/26 el Juez de grado se declaró incompetente para entender en autos. Fundó su decisión en que la lesión se había producido en la jurisdicción de Rawson y ello obligaba que la presentación de la causa se efectuara por ante dicho fuero, conforme lo normado por el Art. 4º de la ley de Amparo Provincial. Consideró improcedente su intromisión en el ámbito territorial ajeno a su competencia, la cual entendió que debía revisar de oficio antes de expedirse sobre el curso de la acción.- --Presentado el expediente en la ciudad de Rawson, el Dr. TESI se excusó de seguir interviniendo por ser Vocal del Tribunal Electoral Provincial, e invocó los arts. 259 de la C. P. y 30, párrafo 1º Ley XIII N º 5.- --A fs. 32 tomó intervención la Dra. AMARAL quien a fs. 33/36, resolvió que su competencia se hallaba excedida por la petición de autos, la cual entendió que debía ser resuelta por el Tribunal Electoral Provincial (en adelante T. E. P.). Invocó jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones de Trelew que entendió aplicable para reforzar sus dichos, específicamente en un fallo donde se estableció que la competencia para temas similares, no era excluyente de los Juzgados provinciales y que podía ser atendida por otros organismos que también tuvieran incumbencia especifica en la materia.- --Teniendo en cuenta lo dispuesto por el T. E. P. en el Acta N º 3 y la declinación efectuada por la Magistrada, entendió producida una cuestión de competencia negativa que debía ser resuelta por este Superior Tribunal en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo Plenario N º 3.930/11. Agregó que, más allá de lo expuesto, el tercer requisito para la viabilidad del Amparo, obstaculizaba la prosecución de la vía, dada la negativa del T. E. P. en tratar el financiamiento de los partidos políticos. Ello dejaba como instancia revisora al Superior Tribunal Provincial. Además, el tema a resolver estaba encuadrado en la aplicación, en el ámbito local, en lo dispuesto por el Art. 35 de la Ley N º 26.215. Este vacío normativo provincial, que podría configurar un caso de gravedad institucional, habilitaría incluso, la articulación del recurso extraordinario. Tampoco prosperaría el amparo por la jurisprudencia que la Juez de grado individualizó para sostener, eran temas de la incumbencia del T. E. P., y por ende, sus decisiones solo podrían ser revisados por este Cuerpo.

--Agregó, también que la procedencia de la vía requería la imposibilidad de recurrir a otros proceso mas eficaces, cosa que no se daba en autos. Concluyó en declarar que la inadmisbilidad del Amparo articulado y remitió los autos a este Tribunal.

--A fs. 41/43 vta. el Sr. C. peticionó como medida cautelar innovativa la suspensión del llamado a elecciones previsto para el 20/03/11, ante el grave perjuicio que podría producirse, si la sentencia que en definitiva se dictare en el amparo, fuere ineficaz.-- --A fs. 47 y vta. emitió dictamen el Sr. Procurador General quien entendió que la acción intentada lo era dentro del marco normativo dispuesto por el Art. 43 de la C. P. y por ende, resultaba competente para entender en la misma, el Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en el cual la lesión o restricción hubiera tenido lugar.

-- CONSIDERANDO: -- --I.- Llegan estos actuados al conocimiento del pleno por la remisión efectuada por la Juez de grado quien se declaró incompetente para seguir entendiendo en autos, por considerar que el tema sub examine quedaba configurado dentro del ámbito de incumbencias del T. E. P.

--Continúa su desarrollo y expresa que como éste último, manifestó en el Acta N ° 3 que no estaba facultado para imponer al Poder Ejecutivo el pago de la impresión de las boletas requerido por los amparistas, sino simplemente, poner en su conocimiento tal necesidad, surgía un conflicto negativo de competencia que debía ser resuelto -según sus términos-, por este Superior Tribunal, en función de lo dispuesto por el Acuerdo Plenario 3.930/11.- --Antes de analizar la aplicabilidad de dicho Acuerdo, cabe destacar que en el que le precediera (N ° 3.929/11), este Tribunal definió que, si bien la Constitución Provincial no determinaba las formas impugnativas del Tribunal Electoral Provincial, por su eminente naturaleza política y administrativa, ajena al Poder Judicial, las cuestiones de derecho que fueran controvertidas y decididas por el mismo, en tanto que su sentido impusiera interpretar el plexo constitucional, debían contar con la posibilidad de una revisión rápida y eficaz por ante un Tribunal jurisdiccional. En el Acuerdo Plenario N° 3.930/11, invocado por la Magistrada, se planteó la posibilidad de revisar decisiones del T. E. P. por razones de gravedad institucional y a la luz de lo sostenido por nuestra Corte Suprema de Justicia, en el sentido de considerar a este Cuerpo (en el orden provincial), como el intérprete final de la Constitución (Fallos, 1:348; 323:555); Tribunal de las garantías constitucionales (Fallos, 300:816; 1:340; 33:162) y guardián del proceso político (Fallos, 314:1102).- --Es decir, en ambos Acuerdos Plenarios se analizó y decidió en relación a la revisión judicial de un acto emanado de un órgano con naturaleza político-administrativa. Pero ninguno de ellos se relaciona con el supuesto de autos, ni resultan atendibles para fundar el conflicto negativo de competencia señalado por la Juez de grado, el cual queda subsumido en lo dispuesto por el Art. 179, 1, 1.2 de la Constitución Provincial que establece, específicamente, que el Superior Tribunal es competente para tratar las cuestiones de competencia entre Poderes públicos de la Provincia y en las que se susciten entre los tribunales inferiores, salvo que estos tengan otro superior común.- --II.- La doctrina de este Superior Tribunal indica que para discernir la competencia, debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal (Conf.: S. I. N ° 175/90, 79/91, 118/91, 84/95, entre otras), así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y el derecho que se invoca en el reclamo (Conf.: S. D. N ° 40/85, S. I. N º 84/95, 67/S. C. A./07 y 56/S. C. A./09).

--El verdadero fundamento de la competencia se halla dado por la norma objetiva que de manera preponderante ha de utilizarse para dirimir la contienda (Conf.: L. L., 96-243), teniendo en cuenta la descripción que de los hechos se efectúa para encuadrar la pretensión, determinando "prima facie" en qué esfera del derecho se desenvuelve la situación jurídica, en la medida necesaria para dirimir el conflicto, considerando las consecuencias jurídicas en la concreta situación a definir por medio de la sentencia, y sin que ello implique avanzar en un juicio definitivo sobre cuál ha de ser, en última instancia el régimen legal aplicable (Conf.: J. A., 1.978-III-275, 84/95, 10/96, 22/S. C. A./99 y 4/S. C. A./00).

--La competencia ratione materiae es indelegable e improrrogable y esta regla, es aún más rígida en materia contencioso-administrativa, privativa y excluyente, con un procedimiento especial de orden público e irrenunciable, por lo que su falta puede ser declarada de oficio (Conf.: PODETTI, "Tratado de la Competencia", Pág. 372, con cita de jurisprudencia de la Corte Bonaerese).- --III.- Por su parte, el Art. 4 de la Ley V N ° 84, establece que la acción de Amparo puede interponerse ante cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en el cual la lesión o restricción tuviere o debiere tener efecto. Ello condujo al primer Juez interviniente (fs. 24/26), a remitir las actuaciones al Juzgado de Rawson, pero solamente por considerar que era ése el territorio sobre el cual se habría de producir la lesión invocada.- --Recibida la causa, el Dr. TESI se excusó de intervenir en autos por ser integrante del T. E. P., y remitió los mismos a la Cámara de Apelaciones de Trelew, a los fines pertinentes.

--A fs. 31 la Oficina de Adjudicaciones de Causas de Trelew, sorteó, por subrogancia, al Juzgado Civil y Comercial N ° 1 de dicha ciudad. Mediante Sentencia N ° 21/2.011, la titular de dicho organismo, se declaró incompetente por entender que la materia a resolver, era de incumbencia exclusiva del T. E. P., como ya se dijera al comienzo.-- --El objeto del Amparo de autos, consiste en el reclamo el pago de las boletas necesarias para cubrir, como mínimo, el número de empadronados que figuran como electores en el ámbito provincial. Si bien es cierto que se relaciona con el proceso electoral previsto para el 20/03/11, el "thema decidendum" se ciñe a un requerimiento de contenido económico, plasmado mediante una acción judicial que tiene expresa regulación normativa.

--En consonancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, y atento lo dispuesto por la Ley V N° 84, Art. 4°, cabe concluir que resultan competentes para entender en la acción articulada, todos los Juzgados de Primera Instancia donde la lesión o restricción tuviere o debiere tener efecto, motivo por el cual si la misma -en principio-, se hubiere de producir en la ciudad de Rawson, dada la excusación del Dr. TESI (no cuestionada por la presentante), corresponde su tratamiento y resolución por el Juez subrogante de intervención.

--A mayor abundamiento, es dable agregar que la legislación aplicable que regula esta vía excepcional es clara y no efectúa ningún tipo de diferenciaciones para elegir el Juez de la causa en razón de la materia, por lo tanto, mal puede introducirla el Magistrado llamado a resolver. Es más, el demandante puede elegir presentarlo ante fuero civil y comercial, laboral, de ejecución o de familia, incluso el penal. Así, y como ya expresara supra, resulta plenamente competente para entender en autos el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería con asiento en la ciudad de Rawson.

--Por ello el Superior Tribunal de Justicia en Pleno: --R E S U E L V E: - -1°) DECLARAR LA COMPETENCIA para entender en estos autos, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería con asiento en la ciudad de Rawson en las condiciones establecidas en los considerandos.

--2°) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.- Fdo. Dr. Jorge PFLEGER-Dr. José Luis PASUTTI-Dr. Alejandro Javier PANIZZI-Dr. Carlos A. VELÁZQUEZ-Dr. Raúl Adrián VERGARA-Dr. Fernando S. L. ROYER.

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 24 DE MAYO DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N ° 12 S. R. O. E. CONSTE.