Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-31


SYCIC S.A.C.I.F. e I. contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA Reg.: A y S t 216 p 426-427.

Santa Fe, 31 de octubre del año 2.006.

VISTOS: los autos "SYCIC S.A.C.I.F. e I. contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 303, año 1993); y, CONSIDERANDO:

1. Contra la regulación de honorarios practicada a foja 915 interpuso, en primer lugar, recurso de revocatoria la parte actora (fs. 929/930).

Sostuvo que la estimación formulada no respeta lo dispuesto en la ley 6767 y, tras aclarar que con la demanda se pretendió dejar sin efectos actos administrativos y, subsidiariamente, se paguen daños y perjuicios -incluyendo daño emergente, lucro cesante y daño moral por el importe que surja de la prueba-, consideró que el perito contador arribó, al contestar la pregunta cuatro, a la suma de $ 212.140,20 en concepto de los perjuicios referidos, y afirmó, en lo que refiere a las preguntas dos y tres, que las mismas no fueron objeto del reclamo por lo que mal pueden formar parte de la base económica.

Por su parte, los letrados intervinientes por la demandada también dedujeron revocatoria contra la regulación de los emolumentos con sustento en que no se respetó la escala del artículo 6 de la ley 6767 toda vez que se fijó un honorario inferior al que surge de su aplicación a la cuantía estimada.

Corridos los pertinente traslados, fueron contestados por la actora a fojas 938/939 y por los apoderados de su contraparte a fojas 947/948 y, evacuada la vista por la Caja Forense (f. 970), quedan sendos recursos en condiciones de ser resueltos.

2. Partiendo de que los litigantes no cuestionan que el presente es de aquéllos procesos dotados de contenido patrimonial, lo que determinó la aplicación de los artículos 4, 6 y 8 de la ley 6767 -ver la regulación cuestionada-, cabe afirmar, en primer término, que el recurso articulado por la parte actora no puede prosperar.

En este sentido, debe señalarse que la accionante en su demanda sujetó la pretensión de "daños y perjuicios" al "importe que surja de la prueba, con lo que en más o en menos ella establezca", dado que -según manifestó- le era imposible estimar en esa oportunidad su monto (ver f. 286 vta.).

Estando la causa en la etapa probatoria, la demandante ofreció pericial contable a los fines de la determinación de: "los importes no pagados por la demandada a la actora, cualquiera sea el motivo de esa falta de pago"; "significación desde el punto de vista de la realidad económica de esa falta de pago"; y "evaluación del perjuicio causado a la actora en su prestigio y desenvolvimiento empresario, según la realidad económica, por la rescisión dispuesta por la Municipalidad demandada".

Conforme a esos puntos periciales, el experto acompañó sus conclusiones a fojas 719/729 y en el informe de mérito de la causa la actora sostuvo que dichos valores representaban los "daños y perjuicios solicitados" (ver f.

794).

En tales condiciones, y al no existir en la demanda cantidad determinada, no cabe sino concluir que de acuerdo al artículo 8 de la ley 6767 tales rubros representan "los valores, bienes o intereses comprometidos" en el pleito.

Y ante ello, no puede pretender la accionante, una vez plasmado el resultado desfavorable del pleito, ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberadamente cumplida, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (a mayor abundamiento ver A. y S., T.155, págs.186/197) y así sostener que solo parte de los importes a que arribó el perito integraron el reclamo patrimonial de autos.

Lo expuesto es suficiente a los fines de desestimar el remedio deducido por la parte actora.

En segundo término, igual resultado depara la revocatoria interpuesta por lo curiales intervinientes en la causa por la Municipalidad demandada.

Efectivamente, sustentan su postura en que, atento a la base por ellos estimada, el justiprecio se apartó de las escalas previstas por la ley arancelaria.

Pero es el caso, como luce palmario de los fundamentos de la regulación atacada, que no se siguió esa estimación para la determinación del honorario toda vez que -como subyace de dicho justiprecio- la misma no podía ser adoptada al computar conceptos que lucen evidentemente desproporcionados y que arrojan un incremento mayor al 500% en el monto reclamado, lo que no admite mayores consideraciones.

Por lo tanto, la argumentación desarrollada se desvanece al no advertir los citados recurrentes que la retribución fijada para los estipendios profesionales, conforme las normas que la fundaron, no adoptó como punto de partida la cuantía estimada.

Es más, como se señalara en el precedente "Canullo" (A. y S., T.179, pág.201), "si bien la ley regulatoria local autoriza a los profesionales intervinientes a estimar la cuantía económica del pleito y justipreciar sus honorarios, ello sirve como pauta orientadora para efectuar la regulación pero nunca puede transformarse en obligatoria para el oficio, que debe considerar si la misma se ajusta a 'los valores, bienes o intereses comprometidos' (art.8vo. ley 6767) en juicio".

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar los recursos de revocatoria interpuestos.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)