Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-27


SENT Nro. 943 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 27 DE NOVIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: " Quinteros, Delfín Enrique vs. Cía. Argentina de Teléfonos S.A. en liquidación s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo el 19/9/2001 (fs. 372/374), la parte actora dedujo recurso de casación, que fue concedido mediante pronunciamiento emitido por dicho Tribunal el 02/10/2002 (fs. 404). Según consta en informe actuarial de fs. 423, ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2. La Cámara se pronunció por la validez del acta acuerdo de fecha 06/12/90 que puso fin al vínculo entre las partes, y no hizo lugar a la demanda por los rubros beneficio de quinquenio e indemnización art. 212 cuarto párrafo LCT reclamados por el actor.

3.- El recurrente denuncia que la sentencia es arbitraria, en cuanto le atribuye validez al acta de acuerdo por el solo hecho de pasar ante la presencia del secretario de relaciones laborales. Sostiene que la LCT da valor de cosa juzgada a los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios que se realicen con intervención de la autoridad administrativa y ésta apruebe mediante resolución fundada que acredite que se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses de las partes.

Enfatiza que su parte niega la validez del acto celebrado, máxime cuando del acta surge a fs. 38 que las partes acordaron que la gratificación percibida por el dependiente será compensable a valores constantes, con cualquier reclamo fundado en normas legales o convencionales (especialmente LCT, ley 9688, Código Civil y Convención Colectiva nº 165/75), sea relativo a la relación laboral o a su extinción.

Expresa que en el caso particular, se está renunciando a todos los derechos laborales, civiles y constitucionales, y que la sentencia convalida esta aberración jurídica sin efectuar ninguna consideración al respecto. Expone que la homologación le otorga constitutividad al acta, y señala que aún cuando el acuerdo estuviere homologado, la leoninidad de la disposición de renunciamiento a toda norma protectoria de derechos torna al contrato en nulo.

Destaca que su parte se jubiló dentro de los dos años de su egreso y que peticionó en término el pago del beneficio del quinquenio. Argumenta que cuando el actor se retiró no podía acceder inmediatamente a la jubilación, sino que debía cumplimentar con más aportes y trámites burocráticos para recién obtener su carácter de jubilado, señalando que es precisamente desde allí que se encuentra habilitado y comienza a correr el término del inciso c) para solicitar el pago del quinquenio.

Manifiesta que no advierte cómo la sentencia puede decir que la gratificación es omnicomprensiva del quinquenio, cuando no consta que haya realizado los cálculos matemáticos para determinar cuál era su monto específico y su cotejo con la suma que consta del acuerdo. Asevera que el Juzgador crea un nuevo requisito legal, pues el convenio no dice que el quinquenio sea un beneficio que se otorga al empleador cuando los trabajadores cesan sin percibir suma indemnizatoria alguna.

Indica que en el caso "Tapia José Fernando vs. Compañía Argentina de Teléfonos SA s/cobro de pesos", la demandada les reconoció y les abonó el quinquenio a los actores con los comprobantes de que accedieron al beneficio jubilatorio dentro de los dos años inmediatos posteriores a la respectiva extinción de la relación laboral.

Acerca de la indemnización del art. 212 cuarto párrafo LCT, señala que el fallo parece no haber tomado conocimiento de que los estudios aportados por el actor y los complementarios, fueron realizados a petición de los dos profesionales intervinientes. Esgrime que según el fallo sólo procedería el rubro reclamado si se hubiese obtenido la jubilación por invalidez, lo que carece de asidero legal.

4.- El recurso ha sido deducido en término (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT) y no es exigible el recaudo del art. 133 CPTT por cuanto el actor es quien recurre. El motivo y suficiencia de la vía intentada será analizado en relación a cada uno de los agravios en particular.

5.1.- En primer lugar, el recurrente postula la invalidez del acta acuerdo de fs. 38 basándose en que existiría una transgresión a los arts. 12 y 14 LCT, pues al acordar que la gratificación percibida por el dependiente será compensable a valores constantes con cualquier reclamo fundado en normas legales o convencionales, el trabajador estaría renunciando derechos sin cumplir con la forma sustancial exigida por el art. 15 LCT, al no contar el acto con la debida homologación.

La concertación de un acuerdo de desvinculación en el que se pacta la percepción de una gratificación compensable con cualquier reclamo vinculado a la relación laboral, no afecta en modo alguno la irrenunciabilidad de los derechos laborales, por lo que la suma de dinero percibida por el trabajador en dicha oportunidad es susceptible de ser compensada con el beneficio de quinquenio y la indemnización del art. 212 cuarto párrafo LCT reclamados en autos.

Tal ha sido el criterio asumido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al sostener que "resulta válido el pago gratificatorio realizado al trabajador compensable, en forma genérica, con cualquier otro crédito que tuviese con motivo de la disolución del vínculo, o derivado de las disposiciones de la ley 9688. La existencia de tales acuerdos no viola el principio de irrenunciabilidad (art. 12 de la ley de contrato de trabajo), aún en el supuesto de carecer de homologación judicial" (CS, agosto 23-988.- Gatarri, Alfredo c/Cometarsa Construcciones Metálicas Argentina, SAIC; DT, 1989-A, 585; TySS, 1992-1038).

Determinada, la improcedencia de los planteos vinculados a la validez del acta acuerdo de fs. 38, corresponde abordar el análisis de los agravios por cada rubro en particular.

5.2.- En relación al beneficio de quinquenio, la crítica efectuada por el recurrente no logra desvirtuar el argumento del fallo referente a que la gratificación otorgada es comprensiva de este beneficio.

En efecto; el recurrente sólo esgrime que no consta que el fallo haya realizado los cálculos matemáticos para determinar cual era el monto específico del beneficio de quinquenio y su cotejo con la suma que consta en el acuerdo, pero no demuestra que la suma pretendida en concepto de quinquenio exceda lo percibido por el recurrente en concepto de gratificación compensable.

De ello se desprende que los fundamentos expresados en el fallo no han sido rebatidos satisfactoriamente por la recurrente al no aportarse los elementos necesarios para revertir la solución adoptada, razón por la cual el planteo se presenta técnicamente insuficiente en la formulación de los agravios.

Consecuentemente, la insuficiencia técnica de los agravios dirigidos contra un argumento esencial que alcanza por si mismo para mantener el fallo, determina la inadmisibilidad del recurso en este punto.

5.3.- En orden a los planteos tendientes a cuestionar la sentencia en cuanto rechaza el reclamo basado en el art. 212 cuarto párrafo LCT, corresponden idénticas consideraciones que en el punto anterior, pues la Cámara consideró que la indemnización pretendida también está comprendida en la gratificación pactada y percibida, y los argumentos del recurrente en el escrito de casación se remiten a lo manifestado en relación al beneficio de quinquenio, resultando por ende también insuficiente su planteo.

A más de ello, el rechazo de la indemnización art. 212 4to párrafo LCT también se funda en que el actor solo está afectado de una incapacidad parcial y permanente del 37,92%, basándose tal afirmación en el informe pericial del Dr. Llanes Navarro, al que el fallo le asigna prevalencia por sobre el informe de fs. 119 a 123 efectuado en el marco de la pericia dispuesta conforme al art. 70 CPTT. Considera que el informe es meduloso, claro y altamente científico, desde que se basa en estudios aportados por el actor y estudios complementarios que no le dejan dudas de cuáles son las dolencias así como la incidencia probable de las labores en las mismas.

El recurrente sostiene que existió una ligereza y superficialidad de análisis cuando se otorgó prevalencia a un dictamen médico sobre otro, pues indica que los estudios aportados por el actor y los complementarios fueron realizados a petición de los dos profesionales intervinientes, preguntándose dónde reside la cientificidad y medulosidad del dictamen.

La crítica efectuada contra el fallo en este punto remite a una cuestión de carácter eminentemente fáctico y por ende ajena a la vía intentada, toda vez que se dirige a cuestionar la valoración y selección de las pruebas efectuada por el Tribunal que condujeron a declarar la improcedencia de la indemnización del art. 212 cuarto párrafo LCT.

El recurrente tampoco logra demostrar la arbitrariedad de la sentencia, pues las razones esgrimidas en este punto sólo evidencian la discrepancia del recurrente con los argumentos en base a los cuales el fallo otorgó prevalencia al informe pericial del Dr. Llanes Navarro por sobre el del realizado en el marco de la pericia prevista por el art. 70 CPTT, sin sustentar su crítica con argumentos bastantes que evidencien la irrazonabilidad del fallo.

Las razones expuestas explican la inadmisibilidad de los agravios dirigidos contra la sentencia en lo que rechaza el reclamo por la indemnización art. 212 cuarto párrafo LCT.

6.- Atento al resultado arribado, las costas del recurso deberán ser soportadas por la actora vencida (art. 49 CPTT y 106 CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO, por los agravios analizados en los puntos 5.2 y 5.3 de los considerandos, al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo el 19/9/2001; y NO HACER LUGAR PARCIALMENTE al mismo por el planteo examinado en el punto 5.1 del presente fallo.

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO