Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-29


000028/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los días de julio del año dos mil nueve, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Alberto Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P., R. E. y otra c/ P. CH y otro s/ Daños y Perjuicios - sumario" (Expte. 28 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿son procedentes las diversas apelaciones deducidas contra las regulaciones de honorarios por los beneficiarios de ellas? y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 739.---- A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo:

--- Que a fs. 35/69 se presenta el Dr. G. C. L., como apoderado del sr. R. E. P. y la sra. L. E. V., a promover demanda de indemnización de daños y perjuicios contra la P. C, por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($1.200.000) o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse. Solicita la comparencia de la A. B. V., en el carácter de legitimada pasiva. Expresa que sus mandantes son padres del joven J. M. P., quien se inmoló en el incendio de campos del 21 de enero de 1994, ocurrido en las proximidades de la ciudad de Puerto Madryn, a los dieciséis años de edad. Relata que la víctima había completado el segundo año de la Escuela ****, tenía habilidad para los deportes; que era un apasionado del Cuartel, del que fue abanderado de la Escuela de Cadetes de la A. B. V. de Puerto Madryn, que había ingresado a los once años. Su personalidad era solidaria y servicial y en homenaje a su persona se le impuso su nombre a la Escuela ****. Manifiesta que los hechos que generaron la responsabilidad comenzó el 21 de enero de 1994 a las 14,30 horas en que la Seccional Primera de Policía local denunció el incendio de campos la altura del acceso sur en que parten hacia el lugar cuatro hombres, que a las 15,00 horas la Dirección Provincial de Defensa Civil toma conocimiento del incendio, y a esa hora los móviles 7 y 8 se agrupan en el puesto de estancia abandonado conocido como "X.", que a ese puesto el Oficial Principal J. L. M. se dirige con una cantidad incierta de hombres, allí resuelven internarse por el camino que conduce a la "E. E.", que entre las 17 y las 18 horas el viento rota para soplar desde el sector Nor-Noreste, aumenta su velocidad y produce una tremenda humareda que los deja sin escape, se producen pedidos de auxilio sin ningún resultado, que los cambios de viento es una característica de la zona. Que sorprende que entre las 15,30 y las 17,00 horas no haya habido otro llamado, máxime si se tiene en cuenta que los equipos de comunicación yacían en lugares próximos a los cuerpos en distancias que no iban más allá de los tres o cuatro metros en algunos casos, que es asombroso también que se le endilgue a M. los llamados tranquilizadores dado que su primer orden fue pedir ayuda a los cuerpos de Rawson y Trelew y a los pocos minutos consta un pedido de auxilio concreto. Que la demostración de la falta de organización para combatir incendios de esta naturaleza fue el pedido de L. a D. cuando, luego de comunicarle que había perdido al grupo, le ordena que antes de asistirlo con el camión pase a comprar unas palas, que el incendio requirió de dos días de trabajo para extinguirlo, en el cual se emplearon unas siete motoniveladoras y unas doce unidades. Afirma que la Dirección Provincial de Defensa Civil no realizó inspecciones en la Asociación en un período superior a los cuatro años, que el incendio no fue un hecho imprevisible, el plan de incendio de pastura aprobado por Decreto Nro. 1443/93 alude a la necesidad de su dictado ante la temporada estival por la asiduidad con que se producen estos sucesos. Que en dicha norma y en el derogado Decreto 127 tiene particular importancia la Junta Municipal de Defensa Civil. Transcribe los resultados de la investigación realizada por la Comisión formada por la Federación Chubutense de A. B. V.. Cita doctrina y jurisprudencia en relación a la reparación del daño, estableciendo el daño material en la suma de $ 500.000 y daño moral en la suma de $ 700.000, con intereses desde que las sumas son debidas, es decir desde el acontecimiento dañoso. Funda en derecho en la ley 1.519, Ley 3.235, Decreto 900/90. Efectúa un análisis de la normativa vigente en relación a la cuestión, resaltando violación del plan de contingencia para incendio de pasturas, y el deber de responder del Estado, cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba, solicita acumulación de procesos y audiencia preliminar, hace reserva de caso federal y finaliza con el petitorio de estilo. Que a fs. 73/74 amplía demanda contra la Municipalidad de Puerto Madryn, dando por reproducidos los hechos y el derecho invocado en la demanda, y la prueba ofrecida y acompañada, a fin de que se la condene en forma solidaria a las restantes demandadas------ --- Que corrido traslado a fs. 71 de la demanda, a fs. 90/104 se presentan los Dres. A. M. G. y D. G. L. en representación de la A. B. V. de Puerto Madryn contestando la demanda.------------------------ --- En primer lugar oponen excepción manifestando que toda acción interpuesta contra la Provincia, que se funde en derecho común, para tener expedita la vía judicial debe previamente agotar la vía administrativa (Decreto Ley 920), que no surge de la causa que previo a la interposición de la presente acción hayan iniciado reclamos administrativos y que el mismo se encuentre agotado. Solicita la acumulación de la totalidad de las pretensiones contra su parte ------------------- --- Luego de la negativa de las afirmaciones efectuadas por el actor, a excepción de aquellos reconocidos manifiesta que la realidad de los hechos es que el 21 de enero de 1994 siendo las 14.30 horas se informa al Cuartel de B. V. por medio de la Seccional Primera de Policía un incendio de campos en cercanías de la rotonda de acceso sur de la ciudad, que de inmediato parten del lugar los móviles 2, 8 y 7, que se agrupan la totalidad de los voluntarios alistados hasta el momento, analizan el plan de ataque teniendo en cuenta la dirección del viento y su posible aumento y cambio de dirección, se da aviso a la Dirección de Defensa Civil, informando el suceso y comunicando que el incendio estaba controlado, siendo suficiente los bomberos y auxiliares con que contaban como así también los elementos materiales que poseían para su extinción. Que deciden formar dos grupos de trabajo y se internan con dirección oeste. Siendo las 16,00 hs., llega al lugar el Suboficial M., que determina que el x. sea el lugar de base de operaciones, se interna en dirección sudoeste, ordenando al grupo al mando de L. que se agrupe en el puesto y aguarde conjuntamente con los auxiliares que en el lugar se encontraban, y piden ayuda a los cuarteles de Rawson y Trelew. La comunicación entre los grupos es con una frecuencia aproximada de veinte minutos, informando que estaba todo controlado, que no necesitaban refuerzos. Que siendo las 17, 15 hs. L. advierte a los grupos acerca del cambio y dirección del viento, que si bien el grupo de ataque refirió que todo estaba bien, luego solicitan ayuda, siendo en vano a partir de allí todo intento de ayuda por parte del grupo de apoyo al mando de L., que si bien es cierto que los vientos y sus cambios son característicos de esta zona, lo que no es cierto es que los cambios repentinos, bruscos y de esa envergadura sean una normalidad, que al inicio del intento de extinción, al momento de hacer el plan de ataque se tuvo en cuenta el frente y extensión del fuego, la temperatura ambiente, el viento, su velocidad y rotación, que según el informe meteorológico en la zona al inicio de la actividad de extinción el viento tenía una dirección este con una velocidad de 18 km/h y así se mantuvo hasta las 17,00 hs., donde L. nota el cambio del viento dando inmediato aviso a los grupos de ataque. Que el viento toma una intensidad de 40 a 60 km/h aproximadamente, lo que ocasiona que el fuego comience a avanzar con gran rapidez (140 metros por minuto aproximadamente) ayudado por la vegetación sumamente seca, que el humo que generalmente asciende merced a la acción del viento se aplastó hacia la superficie impidiendo de esta manera la visibilidad haciendo imposible encontrar una salida, por cuanto se desprenden dos puntas del incendio formando una bahía que genera una defragación violenta, lo que produce una succión entre ambos extremos y el frente del incendio originando densa humareda y consecuente falta de oxígeno. Que la muerte del bombero cuyo reclamo pecuniario motivan los presentes autos se materializó en un brusco e imprevisto cambio en las condiciones climáticas -rotación del viento y desmesurado aumento de su velocidad- siendo vanos los esfuerzos del bombero fallecido e su intento de superarlos. Agregan que no resultan veraces los dichos de la accionante en que la Asociación haya violado la legislación vigente, entre ella el decreto 1443/93. Que el decreto no es coactivo sino de carácter preventivo, que su mandante da información del incendio en forma inmediata a la Dirección de Defensa Civil indicando su ubicación, situación del mismo y posibilidad de control, que al buen entender y saber del jefe a cargo, era sumamente controlable con los recursos humanos y materiales que contaba. Que no sólo fue correcto el accionar del C. B. en ponderación a su adiestramiento, capacitación y equipamiento, sino también el modo en que llevaron a cabo el ataque, que desgraciadamente corrieron la suerte de la acción involuntaria de la naturaleza contra la cual no se puede accionar. ---- --- Expresan que jurídicamente se trata de un caso fortuito, que el cambio imprevisto e inevitable de las condiciones climáticas hicieron que el incendio no pueda extinguirse y que genere por su única responsabilidad la muerte de los bomberos. Que estamos ante un caso de carencia de responsabilidad, y como tal no puede hacerse pasible de sanción resarcitoria de los daños sufridos a quien no ha sido autor material ni moral del daño. Ofrecen prueba y fundan en derecho. - --- Que a fs. 123/130 se presentan los Dres. J. G. y M. A. B. con el patrocinio letrado del Dr. M. A. R., en el carácter de apoderados de la Municipalidad de la ciudad de Puerto Madryn.---------------- --- En primer lugar oponen excepción de falta de legitimación pasiva, plantean que no se demandó a la Municipalidad por considerarla corresponsable de la responsabilidad que imputa en el escrito de demanda, sino porque una demandada en otros juicios habría pedido la citación del Municipio, que al no atribuir en su escrito responsabilidad alguna a su parte mal pudo demandarla. Que el intendente local desde que tuvo conocimiento del incendio dispuso de inmediato las medidas a su alcance como el envío de maquinaria vial al lugar y el enlace con el Cuerpo de B. V. vía el Secretario de Servicios Públicos. Que respecto a la mención del Decreto Nº 1443/93 y la Junta Municipal de Defensa Civil, no existe atribución de responsabilidad por la actora a la misma, que el hecho luctuoso del 21 de enero de 1994 ocurrió fuera del ámbito territorial de la Municipalidad de Puerto Madryn que tiene un ejido impuesto por la Ley Nº 3070, que en las zonas fijadas era cabeza del departamento Biedma siendo el intendente municipal de la ciudad de Trelew el presidente de la Junta Zonal de Defensa Civil, que el art. 5º del D.L. 1519 atribuye responsabilidad idéntica a la del gobernador de la Provincia a los miembros de las Juntas zonales, que las instrucciones del Gobernador en materia de defensa civil son válidas para los intendentes municipales dentro de sus ámbitos territoriales de poder, y sólo para los de cabecera de zona fuera de sus ejidos municipales. Que no se le imputa en la demanda responsabilidad al Municipio en el accionar interno del Cuerpo de B. V., que las facultades de intromisión por parte del Intendente Municipal en esa organización son y eran inexistentes, que las facultades de contralor por Ley 3235 corresponden a la Dirección Provincial de Defensa Civil, que la labor de los Cuerpos de B. V. se circunscribe exclusivamente a los siniestros dentro de su jurisdicción que no es otra que la del radio urbano del Municipio de asiento, que para la salida de su jurisdicción es requisito la solicitud a la Dirección de Defensa Civil Provincial. Que no cabe atribuir a la Corporación Municipal una omisión que causó o coadyuvó a causar el daño cuyo resarcimiento se reclama, que no existe precepto legal que imponga la Municipalidad una actividad cuya omisión tuviese relación con los sucesos que originan la presente acción.------- --- Seguidamente contestan demanda adhiriendo a la contestación realizada por la A. de B., como así también a la totalidad de las pruebas ofrecidas por ésta en razón de la falta de investigación directa de los hechos por parte de la Corporación Municipal. Hacen referencia a la causa penal en la que se desvinculo a su poderdante por falta de responsabilidad en el siniestro. Señalan que la Ley 3235 establece que las A. B. V. podrán tener cuerpos auxiliares formados por jóvenes de uno u otro sexo, de 12 a 18 años de edad, que estos cuerpos podrán recibir instrucción y colaborar con las actividades de los cuerpos activos, que estarán integrados por habitantes de la provincia mayores de 18 años y con aptitudes psicofísicas normales, pero con la expresa prohibición de la intervención en cualquier siniestro o emergencia con riesgo inminente para su integridad física que lo determinará el Jefe de cuerpo activo y/u Oficial más antiguo a cargo de la operación. Que los menores no contaban con la vestimenta y equipamiento indispensable para sofocar el tipo de siniestro al que concurrieron, que surge la total ausencia de contralor por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil en la constitución de los cuerpos activos y auxiliares y funcionamiento de la A. de B.. Que el siniestro fue debido aun caso fortuito. En cuanto a los daños reclamados señalan que los accionantes actúan "iure propio" sin tener derecho al patrimonio que la víctima hubiera acumulado durante su vida, es decir no tienen derechos hereditarios. Que la actora reclama como daño material la suma de $ 500.000 y que no comparte los montos reclamados, que deberá demostrar la actora las tareas productivas que desarrolló el occiso anterior al siniestro, su interrupción a raíz del hecho lesivo y los ingresos consiguientes, asimismo niega que haya existido daño moral. Afirman que la Provincia contrató un seguro de vida, que los actores percibieron la indemnización, por lo cual carece de sentido la pretensión actoral. Ofrece prueba y finaliza con el petitorio de estilo.------------- --- Que a fs. 133 se presenta el Dr. C. D. O. con el patrocinio de la Dra. S. D. D., Fiscal de Estado de la P. C constituyendo domicilio procesal, y a fs. 160 se tiene a por incontestada la demanda por parte de la P. C.--------- --- Que a fs. 136/139 la actora contesta el traslado de la Municipalidad. Manifiesta que respecto de la documental la misma no puede ser desconocida porque son decretos municipales, instrumentos públicos, y en relación a la excepción de falta de legitimación pasiva luego de efectuar la negación de todos los hechos sostiene que corresponde al Estado Provincial proveer todo lo atinente a la defensa civil en todo el territorio provincial, sin perjuicio de la actividad en colaboración de las distintas comunas, que es facultad del gobernador su planificación, coordinación, control, etc.,(art. 1 ley 1.519), que el Sr. Intendente Municipal como Presidente de la Junta Municipal de Defensa Civil tiene las responsabilidades que establece el art. 5 (conf. Art. 15 ley 1.519). Que en relación a la insuficiencia del mandato, reitera que esta facultado de modo suficiente para dirigir la acción indemnizatoria, que la falta de legitimación sustancial pasiva debió la contraria interponerla dentro de los primeros quince días del otorgado para comparecer y contestar la demanda. ------------------------- --- Que a fs. 148/159 la actora contesta el traslado de la A. B. V. con relación a la excepción de falta de reclamo administrativo previo, de la acumulación subjetiva de pretensiones y de la oposición a la producción de pruebas, solicitando el total rechazo con costas. .------- --- Que a fs. 233/234 se abrió la causa a prueba, clausurándose a fs.648 la etapa probatoria, habiendo presentado alegato solamente la parte actora el que se incorpora a fs. 653/655 vta. ----- --- Que a fs. 657 quedaron los autos en estado de dictar sentencia, dictándose la sentencia de grado a fs. 659/667 vta.-------------------- Que en la sentencia de grado el Sr. Juez hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Municipalidad de Puerto Madryn, e hizo lugar en forma parcial a la demanda contra la P. C y la A. B. de la ciudad de Puerto Madryn, por las sumas de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) por pérdida de chance y la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) en concepto de daño moral, con más los intereses correspondientes desde el momento del hecho indicado en el considerando Nº 5, imponiendo las costas procesales a los codemandados vencidos.-------- --- Que en abono de su decisorio en primer lugar el magistrado se refirió a la incontestación de la demanda por parte de la P. C, expresando que conforme el art. 356 inc. 1 puede estimarse como una admisión tácita de los hechos derivados del incumplimiento de la carga procesal de comparecer, quedando librada a la apreciación de la prueba. Que el hecho dañoso no fue negado por los demás codemandados, a más de la constancia obrante en la causa penal ofrecida como prueba, consecuentemente teniéndose por cierto que el 21 de enero de 1994 el Sr. J. M. P. falleció en el incendio de campos ocurrido en cercanías de la ciudad de Puerto Madryn a los dieciséis años de edad.- En relación al tratamiento de la excepción de falta de legitimación interpuesta por la Municipalidad de Puerto Madryn, luego de un análisis concluye en que no corresponde a la actora en los términos requeridos hacer comparecer a la codemandada a los fines de resguardar una posible defensa que esta pueda interponer en un juicio de repetición, que no se le atribuye responsabilidad en el escrito de inicio fundamento de la presente acción, que por esa razón corresponde hacer lugar a la falta de legitimación pasiva interpuesta por la codemandada Municipalidad de Puerto Madryn (art. 330 y 347 , inc. 3 del CPCC).------ --- Expresa que en relación al caso fortuito planteado por la A. B. a fs. 98, no podría eximírsele de responsabilidad si lo imprevisto se debería a su propia negligencia. Que el hecho esencial que produce el caso fortuito es la liberación del deudor "a no ser ... o este hubiere ocurrido por su culpa ..." (art. 513 C.C.), y es a ésta que debe atribuirse la producción del resultado dañoso y no al caso fortuito, cuando el incumplimiento proviene de un hecho culposo. Agrega que del análisis de la causa y la legislación de aplicación al supuesto resulta que el menor muerto en el incendio, no debió estar en ese lugar. Que del art. 5 de la ley 3235 y de las pruebas obrantes en la causa penal concluye en la falta de previsibilidad y cuidado en la exposición del menor a un hecho que le costó la vida, por lo cual no corresponde calificar al hecho como fortuito, no habiéndose actuado con la diligencia que el caso requería, y es por eso que desestima la exigente de responsabilidad planteada y admite la demanda contra la A. B. V..-------- --- En cuánto a la atribución de responsabilidad a los demandados, expresa el a quo que teniendo el C. B. el carácter de servicio público con la obligación de prestar inmediato auxilio en los casos de incendios (Ley 3235 y art. 9 de la misma), que estas instituciones son controladas por la Dirección Provincial de Defensa Civil - organización y constitución de los cuerpos, adiestramiento del personal-, y que Defensa Civil se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo en cuanto a su control, siendo plenamente responsable de las directivas que imparta y del resultado que tales directivas originen (art. 1 de la ley 4135), de lo cual se deduce que la sola concurrencia del menor al lugar del siniestro demuestra la falta de previsibilidad y el incumplimiento con la normativa antes citada, esta genera la obligación de reparar ante la falta de organización impuesta legalmente como la prohibición de concurrencia del menor a un lugar de riesgo, lo cual lleva a considerar la omisión de control como una falta de servicio, al encontrarse la función reglada. El a quo hace referencia a lo establecido por el art. 1074 del C.C., en cuanto a que dicha normativa se tipifica en autos con la violación de la prohibición del menor al lugar del siniestro debido a la ausencia de control por parte del Estado en la organización de la A. B. y su funcionamiento. Que el Estado cuando toma a su cargo una función asume la obligación de prestar el servicio respectivo en forma regular, de modo que responda a las garantías que quiso asegurar, por lo que debe realizarlos en condiciones adecuadas al fin para el que ha sido establecido, siendo su exclusiva responsabilidad los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución.---------- --- Respecto de los daños reclamados, señala el magistrado que en daño material, al no depender los padres económicamente de sus hijos para subsistir, existe daño patrimonial en cuanto a la pérdida de chance de ayuda y sostén material futuro, que no debe indagarse el valor total de la vida, porque no se mensura la misma, sino el daño derivado de su pérdida. Que en la determinación del monto salarial que el menor hubiera percibido, no resulta aceptable la base de cálculo efectuado por la actora dado que la ayuda que recibirían los padres tiene como límite su supervivencia y no la del menor, que no debe ser de la ganancia estimada en forma matemática, sino apreciada judicialmente y de acuerdo a las circunstancias del caso. Que la forma de compromiso demostrada por el menor, mayor a la generalidad de los jóvenes de su edad hace prever la colaboración en un futuro con sus padres, que considera más ajustado a derecho determinarlo en virtud de lo previsto por el art. 165 del CPCC. Agrega que los padres tampoco se habrían beneficiado con todos los frutos de la actividad del menor, dado que éste hubiese utilizado la mayor parte de sus ingresos en su propia subsistencia. Que en razón de ello hace lugar al reclamo en el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000).-- --- En relación del daño moral sostiene que es una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial; que cuantificar el daño moral por la muerte de un hijo corresponde a una valoración necesaria subjetiva por tratarse de daños insusceptibles de ser apreciados cabalmente en forma pecuniaria. Que con la indemnización se trata de dotar a las víctimas de capacidad económica que les permita acceder a algún tipo de distracción o alivio a través del disfrute que les pueda provocar la superación de su nivel de vida en alguna medida, determinando el monto por el cual procede el rubro en la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000).

--- Concluye el magistrado imponiendo las costas a los codemandados vencidos, regulando los honorarios de los letrados intervinientes por porcentajes que se calcularán sobre el monto de condena, más el IVA pertinente, conforme las pautas establecidas en la Ley Arancelaria.--------------- --- Que fs. 682 dicha sentencia fue apelada por la actora, quien concedido el recurso a fs. 687, expresó agravios a fs. 718/723. - --- El apelante se agravia del monto determinado para retribuir el daño material, afirma que la chance no es una mera posibilidad de encontrar una hipotética ayuda futura, cuando su fuente generadora de posibilidades excede toda idea de mera probabilidad. Que no es casual que su escuela lleve ahora su nombre, hecho particular que no se ha dado respecto de los restantes jóvenes y niños que se inmolaron a su lado. Que es un daño cierto, actual y futuro que debe potenciarse en función de la personalidad del fallecido, que la materialidad de su ausencia no puede ser juzgada como una simple chance porque se frustra entonces la finalidad del sistema, que la indemnización debe comprender en orden a su cuantía las posibilidades reales de adquirir medios económicos durante la vida. Cita jurisprudencia que avalan su postura. --------------------- --- Se agravia también respecto del monto de la indemnización por daño moral. Sostiene que está fijado en cuantificación realmente mezquina en función de las penosas circunstancias en que el fallecimiento de los chicos ocurriera, que les son aplicable aquí sus apreciaciones anteriores. Expresa que este daño no exige prueba porque es in re ipsa, surge de la naturaleza de las cosas que a los padres acaezca un dolor tremendo tras la pérdida temprana de sus hijos, citando jurisprudencia y en especial parte del voto de la juez Highton de Nolasco, y solicita que se eleve sustancialmente la suma fijada .----------- --- Se agravia además por la admisión de la excepción opuesta por la Municipalidad de Puerto Madryn. Señala que no es verdad que su parte no le haya atribuido responsabilidad por los hechos de autos, toda vez que el municipio integra el organigrama de la defensa civil y su incidencia en los hechos deviene de la falta de preparación para afrontar la lucha contra los incendios de pasturas, los que no reconocen divisiones ideales de los ejidos. Que el incendio se haya iniciado fuera del ejido en proximidades de la rotonda de acceso, no significa que en el organigrama de la defensa civil el intendente, jefe político de la ciudad, no tenga injerencia alguna, que esa corresponsabilidad fue declarada por la propia Provincia demandada en otros autos, que en la causa "G." existe un acápite preciso referido a la responsabilidad del municipio. Agrega que en el hipotético caso de que se considere inexistente la responsabilidad que le atribuye al municipio se mantenga la exención de costas a fin de asegurar a su parte la reparación integral, porque el Estado provincial ha sido quien en las causas encordeladas ha sostenido esa corresponsabilidad y es por ser responsable de ese hecho ilícito que debe absorber los gastos que demanda la defensa del derecho del actor, que el daño es uno solo y de la mecánica de los hechos acaecidos surge con evidencia la responsabilidad del Estado provincial. ---------------------- --- Finalmente solicita se revoque la sentencia en la medida de los agravios, con costas íntegras a las demandadas vencidas. ------------- --- Corrido traslado a la contraria a fs. 732, ésta no contesta.------------------------- --- Que fs. 694 el Dr. A. F. V. P. en representación de la codemandada P. C. apela la sentencia, quien concedido el recurso a fs. 699, expresó agravios a fs. 733/736.---------------- --- Se agravia el apelante de que el a quo determine hacer lugar a la demanda contra su parte en razón de la incontestación de la misma, tomando ello como una admisión tácita de los hechos derivados del incumplimiento de la carga procesal de comparecer, que sostiene que como argumento de su fallo que el hecho dañoso no fue negado por los demás codemandados, y hace remisión el quejoso al desarrollo del punto 4 del fallo.---- --- Se agravia también de la tasación de los daños solicitados por la actora, considerándolos por separado (los daños) conforme los rubros indemnizatorios peticionados. Que los rubros indemnizatorios peticionados en la demanda fuera en función de ambos actores (padre y madre del menor fallecido), que el a quo no distinguió al momento de condenar estos rubros que uno de los coactores había ya al momento de la sentencia cobrado la totalidad de lo acordado oportunamente con su representada. Que el sentenciante no hace ni siquiera referencia al acuerdo suscripto por los mandatarios de ambos coactores omitiendo distinguir y especificar que los montos indemnizatorios que fijó debían prosperar en un 50% de las sumas que fijaba, en razón del Decreto Provincial Nº 845/05 de fecha 01/06/2005 en el cual en su artículo uno se prestó total conformidad al acuerdo transaccional extrajudicial de pago de capital e intereses a los coactores, con más los honorarios de sus letrados. Señala que el acuerdo y la norma del Ejecutivo fueron presentados el día 03/06/2005 en el expediente "H., I. y otra c/ Provincia ... (Expte 1317- 1994), en el cual todos los actores de las veinticuatro demandas arribaban a un acuerdo poniendo fin a los litigios generados por la muerte de los bomberos ocurrida en el mes de enero de 1994. Que dicha presentación el a quo la tuvo presente en auto de fecha 16/06/2005 ordenando agregar las boletas de depósitos judiciales acompañados por su parte. Alega que dicho convenio no implicaba para la Provincia asumir responsabilidad alguna respecto de los hechos que dieron origen a los juicios allí iniciados. Que posteriormente y tras meses de tratativas de acuerdo que culminaron en la transacción aludida y la suscripción de los instrumentos pertinentes, uno de los coactores de autos, el sr. P., pretendió sin dar motivo alguno desconocer el acuerdo válidamente suscripto por sus mandantes, en atención -se supone- de los oficios de embargo que se encontraban anejados a la causa librados en otro Juzgado de la jurisdicción, que el juez a quo tuvo presente dicha manifestación y no ordeno sustanciarla, sino que luego de un período de aclaración al actor, ordenó continuar el proceso. Aduce que igual razonamiento corresponde efectuar respecto del daño material, donde hace lugar el juez al mismo, si bien reduciendo su monto, y no tiene en cuenta que la cónyuge del Sr. P., coactora, ya percibió las sumas acordadas en el convenio. .---- --- Se agravia también que respecto de las costas y fundamentalmente de los honorarios de los letrados de la parte actora que la sentencia condena a su representada al pago de los mismos, soslayando totalmente el acuerdo y no advirtiendo que su representada canceló la totalidad de los mismos a los letrados apoderados de la actora, quienes lo han percibido por la tramitación de los presentes autos. Finaliza solicitando la revocación de la sentencia recurrida y que se rechace la demanda deducida por los coactores en contra de su representada la P. C.- ------- --- Que corrido traslado a fs. 737 a la contraria ésta no contesta.-------------------- --- Ingresando al abordaje de las cuestiones traídas a revisión, razones metodológicas indican la conveniencia de abordar en primer término el recurso de la accionada P. C., como que la procedencia de dicho embate, podría tornar abstractos los cuestionamientos ensayados por el actor.

--- En orden al recurso de la coaccionada apelante, debo tratar en primer término su alegación de que no se ha tenido en cuenta que existe en autos una transacción y que la sentencia apelada agravia a su parte al no hacer referencia alguna en la sentencia a dicha transacción y sus efectos.

--- Analizada la cuestión, encuentro que si bien es cierto que el juez a quo no ha mencionado la existencia de tal transacción, ello no implica un menoscabo al derecho de la apelante, por cuanto el juez a quo no podía no sentenciar esta causa en base a la existencia de tal transacción, aunque posiblemente hubiera sido mucho mejor que hubiera esclarecido que en autos ella existe, y fue desconocida por el coactor P. y que esta Sala en su resolución interlocutoria de fecha 14/12/05, a fs. 570vta, punto III, resolvió que dado que "el restante litisconsorte activo, R. E. P., desconoció tal transacción en la que no participara (fs. 518/vta), de modo que a su respecto el proceso ha de continuar".

--- Dado que esta Sala en la resolución citada dejó abierto el proceso, en sentencia firme, no cabe reconocer a la Provincia apelante ahora la facultad de impugnar lo que es la mera consecuencia de una resolución anterior, que se encuentra firme. Bien sabido es que jurisprudencia pacífica ha entendido que las consecuencias de actos procesales anteriores firmes no pueden ser cuestionadas. En esta línea se ha resuelto que "por tratarse de la resolución recurrida de una consecuencia directa e inmediata de lo decidido en el decisorio anterior firme, resulta inapelable. Tal criterio ha sido admitido por la doctrina y la jurisprudencia (conf. Alsina, H. "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", t. IV, 1970, p. 213, nota 36; Palacio, L.E., "Derecho Procesal Civil", t. V, 1979, p. 91, nota 21; Colombo C.J. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado", 1969, p. 45; Loutayf Ranea, R. G., "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", t. I, 1989 p. 517; C.N. Civ. y Com. Fed. Sala 1ª, causas 32.188 del 2/5/1996; 2190 del 26/6/2007 y 2768 del 7/8/1997, 3811/98 del 13/8/1998; 6092/98 del 19/11/1998, entre muchas otras; sala 2ª, causas 2619 del 24/2/1984 y 5632 del 24/11/1987, entre otras). No corresponde habilitar nuevas vías de impugnación de resoluciones, con desmedro del principio de preclusión, pues esto generaría una situación de inseguridad acerca de la firmeza de los actos procesales cumplidos (conf. esta sala, causas 19.382 del 11/5/1995, 56.958 del 28/11/1995, 5379/97 del 18/12/1997, 1678/78 del 13/4/1999, 3720/03 del 27/5/2003, entre muchos otras) (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 24/04/2007 -CELIS, ROBERTO R. v. ESTADO NACIONAL Y OTRO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO), en AbeledoPerrot onlin).- --- Es decir que la codemandada apelante no puede cuestionar aquí que el juez falle esta causa, haciendo a un lado la transacción respecto del codemandado P., dado que este aspecto decidido en anterior interlocutoria de este Cuerpo (cfr. fs. 570vta.) ha quedado firme. --- Resta por analizar, entonces el restante agravio de la Provincia apelante. Posee razón la apelante sobre que el crédito indemnizatorio concedido en la instancia anterior es a favor, exclusivamente del Sr. E. P., dado que la madre del menor ha quedado desinteresada por el acuerdo que se suscribiera en su nombre, al que no ha impugnado.

--- En cuanto al recurso de la actora, la apelación del acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva de la Municipalidad de Puerto Madryn debe confirmarse, dado que, en primer lugar en la demanda no se han alegado temporánea e idóneamente extremos de hecho que patenticen la configuración de un factor de atribución de responsabilidad a dicha codemandada. Analizados los términos de la demanda (fs. 35/69vta) no surge descripto en ella ningún elemento que permita identificar al Municipio de Madryn como legitimado pasivo de la reclamación motorizada en esta causa, prueba de ello es que dicha demanda no se dirige contra tal Municipio. Y si se aprecia con detenimiento la ampliación de demanda de fs. 73/74 surge manifiesto que tampoco allí se describieron conductas u omisiones imputables a la Municipalidad que permitan asignarle una obligación indemnizatoria. Más aún, se indica expresamente a fs. 73 (punto I) que como la P. C. en otras causas conexas con esta citó coactivamente al Municipio para evitar que luego esgrima la excepción de negligente defensa, la parte actora extiende el reclamo en ésta.

--- Si bien se mira la cuestión, se trata de dos intervenciones de diferente calado, por un lado, la citación como tercero en otras causas, a los efectos de evitar una posterior invocación de una negligente defensa; y la intervención como codemandado en ésta, que no puede basarse en alegaciones de otra parte en aquellas, ni tener por objeto evitar alegaciones futuras, porque lo que aquí se resuelva involucrará a las partes y no habrá una litis futura entre ellas y si ello ocurre, en todo caso, se dirimirá en otro pleito, con lo que no cabe aquí atender esas eventualidades.

--- En lo que a esta causa concierne ha resuelto correctamente el juez a quo acoger la excepción planteada por el Municipio, dado que no se ha alegado -menos aún probado- que exista un factor de atribución de responsabilidad subjetivo -dolo o culpa- u objetivo -riesgo de la cosa, obligación legal de garantía, falta de servicio, etc- que coloque la obligación indemnizatoria a su cargo. Ergo, tal aspecto del decisorio debe ser confirmado, como que no se ha demostrado su desacierto, sino que por el contrario, el mismo es correcto.

--- En cuanto al segundo agravio de la coaccionada apelante, éste se refiere a que la sentencia ha errado al legitimar activamente a ambos padres del menor fallecido a cobrar la indemnización por su muerte, cuando el único que -a lo sumo- podría juzgarse legitimado es el Sr. P. que desconoció el acuerdo firmado en su nombre. La madre del menor carece de tal derecho, como que se firmó un convenio conciliatorio en su nombre, el que no desconoció y sigue en pie.

--- Tal embate goza de acierto. La sentencia de grado debe precisarse en cuanto a su alcance y, así, dejarse sentado que el crédito resarcitorio en ella acogido, es patrimonio exclusivo del Sr. R. E. P. y no acreencia conjunta con su esposa. Recéptase así, al menos en cuanto a la precisión que solicita, el segundo agravio de la coaccionada apelante.

--- Ingresando a analizar el recurso de la actora, debe tenerse presente en primer lugar lo desarrollado en los dos párrafos anteriores. Y, así, tamizar las aseveraciones del actor apelante por el cedazo de que dicha indemnización que juzga exigua corresponde, en realidad, a su persona solamente, como que la madre del menor ha quedado desinteresada, a tenor del acuerdo glosado a fs. 670/676 del expte. caratulado "H., I. y otra c / P. CH y otro s/ Daños y perjuicios (sumario)" (Expte. Nro. 1317, F. 14).- --- Es así que, en la práctica, y aunque el juez de grado no lo haya esclarecido, la indemnización equivale al doble de lo que manifiesta la sentencia nominalmente, como que la acreencia corresponde a uno solo de los padres del menor.

--- Sentado ello, ingresaré a los argumentos dado por el apelante, en pro de sostener la exigüidad de la cuantía del resarcimiento concedido a su parte.. Lo haré no sin antes aclarar que el episodio generador del desafortunado deceso del menor indudablemente tiene una alta capacidad menoscabante de los más sagrados afectos del actor. De eso no queda duda.

--- Hecha esta precisión liminar, recordaré dos alegaciones que ensaya el actor, la primera afirmando que "la pérdida de este joven singular no es mera chance con la que contarían sus padres de obtener una ayuda en la necesidad o en la vejez. Es daño cierto, actual y futuro, que debe potenciarse en función de la personalidad del fallecido. La indemnización que al respecto se fije no puede dejar de ponderar lo ponderable, porque las realizaciones están a la vista en el póstumo recuerdo de una comunidad que lo inmortaliza"; y la segunda, expresando que la materialidad de la ausencia del menor no puede ser juzgada como una simple chance.

--- No puedo coincidir con ninguna de ellas y eso me coloca en el ingrato sitio de hacer precisiones. Y digo que me encuentro ante el triste deber, porque pudiera parecer que uno pretenda quitar méritos al joven solidario, que era cadete bombero y que perdió su vida en un episodio infausto, que debió evitarse. No es así.

--- Vayamos pues a la precisiones. En primer lugar, la pretensión de que su desaparición no se juzgue como una pérdida de chance de ayuda futura para su padre es descaminada. --- Pese a la madurez del menor, pese a los éxitos escolares que pudo tener y seguramente tuvo, pese a ser abanderado, lo cierto es que al momento de su muerte, su vida productiva no había comenzado, con lo que no cabe argumentar que su desaparición haya provocado a su padre un daño distinto a la pérdida de una chance.--- --- El daño que la ausencia del occiso cuya muerte genera estos autos causa a su padre, en el costado patrimonial, es un daño probable, nunca cierto, porque no se ha acreditado que el menor subviniera a sus necesidades y, menos aún, que colaborara con las de su progenitor. De tal modo, buen o mal alumno, abanderado o no, el daño que la muerte de un menor, que no ha comenzado todavía su vida productiva, causa a sus sucesores es un daño probable y se corporiza en una pérdida de chance. --- Sólo cuando se pierde una vida que ya está en plena actividad productiva y produce efectivamente ingresos, el daño patrimonial que causa su desaparición origina un daño ya no probable sino efectivo. No es este el caso de autos, pese al esfuerzo argumental del apelante.

--- Por otra parte, la disquisición que intenta el actor entre pérdida de chance y daño cierto, tampoco es correcta. Es que, la pérdida de chance es un daño cierto; cierto, en grado de probabilidad calificada, pues si no llega a tal probabilidad no se trata de un daño resarcible.

--- He dicho en un artículo de mi autoría que uno de los requisitos del daño resarcible es su certidumbre. Sólo los daños ciertos son indemnizables. Por el contrario, un daño incierto es, necesariamente, no reparable. Claro que existen gradaciones de certidumbre. Y así, el daño emergente es el más cierto de todos porque se ha experimentado efectivamente y ese es, precisamente, su límite resarcitorio: el daño efectivamente padecido y en relación causal adecuada con la actuación del dañador. En el otro extremo de la escala de certidumbre se ubica el daño que trataremos aquí: la pérdida de chance, supuesto en que la certidumbre del daño aparece esfumada o borrosa, aunque se halla presente, pues de otro modo no se trataría de un daño indemnizable (LÓPEZ MESA, M., "Responsabilidad civil médica y pérdida de chance de curación...", en "Revista de Derecho de Daños", Edit. Rubinzal y Culzoni, t. 2008-1, p. 9; en igual sentido, LÓPEZ MESA, Marcelo, en TRIGO REPRESAS, Félix A. - LÓPEZ MESA, Marcelo J., "Tratado de la responsabilidad civil", Edit. La Ley, Buenos Aires, 2004, T. I, p. 465).

--- Claro que lo cierto es la existencia de la probabilidad, oportunidad o chance misma, no así su realización, que al haber sido interferida en su efectivización, nunca podría ser cierta en ese plano.

--- De tal modo, el daño emergente es el más cierto de todos los daños patrimoniales; ello, por cuanto se parte de la base de un desembolso efectivo o de un menoscabo tangible, sobre el que se calcula, en el primer caso, un valor de reintegro del gasto efectuado y, en el segundo, un valor de reconstitución del patrimonio menoscabado. Un grado menos de certidumbre y nos encontramos con el lucro cesante, que se basa en la disminución de ingresos, extremo que debe fundarse en un juicio de verosimilitud. Finalmente, en cuanto a la pérdida de chance existe la necesidad de realizar un juicio de probabilidad, para apreciar si el damnificado pudo verse privado de obtener una ganancia (LÓPEZ MESA, M., "Responsabilidad civil médica y pérdida de chance de curación...", en "Revista de Derecho de Daños", Edit. Rubinzal y Culzoni, t. 2008-1, p. 9).

--- Como brillantemente se dijera hace algunos años en palabras que merecen recordarse: "Cuando la posibilidad se vislumbra concreta hasta el grado de probabilidad, no es dudosa la procedencia de indemnización por su desbaratamiento. Queda claro que -por la vinculación de la exigencia de certidumbre a la realidad presente o futura del daño- el extremo básico es la inducción del grado suficiente de convencimiento sobre su producción, que deberá formarse en la apreciación de la prueba sobre la base de los elementos acreditados y al curso de sucesos dictado por la común experiencia. Este matiz decisivo no resulta tan evanescente como sugieren las palabras. Bastará partir del cuadro causal. El agente del daño interrumpió culpablemente el desarrollo de una cadena de hechos susceptible de provocar ganancias o evitar pérdidas al damnificado. Por esto la apreciación se asentará en la consumación del acontecimiento que sirve de inicio a la concatenación causal" (GARCÍA CÁFFARO, José L., Es indemnizable por pérdida de "chance" el extravío bancario de cheque rechazado", en LL 1981-C, 100).

--- En palabras de YZQUIERDO TOLSADA, en la pérdida de chance "hay incertidumbre en el perjuicio, pero certidumbre de posibilidad. Y si la víctima se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea para aspirar a convertir en hechos esas "chances", el juez debe valorarlo, como lo hace en Francia en los supuestos de pérdida de un litigio, investigando lo que valía el fondo del litigio, si la resolución impugnada habría podido ser reformada o casada, cómo habría juzgado otra jurisdicción superior, etc" (YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, "Responsabilidad civil contractual y extracontractual", Edit. Reus, Madrid, 2000, p. 191).

--- En similar sentido dicen TERRÉ - SIMLER Y LEQUETTE que "es cierto, por definición, que la realización de una chance no es jamás cierta, no lo es menos que el perjuicio causado por la pérdida de una chance presenta un carácter directo y cierto cada vez que se constate la desaparición de la probabilidad de un elemento favorable" para que persona obtuviera una ganancia o ventaja" (TERRÉ, François - SIMLER, Philippe - LEQUETTE, Yves, "Droit civil. Les obligations", 6ª edc., Dalloz, París, 1996, p. 552).

--- Como bien se resolviera, la chance es resarcible cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por el responsable, pudiendo valorársela en sí misma aun con prescindencia del resultado final incierto, en su intrínseco valor económico de probabilidad (CNCiv., Sala F, 4/7/03, "Gómez, Mario c. Ciudad de Buenos Aires", LL 2004-B, 686 y RCyS 2005-I, 114).

--- Cuando ello no es posible, la chance perdida no es indemnizable. El reconocimiento de un resarcimiento por chance perdida no puede implicar hacer tabla rasa con la exigencia de certeza del daño y con la limitación de imputación de las consecuencias remotas, ambos parámetros vigentes en nuestro derecho, a tenor de los arts. 1067 y 906 CC (LÓPEZ MESA, M., "Responsabilidad civil médica y pérdida de chance de curación...", en "Revista de Derecho de Daños", Edit. Rubinzal y Culzoni, t. 2008-1, p. 21).

--- Como dije en un voto de mi autoría en sentencia de esta Sala, si hay una característica que una pérdida de chance no puede tener si pretende ser indemnizable es la de ser incierta, esto es, la absoluta falta de certeza, y aun de probabilidad de acaecer el suceso cuya chance se frustrara (cfr. mi voto, en sentencia de esta sala del 18/3/09, in re "G. D. A. y otra c/ T. G. y otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 185 - Año 2008 CANE).- --- Sentado que el daño a resarcir en autos en el segmento patrimonial es un daño probable, que se resarcirá a título de pérdida de chance, dado que en virtud de la personalidad destacada del menor, sus logros escolares, la dedicación de su persona a actividades solidarias y encomiables, es altamente probable que sus progenitores pudieran esperar de él alguna ayuda futura en su vejez.

--- Me viene a la memoria una frase de Tácito sobre que "los jóvenes son como las plantas. Por sus primeros frutos se puede vislumbrar lo que pueden llegar a ser". Y conforme a las pruebas reunidas en autos sobre la personalidad del menor y sus múltiples actividades, se vislumbra que habría podido desempeñarse con corrección en la vida productiva.

--- Ahora bien, ello no implica que los cincuenta mil pesos que se concedieran en concepto de pérdida de chance en primera instancia deban ser elevados a una suma mayor por el rubro. Considerando que dicho monto constituye una acreencia del padre exclusivamente, ya que la madre ha quedado desinteresada, no parece una suma ínfima ni exigua. Por el contrario una suma tal creo resarce adecuadamente la chance perdida por el progenitor de que el joven en su vejez le prestara algún auxilio.

--- La chance de ayuda futura de un hijo a un padre padece -cualquiera sea la madurez del joven occiso- una serie de áleas, que no pueden obviarse. Cuanto menor es el niño, mayor es el álea. Pero en caso de adolescentes, el álea existe pese a que se reduce. Los componentes de ese álea son: que el menor consiga un trabajo rentado y redituable; que no tenga una familia propia suya, cuyo sostenimiento le demande todos sus ingresos; que el menor no padezca en su edad adulta enfermedades que lo incapaciten; que no sufra accidentes que le hagan perder la vida; que su propia familia no padezca este tipo de percances que le obliguen a atenderlos con todo su caudal.

--- Y, tampoco puede soslayarse que lo normal es que los padres subvengan las necesidades de los hijos, siendo la inversa, algo no tan frecuente. Ello, por la sencilla razón de que la primera responsabilidad de una persona son sus hijos; sólo cuando las necesidades de éstos están cubiertas suficientemente se provee a otros. Hay que haber sido padre, para comprender cabalmente ello.

--- Echa de verse entonces que la posible ayuda futura que el menor pudiera prestar a su progenitor está sujeta a una serie de áleas que impiden otorgar sumas excesivas. Por otra parte, analizando el resarcimiento otorgado por esta Sala recientemente a los padres de un menor de dieciocho años que recién comenzaba su actividad productiva remunerada, en concepto de pérdida de chance, se comprueba que lo concedido en esta causa no es inferior, sino superior, a lo allí concedido (cfr. la decisión de esta Sala, del 18/3/09, dictada in re "G. D. A. y otra c/ T. G. y otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 185 - Año 2008 CANE).- --- En tal situación, no encuentro en los hechos de la causa ni en las alegaciones del apelante ningún elemento que me convenza de la incorrección o exigüidad de lo otorgado al actor en concepto de pérdida de chande de ayuda futura. Ergo, tal aspecto del fallo debe confirmarse.

--- En cuanto al agravio relativo a la escasa cuantía del daño moral, también soy de la opinión de que dicho rubro ha merecido una taxatio correcta. Bien puntualiza el recurrente que ninguna suma habrá de satisfacer a los padres del menor fallecido en el infausto episodio (cfr. fs. 722).

--- Pero, sabiendo ello, y teniendo claro que la concesión de una reparación por daño moral, no restañará nunca del todo el daño espiritual sufrido, interpreto que la suma concedida al Sr. P. ($ 100.000) por el rubro (que mentalmente debe multiplicarse por dos, dado que su esposa está desinteresada y que si así no fuera, tendría derecho a otro monto igual), en modo alguno es exigua, en comparación a la concedida por esta Sala en un caso similar (cfr. la decisión de esta Sala, del 18/3/09, dictada in re "G. D. A. y otra c/ T. G. y otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 185 - Año 2008 CANE).- --- Podrá decirse que la situación fáctica que llevara a la muerte del menor en uno y otro caso era distinta. Justamente por ello en el caso "G. c/ T." el resarcimiento dado a ambos padres era de ciento cuarenta mil pesos para todos los legitimados activos, mientras que aquí es de cien mil para uno solo de ellos. Me parece que el resarcimiento extrapatrimonial aquí otorgado guarda relación con las circunstancias del caso y con los pronunciamientos anteriores de esta Sala en la materia.

--- Ello así, y creyendo que las palabras sobran cuando se han dado pautas objetivas, como la cuantificación comparativa ensayada supra, soy de la opinión que este aspecto del decisorio también debe ser confirmado. --- Por lo anteriormente expuesto, propongo al Acuerdo la confirmación de la sentencia de fs. 659/667vta. en cuanto ha sido materia de recursos y agravios, con la aclaración efectuada respecto de que los resarcimientos concedidos en la sentencia de grado, son a favor del Sr. R. E. P. exclusivamente, ya que la madre del menor ha quedado desinteresada con el acuerdo oportunamente suscripto en su nombre.- --- Propongo también que las costas de alzada se impongan en el orden causado, teniendo en cuenta la falta de acogimiento sustancial de ambos recursos (art. 71 CPCyC) y la regulación de los honorarios del Dr. G. C. L. en la alícuota del 5% del monto del proceso que surja correctamente liquidado en la etapa de ejecución (arts. 6, 7, 9, 14, 19 y 47, Ley 2.200). Dicha regulación se corresponde con la importancia y extensión de las labores realizadas por dicho letrado en esta instancia, así como al resultado obtenido por ellas (arts. 6, 7, 9, 14, 19 y 47, Ley 2.200). En cuanto a los honorarios del representante de la coaccionada apelante, dada la forma de imposición de las costas, no procede la regulación de sus honorarios (art. 2, Ley 2200).- --- Por las razones expuestas, a la primera cuestión planteada, VOTO POR LA AFIRMATIVA.------------- A ESA MISMA CUESTIÓN PRIMERA el Dr. Velázquez expresó:

Por respeto a la siempre deseable brevedad y acatamiento del principio procesal de economía, en su vertiente de tiempo, me remito a la sinopsis que del proceso tramitado, de la decisión impugnada y de los agravios vertidos realizara el ponente.- Poco añadiré a la sólida y detallada motivación fáctica y jurídica que el preopinante ha desarrollado sustentando su voto. Contrario a dicha economía de tiempo, por alongar innecesariamente este acuerdo, sería el realizar un nuevo tratamiento "in extenso" de todas las razones dadas, repetitivo de lo ya bien expresado por el colega. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), bastarán las consideraciones siguientes.- I.- Inadmisible a esta altura de la causa resulta el agravio de la codemandada P. C. relativo a la terminación del proceso mediante la transacción celebrada por ella con la coactora L. E. V.. Cualquiera haya sido el acierto o desacierto del juzgado en tener presente el desconocimiento de dicha transacción formulado por el litisconsorte activo R. E. P. (fs. 519 últ. párr.) y continuar la tramitación del pleito a su respecto, lo cierto es que la mentada codemandada lo consintió en su día, como consintió luego también providencias cuales las de fs. 631, 648 y 657, que al disponer respectivamente el traslado de un acuse de caducidad de probanzas, clausurar el período de prueba y poner los autos para alegar, y, finalmente, llamar autos para definitiva, entrañaron la continuidad y avance del proceso hacia su fin normal la sentencia. El decisorio hoy cuestionado no es, pues, sino la consecuencia de todas esas actividades anteriores consentidas, de modo que no son audibles las actuales críticas al levantar valla insuperable ante ellas el principio procesal de preclusión.- En efecto, el no uso por esa codemandada de los recursos pertinentes dentro de los plazos fijados al efecto determinó la extinción irreversible del derecho no ejercido, por ser esos plazos perentorios, preclusivos o fatales (arts. 155, 239, 244 cód. cit.; confr.: Morello y otros, "Códigos Procesales...", 2da. ed., I-622/623).- Las indicadas actuaciones ganaron así firmeza y quedaron cubiertas por los efectos de la preclusión, que veda, retrotrayendo el proceso a una etapa superada, reabrir una cuestión resuelta ya mediante auto consentido al no deducirse contra él en su oportunidad los recursos habilitados para revisarlo. Volver sobre ese tópico importaría violentar la estructura misma de nuestro procedimiento judicial, organizado por la ley adjetiva a base del escalonamiento de etapas preclusivas y, así pues, el agravio apoyado en tal intento no puede prosperar; la decisión judicial que sobre ese tema recayera, con independencia de su acierto o error, no es susceptible de revisión a esta altura del procedimiento (este tribunal, c. 15.626 S.D.C. 6/00, c. 16.912 S.D.C. 24/02, c. 20.562 S.D.C. 45/05, c. 22.731 S.D.C. 21/08).- II.- Tocante a la admisión tácita de los hechos expuestos en el escrito de inicio concluida por el "a quo" a partir de la incontestación del traslado de la demanda por la P. C., señalaré que el juzgador del previo grado asignó alcance limitado a los efectos de dicha figura. Consciente la Señora Jueza subrogante entonces interviniente de que el art. 356 inc. 1° cód. cit. no imponía al magistrado el deber de estimar tal silencio como reconocimiento de la verdad de los tales hechos, sino que lo facultaba a ello -"podrán estimarse" reza la disposición, creando un supuesto de admisión lógica y no de admisión legal (confr.: Furno, "Teoría de la prueba legal", Rev. Der. Priv. 1954, págs. 133 y sgts.; mi voto en c. 14.587 S.D.C. 22/99) -, optó por abrir la causa a prueba (fs. 233), esto es requerir el aporte de elementos acreditantes para formar convicción sobre los hechos antedichos. Es que los efectos de la admisión lógica son provisionales e indeterminados a priori, es decir se hallan supeditados a la eventual prueba en contrario que el admitente produzca o a la falta de evidencias probatorias (confr.: Furno, ob. ind., pág. 96; Cám. Apel. C. y C. Mar del Plata, L.L. 129-287).- Recibidos los medios de prueba ofertados y llegado el momento de fallar, el sentenciante los apreció, hallando que habían mediado omisiones en el cumplimiento de sus deberes por parte de la codemandada A. B. V. -valoró en particular el dictamen pericial correspondiente producido en el proceso penal-, lo que comprometía la responsabilidad del Estado del Chubut, cuya Dirección Provincial de Defensa Civil debía controlar las actividades de aquélla otra (arts. 1 y 6 apdo. "d" de la ley 4.135), en los términos del art. 1074 Cód. Civ. En suma, el juzgador no limitó su análisis a la admisión tácita de los hechos derivada de la incontestación de la demanda, sino que formó su convicción a partir de la prueba anejada a la causa.- III.- Asiste razón a la provincia recurrente en el tercero de sus agravios. Promovida la demanda en conjunto por ambos progenitores de la víctima peticionando sumas resarcitorias únicas y desinteresada la madre a través de la transacción que ella celebrara, forzado es concluir que los reclamos subsistentes que el padre mantuviera ascienden a la mitad de lo originalmente requerido en común pos los dos ascendientes.- IV.- Tocante a la impugnación que el coactor P. volcara contra el acogimiento del planteo de falta de legitimación pasiva por parte de la Municipalidad de Puerto Madryn, haré notar que el juzgador de la previa instancia basó su decisión en que en el escrito de ampliación de la demanda en contra de aquélla no se le atribuyó a la misma hecho u omisión que comprometiera su responsabilidad, tópicos sólo introducidos luego al responder el coactor el traslado de la aludida excepción, lo que importó una modificación inadmisible del título de pedir de la pretensión, una alteración de la demanda inaceptable por extemporánea. Añadió el sentenciante, ya en torno a la "causa petendi" inicialmente invocada, que la circunstancia de que la Municipalidad de Puerto Madryn hubiera sido citada como tercera en otros procesos a petición de la demandada P. C. no autorizaba a los actores a enderezar la demanda en este otro contra aquélla, supuestamente para resguardarla de la posible oposición de la excepción de negligente defensa en un eventual juicio de repetición posterior entre ambos estados, pues ello no era de interés de los demandantes.- En su expresión de agravios el actor apelante no se ha hecho cargo con una crítica concreta y razonada, cual requiere el art. 265 C.P.C.C. para la suficiencia de los agravios, de los argumentos sentenciales relativos a la inadmisibilidad de alterar los términos en que la litis quedó trabada en ocasión de contestar el traslado de una excepción previa corrido y a la improcedencia de demandar al municipio en razón de que fue citado como tercero en otros procesos, de modo que dichas conclusiones han ganado firmeza. En efecto, de no expresarse agravios acerca de cada uno de los puntos que integraron el tema de debate y fueron considerados separadamente por el "a quo", quedan consentidos aquellos sobre los que no medió precisa y fundada impugnación (confr.: C.S.N., L.L. 137-538; C.N. Civ., sala "D", E.D. 11-633; este tribunal, c. 21.633 S.D.C. 12/07, c. 22.920 S.D.C. 13/08, c. 104/08 S.D.C. 18/09, entre muchos). El recurso quedó pues parcialmente desierto a este respecto (art. 266 cód. cit.).- V.- Cuando la expectativa de los padres de recibir en lo futuro ayuda económica de un hijo adolescente resulta frustrada por el fallecimiento de éste, no estamos ante un daño cierto, sino frente a la pérdida de una chance. Múltiples avatares podrían haber determinado que el joven, de haber conservado la vida, no llegara sin embargo a una situación patrimonial que le permitiera socorrer a sus progenitores.- Ese tipo de perjuicio se ubica, lo reitero, en la categoría de pérdida de una chance, bien definida por la Sala "C" de la Cámara Nacional en lo Civil como la privación de la oportunidad de participar, con un grado serio de probabilidad, en un evento de resultado incierto en el que se habría definido la obtención o no de un beneficio (L.L. 1986-C-39). En este supuesto coexisten un elemento de certeza y otro de incerteza. Certeza de que de no haber mediado el evento dañoso, el damnificado habría mantenido la esperanza de obtener un beneficio económico; incertidumbre acerca de si, de haberse mantenido la situación previa a ese hecho, el beneficio se habría en realidad obtenido (confr.: Tanzi, "La responsabilidad en la pérdida de la chance", en "La responsabilidad. Homenaje al Profesos Doctor Isidoro H. Goldenberg", Abeledo - Perrot 1995, págs. 331 y sgts.). Desde luego que la certeza del daño constituye un requisito indispensable para acceder a la reparación (arts. 519, 1067, 1069 Cód. Civ.), mas en el caso de las chances tal certidumbre sólo alcanza a que la esperanza de lograr un beneficio o evitar una pérdida quedó definitivamente truncada, permaneciendo en cambio en la incerteza si esa expectativa se habría concretado en los hechos. Bien explicaba el maestro Pedro N. Cazeaux que "para un determinado sujeto había probabilidades a favor y probabilidades en contra de obtener o no cierta ventaja patrimonial, pero un hecho cometido por un tercero le ha impedido tener la oportunidad de participar en la definición de esas probabilidades" ("Daño actual. Daño futuro. Daño eventual e hipotético. Pérdida de chance", en "Temas de responsabilidad civil. En honor al Dr. Augusto M. Morello", Ed. Platense 1981, págs. 23 y sgts., n° 10).- En la especie la frustración de la esperanza resulta incontrovertiblemente cierta, pero por el contrario la probabilidad de que el padre llegara en lo futuro a recibir ayuda de su hijo aparece como vidriosa. En más de un precedente hemos señalado que a la simple esperanza paterna de recibir en el porvenir ayuda filial no puede contabilizársela como una chance si no se justifica que la víctima estaba en condiciones objetivas de lograr beneficios económicos, si no inmediatamente, al menos en un tiempo medianamente cercano, pues la posibilidad lejana es solamente posibilidad, es decir eventualidad e hipótesis; en fin, que es exigible algo más en la escala de los valores lógicos que lo meramente posible, debiendo aparecer en cambio la posibilidad lo bastante fundada como para que, transformándose ya en probabilidad, configure una chance indemnizable (S.D.C. 4/92, 38/94, 6/95, 44/99), postura esta con la que comulga prestigiosa doctrina (confr.: Orgaz, "El daño resarcible", Ed. Córdoba 1980, págs. 74/75 y en "La vida humana como valor económico", E.D. 51-851; Salas, "Código Civil anotado", 2da. ed., I-529, nº 2, "B"; Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil", 2da. ed., pág. 215).- Con todo acierto ha destacado Mosset Iturraspe que "no es realista, no está de acuerdo con el momento que atraviesa la Argentina en la hora presente, que un padre o una madre abriguen ilusiones excesivas acerca del apoyo espiritual o material que recibirán de sus hijos" y tras describir las sucesivas etapas de la vida de los jóvenes en las que, desde niño hasta adulto, sus necesidades irán, por lo general, a la zaga de sus ingresos tornando dudosas las expectativas paternas de ayuda, concluye "...si esto es así, si debemos contemplar la cuestión con verdad y realismo, ¿cuál es el daño patrimonial que pueden invocar? Todo ello confluye a agudizar el juicio crítico acerca de la chance, probabilidad o posibilidad de ayuda, eventual o hipotética" ("El valor de la vida humana", 3era. Ed., págs. 138/139).- Precisamente en ese realismo, en dicha adecuación de la pura teoría jurídica a la realidad económica-social que circunda los casos ocurrentes, se inscribe el no considerar la frustración de la esperanza de ayuda filial futura como un daño indemnizable, a menos que se demuestre que el hijo fallecido se encontraba en situación de prestarla o próximo a colocarse en tal situación. Invocar el futuro deber alimentario de los hijos puede importar en innúmeros casos teorizar en abstracto, porque cuenta también apreciar si el eventual alimentario dispondría de medios para cumplirlo y convengamos en que, por desagradable que nos resulte aceptarlo, con las actuales posibilidades de ocupación y niveles salariales, harto difícil resulta presumir que el hijo de dieciséis años (fs. 6 ), con educación secundaria incompleta -sólo había cursado hasta segundo año, destacándose en los deportes mas sin ser un estudiante brillante, se sostuvo en la propia demanda (fs. 36, pto. 2)- y que no ejercía actividad económica remunerada fija (fs. 46), se hubiere hallado en un lapso razonable en capacidad de aportar ayuda a su padre, amén de cubrir sus propias necesidades. El mismo actor en su escrito liminar aventuró prudentemente un ingreso inicial equivalente al de la Categoría 12 del Escalafón General de la Administración Pública Provincial (fs. 46), que podría en el devenir del tiempo acrecentarse en un 50 % (fs. 48).- En verdad, para mi coleto harto dudosa considero la procedencia de este rubro indemnizatorio. Desde luego, vedado nos está desagregarlo del monto del capital de la condena, visto que la parte demandada no se agravió de ello y no entra en las facultades de la alzada la reforma en perjuicio del apelante, mas ese convencimiento me inclina por desconocer razón al recurrente y confirmar la cifra determinada por el juzgador de la previa instancia.- VI.- Me resta tratar la impugnación formulada por el actor contra la cuantía en que el "a quo" determinara el resarcimiento del daño moral.- Dada la naturaleza reparadora que el rubro tiene, su "quantum" debe estar referido a la magnitud del daño sufrido, correspondiendo entonces para fijarlo atender al tipo de interés lesionado, a las consecuencias que el ilícito acarreó y a la índole del hecho generador de la responsabilidad. Es en este último aspecto donde juega la relación entre la cuantía de la reparación y la gravedad del ilícito, porque para establecer el grado de los sufrimientos a compensar importa tener en cuenta la clase de acción ofensiva ejecutada, en tanto hiere más el ánimo del damnificado el ataque cuanto más próximo a la intencionalidad se presenta (este cuerpo, c. 12.630 S.D.C. 13/98, c. 12.859 S.D.C. 25/98, c. 22.271 S.D.C. 37/05, c. 185/08 S.D.C. 17/09, entre muchas).- Entiendo así que en el caso cabe atender:

A) A propósito del interés herido y las consecuencias producidas, que se trata de un padre que ha padecido la aciaga desaparición de su hijo en circunstancias particularmente dramáticas, privándoselo de la relación con un ser al que lo vinculaba el afecto más intenso del que los humanos somos capaces y ello cuando la víctima emergía de la adolescencia.- B) Respecto de la índole del ilícito, que el factor de atribución de la responsabilidad es la culpa, fuente de responsabilidad intermedia entre la cabal intencionalidad del agente -el dolo- y la más alejada de ésta -la objetiva-, de modo que el luctuoso suceso ha tenido en el ánimo del damnificado un impacto de mediana entidad (confr.: Zannoni, opus cit., págs. 360/361).- Atendiendo a esos parámetros, no hallo exigua la suma determinada por el sentenciante de origen. La creo suficiente para arrimarle al actor medios idóneos para el logro de alguna mejora en el estándar de vida, sea respecto del equipamiento de la vivienda familiar, sea superando escaseces, pero contribuyendo todo a elevar la calidad de vida con algunos placeres compensatorios (confr.: Iturraspe, "Diez reglas sobre la cuantificación del daño moral", L.L. 1994-A-730).- VII.- Tales razones, coincidentes con las más extensamente vertidas por el Dr. López Mesa, me conducen a concluir que la sentencia en crisis merece ser confirmada en lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia en el orden causado, visto el vencimiento mutuo operado (art. 71 C.P.C.C.).- Concuerdo asimismo con el ponente en punto a los honorarios que propusiera regular por las labores profesionales de alzada, pues se ajustan a la extensión, calidad y resultado arrojado por ellas (arts. 2, 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200).- Me expido en esta cuestión entonces por la AFIRMATIVA.- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN: el Sr. Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, dijo:--- --- En esta causa se han deducido diversas apelaciones cuestionando los honorarios regulados en el grado, las que deben ser analizadas aquí, procediendo hacerlo por razones metodológicas en una cuestión aparte.

--- Que a fs. 683 el Dr. E. I. por derecho propio apela la regulación de sus honorarios por bajos, concediéndose el recurso a fs. 687.

--- A fs. 684 el Dr. A. O. M. por derecho propio apela la no regulación de sus honorarios en la sentencia definitiva, concediéndose el recurso a fs. 687. A fs. 685 el Dr. Z. A. C. apela la regulación de sus honorarios por bajos, concediéndose el recurso a fs. 687.

--- A fs. 686 la Dra. A. V. T. por derecho propio apela la no regulación de sus honorarios en la sentencia definitiva, concediéndose el recurso a fs. 687.

--- A fs. 688 el Dr. A. A. P.- por propio derecho apela la regulación de sus honorarios por bajos, concediéndose el recurso a fs. 690.

--- A fs. 689 el Dr. G. C. L. por derecho propio apela sus honorarios por bajos, concediéndose el recurso a fs. 690.--------- --- Analizaré tales cuestionamientos por separado, dado que los mismos serán pasibles de diferente resolución, como que parten de diversas plataformas fácticas.

--- Una revisión de lo ocurrido en la causa demuestra que las impugnaciones de los Dres. G. C. L., Z. A. C. y E. A. I. contra los emolumentos que se les regulasen, carecen de andamiento.

--- Es que, los trabajos que ellos realizaran como patrocinantes y apoderados de los coactores R. E. P. y L. E. V., hasta la transacción obrante en la causa "H., I. y otra c/ P. CH y otros s/ daños y perjuicios" (expte. n° 1.317/1994, obrante en la documentación reservada acumulada a autos), ya han sido remunerados a dichos letrados, a través de los honorarios pactados en dicho convenio (cfr. fs. 674/vta., ptos. IV y V, de la causa citada). A consecuencia de tal convenio de transacción y determinación arancelaria, los profesionales beneficiados por el mismo requirieron el libramiento de los cheques correspondientes a sus porciones viriles a fs. 821 de la causa citada, lo que implica que han percibido tales estipendios.

--- Ellos han tenido por función satisfacer el crédito remuneratorio devengado por las tareas cumplidas hasta ese momento en favor de ambos litisconsortes activos. De tal manera, desinteresados por las labores cumplidas hasta la transacción, lo único que restaba remunerarles a dichos profesionales eran las labores curiales posteriores a la transacción y hasta la sentencia definitiva, los que en vista de la etapa en que se produjo la transacción, significa apenas la cuarta parte del juicio (cfr. art. 39, Ley 2200).

--- Analizadas las labores impagas a la luz de su mérito, extensión, trascendencia, calidad y resultados, así como el doble carácter en que concurrieron los profesionales que las realizaran (arts. 6, 7 y 9, Ley 2200), procedía fijar los mismos en la alícuota del 5,40 % del monto del litigio. Ello implica que en la instancia de grado se han determinado honorarios a los apelantes identificados supra, muy por encima de los que en verdad correspondía fijarles, lo que lleva a concluir que en modo alguno tales determinaciones son exiguas o insuficientes, puesto que prácticamente triplican lo efectivamente debido, al haber sido fijadas en el 14 % del monto del litigio, cuando correspondía verdaderamente el 5,40%, de acuerdo a la ley arancelarias, etapas cumplidas y efectos de la transacción y convenio de honorarios suscriptos. Ello así, este primer recurso respecto de los estipendios debe ser rechazado de plano, no correspondiendo modificar los honorarios fijados en el grado a la baja, por efecto de la reformateo in pejes, que veda alterar las decisiones no cuestionadas, que han adquirido firmeza, si no median violaciones manifiestas del orden público, lo que aquí no se aprecia.

--- Diferente es lo que ocurre con el cuestionamiento del Dr. A. A. P., pues él no se encuentra alcanzado por convenio de honorarios y su intervención fue posterior a la transacción. La única actuación cumplida por él consistió en el patrocinio del Sr. P. en el escrito de fs. 518/vta.; intervención de significativa trascendencia en la causa, puesto que -bien o mal y con razón o sin ella- a través de ella el coactor P. desconoció la transacción celebrada y peticionó la continuidad del trámite de la causa para arribar al fallo definitivo, obteniendo a la postre un resultado favorable a su pretensión, que no hubiera sido posible sin ese escrito.

--- Justipreciada esa labor de acuerdo a las pautas de los arts. 6 inc. "c" y 7, párr. 1°, Ley 2200, la misma debe ser remunerada dada su trascendencia, mérito, extensión y resultados en la alícuota del 2,5 % del monto del proceso que se determine en etapa de ejecución. Pero, dada la determinación arancelaria excesiva -pero firme- regulada en conjunto para los Dres. C. L., C., I. y P., dicho porcentual debe considerarse comprendido en tal guarismo, no mereciendo una nueva regulación.

--- La apelación de la Dra. A. T., letrada apoderada de la Municipalidad de Puerto Madryn, habrá de merecer acogida, por cuanto posee razón dicha recurrente. La misma, que obtuviera en su momento una regulación de honorarios provisoria a fs. 570/571, vista la extensión, calidad, mérito y resultado de sus labores, se ha hecho acreedora a una regulación de un 4,85 % del monto del proceso (arts. 6, 7, 9, 19, 39 y 47, Ley 2200), alícuota de la que deberá deducirse el porcentual ya regulado a fs. 571, si la suma equivalente a ella hubiera sido ya percibida.- --- Por último, en lo tocante al agravio del Dr. A. M., fácil es constatar que el a quo no ha omitido la regulación, ya que a fs. 588 obra la misma, la que fue consentida por el aquí apelante a fs. 603 de autos. Dado que luego de tal determinación arancelaria, el apelante no desarrolló actividad profesional en esta causa, no cabe practicar otra regulación, por lo que su recurso debe ser rechazado.

--- Por las razones expuestas, voto a esta cuestión en forma parcial POR LA NEGATIVA.- A TAL CUESTIÓN SEGUNDA el Dr. Velázquez manifestó:

La razón no acompaña a las críticas que contra la regulación de sus honorarios expusieran los Dres. G. C. L., Z. A. C. y E. A. I.. Sus labores como patrocinantes y apoderados de los coactores R. E. P. y L. E. V., en conjunto y hasta la celebración por la última nombrada de la transacción, ya han sido retribuidas con los honorarios pactados en el convenio obrante a fs. 674/vta., ptos. IV y V, de la causa "H. I. y otra c/ P. CH y otros s/ daños y perjuicios" (expte. n° 1.317/1994 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Puerto Madryn, a la vista en este acto), habiéndose solicitado incluso el libramiento de los cheques correspondientes a la porción de esta causa a fs. 821. Esos emolumentos remuneraron todas las tareas cumplidas hasta ese momento - tres cuartas partes del pleito, pues la transacción sobrevino aproximadamente en la mitad de la segunda etapa de este proceso sumario (art. 39 dec.-ley 2.200)- en beneficio de ambos litisconsortes activos, sin que corresponda incremento alguno por el patrocinio y representación de dos coactores, en tanto la mayor cantidad sólo la prevé la ley para los supuestos en que actuaren "diferentes" profesionales al servicio de los distintos litisconsortes (art. 11 del dec.-ley cit.). Así pues, lo que resta retribuir son los trabajos profesionales posteriores hasta la sentencia definitiva, esto es el equivalente a una cuarta parte del juicio (art. 39 ya ind.). Apreciados esos quehaceres de acuerdo a su extensión, calidad, eficacia y resultado, así como considerando la doble calidad de patrocinantes y procuradores investidas (arts. 6, 7 y 9 ídem), entiendo que correspondía fijarlos en la suma equivalente al 5,40 % del monto del litigio. Mal puede entonces tacharse de exiguo el honorario regulado por el "a quo" en el 14 % de dicha suma.- Parcialmente distinto es el caso del Dr. A. A. P., pues él no pactó honorario alguno en su día, ni pudo hacerlo en tanto su actuación fue posterior a la transacción. Mas su único trabajo fue el patrocinio del coactor P. en el escrito de fs. 518/vta., aunque relevante sin duda toda vez que en tal pieza el mentado litisconsorte desconoció la transacción celebrada y peticionó la continuidad del trámite de la causa para arribar al fallo definitivo. Valorada tal labor de acuerdo a las pautas de los arts. 6 inc. "c" y 7, párr. 1°, de la normativa arancelaria, estimo que ella debería remunerarse con una suma equivalente al 2,5 % del monto del asunto. Pero acontece que, vistos los gruesos honorarios fijados en conjunto para los Dres. C. L., C., I. y P., la aludida cantidad queda largamente comprendida en dicho alto importe.- Tocante al agravio del Dr. A. O. M. por la falta de regulación de honorarios a su favor, diré que el sentenciante de origen no incurrió en omisión alguna. Efectivamente, ya a fs. 588 le fueron fijados emolumentos "por la tarea desplegada en el expediente", regulación que el interesado consintió expresamente a fs. 603. Puesto que con posterioridad el Dr. M. no desplegó ninguna otra actividad profesional en la litis, nada más le debe ser remunerado.- En cuanto al recurso deducido por la Dra. A. V. T., que se desempeñara como letrada apoderada de la Municipalidad de Puerto Madryn, le asiste razón a la recurrente. Ella fue beneficiaria de un honorario regulado provisoriamente a fs. 570/571 al cesar su intervención en el proceso no concluido y en los términos del art. 20 del dec.-ley 2.200. Finalizado el pleito, corresponde fijarle sus honorarios definitivos, los que, atendiendo a la extensión, calidad y resultado de sus trabajos, deben regularse en la suma equivalente al 4,85 % del monto total del proceso (arts. 6, 7, 9, 19, 39, 47 del dec.-ley cit.), de lo que deberá deducirse la suma ya determinada a fs. 571 en caso de haber sido percibida.- Tales los motivo por los que sufrago en esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.- --- A LA TERCERA CUESTIÓN: el Sr. Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, dijo:--- --- Dado el acogimiento de mis propuestas por los colegas de Sala, el pronunciamiento que procede dictar es el siguiente:

--- 1) CONFIRMAR la sentencia de fs. 659/667vta. en cuanto ha sido materia de recursos y agravios.- --- 2) IMPONER las costas de alzada en el orden causado, dado la falta de acogimiento sustancial de ambos recursos.------- --- 3) REGULAR los honorarios del Dr. G. C. L. en la alícuota del 5% del monto del proceso que surja correctamente liquidado en la etapa de ejecución.-- --- 4) CONFIRMAR los honorarios regulados en conjunto para los Dres. G. C. L., Z. A. C., E. A. I. y A. A. P..

--- 5) DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el Dr. A. M..

--- 6) REGULAR honorarios a favor de la Dra. A. A. T., por sus labores de primera instancia y con carácter de definitivos, por la suma equivalente al 4,85% del monto total del proceso, de lo que deberá detraerse el importe de los fijados provisoriamente a fs. 570/571; ello, en caso de haber sido percibidos.

--- Así lo voto.- A ESTA CUESTIÓN FINAL el Dr. Velázquez respondió:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. López Mesa, fiel reflejo del acuerdo alcanzado al ocuparnos de las cuestiones anteriores.- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse excusado el Sr. Juez de Camara Dr. Carlos Dante Ferrari (art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550).--------Trelew, de julio de 2009.-------------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:--------S E N T E N C I A: -----------CONFIRMAR la sentencia de fs. 659/667vta. en cuanto ha sido materia de recursos y agravios.- --- IMPONER las costas de alzada en el orden causado, dado la falta de acogimiento sustancial de ambos recursos.------- --- REGULAR los honorarios del Dr. G. C. L. en la alícuota del 5% del monto del proceso que surja correctamente liquidado en la etapa de ejecución.-- --- CONFIRMAR los honorarios regulados en conjunto para los Dres. G. C. L., Z. A. C., E. A. I. y A. A. P..

--- DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el Dr. A. M..

--- REGULAR honorarios a favor de la Dra. A. A. T., por sus labores de primera instancia y con carácter de definitivos, por la suma equivalente al 4,85% del monto total del proceso, de lo que deberá detraerse el importe de los fijados provisoriamente a fs. 570/571; ello, en caso de haber sido percibidos.------------------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------------ REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.009 - SDC.- Conste.- PAULO EDUARDO KÔNIG SECRETARIO DE CAMARA.