marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, juicio ordinario, excepciones procesales, admisibilidad formal, falta de legitimación para obrar, autopistas
Materia: PROCESAL
Carátula: Forastiero, Alejandro Daniel c/  s/ quiebra c/forastiero, alejandro daniel y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-15

1. Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto admitió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por una codemandada, toda vez que no existe controversia en cuanto a que las facturas en virtud de las cuales se reclama fueron emitidas con anterioridad a la rescisión del contrato de concesión, dispuesta por el decreto N° 1010/2017 del PEN, del 5-12-17. Y si bien el mismo decreto le asignó a la codemandada excepcionante la explotación de esa concesión hasta tanto se adjudique la contratación a través de los procedimientos previstos por la normativa vigente, sin embargo nada dispuso sobre el carácter de continuadora respecto de la anterior concesionaria. 2. La circunstancia de que el dispusiera que la codemandada "deberá continuar con la explotación integral" no es suficiente para concluir en el sentido propuesto por las recurrentes, en tanto la continuidad allí dispuesta solo refiere a la prestación del servicio, pero nada establece respecto de los activos y pasivos de la rescindida, ni su transferencia a la nueva concesionaria.
Rechazo de la demanda, cierre de cuenta bancaria, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: OVEJERO, SEBASTIAN C/BBVA BANCO FRANCES SA S/ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

Corresponde rechazar la demanda promovida por un cliente bancario, abogado en causa propia, contra un banco en reclamo de resarcimiento por el cierre de ciertas cuentas bancarias de su propiedad. Ello así, toda vez que el banco demandado envió al actor tres cartas documento, intimando por diez días el pago del saldo deudor, y transcurrido el plazo la dio por cerrada, invocando al efecto lo dispuesto por el CCCN 1404, y otorgando un preaviso de 30 días. Al así obrar no hizo la entidad otra cosa que no sea prevalerse de la norma legal que expresamente la habilitaba para ello, sin perjuicio de que, además, contaba con una específica cláusula contractual que preveía lo propio.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G., C.H. y ots. c/ Prov. de Bs. As. Minist. de Salud s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

Tratándose del ejercicio de la medicina, donde lo que está en juego es la integridad física o la vida del paciente, toda omisión de los medios que imponen la ciencia y la práctica médica en su estado actual que previsiblemente pueden generar la pérdida de dichos bienes, entran en el concepto de causalidad adecuada (arts. 901, 902, 903 y 904 Cód. Civ.), pues exigir la certeza absoluta entre tal omisión como causa y pérdida de esos bienes como efecto, dejaría en la irresponsabilidad todo acto de "mala praxis", ante la imposibilidad material de llegar a la comprobación de esa certeza total. El ordenamiento se maneja en esto con posibilidades reales y no con determinaciones absolutas.
Propiedad horizontal, asamblea de consorcistas, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SCHALLER HEDE W. s/ SOLICITA ASAMBLEA DE PROPIETARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-07-29

Si por vía del art. 10 de la ley 13512 se pretende, la modificación de una situación edilicia existente en la propiedad horizontal y por la cual se obtendría el cese de la clausura de las instalaciones cloacales y la del cerramiento del conducto de ventilación y ventana que afectan las unidades de la accionante; es conveniente destacar, que la naturaleza jurídica de la convocatoria a que se refiere el art. 10 de la ley 13512 debe asimilarse a la de los recursos policiales, urgentes y sumarios, que procuran la aplicación de una norma de orden público, civil y procesal encaminada a restablecer con la mayor celeridad posible, el orden perturbado y permitir la normal convivencia del consorcio, y de ninguna manera, se puede perseguir mediante vía sumarísima pretensiones como las que se demandan que requieren un debido proceso regular. La petición expuesta en la presentación, implica un juicio contradictorio, que se opone a la naturaleza del procedimiento a seguir para la convocatoria judicial de la asamblea prevista en al segunda parte del art. 10 de la ley 13512.

Si la actora demanda en virtud de la afectación que cierto tipo de obras le han producido contra sus derechos privativos, tiene un interés directo que la autoriza personalmente para acceder al órgano jurisdiccional a fin de obtener el respeto de sus derechos sin necesidad de la convocatoria.

El ejercicio de la acción "pertinente" no solo la puede ejercer el consorcio sino también se le reconoce esa posibilidad de actuar singularmente a cada dueño; de ahí, que ni siquiera era necesaria la convocatoria a tales fines, puesto que la demandante se encuentra debidamente legitimada para demandar individualmente el cese de la actividad antifuncional que pueda afectar sus derechos privativos como así también las que puedan afectar las prerrogativas comunitarias.
Daños y perjuicios, daño psíquico, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Sakima, Luis y otra. c/ Estado Nacional Fuerza Aérea Argentina. s/ Cobro de Australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-23

En cuanto al daño psíquico que se afirma padece la madre del conscripto fallecido, a raíz de un fuerte cuadro depresivo que le impidió continuar con su actividad como modista particular, y el lucro cesante por la pérdida de ingresos provenientes de ese trabajo, debe acordarse una suma destinada a compensar la disminución temporaria de tales ingresos y los gastos que irrogue el tratamiento de los problemas psíquicos de que dan cuenta los testigos producidos por la parte actora y el certificado médico del psiquiatra que no fue desconocido por la demandada, en el que se da el diagnóstico y se expresa que el tratamiento fue iniciado en febrero de 1987 y proseguía a la fecha de su emisión.
Accidente de aviación, indemnización, daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GUIDI  CECIL  MARIANA  Y  OTROS c/ ESTADO NACIONAL FUERZA AEREAARGENTINA Y OTROS s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

Su cuantificación, que no está sujeta a cánones estrictos (arg. art. 522, Cód. Civil.; conf. J. J., Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", t. I, Buenos Aires, 1978, p. 350; A. C. Belluscio, y E. A. Zannoni, t. 2, Bs. As. 1979, p. 733; Sala III, causas 4173/97 del 6/3/2001; 6313/93 del 29.3.01; 2481/99 del 5.10.04), debe tener en consideración las características del hecho que generó el perjuicio a reparar, las consecuencias que sobrevinieron con motivo de él, las circunstancias y cualidades personales de la víctima, como así también que no tiene por qué proporcionarse a la de los restantes conceptos (conf. esta Sala, causa 5342 del 1-12-87; 8805 del 12-3-92 y 12.940/04 del 17/02/09; Sala I, causas 3519 del 23.11.00, 4986 del 20.5.02, 26 del 15.8.02, 8203 del 29.5.03, 2190 del 1.4.04; 4109 del 4.8.05, 2813 del 14.3.06). Computando entonces los padecimientos de ese orden que han debido soportar Cecil Mariana Güidi y Lara Elide y Boris Alejandro Moscovich, para lo cual coadyuvan las circunstancias lamentables en que se produjo el deceso de su esposo y progenitor, respectivamente, entiendo que las sumas acordadas en la sentencia de grado por este concepto son también exiguas, por lo que propongo elevarlas a las cantidades de $50.000 para la esposa y a la de $60.000 para cada uno de los hijos. Los condenados respondan solidariamente en tanto existe unidad de causa o título (conf. J.J. LLambias, Tratado de derecho civil, 2da. ed., t. II-A, p. 458, n° 1184, ap. c) y d), tal como lo impetran los recurrentes a fs. 1152 vta. (ut supra, 6to. agravio).
Asociaciones civiles, interventor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A.M.P.C.A.S.F.P.I. c/ INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOP. Y MUTUAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-25

La sola circunstancia de que la persona encargada de la intervención de una asociación civil haya integrado el conjunto de las autoridades cuyo desplazamiento se pretende, no aparece en sí misma como un vicio invalidante de su obrar, toda vez si éste viene siendo controlado por el órgano estatal competente y no surge de su actuar un desenvolvimiento inadecuado.
Derecho procesal, recurso de casación, fundamentación del recurso, memorial, escritos judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Freile, Alfredo c/ Costa, Mario César y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-04-19

Para que el escrito o memorial por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación impugnaticia, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructura la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.
Honorarios, regulación de honorarios, beneficios previsionales, desistimiento
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GARCÍA SOLÓRZANO, JUAN LUIS Y OTRO c/ Estado Nacional". s/ INCONSTITUCIONALIDADES VARIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-31

Si el desistimiento del reclamo -en el caso, dirigido a obtener la declaración de inconstitucionalidad de las normas que dispusieron el descuento del 13%- fue a causa de que el tema quedó resuelto mediante el fallo emitido por el Alto Tribunal en la causa "Müller, Miguel Ángel c/ P.E.N." (sent. del 10.04.03), debe concluirse que la cuestión era litigiosa al tiempo de demandar, lo cual determina que corresponde regular los honorarios solicitados por la representación letrada de la parte actora, en virtud de las pautas dispuestas en el art. 6 y lo prescripto en el art. 8, ambos de la ley 21.839 y su modificatoria
Cheque, plazos procesales, feria judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Recurso de Apelación art. 64 Ley 24.452 deducido por Nordeste Construcciones S.A. c/ Resol. Bco. de Crédito Argentino s/ Habilitación de feria Nordeste Construcciones S.A. c/ Resol. Bco. de Crédito Argentino s/ Habilitación de feria
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-01-22

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Cheques, a los fines del trámite del recurso en cuestión "serán de aplicación el Código Procesal Civil y Comercial de la jurisdicción interviniente", por lo que cabe concluir que resulta aplicable al caso lo prescripto por el art. 156, último párrafo del C.P.C. y C., en cuanto dispone que, a los efectos del cómputo de los plazos, no se considerarán los días inhábiles, por lo que, implicando la feria judicial, el cierre efectivo de la actividad tribunalicia, con la consiguiente inhabilidad de los días comprendidos en dicho período para la realización de trámites judiciales, no se advierte la necesidad de la habilitación solicitada, dado que de acuerdo con lo expuesto precedentemente, el cómputo de los cinco días a que se refiere la mencionada ley -donde no se especifica que se tratara de días corridos- debe efectuarse a partir del primer día hábil posterior al vencimiento del período de feria judicial.
Revocación de sentencia, procedencia del recurso, protección de consumidores y usuarios, ley de defensa del consumidor, prenda, certificado de prenda, bancos, relación de consumo, leasing, favor debitoris
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL-BANCARIO
Carátula: BBVA Banco Francés S.A. c/ Albornoz Pablo Sebastián  s/ Secuestro Prendario Expte. N° 8383/1
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-05-18

Cabe hacer lugar a la apelación deducida por el demandado, contra la sentencia que consideró a la acción por secuestro prendario iniciada por el banco actor, compatible con el régimen protectorio de la Ley N° 24.240 de defensa de los consumidores y usuarios, debiendo revocarse dicho pronunciamiento, pues se trata de un contrato de leasing cuyas cláusulas expresamente evidencian que el destino del bien tomado lo fue para uso privado, lo que lo ubica en una relación de consumo, imponiéndose así la aplicación de la normativa tuitiva de consumidores y usuarios.
Cuestiones de competencia, medios de prueba, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos Navarro, Jonathan Matías Y Rubén Darío (Hermanos) sobre 52 - hostigar, intimidar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-08

Toda vez que los hechos investigados en el presente caso forman parte del mismo conflicto que subyace al proceso que se encuentra en trámite ante la justicia nacional, y se habrían desarrollado en un mismo tiempo y lugar, corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional que previno y tomó conocimiento en primer término con relación al conflicto que subyace a ambos casos. Dada la conexión entre los episodios, la existencia de medios de prueba comunes y el riesgo de adoptar decisiones contradictorias, razones orientadas a una mejor administración de justicia aconsejan que ambas investigaciones tramiten conjuntamente. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Luis Francisco Lozano e Inés M. Weinberg).
Plazos procesales, suspensión del plazo, petición unilateral, ejecución de sentencia, suspensión de la ejecución
Materia: PROCESAL
Carátula: E.F.A. c/ FERNANDEZ BEATRIZ ANA MARIA s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-14

Dejando de lado los casos específicos previstos por la ley procesal (arts. 43; 53, Inc. 6; 176, etc.) y el supuesto de acuerdo de partes (art. 157, primer párrafo, del C.P.C.C.), ninguno de los cuales interesa en esta oportunidad, la única hipótesis admitida por aquélla de suspensión de los plazos procesales en mérito a un requerimiento unilateral (tal el efecto querido por la demandada, en definitiva, al pretender la suspensión de la iniciación de la ejecución de sentencia, es la regulada por el art. 157, tercer párrafo, del Código Procesal, es decir, cuando hubiese mediado fuerza mayor o causas graves que imposibiliten la realización de un acto procesal singular pendiente, alternativa esta última que, obviamente, no se configura en la especie, siendo claro, por otra parte, que la suspensión unilateral del procedimiento peticionada equivaldría, tal como ella es requerida, a paralizar indiscriminadamente todos los plazos procesales, confiriendo al citado art. 157 un alcance que no tiene (cfr. Peyrano, J. W. "La Detención del Procedimiento Civil", núm. 41, págs. 74/75, Rosario, 1979). A mayor abundamiento, tal suspensión tampoco tendría cabida sobre la base de lo dispuesto por el art. 511 del Código Procesal, ya que dicha norma legal no alude a la posibilidad de suspender la ejecución de la sentencia, sino solamente a la de ampliarla o adecuarla, pero siempre -sin solución de continuidad-cumpliéndola y no al revés.
Excusación, amistad o vecindad
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Peña, Reinaldo Y Mariana Cecilia Peña (Dres.) s/ queja en autos Cabrera, Raul Ricardo c/Balzarini, Julia s/incumplimiento de contrato y escrituracion
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-09-19

Corresponde hacer lugar a la excusación formulada, si el magistrado indicó que mantiene amistad y gran familiaridad o frecuencia de trato con el accionante, pues tales motivos resultan atendibles para apartarlo de la causa, máxime cuando este Superior Tribunal tiene dicho que nadie mejor que el magistrado afectado por la situación, para comprender hasta qué grado su intervención puede aparecer comprometida.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, ley procesal, deberes del juez, igualdad ante la ley, Ministerio Público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvear Palace Hotel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Impugnación de Actos Administrativos Aires s/ Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-25

En tanto sea posible dentro de las necesidades técnicas del debate, la ley procesal primero, y el juez luego, deben propender a que actor y demandado actúen en el proceso en plano de igualdad.

El Ministerio Público no actúa en calidad de parte ni a favor de los intereses de alguna de ellas, por lo que mal podría su intervención afectar el equilibrio procesal. En tal sentido debe destacarse que los artículos 124 y 125 de la Constitución local son claros al dotar al órgano referido de autonomía y autarquía, confiriéndole la atribución de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de sociedad, debiendo velar por la normal prestación del servicio de justicia.
Concursos, declaración de quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Virzi, Salvador c/ Ferrante, Francisco y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-12-10

La integridad patrimonial -a los fines concursales- queda fijada por el estado en que se encontraba la universalidad de bienes del deudor a la fecha de desapoderamiento sin perjuicio de las reglas pertinentes que permiten todavía retrotraer la situación a la fecha de la cesación de pagos en determinados supuestos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transporte de carga por agua, responsabilidad del transportador, descarga, monto de la indemnización, depreciación monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rithner Portebus & Cía. S.A.C. e I. c/ Cap. y/o Prop. y/o Flet. Bq. "San Martín I" s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-20

El daño resarcible debe tasarse en el valor en plaza de los efectos averiados o perdidos al tiempo de la descarga; valor éste que se mide en la unidad monetaria nacional, salvo que las partes hubieran pactado un sistema diferente de indemnización. Como la indemnización debe ser satisfecha en pesos y no en cosas, lo que se debe computar es el alcance de la depreciación de la moneda y no la variación del precio de la mercadería o su equivalencia en moneda extranjera.
Depósito bancario, crédito fiscal, derechos adquiridos, retroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Ledesma S.A.A.I. c/ Estado Nacional -Dirección General Impositiva- s/ Dirección General Impositiva. Impositiva- s/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-20

Corresponde confirmar la resolución que resolvió hacer lugar a la demanda declarando que el crédito fiscal reconocido por la Res.

55/95, en la proporción correspondiente a la actora, está regido por la ley 24.073 y no le son aplicables las modificaciones introducidas a dicho régimen por la ley 24.463. La retroactividad de la mentada normativa no resulta jurídicamente posible porque el derecho de la actora al dictarse la ley 24.463 ya estaba incorporado a su patrimonio. Las consecuencias de su situación jurídica frente al Estado, reguladas por el régimen establecido por la ley 24.073 estaban concluidas con el Estado y en consecuencia el reconocimiento del crédito fiscal no pudo estar alcanzado por la ley 24.463 dictada después (de confor. con lo resuelto por Sala II in re: "Bco. de Mendoza c/ DGI" del 29/5/97).
Asociaciones civiles, personería jurídica, denegatoria de la solicitud, revisión judicial de actos administrativos, control de razonabilidad
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

Si la decisión denegatoria de la personalidad jurídica cuenta con fundamentos razonables que la justifiquen, no es posible acudir a su revisión en sede judicial, aún cuando la cuestión fuese opinable, porque esto sólo no basta para habilitarla.
Representación procesal, gestor judicial, defensa en juicio, beneficios previsionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vázquez Recaredo, Ernesto c/ Instituto  Nacional de Prev. Soc. Caja. Nac. de Prev. Soc. de la Ind. Com. y Act. Civ. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Aun cuando se interpretara - como lo hace el a quo - que el art 14 de la ley 23.473 establece un orden de prelación en favor de las disposiciones de la ley 18.345 sobre las del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dicha prelación no incide cuando la representación ha sido admitida conforme una resolución que si bien no respetó tal orden, (art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, su aplicabilidad no fué cuestionada oportunamente y, al consagrar una mayor plenitud en el ejercicio del derecho de defensa, resulta justificado decidir la cuestión - en tales condiciones - por el régimen que tutela de una manera mas eficaz el reconocimiento del derecho previsional.
Prueba pericial, dictámenes, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ REMITE    INFORME   PRODUCIDO  EN  AUTOS:  JUICIO  ADMINISTRATIVO  DE  RESPONSABILIDAD 009/89  PRESUNTO  PERJUICIO A LA HACIENDA PUBLICA POR  COBRO DE HABERES DEL PERSONAL DADO DE BAJA EN EL  M.A.S.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-09-18

Es sabido que el perito es un técnico que auxilia al Juez en la constatación de los hechos y en la determinación de sus causas y efectos.

Su dictamen debe ser fundado, ya que tiene por objeto ilustrar al Juez, debiendo ser apreciado libremente según las reglas de la sana crítica. Empero cuando el dictamen carece de fundamentos suficientes, el Tribunal tiene motivois para considerar que los aspectos a que se refiere la pericia no han sido demostrados.
Sentencia arbitraria, reorganización de la empresa, transferencia de fondo de comercio, impuesto a las ganancias, defectos en la fundamentación normativa
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: Turismo Doss S.A. c/ EN - AFIP - DGI - resol. 1/11 (NGDE) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

Es arbitraria la decisión del a quo que rechazó la solicitud de encuadrar el proceso de reorganización empresaria por medio del cual se había transferido el fondo de comercio de una empresa a otra como libre de impuestos, en los términos del art. 77 de la ley 20.628, con sustento en que dicha reorganización societaria no se había llevado a cabo con el propósito exclusivo de promover la eficiencia en la organización empresarial, pues de la citada norma surge con nitidez que el recaudo exigido por la cámara no se encuentra establecido en ninguno de los párrafos del texto legal, careciendo en consecuencia del necesario respaldo normativo.
Homicidio calificado, lesiones graves
Materia: PENAL
Carátula: FARIAS JUAN JOSE, ZERDA OMAR ORLANDO, DIAZ MANUEL ALEJANDRO, VILLARREAL JUAN MANUEL, ACUÑA FRANCO ESTEBAN, VILLARREAL JORGE OSCAR, VILLARREAL JULIA ISABEL, LIZARDO MARTIN, FARIAS ALFREDO ANDRES, S.D LESIONES GRAVES Y LEVES E.P DIAZ ALFREDO GUSTAVO Y OTROS s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-16

La premeditación requerida por la figura del art. 80 inc. 6 del Código Penal, como también por la correlacionada del art. 92 del mismo texto legal, supone un previo acuerdo para que el ilícito sea cometido de manera coligada por los sujetos confabulados, debiendo versar tal consenso sobre el accionar conjunto de los complotados: o sea que no alcanza que entre los mismos exista sólo un acuerdo previo para cometer el ilícito sino que es necesario que sea también confabulada la realización del hecho a través del concurso de los intervinientes, aún cuando no es preciso que entre la determinación y la acción medie un lapso significativo, pues el acuerdo puede ser efectuado inmediatamente antes de la comisión del ilícito.