Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-14


Paraná, abril 14 de 2004.

1º ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del procesado Gómez a fs. 141/148 vlto., contra la sentencia de fs. 131/139? 2º ¿Cómo deben imponerse las costas causídicas? 1º cuestión.- El doctor Chiara Díaz dijo:

I. Contra la sentencia de fecha 20 de octubre de 2003, dictada por la sala primera en lo Penal de la Cámara de Concordia (fs. 131/139), que condenó a Jorge Jesús Martín Gómez a la pena de seis años de prisión y accesorias legales, como autor del delito de Robo agravado por el empleo de armas -arts. 164 y 166, inc. 2º), Cód. Penal- dedujo el defensor del imputado, doctor A. F. P., recurso de casación.

En dicha pieza recursiva -fs. 141/148 vlto. el referido funcionario enmarcó su impugnación en las disposiciones del inc. 2º del art. 477, Cód. Procesal Penal, denunciando la existencia de un resolutorio viciado de nulidad, al cual se arribó -dijo- luego de violar el principio de razón suficiente.

En tal sentido denunció que la sentencia impugnada arribaba a la conclusión que lo agravia a través de un examen erróneo e ilógico de la prueba, inobservando el principio de la sana crítica racional, especialmente el de razón suficiente, fundándola en pruebas de escaso valor convictivo, dejando de lado -afirmó- las declaraciones prestadas en el debate y otorgando preponderancia a las brindadas en otras etapas del procedimiento, todo ello en detrimento de Gómez.

Específicamente refirió que el tribunal de grado, mediante el ejercicio de un absurdo voluntarismo, había basado la condena a su asistido en la prueba testimonial (que califica como subjetiva) de las supuestas víctimas del hecho, ambas -remarcó- introducidas por lectura en el debate: una por no haber comparecido la testigo al plenario y la otra por ser diferente a la brindada en la instrucción, desechando en este último caso (en base a meras conjeturas y suposiciones -afirmó-) el testimonio rendido en el debate.

Agregó que el testigo Benítez había afirmado en dos ocasiones anteriores que fue inducido por la policía para vincular a Gómez en el hecho investigado, pese a lo cual el tribunal no sólo le otorgó valor convictivo a esas declaraciones, sino que para desechar la brindada en el debate (donde no relacionó al imputado con el hecho) consideró autocráticamente que ello ocurrió frente a la presión y al temor que la presencia de Gómez y su familia infundían en el ánimo del testigo. Esta última circunstancia -concluye- no fue debidamente acreditada, ni le consta -dice- que los parientes del imputado se encontraran en el recinto del debate. Así -concluyó- una prueba meramente preliminar y preparatoria del debate devino en definitoria para la sentencia.

Sostuvo que Gómez se encuentra estigmatizado por la agencia policial y no sería extraño que fuera señalado o sugerido como autor del hecho por la propia policía. De tal suerte, el fallo recurrido se acerca a un derecho penal de autor.

Destaca que la afirmación del tribunal en tanto endilga el hecho a su asistido, aparece como un acto producto de sus meras impresiones, alejado del recto entendimiento humano, al punto que aquélla no se sostiene con las demás pruebas colectadas en autos, vulnerándose así el principio de razón suficiente -subrayó-.

Admite que su parte no opuso reparos a la incorporación por lectura del testimonio de Benítez, ello por una cuestión de fuerza mayor -dijo- pero con más razón entonces -concluyó- debió extremarse la valoración de aquél.

Señaló que el principio favor rei es constitucional y que los tribunales de casación deben anular las sentencias inferiores en donde aquél hubiera sido violentado, tal el caso de autos -dice-, por lo que, justamente, es que solicita se case el resolutorio impugnado.

II. A la audiencia de los arts. 485 y 486, Cód. Procesal Penal comparecieron el doctor A. F. M., titular del Ministerio Público Pupilar, y el doctor J. E. B., Fiscal Adjunto del Tribunal.

II.1. Con la palabra el doctor M., recordó que el recurso de casación había sido interpuesto por el Defensor de Pobres y Menores de Concordia en representación del condenado Gómez, sustentando dicha impugnación en las disposiciones contenidas en el art. 477, inc. 2º, del CPP, agregando que en virtud de que en el mismo habían sido expuestos pormenorizadamente los agravios del caso, obviaría su reiteración, aunque manteniendo en un todo lo allí señalado.

Remarcó, no obstante, que la sentencia impugnada carece de fundamentación lógica a los fines de arribar a una solución condenatoria, toda vez que la misma se sustenta en la versión brindada por los denunciantes y la narración que de los hechos hacen los mismos, a pesar de las contradicciones en las que incurre en sus declaraciones el testigo Benítez.

En ese sentido -afirmó- la amenaza o temor referido por el tribunal de grado no fue comprobado ni emerge de las constancias de la causa, llamándole poderosamente la atención que pese a las consideraciones referidas a la mendacidad, no se remitieran los respectivos testimonios al Ministerio Público Fiscal.

La sentencia -reiteró- en la medida que carece de una fundamentación lógica, deviene nula y, aunque esta solución, en principio, perjudicaría la situación de Gómez, toda vez que éste se encuentra privado de su libertad, cree necesaria la realización de un nuevo plenario a los efectos de que se complete con la declaración de la testigo Lucrecia Benítez, quien no compareciera al juicio oral.

Por lo expuesto y lo referido por el recurrente, interesó se hiciera lugar a esta impugnación casatoria, declarándose la nulidad de la sentencia y el reenvío de las actuaciones para la celebración de un nuevo debate.

II.2. A su vez, el doctor B. manifestó su disenso con la postura argüida por el Defensor, toda vez que la carencia de fundamentación de la sentencia invocada no es tal, entendiendo que la misma es inobjetable porque para arribar a la conclusión condenatoria se han tomado elementos positivos o de cargo que autorizan a tener por acreditada la materialidad del hecho y la autoría responsable del encartado.

Si bien es cierto -reconoció- que hubo versiones distintas y contradictorias del testigo Benítez, el sentenciante fundamentó su decisión no sólo en los dichos de aquél, sino también en la versión brindada por Lucrecia Benítez debidamente introducida en el debate frente a su ausencia en dicho acto, sin oposición de ninguna de las partes, por lo que la misma tiene plena validez.

Agregó que existieron otros elementos valorados en la sentencia que la defensa omitió referir, tales como el reconocimiento en rueda de personas, en el cual las víctimas señalaron al imputado como autor del delito, siendo este el núcleo central que da sustento y conclusión lógica al acto sentencial -afirmó-.

Finalmente, señaló como ejemplo de la sinrazón de los agravios casacionistas, el hecho indicado por la defensa de Gómez, referido a la ausencia de rastros de pólvora en las manos del imputado, desde que tal prueba resultaba de cumplimiento imposible, en razón de haber acaecido el hecho en agosto de 2002 y resultar Gómez detenido en enero de 2003.

Solicitó, en definitiva, el rechazo del recurso de casación deducido en autos.

IV. Sintetizados en los parágrafos anteriores las posturas de las partes y del resolutivo de la sentencia atacada, creo pertinente comenzar el análisis de los cuestionamientos formulados a partir de la previa reseña de ciertos aspectos principales de la misma, constitutivos de la plataforma reconstruida, porque es desde allí que deberemos verificar su procedencia, a saber:

"El imputado Jorge Jesús Martín Gómez al prestar declaración en la audiencia de debate, negó ser el autor del hecho, expresó en síntesis que ese día se encontraba en su domicilio junto a su familia. Sostuvo que la víctima lo señaló porque se lo indicaron los policías ya que hizo una denuncia posterior rectificándose, que no le encuentra explicación a su obrar ya que no tuvo problemas con él ni con su prima.

Frente a este relato en el que el imputado intenta dar una versión diferente de la forma en que sucedieron los hechos se alza la prueba testimonial vertida en la instrucción y en la audiencia plenaria, prueba que, en general, resulta totalmente opuesta a esta versión vertida por Gómez en su indagatoria y, por el contrario, corrobora la hipótesis sostenida por la acusación.

Así, al declarar ante el Tribunal el testigo Jorge Mario Benítez inició su exposición brindando una versión deferente de los sucesos, insistiendo en la variante efectuada al denunciar el hecho ante el doctor C.. Mencionó al hacérsele conocer su anterior declaración testimonial en la que sostiene su interpretación de los hechos dada en policía ante el oficial preventor, que ello había ocurrido al encontrarse con una vecina que le dijo que había sido Martín Pelayo (Gómez) y por eso cuando lo citaron lo acusó al imputado nuevamente.

Sobre este testimonio, quiero expresar que la flagrante contradicción del testigo entre sus dichos instructorios y plenarios, en manera alguna puede ser justificada por las explicaciones que el mismo diera al ser interrogado ante tamañas diferencias. Sobre el particular, el mismo sólo atinó a decir que al deponer en la instrucción lo hizo de esa manera porque una vecina así se lo indicó, sin aclarar quién y en qué circunstancias. Además, lo que llama poderosamente la atención es que la versión original, recogida por el oficial preventor que consta en el parte comunicativo relata precisamente lo contrario. Evidentemente el cambio operado en su denuncia como en su testimonio plenario obedece a otras circunstancias que no son difíciles de determinar, lo que sucederá al analizar el restante testimonio producido durante la Instrucción. En mi opinión, la mendacidad del testigo se produjo en la denuncia y en el plenario, pues a la par de no haber podido dar una razón coherente que justificara ese cambio -máxime cuando se le explicó su responsabilidad al deponer con falsedad-, esta versión de Benítez no se concilia, en manera alguna, con el resto de la prueba producida y resulta acorde por otra parte con el gran temor que le infunde el imputado y su familia que se encontraban presentes en la audiencia plenaria, con los que tiene que convivir en el barrio que en común los aloja, debiendo tenerse presente, por otra parte, que el testigo mencionó que en otra ocasión Gómez y un grupo de amigos lo corrieron a tiros, situación que con seguridad se repetirá si, al menos, no intenta desincriminarlo.

En su deposición instructoria de fs. 64, Benítez había sostenido, ratificando su declaración policial de fs. 9, que el día del hecho, cuando caminaba junto a su prima Lucrecia Benítez por la intersección de las Calles Pirovano y Nieves fue interceptado por un masculino que circulaba en una motocicleta marca Honda, al que conoce de vista e identificó como Martín Pelayo, el que previo apuntarles con un arma de fuego, les sustrajo las zapatillas y las ropas, que tomó posesión de los efectos y les dijo "corre, corre" al mismo tiempo que le efectuó disparos impactando uno en su cuerpo. Que, aparte de su prima Lucrecia Benítez, que en esos momentos se encontraba con él, y que actualmente se encuentra viviendo en Buenos Aires, no vio a nadie más en el lugar. Que podría reconocer a "Martin Pelayo", pero no el arma. Que al hospital fue llevado en ambulancia, la que llamó desde la casa de su prima. Preguntado cómo explica lo denunciado a fs. 28 con referencia a lo declarado a fs. 9, respondió que es mentira lo denunciado ante este Juzgado a fs. 28, que denunció eso porque quería retirar la denuncia. Que, además, tenía miedo por represalias en contra suyo y de su familia. No fue amenazado por "Martín Pelayo", pero igual tenía miedo. Que, una vez, la madre de "los Pelayo" lo paró y le dijo que no tenga miedo, que ande tranquilo, que ellos no le iban a hacer nada.

Pienso, por estas razones, que no existe obstáculo para valorar el testimonio instructorio de Gómez a los fines de la determinación de la dinámica del suceso que nos ocupa, pues a la par de haber sido el mismo incorporado por lectura en la audiencia plenaria, tal testimonio es el que se conjuga con la deposición de la testigo Lucrecia Benítez y con la versión entregada desde los primeros instantes de la investigación -ver parte de fs. 1-. La denuncia de fs. 9 y el cambio infundado de dicho plenario del testigo, para nada perjudica, como medio de prueba, su declaración instructoria.

Contribuyendo a la configuración de la prueba testimonial, depuso en sede policial e instructoria la Testigo Lucrecia Benítez, quien refirió que el día del hecho siendo aproximadamente las 22,30 hs. en circunstancias que caminaba junto a su primo, apareció por atrás una persona a la que conoce del barrio e identifica como Martín Pelayo, quien circulaba en una moto y mediante la utilización de un arma de fuego les exigió la entrega de las ropas para luego decirles "corran, corran" al mismo tiempo que comenzó a efectuar disparos uno de los cuales impactó en su primo, huyendo éste del lugar. Interrogado para que diga si puede aportar sobre testigos que hayan visto lo sucedido, respondió que no, ya que es una cuadra oscura, y además no andaba nadie en la calle a esa hora. Si podría volver a reconocer al sujeto que los asaltó y el arma con que los asaltó, señaló que podría reconocer al imputado, ya que es del barrio en donde vive, pero no podría hacerlo con el arma, porque estaba oscuro y porque desconoce de armas. Que no recibió ningún impacto de bala porque salió corriendo delante de su primo, ni tampoco le pegó; sólo le pidió la campera. Agregó que no volvió a ver más al imputado. Luego se enteró, por comentarios de su primo Jorge, que "Martín Pelayo" lo andaba buscando para que se retire la denuncia, razón por la cual andaba asustado y temía por la seguridad de su familia.

Cabe tener presente a fin de valorar la convicción que despierta la declaración de esta testigo, que la misma debió superar el temor y el miedo que le produjo declarar contra una persona que goza de mala fama en el barrio y que pese a no tener antecedentes condenatorios, dicha mala fama, se refleja en su foja prontuarial. Ese miedo y temor lógico en una persona joven, fue superado debido a que se encontraba y se encuentra viviendo en Buenos Aires tanto al momento de prestar su declaración instructoria como en la actualidad, situación esta, totalmente distinta a la de la restante víctima que aún vive en el mismo barrio, y que, conforme a los dichos de aquélla, fue amenazada para que cambie su anterior deposición.

De esta forma, todas las circunstancias que rodearon a la intervención de este testigo, las que he tratado de resumir en los párrafos anteriores, me convencen de la veracidad de lo que ellos han declarado en sede instructoria, debiéndosele reconocer el mérito de su actitud en esa ocasión, en el sentido de no haber cedido al miedo, no obstante, no haber podido superar la presencia del imputado y su familia en la audiencia plenaria y el inocultable miedo y, diría, casi terror que ella le debió producir. Además, dentro de este análisis no debe dejar de tenerse presente la postura asumida por la testigo Lucrecia Benítez cuya declaración fuera analizada más arriba.

Se podrá apreciar del análisis de la prueba testimonial efectuado, que la versión exculpatoria dada por el procesado en la audiencia plenaria, en la cual sostiene que no fue el autor del hecho, se encuentra, totalmente contradicha por la indicada prueba.Con respecto a la conclusión precisada precedentemente, se debe tener, además, en cuenta que tampoco resulta evidenciable algún tipo de relación de los testigos con el imputado que los llevaran a declarar en la forma en que lo hicieron en la instrucción, máxime cuando el propio imputado reconoció no tener problemas anteriores con los testigos, que pudieran hacer presuponer algún tipo de resentimiento.

Si a lo dicho en relación a la prueba testimonial agregamos que en autos se determinó que la víctima fue herida mediante un disparo de arma de fuego y a ello sumamos que Jorge Mario Benítez y Lucrecia Benítez reconocieron en rueda de personas al encartado como quien los robara y efectuara el disparo -reconocimiento de importancia, toda vez que Gómez negó haber estado en el lugar de los hechos mientras éstos acontecían-, deberemos llegar a la certera conclusión que fue el imputado el autor del hecho -conf. pericia balística de fs. 86/88, reconocimientos de persona de fs. 68/69 y 81/82-.

Respecto a las heridas de bala sufridas por la víctima con orificio de entrada y salida en brazo derecho y herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida en cara anterior de hemitórax derecho, entiendo que se trata de un solo disparo, que impactó primero en el brazo derecho, atravesándolo, para luego desviar e ingresar por el hemitórax derecho, aclaro esto, contestando los argumentos de la defensa, que sostuvo que la herida padecida en hemitórax derecho no se compadece con lo manifestado por el testigo que adujo recibir el impacto cuando huía del lugar.

Considero que el cuestionamiento de la defensa respecto de la falta de secuestros que corroboren los dichos de las víctimas y que, éstos, por sí solos, son insuficientes para probar el desapoderamiento, no puede tener acogida.

Seguir a ultranza la línea de pensamiento de la defensa nos puede llevar a colapsar el sistema probatorio, pues implicaría que cada vez que un ladrón huye con los elementos robados, sin lograrse su posterior secuestro, el Tribunal deba sostener que no hubo desapoderamiento, entender que tal exigencia debe alcanzar semejante dimensión llevaría a que, en la mayoría de los casos, en que no se produce el recupero de los efectos, los hechos ilícitos quedaran impune al no poder el tribunal reconstruir la totalidad de las circunstancias que rodean a los mismos.

Se advierte pues, que aquella prueba testimonial de cargo, que tiene el valor inobjetable de tratarse de testigos que efectivamente estuvieron en contacto con el procesado y se encuentran avalados por la prueba pericial y médica que anteriormente hiciera referencia, resulta idóneos para acreditar el cuestionado desapoderamiento.

Debe tenerse presente respecto de este último supuesto, que la libertad de la prueba y su valoración, ordinariamente, no contiene reglas que indiquen cuándo un elemento debe ser tenido como cierto o incierto, bastando la íntima y sincera convicción fundada o motivada del juzgador. Libre convicción significa ausencia de reglas abstractas y generales de valoración probatoria, que transformen a la decisión en una operación jurídica. (conf. Julio Maier, "Derecho Pr. Penal", p. 585 y sigtes.).

De esta forma, considero que las excusas brindadas por el procesado en la audiencia plenaria han sido totalmente desacreditadas por la prueba evaluada, estimando, como consecuencia de ello que en las circunstancias de tiempo, persona y lugar referidas al glosar el requerimiento fiscal de elevación a juicio, el procesado desapoderó a las víctimas de sus ropas mediante la utilización de un arma de fuego.

Concluyo, pues, el tratamiento de esta primera cuestión, emitiendo mi voto por la afirmativa, al entender que en autos se han demostrado la materialidad ilícita y autoría imputada" (conf. fs. 134 vto./138).

Es notorio que en los párrafos transcriptos quien comandó el Acuerdo efectuó un análisis pormenorizado y crítico de las probanzas y les asignó el valor convictivo que a su juicio merecían, ajustándose a las reglas de la sana crítica racional, que no son otras- como afirmaba el recordado maestro Couture- que las del correcto entendimiento humano, guiado por las reglas de la experiencia, el sentido común y las ciencias.

No empece a lo manifestado que frente a la negativa del acusado Jorge Jesús Martín Gómez se haya otorgado valor dirimente a los dichos afirmativos de los testigos que depusieron en sede policial e instructoria sobre los hechos acaecidos, Jorge Mario Benítez y Lucrecia Benítez, porque hubo una oralización reconocida como legítima de sus testimonios, encontrándole apoyo suficiente ya que quedó también acreditado que la víctima fue herida mediante disparo de arma de fuego- fs. 86/8-, reconociéndolo ambos al instituido en rueda de personas conformada de acuerdo a los preceptos rituales en vigencia como quien los robara y efectuara el disparo (ver fs. 68/9 y 81/2), sin que la falta de secuestros de elementos vinculados al caso y a lo versionado en las testificales sea en sí mismo decisivo para descalificarlos, ya que no estamos en presencia de un régimen de prueba " tasada", donde sea inexcusable contar con el "cuerpo del delito", sino que está reconocida la posibilidad para el juzgador de forjar sus convicciones en las pruebas libremente seleccionadas y legítimamente introducidas al contradictorio oral, lo cual ha sucedido en el sub examine.

Tampoco es imprescindible que quien depuso ante la policía y el juzgado instructor deba comparecer y declarar en el debate para ser tenido en cuenta en sus manifestaciones acerca del factum, pudiendo en los supuestos del art. 398 del CPP oralizarse lo testimoniado con ajuste a sus previsiones y ser luego éstas valoradas por el sentenciante, conforme se hizo en autos.

Igualmente es factible que ante la modificación en el debate oral de lo narrado por Jorge Mario Benítez en sede instructoria, para coincidir con la variante ensayada en la denuncia, el tribunal de grado las incorpore a las actas respectivas por lectura, le haga notar las diferencias al testigo, le reclame explicaciones y luego las pondere comparativamente, asignándole en definitiva mayor credibilidad a la instruccional, por encima de lo dicho oralmente en el juicio oral, basado en las razones que con amplitud y suficiencia se expresan a fs. 135/136, en especial por concordar con el resto de la prueba producida y estar en cambio las otras en contradicción esencial con la misma, adjudicándose motivaciones de gran temor infundido por el imputado y su familia, que como es obvio, son circunstancias de hecho relevadas y apreciadas en el momento del debate por los jueces y que en esta instancia no podemos desconocer en su existencia y dimensión simplemente porque no hemos estado en el lugar de los sucesos y no hemos podido tomar contacto oportuno con los protagonistas invocados.

Es decir, la existencia material del hecho endilgado de apoderarse el inculpado de las ropas de sus víctimas con empleo de un arma de fuego se sustentan en la inobjetable y suficiente prueba testimonial de cargo, en el reconocimiento en rueda de personas del encartado y en los aportes coincidentes de igual índole brindados por la prueba pericial y médica, sin que las críticas realizadas con loable empeño por el casacionista puedan revertir esa plataforma fáctica, construida de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional y sin evidencias de absurdo o arbitrariedad.

Por ello, lo argüido en punto a que Gómez está estigmatizado en los ámbitos policiales al extremo de poder ser señalado y/o sugerido a los testigos como responsable del atraco, no encuentra asidero en prueba alguna que así lo indique y permita aquí sostenerlo, siendo entonces erróneo lo expresado por la defensa de ser la sentencia producto de una concepción propia de un derecho penal de autor y emitida con vulneración del principio lógico de razón suficiente, no pudiéndose en tal contexto pretender que se aplique el in dubio pro reo.

Siendo así, en consonancia con lo argumentado y propuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, concluyo propiciando se rechace el recurso de casación interpuesto a fs. 141/8 vto. contra la sentencia de fs.131/139 vto.

Así voto.

El doctor Carlín adhiere al voto del doctor Chiara Díaz por análogas consideraciones.

El doctor Carubia dijo:

Que, existiendo coincidencia de los Vocales que me preceden en la votación, hago uso de la facultad de abstención que me otorga el art. 33, última parte, de la LOPJ, texto según ley 9234.

2º cuestión.- El doctor Chiara Díaz dijo:

Teniendo presente la forma en que han sido resueltas las impugnaciones motivantes y lo previsto en los arts. 547, 548 y concs. del CPP, cuadra establecer que las costas son de oficio.

La lectura de la sentencia, teniendo en cuenta el organigrama de tareas de la Sala, se realizará el próximo 4/5/2004 a las 12:30 hs. -arts.407 y 487 del CPP-.

Así voto.

El doctor Carlín adhiere al voto del doctor Chiara Díaz por análogas consideraciones.

El doctor Carubia dijo:

Que, existiendo coincidencia de los señores Vocales que me preceden en la votación, hago uso de la facultad de abstención que me otorga el art.33, última parte, de la LOPJ, texto según ley 9234.

No siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Paraná, abril 14 de 2004.

Y Vistos: Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve: 1) Rechazar el recurso de casación articulado a fs. 141/148 vto. contra la sentencia de fs. 131/139 vto. 2) Imponer las costas de oficio. 3) Fijar la audiencia del día 4 de mayo de 2004 a las 12.30 horas para dar lectura íntegra a los fundamentos de la presente sentencia. - Miguel A. Carlín. - Carlos A. Chiara Díaz. - Daniel O. Carubia.