Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-23


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 23 días del mes de abril del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "C. A. M. V. c/ A. J. C. e H.S.A. s/ DEMANDA LABORAL (indem. por despido)", expte. nro. 16.255/07, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (expte. nro. 1595/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 418), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dr. Julio Antonio Alexandre y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 396/406? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado y los agravios.

La sentencia de primera instancia obrante a fs. 396/406 hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la recurrente al pago de la suma de pesos veintidós mil ochenta con ochenta y seis centavos con más los intereses calculados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina sin capitalización y a la entrega del certificado de servicios y remuneraciones; impuso las costas al demandado y reguló los honorarios profesionales.

La parte demandada apeló la decisión a fs. 411, fundando el recurso a fs. 413. Los agravios versan sobre la procedencia de la indemnización del artículo 80 de la LCT y la imposición de costas. Respecto a esta última sostiene el recurrente que no se han valorado las especiales circunstancias de la causa que habilitan una solución distinta sobre dicho extremo. Concretamente, refiere que su parte ha reconocido la relación laboral y la falta de pago de los meses de octubre y noviembre de 2001 y la procedencia de la indemnización de despido, por ello no puede considerársela vencida. Agrega que los restantes rubros reclamados por la actora no prosperaron.

Respecto a la condena a entregar los certificados, no se ha valorado la documentación agregada por su parte a fs. 26/27.

Pide la revocación de la condena a entregar los certificados y la revisión de la imposición de costas afirmando que proceden estas en un 50% a cargo de cada parte. 2. Tratamiento de los agravios.

El primer agravio nos remite a la imposición de costas y adelanto que el mismo no prosperará. Es que el mero reconocimiento de los hechos carece de aptitud para eximir de costas al demandado desde que igualmente resultó necesaria la tramitación del juicio al no haber sido acompañado del depósito de las sumas que, en definitiva, reconoce adeudar.

Es criterio doctrinario y jurisprudencial que la noción de vencido ha de ser fijada con una visión sincrética del juicio y no por análisis aritméticos de las pretensiones y los resultados. Partiendo de tal premisa, las costas deben ser impuestas íntegramente a la parte que se opuso negando la procedencia de la pretensión, pues aunque el pedido fuera exagerado cuantitativamente, la litis resultó igualmente necesaria al no haber pagado aquello procedente. Por lo tanto el fundamento aludido del hecho objetivo de la derrota, no sufre desmedro por la sola circunstancia de que el reclamo inicial no prospere íntegramente y que se hayan reconocido parte de los rubros reclamados (conf. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.II-B, pág. 112/113, p.532).

Esta conclusión se refuerza por la naturaleza laboral del proceso. Es que en estos procesos las disposiciones procesales sobre la misma deben interpretarse conforme el principio protectorio (CNTrab, Sala III, 20/10/92, "C. A. M. c/ S. L. SRL", DT 1992-B-2295). El empleado necesitó accionar judicialmente para que se le reconocieran sus derechos, aunque no lo fueran en la extensión que peticionara en la demanda.

Las razones expuestas determinan la confirmación del fallo en orden a la cuestión central impugnada.

En cuanto al restante agravio sobre la procedencia de la indemnización del artículo 80 de la LCT, es manifiesta su falta de entidad para fundar una decisión distinta. La mera referencia a la documentación obrante a fs. 26/27 no alcanza en tal sentido desde que ni siquiera se ha sostenido cómo incide en las obligaciones contenida en la norma citada, menos aun se ha refutado críticamente la sólida argumentación de la juez de grado al respecto.

La solución que propongo en relación a este rubro torna de abstracto tratamiento el pedido de reducción de honorarios profesionales desde que estaba basado en la modificación en menos del monto de condena.

Por todo lo expuesto, corresponde el rechazo de los agravios.

3. Costas y honorarios.

Las costas de esta instancia se imponen al recurrente vencido. Los honorarios se regularán de conformidad con las pautas generales contenidas en el artículo 6 de la ley arancelaria -4335- y por aplicación de la escala contenida en el artículo 14 de la misma. En función de lo expuesto, propongo su cuantificación en la suma de pesos dos mil ($2000).

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, A. J. C. e hijos S.A., a fs. 411. 2º) Confirmar la sentencia de primera instancia de fs. 396/406, en lo que ha sido materia de agravio.

3º) Costas de la Alzada al recurrente vencido. Regular los honorarios del Dr. F. M. en la suma de pesos dos mil ($2.000).

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Se alza la demandada en contra del fallo de fs. 396/406, por haberle sido adverso y a tenor de los agravios vertidos a fs. 413/413 vta. limitados a la procedencia de la indemnización prevista en el art. 80 LCT y la condena en costas.

Quien me precede en el sorteo afronta la admisibilidad formal del recurso interpuesto y da cuenta del objeto el recurso por lo que evita su mera reiteración sin mengua de la manda constitucional y reglamentación que rigen esta etapa del proceso.

Que el sentenciante no se ha apartado, como lo entiende la recurrente, de las pautas básicas que rigen la materia en cuanto a la imposición de costas, así se lee v.gr. en "Una breve pero excelente resolución" por Kielmanovich, Jorge L., en JA 2006-II-267 - SJA 12/4/2006 que "Sabido es que quien promueve una demanda lo hace por su cuenta y riesgo y por la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho, razón por la cual se considera que las costas no constituyen un castigo para el perdedor, sino que importan el resarcimiento de los gastos que ha debido efectuar la parte para lograr su reconocimiento". El acogimiento parcial de la demanda se ajusta a esta primera afirmación. Que establece el art. 68 que la parte vencida deberá pagar todos los gastos de la contraria -aun cuando ésta no lo hubiese solicitado-, con lo que nuestro ordenamiento sigue el principio general de la derrota, con prescindencia de la buena o mala fe del vencido, si bien agrega el citado dispositivo el juez, de existir mérito para ello, podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido -exención que se refiere a los gastos en que incurrió la parte vencedora, por lo que aquél deberá, no obstante, hacerse cargo de las propias y de las comunes por mitades-, exención que usualmente se expresa bajo las expresiones de "costas por su orden", "costas en el orden causado", "sin costas", o ya la más imprecisa de costas "por mitades". En el caso, no se dan tales circunstancias eximentes.

Y es que en materia de costas, la noción de vencimiento debe ser dada con sujeción a una visión global de los sucedido en la litis, y no mediante la simple comparación aritmética de lo sucedido y lo admitido. El fundamento aludido del hecho objetivo de la derrota no sufre desmedro por la sola circunstancia de que el reclamo inicial no prospere en su totalidad; se sigue de ello que si el actor estuvo forzado a formular la demanda, un progreso parcial no implica restar relevancia a la necesidad de litigar, por lo que las costas deben imponerse a quien obligó a utilizar tal vía de solución (ver v. gr. CNCiv., sala D, noviembre 7-2000, ED 192-24, la misma sala en mayo 14-2001, ED 194-59 y CNCiv., sala M, marzo 26-2001, ED 194-402). Lo dicho resulta en mi consideración suficiente para concordar con el primer voto en cuanto a esta cuestión.

En cuanto a la queja que alcanza la indemnización prevista en el último párrafo del art. 80 de LCT, carece de agravios por insuficiencia crítica, tal como lo prevén los arts. 265 y 266 del CPr. de aplicación en el fuero por remisión expresa de la ley 69 en su art. 76. Y es que expresar agravios significa refutar y poner de manifiesto los errores de hecho y de derecho que contenga la sentencia, y la impugnación que se intente contra ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los fundamentos esenciales que le sirven de apoyo (ver v.gr. CNCom., sala A, 28/05/2001 - S. J. J. C. v. Cooperativa de Crédito Vivienda y Provisión de Servicios Sociales P. A. de L. A. L. y otra- JA 2002-III, síntesis). Así, también en este punto se ha logrado coincidencia.

Por todo lo expuesto, corresponde cargar en costas de la alzada a la vencida y diferir la regulación de honorarios al momento del acuerdo en el que se tendrán presente la pautas arancelarias de la ley 2200 y 4335.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo concordado con el voto de la Dra. Silva Alonso de Ariet, reitero su fórmula decisoria. En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Nahuelanca no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, A. J. C. e hijos S.A. a fs. 411. 2º) Confirmar la sentencia de primera instancia de fs. 396/406, en lo que ha sido materia de agravio.

3º) Costas de la Alzada al recurrente vencido. Regular los honorarios del Dr. F. M. en la suma de pesos dos mil ($2.000).

4º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara SILVIA N. ALONSO de ARIET - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 019 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS