marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Retiro policial, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gomez, Teresita María del Pilar c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

La pensión, que se configura como el derecho a una prestación periódica que corresponde a los causahabientes del afiliado o titular de un derecho a jubilación, a consecuencia del fallecimiento de éste, es un beneficio derivado y por cada afiliado sólo corresponde el otorgamiento de un sólo beneficio de pensión.
Juicio de alimentos, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Lavin, Angel Edgardo c/ González, Marta Mercedes s/ Reducción Cuota Alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-02

En los juicios de alimentos -y en este caso de reducción de la cuota alimentaria convenida- la condena en costas se impone por su índole especial, ya que admitir la tesis contraria significaría hacer recaer el importe de ellas sobre las cuotas fijadas, quedando así desvirtuada la finalidad de esta obligación, las costas deberán ser soportadas por el alimentante.
Presupuesto, aprobación del presupuesto, mora de la administración, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Díaz  Humberto  Primo c/ E.M.G.E. s/ Personal Mil. y Civil de lasFFAA. y de Seg.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-10

Las dilaciones ocasionadas por las deficiencias formales en que pudieran haber incurrido las dependencias del Estado -a fin de que se efectuara la previsión presupuestaria-, no pueden hacerse pesar sobre el acreedor que ha cumplido con todos los requisitos a él exigidos, toda vez que ellas no hacen más que reflejar la falta de la debida diligencia en una cuestión propia de la organización interna de la Administración (Sala IV del fuero, "Guillen Oscar V. c/Gob.Nac. (Est.May.Gral de la Armada) s/Ret.Mil. y Fuerzas de Seg.", del 4/12/01). (Del voto en disidencia de la Dra. Herrera, consid. 2°).
Juicio político, sentencia legislativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ATE SAN JUAN-SECRETARIO GENERAL HECTOR SANCHEZ s/ INCONSTITUCIONALIDAD-JUICIO POLITICO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-12-26

En el proceso de juicio político, la actividad de la legislatura o del congreso se "judicializa" o, al menos, se "juridiza" en el sentido de que, lejos de poder emitir un veredicto fundado exclusivamente en la voluntad política de sus miembros, debe atenderse a una actuación procesal que exige el respeto del derecho de ser oído, de ofrecer y producir pruebas,y de obtener una decisión fundada. Cuando en la práctica se vulnera cualquiera de los requisitos antes mencionados, por absoluta omisión o por sólo apariencia de cumplimiento, le corresponde al órgano judicial reparar el derecho subjetivo agraviado frente a tal conducta antijurídica.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Altube,Gustavo c/ Hileni, Alfredo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-17

La traducción numérica porcentual del grado de incapacidad de una persona establecida por el perito médico, tiene un valor relativo, indicatorio y meramente orientador, toda vez que la indemnización debe ser establecida con arreglo al perjuicio efectivamente sufrido por la víctima.
Instrumentos públicos, falsificación de instrumento público
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ, RAUL FERNANDO s/ FALSIFICACION - DOCUMENTO PUBLICO - HURTO AUTOMOTOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-03-30

El documento es expresión de voluntad por escrito emanado bajo forma pública o privada, de una persona física o jurídica, que puede producir efectos jurídicos.

El documento constituye un instrumento público cuando se halla certificado o autenticado por funcionario o escribano público, legalmente facultado, presentando signos de autenticidad.

Por regla general estos signos son las firmas requeridas y el sello.

Para que sea documento público, basta que traiga la firma y el sello del oficial público.
Tributos, competencia, acción de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: El Remolino S.A. c/ Municipalidad de Merlo s/ Acción de amparo -cuestión de comp. art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-01-08

Resulta de la competencia de esta Suprema Corte la pretensión de anulación del acto dictado por el Municipio que determina el alcance de la obligación tributaria de la actora en relación a la tasa por inspección de seguridad e higiene y, por otra parte, la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza que regla esa tasa en la comuna, pues sólo a ella le corresponde conocer y resolver en las demandas de inconstitucionalidad y los conflictos vinculados con la materia tributaria se hallan expresamente previstos como casos contencioso administrativos (arts. 1° y su nota, 4° -segundo párrafo- y su doctrina, 28 inc. 3, 30 y concs. del C.P.P. y C.; arts. 161 inc. 1° y 215 de la Const. Prov.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Imputado, garantías procesales, situación del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GUARDIA, Roberto A. s/ Defraudación GUARDIA, Roberto A. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13|1997-02-13

Resulta inconveniente admitir la compensación de un proceso, que fuera recibido de la misma manera, a fin de evitar el mayor desgaste jurisdiccional que implicaría y, fundamentalmente, teniendo en cuenta el principio de certidumbre jurídica para las partes que en todo caso debe prevalecer.
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Acosta, Abelardo Romelio c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 682-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-26

Más allá de la imposibilidad de marcar con precisión un hito temporal a partir del cual alguien está "en riesgo", no es irrazonable sostener que, conforme a la obstrucción coronaria que padecía el actor, el hecho -infarto agudo de miocardio- ocurrió dentro de una edad que era previsible que aconteciera -cincuenta años-.
Jueces, excusación, trámites judiciales
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: AHUMADA SALAS DE FALLETTI SYLVIA Y OTRA c/ BEATRIZ ELENA AHUMADA SALAS Y OTRO s/ RECUSACION - CAUSA - JUEZ - RECURSO DIRECTO - INHIBICION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-02

El decreto por el cual se llama a otro vocal para integrar el tribunal a los fines del juzgamiento de la excusación de uno de sus miembros, no necesariamente debe ser notificado a las partes, porque el derecho de estas de requerir la intervención del juez inhibido (CPC. Art. 1102), Puede ejercerse al tomar conocimiento del auto que admite la inhibición y dispone la nueva integración del tribunal
Empresas del Estado, Gas del Estado, convenios colectivos de trabajo, despido sin causa, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: SUTTON, HUGO ENRIQUE c/ GAS DEL ESTADO (SOCIEDAD DEL ESTADO) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-30

Si la empresa Gas del Estado pretende eximirse del pago de las indemnizaciones por despido, debe observar las formalidades dispuestas por el apartado I del Convenio Colectivo de Trabajo 26/75, no bastando el cumplimiento del artículo 243 Ley de Contrato de Trabajo; pero ello no la inhibe de despedir sin expresión de causa, ni sujeción a requisito formal alguno, asumiendo la consiguiente responsabilidad indemnizatoria.
Recomposición salarial, aumento salarial
Materia: LABORAL
Carátula: Camacho Albino Valentín y otros c/ Empresa  Construcciones  Civiles  S.A. y/o quien resulte responsable s/ Reclamo laboral Construcciones  Civiles  S.A. y/o quien resulte responsable s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-20

El Decreto Nro. 2175/86 determina que el incremento de las remuneraciones previsto por el art. 2 del Decreto 3455/84 solo debió aplicarse sobre lo efectivamente percibido el 30/09/84, no incluyendo el ajuste previsto por el art. 3 del mismo. Asimismo califica el ajuste del tercer trimestre de 1985, previsto por los arts. 3 y 4 del Decreto 3455/84 como importe único, pagadero en dos cuotas y determina que no pasó a integrar la remuneración nominal normal y habitual de los trabajadores. En consecuencia, siendo el objeto de la acción distintas diferencias salariales con incidencia en otros conceptos tales como sueldo anual complementario, vacaciones y fondo de desempleo emergentes de la interpretación contraria a la precitada se concluye en que corresponde rechazar la demanda promovida por los actores.
Queja por recurso denegado, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: PINTO VERA VICENTE c/ NAVARRETE JAIME ALEJANDRO Y OTROS s/ INCIDENTE DE ACUMULACION DE PROCESOS S/RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-08-16

Se advierte que el recurso de casación interpuesto ha sido erróneamente incoado en esta instancia pues no se configura el supuesto contemplado por la ley adjetiva en cuanto establece, como requisito primordial para la procedencia de la queja ante el Tribunal Superior de Justicia, que la Cámara de Apelaciones o Tribunal de último o única instancia denegare el recurso, o concedido, lo declare desierto. El instituto de la queja por denegación de recursos ante este Tribunal es una vía prevista en el ordenamiento legal provincial para obtener la concesión de los mismos cuando han sido desestimados por las Cámaras de Apelaciones o Tribunal de última o única instancia, requiriéndose -para su deducción válida que se haya interpuesto y denegado una apelación para ante este Alto Cuerpo.
Seguro por accidente de trabajo, seguro colectivo, póliza, denuncia del siniestro, obligaciones del asegurador, obligaciones del empleador
Materia: COMERCIAL
Carátula: VUOTO, LUIS c/ CAJA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-07

En un seguro de vida colectivo contratado con la demandada, no procede el agravio de la aseguradora en el sentido que la denuncia debía efectuarse, no ante la empleadora tomadora del seguro, sino ante ella. Es que la empleadora fue designada por la propia compañía aseguradora como intermediaria entre ella y el asegurado a los efectos del contrato; por lo tanto, si de los términos de la póliza caber inferir que los actores solo debían entregar la denuncia del siniestro al tomador, no es dable ahora que la demandada invoque defectos internos en la organización del sistema diseñado por ella misma, o falta de control sobre las actividades que realizaba el tomador. Como fuera, se trataría de hechos solo imputables a la propia accionada y que no pueden ser opuestos al beneficiario del seguro.
Querellante, legitimación procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Landau, Pablo Javier s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-04

El querellante se encuentra legitimado para impulsar el proceso en solitario desde el comienzo de la causa penal, o en la etapa de juicio, sin que sea necesario, a tal efecto, el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal.
Rechazo de la demanda, honorarios del abogado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cirlafín S.A. c/ E.N. (Mº de Economía y B.C.R.A.) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

En hipótesis de rechazo total de la demanda, si bien no existe previsión alguna en el régimen arancelario específico, se ha dicho que, como regla, la base regulatoria está conformada por la suma reclamada, prudentemente actualizada (confr. C.S.J.N. Fallo del 3/3/81, publicado en ED. 93-115, nº 249, entre otros precedentes).

Incluso, se ha llegado a expresar que en tales casos debe estarse al "valor íntegro" de la demanda como monto del juicio (C.S.J.N. in re "Acebo S.A.C.I.I.F. c/ Pcia. de Neuquén", del 25/11/86, y sus citas). Sin embargo, del mismo modo se ha puntualizado que en dichos supuestos también resulta adecuado regular los honorarios de los profesionales intervinientes, tomando en consideración el monto que probablemente se hubiera fijado en la condena de haberse, por el contrario, admitido la pretensión (confr. C.N.Com., Sala D, in re "Estab. Klocner c/ Metalúrgica Tomiga", del 3/10/86).
Recusación por prejuzgamiento, medidas cautelares, auto de prisión preventiva, revocación de la prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: LUCHINA, OSCAR s/ RECUSACION. PRISION PREVENTIVA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-08

El auto de prisión preventiva, por su naturaleza meramente cautelar, es susceptible de revocación por el mismo magistrado que lo dicta, sin que pueda hablarse de prejuzgamiento, al para que puede serlo también por la Alzada, sin que ello inhiba al Juez instructor de seguir entendiendo en la causa. En consecuencia debe rechazarse la recusación planteada.
Contrato de trabajo, fraude laboral, pasantías
Materia: LABORAL
Carátula: IRAMAZ, VIRGILIO EZEQUIEL c/ SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE REGISTRACIÓN S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-23

El período de prestación laboral calificado como de "pasantía" existente entre la demandada y el actor encubrió el inicio de un verdadero y genuino contrato de trabajo, y que el empleo de dicha modalidad en fraude a la ley laboral, impositiva y previsional; máxime cuando las constancias probatorias del caso indican que la accionada se beneficiaba con las labores realizadas por el actor.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, costas, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LERDA, FELIX B. c/ Sancor Coop. Seg. Ltda. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad (Expte.:   C.S.J. Nro. 443 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-24

No puede prosperar el agravio del actor -ahora recurrente- fincado en la arbitrariedad en que habría incurrido supuestamente el A quo al establecer los honorarios de Alzada en el cien por ciento de los que resultaran de lo principal en baja instancia y al imponer las costas en totalidad a su parte -siendo que, según dice, debió haber tenido en cuenta los vencimientos recíprocos-, por cuanto se debe considerar que los honorarios regulados en la Alzada eran el 100% de lo regulado en sede inferior (art. 19, ley 6767) puesto que se había abierto la causa a prueba en esa instancia; y, si bien se rechazó la nulidad y se hizo lugar a la apelación, la parte actora no sufrió reducción de sus pretensiones sino su rechazo total, no correspondiendo pues compensar o distribuir éxitos parciales; quedando, de tal suerte, reducido el reparo en cuestión a una mera expresión del desacuerdo del recurrente para con la imposición de los gastos causídicos y con los honorarios establecidos, cuestiones éstas que, en principio, no resultaban aprehendidas por vía del recurso extraordinario intentado, sin que tampoco se hubiese demostrado que con lo decidido, el A quo hubiese incurrido en algún supuesto de excepción.
Accidente de tránsito, valor vida
Materia: PENAL
Carátula: JUAREZ ESCOBARM, JULIO CESAR s/ QUEJA EN:"JUAREZ, DAMIAN H. S/ HOMICIDIO CULPOSO".
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-06-17

En caso de muerte de un hijo menor lo que debe resarcirse es el daño futuro cierto que corresponde a la esperanza, con contenido económico, que constituye para la familia modesta la vida de un hijo muerto a consecuencia de un hecho ilícito; ese resarcimiento cabe, si no a título de lucro cesante por lo menos como la pérdida de una chance u oportunidad de que en el futuro, de vivir el menor, se hubiera concretado la posibilidad de una ayuda o sostén económico para sus padres. Esa pérdida de chance o posibilidad es un daño futuro que bien puede calificarse de cierto y no eventual.
Ejecución de honorarios, prescripción, prescripción bienal, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: VARELA, Juan José s/ Regulación de honorarios Causa nro. 27.722
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

El plazo de dos años, previsto por el artículo 4032, inc. 1., del Código Civil, se refiere únicamente al término para efectuar el reclamo del pago de los honorarios, rigiendo, en cambio, para la ejecución -como es el caso que se discute- el plazo general de prescripción decenal (art. 4023, C. Civil). Sin embargo, éste artículo hace referencia a una deuda exigible, supuesto que no se encuentra reunido en autos, atento la ausencia de firmeza de la decisión regulatoria. Ello tornaría aplicable al caso la prescripción bienal del artículo 4032, del C. Civil. Pero desde el punto de vista de la procedencia formal de la defensa intentada, debe señalarse que la recurrente no ha satisfecho la exigencia del artículo 3962, del C. Civil, según el cual "la prescripción debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla. La ley exige que quien intenta beneficiarse de una prescripción ganada la oponga en su primera presentación en el juicio. En caso contrario, se presume que renuncia a prevalerse de ella.
Honorarios del perito, regulación de honorarios, ley procesal, aplicación temporal de la ley, proceso en trámite, derechos adquiridos, preclusión, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: LA NUEVA JULIA SRL c/ CIA. ARGENTINA DE SEGUROS MINERVA SA s/ SEGURO MARITIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-08

No existe en el caso aplicación retroactiva alguna de la ley 24.432 pues los autos regulatorios resuelven únicamente sobre el monto de las sumas con que la tarea profesional es remunerada, pero nada fijan sobre el derecho a percibirlas y forma de su cobro (cfr. Corte Suprema, in re "Unitan SA c/Pcia. de Formosa" del 15.4.93, LL, 1993-D, 550), de donde es claro que el ejercicio de ese derecho puede validamente ser modificado por las leyes, ya que nadie tiene un derecho adquirido a su mantenimiento y a la inalterabilidad de las soluciones que ellas establecen (cfr. Corte suprema, in re "imdo argentina srl" del 5.12.83, Ll 1985-c, 734), como que tampoco se lo tiene a ver definidos los derechos con arreglo a un determinado procedimiento (cfr. Corte Suprema, Fallos 181-288; 249-343; etc.), sin que exista óbice, en fin, para que una nueva Ley Procesal -como lo es la 24.432 en su art. 9.-sea de aplicación inmediata a los juicios pendientes, siempre que ello no importe, claro está, afectar la validez de los actos procesales ya cumplidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de la ley anterior, lo que tiene plena justificación en razón de que tales actos se encuentran cubiertos por la preclusión, principio que es de orden público (cfr. Palacio, L. E. "Derecho Procesal Civil", T. I, pág. 50).
Delitos contra el honor, daño resarcible
Materia: PENAL
Carátula: Gelblung, Samuel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-29

Si lo que pretende el art. 114 C.P. es la reparación del daño al honor efectivamente causado, el equilibrio se quebraría si la vuelta atrás en las palabras del ofensor no se efectuare en el mismo medio de difusión en el que la ofensa fue propalada o, en su defecto, en uno que guardare simetría con el primero si es que ya no subsistiese, desde que sólo esas alternativas permiten conjeturar que la retractación llegará a un número similar, parecido o proporcional de individuos, ni en más ni en menos, que los que receptaron la ofensa que la motivó. (Dres. González Palazzo, Diez Ojeda y Hornos).
Medidas cautelares, tratamiento médico
Materia: CIVIL
Carátula: Alves Da Cruz, Juan Pablo c/ Swiss Medical Medicina Privada			 s/ Incidente de Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

Consta en la causa que el señor Juan fue diagnosticado con infección crónica por virus B, cepa salvaje (HBeAg positiva). Del informe del médico que obra a fs. 40 surge que el actor presentó hipertransaminasemia dos veces el valor normal, HBV-DNA cuantitativo y en la biopsia hepática realizada (en agosto de 2012) se observó una hepatitis crónica con actividad inflamatoria moderada y fibrosis portal expansiva. Por lo expuesto el profesional indicó el tratamiento con TENOFOVIR (Viread) 300 mg. por día, vía oral; el que debería realizarse hasta un año después de la seroconversión de HBeAg a Anti-HBe. En tales condiciones, considerando los específicos términos de la prescripción del médico tratante y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que el mantenimiento de la medida precautoria decretada evita el agravamiento de las condiciones de vida del amparista -quien podría carecer de los correspondientes insumos para tratar su delicada enfermedad-.
Daños y perjuicios, legitimación activa, muerte de un menor, prueba, medidas para mejor proveer
Materia: CIVIL
Carátula: Talavera, Eduardo Quintín y otro c/ Ceniquel Javier E. y otros s/ Indemnización Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-03-13

La Sra. juez, haciendo uso de facultades que le otorga el Código de procedimientos, dispone como medida para mejor proveer, el libramiento de un oficio al Registro de las Personas para que remita el certificado de nacimiento de la menor occisa.

Si bien esta sala comparte los fundamentos dados en la resolución, en la que mantiene su facultad para disponer tal medida de prueba, cuando señala que es irrenunciable tal ejercicio para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, hacemos notar que la referencia que hace en el resolutorio en cuestión a un fallo que es comentado por Augusto Mario Morello y que fuera dictado por la Corte Suprema de Justicia, no se adecua al presente, por cuanto, la parte al contestar la expresión de agravios acompañó la documentación en cuestión, agregándose en autos, en cambio en el sub-exámen hubo un expreso desistimiento de la prueba, pretendiéndose incorporar la documentación a través de una medida para mejor proveer.

De allí es que entendemos que en el caso de autos, con el libramiento del oficio en cuestión, dispuesto como medida para mejor proveer, se está afectando el derecho de una de las partes -en el caso, el de los demandados- por cuanto en su oportunidad la actora desistió expresamente de tal prueba por lo que corresponde revocar el resolutorio en cuestión.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia penal, automotor secuestrado
Materia: PROCESAL
Carátula: Gavilán, Javier Enrique s/ encubrimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-24

En la causa instruida con motivo del secuestro en territorio provincial, de un automóvil cuyo equipo regulador de GNC pertenecía a otro rodado que había sido sustraído años antes en Capital Federal, corresponde que el juzgado nacional de instrucción que interviene en el robo de éste último profundice la investigación respecto de la sustracción del primero, a partir de los elementos recabados con motivo del secuestro del equipo, aunque no haya sido parte en la contienda y sin perjuicio de lo que ulteriormente resulte. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.