Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-02


SENT Nro. 512 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 02 DE JULIO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por la parte querellante, en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala IIIa. del 29/11/2002 (fs. 183/184 vta.); que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio de fecha 23/12/2002 (cfr. fs. 195 y vta.). En esta sede, la defensa técnica del imputado presentó memoria sobre el recurso casatorio (fs. 203/206), mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo del recurso intentado (cfr. fs. 208/209). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte querellante en autos, contra la sentencia de la Sala IIIa de la Excma. Cámara Penal, del 29 de noviembre de 2002, que no hace lugar al recurso de apelación interpuesto por su parte, y confirma la sentencia del Juez de Instrucción de la Va Nominación, que hace lugar a la requisitoria fiscal y sobresee la causa instruida en contra de Rafael Antonio Molina, por el delito de falsificación de instrumento privado en concurso ideal con el delito de estafa, en perjuicio de José Antonio Manzur (artículo 350 inciso 1° CPP).

2.- Invoca como motivo de casación la inobservancia y errónea aplicación del art. 296 CP, alegando que al promover la querella solicitó al Fiscal de Instrucción que se investiguen los delitos que se denuncian y los que pudieran resultar de la instrucción, y no solamente el delito de falsificación material. A continuación señala que las figuras de falsificación documental y la de uso de documento falso se excluyen entre sí cuando están constituidas por conductas del mismo sujeto, y que habiendo denunciado los hechos, correspondía al órgano judicial subsumirlos en la figura penal que corresponda, por aplicación del principio iura novit curia.

En esa dirección señala que la sentencia puso énfasis en el resultado de la pericia de Díaz Romero (fs. 39), quien concluye que la firma inserta al pie del recibo en cuestión no le pertenece al imputado. Observa que del dictamen mencionado solo surge que el acusado no falsificó materialmente la firma del recurrente, pero del expediente laboral y demás elementos probatorios emerge que utilizó el recibo falso en la audiencia de conciliación pretendiendo ocasionarle un perjuicio, por lo que su conducta queda encuadrada en el art. 296 CP.

Expresa que la norma penal de cita no fue tenida en cuenta por el Tribunal, que se limitó a concluir que el imputado no falsificó materialmente el recibo con el mismo, y en consecuencia consideró inadmisible que el querellante pretenda introducir con posterioridad una nueva conducta incriminatoria como es el uso del documento. Advierte que tal afirmación es falsa, desde que ya en el escrito de querella solicitó la investigación de todos los hechos denunciados, lo que patentiza, a su juicio, la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva por parte de la Sala de Instancia.

Por otra parte sostiene que el fallo en crisis exhibe un déficit de motivación, con infracción a lo dispuesto por el artículo 413 inc. 4 CPP. Al respecto observa que la sentencia omitió valorar la sentencia laboral, que apoyándose en varios elementos probatorios (pericial caligráfica del perito Solana, pericia contable, pericia caligráfica del perito en criminalística Rodríguez en autos "Manzur, José Antonio s/ estafa; constancias del expediente sobre el uso del recibo falso en la audiencia de conciliación), declaró la falsedad del recibo en cuestión. Con ello, prosigue, el Tribunal prescindió de pruebas fundamentales, legalmente incorporadas a la causa, lo que vicia el pronunciamiento atacado. Añade que la Cámara efectuó una valoración arbitraria del dictamen pericial de Díaz Romero y el testimonio del contador del imputado (Grandi), pues los consideró determinantes del sobreseimiento del imputado, sin tener en cuenta los elementos probatorios que demuestran que Molina utilizó el recibo falso en la audiencia laboral, hecho por el que también fue denunciado.

Cita las normas que estima violadas, propone doctrina legal, y formula reserva del caso federal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso tentado.

Corrido el traslado de ley, la defensa del imputado solicita el rechazo del recurso de casación, por los fundamentos proporcionados a fs. 203/206.

3.- Por auto interlocutorio del 23 de diciembre de 2002 se concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

4.- Para la adecuada resolución de la cuestión planteada en el sublite se debe tener en cuenta que, conforme surge de la intimación obrante a fs. 137, el hecho atribuido al imputado fue: "Que el día 15-07-95, procedió a falsificar un recibo de pago indemnizatorio por despido, correspondiente al ciudadano José Antonio Manzur, por el valor de 8400 pesos (ocho mil cuatrocientos pesos). Por la relación de dependencia laboral con el imputado Rafael Antonio Molina.".

Al respecto, no cabe perder de vista que los recaudos impuestos en el art. 261 y conc. CPP en torno a la información detallada del hecho que se atribuye al imputado y las pruebas existentes en su contra están directamente vinculados con la garantía de la defensa en juicio, y con el respeto al principio de congruencia que integra el debido proceso y marca el ámbito dentro del cual han de ejercitarse válidamente los poderes del órgano jurisdiccional.

En ese contexto, no resulta admisible el agravio del recurrente fundado en la pretensa omisión en que habría incurrido el Tribunal, por no expedirse respecto del hecho que tipifica el art. 296 CP, por cuanto el principio de congruencia constituye un valladar que limita la actuación del Tribunal, pues sólo puede pronunciarse en relación al hecho intimado. Y, como quedó dicho y emerge de las constancias de fs. 137, en las concretas circunstancias de esta causa el hecho intimado ha sido el de falsificación del recibo; no habiéndose intimado el uso de recibo falso como figura autónoma. De ello se sigue que la Sala sentenciante ha circunscripto su pronunciamiento en los términos de esa intimación, no advirtiéndose violación normativa alguna, desde que la intimación del hecho sancionado por el tipo previsto en el art. 296 CP, constituye presupuesto procesal de aplicabilidad de la figura, y esa condición no se ha cumplido en la especie.

Conforme a las circunstancias previamente descriptas, existe congruencia entre el hecho imputado y el sobreseído, cual es la falsificación de la firma del recibo, según el tipo del art. 292 CP. Pero desde el momento en que no se intimó por el uso del recibo, mal puede pretenderse que la Cámara se pronuncie al respecto o que reconozca esa conducta tipificada por el art. 296 CP.

En consecuencia, y por los fundamentos expuestos en la presente resolución, la decisión a que arriba la Sala de instancia resulta en definitiva correcta, por lo que corresponde desestimar el recurso interpuesto, con costas por aplicación del principio general en la materia (art. 551 CPP).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la parte querellante contra la sentencia de la Sala IIIa de la Excma. Cámara Penal, del 29 de noviembre de 2002, con costas.

II.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA