marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excepciones procesales, oportunidad procesal, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEMIR DE YAZLLE, Nadua c/ SEACHNIUK DE PALMA, María y JAITT DE SEACHNIUK,Ana s/ EMBARGO PREVENTIVO - PREPARACION VIA EJECUTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-02-09

Las excepciones y defensas que autorizan los artíclos 552, 554 y 555 del Código de Procedimientos Civil y Comercial están reservadas para la etapa contenciosa del juicio ejecutivo, la que se inicia con la intimación de pago. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, plazo tácito, mora, responsabilidad contractual del Estado, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: PASTORIZA, EDUARDO ANTONIO c/ ESTADO NACIONAL s/ PEDIDO   DE   FIJACION  DE  PLAZO  PARA  CUMPLIMIENTO  OBLIGACION  Y  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - COBRO DE PESOS (SUMARIO).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

El Estado Nacional demoró más de dos años la aprobación del boleto de compraventa celebrado con el actor, cuando éste ya había incoado demanda solicitando fijación de plazo para ello y escriturar y el abono del saldo del 10% insoluto. El Tribunal, en situaciones similares, tenía resuelto que sesenta días (plazo adoptado en primera instancia) comporta un término razonable para obtener la aprobación del boleto por el Poder Ejecutivo, resolviéndose así que a partir del contrato debían contarse cinco meses (dos para la aprobación y tres para la escrituración), durante los cuales era interpretable que la vendedora voluntariamente se aviniese a tomar sobre sí los efectos de la inflación imperante en esa época. De ahí en más -se agregó- con el objeto de respetar adecuadamente la esencia de la voluntad expresada en el contrato -modo de salvaguardar el derecho de propiedad que ampara el art. 17 de la Constitución Nacional- el deterioro monetario debe quedar a cargo del comprador.

Conforme con la doctrina expuesta, cabe interpretar que no fue voluntad de las partes someter la fijación del plazo a la decisión judicial, sino que estimaron que dicha obligación debía cumplirse dentro de un lapso razonable. Trátase pues, de una hipótesis de obligación sujeta a plazo tácito y no sometida a una condición suspensiva puramente potestativa.
Municipalidad, Estado Provincial, facultades tributarias, deuda exigible, gravedad institucional
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Camuzzi Gas del Sur s/ Queja en: Municipalidad de Viedma c/ Camuzzi Gas del Sur s/ Ejecución  fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-10-16

..."Si por sentencia judicial firme se admitiera la validez de normas provinciales o municipales que impongan a la Licenciataria un cargo por dicha ocupación o uso, la Licenciataria podrá trasladarlo en su exacta incidencia, a las tarifas de los usuarios residentes en la jurisdicción que impuso dicho cargo ..."(Cf. art. 6.1 del Decreto del PEN. N* 2451/92),...de lo que se infiere que tanto el PEN., como la licenciataria al aceptar la licencia , preveían la posibilidad del ejercicio de la potestad tributaria de las provincias y municipios para imponer el gravamen en cuestión. En consecuencia, quedaría desvirtuada la alegada "manifiesta" inexistencia de la deuda exigible; además del carácter facultativo y no potestativo de la traslación de la incidencia del gravamen a la tarifa. No pudiendo hablarse en el caso de gravedad institucional.
Daños y perjuicios, daño material, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Onzari, Marcos roberto c/ Gel, Daniel Benjamín y Otro y-o Quien Resulte Responsable oTitulares de Dominio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-09

El daño físico puede manifestarse en el ámbito patrimonial en la medida en que ello produzca una repercusión económica que, por tanto, debe ser resarcida, y puede ocasionar afecciones en la esfera extrapatrimonial que son de índole moral. Con un tremendo riesgo, el de duplicar las indemnizaciones del mismo modo que se duplican los conceptos, como para discernir con mensura hasta donde y con qué vara se resarce el daño moral y dónde comienza la compensación del daño a la integridad física.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chacofi  S.A.C.I.F.I. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

La remuneración a que la contratista tiene derecho se compone de los precios estipulados originariamente más los mayores costos de la ley 12.910 y las diferencias por aplicación del sistema de los correctores, por lo que si bien no cabe atenerse solamente a un resultado final, sí corresponde tener en cuenta que el punto de equilibrio se sitúa en aquél en que las correcciones alcanzan el nivel de los mayores costos originalmente convenidos, de tal modo que el sistema de coeficientes nunca disminuya, unilateralmente, la remuneración pactada al inicio.
Queja por apelación denegada, procedencia del recurso, resoluciones apelables, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C.P., J.M. s/ Corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-07

Expresa nuestro Código de Procedimientos en su art. 408, que el recurso de apelación procederá contra los autos de sobreseimiento, los interlocutorios y las resoluciones declaradas apelables o que causen gravamen irreparable. De la inteligencia del artículo citado se deduce que es apelable todo auto interlocutorio, si el recurso no está negado en forma específica. En cambio los autos dictados sin sustanciación y los decretos, sólo son apelables cuando causan gravamen irreparable.
Elecciones provinciales, reelección, división de poderes, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Evolución Liberal y otro c/ San Juan, Provincia de s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2023-06-01

No existe duda de que habilitar que una persona se desempeñe durante dieciséis años ininterrumpidos en los más altos cargos provinciales impone un costo intolerablemente alto a los valores que encarna el sistema republicano; en tanto la influencia en la composición del poder judicial local y de los órganos de control, el manejo de los fondos públicos, el control de la agenda política y legislativa, entre otros factores se traduce en una significativa concentración de poder que erosiona la separación de poderes y rompe las condiciones generales de igualdad en la competencia electoral (Voto del juez Rosenkrantz).
Doctrina legal, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C., R.O. c/ Municipalidad Trelew s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-29

Ni siquiera los precedentes de la Corte Suprema tienen fuerza general vinculante para los tribunales locales en materia no federal, constituyendo toda distancia fundada de dichos precedentes, una consecuencia necesaria del sistema federal adoptado en la Carta Magna y específicamente en sus artículos 67 inc. 11, 100, 104 y 105 de la misma.
Enfermedad profesional, reclamo administrativo previo, accidentes de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: De Manterola Maximiliano c/ Prevencion ART.S.A. s/ enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-08

El objetivo seguido por el legislador resulta en mi opinión razonable, pues ante un trámite previo de solo 60 días en instancia administrativa, se trata en definitiva de acotar los plazos a efectos de que el trabajador siniestrado (con lo que ello implica para su futuro laboral) perciba pronto sus acreencias derivadas de los infortunios laborales, y no se puede aducir que no se está en manos de técnicos o expertos en la materia que se discute -Médicos-, quienes son las personas idóneas para determinar el grado de incapacidad que un afectado padece -inciso b) art. 21 LRT-, como también cuales serían las prestaciones en especie que al mismo le corresponderían en función de la contingencia sufrida y de las consecuencias que de este derivan -inciso c) de tal norma-, pero no reitero, para dilucidar la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, cuestión reservada en forma exclusiva a los jueces del trabajo (Voto Romero, en disidencia)
Recurso contencioso administrativo, competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, suspensión de medida administrativa, Municipalidad, intendente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARTINEZ DELFA, NORBERTO QUINTO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.     CSJ EXPTE NRO 19-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-04-24

Es competencia de esta Corte resolver la suspensión de la medida administrativa (en cuanto la ley 4106 le otorga expresamente dicha facultad), con relación a los actos administrativos susceptibles de ser impugnados por vía del recurso de plena jurisdicción.

En el caso, se impugna el acto emanado del señor intendente municipal que afectó -ilegítimamente, según el actor- su derecho a permanecer en el cargo y función de director general.
Sanciones disciplinarias, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Conde, Leopoldo Eugenio c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-08

El control judicial de las facultades disciplinarias de la Administración Pública procede aun cuando aquélla ejercite facultades discrecionales, y tal revisión debe necesariamente comprender no sólo la legalidad del accionar administrativo, sino también la razonabilidad de las decisiones adoptadas.
Conciliación laboral, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Massa, Eduardo c/ Hart S.A. s/ Homologación - Acuerdo Conciliatorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-28

Como acuerdo conciliatorio presentado en sede judicial, resultaba de primordial requisito formal la presentación de las partes ante el Sr.Juez actuante en forma personal, para cumplimentar con ella la premisa establecida por el Art.309 del CPCC., de estricta aplicación al fuero laboral ante la inexistencia de regulación especial de la conciliación en la Ley 69 y la aplicación supletoria que corresponde del CPCC.
Obligaciones de dar sumas de dinero, desagio, inflación incorporada
Materia: CIVIL
Carátula: CANTARELLI ANDRES Y OTRO c/ EDICOM  S.R.L. s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

Los considerandos del Decreto 1096/85, en cuanto a la aplicación de la escala prevista en el art. 4, sostienen que la conversión de las obligaciones dinerarias se fundamentan en la presunción de que las contraídas con anterioridad a su dictado y en las cuales se había previsto un plazo de cumplimiento, contenían fuertes expectativas inflacionarias, evidenciadas a través de altas tasas de intereses nominales, fuertes sobreprecios respecto de los vigentes para operaciones al contado o aplicación de variaciones de índices de precios correspondientes a períodos pasados respecto del momento del pago. El "desagio" sólo es aplicable cuando en la obligación se prevé estimativamente un índice de inflación futura que incide en la tasa de interés o, directamente, en el capital nominal.

Si no existe "inflación incorporada", no corresponde efectuar el "desagio", pues de lo contrario el deudor se vería injustamente enriquecido en perjuicio del patrimonio del acreedor. Si para establecer el reajuste del precio de la compraventa se convino en una cláusula especial que se efectuaría mensualmente incrementándose los saldos pendientes, por aplicación de un coeficiente igual a las variaciones que registren los costos de la construcción para la Capital Federal, conforme a los índices de la Cámara Argentina de la Construcción nivel general, ello no responde a ninguna previsión de la inflación futura, sino a la pasada, desde que los índices estipulados se elaboran sobre un aumento general de precios ya ocurrido. El acreedor con cláusula de reajuste corre detrás de la inflación; el que carga intereses se adelanta a aquélla. Es injusto aplicar un "desagio" sobre supuestos intereses que nunca se pactaron, a no ser que se presuma que tales intereses estaban incluidos en el precio original, lo que, además de no ser cierto en la generalidad de los casos, se relativiza totalmente con el paso del tiempo, propio de las obligaciones reajustables que generalmente son de largo plazo.

El Decreto 1098/85 no es de aplicación cuando no sólo no se ha probado que hubiere previsión de una inflación futura, sino que se trata de la venta de una unidad en un edificio en construcción, donde necesariamente el vendedor debe pagar el precio de la construcción en moneda de curso forzoso, sin demérito alguno.
Competencia por conexidad, divorcio, tenencia de hijos menores, domicilio conyugal
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Oks, Sebastián Andrés c/ Oks, Carlos Hugo y otros s/ impugnación de paternindad y reclamación de filiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

La aplicabilidad del principio contenido en el inc. 3 del art. 6x del Código Procesal no está sólo condicionada por la existencia de un juicio de divorcio en trámite; la ley sólo remite a las "reglas comunes de competencia", para el trámite de las cuestiones sobre tenencia, cuando "no esté probado donde estuvo radicado el último domicilio conyugal".
Hurto simple, hurto de energía, conexión clandestina de electricidad, energía eléctrica, cuerpo del delito
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Aguero, Elvira s/ Usurpación - Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

No se encuentra demostrado el cuerpo del delito de hurto, el que inevitablemente debe acreditar a través del sistema de pruebas legales, el apoderamiento de la cosa mueble ajena (art. 207 del C.P M.P. y 162 del C.P. ) si no se constató que el acusado de hurto de energía eléctrica tenía y estaba usando artefactos eléctricos, sino que solo se verificó una conexión clandestina.
Responsabilidad extracontractual, actos ilícitos, intereses, interpelación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: E.N.T.E.L.  EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES c/ CONSORCIO RIVADAVIA 4011 s/ COBRO - SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-07

En materia de hechos ilícitos se ha admitido desde antiguo inclusive cuando el artículo 509 del Código Civil establecía, como regla general, la necesidad de la interpelación- que los intereses corrían desde la producción del daño, solución que ha aceptado este Tribunal en situaciones estrictamente análogas a la del sub-examen.
Policía federal, personal en comisión, estabilidad del empleado público, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nuñez Jessica Cristina c/ Mº de Justicia de La Nación -Dir. Nac. Ser. Pen.Fed.- s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-26

Conforme el texto completo de la norma, el concepto "designación en comisión" debe ser interpretada como designación precaria, interina, provisoria o a prueba, a diferencia de la designación "permanente" o con estabilidad. Ello queda corroborado con la disposición final que establece el cese en el empleo "salvo expresa confirmación". (Consid. II).
Docentes, personal suplente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SALAMI, MARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 627-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-06

La normativa respectiva establece que la transitoriedad de los cargos docentes sólo cesa por concurso -al adquirir algún agente la titularidad del cargo-, lo cual no significa, desde luego, que durante el lapso anterior al concurso el interino tenga estabilidad, por cuanto esta interpretación resultaría contraria a la propia norma, que consagra durante ese período, una situación esencialmente transitoria.
Principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: PROVINCIA DEL CHUBUT c/ B., N. M. s/ Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-22

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el carácter constitucional del principio de congruencia, como expresión de la defensa en juicio y del derecho de propiedad, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos.
Denegatoria del recurso, robo calificado, insuficiencia del agravio, producción de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Britos, Matías s/ robo agravado c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

Corresponde rechazar el recurso de casación en cuanto cuestionó el grado de consumación del apoderamiento ilegítimo que se tuvo por acreditado, si la defensa ensayó un argumento basado en meras suposiciones, sin lograr demostrar la arbitrariedad alegada ni hacerse cargo de refutar, aún mínimamente, los serios indicios que surgen de los elementos de juicio reseñados en las actuaciones y que razonablemente posibilitan concluir en su consumación por intermedio de tres de los integrantes de un "colectivo" conformado junto con el imputado. En efecto, no fue objetado que el imputado era acompañado por otros tres sujetos que lograron huir y que, notoriamente, se hicieron del dinero sustraído, lo que implicó, en primer lugar, una plausible explicación de por qué no se pudo recuperar y además, un claro poder de disposición por su parte. Frente a ello, la recurrente no aportó elemento concreto alguno fundado en la prueba introducida, que genere una duda razonable al respecto (voto del juez Huarte Petite al que adhirieron los jueces Jantus y Magariños).
Medidas cautelares, recusación por prejuzgamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FINCA DEL REY  S.R.L. c/ INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Y  D.G.I. s/ AMPARO - PROCEDIMIENTO JUDICIAL -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

Contrariamente a lo expresado por el recurrente, la Magistrada interviniente obró con suma prudencia en el examen de los requisitos procesales que deben satisfacerse para que resulten procedentes las medidas cautelares, sin que pueda adelantarse cual será su decisión sobre el fondo del asunto planteado.

Según Fallos debe estarse al rechazo de plan de las recusaciones que se funden en la intervención los jueces del tribunal en una anterior actuación (o procedimiento) en la medida que la haya impuesto el ejercicio de sus atribuciones específicas; conclusión que se robustece cuando, como en el sub lite, al pronunciamiento invocado para fundar la recusación fue debidamente dictado a petición de la parte recusante.
Falsificación de documentos, pericia caligráfica, cuerpo de escritura
Materia: PENAL
Carátula: CABRAL, AGUSTIN s/ SOBRE   FALSIFICACION  -  MENDACIDAD PROCESADO  AL  REALIZAR  CUERPO  ESCRITURA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

No puede discriminarse al procesado por el delito de falsedad instrumental por inseguridad en el resultado de la pericia, si los expertos hacen un buen trabajo en orden a la descripción de la falsedad y ponen al descubierto la mendacidad de aquél al negar y al hacer un cuerpo de escritura pretendiendo ocultar las características de su grafía.
Obras sociales, cesión del establecimiento, aportes a obras sociales
Materia: LABORAL
Carátula: FATIQP. c/ INDUSTRIAS QUIMICAS ANAHI SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-28

La nueva obra social resultante de la 'modificación de la denominación' dispuesta por el INOS en cumplimiento de la emanada del artículo 67 de la ley 22269, es acreedora de los aportes y contribuciones devengados a favor de su antecesora durante el período anterior al cambio.
Régimen de consolidación de deudas, constitucionalidad, ley de emergencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: DAVEZAC, FLORENCIO GUILLERMO c/ E.N. s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-11

La constitucionalidad de la ley 23982 se encuentra subordinada a la circunstancia de que el acreedor del estado pueda claramente ejercitar la opción que la ley le confiere, que a su vez exige, inexorablemente, que la entrega de los títulos previstos en el ordenamiento, si es que se opta por tal alternativa, sea verificada inmediatamente después de aprobada la pertinente liquidación.
Apelación concedida libremente, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: E., L.A. c/ A.S. SA y/o Quien Rte. Propietario y/o  Responsable s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-27

La ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, importan consentimiento tácito y determina la inexistencia de agravio. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada.
Costas, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: CELESTINO F. SPAHN S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-10-19

En relación a la imposición de costas cuando se constata la sustracción de materia, debe indagarse si tal abstracción obedece a una "respuesta directa del demandado a la aceptación de la legalidad y oportunidad del reclamo del actor" o, por el contrario, si la sustracción operó "por causas exógenas en relación a las partes"; reservando para esta última hipótesis el principio según el cual las costas deben imponerse por su orden, mas reconociendo que, aun en tal supuesto, no puede hacerse "una aplicación contundente de esta solución siempre y en todos los casos, en tanto la aplicación del principio de imposición de costas por su orden puede derivar, en algunas situaciones particularísimas, en arbitrariedad, por lo cual será razonable verificar 'las condiciones de las partes al momento de demandar' o, dicho más claramente, 'juzgar el fondo de la pretensión' a los efectos de la condena causídica"
Personal policial, allanamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aguirre, Nestor René s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-15

El accionar del personal policial provincial se ajustó a derecho, aún cuando durante un allanamiento se encuentren elementos que podrían relacionar al morador de la vivienda con un hecho ilícito distinto -infracción de la ley 23.737- al que había motivado la orden de registro domiciliario.
Certificado de servicios, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Stanley, Fernando Javier c/ Cacheda, Pablo Sebastián y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-11

La obligación de entregar el certificado de trabajo contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo es propia del empleador, intuitu personae de éste, no correspondiendo incluirla entre las obligaciones susceptibles de ser atribuidas solidariamente con base en el art. 30 del mencionado ordenamiento legal.(doctora Kogan, sin disidencia)
Indemnización, gastos médicos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: B., N.R. y Otra c/ T.T. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-26

Si bien queda librada a la apreciación judicial la fijación del monto por gastos de farmacia, siempre que la producción del perjuicio esté debidamente comprobada y encuentre adecuada relación con la importancia del tratamiento prodigado, la pauta valorativa se proyecta con mayor peso cuando la parte ha producido probanzas tendientes a establecer la cuantía del reclamo.