marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tarjeta de crédito, certificado de saldo deudor, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  SUDAMERIS  ARGENTINA  S.A. c/ GOLDIN,  MARIO  MANUEL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-28

1 - En el marco de una demanda por cobro de saldo deudor de tarjeta de crédito, corresponde reducir el importe facturado por exceso de límite de compra. Ello así, pues si bien fue acordado que el Banco podía aplicar un cargo sobre el exceso del límite que se hubiera registrado (y en uso de esa facultad facturó una tasa de interés del 10% mensual); sin embargo, como no se había pactado el quantum del cargo facturado, la entidad bancaria debería haber comunicado al usuario la tasa que luego le cobró, brindándole la oportunidad de cuestionarla, situación que no se acreditó en la especie. 2 - A lo expuesto, cabe agregar que los réditos se aplicaron mensualmente no sólo sobre los consumos efectuados en el período liquidado, sino también sobre los saldos deudores de meses anteriores (los que incluían intereses compensatorios y punitorios, seguro de vida sobre saldo deudor, etc.), lo cual revela la exorbitancia de la alícuota aplicada y el modo ilegítimo de su cómputo, en tanto representa computado acumulativamente más de un 120% anual. Por consiguiente, corresponde que por rubro exceso de límite de compra se aplique una alícuota del 5% por única vez y sobre el exceso efectivamente producido.
Responsabilidad del Estado, actos lícitos, omisiones administrativas, establecimientos educacionales, daño, causa adecuada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. Nro. 84109 D.G.E. EN J° 8352/74.690 MEYDAC, MARIA C. Y OTS. c/ GOB. DE LA PCIA. DE MZA. ESC. SUP. DE PUBL. Y PROP. Y OTS. s/ D.Y P. S/ INC." Y SU ACUMULADO Nro. 84.197
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-12-28

El actuar positivo culpable de los propietarios del establecimiento es causa adecuada del daño, pero no libera al Estado de la responsabilidad por omisión al no ejercer su poder de policía educativa.

Normalmente, en los supuestos de responsabilidad por omisión del Estado se entrecruzan actos positivos de particulares, pero esto no implica desplazar la responsabilidad por omisión si se cumplen los requisitos, especialmente, cuando la Administración pública no niega terminantemente la relación de causalidad adecuada entre la omisión y el daño.
Accidentes de trabajo, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Andrades Juan María c/ Ferrocarril Mesopotámico Gral. Urquiza S.A. s/ Cobro de Pesos (Accidente de Trabajo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-10-27

Conforme la ley 24.028, la fecha de consolidación del daño es aquella en que la incapacidad es considerada permanente, lo que acaece transcurrido un año a partir del accidente, conforme el inciso d) de la misma ley. En el caso, el daño quedó consolidado el 14/06/97 ya que el accidente se produjo el 14/06/96 y el salario diario será igual a la división de las remuneraciones devengadas por cualquier concepto en el año anterior a la fecha de consolidación del daño, por el número de días de trabajo del período considerado.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Juárez, Oscar Alfredo; Rodríguez, José Antonio s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29

Las leyes procesales son leyes e integran el régimen jurídico. Y no hay trozos de leyes que no sean leyes. Así, la "sana crítica", la "convicción sincera" y la valoración en "conciencia" provienen de normas legales, pues está en la ley. Y si se trata de normas legales son normas "jurídicas". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasa de justicia, base imponible
Materia: PROCESAL
Carátula: Siderar S.A. c/ D.G.I. s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-15

...El tributo debe abonarse por el sólo hecho de recurrir ante el Poder Judicial, sin perjuicio del futuro del proceso (C.N.Fed.Civ. y Com.Fed., Sala I, 12/3/82, Cumbre Coop. Arg. de Seguros Ltda. o/Cap. y/o Armadores o Propietarios Buque Río Los Sauces , E.D. t.100, pág. 240) y tiene como base imponible la pretensión deducida, sin que interese a los fines fiscales el resultado concreto del juicio, ya que la tesis contraria implicaría admitir la improcedencia de su pago en la medida en que las pretensiones de las partes no sean acogidas en la sentencia o que la demanda sea rechazada (C.N.Civ. Sala K, 30/5/92, Taquini Cía. Fin.

en liquidación por B.C.R.A. c/ Novilte, Carlos ). (Ver esta Sala, causa 45.876/95).
Docentes, antigüedad, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: BURGGI, SILVINA A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-07

La Constitución no considera que establecer un mismo punto de partida es sinónimo de igualdad, sino que -por el contrario- el Estado debe tomar medidas de acción positivas e igualadoras a fin de cumplir con la manda establecida en el artículo 75, inciso 23 de la Carta Magna; y así, dado que los docentes del sector público ingresan conforme las pautas impuestas por la ley 8927 basadas en complejos y exigentes sistemas de prueba de la idoneidad (como son los concursos, base sobre la cual se constituyen los escalafones) y los del sector privado rigen su ingreso -mayormente- por la libre elección del propietario del establecimiento (sin otro mayor requisito que el título habilitante) según surge de la ley que los rige, esto es, la 6427 y demás normas que regulan el ingreso al sector educativo privado, el Ministerio de Educación le haría un flaco favor al derecho a la igualdad si no tendiera a reparar las diferencias propias del sistema. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 8927.
Gobierno de facto, gobernador, actos del gobierno de facto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cantos, José María c/ Santiago del Estero, Provincia de y/o Estado Nacional s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

La actividad de los gobernadores "de facto" debe desarrollarse en el respeto de las normas legales y constitucionales vigentes en el territorio en que actúa, ya que de lo contrario, el patrimonio de la provincia no sería responsable de los actos producidos por el Interventor o por el Gobierno de la Nación en la hipótesis de que ellos no se ajustaran, como se pretende, a la ley o a la Constitución.
Cheque, acción cambiaria, prescripción, suspensión de la prescripción, acción penal, querella
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALLAN, ALEJANDRO c/ NUÑEZ, JORGE s/ CHEQUE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-11

Cuando la víctima de un hecho ilícito querella al victimario, se produce la suspensión de la prescripción en la acción civil resarcitoria derivada de ese hecho, aún cuando en sede penal no se hubiese reclamado, cesando con el desistimiento de la querella o finiquitación del proceso respectivo (CCIV.3982 bis).

Consecuentemente, a la acción cambiaria, insita en el papel, ejercitada dentro de los carriles del dec.Ley 4776/63, no puede oponérsele las consecuencias derivadas de la que contempla el cp 302, más allá del rol que pudo asumir el actor en esa actuación, toda vez que aquella no encuadra, por su naturaleza, en el ya citado CCIV. 3982 bis.
Interpretación de la constitución, deberes del juez, deber de prevención del daño, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Los derechos fundados en cualquiera de las cláusulas de la Constitución tienen igual jerarquía, y la coordinación es el verdadero criterio hermenéutico, de manera que todos los derechos subsistan en armónica coherencia, ello es así en tanto no haya sido el constituyente quien atribuyera específicamente a ciertos derechos una importancia superior (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, escritos judiciales, firma electrónica
Materia: PROCESAL
Carátula: Benet, Daniela  c/ Fravega SACIE y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-26

El escrito de expresión de agravios que incorpora una firma escaneada de la parte recurrente en vez de la firma electrónica, incumple los requisitos establecidos por la Acordada de la CSJN 31/20 (Anexo II, punto I:5). En tales casos, corresponde intimar previamente a subsanar la deficiencia apuntada bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito (CPR 34-5° ap. "b"; CNCom, Sala E in re "Molino Nuevo SA s/ quiebra", del 23/09/21; entre otros).
Estado, impuestos, doble imposición, constitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: La Internacional Empresa de Transporte de Pasajeros S.A.C.I.I. y F. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ  Nº 642-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-18

La doble imposición por sí sola no contraviene normas constitucionales. Sin embargo, si se comprueba que la doble imposición o en general la superposición impositiva en su conjunto conducen a resultados confiscatorios, debe prosperar la impugnación de inconstitucionalidad.
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS DE CHUBUT, resoluciones, recurso de apelación (administrativo), declaración de inconstitucionalidad
Materia: Procesal - Seguridad Social
Carátula: Bianco, Norberto Luis s/ Recurso de Apelación contra Resolución n° 619-88 del ISSyS CASTAGNET, Alfredo s/ Recurso de Apelación contra Resolución 1527-88 del I.S.S.y S.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-04-30|1990-09-05

En el marco del recurso de apelación previsto en el art. 6 de la ley 1388, no cabe debatir la constitucionalidad del Dec. 2474-85 y de la acordada 2536, conforme lo viene entendiendo este Superior Tribunal, la ley contempla una vía impugnativa en contra de decisiones del Instituto violatorias de la ley, no según la ley. Y el ataque por inconstitucionalidad de las normas que dicta otro Poder del Estado, el Ejecutivo Nacional, y las que dicta el Poder Judicial en virtud de sus funciones de Superintendencia, es inaudible en el ámbito del recurso así previsto. De tal forma, el Tribunal que interviene por vía del recurso que nos ocupa posee la potestad de revocar o anular la decisión administrativa cuando fuera suficientemente irrazonable o se apoyara tan sólo en la voluntad arbitraria o en el capricho de los funcionarios o implicara la denegación de la defensa en juicio, lo que no ocurrió en el sub-exámine, toda vez que el Instituto actuó dentro del marco legal respectivo, es decir la Acordada n° 2536.
Revocación de sentencia, procedencia del recurso, recurso extraordinario, dolo, sentencia arbitraria, resoluciones equiparables a definitiva, prescripción de la acción penal, facultades jurisdiccionales, trascendencia del hecho
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cornejo Torino, Jorge Antonio y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

Si bien la resolución apelada -que hace lugar al planteo de prescripción articulado por la defensa, en orden al delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas- no constituye sentencia definitiva, debe enmarcarse dentro de aquellos casos en que resulta equiparable a tal, correspondiendo la intervención del Tribunal por cuanto los hechos investigados, por su gravedad y trascendencia institucional, exceden los intereses de las personas directamente involucradas en la causa, y la actuación del a quo, resulta contraria a los principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia, y ha generado una injustificada dilación en el trámite de la causa que es necesario evitar en lo sucesivo. -Del dictamen de la Procuración General, al que la Corte remite-.
Contratos, contrato a favor de terceros, efectos del contrato, interpretación del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: SWISS MEDICAL SA c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-12

Se denomina contrato a favor de terceros, o estipulación a favor de terceros, la convención por la cual una persona, llamada estipulante, acuerda con otra, llamada promitente, que ésta efectuará una prestación en beneficio de un tercero, a quien se denomina beneficiario.

Lo característico de este contrato es que el beneficiario, es decir aquél en cuyo beneficio el promitente se ha obligado a realizar la prestación ante el estipulante, es un tercero ajeno a la relación contractual que ha dado nacimiento a la obligación, quien, sin embargo, adquiere un derecho de crédito propio para exigir del promitente la prestación.

Como consecuencia de la estipulación el tercero, luego de su aceptación, se convierte en acreedor directo del promitente, sin necesitar en absoluto de la conformidad o intervención del estipulante. Por ende, puede ejercitar su acción solicitando el cumplimiento de la prestación. Su derecho no deriva del estipulante (conf. Jorge A. Mayo en Código Civil y leyes complementarias.

Comentado, Anotado y Concordado (dirigido por Augusto C. Belluscio y coordinado por Eduardo A. Zannoni), Tº 2, Editorial Astrea, 1987, comentario al art. 504, págs. 571 y ss.; López de Zavalía, Fernando J., Teoría de los Contratos. Parte General, Tº Víctor P. de Zavalía, 1975, núm. 31 y ss., pág. 332 y ss.; Garrido, Roque F. - Zago, Jorge A., Contratos Civiles y Comerciales. Parte General, Tº I, Edit. Universidad, 1998, Cap. XII, núm. 4, d), pág. 367 y ss.; Alterini, Atilio Aníbal, Contratos Civiles - Comerciales - De consumo. Teoría General, Abeledo Perrot, 1998, Cap. XIX, pág. 462/464).
Derecho procesal, procesos especiales, juicio ordinario, contestación de la demanda, interpretación de la ley, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mara, Damian Omar c/ Ruta 3 Automotores SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-04

La regla que veda las llamadas "réplicas" o "duplicas" a las contestaciones que efectúan los litigantes, lejos de afectar la igualdad de las partes (CN 16 y 18) tienden a protegerla, puesto que preserva el buen orden del proceso, sugiriendo razonablemente el modo y la oportunidad preclusiva para que las partes ejerzan el derecho de contradicción y de defensa en juicio (conf. CNCom, Sala D, "Arcor SAIC c/ Cesce Argentina de Seguros de Crédito y Garantías SA s/ ordinario" del 22/09/15). Ello así, siendo que, en el caso, el traslado conferido refirió única y exclusivamente a la documentación agregada por la demandada en ocasión de contestar el traslado de la demanda y a la oposición a la prueba pericial contable; frente a ello, no cupo a la actora replicar argumentos esgrimidos por su contraria al contestar la demanda, sino limitarse a expedir sobre los documentos agregados y la oposición a la prueba. Siendo que la accionante ha resultado perdidosa en la incidencia, procede imponer las costas a su parte (CPR 68 y 69). (En el caso, fueron testados ciertos puntos de la presentación de la actora).
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, notificación, domicilio, contratos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Servicios Empresariales De La Region Centro SRL c/ Adm Agro SRL (Antes Alfred C. Toepfer International Argentina SRL) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-01

Procede confirmar lo dispuesto por el a quo en cuanto otorgó plenos efectos a las notificaciones cursadas por la demandada al domicilio que fuera previsto por las partes a los fines de comunicar la decisión de rescindir los convenios de prestación de servicios de limpieza celebrados con la actora, esto por cuanto en el caso no se acreditó el cambio de tal domicilio constituido contractualmente.

Es que, el domicilio convencional o de elección es el que elige una u otra parte de un contrato para que surta efecto respecto de las consecuencias jurídicas de ese mismo contrato (véase: Llambías, Jorge Joaquín, Ed. Perrot, "Tratado de Derecho Civil. Parte General", Buenos Aires, págs. 629/630). Y, con relación a la posibilidad de las partes de modificar el domicilio constituido se ha dicho que el domicilio de elección es, en principio, inmutable, porque estando inmerso en una cláusula de un contrato, participa de la estabilidad de todo el régimen del contrato que no puede alterarse unilateralmente por uno de los contratantes, por lo cual, todo cambio ha de ser consentido por la voluntad de ambos contratantes y, para ello, se requiere la notificación idónea del mismo a la otra parte, dado que la modificación del domicilio de elección no es un efecto normal del contrato, sino de la libre decisión de quien efectúa ese cambio (véase: Llambías, Jorge Joaquín, ob. cit., pág. 534).
Actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BECERRA RENE c/ TRANSPORTES UNIDOS DE MERLO S.A.C.I. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-02

Cuando se pretende ajustar una cantidad por el incremento de los índices de precios al consumidor -nivel general- que proporciona el I.N.D.E.C., deben computarse el vigente al mes anterior a la fecha en que pretende fijarse la suma actualizada, y el vigente el mes anterior a la época en que el importe histórico se hizo exigible. El cociente entre ambos índices se multiplica por dicho valor histórico, lo que da la suma actualizada.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Sandez, Dima c/ Swift Armour S.A. s/ Daños y perjuicios Lamanna, Domingo c/ Molinos Río de La Plata S.A. s/ Indemnización integral de daños y perjuicios Quindt, Rodolfo Alejandro c/ Krebs SAIC s/ Accidente Bazan, Ramón Eduardo c/ Papelera J.T. Magariños S.A.I.C. s/ Ley 9688 Fernández, Juan Domingo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02|1988-10-18|1991-10-01|1994-04-25|1993-11-02

La decisión relativa al punto de iniciación de la prescripción constituye una típica cuestión de hecho cuya evaluación corresponde en forma privativa a los jueces de grado y por lo tanto es requisito ineludible para su examen por la Suprema Corte que se denuncie con idoneidad la existencia de absurdo y se demuestre tal extremo.
Contrato de obra, prueba pericial
Materia: CIVIL
Carátula: Ruiz Pincheira Max Marcelo c/ Sosa Angel Emilio s/ cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-18

La prueba pericial resulta esencial en materia de locación de obra para decidir, en caso de discrepancia de las partes, el grado de cumplimiento de la obra y si lo efectuado se ajusta a lo verosímilmente querido y entendido por las partes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Isola, Ruben Horacio y otro c/ Vagnoni, Ricardo Pablo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

El absurdo no se acredita con la mera exhibición de un criterio discordante.
Cajas de crédito, actividades laborales, incidente de impugnación, créditos reconocidos, costas en el orden causado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) c/ A.F.I.P. s/ Impugnación de deuda c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-16

Si bien el art. 3980 del C.C. dispone una suerte de suspensión de los términos prescriptivos, refiere a situaciones en las que desde el punto de vista fáctico el acreedor se ve imposibilitado de reclamar su derecho. Esta imposibilidad de obrar debe ser apreciada, concretamente, en relación con la persona del demandante. (cfr. esta Sala I en autos "Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Servicios Públicos de Soldini LTDA c/ A.F.I.P. s/ Impugnación de deuda", Expte 4603/2009, sent. 131405, de fecha 30.12.09, Publicada en el Boletín de Jurisprudencia de la CFSS No. 51). Ya que, no se encuentra configurada situación alguna que permita afirmar que la AFIP se vio impedida de ejercer aquellas facultades. Por consiguiente, cabe admitir la prescripción liberatoria en los términos del art. 16 de la ley 14.236, respecto de los créditos devengados con anterioridad a los 10 años previos al reclamo de la rubrada.
Indemnización por despido, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Encina, Víctor Hugo  c/ Unilever de Argentina S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-21

La demandada se agravia toda vez que el magistrado de grado dispuso la viabilización de las indemnizaciones de los arts. 9 y 15 de la LNE. Cierto es que si bien se probó la incorrecta fecha de ingreso, no se acreditó el efectivo cumplimiento del recaudo formal que impone el art. 11 de la LNE. Cabe destacar que la intimación cursada en los términos del art. 11 ley 24013 cuando ya se conoce el despido, colisiona frontalmente con el propósito de la ley, que es conseguir la regularización de las relaciones registradas. Corresponde hacer lugar a la queja que la accionada interpuso y revocar las indemnizaciones dispuestas en la instancia anterior con fundamento en los arts. 9 y 15 de la LNE. (Del voto del Dr. Sudera, en minoría)
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Molinas, Ricardo Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias, su exclusión por la existencia de otros medios procesales administrativos y judiciales no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que aquel instituto tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias.
Derecho administrativo, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, carrera administrativa, categoría administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SISTERNA, Ricardo Paulo c/ Municipalidad de 25 de Mayo s/ Contencioso Administrativo - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-11-23

El Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública, distingue entre carrera y categoría. La primera, denominada también en doctrina cargo, es la función o tarea que cumple el agente. Cada carrera se determinará atendiendo a la naturaleza de la función respectiva y comprende a los agentes que realizan tareas similares.

Las categorías representan las distintas situaciones de revista, que puede alcanzar el agente en el transcurso de su carrera y, determinan su jerarquía y el sueldo que le corresponde dentro del escalafón. Establece 24 categorías. Las carreras establecidas comprenden diversas categorías con diferentes remuneraciones.

Otorgada la reincorporación el agente vuelve a sus "funciones" con pleno uso y goce de los derechos que le acuerda el Estatuto.

La Administración tiene la facultad, entre otras, de ubicar a los empleados en los respectivos cargos; y el ejercicio de tal derecho no es susceptible de revisión judicial, salvo casos de arbitrariedad o lesión de derechos consagrados en la Constitución o en las leyes.

La creación, organización y supresión de cargos públicos, es un poder objetivo, discrecional del órgano administrativo que ha recibido competencia para ello, sin que exista control de ninguna clase; pero, la mejor organización del servicio no debe ser arbitraria, en tal supuesto el acto respectivo puede ser atacado e invalidado, tanto en sede administrativa como judicial.