Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-10-06


PROVINCIA: RIO NEGRO LOCALIDAD: VIEDMA FUERO: CIVIL INSTANCIA: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA EXPTE. N* 27711/15-STJ- SENTENCIA N* 67 ///MA, 6 de octubre de 2015.

Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. Apcarian, Sergio M. Barotto, Enrique J. Mansilla, Liliana Laura Piccinini y Adriana Cecilia Zaratiegui, con la presencia de la señora Secretaria doctora Elda Emilce Alvarez, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "ARRONDO COSTANZO, Agustín y Otras c/CAVERZAN, Eduardo David y Otros s/REIVINDICACION (Ordinario) s/ CASACION" (Expte. N* 27711/15-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación deducido por los demandados Eduardo David y Aldo Caverzán a fs. 479/497 y vta., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

C U E S T I O N E S 1ra.- ¿Es fundado el recurso? 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I O N A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:

1.-Sentencia recurrida: Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido por los demandados Eduardo David y Aldo Caverzán a fs. 479/497 y vta. contra la Sentencia N* 54 de fecha 30 de octubre de 2014, dictada a fs. 464/472 de autos, que declaró desierto el recurso de apelación de la Provincia de Río Negro y rechazó la apelación de los codemandados Eduardo David y Aldo Caverzán; confirmando la sentencia de Primera Instancia que hizo lugar a la demanda de reivindicación promovida por lo actores.

2.-Agravios recursivos: A criterio de los recurrentes, el fallo de Cámara es absurdo, arbitrario, y no constituye sentencia al no resultar derivación razonada del derecho vigente y desinterpretar caprichosamente la prueba producida, asignándole un alcance que no tiene, con un evidente apartamiento de los hechos y constancias de la causa.

Señalan en sus agravios que el fallo viola la Ley Nacional de Catastro N* 26.209 y la Ley Provincial de Catastro N* 3.483. Advierten que la documentación traída a juicio no tiene la extensión jurídica que se ha pretendido darle, ya que todas las escrituras valoradas por la/// ///.-Cámara, como el propio contrato de arrendamiento, al describir los elementos no esenciales y los complementarios de la parcela, reproducen el error original y la mala descripción del plano de mensura efectuada por alguno de los escribanos intervinientes. Agregan que el Tribunal pretende apegarse a uno sólo de los elementos que describe la escritura, desentendiéndose de los esenciales que constituyen, de acuerdo a las normas señaladas, el estado parcelario del inmueble.

Reiteran que la Cámara se ha basado en el título de un Escribano que tiene errores en la descripción de los límites, ya que debió estarse a lo descripto en el plano de mensura. Continúan que no sólo surge del título de propiedad acompañado por las actoras, sino también de la pericial y del plano de mensura, que el campo de propiedad de los actores está perfectamente delimitado y comprensivo a tan sólo 42 has., que no se extienden hasta el propio curso de agua; sino que son las 21 has. de propiedad originalmente del Fisco Provincial, las que quedan delimitadas por la ribera del Río Negro.

También afirman que la ley le atribuye a los catastros de la diferentes provincias, la competencia excluyente y la incumbencia esencial del registro público de los datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y privado de su jurisdicción; y que por ende, así como los Escribanos deben apegarse a la descripción del plano de mensura para la confección de un título de propiedad, el Tribunal sólo debió recurrir a los informes y certificaciones catastrales para crear una sentencia con fundamento en derecho.

En otro orden, consideran que la Cámara ha valorado de forma absurda y arbitraria las siguientes pruebas: absolución de posiciones del Sr. Tait; expediente administrativo N* 11.837; las notas obrantes en el mencionado expediente; certificados catastrales, informes y antecedentes brindados por el Departamento Provincial de Aguas; pericial agronómica de fs. 241/247; entre otras.

Por último, concluyen que la solución adoptada por la Cámara es contraria a la ley y viola el procedimiento fijado para la adquisición de tierras por aluvión; y que de acuerdo a como se planteó la litis, la responsabilidad probatoria dependía de la situación en que se colocara cada litigante en el juicio para obtener una determinada consecuencia jurídica. Consideran que si la actora se atribuyó la condición de ribereño del río, correspondía a ella acreditar en autos la existencia de un aluvión y la posesión de las tierras así anexadas a su parcela. ///.- ///2.- 3.-Contestación del traslado: A fs. 507/508, obra contestación del traslado del recurso por parte de los actores, quienes entienden que habiendo quedado firme la sentencia que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Provincia, y que los recurrentes siempre reconocieron que su derecho deriva del primigenio derecho de propiedad del Estado Provincial; en tanto por aplicación del principio que reza que nadie puede transmitir mejor derecho del que posee, la pretensión de los codemandados Caverzán quedó sellada y no puede ser modificada por ninguna instancia recursiva posterior.

Consideran que no existe entre los codemandados identidad de derechos defensistas, puesto que el de la Provincia se basa en la pretensión de propiedad sobre el inmueble, y el de los codemandados Caverzán en el derecho que les asistiría como tenedores de cosa ajena por autorización de la primera; agregando que éste último derecho es accesorio y supeditado al de la Provincia, y como accesorio sigue la suerte del principal. En último lugar advierten que la totalidad de los agravios constituyen una mera disconformidad con la manera que tanto el Juez de grado como la Cámara de Apelaciones valoraron los hechos y la prueba rendida en autos.

4.-Análisis y solución del caso: Los actores -Agustín, Alfonsina y Fernanda Arrondo Constanzo- interpusieron demanda de reivindicación sosteniendo que el inmueble objeto del presente litigio- tiene una superficie de 63 hectáreas, de las cuales 43 hectáreas y fracción resultan del título y las restantes aproximadamente 21 hectáreas, linderas del río, les pertenecen como accesorias de ese inmueble, adquiridas de pleno derecho por aluvión, en los términos del art. 2752 y ccdtes. del Código Civil.

Los demandados -Caverzán- esgrimieron que la parte actora no invoca ni acredita que se haya generado un acrecimiento por aluvión de 21 hectáreas, y en defensa de su ocupación traen al proceso como pretendido título un certificado extendido por el ex Director General de Tierras y Colonización de la provincia (Sr. Daniel Tait) que reconoce al señor Eduardo David Caverzán el carácter de ocupante de un "sobrante fiscal". La codemandada Provincia de Río Negro no contestó demanda.

La sentencia de Primera Instancia hizo lugar a la demanda de reivindicación respecto de la extensión de aproximadamente 21 hectáreas adquiridas por accesión por aluvión. El Magistrado tuvo en cuenta para adoptar esta decisión que de las constancias de las escrituras traídas a juicio por los actores se advierte que la chacra en cuestión tiene como uno de sus///.- ///.-límites un brazo del Río Negro, que ese brazo no es navegable, ni tampoco hay obra pública en la zona que pudiere haber determinado la accesión o el retiro del cauce. También se apoya en un antiguo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme al cual: "Acreditado el carácter aluvional de las tierras en litigio, y la condición de ribereña de la actora, debe tenerse por comprobada la adquisición por acción la que por su naturaleza opera de pleno derecho" (CSJN, Se. del 19/03/81, "Frutícola Búfalo S.A. c. Provincia de Río Negro").

El fallo fue apelado por ambas partes (Caverzán y la Provincia de Río Negro), y la Cámara confirmó aquél pronunciamiento al declarar desierto el recurso interpuesto por la Provincia y rechazar el de los codemandados Caverzán; sosteniendo -en los mismos términos que la sentencia de Primera Instancia- que de los planos acompañados al expediente y la valoración de diversos testimonios se puede advertir que la chacra llegaba al río, y que la misma fue ocupada siempre por la familia Costanzo.

El Tribunal de Alzada, con remisión al criterio del Máximo Tribunal Nacional antes citado, consideró que la adquisición por accesión opera de pleno derecho; y finalmente restó valor a las restantes pruebas, como la absolución de posiciones del Sr. Tait, el expediente administrativo N* 11.837, las notas obrantes en el mencionado expediente, etc..

Contra dicha decisión vienen en recurso de casación únicamente los codemandados Caverzán; en los términos sintetizados más arriba.

Ante todo, cabe advertir que tanto los pronunciamientos de primera y segunda instancia han sido dictados con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial aprobado por Ley N* 26.994. Y, si bien desde mi óptica en el caso de autos se encuentra comprometido el orden público, en lo que respecta a las disposiciones de derecho privado que han sido esgrimidas por los Jueces de mérito, no existen discordancias conceptuales -para el caso específico de autos- entre la nueva regulación y las normas del viejo Código de Vélez Sarsfield, aprobado por Ley N* 340.

Aclarado ello, e ingresando ahora al análisis de los agravios esgrimidos, adelanto que asiste razón a los recurrentes en cuanto a la falta de ponderación en el caso de autos de la normativa catastral citada en el recurso de casación. En concreto, la Ley Nacional N* 26.209 y la Provincial E N* 3.483, así como también el Decreto E N* 1220/2002, reglamentario de esta última. ///.- ///3.- Destaco que la Ley Nacional N* 26.209, conforme expresa su artículo 18 "es complementaria del Código Civil" y tiene trascendental importancia a la luz del principio de especialidad; en particular en materia de derechos reales, para la determinación del objeto del derecho real de dominio, o -su contracara- del objeto de los bienes que integran el dominio público del Estado.

En igual sentido, las disposiciones de la Ley Provincial E N* 3.483 regulan todo lo relativo a la determinación de los límites de la parcela -en tanto unidad de registración catastral- definida por el art. 4* como una cosa inmueble, "de extensión territorial continua, determinada por un polígono cerrado de límites, perteneciente a un propietario o varios en condominio, o la poseída por una persona o varias en común, cuya existencia y elementos esenciales consten en el documento cartográfico de un acto de mensura registrado en el organismo catastral". A su vez, el artículo 6* describe cuáles son sus elementos esenciales, destacando: "a) La ubicación del inmueble y sus linderos. b) Los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que les dan origen. c) Las dimensiones lineales, angulares y de superficie. d) Las mejoras y demás accesiones que incidan en el valor del inmueble.", y en párrafo final, dispone que: "Dichos elementos constituyen el estado parcelario del inmueble, que debe ser determinado a partir de un acto de levantamiento parcelario practicado y registrado conforme a esta ley o de un acto de mensura registrado en el organismo competente al tiempo de su registro.".

Por su lado, el artículo 15 de la ley de catastro provincial determina que el documento esencial para la determinación o modificación del estado parcelario es el plano de mensura, el cual debe representar los "elementos esenciales del estado parcelario así como también los muros, cercos, accidentes geográficos, marcas, señales y mojones que materialicen los límites del inmueble (conf. art. 17), entre otros requisitos. El artículo 18 deriva a la reglamentación, el establecimiento de los "casos y requisitos a cumplimentar por las municipalidades y otros organismos públicos o privados para el visado previo de los planos de mensura".

La reglamentación referida fue dictada a través del mencionado Decreto N* 1220/2002 que establece detalladamente el procedimiento a seguir cuando los profesionales de la agrimensura deban intervenir sobre inmuebles con límites naturales; en especial cuando///.- ///.-"corresponda levantar la línea de ribera" (conf. art. 63) o cuando el curso de agua -un río- atraviese la parcela (conf. art. 64); o cuando se trate de un arroyo (art. 65).

El art. 67 del Decreto Reglamentario dice claramente que "En todos los casos cualquiera sea el curso de agua que afecte la parcela, se requerirá la visación del Departamento Provincial de Aguas, en su carácter de organismo de aplicación del Código de Aguas". Este artículo fue luego expresamente invocado por la Resolución N* 2540/08 del D.P.A. que regula el procedimiento para la solicitud y expedición de las "instrucciones especiales de mensura" en los casos de la determinación de líneas de ribera y conexas.

En el marco normativo descripto, y dado que las tierras aquí en conflicto han sido definidas como "aluvionales" en los términos del art. 2572 C.C. -actual 1959 CCyC.-, resulta insoslayable considerar que la línea de ribera es la que señala el límite o separación entre el dominio público natural -en el caso, hídrico- y el dominio privado; esto es, la propiedad ribereña particular. De allí que, sin su previa determinación, resulta jurídicamente imposible conocer si la superficie sometida a reivindicación -o parte de ella- pertenece (o no) al dominio público del Estado; en virtud de lo preceptuado por el art. 2340, inc. 4* del C.C. -actual 235, inc. c) CCyC.-.

Se ha sostenido al respecto: "Así las cosas, la doctrina denomina delimitación a la fijación del límite entre el dominio público natural y el dominio privado. Dicho concepto se diferencia del de alineación, aplicable al dominio público artificial. La diferencia no es meramente terminológica, sino que también existen efectos diversos según se trate de uno u otro caso. En efecto, en el caso del dominio público natural, la delimitación tiene un carácter declarativo, pero en el dominio público artificial la alineación puede ser constitutiva de dominio. En el caso de la delimitación de los bienes que integran el dominio público natural, que es el que nos interesa, dicha determinación se limita a comprobar un hecho o un fenómeno de la naturaleza, pero de ninguna manera se crea en dicho momento al dominio público, sino que declara los límites de un bien que existía desde su consagración legislativa. Es decir que en éste caso nos estamos refiriendo a la concreción física sobre un espacio determinado de una definición legal previamente establecida. En tal sentido, la doctrina ha establecido que a partir del carácter meramente declarativo de la delimitación, los efectos jurídicos se proyectan ex tunc, esto es, retroactivamente. Por el contrario, el dominio público artificial está integrado por bienes que han sido creados no ya por la naturaleza sino por la/// ///4.-acción humana, y que en consecuencia, sólo existen desde dicha creación y a partir del acto administrativo que los afecta al uso público" (Cf. "A propósito de la línea de ribera y el efecto declarativo de su determinación", Miguel Volonté, elDial DC1C39; Publicado el: 04/02/2014).

Y en ese mismo sentido, tiene dicho este Superior Tribunal de Justicia: "No debe confundirse la \"alineación\" con la \"delimitación\", ni debe asimilarse a ésta. Ambas se refieren a la fijación de los límites de dependencia dominiales en relación con predios privados colindantes. Pero se refieren a distintas especies de bienes públicos: la \"delimitación\" contempla los bienes de origen \"natural\" declarados públicos por el legislador (verbigracia un río, un lago, etc.); la \"alineación\", en cambio, se vincula con los bienes declarados públicos por el legislador pero cuya existencia u origen dependen de un hecho humano (verbigracia una calle, un camino). Desde luego, la diferencia entre delimitación y alineación no es solo \"terminología\": traduce en sus efectos. La delimitación es simplemente \"declarativa\" de dominio, en tanto que la alineación puede ser \"constitutiva\" o \"traslativa\" de dominio, dando lugar, mediante el debido procedimiento legal, a la adquisición de terrenos para la apertura de nuevas calles y caminos o para el ensanche de los existentes.\" (STJRNS4 - Se. N* 64, in re: Incidente de Ejecución de Sentencia en: "Odarda, María Magdalena y otros c/Vial Rionegrina Sociedad del Estado y otros s/Mandamus" (Expte. N* 21690/06-STJ-).

Repárese que -en concordancia con lo dispuesto en el art. 67 del Decreto N* 1220/2002 citado más arriba- el Código de Aguas (Q N* 2952) define en su artículo 16 las funciones del Departamento Provincial de Aguas, como su autoridad de aplicación, entre las que se encuentran las de "Intervenir y propiciar el deslinde entre el dominio público hídrico y el dominio privado, mediante la determinación de la línea de ribera, según lo dispuesto por el Código Civil, siguiendo los procedimientos y pautas técnicas que fije la reglamentación" (inciso g).

La "reglamentación" que se menciona fue establecida por el Decreto N* 1058/2005 (dictado el 25/08/2005 y publicado en el B. O. del 01/09/2005, pág. 6) hoy contenido en el Decreto Provincial Q N* 1923/1996 (conf. Digesto). Se regulan allí las facultades del D.P.A. para las definiciones y demarcaciones de la línea de ribera (fluvial, lacustre, y marítima) y///.- ///.-conexas a todos los efectos que deriven del dominio, competencia y jurisdicción de la Provincia; "en base a las disposiciones del Código Civil y leyes complementarias".

Asimismo, establece que el D.P.A. determinará "la crecida media ordinaria conforme a criterios hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos y estadísticos, evaluados a la luz de un serio y actualizado estudio". Y conforme al parágrafo 6) de la reglamentación del inciso g), "cada vez que se establezca o modifique el estado parcelario de un inmueble, en las respectivas operaciones de mensura, deberá practicarse deslinde entre el dominio público y el privado y dejarse constancia de las líneas conexas en los planos de mensura correspondientes, de acuerdo a las instrucciones que el Departamento Provincial de Aguas imparta en cada caso y en función de los procedimientos y criterios previstos en los parágrafos 3 y 4 del presente artículo". Luego, por Resolución DPA N* 2540/2008 (B.O. 4689 del 12/1/200) se reguló el procedimiento para la expedición de las instrucciones especiales de mensura a los fines de la fijación de la línea de ribera y conexas.

Por otro lado, es relativa la discusión existente en autos sobre la cuestión de la navegabilidad del brazo del Río Negro. Es que, conforme al art. 2.572 del ahora derogado Código Civil, "son accesorios de los terrenos confinantes con la ribera de los ríos, los acrecentamientos de tierra que reciban paulatina e insensiblemente por efecto de la corriente de las aguas, y pertenecen a los dueños de las heredades ribereñas. Siendo en las costas de mar o de ríos navegables, pertenecen al Estado".

De igual modo, el art. 1959 del Código Civil y Comercial vigente desde el 1/8/2015, dice: "El acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble confinante con aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentación, pertenece al dueño del inmueble. No hay acrecentamiento del dominio de los particulares por aluvión si se provoca por obra del hombre, a menos que tenga fines meramente defensivos.".

Como se aprecia, en el viejo código la navegabilidad o no del río sólo resultaba útil a los fines de determinar si el aluvión pertenecía al Estado o al propietario ribereño, respectivamente. En el actual, se ha suprimido esa mención al "Estado", lo cual podría generar algún interrogante sobre la pertenencia del acrecentamiento en los ríos navegables.

Sin embargo, a los fines que ahora interesan no existen diferencias conceptuales entre ambos textos dado que, bajo cualquier hipótesis de análisis, es de toda evidencia que no se puede hablar de terrenos confinantes sin antes definir la línea de ribera. Ello así, en tanto no/// ///5.-constituyen aluvión, "las arenas o fango, que se encuentren comprendidas en los límites del lecho del río, determinado por la línea a que llegan las más altas aguas en su estado normal" (art. 2577 C.C.).

Tampoco aquí cambia la solución con el nuevo Código Civil y Comercial, que al respecto establece: "no constituye aluvión lo depositado por las aguas que se encuentran comprendidas en los límites del cauce del río determinado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias" (art. 1960 CCyC.). Obsérvese que si bien la norma refiere el "promedio de las máximas crecidas ordinarias (subsanando una discordancia que existía en el Código de Vélez luego de la reforma de la Ley N* 17.711 entre el inc. 4) del artículo 2340 y el art. 2577), lo trascendente es que para el Legislador Nacional todo lo que se encuentra por debajo de la línea de ribera no constituye aluvión.

Es decir entonces que además de aquellas normas catastrales ya citadas, debe observarse todo un plexo normativo de naturaleza pública cuya consideración no fue efectuada en las instancias de mérito para decidir la cuestión. En particular, las normas que regulan la delimitación del dominio público natural (hídrico) del Estado Provincial, y las vinculadas a la mensura y registración de los inmuebles privados que linden con aquéllos.

Adviértase a mayor abundamiento que no se ha acompañado con la demanda una mensura de la fracción pretendida como acrecentamiento aluvional (la que debe realizarse bajo los lineamientos de la Ley E N* 3483 y el Decreto N* 1220/02); y además obra a fs. 153/154 del expediente, una Disposición emitida por el D.P.A. a propósito de un pedido de empadronamiento para riego efectuado por el demandado Caverzán, en el cual se deja constancia que: ". la propiedad en cuestión se encuentra ubicada dentro del área baja inundable en crecidas del Río Negro, corriendo por exclusiva cuenta del ocupante los riesgos inherentes a dicha situación, hasta tanto se determinen las líneas de ribera correspondientes". Por consiguiente, queda perfectamente en claro que nunca se hizo formalmente el deslinde entre el dominio público hídrico y el privado, lo que obsta a calificar como aluvionales a las tierras en disputa, e impone el rechazo de la pretensión reivindicatoria.

5.-Decisión: Por lo expuesto precedentemente propongo hacer lugar al recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, revocar las sentencias de Primera y Segunda Instancia. MI VOTO por la AFIRMATIVA.

///.- ///.-A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto, Enrique J. Mansilla y Liliana Laura Piccinini dijeron:

ADHERIMOS a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Apcarian, VOTANDO en IGUAL SENTIDO.

A la misma cuestión la señora Jueza doctora Adriana Cecilia Zaratiegui dijo:

Atento a la coincidencia de los votos precedentes, ME ABSTENGO de emitir opinión.

A la segunda cuestión el señor Juez doctor doctor Ricardo A. Apcarian dijo:

Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 479/497 y vta. de las presentes actuaciones; revocar las sentencias de Primera y Segunda Instancia y en consecuencia rechazar la demanda incoada por las razones expresadas en los considerandos precedentes; dejándose expresamente aclarado que ello no implica pronunciamiento sobre la cuestión sustancial objeto de la demanda. II) Imponer las costas en todas las instancias en el orden causado (art. 68, 2do. párr. del CPCyC.). Ello, por tratarse de una cuestión jurídicamente compleja, y cuya solución requiere del análisis y aplicación de todo un plexo normativo de derecho público local cuya observancia ha sido omitida en ambas instancias de mérito. Se suma a lo dicho, que las razones que imponen el rechazo de la acción, no habilitan el reconocimiento de derecho real alguno a favor de los demandados. III) Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, al doctor Horacio N. Pagliaricci, en el 30% y al doctor Rubí H. Zuain, en el 25%; todos a calcular sobre los honorarios que se le regulen a cada representación, por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.). ASI VOTO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto, Enrique J. Mansilla y Liliana Laura Piccinini dijeron:

ADHERIMOS en un todo a la solución propuesta en el voto que antecede.

A la misma cuestión la señora Jueza doctora Adriana Cecilia Zaratiegui dijo:

ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 L.O.).

Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

///.- ///6.- Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 479/497 y vta. de las presentes actuaciones; y revocar las sentencias de primera y segunda instancia, obrantes a fs. 285/289 y 464/472 respectivamente, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos y en consecuencia, rechazar la demanda incoada en los presentes.

Segundo: Costas en el orden causado en todas las instancias (art. 68, 2do. párr. del CPCyC.).

Tercero: Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, al doctor Horacio N. Pagliaricci, en el 30% y al doctor Rubí H. Zuain, en el 25%; todos a calcular sobre los honorarios que se le regulen a cada representación, por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.).

Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse. FDO. RICARDO A. APCARIAN JUEZ - SERGIO M. BAROTTO JUEZ - ENRIQUE J. MANSILLA JUEZ - LILIANA LAURA PICCININI JUEZA - ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI JUEZA - EN ABSTENCION (ART. 39 L.O.) - ANTE MI: ELDA EMILCE ALVAREZ SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.