marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, derecho al beneficio, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GATTI, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-15

El carácter tuitivo de las prestaciones de la Seguridad Social hace que, en caso de duda, deban extremarse los medios tendientes a dilucidar las cuestiones planteadas, porque de lo contrario se pone en situación de indefensión al peticionante, debiendo los organismos actuar razonablemente, valorando los distintos elementos de prueba y armonizándolos con las circunstancias fácticas -ausencia de pruebas documentales, servicios de antigua data, desaparición de la empresa, etc. (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 12.10.89, "Ramírez de Barrios, Euralia"; ídem Sala II, sent. n 8377 del 09.04.91; C.F.S.S., Sala I, sent. del 20.10.00, "La Torre, Grazia.").
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: Cantero, Ruben s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-12-21

El problema de actualidad de peligro en la agresión no debe ser visto desde un plano puramente objetivo, hay que pensar en la subjetividad del sujeto, en su valoración de las circunstancias y del propio peligro que siente.
Impuestos provinciales, Impuesto sobre los ingresos brutos, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Yacylec S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

Ningún obstáculo puede válidamente erigirse para negar, a quien resultaría exento del impuesto sobre los ingresos brutos por normas federales, el derecho a impugnar judicialmente la validez de las locales que desconocerían su franquicia y darían sustento a la obligación de pago. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Direcciones provinciales de obras sanitarias, empleados públicos, régimen disciplinario administrativo, ausencias injustificadas, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Michelino, Tarcisio Juan c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 486 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

El marco normativo aplicable, en lo que hace al régimen disciplinario, es el establecido por la resolución 757/85 del Administrador General de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias , y su modificatoria, 906/87. El artículo 6 inciso a) de la resolución 757/85, en que se fundó el decreto por el cual se aplicó la sanción disciplinaria al agente, establece como causal de cesantía las inasistencias injustificadas que excedan de diez días continuos o discontinuos, en los doce meses inmediatos anteriores. A su turno, el artículo 13 prescribe que las sanciones de apercibimiento o las de suspensión por hasta diez días, y las que correspondan por aplicación del artículo 6 incisos a) o c) no requieren la instrucción de sumario previo. Este régimen disciplinario no contiene norma similar a la prevista en el artículo 65, cuarto apartado, de la ley 9286, relativa a la necesidad de correr vista al imputado en forma previa a la sanción en casos de incumplimiento reiterado del horario fijado por las leyes y reglamentos o de inasistencias injustificadas que no excedan de diez días continuos o discontinuos en los doce meses inmediatamente anteriores. Por tanto, no cabe hacer lugar a la acusación de falta de otorgamiento de vista en el trámite administrativo previo a la sanción disciplinaria traído por el recurrente
Denegatoria del recurso, acción de repetición
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Moliendas del Sur S.A. c/ Banco Credicoop Limitado s/ Repetición de sumas de dinero c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-11-18

Planteados agravios desestimados por este Tribunal en otros casos análogos, corresponde rechazar el recurso extraordinario nulitivo (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), dado que la omisión que genera la nulidad del fallo no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 es la falta de abordaje de una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del tribunal y no la forma en que ésta fue resuelta.
Transacción, homologación judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Durán, Reinaldo Ramón y otros c/ Saenz, Ruric s/ Ejecución de sentencia y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Si en el Código Procesal anterior (ley 2958) sólo se exigía la homologación de la transacción cuando intervenía el asesor de incapaces (arts. 248 y 250) y no se mencionaba a la misma entre los títulos ejecutorios equiparables a la sentencia (lo que podía llevar a la creencia de que el contrato transaccional, homologado o no homologado judicialmente, podía perfeccionarse como título ejecutivo, pero nunca como título ejecutorio), en el que hoy nos rige el legislador develó todas las dudas y en el capítulo destinado a la ejecución de sentencias, invistió a la transacción homologada con el ropaje del título ejecutorio.
Médicos, relación de dependencia, servicios simultáneos
Materia: LABORAL
Carátula: SANATORIO MAYO  S.A. s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-14

Si bien la exclusividad no constituye una característica indispensable para que la relación pueda calificarse de laboral, no puede aceptarse que un profesional preste servicios dependientes en múltiples entidades, ya que ello demuestra que está utilizando su autonomía técnica en un grado que resulta incompatible con la existencia de una relación dependiente.
Procedimiento administrativo, acceso a la justicia, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C. M. y Cía. S.C. c/ M.C.R. s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-01

Se acude a la vía reclamativa o reparatoria, cuando no hay declaración de voluntad administrativa sobre la cuestión que vulnera los derechos de los administrados, y por ende debe instarse para obtener ese pronunciamiento. O sea, en ausencia de acto administrativo, debe emplearse el reclamo, obtener el acto que causa estado y contra éste -o ante el silencio- procederá la acción.
Instrumentos públicos, simulación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ANGELINI DE CARDINALI ADELA O ADELINA s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-15

Si bien resulta indiscutible que el instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso por acción civil o criminal (art. 993 del Código Civil) de los hechos cumplidos por el oficial público o pasados en su presencia, ello no alcanza a su contenido o sinceridad, pues dicha autenticidad es con referencia a la verdad material de los hechos, pero no así respecto a la realidad de tal verdad material, pudiendo probarse la insinceridad de su contenido acudiendo a cualquier medio de prueba.

Siendo ello así, tratándose de una acción de simulación tendiente a denunciar la falta de sinceridad del acto jurídico celebrado entre las partes, el que se adujo- bajo la apariencia de onerosidad encubría una donación, y no habiéndose cuestionado en modo alguno la veracidad de los asertos efectuados por el notario, ni impugnado las declaraciones de los hechos pasados en su presencia, es claro que no cupo exigir al accionante redargüir de falsedad la manifestación del escribano para demostrar que el acto era simulado, pues la discusión solamente se centró en la honestidad de los hechos puestos de manifiesto por los contratantes por ante su presencia.
Firma, autenticidad, prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fambuena, Mónica Haydee c/ Fambuena, José s/ Cobro de pesos ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

La carga de la prueba de la afirmación referida a que la firma era falsa, pesaba sobre la parte que alegó la inautenticidad; ello así por cuanto el promotor de la incidencia fue quien pretendió modificar el estado normal de las cosas al sostener la invalidez del escrito; y por consiguiente, debió, inexcusablemente, producir prueba orientada a demostrar la alegada inautenticidad (arts. 178, 183 y 375 Código Procesal).
Cuestiones de competencia, economía procesal, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio de Defensa s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

La provisión de decisiones jurisdiccionales en torno del tema de la competencia va en desmedro del principio de economía procesal y del buen servicio de la justicia.
Recusación, prejuzgamiento, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Incidente de oposición formulado por el M. Cisternas en los autos expte. 484/97 - Parra, Facundo c/ CTI Norte Compañía de Teléfono del Interior S.A. s/ Acción SUMARISIMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-04-28

Constituye causal recusatoria la emisión por el juez en opinión (prejuzgamiento) sobre el o los puntos concretos que deben ser materia de decisión después de comenzado el pleito, ya sea fuera de autos o bien en el expediente, antes de la oportunidad fijada por la ley para pronunciarse. En el caso la recusación a resolver nace a partir de un proveído en el que el Inferior imprime un trámite diferente al solicitado por la actora y otorgado inicialmente a la causa, lo que significa que es una decisión referida no a las cuestiones de fondo propuestas, sino al trámite en sí mismo por el que se regirá el proceso, decisión ésta que conforme a los términos en que fue plasmada no permite de modo alguno presumir el resultado final del reclamo, correspondiendo en consecuencia desestimar la presente recusación.
Beneficio de litigar sin gastos, sellado judicial, exención de tasa de justicia, efecto retroactivo
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: CARDOZO DUEÑAS Mabel del Valle c/ Provincia de San Juan s/ Daños y Perjuicios - Sumario - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-07

En principio, la nueva solicitud de beneficio de litigar sin gastos no tiene efecto retroactivo con relación a los gastos del proceso principal iniciado con anterioridad. Como excepción, se admite que opere retroactivamente, cuando en el pedido anterior concluido por caducidad de instancia, el solicitante alcanzó a acreditar prima facie su imposibilidad de hacer frente a los gastos causídicos.
Hecho notorio, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Proyectos Especiales Mar del Plata Sociedad del Estado c/ Seminara S.A.I.C.F. y otros s/ Cumplimiento de contrato. Cobro de multas. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

Existe notoriedad suficiente para eximir de prueba a un hecho, sea permanente o transitorio, cuando en el medio social donde existe o tuvo ocurrencia, y en el momento de su apreciación por el juez, sea conocido generalmente por las personas de cultura media en la rama del saber humano a que corresponda, siempre que el juez pueda conocer esa general o especial divulgación de la certeza sobre tal hecho, en forma que no le deje dudas sobre sus existencia presente o pasada, mediante sus conocimientos previos o la investigación privada que haga o por las pruebas aducidas con ese propósito.
Sociedad anónima, directorio, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PLANTA EMBOTELLADORA MODELO SA. s/ IMPUGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-30

No existe subordinación laboral en las tareas técnico administrativas cumplidas por un miembro del Directorio de una SA.

Por ello, la asignación pecuniaria determinada por tal motivo, no está sujeta a aportes previsionales.
Acción de amparo, régimen disciplinario escolar, derecho de enseñar y aprender
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Challiol Verónica Roxana c/ Rodríguez Susana Elena y otra s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-08-05

La amparista pretende se ordene a la directora deje sin efecto las sanciones disciplinarias, reestableciendo la condición de alumna regular de la menor. No resulta admisible que los profesores, llamados a enseñar a los educandos los derechos fundamentales que constituyen el cimiento de la vida democrática de la República, paradójicamente olviden tales libertades cuando son ellos quienes deben adoptar decisiones que exigen observar procedimientos previos ineludibles para no conculcarlas. El derecho de aprender del artículo 14 de la Carta Magna ha sido mejorado más generosamente por los tratados constitucionalizados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Concurso preventivo, apertura del concurso, valuación del activo
Materia: COMERCIAL
Carátula: PARDO, MANUEL s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-16

Resulta procedente rechazar la solicitud de apertura de concurso preventivo con fundamento en no haberse cumplido los requisitos de la ley 24522: 11, si -como en el caso- el peticionario no indicó las normas seguidas para la valuación del activo denunciado. A tal fin, resulta improcedente mentar que el régimen de la ley 24522: 289 lo excusa de presentar un legajo por cada acreedor: si originariamente anunció que los presentaría según dispone la ley 24522: 11-5.. A más, lo que la ley permite es omitir la presentación de los dictámenes contables, más no autoriza a prescindir del legajo por cada acreedor.
Contratos, compraventa, efectos entre partes, factura, falta de prueba, calidad de la mercadería
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Ackron SA c/ Tecna Estudios y Proyectos de Ingeniería SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-15

Cabe rechazar la demanda basada en una factura emitida por la actora, en la cual la demandada reconoció haberla recibido y cuestiona la entrega de la mercadería objeto de la operación. Es que no puede pasar desapercibida por tratarse de un comerciante profesional, que una vez recibida la carta documento -intimándola al pago-, la demandada nada hubiera hecho (rechazar la misiva por igual medio o, cuanto menos requerir una explicación de la actora), si efectivamente no había recibido el material adquirido. Es que es esperable de cualquier persona a quien se le exige una deuda que no le corresponde, que resista tal reclamo o, se comunique con el pretensor para exigir alguna aclaración. Pero en el caso, tratándose además de un comerciante, no sólo guarda silencio frente a la recepción de una factura (presuntamente además sin contener el remito como lo exigía la orden de compra emanada de la propia actora), sino que también reitera la conducta al ser interpelado al pago. Recuérdese que la demandada sostuvo, sin aportar prueba alguna, que debió comprar el producto a otro proveedor frente al incumplimiento de la aquí actora. Así, frente a esta adquisición de emergencia, no sólo es impensable que un comerciante guarde silencio frente a dos hechos de gran relevancia (entrega de factura e interpelación), sino que es esperable una actitud activa contra el presunto incumplidor.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, tribunal de superintendencia notarial, sentencia, resoluciones recurribles, competencia previsional, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CAJA NOTARIAL DE ACCION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - GOHRINGER, CARLOS ADOLFO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSO D E APELACION DE FECHA 2/7/07 DEL TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA DEL NOTARIADO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 137 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-24

Cabe rechazar la queja interpuesta contra la resolución de la Cámara Penal que declaró mal concedidos los recursos de apelación y dispuso bajar los autos a su origen desde que los vicios que la compareciente le endilga al fallo giran esencialmente en torno a lo que evalúa como apartamiento de la norma aplicable -el artículo 47 de la Ley 10160-.

Sin embargo, lo concluido por los sentenciantes de modo alguno puede entenderse irrazonable o arbitrario, en tanto al considerar que la resolución del Tribunal de Superintendencia del Notariado no constituía uno de los supuestos que viabilizaban la intervención de la Cámara Penal, se sustentó en una exégesis acertada de aquella norma.

Así, calificando la materia de lo llevado a su conocimiento por revisión como de naturaleza previsional ( la discusión de fondo versó sobre si correspondía o no otorgar los beneficios de pensión al cónyuge supérstite y a la hija de una afiliada fallecida), la Sala observó que una hermeneusis integral de lo establecido en el dicho artículo no permitía incluir entre las apelables ante sus estrados este tipo de decisiones por cuanto no integran el núcleo de la disposición.-
Calificación legal, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: RUBIO, GERARDO ANTONIO c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-04-11

No aparece acreditado en autos el vicio de incongruencia denunciado-el impugnante sostiene que se lo intimó por un delito -falsedad ideológica- y se lo terminó condenando por otro -falsedad material- afectando el derecho de defensa-desde no se aprecia una modificación sustancial de la base fáctica sobre la que giró el núcleo de atribución de responsabilidad del imputado desde el inicio mismo del proceso hasta su culminación, ni tampoco se expresan las defensas que se viera impedida de articular y en qué medida habrían influido en la solución adoptada, circunstancia que provoca la inadmisibilidad de su planteo.
Servicio telefónico, comercio interior, ley provincial, constitucionalidad, facultades del gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Telefónica de Argentina S.A. s/ acción de inconstitucionalidad ley 2813.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

El art. 1 de la ley 2813 de la Provincia de Río Negro lejos de atentar contra los incs. 13 y 18 del art. 75 de la Ley Fundamental, es decir, lejos de obstruir, interferir o lisa y llanamente imposibilitar el comercio de las telecomunicaciones, asegura y fortalece el contenido de dichas cláusulas constitucionales en su significado más elemental, cuya razón de ser es el progreso de los habitantes de la Nación y el consiguiente engrandecimiento de ella -construyendo la solidaridad requerida por el destino común de los demás estados autónomos y de la Nación toda - y concilia con el texto del art. 126 de la Constitución Nacional (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Poder de policía, Estado Nacional, Estado Provincial, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INC S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

La Corte nacional afirma que lo relevante en la distribución del poder de policía no es el territorio sino la materia objeto de la limitación y la extensión de los bienes en custodia; así, unos merecerán una custodia jurídica con extensión nacional y otros, provincial o municipal. La doctrina administrativista, por su parte, mayoritariamente afirma que en principio, el poder de policía corresponde a las provincias, ya que se trata de una potestad que éstas se reservaron al constituir la unión nacional; y excepcionalmente corresponde a la Nación, cuando ésta ejercite atribuciones que la Constitución le otorga expresa o implícitamente, o cuando el ejercicio de idénticas atribuciones por las provincias resulte incompatible con igual ejercicio por parte de la Nación. (De la disidencia del Dr. Falistocco) - DOCTRINA: Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", 4ta. Edición, Bs. As., Abeledo Perrot, 1987, T. IV, n° 1527. - Jurisprudencia concordante: Castets y Tanino; Foschiatti y Supermercado Reconquista, AyS T 279, p 142/236.
Intereses, tasa pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires c/ Agromax S.A.I.C. s/ Constitución de servidumbre de electroducto Vera, Eduardo Amadeo y La Virgen Mirta Mabel c/ Compañía Rastreador Fournier-Lemos y Rodríguez y Cía. y Gómez, Eduardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03|1995-12-05

Corresponde casar el pronunciamiento que establece una tasa distinta a la establecida por la Suprema Corte, en supuestos similares, a partir del 1 de abril de 1991 (en el caso, se le adicionaba un punto a la tasa).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, procedencia del recurso, clasificación de delitos, hurto calificado
Materia: PENAL
Carátula: ROJAS, Sergio Normando, ROJAS, Tomás Alejandro y otro s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-14

Es claro que la Sra.Jueza tuvo por probado que la fruta era arrancada de los árboles por los imputados y no recogida del suelo como ellos declararon a fs.20, 21 y 22. Surge implícito que esta acción de separar la fruta de la planta ha sido considerada por la Resolvente como la acción típica de apoderamiento con "fuerza en las cosas" conforme la fórmula empleada por el art.164 del C.Penal.

Pero, esto no implica el empleo de una "energía física, humana o artificial, que la rompa, tuerza, saque de su sitio, cave o, por ejemplo, tratándose de un semoviente, lo mate o dañe de otra manera...".

El modo natural de remover la fruta que está en una planta es sacudiéndola o arrancando el producto y en ningún caso hay agravación de la figura simple que reprime el apoderamiento cuando es ilegítimo; cuando se hace sin derecho.

Como decía el autor citado "El criterio que gobierna el asunto es realista y no puramente conceptual" (ob.cit.pág.218) de suerte que cada caso debe ser apreciado bajo esa óptica evitando agravar un hurto cuando no se ha empleado verdadera fuerza en la cosa o excluir del robo casos de efectivo ejercicio de energía sobre ella.
Defraudación, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Responsable de Onccima s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-08-12

La simple asunción de obligaciones no puede reputarse como perjuicio concreto a los fines de la consumación del delito de defraudación, pues en los supuestos de promesas de pago el daño no se produce hasta que la prestación comprometida tiene lugar. No siendo posible determinar el momento en que se sumó el delito resultan aplicables las pautas establecidas en el punto III de la Acordada 110, en cuyo m rito debe atribuirse competencia al tribunal que se hallaba en turno cuando los antecedentes provenientes del Ministerio Público ingresaron en sede judicial.-