Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-17


LUCERO, Osmar Justo y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 195 p 253-261.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "LUCERO, Osmar Justo y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 146, año 1993), de conformidad con el acuerdo celebrado el día diez del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

1. Osmar Justo Lucero, José Ángel Frieras, Juan Bautista Monzón, Mario Mendoza, Ángel Carlos Gómez, Orlando Walter Giménez, Rogelio Mendoza, Laurentino Beltrocco, Antonio Aníbal Gómez, Héctor Paniagua, Antonio Álvarez, Ovidio Bertorello y Ricardo Miño, interponen -por apoderado- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, tendente a obtener se dicte resolución ordenando el cumplimiento del decreto 6019 del 9.12.1991 emanado del Poder Ejecutivo provincial, y refrendado por los Ministros de Salud y de Hacienda y Finanzas; solicitan además las diferencias de haberes, con más sus intereses desde el dictado del acto administrativo y hasta su efectivo pago.

Relatan que desempeñan sus tareas en el Ministerio de Salud y Acción Social en los cargos previstos en el decreto cuya aplicación se pide, establecidos éstos desde antes del dictado del mismo, y en concordancia con el escalafón de la Administración Pública.

Explican que el pesado aparato burocrático, y la falta de contemporaneidad de los actos administrativos con las funciones que en realidad se desempeñan -salvo en el caso del personal superior-, dan lugar a este tipo de situaciones de hecho que se subsanan con actos administrativos como el que solicitan se aplique, luego de un prolongado tiempo en que los agentes cumplen las funciones efectivas en los cargos. Expresan que interpusieron reclamo administrativo solicitando la aplicación del decreto, cuando comprobaron que no se les hacía efectivo el salario de acuerdo a los cargos ocupados, y que según el acto administrativo del Gobernador -decreto 6019/91-, debía haberse liquidado por la oficina de personal.

Destacan que se había procedido a la modificación presupuestaria pertinente que posibilitaba la reubicación escalafonaria que el decreto establecía; y que éste es la consecuencia del acta paritaria 32 del año 1989, que al no haber contemplado la totalidad de los casos de los agentes que se encontraban desempeñando funciones de mayor jerarquía que el nombramiento, se procedió a subsanar, mediante este acto administrativo plenamente fundado y basado en actuaciones administrativas (exptes. 00501-0156.561-V y 00501-0155.328-V).

Solicitan se les pague los cargos desempeñados, de acuerdo a la liquidación que ordene este Tribunal, con más la actualización y los intereses correspondientes.

Manifiestan que el acto administrativo que piden se aplique ha sido emanado del órgano competente, ya que lleva la firma del titular del Poder Ejecutivo y tiene el refrendo ministerial correspondiente, lo que lo torna legítimo -en tanto tiene su apoyo en las atribuciones otorgadas por la Constitución-, y en beneficio de los actores haciendo nacer derechos subjetivos, tornando ilegítimo y arbitrario cualquier incumplimiento de la Administración ya sea en forma expresa o tácita.

Remarcan que la no aplicación por parte de la Administración del decreto 6019/91 afecta la seguridad jurídica y el principio de legitimidad de los actos administrativos; que con un cuestionamiento tácito se vulneran atribuciones que tiene el Gobernador en materia de designaciones y promociones, que -entienden- son conductas tendentes a violar el principio de la continuidad jurídica del Estado, porque la reubicación escalafonaria se produce con un Gobernador, y el no cumplimiento con otro Gobernador, tornando a esta situación en un abuso de poder en contra del orden jurídico y el estado de derecho.

Continúa diciendo que debe respetarse la estabilidad del acto administrativo, basado en la presunción de legitimidad, y el no cumplimiento -alega- se asemeja a una revocación tácita que afecta derechos constitucionales, como son la estabilidad del empleado público, el derecho a la carrera, la igualdad ante la ley, y el derecho de propiedad.

Comentan que no se les ha comunicado ningún tipo de acto administrativo que dé cuenta del obrar arbitrario de la Administración que pudiera haber garantizado su derecho de defensa.

Sustentan el principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos, por vía administrativa, ya sea en forma expresa o tácita. Citan jurisprudencia en apoyo de su pretensión.

Concluyen diciendo que el obrar de la Administración lesiona seriamente lo dispuesto en los artículos 15, incisos a), b), c), d), f), k), 16, 17 y 18, sucesivos y concordantes de la ley 8525; especialmente viola el principio de la estabilidad, que no solo consiste en mantenerse en la Administración sino en definitiva en el nivel escalafonario alcanzado, y en concordancia con la igualdad de oportunidades y capacitación.

Solicitan, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 54), comparece la Provincia (f. 65) y contesta la demanda (fs. 70/73).

En el escrito de responde niega que: sean ciertos los hechos invocados por los actores y el derecho sea aplicable a la situación jurídica del caso; corresponda que este Tribunal le ordene el cumplimiento del decreto 6019 del 9.12.1991; y en consecuencia corresponda una hipotética diferencia de haberes en la forma y modo pretendida; el obrar de la Administración haya producido lesión a derechos subjetivos nacidos del acto administrativo; sea cierto que el Tribunal deba restablecer el principio de legalidad, conforme se lo invoca; los actores se hayan venido desempeñando en los cargos que el decreto establece desde antes del dictado del mismo y en concordancia con el escalafón de la Administración Pública;

exista demora imputable a un pesado aparato burocrático; hayan cumplido funciones efectivas en los cargos y que haya que mandar aplicar el decreto 6019/91; no se les hiciera efectivo el salario de acuerdo al cargo ocupado y sea exigible la aplicación del decreto en cuestión; se haya procedido a la modificación presupuestaria pertinente que posibilitara la reubicación escalafonaria del decreto aludido; este decreto haya sido consecuencia del acta paritaria 32 de 1989 y que haya sido dictado para subsanar la totalidad de los casos de los agentes que se encontraban desempeñando cargos de mayor jerarquía que el correspondiente al nombramiento; sea procedente que se deba pagar diferencias salariales por el cargo ocupado; del acto administrativo surja o pueda ser jurídicamente exigible el derecho que postulan los actores; sean titulares de un derecho subjetivo; medie supuesto de incumplimiento de la Administración ya sea en forma expresa o tácita; la no aplicación por parte de la Administración del decreto 6019/91 afecte la seguridad jurídica y el principio de legitimidad de los actos administrativos; se vulneren atribuciones del Gobernador al producir conductas violatorias del principio de la continuidad jurídica del Estado; la reubicación se haya ajustado a derecho y en consecuencia, sea válida, eficaz y exigible; se haya dado la hipótesis de que un Gobernador que sucedió a otro haya incurrido en un exceso de poder, haya actuado en contra del orden jurídico y del propio estado de derecho; deba respetarse lo que llama la estabilidad del acto administrativo; el no cumplimiento pueda calificarse como de "revocación tácita que afecta derechos constitucionales"; se vulnere la estabilidad del empleado público, su derecho a la carrera, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad; no se les haya comunicado ningún tipo de acto administrativo que les diera cuenta de un supuesto obrar arbitrario de la Administración y se les haya impedido ejercer el debido derecho de defensa; por inexacto, se ajuste a derecho lo relacionado con la invocación de la irrevocabilidad de los actos administrativos, por vía administrativa y que sea aplicable al caso la doctrina jurisdiccional que citan; para revocarse un acto administrativo deba solicitarse por vía judicial; el obrar de la Administración lesione las normas de la ley 8525 que invocan y citan; especialmente se viole el principio de la estabilidad; el acta suscripta el 16.5.1995 de foja 61 reconozca a todos los actores parte de los reclamos de la demanda; en definitiva, la procedencia de la pretensión recursiva.

Argumenta que para sustentar la postura y tesis jurídica que se ensaya en la demanda, en forma intencionada, se ha omitido cualquier referencia específica a los actos administrativos que tuvieron por virtualidad jurídica y en función de la preservación del principio de la legalidad, dejar sin efecto nombramientos y designaciones por ascenso que se realizaban vulnerando las normas específicas del régimen de promociones y que, por no haber sido emitidos conforme a la normativa aplicable, merecieron que la propia Administración advertida de vicios "in fieri" en aquéllas, procediera a dejarlas sin efecto. Refiere concretamente a las previsiones del decreto 65/91 que -señala- obviamente no ignoran los actores sino que omiten su mención y consideración, además de no haber acreditado su impugnación.

Indica que el decreto mencionado fue producto no solo del avasallamiento normativo en materia de designaciones y promociones sino también, especialmente, como lo reconocen sus propios considerandos, de que las asignaciones y ascensos eran injustificados.

Señala que el principio de legalidad no puede evitar el autocontrol de legalidad de los actos de la Administración y esto, en modo alguno, se trata de una situación inexacta, como la que se alega: que se violente la continuidad del Estado.

Manifiesta que los actores no poseían una asignación de funciones otorgada con anterioridad al 31.12.1988, ni les resulta aplicable la situación del acta paritaria 32/89.

Dice que con la omisión de tratamiento en la demanda de todas estas situaciones se ha tratado de inducir a error a este Tribunal pues se ha procurado hacer aparecer al decreto 6019/91 como un acto administrativo simplemente incumplido, situación que no es real. Añade que en lo que le atañe, se ha intentado vulnerar el legítimo derecho a la substanciación procesal.

Concluye diciendo que por decreto 1246/94 se rechazó a los actores la aplicación del decreto 6019/91, motivo por el cual ello constituye una decisión expresa y ajustada a derecho.

Solicita, en suma, se rechace la demanda, con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 73 vto.) y producida la que consta en el expediente, informan las partes sobre el mérito de la misma (fs. 186/190 y 191/193 vto.). Dictada (f. 194) y consentida la providencia de autos, queda la presente causa en estado de ser resuelta.

3. Los actores deducen recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe pretendiendo el cumplimiento del decreto 6019/91 del Poder Ejecutivo y las diferencias de haberes, con más sus intereses, entre lo efectivamente percibido y lo que deberían haber cobrado de habérseles aplicado el mencionado acto administrativo (fs. 28/31). A ello se opone la resistente (fs. 70/73).

Para comprender el thema decidendum y resolver, en definitiva, la materia litigiosa, es preciso detenerse en las constancias del expediente administrativo y de estas actuaciones.

De ellas se desprende que por decreto 6019, del 9 de diciembre de 1991, se ascendió a diversos agentes del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social, designándose, entre otros, a José Friera, Jefe División Correspondencia, categoría 19; Ovidio Bertorello, Jefe Sección Electricista, categoría 17; Laurentino Beltrocco, Jefe Sección Carpintería, categoría 17; Ricardo Miño, Jefe Sección Plomería, categoría 17; Mario Mendoza, Jefe Sección Pinturería, categoría 17; Ángel Carlos López, Jefe Oficina Pinturería, categoría 16; Rogelio Mendoza, Jefe Oficina Albañilería, categoría 16; Héctor Paniagua, Jefe Oficina Albañilería, categoría 16; Antonio Gómez, Jefe Sección SubMayordomía, categoría 17; Osmar Lucero, Jefe División Mayordomía, categoría 19; Juan Bautista Monzón, Jefe Oficina Cocina, categoría 16; Orlando Giménez, Jefe Oficina Pinturería, categoría 16; Antonio Álvarez, Jefe Oficina Electricista, categoría 16 (fs. 6/14).

Por decreto 65 del Poder Ejecutivo, del 13 de diciembre de 1991, se dejaron "...sin efecto todas las designaciones y/o ascensos de personal de la Administración Pública Provincial, Entes Descentralizados y/o Autárquicos que dependan de la Provincia de Santa Fe, como así también las Estructuras Orgánicas aprobadas y/o la asignación de funciones en base a las mismas que se hayan otorgado, y la transformación de cargos de planta temporaria en planta permanente, dispuestas por actos administrativos dictados desde el día 1ro. de enero de 1991 y hasta el 9 de diciembre de 1991" (art. 1). En los considerandos del acto se esgrimieron diversos argumentos: elevación injustificada de categorías, aprobación de estructuras orgánicas violatorias del proceso de reorganización del Estado provincial, alteración del régimen de promociones por concurso.

La Dirección General de Personal del Ministerio de Salud y Medio Ambiente ha informado que el decreto 6019/91 fue alcanzado por los términos del decreto 65/91, "...consecuentemente, no se le dio curso en forma y término..." (f. 47 vto., expte. adm. de la Gobernación 00101-0043211-7).

El 24 de setiembre de 1992 los agentes se presentaron ante el Poder Ejecutivo y solicitaron la aplicación del decreto 6019/91, sin hacer mención del decreto 65/91 (fs.1/2, expte. adm. 00101-0043212-8; fs. 1/2 del expte. adm. 00101-0043213-9; y fs. 1/3 del expte. adm. 00101-0043211-7).

Los agentes ratificaron los reclamos administrativos (fs. 23, 29 y 35, expte. adm. 00101-0043211-77) y, tras el dictamen de Fiscalía de Estado del 29 de diciembre de 1993 (f. 60, ídem.), el 12 de mayo de 1994, por decreto 1246, el Poder Ejecutivo rechazó la solicitud efectuada por los agentes (fs. 72/75). 4. La accionada, en el responde, afirma que los actores omiten referirse al decreto 65/91 y que no han acreditado la impugnación de este acto.

La articulación de la Administración y las constancias de autos, tornan necesario analizar, en primer término, los efectos que el decreto 65/91 produjo sobre las situaciones particulares de los agentes involucrados. Para ello, es menester desentrañar la naturaleza y el alcance del citado acto administrativo.

De la lectura del decreto en cuestión, publicado en el Boletín Oficial del 30.12.1991, se desprende que el Poder Ejecutivo provincial tuvo en cuenta para su dictado la vigencia de la ley de emergencia económica y reforma del Estado, como también la del decreto nacional 435/90 y del provincial 877/90.

Con ese marco normativo se analizó "que en los últimos meses se ha procedido a la aprobación de nuevas estructuras orgánicas correspondientes a las distintas Unidades de Organización produciéndose en forma notoria una elevación injustificada de las categorías correspondientes al personal que realiza diversas funciones", destacando que dichas estructuras resultan violatorias del proceso de reorganización del Estado Provincial al impedir definir con realismo sus necesidades y el redimensionamiento acorde a los requerimientos actuales.

Se consideró también "que pese a lo dispuesto en los decretos 3924/87 y 88/87 se ha procedido tanto a la designación de nuevo personal en planta permanente como al pase de personal que revistaba en la planta transitoria a la planta permanente", concluyéndose, por tal motivo, en que se había alterado el régimen de promociones por concursos previsto en el respectivo escalafón.

Asimismo se tuvo en miras que el acta de paritarias 32/89, sólo refería a los agentes que hubieran poseído una asignación de funciones otorgada con anterioridad al 31.12.1988.

Con base en tales fundamentos, el decreto 65/91 dispuso dejar sin efecto todas las designaciones y/o ascensos de personal, fueran en planta permanente o temporaria, realizadas a partir del 1.1.1991, como así las estructuras orgánicas para las distintas Unidades de Organización establecidas a partir de dicha fecha, pero explícitamente aclaró que tales medidas tenían como fin realizar un adecuado estudio de las necesidades del Estado Provincial y de los derechos de los agentes involucrados, en un plano de igualdad y de respeto a la carrera administrativa.

Como derivación de ello, en el artículo 4 del decreto en análisis, se dispuso que las distintas Unidades de Organización deberían elevar a la Subsecretaría de la Función Pública, el detalle de las estructuras orgánicas dejadas sin efecto y/o personal que como consecuencia de estas medidas, haya dejado de pertenecer a la Administración Pública provincial.

Asimismo, mediante decreto 32/92 (B.O. del 7.2.1992), se dispuso la creación, en el ámbito de la Subsecretaría de la Función Pública, de una Comisión Central Participativa y, también, en cada jurisdicción, de una Comisión Jurisdiccional, integradas por representantes estatales y gremiales, destinadas a evaluar las situaciones emergentes de los actos administrativos alcanzados por el decreto 65/91. De lo expuesto se desprende que las disposiciones de dicho decreto, no importaron lisa y llanamente la anulación de los actos administrativos que podían subsumirse en los presupuestos que establecía, sino, más bien, el sometimiento a revisión de esos actos, por considerar que, en principio, se encontraban afectados de ilegitimidad. En otras palabras, se puso en cuestión la presunción de legalidad de los mismos.

Adviértase que las medidas dispuestas en el decreto 65/91 apuntan a un posterior análisis de la situación particular de los agentes involucrados (la que se llevaría a cabo en un "plano de igualdad y respeto a la carrera administrativa"), lo que se corrobora también con las disposiciones del decreto 32/92, en cuanto dispone crear las comisiones mencionadas a efectos de evaluar la situación emergente de los actos alcanzados por aquél decreto.

Cabe concluir entonces, que la Administración separó un grupo de actos para someterlo a revisión en atención a que, "prima facie", consideraba a tales actos afectados de ilegitimidad y, mientras se desarrollaba la investigación sobre el particular, decidió privarlos de efectos.

Esta facultad de la Administración, que no ha sido objetada por los recurrentes, no aparece, en abstracto, como ilegal o arbitraria, puesto que ante la falta de certeza total sobre los vicios que pudieran afectar a determinados actos, pero existiendo dudas razonables sobre su validez, escogió una vía menos gravosa que la anulación o revocación. Se impone señalar en tal sentido que si la Administración puede -en uso de sus facultades de autotutela- proceder a la anulación en sede administrativa de actos de los cuales derivaron derechos subjetivos para los administrados ("Municipalidad de Reconquista", A. y S. T. 92, pág. 28; "Laraia", A. y S. T. 93, pág. 290; "Baiocco", A. y S. T. 143, pág. 369; y ver también A. y S., T. 80, pág. 237 y 243; T. 91, pág. 23, entre otros); con mayor razón debe reconocérsele facultades para disponer la privación de efectos respecto de determinados actos que considera "prima facie" ilegítimos, hasta tanto se determine si lo son o no.

En suma, se difirió la eficacia de las designaciones y de los ascensos a las resultas de las conclusiones a las que arribasen los órganos creados al efecto. Así lo entiende también Fiscalía de Estado en cuanto considera que el decreto 65/91 comportó sólo suspender la vigencia del decreto 6019/91 (f. 204).

Por ello, no resulta razonable imponer en cabeza de los agentes la obligación de recurrir inmediatamente el decreto 65/91 desde que no les producía un agravio definitivo y actual como no sea en lo que atañe a la falta de percepción de las mayores diferencias salariales.

Por lo expuesto, la objeción de la demandada fundada en la falta de impugnación del decreto 65/91 debe desestimarse. 5. Sentado, pues, que el decreto 65/91 significó sólo diferir los efectos del decreto 6019/91, corresponde ahora analizar si fue o no legítima dicha suspensión en las circunstancias del caso.

A ese efecto es menester detenerse en las conclusiones a las que llegaron los órganos encargados de expedirse acerca de la eficacia del decreto 6019/91.

En ese sentido, puede observarse que el 22 de setiembre de 1992 se reunieron los integrantes de la Comisión Jurisdiccional perteneciente al Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social, expidiéndose en el sentido de que debía dejarse sin efecto el decreto 6019/91 (fs. 113/114).

Pero, en definitiva, con posterioridad sesionó la Comisión Central Participativa en el ámbito de la SubSecretaría de la Función Pública, el 16 de mayo de 1995. En dicha oportunidad se arribó a la conclusión de que debería ratificarse el decreto 6019/91, en el caso de los actores (f. 61).

Ahora bien: con ese pronunciamiento favorable al derecho de los recurrentes, no parece razonable que, a la fecha, transcurrido un prolongado lapso desde el dictado del decreto 32/92 y de este reconocimiento de la razón de los agentes, el órgano de administración activa no se haya pronunciado sobre el decreto 6019/91, según surge de la contestación a la medida para mejor proveer que dispuso el Tribunal (f. 205).

A ello se suma el dictamen de Fiscalía de Estado, del 14 de abril de 1998, en el que se consigna que: "...De los antecedentes obrante Por lo expuesto he de concluir que, en las circunstancias del caso, la suspensión de la eficacia del decreto 6019/91 operada por virtud de las prescripciones del decreto 65/91 fue ilegítima por lo que correspondió la aplicación plena de los efectos de aquel acto.

6. Análisis particularizado merece la situación del actor señor Ángel Carlos Gómez.

En ocasión de informar sobre el mérito de la causa, la accionada afirma que la nómina contenida en el acta labrada por la Comisión Central Participativa del 16 de mayo de 1995 no incluye al señor Ángel Carlos Gómez.

El planteamiento conduce a analizar la situación singular de este actor.

De las constancias del expediente administrativo surge que el señor Ángel Carlos Gómez, D.N.I. 8.281.079, con domicilio en calle Maipú 3212 de la ciudad de Santo Tomé, dedujo reclamo ante el Poder Ejecutivo (fs. 1/3, expte. 00101-0043211-7) y que, por decreto 1246, del 12 de mayo de 1994, se rechazó la solicitud de diversos agentes, entre los que se mencionó expresamente a Ángel Carlos Gómez, M.I. n 8.281.079 (f. 75, ídem).

Ya en esta sede, el señor Ángel Carlos Gómez, D.N.I. 8.281.079, confirió poder especial a favor del doctor Vicente (f. 3) y dedujo recurso contencioso administrativo, ocasión en la que se consignó su domicilio real: Maipú 3212 de Santo Tomé (f. 28).

En el decreto 6019/91 se menciona a Ángel Carlos "López" (M.I. 8.281.079). Debe reputarse que el apellido "López" fue consignado por un error material en vez de "Gómez" como debió asentarse. Baste para así considerarlo reparar en la coincidencia de la matrícula individual de la persona mencionada en el decreto con aquella que transitó la vía administrativa y dedujo el recurso contencioso administrativo.

Por ello, la duda que sugiere la accionada (f. 192 in fine) queda aventada con la adecuada integración de las constancias a que se ha hecho referencia.

7. Corresponde, pues, declarar procedente el recurso interpuesto y condenar a la demandada a abonar a los actores en legal forma las diferencias entre los sueldos efectivamente percibidos a partir de diciembre de 1991 y lo que hubieran debido percibir de haberse abonado en base a las remuneraciones de las categorías asignadas a los agentes por decreto 6019/91, y mientras hayan desempeñado los cargos en los que fueron designados por el mencionado acto, con más intereses desde los reclamos administrativos -24/9/92- para las diferencias devengadas con anterioridad y desde que cada diferencia fue devengada para las posteriores, calculados a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91. Las costas deben ser impuestas a la recurrida (art. 84, ley 4106).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Netri, Spuler y Vigo dijeron que compartían los fundamentos expuestos por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, condenar a la demandada a pagar a los actores en legal forma -y según liquidación que deberá ser practicada dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia- las diferencias entre lo efectivamente cobrado y lo que debieron percibir, con más intereses desde los reclamos administrativos -24/9/92- para las diferencias devengadas con anterioridad y desde que cada diferencia fue devengada para las posteriores, calculados a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91. Costas a la accionada.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Netri, Spuler y Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Falistocco y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, condenar a la demandada a pagar a los actores en legal forma -y según liquidación que deberá ser practicada dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia- las diferencias entre lo efectivamente cobrado y lo que debieron percibir, con más intereses desde los reclamos administrativos -24/9/92- para las diferencias devengadas con anterioridad y desde que cada diferencia fue devengada para las posteriores, calculados a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91. Costas a la accionada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)