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Rechazo de la demanda, división de condominio, prueba insuficiente, instrumentos públicos, plena fe, subasta judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Abraham, Marta Susana y Otros c/ Abraham de Lapine, Nilda Nasira s/ Division de Condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-03-01

Corresponde rechazar la demanda por división de condominio entablada por los accionantes que invocan su calidad de condóminos del inmueble en cuestión -con fundamento en el contrato de permuta celebrado con la accionada-, pues luce probada de la escritura pública y de su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, la calidad de propietaria de la demandada, dado que son instrumentos públicos que hacen plena fe, y de la protocolización de la transmisión de dominio efectuada mediante una subasta judicial concretada en un juicio sucesorio, debe de tenerse presente que las actas judiciales son instrumentos públicos que también hacen plena fe en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal.
Resoluciones judiciales, resoluciones posteriores a la sentencia definitiva, error material
Materia: COMERCIAL
Carátula: AMR ARGENTINA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

Es de la tradición judicial argentina el principio según el cual, los errores materiales, aritméticos o de cálculo en que incurra una decisión deben ser necesariamente rectificados por los jueces, sea a pedido de parte o "ex officio". En efecto, en los actuales artículos 36 inciso 6 y 166 inciso 1 último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, puede reconocerse la impronta de un criterio que, entre las fuentes positivas nacionales, fue ya acuñado en las leyes de Partidas, y al cual se ajustó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en temprana hora (Fallos: 34:65, asimismo doctrina de Fallos: 24:290). Esta constante orientación se sustenta en el hecho de que el cumplimiento de una sentencia informada por vicios semejantes, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, pues aquella busca amparar, más que el texto formal del fallo, la solución prevista en él (doctrina de Fallos 308:755). Al respecto, la Corte ha precisado que si los jueces, al descubrir un error de esta naturaleza no la modificasen, incurrirían con la omisión en grave falta, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconocería como causa un error (doctrina de Fallos 286:291, considerando 18).
Contratos, fideicomiso, fideicomiso de garantía, finalidad del acto administrativo, juicio ordinario, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: CRIADO, JUAN MANUEL WILSON C/ OPERACIONES MAYORISTAS DE CREDITOS SA Y OTROS S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-10

Si el fiduciario es propietario de los bienes recibidos teniendo en cuenta la estructura del negocio, en el cual se obligó a administrarlos en provecho de otras personas, la ley le impone la obligación de rendir cuentas (conf. CCCN 860-a). Debe informar las gestiones que realizó con el objeto de alcanzar los fines del fideicomiso. Esta obligación es de suma importancia. No solo se vincula con el legítimo interés de los intervinientes en la marcha del negocio y el control de la gestión del fiduciario, sino que también incide en los supuestos de insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, supuesto en el cual en virtud de constituir aquellos un patrimonio separado, a falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el beneficiario, corresponde la liquidación judicial de dichos bienes en beneficio de los acreedores del fideicomiso. Se trata de una obligación de orden público, que no puede ser dispensada en el contrato. Cualquier cláusula que disponga lo contrario será nula (conf. C. M. Kiper, S. V. Lisoprawski, "Tratado de Fideicomiso, Código Civil y Comercial de la Nación", Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016, págs. 327/328).
Régimen de consolidación de deudas, honorarios, bonos de consolidación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Incidente en autos:  Danieletto Canosa y Allerand c/ E.N. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Cuando no se da el supuesto del art. 1, anteúltimo párrafo de la ley 23.982, pues el actor no resulta acreedor del Estado Nacional por las sumas en que resultó vencido y por tal que se regularon honorarios a su cargo, no puede, por ende desobligarse con la entrega de bonos que efectúo. Deberá entregar la cantidad de Bocones Proveedores en Pesos necesarios para cubrir la diferencia que resulte de la cotización al día del pago entre esos Bocones y los Bocones Proveedores dólares americanos.
Revocación de sentencia, prescripción adquisitiva, acción negatoria, procedencia del recurso, legitimación activa, prueba insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguerre, María Kerina y otro c/ Seigneur, Jorge María s/ acción negatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

Procede revocar la sentencia en cuanto admitió la excepción de falta de legitimación activa y la reconvención por prescripción adquisitiva deducidas por el demandado, y en consecuencia rechazar las mismas, pues conforme jurisprudencia de esta Sala, el comprador de un inmueble a quien se le ha otorgado escritura traslativa puede, aún antes de la tradición de la cosa, ejercer la acción reivindicatoria contra el tercero poseedor de la misma. Este argumento esgrimido es también aplicable a la acción negatoria, así surge de la nota de Vélez al art. 2800 con cita de Maynz, que una acción difiere de la otra por la extensión de la lesión que nuestro derecho de propiedad sufra por parte del demandado. Para que podamos intentar la reivindicación, es preciso que se nos haya impedido enteramente usar de nuestra cosa -que seamos privados de la posesión-, y todo ataque de una importancia menos grave, basta para darnos la acción negatoria.

En cuanto a la prescripción adquisitiva, cabe señalar que admitida la legitimación activa en una acción de reivindicación o en una acción negatoria, la única forma que tiene el demandado de enervar su procedencia es oponiendo como defensa o accionando por reconvención que posee el inmueble desde hace más de veinte años a título de dueño en forma continua, pacífica e ininterrumpida. Al respecto se ha considerado que la demanda de reivindicación interrumpe la prescripción adquisitiva, lo que, por las razones dadas, es aplicable a la acción negatoria; por consiguiente, aún aceptando la fecha de comienzo de la posesión tomada por la jueza de grado, el plazo del art. 4015 del CC no luce cumplido, lo que es suficiente para rechazar la reconvención deducida, desde que era carga del demandado acreditarlo y la prueba no se ha producido.
Intereses, intereses moratorios, intereses compensatorios, obligaciones de dar, juicio ordinario
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rios, Guillermo Pablo c/ Provincia Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

Así, los moratorios como su nombre lo indica son impuestos a modo de sanción debido a la mora de quien era responsable del pago de la prestación principal. Pueden ser pactados por las partes, derivar de una disposición legal , en su defecto aplicar los llamados intereses "legales" o bancarios.
Juicio de árbitros, compromiso arbitral, caducidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Swipco Argentina SA c/ Siemens It Services SA (en liquidación) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

El compromiso arbitral celebrado por las partes y reconocido por ambas, se encuentra vigente, resultando aplicables al caso las disposiciones del CPR 748. Ello pues frente a la oscuridad que presenta el derecho positivo sobre el tema, los contratantes, de haber sido ésta su voluntad, podrían haber estipulado un plazo de caducidad para el compromiso arbitral que se encontraban celebrando, circunstancia que no aconteció en la especie. Pues, la voluntad de las partes será la que deba primar en los acuerdos contractuales, mas si estas nada dicen, será la norma la que deberá llenar tales vacíos. En el caso, las partes nada acordaron al respecto y la norma no establece plazo alguno de caducidad.
Transporte terrestre, contrato de transporte, prueba, libertad de forma
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA Y CIA. S.A. Y OTROS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

La ausencia de carta de porte no perjudica la acreditación del contrato de transporte, ni por ende, la efectiva entrega de la carga al porteador ya que, no exigiendo la ley mercantil la emisión de aquella de modo inexcusable (arg. art. 165 y 167, segundo párrafo, código de comercio), tales extremos pueden ser comprobados por todos los demás medios de prueba que dicha ley admite en la materia, documentos, correspondencia, libros de comercio, confesión de parte, testigos e, inclusive, presunciones (arg, art. 167, segundo párrafo y 208 del código de comercio, conf. Anaya - Podetti, "Código de comercio y leyes complementarias, anotado y comentado", ed. 1967, T.

III, p. 263, N1 44; etc.; esta sala, causa 6927 del 30.10.90).
Recurso de casación, reexamen de la admisibilidad formal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: M., C.O. s/ Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, etc...
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-09-28

Aunque la casación fuera admitida en el análisis del C.P.P., art. 423, primera parte, segundo párrafo, el Superior Tribunal puede pronunciarse ex novo sobre la forma del recurso.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, reincidencia, recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Robledo, Miguel Angel s/ Doble homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

La valoración efectuada por la Cámara para graduar la sanción debe ser incrementada en el caso en que se revoca la declaración de no reincidencia del procesado en tanto la reincidencia constituye una circunstancia agravante expresamente prevista por el art. 41 del C.P. y ello no implica incurrir en reformatio in pejus toda vez que se trata de un efecto necesario.
Competencia federal, malversación de caudales públicos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bloque Diputados Modelo Chubut c/  s/ Denuncia Alpesca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-12

La referencia del artículo 3, inciso 3 de la ley 48 respecto de los delitos que tiendan a la defraudación de las rentas nacionales, alude a los casos en que el daño sufrido por los bienes del Estado es el que corresponde al resultado directo de la acción típica de que se trata.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, expropiación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES c/ MARIA DEL R. CORRALES ABELENDA DE TORRENT Y OTROS s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11

No existe gravedad institucional, si el fallo no trasciende allende el interés patrimonial de las partes involucradas, puesto que la controversia tiende a determinar cuál es; la indemnización debida según la ubicación del inmueble que ha sido objeto de la declaración de utilidad pública con relación a su carácter urbano o rural, y no se advierte que el destino ulterior del bien, coadyuvante de la obra constituida por la presa y usina de Yaciretá-Apipé, se vea alterado por el resultado de la causa.
Alimentos, indemnización tarifada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., C. A. c/ S., S. A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

De los términos del decisorio -el que se encuentra firme-, surge sin lugar a dudas que las expresiones allí utilizadas "...retribución que percibe...incluidos los beneficios de cualquier índole...", son comprensivas de la indemnización recibida por el alimentante en razón de su cese laboral en la empresa. Con mayor razón si dicha indemnización bien puede considerarse que reviste carácter de normalidad dado que la misma se halla expresamente prevista en el art. 241 de la ley 20744, T.O..
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, muerte de un hijo, valor vida, derechos de las partes
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: MILLER,  ANGELA c/ TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTINSA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

A los efectos de determinar el valor resarcible por la muerte de un hijo en un accidente, aun cuando no se haya acreditado suficientemente que la victima contribuyera al mantenimiento del hogar, la presuncion que genera el Cód. civil art. 367 y 372, referidos a las obligaciones alimentarias, permiten concluir que ello ha significado un daño actual y la perdida de una expectativa futura que debe resarcirse ( Cód. civil art. 1079 y 1109); pues los padres que pierden a un hijo sin descendientes, se ven privados de contar con una probabilidad cierta de ayuda que implica la perdida de toda futura protección, por lo que no resulta necesario probar el daño, pues la ley admite la existencia de un perjuicio cierto (Cód. civil art. 1079 y 266) no conjetural ni hipotética, sino una verdadera "chance", o sea la perdida de esperanza de ayuda económica que significaba para los progenitores la existencia del hijo mayor.
Prueba crítica, sentencia, fundamentación de sentencias, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROSSI, LEONELIA EMILIA c/ ESCANDELL BLANCH, PLACIDO Y ESCANDELL BLANCH, CARLOS s/ JUICIO ORDINARIO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 210-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-20

La tacha de arbitrariedad de sentencia por prescindencia de prueba decisiva no incluye la discrepancia del apelante con el criterio utilizado por los Jueces de la causa en la valoración de la prueba, porque en ningún momento habrá que olvidar que la mencionada doctrina de la arbitrariedad no lleva a la sustitución del juicio de dichos magistrados por el de la Corte Suprema, en tanto la sentencia contenga fundamentos jurídicos que impidan su descalificación como acto judicial.
Juicios contra el Estado, sentencia, ejecución de sentencia, Estado Provincial, bienes, embargo, ley provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LENO, RUBEN Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - INCIDENTE  DE APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 137 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-28

El principio establecido en la ley 12.036 consiste en que las sentencias que condenan a pagar sumas de dinero se ejecutan con partida presupuestaria, en consecuencia y a esos fines, se establece la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público.

Para que dicha regla no se vea afectada cuando la Administración condenada debe hacer frente a los pronunciamientos judiciales, la ley en cuestión estableció el procedimiento que corresponde seguir para lograr la satisfacción de ese tipo de créditos, describiendo los diferentes pasos a seguir para su inclusión dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración condenada, como así también la posibilidad que se le otorga al acreedor en el caso de incumplimiento por parte de la Administración del procedimiento establecido.
Escribanos públicos, medidas cautelares, sentencia absolutoria
Materia: CIVIL
Carátula: Legajo Registro Notarial N°69 Del Partido De Bahía Blanca  c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-10-10

Cuando se analiza una medida cautelar dictada con respecto a un escribano (art. 42, ley 9020), no se esta anticipando una condena, por lo que no corresponde encontrar razones para la absolución del incriminado. Es el cotejo de un razonable orden de probabilidades sobre la posibilidad que puedan vulnerarse valores que la jurisdicción debe tutelar, el que abastece la adopción de tal medida. el proceso de cognición que debe llevarse a cabo lo es en grado de apariencia y no de certeza. La medida cautelar es provisoria y, en principio, ha de subsistir sólo mientras se componen en el trámite los distintos elementos de juicio que conducirán al pronunciamiento definitivo, luego de un conocimiento exhaustivo de los hechos. Habrá de desaparecer si el fallo es absolutorio, o será reemplazado por la sanción pertinente, si no lo es. Pero en tanto se haga patente la existencia de alguno de los presupuestos contenidos en la citada norma del art. 42 ante la mera posibilidad que se pueda ver defraudada la confiabilidad que la comunidad, debe depositar en los actos notariales, surgirá como consecuencia la necesidad de resguardar el valor primero que da razón de ser a la función que ejercen los escribanos por una concesión del Estado, que no es otro que la fe pública"
Régimen penal tributario, falsificación de instrumento público, extinción de la acción penal, delito independiente
Materia: PENAL
Carátula: SOTO DE REPP s/ Falsificación de instrumento público Causa 30320
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-06

Al haberse decretado la extinción de la pretensión fiscal de la acción penal queda subsistente la investigación del delito de falsificación de instrumento público, hecho éste ajeno a la competencia del fuero en lo Penal Económico y que si bien se habría cometido para obtener un beneficio económico mediante la evasión impositiva, correspondiente a la importación de un automóvil, resulta ser un hecho independiente en los términos del art. 55 del Código Penal, corresponde en consecuencia su juzgamiento en forma independiente del delito por el que se dictara el sobreseimiento.
Recurso extraordinario, cuestión abstracta, trabajadores metalúrgicos, elecciones, sindicatos
Materia: PROCESAL - LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ANDRES ANTONIO PONCE. s/ ELECCIONES- SINDICATO- UNION OBRERA METALURGICA- NULIDAD-   IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-31

No corresponde pronunciamiento alguno de la Corte Suprema en los supuestos en que las circunstancias sobrevinientes han tornado inoficiosa la decisión pendiente.

Así ocurre en el caso en que se reclamó la oficialización de una lista a efectos de poder intervenir en las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica, teniendo en cuenta que -tras el rechazo del juez- el acto eleccionario se efectuó con un alto porcentaje de votantes que dieron un amplio triunfo a la otra lista contendiente, tornándose abstracto el tema en cuestión.
Rechazo de la demanda, nulidad del decreto, prestadores médicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Vezzosi Norma Beatriz c/ Instituto de Seguridad Social del Neuquén s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-15

No se advierte que exista un vicio en la motivación de los dos actos atacados -Resolución 2151/14 y Decreto 1685/15-, donde el hecho investigado siempre fue solicitar y/o cobrar a los afiliados para la atención sumas o plus, todo lo que es consecuencia lógica de esa conducta tipificada en los incs. f), j) y k) del artículo 8 de la Resolución 180/06 y la cláusula sexta del convenio celebrado entre el ISSN y el Colegio Médico.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, honorarios, regulación de honorarios, quiebra, síndico del concurso, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL CIVIL
Carátula: SERET, SA s/ CONCURSO PREVENTIVO -HOY QUIEBRA-.    QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   INTERPUESTO POR EL SINDICO.     CSJ EXPTE NRO 289-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-06-09

No habilita la instancia del recurso de inconstitucionalidad la tacha de exceso de jurisdicción, "reformatio in peius", violación de los principios de preclusión y congruencia que sólo refleja el desacuerdo con el criterio de los juzgadores de hacer lugar a la apelación interpuesta modificando el auto regulatorio de los honorarios del recurrente (patrocinante de la sindicatura) y el auto regulatorio de los honorarios de la síndico, no obstante que en el escrito de interposición de revocatoria y apelación en subsidio, el impugnante lo dirige contra el primero de los autos mencionados y no contra el segundo. La solución contraria sería excesivamente ritualista, y lo prueba el hecho de que del escrito de interposición de los recurrentes ordinarios surge que si bien los dirigió contra el primer auto, también impugnó los honorarios de la síndico y teniendo en cuenta que superada esta cuestión procesal, el a quo debe evaluar las retribuciones concursales en su conjunto, a fin de que el porcentaje total no supere el máximo legal determinado por la ley respectiva.
Contrato de trabajo, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Lencina, Conrado Manuel c/ Cometarsa S.A. s/ Accidente de trabajo Tapia, Raúl Luciano c/ Cometarsa S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo Carrara, Secundino c/ Cometarsa S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo Serna, Néstor Rubén c/ Siderca S.A.I.C. s/ Indemnización por incapacidad ley 9688 López, Ramón c/ Dálmine Siderca S.A. s/ Indemnización ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30|1988-07-05|1988-07-05|1990-05-29|1991-11-05

La ley laboral establece reglas generales a las que deben sujetarse ambas partes del contrato de trabajo en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, con la finalidad de orientar las relaciones individuales y armonizar los intereses contrapuestos existentes en una comunidad de trabajo. Y consecuente con este propósito el legislador explícitamente ha incorporado la buena fe debida, como principio jurídico fundamental que informa toda la materia.
Obligaciones, actualización monetaria, índices de actualización
Materia: COMERCIAL
Carátula: JUAN RIVEDA VAZQUEZ c/ COMPAÑIA DE SEGUROS UNION COMERCIANTES  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

La determinación de la depreciación monetaria ocurrida durante 22 días no puede basarse en los índices proporcionados por el indec , toda vez que contemplando ellos períodos mensuales totales, no cabe descomponerlos para calcular períodos inferiores sin incurrir en arbitrariedad, por no poderse determinar la cuantía correspondiente a cada día en particular. Por consiguiente, si el reclamante no propone un método subsidiario para enjugar ese daño, la pretensión debe desestimarse.
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, aplicación supletoria de la ley, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CIVIL
Carátula: Rodríguez Saa, José Elías c/ E.N. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

La Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones nº 24.241, sancionada el 23/9/93 y reformada por la ley de solidaridad previsional nº 24.463, no modificó el plazo previsto en la ley 18.037, reglando en su art. 156 que las disposiciones de las leyes 18.037 y 18.138 y sus complementarias que no se opongan ni sean incompatibles con ella continuarán aplicándose supletoriamente en los supuestos que no hubiera previsto (Sala II, Anaya, Jaime Luis c/ E.N. s/ juicios de conocimiento , del 22/8/95).