marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Protección de la imagen, libertad de expresión, responsabilidad subjetiva, responsabilidad objetiva, páginas web, Internet, buscadores de Internet
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS-INFORMATICO
Carátula: Rodríguez, María Belén  c/ Google Inc. y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-28

La mera actividad de indexar los contenidos publicados por terceros para ser ofrecidos a los usuarios del servicio del buscador, se encuentra dentro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la difusión de información, conformando una actividad lícita que excluye, a priori, un comportamiento antijurídico base de un eventual deber de responder (Disidencia parcial de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda).
Habilitación de instancia, actuación de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: SIRE, GUILLERMO EDUARDO c/ ESTADO NACIONAL (COMANDO EN JEFE DE LA ARMADA) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-09

Las cuestiones concernientes a la habilitación de la instancia son examinables de oficio por el tribunal en la etapa preliminar del proceso contencioso administrativo.
Responsabilidad civil, responsabilidad de los directores de establecimientos educacionales, responsabilidad indirecta
Materia: CIVIL
Carátula: Duarte de Martinez Rosa Zulema c/ Frias Salinas, Eduardo Delfin y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-13

La responsabilidad del Director del Establecimiento es de tipo exclusivamente refleja, vale decir indirecta con culpa presumida, puesto que resulta muy difícil probarla, porque antes de la producción del hecho dañoso la víctima generalmente no ha tenido contacto con el civilmente responsable,de allí que se desconoce el grado de diligencia que debiendo asumir no asumió.

Aún cuando el director no haya elegido al maestro,tiene este la obligación reglamentaria de informar a las autoridades sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus tareas, por lo tanto que si no ha tomado las medidas necesarias para eliminar del Instituto que dirige al docente negligente, debe responder por su culpa propia Teniendo en cuenta que en definitiva las facultades disciplinarias y reglamentarias corresponden a la Administración Central, por aplicación del Reglamento General de los Establecimientos del CONET, cabe imputar responsabilidad al Director del Instituto.-
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, fallo plenario
Materia: PENAL
Carátula: Pavón, Cristian Néstor s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-13

Se ajusta a las pautas del plenario la denegatoria de excarcelación en atención a las características de los hechos imputados conforme el auto de procesamiento -asociación ilícita y cohecho reiterado- y el requerimiento de elevación a juicio del fiscal, y la circunstancia de que se habrían cometido mientras el imputado cumplía funciones en una comisaría, valiéndose de su condición de policía para obtener beneficios económicos y utilizando para perpetrar delitos la infraestructura y los recursos que le fueron asignados para prevenirlos. (Dres. Mitchell, Catucci y Riggi).
Monto de la pena, delitos cometidos durante actividades antisubversivas
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

La pena a imponer para los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad calificada y tormentos calificados reiterados cometidos durante la última dictadura militar debe ser la máxima pena legal ajustada a los elementos fácticos que hacen a la magnitud del injusto penal, como la cantidad de hechos imputados o los atenuantes previstos en el Código Penal, a fin de no vaciar de fundamento la escala penal prevista por nuestros legisladores, pero entendiendo que la gravedad y naturaleza de los delitos por los que resultaron condenados los imputados, la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables y todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas ameritan esta pena máxima. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Prueba pericial, pericia caligráfica, copia auténtica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compulsa en j: 100963 Jose Cartellone Const. Civiles S.A. c/ Félix Yañez s/ Ordinario (LIBRO: S160 - 307)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-09-09

En nuestro código civil no se aprecia norma que prohíba llevar a cabo pericia caligráfica sobre copia fotoestática certificada. El perito tendrá que examinar si con fundamentos científicos puede o no cumplir con su tarea.-
Presunción de contrato de trabajo, relación de dependencia, remisero
Materia: LABORAL
Carátula: Diaz,  Carlos  R. c/ Organización de remises Universal S.R.L. yotros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-23

Aún cuando las partes hayan titulado como "contrato de locación de servicios" el nexo entre ellas donde se plasmó una relación donde una como remisero prestaba sus servicios para la otra, agencia proveedora de dichos servicios, da la pauta acerca de cuál fue la verdadera naturaleza de dicha relación, la que debe ser interpretada como la incorporación efectiva de un trabajador a una empresa total o parcialmente ajena, y que recibe por sus labores una suma determinada o indeterminada de dinero, o una prestación tal como la oportunidad de obtener ganancias -art. 23 L.C.T.-. (En el caso, una de las cláusulas del contrato denotaba la obligación de mantener en óptimas condiciones el vehículo, como también la facultad de inspeccionar y la previa verificación por parte de la empresa). Boletín Nro. 251. Toq. 1179.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

La limitación según la cual el titular de una licencia de televisión por suscripción no puede acumular en una misma área una licencia de televisión abierta y viceversa, resulta coherente con el principal propósito de la ley de permitir la participación de la mayor cantidad posible de voces en un mismo mercado local.
Cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, despido sin causa, facultades del juez
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Bidegain Francisco Agustín  c/ Asociación Emanuel s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-15

Si bien es cierto que la morigeración o eximición es la excepción a la regla conforme surge del último párrafo del art. 2° de la ley 25.323, no por ello debe interpretarse que al ser injustificado el despido, se autoriza sin más la aplicación de la sanción, pues tal posición implica contradecir o pulverizar directamente, la facultad otorgada a las jueces por la propia norma, la que requiere no obstante, que se efectúe a través de una resolución debidamente fundada (Voto Stettler. Adhesión Ronconi)
Injuria laboral, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Bogado, Elohis c/ Matarasso S.A. s/ Indemnización por Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-10-14

Resulta inatendible la pretensión en el sentido de que se relativice el rigor del principio que informa la doctrina del art. 243 de la Ley 20744 (Ley de Contrato de Trabajo), en cuanto exige el cumplimiento de expresar en forma clara el motivo en que se funda la justa causa de despido. Aún cuando hipotéticamente se colocara en dicha situación de excepción a aquella normativa, la suerte del recurso no variaría, puesto que en todo caso no surgiría suficientemente acreditado el hecho objetivo en que se funda la pérdida de confianza aludida por la apelante para justificar la injuria.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE PREVISION SOCIAL c/ ROBERTO CATAPANO  Y OT. s/ Ejec - Camb (LIBRO: S153 - 026)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-02

Si bien es cierto que la eventual materia litigiosa del juicio ejecutivo, no se halla representada por la existencia o legitimidad de la obligación, sino por la validez y eficacia del título en cuya virtud se promovió; y que la sentencia ejecutiva no tiene por función declarar el derecho creditorio, sino verificar las condiciones de legalidad del título, no es menos cierto, que si la materia litigiosa excedió ese ámbito para entrar en la historia del crédito instrumentado, con total amplitud probatoria, la cuestión ha de resolverse por su causa y no por su forma, y si de tal examen deriva la existencia y legitimidad del crédito, la pretensión debe estimarse con abstracción del tipo de proceso que originó la contienda.
Retiro militar, haber de retiro, determinación del haber de retiro, veteranos de guerra, subsidio para excombatientes, reintegro de gastos, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quiroz Jorge Daniel R. c/ E.N. (Mº de Defensa -E.M.G.E.) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

La C.S.J.N. sostuvo recientemente que, de acuerdo a los arts.

53 de la ley 19.101 y 2401 de la reglamentación del capítulo IV -Haberes- del Título II, aprobada por decreto 1081/73, (texto según decretos 2834/77 y 2794/83, este último, convalidatorio de la resolución 547 del 23/3/83 del Mº de Defensa), a los efectos de la liquidación del subsidio extraordinario previsto en la ley 22.674, únicamente los rubros "sueldo" y "reintegro de gastos por actividad de servicio" (REGAS) pueden ser considerados como integrantes del denominado "haber mensual", quedando excluídos, por tanto otros conceptos. Esta última conclusión se colige sin esfuerzo de la propia letra de las normas implicadas, a la que debe atenderse como primera fuente de interpretación (Fallos: 316:2732). Entendió asimismo el Alto Tribunal que dicha conclusión, se robustece con el dictado de la ley 25.652, que al otorgar a los ex soldados combatientes en las Islas Malvinas, una pensión de guerra equivalente al 100% de la remuneración de cabo, integrada por los rubros "sueldo" y "REGAS", muestra cuál es la voluntad legislativa en la materia (art. 16 C.C.) ("Aguilar, Mario A. y otros c/ E.M.Gral. del Ejército", del 14/10/97; J.A. 25/3/98). (Del voto del juez Mordeglia, consid. 4º).
Accidentes de trabajo, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: Arenas, Luis Ludovico c/ Curtiembre Las Rosas de Samuel Leiser s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-07-01

Si la responsabilidad civil se basa en la culpa del principal, la prueba de su existencia está a cargo del actor.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, locación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pamar S.A. s/ Homologación Sesan, Lorenzo c/ Pera, Carlos y ot. s/ Desalojo Ciancaglini, Ernesto Aldo y otro c/ Revestimiento Martín y Cía. S.A. s/ Daños y perjuicios Diez, Marcelo L. c/ Saravia, Pedro M. s/ Daños y perjuicios García, Juan Domingo c/ Asociación Cooperadora del Hospital Interzonal de Agudos 'Eva Perón' s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28|1991-12-23|1998-08-18|2001-10-17|2000-12-27

Interpretar el alcance del contrato de locación y en función de tal interpretación, concluir acerca de cuál es el régimen legal aplicable, constituye una típica cuestión de hecho y prueba privativa de la instancia ordinaria e irrevisible en casación salvo supuesto de absurdo.
Promoción industrial, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PAPEL DEL TUCUMAN  S.A. s/ REC. APEL.- RES. N. 542/88 - SEC. IND. Y COM. EXTERIOR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

La Ley 21.608 en su art. 16 otorga a la autoridad de aplicación amplias facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del régimen de promoción industrial. Estas facultades forman parte de una actividad administrativa de policía propia y exclusiva del Poder Administrador.
División de poderes, acusación, acción, discriminación, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL
Carátula: PETRI, Sergio. s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-14

Procede rechazar la nulidad impetrada en razón de la pretendida inconstitucionalidad del art. 348, C.P.P.N. y su aplicación analógica. El concepto de acción no puede confundirse con el de acusación; la acusación es un medio de ejercitar la acción penal, pues no debe confundirse con ese ejercicio, ya que la acción se ejercita por medio de otras actividades, aún de contenido desincriminatorio, sea afirmando, sea negando el sentido primitivo original dado a la pretensión penal (*). El propio artículo 120 de la Constitución Nacional establece que la vindicta pública tiene por función promover la actuación de la justicia en coordinación con las demás autoridades de la República. Por ende, no se trata del titular exclusivo de la acción; tan es así que todo el sistema se basa en el control y equilibrio de poderes. Para sostener el principio republicano de gobierno (art. 5 del texto fundamental), por cuanto no se atribuyó al Ministerio Público la suma del poder en cuanto al ejercicio de la acción, corresponde al tribunal aplicar lo normado en el código adjetivo e intervenir, a modo de consulta (**). Si el magistrado dicta una decisión desincriminatoria, las partes poseen la facultad de recurrir en apelación, pero en el sentido opuesto -que aquel temperamento sea propuesto por la fiscalía-, debido a que no se encuentra legislada esta posibilidad, amerita que aquella posición sea revisada por un órgano distinto al magistrado de grado. En su defecto, la realización de la investigación quedaría supeditada a su soberana iniciativa lo que conlleva a que para paliar esto último, el control jurisdiccional de legalidad de la pretensión de la fiscalía necesita que sea realizada a través de la Cámara de Apelaciones.
Honorarios, irretroactividad de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Toledo c/ Labrador, Luis Antonio s/ Recurso de inconstitucionalidad - Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-03-31

Los honorarios de los letrados reconocen como causa el cumplimiento de las tareas por los profesionales aludidos y su apreciación y valoración por el tribunal interviniente. En general, estas tareas se prolongan en el tiempo y la situación jurídica no queda constituida mientras no se hayan integrado todos sus elementos, de modo tal que deben ser juzgados de acuerdo a la ley vigente en el momento en que se complete el proceso de gestación.

Se trata estrictamente del llamado "efecto inmediato" de las nuevas leyes, que atrapan a todas las situaciones jurídicas en curso de constitución, sin que ello involucre de manera alguna el principio de irretroactividad que solamente veda aplicar la nueva ley a situaciones jurídicas definitivamente constituidas.

La valoración judicial de los trabajos profesionales cumplidos constituye un elemento integrativo de la situación jurídica, de modo tal que sólo puede hablarse de consolidación jurídica de esta última, cuando el juez merite los respectivos trabajos de acuerdo a las pautas cualitativas y cuantitativas que el ordenamiento arancelario le marca, lo que debe hacerse aplicando la ley vigente al tiempo de practicar la regulación de honorarios, independientemente de que algunos elementos de esa situación jurídica se hayan originado durante la vigencia del anterior ordenamiento arancelario.

Estos preceptos se adecuan al régimen contenido en el art. 120 de la Ley 8226, en tanto dispone la aplicación del mismo desde su entrada en vigencia a todas las causas y actuaciones profesionales en trámite, o pendientes de regulación y a las terminadas donde no se hubiere practicado la misma. (Voto del Dr. Moisset de Espanés en mayoría).
Recursos, sobreseimiento, excepciones procesales, usurpación, rechazo del reclamo, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Zumelzu, María Luisa y otros sobre 181 inc. 1 - usurpación (despojo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-03

Corresponde rechazar la queja toda vez que la impugnación de la recurrente no permite acreditar que los argumentos dados por la Cámara para sustentar la decisión que sobreseyó a las imputadas por el delito de usurpación, sean manifiestamente irrazonables o que impliquen desconocer los derechos o garantías constitucionales que menciona en su presentación. Por el contrario, los cuestionamientos que efectúa contra lo resuelto por los magistrados, se vinculan con el alcance dado a normas de derecho infraconstitucional y con la forma en la que los jueces de mérito consideraron que, en el caso, la atipicidad del comportamiento endilgado a las imputadas, se desprendía de la materialidad fáctica descripta en la requisitoria fiscal. Estos asuntos no involucran, por regla, la competencia de excepción reconocida a este Tribunal. (Del voto de las juezas Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Personería, poder, mayoría de edad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ASENCIO ARMANDO c/ JUAN RODRIGUEZ Y OTRO s/ Sumario (LIBRO: S072 - 251)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1984-06-28

No implica revocacion del poder otorgado con anterioridad al progenitor. El poder fue otorgado por los padres de la victima, no solo en su nombre, sino tambien en nombre y representacion de los nenores. Consiguientemente la "presentacion del representado por su propio derecho al haber arribado a su mayoria de edad" no implica en modo alguno la revocacion del poder que subsiste, porque conforme al art. 31 del C.P.C., la representacion exclusivamente cesa "por revocacion expresa hecha en el expediente, no revocandola "la presentacion personal del representado".-
Títulos de crédito, bonos externos, intereses, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: INTER-NOS SRL s/ CONCURSO S/ INC. DE REVISION POR CHAIMAN, HECTOR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-08

Los títulos emitidos en moneda estable -en el caso, bonex- recomponen su capital por aplicación de reajustes que compensan la desvalorización monetaria; como consecuencia los intereses que se pacten no deben superar un tope máximo del 15% anual, comprensivo de todo concepto.
Cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa, veteranos de guerra, guerra de Malvinas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Tufano Jorge y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Armada Argentina s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-06

Si bien los conflictos de competencia entre jueces federales de primera instancia deben ser resueltos por la cámara de la cual depende el juez que previno (doctrina de Fallos 308:1786; 322:1150; 324:2483; 327:4489 entre otros), al haber intervenido en el conflicto un juez Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, resulta de aplicación al caso lo previsto por el art. 20, segundo párrafo, de la ley 26.854, según el cual todo conflicto de competencia planteado entre un Juez del fuero Contencioso Administrativo y un Juez de otro fuero, será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En el caso -una demanda en donde el objeto es que los actores sean incorporados y reconocidos como veteranos de guerra de Malvinas, otorgándoles el correspondiente certificado conforme al régimen instituido por la leyes 23.109, 23.848 y sus modificatorias, 24.652 y 24.892-. (Del dictamen fiscal al que adhiere la Sala).
Prueba pericial, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: MORENO ANDRES S.D ABUSO SEXUAL E.P ROJAS ZOILA MAGDALENA s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-16

El art. 258 del C.P.P.N ordena que en caso de urgencia absoluta en la realización de la pericia o de la indagación extremadamente simple, se notifique al imputado que se realizó aquélla para que pueda, en caso de estimarlo pertinente, hacerla examinar por medio de otro perito que elija y pedir, en su caso, la reproducción. La importancia que la ley atribuye al cumplimiento de esas formalidades garantizadoras de los derechos de las partes y en particular de la defensa del imputado, se revela precisamente en la sanción de nulidad con que fulmina la inobservancia de ellas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Registro de marca, marca de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: Del Olmo, Marcelo Eduardo c/ Pastas Frescas San Genaro SRL. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-09

El uso de marcas no registradas es perfectamente lícito, en tanto no se violen derechos de terceros (confr. Bertone, Luis Eduardo - Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, "Derecho de Marcas/2", ed. Heliasta, 2º edición, pág. 19). Su empleo, contrariamente a lo que parece desprenderse del memorial de agravios, no está desprovisto de protección jurídica en tanto su titular haya desarrollado una actividad lícita y formado una clientela a su amparo (ver Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", ed. Abeledo Perrot, 7º edición, pág. 6 y sus citas de jurisprudencia).
Suspensión del juicio a prueba, oportunidad procesal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: ESCAÑO, ANTONIO JESUS; ROMANELLI, ROSARIO FELIX s/ Fraudes al comercio y a la industria, Incidente de suspensión del  proceso a prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

1 - Corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar a la solicitud de la suspensión del juicio a prueba puesto que la ley que rige la materia (Ley 24316) no establece ninguna restricción en cuanto a la oportunidad de formular la solicitud ni contiene ninguna limitación para que puedan entender en ella los jueces a quienes corresponda la instrucción.- 2 - La ley citada establece como requisitos para suspender el juicio, el pronunciamiento del Juez y el consentimiento del Fiscal, sin indicar cual de ellos debe expedirse primero. Si bien en su texto parecería sugerir que lo primero fuese la determinación del Juez, la índole misma de la actividad jurisdiccional indica que lo más atinado es que sea a la inversa, es decir que primero se escuche al Fiscal y después se pronuncie el Juez, sin perjuicio de lo cual la omisión de la ley en cuanto al orden a observar, no permite anular lo resuelto sin audiencia fiscal, puesto que la ley procesal aplicable establece que la nulidad cabe únicamente cuando está expresamente prescripta (Art. 166 C.P.P.) (Del voto de los Dres.

Hendler y Repetto).- 3 - Ante la omisión de la ley 24316 a fin de determinar el momento que resulta pertinente la solicitud de la suspensión del juicio a prueba, se entiende que el sumario debe completarse y no puede suspenderse la instrucción por lo que el momento oportuno para su planteamiento sería a partir de la instancia que prevé el art. 354 del C.P.P., o sea la citación a juicio. Por otro lado, no resulta razonable su concesión cuando el Ministerio Fiscal no se ha expedido en cuanto a si considera completa la instrucción (Art. 347 C.P.P.).

Por lo tanto, resulta inoportuna la solicitud de suspensión de juicio a prueba resultando de incumbencia del Tribunal de juicio (Del voto del Dr. Romero).
Retroactividad de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cía. de Intercambio Regional S.A. s/ conc. prev. S/incidente de revisión por Banco de la Nación  Argentina.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Si bien en nuestro ordenamiento las leyes pueden tener efecto retroactivo, lo es bajo condición obvia e inexcusable de que tal retroactividad no afecte garantías constitucionales.