Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-03-16


2º Instancia. - Junín, febrero 16 de 2010.

1º ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Guardiola dijo:

En la sentencia dictada a fs. 159/162vta. se rechaza la acción de escrituración promovida por Alfredo Luis Morales en base al boleto de compraventa obrante a fs. 145 de fecha 1/7/1983, contra Estancias y Cabañas San Francisco SRL, por falta de legitimación pasiva para obrar de la demandada. Ello por cuanto la cancelación de la inscripción registral extingue su personería (art. 112 LS) y según informe del Registro Público de Comercio de Mercedes de fs. 154/5 la sociedad fue disuelta y liquidada con fecha 29/3/1977 según inscripción bajo acta nº 3371. Se imponen las costas al actor vencido y se difiere la regulación de honorarios.

Apeló el actor (fs. 166), expresando sus agravios a fs. 171/183. La crítica apunta a que conforme lo dispuesto por el Decreto-ley provincial 8671/76 la inscripción de la disolución y liquidación no podía haberse efectuado en el Registro Público de Comercio, ya que a la fecha de la misma ello era de competencia exclusiva de la Dirección de Personas Jurídicas; a que se aplicó dogmáticamente el art. 112 LS, siendo que la personalidad no se ha extinguido al subsistir bienes registrales a nombre de la sociedad. Con cita de Vitolo y Sosa de Irigoyen sostiene que existiendo una acreencia y un activo a liquidar debe entenderse a la sociedad como subsistente ya que la liquidación solo fue formal o sustancialmente irregular. Entiende que la única solución justa es que Morales obtenga satisfacción a su derecho a una escritura por vía judicial, y poder de esta forma hacer cesar también los reclamos en su contra de autos atraillados "Perez Susana Aida y ot. c. Morales Alfredo y otra s/Escrituración". Ello sin perjuicio a terceros y evitando su dilación e inflación judicial al tener que recorrer otro camino, con las dificultades que provoca el seguro fallecimiento de los socios e integración de la litis con los herederos, para obtener la misma solución a la que se arribaría con una justicia práctica.

A fs. 186/187 contesta el traslado la Sra. Defensora Oficial resistiendo la impugnación con los argumentos desarrollados en sentencia, a los que agrega la falta de prueba de la autenticidad de la firma del boleto desconocida al contestar demanda.

Firme que restó el llamado de autos para sentencia de fs. 189 y cumplida la medida para mejor proveer dispuesta por el tribunal en relación a la inscripción de la disolución y liquidación societaria, las actuaciones han quedado en condiciones de ser resueltas (art. 263 del CPCC).

En esa tarea cabe en primer lugar desechar el cuestionamiento en cuanto a la indebida registración de la liquidación y consecuente cancelación registral de la sociedad por parte del Registro Público de Comercio. Es recién a partir del Decreto ley provincial nº 9118/1978, modificatorio del nº 8671/1976 y del art. 117 de la ley 5827 y posterior al acto en que se basa lo resuelto que la Dirección de Personas Jurídicas reemplazó a aquel en la registración respecto de las sociedades comerciales en su totalidad además de las de por acciones. Ello sin perjuicio de no ser ésta la vía adecuada para intentar hacer valer una eventual nulidad.

Respecto de la situación de las sociedades cuya inscripción estuviera cancelada frente a la sobreviniente aparición de acreedores sociales no desinteresados o la existencia de bienes registrables no liquidados, y siendo que el art. 112 LS no contiene una previsión específica ya que se limita a señalar que "terminada la liquidación se cancelará la inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio...", se han esbozado dos teorías.

La primera sostiene que nada se opone a considerar subsistente la sociedad, al mero fin de concluir su liquidación formal o sustancialmente incompleta. Es decir entiende que corresponde la reapertura de la liquidación. "El acreedor de una sociedad cuya inscripción se ha cancelado podrá accionar judicialmente contra la sociedad para percibir su crédito planteando conjuntamente la nulidad de dicha registración" (Romano en Código de Comercio de Rouillon-Alonso La Ley To. III p. 260) "...frente a terceros la sociedad se extingue cuando el pasivo es saldado íntegramente o, en su defecto, el producido de todo el activo es puesto en manos de los acreedores. Cuando así no acontece, los acreedores sociales quedan facultados para solicitar la nulidad de la operación particionaria y reapertura de la liquidación" (Héctor Cámara "Disolución y liquidación de sociedades comerciales" nº 305 p. 562)". Aun después de la cancelación, persiste todavía la sociedad como centro residual de imputación, en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de las que sea titular. Los acreedores insatisfechos conservan plenamente su derecho de crédito, con independencia del conocimiento que de ellos tuvieron los liquidadores dada la ausencia de previsión legal al respecto. No es necesario proceder a una reconstrucción integral del patrimonio de la sociedad; por el contrario sus acreedores podrán hacer valer sus derechos, para lo cual deberán solicitar la anulación de la cancelación, ya que la liquidación ha sido defectuosamente realizada y -concomitantemente- deducir una acción directa en contra de aquella para que su acreencia sea satisfecha, independientemente de la responsabilidad que eventualmente le corresponda al liquidador y a los socios que hubieran procedido de mala fe..." (Ariel A. Macagno "La cancelación registral de las sociedades de capital" Rev. de las Sociedades y Concursos Ed. Ad-Hoc Nº 30 Set-Oct. 2004 p. 65). "Se plantea en doctrina si esta hipótesis puede reabrir el proceso liquidatorio, interrogante que debe ser contestado en sentido afirmativo, toda vez que a) La existencia de deudas de una persona jurídica presupone su existencia como sujeto de derecho...b) la inscripción de la cancelación de la sociedad...nunca puede ser considerado un medio de extinción de obligaciones...En consecuencia la aparición de un nuevo acreedor lleva implícita la nulidad del balance final de liquidación y del proyecto de distribución, que deben ser necesariamente rectificados..." (Ricardo A. Nissen "Ley de Sociedades Comerciales" Abaco To. 2 p. 282).

Otro sector considera que "el acreedor sólo podría perseguir su crédito del liquidador y de los socios, pero no de la sociedad, en razón de que la sociedad se ha extinguido" (Daniel R. Vitolo "Sociedades Comerciales" Ed. Rubinzal-Culzoni To. II, quien además de exponerla señala que es la solución adecuada p. 524 y 525). "Cancelada la inscripción y con ello la extinción de la persona jurídica, los acreedores sociales no satisfechos accionarán no contra la sociedad -que ya no existe- sino contra los socios y eventualmente contra el liquidador, si la falta de pago se hubiera producido por su culpa" (Zaldivar-Manovil-Ragazzi-Rovira "Cuadernos de derecho societario" To. III p. 389). "Para Halperin, toda finalización inexacta determina que debe reabrirse la liquidación, aunque se encuentre ya inscripta. Esta posición se funda en una doctrina superada...no compartimos esta inteligencia ... cuando el evento de marras acontece después de cancelada la inscripción, toda interpretación debe tener necesariamente en cuenta que ello ha determinado la extinción de la persona jurídica en liquidación, circunstancia que no puede ser revertida. Se interpreta así, en cuanto a la aparición de deudas que, salvo negligencia o culpa en el acreedor, puede él accionar contra el liquidador y los ex socios; no obviamente contra la persona jurídica ya extinguida..." (Jorge O. Zunino "Sociedades Comerciales- Disolución y liquidación" Astrea To. 2 p. 474). "La cancelación de la inscripción extingue la personalidad societaria...Luego de producida la cancelación registral de la sociedad, por más que la sociedad haya dejado de existir, los acreedores sociales que no hayan visto satisfechas sus acreencias podrán hacer efectivo sus créditos contra los socios, hasta la concurrencia de lo percibido por éstos en la liquidación de la sociedad...Cuando exista responsabilidad de los liquidadores en la falta de pago de los créditos, estos también son pasibles del reclamo judicial...Resaltamos que estas circunstancias no hacen renacer la sociedad, por lo que los acreedores (salvo culpa o negligencia) pueden accionar contra los socios o el liquidador en su caso, pero no prosperará la acción cuando sea entablada contra la sociedad puesto que la misma se encuentra extinguida" (Horacio Roitman "Ley de Sociedades Comerciales" La Ley To. II p. 620/1).

Como se observa, por cualquiera de las dos interpretaciones expuestas no resulta posible, prescindiendo de la intervención de los socios, condenar a la sociedad ausente cuya representación ha sido asumida por el Defensor Oficial.

Esta solución se impone teniendo en cuenta además que, por la fecha que figura de celebración del negocio cuya escrituración se pretende y figurando como representante de la sociedad Rodolfo Lapietra como gerente general cuyas funciones como tal habían cesado, no se encuentra siquiera acreditado en el contexto en que quedó traba la litis, la calidad de acreedor social del apelante.

No es posible en aras de los principios de economía y celeridad procesal recurrir a creaciones jurisprudenciales sin apoyo legal que pongan en compromiso la seguridad jurídica y derechos, entre ellos el de defensa en juicio, de terceros.

Doy así mi voto por la afirmativa.

Los doctores Castro Durán y Rosas, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

2º cuestión. - El doctor Guardiola dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:

I. Confirmar la sentencia apelada, con costas de Alzada al actor vencido (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

Así lo voto.

Los doctores Castro Durán y Rosas, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo.

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, Se Resuelve:

I. Confirmar la sentencia apelada, con costas de Alzada al actor vencido (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen. - Juan Jose Guardiola. - Ricardo Manuel Castro Duran. - Patricio Gustavo Rosas.