Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15


SENTENCIA DEFINITIVA NRO.	73844	SALA V. AUTOS: "IMPERIALE ANGEL ALBERTO C/ CALOREX SA S/ LEY 14546" (JUZG. Nº 61).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 15 días del mes de febrero de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el doctor OSCAR ZAS dijo:

I)- Llegan los autos a esta alzada como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos a fs. 626/632, 635/640 y 641, por las partes actora, demandada y perito contador respectivamente, contra la sentencia definitiva de fs. 623/625vta.

II)- Por cuestiones de método, analizaré en primer lugar el planteo recursivo de la parte demandada en tanto se dirige contra la decisión de considerar que se configuraron en autos incumplimientos de su parte que revistieron el carácter injuria en los términos del art. 242 RCT (t.o.) y que dado ello, la decisión del actor de considerarse despedido, se ajustó a derecho.

En cuanto a la admisión de la suma de $ 258,89 en concepto de diferen-cias de comisiones por ventas realizadas a Falabella S.A., afirma que la suma es ínfima y, que por ello no puede ser considerada injuria de acuerdo al 242 LCT.

Sin abrir juicio sobre la entidad que, en sí misma, posee dicho incumpli-miento -cuya existencia en definitiva la accionada no cuestiona- este no es el único que se detectó a través del informe contable. Me explico.

Del cotejo e inspección efectuado por el perito contador sobre los libros de la demandada surgieron ciertos rubros salariales impagos pertenecientes al actor, tales como vacaciones gozadas de los años 2006, 2007 y 2008; S.A.C. primera cuota del 2006 y S.A.C. completo correspondiente el año 2007.

Si bien en la presentación revisora la demandada plantea algunas objeciones a éstos conceptos señalados, las mismas son inatendibles por las razones que a continuación explico.

Con respecto a las vacaciones 2006 y 2007, los argumentos del recurrente, a mi criterio, lucen contradictorios, pues por lado señala que no corresponde la compensación en dinero de vacaciones no gozadas -lo cual es cierto-, pero luego por otro lado argumenta que las mismas estarían subsumidas en lo percibido oportunamente por el actor.

Lo cierto es que del peritaje contable se desprende que el actor efectiva-mente gozó de los períodos vacacionales correspondientes a los períodos 2006 y 2007 y que los mismos no aparecen cancelados (ver fs. 422 y 430). En cuanto al 2008, lo que se ha diferido a condena son las vacaciones proporcionales.

En razón de lo expuesto, considero que corresponde confirmar la condena recurrida.

Cuestiona también lo diferido a condena en concepto de S.A.C. de los años 2007 y 2008, afirmando que las sumas establecidas por el "a quo" no se correspon-den con lo informado por el perito contador.	El agravio no es atendible, pues no corresponde promediar las remunera-ciones a la hora de calcular lo que corresponde abonar en concepto de aguinaldos -como pretende la parte-, sino que de acuerdo a lo dispuesto por la ley 23.041 y su dec. reglamentario 1078/84, aquellos se calcularán sobre la base del mayor salario que por todo concepto percibiera el trabajador en el semestre pertinente.

En base a lo dicho, del cotejo de las planillas obrantes a fs. 419/421, advierto que la jueza de grado tampoco ha calculado correctamente los conceptos en cuestión -lo ha efectuado en perjuicio del actor-, pero sin perjuicio de ello y teniendo en cuenta que dicha parte no apeló en tiempo y forma ese aspecto del fallo, no corresponde modificar lo resuelto en tanto se estaría vulnerando el principio en cuya virtud no puede fallarse en perjuicio del apelante.

No dejo de advertir que la parte actora al contestar agravios advirtió la cuestión, pero los argumentos introducidos a fs. 676, resultan extemporáneos y no considero que se trate de un "mero error aritmético" como sostiene el presentante.

La siguiente queja está dirigida contra la condena a abonar la primera cuota del S.A.C. del año 2006, pues según sostiene estaría prescripta y el "a quo" al sentenciar omitió el análisis de esa defensa, la cual fue oportunamente articulada en la ocasión de contestar demanda.

El planteo no es de recibo, en tanto la defensa opuesta a fs. 142, 2º párrafo carece de fundamentación alguna. La parte se limita a manifestar: ".A todo evento este reclamo está prescripto dejando desde ya opuesta esta defensa con relación a este rubro."	Como puede advertirse no se esgrime ningún argumento, tendiente a fundar el planteo y, en ese orden de ideas, lo dicho en la oportunidad de expresar agravios resulta extemporáneo.

Tampoco es atendible la queja relativa al monto por el cual se condenó a abonar la indemnización sustitutiva del preaviso. Esgrime en defensa de su postura que la suma determinada por la jueza de primera instancia no se compadece con el criterio que expresó que emplearía para su cálculo.

Esto no es correcto. El análisis de la planilla agregada a fs. 421 me permite concluir que la magistrada para calcular el salario base a utilizar para liquidar la indemnización sustitutiva del preaviso, tomó en cuenta lo percibido por el Sr. Imperiale, los últimos seis meses en los que se le abonó la remuneración y para ello consideró lo percibido por todo concepto (incluidos los viáticos). Mas precisamente se trata de los períodos febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2008, en los cuales el actor percibió un total de 8.624,94 que promediado por 6, arroja una base salarial de cálculo de $ 1.437,49, que, multiplicado por los 2 años que le corresponden de acuerdo a su antigüedad, da un total de $ 2.874,98, que es exactamente lo diferido a condena.

Finalmente, tampoco es atendible la queja vinculada con el salario tomado como base para efectuar el cálculo de la indemnización por antigüedad (cfr. art. 245 RCT, t.o.).

Así lo sostengo, pues el aceptado por la sentenciante se ajusta a todas las calidades exigidas por la norma precitada, esto es mensualidad, normalidad y habituali-dad y conforme lo resuelto en el plenario "Brandi" las remuneraciones que posean estas características no deben ser promediadas. La circunstancia de que el actor haya devenga-do en un determinado mes, un volumen de comisiones mayores que en otro período igual, no es suficiente como para pretender un apartamiento de lo dispuesto por el artículo 245, máxime si como en este caso al tratarse de un viajante de comercio su remuneración obviamente se ve conformada mayormente por comisiones.

Por las razones expuestas, propicio confirmar también este segmento del fallo en crisis.

Tampoco es atendible la queja relativa a los intereses pues los diferidos a condena se ajustan a lo dispuesto por el Acta 2357 CNAT y los mismos deben calcularse de que cada suma es debida y hasta el momento del efectivo pago. No es obstáculo para ello la circunstancia que la demandada haya depositado un determinado monto al momento de contestar la demanda, pues el actor de ninguna manera estaba obligado a recibir pagos parciales y de todos modos aquello puede ser considerado a cuenta de lo que en la ocasión del art. 132 L.O. la demandada vaya a depositar.

Por último le asiste razón parcialmente a la queja dirigida contra la condena a entregar los certificados a que hace referencia el art. 80 RCT (t.o.) pues es cierto que a fs. 133/137, la demandada acompañó el certificado de trabajo emitido por la empresa y el formulario PS 6.2. de remuneraciones y servicios. Lo que no ha satisfecho aún es la entrega de una constancia documentada de la que surja que ha efectuado los aportes y contribuciones a los organismos de seguridad social en tiempo y forma (art. 80, 3º párrafo, última parte, RTC). Ante ello, propicio que la condena subsista con el alcance precitado.

III)- A continuación analizaré el recurso de apelación del actor.

Los aspectos del fallo que suscitaron su crítica fueron los siguientes: la conclusión relativa a la fecha de ingreso, el rechazo de las indemnizaciones contempladas por los arts. 8 y 15 del RCT (t.o.) y el rechazo del resarcimiento previsto por el art. 80 RCT, último párrafo (t.o.).

En cuanto a la fecha de ingreso, coincido con lo decidido en la instancia anterior, en cuanto a que el actor no acreditó la invocada en el escrito inicial.

En el recurso se rescata la declaración de Ferrari (fs. 578/581) a los fines de apuntalar la tesis de la demanda, pero a mi juicio, a los fines que interesa no es eficaz, pues el ingreso de este deponente se produjo en el mes de setiembre de 2003 y la fecha invocada en la demanda data del 1 de marzo de ese año. Es más el testigo precisa que el actor lo conoció en el mes de octubre. Esto cobra relevancia, pues este testigo trabajó para la empresa Industrias Martiri desde el mes de enero de 2002 como gerente de producción en la planta de Munro y no dijo saber algo del actor o haberlo visto en la época de Martiri.

Luego, se refiere a los dichos de Carlesso (fs. 468/469), pero si bien este testigo manifiesta saber que el actor trabajó desde la época de industrias Martiri, dijo que lo sabía porque el actor le mostraba los recibos de cobranzas y pedidos de ventas. Luego, además de que este conocimiento provenía del mismo actor, no es preciso en lo que afirma con respecto a la fecha de ingreso.

Finalmente Macchiavelli (fs. 487/8) si bien el ubica al actor trabajando para Martiri, porque justamente el actor fue ahí por recomendación suya, lo ubica un año antes de lo que el propio actor invoca como fecha de ingreso.

En este contexto probatorio, no puedo pasar por alto las imprecisiones de los testigos, teniendo en cuenta la escasa diferencia de meses entre lo invocado por el actor y la demandada y las constancias registrales de ésta última (conf.arts. 386, CPCCN; 90 y 155; L.O.).

Por todo lo expuesto, estimo que corresponde desestimar este aspecto del recurso.

La conclusión precedente me conduce a confirmar el rechazo relativo a las indemnizaciones de los arts. 8 y 15 de la Ley Nacional de Empleo, en tanto no se han acreditado en autos las irregularidades registrales exigidas para declarar su procedencia.

Igual suerte habrá de seguir la queja referida a la desestimación de la indemnización contemplada en el art. 80 RCT (t.o.), pues de las constancias de autos surge que el actor no ha cumplimentado en tiempo y forma el requerimiento de certifica-dos pertinentes en el plazo previsto en el art. 3 del decreto 146/2001.

Si bien considero razonable que la intimación fehaciente a que alude tanto el art. 80, LCT (texto según ley 25.345) como el art. 3º, dec. 146/2001, sólo puede surtir efecto (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemniza-ción) una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa, y que, por ende, la .interpelación efectuada por el actor el 10/11/2008 (ver doc.de fs. 23) resultó ajustada a esa pauta (conf. criterio sustentado al votar en la causa: "Pantano, Carlos Gustavo c/ first Club SA", sent. def. nº 68.030, dictada el 15/12/2005, del registro de la Sala V), el tribunal con su actual composición ha adoptado por el voto mayoritario de la Dra. García Margalejo y del Dr. Arias Gibert (ver sent. def. nº 72.984 dictada el 16/03/2011 en la causa "Moglia, Emanuel c/ Mirazones SA") un criterio contrario.

En este contexto, por razones de economía procesal y sin abdicar de mi posición, propicio confirmar la sentencia de grado en este tópico.

IV)- En cuanto a los honorarios apelados por bajos a fs. 641 y por altos a fs. 639 vta., teniendo en cuenta la naturaleza, extensión y complejidad de las labores cumplidas; etapas procesales efectivamente cumplidas; monto y resultado del pleito, como así también el valor económico del litigio, considero que los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora son elevados y los del perito contador reducidos. Por ello atendiendo a las pautas precedentemente establecidas, propicio reducir los primeros al 16 % y los segundos elevarlos al 7% de la base regulato-ria establecida en la instancia de origen (cfr. art. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y cctes. ley 21.839; 3 u 12 del RAPCE (cfr. dec. ley 16.638/57).

V)- De suscitar adhesión mi voto deberá confirmarse la sentencia de primera instancia, con la salvedad de que respecto de los certificados contemplados por el artículo 80 RCT, la demandada solamente deberá entregar la constancia documentada de aportes y contribuciones.

VI)- Las costas originadas en esta instancia deberán declararse a cargo de la demandada vencida en el pleito (cfr. art. 68 CPCCN) y a tal fin regularse los honora-rios correspondientes a las representaciones letradas del actor y de la demandada en el 25 % de lo que les corresponda por su actuación en la instancia de origen (cfr. art. 14, ley 21.839).

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

Habré de adherir a la solución propuesta por el distinguido colega preopinan-te, con las siguientes aclaraciones.

1) En cuanto al formulario PS.6.2 de ANSES, por mi parte en forma reiterada ya me he expedido en cuanto a que dicho formulario cumplimenta adecuada y suficientemente lo previsto por la L.C.T. art. 80 en lo que respecta a aportes y contribuciones (entre muchos otros casos "Espíndola, Juan Jorge c/ Fidelitas S.A. s/ Cert. Serv. y Aport. Previs.", sentencia definitiva de esta Sala nº 67.323 del 28-10-2004 y "Kiernan, María c/ Proyecto Profesional Recursos Humanos S.A. s/ Despido", sentencia definitiva nº 68.399 del 28-4-2006; y posteriormente con la Sala integrada por el Dr. Fernández Madrid ante la vacancia en la vocalía nº 3 entre otros en "Rodríguez, Stella Maris c/ Swiss Medical S.A. s/ Despido", sentencia definitiva nº 70.804 del 30-6-2008 y "López, Paola Vanina c/ Sobreaguas S.A. y otro s/ Despido", sentencia definitiva nº 71.247 del 12-12-2008). Aunque pueda admitirse que, formalmente, no conste en estos formularios mediante los cuales se expiden los certificados, el importe de los aportes y contribuciones efectuados -sí consta la fecha de ingreso y egreso-, éstos se deducen tácitamente de las remuneraciones de las que sí se deja expresa constancia (los porcentuales del aporte surgen de normas legales y/o reglamentarias y, no tratándose de relaciones clandestinas, los trabajadores tienen mes a mes indicados en sus recibos -de los cuales se les suministra copia a esos efectos, entre otros- los montos de las retenciones correspondientes, de modo que no veo que en tales casos se puedan generar dudas tales que impidan el objetivo legal).

En este caso además, aclaro que no se han acreditado irregularidades registrales (me remito al primer voto).

Del mismo modo se expidió la Sala en los casos "Dupla'a, Lilian Eve c/ Consolidar A.F.J.P. S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L.25.345" (sentencia definitiva nº 73.305 del 15-7-2011), "Medina Laura Graciela c/ Máxima S.A. AFJP s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25.345" (sentencia definitiva nº 73.399 del 31-8-2011), "Acuña Flores, María Elisa c/ Consolidar A.F.J.P. S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25345" (sentencia definitiva nº 73.401 del 31-8-2011) y "Ojeda, Rafael Gerardo c/ Consolidar Comercializadora S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L.25345" (sentencia definitiva nº 73.427 del 20-9-2011).

Considero que lo que la L.C.T. art. 80 prescribe es que debe entregarse una "constancia" de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social. Aquí no está en duda que hay una constancia de las remuneraciones (fs. 134/137); y se está presentando además un certificado plasmado en un formulario que suministra la autoridad pública -en el caso la ANSES-, con firma certificada (fs. 137), y cuyos requisitos fueron diseñados en su momento por el organismo competente solicitando solo aquellos datos necesarios para esa Administración, ya que los aportes y contribuciones figuran en sus sistemas según reiteradamente ha informado aquella en juicios de similares características (me remito a la sentencia en "Espíndola c/ Fidelitas" antes citada). Además, los interesados pueden solicitar concurriendo personalmente con documento de identidad a cualquier unidad de atención integral de la ANSES, un informe de sus aportes y contribuciones ingresados al sistema; e incluso consultar el tópico vía Internet.

En la época en que entró en vigencia el art. 80 cit. en su redacción original, el sistema y la forma de retención y depósito de los aportes y contribuciones jubilatorios, eran diferentes a los actuales; no existían las actuales aplicaciones de los sistemas informáticos en las relaciones entre las empresas y los entes recaudadores ni, ciertamente, podía consultar el empleado como particular on line vía "Mis aportes" si el patrono había cumplido o no sus obligaciones; nadie le enviaba a los trabajadores a su domicilio un reporte periódico de los aportes que le habían sido efectuados. Es en ese marco en el que debe juzgarse lo que la norma disponía y su actual aplicación.

Efectuando una interpretación "finalista" de la normativa, no es posible obviar que el objetivo propuesto no es un mero formalismo, ni se busca que aquella disposición resulte ser meramente la vía para obtener una indemnización (art. 80 cit. último párrafo en su actual redacción), sino procurar que el patrono cumpla con sus obligaciones de ingreso de los aportes y que el dependiente esté anoticiado de ello; y desde una perspectiva histórica debe admitirse que el contexto en el que la norma primigenia fue establecida no es igual al actual, y ha perdido de hecho toda utilidad práctica la constancia a los efectos de conocer la realidad de los aportes efectuados, cuando el trabajador puede simplemente obtener el informe por su cuenta directamente con resultados más precisos y ajustados. El simple formalismo no debería prevalecer por encima del real objetivo perseguido por la ley. Sí tiene utilidad práctica -y no ha perdido en modo alguno vigencia- el formulario PS.6.2 cuando se trata de obtener los beneficios jubilatorios y/o el reconocimiento de servicios, pues la agencia gubernamental lo exige. Pero, justamente, en esos casos lo que se necesita es el citado formulario y no otras constancias a partir de las cuales aquella administración no habrá de dar curso al trámite, porque deben necesariamente seguirse los pasos y utilizarse los instrumentos que ella misma diseña.

Así, el citado formulario tiene indudablemente -al menos- una doble finalidad: informativa para el trabajador, y formal necesaria para el trámite que debe forzosamente realizarse ante la autoridad previsional. En tanto que la entrega de otro tipo de constancia por el empleador -cuando la realidad de los aportes (efectuados o no) puede obtenerse por vías mucho más fidedignas en cuanto a su resultado-, resulta ser en definitiva un mero formalismo; y, dado que la finalidad de la norma no es viabilizar un medio para obtener una suma de dinero -ya sea por la vía de las astreintes en caso de no entrega, o a través de la indemnización que el último párrafo del art. 80 prevé- privar al formulario de valor a estos efectos (remuneraciones, aportes y contribuciones) no me parece atendible ni razonable.

Lógicamente lo expuesto reivindica la postura del empleador que sí cumple con sus obligaciones, efectúa los aportes pertinentes y entrega el certificado previsto por la ley y la reglamentación; en modo alguno puede ser utilizado para justificar a aquellos que no cumplen sus obligaciones o no entregan los certificados en legal forma en cuyo caso, sí, deben ser condenados sin duda a la entrega y/o a la indemnización pertinente.

Sin embargo, lo cierto es que en casos de similares aristas (esta Sala, sentencia definitiva nº 73.799 del 8-2-2012 "Echeverría, María Paola c/ Máxima AFJP S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25345" y sentencia definitiva nº 73.789 del 30-12-2011 "Cabral, Claudio Gabriel c/ Transmedic International Group S.A. s/ Despido") los distinguidos colegas de Sala Dres. Arias Gibert y Zas han finalmente coincidido en una solución que se compatibiliza con lo aquí propuesto por el segundo de ellos, por lo que solo ante razones de economía procesal -y sin que implique ello en modo alguno abdicar de mi propia opinión al respecto- considero que debo adherir a esa posición mayoritaria.

Agrego que a partir de la decisión de la AFIP relativa a la expedición del certificado por vía informática, es lógico que los empleadores deban adecuarse a tal temperamento. Precisamente, ahora que es esa la forma en que se emite el certificado (fs. 134 y sig.), ello no hace sino reforzar mi propio criterio, pues el informe que así se emite atraviesa incluso los datos y controles del propio organismo recaudador y así, más que nunca, el citado formulario PS.6.2 adquiere fuerza constatadora de los aportes y contribuciones efectuados y viene a respaldar -desde esa óptica- todo lo que he venido sosteniendo hace años y que aquí expresé.

Pero -reitero- en aras de la economía del procedimiento y para evitar un inútil dispendio, habré de seguir lo que propugnan los colegas de esta Sala.

2) Teniendo en cuenta mi propio criterio sobre el tema de la indemnización art. 80 L.C.T. y decreto 146/2001 plasmado entre muchos otros casos en la sentencia dictada en el caso "Moglia" referido por el Dr. Zas (me remito además a "González, Juan J. c/ Tapizados Ramos S.A.", sentencia definitiva nº 68.948 de esta Sala del 20-10-2006 publicada en Jurisprudencia Argentina Lexis Nexis 2007-I, Fascículo 7, pág. 87; y "Bulacio, Héctor Roberto y Florci S.A. s/ Despido", sentencia definitiva nº 72.981 del 14-3-2011), adhiero a la solución propuesta sobre ese tópico por el distinguido colega preopinante.

3) En todo lo demás, por análogos fundamentos a los que lucen en el voto que antecede, a ello me sumo.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que fue materia de recursos y agravios, con excepción de lo relativo a la condena a entregar los certificados del art. 80 RCT, la cual quedará reducida a la obligación de entregar la constancia de ingreso de los aportes y contribuciones retenidos de la remuneración del actor y destinados a los organismos de seguridad social y con excepción de los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora y los del perito contador; en tanto los primeros se reducen al 16 % y los segundos se elevan al 7 % de la base regulatoria establecida a fs. 625 vta. 2) Declarar las costas de alzada a cargo de la demandada y 3)- Regular los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de cada una de las partes en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la instancia de origen. Reg., not. y dev.. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.. Conste que el Dr. Enrique Nestor Arias Gibert no vota en virtud del art. 125 de la ley 18345.

MMV Oscar Zas María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara