marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Deberes del juez, deber de imparcialidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Drasich de Soriano s/ Recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-09-22

El principio de imparcialidad de los Jueces constituye uno de los pilares básicos de la organización institucional que se sustenta en una administración de Justicia independiente y dirigida a un funcionamiento libre de sus operadores, sobre todo en sus fases deliberativas y decisorias al dirimir las controversias que se susciten y le sean planteadas, salvaguardando su equidistancia con todas y cada una de las partes que intervengan el Proceso. Que sobre tal concepto no puede siquiera presumirse que una simple comunicación (la imputada promueve recusación contra el Juez de Instrucción, por entender que la remisión vía fax por parte de ésta de una copia de un Oficio a un Estudio Jurídico, altera la imparcialidad e independencia de la Magistrada actuante), de una decisión que no solo emanó del Juez cuestionado, sino de una Instancia recursiva (aunque decidido respecto de un coimputado), dirigida a un Legislador Municipal y recaída en una causa penal donde se encuentra involucrada una Funcionaria Municipal de igual rango, de ninguna manera puede ser indicativo de un actuar parcial del Juzgador, desde el momento que la decisión de la Cámara no se trataba de un acto procesal reservado ni secreto, sino que por el contrario, su comunicación a las autoridades responsables se tornaba necesaria e ineludible a la luz del entonces vigente artículo 184 de la Ley de Municipios Nro. 1028. Por otra parte, la comunicación cuestionada no fue dirigida a persona cualquiera, sino a requerimiento de una autoridad municipal con suficientes potestades y atribuciones para proceder, sobre tal información, en el plano administrativo municipal. A mayor abundamiento la cuestión resuelta jurisdiccionalmente, imputa de un delito, aunque preventivamente, a un Concejal, por lo que no estamos ante el acto de un particular cualquiera, sino de quien representa a la Comunidad, lo que impone la necesidad y responsabilidad de transparentar todo su actuar en las esferas donde se desempeña. Que por todo lo expuesto, no puede soslayarse que la actuación del Magistrado recusado reviste una normalidad común sin advertirse de algún modo que haya procedido con un criterio arbitrario, favoreciendo o perjudicando a algún interviniente, privilegiando a algunos en detrimento de otros, o profundizando alguna persecución mas allá de lo que las leyes penales exigen. Encontrando, en consecuencia, que su accionar se sustentó en pautas objetivas de razonabilidad sin atisbos de algún tratamiento desigual o parcial, su apartamiento deviene improcedente.
Derecho constitucional, recurso de inconstitucionalidad federal, recurso extraordinario federal, cuestión constitucional, fundamentación del recurso, recurso de inconstitucionalidad provincial, plazo, aclaratoria (procesal), cuestión federal, incongruencia, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESSO S.A.P.A. c/ FLEMING, ADOLFO; FLEMING, NORMANDO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-09-25

El recurso extraordinario, en tanto vía impugnaticia especial, está dirigido a un objetivo concreto y restringido: reparar agravios constitucionales; por eso, la existencia de una cuestión federal o constitucional configura la base misma del recurso.

Como consecuencia de tal exigencia, constituye carga procesal del recurrente demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional.
Operadores radiocabletelegráficos, preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: GUTSH ERWIN Y OTROS c/ CIDRA. s/ PREAVISO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1959-12-14

Son aplicables las disposiciones de la leyes 11729 y 12921 decreto 33302/45- referentes al preaviso, a los trabajadores radiocabletelegráficos dependientes de empresas particulares, comprendidos en el decreto-ley 14954/46 (ley 12921).
Servidumbre de electroducto, interpretación de la ley, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VILLAR, Martín Jesús c/ SEGBA s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-23

La servidumbre administrativa de electroducto es regulada por la ley 19.552, publicada el 13/4/72. En lo que para este caso interesa, es menester destacar la previsión contenida en su art. 9: El propietario del predio afectado será indemnizado por el titular de la servidumbre en el caso que ésta le origine algún perjuicio positivo susceptible de apreciación económica . Por tratarse de una norma federal, resulta indispensable atenerse a la interpretación que de ella ha realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su carácter de tribunal de casación en la materia, toda vez que no advierto fundamentos actuales que permitan revisarla, sostuvo el Alto Tribunal que del análisis del régimen instituido por la ley n° 19.552 resulta lo siguiente: a) dentro del sistema de la ley -no tachada de inconstitucional en la especie- la servidumbre del electroducto no es siempre onerosa (ver art. 14) ni la indemnización es procedente en todos los casos (conf. arts. 10 y 11); b) a fin de satisfacer el manifestado propósito del legislador de resguardar y garantizar perfectamente los derechos de los particulares, salvaguardándose el derecho de propiedad en forma compatible con las necesidades colectivas (ver texto de la nota de elevación respectiva), la ley ha contemplado -en lo que aquí importa- dos supuestos diferentes, a saber: el caso de que la servidumbre impida al predio sirviente un destino económicamente racional, en cuyo caso se autoriza la expropiación inversa (art. 12); y el caso en que se origine algún perjuicio positivo susceptible de apreciación económica (art. 9 y concordantes). Agregó que excluido en las instancias ordinarias el mentado supuesto del art. 12 de la ley, sólo restan como eventualmente indemnizables los legalmente llamados perjuicios positivos susceptibles de apreciación económica ; los propios términos de la ley impiden interpretar que la mera constitución de la servidumbre genere la obligación de indemnizar;

antes bien, dichos términos tornan aplicable la jurisprudencia de esta Corte según la cual el concepto de indemnización de perjuicios lleva implícita la realidad de los mismos y, para su establecimiento judicial, requiere la comprobación suficiente de tal realidad; debe puntualizarse que resulta inadmisible una condena por daños sobrevinientes, a cuyo respecto cualquier decisión sólo puede ser conjetural.
Falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: Campi, Victor Hugo c/ Banco  de  la  Provincia  de  Formosa  (S.E.M.) y/o quienes resulten responsables s/ Indemnización  por  incapacidad  derivada de enfermedades de trabajo  (arts. 1, 2, 8  de la ley 24028) Formosa  (S.E.M.) y/o quienes resulten responsables s/ Indemnización  por incapacidad  derivada de enfermedades de trabajo  (arts. 1, 2, 8  de la ley 24028)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-06-29

La ley invocada no puede derogar normas de orden público al pretender desconocer los efectos de disposiciones nacionales sobre la materia -Ley 24028- y vulnerar la escala jerárquica de normas que emana del art. 31 de la Constitución Nacional, en consecuencia y conforme lo dispone el art. 2 de la citada norma "Los empleadores serán responsables en las condiciones y con los límites establecidos en esta ley por los daños psicofísicos sufridos por sus trabajadores por el hecho o en ocasión del trabajo durante el tiempo en que estos estuvieran a disposición de aquellos, en y para la ejecución del objeto del contrato de trabajo. La indemnización será exigida del último empleador que ocupó al trabajador. Si la enfermedad por su propia naturaleza pudo haber sido contraída gradualmente, los empleadores anteriores que ocuparon al trabajador en la clase de trabajo causante de la enfermedad, estarán obligados a resarcir proporcionalmente al último empleador la indemnización pagada por éste, determinándose la proporción por arbitradores o juicio sumarísimo, si se suscitare controversia de donde se colige claramente que debe asumir el carácter de titular de la relación jurídica, y en consecuencia de las obligaciones que derivan de tal.
Impuestos, Municipalidad, facultades tributarias, derecho de registro e inspección, multa
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Peimu S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 449-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-15

El artículo 40 del Código Tributario Municipal de la ciudad de Rosario regula lo concerniente al incumplimiento de los deberes formales; el artículo siguiente, párrafo primero, refiere a la mora o falta de pago de los tributos en término, y el segundo, establece que será "omisión" el incumplimiento "culpable" total o parcial de las obligaciones fiscales, el que se reprime con multa de una a tres veces el monto de la obligación fiscal omitida, sin ser necesario sumario. A ello, cabe agregar que el carácter "culpable" de la omisión sancionada surge de una valoración que efectúa la Administración de las constancias de las actuaciones, de acuerdo a las facultades que le otorga la normativa fiscal, ante lo cual la sancionada debe aportar los elementos que demuestren la concreta inexistencia del elemento subjetivo (culpa).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, sentencia no firme, gravamen irreparable, proceso penal, imputado, libertad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: OCHOA, LEANDRO FEDERICO c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-28

Si bien la resolución atacada no es -atento a su naturaleza- sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, puede constituirse excepcionalmente en objeto procesal de la impugnación extraordinaria pues, en tanto impide la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior y requiere tutela inmediata; por lo que las postulaciones del recurrente importan prima facie articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de la instancia extraordinaria, en función de las especiales particularidades vinculadas a la sustitución del encarcelamiento preventivo en la presente causa. (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Cuestiones de competencia, competencia por la persona, sociedad anónima, domicilio social, sucursal, celebración del contrato, lugar de celebración, contratos de consumo, asociaciones de consumidores
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Volkswagen S.A. de Ahorro P/F Determinados c/ Fundación Club de Derecho Argentina s/ inhibitoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-09

La aplicación integradora que efectuó el magistrado de grado al sustentar su decisión en el art. 2654 del CCCN carece de suficiente sustento ya que tal dispositivo legal sólo es aplicable, en el marco de una acción promovida por el consumidor individual donde esté en juego un contrato de consumo internacional (extremo que no se configura en el sub lite), y se accione contra un proveedor que ha actuado a través de una agencia sucursal o representación comercial que ha intervenido en la celebración del contrato o en su negociación, los supuestos fácticos que no se replican en el caso y que por ello, no habilitan la aplicación de la citada normativa a un colectivo nacional promovido por una acción de consumidores.
Accidente en ascensor, cosa riesgosa, indemnización por muerte del trabajador, responsabilidad del consorcio, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: SINCHICAY, Juana c/ SERVITEC s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-26

El ascensor de un edificio debe ser considerado una cosa riesgosa, y si en el caso concreto fue el elemento que causó la muerte del trabajador , resultan responsables por tal hecho el consorcio de propietarios del edificio donde ocurrió el accidente y la empresa empleadora del occiso.
Poder Judicial, Constitución Nacional, control de constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

El mandato de la Constitución que pesa sobre el Poder Judicial es el de descalificar todo acto que se oponga a aquélla;

planteada una causa, no hay otro poder por encima del de la Corte Suprema para resolver acerca de la existencia y de los límites de las atribuciones constitucionales otorgadas a los otros poderes y del deslinde de atribuciones de éstos entre sí (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, daño moral
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Ibar Marcelo Alberto contra GCBA y otros sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-14

La queja debe ser rechazada toda vez que la recurrente no logra conmover los fundamentos de la sentencia de Cámara que denegó su recurso de inconstitucionalidad y traer en consecuencia, un caso constitucional que a este Tribunal corresponda resolver. Los agravios -tal como han sido planteados- no critican concreta y fundadamente las razones dadas por la Cámara al denegar el recurso de inconstitucionalidad: que no se verificaba en autos la concurrencia de un caso constitucional. Ello así, toda vez que al impugnar la sentencia de Cámara que incrementó la condena por daño moral considerando que el accionante había experimentado padecimientos y sufrimientos de "relevancia" durante el período en el que sus cuentas bancarias quedaron embargadas -por error- como consecuencia del proceso de ejecución de multas, los planteos se dirigían a cuestionar la interpretación asignada en autos a cuestiones de hecho y prueba, y de normativa infraconstitucional. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Recusación con causa, causal de recusación sobreviniente, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ECHAZU, Anatolio s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-07

Ha desaparecido el conflicto que originaba el interés jurídico en la particular impetrante de la protección jurisdiccional (Alvarado Velloso, Comentarios al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, Tomo I, pág. 40, Ed. Centro de Estudios Procesales, 1978, Rosario), por lo que no se configura ya interés que requiera satisfacción, por haber desaparecido la causa de la cuestión planteada ya que la magistrado recusada ha dejado de intervenir en el proceso.

Recuérdese que el Juez no se encuentra emplazado dentro del mecanismo institucional para dilucidar casos de gabinete promovidos por puro interés científico y tampoco, consecuentemente, para emitir opiniones de naturaleza meramente académica que no concurran a dirimir efectivas colisiones de intereses o derechos que subsistan al momento del dictado de la sentencia de mérito.

Es que la "judiciabilidad" de la materia sometida a conocimiento de los jueces viene a constituir un presupuesto riguroso para el ejercicio efectivo del poder jurisdiccional (CSN, Fallos 199-213; 221-215; cit. en CApel.CC. Salta, Sala III, 22-11-06, "Provincia vs. Medicina, expediente de sala n° 109773, tomo año 2006, pág. 1237).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba documental, apreciación de la prueba, ley de empleo, indemnización por despido
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: INSAURRALDE, ALBERTO OSCAR c/ GALETTI, MARIO RAUL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 541 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06

Corresponde rechazar la queja desde que los reparos del impugnante tan sólo evidencian la mera discrepancia en relación a la valoración de la prueba documental aportada por la accionada y sus proyecciones en el resultado de la pretensión, aspectos que resultan ajenos a la revisión en esta instancia de excepción en tanto el impugnante no consigue demostrar que en tal faena -propia de sus atribuciones- los Magistrados hubiesen procedido de manera ilógica o arbitraria al juzgar que habiendo la empleadora acompañado la documentación legalmente exigida y no constando en la causa ninguna probanza aportada por el actor en orden a argüirla de falsa, debía considerarse que sus constancias -en el caso, en punto a la fecha de ingreso- eran fidedignas y en consecuencia correspondía desestimar las indemnizaciones previstas por la ley 24013 para sancionar las alteraciones de registración que se debatían en autos.
Tercería de mejor derecho, boleto de compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mato Luisa A. c/ Irrizabal Alberto A. s/ Tercería
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-17

Los adquirentes de un automotor mediante boleto privado de compraventa, que alegan preferencia con relación al embargante, deben acudir a la tercería de mejor derecho y no a la de dominio.
División de condominio, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: MANERA PEREZ Y CIA S.A.C.I.I.A c/ CANTELMI DE FERRARIS, ILDA s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-04-18

"Las costas deben aplicarse a los demandados que fueron declarados en rebeldía o se presentaron sin contestar la demanda ni allanarse incondicionalmente, pues con su actitud obligaron, al demandante a un actividad complementaria". (voto de la minoría).
Constitución Nacional, división de poderes, acción de amparo, integración del tribunal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Poder Ejecutivo Nacional, perjuicio directo, interés concreto, legitimación activa, falta de legitimación para obrar, ciudadano, sistema republicano, falta de controversia en el reclamo, gravamen eventual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gil Domínguez, Andrés y otros  c/ EN s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-24

Conforme reiterada jurisprudencia del Máximo Tribunal, la condición de ciudadano no basta para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma o acto de gobierno sino puede demostrarse un perjuicio concreto, dado que la extensa generalidad del concepto impide probar la existencia de interés directo o sustancial que permita tener por configurado un caso contencioso, pues quien se presenta no plantea un agravio diferenciado respecto de la situación en que se encuentran los demás ciudadanos, por lo que si se admitiera identificar su pretensión con el interés de todos, se deformarían las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la legislatura, exponiéndolo a la imputación de violar los principios democráticos y republicanos de división de poderes.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PENAL
Carátula: SAENZ CAPEL, JOSE s/ Incidente de regulación de honorarios, Causa: 37291.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-26

1 - Corresponde revocar la resolución que no hizo lugar a la solicitud de regulación de honorarios de quien sólo actuó como mandatario o apoderado y no fue tenido como querellante pues tal circunstancia no obsta a que, conforme lo establecido por el artículo 9° de la Ley de arancel (Ley 21839), modificado por el artículo 12, "f" de la Ley 24432, le sean regulados sus honorarios tanto en su calidad de abogado como en su carácter de procurador.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Skrzypcki Miguel c/ Gouveia Juan José s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

El marchar a contramano, al efectuar un cruce de bocacalle, constituye una conducta en extremo imprudente. En el caso de autos, se le atribuyó al conductor que incurrió en la aludida transgresión la totalidad de la responsabilidad. El marchar a contramano, al efectuar un cruce de bocacalles, no es solo una inobservancia del reglamento de tránsito, sino que constituye una conducta imprudente de extrema gravedad.
Resoluciones irrecurribles, beneficio de litigar sin gastos, derechos del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: Gouveia Mendes, Lilian Cristina c/ K-SAS S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Comercial debe ceder en supuestos en los que la decisión que se cuestione, no sólo abarque una temática vinculada con la producción de una prueba sino que además, afecte a una normativa más gravitante para el proceso como es la correspondencia o no del beneficio de gratuidad que le concierne a quien invoca y demuestra un carácter de consumidor.(del voto del doctor Negri)
Recurso contencioso administrativo, caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL-CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Malvicimo SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Revocatoria (EXPTE CSJ Nº   530-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

La diligencia nula interrumpe la perención del mismo modo que la demanda interpuesta ante el juez incompetente, o nula por vicio de forma, interrumpe la prescripción (artículo 3986 del Código Civil).
Sucesiones, derecho de habitación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carollo, José María s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-02

La cónyuge supérstite del segundo matrimonio no puede afectar el derecho de propiedad de los hijos del primer matrimonio del causante, por aplicación del art. 3573 bis del Código Civil, aún cuando aquéllos concurriesen a recibir en esta segunda sucesión;

pero respecto de la mitad indivisa de la cual eran ya titulares, asumen el carácter de terceros en la relación jurídica sucesoria en que la segunda esposa de su padre fallecido pretende la desmembración del dominio.