Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-22


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los días del mes de marzo del año dos mil diez, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "S., G. Y. c/ D., P. A. y otro s/ ALIMENTOS", expte. nro. 335/09, venidos del Juzgado de Familia nro. 2 (expte. nro. 859/08), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 281) y constancias de fs. 282/287, correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 235/239? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación de la sentencia de fs. 235/239 que hace lugar parcialmente a la demanda y fija una cuota alimentaria mensual a cargo del codemandado P. A. D. del 20% de las sumas que por todo concepto perciba en su lugar de trabajo el Sr. P. A. D., previa deducción de los descuentos de ley, con más las asignaciones familiares en caso que corresponda y obra social. Ordena que la cuota alimentaria sea abonada mediante depósito en el B. C. S.A. del 1 al 10 de cada mes en cuenta judicial, fija una cuota en concepto de alimentos atrasados por el período correspondiente a la fecha de pedido de avenimiento hasta la sentencia, la que será liquidada de conformidad con las pautas establecidas en el considerando respectivo. Impone las costas al codemandado vencido P. A. D. y regula los honorarios.

Expresa agravios la actora a fs. 253/256vta.

El primer agravio ataca la sentencia en punto al rechazo de la demanda contra el abuelo del niño R. R. D., por entender que el trámite de la acción interpuesta ya había sido admitido, ya que demandó al progenitor y al abuelo y se corrió traslado a ambos, más, surge que el codemandado R. R. D. fue declarado rebelde, se lo citó a absolver posiciones, y es allí donde acredita ser abuelo del niño.

La agravia que la juez haya entendido que la actora omitió acreditar fehacientemente el vínculo entre el niño y el Sr. R. D.

En el segundo agravio analiza lo decidido respecto que la interesada haya podido demostrar imposibilidad de procurar el cumplimiento de la prestación por parte del progenitor demandado, lo que no se desprende de los autos "G. Y. c/ D. P. A. y otros s/ alimentos", expte 859/09, donde se expuso que el caudal económico de P. D. es insuficiente para cubrir las necesidades básicas del menor E.

Señala que se han dejado de lado elementos tales como la prueba documental donde constan las necesidades económicas de su hijo, el informe del ETI, quien señala que las mismas ascienden a $2.000.

Indica que la cuota alimentaria fijada está alejada de las necesidades del niño.

Resalta que al padre del niño no le interesó progresar, lo que incide en el aporte alimentario.

Se refiere al informe realizado en la casa de la familia D., donde existen dos ingresos de carácter económico y mensual y habitan en casa propia.

El tercer agravio se refiere al monto fijado como cuota alimentaria. Menciona el art. 267 del CC, y alega que el dado se aleja de la realidad, de allí que solicita la suma de $2.000.

Cita doctrina argentina sobre el caudal económico.

Solicita apertura a prueba.

A fs. 259/264 se agrega la contestación de los agravios.

A fs. 269/270 se resuelve rechazar la apertura a prueba.

A fs. 277/278vta. la Sra. Asesora de Familia e Incapaces se expide.

En principio se ha de resolver el agravio referente al rechazo de la demanda contra el abuelo del niño Sr. R. R. D.

Se concuerda con la Sra. Juez y con la actora, que nada impide que sea demandado el progenitor y el abuelo con la finalidad de exigir alimentos para el hijo y nieto, pero no es menos cierto que el primer obligado al pago es el padre del niño. "La obligación alimentaria de los abuelos está supeditada, no sólo a la necesidad de quien solicita alimentos, junto con la imposibilidad de lograrlos con su trabajo, sino también a la demostración de la imposibilidad de brindarlos por parte de la persona que está obligada en un orden anterior. El reclamo de una madre hacia sus suegros de prestación alimentaria, tiene como esencial requisito demostrar, no sólo la falta del padre, sino también la imposibilidad de obtenerla con su trabajo, ya que la obligación alimentaria de los abuelos respecto a sus nietos es de carácter subsidiario" (CC MdelPl.1ª, 1/11/94, JA 1996-II).

Olvida la apelante y he de decirlo con palabras de Areal y Fenochietto, citado en Sentencia -I, "Revista de Derecho procesal" por Enrique M. Falcón en "Algunos Aspectos de la sentencia en el Proceso Civil", pág.15 y sgtes, que la sentencia, "constituye en síntesis, el acto jurídico procesal por excelencia, en que el juez luego del examen crítico de los hechos y las consecuencias jurídicas previstas por la ley, pronuncia la decisión sobre el mérito, ya sea estimatoria, ya desestimatoria" y cita en la misma obra a Chiovenda quien enseña que "la sentencia de mérito es la providencia del juez que acoge o rechaza la demanda del actor dirigida a obtener la certeza de la existencia de una voluntad de la ley que le garantiza un bien, o de la existencia de la voluntad de la ley que le garantiza lo convenido". De allí que equivoca la apelante al entender que el sólo hecho de dar traslado de la demanda y proseguir con el trámite de la causa impide el rechazo de la misma, ya que en la sentencia es donde cumple con las disposiciones del art. 165 del CPCCCh, y es donde la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones, calificándolas según corresponda por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda o todo o en parte.

Asimismo, la rebeldía no trae aparejada la admisión de todo cuanto se reclame, ya que la sentencia debe pronunciarse según el mérito de la causa y lo que establece el art. 360, inc. 1°.

Aclarados los argumentos traídos por la quejosa, se advierte que no se ha acompañado la documentación que acredite que el Sr. R. D. sea el padre de P. A. D., ya que la única forma de acreditar tales vínculos es a partir de las respectivas partidas. El art. 19 de la ley 14394, establece que ningún comprobante extraído de otro registro que el del estado civil podrá presentarse en juicio para probar hechos que hayan debido asentarse en él, con excepción de lo que se disponga en leyes especiales y el art. 80 CC se refiere al modo de probar, "por certificados auténticos extraídos de los asientos de los registros públicos.", es decir, a las comúnmente llamadas partidas del registro civil; por ende, no resulta suficiente el reconocimiento del Sr. D. en la absolución de posiciones.

Con relación al segundo agravio, si bien la apelante pretende se revoque la decisión de la Sra. Juez, en cuanto al porcentaje acordado, más allá de las citas doctrinarias y jurisprudenciales, en principio no se advierte que la causa en la que funda su queja haya sido ofrecida como prueba.

Y sí se ha probado en autos que el Sr. P. A. D. trabaja en relación de dependencia en el Supermercado "L. A.", el sueldo que percibe, así como el retiro por parte de la Sra. madre del niño de productos en dicha institución.

Informó a fs. 241 la titular del comercio "L." que la Sra. S. ingresó a trabajar en agosto de 2008 y que en febrero de 2009 presentó por voluntad propia su renuncia.

O. a fs. 190 informa que el Sr. P. A. D. es afiliado desde el 1-11-2007, así como su concubina G. S., y su hijo A. E.. procediéndose a dar la baja de la Sra. S. el 18-11-2008.

De la audiencia a los fines de la comparecencia personal del niño y del grupo familiar se desprende que la mamá del niño no trabaja, que alquila, vive en pareja, que el niño de * años de edad terminó el preescolar y comienza primer año, que no realiza actividades extras y si bien alegó la Sra. madre que el niño tiene problemas bronquiales crónicos, ello no fue objeto de prueba.

Por su parte el Sr. D. manifestó que vive en casa de su pareja.

No olvido que el artículo 267 del Código Civil determina que "la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad", pero que deban cubrirse tales necesidades no implica que deban establecerse parámetros fijos, es necesario aunque resulte obvio decirlo, analizar las circunstancias en cada caso, facultad que le ha sido otorgada al juez. "La fijación de la cuota alimentaria es materia librada al prudente arbitrio judicial y en lo que respecta a la proporcionalidad entre el sueldo del demandado y la cuota alimentaria no puede encasillarse en cálculos matemáticos" ("Alimentos. Según jurisprudencia", Analía Barbado-Patricia Barbado, pág. 253).

Explícito es el art. 271 del Código Civil, no dejando duda que la obligación alimentaria del progenitor no se vincula ya a la tenencia del hijo, este deber es independiente de quien ejerza la tenencia, pues deriva tal obligación alimentaria del principio igualitario y conjunto entre los cónyuges del ejercicio de la patria potestad. El deber de procurar la satisfacción de los aspectos materiales y espirituales en la vida del hijo es compartida por los dos progenitores, aunque el ejercicio de la autoridad se atribuya a uno de ellos. La obligación de los padres de mantener a los hijos es compartida (Bueres - Highton, "Código Civil", tomo 1, en glosa al artículo 271).

Tales elementos probatorios analizados, doctrina y jurisprudencia transcriptas, me persuaden que el 20% del sueldo que percibe el Sr. D. y en la forma que lo dispusiera la Sra. Jueza resulta justo.

Las costas de esta instancia las impondré a la apelante vencida, pues, sin perjuicio de la constante doctrina y jurisprudencia a la que he seguido con respecto de quién debe soportar las costas en los juicios de alimentos, no es menos cierto que he mantenido invariablemente el criterio que ha de estarse a las constancias de autos en cada caso particular y Roberto G. Loutayf Ranea, pág. 436, con comentario que comparto, sostiene que "se ha dicho que la idea directriz de que las costas del juicio de alimentos debe soportarlas el alimentante ha de tener atemperaciones, que se compadecen, primero, con un estricto sentido de justicia, por cuanto su mantenimiento a ultranza es susceptible de dar pie a eventuales planteos aventurados, escudados en la no condena en costas, y, segundo, con la normativa procesal que deviene en el precepto contenido en el art. 68 del ordenamiento procesal (C2ª, Civ.Com. La Plata, Sala III, 20/9/79, Rep. LL XXXIX-539, sum. 103); se daría lugar a una manifiesta desigualdad entre las partes al liberarse a uno de los justiciables de toda responsabilidad en la promoción de incidentes, o en su resistencia a planteos que resulten ajustados a derecho o en la deducción de peticiones no acordes con las constancias fácticas o jurídicas de la causa" (C2ª, Civ.Com., La Plata, Sala I, 9/3/78, LL Actualización de Jurisprudencia, 1988-XI-402, n° 510 y en autos no encuentro motivo para apartarme del principio objetivo de la derrota.

A fin de regular los honorarios de los profesionales intervinientes, que los difiero para el momento del acuerdo, tendré en cuento el contenido de la expresión de agravios, la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los artículos 6, 29 y 13 de ley de aranceles (Ley XIII, N° 4 del DJPCh., -antes arts. 7, 30 y 14 de la ley 2200, modificada por ley 4335-).

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Desestima los agravios y confirma la sentencia de fs. 235/239.

2) Impone las costas a la apelante vencida y difiere la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación de la parte actora contra la sentencia definitiva nro. 257/2009 del Juzgado de Familia nro. 2 de la jurisdicción.

La sentencia atacada hizo lugar parcialmente a la demanda y estableció una cuota alimentaria mensual a cargo del progenitor codemandado P. A. D. en beneficio del niño E.. A. D. consistente en el 20% de las sumas que por todo concepto perciba de los haberes en su lugar de trabajo previa deducción de los descuentos de ley, obra social y asignaciones familiares, fijó los alimentos atrasados desde el pedido de advenimiento determinando la forma de cancelación. Impuso las costas al codemandado vencido P. A. D., reguló los honorarios de los profesionales actuantes (fs. 235/239, fs. 243). Atento a que fueron detallados los agravios de la parte actora por quien me precedió en la emisión del voto, y sin perjuicio de encontrarse cumplimentada la manda procesal del art. 165 Ley XIII-nro. 5 Digesto Jurídico Provincia del Chubut (anterior art. 163) por dicha labor, efectuaré una breve reseña de las quejas a los fines de orientación en la resolución de los planteos cuyas quejas lucen en el memorial de fs. 253/6vta., que fueran respondidos por la contraria a fs. 259.

Primer agravio: el rechazo de la demanda contra R. R.. D., cuando ya se había admitido la acción en su contra y dictándose la rebeldía.

El segundo agravio lo constituye que se tuvo en consideración el ingreso del demandado y no las necesidades del alimentado, efectuando los cálculos a los fines de demostrar la insuficiencia e invocando la decisión de éste en su actividad, como que cohabita con su padre, madre y abuela según el informe realizado en la casa del mismo, y que la A quo dice que no deben comprometerse las necesidades esenciales del alimentante cuando éste no paga alquiler, la familia lo provee de todo para subsistir. Cita doctrina.

Análisis:

Con relación a la situación planteada del codemandado rebelde, por parte de la accionante para repeler la decisión de grado, en este sentido, este cuerpo en situaciones similares, mantuvo el criterio que no acarrea el relevamiento total de la prueba por parte de la accionante. A los fines ilustrativos cito: "La inactividad del rebelde no conlleva a que se lo prive del amparo de la justicia, ni que se atribuyan al actor otros derechos que los que debe tener. De lo que se sigue que el juzgador debe examinar la prueba y dictar sentencia conforme a las constancias de autos. Es así que, en principio, los hechos lícitos que deben tenérsele por reconocidos son aquéllos que tengan relación con él y no aquéllos que le resulten totalmente extraños (doct. art. 60 Cód. Proc.). Otro tanto ocurre con la confesión ficta, que sólo opera respecto a hechos personales del absolvente y teniendo en cuenta, además, las restantes circunstancias de la causa (art. 415 Cód. Proc.), lo que implica la existencia de elementos de juicio corroborantes de ese hecho. De tal modo, la "ficta confessio" nada agrega a la rebeldía declarada, no pudiendo dos ficciones legales erigirse en prueba exclusiva de un hecho en el que el rebelde no tuvo participación alguna y que por ende le resulta totalmente ajeno, para imponerle en base a él una obligación" ("Moravitzki de Delenko, Juana c/ Sucesores de Hinner, Carlos y otros s/ Daños y perjuicios" - CC0002 - SM 50571 RSD-81-2 S - 2-4-2002 Citar: elDial - W15D0B). "La rebeldía no es suficiente por sí sola para que el Juez admita la verdad de los hechos afirmados por quien obtuvo la declaración, porque la sentencia debe ser pronunciada "según el mérito de la causa"; esto es, valorando los hechos y circunstancias del proceso, y también las pruebas si existiesen" ("Banco Unión Comercial e Industrial c/ Pérez Segundo y otros s/ Cobro" - CC0102 - MP 100499 RSD-428-00 S - 24-10-2000 Citar: elDial - W14822).

"La finalidad de la actividad probatoria es crear la convicción del órgano jurisdiccional sobre la existencia o inexistencia de los hechos alegados por las partes en su correspondiente oportunidad procesal, que son motivo de discusión y que no están exentos de prueba. La carga de la prueba señala a quién corresponde evitar que le falte la prueba de cierto hecho para no sufrir sus efectos perjudiciales. La carga no significa obligación de probar, sino que implica estar a las consecuencias que la prueba se produzca o no, ya que en virtud del principio de comunidad procesal, el material probatorio incorporado surte todos sus efectos quienquiera que los haya suministrado (Devis Echandía, "Teoría de la prueba judicial", t. I, pág. 426, Bs.As. 70, Sentis Melendo, Santiago "Teoría y práctica del proceso", t. III, pág. 200, Bs.As.).

En consecuencia, la actividad probatoria no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada parte lo que ocurrió en la especie, que la accionante limitó su gestión a la sola invocación de la situación que pretendía su reconocimiento (fs. 15, fs. 9).

Dicha actividad probatoria es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito (Couture, Eduardo, "Fundamentos del derecho procesal Civil", pág. 42).

La circunstancia del reconocimiento en la absolución de posiciones de P. A. D. es insuficiente para acreditar su vínculo filiatorio con el codemandado, ya que comprobar nacimiento, compromete a la seguridad jurídica, en procura de ello el estado ha organizado el sistema de registros civiles (ver en este sentido a Bueres, A., "Código Civil.", t. 1, pág. 471 y ss., ed. Hammurabi), por lo cual las manifestaciones en el memorial de agravios no conmueven el decisorio venido en crisis, ni cambia las instancias procesales en que la accionante omitió las probanzas en el sentido de su propio interés, y confirmo en este punto el fallo.

Con relación al agravio respecto del monto o porcentaje dispuesto, pocos argumentos brinda para hacer variar el decisorio. Si bien el niño tiene problemas en su salud física, este cuenta con el servicio de obra social, en cuanto a cubrir económicamente los gastos que puede la misma ocasionar, que emergió del informe oportunamente acompañado, y del reconocimiento de tal circunstancia por la madre del alimentado.

El régimen legal vigente otorga a la mujer una virtual equiparación de los derechos y deberes con relación al hombre, dejando de lado la concepción tuitiva que regía anteriormente (arts. 264, inc. 1, 265 y 267 del Código Civil), no puede pasar inadvertido que se encuentran los padres en materia alimentaria de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 265, 271 y 1300 del CC., ambos en el deber de contribuir a los alimentos de los hijos, en proporción a sus respectivos ingresos, e incluso procurar generar los mismos. Debiendo decidir, también he de evaluar que para estimar la contribución del progenitor que tiene la guarda deben considerarse los aportes en especie, de significación económica que él hace por ejemplo si habita en una vivienda alquilada o de su propiedad; en el caso, la madre del alimentante pretensor habita con su pareja en otra vivienda y que por su propia voluntad limita su actividad laboral (informe de fs. 241).

Teniendo en cuenta lo expuesto, la actora afirma no poder trabajar, pretendiendo eludir una obligación que pesa también en ella, so pretexto de lo poco lucrativa que significan las actividades que puede desarrollar, a mi modo de ver, omitiendo el deber de los progenitores de proveer a la asistencia de sus hijos, realizando para ello todos los esfuerzos necesarios en trabajos productivos, sin que puedan excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando falta de trabajo o ingresos insuficientes si ello no se debe a imposibilidades insalvables (CNCiv. sala K, 2003-9-23 DJ 2003-3-1050). Lo que observo no se da en la especie, que tan solo encuentra apoyatura en la invocación por parte de la madre. A todo lo expuesto agrego que es sabido que dedicarse a los hijos insume gran cantidad de tiempo, pero no es insalvable la situación, no ha dado la actora muestras de voluntad en el sentido de autosatisfacer sus propias necesidades y la de sus hijos procurándose actividades lucrativas, dando señales inequívocas de su accionar en contrario.

A esta altura del análisis cabe recordar que el derecho alimentario del hijo menor derivado de los deberes que impone la patria potestad, se lo regula específicamente en los arts. 265 a 272 del Código Civil, sin perjuicio de la aplicación de las normas generales referidas a alimentos (cf. Belluscio, "Manual de derecho de familia", t. II, pág. 288).

Por lo expuesto, desestimo los agravios de la parte actora y confirmo íntegramente la sentencia venida en crisis.

La aplicación del art. 68 segundo párrafo o art. 71 del código ritual (actuales arts. 69 y 72 del DJ Pcia. del Chubut, Ley XIII, nro. V), teniendo en cuenta el resultado del pleito, rige para juicios de otra naturaleza y contenido y en casos muy excepcionales puede procederse en los juicios de alimentos, donde por el contrario el principio que rige la materia, es que las costas son a cargo del alimentante, dado que la madre, quien abogó porque el hijo sufriría un agravamiento indeseado.

Dado que solo es procedente apartarse del principio según el cual las costas deben ser soportadas por el alimentante cuando el actor por temeridad, malicia o negligencia grave, pide más de lo que en derecho corresponde. En la especie, esa circunstancia no se dio. A mayores fundamentos entiendo, conforme doctrina, que la intencionalidad de los legisladores tanto en materia de fondo como de normas procesales, fue atender a la celeridad por la urgencia del tema y las necesidades del alimentista para evitar el perjuicio de una demora que sufriría el alimentado (ver Gustavo Bossert, "Régimen jurídico de los alimentos", cap. "Aspectos procesales", págs. 346/51, ed. Astrea-2006). En este orden de ideas, observo que esta legislación tendiente a proteger a quien necesita, por medio de normas que regulan los trámites en ese sentido, observo que no ha de desplazarse el principio que rige respecto de la imposición de las costas en esta materia y quien debe soportarlas es el alimentante y no sufrirlas el alimentado.

Congruentemente con lo expuesto, considero que debe sopesarse y priorizarse al momento de decidir esta cuestión de la imposición de las costas, la necesidad del alimentado que estimo se verían afectadas si la accionante debe soportar la erogación casuística. Mantengo este principio respecto de la imposición de las costas de la Alzada al alimentante.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por ello propongo:

1. Desestimar los agravios de la parte actora apelante y confirmar la sentencia de primera instancia.

2. Las costas de la Alzada las impongo al alimentante según considerando respectivo.

3. Difiero la regulación de los honorarios profesionales actuantes en esta instancia al momento del Acuerdo A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quienes votan precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a las mismas me remito.

I.A) Advierto que ha llegado firme a mi consideración por la mayoría lograda por mis colegas preopinantes, la temática sobre desestimar los agravios de la parte actora apelante, quedando como desacordada la cuestión atinente a la imposición de costas de la Alzada.

Las circunstancias apuntadas hacen que me aboque a la emisión de mi voto sobre los puntos individualizados como desacordados en virtud de lo establecido por el art. 271 del CPCCCh, ya que resulta suficiente para adoptar decisión los votos coincidentes de quienes me precedieron, máxime cuando el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia ha admitido en sentencia de 01/06/98, mediante voto del Dr. Torrejón, que "La circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia, pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión, formando así la mayoría legal suficiente para justificar el fallo".

I.A-a) En cuanto a la imposición de costas en esta instancia, siendo criterio de la suscripta que la imposición de costas en los juicios de alimentos en principio nunca deben recaer sobre el alimentado, atento a la naturaleza asistencial del proceso (06-07-2000, Sent. Interlocutorio, "A, V. P. c/ T, V. G. s/ Alimentos y Litis Expensas"). Ello así, ya que admitir la tesis contraria significaría hacer recaer el importe de ellas sobre las cuotas fijadas, quedando así desvirtuada la finalidad de esta obligación, las costas de la Alzada deberán ser soportadas por el alimentante (cf. crit. de esta Sala, 18-02-2000, Sent. Interlocutorio, "G., T. E. c/ M. N. s/ Alimentos"), son razones por las cuales arribo a la convicción de que las costas de la Alzada deben ser impuestas al alimentante. La regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes se difiere para el momento del Acuerdo donde se regularán teniendo en cuenta el tema traído a debate, la labor desarrollada y el éxito obtenido y (arts. 14 y 47 del Dto. Ley Pcial. Nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial. Nro. 4335, actuales arts. 13 y 46 de la Ley XIII-nro. 4).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la vocal preopinante Dra. Graciela Mercedes García Blanco y considerar que esta parte del voto no está comprendida en la manda constitucional provincial del art. 169, a la misma me adhiero.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial de la Dra. Reynoso de Roberts, la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar los agravios de la parte actora apelante y confirmar la sentencia de primera instancia de fs. 235/239.

2) Costas de la Alzada al alimentante. Regular los honorarios profesionales de la Dra. M. B. G. en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA ($280) y de la Dra. C. E. C. en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($300).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2010 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "F".