marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Conducta procesal, temeridad o malicia, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RAWSON c/ RAWSON CABLE S.A. Y SUPER CANAL S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-05-19

Es temerario el litigante inconsiderado, imprudente, arrojado a los peligros sin medir sus consecuencias, carente de fundamentos, razón o motivo. Es malicioso el que litiga convencido de su falta de derecho, sea por pura perversidad, o persiguiendo un fin determinado. Si bien son dos conceptos distintos, y si la malicia requiere dolo, la temeridad se conforma con la culpa grave.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, costas, cuestión abstracta, desistimiento de la acción, modificación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Taxi Metro S.R.L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación Actos Administrativos Impugnación Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-11

La contradicción planteada en autos no fue resuelta en los términos y modos previstos por el primer párrafo del artículo 67 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, toda vez que el dictado de una nueva legislación tornó abstracto el objeto de la demanda, asimilándose así el caso al desistimiento por cambio de legislación, que permite exceptuar a la parte que desiste de cargar con todas las costas (conf. 2 párrafo de dicho artículo). Tal modo de conclusión del proceso impone que las costas se distribuyan prudencialmente en la medida en que la actora haya tenido favorable acogida a sus pretensiones hasta el hecho que la llevó a renunciar de la acción.
Prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SATULOVSKY CARLOS A. c/ DE LISA NESTOR F. Y OTRA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-24

Tratándose de acciones de indemnización derivadas de actos ilícitos, el plazo de prescripción se computa desde la producción del hecho ilícito o la producción del daño por él causado. En el caso del artículo 1090 del Código Civil la regla debe excepcionarse. En tal caso el inicio del plazo es el de la desestimación de la denuncia o absolución en el proceso abierto al demnificado por la denuncia, considerando el derecho a la acción resarcitoria como eventual.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba pericial, notificación
Materia: PENAL
Carátula: López, Héctor D. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-17

Es improcedente el agravio en el que se denuncia la violación del art. 167 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- pues almomento de "decretarse el examen pericial" (art.

cit.) no existía persona alguna detenida en la causa.
Sociedad conyugal, condominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., P. s/ Quiebra. Inc. de separación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

No resultan incompatibles o excluyentes el régimen del condominio con el de la sociedad conyugal, ya que el primero de ellos constituye un derecho real que se vincula con la titularidad de los bienes y el segundo no afecta dicha titularidad sino que determina el régimen de administración de los bienes y de cómo estos habrán de responder a las deudas de los cónyuges.
Subasta, subasta de inmuebles, deuda exigible
Materia: PROCESAL
Carátula: CAVADINI, Osvaldo Antonio c/ FRAGA, Alicia Celia s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Si la compradora en subasta pretende una declaración de que no se halla obligada al pago de las deudas que registra el inmueble por impuestos, la cuestión debe ser sustanciada con el o los titulares del crédito, sin que pueda ser resuelta "inaudita parte", en punto a salvaguardar el derecho de defensa en juicio.
Actualización monetaria, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Celia Álvarez de Décima, Cirilo Décima y otros c/ Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad Int. en Expte. N A-74.196/93 Ordinario por Cobro de Pesos.L.A. N 44 F 580/582 N 237 Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad Int. en Expte. N A-74.196/93 Ordinario por Cobro de Pesos.L.A. N 44 F 580/582 N 237
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-06-07

El reconocimiento del reajuste monetario deriva de la variación de la moneda y se funda en la inviolabilidad de la propiedad tutelada por el art. 17 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, corresponde actualizar las sumas adeudadas por la demandada por períodos anteriores al 31/01/91, los que deberán computarse por ese lapso conforme a los índices oficiales del incremento del costo de vida en esta ciudad, con más el interés del 8% anual en tal periodo.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público, empleados públicos, Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GUILLERMO ROBERTO ARIAS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ EMPLEADOS PUBLICOS- PRESCINDIBILIDAD- ESTABILIDAD.    CESANTIA- INDEMNIZACION.    CONSTITUCION NACIONAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

La estabilidad del empleado público es armonizable con las facultades atribuidas al Poder Ejecutivo por el art. 86, incisos 1ro. y 10, de la Constitución, pues entendida ésta como un todo coherente y armónico, dichas facultades deben ser ejercidas con respeto de la estabilidad ya que si los derechos y garantías reconocidos por la Constitución deben ser ejercidos conforme a las leyes que los reglamenten (art. 14), tampoco son absolutas las potestades que se consagran en el texto constitucional. Con mayor razón, en virtud del orden jerárquico de normas establecido por el art. 31 de la Constitución Nacional, la atribución prevista en el art. 103, inc. 4to., de la Constitución de Tucumán, debe ser ejercida con los límites del art. 14 bis de aquélla.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, Fuerzas Armadas, personal militar, guerra
Materia: CIVIL-MILITAR-PROCESAL
Carátula: Azzetti, Eduardo Narciso c/ la Nación - Estado Mayor General del Ejercito s/ accidente en el ámbito militar y f. seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-10

El ejercicio por parte del Gobierno de sus poderes de guerra no puede ser fuente de derecho a indemnización alguna, máxime en hipótesis de perjuicios causados en acciones de guerra, ya que el acto bélico enemigo constituye un caso fortuito o fuerza mayor, que excluye la responsabilidad estatal (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Honorarios del abogado, resolución del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTELLO Angela c/ INVERSA  S.A. s/ RESCISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-06

Aún cuando no existe en la ley arancelaria una provisión expresa en cuanto al monto que debe adoptarse a los fines regulatorios en los juicios de resolución de contrato de compra-venta, corresponde aplicar analógicamente la disposición del art. 32, dado que la importancia económica de la pretensión es similar, sea que se solicite el cumplimiento o la resolución del contrato (conf. C.N Civ. Sala D, R. E.D. 17-21, nro. 133; id., Sala G, E.D. 109-526; id id. c. 11.184 del 13/3/85; id. Sala F, c. 16.763 del ll/9/85).-
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olio, Cristian Marcelo c/ Omega Cooperativa de Seguros Ltda. s/ Cumplimiento de contrato-daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

Como la existencia y tasación del daño moral están signados por un marcado subjetivismo, las exigencias relativas a su justificación (art. 330 del CPCC) son bastante más laxas que con respecto a otros rubros. Pero se requiere una mínima determinación o relación de los hechos o componentes fácticos que dan causa a tal pedir.
Prueba anticipada, principio de contradicción, defectos del procedimiento, debido proceso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Raffo, Eduardo Omar c/ Carnezis, Leonardo Martín y Otros s/ Ordinario - Daños y Perjuicios (Incidente de Nulidad)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-05-07

Resulta inatendible el argumento del recurrente relacionado con la carencia de trascendencia, pues tratándose de prueba anticipada la falta de bilateralización que posibilite el contradictorio influye sobre el desarrollo y decisión del proceso definitivo, dado que producidas las pruebas, pueden definir la litis sin que obste a ello la posibilidad de su decreto inaudita parte, de modo que "deviene concreto y evidente el vicio denunciado, el cual tiene suficiente facultad invalidante para presumir el quebrantamiento del debido proceso", derivándose de ésto un indudable perjuicio que afecta el legítimo interés del nulidicente, quien como consecuencia inmediata del cuestionado acto se ve privado del debido control de un medio de prueba de fundamental importancia.
Tribunal de enjuiciamiento, juicio, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., I. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-29

El plazo fatal que la ley 4461, artículo 52, prevé para la duración del juicio de destitución se inicia con el auto interlocutorio del Tribunal de Enjuiciamiento mediante el cual se asume -en la oportunidad del artículo 26 inciso "c" de la misma reglamentación- la acusación en contra de alguno de los funcionarios mencionados en la Constitución provincial, artículo 209.
Empleo público, remuneración, haber de retiro, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, fondo compensador, cláusulas del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Adler Bernando y otros c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

Las cláusulas reglamentarias del régimen del fondo compensador se impusieron obligatoriamente a los empleados de la institución, y forman parte del contrato de empleo público, si bien a tenor de la jurisprudencia establecida por la C.S.J.N. nos encontramos frente a un régimen de naturaleza jurídica mixta. Por una parte es de carácter público y administrativo, en cuanto involucra obligaciones asumidas por la Caja para solventar el sistema y reglamentarlo y, por otra, presenta un carácter asociativo, de naturaleza privada, con destino privado, en la medida que supone el voluntario sometimiento al régimen y autorización de los agentes para que se efectúen los descuentos de sus haberes sin norma legal que los obligue a ello. Lo expuesto determinó la existencia de un régimen contractual de adhesión, según el cual toda persona que se convertía en agente de la entidad resultaba alcanzado por el régimen aludido, aceptaba sus normas y prestaba conformidad con el descuento de sus haberes que pasaban a engrosar el fondo previsional y mutual (C.S.J.N. C.809.XXI "Concuera Ibañez, Rafael A. c/ Caja Nac. de Ahorro y Seguro s/ cobro de subsidio jubilatorio"). (Del voto del Dr. Damarco, consid. 9º).
Recurso de apelación (procesal), medidas cautelares, efecto suspensivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pastori, Ramón Baltazar c/ Agropecuaria San Francisco S.R.L. s/ Incidente de Modificación de carátula S/Recurso de Queja. Pastori, Ramón Baltazar c/ Agropecuaria San Francisco S.R.L. s/ Incidente de Modificación de carátula S/Recurso de Queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-12-17|1992-12-17

No procede la modificación del efecto suspensivo que concediera el a -quo en un expediente en que se ordenara el levantamiento del embargo, por tratarse el caso, de la cesación de una medida cautelar respecto de la cual no se prevé en la ley procesal el efecto devolutivo -tal como pretende el quejoso-, ya que este último es de excepción, resultando en consecuencia aplicable la norma general contenida en el art. 243, tercer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial. Por lo demás, la concesión del recurso con efecto suspensivo, responde precisamente a mantener asegurado al acreedor que obtuvo la cautela hasta tanto se agoten las instancias recursivas, al igual que la concesión con efecto devolutivo en el caso de concederse la medida, como la prescribe el art. 198 del Código Procesal Civil y Comercial.
Dirigente gremial, duración del mandato
Materia: LABORAL
Carátula: Scola, José Miguel c/ Petroquímica Sudamericana y/o Hilandería Olmos s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Las disposiciones de la ley vigente al tiempo de la designación del miembro de la comisión interna del establecimiento demandado (en el caso, ley 20.615) son el marco legal dentro del cual debe dirimirse la contienda vinculada al tiempo de duración de su mandato.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Rodriguez, María Esther c/ Frigorífico Minguillón SACIFI s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Cuando el daño surge simultáneo con el accidente de trabajo, los intereses corren desde que se produjo el hecho generador.
Indemnización, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CACERES ISAC c/ AMERICO MOYA Y OTROS s/ COBRO DE AUSTRALES.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-12

Cuando la parte cuestiona la totalidad de los rubros indemnizatorios permite al tribunal rever los mismos y determinar el quantum definitivo que represente la indemnización requerida, acotada a las reales pretensiones del actor, y que no pueden ir mas allá de las constancias que surgen de los autos.
Asociaciones sindicales, prácticas desleales, querella
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Federación  del  Personal  de  Vialidad  Nacional c/ D.N.V. Direcciòn de Vialidad Nacional s/ Práctica
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-29

La querella por práctica antisindical constituye una pretensión punitiva destinada a reprimir un proceder contrario a la buena fe en las relaciones profesionales, por medio de la imposición de una multa. Posee esencia represora que exige una antijuridicidad notoria. Asimismo, tiene un régimen especifico (Tit. XIII Ley 23551).
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, acción declarativa de inconstitucionalidad, acción meramente declarativa, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CONSTANTINO LORENZO. c/ ESTADO NACIONAL. s/ FACULTADES   DEL  PODER  JUDICIAL-  CONTROL  DE  CONSTITUCIONALIDAD-  DIVISION DE LOS  PODERES- ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD-  TRATADOS INTERNACIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-12

Las peticiones abstractas y generales de inconstitucionalidad, que no pueden revestir forma contenciosa por la ausencia de interés inmediato del particular que efectúa la solicitud, deben distinguirse de las acciones determinativas de derechos de base constitucional cuya titularidad alega quien demanda y que tienden a prevenir o impedir las lesiones de tales derechos, como son la acción de mera certeza y el amparo.
Sentencia, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: CASCO, Jorge José y otro s/ Robos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-03

En virtud de lo dispuesto por el artículo 342 del ritual, la circunstancia de que la Defensa haya fundado exclusivamente los agravios en la autoría y culpabilidad de sus asistidos, releva al tribunal de alzada del tratamiento de las cuestiones atingentes al cuerpo del delito.-
Apreciación del juez, confesión extrajudicial
Materia: LABORAL
Carátula: Caffa, Jorge Eduardo c/ Rossi, Pedro Ramón y otros s/ Diferencias salariales y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-27

El alcance de confesión extrajudicial que la recurrente pretende asignar a la manifestación que la perito contadora atribuye a la demandada, no resulta ajustado al sistema probatorio del procedimiento de nuestra materia. El perito debe limitarse al informe técnico sobre los puntos que se le solicitan, no estando habilitado para efectuar interrogatorios propios de otros medios de prueba y, por otra parte, el reconocimiento de un hecho realizado fuera de juicio a un tercero, sólo significa una fuente de presunción simple, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 411, último párrafo del Cód. Procesal Civil y Comercial al que remite expresamente el artículo 83 de la citada norma, debiendo descartarse cualquier posibilidad de confesión extrajudicial ya que no se trata de una admisión realizada frente a la parte contraria o a quien la represente.
Encubrimiento, asociación ilícita, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: EQUITANTI, Jorge R. y otros s/ ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-05

No corresponde incriminar al autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por la habitualidad dentro de la asociación ilícita en que incurrieran los autores del robo de la mercadería por aquél receptada pues, para constatar la existencia de tal ilícito, tanto la jurisprudencia como la doctrina en general demandan la comprobación del acuerdo de voluntades imperante al respecto entre quienes se asociaran para ello sin dejar duda o vacilación sobre el propósito que los anidara.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, cuestiones de competencia, autonomía provincial, Banco Provincial de Salta, empleados de banco, reincorporación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rodríguez Elizalde, Diego c/ Banco Provincial de Salta. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Resulta manifiesto el interés institucional que habilita la intervención de la Corte en el caso en que se debate si la demanda contra el Banco Provincial de Salta en la que el actor solicita la reincorporación al cargo que desempeñara, es de la competencia de la justicia provincial o de la justicia nacional del trabajo.
Jueces, resoluciones judiciales, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramirez de los Santos s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1985-12-20

El juez en sus resoluciones no adelanta opiniones, sino que las vierte con un sentido jurídico que no lo involucra en el terreno estrictamente personal, único donde puede tener cabida el reproche de prejuzgamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ DE GAETANO, MAXIMILIANO RODRIGO FABIAN c/  s/ ESTAFA, ASOCIACION ILICITA, FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-26

En razón de que el remedio de inconstitucionalidad analizado ha sido interpuesto contra la decisión del Juez de Cámara que resolvió confirmar el rechazo que en primera instancia se hiciera del pedido de morigeración de la prisión preventiva del imputado; que, según surge del sistema informático de la Oficina de Gestión Judicial, el Juez de grado decidió mantener la dispuesta respecto del recurrente en la misma modalidad en la que lo había sido oportunamente -resolución que fue confirmada por la Alzada- y que, habiéndose declarado inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la interesada, la defensa concurrió en queja ante esta Corte -la cual se encuentra pendiente de decisión ante este Tribunal-, cabe concluir que la cuestión aquí debatida ha perdido interés jurídico actual, demostrándose, en consecuencia, la inoficiosidad del dictado de una sentencia de mérito, por lo que corresponde declarar que se ha operado en el presente caso la sustracción de la materia litigiosa por falta de agravio actual.
Medicina prepaga, juicio ejecutivo, procedencia del recurso, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Arando, Ignacio Miguel c/ Swiss Medical SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-19

Procede admitir la nulidad planteada por la demandada, en cuanto la vía otorgada al proceso no ha sido la correcta. Ello por cuanto, en el caso, se presentó el actor promoviendo contra la empresa de medicina prepaga demandada la ejecución de cierta disposición emanada de la Superintendencia de Servicios de Salud, en donde se intimó a la accionada para que se abstuviera de aplicarle aumentos en razón de la edad, no autorizados por la Autoridad de Aplicación y el magistrado de grado otorgó a la presente acción el trámite de ejecución de sentencia. Es que del CPR 499 y 500 se sigue que a los fines de admitir el proceso de ejecución es requisito la existencia de un título legal, es decir de un derecho reconocido por la ley con el objeto de permitir el proceder por vía sumaria contra el patrimonio del ejecutado. El título puede nacer de una sentencia de condena, acto que otorga al justiciable la plena existencia de un derecho amparado en la firmeza de la decisión, es decir, en la autoridad de cosa juzgada (conf. Fenochietto Carlos E, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 2, pag. 769 y sgtes). Tal título ejecutorio nace de la ley y es necesario e imprescindible para promover el procedimiento de ejecución: nulla executio sine título. Dicho título, se reitera es, en principio, la condena judicial y partiendo de ella, se asimilan otros títulos judiciales a los enumerados en el CPR 500, enumeración que resulta taxativa (conf. Fenochietto, ob. cit. pag. 770). En el caso de autos, es claro que no nos encontramos frente a ninguno de los supuestos contemplados en las normas citadas y ello es reconocido por el juez de grado en su resolución. En ese marco, no se advierte procedente admitir que un título que no sea de aquellos expresamente previstos por la ley sea ejecutado a través del proceso de ejecución de sentencia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INTERNOS ALOJADOS EN EL PABELLON DE RESGUARDO MODULO A DE LA UNIDAD XI c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

En su presentación directa, la recurrente incumple con la carga de refutar en forma separada, clara y precisa cada uno de los fundamentos brindados por la Magistrada de segunda instancia, y, por el contrario, dedica al meduloso auto denegatorio algunos insustanciales párrafos que no importan una controversia eficaz de su razonamiento esencial, puesto que en relación a la ausencia de autoabasto que se pusiera de manifiesto, alude a las limitaciones reglamentarias para la extensión de los escritos; insuficiente respuesta frente a concretas omisiones, pues si bien aquéllas existen, en todo caso la cuestión pasaba por una mejor distribución del espacio acordado para la redacción del libelo recursivo -lo que también es aplicable para el escrito de queja el cual, como se observa, igualmente evidencia insuficiencias argumentales-; y con respecto a la falta de demostración de las invocadas afectaciones constitucionales, se limita a escuetas afirmaciones en sentido contrario, concluyendo en que lo que no logra la magistrada es dar cuenta de cómo una resolución que restringe el derecho a la integridad personal y trato digno de las personas encarceladas no afecta derechos reconocidos convencional y constitucionalmente; frase que exime de mayores consideraciones al evidenciar su simple desacuerdo con lo decidido. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Erbetta y Gutiérrez)