marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguridad social, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: "ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-06

Contando el titular con un beneficio otorgado con arreglo a la ley 24.241, debe tenerse en cuenta que, a los efectos de determinar los importes correspondientes a la prestación complementaria (PC) y, en su caso, a la prestación adicional por permanencia (PAP), se deben considerar las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones correspondientes a los últimos diez años de servicios, debidamente actualizadas. En ese orden, conforme lo dispuesto en el art. 24, ap. a) último párrafo, la A.N.Se.S. implementó el procedimiento por Res. 140/95, en el que dispuso que la actualización de las remuneraciones anteriores al 31.03.91 se practicará mediante el Índice de Salarios Básicos de Convenio de la Industria y la Construcción, de modo concordante con lo establecido en la Res. A.N.Se.S. 63/94. Ello así, la actualización de los salarios, a los efectos del haber inicial previsional, sólo abarca hasta marzo de 1991, con fundamento en la Ley de Convertibilidad y estabilidad salarial desde esa fecha, quedando sin ningún tipo de ajuste las remuneraciones posteriores y hasta el cese. (Del voto del Dr. Fernández).
Derecho a la salud, obras sociales, obligaciones
Materia: LABORAL
Carátula: NIEBUR, ERICA CECILIA por sí y su hijo menor c/ OBRA SOCIAL DE LA POVINCIA DE ENTRE RIOS (IOSPER) s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-03-23

El comportamiento de la obra social demandada de alterar sorpresivamente la especie, cantidad y cobertura de la medicación prescripta, constituye una abstención inadmisible de su misión primordial que es la atención de la salud y vida de sus afiliados que -como bien lo ha señalado el Defensor de Pobres y Menores- son derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos -artículo 75 inciso 22-, que gozan también de jerarquía constitucional.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos futuros
Materia: CIVIL
Carátula: Onzari, Marcos roberto c/ Gel, Daniel Benjamín y Otro y-o Quien Resulte Responsable oTitulares de Dominio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-09

Los gastos terapéuticos futuros son resarcibles siempre que sea previsible la necesidad de realizar o proseguir algún tratamiento curativo o un gasto que permita afrontar las necesidades sicofísicas derivadas de una incapacidad.
Impuesto sobre los ingresos brutos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Puerto de Buenos Aires, buques, estiba
Materia: NAVEGACION - TRIBUTARIO
Carátula: Bouzas H. y Cía.  SA c/ MCBA s/ ñcción declarativa (Art. 322)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires está facultada para gravar con el impuesto a los ingresos brutos a quien realiza operaciones de estibaje de buques en el puerto de Buenos Aires, percibiendo por ello comisiones u honorarios y no siendo en realidad exportador ni importador, pues no grava en forma directa el comercio internacional, y por tanto tal facultad tributaria no está vedada a la Comuna Metropolitana, por encontrarse fuera de la norma del art.

67, inc. 12, de la Ley Fundamental.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V.E.Zanettini Ltda. S.A. c/ Sevel Argentina s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

La falta de recursos debe ser acompañada de la prueba de la imposibilidad de obtenerlos, y tratándose de una sociedad anónima no es admisible traducirlo a una mera situación financiera -característica de estas personas ideales con fines de lucro- porque ello desnaturalizaría la finalidad del instituto de verdadera impotencia patrimonial para hacer frente a las contingencias del proceso (arts. 78 y 79 C.P.C.).
Beneficio de litigar sin gastos, beneficio provisional, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lopez, Jose y otros c/ Guevara, Miguel Pascual s/ Desalojo Maroni, Nestor Carlos y otro c/ Bilbao, Alejandro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-23|1985-07-23

La carga procesal impuesta por el art.280 del C.P.C.C., no tiene el carácter de impuesto o sellado de actuación, razón por la cual no esta alcanzada por el beneficio provisional a que se refiere el art.

83 del mismo Código y, en consecuencia, no basta la mera presentación solicitando el otorgamiento del beneficio para liberar al recurrente de dicha carga.
Expropiación, costas, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ LIGUORI, VICTORINO IGNACIO; MONTEMURRO, HIPOLITO FRANCISCO Y-O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION (CSJ EXPTE N. 177-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-12

El régimen legal expropiatorio santafesino establece expresamente los casos en que las costas del juicio deben soportarse por la expropiante, en el orden causado, e, incluso, por el expropiado;

máxime cuando la constitucionalidad de las normas sobre costas no han sido oportunamente cuestionadas.
Pena, juez de ejecución, monto de la pena, disminución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Albarracín, Cristian Rene s/ recurso de revisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-29

Corresponde al señor Juez de Ejecución resolver sobre el pedido efectuado por el inculpado en cuanto a que se aplique a su respecto la nueva escala prevista para el delito de tenencia ilegítima de arma de guerra por el que fue condenado, en razón de las previsiones del art. 189 bis del C.P., modificado por la ley 25.886. (Voto de los Dres. Riggi, Ledesma y Tragant).
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, violación del reglamento de copropiedad, alteración de la fachada
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS c/ PILFAN S.R.L s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

La procedencia de la pretensión deducida por el Consorcio y no por alguno de los copropietarios individualmente, por violaciones a lo dispuesto por los arts. 5 y 7 de la ley 13.512 no queda subordinada a la existencia de un perjuicio concreto.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, filiación
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Diez, Mivia Noemi c/ Catán, Eduardo José. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-01

Es arbitraria la sentencia que, para rechazar la demanda por reconocimiento de filiación, resta mérito a la prueba denominada Human Lynphocyte Antigen (H.L.A) que no fue o,impugnada por las partes y que reviste particular relevancia por la importancia de las investigaciones que se apoya y por la índole de los análisis que requiere, sobre la base de meras aserciones o de otros elementos de juicio que no resultan apreciados conforme con las reglas que hacen a un adecuado entendimiento del caso.
Recurso de inconstitucionalidad, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Giuri, Horacio Alberto c/ Centeno de Pérez, Nieves Gladys s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-10-29

El apartamiento de lo preceptuado por el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial que determina que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, constituye una causal que descalifica el pronunciamiento.
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MENDEZ, IVAN CARLOS s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-27

La oportunidad prevista por el art. 466 del C.P.P.N., es para desarrollar los fundamentos expuestos en la interposición de la vía casatoria, y no otorga la facultad de introducir nuevos agravios.
Incidentes, caducidad de instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Baéz Miranda, Juan A. y otra s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Resulta improcedente la declaración de perención de la causa estando pendiente de resolución un pedido de suspensión del proceso, el cual estaba claramente orientado a evitar un dispendio de actividad jurisdiccional derivado de no haber sido posible ubicar el domicilio del codemandado en los autos principales, en virtud de que ello impedía también notificarlo de la audiencia fijada en el presente beneficio de litigar sin gastos en los términos que preceptúa el art. 80 del CPCC.
Aclaratoria (procesal), costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Ricardo César y otros. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-03-12

La circunstancia de que la resolución no contenga un pronunciamiento sobre costa, implica que han sido distribuidas en el orden causado, acorde con lo sostenido por la jurisprudencia.

(Dr. Dionisi:En disidencia).-
Inmunidad de jurisdicción, solución de controversias, soberanía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Duhalde, Mario Alfredo c/ Organización Panamericana de la SaludOficina Sanitaria Panamericana s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

La existencia de un mecanismo alternativo satisfactorio de solución de controversias, es condición para el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción que compete a los organismos internacionales.
Hábitat, derechos sociales
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público - Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

Las debilidades financieras de esta Ciudad, a partir de la reducida recepción de ingresos provenientes de la masa coparticipable, recursos desproporcionadamente magros frente al aporte que a ella realiza por la actividad económica generada en su ámbito, se convierte en una limitante para atender derechos de prestación en forma irrestricta, por cuanto ni siquiera puede satisfacer, en términos decorosos, los requerimientos de quienes, desde hace tiempo, residiendo en esta jurisdicción se encuentran en un estado de precariedad habitacional. (Voto Dr. José O. Casás, al que adhiere el Sr. Juez Luis F. Lozano).
Defraudación, estafa, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: MILANI, Alberto s/ DEFRAUDACION - ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-10

La mera voluntad del procesado de vender en una galería comercial cuadros, de los que se habría apoderado ilegalmente, no basta para configurar el delito de defraudación, pues éste, al igual que el tipo básico de la estafa, no es de peligro sino de resultado, que exige para su concreción el daño a un patrimonio ajeno, requiriendo el acto ejecutivo, para su inicio, un principio de vulneración del patrimonio de otro, como lo es el comienzo de la operación por parte de la víctima, aunque después se malogre el acto, pero que evidencia que se ha afectado la voluntad del dueño del patrimonio.

No obstante lo expuesto, en atención a la limitación que significa el sólo recurso fiscal, corresponde confirmar el sobreseimiento provisional en orden al delito de tentativa de estafa.
Proceso contravencional, audiencia de juicio contravencional, citación a juicio, notificación, falta de notificación, garantías procesales, debido proceso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Sánchez Hinostroza, Alex y otros s/ s/ infr. art. 81, Ley 1472.-Incidente de apelación en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-12

La necesidad de armonizar el artículo 46 de la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley Nro. 12) con la garantía constitucional del debido proceso legal (artículo 18 de la Constitución Nacional), en cuanto exige que se asegure al imputado la posibilidad de ejercer su defensa material, no puede sino determinar la exigencia de verificar, previo a proceder en los términos del artículo 46 Ley de Procedimiento Contravencional, que él ha sido efectivamente citado al juicio.

En el supuesto contrario, es decir, cuando el resultado de la citación indique que se ha sustraído al proceso, se tornará gravemente cuestionable la legitimidad constitucional de la realización de la audiencia, al tiempo en que se hará manifiesta la prudencia de examinar la procedencia de otras consecuencias procesales, tal como la declaración de rebeldía (artículo 288 del Código Procesal Penal de la Nación); pues la materialización del debate en tales condiciones, aun cuando meramente se produzca una parte de la prueba, podría importar una trasgresión a aquel principio constitucional, quizá análoga a la que significaría habilitar la prosecución del juicio contra quien ha sido declarado rebelde en las primeras instancias del proceso.
Inspector municipal, sobreseimiento, funcionarios públicos, explotación sexual, trata de personas
Materia: PENAL
Carátula: MIERES, Martín y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-14

Uno de los votos concurrentes agregó que la calidad de funcionario público de los autores no cualifica especialmente un hecho que hubiere podido ser cometido por un particular, transformándolo en una especie de los denominados "delicta propia", sino que directamente el hecho merece ser considerado -y valorado para su imputación- como hecho funcionarial, esto es, no como hecho que reclama la intervención de un funcionario, sino como hecho de infracción a la institución funcionarial y que la actividad de fiscalización y control, llevada a cabo de modo ineficiente no puede limitarse al ámbito administrativo en tanto expectativa institucionalizada.El otro voto concurrente destacó que en orden a alcanzar el objetivo constitucional de erradicar de nuestro país esta forma de esclavitud moderna, se deben identificar en el proceso penal, la conducta de los funcionarios públicos que contribuyen a la perpetración de este delito y se debe bregar por la adecuación de la normativa municipal en lo que respecta el otorgamiento de habilitaciones a los estándares constitucionales y que la actuación coordinada desde el Estado en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal) es imprescindible, así como la cooperación internacional en las investigaciones y procedimientos de protección y asistencia a las víctimas constituyen instrumentos esenciales para la lucha contra la trata de los seres humanos. Dres. Gemignani -voto concurrente-, Borinsky, Hornos -voto concurrente-.
Servicio militar, conscriptos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bellagamba, Juan Pedro c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-10

El conscripto es un personal "requisado", su incorporación a las fuerzas armadas lo es a título de carga pública o prestación personal obligatoria y su relación con el Estado, sólo trasunta una situación "legal" o "reglamentaria".
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia, nulidad de sentencia, omisión de cuestión esencial, declaración de inconstitucionalidad, sueldo anual complementario
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzotto Beatriz Esther y otros c/ Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Río Negro s/ Sumarisimo s/Imaplic. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-05-29

La afirmación del "a quo", en el sentido de que diferiría el tratamiento de la cuestión constitucional atinente al Decreto 4/97 (íd. D. 1/98) para la oportunidad pertinente entraña, en este caso concreto, una omisión de merituar y resolver una materia trascendente que fue debidamente incorporada por las partes a la controversia; correspondiendo por ello hacer lugar al recurso de inaplicabilidad interpuesto anulando el fallo puesto en entredicho.(Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, ejecución fiscal, títulos ejecutivos, domicilio del deudor, falta de denuncia de domicilio, citación por edictos, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Koldorff Enrique c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ejecución fiscal Aires s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-26

El artículo 290 del Código Fiscal (t.o. 2000) en modo alguno establece como requisito indispensable para la viabilidad del título, la denuncia del domicilio del deudor.

Este recaudo se encuentra establecido expresamente en el artículo 269 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, y para el supuesto de su desconocimiento, el artículo 287, 6to. párrafo del mismo código dispone la citación por edicto a los fines de lograr practicar la intimación, o en su defecto nombrar al Defensor Oficial para que lo represente. Del Voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo.
Poder de policía, Constitución Nacional, defensa del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CIANCIO S.A.I.C.A. c/ INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA s/ PODER DE POLICIA.    SOLVE ET REPET -VINOS.    CONSTITUCION NACIONAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30

La hermenéutica de la Constitución Nacional debe efectuarse de modo que las limitaciones que contiene no lleguen a trabar el eficaz ejercicio de los poderes del Estado, a efectos del cumplimiento de sus elevados fines del modo más beneficioso para la comunidad, lo que ha llevado a reconocer la facultad de aquél de reglamentar el ejercicio de determinadas actividades, en defensa de diversos valores sociales, reglamentación cuyo cumplimiento, en el caso de la policía de vinos, se ha señalado que es estricto para la necesaria protección de la salud de los consumidores.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P. D., E. F. y otra s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

La división por mitades no es de orden público cuando ya se ha producido la disolución de la sociedad conyugal y los esposos pueden convenir otra solución, acordando adjudicar los gananciales en su totalidad, o por mayor valor a uno de ellos.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, asistencia médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: FORLENZA,  Laura  Fernández c/ ESTADO  NACIONAL -MINISTERIO DELINTERIOR,   POLICIA   FEDERAL  ARGENTINA-  y  otros s/ DAÑOS  YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-19

1- Tanto los médicos como el establecimiento asistencial en el cual éstos prestan servicio son responsables por el inexcusable error de diagnóstico derivado de la grave omisión de las reglas del arte al no haberle realizado a un paciente los exámenes necesarios para descartar la patología que provocó su fallecimiento. 2- Esta responsabilidad profesional se fundamenta en el art. 1074 del Código Civil que establece que será responsable quien por cualquier omisión hubiese causado un daño a otro si la ley le hubiese impuesto el cumplimiento del hecho omitido. Las omisiones deben juzgarse a la luz del deber general de obrar con prudencia, diligencia y pleno conocimiento de las cosas (art. 902 del Código Civil)que corresponden a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 512 del Código Civil). De ahí que, para indagar respecto de la imputada mala -o deficiente- prestación de servicios médicos a los que los demandados estaban obligados es necesario determinar si existió culpa o negligencia mediante la comparación entre la conducta obrada y la que era esperable en un profesional diligente, prudente que pueda ser considerada como "modelo" de una conducta normal. 3- El establecimiento asistencial, por su parte, asume una obligación de seguridad ante los pacientes que concurren a él, ya que les garantiza que no sufrirán daños por la deficiente prestación médico asistencial. Existe entonces una responsabilidad directa y concurrente del ente con la de los profesionales que tienen relación o vínculo con él, pues estipula con los facultativos la prestación del servicio de salud a favor de los pacientes. (Sumario N°17315 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°10/2007).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, apertura de calles, Municipalidad, responsabilidad del Estado, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDAL, SANDRA MONICA c/ AEV S.A.; LOTEO PLAZA S.A. Y MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

Las tachas de arbitrariedad en la apreciación de los hechos y pruebas tal como han sido formuladas, traducen en verdad el empeño de la compareciente en hacer prevalecer su particular postura, con un enfoque distinto al sostenido por los Judicantes, con respecto a cómo debería calificarse jurídicamente la obra vial existente en terrenos de propiedad privada de presunto uso generalizado y qué efectos jurídicos correspondería asignar a esa aseverada situación de hecho en orden a verificar luego si, en función de ello, podría configurarse en el caso un supuesto de responsabilidad del Estado municipal por deficiencias en el ejercicio de su poder de policía. Mas con los planteos traídos a consideración de este Cuerpo, la interesada no logra persuadir -siquiera en un grado mínimo y provisional- que el criterio sostenido por los Judicantes en la valoración e interpretación de los hechos del caso bajo el marco de las normas en juego exceda los límites de razonabilidad tolerables desde la perspectiva constitucional, ni que su particular apreciación de la causa deba necesariamente imponerse en la especie.
Reglamento de copropiedad y administración, cobro de expensas comunes, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Consorcio Los Alamos (Barrio Privado) c/ Basa Erika Silvina s/ cobro de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-03-25

Conforme lo normado en el art. 2075 del CCCN- los integrantes de los conjuntos inmobiliarios preexistentes a la sanción del nuevo digesto de fondo, deben emprender a través de sus órganos deliberativos todas aquellas diligencias necesarias para adecuarse al régimen de propiedad horizontal (especial), lo que a la luz de las consideraciones vertidas en forma precedente, no se encuentra justificado en el caso. Ponderando que la demanda fue interpuesta el 05/04/2016, esto es, varios meses después de la entrada en vigencia del código citado, no pudiendo la actora desentenderse del expreso mandato legal impartido en la norma referida, excediendo la mentada adecuación a una mera cuestión de forma para relacionarse directamente con la seguridad jurídica en las relaciones reales implicadas en los conjuntos inmobiliarios. En definitiva, considero que ante la demanda interpuesta por el letrado J.M.C., invocando la representación de un consorcio, debió justificarse su efectiva constitución y afectación al régimen de propiedad horizontal, o al menos haber iniciado su adecuación, lo que no se hizo. Tal circunstancia, evidencia una falta de adecuación del conjunto inmobiliario o barrio a la forma jurídica estatuida lo que obsta a considerarlo como una entidad jurídica diferente a la de los propietarios, y deviene a la vez en una irregular constitución de la relación procesal en su faz activa.