Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-02


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 2 de 2009.

Y Vistos: 1.) Antecedentes.

En la resolución de fs. 133/6 el juez de grado hizo lugar al planteo de prescripción formulado por la sindicatura, rechazando el incidente de nulidad de hipoteca promovido por María Teresa Orcoyen, con costas a esta última en su condición de vencida. En el resumen de los hechos el a quo explicó que la incidentista solicitó la nulidad de la constitución del gravamen hipotecario que pesaba sobre el inmueble adquirido por el fallido, quien era su cónyuge al momento de la constitución del mentado gravamen.

La incidentista sostuvo que en oportunidad de celebrarse la escritura pública se había consignado por error que el fallido era soltero, por lo que, no habiendo su parte brindado el asentimiento correspondiente, el acto adolecía de nulidad relativa, en los términos previstos en los arts. 1043, 1048 y ccdtes. del Cód. Civil.

Aclaró el a quo que la sindicatura contestó el traslado conferido, oponiendo defensa de prescripción, con fundamento en lo estipulado por el art. 4023 del Cód. Civil, al haber transcurrido más de diez años desde la constitución del referido gravamen. Agregó que la sindicatura postuló -en forma subsidiaria- el rechazo de la presente incidencia, con sustento en que los actuales acreedores hipotecarios eran cesionarios onerosos del Banco Río de la Plata S.A., siendo, por ende, adquirentes de buena fe.

A fs. 32/6 se presentó la acreedora hipotecaria, requiriendo el rechazo de la nulidad interpuesta, sosteniendo que toda vez que la hipoteca en cuestión había sido constituida en el mismo acto de adquisición del inmueble, no era necesario el asentimiento conyugal del art. 1277 del Cód. Civil, pues no había sido comprometido con dicho gravamen un bien de la sociedad conyugal, sino que, por el contrario, su patrimonio sería incrementado con la diferencia entre el monto del precio y el de la hipoteca. El a quo remarcó que la acreedora hipotecaria postuló la falta de legitimación de la incidentista para deducir la nulidad incoada, habida cuenta de que el inmueble resultaba de titularidad del fallido y que, encontrándose vigente la sociedad conyugal, no tenía acción para reclamar el cincuenta por ciento del dominio del inmueble que le correspondería por su carácter de bien ganancial. Agregó que tal circunstancia recién se verificaría en el supuesto de disolución de la sociedad conyugal.

De su lado, la actora contestó la prescripción articulada por la sindicatura, solicitando su rechazo sobre la base de que tal prescripción no corría entre marido y mujer, aún cuando estuviesen divorciados, aclarando que durante el matrimonio aquélla se encontraba suspendida (véase fs. 134).

Bajo este prisma, el Magistrado de grado arguyó que si bien el Cód. Civil establecía una gran variedad de plazos de prescripción de acuerdo con la causa de la obligación, la norma general se encontraba contenida en el art. 4023 del Cód. Civil, la cual establecía, aún para las acciones de nulidad, la prescripción decenal. Aclaró que, pretendiéndose en la especie la nulidad de un acto jurídico, el cual no tenía asignado un plazo de prescripción especial, resultaba aplicable el plazo establecido en la norma aludida supra.

Así las cosas, y toda vez que la hipoteca había sido constituida -según adujo- el 25/05/94, concluyó en que, a la fecha de promoción del presente incidente, había transcurrido holgadamente el plazo de diez años previsto por el art. 4023 del Cód. Civil. Finalmente, aseveró el anterior sentenciante que la acción promovida por la incidentista no estaba dirigida contra su cónyuge, sino que aquélla había sido iniciada contra los acreedores hipotecarios con la finalidad de hacer caer la constitución del gravamen; razón por la cual no regía en el sub-lite lo preceptuado en los arts. 3969 y 3970 del citado ordenamiento legal.

Sobre la bases de tales consideraciones, hizo lugar al planteo de prescripción oportunamente formulado por la sindicatura y, en consecuencia rechazó el incidente de nulidad de hipoteca introducido por la incidentista.

Esa decisión fue apelada por la incidentista a fs. 140, concediéndose el recurso en relación a fs. 141, el que fuere fundado a fs. 143/4.

2.) Recurso de apelación de fs. 143/4 contra la resolución copiada a fs. 133/36.

2.1.- Apeló la incidentista a fs. 140 la decisión recaída a fs. 133/6 que hizo lugar al planteo de prescripción y rechazó el incidente de nulidad de la hipoteca promovido por su parte.

Los fundamentos de la apelación obran anejados en fs. 143/4.

Se agravió la incidentista de que el a quo hubiese calculado el plazo de prescripción liberatoria efectuando un cómputo lineal del tiempo transcurrido entre la celebración de la hipoteca y el inicio del presente incidente, sin haber considerado -de modo alguno- la existencia de actos interruptivos llevados a cabo por su parte. Añadió que la sentenciante se limitó a valorar los dichos de la sindicatura, teniendo a la vista únicamente la presente incidencia.

En ese marco, criticó que el juzgador de la anterior instancia haya aplicado, con excesiva ritualidad manifiesta, lo dispuesto por el art. 3986 del Cód. Civil en cuanto establecía que la prescripción se interrumpía por la interposición de la demanda, concediendo un sentido restrictivo a lo que debía entenderse por "demanda". Citó, en tal sentido, una serie de precedentes jurisprudenciales que avalarían una interpretación amplia del referido término, utilizado en la disposición referenciada supra (véase fs. 143).

3.) Encuadramiento jurídico de la cuestión: Prescripción de la acción de nulidad de la hipoteca constituida en la especie.

Señálase, en primer lugar, que -contrariamente a lo sostenido por la acreedora hipotecaria al contestar el traslado que se le corriera del presente incidente-, la hipoteca que nos ocupa no fue constituida por el fallido el 04/09/92 en acto simultáneo a la adquisición de los lotes cuya nulidad de gravamen aquí se pretende. Ello así, toda vez que si bien en la fecha indicada supra el quebrado había constituido una hipoteca en primer grado a favor de Banco Río de la Plata S.A. (véase fs. 125), dicho gravamen fue cancelado posteriormente, el 27/05/94, fecha -esta última- en la que constituyó una nueva hipoteca (distinta de la anterior), también a favor del referido banco (véase: escritura pública de constitución de hipoteca y cancelación de la anterior, obrante a fs. 108/26).

Consiguientemente deviene insostenible el argumento esgrimido por la acreedora hipotecaria, en tanto sostiene que el inmueble fue adquirido e hipotecado en forma simultánea, atribuyendo esa hipoteca al caso que nos ocupa.

Pues bien, de la escritura pública de constitución de hipoteca a favor de Banco Río de la Plata S.A. precedentemente aludida, identificada con el número 1941, y llevada a cabo por ante el escribano Guillermo Francisco Fornieles el día 26/05/94, se extrae que -en la mencionada fecha- compareció Luis María Pitto indicando su estado civil de soltero en lugar de casado (véase fs. 108). Tratándose dicha celebración de un acto registrable, se advierte que el referido gravamen fue inscripto provisoriamente en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires con fecha 29/06/94, y en forma definitiva el 07/07/94 (véase informe de estado de dominio y gravámenes de las fracciones de campo allí descriptas, anejado a fs. 67 a 74).

Más allá de la inexactitud de tal manifestación, es en el mejor de los casos a partir de esta última fecha (07/07/94) en que debido a la definitiva inscripción registral toma estado público la existencia del gravamen, que comienza a correr el plazo de prescripción de la acción de nulidad de hipoteca pretendida por la incidentista.

Desde tal perspectiva, pues, estímase conducente pasar a examinar si la acción de nulidad intentada en la especie se encuentra vigente o, en su caso, si ésta ya ha prescripto, tal como arguye la sindicatura actuante en la quiebra de Luis María Pitto (véase, en tal sentido, la contestación del traslado del incidente de fs. 24/27 vta.).

A tales fines, corresponderá abordar, liminarmente, la prescripción de la acción de nulidad de la constitución de hipoteca objeto del litigio, para esclarecer -sobre tales bases- la procedencia o no de la excepción oportunamente opuesta por la sindicatura interviniente en los autos falenciales, cuya admisión por el Señor Juez de grado fue materia de agravio en esta instancia. En la dilucidación de tales cuestiones corresponderá adentrarse seguidamente.

En tal sentido, sabido es que la prescripción es el medio por el cual, en ciertas condiciones, el transcurso del tiempo opera la adquisición o modificación substancial de algún derecho (cfr. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil", Parte General, T. II, decimoctava edición, actualizada con las nuevas leyes por Patricio Raffo Benegas, Ed. Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1999, Nº 2099, pág. 591).

Ello sentado, para las acciones de nulidad rige el plazo de prescripción común de diez años. Así lo establece nítidamente el art. 4023 del Cód. Civil, en cuanto prevé que "toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial", agregando -en lo que aquí interesa referir- que "igual plazo regirá para interponer acción de nulidad, trátase de actos nulos o anulables, si no estuviere previsto un plazo menor" (art. incorporado por la ley 17.711, con la enmienda dispuesta por la ley 17.940 de Fe de Erratas).

En ese marco, el texto ordenado por la ley 17.940 se ocupó de efectuar un agregado a la norma originaria del Código, aclarando que el plazo ordinario de prescripción decenal es también aplicable a la acción de nulidad de los actos jurídicos. Por cierto que si bien no se hace el distingo sobre si se trata de un acto nulo o anulable, se presupone que el vicio que sufre el acto es causa de una nulidad de carácter relativo ya que la acción de nulidad absoluta, por los intereses que tutela (art. 4019 del Cód. Civil), es imprescriptible. Conforme el esquema descripto, toda acción de nulidad que no tenga plazo previsto un plazo especial de prescripción (vgr. arts. 4030 y 954 del citado ordenamiento legal) se regirá por la prescripción decenal ordinaria.

De su lado, en cuanto al cómputo del término de la prescripción, el art. 3956 del Cód. Civil dispone que "la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación".

Este último precepto considera las relaciones jurídicas puras y simples, es decir las que no están sometidas a accidente alguno. Ellas acuerdan al titular la facultad de hacer valer su derecho desde su misma constitución (en el caso, a partir de la inscripción de la constitución de hipoteca en el registro respectivo). A partir de ese momento quien no intervino en el acto, está habilitado para ejercer la acción respectiva y si permanece inactivo paralelamente a su inacción, la prescripción sigue su curso, siempre y cuando el derecho del titular esté expedito (cfr. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil", Parte General, T. II, ob. cit., Nº 2113, pág. 598).

Al respecto, se ha dicho que la prescripción se vincula a la acción y no a la relación jurídica. La acción se diferencia conceptualmente de la relación jurídica en cuanto es el modo de hacer valer a ésta en justicia. Por lo común, se tiene acción desde que la relación jurídica se ha formado, razón por la cual, en principio, la prescripción, no obstante afectar exclusivamente a la acción, comienza a correr desde la fecha de la existencia de dicha relación, tal como lo expresa el art. 3956 transcripto supra (cfr. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil", Parte General, T. II, ob. cit., Nº 2113, pág. 598).

No es claro en la especie, cuáles habían sido concretamente los actos interruptivos de la acción de nulidad de hipoteca cuya eficacia pretende hacer valer la recurrente en esta instancia, se infiere de su escueto memorial que se trata precisamente de la interposición de esta demanda, con lo cual es clara la improcedencia del planteo, estando a lo ya expresado.

En efecto, aún considerando lo expuesto por el síndico en la contestación del traslado del presente incidente, donde refiere una presentación de la incidentista obrante a fs. 684 de los autos principales de la quiebra, lo cierto es que tal presentación habría tenido lugar en el año 2005, por lo que igualmente habría transcurrido -desde la inscripción de la hipoteca y hasta la fecha indicada- el plazo de prescripción decenal aludido en el art. 4023 del Cód. Civil.

Repárese en que -conforme se adelantara- la prescripción de la acción de nulidad incoada en la especie comenzó a correr a partir del 07/07/94; fecha de inscripción definitiva de la hipoteca bajo estudio en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires. Ello así, toda vez, que sólo a partir de allí (esto es, desde la inscripción del referido gravamen en el registro respectivo) es que adquiere estado erga omnes la relación jurídica de que se trata, y empieza a producir sus efectos propios con relación a terceros.

Así las cosas, no puede dejar de advertirse que la presente acción fue introducida trece (13) años después de dicha inscripción, es decir, cuando ya se hallaba vencido el plazo de prescripción estipulado en el art. 4023 del Cód. Civil que -como se vio- resulta aplicable al caso (véase que la hipoteca en cuestión fue inscripta en forma definitiva el 07/07/94, mientras que el presente incidente fue iniciado el 05/07/07); razón por la cual, y toda vez que no se ha verificado en la especie acto procesal alguno atribuible a la incidentista durante el transcurso de dicho plazo que haya permitido interrumpir el cómputo respectivo, no cabe sino acoger el planteo de prescripción incoado por la sindicatura actuante en la quiebra del fallido.

Finalmente, tampoco obstan a tal conclusión las argumentaciones articuladas por la incidentista relativas a que la prescripción no corre entre marido y mujer, aunque estuviesen separados de bienes o divorciados por autoridad competente y respecto a que la prescripción se hallaba igualmente suspendida durante el matrimonio cuando la acción de la mujer hubiere de recaer sobre el marido, sea ya por un recurso de garantía, o porque lo expusiere a pleitos o a satisfacer daños e intereses. Ello así, porque tales argumentos no fueron replanteados en la Alzada en debida forma como para rebatir lo decidido por el a quo por cuanto -como bien señala el anterior sentenciante- la acción promovida por la incidentista no está dirigida sino formalmente contra el cónyuge, puesto que ha sido entablada contra los acreedores hipotecarios, a los fines de hacer caer la constitución del gravamen hipotecario oportunamente constituido.

En efecto, se trata de una acción enderezada contra un tercero cesionario que invoca para sí su condición de tercero de buena fe en los términos del art. 1051 del Cód. Civil. En consecuencia, es claro que no resultan aplicables al sub-lite las normas de los arts. 3969 y 3970, invocadas por la incidentista para contrarrestar la excepción de prescripción planteada por la sindicatura. Máxime, cuando tal argumento del a quo no fue debidamente desvirtuado por la recurrente en esta instancia. En nada cambia la solución que se viene propiciando la aseveración de la quejosa, atinente a que el quebrado también era, junto a los acreedores hipotecarios, sujeto pasivo de la acción (véase anteúltimo párrafo de fs. 144, del memorial), habida cuenta de que la finalidad de la acción interpuesta estuvo claramente destinada -conforme lo afirmara la propia incidentista en el escrito inaugural- a "evitar una transferencia de dominio en subasta pública" y con ello, a enervar el gravamen hipotecario que pesaba sobre el inmueble adquirido por el fallido durante el matrimonio, el que fue -ciertamente- constituido a favor de los acreedores hipotecarios; debiendo concluirse -entonces- en que el fallido no posee legitimación pasiva en el presente pleito.

Por lo hasta aquí expuesto, no cabe sino desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la excepción de prescripción.

4.) Conclusión:

En consecuencia, esta Sala RESUELVE: a) Rechazar el recurso interpuesto por la incidentista a fs. 143/4 y confirmar la resolución apelada en todo lo que fue materia de agravio; b) Imponer las costas de Alzada a cargo de la apelante, dada su condición de vencida en esta instancia (art. 68 CPCCN).

Devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso con copia de la presente resolución. - María Elsa Uzal. - Isabel Míguez. - Alfredo Arturo Kölliker Frers.