Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-05-28


SENTENCIA NÚMERO: VEINTIDOS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 42/11, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Asim Assad, en contra de Auto Nº 07/11 de Expte. Nº 146/10 -Rosales, Edgardo Neri -Homicidio culposo", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente la ley sustantiva? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra del Auto Nº 07/11, dictado en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. En tal sentido, se debe reputar formalmente admisible el recurso del defensor del imputado Edgardo Neri Rosales, desde que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva (S. Nº 4/09 "Herrera"; S. Nº 17/09 "Vargas"; S. Nº 07/10 "Segura"; S. Nº 20/10 "Agüero", S. Nº 43 "Finazzi", entre otros).

En este orden de ideas, cabe poner de resalto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido el rango constitucional y la necesidad de tutela inmediata de ese derecho federal, en razón de que la garantía en cuestión -non bis in idem- no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por el hecho anteriormente penado, sino también, la exposición al riesgo de que ello ocurra mediante el sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho (Fallos: 299-221; 308-84; 315-2680; 319-43; 321-2826, consids. 16 y 17).

Por tal motivo, en la medida que el gravamen que es materia de agravio en autos no se disiparía ni aún con el dictado de una eventual sentencia absolutoria, es que consideramos que cabe hacer excepción al principio según el cual aquellas resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva (Fallos: 298-408; 307-1030; 310-1486; 312-552 y 315-2049), toda vez que dicho sometimiento ocasionaría, en el caso, un perjuicio de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior (Fallos: 314-377; 319-43; 320-742, voto del doctor Petracchi).

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 12 los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva y, en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Auto Nº 07/11, dictado el 08/04/201, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: ".1º No hacer lugar a la Excepción de Falta de Acción por Cosa Juzgada que planteara la defensa técnica, por no resultar de recibo (Arts. 193 inc. 2do., 195, 196, 345, 365 del C.P.P.) 2º Prosiga la causa según su estado (...)".

II. Contra este decisorio, concurre el Dr. Asim Assad, en calidad de asistente técnico del imputado Edgardo Neri Rosales, e interpone recurso de casación esgrimiendo el motivo previsto en el inc. 1º del art. 454 del C.P.P.

II.a. El recurrente denuncia inobservancia de la ley sustantiva (arts. 67 párrafo 4º (Ley 25.990), 62 inc. 2 y 94 del C.P.) y de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional. En tal sentido, sostiene que el Fiscal de Instrucción de Tercera Nominación, al recaratular la causa bajo examen, inobservó las citadas normas, ya que aquella ya había sido resuelta con sobreseimiento total y definitivo y pasada en autoridad de cosa juzgada. Resalta que con tal decisión, pasó por alto normas del derecho de fondo y de tratados internacionales, inobservando así la ley sustantiva, lo que fue convalidado por el Juez Correccional de Segunda Nominación al no hacer lugar a la excepción de falta de acción por cosa juzgada oportunamente planteada.

Realiza una síntesis de la causa, resaltando que su defendido fue indagado y luego sobreseído por el delito de lesiones culposas; no obstante lo cual, el Ministerio Público resolvió imputarle un nuevo delito -homicidio culposo-por el mismo hecho histórico, pero de mayor gravedad, dando lugar así, a una doble persecución penal.

Sostiene que la sentencia adquirió autoridad de cosa juzgada al no haber sido apelada por el Ministerio Público, por lo que su defendido no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Cita doctrina en la que sustenta sus argumentos. Finaliza formulando expresa reserva del caso federal.

III. Corresponde expedirse respecto al alegado carácter de cosa juzgada que cabría atribuirle a la prescripción de la acción penal resuelta a favor de Rosales (S.nº 704/09, de fecha 18/12/09), lo que conlleva a determinar si esa decisión implica la imposibilidad de perseguir al nombrado por ese hecho bajo el amparo de otra calificación legal o si, por el contrario, la causa debe proseguir, conforme lo entendió el a quo en la resolución que ahora se ataca.

Antes de avanzar en la cuestión traída a estudio, estimo oportuno destacar una serie de circunstancias que considero relevantes para el análisis del presente embate. En tal sentido, destáquese que: 1º) Edgardo Neri Rosales fue imputado por el delito de lesiones culposas (art. 94 C.P.) con fecha 21/10/2005 (fs. 17/17 vta.). El hecho que en la oporutnidad se le atribuyó consistió en que: " ... el día 20 de octubre de 2005, siendo aproximadamente la hora 21:15 y en oporutnidad en que Edagrdo Neri Rosales, conduciendo imprudentemente y con inobservnacia de los deberes a su cago el camión Ford F-700 por la ruta Nacional Nº 38, y a la altura de la Finca Tres Quebrachos, se desvía de su carril, impactando con costado izquierdo del camión Scania modelo 114 (G-320) conducido por Miguel Ángel Alsa quien circulaba en sentido contrario, con destino a la ciudad de Mendoza; para luego impactar con una camioneta marca Mitsubishi, la que circulaba a metros del mencionado camión y en el mismo sentido, la cual era conducida por Nery David Perna, causándole las lesiones constatadas en el informe médico el que determina hematoma de zona frontal y hemorragia nasal. En tomografía se observan varios focos de contusión y edema cerebral. Actualmente con respiración mecánica asistida con riesgo de vida". 2º) Conforme se constata en la causa, la víctima -Nery David Perna- falleció el 19/11/2005; es decir, a menos de un mes de que a Rosales le imputaran el delito de lesiones culposas (fs. 53/72, 79/146 y 165/205). 3º) No obstante ello, Rosales continuó imputado por el delito de lesiones culposas por el término de cuatro años, oportunidad (21/09/2009) en la que la defensa del imputado plantea, ante el fiscal de instrucción interviniente, excepción de extinción de la acción por prescripción. 4º) Con fecha 11/12/2009, el fiscal de instrucción solicita al juez de control de garantías la nulidad y el rechazo de la excepción planteada. 5º) El 18/12/2009, mediante sentencia Nº 204/09 el juez de control de garantías hace lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento por extinción de la pretención penal y, en consecuencia, dicta el sobreseimiento total y definitivo de Edgardo Neri Rosales, por el delito de lesiones culposas (art. 94 C.P.) que se le atribuía (fs. 10/13, Expte. I 632/09). 6º) Con fecha 22/12/2009 se notificó de la resolución al Fiscal de Instrucción de Tercera Nominación. 7º) El 10/01/2010, el fiscal de instrucción, argumentando tener en cuenta lo resuelto por el juez de control de garantías y el material probatorio agregado en autos, del cual se esplende el hecho que relata a fs. 362, le atribuye al imputado Rosales el delito de Homicido Culposo Agravado en calidad de autor (Art. 84 1º párardo en función del 2º párrafo, 2º supuesto del mismo articulado y 45 del C.P.). 8º) El 17/03/2010 se le recpcionó a Edgardo Neri Rosales declaración de imputado por el delito de Homicidio Culposo (fs. 367/368 vta.). 9º) El 01/10/2010, el fiscal elevó la causa a juicio (fs. 391). 10º) El 9/11/2010 la defensa técnica de Rosales plantea incidente de excepción de falta de acción por cosa juzgada ante el Juez Correccional de Segunda Nominación. 11º) El 10/11/2010 el mencionado funcionario corre traslado al fiscal correccional (fs. 27/27 vta.) quien se expide con fecha 16/11/2010, en el sentido de que los principios de non bis in idem y el de autoridad de cosa juzgada no son aplicables a este nuevo hecho, argumentando que encuadra en otra figura penal y que la causa no se encuentra prescripta. 12º) Mediante Auto Interlocutorio Nº 07/2011 de fecha 08/04/2011 -el que se cuestiona a través de la vía recursiva intentada-, el juez correccional argumentó que "...el hecho como sustractum básico y liminar de todo lo actuado es el mismo, es único, y ello en orden al despliegue de una conducta que, en principio, se considera disvaliosa y que traería aparejado estructuralmente un reproche penal; pero interpreto que el hecho concebido como un elemento constitutivo del delito, no se circunscribe solo al análisis de la conducta desarrollada por el agente, a una acción u omisión propiamente dicha; sino que también se integra por el resultado y/o consecuencia de esa conducta, que con el transcurso del tiempo puede variar y consecuentemente mutar su calificación legal; la Unidad de Acción no puede ser prescindente del resultado...". Concluyó que la causa no se encuentra prescripta, y que no se trata de una causa distinta o de un nuevo expediente y/o proceso, sino de la misma y única instrucción, razón por la cuál desestimó el argumento de la defensa de una nueva persecusión penal por idéntico hecho.

Como se advierte de lo expuesto, el eje central de análisis radica en determinar el alcance que corresponda asignar a la garantía constitucional que prohíbe el múltiple juzgamiento.

Sostiene la doctrina que el dogma del "non bis in idem" ha surgido como consecuencia de un ensanche del efecto negativo de la cosa juzgada penal. En cuanto a su alcance, debe entenderse como la posibilidad del imputado de hacer valer, o la necesidad del tribunal de respetar, la sentencia definitiva firme y evitar, en su consecuencia, un nuevo pronunciamiento sobre el fondo (Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de derecho procesal penal", t. I, p. 248, Buenos Aires, 1960).

En este sentido, siguiendo el criterio de la Corte Federal, la cosa juzgada está íntimamente ligada a la seguridad jurídica, representa una exigencia vital del orden público, tiene jerarquía constitucional y es uno de los presupuestos del ordenamiento social, cuya ausencia o debilitamiento pondría en crisis a la integra juridicidad del sistema (Fallos 313:1297).

El artículo 1° de nuestro Código de forma establece, como exigencia esencial del instituto, la conjunción de dos extremos: doble persecución penal y que ella tenga por objeto el mismo hecho. En torno al primero de los requisitos, puede afirmarse que "para que exista una persecución de esa índole debe haber un acto judicial que, de alguna manera, le impute a una persona participación en una infracción para someterla a proceso. Imputaciones de este carácter existen tanto cuando contra una persona se ha dictado auto de procesamiento, como cuando una persona, en el carácter de autor o partícipe en una infracción penal, ha sido citada, detenida o indicada" (Núñez, Ricardo C. "La garantía del `non bis in idem' en el Código de Procesamiento Penal de Córdoba" en Revista de Derecho Procesal, año IV, 4 trimestre 1946, p. 317). Así, siguiendo a De la Rúa, la condición de imputado es la premisa sobre la cual actúan las garantías individuales en el proceso penal (De la Rúa, Fernando, "Proceso y Justicia", p. 310, Buenos Aires, 1980). Lo cual coincide con los términos contenidos en los arts. 72 y 73 del Cód. Procesal Penal de la Nación.

En cuanto al segundo de los elementos, tanto la doctrina como la jurisprudencia han desarrollado los criterios que sirven para establecer si sobre la materia del nuevo proceso ya hay cosa juzgada. De este modo, se han fijado cuáles son los requisitos que deben concurrir para establecer si se está frente a un doble juzgamiento constitucionalmente proscripto (arts. 18, 33 y 75 inc. 22; art. 8.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 14.7 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Plíticos; art. 1 C.P.P.Cat.). Estos criterios son los siguientes: 1) Identidad de la persona perseguida judicialmente ("eadem persona"), aquí vale el principio "ne inter alios judicata alius neque nocere neque prodesse potest" y se protege exclusivamente a quien ha sido perseguido mientras esa persecución se mantenga o haya sido concluida por sobreseimiento o sentencia absolutoria o condenatoria firme (Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de derecho procesal penal", t. I, Buenos Aires, 1960, p. 251). 2) Identidad del objeto material del proceso ("eadem res"), esta debe ser una identidad real y no jurídica, la confrontación debe hacerse entre dos supuestos de hecho mirados en su materialidad y no en su significación jurídica. En consecuencia, bajo este aspecto, la identidad no es de delitos imputados, sino de hechos imputados. La identidad del objeto material del proceso debe referirse al "hecho principal", éste no se transforma en virtud de modalidades suyas ulteriormente ocurridas o conocidas, siempre que la idea básica del hecho primitivo quede intacta (Núñez, Ricardo C. "La garantía del `non bis in idem' en el Código de Procesamiento Penal de Córdoba" en Revista de Derecho Procesal, año IV, 4 trimestre 1946, p. 318/323). La garantía no significa que no se pueda perseguir a una persona por el mismo delito sino por el mismo hecho, entendido como "acontecimiento real, que sucede en un lugar y en un momento o período determinados, sin que la posibilidad de subsunción en distintos conceptos jurídicos afecte la regla" (confr. Maier, Julio B.J. "Derecho Procesal Penal Argentino", t. 1b, p. 607). Claro que, como señala el citado autor, no es necesario que se trate de un hecho verificado, sino tan sólo atribuible como existente, es decir, hipotéticamente afirmado como real: "dos objetos procesales son idénticos, y no permiten persecuciones penales distintas, simultáneas o sucesivas, cuando la imputación consiste en la misma acción u omisión concreta aun cuando sólo afirmadas hipotéticamente como ciertas".

Entiéndase bien, lo dicho no significa desconocer, ni por un instante, que "la prohibición constitucional contra [la doble persecución] fue establecida para proteger a un individuo de estar sujeto a los azares del enjuiciamiento y posible condena más de una vez por un supuesto delito. [...] La idea fundamental... es que no se debe permitir que el Estado, con todos sus recursos y poder, haga repetidos intentos para condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a molestias, gastos y sufrimientos y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad" (Corte Suprema de los Estados Unidos, ex parte Quirin, 317 US 1, 43, 44-1942, citada por el Procurador General de la Nación en su dictamen en Fallos 298:736, pág. 745).

Y, finalmente, el tercer requisito está dado por: 3) Identidad de causa para perseguir ("eadem causa petendi")", siguiendo a Beling, el efecto preclusivo presupone que el proceso terminado haya sido susceptible jurídicamente de un agotamiento completo del caso. El tribunal con jurisdicción y competencia suficientes, debe haber podido consumir el objeto procesal completamente y haberse agotado el caso íntegro en su totalidad. El objeto del proceso debe haber sido examinado, no sólo a través de la calificación jurídica recogida en la sentencia, sino en toda su extensión y aspectos en que pudo hacerlo jurídicamente el tribunal que conoció del asunto (Beling, Ernest, "Derecho Procesal Penal", ps. 203 y 201 respectivamente, Ed., Labor, Barcelona 1943). Si el proceso se agotó, con una decisión sobre el fondo, examinándose la pretensión hecha valer en todos sus aspectos fácticos y jurídicos, no se puede perseguir nuevamente por el mismo hecho aunque haya mediado abuso o error por parte del juez (cfr. De la Rúa, ob. cit. p. 321).

Al respecto cabe memorar cuanto enseña Maier en el sentido que "ella hace referencia a un único comportamiento básico como objeto de cognición y decisión en varios procesos, aunque en alguno de ellos se prediquen más elementos o circunstancias de ese comportamiento central, que en el otro. (Maier, Julio B.J. "Inadmisibilidad de la persecución penal múltiple (ne bis in idem)", Doctrina Penal, año 1986, p. 429).

No resulta ocioso nuevamente resaltar aquí, que lo que interesa a estos efectos no son los títulos delictivos en los cuales se puede subsumir el hecho imputado, sino que se trate del mismo suceso, más allá de cualquier adecuación típica. La materialidad imputada puede o no ser un delito en su concepto dogmático o encuadrar en una figura penal determinada; esto es indiferente para resolver sobre su identidad o falta de identidad con el objeto de comparación. Es por ello que lo que la ley argentina pretende es proteger a cualquier imputado del riesgo de una nueva persecución penal, simultánea o sucesiva por la misma realidad histórica atribuida, toda vez que la garantía -en este caso la del "non bis in idem"- sólo juega en favor y no en disfavor de quien sufre el poder penal del Estado (confr. Maier, Julio B.J. "Derecho Procesal Penal Argentino", t. 1b, ps. 251 y 375). Es por ello que el "substractum" de la garantía es fáctico y tiene carácter objetivo.

En razón de ello, téngase presente que, si se puede establecer que el hecho por el cual se condenó al imputado configuraría un delito distinto por el cual se pretende iniciar un nuevo proceso penal -v.gr.: que se lo condenó por contrabando de estupefacientes y se lo investigaba por la falsificación del pasaporte con el cual pretendió viajar-, enderezados a proteger bienes jurídicos diversos y consumados mediante conductas temporalmente diferenciadas, es posible distinguirlos a los efectos de su juzgamiento sin que se produzca la hipótesis del concurso ideal y, en consecuencia, sin que se viole el principio non bis in idem .

Sin embargo, se advierte claramente que ello no sucede en el caso bajo examen, en donde sí se ha conculcado la garantía que prohibe la doble persecución penal. Destáquese aquí, que el segundo proceso se referiere al mismo hecho -acción- que el perseguido en el primer proceso -por el cual el imputado fue sobreseído-, es decir, que existe una identidad total entre el acontecimiento del mundo externo que se imputa; se trata de la misma conducta material con la única variación de su calificación.

Así las cosas, cabe concluir que en autos ha existido una doble persecución penal como lo sostiene la defensa, pues como ha quedado demostrado se encuentran presentes una de las identidades a que hace alusión la teoría de la cosa juzgada (cfr. Núñez, ob. cit. p. 311), la del objeto material, puesto que el hecho por el cual el imputado fue sobreseído -lesiones culposas- es idéntico al que ahora se le atribuye -homicidio culposo-, es decir que, nos encontramos frente a imputaciones distintas pero a idéntico suceso. En efecto, la conducta reprochada constituye una unidad fáctica -y así lo entendió el juez correccionall-, pues convergen las circunstancias de tiempo, modo y lugar que tornan al suceso en inescindible, por lo que al encontrarse firme el sobreseimiento en orden al delito de lesiones culposas, el procesamiento por el otro delito -homicidio culposo- vulnera la garantía del "non bis in idem". A diferencia de lo postulado por el a quo en la resolución que se ataca, cabe enfatizar que el funcionamiento de la garantía exige que la identidad comprenda también al objeto o materia del proceso, sin que interesen las modificaciones de calificación jurídica del mismo. "La confrontación tiene que hacerse entre los dos supuestos de hehcos mirados en su materialidad y en su significación jurídica(...) el mimo hecho no puede generar doble proceso bajo doble título delictivo (...) ni corresponde perseguir nuevametne el mismo hecho por un grado delictuoso más grave del mismo título (...). Además la identidad debe referirse al hecho principal" (Nuñez, Ricardo; "La garantía del "non bis in idem" en el Código de Procedimeitneo Penla de Córdoba", en Revista de Derecho Procesal IV, 1ª parte, 1946, pp. 311 y ss.). De igual modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que: "La garantía contra el doble proceso penal protege a los individiuos contra la doble persecución por un mismo hecho sin importar los diversos encuadramientos que se pueden efectuar respecto de aquél" (Fallos: 319:43). En consonancia con lo analizado, voto afirmativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: 1) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/2 vta., por el Dr. Asim Assad, en su carácter de asistente técnico del imputado Edgardo Neri Rosales. 2) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto. 3) Declarar la nulidad del Auto Nº 7/2011 dictado por el Juez Correccional de Segunda Nominación (Expte. 190/2010; fs. 33/34 vta.), y archivar la causa. 4) Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). 5) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/2 vta., por el Dr. Asim Assad, en su carácter de asistente técnico del imputado Edgardo Neri Rosales.

2º) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Declarar la nulidad del Auto Nº 7/2011 dictado por el Juez Correccional de Segunda Nominación (Expte. 190/2010; fs. 33/34 vta.), y archivar la causa (arts. 187,191 y concordantes, 454 inc. 1y 334 del C.P.P.).

4º) Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

5º) Téngase presente la reserva del caso federal.

6º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria-ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.