Sentencia definitiva, sentencia condenatoria, juicio abreviado, remisión del expediente, doctrina de la arbitrariedad, derecho subjetivo vulnerado, recurso de casación, excesos u omisiones en el pronunciamiento, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Peña, Paulo Nahuel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-16

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Paulo Nahuel Peña; revocar el punto II de la resolución recurrida, sólo en lo que atañe a la declaración de reincidencia, y remitir al tribunal de origen para que, previa sustanciación y de conformidad con los lineamientos aquí sentados, dicte un nuevo pronunciamiento. De la exégesis del artículo 50 del Código Penal se desprende que el instituto de la reincidencia constituye el reconocimiento de un estado que adquiere la persona que habiendo cumplido total o parcialmente una pena privativa de la libertad comete un nuevo delito conminado con la misma especie de sanción. A más de ello, debemos resaltar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del CP, "(L)as penas que este Código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación". Por lo tanto, no corresponde que el instituto normado en el art. 50 del CP, sea considerado una pena en los términos del art. 431 bis, inc. 5 del CPPN. Por estos motivos, la reincidencia no resulta una circunstancia que pueda ser materia de acuerdo entre las partes. Es un estado que, siempre que se verifiquen los requisitos exigidos por la ley debe ser reconocido por el juez interviniente mediante un acto meramente declarativo. En el caso particular se cumplió con el procedimiento normado en el artículo 431 bis del CPPN: el margen de disposición de las partes estuvo circunscrito a la conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia del hecho, la participación que le cupo en éste, la calificación legal en la que se adecuó su conducta y el expreso pedido de pena, correspondiendo iterar que Peña prestó su conformidad en cuanto a estos tópicos al suscribir el acuerdo de juicio abreviado que fue homologado por el tribunal a quo. Es por ello que el agravio vinculado a la imposibilidad de declarar reincidente al imputado si aquella declaración no fue pactada previamente por las partes en el marco del acuerdo de juicio abreviado, no puede prosperar. Sin perjuicio de lo expuesto, advertimos que el tribunal de mérito, al declarar reincidente a Paulo Nahuel Peña no dispuso oír a las partes por la posible aplicación del art. 50 del CP, en función de una condena que registraba el imputado. Sobre este punto, en atención a los concretos datos incorporados durante el proceso, no puede soslayarse que el máximo Tribunal se expidió respecto de un caso similar fijando como criterio, por remisión al dictamen del Procurador Fiscal, que "(e)l Código Procesal Penal de la Nación reglamenta, para la etapa de ejecución penal, un procedimiento para la evaluación, concesión, rechazo y revocación de la libertad condicional que resulta propicio para resolver la cuestión de la reincidencia: un procedimiento contradictorio, en el que el tribunal cuenta con amplias atribuciones de producción probatoria sobre las condiciones de cumplimiento de la condena actual y sus antecedentes, y cuya decisión es impugnable por la vía del recurso de casación (cf. artículos 491 y 505-510 del Código Procesal Penal de la Nación)." (cfr. en lo pertinente y aplicable, CSJN 25/2013 (49-M)/CS1, "Mayo, Miguel Ángel", del 21/04/15). Entendemos que la verificación de los presupuestos requeridos para declarar la reincidencia debe formar parte de un procedimiento que incluya la posibilidad de controvertirlos en su aspecto legal y fáctico. Sentado ello, consideramos que el tribunal de mérito debió conferir traslado a las partes para que dictaminen acerca de la procedencia del instituto en cuestión, motivo por el cual se vulneró el derecho de defensa del imputado Paulo Nahuel Peña, por lo que corresponde revocar la declaración de reincidencia dictada en el punto II de la resolución recurrida. Asimismo, advertimos que la declaración de reincidencia adolece de una adecuada fundamentación, en tanto el tribunal a quo no ha indicado (a excepción de la certificación de fecha 14 de diciembre de 2017) las circunstancias que rodearon la aplicación de la pena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 de San Martín, las cuales otorgarían la calidad de reincidente a Paulo Nahuel Peña. No surge de la sentencia recurrida si el imputado cumplió condena en encierro y, en su caso, por cuanto tiempo y entre qué fechas; datos que permitirían dilucidar si la declaración de reincidencia cumple con los requisitos establecidos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes citado. De tal modo, la remisión a la certificación resulta insuficiente a los efectos de tener por probada tal circunstancia. De tal suerte, esta falencia desatiende el concreto mandato de motivación que debe contener la decisión jurisdiccional de acuerdo a las exigencias previstas en los arts. 123 y 404 inc. 2 del código adjetivo, para que las partes conozcan las razones por las cuales la judicatura toma una resolución determinada, y de ahí en más poder efectuar las críticas que estimen corresponder.