Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-03-09


EXP 29984 / 12 Salta, 09 de Marzo de 2.017.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "GOROSITO, ETELVINA FILOMENA C/ ARGENTINA DE HOTELES S.A. S/ ORDINARIO", EXP - 29984 / 12; originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo Nº 1, para resolver la apelación interpuesta a por el actor a fs. 247/255 y por la demandada a fs. 242/244 vta, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Federico Gabriel Kosiner dijo:

I.- Llegan los autos a consideración de esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora, GOROSITO ETELVINA FILOMENA, a fs. 247/255; y por el Dr. Cristóbal Juan Cánaves en representación de la parte demandada ARGENTINA HOTELES S.A. a fs. 242/244 vta., en contra de la sentencia definitiva de fs 234/238 vta. dictada en primera instancia.

Expresa agravios la actora por entender que el fallo le causa gravamen irreparable al rechazar la demanda incoada y que la valoración efectuada por el juez de la causa de la ruptura de la relación laboral entre las partes resulta insuficiente, subjetiva y arbitraria por lo que arriba a una conclusión no sólo incorrecta sino injusta. Cita jurisprudencia. Formula reserva.

Corrido traslado a la contraria, contesta agravios a fs. 261/263 vta. solicitando su rechazo con costas.

Expresa agravios el demandado y manifiesta que le causa un daño irreparable que el a quo haya impuesto las costas por el orden causado sin expresar en su pronunciamiento los fundamentos para apartarse del principio general establecido en el art. 67 del CPCyC. Cita jurisprudencia. Formula reserva.

A fs. 254/255, la contraria contesta agravios solicitando su rechazo con costas. Formula reserva.

Que previo a analizar los agravios formulados por las partes considero oportuno traer a colación la plataforma fáctica sobre la cual voy a expedirme._ La hoy demandada ARGENTINA DE HOTELES S.A despidió a la actora en los términos y con los alcances del art. 242 de la LCT. Entendió que el hecho de que aquella omitiera deliberadamente no comunicar la obtención del beneficio jubilatorio importó una violación al principio de buena fe y a las obligaciones establecidas en los arts. 62,63,86 y ss. y concordantes de la LCT. A más de ello causarle un gravamen patrimonial por las erogaciones que tuvo que realizar sin estar obligado a ellas. Por su parte la actora manifiesta que la firma conocía su situación por lo que rechazó la causal de despido invocada, reclamando por así entenderlo las indemnizaciones de ley. De la prueba producida, el a quo consideró que la justa causa alegada por el demandado quedó debidamente acreditada. Ergo rechazó la demanda incoada en todas sus partes, decidiendo que la imposición de costas sea por el orden causado.

II) Entrando en el análisis de los agravios esgrimidos por la actora diré que conforme a las probanzas obrante en el presente, quedó, sin hesitación, acreditado que la causal de despido invocada por la demandada tenía entidad suficiente y que obstaba a la prosecución del vínculo laboral.

Producido un despido con causa, la carga de probar la misma compete a quien lo decide, en el concreto, el empleador, ello es así en los términos del art. 377 del CPCyC de aplicación supletoria al fuero laboral conforme el art. 90 del CPL y en virtud del brocardo affimanti incumbit probatio. "Producido el despido directo, la carga de la prueba de la causa del mismo queda en cabeza del empleador y de no ser así cae la justificación de rescisión del vínculo más allá de la existencia o no de actividad probatoria del trabajador"(CNAT Sala VII,2-3-2006, Rojo Eliberto c. Matriplast S.A s/ Despido).

Al ser indagada la única testigo, MARTA MIRIAM MENDOZA (fs 165/166) propuesta por la actora, aquella manifestó conocer a la SRA. GOROSITO de su trabajo en el Hotel; que a pedido de la demandada, ARGENTINA DE HOTELES S.A hizo una auditoria de los empleados que estaban en condiciones de jubilarse, entre los cuales se encontraba la apelante. Que al realizar tal auditoria concluyó que la actora, si bien tenía la edad para acogerse al régimen jubilatorio, no contaba con los años de aportes exigidos por las leyes previsionales. Manifestó también, que no recuerda si estuvo o no autorizada a realizar el trámite jubilatorio de la SRA. GOROSITO, pero que sí informo a la firma la situación en la que esta se encontraba, es decir, que tenía la edad pero no cumplía con los años de aportes requeridos (art 19. Ley 24.241). Por lo expuesto concluyo que no surge de las declaraciones realizadas, que la SRA. MENDOZA por recomendaciones de la empresa, haya iniciado el trámite jubilatorio de la SRA. GOROSITO y menos aún que haya tenido conocimiento de que esta estuviera gozando del beneficio jubilatorio.

Que a fs 155/157 obra informe de la ANSES del que surge que la SRA. GOSROSITO, percibía el beneficio jubilatorio desde el mes de Julio de 2.008, es decir casi tres años, previos a su desvinculación con la firma.

A más de ello, en fecha 31/05/2.010 la hoy demandada mediante nota, la cual fuera suscripta por la SRA. GOROSITO, le solicita que informe sobre su situación previsional (fs 54 documentación reservada) sin que aquella se expidiera al respecto.

Por otra parte, del informe de la pericia contable (fs. 210/212 vta) surge que el demandado realizaba las contribuciones al sistema de la seguridad social y previsional como si la SRA. GOROSITO se tratara de una trabajadora activa. En este orden, la demandada continuó, liquidando no sólo el ítem antigüedad sino realizando aportes y contribuciones patronales como si se tratara de un trabajador activo y no de un trabajador jubilado. Lo cual redunda en un perjuicio económico para la firma quien ante tal supuesto sólo debería haber realizado el aporte correspondiente al Fondo Nacional de Empleo y no como lo hizo por casi tres años, los aportes y contribuciones patronales destinados al sistema de la seguridad social.

Queda así acreditado que la SRA. GOROSITO, omitió deliberadamente informar a la firma su situación (haber obtenido el beneficio jubilatorio) hecho este que implicó no sólo la pérdida de confianza por su accionar de mala fe, sino un perjuicio patrimonial para la firma quien debió realizar erogaciones cuando no estaba obligada a hacerlo y proseguir con un contrato laboral, que dadas las circunstancias se hubiera extinguido per se desde el momento en que la actora se acogió al régimen jubilatorio y no casi tres años después. Ergo concluyo que de la prueba producida en autos quedó debidamente acreditada la causal de despido invocada por la firma. Por lo que voto no hacer lugar al agravio formulado.

Corresponde ahora avocarme a los agravios expuestos por el demandado.

Tal como lo ha sostenido esta Sala en otro caso sobre el particular (Gutiérrez, Jorge Santos c/ Consolidar ART S.A. s/ Accidente de Trabajo" Exp. Nº 19241/7) encuentro que la decisión sobre las costas integra la sentencia como un acto procesal único. La condena en costas tiene por objeto resarcir los gastos del juicio que el vencedor realizó para el reconocimiento de su derecho. El principio general en materia de imposición de costas, resultante de la norma del Art. 67 primer párrafo del CPCC, es el objetivo de la derrota, en el que las costas deben ser soportadas por el litigante vencido. En este sentido se ha dicho que "El principio general consagrado en la materia por el Art. 67 del CPCC y que lo reitera para el juicio ejecutivo el Art. 568 es de que las costas serán a cargo de la parte vencida debiendo señalarse que su imposición en el proceso no mira a la conducta subjetiva de los litigantes sino - con criterio objetivo - atiende a la necesaria reparación de los gastos que el vencedor ha debido efectuar para el reconocimiento de sus derechos. En otras palabras, atiende a satisfacer las erogaciones que fueron menester realizar para materializar el derecho desconocido, las que deben ser cargadas a quien hizo necesario realizarlas. El vencimiento se determina por el resultado del proceso, ya que se trata de un fundamento objetivo que excluye necesariamente todo elemento subjetivo.el vencimiento se opera por la actuación de la ley a favor de una parte y contra la otra; es decir se verifica cuando uno de los sujetos procesales obtiene del órgano jurisdiccional la protección jurídica de sus pretensiones frente al adversario, sea mediante una sentencia definitiva que ponga fin al litigio o de una interlocutoria que decide el incidente con fuerza definitiva (Ricardo Reimundín: "La condena en costas en el proceso civil" Pág. 106/107)" (CACC. Salta, Sala III, 07/09/93, "Provincia vs. Pistoni", Fallos año 1993, pág. 670, citado por Roberto G. Loutayf Ranea, María C. Montalbetti de Marinaro, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta, Tomo II, Ed. Noroeste Argentino, año 1994, Pág. 19). El segundo párrafo de la norma en análisis otorga al Juez la posibilidad de eximir total o parcialmente del pago de las costas al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad, hecho este que no se advierte de la lectura de los considerandos del fallo en crisis.

Las razones que dan lugar a la eximición de costas son fundamentalmente de dos tipos, o bien cuestiones dudosas de derecho (Ej.: una ley nueva con artículos de dudosa interpretación, norma de interpretación compleja, ausencia de antecedentes legales o jurisprudenciales, jurisprudencia contradictoria, etc.) o bien cuestiones dudosas de hecho (Ej.: reclamo de partes que se encuentran en una similar posición frente a la pretensión, hechos confusos o dudosos, obligación o necesidad de demandar, etc.). La jurisprudencia sobre el tema es casuística y profusa. (FALCON, Enrique M. Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo III, Ed. Rubinzal Culzoni. 2006, pág. 627). En este sentido encontramos que "Tratándose de una materia discutible y en la que el papel preponderante lo ejerce la apreciación jurisdiccional, las costas deben imponerse por su orden, criterio que es conforme a derecho y de estricta justicia" (CACC Salta. Sala I. 12/06/90. Bruzzo vs García. Fallos año 1990. pag 218 citados por Roberto G. Loutayf Ranea, María C. Montalbetti de Marinaro, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta, Tomo II, Ed. Noroeste Argentino, año 1994, Pág. 28) y que "La sola invocación de haberse creído con derecho a litigar no es por si sola suficiente para eximir al perdidoso del pago de las costas, salvo en casos excepcionales cuado se ventilan cuestiones dudosas o difíciles de derecho. No se trata de la sola creencia subjetiva del litigante de la razón probable para litigar sino precisamente de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximir de costas al vencido" (CACC. Salta, Sala III, 23/11/90, "Testamentario de Ojeda", Fallos año 1990, pág. 615 citados por Roberto G. Loutayf Ranea, María C. Montalbetti de Marinaro, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta, Tomo II, Ed. Noroeste Argentino, año 1994, Pág. 28). La facultad que se reconoce a los jueces de morigerar el principio general de la derrota, es de carácter excepcional y por tanto de interpretación restrictiva (CACC Salta, Sala I. 07/03/89, "Matar vs Transporte", Fallos año 1989, pág. 22 y CACC Salta. Sala III, 31/10/90 "Macarrón vs Municipalidad" fallos año 1990, pag 595, 12/08/91 "Palacios vs. Ingeniería" Fallos 1991, Pág. 331, citados por Roberto G. Loutayf Ranea, María C. Montalbetti de Marinaro, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta, Tomo II, Ed. Noroeste Argentino, año 1994, Pág. 26/27) y que "Cuando los riesgos asumidos sobre el resultado de la controversia pesan por igual sobre ambas partes pues la razón probable que tuvo el actor para litigar también la tuvieron los demandados para defenderse, el vencido debe cargar con las consecuencias de la derrota según lo determina el Art. 67 del Código Procesal (CACC. Salta, Sala II, 1988 fl. 211 "Olivero Ricardo vs. Olivero Josefa - Ord. Nulidad de cesiones de compraventa de acciones o certificados nominativos", 24/06/88, citados por Roberto G. Loutayf Ranea, María C. Montalbetti de Marinaro, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta, Tomo II, Ed. Noroeste Argentino, año 1994, pág 28). Contrastando el marco conceptual desarrollado en los párrafos anteriores, con las circunstancias resultantes de autos, encuentro que corresponde hacer lugar al recurso del demandado e imponer las costas del presente proceso al actor, en base al principio objetivo de la derrota, ello por cuanto no se han expresado en el fallo de autos los fundamentos de hecho o las razones de derecho que justifiquen la decisión del juez de grado de imponerlas por el orden causado. El actor demandó por considerar injustificado el despido con causa dispuesto por el empleador. El juez analizó las constancias de autos y la prueba producida y se inclinó por considerar acreditada la injuria esgrimida por el demandado. Al momento de imponer las costas por el orden causado se fundó en las características del proceso que pudieron llevar a la actora a considerarse con derecho a litigar y a sostener su posición. Para considerar ajustada a derecho tal decisión debió explicitar el sentenciante cuales fueron las características a las que se refirió, las circunstancias de hecho o de derecho que encontró en el proceso que lo orientaron en su decisión y no lo hizo. Por lo expuesto voto por hacer lugar al recurso de apelación del demandado y en su mérito imponer las costas del presente proceso, en ambas instancias, al actor vencido de conformidad al principio objetivo de la derrota (Art. 67 CPCC).

En los términos del art. 13 del Decreto Ley Nº 324/63, sus modificatorias y la acordada Nº 12.062 de la Corte de Justicia de Salta, regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de los honorarios que correspondan por su intervención en la primera instancia.

La Dra. Analia Villa de Moisés, dijo: por coincidir con la solución a la que arriba, adhiero al voto que antecede.

Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I F A L L A I) HACIENDO LUGAR al recurso del demandado y en su mérito revocando la sentencia de grado en lo que fuera materia de agravios. Imponiendo las costas del presente proceso en ambas instancias a la contraria. (art. 67 CPCyC).

II) RECHAZANDO en todas sus partes el recurso del actor y en su mérito manteniendo firme la sentencia de grado. Con costas. (art. 67 CPCyC).

III) TENIENDO presente las reservas formuladas.

IV) DISPONIENDO que en la oportunidad procesal correspondiente, se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes, por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de lo que se regulare en la primera instancia (Acordada 12.062 y art. 13 Decreto Ley 324/63).

V) ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.- CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA I.