marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Junco, Julio c/ Materia Hnos. S.A.C.I.F. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-03

El daño psíquico no debe confundirse con o incluirse en el daño moral. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transporte aéreo, transporte de carga, dictamen pericial, facultades del juez
Materia: AERONAUTICO - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: NORTH DATA  S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-17

El peritaje verificado en autos no se adecua a las bases que este Tribunal ha fijado para el cálculo por el método indirecto de tasación, desde que incorpora la diferencia entre el cambio del dólar en el mercado oficial y el dólar "paralelo" -lo cual es manifiestamente improcedente- y computa un "perjuicio comercial" que no se sabe en que consiste y no encuentra respaldo en las pruebas allegadas a la causa.

Bien hizo, entonces, el Juez en apartarse del dictamen y proceder, en su reemplazo, a computar el costo FOB, el seguro y flete, los derechos de importación y gastos de despacho y un porcentaje razonable por la ganancia frustrada; rubros que sí corresponde tener en cuenta para definir la entidad del daño resarcible en los términos del art. 277 de la ley 20.094, aplicable por analogía al transporte aéreo.
Jurisprudencia, apartamiento del juez, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Leones, Jalime María c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral (Expte.: C.S.J. nro. 745 año  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

El juez no debe aceptar, en cierto modo "ciegamente" el precedente.

No sólo está facultado, sino incluso obligado, a apartarse de él si llega a la convicción de que contiene una interpretación incorrecta o un desarrollo del Derecho no suficientemente fundamentado, o si la cuestión, en él rectamente resuelta para su tiempo, tiene que ser hoy resuelta de otro modo a causa de un cambio de la situación normativa o de todo el orden jurídico. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr. Falistocco. Fundamentos del Dr. Vigo)
Competencia, bancos, responsabilidad del banco, sanciones administrativas, recursos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Central de la República Argentina c/ Olde S.A. s/ Suspensión previsional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

La Cámara de apelaciones en lo comercial no es competente para entender en una impugnación a la decisión de una entidad bancaria, que aplicó la sanción prevista por la ley 24.452: 64, la que deberá tramitarse y resolverse en el ámbito administrativo que es propio de la autoridad de control en esta materia, esto es el Banco Central, sin perjuicio de la revisión judicial que en última instancia pudiera caber a este tribunal.
Marcas, cotejo de marcas, aprehensión espontánea de los signos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. c/ COPPA & CHEGO S.A.F.C.I. s/ OP. INF. REG. MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-26

Aquello que en verdad interesa de manera preponderante en el cotejo, es la aprehensión prerreflexiva de los signos, ya que el consumidor muy difícilmente pueda realizar un examen detallado de las marcas de los productos que adquiere.
Empleo público, vacaciones, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., M. P. c/ MUNICIPALIDAD DE TRELEW s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-15

"...La recepción constitucional aludida hace en mi opinión evidente, que la índole de derecho-deber que se le otorga al instituto de las vac aciones, si bien es cierto ...beneficia al Estado (muchas de las limitaciones que vienen impuestas por la reglamentación, tienen en miras el interés del Estado en la satisfacción del servicio, tal como la regla de no acumulación) ha sido así consagrado en favor del dependiente con causa en la finalidad de salud, esparcimiento y descanso que la sustentan.- Y por este motivo, y sólo por éste, se impide su compensación dineraria; para evitar que el empleado se sienta incitado -motivado por una razón económica- a privarse del descanso y obtener un salario "extra" en su lugar .- De ningún modo -estimo en consecuencia- la incompensabilidad reconoce como causa un ahorro estatal.- "La no compensación no sólo salvaguarda principios esenciales de la salud, la vida y la sociedad, sino que conforma la estructura racional de una buena organización".
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, presupuesto
Materia: COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA  DE  VIV  Y  CRED  Y CONS PAMPA LTDA c/ SESTI MARCELOALEJANDRO S/ s/ JECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-03

La declaración de inconstitucionalidad implica un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico y como una atribución que sólo debe utilizarse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (cfr. Corte Suprema LL 1981-A-94, entre muchos fallos). Como lógico corolario de este principio se deriva que un planteo de tal índole debe contener, necesariamente, un sólido desarrollo argumental y contar con no menos sólidos fundamentos para que pueda ser atendido, no bastando la invocación genérica de derechos afectados (esta Sala, 23.3.10, "Basso Gustavo c/ Espinoza Claudio Aníbal s/ ejecutivo").
Seguros, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Cerisola, Saúl Ordoner. c/ C.N.A.S. s/ Cobro de Seguros de Vida.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-30

Corresponde partir del capital asegurado al último día efectivamente trabajado, actualizándoselo desde ese momento y hasta el pago de la indemnización, de conformidad con las pautas del fallo plenario "Agrocom S.A. c/bq. Gabrielle Koegel", pero según el Indice de Precios al Consumidor -Nivel General-, por tratarse de un crédito de naturaleza asistencial y cuyo reajuste es independiente de la fecha de la mora. De la suma que arroje el cálculo deberá detraerse la cobrada por el actor y el saldo revigorizarse sobre la base de idénticos parámetros hasta el 1-4-91, porque en la especie se trata de una deuda dineraria atrapada por la ley 23.928. El monto obtenido representará el capital adeudado al peticionario que llevará intereses al 6% anual desde el reclamo administrativo del 3 7-89 que constituyó en mora a la demandada -y hasta el 1-4-91. En adelante (y de acuerdo con el criterio uniforme de las tres Salas de esta Excelentísima Cámara), a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina y a la que se refiere el dec. 941-91.
Sentencia, graduación de la pena, unificación de penas
Materia: PROCESAL
Carátula: Machado, Ramón Rito - Cantero, Luis Alberto s/ Hurto Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-09-12

La Sentencia única no debe reducirse a una simple operación aritmética sumatoria de los montos impuestos por cada condena, y aunque no hay obstáculo legal en que la pena única coincida con dicha suma, ello debe ser excepcional y sólo cuando los jueces lo consideren equitativo atendiendo la personalidad del condenado y las características delictuales de los hechos. La pena resultante debe tener por base una estimación valorativa, que es menester realizar considerando las pautas establecidas en los arts. 40 u 41 del C.P , lo que aparece no solo como ajustada a derecho sino como más justo. Esto es lo que constituye una "composición", que no necesariamente implica reducción, como tampoco sumatoria, sino un estudio integral del autor respecto a los delitos atribuidos.
Aplicación de la ley, acta de secuestro, firma del procesado, firma de testigos, constitucionalidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: IUSI, Luis H. s/ nulidad Causa nro. 27.071
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

Atento lo dispuesto en el artículo 215 del código ritual no es necesaria la rúbrica de la persona en cuyo poder se hubieran hallado los elementos secuestrados, pudiendo suplirse con la de dos testigos. Compilarla a firmar el acta vulneraría el derecho conferido por el artículo 18 de la Constitución Nacional, ya que en caso de suscribirla podría incurrirse en la violación de la garantía constitucional que impide obligar al procesado a declarar contra sí mismo.
Jubilaciones, haber jubilatorio, docentes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DAMIANI, MARIA LAURA LOZANO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-14

Son inconstitucionales los sucesivos regímenes legales sobre movilidad jubilatoria en su aplicación al caso, en que la actora se jubiló en el cargo de maestra de grado de escuela común con 20 años de servicios docentes, en cuanto imponen reducciones que reflejan en el haber jubilatorio percibido disminuciones superiores al 15% respecto de lo que habría percibido de seguir en actividad.
Empleados públicos, personal subrogante, remuneración, adicionales de remuneración, Poder Ejecutivo, Poder Judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Porretti, Ambrosio Ramón c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 387-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-23

El mero hecho de que en el ámbito de un Ministerio se hayan reconocido diferencias de remuneraciones en favor de un agente determinado, sin invocación alguna de pronunciamiento expreso del Poder Ejecutivo, no puede limitar a éste en el concreto y efectivo ejercicio de las facultades que le corresponden de acuerdo a los decretos 3924/87, 88/87 y 107/87, ni al Tribunal en su deber de pronunciarse conforme a derecho (cfr. "Coassin" AyS T 95 p 270).

Tampoco puede, pues, generar derechos en cabeza de otros agentes.

Por lo tanto, la invocación efectuada por el recurrente del reconocimiento de diferencias salariales respecto de otro agente, no resulta por sí suficiente a los efectos de demostrar que haya existido por parte del Poder Ejecutivo provincial una concreta violación al principio de igualdad, a lo que debe agregarse que tampoco se advierten elementos que puedan acreditar la existencia de un trato discriminatorio o persecutorio con relación al recurrente.
Carga de la prueba, deberes del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G., P.C. c/ C., A.B. s/ Demanda Laboral -Haberes Adeudados e Indemnización de Ley-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-27

La carga de la prueba constituye así, una imposición de la relación jurídica procesal de las partes, para que observen determinadas conductas, pero, al mismo tiempo, aparece como una regla para el juzgador, indicándole cómo debe fallar cuando faltare la prueba de los hechos.
Legitimación activa, divorcio, personas con discapacidad, incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: I.L.R. en Representación de A.M.B. c/ M.R.R.V. s/ Por Divorcio Vincular Contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-02-19

Uno de los objetivos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es resguardar el ejercicio de la autonomía de los discapacitados, lo que significa reconocer su independencia y su capacidad de velar por sus propias necesidades; propósito que se consigue si se logra que el sujeto tome por sí mismo las decisiones que le atañen en la medida más amplia posible.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, acreedor, incidente de verificación, fisco nacional, rechazo del reclamo
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Frigorífico San Carlos SA c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito promovido por fisco nacional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-16

Cabe confirmar la resolución que declaró parcialmente verificado el crédito insinuado por el Fisco Nacional e impuso las costas en el orden causado. Ahora bien, en el caso el Fisco se agravia del rechazo de su pretensión verificatoria, sosteniendo que ella hubiera debido ser admitida con carácter de condicional. Ese régimen, al que la propia recurrente se sometió, demuestra que el planteo es inconducente, pues impide aceptar que el crédito que reclama existe, aunque no sea exigible, puesto que la deuda sometida a una condición suspensiva no existe sino a partir del momento en que se cumple tal condición. Esta última es la hipótesis que debe entenderse aceptada por la recurrente para el encuadre de su crédito, lo cual es de suyo suficiente para descartar que, volviendo sobre sus pasos, su parte pueda alegar hoy que ese crédito suyo debe ser verificado porque existe. En ese marco, corresponde confirmar lo resuelto por el magistrado que concluyó que, atento a que la AFIP no había podido acompañar constancias idóneas para acreditar la deuda condicional reclamada, la condición en cuestión no podía tenerse por cumplida. Ello así, con mayor razón, si se atiende a que este incidente fue abierto a prueba hace 14 años, sin que la quejosa haya expresado en el memorial ningún elemento que permita conjeturar que el resultado hasta aquí obtenido podría cambiar.
Juicio de desalojo, legitimación procesal, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: SALDAÑA, ANTONIA DELFINA LEONOR Y OTROS c/ LÓPEZ, CRISTINA DEL HUERTO Y/O CUALQUIER OCUPANTE DEL INMUEBLE s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-04-18

Debe tenerse presente que la calidad de poseedor invocada para instar un desalojo y obtener la restitución de un inmueble, debe ser suficientemente probada y fundada en caso de oposición por parte del demandado.
Nulidad procesal, sanciones partidarias, expulsión del partido, afiliados políticos, afiliación partidaria
Materia: ELECTORAL
Carátula: Dr. Gerardo Zamora c/ Comité Nacional de la U.C.R. y/o Tribunal Nacional de Ética de la U.C.R. y/o interventor de la U.C.R. distrito Santiago del Estero -ahora s/proceso contencioso- art. 65 ley 23.298 y modif. y medida cautelar innovativa s/ acción de amparo constitucionalizado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-14

Debe anularse la resolución del interventor de un partido político que dispuso la expulsión del afiliado reclamante, pues no se respetó el debido proceso ni se permitió al actor ejercer el derecho constitucional de defensa en juicio dado que, con anterioridad a la resolución sancionatoria, no fue puesto en conocimiento de la acusación que se le efectuaba y de los hechos en que ésta se fundaba. La posterior intervención del Tribunal Nacional de Ética, con motivo de la "elevación" del interventor de su propia decisión, no puede servir de sustituto del procedimiento que estrictamente debió observarse.
Ingreso a la función pública, creación de cargos, razones de oportunidad, mérito o conveniencia, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDELA SOLA, Horacio G. c/ E.N. (Min. de Educación y Justicia) s/ ORD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-18

La creación de un cargo hace a la función administrativa en donde se tendrá en cuenta razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

Decidirlo judicialmente supondría una ilegítima intromisión en las competencias de otro órgano del Estado.
Actos jurídicos, reserva mental
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bucci, Virginia del Carmen c/ Mesistrano, Blanca s/ Pago por consignación, Imputación de pago y Repetición de lo pagado  de más
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-22

El conflicto planteado entre la voluntad real del sujeto y su declaración ha sido resuelto a través de dos teorías antagónicas: la teoría de la voluntad real y la teoría de la voluntad declarada. Y aún cuando el Código Civil adoptó la concepción que hace predominar la voluntad real del agente sobre la declaración que la desfigura, constituye una excepción a la misma la "reserva mental", que se configura cuando concientemente el declarante quiere en su fuero interno algo diferente a lo expresado. En tal caso, el acto vale por lo que se dice y no por lo que se piensa. A esta conclusión se llega por dos razones principales: en primer lugar, porque la mala fe no es amparada por el derecho; en segundo término, porque si se admitiera la eficacia de la "reserva mental" para desvirtuar la declaración, toda seguridad jurídica quedaría arruinada y con ella la misma ordenación social (arts. 1197 y 1198, primera parte, C.

Civil).
Medidas cautelares, privatizaciones, energía hidráulica, Estado Provincial, Misiones
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Nacional - Ministerio de Economía - Secretaría de Energía  y Minería c/ Provincia de Misiones y Electricidad de Misiones Sociedad   Anónima (E.M.S.A.) s/ nulidad e inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-18

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Estado Nacional tendiente a que se suspendan los efectos de los decretos 1233/97 y 649/00 de la Provincia de Misiones -que disponen la incorporación al patrimonio del estado local de bienes correspondientes al Aprovechamiento Hidroeléctrico del Arroyo Uruguaí y que se suspenda la ejecución de las decisiones asamblearias si resulta suficientemente acreditada la verosimilitud en el derecho y se advierte en forma objetiva el peligro en la demora.
Partidos políticos, alianzas partidarias, lista de candidatos, reconocimiento de alianza electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: "Incidente de Caducidad del Partido Demócrata Cristiano -art. 50, inc. "c" de la ley 23.298" s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-16

El agravio sustentado en la analogía que presentarían la figura de las alianzas transitorias previstas por el art. 10º de la ley 23.298 y la modalidad que desemboca en la suma de los votos obtenidos por idénticas listas de candidatos presentadas por diversas agrupaciones políticas, no puede ser atendido. En efecto, solo cabe reputar "alianzas electorales" a aquellas reconocidas por el juez federal con competencia electoral, a petición de parte "por lo menos dos meses antes de la elección" (art. 10, ley 23.298). El método de "sumatoria" no puede ser subsumido -en ningún supuesto- en el concepto de "alianza electoral".
Relación de dependencia, despido con causa, pérdida de confianza
Materia: PROCESAL
Carátula: LEIVA, MARCOS DANIEL c/ BANCO DE SAN JUAN S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-29

Si tenemos en cuenta que la confianza es el elemento esencial de una relación de trabajo armoniosa, su pérdida puede producir la ruptura justificada de aquella, siendo valida cuando se sustenta en comportamientos injuriosos. En este caso hubo abuso de relaciones con clientes, tal como reza la comunicación del despido, por lo que la empresa se ve eximida del pago de la indemnización reclamada por
Principio de publicidad, garantías procesales, publicidad de los juicios
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-25

La regulación de la publicidad inmediata del juicio -art 363 del Código Procesal Penal de la Nación-, que reglamenta el artículo 1 de la Constitución Nacional, no puede estar sujeta a previa autorización del tribunal interviniente y que éste, al tomar la decisión, evalúe minuciosamente si cabe poner límite al derecho de acceso de los medios periodísticos a la información por la necesidad de protección de otros derechos prevalentes en concreto.
Opinión consultiva, excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, estado de indigencia, defensa en juicio
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Opinión Consultiva OC-11/90 de 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11. Solicitante: CIDH c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1990-08-10

Instada por el organismo internacional, la Corte Interamericana se pronuncia acerca del alcance que debe otorgársele al requisito de agotamiento de los recursos jurídicos internos -artículos 46.1, 46.2.a y 46.2.b de la Convención Americana-, en dos supuestos específicos: a. por razones de indigencia y, b. imposibilidad de obtener representación legal debido a un temor generalizado en los círculos jurídicos.
Síndico del concurso, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Talleres Llane S.A. s/ Inc. de revisión art. 37 Ley 24.522
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-12

El síndico tiene previsto un mecanismo de retribución que incluye, en la oportunidad devida, la totalidad de los trabajos realizados durante el juicio y de allí que no procedan regulaciones parciales, como serían las derivadas de un incidente en el juicio.
Compraventa, vicios redhibitorios, mascotas, competencia, competencia civil
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FLORES  YABAR, Jesús y otro c/ PISTOCCHI, Pablo y otros s/ VICIOSREDHIBITORIOS s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-13

Cuando se trata de un contrato de compraventa de una mascota -en el caso se reclama por vicios redhibitorios derivados de la adquisición de una perra de raza con una afección congénita grave-, corresponde a la Justicia Civil conocer en la acción, en virtud de lo establecido en el art. 43 inc. b del decreto ley 1285/58, en tanto la operación que vinculó a las partes no es de naturaleza comercial, porque la adquisición se efectuó sin propósito de lucro ulterior.

(Sumario N°18968 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Absurdo, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Astori Estructuras S.A. c/ Municipalidad de La Matanza s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-12-21

El vicio de absurdo se configura sólo ante la presencia de un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal e insostenible en la discriminación axiológica.(doctor Soria, sin disidencia)
Abogados, recursos de la seguridad social, aportes y contribuciones previsionales, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, facultades reglamentarias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FORNASARI NORBERTO FABIO c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-14

En cuanto se refiere a la materia previsional, el Jefe de Gobierno ha delegado en la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) parte de su potestad reglamentaria, al disponer que la autoridad de aplicación dicte todas las normas aclaratorias y, en particular, complementarias que resulten necesarias (cfr. Decreto Nro. 2046/GCBA/04, art. 3).

Un ejemplo de ellas, es la Resolución Nro. 004-A-05.

La atribución reglamentaria de CASSABA se halla sujeta a dos condiciones, a saber: a) está reducida al ámbito competencial del ente en razón de la materia, y b) debe respetar el texto y el sentido de la ley objeto de reglamentación, en razón del principio de jerarquía, que supone la absoluta subordinación del reglamento a la ley. Es decir, el reglamento completa la ley, pero no puede en ningún caso derogarla, modificarla o sustituirla.