Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-12


Salta, 12 de agosto de 2010.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados: "GARNICA, VÍCTOR HUGO c. EL CÓNDOR S.A. - ORDINARIO", expte. de Cámara nº 17944/10, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 6 para resolver la apelación interpuesta a fs. 192/194, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Figueroa dijo: la parte actora, interpone recurso de apelación en contra de la providencia cautelar del 10 de mayo del año en curso, solicitando se revoque el embargo preventivo allí ordenado, con costas en caso de oposición.

Expresa, que a fs. 188 obra el convenio de pago celebrado entre las partes, en el cual se determinó el importe del proceso y el modo de pago y que los honorarios de ambos profesionales serían pactados de manera extrajudicial. Que el abogado de la demandada depositó la suma convenida y solicitó embargo preventivo por los honorarios que le fueren regulados por el importe del acuerdo de pago, lo que fue acogido por la señora juez.

Señala, que el representante de la demandada convino la vía extrajudicial para la percepción de sus honorarios y que cinco días después solicitó el embargo de referencia, con lo que no sólo ha desarrollado actos procesales opuestos a otros suyos anteriores, sino que afectó el principio de que las convenciones entre las partes deben cumplirse como la ley misma. Cita al respecto, los arts. 1197 y 1198 del CC, en relación a la exigencia de buena fe que debe reinar en el ámbito contractual. Efectúa consideraciones sobre el tema y cita doctrina.

Refiere a la teoría de los actos propios, cita jurisprudencia y expresa que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra suya anterior y que, en este caso, el Dr. Espilocín acordó pactar el pago de sus honorarios en forma extrajudicial, lo que importó la renuncia explícita (art. 868 del CC) a solicitar la intervención del titular del Poder Judicial para su percepción, por lo que carecía de posibilidad válida de solicitar el embargo acordado.

Solicita se revoque la providencia cautelar recurrida y se ponga a su disposición el dinero retenido a causa de ella. A fs. 197/99, obra responde del Dr. Espilocín solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Analizada la cuestión traída a decisión, observo que la pretensión de la recurrente no puede tener acogida, toda vez que lo resuelto por el a quo a fs. 191, posee sustento legal suficiente pues tratándose de un crédito de honorarios devengados como consecuencia de trabajos realizados en un expediente judicial, debe admitirse el embargo preventivo, aunque limitado a una suma que prima facie guarde proporción con la entidad de la deuda.

En el caso que nos ocupa, si bien es cierto lo que afirma la recurrente en el sentido de la existencia de un acuerdo de partes y todo lo que expone sobre la buena fe contractual, como así sobre la teoría de los actos propios, no se observa de parte del letrado de la contraria un conducta incompatible con otra suya anterior. Ello es así, pues en el acuerdo de marras, exactamente en su punto 3, se estableció que "en cuanto a los honorarios, los mismos serán pactados de manera extrajudicial", es decir que se instituyó un modo de determinación de los mismos y no una renuncia a ellos (ni a la jurisdicción como lo considera la parte apelante) pues sólo se "renunció", diríamos, a que se dicte, por parte del juzgado, el auto regulatorio correspondiente.

El derecho a la percepción -y asimismo a la cautela- de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, se mantiene incólume en el caso que nos ocupa, sin que el acuerdo lo afecte, pues en él sólo se determinó extrajudicialmente el "importe del proceso de acuerdo a la sentencia de primera y segunda instancia" y el modo de pago: "dos cuotas de $19.240,55" (v. fs.188), quedando librado a otro pacto extrajudicial el monto y forma de pago de los honorarios devengados. Así, el embargo decretado encuentra fundamento normativo a la luz de lo establecido por el art. 212, 3º del CPCC, de aplicación supletoria en nuestro fuero, ya que los apartados II de la parte resolutiva de las decisiones de ambas instancias, que se encuentran firmes, han impuesto las costas a cargo del actor, originadas en el vencimiento sufrido por la parte, en su pretensión por los rubros allí sentenciados.

Además, y a modo ilustrativo, en el orden nacional la jurisprudencia ha entendido que si la ley concede un privilegio a favor del abogado por los gastos de justicia y honorarios (arts. 3879 y 3900 del CC), ningún obstáculo hay para la procedencia del embargo preventivo tendiente a garantizar el cobro de ese crédito, pues el art. 210, inc. 3 del CPCC prevé tal supuesto (Cám. Nac. Civ. Sala B. LL, 1979, v. C, p. 244) y si bien nuestra ley adjetiva no acoge de modo supletorio para el fuero laboral esta norma, la ley de fondo resulta de aplicación como así también la del art. 209 inc. 2º CPCC.

Por lo expuesto, soy de opinión que debe confirmarse lo decidido a fs. 191 por la señora juez a quo, rechazándose la apelación intentada. Ello, no sin dejar expresamente aclarado que tal rechazo lo es sin costas, en atención a la particular situación que se plantea en autos y a que la cuestión se suscita entre los letrados de las partes y por sus honorarios profesionales con efectos no deseados (en este caso) por la actora, de modo que mal se podría agregar una imposición de costas por esta incidencia originada en, quizás, un defecto u omisión en la confección del acuerdo, el que no contempló el aspecto que nos ocupa. En tal sentido, voto.

El Dr. Cabrera, adhiere al voto anterior.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta, RESUELVE I) Rechazar la apelación interpuesta a fs. 192,/94. Sin costas.

II) Diferir la regulación de honorarios y mandar registrar, notificar y bajar los autos al Juzgado de orígen.