Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-12


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 12 días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la Presidencia de su titular Dr. Julio Antonio Alexandre y asistencia de la señora Jueza de Cámara Dr. Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y del señor Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "L. B. (BLSA) Ltd c/ E., M. y otra s/ ORDINARIO", Expte. No. 14.283/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería No. 1 (Expte. No. 4091/99), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 655), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dr. Julio Antonio Alexandre y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 611/615? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 611/615, que no hizo lugar a la acción de simulación ni a la acción pauliana -de interposición subsidiaria- promovida por el L. B. (BLSA) Ltd. contra las señoras M. R. V. y M. E., impuso las costas a la actora vencida y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes, fue apelada por la actora a fs. 618.

2. A fs. 634, el recurrente presentó la memoria. Fundo su crítica en los agravios que individualizó del siguiente modo: 1º) venta del camión; 2º) vínculo de las personas intervinientes, 3º) capacidad económica para adquirir la unidad -solvencia del adquirente; 4º) presunciones relativas a la ejecución del negocio; 5º) descuido de la parte actora en el control y seguimiento de su deudor.

En relación al primero, puso de manifiesto la falta de acreditación de los extremos invocados por la parte demandada para sustentar el precio de la venta que calificó de vil. Asimismo, puso de resalto que no existe el más mínimo indicio documental que respalde lo afirmado por las partes atento la naturaleza del negocio jurídico que sostienen haber celebrado. Alega que el juez no ha valorado la prueba producida por su parte en orden al precio real del automotor objeto de la compraventa y ha sostenido su conclusión en afirmaciones vertidas por las partes que carecen de entidad o respaldo probatorio suficiente.

En cuanto al vínculo de las partes -segundo agravio-, impugna la decisión del juez de grado por requerir prueba fehaciente de la relación concubinaria invocada en la demanda entre la vendedora y el hermano de la compradora. Puntualiza las pruebas producidas por su parte que, a su entender, permiten tener por acreditado la relación entre las partes y el desplazamiento "formal" del bien del patrimonio de la deudora. Aclara que ese último extremo ha quedado indubitablemente probado con el contrato de locación y convenio transaccional celebrado por la Sra. R. V. en relación al bien objeto del negocio simulado, cinco años después de la supuesta transferencia anotada.

Se detiene, luego, en el análisis de la solvencia del adquirente. Examina los datos consignados en la pericia relativos a la composición del patrimonio y manifiesta que han pasado inadvertidos por el sentenciante. Tacha la valoración de la prueba como arbitraria y parcial. Invoca jurisprudencia que cita e individualiza acerca de la obligación de la accionada de demostrar cabalmente su real capacidad económica cuando ésta ha sido cuestionada.

La crítica que da sustento al cuarto agravio se centra en la falta de consideración de los indicios que demuestran la existencia de una realidad distinta a la que se pretende. Hace hincapié en que el mismo día de presentación del embargo preventivo, la titular registral bloquea el dominio.

Por último, impugna la imputación del sentenciante sobre el descuido de la parte actora en el seguimiento de su deudor. Entiende que esta valoración es alejada de la realidad y realiza una síntesis de los hechos que, a su entender, lo demuestran y que a su vez dan sustento a la acción de simulación.

Las demandadas no hicieron uso de la facultad procesal de contestar los agravios. En efecto su presentación de fs. 646/647, ha tenido por único objeto contestar el traslado que del hecho nuevo -denunciado a fs. 632/633, reconociendo el documento que acompañado con la presentación. 3. Tratamiento de los agravios.

Los agravios, tal como resulta de lo expresado ut supra, nos remiten necesariamente al análisis y valoración de la prueba. La queja de recurrente, sobre esta actividad del juzgador deviene procedente, tal como se verá. Es que, luego de realizar una correcta descripción del derecho aplicable -bajo el nomen plataforma jurídica- ha errado el a-quo en la subsunción de los hechos de la causa en las normas jurídicas de fondo reseñadas.

En este orden de ideas he de señalar, en primer término que se ha omitido efectuar el examen de la prueba en conjunto. El empleo por parte del juzgador de un sistema de exégesis individualizado lo ha privado de una visión integradora exigible siempre y especialmente en el caso conforme la naturaleza propia de la acción y quien la ejerce. Es que teniendo cuando quien la alega la simulación es una persona ajena al negocio que acciona para dejar en descubierto el acuerdo simulatorio sólo puede recurrir a la prueba de presunciones. Ahora bien, hecha esta aclaración he de señalar que el recurrente ha impugnado, incluso, el análisis individual de los hechos presuncionales, tal como resulta de cada uno de sus agravios; correspondiendo así la revisión en el marco propuesto.

En relación al precio del camión, el análisis efectuado en la sentencia se aparta notablemente de las constancias de la causa sin dar razón suficiente para ello.

La actora al promover la demanda adjuntó una valuación del bien -efectuada al mes de agosto de 1999- por pesos setenta y siete mil ($77.000) que fue reconocida a fs. 507. Tal valor fue corroborado en la etapa probatoria mediante la incorporación de los dichos de testigos -fs.205 vta. y 220 vta. declaraciones de los Sres. H. C. y E. R., respuestas a las preguntas 16 y 15 respectivamente-.A pesar de ello, el juez ha sostenido que el precio de plaza al momento de la compraventa no era el atribuido por el actor.

Ahora bien, en el marco probatorio, precedentemente descripto fácil es colegir que tal afirmación carece de sustento fáctico y se encuentra basado en su exclusiva voluntad. Los elementos probatorios incorporados a la causa demuestran que el precio de plaza de un camión Scania, modelo XX H, en estado normal de conservación oscilaba aproximadamente entre los setenta y ochenta mil pesos.

Sentado ello, el análisis del precio declarado por las partes debe ser evaluado a partir de este valor real -y probado-. Incluso ha de verse que las partes demandadas -intervinientes en el negocio denunciado como anómalo, al contestar la demanda- tácitamente han reconocido que el valor de plaza era superior al declarado. Ello por cuanto, han intentado justificar ese precio mediante distintos argumentos, tales como urgencia económicas de la vendedora, falta de trabajo, depresión del mercado y estado de la unidad -kilometraje del camión; reparaciones a efectuar por choque, deuda municipal-.

Ahora bien, casi la totalidad de los extremos invocados no han sido probados. La deuda municipal ha sido acreditada respecto de su existencia; no la asunción por parte de la compradora en forma expresa ni entre las partes ni ante el organismo fiscal. En este orden de ideas he de advertir que deviene relevante la falta de boleto de compraventa. Es que, deviene inverosímil que quienes han trasladado por un lado y asumido por otro el pago de una deuda que es superior al precio declarado de la compraventa no reflejen en un instrumento privado la modalidad de la operatoria.

Del recibo de pago agregado a fs. 44 resulta que la deuda fue documentada por M. V. y surge además del informe municipal obrante a fs. 582 que la deuda persiste a la fecha de la contestación -febrero de 2001-.

En este marco, el precio declarado ante el Registro de la Propiedad Automotor no aparece como serio. Además, las demandadas no sólo no han podido acreditar las circunstancias que invocaron para justificarlo sino que además tampoco han podido acreditar el pago del precio; es decir el cumplimiento de tal prestación.

El juez no ha evaluado esta conducta procesal de las partes intervinientes en el negocio tachado como simulado, en el marco de la acción específica de que se trata. Así, es conteste la jurisprudencia en sostener que en los casos de simulación la carga de la prueba recae sobre ambas partes pues quien la invoca tiene el deber de demostrarla; pero la parte demandada tiene la obligación de colaborar acreditando la efectiva realidad del acto (conf. CNCiv, sala A, LL 1999-F-154, con citas de CNCiv., sala B, ED 31-111; ídem Sala F, ED 45-398; ídem Sala C 148-570; ídem LL 108-605; ídem LL 129-430).

Desde ya, la falta de acreditación del pago del precio -más aun en el caso de invocación del pago- no es una cuestión irrelevante; la jurisprudencia ha calificado como indicio vehemente a favor de la simulación que no se haya producido ninguna prueba del pago del precio (CC3º Córdoba, 16/9/85 LLC-987-95).No caben dudas que la probanza del hecho corresponde a quien tiene interés en afirmar su existencia en razón de que le serán favorables las consecuencias jurídicas. En el caso, debieron las partes demandadas producir prueba tendiente a acreditar el cumplimiento de las prestaciones características de la operación que sostuvieron haber celebrado; esto es pago del precio en el caso de la compradora y entrega del bien en el caso de la vendedora -aspecto sobre el cual más adelante me detendré-.

El segundo agravio nos remite al análisis de otra de las presunciones de hecho propias de la simulación de los negocios jurídicos relativa a las personas otorgantes del acto.

Respecto a este aspecto, las apreciaciones del juez de grado merecen las mismas observaciones; son fragmentadas y desvinculadas tanto del contexto como de la naturaleza de la acción instaurada.

El juez previo sentar que se acreditó una relación laboral entre la Sra. V. y el Sr. E. -hermano de la compradora-, ha reconocido que de distintas declaraciones podría inferirse la existencia de una relación concubinaria entre los primeros pero que ésta no se ha acreditado en forma fehaciente. Señala luego que las operaciones entre amigos y familiares son frecuentes y habituales.

Lo afirmado basta para demostrar que más allá de la valoración parcial que ha efectuado el juez, el elemento presuncional vinculado a la relación que unía a las partes, quedó configurado en la especie. No estará probado el concubinato en forma fehaciente pero sí una estrecha vinculación entre el hermano de la compradora -Sr. E.- y la vendedora que se exteriorizó incluso en las negociaciones vinculadas a la deuda del bien transmitido en las que éste estuvo presente. A ello debe agregarse que en forma casi simultánea con la denuncia de la operación la Sra. M. E. otorgó a favor de su hermano un poder general de administración que obra agregado a fs. 478.

En este sentido, desde la doctrina se ha destacado que, en el marco de amplitud probatoria que impera en la materia, se han hecho valer presunciones vinculadas con las relaciones que une a las partes, tales: parentesco, amistad íntima, relación concubinaria, parientes de cada uno de ellos, quienes tienen un trato diario o frecuente, las relaciones comerciales o profesionales (Compagnucci de Caso, Rubén "Actualidad en la jurisprudencia sobre simulación. Naturaleza, prueba y acción entre las partes", LL 1999 F 955) Por supuesto que no basta esta sola circunstancia para presumir el negocio simulado, pero ésta sumada a otras sí autoriza la declaración (cf. Zanonni, "Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos", Ed. Astrea, p. 401).

Especial consideraciones merece el análisis del juzgador acerca de la solvencia del adquirente. Los ingresos denunciados de ella y de su esposo y el ahorro invocado en principio atendibles en función del monto que se dijo desembolsado han perdido toda eficacia frente a los datos resultantes de la pericia contable. Es que frente al notorio incremento producido en el año 1998 en la situación patrimonial de la compradora -Sra. E. - el argumento esgrimido para justificar su solvencia económica en relación a la compra del automotor pierde toda eficacia.

Y, una vez más ha de verse la pasividad de las partes demandadas en orden a la acreditación de este extremo. Ello porque pesaba sobre las demandadas la carga de acreditarlo, en función de la naturaleza de la acción -conforme se ha dicho- y porque el concepto de carga no atiende tanto al carácter de actor o demandado sino a la naturaleza de los hechos según sea la función que desempeñan respecto de la pretensión. Por lo demás no puede soslayarse que obviamente la supuesta es adquirente quien se encontraba en óptimas condiciones de demostrarlo.

El cuarto agravio se vincula con la configuración de otro elemento presuncional que, siguiendo la clasificación de Ferrara a la que ha hecho referencia el juez al dar el marco jurídico a la acción, es dable relacionar a la ejecución del negocio. Concretamente, se refiere a la falta de realización material del negocio y aparece estrechamente vinculado a la retentio possesionis que configura el incumplimiento de la obligación de transmitir la cosa. Junto con la falta de pago del precio es calificado con un indicio definitorio de simulación absoluta. Es que tanto uno como otro evidencian el incumplimiento de las prestaciones características del negocio.

La actora demostró en la etapa probatoria de la instancia de grado la permanencia del camión en el domicilio del Sr. E. . El juez de grado consideró esa prueba aisladamente, y por lo tanto carente de fuerza convictiva.

Ya me he pronunciado acerca de la necesidad de integración de las pruebas, máxime de la presuncional. Es que el juez ha tomado cada una de las probanzas aportadas y las ha juzgado como insuficientes entrando, así, en un artificio dialéctico consistente en atribuir a cada pieza de convicción el no ser conclusiva por sí sola para negarse luego negarse a ver lo armónicamente convictivo del conjunto (cf. CNCom. Sala B, 15/02/95 LL 1996 C 381). Ahora bien, sin perjuicio de ello he de decir que la prueba rendida en esta instancia es determinante a los fines de acreditar que la vendedora permaneció en poder del camión y percibió ingresos concretos por su explotación.

Son contundentes, en tal sentido, el contrato de locación y el acuerdo conciliatorio celebrado conforme resultan de los instrumentos privados con firma certificadas y fecha ciertas agregados a fs. 626/631. A su vez, son pueriles las justificaciones ensayadas por las partes a fs. 646/647 para justificar su celebración.

Lo cierto es que la celebración del contrato de locación del bien -que se sostuvo vendido- por parte de la Sra. V. con un tercero y el posterior acuerdo celebrado por ésta vinculado a la ejecución de ese contrato constituyen prueba directa -y descarnada- de la ilícita simulación ya acreditada por medio de presunciones, serias, graves y concordantes. Es que estos actos demuestran palmariamente que nunca se celebró el negocio de compraventa del camión entre la Sra. V. -pretensa vendedora- y la Sra. E. como compradora.

Corroborando, este marco probatorio que da cuenta de la existencia un acuerdo simulatorio, ha de ser valorado otro elemento presuncional que ha sido puesto expresamente de manifiesto por el apelante al fundar este agravio. Puntualmente introduce la cuestión en el parágrafo 56 de la memoria, al sostener que la maniobra fue realizada el mismo día en que fue presentado el embargo preventivo del bien. Tal circunstancia se vincula con la actitud de la parte al realizar el negocio jurídico. En este orden de ideas, se ha sostenido que el hecho de haber iniciado el trámite de transferencia de automotor a sólo tres días del requerimiento ejecutivo de pago, y de haber conocido la medida de embargo del rodado antes de la efectiva transferencia, constituye un claro indicio de simulación del acto de compraventa (C.Civ. Prim.Mendoza, 9/8/93, elDial - MC1651).

Este elemento presuncional se vincula con la acreditación de la causa simulandi; es decir, con el motivo real que induce a dar apariencia a un negocio jurídico que no existe. En el sub-lite, acreditada la caducidad de la garantía prendaria, la existencia del juicio ejecutivo -expte. nº 1628/98- conocida por la Sra. Vidal y la orden de embargo diligenciada un día antes del bloqueo del título no quedan dudas que ese motivo real es el perjuicio a terceros; de tal modo la simulación es ilícita. Tal nota de ilicitud es la que ha habilitado a estos terceros -en el caso el actor- a atacar el negocio simulado.

Lo expuesto determina la procedencia de la revisión y torna innecesario entrar en la consideración del quinto agravio mediante el cual se impugna la conclusión del juez relativa al descuido de la parte actora en el seguimiento de su deudor.

Por lo hasta aquí manifestado corresponde hacer lugar al recurso de apelación, revocar la sentencia en todas sus partes y declarar la nulidad del contrato de compraventa celebrado entre M. V. y M. E. en la ciudad de Comodoro Rivadavia el día 14 de setiembre de 1998, del bien automotor individualizado bajo el dominio X-XXXX, marca Scania, tipo chasis con cabina, marca motor Scania, nº de motor XXXXX, marca de Chasis Scania nº de chasis XXXX y presentado ante el Registro de la Propiedad Automotor en formulario nº XXXXXX, el día 16 de setiembre de 1998, conforme consta a fs. 386.

La presente declaración se enmarca en las previsiones del artículo 1045 del Código Civil porque ha sido necesaria una investigación de lo fáctico porque el vicio no se ha encontrado en ninguna de las presunciones legales (cf. Compagnucci de Caso, Ruben, ob. ya citada).

4. Costas y honorarios Las costas de ambas instancia se imponen a las demandadas vencidas por aplicación del principio objetivo de la derrota consagrado pro el artículo 68 del C.P.C.C.Ch.

Los honorarios se regularán de conformidad con las pautas generales previstas por los artículos 6 a 9 del decreto 2200 modificado por ley 4335 y las normas específicas previstas para el proceso tipo de proceso que nos ocupa, así como las previsiones del artículo 14, en orden a los honorarios de esta instancia.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Propongo la siguiente fórmula decisoria:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 618 por la parte actora.

2º) Revocar la sentencia de fs. 611/615, en todas su partes.

3º) Hacer lugar a la demanda interpuesta por el L. B. (BLSA) Ltd. contra las señoras M. E. y M. R. V., en todas sus partes.

4º) Declarar la nulidad por simulación del acto de compraventa individualizado en los considerando respectivos.

5º) Costas de ambas instancias a las demandadas vencidas.

6º) Regular los honorarios profesionales del Dr. E. M. A. por su actuación en primera instancia en la suma de pesos seis mil ($6.000) y los correspondientes al Dr. O. Z. A. en la suma de pesos cinco mil ($5.000). Regular los honorarios profesionales por la actuación en la Alzada, a favor del Dr. E. M. A. en la suma de pesos un mil ochocientos (1.800) y los del Dr. O. Z. A. en la suma de pesos un mil quinientos ($1.500).

7º) Tener presente las reservas del caso federal efectuadas por las demandadas a fs. 120 y 159, respectivamente.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Se alza la demandada contra el resolutorio de fs. 611/615vta., que le fuera desfavorable a tenor del informe de fs. 634/642 y que es contestado a fs. 646/647 vta.

De modo pacífico en doctrina y jurisprudencia se ha señalado que el límite cognoscitivo que impone el principio de congruencia establecido por los arts. 34 y 163 inc. 6º CPr., para el juez de primera instancia, se aplica también en la alzada, cuyo conocimiento en la causa se reduce por un lado a las peticiones realizadas en la etapa de constitución del proceso, y por otro al alcance de los recursos concedidos, rigiendo en la materia el principio "tantum appellatum quantum devolutum". No obstante y más allá del consentimiento de las partes, advierto que pese a las particulares características de la cuestión planteada el director del proceso ha soslayado las prevenciones mínimas contenidas en nuestro régimen procesal (arts. 54 y concs. CPr.) a la hora de evaluar la conveniencia de la unificación de personería, cuando difícilmente pueda admitirse que ante una denuncia de simulación por la venta de un bien a un tercero, el interés de los litisconsortes necesarios sea común.

A no dudarlo, la acción de simulación exige la integración de un litis consorcio pasivo necesario, pues la sentencia no puede pronunciarse útilmente sin una litis compuesta por todos aquellos que participaron en el acto impugnado (ver v.gr. elDial - MC100C) como bien se informa en el punto primero de los considerandos. Pero una cosa es la integración de un litisconsorcio y otra la unificación de personería de sus componentes. Aclarando el punto anterior, con absoluta claridad recuerdan Palacio y Alvarado Velloso, que la procedencia de la unificación debe juzgarse con criterio restrictivo en forma tal que, aún mediando formalmente los presupuestos requeridos por la ley, corresponda desestimarla cuando ...la naturaleza de las cuestiones planteadas u otras contingencias no configuren obstáculo a la adecuada y expeditiva sustanciación del litigio y recogen cita jurisprudencial que señala; "De allí que se haya dicho que la relación litisconsorcial necesaria no requiera indispensablemente la unificación de la personería entre los diversos litisconsortes (ver "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" Ed. Rubinzal Culzoni 1988, pág.506; ídem Elena I. Highton y Beatriz A. Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" Ed. Hammurabi, 2004, t. 1, pág. 896, p. B), tal criterio restrictivo debió primar en autos al inicio para evitar v. gr. que en un escrito común se trate de justificar la conducta de alguno de los litisconsortes sin desmerecer la de la cocontratante, tal como surge de la contestación de los agravios.

La segunda cuestión previa al tratamiento de los agravios se impone por el error conceptual del a quo con incidencia en el resolutorio, al afirmar que el accionante ha acumulado la acción de simulación y la pauliana siendo preciso la procedencia de la primera para luego avocarse a la segunda (fs. 612vta.), y finaliza desestimando a ambas en el p. 1º del fallo. Esto, cuando de una atenta lectura de la demanda permite afirmar sin margen de error que el planteo lo fue de manera subsidiaria.

A los efectos señalados en el párrafo anterior debe quedar en claro que tal como nos informa Colombo con cita de Prieto Castro y Guasp, hay cuatro tipos de acumulación objetiva (o de pluralidad de pretensiones); la simple, la alternativa, la eventual y la sucesiva (ver "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Abeledo Perrot 1975, t. I, pág. 188, nota nº 3). Conforme tales opiniones y la propuesta en la demanda se ha configurado una acumulación del tercer tipo, esto es eventual y que se caracteriza por el hecho de que la segunda o posterior pretensión se invoca para el caso de que no se haga lugar a la primera; hay por lo tanto una pretensión principal y otra subsidiaria alegada para la eventualidad de que la primera no prospere tal como lo admite en casos análogos Enrique M. Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la nación", Ed. Abeledo Perrot 1988, t. I, pág. 495, p. d), (ver además v.gr. Fassi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" Ed. Astrea 1975, t. I, pág. 177, parág. 356; Fassi-Yánez, "Código Procesal...", Ed. Astrea 1988, t. 1, pág. 482, parág.6). Pero de ningún modo se las ha invocado de manera sucesiva esto es, que la petición esté subordinada a otra que la precede, de modo que si la primera no prospera se frustra la segunda.

La promesa de una valoración fáctica acorde a la esmerada selección de pautas jurídicas aplicables eventualmente al caso, se diluyó al no respetarse los principios básicos, que para el caso, nos los impone el derecho probatorio. Todo pese a la jerarquía que el sentenciante ha querido brindar a su discurso valiéndose de citas de autores de sobrado prestigio en la materia.

Si bien, el a quo ha liberado la cuestión de las exigencias probatorias del art. 960 Cciv. (fs. 913vta. 3er. párr.), no adecuó su conducta a la especial situación de autos (art. 956 Cciv), sino que mantuvo un criterio exageradamente restrictivo, incluso seleccionando, acotando y fraccionando el rico material adquirido que tenía a su disposición.

Y que queda en claro que si bien es cierto que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias del expediente, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ha señalado reiteradamente nuestra Corte que cabe prescindir de dicha doctrina cuando se ha incurrido en una defectuosa y parcial consideración de los instrumentos probatorios, con omisión de tratamiento de elementos esenciales que podrían incidir en la solución del tema debatido (ver v.gr. CS, noviembre 18-1999- Eugui de Santana, Adriana c. D.G.I., RED 35-118 Sum. J-55). En el sentido expuesto en el párrafo anterior se advierte que los jueces al valorar la prueba deben evitar apreciar cada prueba mediante un análisis absolutamente independizado de las restantes, en tanto y en cuanto deben deducir una convicción racional del conjunto de elementos probatorios; puesto que en los hechos difícilmente se encuentre una única prueba conclusiva y autónoma, incumbe al juzgador evitar la atomización del material probatorio, para practicar una valoración sincrética y penetrante de todos los elementos de demostración (ver v.gr. CNCom., sala B, abril 22-1991, ED 147-482).

En el caso de autos los primeros indicios emergen de la conducta inicial de las partes.

En cuanto a la importancia de la con-ducta de las partes como indicio en el proceso civil, remito a Enrique M. Falcón en Tratado de la Prueba, Ed. Astrea 2003, pág. 469, p. a) y pág. 471, parág. 522 y sus citas; Carlos E. Fenochietto, "Código Procesal Civil y Comercial e la Nación", Ed. Astrea 1999, t. 1, pág. 598, parág. 22, doctrina y jurisprudencia que surge de la interpretación y aplicación del art. 163 inc. 5º, 3er. párr. Así, en primer lugar, del escrito de la deudora codemandada (fs. 156/159 vta.), al margen de desconocer una serie de hechos que luego quedaron demostrados, tuvo actitudes reticentes como la de ocultar su domicilio real, cuando tal circunstancia, especialmente denunciada por la accionante insinuaba la convivencia con un tercero esencial en la comprensión del negocio jurídico que e ataca. De todos modos, la simple omisión no bastó pues al reconocer las copias de las actuaciones judiciales presentadas con la demanda quedó fehacientemente acreditado que convive con D. E., hermano de la codemandada M. E., en el domicilio sito en calle A, XX (cotejar fs. 15 con fs. 17), así se configura otro elemento típico en la configuración de estas transacciones simuladas, esto es el acercamiento afectivo, la confianza necesaria, entre las partes que lo celebran para asegurar el éxito del engaño.

Otra circunstancia de importancia que surge del reconocimiento implícito de los hechos afirmados por la accionante, por parte de R. M. V. en su contestación, es la falta e negativa en cuanto a la llamativa coincidencia entre la fecha de la operación impugnada y la liberación de la garantía prendaria y que a su vez frustro las posibilidades de cobro de la institución bancaria ejecutante por otra deuda, sin actividad posterior tendiente a sanear tal pasivo y sin aportar el mínimo dato respecto al alivio económico que le produjo la venta, cuando se alegaba como motivo de la misma el ahogo que sufría.

Contra lo que indica la práctica, la Sra. V. realizó la operación en cuestión sin formalizar un boleto de compraventa (ver v.gr. CNApel. Civ., sala A, 23/06/2000, LL 2000-F, 293); no se acompañó recibo alguno de pago rubricada por la compradora; no se acompañó recibo alguno de pago de la deuda municipal que la agobiaba, subsistiendo la misma y tampoco se gestionó de modo alguno el pago a la accionante, cuando tal deuda está reconocida en el escrito inicial. Sumando ello al un precio casi irrisorio, aún cuando se formulen todas las quitas que pretenden las partes y el hecho absolutamente probado de que la adquirente nunca dispuso del vehículo que siguió siendo explotado por la presunta vendedora. Indudablemente, solo una valoración probatoria extremadamente restrictiva y/o no confrontada en su integridad puede concluir del modo que ha motivado su merecida impugnación.

Se debió tener en cuenta que no tan sólo la demostración de una unión en concubinato permite presumir una relación de confianza útil para el fin engañoso denunciado. Basta una relación de vecindad, laboral, de parentesco o de cualquier otra naturaleza que engarzada al resto de los elementos de prueba no resulte contratante con tal posibilidad de logro. Así, convivir con quien resultó ser el hermano de la compradora y sin necesidad de sumar la relación laboral invocada, bastaba a tal fin.

Las dudas explicitadas por el sentenciante en cuanto al precio de del camión de fs. 614 a), permiten comprobar que solamente tuvo en cuenta el descargo de las partes pero ignoró la prueba corroborante de los dichos del actor con la prueba informativa -genéricamente impugnada a fs. 117vta., p. h. y fs. 156vta. p. f.- finalmente avalada por la testimonial de fs. 205/206 vta. y 220/220 vta. sin la mínima observación por parte de las accionadas.

Tampoco se advirtieron los desajustes de opinión entre las partes, pese a la unificación de personería, respecto a las razones que movieron a la adquirente a la compra de un vehículo utilitario y para fines determinados, sin que se haya ofrecido o adquirido prueba alguna al respecto (ver fs. 157, 1er. párr. últ. parte y contestación de fs. 117/120vta.) (ver v.gr. CApel. Civ. y Com. de Rosario, sala I, 14/06/2002, LL Litoral 2003 (agosto), 869). Contrariamente se demostró que la enajenante no perdió la posesión y continuó explotándolo en su beneficio. Las infundadas dudas vertidas en el fallo quedaron despejadas en esta instancia, tal como surge de la documental adquirida.

En el sentido expuesto la doctrina y la jurisprudencia han considerado indicio de simulación, en primer lugar, la ausencia de ejecución del contrato celebrado, como por ejemplo, la continuación de la posesión de la cosa enajenada (ver. v.gr. Llambías, "Tratado de Derecho Civil- Parte General" t. II, 7ª ed., págs. 536/538, n. 1826 y las citas hechas en nota 139 bis.; Mosset Iturraspe, "Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios", t. I, pág. 282, ap. h; Yánez Álvarez "Prueba por los terceros en la simulación de los actos jurídicos", JA 1970-8-508, n. 36; Borda, "Tratado.- Parte General", 12ª ed. t. II, pág. 341, n. 1189, ap. e); Belluscio - Zannoni, "Código.", t. 4, pág. 425, nº 14). Si al negocio engañoso se le suma el perjuicio efectivamente causado al accionante en el intento de efectivizar el pago de la deuda reconocida y que se ejecutaba conforme los autos acumulados, máxime tratándose de gestiones contemporáneas, la causa simulandi queda perfectamente en descubierto (ver v.gr. CNCiv., sala H, 29/09/1997, LL 1998-D, 117, con nota de Santos), se ha intentado burlar los derechos del acreedor demandante en autos.

Con lo dicho basta para compartir la opinión y los fundamentos de la colega preopinante y si bien el memorial de la actora invita a abundar en el tema recuerdo las pautas establecidas por nuestra Corte Nacional en el sentido que cabe resaltar que nuestro más los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CS, Fallos; 258:304; 262:222; 265:301; 272:225). Así, propongo al acuerdo la revocatoria total de la sentencia venida en apelación de conformidad con los agravios de la recurrente y en consecuencia se hace lugar a la demanda (arts. 956, 1145 y concs. Cciv.; ver Zannoni en "Código Civil y leyes complementarias" de Belluscio y Zannoni, Ed. Astrea 1982, t. 5, pág. 408, parág. 5) y se deben adecuar las costas y honorarios conforme lo ordena el art. 279 CPr.

Las costas en ambas instancias pesan sobre las vencidas y se difiere la regulación de honorarios al momento del acuerdo en el que se tendrán en cuenta las pautas arancelarias de la ley 2200 conforme modificación de la ley 4335.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo concordado con la Dra. Alonso de Ariet, reitero su fórmula decisoria.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/XII/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Fernando Nahuelanca no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 618 por la parte actora.

2º) Revocar la sentencia de fs. 611/615, en todas su partes.

3º) Hacer lugar a la demanda interpuesta por el L. B. (BLSA) Ltd. contra las señoras M. E. y M. R. V., en todas sus partes.

4º) Declarar la nulidad por simulación del acto de compraventa individualizado en los considerando respectivos.

5º) Costas de ambas instancias a las demandadas vencidas.

6º) Regular los honorarios profesionales del Dr. E. M. A. por su actuación en primera instancia en la suma de pesos seis mil ($6.000) y los correspondientes al Dr. O. Z. A. en la suma de pesos cinco mil ($5.000). Regular los honorarios profesionales por la actuación en la Alzada, a favor del Dr. E. M. A. en la suma de pesos un mil ochocientos (1.800) y los del Dr. O. Z. A. en la suma de pesos un mil quinientos ($1.500).

7º) Tener presente las reservas del caso federal efectuadas por las demandadas a fs. 120 y 159, respectivamente.

8º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Presidente SILVIA N. ALONSO de ARIET - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL No. 099 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS