Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-13


Causa Nº 15232-01/CC/2006 caratulada: "Recurso de queja en autos V., D. Y. s/ inf. art. 189 bis del C.P.".

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de noviembre de 2006, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Fernando Bosch y Marcela De Langhe, para resolver en las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este Tribunal el recurso de queja articulado por la Asesora General Tutelar a fs. 26/35 contra el pronunciamiento del Titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 27 (fs. 24/25), Santiago Otamendi, denegatorio de la apelación interpuesta (copias obrantes a fs. 15/22) respecto de la resolución que no hizo lugar al sobreseimiento peticionado en favor de D. V. y rechazó el pedido de aplicación del instituto de la remisión del caso (copias glosadas a fs. 11/14).

La María de los Ángeles Baliero de Burundarena sostiene en su presentación que el auto en crisis debe equipararse a sentencia definitiva habilitándose de tal manera la vía recursiva -art. 61 de la Ley 1287 ref. 1330- toda vez que provoca a la joven V. un gravamen irreparable que no puede ser subsanado ulteriormente al permanecer sometida a proceso no obstante hallarse amparada en una excusa absolutoria prevista en el art. 1 de la Ley 22.278 de aplicación al caso. Dicha norma contempla el supuesto de jóvenes infractores comprendidos entre los dieciséis y los dieciocho años eximiéndolos de pena cuando cometen delitos de acción privada o de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años. Por otra parte, la denegatoria de la apelación articulada contra el rechazo del planteo subsidiariamente interpuesto como mecanismo alternativo para la resolución del conflicto también irroga un perjuicio de imposible reparación posterior puesto que la remisión del caso "...constituye un modo de extinción del proceso, propio del derecho de la niñez y adolescencia, pues su fin es evitar los efectos estigmatizantes que el proceso tiene para quien se encuentra sometido a él" (fs. 32).

El Sr. Fiscal de Cámara, sobre la base de los argumentos que expuso en su dictamen, señaló primero que el recurso de hecho intentado "...no resulta admisible a nivel formal..." debido a que "...no ha sido interpuesto por quien tiene derecho a hacerlo" (punto II, fs. 38). Deriva la falta de legitimación procesal -impugnabilidad subjetiva- de la asesora tutelar en las presentes actuaciones de lo establecido en el art. 34 de la Ley 21 toda vez que "...no se comprueba que haya inacción por parte del Stolte pues surge de la resolución denegatoria del sobreseimiento (fs. 11/14) y del rechazo de la apelación (fs. 24/25) que él ha solicitado el sobreseimiento en el momento oportuno, el cual le fue denegado, y que ha apelado esta denegatoria. Es decir que sí hay elementos que permitan inferir que el Stolte ha actuado con diligencia, pues la interposición o no de la queja no resulta obligatoria. En consecuencia no se produce el requisito que activa la conversión de la Asesora en Defensora de la menor" (punto III, fs. 38/vta. y 39). Contrariamente, sostiene que la legitimación de la Baliero de Burundarena sólo se confiere en relación al pedido de remisión del caso a su área para el desarrollo de un tratamiento extra-judicial, sin perjuicio de que "...su procedencia se encuentra íntimamente conectada a la previa solicitud -y concesión- del sobreseimiento..." (punto III, fs. 39). No obstante, consideró que en la especie no se comprueba "...circunstancia alguna que configure el gravamen de imposible reparación ulterior...." en razón de que aún cuenta con la posibilidad de provocar un nuevo examen de las cuestiones introducidas en esta instancia -impugnabilidad objetiva- (punto IV, fs. 39/vta.). Por último, concluye en que: " ...esta Fiscalía de Cámara entiende que debe declararse inadmisible el recurso de queja interpuesto..." (punto V, fs. 40).

Cumplidos entonces los pasos procesales requeridos por la naturaleza de la vía intentada, se encuentra el Tribunal en condiciones de pronunciarse en estas actuaciones.

Y CONSIDERANDO:

Previo a abordar el tratamiento del recurso presentado ante esta instancia, se impone destacar que la Asesora Tutelar por medio de los escritos que en copias obran a fs. 1/2 y 6/10, en primer lugar requirió el dictado del sobreseimiento en favor de su asistida en orden a su condición de persona no punible, por el hecho que postula sea calificado como constitutivo del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil (arts. 56 inc 3 b de la Ley 1287 reg. 1330, 1 del Dec. Ley 22.278 y 189 bis inc. 2, primer párrafo del C.P.). Solicitó subsidiariamente que "...se decrete la remisión del caso y se disponga el archivo de la presente causa seguida a D V por el delito de portación de arma de fuego de uso civil, conforme prevé el art. 12 de la Ley 114 y art. 19 de la Ley 26061 según reglamentación aprobada por decreto nº 415/06, en función de lo dispuesto por el art. 11.3 in fine de las Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)". Los planteos propuestos se unieron a los restantes requerimientos articulados tanto por la Sra . Fiscal -elevación de la causa a juicio- como por el Sr. Defensor Oficial Causa Nº 15232-01/CC/2006 Sala II -cuyo pedido de sobreseimiento reposó en idénticos argumentos que los de la Asesora Tutelar-, lo que motivó que el Magistrado resolviera por auto obrante a fs. 11/14 y se expidiera separadamente: no haciendo lugar a los sendos pedidos remisorios formulados por la Representante del Ministerio Tutelar y por el Sr. Defensor Oficial (punto I), rechazando la aplicación del instituto de la remisión del caso por no haber mediado acuerdo entre las partes (punto II), formando legajo de personalidad de la joven D. Y. V. a fin de que la Sra. Asesora Tutelar continúe con su asistencia (punto III) y elevando la causa a juicio oral y público (punto IV).

Interpuesta la apelación por la Burundarena (fs. 15/22) respecto de los dos primeros puntos del dispositivo de fs. 11/14, al analizar su admisibilidad el "A -Quo" consideró que dicho pronunciamiento no causa gravamen irreparable con sustento en el criterio aplicado en diversas causas que tramitaran por ante esta Sala, toda vez que: "...no se trata de una decisión definitiva, ni ha causado un gravamen irreparable para las partes, habida cuenta que tiene por objeto la continuación del proceso, sin que nada obste que las cuestiones introducidas y que fueran materia de contradicción en esta etapa, puedan ser analizadas nuevamente en la etapa del plenario. Todos los planteos esgrimidos por la Sra. Asesora y por el Sr. Defensor, podrán ser reeditados a lo largo de dicha fase del proceso,...especialmente en la audiencia de juicio oral respecto de la calificación legal de los hechos investigados....". (fs. 24/vta.). No obstante lo anterior y sin perjuicio de que no ha sido materia de recurso la decisión de elevar la presente causa a juicio (punto 4, fs. 14), el Magistrado remarcó que el art. 352 del CPPN de aplicación supletoria expresamente señala la inapelabilidad de aquél auto.

Sin embargo, cierto es que en el caso la Asesora Tutelar fundó la aplicación del instituto remisorio sobre la base de una causal de inimputabilidad, toda vez que expresamente el "Régimen Penal de la Minoridad" contempla la no punibilidad de quien "...no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertada que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación" (art. 1 de la Ley 22.278). Conforme surge de las copias agregadas -fs. 47/56- la Sra. Fiscal al requerir la elevación a juicio solicitó que la joven V. sea condenada a la pena de un (1) año de prisión, circunstancia que remite a la interpretación del alcance que cabe otorgar en la especie al art. 1 de la Ley 22.278. Tal extremo configura el gravamen irreparable que permite habilitar la vía recursiva pues se constató que precisamente el instituto conlleva la finalidad de evitar la continuación del proceso.

En efecto, la ley ha otorgado a la imputada por su condición de "imputable relativa", al hallarse en la franja comprendida entre los 16 a 18 años de edad, la posibilidad de extinguir el proceso mediante la operatividad de la remisión del caso reglado en el art. 1 de la Ley 22.278 y acotado a la penalidad allí indicada.

La particularidad apuntada es la que imponía en la ocasión la concesión del recurso articulado, puesto que si bien el art. 449 del CPPN de aplicación supletoria conforme el art. 55 de la Ley 1287 habilita la apelación sólo contra los autos que conceden sobreseimientos, los interlocutorios y las resoluciones expresamente declaradas apelables no es menos cierto que además se extiende a aquéllas que causen gravamen irreparable, por lo que desde tal ángulo habrá de acogerse la vía de hecho ahora intentada.

Cabe señalar además, que la presentación de la impugnante en esta sede cumple con las exigencias formales de admisibilidad relativas al debido tiempo y forma de interposición del recurso, pues ha sido deducido dentro del plazo legal, por escrito y, dadas las particulares características de la situación traída a conocimiento, por parte legitimada para hacerlo -pese a la observación en contrario efectuada por el Sr. Fiscal de Cámara- toda vez que el procedimiento que rige en la Ciudad establece en el art. 58 de la Ley 1287 la intervención de la Asesoría General Tutelar en resguardo del interés superior de los niños, niñas y adolescentes para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos.

Por todo ello, y habiendo concluido el acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de queja interpuesto por la María de los Ángeles Burundarena a fs. 26/35 del presente incidente contra el auto de fs. 24/25 a efectos de posibilitar el conocimiento de esta Alzada de las cuestiones planteadas oportunamente.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase a la primera instancia interviniente a fin de que se cumplan con las notificaciones correspondientes, acumule materialmente el presente a los autos principales, conceda la apelación que en copia obra a fs. 15/22 Fecho, remita las actuaciones a esta Sala para su tratamiento. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.