Tribunal: JUZGADO FEDERAL Nro 2
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 1999-03-03


1º Instancia.- Mendoza, marzo 3 de 1999.

Considerando: 1. Que a fs. 137/139 se presenta Pablo M. Corvalán Nanclares por la accionada y expresa que a fin de evitar el remate de los bienes inmuebles embargados y cancelar todos los rubros adeudados, practica liquidación de la deuda conforme a la sentencia de fs. 36/37, la que ordena pagar a su representada la suma de $155,08 más desvalorización monetaria e intereses hasta el 31/3/91, fecha a partir de la cual se aplican las prescripciones de la ley 23.928 de convertibilidad del austral .

Actualiza: 1) capital nominal conforme el índice de Precios Mayoristas no agropecuarios nivel nacional; 2) intereses legales al 31.3.91 a la tasa del 6% anual; 3) intereses tasa pasiva B.C.R.A. conforme al último índice conocido en el Tribunal 29/1/99), lo que arroja un total de capital e intereses de $4.728,39; 4) honorarios; 5) tasa de justicia, 6) aportes, arrojando un total de $ 5.411,68, suma ésta que deposita con más otra de $ 288,32, en total $5.700 para cubrir todos los rubros reclamados.

Solicita se libre cheque a la orden de la actora, por los rubros liquidados y por los no liquidados una vez que lo hayan sido y en caso de excedente, que éste le sea devuelto.

Asimismo, pide - atento el depósito en pago- la suspensión de la subasta ordenada a fs. 122 vta. prevista para el día 4 de marzo próximo a las 11.30 horas .

Acompaña comprobante de depósito.

2. Corrido traslado de la liquidación presentada y del depósito efectuado, la actora lo contesta a fs. 144, impugna la liquidación realizada, rechaza el depósito por considerarlo insuficiente y la suspensión de la subasta, solicitando se ordene la continuación del trámite de la presente ejecución, hasta tanto se verifique la íntegra y efectiva cancelación del importe total adeudado, con más sus respectivos honorarios y costas.

Manifiesta que la accionada pretende artificiosamente ajustar el desarrollo de su presentación a los términos de los dispuestos por la ley 23.928, sin embargo dicha norma ha sido instrumentada a través de Decreto 529/91 del P.E.N. de fecha 27/3/91, adecuando los términos de la seguridad social a dicha norma lo que surge de su art. 4º apart. 2), por lo que el art. 9 de la ley 23.928 no alcanza a las obligaciones dinerarias derivadas de las relaciones laborales, alimentarias y previsionales.

En consecuencia expresa que la materia - a partir del 1/4/91- se rige por el Dec. 589/91; Res. 20/92 S.S.S. y 1.266/92 y su modif. Resol. 39/93 de la Secretaría de Ingresos Públicos de la Nación, Res.,459/96; 366/98 y 1.253/98 del M.E. y O.S.P. .

Señala que en el escrito de demanda hizo reserva de intereses, recargos y multas de ley, los que encuentran apoyatura en la Ley 21.864, modif. Por ley 23.659.

Seguidamente practica liquidación en base a las pautas dadas en lo que respecta a intereses resarcitorios y punitorios.

Finalmente rechaza el depósito efectuado y la suspensión de la subasta, se mande seguir adelante el trámite de la ejecución hasta el íntegro pago del capital adeudado, con más honorarios y costas.

3. Corrido el pertinente traslado a fs. 148 vta., a fs. 149/152 es contestado por la demandada, solicitando el rechazo de la liquidación practicada por la actora, con costas, ratificando la realizada por su parte. Solicita inter tanto quede firme la liquidación, se suspenda la subasta.

Expresa que la liquidación practicada por su parte se ajusta estrictamente a la sentencia recaída la que se encuentra firme ya que no fue objeto de recurso alguno, ni siquiera de aclaratoria. Por lo que modificar sus términos implica violar el principio de la cosa juzgada. Dicha sentencia no ofrece dudas en torno a la aplicación de la ley de convertibilidad y en ningún momento refiere a intereses compensatorios, distintos a los calculados por su parte y menos aún consiente recargos o autoriza la aplicación de punitorios, con extra sentencia pretende incorporar la contraria,por lo que considera que los decretos y resoluciones citados por la actora no son de aplicación al presente.

Cita jurisprudencia en apoyo de sus dichos.

Considera que las tasas aplicadas por la actora son exorbitantes y afectan la moral y buenas costumbres, que exceden la media normal y usual utilizada por la Justicia y además capitaliza ilegalmente intereses llegando a tan inaudito resultado. Pide en consecuencia, la morigeración de las tasas y la no capitalización de intereses a fin de ajustar el monto reclamado a la realidad.

Esta forma de liquidar -expresa- ataca derechos constitucionales, por lo que hace reserva del caso federal.

Impugna la inclusión de honorarios por actuación posterior a la sentencia y su monto por no apegarse a la L.A.

Por último solicita la suspensión de la subasta ordenada.

4. Expuestas de este modo las posturas de las partes, corresponde comenzar el desarrollo de los distintos aspectos planteados a fin de dilucidar la cuestión traída a estudio.

En primer lugar cabe referirnos a la resolución obrante a fs. 36/37 de autos.

La misma en su resolutivo 2º manda "continuar la ejecución adelante en contra de la demandada hasta que ésta haga íntegro pago a la actora de la suma de $ 155,08, con más su desvalorización monetaria e intereses hasta el 31/3/91, fecha a partir de la cual se aplicarán las prescripciones de la ley Nº 23.928, de convertibilidad del austral" .

En base a ello, la demandada al practicar liquidación, utiliza para el cálculo de los intereses a partir del 1/4/91, la tasa pasiva promedio mensual que publica el B.C.R.A., haciendo de este modo a su entender, una estricta aplicación de lo resuelto en la sentencia de remate, pues lo contrario implicaría - dice- violar el principio de la cosa juzgada. Esta norma de liquidar- como ha quedado expuesto- es resistida por la actora quien sostiene la aplicación de los decretos y resoluciones que señala y en base a los cuales practica su propia liquidación.

El suscripto estima que el cálculo de los intereses conforme a los decretos reglamentarios de la ley de Convertibilidad, en modo alguno atenta contra el principio de la cosa juzgada.

Sabido es que el Presidente de la Nación tiene las facultades reglamentarias que le acuerda la Constitución. Así en el inc. 2 del art. 99, se dispone que es quien "expide instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias".

Por lo tanto el decreto que reglamenta una ley la completa y permite su mejor aplicación (Adolfo Gabino Ziulu, Derecho Constitucional, T. II Ed. Depalma. Bs. As. 1998 p. Así, al decir de Germán Bidart Campos en su Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino T. II Ediar, Bs. As. 1986, p. 226, en referencia a los decretos reglamentarios, señala :"Conforme a la jurisprudencia de la Corte, "las normas reglamentarias, si bien subordinadas a la ley, la completan regulando los detalles indispensables para asegurar no sólo su cumplimiento, sino también los fines que se propuso el legislador. Y continúa: "Los decretos reglamentarios, ha dicho la Corte Suprema de Justicia, son tan obligatorios para los habitantes como si sus disposiciones se encontraran insertas en la propia ley, siempre que se mantengan dentro de las limitaciones del art. 86 inc. 2º de la Const. Nac. y se consideran como parte integrante de la misma ley".

En consecuencia, al referirse la sentencia de fs. 36/37 a la aplicación de la ley 23.928, necesariamente debe entenderse que ello lo es con la reglamentación que de la misma que ha hecho para la materia que aquí se debate y que forma parte integrante de la misma. Por lo tanto, no es atentatorio de la cosa juzgada aplicar intereses que surjen de la propia reglamentación de la norma en cuestión.

Esta misma inteligencia se ha dado con respecto a los intereses a aplicar en materia de Seguridad Social tanto en fallos de este mismo Tribunal, como de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. En tal sentido ver autos nº. 12.485/2, caratulados: "OSPLAD c/Dirección General de Escuelas p/Ejec."; autos nº 57.838-S-2134, Sala "B" de la Excma. Cámara, rotulados "Smata c/ Stabio( Rectificaciones S.A.) p/ Ejec. Resolución de fecha 31/5/94.

Por otra parte cabe consignar que es ésta la etapa apta para debatir la cuestión de intereses no significando obstáculo para ello el resolutivo dictado. Así lo tiene dicho la SC. Mendoza, sala I, agosto 27-998, Hernández de Ghilardi c/Energía Mendoza S.E. s/ Inc. Cas. "...esta sala tiene dicho que "el tema del carácter excesivo de la tasa de interés debe ser debatido en la etapa de cumplimiento de la sentencia de remate" (26/3/1996, "Vázquez Fernández, J. En jº 34522 Banco Caudal S:A. c/ Vázquez p/ Ejec. Típica s/ Inc.", L.S: 263-467, publicado en L:L: 1996-C-714, Doc. Jud. 1996-1-1029 y E:D: 170-537, y citas allí señaladas; publicado en "Voces Jurídicas2 La Ley Gran Cuyo año 4, nº 1 febrero 1999, p. 99) En consecuencia, asiste razón a la actora en cuanto a la aplicación al presente de la normativa que señala, esto es: Dec. 611/92, Res. S.S.S. 20/92; Res. Sec. De Ingresos Públicos de la Nación nº 39/93; Res. M.E. y O. y S.P. 459/96, Res. Del mismo Ministerio nº 366/98 y nº 1.253/9 , por lo que para arribar a la suma adeudada en las pautas antes indicadas, las que este Tribunal considera correctas en este tipo de procesos.

Como consecuencia de lo expuesto, se desprende que el depósito efectuado, a los fines de la suspensión de la subasta, resulta insuficiente. "Para que el depósito pueda suspender el trámite de la subasta debe cubrir al menos aproximadamente la deuda del capital, intereses y costas hasta el momento en que se practique la liquidación, por lo que no es admisible pretender la suspensión con el depósito de la cantidad liquidada casi un año antes, ya que los efectos de la mora perduran mientras no se pague el total de la deuda (CNCiv, Sala G., marzo 19-1995) (240-SJ), ED, 115-664)". "La subasta de bienes no tiene un fin en sí misma, es sólo un medio para ejecutar la sentencia condenatoria incumplida..... . Como en ese momento procesal no hay liquidación, el depósito en pago debe comprender la suma por la cual se dispuso llevar adelante la ejecución, los honorarios que debieron ser regulados en la sentencia, el importe de los impuestos de justicia y de sellos obrados por el ejecutante, los demás gastos que constaren en el expediente y una suma prudencial para responder a los que no hubieren sido fijados"(J.R.Podetti, "Tratado de las Ejecuciones", Ediar, Bs.As. 1997, p. 456) Además de lo expuesto pongo de resalto que se ha presentado el Banco de la Nación Argentina invocando su pertinente, razón por la cual también se torna necesario proceder a la suspensión del remate ordenado en estos obrados para el día 4 de marzo de 1.999.

Por último me permito aclarar que los traslados de esta incidencia han sido dados con poco tiempo debido a la proximidad de la fecha de subasta, y que tal premura ha sido sufrida también por el suscripto en el dictado de sus resoluciones.

Por todo lo expuesto, Resuelvo: 1. Declarar queE el Depósito efectuado, a los fines de la suspensión de la subasta, resulta insuficiente, a la luz de lo analizado en el considerando respectivo. 2. Tener al Banco de la Nación Argentina por presentado, parte y domiciliado, a los términos de la presentación efectuada. 3. Suspender la subasta fijada en autos para el día 4/3/99 en razón de la petición efectuada por el Banco de la Nación. 4. Las costas de la presente se imponen a la demandada, vencida (art. 68, 69 y cdtes. Del Cód. Proc. Civ.y Com.Nac.). 5. Diferir la regulación de honorarios "suo tempore". - Gerardo W. Rodriguez.