Abuso sexual, concurso ideal, víctima menor de edad, recurso de casación, Convención sobre los derechos del niño
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: R.E.P. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pablo A. Rivera por la Defensa Técnica el imputado R., E.P. en contra de la Sentencia Nº 48/12 en causa R., E.P. p.s.a. Abuso Sexual con acceso carnal continuado agravado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-12-28

La Cámara en lo Criminal condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el vínculo y promoción a la corrupción de menores agravada, todo en concurso ideal (art. 119 cuarto párrafo, inc. b en función del primero y tercer párrafo, art. 125 tercer párrafo, 54 y 45 del Código Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de once años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal).

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado, e interpone recurso de casación.

El recurrente centra sus agravios denunciando inobservancia o errónea aplicación de la sana crítica en la apreciación de las pruebas.

Adelanto mi respuesta negativa a la pretensión deducida. Ello es así, por cuanto el decisorio objeto de agravio resulta fundado conforme a derecho y sus conclusiones, fruto de una meritación integrada e interrelacionada de la prueba colectada, en modo alguno se ven conmovidas por las críticas realizadas por el recurrente.

Es en consonancia con lo expresado por esta Corte en numerosos precedentes (S. nº 14, 13/04/2012; S. nº 23, 31/05/2012; S. nº 30, 29/06/2012; S. nº 64, 21/11/2012, entre otros) que no sólo estimo asertada la decisión del tribunal a quo, sino que, además, ella se encuentra en plena armonía con la legislación internacional y nacional existente en materia de violencia de género, puesto que el caso bajo análisis, ha quedado corroborada la evidente supremacía o superioridad del imputado por sobre la vulnerabilidad de la víctima, su hija, mujer y menor de edad. En consonancia con lo expresado, advierto que la resolución atacada se compatibiliza con la Convención sobre los Derechos del Niño -art. 34- (Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 20/11/1989 - Ley 23.849 - Sancionadas 27/09/1999, promulgada el 16/10/1990, publicada B.O. 22/10/1990); con la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas, firmada y ratificada por Argentina en 1980 y 1985, respectivamente; con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-, firmada el 9 de Junio de 1994 e incorporada al bloque constitucional mediante Ley N° 24.632, publicada con fecha 09 de abril de 1996; con la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (sancionada el 11/03/09, promulgada el 01/04/09 y publicada en B.O. el 14/04/09; reglamentada por Decreto 1011/2010, publicado en B.O. el 20/07/2010), y con lo establecido en las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, marzo 2008), a las que esta Corte ha adherido mediante Acordada Nº 4102 (27/05/2009).

Por ello, y considerando es una menor de edad la víctima del hecho constitutivo de los actos de violencia sexual de que se trata en las presentes, la resolución impugnada resulta ajustada a Derecho por expresar conformidad con lo dispuesto en las normas referidas y la debida diligencia comprometida por el Estado argentino ante la comunidad internacional para la prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia contra las personas en condición de vulnerabilidad, entre las que se encuentran los menores de edad.

En suma, considero que el fallo de marras, a diferencia de lo postulado por el recurrente, ha fundado debidamente la conclusión incriminatoria aquí objetada, con adecuado respeto a las reglas de la sana crítica racional (arts. 18 C.N.; 142 y 408 inc. 3º -a contrario sensu- del C.P.P.).

Por lo expuesto corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.