marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, inembargabilidad del salario, pagaré
Materia: PROCESAL
Carátula: ABN AMRO BANK NV c/ D' ONOFRIO, MARIANO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-27

En principio, no resulta procedente la invocacion del régimen de inembargabilidad de los sueldos de los empleados públicos (decreto 6754/43) cuando la demanda se promovió sobre la base de un título abstracto, por no existir posibilidad legal de relacionar la obligación nacida del título cambiario con alguno de los vínculos contractuales a que hace mención el art. 1° del decreto citado. Sin embargo, en el caso, no procederá la traba de embargo sobre los haberes del ejecutado aún cuando se trata de un proceso sustentado en un pagaré, toda vez que existen incorporados a la litis una serie de indicios que autorizan a presumir con suficiente grado de convicción que la causa del crédito se encuentra originada en un "préstamo de dinero". En efecto, la promotora del litigio resulta ser una "entidad financiera" encontrándose el otorgamiento de préstamos entre sus principales actividades, resultando inherente a su objeto social. Por otra parte, el mismo título se consignó "por igual valor recibido en efectivo". Tal circunstancia autoriza a presumir que el pagaré objeto de la ejecución respondería, en principio, a un préstamo de dinero, con lo cual se torna aplicable la inembargabilidad contemplada en el decreto antes citado (CNCom, Sala A, 14.11.06, in re "Fernandez, Juan Carlos y otro c/ Franco, Jorge Omar s/ ejecutivo"; id, sala e, 18.3.02, in re "Urbantop S.A. c/ Aguirre, Jorge s/ ejecutivo", entre otros).
Locación, rescisión del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solino, Jorge c/ Carbone, Blanca Gladys s/ Consignación de llaves rescisión red de precio. etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

Sin considerar la electrificación que la humedad habría producido en un artefacto de la cocina, los deterioros y vicios del inmueble conspiraban contra el logro del fin práctico perseguido por el locatario y prometido por el locador de dar el uso y goce de una vivienda "en perfecto estado de uso y conservación". Ante esto y el no adecuado cumplimiento de su obligación de garantía por la locadora, la decisión del locatario de extinguir el contrato ejerciendo la facultad resolutoria que le brindan los arts. 1525 y 1604 incs. 5° y 7° del CC, se ajusta a derecho.
Seguros, seguro de vida, seguro colectivo, incapacidad total, incapacidad permanente, denuncia del siniestro, responsabilidad del asegurador, cómputo del plazo, obligaciones del asegurado, mora del asegurador, reconocimiento del derecho del asegurado, ley de seguros, Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Materia: COMERCIAL
Carátula: TWYFORD, ROBERTO NESTOR c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

En los supuestos del seguro por invalidez total y permanente, la póliza prevé que "la comprobación de la incapacidad estará a exclusivo cargo de la Caja" a la que deberá hacerse llegar la denuncia por intermedio del principal, estableciéndose que, en ese supuesto, el asegurado deberá: "satisfacer los requisitos médicos que se le requieran con intervención de los facultativos designados por la Caja". Frente a esa previsión contractual no puede caber duda alguna de que el plazo de 30 días que tiene el asegurador para emitir su decisión solo puede ser computado desde que la Caja recibe no sólo la denuncia del siniestro y solicitud del beneficio sino a partir, en su caso, de que el asegurado cumpla los requisitos médicos que pudieren serle requeridos. Y esa estipulación de la póliza reproduce, en sustancia, lo dispuesto en la Ley de Seguros (arts. 46, 47, Y 56). Una interpretación realista y razonable de esas cláusulas contractuales y de las normas de la ley 17.418 lleva a la conclusión de que el asegurador -y no el tomador del seguro-es el que debe disponer de los datos para poder pronunciarse sobre la viabilidad del beneficio. Lo cual supone, naturalmente, que el plazo al que el asegurador está sometido sólo puede iniciar su curso desde que a el -y no al tomador-le son allegados los estudios complementarios a que se refiere el art. 56 de la Ley de Seguros.
Expropiación, interés público
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Servicio Nacional de Parques Nacionales c/ Franzini,  Carlos  y  sus  herederos  o quien resulte propietario de Finca "Las Pavas" s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

En la base de la expropiación se halla un conflicto que se resuelve por la preeminencia del interés público y por el irremediable sacrificio del interés particular.
Procedimiento administrativo, recursos, denegatoria del beneficio, silencio de la administración, recurso de apelación (procesal)
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FABRO, VICTOR c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-29

Si bien debe compartirse la inquietud de quienes en aras de "afianzar la justicia" denuncian con preocupación el tortuoso y prolongado camino que deben transitar quienes pretenden obtener el reconocimiento de un derecho previsional, situación que se agrava por el pertinaz desconocimiento por parte el órgano administrativo de la reiterada jurisprudencia en materia de determinación y movilidad de los haberes, no resulta acertado que a tal fin se admita la procedencia formal de un recurso de apelación por una presunta denegatoria tácita por silencio en la administración, en base a un conjunto de consideraciones de naturaleza doctrinaria algunas, y prácticas las otras. Ello así, por cuanto de ese modo, el juez se subrogaría las funciones del legislador, creando una vía recursiva no establecida por éste que cuenta con facultades para hacerlo. (Del voto de la mayoría. El Dr. Wasswer votó en disidencia
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OLMOS ALBERTO c/ GASPARETO MARCELO NESTOR Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-22

Corresponde atribuir un porcentaje de responsabilidad del 40 por ciento a quién conduce a una velocidad inadecuada para la aproximación a un cruce de calles, en los términos de la Ley 5800 (arts. 72, inc. 2do. y 87) y colisiona a quién circula en un ciclomotor, de contramano, y en condiciones psicofísicas disminuidas por edad y estado de embriaguez.
Liquidación de la sociedad conyugal, partición, hogar conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: L., H. O. c/ R., A. M. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-21

El derecho de los cónyuges a pedir la partición de los gananciales después de la sentencia de separación de bienes, sufre una especial excepción respecto del inmueble ganancial en que está radicado el hogar conyugal si hubiere hijos menores siendo muy relevante, en el caso, la extensión de la protección aun después de disuelta la sociedad conyugal.
Derechos del empleador, ius variandi, criterio de razonabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Aguas de Santiago S.A. c/ Amado, Carlos Ángel E. y Otros s/ Acción meramente declarativa de certeza - Casación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2015-09-30

Si bien normativamente el empleador goza de la facultad de variar, alterar o modificar unilateralmente las modalidades de la prestación de trabajo a sus dependientes, para que esa potestad sea legalmente admisible se tendrá que llevar a cabo dentro de los límites que dé la razonabilidad y respetando que no se alteren aspectos sustanciales del contrato de trabajo, no puede producir perjuicio de ningún tipo para el trabajador.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Konig, Angel Adrián c/ Compañía Noroeste S.A. de Transportes (Línea 343) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-03

Donde existen vías reguladas por semáforos, aun con luz verde habilitante, debe conservarse la precaución general de manejo ante los "riesgos propios de la circulación" (art. 54 inc. 1 "a" y 51 inc. 3 de la ley 11.430) e inclusive "permitirse finalizar el cruce iniciado por otro vehículo" (art. 54 inc. 4 de la citada normativa).
Conciliación laboral, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: NUÑEZ HECTOR ANTONIO c/ SAFICO S.A. S/DIFERENCIA DE LIQUIDACIÓN FINAL, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-27

El art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo (Nro. 20.744) claramente condiciona la validez de los acuerdos a la intervención de la autoridad judicial o administrativa y su consecuente homologación pero no consagra excepción alguna tal como la ejecución del mismo ni el tiempo transcurrido entre su celebración y el reclamo del trabajador respecto de los derechos involucrados en el convenio.
Prisión preventiva, plazo, cómputo privilegiado de la privación de libertad, aplicación de la ley, personas privadas de la libertad, procesado
Materia: PENAL
Carátula: Carrizo, Hugo Oscar; Lema, Raúl Víctor y otro s/ robo calificado por homicidio en grado de participación primaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Las "objetivas razones" de diferenciación ente los procesados y los condenados a los fines de la aplicación de la ley 24.390 surgen de la imposibilidad de asimilar la situación de los primeros, que aún no fueron juzgados, con la de los condenados, sometidos en forma definitiva a la decisión jurisdiccional de culpabilidad (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F.

López y Adolfo Roberto Vázquez).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, obra en construcción
Materia: LABORAL
Carátula: VILLALBA,  VIUDA  DE  LOYOLA,  MIRTA  RAMONA  SUSANA POR SI Y SU HIJO MENOR DARIO SEBASTIAN LOYOLA c/ PENTA ALUMINIO SA. Y OTRA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-12-31

Si la cosa riesgosa - en el caso, una obra en construcción - no era de propiedad del subcontratista empleador, ni estaba bajo su guarda este debió exigir a la empresa constructora la colocación de las defensas necesarias, y en caso negativo ponerlas por su cuenta o negarse a prestar los servicios subcontratados; su omisión lo hace responsable en los términos del artículo 1109 y concordantes del código civil por el accidente mortal sufrido por el trabajador.
Procedimiento administrativo, proceso judicial, inhabilidad de instancia, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: KEXEL DE TREJO, MARIA ANGELICA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

Lo que se decide en la habilitación de la instancia es el acceso a la jurisdicción, más no el resultado del pleito y mucho menos, los posibles fundamentos de la sentencia a dictarse. Es por ello que, en los supuestos de duda, rige el principio de "pro actione", por el que debe estarse a favor de la habilitación con el fin de resguardar la garantía de la defensa en juicio de los derechos (cfr. C.S.J.N. sent. del 27.06.89 "Mackentor S.A. c/ O.S.N." y C.N.Cont.Adm.Fed., Sala II sent. del 02.09.93 "Fibrasur S.A. c/ Estado Nacional" y C.N.Cont. Adm.Fed. sent. del 29.06.93 "Susteras, Aída Viviana c/ Estado Nacional").
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, daño psíquico
Materia: LABORAL
Carátula: Farfan Juan Carlos c/ La Segunda ART SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-07

El juez a quo rechazó el reclamo por daño psicológico por considerar que el hecho que motivó el reclamo -accidente en motocicleta cuando el trabajador conducía hacia su trabajo- no reviste entidad suficiente como para generar la incapacidad psíquica estimada por la perito médica interviniente en la causa. El demandante cuestiona tal decisión. Le asiste razón. Se desprende del psicodiagnóstico que le fuera practicado al actor la existencia de un trauma psíquico que se ha producido dentro del contexto de una personalidad de base neurótica, con rasgos obsesivos, y que actualmente provoca una perturbación emocional que repercute en todas la áreas vitales del actor: emocional, social, laboral y corporal. La magnitud de estas manifestaciones son generadoras de una incapacidad para el trabajo. Tal como manifestara la licenciada en psicología, coexisten factores predisponentes y desencadenantes que inciden en similares proporciones. Si bien no son los peritos médicos los que fijan la incapacidad, sino que ella es tan sólo sugerida por ellos y, finalmente, determinada por el juzgador basándose en las pruebas que surgen del expediente y las normas legales de aplicación, su informe resulta fundamento adecuado para la determinación de la minusvalía que se ordene reparar. De no ser así, nos encontraríamos con resoluciones arbitrarias e impropias basadas en subjetividades que, en el caso, resultan contrarias al derecho del reclamante y víctima del daño. Por lo tanto, y ponderando el informe psicológico cabe establecer que el trabajador padece una incapacidad psíquica del 5% de la T.O.. (Del voto de la Dra. Craig, en mayoría).
Libertad condicional, reincidencia, menores, Reglas de Beijing
Materia: PENAL
Carátula: T., B. N. c/  s/ Legajo de Ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-15

Es inconstitucional la limitación de la libertad condicional establecida en la segunda parte del art. 14 del Código Penal respecto de aquellas personas que al momento de la comisión del delito no alcanzaron la mayoría de edad, puesto que así como el instituto de la reincidencia no les es aplicable por expresa manda del legislador. A poco que se analiza este instituto, se comprende que su principal consecuencia es la de vedar el acceso al régimen de la libertad condicional (art. 14, primera parte, del Código Penal), es decir idéntica consecuencia a la prevista por la segunda parte de ese artículo. Si bien del debate parlamentario que precedió a la sanción de la ley 25.892 no surge respuesta expresa respecto de por qué motivo el legislador no efectuó una exclusión análoga a la efectuada respecto de la reincidencia a los menores, cabe considerar -en el plano constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.)- el art. 37 inc. b) de la Convención de los Derechos del Niño y -en el internacional- el art. 28 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de menores, más conocida como Reglas de Beijing, en cuanto resultan reglas que aunque conforman lo que en derecho internacional se denomina "soft-law", no es menos cierto que constituyen lineamientos que los Estados deben contemplar a la hora de diseñar regímenes legales, y valiosas pautas de interpretación del derecho aplicable al universo de casos que pretenden regular, tal como fue señalado en el precedente "Maldonado" por el juez Fayt al señalar que el poder punitivo no se manifiesta únicamente mediante la imposición de una pena, sino también con la manera en que ésta es ejecutada (voto del juez Bruzzone al que adhirió la jueza Garrigós de Rébori).
Prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Nuñez, Carlos Alberto c/ SOMISA s/ Indemnización por antiguedad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30

Corresponde privativamente a la justicia laboral de instancia única la valoración del material probatorio.
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Paniagua de Maiaru,Isabel A. c/ López, Carlos Alberto y Ots. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-12

Establecer que los montos de condena fijados en la sentencia de primera instancia se confirman a la fecha del decisorio de segunda instancia, no altera la solución dispuesta en el primero si a esa fecha, el fallo se encontraba comprendido dentro de las disposiciones de la ley de convertibilidad.
Prueba pericial, carácter vinculante
Materia: LABORAL
Carátula: Seoane, Cecilia Esther c/ Italar S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

No es admisible que, con el fundamento de que la pericia no fue impugnada, el juzgador descarte de plano el ejercicio de sus propias e indisponibles facultades de apreciación, admitiéndose por vía indirecta que la conclusión del perito deba ser sin más reverenciada, como un anticipo de la decisión final.
Empleados públicos, abuso del derecho, declaración de oficio, proceso judicial, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Rigoni, Conrado Narciso c/ Municipalidad de Villa del Rosario s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-04-14

La actitud del trabajador de reclamar el pago de las licencias legales que ya la demandada le había pagado y aquél había gozado sin prestación de tareas prevaliéndose para ello de las falencias documentales de la demandada,constituye un apartamiento de la buena fé y un ejercicio abusivo de los derechos que la ley no ampara.
Compraventa de automotores, transferencia del automotor, embargo, tercería de dominio
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rojas, Marcelo Alejandro c/ Taita, Luis José y otro s/ ejecutivo s/ incidente de terceria de dominio de orduña alfredo fernando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-23

En tanto la propiedad de un automotor solamente se adquiere por su inscripción registral (art. 1° decreto-ley 6582/58: 1), no basta la posesión del mismo para fundar debidamente la tercería de dominio, de suerte que, entonces, no procede esta última si el automotor es propiedad del ejecutado y no fue transferido al tercerista (conf. CNCom, Sala E, 7/11/03, DJ, 2/6/04, pág. 353, citado por Highton, E. y Areán, B., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales - análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2004, T. 2, pág. 585, sum. 5; Podetti, J., Tratado de la tercería, Buenos Aires, 1971, págs. 125/126; Herrán, J. y Macagno, A., Tercerías en la jurisprudencia de la Provincia de Córdoba (primera parte) Tercerías de Dominio, LNC 2007-3, pág. 181, cap. IV; Rufino, M., Tercería de dominio, JA 1994-IV, pág. 1043, sumarios de jurisprudencia n° 44, 47, 48, 50 y 52). Es que dado el carácter constitutivo de la inscripción de la transferencia de un automotor en el registro respectivo, si bien el instrumento público o privado que sirve de título a la transmisión resulta válido entre las partes aun cuando no se encuentre inscripto, en tanto hace nacer entre ellas el derecho personal a exigirse recíprocamente, entre otras cosas, los actos necesarios para el perfeccionamiento de la transmisión, dicho acto es por sí mismo insuficiente para transferir el derecho real de dominio, lo que conlleva a que, entre otros peligros, el comprador se encuentre expuesto a que los acreedores del vendedor embarguen el vehículo a pesar de haber sido ya enajenado, por el simple hecho de seguir figurando inscripto a nombre del vendedor (conf. Moisset de Espanés, L., Dominio de automotores y publicidad registral, Buenos Aires, 1981, págs. 44/45; CNCom, Sala C, 22/5/01, "Gribaudo, Susana Elsa s/ tercería en autos: Castiglione, Juan Carlos Antonio C/ Sivori, Rafaela De Las Mercedes y otros s/ ejecutivo").
Regulación de honorarios, trámites judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: SETTON JOSE c/ SILBERMAN VIUDA DE BLAHIWICZ SOFIA s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

El art. 23 de la ley 21.839 exige la vista previa de las partes a fin de proceder a la regulación de honorarios, cuando para la determinación del monto del proceso debiera establecerse el valor de bienes inmuebles, pues se hacen necesarias las manifestaciones de los interesados no sólo por la eventual concurrencia de la estimación que tornaría superflua la tasación pericial, sino a fin de poder determinar, de acuerdo a las posiciones sustentadas por las partes, quien debe aportar el costo de la pericia.
Revocación de sentencia, acción de amparo, procedencia del recurso, radiodifusión, COMFER, emisoras de radio, servicio de radiodifusión, licencia de radiodifusión, adjudicación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Di Santo, Pedro Rubén c/ Comité Federal de Radiodifusión s/ amparo - ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar al amparo solicitando que se impusiera al Comité Federal de Radiodifusión la obligación de llamar a un concurso para la adjudicación de licencias de radiodifusión, si las normas aplicables no le imponen directamente dicha obligación sino que la supeditan al cumplimiento de trámites encomendados a otras áreas de la Administración y que escapan a su competencia.
Daños y perjuicios, empleados públicos, daño resarcible
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernando Raúl GUNTHER c/ ESTADO NACIONAL (EJERCITO ARGENTINO) s/ SERVICIO  MILITAR  -  DAÑOS Y PERJUICIOS - TRABAJO - RETIRO MILITAR -  DERECHO ADMINISTRATIVO  -  RESPONSABILIDAD  EXTRACONTRACTUAL - ESTADO  NACIONAL - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

Ninguna disposición constitucional destaca la posibilidad de un tratamiento distinto entre las personas privadas o públicas (Estado) y el art. 100 de la Carta Magna menciona a la Nación justiciable por cualquier clase de causa.
Seguros, seguro de automotores, inoponibilidad a terceros, recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino Osvaldo y Otro s/ Daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-06

El recurso extraordinario deducido contra la sentencia que había declarado la inoponibilidad al tercero del límite de cobertura establecido en la póliza contratada por el demandado es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). (Del voto en disidencia de los Dres. Maqueda y Rosatti)
Impuestos, Impuesto de sellos, hecho imponible, convenio de honorarios
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Abdala, Héctor Jorge -Incidente II- y Otros c/ E.N. -Poder Ejecutivo s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

Los instrumentos en los que instrumentan acuerdos celebrados entre los letrados y sus clientes respecto del pago por su labor profesional a efectuarse en sede administrativa y judicial están alcanzados por el impuesto se sellos en tanto en ellos surge en forma indubitable la ratificación de los segundos de una encomienda profesional previamente efectuada y la aceptación por parte de los futuros litigantes de la propuesta formulada por los profesionales respecto del pago de sus honorarios.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTILLO, OSCAR c/ T.A.C. s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-19

Cabe conceder el recurso de apelación extraordinario incoado por el demandado contra la decisión de esta sala que desestimó su apelación contra la resolución de primera instancia que declaró inconstitucional e inaplicable el Decreto 260/97, toda vez que -en la especie-, se ha puesto en cuestión la validez constitucional de un acto del Poder Ejecutivo Nacional, y la decisión ha sido contraria a su validez, subsumiéndose tal situación en el art. 14-inc. 1 de la Ley 48.