Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-07-06


2º Instancia. - Azul, julio 6 de 2011.

1º ¿Es justa la sentencia de fs. 699/707vta. de los autos principales de quiebra (expte. Nº 48.733) y de fs. 465/472vta. de la acción de revocatoria concursal (expte. Nº 50.132)? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Galdósdijo:

I. Causa 48.733 caratulada "Pizarro Pablo Jorge / su quiebra".

En estos autos (en adelante expediente principal o causa 48.733) se presentó Juan Tomás Wallace, con el apoderamiento convencional de la Dra. R. T., solicitando la declaración de quiebra de Pablo Jorge Pizarro (fs. 32/34), la que luego de diversas contingencias procesales se decretó a fs. 124/125, el 1º de Marzo de 1995. Se dispusieron medidas cautelares con relación a los inmuebles matrículas 12.186 y 17.214 de Azul (fs. 48) -ambos, dos fracciones de campo- las que se levantaron por encontrarse esos bienes registrados dominialmente a favor de Don Pedro J. S.A. (fs. 174 /177). Más tarde, a fs. 539/541, se rechazó la cuestión de competencia deducida por el fallido, y a fs. 553/559 la Dra. T. planteó la declaración de ineficacia de la escritura pública de venta de esos inmuebles de Pizarro a favor de Don Pedro J. S.A. A fs. 563/567 se desestimaron los recursos de reposición contra la sentencia de quiebra interpuestos por el fallido, y a fs. 618/624 se dictó la sentencia verificatoria. A fs. 641/642 se fijó como fecha de inicio de la cesación de pagos el 30 de Julio de 1993.

Desde entonces, y salvo otras cuestiones de trámite y en razón de la promoción del otro proceso (la acción de revocatoria concursal, deducida el 6 de Agosto de 1996), estos autos no registran actividad procesal relevante, hasta fs. 695 en la que media otra presentación de la Dra. T. Posteriormente se glosó copia de la sentencia dictada en aquella otra causa (expte. 50.132) la que ante al acuerdo transaccional al que se arribó entre la sindicatura y el fallido, con audiencia de los acreedores, decretó la conclusión de la quiebra y fijó la base regulatoria de los honorarios profesionales. Este pronunciamiento, sobre el que volveré al ocuparme del restante expediente (causa Nº 50.132), tiene por concluida la quiebra por pago total (art. 228 L.C.), resuelve computar a los fines de la base regulatoria para la quiebra y la acción de revocatoria concursal "el pasivo verificado y cancelado actualizado a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires", considerándolo "activo realizado" al que alude el art. 268 L.C. para la regulación de honorarios. Finalmente, difirió la efectiva regulación de honorarios para el momento que adquiera firmeza esa resolución. A fs. 710/711 se dictó la sentencia aclaratoria requerida por la sindicatura.

Contra esa sentencia apelaron: la Dra. T. por su derecho a fs. 729; el adquirente del campo y demandado en el otro juicio, Don Pedro J. S.A. a fs. 731; el contador A. J. C., perito interviniente en aquel juicio, a fs. 745 (recurso que se declaró desierto a fs. 769) y la sindicatura a fs. 748. Concedidos los recursos (fs. 730; 732, 746, 749, respectivamente) fueron fundados por la letrada del acreedor que obtuvo la declaración de quiebra Dra. T. a fs. 750/751, por el demandado en el juicio de revocatoria a fs. 753/754 y por el síndico a fs. 756/758. Dichas piezas impugnativas fueron respondidas a fs. 760/761 y 763/764 por el síndico y a fs. 766/767 por la letrada.

A fs. 774 dictaminó el Fiscal de Cámaras quien opinó que coincidía con el primer sentenciante en el sentido de computar como base regulatoria el activo realizado por tratarse de un supuesto de pago total, aunque disintió con la aplicación de la tasa activa a todos los créditos. El Sr. Juez arribó a esa conclusión -afirma- luego de señalar que en cada caso debía atenderse a la tasa de interés que correspondiera según la naturaleza del crédito, tomando en cambio la tasa activa sólo por una cuestión de practicidad y porque las deudas bancarias representan el 87,51 % del pasivo verificado.

El detalle de los fundamentos tanto de la resolución judicial como de los escritos recursivos lo efectuaré más adelante y de modo conjunto con análisis del juicio de revocatoria, en atención a que todas esas piezas procesales son idénticas o sustancialmente iguales.

A fs. 775 vta. el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.

A fs. 776 se dejó constancia de los expedientes agregados por cuerda, y requeridos oficiosamente al juzgado de origen y que corresponden a los cuadernos de prueba de la actora y de la codemandada en la acción de revocatoria concursal (que no se glosaron a aquellos autos) y a las siguientes causas: expte. 50132 "Pizarro Pablo J. Quiebra c. Don Pedro J. S.A. y Pablo J. Pizarro. Acción Revocatoria Concursal. Incidente Medidas Cautelares"; expte. 47744 "Cooperativa Agrícola Ganadera de Rauzh c. Pizarro, Pablo Jorge. Cobro Ejecutivo".

II. Causa 50.132 caratulada "Pizarro Pablo Jorge s/quiebra c. Don Pedro J. S.A. y Pablo Jorge Pizarro. Acción de revocatoria concursal".

En estos autos, a cuyas fojas me remitiré en lo sucesivo salvo aclaración en contrario (y, en adelante, expediente de revocatoria concursal o expediente 50.132), la sindicatura el 6 de Agosto de 1996 (fs. 12) promovió demanda de revocatoria concursal, conforme lo previsto en el art. 119 y concs. L.C. contra el fallido, contra Don Pedro J. S.A. y citó coactivamente al escribano H. J. F. Solicitó se declare la ineficacia e invalidez con relación a la masa de acreedores de la venta realizada por el fallido a aquella sociedad de las dos fracciones de campo pertenecientes a las matrículas 12.186 y 17.214 de Azul.

El expediente se sustanció y se abrió a prueba, formándose los cuadernos (que -como anticipé- este Tribunal requirió al juzgado de grado). En esa etapa probatoria a fs. 323/332 (del segundo cuerpo del cuaderno de prueba de la actora) el contador A. J. C. presentó su pericia que fue objeto de observaciones e impugnaciones, las que se sustanciaron (fs. 336/339, 343/346, 348, 350, 355). También intervino en el cuaderno de la codemandada y conjuntamente con C., el perito contador W. D. H. (fs. 197/206, 233/246).

Así las cosas, a fs. 367/368 vta. el síndico y el demandado Don Pedro J. S.A. arribaron a un acuerdo transaccional el que, en esencia, consiste en el pago de todos los créditos verificados, en un plazo estipulado, prestando conformidad los herederos del fallido, Pablo Eliseo Pizarro, Hernán Eliseo Pizarro, Dolores Pizarro y Carolina Isabel Pizarro, quienes manifestaron haber percibido una compensación pecuniaria de la sociedad. Por ende adhirieron al desistimiento de la acción y del derecho de todo reclamo de la sindicatura, supeditado a la condición de que se cancelen todas las acreencias. En lo relativo a los honorarios y costas se acordó que en el juicio de quiebra se regularan en base a la sumatoria de la totalidad de los importes pagados por los créditos verificados y/o declarados admisibles y que para el proceso de revocatoria se computaran las valuaciones fiscales. El Sr. Juez de grado, a fines de dar publicidad a todos los interesados, puso de manifiesto por Secretaría dicho acuerdo (fs. 369) y se presentaron y lo cuestionaron Juan T. Wallace (el acreedor que promovió la quiebra), y su letrada (la Dra. T.) y el perito C. Luego el juez convocó a una audiencia (fs. 391) en la que se fijaron ciertas pautas (fs. 409).

Posteriormente, a fs. 418/420 se dictó la sentencia que homologó condicionalmente el acuerdo transaccional, sujetándolo a que en el plazo de 30 días Don Pedro J. S.A. acredite el pago a todos los acreedores, oportunidad en la que se tendrá por concluida la quiebra por pago total (art. 228 L.C.) y en la que también se regularán los honorarios de los profesionales intervinientes en los autos principales y en la acción de revocatoria.

Paso seguido, a fs. 459 se dictó la sentencia interlocutoria que tuvo por cumplido el mencionado acuerdo transaccional y la sentencia homologatoria condicional, disponiendo que los autos vuelvan a despacho para resolver el levantamiento de la quiebra y para fijar las bases para regular los honorarios.

A fs. 465/472 se dictó la sentencia ahora recurrida, la que -en esencia- decretó la conclusión de la quiebra por pago total (art. 228 L.C.); dispuso que la base regulatoria para computar el activo realizado, tal como lo que prescribe el art. 268 L.C. para ese supuesto, está representada por el total "del pasivo verificado y cancelado actualizado a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires" el que -aclara y reitera- deberá ser considerado el "activo realizado" que determina la ley concursal para la regulación de honorarios. El razonamiento argumentativo del sentenciante ponderó que se desinteresaron todos los acreedores, por lo que el marco legal que corresponde es la conclusión de la quiebra por pago total, habiendo Don Pedro J. SA afrontado ese pago. Ahora bien, el acuerdo transaccional y las pautas que fija para la regulación de los honorarios (la valuación fiscal en la revocatoria y en la quiebra la suma de los créditos declarados verificados y declarados admisibles, con más la tasa activa) es inoponible a los letrados, peritos y terceros que no lo suscribieron. Explica que por las particularidades del caso no es sencillo determinar cual es la base regulatoria, pero lo cierto es que la quiebra no tenía activo y que la totalidad del valor del campo, sujeto a la acción de revocatoria, no podía ser tomado como equivalente al activo realizado. Se configura un supuesto singular: el pasivo actualizado a tasa pasiva y de modo estimativo arribaría a $ 655.475 mientras que el campo de 551has. tendría un valor real de U$S 3.500.000. De esta manera, y dadas esas singularidades, luego de otras consideraciones concluyó que debe tomarse como activo liquidado el resultado de sumar los créditos verificados que es el importe efectiva e íntegramente pagado a los acreedores. Descartó que la base la constituya el precio del campo porque al resultar su valor real superior al importe de las deudas de la quiebra quedaría una parte que no sería necesario vender. Y ello constituiría un remanente y no integraría la base regulatoria (art. 267 L.C.). Agrega que "la venta en la quiebra no es un castigo. Es un método para hacerse de fondos y pagar a los acreedores. Pero una vez pagados a los acreedores, en un sinsentido seguir vendiendo" (sic, fs. 701.vta.), por lo que "el real activo de esta quiebra son las sumas que han ingresado a la misma para pagar a los acreedores" (sic, fs. 700vta.). Más adelante señala que debe atenderse al pasivo real que libera a la quiebra, y no solo a las sumas realmente pagadas, porque a un pasivo del año 1995 deben adicionarse los intereses. En tal sentido cita opiniones doctrinarias que entienden que cuando el pago es total y proviene de un tercero el efecto cancelatorio requiere del cómputo de los intereses compensatorios. Si bien la tasa aplicable será la que corresponda a la naturaleza de cada crédito, o sea activa o pasiva, dado que el 87,51% de los créditos es de origen financiero, para aligerar el trámite de la causa, es decir por razones prácticas, conviene computar la tasa activa que es la propia de la entidades bancarias y "permite mantener la rentabilidad del dinero reintegrado en tiempo y forma con más los costos básicos de la organización financiera" (sic, fs. 705). Formula otras apreciaciones y, en lo medular, concluye sosteniendo, en literal transcripción, que "la base regulatoria que ha de tomarse a los fines de regular a los profesionales abogados y contadores intervinientes en esta quiebra y en la acción revocatoria concursal (excepto los adherentes al convenio transaccional) será el pasivo verificado y cancelado actualizado a tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la fecha de presentación en quiebra hasta la fecha de esta resolución. El pasivo verificado a fs. 618 y fs. 640 asciende a $ 363.951,04. La tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde Octubre de 1995 hasta Mayo de 2010 asciende a 333,7%. Por lo tanto el pasivo actualizado que ha considerado activo a los fines de esta regulación asciende a $ 1.578.455 ($ 363.951,04 + $ 1.214.504 de intereses)" (sic. fs. 706 y vta.).

Contra ese pronunciamiento dedujeron recursos de apelación: la Dra. T. por su derecho a fs. 484, el comprador del campo demandado en el juicio de revocatoria (Don Pedro J. S.A.) a fs. 486 y el perito contador C. a fs. 509. Concedidos los recursos a fs. 485, 487, 510 fueron fundados, respectivamente, a fs. 511/512, 514/516 y 518/519, recibiendo respuesta de la sindicatura (fs. 526/527, 529/531), del perito a fs. 532/533 y de la Dra. T. a fs. 535.

El Sr. Agente Fiscal que dictaminó en representación de la Fiscalía General a fs. 543/544 entendió que el decisorio debía ser modificado porque el monto total de la transacción está compuesto por la suma del pasivo de la quiebra pagado por Don Pedro J. S.A. más la suma que cobraron los herederos de Pizarro, la que no fue denunciada en autos.

En síntesis las quejas son las siguientes:

La Dra. T. sostiene que con relación a las partes que no intervinieron en el acuerdo transaccional el activo reconocido es el valor real del campo, calculado prudencialmente como activo no realizado. Luego de una reseña de los hechos y de su intervención en los dos procesos, la que considera decisiva para la declaración de la quiebra, primero, y para la promoción de la acción de impugnación por el síndico por la recopilación de antecedentes, después, explica que -tal como lo decide el fallo- el acuerdo transaccional le es inoponible a quienes no intervinieron en él. En su pieza recursiva considera mayormente justa la solución homologatoria del acuerdo referido, ya que se pagaron los créditos, pero se disconforma de la base regulatoria en ambos juicios para quienes no firmaron el convenio citado.

Al contestar el memorial la sindicatura a fs. 529/530 sostuvo que la Dra. T. solo tiene legitimación para intervenir en la quiebra pero no en el restante proceso, en el que no fue parte.

Por su lado, la sociedad demandada en el juicio de revocatoria sostiene que según lo dispone el art. 505 del Código Civil el monto del litigio convenido en el acuerdo homologado debe ser la única y misma base regulatoria para todos los intervinientes. Invoca la doctrina de la Corte Nacional y de la Suprema Corte de Buenos Aires sobre la oponibilidad de la transacción a quienes no intervinieron en ella, acota que también la ley arancelaria local establece que la base regulatoria resulta del monto de la transacción y, en subsidio, argumenta que no debió aplicarse al total de los créditos pagados la tasa activa, debiéndose estar al monto de los créditos efectivamente pagados y que, en su caso, la tasa de interés debe ser la pasiva.

El perito C. se disconforma porque el proceso de revocatoria es un juicio ordinario en el que corresponde regular sus honorarios según lo prescribe la ley arancelaria local, la ley 10.620, por el monto del proceso que es el valor real del campo. Acota que no cabe dudas que el objeto de la revocatoria es el campo de 551 has. y que el valor de ese bien deberá ser la base regulatoria.

Sustanciados los recursos, el expediente quedó en condiciones de ser resuelto (fs. 545 y vta.).

III. 1. Anticipo criterio en el sentido de que procede modificar parcialmente el resultado de ambos procesos en los que se dictó sentencia única disponiéndose, con relación a los terceros que no intervinieron en el acuerdo homologado, que la base o monto del proceso de quiebra para el juicio de revocatoria concursal lo constituye el activo liquidado que en el caso está conformado por la suma de los créditos verificados y cancelados con más intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento a treinta días, cómo lo decidió la sentencia impugnada, desde la fecha que ella dispone (Octubre de 1995) pero hasta la de su efectivo pago, debiendo practicarse la liquidación pertinente (arts. 228, 229, 240, 265 inc. 5, 266, 267, 268 inc. a y concs. L.C.). Y para el juicio de revocatoria concursal para los profesionales abogados y los peritos se deberá habilitar la instancia incidental que establece el art. 27 inc. a ley 8904, prevista para el supuesto en el que el letrado considera inadecuada la valuación fiscal del inmueble (arts. 1º, 16, 21, 27 inc. a y concs. ley 8904 y arts. 1º, 168, 172, 173 ley 10.620 T.O. ley 13.750).

2. Cabe, inicialmente, desestimar la impugnación de la sindicatura de falta de legitimación de la Dra. R. T. para intervenir en el expediente de revocatoria concursal (causa 50.132).

Descartada cualquier duda sobre la procedencia de incluir en los autos principales la regulación de honorarios a la Dra. T., como letrada del acreedor que pidió y obtuvo la declaración de quiebra, porque está comprendida en los gastos de justicia que prescriben el art. 240 (fs. 32/ 35 expte. 48.733; arts. 240 y 265 L.C.; conf. Baracat Edgar "Derecho Procesal Concursal" pág. 481; Pesaresi Guillermo M-Passarón Julio F "Honorarios en concursos y quiebras" pág. 279; Rouillón Adolfo-Ruiz Sergio en "Código de Comercio. Comentado y Anotado", Adolfo Rouillón (Director) T. IV-B p. 741 Nº 3), igualmente debe admitirse su intervención en el proceso de revocatoria concursal. No es esta la oportunidad para determinar el alcance ni el mérito de esa intervención pero sí la de admitir su legitimación, la que deriva de las particularidades del caso: en este expediente (causa 50.132) el síndico, los herederos del fallido, y el comprador del campo demandado por impugnación de la venta, arribaron a un acuerdo transaccional. En base a él, el tercero - Don Pedro J. S.A.- pagó todos los créditos y luego se lo homologó y se fijaron las bases para regular honorarios. Todo ello, cómo se señaló en el considerando I, con audiencia de los acreedores, incluso de la letrada mencionada que asistió a la audiencia fijada al efecto e instó el proceso (expte. 48.733: fs. 696, 699/707 y aclaratoria fs. 710/711; estos autos: actuación Dra. T. fs. 343/344; acuerdo transaccional fs. 367/368; proveído fs. 369 que lo pone de manifiesto por Secretaría; objeción de J. T. W. de fs. 370/372 y de C. de fs. 374; audiencia celebrada a fs. 409, aceptación del acuerdo de fs. 410 por W.; sentencia homologatoria de fs. 418/420 y su aclaratoria de fs. 422, depósito del crédito de W. de fs. 458 y libranza fs. 461; proveído fs. 459 y sentencia fs. 465/472).

Es decir el trámite de homologación del acuerdo transaccional se sustanció con la participación activa de la Dra. T., quien actuó en un tramo en defensa de los derechos de su mandante, el acreedor que obtuvo la declaración de quiebra (J. T. W.), y en el suyo propio; y en el segundo tramo en su propio interés. En la misma situación cabe ubicar al perito contador A. J. C. Todo ello sucedió de esa manera por la singularidad del trámite que acertadamente le asignó el juez de la causa al conferir publicidad e intervención a los acreedores en la etapa de evaluación de la admisibilidad y procedencia de la homologación del acuerdo transaccional, tal como lo reseñé antes (Considerando I).

De esta manera la cuestión atinente a la conclusión de la quiebra por pago total se suscitó en el juicio principal y en el juicio de revocatoria concursal, al unificarse el debate de este tópico, con el asentimiento de la sindicatura, los herederos del fallido y del demandado Don Pedro J. S.A. Tan es así que la conclusión de la quiebra del patrimonio del ahora fallecido Pablo Jorge Pizarro solo fue posible por la celebración y cumplimiento de ese acuerdo, vinculándose de modo inescindible esa última etapa o tramo de ambos procesos. No es ajeno a ello que, como lo puntualiza la Dra. T., iniciado el juicio de revocatoria concursal por el síndico el 6 de Agosto de 1996 (fs. 4/12), el acuerdo se formalizó en estos autos en diciembre de 2009 (fs. 367/368), en fecha contemporánea con el avance de la etapa de prueba en este proceso (conf. cuaderno de prueba de la actora, agregado por separado por cuerda, fs. 441 y ver fs. 447 de la demandada).

En definitiva: la legitimación de la letrada Dra. T. resulta de su directa e inmediata participación en el iter del proceso que resultó común a ambos juicios, y que constituyeron un bloque fáctico y jurídico único e inescindible: lo atinente a la presentación del acuerdo transaccional y al debate de su admisibilidad formal, primero, (a fs. 418/420 se lo homologó condicionalmente) y de su procedencia, después, cuando se tuvo por cumplida la obligación de pago a los acreedores y que asumió la sociedad demandada (fs. 465/472vta.).

En otras palabras: un segmento secuencial del proceso de impugnación de la venta del campo se "publicitó" porque de conflicto bilateral (actora y demandados: el fallido, el comprador y el escribano) se amplificó con la convocatoria de todos los acreedores, algunos de los cuales solo dieron cartas de pago y, otros -como la Dra. T.- asumieron un rol más activo, por lo que sin ser parte (en el puro sentido procesal) su actuación profesional pudo haber devengado su derecho a los honorarios por la actividad que redundó en beneficio de la quiebra al posibilitar su conclusión por pago total (art. 228 L.C.).

3. El mentado acuerdo, y como anticipé, se celebró entre el síndico, el demandado, los herederos del fallido (cuyos vínculos filiatorios deberán luego ser acreditados; arts. 34 inc. 5 ap. a, b, c, d y art. 36 inc. 2 C.P.C.) y sus letrados. Y en él, y para lo que importa, se convino:

-el desistimiento por la sindicatura de la acción y del derecho, sujeto a muy específicas condiciones y estipulaciones de las obligaciones de pago a todos los acreedores que asumió Don Pedro J. S. A. (cláusulas 1º, 2º, 4º, 6º);

- el fallido, representado "por sus sucesores universales prestó conformidad, manifestando que han recibido de Don Pedro J. S.A. una compensación pecuniaria previa que los hace desistir de la acción y del derecho de todo reclamo a la Sindicatura y a Don Pedro S.A. como consecuencia del acuerdo transaccional" (cláusula 7º, fs. 368);

- "las partes para arribar al acuerdo han considerado el estado de las actuaciones, la validez del negocio de compraventa celebrado por Pablo Jorge Pizarro y Don Pedro J. S.A. y las posibilidades que tienen cada una de obtener una sentencia favorable, lo que los lleva a la transacción como modo de concluir con las pretensiones que cada uno hiciera valer en el pleito" (cláusula 8º, fs. 368);

- En el proceso de quiebra se acordó que "a los efectos de la tasa de justicia y de la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes la base imponible o monto del asunto será la que corresponda a la sumatoria de la totalidad de los importes pagados por los créditos verificados y/o declarados admisibles" (cláusula 4º punto b, fs. 367vta.).

- Para el juicio de revocatoria se convino "a los efectos de la tasa de justicia y la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes la base imponible o monto del asunto será el que corresponda a las valuaciones fiscales sobre los inmuebles objeto de autos que se acompañan al presente" (cláusula 3º punto b, fs. 367vta.).

4. Se advierte, entonces, que el punto de discusión radica en la base regulatoria sosteniendo el demandado la oponibilidad de la transacción a todos los terceros que no fueron parte de ese acuerdo. Pero esa oponibilidad, que es la doctrina de esta Sala y de la Casación Bonaerense, no es de aplicación en este caso.

Es cierto que como lo expresa el recurrente Don Pedro J. S.A., esta Sala se pronunció sobre el tema acogiendo la doctrina de la Corte Nacional, por entonces divergente de la doctrina legal de la Suprema Corte de Buenos Aires, sosteniendo que la suma transaccional resulta oponible a los letrados que no participaron en él (esta Sala, causa Nº 50850, 5/6/2007 "Erguy"). Se decidió allí, por sus fundamentos y en acatamiento a la jurisprudencia de la Corte Nacional que "entre los profesionales intervinientes en el pleito y las partes existe una relación jurídica -sustancial y procesal- que es la que hace que lo dispuesto por ellas en el acuerdo dispositivo transaccional respecto del derecho sustancial controvertido pueda reflejarse en el interés de aquellos, inclusive afectándolo" (C.S. 11/4/2006 "Coronel", LA LEY, 2006-C, 438; esta Sala causa Nº 50850, 5/6/2007 "Erguy"). Más aún, en el año 2009 la Suprema Corte, en una nueva sentencia que debió pronunciar en la causa "Galmez", por haber la Corte Nacional anulado la anterior, decidió que "si bien la transacción como contrato no puede perjudicar a terceros por aplicación del efecto relativo, desde el punto de vista procesal extingue el proceso, de modo que puede y cabe distinguir, por ello, los efectos sustantivos inoponibles, de los procesales oponibles, ya que se trata de un contrato con repercusiones procesales" (S.C.B.A. Ac. C86214, 8/7/2009 "Galmez, Sara Paola y otros c. Martínez Bohero, Miguel E. s/Daños y Perjuicios", Juba B31299). Queda claro, en resumidas cuentas, que en la actualidad la adecuación de la doctrina legal de la Suprema Corte a la jurisprudencia de la Corte Nacional supone, por principio, que la transacción alcanza a los terceros, entre ellos los letrados y los peritos, y que la regulación de honorarios debe efectuarse sobre el monto total del acuerdo transaccional (S.C.B.A. causa cit. 86214, 8/7/2009 "Galmez"; C.S. 11/4/2006 "Coronel, Martín F. c. Villafañe Carlos A. y otra" LA LEY, 2006-C, 438; C.S. 11/4/2006 "Murguia, Elena Josefina c. Green, Ernesto Bernardo s/Cumplimiento de Contrato"; C.S. 15/8/2006, "Zambrana Serrudo, René c. Derudder Hermanos S.R.L.").

Sin embargo, la jurisprudencia de este Tribunal -reitero, en acatamiento a la de la Corte Nacional y ahora de la Suprema Corte- que predica la oponibilidad de la transacción a los letrados y terceros que no participaron en ella, no importa en este caso admitir la base regulatoria acordada entre el síndico, los herederos del fallido, el demandado y los letrados que lo suscribieron. Ello así no solo porque la misma jurisprudencia deja a salvo la posibilidad de que las partes aleguen y prueben que el monto del juicio transado dolosa o fraudulentamente no está destinado a regular los intereses de las partes sino a burlar la justa retribución de los profesionales (C.S. "Coronel", "Murguia", cit), que no es el caso de autos, sino porque el acuerdo transaccional de fs. 367/368 carece de expresa determinación de su cuantía final y total.

En otras palabras si bien se pactó cuál sería la base para regular los honorarios, no sólo no se especificó el concreto contenido económico del acuerdo (el "quantum" de los créditos verificados que pagó Don Pedro J. S.A.), sino que también integra "una compensación pecuniaria" abonada a los herederos del fallido, omitida denunciar, como lo puntualiza el dictamen fiscal (fs. 544). En resumidas cuentas: ni en el acuerdo ni con posterioridad cuando se cancelaron los créditos ni cuando se controvirtieron la sentencia apelada, las partes que suscribieron el acuerdo denunciaron su cuantía, -lo que ya de por sí torna inaplicable la doctrina de la oponibilidad del acuerdo a terceros- sino que se silenció de modo categórico el "plus" que también integra y conforma la base económica del acuerdo (la compensación pagada a los herederos del fallido). Por ello corresponde disponer que en el caso no tiene efectos vinculantes el acuerdo transaccional y acudir a la base regulatoria que en caso de cancelación de la quiebra por pago total establece la ley concursal: el monto del activo realizado (arts. 265 inc. 5 L.C., 267, 268; S.C.B.A. Ac. 42811, 19/6/1990 "Cabral", ED 139-607 y A. y S. 1190-II-543, citado en el fallo recurrido).

Por lo demás, y ello no es menor, la legislación concursal es la ley específica que regula la materia (argumentos de la Corte Nacional en precedentes invocados en "Murguia" y "Coronel"), desplazando las leyes arancelarias locales (Pesaresi-Passarón, ob. cit. p. 320, Nº 120).

5. La sentencia recurrida decidió que la quiebra concluyó por pago total, aspecto firme y consentido (arts. 228, 229, 265, 266, 268 L.C.). En tal caso la ley especial establece que "la regulación de los funcionarios y profesionales se efectuará sobre el activo realizado..." fijando luego los porcentajes mínimos y máximos (art. 267 cit.).

La interpretación de la composición del activo liquidado en la quiebra liquidativa ha generado ciertas disputas interpretativas si una opinión sostiene que activo realizado o activo producido o activo líquido implica siempre "el total del activo vendido y no el importe neto resultante de las enajenaciones". Se trata del precio obtenido con las ventas. Otra posición afirma que cabe "interpretar que el æactivo realizadoÆ a los fines arancelarios es asimilable al concepto de æactivo depositadoÆ, æactivo líquidoÆ y/o æactivo distribuibleÆ. Entiende que la correlación del art. 267 con el texto del art. 265 permite advertir que la base económica de regulación la constituyen los montos objeto de efectiva distribución entre los acreedores, pues son los que dan lugar a la posibilidad de que en el proceso liquidativo exista distribución y, por ende, se ven los presupuestos para la regulación de honorarios" (Junyent Bas Francisco-Molina Sandoval Carlos A. "Ley de Concursos y Quiebras", Tomo II pág. 577; Moro, Carlos E. "Ley de Concursos" T. III pág. 2434 y ss., con transcripción de fallos de la Suprema Corte de Mendoza, con votos de Kemelmajer de Carlucci que se inclina por la primera posición; en el mismo sentido voto de la mayoría en Cám. Nac. Com. Sala A, 28/12/2010, "Desarrollos Forestales S.A.", LA LEY, 2011-B, 375, con nota de Graciela S. Roselli-Julián Esteban Anastasio; Cám. Nac. Com. Sala A, 26/6/2007 "Lapa S.A. s/quiebra". En el segundo sentido, voto de la minoría de las causas cit.; Martorell, Ernesto Eduardo "Tratado de Concursos y Quiebras", T. III pág. 632).

Si bien el "quid" en autos es otro, porque en estos procesos la liquidación de la quiebra no se concretó mediante la venta de bienes, la referencia anterior procura considerar el argumento que equipara el activo realizado con el activo liquidado porque, de lo contrario, podría llegarse al absurdo "que los estipendios resultantes excedieran las propias existencias de los fondos, lo que resulta contrario al espíritu de la ley concursal" (Junyent Bas Francisco-Molina Sandoval Carlos A., ob. cit., pág. 17).

En el "sub-lite" el activo liquidado debe determinarse atendiendo a que el pago total lo efectuó un tercero, a que el monto no está totalmente precisado y que incluyó una "compensación pecuniaria" a los herederos del fallido (omitida denunciar), y que al resultado final se arribó por desistimiento del proceso de impugnación de la venta de un campo, cuyo valor total supera varias veces el quantum concreto del pasivo. Sin embargo el valor real del campo no es técnica y dogmáticamente la base regulatoria determinante del activo, toda vez que pertenece al dominio de un tercero, Don Pedro J. S.A., como acertadamente lo resolvió la sentencia apelada.

En estos supuestos de pago total en caso de quiebra liquidativa (arts. 265 y 267 L.C.) el fallo menciona las tres hipótesis que contemplan Pesaresi y Passarón: "1) que el activo haya sido realizado en forma total; 2) que el activo haya sido enajenado parcialmente, en cuyo caso habrá de adicionarle el no realizado, estimado prudencialmente; ó 3) que ninguno de los bienes que componen el activo haya sido liquidado, correspondiendo su consideración en forma prudencial. En definitiva, el envío al art. 267 sencillamente implica como base regulatoria al activo falencial, con independencia de que haya o no habido realización total o parcial de los bienes" (auts. y ob. cit. págs. 324/325).

Sin perjuicio de que en el caso se estaría ante el tercer supuesto de los mencionados (liquidación del activo sin venta de ninguno de los bienes), no debe soslayarse que algunos autores y fallos sostienen que "si existieran bienes aún no liquidados al momento de la conclusión por pago total, corresponderá al juez la prudente estimación de su valor actual, para integrar la base de cálculo de los honorarios, de similar modo que en el caso de avenimiento" (art. 267, párr. 2, L.C.Q.; Adolfo Rouillón y Sergio Ruiz en Rouillón-Alonso "Código de Comercio" T. IV-B pág. 743; en ese sentido Grispo, Jorge D. "Tratado sobre la ley de Concursos y Quiebras. Ley 24.522", pág. 1171). Añade Baracat que "si el pago se concretara cuando aún no comenzó la liquidación, o cuando solo mediara liquidación parcial, a nuestro juicio, la cuestión debería resolverse a la luz de lo que dispone el 2º apartado del art. 267, calculándose prudencialmente el valor del activo hasta entonces no realizado, para adicionarlo al ya realizado, y teniendo en consideración la proporción de tareas efectivamente cumplidas" (Baracat, Edgar J. "Costas y honorarios en el procedimiento concursal", pág. 96).

Con todo esto quiero enfatizar que el cálculo prudencial del activo es una regla genérica contenida en la ratio de la ley concursal (arts. 265 y 267 L.C.).

Por ello: y no estando determinado en esta quiebra cuál fue el activo liquidado (ni el "realizado" ni el "neto o líquido"), lo que se dificulta aún más porque el campo (en cuanto objeto del proceso de impugnación de venta) no está incluido en el activo, procede acudir como parámetro interpretativo a la estimación prudente del activo, el que -insisto- constituye un criterio general. Ello, por otro lado, coincide con la propuesta solutoria de Pesaresi y Passarón (ob. cit. ps. 324/325, 3er. supuesto): la estimación prudencial del activo por el juez cuando no se liquidó ningún bien. Por lo demás y con fuerza argumentativa coadyuvante, no puede dejarse de lado que como también lo explican los autores citados "en la práctica, cuando no es posible contar con las pautas objetivas del activo se ha tenido en cuenta como parámetro secundario, no legal pero sí consuetudinario, el monto de los créditos verificados, pues el importe pagado efectiva e íntegramente por el fallido a los acreedores importa de algún modo un activo correspondiente al patrimonio quebrado" (aut. y ob. cit. pág. 325 y arts. 208, 209, 210, 211).

La interpretación del Sr. Juez "a quo" es acertada en cuanto computa como activo liquidado, estimado prudencialmente (agrego por mi parte) al del pasivo verificado pero con adición de intereses a la tasa activa, hasta el momento del pago efectivo. El cómputo de esa tasa obedece no solo al criterio de practicidad y facilitación del trámite sustentado por el Sr. Juez de grado, porque las deudas bancarias representan el 87,51% del total del pasivo verificado, sino porque esa tasa constituye, en el marco de las tantas veces señaladas singularidades del caso, un razonable y adecuado criterio para estimar judicialmente el activo liquidado (arts. 267 y 268 L.C.).

Los recurrentes no contradicen un argumento nuclear del fallo: cuando el pago total es a cargo de un tercero el requisito de la integridad requiere de la adición de los intereses (conf. in extenso las citas jurisprudenciales de Rivera, Julio César-Roitman Horacio-Vítolo Daniel Roque "Ley de Concursos y Quiebras" pág. 391). "Cuando el pago total a los efectos de la conclusión de la quiebra (art. 228 de la L.C.Q.) no se deriva de la liquidación de los bienes del activo falencial sino que proviene del depósito de fondos por el fallido o por terceros, deben computarse los intereses de los créditos verificados como parte de la suma a satisfacer, pues tratándose de un pago de origen extraconcursal no hay razones para dispensar a los depositantes de las reglas comunes sobre la integridad del pago, que exigen la inclusión de los accesorios, ni para beneficiarlos con los institutos típicos de la solución falencial como la suspensión de los intereses (C.N.Com. Sala B, 16/3/2001 "De Miguel, Pedro s/Quiebra", LA LEY, 2001-D, 714; cit. en la ob. cit.; también transcribe esa doctrina, sin formular reservas Farina Juan M.-Farina Guillermo "Concurso preventivo y quiebra" T. 2, pág. 535 Nº 898; en el mismo sentido C.N.Com. Sala E, 28/2/2001 "Club Pyramid S.A. s/Quiebra", R.S. y C. Nº 9, p. 224). Sostiene Rivera que "cuando se pretende la conclusión de la quiebra mediante el pago en el expediente con dinero proveniente del fallido o de un tercero, el pago debe comprender los intereses" (Rivera, Julio César "Instituciones de Derecho Concursal", T. II. pág. 300).

En suma: a los fines de la regulación de honorarios de los letrados, peritos y terceros que no intervinieron en el acuerdo transaccional celebrado a fs. 367/368vta. corresponde computar, por las singularidades del caso, como activo liquidado (arts. 267 y 268 L.C.) la totalidad de los créditos verificados y pagados que el fallo de 1º Instancia cuantificó en $ 363.951,04 al mes de Octubre de 1995 al que se le adicionaron los intereses a la tasa activa que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento a 30 días y hasta el momento del pago efectivo, para lo cual deberá practicarse liquidación. Este criterio representa un razonable parámetro de estimación del activo liquidado (doctr. art. 267 y concs. L.C.).

Las costas de la Alzada en el juicio de quiebra serán soportadas por su orden, atento la naturaleza de la cuestión y la forma de resolver (arts. 68 y 69 C.P.C.).

6.En el expediente 50.132 de revocatoria concursal la base regulatoria que se fijó para los profesionales abogados y contadores es la valuación misma que para la quiebra. La Dra. T. y el perito contador C. se disconforman porque sostienen que debe aplicarse el valor real del campo objeto de la acción de revocatoria concursal. La letrada acota que se lo tiene a valor prudencial y real considerándolo como activo no realizado.

Sobre el punto corresponde señalar que la regulación de honorarios que habrá de practicarse en este proceso es otra -esto es diferenciada- de la que corresponde al proceso principal por conclusión de la quiebra por pago total (arts. 265, 267, 268 inc. 1 y concs. L.C.). Es un juicio conexo pero por tratarse de una acción ordinaria de la ley concursal (art. 119 L.C.), está sometida al régimen de la ley arancelaria local (Pesaresi - Passarón, ob. cit. pág. 589 Nº 253 y argumento análogo con relación a otros incidentes como la escrituración en ob. cit. pág. 569 Nº 234, sea por analogía o por supletoriedad; Hitters-Cairo ob. cit. pág. 449 Nº 36.2.a). Por ello no procede, en la causa Nº 50.132 de revocatoria concursal computar la base regulatoria que es la propia de la quiebra sino la que se corresponda con la naturaleza del proceso y conforme la ley arancelaria local (ley 8904 -art. 36- y 10.620; esta Sala causa Nº 51820, 14/11/2007 "Gelso Néstor c. Laborda Ricardo s/Acción de Revocatoria"; Pesaresi-Passarón, ob. cit. pág. 590 Nº 254).

Por lo expuesto soy de la opinión que se debe modificar la sentencia apelada que unificó la base regulatoria y versando este juicio (causa 50.132) sobre un bien inmueble, en el marco de un juicio de quiebra, oponiéndose la letrada y el perito -por no resultar alcanzados por el acuerdo transaccional- a la pauta arancelaria computada, procede habilitar la instancia incidental que les permita alegar y estimar el valor del inmueble que ellos entienden corresponde aplicar al caso (art. 27 inc. a, 36 y concs. ley 8904; arts. 207, 215 y concs. ley 10.620).

Es decir, mediando disconformidad de ambos profesionales con relación a la pauta considerada, debe admitirse el trámite de estimación del valor del bien, o de una parte del inmueble (Hitters-Cairo ob. cit. pág. 319) o, incluso, también podría, en su caso, considerarse el criterio o método que prevén los arts. 241 -texto según ley 13.920- del Código Fiscal y el art. 47 de la ley 14.200 (ley impositiva del año 2011, actual art. 263 Código Fiscal - T.O. Resolución 39/11).

En definitiva, no corresponde tomar como base regulatoria para la regulación de honorarios de la acción de revocatoria concursal el activo realizado (arts. 265, 267 y 268 L.C.), la que por aplicación de las leyes arancelarias locales deberá ser determinado en el trámite incidental, que corresponde habilitar, ante la oposición de la Dra. T. (art. 27 inc. a ley 8904) y del contador C., unificando de este modo el monto del proceso (arts. 207 y 215 ley 10.620).

Sin costas en la Alzada en el incidente de revocatoria concursal, no sólo porque -por vía de principio- las incidencias vinculadas a la determinación de la base regulatoria no generan costas, sino también por el resultado al que se arriba (arts. 68 y 69 C.P.C.). Tiene dicho este Tribunal que "las cuestiones relativas a la cuantía de los honorarios, la determinación de la base regulatoria o la oportunidad de la regulación no originan una litis incidental específica, generadora de costas con honorarios propios (Cám. Nac. Com. Sala D, 18/2/97 "Indeval" Rev. J.A. Nº 6061, pág. 65; esta Cámara Sala I, causas Nº 39286, 11/12/98, "Rovira"; Nº 42623, 08/02/01 "Subsecretaría de Trabajo Pcia. de Bs. As."; esta Sala causa Nº 42153, 22/09/00 "Wallace"; Nº 50364, 10/10/06 "Banco de la Provincia de Bs. As."; Nº 50350, 26/12/06 "Banca Nazionale", entre otras).

Así lo voto.

El doctor Peralta Reyes, por los mismos fundamentos adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.

2º cuestión. - El doctor Galdós dijo:

Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, corresponde confirmar, en lo sustancial, la sentencia única dictada disponiendo que: 1) en la causa Nº 48.733 "Pizarro Pablo Jorge /su quiebra" el monto del activo realizado a computar para la regulación de honorarios de los terceros que no intervinieron en el acuerdo transaccional homologado (arts. 265, 267, 268 inc. 1 L.C.) será el siguiente: al monto del pasivo verificado que se estimó en la sentencia de grado en $ 363.951,04 al mes de Octubre de 1995, se le adicionará la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento a treinta días, desde entonces y hasta la fecha en que quede firme la liquidación que al efecto se deberá practicar. Con costas en la Alzada por su orden (art. 68 C.P.C.); 2) en la causa Nº 50.132 "Pizarro Pablo J. Quiebra c. Don Pedro J. S.A. y Pablo J. Pizarro. Acción Revocatoria Concursal. Incidente Medidas Cautelares" disponiendo se sustancie el incidente de estimación de la base, conforme el trámite que prevé el art. 27 inc. a ley 8904. Sin costas en la Alzada en atención a las características del caso y la forma de resolver (arts. 68 y 69 C.P.C.). 3) Dispónese que los herederos del fallido firmantes del acuerdo transaccional, Pablo Eliseo Pizarro, Hernán Eliseo Pizarro, Dolores Pizarro y Carolina Isabel Pizarro acrediten sus vínculos filiatorios en el plazo de 10 días. 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Dec. Ley 8904/77).

Así lo voto.

El doctor Peralta Reyes, por los mismos fundamentos adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.

Autos y Vistos:Considerando: Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 260 y 261 y concs. del C.P.C.C., confírmase, en lo sustancial, la sentencia única dictada disponiendo que: 1) en la causa Nº48.733 "Pizarro Pablo Jorge /su quiebra" el monto del activo realizado a computar para la regulación de honorarios de los terceros que no intervinieron en el acuerdo transaccional homologado (arts. 265, 267, 268 inc. 1 L.C.) será el siguiente: al monto del pasivo verificado que se estimó en la sentencia de grado en $ 363.951,04 al mes de Octubre de 1995, se le adicionará la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento a treinta días, desde entonces y hasta la fecha en que quede firme la liquidación que al efecto se deberá practicar. Impónense costas en la Alzada por su orden; 2) en la causa Nº 50.132 "Pizarro Pablo J. Quiebra c. Don Pedro J. S.A. y Pablo J. Pizarro. Acción Revocatoria Concursal. Incidente Medidas Cautelares" disponiendo se sustancie el incidente de estimación de la base, conforme el trámite que prevé el art. 27 inc. a ley 8904. Sin costas en la Alzada. 3) Dispónese que los herederos del fallido firmantes del acuerdo transaccional, Pablo Eliseo Pizarro, Hernán Eliseo Pizarro, Dolores Pizarro y Carolina Isabel Pizarro acrediten sus vínculos filiatorios en el plazo de 10 días. Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad. - Víctor Mario Peralta Reyes. - Jorge Mario Galdós