Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11


Causa Nº 30348/06 Caratulada: "SOLDANO, Francisco Daniel (responsable local calle José León Suárez 2227) s/ infr. art.73 ley 1472 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de septiembre de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa de la que:

La Silvina Manes dijo:

RESULTA:

1) Que la Graciela Cristina Zito, defensora particular de Francisco Daniel Soldano, interpuso recurso de apelación (fs. 385/388 vta.) contra la sentencia definitiva dictada por el a quo, mediante la cual, resolvió no hacer lugar a los planteos de nulidad formulados por la defensa, condenar a Francisco Daniel Soldano a la pena de multa de cuatro mil pesos ($ 4000), por encontrarlo autor responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 73 del Código Contravencional, con costas, declarándolo reincidente (v. fs. 373/381).

Oída la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 394/395, pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a dilucidar: ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto, en su caso ¿resulta adecuado a derecho el resolutorio recurrido.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERA CUESTION:

2) El recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 50 de la Ley Nº 12, cumpliendo con los requisitos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, en cuanto fuera planteado por quien se encuentra autorizado para hacerlo por la ley procesal, y por tener un interés jurídico en la impugnación contra una sentencia definitiva.

En efecto, la Sra. Juez de grado resolvió condenar Daniel Soldano el día 12 de julio pasado (v. fs. 381); la Sra. defensora particular interpuso recurso de apelación el día 19 de julio (fs 385/388 vta.) mediante escrito fundado con indicación de los motivos de su agravio, con lo cual el recurso de apelación ha sido interpuesto tempestivamente.

SEGUNDA CUESTION:

¿Se ajusta a derecho la sentencia recurrida 3) Que a fs. 385/388 vta. la Sra. defensora particular, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Así, sostuvo: 1) la nulidad de la audiencia del art. 41 L.P.C. pues quedó consignado en el acta la designación del Aboso, defensor oficial, a pesar de que fue ella la que se presentó y presenció dicha audiencia; 2) la nulidad del requerimiento de juicio, dada la falta de fundamentación de la pena solicitada por el agente fiscal; 3) la nulidad del acta de fs. 95 pues no cumple los requisitos establecidos por el art. 36 de rito: no cuenta con las formalidades establecidas en la norma, y por no ser labrada por quien la ley permite su labrado; y, finalmente 4) la arbitrariedad de la sentencia por contener una fundamentación aparente.

Atento a que tres de cuatro agravios se centran exclusivamente en materia de nulidades procesales -v. 1), 2) y 3) -, sin perjuicio de resultar netamente diferenciables cada uno de ellos entre sí, parece conveniente abordar, en primer lugar, el alcance de las nulidades en materia contravencional, para luego adentrarnos al tratamiento individual de cada planteo.

I. Nulidad procesal 4) En primer lugar, cabe recordar la postura que ha venido sosteniendo esta Sala en materia de nulidades, al afirmar que, en virtud de que la Ley Nº 12 no regula un sistema de nulidades a aplicar en el ámbito contravencional, sino que prevé algunas de carácter específico -como las contenidas en los artículos 32 y 51-, resulta de aplicación el capítulo VII del título V del Código Procesal Penal de la Nación -art. 6 de la L.P.C.- (in re Causa Nº 8710/CC/2006 "Acosta Rivero, Débora Soledad s/ inf. art. 83, ley 1472- Apelación", entre otras).

La declaración de nulidad posee carácter excepcional, debiendo primar los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. A partir de lo expresado, es dable afirmar que la declaración de nulidad sólo resulta procedente de advertirse que el acto viciado produce algún perjuicio real y concreto, puesto que lo contrario implicaría decretar la nulidad de un acto por una cuestión absolutamente formal (conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, "Palacios, Oscar E. s/ rec. de casación", rta. 22/6/2004, entre otras).

El propio Alsina dice: "Para que exista nulidad es esencial que exista un interés afectado... El interés es el fundamento de la seguridad jurídica", por lo tanto "no procede la declaración de nulidad sino cuando se demuestra la existencia de un perjuicio para la defensa" (Tratado teórico-práctico de derecho procesal civil y comercial, Tomo I, Compañía Argentina de Editores, 1941, p.725).

No toda vulneración de normas procesales es constitucionalmente relevante. Cuando a esa vulneración se aparejan consecuencias, y constituyen un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella, la misma tiene trascendencia; el sentido uniforme de la jurisprudencia en la materia es la interpretación restrictiva.

En palabras de Lino E. Palacio que "...No basta, por lo tanto, el derecho de impugnación abstractamente reconocido por la ley a un determinado sujeto sino que es necesario que éste tenga, en concreto, interés en impugnar la resolución de que se trate, y ese interés debe tenerse por configurado cuando el recurso se presenta como el remedio capaz de excluir el perjuicio invocado" ( "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1998, págs. 17/18).

Así se ha resuelto que: "no toda irregularidad formal determina dicha sanción. Además, que los preceptos legales sobre nulidad deben ser interpretados restrictivamente, si no se quiere desvirtuar el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica" (voto del Tragant, Suñe, José María s/ recurso de casación. CNCP - Sala III, 17/03/1997).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos 295:961; 298:312; 311:237, entre otros).

Delineada mi postura frente al alcance de las nulidades procesales, corresponde abocarme al tratamiento de cada uno de los agravios sindicados por la defensa.

II. Nulidad de la audiencia del art. 41 L.P.C.

5) En este punto la impugnante esgrime la nulidad de la audiencia del art. 41 L.P.C. y en consecuencia se revoque la sentencia en crisis. Expresa que pese a presentarse con su defendido a los efectos de realizar la audiencia antes citada, sin mediar la solicitud de la aceptación del cargo, se tomó la audiencia y previo a la declaración de Soldano, el representante de la vindicta pública nombró al Aboso, defensor oficial. Por consiguiente, debió haber firmado el defensor oficial el acta en cuestión, de conformidad con lo previsto en el art. 104 C.P.P.N..

Contrariamente a la pretensión de la defensa, el agravio planteado deberá ser desechado, pues de la lectura de las actuaciones se advierte, sin hesitación alguna, que existió un error material, que en nada invalida el acto.

6) En efecto, comparto la premisa que obliga dotar al imputado de facultades equivalentes a las de los órganos de persecución del Estado y del auxilio procesal necesario para que pueda resistir la persecución estatal, con posibilidades parejas a las del acusador.

Frente a ello, es un derecho del imputado la elección del defensor de su confianza (Fallos, 275:91), y ello integra la inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 C.N.). Los Tribunales deben suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial correspondiente, más allá de cualquier reparo formal (CS 19-XI/1991).

Sin embargo, en el presente caso, no se vulneró derecho alguno del imputado; tuvo la libertad de designar su defensora de confianza, constituir domicilio procesal, mantener entrevista previa con ella, ser asistido por su letrada no sólo en oportunidad de celebrarse la audiencia ante el Fiscal (v. fs. 103 y vta.), sino a lo largo de la tramitación de todo el proceso.

La norma en cuestión (v. art. 41 L.P.C.) no prevé ninguna formalidad mediante la cual deba confeccionarse el acta, sólo deberá dejarse constancia de todo lo acontecido, y deberá ser firmada por los intervinientes.

En consecuencia, de la simple lectura del acta se advierte que se han cumplido las formalidades de registración que exige la norma, y que el error incurrido en el nombre de la defensa técnica ha sido subsanado con la presencia misma de la Zito, quien de no haber sido aceptada por el Sr. Fiscal como letrada de confianza del imputado, no hubiera obtenido la autorización para presenciar la audiencia y suscribir el acta, previa "lectura de ésta", por lo que el acto procesal cumplió su finalidad.

De ahí que hacer lugar a la nulidad solicitada importaría decretar la nulidad por la nulidad misma, lo que no es viable a tenor de lo pacíficamente establecido por la doctrina y jurisprudencia, motivo por el cual deberá ser rechazada.

III. Nulidad del requerimiento de elevación a juicio 7) El segundo agravio esta orientado a la falta de fundamentación de la pena solicitada por el Sr. Fiscal en oportunidad de efectuar el requerimiento de elevación a juicio. Expresa que se limitó a mencionar las pautas mensurativas establecidas en el art. 26 de la ley nº 1472, pero omitió realizar un análisis racional del por qué aplicaba tal sanción, afectándose el derecho de defensa en juicio pues no se pudo contar con las pautas de mensura tenidas en cuenta por el fiscal al sólo efecto de preparar previamente a la audiencia de juicio los elementos para oponer las defensas que correspondan.

Adelantaré que la afirmación efectuada por la recurrente no se condice con las constancias incorporadas en autos.

8) El requerimiento de elevación a juicio debe contener la individualización de la persona contra la cual se dirige la imputación, la descripción y tipificación de la conducta imputada, las pruebas en las que se funda la imputación, lo que implica motivar y fundar su requerimiento, ofrecer la prueba a producirse durante el debate, así como también la pena requerida y los criterios que ha tenido en cuento para su mensuración (conf. art. 44 L.P.C.).

Este último requisito contemplado por la ley es al solo efecto de permitir una adecuada defensa con el conocimiento de la pretensión del fiscal, lo que permitirá esgrimir razones que abonen una respuesta menos grave o un tipo de pena más benévola (conf. Cevasco, Luis, Procedimiento Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Di Placido, pág.75/6).

Ahora bien, de la lectura del dictamen de fs. 106/107 vta. se desprende que ha existido una fundamentación en la solicitud de pena efectuada por los fiscales, y por ende el imputado no vio afectado su derecho de preparar la defensa.

En efecto, el Ministerio Público Fiscal explicó que la sanción requerida se adecuaba a los siguientes parámetros mensurativos de pena: a) las circunstancias que dieron origen a la presente causa; b) lesión concreta al bien jurídico tutelado por la norma, c) educación, y nivel económico cultural del imputado y, por último, d) actitudes adoptadas por Soldano durante y después de cometidos los sucesos imputados (v. fs. 107 vta.).

9) El art. 69 del C.P.P.N., de aplicación supletoria (conf. art. 6 L.P.C.) establece como formas de actuación que los representantes del Ministerio Público Fiscal formularán, motiva y específicamente, sus requerimientos y conclusiones.

Motivar o fundamentar resoluciones implica sentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen. En otras palabras, importa la obligación de consignar las causas que determinan el decisorio o petitorio, y exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo.

En autos se conocieron efectivamente los fundamentos de la solicitud de pena y de modo alguno se vio cercenado el derecho de defensa, motivo por el cual, adelanto, corresponderá rechazar el recurso planteado en este sentido.

La falta de motivación significa ausencia de motivación, es decir ausencia de una exposición de los motivos que justifiquen la convicción del agente judicial en cuanto al hecho y las razones jurídicas que determinan la aplicación de una determinada norma a ese hecho.

Al respecto, cabe afirmar que, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, el requerimiento de elevación a juicio en cuanto a la solicitud de pena contiene una fundamentación suficiente, que permite conocer los motivos que condujeron a los fiscales a peticionar como lo hicieron.

De ello se sigue que no nos encontramos frente a un requerimiento de elevación a juicio carente de motivación - que habilite su nulidad -, sino ante un dictamen contrario a la pretensión de la defensa, circunstancia insuficiente para fulminarla de nulidad.

Por todo lo expuesto, el agravio desarrollado ut supra deberá ser desestimado por esta Alzada.

IV. Nulidad del acta de fs. 95 10) En tercer lugar, la recurrente plantea la nulidad del acta de fs. 95 pues no cumple con los requisitos establecidos por el art. 36 del Código de rito local, esto es, no cuenta con las formalidades establecidas por la norma, y fue labrada por quien no estaba facultado para ello.

Como cuestión preliminar corresponde recordar que en el marco de la ley Nº 12 las actuaciones pueden ser iniciadas de oficio por la fiscalía y por las fuerzas de seguridad, o por denuncia ante cualquiera de esos organismos (art. 16 y 17). El art. 36 L.P.C. establece los requisitos que debe reunir el acta que labra la autoridad preventora ante la posible comisión de una contravención.

Sentado ello, cabe advertir que en el caso bajo estudio, las actuaciones contravencionales se iniciaron ante la denuncia del Director General de Control de la Calidad Ambiental, Javier Figoli, quien puso en conocimiento de la justicia el labrado del acta de comprobación Serie 2 nº 10741109 por supuesta violación de clausura (conf. fs.1 y vta.).

En este sentido, contrariamente a lo afirmado por la defensa, en momento alguno se labró un acta contravencional en los términos del art. 36 L.P.C., pues el procedimiento se inició por denuncia y no como consecuencia de la actuación de la prevención policial.

El labrado del acta cuya copia obra a fs. 95, que fuera cuestionada por la defensa (v. fs. 387), - pese a que el a quo interpretó que se trataba del acta de fs. 35- fue el producto del control del cumplimiento de la Disposición nº 2191 DGCCA/2005 (v. fs. 35), que ratificó la clausura preventiva impuesta el 23 de noviembre de 2005, sobre el establecimiento sito en la calle José León Suárez nº 2227/29 de esta ciudad (v. fs. 32/33 vta.).

Como se advierte, tanto el acta de fs. 95 como, en su caso, de fs. 35 forman parte de las actuaciones administrativas y, en función de ello, representan datos objetivos que sirvieron, junto al análisis de otras cuestiones incorporadas al proceso, de basamento para la fundamentación de la sentencia.

Por lo expuesto, la nulidad esgrimida por la defensa deviene completamente improcedente, motivo por el cual considero corresponde rechazarla sin más trámite.

V. Fundamentos de la sentencia 11) Previo a efectuar el análisis del agravio referido a la motivación de la sentencia, cabe recordar el alcance que posee el recurso de apelación en el ámbito contravencional, a los fines de fijar el ámbito donde será abordada la impugnación interpuesta.

En efecto, si bien el art. 50 de la Ley Nº 12 prevé la posibilidad de impugnar la sentencia mediante el recurso de apelación -que por su naturaleza implica un reexamen por parte de un tribunal superior de la situación de hecho y de derecho-, la oralidad propia del procedimiento contravencional solo impide una revisión de los aspectos probatorios que dependen exclusivamente del principio de inmediación.

12) Delineada ya mi posición con respecto al alcance de las materias revisables por este Tribunal de Alzada, corresponde evaluar si las pruebas rendidas en la audiencia de juicio, analizadas en su conjunto en virtud de las reglas de la sana crítica, permiten tener por acreditada -con el grado de certeza necesario- la conducta imputada a FRANCISCO DANIEL SOLDANO, por la cual fuera condenado.

Sentado ello, en relación al último agravio, la defensa planteó la nulidad de la sentencia por cuanto la fundamentación sería aparente y contradictoria, y no resultaría una derivación razonada de las pruebas colectadas al debate, en tanto habría valorado parcialmente los testimonios de La Barca y Villa, para adecuar su sentencia condenatoria.

Asimismo, planteó que su defendido carecía de conocimiento de la interdicción ya que tenía la empresa tomada por el sindicato, y además creyó haber regularizado su situación frente a la administración.

Por último, la defensa se agravió de la condena pues el a quo tuvo por comprobado el hecho con la sola declaración del inspector Marinelli, descartando la versión de Soldano y del testigo Villa, en cuanto a que el local no se encontraba funcionando dada la reparación de la instalación de las cañerías.

13) Corresponde entonces determinar si la valoración de la prueba efectuada por la Sra. Jueza resulta correcta o, por el contrario, le asiste razón a la letrada apelante.

Al respecto, considero que los fundamentos dados por la a quo al dictar sentencia resultan acertados, suficientes y lógicos, siendo que las objeciones del impugnante pueden calificarse como meras discrepancias con lo resuelto, tal como postula la Sra. Fiscal de Cámara.

Conforme lo hasta aquí expuesto, no advierto que el recurso de apelación en trato alcance a demostrar la existencia de un supuesto de arbitrariedad de sentencia, a la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha reconocido el carácter de medio idóneo para asegurar el reconocimiento de alguna de las garantías consagradas en la Ley Suprema (Fallos: 323:2510, considerando 10, con cita de Fallos: 310:324, considerando 5).

A modo de reafirmar el criterio expuesto, vale hacer una breve exposición de alguno de los puntos del fallo que la Sra. Jueza de primera instancia emitiera.

En relación al hecho que culminara con la condena cuestionada, la Claudia Alvaro hizo un análisis de los dichos de los testigos involucrados y de la prueba documental incorporada al debate.

En efecto, siguiendo un hilo conductivo sistemático, consideró acreditadas tanto la materialidad del suceso como la participación de Soldano en él.

Concretamente entendió que "...el día 10 de octubre de 2006 Francisco Daniel Soldano violó la clausura que fuera impuesta por la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental...con fecha 23 de noviembre de 2005, y ratificada por medio de la Disposición nº 2191/05 de fecha 24 de noviembre de 2005..." (v. fs. 377).

Para ello valoró los siguientes elementos probatorios: a) imposición de la clausura del establecimiento el día 23 de noviembre de 2005 por personal de la DGCCA del Gobierno de la Ciudad, respaldado por el testimonio del inspector La Barca, quien labró las correspondientes actas de comprobación y clausuró el establecimiento (v. fs. 27); b) Actas de fs. 35 y 95 que fueran suscriptas por el inspector Luis Marinelli en presencia de Soldano, las cuales acreditan que el día 10 de octubre de 2006 el establecimiento en cuestión no contaba con las fajas de interdicción, se encontraba abierto y en actividad; c) las declaraciones de Soldano y Villa, quienes no lograron poner en crisis los hechos probados previamente, descartando fundamentalmente el testimonio de éste último dado su relato vago e impreciso, y su condición como empleado del imputado; d) Ausencia de prueba que acredite la toma del establecimiento por parte de los empleados, y e) el levantamiento de la clausura de fecha 12 de mayo de 2006, conforme surge de la causa nº 10094/05 caratulada "Soldano, domingo s/falta de habilitación y otras", que recayó respecto de la clausura ordenada por la Dirección General de Fiscalización y Control, por lo que dicha medida en nada resolvía la clausura aquí violada.

Ahora bien, en relación a la valoración parcial del testimonio de Villa y La Barca, la sentenciante explicó que no brindó credibilidad a los dichos de éste último pues "... resultó llamativo su actitud durante el interrogatorio sea del Fiscal o de la defensa, quien contestó en todas las oportunidades bajo un estado de nerviosismo y en voz baja... debo ponderar que el testigo, que me pareció de condiciones sociales humildes, sigue siendo empleado del imputado por lo cual su testimonio inevitablemente quedó condicionado a no poner en riesgo su empleo" (fs. 377 vta.) esta valoración vinculada al principio de inmediación impide revisar la conclusión a la que ha arribado la sentenciante.

Asimismo, en cuanto al inspector La Barca, su relato sobre la toma del establecimiento por parte de los empleados resulta ser una prueba indirecta y, en consecuencia, fue acertado el criterio del a quo en cuanto a su no valoración, pues el testigo explica que la persona que lo atendió manifestó que el local estaba tomado por el sindicato (v. fs. 369), no habiéndolo constatado personalmente según surge del acta de debate.

14) Ahora bien, se planteó como premisa que se debía garantizar al condenado la posibilidad de revisar todos los extremos que den sustento a la sentencia; sin embargo, cabe consignar ciertas puntualizaciones que permitirán fijar, a su vez, los alcances de la garantía en el caso.

Tal como sostuve en un precedente (in re Causa Nº 20039-00/CC/2006 Caratulada: "Silva Antúnez, Omar s/ Infr. Art. 52 ley 1472 - Apelación") el principio de inmediación veda a los jueces de Alzada la posibilidad de revalorar la prueba; aunque sí pueden abocarse al análisis lógico de la sentencia, determinando si se han violado las leyes propias del razonamiento o existe una total ausencia de fundamentación normativa.

No se configura absurda la valoración de la prueba si el a quo se apartó de lo manifestado por la testigo brindando razones suficientes que hacen a sus facultades privativas y que resultan propias del principio de la inmediación al no tolerar que jueces ausentes en el debate dicten sentencia conforme a los registros de cualquier tipo que puedan quedar del debate (conf. TSJBA "Gordillo, Agustín A. C/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", rta. 1/9/03).

Es que la personal interpretación del sentenciante respecto a la confiabilidad que merecen las declaraciones testimoniales o los hechos que sobre su base deberían tenerse por acreditados, resultan ajenas al marco de competencia de esta Alzada, pues es el juez que oyó y vió al testigo el que ejerce la facultad propia respecto al mérito y habilidad de las declaraciones testimoniales como en la consideración de las tachas que pudieran disminuir su fuerza de convicción, pudiendo otorgar mayor validez a unas en desmedro de otras.

Estas mismas consideraciones corresponde extenderlas a la objeción del apelante en cuanto a que el a quo priorizó la versión del inspector Marinelli sobre la del imputado, en relación a la acreditación de actividad en el establecimiento clausurado.

Resta señalar que atinado fue el razonamiento de la sentenciante al descartar la falta de dolo y el desconocimiento de la contravención investigada pues el imputado Soldano presenció cada una de las inspecciones y en consecuencia conoció los alcances de las actas labradas (v. fs. 27, fs. 33 vta./35 del presente expediente y fs. 368 de la causa nº 10094 que corre por cuerda).

A partir de lo expuesto, se advierte que la magistrada ha efectuado una derivación racional de las constancias de la causa, valorando las pruebas testimoniales y documentales incorporadas a la audiencia de juicio, conforme las pautas de la sana crítica racional (principio lógicos, adquisiciones de la ciencia y máximas de la experiencia).

La postura defensista no supera el carácter de mera discrepancia con el criterio utilizado para valorar la prueba, con lo cual, mal pueden las objeciones del impugnante repudiar de inválido el pronunciamiento de instancia.

Todo lo apuntado me lleva a concluir que debe rechazarse el agravio denunciado en este sentido, dado que la sentencia dictada en autos carece de vicios de fundamentación que la califique como un acto jurisdiccional inválido.

15) En consecuencia, propongo al acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto, y confirmar la sentencia de fs. 372/381 vta., en cuanto condena a Francisco Daniel Soldano a la pena de multa de cuatro mil pesos ($ 4000), por encontrarlo autor responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 73 del Código Contravencional, con costas, declarándolo reincidente.

Así lo voto.

La Marta Paz dijo:

Por los fundamentos y conclusiones que brinda la Silvina Manes adhiero a su voto en todo cuanto propone.

Lo que así voto.

El Jorge A. Franza dijo:

Por los fundamentos y conclusiones que brindan mis colegas preopinantes adhiero a sus votos en todo cuanto proponen.

Lo que así voto.

En mérito del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR la sentencia de fs. 372/381 vta., en cuanto condena a Francisco Daniel Soldano a la pena de multa de cuatro mil pesos ($ 4000), por encontrarlo autor responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 73 del Código Contravencional, con costas, declarándolo reincidente (arts. 50 y 51 L.P.C. y 73 C.C.).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Ante mí:

En de septiembre de 2007 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara y firmó. Doy fe.

En de septiembre de 2007 se libró una cédula. Conste.

En de septiembre de 2007 notifiqué a la Secretaría General de Cámara y firmó. Doy fe.

Ende septiembre de 2007 se remitió al juzgado de origen en fs. útiles. Conste.