marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, adhesión al recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Daneri, José a. c/ Cattorini S.A.I.C.F.I. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-13

En virtud de la regla de la adhesión a la apelación cuya vigencia en la sede extraordinaria ya ha sido sostenida por la Suprema Corte, se impone atender los particulares reclamos esgrimidos en autos así como las defensas que a ellos opuso el demandado en su oportunidad y que no tuvo ocasión de renovar atento el resultado favorable obtenido en la instancia de grado.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, derechos humanos en la administración de justicia, derecho a la sentencia, morosidad del proceso
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: VALDEZ, Marcos Antonio. s/ RECURSO DE CASACION - Lesiones graves - 3 hechos. (Expte. V-741/12/TSJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-09-25

El derecho a ser oído por parte de los magistrados, como así también el plazo razonable en que debe resolverse la situación procesal del imputado, se encuentran plenamente reconocidos por los arts. 14.1 del P.I.D.C.P. y 8.1 C.A.D.H., con jerarquía constitucional en función del art. 75 inc. 22 C.N.; integrando la garantía del debido proceso.- En el caso Corresponde tener presente el tiempo transcurrido, entre la propuesta de las partes y el pronunciamiento, es sumamente significativo no cumpliendo con el plazo razonable, toda vez que transcurrió un año y cinco meses desde la aceptación de la omisión de debate por parte del imputado y su defensa hasta la resolución del tribunal.-
Ejecución hipotecaria, mutuo en moneda extranjera, reordenamiento del sistema financiero, pesificación, obligaciones en moneda extranjera, mora del deudor, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CAPRA, Graciela c/ MONTI, Mirta s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-30

La pretensión distributiva del esfuerzo compartido fluye de normas de equidad.

La clara referencia que el art. 11 de la ley 25.561 hace del principio del esfuerzo compartido y la alusión del art. 8 del decreto 214/02 a un reajuste equitativo, son muestras evidentes de que ello es así. De ahí que, si se trata de la devolución de una suma de dinero pactada originariamente en moneda extranjera, teniendo en cuenta ello en la recomposición judicial equitativa a formalizarse se deberá considerar los efectos derivados del brusco cambio de las reglas de juego cambiario. De tal forma resulta razonable distribuir en forma igualitaria las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo del signo monetario nacional en relación a la moneda extranjera. Es decir, por aplicación del esfuerzo compartido la suma reclamada en la ejecución de un mutuo hipotecario pactado en moneda extranjera y que exceda el valor del dólar estadounidense, según su cotización en el mercado libre de cambio, de la paridad vigente a la hora de contratar (uno a uno), deberá ser absorbido por las partes en un 50 por ciento cada uno. En otras palabras, se deberán convertir los dólares a razón de $1 más el 50 por ciento de la brecha entre $1 y el valor del dólar libre a la cotización de la fecha en que se practique la liquidación final. En cuanto a la tasa de interés que se deberá aplicar es la del 6 por ciento anual por todo concepto. Del voto de la mayoría (Dres. Álvarez y Vilar)
Jubilaciones, pensiones, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Codecá, Amelia A.V. s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

La circunstancia de que la Cámara hubiera instrumentado una pauta extraña al criterio utilizado por la ley 18.037 para establecer el haber inicial y la movilidad de las prestaciones cuando se acredita que la reducción operada resulta confiscatoria, no importa la creación de un sistema general obligatorio, sino sólo una solución razonable con relación al caso concreto.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, escrituración, honorarios, base regulatoria, actualización monetaria, juicio, bienes inmuebles, valor real, jueces, competencia en razón del monto, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Passe, Carlos Alberto c/ Cidelo SRL s/ Consignación. Escrituración. Cuestión a resolver: ¨Es posible  computar el valor real de los bienes en litigio como pauta pecuaniaria  para regular honorarios en juicios de escrituración? (Tribunal  plenario) (Expte Nro. 170-79) Escrituración. Cuestión a resolver: ­Es posible  computar el valor real de los bienes en litigio como pauta pecuaniaria  para regular honorarios en juicios de escrituración? (Tribunal  plenario) (Expte Nro. 170-79)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1980-08-28

La aparente incoherencia que pudiere advertirse entre la posibilidad de tomar la pauta del valor real para regular honorarios y considerar el precio estipulado en el boleto para determinar la competencia por valor no es tal. No hay fricción entre ambas directivas: el inciso c) del artículo 8 de la ley 6767 posibilita tomar la pauta del valor real de los bienes en litigio a los fines de regular los honorarios, sin que tal norma cuente con su correlativa concordante en materia de competencia por valor. Ya advirtió Fassi, con referencia al decreto ley 30439-44, que debe tenerse presente que el valor fijado con arreglo al artículo 9 es al solo efecto de la regulación de honorarios y no afecta el monto del juicio, sujeto a otras pautas, agregando que no puede llegarse a la conclusión que se le acuerde al profesional la facultad de aumentar a su arbitrio el valor de los bienes, pues ese valor, a los fines de la compraventa, no vulnera la autonomía de la voluntad, puesto que con relación a ese acto jurídico no es modificado, sino que se lo modifica al limitado efecto de la regulación de los honorarios. (Del Voto del Dr. Elena). En el caso, la cuestión a resolver es la posibilidad de computar el valor real de los bienes en litigio como pauta pecuniaria para regular honorarios en los juicios de escrituración.
Fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Dorio  SAICOI. y AG. c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

La mera reedición de objeciones formuladas en las instancias anteriores no cumple la falta de formulación de una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados por el a quo.
Proceso contravencional, sistema acusatorio, Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Dominio UTK c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 42 Artículo 42
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-29

Dadas las características del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio (consagrado por el ordenamiento constitucional en el artículo 13 inc. 3 de la C.C.A.B.A.), de aplicación en el procedimiento contravencional, es el Representante del Ministerio Público Fiscal quien lleva adelante la instrucción siendo titular de la pretensión punitiva del Estado, quien, en definitiva, ejerce exclusivamente el ius persequendi.
Ejecución de multas, dependientes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: "Rodriguez, Lidia Susana c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-20

Debe considerarse como una situación de excepción a la presunción que emerge del artículo 23 de la L.C.T. en dirección a la relación entre padres e hijos mayores o emancipados, cuando todos ellos contribuyen a la formación de un mismo patrimonio y sobre todo cuando forman parte de una misma comunidad familiar, es decir cuando está ausente el elemento "ajenidad económica", pues no se trabaja para un tercero sino para el mismo grupo que se integra. Máxime si el presunto dependiente, en el caso el hijo que detenta la condición de monotributista, categoría "G", lo que permitiría afirmar que no habría existido perjuicio por evasión previsional.
Honorarios del abogado, monto del juicio, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, José Cirilo c/ Cerámica La Pastoriza S.A. y otro s/ Indemn. por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

El monto del juicio base para la regulación de honorarios del letrado de la compañía de seguros citada en garantía está representado por la condena extensible a su representada cuando la acción progresa respecto a la parte demandada y se rechaza la citación por no existir póliza vigente a la fecha del siniestro.
Recurso de queja (procesal), principio de libertad probatoria
Materia: CIVIL
Carátula: F.G.R. Y A.G. s/ DIVORCIO VINCULAR - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-02-07

La impugnación interpuesta persiguiendo la revisión del decreto por el cual el juez a quo admite la prueba pericial ofrecida y a la que se opone la otra parte por estimarla impertinente, no puede prosperar. Lo dispuesto por el art. 172 del C.P.C., es consecuencia del principio de libertad probatoria que rige nuestro procedimiento civil y que se encuentra, además, en las disposiciones contenidas en los arts. 173 y 174 del mismo cuerpo legal. Tal es así que la primera norma establece que el juez "en ningún caso negará la apertura a prueba ni el despacho de las diligencias probatorias" y la segunda corrobora dicho principio, al asegurar que "los interesados podrán producir prueba sobre todos los hechos que creyeran convenir a su derecho, hayan sido o no alegados".-
Contravenciones de juego, secuestro de bienes, devolución de objetos secuestrados
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: A, M. de J. 750 s/ Ley N° 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-14

Entregar la totalidad de las sumas dinerarias secuestradas -parte de la cual ha sido el respaldo de las fichas que se utilizaban para jugar-al locatario del inmueble en que se desarrollaban las prácticas lúdicas de los llamados "casinos clandestinos" terminaría en un enriquecimiento sin causa de dicho locatario -en este caso absuelto-que tendría como contrapartida el injusto empobrecimiento de los restantes sujetos presentes durante el allanamiento -nunca imputados de conducta ilícita alguna- quienes también pueden ser considerados como aquellos a quienes se secuestraron las sumas.

Ello nos conduce a la naturaleza jurídica que tiene el dinero que también se reclama, resultando útil el artículo 2324 del Código Civil, que define las cosas fungibles resultando el dinero una de ellas. Ello así, nadie está en condiciones de acreditar la propiedad sobre el dinero secuestrado, correspondiendo al Juzgado de Primera Instancia decidir sobre la aplicación del artículo 26 párrafo 2 del Código Contravencional. (Del voto en disidencia del Dr. Ventureira).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Britos, Obdulio Ernesto s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-01

No existe violación del art.156 de la Constitución provincial si el fallo, por aplicación del art.342 del Código de Procedimiento Penal, no se ocupó de la autoría y responsabilidad del imputado en razón de no haber sido cuestionada, señalando expresamente dicha circunstancia.
Principios del derecho internacional público, REPÚBLICA ARGENTINA, prescripción, negligencia, responsabilidad internacional del Estado, oportunidad procesal, obligaciones del Estado miembro, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, supervisión de cumplimiento de sentencia, torturas
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bueno Alves c/ Argentina s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-07-05

Conforme el principio de Derecho Internacional según el cual ningún Estado puede aprovecharse de su propia negligencia, es inadmisible que la República Argentina haya declarado prescripta la acción que motivara la intervención de la Corte Interamericana y la remitiera durante la etapa de supervisión de cumplimiento de la Sentencia que declaró su responsabilidad internacional por violación a la Convención Americana - emitida por el Tribunal el 11 de mayo de 2007; Serie C No. 164-, en perjuicio de quien fue torturado en sede policial y denegación de justicia, pues tratándose de hechos conocidos por el Estado, debía haberla invocado durante la tramitación del procedimiento, cuyo cumplimiento de sentencia se supervisa. (Del voto del Juez Eduardo Vio Grossi).
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, ley federal, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de La Quiaca c/ Aduana Nacional (delegación La Quiaca) s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Procede el recurso extraordinario si se encuentra debatida la inteligencia de normas de carácter federal -decretos 110.643/42 y 14.635/44- y la decisión fue adversa al derecho que el recurrente sustenta en ellas.
Estupefacientes, acta de secuestro, firma del procesado, falta de firma, firma de testigos, testigos de actuación, testigo único, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: HIDALGO, G. s/ ACTA DE SECUESTRO. ESTUPEFACIENTES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

Es nula el acta de secuestro de estupefacientes no firmada por el imputado, sino por un solo testigo; resultando inexplicable el apresuramiento de los funcionarios policiales, en efectuar requisas personales y revisaciones en un vehículo, antes de haber asegurado debidamente las formalidades de un acto de tanta importancia, máxime estando detenido el sospechoso, hallándose el mismo bajo custodia y sin oponer resistencia a la autoridad.

Es que cuando la tenencia del objeto secuestrado es negada, el acta donde la instrucción asegura la única prueba de cargo se torna el ELEMENTO DECISIVO DE LA INVESTIGACION.

Siendo el caso de autos de tipo excluyente, porque si cae la validez del acta de secuestro, cae toda la prueba del ilícito atribuído al procesado, corresponde absolverlo por aplicación de la norma del art. 13 C.P.C., no obstante que la cantidad de 140 grs. de clorhidrato de cocaína secuestrada, hace presumir que se trata de un producto altamente peligroso para la salud y susceptible de producir dependencia aguda a los potenciales consumidores.
Contratos bancarios, contrato de caja de seguridad, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Di Gregorio, Nilda Mabel y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

El banco que ofrece el servicio de cajas de seguridad con el objeto de resguardar los bienes de sus clientes, ofrece seguridad, de lo que se sigue su responsabilidad en el caso de daño por ser esencial en estos contratos el deber de custodia y vigilancia por parte del banco, por cuya razón las cláusulas por las que pretende liberarse de responsabilidad o limitarla carecen de valor por constituir una renuncia anticipada de derechos por parte del cliente, que desvirtúa la propia esencia de la convención, y por ende, son de suyo inconsiderables (arg. CCCN 948, antes CCIV 874; cfr. Rouillón, en "Código de Comercio comentado y anotado", ed. La Ley, Buenos Aires, 2005, t°. II, pág. 576; también Martorell, "Tratado de los contratos de empresa", ed. Depalma, Buenos Aires, 2000, t°. II, pág. 635 y sig.).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, demanda, sellado judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, NORMA GRACIELA c/ UNIDAD TERAPIA ONCOLOGICA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-09-29

Es inadmisible la queja interpuesta, desde que la materia traída a consideración de este Tribunal, por ser procesal (cuestionamiento de una providencia judicial concerniente a asuntos de procedimiento, a etapas del proceso) en principio no admite la vía del recurso de naturaleza extraordinario y si bien cabe excepcionar dicha regla en casos en que lo decidido pueda causar un gravamen irreparable, la compareciente no ha demostrado que así acontezca en el sub examine, reiterando los planteos esgrimidos al articular el recurso de inconstitucionalidad, sin aportar elementos de juicio suficientes y conducentes que permitan arribar a una solución distinta a la propuesta mayoritariamente por la Alzada, quien concluyó -de conformidad al digesto adjetivo- que al resolverse el incidente de pobreza, en esencia, debe estarse a la vinculación existente entre la situación económica que demuestre la actora con el monto que aspiraba demandar, aunque luego accione por una suma superior.
Recusación sin causa, denuncia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ramos, Gabina c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-14

Ante la mera radicación de una denuncia contra un Magistrado en el Consejo de la Magistratura, y sin que éste se hubiere expedido sobre ella, admitir una reacusación sin causa resulta manifiestamente prematuro e improcedente.
Instrucción, fiscales, plazo
Materia: PENAL
Carátula: LANDAU, PABLO M. s/ Régimen penal tributario, Incidente promovido por la Fiscal Causa  34782
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-27

De la interpretación integral de los art. 195, 196 y 180 del Código Procesal Penal de la Nación, surge que el término de veinticuatro horas a que alude el segundo párrafo de la norma citada para disponer la dirección de la investigación por el Fiscal es perentorio-art. 163 Código Procesal Penal- y de tal condición preclusiva se sigue que la facultad de delegar en el instrucción al Ministerio Público por parte del Juez debe ocurrir dentro de las 24 horas inmediatas de recibir la denuncia lo cual implica la imposibilidad de la delegación "a posteriori" (Del voto en disidencia del Dr. Acuña).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, convocatoria a elecciones, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Gauna, Juan Octavio s/ acto comicial 29-3-97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-07

La cláusula transitoria novena del Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires al establecer que "el jefe de gobierno convocará a elecciones de diputados que deberán realizarse antes del 31 de marzo de 1997" excedió las reglas establecidas por la ley 24.620 y desconoció, asimismo, la inteligencia de disposiciones de la Constitución Nacional (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Administración Pública, relación de dependencia, facultades de la administración, empleados públicos, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fornero, Edelberto Jacinto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 431 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-18

Cualquiera sea la teoría acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre el agente público y la Administración que se acepte -ora la del contrato, ora la del acto jurídico bilateral en el origen y estatutaria en su ejecución, ora la del acto administrativo unilateral-, lo cierto es que se ha afianzado la idea de que, desde el punto de vista jurídico, el agente público no tiene un derecho absoluto a ser mantenido en el ejercicio de su oficio, prescindiendo del interés de la Administración Pública. Si el Estado (lato sensu) reconociera un derecho perfecto al agente público para mantenerse en la función se crearía un privilegio a su favor.
Movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ELIZONDO, NYDIA HAYDEE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-09-13

La obligación estadual de garantir jubilaciones y pensiones móviles, para mantener a las personas jubiladas o pensionadas con una asignación que les suponga el mismo standard de vida (Convención Nacional Constituyente 1957-Diario de Sesiones, T II, pág. 1249 y en el mismo sentido la Convención Constituyente santafesina de 1962 en la redacción del artículo 21 de la Carta Magna local, al referirse al nivel de vida), conforme al mandato constitucional, se dirige primordialmente al legislador, que es el que tiene la facultad de establecer en la legislación infraconstitucional los criterios que estime adecuados a la realidad para determinar los haberes previsionales y los respectivos sistemas de movilidad; ahora bien, reconocida la facultad legislativa para elegir el régimen tendiente a lograr la movilidad de las prestaciones previsionales y adoptar medios idóneos a fin de cumplir con el deber de asegurar los beneficios, el Máximo Tribunal nacional ha dejado a salvo el posterior control jurisdiccional destinado a asegurar la fundamental razonabilidad de esos actos y a impedir que por medio de ellos se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del Poder Judicial.
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: Martinez Tosar, José H. s/ Sucesión.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

No procede la desafectación del inmueble como bien de familia, si en él habita el hijo menor beneficiario, pues no ha desaparecido uno de los integrantes del grupo familiar protegido, por lo que el fin tuitivo que inspira la ley aún subsiste, y por ende, la modificación de parte del núcleo conviviente carece de relevancia para decidir la desafectación requerida.
Concursos, apertura del concurso, declaración de quiebra, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Omar Alcides c/ Empresa 20 de Febrero S.R.L s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-02-10

En el caso de juicios posteriores a la apertura del concurso o a la declaración de quiebra se debe distinguir dos situaciones, a) los originados en el cobro de un crédito laboral por causa o título anterior al concurso y b) los de causa o título posterior. En el primer supuesto el acreedor no podrá iniciar reclamo alguno ante los tribunales del fuero del trabajo dado que la iniciación de juicios laborales de tal origen esta alcanzada por la prohibición de deducir nuevas acciones de contenido patrimonial contra el concursado. El segundo caso permite la sustanciación normal por ante el tribunal de trabajo competente, como si el proceso concursal no existiera por tratarse de créditos post concursales.
Contratos civiles, mandato
Materia: PENAL
Carátula: Bocazzi, Carlos Adolfo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

Es suficiente a los fines previstos por la Ley de Procedimientos que en el poder se otorguen facultades especiales para intervenir individualizando el número de causa y el órgano interviniente. No son necesarios otros datos ni deben exigirse formas sacramentales rigurosas para llenar las exigencias legales del mandato (del voto del Dr. Casanovas).
Accidente de tránsito, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bavaud, José M. y otro c/ López, Sol y otra s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

En ausencia de prueba cierta y concreta sobre el monto del perjuicio por privación del uso del vehículo, el juez está facultado a determinarlo conforme a la norma del art. 165 del cód.proc.-