Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-11-29


AUTOS N° 21.514 (61.824.1 - 9° CIVIL) "PEREYRA Ayelen Gicel C/ Sucesión Humberto Luis Francisco Campodónico - Actuaciones para Elevar a Cámara" L. DE A. T° 185, F° 116/118 SAN JUAN, 29 de noviembre del año dos mil doce.

VISTOS:

Para resolver en estos autos n° 21.514 (61.824.1 - 9° CIVIL) caratulados "PEREYRA AYELEN GICEL C/ SUCESIÓN HUMBERTO LUIS FRANCISCO CAMPODONICO - ACTUACIONES PARA ELEVAR A CAMARA", el recurso de apelación interpuesto a fs. 40 por la parte actora, contra la resolución de fecha 25-06-12, dictada por el Noveno Juzgado Civil.

Y CONSIDERANDO:

El a quo en su sentencia dictada en fecha 25 de junio de 2012, cuya copia obra agregada a fs. 24/26 legajo de copia (487/489), encontró fundamento suficiente para hacer lugar al pedido de levantamiento de embargo solicitado por la señora Isabel S. Sarmiento de Campodónico sobre el 50% proindiviso del inmueble inscripto bajo el N° 9117 F° 17 T° 83, Capital, Zona B, año 1971, de propiedad de la incidentista. Impone las costas a la vencida y regula los honorarios de la profesional actuante.

Contra este decisorio, a fs. 40 se acredita que la parte actora interpone recurso de apelación el cual es concedido a fs. 29 sin efecto suspensivo, razón por la cual es fundado a fs. 31/34.

En la presentación de los agravios, la actora cuestiona la resolución dictada por la señora juez a quo, marcando que resulta incongruente con lo establecido por el propio tribunal en la sentencia definitiva de fecha 12 de agosto de 2009, puntualmente en los considerandos de fs. 354 tercer párrafo donde se dijo que los herederos que siguen a la persona del causante deben responder con los bienes del acervo por los daños provocados por el causante, condenando en consecuencia a los mismos.

Luego de citar doctrina respecto de la naturaleza, administración y límites para responder de los bienes gananciales sostiene que surge con meridiana claridad el yerro incurrido por el a quo en virtud de que no ha tenido en cuenta el derecho del acreedor sobre los bienes de administración conyugal y que ellos, responden con la totalidad de los bienes gananciales ante sus acreedores, en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, la totalidad de los bienes que integran la masa hereditaria pueden ser embargados, correspondiendo a los herederos cancelar las deudas y obligaciones del fallecido con los bienes del acervo hereditario. Confundiendo gananciales con condominio. Aclara que una vez saldada la deuda de su mandante y las costas del presente juicio, la señora Sarmiento podrá percibir el 50% que pretende hacer valer.

En el párrafo siguiente destaca el recurrente que la muerte del deudor no varía en absoluto la posición del acreedor, por lo cual estos podrán embargar y ejecutar en su totalidad los bienes gananciales inscriptos a nombre del causante, los cuales responden integrantes por las deudas de éste, prescindiendo que la sociedad conyugal este resuelta por las deudas del fallecido. Cita doctrina en aval de su posición.

Recuerda que se trabó embargo sobre la totalidad del bien inmueble ya que la incidentista sólo prestó su conformidad para la adquisición del bien inmueble al momento de la compra y no surge de ninguna parte de su presentación que dicho bien haya sido adquirido con bienes propios de la señora Sarmiento y aún si así lo hubiere hecho, el inmueble se encuentra inscripto a nombre del fallecido, para lo cual sólo prestó su conformidad, pero no fue inscripto en condominio con ésta.

El apelante remarca que las deudas personales de los esposos sólo pueden cobrarse sobre los bienes propios y los gananciales que administre el deudor. Si el deudor de este proceso aparece como único titular del dominio y administrador exclusivo del inmueble embargado, no es posible fundar un incidente de dominio sobre el 50% del inmueble por la cónyuge que no es propietaria de la cosa. Cita doctrina.

El segundo agravio, está relacionada con la imposición de las costas y la manda a abonar los honorarios que cuestiona.

Corrido traslado a la contraria, esta se presenta a fs. 37/38 de estos actuados y en función de los argumentos que expone solicita la desestimación in limine del recurso con imposición de las costas.

Planteado de este modo el recurso de apelación por las partes, corresponde advertir que en el presente caso se trata de un proceso de disolución de una sociedad conyugal por fallecimiento de uno de sus integrantes razón por la cual se torna de aplicación el contenido del art.1313 del Código Civil en el cual se regla que el inventario y división de los bienes se efectuará como lo dispone el libro 4 del código para la división de las herencias.

A partir de ello, no se puede tener en cuenta toda la doctrina autoral o jurisprudencial escrita para cuando la división de la sociedad conyugal se lleva a cabo con los cónyuges vivos. Este primer, y básico concepto, no ha sido tenido en cuenta por el a quo para buscar la justa solución del conflicto planteado y ahora venido a resolver por este tribunal.

Sin lugar a duda y como bien lo expresa Graciela Medina "el cónyuge viudo tiene derecho al 50% de los bienes gananciales previo pago de las deudas del causante" (DFyF (Septiembre), 133 cuando hace un comentario crítico a un fallo de idénticas características al dictado por el a quo.

Al respecto señala la antes mencionada autora que "inexplicablemente el tribunal olvida que la muerte del deudor no produce para sus acreedores ni un agrandamiento, ni un achicamiento de su garantía y que la viuda, al igual que los restantes herederos tienen derecho a los bienes previo pago a los acreedores.

En la resolución expresamente se dice que "el tratamiento de las deudas ha de seguirse conforme a los principios generales determinados por las relaciones de comunidad que la disolución y simultánea transmisión hereditaria producen", sin aclarar de que manera, que no sea agrediendo los bienes del que fuera su deudor, los acreedores del causante pueden ejecutar sus deudas, cuando en la Argentina el proceso sucesorio no es un proceso universal de liquidación de deudas similar al falencial.

Con acierto enseña Kemelmajer de Carlucci "No hay razones normativas para que la disolución de la sociedad conyugal por muerte produzca modificaciones a la garantía patrimonial que tenían los acreedores antes de ese hecho". Decían los franceses: "La mort fixe l'état des bien et des dettes d'un homme; que les choses se passent comme si le défunt était vivant". En otros términos, producido el fallecimiento, el acreedor anterior debe tener frente a sí los mismos bienes que tenía antes de la existencia del proceso colectivo. Es que el acreedor no contrató con una sociedad, sino con una persona casada que le respondía con todos los bienes de su titularidad (propios y gananciales)" (Primeras aproximaciones al tema insolvencia y régimen de bienes en el matrimonio, Kemelmajer de Carlucci, Aída, Acad. Nac. de Derecho, 2001, 385.)".

Este criterio está sintetizado magníficamente en el contenido normativo del art. 3417 del Código Civil donde se estatuye que el heredero que ha entrado en posesión de la herencia continúa la persona del difunto y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor.

Como se colige, el criterio expuesto por la Dra. Medina y Kemelmajer de Carlucci que compartimos, está en línea con el contenido del Código Civil razón por la cual el recurso de apelación debe ser recepcionado por este tribunal revocando la sentencia dictada en fecha 25 de junio 2012 y ordenar que se mantenga el embargo sobre el bien, identificado en el fallo recurrido, en su totalidad. Imponer las costas a la vencida.

Por ello, SE RESUELVE:

Admitir el recurso de apelación interpuesto por la actora, en consecuencia revocar la sentencia de fecha 25 de junio 2012 y ordenar que se mantenga el embargo sobre el bien, identificado en el fallo recurrido, en su totalidad. Imponer las costas a la vencida.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.