marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio de desalojo, incumplimiento del contrato, carga procesal, defensa en juicio, producción de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Muñoz Emanuel y otros  c/ Sbaizero Daniel V. y otros  s/ desalojo por incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-20

La postulación inicial debe contener la exposición de los hechos en que se funde, explicados claramente (inc. 4º, art. 330 CPCC), dando acabada exposición de la razón, causa, fundamento o título de la acción (pretensión o causa petendi). Las postulaciones de las partes en un proceso ordinario deben ajustarse a la doctrina o teoría de la sustanciación la que impone una mención circunstanciada de los antecedentes fácticos que fundamentan la relación jurídica causal y requiere que en la demanda se formule una exposición circunstanciada del hecho, que viene a dar sustento a la pretensión (art. 330 CPCC). Como consecuencia de dicha teoría, la que es receptada por el inciso 4 del art. 330 del CPCC -que se ajusta un sistema procesal eminentemente escrito como el nuestro en su fase de constitución-, la demanda debe contener un mínimo de hechos determinados que permitan ejercer a su vez al demandado la carga procesal que se deriva del inc. 1 del art. 354 del CPCC. Precisamente, la falta de cumplimiento a tal requisito hace correr el riesgo a quien incurre en tal omisión de que no constituyan el objeto de material decisorio hechos que aparecen fuera de la debida oportunidad (conf. CC0102 LP A 43438 RSD-195-5 sent. del 17/08/1995. Juez Crespi SD). Esta carga tiene marcadas significancias en el proceso, además de las relativas al efectivo derecho de defensa, en lo tocante con la producción de la prueba siempre que ésta debe producirse sobre un hecho concreto y objetivo y no sobre vaguedades o indeterminaciones para cumplir con el objeto de acreditar un hecho o relación jurídica particular. Y es a partir de esa determinación que el Juez podrá fallar, cumpliendo con la situación fáctica planteada por las partes a fin de no incurrir en incongruencia (art. 163, incs. 3, 4 y 6 CPCC).
Medida de no innovar, inadmisibilidad del recurso, facultades del juez
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Oveon S.A. s/ Solicita medida cautelar -No innovar-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-31

...la medida de no innovar resulta inadmisible cuando tiende a suspender el trámite de otro proceso o a impedir el cumplimiento de una resolución dictada en éste -...- Es que ello, más que una prohibición contra la parte litigante, significaría limitar las facultades del propio órgano jurisdiccional que dispuso una medida -en el caso, el embargo y secuestro- en el ejercicio de la aplicación del derecho o en el cumplimiento de sus propios pronunciamientos, cercenándole el ejercicio de su potestad jurisdiccional.
Seguros, seguro de automotores, daños al automotor, siniestro parcial, destrucción total del automotor, interés asegurado, obligaciones del asegurador, indemnización, valor de reposición del automotor, ley de seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAYORANO JUAN CARLOS c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

Una interpretación que armonice el texto de la resolución 20614 con los principios generales que rigen los seguros permite superar, por lo menos en parte, la incongruencia apuntada mayor indemnización al que experimentó menor daño con relación al que sufrió la destrucción total del vehículo. Es principio básico en esta materia que el asegurador sólo está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido (aunque la suma asegurada sea mayor), de conformidad con los arts. 65, 68 de la ley de Seguros. Luego, si en el daño total la Caja reemplaza el automotor siniestrado por su valor asegurado o asegurable (si éste es menor) ha cubierto, objetivamente, el perjuicio real y, por tanto, el asegurado carece de causa legítima para mantener en su dominio una parte de ese valor (los restos). En los daños parciales la situación no cambia, aún cuando ellos superen el propio valor del vehículo. Y ello es así porque el valor asegurable no puede superar, técnicamente, cuando de daños parciales se trata, el valor del vehículo como totalidad. De donde se sigue que, en los daños parciales, el asegurador no está obligado a pagar más de lo que el vehículo vale (aun cuando el arreglo de los desperfectos insumiera una suma mayor) porque, en última instancia, el máximo daño experimentado por el asegurado sería -por definición-inferior a la pérdida total. Y si esto es así, el damnificado ve satisfecho su interés -supuesta la inaplicabilidad de la regla de las proporciones-con el cobro del valor del automóvil y no es legítimo que por la vía del seguro pretenda enriquecerse percibiendo el precio de su automotor sin abdicar el dominio de los restos en favor de la Caja aseguradora (ley 17.418, arts. 65 y 68).
Aduanas, importación para consumo, aranceles consulares, pago de tributos, vencimiento del plazo, intereses compensatorios
Materia: ADUANERO
Carátula: Fate S.A. TF 6985-A s/ res. apel. del A.N.A..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

Esta Sala -si bien con una composición parcialmente distinta de la actual- al dictar sentencia, el 22/8/94, in re: "Hansung S.A. s/ rec. de apelación" ha sostenido que surge claramente de la Resolución (ANA) nª 1635/89, Anexo III, "D", punto 13, segundo párrafo, que no corresponde obviar los intereses resarcitorios, y demás accesorios, en caso de que de la factura comercial se desprenda que el importe en concepto de arancel consular fue oblado con posterioridad al registro de la operación de importación a consumo, como acontece en las presentes actuaciones, en virtud de que el despacho de importación involucrado se registró el 9/1/90, los tributos -descontándose el importe del arancel- se abonaron el 23/2/90, en tanto que el arancel consular se pagó el 9/3/90.
Falso testimonio, sujeto activo, testigos
Materia: PENAL
Carátula: CORONEL, ALEJANDRO s/ FALSO TESTIMONIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-06-11

Si el acusado de falso testimonio rindió versiones testimoniales sobre sucesos en los que había sido protagonista, más que testigo, ello excluye la tipicidad que exige el delito mencionado. No puede considerársele testigo en sentido propio, es decir, tercero ajeno al juicio, que depone sobre hechos que caen bajo la acción de sus sentidos. El delito del art. 275 del Cód. Penal exige como sujeto activo especial quien tenga la calidad de testigo.
Pedido de quiebra, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sucesión de Francisco M. Sierra S.A.C.I.F.I.A. c/ Viggiano, Carlos A. y/o Viggiano Construcciones s/ Pedido de Quiebra Viggiano, Carlos A. y/o Viggiano Construcciones s/ Pedido de Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-02-08

En los pedidos de quiebra desestimado se ha resuelto que: "La regulación de honorarios en los pedidos de quiebra no está contemplada en el A.H., ni la ley de fondo contiene disposiciones al respecto, resultando por ello aplicables las pautas establecidas por el plenario 'Flota Mercante del Estado de Paraguay c/Maderas S.A.C.I.'. Debe, en consecuencia, a los fines regulatorios, valorarse los trabajos profesionales efectivamente realizados, tomando las pautas señaladas en los incs. b) y sgtes, del art. 6º AH" ; pues, en efecto, tanto la ley de fondo como la ley arancelaria son de aplicación en los procesos de liquidación patrimonial que real y efectivamente ha configurado un concurso de acreedores, como se infiere de la expresa referencia de la ley "activo realizado", "valor de los bienes que se adjudican", "monto del crédito verificado", etc., por lo que la quiebra solicitada, pero a la que no se hace lugar, o no llega a decretarse, el patrimonio del deudor, como universalidad, no ha estado sometido a proceso alguno, por lo que no pueden aplicársele las normas mencionadas, ni considerarlo como juicio ejecutivo, ni medidas precautorias, ni tampoco un incidente.
Instrucción sumaria, delegación de la investigación, oportunidad procesal, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: VARGAS MENDEZ, Celso s/ INSTRUCCION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-18

Si el fiscal recibió sin reparos la causa, por disposición del juez en aplicación del art. 353 bis, C.P.P., el posterior cuestionamiento a dicho trámite solicitando el proceso ordinario, resulta extemporáneo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, sociedad anónima, remuneración, directores de SA, depreciación monetaria, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: Oswald,  Victoria  María  y  otros c/ Lalor  S.A. ConsignatariaMandataria y Financiera. s/ notificacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que -desconociendo las pautas establecidas en el primer pronunciamiento del mismo tribunal- estableció que las remuneraciones de los directores se reintegraran a la sociedad sin incluir las sumas correspondientes a actualización monetaria e intereses devengados con posterioridad al ejercicio económico en cuestión, pues no explica cómo y cuándo se incorporan esas sumas al patrimonio social, ni a quién beneficia ese dinero.
Enfermedad profesional, pericia médica, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: AMAYA NESTOR c/ BENAVIDEZ HERMANOS s/ INCAPACIDAD DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-07-30

Descartada la peritación médica analizada como elemento de prueba y no habiéndose aportado ningún otro que permita tener por probada la relación causal o concausal con las tareas cumplidas y la incapacidad supuestamente padecida por el accionante, la demanda debe ser rechazada, por ser tales extremos indispensables para la procedencia de la indemnización pretendida.-
Derecho laboral, despido, discriminación, aplicación de la ley
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Segovia, María Dolores c/ T.T. Faster Argentina S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-15

El despido directo de la actora generó su reclamo por daño moral. Ello así, toda vez que la accionada sabía del estado de gravidez, el reposo que debió guardar la accionante y la interrupción del embarazo. La conducta de la empresa conformó un acto de discriminación motivado en un supuesto que se encuentra proscripto por nuestro ordenamiento en razón del estado psicofísico de la trabajadora -y como tal- tiene un objeto prohibido por la Constitución Nacional (arts. 16 de la Carta Magna). Cabe confirmar la decisión de grado en tanto hizo lugar al reclamo por daño moral en atención a las particulares circunstancias fácticas del caso y la índole del hecho generador de responsabilidad, los arts. 63, 68 y 182 de la LCT y 1° de la ley 23.592
Prescripción, suspensión del plazo, oportunidad procesal, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Cano, Jorge Héctor c/ Frigorífico de Aves Soychú S.A.I.C.F.I.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-13

El hecho (suspensión o interrupción) tiene que alegarse y probarse, el curso de la prescripción y sus posibles alteraciones, son hechos que deben ser probados. Por lo tanto, todas las cuestiones sobre suspensiones o interrupciones del plazo introducidas en el memorial de agravios no pueden tenerse en cuenta porque no han sido objeto de ponderación en la instancia anterior, no integraron la traba de la litis. Lo no alegado no fue objeto de prueba y lo que no formó parte del debate en primera instancia no puede ser introducido como novedad en la segunda instancia (Voto Welp, en minoría)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Bazán, José Carlos s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado en el juicio oral si de la lectura del acta de la audiencia se advierte que la Cámara ha incumplido lo preceptuado en el art. 283 del Código de Procedimiento Penal pues no existe constancia en ella de que se haya concedido la palabra al acusado a los fines allí establecidos.
Recurso de apelación (procesal), prisión preventiva, facultades del fiscal, revocación de la prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ZARACHO, Oscar E. y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-25

Si bien el dictado de la prisión preventiva no resulta apelable, el caso de la negativa a dictar la medida cautelar, por el contrario, puede ser impugnada.

Fundamenta este diferente tratamiento el hecho de contar el procesado con la posibilidad de realizar sus planteos en el ámbito específico previsto para tratar las cuestiones relativas al encarcelamiento y soltura del imputado: el incidente de excarcelación. Sin embargo, cuando en el auto de procesamiento se resuelve no imponer la prisión preventiva del encausado, el representante del Ministerio Público carece de otra vía no sea el recurso de apelación para controvertir la soltura del procesado (del voto del Dr. González).

Si bien se ha sostenido el criterio en cuanto a la inapelabilidad de la prisión preventiva, ya que -amén de no estar expresamente prevista como recurrible- la libertad del incuso puede ser revisada mediante otros institutos que la ley procedimental expresamente prevé para intentar revertir el encierro cautelar, por lo que, su dictado no causa gravamen de imposible reparación, y también se afirmó, que la no imposición de la prisión preventiva resulta inapelable, puesto que existen al alcance de los fiscales otros medios para objetar la libertad del imputado - incidente de excarcelación si en el caso particular, los imputados no estuvieron detenidos a disposición del juez instructor, por lo cual el Ministerio Público Fiscal no ha podido ejercer su facultad de custodiar la correcta aplicación de la leyes de fondo y de forma, como así tampoco, controlar el debido cumplimiento de los actos procesales, el recurso de apelación interpuesto ha de ser tratado a fin de garantizar la debida participación en el proceso que les asiste a ambos fiscales (del voto del Dr. González Palazzo que se adhirió al Dr. González).

Si la situación de los encartados, atendida la penalidad prevista para las conductas que se le enrostran a los imputados se ajusta a la hipótesis prevista en el artículo 312, inc. 1 del C.P.P.N., corresponde confirmar revocar el auto que dispuso la libertad provisoria de los imputados .
Queja por apelación denegada, medida cautelar autónoma
Materia: PROCESAL
Carátula: "Pintow, Fabián Gustavo S/ Queja por Recurso de Apelación Ordinario Denegado en Pintow, Fabián Gustavo contra GCBA sobre Medida Cautelar Autónoma", Expte. Sacayt N° 6190/23-2 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

El art. 113, inc. 4° de la CCABA -que prevé el recurso de queja ante el Tribunal- ha sido reglamentado por el art. 27, inc. 5° de la ley n° 7. Esta norma establece que el Tribunal Superior de Justicia conoce "(...) en los recursos de queja por denegación de recursos para ante el Tribunal Superior (...)". En consecuencia, la queja prevista en el artículo 33 de la ley n° 402 es una herramienta que el ordenamiento procesal otorga a los litigantes para lograr que este Tribunal revise el juicio de admisibilidad negativo formulado por la Cámara respecto de alguno de los recursos que habilitan la intervención de este estrado. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Alicia E. C. Ruiz, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Estado Provincial, responsabilidad objetiva, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: AGUIRREZAROBE, RUBEN HORACIO Y OTRO c/ SANTIAGO DEL ESTERO, PROVINCIA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - DEMANDA CAMPO LUJAN S.A. c/ SANTIAGO DEL ESTERO, PROVINCIA DE Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS- DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-03|2007-12-14

Pese a la naturaleza del factor de atribución de responsabilidad objetiva y directa, derivada de la falta de servicio en que habría incurrido el órgano policial provincial, la que impone a efectos de su viabilidad el análisis de normas de derecho público provincial; no puede concluirse de modo liminar que la competencia recaiga en cabeza de éste órgano jurisdiccional en razón de que ésta debe determinarse en compatibilidad con normas de rango constitucional que excluyen la competencia originaria y exclusiva de este Superior Tribunal en la materia. Ello así puesto que la misma ha sido delineada de modo expreso por el art. 193.1 de la Constitución Provincial, entre los que no se encuentra previsto el conocimiento originario y exclusivo de las causas por responsabilidad civil iniciadas contra el Estado Provincial, siendo por ende materia de conocimiento de la justicia civil de primera instancia.
Aclaratoria (procesal), error material
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MIRAS, MIRTA BEATRIZ c/ PROVINCIA DE CÓRDOBA s/ PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-02-11

La naturaleza jurídica del pedido de aclaratoria, (artículo 40 de la Ley 7182) es la de corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión sobre los puntos discutidos en un juicio, cuyas contradicciones y oscuridades aparezcan en la parte resolutiva, no resultando admisible en el presente caso, desde que se pretende por el mismo modificar la parte resolutiva en lo que respecta a la imposición de costas en ambas instancias, siendo que tal cuestión fue expresamente dirimida por el Tribunal.
Régimen penal cambiario, control de cambio, circulares del Banco Central, compra y venta de divisas, falta de dolo, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: GUIDO, ALICIA. s/ Regimen Penal Cambiario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

Corresponde absolver a la imputada por la presunta infracción de compra de moneda extranjera (dólares) por sobre los límites establecidos por diversas comunicaciones del BCRA (conf. Art. 1, inc. c), e) y f), de la ley 19359 y Comunicaciones BCRA "A" 3722 y 3845), puesto que el descargo de haber efectuado las operaciones para terceras personas sólo haciendo largas colas durante horas y aportando únicamente su número de documento, sin manejar billetes, no se encuentra de ninguna manera desvirtuado y conduce a sostener que la imputada pudo haber actuado por error en cuanto al tipo de operación que realizaba, no advirtiéndose intencionalidad alguna de la imputada en violar las Comunicaciones del BCRA. Ese error desplaza el dolo y la falta de un correlativo tipo culposo determina la impunidad, dado que en materia infraccional cambiaria no puede prescindirse del dolo como nexo vinculante entre el acto y la sanción prevista por la norma legal; así, el error exime de responsabilidad por este hecho a la imputada (conf. Art. 34, inc.1, CP).
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vallejos, Mirta E. y otro c/ Blanco, Elvio R. y otro s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-04

Nuestro Superior Tribunal de Justicia ha sentado la doctrina judicial vinculante -artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial- que responsabiliza al titular registral del automotor en forma conjunta, indistinta e in solidum con el autor directo del evento dañoso, pese a la voluntaria transmisión de su posesión y guarda, en orden al carácter constitutivo de la inscripción registral.
Juicios contra el Estado, bonos de consolidación, Secretaría de Hacienda, terceros interesados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Enrique O. y otros c/ E.N. -Mº de E. y Justicia- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

La Secretaría de Hacienda constituye un órgano perteneciente a una única persona jurídica, la del Estado, quien es la demandada en juicio. En consecuencia, no cabe sostener que su intervención en la causa al exigírsele la entrega de los bonos de consolidación resulte ser la de un tercero ajeno a la litis.
Medidas cautelares, cese de uso de marca
Materia: CIVIL
Carátula: Rossetto, Alicia Cecilia c/  s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-21

La medida cautelar se pidió, y así fue otorgada, para que las demandadas cesen de inmediato en el uso de la denominación "ROJO TANGO" en cualquiera de sus variantes para todo show de tango y/o para cualquier bien o servicio que se ofrezca en el Hotel Faena y/o entretenimiento y/o show de tango y/o show y/o música en cualquier otra localización y en la promoción a través de internet y/o mediante e-mails publicitarios y/o anuncios y/o cartelería de servicios y/o productos con la designación "ROJO TANGO". El principio de especialidad marcaria consagrado en los incs. a) y b) del artículo 3° de la ley 22.362, que explica que dos signos casi idénticos (en su parte denominativa) coexistan en cuatro clases, otorga en el caso la suficiente verosimilitud del derecho a quien ostenta el registro relacionado con la actividad que se trata de impedir, amparado por la clase 41 como servicio de esparcimiento y actividades culturales, que comprende en particular a "servicios que tienen el objetivo básico de entretenimiento, diversión o recreación de personas" conforme surge de las notas explicativas del anexo del decreto 558/81 -que adopta la clasificación internacional de Niza-, con las modificaciones del decreto 1141/03.
Contrato de trabajo, despido por maternidad, período de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: AGUILAR, ELENA MARIA DE LOS ANGELES c/ NACELIM S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-30

Si bien la empleadora está autorizada a despedir durante el periodo de prueba, el hecho de haberse probado que el despido de la actora respondió a una conducta discriminatoria en razón de su estado de embarazo, corresponde a la empleadora abonar la indemnización prevista en el art. 182 L.C.T.