Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-10


SENT Nº 233	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Abril de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el demandado en autos: "Brasero Rubén Ángel vs. Campero Rubén Orlando s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Contra la sentencia de la Sala III de la Cámara del Trabajo de fecha 28 de septiembre de 2009 (fs. 438/446) y su aclaratoria del 25/02/2010 (fs. 463), el demandado interpone recurso de casación que fue declarado desierto por sentencia del mismo tribunal del 15/5/2010 (fs. 490). Contra dicho pronunciamiento el demandado dedujo queja por casación denegada y esta Corte declaró la nulidad de oficio del auto denegatorio en sentencia de fecha 09/8/2010 (fs. 584/585). Por resolución de la Sala III de la Cámara del 08/8/2011 (fs. 616), el recurso de casación del demandado fue declarado admisible. Según informe actuarial de fs. 634, solo la parte demandada ha presentado el memorial previsto en el art. 137 del CPL.

2. La sentencia hizo lugar a la demanda y condenó al demandado a pagar al actor la suma de $62.499,89 en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, haberes 10 días/ jun/05, integración mes de despido, vacaciones prop./05, SAC prop./05, indemnización arts. 8 y 15 LBE, indemnización art. 16 Ley 25561, indemnización art. 2 Ley 25323, asignación no remunerativa jul/02 a jul/04 Decretos 1273/02, 2641/02, 392/03 y 1347, impuso las costas y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

3. El recurrente alega que la sentencia recurrida lo priva de su derecho constitucional a la defensa en juicio y a obtener un pronunciamiento justo y razonado, también que se configura el supuesto de gravedad institucional y el previsto en el inciso a) del art. 131 del CPL. Denuncia la infracción de las disposiciones de los arts. 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 CN, arts. 33, 34, 40 y 264 del CPCyC, art. 11 de la Ley 24013, arts. 21, 22 y 23 de la LCT y art. 2 de la Ley 25323.

Expresa que la conclusión a la que arriba la sentencia impugnada respecto de la existencia de la relación laboral resulta arbitraria toda vez que se fundamenta en una interpretación sin lógica de las pruebas de autos, que se aparta del principio de la sana crítica. Sostiene que si se observan con detenimiento las pruebas producidas en autos, estas no permiten bajo ningún aspecto llegar a la conclusión de que su parte era el empleador del actor. Explica que de la prueba informativa de fs. 127 surge que "de las actuaciones de la Secretaría de Trabajo sólo se desprende que: 1. El Sr. Brasero se encontraba en un domicilio determinado a una determinada hora; 2. Los dichos contenidos en las mencionadas actuaciones de la Secretaría de Trabajo corresponden a la voluntad de Brasero; 3. No se identifica el propietario del domicilio de calle Inca Gracilazo y San Luis; 4. No se requiere la documentación a Brasero que indica su condición de locutor; 5. Quien atiende a los inspectores es el propio Brasero y nunca se efectiviza ninguna intimación a su parte. Así, el actor pudo hacer entrar a los inspectores en un inmueble y manifestar que el dueño es mi mandante y que es empleado, todo esto, como consecuencia que nunca se determinó que la propiedad pertenezca a mi conferente". Añade que la informativa de la AFIP "sólo contiene los dichos del actor y ninguna prueba que sustente los mismos".

Señala que las testimoniales de fs. 170/172 "claramente determinan que ninguno de los testigos ha manifestado conocer la persona de su mandante, por lo que resulta absurdo sostener que existe una relación de empleo entre mi mandante y el actor cuando no se conoce al demandado". Prosigue en que los testigos no fundamentan ninguna de las respuestas ni aportan datos sobre cual era el lugar de trabajo, los horarios y mucho menos desde cuando se había iniciado la supuesta relación laboral, sino que la única razón la brinda el testigo Olmos, que dijo que era oyente de la radio, "pero -asevera- un oyente no conoce quienes son sus propietarios y sus empleados". Idéntica observación efectúa respecto de la declaración del testigo Abregú y agrega que este afirmó que el actor conducía bailes, pero nunca dijo qué bailes eran los mencionados y que tal afirmación encierra una contradicción ya que en la causa se dijo que su parte tenía una radio. También denuncia que el tribunal no consideró que los testigos manifestaron tener un vínculo afectivo con el actor.

En cuanto a la prueba pericial contable, afirma el demandado que no fue reticente a la entrega de documentación, "pero no se puede exigir una documentación sobre una relación de empleo que no existe. De las manifestaciones del actor, se desprende que no hay ninguna consideración científica que permita concluir que mi parte es propietario de FM MIROISEM." Sostiene que no se ajusta a derecho el módulo de cálculo, de $705, utilizado para la liquidación de las indemnizaciones ya que el propio actor sostuvo que percibía $400, lo cual se corrobora debido a que trabajaba -supuestamente- menos horas que la jornada prevista en el convenio colectivo, circunstancia que coincide con las actuaciones de la Secretaría de Trabajo. Agrega que tampoco se ajusta a derecho la aplicación que se hace de las disposiciones contenidas en los decretos 1273/02 y cc dado que se hace un cálculo sobre una jornada completa de tarea cuando en realidad no es así. Destaca que la sentencia se equivoca al receptar las indemnizaciones previstas por el art. 2 de la Ley 25.323 y por la Ley 24.013 toda vez que no se desprende de autos que se haya materializado la intimación exigida por la primera de dichas normas ni que se haya dado cumplimiento con las exigencias del art. 11 de la Ley 24013.

Cuestiona que la sentencia impugnada haya considerado que el distracto se hizo efectivo en fecha 10/06/05 cuando el actor expresó en la demanda que el 28/05/05 se lo despidió; "por lo tanto -afirma- mal se puede pretender argumentar que el distracto es de fecha 10 de junio, no obstante las misivas que pueda haber remitido el actor. Los dichos del actor no pueden ser dejados de lado por un razonamiento equivocado de la sentencia que solo considera una carta documento como determinante para marcar la fecha del distracto".

Se agravia de que la Cámara haya declarado procedentes las indemnizaciones de los arts. 2 de la Ley 25.323 y 8 y 15 de la Ley 24.013. Sostiene que la sentencia hace caso omiso de las disposiciones contenidas en la Ley 25.323 "en donde la intimación fehaciente de la aplicación de la suma prevista en el art. 2 de la misma, es un requisito esencial para su procedencia. Así en caso de no existir intimación, mal puede pretender el cobro de la misma. En el caso de las indemnizaciones previstas en la Ley 25.323, la misma debe reunir los requisitos establecidos en el art. 11 de la ley anteriormente mencionada, en caso contrario, no hay derecho a la percepción de las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la Ley 24.013". Añade que dicha norma requiere que las intimaciones se hagan efectivas antes de la extinción de la relación de empleo, lo cual no se da en autos "dado que basta corroborar la fecha de remisión de la carta de intimación por Ley 24.013 y se observa que se había extinguido el vínculo laboral en fecha 28/5/05 de conformidad a los propios dichos de la actora".

Manifiesta que la sentencia se expide sobre cuestiones que no forman parte integrante del objeto de la litis, por lo que se está ante un fallo arbitrario y que violenta los principios establecidos en la Constitución Nacional, que se aleja de la valoración de las pruebas correctas y del verdadero objeto de la litis, el cual no es determinar la existencia de una relación de empleo que ya estaba aceptada y no discutida, sino el determinar la existencia o no de una conducta disvaliosa que permita considerar que su parte incurrió en una injuria grave en perjuicio del actor.

Alega que le resulta írrito "el apartamiento de las pruebas producidas en autos por parte del Tribunal A-quem, sin ningún tipo de razón, haciendo una interpretación parcial de los hechos y objetos del proceso. En especial en cuanto a la imposibilidad que plantea a mi parte de impugnar un informe de una repartición y la Cámara le otorga el rol de instrumento público, lo cual sólo alcanzará si el mismo es un acto administrativo. Se trata de una simple respuesta de un oficio." Afirma que otro error esencial del fallo es la "admisibilidad" (sic) de las indemnizaciones de la Ley 24.013 cuando esta requiere que al momento de producirse la intimación del art. 11 la relación de empleo esté vigente y solo considera que la fecha del distracto es el 10/6/05 cuando el propio actor manifestó que el distracto se produjo en fecha 28/5/05, es decir, con anterioridad a la remisión de la carta documento por parte del actor.

Denuncia que el tribunal también desoyó las disposiciones de los arts. 10 y 63 de la LCT, la necesidad de mantener vigente la relación de empleo y la buena fe que debe imperar en la relación de empleo.

Cita doctrina y jurisprudencia que entiende aplicable al caso, y propone doctrina legal.

4. El recurso de casación ha sido interpuesto tempestivamente contra una sentencia definitiva, se funda en infracción normativa y en la doctrina de la arbitrariedad, se basta a sí mismo y se ha dado cumplimiento con el afianzamiento a fs. 592/593 y 613/614 (conf. arts. 130/133 CPT). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia de la vía extraordinaria local intentada.

5. Conforme surge de la reseña precedentemente efectuada del recurso en examen, el demandado sustancialmente se agravia de la valoración de las pruebas de la causa en cuyo mérito la Cámara concluyó en que estaba acreditada la relación laboral denunciada por el actor en la demanda, como también que el distracto se produjo el 10/6/2005. En lo pertinente, confrontada la crítica del recurrente con los fundamentos del pronunciamiento y los antecedentes del caso, se advierte que el recurso no puede prosperar.

La Cámara señaló que las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las cuales debía pronunciarse eran: a) existencia de la relación laboral, b) causal de despido (fecha de ingreso, tareas y categoría profesional), c) rubros e importes reclamados.

Respecto de la existencia de la relación laboral, destacó el tribunal que la controversia entre las partes era total ya que "la relación laboral no fue reconocida en el responde de la contestación de demanda, manifestando que el accionado no es propietario de la empresa de radio de frecuencia denominada FM MIROISEM, ni tiene vinculación alguna con el domicilio de Inca Gracilazo y San Luis y en cuanto a la condición de locutor que invoca el actor, falta a la verdad". Por ello, declaró que negada expresa y categóricamente la existencia de relación laboral, "corresponde conforme a principios de la carga probatoria, al actor la acreditación de su prestación personal".

Expresó: "En el responde el accionado se ha limitado a negar todos y cada uno de los hechos invocados por el actor, pero sin dar una explicación fundada de su posición. La negativa categórica de los hechos, sin apoyarse en alguna razón que la justifique no satisface el requisito legal para la contestación de la demanda. La negación debe ser fundada, sea mediante la alegación de un hecho contrario incompatible con lo afirmado por el actor o a través de algún argumento relativo a la inverosimilitud de ese hecho (C.N.Civ, Sala G 26/04/91, in re "Ramos Ledo, M.S. -vs- Muli, G.O"). Además, el demandado en su contestación de demanda como ya se dijo ut-supra, no reconoce ser propietario de la empresa de radio de frecuencia modulada FM MIROISEM, sito en calle Inca Garcilazo y San Luis de esta ciudad, dando una versión totalmente contradictoria, y del oficio informado por la Presidencia de la Nación Comité Federal de Radiodifusión (Dirección Nacional de Planeamiento y Desarrollo) que corre glosado a fs. 34/35 de autos, se identifica al demandado Sr. RUBEN ORLANDO CAMPERO, como titular de la Radio denominada "FM ROISEM", que opera en frecuencia modulada 100.9 Mhz., de la Provincia de Tucumán".

La Cámara analizó las actuaciones de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia "en el marco de la Inspección llevada a cabo en Expediente 1791/181-OI-2005, de fecha 24 de mayo de 2005, en cuya planilla de relevamiento de personal, el actor declaró como fecha real de ingreso el día 02 de enero del año 1997, desempeñándose como locutor de lunes a sábados de 19.00 a 24.00 hs., percibiendo una remuneración de $400., datos que coinciden con los aportados en la demanda". Al respecto, afirmó: "Las actas de constatación del Ministerio de Trabajo, o de la autoridad local que ejerce el poder de policía en el ámbito administrativo si bien en su carácter de 'INTRUMENTOS PUBLICOS' importan la documentación ante el Oficial Público de: por un lado las manifestaciones que hacen las partes (que pueden o no ser ciertas) y que no son de conocimiento personal del Oficial Publico, pues éste se limita a dar fe del acto, y por otro dan fe pública acerca del momento y condiciones que se ejecutó, (esto es fechas, personas intervinientes, etc., que se convino tal cosa, etc.), pero no garantiza la verdad de los hechos o un contrato que resulta de la exposición que le hacen los interesados, de aquí que aquel aspecto, sin que sea necesario la redargución de falsedad, queda sujeto al conjunto del resto probatorio. En el caso de autos, no cabe duda que las actas de Inspección y relevamiento de personal efectuadas por los organismos de control conllevan la fe pública acerca de su fecha, partes intervinientes, sus firmas ante el funcionario, sea en conformidad o disconformidad, lo cual sí deja documentado el Oficial Público".

Juzgó la Cámara que los oficios agregados e informados por Presidencia de la Nación - Comité Federal de Radiodifusión, Secretaría de Estado de Trabajo de la provincia, Correo Argentino y AFIP "son fundamentales, ya que aportan al proceso datos concretos acerca de actos o hechos resultantes de la documentación, archivos o registros contables de terceros o de las partes en poder de los informantes, por ende se considera que las pruebas de informes que obran en el presente juicio, revisten el carácter de pertinentes para la solución sentencial del litigio. De acuerdo a la impugnación realizada por el demandado al oficio informado por el COMFER (fs. 375/376), el mismo es claro y goza de plena validez como para su consideración como prueba válida a los efectos de este juicio, por lo que no se hace lugar a la impugnación de fs. 378 y vta. de autos, realizada por la parte demandada, ya que el informe impugnado es suscripto por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, la falsedad sólo se podrá probar por demanda civil o criminal (Arts. 979, inc. 2° y 933 del Código Civil), o por incidente de redargución de falsedad".

En cuanto a la prueba testimonial, expresó el tribunal: "La testigo Sra. Rina Leticia Alderete, a (fs. 171) del C. 3 del Actor, manifiesta que el actor era locutor de la radio, que el vínculo que existía entre el Sr. Brasero y el Sr. Campero era de patrón y empleado, y trabajó durante cuatro o cinco años, y que dejó de trabajar por falta de pago y lo corrieron. La testigo Flavia Daniela Olmos, a (fs. 172), manifiesta que el actor era locutor y ella era fiel a la Radio y que llamaba siempre a la Roisem, el actor era locutor y empleado de Rubén Campero, que el tiempo que lo escuchaba era entre siete u ocho años, y dejó de trabajar "por lo corrió el demandado" (sic), lo dejó sin trabajo. Por su parte, el testigo Sr. José Ricardo Orellana, a (fs. 173) manifiesta que el actor era empleado, lo conoce de ahí de la radio hace muchos años, que el Sr. Rubén era empleado de Rubén Campero en la radio, desde hace nueve años, y trabajaba muchas horas, hace años que estaba ahí y no le aumentaban el sueldo y lo corrieron. La testigo Adriana Verónica Sotelo, a (fs. 203), manifiesta que no conoce al actor personalmente, si por la radio, era oyente de la radio Roisem, que el Sr. Brasero era el locutor y lo sabe porque ella era fiel oyente de su programa y participaba llamando a la radio, siempre se comunicaba saludando a su familia o pidiendo temas para que lo pasen. Manifiesta que el Sr. Brasero era el empleado del Sr. Campero, y lo sabe porque en la misma radio ellos anunciaban quién era el dueño de la radio, manifiesta que el tiempo que trabajó no lo sabe exactamente, cree que tres años, pero sabe que estuvo bastante tiempo, y que el motivo por el que se le impidió el ingreso al actor a la radio no lo sabe. En cuanto a la testigo Paulina de los Ángeles Abregú, a (fs. 204), manifiesta que el actor era locutor y lo sabe porque lo escuchaba, que existía un vinculo laboral, porque el Sr. Brasero trabajaba para el Sr. Campero, conducía los bailes, y que lo escucha siete u ocho años aproximadamente, y que no sabe porque se le impidió el ingreso a realizar sus tareas al actor".

Consideró: "Por lo que se tiene por acreditado en juicio que real y efectivamente, el actor ingresó a trabajar bajo la dependencia del demandado el día 02/01/1997, cumpliendo las tareas de locutor, dichos testigos fueron tachados, pero las tachas no deben ser consideradas, por haber sido presentadas en forma extemporánea. Con la inspección ocular realizada en autos, y que corre glosada a fs. 267 vta., el Oficial de Justicia informa que se constituyó en el domicilio indicado Inca Gracilazo de la Vega N° 1.301, esquina calle San Luis, no siendo atendido por persona alguna, a pesar de los reiterados llamados, y de acuerdo a averiguaciones realizadas entre los vecinos, los mismos manifiestan que existe una radio en el domicilio y en la parte posterior del galpón existe una antena de varios metros de altura, por lo que ha quedado probado que la radio funcionaba en ese domicilio".

Respecto de la prueba de absolución de posiciones del actor, ponderó la Cámara "como ciertas las respuestas dadas acerca de los hechos contenidos en las posiciones N° 1, como así también la aclaración N° 1, las cuales resultan verosímiles y no se contradicen con las demás pruebas de autos, por lo tanto no desvirtúan la validez de este medio probatorio".

Concluyó: "Todos estos, son elementos suficientes como para declarar que entre el actor y el demandado existió un contrato de trabajo con las características denunciadas por el actor, todo ello en virtud de lo dispuesto por los Arts. 21, 22, 23 de la L.C.T. Considerando que la totalidad de las constancias de autos especialmente la demanda y contestaciones, las pruebas ofrecidas y producidas en autos, es que tengo por reconocido y cierto que el actor ingresó en fecha 02/01/1997, cumpliendo tareas de Locutor, en jornada de trabajo y remuneración que se detalla en la demanda, computando una antigüedad en el servicio de 7 años a la fecha de su extinción contractual por despido indirecto".

Surge de la reseña precedentemente efectuada de los fundamentos del pronunciamiento impugnado que la Cámara tuvo por acreditada la existencia de la relación laboral invocada por el actor en la demanda a partir de una valoración de la totalidad del material probatorio de la causa y de la posición asumida por el demandado en el responde. El tribunal señaló que "el accionado se ha limitado a negar todos y cada uno de los hechos invocados por el actor, pero sin dar una explicación fundada de su posición"; asimismo, interpretó que la negación de la condición de propietario de la radio era contradictoria con lo informado a fs. 34/35 por la Presidencia de la Nación, Comité Federal de Radiodifusión que identificó "al demandado Sr. Rubén Orlando Campero como titular de la Radio denominada 'FM Roisem', que opera en frecuencia modulada 100.9 Mhz. de la provincia de Tucumán".

Respecto de tales consideraciones de la Cámara, el recurrente nada dice. Las alegaciones vinculadas a las actuaciones de la Secretaría de Trabajo (SET) solo constituyen meras apreciaciones subjetivas del demandado que carecen de sustento en las constancias de la causa. Y si bien es cierto que "lo que el instrumento público invocado acredita y no puede ser negado como cierto es la manifestación del actor o empleador, pero no así la sinceridad del contenido de tales dichos la cual no necesita de redargución de falsedad para contradecirla" (cfr. CSJT, sentencias nº 131 del 06/3/2006; nº 925 del 29/11/2010) no es menos cierto que "el instrumento público hace plena fe de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como realizados por el mismo (vgr., que ha dado lectura al documento) u ocurridos en su presencia (vgr., que se entregó tal cantidad de dinero), las circunstancias de tiempo, lugar y de las personas que aquel constata y afirma (ex propiis sensibus) como sucedidas (art. 993, Cód. Civ.)" (Kielmanovich, Jorge L., Teoría de la prueba y medios probatorios, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2001, pág. 374); circunstancias que han sido especialmente ponderadas por la Cámara. En esta perspectiva, no debe perderse de vista que en el acta de inspección de la SET, de fecha 24/05/2005 consta que la razón social objeto de la constatación es "FM MIROISEM", que el personal relevado son "02" y que la persona que atiende es "Rubén A. Brasero, DNI 23129447" (fs. 128), en tanto que en la planilla de relevamiento de personal figuran dos personas: el actor y Flavio Daniel Amaya (fs. 129).

La crítica del recurrente a la prueba testimonial, basada principalmente en la condición de oyente de los testigos y su falta de conocimiento personal de las partes del litigio, no logran revertir las conclusiones de la Cámara que rechazó las tachas por extemporáneas y ponderó el contenido de las declaraciones en una interpretación integral y razonable de las pruebas incorporadas a la causa. Precisamente, el testigo es toda persona capaz, extraña al proceso, que es llamada a declarar sobre hechos que han caído bajo la percepción de sus sentidos (vgr. vista, oído, olfato, etc.). Expresa Jorge Kielmanovich: "Como principio general se sostiene, además, que el objeto del testimonio lo constituyen los hechos que han caído bajo el dominio de los sentidos del testigo, así, por ejemplo, Alsina, Silva Melero y demás autores citados por Devis Echandía. Quienes sostienen esta postura afirman, en realidad, que el testimonio sólo puede comprender hechos directamente percibidos por el testigo mediante sus sentidos" (ob. cit., pág. 208).

Como antes se dijo, en el caso, la valoración de las testimoniales efectuadas por la Cámara luce razonable desde que se integró con los demás elementos probatorios de la causa, por lo que fundadamente se puede afirmar que dicha apreciación se ajusta a las reglas de la sana crítica. Los cuestionamientos del recurrente sobre la testimonial solo expresan su discrepancia con la valoración de los hechos y pruebas de la causa, pero no logra demostrar la arbitrariedad del pronunciamiento invocada. Esta Corte ha sostenido que el valor de las pruebas no está fijado ni determinado, y corresponde a su propia apreciación evaluarlas y determinar el grado de convencimiento que puedan producir, sin que tenga el deber de justificar porque da mayor o menor mérito a una prueba que a otra. Las reglas de la sana crítica no son normas jurídicas, sino simples preceptos de sentido común, cuya aplicación queda sometida a la prudencia, rectitud y sabiduría de los jueces; su infracción sólo puede invocarse por vía de casación en caso excepcional, al habérselas violentado hasta el absurdo; todo ello reiteramos, porque las reglas de la sana crítica no constituyen normas jurídicas sino de lógica, que sólo se infringen cuando se hace una valoración manifiestamente absurda (cfr. CSJT, "Gómez Raúl Dermidio vs. Carrizo Hugo Rolando s/ Cobro de pesos", sentencia nº 796 del 18/10/2010).

El cuestionamiento vinculado a la prueba pericial contable tampoco resulta atendible, no bien se advierte que las alegaciones vinculadas a la jornada laboral del dependiente no fueron planteadas en el responde y que el recurrente no cuestiona la aplicación al caso del CCT 215/75 y la resolución ST nº 149 de junio de 2005, ni la categoría profesional de locutor estable reconocida al actor por el pronunciamiento impugnado y su aclaratoria, ni la vigencia de la escala salarial que informó el perito contador. De ese modo, la crítica recursiva no logra conmover las conclusiones del tribunal sobre la fuerza de convicción reconocida a la mencionada prueba, apoyada sustancialmente en la claridad y rigor científico del informe que suministró los antecedentes y explicaciones del perito sobre la materia en que se expidió.

El planteo del recurrente vinculado a la valoración del informe del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) de fs. 375/376 y el rechazo de la impugnación deducida por su parte, tampoco puede prosperar no bien se advierte que a fs. 34/35 luce agregado informe firmado por la Dirección Contencioso y Normativa D.G.A.L. y N. del Comité Federal de Radiodifusión que consigna "que el titular de la estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia denominada 'FM ROISEM', que opera en la frecuencia 100.9 Mhz. de la provincia de Tucumán, se encuentra bajo la titularidad del Señor Rubén Orlando Campero". Dicho informe -que fue especialmente ponderado por el tribunal y no fue objeto de impugnación alguna por parte del recurrente- coincide con lo informado a fs. 375 por la Directora de Normalización del Comité Federal de Radiodifusión respecto de la titularidad de la estación de radio en cuestión. Y si bien es cierto que este último informe fue impugnado por el demandado, también lo es que el tribunal desestimó dicha impugnación considerando especialmente que fue suscripto por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Se debe recordar que la eficacia de la prueba de informes "será críticamente valorada por el juez con prescindencia de que hubiese mediado o no impugnación del informe, y con arreglo a las reglas de la sana crítica, aunque sin perder de vista la naturaleza de la fuente a partir de la cual se extrae la información requerida. De tal suerte, los informes emanados de funcionarios públicos y de entidades públicas o privadas, extraídos de documentos públicos, gozarán, en principio, de la plena fe que acuerdan los arts. 993 y concordantes del Código Civil, y los extraídos de libros de comercio tendrán, como regla, la misma eficacia que les corresponde a ellos." (Kielmanovich, Jorge, ob. cit. pág. 455). En la misma línea interpretativa, sostiene Arazi: "El valor de la prueba de informes dependerá de la persona del informante y de la documentación, archivo o registros de los cuales emana el informe. Si las constancias son extraídas de libros de comercio, el valor probatorio de los informes será similar al que corresponde a tales libros. Y si quien suscribe el informe es un funcionario público en ejercicio de sus funciones, el documento respectivo constituye un instrumento público y hace plena fe en los términos de los arts. 993 a 995 del Cód. Civil" (Arazi, Roland, La prueba en el proceso civil, Ediciones La Rocca, Bs. As., 1991, pág. 322).

Como se aprecia, el demandado no alcanza a demostrar un desacierto sentencial que descalifique al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido por arbitrariedad en la valoración del material probatorio recolectado en autos en mérito al cual tuvo por acreditada la relación laboral invocada por el actor en la demanda. El fallo recurrido se apoya en una ponderación conjunta e integral de las pruebas instrumental, informativa, pericial contable, inspección ocular, absolución de posiciones y testimonial producidas en la causa, conforme a la cual concluyó que "entre el actor y el demandado existió un contrato de trabajo con las características denunciadas por el actor, todo ello en virtud de lo dispuesto por los Arts. 21, 22, 23 de la L.C.T.". Como antes se dijo, en dicho procedimiento valorativo no se advierte un déficit en el razonamiento de la sentencia o un quebrantamiento de las reglas de la lógica que lleven a su invalidación. La denuncia de que el tribunal se apartó de las pruebas producidas en autos e hizo una interpretación parcial de los hechos y objeto del proceso, sólo expresan su desacuerdo con el procedimiento de selección y valoración de los hechos y pruebas, empero, de modo alguno, son demostrativos del alegado vicio de arbitrariedad en el pronunciamiento.

En relación a la causa de extinción de la relación laboral, el planteo de la demandada es manifiestamente inviable. En la demanda el trabajador expresó: "La relación laboral se desarrolló con normalidad hasta el día 28/05/05 en que al presentarse mi mandante a laborar a las 19 hs., se le comunicó que estaba despedido. Por tal motivo, el día 30/05/05 el actor envió al demandado telegrama nº 63156299 con el fin que se le aclare su situación laboral". Explicó que luego, el 03/06/05, remitió telegrama nº 60067811, el que fue rehusado, por lo que envió telegrama nº 63413897, de fecha 10/06/05, en el que se dio por despedido; comunicación que también fue rehusada por el demandado. Sostuvo que habiendo sido intimado el demandado a proveerle tareas y aclarar su situación laboral, y teniendo en cuenta la conducta del empleador de rehusarse a recibir los telegramas que le remitió, el despido indirecto resultó procedente al sentirse injuriado laboralmente (fs. 7/9). Por su parte, en el responde, el demandado negó que la relación laboral se haya desarrollado con normalidad hasta el día 28/05/05, día en el que se le comunicó que estaba despedido; como también que se hubiera negado a recibir los telegramas nº 63156299, 60067811 y 63413897 y que sea propietario de la radio FM MIROISEM (fs. 51/70).

En lo pertinente, la Cámara consideró que el distracto laboral "se produce por el actor con fecha 10/06/2005, según consta en Telegrama Ley N° 23.789, certificado por el Correo Argentino que corre glosado a fs. 134 de autos, por el cual el trabajador intima al demandado (.) Ante los requerimientos realizados por el actor mediante telegramas 30/05/05 (aclare su situación laboral) y 03/06/05 (no se le permite hacerse cargo de las tareas habituales), teniendo en cuenta que el demandado según consta informe de fs. 367 del Correo Argentino, dos telegramas fueron devueltos al remitente con la observación 'rechazada', teniendo en cuenta que por una parte el primer telegrama de fecha 30/05/05, según informe del Correo de fs. 367, por el cual se solicita aclaración de situación laboral, bajo apercibimiento de darse por despedido, fue recepcionado por el demandado, en tanto el de fecha 03/05/05 y 10/05/05, fueron rehusados, es pacífica la Jurisprudencia y la Doctrina, en el sentido que en virtud de la Teoría Recepticia de todo distracto laboral y lo dispuesto por el Art. 63 de la L.C.T., que prevé la necesidad de la buena fe durante la totalidad del Contrato de Trabajo y siendo evidente que el rehusarse a recepcionar telegramas del trabajador, teniendo ya conocimiento de una situación conflictiva, demuestran formas más que evidente la mala fe del empleador, por lo que se lo tiene por notificado. Cabe concluir que el autodespido dispuesto por el actor, es justificado, generando su derecho a la percepción de las indemnizaciones y demás rubros consecuentes".

Como se observa, el tribunal consideró la causal de despido según fueron planteados los hechos por las partes en sus escritos de alegación y a la luz de las constancias probatorias del expediente, en especial, los términos de la intimación a que se aclare la situación laboral (telegrama de fs. 15), su reiteración (telegrama de fs. 16) y la comunicación epistolar del despido indirecto (cfr. telegrama de fs. 17) y la falta de respuesta del empleador. Consecuentemente, aún cuando la interpretación de la Cámara podrá no ser compartida por el recurrente, cuenta con fundamentos suficientes, ajustándose al mandato constitucional del art. 30 de la CP y las disposiciones de los arts. 33, 34 y 262 CPCyC, por lo que la crítica debe ser desestimada. El escueto planteo recursivo del demandado se limita a señalar que el actor denunció la existencia de un despido verbal producido el 28/05/05, sin refutar las apreciaciones y conclusiones del tribunal sobre la propia conducta del demandado ante los requerimientos del trabajador de que se aclare su situación laboral, circunstancia que consideró eran demostrativas de la mala fe del empleador y justificaban "el autodespido dispuesto por actor".

Lo precedentemente considerado respecto de la extinción de la relación laboral -despido indirecto sucedido el 10/06/2005- deja sin sustento el agravio referido a las indemnizaciones contempladas por los arts. 8 y 15 de la Ley 24013, fundado en que la intimación que requiere el art. 11 de dicha norma fue efectuada cuando la relación laboral ya se había extinguido, lo que sucedió el 28/05/05. Consecuentemente, el planteo en examen también debe ser rechazado.

5.1 En cuanto al agravio referido a la infracción de las disposiciones del art. 2 de la ley 25.323, cabe anticipar que el mismo habrá de prosperar. Afirma el recurrente que el pronunciamiento dispuso el progreso de la indemnización prevista por dicha norma, sin que exista intimación fehaciente.

En lo pertinente, la Cámara sostuvo: "Por lo que corresponde en ésta oportunidad al haberse intimado fehacientemente mediante telegrama obrero remitido el 10/06/2005, que autenticado glosa a fs. 134 de autos, la Indemnización del 50% de la Antigüedad".

Esta Corte tiene dicho: "El art. 2 de la ley n° 25.323 exige que el trabajador curse intimación fehaciente al empleador moroso, a efecto de otorgarle una última oportunidad para que adecue su conducta a las exigencias de las normas legales; y que la mora en el pago de las indemnizaciones de los trabajadores mensualizados, tal como se desprende del juego armónico de los arts. 128 y 149 de la LCT, se produce una vez transcurridos cuatro días hábiles posteriores a la extinción de la relación de trabajo. En el caso, tal como consta en los telegramas de fs. 4/5, el trabajador se considera despedido sin causa y como consecuencia de ello, intima a los empleadores el pago de las 'indemnizaciones de la LCT', así como las 'correspondientes según legislación vigente por empleo no registrado', haciendo reserva de accionar judicialmente en caso de incumplimiento. La Cámara se limita a señalar que los telegramas acompañados por el actor, que glosan a fs. 4/5, contienen la intimación que torna procedente la indemnización adicional prevista por la norma citada. Tal como se advierte, si la causal extintiva del vínculo laboral fue comunicada mediante misiva de fecha 10/12/2002, los empleadores recién se hubieran encontrado en mora por el pago de las indemnizaciones reclamadas, luego de transcurridos cuatro días hábiles posteriores a la recepción del citado telegrama. Esta Corte ha descalificado reiteradamente 'la sentencia que considera válida y temporánea la intimación efectuada -a tenor de los dispuesto por el art. 2 de la ley n° 25.323- al empleador que no está en mora en el pago" (CSJT, "Gallardo, David Sebastián vs. Calderón, Ricardo y o. s/ Despido", sentencia n° 583 del 17/8/2010).

Conforme al criterio expuesto, la intimación al pago de las indemnizaciones de ley cursada por el actor mediante telegrama de fecha 10/06/2005 (fs. 134), oportunidad en la que también hizo denuncia del contrato de trabajo operando la extinción del vínculo laboral, no es demostrativa del cumplimiento de los requisitos a los que se subordina la procedencia de la indemnización del art. 2 de la ley 25.323, pues al momento en que se efectivizó dicha intimación el empleador aún no se encontraba en mora en el pago de las indemnizaciones de los arts. 245, 232 y 233 de la LCT, razón por la cual corresponde el rechazo del rubro indemnizatorio analizado en este punto.

Por lo considerado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación en examen conforme a la siguiente doctrina legal: "La indemnización del art. 2 de la ley 25.323 no es procedente cuando la intimación que prevé dicha norma se efectúa antes de que el empleador se encuentre en mora en el pago de las indemnizaciones de ley". Consecuentemente, corresponde CASAR parcialmente el punto I resolutivo de la sentencia impugnada (en cuanto declara procedente la indemnización del art. 2 de la Ley 25.323), y en lo que se refiere a la planilla de condena que también se deja sin efecto, y DISPONER sustitutivamente del punto I resolutivo: "I. Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Rubén Ángel Brasero en contra de Rubén Orlando Campero por los rubros indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, haberes 10 días/ jun/05, integración mes de despido, vacaciones prop./05, SAC prop./05, indemnización arts. 8 y 15 LNE, indemnización art. 16 Ley 25561, asignación no remunerativa jul/02 a jul/04 Decretos 1273/02, 2641/02, 392/03 y 1347, y Rechazarla por el concepto indemnización art. 2 Ley 25.323".

Atento a lo precedentemente resuelto también deben modificarse los puntos dispositivos II (imposición de costas) y III (regulación de honorarios), correspondiendo remitir los autos a la Cámara para que practique nueva planilla, distribuya nuevamente las costas y regule los honorarios profesionales.

6. Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado en razón de que la nulidad declarada proviene de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPT y 105, inc. 1° del CPCCT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, sin perjuicio de dejar expresamente consignado que el recurso de casación deducido por la parte demandada cumple con el requisito del artículo 131 inciso 1) del CPL, en la medida en que está fundado en una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo. Al respecto, es del caso aclarar que la ponderación por parte de este Tribunal Cimero de la valoración del material probatorio de la causa efectuada por el Tribunal de grado, resulta objeto propio del recurso extraordinario local, por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado, el recurso en examen devien admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo del 28 de septiembre de 2009 (fs. 438/446) y su aclaratoria del 25/02/2010 (fs. 463) en base a la doctrina legal expresada en el apartado 5.1 de los considerandos. En consecuencia, CASAR parcialmente el punto I resolutivo del referido pronunciamiento (en cuanto declara procedente la indemnización del art. 2 de la Ley 25323), y en lo que se refiere a la planilla de condena que también se deja sin efecto, y DISPONER sustitutivamente del punto I resolutivo: "I. HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda interpuesta por Rubén Ángel Brasero en contra de Rubén Orlando Campero por los rubros indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, haberes 10 días/ jun/05, integración mes de despido, vacaciones prop./05, SAC prop./05, indemnización arts. 8 y 15 LNE, indemnización art. 16 Ley 25561, asignación no remunerativa jul/02 a jul/04 Decretos 1273/02, 2641/02, 392/03 y 1347, y RECHAZARLA por el concepto indemnización art. 2 Ley 25323". Asimismo, DEJAR SIN EFECTO los puntos dispositivos II (imposición de costas) y III (regulación de honorarios) y remitir los autos a la Cámara para que practique nueva planilla, distribuya nuevamente las costas y regule los honorarios profesionales.

II.- NO HACER LUGAR parcialmente en relación a los planteos analizados en el apartado 5 al recurso de casación indicado en el punto resolutivo I.

III.- COSTAS del recurso como se consideran.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.