Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-04-20


2º Instancia. - Ushuaia, abril 20 de 2005.

1º ¿Es procedente el recurso interpuesto? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Klass dijo:

1.- A fs. 333/349, el Tribunal de Juicio en lo Criminal con asiento en Río Grande condenó a Paulo Lorenzo Romero en orden al delito de privación ilegal de la libertad con abuso funcional agravada reiterada, dos hechos en concurso real, conforme a los arts. 55, 142 inc. 1º y 144bis inc. 1º y último párr. del Cód. Penal.

Ello en virtud de tener por acreditada la plataforma fáctica propuesta en el requerimiento de remisión de la causa a juicio obrante a fs. 185/186 que le imputa al nombrado que "...alrededor de las 6,45 hs. del día 5 de enero de 2002... privó ilegítimamente de su libertad a Juan Sebastián Pantoja y Jorge Enrique Vargas cuando éstos circulaban a pie por calle Thorne a la altura de su intersección con calle Colón de Río Grande, y les aplicó apremios ilegales, golpeándolos y rociándoles el rostro con aerosol irritante provisto por la fuerza policial a la que pertenece, esposándolos y apuntándoles con el arma de fuego reglamentaria, sin haber existido motivo alguno para la detención y con abuso de sus funciones..." (descripción transcripta a fs. 333 de la sentencia).

De acuerdo a las consideraciones efectuadas por el a quo, la detención ilegítima llevada a cabo por Romero estuvo motivada en un incidente mantenido con anterioridad con Pantoja a la salida del local bailable "Saratoga".

Un elemento esencial en la imputación lo constituye la declaración de Pedro Veliz -introducida al debate por la lectura-, conductor del taxi en que se movilizaba el enjuiciado instantes antes de acontecido el hecho.

2.- A fs. 354/364, el doctor A. R. de la R., en representación de Paulo Lorenzo Romero, interpuso recurso de casación.

Recuerda que según lo manifestado por su asistido, la detención de Pantoja y Vargas respondió a una situación sospechosa que pudo observar, casualmente, cuando se dirigía a su trabajo en un taxi. Pidió al conductor que solicitara refuerzos vía radial, descendió del rodado y redujo a los nombrados (355).

Explica que la discusión gira en torno de establecer si la detención fue realizada en el marco de lo que el ordenamiento jurídico autoriza a su asistido como agente policial. A tal fin, entiende que la valoración de la declaración del conductor del taxi, Pedro Veliz, resulta improcedente pues avasalla los principios elementales del proceso penal oral y contradictorio (355 y vta.): "Por ello, la falta de controlarla, de ejercitar la mediación (debería decir inmediación) y de que se mantenga la incolumidad del principio de bilateralidad, hace que nos encontremos en presencia de una sentencia arbitraria" (355vta.). Ante este supuesto, invoca la necesidad de un examen casatorio amplio que resguarde las garantías constitucionales del enjuiciado (356/357).

Tras relatar la plataforma fáctica examinada por el Tribunal de Juicio (357vta./361), expresa los agravios sobre los que sustenta su impugnación. Indica que, por un lado, el a quo tuvo por probado que, previo a la detención, hubo un incidente menor -constituido por un intercambio de palabras- entre Romero y Pantoja y, por otro, que no concurrían las causales de ebriedad y desorden invocadas por su defendido (361vta.). Pone de resalto la relevancia del testimonio de Pedro Veliz en el cuadro probatorio incriminante (362 y vta.) ya que, a juicio del tribunal, contraría la versión brindada por el encausado. Al respecto, Explica que el motivo de la detención estuvo dado por la actitud sospechosa que Romero advirtió en Pantoja y Vargas, cuestión que no puede ser evaluada por un taxista (363). Critica la incorporación de su declaración por la lectura al debate ante la imposibilidad que dar con su paradero (363): "Sin perjuicio de que el tribunal haya agotado los medios para lograr la presencia del testigo en la audiencia, la incorporación de su testimonio privó a la defensa de un hecho y de un derecho fundamental para probar la inocencia del imputado, al no dársele ocasión de preguntar y repreguntar a Veliz, de controlar su deposición, de contradecirla y de actuar en un marco de inmediación propio de la etapa" (363). Agrega que los testimonios producidos en la audiencia sólo resultan útiles a los fines de establecer si Romero ejerció sobre Pantoja y Vargas una fuerza superior a la requerida, recayendo exclusivamente en Veliz la imputación del delito de privación ilegítima de la libertad (363 y vta.). Recuerda que el sentenciante no otorgó validez a las declaraciones de Pantoja y Vargas producidas en el marco de las actuaciones contravencionales (363vta.) y que atribuyó el delito de privación de la libertad sólo a Romero porque entendió que los policías que intervinieron después actuaron amparados por el principio de confianza (363vta./364). Cuestiona esta última conclusión al considerar que si en el esquema planteado por el tribunal hubo privación de la libertad, ésta fue producto de una participación colectiva de todos los policías que intervinieron en la sustanciación del expediente contravencional (364). Finalmente, formula reserva del caso federal (364vta.).

3.- La primera cuestión a tratar es de orden procesal y consiste en determinar la legalidad de la incorporación al debate por la lectura de los dichos prestados en instrucción por Pedro Veliz. Indudablemente, este testimonio reviste especial relevancia en el caso. El testigo relata los hechos en forma diametralmente opuesta a lo hecho por Romero, toda vez que señala que no advirtió que Pantoja y Vargas hubiesen incurrido en la actitud sospechosa invocada por el imputado para proceder a sus detenciones.

Ante la imposibilidad de dar con el paradero del nombrado para que se presente en la audiencia de debate, el a quo procedió de acuerdo a lo reglado por el art. 360, inc. 3º, del C.P.P.: "Las declaraciones testimoniales no podrán ser suplidas, bajo pena de nulidad, por la lectura de las recibidas durante la instrucción, salvo en los siguientes casos y siempre que se hayan observado las formalidades de la instrucción:...3) Cuando el testigo hubiere fallecido, estuviere ausente del país, se ignorare su residencia o se hallare inhabilitado por cualquier causa para declarar" (ver acta de debate, fs. 325vta./ 326).

La impugnación se funda en que este hecho privó a la defensa de interrogar al testigo, violándose los principios de oralidad e inmediación, propios del sistema de enjuiciamiento penal. A pesar de mantener esta línea argumental, como correctamente señala el Fiscal ante este Estrado a fs. 377vta., en ningún momento la parte ataca la constitucionalidad de la norma ritual aplicada.

4.- Ingresando el examen del agravio descripto, corresponde señalar que se halla fuera de discusión que la audiencia de debate constituye el pilar fundamental del denominado proceso penal mixto pues es allí donde se reivindican los principios de oralidad, publicidad e inmediación.

Sin embargo, ello no autoriza a desoír -sin más- todo lo actuado previamente durante la instrucción. Así lo establece la propia ley cuando, en el citado art. 360, taxativamente determina los supuestos en que pueden incorporarse válidamente las piezas procesales labradas durante la investigación, siempre que éstas hubieran observado las formalidades pertinentes. Esta posición fue expuesta por este Estrado en los autos "Sartori, Lucas Oscar y Bustos, Ernesto Alejandro s/ Robo agravado, tenencia de arma de guerra y encubrimiento" -expte. nº 737/04 SR del 20.09.2004, Libro X, fº 588/600-.

Existe un presupuesto indispensable para la aplicación del inc. 3 del art. 360: que por razones objetivas y ajenas a la voluntad de las partes y del tribunal exista la imposibilidad material que el testigo pueda ser oído durante la audiencia, ya sea por fallecimiento, por hallarse fuera del país, porque no ha sido habido o porque se encuentre inhabilitado.

Esta exigencia deriva de la búsqueda de la verdad real o histórica que orienta la actividad del tribunal de juicio que -en lo sustancial- no difiere con el fin inmediato del proceso penal que, según expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos, 325:3118, consiste en el descubrimiento de la verdad objetiva o histórica. Ello, lógicamente, siempre a través de un proceso reglado que resguarde debidamente el ejercicio de los derechos y garantías de todas las partes involucradas.

En las situaciones extraordinarias enumeradas por el art. 360 del C.P.P., la ley ha colocado a la búsqueda de la verdad real por encima de la característica contradictoria de esta etapa procesal. Este principio también se refleja claramente en el art. 357 ejusdem que faculta al tribunal, aún de oficio, a producir e incorporar al debate aquella prueba que considere útil: "Si en el curso del debate se tuviera conocimiento de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles, o se hicieren indispensables otros ya conocidos, el Tribunal podrá ordenar, aun de oficio, la recepción de ellos".

No se advierte que este artículo avasalle las garantías que emana del art. 8, inc. 2º, letra 'f' de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto otorga "el derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal". En primer lugar, adviértase que la norma remarca la presencia en el tribunal de los testigos, circunstancia que no concurre en nuestro caso porque Veliz no fue habido. En segundo término, los tratados internacionales incorporados al texto constitucional por medio de la reforma de 1994 no derogan artículo alguno de la Carta Magna y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. En consecuencia, deben armonizarse con el conjunto del ordenamiento jurídico del país, de modo que sólo pueden efectivizarse "...conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio". Justamente el referido art. 360 regula la situación excepcional derivada de la imposibilidad material de que el testigo concurra a la audiencia (arg. expuesto por la sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal en "Ramírez, Carlos y otro s/ Recurso de casación" del 11.06.2002, La Ley, 2003-B, 441 y también Base de datos www.csjn.gov.ar, documento nº 8238).

5.- Especialmente ilustrativa resulta la opinión expuesta por Daray y Navarro en su "Código Procesal Penal de la Nación". Estos autores examinan y critican los fundamentos dados por la sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal en "Abasto" (La Ley 2001-B, 359) al negar la validez de la incorporación por lectura de testimonios prestados durante la instrucción. La crítica radica fundamentalmente en considerar que se hizo una aplicación errónea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues ésta resultaba extraña al caso debatido. Entiendo adecuado transcribir el pasaje pertinente ya que su claridad conceptual exime de mayores comentarios:

"...no parece irrazonable la limitación que, por excepción, establece el inciso tercero del dispositivo para la exclusiva verificación de las hipótesis que contiene, acorde al más amplio criterio de la Corte Suprema de que los derechos reconocidos constitucionalmente no son absolutos (por todos, C.S. Fallos, 307:2262; 314:1376). Más, cuando el art. 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que 'los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común', y cuando, por añadidura, el proceso penal, de por sí, importa necesarias restricciones a los derechos del enjuiciado, aún hasta a su propia libertad (...) En otras palabras, puede decirse que el derecho constitucional a la confrontación de la prueba no exige que la contradicción se produzca efectivamente; tan sólo reclama que sea obligatorio posibilitarla.

Si así es, parece plenamente razonable y, por tanto, la incorporación por lectura al debate de prueba testimonial de imposible colección durante él, producida en la etapa de instrucción sin control de la parte interesada, en tanto se den las exclusivas hipótesis que lo autorizan -de las que es continente el inciso tercero del dispositivo-, pues adversamente esa incorporación será impertinente y contraria a la Constitución Nacional.

Cuesta creer, de otro lado, que todas las legislaciones del país hayan siempre optado irrazonablemente por introducir normas semejantes a la comentada en el orden nacional, aun en los códigos procesales más noveles y modernos (véase por caso el art. 366, inc. 3, del Cód. Procesal de la Prov. de Buenos Aires, de similar factura; o el art. 397, inc. 3, del Cód. Procesal de la Prov. de Córdoba" Guillermo Rafael Navarro - Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", t. II, Hammurabi, 2004, ps. 1049/1050, comentario al art. 391).

6.- Importantes Tribunales del país han coincidido con esta postura: "Cumplidos los presupuestos formales, las declaraciones testimoniales que resultan imposibles de producir durante el debate oral, pueden incorporarse, siempre que el tribunal hubiese tomado todos los recaudos y, no obstante, no se hubiera logrado con éxito la concurrencia del testigo" (SC Mendoza, "Fiscal c. O.Z., M. y otro" del 26.08.2004, LLGran Cuyo 2004-975, Base de datos www. laleyonline.com.ar); "No resulta imprescindible que quien declaró ante la policía y el juzgado de instrucción deba comparecer y declarar en el debate para ser tenido en cuenta en sus manifestaciones acerca del hecho, en tanto el art. 398 del Cód. Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos autoriza a oralizar lo testimoniado, para luego ser valorado por el tribunal de juicio" (ST Entre Ríos, "Gómez, Jorge J. M." del 14.04.2004, LLLitoral 2004-1089, www.laleyonline.com.ar); "Corresponde anular la sentencia condenatoria que tuvo como elemento decisivo de cargo la incorporación por lectura de las declaraciones testimoniales prestadas durante la instrucción, sin que se diera ninguno de los supuestos taxativamente establecidos en el art. 397 del Cód. Procesal Penal" (contrario sensu, ya que en el caso se acreditó que los testigos pudieron haber declarado durante la audiencia, TS Córdoba, sala penal, "Juri, Aldo y otros" del 03.10.2002, La Ley, 2003-B, 877); "La excepción contenida en el inc. 3º del art. 391 del Cód. Procesal Penal en cuanto permite la incorporación por lectura de las declaraciones de los testigos prestadas en la instrucción es una consecuencia directa del principio de búsqueda de la verdad real o histórica que domina el procedimiento penal e impone a los tribunales de justicia el deber de incorporar al debate todo elemento de prueba o dato objetivo que haya sido introducido legalmente al proceso y que sea susceptible de producir en el ánimo de los sujetos procesales un conocimiento cierto, o por lo menos probable acerca de los extremos fácticos de la imputación delictiva" (CNCasación Penal, sala III, "Ramírez" del 11.06.2002, criterio ya brindado en "Novoa, Jorge A. y otros" del 10.08.2000, La Ley, 2000-F, 912 y reiterado en "Malatine, Héctor R." del 29.05.2003, La Ley, 2003-F, 833); entre muchos otros.

7.- En suma, en orden a la búsqueda de la verdad histórica de los hechos, el principio contradictorio cede ante la imposibilidad de que los testigos sean escuchados en el debate, siempre y cuando las testimoniales tomadas en instrucción cumplan los requisitos exigidos por la ley para su realización. Se trata, pues, de una situación extraordinaria y de fuerza mayor (conf. Gustavo Arocena, según el voto del doctor Salvini en el fallo "Fiscal c. O.Z., M. y otro" de la Suprema Corte de Mendoza citado en el considerando que antecede). Precisamente porque nuestro proceso penal resguarda los principios de oralidad, inmediatez y contradicción es que fija una enumeración taxativa de supuestos en que procede formular una excepción a dichas reglas. En tales condiciones, las declaraciones prestadas durante la instrucción podrán ser valoradas, sin perjuicio de la ponderación concreta que de aquéllas realice el sentenciante. Una eventual respuesta arbitraria conducirá a la invalidación del pronunciamiento por el órgano de casación (conf. Navarro - Daray, "Código...", ps. 1050/1051).

Por todo lo expuesto, en concordancia con el excelente desarrollo formulado por el doctor Sarrabayrouse a fs. 339/340vta. de su voto y bajo el prisma del art. 360, inc. 3, del C.P.P., entiendo válida la incorporación por lectura al debate de los dichos de Pedro Veliz de fs. 45/46 pues, por un lado, el Tribunal de Juicio intentó infructuosamente su comparecencia a la audiencia de debate (ver lo actuado a fs. 286, 300, 301, 303, 315 y 321 respecto de su pedido de presencia transmitido vía televisiva y los trámites realizados ante la Policía Federal) y, por otro, su declaración instructoria no presenta vicios formales.

8.- Establecido ello, corresponde examinar la controversia existente en torno a la acreditación de la conducta reprochada penalmente a Paulo Lorenzo Romero. Los agravios expuestos incursionan decididamente en cuestiones de hecho y prueba que -en principio- resultan ajenos a esta instancia casatoria. La controversia entre la parte y el tribunal no se vincula con una distinta interpretación o diferente alcance atribuido a la figura de privación ilegal de la libertad con abuso funcional agravada reiterada (lo que constituiría una cuestión eminentemente de derecho); antes bien, remite al examen de la tarea axiológica llevada a cabo por el a quo.

Es claro que éste no es un Tribunal de segunda instancia para revisar los hechos establecidos por el tribunal de grado (ver, por todos, lo dicho en "Rojas, Juan Pablo s/ Hurto de automotor" -expte. nº 532/02 SR del 05.02.2003, Libro IX, fº 22/33-). La competencia de este Estrado radica en controlar que la motivación de la sentencia del juez o tribunal de mérito corresponda o constituya una derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias reales y comprobadas de la causa; la validez de las pruebas de que se sirve el sentenciante; la omisión en la consideración de alguna prueba decisiva que hubiera sido legalmente incorporada a la causa y cuya apreciación conduzca a variar el sentido de la decisión final; que sus conclusiones respondan a las reglas del recto entendimiento humano; y que esa motivación resulte bien emitida, con ajuste a las formas prescriptas.

Como se señaló en distintos precedentes, este examen debe ser amplio, de forma tal de dar plena vigencia a la garantía de la doble instancia consagrada por el art. 8, párr. 2º, apart. h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el art. 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966), ambos incorporados a nuestro universo constitucional por el art. 75, inc. 22 (in re "García, Gustavo Alberto y otros s/ Peculado y malversación culposa de caudales públicos s/ Recurso de queja interpuesto por el defensor de Delcio Daniel Rochón" -expte. nº 621/03 SR del 06.11.2003, Libro IX, fº 483/490-, con cita del informe nº 24/92 del 2/10/92 "Costa Rica" -Derecho de revisión de fallo penal: Casos 9.328, 9.329, 9.742, 9.884, 10.1311, 10.193, 10.230, 10.429, 10.469-). De allí que el examen de la decisión recurrida debe ser integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal que infrinja la esencial misma del derecho a recurrir el fallo condenatorio (conf. doctr. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del 02.07.2004).

9.- He de adelantar mi opinión indicando que no advierto en el caso la concurrencia de ninguno de los vicios señalados para tachar la sentencia por arbitrariedad normativa, fáctica, axiológica o lógica. Los argumentos desarrollados por el recurrente, antes que demostrar el apartamiento de la solución consagrada por el ordenamiento legal, la deformación de hechos probados y evidentes, la elección de una posibilidad notoriamente injusta o la violación de las reglas del pensar correcto, sólo muestran su disconformidad con la valoración de elementos fácticos y la aplicación legal que, como ha proclamado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no cubren la tacha intentada (C.S., Fallos, 302:254; entre otros).

El a quo desestimó la versión dada por el imputado durante la audiencia de debate. El imputado manifestó que aquella noche tomó un taxi en la esquina de Thorne y Roldán para dirigirse a Perito Moreno y Belgrano. Por sugerencia del taxista, fueron por la calle Estrada a fin de evitar los semáforos de la avenida Belgrano. Antes de llegar a la intersección de la calle Colón, observó dos sujetos en situación sospechosa, consistente ésta en que uno estaba escudriñando el interior de un inmueble apoyado sobre una reja mientras el restante miraba de izquierda a derecha como si se tratara de una campana. Ante esta situación, Romero dijo que le indicó al chofer que tomara por Thorne y que, vía radial, solicitara el apoyo de un patrullero. El vehículo estacionó en la calle Mosconi cerca de los dos individuos; uno de los sujetos lo insultó; él se presentó como policía; el individuo que estaba próximo a la reja lo agredió; y comenzó un forcejeo. Tras una breve pelea logró reducirlos al colocarles las esposas a uno y gritándole al otro que se quede quieto y se tire al piso. En esas circunstancias arribó al lugar un patrullero con los policías Benito Alfredo Macías y Hugo Blas Alfonso (fs. 335).

Pedro Veliz, quien conducía el taxi en el que se transportaba Romero, dio una versión diferente de los hechos. A fs. 45/46 este testigo declaró que Romero ascendió al vehículo en la parada nº 5 ubicada en Thorne y Sweiter. Que Romero le dijo que fuera al Hotel Ibarra, por lo que tomó la calle Sweiter hasta 25 de Mayo, donde dobló y tomó Roldán. Llegando a la Av. Belgrano el pasajero le indicó que doble a la izquierda. Que llegando casi a Almafuerte, Romero le indica que fuera más rápido, que doble por Colón y que por radio llame a un móvil policial. Llegando a Thorne le dice que indique al móvil que se dirija a ese lugar. Agregó que desconocía por qué el pasajero le indicó este trayecto. "Que al llegar a la calle Thorne yendo por Colón el declarante observó que venían dos chicos caminando por calle Thorne desde el INTEVU de mano derecha sin observar ninguna actitud extraña en los mismos, que caminaban normalmente. Que el pasajero le pide ahí que pare el taxi como a mitad de cuadra por calle Thorne, bajándose de vehículo y agarrando a los dos chicos, tomándolo al más alto del cuello y el más bajo se quedó parado al lado, extrayendo quien era su pasajero de la cintura un arma de fuego con la que apuntó al más grande escuchando en ese momento el dicente que este hombre dijo con voz fuerte que era policía y que les dijo que se tiraran al piso, haciéndolo los dos chicos, observando además el declarante que este sujeto le echaba un aerosol al más grande y que le puso unas esposas y que en ese ínterin salen de una casa de ahí por Thorne de mano derecha un hombre y una mujer" (fs. 45vta.). Veliz explicó que ante la actitud de Romero, en un primer momento los chicos se quedaron quietos y que, después, el más grande quiso reaccionar empujando al imputado, pero éste no le dio tiempo ya que lo sujetó del cuello y lo puso contra la pared y el chico se quedó ahí quieto (fs. 45vta./46).

10.- En primer lugar, consideró probado el incidente mantenido por Romero y Pantoja que motivara la reacción del primero de los nombrados. Dieron cuenta de ello el propio Pantoja (fs. 337 y vta.) y Federico Daniel Sotomayor (fs. 336 y vta.). Ambos fueron contestes en afirmar en la esquina de Belgrano y Perito Moreno se produjo un fuerte intercambio de palabras. Durante la audiencia, Sotomayor reconoció a Romero como la persona que había discutido con Pantoja (fs. 336). La existencia de este incidente se ve corroborado por la declaración de la restante víctima, Jorge Enrique Vargas, quien indicó que cuando Romero los interceptó en la calle, le apuntó con su arma a Pantoja y le pegó con la culata, mientras a él le decía "quedate quieto que con vos está todo bien" (fs. 338).

En cuanto a las versiones irreconciliables de Romero y Veliz, el sentenciante se inclinó, en forma fundada y razonable, por otorgarle veracidad al testimonio de Pedro Veliz.

Respecto de la detención de Pantoja y Vargas, el tribunal entendió que Romero faltó a la verdad cuando dijo que el taxista le había indicado ir por la calle Estrada. El propio Veliz rechazó esta versión al decir que circularon por otras arterias. Por otra parte, a la hora de los hechos (alrededor de las 6:45 hs. de un día sábado) el movimiento en la ciudad era mínimo por lo que se desdibuja la excusa dada para evitar el tránsito por la Av. Belgrano (sentencia, fs. 341 y vta.). También tuvo presente que el camino indicado por Veliz es el derrotero más lógico, sencillo y con menores complicaciones (fs. 341). A su vez, el tribunal consideró que Romero vio a Pantoja y Vargas caminar por la calle Thorne al momento de ascender al taxi (fs. 343). Este razonamiento no presenta vicios lógicos.

11. En consecuencia, si el taxi conducido por Veliz no circulaba por la calle Estrada, es imposible que Romero hubiera visto a Pantoja y Vargas en una actitud sospechosa.

Con relación a este último punto, Veliz no notó nada anormal en la forma en que Pantoja y Vargas caminaban por la calle Thorne. Señala la defensa que no puede pretenderse que el testigo se manifieste respecto de la actitud sospechosa de terceros en la medida y comprensión que puede hacerlo un policía (recurso, fs. 363).

Este agravio carece de fundamento. Romero describió la actitud sospechosa presuntamente vista: una persona escudriñando el interior de un inmueble y otra en actitud de campana. Se tratan de presupuestos simples y objetivos que cualquier persona puede notar, aún cuando no les otorgue el significado que les dio Romero. Sin embargo, el testigo Veliz ubica a Pantoja y Vargas en una actitud totalmente diferente al decir que caminaban normalmente (versión coincidente con la de las víctimas). En otras palabras, no se trata de una mejor o peor comprensión de la actitud de las víctimas, sino de ubicarlos en una situación totalmente distinta.

Finalmente, cabe destacar dos brevísimas consideraciones: a) la veracidad del relato de Veliz se ve respaldada por la descripción de aquellos detalles que otros testigos pudieron corroborar (vestimenta de Romero, empleo del aerosol con gas, presencia de un matrimonio que observó el hecho) (sentencia, fs. 341vta.): y b) la defensa no denuncia, ni menos aún prueba, motivos que válidamente puedan llevar a pensar que este testigo trató de perjudicar al imputado, ni éstos son advertidos en el presente examen.

12.- No debe verse la desestimación de la versión del imputado como una ilegítima inversión de la carga probatoria. Esta evaluación responde a lo que Palacio describe como "atendibilidad de la prueba", entendiendo por ello la idoneidad o aptitud que posee para generar la convicción del juez acerca de la existencia o inexistencia de los hechos alegados (Lino Enrique Palacio, "La prueba en el proceso penal", Abeledo- Perrot, 2000, p. 41).

Dentro del marco impuesto por las reglas de la sana crítica, frente a los elementos de prueba colectados, lo manifestado por el imputado no resultó apto para generar la convicción del tribunal sentenciante. Y tal conclusión, que a la postre condujo al dictado de una sentencia condenatoria, no resulta arbitraria.

13.- La decisión de fs. 333/349 se apoya en los siguientes extremos: a) el motivo invocado por Romero para detener a Pantoja y Vargas no existía: el testigo Veliz dio cuenta que éstos en ningún momento adoptaron la actitud sospechosa que el imputado denuncia; y b) la verdadera razón de la detención se hallaba en el incidente previo entre Pantoja y Romero a la salida del local bailable "Saratoga", lo que surge de los dichos de Pantoja, Sotomayor y Vargas (este último, cuando manifestó que Romero le indicó que con él estaba todo bien). Ambas afirmaciones encuentran sustento en los hechos tenidos por acreditados.

No empaña esta conclusión que Pantoja y Vargas hubieran presentado aliento etílico (ver constataciones de fs. 17/18), ni que suscribieran las actas contravencionales que se labraron en función de sus detenciones (recurso, fs. 363vta.). La introducción de este argumento refleja una actitud errática en la defensa ya que del informe del expediente contravencional copiado a fs. 20 y de la declaración prestada por Romero durante la audiencia surge que el enjuiciado dio como único motivo de las detenciones la actitud sospechosa descripta. Ello se repite en el alegato de la defensa al cierre del debate, que refiere a la pretendida postura sospechosa de Pantoja y Vargas (ver fs. 329/330 del acta, especialmente fs. 329).

Como se examinó, debe descartarse que Pantoja y Vargas hubieran adoptado la actitud sospechosa mencionada por el encartado. Tampoco se acreditó que hubieran ocasionado desórdenes: ni Veliz los advirtió, ni los testigos de una vivienda próxima del lugar (el matrimonio Pichuncheo Bontes - Mancilla Santana, fs. 336/337) mencionaron haber escuchado ruidos o disturbios antes de la participación de Romero en el hecho.

Es claro, entonces, que las detenciones nada tenían que ver con las circunstancias alegadas.

Tampoco pueden encontrar fundamento en la ingesta alcohólica de Pantoja y Vargas ya que la misma no se reflejaba en la conducta de los nombrados, que -según afirmó Veliz- caminaban normalmente por la calle Thorne.

A modo de conclusión, el a quo sostuvo que "...descartamos expresamente que Romero haya podido apreciar que Pantoja y Vargas se encontraban en estado de ebriedad o que éstos provocaran algún tipo de desorden que habilitara al imputado para que procediera contravencionalmente" (fs. 342). Recuérdese que según surge en el sumario contravencional nº 003/2002 DPJRG"C" (copiado a fs. 15/38) las detenciones de Pantoja y Vargas respondieron a un supuesto "completo estado de ebriedad" y a "la perturbación del orden público". El primer extremo queda desdibujado por el resultado del examen medico practicado (que sólo da cuenta de la presencia de aliento etílico sin que se observara incoordinación motora o incoherencia en el lenguaje -fs. 17/18-), por la declaración de los testigos y por la reacción calma de Vargas ante la actitud agresiva de Romero. En cuanto a la "perturbación del orden público", los testigos Veliz, Pichuncheo Bontes y Mancilla Santana no mencionan que ello hubiese acontecido. Y si bien en aquellos obrados Pantoja y Vargas reconocieron esta imputación contravencional (actas de fs. 28 y 30), las circunstancias reseñadas dan sustento a la conclusión del sentenciante que, tal como ellos relataron, firmaron las actas sin observar o comprender el contenido y con el único objeto de recuperar su libertad ambulatoria (fs. 342 y vta.).

De más queda señalar que estos dichos no pueden interpretarse como declaraciones autoincriminantes en el marco de un proceso penal (en igual sentido se pronuncia el doctor Sarrabayrouse a fs. 342).

14.- El recurrente critica que el fallo limitó la imputación penal a Romero, sin extenderla a los restantes policías que se hicieron presentes en el lugar, se llevaron a Pantoja y Vargas, y labraron las actuaciones contravencionales correspondientes (arg. defensista de fs. 363vta./364). El a quo rechazó esta pretensión: "...en referencia a la intervención de los policías Macías y Alfonso, arribados al lugar del hecho como refuerzos solicitados por Romero, compartimos la posición expuesta por el Sr. Agente fiscal; su conducta se encuentra amparada por el principio de confianza en la labor de un subordinado y, además, más allá que terminaron de esposar a uno de los individuos, la privación de la libertad de ambos ya se había concretado, con lo cual descartamos el planteo defensista en cuanto a que juzgar la conducta de Romero implica considerar a la institución policial como una cadena de corruptos" (fs. 344).

Esta conclusión no resulta antojadiza. La presencia de los agentes Benito Alfredo Macías y Hugo Blas Alfonso se produjo una vez que Romero había reducido a Vargas y aún forcejeaba con Pantoja (conf. declaraciones reseñadas a fs. 338vta./339). Los policías respaldaron a su compañero en el procedimiento que éste estaba llevando a cabo, sin que existieran indicios que señalen que ese accionar era ilegal. Ergo, podría decirse que actuaron en cumplimiento de un deber (excluyente de la punibilidad, conf. el art. 34, inc. 4º, del Cód. Penal): si Romero indicó que los prevenidos se hallaban en actitud sospechosa, prima facie no había razones para dudar de ello. De allí que los motivos de la detención no fueron observados por Macías y Alfonso que, en virtud de un principio de confianza -propio de la función-, continuaron con los pasos necesarios que ya había iniciado Romero. Este último, en forma exclusiva, marcó las razones por las que Pantoja y Vargas debían ser privados de su libertad. No debe interpretarse otra cosa de la reseña realizada por el tribunal de la declaración del imputado durante la audiencia, en la que dijo que "les explicó lo ocurrido" a Macías y Alfonso (fs. 335).

Por ello, es correcto sostener que los agentes policiales que intervinieron en la tramitación de las actuaciones contravencionales resultan ajenos al ilícito investigado.

15.- La decisión impugnada presenta argumentos serios y fundados que se ajustan en un todo a los extremos de hecho y derecho debatidos en el proceso. Nótese que la subsunción legal escogida por el Tribunal de Juicio (privación ilegal de la libertad con abuso funcional agravada reiterada, dos hechos en concurso real, conforme los arts. 55, 142 inc. 1 y 144bis inc. 1 y último párrafo del Cód. Penal) no es puesta en tela de juicio por la defensa.

Podrá compartirse o no lo resuelto, más no emergen elementos que permitan sostener que el Tribunal de Juicio se apartó de las reglas de la sana crítica, impuestas por el art. 373, inc. 2, del C.P.P. Estas constituyen el único límite a la libertad de criterio que tiene el tribunal para seleccionar y valorar la prueba de las circunstancias fácticas. Se trata de preceptos de sentido común -integrados con los principios de la lógica racional y con las máximas de la experiencia- que los jueces deben respetar para evitar que sus conclusiones resulten antojadizas y arbitrarias antes que fundadas en la razón.

La fundamentación exige un aspecto descriptivo: consignar el elemento probatorio que lleva a la conclusión y un aspecto intelectivo: merituarlos demostrando la ligazón racional con las afirmaciones o negaciones admitidas en el fallo. Si bien hay libertad para la selección del material, no puede ser arbitrariamente utilizada y omitir tomar en cuenta una prueba que de haber sido considerada hubiese impedido arribarse a esa conclusión o hubiese determinado una distinta, lo cual afecta el principio de razón suficiente (José I. Cafferata Nores, "Temas de Derecho Procesal Penal", Depalma, p. 283).

Desde esta óptica, el pronunciamiento impugnado no merece objeciones sustanciales.

16. Las observaciones formuladas por la parte servirán para conocer su parecer sobre los elementos evaluados, pero no resultan útiles para desechar -por vicios esenciales de razonamiento- el desarrollo fáctico tenido por acreditado.

No encuentro falta de fundamentación en la sentencia recurrida; por el contrario, se advierte una correcta valoración y análisis del material fáctico y probatorio legítimamente incorporado al proceso y una derivación razonada y lógica que determina la aplicación del derecho vigente. Tampoco puede decirse que el a quo ha omitido considerar cuestiones conducentes para la correcta solución del caso, como para que prospere la tacha intentada (conf. C.S., doctr. de Fallos, 308:1622). Recuérdese también, que "Los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos. Basta que se hagan cargo de aquéllos que sean conducentes a la decisión en litigio" (Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; etc.).

En consecuencia, resulta de aplicación lo expuesto por la Corte: "Corresponde rechazar la tacha de arbitrariedad esgrimida si los fundamentos suscitan el análisis de cuestiones de hecho y prueba respecto de las cuales el recurso exhibe una mera discrepancia de criterio" (CS "Pascazzi, Luis A. y otros c. Banco Central de la República Argentina s/ Cobro de australes" de 14.02.95; Suplemento de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27.12.95 correspondiente a la Revista La Ley nº 248, fallo nº 297, p. 37), pues "La tacha de arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se estimen tales, sino que atiende sólo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, susceptibles de descalificar a las sentencias como actos judiciales" (CS, "Herrera Cano, R. c. Estado Provincial" del 17.11.94; Suplemento de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27.09.95 correspondiente a la Revista La Ley nº 186, fallo nº 1880, p. 38).

En atención a los fundamentos brindados, a la cuestión propuesta he de pronunciarme por la negativa.

Los doctores Battaini y Robbio adhieren a lo dicho por el doctor Klass, votando a la primera cuestión por la negativa.

2º cuestión. - El doctor Klass dijo:

Atento a la forma en que fue resuelta la cuestión que antecede, propongo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Paulo Lorenzo Romero a fs. 354/364 contra la sentencia de fs. 333/349.

Corresponde imponer las costas al nombrado, de acuerdo al principio establecido en la primera parte del art. 492 del C.P.P.

Los doctores Battaini y Robbio comparten y hacen suya la propuesta formulada por el doctor Klass, votando a la segunda cuestión en igual sentido.

El Superior Tribunal de Justicia resuelve: Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Paulo Lorenzo Romero a fs. 354/364 contra la sentencia de fs. 333/349. Con costas (art. 492, primera parte, del C.P.P.). - María del Carmen Battaini. - Ricardo J. Klass. - Mario A. Robbio.