marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Admisibilidad del recurso, prisión domiciliaria, interés del menor
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Villca Condori, Efrain c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-22

La disidencia consideró que debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, casar el resolutorio impugnado, y conceder la prisión domiciliaria al imputado, en aras de preservar el interés superior de los hijos menores afectados de osteogénesis imperfecta, lo contrario, implicaría soslayar la existencia de una razón de peso como lo es en este supuesto específico su discapacidad con las serias implicancias que conlleva. (Dres. Hornos -disidencia-)
Seguros, pago con subrogación, prueba del pago, aceptación del pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Meridional Cía. Arg. de Segs. c/ Rudman, José y/u otro s/ Cobro australes (A1.045.-)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-05

La subrogación se opera por el pago con independencia del contrato de seguro y sin necesidad de instrumentar una cesión de créditos. El pago, como acto jurídico, puede ser acreditado por cualquier medio de prueba, inclusive por presunciones. Esta Sala tiene resuelto que constituye un medio eficaz de prueba del pago subrogatorio el reconocimiento expreso, dado en juicio, por quien lo recibió.
Policía, personal policial, retiro obligatorio, plazo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTINI, JUAN CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 366-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-19

Teniendo en cuenta que en el período comprendido entre el pase a situación de pasiva que afectara al actor -personal policial- y la fecha en que se dispuso su retiro obligatorio, se hallaba vigente la modificación introducida por la ley 8684 al inciso c) del artículo 119 de la ley 6769, encontrándose de este modo el recurrente contemplado en la situación que dicha norma preveía (afectado por un auto de procesamiento firme) y, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 6769, el período que transcurrió mientras revistaba en situación de pasiva debía computarse a los efectos del retiro.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miolli, José R. Pedido de quiebra s/ Incidente de ineficacia concursal. Crédito: Banco de La Pampa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

El valor del litigio, está representado en el caso por el importe del crédito verificado cuya ineficacia se persigue. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, voto en disidencia, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SPELTA, ADRIAN ALEJANDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

Considerando que la ley 13807 cercena la autonomía del Ministerio Público de la Acusación afectando en consecuencia principios estructurales de jerarquía superior, y teniendo en cuenta la posición de este Tribunal ya sentada en anteriores precedentes (acordada N° 33), asiste razón al compareciente en cuanto cuestiona el fallo de esta Corte que -por mayoría- anuló el de Cámara que declarara su inconstitucionalidad, presentándose una cuestión federal, por lo que corresponde conceder el recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 13807 y Acta 33 CSJ taFe.
Amparo por mora, reclamo administrativo previo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SOLARO, Raúl Fabián c/ Estado Provincial y otros s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-16

Más allá de la existencia técnica, o no, de mora administrativa, la explícita norma constitucional que consagra esta acción de amparo especial (art. 57, Const. de E. Ríos) sólo exige como presupuesto de su procedencia que el reclamante sea parte en un expediente administrativo y que se verifique una demora injustificada de la autoridad interviniente en expedirse sobre el asunto requerido, constatándose acabadamente demostrada la existencia de ambos presupuestos en estos actuados.-
Prisión preventiva, facultades del Poder Legislativo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: B., R. s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-09-08

No brindarían válido cimiento a la prisión preventiva consideraciones relativas a la peligrosidad del imputado, pues con ello, amén de excederse la precisa finalidad que la Constitución Provincial fijó rígidamente a dicha institución "asegurar la investigación y la actuación de la ley", resultaría alterada la naturaleza jurídica de la misma, transformándola de la cautela procesal que es, tendiente a facilitar el desarrollo y resultado de un proceso determinado, en una medida de seguridad enderezada a innocuizar al sujeto potencialmente riesgoso para el bienestar de la sociedad. Mas dictar normas de tal naturaleza no compete a la Provincia, sino al Congreso Nacional, en tanto ellas serían, por su índole, integrantes del Código Penal, materia reservada en exclusiva a ese Poder Federal.
Mandamiento de ejecución, concejo deliberante, fallido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pérez Peña, Luis A. s/ Mandamus
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-03-06

La petición que luce en la demanda para que este Superior Tribunal "se expida respecto a la posibilidad de que el Presidente del Concejo Municipal de Cinco Saltos, como fallido declarado, pueda o no seguir ejerciendo la Presidencia del Concejo Municipal de la localidad mencionada", importaría una petición encaminada a obtener una declaración de certeza o un pronunciamiento técnico legal con respecto a la cuestión suscitada, no compadeciéndose con la natural funcionalidad del mandamiento de ejecución, como remedio constitucional extremo.
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiorini, Adelina c/ Chamorro, Angel y otros s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

Si partimos del principio general que domina la totalidad de los ordenamientos procesales, la parte vencida en el pleito es quien debe cargar con la responsabilidad en el pago de las costas, entendiéndose por tal, a quien obtiene un pronunciamiento adverso a la posición jurídica que adoptó en el proceso y desde que el vencimiento no requiere la existencia de una efectiva discusión o controversia, cuadra hablar de "actor vencido", cuando la pretensión es rechazada en su integridad y de "demandado vencido", en el supuesto de que su oposición corra la misma suerte, o de que, habiéndose verificado su incomparecencia o falta de réplica, la sentencia actúe la pretensión del actor.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Derecho laboral, despido indirecto, falta de prueba, demanda
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: COCERES, ANDREA c/ MAILBOX S.R.L. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-09

En relación a la alegada falta de tratamiento de la responsabilidad solidaria endilgada al codemandado, la interesada omite hacerse cargo de las consideraciones expuestas en el auto denegatorio, en donde la Sala evidenció que la situación del mencionado coaccionado se encontraba subordinada y habría seguido la suerte del reclamo principal, tal como fuera planteado expresamente por la propia compareciente, por lo que, dado el rechazo total de la demanda laboral, entonces la solidaridad había quedado también descartada.
Proceso penal, denuncia, denunciante, daños y perjuicios, actos ilícitos, dolo
Materia: CIVIL
Carátula: Asociación Mutual Latinoamericana c/ Misiones, Pcia. de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

No se puede imputar al denunciante la comisión de un delito ni aun de derecho civil por el hecho de la promoción de un proceso criminal, porque no hay delito en la concepción de la ley civil sino cuando el acto ilícito se ejecuta a sabiendas y con intención de dañar a la persona o los derechos de otros.
Compraventa inmobiliaria, objeto del contrato, venta de cosa ajena, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: GIARDINA JOSE ANGEL c/ BASU CONSTRUCCION S.R.L. s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-04

De acuerdo al art. 1177 del Código Civil, las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos y el art.453 del Código de Comercio dice que la compraventa de cosa ajena es válida. Mientras que el art.1329 del Código Civil, párrafo 1ro. expresa que las cosas ajenas no pueden venderse, a lo que la doctrina agrega para precisar el concepto del legislador, "cuando se las ofrece como si fueran propias" (conf.Wayar, "Compraventa y permuta", Nro. 131, p.207;

López de Zavalía, "Teoría. Parte Especial", t.I. p.122; Borda, "Contratos", t.I, p.63, Nro. 51; Rezzónico, "Estudio de los contratos", t.I, p.86).

En materia inmobiliaria, el "Boleto" de compraventa implica sólo una promesa de venta, ya que la traslación de dominio a través de la compraventa tiene una forma reglada por la ley; la escritura pública (art.1184,inc. 1ro. del Código Civil).

La promesa de venta de cosa ajena que resulta de un boleto privado el cual el vendedor se obliga a escriturarla a favor del comprador ( arts. 1185 y 1187 del cód. cit.), es válida, considerándose que en tal caso el vendedor debe obtener el dominio de la cosa ajena para estar en condiciones de transmitirlo al comprador (conf. Llambías Alterini, "Código Civil Anotado", t.III-A, p.384), por lo que el art 1329 no se aplica a la promesa de venta de inmuebles (conf. C.N.Civ.

Sala A, L.L.146-674, 28755-S:id. L.L.150-423; id. L.L. 1978-A-407;

Sala D, E.D.76-572; Sala E, J.A. 1978-II-216; Sala F. L.L.136-50)
Competencia laboral, lugar de trabajo, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Pala, Joaquín c/ Sirti Argentina S.A. s/ Cobro de Pesos y Entrega de Certificados
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-10-13

El demandante ni tan siquiera ha mencionado que el lugar de trabajo haya sido la ciudad de Paraná; recién una vez excepcionado por la demandada y con fundamento en los recibos de pago aduce, sin prueba alguna, que acredite tal extremo, que los trabajos que realizaba en favor de la accionada, los realizaba en distintas provincias y entre ellas en la de Entre Ríos, más precisamente en la ciudad de Paraná.
Fallos de la Corte Suprema, recursos, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fabris, Marcelo H. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

Las decisiones de la Corte Suprema, el más alto tribunal de la República, no admiten recurso alguno que no sea el de reconsideración ante el mismo tribunal, ni pueden dar nacimiento a acciones que deban ser tramitadas ante jueces de menor jerarquía.
Estado, Administración Pública, procedimiento administrativo, proceso judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

La exteriorización sensible de la función, como conjunto de actos que determinan la transformación del poder en acto se llama "procedimiento". Es por eso que toda función estatal se evidencia en un procedimiento, así: la función legislativa se evidencia en el "procedimiento legislativo" dirigido a la emanación de actos legislativos (previsto en los textos constitucionales); la función jurisdiccional en el "procedimiento jurisdiccional" (establecido en las leyes procesales, generalmente llamado "proceso") ordenado a la emisión de los actos jurisdiccionales; la función administrativa, en el procedimiento administrativo (regulado por leyes administrativas) cuya finalidad es la emisión de actos administrativos; la función de reforma de la Constitución (que, en definitiva, no es más que una subespecie o especificación de la más amplia "función legislativa" -o normativa- del Estado) también se evidencia en un procedimiento. En efecto, para que la "función de reformar la Constitución" se exteriorice como conjunto de actos que determinen la transformación del "poder o potestad de reforma" en acto se requiere también un procedimiento que debe denominarse "procedimiento de reforma de la Constitución" que es regido por disposiciones de la Carta Magna y que, en definitiva, es uno de los procedimientos constitucionales.
Código aduanero, tributos aduaneros, tasas de interés, Secretaría de Hacienda, devolución de los importes indebidamente percibidos en concepto de tributos
Materia: ADUANERO
Carátula: Neumáticos Goodyear S.A. (TF 8659-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Tal como fue redactado el art. 812 del Código Aduanero corresponde concluir que la referencia que en él se efectúa del art. 794 se limita al mecanismo para el establecimiento del interés, a su carácter general y al tope que no puede superar.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, falta de fundamentación autónoma
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Vargiu, Pablo en autos Nº 272/08 La Alegría de la Condesa S.R.L. s/ Inscripción de Nuevo Socio Gerente s/ Impugnación de Acto de Asamblea s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-04

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones que rechazó el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sentencia del juez de grado que resolvió no hacer lugar a la anotación de la impugnación deducida en el acta de asamblea.

Surge con meridiana claridad que el recurso no satisface los requisitos de admisibilidad, en virtud de que carece del relato completo de los antecedentes de la causa, especialmente de los fundamentos de la sentencia que se pretende impugnar, por lo que para su conocimiento fue necesario la lectura de las actuaciones de los autos principales.

Además de ello, la impugnación está basada en las causales de arbitrariedad y errónea aplicación e interpretación del derecho, sin lograr demostrar en qué consiste la arbitrariedad y sin precisar en cuanto a esta última en qué consiste el apartamiento de lo resuelto de la normativa señalada, exhibiendo una mera disconformidad. Asimismo, se observa falta de fundamentación autónoma, pues el discurso argumental se desentendió completamente de los fundamentos sobre los que se asienta el fallo, no estableció una vinculación entre los fundamentos del fallo y los vicios enunciados como causales del recurso, habiéndose limitado a exponer el criterio interpretativo del recurrente, desprovisto de consideración sobre la motivación de la sentencia interlocutoria.

En cuanto a ello, este Tribunal en reiteradas oportunidades se ha expresado en el sentido de la necesidad del cumplimiento de dicho requisito (Auto Interlocutorio Nº:147/01, 260/00, 245/99, 9/03, entre muchos más). Igualmente, la C.S. B.A. ha expresado que "...es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de la ley en el cual el recurrente se desentiende de las manifestaciones del sentenciante (J.A. t. 1.986-IV, p.863 Nº 63, entre otros). Por ello, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso de casación deducido, con costas al recurrente.
Leyes, declaración de inconstitucionalidad, concursado, importaciones, AFIP DGA
Materia: CONSTITUCIONAL - COMERCIAL
Carátula: Cerro Castillo S.A. s/ Concurso - Inc. de elevación a la Excma. Cámara Comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-15

Toda vez que existe entre la garantía prevista por la cn: 14 y la ley 22.415: 97, el tribunal no puede dejar de aplicar la norma de mayor rango, aún de oficio, y desechar la de rango inferior (en el caso, se dispuso declarar la inconstitucionalidad de la citada ley y disponer el levantamiento de la suspensión de la matrícula de exportadores e importadores dispuesto por la Administración Nacional de aduanas respecto de la concursada.
Costas
Materia: PROCESAL -CIVIL
Carátula: OVIEDO, D. c/ FERREYRA, J. Y/U OTRO s/ ORDINARIO - RECURSO DE REVISION: COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-10-02

La decisión del a quo de imponer la totalidad de las costas a la parte demandada resulta violatoria de la regla del art. 356 ter C.P c., según la cual el régimen de las costas debe adecuarse al éxito obtenido por cada una de las partes, principio que no sufre excepción en el juicio de daños.
Letra de cambio, pagaré, pago, juicio ejecutivo, prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Banco Hipotecario SA c/ Kaczer, Ignacio Víctor s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-10

El "pagaré" librado a los fines de garantizar un "convenio de pago" de una deuda derivada de créditos de consumo, violenta el régimen de orden público y defrauda la LDC 36 que busca desde su texto, evidenciar al consumidor la magnitud real del negocio a celebrar con lo cual el libramiento de títulos cambiarios en las circunstancia apuntadas, resultaría violatorio de una norma constitucional y de orden público, y torna inexistente la posibilidad de que un consumidor libre un pagaré para documentar deudas de consumo.

Ello así, toda vez que a partir de lo que dispone la ley de defensa de consumidor, toda operación financiera o de crédito de consumo debe contar con una base contractual específica, y no otra. De ahí que resulte imposible documentar una operación de crédito al consumo en un documento distinto al que dispone la normativa aplicable.
Excarcelación, plazos procesales, tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, facultades del juez
Materia: PROCESAL - PENAL - INTERNACIONAL
Carátula: Alonso, Jorge F. y otros s/ contrabando de estupefacientes y otros delitos - causa n° 3161.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Los arts. 379, inc. 6° y 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal se adecuan a lo establecido por el art. 7°, inc. 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la medida en que no determinan plazos fijos para la procedencia de la excarcelación, sino que la decisión ha de quedar a criterio del juez según determinadas circunstancias que el magistrado deberá examinar y valorar en forma concreta (Votos de los Dres. Julio S. Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Costas, alimentos
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTA PEREZ LUQUE c/ ITALO MAX DESIDERI s/ ALIMENTOS-MODIFICACION DE LA CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-05-21

Para excepcionar el principio de intangibilidad de los alimentos, que desplaza la aplicación de la regla del artículo 65 del Código Procesal Civil y Comercial, y pone a cargo del alimentante las costas del juicio respectivo o sus incidentes, se requiere que concurra una actitud del o de los alimentados, manifiestamente infundada, o abiertamente obstruccionista, que exceda con certeza, todo margen de opinabilidad.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, entidades financieras, créditos personales, uso de documento falso
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALVEZ,  HUGO CESAR c/ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

Cabe rechazar la demanda de daños y perjuicios dirigida contra una empresa dedicada al servicio de cobro de créditos, toda vez que se reclama a causa de las intimaciones de pago enviadas al domicilio laboral del actor, destinadas al cobro de créditos otorgados por una compañía financiera a un tercero que había usurpado la identidad del actor. Ello así, en tanto la empresa de cobranzas actuó como mandataria de la compañía financiera (Ccom: 223 y ss). En ese marco, cabe concluir que la codemandada actuó dentro de los limites de la manda que le fuera encomendada, razón por la cual no puede responsabilizársela directamente.
Incapacidad sobreviniente, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: BAGLIVIO, GABRIEL REINALDO c/ NAVARRO, LUIS CESAR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-28

Con relación al rubro incapacidad sobreviniente a los fines de establecer el monto indemnizatorio debe apreciarse un cúmulo de circunstancias, entre las que si bien asume relevancia lo que la incapacidad impide presuntivamente percibir durante el lapso de vida útil, también es preciso meritar la disminución de las posibilidades, edad de la víctima, cultura, estado físico, profesión, sexo, es decir, todo aquello que se trasunta en la totalidad de la vida de relación.

Si la víctima no probó las sumas que percibía al momento del accidente, esa omisión no impide la admisión del rubro si quedó acreditada una incapacidad parcial y permanente del 17% de la total obrera, en virtud de las secuelas del accidente, máxime si se trata de un joven de 19 años que verá disminuida sus posibilidades futuras, lo que basta para aceptar el rubro, cuya apreciación queda, en definitiva, librada al prudente arbitrio judicial en función de los distintos elementos que la causa ofrece.
Quiebra, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, sentencia, proceso penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAMOS, CARLOS s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR OVIDIO, JORGE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

No resulta procedente el pedido de quiebra fundado en una sentencia dictada en sede penal con posterioridad al concursamiento del deudor, por la que se condena al mismo a pagar una suma determinada en concepto de resarcimiento por la comisión de un delito que tuvo lugar con anterioridad a la presentación en concurso. La obligación de reparar nace con la comisión del delito (CCIV: 1077) y por ende la sentencia solo tuvo por objeto -en lo que al resarcimiento se refiere- declarar un derecho preexistente, confiriendo certeza al reclamo del damnificado, resultando los hechos generadores del daño anteriores a la presentación en concurso.
Indemnización, seguro de automotores, seguro de daños patrimoniales, destrucción total del automotor, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ,  ADRIANO c/ HSBC  LA BUENOS AIRES CIA. DE SEGUROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-08

Cabe rechazar la demanda incoada contra una compañia aseguradora, por el cobro de la indemnización pactada en virtud del contrato de seguro que cubria el riesgo de destrucción total del vehículo de la actora. Ello asi, pues la aseguradora se negó al pago de la suma asegurada, toda vez que el valor de los restos del rodado era superior al 20% del valor del mercado de uno similar en buenas condiciones. Frente a ello, era el accionante quien debia probar que el valor de realización de la unidad siniestrada no superaba el 20% del vigente en plaza. En ese contexto, el actor partió de una premisa erronea pues en cambio de acompañar un presupuesto para determinar el valor de los restos del vehiculo, fundamentó su pretensión resarcitoria en uno emitido por un servicio de reparación, lo que no se compadece con los términos de la cobertura del seguro tomado, dado que el mismo no cubre los daños parciales sino solo los totales por destrucción en caso de accidente. Es decir, aunque el valor de reparación del rodado haya sido superior al 80% del valor asegurado nada predica ni clarifica respecto al valor de los restos. Esto se debe a que el costo de reparación de cada uno de los elementos, dañados y detallados en dicho presupuesto, generalmente resulta mayor al valor de reposición del bien en el mercado. Por ello, toda vez que el actor no satisfizo la carga de probar el hecho constitutivo del derecho alegado (cpr: 377), se impone desestimar la pretensión impetrada.