Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-11-21


AUTOS Nº 7798 - "ALONSO Manuel Marcelo C/Montaña Aida Micaela S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil ocho, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Hermes Francisco Carrera, José Dionisio Castro y Miguel Ernesto Novoa, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 7798, caratulados: "ALONSO MANUEL MARCELO C/MONTAÑA AIDA MICAELA S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia de fs. 421/429 de autos, la Sra. Juez del Quinto Juzgado del Trabajo, resolvió hacer parcialmente lugar a la demanda, con costas a la actora, lo que provoca la apelación de la misma de fs. 432/440, que fue contestada por la contraria a fs. 442/443; razón por la cual se requirió la opinión fiscal, que obra a fs. 452, se llamó autos al acuerdo a fs. 455 y se practicó el sorteo para la emisión de los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Novoa; 2) Dr. Carrera y 3) Dr. Castro.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la actora? Segunda cuestión: Costas? SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

I.-Que en la sentencia se resuelve desestimar las indemnizaciones por antigüedad y falta de preaviso, como art. 2 de la ley 25.323, 9,10 y 15 de la ley 24.013 y art. 4 de la ley 25.972, pretendidas por el actor, con sustento en el despido indirecto que dispone el, como consecuencia de la falta de respuesta a la intimación que cursara el día 20/06/2005. Fundamentó su decisión el Inferior en que: 1) De las constancias de autos, fs. 8 y 12, resulta que no hubo silencio de la demandada a la intimación del trabajador, pues aquélla acompaña la carta notarial y el certificado de envío emitido por la entidad notificante, que a la luz de lo establecido en el artículo 97 9 del C. Civil, inc. 2) constituye instrumento público, que hace plena fe hasta que no sea argüido de falso conforme art. 993 del mismo cuerpo legal. 2) Las alegaciones que formula la actora al momento de contestar el traslado de la contestación de la demanda, no constituye incidente de redargución de falsedad, además de que dicha parte no ha producido prueba alguna respecto a las observaciones que formula con relación a la documentación. 3) Por ello, el despido indirecto que produce el trabajador carece de justa causa, sin perjuicio que el contrato ya se encontraba disuelto por la patronal, por no haberse presentado a trabajar.

Que contra dicha parte del fallo, se alza la demandante en el recurso de apelación aludido, discrepando con la decisión, en cuanto entiende que: 1) Las cartas como sus avisos de recibos, no son instrumentos públicos y en el caso, por cuanto el correo elegido no es un correo estatal. 2) La actora impugnó la documentación, lo que es válido, por tratarse de instrumentos privados. 3) Se ofreció prueba, que no se produjo por denegación de la magistrado.

Que resumidos sintéticamente los antecedentes del fallo y de los puntos de este agravio, corresponde avocarse a su examen y decisión.

Que con relación al primero, coincido con la Sra. Juez, en cuanto entiende que el carácter de instrumentos público de las carta notariales, cartas documentos, telegramas colacionados y su recibos, constituyen instrumentos públicos, en un todo de acuerdo con lo establecido por el art. 979 inc. 2) del Código Civil. Por dicha razón me remito a lo expuesto por la misma a fs. 426, especialmente las citas doctrinarias y jurisprudenciales que realiza.

Que por otra parte, dicho criterio se encuentra corroborado por Mario Ackerman y Alejandro Sudera, en su obra Extinción de la Relación Laboral, pags. 339 y vta., donde sostienen que: "En ese aspecto los consignado por el oficial público hace plena fe, salvo redargución de falsedad". "...hacen plena fe por haberse tramitado por ante un fedatario...".

Que sin perjuicio de ello, cabe tener presente, que como consecuencia del llamado a licitación para la privatización del correo oficial por Dto. 265/97 y de la sujeción de los prestadores privados adjudicatarios, a las mismas disposiciones a que aquél estaba obligado, por Dto. 1187/93 y 3252/04; ninguna duda cabe que los instrumentos y sus recibos de recepción, tienen el mismo efecto de los instrumentos públicos, por disposición legal, que los ha asimilado. De lo contrario, habría que llegar al absurdo, de que el Estado ha sustituido un sistema de certeza y plena fe, por uno en que las comunicaciones, durante toda una época y de la gran mayoría de la actual, carece de toda validez, bastando con la mera negativa de recepción por el destinatario.

Que las consecuencias de una razonamiento como el indicado en último lugar, de aceptarse, haría y habría hecho imposible el desenvolvimiento del contrato de trabajo para sus partes, del comercio, de la justicia (serían inválidas las notificaciones postales) y del funcionamiento del propio Estado, cuando comunica a los ciudadanos o contribuyentes, decisiones que ha tomado o deben cumplir.

Que en lo que hace al segundo punto de esta parte de este agravio, que se vincula con la validez de la impugnación de fs. 176/180, por tratarse de documentos privados, cabe remitirse a lo expuesto en los párrafos precedentes, de los que surge el carácter y efectos de las cartas notariales enviadas por la demandada, como de los comprobantes de recibos de las mismas; razón por la cual, no bastaba la mera impugnación realizada en las fojas mencionadas, sino que era menester, atento la clara disposición del art. 993 del Código Civil por analogía, promover el incidente de redargución de falsedad, lo que el actor no ha hecho. Ello, sin perjuicio de resaltar que aún en el supuesto de que estuviéramos en presencia de un instrumento privado, dicha redargución era ineludible, por invocarse una falsedad material (ser falsos, contener datos falsos e inclusive firmas falsas, fs. 176 vta.), de acuerdo con lo dispuesto por el art. 379 del CPC, de aplicación supletoria en virtud de los establecido por el art. 161 del CPL. (En igual sentido, Elena I. Highton y Beatriz A. Arean, nota art. 395, pag. 711, último párrafo).

Que, por otra parte, no existe ninguna duda a mi criterio, que la presentación de fs. 176/180, no importa la promoción de un incidente de redargución de falsedad, por cuanto: 1) en ninguna parte de la misma se hace tal aseveración, sino que por el contrario, en todo momento se hace alusión a "impugnación"; 2) el mismo solo puede promoverse dentro del término de diez días de efectuada la ineludible impugnación, que funciona como acto preparatorio, lo que no ha ocurrido en autos. Al respecto sostiene Elena I. Highton y Beatriz A. Areán, en su obra Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, nota art. 395 (art. 379 CPC de S. Juan): "El art. 395 del Cod. Procesal exige que el incidente de redargución de falsedad sea promovido dentro del plazo de diez días de realizada la impugnación, delimitando de ese modo las dos etapas que determinan su promoción, esto es, el acto procesal preparatorio de impugnación del instrumento y la iniciación del incidente dentro del plazo de ley"; "Mientras la impugnación constituye un acto procesal preparatorio que debe limitarse a la mera afirmación de la falsedad, el escrito de iniciación de incidente de redargución de falsedad de un instrumento público debe contener la refutación clara y concreta de los hechos y el derecho, y el ofrecimiento de toda la prueba de que intenta valerse, sí así no se lo hace, es inadmisible dicho incidente" (lo en cursiva es mío; 3)se ha omitido dar y pedir la intervención del fedatario interviniente de la recepción de las comunicaciones, lo que es indispensable por las posibles consecuencias civiles y penales del mismo. (Enrique Falcón, El Ejercicio De La Abogacía", pag. 897).

Que sin perjuicio de ello, aún en el supuesto que se entendiera por la parte que radarguyó de falsas las cartas y recibos, lo concreto es que ello no fue entendido así por el Juzgado, que lo desestimó, quedando consentida la providencia por la actora, pues se proveyó a fs. 181, in fine: "Téngase presente para su oportunidad, si correspondiere, de acuerdo a las articulaciones que pudieren formularse"; es decir, hasta que se promoviere el incidente correspondiente. Tal consentimiento del procedimiento impuesto por el Tribunal, lleva Implícita la imposibilidad de revivir el supuesto incidente y producir prueba alguna del mismo en la alzada, como se pretende en otro de los agravios. Que el tercer punto de esta parte de la impugnación, que se vincula con denegación de prueba por parte del Inferior, debe rechazarse, atento lo expresado en los puntos anteriores, en el sentido que no hubo promoción de incidente de redargución de falsedad o que de haberla, fue desestimada por el Juzgado y consentida por la parte; motivo por el cual no hay lugar a la producción de prueba alguna. II.-Que el segundo agravio, que tiene por objeto la crítica de la sentencia, en tanto niega la producción de prueba del pretendido incidente de redargución de falsedad, debe desestimarse, atento los fundamentos precedentes.

III.-Que en la sentencia se tiene como fecha de ingreso, duración de la jornada y modalidad de contratación, la afirmada por la demandada. Fundamentó su decisión el Inferior en que: 1) La misma resulta de los libros de sueldos y recibos de ley, como de las planillas de asistencia suscriptas por el trabajador, sin que haya negado la firma; por lo que por imperio de los arts. 1031 y 1026 del Código Civil, tienen entre las partes el mismo efecto que el instrumento público y hacen plena fe hasta que sea redarguido de falso; 2) La única prueba producida de la supuesta falsedad, es la de un testigo, que por tener juicio contra la demandada ofrece serios reparos de credibilidad; aparte que no es suficiente para desbaratar el contenido de los instrumentos.

Que contra dicha parte del fallo se alza la demandante en el recurso de apelación antes individualizado, discrepando con la decisión, en tanto entiende que el carácter de ex-empleado del testigo, con relación a la accionada, pone de manifiesto que es el que está en mejores condiciones de conocer los hechos, siendo intrascendente que tenga juicio contra la misma.

Que entrando en el tratamiento del agravio propiamente, este Tribunal ya ha sostenido en diversas oportunidades, que la falsedad ideológica del instrumento privado (falsedad de las afirmaciones de las partes consignadas en él y no falsedad material), puede probarse por cualquier medio de prueba, pero siempre que la misma sea cierta, clara e inequívoca. Siendo así, entiendo que la certeza que se desprende de la declaración de un único testigo, que por su condición de demandante del empleador deja dudas de su imparcialidad, no alcanza para dar por cumplidos dichos requisitos.

Que a ello, debe agregarse que en el caso estamos en presencia de instrumentos privados, equiparados a los públicos por reconocimiento de las firmas, que no pueden desconocerse por la sola declaración de un testigo. Hacerlo, importaría darle prioridad a los dichos, sobre lo escrito y firmado por el demandante, lo que aparece como irrazonable; salvo que la prueba fuera realmente convincente.

Que por ello, entiendo que este agravio también debe desestimarse, como los anteriores. IV.-Que en la sentencia se rechaza la solidaridad pretendida con relación al cónyuge de la demandada Alida Micaela Montaña, Sr. José Guillermo Silva, con sustento en que la calidad de cónyuge de la accionada no lo convierte automáticamente en empleador, pues para ello habrán de tenerse en cuenta las normas sobre sociedad conyugal como también lo establecido en la ley 11.357. También se desestima la solidaridad requerida con relación a Saborito SRL, con fundamento en que se trata de créditos anteriores a la transferencia del establecimiento, cuyo único responsable es el empleador titular en ese momento, Sra. Alida Micaela Montaña.

Que con en lo que hace al primer punto de este agravio, adelanto opinión en sentido contrario al recurrente, en tanto así está establecido en los arts. 5 y 6 de la ley 11.357 y en tanto a sociedad conyugal, es una comunidad de bienes diferida en su división, a la fecha de su disolución.

Que con relación al segundo punto, hay que tener en cuenta que en el caso no está desconocida la trasferencia del establecimiento ni el traspaso del personal de la empresa de la demandada Aida Micaela Montaña, a la firma Saborito SRL; por lo que la decisión se centra en determinar si en el supuesto en estudio, el adquirente, cesionario, etc., es solidariamente responsable por las obligaciones contraídas e impagas con anterioridad a la transferencia, correspondientes al actor y que se vinculan con el establecimiento objeto de la transacción contractual, especialmente los créditos laborales de trabajadores que se desempeñaron en el mismo.

Que entrando a la decisión del tema propuesto, cabe recordar que Etala, en su obra Derecho del Trabajo, nota art. 225, parágrafo 5, expresa: "La norma comentada protege indistintamente los créditos laborales impagos a la fecha de la transferencia, provengan de contratos vigentes o extinguidos..."; nota art. 228: "El adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas en el art. 228 de la LCT es responsable por las obligaciones del transmitente derivadas de relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión", "El acuerdo plenario 289 del 8 de agosto de 1997 concierne a los trabajadores cuyo vínculo laboral se haya extinguido con anterioridad a la cesión o transferencia del establecimiento y que eran titulares de obligaciones laborales aún no saldadas". ( CNAT, plenario 8/8/97 Baglieri c/ Nemec, DT 1997-B-2013; CNAT, Sala VIII, 23/10/97, DT, 1998 - A-548).

Que no debe olvidarse que en el caso de transferencia del establecimiento, si no se realiza la publicación que exige la ley para la transferencia de fondos de comercio, el trabajador no tiene forma de conocer la existencia de la operación y hacer saber al adquirente la existencia de su crédito, para que se hagan las reservas correspondientes. Por ello, negar derecho al dependiente por los créditos existentes pero nacidos con anterioridad, posibilitaría el fraude laboral, por ejemplo, si se despidiera a todos los trabajadores e inmediatamente se transfiriera el establecimiento, pasando el patrimonio al adquirente y dejando las deudas al vendedor o cedente insolvente.

Que haciendo aplicación de la doctrina expuesta al caso de autos, no cabe sino hacer lugar al recurso de apelación en este tema, condenando a Saborito SRL, a pagar al actor los importes reconocidos en la sentencia de primera instancia, en el término, costas y con los intereses fijado en la misma.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

Que en un todo de acuerdo con lo expuesto, voto porque las costas de esta instancia se impongan en el 20% a la demandada y en el 80% a la actora. Art. 125 CPL.

LOS DRES. JOSÉ D. CASTRO Y HERMES FRANCISCO CARRERA DIJERON:

Que por sus fundamentos adhieren al voto que antecede.- Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I.-Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación deducido por la actora, con costas en el 80% a la misma y en el 20% a la demandada; de conformidad con los considerandos precedentes.

II.-Tener presente las reservas efectuadas.

III.- Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.-