marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Campos, Hugo Ernesto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Cobro de pesos ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

No hay una relación contractual ni cuasicontractual violada cuando el juez cae en error y perjudica a una de las partes.
Juicio ejecutivo, intimación de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Hugo Enrique Castillo c/ Marcial Riquelme y otro s/ Ejecutivo por Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-12-16

Al efectuar un pago insuficiente, aunque pretendiendo que lo era, en relación a la pretensión del actor, el demandado demostró tener total conocimiento de lo reclamado por lo que lógicamente se torna innecesaria la formal intimación de pago.
Juicios contra el Estado, ejecución de sentencia, ley de emergencia, cumplimiento de la obligación, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ludueña Eduardo s/ Amparo por mora - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-02-29

1- La normativa de la Ley 7182 (Procedimiento Contencioso Administrativo), confiere al Tribunal una atribución más amplia que la prevista en el marco de la Ley 8465 (Procedimiento Civil) para la ejecución de condena contra la Provincia o los Municipios. La Ley 7182, a diferencia de la Ley 8465, no contiene pautas temporales predeterminadas a las que deba supeditarse el plazo de ejecución de una condena. De allí que si bien, el citado artículo 806 del C.P.C., no es aplicable al proceso contencioso-administrativo atento la clara previsión contenida en el artículo 13 de la Ley 7182, sin embargo, tal circunstancia no obsta a que en el ejercicio de la facultad que al Tribunal a-quo conceden los artículos 38 y 51 ib., pueda tomarse como pauta temporal razonable para el cumplimiento espontáneo de la sentencia condenatoria al pago de una suma de dinero contra el Estado, el término de cuatro meses que para obligaciones de idéntica naturaleza, ha previsto de manera expresa el legislador provincial en el marco del cuerpo adjetivo de la Ley 8465 (art. 806). Ello es así por cuanto en la tarea de desentrañar el verdadero sentido y alcance de una potestad discrecional conferida al Tribunal por el legislador provincial, en el contexto de un sistema normativo específico (Ley 7182), puede acudirse a los criterios establecidos para casos análogos en el sistema adjetivo de carácter general (Ley 8465).	Dicha pauta temporal, se presenta como un estándar razonable que consulta la naturaleza de la obligación impuesta a cargo de la Administración, cuyo cumplimiento se halla legal y reglamentariamente supeditado a la instrumentación de una serie de actos conformadores del procedimiento administrativo que garantiza la legalidad y transparencia de la disposición de los fondos públicos, aún cuando medie una sentencia judicial firme.

2- Justo es reconocer que, asumir un temperamento distinto, podría llevar a la situación que, según sea el fuero de que se trate, se dispense un tratamiento desigual a obligaciones de idéntica naturaleza, sin base objetiva suficiente, lo que no armonizaría con las previsiones del artículo 179 de la Constitución Provincial, que en orden a ello no ha efectuado ningún distingo, dejando librado la determinación del plazo al prudente arbitrio de la decisión del legislador, y asimismo, sería contrario al principio de igualdad en su vertiente procesal. Ello no empece a que ante situaciones extraordinarias el plazo que fije el juzgador amerite un término aún mayor según las circunstancias de cada caso.
Municipalidad, personal municipal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lozano, Julio César c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

La aplicación de las sanciones de naturaleza resarcitoria o reparatoria del perjuicio (tal el cargo equivalente a la totalidad de los montos en juego, art. 243, L.O.M.) supone no ya la presunción de un perjuicio, sino la certeza de su existencia.
Recurso de inconstitucionalidad, intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - LABORAL
Carátula: GALEANO, MARIO c/ ACERIAS 4 "C" s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA  LABORAL (CSJ EXPTE N. 706-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-03-20

La existencia de caso constitucional podrá configurarse no por la índole de la materia (tasa de interés) que se pretenda traer a la Corte, sino si se dan los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de inconstitucionalidad local. Y desde esta óptica, habrá de juzgarse, en cada caso, si la sentencia impugnada satisface el derecho mínimo a la jurisdicción y ostenta motivación suficiente. La descalificación constitucional sobrevendrá, en definitiva, ante una respuesta jurídica que no exhiba un criterio de razonabilidad frente a la ponderación de la realidad económica y solo se soporte en una arbitraria discrecionalidad judicial.
Control de constitucionalidad, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-12-07

"sin desconocer la opinión de autores que se pronuncian sobre la inaplicabilidad -como regla absoluta- de la doctrina de los actos propios al campo de la inconstitucionalidad '...el nemo potest contra factum venire' obliga a realizar en cada caso una objetiva y prolija interpretación para verificar si las circunstancias particulares permiten trasladar esta doctrina al ámbito del control de constitucionalidad".
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, pautas, tercería de mejor derecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEZCANO JOSE c/ MARTINEZ J s/ Terceria (LIBRO: A075 - 025)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-11

Para regular los honorarios en la tramitación de una tercería de mejor derecho debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el art. 9 inc.j de la ley arancelaria, pero la realización de una buena tarea de hermeneútica jurídica de la ley arancelaria, exige merituar otras normas, que conjuntamente con la citada, vinculan el monto del honorario al estado del proceso y la labor desarrollada.Deviene así una solución equitativa proporcionada a la tarea realmente desarrollada.Por lo que se estima que aplicar un 50 porciento de la escala, para fijar el monto retributivo a la labor desarrollada por el letrado del tercerista es correcto y justo, atento que el allanamiento de la actora en el principal, a la pretensión del tercerista, permitió el dictado de la sentencia sin ulterior tramitación.
Poder de policía, sistema federal, Estado Provincial, Constitución Nacional, facultades no delegadas, facultades concurrentes, política sanitaria, publicación, promoción y consumo de tabaco
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-SALUD PUBLICA
Carátula: Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.  c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2015-10-27

Las obligaciones que atañen a la Nación en materia sanitaria no son exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación sino que, en estados de estructura federal, pesan sobre ellas responsabilidades semejantes, que también se proyectan sobre las entidades públicas y privadas que se desenvuelven en este ámbito, ya que de lo contrario, las leyes sancionadas en la materia no dejarían de ser sino enfáticas enumeraciones programáticas vacías de operatividad (Voto de los Dres. Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda).
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, responsabilidad extracontractual del Estado, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Zurita, Carmen Rosa c/ Provincia de Salta s/ recurso de apelación Cabana, Candelario c/ Provincia de Salta; Ministerio de Seguridad s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-12-26|2019-12-09

Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, ya que la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida.

Para evaluar el monto del resarcimiento por la disminución de las aptitudes físicas o psíquicas no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la ley de accidentes de trabajo, aunque puedan ser útiles como pauta genérica de referencia, sino que también se deben tener en cuenta las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación.(Del voto de Dra. Ovejero Cornejo, Dra. Bonari y Dres. Posadas, Vittar, y Catalano)
Responsabilidad objetiva, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: CARDOZO, ESTHER AIDA/ELMA SA S/ACCID. DE TRABAJO -ART. 1113 C.C.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Para que configure la hipótesis de la segunda parte, apartado segundo del art. 1113 del Código Civil, no es menester que la cosa riesgosa entre en un contacto físico con la víctima; basta que el accionar de aquélla haya sido la causa del daño. (Si un transeúnte sufre un traumatismo en el intento de esquivar a un automóvil manejado a gran velocidad, sería irrazonable sostener la falta de causación por el hecho de que mi vehículo no hubiere rozado al peatón).
Acto administrativo, acción de nulidad, daños y perjuicios, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saez, Julio Argentino c/ Corporación Municipal de Sarmiento s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-04-07

Aunque eventualmente el mismo hecho pueda dar lugar a ambas sanciones, la de nulidad y la resarcitoria de daños y perjuicios, ninguna vinculación existe entre éstas, ni las respectivas acciones. Aún cuando esta última sea complementaria de la primera, conserva su régimen peculiar y sigue sujeta a los principios que gobiernan su procedencia.
Régimen de consolidación de deudas, tasas de interés
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Valiente Paulino c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

El art. 6º de la ley 23.982 establece que "las obligaciones consolidadas devengarán solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el B.C.R.A., capitalizable mensualmente".
Recursos, recurso extraordinario, sentencia, improcedencia del recurso, deserción del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DIAZ JULIA SEBASTIANA c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-18

Corresponde rechazar el recurso extraordinario, en la medida en que la sentencia ha quedado firme con relación al presentante, por aplicación del art. 266 C.P.C.C.N. Pues, la actividad deficientemente desplegada por el apelante -que motiva la declaración de la deserción del recurso articulado-, obsta a la admisibilidad de la vía extraordinaria, toda vez que la deserción es exactamente igual en sus efectos a la falta de interposición del recurso (cf. "Juan Luis Strada c/ Ocupantes del perímetro ubicado entre las calles Deán Funes, Saavedra, Barra y Cullen", cons. 4 (Fallos: 308:490; 55:228; entre otros).
Recurso de inconstitucionalidad, juicio de desalojo, thema decidendum
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: AMOROSO, CARLOS ALBERTO c/ FARTO, OVIDIO RAUL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-15

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la Cámara invocando la especialidad del juicio de desalojo y la limitación probatoria que surge del artículo 522 del C.P.C. y C., deja sin analizar debidamente y soslaya así dar respuesta adecuada y necesaria a cuestiones que indudablemente integraron la litis, con sustento en pruebas que fueron ofrecidas y producidas sin cuestionamiento de las partes, y abordadas por el Juez de Baja Instancia a la hora de fallar. En relación a la invocada limitación que surge del artículo 522 del C.P.C. y C., buena parte de doctrina y jurisprudencia han entendido que dicho límite no funciona cuando el demandado argumenta otros hechos extintivos o impeditivos distintos a la falta de pago o vencimiento del contrato, como por ejemplo, falta de acción, vicios en la voluntad en la formación del contrato, etc. en donde no regiría la restricción probatoria.

Es que, sin lugar a dudas, en juicios complejos como el presente los sentenciantes deben extremar todos los recursos con que cuentan para poder llegar a una solución que atendiendo a las particulares circunstancias del caso, además de respetar la premisa constitucional de motivación suficiente, sea intrínsecamente justa, pues "el mejor de los argumentos legales adolece de la absoluta pobreza sustancial si conduce a resultados reñidos con la justicia".
Emoción violenta, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Bravo, Leonardo Ismael s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-10-23

La calificación que se haga del sentimiento que tiñó el estado emocional, no impide la tipificación del atenuante pues, incluso, la ira o el ánimo de venganza pueden ser tomados como situaciones genuinamente emotivas, siempre y cuando esos sentimientos -en su génesis- reconozcan una causa generadora externa al sujeto que se emociona, y eficiente a los fines de su causación. La afirmación de la acusación que sostiene que el procesado en un rapto de ira y venganza, al sentirse despechado, acudió a la casa, munido exprofeso del cuchillo secuestrado, con el firme propósito de agredir a su concubina, no resulta un fundamento suficiente a los fines de denegar la aplicación de la causal de atenuación.
Contrabando calificado, agravantes de la pena, estupefacientes, exportaciones, excarcelación, destino comercial
Materia: PENAL
Carátula: BIÑATE, PEDRO s/ Contrabando, Incidente de excarcelación, ley 24390, Causa: 35472.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-17

No procede la aplicación de los art. 1 a 9 - en especial 1, 2 y 7 - de la ley 24390 a la tentativa de contrabando de exportación, realizada por ocultamiento, agravada por la participación de más de tres personas y por la circunstancia de tratarse de estupefacientes cuyo destino sería la comercialización en el exterior (arts. 863, 864 inc. d), 865 inc a) y 866 segundo párrafo del Código Aduanero en función del art. 871 del mismo cuerpo legal) en función de la restricción prevista por el art. 10 de dicha ley, conjugado con la voluntad de dar cumplimiento estricto a la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas - suscripta en Viena y aprobada por la ley 24072 y al margen de cualquier interpretación o aplicación rigurosamente formalista, y sólo literales y gramaticales, del referido al art. 10 que se consideran insostenibles.
Prescripción, acción civil, sentencia arbitraria, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-18

Uno de los votos concurrentes destacó que acciones civiles como la presente no son imprescriptibles, cuentan con un plazo de prescripción bienal (art. 4037 CC, vigente al momento de los hechos) que debe contarse desde que existe la responsabilidad y excepcionalmente puede habilitarse el ejercicio de la acción una vez vencido aquel plazo, cuando se presenten circunstancias que dificulten o imposibiliten temporalmente el ejercicio de una acción, siempre y cuando ésta se haya iniciado en el término de tres meses desde que cesó aquel impedimento (art. 3980 CC), y ello no supone violar el deber del Estado de reparar el daño, sino que su cumplimiento debe canalizarse por las vías excepcionales establecidas por las leyes que disponen el otorgamiento de indemnizaciones en supuestos de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto, es arbitraria resolución que no aplicó la doctrina de la CS, concluyendo en la imprescriptibilidad de la acción civil instada en autos. Y el otro voto concurrente señaló que la calidad de funcionario público del autor no cualifica especialmente un hecho que hubiere podido ser cometido por un particular, transformándolo en una especie de los denominados "delicta propia"; sino que directamente el hecho merece ser considerado -y valorado para su imputación- como hecho funcionarial, esto es, no como hecho que reclama la intervención de un funcionario, sino como hecho de infracción a la institución funcionarial.
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, lesiones culposas, suspensión del juicio a prueba, preclusión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA S/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Ramos Barreto, Gabriel Andrés sobre 94 - lesiones culposas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-08

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad porque son erradas las conclusiones de la Cámara respecto de la apelabilidad de la decisión que, a su turno, rechazó la suspensión del proceso a prueba. En efecto, los propios términos de la decisión cuestionada son los que generan el agravio de imposible reparación ulterior, al precluir completamente la posibilidad de suspensión del proceso a prueba. Ello, a su vez, se encuentra íntimamente relacionado con el fondo de la cuestión, es decir, si existe preclusión o impedimento para plantear la suspensión del proceso a prueba fuera de las oportunidades previstas en el art. 218 del CPP. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Acción de amparo, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LEGUIZAMON, HUGO ORLANDO Y OTRO. c/ CUENCA, MARCELINA LILIA Y OTRO. s/ AMPARO A LA SIMPLE TENENCIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-25

La sentencia del amparo a la simple tenencia, como la sentencia de desalojo, puede llegar a afectar a terceros que no hayan intervenido en el proceso como lo son los subinquilinos y ocupantes siempre que éstos estuvieren en conocimiento del juicio, que es lo que las sentencias de anteriores instancias, entienden, aconteció en el presente caso.

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR - POSSE.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIACHI NILDA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - RECURSO  EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-22

El carácter excepcional y restrictivo del recurso extraordinario exige que la tacha de arbitrariedad invocada, deba ser acreditada en autos y apreciada con el máximo rigor. En consecuencia, la carga de fundamentación que pesa sobre el recurrente, cobra relevancia cuando el remedio federal se sustenta en este vicio de la sentencia impugnada, dado que, en tal supuesto, el interesado debe además invocar y acreditar suficientemente que, no obstante la aparente existencia de fundamentos no federales, su agravio se vincula con el desconocimiento de garantías constitucionales.
Derecho laboral, procedimiento laboral, tercería de dominio, tercería de mejor derecho
Materia: LABORAL
Carátula: FLORES, Mónica Edith c/ GUMIEL, Candelaria y/o TURK, Juan Carlos y/o FLORES, Alicia Susana s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-02-27

La tercería de mejor derecho está dirigida a que se reconozca al tercero a ser pagado con preferencia al embargante (art. 97 CPCC), aplicando el principio iura curia novit, EL MAGISTRADO propone la desestimación del recurso de apelación.

En el caso de la tercería de dominio, está a cargo de la tercerista demostrar que es suyo, el inmueble matrícula 6819, con el instrumento que corresponde. Debe repararse que el acto de certificación de firmas, el escribano actuante sólo da fe de las que se ponen en su presencia, no de la sinceridad o veracidad de su contenido.

Dentro del mismo orden de ideas, si como hipótesis de trabajo pasáramos por alto que el escribano no da fe del contenido del instrumento cuyas firmas certifica, tendríamos un boleto de compraventa y refiriéndose a elementos de prueba manifiestamente irrelevantes a los fines del éxito de una tercería de dominio, Palacio (Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, 1976, T. III, p.282) dice que "tal ocurriría......si el tercerista acompañara un documento que en modo alguno fuese susceptible de acreditar la titularidad del dominio, como sería un boleto de compraventa otorgado a su favor", del que dice que "no confiere otros derechos que los previstos en el art. 1185 del Código Civil", no alterando "tal conclusión el hecho de que el boleto haya sido protocolizado para acordarle fecha cierta, ni la circunstancia de que se haya dado al tercerista la posesión del inmueble" ni que "se haya dictado una sentencia que condene a escriturar".

Cabe reflexionar, qué valor puede tener una certificación de firmas, si la calificada opinión transcripta se lo niega a una protocolización y hasta a una sentencia que mande escriturar.

Descartados el boleto y el contrato de comodato, no quedan pruebas susceptibles de lograr tal probanza.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arce de Ullón Ramírez Francisca y otros c/ Ramírez Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

La detención de un vehículo, realizada de manera que afecte la libre circulación de terceros, no asume una actitud pasiva e introduce un riesgo.
Acción penal, acción pública
Materia: PENAL
Carátula: Sihuin Valverde, Fortunato Jesús. s/ infr. art. 149 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-31

El ejercicio de la acción penal pública recae -como en el ámbito federal (arts.120, CN y 5 CPPN - en cabeza del Ministerio Público Fiscal, órgano al que la Constitución de la Ciudad otorga independencia funcional, en aras del mantenimiento de una separación estricta entre las funciones de acusar y sentenciar, separación que viene a asegurar la imparcialidad y la defensa en juicio, y que se extiende, en lo sustancial, a todas las etapas del proceso penal. (Voto del Sr. Juez José O. Casás. En sentido concordante votos de los Sres Jueces Luis F. Lozano y Ana María Conde).
Régimen de facturación y registración, controladores fiscales
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: A.F.I.P. c/ Povolo, Luis Dino s/ infracción al art. 40 de la ley 11.683
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-11

Si un obligado a emitir facturas mediante el controlador fiscal lo hace en forma manual, sin que se reúnan las circunstancias de excepción que prevé la norma (cuando los controladores fiscales se encuentren inoperables o sea necesario documentar la anulación de instrumentos emitidos por error por medio de aquéllos), habrá emitido un instrumento que no se ajusta a los requisitos exigidos por el Fisco con fundamento en la ley de rito fiscal (art. 40) y, por ende, no resultará válido. (Sumario confeccionado por el SAIJ).