Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-20


SENT Nro. 614 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 20 de AGOSTO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Varela, Néstor Angel vs. SIE S.R.L. s/Sumario (Residual)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal, el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 18/9/2002 emitida por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala Iª .

El memorial es autosuficiente y se han satisfecho las exigencias de los arts. 813, 815, 816 y 817 del código de forma, por lo que corresponde la admisión del recurso.

2.- Antecedentes de la causa: El letrado Néstor Angel Varela promueve acción de regulación de honorarios (art. 27 ley nro. 5480), por la labor profesional cumplida extrajudicialmente en la Licitación Pública de Obra nro. 001/2000, expediente administrativo nro. 014 /52-00 de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, servicios profesionales que fueron requerido por los representantes legales de SIE S.R.L., sin que se haya estipulado convenio entre las partes.-El actor estima como base regulatoria la suma de $824.736,62, monto que corresponde al valor de la obra adjudicada.

A su turno la Sociedad accionada, reconoce la labor extrajudicial cumplida por el letrado Varela, considera que deben regularse honorarios conforme a las pautas prevista por el art.16 de la ley arancelaria local, sin que corresponda en la especie determinar monto regulatorio, atento a la naturaleza jurídica de la prestación de los servicios que le fueron encomendados al actor.

La sentencia de primera instancia de fecha 18/12/2001 (fs. 175/177), determina como monto del asunto el importe por el cual se adjudica la obra, esto es $824.736,62, regulando en definitiva honorarios al Dr. Néstor Angel Varela, por la suma de $45.350,50.

El pronunciamiento regulatorio fue recurrido por la parte accionada, exponiéndose como agravios, principalmente, el que la sentencia no haya observado las expresas disposiciones legales previstas por la ley nacional nro. 24.432, como así también en que la base regulatoria debe estar conformada por el valor económico de las utilidades que representa para el oferente adjudicado de la licitación pública. Ello surge del presupuesto general de obra oportunamente presentado. La Cámara mediante sentencia del 18/9/2002, confirmó lo resuelto por el inferior en grado.

3.- Contra este decisorio se dedujo el recurso de casación, que fuera concedido al demandado en fecha 10/12/2002 (fs. 237). Los agravios están dirigidos a vicios "in iudicando" que adolece la sentencia impugnada por errónea interpretación y aplicación de normas de derecho al presente caso, falta de adecuación entre lo dicho por los sentenciantes y el orden jurídico preestablecido, en cuanto afirma la relación de complementación existente entre la ley 5480 y la ley nacional 24.432, pues de la lectura de ambas normas legales, surge la contradicción de las mismas. Señala que en nuestro ordenamiento jurídico, la ley nacional es de rango superior y prevalece sobre la aplicación de la ley arancelaria local, máxime cuando la provincia se adhirió expresamente. Considera que debió observarse las disposiciones que prevén los arts. 1, 13, 14 y 15 de la ley 24.432, cuya correcta interpretación lleva a concluir, que en el presente caso no debió estimarse como base regulatoria el moto total de la obra, sino sólo el valor de las utilidades que representa para el oferente adjudicado. Tal posición destaca, constituye un error de derecho que hace procedente el presente recurso.

Otro de los agravios está referido a la ausencia de motivación de la sentencia, al decidir el caso prescindiendo de las normas que rigen la materia, ley 6508, Código Civil y ley 24.432. La ausencia de motivación queda evidenciada agrega, al no haberse analizado los elementos que obran en autos, lo que demuestran palmariamente que la regulación efectuada no se corresponde con la realidad.

Concluye señalando que se ha dictado una sentencia contraria a derecho, en abierta violación a las normas provinciales número 6508 y 6715, art. 1627 CC y errónea interpretación de las disposiciones de fondo contenidas en la misma, como así también en apartamiento del principio de congruencia de los términos de la cuestión judicial que desemboca decididamente en el desconocimiento de la verdad objetiva, infringiendo la garantía constitucional del debido proceso legal, así como afectando la incolumnidad de la propiedad, fundando la sentencia en normas no aplicables al caso. Solicita que se haga lugar al recurso intentado, ordenándose realizar una nueva regulación, conforme a las pautas establecidas por la ley 24.432.

A fs. 230/232, consta el memorial de sostén de la sentencia por parte del actor.

4.- Si bien las cuestiones atinentes a la regulación de honorarios no son susceptibles de permitir la admisibilidad del recurso de casación, por no darse los supuestos de admisibilidad previstos por el art. 815 CPCC, ese principio admite excepciones cuando, como en el caso, la impugnación casatoria propone una cuestión jurídica referida a que hubo violación de normas constitucionales, al derecho arancelario y formal, así como arbitrariedad -ausencia de fundamentación-, en la resolución que, sobre este tema, es definitiva para el recurrente, quien no podrá renovar el planteo, con lo cual no se trata de apreciar pautas que son de hecho, sino el sentido jurídico y la aplicación de normas de derecho que regularían el caso, invocándose la omisión y errónea interpretación de las mismas, suscitando cuestión de derecho que torna admisible el recurso deducido (arts. 813 y 815 CPCC).

5.- Ahora bien, de la confrontación de los argumentos sentenciales, con los agravios expuestos en el memorial casatorio, referidos esencialmente a la errónea interpretación de normas de derechos aplicables a la especie, como así también la omisión en tratar agravios conducentes a la solución del caso, emerge que la razón asiste al recurrente.

La sentencia de primera instancia, compartida por el tribunal de alzada, fijó los honorarios por la labor profesional extrajudicial cumplida por el letrado Varela, haciendo aplicación de las siguientes disposiciones arancelarias: art. 71, que remite a las pautas previstas por el art.16, que por el inc. 1°, determinó base regulatoria (monto total de la licitación adjudicada, esto es: $824.736,62) y demás valoración de la tarea efectuada por el actor. Por el citado art. 71 in fine, que determina el piso del monto de los honorarios a regular, no inferior al 50% de lo que corresponda por actuación judicial , para lo cual se hizo un cálculo de los honorarios en base al art. 39 (5,5% y 10%), concluyendo los emolumentos en la suma de $45.360,50.

La errónea interpretación de las normas arancelarias, surge precisamente de la aplicación efectuada al presente caso. Ello es así por cuanto surge de las constancias de autos que SIE S.R.L., encomendó al letrado Varela asesoramiento profesional para que se expidiera en determinada actuación administrativa de una licitación pública, se trataba entonces de una locación intelectual, por la cual no se convino una retribución determinada. En este proceso de determinación judicial de honorarios (art. 27), juega en plenitud el art. 16, conjuntamente con las demás disposiciones arancelarias citadas precedentemente. Mas lo que la regulación de primera instancia, como la confirmación del tribunal de alzada omitieron fundamentar debidamente, es la estimación de la base regulatoria, a tenor de lo dispuesto por el inc. 1° del art. 16, es decir cuál es el monto del asunto susceptible de apreciación pecuniaria en el presente caso. Al respecto, el actor propuso como base regulatoria el monto de la oferta adjudicada, el demandado se expide en el sentido que debe determinarse las utilidades que efectivamente recibiría el adjudicatario de la licitación. Esta posición, que fue motivo de agravio en el recurso de apelación, fue descartada por el tribunal, alegando que tal postura no está contemplada en la ley arancelaria y por la complejidad que implica su determinación. Argumentos falsos que sostiene el decisorio, por cuanto la citada norma arancelaria establece que deberá tenerse en cuenta el mont o del asunto, que en autos estaría representado por las utilidades que resultan de la oferta adjudicada. Valor que sí es susceptible de cuantificación, encontrándose configurado por la importancia económica objetivamente evaluada, que surge del análisis de precio que integra la propuesta del oferente.

Siendo así, carece de sustento racional el argumento sentencial, de la "complejidad" que implica la estimación de las utilidades. Valor económico que surge precisamente del presupuesto general de obra presentado por el oferente que resultara adjudicatario de la licitación pública en cuestión, por cuanto las partes pudieron aportar pruebas al respecto, y de hecho lo hizo la parte actora al adjuntar con el escrito de demanda copia del presupuesto general de obra (fs. 7) que, contiene el siguiente detalle: a) costos de materiales y mano de obra, b) gastos generales y otros, c) beneficios (utilidades porcentualmente calculadas que representa para el oferente), d) IVA. Cuya sumatoria equivale al total general, monto de la oferta, que en modo alguno representa el rubro de las utilidades, que la integra.

Igualmente adolece de falta de fundamentación, la afirmación del tribunal que, para poder determinar las utilidades, se tenga que esperar la finalización de la obra, ya que la materia a cuantificar, no está vinculada con la ejecución y conclusión de la obra, ni con la eficacia empresarial, o el beneficio esperado por el contratista, ni con la previsibilidad o imprevisibilidad de determinadas variables económicas, atento a la especial característica del contrato administrativo en donde los supuestos subjetivos no forman parte del núcleo del acuerdo de voluntades, sino que está formulado sobre bases totalmente objetivas, so pena de resultar imposible su concreción material según un procedimiento de selección válidamente llevado a cabo.

6.- Se observa en el presente caso que se omitió fundamentar debidamente la regulación de honorarios en base a una evaluación pormenorizada de la labor profesional cumplida dentro del contexto en que se desarrolló, siendo necesario una ponderación explícita con relación a la labor judicial a la cual hace referencia el citado art. 71 de la ley arancelaria.

Desde esta perspectiva, el a quo, no puede omitir explicitar los elementos fácticos que, apreciados conforme a las disposiciones legales, han sido tenidos en cuenta para la determinación del quantum regulatorio, sin incurrir en arbitrariedad, máxime cuando tales omisiones han sido motivo de agravios por el recurrente. Se lesiona así el principio de congruencia, dando lugar a una sentencia nula por afectación de los arts. 273 y 280 CPCC, toda vez que la ley exige, como se advierte una estricta correspondencia entre el contenido del fallo y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone, en la especie, la adecuación del pronunciamiento a los agravios deducidos en el recurso interpuesto. Tales defectos descalifican la sentencia como acto jurisdiccional válido, configurándose a su respecto una causal de arbitrariedad, al transgredir el deber de motivación impuesto por el art. 28 de la Constitución de la Provincia y lo establecido por el art. 20 de la ley 5480.

7.- Por otra parte se advierte, que la sentencia impugnada ha soslayado el adecuado tratamiento de los agravios expuestos por la parte demandada, restringiendo sin motivación suficiente el ámbito de aplicación de las disposiciones previstas por la ley nacional 24.432, en el presente caso.

Es oportuno señalar, que la ley 24.432 se integra con las normas arancelarias locales, debiéndose efectuar una interpretación y aplicación compatible. La ley nacional 24.432, proporciona a los jueces de mérito una herramienta que, en determinados supuestos, permite el apartamiento de las disposiciones arancelarias locales, "sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales" que rijan la actividad profesional, cuando "la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta, lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder". Es así que en forma expresa (art. 13), la ley autoriza a regular honorarios por debajo de dichos mínimos, que es justamente lo peticionado por la demandada; reconociendo a los jueces la facultad de prescindir de ellos, cuando concurran los presupuestos que la misma norma describe (conf.: CSJTuc., "Colegio Médico de Tucumán vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/Cobro ordinario", 27/5/2002; "Colegio de Bioquímicos vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social dela Provincia de Tucumán s/Cobro ordinario" del 04/6/2002).

En el caso, el Tribunal a quo no ha proporcionado razón suficiente para explicar el por qué, de la no aplicación de las disposiciones de la ley 24.432 que fueron esgrimidas por la parte accionada. Limitándose a afirmar "que entre la ley nro. 5480 y la Nacional nro. 24.432 hay una relación de complementación. Aun cuando esta cuestión vinculada a honorarios profesionales es materia de derecho público provincial, por vincularse con la policía de las matrículas universitarias que son cuestiones no delegadas al Gobierno Central", dicha afirmación en modo alguno trata el agravio central de la accionada referido a la citada normativa, con argumentos fácticos y jurídicos, de los cuales no se hizo cargo el Tribunal al resolver el recurso de apelación.

Cabe recordar que el principio jurisprudencial según el cual los jueces no están obligados a seguir a las partes en todos sus argumentos, sino que tan solo deben pronunciarse sobre los puntos que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones, no excluye, sino que involucra el deber de los jueces de mérito de motivar sus sentencias de un modo completo, y comprender todas las cuestiones fundamentales debatidas, y cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. La motivación exigida por el art. 28 de la Constitución de la Provincia y art. 272 del digesto de forma, bajo pena de nulidad, implica la expresión del razonamiento de contenido crítico, valorativo y lógico, con que el Tribunal de alzada aprecia los agravios de quien recurrió por vía de apelación. La sentencia que infundadamente prescinde de los planteos del recurrente, sin dar razón suficiente para inaplicar el régimen legal en que se ha fundado el recurso, no observa aquel ineludible deber legal.

8.- El déficit señalado precedentemente, vicia la motivación de la sentencia en recurso, transgrediéndose lo dispuesto en el art. 28 de la Constitución Provincial, y los arts. 34,40,272, 273 inc.4° y 280 del CPCC, por lo que a tenor de las normas citadas y lo expresamente dispuesto por los arts.166 y 167 del digesto de forma debe ser declarada nula. En consecuencia, procede hacer lugar al recurso de casación en examen y declarar la nulidad del pronunciamiento impugnado, conforme a la siguiente doctrina legal: "Configura un supuesto de sentencia arbitraria y por ende, jurídicamente descalificable, la que se dicta sin atender los agravios del recurrente, conducentes a la solución del caso".

El tratamiento de la cuestión omitida por el Tribunal involucra valoraciones de hecho dirigidas a constatar la configuración de las circunstancias mencionadas en la norma aludida, que como principio competen excluyentemente a los jueces de mérito, y sobre las cuales esta Corte no emite opinión; por lo que procede reenviar la causa a la Cámara a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento. La presente decisión no implica establecer criterio ni pauta alguna acerca de la procedencia o no de aplicar el art. 13 de la ley 24.432 al sublite; ni significa pronunciamiento sobre la configuración de los presupuestos fácticos descriptos en dicha normativa, lo que deberá ser analizado en la nueva sentencia a dictarse.

Las costas del presente recurso se imponen por su orden, en razón de que la nulidad proviene del órgano jurisdiccional (art. 106, inc. 1° CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia de fecha 18/9/2002 emitida por la Sala Iª de la Cámara Civil y Comercial Común. En consecuencia CASAR la misma anulándola en base a la doctrina legal enunciada en los considerandos y disponer la remisión de los autos al mencionado Tribunal, a fin de que por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento. Devuélvase el depósito efectuado al recurrente.

II.- COSTAS por su orden.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA