Acción de amparo, excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, Superior Tribunal de Justicia, Consejo de la Magistratura, fiscal de Estado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MACCHI Carlos Augusto c/ Corte de Justicia y Otro s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-07

En el caso que se propone emerge con total claridad que el accionante pretende entablar la acción de amparo que impetra contra La Corte de Justicia de San Juan y el Consejo de la Magistratura (ver fojas 08 en transcripción textual efectuada supra) denunciando incluso sus domicilios en el Edificio 25 de Mayo 2do. Piso.

Puede afirmarse entonces que constituye un requisito intrínseco de admisibilidad de la pretensión que la relación procesal se haya constituido entre las partes legítimas para debatir la cuestión de fondo; esto es, la titularidad activa y pasiva de las relaciones jurídicas sustanciales sobre las que versa la pretensión.

En la especie el accionante postula inválidamente una acción contra la Corte de Justicia de San Juan, que es el órgano constitucional que encabeza el Poder Judicial Provincial (art. 197 de la Constitución Provincial) y contra el Consejo de la Magistratura que es un organismo constitucional extrapoder (art. 214 Ibid), ambos carentes de personalidad jurídica para estar en juicio, como se verá seguidamente.

En efecto, en el primer caso la Corte de Justicia tiene expresamente previstas sus facultades e incumbencias como órgano que encabeza el Poder Judicial en el artículo 207 de la carta magna provincial (Atribuciones y Deberes) y en el segundo caso, el Consejo de la Magistratura tiene también previstas en el propio corpus constitucional sus funciones específicas (cfr. art. 216 Cont. Prov.).

Ninguno de ellos se encuentra expresamente investido de facultades específicas en materia de capacidad procesal para estar en juicio, y ello resulta lógico toda vez que surge expresamente del propio texto constitucional que la Provincia de San Juan, tiene un solo mandatario que la representa y es el Señor Gobernador o quien ejerza el Poder Ejecutivo en su caso; por otra parte la representación en juicio de todos los asuntos que involucren a la Provincia de San Juan son competencia, incumbencia y participación necesaria del señor Fiscal de Estado de conformidad a lo prescripto por el artículo 263 de la Constitución Provincial y artículo 4to. apartado A) de la ley N° 319 E- Digesto Provincial, antes ley 8.346 -B.O. P. 10-01-2013- que expresamente prescribe " de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 263 de la Constitución de la Provincia representa a la Provincia y a todos los organismos que integran la Administración Pública, Centralizados, Descentralizados y Autárquicos en los juicios en que se conviertan sus intereses, sean o no patrimoniales, cualquiera sea el fuero o jurisdicción, para lo cual goza de mandato emergente de su designación.

Podrá sustituir esa representación otorgando carta poder o poderes generales o especiales para actuar en asuntos judiciales determinados, en cualquier fuero o jurisdicción de la república o ante tribunales extranjeros, en favor de letrados integrantes del cuerpo de abogados.sic" De ello se desprende que la acción que se promueve contra la Corte de Justicia y Consejo de la Magistratura, se encuentra indebidamente direccionada por el proponente que señala como demandados a quien no posee la calidad de legitimado para obrar.

Advierto que el error cometido por el accionante al demandar se ha mantenido a la hora de fundar la apelación toda vez que puede leerse en el exordio de agravios, en el punto 2° del petitum, se solicita "correr traslado de la misma a la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan".