Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25


Reg.: A y S t 285 p 330/332. Santa Fe, 25 de setiembre del año 2018. VISTOS: los autos "MASETTI, MARCELA NELIDA contra DEMARCHI, CANDIDO VICTORIO - USUCAPION - (CUIJ 21-02888130-1) sobre COMPETENCIA" (Expte. C.S.J. CUIJ: 21-02888130-1), para dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación y el Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la Segunda Nominación, ambos de la ciudad de Rosario; y, CONSIDERANDO: 1. En fecha 3.10.2017 la señora Marcela Masetti, mediante patrocinio letrado, promovió demanda de prescripción adquisitiva contra el señor Candido Demarchi, respecto del inmueble sito en calle Brandsen S/N, de la ciudad de Rosario, por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación de dicha ciudad (fs. 70/73). Mediante proveído de fecha 8.5.2018 y luego de haber realizado cierta tramitación, el titular de dicho Órgano jurisdiccional se declaró incompetente para entender en la presente causa en razón de la cuantía. Consideró para ello que el valor fiscal actual del inmueble objeto del presente litigio -según consta en el impuesto inmobiliario obrante a foja 4- asciende a $1.710,65, por lo que se encuentra comprendido dentro de la competencia cuantitativa de la justicia de Circuito de Rosario (f. 91). Recibidas las actuaciones por el Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la Segunda Nominación de Rosario, su titular no aceptó la radicación de la causa por ante sus estrados, argumentando que, una vez promovida la demanda, el juez de Distrito proveyó una serie de medidas a realizar a cargo de la actora, según decreto obrante a foja 74 (oficios al Registro Nacional de las Personas y al Registro de Procesos Universales, mandamiento de constatación a cargo de un Oficial de Justicia, informe actualizado de dominio, plano de mensura, citación de linderos y acta y memoria de mensura y documental original), que implicaron, según su parecer, un "consentimiento de la competencia en relación al presente proceso", por lo que resultaría aplicable lo dispuesto en el artículo 2 in fine de la ley 10160. Asimismo, explicó que el avalúo fiscal del inmueble cuya usucapión se pretende, no se condice con su valor real, motivo por el cual consideró aplicable al presente caso, el criterio sentado por esta Corte en la causa "Anconetani" (A. y S., T. 262, pág. 473) (f. 94). En consecuencia, devueltos los autos al juzgado de su primigenia radicación, el juez interviniente mantuvo su postura, con sustento en que la doctrina surgida del antecedente mencionado por su par de Circuito "no resulta trasladable al sub examine", puesto que "los presupuestos de hecho de aquél distan notablemente del presente". Por otra parte, señaló que "el avalúo fiscal es una pauta objetiva de valoración de la tarea abogadil" y que "es cierto que no es una tasación comercial, sino una que el Fisco realiza respecto de ciertos bienes con el fin de aplicarle una contribución o impuesto territorial", pero "es la única pauta oficial y objetiva determinada por el Estado". Afirmó que la circunstancia de que el avalúo fiscal sea inferior al valor de mercado no debe ser determinante, puesto que aquél resulta ponderable únicamente a los fines de determinar la competencia y que aplicar distintos criterios tomando en cuenta uno u otro de los valores señalados puede tener como consecuencia "una miríada de excepciones de incompetencia con sus consiguientes gastos causídicos e innecesarias dilaciones". Por último, señaló que al interpretar el artículo 2 in fine de la ley 10160, este Cuerpo consideró que su operatividad requiere que la competencia sea consentida por la contraparte, sin que pueda entenderse ocurrido ese evento por el hecho de que el Tribunal de la primigenia radicación provea la demanda u otras medidas de tipo ordenatorio (fs. 95/97). 2. Habrá de dirimirse la presente contienda negativa de competencia a favor de la postura sostenida por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación de Rosario. En efecto, de la lectura de estos actuados y de conformidad con los hechos expuestos en la demanda, a los que cabe atender de modo principal para la determinación de la competencia (por todos, A. y S., T. 184, págs. 333/338 y Fallos 313:971, 1467 y 1683; 315:951 y 1355, etc.), se desprende que el actor promovió "demanda de prescripción adquisitiva". Acción que -en el supuesto concreto de autos- se encuentra comprendida dentro de la competencia material y cuantitativa del Juzgado de Circuito. Ello es así, por un lado, puesto que este Tribunal tiene dicho -en el antecedente "Candotti" (A. y S., T. 269, pág. 158)- que "el artículo 112 de la ley 10160 contiene una pauta atributiva de competencia material, aunque cualificada por un límite cuantitativo, al establecer que, en referencia a los Juzgados de Primera Instancia de Circuito ´les compete el conocimiento de toda causa civil y comercial cuya cuantía no supere el valor equivalente a sesenta (60) Unidades JUS...´ (crit. A. y S., T. 125, pág. 440; cfr. A. y S., T. 262, pág. 473)", agregando que la norma citada "no establece distingo alguno en relación a la materia en debate, siempre que la misma se encuentre dentro del ámbito civil y comercial". Por otra parte, cabe recordar que el límite cuantitativo establecido para la competencia de los juzgados de circuito de Rosario (que al momento de interposición de la demanda ascendía a $50.040, según lo dispuesto en el punto 9 del Acta Acuerdo Nro. 49 de fecha 22.11.2016, vigente a partir del 1.4.2017) no resulta superado por el valor del inmueble consignado en el avalúo fiscal de foja 4. En otro orden de ideas, no es obstáculo para así decidirlo, lo resuelto por este Tribunal en el antecedente "Anconetani" (A. y S., T. 262, pág. 473); ello, en virtud que la presente causa carece de las especialísimas particularidades valoradas en el precedente citado que determinaron lo decidido de manera excepcional en esa oportunidad (crit. A. y S., T. 284, pág. 194; T. 285, pág. 139). En último término, cabe advertir que al momento de interposición de la demanda, ya se encontraba vigente la ley 13611 (promulgada mediante Decreto Nro. 4860 del 23.12.2016, publicada en el Boletín Oficial el 3.1.2017 y vigente desde el noveno día siguiente al de su publicación, al no establecer dicha ley un plazo diferente, según lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución provincial) que eliminó la posibilidad de prorrogar la competencia cuantitativa a favor de los Juzgados de Distrito. Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Dirimir el conflicto negativo de competencia en favor de la postura del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación de la ciudad de Rosario y, en consecuencia, disponer que siga entendiendo en la presente causa el Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la Segunda Nominación de la misma ciudad, a quien se remitirán las actuaciones, con noticia al primero de los nombrados. Regístrese y hágase saber. FDO: GUTIÉRREZ-ERBETTA-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)