Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-03-06


STJSL-S.J. N° 75/08.

SAN LUIS, Marzo seis de dos mil ocho.

AUTOS Y VISTOS: Los autos caratulados ?SERVICIO AUTOTRANSPORTE INTEGRAL S.A. (SAISA) C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS ? RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO?, Expte. Nº 28-S-2006; y CONSIDERANDO: 1) Que a fs. 99/121 se presenta el apoderado de Servicio Autotransporte Integral S.A. (SAISA) y articula Recurso Contencioso Administrativo contra el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, manifestando al Pto. II.

OBJETO que ?amén de la interposición del recurso previsto en el art. 115 del Código Tributario de la Provincia de San Luis, contra la resolución Nº 4360 ? DPIP- 2005 de fecha 27 de diciembre del año 2005, así como contra la resolución Nº 2469 ? MC- 2006 de fecha 26 de septiembre del año 2006, esta presentación tiene por objeto obtener una medida cautelar de no innovar (art. 230 del CPC) contra la Dirección de Ingresos Públicos.

Agrega que con esta acción Contencioso Administrativa se promueve también la declaración de la nulidad absoluta de los actos administrativos referidos, planteando además, la inconstitucionalidad del art. 858 del CPC, que impone las costas en el orden causado, y del art.115 del Código Tributario de la Provincia de San Luis, que establece el requisito de ?Solve et Repete?.

2) Que en el Pto VI ?1.

? La medida cautelar que solicitaremos ?expresa:? Tal medida se solicitará una vez que se cumpla por la administración el envió de las actuaciones, conforme el art. 872 de la ley 5.606 ?R? (CPC vigente). El trámite que se imprimirá es el del artículo 197 del código citado? y al Pto .2.

Prueba de la medida cautelar y del recurso contencioso administrativo efectúa una serie de requerimientos relativos a la documental y testimonial que ofrece.

Que al respecto cabe observar que el art. 872 del CPC regla el procedimiento de la Demanda Contencioso Administrativo y que el artículo 197 del mismo código que cita la actora refiere a la información sumaria, estableciendo su procedimiento.

3) Sentado ello, se entrará en el análisis de la medida cautelar solicitada.

4) En primer término cabe recordar que las medidas cautelares tienden a impedir que durante el trámite del juicio, surja cualquier circunstancia que torne inoperante los efectos del pronunciamiento definitivo.

Asimismo, que tales medidas tienen naturaleza instrumental y accesoria, ya que no constituyen un fin en sí mismas, sino que persiguen posibilitar el cumplimiento de la sentencia definitiva del juicio iniciado.

Que la procedencia de cautelares como las que se impetra, exigen la demostración de: a) verosimilitud del derecho invocado; b) peligro de demora que convierta la sentencia en ineficaz o imposible y c) que la cautela no pudiere obtenerse por otra medida precautoria (Art.230 C.P.Civ.).

5) Por otra parte, cuando la pretensión se intenta frente a la Administración Pública, es necesario que se acredite, ?prima facie? la manifiesta arbitrariedad del precepto atacado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible, porque sus actos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria (ver art.17 de la ley VI-0156-2004 (5540 ?R?).

6) En ese orden de ideas, se destaca que la procedencia de las medidas cautelares se halla condicionada a que se acredite la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, que exige la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda en los hechos realizarse porque a raíz del transcurso del tiempo los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes.

Por ello, aunque la petición se base en argumentos que, en principio son serios y dignos de ser estudiados y debatidos, corresponde desestimarla si no se advierte que exista peligro en la demora (Cfr. Revista de Derecho Procesal ? Medidas Cautelares, T. 1, p. 409/410).

Concierne entonces, examinar si se dan en el presente caso los presupuestos mencionados para la procedencia de la medida cautelar que se peticiona, para lo cual, cabe resaltar que, si bien para obtener la traba de una medida cautelar no es necesario un análisis exhaustivo de la cuestión litigiosa, éste análisis, aun cuando sea provisorio debe transmitir ?prima facie? verosimilitud en la existencia del derecho que se invoca, requisito éste que no se verifica en el presente caso ya que de las constancias de autos no surge la verosimilitud mencionada.

Asimismo, reiterada jurisprudencia nacional y provincial ha resaltado el carácter excepcional y restrictivo de la medida solicitada máxime cuando se ataca la presunción de validez de la que están investidos los ordenamientos legales y los actos del Poder Público por lo que, mientras no se desvirtúe su presunción no existe la necesaria verosimilitud que torne viable la medida cautelar solicitada (Cfr. Cám. Nac. Sala E, 5-12-84, La Ley 1985-B, 355; STJSL "SEPULVEDA BROKI DE JAMENSON ZINYA GABRIELA C/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE JUANA KOSLAY Y DEL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE JUANA KOSLAY - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD - MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICION DE INNOVAR", 6-04-01?PACULNIS CARLOS SERGIO-C/ GOBIERNO DE LA PCIA. DE SAN LUIS ?DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA?, 11-10-06; ?MASILY S. A. C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PCIA DE SAN LUIS S/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD?, 26-10-2007, entre otros).

En efecto, de la lectura de la medida cautelar solicitada, se advierte que las expresiones vertidas por el peticionante no llegan a demostrar la verosimilitud del derecho que dice tener, ni cual sería el peligro en la demora, atento a que solicitó previamente la producción de una serie de pruebas, que además de ser improcedentes en este estadio, resultan demostrativas de la no configuración de este requisito, siendo necesario un estudio mas exhaustivo del referido, circunstancia que sella la suerte de la medida impetrada, al no poderse justificar el fumus bonis iuris, es decir la apariencia del derecho o la posibilidad de que ese derecho existe.

Que con referencia al peligro en la demora, que según el artículo 230 del Código Procesal debe poseer entidad tal que influya en la sentencia o convierta su futura ejecución en ineficaz o imposible, no pudiendo obtenerse la protección por medio de otra medida precautoria, adquiere aquí una particular configuración, la que se vincula con la irreparabilidad del perjuicio (Cfr. Eduardo N. de Lazzari ? Medidas Cautelares, pág. 277).

7) Por último, cabe destacar que al pronunciarse sobre el tema en sub-examen, ha sostenido el Máximo Tribunal Nacional: ?El régimen de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez, pues la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado, y son improcedentes las medidas cautelares decretadas contra la Dirección General Impositiva, en tanto obsta a la configuración del peligro en la demora exigido por el art. 230 inc. 2º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación la circunstancia de que la materia que se encuentra en discusión es de estricto carácter patrimonial y nada impide que el contribuyente pueda obtener del Estado el reintegro de las sumas que eventualmente resultare obligado a desembolsar (Cfr. C. S. Fallos 321-I- p. 695/696 ; S.T.J.S.L. ?AUTOTRANSPORTE SAN JUAN MAR DEL PLATA S.A. C/ PODER EJECUTIVO DE LA PCIA. DE SAN LUIS ? DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA?, 20-11-2007).

En orden a ello, se advierte "prima facie" que los argumentos expuestos por el accionante, no satisfacen los presupuestos de "verosimilitud del derecho" como así tampoco del ?peligro en la demora? que requiere el art. 230 CPC.

Por todo lo expuesto y oído el Sr. Procurador General, SE RESUELVE: No hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la actora.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

FDO. DRES. FLORENCIO DAMIÁN RUBIO- OMAR ESTEBAN URIA Y OSCAR EDUARDO GATICA- SRIA. DRA. EMMA B. KLUSCH.