Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30


En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 30.12.1999, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Guibourg dijo:

La parte actora plantea la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la audiencia prevista en el art. 68 de la LO, en el entendimiento de que el letrado de las codemandadas Guevara Lynch carece de la matrícula que exige la ley 23.187, ya que sólo denuncia su inscripción en el Departamento Judicial de La Plata (fs. 92/96).

La cuestión es desestimada por extemporánea, en los términos del art. 59 de la LO. Sin embargo, ante la presentación del Colegio Público de Abogados el Juez resuelve que, en adelante, resulta exigible al profesional la matriculación prevista en la ley ya citada.

Tanto la actora como el letrado Guevara Lynch cuestionan la decisión por los fundamentos que exponen en sus sendas presentaciones de fs. 126/128 y 193/206. La índole de las mismas justifica su tratamiento actual, sin perjuicio de lo normado por el art.110 de la LO.

El decreto 2.284/91, que contiene una cantidad de medidas desregulatorias, dispuso en su artículo 12 dejar "sin efecto en todo el territorio de la Nación todas las limitaciones al ejercicio de las profesiones universitarias o no universitarias, incluyendo las limitaciones cuantitativas de cualquier índole, que se manifiesten a través de prohibiciones u otras formas de restricciones de la entrada a la actividad de profesionales legalmente habilitados para el ejercicio su profesión". Este decreto fue ratificado por la ley 24.307 (art. 29).

El decreto 2.293/92, que reglamenta el decreto referido y puede entenderse reglamentario también de la ley 24.307, en cuanto ésta sanea el defecto del decreto primitivo, aporta mayores precisiones y dispone en su artículo primero que "todo profesional universitario o no universitario que posea un título u oficio en todo el territorio de la República Argentina, con una única inscripción en el Colegio, asociación o registro que corresponda al de su domicilio real".

El párrafo tercero arrima alguna excepción al disponer que "los profesionales que ya se encontraren inscriptos únicamente en jurisdicciones distintas a la de su domicilio real, no estarán obligados a inscribirse en esta última". Sin embargo, ésta no es la situación del letrado Guevara Lynch; de los términos de su propia presentación ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (fs. 256) surge que no tenía una única inscripción sino que, al menos, se encontraba simultáneamente inscripto en los Colegios de Capital Federal y de La Plata.

Si su domicilio, como se encuentra acreditado en la causa, correspondía a la Capital Federal, al menos la inscripción en esta jurisdicción debió mantenerse. Recuérdese que la excepción a la regla general de la única inscripción en la asociación que corresponda al domicilio real se refiere a quienes tuvieran una previa y única inscripción en otra jurisdicción. En este aspecto, la norma no causa agravio al Colegio Público ni a la actora, por lo que no correspondería tratar su inconstitucionalidad; el letrado Guevara Lynch, en cambio, no ha realizado planteo constitucional en este sentido.

El letrado Guevara Lynch, que renunció a su matriculación en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, no se encontraba en condiciones, por las razones ya expuestas, de actuar en esta jurisdicción.En relación con el recurso de la actora, entiendo que la circunstancia de que una de las partes actuara representada por un letrado que no se encontraba inscripto en el Colegio Público no implica la nulidad de lo actuado y la situación puede asimilarse a la que se presenta cuando falta asistencia letrada (arts. 56 y 57 CPCC).

Entiendo, por ello, que resulta procedente intimar a las codemandadas Mónica Ester Sanz de Guevara Lynch y María Alejandra Sanz para que en el plazo de dos días de notificada la presente resolución procuren que las presentaciones de fs. 46/48, 69/70 y 74 sean suscriptas por un letrado de la matrícula, bajo apercibimiento de tener tales piezas por no presentadas y proseguir el trámite de la causa según su estado.Las costas de la incidencia serán soportadas por el letrado Guevara Lynch, vencido en la contienda. Propongo fijar los honorarios de la representación letrada de la parte actora y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en $ 500 para cada uno de ellos.

Por todo lo hasta aquí expuesto, voto para que se intime a las codemandadas Mónica Ester Sanz de Guevara Lynch y María Alejandra Sanz para que en el plazo de dos días procuren que las presentaciones de fs. 69/70 y 74 sean suscriptas por un letrado de la matrícula y se confirme la sentencia en lo demás.El Doctor Eiras dijo:Por los fundamentos que expone, adhiero al voto del doctor Guibourg.

Por lo expuesto, y oído el señor Fiscal General ante esta Cámara, el Tribunal RESUELVE: I.- Intimar a las codemandadas Mónica Ester Sanz de Guevara Lynch y María Alejandra Sanz para que en el plazo de dos días procuren que las presentaciones de fs. 69/70 y 74 sean suscriptas por un letrado de la matrícula. II.- Confiramr la sentencia en lo demás. III.- Imponer las costas de la incidencia al letrado Guevara Lynch. IV.- Fijar los honorarios de la representación letrada de la parte actora y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en $ 500 para cada uno de ellos.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.