Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2º Instancia. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, noviembre 30 de 2009 La doctora Maria C. García Margalejo dijo:

Contra la sentencia de fs. 458/464 que rechazó la demanda, apela el actor a fs. 468/472, escrito que mereció réplica de la contraria a fs. 474/476.

I. La primera queja del accionante está dirigida a cuestionar la valoración que se efectuó de las pruebas y sobre cuya base no se tuvieron por demostrados los incumplimientos de la demandada invocados en sustento del despido indirecto.

En criterio del apelante la jueza de grado se limitó a efectuar un análisis absolutamente parcial de la prueba producida tanto de la testimonial como de la pericial contable. Respecto de la primera, dice que la analizó fraccionadamente, desechando el valor convictivo de los dichos de los testigos Alfonso (fs. 129) y Gusmini (fs. 433/434) ofrecidos por su parte, "...de un modo genérico y a la vez categórico...", pero sin explicitar por qué esos testimonios no reunían eficacia probatoria (ver a fs. 468 vta./469); y que, contrariamente, sí se le otorgó eficacia convictiva a las testimoniales ofrecidas por la parte demandada, obviando el hecho de que esos deponentes se encuentran alcanzados por las generales de la ley por la circunstancia de que trabajan para la empresa accionada y por ello son testigos "preparados", lo que es demostrativo de su falta de objetividad (a fs. 469 y vta.).

Y en relación con la prueba contable dice que la Dra. Ferdman no ha tenido en cuenta ninguna de las irregularidades resaltadas por su parte oportunamente contra dicho informe y por las cuales solicitó la aplicación de la presunción del art. 55 L.C.T. (a fs. 469/470).

Con base en todo lo expuesto, entiende que se encontrarían acreditadas la incorrecta registración del vínculo y la percepción insuficiente de su remuneración, por lo que debería revocarse la decisión y hacerse lugar a la demanda.

Pero no obstante el esfuerzo argumental del memorial, anticipo que -según mi criterio- la queja no debería prosperar.

Los cuestionamientos que efectúa la apelante a la valoración de la prueba testimonial, analizados a la luz de los fundamentos de la sentencia, no los encuentro audibles; obsérvese que en lo que concierne a los dichos de Alfonso y Gusmini, y contrariamente a lo se aduce en la presentación recursiva, en el fallo se explicitaron en forma puntual y precisa las razones por las cuales no generaban convicción y por lo que resultaban inviables como elementos probatorios.

Efectivamente, de la lectura de fs. 459/462 se desprende que luego de analizar en forma pormenorizada cada una de las testimoniales, la magistrada de grado expuso con relación a aquellos dos deponentes que: a) a los fines de probar la fecha de ingreso, Alfonso era inconducente porque había ingresado a laborar con posterioridad a la fecha pretendida por el demandante en su escrito inicial; y Gusmini, cliente de la peluquería, no precisaba en forma concreta la fecha en que el aquí reclamante había comenzado a atenderla (a fs. 460, último párrafo); b) con relación a las diferencias salariales reclamadas: Gusmini nada aportaba sobre la cuestión (fs. 461); y en cuanto a Alfonso, señaló que aun dejando de lado el hecho de que encuentra comprendido en las generales de la ley (indicó tener juicio pendiente contra Cecilia Rodríguez por motivos similares a los del sub lite), no alcanzaba fuerza convictiva porque era una hecho incontrovertido que el Sr. Urueña laboró en el local de la calle Florida, mientras que el testigo dijo haberse desempeñado siempre en el local de la calle Entre Ríos, y que si bien declaró que laboró con el actor los días domingo en este último local, lo cierto era que se trataba de circunstancias que no habían sido invocadas en el escrito inicial donde se relató que el accionante siempre laboró en la calle Florida 248 y de lunes a viernes, para resaltar además, que Alfonso relató las características de su propia relación de trabajo (fs. 462, primer párrafo). Como se ve, lejos de tratarse de dogmatismos o meras generalidades, son objeciones puntuales y objetivas.

Siendo esto así, entonces, es claro que las afirmaciones del memorial, en la medida en que omiten controvertir esas razones explicitadas por la jueza, carecen de entidad para alterar las conclusiones de la sentencia (arg. art. 116 L.O.).

La misma conclusión se impone con respecto a la valoración de los testimonios vertidos a instancias de la parte demandada: Ojeda Izaguirre (fs. 435/436), Cuello (fs. 371/372) y Tacza de la Cruz (fs. 443/444) y ello porque, sin perjuicio de que la magistrada no dejó de apreciar de que se encontraban trabajando para la demandada al momento de declarar y que por ello apreció sus dichos con mayor estrictez (a fs. 461, segundo párrafo), lo cierto es que no se trata de una circunstancia que resulte determinante por sí sola para empañar la objetividad de las declaraciones, máxime cuando los que declaran han conocido de las características de la relación por haber tenido conocimiento personal de los hechos, y porque tal como se puso de relieve a fs. 459 incumbía a la parte actora acreditar los hechos justificativos del despido indirecto que formalizó.

En lo que atañe a la pericial contable -producida a fs. 115/118- la lectura de los fundamentos de fs. 461, primer párrafo, da cuenta de que la a quo con su habitual minuciosidad, no dejó de apreciar las impugnaciones formuladas por el reclamante a fs. 135/136 -y cuyos términos se reiteran en el memorial-; pero juzgó que, por un lado, era improcedente la aplicación del art. 55 L.C.T. por entender que se trataba de una presunción que resultaba operativa "...en caso de falta de presentación de la documentación de los registros laborales a los que alude el art. 52 de dicho cuerpo legal, no siendo este el caso de marras..."; y por otro que "...Si bien la eficacia probatoria de los libros que contengan defectos u omisiones queda librada a la apreciación judicial (conf. art. 53 L.C.T.)...", estimó que en el caso "...no puede tener la consecuencia atribuida por la actora en su presentación...por cuanto no sólo la actora no ha demostrado los hecho que según afirma hubieran debido constar en los asientos previstos por el art. 52 citado sino porque Ojeda, testigo propuesto por la demandada expuso que el actor ingresó a laborar en agosto de 1997 en coincidencia con lo afirmado por Cuello y Tacza de la Cruz quienes relataron que el actor ingresó a laborar con posterioridad a los respectivos ingresos de los deponentes (marzo y abril de 1997, respectivamente)...".

A ello se suma la conclusión de fs. 462 de tener por ciertos los datos contenidos en los recibos acompañados por la demandada obrantes a fs. 49/66 por aplicación del principio general dispuesto en el art. 1028 C.Civil, aspecto no cuestionado en esta instancia.

Desde esta perspectiva de análisis, los agravios del recurrente no resultan conducentes para revertir la suerte de la reclamación -reitérase lo dispuesto por el art. 116 L.O.-, por lo que el rechazo de las indemnizaciones reclamadas debería confirmarse.

La propuesta de mi voto resuelve en forma desfavorable a la pretensión del apelante, el agravio de fs. 470 vta. -inviable aun en el mejor de los supuestos, en razón del marco en que se encuentra deducido-, por el rechazo de la demanda contra las personas físicas demandadas (me remito a la lectura del segundo párrafo de esa foja).

II. Tampoco encuentro procedente el agravio que se deduce a fs. 470 vta./471 por el rechazo de la indemnización del art. 80 L.C.T., porque de conformidad con los motivos explicitados a fs. 462 penúltimo párrafo, y en concordancia con la solución que aquí se propicia, debe concluirse que las certificaciones que le fueron puestas a disposición al dependiente reflejaban las reales circunstancias de la relación, con lo cual el argumento que se esgrime en ese sentido no resulta procedente. De hecho, está reconocido a fs. 8 y 90 que el certificado de servicios y remuneraciones fue entregado.

Y en cuanto al planteo según el cual el art. 80 cit. dispone la obligación de entrega del certificado que acredite el depósito de aportes previsionales, en este caso está acreditada la presentación de las declaraciones juradas en la AFIP sobre aportes y contribuciones previsionales (fs. 117) y, amén de ello, ya en otras oportunidades he resuelto la cuestión en forma desfavorable a lo pretendido por el apelante.

La cuestión reviste aristas parecidas a las planteadas en la causa "Espíndola Juan Jorge c/ Fidelitas S.A. s/ cert. serv. y aport. previsionales", sentencia definitiva de esta Sala nº 67.323 del 28-10-2004; en aquel caso -como en otros posteriores- e incluso con la actual composición de esta Sala (integrada por el Dr. Juan C. Fernández Madrid ante la vacancia en la vocalía nº 3) sostuve (ver "Rodríguez, Stella Maris c/ Swiss Medical S.A. s/ Despido", sentencia definitiva nº 70.804 del 30-6-2008) que cuando los certificados entregados por la empresa se ajustan al formulario PS.6.2 -de la A.N.S.E.S.-, con las firmas autenticadas como lo requiere la autoridad previsional, cumplen adecuadamente con el requisito legal. Asimismo dije que lo que la L.C.T. art. 80 prescribe es que debe entregarse un certificado "conteniendo" las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios y su naturaleza y "constancia" de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a la seguridad social, vale decir que el instrumento ha de dejar constancia de los aportes efectuados. Aquí no está en duda de que hubo constancia de las remuneraciones, y es claro que los aportes y contribuciones fueron efectuados conforme pericial contable ya citada, y que se está presentando un certificado plasmado en un formulario que suministra la A.N.S.E.S. con firma certificada, y cuyos requisitos fueron diseñados por el organismo competente solicitando solo aquellos datos necesarios para esa Administración, ya que los aportes y contribuciones figuran en sus sistemas según reiteradamente ha informado aquella en juicios de similares características (me remito a la sentencia antes citada "Espíndola"). Además, los interesados pueden solicitar concurriendo personalmente con documento de identidad a cualquier unidad de atención integral del organismo previsional, un informe de sus aportes y contribuciones ingresados al sistema.

Aunque pueda admitirse que, formalmente, no conste en estos formularios mediante los cuales se expiden los certificados, el importe de los aportes y contribuciones efectuados, lo cierto es que estos se deducen tácitamente de las remuneraciones de las que sí se deja expresa constancia (los porcentuales del aporte surgen de normas legales y/o reglamentarias y, no tratándose de remuneraciones clandestinas, los trabajadores tienen mes a mes indicados en sus recibos -de los cuales se les suministra copia a esos efectos, entre otros- los montos de las retenciones correspondientes, de modo que no veo que en tales casos se puedan generar dudas tales que impidan el objetivo legal). En el caso me remito a los recibos de fs. 49 y sig. (rec. fs. 90). Ello amén de que lo expuesto en el párrafo anterior faculta a los interesados a despejar cualquier duda al respecto.

En sentido similar, la Sala III de esta Cámara ha resuelto que el cumplimiento de la obligación patronal prevista en el art. 80 L.C.T. ha de juzgarse de acuerdo con las circunstancias normales que la enmarcan, habida cuenta de la disponibilidad permanente de la información de referencia, que excede notablemente el nivel de disponibilidad previsto en su momento por el legislador; la A.N.S.E.S. ha manifestado su conformidad con los datos previstos en el documento por ella diseñado, ya que los datos sobre aportes, registrados en el sistema de dicho organismo, se hallan disponibles en cualquier momento para el trabajador interesado (20-12-2004 "Luna, Paola S. c/ Fidelitas S.A.", Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social - Abril 2005, nº 7 pág. 543).

Como también indiqué en otros casos ("Sileo c/ Prear Pretensados Argentinos S.A.", sentencia definitiva nº 70.633 del 30-4-2008), la indemnización prevista en el art. 80 L.C.T. no puede interpretarse en forma aislada de la totalidad de la ley 25.345 que la consagró y que ha sido denominada "ley antievasión"; su finalidad, que emerge de la lectura de su articulado en forma integral, es el control de las obligaciones impositivas y previsionales, abarcando disposiciones sobre limitación a las transacciones en dinero en efectivo, recaudación de aportes y combate al empleo no registrado. Precisamente el art. 45 de la ley 25.345 forma parte de su capítulo VIII titulado "Normas referidas a las relaciones laborales y el empleo no registrado" y con ese norte debe interpretarse el párrafo que se agrega como último del art. 80 ya citado. A todo evento opino que la indemnización está prevista para quien no entregó el certificado (dice "Si el empleador no hiciera entrega...") y resultaría evidentemente aplicable también a aquel que hace entrega de constancias que no cubren en modo alguno los requisitos respectivos o que son a todas luces fraudulentas o desajustadas con la realidad; pero no ocurre lo mismo en relación a aquel empleador que sí hizo entrega al trabajador de una certificación realizada en el formulario entregado por la A.N.S.E.S. y con los requisitos que ésta establece.

Así resolvió esta Sala en el caso "Cristiani, Ivo Damián c/ Guillermo Ricardo Cura S.R.L. y otro s/ Despido" (sentencia definitiva nº 71.525 del 17-4-2009) mediante voto de la suscripta, al que adhirió el Dr. Fernández Madrid.

Desde esta perspectiva, la obligación debe reputarse satisfecha.

III. Finalmente, apela la forma en que fueron impuestas las costas, y los honorarios de los abogados de la parte demandada y perito por altos (fs. 471 vta. primer párrafo).

En lo que respecta a las costas del juicio, teniendo en cuenta la suerte de la reclamación y las circunstancias que emergen del punto I de este voto, no encuentro fundamentos para apartarme del principio general sobre costas (art. 68 C.P.C.C.N.).

En cuanto a los honorarios, teniendo en cuenta las tareas desarrolladas, su extensión, mérito e importancia y el valor económico del litigio (fs. 10), las sumas establecidas no se aprecian elevadas (arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 ley 21.839, 3 decreto-ley 16.638/57).

IV. Por ello, opino que el fallo apelado debe confirmarse, con costas de alzada a cargo del apelante (art. 68 cit.). Propongo regular a los Dres. Marcela A. Martínez y Carlos H. Bosuel, por sus trabajos en esta instancia, el 25% de lo que en definitiva resulte determinado como honorarios de la instancia anterior, a favor de los letrados de las partes actora y demandada, respectivamente (art. 14 L.A.).

El doctor Oscar Zas dijo:

I.- Disiento respetuosamente de la solución propuesta por mi distinguida colega preopinante respecto del rechazo de la indemnización del art. 80 L.C.T.

En efecto, el art. 80 de la L.C.T. (t.o.) establece en su primer párrafo la obligación contractual de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, debiendo entregar al trabajador cuando se extinga la relación una constancia documentada de ello, obligación que también será exigible durante la vigencia del vínculo a pedido del trabajador cuando mediaren causas razonables.

A continuación el segundo párrafo de la norma precitada dispone:

"...Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social...".

A mi juicio, del texto transcripto surge clara e inequívocamente que tanto en la constancia contemplada en el primer párrafo como en el certificado normado en el segundo, debe haber referencia concreta a la efectiva realización de los aportes y contribuciones destinados a los organismos de la seguridad social.

Esto último aparece como contenido necesario de ambos documentos y no luce consistente sostener, por vía de interpretación, una conclusión como la propuesta por la recurrente, máxime que cuando la ley no distingue no debemos distinguir.

En el mismo sentido, la Sala X de esta Cámara señaló, con criterio que comparto, que "...si el contenido de dichas certificaciones se encuentra previsto expresamente en una ley de la Nación, parece evidente que no podría ser dejado sin efecto por una resolución o disposición del organismo recaudador; y si ello es así, menos admisible todavía resulta otorgarle ese efecto al hecho -intrascendente a estos fines- de la forma en que se confeccionan los formularios-..." (C.N.A.T., Sala X, sent. nº 14379, 9 de junio de 2006, en autos "Tarshop S.A. c/ Sedziszow, Jorge Daniel").

En este contexto, el formulario de la Anses nomenclado como P.S. 6.2. y titulado como "Certificación de servicios y remuneraciones" que consta a fs. 89, no reúne todos los extremos exigidos por el art. 80, L.C.T. (t.o.) para las certificaciones que prevé.

Considero que el formulario en cuestión no es ninguno de los instrumentos que contempla la norma, en tanto leyendo y observando el mismo no se advierte de dónde surge en su confección impresa o texto completado por el empleador alguna referencia al cumplimiento de las obligaciones respecto de los organismos de la seguridad social por parte del empleador a que hace referencia el artículo 80, L.C.T. (t.o.) en ambos párrafos.

Reitero: el art. 80, L.C.T. (t.o.) claramente coloca en cabeza del empleador la obligación contractual de entregar a quien fue su empleado una constancia de la que surja documentadamente que ha dado cumplimiento con sus obligaciones directas o como agente de retención respecto de los organismos de la seguridad social y del sindicato en su caso, sin que la citada norma habilite a darle fuerza cancelatoria a un formulario emanado de un organismo carente de facultades para apartarse de lo claramente establecido por la misma.

II.- Por las razones expuestas, voto por revocar lo decidido en primera instancia con respecto a la indemnización del art. 80 L.C.T. y condenar a la demandada a abonar la suma de $ 4.582,14 ($ 1.527,38 x 3) por dicho concepto, con más intereses desde que dicha suma es debida hasta su efectivo pago aplicando para el cálculo de la suma adeudadas la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento del préstamo (según lo establecido por el Acta 2357 de la C.N.A.T., según planilla difundida por la Prosecretaría General de la Cámara resol. 8 CNAT del 30/05/2002).

III. En cuanto a los restantes tópicos tratados en el voto de mi colega preopinante, por análogos fundamentos adhiero a lo propiciado por aquélla, con excepción de lo que seguidamente expondré.

IV. Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las restantes apelaciones al respecto.

En atención a que en materia laboral no rige un criterio meramente aritmético sino jurídico, sugiero imponer las costas de ambas instancias en un 20% y un 80% a cargo del actor (conf. art. 68 C.P.C.C.N.) Teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes (arts. 38 de la ley 18.345, 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y art. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57) propongo regular los honorarios por la actuación en primera instancia a la representación y patrocinio de la parte actora la suma de $ 6.500, a la demandada $ 7.000 y al perito contador $ 3.000, calculados todos a valores actuales.

Sugiero regular los honorarios a los profesionales actuantes en la alzada en 25% de lo que a cada uno le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 de la ley 21.839).

El doctor Juan Carlos Fernández Madrid dijo:

Adhiero al voto de la doctora García Margalejo.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recursos. 2º) Imponer las costas de alzada a cargo del actor. 3º) Regular a los Dres. M. A. M. y C. H. B., por sus trabajos en esta instancia, el 25% de lo que en definitiva resulte determinado como honorarios de la instancia anterior, a favor de los letrados de las partes actora y demandada, respectivamente (art. 14 L.A.). Reg., not. y dev..Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. - María C. García Margalejo. - Oscar Zas. - Juan Carlos Fernández Madrid á