Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-28


Salta, octubre 28 de 2010.

Considerando: 1º) Que a fs. 189/196, el señor Vocal de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dr. Marcelo Ramón Domínguez, declara su incompetencia para intervenir como juez en este proceso de amparo por considerar que al haberse demandado la inconstitucionalidad de los arts. 8º inc. "l" y 28 inc. "ñ" de la Ley Provincial de Educación nº 7546, así como del art. 49 de la Constitución Provincial, conforme la doctrina que cita, se ha planteado en los presentes una acción de inconstitucionalidad, de competencia originaria de esta Corte.

A fs. 211/212 vta. dictamina el señor Fiscal ante la Corte nº 1, encontrándose ahora los autos en estado de resolver.

2º) Que a fin de determinar la competencia debe atenderse, de modo principal, a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y en tanto se adecuen a ellos, al derecho invocado como fundamento de su pretensión (CSJN, Fallos, 311:172; 312:808; 313:917; esta Corte, Tomo 98:717; 117:1035; 120:331; 121:341, entre otros).

En el "sub judice", no sólo se solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 28 inc. "ñ" de la Ley Provincial de Educación nº 7546 sino que también se plantea la inconstitucionalidad e ilegalidad de las actividades de los funcionarios escolares de la Provincia de Salta que, al hacer efectiva la aplicación de dicha normativa, impone la enseñanza obligatoria de la religión católica apostólica romana en los planes de estudio y dentro de los horarios de clase. En subsidio, para el supuesto que se entendiera que los arts. 49 de la Constitución Provincial y 8º inc. 1º de la ley 7546 sirven de apoyo a las conductas estatales denunciadas, articulan la invalidez de tales preceptos.

En definitiva, la pretensión de los demandantes no se circunscribe a la declaración de inconstitucionalidad de normas sino también a que cesen prácticas que califican de desigualitarias e inconstitucionales, sin perjuicio de que oportunamente se evalúe si lo esgrimido tiene fundabilidad o no. Además, no puede perderse de vista que la acción ha sido planteada como amparo y su procedencia se la ha sustentado en la doctrina aplicable a tal instituto, con expresa invocación de los artículos 43 de la Constitución Nacional y 87 de la Constitución Provincial (esta Corte, 130:89).

3º) Que conforme lo dispuesto en el artículo 87 penúltimo párrafo de la Constitución Provincial, el juez del amparo puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto u omisión lesiva, precepto que fuera agregado por la reforma del año 1998. De este modo, el hecho de que en la demanda de amparo se pretende también la invalidez de ciertas normas, no conduce necesariamente a la conclusión de que se trata de una acción de inconstitucionalidad prevista en los artículos 92 de la Constitución Provincial o 704 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial.

4º) Que sentado ello, cabe recordar que, con arreglo al artículo 153 apartado II de la Constitución Provincial, la competencia originaria de esta Corte es limitada y de excepción y, como tal, la interpretación restrictiva, de ahí que sólo se encuentre habilitada en los casos específicamente contemplados y no es, en consecuencia, susceptible de ampliarse a otos asuntos fuera de los expresamente allí reglamentados (cfr. doctrina de esta Corte, Tomo 55:571; 79:487; 84:859, entre muchos otros).

Es así que el referido precepto constitucional, en su inciso "c", señala que a la Corte le compete conocer y decidir, en forma originaria, en las acciones de amparo, hábeas corpus y hábeas data, interpuestas contra cualquier acto u omisión de alguna de las Cámaras Legislativas o del titular del Poder Ejecutivo. La naturaleza taxativa de esta regla impide de modo absoluto, a la Corte de Justicia, expedirse inicialmente sobre actos u omisiones provenientes de cualquier otra autoridad o particular, los que sólo pueden llegar al Tribunal por vía de recurso; de lo contrario, todo pronunciamiento dictado fuera de los límites de tal competencia acarrearía su nulidad (esta Corte, Tomo 44:747; 79:487, entre otros).

Igual criterio es el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 302:63), cuando expresa que la competencia de raigambre constitucional es, conforme su doctrina reiterada, de carácter restrictivo, y no resulta susceptible de ampliarse, restringirse ni modificarse mediante normas legales (CSJN, Fallos, 250:774; 270:78; 280:176, 203; 284:20; 312:1875).

5º) Que en consecuencia, tratándose de un proceso de amparo donde se halla demandado el Ministerio de Educación de la Provincia, esta Corte no resulta competente para intervenir de manera originaria.

La intervención originaria del Tribunal en las acciones de amparo, sólo procede en los supuestos expresamente establecidos en el artículo 153 apartado II inc. "c" de la Constitución Provincial, debiendo, en los demás casos, acudirse a instancias inferiores a fin de resguardar el ejercicio de la competencia recursiva de esta Corte (Tomo 41:1141; 42:2253; 44:711; 49:511; 79:487; 117:435; 130:89, entre otros).

6º) Que por lo expuesto, corresponde declarar la incompetencia del Tribunal para entender de manera originaria en estos autos y disponer su devolución al juez remitente para que continúe interviniendo.

Por ello, la Corte de Justicia, Resuelve: I. Declarar la incompetencia del Tribunal para intervenir de modo originario en autos, y disponer su devolución, con la documental en ellos reservada, al señor Juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Dr. Marcelo Ramón Domínguez. Ofíciese. II. Mandar que se registre y notifique. - Guillermo A. Posadas. - María Cristina Garros Martínez. - Gustavo A. Ferraris. - María Rosa I. Ayala. - Guillermo A. Catalana. - Abel Cornejo. - Sergio Fabián Vittar.