Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-08-30


N°_859 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y MARÍA LUISA LUCAS, como jueces de primer y segundo voto respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "FORTUNY, CARLOS DOMINGO E/A: "MENDEZ, JUAN ALEJANDRO C/ FORTUNY, ALICIA M. Y FORTUNY, CARLOS D. S/ EMBARGO PREVENTIVO" EXPTE. Nº 7462/00 S/ LEVANTAMIENTO DE EMBARGO", Nº 53.951 año 2003, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 213/217.

C U E S T I O N E S I.- ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido por el incidentista a fs. 213/217, contra la resolución dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 202/207.

A fs. 243 se radica la causa ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente a fs. 275 con los suscriptos.

A fs. 246 emite su dictamen N° 1.554/03 el Sr. Procurador General, a fs. 251/269 y fs. 270/271 se agregan los memoriales de las partes y a fs. 277 se llama autos para sentencia.

2.- En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad del recurso en trato, encuentro que ha sido interpuesto en término, por parte legitimada para recurrir, mediando sentencia definitiva, (confr. Res. 561/03, que obra a fs. 22/23 del Expte. Nº 53.170/03 -del registro de este Juzgado-) y oportuno planteo de la cuestión constitucional, pues de existir el vicio alegado, se habría configurado con el dictado de la sentencia impugnada.

Establecido ello, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios en su faz sustancial. Sostiene en prieta síntesis el recurrente que la Alzada incurre en arbitrariedad sorpresiva cuando realiza afirmaciones dogmáticas, que ponen de manifiesto que el pronunciamiento sólo cuenta con fundamentos aparentes y se desvía notablemente tanto de las constancias de la causa como de las normas legales vigentes en la materia, incurriendo en violación del derecho de propiedad garantizado constitucionalmente, concretamente afirma que el decisorio impugnado resulta arbitrario cuando afirma que en la sentencia de primera instancia "no correspondía llevar el aludido principio de la inembargabilidad a extremos que impliquen conculcar los legítimos derechos de los demás, cuando no se dan motivos que lo fundamentan", y se arroga el derecho de legislar, derogando leyes expresas que rigen la materia, aplicando la doctrina del tribunal, sin ley que lo avale o fundado en sentencia de este tribunal o de la Corte Suprema.

Tras el análisis de los agravios precedentemente sintetizados, dejo anticipado desde ya mi voto en sentido favorable a la procedencia del recurso, con lo cual me aparto expresamente de lo dictaminado por el señor Procurador General.

En primer lugar, debo precisar que conforme reiterada doctrina del más Alto Tribunal de la Nación "La determinación del alcance con que se aplican las leyes comunes es materia ajena a la instancia extraordinaria, pues por principio, es facultad privativa de los jueces de la causa determinar las normas que deben regir el pleito y su vigencia en el tiempo (Fallos 297:11; 301:570, etc.).

Dicha doctrina resulta de estricta aplicación al recurso extraordinario local, que participa de similares motivos que el estatuido en el orden federal, y en virtud de ello, esta Sala tiene resuelto que la procedencia del recurso que nos ocupa, que tiene por objeto la pretensión de que se interpreten normas y principios de derecho común, está supeditada a la demostración de un vicio de naturaleza tal, que haga descalificable lo decidido en base a la doctrina de la arbitrariedad (conf. Sents. Nº 102/89; 92/93, entre otras).

Considero que en el sub lite se da el supuesto de excepción que autoriza la apertura de la instancia extraordinaria, en tanto advertimos que las sentenciantes, al decidir como lo hicieran, se arrogaron al fallar, el papel del legislador. -tercera causal de la sistematización de Carrió, "El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria", de Genaro R. Carrió y Alejandro D. Carrió, Tomo I, editorial Abeledo -Perrot, tercera edición actualizada, año 1995, pág.147-.

En efecto, las camaristas, no obstante entienden valioso el principio de inembargabilidad establecido en el art. 168 de la Ley 4.044, expresan sin embargo, no poder desconocer la condición de aquellas personas que, ". como el ejecutado, ejercen o han ejercido altas funciones, quienes se supone deben respetar, aún con mayor celo que el resto de la sociedad, el fin consagrado en la ley, sin desvirtuar el carácter tuitivo que orientó al legislador a su consagración, fundado en razones de respeto a la persona humana y de contenido social y solidarista, pero honrando a la vez las obligaciones libremente contraídas ( en similar sentido en Resol. Nº 222/01). Conjugando ambos principios (el fin tuitivo de la norma y el debido respeto de las obligaciones contraídas por quienes perciben sueldos que exceden la prestación mínima de subsistencia) debemos concluir que para los empleados, jubilados y pensionados públicos (de la administración nacional, provincial, municipal y de las entidades autárquicas), son inembargables sus sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, excepto en el porcentaje general del 20% de la remuneración mensual cuando sus haberes exceden la prestación mínima." (el subrayado me pertenece) (fs. 205 vta.).

Ahora bien, el art. 168 de la Ley 4.044 estatuye que: "Las prestaciones que esta ley acuerda revisten los siguientes caracteres a).; b).; c) Son inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litis expensas; d) Sólo están sujetas a deducciones por cargos legalmente autorizados de organismos previsionales nacionales, provinciales o municipales. Dichas deducciones no podrán exceder del veinte por ciento (20%) del haber mensual. Todo acto jurídico que contrarie lo dispuesto precedentemente es nulo y sin valor alguno".

Sin embargo ante la clara preceptiva de la ley, la Alzada, a sabiendas, se coloca en una posición, que torna arbitrario el pronunciamiento, pues, so color de conjugar ".el fin tuitivo de la norma y el debido respeto de las obligaciones contraídas por quienes perciben sueldos que excedan la prestación mínima de subsistencia.", concluye creando una excepción que no contiene la ley, sustrayendo de la previsión de inembargabilidad que contiene el art-168, inc. c), a una categoría de sujetos, a los que no distingue la ley de manera alguna, lo que quita de sustento válido al fallo, dado que la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen (Fallos: 306:721; 307:518), por lo cual las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos empleados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos (Fallos 200:165). -citado en Fallos: 316:2.734- Que, por otra parte, es principio del ordenamiento jurídico que rige en la República que tanto la organización social como la política y económica del país reposan en la ley, y si bien la exégesis de esta expresión no ha de caracterizarla como un concepto exclusivamente formal, debe estimarse excluyente de la creación ex nihilo de la norma legal por parte de los órganos específicos de su aplicación (causa: M. 467 XXIII "Mansilla, Manuel Angel c/ Hepner, Manuel y otro s/ daños y perjuicios", sentencia del 19/12/91). En ese sentido, cabe recordar que el ingente papel que en la elaboración del derecho incumbe a los jueces no llega hasta la facultad de instituir la ley misma, siendo entonces la misión más delicada de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que le incumben a los otros poderes (Fallos: 311: 2553). -citado en Fallos: 316:2.735- En el marco de los principios expuestos, cabe puntualizar que la única vía apta con que cuenta el juzgador para dejar de aplicar la ley vigente, sin ser arbitrario, es reputándola inconstitucional, ya que como lo tiene dicho la Corte es arbitraria la sentencia que efectúa una interpretación de la ley que equivale a la prescindencia del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad, pues la exégesis de la norma, aún con el fin de adecuarla a los principios y garantía constitucionales, debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu. (Fallos 300:558; 301:595) -citado en Sagués, Derecho Procesal Constitucional, Tomo II, edición 1992, editorial Astrea, pág. 271-. Y, en el caso, sin embargo, soslaya el tribunal el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad formulado respecto del art. 168 de Ley 4.044, atento los términos en que resuelve el conflicto (confr. fs. 206).

Por tales motivos, deberá dejarse sin efecto la sentencia recurrida por cuanto, como lo tiene doctrinado la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa" (Fallos 291: 202; 295:95; 417; 535; 958).

Por las razones expuestas corresponde acoger el recurso de inconstitucionalidad articulado. En consecuencia, voto afirmativamente a la primera cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el incidentista a fs. 213/217, contra la resolución dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 202/207, declarando la nulidad de lo resuelto, debiendo devolverse los autos a dicho Tribunal, para que la Sala que corresponda dicte un nuevo pronunciamiento (art. 44 del Decreto Ley 1407/62).

Las costas de esta instancia, dado el resultado que propicio, deberán imponerse a la vencida (art. 68 del CPCC).

La regulación de honorarios deberá diferirse hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUÍSA LUCAS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Ramón Rubén Ávalos respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y diferimiento de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.

S E N T E N C I A N°859 RESISTENCIA, agosto 30 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad deducido por el incidentista a fs. 213/217, y en su mérito declarar la nulidad de la resolución dictada a fs. 202/207 por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

II.- DEVOLVER los autos a dicha Cámara, para que la Sala que corresponda dicte nuevo pronunciamiento.

III.- IMPONER las costas al vencido.

IV.- DIFERIR la regulación de honorarios para la oportunidad establecida en los considerandos.

V.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación a la señora Presidente de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidente de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos como está ordenado en el punto II.