Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-04


En la ciudad de Trelew, a los 04 días de julio del año dos mil cinco, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia a cargo del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B., H. B. c/ A. DEL S. S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - LEVANTAMIENTO DE PRENDA" (Expte. N° 20.139 - año 2005) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo extraordinario practicado a fs. 150.--------------------------------------------------------- --- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:-------------------------------- --- 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandada a fs. 134, que fuera concedido libremente a fs. 135, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 124/131 y vta. que hizo lugar a la demanda de cancelación de prenda y restitución de fondos promovida por H. B. B. contra A DEL S S.A., y en consecuencia decretó la cancelación del contrato prendario instrumentado, y asimismo condenó a la demandada para que en el plazo de diez días abone a la actora el importe que resulte de la liquidación a practicar de acuerdo a las pautas establecidas en el considerando tercero, con costas a la vencida.------------------------------------------------------------------------ ----------------- --- Los agravios de la sociedad apelante lucen a fs. 140/142 y vta. y señala básicamente que: a) plantea la inconstitucionalidad de la ley 25.820 y entiende que la jurisprudencia ha coincidido en la inconstitucionalidad de esta normativa en el entendimiento que existe la valla que impide la aplicación retroactiva de la nueva ley ya que no puede volverse sobre situaciones jurídicas ya consolidadas ni contra las consecuencias de las relaciones subsistentes, con cita de fallo; b) es obvio que los parámetros económicos se vieron sensiblemente modificados a partir de la sanción de la normativa tachada de inconstitucionalidad, pero de admitirse ahora la conversión a razón de un dólar igual un peso más el coeficiente respectivo, implicaría convalidar la licuación de la deuda y una clara confiscación de sus derechos para beneficiar totalmente al actor; c) en el caso de A del S S.A. no sólo recibiría en pago una cosa distinta de la debida (art. 740 del Código Civil) sino que acusará un impacto patrimonial considerable debido a la reversión compulsiva de los riesgos pues vería reducido su capital a más de la tercera parte, y ese menoscabo es grave y afecta sin lugar a dudas la garantía constitucional que establece el art. 17; d) en consecuencia deviene imprescindible compatibilizar los intereses y valores antagónicos distribuyendo la consecuencia de las transformaciones económicas a través del principio del esfuerzo compartido de modo de adecuar el contrato que se pretende cancelar a las circunstancias sobrevinientes que lo modificaron y atenuando el impacto que aquellas provocaron en el patrimonio de las partes involucradas, con cita de fallos al respecto; e) por lo expuesto solicita se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.820 y en su caso se ordene aplicar la solución más justa de acuerdo al principio del esfuerzo compartido de modo que la suma que exceda el valor del dólar estadounidense según su cotización en el mercado libre de cambios a la paridad vigente al momento que el actor realizó sus pagos parciales y a cuenta sea absorbida por las partes en un 50% cada uno; f) subsidiariamente plantea que todos los pagos efectuados por la accionante a partir del recibo de fecha 04/03/2002 fueron a cuenta, y que a partir del recibo que corresponde a la cuota n° 26 y en los siguientes hasta la cuota n° 36 no se abonaron con ningún ajuste, por el contrario todos se pagaron fuera de término y se les cobró la mora, por lo que no se trata de un ajuste ya que en todos consta la leyenda que los pagos efectuados se consideraban a cuenta; g) la actora debió abonar la cuota pesificada más el CER a partir del 3/2/02 y con más la tasa de interés respectiva, y es más, ni del relato en demanda ni de la documentación surge que se hubiere dado cumplimiento a este procedimiento, y en este sentido hace referencia al pronunciamiento de esta Cámara en c. 19.120/03; h) el C.V.S. no es de aplicación al caso que nos ocupa ya que ese índice contempla a todos aquellos préstamos otorgados a personas físicas por entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 y A del S S.A. no es una entidad financiera ni otorgó ningún préstamo, y lo que hizo la empresa es financiar un saldo de precio, por lo que el juez se equivoca cuando afirma que el actor canceló la obligación establecida en el contrato prendario, y no lo ha hecho y no ha abonado el CER; i) en suma la decisión del Juez a-quo es una afrenta al derecho de propiedad de mi mandante, cuando aun la ley permite solicitar un ajuste equitativo del precio sobre una unidad cero kilómetro importada que hoy tiene un valor muy superior al que abonó en forma parcial el actor, no debiendo olvidarse que si por aplicación de los coeficientes correspondientes si el valor resultante de la cosa fuere superior o inferior al momento del pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio (2do. párrafo del art. 3 de la ley 25.820); j) por lo tanto si aún existe una parte de su obligación sin cumplir, como es los importes correspondientes al CER, con más la tasa de interés que no tuvo en cuenta el juez de primera instancia, no se puede dejar sin efecto la única garantía de cobro que posee su mandante, esto es la prenda con registro; y k) debe por tanto modificarse el decisorio por no haber abonado el actor totalmente su deuda prendaria, con costas a esa parte.------------------------------------------------ --- A su turno la parte actora contesta el traslado conferido a fs. 144 con la pieza de agravios que obra a fs. 145/148 y manifiesta que: a) las normas de emergencia económica son constitucionales por tratarse de un instituto de la Constitución Nacional, para lo cual cita el fallo de la C.S.J.N. en los autos "Peralta Luis A. y otro c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía)", del 27/12/1990, considerandos 20 a 23; b) la realidad de cada época perfecciona el espíritu permanente de las instituciones de cada país y la propia Constitución Argentina es un instrumento político de extrema flexibilidad para adaptarse a todos los tiempos y circunstancias, y ya en el caso "Kot" la Corte Suprema sostuvo que en la interpretación de las leyes debe apreciarse las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad sobreviniente a su sanción, ya que toda ley tiene vocación de futuro (art. 3 del Código Civil) (CSJN, Fallos: 241:291); c) el fundamento de las leyes de emergencia económica es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, y los eventos que perturban el orden constitucional con carácter de emergencia son acontecimientos reales o fácticos, y al contrario, los institutos de emergencia son creaciones del derecho que importan medidas de prevención, seguridad y remedio para contener, atenuar o subsanar las emergencias; d) lo más llamativo es que la apelante sucesiva y aleatoriamente aplicó, o dejo de hacerlo, normas e institutos que luego pretende tachar de inconstitucionales; e) la pesificación cambió lisa y llanamente la moneda del contrato e impuso una paridad de cambio determinado, al margen de las reglas del mercado, y las prestaciones de dar en nuestro país, en especial las pactadas en moneda extranjera mutaron notablemente lo originariamente pactado por las partes, y que tal situación amerita una búsqueda de las herramientas posibles para recomponerlas en justicia, y en ese orden de ideas el análisis de los pagos efectuados por el Juez de grado es correcto; f) la demandada simplemente se limitó a manifestar que los pagos fueron a cuenta y que a ellos no se le aplicó ningún ajuste, lo que llama la atención dado que otorgó recibos con la leyenda "ajuste del art. 8 del decreto 214/02 y del art. 11 de la ley 25561", y con el "pago a cuenta" A del S S.A. pretende que esta parte abone la suma de $51.488.- en concepto de esfuerzo compartido sin haber comprobado el mayor valor alegado, como tampoco demostrado el perjuicio que habría sufrido; g) así persigue la desmedida pretensión por eventuales diferencias instaladas sólo dentro de un 30% del total financiado, lo cual implicaría que con el esfuerzo compartido propuesto se le abone el triple del valor total del vehículo; h) no cabe dudas que en el caso es de aplicación el C.V.S., conforme lo establece el decreto 762/02, en su art. 1 inc. c), y en el mismo sentido la ley 25.713, art. 2 inc. c); y h) finalmente indica pautas sobre las deficiencias de la expresión de agravios y peticiona se confirme la sentencia de primera instancia, con costas.------------------------------------------------ --- 2. La quejosa plantea la inconstitucionalidad de la ley 25.820 con el argumento que ello importa la aplicación retroactiva de la nueva ley respecto a situaciones jurídicas ya consolidadas, y que de admitirse ello implicaría convalidar la licuación de la deuda y una clara confiscación de sus derechos.----------------------------------- --- Tales manifestaciones comportan una síntesis de la postura asumida en su escrito de contestación de demanda (acápite IV, fs. 94 vta./96 y vta., y en especial p. VI, fs. 97 y vta.) y ello no es agravio.--------------------------------------------------- --- Y desde ya que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia, o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 357, y cita de fallos).------------------- --- Es que, de ese modo el apelante elude hacerse cargo de las razones brindadas por el juzgador para desechar el planteo de inconstitucionalidad formulado por esa parte en su escrito de contestación de demandada (fs. 128/129, segundo considerando de la sentencia).-------------------------------------------------------------- --- Y el razonamiento seguido por el "a-quo" resultó determinante para la dilucidación de la cuestión y no fue objeto de embate alguno, por lo que en ese aspecto no hay agravio que atender.-------------------------------------------------------- ---La ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, importan consentimiento tácito y determina la inexistencia de agravio. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos). ---------- ---Así, si no se formulan agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ("Gobierno Nacional c/Ekmekdjian, Toros y otro", C.S. agosto-29-969, L.L. 137-538).--------------------------------------- ---Lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C, H N. y otro c. B, J J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando reitera argumentos expuestos en la anterior instancia sin desplegar una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.---------------------------------------------------------------------- ----------------- --- Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P e Hijos, J c. P P M S.A.", L.L. 1985-A, 309).------------------------------------------------------- ---A su vez, cabe destacar que si bien en el escrito de contestación de demanda el planteo de inconstitucionalidad se endereza especialmente respecto de la ley 25.561 y los decretos Nos. 214/02 y 320/02, lo cierto es que dicho planteo también incluye a la ley 25.820 (acápite IV, primer párrafo, fs. 94 vta.), dedicando un capítulo específicamente referido a la irretroactividad de las leyes y derechos adquiridos (p. VI, fs. 97 y vta.).------------------------------------------------------------- ---Por lo demás, la citada ley 25.820 no hace más que reiterar la normativa anterior, de modo tal que los fundamentos dados por el sentenciante y que también incluyen a la referida ley son de aplicación a ambos sistemas legislativos.---------- ---Y aun cuando se obviara por hipótesis la deficiencia técnica que contiene la expresión de agravios en este tramo de la queja, cabe señalar que la legislación dictada al amparo de la emergencia económica es constitucional y así lo declaró la Corte Suprema de Justicia de la Nación.--------------------------------------------------- ---Al respecto, y con referencia a los depósitos bancarios, sostuvo la constitucionalidad de la normativa que estableció la "pesificación", al señalar: "Resulta indiscutible que la devaluación de la moneda nacional era una medida ineludible frente a la grave emergencia resultante del desfasaje de valor con el dólar estadounidense y el comienzo de una importante "corrida bancaria". En esa situación, parecería a primera vista que la conversión de los créditos a moneda argentina a un tipo de cambio determinado por el estado afectase el derecho de propiedad del acreedor, que tendría derecho de obtener el reintegro, por lo menos, de la cantidad exactamente equivalente a los nuevos tipos vigentes en el mercado; sería, por otra parte, el resultado de la ciega aplicación de los arts. 617 y 619 del Código Civil. . Por el contrario, pretender la devolución inmediata en dólares o en su equivalente en moneda argentina en el mercado libre de cambios implica un desmesurado beneficio para el acreedor, que no puede determinarse en su medida aritmética como consecuencia de la ausencia de producción de prueba en este proceso pero que en algunos momentos alcanzó alrededor del doble del poder adquisitivo originario. . El ejercicio de los mencionados controles no puede justificar que todas las medidas de política económica de los poderes competentes sean sometidas a la revisión, no de su legalidad sino de su acierto o su oportunidad, pues ello implicaría sustituir a los órganos constitucionales que tienen su origen directo en la voluntad popular por el criterio predominante técnico del Poder Judicial, cuya desvinculación de tal origen -que sólo podría ser indirecto en el texto constitucional originario- se ha acentuado en la reforma de 1994 con los nuevos procedimientos de designación. Los jueces están llamados a juzgar, no a administrar ni a fijar ni revisar la política económica de los poderes políticos, pues de lo contrario implicaría desvirtuar el régimen democrático sustituyéndolo por el gobierno, o aun la dictadura, del Poder Judicial, que impediría el desarrollo de cualquier programa de gobierno coherente, máxime frente a una emergencia que los jueces no están capacitados para encauzar ." (del voto de la mayoría, C.S.J.N., 26/10/2004, S.C.B.139, L.XXXIX, "Bustos, Alberto Roque y otros c/Estado Nacional y otros s/amparo").----------------------------------------------------- ---Dicha postura a favor de la constitucionalidad de la legislación de emergencia no resulta conmovida por las manifestaciones vertidas por la recurrente.------------ ---En cuanto a la alteración de las estipulaciones privadas que alega el quejoso cabe señalar que la pesificación vino impuesta en forma imperativa.----------------- ---Así, a partir de la entrada en vigencia del régimen previsto por el art. 8 del decreto 214/02 la cuestión referida al tipo de cambio vino imperativamente impuesto por la citada normativa.---------------------------------------------------------- ---El decreto 214/2002 impuso lo que dio en llamarse la "pesificación forzada", con el añadido a la manda genérica legal de una suerte de "seguro contra la injusticia": la cifra resultante de esa pesificación uno a uno podía "reajustarse", por los jueces a instancia de parte interesada, si el valor de la cosa bien o prestación fuere superior o inferior a aquella cifra en el momento del pago. Conforme al régimen del dec. 214/2002 ya no hay más pesificación negociada (conf. Casiello, "La pesificación retaceada", L.L. 2004-E, 292 y 297).--------------- ---En igual sentido, las normas que establecen el CER y el CVS son normas de emergencia económica, que implican una intervención del estado en los contratos celebrados entre particulares y hacen al orden público económico. Las leyes que establecen el CER y el CVS no son normas suplementarias, porque no respetan la voluntad de los particulares, ni establecen una voluntad complementaria para el caso que las partes no hayan exteriorizado su voluntad, sino que sustituyen lo ya pactado (CCivyComSan Isidro, Sala I, 03/12/2002, "R de D P, R y otros c. S, C G.", LLBA 2003 (abril), 306).------------------------------ --- Este es el régimen también adoptado por el art. 3 de la ley 25.820 que diera al art. 11 de la ley 25.561 su nueva redacción y que rige hoy y resulta aplicable al caso.--------------------------------------------------------------------------- ------------------ ---Dicha norma en su actual redacción (art. 3 de la ley 25.820 que sustituye al citado artículo 11) rige el caso de autos por no haber alcanzado sentencia firme al momento en que la misma comenzó su vigencia y ser de orden público (art. 4 de la ley).--------------------------------------------------------------------------- ------------------ ---En tal sentido, su vigencia acaeció el 5 de diciembre de 2003 (art. 5 de la ley 25.820, publicación en el Boletín Oficial del 04/12/2003), y la sentencia de la anterior instancia que no se encuentra firme se dictó el 10 de noviembre de 2004.- ---En cuanto al menoscabo del derecho de propiedad del acreedor, lo cierto es que la sociedad acreedora al contestar demanda fijó su postura y alegó el mayor valor de la cosa respecto al del monto pesificado (acápite VI, fs. 97 vta./98).-------------- ---Y el juzgador precisó que en todo caso la proporción del mayor valor debe ser tomada respecto de las cuotas que se abonaron una vez cesado el régimen de convertibilidad de la ley 23928 . esto es por las 11 cuotas correspondientes al año 2002. Para concluir que dicha parte no justifica la desproporción -en esta caso por inferioridad- entre el valor de la cosa y el valor abonado con más la aplicación del coeficiente respectivo de acuerdo al art. 11 de la ley 25561 (t.o. según ley 25820) -en su momento art. 4 del decreto 214/2.--------------------------- ---Dicho aspecto del decisorio alcanzó firmeza por ausencia de agravio a su respecto, por lo que debe concluirse que el art. 11 de la ley 25.561 (sust. por el art. 3 de la ley 25.820) no resulta inconstitucional en su aplicación al presente caso.--- --- 3. Descartado el planteo de inconstitucionalidad debe analizarse la invocación que la acreedora hace del principio del esfuerzo compartido con sustento en una postura que alguna jurisprudencia sostiene.----------------------------------------------- --- Y el art. 11, último párrafo, de la ley 25.561 en su texto original, al igual que el penúltimo párrafo del actual (art. 3 de la ley 25.820) aluden al "principio del esfuerzo compartido" pero en clara referencia a una directriz dirigida exclusivamente al Poder Ejecutivo Nacional.--------------------------------------------- ---Nótese en tal sentido que la segunda parte del penúltimo párrafo del citado art. 11, en su actual redacción, al igual que en el texto original, último párrafo, expresa: "El Poder Ejecutivo nacional queda facultado a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del artículo 1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido." (el resaltado me pertenece).------------------------------------------------ ---La frase que trae el art. 11 de la ley 25.561 no está dirigida a los jueces sino al Poder Ejecutivo a quien se encomendaba pilotear la crisis, y por la cual se lo faculta a "dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del art. 1198 del Cód. Civil y el principio del esfuerzo compartido". En esta temática pesificadora que impone la ley, ya ningún "esfuerzo" queda por "compartir". La pesificación de la ley (sólo para las obligaciones "internas") fue la mejor salida para "arreglar" los contratos en dólares luego de cesada la convertibilidad (conf. Casiello, "La pesificación retaceada", L.L. 2004-E, 292 y 297).----------------------------------------------------------------------<#LIN E> ---Y compartiendo en un todo el voto de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci que el autor citado precedentemente transcribe es dable señalar que: "La tesis del esfuerzo compartido pretende convertirse en principio general aplicable a todos los contratos afectados por la emergencia. Ello implica tanto como reemplazar el principio general de pesificación uno a uno más el C.E.R. establecido por el legislador en el Dec. 214/02, por otro creado por los jueces, quienes se arrogarían así las facultades propias del Poder Legislativo y cambiarían la solución legal, y por lo tanto general, por otra norma general pero de fuente jurisdiccional. De este modo los jueces se convierten en legisladores y, en vez de proyectar la aplicación de la ley general al caso particular, regulando sus consecuencias conforme a las pautas legales y las circunstancias del caso, sustituyen directa e inconstitucionalmente al poder legislativo y pretenden dictar una norma de carácter general, con grave perturbación de la seguridad jurídica, por cierto ya diezmada. No se contribuye a reestablecerla si los jueces cambian la solución legal por otra "salomónica" que reparte por mitades sin otro fundamento que una intentada equidad, que -como es sabido- deviene fácilmente en arbitrariedad cuando no explica detalladamente las razones de su aplicación" (S.C. Mendoza, Sala 1a., "T, S c. D S.A.", del 24/11/2003, J.A. 2003-IV, 625).------------ ---Y desde que la norma en análisis es suficientemente clara en cuanto a que la pauta del denominado principio del esfuerzo compartido está dirigida al Poder Ejecutivo Nacional y no a los jueces, no cabe realizar una interpretación que en definitiva comportaría alterar la solución legal.------------------------------------------- ---Y lo cierto es que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra (C.S.J.N., Fallos 299:168), por lo que si el texto es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1970-I-391, 1970-II-135; D.J.B.A. 114-99, N° 154, 125-10; JUBA 7, sumarios Nos. 5.729, 14.017).------------------------------- ---En tales condiciones, desde que la doctrina del esfuerzo compartido no es una pauta al alcance de los jueces, la pretensión de la acreedora al requerir que las diferencias de cambio sean absorbidas por las partes en un 50% cada uno importa sustituir el principio general de pesificación establecido por el legislador por otro creado por los jueces arrogándose facultades propias del Poder Legislativo y cambiando así la solución legal, por lo que corresponde su desestimación. --------- --- 4. Reitera el recurrente la argumentación ya expuesta en su escrito de contestación de demanda acerca que los pagos fueron a cuenta (p. III, fs. 94 y su confronte con su expresión de agravios, fs. 141) para intentar de ese modo no hacerse cargo de la circunstancia bien precisada por el juzgador acerca de la existencia de pagos en concepto de ajuste y que detallara con minuciosidad a fs. 127 vta. .------------------------------------------------------------------------------- -------- ---En este aspecto, y tal como lo indicara el Sr. Juez de la anterior instancia, existen recibos extendidos por la acreedora con la leyenda "AJUSTE LEY 25561", "AJUSTE ART 8 DTO 214/02", y "AJUSTE", según el caso, a partir del mes de febrero de 2002, a saber: a) fs. 23, 25, 26, y 28 del 04/03/02; b) fs. 29 del 28/03/02; c) fs. 30 del 08/04/02; d) fs. 32 y 34 del 10/05/02; e) fs. 36 del 10/05/02; f) fs. 37 y 38 del 06/06/02; g) fs. 39, 40, y 41 del 16/08/02, y que si bien aluden a pago a cuenta, en el detalle realizado después del recibo de la suma indican entre otras columnas "Ajuste"; y h) recibos de fs. 42 y 43 del 21/11/02 con igual aclaración que la realizada al punto que antecede.--------------------------------------- ---Igual consideración cabe hacer de su alegación acerca que en las 11 cuotas que van del 10/01/02 al 10/11/02 no se han cobrado con ajuste sino que se les ha cobrado los intereses por mora (penúltimo párrafo de fs. 141 vta.).------------------- ---Tal afirmación evidencia un claro desajuste con las constancias insertas por la propia acreedora y que lucen en los recibos ya individualizados de fs. 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, y 41, los que llevan la leyenda "AJUSTE".- ---Es más, la distinta imputación según "ajuste" o "mora" resulta claramente indicada en los recibos obrantes a fs. 40, 41, 42, y 43, pues contemplan por separado los rubros "Mora" y "Ajuste", con indicación de los respectivos importes en cada columna.------------------------------------------------------------------------ ------ ---En tales condiciones, la dualidad de criterios desplegada por la parte demandada al indicar por un lado en recibos que extendiera la realización de pagos por el deudor en concepto de ajuste conforme a la normativa de emergencia económica vigente en materia de pesificación, y por el otro negar que tales pagos lo fueron en tal concepto ("NO se trata de un ajuste", fs. 141 vta.) resulta insostenible y no merece ser amparada.----------------------------------------------------------------------- -- ---Es que, la dualidad de actitudes sobre un mismo asunto importa un "venire contra factum proprium nemo potest" que merece en derecho su repulsa, toda vez que a nadie es dado contradecir su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.-------------------------------------------------------------- --- Se trata de la doctrina de los actos propios que, emanada de los términos del art. 16 del Código Civil, constituye un principio general del derecho. Es derivación directa del principio de buena fe con fundamento en los arts. 1071 y 1198 del Código Civil, y su aplicación es deber inexcusable para el órgano jurisdiccional, de acuerdo al art. 34 inciso 5 apartado d) del C.P.C.C. (conf. López Mesa, "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia", Depalma, 1997, págs.74/76, y cita de fallos).------------------------------------------------------------------------ ---------- ---La esencia de la conducta contradictoria es el impedimento de hacer valer el derecho que en otro caso se podría ejercitar. Lo obstativo se apoya en la ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la que precede. La ilicitud reposa en el hecho de que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico considerado éste inescindíblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual -y también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial- y que conlleva como sanción, la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Morello-Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L. 1984-A-866, y Morello, "Dinámica del contrato. Enfoques", Editora Platense, 1985, Cap. IV, págs. 59/60).---------------------------------------------------------------- ---De tal modo, esa conducta contradictoria impide hacer valer el derecho que se pretende ejercitar y lleva como sanción la desestimación de la queja de la apelante en este aspecto.------------------------------------------------------------------------ -------- ---Sólo a mayor abundamiento precisare, respecto de la cita que realiza del pronunciamiento de esta Cámara, por su sala "A", en autos "K, S A c/A S.A. s/demanda por consignación" (c. 19.120, S.D.C. 12/04), que posteriormente dicha sala en la causa "M T S.A. c/ A del S S.A. s/cancelación de prenda", señaló que en la primera de las causas citadas en modo alguno adhirió a la doctrina del esfuerzo compartido, que en dicho pleito anterior esos carriles de tratativas de las partes o instancia judicial para el reajuste del precio no habían sido transitados, lo que no sucedía en el caso de autos, pues la demandada introdujo tal cuestión y ella fue resuelta por el juzgador mediante decisión -la de rechazo por falta de pruebas- hoy firme ante la ausencia de agravios al respecto, de modo que esas fases allí no recorridas aquí se han agotado (del voto del Dr. Velázquez en c. 19.838, S.D.C. 07/2005).--------------------------------------- --- 5. Resta por considerar las manifestaciones de la acreedora apelante acerca que el juez se equivocó al aplicar solo el coeficiente sin la tasa de interés establecida por el Banco C de la República Argentina, y su pretensión de aplicar el coeficiente de estabilización de referencia (CER).--------------------------------------- ---5.1. Respecto a la aplicación del coeficiente sin la tasa de interés advierto que de los recibos agregados a esta causa resulta que en los casos de mora la acreedora aplicó la tasa pactada en exceso del tope legal establecido por la Comunicación "A" 3507 del Banco C de la República Argentina para el período posterior al 03/02/02. -------------------------------------------------------------------------------- ------ ---Para ello es de hacer notar que dicha Comunicación del B.C.R.A. dictada el 13/03/02 establece en su punto 2.1. que el saldo de deuda desde el 3.2.02. estará sujeto a los intereses que resulten de aplicar la tasa que se pacte, la que no podrá superar en el caso de garantías prendarias con registro una tasa de interés del 3,5% anual en el caso de personas físicas.------------------------------------------------------- ---Por ello, y desde que en los casos de mora para ese período se cobraron intereses a la tasa pactada del 5% mensual (contrato de prenda con registro, fs. 49 vta., "TASA MENSUAL 5%") que excede largamente el tope legal establecido en el 3,5% anual, el agravio debe ser rechazado.-------------------------------------------- ---5.2. En cuanto al coeficiente de estabilización a aplicar, las expresiones vertidas con relación a los casos en que se aplica el CER y el CVS y a que por no ser una entidad financiera no ha recibido ningún tipo de compensación por todo este desajuste, sólo denotan el particular punto de vista del recurrente, al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante.---------------------------- ---En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. Lo mismo ocurre cuando carece de suficiencia técnica, pues la suficiencia se relaciona con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 371 y 373, y cita de fallos).------------------------------------------------------------------------ --------------- ---Respecto a que A del S S.A. no otorgó ningún préstamo, cabe advertir que esa no fue la postura que asumiera al contestar demanda ya que en aquel momento procesal afirmó que el actor había contraído una "deuda" con la sociedad, motivo por el cual el planteo del apelante no merece ser atendido ya que nuevamente se advierte una dualidad de criterios.---------------------------------------------------------- ---En efecto, por un lado al contestar demanda sostuvo que el actor debía pagar "por una (a)deuda que contrajo con A del S S.A.", como también que "La deuda quedó documentada en un contrato prendario" (acápite III, fs. 93 vta.) (el resaltado me pertenece), y por el otro, al expresar agravios señala que A del S S.A. no ha otorgado ningún préstamo (fs. 142).---------------------------------- ---Y deuda es la obligación que alguien tiene de pagar algo, por lo común dinero (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001, T. I, pág. 809).--------------------------------------------------------------- ---Ante dicha conducta contradictoria es evidente que la misma resulta insostenible y tampoco merece ser amparada.----------------------------------------------------------- ---Una pretensión o una defensa que se formula dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, ya que ello infringiría el principio de buena fe ante la imposibilidad de "venire contra factum", del cual es derivación necesaria e inmediata (conf. Diez Picazo, "La doctrina de los actos propios", Bosch, Barcelona, 1963, págs. 223 y 163, respectivamente).--------------------------------------------------------------- -------- ---El fundamento estará dado en razón que la conducta anterior ha generado confianza en que, quien la ha emitido, permanecerá en ella, pues de lo contrario importaría incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido pues había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección de origen (Morello-Stiglitz, comentario ya citado, L.L. 1984-A-866).-------------------------------------------------------------------- -------------- ---Asimismo, al declararse la emergencia económica el art. 6 de la ley 25.561 aludió a créditos prendarios, por lo que la inclusión de los préstamos personales con garantía prendaria dentro de la excepción a la aplicación del C.E.R. (art. 1 c) del decreto 762/2002, y art. 2 c) de la ley 25.713) comprende al caso de autos por las razones apuntadas precedentemente en cuanto a que se trata de una deuda, la que fue contraída por una persona física y es inferior a u$s 30.000.------------------ ---Por ello, bien señaló el juzgador que en la especie por tratarse de una persona física se trata del coeficiente de variación de salarios (conf. arts. 1 y 3 del decreto 762/02).------------------------------------------------------------------------ ------- ---En tales condiciones, la pretensión de la acreedora al exigir el pago de sumas que se apartan del principio de la pesificación establecido legalmente para tener por extinguida la obligación y proceder a la cancelación de la prenda que grava al bien, debe ser desestimada.------------------------------------------------------------------<# LINE> ---6. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).---------- ---A ese fin, atendiendo a la naturaleza, extensión y eficacia de los trabajos cumplidos en esta instancia, estimo prudente regular los honorarios de los Dres. D. H. G., y F. O. V. y M. A. M. I., estos dos últimos profesionales en forma conjunta, en sus calidades de letrado apoderado de la sociedad apelante y letrados apoderados del actor, en las sumas porcentuales equivalentes al 3,5% y 5.46%, respectivamente, del monto del proceso fijado en la anterior instancia y que resulte de la liquidación a practicarse (arts. 6, 7, 9, 13, 14 y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. pertinente. ------------- ---Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.--- ---A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:---------------------- ---Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 134), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 124/131 vta.) por la cual se hace lugar a la demanda de cancelación de prenda y restitución de fondos promovida por el Sr. H. B. B. contra "A del S S.A.", con costas a la parte demandada vencida.------------------------------------------------------------------------ ----------------- ---El escrito de expresión de agravios luce agregado a fs. 140/142, el que previo traslado ordenado a fs. 144, fue respondido por la contrario por escrito glosado a fs. 145/148.------------------------------------------------------------------------ ------------ ---I.- La reseña de los agravios vertidos por la parte apelante ha sido suficientemente realizada por el Sr. vocal de sala que me precede en la votación, por lo que a ella me atendré por economía procesal, limitándome a puntualizar aquellos aspectos que, estimo, son los que dan pié a ser atendidos por esta instancia revisora de manera particularizada, a saber: 1) reconocimiento o sometimiento de la acreedora al régimen legal de la emergencia; 2) inconstitucionalidad de la Ley 25.820; 3) factibilidad de aplicar el principio del esfuerzo compartido; 4) aplicación del CER o del CVS a los pagos recibidos "a cuenta"; 5) viabilidad del reajuste equitativo del precio.-------------------------------- ---Intentaré pues, responder a todos y cada una de tales cuestiones traídas por la demandada recurrente en sustento de su apelación, para lo cual seguiré el mismo orden y nominación con el que fueran individualizados numéricamente.------------- ---1) Reconocimiento o sometimiento de la acreedora al régimen legal de emergencia: He titulado de tal manera la porción del agravio formulado por la recurrente dado que postula que se equivoca el sentenciante cuando indica que las partes de autos están de acuerdo en que la prenda con registro se encuentra alcanzada por las normas que pesifican las obligaciones pendientes.----------------- ---Para ingresar al examen de tal cuestión es útil advertir que la propia empresa demandada se sometió voluntariamente al régimen emergencial por el cual se pesificaron todas las obligaciones dinerarias pendientes, originadas en contratos celebrados entre particulares y de cumplimiento exigible al 06/01/02 (Art. 11 de la Ley 25.561, Dcto. Ley 50/02 y art. 8 del Dcto. Ley 214/02). Y efectúo tal aserto a partir de constatar que surge así de los recibos adjuntos en demanda, en los que se consigna la leyenda "ajuste ART 8 DTO 214/02..."(vide: fs. 29, 37 y 38). O bien, en aquellos en los que se consigna la leyenda "...Detalle: PAGO A CTA CUOTA...S/ART 11 LEY 25561"(vide: fs. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42 y 43).---------------------------------------------------------------------------- ----------------- ---Esto es, ciertamente ello conlleva una patente contradicción entre la conducta asumida extrajudicialmente con la que adopta en el presente proceso cuestionando la constitucionalidad del régimen jurídico al cual voluntariamente antes se sometiera sin reserva alguna. Tal dualidad de criterio desplegado por la parte demandada resulta insostenible, para mi, y no merece que sea amparada. Es que la dualidad de actitudes sobre un mismo asunto importa un "venire contra factum propium nemo potest" que merece en derecho repulsa, toda vez que a nadie es dado contradecir su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.------------------------------------------------------------------------- --- ---Se trata de la doctrina de los actos propios, emanada de los términos del art. 16 del Código Civil, y que constituye un principio general del derecho. Es derivación directa del principio de buena fe con fundamento en los arts. 1071 y 1198 del Código Civil, y su aplicación es deber inexcusable para el órgano jurisdiccional, de acuerdo al art. 34, inc. 5to., apart. d) del C.P.C.C..---------------------------- ---Destaco que, el principio general de la buen fe que informa y da luz en definitiva no solo al ordenamiento positivo predispuesto para la "normalidad" -si me permite la expresión- sino también principalmente para la "anormalidad" que implica o debiera implicar la emergencia, tomado en la dimensión objetiva, esto es, en la inteligencia que es una directiva que impone a los sujetos el deber de proceder, tanto en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas como en la celebración, interpretación y ejecución de los negocios jurídicos con rectitud, resulta inadmisible que un litigante pretenda fundamentar su accionar, aportando hechos y razones de derecho, que contravienen flagrantemente sus propios actos.- ---En tal línea de razonamiento, ha sostenido reiteradamente la Corte Federal, que el voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico, sin expresa reserva, determina la improcedencia de su impugnación posterior con base constitucional (Fallos, 149:137; 170:12; 184:361; 202:284; 205:165; 241:162; 271:183; 279:350; 297:236; 300:147; 304:1180; 316:1802; 322:523; 325:1922, entre muchos otros).------------------------------------------------------------------------- - ---También afirmó el más alto cuerpo judicial del país, sobre la base del criterio enunciado, que las garantías atinentes a las propiedad privada pueden ser renunciadas por los particulares expresa o tácitamente, y que ello sucede cuando el interesado realiza actos que, según sus propias manifestaciones o el significado que se le atribuya a su conducta, importan acatamiento de las disposiciones susceptibles de agraviar a dichas garantías, o suponen el reconocimiento de la validez de la ley que se pretende impugnar (Fallos, 255:1216; 187:444; 275:235; 279:283 y sus citas).------------------------------------------------------------------------- - ---Es decir, no puede aceptarse en esta sede tal contradicción del propio actuar anterior de la demandada por cuanto esta ha generado razonablemente confianza en que, quien la ha emitido, permanecerá en ella, pues de lo contrario importaría incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido pues había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección de origen.-----------------------------------------------------------------------<# LINE> ---De allí, que encuentro, reitero, que no hay tal supuesto yerro que se endilga al juzgador en cuanto afirmara que las partes del presente litigio "...son contestes en que la relación jurídica entre ellas resulta alcanzada por las normas sancionadas por el gobierno nacional a partir de la ley 25561..."(sic)(conf. 1er. apart. del consid. primero -fs. 125 vta.-).-------------------------------------------------------------- ---2) Inconstitucionalidad de la Ley 25.820: Respecto al contenido o motivo fundante del presente agravio señalo "ab initio", la particularidad que presenta en relación al planteo defensivo originario efectuado al tiempo de trabarse la litis, cual es, que la inconstitucionalidad al tiempo de contestar la demanda fue pedida en relación a la ley 25561, sus decretos reglamentarios y su actual prórroga hasta diciembre del año 2004 por medio de la Ley 25820, restringiéndose ahora tal pretensión originaria solo respecto a esta última norma (ver y comparar el punto IV -fs. 94 vta./97 vta.- y fs. 140/141-).-------------------------------------------------------- ---No obstante tal señalamiento, también habré de destacar ya puntualmente respecto al dicente agravio que se formulara en relación ya exclusivamente a la Ley 25.820, que lejos se estuvo de conformar la indispensable crítica que provea de la materia que permite ejercer la facultad revisora de esta Alzada. Es que predicar que "...la jurisprudencia ha coincidido en la inconstitucionalidad de esta normativa...que no se compadece con la regla contenida en el Art. 3° del Código Civil, pues las leyes rigen para el futuro..."(sic), no es más que alegación genérica que en el mejor de los casos puede ser entendida como una opinión discrepante con la emitida por el Sr. Juez a quo, que no contiene la concreta y puntual crítica que exige el Código de rito para habilitar que sobre el punto cuestionado el tribunal revisor pueda conocer los vicios de juzgamiento que se denuncien de tal forma y, de tal manera, decida sobre la viabilidad de la impugnación deducida.---- ---Sobre esto último se ha dicho desde siempre y lo reitero ahora, que la expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas". Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (Conf: jurisp. cit. por Morello-Sosa-Berizonce, en "Códigos procesales...", Ed. Platense, ed. 1988, T. III, pág. 351; id. Kielmanovich, Jorge L. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado", Ed. LexisNexis, 2da. ed. Ampl., T. I, págs. 446/447, notas nros. 1641 y 1643).--------------------------------------------------------- ---Solo a mayor abundamiento indicaré que el art. 1° de la ley 25561 declara, con arreglo a lo dispuesto por el art. 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas por la propia Ley. Posteriormente, y en uso de tales facultades y de lo dispuesto por el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo de la Nación dicta el Dcto. 214/02 y demás normas reglamentarias complementadas por resoluciones del Ministerio de Economía y comunicaciones del Banco Central de la República Argentina.---------------------------------------------------------------------- ---------------- ---Así, pues, la ley 25.561, dentro del marco de emergencia en que fue dictada, derogó el régimen de convertibilidad dispuesto por la ley 23.928, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional la determinación de la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras (art. 2°). Delegó también en el Poder Ejecutivo, tomar medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación cambiaria respecto de las deudas, no vinculadas al sistema financiero en particular, estableciendo en su art. 11 y con relación a las obligaciones originadas en los contratos entre particulares -como lo es el supuesto planteado en la especie-, que las prestaciones "exigibles" desde la promulgación de la ley, pactadas en dólares u otra moneda extranjera, serán canceladas en pesos a la relación de cambio un (1) peso = un (1) dólar estadounidense. Añadió, también, un período de sometimiento de las partes a un procedimiento de negociación a fin de procurar compartir de un modo equitativo los efectos de la modificación cambiaria.--------- ---Esto es, si bien la ley 25.561, mantiene la redacción impuesta en el art. 11 de la ley 23.928, para los arts. 617, 619 y 623 del Cód. Civil, lo cierto es que sus propias disposiciones limitan su aplicación para el caso de las obligaciones financieras y entre particulares existentes antes de su promulgación ya que ellas son las "pesificadas" (conf. arts. 5, 6, 7, 8 y 11).----------------------------------------- ---Y tanto ello es así que, con posterioridad, el Dcto. 214/02 en su art. 1ro. dispone en forma clara y terminante la transformación a pesos de todas las obligaciones de dar sumas de dinero de cualquier causa u origen -judicial o extrajudicial- expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras "existentes" a la sanción de la ley 25.561 y que no se encontraren ya convertidas en pesos.------- ---Asimismo, su art. 8vo., modificando el art. 11 de la ley 25.561, establece derechamente que las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza se convertirán a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE = UN PESO; previendo su actualización mediante un coeficiente de estabilización de referencia más intereses a determinar por la autoridad de aplicación (art. 4to.) y dando la posibilidad a las partes de recomponer o reajustar el precio si por aplicación de tal norma el valor resultante de la cosa, bien o prestación fuere superior o inferior en el momento del pago (art. 8vo).--------------------------------------------------------------------------- ----------------- ---Por último, en consonancia con lo dispuesto por el art. 2 del Dcto. 214/02, el art. 2 del Dcto. 320/02, aclara que el art. 8vo. del anteriormente citado, es de aplicación exclusiva a las relaciones jurídicas "existentes" (y no solo a las exigibles) a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561 (Ver análisis que efectúa al respecto la Dra. Noemí L. Nicolau, "Las obligaciones de derecho privado no vinculadas al sistema financiero, en el nuevo régimen de emergencia pública", en Suplemento especial La Ley, abril de 2002, págs. 53 y sgtes.).--------- ---De lo dicho entonces, no encuentro que la alusión a que las estipulaciones privadas concertadas sobre las bases de la convertibilidad legal establecida por la ley 23.928, y las expectativas patrimoniales que legítimamente hubieran tenido en vistas satisfacer, no se hubieran vistos alcanzadas por la emergencia pública declarada por la ley 25.561.----------------------------------------------------------------- ---Sabido es que es propio de las normas de emergencia, que en alguna medida afecten, limiten o restrinjan libertades, derecho y garantías consagrados en la primera parte de la Constitución. En el caso, ciertamente las normas censuradas contenidas en la ley 25561, Dcto. 214/02 y 320/02, que disponen la "pesificación" satisfacen las condiciones de validez constitucionales según lo estableciera el Sr. Juez del anterior grado con criterio y motivación que resulta inatacado en la especie. Y comparto tal tesitura toda vez que, para mi, se encuentran reunidos los presupuestos requeridos por la sistematización que de las normas emergenciales realizara la doctrina y la jurisprudencia, cuales son: a) una real situación de emergencia, constatada y declarara por órgano competente y con control judicial sobre su existencia o subsistencia; b) un fin real de interés social y público; c) transitoriedad de la regulación excepcional; d) razonabilidad del medio elegido, que se explicita por la proporción y adecuación entre la medida dispuesta, el fin perseguido y los motivos y causas que dan origen a la emergencia (Conf. Bidar Campos, Germán, en "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Vol. I, pág. 305; Conf. C.S.J.N. desde el caso "Ercolano c/Lanteri de Renshaw", Fallos 136:161; pasando por el caso "Avico c/De la Pesa", Fallos 172:29; "Cine Callao", L.L. 100-45, "Canton" L.L. 1979-C-158 hasta el caso "Peralta", L.L. 1991-C-158, siguiendo con "Videla Cuello", Fallos 313:1638; "Guida", Fallos 323:1566; con un paréntesis inesperado en autos "Smith", L.L. 2002-A-770; para volver a ella en el cuestionado caso "Bustos", L.L. 2004-F-704, con notas de María A. Gelli, Barcesat, Bianchi, Borda, Midón y otros; ver también: Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Emergencia y seguridad jurídica", Rev. de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal Culzoni, T. 2002-1 "Emergencia y Pesificación", pág 13 y sgtes.).------------------------------------------------------------------------ ------------ ---Es en tal marco que el Estado por razones evidentes, indiscutidas y notorias de emergencia cambió su política económica cambiaria e interfirió decididamente en las relaciones jurídicas privadas al establecer que si la obligación se celebró en moneda extranjera el acreedor solo tiene derecho a exigir del deudor la cantidad nominalmente expresada pero en pesos y el deudor se libera devolviendo pesos a la relación cambiaria indicada con más el CER o el CVS, pauta esta última incorporada con el Dcto. 762/02 (ver Ley 25713). No soslayo, por resultar ello imposible, que esta nueva senda monetaria revista suma trascendencia para la vida socio económica del país atento a su influencia directa en la estructura y dinámica de las transacciones de contenido patrimonial. Y ello afecta a todos los sectores sociales, tanto públicos como privados. Y en tal dirección no es materia controvertible el perjuicio patrimonial que deviene de la transformación en pesos del crédito garantizado con el contrato de prenda, resultando una indiscutible limitación de ello al derecho de propiedad de la empresa demandada en autos, empero, tengo para mi, que a la luz de la emergencia económica sufrida y que aún perdura en menor medida, no se constituyó en un clara y definitiva lesión a tal derecho de propiedad. Es que, si se contempla que la limitación al derecho de propiedad deriva de la concreta pérdida del valor de reposición del vehículo vendido al que refiere con motivo de la transformación del signo monetario, lo cierto es que tanto para el acreedor como para el deudor, como para toda la población, el poder adquisitivo de la moneda disminuyó. Es más, tanto ello es así, que toda la economía tuvo que ajustarse a esta nueva realidad monetaria, al punto que también es un dato incuestionable de la realidad que los precios de los bienes y servicios también han sufrido una disminución de su valor -computando el anterior valor dólar-, al punto de transformar a nuestro país en un país barato para quien detenta dólares estadounidenses o bien euros. Y ante tal situación, no encuentro razonable que quienes tuvieron sus acreencias originariamente constituidas en dólares estadounidenses, pretendan mantener el valor adquisitivo que la detentación de tal moneda representa, que casi triplica el poder adquisitivo que otrora significaba contar con la misma cantidad de pesos en los tiempo de la convertibilidad. Esto es, no puede pretenderse mantener el valor adquisitivo inalterable, descargando sólo sobre el deudor las consecuencias de tal devaluación como la ocurrida a partir de Enero de 2002.---------------------------------------------- ---Si se limitara la cuestión en la consideración de que en el mercado cambiario son necesarios ahora más pesos para adquirir un dólar estadounidense, posiblemente en un análisis lineal, la norma sería inconstitucional. Pero desde un ángulo comprensivo de la totalidad de la situación que presenta la realidad, también resultaría una afectación del derecho a la propiedad que se mandara a pagar todas las operaciones pactadas en dólares al valor pesos que hoy es necesario cubrir para adquirir dólares en el mercado, pues ello no es lo que se pactó tampoco por disposición de la ley. Esto último, atento que la económica sigue expresándose en pesos y porque los ingresos siguen siendo en pesos. De tal manera, no sólo no se afectaría en menos el patrimonio del acreedor, sino que se le permitiría hacerse de más pesos, a la par que se afectaría, sin duda y como contrapartida, el patrimonio del deudor de una manera desproporcionada, colocándolo en una situación de imposible cumplimiento.------------------------------------------------------ ---En efecto, deben ser considerados todos los aspectos involucrados en la cuestión. El derecho de propiedad no es un límite consagrado solo para proteger al acreedor. El objeto dinerario prometido en las obligaciones como las de la especie era un dólar convertible, definido por la ley 23.928 como canjeable por un peso argentino. Los pesos se canjeaban en los bancos por el dólar uno a uno, al punto de existir cuentas corrientes denominadas "bimonetarias" que operaban indistintamente con ambas monedas a la vez dejando la opción a su titular la decisión de retirar o librar ordenes de pago sobre ella en uno u otro signo monetario. De ahí que la pérdida de poder adquisitivo del peso en el mercado interno sería el perjuicio que sufre el acreedor que cobre en pesos en lugar de los dólares que le eran debidos. Porque si hubiera cobrado en dólares o pesos durante la vigencia de la convertibilidad, compraba lo mismo en el mercado interno. No se trata la especie bajo análisis, por lo demás, de un caso de una obligación en la que se introdujo el signo extranjero como moneda esencial, tales como las que se deben pagar en giros sobre el exterior o las que se rigen por la ley extranjera.------ ---Es que por lo demás, es dable considerar como imposible que los deudores puedan afrontar sus obligaciones en el signo monetario pactado bajo la vigencia de la convertibilidad legal, máxime con tal fenomenal devaluación. Y este último argumento expuesto no es que se me ocurre originariamente a mi, sino que es estrictamente una valoración efectuada por la Corte Nacional en el citado antecedente "Peralta", donde el máximo órgano judicial del país dijo "Nadie puede pagar con recursos de los que no dispone. Es una actitud de enfermiza contradicción social la que pretende que determinadas instituciones cumplan con la prestación de beneficios con los que no pueden cumplir, o previstos para épocas distintas, al costo de verse confrontadas con la imposibilidad de subsistencia"(sic)(conf. fallo cit., E.D., 41-519).---------------------------------------- ---Cabe recordar, por lo demás, que el control de constitucionalidad debe hacerse con apego concreto a las circunstancias de la realidad y con la valoración de las consecuencias sobre la sociedad de la decisión que se adopte. A ello cabe añadir también, que no comprende la facultad de sustituir a la administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad. Es que la legitimidad o no de las medidas que se adopten depende de las circunstancias del caso en particular al momento de resolver la cuestión. En esta línea de pensamiento se ha dicho que corresponde adoptar una interpretación dinámica del texto constitucional, que por oposición a la hermenéutica estática, sostiene que "no cabe invocar la constitución lo que significó en el momento de su adopción, sino lo que significa en el momento de su aplicación"(Conf. Quiroga Lavié, Benedetti, Cenicacelaya, "Derecho Constitucional Argentino", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2001, T. I, pág. 833).----------------------------------------------------- ---De tal modo, los hechos tienen, entonces, gran gravitación en la solución de cada uno de los problemas que se presente a la jurisdicción, pues no pueden construirse sentencias sobre base carentes de sustento real, el que deriva de cada uno de los supuestos a dirimir.-------------------------------------------------------------- ---No hay tampoco la denunciada retroactividad de la legislación de emergencia cuestionada en su constitucionalidad, incluida la ley 25.820. Se ha dicho ya que a partir de los Dctos. 214/02 y 320/02, dictados en base a la delegación legislativa del art. 1° de la ley 25.561, quedaron transformadas en pesos todas las obligaciones "existentes" (no exigibles) de dar sumas de dinero expresadas en dólares u otras monedas, a la sanción de la ley 25.561, incluyendo por ende, a todas las obligaciones no canceladas antes de su entrada en vigencia. Lo precedentemente expuesto permite concluir además, en que la aplicación de la legislación de emergencia no altera tampoco las prescripciones del art. 3 del Código Civil que permite que a partir de su entrada en vigencia las leyes se apliquen aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas "existente". Y, reitero, desde que la legislación de emergencia se aplica a las relaciones en curso y no a las ya extinguidas que se rigen por la ley bajo la cual se agotaron. Una ley posterior no podría afectar derechos extinguidos por ejemplo mediante el respectivo pago efectuado bajo el régimen anterior, pero nada impide que la norma posterior se aplique a las relaciones en curso, es decir, a las aún existentes.--------------------------------------------------------------------- ----------------- ---Desde otra óptica, y en el extremo más favorable a la parte impugnante que sostiene que el actor se encontraba en mora sin dar motivo alguno que de pié a que se advierta algún posible yerro en la opinión que en sentido contrario efectuara el juzgador del anterior grado en cuanto sostuvo, por el contrario, que el Sr. B. no se encontraba en mora al 06/01/02 (fs. 129), señalo que la circunstancia de que eventualmente se encontrara en mora al momento de la vigencia de la legislación de emergencia, a los efectos de su aplicación, no puede tener otra incidencia que la propia de la mora, que obliga a resarcir el perjuicio propio de la tardanza, lo que no incluye otros perjuicios debido a otras causas. Esta es una inteligencia que se compadece con la cuestión referida a la cuestión referida a las obligaciones comprendidas en dicho marco normativo emergencial que son las "existentes" antes del 06/01/02. De entendérselo de otro modo, se sumaría al resarcimiento por los daños propios de la mora el de los daños por el hecho del príncipe o por caso fortuito o fuerza mayor (Conf. Llambías, "Código Civil", T. II-A, pág. 100).------ ---En esta dirección se ha dicho, que aún cuando el art. 513 del Código Civil ponga a cargo del deudor en mora las consecuencias del caso fortuito, lo cierto es que desde antiguo se ha resuelto que la culpa o tal mora son irrelevantes si la excesiva onerosidad se hubiera producido de todos modos, de tal suerte que no existe una relación de causalidad o efecto entre el actuar culpable del incumplidor y la consecuencia prevista (Conf. CNCiv., sala C, L.L. 1979-C-91; id. ver: Alterini, "La doctrina de la imprevisión frente a la mora irrelevante", L.L. 1980-C-1110).------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---Desde otra perspectiva, y para terminar, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha admitido que, en la medida que lo requiera la atención de los superiores intereses y la situación de la economía general lo imponga, resulta lícita la sanción y aplicación de leyes con alcance retroactivo, aún cuando de esa manera se limite el derecho de propiedad de los habitantes y aún los efectos de las sentencias firmes, en tanto las medidas adoptadas no eliminen el derecho reconocido y no sean irrazonables en relación a la causa que las ha hecho necesarias (C.S.J.N., Fallos 171:349; 172:29; 263:83; también en el caso "Peralta" ya citado, ver L.L. 1991-C-158).----------------------------------------------------------- ---Sin perjuicio de las razones expuestas a título de mayor abundamiento, por los motivos expresados al comienzo del análisis del presente agravio concluiré, compartiendo la propuesta de dirimisión que efectúa el Dr. Vergara, que el mismo en resumidas cuentas carece de suficiencia técnica lo cual impone que sea declarado desierto. Así lo voto.--------------------------------------------------------- ---3) Factibilidad de aplicar el principio del esfuerzo compartido: El art. 3ro. de la ley 25.820, sustituyó el anterior art. 11 de la ley 25.561, previendo en su parte final que "El Poder Ejecutivo nacional queda facultado a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del artículo 1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido" (sic)(lo destacado me pertenece). Como es fácil de advertir, la norma examinada delega a otro órgano del poder del Estado la facultad de aplicar dicho principio que se denomina "del esfuerzo compartido", por lo que ninguna otra consideración estimo cabe efectuar al respecto, no siéndole dado a los jueces ejercer funciones que son privativas de otros órganos del poder del estado so riesgo de avanzar sobre funciones que no le son propias.------------------------------- ---Y en tal dirección, si la normativa de emergencia que se viene citando, la que en el particular supuesto planteado en esta litis, delimitan el marco legal conformado por las leyes 25561, 25820, 25713 y los Dctos. 214/02, 320/02, 762/02; prevén la pesificación uno a uno con más CER o CVS, no podría admitirse válidamente la ingerencia de la faz jurisdiccional que significaría alterar tales pautas legales de pretendida morigeración del impacto provocado por la devaluación.----------------- ---Es por lo dicho que, propiciaré la desestimación del presente agravio. Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------------------ ---4) Aplicación del CER o CVS a los pagos recibidos "a cuenta": Se postula que corresponde la aplicación de CER para las cuotas cuyos vencimientos operaron desde enero de 2002 a noviembre del mismo año. Asimismo, se postula que no se cobró ningún ajuste sobre tales cuotas sino que lo fue en concepto de intereses por mora.------------------------------------------------------------------- ---Principio por establecer que no es cierto que no se haya cobrado ajuste alguno con imputación a los índices de variación contemplados por el art. 11 de la ley 25561 y art. 8 del Dcto. 214/02, para lo cual basta con remitirse a los recibos adjuntos en autos de los cuales puede leerse la leyenda ya trascripta "supra". Corroborativo de esto resultan, sobre todo, los recibos de fs. 40 a 43, en los cuales se discrimina puntualmente los importes liquidados en los rubros "ajuste" con respecto al denominado "mora".------------------------------------------------------------ ---Asimismo, en relación a que corresponde calcular el ajuste de acuerdo al CVS como lo precisara -correctamente- el Sr. juez a quo, no abrigo ninguna duda. Y ello es así, desde que sobre créditos garantizados con prenda, que no excedan de la suma de U$S 30.000 u otra moneda y que hubiera sido pesificada, se encuentran excluidos de la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (C.E.R.), tal cual lo edicta el art. 2 de la ley 25713, y antes el dcto. 762/02.-------------------- ---Esta normativa efectivamente refiere a deudas excluidas del CER, entre otros supuestos, a los "Prestamos personales con garantía prendaria, originariamente convenidos hasta la suma de $ 30.000 o hasta la suma de U$S 30.000 u otra moneda extranjera y transformados a pesos por el decreto 214/2002"(sic). Claramente no puede asimilarse como lo pretende la impugnante a dichas operaciones exclusivamente a las operaciones de prestamos otorgados por entidades financieras, sociedades cooperativas, asociaciones o mutuales, sino como bien lo advierte liminarmente la propia recurrente, también incluye a aquellos que hubieren otorgado las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza siempre que no superen los montos que se indican para cada uno de los supuestos contemplados en el art. 2 de la Ley 25713.----------------------------------- ---No resiste ningún análisis la afirmación relativa a que "A del S S.A." no habría otorgado ningún préstamo (vide: fs. 142), para de inmediato indicar que lo que hizo fue "...financiar...un SALDO DE PRECIO por el vehículo comprado, por lo tanto no se trata de un préstamo". Es que basta con advertir que el "préstamo" es un derivado del género "crédito" entendido éste como el cambio de un bien presente por un bien futuro que traduce la posibilidad que se otorga a otro de satisfacer una necesidad presente de inmediatez numeraria, entregándole un bien presente con la expectativa de tener a su propia disposición otro bien en un futuro establecido. Siendo la deuda, vista desde el aspecto pasivo del crédito, la obligación emergente del mismo conforme a la cual el deudor está obligado jurídicamente a cumplir con determinada prestación a favor del acreedor (Conf. Argeri, "Diccionario de Derecho Comercial y de la Empresa", Ed. Astrea, ed. añl 1982, págs149/150; De Santo, "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía", Ed. Universidad, ed. año 1999, pág.356).------------------ ---Esto es, no es indispensable que se hubiera concertado un contrato de mutuo dinerario para que funja la exclusión que taxativamente estableciera la norma de mentas, bastando sólo con que se hubiera efectivizado una operación crediticia en los términos significados precedentemente, y que comprende a no dudarlo, el financiar un saldo de precio por la compra de un vehículo, operando plenamente la aplicación -por exclusión- del Coeficiente de Variación Salarial (C.V.S.).------- ---Como consecuencia de lo dicho, pues, el presente agravio también debe ser desestimado. Así lo voto.-------------------------------------------------------------------- ---5) Viabilidad de reajuste equitativo del precio: Respecto al tópico "ab initio" advierto que la normativa vigente ciertamente contemplan la posibilidad de que cualquiera de las partes que se considere perjudicada de su aplicación, pida el reajuste equitativo del precio de modo de compartir de modo equitativo las consecuencias de la devaluación (Conf. art. 8 del dcto. 214/02; art. 11 de la Ley 25561, según texto art. 3 de la ley 25820).------------------------------------------------ ---Desde una perspectiva atenida exclusivamente a la órbita procesal, me pregunto si no es ésta una petición que desde el polo pasivo de la relación jurídico procesal, no debiera haber sido incoada por vía de reconvención.-------------------------------- ---Pero allende de tal interrogante, lo cierto y dirimente para el caso es que el juzgador tuvo por no probada con la sola incorporación de una copia simple de la lista de precios de unidades (fs. 92), observando también con agudeza correctamente el juzgador del anterior grado, que la norma contempla la posibilidad de pedir el reajuste equitativo del precio y no solo reclamar el mayor valor de la unidad. Pues bien, ante tales argumentaciones solo se remite la demandada recurrente a reiterar alegaciones fácticas y jurídica ya efectuadas al tiempo de trabarse la litis. Y contra tales valoraciones ninguna crítica se efectúa de modo tal que huérfano se encuentra este cuerpo para ingresar siquiera a ejercer su facultad revisora sobre el punto, correspondiendo que se declare desierta esta porción del recurso por carecer de suficiencia técnica (Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). Así lo voto.-----------------------------------------------------------------------<#LI NE> ---II.- Conclusión:--------------------------------------------------------------------- -------- ---Por todo lo expuesto, corresponderá confirmar el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de Alzada a cargo de la parte demandada apelante vencida en ella (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.).------------------- ---Los honorarios de los letrados intervinientes, Dr. D. H. G, letrado apoderado de la parte demandada; y Dres. F. O. V. y M. A. M. I, letrados apoderados de la parte actora, por sus tareas de Alzada, apreciadas por su extensión, calidad y resultado, estimo adecuado regularlos en las sumas equivalentes al 3,5%, para el primero; y, en conjunto, a la equivalente al 5,46%, a los mencionados en segundo término, sobre el monto final del pleito que se determine en la etapa respectiva, con más el I.V.A. correspondiente (Arts. 6 y 14 de la Ley 2.200; Leyes 23.349 y 23.871).--------------------------------------------- ---Finalizo de tal manera en la presente cuestión, pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.--------------------------------------------------------------------- ---------- --- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:-------------------------------- ---Visto el acuerdo alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia al apelante vencido; y c) regular los honorarios de los Dres. D. H. G., y F. O. V. y M. A. M. I., estos dos últimos profesionales en forma conjunta, por sus tareas de Alzada, en las sumas porcentuales equivalentes al 3,5% y 5.46%, respectivamente, del monto del proceso fijado en la anterior instancia y que resulte de la liquidación a practicarse, con más el I.V.A. correspondiente.--------------------------------------------------------- ---Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------- --- A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:----------------- ---El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara por ser este fiel reflejo del acuerdo antes logrado.--------------------------------------- ---ASI LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- - --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por encontrarse vacante una vocalía de Cámara (art. 8 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: ------------------------------------ S E N T E N C I A: -------------------------------------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE: --- CONFIRMAR la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios;----------------------------------------------------------------------- ----------------- --- IMPONER las costas de segunda instancia al apelante vencido;------------------- --- REGULAR los honorarios de los Dres. D. H. G., y F. O. V. y M. A. M. I., estos dos últimos profesionales en forma conjunta, por sus tareas de Alzada, en las sumas porcentuales equivalentes al 3,5% y 5.46%, respectivamente, del monto del proceso fijado en la anterior instancia y que resulte de la liquidación a practicarse, con más el I.V.A. correspondiente.----- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------------------------------------------------- Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL N° 21 DE 2005 - SDC.- Conste.-