Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-16


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 16 de 2003.

El doctor Balbín dijo:

I. A fs. 11/16 Blanca Estela Arias interpuso demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reclamando el cobro de una suma de dinero en concepto de Suplemento por Función Jerárquica previsto por el decreto 861/93, en virtud del desempeño del cargo de "Capataz" en el Hogar General Martín Rodríguez.

Explicó que desempeñó dicho cargo desde el 21 de agosto de 1992 y que la Ciudad ante la falta de pago del correspondiente adicional se ha visto beneficiada por un enriquecimiento sin causa. Señaló que, además, la demandada mediante el dictado del dec. 3295/98 reconoció a otros agentes en idéntica situación a la suya el pago de la posición jerarquizada. Entendió entonces que le asiste el derecho a reclamar el pago del suplemento, que asciende a la suma de $ 300 mensuales, con una retroactividad de cinco años -es decir, desde la fecha en que se inició el reclamo administrativo-. Sustentó su pretensión en el art. 14 de la ordenanza 40.401, el dec. 1711/94 y las disposiciones del dec. 12/96. Agregó que, en función de las tareas que desempeñó, asumió todas las responsabilidades inherentes a su cargo, con patrimonio y personal a cargo, estando incluso sujeta al régimen disciplinario correspondiente. Para sustentar su pretensión invocó finalmente los principios de igualdad ante la ley, igual remuneración por igual tarea, y el derecho de propiedad.

A fs. 23/33 contestó demanda el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se expidió acerca de la competencia del juzgado en lo civil que intervino en la causa y negó cada uno de los hechos. Reconoció, en cambio, que la actora es agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que cumplió funciones en el Hogar General Martín Rodríguez. Sostuvo que el cargo no existió y en consecuencia tampoco la partida presupuestaria respectiva. Señaló que antes de 1994 el mayor cargo de conducción existente en el hogar era el de Dirección y, luego, el Departamento Médico. Este Departamento no poseía niveles inferiores, ya sea Jefaturas de División ni de Sección y menos aún el cargo de Capataz. Agregó que esta estructura caducó en septiembre de 1994 con el dictado del dec. 1711 y que, a partir de entonces, se mantuvo el nivel Dirección y se crearon tres Departamentos, cinco Divisiones y dieciocho Secciones, pero nunca se creó el nivel inferior de "capataz". Finalmente afirmó que hasta el mes de mayo de 1999 no existió reclamo, petición, reserva o cuestionamiento de la agente en cuanto a las funciones encomendadas y al nivel retributivo asignado, razón por la cual el posterior reclamo significó una conducta contradictoria que vulnera el principio de los actos propios.

A fs. 304/307 dictó sentencia la jueza de Primera Instancia, rechazando la demanda promovida por Blanca Estela Arias. Para así decidir, destacó que no se desprende de las constancias de la causa y tampoco ha sido invocado por la agente, el dictado de acto administrativo alguno regular o irregular del cual surja su designación, ni siquiera con carácter interino, en el cargo de "capataz". Por ello, la jueza sostuvo que, aun cuando se tenga por cierto que la actora cumplió con la función de capataz desde el 21 de agosto de 1992, o que el cargo efectivamente se mantuvo en la estructura organizativa, no constan en la causa elementos de juicio que permitan afirmar la existencia de una designación en dicho cargo en el marco de lo dispuesto por el art. 31 apartado b) de la ley 19.987, así como tampoco se ha invocado ni acreditado la existencia de un acto que le hubiese asignado las funciones inherentes al mismo. En consecuencia, la magistrada consideró que no ha quedado demostrado que la interesada revistó en el cargo de capataz y tuvo personal a cargo, razón por la cual, a su entender, no se configuraron los presupuestos necesarios que tornan procedente el pago del suplemento no remunerativo. Concluyó finalmente que tampoco resulta aplicable al caso el principio del enriquecimiento sin causa, dado que dicha pretensión debe ser incluida en el escrito de demanda y corresponde a la accionante la carga de su prueba.

A fs. 308 apeló la actora, expresando agravios a fs. 318/322. Sostuvo que, si bien la Ciudad nunca dictó el correspondiente acto administrativo, sí existió la efectiva prestación de las funciones de capataz. Adujo que la jueza no tuvo en cuenta que a fs. 8 obra el listado del personal del Area Cuidadores de Gerontes de fecha 25-08-94 suscripto por la Directora del Hogar y por la Jefa de División Servicio Social, en el cual se informa a todos los integrantes del Departamento Servicio Social que, dadas las últimas disposiciones administrativas de la Oficina de Personal, se puso en funciones a las personas propuestas para los distintos cargos de la nueva estructura. En dicha lista figura la actora, con funciones de capataz. De esta manera, la actora consideró que la sentencia no tuvo en cuenta este informe y tampoco otorgó relevancia al informe de la Directora del Hogar sobre dicha cuestión. Sostuvo también que el enriquecimiento sin causa fue debidamente probado en autos, toda vez que ha quedado demostrado, por un lado, la efectiva prestación del servicio y, por el otro, la inexistencia de rubro alguno en relación al Suplemento de Conducción previsto por el dec. 861/93.

A fs. 324/329 contestó agravios la parte demandada. Afirmó, en primer lugar, que la demandante no fue designada por acto administrativo alguno para ejercer el cargo de "capataz". En segundo lugar, expresó que tampoco existió prueba alguna sobre su desempeño en el cargo antes mencionado con personal a su cargo. Manifestó que las pruebas aportadas por la accionante tendientes a demostrar dichos extremos no resultan idóneas para acreditar el efectivo y cotidiano desempeño de las tareas propias de un capataz. A todo ello agregó que la circunstancia de que la actora tuviese personal a su cargo no permite afirmar, a su vez, que le corresponda una función jerárquica por cuanto existen casos en que un agente tiene personal bajo su responsabilidad sin cargo jerárquico.

A fs. 331/332 emitió dictamen la Fiscal de Cámara.

A fs. 343 se elevaron los autos al Acuerdo de Sala.

II. Ante todo corresponde señalar que el hecho nuevo alegado por la parte actora -a fs. 335, con sustento en el instrumento agregado en copia a fs. 334- resulta inadmisible.

En efecto, el art. 293 CCAyT establece que cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención ocurriese un hecho que tuviese relación con la cuestión que se ventila, la parte que lo invoque podrá alegarlo hasta 5 (cinco) días desde que éste fuera conocido. En consecuencia, la alegación en término del hecho nuevo constituye una carga para las partes, tal como expresamente lo establece la norma.

Dado que el hecho nuevo fue conocido por la actora con fecha 13 de junio de 2003 y su planteo fue realizado el día 24 de junio de 2003 (fs. 335 vta.), éste resulta claramente extemporáneo.

En virtud de ello, y conforme el principio procesal de preclusión, corresponde desestimar el hecho nuevo, sin perjuicio de poner de relieve, sólo a mayor abundamiento, que -tal como lo señaló la parte demandada al contestar el traslado conferido (fs. 342)- el hecho denunciado no se relaciona de manera directa con la cuestión litigiosa objeto del debate, esto es, si la actora tiene derecho al cobro del suplemento por función jerarquizada, en los términos del dec. 861/93.

III. Detallados supra los hechos relevantes del caso, es necesario determinar, a continuación, el marco legal que resulta de aplicación en el sub lite.

El dec. 3544/91 -que aprobó el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa- estableció que la retribución de los agentes comprendidos en ese Sistema está constituida por "la asignación básica de nivel, más los adicionales, suplementos y bonificaciones que correspondan a su situación de revista". En particular, el art. 20 inc. b), apart. 1) enumera el suplemento de haberes y por función ejecutiva, que la actora reclama. Por su parte, el art. 23 del mismo cuerpo normativo especifica que el mencionado adicional será percibido por los agentes que desempeñen efectivamente funciones tipificadas como "ejecutivas", encomendando al Departamento Ejecutivo la determinación de sus montos.

Así las cosas, surge claramente que el dec. 3544/91 reconoció expresamente al personal comprendido en el SIMUPA el derecho a percibir, además de su remuneración básica, ciertos suplementos, entre los que se encuentra el adicional por función ejecutiva.

A su vez, en cumplimiento del deber reglamentario previsto en el art. 23 del dec. 3544/91, el Intendente de la Ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires dictó el dec. 861/93, en el cual se establecieron los cargos escalafonarios que habrían de percibir el adicional por función ejecutiva, así como su monto -art. 1º-, al mismo tiempo que se estipuló que su cobro quedaba condicionado al cumplimiento de tres condiciones, a saber; la existencia de una designación en alguno de los cargos enumerados -director, jefe o capataz-, el ejercicio efectivo de la función de que se trate y asimismo, contar con personal a cargo.

IV. De esta forma, para que la percepción del adicional por función jerárquica que la actora reclama resulte procedente, ésta debió acreditar fehacientemente que cumplió, al igual que cualquier agente de la planta permanente incorporado al SiMuPA, con los requisitos que establece el dec. 861/93.

No obstante, considero que las pruebas producidas en el sub lite solamente podrían resultar adecuadas para acreditar que la actora ha desempeñado tareas que, por su grado de responsabilidad, no resultan compatibles con su situación de revista -esto es, agente de Nivel E, Grado 03, función 527, cuidadora de gerontes (vid. documentos de fs. 4 y 8)- pero, tal como lo señala la jueza de la anterior instancia, las constancias ofrecidas y producidas en la etapa procesal oportuna no resultan idóneas para demostrar la concurrencia de los restantes extremos que tornarían procedente el reclamo de la demandante, esto es, la existencia de un acto expreso de designación en un cargo con funciones ejecutivas y, asimismo, el ejercicio efectivo de la función con personal a su cargo.

Así las cosas, de conformidad con los argumentos que desarrollaré infra, entiendo que no es posible inferir de las constancias arrimadas en autos que la actora haya cumplido con los presupuestos que exige el dec. 861/93 para percibir el adicional por función ejecutiva.

V. Tal como se señaló supra, entre los requisitos que el dec. 861/93 exige, como condición imprescindible para la percepción del adicional, se encuentra la existencia de una expresa designación en alguno de los cargos a los que corresponde la asignación del suplemento.

Sin embargo, la prueba ofrecida y producida por las partes ha demostrado que tal acto de designación en el cargo de "capataz" no existe, circunstancia que en el sub examine ha sido incluso reconocida por la actora al absolver posiciones (fs. 107). Por el contrario, ha quedado debidamente acreditado que, durante todo el período reclamado, la accionante revistaba en el nivel E, Grado 03, función 527 -cuidadora de gerontes- (vid. informe de fs. 81, constancias de fs. 86/89 y documentos de fs. 191 y 221 vta.), cargo escalafonario al que, de acuerdo a lo estipulado en el dec. 861/93, no resulta posible asignar el suplemento reclamado.

Asimismo, ha quedado también demostrado que, de conformidad con las constancias obrantes a fs. 176/177, el Hogar Martín Rodríguez donde la apelante desempeña tareas no cuenta ni contó en su estructura orgánica con el cargo de capataz.

A su vez, aun para el caso de que, como afirma la demandante, hubiese sido la Directora del establecimiento quien le habría asignado a la actora tareas que serían ejercidas bajo el supuesto cargo de "capataz", tal circunstancia en nada modifica lo antes expresado. Ello así, porque la mencionada funcionaria no posee competencia para asignar cargos o funciones ejecutivas a sus dependientes, facultad que, por imperio de lo señalado en el art. 31 inc. b) de la ley 19.987, correspondía en forma exclusiva al Intendente y, actualmente, al Jefe de Gobierno.

Por su parte, tampoco ha sido objeto de adecuada demostración que la actora hubiese tenido personal a su cargo, toda vez que, más allá de una afirmación efectuada por ella misma en tal sentido al absolver posiciones, la actividad desplegada durante la etapa probatoria no ha resultado conducente para acreditar tal extremo.

VI. Cabe destacar, a esta altura del desarrollo argumental, que lo expuesto en los considerandos precedentes no conduce, sin más, a rechazar el planteo de la actora. En efecto, este tribunal ha señalado en diferentes oportunidades que, por aplicación de la garantía constitucional de igual remuneración por igual tarea -art. 14 bis de la Constitución Nacional- corresponde reconocer el derecho de los empleados de la Ciudad a percibir los haberes que, en igualdad de circunstancias, ésta reconoce a otros agentes (en sentido concordante, esta sala, "Carini, Carlos Daniel y otros c. GCBA s/amparo", expte. EXP 3931, sentencia del 8 de mayo de 2002; "Carracedo Hugo Luis c. GCBA s/Empleo Público -no cesantía ni exoneración-", expediente Nº EXP 580; "Polverelli Alfredo Eugenio c. GCBA s/empleo público (no cesantía ni exoneración)", expediente Nº 241/00).

En consecuencia, para que dicho criterio resulte procedente y, en consecuencia, prospere la posición de la actora, ésta debió haber demostrado, en forma fehaciente que durante los períodos reclamados, efectivamente prestó funciones equivalentes a las que desempeñan otros agentes de la Ciudad que hayan sido designados en el cargo de "capataz".

Sin embargo, de la prueba ofrecida por las partes no puede inferirse en forma cierta que la accionante haya realizado efectivamente tareas que, por sus responsabilidades e incumbencias, resulten equivalentes a las que corresponderían al cargo de capataz.

VII. Por todo ello, considero que el incumplimiento de los requisitos previstos en el dec. 861/93, así como la falta de demostración de la efectiva prestación de tareas similares a las que corresponden al cargo de "capataz" con personal a su cargo, constituyen impedimentos que obstan al reconocimiento del adicional reclamado y, en consecuencia, conducen a rechazar los agravios planteados por la apelante.

VIII. Resulta necesario abordar, finalmente, el planteo de la actora en relación con el enriquecimiento sin causa, a fin de determinar si corresponde, en virtud de este principio, hacer lugar a esta pretensión subsidiaria.

El enriquecimiento sin causa es un principio general del derecho, que postula que toda atribución o incremento patrimonial debe encontrar siempre justificación, de manera que cuando el desplazamiento de bienes a favor de un sujeto carece de bases jurídicas fundantes -justa causa- y ocurre en desmedro de los derechos de otro sujeto, corresponde su restitución a quien ha sufrido un empobrecimiento. Su fundamento radica en el equilibrio de las prestaciones (Fabrega Ponce, Jorge, "El enriquecimiento sin causa", Bogotá, Ed. Plaza & Janés, 1996, p. 967).

Así, la acción de restitución -acción in rem verso-, cuya titularidad corresponde a quien se ve perjudicado por el desplazamiento patrimonial incausado, procede ante la ausencia de otra causa o título. Por ello, reviste carácter excepcional y, en consecuencia, se ejerce en forma subsidiaria.

En cuanto a los requisitos para su procedencia, cuando la acción se entabla contra el Estado los mismos son: a) un enriquecimiento del demandado, en este supuesto un ente estatal, que haya utilizado o pueda utilizar la prestación efectuada por el particular; b) el empobrecimiento del demandante, es decir el particular, materializado a través de un menoscabo económico; c) correlación o vinculación entre el empobrecimiento del Estado y el enriquecimiento del particular; d) que el desplazamiento patrimonial carezca de causa, es decir, la ausencia de relación contractual entre las partes, o de un acto o hecho que legitime la incorporación de los bienes al patrimonio del demandado.

En particular, la demostración del quantum del perjuicio patrimonial sufrido constituye una cuestión fundamental, toda vez que su prueba determina el límite de la reparación. De esta forma, la medida del empobrecimiento se erige como un aspecto sustancial de la pretensión restitutiva, que debe ser cabalmente acreditado por quien pretende sustentar en ella un derecho a resarcimiento.

Del análisis de la documentación adjuntada en el sub lite surge que ésta no resulta suficiente para acreditar, en forma adecuada, los extremos antes detallados.

En efecto, en su escrito de demanda la actora no ha explicado en forma concreta y acabada cuáles son las circunstancias que, en el caso bajo análisis, tornan procedente la admisión de la pretensión de restitución, a la vez que la prueba producida en el estadio procesal oportuno no permite establecer pautas objetivas que permitan al juez determinar la existencia de un menoscabo patrimonial incausado.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en un reciente precedente que "los presupuestos de procedibilidad de la acción de enriquecimiento sin causa deben ser previstos al incoarse la demanda, así como también la carga de su prueba corresponde a la actora (Fallos: 292:97)" (CSJN, "Ingeniería Omega S.A. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", causa I 71 XXXIV, sentencia del 5 de diciembre de 2000). En la misma causa señaló además que "la aplicación de los principios del enriquecimiento sin causa no es procedente (...) ya que no ha existido la indispensable invocación y prueba del empobrecimiento como condición de existencia del derecho a repetir" (CSJN, "Ingeniería Omega", ya citado, considerando 11).

Por lo antes expresado, la comprobada insuficiencia probatoria respecto de la existencia de los presupuestos que tornarían procedente la acción, sella la suerte del planteo.

IX. Por las consideraciones que anteceden propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este voto, se rechace en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia. En cuanto a las costas, estas deberán imponerse a la vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota.

Los doctores Corti y Centanaro, por los fundamentos expuestos por el doctor Balbín, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, el tribunal resuelve: 1) rechazar en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia; 2) imponer las costas de ambas instancias a la demandada (art. 62, párr. 1º del CCAyT).- Carlos F. Balbín.- Horacio G. Corti.- Esteban Centanaro.