Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-03


En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Tres (03) de Junio de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por Esteban Wenceslao Castellote y María Teresa García de Castellote en autos: "Morcillo, Daniel y otro vs. Ca-Pe S.R.L. s/ Indemnizaciones (Incidente s/ Apelación promovido por los Sres. Castellote)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por Esteban Wenceslao Castellote y María Teresa García de Castellote en contra de la sentencia de la Sala VI de la Cámara del Trabajo de fecha 30 de julio de 2004 (fs. 45 del presente incidente) por la cual no hizo lugar al recurso de apelación planteado en contra de la resolución de fecha 26 de mayo de 2003. El recurso fue declarado admisible por el mismo tribunal a través de la resolución de fecha 15 de septiembre de 2004 (fs. 68 del presente incidente).

2.- De las constancias de autos surge que el 14 de junio de 2001 (fs. 924 de los principales) los ejecutados Esteban Wenceslao Castellote y María Teresa García de Castellote promovieron un incidente de nulidad absoluta e insanable contra el incidente de ejecución de honorarios promovido por el procurador Pedro Escobar y los doctores Carlos R. Antoni Piossek y Miguel Ludemann que contaba con sentencia ordenando llevar adelante la ejecución ejecutoriada. Los incidentistas negaron su calidad de deudor indicando que en el acta del 9 de abril de 1999 ante la jueza del Juzgado de Conciliación y Trámite de la 5ª Nominación se los liberaron de toda deuda por común acuerdo de las partes. El magistrado del citado juzgado consideró en la resolución del 27 de diciembre de 2001 que el proveído que intimaba al pago se encontraba firme y consentido sin que se hayan ejercido en tiempo oportuno las defensas previstas. En conclusión, no se hizo lugar el incidente por estar presentado intempestivamente (fs. 939 de los principales). La sentencia fue notificada a las partes mediante notificación de fecha 13 de febrero de 2002 (fs. 942 de autos principales).

El 23 de mayo de 2003 los hoy incidentistas plantearon un recurso de reposición in extremis e incidente de nulidad contra la regulación y ejecución de los honorarios por desconocimiento de la autoridad de la cosa juzgada (fs. 1081 de los principales). En el mismo expresó que no se advirtió la existencia de la cosa juzgada del convenio del 9 de abril de 1999. Que la regulación y ejecución de honorarios no adeudados significaba una alteración de la cosa juzgada y por lo tanto una violación severa a la seguridad jurídica y al orden público. El recurso fue rechazado por improcedente atento a que los planteos de los ejecutados eran la reiteración de la incidencia articulada a fojas 924 de los principales y resuelta por el mismo juzgado a fojas 939.

Esteban Wenceslao Castellote y María Teresa García de Castellote plantearon revocatoria con apelación en subsidio contra el citado proveído diciendo que las cuestiones propuestas en el actual incidente son sustancialmente diferentes a las que se opusieron en el recurso que consta a fojas 924, que el planteo de cosa juzgada nunca fue resuelto por el magistrado y, finalmente, que tampoco se hizo referencia alguna a la reposición in extremis. También se planteó existencia de cuestión federal. La revocatoria fue rechazada por improcedente y se concedió el recurso de apelación.

La señora Fiscal de Cámara al tratar la apelación dictaminó, en coincidencia con el juez de Conciliación y Trámite, que debe rechazarse el planteo en razón de que se operó la preclusión procesal que cierra el debate sobre la cuestión, la cual no puede reeditarse por la improcedente alegación de cosa juzgada (fs. 42/43 del presente incidente). La Sala VI de la Cámara del Trabajo no hizo lugar al recurso de apelación fundado en que surge de las constancias de los autos principales que los argumentos esgrimidos por los recurrentes resultan similares a los expuestos al deducir la nulidad de la ejecución de honorarios obrantes a fojas 924 sobre un acuerdo homologado consentido y firme (fs 45 del presente incidente).

3.- En su recurso de casación los ejecutados indican en relación a los requisitos de admisibilidad que la sentencia es equiparable a definitiva por cuanto se configuró una situación de gravedad institucional al desconocerse la cosa juzgada En relación a la procedencia afirmaron que contrariamente con lo expresado por el tribunal la fundamentación de los incidentes incoados son diferentes. Que el primero se asentó sobre la violación del principio de la buena fe y la doctrina de los actos propios (art. 1198 del CC) y lo que se solicitó fue la nulidad del proceso; en el segundo se indica la violación de la cosa juzgada por una resolución posterior y lo que se solicitó fue su liberalización de toda deuda de honorarios. Expresa que esta divergencia no fue valorada por el tribunal provocando una resolución infundada y que violenta los arts. 46 del CPL, 271 y 272 del CPCC y 28 de la Constitución Provincial.

Explicaron que la señora Fiscal de Cámara también realiza una errónea apreciación de los recursos al interpretar que hubo una reedición de los incidentes. Que la sentencia del magistrado de Conciliación y Trámite del 27 de diciembre de 2002 no hizo referencia a la existencia o no del acuerdo ni resolvió un planteo de cosa juzgada sino resolvió el rechazo en base a la extemporaneidad del incidente de nulidad.

Señalaron que lo que resolvió el representante del Ministerio Público es una grave desinterpretación puesto que si ante el convenio homologado con autoridad de cosa juzgada según el cual no se debe honorarios posteriormente se dicta una resolución en la que el mismo magistrado resuelve que sí se debe honorarios la única defensa que resta interponer es la alegación de cosa juzgada. Cita jurisprudencia y mantiene el planteo de cuestión federal.

4.- De la liminar lectura de antecedentes de los autos y su compulsa con los recursos hoy planteados a este Tribunal, podemos señalar que los mismos son inadmisibles por cuanto el recurso aparece insuficiente al no rebatir todos los fundamentos de la sentencia impugnada, es decir, no logran cumplir con los requisitos del art. 132 del CPL.

En efecto, el recurrente al centrar exclusivamente sus ataques en la supuesta ceguera de los magistrados ante la diferencia en los planteos de uno y otro recurso yerra su estrategia recursiva tornándola insuficiente. Los incidentistas omiten hacer referencia a los fundamentos de la resolución como del dictamen de la señora fiscal los cuales sostienen que se ha operado la preclusión de la pretensión interpuesta. Esta preclusión no surge sólo por la reedición de los argumentos del recurso de nulidad sino de que la resolutiva que se atacó con el recurso de reposición in extremis ya se encuentra firme y consentida luego del rechazo del recurso de nulidad y la inactividad de los recurrentes. En este sentido, compartimos en todo los fundamentos que sostiene la Cámara y en especial los que resulta del dictamen de la señora Fiscal de Cámara.

Recordemos que el recurso de reposición in extremis atacaba las resoluciones del 4 agosto de 1999 y del 5 junio de 2000 que declaraban la regulación y la ejecución de los honorarios respectivamente. Esta última resolución fue objetada indirectamente por la parte ejecutada al promover la nulidad de todo lo actuado en el incidente de ejecución de honorarios. El recurso de nulidad fue rechazado por el magistrado del juzgado de conciliación y trámite de la 5ª nominación fundado en que la resolución que dio inicio al proceso de ejecución de fecha 24 de abril de 2000 (fs. 829 de los principales) no había sido impugnada en tiempo oportuno y se encontraba consentida y firme, es decir, que el recurso había sido introducido intempestivamente.

Debemos preguntarnos entonces acerca de la oportunidad en la que debe ser planteado el recurso de reposición in extremis la cual en este caso se relaciona con la naturaleza del mismo. En este sentido, resulta evidente que la interposición de un recurso atípico como el que se ha dado en llamar "revocatoria in extremis"; requiere la existencia de un marco de excepción que lo habilite. El necesario balance entre la justicia y la seguridad jurídica impone el cumplimiento de una serie de requisitos para hacer operativas estas soluciones extremas. En tal sentido, no debe olvidarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha insistido constantemente en la insusceptibilidad de sus fallos para ser atacados por medio del recurso de revocatoria, a excepción de aquellos supuestos en que se haga ostensible el riesgo de consumar una injusticia notoria, donde cuadra apartarse de aquel principio si se presentan "... situaciones serias e inequívocas que ofrezcan nitidez manifiesta" (Fallos 315:2581) sobre la existencia de "un evidente error material de copia, inadvertido en tiempo oportuno" cuando "obviamente" la respuesta jurisdiccional debía ser la contraria (Fallos 305:1162), o si se omitió lo decidido sobre la excusación de un miembro del Tribunal (Fallos 305:603), o se "ha incurrido en error material al efectuar el cómputo del plazo que contempla el art. 285 del C.P.C. y C." o cuando "se ha deslizado inequívocamente, un error esencial" en la sentencia que remite a lo decidido en una causa que, en realidad, aún no ha pasado a fallo (Fallos 310:858).

La inexistencia de otra vía, la gravedad del hecho como la oportunidad en que tuvo conocimiento de la circunstancia que habilita el recurso son circunstancias ineludibles para considerar la admisibilidad del recurso in extremis. Respecto esta última cuestión, el doctor Jorge W. Peyrano en forma categórica explicó que "En lo tocante al plazo de interposición, somos partidarios de que el mismo sea el correspondiente al recurso de revocatoria ortodoxo previsto en el Código Procesal Civil aplicable en la especie. No parece que deba sacrificarse al trascendente principio de preclusión, como ocurriría si se aceptara la posibilidad de que la reposición "in extremis" sea deducible 'sine die' (13). Más aún: lo atinente a la sustanciación de la reposición "in extremis" interpuesta por parte interesada y otras cuestiones que hacen a su régimen procedimental, también son asuntos que deben ser gobernados por la normativa, correspondiente a la revocatoria ortodoxa" (Peyrano, Jorge W. "Ajustes, correcciones y actualización de la doctrina de la reposición 'in extremis'", La Ley 1997-E, 1164).

Más allá de las consideraciones doctrinarias en el sub lite no se configura ninguno de los supuestos que habilitaría la admisión del recurso. En efecto, si tomamos el plazo de cinco días que establece el CPCC para las revocatorias (art. 758) que supletoriamente es aplicable al proceso laboral tendríamos que decir, que tanto en el caso de que el recurso de reposición in extremis hubiera sido interpuesto contra el convenio, contra la regulación o contra la ejecución de honorarios, tales resoluciones se encuentran firmes y consentidas. Si consideramos que no son aplicables los plazos del recurso de revocatoria y tomáramos como punto de partida el conocimiento del error o la injusticia cometidas y la posibilidad de interponer el recurso correspondiente también arribamos a una idéntica solución puesto que las resoluciones atacadas fueron notificadas adecuadamente, es decir, que las partes tenían pleno conocimiento de los hechos los cuales fueron en principio consentidos. De igual forma, el recurso de nulidad evidencia -en coincidencia con la resolución de la Cámara como el dictamen de la señora Fiscal- este conocimiento y la intención de la parte de impugnar la ejecución por considerarla injusta a través de un recurso extemporáneo.

En conclusión, las constancias de autos demuestran que las partes que hoy pretenden la admisibilidad del recurso tuvieron el conocimiento de la falencia y la posibilidad de interponer un recurso adecuado para tal circunstancia, la ineficacia de los recursos interpuestos como el silencio ante la comunicación de la regulación de los honorarios dejan consentida y firme la resolución, firmeza que no puede ser atacada por un agravio que se les reveló después de casi dos años de que tal resolución quedara firme y omitió esgrimirlo en tiempo oportuno. Una solución en contrario tornaría inseguro e inestable toda decisión jurisdiccional.

En relación a esta cuestión no se observa, ni los recurrentes indican una situación de excepción o irregularidad tal que posibilite la violación de los principios de preclusión. La interposición de un recurso de reposición in extremis no puede sin más violentar elementales conceptos relacionados con la seguridad jurídica en materia procesal y con la preclusión a fortiori cuando se trata de resoluciones que han adquirido firmeza y que, por ende, no pueden desconocerse o alterarse sin venir a atentar contra dichos conceptos elementales y garantías constitucionales.

En el recurso el recurrente omite hacer referencia a los argumentos sobre la firmeza y preclusión de las resoluciones atacadas, esta falencia determina negativamente la suerte del recurso.

Cabe señalar, en coincidencia con lo expresado por el Ministerio Público, que las firmas de los letrados que iniciaron la ejecución de sus honorarios no aparecen en el convenio de pago de capital del 9 de abril de 1999 que liberaba al matrimonio Castellote de toda deuda. Recordemos que un acuerdo inter partes no puede afectar derechos de terceros los cuales están referidos a sus emolumentos.

5.- Las costas del recurso se imponen a la parte vencida (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y en coincidencia con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal a fs. 80/81, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Esteban Wenceslao Castellote y María Teresa García de Castellote en contra de la sentencia de la Sala VI de la Cámara del Trabajo de fecha 30 de julio de 2004 (fs. 45 del presente incidente).

II.- COSTAS como se consideran III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA