Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-29


Expte. N° 6694 "ATUEL FIDEICOMISOS S.A. C/ Don Cristóbal S.R.L. - incidente (ejecución hipotecaria monitoria - en Comercial S/ INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION" --- En la Ciudad de San Juan, a las once horas del día veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, se realiza el acuerdo definitivo previsto en el artículo 9 de la ley 59-O, según lo convenido en el acuerdo preparatorio. A ese efecto, se reúnen los magistrados que en esta causa integran la Sala Primera de la Corte de Justicia, doctores Ángel Humberto Medina Palá, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados por la parte demandada contra la sentencia de fecha veintiocho de marzo dos mil dieciséis, dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería en autos Nº715 (2.336), caratulados "Atuel Fideicomisos S.A. C/ Don Cristóbal S.R.L. - incidente (ejecución hipotecaria monitoria - en Comercial. Las cuestiones fijadas en el acuerdo preparatorio y que aquí deben resolverse son: ¿Resultan procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados en autos? En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? ----------------------------- --- EL DR. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ DIJO: ---------------- --- Mediante la sentencia impugnada, el tribunal de alzada rechazó el recurso de la demandada confirmando, en consecuencia, el fallo de primera instancia que resolvió que no correspondía incluir en la base practicada a los fines regulatorios, los intereses y capitalización previstos en el contrato de hipoteca a favor del acreedor para el caso de mora; lo que no impedía a los fines de determinar la base regulatoria, se adicionara al monto demandado el interés legal -tasa activa BNA- desde la fecha de presentación de la demanda. --------------------------------------------------- --- Para así decidir el a quo, en relación al agravio relativo a que el juez de primera instancia se había excedido en sus facultades al oponerse a la aplicación de intereses pactados -siendo que tal cuestión no fue invocada ni objetada por las partes- citó jurisprudencia de este Tribunal que consideraba aplicable al caso, referida a que el juez, a los fines de hacer justicia en el caso concreto, no se encuentra limitado por los planteos jurídicos propuestos por las partes o por los que pudieran haber dejado de hacerlos; y puede soslayar la aplicación de una norma procesal cuando ésta atenta contra la justicia del caso concreto. --------------- --- El tribunal de alzada consideró que si bien el último apartado del artículo 22 de la ley 56-O, habilita a incluir intereses en las liquidaciones que se practiquen a los fines regulatorios, no es menos cierto que ante la hipótesis de que su implementación provoque un desfasaje que no se condice con la realidad, el juez se encuentra habilitado a morigerar su contenido en aras de hacer justicia en el caso que esté sometido a examen. El a quo señala que la ley N° 882-O, que adhiere a la ley N° 24.432, permite a los jueces apartarse de los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios locales que rijan su actividad, cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder. ------- --- Para la alzada, en el caso de autos se patentiza esta hipótesis en cuanto si se aplica la base regulatoria propuesta por el apelante, los honorarios que se regulen superarían largamente el monto del capital reclamado inicialmente en la demanda. Cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Banco San Juan c/ Sucesión de Marcos Soto S.C.B.), en el que dispuso que la responsabilidad por el pago de las costas no debía superar el veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al pleito, conforme lo establecido por el artículo 505 del Código Civil (CC) derogado, hoy artículo 730 del Código Civil y Comercial (CCC). ------------- --- Sostiene el a quo que la objeción del juez de primera instancia a la inclusión de intereses moratorios y punitorios en la liquidación, resulta impecable en cuanto entiende que dichos conceptos han sido acordados contractualmente a favor del acreedor para compensar la mora del deudor, siendo que en autos quien practica liquidación resulta ser el deudor que se vio beneficiado con el rechazo de la demanda. -- --- Para el tribunal, aun cuando el juez no tuvo oportunidad de expedirse sobre la pertinencia y procedencia de los intereses moratorios y punitorios, la aplicación de tales intereses resulta distorsiva a los fines de cuantificar en forma justa y equitativa el monto de los honorarios que le corresponde percibir a cada profesional. ------------------- --- Expresa el a quo que tampoco le asiste razón al apelante cuando afirma que el juez de primera instancia obvió la aplicación del segundo párrafo del artículo 22 de la ley N° 56-O, ya que si bien no lo menciona, ordena que se practique nueva liquidación debiendo adicionarse al capital el interés de la tasa activa del BNA, concediendo una racional y equitativa aplicación a la manda contenida por dicha norma. ---- --- El recurso de inconstitucionalidad es subsumido en el inciso 3º, del artículo 11, de la ley 59-O, y motivado en que el fallo impugnado viola el derecho de defensa en juicio, el de propiedad y las formas indispensables para la existencia misma del pronunciamiento, al dictarse una sentencia arbitraria que carece de fundamentos lógicos jurídicos que constituyan la derivación razonada del derecho vigente. ---------------------------------------------------- --- Se agravia la recurrente de que el a quo no se haya pronunciado sobre los dos primeros agravios que contienen la crítica de la sentencia dictada en primera instancia. Dice que el primero de ellos se refiere a la falta de fundamentación de la sentencia en normas vigentes y jurisprudencia aplicable, y el segundo, en cuanto manda practicar una nueva liquidación determinando como base el monto nominal demandado, adicionándole interés (tasa activa Banco Nación) desde la promoción de la demanda y no desde la mora, lo que resulta arbitrario ya que no surge de ninguna ley ni de jurisprudencia alguna, desconociendo la aplicación el juez de primera instancia del artículo 197 2º párrafo de la ley 2150, y que, por otra parte, dista considerablemente de lo reclamado por la actora. --------------------------------------------- --- Aduce la impugnante que, para el tribunal, el juez se encuentra habilitado para soslayar la aplicación de una norma procesal cuando ésta atenta contra la justicia del caso concreto, pero no dice cuál es el valor justicia que ha salvaguardado, cómo ha cumplido su misión de velar por la vigencia real y efectiva de los principios constitucionales. - --- También agravia a la recurrente que en la sentencia se sostenga que si bien el artículo 22 de la ley 56-O, en su último párrafo, habilita incluir intereses en la liquidación que se practique a los fines regulatorios, el juez está habilitado a morigerar su contenido en aras de hacer justicia. Dice que existe incongruencia en el razonamiento del a quo ya que encuadra jurídicamente ese poder en la ley provincial 882-O, que adhiere a la ley nacional 24.432, que habilita a los jueces a apartarse de los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios locales, cuando su aplicación sería desproporcionada con la importancia del trabajo efectivamente cumplido por el profesional, es decir, que se refiere a la etapa de regulación de honorarios, que todavía en el caso de autos no se alcanza. ----------------- --- Para la quejosa, también yerra el a quo cuando en apoyo de sus argumentaciones cita la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Banco San Juan c/ Sucesión de Marcos Soto S.C.B.", que se refiere no a la base regulatoria sino a la responsabilidad por el pago de las costas, que no debe superar el veinticinco por ciento del monto de la sentencia. Dice que no es el caso de autos ya que no refiere al porcentaje regulatorio sino a la base regulatoria y tampoco, al monto de la sentencia, porque en el caso de autos, se rechazó la demanda. ------------------------------ --- Sostiene la impugnante que el tribunal se apartó de la normativa aplicable (arts. 48 y 22, 2° párrafo ley 56-O) porque pretender que los intereses se calculen desde la fecha de interposición de la demanda, es desconocer las normas citadas que expresamente disponen que la confección de la liquidación a los fines de la regulación de honorarios se debe practicar sobre el capital, los intereses y desvalorización monetaria, reclamados en la demanda. Señala que en autos, la demanda se interpuso "por la suma de pesos doscientos setenta y cinco mil, con más los intereses compensatorios en la fecha en que incurrió en mora la sociedad demandada 10-06-97, reclamándose en adelante los intereses moratorios y punitorios pactados, hasta su efectivo pago, conforme cláusula QUINTA, OCTAVA Y NOVENA", por eso no se entiende que el a quo adhiera y haga propio efectuar liquidación con intereses legales y desde la interposición de la demanda. --------------------------------------------------- --- El recurso de casación es encuadrado en los incisos 1° y 2°, del artículo 15, de la ley 59-O y motivado en que se ha dejado de aplicar el artículo 17 de la Constitución Nacional, el artículo 111 de la Constitución Provincial y, como consecuencia de ello, tampoco se ha aplicado el artículo 223 de la ley 2150 (hoy art. 48 ley 56-O); artículo 33 inciso 4° del CPC; y artículos 767; 768 y 769 del CCC. --------------- --- Expresa la recurrente que la falta de aplicación de las leyes fundamentales de la Nación y de la Provincia determinó que la resolución impugnada haya violado el derecho de propiedad, igualdad ante la ley y defensa en juicio; y la errónea interpretación y aplicación de las leyes provinciales y la omisión de respetar el artículo 164 del CPC determinó que se haya rechazado la liquidación practicada de conformidad a lo peticionado en la demanda y convenido contractualmente en la hipoteca, y legalmente aprobado por los artículos 767, 768 y 769 del CCC. ----------------------------------------- --- Afirma la impugnante que el a quo ha dejado de aplicar el segundo párrafo del artículo 22 y el artículo 48 de la ley 56-O; el artículo 33, inciso 4° del CPC que obliga al juez a fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. -------------------- --- Para la quejosa el tribunal de alzada obvió el artículo 33, inciso 4° del CPC, ya que no hizo alusión a las normas que refieren al caso en recurso y cuando invocó alguna, como el artículo 22, segundo párrafo, de la ley 56-O, lo malinterpretó, así como el artículo 730 del CCC, que refiere a que la responsabilidad por el pago de las costas no debe superar el veinticinco por ciento de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, que no es el aplicable al caso de autos donde se discute la base o liquidación que fija la base para recién regular los honorarios. ------------------------------------------------------ --- Alega la recurrente que yerra también el a quo cuando considera que el juez de primera instancia aplicó el segundo párrafo del artículo 22 de la ley 56-O, al ordenar practicar nueva liquidación adicionando al capital la tasa activa del BNA, pero nada dice respecto sobre por qué el magistrado manda se adicione ese interés desde la fecha de la demanda, desconociendo la aplicación del artículo 768 del CCC, que dispone que el deudor debe los intereses moratorios a partir de la mora, no de la demanda. ------------------------------ --- Por auto interlocutorio del 16 de agosto de 2016 (fs. 99), se admitieron formalmente los recursos entablados y se corrió traslado de los mismos a la recurrida y del de inconstitucionalidad al Fiscal General de la Corte. ---------- --- La actora recurrida, a fojas 105/109 vta., evacua su traslado y solicita el rechazo de los mismos, por diversas razones. --------------------------------------------------- --- En primer término, afirma que no existe arbitrariedad en lo decidido por el tribunal a quo en la resolución impugnada, que esa calificación es para aquellas decisiones judiciales que por defectos sustanciales en el juicio o errores en la apreciación de hechos relevantes, no pueden ser considerados como actos jurisdiccionales. Que por el contrario, esa resolución cuestionada -la del 28/3/2016-, cuenta con adecuada fundamentación en derecho y jurisprudencia que son aplicables conforme a los antecedentes del proceso, con lo cual de modo alguno puede ser considerada una sentencia arbitraria. -------------------------------------------------- --- Parte por afirmar -la recurrida- que no resulta cierto que los agravios de la recurrente expresados en su apelación, no hayan sido debidamente considerados y analizados por la sala sentenciante. Sostiene que luego de tratar el tribunal el tercer agravio de la demandada, efectuó numerosas consideraciones con cuyos fundamentos fueron desestimados -los agravios supuestamente omitidos de tratamiento- al fallar que la decisión cuestionada de primera instancia, se ajustaba plenamente a derecho y a las circunstancias del caso. En definitiva, expresa la actora, que el desacuerdo de la letrada de la accionada con los argumentos sostenidos por el a quo, no les quita entidad y validez como tal. --------- --- Con relación al recurso de casación, sostiene que también corresponde el rechazo. Afirma que el tribunal avalando el fallo de la instancia anterior, mostró la amplitud del marco dispositivo del poder judicial y de las facultades que la misma ley le reconoce para adecuar el marco legal al caso en examen. A modo de síntesis afirma que la ley no prevé expresamente para el caso de rechazo integral de la demanda qué régimen debe seguirse (en cuanto si se deben considerar o no los intereses en la base regulatoria); que la Corte de la Nación se ha pronunciado reiteradamente en línea concordante con la posición de los fallos emitidos por las instancias de mérito (en el sentido de excluirlos y estarse al valor nominal de lo demandado), y que lo que estaba en debate es determinar el quantum demandado. Afirma además que el tema propuesto, -determinación de la base regulatoria- es una cuestión de hecho (en atención a tener que establecerse el interés jurídico del asunto, la importancia de la labor profesional, la interpretación de normas arancelarias), consideraciones éstas, irrevisables, salvo supuestos de arbitrariedad. --------------------------------------------------- --- Afirma la recurrida, que la Corte Nacional respecto de los intereses ha fallado que se trata de un rubro accesorio y circunstancial que no hace a la entidad de la misma acción por lo que no corresponde su consideración a los fines de establecer la base regulatoria. Tan es así que su parte podría haber recurrido el pronunciamiento de origen que impuso intereses -tasa activa Banco Nación- desde la promoción de la demanda sobre el capital nominal reclamado, pero que no lo hizo porque -afirma- "no es posible soslayar la objetiva justicia que encierra la resolución". ---------------------- --- Sostiene también que la capitalización de intereses no fue demandada, además expresa que el anatocismo constituye régimen que la ley no propicia salvo casos de excepción y que la Corte Suprema ha dispuesto en numerosos casos que no puede admitirse su aplicación. ----------------------------- --- También cuestiona en su responde, que la recurrente se queje de que el tribunal haya invocado en su decisión la ley 882-O (por cuanto esa norma es solo de aplicación al tiempo de regulación de honorarios pero no al establecer la base), expresando la recurrida que si bien ello puede ser cierto, el espíritu de la ley consiste en evitar que los honorarios de los profesionales se fijen ateniéndose a rígidos cálculos matemáticos. A partir de ahí afirma, que la breve y simple tarea cumplida por la abogada de la contraria -en un proceso que quizás no debió ser deducido- no puede alcanzar las medidas exorbitantes que ella pretende a partir del establecimiento de una base millonaria, alejada de la entidad real que tuvo la acción tal como fue propuesta en su medida admisible, con razonabilidad. Por lo que no existiendo en el fallo norma, doctrina legal que haya sido desconocida o indebidamente interpretada corresponde desestimar el recurso entablado, con costas. -------------------------------------- --- El Fiscal General evacua su traslado a fojas 111/114, concluyendo que sí corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad entablado en tanto ha habido por parte del tribunal a quo, una resolución arbitraria, por falta de tratamiento de cuestiones constitucionales propuestas y además lo expuesto al tratar el tercer agravio por parte del tribunal a quo, que entiende es contrario a lo que en derecho corresponde, sin haber dado bases suficientes el tribunal para apartarse. ---------------------------------------- --- Para arribar a esa conclusión, luego de una reseña de los antecedentes de la causa, expresa que el tribunal comienza analizando el tercer agravio expuesto por la impugnante sin dar acabada respuesta a las observaciones formuladas en el primer y segundo agravio de la demandada apelante.

Afirma que la doctrina de la arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio, exigiendo que las sentencias sean fundadas, que constituyan derivación del derecho vigente con relación a las circunstancias de la causa, siendo descalificables aquellas que omiten pronunciarse sobre cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la decisión del caso; lo que acontece -a su criterio- en autos. Hace mención también a que entiende configurado el agravio constitucional en lo resuelto con relación al tercer agravio. Ello por considerar que le asiste razón a la impugnante, en tanto tiene por cierto que el tribunal sentenciante confunde la normativa para la determinación de la base a los fines regulatorios, con la que es aplicable en la regulación propiamente dicha, inclusive que ello se patentiza con la legislación y jurisprudencia citada por el tribunal a quo. Por otra parte, el Fiscal General, cita jurisprudencia donde esta Corte ha marcado que la base regulatoria ha de surgir de los valores reclamados, incluyendo en la misma los intereses en la medida que hubieran formado parte del reclamo del accionante. Expresa que en el caso de autos, el reclamo se efectuó con más los intereses compensatorios desde la mora (10/6/1997), en adelante los moratorios y punitorios pactados, hasta su efectivo pago, conforme cláusulas 5ª, 8ª y 9ª, y que en virtud de lo referido precedentemente, éstos, deben integrar la base económica a considerar para regular los honorarios, conforme doctrina legal de esta Corte, y su inaplicación determina también la arbitrariedad del fallo cuestionado. ----------------------------------------------- --- Entrando en el análisis de los recursos entablados, y reseñadas las posiciones esgrimidas por las partes y por el Fiscal General, comenzaré por el recurso de inconstitucionalidad incoado y, en el caso de no haberse tornado abstracto, trataré al de casación. ------------------------------------ --- Comienzo por resaltar que no pasa inadvertido que este Tribunal ha sostenido que en materia de regulación de honorarios, y las relativas a la base regulatoria, son cuestiones de hecho, como sería determinar interés jurídico, su apreciación, importancia y mérito de la labor profesional (PRE S.1ª, 1991-I-112; 1988-III-96; 1985-I-158; etc.). También que ha decidido que el juzgamiento de tales cuestiones está reservado a las instancias de mérito y sólo puede ser revisado en la instancia extraordinaria en casos de palmaria arbitrariedad (PRE S.1ª, 1998-II-290; II-260; S.2ª, 1997-I-67; S.1ª, 1996-I-166; S.2ª, 1995-I-159; S.2ª 1994-II-31; S.1ª, 1992-I-1; 1988-III-136; S.1ª, 1999-II-305; etc.) y que para que se invalide una decisión sobre aspectos fácticos o probatorios, la decisión debe revelar arbitrariedad, y en tales casos la arbitrariedad implica trasgresión a las reglas de la lógica o valoración absurda de la prueba (PRE S.1ª, 1990-I-48). ------------------------------------------ --- Como primera cuestión afirmo que ha existido por parte del a quo omisión de tratamiento de cuestiones oportunamente propuestas por la recurrente, y que resultaban relevantes en el análisis del caso en conflicto. ------------------------- --- Así también que el a quo, en respuesta a uno de los agravios expresados por la accionada, ha dado fundamentos de excesiva laxitud, no demostrando de qué forma resultarían aplicables al caso de autos, esas pautas, lo que también -a mi criterio- descalifican el resolutorio impugnado. -------- --- Para fundar mi voto, parto de considerar que con relación al segundo agravio apelatorio de la demandada, referido a que el juez no dio fundamentos legales de por qué lo que constituye el crédito del acreedor para cubrir la contingencia de incumplimiento del deudor (intereses compensatorios, moratorios y punitorios) -rubros que los reclama judicialmente- no deben contemplarse para conformar la base regulatoria, no tiene respuesta. La expresión del tribunal sentenciante, sobre que el razonamiento del a quo (refiriéndose al fallo de primera instancia) resulta impecable por entender que dichos conceptos (intereses compensatorios, moratorios y punitorios) han sido acordados para compensar la mora del deudor, siendo que en autos quien practica la liquidación es el deudor que se ve beneficiado con el rechazo de la demanda, en modo alguno brinda respuesta a lo que era objeto de agravio, máxime cuando el 2º párrafo del artículo 22 de la ley 56-O (ex 197 de la ley 2150), no solo habilita al juez a contemplar los intereses, sino que establece que la cuantía del asunto que motivó el pleito resultará, a los fines de la regulación de honorarios, de la liquidación que se practique del capital, intereses y desvalorización monetaria. ----------------------------------------------------- --- Tampoco constituye una respuesta adecuada al agravio, sostener que si bien el artículo 22 de la ley 56-O -en su último apartado- habilita a incluir los intereses en las liquidaciones, que se practiquen a los fines regulatorios- no es menos cierto que ante la hipótesis que su implementación provoque un defasaje que no se condice con la realidad, el juez se encuentra habilitado a morigerar su contenido, en aras de hacer justicia en el caso concreto. Ello en razón de que, sin poner de resalto los elementos que demuestren ese defasaje o cuál era la realidad que se ve desbordada, solo puede tomarse como una afirmación dogmática. No puedo dejar de poner en consideración que los $275.000 reclamados como capital por Atuel Fideicomiso SA, lo eran a junio de 1997, (conforme cláusulas 2ª, 4ª, 6ª y 8ª de la escritura obrante fs. 43/47 de los principales) y que la planilla que calcula los accesorios, lo es al 30/9/2014 (fs. 169 y vta. de los principales), esto es a más de 17 años de ese capital histórico que reclama el acreedor. ------------------------------ --- Considero asimismo que el a quo no da respuesta adecuada al agravio cuando sostiene que tampoco le asiste razón al recurrente, cuando éste afirma que el juez ha obviado la aplicación de la norma ya que si bien el juez de primera instancia no consigna la norma arancelaria, ordena que se practique una nueva liquidación debiendo adicionarse al capital el interés tasa activa BNA y de ese modo concede una racional y equitativa aplicación de la manda contenida por dicha norma. Resulta erróneo dicho razonamiento por dos razones. Una, desde que de si el tribunal tiene por cierto que la norma prevé que a los fines de conformar la base regulatoria sí se deben incluir intereses, no explica por qué no incluye ninguno desde la mora (junio de 1997) hasta la demanda marzo de 2010 (fecha de promoción de la demanda), y ello fue motivo de agravio, cuando la recurrente plantea que hubo apartamiento de la norma que regula el caso que establece que la base debe integrarse con los intereses generados (197 2º párrafo de la 2150) por conformar el monto de juicio, y en segundo lugar en razón de qué el a quo, no da fundamento alguno de por qué considera que lo dispuesto por el juez (obviando intereses por 13 años; aplicando sólo tasa activa BNA, desde la demanda y hasta el pago) resulta razonable y equitativo, lo que afecta el derecho de defensa de la recurrente, en la medida que no se expresan las bases por la cual se arriba a esa conclusión. ------------------------ --- Afirmo que la respuesta brindada es insuficiente, y descalifica el fallo, aun cuando resulte viable morigerar los intereses oficiosamente, en la medida que se den las circunstancias que habiliten al juzgador a ello. La invocación, por parte del a quo, de la facultad de morigeración que tiene el juez, cuando la aplicación de los mismos conduce a resultados que no se ajustan a la realidad y resulten claramente desproporcionados, no surge en el caso de las constancias de autos y el fallo no lo expresa en forma suficiente y adecuada. Ello es así aun cuando, si bien el tribunal resalta que la planilla a los fines regulatorios realizada por la demandada arroja $5.420.192,72, y que se habían reclamado $275.000, no pone en consideración que ese monto nominal ($275.000) era a junio de 1997, y que la pretensión del actor incluía todos los intereses pactados por ese lapso, más los que se generaran hasta el efectivo pago, mientras que la planilla es de 30/9/2014. Lo expresado en modo alguno significa considerar que el monto que arroja la planilla practicada por los abogados de la demandada, arribe a un monto razonable, sino solamente que no se han puesto de relevancia las bases para demostrar que no lo sea y ello afecta el derecho de defensa. ------------------------------------------ --- Aparece por otra parte, como una afirmación dogmática la expresada por el tribunal a quo a fojas 77 vta. 2 párrafo, cuando sostiene que por el hecho de que "el juez no tuvo la oportunidad de expedirse sobre la pertinencia y procedencia de los intereses moratorios y punitorios, no podemos dejar de advertir que la aplicación de tales intereses resulta distorsiva a los fines de cuantificar en forma justa y equitativa el monto de los honorarios que le corresponde percibir a cada profesional", en tanto si bien no es en sí inválido este argumento, al no contraponerlo con pauta alguna que demuestre dicha distorsión, ni establecer cuál sería un interés razonable para morigerar de modo adecuado lo convenido, aparece como laxo y dogmático, máxime cuando el juez de primera instancia -ratificado por el tribunal a quo- se limita a suprimir todo interés por ese lapso: desde la mora (10/6/1997), hasta la fecha de promoción de la demanda marzo de 2010). -------------------------------------------------- --- El excluir todo tipo de interés (por un lapso de casi 13 años) sin dar razones suficientes no es morigerar. Es claro que en modo alguno se pretende menguar las facultades del juez de reducir los intereses (compensatorios y moratorios) y sanciones pactadas (punitorios) como actualmente lo prevén los artículos 771 del CCC (ley 26.994) y 794 del CCC artículos que solo han receptado lo que jurisprudencialmente se reconocía como facultades jurisdiccionales para evitar el abuso de derecho, toda práctica contraria a la moral y buenas costumbres. Insisto aun cuando resulte viable la morigeración de oficio por el juzgador, incluso no ya en determinación de procedencia del crédito, sino en la base de cálculo de una planilla a los fines regulatorios, resulta necesario poner en conocimiento razones suficientes en orden a demostrar por qué a criterio del a quo cabía calificar de "excesivo" o "desproporcionado" el monto que arrojaba la liquidación. --------------------------------------------------- --- Sostener que en ese periodo de casi 13 años le son inaplicables los intereses generados y pactados o cualquier otro que se considere razonable, cuando la mora indubitablemente se había configurado (ver cláusula 4ª fs. 43 vta. y 44 de autos principales), resulta un argumento contradictorio si se sostiene la aplicación del artículo 22 de la ley 56-O que establece que la base se conformará entre otros rubros con los intereses demandados. (PRE 1979-II-340; PRE 1982-II-275; PRE S.1ª, 2002-II-374). Máxime cuando el tribunal a quo ratifica lo decidido por el juez de la instancia anterior, que ordena aplicar intereses -no los pactados, pero sí la tasa activa del Banco Nación-, a partir de la promoción de la demanda. ------------------------------------------------ --- Finalmente considero oportuno destacar que, no habiéndose cumplido en la instancia originaria con lo prescripto por los incisos 7 y 10 del artículo 800 del CPC (ley 988-O) que modifican la ley 2150 (ley 56-O), es decir regular conjuntamente -y en su caso- aplicar el artículo 13 de la ley nacional 24.432, (a la cual adhirió la provincia a través de la ley 882-O), se generan posibilidades ciertas de un mayor desgaste jurisdiccional que -en lo posible- los jueces debemos evitar. ------------------------------------------------ --- Por lo expresado, de compartirse mi voto, deberá hacerse lugar al recurso de inconstitucionalidad impetrado, anular el fallo recurrido y devolver la causa al Tribunal de origen, declarar abstracto el tratamiento del recurso de casación interpuesto, con costas a la perdidosa. Devolver la causa al tribunal de origen para su conocimiento y, manteniendo su radicación, se integre un nuevo tribunal según las reglas establecidas en el artículo 34, punto I), apartado 2) de la ley 358-E, a fin de que dicte el fallo resolviendo el recurso de apelación de la demandada. ---------------------- --- LOS DOCTORES JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y ADOLFO CABALLERO DIJERON: --------------------------------------------------- --- Por sus fundamentos, adherimos al voto precedente. ----- --- De acuerdo con el resultado de la votación, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada. En consecuencia, anular en lo pertinente la sentencia recurrida, devolver la causa al tribunal de origen para su conocimiento y, manteniendo su radicación, se integre un nuevo tribunal según las reglas establecidas en el artículo 34, punto I), apartado 2) de la ley 358-E, a fin de que dicte nuevo fallo con arreglo al presente. II) Declarar abstracto el recurso de casación interpuesto. III) Imponer las costas a la perdidosa. IV) Notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Ángel Humberto Medina Palá, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero . Ante mi: Andrés de Cara -Secretario letrado de la Corte de Justicia.

Ef-6694 /// Si ///guen las firmas.

cs- PRE S.1° 2018-I-148