marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Situación del imputado, declaración indagatoria, presentación espontánea del imputado
Materia: PROCESAL
Carátula: S., I. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-17

"El órgano instructorio competente admitirá que el señalado como imputado se presente espontáneamente y con las formas de la indagatoria y exponga todo lo que crea conveniente a su descargo y respecto del hecho que motiva su calidad de imputado. Decimos que recibirá la declaración con la forma de la indagatoria, en protección de un sujeto que ya se encuentra imputado. Pero como el derecho de presentarse espontáneamente está acordado en aras de la defensa individual, no podemos negarle al imputado que se presenta voluntariamente, a que declare cuanto crea conveniente en su descargo, y como consecuencia del ejercicio de su derecho. No permitirle declarar, sería contrariar la Constitución Nacional".
Aplicación de la ley, apreciación de la prueba, tutela sindical, salarios caídos
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Lucero, Hector Daniel c/ Skaneu S. A. s/ sumarisimo art. 47 ley 23551
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-25

Corresponde desestimar el agravio en lo concerniente a la admisión del despido discriminatorio, en los términos de la ley 23.592 -Actos discriminatorios-, pues de la prueba producida surgen hechos que configuran serios indicios en cuanto a que el despido del actor fue consecuencia de su actividad sindical. En efecto, de las declaraciones de los testigos F., P. y P. (videofilmadas), surgen que el actor ejerció en su lugar de trabajo una actividad sindical dirigida a la creación de un nuevo sindicato (ACUP), interviniendo con él en su formación los dos primeros testigos, y más allá de que los tres estuvieron en reuniones al efecto con personal de la empresa Skaneu S.A., resultan coincidentes en que la empleadora a través de la presencia del supervisor L. M., tenía conocimiento de las reuniones en las que intervenía el actor con el objeto de captar avales y afiliados al sindicato a formarse.[...] También quedó acreditado que la empresa (...) además, recibió la comunicación de la designación del actor como Secretario de Organización, conforme surge de las CD obrante a (...) y prueba informativa de fs. (...), fundando la Asociación de Camioneros Unidos (ACUP), que contaba a la fecha del despido con acta fundacional (...).
Embargo, levantamiento del embargo, sociedad de hecho
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Seguin, José c/ Guchea, Segundo s/ Disolución de sociedad. Inc. Liquidación de sociedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18

Si el inmueble fue adquirido con fondos suministrados por los socios, entre los cuales se encuentra el accionante, aparece "prima facie" verosímil el derecho del actor a embargar el porcentaje de los frutos civiles del inmueble cuyo destino fue la explotación del objeto social (arts. 210 inc. 1°, 212 inc. 3° y 233 del Código Procesal) y cuyo dominio consta aún en cabeza de quienes integraron la sociedad cuya liquidación aquí se persigue, resultando irrelevante que la sociedad anónima locadora sea un tercero respecto a estos actuados, habida cuenta que ha dado en locación un inmueble que formaba parte del patrimonio social de la sociedad de hecho aún no liquidada (art. 22 ley 19.550). Es que las rentas derivadas del uso o del goce de la cosa por otro, como los alquileres de una locación, los intereses del capital, etc., son frutos civiles que pertenecen al propietario de la cosa (arts. 2426 y 2522 del Código Civil), por lo que el levantamiento del embargo sobre los canones locativos abonados por el arrendamiento del inmueble, donde funcionaba la sociedad de hecho motivo de estos autos, deviene, por ahora, improcedente. (Minoría u opinión personal)
Cuestión de derecho común, cuestiones de hecho y prueba, cuestión constitucional, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Tecno Sudamericana SA c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-19

La interpretación del Derecho común no puede suscitar por sí misma un caso constitucional, pues no ha sido puesta en juego la inteligencia de un acto de autoridad según leyes constitucionales básicas que impliquen su lesión.

No basta con la mera mención o invocación de principios constitucionales, como el de legalidad de los tributos o el de razonabilidad en la reglamentación de las leyes, para acceder al recurso extraordinario de inconstitucionalidad local (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Cheque sin fondos, concurso preventivo, personas jurídicas, sentencia absolutoria, dolo, convocatoria de acreedores
Materia: PENAL
Carátula: CASSINI, VICTOR JOSE MAERIA; RAVEZZANI, ALBERTO s/ Cheque sin fondos. CAUSA: 31171.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-08

1 - Corresponde absolver por el delito del C.P. art. 302, inc. 1 (por falta de dolo) a los libradores autorizados por una sociedad anónima (en la que tenían cargos carentes de facultades propias) que se abstuvieron de pagar en término los cheques sin fondos en virtud de mediar convocatoria de acreedores resuelta por la entidad. (Del voto del Dr. Repetto).- 2 - Existe error jurídicamente relevante de los libradores en orden al citado delito, si pudieron librar los cheques en la convicción de estar cubiertos por autorización para girar en descubierto, si la entidad bancaria abonó cheques no obstante estar excedido en un 100 por ciento el saldo deudor autorizado. (Del voto del Dr. Hendler).
Honorarios, martillero
Materia: PROCESAL
Carátula: CHAVES, EUGENIO ELEUTERIO c/ NEOLIT S.A.I.C. s/ RECURSO DIRECTO: HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-28

En el supuesto de suspensión de remate, la regulación de honorarios del martillero debe encuadrarse en el art. 53 Ley 7.524, modificatorio del mismo artículo de la ley 7.191 una vez que el profesional ha aceptado el cargo, pues a partir de entonces tienen lugar "los trámites" tendientes a la realización de la subasta en los términos del dispositivo legal citado, según la señalada reforma, que en cuanto a este tema resultó significativa.

El art. 57 Ley 7.191, modificado por la ley 7.720, fija un piso mínimo "para todos los casos"; es decir, que en ningún supuesto el honorario del martillero ser a inferior a ese arancel.
Medicina prepaga, fertilización asistida
Materia: CIVIL
Carátula: Berruti, María de las Mercedes y otro c/ Osde Binario S.A. y otro s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-02-16

Cabe confirmar la sentencia que rechazó el pedido de cobertura del tratamiento de fertilización in vitro de un afiliado a una empresa de medicina prepaga, pues las cuestiones involucradas son sustancialmente análogas a las ya resueltas en la causa "Poljak, Laura L. y otro c/ Omint C.S. Salud S.A. s/ Acción de Amparo" -Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, sentencia del 16/02/2012-, a cuyos fundamentos corresponde remitirse en razón de brevedad.
Lesiones, amenazas, violencia familiar, facultades jurisdiccionales, competencia criminal y correccional, radicación del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Espinosa Lezcano, José Luis c/  s/ Lesiones leves (Art. 89) s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-11

Dado que las evidencias reunidas hasta el momento impiden descartar, de manera definitiva, la posibilidad de promover el avance de la investigación en torno a las lesiones que habría padecido la damnificada y, con apoyo en lo establecido por el art. 3 de la ley n° 26702 y el art. 42, inciso 1 del CPPN, corresponde que continúe interviniendo en la totalidad de los hechos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Constitución Nacional, reforma de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Carbone,  Edmundo  José c/ E.N.  -M°  Justicia y DDHH (Art. 99C.N.) S/ s/ roceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-13

Las normas constitucionales surgidas de una reforma constitucional sólo pueden ser consideradas válidas si han sido instituidas de conformidad con lo que dispone la norma constitucional que regula la producción de esa reforma, la cual bien puede limitarse a establecer el órgano competente para producir la reforma, dejándole a éste total libertad para determinar el contenido de ella, o, por el contrario, puede también limitar el contenido de la reforma restringiendo la competencia reformadora de aquel órgano (Del voto del juez Buján, cons. VI. 1).
Acción de amparo, jueces, competencia
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: CARRERA, ADRIANA V. s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-01-15

La pretensión del amparo no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben, por cuanto encontrándose la vía judicial abierta no se justifica la utilización simultánea de la acción de amparo, ya que se trata del básico argumento de que un juez extraño no interfiera con su resolución en el amparo lo que en rigor corresponde al juez de la causa con competencia acordada en proceso pendiente o concluído. Pero si, como en el caso, se está ante una expresa declaración de incompetencia del juez que decretó la medida del secuestro del automotor y la inexistencia de otro magistrado que se encuentre a cargo del proceso, corresponde frente a esta particular emergencia de preservar o reparar un derecho restringido.-
Sentencia condenatoria, multa penal, cuestión no planteada
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vega, Luis Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-23

Tratándose de la imposición de penas principales y conjuntas, como es el caso de las penas de prisión y multas conminadas para los hechos del art. 5 inc. c) ley 23.737, un día de prisión preventiva no puede al mismo tiempo ser computado para compurgar parte de la pena de prisión y parte de la pena de multa. Mientras no esté compurgada la prisión, es inadmisible la pretensión de compurgación de la multa. La regla general del art. 4 CP conlleva que no hay razón para excluir la aplicabilidad del art. 24 CP en el caso de la multa prevista en la ley especial 23.737, en la medida en que el objeto de aplicación de la multa no está en la base del art. 24 CP. Si al momento del pedido de compurgación de la multa con parte del tiempo de detención sufrido en prisión preventiva, la pena de prisión no estaba agotada, y el imputado debía someterse al control del patronato y al cumplimiento de las condiciones del art. 13 CP, no ha existido ningún tiempo de prisión preventiva sufrido en exceso. No corresponde admitir agravios no planteados en el recurso de casación, excepto si la cuestión introducida por primera vez en el término de oficina involucra de modo nítido materia constitucional y no fuese insustancial. La disidencia parcial expresó que -sin perjuicio de que el agravio se opone a la expresa disposición del art. 463 CPPN- la conformidad fiscal con lo solicitado por la defensa no es un caso de falta de acusación o impulso procesal, sino que se trata de un dictamen no vinculante, toda vez que es del exclusivo resorte del juzgador el hacer efectiva una sanción originariamente solicitada por el acusador público. Dres. Mitchell -en disidencia parcial-, García y Yacobucci.
Deberes del juez, aplicación de la ley, iura novit curia
Materia: Procesal Civil
Carátula: Suarez, Fabián Anibal y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-09-04

Ha de tenerse en cuenta asimismo, que una de las disposiciones de la Subsecretaría de Salud -la Nº 237-87-, tiene contenido reglamentario en su art 3ro., y de este modo, integra el derecho nacional aplicable, por lo que, aún cuando pudiera no conformar el "iura novit curia", tratándose de un precepto jurídico, el Juez debe considerarlo de oficio, y arbitrar los medios para este fin, haciendo la investigación fuera del proceso u ordenando las medidas que considere necesarias.
Empleo público, sanciones disciplinarias administrativas, cesantía, proceso penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Catalán Carlos Nicolás c/ A.N.A. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Lo resuelto en sede penal no autoriza, prima facie, a concluir que ha desaparecido la causa de la cesantía, puesto que ésta no necesita de la efectiva condena penal cuando la infracción administrativa se encuentra configurada por el comportamiento objetivo del agente.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), código procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NICOLORICH, DINA ANGELICA c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-12

En el nuevo diseño de organización judicial penal -que prevé que en las impugnaciones que provengan de la Investigación Penal Preparatoria, de la ejecución de la pena o de los conflictos de competencia, puede ser un solo juez del Colegio el encargado de analizarlo pero para el supuesto de impugnación a sentencia definitiva el Tribunal se constituye con tres jueces- no se advierte contradicción con lo preceptuado por la Constitución provincial, ni con las garantías establecidas en el bloque constitucional que refieren al derecho al recurso del imputado (contra la prisión preventiva, de recurrir ante un juez o tribunal competente; de recurrir ante un tribunal contra el fallo condenatorio; y derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior) como una garantía procesal, sin establecer número alguno en la composición del Tribunal; por lo cual la normativa que prevé la conformación unipersonal del Tribunal se adecua a las normas constitucionales (nacional y provincial) y convencionales de derechos humanos (arts. 7.6 y 8.2.h, C.A.D.H.; 9.4 y 14.5, P.I.D.C.P.) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Provincial, artículo 84; Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 7.6 y 8.2.h; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 9.4 y 14.5.
Sentencia, nulidad de sentencia, recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, falta de interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: ZANONI, J. s/ NULIDAD DE SENTENCIA. SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-19

Es nula la sentencia del tribunal que confirma y eleva la pena que le fuera impuesta a un procesado, dado que tramitó en la alzada un recurso que nunca fue interpuesto.

La omisión formal en el procedimiento constituye suficiente causal de nulidad cuando conculca derechos y garantías constitucionales de alguna de las partes y con mayor razón cuando vulnera principios fundamentales de orden jurídico del derecho en general; pues se colocaría al procesado en clara conculcación de sus garantías constitucionales, desde que le impediría regularizar su situación en el proceso.

Efectivamente, si se tiene en cuenta que con las reformas introducidas por la ley 23057 al art. 26 del CP y de considerarse únicamente la sentencia de primera instancia, en primer lugar permitiría suponer que le serían aplicables los beneficios estatuidos por la norma antes mencionada, es decir que la condena no sería en forma condicional y en segundo lugar, que mientras no estuviera firme dicho fallo nada obstaría a la concesión de su eximición de prisión; razones éstas que por su estrecha e inescindible vinculación con la libertad ambulatoria resultan harto suficientes para estimar violatorio de garantías individuales de raigambre constitucional el veredicto impugnado, y congruentemente con lo anteriormente sostenido su nulidad deviene inevitable.
Verificación de créditos, mutuo, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: DE FRANCO FRANCISCO c/ GRANDA MARIO DANIEL s/ INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-07-31

Corresponde declarar verificado el crédito del accionante, pues el relato brindado por él acerca de la operación comercial efectuada con el concursado (mutuo) para arribar al crédito insinuado, resulta verosímil con la presentación de la causa ejecutiva en la que se reconoció el crédito en cuestión, y no obsta a ello, la insinuación que realiza la sindicatura en el sentido de que no fue oportunamente pedido el acollaramiento del juicio ejecutivo remitido por el juzgado competente, pues no existe norma alguna que obligue a ese pretendido acollaramiento de actuaciones que fueron remitidas "ad effectum vivendi et probandi" para que tal proceso pueda ser merituado como prueba por parte del juzgador.
Garantías procesales, recurso de inconstitucionalidad, tribunal de impugnación penal, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: H., C. M. D. V. por el delito de desobediencia judicial c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-07-24

Le asiste razón a la impugnante toda vez que el tribunal "a quo", al momento de valorar la prueba que lo llevó a condenar al imputado por la comisión del delito de desobediencia judicial, omitió considerar la falta de incorporación al debate de los elementos de cargo y, por lo tanto, incurrió en un vicio esencial a tenor de lo dispuesto por el art. 539 del C. de Procedimiento Penal de la Provincia de Salta
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Uterberger, Jorge c/ Suárez, Marcelo s/ Incidente de redargución de falsedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

En el caso de los escritos cuya firma se ha impugnado y obra la ratificación del interesado, la posterior declaración de inexistencia de los escritos no posee validez alguna por cuanto tal tramitación es inoficiosa.
Recurso contencioso administrativo, contrato de obra pública, pliego de bases y condiciones, mayores costos, convertibilidad, igualdad licitatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUSSIN HNOS. S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LAS TOSCAS s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-02-23

Es improcedente el reclamo de mayores costos pretendido por la actora sosteniendo que la ley 23.928 nunca pudo suprimir derechos de raigambre constitucional como es el derecho al mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato y la garantía de intangibilidad de la remuneración del contratista. Es que aunque se compartiera la tesis interpretativa conforme la cual el artículo 10 de la ley 23.928 no habría vedado en forma absoluta el reconocimiento en general de cualquier tipo de variaciones de costos en la obra pública, ni dejado sin efecto el artículo 82 y siguientes de la ley 5188, ello no autorizaría a prescindir en cada caso concreto de lo expresamente convenido por las partes.

Una interpretación distinta lo privaría de todo sentido en su aplicación concreta al caso, y permitiría el reconocimiento de derechos que desvirtuarían por completo las condiciones bajo las cuales el ente público licitó la obra en cuestión, con evidente lesión, también, al principio de igualdad de los oferentes.
Cláusula limitativa de responsabilidad, cláusula eximente de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gavarotto, Hortencia c/ Galli, Alberto Cristóbal y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-02

Dentro de la esfera de la dispensa anticipada de la culpa contractual, los supuestos de la dispensa parcial (cláusula limitativa) y de la dispensa total (cláusula excluyente), entendiendo que respecto del primero no habría inconveniente en admitirla, limitando la responsabilidad cuantitativamente hasta cierto monto o cualitativamente con referencia a ciertas culpas, pero que en el segundo supuesto tales cláusulas no son válidas, por atentar sustancialmente contra el bien común y ser reveladoras de una disparidad de la situación de las partes que no resulta tolerable.
Competencia federal, juicios en que la Nación es parte, intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Sendra, Héctor Román c/ Correo Argentino S.A. y/o quien resulte responsable s/ Entrega acciones obreras
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-09-25

La competencia ordinaria local en razón de la materia, no implica que deba considerarse que existe una modificación en la competencia de excepción asignada a la Justicia Federal en razón de la persona.

La circunstancia de demandarse al Estado Nacional crea la posibilidad que pueda resultar afectada su responsabilidad, determinando que el reclamo no deba ventilarse ante los órganos jurisdiccionales ordinarios, aunque no se accione individualmente contra la Nación y lo sea en calidad de tercero obligado, siendo competente la Justicia Federal cuando una entidad nacional es citada en los términos del art.94 del C.P.C.C., sin que implique distinguir respecto al grado y carácter de tal participación procesal.
Prescripción, locación de obra, plan para la vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: Fernandez Propato, Enrique c/ La    Fraternidad    Soc. de  Personal  Ferroviario  de  Locomotoras s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-23

Se trata de un contrato de locación de obra cuya primera etapa se fue extendiendo en el tiempo sin solución de continuidad, con la intervención de la demandada. Recién en 1985 la propia demandada comienza a cambiar su posición al evaluar el dejar sin efecto la realización del barrio.

Habiéndose entablado la demanda el 2 de febrero de 1986, los diez años se retrotraen al 10 de febrero de 1976 y como la actividad entre las partes se desarrolló durante ese período, en procura del objeto originalmente pactado, el logro del crédito del Banco Hipotecario Nacional, por estas razones de hecho, la prescripción articulada debe rechazarse.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garate, Julián y otro c/ Di Paola Vicente y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

Por regla la carga probatoria le incumbe a quien invoca, lo que significa que el actor que alega la responsabilidad del médico demandado le corresponde aportar la prueba de los hechos que demuestren la mala praxis.
Incapacidad absoluta, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: ESCOBAR ERNESTO SECUNDINO c/ EDESE S.A. s/ INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD ABSOLUTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-10-13

A los efectos de la aplicación del art. 212 de la LCT, se conceptualiza a la incapacidad absoluta como aquella que imposibilita al trabajador la prestación de tareas en la empresa a la que pertenece, y que, por su importancia, permanencia y gravedad le impide reinsertarse en el mercado laboral.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Gallego, Alcides René s/ Privación ilegal de la libertad. Robo Paz, Ramón s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28|1991-09-03

La doctrina subjetivista, que atiende a la intimidación que haya podido sufrir el sujeto amenazado, deriva en la necesidad lógica de demostrar -a los efectos del art. 166 inc. 2 del C.P.- que un revólver descargado es cosa distinta a uno de juguete; o -más difícil aún- que un revólver de juguete es un "arma". Si el régimen legal se fundara en la intimidación causada contendría una fórmula que también captara la simulación de un arma de fuego mediante la mano en el bolsillo o el apoyo de un dedo en la espalda del sujeto pasivo.
Juicio ejecutivo, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Valero, Alejandro Francisco c/ Tello, Sergio s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-02-20

La defensa de pago en los juicios ejecutivos es admitida, aunque se trate de un pago total o parcial, pero con una limitación: en ambos casos se debe acreditar por medio de prueba documental. Esta excepción supone dos requisitos inexcusables: a) que el instrumento de cancelación sea de fecha posterior al título que se ejecuta; y b) que se refiera precisamente a la obligación exigida.