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Recurso de inconstitucionalidad, jurisdicción, quiebra, fuero de atracción, actuaciones administrativas, legitimación activa, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: LUMA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-06

Conforme ha dicho el Máximo Tribunal de la Nación "el fuero de atracción que ejerce el concurso funciona en forma pasiva, respecto de las acciones iniciadas contra el concursado, pero no respecto de las que éste pudiere promover" y en materia de trámites administrativos o fiscales, resolvió que dicho fuero de atracción se limita a los pleitos civiles y comerciales seguidos contra el deudor, lo cual excluye a los procedimientos administrativos. También ha expresado que "el carácter universal del juicio de quiebra y la consiguiente atribución de competencia para conocer en todos los reclamos de los acreedores del fallido a un juez único, no comportan mengua ni menoscabo de los poderes y funciones atribuidos a las autoridades administrativas por las leyes que las instituyen y les confieren sus competencias respectivas". Lo expuesto deja en evidencia que en estos autos, en los que la fallida (por medio de la Sindicatura) asumió un rol activo -tendente a la determinación de créditos en su favor-, los jueces de las instancias ordinarias carecían de jurisdicción y de autoridad para ordenar -como lo hicieron- el inmediato depósito de una suma en concepto de reintegros, máxime cuando se hallaban inconclusas las correspondientes actuaciones administrativas, y sin haberse respetado acabadamente el derecho de defensa de la entidad intimada, resultando la solución jurisdiccional brindada violatoria del derecho a la jurisdicción de la recurrente.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, título ejecutivo hábil, jueces, actuación de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: Mogetta, Marisa G. c/ Aceros Moldeados S.A. y otros s/ Apremio (Expte. Nro. 89-01, Resol. Nro. 104, Tomo 17, Folio 267)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-08

El juez, además del momento en que debe analizar si el título trae aparejada ejecución, puede hacerlo también posteriormente al efectuar el análisis de la causa para dictar sentencia y aún en el caso de que el deudor no haya opuesto excepción legítima.
Prioridad de paso, rotonda
Materia: CIVIL
Carátula: V.D.A. c/ Perez Díaz Vicente s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2021-11-08

En base a la normativa legal citada, no existiendo en la zona del accidente, señalización en contrario, y habiendo descartado también el carácter de semi-autopista del Conector Sur "15 de Febrero", queda claro que la prioridad de paso la tenía el demandado por encontrarse circulando por la rotonda, ya próximo a salir de ella; toda vez que la actora recién estaba atravesando la primer mano de calle Cabot en sentido sur-norte.
Revocación de sentencia, medidas cautelares, competencia, tribunales arbitrales, asignación de causa
Materia: PROCESAL
Carátula: En- Dnv Demandado: Grupo Concesionario Del Oeste S.A- Dto 608/18 c/  s/ inc. de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-01

El tribunal de alzada revocó lo decidido por la jueza de primera instancia, quien sostuvo que no correspondía pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por el Estado Nacional atento a que la orden emitida por el Arbitro de Emergencia de conformidad al artículo 6 del Apéndice V del Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, obstaba al tratamiento de esa petición. Para así decidir, consideró que la magistrada se había declarado competente para expedirse sobre el Acuerdo Integral de Renegociación Contractual, motivo por el cual no existía óbice alguno para que procediera al análisis de lo requerido por el Estado Nacional. El juez Treacy añadió que la acción de lesividad solo podía ser entablada ante el Poder Judicial, en los términos del artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, lo cual fue compartido por el Dr. Gallegos Fedriani. En consecuencia, ordenó que se sorteara un nuevo juzgado, toda vez que la magistrada de grado había sentado posición favorable respecto de la competencia del tribunal arbitral.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cerolini, Juan Claudio E. c/ Aislantec Soc. de Hecho-Pentamar S.A. s/ Cobro de Pesos y ent. cert. de trab.-Recurso de Inaplicabilidad de  Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-08-29

La determinación de la existencia de la relación laboral constituye una cuestión de hecho irrevisable por vía del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo que se invoque y demuestre absurdo o arbitrariedad en la apreciación de la prueba, extremos no demostrados en autos.
Sucesiones, notificación, herederos, publicación de edictos
Materia: CIVIL
Carátula: SALAS KAISER, Irma Antonia Elizabeth s/ SUCESIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-30

Si bien el art. 699 inc. 1° del Código Procesal dispone el cumplimiento de la notificación por cédula para los herederos denunciados en el expediente que tienen domicilio conocido en el país, ante el invocado desconocimiento del domicilio, la citación queda debidamente cubierta con la publicación de edictos contemplada en el inc. 2° de la misma norma. De tal manera, no es necesario exigir una citación especial, ni que se acredite sumariamente aquel desconocimiento, máxime teniendo en cuenta que la declaratoria de herederos no tiene efectos de cosa juzgada material.
Contrato de trabajo por tiempo indeterminado, presunciones, contrato de trabajo a plazo fijo
Materia: LABORAL
Carátula: Velázquez, Sergio c/ Jacobsen, Guillermo s/ COBRO DE HABERES E INDEMNIZACION DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-31

El régimen común de contrato de trabajo privilegia la relación por tiempo indeterminado, dándole a aquella que no lo es un carácter excepcional sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones objetivas cualquiera sea la modalidad que se adopte para instrumentarlo y las causas que se invoquen para su existencia.
Dictamen pericial, impugnación de la pericia, régimen de consolidación de deudas, vista de las actuaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: CASA PATERNO S.A.C.I.I.F. y A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 116 AÑO 1987)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-07

Sin perjuicio de que la impugnación efectuada por la demandada al dictamen pericial en el entendimiento de que no se respetó la ley 23928 , solicitando se amplíe el informe del experto de acuerdo a sus lineamientos, -versa sobre el contenido del peritaje por lo que su conocimiento debe diferirse al momento del dictado de la sentencia, de conformidad a la jurisprudencia de esta Corte y a lo dispuesto por el artículo 193 -2do. párrafo- del Código Procesal Civil y Comercial -aplic. suplet., art. 23 Ley 4.106-, debe correrse vista al perito actuante a los fines pertinentes.
Recurso extraordinario, prófugo, proceso penal, libertad corporal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VIVAS, RAUL SILVIO Y OTROS. s/ CONTRABANDO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-24

Si bien es dable sostener que no cabe reconocer al prófugo habilidad jurídica para sustentar agravios derivados de la voluntad discrecional de quien los alega, en supuestos en que ellos provienen -a juicio del recurrente- de una equivocada interpretación de las normas legales que rigen el caso efectuada por los jueces de la causa, y cuyo acatamiento comportaría la conculcación del derecho a su libertad física, la circunstancia apuntada no resulta óbice para que la Corte -en pleno ejercicio de la augusta misión de servir a la Justicia- analice la admisibilidad o no del recurso y, en su caso, su procedencia, (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Impuestos, régimen penal tributario, extinción de la acción penal, perjuicio fiscal, recurso de apelación (procesal), pretensión fiscal, AFIP DGI
Materia: PENAL
Carátula: ACEROS BRAGADO S.A. s/ Averig. Régimen Penal Tributario, Incidente de extinción de la  acción penal Causa Nro. 36501.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

1-La providencia que fijó el monto del perjuicio fiscal con el fin de que las partes puedan efectuar sus presentaciones en los términos del art. 14 de la ley penal tributaria, recurrida por el fiscal y la D.G.I., resulta inoficiosa y meramente declarativa, y no causa estado respecto de la determinación que establece, razón por la cual no es susceptible de provocar agravio ni puede ser apelada (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- 2-El objeto procesal de la causa está referido al accionar doloso por parte de los responsables de la firma imputada que mediante actitudes ocultativas elusivas dificultaron la determinación de las sumas retenidas y/o percibidas y no ingresadas al fisco (Ley cit., art. 8) (Del voto en disidencia del Dr. Romero).- 3-La resolución recurrida fija una determinada pretensión fiscal por un período fiscal, a los fines del art. 14 de la ley penal tributaria pero en autos el encartado no ha demostrado aún un interés palmario en acogerse al beneficio cuestionado. No obstante cabe señalar que, para su procedencia, es en principio necesario aceptar en forma lisa y llana la pretensión fiscal determinada por el ente recaudador. Luego y de acuerdo a las circunstancias podrá acogerse favorablemente a su pedido (Del voto en disidencia del Dr. Romero).
Insuficiencia del agravio, apreciación de la prueba, agravantes de la pena, falsa denuncia, tipo penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Anauati, Roberto Ignacio y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-17

Los cuestionamientos esgrimidos por la defensa en el punto no resisten mayor tratamiento ni análisis en virtud del correcto razonamiento al que arribó el sentenciante, que no logró ser rebatido por la parte pese a sus denodados intentos. Es que como vimos, no se ponderó como único elemento de cargo la declaración de su asistido para endilgarle el enrostre jurídico cuestionado, sino que se valoró en conjunto el plexo probatorio abarcado por todas aquellas exposiciones mendaces prestadas por los aquí condenados oportunamente, que sirvieron de base y sustento para que el juez instructor pudiera fundamentar la detención de las víctimas. Así pues, sin los aportes de aquellos cimentados en esas falsas denuncias y aserciones engañosas tanto suyas como de sus subordinados a los que alinearon y determinaron a fin de que depusieran sobre lo que sabían que era falso y callaron y/o tergiversaron lo verdadero, el plan no se hubiera concretado.

En punto a la agravante del segundo párrafo del art. 275 del Código Penal, lo expuesto por el tribunal de grado permite rechazar sin más las controversias introducidas por los recurrentes en el punto, pues aquella causa reconoce su origen en esa primigenia denuncia efectuada por el imputado en los estrados del juzgado, a la que le siguió la de los restantes imputados quienes con sus relatos y manifestaciones lograron causar un perjuicio determinado a quienes a la postre, resultaron víctimas. Deviene indistinta la circunstancia de si al tiempo en que ello aconteció los damnificados habían sido o no indagados en los términos del art. 294 del CPPN en tanto lo que la norma castiga es que ese falso testimonio sea en perjuicio del inculpado, tal como ocurrió en la especie.

Es que, la ley exige que el falso testimonio sea en perjuicio del imputado, y éste es un elemento objetivo que requiere el tipo penal. Por lo tanto, no basta el dolo del autor de creer que lo perjudica al inculpado, sino que en los hechos realmente le cause un perjuicio -como efectivamente sucedió-. El dolo del autor exige el conocimiento y voluntad de deponer, informar, traducir o interpretar falsamente, en una causa judicial -es la persona a quien se le imputa la comisión de un delito, sin que se requiera un pronunciamiento judicial que resuelva su situación procesal- (DONNA, Edgardo Alberto "Derecho Penal. Parte Especial", Tomo III, página 503).
Proceso judicial, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tordillo c/ Varas, Elbio Dugan s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-08-07

No rige en la justicia provincial el art. 16 de la ley Nacional 25.563 que suspende -entre otras y con algunas excepciones- la totalidad de las ejecuciones judiciales. Dicha ley no ha tenido su correlato en una ley Provincial que repita, adapte o asemeje su contenido, y tratándose de un tema estrictamente procesal, integra el poder no delegado por las Provincias al Gobierno Nacional, resultando -pues- inaplicable
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: P, L M s/ Recurso de inconstitucionalidad -Estafa procesal y extorsión (Expte.   CSJ N.  630-1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que "...aunque se invoquen garantías constitucionales, sólo son susceptibles de recurso extraordinario las sentencias que ponen fin al juicio y ocasionan un agravio de imposible reparación ulterior. No satisface este requisito el auto cuya consecuencia es la obligación de seguir sometido a proceso criminal" En el caso, si bien en la pieza recursiva el recurrente sostuvo que el auto cuestionado le irrogaba un gravamen irreparable -lo cual de acontecer efectivamente tornaría superable el obstáculo formal aludido- al frustrar el acceso del apelante a una segunda instancia, al haber revocado la alzada el auto de sobreseimiento dictado por el Instructor y dispuesto el procesamiento del encartado, no suministra fundamentos idóneos tendientes a persuadir a este Tribunal acerca de la existencia de la irreparabilidad aducida. (De la Disidencia del Dr. Alvarez a la que adhiere el Dr. Gutiérrez).
Tenencia ilegítima de armas de guerra, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: ALEGRE, JUAN CARLOS R. s/ INFRAC. ART. 189 BIS C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-02

El delito de tenencia de arma de guerra es de mero peligro y se satisface con la pura tenencia de las armas o de los materiales que menciona la figura que lleva ínsita esa clase de lesión al bien jurídico protegido. Basta con la aptitud o idoneidad general de la cosa o de la conducta del autor para generar peligro sin que sea menester que efectivamente se haya corrido.
Derecho del menor a ser oído, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: G. M. G. c/ C. A. o. s/ ORDINARIO REGIMEN DE COMUNICACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-29

El ser oídos constituye un derecho amplio, no meramente simbólico, que debe tomarse seriamente, sin distinción de edades, lo cual debe vincularse a la posibilidad de formarse un juicio propio y a su madurez, siendo ésta última interpretada -como lo hace el Comité de los Derechos del Niño- como "la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un acto determinado" y "la capacidad de un niño para expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma razonable e independiente".
Daños y perjuicios, derecho a la integridad física, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romano Alejandra y otro c/ Peñalva Hugo Daniel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

Si bien no es tarea propia de la jurisdicción incursionar innecesariamente en disputas doctrinarias acerca de la consideración autónoma o no de los daños psicológico y biológico y su vinculación con el modo y alcance del reconocimiento del derecho del damnificado, dado que el pronunciamiento no negó reconocimiento económico de ninguna de las disminuciones de la persona, lo que cabe es el examen de la justicia de la indemnización acordada. En tal sentido, entonces, el agravio de la parte no estriba en el acierto o no de tal encuadramiento sino en el logro de una reparación que condiga con el daño que se tiende a recomponer (art. 242 CPC)
Cosa juzgada, conciliación laboral, recursos, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Sapori, Guillermo y otros c/ Telecom Argentina SA s/ Diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-22

Toda vez que contra la sentencia dictada en esta instancia se han interpuesto recursos extraordinarios y que a la fecha no hubo pronunciamiento respecto de su procedencia, ello determina la subsistencia de derechos litigiosos, por lo que la Sala conserva aptitud jurisdiccional para conocer de los acuerdos presentados. En tal sentido, no visualizándose violación de las normas de orden público, cabe entender que a través de la transacción de la que dan cuenta los acuerdos denunciados por las partes, se logra "prima facie" una equitativa composición de los derechos de las mismas, en los términos del art. 15 LCT, por lo que correspondería su homologación.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, sucesiones, declaratoria de herederos, menores, facultades del juez, control de legalidad, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: SERRAO, MARCELO LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-09-23

Quien realiza las operaciones de inventario, avalúo y partición no es un mandatario de los herederos, ni un árbitro que adopte decisiones irrevisables, sino que actúa como un "delegado del juez", reservándose este último el poder de juzgar sobre lo actuado por aquél, lo cual supone una instancia de contralor de decisiva relevancia, a la cual se añade la intervención necesaria de la asesora de menores, "parte legítima y esencial" (art. 59 del Código Civil) en un proceso sucesorio con herederos menores.

Estos extremos no han sido debidamente ponderados in concreto por los jueces de la causa, que en lugar de ello han invocado el argumento de que la protección debida a los intereses de los menores exigiría dejar sin efecto la designación de perito efectuada en su hora, sin que las razones invocadas en abono de dicha solución -existencia de una "contraposición de intereses" y riesgo resultante de ciertos actos patrimoniales de la progenitora- resulten suficientes para justificar una medida que en consecuencia aparece como desproporcionada en orden a la realización de los legítimos fines anunciados, a poco que se repare no sólo en la orfandad de elementos objetivos de convicción, sino en particular en que la proclamada garantía de aquellos intereses puede igualmente hacerse efectiva por medios menos gravosos -que no llegan al extremo de limitar las ya aludidas facultades que confieren los códigos de fondo y de forma- consistentes lisa y llanamente en optimizar las instancias de control que, sobre la labor de los peritos designados por los herederos, brindan los referidos cuerpos legales Entre esas instancias no sólo adquiere un papel significativo la actuación de los propios jueces sino en especial la labor del Ministerio pupilar. ( De la Disidencia del Dr. Gutiérrez a la que adhieren Dres. Gastaldi y Netri).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión desplazada
Materia: PENAL
Carátula: Escobar, Hugo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

Habiendo quedado firme la prueba de testigos invocada por el sentenciante, queda desplazado lo referido al art. 431 del Código de Procedimiento Penal y a la duda que a criterio del recurrente se originaría a partir de los testimonios aludidos.
División de poderes, Constitución Nacional, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lona, Ricardo s/ pedido de enjuiciamiento -causa nº 9-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-10

La Constitución Nacional establece y delimita los poderes de las "autoridades de la Nación" que conforman el gobierno federal y fija una interrelación equilibrada de funciones, propio del sistema republicano que contiene en su mecánica interna la imposición a cada uno de ellos no sólo a cumplir la Constitución en la órbita de su respectiva competencia, sino también a promover el cumplimiento de aquélla por los otros poderes.
Jubilaciones, cómputo de servicios, contrato de trabajo a plazo fijo
Materia: LABORAL
Carátula: BAZAN, NICOLAS c/ COMAHUE  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

La necesidad de computar un lapso de aportes para obtener el beneficio jubilatorio no encuadra en la hipótesis legal del artículo 90 de la ley de contrato de trabajo para configurar un contrato a plazo fijo.
Contrato de obra pública, Administración Pública, contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROAS CONSTRUCCIONES SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 186-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12

La confección de la documentación pertinente cuando se efectúa la medición de obras que quedarán ocultas, se encuentra destinada a conferir certidumbre tanto a al Administración como a la contratista, que de ese modo contaría con una oportunidad para hacer notar su disconformidad en forma inmediata, indicando "in situ" en que circunstancias fácticas y técnicas se fundamenta.
Contrato de trabajo, despido sin causa, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, Pedro Reimundo c/ Pan American Energy LLC S. Argentina s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-21

La regla del artículo 245 de la LCT, en su segunda parte, reformada por el artículo 153 de la ley 24013, en tanto configura el parámetro que el propio legislador utiliza para indemnizar el perjuicio derivado del despido debe ser respetada por los jueces, ya que es al Poder Legislativo de la Nación al que incumbe, con exclusividad, reglamentar las relaciones laborales, y las consecuencias de la ruptura del contrato de trabajo.
Indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral, conviviente
Materia: LABORAL
Carátula: Da Fonseca, María Delia c/ CNA ART S.A. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-21

La concubina de un trabajador fallecido tiene derecho al cobro de la indemnización por fallecimiento (arts. 11 ap. 4 y 18 ap. 1 de la ley 24.557), y la cónyuge del difunto deberá restituir el monto percibido, pues la primera tuvo una convivencia pública con el occiso durante los últimos 11 años anteriores a su fallecimiento, situación que excluye a la cónyuge conforme lo dispuesto por el art. 53 de la ley 24.241 inc. d.; máxime si la esposa había sido anoticiada fehacientemente de la legitimación ostentada por la conviviente en forma anterior a efectivizar el pago de la indemnización a la cónyuge del difunto.
Adopción, nombre
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., G. s/ Adpción plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

La ley 19134 incluye normas que regulan lo relativo al apellido de los hijos adoptivos sin hacer ninguna referencia a las disposiciones que sobre esta materia estaban contenidas en la ley 18248, la que debe entenderse tácitamente derogada en aquellos puntos expresamente contemplados en la ley 19134 y en cuanto sus soluciones se oponen a las adoptadas en ésa.