Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 54/57.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Sara Esther Hiskin contra la resolución 628, de fecha 24 de agosto de 2017, dictada por la Jueza del Colegio de Jueces de Segunda Instancia en lo Penal, en autos "HISKIN, SARA ESTHER -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'HISKIN, SARA ESTHER Y OTROS sobre DENEGACIÓN DE MATRÍCULA DEL COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE ROSARIO"- (CUIJ 21-07004935-7)' (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511560-1); y,	CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que por resolución 628, del 24.08.2017, la Jueza del Colegio de Jueces de Segunda Instancia en lo Penal decidió rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la decisión del Colegio de Corredores Inmobiliarios puesta en crisis.

Contra dicho pronunciamiento, la accionante interpuso recurso de inconstitucionalidad por considerar que el mismo resulta violatorio de la garantía del debido proceso y arbitrario al apartarse de la ley estrictamente aplicable y fundarse en la sola voluntad del magistrado, soslayando la justicia del caso concreto.

Alega la recurrente que el decisorio deviene una sentencia "citra petita" al soslayar manifiestamente la normativa aplicable, esto es, el artículo 46 inciso a) de la ley 7547, el artículo 1 inciso b) de la ley 20266 y el artículo 3 de la ley 25028. Señala que al haber obtenido título de martillera conforme a la legislación vigente a la fecha de su matrícula en 1982 y en virtud a las referidas normas -que equiparan a quienes estaban habilitados para el ejercicio, con los egresados universitarios- su situación se iguala a la de quienes cuenten con el título universitario que impuso la reforma legislativa.

Observa que la Magistrada al equiparar a los martilleros con los idóneos incurre en dogmatismo, sin aportar la debida motivación exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial.

En apoyo a sus alegaciones, refiere que el propio Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe vetó el artículo 57 de la ley 13154 por entender que importaba colocar a los martilleros y los corredores idóneos en categorías diferentes, deviniendo clara la voluntad del legisferante de confirmar tal distinción al aprobar la Legislatura el proyecto de ley original, sin tener en cuenta dicho veto.

Se agravia también de la afectación del artículo 62 de la ley 13154. Expresa que tenía un derecho adquirido, que era la condición de martillera, matriculada durante 35 años, afiliada a un colegio que consolidaba su situación, y amparada además hasta 2015 por una medida cautelar que le permitió ejercer su profesión sin necesidad de solicitar una nueva matrícula.

Concluye remarcando la injusticia que importa la sentencia atacada por cuanto entre diferentes soluciones elige la jurídicamente más disvaliosa.

2. Por auto del 03.10.2017, la Jueza del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por considerar que el mismo traduce solamente su mera discrepancia con lo resuelto. Ello motivó la queja ante esta Sede.

3. Se adelanta que el presente recurso de queja no ha de prosperar.

Del examen de los agravios contenidos en el memorial presentado por la quejosa, se advierte que la cuestión a resolver en lo sustancial guarda analogía con la abordada recientemente por este Cuerpo en la causa "Gualdassi" (A. y S. T. 279, pág. 444), por lo que "brevitatis causae" corresponde remitir a las consideraciones allí expuestas.

En efecto, la presente litis gira en torno al reclamo de matriculación en el Colegio de Corredores Inmobiliarios efectuado por la recurrente, pretendiendo la misma que su inscripción sea realizada sin aplicación del plazo perentorio previsto en el artículo 60 de la ley 13154 por entender que su título de martillera la ubica en una categoría diferente a la de los corredores idóneos.

En los fundamentos esgrimidos en el mencionado precedente de esta Corte, se recordó que es ya posición sentada por este Tribunal que "los derechos fundamentales esgrimidos no se advierten vulnerados por el plazo establecido en la norma desde que los mismos se gozan y ejercen conforme a las leyes que los reglamentan, lo cual significa que pueden ser restringidos a condición de que tal restricción resulte razonable".

A mayor abundamiento, se aclaró que el artículo 60 de la ley 13154 determina el alcance de lo establecido en el artículo 62, recordando la afincada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a que debe considerarse que hay derecho adquirido "cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho" (Fallos:317:1462; en el mismo sentido, Fallos: 251:78; 298:472; 304:871; 314:481; 317:218).

En ese marco de reflexión, se advierte que la Alzada, al confirmar el rechazo de la solicitud de matriculación, expuso un razonamiento sustentado en una interpretación armónica del texto de la ley 13154, resultando claro que el pronunciamiento ahora impugnado se ajustó al criterio establecido por este Cuerpo en causas tales como "Crisafulli" (A. y S. T. 272, pág. 421, del 05.12.2016) y "Rocha" (A. y S. T. 275 pág. 215, del 30.05.2017), los que sirvieron de basamento para resolver el precedente mencionado primigeniamente.

En efecto, explicó la Jueza a quo que "de la lectura del texto normativo se desprende que el requisito principal para el otorgamiento de la matrícula consiste en poseer título habilitante reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación en consonancia con la Ley Nacional 25.028 que concede carácter profesional a la actividad en cuestión (art. 5 inc 3, ley 13154). Que a fin de no afectar derechos adquiridos (art. 62, ley 13154) se habilitó por única vez -y para quienes a la fecha de entrada en vigencia de la ley 13154 no poseyeran título habilitante de corredor inmobiliario- la posibilidad de matricularse en el Colegio respectivo siempre que reunieran los requisitos contenidos en el art. 60 de la misma, en el carácter de 'corredor idóneo', agregando que el derecho de inscripción que autoriza el presente artículo tendría una vigencia improrrogable de tres (3) meses a partir de la creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios" (v. f. 3).

Pero además, el Tribunal hizo notar que "No hay nada en su redacción que lleve a pensar que el deseo del legislador era generar tres tipos de corredores inmobiliarios, y otorgar a los martilleros una suerte de tratamiento diferenciado por la cual basta su título para ejercer otra actividad cuya naturaleza se encuentra totalmente diferenciada de la profesión que la impugnante pretende ejercer. Si el legislador así lo hubiese querido, así lo hubiese dispuesto" (v. f.3v.).

Tal interpretación no aparece desacertada desde que de la simple lectura del artículo 57 de la ley 13154, en cuanto incorpora el inciso e) al artículo 46 de la ley 7547, surge que la ley obliga al martillero que quiera ejercer el corretaje a matricularse en el Colegio de Corredores, lo que agotado el plazo previsto en el artículo 60, sólo puede lograrse cumpliendo con todos los requisitos previstos en el artículo 5 de la ley.

De lo expuesto, surge que en su resolución la Magistrada se ajustó a los lineamientos trazados por este Tribunal en los precedente referidos, sin aportar la recurrente argumentos nuevos que justifiquen el apartamiento de la doctrina judicial aludida.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido el depósito para la recurrente.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI (EN DISIDENCIA)-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI:

Se advierte que las postulaciones esgrimidas por la recurrente -invocando apartamiento normativo, falta de fundamentación y omisión de considerar cuestiones conducentes vinculadas a su incumbencia profesional- cuentan prima facie con suficiente asidero en las constancias de autos e importan, desde el punto de vista constitucional, articular con seriedad planteos que, desde una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, permiten franquear el acceso a la instancia de excepción. Dicho esto sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por ello, considero corresponde admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.	FDO.: GASTALDI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	Tribunal de origen: Jueza del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctora Lurati.