marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Homologación judicial, sucesión ab intestato, liquidación de sociedades, inscripción registral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pavlov, Roberto Gregorio c/  s/ sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-02

Deberá homologarse parcialmente el acuerdo alcanzado por los dos herederos -al no surgir que el rodado haya sido objeto del acuerdo de liquidación de la sociedad que integraba el causante- y por lo tanto corresponde ordenar la inscripción del inmueble individualizado, pues si bien en su oportunidad el causante omitió concretar el derecho que detentaba de inscribir el dominio del inmueble a su favor -aún figura inscripto a nombre de la S.R.L ya liquidada según constancias del trámite seguido ante la Dirección General Registro Público de Comercio-, ello se ha transmitido por causa de muerte a los dos herederos; luego, con capacidad y asistencia letrada, no existe obstáculo para que se homologue el acuerdo alcanzado respecto al -inmueble- denunciado-, propuesta de partición y adjudicación en la forma y límites allí dispuestos, supeditado a la división y mensura pactada.
Responsabilidad solidaria, subcontratación laboral, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: de Lorenzo, Edgardo Raúl c/ Smits, Gaidis y otros s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-28

En el conocido caso "Rodríguez, Juan R. c. Cía. Embotelladora Argentina S.A. (Fallos 316:713, sent. del 15-IV-1993), la Corte Suprema de Justicia de la Nación -si bien refiriéndose a contrataciones efectuadas bajo las figuras de concesión, distribución y franquicia, que escapan al presente caso- ha dicho que para nazca la solidaridad legal en estudio es menester que una empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen la actividad normal de su establecimiento (consid. 10ø y 11ø). También se ha pronunciado afirmando que la aplicación del dispositivo legal debe realizarse "atendiendo al tipo de vinculación y asunción de riesgos empresariales" ("Luna, Antonio R. c. Agencia Marítima Rigel S.A. y otros", Fallos 316: 1609, sent. del 2-VII-1993, consid. 8° in fine), o bien -dicho en otros términos- "a las circunstancias particulares que se hayan acreditado" ("Gauna, Tolentino y otros c. Agencia Marítima Rigel S.A. y otros", Fallos 318:366, sent. del 14-III-1995; "Escudero, Segundo R. y otros c. Nueves S.A. y otro", Fallos 323:2552, sent. del 14-IX-2000). Por su parte, la definición del Alto Tribunal contenida en la causa B.75. XLII, "Benítez, Horacio Osvaldo c. Plataforma Cero S.A. y otros" (sent. del 22-XII-2009) acotado a precisar los límites de competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14, ley 48), ello no impide que los restantes órganos jurisdiccionales puedan adoptar como propias, en la labor exegética que reclama la norma laboral, ciertas pautas o directrices provenientes del referido caso fallado por el Alto Tribunal. (del voto del Dr. Soria - opinión personal)
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Rivero, Juana I. s/ Tentativa de robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

Deben anularse de oficio la acusación fiscal y los actos que son consecuencia de la misma y constitutivos del proceso ante la justicia provincial si el juzgamiento de la Cámara aplicó el art. 142 bis del Código penal, cuya necesaria competencia corresponde a la justicia federal, lo que origina una situación excepcional de incompatibilidad con el debido proceso (art. 3 inc. 5, ley 48, según leyes 20.661 y 23.817).
Declaración testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Amelong, Juan Daniel y otros s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-05

La condición de víctimas o de familiares de víctimas de privación ilegal de la libertad y tormentos de los testigos no resulta óbice para sustentar certidumbre suficiente en el juzgador si la sinceridad de los mismos surge de la relación de los hechos y de las respuestas lógicas y coherentes, y si la impresión subjetiva reposa también en elementos objetivos: la credibilidad del discurso y las contestaciones razonables a las preguntas que pusieron a prueba la verosimilitud del relato, a lo que debe adunarse la concordancia con los resultados que arrojan otros elementos de prueba e indicios valorados todos en su conjunto.
Administración de vialidad provincial, multa, recursos administrativos, interposición del recurso, acto administrativo, presunción de legitimidad, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ RUIZ, JORGE L. Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 106 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-17

La sanción de multa por infracción al Reglamento General de Tránsito, a los fines de su ejecución, sólo se perfecciona con la posterior aprobación por el Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad (ley 8530), por lo que no aparece como necesario -en la elaboración jurisprudencial del máximo Tribunal de la Nación- , el requisito de que el recurso posea efecto suspensivo.

La solución que se propugna resulta congruente con el principio conforme al cual los actos administrativos gozan de la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad de la que proceden y del carácter de ejecutoriedad.

Coincide también, con pacífica doctrina según la cual "los recursos administrativos... no suspenden de suyo la ejecución de los actos impugnados", "el acto administrativo genéricamente considerado goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria... impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan la ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario" , y "por principio, los recursos o acciones que se promuevan impugnando la legitimidad de un acto administrativo carecen, por sí mismos, de efectos suspensivos".
Obligaciones, cumplimiento de la obligación, pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PACHECO, ANTONIO MANUEL DE JESUS c/ CARBALLA, EDUARDO MANUEL s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-03

El acreedor al contratar, tiene la expectativa de que su crédito va ser satisfecho con el cumplimento exacto de la prestación (art. 740 Código Civil), particularmente en la moneda pactada en razón de la legislación vigente al momento en que se constituyó la deuda. Si el deudor no cumple en término no puede perjudicar al acreedor, quien de haber cumplido el deudor en el plazo acordado, habría visto satisfecho su crédito en moneda extranjera. El deudor debe pagar al acreedor la suma establecida en dólares estadounidenses o la cantidad de pesos necesarios para adquirir los dólares al tipo de cambio oficial, y así satisfacer la obligación debida.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, determinación de la incapacidad, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez Carlos Antonio c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-04

La calificación de la dolencia en "parcial y transitoria" o, "parcial, permanente y definitiva", es legal y no meramente científica y lo mismo sucede con el plazo del art. 7, apartado 2 c) de la Ley 24557. En el caso, no hay dudas de la fecha de denuncia de la dolencia a la ART (el 29/11/2016) y que desde allí transcurrieron casi cinco años hasta la fecha. La naturaleza profesional de la dolencia del actor arriba firme a esta Instancia y la ART no se hizo cargo de las prestaciones a las que está obligada. La supuesta razón para afirmar que la incapacidad es parcial y transitoria es un tratamiento quirúrgico pendiente que, no solo que la ART no brindó, sino que oportunamente negó el carácter profesional de la enfermedad (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, contratos administrativos
Materia: PROCESAL
Carátula: TARSA Tambores Argentinos  S.A. c/ Nación Argentina (Ministerio de Economía) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

Resulta tardía la reflexión vinculada con el carácter de eficiente que el a quo atribuyó a la actividad desarrollada por la recurrente, en el que fundó la aplicación del art. 2 de la ley 21 608 ya que esa circunstancia fue traída a los autos por su contraria, y por no haber sido desconocida por ella en oportunidad de contestar el traslado de la demanda, corresponde tenerla por reconocida (art 356, inc. 1, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) .
Derecho penal disciplinario, Derecho penal
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: SCHRETER, MIGUEL A c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 423-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-04-17

El derecho disciplinario, es un derecho administrativo punitivo que no entra en el ámbito del derecho penal en sentido formal, sino en un género más amplio consistente en el derecho que impone una pena en respuesta o como consecuencia jurídica, al comportamiento antijurídico del sujeto.
Derecho laboral, indemnización por despido, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Calderón de la Barca Mariano y otro c/ Romario SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-12

La multa del art. 2 de la ley 25.323 no es aplicable exclusivamente a los despidos directos, denominados así por oposición a la situación prevista en el art. 246 L.C.T., puesto que no hay que distinguir allí donde la ley no distingue; de lo contrario, se beneficiaría la conducta de un empleador, que provocando y forzando una situación injusta en perjuicio del trabajador, resultaría económicamente beneficiado por el sólo hecho de que evitó definir la irregular situación laboral que él mismo generó. Únicamente correspondería la exoneración de la multa, o bien su reducción, en los casos en que se justificare la conducta del empleador, lo cual deja librada a la apreciación judicial tanto la verosimilitud de la medida rescisoria, como la justificación de la falta de pago de los créditos indemnizatorios en debido tiempo.
Terceros, intervención de terceros, asegurador
Materia: PROCESAL
Carátula: ARIAS ONTIVEROS Sergio Roberto c/ Dallazuana Micaela del Valle y Otra s/ Ordinario - Recursos de Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-11-27

La ley habilita dicha pretensión sólo cuando lo solicita el actor o lo hace el demandado estableciéndose como plazo máximo el momento de contestar la demanda. Conforme dicha disposición el planteo de la Aseguradora carece de admisibilidad formal y es improcedente dado que no se encuentra habilitada para ello además de extemporáneo por haber excedido el término dispuesto por la ley, por lo que corresponde rechazar la petición como lo hiciera el Sr. Juez A-quo atendiendo el carácter restrictivo y excepcional del instituto.
Recurso de inconstitucionalidad, trabajador autónomo
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Povolo, Sabrina Lis c/ S y J Negocios Inmobiliarios S.R.L. y otros s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-14

Al examinar la litis en el marco de la pretensión de la actora, que se sustentaba en el desarrollo de actividad como agente inmobiliaria con el cobro de una comisión por cada operación concretada (equivalente al 45% del 3% que cobraba el corredor) sobre la cual se emitía la correspondiente factura, los sentenciantes omitieron ponderar contextualmente los extremos demostrados en la causa, desde que ello consta en el expediente el mencionado acuerdo suscripto por las partes y reconocido por la actora en la audiencia de trámite, donde además admite que emitía facturas por sus servicios por montos que diferían mes a mes a nombre de la demandada y de terceros y que incluso asumía a su propio costo y riesgo todos los gastos personales que pudieran resultar del contrato celebrado con la codemandada como así también todos los impuestos vinculados al ejercicio de su actividad, reconocimientos que se condicen con la constancia de su carácter de monotributista y lo declarado por su propia contadora al manifestar que la accionante era autónoma, que emitía facturación por sus servicios y que el monto dependía de lo que vendiera, nunca era algo fijo.
Jubilación por invalidez, incapacidad laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CARZOGLIO, Miguel c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-02

Si bien es cierto que quien es portador de una incapacidad puede encontrarse en desventaja en el sistema de trabajo respecto de quienes gocen de un estado de salud pleno, ello por sí solo no es suficiente para concederle el beneficio por invalidez. El presupuesto general para obtener dicho beneficio es la existencia de una incapacidad física o intelectual, en medida tal que impida el desempeño de cualquier actividad compatible con las aptitudes profesionales del agente (art.33 ley 18.037).
Daños y perjuicios, culpa civil, responsabilidad concurrente, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Londra Raúl E. c/ Accinelli Norberto J. s/ Sumario -Hoy Ejecucion de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-03-22

Cuando media culpa concurrente del damnificado y del responsable, éste debe ser obligado a reparar el daño, en la medida en que ha contribuido a causarlo. Para ello se apreciará, no la gravedad de la culpa de uno u otro implicado, sino el grado de eficiencia con que cada una a concurrido a provocar el resultado dañoso.

En el caso se ha determinado que la conducta de cada uno de los partícipes influyó en igual medida en el acaecimiento de siniestro. De modo que tratándose de un daño recíproco, cada uno de los partícipes debe indemnizar al otro según la proporción de causalidad que le toque en el hecho dañoso, determinándose la compensación pertinente.
Reclamación de la filiación, derecho a la identidad, violencia de género
Materia: CIVIL
Carátula: M. M. A.  c/ A. A.  s/ reclamación de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-10-06

Cabe hacer lugar a la filiación impetrada, pues no basta con analizar las conductas de cada persona, sino de apreciarlas como un reflejo de un suceso social que debiera modificarse. La negativa del demandado y el hecho de tener que recurrir a otros miembros de su familia para conocer la verdad biológica sobre la identidad del niño, perpetuaba el estereotipo de género relativo a que la responsabilidad de crianza, la atención y el cuidado de los hijos e hijas es responsabilidad de las mujeres y no una labor compartida que requiere de una participación igualitaria. La omisión de paternidad deliberada y permanente hacia un hijo o hija viola el interés superior del niño y la protección integral del mismo, como así también coloca en situación de violencia de género a la madre que se ocupa del mismo en todo el tiempo. La posición de poder del padre desde antes del nacimiento, sumada a la indiferencia y abandono de asistencia al niño es claro indicio de violencia psicológica y económica que se ejerció sobre la madre. La mera omisión del progenitor a colaborar con este proceso y al sustraerse a sus deberes como progenitor del niño lo colocó en una posición de poder respecto de la madre aún antes del nacimiento del niño, y luego se aprovechó de esa circunstancia para perpetuarse en la omisión de toda asistencia, conformando esa actitud violencia de género hacia quien no podía actuar de otro modo, pues las necesidades del niño le imponían el rol de única responsable.
Incidentes, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: GORNSTEIN DE KAPLAN, C. s/ TESTAMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-12

Debe rechazarse la nulidad impetrada con fundamento en la falta de apertura a prueba del incidente que diera lugar a la resolución apelada, porque tal etapa procesal es, en los incidentes, facultad potestativa del juzgador y el pronunciamiento que recaiga resulta inapelable, quedando a su criterio la opción de abrir a prueba o decidir prescindiendo de ella (conf. Colombo, "Código Procesal...", 4a. ed. t. I, p.319; C.N.Civ. Sala E, c. 258.765 del 24/9/79; id.

id. c. 287.242, del 10/5/83 y c. 13.149, del 20/3/85).
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bingo del Río de La Plata S.A. c/ Municip. de Gral. Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-03

En materia de procedimiento administrativo municipal, para que una decisión pueda considerarse "definitiva" en los términos de los artículos 1 y  28 inc. 1 del CPCA debe emanar del Intendente Municipal y rechazar un recurso de revocatoria (en caso de que el acto inicial haya sido dictado por él) o jerárquico (en el supuesto en que la resolución originaria emanare de un órgano inferior de la comuna), de manera que sólo puede reputarse definitiva a la decisión que no admita en la órbita comunal posibilidad alguna de revisión jerárquica de lo resuelto (arts. 1, 28 inc. 1 y 36 del CPCA). (Minoría u opinión personal)
Contenido de la demanda, exposición de los hechos, fundamentación de la demanda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: F., M.A. c/ C., R. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-28

No cabe confundir alegaciones fácticas con alegaciones jurídicas, cuya prolija diferenciación cobra definitiva importancia en razón de la diversa actitud del juez frente a unas y otras. De las primeras el magistrado no puede separarse, en tanto con ellas se introducen al proceso los hechos fundantes de la pretensión o de la defensa opuesta (arts. 330 inc. 4° y 356 inc. 2° C.P.C.C.); ante ellas rige el antiguo brocardo "narra mihi factum, dabo tibi ius". Las segundas en cambio son razones jurídicas expuestas por las partes en abono de sus respectivas posturas y ellas ni son imprescindibles ni vinculan al juez; "iura curia novit", él es libre de seleccionar el derecho aplicable, subsumiendo en él los hechos traídos a juzgamiento. Mientras el juzgador no altere oficiosamente los datos fácticos, "todos los caminos se hallan abiertos ante él".(Mayoría)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Si después de transcurridos cinco años de su dictado, el fallo pleno que no fuese expresamente modificado continúa siendo obligatorio (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-18

Si bien la utilización de mecanismos de unificación de criterios jurisprudenciales pudo reconocer históricamente un origen sociológico, en la actualidad el fundamento y límites de su ejercicio es de eminente fuente legal.

Es así que en esta materia dependiendo la potestad jurisdiccional de una atribución específica que reconoce su fuente directa en la ley, la interpretación del alcance de esas facultades debe atenerse de la manera mas estricta posible al tenor de la disposición legal. (De los Fundamentos del Dr. Ariza).
Juez de instrucción, auto de procesamiento, Derecho procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Rodríguez, Cristina Mabel s/ Apelación- Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-10-15

El juez de instrucción es el juez de los hechos, y el auto de procesamiento lo dicta dentro de un término breve (el Código habla de ocho días a partir de la indagatoria, ante la existencia de un hecho delictivo, respecto del cual hayan elementos de convicción suficientes para presumir que el imputado es culpable como participe del delito -art. 327 C.P.P.).Esto significa que al momento de dictar el procesamiento, el juez no necesariamente ha colectado y analizado ya toda la prueba posible para el juicio, sino aquellas suficientes para decidir el procesamiento, en una resolución que no causa estado y es reformable de oficio (art. 334 del C.P.P) Por ello resulta incorrecto y constituye una extralimitación de sus facultades, que la cámara dicte sobreseimiento u ordene dictarlo, cuando todavía es posible que el juez interviniente encuentre nuevos elementos incriminatorios.

Si los elementos en base a los cuales procesó a la imputada, no son suficientes para procesar, a criterio de la Cámara, su misión como Tribunal de apelación era dejar sin efecto el procesamiento, ordenado al juez que proceda de conformidad al art. 335 del C.P.P.

De convalidarse esta extralimitación de facultades de la Cámara, se ocasionaría un irremediable daño al proceso, si en el curso de la posterior investigación resultaran nuevas pruebas contra la persona prematuramente desincriminada por un Tribunal sin facultades para hacerlo.
Prestación anticipada por desempleo, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Panasci, Lidia Beatriz c/ A.N.Se.S. s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-03

La decisión de rechazar "in límine" la acción de amparo sin una mayor investigación de los hechos, configura un ritualismo procesal infecundo, incompatible con la recta interpretación del derecho y la misión que ha sido encomendada al Poder Judicial como guardián de normas constitucionales (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 16.02.98, "Santillán, Estanislao").
Caducidad de instancia, inactividad procesal, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BGAS Y VDOS. CASTRO HNOS. S.A. s/ QUIEBRA PEDIDA POR OSCAR CICUTTO-INC. CADUCIDAD DE INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-29

Si la apelante no impulso el procedimiento para la resolución del recurso y, el hecho que afirma al contestar el traslado que los autos estuvieron en diversas oportunidades en alzada, ello se debió al tratamiento de otras cuestiones que no obstan a que el plazo de la caducidad siga corriendo, si no se formulan peticiones impulsorias que lo interrumpan.

de la compulsa de los autos surge que, desde la fecha en que se notifico la modificación de la concesión del recurso hasta la interposición del planteo de caducidad, la apelante no impulso el proceso, demostrando el desinterés de su parte que fundamenta el instituto de la perención.

Corresponde por tanto declarar la caducidad de la segunda instancia respecto del recurso interpuesto.
Recursos, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN CARLOS ORELLANA c/ JUAN CASTELLANOS  S.R.L. s/ LABORAL  EXPTE. N. 0-11.074-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1987-07-06

Si bien es cierto que las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos para ante los tribunales de la causa no son revisables - como regla - por vía de los recursos extraordinarios, corresponde apartarse de tal principio cuando - como en el caso - la Excma. Cámara ha omitido la fundamentación apropiada para excluir el cómputo de la desvalorización monetaria por el período anterior a la demanda a pesar de que esa suma fue reconocida por el tribunal de origen e integrada el valor, cuestionado ante la alzada mediante el recurso respectivo, que en consecuencia, los argumentos de la Cámara para denegar el recurso de apelación no resultan justificados ni suficientes para sustentar la sentencia, aplicando erróneamente el art. 81 de la ley 1.444, ya que al computarse la depreciación monetaria el valor cuestionado en la causa alcanza el mínimo legal requerido.