Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-09-18


En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 18 días del mes de septiembre de dos mil trece, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y el Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia a cargo del Sr. Vocal, Dr. Daniel Mauricio Mariani para dictar sentencia en los autos: ?FERRO GUILLERMO MIGUEL C/CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA?, Expte. Nº F-419/03-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 4º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, y 5°) Dr. Domingo Norberto Fernández; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión el Dr. Peretti dijo:

I.- Que, a fs. 22/30vta., el Dr. Guillermo Miguel Ferro, por derecho propio, interpone demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de las Resoluciones Nº 2987 de fecha 13/12/01 y su ampliatoria Nº 0131 de fecha 13/02/02 del Consejo Provincial de Educación y del Decreto 2415/02 del 24/09/02 emanado del Poder Ejecutivo Provincial.

Mediante los actos mentados en primer lugar se lo sanciona por omitir consignar uno de los cargos que tenía en la docencia, en una declaración jurada, mientras que por el segundo se le rechaza el recurso de alzada que había interpuesto contra las dos primeras.- Sobre el particular, considera que no existía obligación de declarar el cargo en cuestión porque no lo estaba efectivamente ejerciendo y no percibía por él, haberes. Por esta razón, desde su óptica, se trataba de una información irrelevante para la empleadora y sobre la cual no existía obligación legal alguna que le imponga declararlo.- El accionante expresa que ?en los actos administrativos aludidos se han producido una serie de vicios que afectan su validez jurídica, contraviniéndose preceptos de carácter constitucional en virtud de tratarse de un procedimiento sancionatorio? (confr. fs. 22 y vta.), alega que ello es así conforme las previsiones contenidas en el Pacto de San José de Costa Rica de jerarquía constitucional luego de su incorporación en el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna, como asimismo a los arts. 18 de ésta última y 8 de la Constitución Provincial.- Se refiere a continuación, a la Resolución 2987/01, por la cual se le atribuye responsabilidad administrativa por haber omitido declarar, en su declaración jurada, un cargo de Preceptor titular retenido bajo licencia en el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 9.

Al respecto, el actor considera que ?La resolución omite señalar las normas legales en que se funda, por lo cual carece de motivación suficiente, pero además carece de causa, porque no existe ninguna normativa que se haya violado? (confr. fs. 23).

Afirma, que en el caso ?se ha establecido una discrepancia entre el llenado de una declaración jurada anterior y otra posterior, consistente en que en la primera se ha declarado un cargo en el que no se prestaba servicios efectivos y por lo tanto no se percibía remuneración alguna, y en otro no se lo ha hecho? La administración ha calificado tal circunstancia como una ?omisión? y no vacila en equipararla con un ?falseamiento? La adjetivación resulta falsa e injuriante...? (confr. fs. 23 vta.).

Al respecto, refiere que en el caso no existe reglamentación específica que indique la forma en que deben llenarse las declaraciones juradas aludidas y que en este caso no existe norma que prevea que su conducta sea sancionable y por lo tanto no hay pena alguna para ella. Por lo expuesto, considera el recurrente que se ha cometido un error jurídico de magnitud que ha generado un perjuicio irreparable en su prestigio profesional y ha lesionado su honra injustificadamente.

Asimismo, denuncia la comisión de violaciones del procedimiento administrativo en la Resolución Nº 2987/01 que afectan su derecho de defensa y el debido proceso, considerando que se ha propuesto prueba que no fue tratada, no se han respetado los plazos procesales dilatando la notificación de actos producidos en ella, se han ampliado resoluciones firmes, dejándolo en una posición de indefensión y carente de toda seguridad jurídica.- Posteriormente, hace mención de la Resolución 131, la cual considera nula por idénticos motivos que los señalados para la anterior ya que, según dice, es una ampliación de aquella. Agrega que, además, dicha nulidad se debe a que fue extemporánea por ser ampliación de una anterior ya atacada de nulidad y por aplicar una sanción sobredimensionada, dictada luego de encontrarse notificada y firme la Resolución 2987.

En la norma bajo análisis se decreta una sanción adicional la cual, considera el actor, es sobredimensionada y sin fundamento en ninguna norma legal. Por último, con relación al Decreto Nº 2415/02, lo ataca porque, a su entender, contiene vicios procedimentales ?produciéndose una lesión más al derecho de defensa y del debido proceso, al no ser notificada la recepción del expediente en esa instancia a los fines de permitir el descargo a que alude el art. 88 in fine del Decreto Provincial Nro. 181/79...? (confr. fs. 27vta.).

No obstante ello, agrega, que hizo dicha presentación y que ésta fue considerada, aunque brevemente, en la resolución de referencia. Sin embargo, la nulidad de esta norma, dice, deriva del hecho que carece de sustento legal la anterior a la cual esta última pretende confirmar.- Finalmente, plantea ?para el caso de que se confirme la interpretación efectuada por la accionada en relación a la normativa aplicada, dejo interpuesta la petición de la declaración de inconstitucionalidad de las mismas en virtud de resultar violatorias de las garantías constitucionales ya señaladas...? (confr. fs. 30).- Ofrece prueba, funda su derecho y hace reserva del caso federal.- Que corrido el pertinente traslado, a fs. 60/64 contesta demanda la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz, en representación de ambos codemandados (Consejo Provincial de Educación y Poder Ejecutivo Provincial).

Señala al respecto: ?podemos decir que el actor basa la presente acción en el razonamiento que la conducta imputada a él no es reprochable, ya que supuestamente no existiría norma alguna que la tipifique. Desde ya, podemos decir con toda seguridad, que la conducta realizada por el Sr. Ferro está tipificada en toda la normativa vigente de la materia? (confr. fs. 62).

A continuación, realiza la transcripción de los artículos 50 y 54 de la Ley Nº 14.473 y artículos 14 y 28 del Decreto Nº 1609/69, y al respecto expresa que ?Las normas son claras, no hay duda que el actor omitió declarar un cargo en la Declaración Jurada, el mismo no niega esta situación, simplemente se basa en el razonamiento ilógico de la supuesta falta de normativa que tipifique la acción de omitir un cargo en la declaración jurada que no se ejerce efectivamente. Asimismo? entiende el docente que es el declarante el que valora que datos son o no importantes para su empleador.

Nada más ridículo que eso? (confr. fs. 62 vta.). La representante de los demandados, considera que el actor tiene la obligación de declarar el cargo, esté trabajando efectivamente o no, pues el carácter de las declaraciones juradas no sólo son en razón de la remuneración que perciban los docentes sino que también hace a otros fines propios del Consejo Provincial de Educación.

Concluye, afirmando que no existieron violaciones al trámite del procedimiento, como así también que los antecedentes del docente fueron tomados en cuenta como atenuante a fin de aplicar la sanción correspondiente. Finalmente, niega la afirmación del actor, de que se haya impedido la vista de las actuaciones. Solicita no hacer lugar a la demanda incoada. Ofrece prueba.- Que a fs. 69/85, el actor formula las alegaciones que autoriza el artículo 57 del CPCA -Ley Nº 2600-. Allí realiza un análisis pormenorizado de las actuaciones administrativas labradas a raíz de los hechos objeto de este proceso, donde pretende demostrar los vicios cometidos en dicho procedimiento y como, con ellos, se ha violado la garantía del debido proceso.

Concluye dicha exposición, señalando que ?se ha aplicado una sanción desproporcionada en relación con el hecho constatado, se han efectuado citas legales erróneas, no se ha considerado la interpretación que más favorezca al sancionado, se han violado las formas procesales específicas en cuanto a las notificaciones, se han emitido Resoluciones carentes de congruencia interna? todo lo cual priva de validez a la totalidad de las Resoluciones definitivas dictadas, en mérito a los vicios apuntados en el procedimiento del que son consecuencia...? (confr. fs. 84 vta.).- Corrido el traslado pertinente, la representante de la demandada contesta a fs. 90 y vta..- II.- Efectivizada la vista dispuesta a fs. 91 al Sr. Agente Fiscal, éste dictamina a fs. 92/94vta. señalando -por las razones que allí expone y a las cuales nos remitimos ?brevitatis causae?- que es inadmisible la demanda instaurada.- A fs. 98/99 vta., este Tribunal declara formalmente admisible la demanda y dispone que sigan los autos según su estado.- A fs. 109 se ordena la apertura a prueba, a fs. 116 y 118 se certifica sobre la prueba producida y a fs. 411 se ponen los autos para alegar, haciendo uso de tal derecho ambas partes, a fs. 414/415 -demandada- y 417/424 -actora-.

Asimismo esta última parte en dicho escrito, recusa al Sr. Agente Fiscal y solicita se inicien ?...actuaciones de instrucción...? respecto de los testigos Liliana M. Castro y Hugo Moyano por la posible comisión del delito de Falso Testimonio.- A fs. 426 se llaman autos para sentencia.- III.- Liminarmente, debemos expedirnos respecto a la recusación del Sr. Agente Fiscal interpuesta por la actora en su alegato (confr. fs. 418vta./419).- Dado que se trata de una materia no contemplada en la Ley Nº 2.600, conforme a la remisión prevista en el artículo 45 de dicha norma, se debe recurrir a las disposiciones del Código Procesal en lo Civil y Comercial.

El artículo 33 del citado cuerpo legal establece expresamente que los funcionarios del Ministerio Público no pueden ser recusados, en el caso del Agente Fiscal, ello obedece a que no decide, sino que aconseja y dictamina. Sus despachos no son vinculantes, por lo que su intervención no es decisiva y, en todo caso, cualquier duda sobre su imparcialidad la avienta el control jurisdiccional que ejerce el órgano con facultad de decisión (confr. Colombo, Carlos y Kiper, Claudio M., ?Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado, T° I, 2ª. edición, Buenos Aires, La Ley, 2006, pág. 228; ídem, Falcon, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Concordado, Anotado, T° I, 2ª, edición, Buenos Aires, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2006, págs. 297/298).- No modifica lo señalado precedentemente la Ley Nº Uno según texto Ley Nº 2404 que en su artículo 73 hace referencia a la recusación del Agente Fiscal, ya que esta disposición refiere a los casos en que las normas procesales la prevean.

Así pues, debe entenderse que el artículo citado se refiere a los casos en que el Agente Fiscal puede ser recusado conforme las leyes procesales aplicables a las causas en las que intervenga.- En consecuencia, si la causa es penal habrá lugar a la recusación conforme a lo previsto por el artículo 64 del Cód. Procesal Penal y, en cambio, si se trata de un proceso civil o contencioso administrativo (como el presente), el instituto se encuentra vedado, debiendo estarse en este ámbito a lo dispuesto por el artículo 33 del CPC y C.

Debe repararse en que el diverso tratamiento normativo encuentra su sustento en el diferente rol asignado al Agente Fiscal en los distintos fueros.- Si bien lo señalado ?ut supra? lleva sin más al rechazo del planteo, a mayor abundamiento, cabe agregar que aun cuando estuviere en discusión la aplicabilidad del artículo 33 del CPC y C y se pretendiera aplicar lo dispuesto en los artículos 14 y 18 de dicho ordenamiento procesal, en lo atinente a la oportunidad del ejercicio de la facultad recusatoria la misma se habría ejercido extemporáneamente.

El citado artículo 18 prevé: ?...La recusación deberá ser deducida por cualquiera de las partes en las oportunidades previstas en el artículo 14. Si la causal fuere sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro del quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de dictar sentencia.?.- De acuerdo a lo dispuesto por la normativa referida, cuando la recusación se sustenta en una causal surgida después de la iniciación del juicio -caso de autos- debe ser alegada dentro del quinto día posterior a aquél en que llegó a conocimiento de quien la invoca. Surge así, palmaria, la extemporaneidad del planteo efectuado en el supuesto que nos ocupa, toda vez que la actora ha basado su recusación en el contenido del dictamen emitido por el Sr. Agente Fiscal a fs. 92/94vta., de fecha 17/6/04 -del cual se notificaron las partes ministerio legis, tal como se desprende de la providencia de fecha 25/6/04 (confr. fs. 96)- y la recusación ha sido opuesta con fecha 19/09/11, es decir, habiendo transcurrido holgadamente el plazo estipulado al efecto.- Por todo lo expuesto, resulta improcedente la recusación deducida contra el Sr. Agente Fiscal actuante ante este Alto Cuerpo por lo cual se la debe desestimar.- IV.- Corresponde ahora, el análisis de la cuestión sustancial traída a conocimiento de este Tribunal.- El actor ha interpuesto demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de las Resoluciones Nº 2987 del 13/12/01 y su ampliatoria Nº 0131 del 13/02/02 del Consejo Provincial de Educación y del Decreto 2415/02 del 24/09/02 emanado del Poder Ejecutivo Provincial.- En la primera de las resoluciones atacadas, se le atribuye al Sr. Ferro responsabilidad administrativa disciplinaria ante la irregularidad encontrada en la Declaración Jurada de Acumulación de Cargos (omisión de declarar un cargo), aplicándose la sanción prevista en el artículo 54 inciso c) de la Ley Nº 14.473, es decir, suspensión por cinco días.

La Resolución ampliatoria nº 0131 añade el descuento de puntaje por valoración negativa, prevista por el artículo 1º, punto 2º, inciso b) del Decreto Nº 2109/84 y, finalmente, el Decreto 2415/02 que no hace lugar al recurso de alzada interpuesto por el actor, confirmando la sanción impuesta.- Fundamenta su pretensión, en esencia, en que el cargo que omitió declarar no lo estaba ejerciendo y, consecuentemente, no percibía por él remuneración; de allí que, a su entender, no merece reproche por el hecho que se le imputa pues no existe norma alguna que prevea una sanción para dicho caso.

Además se queja de la tramitación del expediente administrativo N° 696178-CPE/00 -labrado a raíz de la cuestión que se ventila en autos- en la cual se cometieron vicios procesales que le impidieron ejercer en debida forma su derecho de defensa.- En la contestación de la demanda, la accionada argumenta que el caso se encuadra en los mencionados por los artículos 50 y 54 de la Ley Nº 14.473, 14 y 28 del Decreto Nº 1609/69.- Importa señalar que la omisión de declarar el cargo que el actor posee en la C.E.N.S. N° 9, ha sido reconocido por él mismo en la declaración que brindó a fs. 18/19 del ya citado expte. administrativo, donde manifestó: ?...deseo agregar que la fotocopia de la declaración jurada de fs. 9 y vta. refleja con toda exactitud mi situación laboral actual, que no ha variado desde la fecha declarada, no así la declaración jurada de fs. 3, en la que omití declarar el cargo licenciado seguramente interpretando que mi deber era declarar los cargos que desempeño efectivamente.

Cabe aclarar que la omisión en la que aparentemente [he] incurrido no ha sido voluntaria en razón que el ocultar el cargo licenciado no me produce beneficio alguno, al contrario, me perjudica?.

Así pues, no se discute que el hecho ocurrió, lo que se debate en este proceso es si ello pudo motivar la sanción que le fue impuesta al actor.- De inicio, debemos decir que no se advierten, en las actuaciones administrativas, las irregularidades aludidas por el actor que le hubieran impedido, según dice, ejercer en debida forma su derecho de defensa.

Surge de éstas que pudo seguir la instrucción del sumario, asistió a la audiencia, de la que fue correctamente notificado, como así también de todas las resoluciones que se dictaron, tuvo oportunidad de hacer los descargos correspondientes, planteó las defensas y recursos que se prevén en el ordenamiento, todo lo cual emerge del Expte. Nº 696178-CPE/00.

Sobre el particular merecen destacarse, entre otras actuaciones, la citación al actor para hacer su descargo (fs. 17/19); las presentaciones de Ferro de fs. 175/178; la autorización a éste último para extraer fotocopias del sumario, materializada a fs. 213/214; la presentación de fs. 225/232 vta. y la notificación dispuesta a fs. 235, concretada a fs. 236 vta.; el recurso interpuesto por el accionante a fs. 241/242 vta., la presentación de fs. 244; la prueba agregada por éste a fs. 275/277vta. y la notificación de fs. 287/289.- Por otro lado, en cuanto a las violaciones procedimentales administrativas, que enumera a fs. 69/75 vta. de los presentes, cabe apuntar que compulsado el expediente administrativo se observa que, más allá de algunos defectos formales observables, ellos no han afectado el debido proceso ni el derecho de defensa del actor, toda vez que éste pudo tomar conocimiento de lo acontecido y, en ningún caso se vio privado de efectuar los planteos que hacían al amparo de su derecho.

Más aun, no dejó constancia en dichas actuaciones de los defectos que ahora menciona, a pesar de que tuvo la oportunidad de conocerlos al compulsar el expediente, el cual, vale reiterarlo, le fue entregado a efectos de que lo fotocopiara (confr. fs. 213/214).

Si bien es cierto que obran en las actuaciones administrativas diversos pedidos a efectos de tener a la vista el expediente, no lo es menos que a pesar de ello y conforme lo señaláramos al principio de este considerando, fue notificado de las resoluciones que se adoptaron, se le entregó el expediente para fotocopiar, pudo efectuar las presentaciones que hacían a su defensa y ningún plazo se le hubo dado por decaído.- A mayor abundamiento, computa el actor como errores: el desvío del procedimiento porque se lo inició a efectos de verificar si había omitido declarar un cargo en su declaración jurada y luego se lo transformó en un sumario administrativo, sin que se hubiera ?fundado en derecho la resolución de inicio del sumario?.

Sobre el punto cabe señalar que la resolución por la cual se dispuso, dentro del mismo expediente, instruir un sumario administrativo -N° 059/01- (confr. fs. 14), le fue notificada a Ferro a fs. 17 y no introdujo cuestionamiento alguno contra dicha resolución, la cual por lo demás halla su razón en los antecedentes agregados a la causa, tal como allí se indica. Más aun, compareció a la audiencia de rigor en dicho sumario administrativo (confr. fs. 18/19) celebrada el 22 de febrero de 2001 sin plantear objeción alguna.- En cuanto a la refoliatura de las actuaciones, a fs. 290 vta. obra la constancia respectiva, de manera tal que no es cierto, lo que alega el accionante, cuando dice que se han refoliado las actuaciones sin dejar la nota respectiva.

En relación a que se le exhibieron fotocopias para su reconocimiento en la audiencia de fs. 18, fue él mismo quien manifestó que reconocía dicha documentación (confr. fs. 8 y 9).- En síntesis, las apreciaciones del actor sobre el proceso en sede administrativa no dejan de ser más que una interpretación personal, no surgiendo que se hubiera producido, en su contra, el perjuicio que alega, y menos aún que se haya violentado su derecho de defensa.- Todo lo cual permite concluir, que no han ocurrido irregularidades, en las actuaciones sumariales, con entidad como para invalidarlas.- Expuestos ya los argumentos esgrimidos por las partes, y teniendo en cuenta lo hasta aquí apuntado, cabe señalar que las cuestiones que restan analizar, de acuerdo a las pretensiones del accionante, deben ser reducidas al control de legalidad y razonabilidad de las decisiones administrativas atacadas.- En este contexto, la materia sustancial de autos nos introduce en el poder disciplinario de la administración pública que ha sido conceptualizado como una propiedad jurídica que aquella posee destinada a establecer, por medio de sanciones, reglas de conducta para sus agentes para asegurar el buen funcionamiento de la organización, la prestación de los servicios públicos y su continuidad (confr. Diez, Manuel M., Derecho Administrativo, T° I, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1963, págs. 245/248). Se trata de una actividad de custodia que tiene sobre aquellos, dirigida a mantener el adecuado funcionamiento de la administración (confr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T° III-B, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 375 y 408/421; ídem, Comadira, Julio R., Derecho Administrativo (Acto Administrativo, Procedimiento Administrativo, Otros Estudios), Lexis Nexis - Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, págs. 561/564).- Consiste esta potestad -de la que está munida la administración pública- en la posibilidad de imponer, por medio de sanciones determinadas, una regla de conducta a todos aquellos cuya actividad compromete la misma organización administrativa (confr. Goane, René Mario "El Poder Disciplinario de la Administración Pública (Algunos aspectos controvertidos en la doctrina nacional)", en Cassagne, Juan Carlos (Dir.) Derecho Administrativo, Obra colectiva en homenaje a Miguel S. Marienhoff, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 1019).- Dicha potestad o poder de derecho tiene como fundamento el orden de la organización administrativa. Su finalidad es la de preservar la unidad u orden, formalmente constitutivo de su organización, asegurando de este modo, su existencia y normalidad funcional para el logro del cometido en razón del cual ha sido creada (confr. Goane, René Mario, ob. cit., págs. 1020/1022).- Específicamente la potestad disciplinaria encuentra su fundamento en la preservación y autoprotección de la organización administrativa, siendo específica de la relación que vincula a los agentes públicos con la administración (confr. Belasio, Alfredo, Estabilidad y Régimen Disciplinario para el Empleo Público, 2ª. Ed., Organización Mora Libros, Buenos Aires, 1995, págs.91/92).- Su aplicación implica el ejercicio de poderes inherentes a la Administración Pública que se activan ante una conducta violatoria de deberes y prohibiciones por parte del agente, que justifica el ejercicio de dicha prerrogativa.

El poder disciplinario es el medio con el que cuenta la administración para obligar a sus empleados al cumplimiento de los deberes específicos del servicio (confr. Dromi, José R., Derecho Administrativo, T° I, Astrea, Buenos Aires, 1992, págs. 258/260).

Se ha postulado que, en principio, el ejercicio de las facultades disciplinarias corresponde a cada uno de los respectivos órganos que integran la administración y gozan de aptitud y discrecionalidad suficientes como para elegir entre una u otra de las sanciones que predetermina la normativa aplicable (confr. Dromi, José R., ob. cit., págs. 258/260).- En igual sentido hallamos jurisprudencia que ha sostenido: ?la Administración es el único Juez de la sanción, sin estar sujeta a censura en sede judicial mientras no se rebasen los límites impuestos a la facultad disciplinaria, atento el margen de discrecionalidad que, en esta materia debe concederse al Poder Administrador? El contralor judicial del derecho disciplinario administrativo es restringido, siendo así inexcusable la demostración por el interesado, para hacer posible dicho contralor, de que la decisión impugnada había traspasado los límites de la razonabilidad, vulnerando principios de defensa o excediendo facultades legales o reglamentarias? El ejercicio de las atribuciones de la autoridad administrativa en cuanto a la adecuación de la sanción a la gravedad del hecho está exento del control judicial en tanto no haya mediado ilegitimidad o arbitrariedad...? (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 29/03/1994, voto de la mayoría en ?Montero, Jorge c.Municipalidad de Chascomús?, sumarios de La Ley online, Cita online: AR/JUR/377/1994).- Conteste con dicho criterio, éste Alto Cuerpo, citando a Bielsa, ha expresado: ?...Los jueces no pueden juzgar lo discrecional del acto administrativo, porque precisamente siendo acto discrecional de otro poder, le falta a los jueces la base legal necesaria para fundar su decisión...? (confr. Tomo X -Contencioso Administrativo-, Reg. 706, Folio 1971/1976).

Asimismo que la estimación de la gravedad del hecho y la graduación de la sanción aplicable son atribuciones propias y discrecionales de la Administración, ajenas, en principio, a los Tribunales de justicia, en tanto se encuadren en las disposiciones legales vigentes y no medie arbitrariedad (confr. fallo cit.).- Desde esa directriz ha de apuntarse que la actividad discrecional que realiza el poder administrador se encuentra exenta del control judicial en cuanto al mérito o conveniencia de la medida que se adopte, pero de ninguna manera escapa al control de legitimidad del acto, entendiendo por legitimidad la conformidad del obrar administrativo con el ordenamiento Jurídico (confr. Mairal, Héctor, Control Judicial de la Administración Pública, Vol. II, Depalma, Buenos Aires, 1984, págs. 647 y ss.).- Así, se ha expresado: ?...Desde el punto de vista disciplinario administrativo no es cuestionable por vía judicial la mensura de la sanción disciplinaria aplicada, habida cuenta el marco de discrecionalidad que posee la Administración para juzgar las faltas de sus agentes y graduar la sanción; limitándose lo jurisdiccional a controlar el ajuste de los hechos a las normas reglamentarias a que se encuentran sujetos aquellos? (confr. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, 13/07/2006, Alfonso, Jorge O. c. Concejo Municipal de Barranqueras, Publicado en LLLitoral 2006, 1291, Cita online: AR/JUR/5671/2006).- En ese andarivel y aun cuando, como en la especie, el acto, cuya nulidad peticiona el actor, contenga un amplio margen de discrecionalidad por ser expresión de potestades disciplinarias con que cuenta un poder estatal, resulta procedente la revisión judicial -más allá de la amplitud conferida a la administración para su ejercicio- en tanto se limite a constatar que aquella se ajuste a la reglamentación vigente sobre la materia y no haya mediado arbitrariedad o irrazonabilidad.- De acuerdo a las premisas señaladas en los considerandos precedentes, podemos afirmar que en el ?sub lite? las decisiones adoptadas por el Consejo Provincial de Educación y el Ejecutivo Provincial, no contienen los vicios indicados en el párrafo precedente.

En efecto, fueron dictadas conforme al poder emanado de la potestad sancionatoria de la administración y con sustento legal en la normativa que rige la controversia suscitada (en el caso los arts. 50 y 54 de la Ley Nacional Nº 14.473 -de aplicación por la remisión dispuesta en la Ley Provincial Nº 1023 del 16/09/1975-, 14 y 28 del Decreto 1609/69).- Así pues, no nos hallamos ante una actuación administrativa ilógica, abusiva o arbitraria, que pudiera hacer viable la pretensión del actor. Ello por las razones que a continuación se exponen, el artículo 50 (Ley 14.473) dispone: ?A los efectos de la aplicación de las disposiciones establecidas en el presente capitulo, el personal docente formulará la declaración jurada de cargos correspondiente.

Los casos de falsedad de los datos serán penados con la cesantía sin más trámite que la comprobación de esos hechos...?, el 54 prevé las sanciones que se aplicarán si ocurriera el supuesto mencionado en el artículo anterior: ?Las faltas del personal docente, según sea su carácter y gravedad, serán sancionadas con las siguientes medidas: a) Amonestación; b) Apercibimiento por escrito, con anotación en el legajo de actuación profesional y constancia en el concepto; c) Suspensión hasta cinco días; d) Suspensión desde 6 hasta 90 días; e) Postergación de ascenso; f) Retrogradación de jerarquía o de categoría; g) Cesantía; h) Exoneración. Las suspensiones serán sin prestación de servicios ni goce de sueldo...?.- No obstante, el actor considera que no existe norma expresa alguna que establezca la obligación de incluir en la declaración jurada el cargo que posee con licencia y por el cual no percibe remuneración.

Sin embargo el Decreto Nº 1609/69 en su artículo 14 señala: ?...En la mencionada declaración jurada, deberán constar todos los cargos nacionales, provinciales, municipales o privados?.

Es decir, no se hace ningún tipo de excepción o salvedad, más aun si se tiene en cuenta que la relación de empleo subsiste aunque el cargo no se esté desempeñando en forma efectiva. De su lado, el artículo 28 de la norma citada establece que: ?...Toda omisión o falsa declaración jurada, hará pasible al docente de la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan a juicio del Poder Ejecutivo Provincial, según el grado de la infracción cometida?.- A mayor abundamiento, y por su vinculación con el ?thema decidendum? debemos citar los considerandos del Decreto Nº 1609/69 donde se aprecia que la declaración jurada de cargos no lo es, sólo, a los fines remuneratorios -como sostiene el accionante- sino que también persigue evitar la acumulación excesiva de cargos en una misma persona lo que perjudica tanto a otros docentes, que verán restringidas sus oportunidades laborales, como a los alumnos que podrían recibir una enseñanza de menor calidad.

Allí se expresa: ?...Que de conformidad con las normas generales establecidas por la Ley Nacional N° 14.473 es necesario establecer un Régimen de Incompatibilidades para el Personal Docente; Que la falta de una adecuada reglamentación en cuanto a incompatibilidades ha creado situaciones de injusticia entre los docentes;

Que la extralimitación en cuanto a horas cátedras dictadas o cargos, que ejercen docentes, redundan en forma directa en perjuicio de los educandos; Que la falta de normas al respecto, ha posibilitado la existencia de numerosos casos de excesos en los cargos u horas cátedras que el personal docente puede detentar; Que es preciso poner fin a tal situación en beneficio general de la educación y como medida [de] equitativa justicia para todos?.- Como se aprecia, tanto la Resolución Nº 2987/01 como el Decreto 2415/02 se encuentran legalmente fundados.- Por otra parte, el actor considera que la omisión en que incurriera no genera incompatibilidad, y por ende ?no existe posibilidad de defraudación ni de incumplimiento por superposición horaria, ni mucho menos contradecirse una norma ética inherente a la función pública? (confr. fs. 24 vta.).- Al respecto, es de mencionar que la sola omisión o adulteración de la declaración jurada constituye causa suficiente para la aplicación de la sanción, no siendo necesaria la comprobación por parte de la autoridad administrativa de la existencia concreta de un daño o perjuicio.

En el derecho disciplinario se castiga ?...el incumplimiento de un deber impuesto por relaciones jurídicas creadas estatutariamente...? (confr. Fiorini, Bartolomé A., Derecho Administrativo (segunda edición actualizada), T° I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1976, pág. 844).- Siguiendo esta línea argumental se ha manifestado: ?La responsabilidad disciplinaria derivada de la violación de la ley, estatuto o reglamento no lo es por los daños producidos por tales actos, sino por la mera infracción al orden jurídico o por la simple desobediencia a las normas que lesionan intereses de la Administración.

Esa responsabilidad no requiere pues, la existencia de un daño concreto derivado de ese comportamiento irregular, siendo el simple incumplimiento y no su resultado lo que realmente le interesa al derecho administrativo sancionador.

El trasponer un semáforo en rojo, el exceso de velocidad, no respetar la senda peatonal, conducir sin la documentación legalmente exigible, no tener en regla un local comercial, un taxi, un remis, etc., etc., constituyen todos comportamientos irregulares, se produzcan o no accidentes, sin perjuicio que, de haberlos, pueda corresponder también responsabilidad civil y/o penal.

Al ser innecesario el daño, el derecho administrativo sancionador es fundamentalmente un derecho preventivo al intentar impedir que la lesión a los bienes jurídicos se efectivice.

La transgresión por lo tanto, es el incumplimiento de un deber legal desconectado de sus eventuales consecuencias, es decir el derecho sancionador es esencialmente de ?prevención de riesgos? al existir una situación de ?peligro potencial?? (confr. Maljar Daniel E., El Derecho Administrativo Sancionador, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, págs. 87 y ss.).- Las infracciones como la que motiva este proceso, revisten el carácter de formales y, en consecuencia, para su configuración y posterior sanción no resulta necesario evaluar la intencionalidad del infractor, ni la producción de un daño, sino que se requiere solamente la constatación del hecho.- Así, aún en el supuesto caso que no se produjera incompatibilidad alguna entre las tareas denunciadas y las omitidas, como en la especie, la omisión sería sancionable de todas formas. Ello así, pues la declaración jurada completa y veraz, constituye el presupuesto fáctico indispensable que tendrá la Administración para poder discernir la existencia o no de incompatibilidad.- En cuanto a la alegación del actor, en el sentido que la Resolución 131/02 del Consejo Provincial de Educación modifica y agrava su situación sin fundamento en ninguna norma legal, al considerarla una ?sanción adicional? (confr. fs. 26 vta.). La mentada Resolución indica que: ?debe ampliarse la Resolución Nº 2.987/01 en razón que debe aplicarse contemporáneamente el Decreto Nº 2109/84 en cuanto al descuento de puntaje contemplado en esa normativa? (confr. fs. 14).- Por su parte, el Decreto 2109/84 señala expresamente en su art. 1, apart. I, punto 2 que: ?...Cuando el docente registre sanciones disciplinarias en virtud del Artículo 54º del Estatuto del Docente el puntaje obtenido será reducido en la cantidad y por el tiempo que se indica a continuación:? b) Suspensión: hasta 30 días: 1,50 puntos? Estos puntos se descontarán durante tres años?. Por ende, aplicada la sanción de suspensión en la Resolución Nº 2987/01, el descuento de puntaje era una derivación lógica de aquella, que debía necesariamente imponerse por estar así previsto en la ley, la cual no contiene excepción alguna.

En síntesis, aplicada una sanción en el supuesto del artículo 54 de la ley 14.473, ella conlleva, insalvablemente, el descuento de puntaje previsto en el citado Decreto. Consecuentemente, no se aplicó, en el caso, una pena mayor, sino que sólo se efectuó la aclaración referida en el presente considerando, en la resolución 2987/01.- Cabe apuntar que la ley se presume conocida, por lo cual no resulta sorpresiva su aplicación, de modo tal que viole alguna de las garantías del accionante, como su derecho de defensa; pues de cualquier forma se hubiera aplicado al momento de valorar el puntaje del docente. De la simple lectura del Decreto 2109/84 que reglamenta la valoración del puntaje, surge que no es una facultad de la Administración, la reducción del puntaje sino que es un imperativo legal ante la premisa fáctica que es la sanción.- Devenía, en la especie, ineludible el descuento de puntaje y la obligación para la administración de aplicar la norma en cuestión, la cual contiene un sistema mecánico de sanciones, que funciona como corolario del hecho de que se haya aplicado una pena de suspensión.- Con relación a la justificación que intenta Ferro, en el sentido que la declaración jurada se exige exclusivamente a efectos de constatar las remuneraciones que percibe el personal docente y que, como no percibía salario por el cargo omitido, consideró que no debía incluirlo, es preciso apuntar que no ha tenido en cuenta, al formular tal planteo, las previsiones del Decreto 1398/91.

Este último -conforme a lo señalado en sus considerandos- fue sancionado a efectos de limitar las acumulaciones de horas y cargos para evitar ?...situaciones de injusticia entre los docentes de la Provincia...? y como ?...medida de equidad para todo...?.

A raíz de ello, la declaración jurada tiene por fin poner de manifiesto la totalidad de los cargos que poseen los agentes -aunque se hallen en uso de licencia- pues dicha información interesa para saber si el agente se halla dentro de las incompatibilidades establecidas en la mencionada norma.- Asimismo debe ponerse de manifiesto que la administración -en uso de su discrecionalidad- ha optado por una sanción atenuada, en vista de la calificación del docente y ante la posibilidad que la omisión se debiera a un error involuntario, en lugar de aplicar el castigo más severo que la reglamentación preveía, la cesantía (confr. arts. 50 y 54 de la ley 14.473).- V.- Por último, con relación a la inconstitucionalidad opuesta a fs. 30 punto VI., ella no puede prosperar dado su manifiesta insuficiencia técnica. Sabido es que para planteos de este tipo, es indispensable la mención concreta del derecho vulnerado y su conexión con la materia del pleito, lo que supone demostrar, mínimamente, la inconstitucionalidad alegada y su atinencia al caso, para lo cual no basta la sola mención de que la norma cuestionada afecta garantías constitucionales. En el sub lite, el actor sólo se ha limitado a denunciar la inconstitucionalidad de la normativa aplicada, sin individualizar, en forma precisa, cuáles son esas normas y de qué manera afectan derechos fundamentales propios. Absteniéndose de brindar una, aunque sea mínima, explicación que funde su pretensión.- Los vicios ?ut supra? apuntados, impiden a este Tribunal la consideración del planteo bajo estudio.

En síntesis, las circunstancias señaladas precedentemente, a lo que se suma el desarrollo efectuado en los Considerandos que anteceden, respecto a las facultades de la administración y las normas aplicadas en la especie, llevan, sin más, al rechazo de la inconstitucionalidad opuesta por el actor.- VI.- Por último, en cuanto al pedido de inicio de actuaciones ante el Juzgado de Instrucción, ?...por la posible comisión del delito de falso testimonio...?, que denuncia la actora en su alegato (confr. fs. 424 punto c), dado que se ha denunciado la posible comisión de un delito de acción pública (confr. art. 275º C.P.) y en atención a lo previsto por el artículo 169 del Código Procesal Penal, deberá extraerse fotocopias de las piezas pertinentes, a los fines de su remisión a la justicia de instrucción; ello a los efectos de no demorar el trámite de esta causa.- VII.- En definitiva, de conformidad con la reseña efectuada en los considerandos que anteceden, la falta cometida así como la ponderación de la sanción impuesta a Ferro, pertenecen al ámbito de la discrecionalidad del Consejo Provincial de Educación.

Sólo puede ser revisado en esta sede en caso de que hubiera existido una apartamiento de la reglamentación que rige la materia, o se hubiera incurrido en arbitrariedad, irrazonabilidad, o en un injusto intolerable; situaciones que no se dan en autos, tal como se desprende del análisis efectuado en la presente. Razón por la cual no es procedente la sanción de nulidad de los actos administrativos cuestionados en esta causa.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma negativa.- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y Domingo Norberto Fernández por compartir sus fundamentos adhieren al voto del Dr. Peretti.- A la segunda cuestión el Dr. Peretti dijo:

Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Primera Cuestión, propongo se dicte sentencia desestimando la recusación del Sr. Agente Fiscal interpuesta por la actora a fs. 418vta./419 por lo expuesto en el punto III de los considerandos; rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Guillermo Miguel Ferro contra el Consejo Provincial de Educación y el Poder Ejecutivo Provincial; imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA -Ley Nº 2.600-; y disponiendo la extracción de copias de las piezas pertinentes, a los fines de su remisión al Juzgado de Instrucción en turno, tal como se dispuso en el punto VI de los considerandos.- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y Domingo Norberto Fernández, adhieren al pronunciamiento propuesto por el Dr. Peretti.- En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia: Río Gallegos,	18 de septiembre de 2013.- VISTO Y CONSIDERANDO:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández y del Sr. Vocal a cargo de la presidencia, Dr. Daniel Mauricio Mariani, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;

FALLA:

1º) Desestimando la recusación del Sr. Agente Fiscal interpuesta por la actora a fs. 418vta./419 por lo expuesto en el punto III de los considerandos.- 2º) Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Guillermo Miguel Ferro contra el Consejo Provincial de Educación y el Poder Ejecutivo Provincial de conformidad con los fundamentos expuestos.- 3º) Imponiendo las costas en el orden causado.- 4º) Disponiendo la extracción de copias de las piezas pertinentes, a los fines de su remisión -mediante oficio- al Juzgado de Instrucción en turno, tal como se dispuso en el punto VI de los considerandos.- 5º) Teniéndose presente la reserva del caso federal formulada.- 6º) Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.- Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante.- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1012C.131 Tomo: XV Sentencia: 944 Folio N°: 2835/2842 Secretaría: 1