Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-20


Reg.: A y S t 281 p 6/8. Santa Fe, 20 de febrero del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de Luis María Casas contra la resolución 376, del 1 de junio de 2017, dictada por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctores Ivaldi Artacho, Lurati y Carbone en autos "CASAS, LUIS MARÍA -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS: 'CASAS, LUIS MARÍA S/ COHECHO PASIVO'- (CUIJ N° 21-07007761-9)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511429-9); y, CONSIDERANDO: 1. Los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctores Ivaldi Artacho, Lurati y Carbone, por acuerdo 376, del 1 de junio de 2017, confirmaron la sentencia de primera instancia, por medio de la cual, en lo que aquí interesa, se había condenado a Luis María Casas como autor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública (arts. 256, 26, 45, 40, 41, 27 bis y 29 inc. 3, C.P.) (fs. 12/17). 2. Contra esta decisión deduce la defensa técnica del justiciable recurso de inconstitucionalidad alegando arbitrariedad (fs. 19/27). Postula la no configuración en el caso de la conducta típica por la que se condenó a Casas, al no existir los requisitos necesarios para su verificación y que los elementos de cargo reunidos conducían a la absolución, toda vez que la sentencia de primera instancia confirmada por la Alzada se había basado en prueba indiciaria y en testigos de oídas contradictorios que -dice- arrojaban más dudas que certezas. Refiere que se trata de un caso de indicios y presunciones, ya que todos los testigos indicaron tener conocimiento de los hechos por dichos de terceros, pero ninguno fue directo, ni preciso. Expresa que tampoco se encuentra probado el dolo directo exigido por la figura penal por la que se condenó a Casas. Se agravia de la valoración probatoria efectuada por los Magistrados, en el entendimiento de que las declaraciones fueron ponderadas de modo fraccionado y que resultaban contradictorias entre sí. Relata el contenido de los diversos testimonios rendidos y concluye que ninguno tenía entidad incriminante para fundar una condena, en tanto no existió testigo directo de los hechos, sino que todos hicieron referencia a que lo que sabían era por comentarios, rumores, "lo que se dice en el pabellón" o "lo que salió en la televisión". Cuestiona el valor convictivo asignado a los dichos de Cams y Ahumada, no sólo porque resultaban contradictorios entre sí, sino porque ninguno vio nada y ambos depusieron sobre comentarios que escucharon. Manifiesta que los Jueces de la causa afirmaron sin prueba suficiente que el video dado a conocer por los medios masivos de comunicación era el mismo que el obtenido en el teléfono celular secuestrado, cuando -alega- no hay constancias que así lo acrediten. Concluye que la resolución impugnada resulta dogmática, en tanto no se consignaron las pruebas que confirmarían los hechos investigados, valorándose solamente "...los elementos, indicios y presunciones testimoniales, todas confusas e inentendibles, omitiendo realizar consideraciones de la prueba producida en el juicio..." (fs. 26/v.). 3. El A quo, por auto 549, del 28 de julio de 2017, deniega la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 34/37); lo que motiva la presentación directa de la defensa ante esta Corte (fs. 2/5). 4. Se adelanta que la queja no ha de prosperar, pues si bien la impugnante estima arbitraria la valoración probatoria que efectuara el Tribunal, en realidad de la lectura del memorial introductor de la vía extraordinaria y su confrontación con la sentencia atacada surge que, en sustancia, se discute la interpretación que de los hechos, pruebas y derecho común realizó la Cámara en ejercicio de funciones propias, sin que se avizore la presencia de un supuesto de arbitrariedad que justifique la intervención de esta Corte. Es que, más allá de la terminología empleada por la compareciente, los agravios expresados en el recurso de inconstitucionalidad refieren a su discrepancia por un lado, con el alcance que el A quo asignó a las pruebas reunidas para acreditar la existencia de los hechos denunciados y, por el otro, con el encuadre legal de la conducta que se atribuye haber cometido al encartado. Y sabido es que tanto las cuestiones vinculadas a la adecuación típica de los hechos materia del proceso, como las referidas al grado de convencimiento que cada uno de los medios de confirmación producidos puede acarrear no constituyen cuestión constitucional alguna cuando, como ocurre en este caso, se advierte que lo decidido y la calificación escogida por los Judicantes se encuentra fundada en las constancias de la causa y en las normas aplicables, con argumentos que, se compartan o no, en modo alguno logran ser descalificados por la recurrente desde la óptica constitucional. En este sentido, cabe señalar que del análisis de la resolución impugnada surge que la Alzada para fundar su conclusión de que la conducta atribuida al imputado se encontraba acabadamente verificada más allá de toda duda razonable, realizó una evaluación del material convictivo reunido, brindando los motivos para considerar que los intentos defensivos de descalificar las pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal para condenar a Casas no podían ser atendidos. De este modo, los Jueces partieron de reconocer que si bien no existían testigos directos del hecho, se habían reunido diversos indicios cuya ponderación conglobada permitía afirmar la responsabilidad penal del justiciable, toda vez que se encontraba acreditada tanto la existencia de "ayuda ilegal" por parte de Casas, como también su aceptación de la promesa de entregar "valor o dinero". Y para sostener esta premisa, los Magistrados se basaron en la valoración a luz de la experiencia y la sana crítica racional de los diversos testimonios rendidos por los internos del mismo espacio carcelario, versión que se corroboraba con el reconocimiento que los hermanos López -copartícipes del hecho investigado- efectuaran en la causa en la que se los condenara por cohecho activo. Frente a esta motivación de la Cámara, la impugnante insiste en la ausencia de elementos de convicción suficientes para el dictado de una condena intentando quitar peso convictivo a las testimoniales producidas en el proceso y oponer las conclusiones que a su juicio deben extraerse del material probatorio reunido. Sin embargo, no logra con sus alegaciones persuadir a esta Corte de que las apreciaciones efectuadas por la Alzada encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad que habilite la vía excepcional intentada, al no demostrarse prescindencia de las reglas de la sana crítica racional, ni que los fundamentos expuestos no resulten derivación razonada del derecho vigente, de modo que el fallo atacado no alcanza a ser descalificado como acto jurisdiccional válido. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctores Ivaldi Artacho, Lurati y Carbone. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N° 7 de Rosario.