Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-06-18


Libro de Acuerdos Nro. 45 F 458/468 Nro. 207 En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los	dieciocho días del mes de junio del año dos mil dos, reunidos en la sala de acuerdos, los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia doctores Héctor Eduardo Tizón, José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo y el Dr. Carlos Marcelo Cosentini, vocal de la Cámara Civil y Comercial Sala Tercera, convocado a integrar el Cuerpo, vieron el Expte. nro. 902/01, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. nro. 45633/99 (Sala II, Cámara Civil y Comercial) Ordinario por daños y perjuicios y daño moral: Soto, Julio Clemente c/ Casas, Ariel Leandro y Municipalidad de San Salvador de Jujuy", y	El Dr. Tizón, dijo:

1.- Julio Clemente Soto, por sí y en representación de sus hijos menores de edad Julio Agustín Soto, María del Milagro Soto, Matías Ezequiel Soto y Juan Pablo Soto, promovió demanda por daños y perjuicios en contra de Ariel Leandro Casas y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, persiguiendo el cobro de indemnización por daños y perjuicios.

Los hechos fundamentales que conformaron la acción fueron, en muy breve síntesis, los siguientes:

El día 31 de Diciembre de 1998, al atardecer, la señora Marcela Olaran de Soto había concurrido al supermecado denominado Hiper Comodín de esta ciudad, en busca de vituallas y pañales para algunos de sus pequeños hijos. Realizadas las compras, la señora Olaran de Soto intentó cruzar la Avda. Gral Savio -que se extiende frente al supermercado- y un automóvil, modelo 1974, conducido por el demandado Leandro Ariel Casas la atropelló, causándole la muerte.

El demandado Casas carecía de seguro para cubrir daños contra terceros, conforme está probado en autos, y su insolvencia casi absoluta también resulta notoria.

La actora acciona también contra la Municipalidad de San Salvador, por su omisión en el control de que los conductores de vehículos automotores circulen munidos de una cobertura de seguro para terceros, y porque en la avenida -de tránsito intenso y promiscuo- no existe señalización ninguna, semáforos, sendas peatonales, "lomos de burro", que obliguen a los automovilistas a aminorar la marcha, ni siquiera un agente de tránsito para ordenarlo, máxime en aquél día especial -31 de diciembre al atardecer en que llovía-, y mucho menos un puente por encima de la avenida, similar al que existe en otros sitios. Esto ha sido reconocido por la Municipalidad demandada al contestar la demanda, aunque mencionó la existencia en las inmediaciones de un cartel que indica la velocidad máxima.

Señala también la Municipalidad demandada que, a pesar de lo que la ley dispone, exigirle el contralor de la cobertura del seguro es de cumplimiento imposible, y luego achaca la culpa del accidente tanto al automovilista como a la propia víctima.

Trabada así la litis y producida la prueba, la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial dicta sentencia condenando a Casas al pago del cincuenta por ciento de los daños y perjuicios, ya que el tribunal de grado atribuyó la otra mitad a la propia víctima, por culpa concurrente, con costas, y rechaza la demanda incoada en contra de la Municipalidad, con costas por el orden causado.

2.- En contra de la sentencia, a la cual califica como arbitraria, la actora, representada por el Dr. José Maria Paz, interpone recurso de inconstitucionalidad, y en su escrito agregado a fs. 43 y sgtes. expresa los agravios. Estos -en síntesis- se refieren a la distribución de culpas entre el automovilista y la víctima, y a la exención de toda responsabilidad respecto de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. A esos agravios y a las razones y argumentos expresados para fundar el recurso nos remitimos en homenaje a la brevedad.

Del recurso interpuesto se corre traslado a la contraria, y a fs. 68 y sgtes. lo contesta el Dr. Normando Hugo Condorí, sólo por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y también a la Defensora Oficial de Menores, quienes se oponen al acogimiento del recurso, por los motivos que expresan, a los cuales también me remito por igual motivo.

Atento a ello, y a los fines dispuestos en el art. 9 inc. 4 de la ley 4346, se dá vista al Ministerio Público y la Fiscal General habilitada emite dictamen, el que se encuentra agregado de fs. 75 a 78. Se llama de inmediato autos para resolver, providencia ya firme y consentida, y a fs. 89 se ordena correr traslado al codemandado, el que como consta a fs. 94 no fue contestado.

3.- Me adelanto a señalar que he de propiciar el acogimiento del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la representación de Soto, por sí y sus hijos menores, ya que estimo que, en su esencia, los fundamentos de la recurrente son atendibles, ello así por las particularidades del caso, no iguales, ni asimilables a otros, ni, por ello, susceptibles de generalizar, ya que no se puede considerar a todos los casos de responsabilidad aquiliana del Estado y sus funcionarios, en forma genéricamente idéntica, porque cada situación tiene su propia individualidad y debe ser encuadrada en la norma jurídica que le corresponde. Tan es así que tampoco se pueda sostener que la responsabilidad de la administración pública sea siempre objetiva y directa. Puede ser directa o indirecta, individual o mancomunada -simple o solidaria-, o aún de simple garantía, según los casos. Por esto, corresponde afirmar el encuadre jurídico del problema de la relación de causalidad.

Pero en primer lugar, hallo menester referirme a la atribución de culpas, en partes iguales entre el automovilista atropellador y la víctima, efectuado en la sentencia.

Está probado que el lugar donde ocurrió el accidente es una avenida de gran circulación, puesto que recibe la afluencia vehicular de los que ingresan a la ciudad no solamente de las barriadas del sur, sino también desde Salta, San Pedro y del ramal; además, dicha avenida es de ida y regreso. Allí, sobre esa arteria, la Municipalidad ha autorizado la construcción y funcionamiento del más grande supermercado de la ciudad, sin obligar, bien se aprecia, a que se construyan los dispositivos de acceso y salida peatonales y demás previsiones urbanísticas indispensables. No está controvertido que el día en que ocurrió el accidente fué un 31 de diciembre, fecha de mayor afluencia de compradores, como es natural. Era el atardecer y, si en el mismo momento quizá no lloviera intensamente todavía, el cielo ya estaba fosco o nublado, o sea que la visibilidad no era buena. Esto es destacado en la sentencia, en base a las constancias de autos y a la prueba reunida, incluso el croquis ilustrativo obrante en los autos de la instrucción penal, y también se destaca en la sentencia que el automovilista Casas se desplazaba con notable desaprensión e imprudencia, a una velocidad inapropiada ya que, como se puntualiza en el fallo, los objetos que había comprado la víctima así como su propio cuerpo, quedaron dispersos, a unos treinta metros del lugar en que se detuvo el automóvil. Concluye entonces la sentencia afirmando que "el Sr. Leandro Ariel Casas no conducía conservando el pleno dominio del vehículo y su inobservancia constituye un incumplimiento objetivo en los términos del art. 1066 del Código Civil, deber que es el más importante y genérico, ya que debió maniobrar eficazmente en esa circunstancia".

No obstante lo expuesto y transcripto, en la sentencia se concluye atribuyendo la mitad de la proporción de culpa a la propia víctima, por haber intentado cruzar la avenida, avenida que -y esto lo sabe cualquier vecino de la ciudad- suele, como en el caso, convertirse en pista de choferes caza-peatones.

En modo alguno puedo admitir en este caso el salomónico criterio del reparto de culpas, y mucho menos en la proporción igualitaria en que lo hace el a quo, ya que, aún en la hipótesis de concurrir probadamente culpas, aún así, el reparto del perjuicio debe determinarse con arreglo a la gravedad de cada culpa.

La culpa de la víctima debe estar demostrada en forma clara y convincente, para exonerar total o parcialmente la responsabilidad objetiva del conductor del vehículo. Cualquier indicio o deducción no muy claros son insuficientes para considerar existente la culpa de la víctima. Las presunciones legales, como aquellas que el tribunal de grado ha meritado para calificar de imprudente y culpable al conductor del vehículo, sólo se levantan ante verdaderas pruebas convincentes (La Ley, 20/X/92).

No puedo, por ello, compartir en modo alguno el reparto de culpas -o culpas concurrentes paritarias- entre el automovilista y su víctima, plasmado en la sentencia. Por el contrario, el accidente ocurrió por culpa del automovilista Casas, pero esta responsabilidad, en este muy particular caso, debe compartirla, en cuanto al resarcimiento, con la codemandada Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Veamos por qué.

4.- La Ley nacional nro. 24.449, a la que la Provincia de Jujuy adhirió mediante la ley nro. 4870, y que redunda en las Ordenazas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy nro. 2197/96 y 1515/93, imponen a todo conductor de vehículos automotores la obligación -entre otras- de patentar su vehículo y de asegurarlo para cubrir daños a terceros. Esta previsión, naturalmente no es meramente retórica ni están de ornamento en las disposiciones legales, sino para ser cumplidas. Y es la autoridad municipal quién tiene, entre sus facultades de policía, el derecho y el deber de que se cumplan. De paso señalamos que esos deberes no resultan de cumplimiento imposible, como se ha alegado, sino todo lo contrario: bastaría que cada año, en el acto de renovar el pago de chapa-patente la autoridad municipal inspeccionara si el requisito del seguro está también debidamente cumplido.

Entiendo, como un prestigioso autor -bien que no el único- que el seguro del automovilista de responsabilidad civil tiene como finalidad inmediata la protección de la víctima; éste, el tercero damnificado, es, sin lugar a dudas, el directo beneficiario potencial del seguro (Cfr. Ghersi, Carlos, "Los nuevos daños", ed. Hammurabi, T. 2, pag. 307).

El rechazo de la acción contra la Municipalidad encuentra fundamento, en la sentencia que analizamos, en no haberse acreditado en grado de suficiente certeza -a juicio del a quo- la relación de causalidad entre el daño que sufriera el actor a raíz del accidente de tránsito en donde hallara la muerte su esposa.

Lógicamente, nos estamos refiriendo al principio de causalidad desde el punto de vista jurídico, y no a la causalidad material, es decir, a la demostración práctica o científica de la eficiencia de la causa respecto de un resultado natural, porque esto no basta para la adjudicación de la sanción jurídica.

La regla general de la atribución de una consecuencia jurídica a través de la sanción está dada por la idea de la previsibilidad.

La culpa aquiliana, según la conocida definición de Colombo, es la violación del derecho ajeno cometido por negligencia del agente fuera de toda relación convencional y que trae como consecuencia para el mismo la obligación de resarcir el perjuicio ocasionado. Esto está en consonancia con lo dispuesto en el art. 10 de la Constitución de Jujuy.

Es deber del juez seguir la investigación de los hechos remontando hacia atrás la cadena causal, partiendo del daño final, hasta hallar el hecho defectuoso (por culpa, por omisión, por riesgo) que corta el nexo y aparece como la causa idónea, aunque remota, del daño atribuible siempre que hubiese sido, no obstante previsible (cfr. Bustamante Alsina, en "Responsabilidad Civil...", vol. III-165). Esto es que siempre se debe atender a las particularidades del caso, para poder determinar correctamente la relación de causalidad, y siempre se impone el pronóstico retrospectivo, o análisis ex post facto, tarea interpretativa del juez, de significativa trascendencia.

Claro es que la responsabilidad del Estado muchas veces no surge ab initio con entera claridad, es menester desentrañar ameritando en su justa dimensión y valor, las circunstancias del caso y la prueba reunida; evitar el facilismo y no condenar al Estado por principio, sino sopesando cada extremo, cada faceta, pero en su conjunto congruente y armónicamente.

En el fondo yace un problema filosófico: causar o no causar perjuicios -problema estrechamente conectado con la libertad- y la acción u omisión del órgano (del agente) permite responsabilizarlo de sus actos. En otras palabras: se puede elegir (incluso, claro está, por omisión) cumplir o no con la ley, y, en definitiva, dañar o no dañar; pero allí está la Justicia para condenarlo, o no, conforme a la casuística, a la reparación del perjuicio. He allí la responsabilidad social del juez.

Somos libres, pero con igual acento somos responsables, y la responsabilidad de todos los que convivimos en sociedad nos aproxima al concepto de lo moral. La existencia de responsabilidad, culpa o negligencia, implica también una imputación para quien ha realizado un acto u omitido hacerlo mediando culpa, y ésta es la esencia de la ética.

Claro está que no se puede suponer que alguien responda por lo que no ha hecho, salvo si estuviese, en derecho, obligado a hacer. El tratadista brasileño Celso A. Bandeira de Melo lo dice así: nao se havería de supor, ao menos em principio, que alguem responda pelo que nao fez -salvo se estivesse, de direito, obrigado a fazer (en "Responsabilidade extra contratual do Estado por comportamentos administrativos", en Responsabilidad del Estado, ed. USTAT, Tuc. 1982).

Y es el demandado quien debe demostrar la verosimilitud de su invocación para excusarse por la carencia de vínculo causal entre su acto -u omisión- o de los sujetos o cosas por las cuales es obligado, y el perjuicio padecido. E incluso, en caso de duda, en el criterio de apreciación o meritación del contexto probatorio, la decisión del magistrado deberá estar por la prosecución de la responsabilidad del sujeto comprometido (cfr. Fernández Madero, J., "Nuevas ideas en el derecho de daño", La Ley, 13/XII/01).

5.- La CSJN ha sostenido que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desevolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (ED, 114-215, con nota de J.C.Cassagne).

La idea objetiva de la responsabilidad del Estado por falta de servicio, encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del Cód. Civil, que establece un régimen de responsabilidad "por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas" (cfr. CSJN, LL, 1992-A-201).

También ha sostenido la CSJN, que la responsabilidad del Estado se afirma en el orden legal y en la idea de justicia, y alcanza a los tres poderes, comprendiendo tanto a los hechos ilícitos como a los actos lícitos, cumplidos a través de la actuación de quienes integran sus órganos, autoridades, funcionarios, empleados, en ejercicio o en ocasión de sus funciones, imputables a un factor objetivo: riesgo creado, o subjetivo: culpa o dolo, siempre que guarden relación adecuada de causalidad (LL, 1982-A-517; id. 1991-B-145, y también LL, 1986-B-108).

La noción de culpa es genérica en nuestro Código Civil, y parte de las líneas trazadas por el art. 512 de este cuerpo legal que, tanto en el terreno contractual como en el cuasidelictual, expone los extremos que la confirman: omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que se corresponden a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, y su gravedad está siempre en razón de su imputabilidad.

La única diferencia entre la culpa contractual y la extracontractual es que la primera supone la violación de una obligación convencional, mientras que en la segunda, la obligación es de tipo legal, atento la amplitud de aplicación del art. 512 que armoniza con los arts. 902 a 909 (cfr. ED, 90-302).

La conducta omisiva, o negligencia, es la cara primera, el primero de los matices de la culpa, según la definición o tipificación que de ella hace el art. 512 del Cód. Civil.

El Estado no puede permanecer como un convidado de piedra, como un impávido totem, cuando ocurren hechos causales -por acción u omisión- puesto que entonces fallaría por su base el esencial y necesario pacto gregario; y decimos, con Soto Kloss, que, el sólo afirmar que el Estado sea irresponsable, por cualquiera de sus actividades, implica ipso facto, afirmar la desigualdad ante la ley, y la existencia de clases privilegiadas, lo cual significa infringir clarísimamente los principios básicos del régimen de derecho que la propia Constitución ha establecido.

A tenor del art. 902 del Cód. Civil, cuando un ente especializado y con competencia suficiente debió tomar conocimiento de la actividad de un particular que puede causar daño a terceros (insolvencia del agresor) y omite tomar las medidas necesarias para evitar tal perjuicio; cuando su actuar le está impuesto objetivamente por la ley que previó tal situación, no puede caber duda alguna sobre la jerarquía causal de la omisión (cfr. Schiavo, Carlos: "Responsabilidad emergente de omisiones en el ejercicio del control de las entidades aseguradoras", en Rev. Argentina de Seguros, nro. 17/20, pág. 103).

El caso de autos reclama de inmediato a nuestra memoria la vieja máxima: ubi jus, ubi remedium.

La Municipalidad como ente de derecho público tiene como primordial deber el de velar por el bienestar general de los vecinos de su area jurisdiccional. Entre esos deberes primordiales está el de asegurar la integridad física de las personas que transiten por las calles del municipio, conforme al cumplimiento de los recaudos de la legislación vigente: ley, ordenanzas, etc.

Existe responsabilidad del municipio demandado porque -es evidente en el caso- cumplió de una manera defectuosa, o no cumplió con el deber de contralor de la documentación impuesta por la ley respecto de los automotores que circulan por su jurisdicción, y garantizar así la integridad de los bienes y de las personas.

La falta de seguro obligatorio frustró la garantía por una omisión de la Municipalidad. Esa omisión resulta idónea para producir la privación del derecho al resarcimiento de la actora.

6.- Afrenta toda idea de justicia admitir que a una víctima, por el obrar del victimario directo, e insolvente, reciba por toda respuesta, que Dios se lo pague. Si el victimario directo resulta insolvente, porque ha faltado a la ley que le imponía tener contratado un seguro por daño a terceros, será el ente encargado de vigilar que lo haya tenido, quien deba responder por el siniestro. Esto no es una construcción antojadiza ni artificiosa, ni el fruto de atormentar la lógica; sino todo lo contrario.. La ley lo dispone así, y la clásula de la ley que impone a todo conductor de vehículo automotor circular con su permiso de conducir y la constancia del seguro contratado para cubrir daños a terceros, no está precisamente de trampantojo, ni resultan cláusulas meramente declarativas. Por el contrario, han sido dispuestas para ser cumplidas y hacerse cumplir y no omitir su exigencia.

Repugnaría a la idea de justicia mirar para otro lado o hacerse el distraído en este punto, puesto que el juez debe sensibilizarse y tomar conciencia plena del rol importante y decisivo que ocupa en la sociedad: debe dejar de ser un juez al estilo de Montesquieu -para utilizar una atinada observación del jurista peruano Juan Espinoza- y serlo a la manera de Carnelutti. O sea que el juez deberá ajustar la decisión del legislador -contenida en la ley- a aquello que considera es una solución equitativa y razonable del conflicto.

Todo esto es así porque los jueces no pueden limitarse a cumplir el rol de meros fedatarios de la experiencia jurisprudencial o legislativa, ya que la labor que les corresponde es la de ser verdaderos intérpretes de su sistema jurídico.

Con lo dicho hasta aquí basta para concluir que también en este aspecto la sentencia del a quo debe dejarse sin efecto, para hacerse lugar al recurso y condenar a la Municipalidad demandada al pago de la indemnización, conforme ha sido cuantificada en la sentencia en revisión, en forma concurrente y solidaria.

7.- He aquí el caso de una obligación concurrente de reparar el daño a cargo de todos los obligados. Se trata de una obligación indemnizatoria concurrente o conexa susceptible de ser encuadrada -como ha dicho Elias P. Guastavino- entre las llamadas obligaciones in solidum, donde el particular perjudicado aparte de poder demandar, a uno u otro, o bien, de promoverle juicio a ambos, puede reclamar del Estado la reparación total de los daños, sin defecto de las acciones que éste pueda ejercer contra el funcionario responsable para obtener su contribución en la deuda solventada.

La responsabilidad de la Municipalidad, en este caso, abarca el monto que hubiera cubierto el seguro de responsabilidad por daños a terceros, atento a que ese importe habría correspondido pagar al asegurador, hecho que no ocurrió por la omisión culpable de la autoridad municipal.

Con lo dicho, voto para que se haga lugar al acogimiento del recurso de inconstitucionalidad, con costas a la recurrida, se deje sin efecto la sentencia del tribunal de grado, y se condene a los demandados Ariel Leandro Casas y a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en forma solidaria, al pago a la actora de la suma de Setenta mil pesos en concepto de daño material, con más la cantidad de Cien mil pesos por daño moral, costas a cargo de los perdidosos.

El Dr. del Campo dijo:

Adhiero a los términos y a las conclusiones del voto del Dr. Tizón.

Sin perjuicio de ello, estimo necesario poner énfasis en la responsabilidad que le cupo a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

A mi modo de ver, el deber de la Comuna de responder por el hecho dañoso estriba en la falta de arbitrio de los medios de seguridad indispensables para garantizar la indemnidad de los peatones en la zona en que se produjo el evento que nos ocupa.

Como bien lo afirma el Sr. Vocal preopinante en su voto, es deber primordial del municipio el asegurar la integridad física de las personas que transiten por las calles de su ejido urbano. Cabe, entonces, ponderar las peculiares características de la zona y la oportunidad en la que ocurrió el accidente: se trata de una avenida de ingreso y egreso de la ciudad, con doble carril de circulación en ambos sentidos, separada por una platabanda elevada, de fluído y rápido desplazamiento de vehículos, situada frente a uno de los centros comerciales minoristas más grandes de la Provincia y con nutrida afluencia de público -compuesto sobre todo por grupos familiares- a lo largo de todo el día, notoriamente incrementada en la oportunidad por la fecha en la que se produjo el evento, a la sazón, vísperas de año nuevo.

No obstante la coexistencia de las precitadas características, la Municipalidad demandada no proveyó al área en cuestión de elementos cuya presencia hubieran contribuido a aventar los riesgos inherentes a ella. En este orden, por ejemplo, puedo mencionar la presencia de semáforos o de personal de policía municipal que cubra el control del tránsito y la instalación de pasarelas elevadas que permitan al transeúnte cruzar la avenida sin depender de su agilidad para sortear la amenaza proveniente de los rodados que se desplazan por ella. Ciertamente que dichos riesgos se ven sensiblemente engrosados cuando los peatones que intentan atravesar esta vía rápida son niños, ancianos o simplemente adultos portando el producto de sus compras.

Siendo ello así, estimo que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy ha tenido responsabilidad en el hecho y, por ende, debe responder por sus consecuencias dañosas en virtud de su omisión en el cumplimiento de las obligaciones que le son propias como órgano que tiene a su cargo el "ordenamiento del tránsito de vehículos, de personas y de cosas en la vía pública", conforme lo manda el art. 189, inciso 1 de la Constitución de la Provincia.

Tal es mi voto.

El Dr. Valdecantos adhiere al voto del Dr. Tizón.

El Dr. Arnedo, dijo:

Adhiero a los votos que preceden.

El Dr. Cosentini, dijo:

I.- Visto el recurso presentado, voy a obviar referirme a sus fundamentos para señalar ab initio una particular cuestión que, si bien no es mencionada por ninguna de las partes, advierto que el fallo recurrido ha sido dictado sin que hubiera decisión en la causa penal, pese a que el Fiscal, a fs. 107/108, acusa al Sr. Casas y pide la elevación de la causa a juicio conforme el Art. 342 del C.P.P. (Expte. Nro. 108/2001 agregado). Incluso, dado su avance, la Cámara Penal interviene y su Fiscal ofrece pruebas conforme el Art. 386 y ccts. del C.P.P. (fs. 133).

Habida cuenta de ello y lo normado por el Art. 1101 del C.C. -sin que se den las excepciones de sus dos incisos- obstaba al pronunciamiento civil la previa sentencia penal.

Ante tal situación, y sin que se fijaran los hechos, ni determinación de la culpabilidad del imputado, mal puedo hacer valoraciones acerca de ello y de este modo no considero revisable lo propuesto en el recurso mismo porque la falta del dictado del decisorio penal suspende el pronunciamiento civil, aún en grado de revisión conforme la claridad de la instrucción de la norma citada del ordenamiento civil.

II.- En cuanto a la responsabilidad de la Municipalidad, entiendo que lo señalado en el punto I también es un escollo. Si por hipótesis el demandado pudiera resultar absuelto, no veo cómo la falta de servicio atribuída al ente por sí u objetivamente pudiera constituir un factor atributivo.

Como ya lo señalara en los autos Nro. B-01574/95: "Ordinario ... D. P. Orellana y Farfán c/Juan Villarrubia, Estado Pvcial. y Municipalidad de S. S. de Jujuy" del 17/02/99, no advierto que exista responsabilidad de la Comuna.

El reclamo por obras exigidas obliga siempre un minucioso análisis en cada caso concreto. Como lo dice el a-quo existirían un sin fin de situaciones de lo necesario en el obrar del órgano que hace el control policial (Municipalidad) que si uno mira el momento crítico que vive el Estado, éste tiene deuda o déficit de actuación casi permanente.

No preconizo que como pocas obras son realizables, la calidad de vida, la seguridad, salud, etc., deban quedar en meras aspiraciones. El contexto socioeconómico del país desde hace varios años expande sus efectos a los habitantes y es dentro de esa coyuntura donde lo necesario e impostergable debe distinguirse para aplicar un reproche y la pertinente reparación.

No existe en mi opinión un deber particularizado que permita una exigencia concreta a la obra, ergo su omisión no puede caracterizar un derecho particular y concreto a la reparación y menos, si como lo hizo el Inferior, se valoraron hechos y pruebas que llevan a la concurrencia de culpas, en función de lo dispuesto por el Art. 1111 del C.C. Estas cuestiones están vedadas de revisarse en alzada como ya lo asentara en otros precedentes en que por habilitación integrara este Alto Cuerpo.

Idéntica conclusión es con respecto a la falta de control del seguro obligatorio. La sanción que se deriva para un inescrupuloso conductor que no lo tiene, más allá de que sea solvente o no, puede llegar a multa o arresto (Arts. 77, inc. "e", 84 y 86 de la Ley 24449).

Si llegado el caso de que la sanción no fuera impuesta, no puede ello convertir en corresponsable de indemnizar al organo encargado de la sanción no aplicada.

Basta pensar que se puede tener un seguro contratado, vigente al momento del control y luego de ello no pagando las cuotas equivale a no tenerlo. Sin decir que eso sea este caso, viene a guisa al sólo efecto de que no es causalidad material ni jurídica del resultado al punto de corresponsabilizar, frente al actor, a la Comuna (conf. Arts. 901, 906, ccts. del C.C. y Ley 24449).

En todo caso, si el deber omitido por parte de la Comuna es no aplicar la sanción y lo que correspondía es una multa -de acuerdo a las disposiciones de la Ley 24449, Art. 84, arriba citada- esa es pues, la cuantificación de la omisión, y no una indemnización integral, con la salvedad del punto I de este voto.

Por los fundamentos expresados, entiendo que no debe hacerse lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Amén de ello, y dada la inobservancia en la aplicación del Art. 1101 del C.C., la sentencia dictada, a mi modo de ver, está afectada de nulidad.

La disposición sustancial establece que pendiente el proceso penal no habrá condenación en el juicio civil; ésto en el ámbito procesal tiene su correlato en el Art. 179 del C.P.C. Entonces, y siendo que un texto legal suspendía el dictado del fallo, interpreto que la sentencia se invalida y no se violenta en su calificación ningún interés porque es la ley que autoriza su declaración oficiosa.

Por ello, voto también porque se nulifique el pronunciamiento en cuestión y se ordene el dictado de un nuevo fallo con arreglo a lo preceptuado en el Art. 1101 del C.C. por la Sala subrogante en tanto hubo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Las costas por el resultado de la decisión importan disponerlas por el orden causado, conf. al Art. 102 del C.P.C., y voto porque se difieran los honorarios de los letrados hasta que obre nuevo pronunciamiento.

Tal es mi voto.

Por ello el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,	RESUELVE:

I) Acoger el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos por Julio Clemente Soto, por si y por sus hijos menores de edad, y, en consecuencia, dejar si efecto la sentencia recurrida.

II) Condenar a Ariel Leandro Casas y a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en forma concurrente y solidaria, a pagar a la actora, en el plazo de diez días, las sumas de Setenta mil pesos por daño material con más Cien mil pesos por daños moral, con más sus intereses a tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, conforme Resolución 14.290, desde la fecha del accidente de tránsito ocurrido el 31 de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, hasta su efectivo pago.

III) Imponer las costas a los vencidos y regular los honorarios de los letrados José Maria Paz y Héctor Raúl Amador, en las sumas de $ 34.000 y $ 23.800, respectivamente. Y de la Lic. Catalina Stivaktas y Asistente Social Claudia A. Castro, en las sumas de $ 2.835 y $ 965, respectivamente. A todos ellos por su labor profesional en el juicio ordinario, con más el interés establecido para el capital, desde la fecha del accidente y hasta el efectivo pago (Acordada 30/84).

IV) Regular los honorarios profesionales del Dr. José Maria Paz en la suma de	$ 10.800, por su labor en esta instancia recursiva (art. 11 ley arancelaria). Todas las regulaciones con más IVA, si correspondiere.

V) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.