Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-04


--- En la ciudad de Trelew, a los 04 días de febrero del año dos mil ocho, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Aldo Luis De Cunto, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G., C. A. c/ A. S. y/o CONTINENTAL A. DE P. S. (C.) S. y/o B. DE P. C. T. s/ cobro de haberes e indem. de ley" (Expte. N° 22.446 - año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 299. - ---A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Lucero dijo: ---Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo del recurso de apelación planteado por la parte actora en autos (fs. 282 vta.) en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 278/282) por la cual se desestima en todas sus partes la demanda entablada por el Sr. C. A. G. en contra de "A. S.A." y "C. Continental A. de P. S.A.", con costas a su cargo. A fs. 287/290, luce agregado el informe previsto por el art. 62 de la ley 69. --A fs. 291, se ordena el traslado de la expresión de agravios a la contraria el que no fue evacuado. --I.- Se agravia la parte actora recurrente sobre los siguientes aspectos a saber: 1) diferencias salariales: manifiesta que reclamó diferencias por el período que va desde el 01/06/2002 hasta el 31/05/2004 lo cual -expresa- fue tenido por no demostrado por el Sr. Juez a quo. Dichas diferencias, continúa, son en concepto de salarios a la parte, S.A.C., F. compensatorios. Indica que el juzgador se atuvo a la pericial contable de fs. 236/243 la que no alcanzó a ser rebatida por su parte según el juzgador. Señala que pese a que ambas co-demandadas sostuvieron que no era de aplicación al caso el C.C.T. homologado por resolución 65/00 sino el C.C.T. 370/71, posteriormente en la pericia contable se expresa en varias oportunidades que las demandadas liquidaban salarios, F., vacaciones, etc., conforme a los términos del C.C.T. resolución 65/00. Asevera que en ningún momento el perito menciona la vigencia o la aplicación del C.C.T. 370/71 a los buques de "C. S.A." y "A. S.A." . 2) Ocultamiento de documental: Sostiene que la demandada ocultó documental ofrecida por su parte como en su poder en los puntos b.1., b.3.a y b.11. Es decir que de las 11 documentales que debieron presentar las demandadas sólo presentaron una sola, el libro del art. 52 de la L.C.T.. Esta maniobra, dice, viola su derecho de defensa en juicio. Expresa que el perito ha manifestado que tuvo a su disposición numerosa documentación en la que basó su dictamen y se pregunta porqué se la presento al perito para que confeccione su informe y no lo hizo en este proceso y si esto pone en igualdad de derechos a su parte. Agrega el interrogante de cómo va a controlar si le han abonado adecuadamente el salario a la parte si no tuvo en sus manos las planillas de producción y las planillas de determinación del importe de la parte, la planilla de gastos, los remitos expedidos por el patrón del buque "T." y recepcionados por la planta procesadora de destino. Añade, preguntándose, si surge claramente del C.C.T. resolución 65/00 y de sus posteriores actualizaciones que solo existen dos categorías de langostino (chico y grande) para la determinación del salario a la parte, cómo es posible que el perito informe que ha comprobado que se han liquidado langostinos con melanosis con un valor menor a aquellos otros dos si esta tercera categoría no existe. También se pregunta cómo es posible que rechace el a quo las diferencias salariales reclamadas cuando lo hizo también en los expedientes que individualiza y la Cámara de Apelaciones admitió los reclamos evaluando la conducta maliciosa y temeraria de las co-demandadas al ocultar prácticamente toda la documental. Sostiene que si se aceptan el ocultamiento de documentación que denuncia se permitiría que las grandes empresas sigan evadiendo sus responsabilidades laborales e impositivas. Termina pidiendo que por ello se apliquen todas las presunciones de ley por no haber colaborado en el proceso ocultando maliciosamente documentación de suma importancia para la resolución de la litis, por lo que pide que se haga lugar a las diferencias salariales reclamadas considerando que todos los langostinos clasificados como langostino con melanosis y/o langostino roto y/o langostino colita y/o langostino sucio o alguna similar, se liquiden del siguiente modo: el 50% de esos kilos con el valor de langostino grande y el otro 50% con el valor de langostino chico. 3) Despido indirecto: Rememora que los antecedentes del despido indirecto dispuesto por su parte fueron los siguientes: a) reclamo de la documentación que hizo desde 2004 con entrega de copias de la planilla de producción del buque "T." y de los gastos de navegación para poder controlar si le estaban liquidando bien su salario a la parte; del detalle realizado por la empleadora para determinar el monto de retención de parte del salario de su parte para el pago del impuesto a las ganancias, reclamos que molestaran a la empleadora lo cual motivó discusiones; b) provisión de agua potable: refiere a una publicación del diario Crónica del 11-05-04 de Comodoro Rivadavia en la cual se denunciaba la presión para navegar en malas condiciones razón por la cual fuera despedido el capitán del buque por haber decidido volver al puerto a pedido de la tripulación. Refiere a otras publicaciones del mismo tenor a lo cual remito por razones de brevedad. Efectúa comentario señalando que esta es una prueba que no fue siquiera mencionada por el a quo y que refleja el malestar que existía entre los tripulantes del buque "T." desde antes del despido indirecto en el que se colocara y que tiene una explicación, ante la existencia de cardúmenes de millones de langostinos los empresarios de los buques amarillos no quieren parar sus barcos ni por dos horas para reaprovisionamiento de agua potable a los mismos y menos aún dos o tres días para hacer un lavado interno de los tanques profundos que genera una pésima calidad del agua potable; c) falta del libro de rol de navegación: le llama la atención que pese ha haberlo peticionado no se haya acompañado el libro de rol correspondiente al período que va del 01-05-04 al 08-05-04 fecha esta última en la que diera por despedido.

Asegura que allí existían constancias de ese viaje tan anormal ya que duró muy pocas horas por el problema del agua potable ya referido. Indica que es estrategia de algunas empresas pesqueras dándoles resultado hasta ahora, que es ocultar documentación; d) exigencias de la tripulación: Indica que el hecho de haber regresado a puerto prácticamente de inmediato y sin carga alguna de frutos del mar capturados, constituye una indiscutible y rotunda presunción de que algo grave sucedió ese día a bordo de aquella embarcación; e) inmediata denuncia ante PNA: manifiesta que la conducta de su parte asumida en defensa de la integridad física de su tripulación, regresando de inmediato a puerto al que amarró siendo aproximadamente a las 11:20 hs. del día 08/05/04 y a las 13:30 procedió a confeccionar la exposición Nº 81/04 ante Prefectura Naval Argentina del puerto de Comodoro Rivadavia, en la cual dejó constancia de la mala calidad del agua y que tomo tal determinación luego de agotar todas las instancias con la empresa armadora "A. S.A." y su representante Sr. C.. En ese mismo acto, rememora, entregó un bidón de un litro de agua "potable" que había en el tanque del buque "T." peticionando a personal de la PNA que dicha prueba se agregara a su exposición, la que era de color marrón oscuro y llena de impurezas y que a simple vista se advertía que no era apta para el consumo. Lamentablemente, expresa, no tomó la precaución de exigir que se dejara constancia de esa prueba en el texto de la exposición Nº 81/04. Luego, refiere haber discutido con C. quien le manifestó que no le iban a dar más tareas en el buque "T." ni en ningún otro buque de la demandada. Ante esa situación y teniendo en cuenta que C. ya había designado un nuevo capitán para el buque "T." al que se le exigió salir a navegar casi de inmediato en las mismas condiciones en que estaba, se retiró a descansar trasladándose a su domicilio en la ciudad de Trelew. Indica que el 12/05/04 remitió un telegrama a "A. S.A." intimándola a que aclare su situación laboral ante la negativa de tareas sucedida por parte de C. y reclamando diferencias salariales, S.A.C., F. y vacaciones desde el 01/06/02 al 08/05/04, bajo apercibimiento de considerarse despedido por injurias. Pidió también, expresa, que se le entregar el detalle de retención para el impuesto a las ganancias y finalmente comunicó que permanecía en su hogar a disposición de la empresa aguardando ser convocado. Con fecha 22/05/04, recepcionó carta documento de "A. S.A." por la cual se rechazaba su intimación y se le exigía que aclarara las diferencias salariales que reclamaba, rechazó deudas por F., reconoció que le adeudaba vacaciones por el año 2003 y negó que fuera obligado a regresar al puerto de Comodoro Rivadavia. Se le notificó también que a partir del 08/05/04 -es decir 14 días antes de la fecha del telegrama- se le concedían 6 días de franco y que luego de finalizados los mismos se le concedían las vacaciones del año 2003 y finalmente, se le comunicó que terminadas las vacaciones sería citado para embarcar. Advierte que de dicho texto surge que en ningún momento "A. S.A." le ofreció pagar los 6 días de F. adeudados más los 14 días de vacaciones del año 2003 para que pudiera disfrutar ese descanso con dinero suficiente para su recreación y descanso. Destaca que tampoco, desde el 28/05/04 en adelante, jamás fue citado para reembarcar nuevamente. Es ante todo ello que con fecha 02/06/04 se tuvo por despedido porque pese a que habían transcurrido 6 días desde el plazo que se había fijado la empleadora en la carta documento que le remitiera para reembarcarlo no lo hizo y por que no le había pagado las diferencias salariales reclamadas por los conceptos que pasa a destallar . En el comentario que efectúa indica que le parecen importantes los incumplimientos por tales conceptos siendo de una entidad suficiente como para fundamentar el despido indirecto por injurias que decidiera. Destaca también que pese a que hasta el día de la fecha, es decir trascurrido más de 3 años desde su despido, aún no ha percibido los rubros detallados ni tampoco el detalle de la retención por impuestos a las ganancias, ni tampoco, dice, el pago de los F. y las vacaciones del año 2003 que reconociera la demandada adeudar. Pasa a detallar las obligaciones adeudadas a la fecha teniendo en cuenta los importes que abonó la demandada que constan en los recibos de haberes obrantes en autos que son los, expresa, los siguientes: saldo 1º y 2º S.A.C. 2003; saldo 1º S.A.C. 2004 proporcional; saldo salario a la parte (como marinero 1 parte con gastos; y como patrón 3 partes, dos sin gastos y una con gastos); liquidación final por despido indirecto y certificado art. 80 L.C.T., constancias documentadas y detalle de retención de impuestos a las ganancias correspondientes a toda la relación laboral. En el comentario precisa que pese a que no tiene nada que ver con el despido indirecto, las obligaciones vinculadas al certificado de trabajo, las constancias documentadas y el detalle del impuesto a las ganancias estos reclamos no han sido tratados por el a quo motivo por el cual solicita que se condene a las co-demandadas a cumplir su confección bajo apercibimiento de aplicarle astreintes para lo cual deberá tenerse en cuenta, afirma, su antigüedad por haber navegado en el buque "T." trabajando para las empleadoras "T. S.", "A. T. S.", "C. S.A." y "A. S.A." siendo ellas solidariamente responsables tal como lo decidiera el a quo en los autos que individualiza. -- II.- En los límites provistos por los agravios formulados por la parte actora recurrente ingresaré al tratamiento de los mismos siguiendo, en lo pertinente, el mismo orden de cuestiones planteadas. Asimismo, ante la posible continencia o conexidad de los temas motivo de agravio se examinarán en conjunto. ---1) Diferencias salariales: Efectivamente el juzgador del anterior grado centró el rechazo de las diferencias salariales, F. compensatorios y S.A.C. reclamados en demanda pura y exclusivamente a partir de la valoración que efectuara de la pericia contable producida en autos (fs. 238/243), la que estimó con suficiente eficacia probatoria a tales fines a pesar de haber sido pasible de pedidos de aclaraciones e impugnaciones formuladas por la parte actora (vide: fs. 280). Asimismo, es enteramente cierto también que el experto contable dictaminante expuso al evacuar el punto de pericia n° 7 el cual consistió en lo siguiente: "si desde el 01.06.02 al 30.05.04 al actor le liquidaron sus salarios a la Parte; los F. compensatorios; los SAC, las vacaciones, los salarios a las ordenes, básicos y garantizados correctamente de acuerdo al CCT 65/2000 o se le liquidaron de menos, detallando en este caso los saldos adeudados"(sic), al que este respondió: "De acuerdo a las verificaciones realizadas, al actor se le liquidaron todos los conceptos e importes que surgen de aplicar el convenio colectivo 65/2000...."(sic)(lo destacado me pertenece)(ver: fs. 240). -A ello la actora impugnante opone el siguiente pretendido argumento impugnaticio "En la contestación de demandado tanto C. S.A. como A. S.A. han manifestado que a los barcos amarillos que ello explotaron y en los que prestó servicios G., no corresponde aplicarle el CCT homologado por Resolución 65/00 sino que corresponde aplicarle el CCT 370/71 por ser aquél CCT de aplicación a empresas PyME..."(sic)(fs. 287 "in fine"). Asimismo, al demandar la ahora apelante arguyó, con trascripción de numerosas normas, la aplicación a la especie del convenio que regla las relaciones laborales de la flota que opera en el puerto de Rawson homologado por resolución 65/2000 (ver: punto 4, fs. 4/5). Como es fácil de ver no puede advertirse de lo reseñado contenido crítico alguno que pudiera dar pié a ejercer la facultad revisora de esta alzada toda vez que se carece en absoluto de material de análisis a tal efecto por inexistencia de perjuicio o agravio que atender. -En consecuencia, propondré al acuerdo que se tenga por desierto el presente agravio por carecer de suficiencia técnica (Conf. arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). Así lo voto. -2) Ocultamiento de documental: Se postula que se omitió acompañar la documentación denunciada como en poder de la demandada en el punto B) de fs. 8 del escrito de demanda, con excepción del libro especial previsto en el art. 52 de la L.C.T., señalando que el perito tuvo a su disposición numerosa documentación en la cual basó su dictamen y a la cual no se tuvo acceso pese a haberla ofrecido e indicado como en poder de la demandada (ver fs. 287 vta.). ---Pues, el tribunal de grado al proveer a la demanda requirió a la co-demandada "A. S.A." acompañar la documental individualizada en el punto B) incs. 1, 3/11 de fs. 8 (ver fs. 12), sin indicar ningún apercibimiento. Esto último lo señalo toda vez que alguna de las instrumentales incluidas en el requerimiento que de tal manera fuera realizado por el tribunal, se halla dentro de las previsiones de los arts. 51, 54 y 55 de la L.C.T.; por lo que, de tal manera, debiera habérsela intimado a dicha co-demandada a presentarlos al proceso bajo el mismo apercibimiento con el que se le requiriera el libro especial del art. 52 de la L.C.T.. Ello así, por caso, el libro de rol exigido a todo armador por el arts. 926 -según texto de la ley 17.371-, 984 y conc. del Código de Comercio y art. 85 de la Ley 20.094. -- -De todas formas, a su respecto cabe advertir que al momento de ponderar los datos que pudieran ser contrastados con los demás elementos de prueba aportados a las actuaciones, se verifica que no fue negado un dato fáctico esencial, cual es, la existencia del contrato de ajuste denunciado en demanda y que vinculara al actor con las demandadas, toda vez que este hecho fue admitido por las demandadas. Los demás datos que deben consignarse en el libro de rol, en los términos normados por el art. 926 del Código de Comercio en su actual redacción, brindada por ley 17.371, no constituyeron el núcleo de controversias que conforma el objeto a discernir en el conflicto nacido entre las partes. Es por ello que escasa virtualidad probatoria cuenta en la especie la presunción de verdad que ostentan las afirmaciones del actor en relación a las mentadas circunstancias que debían asentarse en el libro de rol, ello, desde que no es menester producir prueba sobre los hechos no discutidos en el proceso. Los demás documentos denunciados como en poder de la demandada, en cambio, si resultan trascendentes para la dilucidación del objeto litigioso propuesto por las partes, toda vez que se reclaman diferencias en las liquidaciones de salarios a la parte para lo cual, evidentemente, es conducente contar con las planillas de producción y de gastos. Cuanto menos, para poder corroborar si lo liquidado y abonado por la patronal es correcto o no. - -Ahora bien, magüer que se omitió indicar el apercibimiento previsto normativamente por el art. 388 del C.P.C.C., de aplicación al supuesto por vía de la remisión del art. 45 de la ley 69, en el particular supuesto de autos la cuestión transita por evaluar la trascendencia concreta en el caso de tal omisión. Y digo de tal manera por cuanto es insoslayable que el aporte de corroboración o comprobación de tales datos dirimentes para la decisión ha adoptar en la causa, fue realizado por el perito contador dictaminante, quien sí tuvo a la vista la documentación necesaria a tal fin (ver dictamen pericial, con sus anexos, obrante a fs. 236/243). Por lo cual, adelanto opinión, cabe ponderar que suplió tal medio de prueba, con suficiencia, la omisión de presentar la documentación requerida oportunamente a la co-demandada "A. S.A.", desplazando la presunción legal derivada de su falta de presentación al proceso. Ello así, en tanto que comporta un medio de prueba directo sobre los hechos a los que refieren tales documentos los que, además, tal como lo advierte correctamente la ahora impugnante, operaron como fuentes de producción de la pericial aludida (Conf. arts. 386 y 477 del C.P.C.C.; y, art. 45 de la ley 69). -En cuanto a lo que se califica como "ocultamiento de documental", se ha dicho que frente a la regla contenida por el art. 388 del Código del rito, por la cual se impone a las partes la exhibición de documentos esenciales para la solución del litigio se alza la regla que contiene la máxima enunciada a través del brocardo latino nemo tenetur edere contra se (nadie tiene el deber de cumplir una actividad que tenga por resultado favorecer la posición del adversario (Ver: Couture, Eduardo J., en "Estudios de Derecho Procesal Civil", T. II, pág. 129 y sgtes.; id. Spota, A. G., "El deber procesal de presentar los documentos en poder de las partes y ofrecidos como prueba por la otra", en J.A. 1953-II-367). Y si bien, frente a la negativa u omisión injustificada del requerido no cabe aplicar la coerción para obtener un instrumento que obre en su poder, no es de soslayar que constituye tal actitud una presunción en su contra cuando: "...con otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido..."(sic)(art. 388 del C.P.C.C.). --Téngase presente, en esta misma línea de análisis, que el perito es un auxiliar de la justicia, un colaborador de conocimiento que actúa con absoluta imparcialidad, suministrando verazmente los informes técnicos que se le requirieran, con abstracción del origen de su nombramiento y sin ningún otro interés que el de contribuir al esclarecimiento de los hechos sobre los cuales se le pidió que se expida para propiciar una solución del litigio. Y, cabe destacar que la parte actora ahora recurrente pidió aclaraciones al perito dictaminante (fs. 246 y vta.), e inclusive, el perito de parte Cdor. Luis Santiago Acevedo también efectuó pedido de aclaraciones (fs. 247), lo cual fue evacuado por el perito (fs. 250). A fs. 255 se requirió documentación a las empresas "A. T.." y "T.." tal como lo pidiera el experto dictaminante. No obstante, es de advertir que presentadas las cédulas respectivas dirigidas a tales firmas sociales por la parte actora (fs. 256 y 257), a su requerimiento se decretó el cierre de la etapa probatoria y puesta de las actuaciones para alegar de bien probado (ver: fs. 258; 259 y 263). Es decir, el control de la prueba y su resultado fue oportunamente realizado por la impugnante lo cual aleja la denunciada afectación del ejercicio del derecho de defensa en juicio en la especie. - Y en este punto, es de ponderar que la sola opinión discrepante o el desagrado que pudiera producirle al recurrente la labor axiológica del juzgador en cuanto a la valoración probatoria de la prueba pericial producida, no es medio idóneo para acreditar la fractura de los preceptos que gobiernan la tarea desarrollada por el experto contable dictaminante en autos, ni menos aún para justificar apartarse de sus conclusiones. Y, es de recordar, que a diferencia de otros elementos de prueba aportados al proceso, la prueba pericial es la única de la cual el juzgador no puede eludir su apreciación, siendo una excepción al principio consagrado en el art. 386 del C.P.C.C., de aplicación al caso por vía del art. 45 de la ley 69 que exime al magistrado del deber de expresar en la sentencia la valoración de las pruebas que no fueren esenciales ni decisivas. Y en tal inteligencia, para apartarse de las conclusiones del técnico, debe contar con razones fundadas que amerite apartarse de ellas lo cual no sucedió en el presente caso (doct. del art. 477 del C.P.C.C.). En cuanto el ataque se dirige a la determinación del salario a la parte, en cuanto se pone en cuestión la que se denomina como "tercera categoría" a las dos categorías de langostino grande y chico que sí son previstas en el C.C.T. de aplicación (aprobado por Res. 065/2000 S.S.T.) que es la porción de captura de langostino con melanosis cuyo valor se descarta en el cómputo a realizar, compartiré el criterio fijado por la sala A de esta Cámara en antecedente próximo y análogo al presente, en cuanto se entendió que tal circunstancia es propia y normal de la captura tratándose éste de un hecho de público y notorio, teniendo como usual que del total de lo obtenido en cada marea exista un porcentaje variable de producto que no se encuentre apto para el consumo humano por la alteración patológica de los tejidos orgánicos, caracterizada por el color oscuro que presentan (ver voz: Melanosis, en Diccionario de la lengua española, Ed. Océano, ed. 1989)(Conf. S.D.L., sala A, N° 45/07, CANE). -- Es de advertir que, a diferencia del antecedente al que refiero, en la especie se indicó por el perito que el langostino con melanosis descontado según partes de producción mensual fue variable en los períodos informados (ver punto 7, letra g de la pericial -fs. 240-). --Asimismo, la referencia a los antecedentes de ésta Cámara que se citan, entre los que se halla precisamente el citado precedentemente, habiéndose revisado los mismos es de observar que los mismos si bien tratan de la misma materia reconocen presupuestos fácticos habidos en el proceso distintos a los que presenta esta causa. Esto es, en lo principal, en ninguno de ellos se produjo una pericial que como ocurriera en el supuesto bajo análisis se pudiera expedir sobre todos los puntos requeridos al experto de suerte tal que desplace la solución que por presunción debió aplicarse en aquellos por vía de citado art. 388 del C.P.C.C.. -En suma, pues, propondré al acuerdo la desestimación del presente agravio. Así lo voto. -3) Despido indirecto: La misiva por la cual el trabajador se tuvo por despedido por culpa de la patronal, de fecha 12/06/04 (ver copia de fs. 97), se invocó negativa de la empleadora a darle tareas "...pese a lo manifestado por uds. En vuestra carta documento del 20.05.2004 ("finalizadas las vacaciones año 2003 será citado a embarcar")..."(sic); por que no se le pagaran las diferencias salariales adeudadas "...(salarios, F., vacaciones, sac y producción a la parte pagados de menos respecto a lo previsto en el cct resolución 065/2000 subsecretaría de trabajo desde el 01.06.2002 de aplicación a todas las tripulaciones que operen en la flota amarilla desde el puerto de rawson)..."(sic); por la intempestividad de la concesión de los F. compensatorios y vacaciones; y por la falta de entrega del detalle de la determinación de los importes retenido por impuesto a las ganancias. -El juzgador del anterior grado, descartada la existencia de diferencias salariales u débitos por S.A.C., F., salarios y vacaciones, sostuvo que no se probó la negativa de dar ocupación denunciada por el actor, ni que se le haya impedido tomar tareas tal como lo afirmara el actor en el despacho de intimación previo a la comunicación del distracto (vide: copia de fs. 93), como así tampoco que se lo hubiera obligado a regresar a puerto tal como lo aseverara en el mentado despacho intimatorio. Solo ponderó que era reprochable que se anoticiara al trabajador de modo intempestivo del inicio de sus vacaciones luego de que gozara de 6 días de franco, lo cual sin embargo estimó no tenía proporcionalidad con la decisión adoptada por el trabajador para justificar tenerse por despedido indirectamente. A partir de ello concluyó que no se encontraba justificada la injuria esgrimida por el Sr. G. por lo que desestima la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados en consonancia (ver sentencia -fs. 280 vta. y 281). En contra de tal eje argumental se postula ahora como fundamento de la impugnación que: a) se reclamó desde el 2004 la documentación, con entrega de copias, de las planillas de producción del buque "T." y de los gastos de navegación para poder controlar la liquidación de su salario a la parte y del detalle realizado por la empleadora para determinar el monto de retención de parte del salario de su parte para el pago del impuestos a las ganancias, lo cual habría molestado a la empleadora; b) provisión de agua potable; c) falta del libro de rol de navegación pese a que lo peticionara por el período que va del 01-05-04 al 08-05-04; d) exigencias de la tripulación que motivaron el regreso inmediato del puerto el referido día 08-05-04; e) inmediata denuncia por ante Prefectura Naval Argentina por exposición 81/04; y finalmente una reseña de todo el intercambio epistolar realizado extrajudicialmente. --- -Este recuento de supuestos de hecho considerados y los que son traídos a colación como fundamento del agravio por el impugnante lo efectúo para poner en exposición el claro y palmario desajuste existente entre los fundamentos del fallo sobre el tópico y los que se esgrimen por el pretenso impugnante a su respecto. Es que basta con advertir que los supuestos individualizados con las letras a) -con la sola excepción del detalle de retenciones por impuestos a las ganancias-, b), c), d) y e), no fueron ni siquiera sugeridos en el despacho por el cual se tuvo por despedido el actor G. (ver: copia simple certificada obrante a fs. 97). No abunda señalar que por imperio de la norma contenida en el art. 243 de la L.C.T. no puede alterarse la causa del despido. Y el fundamento de tal norma es la buena fe y la lealtad que deben presidir las relaciones entre las partes del contrato, que no solo deben concurrir en su constitución y ejecución, sino también en su extinción. Y la finalidad insita es que las partes conozcan el contenido cierto e invariable de la causa del despido que se invoca, para fundar su rechazo y salvaguardar el principio constitucional de la defensa en juicio (Conf. CNAT, sala VI, 26-2-82, T. y S.S., 1982-472; id., sala III, 26,4-89, T. y S.S., 1989-795; id., ver: R. B., L. en "Manual del despido", Ed. Hammurabi, 2da. ed., año 1986, págs. 44 y sgtes., & 43 a 50; id., Fernández Madrid, Juan C., en "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", Ed. La Ley, 3ra. ed., año 2007, T. II, págs. 1870 y s.s., nro. 15.10.). - ---Por esta razón, resulta inaudible en esta segunda instancia revisora la invocación de causas que no conformaron la razón por la que se tuviera por despedido y que, por ende, no debió el juzgador del anterior grado expedirse a su respecto y, menos aún, debe hacerlo esta alzada. ---En tal dirección, se ha dicho en reiteradas ocasiones que resulta indispensable que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que se debe seleccionar del discurso del juzgador aquel o aquellos argumentos que constituyan estrictamente la idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión a la cual arriba. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cuál punto del desarrollo argumental ha incurrido en una errata, sea en su referencia fáctica o en su interpretación jurídica, que lleva al desacierto que se postula se habría concretado en la sentencia que se ataca. Y, obvio es decirlo, cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, se carece en absoluto de instrumental lógico de crítica que impide examinar siquiera el fallo por parte del tribunal revisor. Debo destacar también que en gran medida, sino todos, los asertos que se efectúan en el presente agravio fueron ya realizados por el actor en el anterior grado al tiempo de concretarse la traba de la litis (ver: punto III, acápites 1 al 8 inclusive del escrito de demanda -fs. 3/7-), por lo que habiendo sido materia de conocimiento del Juez a quo y, en lo pertinente replicadas con argumentos que ahora se encuentra inatacados, no satisface el requerimiento técnico exigido por el art. 265 del C.P.C.C.. -En tal tesitura, entonces, el apelante debe decir con claridad por qué considera la sentencia incorrecta, desde que las normas interesadas en la preservación del debido proceso que hacen a la esencia de la institución comportan la necesidad de exhibir los fundamentos de las propias críticas como único medio de hacer posible el contralor jurisdiccional atribuido a la segunda instancia, lo cual se logra a través de un juicio de ponderación razonable y no de la simple contraposición de aserciones ajenas a las que, a su turno, sostuviera el juzgador como fundamento de su veredicto. ---En tal dirección debe repararse que la segunda instancia no es autónoma, ni es reconducción sino que es, como norma, dependiente de lo actuado en la instancia anterior y es, sobre todo, revisión de su sentencia. En tal sentido la función del agravio consiste en mantener el alcance concreto del recurso y fijar la materia del re-examen por el ad quem, dentro de la trama de las relaciones fácticas y jurídicas que constituyen el ámbito del litigio, pero puntualizando en concreto y razonadamente en qué habría errado el juzgador de grado en la motivación sobre la cual apoyara su fallo. -No hecho así, encuentro que el agravio del modo en que fuera planteado carece de suficiencia técnica que habilite a esta alzada a ejercer su facultad revisora, por lo cual propondré al acuerdo se lo tenga por desierto parcialmente al recurso sobre el punto motivo del presente agravio (Conf. arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). --Por último, el detalle de la determinación de las retenciones por impuesto a las ganancias pretendido es perfectamente susceptible de ser obtenido por el actor directamente del ente recaudador del Estado (AFIP) a su solo requerimiento, no existiendo obligación legal alguna a cargo de la empleadora a que la realice ni a que las provea a su dependiente, aún ante su pedido. Ello, toda vez que no está obligado el empleador -aún cuando es obviamente conveniente para su organización empresaria- a llevar registro alguno de tales liquidaciones ni tampoco de los depósitos que efectúe por ante el ente recaudador como agente de retención y allende de que sea conveniente para la patronal contar con dichas constancias, no está obligado a conservarlos ni tampoco a exhibirlos a sus dependientes. --Y, posicionándonos en la hipótesis más favorable al recurrente, esto es, si se entendiera lo contrario a lo antes expuesto, tampoco alcanzaría para alterar el sentido desestimatorio del fallo, en cuanto carecería tal dicente incumplimiento, a mi juicio, de proporcionalidad suficiente como para justificar el despido dispuesto por el trabajador (Conf. Arts. 242 y 246 de la L.C.T.). --Finalmente, señalaré que, en relación al requerimiento de entrega de las constancias documentadas de los aportes y contribuciones ingresados por la patronal al sistema de seguridad social a favor del actor, por un lado, bien señaló el juzgador que se encuentra acreditado en autos, por intermedio de la pericial contable que los mismos se han integrado correctamente según los importes liquidados y cuyo detalle se efectuara en el anexo I (ver puntos 3 y 4 de la pericial contable -fs. 239), por lo que efectivamente no procede la multa que regula el art. 43 de la Ley 25.345. Por otro lado, tampoco se justifica que se pretenda ahora la entrega de las referidas constancias documentadas a la que se alude al expresar agravios cuando al tiempo de interponer la demanda solo se hizo referencia en el punto V, bajo el titulado "obligación de hacer", al certificado del art. 80 de la L.C.T.. --- ---Tengo dicho antes de ahora que el art. 80 de la L.C.T. en su texto actualmente vigente (según ley 25.345), prevé como añadido a la obligación que antaño ya se encontraba contenida en dicha norma, la posibilidad de que el trabajador sea acreedor de una indemnización especial cuando el empleador incumpliera con la entrega de la constancia documentada de los aportes y contribuciones que debe ingresar al sistema de seguridad social o, al concluir la relación laboral, la de entregar un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones precisadas en el segundo apartado "in fine" del artículo de mentas. --Ahora bien, claramente emana de la redacción de dicha norma que éste impone dos obligaciones cuyo objeto son diferentes, como también lo es la oportunidad en que éstas son exigibles y los recaudos formales que condicionan su nacimiento. La identificación de su distinto objeto tiene trascendencia toda vez que se proyecta su posible incumplimiento sobre las consecuencias indemnizatoria prevista por el párrafo agregado por el art. 45 de la Ley 24.345. -- ---En la constancia documentada del pago de cotizaciones al sistema de seguridad social, el objeto de la obligación consiste en dar al trabajador los comprobantes de los depósitos de las contribuciones debidas como obligado directo por el empleador y de los aportes a cargo del trabajador retenidas por aquél. El nacimiento de dicha obligación está subordinado al requerimiento expreso del trabajador que puede ser formulado a la época de la extinción de la relación laboral o bien durante su vigencia, aunque en este último supuesto siempre que existan causas razonables que, vale decir, en la especie, no cabe tenerlas por concurrentes. ---En cambio, la entrega del certificado de trabajo es una obligación que nace de la extinción del contrato de trabajo, en el que se deberá indicar el tiempo de prestación de tareas, su naturaleza, sueldos percibidos, constancia de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social y la calificación profesional obtenida por la trabajadora. Dicha obligación se satisface, entonces, suministrando por escrito la información de dichas circunstancias y que debe tenerse por cumplida allende de la inejecución total o parcial de algunas de las obligaciones referidas en la extensión a la que obligue la norma aplicable. --Ciertamente que existe una superposición entre tales constancias en lo referente a los aportes y contribuciones, pero la primera de las obligaciones referidas es una obligación de dar (entregar las constancias documentadas de los aportes y contribuciones efectuados) que se encuentra supeditada al previo depósito efectivamente realizado; en cambio, la segunda obligación si bien se perfecciona con la entrega de la certificación, consiste en un hacer por cuanto lo relevante es la información que el empleador debe consignar en dicho certificado. --La configuración del incumplimiento total o parcial de tales obligaciones es lo que daría lugar, cumplidos los presupuestos formales a la que se supedita -intimación previa previo lapso de espera reglamentado por el Dcto. 146/02-, a la indemnización especial que prevé el 3er. párrafo del art. 80 de la L.C.T.. Ahora bien, en cuanto al incumplimiento parcial de dichas obligaciones puede identificarse una diferencia, cual es que aún cuando no se hubieren realizados la totalidad de las contribuciones debidas si se entrega la constancias instrumentales de las que se efectuaron se satisface la obligación de dar en la que consiste la entrega de las constancias documentadas exigidas por la norma, aun cuando haya depositado una suma inferior a la debida. Empero, el incumplimiento parcial de la obligación de informar que debe contener el certificado de servicios torna insatisfactoria "in totum" a dicha certificación, generando previa intimación realizada en tiempo y forma, el devengamiento de la indemnización especial contenida en el 3er. párrafo del vigente art. 80 de la L.C.T.. ---Preciso aún más, no hay incumplimiento en el caso, magüer que la información contenida en el certificado agregado en autos es incompleta. Ello por cuanto con la certificación de remuneraciones y servicios acompañada y reservada a fs. 47, la que fue emitida en un formulario de Anses individualizado con sigla alfanumérica "PS.6.2, se completó los campos relativos a remuneraciones, S.A.C., oficio u ocupación, carácter de los servicios y tiempo efectivo de los trabajos pero no contiene ninguna referencia a los aportes y contribuciones, lo cual podría haberse indicado dentro del campo titulado "datos complementarios del empleador", en "observaciones". Empero, no puede obviarse de modo alguno que tal falencia de información ha sido suplida en estas actuaciones con la constatación realizada por el perito contador dictaminante complementándose de tal manera con dicha experticia la certificación reservada en caja de seguridad del tribunal y que tengo a la vista. -Asimismo, no es de obviar el correcto señalamiento efectuado por el juzgador del anterior grado en cuanto que el requerimiento que realizara el actor por intermedio del despacho de fecha 2 de junio de 2004 (fs. 97) resultó prematuro por cuanto no dejó transcurrir los 30 días a partir de producido el distracto tal como lo prevé el art. 3° del decreto reglamentario N° 146 (ver: sentencia -fs. 281 y vta.-) (Conf. doctr. del S.T.J.Ch., en autos "F., N. c/ Pesquera San I. S.A. s/ Cobro de Pesos-Laboral", S.., N° 15/2006. - --En cuanto se pretende que se ordene la certificación de la relación de dependencia denunciada con la firma "T. S." y "T. S." (ver: fs. 295, punto a.5), bastará con advertir que dichas firmas no son parte en este litigio por cuanto no fueron demandadas por el actor (ver escrito de demanda -fs. 3-). En consonancia con lo dicho, entonces, propondré al acuerdo la desestimación del presente agravio. De tal manera lo dejo votado. --III.- Conclusión: --- ---Por lo expuesto concluiré en que corresponde confirmar el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a cargo de la parte actora recurrente (Conf. arts. 59 de la ley 69 y 279 del C.P.C.C.). --No corresponderá fijar honorarios del Dr. Roberto J. Castro, letrado apoderado del actor, Sr. G., por sus tareas de alzada, atento al pacto de cuota litis homologado a fs. 13 de autos y lo dispuesto por los arts. 3 y 4 de la Ley 2.200. Advierto que la validez de tal pacto de cuota litis al momento de esta resolución resulta indudable a tenor de lo normado por el 2do. párrafo "in fine" art. 277 de la L.C.T. en consonancia con el art. 1° de la Ley 5.677 que deroga el art. 15 de la Ley 69. ---Finalizo el tratamiento de esta cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA. --- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: --- 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 282 vta., que fuera concedido a fs. 283, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 278/281 y vta. que desestimó la demanda laboral instaurada por C. A. G. C. A. S. y C. C. A. DE P. S.A., con imposición de costas al vencido. - El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 287/290, el traslado conferido a fs. 291 no fue evacuado por su contraria, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. Lucero, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones. -- 2. Se agravia el quejoso por el rechazo de las diferencias salariales reclamadas y formula interrogante al señalar que no resulta serio "por un lado no presentar en autos la documental que se le requirió a las codemandadas y por el otro exhibírselas al perito contador para que confeccione su informe". Al respecto, fue razonamiento dirimente del juzgador para desestimar tales diferencias que el resultado de la pericia contable agregada a fs. 236/243 no ha detectado la existencia de las mismas a favor de G., afirma el experto contable a fs. 240 "De acuerdo a las verificaciones realizadas, al actor se le liquidaron todos los conceptos e importes que surgen de aplicar el convenio colectivo 65/2000". A ello nada más puedo agregar, pues las impugnaciones y pedidos de aclaraciones que formula el apoderado del reclamante y su consultor técnico no alcanzan a conmover las conclusiones que sobre el punto y al respecto formuló el auxiliar de la justicia, pareciera ser que el pedido de aclaraciones e impugnaciones sobre el dictamen pericial simplemente se (d)esbrozan en la disconformidad por resultar contrario a sus pretensiones, careciendo en absoluto de todo rigor científico que me permita apartarme de aquello que fuera informado por el contador N. G.. -- Y en este aspecto vinculado a las conclusiones del dictamen pericial y ponderación realizada por el juzgador conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 477 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 45 de la ley 69) ninguna crítica desplegó el quejoso, pues además de los interrogantes que formulara manifestó que existió un reconocimiento expreso de la vigencia del C.C.T. Resolución 65/00, cuestión sobre la que se expidiera en sentido favorable el experto. - Por ello, en este tramo de la queja el apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., remisión del art. 76 de la ley 69). --- 3. Sostiene el recurrente que el ocultamiento de documental a su parte da lugar a la aplicación de las presunciones de ley y cita pronunciamientos de esta Cámara en los que se evaluó la conducta de las codemandadas al ocultar prácticamente toda la documental. --- En tal sentido, en c. 21.946, S.D.L. 17/2007, y c. 21.978, S.D.L. 29/2007, señalé respecto de la falta de exhibición de documental en poder de una de las partes (art. 388 del C.P.C.C.) que la negativa a presentar la documentación sólo constituye una presunción en contra del intimado, cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido (Arazi-Rojas, "Código Procesal .", Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, T. II, pág. 358). Es esencialmente una carga y su omisión crea una presunción en contra de quien debió hacerlo. La presunción que surge como consecuencia de la negativa a la presentación y otros elementos de juicio (Falcón, "Código Procesal .", Abeledo-Perrot, 1984, T. III, par. 388.9.3., pág. 209). -- Se trata de una presunción legal iuris tantum, por lo que admite prueba en contrario, incluso la normativa procesal requiere que sea corroborada por otros elementos de juicio. --- Y en la presente causa existe prueba en contrario y la misma resulta del dictamen pericial que concluyó que de acuerdo a las verificaciones realizadas al actor se le liquidaron todos los conceptos e importes que surgen de aplicar el convenio colectivo 65/2000 (p. 7, fs. 240). - --- Y aun cuando la actora solicitó explicaciones al perito actuante a fs. 246/vta., al igual que el consultor de parte a fs. 247, que fueran objeto de contestación por el experto a fs. 250, bien destacó el Sr. Juez de la anterior instancia que el pedido de aclaraciones e impugnaciones denota una disconformidad carente de rigor científico. --- Desde esta perspectiva, una pericia sólo puede impugnarse mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica, ya que quien pretende impugnar la conclusión a que arriba el perito, debe a su vez sustentar su posición sobre bases sólidas, demostrativas de la equivocación del experto, requiriéndose que la objeción contenga fundamentos válidos que formen convicción en el juzgador sobre la procedencia de las impugnaciones, las cuales deben reunir suficiente fuerza y sustento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos del dictamen (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1992, T. V-B, págs. 427/428 y cita de pronunciamientos). --- Y sabido es que el juez es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen, pero se le ha señalado una valla, pues deberá aducir razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues el conocimiento del perito es ajeno al hombre de derecho (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, págs. 523/524 y cita de fallos). --- En ese contexto, ninguna relevancia tiene la falta de exhibición del Libro Rol de la Tripulación ya que al no resultar dato controvertido la existencia del contrato de ajuste, los demás datos que debe contener dicho libro (art. 926 del Código de Comercio, texto según ley 17.371, art. 36; y art. 85 de la ley 20.094) carecen de trascendencia para dilucidar la cuestión referida a las diferencias salariales reclamadas. En lo que hace al agravio vertido en cuanto a la liquidación de langostinos con melanosis por considerar el apelante que no existe esta tercera categoría fuera de las dos referidas por el C.C.T. Resolución N° 65/2000 (langostino grande y chico), si bien no está contemplada en su art. 25 es factible que parte de la producción pesquera llegue a puerto afectada por melanosis y evidente resulta que ese ennegrecimiento de la pieza capturada incide en la calidad final del producto de mar y genera su descarte. Dicho fenómeno consiste en la alteración de los tejidos orgánicos, caracterizada por el color oscuro que presentan (Real Academia Española, "Diccionario de la Lengua Española", vigésima segunda edición, 2001, Espasa Calpe S.A., Buenos Aires, T. II, pág. 1481), y ese dato puede invocarse de oficio por los jueces ya que se trata de un hecho público y notorio pues esa información se encuentra a su alcance con una sencilla investigación.--- n	Por lo demás, la experiencia en materia probatoria indica que no todo el conocimiento está en la ciencia. Hay infinitas lagunas y recovecos que sólo pueden ser completados con la experiencia diaria. Se trata de que los sucesos ocurren de un modo normal y natural conforme al conocimiento que se va adquiriendo paulatinamente de modo personal y social. Es lo que se llama el modo normal y natural de ocurrir las cosas (Falcón, "Tratado de la Prueba", Astrea, 2003, T. 1, pág. 226). --- Y en la presente causa el perito contador informó acerca de la existencia de langostinos con presencia de melanosis con descuentos variables según los períodos que informara de acuerdo a los partes de producción mensual (p. 7. g), fs. 240). Respecto de la cita de fallos debo señalar que los mismos no resultan aplicables al caso de autos ya que presentan una marcada diferencia probatoria pues en las causas en las que intervine hice mérito de la conducta observada por las demandadas al no aportar documentación alguna ya que ello impidió la producción de la prueba pericial contable. --- Al respecto me permito reproducir la parte pertinente de mi voto en c. 21.978, S.D.L. 29/2007, en la que precisé que "debe ponderarse la actitud renuente de la citada sociedad al no brindar la documentación necesaria que permitiera cumplir con la pericia contable ordenada a fs. 81/vta., pues el experto señaló en su informe al punto 1 de la pericia la imposibilidad de cumplir con su cometido. Así, señaló:"En virtud que la empresa no puso a disposición de este perito los Remitos de la carga de cada viaje (art. 9 CCT aplicable), de los cuales surge la producción del buque a ser tenida en cuenta para el cálculo del valor de la producción del buque (art. 25 CCT aplicable) y la posterior liquidación de las partes (art. 24 CCT aplicable), resulta imposible determinar si dichos salarios han sido liquidados correctamente conforme a la legislación vigente" (fs. 352 vta.)". -- En ese mismo sentido, en c. 21.946, S.D.L. 17/2007, expresé que debía ponderarse "la conducta observada por las demandadas al no aportar documentación alguna a fin de obtener la información solicitada por el actor (informe contable, contestación al punto 6, fs. 279)". - n	Esto es, a diferencia de las causas antes mencionadas en el presente caso se le proporcionó al experto la documentación necesaria pues verificó que el detalle de producción coincide con los remitos de cada viaje (p.1, fs. 238) y ello permitió la realización de la prueba pericial contable que permitió desvirtuar la presunción en contra emanada de la falta de exhibición en los términos previstos por el art. 388 del C.P.C.C. A su vez, tales razones deben hacerse extensivas al fallo de la sala "A", c. 21.958, S.D.L. 45/2007, ya que en ese expediente tampoco se produjo prueba pericial contable, a lo que cabe agregar que también se sumó otra presunción en contra originada en la confesión ficta de las codemandadas Industria P. P. S.A. y P. S. N. S.A. Por tales razones se desestiman los agravios vertidos. --- 4. Tocante a las causales de despido el juzgador desestimó la existencia de diferencias salariales adeudadas y con cita de fallos en el sentido que la justificación de la causal de despido, sea directo o indirecto, debe ser acreditada por la parte que la invoca, ponderó que el demandante no acreditó en esta instancia que efectivamente se le haya impedido tomar tareas como afirma en la pieza postal incorporada a fs. 93 de estos actuados, ni que se le adeuden las diferencias salariales reclamadas en dicha misiva tal como fuera señalado en los párrafos precedentes. Frente a este fundamento que resultó esencial para la dilucidación de la cuestión formula su queja el apelante en la que sostiene que el despido indirecto fue acertado para lo cual alude al reclamo de documentación (planilla de producción y gastos de navegación, y detalle de la empleadora para determinar el monto de la retención de parte del salario para el pago de impuesto a las ganancias), falta de provisión de agua potable, falta del libro de rol de navegación, exigencias de la tripulación e inmediata denuncia ante la Prefectura Naval Argentina. En tal sentido, desestimadas las diferencias salariales y no acreditada la causal referida a la falta de dación de tareas, la lectura de la comunicación rescisoria (copia fiel de la carta documento, fs. 97; informe del Correo Oficial, fs. 98) permite señalar que no fue causal de despido invocada el reclamo de documentación que hace a las planillas de producción y gastos de navegación, la provisión de agua potable, la falta del libro de rol, las exigencias de la tripulación, y la denuncia ante la Prefectura Naval Argentina. En ese marco, desde que la comunicación tiene carácter vinculante por lo que no se admite modificar, ni ampliar por declaración unilateral, ni en el juicio posterior por ninguna de las partes (art. 243 de la L.C.T, Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 1998, pág. 535), evidente resulta que el sentenciante no tenía necesidad de tratar causales que no fueron oportunamente invocadas por el trabajador al darse por despedido. -- En ese contexto, no cabe ingresar al tratamiento de tales cuestiones ya que el art. 243 de la L.C.T. persigue el propósito de que las partes conozcan el contenido invariable de la causa de despido, como una forma de salvaguardar el principio constitucional de la defensa en juicio, por lo que la queja centrada en las mismas resulta inaudible. -- Mal podría entonces valorarse en esta instancia las cuestiones introducidas en la queja a los fines de establecer si el hoy actor se colocó justificadamente en situación de despido indirecto cuando las eventuales inobservancias de la empleadora a las que alude la pieza de agravios no fueron invocadas en la comunicación de despido. De tal modo, las manifestaciones realizadas no contienen una crítica concreta de las razones expuestas en la decisión de la anterior instancia en virtud de las cuales el juzgador ponderó que el trabajador cuando hizo denuncia del contrato de trabajo no le asistía justa causa, conforme a la valoración que prudencialmente establece el art. 242 de la L.C.T. Como puede observarse, el informe presentado sólo denota el particular punto de vista del recurrente, al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante. --- En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., 1988, T. III, pág. 371, y cita de fallos). - En tales condiciones, el agravio carece de contenido, cuando como en el caso .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, ob. cit., 1983, T. 1, págs. 838/839). Y no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, 1975, T. V, pág. 267). Y la apertura del recurso lo es en la medida del agravio y para ello el quejoso debe formular su disconformidad con la decisión de primera instancia, motivo por el cual y en virtud del principio dispositivo, cuando no hay una impugnación concreta de las motivaciones básicas de la sentencia recurrida, deviene insuficiente la expresión de agravios (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1957, v. II-39; 1963, v. I- 359), y la consecuencia más grave para el justiciable, está dada porque si la no atacada es la conclusión esencial del fallo, al resultar insuficiente el recurso, de esa manera queda firme y asegura así el sustento del decisorio (S.C.B.A., Ac. y Sent., 1974, v. II-694; esta Cámara en su composición de sala única, c. 11.268, S.D.L. N° 69/95; c. 12.201, S.D.L. N° 39/97; sala "A", c. 13.653, S.D.L. N° 51/98; c. 13.595, S.D.L. N° 95/98; sala "B", c. 15.275, S.D.L. N°149/99). En consecuencia, el apelante incurrió en este tramo de la queja en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., remisión del art. 76 de la ley 69). -- --- Resta por considerar la causal de despido invocada como punto 4) de la carta documento de fs. 97 (". 4.-) POR NO HABERME ENTREGADO DETALLE DE LA DETERMINACIÓN DE LOS IMPORTES RETENIDOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS. ."). En tal sentido, entiendo que no existe obligación para el empleador de brindar detalle acerca de la forma por la cual estableció los importes retenidos pues el trabajador puede obtener ese detalle concurriendo a la delegación AFIP correspondiente. --- Asimismo, la información referida a los importes ingresados al organismo recaudador en concepto de retenciones impositivas se encuentra a disposición de los contribuyentes desde que la misma está incorporada al sistema informático de ese ente. Por lo demás, en lo que se refiere a la determinación de los importes el contribuyente puede efectuar fácilmente su cálculo a partir de considerar el monto del salario y las normas AFIP en materia de retención por impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. -- A todo evento y aun cuando se considerara por hipótesis que la empleadora tenía la obligación de suministrar tal información, considero que su incumplimiento no permitía al trabajador colocarse en situación de despido indirecto por carecer la medida adoptada de suficiente proporcionalidad, lo que así pondero conforme la facultad de apreciación prevista por el art. 242 de la L.C.T.- --- Tales razones conducen a la desestimación del agravio vertido en este aspecto.

--- 5. Respecto de la sanción conminatoria prevista por el art. 43 de la ley 25.345 cabe destacar que el perito contador brindó detalle de los importes por aportes y contribuciones efectuados a la seguridad social e informó que los mismos fueron determinados y abonados por las codemandadas (p. 3 y 4, fs. 239). --- Así concluyó el juzgador por lo que no corresponde la aplicación de la sanción contemplada en la citada norma. A su vez, no se justifica la pretensión contenida en el informe a estudio en el sentido que se entregue al actor constancias documentadas de pago de aportes y retenciones toda vez que en el escrito de inicio se aludió al certificado previsto por el art. 80 de la L.C.T. en función a la obligación de hacer a cargo del empleador (encabezamiento del p. V., fs. 9 vta.) y no a su obligación de dar. - Al respecto, el último párrafo del art. 80 de la L.C.T., agregado por el art. 45 de la ley 25.345, establece una indemnización a favor del trabajador en caso que el empleador incumpliera, a saber: a) con la obligación de dar consistente en la entrega de la constancia documentada de los aportes y contribuciones que deben ingresar a los organismos de seguridad social; o b) con la obligación de hacer referida a la entrega de un certificado de trabajo. Y tal como lo señalara en anteriores pronunciamientos de esta sala "B" el art. 80 de la L.C.T. impone al empleador dos obligaciones que se diferencian por su objeto. El primer párrafo, luego de atribuir carácter contractual al deber del empleador de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales a su cargo, sea como obligado directo o como agente de retención, le impone el deber de entregar al trabajador constancia documentada de ello subordinado a su requerimiento expreso. El objeto de esta obligación de dar es la entrega de copia de los comprobantes de depósito de las contribuciones debidas como obligado directo por el empleador y de los aportes y cuotas a cargo del trabajador retenidas por aquél con destino a la seguridad social o sindicales. El segundo párrafo establece una obligación que consiste en otorgar al trabajador un certificado de trabajo, y si bien el cumplimiento se perfecciona con su entrega, lo relevante es la información que el empleador debe incluir en él, lo que supone un hacer (conf. Ackerman, "La indemnización por incumplimiento de las obligaciones del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo (t.o.)", D.T. 2001-A, 541). - En el primer supuesto se trata de una obligación de dar una constancia documentada del cumplimiento de la obligación del empleador de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales que se satisface con la entrega de copia de los depósitos efectuados. - En el segundo supuesto la norma impone una obligación de hacer que consiste en la entrega al momento de la extinción de la relación laboral de un certificado de trabajo, conteniendo entre otros datos "constancia . de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social".--- --- De todos modos, para que proceda la indemnización contemplada por el último párrafo del art. 80 de la L.C.T. el trabajador debe formular el requerimiento hábil para generar ese derecho una vez transcurrido el plazo de 30 días corridos a partir de la extinción del vínculo, y el mismo debe ser previo a la instancia judicial (doctrina sentada por el S.T.J., en autos "Flores, Nancy c/ Pesquera San Isidro S.A. s/ Cobro de pesos - Laboral", 19/10/2006, S.R.E. N° 15/2006). --- El art. 3 del decreto 146/2001 (reglamentario del art. 45 de la ley 25.345, que agrega el último párrafo al art. 80 de la L.C.T.) dispone que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta cuando el empleador no entregara las constancias o certificados previstos por el art. 80 de la L.C.T. dentro de los 30 días corridos de extinguido el contrato de trabajo. --- Por eso, bien concluyó el sentenciante al señalar que el requerimiento formulado resultó extemporáneo a la luz de la norma, pues fue realizado en el mismo momento en que el trabajador remitió la carta documento en la cual anoticiaba a la demandada que se consideraba despedido por injuria a sus intereses sin haber aguardado los treinta días de extinguida la relación de empleo -decreto reglamentario-. --- Es que, el requerimiento del trabajador que lleva fecha 2 de junio de 2004 (copia certificada de la carta documento, fs. 97) resultó prematuro ya que se formuló al mismo momento en que se dio por despedido, por lo que evidente resulta que no había transcurrido el plazo de 30 días a contar de la rescisión de la relación laboral producida. -- Y el reclamo debe ser apropiado a las circunstancias, entre otras, de tiempo, y el factor tiempo interesa ya que el requerimiento debe ser oportuno, es decir concretado una vez que la obligación sea exigible. Ello por cuanto la exigibilidad es un presupuesto de la situación de mora que condiciona la eficacia de la interpelación, por lo que la intimación debe efectuarse después que la obligación se hizo exigible. De allí que la interpelación realizada antes que el débito se torne exigible carece de valor a los efectos de constituir al deudor en mora (conf. Wayar, "Tratado de la mora", págs. 400, 404 y 282, respectivamente, Editorial Abaco, 1981). --- En tales condiciones, la intimación extrajudicial realizada por el trabajador carece de eficacia por haberse realizado con anterioridad al vencimiento del plazo legal fijado por el art. 3 del decreto reglamentario 146/2001, y al no encontrarse habilitada esa parte para realizar el requerimiento a la fecha de la interpelación la misma devino extemporánea por prematura. --- --- Tocante a la pretensión referida a la obligación de hacer consistente en la entrega del certificado previsto por el art. 80 de la L.C.T. respecto del período que se menciona trabajado para Armadora Tramar S.R.L. y Tramar S.A. (p. a.5, fs. 290), cabe hacer notar que tales sociedades no fueron parte en estas actuaciones por no haber sido expresamente demandadas conforme lo exige el art. 46 de la ley 69 (ver escrito de inicio, p. II 2., fs. 3; y traslado de la demanda ordenado exclusivamente a A. S.A. y Continental A. de P. S.A., fs. 12), lo que conduce al rechazo de tal petición. --- --- Con tales alcances se desestima la queja. -- 6. En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.), y sin regular honorarios al Dr. Roberto J. Castro, en atención al pacto de cuota litis homologado y al modo de imposición de las costas (art. 4, 2do, pár., de la ley 2200). --- Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

--- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios. 2) IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora recurrente. 3) No regular honorarios al Dr. Roberto J. Castro, por sus tareas de alzada, atento al pacto de cuota litis homologado a fs. 13 de autos. ASI LO VOTO. --- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: --- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.

--- Así lo voto. - Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: -- S E N T E N C I A: -- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE: --- CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios. IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora recurrente. - SIN REGULAR honorarios al Dr. R. J. C., por sus tareas de alzada, atento al pacto de cuota litis homologado a fs. 13 de autos. - --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. --- Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - ALDO LUIS DE CUNTO REGISTRADA BAJO EL Nº 01 DE 2008 - SDL.- CONSTE.-