Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-28


SENT Nro. 193 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 28 de MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Bordonaro, Miguel Armando y otros vs. Juan B. Hofer S.R.L. y otros s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 534/536, la parte actora plantea recurso de casación contra la sentencia dictada, por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, de fecha 28 de diciembre de 2001, obrante a fs. 522/524 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 30 de agosto de 2002 (cfr. fs. 556). Ninguna de las partes, según surge del informe actuarial de fs. 567, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del CPT.

II.- Sostiene la parte actora, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo al absolver a la codemandada Metalúrgica Salem S.A., ha incurrido en una incorrecta interpretación del artículo 31 de la LCT, violatoria del artículo 14 del mismo cuerpo legal y doctrina y jurisprudencia imperante.

Alega que la sentencia funda su decisión en el único argumento de la ausencia de actuación fraudulenta o temeraria, estableciendo una vinculación con el artículo 273 de la ley de sociedades. Siguiendo a García Martínez, considera que el artículo 31 de la LCT al establecer la responsabilidad solidaria entre grupos económicos o empresas subordinadas y relacionadas, no pretende descorrer el velo societario, sino establecer una forma de preservar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en beneficio de los trabajadores basados en la realidad económica, argumento que, entiende, contradice lo establecido por la sentencia.

Considera que el razonamiento sentencial, no se basa en el análisis de la existencia de vinculación entre ambas empresas que permita considerarla grupo económico, sino que examina única y exclusivamente si hubo "maniobras fraudulentas o conductas temerarias", no como responsabilidad objetiva, sino subjetiva con dolo o culpa. Estima esto último errado, pues no es necesario el dolo o propósito fraudulento del empleador de evadir las normas laborales, sino que basta que surja una sustracción de éste a las mismas, siendo prueba de ello, en el caso, el despido masivo de personal invocando cierre de establecimiento, sin cumplir con las exigencias contenidas en el capítulo VI de la Ley Nro. 24.013 y su reglamentación, a punto que la sentencia ordena indemnizar a tenor del artículo 245 LCT, como asimismo, la falta de pago de la indemnización reducida en tiempo y forma.

Interpreta que la jurisprudencia no siempre ha sido estricta en su evaluación, pues para hacer efectiva la solidaridad, sostuvo su viabilidad en virtud de formar un mismo grupo económico, constituido por empresas que tienen estrechos puntos de contacto, reveladores de intereses comunes, máxime cuando la principal obligada aparece limitada por su estado económico deficitario.

Afirma que en el caso de autos no existen dudas sobre la vinculación de las empresas demandadas, probada y reconocida por el sentenciante, y cita jurisprudencia al respecto.

Ello así concluye que, demostrada la relación entre ambas empresas, los mismos integrantes, los mismos socios gerentes, la vinculación empresarial, la falsa invocación de falta de trabajo para despedir a los trabajadores, el incumplimiento del procedimiento establecido para dichos casos, al margen de toda intencionalidad aviesa, entiende configurado en el caso, objetivamente, el supuesto de evasión de normas laborales que tornan aplicable la solidaridad prevista del artículo 31 LCT.

Por último, sostiene que el vaciamiento de una empresa y la falsa alegación de falta de trabajo, encubre claramente la consecución de fines extrasocietarios en los términos del artículo 54 de la Ley Nro. 19.550.

III.- La sentencia tiene por reconocido que los actores mantenían una relación laboral con Hofer S.R.L. y descarta que los mismos prestaran servicios directamente para la empresa Salem S.A., motivo por el que indaga la existencia de solidaridad entre las co-demandadas por estar relacionada Salem S.A. con Hofer S.R.L., en carácter de empresa directriz de esta última, la cual sería su subsidiaria.

Consecuentemente, considera que el tema a dilucidar en la causa es, a más del conjunto económico, "las maniobras fraudulentas o conductas temerarias" que determinen la responsabilidad solidaria de la codemandada Salem S.A., destacando que en la demanda, al respecto, no hay una mención clara de su consistencia, pues la misma parte del campo presuncional de la subsidiariedad, ya que alega la existencia de socios comunes del mismo grupo familiar, cuentas comunes y el vaciamiento de mercadería de Hofer S.R.L., sin afirmación de transferencia de aquella, elemento indispensable para la aplicación del artículo 31 LCT.

Sostiene que el fraude a la ley laboral es esencial para que se configure la responsabilidad solidaria y apartando el dolo del empleador, la conducta societaria debe implicar elusión a normas laborales que se traduzca en un perjuicio a alguien, lo cual debe acreditarse, pues el artículo 31 LCT no dispone de norma sobre culpa objetiva, ajena a los principios del artículo 512 del Código Civil, cuya sistema de responsabilidad es siempre y necesariamente subjetivo, siendo la responsabilidad objetiva excepcional, y el artículo 31 LCT no configura ninguna de éstas.

La prueba de autos, contratos sociales, pericial contable (fs. 390) y testimonial, llena aspectos tales como socios comunes, vínculos familiares, que el socio gerente de Hofer S.R.L., Sr. Krautmann, se desempeñó años atrás como presidente y miembro del directorio de Salem S.A. (fs. 483), no resultando de dicha expresión, ni de la pericial contable, la concomitancia actual de ambos caracteres, lo cual era aún de relativa razón, puesto que aquella situación debe generar y acreditarse de modo concreto y actual el perjuicio a los actores.

Interpreta que el fraude laboral es requisito esencial para la responsabilidad solidaria del artículo 31 LCT y debe materializarse en la violación a las normas del derecho laboral. Es la gestión común, puntualizada en cada caso bajo la forma de fraude, la que debe traducirse en perjuicio del trabajador, pues la responsabilidad solidaria no proviene tanto de la vinculación, sino por la actuación fraudulenta y temeraria, y estas últimas podrán o no encuadrar en el artículo 273 de la ley de sociedades (válido tanto para las SRL como para las SA), en cuanto a responsabilidad de los directores frente a los socios y a los terceros, por el mal desempeño de sus cargos, violación de la ley o reglamentos, por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. No se observa ni acredita evento dañoso cuando los actores desempeñaron largo tiempo una vinculación dependiente y no se menciona el riesgo o peligro de insolvencia, por lo tanto la extensión de la responsabilidad a título precautorio, no encaja en el artículo 31 LCT, porque de lo contrario sería una imputación directa en todos los casos.

Por todo ello, absuelve a Salem S.A. rechazando la demanda a su respecto.

IV.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la referente a la admisibilidad del recurso extraordinario local.

Como surge de las constancias de autos, la sentencia impugnada reviste el carácter de definitiva, el recurso ha sido interpuesto tempestivamente, conforme surge de las notificaciones practicadas a fs. 529 vta. y del cargo inserto a fs. 536, no resulta exigible el afianzamiento que prevé el artículo 133, por recurrir la parte actora y se invoca una incorrecta interpretación del artículo 31 LCT. Ello así, el recurso deviene admisible.

V.- Adentrándo en el examen de procedencia, sobre la correcta exégesis que corresponde imprimir al artículo 31 LCT, tema central en debate, primeramente conviene transcribir la disposición legal cuya interpretación sentencial se cuestiona.

Establece el artículo 31 LCT: "Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria." Se trata aquí de las llamadas empresas subordinadas o relacionadas entre sí, que constituyen conglomerados económicos; conjuntos éstos de proyección en el orden civil o comercial, pero que en el ámbito laboral sólo deberán apreciarse en función de conductas fraudulentas o maliciosas tendientes a eludir las obligaciones laborales. Se trata de fraude laboral, que se vincula con otro principio rector que es el de la primacía de la realidad (según el cual se apartan formalidades o externalidades utilizadas para camuflar la realidad, dejando al descubierto al verdadero empleador y se logra diluir los efectos de la interposición fraudulenta de una persona jurídica para alcanzar la licuación de responsabilidades y, consiguientemente, de los pasivos; cfr. Martorell, "Los contratos de dominación empresaria y solidaridad laboral", según cita de Mancini y Pizarro, en "La solidaridad en el contrato de trabajo", Revista de Derecho Laboral, Rubinzal-Culzoni, 2001-1, pág. 95).

La expresión que utiliza la ley "conjunto económico permanente", es un término que proviene del derecho tributario y denota la idea de un grupo de personas físicas o jurídicas vinculadas entre sí, que aun siendo independientes desde la perspectiva jurídica, presentan vínculos de ligazón entre sus capitales, dirección y distribución de utilidades, relación intensa que permite, a los fines previstos por la ley, tratarlos como si fueran un solo sujeto pasivo o entidad (como ocurre en materia tributaria), o bien, manteniendo la autonomía de cada uno de los sujetos de derecho que integran el conjunto, adjudicarles a todos responsabilidad solidaria por determinados pasivos, como sucede en materia de obligaciones laborales y previsionales.

En el caso de empresas vinculadas que constituyen un conjunto económico permanente, todas serán solidariamente responsables por las obligaciones laborales de cada una de ellas con respecto a sus trabajadores dependientes, con la condición que haya mediado en el caso maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Por el contrario, carece de responsabilidad una empresa por las deudas de otra, ambas pertenecientes al mismo conjunto económico, si la segunda por razones inculpables cae en insolvencia. De cualquier manera la solidaridad entrará a regir sólo luego del fracaso de la gestión ante la empresa obligada original (cfr. Sardegna, Miguel A.: "Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas", 7ma. Edic. Universidad, Bs. As. 1999, pág. 202).

El fundamento de la solidaridad prevista en el artículo 31 de la LCT anida en el interés común que tienen las empresas integrantes de un grupo económico. Sería injusto que el trabajador viera frustrado su crédito debido al estado de insolvencia y/o vaciamiento de empresa en la que figura como empleado, cuando el conjunto se ha beneficiado con sus servicios y mediaron maniobras que llevaron a la empresa a su situación de falencia o déficit (cfr. Mancini- Pizarro, ob. cit. pág. 95).

Ahora bien, la determinación de los extremos que configuran grupo económico permanente constituye una cuestión de hecho que compete a los jueces de grado dirimir prudencialmente. Asimismo, conviene insistir en que para que se configure la responsabilidad solidaria no basta con la existencia de empresas subordinadas o relacionadas jurídica o económicamente (cuestión fáctica que también corresponde a los jueces de mérito valorar), sino que es condición indispensable, por exigencia legal, que el incumplimiento de las obligaciones respecto del trabajador o de los organismos de seguridad social, obedezca a maniobras fraudulentas o a una conducción temeraria, todos ellos extremos fácticos que el actor debe alegar y probar.

Desde esta perspectiva, los vicios fundamentales de interpretación, alegados por la recurrente, no se han configurado en la especie.

En efecto, contrariamente a lo sostenido por los actores, el fallo no se ha limitado a determinar exclusivamente la existencia de maniobras fraudulentas o conductas temerarias perjudiciales a los trabajadores (que ciertamente considera no acreditadas) sino que además, aunque brevemente, ha examinado las probanzas relativas a la existencia de vinculación entre ambas empresas codemandadas, admitiendo la existencia de socios comunes y vínculos familiares, pero destacando que si bien el señor Krautmann, Socio Gerente de Hofer S.R.L., en el pasado tuvo el carácter de Presidente y miembro del Directorio de Salem S.A., no surge "la concomitancia actual de ambos caracteres", sosteniendo, además, que la solidaridad no viene tanto de la vinculación entre empresas sino de las maniobras fraudulentas o conducciones temerarias, para eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales.

Igualmente destaca, la falta de acreditación de los perjuicios y del riesgo de insolvencia, que pudiera hacer procedente la solidaridad.

Todos estos fundamentos sentenciales, que no fueron puntualmente rebatidos por los actores, responden básicamente, a una exégesis de la norma laboral cuestionada, que no resulta reprochable en lo sustancial.

Si bien es cierto que la sentencia ha omitido considerar expresamente los hechos relativos al cierre del establecimiento y consecuente despido de los trabajadores, la cuestión no incide en la determinación de la existencia de fraude laboral ya que, contrariamente a lo afirmado por los actores respecto a la inobservancia del procedimiento de crisis, la propia codemandada Hofer S.R.L., afirma en su responde que dispuso dicho cierre sin invocar disminución de trabajo o fuerza mayor y además dejó firme la decisión sentencial de condenar el pago de la indemnización común a tenor del artículo 245 LCT.

Por otro lado, si bien coincido con el recurrente en que no es necesario acreditar el dolo o la culpa del empleador o un propósito fraudulento del mismo, pues no se requiere intención subjetiva de evasión de normas laborales, tuitivas del trabajador, ni la demostración de una intención evasiva sino que basta, para cumplir con la exigencia de la ley, que se demuestre que la conducta empresarial en concreto se traduzca en una sustracción a las normas laborales, al respecto la sentencia tiene por no acreditado este extremo, sin que la cuestión haya sido rebatida en este aspecto.

Adviértase que el artículo 31 de la LCT, exige la presencia de dos presupuestos: a) grupo de empresas; b) fraude o conducción temeraria (Cám. Trab. de Córdoba, sala 3, 18-5-99, "Campal, Marcos Daniel c/Puras Administración de Servicios Generales SA y otros", sentencia nº 23).

Igualmente se ha dicho: "No basta de por sí la existencia de una vinculación societaria o la configuración de grupo económico para imponer una responsabilidad solidaria pasiva y que es necesario la acreditación de una maniobra fraudulenta o de una conducta temeraria, elementos subjetivos que el trabajador debe probar para encuadrar la relación obligacional en el espectro normativo de que se trata. Esta interpretación cuenta con consenso doctrinario (ver, entre muchos otros, Ley de Contrato de Trabajo, Comentada, por Justo López, Juan C. Fernández Madrid, y Norberto Centeno, T°.1, ps. 378 y ss. etc.), y cabe recordar que la exigencia de ilicitud genérica fue introducida por la Ley Nro. 21.297, al reformar el texto originario del artículo 31 de la Ley Nro. 20.744 que sí consagraba, como lo destaca Justo López, una responsabilidad solidaria como técnica de prevención del fraude, a diferencia del nuevo dispositivo que estaría destinado a conjurar un fraude (F.G. CNAT, 6-10-95, "Castillo, Raúl Rodolfo c/Fas Pepa Hnos. SA y otros").

En mérito a lo expresado precedentemente, considero improcedente el planteo efectuado por los recurrentes y, por lo tanto, el recurso de casación articulado contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, de fecha 28 de diciembre de 2001, obrante a fs. 522/524 vta. de autos, debe ser rechazado.

VI.- Atento al resultado arribado, por el principio objetivo de la derrota, corresponde imponer en esta instancia casatoria las costas íntegramente a la parte vencida, actores en autos.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, de fecha 28 de diciembre de 2001, obrante a fs. 522/524 vta. de autos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO