Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 1ra NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-01


1º Instancia. - Santiago del Estero, agosto 1 de 2007.

Considerando: que a fs. 1/2 del presente cuadernillo obra la Recusación con expresión de causa contra la Sra. Juez de Familia de Segunda Nom. Que a fs. 4/6 la Dra. Peña produce el informe que prevé el art. 26 del Código de Rito, quien niega enfáticamente la supuesta conspiración que le endilga el recusante, aclarando cuál fue su limitada actuación en la causa. Culmina peticionando la Magistrada el rechazo de la recusación por manifiestamente maliciosa. Que ante la resolución dictada por este Tribunal en el cuadernillo de recusación contra la Dra. Nilda Tamer, titular del Juzgado de Familia de Primera Nom, por la cual se ha rechazado la causal esgrimida por la parte demandada, los autos deben volver al Juzgado a su cargo (ver Resolución dictada el 14 de junio de 2007 en autos Inf. 80/2007 - Informe del art. 26 producido por la Dra. Nilda Tamer en autos: "JORGE MARCELA SUSANA C/ JORGE ROLANDO SALOMON SANTILLAN S/ RECONOCIMIENTO DE FILIACION". Consecuencia de ello es que la materia a discernir en estas actuaciones deviene abstracta. Sin embargo, es dable puntualizar que la aplicación del principio de buena fe que gravita sobre todos los institutos y recursos con que cuentan las partes y sus letrados en el desarrollo de un litigio, exige que no se desconozcan o tergiversen las constancias de la causa, máxime si se considera que la fuerza de convicción de una defensa, la da el rebatir adecuadamente lo que se opone a ella y no el crear situaciones que no existen, con el solo fin de obstruir o demorar injustificadamente el curso normal del proceso. Las articulaciones manifiestamente improcedentes realizadas con ese fin, atentan contra la celeridad procesal en perjuicio de elevadísimos derechos e intereses de las partes. La celeridad mencionada, como ya lo sostuvimos, adquiere significativa importancia en los procesos de Familia, y la responsabilidad de los letrados también reviste mayor relevancia en cuanto al modo de asesorar a su cliente, siempre en procura de aplacar aquellas circunstancias que motivaron la situación de quienes se ven involucrados en el conflicto, toda vez que se encuentran comprometidos los sentimientos, la integridad física y psíquica de seres humanos que como en este caso recurren a la Justicia en procura del reconocimiento del derecho que alegan. Son deberes de las partes y sus letrados: el respeto y compostura con relación al órgano judicial observando una conducta compatible con el buen orden del proceso y con la autoridad, decoro y dignidad del Juez, como así también el actuar con probidad y lealtad con relación al litigante contrario. Se agudizan tales deberes en los procesos de familia a tal punto que la doctrina y jurisprudencia han llegado a considerar a los letrados como parte integrante del sistema judicial, -algo similar a nuestro art.58 de la ley adjetiva en lo tocante al respeto y consideración que merecen- marcando pautas de conducta a quienes se dedican a esta rama de derecho, las cuales están impregnadas de humanidad en razón de los delicados intereses en juego. (Ver "Familias en crisis" - Intervenciones y respuestas desde un Juzgado de Familia -Eduardo José Cárdenas - pág. 37 y ss.). El art. 24 inc. 26 de las normas de ética profesional declamadas en el Reglamento del Colegio de Abogados de esta provincia obliga a los letrados a no "realizar trámites innecesarios ni articulaciones maliciosas que obstruyan o entorpezcan la marcha regular del juicio, ni efectuar gestión o trámites que no sean el ejercicio de recursos y formas legales, leal y rectamente usados...", como así también el art. 31 del mismo ordenamiento les impone el deber de "usar con parquedad el derecho de recusación a los jueces". Dada la trascendencia y gravedad que representa el acto por el cual se recusa con causa a un Magistrado, es preciso que la argumentación sea pétrea respecto de la causal que invoca que no puede ser otra que las enumeradas concluyentemente en el art. 17 del C. P. C. C., motivos que son de interpretación restrictiva. En el sub examine puede avizorarse una notable conducta ratardatoria de la demandada, desde que el antecedente de la recusación con causa aparece con la recusación incausada promovida contra la Magistrada, cuando la misma es manifiestamente improcedente conforme al ordenamiento legal que regula el procedimiento en el fuero de familia. (Ley Nº 6308 - Artículo 11. Los Jueces podrán ser recusados por las causas legales previstas en los Arts. 17º y 30º del Código de Procedimientos Civil y Comercial. Los magistrados no son recusables en las diligencias preparatorias y en las medidas cautelares promovidas en los trámites de ejecución de sentencia a no ser por causas nacidas con posterioridad a ella. Los Fiscales o Defensores no podrán ser recusados, pero deberán excusarse cuando tengan algún impedimento para ejercer su ministerio). Que debe ponderarse la conducta de ambos letrados, en el contexto de tales antecedentes generados con anterioridad y devienen inexcusables, pues se trata de profesionales del derecho a quienes es dable exigir una formación jurídica acorde a las circunstancias, por lo que no puede dejar de calificarse de maliciosa la incidencia por ellos provocada. "Cabe declarar maliciosa la recusación con causa e imponer multa a su articulante cuando el planteo contiene una evidenciada carencia de razones serias (de hecho y de derecho) que justifiquen el planteo, que permiten vislumbrar su finalidad eminentemente obstruccionista" (CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, SAN MARTIN, BUENOS AIRES. - Sala 02 (Cabanas-Occhiuzzi-Mares) - Zuliani Supremo s/ Concurso preventivo s/Concurso especial Yolanda Erlinda Enrico s /Incidente de recusación-INTERLOCUTORIO del 30 de Diciembre de 1999). La sanción que ha de imponerse a la parte demandada y sus letrados, encuentra respaldo en la potestad del órgano jurisdiccional de corregir a litigantes y curiales ante conductas procesales incompatibles con los deberes de lealtad, probidad y buena fe ya traídos a colación. Es por todo lo reseñado que se impone aplicar a los patrocinantes del recusante, Dr. Carlos Bustos Arias y Proc. René Gómez, un severo llamado de atención por la conducta obrada en esta oportunidad. Por todo ello el Tribunal RESUELVE: I) Declarar abstracta la recusación con causa deducida contra la Dra. Carmen Susana Peña. II) Imponer a los Dres. Carlos Bustos Arias y Proc. René Gómez un severo llamado de atención. III) Notificar al Juzgado de Familia de Segunda Nominación la presente resolución. Notifíquese y agréguese copia de la presente, la que se reservará por Secretaría. - Azucena Brunello de Zurita. - Pablo Santiago Sirena. - María A. Weyenbergh de Nasif Saber.

Disidencia parcial de la Dra. María A. Weyenbergh de Nasif Saber:

Comparto los fundamentos expresados por los Sres. Vocales que me precedieron en la votación respecto de la obligación y responsabilidad que atañe a los profesionales del derecho en los procesos de familia, mucho más en aquellos en que se reclama un derecho tan sagrado como es la determinación de la identidad de la persona. El derecho a conocer su identidad, su origen, quién es su padre biológico, es un derecho fundamental de la persona humana, cuya dignidad debe ser jurídicamente protegida, pues goza de jerarquía constitucional (Arts. 33, 75, incs. 22 y 33, Constitución Nacional, Convención sobre los derechos del Niño, ratificada por Ley 23.849, Arts. 7 y 8). El deber de lealtad procesal cobra en estos procesos marcada relevancia en atención a los superiores intereses en juego, plasmados en la letra misma de la Ley Suprema en la pirámide jurídica. Esto es así por cuanto el proceso es la herramienta de la cual debe valerse quien pretende el reconocimiento de un derecho, en este caso obtener si ello fuere procedente el emplazamiento en un estado de familia que se reclama, y al tergiversar el verdadero sentido de los institutos procesales, se incurre en un abuso contextual y se deja al reclamante sin esta herramienta y privado sine die de la posibilidad de llegar a la verdad objetiva para obtener una sentencia justa. Discrepo entonces respetuosamente con la sanción impuesta, por dos razones. Una, los antecedentes de esta causa, el tiempo transcurrido sin que se haya producido la prueba determinante de la filiación, dejan en mi ánimo la firme convicción de que existe una verdadera obstrucción al curso de la justicia. Esta conducta del demandado y su letrados que mal pueden invocar institutos inexistentes en los procesos de familia como es la recusación sin expresión de causa, sino para generar una innecesaria dilación del juicio, ridiculizan la letra misma de la Constitución Nacional y de los pactos internacionales que hoy forman parte del derecho interno con rango de Ley Suprema, pues sus preceptos se tornan en poéticas e ilusorias declamaciones ante la sin razón y el abuso del proceso que dejan plasmados estos profesionales y su representado. No puedo soslayar además que lo que la ley 23.511 y la opinión de los jueces y autores hacen, es interpretar las consecuencias de una conducta procesal asumida por la parte que injustificadamente impide dejar establecida con determinado grado de certeza la realidad en torno a un controvertido vínculo de filiación, máxime cuando de este modo se priva a la otra parte de su derecho a producir prueba idónea, a fin de arribar a la verdad como meta de la justicia. Advierto así que el demandado por propia decisión, ha adquirido un marcado señorío sobre la prueba, además de lesionarse los deberes de colaboración, lealtad y buena fe exigidos a las partes en el proceso. No encuentro argumento válido en el libelo recusatorio que, lejos de constituir su legítima defensa, produce un notorio menoscabo a la dignidad de quienes detentan el poder jurisdiccional, conculcando de una manera innecesaria el respeto que se deben mutuamente quienes están dedicados por su profesión a la defensa de los derechos de los ciudadanos. La otra razón estriba en la ineficacia que tiene en sí el llamado de atención, que ni siquiera figura como sanción en nuestra ley orgánica Nº 3752 y sus modificatorias -art. 10-. Ineficacia que se palpa al advertir que ya con anterioridad fue impuesta por la Sra. Juez de la instancia inferior. Evidentemente no tuvo ninguna repercusión en el obrar de los destinatarios que reincidieron en esta práctica. Y esto es así pues no puedo soslayar que en el mundo de esta posmodernidad vivimos y asistimos a una mutación de valores en el cual lo atinente a la esfera moral sufre una minusvalía tal que ni siquiera es tenida en cuenta como advertencia; de allí la intrascendencia e ineficacia que trasunta este nuevo "severo llamado de atención" en orden a lograr el objetivo perseguido, que es la lealtad y buena fe en el obrar de los litigantes en el proceso, a los fines de concretar la tutela judicial efectiva al caso. Es que somos nosotros los jueces los encargados de lograr que los postulados reflejados en la legislación tengan vida real y concreta y no se diluyan en quimeras aspiraciones, tornando así el art. 58 de la Ley Procesal en una mera declaración poética. Por ello estimo que corresponde aplicar como sanción la multa prevista en el citado art. 10 de la Ley 3752. La modificación del Acuerdo emanado del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, en un corto lapso temporal que actualiza las multas previstas en el Ritual (recuérdese que estos montos ya fueron actualizados a fines del año 2003), y su elevación del máximo a la suma de $ 1.000 me brinda pautas a seguir, pues estimo que con esta decisión el Alto Cuerpo, quiere brindar a los jueces herramientas eficaces para conjurar las actitudes maliciosas que impiden la normal y rápida administración de justicia. "No solo es facultad, sino deber de los magistrados cuidar el decoro y orden en los juicios y el respeto a su autoridad e investidura (art. 22 del Código Procesal Civil y Comercial), como así también el de velar para que las actividades judiciales profesionales se desarrollen en un ambiente de orden y respeto (art. 222 de la ley 10.160), como lo es el de las partes el de conducirse con lealtad, probidad y buena fe (art. 24 del Código Procesal Civil y Comercial)." (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SANTA FE, (Vigo - Falistocco - Netri - Spuler) Cayasta Comercial S.A. c/ Instituto Rosembusch S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Daños y perjuicios SENTENCIA del 24 de Septiembre de 2003). Con base en lo reseñado y fundamentos expuestos, a mi juicio se impone aplicar solidariamente al recusante y sus letrados, Dr. Carlos Bustos Arias y Proc. René Gómez, una multa equivalente a Pesos Un mil ($ 1.000). Por todo ello RESUELVO: I) Imponer solidariamente al recusante y a los Dres. Carlos Bustos Arias y Proc. René Gómez una multa equivalente a Pesos Un mil ($ 1.000). Notifíquese y agréguese copia de la presente, la que se reservará por Secretaría. - María A. Weyenbergh de Nasif Saber.