marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Desistimiento, exclusión de la tutela sindical, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y otros  c/ García, Jorge Javier y otros  s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-30

Toda vez que la demandante no ha desistido de la acción de exclusión de tutela en términos expresos, sino que ha peticionado que se declare abstracto su reclamo, distingo técnico procesal que torna aplicable los cánones delineados por al art. 73 del Código del rito, resultan aplicables las directrices tradicionales que disciplinan el reparto de las costas ante hipótesis de desistimiento de la acción, pues la accionada exhibió un rol protagónico en la transformación en abstracto del diferendo al solicitar en forma expresa y unilateral tal declaración por parte del órgano jurisdiccional interviniente. Aun cuando esos requerimientos no hayan entrañado un reconocimiento explícito ni tácito, acerca de la inexistencia del derecho subyacente a la acción otrora entablada, ni tampoco la abdicación expresa de la intención que la condujo a defender sus derechos por vía jurisdiccional, de todos modos fue la conducta procesal adoptada por dicha parte el elemento que generó la imposibilidad sobreviniente de dictar un pronunciamiento declarativo de los derechos y defensas motivo del pleito. Así las cosas, la mera idea de que el pretensor acarree la obligación de costear -incluso de forma parcial- los gastos generados a influjo de una contienda que no halló culminación mediante una vía regular merced a la solicitud formulada por su adversaria resulta divorciada de toda pauta de justicia. El accionar del PAMI, al inaugurar la contienda, se ha convertido en una fuente de daños para el demandado (representante gremial) por lo que resulta prudente y racional que dicho órgano soporte íntegramente las costas generadas por el trámite del presente pleito (art. 68 CCyCN).
Facultades jurisdiccionales, reclamo administrativo previo, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: Pascual, Luis Roberto c/ Prevención ART S.A.  s/ accidente-ley especial
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-26

El accionante se agravia por la inhabilitación de la vía judicial ante la falta de aptitud jurisdiccional, por no haber transitado por el trámite administrativo previo y obligatorio. Basa su tesitura en la afectación de derechos constitucionales para el trabajador, acceso irrestricto a la justicia debido proceso. Si bien el art. 1 de la ley 27.348, dispone la obligación de transitar el trámite de las comisiones médicas sin merecer reproche constitucional alguno, pues no existe norma constitucional alguna que prohiba los trámites administrativos o que se pretenda organizar un sistema jurídico en el que tales trámites estén vedados, lo cierto es que la tramitación de dichos trámites previos no pueden generar en el justiciable afectación de sus derechos (CSJN caso "Pogonza"). La existencia de una instancia previa constituye un mero requisito previo en el cual se garantiza al trabajador la asistencia letrada durante todo el procedimiento y la posibilidad de requerir la revisión judicial de lo que decidan las comisiones médicas dentro de un plazo acotado para decidir los casos (cfr. art. 3 ley 27.348), por lo que resulta improcedente el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva durante demasiado tiempo (la causa tramita desde agosto de 2020 y siendo fines del mes de junio de 2024 la resolución cuestionada fue dictada en mayo de 2024) ya que ello conspira con el sistema diseñado por la ley 27.348 en cuanto a su inmediatez y efectividad. Cabe revocar lo decidido en la instancia anterior porque mantener el criterio adoptado en origen ocasionaría un retardo innecesario que trasunta en una negación de justicia por no brindar una tutela judicial efectiva, exigida no sólo por nuestra Carta Magna sino también por el Pacto de San José de Costa Rica (art. 18 Cn). Ello implica declarar habilitada la instancia judicial ante el tiempo transcurrido, pues de lo contrario se caería en un excesivo rigorismo formal que repele los principios de la seguridad social.
Comisiones médicas, enfermedad profesional, debido proceso adjetivo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Besada, Jorge Rubén c/ Experta ART S.A.  s/ recurso decisión Comisión Médica Central
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-11

La actora se agravia contra la decisión de la Comisión Médica Central, toda vez que decidió ratificar lo actuado por la Comisión Médica Jurisdiccional, concluyendo que el actor no posee la enfermedad profesional que alegara en tanto no fuere verificado en el ambiente de trabajo la existencia del agente de riesgo que corresponde a la patología denunciada, e impugna el pronunciamiento de ambos órganos, toda vez que se basan en un dictamen médico emitido por un solo galeno. Ello contradice la naturaleza cuasi- jurisdiccional del régimen aprobado por la ley 27.348 (CSJN, "Pogonza", Fallos 344:2307), por cuanto, la propia constitución de las comisiones como entes colegiados las obliga a perfeccionar su actividad de esta manera, lo cual impide otorgar reconocimiento formal a la emisión de una expresión volitiva unilateral, frente al diseño normativo de un cuerpo que debe contemplar la intervención de al menos dos profesionales (arts. 1° ley 27.348 y 51 ley 24.241). Las falencias apuntadas, entonces, afectan de por sí la regularidad y validez del procedimiento, lesionando los derechos de trámite del reclamante en atención a la garantía de debido proceso adjetivo que debe preservarse. Por ello, se hace lugar al recurso de la actora y corresponde que se deje sin efecto lo decidido por la Comisión Médica Central, ordenándose que se proceda por sorteo a la designación del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo pertinente para que, en los términos de la controversia suscitada, considere las pruebas ofrecidas, las provea y sustancie la causa hasta su resolución.
Despido, reinstalación en el puesto de trabajo, producción de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Wurcel, Daniela Adriana c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

La sentencia de grado desestimó el reclamo por reinstalación en el puesto de trabajo e hizo lugar al reclamo indemnizatorio. Se agravia la actora, pues precisa que el decisorio importa la consagración de la estabilidad impropia de los empleados de la AFIP y por consiguiente se contradice abiertamente con lo normado en el art. 14 bis CN. Las pruebas producidas dan cuenta del real estado de salud mental de la actora, que no pudo comprender la irracionalidad de sus conductas puesto que, debido a su patología psiquiátrica, carecía de discernimiento. La accionada tenía conocimiento de tal estado de su dependiente, toda vez que fue atendida por el cuerpo médico que le ordenó estudios, a los cuales la actora no se sometió. La cesantía dispuesta por el empleador porque la accionante no se presentó a laborar, no resulta ajustada a derecho, pues en el período en que la trabajadora se ausentó de su empleo y la accionada le remitió sus intimaciones, presentó un cuadro de perturbación mental (trastorno bipolar) que le imposibilitaba controlar sus impulsos y desorganizaba su conducta. Ello así, impedía tener conciencia de la situación planteada y por ende, no puede considerarse que la trabajadora tuviera intención de abandonar el trabajo, en tanto que su imposibilidad de controlar y discernir el alcance de sus actos obsta a que se pueda tener por configurado el animus de abandono. La empleadora estaba al tanto de la existencia de una afección psicológica o psiquiátrica que afectaba a su dependiente, circunstancia que, a la luz del principio de buena fe que debe imperar en la relación de empleo, por si sola imponía al organismo la obligación de obrar con mayor diligencia para constatar las condiciones psíquicas de su dependiente, así como las razones de sus inasistencias. Así entonces, la accionante no puede ser considerada incursa en abandono de trabajo, puesto que la prueba pericial psiquiátrica demostró que su voluntad se encontró viciada en el lapso de las ausencias, las que de tal modo deben ser entendidas como actos involuntarios en los términos del art. 261 del CCyCN y por ende, el despido dispuesto con base en dichos aparentes incumplimientos, debe reputarse injustificado. El acto de cesantía no puede ser válido en tanto se sustentó en un incumplimiento del débito laboral que no ha sido demostrado debiendo la AFIP proceder a la reinstalación de la accionante.
Indemnización tarifada, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Altamirano, Vanesa Itatí  c/ Ferpano SA y otro  s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-13

La Resolución SRT N° 298/2017 no ha reglamentado, específicamente, una vía que permita canalizar de manera totalizadora los reclamos con fundamento en el derecho común y normas de seguridad e higiene. Las aristas del procedimiento prejudicial previsto en la ley 27.348 - reglamentado en la citada resolución administrativa- se dirigen a determinar la incapacidad en base al sistema tarifado de la ley 24.557, cuantificando las secuelas incapacitantes de acuerdo a lo establecido en el baremo del Dec. 659/96. Por lo tanto, cuando el trabajador inicie una acción plena, con sustento en el sistema de reparación integral, conforme el marco jurídico establecido en el CCyCN-, corresponde habilitar la instancia judicial y permitir de esta manera el amplio debate jurídico y probatorio que requiere este tipo de acción. (Del voto de la Dra. Craig, en mayoría)
Confirmación de sentencia, extinción del contrato de trabajo, declaración de quiebra, verificación de créditos, crédito laboral
Materia: PROCESAL-LABORAL-COMERCIAL
Carátula: Bossini, Ángel Eduardo  c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-23

La extinción del contrato de trabajo se produjo por la declaración del estado de quiebra de la sociedad empleadora. Se agravia la demandada que sostiene que el contrato de trabajo no se disolvió con la declaración de quiebra de la fallida sino que la empresa -Hospital Español- continuó con la explotación y el actor continuó trabajando y percibiendo sus salarios a tenor de lo cual resulta aplicable lo normado por el art. 196 tercer párrafo de la Ley de Concursos y Quiebras por lo que el actor debió requerir la verificación de sus créditos en sede comercial y no en sede laboral. Lo cierto es que los créditos del actor -que son objeto de reclamo- se generaron con posterioridad a la apertura del concurso preventivo en tanto la extinción del vínculo se produjo como consecuencia del dictado del auto de quiebra de la empleadora, durante el transcurso de sesenta días en que debía decidirse la continuidad o no de la empresa, y sin que el magistrado laboral hubiese formulado apreciación alguna en orden a la causa origen de la quiebra, encuadrando la situación en lo expresamente normado por el art. 251 de la LCT. Nada impide el reconocimiento de los crédito laborales en sede laboral sin perjuicio de que la ejecución se realice por ante el juez comercial quien será el encargado, conforme las normas específicas aplicables a la quiebra, de efectuar su verificación en la medida pertinente. Así entonces, la indemnización prevista en el art. 247 de la LCT fue admitida por la juez de grado, toda vez que consideró que el despido del actor careció de justa causa, por lo cual cabe confirmar la sentencia por ella dictada.
Despido, carga probatoria dinámica, debido proceso
Materia: LABORAL
Carátula: Sella, María Lorena  c/ Comisión Nacional de Regulación del Transporte  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-30

La accionante se agravia porque la sentenciante consideró que su despido no obedeció a motivos discriminatorios ni a un frágil estado de salud como consecuencia de ello. Al respecto la desigualdad imperante en el vínculo laboral y la hiposuficiencia de la persona trabajadora frente a su principal no confinan su proyección hacia el interior del nexo profesional, sino que además se replican en caso de ulteriores reclamaciones fundadas en dicho vínculo. Las desigualdades en cuestión se traducen en desventajas concretas en detrimento de la posición procesal del/de la dependiente, y tanto mayor es tal disparidad cuando se trata de indexar sobre actos violentos o teñidos con reproche de discriminación, los cuales suelen acaecer en escenarios privados y donde la motivación de la conducta reposa tan sólo en la subjetividad de su autor, ámbito inalcanzable en términos probatorios y naturalmente ajeno a la autoridad de la magistratura. Esas inconductas habitualmente resulta disimuladas, ocultas mediante subterfugios, habitualmente es más presunto que patente, lejos de consentir su exteriorización, quien lo propina suele ser diligente al disfrazarlo bajo el ropaje de fundamentos en apariencia válidos o simplemente mantenerlo y resguardarlo del ojo de terceros sujetos. La denominada "teoría de las cargas probatorias dinámicas" de "prueba compartida" o de "compensación por igualación", cuya máxima expresión jurisdiccional en materia discriminatoria ha sido, indubitablemente, el icónico pronunciamiento dictado por el Máximo Tribunal in re "Pellicori". En tal decisorio, la Corte Suprema se hizo eco de diversas resoluciones adoptadas tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como disparador para reconocer la necesidad de reformular el diseño, las modalidades, la hermenéutica y la aplicación concreta de las garantías fundamentales del trabajador en tren de atender y adecuarse a las exigencias de protección efectiva que específicamente formule cada uno de los derechos humanos, derivadas de los caracteres y naturaleza de estos y de la concreta realidad que los rodea, siempre vale destacar, dentro del respeto de los postulados del debido proceso. Desde tal lógica se concluyó que resultará suficiente, para la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. Dado que no se ven elementos o indicios que permitan presumir la dispensa de un trato peyorativo en detrimento de la persona de la demandante, solo cabe dejar al resguardo de la revisión este segmento del decisorio.
Despido, prueba, acoso sexual, violencia laboral
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Garay Pardo, Robinson Alí  c/ International Health Services Argentina S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-23

Resultó probado que el actor quien fuera despedido llevó a cabo conductas de acoso sexual respecto de siete mujeres que laboraban en la empresa donde el desplegaba tareas de vigilancia. Toda vez que la empleadora sólo tuvo conocimiento de los hechos anómalos luego de la denuncia de una de las víctimas, debe ordenarse a la demandada arbitre medidas concretas que eviten esta clase de comportamientos y propiciar un ambiente de trabajo seguro. Ello así, máxime teniendo en cuenta lo normado por el art. 1711 CCyCN que permite instar una acción preventiva de daños. Y en este sentido debe ordenarse a la demanda que arbitre los medios necesarios para capacitar a sus trabajadores y trabajadoras a través de cursos sobre violencia de género y un plan de detección y prevención de casos de violencia laboral que debe solicitar a la aseguradora de riesgos del trabajo contratada. Deberá poner en conocimiento del tribunal de primera instancia el informe emitido por la autoridad a cargo de las capacitaciones bajo apercibimiento de multa cuyo importe será destinada a una organización sin fines de lucro vinculada a la lucha contra la violencia de género.
Confirmación de sentencia, despido, igual remuneración por igual tarea, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Manelli, Natalia Ximena  c/ Socorro Médico Privado S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-21

La actora se consideró despedida y adujo que sus remuneraciones eran inferiores a las de un compañero de trabajo con iguales tareas y recibir un trato desigual, ya que percibía un salario un 20% superior, lo cual a su entender, daba lugar a un trato discriminatorio, que no invocó en los términos del art. 243 de la LCT. Las pruebas arrimadas dan cuenta que la situación de despido indirecto en que se colocó la actora resultó intempestiva toda vez que, en el intercambio telegráfico fue consignado el apercibimiento de iniciar acciones legales, mientras que en la comunicación rescisoria se consideró gravemente injuriada y despedida. No obra prueba alguna que permita considerar cuales eran las tareas que la actora tenía a su cargo en relación a las de su compañero, máxime cuando las evaluaciones de desempeño realizadas por la demandada demuestran un ostensible rendimiento superior respecto de la actora. Ello indica que no ha existido conducta peyorativa alguna por parte de la empleadora que contraríe las previsiones de los arts. 14 bis de la Constitución Nacional y 81 de la LCT. Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Procedencia del recurso, prescripción bienal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cardozo, Juan Carlos  c/ Galeno ART SA -1-  s/ recurso ley 27.348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

El trabajador se agravia toda vez que en la anterior instancia se rechaza la acción por considerarla prescripta en razón de la aplicación del plazo bienal, que se empezara a contar a partir de la primera alta médica comunicada (art. 258 LCT). La mera existencia de una sintomatología o de episodios aislados impeditivos de la aptitud laboral no bastan para inferir que el daño resulte definitivo. Para ello es menester que medie una determinación de carácter objetivo que aleje toda duda en el afectado; no basta que el actor haya podido tomar conocimiento de la existencia de la enfermedad sino que ésta alcanzó su mayor grado invalidante y guardó vinculación con el factor laboral. Desde esta perspectiva, corresponde fijar el momento de inicio del cómputo del plazo desde la segunda alta médica definitiva comunicada al actor que permite descartar la prescripción de la acción decidida en grado a la luz del régimen aplicable (art. 44.1 LRT). Concordante con ello, el Alto Tribunal, dejó sin efecto un fallo que había determinado como inicio del cómputo de la prescripción la fecha del alta médica conferida a la parte reclamante, al estimar que se había omitido el tratamiento de otras defensas opuestas por la recurrente, que postulaban la toma de conocimiento de la incapacidad con posterioridad a dicha alta; en ese caso, al serle practicada una resonancia magnética en la obra social (cfr. CSJN, 19/09 /2017, "Ortega, María del Carmen c/ Federación Patronal Seguros S.A. s /accidente - ley especial"; Fallos 340:1266). Por ello, se hace lugar al recurso y se deja sin efecto el decisorio de grado.
Apreciación del juez, decreto de necesidad y urgencia, ley penal más benigna
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Moni Bauducco, Antonela -3-  c/ Ruiz Esquide Canale, María Ximena  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-09

La accionada cuestiona la valoración efectuada por el Sr. Juez a quo en cuanto la condena a abonar las sanciones previstas en las leyes 25.323 y 25.345 sin tener en cuenta la vigencia del DNU 70/23. La aplicación retroactiva de la norma es improcedente (cfr. art. 7 CCCN) pues afecta el principio fundamental de la "seguridad jurídica" y "previsibilidad" (cfr. arts. 1, 31, 17, 19, 28 y concs. de la CN). La ley 27.742 no contiene ninguna disposición que declare la retroactividad de la abrogatoria de los artículos 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013, 1 y 2 de la ley 25.323. Nuestro Máximo Tribunal ha sostenido invariablemente que una de las bases principales de sustentación de nuestro ordenamiento, cuya tutela innegable compete a los jueces y que es reiteradamente reclamada por distintos sectores de la sociedad como presupuesto necesario para su desarrollo, no consiste en la mera repetición de actos jurídicos sino en la concordancia de esos actos con el derecho vigente, empezando por la C.N. Se trata de una garantía que el Estado les debe brindar a las personas sujetas a su jurisdicción. La aplicación retroactiva de la "ley penal más benigna" impone recordar que ese principio es un correlato del principio de legalidad, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Dicha ley funciona como un límite al "ius puniendi" del Estado. Ni la falta total de registro del contrato de trabajo, ni el registro tardío de la fecha de ingreso, ni el pago parcialmente clandestino de la remuneración, ni la falta de cancelación de las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 de la ley 20.744 son delitos, ni acarrean sanciones de tipo penal. Todos ellos son meros incumplimientos contractuales. De ningún modo las derogaciones que -en la materia- introduce la ley 27.742, resultan aplicables so pretexto del principio de la retroactividad de la ley penal más benigna. Por tales motivos cabe declarar la inadmisibilidad del planteo formulado al respecto.
Confirmación de sentencia, despido, inversión de la carga de la prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Galeano, Carla Elsa  c/ Boehringer Ingelheim S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-28

El sentenciante considero acreditado que la actora padecía una importante dolencia oftalmológica (oftalmoplejía exoftálmica) que la obligó a ausentarse de su labor. La debilidad del estado de salud de la actora al momento del cese y conocimiento por parte de su empleadora, constituye el indicio que provoca la inversión de la carga probatoria. La demandada adoptó ocho días después de la finalización de la última licencia la decisión de prescindir de sus servicios como consecuencia inmediata y temporal de su enfermedad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la O.N.U. (Aprobada por la Asamblea General celebrada en Nueva York) determina que su propósito es "...asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respecto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.". Son principios de la Convención: "...b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respecto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana; e) La igualdad de oportunidades.". También la Declaración de los Derechos de los Impedidos, aprobada por la Asamblea General de la ONU, determina que: "El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad.". La actora no es una impedida, ni una discapacitada; sin embargo tiene una importante enfermedad oftalmológica que permite asimilarla a la discapacidad en los términos de la convención antes mencionada: "Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.". La accionante debe considerarse sujeto especialmente protegida por pertenecer a uno de los denominados grupos de riesgo susceptible de ser discriminado, lo que invertía la carga de la prueba y determinar que la decisión adoptada no tuvo un componente discriminatorio, actividad que la demandada no ha cumplido. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.