marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Rescisión del contrato administrativo, rescisión por la administración, rescisión unilateral, aplicación supletoria de la ley, contrato de obra, indemnización, lucro cesante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferreyra, Mario Francisco y Empresa Ingeniero Ferreyra Construcciones Electromecánicas c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo de plena jurisdicción  (L.A. Nº 42, Fº148/155, Nº 72) Construcciones Electromecánicas c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo de plena jurisdicción  (L.A. Nº 42, Fº148/155, Nº 72)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-07-14

Ante la inexistencia, en la Ley de Obras Públicas, de una norma que prevea la situación que se presenta, ni autorice a eximir al Estado de la justa e integral reparación de los perjuicios causados por su conducta ilegítima, corresponde acudir subsidiariamente al derecho común en búsqueda de una solución de justicia aplicable a la especie. En tal caso, indudablemente la del art. 1638 del Código Civil que establece que el dueño de la obra puede desistir de la ejecución de ella por su sola voluntad, aunque haya empezado, indemnizando al locador en todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener por el contrato, cubre la hipótesis fáctica contemplada en este expediente debiendo en tal caso, la Administración, responder por el lucro cesante.-
Actos y diligencias procesales, notificación por cédula, domicilio legal, nulidad procesal, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE MENDOZA c/ ANGEL GUARNIERI Y OT. s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A073 - 304)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-29

Quien pide la nulidad de la notificación por no haber sido realizada en el domicilio legal, no está obligado a declarar bajo fe de juramento que no ha recibido la misma. Habiendo probado que la cédula no fue diligenciada en dicho domicilio, debe ser la actora en todo caso quien acredite que aquél había tenido conocimiento de la providencia. No habiéndolo hecho, queda incólume la circunstancia de que la notificación no se practicó en el domicilio legal correspondiente.
Remuneración, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Lema, Rubén Agustín c/ Círculo Médico de Junín s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-09

El reclamo de todo adicional extraordinario a la remuneración requiere la carga de la prueba a quien la invoca.
Violencia de género, incidentes, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: B., O. - violencia contra la mujer - fuero civil (art. 6 Ley 26485) - violencia de genero c/  s/ incidente legajo apelación efecto devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-04-21

Si el magistrado, en el marco de una denuncia por violencia contra la mujer, al dictar la medidas consistente en la prohibición de acercamiento, la abstención de realizar cualquier tipo de acto de acoso y/o violencia verbal o física y el cese de actos de perturbación y de intimidación, deja aclarado que tales pautas no impiden su concurrencia al lugar de trabajo -en el caso situado a una cuadra de la familia de la denunciante-, ello no obstaculiza su efectiva concurrencia, con lo cual no se advierte una restricción circulatoria que afecte su derecho en tal sentido.
Divorcio, separación de bienes, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: D. c/ L. s/ ART. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-04

Las medidas de seguridad fundadas en los arts. 233 y 1295 del Código Civil, tienen su origen en la ley de fondo y no en la procesal. Las relaciones conyugales, a£n en su aspecto patrimonial, son distintas a las que se establecen entre los demás acreedores y deudores contemplados por los códigos procesales y no estén sujetas a la ley procesal, salvo en los aspectos que no involucren cuestiones resueltas por el derecho sustantivo. El título que tienen los cónyuges para solicitar las medidas precautorias, proviene directa y exclusivamente de la ley de fondo y no de las convenciones por ellos otorgadas o de los hechos en cuya virtud las reclamen, cuyo alcance tuviera que someterse a la consideración del juez, a la luz de circunstancias más o menos implícitas y de hechos cuestionables. Por tanto, cuando se trata de divorcio y la separación de bienes, es la ley de fondo la que determina y acuerda la máxima verosimilitud del derecho para la traba de medidas cautelares.-
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Boehringer, Ingelheim S.A. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 10.581 y dec. reg. 367/91
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Si en el caso se evidencia la verosimilitud del derecho invocado por los accionantes, por la circunstancia de que normas similares ya han sido declaradas inconstitucionales por diversos Superiores Tribunales de Provincia llegando incluso la C.S.J.N. a confirmar algunos de esos fallos, corresponde decretar la suspensión de los efectos de la ley hasta tanto se dicte sentencia, previa caución real que deberá presentar el actor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Arrigo, Mónica Alicia c/ Cosmética Sur Mer S.A. s/ Despido Arguello, Juana Rita y otros c/ Montefiore S.A. s/ Diferencia y suspensión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-09|1993-10-05

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no logra conmover la estructura básica del fallo al desprender el impugnante conclusiones distintas a las del juzgador de primer grado partiendo de un punto de vista diferente y dejando de ver que para estudiar el asunto desde otra perspectiva que el de la sentencia, debe indicar a la casación -y no a través de una mera discrepancia de criterio-, porqué el encuadre es como él lo pretende y porqué promedia error en el modo como el Tribunal de la causa ha visto la controversia.
Constitución Nacional, constitucionalidad, ley nacional, tenencia de estupefacientes
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Montalvo, Ernesto Alfredo. s/ INF. LEY 20.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

La prohibición constitucional de interferir con la conducta privada de los hombres basta para invalidar el art. 6- de la ley 20 771 y el 14, segunda parte, de la ley 23.737, cuya inconstitucionalidad se declara en cuanto incrimina la simple tenencia de estupefacientes para uso personal .
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, accidente de tránsito, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Pedro José MONTERO ITHURRALDE y otro c/ Carlos Alfredo VILLALBA OTORMIN y otro s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  VALORACION  DE  CIRCUNSTANCIAS DE HECHO Y DE PRUEBA  -  ACCIDENTE  DE TRANSITO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-20

Resultan admisibles las impugnaciones atinentes a la fijación de una suma global comprensiva de los distintos ítems del resarcimiento gastos de traslados, de ropa, extras de internación y farmacéuticos- habida cuenta de que la ausencia de discriminación de esos renglones impide verificar el proceso lógico empleado por el tribunal para aceptar la cuantía del menoscabo sufrido y coloca al damnificado en un estado de indefensión.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Luis Hugo s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

No existe transgresión del art. 156 de la Constitución provincial si en ningún momento se planteó formalmente la causal de justificación de cuya falta de tratamiento se protesta: ni al formular la defensa, ni al expresar agravios respecto de la sentencia condenatoria.
Policía federal, acto administrativo, juntas de calificación, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SKRZYPIEC, Néstor V. c/ E.N. s/ HABER DE RETIRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

El acto emanado de la Junta de Calificaciones de la Policía Federal Argentina constituye una actividad discrecional insusceptible en principio de justificar la revisión judicial y no corresponde a los jueces sustituir el criterio de dichos órganos salvo en el caso de que aquellos incurrieran en arbitrariedad o ilegitimidad (confr. Fallos: 261:12; 267:325; 303:559; esta Cámara: Sala I, Bomparola , del 4-VII-85; Sala III, Amodeo , del 25-IV-85; Sala IV, Lafón , del 13-VIII-87 y esta Sala, Acosta, del 19 del nov. de 1991).
Obras sociales, aportes a obras sociales, guarda del menor
Materia: CIVIL
Carátula: Pereda, Mauricio y otro s/ Guarda
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-05-17

Si el pago de una obra social para sus supuestos sobrinos le resultara oneroso al actor, no es a través del instituto de la guarda el camino para su solución (conf. Res. Nro. 3957/84 Caja de Servicios Sociales).
Inamovilidad de los jueces, límite de edad, doctrina de los actos propios, Constitución Provincial, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sesto de Leiva, Amelia del Valle c/ Estado Provincial s/ Acción Autónoma de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-08

Un Ministro de la Corte de Justicia interpone Acción Autónoma de Inconstitucionalidad en contra del Estado Provincial, solicitando se declare la inconstitucionalidad del Art. 195 de la Constitución Provincial, en cuanto limita la inamovilidad de los Magistrados a la edad de sesenta y cinco años.

La cuestión traída a conocimiento de este Superior Tribunal, ha sido motivo de tratamiento in extenso por parte de la Representante del Ministerio Público y del Ministro Subrogante que me preceden en el Acuerdo, a cuyas consideraciones y conclusiones adhiero.

Sin perjuicio de ello, estimo de absoluta pertinencia resaltar, respecto de la alegada teoría de los actos propios esgrimida por la accionada a efectos de rechazar el planteo de parte, que los alcances asignados a la misma resultan de plena aplicación dentro del ámbito del derecho privado, cuyo ordenamiento adjetivo cuenta con previsiones de ineludible acatamiento.

Pero, dicha defensa ha obviado que esta teoría tiene una importantísima excepción, configurada cuando el contradictorio se desarrolla dentro del ámbito del derecho público afectando o menoscabando derechos esenciales dentro del sistema republicano de gobierno, que trasciende a meros intereses personales o patrimoniales para afectar instituciones fundamentales del estado de derecho de donde por las características intrínsecas del plexo normativo-constitucional vigente, no puede argumentarse válidamente transpolando un instituto ius privatista para concluir reputando inimpugnable una norma de inferior jerarquía en absoluta contradicción con el derecho constitucional y supraconstitucional vigente. Así, juzgada la cuestión a la luz de la pirámide kelsiana, determina la admisión de la acción.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la Acción Autónoma de Inconstitucionalidad interpuesta en contra del Estado Provincial.

(Del voto del Dr. Lilljedahl))
Inadmisibilidad del recurso, extinción de la acción penal, sobreseimiento, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Gallo López, Javier c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-18

Es inadmisible el recurso de casación contra el rechazo del planteo de extinción de la acción penal por prescripción y el consiguiente sobreseimiento del condenado, si no se ha podido acreditar que el caso presente los requisitos de sentencia equiparable a definitiva y de cuestión federal.

Fuente del sumario: OFICIAL
Jueces, competencia provincial, Poder Judicial, Estado Provincial, sistema federal
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Bruno, Raúl Osvaldo s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Los magistrados, en tanto integrantes del poder judicial de la provincia, no están en las condiciones de "empleado público" al que se refiere el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Ello excluye la posibilidad de considerar que la garantía establecida en el art.

96 de la Constitución Nacional integre las condiciones bajo las cuales el Gobierno Federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones (art. 5x de la Constitución Nacional) y la pretensión de hacer valer el imperio del art. 31 de aquella en este campo.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, despido
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ANTIGUALA, RUBEN O. c/ WELBERS INSUA SA. s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-02-26

La valoración de la conducta de las partes anterior al cese de la relación laboral, así como la determinación de la injuria que autorice al trabajador a considerarse despedido, constituyen típicas cuestiones de hecho ajenas a la competencia de la Corte.-
Sucesiones, declaratoria de herederos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fornerón, Roberto Enrique y Alliadu, María Teresa s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-03

La petición de declaratoria por el heredero debe hacerse en forma expresa y la declaratoria solo puede dictarse a favor de quienes se hayan presentado acreditando debidamente el vínculo y consecuente vocación sucesoria, o en su defecto hayan sido reconocidos, ello por cuanto la inclusión en la declaratoria de herederos, implica no sólo los derechos de tal, sino también obligaciones. No corresponde incluir a quienes en ningún momento no expresaron su voluntad de ser considerados herederos, dado que los jueces no pueden suplir de oficio la inactividad de los interesados.
Honorarios del abogado, IVA, exenciones impositivas, régimen de consolidación de deudas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: DENTESANI, Gladys c/ INMAR S.A.I.C. s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-01

La eximición del impuesto al valor agregado de la que gozan los honorarios de letrados y peritos cuya obligación de pago estuviere consolidada (art. 3º, ley 24.475), sólo beneficia al Estado Nacional. Ello es así, a poco que se repare en que el régimen de consolidación sólo rige para las obligaciones a cargo de éste último, siempre que la causa o título sea anterior al 1º de abril de 1991, ya que el sistema fue sancionado con el objeto de remediar la grave situación económico-financiera en que se encontraba el Estado, a lo que cabe sumar el criterio restrictivo con que deben interpretarse las exenciones en esta materia, atendiendo a lo que resulta de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan.-
Habilitación de feria, conciliación laboral, ejecución del convenio
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Justiñano Patiño, Magalí c/ Villarpando Medina, Felipa y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-26

Cabe habilitar la feria judicial extraordinaria a los efectos de iniciar la ejecución de un acuerdo laboral que fue incumplido por la empleadora, dado que la intervención de los tribunales de feria tiende a asegurar únicamente el futuro ejercicio de un derecho o el cumplimiento de medidas ya decretadas, debiendo siempre concurrir alguno de los supuestos de excepción contemplados en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 153), y el recurrente invoca en su apelación elementos que permiten considerar que en el caso se configuran algunos de dichos supuestos.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal, pequeños contribuyentes, alumbrado, barrido y limpieza
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autódromo SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Autódromo SA  s/ ejecución fiscal - ABL - pequeños contribuyentes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-08

No corresponde equiparar a definitiva la sentencia de Cámara impugnada, que mandó llevar adelante la ejecución fiscal más intereses y costas. En ella, los jueces afirmaron que no se advertía que la parte demandada hubiese sido colocada en una situación de indefensión y que la prueba aportada por el GCBA, que respaldaba que la empresa era la deudora de los períodos reclamados, no había sido desvirtuada por la demandada. En efecto, la Cámara corroboró que la recurrente poseía el carácter de "concesionaria y tenedora" del inmueble de autos durante los períodos fiscales controvertidos -y en tal carácter resultaría obligada al pago-, y constató que la falta de individualización pretendida por la deudora en la boleta de autos no la había colocado en una situación de indefensión, pues el GCBA había ampliado la demanda contra ella y había podido presentarse y ejercer su defensa en tiempo y forma. Esta decisión y razonamiento no le impide al recurrente invocar la inexistencia de deuda a su cargo en un futuro proceso ordinario, en el que podrá proponer todas las defensas y pruebas que considere pertinentes para acreditar que no existía norma legal o contractual que lo obligase a cargar con los tributos aquí reclamados. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Ejecución de la pena, libertad condicional, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Alonso, Patricia Beatriz s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

No constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las particulares circunstancias del caso el pronunciamiento que estableció que el art. 140 de la ley 24.660 -texto según ley 26.695- en nada modifica los requisitos temporales exigidos por el ordenamiento legal para acceder a las salidas transitorias y para obtener la libertad condicional, pues surge de la letra de dicha norma que se reducirán los plazos de las distintas fases y períodos de progresividad del sistema penitenciario, sumado a que la libertad condicional constituye el cuarto período de la progresividad del sistema -art. 12 ley 24.660-, todo lo cual determina que dicho período se encuentra alcanzado por las disposiciones del citado art. 140. Uno de los votos concurrentes agregó que el hecho de que a la libertad condicional le sea aplicable dicha normativa no significa desconocer que el instituto, caracterizado por el cambio cualitativo del encierro que implica el cumplimiento de la pena y para cuya procedencia se requiere el cumplimiento de los requisitos impuestos por el código de fondo, presente aristas diferentes con el resto de las fases y períodos y posibilidades específicas distintas en cuanto a su concreción, sino de reconocer que, en pos de la misma meta, la ley de fondo lo ha previsto como cuarto período del régimen y como tal le corresponde el sistema de estímulos; y el otro voto concurrente señaló que el art. 140 ley 24.660 -según ley 26.695- es un estímulo educativo para aquel que elija capacitarse y mejorar su disposición al cumplimiento normativo y por el que se reducirán los plazos -luego de verificado su cumplimiento y su valoración para la reducción de la culpabilidad compensatoria- para avanzar a través de las distintas fases y períodos de progresividad, sin que esta nueva situación modifique la pena impuesta al reo, sino que adelanta los tiempos en que el recluso puede ir progresando lo que de ninguna manera modifica el vencimiento de la pena. (Dres. Borinsky, Hornos y Gemignani).
Recurso de casación, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: GONZALEZ OSVALDO Y OTRO c/ F.J. BONINO Y CIA. S.C. s/ RECURSO DE CASACION - CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-27

El impugnante ha atacado el fundamento esencial del fallo con indicación expresa de la falencia que le imputa refiriéndose sus argumentos en forma directa y concreta conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Ello permite analizar el meollo del asunto a fin de determinar si ha existido o no la errónea interpretación legal que se denuncia.
Sentencia de la Corte Interamericana, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, interpretación de sentencias, REPÚBLICA DOMINICANA, responsabilidad internacional del Estado, derecho a la nacionalidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de las Niñas Yean y Bosico c/ República Dominicana s/ demanda de interpretación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-11-23

Conforme lo determinan los artículos 67 de la Convención Americana y 59 del Reglamento de la Corte Interamericana, resulta competencia del Tribunal el verificar si los términos de la demanda de interpretación de la Sentencia -emitida el 8 de setiembre de 2005 sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas-, planteada por la República Dominicana respecto de la responsabilidad internacional declarada por violación al Pacto en perjuicio de dos niñas a quienes el Estado privó arbitrariamente del derecho a la nacionalidad, cumplen las normas aplicables, considerando que aquella presentación no puede ser empleada como un medio de impugnación.
Desobediencia a un funcionario público, competencia contravencional y de faltas, declinatoria
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS MUERZA, RAMÓN c/  s/ 239 - RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-08

Haciendo primar un criterio que privilegie un servicio de justicia eficiente que atienda al grado de conocimiento e intervención ya desplegado por los órganos de la justicia local, corresponde declarar la competencia de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas para investigar el hecho denunciado. En este, se produjo una interrupción, durante la Asamblea General Ordinaria del Sindicato de Empleados de Comercio, de forma abrupta y sin cumplir con los protocolos de acreditación y sanitarios por parte de un grupo de personas que respondían a otra organización. En estas actuaciones, si bien la investigación se había iniciado ante la justicia federal de esta Ciudad, una vez que esta declinó la competencia a favor del fuero local por ausencia de interés de la Nación en el caso, fue este último el que la aceptó y tramitó durante meses. No corresponde la declaración de incompetencia parcial hacia otro fuero ordinario para entender respecto del delito previsto en el art. 160 del CP, ya que el archivo parcial dispuesto (respecto de los sucesos encuadrados en los delitos de lesiones y daños, y con relación a aquel previsto en el art. 205 del CP) no presenta la característica de ser definitivo, en función de lo dispuesto en el art. 214 del CPP. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).