Constitucionalidad, funcionarios judiciales, reducción salarial, equiparación salarial, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernandez Raúl y Otros c/ Provincia de Córdoba s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-12-19

1- Al haberse menguado injustificadamente las compensaciones salariales, se han afectado principios constitucionales (igualdad, propiedad, etc.).

Puede admitirse la facultad estatal de ejercer el "jus variando" para enervar la remuneración de sus dependientes.

Lo que no puede sostenerse es que esa facultad pueda ser utilizada discrecionalmente por la autoridad sin justificación de ninguna naturaleza, violentando derecho de raigambre constitucional.

La legislación impugnada afecta derechos adquiridos, puesto que el agente de la Administración tiene tales derechos adquiridos al haber desempeñado su tarea bajo un régimen legal, por un período determinado, durante el cual el dependiente incorporó a su patrimonio un ingreso establecido por una norma legal.

2- La Administración no ha alegado motivos de emergencia, como así tampoco que la disminución salarial sea para un sector, toda vez que afecta a un número íntimo de funcionarios, e igualmente que esa pérdida de la retribución implica una pérdida o disminución de la posición jerárquica o escalafonaria.

La disposición legal, inflige un menoscabo cierto -de orden patrimonial- a los funcionarios judiciales comprendidos ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial, asigna a los Relatores de Sala el carácter de "Funcionarios", con el cargo más alto (arts. 67, 68 y Conc., Ley 8435), y ello no ha sido modificado por la Ley 8.576).

Hay que atender a la circunstancia de que esa norma la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, establecen como requisitos para acceder al cargo de Relator, las mismas condiciones que para ser Vocal y Fiscal de Cámaras, requiriendo la aptitud o experiencia suficientes (edad y ejercicio profesional o de la magistratura) para ser un magistrado (arts. 68, Ley 8435; art. 41, Ley 7826, modif.. por Ley 8249).

Desde luego que tal estipulación no significa que tengan la misma jerarquía funcional o institucional.

Por ello, la equiparación que existía con la anterior ley, era sólo a los efectos remuneratorios.

3- El art. 23 de la Constitución de la Provincia de Córdoba prevé el derecho a la estabilidad de los empleos públicos de carrera, carácter que invocan los Relatores.

Tal derecho, por otra parte, está admitido en el art. 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Nro. 8.435) en cuanto dispone que esos funcionarios "...permanecerán en sus cargos mientras dure su buena conducta". El concepto de "estabilidad" no se agota ene. derecho a conservar la función o el cargo que se desempeña. La noción va más allá y comprende el reconocimiento de todos los derechos estatutarios, entre los que se hallan los del respeto a la jerarquía o nivel alcanzado por el agente dentro de la Institución en la que lleva adelante sus labores.

Así las cosas, la equiparación salarial de la que gozaban los reclamantes ha sido vulnerada por la ley cuestionada.

La alteración a ese status jurídico, conlleva un ataque a derechos patrimoniales y extrapatrimoniales que hacen procedente la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 8576.