marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, reintegro de gastos
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vergara de Ovejero, María del V. Mercedes c/ Perea, Luis Patrocinio y Sra. s/ Prepara vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-04

El pronunciamiento sobre costas del juicio se extiende a las que ocasiona el procedimiento de ejecución de la sentencia, y los gastos que se generen para su cumplimiento efectivo deben ser soportados por la parte a la que le fueron impuestas.

En efecto, los gastos de diligenciamiento de medidas ordenadas en la causa-juicio ejecutivo-son erogaciones comprendidas en las costas del juicio, pues surgen como consecuencia directa del proceso y por ende, deben consignarse en la planilla de liquidación correspondiente.

Ahora bien, corresponde determinar si es requisito, en el caso, que los comprobantes de los gastos cumplan con las exigencias de la ley impositiva, como entiende el Inferior. La Resolución General de la D.G.I. Nro. 3419/91 referida a Facturación y Registración, dispone que deben emitir factura, remito o documentos equivalentes los sujetos que realicen en forma habitual operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones, prestación de servicios etc.

En el caso, no se impone el cumplimiento de la norma de cita, por cuanto no surge de autos la habitualidad en la tarea del diligenciador; pero además las cuestiones y cargas impositivas del diligenciador, su cumplimiento o incumplimiento, no pueden ser sufridas por el ejecutante, que es quien ha realizado el gasto, el que por otra parte está comprendido en las costas las que, en el caso están a cargo del ejecutado. Ello, sin perjuicio de la facultad del Juez de reducir prudencialmente los gastos que considere excesivos.

En el sub lite la reducción efectuada por el A quo es equitativa y proporcional con la tarea efectuada por el diligenciador, sólo con referencia a los mandamientos de pago y/o embargo- de $80 a $ 40- ello en virtud de que dichas diligencias se realizaron en un radio que no excede las veinte cuadras del asiento del juzgado, por lo que no se justifican mayores gastos.

No así, respecto del gasto efectuado con motivo del diligenciamiento y movilidad de los mandamientos de secuestro de los bienes embargados-$ 70 conforme recibo-, pues este monto resulta justo y razonable ya que para cumplir con el trámite-secuestro de freezer, heladera, equipo de audio, etc.- se requiere personal auxiliar y vehículo especial, lo que justifica mayores costos.

En consecuencia corresponde hacer lugar parcialmente a la apelación en subsidio articulada, revocar el párrafo pertinente del proveído del Inferior, y ordenar la inclusión en la planilla de liquidación de los gastos que se describen supra.
Sanciones administrativas, Municipalidad, establecimiento comercial, habilitación del establecimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ LILIANA BEATRIZ c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO - SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-20

La falta de demostración de haberse emitido una orden irregular, no significa conferir mayor crédito a los dichos de quien la impartiera, sino tener por insatisfecha la carga probatoria que pesa exclusivamente sobre la accionante, quien al no haber cumplido con el recaudo de advertir sobre lo irreglamentario de la habilitación incurrió de manera injustificada en la falta sancionada por la Comuna consistente en una suspensión por el término de quince días.

Ello no significa atribuir a la demandante una suerte de complicidad en el obrar antijurídico que le imputa a los ex-funcionarios del Municipio ya que en tal hipótesis la sanción hubiese sido de mayor entidad. El reproche que cuadra formularle, es de menor envergadura y proporcionado con la sanción impuesta. El mismo reside en no haber puesto de manifiesto la incompatibilidad reglamentaria que tenía la habilitación de un negocio de entretenimientos infantiles, con las ordenanzas vigentes; lo que era indispensables consignar para impedir que sus superiores cometiesen cualquier ilicitud. Si todos los funcionarios que ejercen tareas de cierta relevancia, cumplen con el deber de advertir sobre lo ilegal -en sentido lato- que resulta de la medida pretendida por el administrador, mayor facilidad habría en mantener la licitud en el actuar administrativo, porque mucho más dificultoso sería el cometido de algún superior que quisiese soslayar las pautas puestas de manifiesto en el dictamen técnico que confeccionaran sus subalternos. Aunque ninguna relevancia hubiese poseído el informe en cuestión para impedir que se consagre una habilitación incorrecta, era deber de la Jefa del Departamento de Espectáculos y Entretenimientos Públicos poner de manifiesto esa irregularidad y su omisión debe ser sancionada, para que en lo sucesivo no se den por sobrentendidas órdenes espúreas que tiendan a facilitar un presunto obrar que desprestigie a la estructura moral y jurídica que deben poseer los actos administrativos, de los que los agentes jerarquizados deben ser celosos custodios.
Despido por maternidad, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Cotella, Andrea Fabiana c/ Saga Tex S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-20

Acreditado que el principal tuvo conocimiento del estado de gravidez de la trabajadora en forma idónea con anterioridad a la consumación del despido, debió en todo caso modificar su decisión extintiva de conformidad con el mandato legal; o en su defecto acreditar debidamente en el proceso las motivaciones enunciadas al disponer el despido y que llevaran a considerarse como suficientes para no retractar la medida.
Daños y perjuicios, culpa civil, rescisión del contrato, prueba, falta de prueba, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Santa Fe, Provincia de c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (E.N.Co.Te.S.A.) s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

Corresponde rechazar la demanda -en cuanto persigue la restitución de una parte de lo abonado- y la reconvención -en cuanto se dirige a obtener el cobro de la cuota pendiente- si las partes no aportaron elementos serios para determinar con algún grado de certeza el valor de las prestaciones incumplidas pues, ni la actora demostró que las sumas abonadas por ella generaran un enriquecimiento sin causa de la demandada, ni ésta probó que esos pagos fueran insuficientes para retribuir las tareas realizadas hasta el momento de la rescisión.
Caducidad de instancia, costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: SCHNEIDER  ERNESTO  RODOLFO c/ SCHNEIDER ELECTRONICS GMBH s/ CESEDE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-07

Esta Sala tuvo oportunidad de sentenciar que de conformidad con los principios contenidos en los arts. 73 y 77 del Código Procesal, el pago de las costas de la instancia perimida debe ser soportado por la parte cuya inactividad determinó la declaración de caducidad (conf. CNCom, Sala B, in re "Cirlafin SA c/ Liprandi Juan", del 27.7.82). El fundamento de tal imposición reposa en que el principio objetivo de la derrota comprende, no sólo el caso de quien es declarado vencido por la sentencia judicial al desestimarse sus pretensiones, sino también a aquél que no llega a obtener el reconocimiento de su derecho por no haber impulsado la tramitación del pleito, a pesar de haber sido quien promovió la actividad jurisdiccional (conf. esta Sala, causa 3.450/05 del 31.3.09).
Fraude a la propiedad intelectual, derechos de autor, reproducción ilegal de obra intelectual, películas
Materia: PENAL
Carátula: FRANCESCHINI, RICARDO s/ PROPIEDAD INTELECTUAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-05

El art. 73 de la Ley 11.723, no puede ser considerado aislado de otras disposiciones contenidas en la norma de referencia. La Ley de propiedad intelectual protege cualquier tipo de obra; basta que se trate de una creación personal, cualquiera sea el valor en el orden artístico, científico o literario, por que aquélla emplea un método enunciativo y no taxativo y ampara toda creación del espíritu aunque no esté expresamente mencionado.

El art. 73 de la Ley 11.723 no debe interpretarse con sentido restrictivo, sino con la amplitud que le confiere el art. 50 ídem que determina que "a los efectos de esta ley se considera como representación o ejecución pública, la transmisión radiotelefónica, exhibición cinematográfica, televisiva o cualquier otro procedimiento de reproducción mecánica de toda obra literaria o artística".

Se entiende, generalmente que se refiere a la representación o ejecución de una obra que ofrece a los auditores o espectadores sin restringirla a determinadas personas pertenecientes a un grupo privado y que supera los límites de las representaciones domésticas normales. La representación o ejecución pública y cualquier transmisión de ella a distancia al público están sujetos a autorización de parte del titular del derecho de autor sobre la obra, con las limitaciones concretas establecidas por algunas legislaciones de derecho de autor.

El art. 71 de la Ley 11.723 correctamente integrado con los arts. 2 y 50 del mismo cuerpo legal sanciona con la pena del delito de defraudación al que sin autorización del autor, disponga de una obra artística, la represente o ejecute públicamente a través de exhibición cinematográfica, televisiva o cualquier otro medio de reproducción mecánica.

La correcta interpretación de la ley 11.723 es que cuando habla de representación, definido el contrato en el art. 45, se refiere también a la transmisión radiotelefónica, exhibición cinematográfica, televisiva o cualquier otro procedimiento de reproducción mecánica de toda obra literaria o artística, como la que presupone la creación de un film.
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Thomann, Federico F. y otros c/ Municipalidad de Alte. Brown s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-07

Si bien esta Corte en sus anteriores composiciones ha venido pronunciándose en el sentido de que no puede entablar la acción contencioso administrativa quien sólo esta afectado en un interés legítimo y no alega la vulneración de un derecho subjetivo administrativo, interpretándose con ese alcance el art. 1 del CPCA corresponde revisar esa doctrina interpretando las disposiciones procesales aplicables en su conjunto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, economía procesal, privación de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Correo   Argentino   S.A. c/ Obra   Social  de  Buenos  Aires(O.S.C.B.A.) s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

Corresponde habilitar la intervención de la Corte Suprema por razones de economía procesal y a los fines de evitar una situación que se traduzca en una efectiva privación de justicia para el reclamante -quien ha visto sucederse diversas declaraciones de incompetencia durante un prolongado período (Disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Recurso extraordinario federal, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: SPERATTI, GUILLERMO EDUARDO; RODRIGUEZ, RUBEN PEDRO; RICCIARDULI, FRANCISCO JOSE; SANCHEZ, ANTONIO OSVALDO; s/ "QUEJA EN: DENUNCIA S/ PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL BANCO  PROVINCIA DE RIO NEGRO, ASUNTO: COERPE" MASSACCESI, EDGAR; SPERATTI, GUILLERMO; RICCIARDULLI, FRANCISCO; LOPEZ, DANIEL; NOUCHE, CESAR; BOU ABDO, RODOLFO Y OLAVARRIETA, ROBERTO s/ "QUEJA EN: DIRECTORIO DEL BANCO PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ DENUNCIA"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-10-25|1994-11-01

La gravedad institucional no debe ser confundida con la repercusión periodística dada al caso en que un delito es imputada a una persona de notoriedad pública.
Excarcelación, revocación de la excarcelación, prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Trusso,  Francisco Javier s/ incidente de excarcelación -causa nº91.833/51 T-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-12

Si bien el art. 189, inciso 6º, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, prevé el supuesto de revocación de la excarcelación, cuando se dictare sentencia condenatoria que impusiere pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento, aún cuando no se encontrare firme, este dispositivo normativo puede ceder cuando la causa lleva un trámite bastante dilatado, se preanuncia un complejo mecanismo recursivo que demorará aún más la culminación del proceso, y está excedido largamente el plazo razonable de detención preventiva.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Igualdad ante la ley, mora del deudor, cobro de sumas de dinero, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Nuñez , Alberto y otros c/ Estado Nacional - Prerfectura Naval Argentina - s/ cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-23

Transgrede la norma el principio de igualdad en dos aspectos: por un lado discrimina a los abogados con respecto a la generalidad de los acreedores al vedarle obtener lo que le confiere a éstos; por el otro, desequilibra la relación creditoria a favor del deudor moroso quien, al amparo de la norma írrita, se ve motivado a mantener el incumplimiento. No hay ninguna razón jurídica que justifique ese tratamiento diferenciado con las consecuencias señaladas, mucho menos en un contexto de creciente inflación en el que los operadores e intermediarios del mercado financiero no sufren ninguna restricción para lucrar con su actividad. Los intentos de conciliar la disposición aludida con la Ley Fundamental mediante una interpretación encaminada a ese objetivo no han sido exitosos (conf. C.S.J.N. M. 287. XL "Montemurro, Juan y otra c/D.N.V. s/expropiación irregular" del 20/12/05). En atención a ello y a los argumentos enunciados, corresponde confirmar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 56 de la ley 21.839.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, enjuiciamiento de magistrados, fiscales, destitución, fundamentación de sentencias, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Ricardo Videla en la causa Videla, Ricardo y otro s/ jurado de enjuiciamiento c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

Corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que confirmó la destitución del actor del cargo de fiscal, pues la corte local realizó la revisión de conformidad con los criterios jurisprudenciales, el recurrente no cuestionó esa jurisprudencia y tampoco planteó que el acotado alcance que esa doctrina asigna a la revisión judicial vulnere garantías constitucionales, sino que su reproche se dirigió, únicamente, contra la sentencia apelada por considerar -equivocadamente- que el a quo no trató el mérito de su agravio y, con ello, afectó su derecho al recurso y a una protección judicial efectiva.
Juicio de menores, menor procesado, medidas tutelares, homicidio simple, facultades del juez, pena
Materia: PENAL
Carátula: B., D. E.  c/  s/ homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-09

Habiendo analizado adecuadamente las pautas de los arts. 40 y 41 del CP, ante el fracaso de todo intento tuitivo realizado en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y convencionales que rigen la materia minoril, para el caso de quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años se verifica la necesidad de imposición de una pena, no como castigo, sino para resocialización del mismo, debido a que -como relatara la asesora de menores- se han agotado todas las medidas tutelares, sin ningún tipo de voluntad de su parte de someterse a las mismas
Recurso extraordinario, indefensión
Materia: PENAL
Carátula: Culatina, Nelio Angel s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-24

La doctrina de la Corte sobre indefensión no constituye un medio apto para derogar los términos legales (o suplir la ineficacia defensiva) sino para corregir aquélla que se origine en la privación de suficiente defensa en la instancia extraordinaria.
Proceso penal, imputado, audiencia de conocimiento personal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: SOSA, MARIO HUMBERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-26

El vicio relativo a la falta de celebración de la audiencia de visu no puede ser soslayado por la circunstancia de que la defensa del imputado no lo haya planteado como agravio, ya que se torna necesario que este Tribunal, en una ampliación interpretativa progresiva del ámbito de dicha garantía, como último control de constitucionalidad de la provincia y en el rol institucional que tal situación conlleva, efectúe una hermenéutica clarificadora de la norma, que resulte útil a los operadores del derecho, a la par de resguardar tal garantía para la totalidad de los imputados en el ámbito del proceso escrito -aún vigente- en nuestra provincia (Del voto del Dr. Falistocco).
Prisión preventiva, prisión domiciliaria, coronavirus, emergencia sanitaria, pandemia
Materia: PENAL
Carátula: Balbuena, Diego Emanuel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-21

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación contra el rechazo de la prisión domiciliaria, pues la defensa pública oficial no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el juez de la instancia previa consideró relevantes para rechazar la prisión domiciliaria solicitada. Para así decidir el sentenciante precisó que Balbuena es una persona de 40 años de edad y que si bien el área de salud del S.P.F. informó que tiene "antecedentes preexistentes -diabetes tipo 2- que lo ubican dentro de las personas de riesgo en relación con el virus del Covid-19" también se hizo saber que se mantiene controlado su estado de salud y que puede continuar en el pabellón. A su vez se señaló que "en caso de existir alguna cuestión especial en su tratamiento o urgencia de mayor gravedad se tratará de tomar las medidas internas y posteriormente -frente a la emergencia del aislamiento- en forma externa como lo vienen haciendo constantemente esa Unidad". Finalmente consideró las contingencias propias que implicaría el traslado del encausado hacia el domicilio que aportó en la ciudad de Resistencia, zona de circulación del virus en donde ya se han registrado varias muertes, y que "exponerlo a ser trasladado hacia un domicilio que está a más de 200 km, no sólo pondría en riesgo la salud del mismo, sino de aquellos que deberían realizar el traslado". Por ello corresponde declarar inadmisible la vía intentada, sin perjuicio de encomendar al tribunal a quo a que requiera a la Unidad Carcelaria, que arbitre los medios necesarios tendentes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene en los términos de la Acordada 3/20 de esta CFCP y la "Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en el S.P.F." Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña.
Fiscal de Estado, teoría del órgano, responsabilidad de la provincia, responsabilidad del mandatario, responsabilidad de representantes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAYANCA ERNESTO EMILIO s/ Administración (LIBRO: A130 - 471)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-14

Entre la noción de órgano y la de mandatario o representante, hay una diferencia esencial. La calidad de representante puede derivar de la ley o de un acto jurídico, en cambio, la calidad de órgano deriva de la propia constitución de la persona moral: integra la estructura de ésta y forma parte de ella. El órgano nace con la persona jurídica. En el mandato y en la representación hay un vínculo jurídico entre dos sujetos de derecho, donde uno actúa en nombre de otro, en cambio, tratándose del órgano la persona jurídica -en el caso, el Estado provincial- actúa ella misma, porque el órgano forma parte de ella e integra su estructura, la persona jurídica se sirve del órgano como la persona física se sirve de la boca o de la mano (en forma análoga, no idéntica). Cuando el Gobernador le otorga poder el Asesor de Gobierno para que actúa ante los tribunales, el Gobernador es un órgano, el Asesor un representante o mandatario.-
Medidas cautelares, prohibición de contratar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAMPA  T.V.   S.A. c/ A.T.C. s/ MEDIDAS CAUTELARES - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-09

Cabe advertir que la pretensión de la actora enderezada a obtener preventivamente el cese del suministro de programación por parte de ATC a Difusora S.R.L. vendría a importar de un modo inaceptablemente prematuro -toda vez que no se han acreditado las circunstancias que lo justifiquen, v. gr., si la programación que suministra ATC a la aludida empresa reviste calidad de "novedosa" en los términos pactados en los convenios- la alteración de la situación existente al momento de la promoción de la demanda, máxime si se atiende al criterio restrictivo que debe presidir las decisiones sobre el punto.

Resulta adecuado recordar que la prohibición de contratar prevista por el art. 231 del Código Procesal debe ser limitada a los bienes objeto del juicio o ya embargados, cuando se quiere asegurar sobre ellos la ejecución, los que siempre serán individualizados en la misma providencia que disponga esta particular clase de cautela, en tanto el objeto de la medida es satisfacer una necesidad de aseguramiento provisional para mantener en lo posible el estado patrimonial existente.

Sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que la prohibición de contratar la venta de programación por parte de ATC en favor de otra empresa y el cese de suministro de programación ya entregada requeridos por la actora, exceden en forma manifiesta el marco de admisibilidad fijado por la ley.-
Procedencia parcial, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, avenimiento, condena condicional, sobreseimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Cotignola, Bruno Nicolás s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Cotignola, Bruno Nicolás sobre 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89/90 y 91) y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-01

Corresponde hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso de inconstitucionalidad respecto del agravio acerca del mantenimiento de la pena de prisión de un año en suspenso, acordada en el avenimiento, cuando la jueza solo lo condenó por una de las dos imputaciones contenidas en ese acuerdo y disponer el sobreseimiento respecto de la restante. Es claro que la aplicación de una pena más grave que la convenida por las partes contraviene la ley procesal penal y los principios constitucionales que rigen el proceso local. En tal sentido, la regulación del avenimiento solo permite al juez aplicar una "pena más favorable al/la imputado/a" (art. 278, CPP). (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).