Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17


A., A. M.; M., P. F.; S., G. A.

Reg.: A y S t 203 p 58-61.

Rosario, 17 de noviembre del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor civil contra la sentencia nro. 44, de fecha 5 de agosto de 2003, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario en autos "A., A. M.; M., P. F.; S., G. A. -Homicidio en riña- (Expte. 165/02)" (Expte. C.S.J. nro. 293, año 2004); y, CONSIDERANDO: Surge de las constancias de la causa que por sentencia nro. 44 de fecha 05.08.2003, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario resolvió:

a) rechazar el recurso de nulidad impetrado por el señor Fiscal de Cámaras; b) tener por desistido a dicho funcionario de la apelación deducida contra el pronunciamiento de primera instancia y firme el fallo que condenó a A. M. A. y P. F. M. a la pena de tres años de prisión en forma condicional, más las costas, como autores penalmente responsables del delito de Homicidio en riña (arts. 26, 29 inci. 3, 40, 41 y 95 del C.P., y 167, 168 y 297 del C.P.P.; c) confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la demanda civil respecto de A. M. A. y P. F. M. condenándolos solidariamente al pago del monto, con intereses, modalidades y rubros, establecidos en el fallo recurrido, con costas, y d) confirmar el rechazo de la demanda civil instaurada respecto de la Liga Castildense de Fútbol, Club Atlético Chabas, Club Atlético Pujato y Comuna de Pujato, con costas al actor civil.

Contra este pronunciamiento dedujo el actor civil -María Rosa Martínez de Cabrera- recurso de inconstitucionalidad por considerarlo incurso en la vulneración de sus derechos de defensa en juicio, debido proceso legal adjetivo y de propiedad.

Explica que por no permitírsele a su parte, madre de la víctima de homicidio, actuar como querellante privada conjunta, impidiéndole en este caso -complejo, mal investigado y con grave incidencia política- cooperar con el agente fiscal, se lesionaron las garantías de los artículos 8 de la Constitución de la Provincia y 16 de la Constitución nacional.

Señala que el fallo de la Cámara incurrió en diversas causales de arbitrariedad que lo tornan inconstitucional.

Así, expresa que no decidió cuestión planteada por el Ministerio Fiscal y alegada por su parte, sobre el tema de la responsabilidad penal de los sujetos. Considera que el desistimiento de la apelación por el Fiscal fue de tipo "condicionado", es decir, que "...si se acordaba la nulidad, era obvio que no se necesitaba apelar...". En ese orden, agrega, al descartar el fallo el recurso de nulidad, debió tratar el tema penal, por cuanto carecía de sentido el desistimiento de la apelación.

Relata que, por el contrario, la Sala efectuó una versión ajena a los hechos y autocontradictoria, pues al comienzo del fallo señaló la existencia de "agresiones entre ambas hinchadas", y luego modificó esta expresión por las de "acometimiento de un grupo a otro" y "seguimiento agresivo del grupo que integraban" los imputados A. y M.

Asimismo se autocontradice el decisorio -a criterio de la recurrente- desde que en primer término decidió no tratar el hecho penal, pero posteriormente mencionó conceptos acerca de "violencia desbordante, repentina, recíproca y tumultuosa", todos los cuales constituyen elementos de la causa penal.

Por otro lado, se agravia la quejosa por entender que la sentencia en crisis no decidió sobre cuestiones planteadas por su parte.

En este orden, expresa que no se trató en absoluto lo relativo a la desaparición de evidencias (piedra del cordón del pavimento y planchuela de hierro), la declaración del titular de la Seccional, las admisiones del dirigente político Salomón, las declaraciones de los médicos actuantes en el proceso y especialmente la del Dr. Lencioni (indicativas de que el cuerpo de la víctima recibió el ataque de más de una persona, y de que uno de los golpes en la zona trasera del cuello fue el mortal), así como tampoco se consideró lo expuesto por su parte en relación a la desantención por parte de las autoridades competentes -policía, municipio, clubes intervenientes en el evento- de las circunstancias del sitio donde se produjo el hecho.

Alega que el fallo no decidió su planteo relativo a la ausencia de motivación en el decisorio de baja instancia.

Entiende que la sentencia de Alzada incurrió en dogmatismo y autocontradicción toda vez que, -según afirma- por un lado el decisorio negó al actor civil hablar de materia penal, pero con posterioridad admitió que una persona puede acudir al proceso penal, reclamando resarcimiento civil derivado del delito mismo.

Considera que ese reclamo depende obviamente de la tipificación del delito -doloso, culposo- y las distintas manifestaciones que posee -como en el caso de homicidio calificado ya sea por alevosía, premeditación, ensañamiento y producido en banda-.

Reitera que el fallo renunció a tratar el caso penal, pero igualmente lo tomó para descalificar la conducta de la victima y disminuir el resarcimiento pedido, desde que contradijo las propias constancias de la causa al no tener en cuenta el estado calamitoso en que quedó el cuerpo de Cabrera, situación que no fue propia de una "riña", además de que no resultó acreditado en autos que el fallecido integrara alguna hinchada y menos una barra brava ni que haya provocado o acometido a alguien.

Se agravia de las conclusiones dogmáticas a que arribó el pronunciamiento por cuanto condenó a dos insolventes totales, resultando por lo tanto una condena inocua, inservible y teórica, carente de toda eficacia.

Agrega que, en ese orden, la sentencia dejó de lado la evaluación del deber de previsión que compete a todos aquellos que estuvieron en la organización del partido y que incurrieron en imprudencia por omisión al no prestar a los espectadores la vigilancia y seguridad requeridas, citando a autoridades policiales, municipales y deportivas (Club Atlético de Pujato, Club Atlético Alumni de Casilda, Club Atlético de Chabás y Liga Casildense de Fútbol), ninguna de las cuales, según denuncia, inspeccionó previamente las condiciones de seguridad ni del estadio ni de sus inmediaciones, circunstancia que cooperó en "...crear el clima propicio para que la 'barra brava' del Club de Chabás, atacara a simpatizantes del Club de Casilda, ocasión en que se produce la muerte a mansalva del hijo de la actora civil...".

Por auto nro. 185, de fecha 06.07.2004, la Sala a quo resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

2. Pese al esfuerzo desarrollado por el recurrente a los fines de otorgar matiz constitucional a sus planteos, lo cierto es que los mismos no traducen sino su disconformidad con las conclusiones a las que arribó la Alzada en su decisorio, circunstancia que determina la inadmisibilidad del recurso impetrado. En efecto, discrepa el quejoso con la sentencia que impugna por cuanto rechaza la nulidad del proceso deducida por el Fiscal de Cámaras y lo tiene por desistido de la apelación, cuando, a su criterio, la apelación quedaba incólume si se desestimaba la nulidad del juicio. Mas, es de advertir que este cuestionamiento no puede tener andamiaje desde que el Funcionario Fiscal postuló únicamente la nulidad del proceso atento la prolongación desmesurada del mismo, y desistió del recurso de apelación sin hacer mención alguna a que este remedio fuera en subsidio de aquélla.

Por otro lado, las restantes postulaciones enderezadas por el impugnante de ningún modo pueden tener siquiera cabida en esta instancia desde que, tal como lo aseveró la Sala en su sentencia la legitimación que cabe al actor civil es en los límites que estrictamente le otorga el procedimiento penal santafesino.

Y esta conclusión no resulta ni irrazonable ni ilógica pues encuentra apoyo normativo en el artículo 407 del Código Procesal Penal de la Provincia -en cuanto establece que el actor civil puede recurrir las resoluciones sólo en lo concerniente a la acción por él deducida, es decir, para reclamar la indemnización por los daños y perjuicios derivados del ilícito-.

En este orden, los argumentos expuestos por la Alzada en relación a que, si bien como consecuencia de un hecho que puede acarrear responsabilidad civil con fuente en el delito, se le permite al actor civil en el proceso penal la producción de prueba del delito -es decir, acreditar su existencia-, mas ello no implica que cuente con legitimación para fundamentar y recurrir sobre la cuestión penal, la que sólo fue acordada por la ley adjetiva al actor penal, no logran ser desmerecidos por el compareciente que se limita, justamente, a enfatizar su particular apreciación respecto al modo en que, según su visión, ocurrieron los hechos, expresando su disconformidad con la tipificación de los mismos y la calificación del ilícito como homicidio en riña, como así también con la tarea de valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal, lo que a todas luces evidencia lo aseverado por los sentenciantes: una extralimitación en su cometido.

Es por tales razones que las argumentaciones que dirige pretendiendo se extienda la atribución de la responsabilidad civil a autoridades policiales, comunales y deportivas, y también su apreciación en cuanto a que la sentencia se torna "inocua, inservible y teórica" por haber condenado a dos insolventes, no traducen sino sólo su desacuerdo con las conclusiones del fallo que consideró a aquellas entidades ajenas a la cuestión, habiendo expuesto por separado cada uno de los supuestos y dando motivación de lo resuelto, lo cual, más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido los juzgadores, hace a materia y tarea propia de los jueces de la causa, sin que pueda advertirse hayan arribado a una solución autocontradictoria o dogmática que invalide a la sentencia como acto jurisdiccional válido.

En suma, la postulación del quejoso, de la que, además, puede inferirse solamente la crítica subjetiva y fragmentada de la resolución impugnada, intenta erigir al actor civil -tal como se expresó anteriormente- en el rol del querellante particular con poder autónomo de impulsión de la acción penal, circunstancia que, según se señaló, no tiene cabida en nuestro ordenamiento sino en la medida de los aspectos patrimoniales y pecuniarios de la decisión penal (conf. A. y S. T. 194, pág. 355), no alcanzando en esta instancia a demostrar no sólo la configuración de los vicios que endilga al pronunciamiento, sino tampoco que se hubieren vulnerados sus garantías al debido proceso y acceso a la jurisdicción.

En efecto, y conforme se desprende liminarmente de las constancias de la causa y del mismo relato de los antecedentes que efectúa, el recurrente en su carácter de actor civil con los alcances que prevé nuestra normativa, ha contado con todas las posibilidades procesales para hacer valer sus pretensiones, por lo tanto de ningún modo se advierten lesionados aquellos derechos.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)