marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aceto, Oscar y ots. c/ Provincia de Buenos Aires por ESGBA S.A. s/ Emisión por entrega de acciones, bonos, etc. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-16

Doctrinariamente es un lugar común que en esta materia no se requiere prueba terminante y plena del derecho invocado, sino que resulta suficiente su acreditación "prima facie". Se trata de la verosímil presunción mediante un conocimiento sumario de lo que se dice es probable, o que la demanda aparece destinada al éxito.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actividad normal y específica propia del establecimiento, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Castro, Norma c/ Buenos Aires Bureau Relevamientos SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-20

Los trabajos que realizaba el accionante para su empleadora correspondían a la actividad normal, propia y específica de Aguas Argentinas SA pues esos relevamientos servían a la empresa para fijar o actualizar las tarifas de los clientes que habían realizado mejoras (piletas de natación, jacuzzi etc). Es por medio de tales tareas que se determina el probable consumo de los usuarios y la consecuente facturación, lo cual resulta esencial dado que de su realización dependen los ingresos de la empresa. Por ello, la delegación de una parte de este segmento de la actividad global no puede conducir a la pretendida exclusión de responsabilidad en los términos del art. 30 LCT.
Compraventa marítima, cláusula FOB, obligaciones del transportador
Materia: NAVEGACION
Carátula: Fletemar  S.A.C. c/ Socex  S.A. s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-04

En las compraventas marítimas concertadas bajo la cláusula Fob ("Free on board" o sea "franco a bordo") el vendedor se obliga a poner las mercaderías sobre el buque, corriendo por su cuenta todos los gastos y operaciones de carga (el precio incluye tales gastos) y los riesgos de esta operación. Ello así pues tiene que colocar la mercadería a bordo del buque y a disposición del comprador y sus obligaciones recién concluyen con la puesta de la mercadería a bordo y con la expedición del respectivo conocimiento: efectuado el embarque se considera entregada al comprador y los riesgos del transporte, así como el pago del flete, , son a cargo de éste. El comprador puede encargar en forma expresa al vendedor que provea el flete, más ello no cambia la naturaleza de este tipo de venta, pues el vendedor actúa - en este punto - como mandatario del comprador, quien debe reembolsarle el gasto (conf. Fernandez, R., ob. cit., p.

338). Si, entonces, en la mejor de las hipótesis para F.A.C.A., se entenderá que sólo intervino en el negocio en el carácter de cargador Fob, parece claro que asumió frente al buque todas las obligaciones del cargador, hasta que la mercadería quedó puesta sobre el vapor, porque recién en el momento (conclusión de las operaciones de carga) habrá quedado transferida ésta, sus riesgos y gastos que generara, al comprador (advierto, todavía, que el conocimiento ostenta la cláusula Fiost, cuyo alcance, si bien es controvertido, tiene por lo menos la virtud de desplazar los gastos de embarque hacia el cargador; conf. esta Sala, causas 4477 del 19 10.76; 5556 del 12.8.77; 6708 del 31.5.78; 419 del 16.4.82 y sus citas; Sala I, causa 7790 del 27.10.70; Sala III, causa 3913 del 2.4 86; Montiel, L.B., ob. cit., p. 262/264). F.A.C.A. se encontraba, entonces, obligada a sufragar todos los gastos de la carga.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Porro, Jorge Luis s/ Defraudación por retención indebida
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad cuyos reclamos resultan propios del de inaplicabilidad de ley, toda vez que se intenta con ellos discutir el acierto de la decisión.
Reclamo administrativo previo, responsables, falta de legitimación para obrar, gobierno provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ ORLANDO (EXPEDIENTE N° 71.437) c/ PODER EJECUTIVO s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-10-22

No corresponde demandar a la Provincia de Mendoza por la acción cumplida por un ente descentralizado, - Instituto Provincial de Juegos y Casinos -, quien conforme al artículo 1 de la ley 6362 es un ente autárquico con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado.-
Infracciones tributarias, condonación de sanciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oleaginosa Moreno S.A. (T.F. 13.407) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

En atención a lo dispuesto por el art. 1 del decreto 493/95 y la autorización que consagra el art. 14 de la resolución general 40.656/95 (D.G.I.) corresponde hacer lugar a la condonación de la multa aplicada a la actora en los términos del art. 47 de la ley 11.683.
Honorarios del perito, peritos, perito único, terminación del proceso, caducidad de instancia, costas al demandante
Materia: PROCESAL
Carátula: SIL, HECTOR c/ MARIO OCTAVO  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-20

En el caso de un juicio que finalizó por caducidad de la instancia con imposición de costas a la actora, los gastos y honorarios de la perito único de oficio son solo a cargo de quien solicitó su designación -en el caso la actora- configurándose así una excepción al principio general que los peritos de oficio por su carácter de auxiliares de la justicia pueden reclamar el pago de sus honorarios a cualquiera de las partes con independencia de cual haya sido la decisión acerca de las costas del pleito.
Quiebra, quiebra a pedido del acreedor, concurso preventivo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Proquifin S.A. s/ Pedido de quiebra (Expte Nro.  176-01, Resolución Nro.  34, Tomo 8, Folio  426/427)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-20

De la lectura de los arts. 80, 83 y 84 resulta claro que la Ley 24.522 regla el procedimiento a seguirse ante el pedido de quiebra formulado por el acreedor, señalando expresamente que "no existe juicio de antiquiebra", con lo que dicho procedimiento queda sujeto a las reglas procesales establecidas por la propia ley.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: IBARRA LUIS c/ CEJAS JUAN s/ REIVINDICACION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-06

La tacha de arbitrariedad sólo procede en los supuestos en que resulta manifiesto el apartamiento de la solución legal prevista para el caso, o cuando el fallo está desprovisto por completo de fundamentos.Por el contrario, no procede si la sentencia cuya descalificación se pretende, se apoya en un minucioso examen de los elementos probatorios aportados en punto a elucidar la realidad de la controversia planteada y el sentido jurídico de los hechos acreditados en el curso del proceso, sin que quepa cuestionar en términos de la aludida doctrina, el criterio de selección y valoración de tales elementos ni la preferencia asignada a alguno de ellos.
Privación ilegal de la libertad, prescripción, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: DALEO, GRACIELA B. s/ INCIDENTE EXCEPCIONES PREVIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-17

La variante contenida en el art. 170 del C.P. se relaciona con un ilícito de los llamados permanentes puesto que la privación de libertad que supone es una situación que se prolonga en el tiempo y cesa solamente cuando el autor la modifica de modo que aquella deje de tener lugar.

Corresponde reducir las escalas punitivas resultantes de los arts.

42 y 46 en un tercio del máximo y la mitad del mínimo a los fines de considerar el término de prescripción de la acción.
Admisibilidad formal, recurso de casación, autosuficiencia del agravio, prisión, inhabilitación absoluta, homicidio en ocasión de robo, estelionato
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Héctor Daniel c/  s/ homicidio criminis causa, robo agravado, estelionato y robo en concurso real (acumul. Nº 343/16)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2021-02-17

Corresponde declarar formalmente admisibles los recursos de casación planteados por la Defensora Oficial y los querellantes contra la sentencia que condenó al imputado a la pena de quince años (15) de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, demás accesorias legales y costas, como autor material y penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por fractura de cerco y seguido de muerte en concurso ideal y estelionato -todos en concurso real-, en función de los arts. 422 y art. 424º inc. 2 en función del art. 70 quinques del CPP de la Provincia de Formosa, respectivamente, pues los recursos fueron presentados temporáneamente y con las formalidades de ley, exponiendo seriamente los agravios referidos tanto a la calificación del hecho como a la pena impuesta. Siendo así, respecto del recurso presentado por la Defensa, de conformidad con la doctrina y límites que la Corte Suprema de Justicia de la Nación impone en este tipo de acciones, corresponde declararlo formalmente admisible; y en cuanto al recurso presentado por los querellantes, cabe señalar que encontrándose dentro de las facultades que otorga la ley ritual en materia recursiva y, que su pretensión está concretamente dirigida a la calificación del hecho que se tuvo por probado en la sentencia impugnada, así como subsidiariamente, se agravia de la condena aplicada al victimario, también resulta admisible.
Defensa del consumidor, consumidores
Materia: COMERCIAL
Carátula: Milgron, Nicolás Martín c/ General Motors de Argentina S.R.L. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-30

El carácter de consumidor final, que se define por el destino de la adquisición, no atiende al elemento subjetivo del motivo personal que movió al individuo a consumir, sino objetivamente a la confrontación del destino del bien o servicio adquirido -también objetivamente considerado conforme su utilidad reconocida- con el área de actividad del pretendido consumidor. De este modo, si el bien o servicio adquirido está fuera de dicha área de actividad, debe presumirse que se trata de un acto de consumo, lo que no ocurre si se advierte que se está dentro de dicha área, por quedar excedida -en este último supuesto- la noción de "destinatario final".
Derechos adquiridos, ley formal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Segovia, Miguel Angel y otros s/ Causa instruida en virtud del Dec. PEN 2540/90 por los hechos ocurridos  el 3 de diciembre de 1990.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

No existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado régimen procesal.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, interpretación de normas y actos locales, Municipalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Lorenzo Barca, Eduardo c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ escrituración.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Lo atinente al alcance del art. 1. de la ley 23.982 aplicable a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, excede el mero interés de los litigantes, lo que configura una situación de evidente gravedad institucional, que autoriza en la instancia del art. 14 de la ley 48 a interpretar las normas en juego sin que a ello se oponga su carácter de legislación local (art. 75, inc. 30, con la reforma introducida en 1994 de la Constitución Nacional), debido a los intereses que el sistema intenta preservar.
Competencia, jueces naturales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Sante, Antonio c/ Roldan, Carina s/ desalojo Echandi, Juan Carlos c/ Bilovic, Antonio s/ ejecutivo C., C. A. s/ tutela Guardia, Valentina Jova s/ sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-20|1996-08-20|1997-11-04|1998-07-02

Toda competencia no atribuida a otros fueros, o residual, recae sobre el juez civil y comercial, quien entiende en todas las causas de las materias civil y comercial de orden voluntario o contradictorio. Cualquiera de los jueces de primera instancia del Departamento de Dolores, al que por razón del turno le correspondiera el conocimiento del caso, como el Juez de Paz Letrado del Partido donde el causante tiene su domicilio, son todos ellos, jueces naturales del lugar. ( art. 50 ley 5827 )
Daños y perjuicios, muerte del ama de casa, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ibarra, Pedro y otra c/ Landa, Sergio y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

El daño material por la muerte del ama de casa es susceptible de apreciación pecuniaria (C.C. art. 1068). Pues la esposa y madre, ocupada exclusivamente en su casa, no puede ser equiparada desde el vértice económico a una persona capaz en situación de paro; ni al menor o incapaz. El trabajo domiciliario de la mujer es una profesión y posee valor económico propio.-
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iriart, Juan c/ Navazio, Horacio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-05

La situación de responsabilidad en el transporte benévolo queda aprendida en la regulación del art. 1113 del Código Civil.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, sanciones procesales, derechos y garantías constitucionales, debido proceso adjetivo, revisión judicial de actos administrativos, delito penal, non bis in ídem
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Anapios, Ernesto c/ Consejo Prof. Cias. Económicas s/ Recurso de Apelación Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-03

Las sanciones disciplinarias, por su naturaleza represiva, se encuentran amparadas por garantías constitucionales que tutelan el debido proceso adjetivo, tal como ocurre con las sanciones de índole penal. Así, resulta necesario que la aplicación del reproche, ya sea que éste sea impuesto por un órgano administrativo o por un ente público no estatal en cumplimiento de funciones estatales previamente delegadas, cumpla con dos requisitos fundamentales, a saber; por un lado, que exista un control judicial ante los tribunales con amplitud de debate y prueba y, asimismo, que la sanción, en caso de impugnación, no sea ejecutoriada hasta tanto se pronuncie al respecto la justicia.

Si bien como se afirmó supra las sanciones administrativas poseen naturaleza jurídica represiva, no obstante ello permanecen fuera del campo del derecho penal común dado el diferente objeto de protección, a saber: mientras las sanciones penales protegen en forma directa los valores sociales y, de manera indirecta los derechos del individuo, las sanciones disciplinarias tienden a la protección del orden, derivado de una relación especial de sujeción de carácter público. Así, en razón de la diferente tutela que persiguen y dada la distinta esfera represiva en que se desenvuelven, en caso de concurrir ambos reproches en razón de una misma conducta, no resulta de aplicación, en tal caso, el principio de non bis in idem.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Merlo Juan Adolfo c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Apelación de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-08-20

Cabe admitir el pago de la indemnización por incapacidad permanente total en capital único, sin necesidad de entrar a la cuestión constitucional. Los mecanismos del artículo 5 apartado 5 del Decreto 334/96, con la modificación del Decreto 491/97, han sido ideados a partir de variantes propias del sistema integrado de jubilaciones y pensiones (SIJP) nacional (ley 24.241), inexistentes en el régimen previsional provincial (ley 8732), al cual estaba incorporado el trabajador accidentado (v.gr. reparto o capitalización individual; modalidades: renta vitalicia previsional, retiro programado, etc.).
Prueba, peligro en la demora, medidas cautelares
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-01-26

Los dichos en que la accionante intenta justificar su pretensión (".si no se actúa con la celeridad que los hechos imponen la situación se agravará dado que las consecuencias de la norma son inmediatas."), conforman meras manifestaciones carentes de fundamentación suficiente y comprobación fáctica, pues en modo alguno acredita cual es el perjuicio que producirá la alteración del estado de hecho y de derecho existentes a partir de la aplicación de la norma impugnada; y el peligro en la demora no refiere sólo a la existencia de un daño, sino a la irreparabilidad del mismo por sentencia futura, a la ineficacia de la decisión judicial.
Código aduanero, amparo por mora, Tribunal Fiscal de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Tecnobeton S.A. c/ Estado Nacional (ANA. y Mrio de Economía) s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

El recurso de amparo previsto por los arts. 1160 y 1161 del Código Aduanero no requiere para su procedencia que no existan otras vías aptas para la reparación del daño.
Juicio de apremio, medida cautelar autónoma, recurso de inaplicabilidad de ley, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires  c/ Matadero y Frigorífico El Mercedino S.A. y otros s/ Apremio. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-15

Conforme lo normado por el art. 3.986 del Código Civil, hoy derogado, la demanda a la que se refiere ese precepto de fondo es comprensiva de toda actividad o diligencia judicial encaminada a la defensa del derecho, ya que más que la forma, se toma en cuenta la esencia de la manifestación de voluntad del titular de ese derecho cuando ejercita su propósito de ejercerlo mediante una petición judicial. A la luz de tales conceptos, la capacidad de la solicitud de una medida cautelar autónoma o anticipada para interrumpir la prescripción resulta innegable.
Jueces, remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chiara  Díaz,  Carlos  Alberto c/ Estado provincial s/ acción de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

La intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión de parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Estafa, petardismo, tarjeta de crédito
Materia: PENAL
Carátula: Quevedo, Juan J. s/ Estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-03

La utilización de los servicios de un hotel, a sabiendas que se iba a valer de una tarjeta de crédito desapoderada ilegítimamanete para abonar lo debido y simulando una situación de solvencia y apariencia de bienes, aún desde la óptica del petardismo o gorronería configura el delito de estafa.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, pornografía, menores, sistema acusatorio
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ Queja Por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Correa Magne, Juan Sebastian Sobre 128 1 Párr. - Delitos Atinentes a la Pornografía (Producir/Publicar Imágenes Pornogr. C Menores 18)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

La decisión de Cámara recurrida, en tanto dispuso confirmar el rechazo de la homologación de un acuerdo fundado en un motivo distinto de los que estipula la norma que regula este instituto (art. 279 del CPP), debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido y dejada sin efecto pues se aparta de aplicar la ley sin una justificación posible, lo que altera las facultades que el Código Procesal Penal de la Ciudad y la Constitución le reconocen al Ministerio Público Fiscal en el sistema acusatorio que estructura el proceso penal local. En el caso, el a quo indicó la presunta insuficiencia de los elementos ofrecidos como prueba para acreditar el hecho y la intención del imputado de afectar el bien jurídico tutelado por la figura escogida (art. 131 del CP), pero estos motivos se apartan de los previstos por la norma que regula el instituto en cuestión. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Delito de acción privada, delitos contra el honor, facultades del querellante, admisión del querellante, desestimación de la querella
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N. N. s/ Calumnias  -  Causa 15.148
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-06

En virtud del carácter acusatorio que envuelve la querella por delitos de acción privada, no es dable prescindir de la autosuficiencia de la querella en la medida de lo posible (Art. 418, incs. 2° y 3° del C.P.P.N.) en orden a la descripción de los hechos, a la individualización de quien o quienes los habrían cometido y a la interpretación de dicho marco fáctico, el que por ende, no podrá quedar al arbitrio del Juez interviniente, dado que lo contrario redundaría en privar a los querellados de conocer aquello de lo que tendrán que defenderse.

Así, si el querellante evidentemente contó oportunamente con todos los elementos necesarios para satisfacer los requisitos previstos en la norma ritual citada, y omitió volcarlos en el escrito inicial corresponde la declaración de inadmisibilidad y no la desestimación, ya que es esta la sanción pautada por el Art. 418, primer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación.
Recurso de apelación (procesal), delitos de los recursos de la seguridad social, declaración de incompetencia, expresión de agravios, sobreseimiento, resoluciones inapelables, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SMERDJIAN S.R.L. s/ Régimen Penal Tributario, incidente de apelación inerpuesto por la defensora de Enrique Jacobo Swiec, Elena  Azucena Lopez, Carlos Semerdjean y Elida Manini de Semerdjean contra la  declaración de incompetencia decretada
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-30

1 - Corresponde declarar erróneamente concedidos los recursos de apelación interpuestos contra la resolución por la cual se declaró la incompetencia del Tribunal "a quo" para continuar investigando en las actuaciones porque si bien en la instancia anterior se deberían haber denegado los recursos interpuestos al haberse declarado la incompetencia por la materia por entender que se encontraba fehacientemente acreditada la inexistencia del delito previsional, los recurrentes no cuestionan la decisión del Juez instructor sino que se agravian porque no se sobreseyó a los imputados (Del voto de los Dres. Pizzatelli y Grabivker).- 2 - De la lectura de la resolución impugnada se advierte que el Tribunal de primera instancia entendió que no corresponde el sobreseimiento con respecto a calificaciones legales, pues el sobreseimiento favorece con alcance del "ne bis in idem" a la persona con respecto a la cual se dicta y consideró que el hecho investigado podría constituir otro delito aunque no se consideró competente en razón de la materia para conocer en la causa (Del voto de los Dres. Pizzatelli y Grabivker).- 3 - Por otro lado, los fundamentos expresados en la resolución apelada pueden ser considerados como una denegación del dictado de un auto de sobreseimiento lo cual no resulta apelable (Del voto de los Dres.

Pizzatelli y Grabivker).