Aplicación de la ley, código civil, proceso penal, principio de libertad probatoria, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Silva, Jorge Antonio s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Roberto Díaz en contra de la Sentencia recaída en autos Expte. Letra "S" Nº 95/09 Silva, Jorge Antonio s>/ Abuso Sexual con Acceso Carnal
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-06-17

Contra la sentencia que condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal (Art. 119 tercer párrafo y 45 del Código Penal a la pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo, recurre en casación el asistente técnico, invocando como motivos de casación los previstos en los incisos primero y segundo del art. 454 del C.P.P.

El recurrente sostiene que es nula la prueba que acredita el nacimiento y la identidad de la menor víctima. Asevera que la copia fotostática no reúne los requisitos previstos por la ley civil. En el precedente Jonás, esta Corte -aunque con distinta integración- sostuvo que si bien en materia procesal penal rige el principio de libertad probatoria, éste no es absoluto, pues tiene limitaciones que se encuentran legalmente previstas.

La ley civil ha establecido con carácter obligatorio un medio probatorio específico en lo relativo al estado civil de las personas. Así, se ha considerado sometida a tal limitación la prueba de la filiación, el matrimonio, la adopción y la edad.

Consecuentemente, en el citado fallo se dijo que la regla de la libertad probatoria prevista en el art. 200 del C.P.P. cede frente a las restricciones probatorias establecidas por las leyes nacionales de fondo y en resguardo de las instituciones reguladas por ellas, razón por la cual se deben respetar indefectiblemente las leyes de fondo cuando de manera expresa imponen limitaciones, sin que se pueda argüir en contra de ello con textos de leyes locales que dispongan lo contrario.

En idéntica dirección, interpretando el art. 200 C.P.P., además del indiscutido ámbito del estado civil, cuando una ley del Congreso contenga disposiciones en materia de prueba para el ejercicio de derechos, esas prescripciones rigen para toda la Nación, evitando el peligro de resoluciones judiciales penales y civiles contradictorias sobre el mismo punto.

En razón de ello, la prueba acerca del nacimiento y del estado civil de las personas debe subordinarse a las restricciones y prelaciones excluyentes y sucesivas impuestas por los arts. 79, 80, 82, 83, 85, 86 y 87 C.C., a pesar del sistema de la libre convicción que basamenta y anima toda nuestra legislación procesal penal, pues las limitaciones en esta materia impuestas por la ley de fondo deben ser observadas, por la preeminencia que dentro del orden jurídico, armonioso en su conjunto y sin menoscabo de las jerarquías establecidas dentro del sistema, tienen la Constitución y las leyes de la Nación que en su consecuencia dicte el Congreso (art. 31 C.N.), a las cuales deben conformarse las normas adjetivas de las provincias.

En este orden de ideas, destáquese que la ley civil estatuye que la prueba de las personas nacidas en nuestro país se efectúa con certificados auténticos extraídos de los asientos de los registros públicos y, justamente, en el caso que se pone hoy a consideración de esta instancia, dicho requisito ha sido cumplimentado puesto que se agregó fotocopia de la partida de nacimiento de la menor que fue víctima del hecho, expedida por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Catamarca, que se presenta certificada, dejándose constancia de que en el documento se encuentran cumplimentados todos los trámites de legalización en la provincia de Catamarca (Art. 1 de la Ley Provincial 3382), resaltando además la corrección del procedimiento de acreditación de la identidad, por cumplir con lo dispuesto por el decreto-ley 8204/63, que en el art. 24 (texto según ley 18.327), dispone que: "Los testimonios, copias, certificados, libretas de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por la Dirección General y/o sus dependencias, que corresponda a inscripciones registradas en sus libros o en las copias a que se refiere el art. 5 y que lleven la firma del oficial público y el sello de la oficina respectiva, son instrumentos públicos y crean la presunción legal de verdad de su contenido en los términos prescriptos por el Código Civil.

Por último, la prueba cuestionada ha sido debidamente incorporada a debate, contando con la plena anuencia de las partes, por lo que el tardío e infundado planteo de nulidad carece de sustento en esta instancia, máxime cuando el recurrente ha omitido explicitar fundadamente en qué consiste el vicio que denuncia, limitándose a argumentar que se han violado normas del Código Civil.

Por las razones dadas, en lo que fue motivo de agravio en este punto, el recurso es improcedente.