Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-11


SENT Nro. 26 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 11 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Sleiman, Ricardo José vs. Publicom S.A. s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, con fecha 7 de diciembre de 2001 (fs. 551/553 y vta.), la parte actora interpone recurso de casación, el que es concedido por auto del 3 de julio de 2002 (fs. 576). Consta en el informe actuarial de fs. 598, que ambas partes han presentado memoria facultativa.

2.- El fallo atacado acoge parcialmente la demanda, circunscribiéndola a la suma de $ 2.028,50, en concepto de vacaciones proporcionales 1997 y diferencia mes de junio del mismo año.

Rechaza los rubros indemnización por despido, preaviso, SAC, integración mes de despido, indemnización por clientela y haberes adeudados. Impone a la demandada las costas propias, más el 10% de la actora, y a esta última el 90% restante.

Aborda el problema desde la perspectiva de que se trata del vencimiento del plazo de interrupción del contrato de trabajo por causa de enfermedad, explicitando que el tema se plantea especialmente en orden a una intimación, y su respuesta.

Explica que si bien no está probada la recepción que permita determinar exactamente la extemporaneidad, debe resaltarse la cercanía entre ambas cartas Puntualiza que el conflicto se centra en la aptitud del actor para reanudar sus tareas, resaltando el carácter de presunción iuris tantum al silencio, por lo que analiza los certificados y declaraciones de los médicos de parte, lo que en opinión de la Sala no tiene la entidad de una pericia, concluyendo en lo incausado del despido.

Analiza la condición reclamada de viajante, explicando que ella se vincula en función del art. 7 de la ley 14.546 a "artículos o mercaderías", no extendiéndose a un servicio, que podría dar lugar a otra figura contractual.

3.- La expresión de agravios comienza con una referencia los requisitos formales de admisibilidad y un relato de los antecedentes, postulando en general que se ha desconocido el debido proceso, la defensa en juicio y la igualdad ante la ley, lo que además de violar el derecho de propiedad, pregona hace lo propio con disposiciones de la LCT y normas adjetivas aplicables al caso.

Plantea que con respecto a la afirmación de que no está el informe de la recepción, indispensable por la negativa de la demandada, ello no es así, desde que el mismo es parte integrante de la CD autenticada, cuando además hay un expreso reconocimiento en el responde.

Hace consideraciones en torno a la demora en la correspondencia y a los efectos del art. 57 LCT sobre la carga probatoria en cabeza del empleador.

Postula que tampoco el motivo del caso de autos sea la aptitud del actor, pues lo que se intimaba era la formación de una junta médica, resultando que la modificación de la causa del despido indirecto determina la existencia de una sentencia arbitraria.

A continuación se agravia del rubro "clientela", en lo que el fallo determina que los artículos o mercaderías no son cosas muebles que se extiendan a un servicio.

Explica que la remisión al Código de Comercio que hace la Sala carece de fundamentación, considerando que existe doctrina y jurisprudencia específica.

Como arbitrariedad por omisión de consideraciones planteadas en cuanto a la reducción de las comisiones, del 4% al 1,8%, afectando la sentencia en este punto, desde que se encuentran agregados los contratos, resultando ello un despropósito y una arbitrariedad intolerable, al haberse conculcado la defensa en juicio y el debido proceso.

4.- Reexaminada la admisibilidad, se advierte temporánea interposición contra sentencia definitiva, innecesariedad del afianzamiento por ser recurrente el actor y planteada arbitrariedad, mas tanto el motivo casatorio como la suficiencia del recurso será analizado en cada uno de los agravios.

4.1.- Esta Corte tiene dicho reiteradamente que "la valoración de la existencia de justa causa de despido, es una cuestión que atañe determinarse por el juicio prudencial de los jueces de mérito, juicio éste no revisable en la instancia extraordinaria, al menos que invoque suficientemente la violación de las reglas de la prueba o absurdo" (CSJT., sent. nro. 953 del 08/11/2001 y nro. 215 del 29/3/2001).

Sobre el punto, los agravios se fundan no sólo en la injuria que emerge de la respuesta a la carta documento que intimaba, sino también en el motivo, que mientras la Sala entiende que se refiere a la aptitud del actor, el recurrente expresa que el tema que se intimaba en la carta documento era la formación de un Junta Médica.

La dificultad señalada en el fallo en crisis acerca de la posibilidad de hacer una cuenta exacta de los días por la falta del aviso de recepción, aparece en verdad allí mismo aclarado, a partir del reconocimiento que hace el actor de su recepción y la posición de la demandada en cuanto a que se cruzaron las comunicaciones.

Mas se advierte el silencio, que por otra parte no es tal, frente a una respuesta que excedió el mínimo de 48 horas, configura como se señaló una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario, a lo que agrega la sentenciante que una demora podría llegar a extremos injustificados.

Sobre ello se dijo que cuando esa actitud exceda un tiempo razonable se pueda " interpretar como una expresión de consentimiento tácito respecto de lo reclamado o de lo manifestado por el trabajador" (CSJT; sent. 317 del 07/5/2001).

También se expresó, citando a Altamira Gigena que "como toda presunción especial dependerá de las pruebas que las partes aporten para que tenga eficacia, no se aplica de pleno derecho sino que debe estar bien acompañada, avalada de pruebas que la ratifiquen, o desvirtúen. La presunción provoca la inversión de la carga probatoria", agregando que "debe destacarse que la aplicabilidad de la mentada norma presuncional no opera de manera automática sino que depende de las probanzas arrimadas en autos, y por lo tanto, en principio, ajena a esta instancia casatoria, salvo absurdo o arbitrariedad" (CSJT; sent. nro. 581 del 02/9/96).

No es suficiente para torcer la justificación del despido, el centrar la cuestión en la misma comunicación, en orden a que allí se requería sólo la formación de una Junta Médica, pues aparece con nitidez que lo debatido en la causa era precisamente la aptitud para trabajar, puntualmente señalado en el responde.

A partir de lo dicho, el planteo de arbitrariedad desarrollado, no tiene entidad para que se pueda examinar una cuestión de orden fáctico, reservada a los jueces de mérito, pues en modo alguno aparecen demostradas, la violación de las reglas de la prueba o el absurdo, como así también la incongruencia brevemente insinuada.

5.- Se agravia también el actor en lo que respecta a las diferencias salariales reclamadas, en razón de que se suscribió un nuevo contrato de trabajo que significaba una reducción de las comisiones.

Considera que hay una omisión del planteo, sin mención alguna a los contratos acompañados, por lo que considera afectada la decisión en dos direcciones, por una parte la incongruencia y por la otra, la no merituación de probanzas.

En relación al primer aspecto se ha dicho: "el principio de congruencia impone la regla de que el thema decidendum, queda determinado exclusivamente por las partes, con arreglo a las pretensiones deducidas y las pertinentes oposiciones, conforme quedara trabada la litis. Es que incumbe a las partes fijar el alcance y contenido de la tutela jurídica, no constituyendo un obstáculo a la conclusión precedente lo normado por el art. 47 del Código Procesal Laboral de Tucumán, pues allí el órgano judicial está facultado a resolver más de lo pedido, de conformidad con las acciones promovidas y de acuerdo a la forma en que se trabó la litis, y no otorgar algo que no haya sido pedido. Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido aquel que ha incurrido en el vicio de incongruencia apartándose manifiestamente de la cuestión incluida en la pretensión del actor y la oposición del demandado" (CSJT; sent. nro. 323 del 07/5/2001).

A fs 16, se incluye como rubros demandados las diferencias salariales y rubros adeudados, por la suma de $ 34.018,2, lo correspondiente a comisiones no percibidas por el actor, liquidación del reclamo efectuado en la demanda.

La demandada, niega la existencia de tales diferencias y puntualmente cada una de las razones esgrimidas en torno al reclamo.

Cuando se examina la argumentación de la sentencia, la misma analiza la totalidad de los aspectos vinculados a la causa del despido, tanto en la comunicación como en lo que llama motivo, tratando por último lo correspondiente a la indemnización por clientela.

Más cuando de la determinación de los rubros se trata, examina las reclamadas diferencias salariales, como si ella no tuvieran autonomía, vinculándolas a la razón del distracto, al decir que se las rechaza en virtud de las consideraciones previamente expuestas.

De esta manera la sentencia no se ajusta a lo dispuesto por los arts. 34 y 272 inc. 5° del CPCCT.

Esto afecta el decisorio, como lo señala el recurrente, por lo que debe ser revocada en este punto a tenor de la siguiente doctrina legal: "Es nula la sentencia que sin fundamento suficientes y afectando su congruencia desestima el reclamo de diferencias salariales", y en consecuencia disponer se reenvíen las actuaciones a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

6.- Atento el resultado a que se arriba, resulta inoficioso el tratamiento de los restantes agravios, imponiéndose las costas del recurso de la siguiente manera: la actora soportará las propias más el 60% de las de la demandada, en razón de la derrota parcial y el 40% restante, por su orden, en razón de provenir la nulidad parcial, de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 del CPTT y 106 inc. 1° del CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, con fecha 7 de Diciembre de 2001 (fs. 551/553 y vta.), en lo que ha sido considerado en "4.1" y HACER LUGAR, también parcialmente en lo tratado en "5", REENVIANDO las presentes actuaciones la Excma. Cámara, para que dicte nuevo pronunciamiento sobre el punto.

II.- COSTAS, como se tratan.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO