marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, sentencia condenatoria, acusación fiscal, pena
Materia: PENAL
Carátula: Saavedra, Juan Carlos y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09

El derecho de defensa impone al juez juzgar de acuerdo al alcance que fija la acusación y cualquier intento por superar esa pretensión incurre en un ejercicio jurisdiccional extra o ultra petita; por otro lado, ello implica la agravación de la situación del imputado sin que medie un pedido expreso de quien se encuentra autorizado para hacerlo, en contra de la prohibición de la reformatio in Prius. El acto de acusación no sólo debe contemplar la descripción de la base fáctica que delimita el objeto del juicio, su calificación legal y la formulación de la pretensión punitiva también están abarcadas por él, sino que debe incluir -ineludiblemente- una propuesta fundada sobre la determinación de la pena, de manera tal que la defensa del imputado conozca las circunstancias consideradas relevantes para fijarla y pueda rebatir aquellos fundamentos e invocar las circunstancias que, según su opinión, deban conducir a imponer una pena más leve; ese acto debe contemplar estos tres aspectos -base fáctica, calificación y pena- porque sólo así se garantiza al imputado la posibilidad de desplegar una defensa en forma plena. El voto concurrente sostuvo que hubo por parte del a quo exceso jurisdiccional y en orden a los embates del coimputado, los jueces tuvieron en cuenta extremos (existencia de antecedentes penales o la cantidad de hechos cometidos en un lapso de tiempo) que ponen en jaque la prohibición de doble valoración. La disidencia consideró que la determinación de la pena aplicable al caso concreto, se encuentra dentro del marco propio del ámbito de la jurisdicción, que por disposición constitucional le está reservado a los jueces -arts. 108 y 116 CN-, pues es ajena a nuestro sistema procesal la deliberación contradictoria sobre el monto de la pena aplicable, luego de haberse declarado la culpabilidad del autor, y respecto a la valoración de los antecedentes penales como pauta aumentativa de la pena a imponer, no transgrede el principio de culpabilidad de acto y tampoco importa la adopción de criterios propios del derecho penal de autor, ya que el agravamiento no deriva de reprocharle a aquél su personalidad, sino por el desprecio que manifiesta por la norma penal.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, demanda, accidentes de trabajo, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: HUGO VIGLINO c/ TAMET  S.A. s/ RECURSO DE HECHO - ART. 1113 COD. CIVIL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-03

Es arbitraria la sentencia que sostiene que en la demanda de indemnización por accidente de trabajo no se ha mencionado cosa alguna que hubiera ocasionado directamente la afección del actor, si del texto de la misma se desprende lo contrario.
Contrato de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ Luis Gilberto c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE SEPELIOS S.R.L. y Otros s/ Indemnización por antigüedad, Dif. Sal. y Otros Rubros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-18

Si bien la norma del art. 229 de la L.C.T. exige la aceptación del trabajador expresa y por escrito para que se opere la cesión -que en el caso no se ha verificado- debe tenerse presente que, si bien jurídicamente independiente, pertenecen a un mismo grupo económico y estar bajo la dirección de una misma persona, además de la registración del actor en los libros de ambas -dictamen contable-, por lo que la responsabilidad de ambas deviene solidaria en los términos del art. 229 L.C.T.
Caducidad de instancia, plazo, suspensión del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MORENO ORTIZ ANTONIO c/ VICENTE RUSSO BOLIVO Y OTRO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A075 - 145)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-11-27

La Suprema Corte, luego de referirse a la necesidad de que los tribunales no suspendan los procedimientos si no media fuerza mayor a los términos del Cód. Civil ni causa ajena a la voluntad de los litigantes, que pueden a su arbitrio levantar el obstáculo, dejó establecido que no obstante, si existe el error judicial y la paralización se ha dispuesto sin impugnación de las partes, corresponde tenerlo por suspendido para que el proceso no se convierta en una trampa. Consideramos que estos conceptos resultan aplicables al presente, máxime teniendo en cuenta que quien pretende ignorar los alcances de la suspensión de los trámites de la apelación, para requerir la caducidad de la instancia, es precisamente quien peticionó la suspensión.-
Juicios en que la Nación es parte, emergencia económica, ejecución de sentencia, depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: Provincia de Formosa s/ Queja en autos ...
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-10-13

Aún cuando pueda sostenerse que la solvencia del Estado es "iuris tantum", en razón de que se ha declarado legislativamente el estado de emergencia económica, es la propia existencia de esas leyes de emergencia -destinadas a cubrir el lapso de relativa insolvencia- que contienen disposiciones que impiden la ejecución inmediata de las sentencias, la que demuestra la incongruencia de exigir como depósito cautelar las sumas que no se pueden depositar de inmediato.
Pagaré, moneda extranjera, obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Principe, Humberto c/ Moricone, Ricardo A. y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

El dólar estadounidense y las demás monedas extranjeras no se transforman en monedas de curso legal; sólo pueden asumir funciones de pago y se les aplican las normas jurídicas de las obligaciones de dar sumas de dinero, pero no pueden imponerse el pago en moneda extranjera a quien no lo ha consentido previamente.
Cosa juzgada, ejecución de sentencia, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Irrazábal, Rubén Angel c/ Aceros Bragado S.A.C.I.F. s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

Aceptar que en la etapa de ejecución el tribunal del trabajo pueda alterar las previsiones de la sentencia definitiva en materia de depreciación monetaria, significaría introducir un factor gravemente perturbador de la seguridad jurídica, principio de jerarquía del ordenamiento jurídico.
Ley de radiodifusión, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Pastor de Bonafini Hebe y otro c/ Cablevisión SA s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-27

Esta Cámara había atribuido a la Ley de Radiodifusión 22.285 (derogada por la ley 26.522; art. 164) el carácter de norma de orden público, y a la justicia en lo contencioso administrativo federal la competencia en los casos en que se debían dilucidar sus disposiciones para resolver el litigio (esta Sala, causa 8.428/02 del 15-5-03; Sala 1, causa 2842/04 del 14-9-04; ver asimismo, el pronunciamiento de la CSJN en Fallos 326:3118 respecto de una cuestión regida por dicha ley).
Daños y perjuicios, prioridad de paso, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ORLANDO MARCELO DANIEL c/ VELIZ HUGO RUBEN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-11-17

La demostración de las afirmaciones del demandado eran menester pues de lo contrario las presunciones de culpabilidad que generan tanto el embestir a un rodado que circula por su mano como que lo fue con la parte frontal del auto del demandado contra el costado izquierdo del actor, se yerguen como obstáculos insalvables para eludir la responsabilidad que por presunción generan. No constituyendo por lo demás, tal acreditación, violación de derecho de defensa alguno como esgrime el apelante sino simple aplicación del art. 355 del C.P.C.C. que impone la carga de la prueba a la parte que invoque un hecho como fundamento de su defensa, máxime cuando como en el caso de autos existen presunciones legales en contra de su obrar.
Responsabilidad del funcionario público, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: González, Carlos y otros c/ Banco Central de la República Argentina. s/ Recurso de Hecho. Alfredo Marietta Marmetal  SAIC c/ Banco Central de la República Argentina. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14|1995-02-14

Ni en la situación reglada por el art. 1112, ni en la prevista por el art. 1113, primera parte, del Código Civil, cabe invertir el onus probandi en perjuicio del demandado.
Contrato de trabajo, renuncia de derechos, extinción por mutuo acuerdo, acuerdo económico por renuncia
Materia: LABORAL
Carátula: Bernao, Raúl Alberto c/ Docthos S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-09

Si bien es dificultoso saber cuándo un acuerdo es más beneficioso o cuándo la onerosidad de aquél y la equivalencia de prestaciones y ventajas permiten afirmar que se mantiene "el nivel de beneficio" del trabajador, este riesgo que está presente en todas las decisiones judiciales que se fundan en la valoración de hechos, debe estar guiado por cierta razonabilidad objetiva, pauta esencial, para justipreciar si es o no beneficiosa o equivalente la contraprestación que recibe el trabajador a cambio de su abdicación. (Del voto de la Dra. Guthmann). Toq. 1191.
Recurso de casación, revisión judicial
Materia: LABORAL
Carátula: IBAÑEZ SILVIA A. c/ NEGRO MOYA Y/U OTROS S/INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC. s/ CASACION ADRA RUBEN JORGE c/ TELEBAND S.R.L. y/u OTROS s/INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD, ETC s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-02|2006-02-08

Los jueces de grado son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en la valoración de las pruebas, porque esta temática queda -por regla- excluída del control casatorio, salvo cuando los magistrados incurran en absurdo o arbitrariedad.-
Escribanos públicos, ejercicio profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Cuartas de Camaño, Lía Matilde c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad decreto ley 9020/78
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-26

Los escribanos, son profesionales del derecho afectados a una actividad privada - pues la concesión que les otorga el Estado no importa adjudicarles el rango de funcionarios públicos- y, en consecuencia, no están sujetos al discrecional poder con que cuenta el Estado para la organización administrativa.(doctor Soria, sin disidencia)
Prescripción de la acción penal, suspensión de la prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CHIOCHINI, RUBEN ALBERTO Y OTRO c/ DI PIETRO, FRANCISCO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-10

El art. 3982 bis del Código Civil exige, para que opere la suspensión del plazo de prescripción, que se haya promovido la "querella criminal" y no la mera denuncia del hecho delictuoso.
Empleo público, remuneración, adicional por actividad crítica, procedencia del recurso, adicional por terapia intensiva, enfermeros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Idalgo, Sergio Fernando y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público - diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

La interpretación que otorgó la Cámara a la normativa infraconstitucional analizada o al sustrato fáctico del caso, resulten arbitrarios. De la simple lectura de los considerandos del Decreto 2851/89 se desprende que el área de terapia intensiva fue calificada como crítica y las consideraciones en él expuestas aplican tanto a los integrantes de la carrera de profesionales de la salud como a los enfermeros y enfermeras que prestan servicios en tales unidades. En consecuencia, no aparece como irrazonable ni arbitraria la decisión de la Cámara de extender a éstos el beneficio otorgado a aquellos en virtud de las circunstancias de hecho citadas, que involucran a ambas categorías de trabajadores. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Caducidad de instancia, inactividad procesal, actos no interruptivos
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Rada Tilly c/ Antonio, Luis Alberto s/ Ejecución Fiscal G., O.A. c/ G., J.A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-31|1998-07-17

La caducidad de la instancia supone el abandono voluntario del trámite procesal durante los lapsos que la ley determina y precisamente la inactividad que configura uno de los presupuestos de la misma se exterioriza en la no ejecución de acto alguno por ambas partes o por el órgano judicial, o por la realización de actos carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento.
Adquisición del dominio, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: S.S., H.A. c/ A., C.A. s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-21

La usucapión no es otra cosa que la consecuencia que el ordenamiento legal le impone al propietario que ha manifestado desinterés y no ha puesto en producción una cosa suya. Y esta consecuencia se corporiza en una caducidad o cese de derechos, la que se relaciona con la utilidad o finalidad social de las cosas.

El Estado ordena cancelar la inscripción registral del propietario que se ha desinteresado de un inmueble suyo, con lo que impone a éste una consecuencia sancionatoria nacida de ese desinterés.
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante, acción de amparo, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BERROCAL, LORENA CLAUDIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-04

Corresponde otorgar favorable acogida a la postulación esgrimida por la demandada desde una óptica sustancial, habida cuenta que este Tribunal -integrado- ha tenido oportunidad de expedirse en el entendimiento de cuestiones análogas, resolviendo la inconstitucionalidad de los pronunciamientos que acogieron los amparos planteados, afincándose en que siendo estas cuestiones de naturaleza contencioso administrativa, el requisito de que la arbitrariedad o ilegalidad surjan manifiestas de los actos estatales impugnados se presenta -sumado a la comprobación de la inexistencia de otra vía judicial más idónea- como necesario para la procedencia de la acción y, de haberse efectuado el correcto análisis sobre tales requisitos, se hubiera arribado al resultado contrario. (Del voto del Dr. Netri, al que adhirieron los Dres. Gastaldi y Erbetta) -CITAS: CSJStaFe "Garay", (A. y S. T. 261, pág. 154, del 12.03.2015).
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GASQUEZ PEDRO BALTASAR c/ MAMMARELLA NICOLAS Y DE LIO F. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

Las excepciones deben estar basadas en la forma externa del título y no entrar en la causa principal de la obligación (cfr. art. 542, punto 4), segundo párrafo del CPCC).-
Beneficio de litigar sin gastos, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: KELLER EDUARDO c/ MALDONADO MARIO s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-30

Habiéndose promovido trámite de obtención de beneficio de litigar sin gastos con referencia a la acción resarcitoria de daños y perjuicios pertinente, resulta improcedente hacer extensivo tal beneficio al proceso penal que involucra al demandado en aquel juicio. Obsta a ello lo dispuesto por el art. 6to. inc. 5 del Cód. Proc. que dispone que será competente para entender en el pedido de beneficio de litigar sin gastos el juez que deba conocer en el juicio en el que el mismo se hará valer. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 86 del Cód. Proc. respecto de la única posibilidad de extensión al respecto, y dentro de la misma jurisdicción.
Concursos, acuerdo preventivo, facultades del juez
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Argenfruit S.A. s/ Concurso s/ Inc. Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2003-06-24

El legislador de la ley 25.589 transó frente a la polémica generada por las atribuciones del juez del concurso en materia de acuerdo preventivo, lo hizo con gran eclecticismo; ni excesivamente publicista, ni demasiado privatista y dio razón a quienes sostenían que el art. 52 de la ley 24.522 no era una isla, sino una norma que respeta la autonomía de la voluntad de los acreedores, pero la integra en un sistema que no tolera la flagrante violación al abuso del derecho ni al fraude, y dentro de los principios de buena fe, moral y buenas costumbres y el orden público.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, competencia por el turno
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: KLAS, Enrique Daniel c/ AMADO, Arturo Alberto s/ REDARGUCION DE FALSEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-01

No resulta viable el recurso interpuesto por el Ministerio Público, como único apelante, si se limita a cuestionar una resolución que admite la competencia en razón del turno, con fundamento en una eventual conexidad, dado que no se verifican los presupuestos que comprometan normas o principios de orden público (art. 41, inc. c) de la ley 24.946).
Demanda, falta de contestación de la demanda, rebeldía, declaración de puro derecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F.E.M.  S.A. c/ Marcelo Borgna s/ Cumplimiento Contrato (LIBRO: A079 - 130)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-06-07

Si bien los supuestos de rebeldía del accionado y de falta de cumplimentar los recaudos exigidos por el art. 168 del C.P.C. permiten presumir la verdad de los hechos afirmados en la demanda, ello no constituye más que una presunción juris tantum, y por tanto, no faculta a que la causa sea declarada de puro derecho.-
Ley de protección de los datos personales, habeas data, derechos y garantías constitucionales, supresión de datos, rectificación de datos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Di Nunzio, Daniel F.  c/ The First National Bank of Boston y otros  s/ hábeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21

Cuando la anotación de un dato cierto pero parcial pueda causar, de modo previsible, una falsa representación, la misma debe ser evitada incluyendo hechos relevantes directamente relacionados, y sin que ello signifique la necesidad de individualizar a terceros cuyos derechos puedan ser afectados, interpretación que encuentra adecuado sustento en la Constitución Nacional (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Violación, padecimientos mentales
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ ROSARIO ZENON Y OTRO s/ VIOLACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-09-25

Con relación al grado de la afectación de la razón o de la conciencia de la víctima, la ley crea una presunción de violencia, pero seria un error sostener que cualquier alteración psíquica o afección patológica pueda juzgarse suficiente para fundar la presunción de violencia. Debe tratarse de una enfermedad que suprima la posibilidad de resistir. Si la privación de la razón no anula por entero aquella capacidad, debe concluirse que el abuso carnal no llegó a constituir una verdadera violación .

La privación de la razón se trata de un caso de imposibilidad de comprensión del significado del acto por parte del sujeto pasivo.

No basta, por tanto, una falta de perfecta salud mental, sino que se trate en sus características y en sus efectos sobre la posibilidad de un juicio práctico sobre el acto, de un trastorno de las facultades semejante a los que producen las inimputabilidades delictivas. Se excluye a los débiles mentales leves o de grado ligero.
Habilitación de instancia, acción contencioso administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, Tribunal de Cuentas Provincial, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Comas, María Isolina c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B-84.112/02 Contencioso Administrativo de plena jurisdicción.L.A. N46 F 1417/1419 N 579. Provincia s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B-84.112/02 Contencioso Administrativo de plena jurisdicción.L.A. N46 F 1417/1419 N 579.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-12-11

En conformidad con lo dispuesto por el art. 201 de la Constitución de la Provincia y en el art. 103 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas Nº 4376, sólo procede la acción de autos -contencioso administrativo de plena jurisdicción- en contra de decisiones definitivas dictadas por el Tribunal de Cuentas en sesión plenaria, una vez agotados los recursos de reconsideración y, si fuera el caso, de revisión previstos en los artículos 100 y 101 de la misma ley.
Jubilaciones, haber jubilatorio, valor nominal, actualización monetaria, empleados públicos, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MORENO, MARIA PETRONA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 669-86 BENDAHAN, ELIAS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-26|1992-08-26

Para determinar los montos efectivos que habría percibido la agente, de haber continuado en actividad, a los montos nominales informados por la Administración deben practicárseles las deducciones correspondientes por aplicación de lo dispuesto en las leyes 6915 (13% sobre el total de las remuneraciones, artículo 3, inciso 2); 9840, modificatoria de la ley 8288 (descuento del 3% sobre el total de las remuneraciones sujetas a aportes previsionales, artículo 10) y ley 9816 (cuota variable, según surge del artículo 5), al menos en un 18% (porcentaje estimativo, dada la falta de prueba efectiva sobre los descuentos reales que pudieran corresponder y la variabilidad del establecido por ley 9816). Por lo tanto, deben desestimarse los cálculos efectuados por la actora en el alegato, porque no comparan sueldos y haberes jubilatorios percibidos, sino sueldos nominales y haberes jubilatorios percibidos, lo que no se ajusta al criterio reiteradamente sustentado por este Tribunal.
Nulidad procesal, competencia por la materia, jueces, actos y diligencias procesales, declaración de incompetencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Telledin, Carlos s/ Auto de proc. Causa 25992
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-28

Cuando el Art. 36 del C.P.P.N. se refiere a los actos dictados con inobservancia de las reglas de competencia por razón de la materia, está de hecho presuponiendo la previa determinación judicial de la incompetencia del magistrado que la dictó, a la que se habrá de arribar mediante alguna de las vías procesales previstas en la sección primera del capítulo tercero del cuerpo normativo citado.
Contrato de garaje, obligaciones del depositario, reintegro de gastos
Materia: CIVIL
Carátula: Gatani, Juan Hugo c/ Chiappone, Samuel s/ Contrato de garaje
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-16

Aún cuando se hubiere contratado un espacio abierto para el depósito del vehículo, no se exonera el depositario de responder por el deterioro que acusa la pintura de aquél, pues es ajeno al deber de conservación comunicar al depositante las medidas y gastos que sean necesarios para ese fin, y al no hacerlo incurre en responsabilidad por omisión.