Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2006-05-02


2º Instancia.- Córdoba, mayo 2 de 2006.

¿Resulta procedente el reclamo del actor por los montos y rubros de la planilla de fs. 3 y 4? El doctor Toselli dijo:

Técnicamente la cuestión que se está debatiendo es aquella de las consideradas de puro derecho, al menos en lo que hace al meollo sustancial, cual es la reclamación en contra de la accionada directa, es decir la empresa de transporte urbano de pasajeros denominada T.A.M. S.E. Digo ello por cuanto no está controvertido que los diversos ítems reclamados por los trabajadores no han sido abonados, sino que la demandada sostiene que se ha tratado de un acuerdo de voluntades celebrado libremente por los trabajadores, con la intervención de la autoridad de aplicación y en mérito a la situación de crisis terminal que se encontraba el transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba a la época de creación de la empresa municipal. Como deberé verificar estos aspectos fácticos, en primer lugar transcribiré lo acontecido en la audiencia de la vista de la causa. Allí se recepcionó la absolución de posiciones de la parte actora, por Jorge Alberto Palacios, quien dijo que no era cierto que se encontrara sin trabajo cuando fue incorporado a la empresa TAM SE, sino que estaba trabajando pero de paro (primera posición). Que no sabe si dicha incorporación fue producto de una negociación en la que participara la U.T.A.. Seccional Córdoba, la Empresa y la Municipalidad de Córdoba (segunda posición). Dijo que es cierto que se encuentra afiliado a UTA Seccional Córdoba (tercera posición). Dijo que era cierto que ratificó firmando el contrato de trabajo eventual, aclarando que si no lo firmaba quedaba afuera (quinta posición). Dijo que no es cierto que se le haya informado del contenido y alcance del contrato que firmó (sexta posición). Dijo que no era cierto que hayan recibido copia de los contratos suscriptos (octava posición). Dijo que no era cierto que el gremio haya dictado la medida de paro total de actividades en fecha anterior a su contratación (novena posición). Dijo que es cierto que conocía que la Municipalidad de Córdoba creó la TAM SE para afrontar la crisis de los corredores mencionados y la situación de los trabajadores (décima posición). Dijo que no es cierto que las tratativas que dieron lugar a la celebración de contratos llevó a la empresa a contratar más conductores que la capacidad instalada de vehículos, aclarando que eran los mismos que estaban de antes. Asimismo se recepcionó los testimonios de Carlos Héctor Cuello, chofer de la TAM SE, quien dijo: que lleva un juicio donde reclama lo mismo y su abogado es el doctor R. Que estaba en Ideal San Justo (testigo) y de ahí se incorporaron a la TAM SE. Que firmaron el contrato y no les dijeron nada. Se dieron cuenta cuando iban a cobrar que no cobraban nada, que no pagaban el laudo, presentismo, tareas previas ni posteriores. Que la empresa dijo que le iban a pagar más adelante cuando la recaudación mejorara, pero nunca pagó. Hicieron paros sorpresivos (asamblea en punta de línea) porque no les pagaban estos rubros. Que actualmente le pagan todo y ganan lo mismo que el resto de los trabajadores del transporte. Que cuando ingresaron era muchos menos. Que tareas previas y posteriores significa llevar el coche a la base cuando corta. Cuando rinde el dinero también es considerado así. Si falta más de tres días le descuentan el laudo. Que le entregaron copia a los dos meses y le hicieron firmar un nuevo contrato en iguales condiciones que el contrato anterior. Que no participó (testigo) en las reuniones y asambleas. Que había setenta y pico de coches y eran más de ochocientos choferes. Que actualmente hay más de doscientos cincuenta coches. Que usaban también colectivos contratados a los que le pagaban por vuelta. Que no había en el centro choferes a la orden, todos los choferes realizan tareas previas y posteriores (por ejemplo: limpieza del coche, control de agua y aceite). Son tareas dentro de las 7 horas de jornada. El testigo Juan Marcelo Gabarro, chofer de la TAM SE, dijo: que lleva un juicio por los mismos reclamos. Que su última empresa fue la UTE de Ideal San Justo. Que firmaron un contrato, no les dieron copia, si no firmaban quedaban sin trabajo. Que faltaban ítems del CCT que no se les pagaron, y no daban argumentos. Que actualmente se están pagando. Laudo es la comida y refrigerio. Que actualmente cobran igual que los otros trabajadores regidos por la CCT. Les dijeron que se lo iban a reconocer, pero como ello no ocurrió iniciaron el juicio. Que eran 800 en fila y el que no quiso firmar quedó sin trabajo. Los días anteriores a la incorporación a la TAM S.E. estaban de paro. Fueron 28 días hasta que la Municipalidad se hizo cargo. Que cuando cobraron tuvieron una actitud de asombro por la diferencia salarial con dos meses antes. Los delegados de UTA le dijeron que se había arreglado, que le iban a reconocer. Que habrá habido 120 ó 150 colectivos y más de 800 choferes. Que daba (el testigo) todas las vueltas de su turno. El testigo Alejandro Gustavo Rodríguez de la Puente, quien fuera Subsecretario de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, dijo: que fue designado presidente de la TAM SE, que el transporte estaba en situación de crisis terminal y se empleó un sistema de subsidio por unidad y por el gasoil. Que se hizo cargo (el testigo) de la Secretaría de Transporte el 9 de marzo de 2002. Que los trabajadores eran de la UTE del corredor A (rojo y verde). Que hicieron un acta acuerdo con el gremio. No se fijó ninguna escala diferencial, pero se convino que se pagaba el básico de convenio más el presentismo. Era un 50% de diferencia con lo que venían cobrando antes. Había un exceso en la proporción de vehículos-choferes. Que aceptó el gremio y también los trabajadores en forma individual. Se firmó el 19 de julio, hubo supervisión del Ministerio de Trabajo pero no fue homologado. Que no sabe si administrativamente se pidió la homologación del Acuerdo Marco. Que contratar 863 trabajadores con 100 unidades iba a ser deficitario por eso se le pidió un esfuerzo a los trabajadores y el sueldo base fue $716. Firmaron personalmente con la presencia del gremio y de inspectores de la Sec. de Trabajo. Que se obtuvo la personería jurídica y la inscripción de la TAM S.E. Que el corredor era el que estaba adjudicado a Docta S.A., Conevial Infraestructura S.A. y Tevy Com Fapeco S.A., UTE Docta. Que incumplió sus obligaciones por no poder cumplir con las unidades. Contrató con la gerenciadora Ideal San Justo que trajo unidades usadas. En mayo de 2002 pidió (testigo) la caducidad la que se produjo de manera efectiva el 29 de junio de 2002. La firma dejó sin empleo a 863 trabajadores. Hubo muchas idas y venidas, nadie se quería hacer cargo, y solicitó (testigo) autorización para armar y crear la TAM SE y contratar en forma eventual a los trabajadores porque requería la aprobación del Consejo Deliberante y porque se podía llegar a concesionar nuevamente. Durante 90 días se usaron los ómnibus de Ideal San Justo, vía incautación y se hizo un contrato de alquiler por dichos ómnibus y contrato eventual con los trabajadores por 90 días. Por decreto se aprobaron los estatutos y la designación del Directorio, que eran él (testigo), Camisa y González Leahy. Se apersonó en la UTA para que los trabajadores recuperaran su fuente laboral. Que el vencimiento de la TAM operaba el 1 de enero de 2004 por modificaciones del Consejo Deliberante que incorporó un Director Obrero. Que el testigo no percibía remuneración adicional por ser Presidente de la Empresa. Que la TAM S.E. era independiente de la Municipalidad. Que el capital inicial fue de $50.000 por disposiciones legales, pero el único accionista es la Municipalidad de Córdoba representado por el Intendente. El testigo reconoce la firma en los dos contratos del actor Palacios de fechas 19 de julio y 17 de octubre. El primero de ellos no tiene rúbrica de la Sec. de Trabajo. Por su parte el testigo A. J. B., abogado en la asesoría Letrada de la Municipalidad, dijo que era integrante de la Comisión Fiscalizadora como Síndico Suplente. Eran 4 abogados y 2 contadores los síndicos y todos juntos realizaban las tareas. Que a la época de creación de la TAM SE había una crisis muy profunda por el fracaso del sistema de transporte, con abandono de concesión y estado terminal de crisis. Que sólo quedaron en pie Coniferal y Ciudad de Córdoba, las restantes se fueron a la quiebra o directamente abandonaron el servicio. Se tomó la decisión política de brindar el servicio público y tomar 860 trabajadores que habían quedado desempleados por el abandono del servicio. Inicialmente la TAM SE se crea por 90 días. A la Comisión Fiscalizadora le llegan ya los hechos consumados. Supieron que se habían tomado a los trabajadores por 90 días por los sueldos básicos de la categoría, con intervención del Ministerio de Trabajo y del Sindicato. Que vio las actas pero no puede precisar si cada trabajador firmó individualmente. Que TAM SE comienza su actividad con colectivos incautados y en alquiler. Llegaron a tener 110 colectivos pero en mal estado porque funcionaban aproximadamente 80 colectivos. Había una relación de 10 empleados por colectivo cuando lo que corresponde es 3.6 ó 3.8 por móvil, lo que era totalmente antieconómico. No hubo cálculo previo y fue una decisión política para paliar la situación social sabiendo o debiendo saber que esa cantidad de personal excedía las unidades disponibles y hubo mucho tiempo en que se intentó conseguir más unidades. Había comentarios que había gente que cobraba y no trabajaba porque sobraban trabajadores. Que la TAM se constituye como una Sociedad del Estado con un único socio, la Municipalidad, pero con órgano de dirección y control diferentes. Llevó casi un año obtener la personería jurídica. No podía adquirir bienes de capital, y sus autoridades y Comisión Fiscalizadora eran personal municipal aunque en otra tarea. TAM SE le pagaba a los fiscalizadores un adicional por dicha tarea. TAM SE diagramaba los servicios, pagaba los sueldos, combustible, etc. y se contrató un gerente general y jefe de personal que nada tenían que ver con la Municipalidad, sino que tenían experiencia en el área de transporte. Que a los 90 días debió prorrogarse el plazo de vigencia porque en ese plazo resultó imposible pensar en la reprivatización del servicio. Recién cuando accede a la gestión Juez, se transforma el estatuto y se formaliza por 99 años la duración de la empresa. En julio de 2002 se constituyó por 90 días. Que no hubo ninguna observación respecto de los sueldos acordados. En los primeros 90 días la empresa funcionó en forma casi equilibrada. A partir de los 90 días se comenzaron a reconocer diversos ítems salariales y así pasó a tener déficit, luego vinieron los decretos del PEN que llegó a que el déficit se elevara a un millón de pesos en forma mensual. Los Fiscalizadores elevaron informen al Intendente haciendo ver esta situación y la preocupación por el déficit que se venía consolidando. Sabían que había subsidios nacionales que ingresaban a todas las empresas del transporte. Además hay un Fondo de Transporte Municipal. Que no sabe si los subsidios llegaban tardíamente a TAM SE o a la Municipalidad. Que no le consta donde se celebraron las actas con los trabajadores, desconoce si fueron homologadas por el Ministerio de Trabajo, cree que no, pero no tiene certeza. Estas son en síntesis y en lo esencial las declaraciones testimoniales producidas en la causa y la absolución de posiciones rendida por el accionante. Entrando ya al análisis sustancial de la cuestión de derecho tenemos que la demandada entiende que resultan viables los términos en que formalizó su contratación con los ex empleados de las empresas a las que se le había caducado la concesión del corredor de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba, sosteniendo que es de aplicación lo normado por el art. 1197 del Código Civil con el argumento expuesto en los alegatos de que "los contratos suscriptos por los trabajadores tenían plena vigencia, fueron aceptados libre y voluntariamente por ellos, con la intervención del gremio y de la autoridad administrativa de aplicación. No fueron obligados a firmar, tampoco es cierto que no hubiera otra cosa, ellos podían optar por no firmar e intentar conseguir trabajo por otro lado, en cualquier otro trabajo, donde se efectuara una modalidad de contratación diferente" (fs. 176 vta.). Esa línea argumental desconoce lo que se ha dado en llamar el orden público laboral que consiste en la existencia de mínimos inderogables donde la voluntad individual de los trabajadores ha sido subsumida, ya sea por el legislador de fuente heterónoma, al disponer los mínimos legales, o por los paritarios convencionales imbuidos de la representación de los trabajadores en el ejercicio de la autonomía colectiva (supuesto de fuente autónoma). Es así que el texto de la ley de contrato de trabajo claramente da la respuesta legal al planteo empresarial, en su art. 13 al disponer: "Las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por éstas". Tal texto legal constituye un mandato al Magistrado. En todos aquellos supuestos en que por acuerdos individuales se haya perforado el mínimo legal o convencional, tal voluntad o acuerdo individual carece de virtualidad jurídica y es sustituido por la norma que ab initio debió regir el caso si no hubiera mediado este contrato contra legem. Es por ello que se torna irrelevante el análisis de los contratos eventuales acompañados por la parte demandada y reconocida su firma por el trabajador. Tampoco lo es verificar si efectivamente fueron suscriptos bajo presión o libre y voluntariamente, ya que la conclusión es idéntica. De todos modos la cita de la demandada en su alegato demuestra claramente cuál era el espíritu de dichos contratos: sólo continuaban laborando aquellos trabajadores que aceptaban suscribirlos, tal cual relatan los testigos que brindaron su testimonio en el proceso. Destaco además que más allá de la errónea configuración inicial dichos contratos se transformaron en contratos de tiempo indeterminado por la continuación del vínculo, lo que de todas maneras tampoco tiene incidencia en la cuestión ya que no se está discutiendo el modo de extinción contractual sino simplemente el pago de diferencias salariales reclamadas. Adviértase además que cuando existe una contratación eventual (a través de las empresas habilitadas para ello o en forma directa) los trabajadores deben percibir el monto convencional conforme categoría y convenio aplicable (conf. art. 100 L.C.T. y disposiciones reglamentarias). Es cierto que existía una situación de crisis del transporte urbano de pasajeros pero ello no habilitó a las otras empresas prestatarias a rebajarle a sus trabajadores la remuneración convencional que venían percibiendo o a no abonarle los aumentos no remunerativos dispuestos por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional y con afectación a los trabajadores privados del país. Si la Municipalidad de Córdoba decidió crear una empresa de transporte municipal debió ajustarse al marco legal y convencional que regula tal actividad. Lo contrario no sólo implicaría una suerte de competencia desleal con respecto al resto de las empresas del transporte que deberían abonar mayores salarios, sino que, esencialmente tira por la borda todos los principios rectores de esta disciplina, como son la vigencia del orden público laboral, con la existencia de mínimos, inderogables por acuerdos individuales y el principio de irrenunciabilidad, que ha sido ampliamente receptado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto el Máximo Tribunal nacional ha sostenido que la violación de tal principio y el de intangibilidad de la remuneración acontece cuando ha existido una rebaja de la retribución, una modificación que importe una alteración irrazonable en su composición o la desjerarquización respecto del nivel alcanzado por el trabajador (conf. Recurso de Hecho deducido por la demandada en la causa "Felauto, Miguel Angel c. Mercedes Benz Argentina S.A.", Sentencia de fecha 9 de abril de 1991). Mucho más contundente es la resolución en la causa "Padín Capella" donde se expresó: "el argumento de que medió en el caso una novación objetiva de las cláusulas contractuales con apoyo en el silencio del trabajador por el lapso anterior a la prescripción, conduce a admitir la presunción de renuncias a derechos derivados del contrato de trabajo, en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12, 58 y concordantes de la L.C.T" (Autos "Padín Capella, Jorge Daniel c. Litho Formas S.A.", sentencia de fecha 12 de marzo de 1987). Compartiendo tal línea jurisprudencial, señalo desde ya la procedencia de la acción incoada en contra de la empresa Transporte Automotor Sociedad del Estado (T.A.M. S.E.), cuya conformación definitiva ha sido aprobada mediante resolución de la Inspección de Sociedades Jurídicas 504/2003 "B" de fecha 30 de mayo de 2003, cuya copia debidamente certificada obra agregada a fs. 66. Resta por resolver la situación de la Municipalidad de Córdoba citada al proceso como tercero responsable del pago, en función de que la empresa estatal se encuentra en estado embrionario y no constituida regularmente (fs. 1). Entiendo que en tales términos la citación no puede prosperar ya que de conformidad con la resolución de la Inspección de Sociedades Jurídicas ya referenciada la TAM S.E. tiene personería jurídica propia, independiente de quien la constituyó. Pretender la condena a la Municipalidad de Córdoba en forma directa por el hecho de ser el titular del 99% del paquete accionario de la empresa sería como si en una demanda contra el Banco de la Provincia de Córdoba, o la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, se pidiese la extensión de la condena hacia el gobierno provincial por la indiscutida titularidad de origen de dichas instituciones al disponerse su conformación. Si al pretender ejecutar la condena la TAM S.E. carece de fondos suficientes para afrontar su pago o bien la Municipalidad de Córdoba deberá ingresar los montos necesarios para ellos o en todo caso se deberá requerir la liquidación judicial de tal Sociedad del Estado, pero ello resulta un tema hipotético y ajeno a este resolutorio. Tampoco es procedente la condena directa por cuanto la Municipalidad de Córdoba no asume por sí, como empleadora tal tarea, tal cual está expresamente reconocido en la demanda, en cuyo caso los trabajadores se regirían por el Estatuto Municipal y por las escalas salariales que allí se estipularen y no por el convenio de U.T.A. Tengo claro que conforme jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia es factible la condena directa hacia la Municipalidad, dentro del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo cuando aquella actúa como sujeto de derecho privado, como sería si hubiera asumido por sí la prestación del servicio público de transporte, que tampoco se discute es tarea que integra el catálogo de funciones por las que deben velar los Municipios de cada ciudad o localidad (Autos "Como Oscar Eliseo c. Municipalidad de Córdoba y sus Acumulados-Demanda-Recurso de Casación", Sentencia 92 de fecha 27 de agosto de 1993), pero en autos lo ha hecho conformando una persona jurídica cuyo capital, autoridades, modo de funcionamiento y requisitos legales y fiscales son los exigidos por la ley 19.550 y sus modificatorias. Señalo también que al momento de instaurarse la demanda ya no se encontraba en estado embrionario, sino que había logrado la habilitación de la autoridad regulatoria de la materia y detentaba personería jurídica propia (Matrícula 3285-A). Las costas de esta incorrecta citación entiendo que deben imponerse por el orden causado por cuanto evidentemente que el trabajador desconocía que la empresa ya había logrado la autorización definitiva sin que conste en instrumento alguno que los trabajadores hubieran sido notificados que la empresa en formación se había transformado ya en una persona jurídica diferente de la Municipalidad de Córdoba. Las sumas definitivas de condena se deberán determinar en la etapa previa de ejecución de la sentencia conforme las pautas dadas y a tenor del dispositivo del art. 812 del C. de P.C. En cada caso a las sumas resultantes, desde que son debidas y hasta el 31 de diciembre de 2005 se les aplicará un interés del 1,5% mensual, en tanto que a partir del l de enero de 2006 y hasta su efectivo pago, dicho interés se elevará a la tasa media pasiva mensual que resulta de la encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina, incrementada en un 2%, todo conforme lo dispuesto por la ley 23.928 y sus decretos reglamentarios 529/91 (art. 8º) y 941/91 (art. 10), los que se mantienen vigentes luego de la sanción de la ley 25.561 y los fundamentos dados por esta Sala en los autos: "Allende Emiliano H. c. Transporte Automotores 20 de Junio S.R.L. Demanda" (sentencia de fecha 11 de noviembre de 1991) y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en autos: "Juárez Guillermo c. Cor Acero S.A. y otro - Demanda - Recurso de Casación" (Sentencia del T.S.J. 93 de fecha 15 de octubre de 1992) y "Farias c. Municipalidad de Córdoba - Demanda" Sentencia de fecha 2 de noviembre de 1994 a los que me remito brevitatis causae y que deberán ser considerados como parte integrante de esta Sentencia, y a los fines de mantener incólume su contenido habida cuenta de la situación financiera que se vive en la actualidad y que evidencia un incremento en los índices inflacionarios proyectados para el presente año con relación a los anteriores, lo que lleva en definitiva a adoptar los intereses establecidos en el caso "Hernández Juan Carlos c. Matricería Austral S.A. - Demanda - Rec. de Casación" (Sentencia del T.S.J. 39 de fecha 25/6/2002) a partir del primer día del presente año, pretendiendo con ello esta Sala que integro ajustarse a la nueva realidad económica con el objeto de evitar que el deudor obtenga un enriquecimiento indebido por no cumplir en tiempo con su obligación y que el acreedor resulte perjudicado con la morosidad del primero, teniendo además presente que las tasas bancarias son sólo tasas de referencia. Por lo demás la fijación de la tasa de interés no causa estado y si las circunstancias varían de modo notable, podrán ser modificadas, aún en etapas posteriores al dictado de la Sentencia, tal cual se ha expresado en otros antecedentes, sin que ello afecte el derecho de defensa de las partes, ni la cosa juzgada. Las sumas de los intereses a adicionarse al capital de la condena deberán ser determinadas en la etapa previa de ejecución de sentencia y conforme a lo previsto por el art. 812 y siguientes del C. de P. C. y la condenada deberá abonarla en el plazo de diez días siguientes a la fecha de notificación del auto aprobatorio de la planilla general que al efecto debe practicarse, bajo apercibimiento de ejecución forzosa.- Las costas se imponen a la demandada, con excepción de los honorarios del Perito Contador Contraloreador de la parte actora que será a su cargo (art. 28 ley 7987 y art. 47 inc. b ley 8226), exclusivamente sobre la base del monto económico de la condena, debiendo diferirse la regulación de los honorarios de los letrados y demás profesionales intervinientes para el momento en que exista base económica líquida, firme y actualizada, practicándose conforme art. 8º de la ley 24.432 y lo dispuesto por los arts. 34, 36, 47, 94 y concordantes de la ley 8226. Hago presente que he analizado la totalidad de la prueba producida en la causa, y si alguna no menciono es por considerar que la misma no resultaba dirimente a los fines del decisorio, de conformidad a lo previsto por el art. 327 del C. de P. C. Así voto.

Por todo ello y disposiciones legales señaladas, el Tribunal resuelve: I. Rechazar la citación como tercero obligado de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba (art. 433 C. de P. C.) con costas por el orden causado (art. 28 ley 7987). II. Hacer lugar a la demanda incoada por Jorge Alberto Palacios a fin de que la Empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (TAM S.E.) le abone las diferencias reclamadas entre lo abonado por la accionada y lo que establece el Convenio Colectivo de Trabajo de U.T.A. 460/73 y sus normas complementarias y modificatorias y las asignaciones no remuneratorias establecidas por los decretos 1273/02, 2641/02 905/03, de conformidad a los montos que surgen de la planilla de fs. 3 y 4 en concepto de Laudo Convencional, Tareas Previas y Posteriores, Adicional por Presentismo y Adicional por Antigüedad, en todos los casos con las incidencias respectivas del Sueldo Anual Complementario, todo lo que se determinará conforme las pautas dadas en la única cuestión planteada, en la etapa previa de ejecución de sentencia conforme art. 812 del C. de P. C. y art. 84 de la ley 7987, con más los intereses fijados en dicha cuestión y para el período julio de 2002 a setiembre de 2003 inclusive, más la incidencia de cada rubro en los S.A.C. correspondientes dentro de dicho período. Dichos montos deberán ser abonados en el término de diez días de notificado el auto aprobatorio de la liquidación que se presentará conforme las pautas dadas, bajo apercibimiento de ejecución forzosa, no siendo aplicable a una sociedad municipal, persona de derecho privado, las leyes de emergencia del Estado 9078 y ordenanza municipal 10.585. III. Las costas son a cargo de la demandada condenada, con excepción de los honorarios del Perito Contador Contraloreador de la parte actora que serán a su cargo (art. 47 inc. 2 ley 8226) exclusivamente sobre la base del monto que prospera (art. 28 ley 7987), y deberán ser abonadas dentro del mismo plazo otorgado para el cumplimiento de la Sentencia. IV. Diferir la regulación de honorarios de los doctores N. R., M. D., J. D. C., M. C. A., D. L. B. y peritos contadores intervinientes para el momento en que exista base líquida y actualizada para ello y deberán ser practicados de conformidad a lo previsto por el art. 8º de la ley 24.432 y teniendo presente lo dispuesto por los arts. 34, 36, 47 y 94 de la ley 8226. V. Oportunamente cumpliméntese las leyes 8404, tasa de justicia y lo dispuesto por la ley 8304. -Carlos A. Toselli.