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Daños y perjuicios, accidente de tránsito, muerte de la víctima, legitimación activa, menores, falta de representante legal, imposibilidad de accionar, suspensión de la prescripción, plazo de gracia
Materia: CIVIL
Carátula: MACIEL  BUENAVENTURA c/ MOREIRA, OSCAR LUIS Y/O EL HALCON SA DE TRANSPORTES S/ s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-03

En una acción en la que el descendiente (menor de edad) de quien resulto víctima fatal de un accidente de tránsito reclama los perjuicios resultantes del siniestro, resulta improcedente oponer la excepción de prescripción con base en lo normado por el CCIV: 3982 bis, que implica presentación efectuada en causa criminal con invocación del cpp: 80 lo cual importa una "querella". Ello así cuando, -como en el caso-, se verifica que el menor no solo carecía de representación legal para interponer demanda, sino que tambien carecia de ella para presentarse como parte querellante o particular damnificado en la causa penal y ejercer así sus derechos, e iniciar las correspondientes acciones judiciales. Desde modo pues, que habiendo carecido el menor de representación legal es aplicable la norma del CCIV:3980, que preve un plazo de gracia de tres meses a partir del momento en que queda superada la dificultad que impidiera el ejercicio del derecho. Por ende, como el término comienza a computarse a partir de la fecha de aceptación del cargo del tutor -abuela del menor-; hasta esa fecha, el niño no pudo ejercer sus derechos, y si bien la demanda fue interpuesta con anterioridad -cuando su abuela no tenia aún la representación del menor- ello no es obice para determinar que la promoción de la acción quedo incluida dentro de la dispensa del CCIV: 3980.
Estupefacientes, transporte de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: MARIACA CARTAGENA s/ ESTUPEFACIENTES. TRANSPORTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-30

Constituye el delito de transporte de estupefacientes, la conducta de quien recibe un estupefaciente en un lugar del país y lo transporta por un precio para entregarlo en otro punto del territorio; no existe introducción porque la localidad en que recibió la droga -La Quiaca- está en nuestro país.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Gamboa Claudio Marcelo c/ La Caja ART SA s/ Accidente-ley especial Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-04

En el caso la demandada se queja porque el fallo tuvo por acreditado el accidente "por la simple atención médica realizada por la A.R.T.", sin el aporte de prueba acerca del carácter laboral del accidente y de sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. La queja no resulta atendible, pues el fallo apelado tuvo en cuenta no sólo el suministro de atención médica por parte de la aseguradora, sino también y fundamentalmente, la falta de rechazo del siniestro, lo que llevó a la magistrada a tener por aceptada la pretensión.

En efecto, el art. 6 del decreto 717/1996 dispone que, ante la denuncia del accidente, "en todos los casos la Aseguradora deberá expedirse expresamente aceptando o rechazando la pretensión y notificar fehacientemente la decisión al trabajador y al empleador"; y agrega que "el silencio de la aseguradora se entenderá como aceptación de la pretensión transcurridos diez (10) días de recibida la denuncia". Firme la conclusión de que la aseguradora en ningún momento rechazó el accidente, corresponde tener por aceptada la pretensión. Esto implica aceptar la responsabilidad legal, y asimismo consentir -entre otras cosas- que el accidente ocurrió y que tiene carácter laboral.
Recurso de queja (procesal), recurso extraordinario federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Doña Constantina B de Cipolla, con Doña Juana Echeverría c/  s/ desalojo. Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1908-05-02

No habiéndose interpuesto ante el juez de primera instancia recurso alguno que haya sido denegado, corresponde desestimar el de queja interpuesto ante la Corte Suprema. (Artículo 299 ley numero 50).

Fuente del sumario: OFICIAL
Recurso extraordinario, fundamentos insuficientes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Brufal, Felipe c/ Neumann Astiz, Godofredo s/ Recurso Extraordinario - Queja por denegación del Recurso de   Inconstitucionalidad- Apremio por honorarios -Recurso directo   (Expte. C.S.J. Nro. 30 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-26

Debe denegarse la concesión del remedio federal intentado si de la pieza recursiva se desprende que los argumentos expuestos por el impugnante no resultan suficientes en orden a trasponer la admisibilidad de la vía extraordinaria intentada, a poco que se repare en que éste insiste en las alegaciones expuestas al fundar el recurso de revocatoria, pero sin aportar razones valederas demostrativas de que el Tribunal, al decidir su rechazo, lo hubiese hecho sin fundamentación bastante, de modo arbitrario y lesivo de garantías constitucionales. Ello es así por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48, exige que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta aportando razones ante la Corte acerca de porque considera que el decisorio impugnado no satisface el derecho federal invocado.
Pensiones, Estado Provincial, deuda previsional, régimen de consolidación de deudas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RAMALLO, NICOLAS ENRIQUE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO. PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO.   RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 657-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-12

El decreto 1413-96 reglamentario de la ley 11373 de Emergencia Previsional, en su artículo 5 no ha hecho más que contemplar cuál será el destino de la deuda que se genere durante el lapso -establecido por la ley 6915 (artículo 11, apartado IV)- de seis meses posteriores a la muerte del causante, durante el cual el haber de las pensiones es igual al de jubilación de que gozara o le hubiere correspondido al causante, y por ello no resulta extraño que haya contemplado juntamente con lo dispuesto en el inciso a), para el marco de la reforma, el supuesto del inciso b) relativo al artículo 11, apartado IV de la ley 6915, cuando el supuesto quedara aprehendido en su período de vigencia. Es esta la única interpretación que sirve razonablemente a la finalidad que persigue la ley de emergencia previsional y que más se ajusta a su espíritu, pues otorgar al inciso a) del artículo 5 otro alcance lo convierte en una norma totalmente asistemática (de hecho, se contradice con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 17) que concluye en un resultado absurdo que no puede presumirse querido por el legislador.
Contratos administrativos, ley supletoria
Materia: LABORAL
Carátula: Baumgartner, Mario c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Diferencia de salarios Tortarolo, Alfredo y otros c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12|1988-09-13

En materia de Contratos Administrativos las disposiciones del derecho común no son directamente aplicables y sólo tienen cabida por vía analógica con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia que constituye la sustancia de las disciplinas juspublicísticas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuenta corriente bancaria, mora, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Moret, María Susana s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

En la ejecución del saldo deudor de cuenta corriente bancaria, los accesorios que se devengan una vez cerrada aquella se adeudan en el carácter de moratorios como efecto de la mora incurrida por el cuentacorrentista (art. 509 Código Civil).
Impuestos, régimen penal tributario, allanamiento domiciliario, AFIP DGI, policía, aplicación de la ley, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: D.G.I. s/ Solicita orden de allanamiento Causa Nro. 33616.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-17

El artículo 224 del C.P.P., en cuanto a los requisitos y personas autorizadas para practicar los allanamientos dispuestos por orden judicial, especifica que la delegación deberá ser en funcionarios de la policía, calidad ésta que no revisten los integrantes de la Dirección General Impositiva; no cumple el requisito el hecho de que para la diligencia se requiera la colaboración de personal policial, pues lo requerido por la norma no es su colaboración sino que sea éste último quien detente la titularidad y quien dirija el allanamiento (Del voto de los Dres. Sustaita y Landaburu).
Superior Tribunal de Justicia, competencia, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sifredi, Bartolome y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1865-05-20

No es de la competencia de la Suprema Corte, la interpretación de una ley provincial que no tiene conexión con las instituciones nacionales.
Cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba, daños y perjuicios, cobro de sumas de dinero, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Sacchi, Susana c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Sacchi, Susana c/ GCBA s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Corresponde admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia impugnada, toda vez que no puede ser calificada como acto jurisdiccional válido. Ello así, debido a que el voto de la mayoría no ponderó el agravio de la accionante referido a que el GCBA había incurrido en vías de hecho, el que fuera un aspecto esencial para que el juez de primera instancia ordenara al GCBA abonarle a la actora una indemnización en concepto de daño material equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración que hubiera percibido, más intereses. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Daños y perjuicios, automotores, culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PERALTA O. c/ J. DI ROCCO s/ Daños Perjuicios (LIBRO: S065 - 180)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-07-31

La simple infracción a una norma de tránsito, no puede justificar en modo alguno, la excepción de responsabilidad de quien produce el accidente. Tampoco se puede aceptar la concurrencia de culpa a efectos de los arts. 1109 y 1113 CCI. El mal estacionamiento no puede derivar responsabilidad, si el daño tiene su causa adecuada en otra conducta. La mera circunstancia de estar estacionado un vehículo en un lugar no permitido, por si sola no acarrea responsabilidad, si no obstruye el tránsito, o se encuentra en una zona de ubicación extremadamente peligrosa.
Enfermedad profesional, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: SANTIAGO, CONSTANTINO c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-21

Corresponde desestimar el recurso de queja interpuesto, por cuanto los argumentos vertidos por la recurrente ante el rechazo de su defensa de prescripción oportunamente deducida, no traduce sino su fuerte discrepancia con el sustento normativo del plazo aplicado y el punto de arranque para contabilizarlo, sin lograr desmerecer el razonamiento de la Alzada, en el sentido de que -habiendo el actor reclamado con fundamento en el derecho común- se aplica el plazo bianual del artículo 4037 del Código Civil y en supuestos como el de autos -enfermedades profesionales- tal plazo comienza a computarse desde que el trabajador tuvo conocimiento cierto y fehaciente de su incapacidad. (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, proceso judicial, orden público, nulidad procesal, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Scilingo, Adolfo Francisco s/ su presentación en causa n° 6888.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Constituye una exigencia previa emanada de la función jurisdiccional de la Corte el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran comprometidos aspectos que atañen al orden público, ya que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría convalidarse.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, obras públicas, desvalorización del inmueble
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maturana, Luis Angel c/ E.F.A.  y otros s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-25

La realización de las obras requeridas para el cumplimiento de las funciones administrativas, si bien es ciertamente lícita, no exime la responsabilidad al Estado cuando con aquellas obras se priva a un tercero de su propiedad o ésta es lesionada en sus atributos esenciales, teniendo este criterio inspirado en el art. 17 C.N. , como presupuesto necesario "la existencia de una privación o lesión esencial del derecho de propiedad ya sea de propiedad ya sea por el uso del inmueble para realizar la obra pública o por la necesidad de efectuar gastos innecesarios a fin de restablecer el goce normal del derecho afectado.
Embargo, pago, interpelación, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-02

Corresponde imponer las costas en el orden causado, pues más allá de la falta de intimación al pago de la suma adeudada, resulta decisivo señalar que la labor profesional desplegada al solicitar el embargo ha resultado inoficiosa atento a que dicha cautelar nunca llegó a efectivizarse; debiendo asimismo tener presente que la medida referida es de naturaleza cautelar, por lo que resulta improcedente su petición contra el Estado, de acuerdo a la presunción de solvencia que recae sobre la Provincia, según criterio de nuestro máximo Tribunal nacional seguido por esta Corte.
Despido, indemnización, ley de empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez Hernán Jesús c/ Muñoz José Santiago y/o quien resulte responsable s/ Despido indirecto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-03-18

El art. 15 de la ley de empleo 24013 contempla la situación de la ruptura del contrato de trabajo, sea por despido dispuesto por el empleador o porque el trabajador se coloque en situación de despido directo. Determina un incremento indemnizatorio duplicando las contempladas por la LCT. Para que proceda la duplicación de la indemnización por despido, en caso en que sea el empleador el que rompa el vínculo laboral, es menester ante todo que el despido sea sin causa justificada, o bien invocando una causa falsa o insuficiente.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ DE PERALTA DOROTEA H. c/ CLINICA FRANCISCO VITTAR S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-09-11

Los jueces no se encuentran obligados a ponderar en forma expresa todos los elementos probatorios que han sido aportados al proceso, sino solo aquellos que han estimado conducentes para fundar su decisión.
Beneficios previsionales, medidas cautelares, reajuste jubilatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Bucko, Juan Carlos c/ A.N.Se.S. s/ Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-24

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar, con el objeto de que se decrete la prohibición de innovar con relación al pago del importe, que en virtud del "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados" se le abona mensualmente junto con el haber jubilatorio, pues teniendo en cuenta el carácter alimentario de las sumas en cuestión y que el menoscabo que pueda significar la afectación del monto del haber que percibe, podría tornar ilusorio el derecho reconocido en la sentencia de fondo, corresponde que las sumas percibidas en tal concepto por el actor, sean tenidas como parte de pago.
Notificación, notificación por cédula, patrocinante, domicilio constituido
Materia: PROCESAL
Carátula: EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS  E.F.A. c/ CALERA MOLACHINO  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-17

La cédula fue dirigida al letrado en el domicilio constituido cabiendo interpretar que no sólo quedó notificada la parte que actúa por ese mandatario sino también las que lo hacen por su propio derecho habida cuenta del principio general establecido en el art 134,segundo párrafo del CPC,puesto que si es válida la notificación personal efectuada en la persona del letrado (que no es apoderado sino patrocinante) no se advierten las razones que justifiquen una distinta solución cuando la notificación se efectivizó mediante cédula.
Contratos bancarios, contrato de descuento bancario, elementos del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS c/ SADE  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

Las formas corrientes del negocio de descuento, que es un contrato atípico, más complejo que la cesión, que opera como medio o instrumento de aquel, no impone que el descontante excuta al deudor cedido "como conditio facti" o recaudo del reclamo de cobro dirigido contra la descontataria (doctrina citada por el tribunal: Jacques Ferroniere, Las Operaciones Bancarias, Bs. As. 1975; Carlos Gilberto Villegas, Compendio Jurídico, Técnico y Práctico de la Actividad Bancaria, Bs. As., 1989).
Jueces, control de constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calderón, Héctor C. c/ Gerli, Mariel C. s/ Cobro de pesos. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

El control de constitucionalidad que les incumbe a los jueces, sólo puede ser ejercido cuando la repugnancia a la cláusula constitucional que se invoca es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MOUZO JOSEFINA c/ ESTADO PROVINCIAL (CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION) s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-03-14

En principio puede afirmarse que resulta ineficaz a los fines pretendidos introducir en vía recursiva los presupuestos de admisibilidad que debieron ser completados por la requirente en oportunidad de presentar la demanda (conf. art. 4 Ley 1117 y modif ), ya que este último hace a la habilitación de este remedio sumarísimo. Mal puede la parte pretender que el Sr. Juez de la anterior instancia complete este último requeriendo el expediente administrativo respectivo, cuando ni siquiera al instar la acción fue invocada la fecha de notificación del acto atacado, atentando ello contra el carácter urgente y expeditivo de la propia vía.

Máxime cuando los argumentos sobre la fecha de la certificación no autorizan a presumir por sí mismo en modo alguno la ulterior notificación del documento certificado.Ñ
Defensa del consumidor, medicina prepaga, interpretación del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: W., D. c/ Omint S.A. de Servicios s/ incumplimiento de prestación de obra social / med. prepaga
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-18

El régimen de defensa del consumidor es plenamente aplicable al contrato de medicina prepaga, lo que determina que la interpretación de las cláusulas y prerrogativas insertas en el contrato o reglamento deberá efectuarse con arreglo a los principios de la normativa consumeril.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, tribunales arbitrales, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES c/ HIDROELECTRICA NORPATAGONICA E HIDRONOR  S.A. s/ CONSTITUCION TRIBUNAL ARBITRAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-12

Lo decidido acerca del no transcurso del plazo para pedir la constitución del Tribunal Arbitral no reviste el carácter de sentencia definitiva pues no priva a la apelante de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, ni impide la continuación del proceso, ni le causa un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Quiebra, incidentes, caducidad de instancia, segunda instancia, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIRAMONTE GUSTAVO A. c/ FINOCCHIETTI ENRIQUE A. s/ EXCLUSION DE SOCIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-29

Los plazos de caducidad de primera instancia se computan desde la fecha de la última petición de las partes o providencia o actuación del tribunal que tenga por efecto impulsar el procedimiento y que tratándose de segunda instancia, ésta queda abierta con la concesión del recurso de apelación, corriendo desde ese momento el plazo de caducidad, aún cuando el expediente no hubiese sido remitido al Tribunal de Alzada.

En consecuencia, el término para que se opere la perención en segunda instancia es la de un año (art. 1123 del C.P.C.). Nada importa que no se haya cumplido la condición ha que había sido sometido el Inferior en cuanto a la notificación a la parte contraria, ya que tal carga, pesaba sobre los apelantes, quienes ninguna actividad desarrollaron para impulsar el proceso a partir del proveído por el cual el Juez de Primera Instancia hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos.-