Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-11


Expte. n° 2524/03 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Bertazzi, María del Carmen c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'" Buenos Aires, 11 de febrero de 2004 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. La actora interpuso una acción de amparo para que sea dejada sin efecto la pretensión del Gobierno de la Ciudad de cobro retroactivo de las diferencias en el pago de la contribución de ABL, resultante de la modificación en el estado de empadronamiento sobre el inmueble de su propiedad por el período comprendido desde 1/1/92 hasta el 31/12/97. La actora afirmó el efecto cancelatorio de los pagos efectuados oportunamente, en tanto el inmueble no tuvo modificaciones desde su construcción (fs. 1/6, expte. principal).

La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda y declaró la ilegitimidad de la pretensión de cobro retroactivo por revalúo inmobiliario (fs. 78/81, expte. principal).

2. La sentencia fue apelada por la demandada (fs. 87/101, expte. principal) quien planteó, en lo esencial, que: a) el amparo era inadmisible por haber vencido el plazo para su interposición, establecido en el art. 2, inc. e, ley n° 16.986; y b) la actora consintió, antes de presentar la demanda, el revalúo fiscal. En relación con este agravio, la Procuración General presentó, al recurrir, una ampliación de fundamentos y prueba documental (fs. 103/112, expte. principal).

La sentencia de la Cámara confirmó la decisión de primera instancia. En cuanto a la nueva documentación presentada consideró que ella no modificaba las razones por las que la demanda era procedente y señaló que no fue propuesta en la instancia anterior (fs. 130/132, expte. principal).

3. La demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 134/144, expte. principal). En él planteó la afectación del principio de legalidad, la lesión a las garantías de la propiedad y la igualdad, la lesión a la autonomía de la Ciudad y la arbitrariedad y gravedad institucional de la sentencia. Previo traslado a la parte actora, la Cámara declaró inadmisible el recurso (fs. 155, expte. principal).

4. Contra esa decisión, la Procuración General acude en queja ante el Tribunal (fs. 25/31) 5. El Fiscal General Adjunto, en su dictamen, opinó que debe rechazarse el recurso de queja (fs. 37/39).

Fundamentos Los jueces José Osvaldo Casás y Julio B. J. Maier y la jueza Ana M. Conde dijeron:

1. El recurso de queja fue deducido en tiempo y forma (art. 33, LPT) y cumple con la carga de expresar las razones que controvierten los fundamentos de la Sala para no conceder el recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, él no puede ser admitido.

2. Tanto en el recurso de inconstitucionalidad, como en la queja, la Procuración General de la Ciudad alega ciertos motivos y circunstancias que no guardan relación directa con las cuestiones debatidas en la causa y que, por ende, no son aptas para plantear de modo adecuado un caso constitucional.

Así, la supuesta infracción a la división de poderes, el presunto avasallamiento de facultades constitucionales propias del Poder Ejecutivo -comprendidas en la zona de reserva de la Administración- o la proclamada conspiración ilegítima del fallo contra la autonomía local, no están vinculadas de manera alguna con las cuestiones discutidas en el proceso, a saber: si los pagos efectuados por la actora cancelaron la obligación tributaria, si el revalúo podía disponerse con efecto retroactivo y si el amparo era una vía admisible para debatirlas.

Resulta desmesurado afirmar, como lo hacen los letrados que representan al Estado en este juicio, que la decisión de los jueces que admitió que los pagos cancelaron la deuda reclamada por el Estado, como consecuencia del revalúo del inmueble, pueda poner en jaque el equilibrio de poderes o la matriz institucional autónoma de la Ciudad de Buenos Aires.

El control judicial de la actividad de la Administración, ya que de eso se trata en el caso, debe ser apreciado de acuerdo con el art. 106 de la Constitución local, que establece la función del poder judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho esto, es dable concluir que las menciones a lesiones constitucionales vinculadas con la organización institucional (división de poderes, zona de reserva, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires) carecen, por completo, de relación directa con el caso.

3. La Procuración General cuestiona también que el objeto del proceso tramitara por vía de amparo. Ahora bien, a la actora ese cauce procesal le pareció suficiente para postular y probar su derecho. Otro tanto parece que ocurrió con los jueces de ambas instancias, pues ellos pudieron adquirir el grado de convicción necesario para acoger la pretensión.

Correspondía, entonces, a la Procuración demostrar de qué forma su derecho al debido proceso se habría visto afectado por la vía elegida por la contraria. Al no haberlo efectuado, la queja queda sin sustento en este punto.

Confirma la falta de afectación del derecho de defensa, la constatación de que, ante la primera instancia, la Procuración solicitó la ampliación del plazo para producir el informe de 5 días a 20 días, petición concedida por el a quo; y, más aún, en segunda instancia, ella incorporó al proceso prueba que hasta entonces no había aportado -tempestivamente- a la causa.

4. Se ha debatido durante el proceso acerca de la constitucionalidad de otorgar efectos retroactivos al nuevo avalúo inmobiliario efectuado por el GCBA. La demandada cuestiona la sentencia porque: a) el revalúo estaba firme y consentido por la actora, y b) la prueba acompañada para acreditarlo -luego de dictada la sentencia de primera instancia- fue descartada por la Cámara, sin mayores consideraciones.

Ambas cuestiones son, por regla, ajenas al recurso de inconstitucionalidad. Decidir si el acto de revalúo se encuentra o no firme, exige introducirse en la valoración de hechos y efectuar consideraciones de derecho infraconstitucional, que son ajenas a la competencia del Tribunal. Del mismo modo, revisar la utilidad de la prueba acompañada luego de la sentencia de primera instancia es una cuestión propia de los jueces de mérito, salvo que medie una lesión a la garantía del debido proceso por grave defecto en la motivación de la sentencia, defecto que -cabe agregar- no se advierte en el caso.

Más allá de su acierto o error (cuestión sobre lo que no cabe pronunciarse), la sentencia impugnada trató las cuestiones sometidas a su consideración y las resolvió con fundamentos suficientes.

La parte recurrente, tras aparentes cuestiones constitucionales, sólo exterioriza su desacuerdo con la interpretación de los hechos y de las normas efectuada en la sentencia cuestionada, como con la valoración de la prueba. Sin embargo, aunque postula otro criterio de interpretación, no logra demostrar el desvío constitucional de la hermeneútica efectuada por la alzada. La circunstancia de que la recurrente discrepe con el razonamiento y la valoración de las pruebas efectuados por la Cámara no significa que la sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria (cf. este Tribunal en "Federación de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99 y sus citas, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. I, ps. 282 y siguientes). Así, si bien la recurrente insiste en afirmar, para demostrar la firmeza del revalúo, que "la actora incumplió un plan de facilidades de pago oportunamente suscripto con la Dirección General de Rentas" (fs. 8 y fs. 29), el supuesto plan de pago al que se habría acogido la amparista nunca fue presentado en el juicio. En definitiva, el recurso planteado sólo discurre en argumentos de índole infraconstitucional, pretende someter a conocimiento del Tribunal cuestiones de hecho y prueba que por regla general resultan ajenas al remedio intentado y, por fin, no demuestra la existencia de un derecho o garantía constitucional lesionado (cf. este Tribunal in re "Colegio de Graduados de Arquitectura y Urbanismo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. n° 191/99, resolución del 6/12/99, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. I, p. 653; "Melo, Roberto Carlos c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo", expte. n° 251/00, resolución del 16/3/00; "Rébora, Horacio Norberto c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ recurso de queja", expte. n° 261/00, resolución del 19/4/00, ibidem, ps. 62 y s.; "Fariña, Juan Jorge c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo s/ recurso de queja", expte. n° 566/00, resolución del 21/11/00, ibidem, ps. 412 y ss., entre otros).

La referencia ritual a derechos y/o principios constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho, principio o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. este Tribunal, in re "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. n° 131/99, sentencia del 23/2/2000, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. II, ps. 20 y siguientes).

5. La alusión a una supuesta gravedad institucional comprometida en el caso es puramente genérica y reitera, una vez más, la simple discrepancia de la recurrente con la sentencia de Cámara.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1.	Si bien el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 25/31) fue deducido en tiempo oportuno (art. 33, LPTSJ), él no puede prosperar.

El recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad -previsto y regulado en el inc. 3º del art. 113 de la CCBA y en el art. 34 de la ley nº 402- no es sólo una reedición de aquél y de los antecedentes más importantes del pleito, sino, antes bien, una impugnación primera, autónoma, autosuficiente y fundada de al resolución interlocutoria que denegó el recurso de inconstitucionalidad.

En este caso, el escrito del recurrente no contiene siquiera una crítica deficiente del auto denegatorio, sino que ha omitido por completo el cumplimiento de este requisito esencial para el tipo de recurso que ahora intenta.

Como lo tiene dicho tanto el Tribunal (cf. "Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa n° 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. nº 865, resolución del 9/4/01) como la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 290:391; 293:166; 302:502; 308:2263; 311:2338) esta circunstancia impide formalmente avanzar sobre el resto de las cuestiones planteadas en el recurso intentado.

2.	Por lo expuesto, voto por el rechazo de la queja intentada.

Por ello, y de conformidad con el dictamen del Señor Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1°) Rechazar la queja planteada por la Procuración General de la Ciudad a fs 25/31.

2°) Mandar que se registre, se notifique y se devuelva el principal con la queja.