Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-17


Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

Excma. Cámara:

1. El juez de grado impuso una multa a la sindicatura (v. fs. 279/280).

Para así decidir, el Magistrado juzgó que la funcionaria fue intimada en tres oportunidades a confeccionar una liquidación y que la presentada por la sindicatura en autos no es correcta. Refirió además que la sindicatura fue ya objeto de un llamado de atención.

2. Apeló la sindicatura y en fs. 282/283 obra su memorial. La recurrente se agravió pues sostuvo que cumplió con todas las tareas que le encomendara el a quo y que correspondía a la AFIP cuantificar su acreencia y no a la sindicatura. Añadió que por razones de fuerza mayor debió ausentarse de la ciudad y que no incurrió en abandono de su función sino solo contestó un traslado fuera de término. Por último, indicó que no medio daño real y efectivo en autos y que la sanción debe guardar proporcionalidad con el daño infringido.

3. En el caso, el juez de primera instancia encomendó a la sindicatura la liquidación de intereses respecto del crédito reconocido en la resolución de fs. 241/243, en el término de 10 días de que dicho decisorio quede firme. La resolución fue confirmada por la Alzada en lo que a intereses respecta, resultando notificada la apelante el 23.07.08. Ahora bien, la funcionaria no presentó la liquidación que le encomendara el a quo, sino que debió ser intimado en dos oportunidades, a saber, con fecha 16.09.08 y 17.10.08 (v. fs. 274 y 277). Y si bien ante ambas intimaciones la funcionaria compareció en la causa, lo cierto es que sus contestaciones no dieron cumplimiento al requerimiento que le cursara el juez de grado. Véase que ante la primera intimación solicitó prórroga que fue denegada y, ante la segunda, presentó una cuenta que no se ajusta a los montos y parámetros establecidos por el tribunal en la sentencia verificatoria.

A mi entender, el tiempo transcurrido desde que la resolución quedó firme y la aplicación de la sanción, sin que mediara respuesta de la funcionaria sindical, constituyen un plazo excesivo y la falta de diligencia del síndico en cumplir con las tareas que le fueran encomendadas configuran una conducta negligente que justifica la aplicación de una sanción.

Es que las explicaciones de la sindicatura no resultan atendibles, a los fines de justificar la demora incurrida.

Primero, por cuanto el fallecimiento de su padre ocurrió el 03.06.08 mientras que la resolución de la Alzada y las intimaciones del a quo le fueron notificadas con posterioridad. A todo evento, la funcionaria debió requerir licencia si no se encontraba en condiciones de ejercer el cargo conferido y, en definitiva, de cumplir en tiempo sus obligaciones.

Segundo, puesto que la inexistencia de daño o perjuicio no constituye un eximente de la responsabilidad disciplinaria del síndico, establecida en el art. 255 de la ley concursal.

Es que en el marco de la responsabilidad disciplinaria, el interés jurídico tutelado no es la reparación del daño sufrido por un tercero sino el adecuado cumplimiento de la función sindical.

En esta inteligencia, la normativa concursal prevé la remoción de la sindicatura en caso de que su conducta no se adecue a la finalidad perseguida o la aplicación de sanciones menores (multa o apercibimiento) a fin de compelerlo a ajustar su obrar a dicho objetivo.

Como dice Alejandro Nieto, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el derecho administrativo sancionador la regla es la de los "ilícitos de riesgo". La infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción. (Conf. "Derecho Administrativo Sancionador" pág. 37/38, 1993, Editorial Tecnos Madrid).

Tercero, puesto que reiteradamente ha sostenido esta Fiscalía que la debida diligencia del síndico en el cumplimiento de sus funciones no está supeditada a las conminaciones que el juez deba dirigirle a tal efecto. Antes bien, sin perjuicio de lo que éste decida para impulsar el procedimiento concursal, el funcionario debe tomar la iniciativa peticionando lo conducente a tal efecto y, con mayor razón, dar puntual cumplimiento a las resoluciones del juez del concurso, coadyuvando así, con su tarea de rápida tramitación (conf. Cn. Com., Sala C, "Fábrica Argentina Anahí S.A.").

Sentado lo anterior, señalo que según lo informado por la Superintendencia de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, la síndica ha sido objeto de un apercibimiento y de sanciones de multa. Ello así, considero que por aplicación de la regla de la proporcionalidad y gradualidad que esta Fiscalía ha tenido en cuenta en diversas ocasiones (conf. dictamen 95943 de fecha 16.9.03 en autos "Luis Catalini e hijos S.R.L. s/ Quiebra s/ inc. de apelación art. 250", dictamen 95042 de fecha 25.6.03 en autos "Goldaracena Carlos A. s/ quiebra", dictamen 74017 de fecha 9.11.95 en autos: "Textil Jacquard S.A. s/ quiebra s/ inc. de apelación) estimo que la multa debe ser mantenida.

4. Por las razones expuestas, opino que V.E. debe confirmar la resolución apelada con el alcance aquí propuesto.

Buenos Aires, febrero 5 de 2009. - Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia - Buenos Aires, febrero 17 de 2009.

Y Vistos:

1. Viene apelada por la síndico C. P. D. la resolución pronunciada a fs. 279/80, que le impuso una multa de $800.

2. Por los fundamentos expuestos por la señora Representante del Ministerio Público ante esta Cámara en su dictamen de fs. 290/1, que esta Sala comparte y a los que se remite por razones de brevedad, cuadra decidir la cuestión según se propone.

En efecto, el art. 255 de la LCQ contiene una escala de penas en la que cabe interpretar implícitos los principios de progresividad y proporcionalidad, procediendo adoptar, dentro de los distintos grados de penalidad previstos en la norma, aquella sanción que, siendo suficientemente severa para reprimir la gravedad de la transgresión cometida, no irrogue un mal innecesario y desproporcionado al autor de la inconducta.

La sindicatura incurrió en una desatención en sus tareas -sustancialmente evidenció un accionar negligente y moroso- que denota una conducta omisiva en las obligaciones inherentes a su cargo; por lo que la multa impuesta de $800 aparece proporcional a la naturaleza e importancia de estos incumplimientos y progresiva a las anteriores sanciones (v. intimaciones de fs. 274 y 277, llamado de atención de fs. 233 y sanción de apercibimiento y multas informadas por la Superintendencia de la Excma. Cámara al Ministerio Público).

3. Por ello, se resuelve desestimar los agravios esgrimidos por la síndico y confirmar la resolución apelada; sin costas al no haber mediado contradictorio.

Notifíquese a la señora Representante del Ministerio Público en su despacho y, con su resultado, devuélvase, encomendándose a la juez de la primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr.: 36, 1) y las notificaciones pertinentes.

Los doctores Miguel F. Bargalló y Bindo B. Caviglione Fraga actúan de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de esta Cámara del 22/7/08 pto. III y del 27/8/08 pto. VI, respectivamente. -Ángel O. Sala. -Miguel F. Bargalló. -Bindo B. Caviglione Fraga.