marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Estafa, fideicomiso, inscripción registral, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: G. R., J. C. s/ Estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-23

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos "G. R., J. C. y otros s/estafa" (causa 1353/11) rta. 23/9/2011, donde la Sala revoca el sobreseimiento dictado respecto de los imputados de una maniobra de fideicomiso, ordenando la profundización de la pesquisa. Sostuvieron los camaristas que si bien la defensa intentó sostener la atipicidad de la conducta, alegando que mas allá de que el fideicomiso no fue inscripto, el dinero dispensado a la parte igualmente fue utilizado para la finalización de la obra. Empero, entiende la Sala que teniendo en consideración que la formalización de un contrato de ese tipo, es lo que en definitiva permite la transmisión de la propiedad fiduciaria y en consecuencia el cumplimiento de su objeto, el argumento de la defensa no puede ser atendido. Agregan que inclusive la propiedad fue gravada en dos oportunidades mediante una hipoteca, lo cual de igual modo tornaría al menos litigioso el derecho de las partes sobre el inmueble.

En relación a la presunta falta de diligencia en que habrían incurrido los querellantes al adherir al contrato de fideicomiso y realizar los pagos correspondientes, la Sala destaca que existen ciertas pautas de las constancias aportadas por la querella que impiden tomar este argumento como válido, y en tal sentido, la circunstancia de que la documentación haya sido íntegramente rubricada en su oportunidad, permitía darle ciertos visos de formalidad, así como también el hecho de que los querellantes fueran recibidos para acordar los términos de la operación en las instalaciones de la empresa que, según les fue informado en aquella ocasión, era el negocio familiar y se encontraba en actividad desde el año 1959, e inclusive en dicha ocasión también se les presentó a diversos profesionales que formaban parte del emprendimiento, todo lo cual, impide, de momento, que el eventual ardid presuntamente desplegado por los imputados, pueda ser descartado con la certeza necesaria para desvincularlos, pudiendo encuadrar la maniobra denunciada en alguna de las figuras del Capítulo IV, Título VI, del Código Penal, debiendo a todo evento profundizarse la investigación.-
Recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos, Derecho constitucional, Poder Judicial, política salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pegassano, Jorge Alberto Francisco y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 32-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-05

Aún cuando se concluyera que las cuestiones traídas a consideración del Tribunal rozan aspectos estrechamente vinculados a la política salarial establecida para el Poder Judicial de la Provincia, debe considerarse admisible el recurso contencioso administrativo interpuesto cuando los actores - Secretarios del Poder Judicial- invocan lesión, por parte del Poder Ejecutivo, de derechos subjetivos de carácter administrativo acordados por la ley provincial 9379, como asimismo de garantías previstas en la Constitución nacional y en la provincial, extremos que, en las particulares circunstancias de la causa y más allá de su efectiva configuración, justifican pasar a analizar la procedencia de los puntos en debate.
Pensiones, conviviente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ORELLANA, ESMERALDA VENTURA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-23

La sola circunstancia de haber mantenido una relación con un hombre de la cual nació un hijo no conlleva a la configuración de una 'relación marital de hecho', en los términos del artículo 52 inciso 6 de la ley 4349 modificada por la ley 12887, y en el sentido de cohabitación bajo un mismo techo; por lo que en tal caso no tendría cabida la extinción del derecho pensionario.
Acto administrativo, sanciones administrativas, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Fernandez Pedro Antonio (TF 23334-A) c/ D.G.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

Un acto administrativo que impone sanciones debe describir acabadamente los hechos acaecidos y expresar la ligazón de razonable causalidad entre el presupuesto fáctico y la consecuencia disvaliosa, presupuesto indispensable para que pueda observarse el principio de congruencia (Cons. XII).
Acción de amparo, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cabrera, José c/  s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-27

Corresponde tener como recurso de inconstitucionalidad a la impugnación deducida mediante la acción de amparo, declararlo formalmente admisible y concederlo con efecto suspensivo, restituyendo provisoriamente al recurrente en su cargo hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Ello, en razón de que los elementos aportados son suficientes para justificar, con carácter provisional e indiciario, la pertinencia de esclarecer el punto relativo a la observancia de las garantías constitucionales en el trámite que culminó con la expulsión del concejal. (Del voto de los Dres. Vittar, Catalano, Dra. Ovejero Cornejo, Dr. Posadas, Dra.Bonari y Samsón)
Acto administrativo, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SILVETTI ARAGON SEGUNDO LAUREANO c/ MUNICIPALIDD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-15

La demanda judicial es improcedente si el acto administrativo cuestionado ha quedado firme en sede administrativa, lo que acontece en autos cuando el particular omite deducir en término el recurso administrativo pertinente.
Ejecución de la pena, sanciones disciplinarias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sosa Suarez, Gerardo Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-09

El a quo no valoró de modo alguno la declaración del imputado, la cual podría significar una verdadera justificación; no agotando así el debido control judicial al que están obligados los jueces respecto a las resoluciones administrativas como la presente, apareciendo la convalidación de la sanción impuesta como una afirmación meramente dogmática. Resta decir que la omisión de consideración y resolución de estas cuestiones relevantes priva de fundamentos mínimos a la resolución en crisis. La disidencia sostuvo que el imputado no fue asistido por un letrado defensor durante la tramitación de la sanción administrativa, violándose de esta forma la garantía del debido proceso legal . (Dres. David, Slokar, Ledesma -en disidencia-).
Asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: C., C. A. c/ K. K. S.A. y Otra s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-13

La LRT y su decreto reglamentario imponen obligaciones a la ART, como verdaderos sujetos de derecho que son, entre las que se pueden citar las mencionadas en los arts. 4 y 31.1. de la ley; y arts. 16, 18 y 19 del Decreto 170/96.
Corredor, comisión del corredor, operación concretada, admisibilidad de la prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Pescio, Jorge Roberto c/ Aceimar Soc. de hecho y otros s/ Cobro de australes (Expte. Nro.232-97, Resolución Nro.027, tomo 1, folio   87/95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-28

Si no se ha registrado por parte del corredor la operación de venta en el único libro que lleva, el borrador, a los efectos de la demostración de su intervención en el negocio de compra venta resulta admisible todo tipo de pruebas, entre ellas la testimonial pero cuando ésta no estuviese corroborada por otro tipo de prueba, debe ser apreciada más estrictamente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Guzmán, Alberto R. y otros s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Es inatendible el planteo en el que se denuncia la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por no haberse ponderado una circunstancia como atenuante si la misma resultó valorada en el decisorio impugnado.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, admisibilidad del recurso, admisibilidad formal, daños y perjuicios, prohibición de exportaciones, carnes, sentencia definitiva, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Friar S.A. c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y S.E.N.A.S.A. s/ daños y perjuicios (ordinario).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-26

Son formalmente admisibles los recursos ordinarios de apelación interpuestos contra la sentencia que -al declarar desiertas las apelaciones- dejó firme la condena por los daños y perjuicios ocasionados por la prohibición de exportar carnes impuesta durante la epidemia de la fiebre aftosa, pues se trata de una sentencia definitiva, por cuanto impide la continuación de un proceso en el que la Nación es parte directa e indirecta y el monto debatido excede el mínimo legal.
Hidrocarburos, regalías hidrocarburíferas, interpretación de la ley, ratificación del decreto
Materia: CONSTITUCIONAL-ECONOMIA
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

Sin perjuicio de la validez del decreto 1757/90, las dos áreas o yacimientos que han sido concretamente materia del pleito, estuvieron sujetas desde 1990 y 1991 al régimen de regalías previsto en los correspondientes actos de concesión, es decir, el que resulta de la ley 17.319 y los decretos de concesión 1769/90 y 2164/1991 forman parte del proceso de reforma regulatoria que tuvo lugar a partir de 1989 (decretos 1055, 1212 y 1589 de ese año) y cuya validez fue ratificada por el Congreso y reconocida por la provincia demandante.
Indemnización, facultades discrecionales, sana crítica racional
Materia: LABORAL
Carátula: ALMADA AMERICO JORGE c/ LA VOZ DEL INTERIOR  S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-04

Si bien el cuantum indemnizatorio queda librado a la prudencia de los jueces (art. 1084 C. Civil) no puede depender de una valoración absolutamente libre, reservada al subjetivismo del Juzgador, ni tampoco resultar de una mera "enunciación de pautas", realizada de manera genérica y sin precisar de qué modo su aplicación conduce en el caso concreto al resultado a que se arriba. Esto hace aconsejable la elección, dentro de lo posible, de un procedimiento uniforme para la fijación del importe indemnizatorio que, a la par de facilitar el contralor de las partes, del Tribunal de Casación y del público en general, sobre el modo y los elementos tenidos en cuenta para arribar a una razonable previsión sobre los posibles resultados económicos de estos pleitos, circunstancia que posibilitaría la composición de muchos de ellos por el libre acuerdo de partes, con un menor desgaste jurisdiccional y una mayor prontitud en la reparación de los perjuicios. A tal fin, si bien no puede admitirse el libre arbitrio judicial, sin parámetro objetivo alguno, tampoco debe limitarse a una serie de operaciones matemáticas. Estas darán la base económica de la masa a resarcir y aquél llenará -con equidad- las variantes del caso y hará jugar principios legales que lleven a morigerar las sumas matemáticas resultantes, en base a consideraciones éticas o en razón del emplazamiento jurídico patrimonial de las partes.
Personal municipal, trabajadores temporarios
Materia: PENAL
Carátula: Blanco, Andrés José c/ Municipalidad de Presidente Perón s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-11-04

Resulta indudable que las funciones desarrolladas por el recurrente son actividades normales de un municipio, que pueden ser prestadas con personal estable del mismo. En esas condiciones, la conducta de la demandada, al designar al actor en forma sucesiva e ininterrumpida por un lapso de ocho años, deviene carente de razonabilidad.(doctor Negri, minoría)
Recurso de casación, preclusión
Materia: CIVIL
Carátula: ISIJARA DE IBARRA ELVIRA DEL VALLE Y OTRAS c/ SUCESION DE ABREGU CARLOTA TERESA s/ COBRO DE PESOS POR MEJORAS-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-13

La crítica expuesta por el recurrente al deducir recurso de casación, tendiente a cuestionar la temporaneidad del memorial de contestación de agravios, resulta a todas luces tardía, atento encontrarse extinguida en esta etapa del litigio, la facultad de ejercer una prerrogativa que no fue utilizada en el momento procesal correspondiente (ya que la Cámara tuvo por contestado tal traslado sin que fuera cuestionado ese proveído), so pena de afectar el principio de preclusión de los actos procesales.
Corretaje, comisión del corredor
Materia: COMERCIAL
Carátula: ADRIAN LLAURO c/ HORACIO TERAN FRIAS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

El corredor que inició las gestiones tiene derecho al cobro de su comisión, si la operación realizada por las partes es la iniciada por él como consecuencia del corretaje efectuado.
Sociedad cooperativa, calidad de socio, actos cooperativos
Materia: LABORAL
Carátula: CHAVEZ, FACUNDO c/ COOPERATIVA LA UNION Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-20

La calidad de empleado del socio de una cooperativa de trabajo no puede determinarse con prescindencia de todo examen concerniente al sentido y esencia del tipo societario al que se adecuan las cooperativas de trabajo y al régimen legal establecido por la ley 20337. De las órdenes de trabajo que recibió el actor no se sigue válidamente una subordinación jurídica propia de un vínculo dependiente pues dichas órdenes fueron consecuencia de los actos de gobierno y de organización de los que no puede prescindir incluso un ente autogestionado.
Abogados, sanciones procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zerneri Stella Maris s/ Beneficio de litigar sin gastos -incidente recusación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-16

Si en el recurso de reconsideración interpuesto en los términos del art. 74 de la ley 5827, no se justifican las expresiones vertidas oportunamente y que merecieran la sanción de apercibimiento que tal normativa prescribe, tal vía recursiva es desestimable.- (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pacheco de Lucarini, Damasia Vicenta y otros c/ Pilypas, José Rodolfo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Teniendo en cuenta que la víctima contaba con sesenta y siete (67) años de edad al momento del deceso; que era jubilado de la Caja de Previsión para la Industria, percibiendo en marzo de 1986 en tal concepto la suma de A 84,90; que realizaba trabajos como albañil y pintor, obteniendo por ello ingresos superiores a su jubilación; que el grupo conviviente estaba constituido por él y su cónyuge, ya que sus tres hijos estaban casados y tenían su hogar formado independientemente del de la víctima; que era de humilde condición económica y social, desde que sus causahabientes litigan con beneficio de pobreza, resulta justo establecer la indemnización por el rubro "valor vida" en la suma de A 200.000.000, apreciada a la fecha del decisorio apelado (3/5/91).
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, propinas
Materia: CIVIL
Carátula: Coronel, Ricardo Roger c/ Romero, Eduardo Antonio y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

Aunque es cierto que, durante el lapso que duró su inactividad absoluta el actor siguió percibiendo el sueldo de mozo que le abonaba su principal y, en ese sentido, no existe ganancia frustrada alguna que se deba enjugar, no es menos cierto que en ese período se vio impedido de percibir las propinas que habitualmente reciben de terceros quienes desempeñan tareas como las del actor (mozo de confitería), propinas que deben considerarse parte de su remuneración. Y esta privación constituye un daño que el responsable debe resarcir en los términos del artículo 1069 del Código Civil.
Dominio, juicio de desalojo, legitimación activa, legitimación pasiva, obligación de restituir, posesión, tenencia simple
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castán Jorge Domingo c/ Báez Alberto Walter s/ Desalojo - INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2020-10-09

Por acción de desalojo debe entenderse aquella que se encuentra encaminada a recuperar la tenencia perdida, por lo que compete al propietario, al poseedor y aún al simple tenedor, contra aquel que detenta la cosa sin derecho originario y regularmente conferido o en virtud de un título que por su precariedad, engendre obligación de restituir.
Recurso de casación penal, competencia del tribunal de casación, monto de la pena, audiencia de conocimiento personal, ausencia del imputado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ariztizabal Berberena Mario Domingo s/ Amenazas agravadas en concurso ideal con abuso de arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2001-04-26

Corresponde pasar la presente sentencia a la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial con la finalidad que fije el monto de la condena, en orden a que este Tribunal Superior de Justicia -como Tribunal de Casación- encuentra limitado su conocimiento por el carácter exclusivamente jurídico del contralor y de la racionalidad de su contenido. Que la no imposición de pena, en cuanto a su tipo, cuantía y modo de ejecución de la misma, resulta aconsejable y conforme a derecho, en razón de carecer éste Alto Cuerpo del conocimiento personal o "de visu" del imputado (Art. 41, inc. 2 del Código Penal), en función de la ausencia incurrida por la parte a la audiencia de debate, en consecuencia, carece el tribunal de uno de los elementos sustanciales para la ponderación y graduación razonable de la pena; siendo éste el temperamento propiciado respecto de tal cuestión tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia, apareciendo indudable un supuesto de reenvío obligatorio en éste particular aspecto; temperamento éste que resguarda la garantía de la doble instancia, de acuerdo a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Art. 14, inc.

5to., en cuanto dispone que "...Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que le haya impuesto sean sometidas a un Tribunal Superior conforme lo establecido por la ley..."; y lo regulado en la materia por el Art. 8, inc. 2do., punto h) del Pacto de San José de Costa Rica.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, protección contra el despido arbitrario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: JUAN SEBASTIAN LUNA. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ORDINARIO.    CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

El artículo 2do. de la ley 22.241 no impide su aplicación a la causa iniciada con anterioridad a su publicación, en la que se invoca protección contra el despido arbitrario. Esta inteligencia es la que mejor concierta con la garantía del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Declaración testimonial, privación ilegal de la libertad, torturas, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Amelong, Juan Daniel y otros s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-05

La declaración testimonial de la víctima de privación ilegal de libertad y tormentos es válida aún cuando sus declaraciones no se basan exclusivamente en sus percepciones por su condición de testigo sobreviviente que estuvo la mayor parte del tiempo "tabicada", no sólo porque en la oportunidad que fue trasladada para recibir atención médica le retiraron las vendas y pudo ver ficheros donde se encontraban los carnets de los integrantes del grupo de tareas sino porque la circunstancia de que la misma padeciera las torturas más brutales de las que se pueda ser víctima torna muy difícil que la misma pueda borrar de su memoria aquellos datos y detalles.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, honorarios, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CALLEGARI, JAVIEL Y OTROS s/ CONCURSO CIVIL.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 385-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-23

La exigencia constitucional de que las sentencias deben tener motivación suficiente, importa el requerimiento de que la fundamentación sea "bastante", "apta" o "idónea" y que resulte derivación razonada del derecho vigente.

En el caso, el fallo impugnado no satisface en modo alguno dicha exigencia constitucional pues su liminar lectura evidencia que, ante el expreso texto de la ley arancelaria (artículo 28 inciso e) de la ley 6767). La Cámara debió decir porqué razón estimaba que ella no se aplicaba, cuestión que omitió en forma absoluta.
Acción de amparo, cláusulas del contrato, defensa de la competencia
Materia: PENAL
Carátula: Federación de centros y entidades gremiales de acopiadores de cereales c/ Monsanto Argentina S.A. s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-02

El amparo promovido tiene por objeto obtener una decisión judicial que disponga hacer "cesar en forma inmediata la concertación de compras de grano de soja implementada en forma compulsiva mediante acuerdos entre los accionados" y que se declare la inconstitucionalidad de la denominada "cláusula de biotecnología", habida cuenta de que fue "impuesta por la cartelización compradora que ostenta en el mercado de la soja" y "preestablecida por su posición dominante" en el referido mercado. La Federación ha fundado su pretensión en que Monsanto, valiéndose de la posición oligopólica de los compradores finales de granos de soja (exportadores e industriales), impuso a los acopiadores que dice representar la cláusula cuestionada, como así también que el acuerdo exigido por los accionados exhibe una posición dominante en el mercado y una "cartelización" en la compra de la soja en perjuicio de la actividad acopiadora.
Medidas cautelares, anotación de la litis, caducidad, mediación, mediación obligatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS LIBERTAD 1168/70/72 c/ BEVACQUA, María Gabriela s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-16

La circunstancia de que no se haya iniciado aún la mediación obligatoria no obsta a que se decrete la anotación de la litis. Ello, en razón de que el art. 207 del Código Procesal debe relacionarse con la actual ley 24573, que sujeta la caducidad de las medidas cautelares a la presentación en término del formulario de mediación.

Además, conforme a la normativa citada, las medidas cautelares pueden tramitar en el juzgado hasta el agotamiento respecto de ellas "de las instancias recursivas ordinarias", continuando luego el trámite de mediación.