Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-01


2º Instancia. - Santa Fe, marzo 1 de 2006.

1º ¿Es nula la sentencia recurrida? 2º En caso de no serlo ¿es justa? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde? 1º cuestión. - La doctora De Césaris dijo:

Que la parte demandada y también el actor interpusieron conjuntamente con el de apelación, recurso de nulidad que fuera concedido a fs. 264 vta. y 266 vta., pero al expresar los agravios en esta sede (fs. 278/282 y 286/8) ninguno formularon en sustento de tal remedio por lo que cabe declarar desierto el recurso de nulidad (arts. 361, 364 y conc. CPC) en cuanto no existen, además, vicios que por su carácter de orden público impongan una declaración oficiosa (art. 125 CPC). Voto en consecuencia por la negativa.

El doctor Müller expuso iguales motivaciones, y basado en ellas votó también por la negativa.

El doctor Drago dijo:

Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad con el art. 26 de la ley 10.160 y la jurisprudencia de la Corte Suprema Justicia de Santa Fe, me abstengo de emitir opinión.

2º cuestión. - La doctora De Césaris dijo:

Que según lo documentado en la causa en fecha 10/9/97 (según cargo de fs. 7) Julián Hernández promovió demanda de "cumplimiento de contrato de fideicomiso y posterior rendición de cuentas y cobro de pesos" cuantificando el reclamo en la suma de cuarenta y dos mil quinientos treinta y ocho dólares estadounidenses con más intereses desde el 31/7/97 a una tasa efectiva mensual del 1,30%. Afirmó haber celebrado un contrato de fideicomiso con la demandada en virtud del cual le entregó determinadas sumas de dinero para que ésta lo invirtiera preferentemente en préstamos de consumo; que en dicho contrato se pactó que pasados seis meses el fideicomitente podría retirar las amortizaciones de capital e intereses y también que la accionada debía rendir cuentas con una periodicidad no menor a un mes no obstante lo cual dejó progresivamente de cumplir sus obligaciones. Afirma que Fiducia S.A. no rindió cuentas de las operaciones concretadas ni reintegró importe alguno de capital e intereses, adeudando a la fecha en que se promueve la demanda la suma reclamada en autos que surge del estado de cuentas que se anexa a fs. 4. En dicho estado consta como saldo acreedor la suma de U$S 47.168,00 que es el importe por el cual se tiene por promovida la demanda (decreto 29/9/97 a fs. 9).

La demandada compareció en autos por intermedio de apoderado (fs. 15) y cuando evacuó el traslado de la demanda resistió la pretensión solicitando se la rechace, con costas (fs. 62/64). Admitió la celebración del contrato y su obligación de rendir cuentas pero negó que el actor concretara numerosas entregas de dinero -concretamente niega que el importe inicial fuera ampliado con otras entregas-, que no haya rendido cuentas y que no reintegrara al actor suma alguna de capital e intereses. Manifestó que el capital del actor fue colocado en préstamos personales e hipotecarios, que en el contrato se pactó una comisión equivalente al 20% de las ganancias a favor de la demandada, que el día 7/9/95 Hernández envió dos cartas documentos revocando poderes e intimando a rendir cuentas y abonar sus acreencias y que Fiducia S.A. respondió adjuntando la rendición de cuentas en la que se detallan las inversiones y especificando las que se encuentran en juicio por incumplimientos. También se le informó que conforme a lo que él requiriera todos los créditos hipotecarios fueron entregados el 14/9/95 a Warrant S.R.L., es decir que una parte de sus inversiones instrumentadas en créditos hipotecarios fue transferida a esa financiera que continuó con la cobranza y efectivización, circunstancia que el actor omite mencionar en la demanda. Finalmente señala que el actor no respondió esa carta, ni observó la liquidación ni retiró el dinero que se había puesto a su disposición (fs. 62/64).

Mediante la sentencia que llega para su revisión a esta Sala el juez a quo rechazó la pretensión de cumplimiento de contrato y cobro de la suma de U$S 47.168 con más intereses, e hizo lugar a la rendición de cuentas requerida condenando a Fiducia S.A. a rendirlas dentro del término de veinte días bajo apercibimientos de tener por exactas las que presente el actor, imponiendo a este el 80% de las costas y el 20% restante a la demandada. Para así decidir, luego de puntualizar que no fue cuestión controvertida la celebración del contrato de fideicomiso en fecha 21/9/90, consideró que estando probada la voluntad unilateral del actor de rescindir el contrato, la pretensión de reclamar el cumplimiento de tal negocio jurídico -extinguido con la revocación aludida- deviene contraria a sus propios actos. Sin perjuicio de ello, para desestimar la pretensión de cobro de la suma que arroja el estado de cuenta que acompañó el actor como parte integrante de la demanda, también consideró que las partes no están de acuerdo con la cantidad de dinero entregado a la firma demandada y que el actor no probó las sucesivas entregas que según afirmara incrementaron el monto original, subrayando que ninguna de las afirmaciones efectuadas en ese sentido por Hernández se encuentran respaldadas por elementos probatorios de entidad suficiente como para despejar toda duda sobre la real existencia de los montos que intenta hacer valer, extendiéndose sobre ello. Finalmente, con respecto a la rendición de cuentas, luego de señalar que el actor optó por la vía más amplia del juicio ordinario y que en el juicio de rendición de cuentas se distinguen distintas etapas, en la primera de las cuales lo que debe establecerse es si existe la obligación de rendir cuentas, concluye -previa valoración de los dichos de las partes y las pruebas rendidas y con apoyo en los arts. 70, 72 73 y 74 del Código de Comercio, 1907, 1909, 1911 y 1917 del Código Civil-, que no pueden ser tenidas como rendidas las cuentas por Fiducia S.A. razón por la cual la condena a rendirlas dentro de un plazo de veinte días. Explicita que quedan para un ulterior estadio el examen de las cuentas a rendir por dicha firma, y más específicamente que las cobranzas judiciales y extrajudiciales serán temáticas de la según da etapa de esta clase de proceso (fs. 255/262).

Contra dicho pronunciamiento se alzaron tanto el actor como la demandada. Al expresar sus agravios el primero (fs. 278/282), afirma que la sentencia no es lógica ni razonable pues si se hace lugar a la rendición de cuentas por ser una obligación asumida en el contrato no puede razonablemente concluirse que se rechaza la pretensión de cumplimiento de contrato. Al desarrollar el agravio por el rechazo de dicha pretensión, afirma que si su parte demandó rendición de cuentas y pago de lo que estimó se le debe, demandó en definitiva el cumplimiento del contrato, que es el instrumento que fundamenta lo que se demanda. Dice que el juez a quo consideró el "cumplimiento" como un rubro abstracto y según su razonamiento pareciera que si se rescinde un contrato no pueden luego reclamarse las obligaciones incumplidas que motivaron la rescisión, y que es esa falta de lógica y razonabilidad lo que descalifica la sentencia recurrida. Le agravia que se rechace en su totalidad la pretensión de cobro de pesos pues si la demanda no solo reconoce la existencia de una deuda y efectúa una liquidación sino que admite haber puesto a disposición del actor la suma que consideraba correcta, es lógico concluir que la deuda existe y en todo caso lo que deberá determinarse es el monto. Al desarrollar el "cuarto agravio" insiste en la autocontradicción en que incurre el a quo pues si el juez condena a Fiducia a rendir cuentas y ésta reconoce adeudar a Hernández, la rescición fue ajustada a derecho y existe una deuda real igual o similar a la peticionada por el actor razón por la cual el fallo debe ser revocado admitiendo también el derecho al cobro de la suma que resulte de la rendición de cuentas. Se agravia por último de la distribución de costas afirmando que aún en el supuesto de rechazarse en parte la demanda de ninguna manera el actor debe tener una carga mayor que la demandada.

Los agravios fueron contestados a fs. 285/6, y a continuación, en el mismo escrito, la demandada expresó sus propios agravios (fs. 286/8). Le agravia que el a quo considere que no pueden ser tenidas como rendidas las cuentas porque: 1. en el contrato no se fijó el domicilio para la presentación de las cuentas por lo que no queda duda alguna que la rendición debía efectuarse en el domicilio de Fiducia S.A. de conformidad al art. 74 Código de Comercio, a donde debía concurrir el actor y donde tenía a su disposición toda la documentación pertinente; 2. en autos quedó demostrado que el actor concurría periódicamente al domicilio de Fiducia S.A. a los fines de recibir la rendición de cuentas; 3. el contrato duró cinco años y es inimaginable que el actor que es contador y financista no hubiese tenido las rendiciones de cuentas correspondientes; 4. jamás durante los cinco años el actor hizo algún requerimiento ni ninguna observación por lo que se aplica la presunción del art. 73 del Código de Comercio sobre la exactitud de la cuenta. Le agravia que el juez a quo considere que la documental que su parte ofreciera, concretamente las cartas obrantes a fs. 38/61 donde se hace una rendición de cuentas que no fueron contestadas por Hernández, no fue reconocida porque el juez debió hacer efectivos los apercibimientos del art. 173 y 174 CPC como se solicitara. Pide se rechace íntegramente la demanda, con costas.

Los agravios fueron respondidos mediante escrito que se glosa a fs. 291/2 a cuyo contenido me remito en aras de la brevedad.

Que planteada de tal modo la pretensión revisora, principio señalando que es atendible el reproche de "autocontradicción" de la sentencia pues, conforme pasaré a analizar, el fallo adolece de irreductible oposición e incompatibilidad conceptual entre las proposiciones que lo integran, de una verdad era fractura lógica que lo torna incongruente (sobre el concepto de autocontradicción o incongruencia interna ver CSJSF, 17/5/89, "Bergel el Cons. Edif. Cosmos" en Zeus 51 J-47 y sus remisiones), a poco que se advierta que el a quo admite la obligación de rendir cuentas como una de las propias emergentes del contrato del fideicomiso, lo que significa ni más ni menos admitir que una de las obligaciones que dicho contrato ponía a cargo del fiduciario subsiste insatisfecha y por ende, exigible, pero no obstante ello inició el desarrollo de su pronunciamiento rechazando que el actor pueda requerir el cumplimiento del contrato por haber mediado la rescisión del mismo a su instancia. También es contradictorio extenderse sobre la obligación de pagar determinada suma de dinero, con exhaustivo análisis de las pruebas, y luego decir que ello es propio de la tercera etapa del juicio de rendición de cuentas y que dependerá del resultado que arroje la etapa anterior (fs. 260).

Explicitado lo anterior y para decidir la suerte de los recursos y la justicia del pronunciamiento impugnado he de seguir, entonces, un camino inverso al que recorrió el a quo en su sentencia. En orden a ello liminarmente he de dejar en claro que no pueden sino compartirse las consideraciones realizadas por el mismo sobre el trámite del juicio de rendición de cuentas, que según lo establece nuestra ley ritual, interpretada de modo uniforme por la jurisprudencia y la doctrina, comprende dos etapas bien diferenciadas (arts. 527 y 528 C.P.C.): la primera que versa sobre la obligación de rendir cuentas y la otra relativa a las cuentas mismas para el caso de ser positivo el resultado de la anterior, es decir si se establece la existencia de la obligación de rendirlas (confr. Zeus 7 J-146; Zeus 27 J-51). No obstante, destaco, el a quo ha dicho dos o tres etapas refiriéndose como última etapa a la de cobro del eventual saldo positivo. La finalidad entonces de la primera fase es establecer si ha habido un manejo o gestión de bienes o fondos ajenos que genere la obligación de rendir cuentas por ello pues, precisamente, "la rendición de cuentas es la operación por la cual toda persona que actúa por cuenta de otra o en interés ajeno, le da a ésta razón de su cometido detallando los actos cumplidos en su nombre, mediante la exposición de todo el proceso económico y jurídico propio del los y estableciendo el resultado final... En suma, para poder exigir rendición de cuentas basta que una persona haya manejado dinero o bienes que sean ajenos total o parcialmente sea en razón de un vínculo contractual o extracontractual, encuadre o no, en el primer caso, en la figura de uno de los contratos nominados de nuestro Código Civil o de nuestro Código de Comercio" (CCC Rosario, Sala 4º, 12/12/96 "Huljich de Coll Casas c. Papa, Juan G. y otra" y sus remisiones en Zeus 73 J-181). De lo anterior se desprende, por un lado, que los supuestos de obligación de rendir cuentas no se limitan a los que menciona la ley de fondo y por el otro, que no sea indispensable la caracterización jurídica del negocio que une a las partes para decidir la procedencia de una rendición de cuentas pues "basta a ese fin la existencia de negociaciones en las cuales se hayan administrado bienes, gestionando negocios total o parcialmente ajenos, ejecutando un hecho que suponga manejo de fondos ajenos o de bienes que no le pertenezcan en propiedad, o bien que involucren intereses ajenos" (CNCom. Sala A, 13/8/2004, "Rojas, R. y otros el Hércules S.A." en LA LEY, 2004-F, 870 y sus remisiones).

En autos ha quedado debidamente acreditado el negocio que involucró a las partes y, con independencia de que se hubiere pactado, es innegable que, tratándose ese negocio de una herramienta utilizada con fines de inversión mediante la cual se captaron fondos que fueron administrados por la sociedad demandada en beneficio del actor y también del fiduciario porque se pactó una retribución por la gestión a realizar, genera la obligación de rendir cuentas (confr. Lorenzetti, R. L., "Tratado de los Contratos", t. III, ps. 293 y sigtes. en especial ps. 319 y 326, Rubinzal-Culzoni, 2000).

En mérito a lo expuesto, si de la ley y del contrato resulta que la demandada está obligada a rendir cuentas, el actor estaba en su derecho de pedir el cumplimiento de ese deber, o sea el cumplimiento del contrato, no obstante la "rescisión del mismo" pues, precisamente, y como se ha dicho con reiteración "el motivo determinante para que proceda la rendición de cuentas es la necesidad de liquidar el negocio que se relaciona con las partes" ("Rojas c. Hércules S.A." arriba citad o y su remisión a CNCom. Sala C, 3/10/85, "Couste c. Argham S.A." en JA, 1986-111-71). A contrario de lo sostenido por el a quo estimo que la rescisión que interpretó operada por la revocación de los poderes especiales y/o generales otorgados por el actor, es justamente el presupuesto de la "rendición de cuentas final" que la demandada debe realizar y el inversor puede exigir, siendo por en de absolutamente compatible la pretensión de obtener la rendición de cuentas en el marco de la acción de "cumplimiento". Es decir que si bien dogmáticamente es factible independizar la "rendición de cuentas" de un contrato pues la demandada comerciante tiene por tal carácter obligación legal de rendirlas (art. 70 Código de Comercio), en el caso en examen la obligación de rendir cuentas integra el plexo obligacional y, al igual que haría un mandatario a quien se le revoca el mandato, el fiduciario está obligado a rendir cuentas que es, según Lorenzetti, "una manifestación de la obligación de informar relacionada con la conclusión del encargo" (op. cit. t. II, p. 258 y sobre la aplicación analógica de las reglas del mandato al fideicomiso en t. III, p. 319).

Las consideraciones precedentes dejan sin sustento los agravios de la demandada pues aun cuando se admitiera que periódicamente y durante la vigencia de la relación contractual las rindió, ello no la exime de la rendición de cuentas final, la que no puede tenerse por cumplida con el "detalle" y los informes anexos a las cartas enviadas en fecha 22/9/95 y 14/8/96 por las razones y argumentos señalados por el a quo que en este punto se comparten, y que no han sido rebatidas eficazmente por la accionada quien se ampara en los arts. 173 y 174 C PC soslayan do que el juez consideró insuficiente dicha rendición por defecto de claridad y respaldo documental (véase en especial fs. 262). Es que la relación negocial entre las partes no es un simple mutuo resultando evidente la complejidad de la misma a poco que se advierta que el dinero entregado fue destinado a préstamos hipotecarios y de consumo, con posterior transferencia de la gestión de los primeros a otra financiera y en gestión judicial muchos de los segundos a estar al detalle de juicios que suministra la demandada al ofrecer sus pruebas (fs. 132) y demás elementos probatorios obrantes en autos. Asimismo, si bien la accionada no reconoció la existencia de otras entregas que ampliaran la "entrega inicial" y el juez concluyó que no estaba acreditado que Hernández entregara dinero con posterioridad a la fecha de suscripción del contrato, el representante legal de Fiducia S.A. reconoció que hubo "reinversiones" de los créditos "anteriores", aparentemente en créditos hipotecarios (fs. 89 y vta.), y tampoco puede soslayarse que las operaciones de préstamo no se realizaron todas en la misma moneda. Esta "operatoria" que no fue meramente lineal sino compleja amerita el esclarecimiento de lo que verdaderamente se le debe a Hernández, para lo cual es imperiosa la necesidad de que se rindan debidamente las cuentas, esto es, en forma clara y descriptiva e inexcusablemente respaldada por los respectivos comprobantes que acrediten su exactitud (CNCom., Sala A, 22/3/63, "Coopim Ltda. c. Bco. de la Pcia. de Buenos Aires" en ED, 7-571; CNCiv., Sala E, 30/10/64 "Martínez Seeber c. Martínez Seeber" en ED, 14-458 y Sala G, 23/12/85 "Klein c. Consorcio Charcas 3611/21" en JA, 1986-11-42). Dado que el demandado ejerce una actividad comercial, dicha rendición debe ajustarse a la técnica contable y debe tener aptitud para colocar a la otra parte y al juez en condiciones de aprobarla con libertad, es decir, con debido conocimiento de la situación de modo que debe informarse circunstanciadamente qué se hizo, avalado por la documentación respectiva (Lorenzetti, op. cit. I.II-260), recaudos que no satisface la rendición que la demandada esgrime para justificar el cumplí miento de su obligación.

Por todo lo expuesto propongo revocar el pronunciamiento en cuanto rechaza el rubro "cumplimiento del contrato" que está implícito en la condena a rendir cuentas, que se confirma, y desestimar el recurso en relación a la pretensión acumulada de pago de la suma de U$S 47.168 con más intereses en mérito a lo dicho sobre el necesario diferimiento de dicha pretensión a las resultas de la rendición. Respecto a las costas, propicio que en ambas instancias se distribuyan en partes iguales (50% al actor y el 50% restante a la demandada) por haber resultado recíprocamente vencidos (art. 252 CPC). Voto pues por la negativa, con el alcance indicado.

El doctor Müller funda su voto en las mismas razones expuestas por la Vocal preopinante y en su mérito votó también por la negativa, con el alcance indicado.

El doctor Drago dijo:

Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.

3º cuestión. - La doctora De Césaris dijo:

Corresponde desestimar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la demandada y el de nulidad interpuesto por el actor y admitir parcialmente la apelación deducida por el último y en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechaza la pretensión de cumplimiento del contrato y en lo referente a las costas que se imponen en ambas instancias en la siguiente proporción: 50% al actor y 50 % a la demandada. Así voto.

El doctor Müller votó por igual pronunciamiento.

El doctor Drago dijo:

Por similares razones a las expresadas al tratar la primera cuestión, me abstengo de emitir opinión.

En mérito al acuerdo que antecede, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial Uno, resuelve: Desestimar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la demandada y el de nulidad interpuesto por el actor y admitir parcialmente la apelación deducida por el último y en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechaza la pretensión de cumplimiento del contrato y en lo referente a las costas que se imponen en ambas instancias en la siguiente proporción: 50% al actor y 50% a la demandada. - Cristina de Césaris de Dos Santo Freire. - Enrique Müller. - Armando L. Drago (en abstención).