marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, despido, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Lucas Fernando c/ Aluar Aluminio Argentino S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-22

La juez de grado rechazó el reclamo impetrado en procura del recargo previsto por el art. 1° de la ley 25.323 y por ello se agravia el actor. La admisibilidad de tal rubro no puede fundarse en la omisión de registro de la prestación en especie -cuyo carácter salarial fue reconocido en grado- uso en la vida privada del servicio de telefonía celular provisto por la empleadora- pues la circunstancia referida al reconocimiento del carácter remunerativo de ciertas prestaciones en especie recibidas por el trabajador con motivo del contrato de trabajo no puede habilitar a la aplicación del precepto en análisis, por cuanto la norma no sanciona tales supuestos, habida cuenta que cuando refiere a la relación registrada de modo deficiente corresponde interpretar que el objetivo de la ley es el de erradicar el trabajo clandestino mediante una condena pecuniaria y en la situación del actor no se verifica dicho registro deficiente, el cual se configura cuando los libros y demás constancias no se corresponden con la realidad y no así cuando lo percibido es lo que figuraba en los recibos del actor, y es lo que la demandada le abonaba y asentaba en sus registros. El reconocimiento del carácter remunerativo de los gastos por la provisión del servicio de telefonía celular, no significa que la relación laboral se encontrara deficientemente registrada, en tanto que surge acreditado que la empleadora registró las remuneraciones que efectivamente abonó al trabajador, de modo que no se configura el presupuesto que establece el precepto para que progrese el recargo que se reclama. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia. (Del voto de la Dra. Russo, en mayoría)
Fertilización asistida, criopreservación de embriones, Poder Legislativo Nacional
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la causa P., A. y otro c/  s/ autorización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

Dada la trascendencia de la problemática de la criopreservación de embriones y la incertidumbre que genera en los distintos sujetos que intervienen en las técnicas de reproducción humana asistida derivadas principalmente de la falta de regulación en la materia, la Corte considera pertinente exhortar al Congreso de la Nación para que estime la necesidad o conveniencia de hacer uso de sus atribuciones constitucionales para regular específicamente la materia en cuestión.
Facultades del Poder Judicial, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., J. L. c/  s/ autorización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-21

No compete al Poder Judicial que sustituya la labor del Honorable Congreso de la Nación, poniendo en vigencia proposiciones que no fueron promulgadas, pues semejante pretensión implicaría desconocer la arquitectura del sistema jurídico y no sería lícito que los magistrados, a sabiendas, con prescindencia de su carácter de órgano de aplicación del derecho vigente, se atribuyeran la facultad de sustituir al legislador en las decisiones de política jurídica (Voto del juez Lorenzetti).
Acción de amparo, asociaciones sindicales, personería gremial, aislamiento social preventivo y obligatorio, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal c/ De Niños S.R.L. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-13

La actora (asociación sindical de primer grado con personería gremial inscripta) plantea un amparo, a fin de obtener un pronunciamiento mediante el cual se condene a la demandada a abonar íntegramente a todo el personal los haberes correspondientes a marzo y abril de 2020, sin reducción alguna especialmente con motivo del "aislamiento social, preventivo y obligatorio". La empresa demandada les había enviado vía email a sus dependientes acuerdos individuales en los términos del art. 223 bis LCT. Sostiene la accionante que en marzo de 2020 se vio obligada a cerrar sus locales por la crisis económica que tuviera lugar con motivo de la pandemia Covid 19. Agrega que tuvo que recurrir a los acuerdos para evitar el cierre de la empresa, aclarando que fueron suscriptos con voluntad y discernimiento y presentados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para ser homologados tal cual lo previsto en la Resolución N° 397/20. Y toda vez que no se encuentra debidamente acreditada la existencia de los acuerdos en los términos del art. 223 bis LCT y con arreglo a la Resolución ya citada, y, a su vez, que hayan sido controlados y homologados por la Autoridad de Aplicación, corresponde hacer lugar al amparo planteado.
Confirmación de sentencia, despido, injuria laboral, ausencias justificadas
Materia: LABORAL
Carátula: Zauli, Emanuel Alejandro c/ Zapor S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-30

La accionada despidió al actor con fundamento en la gravísima injuria que le provocó no haberse presentado a trabajar. El cargo del actor en la embarcación era el de capitán, con las responsabilidades jerárquicas y operativas previstas en la ley 20.094 que regula la actividad naviera. Toda vez que en la embarcación el trabajador tenía la dirección y gobierno del buque, su incomparecencia generó que el remolcador no pudiera zarpar, por lo cual la accionada le comunicó el despido. El juez de grado consideró que su ausencia se encontró justificada por lo que el despido dispuesto por la patronal, resultó improcedente. Se agravia la demandada. Si bien el actor no se presentó a trabajar los días para los cuales había sido citado, lo cierto es que su ausencia se encontró justificada por razones de salud y ello torna improcedente la decisión rupturista adoptada por la empleadora. La médica psiquiatra que trató al actor, detalló las condiciones en las que se encontraba el trabajador el día en que debía hacerse cargo de la embarcación, presentando un cuadro de descompensación, alcoholismo, hipertensión y con signos de haber consumido droga. Así entonces, la justificación de la ausencia del accionante se basa en el estado de salud en que se encontraba, y que le impedía presentarse a trabajar, por lo que pidió y recibió atención médica, aspectos de los que da cuenta el certificado médico y la declaración de la médica que lo trató, sin que se adviertan motivos fundados para concluir que el actor hubiese sido un trabajador irresponsable. Si bien no se acreditó en forma fehaciente que el trabajador hubiera comunicado a la empleadora sobre su estado de salud, la accionada actuó contrariando los principios de buena fe y continuidad del vínculo laboral (art. 63 y 10 LCT) al no dar oportunidad al trabajador de justificar su inasistencia. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Revocación de sentencia, indemnización, responsabilidad del Estado por actos lícitos, factores atributivos de responsabilidad, relación de causalidad, falta de prueba, carga de la prueba, RÍO NEGRO, Superior Tribunal de Justicia, procedencia del recurso, recurso de casación, homicidio, muerte de un menor, falta de investigación del hecho
Materia: PROCESAL
Carátula: Martinez, Servilio Damián y otra c/ Provincia de Río Negro (Poder Judicial) s/ daños y perjuicios s/casación
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-08-02

Quien demanda la reparación de daños derivados de la actividad o inactividad ilegítima del estado debe además de justificar la relación de causalidad aportar pruebas concluyentes que permitan establecer con suficiente certeza un vínculo material que una la consecuencia dañosa con un hecho generador idóneo, apto y relevante emanado de un órgano estatal, lo que no pudo acreditarse en el caso de la condena a la provincia de Río Negro que fue demandada por la familia del menor asesinado en un local nocturno sobre la base de la ineficiente acción judicial en la investigación criminal, pues no probaron el nexo entre el daño y la omisión imputada a los agentes del poder judicial, debiendo en consecuencia hacer lugar al recurso planteado por la provincia revocando lo dispuesto en la instancia anterior.
Modificación de la cosa juzgada, accidentes de trabajo, muerte del trabajador, producción de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos, Claudia de Lourdes y otros  c/ Empresa Pullman General Belgrano SRL y otro  s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

El accidente que produjo el deceso del trabajador generó el reclamo de sus descendientes y de la concubina del causante. El juez de grado receptó favorablemente el reclamo y distribuyó en un 50% la indemnización a favor de la concubina y otro 50% en beneficio de los hijos del trabajador fallecido. El agravio expresado en la causa conduce a destacar que era deber de la concubina -quien denunció un mejor derecho-, acreditar que al momento del deceso el causante se encontraba separado de hecho de su cónyuge. En base a las pruebas producidas -testimonios y documentos- no es posible determinar si efectivamente el causante estaba separado de hecho de su esposa y a la par en convivencia con otra persona, o si -por el contrario- mantenía vivo o había reencauzado su matrimonio con su cónyuge, sin perjuicio de una relación subsistente con la concubina. La solución más justa es entonces, en función del principio de equidad, reconocer la acreencia en favor de ambas. Por ello, debe distribuirse la indemnización del art. 248 de la LCT, en un 50% para cada una de ellas (25% del total) y el restante 50% corresponde a los hijos. Cabe modificar el decisorio de la anterior instancia.
Concurso preventivo, honorarios, homologación del acuerdo preventivo, depreciación monetaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Caram Urcullu, Cristian Diego Cayetano  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

Siendo que los honorarios fueron fijados con el fin de retribuir la actuación de los profesionales en la etapa relativa al cumplimiento del acuerdo preventivo alcanzado en autos; atendiendo el tiempo transcurrido en que se ha dado cabal cumplimiento al acuerdo homologado y la depreciación monetaria que actualmente se sufre, se estima pertinente proceder a fijar los respectivos estipendios en forma prudencial, conforme lo establecido en la LCQ 271. Ello así pues, si bien en otros casos, se ha interpretado que resultaba procedente aplicar la regla contenida en la parte final de la LCQ 289, lo cierto es que, en la especie, el porcentual de retribución allí previsto, basado en la suma pagada a los distintos acreedores, redundaría en un monto desproporcionadamente reducido frente a la importancia, eficacia, calidad, y extensión de las labores efectivamente desarrolladas (arg. conf. esta CNCom, esta Sala A, 30/10/23, "Bianchi, Roberto Ángel s/ concurso preventivo").
Juicio por jurados, debido proceso, prueba prohibida, regla de exclusión, apreciación de la prueba, deberes del juez, derechos y garantías constitucionales, proceso penal, instrucciones al jurado, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Suárez, Gustavo Andrés c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-08-15

Resulta esencial el rol del juez técnico en el sistema de jurados al determinar qué prueba ingresa al juicio, de qué modo y a qué fin porque su función en materia probatoria es equiparable a la de un juez de garantías ya que al encontrarse fuera de la decisión sobre los hechos debe asegurar que el veredicto del jurado se sustente solo en la evidencia aplicable al caso, impidiendo que se filtren cuestiones emocionales que afecten su convicción de allí pues que es su debe excluirla cuando su valor probatorio sea insignificante o pueda causar perjuicio indebido, confusión o desorientación en el jurado.
Confirmación de sentencia, juicio ejecutivo, sentencia de trance y remate, cheque
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Constructores Asociados SA c/ Caledonia Argentina Compañía de Seguros Sociedad Anónima  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-23

Corresponde confirmar la resolución por la cual se desestimaron las defensas ensayadas por la ejecutada y se sentenció de trance y remate la causa en contra de ésta. Ello por cuanto los cheques fueron librados por la demandada a favor de la actora, encontrándose legitimada para exigir su cobro.
Juicio por jurados, debido proceso, violación al debido proceso, prueba prohibida, regla de exclusión, apreciación de la prueba, derechos y garantías constitucionales, condena penal, revocación de sentencia, abuso sexual calificado, ética profesional, rechazo de la prueba, sentencia arbitraria, instrucciones al jurado, prueba testimonial, acusación fiscal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Suárez, Gustavo Andrés c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-08-15

Si bien la jueza prohibió a la fiscalía abstenerse de indagar a testigos sobre una causa anterior del imputado debido al potencial prejuicio que esa información podía generar en el jurado por la naturaleza del delito involucrado, corresponde hacer lugar al planteado por la defensa oficial y declarar arbitraria la sentencia de condena -veinte años de prisión por declararlo culpable del delito de abuso sexual agravado-, dada la total inacción del magistrado ante la desobediencia de la fiscalía que mediante la testimonial vinculó un caso ya juzgado con el que debía ser probado, incurriendo en una conducta de tal deslealtad que sumada al desgobierno de quien debía dirigir el debate ubicó a la defensa en una notoria desventaja.
Despido, transmisión de acciones, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Herrera, Marta Del Valle c/ Roux Ocefa S.A. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-18

La codemandada Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, se queja por la condena solidaria impuesta por la sede de origen y el encuadre normativo en el que el sentenciante a quo fundó dicha decisión. Denunciado el concurso preventivo del laboratorio (Roux Ocefa S.A.) se produjo la adquisición del 100% del paquete accionario de la concursada y ello la convierte en solidariamente responsable por las obligaciones de la concursada en los términos del art. 228 LCT. No resulta aplicable el art. 199 de la ley 24.552, tal como propone la codemandada, ya que la adquisición de la fallida del 100% de las acciones se produjo antes de la declaración de la quiebra. A partir de la transferencia del 100% de las acciones de la concursada se designaron nuevas autoridades a instancias del nuevo accionista. Asimismo, la Asociación codemandada intervino en la actividad y producción, ocupó el establecimiento laboral, realizó inversiones y abonó salarios. Por todo ello, cabe tener por configurada una sucesión de empleadores y si bien la codemandada finca su descenso en que no administró, ni contrato al laboratorio Roux Ocefa S.A., en que las tareas y puestos gerenciales y de directorio pertenecían a Roux Ocefa S.A., en que no existió confusión patrimonial, ni explotación comercial, cabe resaltar que la hipótesis de cesión o transferencia que regulan los arts. 228 y sgtes. LCT hace referencia a la explotación que se lleva a cabo en un establecimiento y no en la empresa o su empresario. No es necesario que el anterior titular cese en la actividad para que se configure el supuesto previsto en la norma.
Confirmación de sentencia, preparación de la vía ejecutiva, juicio ejecutivo, presentación al cobro
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Musitani, Jorge Marcelo  c/ Ferraro, Cristian  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

Cabe confirmar el rechazo in limine de la solicitud de preparación de la vía ejecutiva. Ello en tanto los cheques base de la acción no fueron presentados al cobro, careciendo por ende del rechazo por parte del banco girado. El cheque no presentado al cobro en el debido plazo queda perjudicado en su fuerza ejecutiva, sin que ésta pueda ser readquirida a través del procedimiento de preparación de la vía ejecutiva previsto por el CPR 525. Es que el banco girado debe dejar constancia, por intermedio de persona autorizada, de todas las causales por las que no paga un cheque, constancia que resulta imprescindible, puesto que produce los efectos del protesto y, con ello, queda expedita la acción ejecutoria en contra del librador, los endosantes y los avalistas.
Legitimación procesal, caso concreto
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la causa P., A. y otro c/  s/ autorización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

El concepto de caso exige que quien pretende traer un conflicto ante los tribunales de justicia cuente con legitimación procesal, esto es, que el ordenamiento jurídico le reconozca un interés suficiente que habilite su intervención en el pleito (Voto del juez Rosatti).
Deberes del juez, daño moral, responsabilidad contractual, incumplimiento del contrato, obligación de no dañar, responsabilidad civil, presunciones, medios de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Víctor Cristian c/ Emergencia Médica Integral S.A. s/ Abreviado - Otros - Trám. Oral
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2024-08-20

El daño moral en materia contractual genera un perjuicio espiritual derivado del incumplimiento o mal cumplimiento de un convenio así como y en general deriva de la inejecución de la obligación previamente contraída entre el responsable y la víctima, por tal motivo la condena por daño moral contractual no es facultativa, sino imperativa siempre que se verifiquen los presupuestos de la responsabilidad civil pudiendo incluso ser probada mediante presunciones en base a elementos objetivos de la causa.
Responsabilidad por publicaciones en Internet, buscadores de Internet, responsabilidad subjetiva, bloqueo de sitios de Internet
Materia: CIVIL
Carátula: T. G., F. I. c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-15

La responsabilidad de las empresas que operan motores de búsqueda es subjetiva y solo surge cuando, ante un reclamo específico de un particular por contenidos ilícitos fácilmente comprobables, la empresa omite adoptar las medidas necesarias para bloquearlos. Por lo tanto, si el buscador bloquea las URLs específicas señaladas en un reclamo, no puede ser considerado responsable de los daños supuestamente causados por la difusión de esos contenidos.
Habilitación del establecimiento, disolución de sociedades
Materia: COMERCIAL
Carátula: Saracho, Gerardo Gabriel  c/ Saracho, Viviana Raquel  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-05

En tal sentido se entiende que teniendo el mencionado convenio como finalidad disolver la sociedad, la obligación de transferir la habilitación comercial se encuentra incluida en el mismo.
Procedencia del recurso, recurso de casación, revocación de sentencia, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE BUENOS AIRES, juicio por jurados, violación al debido proceso, prueba prohibida, regla de exclusión, apreciación de la prueba, derechos y garantías constitucionales, condena penal, abuso sexual calificado, ética profesional, rechazo de la prueba, sentencia arbitraria, instrucciones al jurado, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Suárez, Gustavo Andrés c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-08-15

Corresponde hacer lugar al recurso de casación enmarcado en el artículo 448 bis del código procesal penal bonaerense planteado por la defensa oficial contra la sentencia que condenó a veinte años de prisión a quien un tribunal de jurados declaró culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, toda vez que la fiscal con anuencia de la magistrada les instó a decidir sobre la base de factores inadmisibles en materia probatoria -impacto y exacerbación de las emociones del jurado trayendo al recinto un caso ya juzgado sobre abuso- debiendo realizarse un nuevo juico con otra integración por violación a las garantías constitucionales de defensa en juico y debido proceso.
Despido, crédito laboral, capitalización de intereses, facultades jurisdiccionales
Materia: LABORAL
Carátula: Palacio, Irma c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Palermo Norte I y otros s/ despido
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-29

A partir de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Oliva Fabio Omar c/ Coma S.A. s/ despido" del 29/02/2024 mediante la cual se dejó sin efecto el pronunciamiento definitivo dictado por esta Sala, en relación con el acta 2764, la CNAT reunida en Acuerdo General dictó el Acta 2783, complementada por el Acta 2784, ambas del año 2024. Según quedó establecido en el Acta 2784, corresponde disponer en los términos del art. 770 del CCyCN que "...los créditos diferidos a condena se adecuarán desde que cada suma es debida y hasta la fecha de la liquidación mediante el CER. A este monto se le adiciona una tasa anual del 6% desde la fecha del crédito y hasta la fecha de notificación de la demanda, cuyo resultado se capitaliza. Al monto resultante se le aplica una tasa del 6% anual desde la fecha de notificación de la demanda hasta la de la liquidación para así obtener el resultado final. Corresponde entonces, dejando a salvo aquellos supuestos en que su aplicación pudiera provocar una modificación en perjuicio de la recurrente respecto de lo resuelto en primera instancia, adecuar la decisión atinente a los intereses sobre el crédito conforme ha sido dispuesto en acuerdo por la Cámara (Acta N° 2784). Sin perjuicio de ello, corresponde disponer también la aplicación del art. 771 del CCyCN en el marco del ejercicio de las facultades jurisdiccionales allí previstas, para el supuesto que la aplicación de intereses allí prevista arroje un resultado desproporcionado. Y a este último efecto se establece como parámetro de referencia objetivo la actualización del valor histórico del capital de la condena mediante el índice RIPTE (según publicación del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación) más una tasa de interés anual del 7%. Ello implica que si por aplicación del Acta N° 2783/2784 en el caso, se superara el mencionado parámetro objetivo, se deberá considerar configurado el supuesto previsto en el primer párrafo del art. 771 del Código Civil y Comercial de la Nación habilitando de tal modo el ajuste del importe de la condena (en la oportunidad prevista en el art. 132 de la LO) al resultado que se obtenga por aplicación de dicho parámetro. A efectos de realizar un adecuado cotejo comparativo, deben considerarse valores correspondientes a dicha fecha de comparación. Esto implica que si al practicarse la liquidación de los importes diferidos a condena no estuviere publicado el índice RIPTE correspondiente a ese mes, en ocasión de su publicación anterior deberá efectuarse nueva comparación a efectos de establecer la eventual existencia de diferencias, las que solo podrán establecerse hasta la fecha de aprobación de la liquidación.