marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, hidrocarburos, servidumbres
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: K. y M. S.A. c/ EMPRESA PLUSPETROL ENERGY, ASTRA C.A.P.S.A GASODUCTO CUENCA NOROESTE LTDA. s/ PROHIBICION DE INNOVAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-09-07

Aún cuando la usurpación que atribuye la actora tiene relación con la construcción de un gasoducto para el transporte de gas a un país limítrofe, si lo que pretende es la reivindicación de los terrenos que el trazado de la obra excedió de lo que ha sido acordado en el contrato de servidumbre, por no vincularse la cuestión con la aplicación de leyes federales y por no encuadrarse en niguno de los supuestos previstos por los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, la acción de reivindicación es de naturaleza civil, regida por leyes comunes, lo que determina la competencia ordinaria para conocer del caso.
Facultades del juez, iura novit curia, reglas para dictar sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: NASTI, ATILIO c/ CONICET Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-07

No corresponde al juez hacer uso del principio iura novit curia cuando en realidad se cuestiona el encuadre legal dentro de un régimen jurídico totalmente distinto del planteado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, proceso penal, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Cresta, Rodrigo Emiliano; Gutiérrez, Leandro Agustín; Noguera, Héctor Daniel y Gómez, Miqueas Fernando c/  s/ homicidio calificado criminis causae agravado por el uso de arma de fuego y otros-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-20

La discusión no se aparta de la interpretación que de los hechos y la prueba realizó el Tribunal en ejercicio de funciones que le son propias, cuestión ajena -por regla- a esta instancia, sin que logre convencer acerca de la configuración de un supuesto de excepción toda vez que, contrariamente a lo expuesto por la interesada, surge de la lectura del fallo que los Judicantes efectuaron un pormenorizado análisis de los elementos de convicción, explicando detalladamente por qué los medios producidos en el debate eran suficientes para ratificar la sentencia de grado, así como los planteos defensivos inidóneos para desvirtuar el estado de certeza alcanzado sobre la intervención de cada uno de los imputados.
Proceso penal, prisión preventiva, cuestiones procesales, inadmisibilidad del recurso, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Briones, Héctor Andrés c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-04

Corresponde concluir que la defensa no ha logrado evidenciar los pretendidos defectos de fundamentación en la resolución impugnada en cuanto confirma el rechazo del beneficio de excarcelación; por lo que se propicia la declaración de inadmisibilidad del recurso. Ello así, pues, los argumentos expuestos encuentran sustento en el conjunto de pautas objetivas y subjetivas, que, estudiadas en su integralidad, evidencian la razonabilidad de la verificación en el caso de la presunción de riesgo procesal. En ese sentido, resulta evidente la gravedad de la pena en expectativa prevista respecto del delito por el que se encuentra procesado el encausado -contrabando agravado por el valor de la mercadería secuestrada en grado de tentativa- (art. 221, inc. "b" del C.P.P.F.); escala punitiva que en su mínimo permite descartar la procedencia de una condena, en su caso, de ejecución condicional (art. 221, inc. "b" del C.P.P.F. y art. 26 del C.P.N.). A su vez, debe considerarse, para evaluar el pronóstico de riesgo procesal, la naturaleza y las circunstancias que rodearon al hecho investigado, y el bien jurídico que este tipo de delito lesiona, y que ha sido afectado en este caso en particular, y que operan como circunstancias objetivas que el a quo ha correctamente evaluado en relación al caso concreto (art. 221, inc. b, del C.P.P.F.). Por otra parte, se debe ponderar que existen circunstancias que permiten considerar que el imputado podría entorpecer la investigación en caso de recuperar la libertad (art. 222 del C.P.P.F.). En esa dirección, cabe destacar que podría tener incidencia en la producción de las distintas pruebas ya que la investigación se encuentra en sus albores y aún queda pendiente la detención de otros miembros de la organización criminal, a la que Arancibia Briones pertenecería. Correctamente, el a quo valoró en forma negativa "... la presunta existencia de numerosas personas intervinientes en estos obrados, como también la existencia de órdenes de captura de presuntos investigados, lo que aumenta el peligro procesal aludido reforzando la decisión que aquí se adopta". Frente a este panorama conformado por todas las pautas objetivas y subjetivas evaluadas en conjunto, puede concluirse que los argumentos presentados por el a quo, estudiados en el marco situacional referido, resultan suficientes para concluir como razonable, la evaluada presunción de riesgo procesal en autos. En definitiva, la posibilidad de contaminación de la prueba y de elusión de la justicia subsiste resultando insuficiente la imposición de otra medida alternativa a la prisión de carácter cautelar que viene cumpliendo, de las previstas en el art. 210 del C.P.P.F. para neutralizar el aludido riesgo procesal. Dres. Hornos y Borinsky.
Facultades de la autoridad de prevención, falta de requerimiento de instrucción, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Lucas, Andrea y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-18

Si el personal policial, cumpliendo con una orden previamente emitida por la autoridad judicial competente, realizó tareas de inteligencia con el fin de determinar si en el domicilio de la imputada se realizaban actividades relacionadas con el comercio de estupefacientes, se configura uno de los modos de iniciación del proceso previstos por el art. 195 CPPN. La disidencia consideró que los preventores no actuaron por iniciativa propia, sino a raíz de lo ordenado por el instructor y que es nula tal orden sin el previo requerimiento de instrucción del fiscal, pues la actividad endilgada a la acusada no formaba parte del objeto de la causa en trámite. Corresponde absolver a la imputada por el delito de suministro de estupefacientes a título oneroso si ni en la declaración indagatoria, ni en el auto de procesamiento, ni en el requerimiento de elevación a juicio se imputó esa conducta, sino que fue el colegiado inferior quien decidió incorporar arbitrariamente a la plataforma fáctica dicho suceso. (Dres. Hornos, González Palazzo, Diez Ojeda -en disidencia-).
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: C., P.A. c/ J.C., R. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-01

La entidad e importancia del daño resarcible es carga probatoria de quien la invoca. Y es que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que incoara como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.
Asegurador por riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, relación de causalidad, prueba
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Aguilar Miguel Ceferino  c/ La Segunda ART S.A.  s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-31

Si el actor se accidentó "por el hecho o en ocasión del trabajo" se presume que el daño proviene de un infortunio laboral, quedando en cabeza de la ART invocar y probar circunstancias que demuestren la interrupción del nexo de causalidad entre perjuicio y tarea. Esto significa alegar y probar alguno de los eximentes que contempla el apartado 3 del art. 6 de la LRT, nada de lo cual fue esgrimido por la ART. Si la aseguradora, que tiene a su cargo velar por la prevención de riesgos laborales (art. 4 y 31 de la LRT), y efectuar el seguimiento del estado de salud del trabajador, no demuestra la preexistencia de enfermedades en el actor, debe entenderse que éste ingresó sano y apto a prestar servicios para su empleadora. Asimismo, si el control médico y seguimiento del legajo de salud del trabajador, que la aseguradora debió efectuar conforme art. 9 de la Ley 19.587, no arrojó evidencias de la adquisición, por parte del demandante, de una enfermedad degenerativa ajena a las tareas realizadas, la conclusión es obvia: debe presumirse que la lesión que actualmente presenta proviene del infortunio que sufrió (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Despido, prueba, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Burioni, Juan Carlos c/ Empresa San José S.R.L. s/ Cobro de Pesos-Recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-23

La apreciación de si existió claridad en la comunicación de los motivos determinantes de la rescisión del contrato, como la comprobación de la existencia de un comportamiento injurioso, son cuestiones de hecho y prueba que resultan -en principio- ajenas al recurso de inaplicabilidad de ley; salvo que la norma haya sido erróneamente interpretada o cuando se han violado las leyes de la prueba. Se rechaza el recurso.
Recurso extraordinario, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PENAL
Carátula: Sr. Juez Santillán, Carlos Hugo s/ Incidente en causa 44.843. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22

En materia penal los recursos extraordinarios se abren solamente frente al dictado de una sentencia definitiva, en la condiciones previstas por los arts. 349, 350, 351 y 357 del Código de Procedimiento Penal (arts. 161 incs. 1° y 3° "a" y "b" de la Constitución provincial). Las decisiones dictadas por las Cámaras de Apelación en ejercicio de la facultad disciplinaria otorgada por el art. 267 del Código citado no encuadra en ninguno de los supuestos indicados, por lo que no pueden dar lugar a la apertura de la competencia de este Tribunal que, por su carácter de extraordinaria, está restringida a los supuestos constitucional y legalmente determinados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho laboral, ius variandi, cambio de tareas, cambio de horario, juicio sumarísimo, pericia psicológica
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Gutiérrez, Edgardo Emanuel  c/ Emova Movilidad S.A. s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-26

El hecho que el trabajador, guarda de subterráneo, haya destruido una de las tres pantallas que permiten visualizar el funcionamiento del tren, generó el cambio de sus tareas y horario por parte de la demandada que mantuvo inalterable su remuneración y lo asignó a tareas de limpieza en el turno noche. Ello así, atento el tenor de la falta cometida por el actor la cual pone en riesgo la seguridad de todos los pasajeros. La juez de grado hizo lugar a la medida cautelar incoada por el trabajador, a fin de que se restablezcan sus condiciones de trabajo, hasta el dictado de la sentencia definitiva que determine si existió ejercicio abusivo del ius variandi. La pericia psicológica practicada concluyó que el actor no se encontraba apto para la tarea que debía desempeñar. Toda vez que la actora solicitó una medida cautelar innovativa, atento el contexto particular de la causa y al exceso en el uso del ius variandi, corresponde aplicar la pauta establecida 'por el art. 204 del CPCCN y disponer que dada la magnitud de la responsabilidad que implica el desempeño de las tareas de guarda de subterráneo, hasta tanto se verifique el apto psíquico del actor, deben asignársele tareas similares acordes a la jerarquía que posee de acuerdo a su categoría, o bien para el caso de no existir tales, otorgársele otras de un nivel jerárquico similar dentro del turno horario que poseía con anterioridad al incidente que motivó la litis. No resulta prudente la ampliación de la cautelar requerida en relación a permitirle la renovación de la credencial que solicita para tomar nuevamente el cargo de guarda.
Derecho administrativo, salarios adeudados, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALVAREZ DE GUTIERREZ, MARIA ELENA c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-05-13

El Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones constitucionales determino la asignación correspondiente, de acuerdo a las posibilidades económicas del Estado Provincial, tiene facultad propia para determinar, disminuir, o aumentar el monto de la bonificaciones, al evaluar circunstancias y razones financieras, las cuales exceden el ámbito de la competencia jurisdiccional.

El salario es fijado por los órganos que tienen potestad presupuestaria, es decir, el Parlamento. Pero puede autorizarse a la Administración para que fije ciertos sueldos mediante el procedimiento de establecer partidas globales para la retribución de servicios. Puede ser modificado en cualquier momento por la ley o por el reglamento en su "quantum" o modalidad, de allí que la reducción no puede ser cuestionada. La ley puede reducirlo para el futuro pero desde que se devengo tiene carácter de derecho adquirido y no puede reducirse.
Asociaciones sindicales, libertad sindical, sindicatos, afiliación sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Sindicato de la Industria de la Carne y sus derivados del Gran Buenos Aires y zona sur de Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-14

El derecho de no afiliarse o desafiliarse de los sindicatos a las asociaciones de grado superior, debe ser interpretado con amplitud, en coherencia con los principios de libertad sindical y, en particular, teniendo en cuenta el privilegio a la voluntad del grupo colectivo que se plasma en el art. 5 del dec. 467/88 en cuanto establece la inadmisibilidad de limitaciones a la intención. En mérito a ello y la doctrina elaborada en torno del Convenio 87 OIT, de carácter supralegal y de operatividad fuerte, impide todo ejercicio pretoriano de inferir una afiliación que no se acreditó formalmente, y que ha sido desmentida por la propia entidad sindical de primer grado. (Del Dictamen FG N° 51.260 del 23/9/2010, Dr. Álvarez, al que adhiere la Sala).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, carga de la prueba, culpa concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALOY BARTOLOME Y OTRA c/ GENARO GODOY Y RAMOS HNOS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-12-22

Negando solamente el accionado la mecánica en que se produjera el evento, disintiendo con lo manifestado por la actora, le corresponde afirmar y probar los hechos en que sustenta el reclamo de sus derechos. Ello por cuanto la carga de la prueba vendría a ser el imperativo que pesa sobre cada uno de los litigantes de suministrar la prueba de un hecho controvertido mediante su propia actividad, si se quiere evitar la pérdida del proceso.-
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, competencia de la Corte Suprema, interpretación de la constitución, interpretación de tratados internacionales, responsabilidad del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Espíndola, Juan Gabriel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

La Corte Suprema, en su rol de custodio último de los derechos y garantías constitucionales, no puede permanecer impasible ante la demora irrazonable que se advierte por no otorgar eficacia a un derecho, cuyo cumplimiento resulta exigible en cualquier etapa del proceso. Y ello es así por cuanto ese derecho se encuentra consagrado no solo en nuestra Ley Fundamental sino también expresamente en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, conforme la incorporación efectuada por el art. 75, inc. 22, de nuestra Constitución Nacional y que lleva ínsita la capacidad de irrogar responsabilidad, ante su incumplimiento, por parte del Estado argentino.
Personal municipal, interpretación de la ley, escalafón, competencia, determinación del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RIOPEDRE, MIGUEL c/ I.M.P.S. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

No es ante la C.N.A.S.S. donde debe debatirse la solicitud de que el haber se abone en el porcentaje correspondiente en la máxima jerarquía del Concejo Deliberante o del Departamento Ejecutivo en razón de la interpretación de la ley 23.014 y la Ordenanza 33.525, puesto que la pretensión está dirigida a un marco ajeno y diferenciado del presente, y proceder de acuerdo a lo peticionado podría conducir, eventualmente, a ubicar al peticionante en un "status" previsional diferente al adquirido, e incluso arribar al absurdo de otorgarle un haber superior al que se desempeña en actividad, lo que no es tolerado en materia previsional (cfr.

C.S.J.N., "Villanustre, Raúl Félix, sent. del 17.12.91
Tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: POGONZA, DARIO HERNAN S.D. ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO E.P.D. ALVAREZ DE VERON s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-12

El tipo legal es la manifestación de una norma que se genera para tutelar una relación de un sujeto con un ente (vida,libertad, propiedad, etc.) que se llama "bien jurídico". La norma prohibitiva que da lugar al tipo (y que permanece antepuesta a él, "no matarás", "no robarás", etc), no está aislada sino que permanece junto a otras normas también prohibitivas, formando un orden normativo, en el que no se concibe que una norma prohíba lo que la otra ordena o lo que otra fomenta, porque en el caso no se podría hablar "de orden normativo", sino de un amorfo amontonamiento antojadizo de normas arbitrariamente reunidas. Pues bien: puede darse el fenómeno de que la fórmula legal aparente abarcar supuestos que son alcanzados por la norma prohibitiva en cuanto se la considere aisladamente, pero que de ningún modo pueden quedar dentro de lo que ella prohíbe cuando se la considera conglobadamente, esto es formando parte de un universo ordenado de normas. De allí que la tipicidad penal no se reduzca a la tipicidad legal (es decir a la adecuación a la formulación legal), sino que debe evidenciar una verdadera prohibición con relevancia penal para lo cual debe estar prohibida a la luz de la consideración conglobada de la norma, es decir, que la tipicidad penal implica la tipicidad legal corregida por la tipicidad conglobante, que puede reducir el ámbito de aparente prohibición que surge de la sola consideración de la tipicidad legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Apreciación de la prueba, prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PROCESAL
Carátula: J., S.R. y C., W.O. s/ Robo Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-27

"...será necesario, además, luego de la valoración individual de cada testimonio, cotejarlo con el resto de las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación de su eficacia probatoria. El control interno de la declaración es sumamente eficaz para evaluar la veracidad del testigo. El relato contradictorio puede resultar sospechoso. Se ha desconfiado tradicionalmente de los testigos que resultan mendaces en alguna parte de sus declaraciones, y de allí la regla de razón natural: -mendax in uno, mendax in totum- (El que es mentiroso en una parte, será mentiroso en el todo)...".
Competencia civil, incumplimiento del contrato, medicina prepaga, planes de cobertura médica, servicios excluidos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MATER DEI ASOCIACION CIVIL c/ BARBAGRIGIA, José Alberto s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-22

Resulta competente la Justicia Civil para entender en la acción incoada por un establecimiento asistencial por cobro de sumas de dinero derivado de prestaciones médicas brindadas al accionado y no cubiertas por la empresa de medicina prepaga (conf. arts. 43, inc. c) y 43 bis, inc. c) in fine del decreto-ley 1285/58).
Determinación de impuestos, IVA, agencias hípicas, actividad comercial, concesión administrativa, juegos de azar, hipódromos, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Asociación Gremial de Profesionales del Turf (TF 15.916 - I) c/ DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-27

Cabe confirmar la sentencia que revocó la determinación de oficio practicada en el impuesto al valor agregado a la actora- cuya actividad consiste en la administración de una agencia hípica en calidad de tercero contratante-, pues no puede desconocerse la franquicia establecida por el art. 6°, inc. j., ap. 15, de la ley 23.349 con el aislado sustento de que la explotación del juego de azar ha sido otorgado en concesión por el Estado Nacional o Provincial, ya que la interpretación y aplicación de las leyes requiere no aislar cada artículo sólo por su fin inmediato y concreto, sino que debe procurarse que todos entiendan teniendo en cuenta los fines de los demás y considerárselos como dirigidos a colaborar, en su ordenada estructuración, para que las disposiciones imperativas no estén sujetas a merced de cualquier artificio dirigido a soslayarlas en perjuicio de quien se tuvo en mira proteger.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Diferencias de cambio, base imponible
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de Valores SA c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

Las diferencias de cambio no pueden ser asimiladas a las actualizaciones pasivas y por lo tanto no pueden ser restadas de la base imponible. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Transporte aéreo de pasajeros, pasaje aéreo, demandado, Aerolíneas Argentinas, privatizaciones, deuda pública, régimen de consolidación de deudas, emergencia económica, Ley de Reforma del Estado, ley de consolidación de la deuda pública, constitucionalidad
Materia: AERONAUTICO
Carátula: LWOFF ADRIAN c/ AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD DEL ESTADO Y OTRO s/ DEVOLUCION DE PASAJES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-13

El substractum de la queja reside en el hecho de que el actor habrá de ver alcanzado su crédito -al tener como único deudor al Estado Nacional-por la ley de consolidación 23.982. Mas esta situación se hubiera producido igualmente, supuesto que la sociedad de Estado no hubiera traspasado sus activos al nuevo ente, de manera que, en definitiva, no es el régimen de privatización en sí el que afecta el modo y tiempo de percepción del crédito sino la situación de emergencia económica que acosa al Estado Nacional; situación declarada por ley, cuya constitucionalidad -no controvertida por el actor-ha aceptado la Corte Suprema y esta Cámara en precedentes vastamente conocidos. El crédito del actor no ha sufrido mutación alguna en su naturaleza jurídica por causa del proceso de privatización. Sí han sido alterados el modo y los tiempos de cobro, mas esto no es por tal proceso sino por la emergencia económica declarada por el Poder Legislativo, cuyos efectos se proyectan sobre la población toda.

Precisamente para hacer frente a esa situación caótica de la economía y finanzas públicas, se ha dictado las leyes 23.696, 23.697, 23.928, 23.982 y 23.900, las que en conjunto -según el Alto Tribunal-conforman un "Plan de Gobierno" sobre el que no cuadra proyectar situaciones de inseguridad jurídica respecto de los derechos y obligaciones emergentes de la privatización de las empresas del Estado. Por tal motivo y con la finalidad explícita de aventar cualquier duda al respecto, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1802/92 (B.O.: 6.l0.92) aclarando que no será aplicable "a ningún efecto" la ley 11.867 en los procesos de privatización concretados o a concretarse, en cumplimiento de la ley 23.696, sus normas complementarias y reglamentaciones.