Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-10


Salta, 10 de Agosto de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "Banco Macro S.A. vs. González, Silvia Mercedes - Sumario por Cobro de Pesos" - Expte. n° 170.395/06 del Juzgado de 1ª. Inst. en lo Civ. y Com. de 7ª. Nominación, Expte. n° CAM -292.201/09 de esta Sala III, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

I) La resolución de fs. 198/199, al tiempo de rechazar el incidente de nulidad planteado a fs. 195/196 por la Sra. Defensora Oficial Civil n° 2, en representación de la demandada, concede la apelación subsidiaria en contra de la sentencia de fs. 191/193, la que se sustenta en la memoria de fs. 200/206. Dice que la sentencia de grado es injusta y no ha tenido en cuenta elementos probatorios de importancia. Así, afirma que confunde la existencia de los créditos con el cumplimiento o incumplimiento de los mismos pues si bien reconoce su parte la existencia de los préstamos, lo que objeta es que no se haya valorado los pagos realizados. Que se le ha negado injustamente la posibilidad de impugnar la pericia contable. Que no se ha tenido en cuenta la confesional de la actora de fs. 100 en donde admite las modalidades del mutuo en cuanto que se cancelaban por débitos de caja de ahorro y que los préstamos fueron instrumentados a través de la Asociación de Jubilados y Pensionados._ A fs. 227/228 replica los agravios el apoderado del Banco Macro S.A..

II) De los antecedentes de la causa se tiene que la apelante gestionó dos préstamos personales, uno por la suma de $ 4.260 en fecha 3 de Febrero de 2000 y otro por la cifra de $ 1.500 el 5 de Julio de 2000, el que se comprometió a reintegrar en cuarenta y ocho cuotas mensuales el primero y en treinta y seis cuotas mensuales el segundo. Así, obra a fs. 12 y 19 fotocopia de las solicitudes respectivas en donde se precisa la modalidad de amortización (Sistema Francés en el primero, cuanto que las cuotas de interés serían fijas e inamovibles desde el momento en que el préstamo fuese otorgado); autorizó también la apelante al Banco para que la empleadora u organismo liquidador de haberes de la prestataria proceda a la retención del importe de los servicios del préstamo (ver fs. 12 vta. y fs. 19 vta. in fine), estando igualmente probado que el préstamo le fue liquidado (ver fs. 13 y fs. 20), conociendo la demandada los montos totales de las cuotas que debía abonar ( fs. 14 y 21).

Denuncia la actora que en relación a lo que denomina el préstamo 1 (el de $ 4.260) la demandada sólo abonó hasta la cuota n° 6 por lo que operó el vencimiento del crédito -y por ende se tornó exigible el total adeudado el 26 de setiembre de 2000 y en cuanto al préstamo 2, precisa que incumplió en su integridad con su cobertura (ver escrito de fs. 24/25).

Al contestar la demanda la quejosa señala que ambos préstamos fueron descontados por medio de la Asociación de Jubilados y Pensionados y que la actora está reclamando una suma de dinero que no condice con la realidad y es totalmente falsa como se probará oportunamente (textual de fs. 57, 2° párrafo).

Así trabada la litis, adquiere singular relevancia la prueba pericial contable presentada y que se agregara a fs. 159/160. La experta señala que la demandada sólo abonó seis cuotas del primer préstamo y que respecto del mutuo de $ 1.500 no se verificó pago de cuota alguna, aclarando que compulsó no solo los contratos de mutuo, sino también el movimiento de la caja de ahorro de la Sra. González desde el 31 de diciembre de 1999 a la fecha de presentación de su informe -5 de Febrero de 2008- cuanto la información del Departamento Contable del Banco referida a la registración de otorgamiento de los créditos y pago de los mismos.

A fs. 166 la Sra. Defensora Oficial formula impugnación del informe pericial en base a la nueva planilla de liquidación reformulada por la Dirección de Administración del Ministerio Público. Si nos detenemos a analizar la planilla aludida, la misma se limita a señalar que conforme surge de la demanda, el capital reclamado asciende a la suma de $ 5.587,64 a setiembre de 2000 (ver fs. 165).

Está claro entonces que la aludida impugnación no puede servir de sustento a la apelación intentada en tanto reconoce el saldo del capital reclamado, cuando expresamente en la réplica a la pretensión la quejosa había señalado que abonó cuotas no estaban reconocidas por el Banco.

Sobre el valor de la prueba pericial, en primer término cabe aclarar que es verdad que tales dictámenes no son vinculantes para el juez, de suerte que su eficacia probatoria debe ser estimada según las reglas de la sana crítica y demás pautas establecidas por el art. 476 del Código Procesal. Es decir que puede el Tribunal apartarse del dictamen, pero para hacerlo tiene que expresar y explicitar los fundamentos de su convicción contraria (Morello, Sosa y Berizonce: Códigos Procesales Anotados, Bs. As.-Abeledo Perrot, La Plata, Ed. Platense, V-B, 1992, pág. 434/35; CNCiv., Sala C, L.L. 1979-B-112; J.A. 1978-IV-543; E.D. 81-174; íd. Sala D, L.L. 1984-A-479; E.D. 108-381; CApel.CC.Salta, Sala III, año 1996, f° 560). Con mayor desarrollo dijo la Sala que la fuerza probatoria de los dictámenes periciales es de meritación exclusiva del magistrado, quien apreciará y valorará los mismos en su debida extensión; es decir, que el informe del experto constituye un elemento más de prueba el cual debe sopesarse con las demás aportadas al proceso, pues si así no fuera, si el magistrado debiera ceñirse ineludiblemente a la opinión de quienes lo realizan, se estaría atribuyendo la misión de juzgar a quienes son solamente sus auxiliares (Alsina: Tratado, 2° Edición, vol. III, pág. 472). O sea, que admitir la doctrina que los peritos se desempeñan con autoridad decisoria, traduciría que las sentencias podrían ser, cuando menos, parcialmente adelantadas por quienes carecen de tal facultad (Morello: Códigos Procesales Comentados, 1992, t. V-B, pág. 440; CApel.CC.Salta, Sala III, año 1996, f° 819).

En autos, se ha comprobado entonces que la deuda cuestionada por el apelante se encuentra registrada en los libros de comercio que en legal forma lleva la actora y pesaba sobre la demandada acreditar los pagos que dijo haber hecho, lo que no concretó.

Debe repararse que es carga del deudor, asumida tal calidad de su parte, probar los hechos modificativos o extintivos del derecho invocado por el acreedor.

Voto, entonces, por el rechazo del recurso. Con costas (art. 67 del Código Procesal).

El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

Que, por su fundamentos, adhiere al voto del Dr. Domínguez.

Por ello LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido a fs. 195/ 196, por la demandada, en contra de la sentencia de fs. 191/193. CON COSTAS a dicha parte por resultar la vencida en el proceso (art. 67 del Código Procesal).

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.