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Acción civil en el proceso penal, daños y perjuicios, indemnización, tasas de interés, cómputo de intereses, tasa pasiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Masucci, Ernesto s/ recurso de casación". Causa n. : 2023.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

En lo que se refiere a la tasa de interés a liquidar, habida cuenta la naturaleza de la compensación económica fijada lo decidido se ajusta a las pautas que en la actualidad deben regir en el caso, esto es la tasa pasiva promedio que mensualmente publica el Banco Central de la República Argentina de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Decreto 529/91 modificado por el art. 10 del Decreto 941/91 y tratándose de un supuesto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un ilícito deben correr desde el momento en que el evento acaeció, por cuanto a partir de ese instante el responsable incurre en mora ya que es de la esencia de este tipo de reparación económica compensar el lapso en que el accionante se vió privado de disponer del capital a que tuvo derecho en el período que transcurre desde el evento dañoso hasta el efectivo pago. (Voto del Dr. Madueño).
Procedimiento administrativo, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VILLAR, NESTOR LINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

El derecho a ser oído en el sumario administrativo presupone: a) un leal conocimiento de las actuaciones administrativas; b) oportunidad de expresar sus razones antes de la emisión del acto administrativo, y desde luego, también después; c) consideración expresa de sus argumentos y de las cuestiones propuestas, en cuanto sean conducentes a la solución del caso; d) obligación de decidir expresamente las peticiones, y corolario de c), e): obligación de fundar las decisiones analizando los puntos propuestos por las partes.
Derecho procesal, proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Pastor, Roberto Orlando c/ Televisora del Oeste S.A. s/ Apelación de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-19

Para establecer el carácter de vencido en un contienda judicial no es necesario parcelar el litigio en cada uno de los reclamos, sino que deberá tenerse en cuenta un enfoque global del resultado de la contienda.
Funcionarios judiciales, licencia por maternidad, muerte del recién nacido, acordadas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chedid, Gabriela s/ licencia por maternidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-14

Puede otorgarse "Licencia por parto" - en los términos del art. 20 de la acordada N° 34/77 - a una empleada judicial que en la semana número treinta y tres de su embarazo dio a luz a un hijo que nació muerto, porque la experiencia indica que habitualmente la palabra "parto" es utilizada para describir situaciones de hecho como la examinada en el caso (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, recurso directo, traslado, recurso de apelación (procesal), resolución denegatoria, reposición in extremis
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: PICERNI, HECTOR JESUS c/ NAVARRO S.A. y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -RECURSODIRECTO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 340 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08

Es inadmisible por falta de definitividad la queja interpuesta contra el auto denegatorio del recurso directo por cuanto la resolución deja a salvo la posibilidad de la actora de plantear recurso de nulidad contra la sentencia definitiva de darse los supuestos previstos en el art. 112 de la ley 7945.

En el caso, el actor se agravia del dictado de una resolución cuando todavía se encontraba pendiente la formalización de un traslado que nunca le fue notificado y ante la denegación de la apelación, interpuso "revocatoria in extremis", la cual fue denegada por no encuadrar el supuesto en ninguno de los extremos que indica el artículo 108 del C.P.L.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, procedimiento administrativo, Administración Pública, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL COOPERATIVO LIMITADO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 123-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-26

Si bien lo normal es que la motivación de las resoluciones o actos administrativos sea concomitante a ellos y esté incluida en el mismo texto en que se inserta la parte dispositiva, se ha admitido a veces como motivación "previa" de un acto los informes y dictámenes que le preceden.

Este criterio sólo se admite con limitaciones y en condición de que los informes y dictámenes sean: a) expresamente invocados como fundamento de la decisión; b) comunicados al interesado.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Miño, Juana Clementina y otros c/ Empresa del Oeste S.A.T. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

La previsibilidad exigible en abstracto a un conductor atañe a hechos que acostumbran a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas y que, en tanto razonables, integran el estandar medio de prudencia a observar cuando guía el rodado, pues nadie está obligado a anticipar lo sorpresiv, intempestivo o extraordinario, que precisamente por ello es inesperado, esto apreciado en función de las circunstancias de persona, tiempo y lugar (doctr. arts. 901, 903 y 904 Cód. Civil).
Competencia por la materia, competencia laboral, empleo público, tutela sindical, acción de reinstalación
Materia: LABORAL
Carátula: Paz Raúl A. y Otros c/ D.P.V. s/ Acción de tutela sindical - Ley 23.551 - Apelación - Recurso directo y casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-04-27

La acción de reinstalación, base de la acción y presupuesto para determinar la competencia está prevista en el art. 52 de la ley 23551, ordenamiento que no distingue entre empleados públicos y dependientes privados. Su ámbito personal de aplicación es general, no hay norma que autorice trato diferenciado o que excluya algún sector. La materia de que trata y puntualmente la garantía que consagra, se define y opera a partir del resguardo de la función que desempeña el dirigente y no conforme el sector al que pertenece. El marco jurídico y teórico que lo conforma es específico del Derecho Colectivo y por ello el art. 63 de la ley de asociaciones, somete el conocimiento de las acciones previstas en los arts. 52 y 47 ib. a los Jueces o Tribunales con competencia en lo laboral. Esta pauta es relevante, pues el legislador, consciente de la especialidad de las relaciones colectivas y de las particularidades del sistema de tutela sindical, expresa su voluntad de mantener dentro del fuero formado en la materia, la decisión de los conflictos generados con motivo de las garantías reguladas. Este dispositivo encuentra correlato en la normativa provincial (ley 7987), en el art. 1 incs. 5) "...en todas aquellas cuestiones que se susciten con motivo de disposiciones legales, reglamentarias o convencionales del derecho del trabajo", y 6) en los demás casos que determinasen leyes especiales. Finalmente, este inciso en concordancia con el art. 83 abona la competencia laboral, en tanto pauta que en los casos en que por leyes nacionales o provinciales se establezcan procedimientos judiciales previos para la imposición de sanciones, modificación de las condiciones de trabajo o extinció n del vínculo contractual de trabajadores con tutela sindical, se tramitarán conforme al sistema previsto para los incidentes. Luego la conjunción de estos dispositivos con la ley 23551 no deja margen para excluir de la competencia laboral la acción.
Recursos, interés legítimo, rechazo del reclamo, salud humana
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-SALUD PUBLICA
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Asesoría Tutelar CAYT N° 3 Contra G.C.B.A. Sobre Incidente de Apelación - Amparo - Salud-Medicamentos y Tratamientos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-13

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, el rechazo de las excepciones de falta de legitimación pasiva y de incompetencia, y la citación como tercero del Estado nacional en el marco de un amparo iniciado con el fin de obtener la prestación de transporte para asistir a un centro de salud para un persona con discapacidad. Ello así, toda vez que los escasos señalamientos del G.C.B.A. recurrente, no alcanzan a criticar adecuadamente la denegatoria de su recurso de inconstitucionalidad. En efecto, los camaristas señalaron que la decisión atacada no era definitiva y no podía ser equiparada a tal ya que el recurrente no había demostrado la existencia de un gravamen irreparable. Sin embargo, sus consideraciones no son suficientes para acreditar en qué consistiría concretamente el gravamen de imposible reparación ulterior que el GCBA dice le ocasiona el fallo recurrido. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Accidentes de trabajo, indemnización, ley de emergencia, constitucionalidad, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: BUSTOS PERFECTO c/ EMPRESA PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-02-26

Si bien es cierta y conocida la situación de crisis del Estado también es real que el sacrificio individual que realiza el acreedor, al ser postergado el cobro de sus acreencias, debe exigir al Estado la mayor premura en la satisfacción de dichos créditos laborales. Siendo así no se advierte la razón de ser de la limitación cuantitativa para el orden de prelación, fijada por el art. 8 Ley 8250, apareciendo como arbitrario y contraria al mismo espíritu de la Ley de sanear la economía provincial ya que una de esas formas indudablemente será la mas rápida cancelación de las deudas judiciales por medio de recursos genuinos, cuyo control corresponderá a la legislatura que determinará hasta que monto anual podrá asignarse para este objetivo. Consagrar lo contrario significaría otorgarle al Estado un derecho a la emergencia abstracto, desde ya extendido a dieciseis años, sin ningún tipo de consideración acerca de situaciones futuras.-
Costas, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, regulación de honorarios, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: NICOLAS BRIENZA c/ DANIEL BERARDI s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-20

No corresponde imponer las costas al demandado vencido cuando es representado por el defensor oficial; la decisión es abstracta en tanto es improcedente regular honorarios a éste, por estar su actuación retribuida por el estado.
Nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LEAL, ENRIQUE DAVID c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-11-28

Toda declaración de nulidad debe reconocer como antecedente inexcusable una violación a la garantía constitucional de la defensa en juicio. Donde hay indefensión, hay nulidad; si no hay indefensión, no hay nulidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, Estado Provincial, indemnización, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: ECHEGARAY MERCADO DE CARRIZO SUSANA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE CORDOBA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-21

Las "gestiones administrativas" realizadas por la actora respondieron a las exigencias que el propio Estado Provincial impone a sus empleados a los fines de obtener la determinación y pago de la indemnización que se reclama. Es justo que se otorgue el trámite de que se trata efectos interruptivos de la prescripción. Lo sería también que las actuaciones no se prolongasen excesivamente pues ello implica incertidumbre respecto a la vigencia de la Ley. (Voto por sus fundamentos del Dr. Moisset de Espanés).-
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, planes sociales, delitos contra la Administración Pública, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "TORRES, Gabriel s/ competencia".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

El posible manejo irregular del dinero que el gobierno nacional destina al programa "Jefas y jefes de hogar desocupados" con posible afectación de fondos nacionales, determina la competencia federal en la causa donde lo denuncia habría trascendido la situación particular de una sola persona.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, actos de servicio, lesiones, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ, ALBERTO PEREZ, SERGIO c/ FUERZA AEREA ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-30

La tésis del a quo es la de la actual Corte Suprema, y como es sabido, se impone la obligación de respetarla y acatar sus decisiones, criterio ya recibido por esta Sala.

La Corte ha decidido que aunque se haya otorgado el haber de retiro previsto en los arts. 77 y 78 de la ley 19.101, no obsta al derecho a la indemnización que se pida con fundamento en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, porque la responsabilidad que fijan dichas normas sólo consagra el principio general establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional que prohíbe a los "hombres" perjudicar los derechos de un tercero.

Y contundentemente afirma: "Ninguna disposición constitucional destaca la posibilidad de un tratamiento distinto entre las personas privadas o públicas (Estado) y el art. 100 de la Carta Magna menciona a la Nación justiciable por cualquier clase de causa".
Compraventa inmobiliaria, dolo, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: BENITO, OSCAR c/ JENIK DE ZUIK, ANA s/ ESCRITURACION - COMPRAVENTA INMOBILIARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-21

Para que el dolo determine la anulación de un acto jurídico, debe ser grave, es decir apto para engañar a una persona que pone el cuidado corriente en el manejo de sus asuntos. Si la maniobra es tan grosera, que una mínima precaución la habría desbaratado, el dolo no es grave. Lo es en cambio, si el engaño tiene suficiente entidad como para hacer caer en él a una persona medianamente precavida.

No cabe invocar por la vendedora que fue víctima potencial del dolo del comprador al suscribir el documento en que se acordó la enajenación de un bien, fundándose en que aquella tenía defectos de visión lo que la convertían en una ciega para la lectura y la escritura sin sus anteojos, si quedó acreditado que a pesar de su avanzada edad -74 años- administraba personalmente su patrimonio con suficiente soltura como para celebrar contratos y si al suscribir el mentado instrumento tuvo los lentes en su poder en el momento de concretarse la operación. Si no los usó, su proceder fue negligente.

Aun cuando hipotéticamente pueda afirmarse que el comprador actuó con dolo, por no cumplirse con el requisito de la gravedad exigido por el art. 932, inc. 1; del Código Civil no puede concluirse en la nulidad del boleto. Si la vendedora no leyó el documento que firmó, deberá culparse a sí misma por las consecuencias de su imprudencia o ligereza.

Además, el hecho que no exigiera un ejemplar del instrumento suscripto y hubiera aceptado que su contratante se quedará con las dos copias, demuestra su negligencia.
Siniestro, seguros, automotores, indemnización, seguro de daños patrimoniales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gimenez Chavez, Ignacia Daria c/ Galicia Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-07

Cabe rechazar la demanda por incumplimiento del contrato de seguros, por muerte accidental, que tenía contratado el hijo de la actora. Es que en su demanda, la accionante manifestó que la aseguradora no expresó cuál era la causal puntual del rechazo, sin embargo, esto no es así, pues como de la carta documento surge que el rechazo se fundó en el art. 7 de la póliza (riesgos no cubiertos), y en el incumplimiento de la ley de vialidad, además del art. 239 del Código Penal. La póliza que tenía contratada el asegurado, y más específicamente sus condiciones generales, detalla los riesgos no cubiertos. (En el caso el accidente se produjo cuando el asegurado perdió el control de la motocicleta a alta velocidad, escapando de un control policial, con conocimiento que la unidad que conducía había sido robada).
Tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, bien jurídico protegido, presunción juris et de jure
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Javier s/ recurso de casación. Causa: 429 Silvera Silva, José G. s/ recurso de casación. Causa: 418
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17|1995-05-05

En este tipo de incriminaciones, el ordenamiento jurídico se basa en reglas constantes de la experiencia, desentendiéndose de toda comprobación referente a la efectiva existencia de lesiones o riesgo para el bien jurídico, el que es presumido "jure et de jure" por el legislador.
Accidentes de trabajo, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: VARELA, ALBERTO c/ MARTIN,    LUIS    FERNANDO  Y  OTROS  (MUNICIPALIDAD  DE  ESPERANZA) s/ ACCIDENTE DE TRABAJO      EXPTE NRO 60-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-29

La relación jurídica surgida del accidente de trabajo no ha alcanzado su perfección y ha seguido produciendo consecuencias legales que solo pueden extinguirse con el cumplimiento de la relación en tiempo y forma, ello no hace a la irretroactividad de la ley o la afectación de garantías constitucionales, ya que solo existe la obligación generada por un hecho dañoso e ilícito que al no ser satisfecha por el deudor de la misma lo ha dejado a éste en la incertidumbre de ser atrapado por el dictado de la nueva normativa.
Medidas cautelares, peligro en la demora, contribuyentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Buenos Aires Catering c/ Fisco Nacional (Dirección General Impositiva).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

Si el contribuyente encauza su pretensión por la vía de la acción de mera certeza, no puede desconocer que ella está destinada por su índole, a agotarse en la declaración del derecho, esta limitación obsta, en principio, a que pueda configurarse el requisito del peligro en la demora exigido por el art. 230, inc. 2° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Jueces, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SASETRU S.A.C.I.F.I.A.I.E. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-11

El ingente papel que en la elaboración del derecho se asigna a los jueces, en tanto que órganos propios de interpretación y aplicación de la ley, sólo reconoce como límite el requerimiento de que sus sentencias estén sustentadas de manera objetiva y seria, pues las que sólo traducen las posturas subjetivas de los jueces no son vividas como jurídicas.
Tercera instancia, convenio de honorarios, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: LLOVERAS, Rubén Eduardo c/ Ovalles, Laura Cristina s/ ordinario s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-29

Corresponde la desestimación del recurso de inconstitucionalidad cuando el contenido de los agravios esgrimidos conduce a la evaluación de cuestiones eminentemente fácticas y probatorias, ajenas -por principio- al conocimiento de este Tribunal. Ello se verifica cuando los recurrentes pretenden la revisión de la "interpretación de las cláusulas contractuales", la evaluación de la "conducta de la demandada en su verdadera dimensión", si la misiva de contestación importa una aceptación tácita de la labor encomendada al profesional o en cuanto sostienen que el tribunal de alzada debió "revisar o determinar el incumplimiento contractual del actor" para otorgarle, a la obligación de llegar a un acuerdo definitivo entre los esposos, el carácter de "prestación principal", así como también si el a quo efectuó un correcto análisis de las testimoniales rendidas en la causa.
Partidos políticos, personalidad política, caducidad de la personalidad política, fallos de la Corte Suprema
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Autonomista s/ incidente de caducidad art. 50 inc. "c" de la ley 23.298 - Orgánica de los Partidos Políticos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-08

La interpretación establecida por esta Cámara, respecto del alcance de la causal de caducidad aplicada en autos, ha sido reiteradamente confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que destacó -entre otras cuestiones- que "el mantenimiento de la personalidad de los partidos políticos se encuentra directamente relacionado con la existencia de un volumen electoral identificado con sus objetivos", pues "de lo contrario aqu[él]los se transformarían en estructuras vacías de contenido e ineptas para cumplir con la función que les es propia" (Fallos 315:380).
Constitución Provincial, interpretación de la constitución, reelección
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Frente para la Victoria - Distrito Río Negro y otros c/ Río Negro, Provincia de s/ amparo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-22

El exceso en sus facultades en que ha incurrido la jurisdicción provincial al habilitar la oficialización de la candidatura del actual gobernador resulta evidente, ya que mediante el pronunciamiento emitido se pretende suplir la voluntad del constituyente expresada claramente en la previsión contenida en el artículo 175 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, ya que es imposible concebir un Poder Constituido que pueda, por designio e inercia, dejar sin efecto lo preceptuado por el Poder Constituyente.
Caducidad de instancia, impulso procesal, mandamientos, pérdida del mandamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CATRIEL c/ CIUDAD DE CATRIEL SRL s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-11-24

Así por acto impulsorio, entiendo aquel que es conducente para mover el proceso hacia el norte que es la sentencia. Este concepto es fundamental en el caso puesto a resolver, pues surge palmariamente que no se pueden considerar como tales a las sucesivas denuncias de extravíos y los pedidos de libramiento de nuevo mandamiento de ejecución, ya que por sí solas no pudieron "hacer avanzar el procedimiento de una a otra de las etapas que lo integran"
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, caducidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: López, Eduardo c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso extraordinario- Recurso contencioso administrativo de plena   jurisdicción (Expte. C.S.J. Nro. 8 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-13

Lo atinente a la perención de la instancia constituye una cuestión procesal ajena, como principio, a la instancia extraordinaria, máxime cuando la decisión se funda en razones suficientes de igual carácter que, al margen de su acierto o error, acuerdan sustento al fallo e impiden su descalificación como acto jurisdicción.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, ejecución de la pena, suspensión de la pena, facultades del juez, medidas de seguridad curativas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cabral, Ignacio Fabián s/ recurso de casación. Causa: 312
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-12

Cuando el art. 17 de la ley 23.737 establece la facultad de suspender la aplicación de la pena e imponer una medida de seguridad curativa en el supuesto del art. 14, segundo párrafo, hace referencia a la ejecución de la misma y no a su imposición, que deberá llevarse a cabo so pena de la invalidación del pronunciamiento frente a la inexistencia de un requisito esencial.