Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-12-01


Salta, 1 de diciembre de 2006.

Y VISTOS: Estos autos caratulados ?VILLARROEL SEVERIT, Salis vs. PROVINCIA DE SALTA ? PODER JUDICIAL DE SALTA ? SUMARIO: DAÑOS Y PERJUICIOS - DAÑO MORAL? Expte. Nº 121.292/05 del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial, 5º Nominación; Expte. Nº 158.618/06 de Sala y C O N S I D E R A N D O I) Vienen estos autos a la alzada por el recurso de apelación interpuesto a fs. 66 por la demandada en contra de la resolución de fs. 61/63 que rechaza el planteo de incompetencia formulado a fs. 48/53; recurso éste que concedido a fs. 67, es sostenido por memorial de fs. 68/71.

Se agravia, porque el señor juez de grado sostuvo que la defensa planteada por su parte no sería estrictamente una excepción de incompetencia, sino en todo caso una cuestión formal de supuesta admisibilidad de la demanda por falta de un requisito previo, que sería el reclamo administrativo y más allá de la calificación jurídica que se le pretenda dar, afirma que lo cierto es que el Poder Judicial resulta incompetente para entender en la cuestión planteada en autos por estricta aplicación de la ley 5018, la que no fue directamente aplicada al caso.

Declara que, contrariamente a lo expresado por el sentenciante, en toda acción civil que se promueva contra la Provincia, sus reparticiones autárquicas o las municipalidades, los jueces tienen la obligación de controlar que el actor haya formulado su reclamo administrativo previo (art. 1º, ley 5018); y si no está cumplido en las condiciones exigidas por la ley, no puede darse curso a la demanda, lo que significa lisa y llanamente que carecen de competencia para tramitar la cuestión.

Alega que la citada ley es de orden público y no establece que sus disposiciones sean aplicables sólo en los casos de que se demande al Estado por su actuación como persona de derecho privado, tal como lo dejó sentado el sentenciante. Que en el presente caso está debidamente probado que la actora omitió interponer su reclamo administrativo previo ante el Poder Ejecutivo provincial y verificado dicho extremo ?arguye- correspondía hacer lugar a la excepción de incompetencia.

Afirma que al no admitir dicha defensa se le negó al Poder Ejecutivo la posibilidad de merituar la procedencia de la indemnización requerida por el actor, lo que implicó un menoscabo a sus prerrogativas y una clara violación al principio republicano de división de poderes.

Declara que la sentencia que ataca es contradictoria porque expresó que el actor había transitado la vía reclamatoria previa ante el Poder Judicial y que ello no es así porque el único representante de la Provincia es su gobernador, tal como lo establecen expresamente los arts. 140, 2º párrafo, y 144, inc. 1º, de la Constitución Provincial.

Que aún sin importar en el ámbito de cual de los tres poderes se ha originado la causa que justifique el reclamo, no implica en modo alguno violentar el principio de distribución de funciones entre los órganos estatales del poder.

Cita doctrina y menciona que en el derecho local no existen las excepciones contempladas por la ley 19.549 a nivel nacional y le causa agravio que el señor juez de grado haya dispensado al actor de formular su reclamo administrativo ante el Poder Ejecutivo en forma previa a demandar civilmente a la Provincia, confiriéndole el derecho de accionar en forma directa, al margen de las previsiones legales. Formula reserva de derechos y pide se haga lugar al recurso, con costas.

A fs. 73/74 contesta el actor, postulando el rechazo del recurso intentado con costas, conforme a los hechos y derecho allí mencionados, a los que cabe remitirse por razones de brevedad.

A fs. 84/85 se pronuncia la Sra. Fiscal de Cámara por el rechazo del recurso en el entendimiento de que el reclamo administrativo previo, exigido por la normativa vigente, se encuentra concluido pues así lo dispuso la Corte de Justicia en el fallo de fecha 25/8/03.

II) Es criterio uniforme y pacífico de la Corte de Justicia de Salta el de señalar que en materia de acceso a la justicia, el principio rector es el de ?in dubio pro actione? de acuerdo con el cual el examen de las condiciones formales de admisibilidad de la demanda ?en el caso si bien referida a demandas contenciosoadministrativas, pero extensiva a toda acción en general- no se compadece con el excesivo rigor de los razonamientos lógicos, pues lo esencial es dar a las normas procesales un alcance acorde con el contexto general y los fines que la informan, a fin de posibilitar al demandante la tutela judicial efectiva de sus derechos, en consonancia con la garantía prevista por el art. 18 de la Constitución Nacional y que la verdadera finalidad de la instancia administrativa previa consiste en producir una etapa conciliatoria anterior al pleito, que otorgue a la Administración la posibilidad de enmendar un error, revisar el caso y promover el control de legitimidad de lo actuado (CJSalta, Tomo 100: 569/574; íd., Tomo 100: 575/582; íd., Tomo 101: 13/18; íd., Tomo 101: 909/914; íd., Tomo 103: 809/820; íd., Tomo 104: 721/726 y 781/788; íd., Tomo 105: 571/578; íd., Tomo 105: 591/598; íd., Tomo 106: 243/250; íd., Tomo 107: 819/824, entre muchos otros).En el sub lite el señor juez de grado ha puntualizado que la instancia previa fue cumplida ante el Poder Judicial.

Cada Poder del Estado tiene en menor medida funciones administrativas propias y también jurisdiccionales, pues cuando el Poder Ejecutivo o bien el Poder Legislativo instruyen sumarios administrativos, en esencia ejercen ?aunque limitadamente- funciones jurisdiccionales y ello en modo alguno se contrapone con la división tripartita del poder del estado que proclama la apelante, y que la doctrina llama interferencia de las funciones estatales (ver Palacio, Lino E. ?Derecho Procesal Civil?- Nociones Generales, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, segunda edición, quinta reimpresión, pág. 322 a 324).

Lo mismo sucede en este caso, pues frente a un siniestro ocurrido en dependencias administrativas del Poder Judicial, el reclamo se ha efectuado ante dicha institución, la que emitió ?por intermedio de su representante natural, la Corte de Justicia y en la órbita de su competencia- la resolución que da cuenta la copia incorporada a fs. 10/11 de esta causa y sobre la cual nada ha dicho la agraviada.

Más aún, la mentada resolución dio intervención al Poder Ejecutivo Provincial, mediante remisión al Sr. Fiscal de Estado (art. 149 C. Provincial), quien emitió la resolución cuya copia se incorporó a fs. 9, rechazando la solicitud del actor.

Exigir nuevamente la concurrencia a sede administrativa para obtener idéntico resultado deviene reñido con un adecuado servicio de justicia e impone un ritualismo exagerado contrarios a la jerarquía constitucional del Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a observar criterios interpretativos que, por derivar de normas y principios consagrados por esa Convención, no pueden ser obviados cuando se hallan en juego derechos y garantías fundamentales de las personas, como el derecho de peticionar ante las autoridades (art. 16, Constitución Nacional).

Por lo demás, nuestro más alto Tribunal ha expresado que la falta de ejercicio del reclamo administrativo previo, por tornarse la más de las veces en un procedimiento ineficaz, no afectan el orden público (CJSalta, Tomo 104: 165/172).

Procede entonces el rechazo del recurso articulado, con costas, conforme al principio objetivo de la derrota (arts. 67 y 68, CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación impetrado a fs. 66 por la demandada. Con costas.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.