marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Audiencia de debate, reconocimiento en sede judicial, valor probatorio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Velazquez Juan Marcelo; García Juan Carlos; Jara Florencio; Miranda Nelson Javier y Escobar Daniel s/ Violación calificada y violación en grado de participación primaria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-05-24

Los reconocimientos efectuados en el transcurso de la audiencia de debate, si bien no pueden ser definidos como reconocimiento en sentido estricto, se trata en realidad de elementos de juicio que podrán ser libremente valorados por el Tribunal de acuerdo con los principios de la lógica, de la psicología y de la experiencia común.
Excepción de incompetencia, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: SALINAS, Matilde c/ MACHUCA, Sara Simona; VALDIVIEZO, Benicio; VALDIVIEZO, Angela y otros s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-06-29

Si el fundamento de la excepción de incompetencia opuesta radica en la existencia de una relación laboral, el argumento invocado para la excepción constituye una cuestión de fondo que debe ser analizado en la sentencia definitiva.
Indemnización por accidente de trabajo, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, IGNACIO c/ LA HISPANO ARGENTINA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-31

Aunque el trabajador continúe laborando para la empresa en que sufrió el accidente de trabajo, la existencia del déficit funcional se traduce en una incapacidad práctica para lucrar en el mercado de trabajo, y como nada le garantiza la estabilidad en el empleo, no resulta arbitrario establecer un monto resarcitorio que recomponga el daño sufrido (desde el punto de vista pecuniario) y cubra a aquél de cualquier contingencia futura.
Renta vitalicia previsional, pesificación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Benedetti, Estela Sara c/ P.E.N. ley 25.561 dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-16

Cabe aplicar el principio del esfuerzo compartido y convertir a pesos el importe originariamente pactado en moneda extranjera en el contrato de renta vitalicia, a razón de un peso por dólar estadounidense más el 70% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio- tipo vendedor - del día en que corresponda efectuar cada pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización previsto en las normas de emergencia económica arroje un resultado superior, reiterando -respecto de los llamados decretos de necesidad y urgencia, la postura expuesta en los precedentes "Verrocchi" ( Fallos: 322:1726) y "Zofracor S.A" (Fallos:325:2394) (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Cesantía, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Westendorf, Roberto Alfredo c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

La razonabilidad de una sanción expulsiva aplicada al accionante se corrobora al ponderar su condición de médico que lo sujeta a mayores responsabilidades.
Dolo eventual, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: S., M. R. s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-07

En el dolo eventual, el resultado es la contingencia que el autor no tiene la voluntad de producir, no así la acción que produce ese resultado disvalioso. (Mayoría)
Escribanos públicos, interés público, sanciones disciplinarias administrativas, derecho de trabajar, Constitución Nacional, destitución
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Escribanos s/ verificación  de  libros  de  requerimiento  de  firmas del Escribano  Enrique José Ignacio Garrido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

La sanción de destitución del cargo a que pueden ser sometidos los escribanos en virtud del art. 52, inc. f), de la ley 12.990, lejos de ser arbitraria o desnaturalizar el derecho constitucional de trabajar, guarda adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido.
Daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: SPILERE DANIEL A. c/ CAJA  DE  PREVISION  Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-05

Las distinciones entre daño moral y agravio moral ( que tenían por fundamento la intencionalidad del acto), ya han perdido toda virtualidad después de la reforma al artículo 1078 del C. Civil operada por la ley 17711; en efecto: ninguna distinción efectúa este dispositivo al respecto, incluyendo además como objeto de reparación no solo al daño moral,sino también al agravio de tal carácter, con lo cual queda aclarado que ambos términos se utilizan en la ley con similar sentido, tal como lo hace la gramática.-
Arbitraje internacional, laudo arbitral, ejecución de sentencia, orden público, facultades del juez, debido proceso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Milantic Trans S.A. c/ Ministerio de la Producción (Ast. Río Santiago y ot.) s/ ejecución de sentencia - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-05

La facultad de los jueces locales de denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral con fundamento en la causal de orden público (artículo V.2 de la Convención de Nueva York) debe ejercerse observando los principios de derecho público de nuestra Constitución y dentro de estos principios se encuentra el debido proceso adjetivo (artículo 18, Constitución Nacional) que, a su vez, ha sido calificado como integrante del orden público internacional argentino al que debe conformarse no solo todo procedimiento jurisdiccional que se lleve a cabo en jurisdicción argentina, sino también todo procedimiento que concluya en la sentencia o resolución dictada por autoridad judicial extranjera con efectos extraterritoriales en la República Argentina (Voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).
Competencia civil y comercial federal, transmisión del dominio, transferencia del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: MAS,  Delia c/ VENTURELLI,  Luis  Alfredo s/ TRANSFERENCIA  EINSCRIPCIÓN        DE        AUTOMOTOR       s/       COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-06

Es competente la Justicia Civil y Comercial Federal para tramitar las acciones que persiguen la transferencia e inscripción de vehículos automotores ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, en tanto se encuentra involucrado el interés nacional en el control del patrimonio automotor y su ubicación. (Del voto de la mayoría Dres. Cortelezzi y BArbieri)
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: BARRERA MARTIN GIL c/ ATILIO DON Y ALBERTO DON s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO Y ACCIDENTE DE TRABAJO-CASACION INDEMNIZACION POR DESPIDO Y ACCIDENTE DE TRABAJO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-09-11

Opera el curso de la prescripción desde la circunstancia que el trabajador toma conocimiento de su real estado físico, desde el momento que es anoticiado del acta definitiva aconsejada por los profesionales que tuvieron a su cargo la asistencia del paciente o que de una u otra manera, han debido ejercer el control de la afección producida en relación al hecho generador del siniestro y las consecuentes eventualidades del mismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Extinción del contrato de trabajo, pago, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Aballay, Rosa c/ Bodegas y Viñedos Maravilla SA s/ Apelación Auto Interlocutorio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-08-10

La Corte de Justicia de San Juan, sostiene con carácter vinculante que en el caso de distracto los montos adeudados deben ser abonados "inmediatamente" pues los plazos solo rigen cuando el contrato está vigente.
Afiliación a obras sociales, acción de reintegro
Materia: CIVIL
Carátula: Astuena, Sylvia M. s/ Mandamus.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-11-10

El reconocimiento por parte del IPROSS, del mecanismo de reintegros, perfecciona al incumplimiento que la demanda invoca, toda vez que en definitiva, es el receptor del servicio médico el que debe pagarlo de su peculio quedando sin plazo expreso ni forma reglada a la espera de un reintegro de difícil percepción. Esto permite tener por acreditado por un lado el sistema legal aplicable y por el otro el incumplimiento del mecanismo que dicho sistema impone.
Hurto, delitos, usurpación, archivo del expediente, circunstancias sobrevinientes, competencia criminal y correccional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "Incidente de competencia en autos Gomez Cazon, Denisse y otros sobre 181 inc. 1 -usurpación (despojo) s/ conflicto de competencia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

Corresponde que sea la Justicia nacional la que continúe con la tramitación del caso toda vez que el único hecho cuya investigación se encuentra pendiente -la sustracción de bienes muebles- encuadraría en el delito de hurto y/o robo que aún no han sido transferidos a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello así, en tanto las circunstancias imperantes al momento de declinar la competencia por parte de la justicia nacional han variado como consecuencia del archivo ordenado por la fiscalía local en orden al hecho subsumible en el delito de usurpación. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg, por remisión a los fundamentos brindados por el Fiscal General Adjunto en su dictamen. Voto al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Acción contencioso administrativa, caducidad, ampliación de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LITERINI, JULIO CESAR c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-11-07

Como ya ha sostenido reiteradamente este Superior Tribunal se trata de un típico " plazo de caducidad, caracterizado por lo perentorio, automático y fatal de sus efectos"(exptes. Nro. 346/98, 354/99, 412/00, 688/04, entre otros), por lo cual, una vez vencido, el acto administrativo que se pretende cuestionar, adquiere firmeza extinguiéndose la acción contencioso administrativa.

En cambio, en el caso de iniciarse la demanda por haberse configurado el supuesto de silencio administrativo, no rige el plazo de caducidad del art. 23 del Código para ampliar la misma. Por su parte también, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha entendido en forma invariable que en este tipo de controversia la ampliación de la demanda sólo es procedente si se la efectúa dentro del plazo de 30 días establecido en el código de rito (Resolución del 20/2/90 en la causa "Tidone, Leda D. c. Municipalidad de Gral Pueyrredon" B-51.142; Resolución 16/2/88 en la causa "Cisplatina S.A. y Fontana Nicastro S.A.C. contra Provincia de Buenos Aires (Dirección de Vialidad) Dem. Cont. Adm".

Si el plazo -conforme reiterada jurisprudencia- es fatal, perentorio, de orden público y no puede ni interrumpirse ni suspenderse, está demás señalar que la ampliación pretendida no es procedente, atento a que, existiendo una denegatoria expresa como se da en autos, la ampliación de la demanda sólo es procedente si se la efectúa dentro del plazo de 30 días establecido en el art. 23 del C.P.C.A., lo que claramente no ha acontecido.-
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Motor Once,  S.A.C. e I. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO Motor Once  S.A.C. e I. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09|1989-05-09

El principio de la responsabilidad del Estado por sus actos lícitos que originen perjuicios a particulares, se traduce en el derecho a una indemnización plena que no se refiere a la mera posibilidad de ganancias no obtenidas ni constituye enriquecimiento sin causa para el acreedor o una sanción para el responsable, aunque pudiera encontrar obstaculo en razones de fuerza mayor, en un contrato o en una ley específica que dispusiera lo contrario para algún caso singular .
Contrato de trabajo, relación de dependencia, contrato de obra
Materia: LABORAL - COMERCIAL
Carátula: ESPINOZA, CARLOS ALBERTO c/ PRONO INGENIERIA Y OTROS s/ RECLAMO RUBROS LABORALES      EXPTE NRO 231-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-14

El accionante no fue trabajador dependiente y su desvinculación al igual que su contratación temporal son propias de una relación comercial, ya que asumía su propio riesgo, siendo independiente frente a las otras personas o empresa que requerían sus tareas, disponía de su patrimonio y extraía el beneficio acorde con el trabajo prestado en libre competencia, asumía el montaje de los equipos de aire acondicionado por su cuenta y orden, eligiendo y dirigiendo a sus empleados a los que pagaba el precio, acordado y observando respecto de ellos los deberes de diligencia y previsión, trabajaba por obras y cobraba por ellas, no prestando trabajo a disposición, aceptaba las condiciones de trabajo y fijaba el precio, el que se relacionaba con el peso o la extensión y no con el trabajo diario. La demandada supervisaba la tarea pero sólo en razón de su responsabilidad hacia el cliente, comprometiendo su prestigio y nombre comercial pero no como ejecutora de un trabajo dirigido o a órdenes, lo que surge de la documental en poder de la accionada donde figura el nombre del actor como montador de conductos de aire acondicionado central, a más de que en la póliza de accidentes de trabajo aquél figura como contratista independiente y los importes que percibiera no se compadecen con un salario convencional.

Para determinar si es empleador, en cada caso debe indagarse la solvencia y el beneficio percibido hasta llegar a descartar la nota típica de la intermediación fraudulenta, en este caso no había un puro proveedor de mano de obra, sino un empresario que organizaba su labor, fijaba el precio y condiciones, efectuaba y entregaba la obra, si no cumplía la prestación pactada era reemplazado.
Recurso extraordinario federal, recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, recursos, rechazo del reclamo, expresión de agravios, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: MAGNE, RITA BEATRIZ Y OTROS s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en MAGNE, RITA BEATRIZ Y OTROS c/ GCBA  s/ EMPLEO PÚBLICO (EXCEPTO CESANTÍA O EXONERACIONES) - GENÉRICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-01

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal puesto que los agravios constitucionales (con fundamento en la violación a los artículos 16 y 14 bis de la Constitución) no logran conectar lo decidido en la sentencia que en definitiva y en última instancia recurre -aquella de Cámara que confirmó la ausencia de caso constitucional y el carácter no "bonificable" del rubro FONAINDO-, con la existencia de una cuestión federal. Los argumentos que giran en torno al carácter bonificable del suplemento en cuestión y a la interpretación del Estatuto Docente, se refieren a cuestiones de derecho no federal que resultan ajenas a la instancia extraordinaria. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Costas, acción subrogatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: RECURSO  DIRECTO  DE  LOS  DRES.  EDUARDO  E.  MARFORT Y GUILLERMO F. ESCUTI  EN  ARRAMBIDE  PIZARRO  JULIO R. S/CONC. ESPECIAL  EN  EDILES CONSTRUCCIONES CIVILES SOC. IRR. QUIEBRA INDIRECTA s/ QUIEBRA INDIRECTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-01

La única vía que tiene el abogado para intervenir en la controversia sobre las costas es la que tienen todos los acreedores para sustituirse en el ejercicio de los actos de su deudor: la acción subrogatoria del art. 1196 C.C. Pero los quejosos no podrían recurrir por esta vía porque para ello sería menester, entre otras cosas, que no hubiera apelado su propio cliente.-
Prisión domiciliaria, interés superior del niño, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: ARNALDO, Yésica Anabel s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Al momento de evaluar la procedencia de la solicitud de prisión domiciliaria en los términos del art. 32, inc. f) de la Ley 24.660, además del análisis que corresponde efectuar sobre el interés superior del niño, deben tomarse como guía los estándares internacionales que atañen a la privación de la libertad de las mujeres en particular, tales como la Recomendación VI emitida por el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias denominada "Derecho de las Mujeres Privadas de la Libertad Género en Contextos de Encierro". En particular se afirmó que la constatación de un alto grado de vulnerabilidad social de la peticionante debe ser tomado en consideración para evaluar, precisamente, una vía alternativa a la privación de libertad (voto de los jueces Sarrabayrouse y Morin)
Recurso extraordinario, sentencia, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: DE MARCO, PATRICIA s/ Cheque sin fondos Causa 28052
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-25

1- Si bien la ley 48 ha limitado el recurso a las sentencias definitivas, excluyendo por ende a las denominadas interlocutorias, lo cierto es que por una constante e inalterada interpretación, la Corte Suprema ha señalado a aquéllas (consideradas en sentido estricto) todo otro pronunciamiento interlocutorio o incidental, que cause un agravio de imposible o insuficiente reparación posterior.

(Del voto del Dr. García Quiroga).- 2- La ausencia de sentencia definitiva no puede ser suplida por la invocación de la violación de garantías constitucionales (FALLOS 308:1202 y 1230). (Del voto del Dr. García Quiroga).- 3- El agravio irreparable derivado de un interlocutorio debe ser demostrado, no bastando con la sola alegación. (Del voto del Dr.

García Quiroga).- 4- Las cuestiones federales resueltas por autos no definitivos son susceptibles de conocimiento por la Corte Suprema en ocasión del recurso extraordinario que, en su caso, quepa deducir contra la sentencia final de la causa. (Del voto del Dr. García Quiroga).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alias, Luis Antonio c/ Brasas S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

El principio de reparación plena e integral en materia contractual debe colocar al deudor en la misma situación que se hubiere hallado si el contrato se hubiere cumplido.
Empleados públicos, prescindibilidad, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OTADUY DE DRUETTA, ORFILIA ELVIRA c/ COMUNA DE TRAILL s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA CONTRA UN AUTO  DE  PRESIDENCIA  QUE DECLARO INADMISIBLE  EL RECURSO.     CSJ EXPTE NRO 203-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-16

La decisión de la administración de "prescindir" de los servicios de uno de sus agentes fundado en el artículo 6 inciso 6 de la ley 7859, significa que lo consideró un factor real y actual de perturbación para el normal desenvolvimiento de la repartición señalando expresamente dicho precepto que no tendrían derecho a indemnización los agentes comprendidos en las situaciones allí contempladas.
Prescripción veinteñal, posesión, prueba testimonial, inspección ocular
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GUARDIA, Dora Luisa s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-03-20

Con relación a la valoración de la prueba testimonial, y la insuficiencia o limitación de su eficacia cuando no está corroborada por otros elementos de juicio válidos que la complemente, no se trata de un excesivo rigor, ni de una apreciación lejana a la legislación vigente, puesto que tanto el art. 24 inc. "c" de la ley 14.159, como el 677 ap. I° del Código ley provincial 8.037, coinciden en que la sentencia no puede sustentarse sólo en prueba de testigos. Es decir que requiere de otros elementos que la completen y den fortaleza con relación a los hechos expuestos por los declarantes.

Finalmente, el reconocimiento judicial no es prueba que acredite autoría ni antigüedad en las mejoras que describe.
Derecho procesal, medidas cautelares, improcedencia del recurso, acto administrativo, Inspección General de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Luaran SA s/ recurso de queja (oex)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

Procede rechazar la medida cautelar solicitada por la demandada. Ello por cuanto, conforme lo precisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como regla, las medidas cautelares no proceden respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, y que tal criterio sólo excepcionalmente puede ceder cuando se los impugna sobre bases "prima facie" verosímiles (Fallos: 251:336; 307:1702; 314:695; 327:1305; 329:4829; 330:3126; 338:868; 342:1048); doctrina indudablemente aplicables a las decisiones de la IGJ en la medida que son actos de la Administración. A más, no aprecia el tribunal razones de excepción que autoricen el dictado de la cautelar peticionada, máxime ponderando que el control judicial posterior, previsto por el art. 16 de la Ley Orgánica de la IGJ -ley 22315-, salvaguarda las garantías del afectado (CSJN, Fallos 322:2847) y faculta a la alzada para examinar las defensas atinentes a la legitimación de las decisiones recurridas (CSJN Fallos: 321:3201).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la Constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   Plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El Instituto de la suspensión del   Juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter Y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

Las características del instituto de la suspensión del juicio a prueba y su aplicación a cualquier imputado, hacen del mismo una herramienta válida destinada a la resolución de innumerables conflictos -interpersonales y sociales- del modo menos traum tico posible, disminuyendo los perjuicios que para todos produce el sometimiento masivo de seres humanos a mecanismos como el proceso penal tradicional. (Del Voto del Dr. García Mendez). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?