marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Protección de personas, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: DEFENSOR OFICIAL s/ SOLICITA  PROTECCION  DE  LA  SRA.  CONSTANCIA  MAGADAN  DE FERNANDEZ   EXPTE. N. D-4450-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-02-28

Las normas legales sobre protección de personas deben ser de interpretación restructiva en especial en lo que hace al art, 235, inc. 3ro. del CPCC puesto que implican severas restricciones a derechos y por ello se refieren a "guarda" de personas "incapaces abandonadas", no preve curatela provinsional sino "gauarda provisional" "cuando existiere urgencia o circunstancias graves" y limitación temporal en la provisión de alimentos ( art. 238 del Código de Procedimiento Civil y Comercial).
Tasa de justicia, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: BARRIENTOS, Arturo y Otro c/ PINDAPOY S.A. s/ Cobro de Pesos - (Dif.salariales, indemnizaciones y otros rubros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-07

Corresponde admitir la apelación de la demandada recurrente contra la resolución que, no obstante hallarse en trámite la apelación, lo intimó a hacer efectiva la tasa de justicia y el sellado fiscal, en cuanto sostiene que el impuesto de justicia debe abonarse de una sola vez, y teniendo en cuenta el resultado del juicio, de donde la intimación fue inoportuna y debe ser revocada.
Constitución Nacional, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-16

El art. 177 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires excede el marco del derecho público local y se proyecta al ámbito de la vigencia de la Constitución Nacional, razón por la cual la declaración de su inconstitucionalidad no implica destruir las bases del orden interno preestablecido sino, por el contrario, defender a la Constitución en el plano superior que abarca su perdurabilidad y la propia perdurabilidad del Estado argentino para cuyo pacífico gobierno ha sido instituida. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Poder de policía, competencia administrativa
Materia: CIVIL
Carátula: CONCATTI ALEJANDRO LUIS, GONZALEZ CRISTÓFANO LUIS ERNESTO Y BAZAN OMAR s/ ACCION DE AMPARO - EXPTE. N° 1010-C-2008
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-12-02

Con respecto a su extensión -ref. al poder de policía societario- es elocuente el alcance y su contracara -limitación- conforme a lo que expone José Ignacio Romero que trascribimos íntegramente "El segundo elemento de limitación está dado por las normas de competencia referidas a todos los organismos administrativos. Es un dogma en materia administrativa que los entes del Estado no pueden hacer sino aquello para lo cual se hallan debidamente facultados. En otros términos, que la competencia proviene de la atribución expresa otorgada por la ley al ente correspondiente, y que por tanto no puede ir nunca más allá de las propias funciones. Juega de ese modo la competencia en lo administrativo de un modo similar a la capacidad en las personas jurídicas, pero con un sistema parecido al del ultra vires: es un régimen en el cual los entes no tiene otras facultades que aquellas que le fueron expresamente atribuidas por el legislador" (En "Fiscalización o control Externo de las Sociedades por Acciones" Rev. D. C. O. 1984 Pág. 523/524).
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, nombramiento, sistema de representación proporcional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sanseverino, Pablo y Otro c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad" y sus acumulados: Exptes. nº 8511/11 "Raffo, Julio César y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y nº 8595/11 "Campos, Antonio Rubén y otros c/ GCBA (Legislatura de la CABA) s/ nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

La proporcionalidad que exige el art. 136 de la CCBA para la designación de los auditores puede ser satisfecha de diversos modos, pues ella no establece un criterio determinado y la literalidad de la expresión "alianza de la legislatura" remite a una noción más amplia que la de alianza electoral y deferida al ámbito parlamentario bajo reglas propias del consenso político siempre que no se traspasen los límites que esa norma impone a cada uno de los pasos en la secuencia de integración (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Daños y perjuicios, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: ARAYA Carlos David c/ Rios Sebastian Alejandro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-08

Esta Sala ha señalado que la sola privación del uso del automotor constituye un daño indemnizable aunque no se acredite ni alegue que la unidad constituía un elemento de trabajo, en virtud de haberse conocido que todo aquel que dispone de un vehículo, lo tiene para cubrir algún género de necesidad (C.N.ESPECIAL- Civ y Com.- Sala V, Mayo 13/1/1981, Melían, Amado c/ León, Enrique).

En este sentido corresponde decir que el actor no acreditó que la movilidad constituía un medio de trabajo, no obstante ello y en virtud de lo expuesto precedentemente corresponde hacer lugar a tal reclamo por la sola privación del uso.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ciancio de Deluchi, Estela c/ Guesalaga, Manuel Pedro y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

La acción de desalojo es una acción personal acogida por nuestra ley ritual para accionar contra cualquier ocupante cuya obligación de restituir sea exigible, medie o no vínculo contractual.-
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Transportes Servemar S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ impugnación resolución nº 1685/94.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Por ser la Corte el juez del recurso, es irrelevante que el defecto en el procedimiento no haya sido señalado por la parte recurrida, pues en situación en que se afecta indebidamente la competencia del Tribunal, a él le corresponde corregir la falta, al margen de petición alguna.
Empleados públicos, docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ruiz Diana Carmen c/ Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S266 - 235)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-08-02

Es improcedente y arbitraria la sanción disciplinaria impuesta al personal docente, si los hechos imputados carecen de sustento probatorio al fundarse sólo en la palabra de quienes suscriben la denuncia.
Delitos contra la integridad sexual, trata de personas, competencia federal, declinatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público de la Nación s/ av. ilícito, posible trata de personas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-15

Ante la existencia de alguno de los extremos inherentes al delito de trata de personas, la justicia federal no puede declinar su competencia ni rechazar la que se le pretenda atribuir sin antes realizar las medidas necesarias para establecer si se halla configurado o no dicho ilícito.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Concurso preventivo, honorarios, base regulatoria, regulación de honorarios, deberes del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: INVERSORA DARSENA NORTE SA c/  s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-30

Corresponde regular honorarios por la suma a distribuir derivada de intereses devengados por imposiciones a plazo fijo, no considerada en la regulación efectuada por la distribución final. Es que el incremento del activo a distribuir, como fruto de la inversión de los fondos da lugar a una regulación complementaria (CNCom, Sala D, 10.7.18, "Papel 2.0 SA s/ quiebra" y 4.8.15, "Terapia Integral SAC s/ quiebra s/ incidente de apelación", entre otros). Ello así en tanto cabe considerar que la situación descripta es análoga a la que ocurre cuando se efectúa un proyecto de distribución complementario por el ingreso del producido de bienes no realizados a la fecha del informe final (ley 24522: 222 y 267), y en cuyo caso la normativa en la materia dispone que debe efectuarse la correspondiente regulación (art. 265 inc. 3°, ley citada).
Poder Judicial, jueces, responsabilidad civil, tribunal de enjuiciamiento, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: GONZALEZ ECHENIQUE, J A M c/ CORTI, BEATRIZ GLADYS s/ RESPONSABILIDAD CIVIL c MAGISTRADOS JUDICIALES      EXPTE NRO 196-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-07-04

Los magistrados judiciales son enjuiciables por responsabilidad civil sin necesidad de su destitución por juicio político o jury de enjuiciamiento.
Competencia, competencia contencioso administrativa y tributaria, facultades del juez, interpretación de la ley, fallos de la Corte Suprema, recurso extraordinario federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Metrored Telecomunicaciones c/ GCBA s/ impugnaciòn actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-17

Los jueces de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran facultados para revisar, a pedido de parte, la actuación administrativa y legislativa de las autoridades locales, aún cuando ello implique la confrontación de normativas de diferentes jurisdicciones.

Limitar la competencia de los tribunales de la Ciudad al criterio subjetivo que fija el Código Contencioso Administrativo y Tributario -según el cual son causas contencioso administrativas todas aquellas en que sea parte la Administración pública de la Ciudad-, cada vez que la impugnación de un acto de la administración local involucre el análisis de normas nacionales o federales, además de colocar en un segundo plano dicho criterio rector, atenta contra los principios de autonomía enunciados por la Constitución Nacional y recogidos intensamente por la Carta Magna local.

La preservación de esta autonomía no depende de la sola voluntad del juzgador de turno, sino que tal intención viene formulada por la propia ley de rito, que, a su vez, encuentra coherencia en las disposiciones constitucionales que han modificado el status jurídico de la Ciudad. Esta postura se expresa plenamente en el siguiente argumento que esta Sala recoge y hace suyo, pues da plenamente cuenta del criterio que hasta aquí se ha sostenido: "No basta para la intervención del fuero federal la única circunstancia de que los derechos que se dicen vulnerados se encuentren garantizados por la Constitución Nacional, porque cuando se arguye que un acto es contrario a las leyes provinciales y nacionales debe irse primeramente ante los estrados de la justicia provincial y, en su caso, llegar a la Corte por la vía del artículo 14 de la Ley Nro. 48".
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, empresas de servicios eventuales, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: MALDONADO, Juan Carlos c/ PALES S.A.C.I.C.I.F.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACCIDENTE DE TRABAJO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

El hecho de que el objeto de la empresa contratante fuera proveer de personal a otras compañías o industrias, no la exime de responsabilidad frente al empleado que resulta víctima de un accidente producido con maquinaria perteneciente a estas últimas. En efecto, si su labor consistía en proveer de personal eventual a otras empresas, su responsabilidad, y en el caso, su incumplimiento se origina en el hecho de no haber ejercido el debido control de las medidas de seguridad con que contaba la empresa a la que remitía a su dependencia, así como el estado y la eficacia de la maquinaria de la que habría de valerse.-
Contratos comerciales, contrato de distribución, daños y perjuicios, resolución del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: URQUIZA HNOS. SA c/ PEÑAFLOR SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-17

Si se acciona judicialmente para obtener la reparación de los daños causados por la ruptura de cierto contrato de distribución consistente en la compra de bebidas para la posterior venta a través del distribuidor, cuando -tal como acontece en el caso- los cajones, envases y pallets solo pueden ser empleados para la distribución de bebidas de la accionada y no otro uso se les puede dar, procede que al desvincularse las partes y, considerando que los cajones y envases sólo son de utilidad para el accionado, que éste readquiera tales bienes al precio de plaza que correspondía al tiempo de la desvinculación, devengándose los intereses a partir de dicha oportunidad.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, litispendencia, juicio ordinario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PEÑAFLOR S.A. c/ PEÑATUC S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-30

La excepción de litispendencia es improcedente en el juicio ejecutivo con fundamento en la existencia de un proceso ordinario iniciado por el deudor, ya que su admisión implicaría poner en manos de éste la facultad de impedir en todo caso el ejercicio de la acción ejecutiva, máxime si se trata de procesos de estructuras diferentes.
Daño moral, prueba, inundación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Monti, Felipe Juan c/ Gobierno de la Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-08

No procede admitir el reclamo por daño moral toda vez que no basta para tornar aplicable el art. 1078 del Cód. Civil la existencia de un acto ilícito, ante la evidencia del contenido puramente económico de la acción instrumentada, que exige la acabada comprobación de una lesión extrapatrimonial.
Poder Judicial, política salarial, jueces, remuneración, decretos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Bitetti, María Crisitna Malpeli de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 224-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-20

Mediante el decreto 1770/91 se reconoció a los magistrados y funcionarios equiparados por jerarquía o remuneración a los jueces nacionales, que se hubieran desempeñado como tales en el período comprendido entre el 1 de abril de 1987 y el 31 de octubre de 1990 -y por períodos anteriores no prescriptos a quienes hubieran accionado judicialmente por reconocimiento de compensaciones con tal fundamento-, en concepto de indemnización por incumplimiento de la garantía de intangibilidad de las remuneraciones judiciales contemplada en el artículo 96 de la Constitución nacional (actual artículo 110), hasta un monto equivalente a la suma que resultaba de multiplicar la cantidad de 8.350.000 australes por los meses en que los interesados hubieren revestido efectivamente la calidad de magistrados, o funcionarios equiparados a tales, dentro del período señalado (artículos 1 y 2). Tal reconocimiento debía instrumentarse sobre la base de acuerdos judiciales o extrajudiciales, según el caso, en los cuales debía convenirse, entre otros aspectos, que las sumas se pagarían en no menos de seis cuotas mensuales iguales y consecutivas, que las costas se soportarían en el orden causado y la renuncia a todo reclamo por diferencias salariales referidas al período comprendido en el reconocimiento (artículos 4, 5 y 6, decreto 1770-91). En el decreto mencionado también se estableció un plazo para la aceptación de la propuesta por parte de los destinatarios, vencido el cual caducaría la posibilidad de suscribir los acuerdos pertinentes, y se estipuló que el costo total de las medidas que se implementaban no podía exceder la suma de doscientos millones de australes (artículos 7 y 8).
Tercería de posesión, tercería de dominio, bienes inmuebles, inscripción registral, escrituración
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: MANASSERO, DANTE Y OTROS c/ BANCO NORDECOOP LTDO Y OTROS s/ TERCERIA DE DOMINIO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 699-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-04-26

Si los actores se consideraban con derecho a la totalidad del inmueble embargado como consecuencia del boleto en el que se instrumentó la transferencia de cuotas sociales y por ello, promovieron tercerías de dominio y posesión, en el juicio de ejecución hipotecaria incoado contra los herederos del socio cedente de la cuota parte, llama la atención que no hicieran valer ese derecho a través de un juicio de escrituración, inscribíendolo como litigioso y evitando, de tal suerte, la transferencia del dominio a los herederos o a los adquirentes en la subasta.
Resoluciones inapelables, rechazo de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: R.Q. EN AUTOS: "CALCAGNI DE GRECO, LAURA ALICIA c/ B.C.R.A. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

El principio contenido en el art. 379 C.P.C.C.N. no es absoluto sino que cede frente a circunstancias que así lo autorizan.
Recurso de apelación (procesal), sentencia, error numérico
Materia: COMERCIAL
Carátula: EMPRESA MULTIMAC SOCIEDAD ANONIMA. c/ GOLDGUBER, DANIEL. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-27

Por vía de la apelación pueden repararse errores aritméticos o materiales en el pronunciamiento de primera instancia evitando el peligro de la gravedad institucional que significa la anulación de una sentencia.
Escribanos públicos, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ JOSE DOMINGO S.D ESTAFA, FALSEDAD IDEOLOGICA EN CONCURSO REAL; FERNANDEZ PEDRO, ACUÑA EFRAIN VALERIO, GOMEZ DIEGO EMILIANO S.D FALSEDAD IDEOLOGICA E.P ESTADO PROVINCIAL s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-13

Los escribanos o funcionarios encargados de extender el instrumento público, responden siempre de la veracidad de sus manifestaciones acerca de los hechos o actos cumplidos por ellos y de la verdad, pero no de la veracidad, de los actos cumplidos y manifestaciones hechas en su presencia por los otorgantes y testigos del acta. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del Estado, policía federal, accidente en acto de servicio
Materia: CIVIL
Carátula: C. de Z. C. A. c/ Policía Federal y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-19

La responsabilidad de la PFA derivaba del deber de seguridad que le competía en su calidad de empleadora del agente accidentado in itinere, máxime, cuando el hecho había sido encuadrado, según resoluciones emanadas de la propia demandada, como un "acto de servicio" (causa "Celada" nº 7864/10 del 12/9/13, ver también, causas "Llocra" nº 8392/06 del 15/9/11 y "Ayala" nº 3024/07 del 15/11/11). Por lo demás, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el Estado Nacional no queda exento de responsabilidad en los casos de accidentes in itinere (Fallos 308:1118;

308:1109; 330:5205).
Responsabilidad del Estado, estado de derecho, Derecho constitucional, derecho a la información, atentado y resistencia a la autoridad
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARNOTA FERNANDO JORGE c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS. GRECCO JORGE MIGUEL c/ ESTADO NACIONAL MIN DEL INTERIOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-24|1997-06-24

La exposición a una situación de alto riesgo por parte de un periodista -en cumplimiento de su responsabilidad profesional- no es calificable, de suyo, como un acto de culpable imprudencia. Porque, en última instancia, semejante conducta responde a la exigencia social de recibir prontamente la información sobre los hechos que concitan el interés común. El derecho a la información y a ser informado con veracidad cumple un destacado papel en la vida de la república y tiene, por eso acentuada protección constitucional. Así las cosas, para informar sobre los acontecimientos del 3.12.90 -que centraron la atención de la nación toda-, los actores debieron situarse en las inmediaciones del lugar donde se desarrollaba el conflicto afrontando con hombría los riesgos del caso. Ejercían, de ese modo, su labor profesional, sin que se haya demostrado que lo hicieron con un irrazonable o alocado exceso de atrevimiento. Y si la ubicación del grupo de periodistas importaba una temeridad inadmisible, la autoridad policial debió exigir de inmediato su desplazamiento a una zona que -sin mengua de la función informativa -ofreciera un menor riesgo. Por lo dicho, no se aplica a los actores el art. 1111 del Código Civil, desde que la conducta observada en la emergencia -dados el oficio y la responsabilidad profesional y considerando la trascendencia social de la información en un estado de derecho- resulto adecuada a las circunstancias en que debieron actuar.
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Difonso Angel Oscar c/ De Felipe Rodolfo y otro s/ Cobro de australes Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Capdevila Antonio L. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-19|1997-02-11

En cuanto a la procedencia de la exoneración de la carga de las costas, cabe precisar que no es suficiente el exhibir por el actor una razón meramente probable para litigar, en cuyo caso tal exoneración no es factible.
Empresa de transporte, daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: COMERCIAL
Carátula: Empresa Puerto Tirol S.T.L. c/ Barrios  Fariña,  Isabelino Rubén y/o Provincia de Formosa y/o quien resulte jurídicamente responsable. s/ Daños y perjuicios Isabelino Rubén y/o Provincia de Formosa y/o quien resulte jurídicamente responsable. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-09-11

El hecho de que la actora tenga la calidad de empresa de transporte, con numerosas unidades destinadas a la prestación del servicio, no es impedimento para la procedencia del lucro cesante sufrido por la detención del interno, en el lapso durante el cual se efectuaron las reparaciones. (Fundamento de la Dra. Belkys D. de Cardona)
Tribunal de cuentas, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aresca, Hugo c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Las demandas iniciadas contra el decisorio del Tribunal de Cuentas en los términos del art. 26 de la ley 4373, quedan sometidas al procedimiento previsto en dicho cuerpo legal.
Músicos, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: CHIARENZA, JORGE ALBERTO c/ PECCHENINO, EDUARDO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-22

No es demostrativo de la existencia de relación de dependencia la sola designación de un músico como representante ante SADAIC para entregar las planillas donde se indican las piezas ejecutadas por la orquesta.
Recurso de casación, suspensión del juicio a prueba, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: Gónzalez, Damián Fabio s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-20

El auto que deniega la suspensión del juicio a prueba no puede ser equiparado a sentencia definitiva porque hace que el proceso continúe y, previo formular protesta, permite, aunque en forma mediata, la ulterior reparación del agravio por la vía del recurso de casación contra la sentencia definitiva.