marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: KLOTIAR, Bernardino León c/ ALMARAZ, Félix Rodolfo s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

Luego de lo establecido por el Tribunal en pleno en los autos "Bellucci Pollano" (30-12-85), posterior a la doctrina plenaria sentada en Reyes" (23-9-85) y según una correcta inteligencia de lo dispuesto por los arts. 1096 y 1110 del Código Civil, el poseedor, el usufructuario y el usuario, éste último en los términos del art. 2948 del mencionado cuerpo legal, se encuentran legitimados para reclamar por desvalorización del rodado, habiéndose precisado asimismo en el primer fallo que a tales fines y en tanto no medie prueba en contrario, puede presumirse que revisten dicha condición de poseedor quienes acreditan que encomendaron presupuestos y pagaron la reparación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Constantino, Sergio A. s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

Es insuficiente el agravio en el que se controvierte la prueba de la responsabilidad (arts. 251 a 254, C.P.P.) si se omite cuestionar lo decisivo para el tribunal en cuanto a la determinación de la responsabilidad del procesado a título de "culpa".
Concursos, declaración de quiebra, desapoderamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pesquera Fueguina S.A. s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-17

El desapoderamiento -uno de los efectos jurídicos que produce el auto de quiebra- (art. 111, L.C.) abarca todos los bienes, derechos y acciones del fallido hasta el momento en que cese ese estado de fallido o su rehabilitación judicial, lo que quiere decir entonces y obviamente es que el desapoderamiento no puede alcanzar los bienes que no fueren de su propiedad aunque éste los tuviera en su poder o le hubiesen sido entregados por título no destinado a transferirle el dominio (doct. art. 142, L.C.).
Accidente de tránsito, homicidio culposo
Materia: PENAL
Carátula: Lobo, Cesar Ruben del Valle s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-04-17

Es unánime la opinión de la jurisprudencia que en cuanto al dominio del automóvil y a los límites de velocidad ha entendido que se presume la falta de aquél o el exceso de éstos cuando no se puede detener el automóvil ante la contingencia que aunque lejana es previsible.

En el hecho, la experiencia común indica como posible resultado de conducirse a 80 Km por hora, no tocar bocina al ir a esa velocidad y pretender adelantarse a un heladero en una ruta angosta y con una ruda banquina a un metro de distancia, más el hecho fácilmente acreditable del apuro del conductor por llegar a su casa para retomar su trabajo de la tarde, el efecto dañoso ocurrido. En consecuencia, se resuelve declarar culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, condenándolo a sufrir la pena de seis meses de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores.
Personal municipal, inconducta notoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Giarruso de Echeverría Susana c/ Municipalidad de Pinamar s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

Si el breve desempeño del agente en la comuna se halló signado por contínuos problemas de conducta, se encuentra justificada la pérdida de confianza por parte de la autoridad, teniendo en cuenta que la agente no ha podido invocar suficientes antecedentes en respaldo de su buen concepto como agente público.
Enfermedad accidente, enfermedades inculpables
Materia: LABORAL
Carátula: POSENATTO RENE RAUL c/ FRIGORIFICO DE AVES SOYCHU S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-03-27

El segundo párrafo del art. 212 de la LCT solamente justifica la falta de dación de tareas livianas en los casos en que la demandada no pudiera dar cumplimiento con su obligación por circunstancias que no le fueran imputables.
Embargo preventivo, remuneración, LECOP
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguilera, Javier Julio y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad por  DiferenciasSalariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-18

Desde que las remuneraciones de los agentes públicos, atentas las normas que así lo disponen, se abonan proporcionalmente en LECOP, quedan facultados los ejecutantes a opcionar, si el embargo preventivo autorizado se aplica exclusivamente sobre la proporción que los agentes perciben en PESOS, o incluyen la que se les abona en LECOP, caso este último en el cual, los descuentos respetarán las proporciones que se apliquen sobre los salarios en total.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, derecho a la integridad física
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARDIS, Ricardo Alberto c/ ESTADO NACIONAL. POLICIA FEDERAL s/ POLICIA  FEDERAL: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. ACCIDENTE EN Y POR ACTO  DE SERVICIO.  INDEMNIZACION. RETIRO. OBLIGATORIO. DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

Tal como sostiene la Corte en el caso "Luján" la disminución de las aptitudes físicas y psíquicas "deben ser objeto de reparación, al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de su actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable".
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, capacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Gallegos, Angélica c/ Provincia del Chubut s/ Indemnización Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-11-27

Al presentar disminución de posibilidades de continuar desarrollando tareas de similar entidad a las que pudo haber venido cumpliendo, el trabajador damnificado no se encuentra en igual condición que aquélla en que se hubiera encontrado de no haber sufrido el accidente. Y es esa diferencia de situaciones, precisamente, lo que la ley tutela con el pago de la indemnización. Más aún, igualmente en el caso de que -ingresado en otro trabajo- tuviera las mismas tareas y remuneración que las que tenía, ello no resultaría óbice para la procedencia de la indemnización resarcitoria. La ley protege e indemniza la pérdida de capacidad laboral como presupuesto basal de que el trabajador -después del accidente con incapacidad sobrevenida- ya no es el mismo trabajador que antes era. Y es ésa diferencia la que la legislación procura reparar con el pago de la indemnización.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Neves Da Silva, Alberto c/ Di Virgilio, Osvaldo y otro s/ Daños y perjuicios Kistrup, Osvaldo c/ CARGIL S.A.C.I. y otro s/ Da±os y perjuicios Benítez González, Víctor y otra c/ Schang, Jorge Humberto y otra s/ Daños y perjuicios Sarda de Yumpa, Lidia M. c/ Piñeyro, Eduardo s/ Daños y perjuicios Soria, Pedro O. y otros c/ Cía de Transporte de Pasajeros Rafael Calzada y otro. s/ Daños y perjuicios Ferrer, Adrián Ismael c/ Grandi, Nicolás Esteban y otros s/ Daños y perjuicios otro. s/ Daños y perjuicios Ferrer, Adrián Ismael c/ Grandi, Nicolás Esteban y otros s/ Daños y perjuicios otro. s/ Daños y perjuicios Ferrer, Adrián Ismael c/ Grandi, Nicolás Esteban y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-30|1999-12-01|2000-11-29|2001-11-21|2004-03-10|2005-12-14

La ley toma en cuenta como factor para atribuir responsabilidad al dueño o guardián el "riesgo creado", prescindiendo, en principio, de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo, pues no interesa si de su parte existe culpa, ni invierte la carga procesal de la prueba. Aun cuando probasen su falta de culpa, ello carecería de incidencia para excluir su responsabilidad porque deben acreditar la concurrencia del supuesto previsto en la frase final de la segunda parte, 2º párrafo del art. 1113 del Código Civil, esto es, que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño.
Demanda, diferencias salariales, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: DOS SANTOS, ZACARIAS c/ FRUGONI Y PREVE LIMITADA SA. s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-08-22

No constituye cosa juzgada el pronunciamiento recaído en un juicio anterior seguido entre las mismas partes y en el que también se perseguía el cobro de diferencias de remuneraciones por aplicación de un convenio colectivo en cuyos beneficios se incluyó al actor, respecto a la posterior reclamación correspondiente a otro lapso.
Dominio, inscripción registral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Torres de Pereyra,Elba c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

El art. 49 del decreto 5479/65 -reglamentario del decreto Ley 11643 /63 y aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en los art. 38 y 45 de la ley 17801- señala claramente qué debe entenderse, en el ámbito del procedimiento registral, por observación del registro: es la que surge de la resolución expresa de su Dirección dictada en los términos del art. 53 del Reglamento, es decir, conteniendo los elementos de juicio en que se origina y las referencias legales en que se apoya.
Categoría laboral, pago de la remuneración, prueba testimonial, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: VERON DE NUPEZ MARIA DELFINA c/ HEGINIO PRIMO SCHIFFO SA s/ Daño Moral - entorno laboral hostil y noscivo - SA s/ Daño Moral - entorno laboral hostil y noscivo -
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-08-01

Por otra parte, no puedo soslayar que la actora invoca haber cumplido tareas de la categoría laboral "Administrativo B, lo que fuera controvertido por la accionada al aducir la calificación profesional de "Auxiliar B en la que la misma estaba registrada; por lo que esta cuestión no puede zanjarse a la luz de lo normado por el art. 16 del C.C.T. N° 130/75 tal como entiende el juez de origen. En efecto, el mentado artículo dispone que en los casos de empleados que habitualmente sean ocupados en tareas encuadradas en más de una categoría salarial del Convenio Colectivo de Trabajo, se les asignará el sueldo correspondiente a la categoría mejor remunerada que realicen; tales extremos no acontecieron en el "sub-lite, porque -insisto- la Sra. Verón de Nuñez ha acreditado cumplir las tareas descriptas en la categoría laboral de "Administrativo B según las testimoniales, y no ha aducido ni siquiera acreditado haber desempeñado otras tareas que sean encuadras en otra categoría, por lo que la resolución de grado no se compadece con el caso traído a estudio. Como colofón de lo que antecede, se concluye que la categorización correspondiente es la de "Personal Administrativo B) Oficial de Segunda (art. 6 inc. b)) del C.C.T. Nº 130/75, por cuanto la valoración del plexo probatorio -específicamente las testimoniales de referencia- conducen a la indefectible aseveración de que las tareas desarrolladas por la accionante eran las propias de tal categoría, siendo improcedente el argumento del sentenciante de grado al decir que "no causa perjuicio alguno toda vez que percibía un salario mayor, ello es así porque como bien lo señala el recurrente, la categoría profesional se verá reflejada en la correspondiente certificación de trabajo, con impacto directo sobre los antecedentes laborales de la trabajadora, pasando aquí el salario a un segundo plano, porque nada impide que la demandada abone un salario mayor, a la real categoría profesional, lo principal es la función que ella cumple y repito da cuenta de su profesionalismo y experiencia en un puesto de trabajo determinado, que es su carta de presentación para la obtención de un nuevo trabajo.- En este punto debo receptar la queja de la apelante, fijando la categoría profesional de la actora, conforme lo acreditado en autos y convenio colectivo aplicable a la de Personal Administrativo B) Oficial de Segunda (art. 6 inc. b) del C.C.T. 130/75.-
Poder Legislativo, impuestos, cinematografía, decretos, impuesto sobre localidades cinematográficas, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Video club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

La voluntad legislativa plasmada en la creación del impuesto contemplado en el art. 24, Inc. b) de la ley de fomento de la cinematografía nacional (art. 11 de la ley 24.377) no tiene incidencia alguna en la inconstitucionalidad declarada de los decretos 2736/91 y 949/92.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GUERRA EDELMIRO c/ ASOCIACION ATLETICA QUIMSA Y OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-08

La L.C.T. presume la existencia del contrato de trabajo si se están ejecutando las prestaciones a través de la relación laboral; ésta presunción es "iuris tantum" pues admite prueba en contrario, tal como lo expresa la propia ley.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, animales sueltos en la vía pública, rutas, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez, Eduardo Javier c/ Buenos Aires, Provincia de; Concesionario Vial del Sur S.A. y otros s/ sumario - daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

La responsabilidad que el art. 1124 del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardador de un animal por los daños que cause no es exclusiva ni excluyente de la responsabilidad de distinta índole que, de un modo u otro, puede caberle a otras personas sobre las cuales pesa el deber de evitar que ningún animal esté suelto en determinados lugares por razón de la peligrosidad que su presencia representa, lo que podría obedecer, a la necesidad de que el semoviente no invada una vía de circulación (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Derecho procesal, medidas cautelares, contracautela, seguro de caución, acción de restitución
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Marbia SA c/Soluciones De Logistica Global SA s/ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-28

Procede revocar la resolución que no admitió el pedido del accionado de que se transfirieran a su favor la totalidad de las sumas correspondientes a la póliza de seguro que existía para responder por daños y perjuicios que la medida cautelar solicitada por el actor le hubiera provocado, incluidos los réditos devengados por su imposición a plazo fijo. Ello en el marco de una acción iniciada a fin que la demandada -quien había ejercido el derecho de retención de ciertas maquinarias, por facturas impagas- le restituyera los bienes. Es que no se encuentra discutido que a raíz de la caución ordenada, la aseguradora depositó las sumas acordadas en pago del seguro, sumas que le correspondían a la accionada recurrente. Así, se aprecia que le asiste razón en cuanto a que, tanto el capital depositado como sus frutos por la imposición a plazo fijo -descontada aquella suma caucionada para hacer frente a honorarios- le pertenecen. Es que la aseguradora depositó a su favor la suma caucionada, dándola en pago, por lo que la propiedad de ese dinero depositado en cuenta judicial fue adquirida por la recurrente una vez que se puso a disposición de ésta. De ello se sigue que los réditos devengados durante la imposición de esos fondos en plazo fijo, la que tuvo por finalidad que esas sumas no se desvalorizaran por el paso del tiempo, también le pertenecen. En este contexto, no puede válidamente negarse a reconocer la propiedad de esos réditos en cabeza de la demandada, puesto que la aseguradora ya cumplió con el depósito efectuado de la suma asegurada, liberándose de su obligación, por lo que no cabe que se le reintegre fondo alguno, y la actora no tiene derecho a percibir tales réditos.
Sucesión extrajudicial, declaratoria de herederos, inscripción de la declaratoria de herederos
Materia: CIVIL
Carátula: IGLESIAS, ANGELICA LEONOR s/ SUCESION TESTAMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-26

La sucesión extrajudicial no es incompatible con la necesidad de la orden judicial de inscripción, acompañada del testimonio o de la fotocopia de la declaratoria de herederos, sin perjuicio del cumplimiento de los recaudos que resulten pertinentes.

Ello resulta también de la adecuada interpretación del término "podrán" utilizado en el tercer párrafo del artículo 698 del Código Procesal y su correlación con el artículo 725 del mismo ordenamiento.

No existe imperatividad en punto a la tramitación de la sucesión extrajudicial de la inscripción de la declaratoria de herederos, y pueden los herederos solicitar la expedición de orden judicial al efecto.
Competencia, competencia civil y comercial federal, responsabilidad del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: METTICA, MIGUEL ANGEL c/ SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Habida cuenta de los hechos expuestos por los actores en su demanda -intoxicación por ingestión de alimentos en mal estado acaecida en una "unidad turística"- y la naturaleza de la pretensión resarcitoria deducida, con arreglo al criterio sentado en los autos "Miguel Boccardo e hijos c/Banco Hipotecario Nacional" y de conformidad con lo dictaminado por el Señor Fiscal de Cámara, a cuyos fundamentos, que se comparte, cabe remitir, corresponde que el señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal reasuma la competencia.
Responsabilidad del Estado, Derecho administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: PAREDEZ RAMON OSVALDO Y OTROS c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE NEUQUEN s/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-10

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) no resulta responsable por falta de servicio fundada en la omisión de cumplir con una obligación legal (art. 1112 del C. Civil -actualmente 1084 de la Ley E-0026 cfr. Digesto Jurídico Argentino-) debido al deceso de una afiliada mientras se encontraba internada en una clínica de la Ciudad de Zapala. Ello así, pues, el ISSN tenía la obligación de expedirse concretamente frente a la petición del afiliado -internación crónica- y que, sólo lo hizo tardíamente, y en cumplimiento de una sentencia judicial de amparo por mora. Sin embargo -se insiste- dicha demora en contestar no importa, sin más, la responsabilidad de la obra social por el fallecimiento de la afiliada. Simplemente, indica que la Administración no se expidió ante un reclamo del administrado.
Docentes, concursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Borda, Agustín Víctor c/ Provincia de Buenos Aires (Dcción.Gral.de Escuelas y Cultura. Coady: Director Provisional de Escuela Educ. Téc.n°1 Tandil.) s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Si el llamado a concurso debió regirse por la reglamentación específica para el supuesto concreto que preveía dicho procedimiento (creación de un establecimiento educacional por desdoblamiento y vacancia natural del cargo de director), es ilegítima la resolución que, sin resolverlo, acude a una normativa distinta que contemplaba la asignación directa de funciones a docentes titulares del establecimiento por ausencia temporaria del Director titular. Sobre todo, cuando la asignación de funciones a la que así se acudió posteriormente reglaba, en principio, el tratamiento de la cuestión esencial cual era la exigencia para la postulación al concurso de título habilitante del que carecía,precisamente, la persona designada.
Despido, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Merlo, Pablo Ulises y otro c/ Editorial El Atlántico S.A.I.C. s/ Cobro de haberes e indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-07-07

Incumbe al principal la responsabilidad por la elección del medio para lograr la notificación de su decisión de poner fin al nexo laboral, por lo que, verificada en el caso la frustración del anoticiamiento rescisorio, no debió conformarse con el simple envío de los telegramas y procurar la eficacia de la comunicación.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares, estado parte, medidas de seguridad y protección, buena fe
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de las Penitenciarías de Mendoza Resolución de la Corte Interamericana c/  s/ solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Argentina Corte Interamericana #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Argentina Corte Interamericana #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Argentina Corte Interamericana c/  s/ solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Argentina la Republica de Argentina s/ Proteccion de la vida e integridad personal "de las personas recluidas en la Penitenciaría Provincial de Mendoza"
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-11-22

La presentación de una solicitud de medidas provisionales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana no da motivo al Estado a no adoptar las providencias necesarias con el fin de atender la solicitud de medidas cautelares de protección, puesto que mientras el Tribunal o su Presidente deciden respecto de lo solicitado no existe obstáculo para implementar en el ínterin, de buena fe, las medidas cautelares pretendidas.
Procedimiento laboral, sentencia interlocutoria, preclusión
Materia: LABORAL
Carátula: Gomez Alejandro C c/ Karol Chilupa María R. s/ Ley 22.250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-17

El principio de preclusión que rige las diferentes etapas procesales en miras a la seguridad jurídica, impide volver sobre las etapas concluidas y consentidas por las partes.

En concreto, el art. 96 L.O dispone que las sentencias interlocutorias dictadas en audiencia - con la presencia de la parte interesada quedarán firmes si ésta no las cuestionara en el mismo acto.
Transporte de pasajeros, transporte terrestre, poder de policía, razonabilidad tributaria, control de constitucionalidad, servicio público, Secretaría de Transporte
Materia: PENAL
Carátula: Crucero del Norte SRL c/ Estado Nacional Argentino - Secretaría de Transporte - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y Ministerio de Trabajo, Empleo y SS s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-24

Cabe revocar la sentencia que hizo lugar al amparo promovido por la empresa de transporte automotor y declaró la inconstitucionalidad de la Resolución Conjunta 443/2004 y 179/2004 de la Secretaría de Transporte y de la Secretaría de Trabajo de la Nación- que dispuso la creación de una comisión que coordinara las funciones de control de éstas, interviniendo preventivamente a las empresas permisionarias del servicio público de transporte automotor de pasajeros a fin de verificar el cumplimiento de los asientos en las libretas de los chóferes y el régimen legal de jornada de trabajo y descansos inter-jornada-, pues la normativa impugnada no produjo superposición, sobreabundancia o sobreañadido de controles, sino que tendió a coordinar y simplificar, con provecho para el permisionario, las funciones de contralor, que las secretarías firmantes tenían legalmente asignadas, lo que descarta la irrazonabilidad del medio elegido, así como la falta de proporcionalidad entre este último y el fin perseguido.