Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2008-03-04


CASACIÓN 135/2008 En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de Marzo de dos mil ocho, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Suc. Viaña José Carlos Felipe vs. Viaña José Servando s/ Cumplimiento de contrato".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 238/248, por el apoderado de la parte actora contra la sentencia de fecha 7/2/2007 dictada por la Sala Iº de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

El pronunciamiento mencionado (fs. 232/234) dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto por los actores y confirmar la sentencia recurrida, que oportunamente admitiera el planteo de caducidad de instancia articulado por la parte demandada.

A fs. 251/258, el apoderado de los accionados contesta el traslado del recurso interpuesto, con oposición al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 18/4/2007 que glosa a fs. 262, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Se trata de una sentencia emanada del tribunal de alzada, que resuelve la cuestión propuesta, de modo definitivo para las partes.

III.- Desde la perspectiva del art. 815 procesal, el recurrente invoca la infracción a normas de derecho formal y sustancial, que justifican la procedencia del recurso interpuesto.

Se agravia de que el tribunal a quo haya confirmado el pronunciamiento que admitiera el planteo de caducidad de la instancia, cuando a su criterio, no se hallan configurados los extremos pertinentes. Sostiene que no basta el transcurso de un plazo legalmente establecido y la inactividad de las partes en el proceso. Señala que dicha inacción de la parte, debe poner de manifiesto una voluntad de abandono, desidia o negligencia en el ejercicio de sus propios derechos; reproche que en el caso no le puede serle formulado.

Con cita de doctrina y jurisprudencia que estima de aplicación al caso, alega que la caducidad de instancia constituye un modo anormal de extinción del proceso y que dado el carácter restrictivo de su interpretación, en caso de duda debe estarse a favor de la subsistencia del proceso.

Afirma que en el caso de autos, se declaró la caducidad de la instancia abierta por su parte, y que al hacerlo, el tribunal omitió un análisis circunstanciado de la cuestión planteada. Sostiene que la errónea interpretación de los antecedentes del caso, ha impedido la adecuada solución de la controversia planteada.

Insiste en que la remisión de los autos a otro juzgado produce la interrupción del curso de la prescripción y que dicho fenómeno interruptivo impide sostener el cumplimiento del término que autoriza la declaración de caducidad de la instancia. A todo evento, señala que la remisión de las actuaciones es considerada por un sector de la doctrina como suspensiva (no interruptiva) de la caducidad en curso y que aún en dicha hipótesis, la perención debe tenerse por no operada.

Señala que hasta la fecha en que los autos fueron remitidos al Juzgado en lo Civil y Comercial de la IIª Nominación (15/3/2002), el término de caducidad no se había cumplido; extremo reconocido por el tribunal a quo. Coincide en que la remisión del expediente en otro juzgado (ad effectun videndi) impedía de hecho la prosecución del trámite de la causa pero entiende que ello no impedía que su parte desplegara actuaciones tendientes a instar el proceso. Expresa que con fecha 23/7/2002, requirió que se ordenara la devolución de los autos y el libramiento de los oficios pertinentes (fs. 77) y destaca que dicha petición se decretó favorablemente con fecha 31/7/2002 (fs. 78). Advierte que los oficios se confeccionan con fecha 05/8/2002 (fs. 79) y que con fecha 30/8/2002, fue notificada de que el expediente había sido devuelto al juzgado de origen.

Se agravia de que el tribunal a quo no haya reconocido eficacia impulsoria a las mencionadas actuaciones y que éstas fueran interruptivas de la caducidad en curso. Reitera que hasta la remisión de los autos (15/3/2002), el término de caducidad no se había cumplido; y señala que desde que le fue notificada la devolución de los mismos al juzgado hasta la deducción del planteo de caducidad de instancia, tampoco puede invocarse cumplido en plazo previsto por el art. 210 procesal (descontando la feria judicial de enero).

Con cita de doctrina que estima de aplicación al caso, señala que si los autos fueron remitidos a otro tribunal, las partes sólo pueden desplegar una actividad útil; cual es, urgir la devolución del expediente para demostrar su voluntad de dar continuidad al proceso. Desde esta perspectiva, insiste en el carácter impulsorio del pedido de remisión de las actuaciones al juzgado de origen y en la incidencia de este acto procesal respecto de la caducidad en curso.

Cuestiona que el tribunal a quo sostenga que estando el expediente fuera del juzgado de origen, el pedido de devolución formulado por su parte, carece de eficacia interruptiva. Afirma que el criterio adoptado contradice las enseñanzas de la doctrina procesalista más calificada y justifica la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Considera que no es contradictorio sostener la suspensión del trámite de la causa como consecuencia de la remisión de los autos a otro juzgado, y admitir que las partes puedan no obstante ello, desplegar actuaciones impulsorias y por tanto, interruptivas del curso de la caducidad. Entiende que la sala sentenciante incurre en una confusión de conceptos y en un consiguiente déficit de razonamiento, que debe ser enmendado por vía del remedio interpuesto.

Cita opiniones doctrinarias y de jurisprudencia concordante, propone doctrina legal, y pide se admita la procedencia del recurso intentado.

IV.- En pronunciamientos reiterados esta Corte ha señalado que como principio, la valoración de la conducta de las partes, configurativas del supuesto de caducidad de la instancia, como así también aquella que provoca su suspensión o interrupción, o la convalidación de la perención ya operada, constituye una cuestión de hecho reservada a los jueces de grado e irrevisable en la instancia casatoria, salvo el supuesto de arbitrariedad (cfr. CSJT, sent. 748 del 25/8/2006, "Azucarera La Trinidad S.A. s/Quiebra"; sent. 700 Varela del 08/8/2006, "Miguel Benito y Varela Miguel Esteban y otros s/Concurso preventivo"; sent. 719, del 30/8/2005, "Nacul, Wadi vs. Alonso Sánchez y otro s/Acción revocatoria"; sent. 712 del 22/8/2005, "Sánchez, René Alberto vs. Miguel Ángel Santellán y otro s/Daños y perjuicios"; entre muchos otros pronunciamientos). Y en el caso, el supuesto de arbitrariedad que por excepción habilite la apertura del recurso interpuesto, no logra ser demostrado por el recurrente.

V.- El tribunal de alzada entendió que el pronunciamiento recurrido debía ser confirmado pues los agravios del apelante carecían de ideoneidad para conmover los argumentos del fallo. La Sala sentenciante analizó los antecedentes de la causa y concluyó:

-que el último acto impulsivo del trámite de la causa fue la providencia de fecha 13/11/2001 (fs. 68) que tuvo por ampliada la demanda interpuesta por la parte actora.

-que con fecha 15/3/2002 se dispuso la remisión de las presentes actuaciones al juzgado civil y comercial de la IIª nominación, lo que operó como causa de suspensión del trámite de la causa (conf. doctrina del art. 211 del CPCC).

-que los plazos se reanudaron recién desde la fecha en que se notificó a las partes que los autos habían sido devueltos al juzgado de origen, lo que ocurrió con fecha 3/9/2002.

-que atento al modo en que incide el fenómeno suspensivo en el curso de la caducidad, el cómputo del término debía hacerse, tomando en consideración el tiempo transcurrido hasta el momento en que se produjo la suspensión con más el tiempo posterior a la reanudación del trámite de la causa.

-que sumando los tres meses de inactividad anterior al día en que se produjo la suspensión de los plazos (por la remisión de la causa al Juzgado Civil y Comercial de la IIª Nominación), a los cinco meses transcurridos luego de la reanudación (hasta que se dedujo el planteo de la caducidad), el término del art. 210 inc. a procesal, se había cumplido.

-que los actos invocados por el apelante como interruptivos de la caducidad en curso (el escrito presentado a efectos de que se solicitara la devolución de los autos, el proveído que así lo dispuso y el libramiento de los oficios correspondientes) carecían de dicha eficacia.

-que estando suspendido el trámite de la causa por la remisión ad effectum videndi de los autos al Juzgado en lo Civil y Comercial de la IIª Nominación, lo era susceptible de ser instado por las partes.

-que no era posible sostener el carácter impulsorio de los actos procesales invocados, cuando los términos no se encontraban corriendo.

-que sólo puede asignarse eficacia interruptiva del curso de la caducidad al "acto procesal dirigido al desenvolvimiento efectivo de la relación procesal, siempre y cuando el mismo se ajuste al estadio procesal del juicio"; extremo que en el caso, no se veía satisfecho.

-que tampoco podía reconocerse eficacia interruptiva a actuaciones cumplidas en los autos donde se ventila la acción de simulación pues so pretexto de una "línea argumental autónoma", se pretendía proponer al debate, cuestiones que no habían sido objeto de planteamiento en la instancia inferior. A mayor abundamiento, consideró que respecto de tales actuados no se verifica identidad de sujetos, ni de objeto, ni de juez competente, y que ello impedía alegar la eficacia de los actos procesales allí cumplidos.

VI.- Pese al esfuerzo argumental desplegado por los recurrentes, el vicio de arbitrariedad que permitiría por excepción la apertura del remedio intentado, no luce configurado.

La doctrina ha admitido que la suspensión de los plazos procesales puede producirse de hecho, cuando median contingencias procesales incompatibles con la continuidad del plazo fijado para el cumplimiento de uno o más actos (cfr. Palacio, Derecho Procesal Civil, t. IV, p. 79, Loutayf Ranea R. y J Ovejero López, en "Caducidad de la instancia", p. 228, editorial Astrea, 1991). Y se ha entendido que a efectos de considerar la eventual configuración de un supuesto de suspensión de hecho del término de caducidad, los jueces deben valorar las concretas circunstancias del caso y calificarlas positiva o negativamente según su prudente arbitrio (doctrina del art. 21 del CPCC; cfr. Falcón Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil, T. III, pág. 866).

En el caso, el tribunal a quo entendió que habiéndose iniciado el cómputo del término de caducidad desde el último acto impulsorio, se produjo una suspensión de hecho, que vedaba a las partes, la posibilidad de cumplir actuaciones procesales útiles en pos de la prosecución del trámite. El reconocimiento del efecto suspensivo por parte de la Sala sentenciante supone la valoración de las circunstancias particulares de la causa y pese a la crítica del recurrente, el criterio adoptado no luce desacertado.

La doctrina ha considerado que la remisión de los autos a otro juzgado provoca la suspensión de la caducidad en curso (cfr. Falcón Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil, T. III, pág, 866). Y esta misma Corte ha entendido que resulta de aplicación la preceptiva del art. 211, segundo párrafo, del CPCC, y que la remisión de los autos a otro juzgado configura un supuesto de suspensión que impide el cumplimiento de actos tendientes a instar el proceso, plazo que se reanuda cuando se hace saber a las partes, la devolución del expediente al juzgado de origen (cfr. arg. CSJT, sent. 651 del 07/8/2002, "Alonso Cano S.A. s/Concurso preventivo. Incidente de verificación tardía").

En la doctrina del pronunciamiento, la existencia de un fenómeno suspensivo, justificaba computar el término del art. 210 inc 1° procesal tomando en consideración el tiempo transcurrido desde el último acto impulsorio hasta la fecha en que se produjo la remisión de los autos al juzgado de donde fue requerido, y desde la fecha en que se comunicó a las partes la devolución de tales actuados hasta el planteo de caducidad de la instancia deducido por los accionados. Y practicado el cómputo de los tiempos mencionados, el tribunal arribó a la conclusión de que el término de seis meses estaba cumplido y que correspondía acoger la perención de instancia planteada.

VII.- El recurrente insiste en señalar que aún cuando la remisión del expediente a otro juzgado autorizara a sostener la suspensión del trámite de la causa, su parte cumplió una actuación impulsoria que justificaba computar los términos de modo diferente al señalado por el tribunal a quo. Sin embargo, el agravio encaminado a demostrar que pese a la suspensión de los términos, se cumplieron actuaciones útiles (los actores reclamaron la devolución de los autos, el juzgado proveyó favorablemente la petición y ordenó el libramiento de los oficios pertinentes) y debía asignarse a las mismas, efecto interruptivo de la caducidad, no pueden prosperar.

El recurrente se desentiende del argumento sentencial conforme al cual, en las concretas circunstancias del caso, existía una suspensión de la marcha del proceso que impedía desplegar actuaciones procesales útiles y que hasta tanto el expediente fuera devuelto al juzgado, no era factible instar el trámite. Y pese a que en algún pasaje del memorial casatorio parece admitir el razonamiento expuesto, insiste en sostener la eficacia interruptiva de actos procesales cumplidos durante la suspensión del proceso.

El tribunal analizó la eficacia de los actos cumplidos y a los que el recurrente atribuye carácter impulsorio e interruptivo de la caducidad en curso, y concluyó que no correspondía reconocerles dicha virtualidad. De un lado, entendió que no podían instar el trámite, si éste se encontraba suspendido, de hecho, por la remisión de los autos al juzgado civil que los requirió oportunamente. Y a mayor abundamiento, consideró que el estadio procesal de la causa, impedía calificar como impulsorios, a actos que no significaban hacer avanzar efectivamente la marcha del trámite a sus etapas ulteriores (solicitud de devolución del expediente, proveído favorable, remisión de los oficios, notificación de la devolución de los autos).

Pese al modo en que se exponen los agravios y a la creativa argumentación del recurrente, no se logra demostrar la tacha de arbitrariedad que se formula contra el decisorio impugnado.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado como actos impulsorios aquellos que instan el procedimiento haciéndolo avanzar hasta la sentencia; que tienden a lograr la prosecución de la relación procesal; el desenlace de la relación procesal, la constitución, conservación, desenvolvimiento, modificación o solución del vínculo procesal. Los actos procesales que poseen eficacia interruptiva de la caducidad, son los que tienen por objeto pedir, realizar o urgir justamente el acto, providencia o diligencia que corresponda al estado del juicio y que tenga por fin poner en movimiento los autos hacia la sentencia definitiva, y no otro cualquiera; es decir, que tengan idoneidad específica para impulsar el procedimiento. Son actos interruptivos de la perención todos aquellos que hacen avanzar el procedimiento, no en el mero sentido externo o mecánico de él, sino los que tienen por finalidad poner al juez en condiciones de dictar sentencia, demostrando no sólo la intención de mantener vivo el proceso, sino de servir para que éste dé un paso hacia adelante (cfr. Loutayf Ranea y Ovejero López, "Caducidad de la Instancia", Astrea, Bs. As. 1991, pág. 94; ver, CSJT, sent. 144 del 07/3/2006, "Zelarayan, Gonzalo vs. Banco Bansud S.A. s/Daños y perjuicios"; sent. 738 del 05/9/2005, "HSBC Bank Argentina S.A. vs. González Garaño Alejo y otros s/Cobros (Ordinario)"; sent. 773 del 25/9/2001, "Mentz, Julio Ernesto y otros vs. Ñuñorco S.A. y otros s/Cobro"; entre otros pronunciamientos). Y desde la perspectiva señalada, el criterio del tribunal a quo no luce desacertado.

VIII.- Ha dicho reiteradamente esta Corte que no basta sostener una determinada solución jurídica, sino que es menester que el recurrente exponga una crítica razonada de la sentencia que impugna, para lo cual tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el decisorio (cfr. CSJT sent. 140 del 18/3/2003, sent. 82 del 27/02/2001; sent. 476 del 10/6/2002; sent. 778 del 25/9/2001, entre otros).

En el caso, la crítica se asienta en la disconformidad del recurrente con el resultado arribado, sin explicar en forma acabada las razones por las que a su entender tal decisión no es acertada. Y sucede que si el impugnante no seleccionó del discurso del magistrado el argumento que constituye estrictamente la idea dirimente que forma la base lógica de la decisión, y no demostró por tanto su desacierto, esta Corte no puede suplir su actividad crítica, ni buscar agravios idóneos allí donde no se los ha manifestado.

IX.- Las costas serán soportadas por el recurrente vencido conforme los principios generales que rigen la materia (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia de fecha 7/2/2007 dictada por la Sala Iº de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR - ALBERTO JOSÉ BRITO - HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA.

ANTE MÍ: MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA