marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acto administrativo, control de legitimidad, personal municipal, cesantía, sumario administrativo, sanciones administrativas, pena, ofensas cometidas por medio de la prensa, Administración Pública, potestad disciplinaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUEVA, RAUL JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 521 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

Es inconsistente el planteo de ilegitimidad del acto de cesantía enunciando el accionante como "hechos nuevos" la sentencia penal que rechazó la querella absolviéndolo de culpa y cargo por los delitos de calumnias e injurias que se le imputaron confirmada por la Cámara, desde que dichas resoluciones judiciales no mejoran la situación del recurrente si se repara en la independencia del sumari o administrativo respecto de la causa criminal, consagrada legislativamente en el artículo 114, Anexo I, ley 9286; de lo que se colige que, en el caso, la Administración ejerció su potestad disciplinaria dentro de los límites legales sin apartarse del presupuesto básico de la acción administrativa, o sea, de la realización del interés público. (De La Disidencia Del Dr. Falistocco A La Que Adhieren Los Dres. Spuler Y Vigo)
Privación ilegal de la libertad, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado, violación de derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, torturas, daño psíquico
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bayarri c/ Argentina s/ Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-10-30

Corresponde que la Corte Interamericana ordene a la República Argentina -en el marco de la causa que concluyó con la declaración de responsabilidad internacional del referido Estado-, el pago de una indemnización en beneficio de quien fue torturado en ocasión de ser privado en forma ilegal y arbitraria de su libertad, bajo prisión preventiva excesiva -por el término de trece años-, atendiendo a gastos futuros en concepto de tratamiento psicológico, con especial consideración de las circunstancias y necesidades particulares en las que se encuentra la víctima.
Accidente de tránsito, responsabilidad de la empresa ferroviaria, responsabilidad del transportador
Materia: CIVIL
Carátula: ARIAS BERNABE c/ FF.CC s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

Si una persona resulta accidentada al caerse del tren al que ya había accedido, jurídicamente debemos estimar que la empresa había celebrado con el viajero un contrato de transporte por el que se obligaba a conducir sano y salvo al pasajero hasta el lugar de destino y el accidente ocurrido durante el curso del transporte constituye el incumplimiento de esa obligación de resultado contraída por la empresa y compromete la responsabilidad de ésta, salvo que probase que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien no sea civilmente responsable (art. 184 del Cód. Com. Y 1113 del Cód. Civil.).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, opción del trabajador, ley sobre riesgos del trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: CARRASCO CARRASCO, EDUARDO P. c/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. s/ COBRO DE SEGURO POR INCAPACIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-02-26

La acción aquí entablada pudo perfectamente tener su génesis dentro del plazo previsto por el Art. 44 de la Ley Nro. 24.557 y su posterior inicio revela por sí sólo el cariz de ser inconducentes las manifestaciones vertidas por la parte apelante referidas a su desconocimiento de la A.R.T. que asegura al empleador.

Tampoco es posible tener por acreditado que el actor se hubiera visto afectado de una real imposibilidad de obrar, ya que demandar por la vía civil a su empleador, fue la pretensión que oportunamente consideró adecuada para satisfacer íntegramente su reclamo, por lo tanto no existió a la fecha de su reclamo civil ni posteriormente obstáculo ni impedimento imprevisible ni insuperable de haber optado por impetrar su reclamo en base a la Ley del Riegos del Trabajo.

El propio actor, quien optó por un régimen en detrimento de otro, no transitó cuando su acción se hallaba "expedita" un camino que es el que luego pretende utilizar, por lo tanto sus propias acciones desde que ocurrió el accidente, descartan "per se" la configuración de los elementos que normativamente deben merituarse a fin de tener por dispensado el curso de la prescripción cumplida.

La falta de rechazo por parte de la A.R.T dentro del plazo de 10 días de recibida la denuncia conforme surge del Decreto Nro. 717/96, modificado por el Nro. 491/97 en modo alguno podrá ser atendida dado que tales efectos solo resultan aplicables dentro del régimen integral previsto en la Ley 24.557, y la prescripción está contemplada como defensa derivada del derecho común.
Accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: PENAL
Carátula: Pais, Eduardo Roberto s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

La calidad de embistente es presunción de culpa iuris tantum que debe ser corroborada con otros elementos de prueba. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Municipalidad, régimen de consolidación de deudas, desindexación
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Vialco S.A. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.   C.S.J. Nro. 619 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

No puede ser analizada en esta etapa del proceso la solicitud de aplicación de la ley 24.283 formulada por la demandada en el responde desde que la ausencia de una cantidad líquida y determinada de la deuda del Municipio trae aparejada la imposibilidad de establecer la comparación a que hace alusión la Ley de Desindexación entre lo que se manda a pagar y el valor actual y real de la cosa, bien o prestación al que refirió el objeto del juicio.
Doctrina de los actos propios, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Armer S.A c/ Bosio, Luis Enrique y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-04-16

A efectos de la operatividad de la denominada Teoría de los Actos Propios, se requiere una conducta anterior relevante, eficaz y vinculante, ello se traduce en una primera conducta que tenga trascendencia jurídica y que además suscite la confianza de un tercero.

Eficaz, en cuanto inexistencia de vicios y vinculante en cuanto por una acción voluntaria se reconocen derechos a favor de otro, relación jurídica que no puede ser desconocida posteriormente. Se requiere entonces de dos conductas, una primera y una segunda contradictoria con aquélla, esta es la base para la aplicación de la teoría.

En el caso de autos, no cabe duda de la existencia de una primera conducta jurídicamente relevante al firmarse un convenio de pago, pues dicho acuerdo está referido a un expediente judicial individualizado, a un reconocimiento de deuda y a un consentimiento de la sentencia. Dicho convenio es jurídicamente eficaz, pues no se acreditan los vicios denunciados y es vinculante. También se verifica la conducta contradictoria, pues luego de haber firmado el acuerdo que ha sido homologado, consintiendo en el mismo tanto la sentencia cuanto la propia homologación, intenta enervarlo.

Resulta entonces de aplicación la teoría de los propios actos y en virtud de ella corresponde la desestimación del recurso de apelación intentado, declarando la validez del acuerdo celebrado, su homologación y la declaración de su correspondiente estado de cosa juzgada.

Va de suyo entonces que los agravios referidos a la sentencia y el intento de nulificar sus efectos, por las mismas razones indicadas supra no pueden prosperar.
Derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, movilidad del haber jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

El cambio de un régimen de movilidad por otro no contraría el art.

14 bis de la Constitución Nacional (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Contratos innominados, tareas de siembra, servicios en tierra
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Acerra, Nicolás Ruben y otros c/ Bapro Mandatos y Negocios SA y otro  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-14

Hay pool de siembra cuando una de las partes llamada "administradora" contrata la utilización de tierra a tenedores legales y los servicios de contratistas agrícolas para efectuar las labores de explotación. Gestores o promotores son los que financian el proyecto, por lo que administradora y financistas son quienes asumen el riesgo en la actividad agraria (conf. Carranza Torres, Luis R. "Contratos agrarios usuales", pág. 327, Ed. Alveroni). Se ha considerado, también, que estos llamados pools de siembra constituyen una forma asociativa en la cual se unen bajo una administración centralizada distintos factores que tienen por objeto ordenar y organizar a aquéllos que integran el proceso productivo de manera tal de obtener una rentabilidad interesante a los inversionistas. Así, se observa que este tipo de asociación puede viabilizarse a través de diversas figuras jurídicas, ya sea como fideicomiso, fondo común de inversión, una sociedad comercial o, mediante una unión transitoria de empresas (véase Garzón, Maria Constanza, "Acerca del denominado pool de siembra (algunas posibilidades legales para su constitución)", LL. AR/DOC/3455/2005).
Acumulación de procesos, procesos de conocimiento, procesos de ejecución
Materia: PROCESAL
Carátula: BANADE PATRIMONIO EN LIQUIDACION c/ PEREZ, AGUSTIN MANUEL Y OTROS s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-20

No procede la acumulación de procesos cuando se trata de uno de conocimiento y otro de ejecución, por no sustanciarse por los mismos trámites y constituir un factor de frustración de la vía sumaria elegida por el accionante (cfr. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", T. II-C, p. 464).
Recomendaciones de organismos internacionales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reservas a tratados internacionales, interpretación amplia, garantías personales, garantías procesales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - Observación General N° 32 c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2007-08-23

Atenta la naturaleza especialmente compleja que plantea el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en tanto combina garantías diversas en distintos ámbitos de aplicación, corresponde que el Comité de Derechos Humanos indique a los Estados Parte que rigen en forma permanente, con independencia de las actuaciones e instancias internas y que efectuar una reserva al derecho a un juicio imparcial, resulta incompatible con el objeto y fin de la norma convencional.
Prueba documental, competencia penal, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guilleron, Osvaldo Marcelo c/ Expreso City Bell y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-09

El informe que la empresa demandada brindó en la causa penal ofrecida como prueba, no es, en su esencia, otra cosa que una declaración de parte que, en forma escrita, se introduce en un documento. En consecuencia no sirve para probar contra un tercero ajeno a la confección de tal documento.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, decretos
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PALENA LUCIO M. Y OTRO c/ ESTEBAN SCARAFIA - s/ ORDINARIO - PERENCION DE INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-02

La interrupción de la caducidad o perención de la instancia, se produce cuando se ha efectuado un acto que sea adecuado a dar impulso al proceso, y que se verifique antes del vencimiento de los plazos para que ella opere a petición de parte (Palacio, Manual, T II, p. 54).

En este aspecto, debe tenerse como acto interruptivo de la perención de la instancia , la solicitud por la cual los actores requieran la ampliación de un decreto, por haberse omitido citar a estar a derecho.

El decreto, es totalmente incompleto cuando no establece el plazo para que los terceros deban comparecer a estar a derecho ni los apercibimientos que ello puede acarrear, y de esta forma, la circunstancia de que se haya pedido la complementación del proveído, constituye un acto interruptivo con los alcances de ley.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cussomano, Luis Salvador y otro c/ Empresa Halcon y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

Las conclusiones de un dictamen pericial poseen fuerza convictiva suficiente si el experto se expide sobre cuestiones técnicas y no se dan argumentos científicos que demuestren que el mismo está equivocado (arts. 457, 473 y 474, CPCC.).
Concesión errónea del recurso, empleo público, diferencias salariales, igual remuneración por igual tarea
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Roble, Carolina c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

En su recurso de inconstitucionalidad, la actora pretende que se reestablezca la declaración de inconstitucionalidad de la ley n° 5936 ya que sostiene, esencialmente, que viola la garantía de igualdad al privarla de la percepción del Fondo Estímulo pese a que realiza las mismas tareas que aquellos agentes de su misma dependencia que sí lo reciben. Sin embargo, no justifica por qué el criterio de distinción que tuvo en cuenta la Legislatura -la existencia de un derecho adquirido que reputó consagrado en cabeza de quienes venían percibiendo el suplemento a la fecha de sanción de la ley cuestionada- es arbitrario, irrazonable o persigue efectuar una distinción odiosa o persecutoria entre los agentes de la administración local. Así, no se hace cargo de que el criterio de diferenciación que el Poder Legislativo tuvo en cuenta no fue meramente una fecha seleccionada en forma arbitraria, sino el derecho adquirido a la no reducción de los haberes que reputó consagrado en cabeza de quienes ya venían percibiendo el beneficio, y que no asiste a quienes nunca lo cobraron. En otras palabras, la fecha de ingreso a la dependencia es un elemento accesorio o circunstancial y el criterio de distinción relevante radica en la configuración del derecho adquirido a la no disminución de sus haberes que se verificaría respecto de ciertos agentes -entre los cuales la actora no se encuentra-. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Proceso contravencional, facultades del fiscal, acción contravencional, acción pública, contravenciones de juego
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: ONISZCZUK, Carlos Alberto y VILLAR, Valeria s/ Infr. art. 116 ley 1472 (Elcano 3498) Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-20

En el caso, la defensa oficial del imputado aduce que la conducta endilgada a su defendida por la fiscal de grado, esto es, las previstas en los artículos 116 y 117 del Código Contravencional, escapa a las previsiones de imputabilidad oficiosa de la ley, ya que ésta carece de facultades para ejercer la acción contravencional sin que hubiera de parte del ofendido la instancia de la acción judicial sosteniendo que tanto el artículo 1 y el artículo 19 de la Ley 1472 se lo impiden.

Ahora bien, contrariamente a lo argumentado por el recurrente y tal como sostuvo el Sentenciante, no siendo en el caso la acción contravencional respecto de los artículos en cuestión dependiente de instancia privada, recae en el Ministerio Público Fiscal la facultad de instar la investigación; es que "la puesta en conocimiento de la eventual comisión de ilícitos de acción pública, resulta circunstancia suficiente para que se proceda a su investigación de oficio ..." (CNCRIM Y CORREC FED, Sala I, C. 36663- 16/09/04- el Dial-AA2531).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentos insuficientes, juegos de azar, QUINI SEIS, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: GALIAN, ERNESTO Y OTRO c/ CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL Y/U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRACTUALES   (EXPTE.: C.S.J. NRO. 127 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la Alzada, al fundar su decisión estrictamente en la validez de las cláusulas reglamentarias eximentes de responsabilidad, ha omitido analizar la posible incidencia que los incumplimientos de la reglamentación vigente alegados por los actores podrían tener en la atribución de responsabilidad a la Caja como organizadora del juego del Quini 6.

Es que si bien en un primer nivel de análisis podría sostenerse la suficiencia de los motivos esgrimidos por el a quo para sustentar lo resuelto, tal apreciación podría variar a poco que se profundice en el estudio del caso, por cuanto cabe advertir que el Tribunal no se pronunció respecto de una serie de planteos y elementos obrantes en autos- carpetas de antecedentes de los permisionarios y expedientes administrativos- que, en el particular contexto fáctico de la causa, adquirían relevancia, pues de haber sido debidamente ponderados, podrían haber conducido a los juzgadores a una distinta conclusión en punto a la viabilidad de la demanda interpuesta.

En consecuencia, al omitir en su labor jurisdiccional la valoración de ese cúmulo de circunstancias que remarcaban la especialidad del caso, el a quo incurrió en una insalvable falencia de fundamentación, al no haberse hecho cargo "de todas las dimensiones o materias involucradas decisivamente", careciendo así su razonamiento del sustento necesario como condición de validez. (De la Disidencia del Dr. Gutiérrez)
Aplicación errónea de la ley, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Uñate, Hugo Lázaro s/ RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Carlos E. Scaltritti en contra de la sentencia Nº 63/09 de fecha 16 de diciembre del 2009, en causa letra "U", Nº 96/09 'UÑATE, Hugo Lázaro p.s.a. Abuso Sexual, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-07-02

El asistente técnico del imputado interpuso Recurso de Casación contra la sentencia que lo condenó a la pena de 13 años de prisión como autor penalmente responsable del delito de Violación Agravada (Art. 119, inc. 1º en función de los Arts. 122 y 45 del Código Penal, ley vigente a la fecha de comisión del hecho).

Concretamente, lo que aquí corresponde analizar es si efectivamente el tribunal de mérito ha incurrido en una errónea aplicación de la ley sustantiva al modificar la calificación legal del hecho, conforme lo asevera el impugnante.

Ha quedado demostrado que, más allá de las disquisiciones formuladas, el titular de la acción penal, pese fundar su solicitud en la ley actualmente vigente, lo hizo readaptando su pedido a lo prescripto por las normas vigentes al momento del evento criminoso endilgado al acusado, justamente por resultar más favorable al imputado.

Concretamente, la aplicación ultraactiva de la ley penal vigente al momento del hecho, efectuada por el tribunal de juicio, de ningún modo resulta violatoria del principio de legalidad (art. 18 C.N.; art. 2 C.P.), y en modo alguno ha perjudicado o agraviado al imputado, a lo que se suma que los fundamentos brindados por el casacionista no alcanzan a demostrar que con lo resuelto se hubiera alterado o que modificado el concepto de la figura típica, o que el imputado no haya podido defenderse, probar y alegar lo que consideraba a su derecho.

Del mismo modo, la defensa del incoado ha omitido demostrar que la ley aplicada le perjudique, o que la norma vigente resulte menos gravosa. Ello en tanto al momento de imponerse la condena por el hecho que a criterio de la Cámara resultó probado, y cuya autoría se atribuye al imputado, se encuadró el mismo en la ley que regía al momento de su comisión, cuya amenaza penal -de ocho a veinte años de prisión- es idéntica a la del actual art. 119 cuarto párrafo inc. "b", por ser el abuso sexual cometido por un ascendiente-, tipo legal por el que acusó el Fiscal de Cámara.

De manera que la ley aplicable, por imperio de lo que determina el artículo segundo del código de fondo, es el ordenamiento vigente al momento de los hechos, que reprime la conducta atribuida con la misma severidad que la ley actualmente vigente.

En razón de lo expuesto corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto por este agravio.
Declaración testimonial, nulidad del acto jurídico, parentesco
Materia: PENAL
Carátula: CEJAS MONICA ROMINA, GONZALEZ MARIA ESTER, GONZALEZ DANIEL OMAR S.D ABORTO E.P NN PERSONA POR NACER s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-11

El testimonio de la madre que ha sido recibido en una causa que tenía como imputada a su hija, ha contrariado lo dispuesto por el Art. 207 del Código de rito, que conmina con nulidad la inobservancia de esa disposición, tratándose de una nulidad absoluta.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: V. R. O. c/ R. A. C. s/ Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-15

"Nada más lejano al sentido de lo que aquí llamamos principio del interés superior del niño, creer que el interés superior del niño debe meramente "inspirar" las decisiones de las autoridades. No, el principio del interés superior del niño lo que dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades".
Contratos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Prietropaolo, José María y otra c/ Gambacorta, Hugo Aldo y otra s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

En lo que atañe a la prueba, dispone el art. 2246 (ref. por la ley 17711) que el mutuo no podrá probarse 'sino por instrumento publico o por instrumento privado de fecha cierta si el empréstito pasa del valor de diez mil pesos. Es obvio que esta disposición solo se aplica en las relaciones con terceros. Entre las partes rigen los principios generales de los arts. 1191 y 1193.-
Excepciones procesales, competencia por el territorio, despido, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Fazzito, Gustavo Fabián c/ Lardo, Pablo Martín s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-28

En el caso, si bien es cierto que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 4 del CPCCN y 67 de la L.O., la oportunidad para que el juez decline su competencia de oficio coincide con la presentación inicial, no solo no se sigue de ello que deba hacerlo indefectiblemente en la primera intervención, cual si existiera una suerte de plazo de caducidad al respecto, sino que, en lo que refiere al presente caso, tampoco se observaron decisiones que traduzcan el consentimiento indeclinable de su intervención, pues al margen de que no existió resolución alguna destinada a sustanciar la controversia, es lógico que el análisis relativo a la aptitud jurisdiccional fuera pospuesto para la oportunidad en que quedara consentida la decisión de desacumular las pretensiones, desde que, hasta allí, el domicilio de la aseguradora en esta ciudad podría justificar la intervención del tribunal. Cabe concluir que respecto de la acción contra el empleador, no se verificó ninguno de los supuestos a los cuales el art. 24 de la L.O. condiciona a la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo, por ello la resolución de incompetencia debe ser confirmada. (Del voto del Dr. Perugini, en mayoría)