marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interés del menor, SIDA, prisión domiciliaria, madre del menor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Giménez, María del Carmen s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-02

Si beneficiada con el régimen de prisión morigerada que nuevamente pretende, la encartada no sólo incumplió con sus obligaciones procesales, sino que habría insistido en la senda delictual, la concesión del arresto domiciliario no se presenta como la mejor opción para contemplar el interés superior de los niños, no obstante la conveniencia de que el tribunal a cargo de la ejecución, articule lo que resulte pertinente para verificar y asegurar el debido resguardo de la cobertura de las necesidades básicas de los menores, especialmente en lo que respecta a su salud y educación. La circunstancia de que la encartada sea portadora del virus HIV, sin padecer enfermedades asociadas, no justifica la prisión domiciliaria si la unidad penitenciaria donde se aloja se encuentra en condiciones de asistir a pacientes con esta patología.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, sentencia definitiva, primera instancia, cosa juzgada, principio de inmutabilidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco del Buen Ayre SA c/ Paladea, Juan Carlos y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-15

Este Tribunal ha barruntado sobre la posibilidad de suspender los efectos de una sentencia firme dictada en otro proceso y por otro juez en el marco impugnatorio de una acción de nulidad por cosa juzgada írrita concluyendo, en consonancia con autorizada y especializada doctrina, que aquella solicitud exorbitaba las fronteras de los pedidos precautorios clásicos (conf. 26/2/15, "Salimei Jorge Martin y otros c/ Sasetru SA s/ quiebra s/ ordinario", Expte. COM N° 7167/2014). Se consagró su procedencia excepcional y restrictiva y que sólo correspondía en la medida que se verificara una "certeza suficiente" como grado de conocimiento (más que una mera probabilidad o fumus bonis iuris) acerca de la existencia del derecho de fondo hecho valer por los actores, la urgencia dada por la acreditación de un perjuicio irreparable o daño irreversible y el otorgamiento de las cauciones pertinentes (cfr. Carlos Alberto Carbone, "Naturaleza jurídica de la orden que paraliza la ejecución de sentencia ante la interposición de la demanda de acción autónoma", en La impugnación de la sentencia firme, Peyrano -dir.- y Carbone -coord.-, Santa Fe, 2006, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. I, págs. 345 y ss.).
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, sentencia, cosa juzgada formal, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz, Jorge Omar y otros c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca y otros s/ Acción de amparo S/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-04-14

En autos, se invoca la causal prevista en el inc. "b" del art. 298 del C.P.C. -errónea aplicación e interpretación de la doctrina legal- como vicio habilitante para quebrar el pronunciamiento de grado, que rechazó la acción de amparo interpuesta por agentes de la Administración General de Rentas contra un decreto que instrumentó una reducción salarial. En ese orden, esta Corte de Casación, mediante reiterados y uniformes pronunciamientos, tiene sentada jurisprudencia en el sentido de que el amparo judicial se distingue por la índole de los derechos materiales que tiende a tutelar, comprendiendo aquellos que, por su claridad y evidencia, no admiten discusión judicial a su respecto, situación que conlleva que el amparo constituye una garantía constitucional dotada de un procedimiento sumarísimo y de excepción, en el cual no deben escatimarse los medios que aseguren los efectos jurídicos de su razón de ser. Si la acción fue denegada por considerar los magistrados de grado que no se encuentra acreditada la ilegalidad clara y manifiesta del acto cuestionado y desestimaron la pretensión por no haber llegado a la convicción de la existencia de los derechos conculcados, la sentencia recaída no adquiere los perfiles de definitiva y, por lo tanto, no hace cosa juzgada material sino meramente formal, dejando subsistente y reservado al amparista la proposición de las acciones ordinarias a que hubiere lugar, en las que podrá afirmar y probar su pretensión. Por lo tanto, el fallo recaído en autos al desestimar el amparo no resulta susceptible de ser revisado en esta instancia casatoria, ya que solamente declara inadmisible la acción por no ser manifiestas la arbitrariedad e ilegalidad del acto objeto del amparo, lo cual no significa que no existe y no pueda ser establecido en otro tipo de procedimiento.
Sentencia, fundamentación de sentencias, sana crítica racional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: PONCE OSVALDO RAMON s/ MALVERSACION CULPOSA REITERADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-04-22

El sistema de la sana crítica racional a través del que se debe efectuar la valoración del material probatorio incorporado legalmente al proceso penal (art. 193 C.P.P.), al estar conformado por las reglas de la experiencia común, la psicología y la lógica, admite que la declaración de certeza sobre la participación del imputado en la comisión de un hecho delictivo, pueda acreditarse no tan sólo con pruebas directas, sino también con elementos de convicción indirectos, entre los cuales se destacan las presunciones y los indicios. Estos son la prueba indirecta por excelencia.

De no ser así, no tendría cabida el principio de la "libertad probatoria" reconocido en la ley adjetiva por el que "todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas por las leyes" (art. 192 C.P.P.).-
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentación de sentencias, acción de amparo, inexistencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BESACCIA, NORBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ Recurso de inconstitucionalidad (Queja admitida)-Recurso de amparo-  Apelación (Expte.: C.S.J. Nº. 215 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-26

Si bien es cierto que en el decisorio recurrido las consideraciones generales que efectúa la mayoría acerca del amparo no evidencian una sujeción estricta a las directrices que emanan del precedente "Bacchetta", y -más aún- se invocan opiniones autorales que no muestran un pensamiento unívoco sobre el tópico, magüer esa deficiencia, el decisorio impugnado no merece reproche desde el plano constitucional. Ello es así porque más allá de esos conceptos generales, lo cierto es que los juzgadores, al valorar ya en concreto las distintas cuestiones que componían la litis, examinaron puntualmente lo atinente al plazo de caducidad y a la existencia de otras vías idóneas, concluyendo, por las razones que esgrimieron, que la acción no podía reputarse caduca (cómputo desde la última negativa de la Administración, continuidad del estado de situación) y que los otros carriles, dadas las particularidades de la causa, no se mostraban eficaces para la consecución del fin perseguido en autos (Ley 10.000). (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Automotores, inscripción registral, titular del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Rojas de Anido, Lilia c/ Frías Segovia, José Luis y/o La Buena Esperanza SRL s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-11-12

El art. 27 Ley 22.977, no consagra una presunción de propiedad, sino una presunción de responsabilidad, en cuya virtud aquél que tiene inscripto un automóvil a su nombre -inscripción que tiene efectos constitutivos- resulta responsable de los daños que ese automóvil ocasione, aunque de hecho no sea ese propietario registral quien tenga la guarda material del vehículo, ya que, mientras sea titular del dominio en el registro pesa sobre él la guarda jurídica de la cosa.
Dominio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arrondo, Martha Sarah c/ Cabezas, Antonio y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-18

Demostrado que además del título y la inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad, la actora ha obtenido la tradición del inmueble, es suficiente para que el derecho real de dominio haya quedado perfeccionado en cabeza de la misma (arts. 577, 1184 inc. 1 y 2505 Cód. Civil; arts. 2 y 3 ley 17801), razón por la cual se encuentra legitimada para promover la presente acción de desalojo (art. 676 Cód. Procesal).
Confirmación de sentencia, gastos de vestido, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: QUINTANA AGURTO CLEMIRA c/ LOPEZ HECTOR MANUEL Y OTRO s/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-01

Cabe confirmar la sentencia de grado en cuanto ha rechazado la reparación por los gastos de vestimenta, toda vez que, si bien es cierto que la rotura o deterioro de la ropa de la víctima como consecuencia del accidente puede presumirse, no se ha aportado ningún elemento probatorio sobre las concretas circunstancias del hecho dañoso, más allá del día, hora y lugar de producción, por lo que no se cuenta con datos objetivos que permitan formular aquella presunción.
Seguros, seguro de caución, incumplimiento del contrato, acción judicial, asegurador, improcedencia del recurso, desistimiento, rechazo del reclamo
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Aceros Zapla SA c/ Ferroaleaciones SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-05

Procede confirmar la resolución que rechazó la demanda por incumplimiento contractual, en el marco de un contrato de compra de cierto metal a la codemandada -sociedad extranjera-, el cual nunca fue entregado. Ello por cuanto, en el caso, el desistimiento de quien fuera el obligado a la entrega del material que se reputó incumplida, en tanto implicó dejar de perseguir el cobro del sujeto a quien se atribuyó responsabilidad contractual al demandar, resulta dirimente y determinante para el rechazo de la acción en todos sus términos. Y respecto de la otra demandada, no existen elementos que permitan establecer que haya quedado involucrada en la operación de compraventa celebrada. Es que en el vínculo asegurativo de caución, ésta resulta ser tomador del seguro, no cupiendo extendérsele la responsabilidad emergente del incumplimiento de la entrega de la mercadería, obligación que correspondía, según la propia actora, a la sociedad extranjera. Ello así, deviene intrascendente la incontestación a la demanda de la tomadora y sus efectos, previstos en el CPR 356-1°, pues la admisión tácita de los hechos, en este caso, no logra superar la circunstancia de no habérsele endilgado a responsabilidad por el negocio -el contrato de compraventa- incumplido. La simple mención en el libelo inicial, de la condición de casa matriz de ésta respecto de la empresa extranjera, tampoco implica atribución de responsabilidad. Lo expuesto, al margen de que el vínculo matriz-filial, como principio, no determina la asunción de responsabilidad de la primera respecto de la segunda en razón de la autonomía jurídica y su independencia económica.
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, liquidación de recursos de la Seguridad Social, deuda previsional, reajuste jubilatorio, período previsional de liquidación, programa de pagos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Salas, Dora c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Cobro de pesos de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-05

Teniendo en cuenta la expresa oposición formulada por la actora respecto de la fecha de pago establecida por el Decreto Nro. 2497/98, la conformidad entre las partes se limitó, en el marco del presente proceso, exclusivamente al quantum del crédito.

Ante la ausencia del acuerdo de voluntades respecto de la cancelación del crédito de la actora -en los términos del Decreto Nro. 2497/98- éste resulta inaplicable toda vez que se encuentra ausente el presupuesto de su operatividad -condición suspensiva- que consiste, precisamente, en la aceptación por parte de los beneficios de las condiciones allí establecidas.

En consecuencia, sus disposiciones devienen inoponibles a la actora -quien en ningún momento la consistió- y, en tal medida, resultan inhábiles para desplazar el régimen de alcance general por el de carácter específico, esto es, el Decreto Nro. 2497/98.
Ejercicio profesional, jubilaciones, matrícula profesional, régimen jubilatorio, régimen jubilatorio provincial, compatibilidad previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Aramouni, Antonio c/ Caja de Seguridad Social para Profesionales de Ciencias Económicas s/ inconstitucionalidad decreto - ley 9963.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

El art. 56 del decreto - ley 9963 de la Provincia de Buenos Aires en tanto dispone como requisito para la percepción del beneficio jubilatorio la cancelación de las matrículas del profesional en todas las jurisdicciones del país, resulta contradictorio con el principio contenido en el art. 56 de la ley 18.038 que dispone que los regímenes jubilatorios provinciales deberán adecuarse a los principios establecidos en ella, entre los que se encuentra el que permite al titular de un beneficio jubilatorio continuar o reingresar en la actividad autónoma (art. 46, inc a, de la ley 18.038, concordante con el art. 34 de la ley 24.241, modificado por la ley 24.463) (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert)
Administración de vialidad provincial, relación de dependencia, aplicación de la ley, facultades no delegadas, convenios colectivos de trabajo
Materia: Administrativo Constitucional
Carátula: Jure, Luis César y otros c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-06-05

Es clara en este sentido la propia Ley Convenio 20.320, que no les es impuesta a las provincias, las que pueden adherirse, ya que, la regulación de las relaciones de función o empleo público que une a cada Estado Provincial con sus agentes , y sobre cuya naturaleza la doctrina aún discrepa, esencialmente vinculada a la noción de servicio público, no es materia delegada al Congreso Nacional.
Juicio de desalojo, recurso de nulidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: MACAGNO MARIA ESTER c/ RAMIREZ DOMINGO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-11

Al no tener el recurso de nulidad autonomía (art. 1265 C.P.C.), y habiendo el señor juez a-quo denegado el recurso de apelación por no haberse satisfecho los alquileres al tiempo de su interposición torna improcedente la sustanciación de nulidad. En nuestro sistema procedimental, el recurso de nulidad está atado en su forma y trámite al de apelación y condicionado a que éste sea formalmente procedente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

Es insuficiente el cuestionamiento de la invocación de un testimonio sosteniendo el interés del testigo en el resultado de la causa, fundado en referencias genéricas y omitiendo demostrar la objetividad del supuesto vicio y la transgresión legal en que habría incurrido el tribunal al utilizar el indicado testimonio.
Obligatoriedad del fallo plenario, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Campos, Luis J.O. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-02

Sigue vigente en punto a la firmeza de la sentencia la doctrina plenaria sentada por esta Cámara en el plenario "Agüero" que estableció que la sentencia adquiere firmeza cuando esta Cámara declara inadmisible el recurso extraordinario. La disidencia expresó que el Tribunal no se encontraba facultado para practicar el cómputo de pena respecto del encausado, toda vez que la sentencia condenatoria no había adquirido firmeza frente al recurso de queja interpuesto. (Dres. Catucci, Ledesma -en disidencia- y Mitchell).
Libros de comercio, actos de comercio, valor probatorio, comerciante
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Roca Sanitario SA c/ Blattar SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-08

La prueba de los libros contables sólo valdrá para quien los lleven en legal forma, en cambio, cuando ello no ocurre y la parte contraria acredita haber cumplido con la exigencia respectiva, es dable aceptar los registros de este último como plena prueba de los aspectos debatidos (CCOM 63, CCCN 330).
Acta judicial, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Lefevre, Carlos A. s/ recurso de casación. Causa: 457
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-15

Las actas serán nulas en caso de incumplimiento de los requisitos formales mínimos que enumera la ley. Las omisiones, por otra parte, constituyen una enumeración taxativa, precisamente por la sanción con que son fulminadas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravamen eventual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANDOVAL, JOAQUIN ELOY c/  s/ HOMICIDIO CRIMINIS CAUSA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-20

Cabe desestimar las postulaciones dirigidas contra la sanción punitiva, desde que la recurrente no logra demostrar que la prisión perpetua impuesta le irrogue un gravamen actual y efectivo; y tales afectaciones, si así se estimare, podrían ser traídas a consideración de este Tribunal por vía del recurso extraordinario cuando el condenado se encuentre en condiciones de peticionar los beneficios penitenciarios del período de prueba o de acceder a la libertad condicional y, oportuna y eventualmente, le fueran denegados; por lo que se está ante expectativas futuras que no son inmutables y por ende, se torna inadmisible -por prematuro- su tratamiento. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 309, p 457; T 317, p 315; T 317, p 412 y T 319, p 192. - Jurisprudencia vinculada: Zapata, AyS T 321, p 449/454, sumario J0050556; M; F. J., AyS T 320, p 164/170, sumario J0050484.
Faltas, proceso de faltas, notificación, cédula de notificación, nulidad de la notificación
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ruiz Diaz Oberti, Osvaldo Enrique s/ Estacionar en lugar de ascenso y descenso de pasajeros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

Cualquiera que sea el defecto de una notificación, resulta claro que, si ésta logró su fin -esto es, dar a conocer al destinatario aquello que se ha dispuesto-importa poco como lo alcanzó (Expte. nº 4368/05 "Cano, Osvaldo Rodolfo s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: "Cano, Osvaldo Rodolfo c/GCBA s/impugnación de actos administrativos", rta. 21-06-06, voto del Dr. Julio Maier).

En el caso, no nos encontramos en condiciones de afirmar que, pese al error que existió en el nombre del infractor consignado en la cédula, el infractor conoció la resolución en término pues la cédula no fue entregada a persona alguna, siquiera al encargado del edificio, sino que, según surge del acta labrada por el oficial notificado al dorso de la cédula, solamente fue fijada en el domicilio, desconociendo si ello sucedió en la puerta de acceso al edificio o de la unidad funcional.

Ello así y en virtud de lo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad que establece que "Son nulos los actos que vulneren garantías procesales...", el error en la identidad del notificado equivale a la inexistencia de la comunicación, y en consecuencia corresponde declarar la nulidad de dicha notificación por cédula.
Competencia de instrucción, denuncia, violencia familiar, competencia civil
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Expte. Nº 152-STJ-2.012 - Juez Civil, Comercial y Laboral del la IV - Circunscripción Judicial Dr. Italico H. Lirussi S/ Rechazo de Incompetencia en Autos: "Expte. Nº 286/2.012 - Cerdan, Juana Isabel s/ Ley 3.325 - Violencia Familiar en Expte. Nº 691/2.011 - Caseres Chamorro, Santiago s/ Amenaza" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-02-14

Corresponde remitirse la causa al Juzgado de Instrucción, y en forma urgente -en atención a implicancias que pudieran derivarse ante la denuncia de violencia familiar y al tiempo que transcurriera desde la fecha en que la misma se efectivizara-, se remita al Juzgado Civ., Com. y Lab., y hacer conocer a ambos juzgados la resolución que recaiga, desprendiéndose de las actuaciones, que se ha generado un dispendio jurisdiccional innecesario, con envío, reenvío y/o elevación de la causa entre diversos organismos judiciales, en detrimento de la celeridad que debe primar en el servicio de justicia, a mérito de que surge claramente que se ha realizado una denuncia penal por el delito de amenazas. (del voto por su fundamento del Dr. Zarza)
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, pagaré, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viveros, T. c/ Piñeiro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Los títulos que expresan una obligación pagadera en diversos plazos no constituyen un pagaré; en nuestro derecho no es posible librar títulos cambiarios con vencimientos escalonados. El último párrafo del art. 35 (art. 103 D/L 5965/63) no deja lugar a dudas que un pagaré con vencimiento escalonado o en cuotas, es nulo, y como tal inhábil para ser ejecutado.
Acto administrativo, juicio ejecutivo, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Buckle, Dora c/ Provincia de Buenos Aires (Inst. Prov. de Lot. y Casinos) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

La medida cautelar específica del proceso administrativo consiste en la suspensión de las resoluciones "reclamadas" en el escrito de demanda, con el alcance que a ese término le atribuye el artículo 1 del C.P.C.A. en tanto objeto de impugnación judicial por demanda contencioso administrativa (conf. nota del codificador al art. 22 del C.P.C.A.). (Minoría u opinión personal)
Prenda, instrumentos privados
Materia: PENAL
Carátula: BALDASARRE NESTOR, HABERRKON HERNAN, BADESICH CLAUDIO CASARINO Y OTROS S.D ASOCIACION ILICITA, ESTAFA, FALSEDAD IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO PUBLICO E.P ESTELA MARIA IBAÑEZ, CITIBANK Y OTROS. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-02-16

La anotación registral de la Prenda no tiene la virtualidad de mudar la naturaleza del documento prendario; no lo convierte en instrumento público ni permite atribuir plena fe a las enunciaciones consignadas en él; continuará siendo instrumento privado con fecha cierta. De allí que al domicilio constituido en el contrato de prenda debe asignársele la misma virtualidad del domicilio "especial" constituido en instrumento privado frente al traslado de la demanda y la impertinencia de asimilarlo a un domicilio "ad -litem" -privándolo de efectos- hasta tanto estén reconocidas las firmas por aquellos a quienes le son atribuidas.
Servicio militar, conscriptos, accidente en acto de servicio, daños y perjuicios, indemnización, acción civil
Materia: PROCESAL
Carátula: CACHIZUMBA, Pedro Rubén c/ E.N. (Ejército Argentino) s/ retiro militar y fuerzas de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-11

Para iniciar la demanda por indemnización del daño causado con base en lo prescripto por la legislación civil (según lo pretende el actor, fundándose en los arts. 43, segunda parte, 1078, 1109 y 1113 del C.C.), no es en modo alguno necesaria la declaración por parte del Ejército Argentino de que la enfermedad guardó o no relación con los actos del servicio, pues ello no constituye condición indispensable para recurrir contra la mencionada institución como persona jurídica responsable por los daños que causen quienes las dirijan o administren (art. 43 C.C.), u obligada a resarcir el daño por actos ilícitos, culposos o negligentes (arts. 1078 y 1109 C.C.).