Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-05-09


AUTOS N° 20.765 (96.660 - 3° CIVIL) "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ Autotransportes SOCASA S.A. - Ejecución Fiscal" L. DE S. T° 110, F° 81/85 En la ciudad de San Juan, a 9 días del mes de mayo del año dos mil once, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. GILBERTO A. RIVEROS, y el señor Vocal DR. PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.765 (96.660 - 3° CIVIL) caratulados "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ AUTOTRANSPORTES SOCASA S.A. - EJECUCIÓN FISCAL", dictada en fecha diez del mes de noviembre del año dos mil nueve, obrante a fs. 61/66, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El a quo en su sentencia dictada en fecha 10 de noviembre de 2009, cuya copia obra a fs. 61/66, encontró fundamento suficiente para declarar la inconstitucionalidad de los arts. 47 y 48 del Código tributario y, consecuentemente, hacer lugar a la excepción de prescripción respecto de los períodos comprendidos entre el 05/99 y 04/01. En el segundo punto, determino rechazar la excepción de inhabilidad de título y manda llevar adelante la presente ejecución contra la demandada por los períodos comprendidos entre el 05/01 hasta el 10/06 por todos sus trámites. Impone las costas en el orden causado.

Contra esta decisión, la parte demandada interpone recurso de apelación a fs. 76, el cual debidamente concedido, es fundado a fs. 84/86.

Al momento de expresar agravios, lo hace a fs. 84/86 expresando su disconformidad con el fallo en cuanto no hace lugar a la excepción de inhabilidad de título.

En ese sentido recuerda que la Ley 7866 fue dictada en fecha 29 de noviembre de 2007 y condonó las deudas que las empresas concesionarias del servicio público que mantenían con la DGR entre el 1 de enero de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2007, por impuesto de Radicación de Automotores.

A partir de ello indica que su parte ha sido reconocida como concesionaria del servicio público de transporte de personas y adeuda los tributos condonados por la citada ley.

Precisa que durante la vigencia de la ley 7866 fue citada a oponer excepciones ejerciendo ese derecho al impetrar la de inhabilidad de título. En otras palabras, entiende que al momento de la publicación de la Ley 7949 el 13 de marzo de 2009, ya tenía adquirido el derecho nacido de la ley 7688 por lo cual se encuentra amparada por las disposiciones que contienen los arts. 2 y 3 del Código Civil, más cuando en esta última norma no se dispone la aplicación retroactiva.

En función de ello entiende que adquirió el derecho a la condonación de la deuda conforme la ley 7866 dado que reunía todos los requisitos y si hacía falta una aceptación se ha cumplido con ella en la oposición de la excepción de inhabilidad de título con anterioridad a la publicación de la Ley 7949.

Por otra parte entiende que el a quo no interpreta adecuadamente la Ley 7866 en cuanto a la aplicación del art. 2, dado que entiende que es evidente que el artículo de referencia son las que se han promovido ejecución y citado a oponer excepciones a los concesionarios encontrándose ya trabada la litis.

Para su parte no resulta imaginable suponer que luego de sancionada la Ley 7866, Fiscalía pudiera promover ejecución fiscal para perseguir el cobro de tributos condonados o diligenciara el mandamiento de ejecución y embargo, de ahí que no puede interpretarse como aplicable a este caso la Ley 7866.

Asegura que iniciada la ejecución, su parte no tiene otro medio que la excepción de inhabilidad de título para evitar la condena a pagar los tributos condonados.

De allí que los requisitos establecidos por el art. 2 de la ley 78866 son aplicables exclusivamente a las deudas ejecutadas judicialmente a la fecha de su sanción y no a las defensas opuestas por mi parte por una causa activada después de la sanción de la ley.

Corrido traslado a la contraria, esta se presenta a fs. 102/105 y en función de las razones que expone solicita se desestime la pretensión recursiva de la contraria. Formula reservas.

Planteado de este modo el recurso de apelación por la requerida ejecutivamente se advierte que el tema fue tratado por este tribunal en un caso similar (autos N° 20.645 caratulados "Provincia de San Juan c/ Empresa del Sur y Media Agua S.A. - Ejecución Fiscal - Legajo de copias para elevar a Cámara - Recurso sin efecto suspensivo", 16/12/2010; L. de A. T° 176 F° 75/79), pero con una diferencia sustancial como es que se corrió traslado del proceso ejecutivo estando vigente la Ley 7949 modificatoria de la Ley 7866, razón por la cual la solución dada en aquel caso no será idéntica a la presente.

En ese sentido, la Ley 7949 fue sancionada el 26 de noviembre de 2008 fue publicada en el Boletín Oficial del 17 de marzo de 2009. Por su parte, el traslado de la demanda ejecutiva (impetrada en fecha 4 de mayo de 2007) se realizó el 9 de febrero de 2009, interponiéndose la excepción de inhabilidad de título en fecha 19 de febrero del mismo año.

Como se puede colegir, quedó trabada la litis con fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 7949 modificatoria de la Ley 7866, razón por la cual es de aplicación al caso esta última.

Ahora bien para definir la suerte del recurso ineludiblemente debemos analizar el contenido normativo de la Ley 7866 por cuanto de su hermenéutica surgirá la decisión.

En ese sentido, en primer lugar se advierte que la condonación de las deudas es para las empresas concesionarias del Servicio Público de Transporte de Personas que mantenga con la Dirección General de Rentas. El texto es claro y exige, como primer paso, dos requisitos para la procedencia del beneficio que sea concesionaria del servicio mencionado y que tenga deuda con la entidad recaudadora fiscal vencida entre el 1 de enero de 2001 al 30 noviembre de 2007.

Sobre estos puntos no existe discusión en autos, razón por la cual se deben considerar a la deudora incluida en la ley.

Además de ello, en esta ley no se discrimina si la concesión de transporte de personas fue dada por entidad nacional o provincial, razón por la cual la jurisdicción no puede diferenciar pues en ese caso estaría invadiendo el terreno de incumbencia de la esfera del poder legisferante.

El segundo punto donde surge conflicto entre las pretensiones expuestas en el recurso, es el relativo al cumplimiento de condicionamientos para que se entienda aceptada la condonación.

Así resulta oportuno recordar que condonar significa conforme el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, "perdonar o remitir una pena de muerte o una deuda" (http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta? TIPO_BUS =3 &LEMA = condonar).

Ello jurídicamente significa que estamos frente a un modo de extinción de una obligación reglado por los arts. 876, 868 y conc. del Código Civil. Es decir, que resulta necesaria la aceptación del perdón de la deuda otorgada por la provincia.

Es en este punto donde la ley no reglamenta el modo de hacer la aceptación, razón por la cual si no se hizo de un modo expreso extrajudicialmente, es válido que se haga en juicio mediante la interposición de la excepción de inhabilidad de título frente al avance de la gestión ejecutiva de la actora que no reparó en el detalle de que la deuda estaba incluida en el marco de la ley 7866. Es decir, al oponerse a la continuidad de la ejecución se está expresando la aceptación de la condonación.

En función de que la aceptación de la condonación fue anterior a la entrada en vigencia de la Ley 7949, el derecho al beneficio quedó consolidado en el patrimonio del deudor, razón por la cual pretender la aplicación al caso de esta ley de referencia es pretender una aplicación retroactiva de la misma.

Finalmente, definir un punto mas de discordia interpretativa entre las partes que se configura respecto del pago de las costas y renuncia a todo tipo de acción y excepción contra el Estado provincial como condición, dice la actora, para que sea válida la condonación.

En ese sentido, el texto de la ley no resulta claro por cuanto se incluyen en la condonación a las deudas ejecutadas judicialmente cualquiera sea el estado del proceso siempre que los concesionarios beneficiados abonen los gastos y honorarios devengados a los profesionales de la parte actora, pero finalmente se establece que las costas serán soportadas en el orden causado.

Se debe tener en cuenta que los profesionales de las partes no son dueño ni disponen sobre las costas, cuya definición es de incumbencia exclusiva de las partes. En ese sentido, la ley dictada por la propia actora define que las costas serán soportadas en el orden causado cuando haya una ejecución de deuda consolidada.

Los profesionales son dueños de los honorarios derivados de la imposición de las costas cuando se ha definido en juicio quien será el responsables del pago de las mismas. Es decir, haciendo una interpretación sistemática de la norma, cuando existe un juicio con sentencia ejecutiva firme, no cabe duda que quien se quiera beneficiar con la condonación de la deuda deberá abonar los honorarios devengados a favor de los profesionales de la actora. Pero mientras, no haya tal condena, se aplica la última parte de la norma es decir se deben fijar las costas por el orden causado.

Aparte de ello, siempre el beneficiado con la condonación deberá asumir el pago de los gastos del juicio.

En función de ello, en este caso donde no existía sentencia ejecutiva firme al momento de darse la moratoria o de su aceptación por la deudora, las costas deben ser impuestas por el orden causado, dejándose en claro que los gastos causídicos deben ser soportados por la deudora.

En cuanto al cuestionamiento de que no se debió interponer excepción para aceptar la condonación, se debe tener en cuenta que la ley no reglamentó el modo administrativo de realizar la aceptación. A partir de ello y estando en juicio en trámite por impulso de la actora, a la demandada no le queda otra alternativa que ejercer su defensa a través de los mecanismos procesales autorizados por el código adjetivo. Es decir, ello en nada perjudica a la actora ni al proceso, mas cuando las costas son impuestas por el orden causado y se imponen los gastos del juicio a la demandada.

En función de ello, propongo se haga lugar parcialmente al recurso de apelación. En consecuencia declarar que el título resulta inhábil para continuar adelante con la ejecución de los períodos comprendidos entre el 1 de enero de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2007. Las costas de ambas instancias deben ser interpuestas por el orden causado, con la salvedad de que los gastos del juicio son a cargo de la parte demandada. El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación. En consecuencia declarar que el título resulta inhábil para continuar adelante con la ejecución de los períodos comprendidos entre el 1 de enero de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2007. Las costas de ambas instancias deben ser interpuestas por el orden causado, con la salvedad de que los gastos del juicio son a cargo de la parte demandada. El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación. En consecuencia declarar que el título resulta inhábil para continuar adelante con la ejecución de los períodos comprendidos entre el 1 de enero de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2007. Las costas de ambas instancias deben ser interpuestas por el orden causado, con la salvedad de que los gastos del juicio son a cargo de la parte demandada. Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 de la ley 8037.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.