marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Escritura pública, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: DïONOFRIO CLOTILDE ELBA s/ TERCERIA DE DOMINIO EN RIOS CARLOS ALBERTO C/ FRIGORIFICO LA DARSENA  Y OTROS S INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-26

Las disposiciones y declaraciones consignadas en la escritura pública no hacen plena fe contra los terceros ni los obligan en el sentido de que no constituyen título en su contra para exigirles el cumplimiento de una prestación. Pero si pretenden desconocer la relación jurídica originada por ella entre las partes contratantes v. gr.: la compra, la hipoteca, el arrendamiento, etc.), aduciendo que es simulada y los perjudica (por ejemplo, porque impide que puedan cobrarse sus créditos sobre esos bienes), la prueba de tal simulación es a su cargo opera allí, una inversión de la carga de la prueba, como resultado de una presunción judicial o de hombre en valor de la veracidad de su contenido, que el juez debe aplicar mientras no aparezca una mayor evidencia de la prueba en contrario.-
Recurso contencioso administrativo, fiscales, procedimiento administrativo, duración del proceso, juicio, partes
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Castellano, Martin c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-07

Con respecto a la extensión del procedimiento en el caso concreto, la cual, según expresa el recurrente -aunque con un escaso desarrollo argumental circunstanciado, incluso al alegar- violaría la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, debe señalarse que no se advierte que la duración de las actuaciones haya sido excesiva, más allá de la inexistencia de un concreto plazo legal de sustanciación total, debiendo tenerse en consideración, en primer lugar, el consolidado criterio jurisprudencial de conformidad con el cual es admisible la demora lógica y necesaria para instruir los procedimientos o aun la que implica poner en funcionamiento los mecanismos de decisión de la gran empresa, y en segundo lugar, que de un examen de las constancias procedimentales del caso concreto, de acuerdo con la ponderación de las variables pertinentes, se extrae que la tramitación respectiva se completó en un tiempo razonable, y siendo las variables mencionadas la complejidad del asunto, la conducta de las autoridades, el análisis global del procedimiento y la actividad procedimental del interesado, resulta esta última determinante en el caso bajo análisis pues, pese a que el actor lo niega expresamente, su actuación tuvo un indudable efecto dilatorio del procedimiento, por cuanto sus diversas presentaciones insumieron el tiempo necesario para su tramitación y resolución. - CITAS: CSJStaFe: Koch, AyS T 146, p 240; Retamar, AyS T 189, p 252; Castelli, AyS T 193, p 397; Laurenti, AyS T 305, p 59.
Sentencia condenatoria, prisión, queja por denegación del recurso extraordinario
Materia: PENAL
Carátula: González, Leandro Javier c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-03

Corresponde que el tribunal oral en lo criminal continúe interviniendo en la causa en la que condenó al imputado a la pena única de tres años y seis meses de prisión y envió el legajo al juzgado de ejecución penal, si se encuentra pendiente aún de decisión un recurso de queja ante la Corte Suprema, por denegatoria de un recurso extraordinario articulado contra la sentencia de condena, por lo que aquella no es ejecutable y por ende la decisión que ordenó dar intervención al juez de ejecución penal es prematura.
Facultades del juez, facultades instructorias, facultades ordenatorias, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ Div. Vinc. - Inc. De Alimentos p/ La Conyuge Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-05-30

Si bien, en principio las providencias dictadas como consecuencia de las facultades instructorias y ordenatorias otorgadas a los jueces (art. 35 del C.P.C.), son inapelables; en determinados casos pueden ser recurridas, cuando lesionen la garantía constitucional del debido proceso, impidiendo el derecho de defensa en juicio.
Facultades disciplinarias del empleador, personal jerárquico, despido
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ MELO, ROBERTO HUGO c/ SOCIEDAD ANONIMA LA RAZON s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-26

El cargo jerárquico que ocupa el dependiente que actúa negligentemente, no autoriza a sostener que no puedan aplicársele sanciones intermedias y deba corregirse su inconducta mediante el despido, ya que nada obsta a que la empleadora opte por medidas disciplinarias antes de utilizar su facultad rescisoria. Lo contrario implicaría la renuncia a un medio correctivo aceptado por el legislador como el más idóneo para preservar la relación de trabajo (artículos 10 y 67 Ley de Contrato de Trabajo).
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ ROBERTO c/ VALENTIN SMIDT Y MANUEL WEBER s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-08-17

Es derecho del ganador exigir del condenado en costas, el pago de los gastos del juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, sentencia, principio de congruencia, thema decidendum, Derecho laboral, despido sin causa, competencia por conexidad, acumulación de procesos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: TUTTOLOMONDO, JUAN CARLOS c/ FORJA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO.  1390 AÑO 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-28

El principio de congruencia significa que "el juez está impedido de separarse de los términos en los cuales las partes han planteado la controversia a través de la demanda y la contestación de la misma".

En palabras de Guasp, la congruencia supone "que el fallo no contenga más de lo pedido por las partes: 'ne eat iudex ultra petitum partium', pues si así lo hiciera incurriría en incongruencia positiva, la que existe cuando la sentencia concede o niega lo que nadie ha pedido, dando o rechazando más, cuantitativa o cualitativamente, de lo que se reclama".

En el caso, dicho principi o no ha sido adecuadamente observado por la Sala al fallar, desde que hace lugar a la demanda, declarando admisible la extensión solidaria a la demandada de la condena recaída en un expediente conexo por el cual se demandaba a la empresa sucesora en su actividad, pero lo cierto es que el actor reclamó por su despido injustificado, habiéndose marginado la consideración de que había cesado toda relación de dependencia con ella, la que sólo había contraído determinadas obligaciones con los trabajadores.

En tales condiciones, el órgano jurisdiccional no se ajustó correctamente a los términos de la relación procesal, consagrando de tal modo una solución que no guarda armonía con las exigencias de congruencia que recaen sobre todo pronunciamiento para que constituya un acto jurisdiccional válido. (De la Disidencia del Dr. Spuler a la que Adhieren los Dres. Netri y Vigo)
Principios procesales, preclusión
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bark, Alfredo Pablo c/ Molina, Luis Enrique y-o "El Arbol" y-o Quien ResultenOcupantes s/ Desalojo  Incidente de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-12

Por la preclusión adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro del período o sección pertinente, y se extinguen las facultades procesales que no se ejercieron durante su transcurso.
Honorarios del perito, cobro a las partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tillous, Néstor Juaquín c/ Pascal, Jorge Alfredo s/ Incidente medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-27

Corresponde diferenciar entre la facultad del profesional en Ciencias Económicas interviniente en un determinado juicio de accionar ejecutivamente contra cualquiera de las partes y terceros citados en garantía para lograr la percepción de sus honorarios, con la obligación efectiva de abonarlos, consecuentemente el ejecutado no obligado al pago de las costas, puede repetir las sumas obladas por ese concepto de la parte a quien se las impusieron. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Enfermedad accidente, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: Torales, Pedro Nolasco c/ Calviño, Claudio S.A. y/o quien resulte responsable s/ Demanda  laboral  por  daños  y  perjuicios  derivados de enfermedad  accidente (art. 22 ley 23643) quien resulte responsable s/ Demanda  laboral  por  daños  y  perjuicios derivados de enfermedad  accidente (art. 22 ley 23643)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-05-11

La teoría de la indiferencia de la concausa es aplicable a los fines de establecer si existe la enfermedad accidente, la que reconoce una "cuasi-fuente" en el ámbito de la doctrina y jurisprudencia y el empleador es responsable no obstante haber incidido en la dolencia factores concausales con el trabajo, productor o causa eficiente del daño sufrido, pero no resulta coherente que se le obligue a pagar la totalidad del daño al que en parte es ajeno, sino la proporción derivada del incumplimiento contractual o aún del riesgo creado. La predisposición o labidad preexistente no se halla dentro de ese riesgo.
Apoderado del partido, legitimación procesal, lista de precandidatos, acreditación de la personería
Materia: ELECTORAL
Carátula: Aptitud renovadora - CABA s/ electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-11

En la medida en que una agrupación no tenga reconocida judicialmente su personería jurídico-política, aunque acredite estar en una fase avanzada del proceso de dicho reconocimiento, carece de derecho a postular candidatos a cargos electivos, derecho que la ley sólo le reconoce a los "partidos" ("Partido Nuevo Triunfo s/ incidente de oficialización de candidatos para las elecciones del 24/8/2003", expte. n° 2397/03, resolución del 10/7/2003). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz y Luis Francisco Lozano).
Participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Lupetti, Salvador Rafael y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

La "coautoría funcional" supone un aspecto subjetivo, la decisión común del hecho, y otro objetivo, la ejecución de esta decisión mediante la división del trabajo. En el presente caso, los encartados se han repartido la realización del tipo de autoría, de forma tal que por sí sólo, ninguno realizó la totalidad del hecho. Cada uno llevó a cabo una conducta que permitió que se consumara el injusto global. Todos los imputados aportaron una parte esencial de la realización del plan durante la ejecución del hecho. (Voto de los Dres. Riggi y Tragant, Dra. Ledesma en disidencia parcial).
Derecho procesal, ley procesal, falta de expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez Malanca, Alejandro c/ Vara Molina, Claudia V. s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-05

El informe no constituye técnicamente una expresión de agravios en los términos concebidos por el art. 265 del C.P.C., cuando no se canaliza por dicha vía un ataque real, cierto y fundado contra el pronunciamiento recurrido. No existiendo verdadero agravio, la sentencia debe ser confirmada ya que tal actitud del agraviado supone de tal suerte, lisa y llanamente su propia deserción de la apelación traída.
Control aduanero, contrabando, engaño
Materia: PENAL-PROCESAL-ADUANERO
Carátula: Mitchell, Riggi, Tragant. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-16

En el caso en estudio, no se aprecia en absoluto afectación de las funciones de control que sobre las importaciones y exportaciones ejerce la Aduana, toda vez que la empresa sometió sus operaciones de exportación e importación en cuestión a la verificación de la Aduana, amparándose en la oportuna consulta, y en la normativa específica que, como veremos, asigna el carácter de autoridad de aplicación y control a otro organismo del Estado, a fin de determinar o definir a qué régimen se debían ajustar tales operaciones. En efecto, la Aduana no era (ni es) el órgano de control y aplicación del régimen automotor argentino, y por tanto, sólo estaba dentro de sus facultades la verificación formal de las operaciones (que lo expuesto en los permisos de exportación e importación coincida con la cantidad y calidad de la mercadería importada o exportada, etc.); por lo que no existiendo o no habiéndose denunciado irregularidad alguna en cuanto al acabado y libre ejercicio por parte de la Aduana de aquellas facultades de control que le son propias dentro del marco de su competencia, no es posible calificar los hechos investigados como configurativos del delito de contrabando. En vista de las particulares y muchas veces nuevas formas de delinquir en el ámbito de los ilícitos económicos, resulta imperativo contar con una celosa justicia especializada en el manejo de medios técnicos y jurídicos que guarden correspondencia con las especiales características del mencionado género de infracciones, pero ello no autoriza a que en aras de una mejor represión nos apartemos de claros e inconmovibles preceptos del derecho penal, sancionando conductas atípicas, habida cuenta que no se advierte en las mismas la necesaria actividad engañosa exigida por la respectiva figura legal. (Voto del Dr. Riggi).
Juicio de apremio, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Proyectos y Desarrollo S.A. U.T.E c/ Consorcio de Propietarios calle Alvear 722 s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Los particulares que se subrogan en los derechos del fisco para el cobro de contribuciones disponen la vía ejecutiva -aunque no la del apremio reservada para el fisco únicamente-, y a tal efecto deben presentar la certificación de la deuda respectiva expedida por la autoridad pública, y esta certificación con todas las formalidades legales de la que resulte una deuda por concepto de un servicio público configura un instrumento público en los términos del artículo 979 del Código Civil y consecuentemente título ejecutivo hábil para promover ejecuciones contra el deudor ya sea por la misma autoridad pública por vía del apremio o por el particular titular de la acreencia por subrogación, por la vía ejecutiva.
Tercería de dominio, levantamiento del embargo, adquisición del dominio, bienes inmuebles, inscripción registral, oponibilidad a terceros
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: PIQUIN GALLO, Carlos c/ ALFONSO, Norberto s/ ley 22250 Tercería
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-23

Es insuficiente la presentación por parte de los terceristas de un boleto de compraventa referido al inmueble embargado. El art. 2505 del C. Civil establece con meridiana claridad que la adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda.

Mientras ello no se cumpla, las adquisiciones no son oponibles a terceros.
Acción contencioso administrativa, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, licitación pública, Municipalidad, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Codelpla Vial UTE c/ Municipalidad de Venado Tuerto s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte CSJ Nº   504-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

Si bien en el caso el modo de agotar la vía administrativa se encuentra particularmente calificado por las normas que rigen la licitación del contrato y que establecieron una instancia impugnativa específica, sin embargo estos mecanismos de impugnación -habituales en el ámbito de las licitaciones públicas- resultan complementarios del régimen recursorio establecido por los artículos 66 y siguientes de la ley 2756. Considerar lo contrario conduciría a admitir que las normas de un pliego licitatorio pueden, sin mas, derogar el régimen dispuesto por el legislador provincial sobre el punto.
Robo, prueba pericial, pericia balística, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: Larumbe, M.A. y Otros s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-09-26

Las conclusiones de la pericia balística y el hecho de que el revólver secuestrado tuviese en su tambor sólo los dos proyectiles percutados pero no eyectados, quita la plataforma fáctica de la adecuación en el tipo agravado de robo con armas.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Salomoni,  Jorge Luis y otros s/ defraudación - causa Nº 22.241Carlos Alfredo Grosso-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

La garantía de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de libertad que comporta el enjuiciamiento penal (Voto del Dr. Julio S. Nazareno).
Acción de amparo, derecho a la salud, Programa Médico Obligatorio, fertilización asistida, elevación de la cobertura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P.M.C. c/ Swiss Medical Argentina s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-13

El hecho que la prestación solicitada por la amparista no se encuentre contemplada en el Programa Médico Obligatorio, no resulta de por sí causa suficiente para eximir a la prestadora demandada de su obligación de prestar un adecuado servicio de salud, habida cuenta que los derechos que la actora estima vulnerados son "derechos humanos que trascienden el orden vigente".
Régimen de consolidación de deudas, plazo
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: QUIJANO GUESALABA, JUAN JOSE c/ E.N s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-06

Cuando el plazo de cumplimiento fijado en la sentencia no resulta compatible con lo dispuesto por el art. 3 de la ley 23982 y sus procedimientos y siendo que el actor nada observó a la aplicación de dicha ley corresponde dejar sin efecto el plazo de cumplimiento y ajustarlo en tiempo y forma a la ley sentada.
Usurpación, turbaciones de derecho, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Abendaño, Catalina Tomás y otros s/ infr. art. 181, inc. 3, usurpación (turbación de la posesión), CP (p/L 2303)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad pues en su presentación, la parte recurrente señala enfáticamente una diferencia interpretativa, sin acreditar una controversia constitucional. Sus planteos evidencian una discusión estrechamente vinculada con la interpretación del art. 181 del Código Penal, desacuerdos con la valoración de la prueba y con el razonamiento seguido por la Cámara para absolver a los imputados y con el alcance que corresponde asignarle al art. 29 del Código Penal ante la ausencia de una sentencia condenatoria. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Sociedades comerciales, asambleas especiales, presupuestos de responsabilidad, sociedad anónima
Materia: COMERCIAL
Carátula: Peres Vieyra Paula Marcela y otro c/ La Criolla De Peres Vieyra SA s/ ordinario s/incidente de apelación art. 250 CPCCN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-29

Procede revocar la resolución que decretó cautelarmente la suspensión provisoria de la ejecución de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria. Ello por cuanto, en el caso, el hecho de que no se haya adjuntado a este expediente copia del acta de la asamblea impugnada imposibilita realizar un exhaustivo análisis del caso. No obstante ello, se advierte que al presente no se aprecian dadas las condiciones para admitir la medida cautelar porque, tanto en la resolución recurrida como en la pretensión cautelar expresada en el escrito de demanda, se sustentan en expresiones genéricas carentes de imputaciones específicas respecto de cada uno de las decisiones asamblearias cuya ejecución fue suspendida. Ocurre que en estos casos es necesario valorar no solo las presuntas irregularidades del acto asambleario sino también cuál es el efecto perjudicial que se pretende evitar con la medida cautelar (conf. arg. de esta Sala; "Palmeiro Guillermo César c/ Lyon Gas SA s/ Medida Precautoria", 19.11.12). La medida precautoria regulada en la LGS 252 tiene por objeto asegurar la eficacia del pronunciamiento a dictarse en relación a la acción de nulidad, evitando la frustración de los derechos esgrimidos al impedir provisoriamente la ejecución de la decisión impugnada y los perjuicios derivados de aquélla (v. CNCom, Sala E, "Castro, Alberto Edgardo c/ Administración Parque Central SA s/ incidente de apelación", del 19.10.05), los que aquí, no lucen precisados.
Juicio ejecutivo, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bernal de Forcada, Carmen Martina c/ Gaurie, Domingo s/ C. Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

El testimonio de la regulación judicial de un perito contador constituye título ejecutivo, pues precisamente el artículo 199 de la ley 10620, que regula el ejercicio de los profesionales en Ciencias Económicas, establece: "Todo auxiliar de la justicia designado de oficio, una vez firme su honorario profesional, podrá requerir el pago del mismo y ejecutar a cualquiera de las partes litigantes o a terceros citados en garantía hayan o no peticionado la prueba pericial contable y/o se hayan opuesto a la misma. En ningún caso la condenación total o parcial en costas lo obligará a atenerse a ella, sin perjuicio del derecho de las partes a repartirse lo oblado en la proporción que en definitiva entre ellas corresponda atender".
Ebriedad, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: M., W.M.; L., J.G. s/ Tentativa de Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-11-05

El estado de ebriedad, como reiteradamente se ha sostenido, si es completo y voluntario conduce a la responsabilidad por delito doloso, tal aserto se basa en que la eximente del artículo 34 inc. 1° sólo es válido cuando la ebriedad, aún completa, es involuntaria.
Cuestiones de competencia, competencia criminal, competencia por el territorio, extraña jurisdicción, consumación del delito, lugar del hecho, falsificación de cheque
Materia: PENAL
Carátula: MERCAU, G. s/ COMPETENCIA - FALSIFICACION CHEQUE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-28

El delito de falsificación de cheque se consuma en el lugar donde los cartulares fueron entregados y como en el caso de autos ello ocurrió en extraña jurisdicción, corresponde anular todo lo actuado a partir del cierre del sumario, inclusive el fallo apelado, atento la característica de improrrogable de la competencia penal.
Cuenta corriente bancaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS c/ LOPEZ JORGE ALBERTO Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-09

Ha dicho este Tribunal que los elementos requeridos para que el título, como el que aquí se ejecuta, resulte hábil, no sólo son los exteriores enumerados en la ley, sino tambien algunos de naturaleza sustancial, y sólo refieren estos últimos a la existencia de la cuenta corriente y a la capacidad del banco para expedirel certificado.