Empleo público, retiro voluntario, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Filippin, Gilda Emilia del Valle c/ Obra Social de los Empleados Públicos (O.S.E.P.) y Poder Ejecutivo Provincial (Dirección de Recursos Humanos y G.) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-08

Comparece la parte actora, por intermedio de letrado apoderado, interponiendo acción de amparo en contra de la Obra Social de Empleados Públicos y Poder Ejecutivo, persiguiendo se ordene la emisión del correspondiente instrumento legal para acceder al retiro voluntario solicitado con fecha 17/Agos/12, conforme a la Ley Nº 5067 y su Decreto Reglamentario Nº 507/02, en razón de haber cumplido con el requisito de la edad.

Por imperio de expresas normas constitucionales -Art. 204 de la Constitución Provincial-, jurisprudencia de esta Corte de Justicia y posterior reforma del Art. 4 de la Ley de Amparo por ley 4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, corresponde se declare la competencia de este Tribunal para entender en autos.

La pretensión de la amparista tiende a que se ordene a la autoridad administrativa a emitir un acto administrativo que disponga su retiro voluntario de la planta de personal de la Obra Social de los Empleados Públicos, de conformidad a los hechos que detalla y motivan el objeto de la acción.

De la lectura del escrito de demanda, se extrae la falta de precisión de los derechos de superior jerarquía conculcados por el accionar administrativo, por ende, la falta de subsunción del hecho en la norma contenida en el Art. 1 y 6 de la Ley N° 4642.

Por cuanto el órgano administrativo se encuentra facultado para adoptar las decisiones que estime conducentes a los efectos de resolver la desvinculación de las partes dentro de la relación de contrato de empleo público, en tanto se trata de aquellas materias en cuyo ejercicio goza de poderes y atribuciones discrecionales propias, para emitir los actos que estime conducentes para el ejercicio de la actividad administrativa.

Entrar a indagar en este proceso excepcionalísimo y dentro del acotado margen cognoscitivo otorgado a la acción de amparo, el control de legalidad de la actividad del Estado-Administrador en temas de su exclusiva competencia, importaría sustituir el criterio de la autoridad administrativa por el de los jueces, los que se encuentra vedado por nuestro ordenamiento constitucional, cuya ratio radica en la división de los poderes del estado. De allí que, por vía de la acción de amparo, no se puede constreñir a la Administración a emitir actos de su propia y exclusiva incumbencia. Aunado a la circunstancia de que la amparista ha instado la vía administrativa en procura de la emisión del acto que persigue, como da cuenta lo manifestado por la parte y prueba documental adjuntada con la demanda. De lo que se infiere claramente que la actora goza y ha ejercitado la vía administrativa, paralelamente a la acción jurisdiccional, lo que claramente tipifica el supuesto contemplado en el Art. 2, Inc. c, de la Ley N° 4642, que obsta a la admisión de la acción.

Conforme a ello, antecedentes jurisprudenciales del Tribunal y lo previsto por el Art. 3 de la Ley N° 4642, que resulta aplicable cuando se presenta alguno de los supuestos contemplados en el Art. 2, incs. c y d, corresponde declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta.