marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación de sentencia, fideicomiso, terceros interesados
Materia: COMERCIAL
Carátula: Inspeccion General De Justicia c/ Cheek SA y otros s/ organismos externos. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-13

Cabe revocar la Resolución de la Inspección General de Justicia y ordenar a dicho organismo que proceda a la inscripción del contrato de fideicomiso en garantía solicitado por los aquí accionantes. Es que el contrato ya ha quedado perfeccionado entre las partes desde el momento de su celebración (CCCN 1021, 1022 y 1027), mientras que los terceros interesados solo pueden ejercer sus derechos a partir de la registración y publicidad del contrato. Es justamente, en protección de los aquellos terceros que resultaría perniciosa la denegatoria de la inscripción. Desde esta óptica, como la inscripción del contrato de fideicomiso no convalida ni sanea los vicios que pudieran afectarlo, cabe asumir una posición de flexibilidad y amplitud, en pos de propiciar su registración para otorgarle publicidad y hacerlo oponible a terceros (cfr. Kiper - Lisoprawski, S., Tratado de Fideicomiso, Ed. Abeledo Perrot, 2017, p. 122).
Leyes, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: ORDOÑEZ, FRANCISCO OLFEO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 471-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-29

Es sabido que la legislación nacional no puede ser aplicada directamente, para resolver cuestiones de naturaleza administrativa suscitadas en el orden local. La solución debe buscarse, en primer lugar en el ordenamiento jurídico provincial, recurriendo a sus propias fuentes de derecho administrativo, o sea en gradación jerárquica, la Constitución, las leyes formales con contenido administrativo, los decretos leyes de los gobiernos de jure, los reglamentos del Poder Ejecutivo, los reglamentos de los entes territoriales menores -municipios y comunas- y la costumbre. Pero sí se encuentra una norma que prevé que la sentencia a dictar en juicio contencioso administrativo será fundada, si bien sólo "...subsidiariamente, en disposiciones legales y principios de Derecho Civil..." (artículo 68 ley 4106), se incorpora así a la normativa provincial, aunque como fuente subsidiaria, las normas y principios de esa rama del ordenamiento jurídico.
Reenvío, accidentes de trabajo, enfermedad accidente
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: TORRES EDUARDO ALBERTO c/ SANCOR COOPERATIVA DE SEGURO LIMITADA s/ DEMANDA    -   CASACION  LABORAL  -  INCAPACIDAD  -  INDEMNIZACION  -  PRONUNCIAMIENTOS  CONTRADICTORIOS  -  PRUEBA  -  VALORACION - REENVIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-05-14

Corresponde tener por reconocida la existencia de la enfermedad y el grado de incapacidad; y remitir la causa a un tribunal de mérito (art. 101 LPT), habida cuenta de que en autos no obran elementos que permitan a la sala verificar la configuración del nexo causal o concausal entre las tareas desarrolladas por el actor y la dolencia que padece.
Recurso de casación, discrepancia del recurrente
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ DE BARRIONUEVO EMILIA c/ MALDONADO DOMINGO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-17

En virtud del orden legal que rige la actividad jurisdiccional, el recurso de casación posee carácter extraordinario, y no ordena a resolver la disconformidad del apelante con las conclusiones del fallo en tanto éstas deriven de valoración de hechos o de pruebas.
Recurso de inconstitucionalidad, astreintes, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Valero, Víctor c/ Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. B-95.764/02 Amparo. L.A. N 47 F 1572/1576 N 681 Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. B-95.764/02 Amparo. L.A. N 47 F 1572/1576 N 681
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-09-29

La queja por el apercibimiento de imponer astreintes no puede ser atendida ya que no se advierte agravio actual que la justifique sino simples conjeturas frente a la eventualidad de incumplimiento. El Superior Tribunal de Justicia tiene dicho en caso idéntico que en tal supuesto, el agravio "es potencial no actual, resulta meramente hipotético, y ello así porque el juez en su sentencia no le está imponiendo condena alguna sino simplemente le está haciendo saber al demandado cual será el precio que deberá pagar si no cumple con lo ordenado en ella, o sea se trata únicamente de una advertencia que se hará efectiva sólo ante el incumplimiento concreto de la demandada, por ello mal puede sentirse afectado si no existe perjuicio alguno en éste momento" (S.T.J. L.A. Nro. 43, F 926/927, Nro. 347; criterio reiterado en L.A. Nro. 44, F 479/482, Nro. 197; L.A.44 F 1167/1170, Nro. 514; L.A. Nro. 45, F 414/416, Nro. 183, entre otros).
Docentes, reajuste jubilatorio, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CAJA COMPLEMENTARIA DE PREV. PARA LA ACT. DOCENTE c/ ASOCIACION ARG. DE LA CRUZ ROJA (CRUZ ROJA) ASOC. CIVIL s/ EJECUCION FISCAL LEY 22804 Y OTRAS STEFANO AURORA MARIA ANTONIA c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29|2013-11-28

El régimen de la ley 24.016 consagró una proporcionalidad entre el haber de pasivi-dad con el haber de actividad del 82%, conforme lo dispone el art. 4 de dicha norma, pero subordinado dicho beneficio a que los docentes comprendidos en el mismo, efectuaran un aporte diferencial del 2% extra sobre el aporte general contemplado en el régimen general (art. 8) En consecuencia, reconocido el derecho al régimen especial, corresponde que el beneficiado realice los aportes requeridos origi-nariamente en dicho régimen para poder financiar la proporcionalidad que se le re-conoce. No empece a lo expuesto ni la sanción del Dec. 137/05, ni la Res. 33/05 -y sus actualizaciones-, puesto que por ellas se consagró un suplemento a fin de compensar la diferencia entre los que no efectuaron reclamo judicial y fueron jubila-dos por el régimen general (conf. art. 2 del Dec. 137/05). Por ello, tratándose en el caso de autos de una persona que se incorpora al régimen especial de la ley 24.016, es obvio que con dicha incorporación se impongan las cargas que el mismo contempla. En consecuencia, corresponde desestimar el recurso interpuesto contra la decisión del a quo que hizo lugar a la solicitud de la peticionante de que le aplique el régimen de la referida ley 24.016 sin perjuicio que, de surgir diferencias que resulten de la falta de aporte diferencial, sobre el retroactivo que por todo concepto deba percibir la actora se practique el descuento correspondiente a los mismos, y en su defecto, de resultar el mismo insuficiente, sobre el haber reajustado que en adelante deba percibir aquella hasta un 20% del total del monto del haber mensual. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).
Responsabilidad del Estado, accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, buques, afectación al servicio público, guerra de Malvinas
Materia: LABORAL
Carátula: JEREZ, JUAN c/ CIA.    SUDAMERICANA   DE  PESCA  Y  EXPORTACION  Y  ESTADO  NACIONAL s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-23

El Estado Nacional debe responder solidariamente de las indemnizaciones derivadas del art. 1113 C.Civil ante el actor, quien sufrió daños como consecuencia del hundimiento del buque Narwal, donde laboraba, por un bombardero de la fuerza aérea británica en el conflicto del Atlántico Sur. Esto es así, toda vez que dicha embarcación se encontraba afectada a un objetivo militar, rescate de aviadores argentinos que pudieran ser abatidos, y, si bien se pretendió mantener la función de buque pesquero, por razones estratégicas, su derrotero era determinado por un oficial de la Marina de Guerra que se había incorporado a la tripulación, a tal efecto.
Poder Legislativo, Estado
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: M., E. J. s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

La importancia de las funciones de las Cámaras en nuestro ordenamiento, está dada, en primer lugar, por la función institucional esencial que les corresponde, constituida por la actividad legislativa; en segundo lugar, por aquellas otras como las materialmente ejecutivas, esto es, la del control permanente del Poder Ejecutivo en orden a su actividad político-administrativa (mediante pedidos de informes y explicaciones a los Ministros, la creación de comisiones investigadoras con propósitos de información e investigación) y en orden a la actividad financiera del mismo (a través de la fijación anual del presupuesto de gastos y cálculo de recursos, como así también la aprobación o rechazo de la cuenta de inversión); en tercer lugar, por la de colaboración en la determinación de la dirección política del Estado y también por la de colaboración en la formación del Poder Judicial por medio de la prestación de los acuerdos pertinentes, y, finalmente, por la función materialmente político-jurisdiccional (juicio político), acentúan de modo extraordinario la exigencia de su independencia que se traduce en una serie de poderes, garantías y prerrogativas concernientes a su organización, funcionamiento y posición de sus miembros. La independencia significa ausencia de preordenación jerárquica, inadmisibilidad de interferencias en el ejercicio de sus funciones, de las directivas, etc.
Sociedades comerciales, responsabilidad de los directores, mal desempeño de funciones, acción individual de responsabilidad, daño indirecto
Materia: COMERCIAL
Carátula: GATTI, ERNESTO c/ BULAD, ALFREDO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-22

Los integrantes de una sociedad carecen de legitimación para accionar contra otro de los socios, por incumplimiento contractual, desmantelamiento de la empresa e hipotético daño moral, pues lo que pretenden es el resarcimiento del perjuicio que a ellos les causó el desmantelamiento de la empresa, lo que importa el reconocimiento de un daño indirecto, pues nos encontramos frente a actos u omisiones del imputado que configurarían el incumplimiento debido de las obligaciones asumidas en su carácter de director de la sociedad, o con violación de la ley o los estatutos, estrictamente societarias, que tienen su base y origen en el contrato social y afectan directamente a su patrimonio y solo a los socios indirectamente, con lo que solamente estarían legitimados para entablar la acción individual, pero carecen de legitimación cuando se trata de un daño que sufren indirectamente, integrante del daño mayor que soporta la sociedad y de la misma naturaleza que la de todos los demás accionistas.
Régimen de consolidación de deudas, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: ECONOMIA
Carátula: Becerra, Rosario Esther y otro c/ Burza, Héctor Rubén y otro s/ interrupción de prescripción (art. 3986 C.C).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

La voluntad estatal de disponer la atención de las deudas por medios ajenos a los previstos en el régimen general regulado por la ley 23.982 ha de manifestarse por actos expresos, dirigidos a satisfacer esa finalidad y emanados de los órganos competentes para decidir en la materia, pues la voluntad del legislador que sancionó dicha ley ha sido abarcar un amplio universo de deudas. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Inimputabilidad, alteración morbosa de las facultades
Materia: PENAL
Carátula: Lizarraga, Julio César s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

Es innecesario decidir si la anormalidad atribuida al acusado constituye una alteración morbosa si, de todos modos, no concurre el elemento psicológico-normativo de la fórmula legal de la inimputabilidad ya que aquél comprendió la criminalidad de su conducta y dirigió sus acciones (art. 34 inc. 1º, C.P.).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Granelflet S.A. c/ Ortiz, Miguel s/ Suc. s/ Daños y perjuicios Lukezic, Ervin y otra c/ Horink, José y otro s/ Daños y perjuicios Sobron, Luis María c/ Sliba, Hugo y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1981-10-27|1992-03-10|1996-02-06

El sobreseimiento obtenido en sede penal no priva -si no se basa en la inexistencia del hecho- que se indague la culpa en el juicio civil.
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rensa, Juan Manuel y ot. c/ El Molino S.A. y ot. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

En el proceso civil rige el principio dispositivo, lo cual importa confiar a la actividad particular de los litigantes tanto el estímulo de la función judicial, la afirmación de los antecedentes de hecho, como también la aportación de los materiales de prueba sobre los cuales, en definitiva ha de recaer la decisión jurisdiccional y, consectariamente, es carga del apelante ejercer la actividad jurídica necesaria -impulso procesal- para superar las distintas etapas que debe transitar para colocar el proceso en estado de decidir la cuestión incidental.
Sentencia condenatoria, prescripción de la pena, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Surita, Luis Alberto c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Legajo de juicio en autos Surita, Luis Alejandro s/ inf. art. 149 bis, CP'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-27

Si en el caso no se ventila un conflicto contravencional regulado exclusivamente por reglas locales sino uno estrictamente penal -referido al momento en que debe entenderse que ha quedado firme una condena y cuándo comienza a correr la prescripción de la pena-, no resultan aplicables entonces las conclusiones desarrolladas in re "García, Gerardo Sebastián s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'García, Gerardo Sebastián s/ infr. art. 52, CC, inconstitucionalidad'" , expte. n° 12842/15, sentencia del 09/11/2016. (Del voto de la jueza Ana María Conde)
Empleados de banco, aplicación de la ley, nombramiento
Materia: LABORAL
Carátula: Koser, Guillermo Horacio c/ Banco de la Provincia del Chubut s/ Dif. Salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-12-22

...cuando media designación expresa, el empleado adquiere el derecho al cargo y a la retribución desde el momento en que es designado, sin que tenga que esperar seis meses para tener derecho definitivo al mismo. Si existe nombramiento no se justificarían esos plazos.
Competencia, conexidad subjetiva, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Escaño, Antonio J. s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-19

Habiendo sido sobreseído el imputado en una de las causas cuya conexidad se pretende, no se advierte conflicto alguno de competencia que corresponda dirimir.
Contrato de trabajo, duda, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Soza Aníbal Orlando c/ Hojberg Héctor Daniel y/o quien resulte responsable s/ Despido sin causa y diferencia salarial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-02-12

La ley 24013 en su art. 27 ratifica la vigencia del principio de indeterminación del plazo como modalidad principal del contrato de trabajo, tema relacionado con la estabilidad, lo cual se encuentra acorde con la actividad productiva de la sociedad y su quehacer ordinario y cotidiano. Tanto mas porque en caso de duda y siguiendo la pauta del art. 27, se debe resolver la indeterminación del plazo, que también surge por incumplimiento del empleador.
Juicio de árbitros, revisión judicial, derechos y garantías constitucionales, renuncia de recursos contra el laudo arbitral
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SOCIEDAD   DE   INVERSIONES   INMOBILIARIAS   DEL  PUERTO  SA c/ CONSTRUCTORA IBEROAMERICANA SA S/ s/ UEJA SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-07

La administración privada de justicia que implica el arbitraje no es ajena a cierto control judicial, el cual no es susceptible de ser suprimido totalmente, en razón de una exigencia que surge de objetivos constitucionalmente asumidos como el de 'promover la justicia' y también de las garantías de la defensa en juicio y de la propiedad y de la ejecutoriedad equivalente a la de una sentencia judicial que el Estado dispensa -cumplidos ciertos recaudos- a los laudos arbitrales; y, la mayor o menor amplitud del control judicial depende de la misma voluntad que dio origen al arbitraje: de máxima extensión, si las partes cuentan con el recurso de apelación por no haber renunciado a él, o limitado a ciertos ámbitos eminentemente formales en el supuesto de que los contratantes hayan renunciado a aquella apelación y sólo dispongan del recurso de nulidad del laudo arbitral (CSJN, 17/11/94, C. 950. XXIV. "Color SA c/ Max Factor Sucursal Argentina s/ laudo arbitral s/ pedido de nulidad del laudo", Fallos 317:1527, voto del juez Boggiano; esta Sala, "Mobil Argentina SA c/ Gasnor SA s/ laudo arbitral", 8.8.2007).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, incumplimiento del contrato, desviación de poder, pago, comisiones, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Digital Voice SA c/Telecom Personal SA s/ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-10

Corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de agencia que uniera a las partes, pues si bien es cierto que el contrato está conformado por cláusulas predispuestas por la empresa de telefonía demandada, y además es notorio el desequilibrio de fuerza económica de las partes contratantes, que se refleja en su posición dominante, no se encuentra acreditado un ejercicio abusivo en la ejecución del convenio.
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia interlocutoria, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Misiones s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1989-11-23

La sentencia interlocutoria dictada en el marco de la ejecución de un acuerdo conciliatorio homologado judicialmente, reviste el carácter de "sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario", habida cuenta de que el artículo 285 del C.P.C.

alude tanto a los pronunciamientos definitivos propiamente dichos, como aquellos que finiquitan la litis o hacen imposible su continuación.
Régimen jubilatorio, Municipalidad, igualdad ante la ley, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Moscoso, Beatriz Amalia c/ Instituto Municipal de Previsión Social. s/ pensión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

El ordenamiento previsional de la comuna tiene como base el régimen general instituido en el ámbito de la Nación por la ley 18.037, adaptado a la naturaleza y estructura municipal, que por el hecho de provenir del ejercicio de facultades delegadas con una orientación precisa, su contenido no puede encontrarse en pugna con las pautas básicas establecidas por la norma superior ni derivar en una lesión al derecho de igualdad ante la ley, pues de lo contrario se produciría un menoscabo al referido derecho y el principio del art. 31 de la Constitución Nacional (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Adolfo Roberto Vázquez).
Anatocismo, capitalización de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: I. B. N.V. (S. A.) y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-19

"La previsión del art. 623 del Código Civil. y la capitalización de intereses sólo es admisible de modo restrictivo y en los supuestos expresamente admitidos en la norma legal, so pena de que mediante la aplicación de fórmulas matemáticas abstractas se generen resultados objetivamente injustos, que trascienden los límites de la moral y las buenas costumbres".
Competencia penal, ejecuciones especiales, prisión domiciliaria, medidas de seguridad, facultades de control, pandemia, derecho a la salud, recurso de casación penal, inadmisibilidad del recurso, tráfico de estupefacientes, lavado de activos
Materia: PENAL
Carátula: Villalba, Miguel Angel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-01

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra el rechazo de la prisión domiciliaria solicitada por el encausado toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, pues se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes para rechazar la misma. Para así decidir, el tribunal de la instancia anterior puso de resalto, en primer lugar, que el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la concesión del arresto domiciliario al nombrado, pues señaló que la situación del nombrado no se adecuaba a los supuestos de excepción contemplados en los artículos 32 de la ley 24.660 y en base al informe médico señaló que las patologías del encausado -Hipertensión Arterial en tratamiento antihipertensivo-,no revisten la gravedad aludida en el escrito promotor de esta incidencia y ha quedado demostrado que pueden ser tratadas adecuadamente por el servicio médico del Instituto de Seguridad y Resocialización (U.6) del Servicio Penitenciario Federal, como así también que el nombrado es objeto del correspondiente seguimiento en el contexto de las revisiones ordenadas por las autoridades administrativas competentes en función de la situación de pandemia por el COVID 19. Sin perjuicio de ello se encomienda al a quo que disponga a la Unidad Carcelaria donde el condenado se encuentra detenido, arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene en los términos de la Acordada 3/20 de esta C.F.C.P. y la "Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en el S.P.F." (DI-2020-58-APN-SPF#MJ, del 26/03/2020).El voto concurrente agregó que la resolución recurrida resulta fundada cuando se valora que el encausado, en atención al elevado monto de la conde na impuesta, el tiempo de cumplimiento de pena y la declaración de reincidencia que registra, no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en las recomendaciones realizadas en la acordada 9/20 de esta Cámara Federal de Casación Penal -cfr.: específicamente la recomendación 2. b), c) y d)-; y se presenta asimismo coherente con la grave situación relacionada con la propagación del Covid-19, en tanto no se ha demostrado que el particular estado de salud del nombrado autorice a concluir que se encuentre en una situación de especial riesgo concreto y actual que amerite la procedencia del beneficio reclamado (arts. 10 del C.P. y 32 de la ley 24.660; y recomendación 2. f) y 3, de la citada Acordada 9). Dres. Borinsky y Hornos.
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez, Fidel s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-21

Tratándose de la actualización de honorarios ya regulados, debe aplicarse el art. 54 de la ley arancelaria, que fija el sistema de reajuste, ello aún a pesar de la ausencia de mora, pues esta circunstancia no es obstáculo para su aplicación a un supuesto donde se cuestiona la forma de indexación. Y de los métodos propuestos por el precepto mencionado ha de aplicarse el contemplado en el apartado a) -con su remisión al artículo 24- pues los índices suministrados por el INDEC constituyen verdaderas pautas indicativas del envilecimiento sufrido por la moneda por el transcurso del tiempo.-