marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, Constitución Nacional, declinatoria, competencia federal, competencia por la persona, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: A.D.I. NQN c/ Geothermal One Inc. s/ Daños y perjuicios derivados de de la responsabilidad contractual de particulares derivados de de la responsabilidad contractual de particulares
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-08-11

No procede la declinatoria oficiosa de la competencia local a favor de la justicia federal decidida por el A quo, al entender que como la demandada es una persona jurídica extranjera y vecina de otra provincia, tales circunstancias tornan aplicables las disposiciones del art. 116 de la Constitución Nacional. Ello así, observamos que la competencia federal por razón de las personas funciona como prorrogable a favor de la justicia local, pues, ".si ante los jueces locales se plantea un asunto que por razón de las personas corresponde a la justicia federal, no pueden en ningún momento declararse incompetentes de oficio y sólo podrán declararse incompetentes si la parte demandada planteara oportunamente incompetencia por vía de declinatoria o inhibitoria" (cfr. Toribio E. Sosa, Competencia cuando una provincia es parte, Publicado en: LA LEY 06/03/2014, 4 LA LEY 2014-B, 12).
Competencia, procedimiento laboral, demandado, embajadas, interpretación de la ley, Constitución Nacional, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Paredes, Juan Carlos c/ Embajada de la República de Chile en la  R.A. s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

La Corte Suprema tiene dicho que en los supuestos de los artículos 67, inciso 17), 94 y 100 de la Constitución Nacional cabe la exclusión de la competencia federal en caso de no existir los propósitos que la informan, por la escasa importancia de los asuntos o por otros motivos, toda vez que sólo deben reputarse de jurisdicción federal exclusiva las causas sometidas originariamente al Alto Tribunal por el artículo 101 de la Carta Fundamental.

Se trata de una demanda laboral promovida por un ciudadano de la Provincia de Buenos Aires contra la representación diplomática de la República de Chile en nuestro país; aparte de la escasa significación económica de la demanda deducida en autos, las representaciones diplomáticas extranjeras no tienen la calidad de aforadas en los términos del artículo 24, inciso 1), del Decreto ley 1.285/58.
Intereses, modificación de la tasa de interés, reducción de oficio, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Alenco S.A.I.C. c/ Concurso Preventivo de Empresa de Transporte San Salvador S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. Nro. 6712/02 Incidente de revisión solicitado en el expte. B-47495/99. L.A. N 47 F 329/335 N 154 Transporte San Salvador S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. Nro. 6712/02 Incidente de revisión solicitado en el expte. B-47495/99. L.A. N 47 F 329/335 N 154
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-04-06

"En todos los casos, se haya o no pactado la tasa de interés, cualquiera sea la naturaleza de la obligación, los jueces deberán cuidar que al liquidarse la misma no medie abuso de derecho o enriquecimiento ilícito o que ello configure imprevisión o lesión al orden público, la moral o las buenas costumbres (arts. 953, 954, 1071, 1198, 513, 514 y concordantes del Código Civil)" (S.T.J. Causa "Banco de la Provincia de Jujuy c/ Servicios Sociales Jure S.R.L.", L.A. 37 F 1184/1188 Nro. 538).
Acción de amparo, aplicación de la ley, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Araujo, Enriqueta c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-20

Corresponde dejar sin efecto la decisión de la anterior instancia que, haciendo lugar al amparo incoado, ordenó al organismo restablecer en forma inmediata el beneficio previsional otorgado a la peticionante conforme lo normado por las leyes 8.107 y 8.553 (ambas de la Pcia. de Entre Ríos), art. 23 de la ley 14.370, Dec. 9316/46 y normas complementarias. Ello así, por cuanto la ley 23.604 -modificatoria del principio de jubilación única que rige actualmente- que introdujo una excepción al referido principio, fue derogada por el art. 165 de la ley 24.241, dejando a salvo aquellos casos en que con fecha anterior a su entrada en vigencia (01.02.94) el interesado hubiere solicitado en forma expresa, ante el organismo previsional competente, el derecho que acordaba la norma. En tal sentido, la doctrina ha entendido "como prestación única aquella que considera la totalidad de los servicios prestados. El concepto así delimitado es congruente con el existente régimen de reciprocidad en tanto que si se admite la existencia de un solo beneficio, es evidente que en él deben conjugarse todas las actividades desempeñadas y sus respectivos salarios, para así preservar el carácter de las prestaciones. De esa manera, si se otorga una jubilación por distintos períodos de trabajo, la misma debe representar un importe igual al que resultaría de sumar una jubilación por cada uno de los regímenes a los que pertenezca cada clase de servicios" -cfr. Jáuregui, Guillot y Rodríguez Simón, "Consideraciones sobre la ley 23.604", RJYP Tomo VI-B, pág. 604). (Del dictamen Fiscal al que adhiere el voto de la mayoría).
Partidos políticos, autoridades del partido, asamblea partidaria, sesiones partidarias, convocatoria a asamblea partidaria
Materia: ELECTORAL
Carátula: Pepe,  Lorenzo s/ suspensión convocatoria Congreso Nacional Justicialista del 17/7/98.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

Si, de acuerdo con lo dispuesto por la carta orgánica del partido, la convocatoria puede hacerse por el presidente del Congreso Nacional o por un tercio de los congresales, la autoridad mencionada en primer término tenía facultades para efectuar el llamamiento, y debe descalificarse el pronunciamiento que declaró la invalidez de la sesión extraordinaria (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Personal de casas particulares, aplicación de la ley, igualdad ante la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Palavecino, Sarita del Carmen c/ Messina, Luisa Susana y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

La CSJN ha sostenido que la garantía de igualdad no debe ser confundida con la uniformidad de los distintos contratos laborales y es admisible un tratamiento normativo diferenciado en lo que respecta a los derechos y deberes, en la medida en que, obviamente, no exista una discriminación arbitraria, aunque su fundamento sea debatible. Desde esta perspectiva de análisis, no es posible inferir un reproche constitucional en el decreto 326/56, en particular si se tiene en cuenta que el trabajo doméstico tiene una escenografía particular y características disímiles al que se lleva a cabo en unidades productivas, en especial si se destaca que la figura del empleador carece de teleología lucrativa. (del dictamen número 39415 de Fiscalía General de fecha 30/11/04. al cual adhiere la sala).
Medidas cautelares, servicio telefónico, pago, solve et repete
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: MULSO, JUAN Y OTRO c/ E.N.T.E.L. s/ PROHIBICION DE INNOVAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18

La cuestión debatida tanto en sede administrativa como judicial no está referida al reintegro del Servicio Telefónico sino a la exigencia del pago previo de A78.000 para la reposición de la línea telefónica, lo cual conlleva, de modo necesario, a reconocer la falta de viabilidad de la medida solicitada.
Derecho laboral, contrato de trabajo, promotor de medicina prepaga, obras sociales, responsabilidad solidaria, despido
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Sciarroni, Natalia Beatriz  c/ Scientics Medical Group FS y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-24

La actora se desempeñó como "vendedora y jefa de ventas" de los planes de salud que las obras sociales demandadas (Obra Social Modelos Argentinos y Obra Social de los Médicos de la Ciudad de Buenos Aires) comercializaban por medio de las demandadas CONSULTING MEDIC S.A.; CORPORIS SA Y SCIENTICS MEDICAL GROUP S.A. Estas prestaciones revistieron naturaleza laboral en el marco de un contrato de trabajo previsto en los arts. 23 y concordantes LCT. El contrato de trabajo se configura cuando una persona mediante el pago de una remuneración, pone su fuerza de trabajo al servicio de la empresa que organiza su prestación y aprovecha los beneficios de la labor y corre con los riesgos consiguientes. Y toda vez que no se probó que la accionante haya puesto su fuerza de trabajo al servicio de las obras sociales codemandadas no cabe responsabilizarlas solidariamente por el pago de las indemnizaciones derivadas del despido de la actora.
Bienes inmuebles, protección de la vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: PALA NICOLAS s/ CONCURSO PREVENTIVO - QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-02

Para los casos de deudas anteriores a la promulgación de la ley 8067, el derecho al bien de familia se regula exclusivamente por lo que determina la ley 6074 que - en concordancia con la Ley Nacional 14.394- establece los requisitos para la constitución de ese bien de familia, el que queda protegido de embargo y ejecución sólo por deudas posteriores a su inscripción como tal (y aún así con algunas excepciones de obligaciones posteriores, vgr. impuestos, tasas, gravámenes constituidos, etc).-
Acción, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUIRRE, EMILIANO (H) c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION CALVO, SANTIAGO EMILIO c/ MUNICIPALIDAD DE LAS TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURSIDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-12-04|2009-06-01

Si la acción contencioso administrativa intentada no está encaminada a revocar decisión administrativa alguna, sino a obtener el cobro de una suma de dinero cuya causa fue el ejercicio de funciones públicas, es claro advertir que no estamos ante una pretensión procesal impugnativa, sino ante el supuesto de la vía del reclamo administrativo, lo que lleva a descartar la observancia del agotamiento de la vía administrativa (art. 4º L.P.A.), puesto que ésta sólo es posible en la medida que se cuente con el acto impugnable, supuesto que se descarta, ya que lo que se persigue es el reconocimiento de una situación jurídica, la de acreedor, y la percepción de la suma que se reclama en dicho carácter. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Monto del juicio, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Nievas, Juan Carlos y Otros c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-01

La estimación de valores que dispone el art. 23 de la Ley de Aranceles, constituye uno de los casos en que la ley exige pronunciamiento -art. 919 CC-, razón por la cual el silencio de los interesados debe considerarse como asentimiento.
Procedimiento contencioso administrativo, adjudicación de viviendas, defensa en juicio, debido proceso adjetivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B. M., C. F. c/ Instituto Provincial de Vivienda de Salta (I.P.V.) s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-04-08

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación y, en su mérito, revocar la sentencia por cuanto carece de asiidero fáctico y legal a los fines de la procedencia de la demanda, la observación efectuada por la "a quo" respecto a la variación de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta al momento de dictarse el acto de desadjudicación, atento a que ellas se refieren a mejoras introducidas en el inmueble que de ningún modo logran desvirtuar la falta de ocupación de la vivienda por la adjudictaria y su grupo familiar. Máxime cuando, como en el caso sucede, desde el momento en que el bien fue entregado a la actora hasta que se practicó la constatación judicial transcurrieron más de tres años sin que se haya revertido la situación de incumplimiento.

Al comprobarse asimismo que en el caso se ha resguardado el debido proceso adjetivo, en cuanto la demandante tuvo la oportunidad de efectuar descargo y presentar el pertinente recurso de reconsideración en sede administrativa, cabe concluir que la sentencia apelada no constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias de la causa, lo que amerita la procedencia del recurso y, consecuentemente, su revocación, rechazando la demanda. (Del voto en Mayoría del Dr. Catalano, Dra. Ovejero Cornejo, Dres. Posadas, Samsón)
Contrato de trabajo, procedimiento de impugnación de deuda previsional, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mesys S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-27

Corresponde desestimar como defensa el argumento que pretende demostrar el supuesto carácter au-tónomo de un profesional en la circunstancia de que no trabaja en exclusividad para la recurrente. Ello así en base a reiterada jurisprudencia del fuero laboral, según la cual la misma no constituye una nota tipificante del contrato de trabajo (cfr. C.N.A.T., Sala V, sent. del 22.03.94, "Calviño, Jorge c/ Aerolíneas Argentinas"; Sala VI, ent. Del 02.04.92, "Mazzet, Ernesto c/ De Gennaro, Juan"; Sala III, sent. del 23.04.92,"Gil, Rodolfo c/ Reuters", entre muchos otros). (Disidencia de la Dra. Dorado).
Juez de distrito, nombramiento, juez de circuito, Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo, gobernador, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

El procedimiento de designación de los jueces de Distrito y de Circuito ha adquirido una relevante significación en nuestra Provincia sufriendo una transformación cuando, mediante decreto Nº 2952, de 28 de agosto de 1990, modificado por sus similares Nº 1921, de 31 de mayo de 1991, y 0750, de 4 de abril de 1994, se creó el Consejo de la Magistratura como órgano asesor integrado por los funcionarios que se determinan, pero cuyos pareceres o dictámenes, como manifestaciones de juicio en el ejercicio de una función consultiva (artículo 4), no vinculan al titular del Poder Ejecutivo.

No obstante, este juicio es obligatorio porque el parecer debe ser requerido ya que lo impone el reglamento autónomo aludido (artículo 72, inciso 4) de la Constitución Provincial). La finalidad de esta última función es iluminar y aconsejar al Gobernador respecto del pedido de acuerdo que debe efectuar a la Asamblea Legislativa al que escoja de la terna respectiva. El reglamento incide decisivamente en el procedimiento porque antes de este instrumento normativo era el Gobernador el que debía iniciarlo, efectuando directamente el pedido de acuerdo. Ahora, en cambio, se inicia con la convocación a inscripción, inmediatamente de conocida la existencia de una vacante, por el Presidente del Consejo (Subsecretario de Justicia y Culto) (artículos 2 y 5).
Contratos, contratación directa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Peña, Walter c/ GCBA s/cobro de pesos s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-14

Si bien no ha sido motivo de controversia el procedimiento de selección empleado, el objeto del presente contrato, que involucraba la realización de una obra artística, constituye uno de aquellos supuestos para los cuales la contratación directa, en principio, venía habilitada por la normativa aplicable (cf. art. 56 inc. f del Decreto Ley 23.354/56, transcripto supra), no obstante esos cuerpos normativos, no contienen disposiciones específicas vinculadas a la forma que deben cumplir los contratos que caen bajo ese régimen, ni los efectos derivados de su incumplimiento. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Indemnización, alimentos, presunción legal, herederos forzosos, homicidio culposo, accidente de tránsito
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: CARRASCO MARIO ENRIQUE s/ PROCESO PENAL - ACTOR CIVIL - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-05-05

Los arts. 1084 y 1085 del C. Civil preveen casos en que el daño se presume por la ley y cuyo contenido está representado por lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijo del muerto, e incluso, de otros parientes que fueren alimentarios de él (art. 1085 C. Civil), si son herederos forzosos, presunción que otro orden de ideas libera a los accionantes de la carga de la prueba en relación al perjuicio en cuestión, haciendo viables las indemnizaciones prudenciales. Esta presunción legal sólo beneficia a los hijos menores de edad y excluye a los hijos mayores edad, salvo que estos últimos en el contexto interpretativo del art. 1085 acreditaren que en vida de la víctima recibían alimentos de la misma (C. Civil, art. 307). En efecto, la obligación alimentaria emergente de la patria potestad cesa al llegar el hijo a la mayor edad, pues en ese momento, se extingue aquella (C. Civil, art. 306 inc. 3ro.). Sería contrario a toda razón, a lo que habitualmente suele acontecer, que la ley presumiera que los hijos, por el hecho de ser tales, viven y subsisten bajo el amparo de sus padres, aún en su mayoría de edad y durante toda su vida (cfr. Bustos Berrondo, Horacio -Acción resarcitoria del daño causado por homicidio, Rev. Jus nro. 3, año 1962, pág. 69-; De Abelleyra, Rodolfo - El derecho a la reparación de los daños patrimoniales que se originan en el homicidio-; Llambías, Jorge Joaquín -Obligaciones, T. IV-A, pág. 60 y sgtes.-).

Si en el debate no se acreditó que la víctima, mayor de edad, recibía en vida de su padre alimentos del nombrado, debe rechazarse sin más trámite su pretensión indemnizatoria respecto del lucro cesante, por no corresponderle al ser mayor de edad a la fecha en que falleciera su progenitor.-
Derecho administrativo, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

A los efectos del ordenamiento administrativo, ante situaciones no regladas expresamente por las fuentes tradicionales del Derecho Administrativo, se recurrirá: a) la costumbre; b) la analogía; c) los principios generales del derecho y d) normas del Derecho Civil y Penal.
Extinción del contrato de trabajo, despido con causa, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: G., J. c/ B. B. SA s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-10-31

En caso de despido por justa causa el artículo 243 de la L.C.T. requiere que la comunicación por escrito contenga expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Y se ha señalado que este requisito formal tiende a preservar el deber mutuo de buena fe que deben guardar las partes de la relación laboral y la necesidad que tiene el trabajador de conocer con certeza los motivos que originan la decisión del empleador; y reconoce una profusa doctrina jurisprudencial aplicable en materia de despido incausado.
Suspensión de la prescripción, interrupción de la prescripción, opción del trabajador, interpelación
Materia: PROCESAL
Carátula: HIGUERAS, Valentina c/ MARQUEZ, Guillermo Cesar s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-03-10

La intimación fehaciente al deudor suspende la prescripción por un año, vencido dicho plazo, se debe computar el tiempo trancurrido anterior y posterior a la suspensión y desde que cada credito es debido.El trabajador tiene la facultad de elegir entre la suspención o la interrupción por la prescripción, según le resulte mas favorable.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estado Provincial, facultades no delegadas
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ NESTOR HUGO S.D.HOMICIDIO SIMPLE E.P. DE CHAVEZ JORGE DANIEL s/ CASACION-RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR EL DR.VERGOTINI
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-25

Las normas que rigen el procedimiento probatorio forman parte de la reserva de legalidad de la provincia y se encuadra dentro de lo que en la materia se denomina "derecho local".
Daños y perjuicios, acción reivindicatoria, daño moral, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bentivenga, Pablo c/ Wilapla S.A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

El reconocimiento del daño moral y su resarcimiento depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión. Si el actor en su libelo de demanda dice haber padecido daño moral por la no concreción del proyecto arquitectónico que demostró haber encargado, produjo la frustración de la unión matrimonial de su hijo, a quien le iba a donar la construcción para que allí radicara su nuevo hogar, debió probarlo, porque no hay en el común de nuestro medio social presunción de afección espiritual por esta clase de daños; de existir estas circunstancias extraordinarias debe exigirse su prueba, para no atender a reclamos que responda a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica.
Leyes, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vega, Andrés Roberto y otro c/ Inst. Nac. de Vitivinicultura s/ ac. de inconst.-medida de no innovar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

La Corte no puede imponer su criterio de conveniencia o eficacia económica o social al del Congreso de la Nación para pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes.
Providencia simple, impugnación de la providencia
Materia: PROCESAL
Carátula: L., A.M. c/ M., E.H. s/ Divorcio por Presentación Conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-18

Toda vez que la providencia que manda a la interesada ocurrir por la vía que corresponde no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la materia de fondo sometida a juzgamiento, ni genera gravamen irreparable por impedir, diferir o de otro modo condicionar la tutela del derecho que se invoca, no resulta apelable para la presentante en los términos del artículo 242 del CPCC.
Recusación, desestimación de la recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Yoma,  José  Tomás c/ Cámara de Diputados de la Provincia de LaRioja s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

Las recusaciones manifiestamente improcedentes deben desestimarse de plano.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, régimen disciplinario administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Dragonetti de Román, Haydeé c/ Estado Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

El breve e inequívoco texto del art. 14, inc. c, de la ley 24.937 es de relevante significación, no sólo por la competencia reconocida expresamente a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal al cual se incorporó el Consejo de la Magistratura (acordada 4/2000) sino porque, con pareja importancia, el legislador subrayó que tal intervención se reconoce en ejercicio de facultades jurisdiccionales, respecto de las cuales las sentencias que se dicten son definitivas e inmutables.