marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, concurso de cargos, ingreso a la función pública, idoneidad para la función, declaración de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, razonabilidad tributaria, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABRAL PABLO OCTAVIO c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-29

La Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994 le reconoció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un nuevo status jurídico del cual deviene un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, con la sola limitación de que por medio de una ley se garanticen los intereses del Estado Nacional mientras sea capital de la Argentina (Conf. art. 129 de la Constitución Nacional).

Ya ha dejado de existir esa entidad autárquica de base territorial descentralizada de la Nación; la Ciudad es un territorio autónomo teniendo poderes no delegados al Estado Nacional como toda provincia federada.

El poder constituyente local confirió a la Legislatura facultades para dictar las leyes necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en las Constituciones Nacional y local y para tomar todas las decisiones para poner en ejercicio los poderes y autoridades.

En virtud de estas consideraciones es dable afirmar que prima facie habrían actuado dentro de sus legítimas competencia tanto el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, al dictar la Resolución CM Nro. 160/2005, como la Legislatura local al sancionar la Ley 7, artículo 10 -normas que consagran el requisito de lugar de nacimiento o tiempo de residencia como condición para ocupar el cargo de juez de grado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires-.

Por lo demás, la exigencia impuesta no se presentaría como manifiestamente irracional a efectos de garantizar la idoneidad de los jueces en relación con las funciones que deberán desempeñar. Prima facie cabe admitir que la reglamentación se mostraría como razonable en orden a las circunstancias vinculadas con la autonomía de la Ciudad que motivaron su adopción, los fines perseguidos y el medio elegido para lograrlo.

En consecuencia, no corresponde conceder la medida cautelar solicitada con el objeto de participar en un concurso convocado por resolución del Consejo de la Magistratura, sin cumplir con el requisito de nacimiento o residencia exigido por la norma aplicable. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Competencia, sucesiones, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: Sucesorio de Serapio, Esteban y Bejarano de Serapio, Juana s/ Conflicto Negativo de Competencia (Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nro. 1 Secretaría Nro. 1 y el Juzgado de Primera Instancia Nro. 3 Secretaría Nro. 6) suscitado en el expte. Nro. B-115.022/04. L.A. N 53 F 205/207 N 73 Juana s/ Conflicto Negativo de Competencia (Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nro. 1 Secretaría Nro. 1 y el Juzgado de Primera Instancia Nro. 3 Secretaría Nro. 6) suscitado en el expte. Nro. B-115.022/04. L.A. N 53 F 205/207 N 73
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-08-27

"Si en la sucesión del causante no se practicó la partición, el juez de ella debía intervenir en la del heredero fallecido con posterioridad. Razones de conexidad y economía procesal aconsejan la acumulación de sucesiones cuando se trata de los mismos bienes, siempre que la primera no se encuentre finalizada. Lo más adecuado para lograr la consecución de ese objetivo es que sea un mismo juez el que entienda en la división y liquidación." (CNCiv., sala G, junio 7 ­ 984 ­ Spector, Mauricio Suc.)
Extinción del contrato, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: R., G. c/ A.S. SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-13

La resolución por incumplimiento contractual tiene igual efecto que la nulidad de los actos jurídicos, o sea que es retroactiva, pues se ratifica el efecto ex tunc de la extinción, su alcance retroactivo.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, orden público, acto administrativo, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAROMET S.A. Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-11

De conformidad a lo que surge de las constancias, el decreto impugnado ha sido notificado sin cumplir las exigencias establecidas por la Ley 12071 invocada, por lo cual el pronunciamiento dictado en apartamiento de tales constancias y de la aplicación al caso de lo previsto por dicha ley, no puede sino conducir a su anulación, desde que tales disposiciones han sido soslayadas totalmente por la A quo en el fallo impugnado, sin considerar no sólo que se trata de una norma de orden público cuya aplicabilidad corresponde aún de oficio, sino que -recién en el auto denegatorio- entendió que obstaba la aplicación de la ley referida porque la actora ni tan siquiera en su primera presentación objetó la nulidad de la notificación efectuada del mencionado decreto 4128/13 o que ello le haya impedido ejercer su derecho de defensa, dejando de lado lo que esta Corte ha tenido ya oportunidad de expresar sobre este dispositivo, cuando dijo que ampara al particular en el recorrido de las vías recursivas administrativas -en los supuestos que corresponda- al establecer que en las notificaciones de decretos y resoluciones dictados en expedientes o actuaciones administrativas o, en general, de cualquier decisión dictada por autoridad administrativa que niegue un derecho, imponga obligaciones o no haga lugar a un recurso de revocatoria interpuesto, se hará saber el derecho a interponer recursos y el plazo para hacerlo, conforme a la normativa vigente, erigiéndose esta disposición legal en un instrumento vital en resguardo de los derechos y garantías del administrado frente a la diversidad de procedimientos que en el orden local pueden haberse reglado. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 277, p 326; T 305, p 277.
Contrato de trabajo, empleo público, contrato de trabajo a plazo fijo, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: KOPPIUS ALEX c/ ESTADO NACIONAL EJERCITO ARGENTINO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-08

A la luz de los principios de la sana crítica (arts. 90 L.O. y 386 CPCCN), me permito concluir, sin hesitación alguna, que la propia extensión del vínculo (más de veinticinco años) sumada a la naturaleza misma de la tarea cumplida por el actor (traducción, en una dependencia oficial asentada en un país angloparlante), en modo alguno justificaban la contratación del actor mediante un contrato de trabajo a plazo fijo; consecuentemente, la rescisión dispuesta por la empleadora con fundamento en el vencimiento del plazo contractual debe ser reputada como un despido injustificado, en los términos del artículo 245 de la L.C.T., y por lo tanto, no cabe sino admitir, con las salvedades que se formularán, la procedencia de la demanda. (Del voto de la Dra. Gonzalez en minoria). (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Escritura pública, estado civil, prueba, responsabilidad del escribano
Materia: CIVIL
Carátula: PERCIAVALLE, Osvaldo Carlos y PERCIAVALLE, María Alejandra s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-02

La circunstancia de que el notario al autorizar un acto de fe del acto que autoriza y de la habilidad (capacidad) que los otorgantes tienen para realizarlo, en modo alguno implica que deba conocer el estado civil de aquellas personas, si en nada afecta al acto. En tal caso sólo debe consignar los datos que extrae de los documentos de identidad que se le exhiben y lo que cada persona le declare. Por ello una escritura pública no es la prueba del estado civil de una persona.-
Competencia, competencia comercial, medidas cautelares, servicio telefónico
Materia: COMERCIAL
Carátula: DJIVANIAN, CRISTINA c/ TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM  SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-26

La cuestión de competencia relativa a la pretensión de la traba de una medida cautelar incoada por el usuario contra la empresa prestataria del servicio telefónico debe ser diferida para el tiempo en que resulte constituida la relación procesal, tramitando inicialmente ante la justicia comercial; ello ante la necesidad de afianzar la justicia, y sin emitir juicio sobre la sustancia de la incidencia -competencia-. (En el caso, las actuaciones habían tramitado por tres fueros diferentes que habían declarado su incompetencia).
Interrupción de la prescripción, demanda, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Basualdo, Gastón Maximiliano c/ GCBA s/ otras demandas contra la aut. administrativa contra la aut. administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-07

Las decisiones recaídas no rechazan la solicitud de tener por interpuesta la demanda con efecto interruptivo -esa hubiera sido estrictamente una decisión contraria a lo peticionado por el justiciable- sino que deciden extrapetita, algo no comprendido ni previsto en el propósito al que apunta el objeto de la demanda. (Voto en disidencia Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Ejercicio profesional, trabajadores de la salud, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Ferreyra Revol, Ramiro L. c/ Instituto de Serv. Soc. para el Personal de Seg., Reaseg. Capitalización, Ahorro y Préstamo para la Vivienda s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-14

Si se probó la inserción del profesional en una organización ajena que diseñó el esquema dentro del cual se debía mover y que logra su finalidad empresaria con el servicio prestado por aquél, cabe concluir en la existencia de relación de dependencia.
Demanda, demandado, integración de la litis, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: JOSE DE LA CERA c/ ROCAMEN  S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-06

La elección que el actor efectúa de las personas a quienes demanda no obliga al juzgador, cuando la sentencia puede dictarse útilmente sólo respecto de todos los partícipes de la relación jurídica sustancial; por lo que el juez posee facultad propia de merituar dicha integración para preservar la eficacia de su decisión. Caso contrario trataríase de una sentencia "inutiliter data", esto es, de ningún valor.

Por ello, cuando entre varios sujetos existe una relación jurídica única e inescindible, la omisión de reclamo contra uno de ellos importa la violación de la correcta regulación del proceso por falta de integración de la litis, lo que autoriza el rechazo de la demanda.
Privatizaciones, destino de los fondos, propiedad participada, competencia laboral
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: LEON, Rafael c/ YPF S.A. Y OTRO s/ part. acc. obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

La contienda promovida por los sujetos legitimados para obtener el reconocimiento de su calidad de accionistas de YPF Sociedad Anónima no es una contienda laboral (Conf CSJN en autos: "Albornoz, Domingo C/ YPF SA y otro" del 17/11/98) pues en los casos en que mediaron negocios disolutorios de las relaciones de trabajo en los términos del art. 241 LCT, las manifestaciones liberatorias de carácter general no alcanzan al derecho a la titularidad de las acciones, a diferencia de lo que ocurre con la prestación del art. 13 de la ley 24145 (conf. CSJN caso "Tarifa").
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Delmoro, María Gabriela y otra c/ Baudry, Mario Raúl s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-23

Con la expresión pérdida de una chance se indican todos los casos en los cuales el sujeto afectado podía realizar un provecho, obtener una ganancia o beneficio, o evitar una pérdida, lo que fue impedido por el hecho antijurídico de un tercero, generando de tal modo la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría o no producido, pero que, evidentemente, ha cercenado una expectativa, una probabilidad de una ventaja.
Empleados públicos, cesantía, sanciones disciplinarias, llamado de atención, docentes, acto administrativo, acto administrativo ilegítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PERAMOS, ANGEL FRANCISCO FEDERICO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 273-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-05

La aplicación de una sanción disciplinaria, consistente en un llamado de atención, no obstante que a la fecha en que le impuso la misma al agente, dicha sanción se hallaba impugnada y sin decidir; la invocación de falta total de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, gravedad y reincidencia, cuando de las cuestiones administrativas se desprende que el actor fue calificado durante catorce años de docencia con notas no inferiores a ocho y en los informes de los inspectores zonales del Consejo Nacional de Educación constan palabras de felicitación y estímulo, así como una inasistencia injustificada al establecimiento educacional que fuera solicitada por el docente en su oportunidad como "imprevistos", conforme al régimen de licencias para el personal suplente que no cesa; denotan que los motivos expresados en los considerandos de la resolución que dejó cesante al actor como director reemplazante de una escuela rural, exceden la causal establecida en el artículo 29 inciso b) del Reglamento de Suplencias para los cargos docentes, decreto 37-7. Lo que fluye del propio decreto, y de una atenta lectura del expediente administrativo, es que en realidad, aunque se la basó en tal norma, la baja del recurrente se debió a la acumulación de una serie de circunstancias que las autoridades educativas valoraron en desmedro de él, basadas fundamentalmente, en los informes de la Supervisora Seccional en las dos últimas inspecciones efectuadas -de los que surge franca contradicción respecto de la idoneidad y responsabilidad del actor con las opiniones de los inspectores anteriores-, y en la negativa del docente a retirar unos colmenares del establecimiento educativo, aduciendo que los utilizaba para dar nociones de apicultura a sus alumnos.
Liquidación de sociedades, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Cohen, Amanda Sara y otro c/ Asset, Patricia Mónica y otro s/ Disolución y liquidación de sociedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

No queda demostrado el vicio del absurdo en la sentencia, si el denunciante se limita a ofrecer su propia versión de los hechos y de la valoración que de los mismos efectuó la Cámara.(doctora Kogan, sin disidencia)
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal
Materia: PENAL
Carátula: SUPLICIO, FERNANDO. s/ RESISTENCIA  AUTORIDAD.  ATENTADO  AUTORIDAD. ENCUBRIMIENTO. COAUTOR.  ESTUPEFACIENTES. TENENCIA. INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

Todas las circunstancias en concreto de cada caso -de las cuales la cantidad es solo una- son las que determinan si con la tenencia se ha agraviado la salud pública por vía de peligro. Esa inteligencia de la norma legal se compadece perfectamente, como creo demostraré, con la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando recientemente entendió en el caso "Bazterrica" que es incostitucional la punición de la simple tenencia de estupefacientes para uso personal. Ello así desde que, obviamente, no basta con que ese destino de consumo privado sea maramente erguido, sino que necesariamente deba ser aceptado como verdad en el hecho examinado de acuerdo a lo que surge de las constancias de autos, no existen elementos de juicio suficientes para descartar que Suplicio tenía la marihuana simplemente para su único uso personal y a un tiempo, también debe aceptarse que su tenencia no ofrecía rasgos de peligro para la salud pública.

Como agregar argumentos a los del alto tribunal excede mis posibilidades y parafrasearlos sería ocioso, me remito pues derechamente a ellos para votar porque se declara la INCONSTITUCIONALIDAD del art. 6to. de la ley 20.771 en tanto incrimina la simple tenencia de estupefacientes para uso personal que no acarrea daño o peligro concreto para terceros y se revoque parcialmente el punto primero del fallo apelado absolviéndose a Fernando Gabriel Suplicio respecto de ese delito, por el que también viene condenado.
Medidas autosatisfactivas, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: FILIPPA BLANCA c/ BCO. SUDAMERIS ARGENTINA S.A. SUC. S.L. s/ EDIDA AUTOSATISFACTIVA - EXPTE. N° 57-2002
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2006-10-04

Si se requiere la intervención del órgano judicial para cobrar una suma de dinero, cualquiera sea el procedimiento que se imprima a la causa -ordinario, sumario, ejecutivo o bajo el ropaje de una medida autosatisfactiva como en la especie- la clara solución que da al caso el art. 287 inc. 1 del Código Tributario aventa cualquier duda. Ahora, que a los profesionales se les regule sus honorarios de acuerdo al tipo de proceso seguido, es tema que nada tiene que ver con el sub-discussio y si en el que nos ocupa dada la falta disposición específica sobre el modo de retribución, se tome por analogía la que tiene el Abogado que peticiona una cautelar (R.R. Civil 246/05 de la Cámara Segunda de Apelación); ello no cambia el eje de la cuestión, puesto que estamos frente a temáticas diversas (Derecho Tributario y Aranceles de Abogados) gobernadas por distintos principios.-
Derechos y garantías constitucionales, derecho de réplica, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

El actor expresa que se ha sentido dolido como consecuencia de expresiones vertidas en un programa de televisión que habrían sido lesivas para la fe católica. Esta sería, en verdad, la eventual atacada. No lo ha sido, en cambio, el recurrente; este no alega que se lo haya mencionado o aludido en el programa. En consecuencia, es palmaria la ausencia de legitimación del actor para ejercer el derecho de rectificación, respuesta o réplica en el presente caso.
Daño moral, muerte del damnificado, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Bistoco Fabiana c/ Forchi Francisco s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

El nuevo art. 1078 del Cód. Civil determina que la acción por indemnización del daño moral, si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente corresponde a los herederos forzosos; y entre éstos últimos se encuentran el o la cónyuge de la víctima, sus hijos y demás descendientes, sus padres y otros ascendientes (arts. 3565 y sgtes.). A la luz de esta norma positiva es preferible atenerse a su letra sin hacer una limitación que implique una restricción por vía interpretativa.

No requiere demasiada argumentación justificar fácticamente que se otorgue reparación al dolor legítimo que produce en los padres la muerte de un hijo, si la ley permite tenerlos por legitimados, en tanto que la concurrencia de otros reclamantes deberá ser ponderada al determinarse su cuantía pero no su procedencia.-
Contratos, leasing, venta con reserva de dominio, fijación de precios, gastos de mantenimiento de cuenta, dólares, pesificación, reajuste de precios, aplicación de la ley, esfuerzo compartido, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MSF/HSF Argentina SA c/ Galeno SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

En cuanto al dólar a ser utilizado, resulta apropiado disponer el progreso de la demanda por la cantidad de pesos necesaria para adquirir la suma expresada en dólares estadounidenses de acuerdo a la cotización de la indicada divisa efectuada por el Banco de la Nación Argentina (tipo vendedor), incrementada: (i) en un 30% en concepto de "Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS)", de conformidad con la ley 27541: 35-a (conf. CNCom, Sala A in re "Forti, Pablo c/ Franco, Gabriela Inés s/ ejecutivo", del 18/08/20); y (ii) en un 35% en concepto de percepción autorizada por la Resolución General de la AFIP n° 4815/20 (cfr. CNCom, Sala D in re "Órtola Martínez, Gustavo Marcelo c/ Sarlenga, Marcela Claudia", del 15/10/20).
Prueba documental, interpelación, apercibimiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Poder Ejecutivo en j: S.A. Mercados y Frigoríficos Mendoza c/ Poder Ejecutivo (Decreto 3138) s/ Contencioso admnistrativo - Incidente de nulidad (Libro: A25A-442)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1955-10-20

Cuando se trata de la exhibición de documentos que se ofrecen como en poder de la parte contraria, el Tribunal debe limitarse a intimar a ésta por la presentación de los mismos en el plazo que se indique sin señalar apercibimiento alguno como prevención; pues no sólo no manda la ley que ello se haga conjuntamente con la intimación, sino que la amenaza carece de todo objeto, ya que cada litigante debe saber cuáles son sus obligaciones en el proceso y cuál puede ser el resultado de su incumplimiento.
Trabajador, tope indemnizatorio, industria petrolífera, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Orellana, Martin Adrian c/ GEOLOG SA s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2013-07-30

Resulta ajustado a derecho no imponer el tope indemnizatorio al trabajador enmarcado en la actividad petrolera, si el CCT 511/07 que regula tal actividad no contiene máximo indemnizatorio alguno, pues la indemnización del art. 245 LCT debe fijarse sin tope máximo si el convenio colectivo específico de la actividad no lo prevé, no resultando admisible que se aplique por analogía un convenio que le es ajeno.
Empleo público, prescindibilidad, razones de seguridad, nulidad del acto administrativo, indemnización por despido, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: CORREA, MARCIAL c/ O.S.N. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-15

Por obra de acto revocatorio el agente tiene derecho a la reincorporación, pero si ésta es materialmente imposible se deberán aplicar los mecanismos establecidos para regular la situación.

En el caso se impone una reparación de los perjuicios experimentados con motivo de la separación y otra, eventualmente, por la imposibilidad de reincorporación.

Se ha fijado la indemnización distinguiendo entre el pago de los salarios devengados entre la baja y la reincorporación y la reparación genérica de daños y perjuicios, si bien para la determinación de ésta última se ha acudido, como pauta meramente indicativa, a la retribución que debió haber percibido el actor, pero reduciéndola en un 70%.

(En la especie, por resolución del Sr. Ministro de O.S.P. se admitió el recurso de alzada interpuesto por el actor contra la resolución del Delegado Interventor en O.S.N. que había dictado la baja del demandante "por razones de seguridad" y sin derecho a indemnización en virtud de lo dispuesto en la Ley 21.260. La decisión ministerial valoró que el acto administrativo de baja no reunía los requisitos esenciales de causa y motivación establecidos en el art. 10 de la Ley 19.549, inc. b) y a), circunstancia que lo transformaba en un acto nulo de nulidad absoluta conf. el art. 14 de la Ley citada).
Compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, inscripción registral, caducidad de la inscripción, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: NELIDA VIRGINIA RUBIO c/ HUGO FILIPPINI Y OTROS s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-04-23

El plazo de caducidad establecido por el artículo 37 de la ley 3690 no resulta aplicable en tanto existe una preceptiva de grado superior como lo es la ley 17801 que no faculta a la Provincia a establecer caducidades, de donde el plazo de duración de la registración de un boleto de compraventa inmobiliaria se rige solamente por la normativa emanada del Congreso Nacional.