Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 200/203.

Santa Fe, 19 de junio del año 2018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesta por el actor contra la resolución número 370 de fecha 2 de agosto de 2016, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario, en los autos caratulados "EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A. contra MUNICIPALIDAD DE CASILDA -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. N° 203/14)" (Expte. C.S.J. CUIJ N° 21-00511119-3); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de autos que por auto número 370 de fecha 2 de agosto de 2016, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario resolvió acoger el planteo de la demandada y declarar que se ha producido en los autos principales la caducidad de la instancia con costas al actor, por considerar que el juicio ha estado paralizado por un término superior al previsto legalmente sin que la actora haya instado su prosecución, entendiendo para ello que tanto la presentación de nueva apoderada como la solicitud de apertura de la causa a prueba, cuando ya se había ordenado anteriormente, resultan ser actos procesales inocuos y carente de idoneidad a los fines de activar o dinamizar el procedimiento (fs. 34/36v.).

Contra dicha resolución el perdidoso dedujo recurso de inconstitucionalidad fundado el mismo en la hipótesis contemplada en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055 por entender que la misma es arbitraria por desconocer garantías constitucionales, basarse en un excesivo rigor manifiesto y apartarse sin justificación alguna de la doctrina legal de este Tribunal, no reuniendo las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

Postula que la Cámara decidió que existe caducidad y luego intentó fundarlo haciendo omisión a las defensas planteadas por su parte, careciendo los fundamentos brindados de asidero lógico y jurídico, constituyendo un razonamiento no válido.

En este sentido, continúa diciendo que la doctrina pretoriana de la arbitrariedad exige que las sentencias sean correctamente fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, ingresando la cuestión en el "control de logicidad" según el cual la resolución judicial, por no respetar las reglas lógicas del pensar, carece de fundamentación constitucional.

Explica que no basta que el pronunciamiento contenga fundamentos, sino que es "obligación" que ellos estén a la vez "fundados", y en este sentido dice que tiene especial relevancia la afirmación de la Sala sobre comparendo de un nuevo apoderado, cambio de domicilio y declaración de "acto inoficioso" a su manifestación de que se abra nuevamente la causa a prueba.

Menciona fallos del máximo Tribunal Nacional sobre la procedencia del recurso extraordinario, como así también sobre el objeto de la doctrina de la arbitrariedad, que entiende es el medio apto para asegurar el reconocimiento de derechos fundamentales garantizados por la Constitución nacional contra pronunciamientos contrarios a derecho.

Cuestiona a la Cámara haber ignorado la doctrina sentada en el precedente "Espejo" del máximo Tribunal Nacional relativa a que la intención de no abandonar el proceso -teniendo en cuenta la intención del litigante de remontar los obstáculos para llegar a la sentencia- es un acto impulsorio, y por ello la caducidad de los autos principales no puede prosperar cuando dicha intención se encuentra demostrada.

Agrega que se han vulnerado las garantías constitucionales del debido proceso y de razonabilidad, como así también el principio lógico de razón suficiente; asimismo alega que el Tribunal asumió un rol de parte que no le corresponde.

En definitiva, postula que el pedido de que se abra la causa a prueba luego de haber comparecido un nuevo apoderado por la Municipalidad de Casilda -a pesar de que dicha instancia procesal ya se encontraba abierto (proveído de fecha 4.12.2015)-, al que la Cámara tuvo como "acto inoficioso", no puede ser nunca asimilado a la "paralización" que postula el artículo 30 de la ley 11.330.

2. Por decisorio número 28 de fecha 14 de febrero de 2017 la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad, por entender -en síntesis- que el recurrente "sólo se limita a disentir con la resolución en cuanto a la interpretación que formula del ordenamiento jurídico aplicable -art. 30, ley 11.330- y la valoración de las circunstancias fácticas del caso" (fs. 60/65v.).

Dicha resolución motivó la presentación directa del recurrente ante esta Corte Suprema (fs. 7/28v.).

3. Se adelanta que la presente queja no puede tener favorable acogida en esta instancia.

3.1. Para ello, es de señalar que el impugnante no logra persuadir de que corresponda en el caso franquear el acceso a esta instancia de excepción, en virtud que de la confrontación del pronunciamiento atacado con los argumentos expuestos en el escrito de interposición del recurso y el de queja, surge tan sólo la discrepancia del recurrente frente a la solución adoptada por la Cámara, mas sin delinear adecuadamente hipótesis de arbitrariedad que permitan sostener que, al resolver como lo hizo, el A quo hubiese desbordado el ámbito inherente a sus atribuciones propias.

Es que no logra poner en crisis, desde una óptica constitucional el razonamiento seguido por el Tribunal, de modo de no exceder, tal como pretende hacer ver el impugnante, los límites propios de los jueces de la causa al valorar los hechos y la normativa aplicable al caso.

En efecto: la Cámara consideró, en primer lugar, que se encuentran reunidos en el caso los elementos que objetivamente hacen procedente la declaración de caducidad, esto es, el transcurso del plazo legalmente contemplado y la falta de actividad idónea para impulsar el procedimiento.

En segundo lugar, el Tribunal sostuvo que "la comparecencia a los autos de un nuevo apoderado no constituye un acto idóneo para hacer avanzar el proceso (...); el acto que se pretenda interruptivo del curso de la caducidad de instancia, debe tener aptitud suficiente para impulsar el trámite en el momento procesal en que se manifiesta, por lo que la solicitud de apertura de la causa a prueba, cuando ya se ha ordenado anteriormente, resulta ser un acto procesal inocuo y carente de idoneidad a los fines de activar o dinamizar el procedimiento" (fs. 64v./65).

Estos fueron principalmente los argumentos que cimentaron la resolución cuestionada, frente a lo cual las alegaciones vertidas por el recurrente no alcanzan a persuadir que se configure un caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte provincial, cuya misión es efectuar el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional.

Y si bien el quejoso aduce ciertos cuestionamientos sobre la declaración de la caducidad de la instancia, quejándose de que la solicitud de estar a derecho es un acto idóneo de impulso procesal y su manifestación -peticionando nueva apertura de la causa a prueba- es un intento de mantener vivo el proceso, lo cierto es que sus argumentaciones no logran traspasar el límite de la mera discrepancia, y mucho menos aún, justifican las razones por las cuales el expediente quedó paralizado más allá del plazo establecido por el ordenamiento jurídico para que se configure la caducidad de la instancia, solución a la que -en definitiva- arribó la Cámara con fundamentos suficientes en la resolución impugnada.

Las críticas se reducen a un disenso en torno a la apreciación que sobre las circunstancias de la causa y la subsunción en derecho efectuó la Cámara en una materia que le es propia y en consonancia con la doctrina constitucional de esta Corte (vid. "Faccenda" A. y S. T. 165, pág. 367), juzgando que se daban en el caso las condiciones necesarias para entender que se había configurado la caducidad de la instancia, y en consecuencia, así se lo debía declarar.

Situados en ese contexto, el recurrente no logra demostrar la irrazonabilidad de la respuesta adoptada por los Sentenciantes en el ejercicio de funciones privativas que, en principio, escapa el ámbito del remedio extraordinario local. Al respecto, no está de más destacar que la doctrina de la arbitrariedad sólo encuadra en aquellos casos en que media absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para los mismos, ya que lo contrario importaría exceder la jurisdicción de la Corte habilitándola a revisar todos los pronunciamientos con menoscabo de los límites funcionales impuesto por la Constitución y las leyes (cfr. A. y S. T. 58, pág. 307; T. 59, pág. 319; T. 134, pág. 294, entre otros).

Por consiguiente, la pretensión última del impugnante, tal como ésta la trae a revisión, es renovar un debate ya agotado en la instancia ordinaria y ajeno a la vía extraordinaria intentada, sin lograr demostrar de la manera que el caso lo requería los vicios que le imputa a la sentencia impugnada. La Cámara efectuó valoraciones que podrán no conformar al recurrente, pero en la medida que no se demuestra un apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de Origen: Cámara en lo Contencioso Administrativo N°2.