Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-05-11


SENT Nº 411	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Once (11) de Mayo de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Fara José Carlos vs. Mijasi S.R.L. Ing. y Destilería La Trinidad s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción en fecha 10 de septiembre de 2007 (fs. 340/348), la parte actora dedujo recurso de casación, que fue concedido mediante resolución del 20 de mayo de 2008 (fs. 458). Consta en informe actuarial de fs. 466 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 del CPL.

2.- La Cámara decidió hacer lugar a la demanda por todos los rubros reclamados, con excepción de la indemnización prevista en la ley 23.551 (arts. 47, 48, 49 y 52) y de la que establece el art. 132 bis de la LCT.

En relación a la indemnización de la ley 23.551 reclamada en autos, el tribunal sostuvo que el art. 49 inc. b) de dicha ley exige la notificación fehaciente al empleador, por telegrama o carta documento, de su condición de Vocal Titular Segundo de la Comisión Gremial -Directiva- del Sindicato por la que habría resultado electo, y determinó que al no haber acreditado la parte actora el cumplimiento de dicho extremo, el rubro reclamado resultaba improcedente.

Asimismo, la Cámara rechazó la indemnización del art. 132 bis de la LCT cuyo pago solicitaba la parte actora, en tanto consideró que la patronal acreditó los aportes previsionales, y por lo tanto no existe retención por parte de la misma.

3.- El recurrente sostiene que la sentencia otorga un indebido alcance a la comunicación de la designación del delegado sindical, considerándola a la misma como 'ad solemnitatem' y no 'ad probationem', y señala que su ausencia no invalida la protección si se prueba que el empleador conocía la designación y no la impugnó.

En relación al conocimiento de la calidad de delegado del actor por parte del demandado, el recurrente hace mención a las siguientes circunstancias: a) La intimación que se le efectuó al demandado a que abonara la indemnización por estabilidad gremial, sobre lo cual éste nada dijo; b) Al contestar demanda, se limitó a negar -en forma genérica- que el actor haya resultado electo en el sindicato de empleados del Ingenio La Trinidad; c) En su impugnación al informe pericial, el demandado afirmó que la designación no fue comunicada en la forma prescripta por el art. 49 inc. b de la ley 23.551.

Sintetiza la posición asumida por el empleador diciendo que primeramente guardó silencio, seguidamente manifestó que tampoco fue electo, y en una última etapa expresó que dicha elección no fue comunicada. Asevera que la ley le impone al juez que considere admitidos aquellos hechos respecto de los cuales no se hubiera pronunciado la parte contraria a su asertor, a pesar de haber sido formalmente provocada para hacerlo, y en tal sentido cita la disposición del art. 60 del CPL. Concluye que de lo sostenido se desprende que ha quedado demostrado que el accionado conocía la calidad de delegado gremial de la parte actora, por lo cual solicita que se recepte la indemnización prevista en la ley 23.551.

Con respecto a la indemnización del art. 132 bis reclamada en autos, sostiene que la decisión es arbitraria, toda vez que la sentencia solamente manifestó que se depositaron los importes retenidos al actor, sin explicar a qué clase de aportes hace referencia. Señala que en autos sólo se ha demostrado el ingreso de los aportes jubilatorios, los cuales fueron ingresados en forma totalmente extemporánea, pero no se ha demostrado el ingreso de las contribuciones para el sindicato al que está afiliado el actor, ni para el de obras sociales ni las asignaciones familiares.

De ello concluye que cuando la sentencia expresa que no se hace lugar al art. 132 bis de la LCT porque se depositan los importes retenidos al actor, ha considerado probado lo que el demandado nunca probó, es decir el ingreso de las demás contribuciones.

4.- Por ser inherente a la competencia funcional de esta Corte la de revisar si el recurso de casación ha sido correctamente concedido, corresponde analizar la cuestión atinente a la admisibilidad del recurso. Así, se puede observar que la casación ha sido interpuesta tempestivamente, se dirige a atacar una sentencia definitiva, el recurso se basta a sí mismo, se invocan cuestiones jurídicas como motivo de casación, y no es exigible el afianzamiento por ser la parte actora quien recurre (arts. 130 a 133 del CPL). Consecuentemente, habiéndose cumplido con la totalidad de los requisitos de admisibilidad de la casación, corresponde abordar el análisis de procedencia de la vía impugnativa intentada.

5.- En primer término, el actor invoca la aplicabilidad al caso de lo normado en el art. 60 del CPL, y en tal orden esgrime que la actitud asumida por la demandada al ser intimada al pago de la indemnización especial de la ley 23.551, como así también al momento de contestar la demanda y de impugnar el informe pericial, debe interpretarse como un reconocimiento de que el demandado conocía la calidad de dirigente gremial del trabajador.

Sobre el particular, corresponde señalar que el art. 60 del CPL dispone que en la contestación de demanda el accionado debe reconocer o negar todos los hechos en que se funda la demanda, señalando que su silencio o respuestas evasivas deben ser interpretadas como reconocimiento. Además, esta norma le impone al demandado el deber de proporcionar su versión de los hechos, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con los invocados en la demanda, a pesar de su negativa.

Preliminarmente, cabe señalar que esta disposición -cuya aplicación al caso solicita el recurrente- refiere exclusivamente al contenido que debe tener el escrito de contestación de demanda, por lo que quedan fuera de su alcance la actitud que pudo haber tomado la demandada en el intercambio epistolar producido con carácter previo a la iniciación del pleito, o bien al impugnar una prueba producida durante la sustanciación del proceso.

Efectuada esta aclaración, y ciñéndonos entonces al análisis del contenido del responde, se advierte que a fs. 57 vta. el demandado negó que el actor haya resultado electo en el Sindicato de Empleados del Ingenio La Trinidad, como Titular Vocal Segundo, con mandato desde el 18/09/00 hasta el 18/09/04.

En las concretas circunstancias del caso, esta manifestación efectuada en el escrito de responde resulta suficiente para tener por cumplido con el mandato del art. 60 del CPL, toda vez que no existe un silencio ni respuestas evasivas por parte del accionado, y además -por el particular contenido de la negativa formulada- no resultaba necesario explayarse de algún otro modo sobre los hechos invocados por el actor para fundar la procedencia la indemnización especial prevista en la ley 23.551. Resulta posible suponer que si la demandada negó que el actor haya sido electo en el cargo señalado, tal negativa pudo obedecer al desconocimiento del cargo gremial que investía el trabajador porque no le fue comunicada su designación conforme lo exige el art. 49 inc. b) de la ley 23.551, ya que el sentido del requerimiento legal es, justamente, que el empleador tome conocimiento de tal designación. De ello cabe concluir que las particulares circunstancias de la causa no habilitan la aplicación del reconocimiento ficto que prevé el art. 60 del CPL como lo pretende el recurrente.

En cuanto al conocimiento de la calidad de dirigente sindical por parte del empleador, que derivaría del hecho de que el demandado guardó silencio cuando fue intimado a que abonara la indemnización por la estabilidad gremial, cabe señalar que lo que exige la ley, es que el empleador tenga conocimiento de la investidura gremial del trabajador a fin de que evite violar la garantía de estabilidad sindical. Ello implica necesariamente que tal conocimiento debe ser previo a que se produzca el acto que produce la infracción a la garantía sindical, pues de nada valdría el conocimiento tomado por el empleador con posterioridad a que se produjo el hecho (vgr. despido) mediante el cual se infringe la garantía sindical.

En el caso, la intimación al pago de la indemnización por estabilidad gremial resulta posterior al despido directo dispuesto por la empleadora, por lo que la misma no puede suplir la falta de comunicación considerada por la sentencia en los términos del art. 49 inc. b) de la ley 23.551.

Más allá de ello, cabe tener en cuenta que según el criterio de esta Corte, lo que se exige es que el empleador tenga un conocimiento indubitable y fehaciente de la designación respectiva, y en este orden consideró que las presunciones o el conocimiento presunto no serían un método adecuado a tal fin (cfrme. CSJT, sent. nº 373 del 16/5/2005). A la luz de este criterio, la circunstancia invocada por el recurrente, relativa al silencio en que habría incurrido la empleadora al contestar la intimación que le fuera efectuada, no alcanza para tener demostrado el conocimiento efectivo de la designación en el modo considerado por esta Corte, por lo que el agravio tampoco resulta atendible desde esta perspectiva.

En mérito a lo expuesto, corresponde desestimar los agravios esgrimidos por el recurrente relativos a la indemnización especial prevista en la ley 23.551.

5.2.- Con respecto al rechazo al pago de la indemnización del art. 132 bis de la LCT decidido por la sentencia, el recurrente cuestiona que se rechazara la misma cuando sólo se ha demostrado el ingreso de los aportes jubilatorios, pero no el de las contribuciones para el sindicato, ni para las obras sociales o las asignaciones familiares.

Cabe señalar que, aun cuando se encuentren demostrados los extremos que requiere la norma y cuya configuración invoca el recurrente (retención de aportes del trabajador con destino a los organismos de seguridad social y sindicales, etc. que no se ingresan total o parcialmente en el organismo correspondiente), lo cierto es que el art. 1 del decreto 146/2001 que lo reglamenta, impone para que sea procedente esa sanción, la obligación al trabajador de intimar para que, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder.

El decreto establece como condición para que progrese esta pretensión la intimación fehaciente a fin de que se ingresen los importes adeudados en el término de treinta días, lo que no ha sido cumplido por el actor en el caso en que nos ocupa. En efecto, de las constancias de la causa se desprende que la intimación efectuada por el actor según telegrama de fs. 11 y 48 de ningún modo cumple con las exigencias previstas en el decreto reglamentario, ya que en el referido telegrama sólo se solicita al empleador que acredite los pagos de aportes al sistema previsional correspondientes a las retenciones a los haberes oportunamente efectuadas, pero no se intima a que se ingrese importe alguno. Al respecto, se ha sostenido que "es improcedente condenar al empleador a abonar la multa del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) (Adla, XXXVI-B, 1175), en tanto el trabajador sólo lo intimó a que exhiba las constancias de pago de los aportes respectivos, pero no al ingreso de éstos" (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IV - 31/03/2008 - Leguizamón, Blanca Ester p/sí y en rep. de sus hijos menores A., S, y A, M. c. Thomas Carstensen S.A. y otros - Cit. en La Ley Online).

Más allá de lo señalado, en el telegrama cursado no se le otorga al demandado plazo alguno para cumplir con la intimación, ni se le hace saber al accionado el apercibimiento de solicitar la aplicación de la sanción del art. 132 bis en caso de no cumplir con lo reclamado.

En este sentido, la doctrina ha indicado que "Hay que destacar que dicha protección recién nace cuando se extingue la relación laboral -ya que así lo establece la norma- y una vez cumplidos los recaudos previstos por el art. 1 del dec. 146/2001. Así el trabajador, luego de resuelto el vínculo contractual, deberá intimar a su empleador para que en el plazo de treinta días ingrese los importes retenidos y no ingresados bajo apercibimiento de solicitar la aplicación de la sanción conminatoria" (Cianciardo, Francisco B. "El artículo 80 de la ley de contrato trabajo y el decreto 146/2001", La Ley del 25/10/2004, pág. 4. En igual sentido, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII, 04/6/2004, "Chávez, Oscar A. c. Eye S.R.L. y otro"; cit. en CSJT, sent. nº 1142 del 29/11/2006).

Por lo expresado precedentemente, corresponde rechazar el planteo dirigido a cuestionar la improcedencia de la sanción del art. 132 bis de la LCT declarada por la Cámara.

6.- Atento al resultado arribado, las costas de esta instancia deberán ser soportadas íntegramente por la parte actora vencida (arts. 49 CPL y 106 CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora, en contra de la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción en fecha 10 de septiembre de 2007 (fs. 340/348).

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.