Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2007-06-25


2º Instancia. - San Salvador de Jujuy, junio 25 de 2007.

Los doctores Farfán y Caballero de Aguiar dijeron:

Por estos obrados comparece el Dr. P.O.F. (h), en nombre y representación de Clelia Adriana Cortez, Irma Azucena Ramos, Leonor Graciela Jerez, Patricia Jesús Maidana, Ricardo Sabino Garzon y César Hugo Montecinos, promoviendo demanda Ordinaria por Daños y Perjuicios en contra del Banco Hipotecario Nacional S.A. y la Empresa Biela S.A., solicitando que en la etapa procesal oportuna se condene a las demandadas a abonar a sus representados la suma que el Tribunal determinará y surgirá de las pericias correspondientes, por el daño material y moral que han sufrido sus representados.

Al relatar los hechos dice que sus mandantes son adjudicatarios del plan de viviendas 50 Viviendas del Banco Hipotecario, construidas a través del Banco Hipotecario Nacional S.A., éstas son viviendas de tipo económico conforme al nivel salarial de sus representados, todas personas de trabajo y con relación de dependencias.

Terminada que fue la construcción de dichas viviendas por la Empresa Biela S.A., los adjudicatarios entraron en posesión de las mismas y al poco tiempo de habitarlas comenzaron a surgir innumerables problemas, pues cuando solamente una persona vive en una casa puede tener la percepción aval de su estado, de la calidad de los materiales, de los detalles de construcción, es decir de todos los rubros, defectos, bondades y demás detalles de una vivienda. Esta situación es la que soportan diariamente sus representados por la deficiente calidad de la construcción de las unidades habitacionales entregadas; ofrece pruebas y solicita se suspenda el traslado de la demanda hasta tanto sea ampliada la misma, debiendo reservarse el presente en Secretaría.

Que a fs.7/13el Dr. P.O.F. (h) por la participación acordada en autos manifiesta que en ese carácter viene a ampliar la demanda en contra del Banco Hipotecario Nacional S.A., Biella S.A., Obra Civiles S.R.L. y además en contra de la Razón Social Compañía Financiera de Créditos Hipotecarios S.A. y se persigue con esta demanda, fundada en la Ley del Consumidor y normas concordantes del Código Civil, de un pronunciamiento que condene a los demandados al resarcimiento de todos y cada uno de los daños y perjuicios (ya demostrados en la diligencia preliminar que corre agregada por cuerda a estos obrados), incluso el daño grave moral ocasionado, producido como consecuencia de los injustificados incumplimientos contractuales de los demandados, a partir de la defectuosa construcción de las viviendas correspondiente al emprendimiento sur La Viña, daños que fueron determinados por la pericia llevada a cabo en el Expte. Nº 156/99, caratulado: "Llina Gustavo A. y otros c. Bco. Hipotecario S.A." que se tramitara por ante el Juzgado Federal Nº 2.

En capítulos que califica como legitimación activa y legitimación pasiva fundamenta la imputación de responsabilidad civil a los demandados en autos.

En otro capítulo que denomina de lo que se reclama señala los daños y perjuicios cuya reparación pecuniaria sus mandantes persiguen están representados por los costos de despreciación de las viviendas adquiridas, que el perito técnico actuante en la diligencia preliminar individualiza por cada unidad habitacional desde fs. 1249 a 1279 de dicho expediente. A esas sumas de valores individuales, deberán aditársele los intereses legales, los cuales serán calculados desde la fecha de toma de posesión por parte de cada uno de sus representados de la unidad habitacional adquirida y hasta el efectivo pago.

Que los perjuicios sufridos por sus mandantes a partir de la venta que la contraria les realizara de las viviendas en Bajo La Viña, las que como refiere el perito técnico judicial están prácticamente en ruinas y con graves daños estructurales y con terminaciones pésimas.

Afirma que dichas viviendas y sin perjuicio de las particularidades especiales que cada una presenta y que fueron claramente referidas por el perito, y para ello se remite en un todo a las especificaciones detalladas que demuestran en forma palmaria las graves situaciones de sus mandantes, el engaño del cual fueron objeto y la tremenda irresponsabilidad con la que actuaron los demandados, por lo que le cabe la total responsabilidad de reparar los daños y perjuicios ocasionados y el daño moral sufrido por los actores al verse burlados con el sueño de la casa propia por la cual pagaron un precio, hacen el esfuerzo mensual de abonar las cuotas, pagaron por terminaciones extras, y sin embargo viven, si se puede decir viven, en viviendas que no responden en lo mas mínimo a la relación contractual acordada, por lo que el hecho ilícito derivado de la relación contractual es claro y preciso y fue absolutamente demostrado por la pericial técnica.

Realiza otras consideraciones de hecho en la que sustenta las pretensiones de sus partes, ofrece pruebas y concluye peticionando que oportunamente se haga lugar a la demanda en todos sus términos en contra de los demandados y en forma solidaria con expresa condenación en costas.

Sustanciado el traslado de la demanda a fs. 82/89 comparece el Dr. Pablo Daniel Cucchiaro en representación del Banco Hipotecario y dice que viene por este acto a oponer al progreso de la acción incoada excepción de falta de legitimación pasiva y de prescripción, la que deberá ser resuelta al momento del dictado de la sentencia definitiva, y subsidiariamente, contestando la demanda solicitando que en la etapa procesal oportuna se sirva rechazar la misma en todas sus partes, con expresa imposición de costas a los actores, a mérito de los fundamentos de hecho y derecho que se exponen.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva manifiesta que de la lectura de los hechos expuestos en el escrito de demanda, y sin perjuicio del desconocimiento de los mismos que se efectuará en el capítulo pertinente, se refieren en su totalidad a circunstancias que ocurrieron entre los compradores y el vendedor .

Que conforme surge de los respectivos contratos de preventa que suscribieron cada uno de los actores uno de los cuales fuera agregado a fs. 70/73 del expte. Nº 156/99, caratulado: "Diligencias Preliminares..." su representado compareció al acto "... al solo y único efecto de comprometer la transferencia de dominio del inmueble...", y por cuenta y orden de Biella S.A. (Cláusula decimotercera). Asimismo, los compradores reconocieron la calidad de titular fiduciario del inmueble que ostentaba su mandante, y que carecían de cualquier derecho y/o en contra del mismo en virtud de normas contenidas en la ley 24.441 (Cláusula decimocuarta).

Igualmente de las escrituras públicas traslativa de dominio y garantías hipotecarias suscriptas con los ahora reclamantes, se extrae que su representado compareció al acto en carácter de titular de dominio fiduciario, y por cuenta y orden de Biella S.A. quién en realidad es el vendedor de la operación y que con posterioridad, por derecho propio, otorgó financiación individual a cada comprador.

Por lo tanto, el Banco Hipotecario S.A. carece de legitimación para ser demandado en la presente causa, por no ser quién vendió las referidas viviendas, conforme lo reclamado en la demanda.

Realiza otras consideraciones de hecho en las que fundamenta la falta de legitimación pasiva de su conferente; en otro capítulo opone la excepción de prescripción con sustento en las consideraciones de hecho y derecho que invoca y subsidiariamente contesta la demanda realizando en primer lugar una negativa genérica y puntual de cada uno de los hechos invocados por la contraria; y por último fundamenta el rechazo de la demanda en los hechos que expone, ofrece prueba, invoca derecho y finalmente concluye solicitando que previa realización de los trámites procesales de rigor se dicte sentencia rechazando la demanda en todas sus partes, con expresa imposición de costas.

Que a fs. 102/112 comparece el Dr. D.E.M. en su carácter de apoderado de la firma Biella S.A. y Obras Civiles S.R.L.; en tal carácter se presenta y en primer lugar opone la defensa de prescripción por los fundamentos que expone; en subsidio plantea litis pendencia; luego contesta la demanda peticionando el rechazo de la misma por las razones de hecho que allí señala; ofrece pruebas, y concluye solicitando que se haga lugar a la excepción de prescripción con costas; por contestada la demanda y oportunamente se rechace la misma en todas sus partes, con costas.

Que a fs. 123/124 vta. el Dr. P.O.F. (h) contesta el traslado conferido a los fines del Art. 301, como así también la excepción de falta de legitimación pasiva de prescripción y litispendencia opuesta en la contestación de demanda de Biella S.A. y Obras Civiles S.R.L. solicitando su rechazo por los argumentos que expone.

Que a fs. 136/vta. se ordena la producción de las pruebas ofrecidas por las partes, y habiéndose realizado la audiencia de vista de causa, estos obrados se encuentra en estado de resolver las cuestiones sometidas a consideraciones de este Tribunal.

I): Por de pronto cabe recordar que el complejo habitacional Sur La Viña que se ejecutara con financiamiento del B. H. N. conforme operatoria "Acceso Inmediato-Titularización" ha dado origen al Expte. Nº B-80.582/01, caratulado: "Ordinario por daño moral y daños y perjuicios: Llina, Gustavo A., Burgos Pedro; Molina Marcelo; Schiavoni, Laura I.; Yapura Carmen B.; Vacaflor, Gilda M. y otros c. Banco Hipotecario s.a., Biella S.A., y obras civiles SRL." (II Cuerpos) y su agregado expte. Nº 156/99 " Llina Gustavo A. y otros c. Banco Hipotecario S.A. y Otros s/ diligencia preliminar" del Juzgado Federal Nº 2 (ocho Cuerpos); tramitado por ante la sala II de la Cámara Civil y Comercial, en donde luego de los trámites de rigor, el Tribunal dictó sentencia rechazando las defensas de falta de acción en la faz pasiva, litis pendencia, prescripción y caducidad interpuesta por las demandadas; y al mismo tiempo resolvió hacer lugar a la demanda promovida por daños y perjuicios condenando a los accionados en forma solidaria en el término de 10 días a pagar a los actores la suma que allí se detalla con más el "interés" de la tasa pasiva que liquida el Banco Central de la república Argentina por su comunicado 14.290, (el que será calculado conforme lo dispone el Excmo. S. T. J. en L. A. Nº 45, Fº 977/978, Nº 429, del 29/10/02 y L. A. Nº 45, Fº 1185/1188, Nº 519, 12/02), desde la fecha de la pericia del Arq. P. L. (11/12/00) la primera suma por desvalorización de las viviendas y desde la toma de posesión (06/02/98) para la segunda por Daño Moral"; con costas.

Cabe destacar que la construcción, adjudicación y venta del complejo habitacional Sur la Viña también da origen a la presente causa donde los actores Cortez, Clelia Adriana; Ramos, Irma Azucena; Jerez, Leonor; Maidana, Patricia Jesús; Garzon, Ricardo Sabino y Montesinos, Cesar Hugo promueven demanda de daños y perjuicios en contra de Banco Hipotecario Nacional S.A., empresa Biella S.A.; Obras Civiles SRL. y Cía. financiera de crédito hipotecario S.A.

A su turno al contestar la demanda el Banco entre otras cosas opone la defensa de falta de legitimación pasiva como así la de prescripción de la acción por los fundamentos que expone y en subsidio contesta la demanda solicitando su rechazo con costas.

A su vez la otra codemandada a través del Dr. D.E.M., opone la defensa de prescripción, plantea la litis pendencia y por último peticiona el rechazo de la demanda con costas.

En ese sentido conforme se desprende de la sentencia recaída en aquel expediente se ha pronunciado el Tribunal sobre idénticas defensas que en esta causa alegan los codemandados.

Si ello es así debe considerarse si aquel decisorio, hace cosa juzgada con relación a las concretas cuestiones que ahora se resuelven.

De acuerdo con lo visto, resulta oportuno recordar que se tomó conocimiento tangencial del referido expte., como así también de la sentencia allí recaída en la oportunidad de la remisión a esta Sala de las diligencias preliminares; y en esa condiciones " los jueces están autorizados para hacerla valer de oficio por tratarse de una cuestión de orden público" (conf. Colombo, Cód. Proc. Anotado y Comentado; T. I, pág. 640). No obstante ello, diremos, que en aquella sentencia dictada por la Sala Segunda rechaza las defensas opuestas por los demandados y al mismo tiempo se pronuncia con relación a la responsabilidad civil de los accionados que se le atribuye; en esas condicione ninguna duda cabe, que aquella sentencia en autos, reviste el carácter de cosa juzgada. Es que en lo referente a la falta de legitimación pasiva, litis pendencia y prescripción de la acción, como así también de la responsabilidad de los codemandados, consideramos que tales cuestiones han quedado fuera de discusión; toda vez que la sentencia recaída en el expte. Nº B-80.582/01, caratulado: " Ordinario por daño moral y daños y perjuicios Llina, Gustavo A.; Burgos, Pedro y otros c. Banco Hipotecario Nacional, Biella S.A. y obras civiles S.R.L." (dos cuerpos) y su agregado Expte. Nº 156/99 "Llina, Gustavo A. y otros s/ Diligencia Preliminar", tiene los efectos de la cosa Juzgada en la especie.- Toca, pues, en este momento trasladar aquellos conceptos al tema que ahora nos convoca, en donde podrá ser apreciada la trascendencia en tópicos tales como que los sujetos activos de esta relación procesal no son la misma persona que promovió el juicio a que se ha hecho referencia precedentemente, con lo que le faltaría al parecer, la identidad sobre uno de los tres elementos de la acción (eadem personae) concurrencia que la doctrina tradicional exige como condición de existencia de la cosa juzgada.- Sin embargo, ello no es así, puesto, que los accionados han sido parte de aquel proceso (codemandados). Como lo señala Carnelutti: "la limitación de la cosa juzgada a las partes (que es un modo de expresar, con referencia a los sujetos de la litis, su limitación a la litis decidida), se suele referir hoy a la eficacia directa, y se distingue la eficacia directa que solamente afecta a las partes, de la eficacia refleja, que afecta también a terceros. Naturalmente, que esta eficacia refleja equivale en la práctica de un beneficio o perjuicio, sólo en cuanto los terceros sean sujetos de situaciones jurídicas conexas a las definidas en el proceso" (Carnelutti, "Instituciones del Nuevo Proceso Civil Italiano", Barcelona 1942, p. 1179; también Chiovenda, sobre la "Cosa Juzgada", en Ensayos, Bs. Aires, 1949, p. 204/5). A lo que cabe añadir, que la identidad física: "no supone necesariamente la identidad de sujetos de la acción, porque puede aquélla variar, y existir no obstante la identidad jurídica" (conf. Hugo Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, ed. 1956, t. I, p. 376, núm. 30, c; Eduardo J. Couture: " Fundamentos del Derecho Procesal Civil", ed. 1942, núm. 217, p. 262/363). En otros términos, cuando se habla de partes hay que entender las partes en el litigio y no en el proceso, pues a veces no coinciden ambas cualidades, dándose el primer caso cuando es otra persona que deduce la acción o ejecuta los derechos de la que no interviene físicamente o en el carácter formal, en cuyo caso lo que interesa primordialmente es la existencia de la conexión jurídica en la materia que constituye el objeto litigioso (conf. José A. Arles; "Extensión de la cosa juzgada en el proceso Civil", en Revista de D. Procesal, año IX, 1º y 2º trimestre de 1951, núms.. 1/2, p. 95, número 2). Por eso se ha dicho, que: "La cosa juzgada alcanza a los terceros jurídicamente interesados, pues el hecho de que a una persona no se le haya dado intervención el proceso: "no es lo mismo que afirmar que esa persona sea tercero ajeno a la conducta cuya normación tiende el proceso en el caso"(conf. Esteban Imaz, "Límites subjetivos de la cosa juzgada", en RLL, 77-858, núms. 1, 3 y 6).- y no puede ser otra manera, porque, aun cuando una causa pueda dar lugar a muchas acciones, la sentencia recaída en una de las causas tiene autoridad de cosa juzgada en relación a la otra, según expresa Demolombe, quien continúa diciendo que desde que estas acciones (diversas y múltiples), proceden de una misma causa, es claro que cada una de ellas provoca una sola y misma cuestión, y que la decisión recaída sobre esta causa única se aplica necesariamente a todas las acciones (conf. Autor citado: "Cours de Code de Napoleón", t. 30,70 de Contratos, pgs. 327, núms. 342). Y en el mismo sentido Aubry et Rau ("Cours de Droit Civil Franþais", t. 8, pg. 392, núm. 769), entiende por "causa, en esta materia, el hecho jurídico que constituye el fundamento directo e inmediato del derecho o el beneficio legal que une a las partes, que hace valer por vía de acción o de excepción, y que la causa no consiste en el derecho o beneficio que se trata de hacer valer, sino en el principio generado de este derecho o beneficio", "aunque sea por una especie diferente de acción" (Larambiere: "Théorie et practique des obligations", t. V, núms.. 75, 76).- En lo que respecta a la causa de la obligación, la encontramos definida en el art. 499 del C. C., como: "fuente originaria de la relación jurídica, derivada de uno de los hechos o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia o de las relaciones civiles" (Salvat, "Obligaciones", nº 24; Machado, "Exposición y Comentarios del C. C. Argentino", t. 2, pg. 140; Llerena; "Concordancias y Comentario del C. C. Argentino", t. II, pg. 380).- Y en lo que se refiere a la apreciación de la cosa juzgada, diremos, que si bien el C. C., a diferencia del Cód. de Napoleón en su art. 1351, no contiene expresamente el concepto de las tres identidades clásicas, es desde ya doctrina y jurisprudencia nacional que ello no significa que el codificador se apartara de esa teoría, sino sólo se limita a la necesidad de mantener el principio de la cosa juzgada, pero dejando al juzgador la más amplia libertad de interpretación.

Por lo tanto, de conformidad a la doctrina expuesta, consideramos, que en la posición de autos, es de rigor, el imperio de la cosa juzgada, que en base a la sentencia dictada por la sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial, respecto de las cuestiones de hecho allí fijadas; como así también con relación al rechazo defensas opuestas y a la responsabilidad que les cupo a los demandados en ese pleito, en relación a los hechos allí establecidos, no así con respecto de aquellos temas que no fueron sometidos a decisión de aquel Tribunal. Así es, porque, los hechos aceptados y establecidos por sentencia de la Sala Segunda, y que el Vocal Presidente de Trámite los detalla en los Cap. 2; 3; 4; 5 y 6 , a los que nos remitimos, son los mismos hechos que desencadenan la cuestión que nos ocupa. Por lo tanto, no cabe volver sobre lo mismo, desde que aquel proceso fue fallado con anterioridad al presente, que estableció los hechos en debate, y además los estimo probados; por ende, si en la especie, se reproducen los mismos hechos, hay lugar a la excepción de cosa juzgada, en lo que se refiere a esta cuestión. Lo propio ocurre, con respecto a la responsabilidad civil que le cupo a los demandados, en el evento dañoso que nos ocupa, habida cuenta que Presidencia de trámite en aquel proceso se pronunció al respecto, a cuyos fundamentos nos remitimos y adherimos en un todo en honor a la brevedad procesal; y por consiguiente, va de suyo, entonces, que esta cuestión queda fuera también de toda discusión.- Lo mismo sucede con la defensa de prescripción que medió interrupción del plazo para demandar de los actores de esta causa por la Diligencia Preliminar promovida en el Juzgado Federal Nº 2 de la Provincia, siendo también aplicables la normativa prevista por la ley del consumidor (Art. 50 y ccs. de la ley 24.240) Para culminar solamente resta agregar la responsabilidad de los demandados, demostrada y admitida por el Tribunal en el juicio anterior, no es susceptible de ser revisada en este proceso civil, porque existe cosa juzgada en cuanto a ello, y por lo tanto deben resarcir los daños y perjuicios irrogados.

II): Cabe ahora entrar a analizar el fondo de la cuestión traída a debate, por lo que corresponde establecer la existencia del daño indemnizable y en tal caso su cuantía.

En cuanto al daño material corresponde hacer lugar al resarcimiento solicitado por depreciación del valor de los inmuebles, habida cuenta que de la pericia rendida en las diligencias preliminares (t. VII) surge acreditado el daño que por tal concepto sufrieron las viviendas de los Sres. Cortez, Clelia Adriana, L. 9, M. 117 $13.126,68 (v. fs. 1255); Ramos, Irma Azucena, L.17, M.117 $13.126,68 (v. fs.1257); Jerez, Leonor, L.13, M.117 $13.126,68 (v. fs.1249) y Montesinos, César Hugo L.9, M. 117 $13.126,68 (v. fs.1253). No ocurre lo propio con Patricia Jesús Maidana toda vez que de la misma no demandó en las medidas preliminares con lo que la acción se encuentra prescripta a su respecto y tampoco se encuentra acreditado el daño que se procura su resarcimiento; en esas condiciones no cabe más que rechazar la demanda incoada por la nombrada, en cuanto a Ricardo Sabino Garzon, no se considera toda vez que a fs. 147 de los presentes obrados desistió de la demanda, con costas por el orden causado (Art. 102 in fine del C.P.C.) Procede incluir en la cuenta resarcitoria el daño moral sufrido por Cortez, Ramos, Jerez y Montesiono, pretensión que consideramos ajustada a derecho en virtud de lo dispuesto por el Art. 522 del C. C. En el caso, se encuentra acreditado el incumplimiento contractual el que se concreta a través de los daños irrogados por el vicio de la construcción; además cabe señalar la inquietud que ello implica al poseer una vivienda que presenta graves daños lo que por sí delata un ataque a las afecciones legítimas.

De ser exacto este criterio, corresponde fijar el monto resarcitorio por este concepto y en ese sentido propiciamos en virtud del prudente arbitrio judicial (art. 46 del CPC) como indemnización la suma de Pesos Dos Mil ($2.000) a cada uno de los accionantes.

El capital por el progresa la demanda y se condena a pagar genera intereses hasta su efectivo pago; la tasa pasiva que establece el Banco Central de la República Argentina desde la fecha de la pericia del Arq. Pablo H. Lucardi (11 de diciembre de 2000, la primera suma por desvalorización de las viviendas y desde la toma de posesión para la segunda 06 de febrero de 1998, Daño Moral).

Por último las costas del juicio se imponen a los demandados, vencidos en la contienda (art. 102 del C. P. C.). En lo referente a los honorarios de los profesionales actuantes en autos se difiere su regulación hasta la oportunidad en que se practique la planilla de liquidación que deberán realizarla los actores en el plazo de 10 días.

Por todo lo expuesto, lo establecido por los Arts. 16,17 y cdtes. del C. P. C., la Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial, resuelve: 1): Rechazar la falta de legitimación pasiva, litispendencia, prescripción y caducidad impetrada por las demandadas. 2):Hacer lugar a la demanda por daño material y moral, incoada por Cortez, Clelia Adriana, $13.126,68 más $2000; Ramos, Irma Azucena, $13.126,68 más $ 2.000; Jerez, Leonor, $13.126,68 más $ 2.000 y Montesinos, César Hugo $13.126,68 más $ 2.000 en contra de Biella S.A. (Hoy Cía. Financiera de Crédito Hipotecario S.A.); Obras Civiles S.R.L. y Banco Hipotecario S.A. (Continuador de los derechos y obligaciones de su predecesor Banco Hipotecario Nacional); en forma solidaria en el término de 10 días deberán abonarle a los actores, las sumas detalladas; que devengarán hasta su efectivo pago, el interés de la tasa pasiva que liquida el Banco Central de la República Argentina desde la fecha de la pericia del Arq. P.H.L. (11/12/00) la primera suma por desvalorización de las viviendas y desde la toma de posesión ( 06/02/98) para la segunda por Daño Moral.

3) Imponer las costas del juicio a los demandados, vencidos en la contienda (art. 102 del C. P. C.).

4) No hacer lugar a la demanda incoada por Patricia Jesús Maidana con costas por el orden causado (Art. 102 del C.P.C.).

5) Tener por desistida la demanda promovida por Ricardo Sabino Garzon, con costas por el orden causado (Art. 102 in fine del C.P.C.) 6) Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta la oportunidad en que la actora practique la planilla de liquidación pertinente.

7) Agréguese copia en autos, notifíquese por cédula a las partes, a la Dirección General de Rentas y C.A.P.S.A.P, etc.

No firma la presente la Dra. Paganini, por encontrarse en uso de licencia por enfermedad de tratamiento prolongado (Acordada 5/93 del S.T.J.). - Víctor Eduardo Farfán - María Rosa Caballero de Aguiar.