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Crímenes de lesa humanidad, revocación de sentencia, prisión domiciliaria, excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Alfonso, Eduardo  c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Es arbitraria la decisión que concedió la excarcelación al imputado toda vez que se ha omitido considerar una cuestión conducente para la adecuada solución del caso como resulta ser que ante una situación análoga a la generada por la decisión que revocó la absolución del imputado por delitos de lesa humanidad, éste se fugó del país y se mantuvo en rebeldía durante cuatro años, verificándose en forma suficiente, en esa oportunidad, el riesgo que implica para la realización de los fines del proceso disponer su libertad ante la expectativa de una pena que, en abstracto supera ampliamente la que se le impuso en la sentencia revocada. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -. - El Juez Rosenkrantz, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Gallego, Rubén Darío s/ Homicidio y robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Es insuficiente la queja referida a la "exorbitancia de la pena", si se omite relacionar el agravio con la normativa invocada por el tribunal para individualizar la sanción impuesta (arts. 40 y 41, C.P.; doct. art. 355, C.P.P.).
ENCOTEL, actividad comercial, balance, tesoro nacional, fondo de aportes del tesoro nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tucumán, Provincia de c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La renta de correos integra el grupo de los recursos con los cuales se forma el Tesoro Nacional, según el art. 4 de la Constitución Nacional, y la naturaleza de esa renta es ajena a los resultados que pueda arrojar la actividad de la empresa nacional.
Prisión preventiva, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: STAMBONI CARLA VANESSA c/ VELIZ CARLOS MARIO s/ ESTUPRO CALIFICADO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-25

Conforme lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley Nro. 24.390, "transcurrido el plazo de dos años previsto en el Art. 1, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión".
Ente Nacional Regulador del Gas, distribución de gas, transporte de gas, personas jurídicas de carácter público, personas jurídicas de carácter privado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Litoralgas S.A. c/ Enargas -Resol. 52/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-15

La reglamentación de la ley 24.076 fue aprobada por el decreto 1738/92 (B.O. 28/9/92). En el segundo inciso del art. 4º de dicha reglamentación se establecieron -ya con anterioridad a la sanción de la ley 24.348- como alternativas para las personas jurídicas de derecho público propietarias de tuberías conectadas con Sistemas de Transporte o Distribución de Gas, en caso de no llegar a un acuerdo con la Distribuidora, las de transformarse en personas jurídicas de derecho privado, o transferir dichas instalaciones a una persona jurídica de derecho privado, siempre que contaran con la autorización del Ente para actuar como Subdistribuidores de allí en adelante. La norma es clara en cuanto a que de ella no surge la obligación de vender el emprendimiento. En análogo sentido, se dispone: "Los Distribuidores tendrán la exclusividad para la provisión del servicio de Distribución dentro de la zona delimitada en la respectiva habilitación con sujeción a... (iii) la subsistencia de los subdistribuidores privados existentes a la fecha de sanción de la Ley o que se autoricen según lo previsto en el inciso 2º del art. 4 de esta Reglamentación".
Empresas del Estado, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JESUS FRANCISCO SEVILLA c/ SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1985-11-14

Es inaplicable el procedimiento administrativo al personal que se desempeña en las Sociedades del Estado y a la propia Sociedad del Estado. Tal conclusión no implica desconocer lo establecido en el Artículo 98 del Decreto 181, reglamentario de la Ley 1.260, en cuanto el mismo prevé la posibilidad de accionar por medio del recurso de alzada ante actos administrativos emanados de la Sociedad del Estado y, la inclusión de estas sociedades, dentro de la normativa del recurso de alzada, no significa tampoco que deba hacerse extensiva a las mismas la aplicación de todo el procedimiento administrativo, ya que se encuentran incluidas expresamente, tal como resulta del Artículo 98 mencionado.
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero
Materia: PROCESAL
Carátula: "Lagari  Domingo  Antonio c/ PEN Dto. 1.570/01 214/02 y otro s/ amparo ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

Mientras se mantenga estable la actual relación económica resuta innecesario que esta Sala se pronuncie sobre la validez constitucional del régimen de reprogramación de pesificación de los depósitos bancarios, toda vez que el reintegro del capital depositado en dólares o de una cantidad de pesos equivalentes al valor en el mercado libre de cambios no provoca agravio al derecho de propiedad del impugnante, y la diferencia que pudiere derivarse de la aplicación de la fórmula prevista por la Corte Suprema no revistiría significación económica. Es así que, razones de prudencia aconsejan seguir el criterio del Alto Tribunal y declarar que las sumas ya cobradas quedan consolidadas en el patrimonio de la ahorrista y debe aplicarse la formula ideada por la Corte sobre el porcentaje de la imposición que no fue cobrado a valor dólar libre durante el transcurso del juicio (cons. 5).
Recurso extraordinario, autosuficiencia
Materia: PROCESAL
Carátula: FERREYRA ROBERTO. c/ FEDERICO MORETTA. s/ MED. PREP. INC. Y CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-06-06

Este tribunal con reiteración ha expresado que el recurso debe basarse a sí mismo y ello no ocurre cuando no se acompaña copia de la demanda o pieza del proceso atinentes al vicio que se imputa, necesarios para verificar prima facie, la existencia del mismo.
Alimentos, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M. O. C. c/ B. C.A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

La petición tendiente a obtener la reducción de la cuota alimentaria oportunamente establecida en autos, debe necesariamente tramitar por la vía incidental, tal como lo prevé la norma del art. 647 del Código Procesal -precisamente invocada como fundamento de la pretensión-. Siendo ello así, por expreso imperativo legal corresponde que en dicha cuestión accesoria, entienda el mismo magistrado que lo hace en el proceso por alimentos (art. 6 inc. 1° C.P.C.C.). Es que razones de economía procesal y conexidad, así como la vinculación jurídica existente entre las partes involucradas, constituyen elementos de incuestionable gravitación para determinar que el referido incidente deba ser resuelto ante el mismo juez del juicio principal por alimentos.
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ABALOS JUSTO VICENTE c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-19

El derecho a la estabilidad de los empleados públicos no reviste el carácter de absoluto, que los coloque por encima del interés general aunque sus servicios dejen de ser necesarios, sea por supresión del cargo, por razones de economía y otras causas igualmente razonables o justificadas, por lo cual no puede reputarse inconstitucional la remoción del funcionario.
Dolo, amenazas, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Norberto Raúl y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

El dolo del tipo legal previsto en el art. 149 bis CP se configura por la comprensión de la idoneidad de las palabras que se pronuncian para amedrentar o alamar al receptor, y la decisión de pronunciarlas no obstante comprender ese significado. La ley exige un elemento de finalidad, pues no basta con que se expresen ciertas cosas que el agente comprende puedan causar alarma o miedo, sino que es necesario además que se expresen con la finalidad específica de causar alarma o miedo (voto del juez García al que adhirió el juez Bruzzone). Cita de "Rojas, Javier David", CNCCC 29638/2013, Sala 1, Reg. nro. 750/2016, resuelta el 23 de septiembre de 2016
Constitución Nacional, Economía y finanzas, política económica
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Revestek S. A. c/ Banco Central de la República Argentina y otro s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Es la propia Constitución Nacional (art. 75, incs. 6, 18 y 32) la que da la base normativa a las razones de bien público que se concretan en la legislación financiera y cambiaria.
Cheque sin fondos, plazo, sobreseimiento, interpelación
Materia: PENAL
Carátula: CANO, AMILKAR CELSO s/ Cheque sin fondos, Causa: 37094.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-11

Corresponde confirmar el sobreseimiento del imputado en orden al delito de libramiento de cheque sin fondos si la interpelación del tenedor tuvo lugar después de vencido el plazo en que el cheque debe presentarse para el pago por lo que resulta ineficaz (Cf. CPEcon, plenario "Walas" Nov.27.68), siendo además que el imputado sostuvo no haber recibido el aviso bancario y la información del Banco de haberlo enviado no tiene respaldo en el informe del Servicio Oficial de Correos que da cuenta de no haber localizado ni el ingreso ni la salida a distribución de la pieza postal en cuestión.
Procedencia parcial, vacaciones no gozadas, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agüero de Chiesanova, Susana del Tránsito c/ Provincia del Chaco s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-08-06

Es procedente la demanda contencioso administrativa en forma parcial, interpuesta por la recurrente, demandando el pago de vocaciones no gozados. Ello así, ya que de la prueba producida, principalmente el Informe Pericial realizado por las Inspectoras Notariales -no observado por la demandada- y su documentación, surge que el Comisario General (R) fue designado Jefe de la Policía del Chaco -que cesó por fallecimiento-; que integró el cuadro de Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Provincial y que por Resol. N86/86 y N22 bis/87, del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, se le denegó, por razones de servicio las licencias anuales ordinarias correspondientes a los años 1985 y 1986. De conformidad con tales antecedentes, el régimen legal aplicable al presente caso lo constituye, además de los Decretos N2753/86, N556 /87, N1039/87 y ya mencionados, el Decreto N1883/85 vigente desde el 25/09/85 al 20/01/88. Por lo tanto surge de autos que no usufructuó las licencias anuales ordinarias de los años 1985 (Resol.86/86) y 1986 (Resol. N22 bis/87), las que fueron denegadas por razones de servicio. Por ello y atento a la normativa citada y a que se encuentra debidamente acreditado, en su oportunidad cumplió con los requisitos exigidos en las disposiciones vigentes, al momento en que las mismas debieron usufructuarse, corresponde su pago. Distinta resulta la solución en el caso de la Licencia Anual Ordinaria del año 1987, por no surgir de las pruebas producidas en estos autos, que el no uso de la misma se deba a que se le hubiere denegado por razones de servicio.
Daños y perjuicios, ebriedad, culpa concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DAMIAN MARTINEZ PELOS c/ PABLO JAVIER GALEAZZO Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-07-05

El estado de alcoholización por muy alto que sea, en sí mismo no faculta a concluir la concurrencia de culpa de la víctima en el accidente. Es menester la demostración de que tal estado influyó idóneamente en el obrar de aquella para que el accidente ocurriera.
Recurso de casación, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Almaraz, Carlos Alberto c/ Superior Gobierno de la Provincia y/o Ministerio de Bienestar Social s/ Incapacidad total y permanente, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-31

Salvo los casos de violación a las reglas que gobiernan la prueba o de arbitrariedad de las decisiones, los jueces de las instancias ordinarias son soberanos en la apreciación de las pruebas, y las consideraciones referidas a los hechos probatorios son a cargo exclusivo de los mismos.
Empleados de banco, estabilidad laboral, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CANCION DE MULLER, MARIA c/ EL FUERTE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA. s/ REINCORPORACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-12

La ley 22425 declara a los trabajadores bancarios y de compaÑías de seguro incluídos en el régimen común de estabilidad impropia, y cualquiera sea el juicio que se sustente sobre dicha norma, ella no elimina la protección ni establece un sistema arbitrario: sólo sustituye una modalidad de tutela por otra.
Sistema acusatorio, pena, prueba de cargo
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gassmann, Alicia María s/ inf. art. 2. 2. 3, obra no autorizada -L 451- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. n° 9054/12 "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-11

El sistema acusatorio impide que el juez imponga al presunto infractor una sanción superior a la dispuesta por la Administración y produzca, de oficio, la prueba de "cargo", porque en cualquiera de esos supuestos se estaría instando a sí mismo, en franca oposición de lo que él manda y la condición misma de juez, pero ello no lleva a concluir que el juez no pueda producir prueba alguna, sí puede producir aquella prueba que posibilite el ejercicio de una facultad que le es propia, siendo éste el alcance que cabe acordarle a los artículos aquí cuestionados (arts. 46 inc. b) y 52 de la ley 1217). (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Derecho a la salud, medidas cautelares, personas con necesidades especiales, acompañamiento terapéutico
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Valenzuela Virginia Irene c/ Osde s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

La necesidad de asistencia que se deriva de la enfermedad que padece la actora (cfr. historia clínica) -quien vive sola- y la dificultad para afrontar los gastos para su subsistencia (cfr. informe socio ambiental), resultan suficientes para tener por verificado el mencionado requisito. Los cuestionamientos de índole económica formulados por la demandada con sustento en la falta de acreditación de la imposibilidad familiar de costear la prestación reclamada, no se compadecen con el informe socio ambiental acompañado por su parte, cuya agregación cuestiona la actora.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: DE LA TORRE, ROBERTO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-05-06

Asiste razón a la Fiscalía cuando señalara que el pronunciamiento absolutorio se desentendió de las evidencias colectadas en la causa, pues en el análisis circunstanciado de los antecedentes en orden a la falsificación y el encubrimiento investigado -por el cual habían sido oportunamente condenados los imputados-, la Sala no podía dejar de apreciar constancias de la causa tales como los testimonios inobjetables y la pericial balística efectuada por Gendarmería (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Banco central, poder de policía, entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: Durañona, Elena c/ Banco Central de la República Argentina s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

El cumplimiento de los deberes de control que en determinados casos debe realizar el Banco Central no debe cuestionarse, pues se trata en realidad del ejercicio de una carga a quienes ejercen su administración, la de verificar la existencia de una realidad objetiva que puede dar sustento a la aplicación de una norma cuyo contenido, en sí mismo, resulte una excepción a las relaciones financieras habituales.
Sanciones administrativas, COMFER, radiodifusión, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RADIO MITRE S.A. - RQU c/ COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-10

No es irrazonable sostener que la radio sancionada por el Comité Federal de Radiodifusión pudo entender que el escrito por el que planteaba el recurso previsto en el art. 81 de la ley 22.285 debía ser presentado en sede administrativa.
Juicio de desalojo, comodato, legitimación activa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Nieto, Walter Enrique c/ Stella Maris Pérez s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-11-06

Queda acreditado que el actor no es titular del derecho que invoca en la demanda con respecto al inmueble de que aquí se trata, que lo habilite para solicitar el desalojo que pretende, ya que él manifiesta que mediante boleto de compraventa, adquirió los derechos y acciones que sobre el inmueble en cuestión tenía el demandado, a quién le había sido cedido en comodato por la Municipalidad de esta Ciudad, y que por lo tanto continuaba la tenencia que aquel detentaba. Esto ha sido desvirtuado por el informe expedido por la Municipalidad de la Ciudad Capital, donde dice que el inmueble en cuestión, no ha sido entregado en comodato ya que pertenece a la Sociedad de Arquitectos de La Rioja. En consecuencia, queda acreditado que el demandante no es titular del derecho que invoca en la demanda de desalojo con respecto al inmueble de que aquí se trata, que lo habilite para solicitar el desalojo que pretende.

Por lo que surge en forma manifiesta la falta de legitimación activa, opuesta al progreso de la acción.
Costas
Materia: LABORAL
Carátula: Frávega, María Raquel c/ Moro, Juan Raúl Santiago y/u otros s/ Rubros adeudados, entrega de certificaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-11

Debe concederse el beneficio de los artículos 20 de la Ley de Contrato de Trabajo y 17 del Código de Procedimiento Laboral aunque no se haya acreditado la relación laboral ya que ello no quiere decir que no haya tenido elementos para promover el juicio. El beneficio facilita al trabajador la posibilidad de acceder al proceso judicial que habrá de establecer la razón o sin razón de su reclamo y quitarle el beneficio aparece como una sanción a quien por diferentes motivos no pudo acreditar su pretensión.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Buzola, José c/ Smuclir, Mauricio s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-28

A los fines de la regulación de los honorarios del anterior letrado apoderado, debe conferírsele traslado de la valuación actualizada del inmueble cuya acreditación se exigió al actual apoderado como paso previo a la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes. Caso contrario, no tendría aquel oportunidad para ser oído respecto de dicha valuación, impidiéndosele ejercer la facultad conferida por el art. 27 inc. a) del D/Ley 8904.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Diferencias salariales, competencia, empleo público
Materia: PENAL
Carátula: Maggi Quercia Sandra Dora c/ Estado Nacional Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaría de Hacienda s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-29

Siguiendo el criterio de la C.S.J.N. en las causas "Palma María Florencia c/Estado Nacional-Inst. Nacional de Cines y Artes Audiovisuales s/medida cautelar" (SC. X LVII del 27-9-2011), y "Fernández Marta Angélica c/INTI s/empleo público" (Comp. Nº 493XLVII del 4-10-2011), cabe sostener la competencia de la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal para entender en el caso en que la demandante se desempeñaba como Licenciada en Antropología en una oficina dependiente del Ministerio de Economía. Reclama al Estado Nacional el pago del rubro "Compensación Anual por Servicios Especiales" que el demandado omitiera abonarle durante dos años. Fundamenta la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en el art. 20 de la ley 18.345, dado que la causa versa sobre la interpretación de un C.C.T. aplicable a la actora. El Dr. Raffaghelli deja a salvo su criterio proclive a reconocer la competencia laboral en reclamos de trabajadores de empresas o dependencias del Estado, regidos por convenciones colectivas de trabajo, y aun cuando considera que en el caso aparece inequívocamente configurada la relación de empleo público, no puede obviarse el criterio de la C.S.J.N. en la materia, por lo que declarar, por razones de economía procesal la incompetencia de la J.N.T.. (Del voto del Dr. Raffaghelli).
Aplicación de la ley previsional, beneficios previsionales, Seguridad social
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Estevez, Celia c/ Mº de Defensa -Prefectura Naval Argentina s/ retiro militar y fuerzas de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-11

Las leyes previsionales, con el instituto de la pensión de los distintos deudos tienden, en definitiva, a proteger ese núcleo constituido por los integrantes de la familia, cumpliendo de ese modo, con el objetivo constitucional de alcanzar la protección integral de la familia, mediante un sistema de seguridad social dotado del mismo carácter (C.S.J.N., Fallos: 307:804; este fuero, Sala II, in re "Ferreira, María González Tosar c/ Min. del Interior s/ pensión", del 9/3/93).
Recurso de apelación (procesal), recursos, delito penal, imputado, derechos y garantías constitucionales, apremios ilegales
Materia: PROCESAL
Carátula: DEL RIO, Honorio Enrique c/ PERSONAL POLICIAL DE LA BRIGADA DE INVESTIGACIONES s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-05-31

No debe perderse de vista que la figura de Apremios Ilegales prevista en el art. 144 bis inciso 2 del Código Penal, tal como lo enseña Ricardo C. Núñez (Derecho Penal Parte Especial, tomo V, pág. 54/55) exige para su configuración el uso de rigores para forzar al preso a confesar o declarar algo, o en general para influir en sus determinaciones, pudiendo consistir en severidades - tratos rigurosos y ásperos - o vejaciones - tratamientos mortificantes -, conductas que precisamente en el hecho objeto de análisis se encuentran controvertidas en este estadio de la investigación arribada por el Juez instructor, siendo menester la realización de diligencias tendientes a su esclarecimiento.