marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Concha, Carlos Enrique c/ Liga Santiagueña de Futbol s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-07-15

El daño moral no requiere ninguna prueba específica en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -prueba in re ipso- y es el responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un dolor moral. (Minoría u opinión personal)
Constitución Nacional, despido, convenios colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: GUSTAVO JORGE NORDENSTHOL c/ SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES.  SOCIEDAD DEL ESTADO. s/ DESPIDO.    CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.    CONSTITUCION NACIONAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

El "derecho a una mejor protección contra el despido arbitrario", invocado por el actor con fundamento en la convención colectiva 42 75, no tiene su fuente inmediata en la Constitución Nacional; pero esta objeción se resuelve, teniendo en cuenta que dicha convención no ha sido impugnada en cuanto a su regularidad, ni tampoco lo ha sido la ley 14.250, que reglamenta ese tipo de acuerdos previstos y garantizados por la Constitución Nacional en su art. 14 nuevo, que también garante la protección contra el despido arbitrario. De donde viene a resultar que la pretensión del accionante se encuentra bajo el amparo de la Ley Suprema a través de un pacto regularmente concertado.
Recurso de apelación (procesal), pretensión, daños y perjuicios, indemnización, daño moral, valor vida, muerte de la víctima
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: KARBICHE, JUAN CARLOS c/ LEONE, ANTONIO s/ REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 311-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-13

Postula hipotéticamente un caso constitucional el recurrente que alega violación a la garantía del debido proceso al haberse desconocido no sólo el principio procesal "tantun apellatum, tantun devolutum" sino también, privación de justicia al haberse lesionado el principio del contradictorio; si al resolver la apelación extraordinaria la mayoría -que casó el pronunciamiento del Tribunal Colegiado sustituyendo el monto fijado por daño moral, y no hizo lugar a la indemnización por muerte del hijo del accionado- entendió que en la demanda no se había incluido la indemnización por concepto de pérdida de vida y que ella no podía ser aprehendida en una acepción absolutamente genérica y vaga ("todo cuanto sea consecuencia directa de la colisión"); en tanto que el sentenciante que quedó en minoría consideró que el reclamo indemnizatorio planteado debía entenderse en el sentido de pretensión resarcitoria integral de los daños derivados del fallecimiento, sin limitarla al daño moral que sólo es uno de los rubros resarcibles.
Control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, prisión preventiva, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/ infracción  art.  139  bis del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Es inconstitucional el art. 316, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación (reformado por la ley 24.410), pues el Poder Legislativo en lugar de utilizar sus facultades constitucionales para la protección de bienes jurídicos mediante el aumento o disminución de la escala penal en los casos en que lo estime pertinente, recurrió a la prisión preventiva con fines intimidatorios o disuasivos, lo cual significa el establecimiento por esa vía de agravaciones propias de la ley sustantiva.
Expresión de agravios, autosuficiencia del agravio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BURGOS, ALBERTO c/ GRASSO, JUAN HUGO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-10-04

NO SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DEL ART. 265 CPCC, SI LA CITA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES NO SE VINCULA EXPRESAMENTE CON LA CRITICA CONCRETA A ALGUN PUNTO DE LA SENTENCIA.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), demanda, rechazo in límine
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARTÍNEZ MORENO HUGO NORMAN c/ SUBSECRETARÍA DE CULTURA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ AMPARO POR MORA - APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-12-09

El decreto que rechaza in limine la acción de amparo por entender que no es adecuada la vía elegida por el amparista, es un decreto o providencia simple (art. 160 C.P.C.C.), que causa al impugnante un gravámen irreparable en cuanto le impide la prosecución del juicio de amparo. Merece por lo tanto, ser acogido formalmente el reclamo recursivo intentado por el accionante, conforme lo dispone el art. 242 inc. 3 del cuerpo legal adjetivo citado precedentemente.
Defensa del consumidor, acción judicial, internalización de normas, acciones de clase, asociaciones de consumidores, falta de legitimación para obrar, excepciones procesales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores -Aduc- c/ Prisma Medios de Pago SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

Corresponde modificar la resolución de grado que impuso a la asociación de consumidores actora la carga de la publicidad edictal ordenada en los términos de la LDC 54 y orientada a dar a conocer la existencia del presente proceso, toda vez que en su oportunidad se le concedió beneficio de litigar sin gastos a la promotora de la presente causa, y el contenido y alcance de esa decisión impide que aquéllos gastos puedan quedar a su cargo. Consecuentemente, corresponde adaptar los mecanismos oportunamente escogidos a esta nueva realidad, por lo que, para preservar el objetivo perseguido por la normativa en la materia y elegir un medio igualmente efectivo pero más económico, se aprecia razonable disponer que: (1) se coloque un aviso en el sitio web de cada uno de los litigantes en este proceso (bajo las condiciones y modalidades que fije la Jueza a quo), por el plazo de dos meses, dando a conocer la existencia de este juicio (en igual sentido, CNCom, Sala D, in re "Proconsumer c/ Lan Argentina SA s/ sumarísimo", del 12/12/17); y (2) se remitan correos electrónicos a los clientes y ex clientes de la institución bancaria codemandada que pudieren estar comprometidos en el presente litigio, de acuerdo a los últimos registros que tenga en su poder (conforme CNCom, Sala D in re "Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC) c/ Banco Columbia SA y otros s/ ordinario", del 13/08/19).
Proceso contravencional, suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta, nulidad procesal, habilitación del establecimiento
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: CALLE GARCIA, Modesto s/ inf. art. 73- Ley 1472 -Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-18

En el caso, corresponde anular la regla de conducta impuesta al probado de obtención y posterior acreditación -en un plazo estipulado- de la habilitación definitiva para que el comercio pueda funcionar legalmente, y la prorroga de plazo para su cumplimiento ello dado que no podría haber sido convenida por las partes, y, menos aún, consentida por la juez de grado, pues la misma adolece de una nulidad absoluta, al hacer depender, parcialmente, de la voluntad de un tercero -como ser un organismo público- su cumplimiento.

Se desnaturaliza, así, el carácter de las instrucciones especiales la exigencia legal de que el responsable del local, originariamente clausurado por la administración inicie el trámite a fin de obtener la correspondiente habilitación comercial ya encontraba fuente en una norma legal de carácter general (art. 1.1.1 Código de Habilitaciones y Verificaciones, en adelante CHyV);
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, prisión preventiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Blumberg, Axel Damián s/ secuestro extorsivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

Ante el avanzado estado de las actuaciones que ya se encuentran en etapa de juicio, su remisión a jurisdicción provincial obraría en desmedro de una más expedita y uniforme administración de justicia, situación que se ve agravada si los imputados guardan prisión preventiva. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil), muerte del constituyente del bien de familia
Materia: CIVIL
Carátula: SEFFINO, Guillermo Alfredo s/ SUCESIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-26

1- El bien de familia debe cumplir el fin protector del núcleo familiar aun después del fallecimiento de su instituyente, por lo que el art. 37 de la ley 14.394 establece que no puede ser objeto de legados o mejoras testamentarias, es decir que no puede apartarse de la indivisión hereditaria.

2- No obstante ello, si los herederos acordaron la venta del inmueble -incluso el que lo habita- el bien dejó de preservar al inmueble de los avatares patrimoniales del titular o su grupo familiar conviviente a la época de la afectación, de manera que al no cumplir su finalidad porque desapareció el interés familiar, no se justifica mantenerlo como bien de familia.

(Sumario N°19038 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Acción redhibitoria, prescripción, cómputo del plazo, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Kuperwaje, Santiago y otros. c/ Poema,  S.A.  y otro. s/ Vicios redhibitorios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-18

El término de los tres meses que establece el art. 4041 del Código Civil, comienza desde que el comprador tuvo conocimiento de los vicios de la cosa enajenada o pudo tenerlo empleando la debida diligencia, correspondiéndole la carga de la prueba de los hechos que le impidieron el ejercicio de la acción, cuando esta es promovida una vez transcurrido el lapso de tres meses desde que se le hizo la tradición de lo vendido pues lo contrario cabría presumir que se sabía de la existencia del vicio desde la fecha misma de la celebración del contrato.
Cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sosa, Alan s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-10

Las cuestiones meramente administrativas -relativas a la disponibilidad funcional y la agenda de juicios orales, que dilatarían la fijación de la audiencia y el trámite del sumario- no pueden fundamentar el rechazo de la competencia atribuida.
Asociaciones sindicales, dirigente gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Ortiz, Luis Manuel s/ Exclusión de tutela sindical s/ Exclusión de tutela sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-11-20

En el marco sindical, la ley 23.551 regla la vida de las asociaciones sindicales, garantizando el ejercicio de aquellos derechos y regulándolos contemplando los intereses públicos y protegiendo los derechos y libertades ajenas.

En tal sentido y en relación a los representantes sindicales, otorga garantías especiales de estabilidad, condicionando la aplicación de suspensiones, despidos y modificaciones de las condiciones de trabajo a éstos, a una resolución judicial previa que lo autorice (art. 52).

Es un medio preventivo obligatorio y que opera como requisitos de validez de la conducta del empleador "que procura bloquear los comportamientos antisindicales antes de que el acto lesivo se produzca". Esta norma protege el ejercicio pleno de los derechos de libertad sindical garantizados por la ley y cuyo origen se remonta a las disposiciones del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Asimismo recepta el Convenio Nro. 135 de la O.I.T. relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, que puntualmente en su art. 1 prescribe: "Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluído el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representates actúen conforme a las leyes, contratos colectivos y otros acuerdos comunes en vigor". Fundamento de la Dra. Linares.
Derecho laboral, contrato de trabajo, principios procesales, derechos y garantías constitucionales, sentencia, sentencia arbitraria, recurso de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: FARFAN, JUAN CARLOS c/ TORRES, LUIS Y/O GARCIA, CRISTINA Y/O TOMO II S.R.L.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-06-26

La sentencia impugnada vulnera derechos y garantías tutelados expresamente por la Constitución Nacional y Provincial tales como el derecho de propiedad, el debido proceso e igualdad ante la ley, y ante la eventualidad de que dicho pronunciamiento sea confirmado, SE HACE EXPRESA reserva de plantear, ante la Corte de Justicia de la Provincia, el Recurso de Inconstitucionalidad del artículo 153, II a) de la Constitución provincial, y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el Recurso Extraordinario Federal del artículo 14 de la Ley 48 por lo que formulan expresa reserva del caso Federal.-
Prueba documental, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Pedrotta, Raúl Eusebio s/ Falso testimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-20

No se transgrede el art. 256 del Código de Procedimiento Penal si el "a quo" -al apoyarse en las declaraciones testimoniales prestadas en un expediente para concluir que se ha declarado falsamente en otro- luego de aceptar que no podían computarse las declaraciones cuestionadas como prueba testimonial, entendió que los instrumentos públicos que las recogieron prueban que lo que ellas consignan fue efectivamente dicho y de ello infirió que lo que dijeron era exacto haciendo mérito también de otras piezas del mismo expediente.
Acción de inconstitucionalidad, acción declarativa de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Y.P.F. S.A. c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-09-08

La sentencia en el juicio de inconstitucionalidad - atento a su naturaleza de acción meramente declarativa - en caso de resultar favorable a la actora se limitará a la declaración de invalidez de las normas cuestionadas, evitando para el futuro su aplicación a los presentantes. En consecuencia de acogerse la medida cautelar solicitada se estaría concediendo una tutela que la propia sentencia de fondo no podría otorgar, por las especiales características del proceso de inconstitucionalidad.
Calumnias, retractación
Materia: PENAL
Carátula: G., O. A. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-10-16

En esta ocasión el recurrente pierde de vista que la retractación tiene el carácter de una excusa absolutoria, y quien se retracta es autor del delito. La retractación supone reconocer que el delito se ha cometido y retirar lo dicho si se trata de una injuria o reconocer la falsedad de la imputación en caso de calumnia. Debe ser amplia y clara en el doble sentido de reconocer haber inferido la ofensa y desdecirse de ella (del voto del Dr. Carranza).
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: Tello Roldán, Enrique Daniel y otra s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-09-01

No le está vedado al Tribunal Superior volver a examinar en oportunidad de dictar la sentencia definitiva la recurribilidad objetiva del fallo censurado, toda vez que la admisión resuelta ab initio, no hace cosa juzgada y solo expresa la apariencia de la viabilidad de las primeras gestiones, siendo razonables que la revisión de esa recurribilidad (objetiva), pueda ser ajustada a la realidad procesal del caso, una vez que se dispone de todas las actuaciones y los antecedentes procesales así como la intervención de la parte recurrida, a través de su alegato.
Acción de amparo, carácter excepcional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertolotti, Adriana c/ Provincia de Santa Fe s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Amparo   (Expte. C.S.J. Nro. 350 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-12

Con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, no es ya - única y excluyentemente- la pauta de que exista competencia contencioso administrativa lo que condiciona la procedencia del amparo, sino que deberá verificarse en concreto, si se encuentran presentes todos y cada uno de los recaudos exigidos por la norma constitucional (Art. 43 Constitución Nacional). Comprobados que fueran los presupuestos para su viabilidad -sin perder de vista en este análisis-, por cierto, su carácter excepcional, nada impide, en principio, que los derechos supuestamente vulnerados sean objeto de tutela a través del amparo.
Prescripción de la acción penal, retroactividad de la ley penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, declaración indagatoria
Materia: PENAL
Carátula: "MIRANDA, Elizabeth s/ prescripción".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-01

Actualmente, no existe margen para cuestionar que el principio de legalidad del art. 18 de la Constitución Nación ampare al imputado también respecto de las disposiciones que regulan el régimen de prescripción de la acción penal, porque más allá de que se trate de un aspecto de nuestro ordenamiento jurídico que toca tanto lo material como lo procesal, en definitiva lo relevante es lo primero en tanto tiene por efecto inhibir la punibilidad de un hecho (Jakobs, Günter, "Derecho Penal. Parte General", 2da. edición, págs. 82/3, Marcial Pons, Madrid, 1997; Roxin, Claus, "Derecho Penal. Parte General", pág. 164, Ed. Civitas, Madrid, 1997; Jescheck, Hans-Heinrich, "Tratado de Derecho Penal. Parte General", 4ta. edición, pág. 823, Ed.

Comares,Granada, 1993; Zaffaroni, Eugenio R. - Alagia, Alejandro - Slokar, Alejandro, "Derecho Penal. Parte General", págs. 116/7, Ediar, Buenos Aires, 2000; Maier, Julio B. J., "Derecho Procesal Penal", Tomo II, 1ra. edición, pág. 81, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2003). La reforma reciente que sufrió el art. 67 del Cód. Penal alcanza a los hechos que fueron cometidos con anterioridad a la sanción de la ley 25.990, si la modificación de las causales de interrupción de la prescripción de la acción penal coloca al imputado -en el caso concreto- en una situación más ventajosa respecto del régimen de la secuela del juicio que resultó derogadPor lo tanto, la regulación establecida por la ley 25.990 corresponde ser aplicada retroactivamente si el hecho que origina la causa resulta más benigna para el imputado en virtud de que implica que la acción penal deba considerarse extinguida con anterioridad a la citación por el juez instructor para prestar declaración indagatoria, primer acto procesal que conforme al régimen actual ostenta la capacidad de interrumpir la prescripción de la acción (art. 67 inc. b del Cód. Penal).
Responsabilidad médica, apreciación de la culpa, cirugía estética
Materia: CIVIL
Carátula: FRESU, SILVIA ESTHER c/ MOGLIANI, MARTA OLGA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-09

En la nota al art. 512 el codificador dice: "El artículo del Código se reduce a un consejo a los jueces de no tener ni demasiado rigor ni demasiada indulgencia, y de no exigir del deudor de la obligación sino los cuidados razonables, debidos a la cosa que está encargado de conservar, sea en razón de la naturaleza de ella, sea en razón de las circunstancias variables al infinito, que modifican su obligación para hacerla más o menos estricta".

Siguiendo el consejo del codificador, cabe exigir al médico que realiza una intervención de cirugía plástica "los cuidados razonables" que no se agotan en lograr un resultado estético, sino siempre y cuando ese resultado no desencadene factores perturbadores en la salud de su paciente.

Y si bien es cierto que al interrogante de Demogue acerca de si se piensa inculpar a todo médico cuyo paciente muera se ha de dar respuesta negativa, no puede decidirse una frívola exculpación de quien aparece, por lo menos, sin la exigida cuota de preocupación por todos los aspectos clínicos susceptibles de darse para cuya intervención es requerido.-
Importación de automotores, franquicia para personas con discapacidad, contrabando
Materia: ADUANERO
Carátula: Vigil, Constancio y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Carece de relevancia jurídica la existencia de "engaño" al organismo administrativo otorgante de la franquicia para eximir a ciertas conductas de reproche penal; ni siquiera es exigible esta subrepción en perjuicio de la aduana para una adecuada subsunción al tipo previsto en el art. 864, inc. b, del Código Aduanero; pues sólo basta la "intención", respecto de los supuestos que esta norma contempla (Voto del Dr. Luis Rene Herrero).
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández de Battista, Beatriz N. c/ Junco, Carlos R. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

La suma de dinero que se ha de destinar como necesaria para la subsistencia de la viuda (art. 1084 del C. Civil), tiende reemplazar el apoyo económico que le prestaba su esposo en forma efectiva durante su vida. En consecuencia, no se trata que el obligado indemnice de acuerdo a sus recursos ni que el damnificado perciba de conformidad con sus necesidades, sino que la reparación substitutiva de los aportes sea fiel y verdadera, debiendo en este orden tenerse en cuenta que no se han acreditado otras cargas de familia, como no sea la mantención de su esposa que asumía el fallecido, cuando se produjo su deceso (arts. 1084, 1085 del C. Civil).
Excarcelación, funcionarios públicos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MERCADO, HECTOR ARNALDO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1981-05-15

No procede la excarcelación si teniendo en cuenta la reiteración de los hechos de la misma índole (exacciones ilegales calificadas y exacciones ilegales), las modalidades comisivas, el escaso tiempo transcurrido entre uno y otro hecho, se advierte que se trata de un sujeto proclive a comportamientos antisociales.Tratándose,en el caso de un funcionario público -guardián del orden y seguridad de la sociedad- que en su actuar defrauda la confianza que la misma en él deposita, despreciando los fundamentos mismos de su actividad funcional, se estima "prima facie" que en caso de condena la misma no lo sería en forma de ejecución condicional (C.P, arts. 40, 41 y 26, a contrario sensu, ley 21.338; C.P.P., art. 315, inc. 2do., a contrario sensu, ley 6221 ).-
Despido, responsabilidad solidaria, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Herrera, Nerio Felipe c/ Degac S.A. y otro (Coto C.I.C. S.A.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10

La obligación solidaria presupone pluralidad de vínculos coligados, los que pueden tener diferentes caracteres y modalidades, y por ello, cuando es la ley la que dispone la solidaridad y lo hace en base a requisitos, éstos deben ser probados de modo inequívoco (art. 701 del Código Civil), ya que la solidaridad es excepcional en el derecho. Por esta razón, aunque se admita que el acreedor pueda reclamar la misma prestación a dos o más codeudores solidarios, debe probar la causa de su crédito contra cada uno de ellos, ya que de lo contrario se afecta la defensa en juicio (Disidencia del Dr. RIcardo Luis Lorenzetti).