Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-02-22


San Miguel de Tucumán, 22 de febrero de 2005.- AUTOS Y VISTOS: La causa caratulada "ABAYAY JESUS SANTOS Y OTROS C/GONZALEZ JUAN CARLOS Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS", y CONSIDERANDO:

Vienen los autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado en contra de la sentencia de fecha 04/08/04 que no hace lugar a la excepción de falta de personería deducida.

Los agravios del recurrente corren en el memorial de fs. 75/76, siendo contestados los mismos por la actora mediante escrito de fs. 79/81.

Se agravia el apelante expresando que el motivo de la excepción por considerar que Pablo R. Abayay no se encontraba legitimado para llevar adelante la acción, se sustentó en la documentación que se acompañó con el traslado de la demanda y que el juez le da la razón cuando expresa que efectivamente no acompañó la partida de nacimiento, sin que su parte haya podido tener conocimiento que el accionante había efectuado los actos procesales que prescribe el art. 286 procesal.

Señala que la expresión del aquo de que posteriormente se solicitó oficio al registro de Estado Civil y Capacidad de las personas a efectos de que remitan las partidas de nacimiento de todos los actores, revela que no se puso en conocimiento de su parte, de dicho pedido a los fines de subsanar su omisión.

También se agravia de que se haga extensiva al mandatario legal, considerando el juez aquo que el mismo no está otorgado en el carácter de hijo de la Sra. Villarreal, quien es representada por aquellos que supuestamente serían sus herederos.

Afirma que si no se otorga el poder en tal condición y no se acredita la apertura de un juicio sucesorio ni la condición de herederos, se plantea sobre qué capacidad procesal tienen los litigantes para llevar a delante la acción resarcitoria.

Finalmente se agravia de la imposición de costas a su parte, cuando las irregularidades procesales provienen como consecuencia de faltas en que ha incurrido el actor toda vez que al trabarse la litis, la pretensión esgrimida y las pruebas acompañadas con la misma han servido para introducir la excepción de falta de personería, por lo que la omisión de pruebas aportadas por el actor que luego son conformadas sin tener conocimiento su parte, puede servir para contrarrestar su defensa e imponerle las costas. Señala que la defensa opuesta ha sido consecuencia de un traslado incompleto de lo que se pretende y como se justifica el interés de quien pretende mediante actos que no pudo conocer al notificársele al demanda.

Entrando al análisis de los agravios se advierte que el demandado al oponer excepción de falta de personería, porque el co-actor no acredita la calidad de hijo de la causante, expresa que "padece de una ausencia de personería por carecer de capacidad civil para estar en juicio o sea, carece de falta de legitimación activa". Agrega que no puede pretender una indemnización sin haber probado la relación con la causante, señalando que la doctrina y la jurisprudencia vienen expidiéndose en forma favorable por la procedencia de la excepción de falta de personería o legitimación activa (fs. 31).

Ahora bien, lo que denomina falta de personería en el co-actor en realidad implica un planteo de falta de legitimación activa, por lo que la apelación debe ser desestimada toda vez que conforme lo tiene resuelto esta misma Sala, in re: "Dumeynieu Leal de Toledo Aída c/Bellor Vicente s/Reivindicación", sentencia n° 431/97, del 28/10/97, "nuestro ordenamiento procesal no contempla la referida excepción dilatoria de falta de legitimación para obrar en su art. 294 bis, a diferencia del art. 347 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que el planteo como excepción previa resulta inadmisible".

De allí que mientras el ordenamiento procesal nacional incluye entre las excepciones previas a la falta de legitimación para obrar cuando fuera manifiesta, el art. 294 bis C.P.C.C. menciona que "sólo se admitirán como excepciones previas" las allí enunciadas, por lo que al no estar incluida la de falta de legitimación, la misma no puede ser planteada como defensa de previo y especial pronunciamiento, sino que debe resolverse en definitiva.

Si el co-actor carece o no de legitimación por no haber acreditado el carácter invocado, constituye una cuestión que deberá decidirse en la sentencia de fondo y no como excepción previa, como se había planteado por la demandada, más allá de que antes de disponerse el traslado de la demanda, la actora ya había solicitado oficio al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas para que se remita la respectiva partida de nacimiento, en los términos del art. 286 del C.P.C.C. Pero ello no hace a una cuestión previa de personería, sino a la cuestión de fondo relativa a la acreditación de la legitimación activa.

En cuanto a la excepción de falta de personería del letrado apoderado, también debe confirmarse el rechazo, toda vez que cuenta con poder suficiente del poderdante (fs. 8), más allá de su legitimación activa, lo que excede el ámbito de dicha excepción dilatoria, atento a que la invocada falta de legitimación del poderdante deberá resolverse en la sentencia de fondo y no en forma previa.

Con relación a la imposición de las costas al excepcionante, también deben ser mantenidas, por cuanto el planteo formulado excede el ámbito de la excepción de falta de personería con relación al co-actor, y la invocada falta de personería del apoderado resultaba manifiestamente improcedente. La aplicación del principio objetivo de la derrota justifica confirmar la imposición de las costas al demandado.

En cuanto a las costas de la alzada, también deben imponerse al recurrente vencido en la contienda (art. 108 procesal).

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 04 de agosto de 2.004 corriente a fs. 68, por las razones consideradas.

II.- COSTAS del recurso conforme se consi- deran.

III.- OPORTUNAMENTE la regulación de hono- rarios.

HAGASE SABER.- DRES.:GALLO CAINZO - IBÁÑEZ.