Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-28


Buenos Aires, septiembre 28 de 2007.

Considerando:

I. Que a fs. 10/13 vta. se presenta, por apoderado Peugeot Citroen Argentina S.A. (ex Sevel Argentina S.A.), e interpone recurso de apelación contra la Res. 1260/2005 (DI ADEZ), recaída en el expediente ADGA Nº 423.214/02, en cuanto le deniega la devolución de un monto de $3.842,19, pagado indebidamente en concepto de tasa de estadística con relación a los D.I. nros. 97 073 IC04 042.990-N, 97 073 IC04 042.858-Z, 97 073 IC04 043.046-G, 97 073 IC04 073.611-H, 97 073 IC04 021.112-T, 97 073 IC04 031.522-C, 97 073 IC04 086.975 B, 97 073 IC05 002.600-V, 97 073 IC05 002.629-3 y 97 073 IC04 022.272-E. Sostiene que el presente recurso tiene como fundamento la desproporción existente entre la tasa de estadística exigida por el estado nacional al momento de las presentes destinaciones aduaneras -3%- y el servicio prestado por dicho concepto, debido a que entiende que ello ha constituido en forma encubierta un tributo a la importación de mercaderías, en clara violación al ap. a), párrafo 1, y ap. e), párrafo 4, del art. VIII del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros -G.A.T.T. Expresa que la tasa de estadística está regida por los arts. 762 a 766 del Código Aduanero y efectúa una reseña de las distintas normas que han fijado su monto (ley 23.664, decs. 2277/94 y 389/95). Menciona el reclamo efectuado por EEUU en el seno de la OMC en el sentido de que nuestro país aplicaba una tasa de estadística en forma contraria a las obligaciones asumidas en el marco de la antedicha organización internacional. Agrega que la República Argentina, ante la decisión desfavorable adoptada por el Órgano de Solución de Disputas (O.S.D.) de la O.M.C. se comprometió internacionalmente a reducir la tasa de estadística al 0,5% con el fin de adecuarla a sus obligaciones internacionales, hecho que se hizo efectivo por medio del dictado del dec. 37/98. Asegura que toda ley, decreto o resolución dictados por las autoridades locales que contradigan o violen las obligaciones internacionalmente asumidas por nuestro país devienen en inconstitucionales e ilegítimas, por alterar la pirámide normativa prevista en la Constitución Nacional y por ende los pagos exigidos por el servicio aduanero por aplicación de dicha normativa inconstitucional constituyen "pagos efectuados sin causa o en exceso" y por ello susceptibles de repetición. Expresa que si bien es cierto que las decisiones, tanto del Panel como del Órgano de Apelaciones y la recomendación del O.S.D., no son fuente de derecho interno para los jueces nacionales, éstos no pueden desconocer que constituyen una prueba contundente de la violación a los acuerdos internacionales ratificados por la República Argentina, los cuales sí son fuente de derecho interno con jerarquía constitucional superior a las leyes. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal que avalan la preeminencia de los acuerdos internacionales por sobre las normas de carácter interno. Expresa que el monto de la tasa que se le ha exigido sólo tiene por objeto aumentar los ingresos fiscales y no el financiamiento de las actividades aduaneras relacionadas con el registro, el cómputo y la elaboración de datos sobre importaciones y exportaciones. Por último y teniendo en cuenta que al Tribunal Fiscal se le encuentra vedada la posibilidad de dictar la inconstitucionalidad de una ley -art. 1164 del C.A.- solicita que en uso de las facultades conferidas por el art. 1165 del C.A. declare la ilegitimidad de la tasa de estadística adoptada por la República Argentina. Cita jurisprudencia en apoyo de sus dichos y efectúa reserva del caso federal. Ofrece prueba y solicita se revoque el decisorio aduanero con expresa imposición de costas.

II. Que a fs. 24/27 se presenta, por apoderada, la Dirección General de Aduanas contestando el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una breve reseña de los sucesos acaecidos y dice que realiza por imperativo legal una negativa de los hechos y el derecho que no sean objeto de su expreso reconocimiento o que no surja de los antecedentes administrativos. Destaca que el servicio sustentado mediante los importes que se perciben por tasa de estadística (financiamiento de actividades aduaneras vinculadas con la registración, cómputo y sistematización de la información de importación y exportación, para contar con estadísticas de comercio exterior), no es prestado por el Estado Nacional al importador concreto de una operación, sino a los operadores del comercio exterior, sin que ello desvirtúe la naturaleza del tributo en cuestión. Expresa que la pretendida violación al art. 8 del GATT carece de sustento, por cuanto, tanto la alícuota de la tasa estadística, como la oportunidad en que el Estado Nacional adecua su derecho interno, no resulta en absoluto limitada por el referido tratado, en donde no se establece alícuota alguna, siendo ello de competencia local. Señala que los decs. 37/98 y 108/99 no se encontraban vigentes al momento imponible en autos, destacando al respecto, el principio de irretroactividad de las leyes. Concluye que el rechazo efectuado se ajusta en un todo a derecho, no resultando procedentes los agravios y fundamentos vertidos por la contraria. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal, y solicita se dicte sentencia confirmando el decisorio apelado, con costas.

III. Que a fs. 28 se dispone la apertura de la causa a prueba, la que se encuentra producida a fs. 44/45. A fs. 46 se declara cenado el período probatorio. A fs. 49 se elevan los autos a la sala F y se ponen a alegar, derecho del que hizo uso sólo la demandada a fs. 52/56. Finalmente, a fs. 58 quedan los autos en estado de dictar sentencia.

IV. Que de la compulsa del expediente ADGA 423.214/02, surge que el mismo se inició el día 20/11/2002 como consecuencia de las solicitudes de devolución de tributos interpuestas en relación a los D.I. nros. 97 073 IC04 042.990-N, 97 073 IC04 042.858-Z, 97 073 IC04 043.046-G, 97 073 IC04 073.611-H, 97 073 IC04 021.112-T, 97 073 IC04 031.522-C, 97 073 IC04 086.975 B, 97 073 IC05 002.600-V, 97 073 IC05 002.629-J y 97 073 IC04 022.272-E, cuyos sobres contenedores se encuentran agregados a fs. 111/120. A fs. 122 produce informe la División Verificación y a fs. 125 se expide la División Fiscalización en el sentido de que no corresponde acceder al pedido de repetición interpuesto toda vez que a las fechas de oficialización de las destinaciones, se encontraba en vigencia el dec. 389/95, que establecía una alícuota del 3%. A fs. 128 se produce el dictamen jurídico Nº 835/05 (DV RTAG), que remite al Nº 1552/04, agregado a fs. 127 y vta. A fs. 129/139 se agregan listados de afectación de depósitos con relación a los D.I. debatidos en autos. Finalmente, a fs. 140 se dicta la Res. 1260/05 dictada por la Aduana de Ezeiza, contra la cual la firma Peugeot Citroen Argentina (ex Sevel Argentina S.A.) interpone recurso de apelación ante estos estrados.

V. Que respecto de la cuestión que nos ocupa, los vocales que integran esta sala y suscriben la presente, ya se han expedido sobre la improcedencia de solicitudes de repetición como la que se intenta, entre otras, en la sentencia de fecha 16/05/2007 recaída en los autos "Petrobras Energía S.A. c. Dirección General de Aduanas s/ Apelación" (T.F.N. 20.738-A) a cuyos fundamentos y solución cabe remitirse mutatis mutandi por ser de aplicación a la presente, por lo que se agrega copia certificada de la misma, que se considera parte de este pronunciamiento.

Por ello, se resuelve: 1.- Confirmar la Res. 1260/2005 (DI ADEZ), recaída en el expediente ADGA Nº 423.214/2002. 2.- Imponer las costas a la recurrente. 3.- Regular los honorarios profesionales de las representantes del Fisco nacional, en su doble carácter de letradas apoderadas, en conjunto en la suma de novecientos pesos ($900) de conformidad con lo previsto en el art. 1163 del C.A. y arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. A dicha suma deberá adicionarse la correspondiente al 1% previsto en el art. 62, inc. 2º, de la ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., en concepto de contribución a cargo del obligado al pago de los honorarios. - Ricardo X. Basaldúa. - Silvia A. Crescia. - Susana L. Silbert.