Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14


SENT Nro. 743 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por el letrado apoderado de Saneamiento y Urbanismo S.R.L. en autos: "Ingenio Aguilares S.A. s/Quiebra.-(Inc. de Pedido de Restitución Predio Ubicado en Finca San Miguel P./Tratamiento de Efluentes solicitado por Sindicatura".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de Saneamiento y Urbanismo S.R.L., contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, de fecha 25/10/2002 que confirma la sentencia de primera instancia de fecha 19/10/2001 y su aclaratoria del 19/11/2001 y fija el canon que deberá abonar el recurrente a la fallida desde el 04/12/2001.

II.- El recurrente entiende que la sentencia es arbitraria por estar fundada en la sola voluntad del Tribunal. Expresa que ella le agravia por disponer en su apartado IV que el canon que debe abonar mensualmente a la fallida a partir del 04.12.01 es de $1.500 por las diez has. que ocupa para realizar las tareas descriptas, pues aparece como arbitrario que el valor del canon sea el determinado por sindicatura. Que ningún parámetro ha considerado el tribunal, como no sea la voluntad del síndico quien, por cierto, tenía por principal objetivo que el impugnante desocupara el predio. Sostiene que la Cámara fija el canon sin haber analizado la justicia y razonabilidad del mismo y sin considerar la importancia y destino de las tareas que se desarrollan en él. Que tal fijación no aparece justa frente al necesario equilibrio de la ecuación económico-financiera de la empresa.

Cita los arts. 41 de la CN y 36 de la CP referidos al medio ambiente y expresa que ellos no han sido considerados pues la fijación de ese canon pone en riesgo la permanencia de Saneamiento y Urbanismo S.R.L. en la prestación del servicio de tratamiento de líquidos cloacales y efluentes, y como lógica consecuencia, deja a la población de Aguilares expuesta a la posibilidad de padecer daños en su salud. Que la suma de mil quinientos pesos no ha sido considerada atendiendo a los costos de las inversiones en la instalación de la planta, como los altos costos de mantenimiento, limpieza, insumos, mano de obra, productos químicos, etc., necesarios para la eficiente prestación del servicio y para cumplir con los parámetros normales estipulados en normas ambientales vigentes. Que en modo alguno la Cámara debió tomar el valor que propone sindicatura y sobre el que nunca antes de esta oportunidad su parte tuvo oportunidad de pronunciarse. Por ello, entiende que la sentencia violenta el debido proceso legal y la libre defensa en juicio, toda vez que fija como monto del canon la suma indicada importe éste sobre el que las partes no tuvieron oportunidad de discutir, mucho menos de presentar las pruebas que permitan que los sentenciantes fijen un valor razonable y ajustad o a derecho.

Aclara que la sentencia de primera instancia resolvió únicamente sobre la ocupación del predio por cuanto éste fue el único elemento sometido a discusión. Que el tema a fijar como canon era objeto de una nueva discusión como surge de los dispuesto por el juez a quo y por eso en su parte resolutiva no fija el canon sino que se limita a hacer lugar al pedido de fijación de canon por uso de la fracción de la finca debiendo a esos efectos previamente sindicatura estimar el importe pertinente. Destaca que la providencia del 07.11.01 tiene por cumplido por sindicatura lo solicitado pero que dicha providencia jamás fue notificado a su parte, incurriéndose en violación del derecho de defensa y debido proceso legal, por lo que reserva el caso federal. Entiende que también se vulnera el derecho de propiedad (art. 17 CN) pues la suma que se fija es tan elevada que implica no continuar el servicio.

Sostiene que si la sindicatura no justificó cómo es que llega a determinar que debe pagarse un canon de $1.500, lo que surge con evidencia del escrito de fs. 196, el tribunal debió obrar con la prudencia necesaria y pedir que sean las partes o un perito los que proporcionen los elementos necesarios para poder determinar un precio justo con el que no se vulnere el derecho de quien debe abonarlo. Alude a ciertas razones por las que el precio sería elevado Propone doctrina legal y hace reserva del caso federal. Solicita, finalmente, que se conceda el recurso tentado, con costas.

III.- El recurso ha sido concedido mediante providencia del 08/4/2003; correspondiendo, en esta oportunidad, el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia en recurso, en el tema analizado, considera lo expuesto por sindicatura en el sentido que hasta el momento la única beneficiaria con utilización y/o afectación del predio resulta ser la firma Saneamiento y Urbanismo SRL quien acorde al contrato presentado, cláusula tercera, establece como contraprestación por los servicios dados por la prestadora, OST abonará mensualmente por períodos vencidos por todo concepto la suma de pesos tres mil. O sea que dicha firma está percibiendo, dice la Cámara, un precio mensual por los trabajos realizados en el predio de la finca pero, por esa utilización o afectación de los terrenos no abona suma alguna, por el contrario invoca un préstamo el cual justifica por una autorización de la entonces locataria de la finca, N.A.S.A. y conformidad de la fallida, formulada en fecha 04/12/98 por el término de tres años a partir de dicha fecha. Que más bien esta utilización es un gravamen a la finca. De allí que considera asiste razón a sindicatura en que corresponde que la fallida perciba un canon por la utilización de dicho predio, como propietaria del mismo y que tal ha sido por la juez a quo y aceptado por Saneamiento y Urbanismo S.R.L. en su responde.

Aclara la Cámara que es incorrecto lo expuesto por esta firma en el sentido de que el canon se fijó para comenzar a partir del vencimiento del plazo del préstamo que le efectuaron tanto IASA como NASA; que la sentencia dispone la fijación de un canon y que previamente sindicatura debe indicar cuál es el importe que estima a estos efectos; que la sentencia aclaratoria no dice que comienza desde que termina el plazo del préstamo, que tal cuestión no fue resuelta expresamente pero, no habiendo sido motivo de agravios, no puede el tribunal expedirse como hubiera correspondido que fuera desde el comienzo de la utilización, y solo corresponde tener por cierto el préstamo aludido y establecer que el canon debe ser oblado desde el vencimiento de dicha autorización, es decir, a partir del 04.12.01. Agrega que el canon debe ser pagado a la fallida por Saneamiento y Urbanismo SRL a partir de la fecha mencionada en la suma establecida por Sindicatura a fs. 196 donde calculaba $1.500 mensuales por la utilización de las diez hectáreas. Concluye fijando en el punto IV de su resolutiva el pago del canon por la recurrente en el monto y desde la fecha considerados supra.

V.- De un examen de los considerandos sentenciales puestos en relación con los expresos agravios casatorios, se concluye en que el recurso debe prosperar.

Liminarmente cabe expresar, en lo que respecta al requisito de admisibilidad del artículo 813 del CPCC que, si bien el fallo atacado no se enmarca en la preceptiva del inciso a) de dicho artículo, la cuestión planteada en estos actuados asume gravedad institucional, quedando subsumida en el inciso b) del mencionado dispositivo. Esto así por cuanto el recurrente, con fundamentos bastantes y sobre la base de las constancias existentes en la causa, alega conculcación a la garantía del debido proceso legal, derecho de defensa en juicio, y propiedad que poseen raíz constitucional, los cuales deben ser observados por los magistrados, importando el apartamiento de los mismos una afectación a la estructura esencial del procedimiento en detrimento de los justiciables, pudiendo estimarse que la cuestión suscitada excede lo meramente individual al incidir en la adecuada prestación del servicio de justicia.

Ahora bien, asiste razón al recurrente cuando advierte que en la especie existe afectación de su derecho de defensa en juicio y al debido proceso, toda vez que no ha tenido intervención alguna en la determinación del monto del canon a abonar por la utilización de las diez hectáreas de la finca que ocupa.

La Juez a quo falló en forma congruente, haciendo lugar al pedido de fijación de canon, es decir, determinando el derecho de la fallida de cobrarlo a la firma recurrente por la utilización del predio de su propiedad. Sin embargo, a los efectos de la determinación de su monto solicita que Sindicatura estime el mismo.

Sindicatura cumple con lo solicitado, según escrito que rola a fs. 196. Sin embargo, de tal propuesta no se hubo corrido el correspondiente traslado a fin de escuchar a todas las partes interesadas en la cuestión.

A su vez, el Síndico, en su apelación ante la Cámara, se agravia porque la sentencia aclaratoria de primera instancia de fecha 19/11/2001, no ha dejado plenamente establecido cuál es la proporción del canon que se deberá pagar, por lo que -dice- la Cámara deberá expedirse al respecto. Y la Cámara fija el importe del canon y el tiempo desde el cual éste se debe.

Sin embargo, el solo hecho de que Sindicatura lo solicitase, agraviándose de ello, no facultaba a la Cámara a expedirse al respecto porque la cuestión no ha recibido una articulación procedimental suficiente en la instancia previa para asegurar el debido proceso y la defensa en juicio, por lo que ella no podía ingresar al marco de conocimiento de la Cámara.

Destacamos, por otra parte, que el recurrente, al contestar el traslado del memorial de agravios de Sindicatura, expresa que ese tema -fijación del canon- (respecto del que el Síndico se agravia porque la sentencia aclaratoria no lo determinó) "debió ser materia del recurso de aclaratoria, lo que el síndico no hizo, motivos por los que también deben ser desestimados" (sic fs. 210 vta.) y que cuando la sentencia en crisis procede a relatar dicha contestación de agravios de parte del aquí recurrente, transcribe casi literalmente su escrito mas omite hacer lo propio respecto del párrafo textualmente citado supra y, por ende, hacerse cargo de lo que el mismo estaba allí advirtiendo, esto es: que la cuestión debía haberse tratado en la instancia previa.

La congruencia significa la adecuación a los hechos alegados y a la pretensión esgrimida, siempre sin alterar la causa del pedir, ni la acción ejercitada, ni otorgar nada que no haya sido instado. La lesión a este principio procesal puede ser cuantitativa (otorgar más de lo pretendido por el actor, menos de lo admitido por el demandado o cosa distinta de la reclamada), o cualitativa (pronunciarse sobre hechos no alegados por las partes, o sobre excepciones no opuestas u omitir decidir alguna de las cuestiones oportunamente planteadas).

Conforme lo dicho, se advierte que la sentencia en embate ha violado el principio de congruencia, excediendo cualitativamente el objeto de la pretensión pronunciándose sobre cuestiones que han sido introducidas en forma directa en la apelación pero que no fueron debatidas en la instancia anterior por lo que se menoscaba el derecho de defensa en juicio de la otra parte, a quien a raíz de ese proceder, viene a privarse de toda oportunidad procesal útil para alegar y probar acerca de temas que no fueron objeto de controversia.

La decisión de la Cámara debe ser congruente arts. 34, 272, 273 y 280 del CPCC, resolviendo todas las cuestiones que le fueron sometidas por las partes. Al pronunciarse sobre cuestiones que no han sido objeto de debate, discusión y resolución en la instancia inferior se afecta no sólo el principio de congruencia, sino también el derecho de defensa fundante de aquel y de raíz constitucional (art. 18 CN) (cfrme. Sents. 647, 23/11/95; 723/96) y el deber de motivación exigido por el art. 28 de la Constitución de la Provincia, por lo que cabe descalificar de oficio al fallo como acto jurisdiccional válido (cfrme. CSJTuc., "Ibáñez Abela, José Antonio vs. López O. A. s/cobro de alquileres", 13-8-86; "Conti, J.O. vs. Verón de Martini, Mercedes s/desalojo", 23-6-95; "Chrestia, Héctor Eduardo vs. Francisco Espert s/daños y perjuicios", 29-12-93; entre muchos otros).

Por lo expuesto, corresponde casar la sentencia en el punto analizado, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia que, al haberse pronunciado sobre una cuestión que ha sido ingresada por una de las partes directamente en segunda instancia y respecto de la cual no ha habido debate ni resolución previa en la inferior, viola el principio de congruencia y los derechos al debido proceso legal y defensa en juicio de la contraria". En consecuencia, se deja sin efecto el punto IV de la Resolutiva de la sentencia de fecha 25/10/2002.

VI.- Atento al resultado nulificante del recurso incoado, las costas se imponen por su orden (art. 106 inc. 1° procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de Saneamiento y Urbanismo S.R.L., contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, de fecha 25/10/2002, por consiguiente, se casa parcialmente la misma conforme a la doctrina legal enunciada, dejándose sin efecto el punto IV de su Resolutiva, según lo considerado.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA BEF