Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-05-04


Salta 4 de mayo de 2.011.

Y VISTOS: Estos autos: "DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA vs. BURGOS, Agustina Lucila -Ejecución Fiscal, Embargo Preventivo" Expte. N° 246.589/08 del Juzgado de Procesos Ejecutivos de 1ª Instancia 2ª Nominación, Expte. CAM 322.775/10 de esta Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y _______________________C O N S I D E R A N D O 1) A fs. 46 la parte demandada apela de la sentencia dictada a fs. 40/41 fundando su recurso a fs. 48. Allí se agravia porque se denegó y rehusó la producción de prueba confesional y pericial ofrecidas por su parte, sin que su pedido haya sido cuestionado por la contraria. Considera que los medios probatorios no pueden ser cercenados sin que existan razones para ello, motivo por el cual solicita su revocación. Se agravia también que el juez declare que son cuestiones ajenas a la controversia las actuaciones administrativas que fueran producidas por la actora al contestar las defensas de la demandada, en razón de que de un somero análisis se llegaría a la conclusión que la liquidación y la certificación de las deudas en modo alguno derivan de las propias declaraciones juradas de su mandante, sino que por el contrario, provienen de la actuación extralimitada de la actora. Sostiene y reitera que la actora debió promover las actuaciones previstas por los arts. 33 y 34 del Código Fiscal, previo a emitir el titulo ejecutivo en que se basa esta ejecución. Señala que la prueba pericial ofrecida hubiera acreditado este extremo pero fue soslayada sin ningún argumento. Que dicho proceder privó a su parte de articular las defensas e impugnaciones previstas por los artículos citados, como el proceder del juzgado, la privó de acreditar la improcedencia de la ejecución. Pide se haga lugar a su recurso.

Corrido traslado a la contraria, ésta a fs. 52/53 pide su rechazo porque el memorial de agravios no contiene los requisitos establecidos en el art. 255 del CPCC y subsidiariamente los contesta.2) Respecto del agravio relativo a la falta de apertura a prueba cabe decir que, al substanciarse la excepción interpuesta, la actora acompañó prueba y pidió el rechazo de las cuestiones planteadas, llamándose autos para resolver a fs. 38, decreto firme, ante la notificación automática del día 2 de marzo de 2.010 (ver fs. 38 vta.).

La providencia de mención, no fue válidamente cuestionada por la demandada por lo que quedó firme el trámite que el juez le dio a la excepción planteada. Ante tal situación, los agravios de la apelante referidos a la falta de apertura a prueba, resultan extemporáneos pues precluyó, con su inactividad, esa etapa procesal (Conf. Sala V, año 1987, fs. 1051; año 1998, fs. 859/861).

En resumen, la demandada consintió que se resolviera la causa sin otra prueba que las constancias existentes en el expediente, no pudiendo después, replantear su protesta.

Cabe señalar que la apertura a prueba de las excepciones, no invalida la sentencia ejecutiva y el juez se encuentra legitimado para pronunciarse sin más, sobre su admisión o rechazo. Dicha etapa procesal en el juicio ejecutivo, es facultad privativa del juzgador, quien puede prescindir válidamente de la misma, cuando considere que los elementos obrantes en el expediente, son suficientes para resolverla, sin necesidad de recurrir a ese arbitrio (Conf. Sala V, año 1997, fs. 967/971; fs. 1359/62, entre otras).

3) La deuda que se reclama corresponde al impuesto a las actividades económicas y declaración jurada mensual, lo que constituye uno de los supuestos establecidos por el art. 614 del CPCC. "... procederá la ejecución fiscal por la vía judicial, cuando se persiga el cobro de impuestos, patentes, tasas, contribuciones de servicio o mejoras, multas adeudadas a la Administración Pública, aportes, contribuciones al sistema de previsión social..."Proviniendo la deuda que se reclama de lo adeudado en concepto de impuesto a las actividades económicas, el titulo presentado para su cobro, es válido y es por ello que el juez en la resolución cuestionada, explicó que procedía la ejecución por ser una liquidación de deuda en concepto de declaración jurada presentada por la propia ejecutada, sin que haya existido determinación de la misma por parte de la actora.

De tal argumento, nada dice la apelante limitándose a reiterar que por el accionar del juzgado (que no abrió a prueba la excepción planteada) se vio privada de articular las defensas previstas por los arts. 33 y 44 del Código Fiscal.

Al respecto, esta sala ha sostenido reiteradamente, al igual que las restantes que conforman esta Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que la expresión de agravios que exige la ley, es la critica precisa, concreta y razonada de los aspectos del fallo que el apelante considera equivocados (art. 255, ap. 2° del C.P.C.C.). Ello quiere decir que la parte debe leer el fallo adverso, examinar los fundamentos de hecho y de derecho que contiene y señalar cuales son los errores del sentenciante; que ellos provocaron la decisión errada y que su corrección concluirá en una solución distinta, que es la que se pretende con el recurso (Conf. Sala I, año 1992, fs. 529; Sala II, año 1984, fs. 155; Sala III, año 2.000, fs. 209; Sala IV, año 1999, fs. 232; Sala V, año 1994, fs. 545, entre otras)._______________ Sin perjuicio de ello, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "las leyes en general incluyen en la categoría de títulos ejecutivos a las certificaciones de deuda. Si bien la ley procesal no especifica los recaudos básicos que deben reunir tales instrumentos, resulta necesario que sean expedidos en forma que permitan identificar con nitidez las circunstancias que justifican el reclamo por la vía elegida (conf. Causa S 2028 XL "Sindicato Argentino de Televisión (S.A.T.) c. Misiones, Provincia de s/ejecutivo" sentencia del 29 de noviembre de 2.005, Fallos 323:685 y 326:3653 extraído de CSJN, 11/07/2006, Obra Social para la Actividad Docente c. Provincia de San Luis, DJ 22/11/2006, 855, Fallos Corte 329:2757, LL Online: AR/ JUR/4657/2006).

Ello se cumple en el certificado de fs. 3 firmado por un funcionario de la DGR en el que se indica claramente la naturaleza del tributo, el periodo pretendido y su monto, todo lo cual indica que la ejecutada no se ha visto privada ni dificultada en el ejercicio de su defensa respecto del impuesto que se le reclama ni de los periodos adeudados.

Por otra parte, en el recordado precedente de la Corte de Suprema, ha agregado que no es posible revisar en este juicio ejecutivo fiscal el proceso de formación del titulo, que es justamente lo que ha cuestionado la excepcionante. Debe por tanto, desestimarse su recurso.

Por ello:

LA SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES C Y C NO HACE LUGAR al recurso interpuesto a fs. 46. Con Costas.

REGISTRESE, notifíquese y baje.