marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido con causa, ebriedad, facultades disciplinarias del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: CARRIZO, ANTONIO c/ AUTOTRANSPORTE ANTARTIDA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-29

Si el empleador considera que el supuesto 'vicio' del trabajador (en el caso: ebriedad) excede la esfera privada y perjudica el desempeño laboral en los cuadros de la empresa, debe tomar adecuadas medidas previas al distracto, sin contentarse con meros llamados verbales al orden, dado que éste es su deber (pués a él compete velar por la seguridad de sus operarios) el que debió ejercitar de ser necesario, con la conveniente gradualidad.
Compraventa inmobiliaria, bienes del menor, autorización judicial, plazo resolutorio
Materia: CIVIL
Carátula: POLETTI, OSCAR ERNESTO c/ SEIRET DE GRONDONA, ETHEL A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-28

En la compraventa de un inmueble en que se encuentran interesados menores, por lo que el juez otorgó la respectiva autorización (art.

297 del Código Civil), se torna preciso distinguir dos situaciones.

La primera se refiere a la hipótesis del plazo estipulado en un contrato autorizado por el juez, a los fines de dar cumplimiento a la obligación de escriturar, y la segunda, se vincula al plazo por el cual se confirió dicha autorización, para el caso en que el juez hubiera introducido esa modalidad.

En este último caso, se está en presencia de un plazo resolutorio (arts. 566 y 567 del Cód. Civ.), por lo que si se cumple, el hecho que constituía la "condictio juris" o, según se entienda, a condición suspensiva -aprobación judicial- deja de existir, quedándose las cosas como si ella no se hubiese cumplido, es decir, como si las obligaciones derivadas del boleto no se hubiesen formado (art.548), la que impide acceder a la demanda de escrituración (conf. CNCiv. Sala C, 5/3/75, E.D.64.213). Ello en razón de que el propio juez, al conceder la autorización para escriturar y aprobar el negocio en el que se encuentra involucrado un menor, limita la vigencia de esa autorización a un plazo, vencido el cual se extingue la autorización misma.

Distinto es cuando la autorización judicial, que integra la manifestación de voluntades dirigidas a obligar contractualmente al menor, se presta sin límite temporal alguno. En tal caso, al haberse cumplido la condición jurídica a la que estaba subordinada la validez del negocio, éste se gobierna por los principios generales, aplicables a las diversas situaciones contempladas por las partes.-
Trabajador, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: MOREIRA ISIDORO LEONARDO c/ ORAZI ARTURO Y/O RESPONSABLE S/ INDEMINIZACION POR ANTIGÜEDAD s/ CASACION LABORAL RESPONSABLE S/ INDEMINIZACION POR ANTIGÜEDAD s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-06-30

El artículo 34 de la Ley 22.248 se refiere al tiempo de servicio, al "efectivamente trabajado", desde el comienzo de la vinculación; y el anterior, cuando el trabajador que hubiere cesado en el trabajo reingresare a las órdenes del mismo empleador.

El texto concuerda en general con el art. 18 de la LCT, que bajo la denominación de "tiempo de servicio" contempla aquellos casos en que se conceden derechos al trabajador en función de su antigüedad.
Asociaciones profesionales de trabajadores, elecciones gremiales, impugnación de la elección
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio  de  Trabajo c/ Sindicato Unificado de Trabajadores dela    Educación    de   BS.AS. s/ ley   de   asoc.   sindicales"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-19

La ley 23551 establece un sistema de instancias sucesivas para la dilucidación de determinados tipos de conflictos que puedan presentarse en el desenvolvimiento de la vida sindical. En el proceso electoral, la junta electoral es la autoridad llamada a decidir tanto sobre la oficialización de las listas que participarán en el comicio, como respecto de las impugnaciones que se produjeren en relación a cualquiera de los actos del proceso electoral (art. 15 del decreto 467/88). Pero ante los procesos eleccionarios concluidos con la asunción de las autoridades electas, se impone una singular prudencia en la evaluación de las aducidas causales de nulidad, que deben ser interpretadas con criterio muy restrictivo en virtud del principio de conservación de los actos jurídicos.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, discrepancia del recurrente
Materia: CIVIL
Carátula: VIDEZ JUAN CARLOS Y OTRA c/ MUNICIPALIDAD DE CAMPO GALLO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-06-21

Los embates casatorios esgrimidos en torno a la evaluación de los elementos probatorios realizada por el Tribunal, sin acreditar al menos superficialmente, la configuración del absurdo o la violación de las normas procesales aplicadas a tales fines, solo implican meras discrepancias subjetivas con la valoración efectuada, resultando insuficientes para tornar en irrazonable el silogismo utilizado por los sentenciantes para sustentar su decisión.
Competencia, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ELARRE, VALENTIN s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-27

Las regla de conexidad establecidas por los arts. 37 y siguientes del C.P.M.P. , sólo son aplicables a delitos de competencia de los Tribunales Nacionales.

Ello, así, debido a que la distribución de competencias entre las provincias o entre ellas y la Nación -materia regida por los arts.

102 y 67 inc. 11 de la Constitución Nacional-, escapa a las regulaciones locales y no puede ser alterada por razones de mero orden y economía procesal que inspiran las reglas de acumulación por conexidad.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, principios procesales, resoluciones inapelables, interpelación, pedido de quiebra, ejecución de créditos laborales, beneficio de litigar sin gastos, resolución denegatoria, pago, tasa de justicia
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Martin, Hoffman le pide la quiebra Frey, Mariana Mabel y otro c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-30

Procede declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de grado en cuanto desestimó el pedido de litigar sin gastos formulado por los peticionarios de quiebra, fundado en la LCT 20, y los intimó al pago de la tasa de justicia. Ello así, pues en la instrucción prefalencial sólo es apelable la resolución que le pone fin (conf. CNCom, Sala D, in re "Empresa de Transporte 104 SA le pide la quiebra Ovejero, Héctor s/ queja", del 02/11/17; entre muchos otros). Y la cuestionada providencia, sin lugar a hesitación, del efecto mencionado.
Seguridad social, ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, control de razonabilidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "DELLA   SAVIA,   HAYDEE  IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/ Reajuste  pormovilidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-22

No parece nada razonable que frente a la progresión geométrica que exhibieron los ingresos económicos de la A.N.Se.S. durante estos últimos cuatro años (en sintonía con el crecimiento de la economía a un ritmo del 9% anual en igual período), las condiciones de amortización de los títulos representativos de la deuda provisional consolidada emitidos durante el año 2004 (Bonos IV Serie), sean notoriamente más disvaliosas y/o restrictivas que las de los Bonos III Serie, que fueron lanzados al mercado de valores -paradójicamente- en plena crisis económica. (Del voto del Dr. Herrero).
Concurso preventivo, acreedor, igualdad entre acreedores, crédito hipotecario
Materia: COMERCIAL
Carátula: Weiss, Federico Carlos Antonio s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Concurso   preventivo (Expte. CSJ Nº 687-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-23

Los privilegios en un concurso preventivo, resultan de una disposición legal (artículo 3876 del Código Civil) y no de la voluntad de las partes, siendo el mismo un principio universal que reposa en la valoración que la sociedad concede a ciertos créditos por su naturaleza, y de acuerdo, con la regulación legal los créditos garantizados con hipoteca tienen privilegio especial (artículo 241, inciso 4º de la Ley 24522).
Robo en poblado y en banda, robo calificado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ALVAREZ, Silvano Fabián s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-13

El artículo 167, inciso 2° del Código Penal, no es sino una forma del delito de robo agravada por la pluralidad de sujetos intervinientes en la ejecución del hecho, en los términos del artículo 45 de ese ordenamiento. El legislador ha introducido en la figura calificada que nos ocupa, un criterio subjetivo que se apoya en la mayor capacidad de delinquir demostrada a través del número de concurrentes a la comisión del hecho, disponiendo un tratamiento penal idéntico para todos ellos, los que coactúan en el ilícito respondiendo a la expresión colectiva "banda" adoptada en la norma, la que se dirige a prevenir el encuentro, el acuerdo, la convergencia, la unión, la asociación, la comunión de voluntades delictuosas. No es legítimo echar mano a la simple operación matemática de sumar individuos con disímil participación en el robo, para alcanzar el número exigido en modo condicionante por la norma para actuar sus preceptos. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Competencia contencioso administrativa, competencia federal, practicaje, aguas jurisdiccionales, servicio público, Prefectura Naval
Materia: PROCESAL
Carátula: NAUTILUS S.R.L. c/ Prefectura Naval Argentina s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

Como el art. 99 de la ley N° 20.094 establece expresamente que el practicaje en aguas jurisdiccionales constituye un servicio público regulado y controlado por la autoridad marítima. La competencia de la Justicia Contencioso Administrativa Federal y no la Civil y Comercial Federal, en el supuesto específico que aquí se debate, resulta procedente en los términos del art. 45, inc. a) de la ley 13.998 y art. 5 de la ley n° 18.398.
Representación de personas jurídicas, responsabilidad contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, M. F. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 72 Artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-28

Aduce la defensa técnica que el imputado es sólo un simple empleado del local, y como tal no puede ser responsabilizado por la conducta desplegada, origen de la presente.

Ante la ausencia del dueño del local en cuestión, el imputado se constituyó frente a la presencia del Fiscal y los demás funcionarios públicos, con lo cual, cabe afirmar, que en virtud de lo prescripto por el artículo 27 del Código Contravencional, el mismo adquirió la figura de la representación.

Esta figura de participación (en su acepción amplia) contravencional, se erige toda vez que, quien sea imputado reúna todas las calidades exigidas para poder ser sujeto activo de la contravención. Así, nos encontramos en presencia de un injusto contravencional, que por mandato legal, puede ser atribuido a una persona, que no siendo el autor reflejo, haya tenido al momento del hecho, el dominio de la relación causal del ilícito.
Mora, cláusula penal
Materia: COMERCIAL
Carátula: OSVALDO BARRAIL PECCI c/ MAURICIO KALIFON s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-11

Cuando la cláusula penal desempeña una pura función compulsiva se comprende que el importe de la pena esté desligado de toda comparación con el elemento daño; no obstante, cuando desempeña una efectiva función resarcitoria no es posible ignorar enteramente el real daño sufrido por el acreedor, particularmente cuando se producen daños por situaciones no previstas originariamente que aumentan el perjuicio del acreedor.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, estado de insolvencia, ejecución de sentencia, peligro en la demora
Materia: LABORAL
Carátula: Curuchet, Natalia Carolina c/ Ridissi, Marcela Mónica s/ Pieza separada
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-13

El dictado de una medida cautelar se justifica en la apariencia de buen derecho en cuanto a la pretensión de fondo ("fumus boni iuris"), que implica una verosimilitud de baja intensidad, pues la finalidad perseguida con las precautorias se limita a conjurar el riesgo de insolvencia del demandado o que éste desbarate derechos y así se torne inejecutable la hipotética sentencia favorable que se pudiera obtener; que se identifica válidamente como un peligro ("periculum in mora") derivado de la necesaria demora correspondiente a la tramitación del proceso principal hasta que llegue al grado de cosa juzgada.
Administración Pública, acto administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALARCON OMAR c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-11-28

Dentro del exceso de poder, el tribunal judicial no examina la causa de los motivos, es decir las razones por las cuales la administración se ha referido a determinados motivos y no a otros. En efecto, sólo se juzga la correlación que debe existir entre el acto dictado y los motivos invocados al emitirlo. Esto es un juicio de relación jurídica, que se refiere a la legitimidad del acto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chilabert 1990 S.R.L. s/ Inc. ley 11.825 -beneficio de litigar sin gastos-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

Como en materia de concesión del beneficio de litigar sin gastos corresponde ponderar, en cada caso concreto, la suficiencia o insuficiencia de los recursos del interesado para afrontar los gastos del proceso de que se trate, si la prueba rendida no demuestra la configuración del requisito aludido con claridad y precisión necesarias, corresponde denegar su solicitud (arts. 78 a 82 y concs. del C.P.C.C.; art. 25 del C.P.C.A.). (Minoría u opinión personal)
Hábeas corpus, costas, exención de costas
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BUSTOS, Hugo s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-16

Debe revocarse el auto apelado en cuanto eximió de costas a la presentante, pues si bien ésta pudo tener presunción de que el beneficiario se encontrara privado de libertad, nada objetivo lo indicaba o al menos no lo expresa y el desconocimiento del paradero del beneficiario del recurso, podía haber hallado remedio por otra vía.
Sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, responsabilidad extracontractual, actos ilícitos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Almeida de Stella, Irma c/ Empresa General Roca S.A. y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Es arbitraria la sentencia que soslayó lo atinente a la diversidad de regímenes de responsabilidad a que se refiere el art. 1107 del Código Civil, omitió considerar que el hecho que motivó las actuaciones no había sido calificado como delito del derecho criminal por los jueces penales, e hizo efectiva la responsabilidad extracontractual de la demandada, sin examinar si en el caso se verificó un supuesto que autorice al juez civil a efectuar dicha calificación ante la imposibilidad de obtener condena del autor en el fuero respectivo.
Accidente de tránsito, medios de prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Brun, Oscar c/ AEC S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-23

La misión del juzgador, quien no ha presenciado la ocurrencia del accidente de tránsito sometido a análisis, consiste en reproducir, de acuerdo a las probanzas aportadas, la forma en que verosímilmente pudo acaecer aquél, para dilucidar, en función de ello, la responsabilidad que pudiera caber a los intervinientes. Sólo excepcionalmente se puede lograr una certeza absoluta sobre la forma en que el hecho ocurrió, pero es suficiente, para fundamentar la decisión, haber alcanzado una certeza moral, no ya absoluta, acerca de la verdad. Para obtener esa certeza -como es sabido- los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas, ni seguir a las partes en todos y cada uno de los argumentos que esgrimen en resguardo de sus pretensos derechos pues no basta que lo hagan respecto de las que estimaren conducentes o decisivas para resolver el caso, pudiendo preferir algunas de las pruebas producidas a otras, u omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Héctor Alfredo c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-07

"Que la cuestión relativa a la procedencia o no de la prescripción y el análisis de los extremos atinentes a la misma - término en que comienza, interrupción, prescripción-, son cuestiones de hecho, irrevisables en principio en la Instancia extraordinaria".
Cuestiones de competencia, relaciones de familia, violencia familiar, menores, representación procesal, jueces, tribunal colegiado
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: E., S. A. s/ Conflicto negativo de competencia - Violencia familiar (Expte.:  C.S.J. nro. 474 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

No siendo un requisito exigido por la ley 11.529, ni por el Código Procesal Penal Provincial la representación o tutela del menor que concurre a efectuar una denuncia, y no existiendo -en el caso- abandono del mismo, tiene competencia para intervenir el Tribunal Colegiado de Familia.
Derechos humanos, delito penal, responsabilidad del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: G., F. Y. s/ Homicidio y Homicidio en gdo. de tentativa c/alevosía en c.r. en carácter de partícipe necesario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-22

En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que "... cuando la violación de los derechos humanos sea el resultado de un hecho tipificado penalmente, la víctima tiene derecho a obtener del Estado un investigación judicial que se realice seriamente con los medios a su alcance... a fin de identificar a los responsables, (y) de imponerles las sanciones pertinentes".
Robo calificado, arma impropia
Materia: PENAL
Carátula: PEREYRA JOSE LUIS s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-01

Si bien cualquier objeto puede adquirir el carácter de arma, para que ello ocurra y concurra la calificante por el uso de arma impropia art. 166 inc. 2do. C. Penal es necesario que exista un acometimiento que aumente el poder ofensivo en quien lo detenta.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, daño por vicio o riesgo de la cosa, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Alí, Juan Carlos. c/ Carrera, Ismael. s/ Daños y perjuicios (acc. tránsito s/ lesiones o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-31

El dueño o guardián del automotor -cosa riesgosa- que causa un daño a otro, es responsable del daño causado, salvo que acredite "La culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder", (art. 1113, segundo párrafo "in fine" del Código Civil) o del "casus" genérico de los arts. 513 y 514 del mismo cuerpo de normas.
Concursos, legitimación procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Feldman, Mauricio Naun Juan e/a: Feldman, Mauricio Naun Juan S /Pedido de quiebra por Banco francés del Río de la Plata S.A. Expte. 9474/97 s/ Incidente de Reposición
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-04-26

De conformidad a la norma del actual art.80 de la Ley de Concursos y Quiebras 24522 se encuentran legitimados para pedir la quiebra del deudor todos los acreedores. Dos reformas prevé la norma: Todos los acreedores, sin importar la naturaleza o privilegio de su crédito, pero cuyo crédito sea exigible, agrega la reforma, pueden pedir la quiebra. Es decir, no podrá hacerlos un acreedor cuyo crédito se encuentre sometido a un término no vencido, aún pudiendo justificar el estado de cesación de pagos por otros hechos reveladores del mismo.
Medidas cautelares, facultades del juez, exclusión del hogar
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: P., M. A.  c/ D. C., D. L.  s/ violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-12

Corresponde tener en cuenta que estamos en presencia del trámite de una medida de naturaleza cautelar dentro del marco regulatorio de la Ley XV 12. Esta normativa otorga al juez la facultad de actuar de oficio o a pedido del damnificado en caso de convivencia la exclusión de la vivienda del denunciado, prohibición de acceso, ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad, otorgar la custodia de los hijos, fijar alimentos, determinar el régimen de comunicación, entre otras, estableciendo la duración de dichas medidas, que por ser provisorias, podrán ser modificadas en caso de corresponder o cuando cambien las circunstancias que motivaron su dictado.
Acción, cuestión constitucional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Puga, Héctor c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-06

No puede abordarse en la acción contencioso administrativa la pretensión de inconstitucionalidad de la acordada en que se apoya la resolución cuestionada, en tanto los argumentos de índole constitucional traídos por la parte no son coadyuvantes de otros y, además, existe iniciada con anterioridad una demanda de inconstitucionalidad de dicho Acuerdo, aún en trámite.
Ejecución hipotecaria, pesificación, emergencia económica, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL
Carátula: Regio, Rosa Haydee c/ Slica, Delia s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-15

La C.S.J.N. se ha pronunciado sobre la aplicación de las leyes que establecieron la pesificación in re "Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Constante y otra s/ ejecución hipotecaria-recurso de hecho", resolviendo que en casos como el presente de ejecuciones hipotecarias, la determinación de la deuda debe efectuarse también a través de un cálculo que surge de la conversión de un dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera, a un peso más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar estadounidense a la fecha en que se practique la liquidación, adicionándole un interés que no resulte superior al 2,5% anual por todo concepto, desde la mora hasta su efectivo pago. Teniendo en cuenta ello y que una decisión contraria implicaría un dispendio jurisdiccional innecesario e irrazonable, corresponde conformar la sentencia al decisorio mencionado (sumario confeccionado por SAIJ).