marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Homicidio con alevosía, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ, PILAR c/ CRISTALDO, RAMON s/ HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-05-20

Si bien imputable, es evidente que el estado etílico que presentaba S.

influyó en su conducta en cuanto a la liberación de sus impulsos y reducción de la fuerza de sus frenos inhibitorios. La decisión del momento no surge estrictamente que haya sido en razón de que estaba durmiendo, aunque quisiera "ganarle de mano", como expresa, a quien estaba temiendo que en algún momento lo mate a el. Aparece, si, como un proceso progresivo que culmina tras lo que habrían sido, según se afirma, las ultimas amenazas de C. tampoco queda fuera de toda duda que la víctima haya estado sumida en el sueño cuando recibió los balazos. . . pero la alevosía requiere el extremo objetivo -la indefensión- y el subjetivo -la intención de obrar sin riesgos- y en este caso particular no se evidencia que S. haya tenido especialmente en cuenta esos extremos. Valoro para ello su estado etílico, que no impide el reproche, pero que abre un interrogante sobre cierto grado de irreflexión en punto a la decisión y ejecución que puede incidir no ya sobre los extremos típicos básicos (sabía y quería matar), sino sobre el calificante, esto es, el obrar alevoso que requiere que el tipo abarque la cabal comprensión de la situación objetiva de indefensión intencionalmente procurada o aprovechada para actuar sin riesgo alguno.
Leyes, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ DE ARZUAGA M.E.; AUAD ROLANDO CASANOVA R. Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-16

Corresponde declarar la constitucionalidad del art. 53 de la ley 5558, ya que el párrafo que fuera agregado y que condicionaba el derecho de los legisladores a percibir el 100% de la remuneración de un Vocal del STJ al envío de fondos por el Gobierno de la Nación, no significó extralimitación alguna del órgano político que lo dictó ni se resignaron derechos legítimos al cobro de diferencias salariales comprendidos en la garantía constitucional de la propiedad sino que fue agregado respondiendo a la emergencia económica del momento que afectaba el interés social.
Firma, principal pagador liso y llano, legitimación procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ MARTIN RIZZOTTI, LITZIE ELSA Y OTRO s/ PREPARA VIA EJECUTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-06-09

Que aunque la firma del liso, llano y principal pagador haya sido reconocida instrumentalmente por vía judicial, ello no implica de por sí la ejecutividad del documento que la contiene, sino que además es necesario que la obligación principal se encuentre acreditada en un documento que traiga aparejada ejecución, situación que no se da si la única persona que está legitimada para hacerlo (titular) se encuentra fallecida.
Sociedad anónima, multa, defensa del consumidor
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SRL c/ DNCI s/ DEFENSA DEL CONSUMIDOR- LEY 26361-ART 35
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-26

Corresponde imponer a la Sociedad Anónima una multa por infracción al artículo 1º, inc. d, del decreto 1153/97, reglamentario de la ley 22.802, en cuanto establece que cada mensaje publicitario en el que se difundan promociones deberá contener obligatoriamente las siguientes expresiones: "Sin obligación de compra" y "Consulte en los locales de venta" en forma clara y visible para el potencial consumidor, pues se encuentra acreditada la falta de acceso de los consumidores a la información sobre las características del concurso, especialmente, en lo que concierne a la posibilidad de adquirir en forma gratuita el elemento requerido para la participación.
Impuestos, régimen penal tributario, costas al vencido, querellante, AFIP DGI
Materia: PENAL
Carátula: ASOCIACION ISRAELITA DE BENEFICENCIA Y SOCORROS MUTUOS EZRAH s/ Régimen Penal Tributario Causa 33563
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-29

Si bien conforme al Código de rito (ley 23984) las costas serán a cargo de la parte vencida (art. 531), se le exime cuando hubiere tenido razón plausible para litigar, situación ésta que no alcanza al querellante vencido (D.G.I.) por ser inadmisible que dicho organismo desconociese haber dictado anteriormente la resolución de exención del pago del impuesto a las ganancias, no siendo así de aplicación la ley 20628.
Honorarios, aplicación de la ley, monto del juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Provincia de Entre Ríos y Otra c/ Municipalidad de Bovril y Otras s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-12-16

La aplicación a ultranza de la regla del monto de la demanda, supone desvirtuar, tal vez groseramente, en muchos casos la indiscutible y justa télesis de la ley arancelaria, de alli que en dicha regla -el monto del juicio será más sumas reclamadas en la demanda o lo que resulte de la sentencia si fuere mayor - deba en el caso adecuarse de manera de impedir que más allá de los límites que le señala su propia finalidad, produzca un agravio económico a las partes en litigio carente de fundamento. La trascendencia o apreciación económica será en definitiva la que determine el órgano jurisdiccional, las estimaciones de las partes, son algo así como "fantasmas incopóreos" que se devanecen al final del pleito.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, cuestiones de competencia, acumulación de procesos, facultades discrecionales del juez
Materia: PENAL
Carátula: BONEXTRA,  S.A. s/ RECURSO  APELACION  -  CUESTIONES  COMPETENCIA - ACUMULACION PROCESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

La decisión sobre la acumulación materia de diversos sumarios, no da lugar a recurso alguno, pues trátase de resoluciones que el juez puede disponer dentro de sus facultades discrecionales como director del proceso y que en caso de controversia suscitada con otros jueces, provoca la intervención de la Sala Especial de Cámara, rigiendo básicamente la cuestión los arts. 37, 40 y 180 C.P.C.
Responsabilidad extracontractual del Estado, responsabilidad del funcionario público, citación a juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: CH., G. D. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ODINARIO s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-08

En nuestro Derecho Público la responsabilidad del ESTADO es de base constitucional. La Constitución Provincial, vanguardista y de avanzada, establece concreta y claramente la responsabilidad, no sólo de los agentes públicos por los daños causados por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones (art. 54) sino que atribuye responsabilidad al Estado Provincial y al Municipal, por sí y por los actos de sus agentes realizados con motivo o por el ejercicio de sus funciones (art. 55) y -para mayor equidad y justicia el art. 57 establece la obligación del Estado de citar a juicio a los agentes para integrar la relación procesal y determinar las responsabilidades conforme la manda del prenotado art. 54. Recayendo en el representante del Estado, la obligación de promover la citación a juicio del agente. (Mayoría: Dra. Piccinini, Dr. Apcarián, Dra. Filipuzzi)
Ejecución de la pena, suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rojas, Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-22

Si desde la fecha de la condena ha transcurrido holgadamente el término contemplado en el art. 27 C.P., los agravios contra la resolución que tuvo por no cumplidas las normas de conducta resultan abstractos, pues resulta imperativo para el juez de ejecución, actualizar los antecedentes del encausado a fin de, en caso de no haber perpetrado ningún ilícito, tener por no pronunciada dicha condena. El voto concurrente postuló revocar lo resuelto a fin de actualizar los antecedentes condenatorios del nombrado. (Dres. González Palazzo, Diez Ojeda -según su voto- y Hornos).
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: MENDEZ, MARIO c/ CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES C. TRAMUTOLA SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-06-15

Aún después de la derogación del artículo 7 de la Ley 17258 por la Ley 20744, el fondo de desempleo debe liquidarse sobre los montos que los trabajadores hubieren percibido en el mes anterior en concepto de salarios básicos establecidos en las convenciones Colectivas de trabajo vigentes en la Industria de la Construcción, (conforme Sala IV, "Gonzalez, Victorino c/ Castillo, Juan José s/ Cobro de Pesos", sentencia número 40373, 28 de julio de 1976), no estando sujeto a aportes en tal concepto el adicional establecido por el artículo 32 de la Convención Colectiva de Trabajo 10/73.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Mediante el recurso de amparo puede ser cuestionada cualquier conducta de la autoridad pública -decisión, acto u omisión- que amenazare, restringiere o impidiere de manera manifiestamente ilegítima el ejercicio de un derecho de libertad, con lo que se determinan tres puntos de capital importancia, a saber: a) la conducta objetada puede consistir en una decisión formal, o en un acto de ejecución de una voluntad (implique o no una previa decisión formal) o en una omisión (por ejemplo, la abstención de una autoridad de prestar el auxilio de la fuerza pública para obtener la restitución de un establecimiento ocupado por una turba, con mengua del derecho de propiedad del dueño); b) la conducta, puede, desde luego, obrar el efecto de privar o restringir el derecho, pero puede consistir en una mera amenaza de la privación o restricción: con ella es suficiente para configurar la lesión; c) la privación, restricción o amenaza del ejercicio del derecho de libertad debe aparecer, dice la Constitución, "de manera manifiestamente ilegítima". Es éste un punto clave del recurso de amparo, puesto que todo él descansa, como fundamental condición de procedencia, en la absoluta necesidad de que la ilegitimidad del comportamiento administrativo aparezca de modo manifiesto, ostensible, palmario, patente. (Del voto del Dr. Ulla).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía de Representaciones Hoteleras  S.A. c/ Servicio Nacional de Parques Nacionales. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

El plazo para interponer la queja por denegación del recurso ordinario de apelación no se suspende por la interposición de otros recursos declarados improcedentes.
Recurso extraordinario, jubilaciones, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FALCO, HERNAN JUAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION      EXPTE NRO 340-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-14

Carece de sustento suficiente el agravio referente a la utilización de afirmaciones dogmáticas y fundamentos aparentes, relativas a que los sistemas previsionales se sostienen sólo con el aporte del activo y que la ley 8233 estaba dirigida a rectificar el régimen legal respecto de aquellos pasivos que obtuvieron el beneficio sin haber alcanzado la edad mínima que la ley vigente establece para acordarlo, dado que, frente a la lectura de la sentencia, no se advierte que en éste se hayan hecho enunciaciones como verdades indiscutibles, sin darle debido fundamento, ya que por el contrario los razonamientos están apoyados en derecho y jurisprudencia a la que expresamente remite.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, giros
Materia: CIVIL
Carátula: OVALLEZ Miguel Ángel c/ Diblasi Olivera, Leonardo Alfredo y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-02-10

"No es la culpa de los demandados el objeto inmediato de la prueba, tratándose, como ya he dicho de un caso de responsabilidad objetiva. Por el contrario, en virtud de lo dispuesto en el art. 1113 del Código Civil, recaía en la parte demandada la carga de la prueba que le permitiera probar la culpa de la víctima para liberarse total o parcialmente de responsabilidad.

El eje de los factores de atribución ha de buscarse en la imputabilidad objetiva y no en la imputabilidad subjetiva. No es entonces la culpa (imputabilidad subjetiva) del conductor del ómnibus, sino la responsabilidad objetiva la que prima a la luz de lo dispuesto en el art. 1113 del Código Civil, pues las consecuencias del accidente de tránsito, esto es, el daño y el deber de resarcirlo han de ponderarse en función del riesgo creado por las cosas de que se sirve el autor del hecho o el guardián de ellas.

Sin duda, el art. 1113 del Código Civil impone la carga de la prueba a quien hace uso de la cosa riesgosa o es su dueño o guardián si busca quedar exonerado de la responsabilidad objetiva por los eximentes que la norma consagra....".

"Para lograr eximirse cada uno de los responsables del acto ilícito frente al factor de atribución de la responsabilidad objetiva, no solo debe invocar la culpa de la víctima, o la de un tercero por la que no deba responder, o la situación de caso fortuito ajeno a la cosa, idóneo para fracturar la relación causal, sino, además, demostrarlo acabadamente con todos los medios de prueba que disponen las partes en el proceso.

El demandado carga con la afirmación y prueba de la eximente, y desde luego, ésta no puede consistir en su falta de culpa, pues es sumamente claro que este factor resulta extraño a la imputación objetiva dispuesta por la citada norma legal. Ello conlleva necesariamente a la inversión de la carga de la prueba que genera la responsabilidad objetiva".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, derechos y garantías constitucionales, proceso penal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PALACIOS, DANIEL RUBEN c/  s/ ESTAFA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-28

En relación a la afectación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la relación que la compareciente señala entre el mismo y la prescripción de la acción penal, lo cierto es que su planteo no logra persuadir a este Tribunal de la presencia de una cuestión constitucional que justifique la vía intentada, pues se limita a señalar genéricamente el marco normativo y alcance de la garantía, mas sin precisar una concreta línea argumental para fundamentar un planteo de esta índole. desde que la interesada no alcanza a convencer de que el tiempo de tramitación de la causa importe una prolongación extraordinaria que amerite revocar el decisorio atacado en los términos del fallo "Barra" -que cita- de la Corte nacional. - CITAS: CSJN: Barra, Fallos 32 :327.
Daños y perjuicios, absurdo, vicios
Materia: CIVIL
Carátula: Loscar, Oscar Alfredo y otra c/ Garro, José María y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-05-29

El vicio de absurdo en la sentencia, no queda configurado ante cualquier error, o ante la apreciación opinable o discutible, siendo necesario que se demuestre una anomalía extrema o una falla palmaria del proceso mental del juzgador o que el pronunciamiento se asiente en presunciones no fundadas en los hechos de la causa, obviando ponderar los acontecimientos relevantes según tales constancias.(doctor Soria, minoría)
Contrato de trabajo, empleo no registrado, retención de aportes previsionales, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta Cristian A. c/ Expreso Emir S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-11

La procedencia del art. 132 bis de la L.C.T. exige que el empleador haya efectuado la retención de aportes al trabajador, con destino a los organismos de la seguridad social. La imposición de la sanción establecida en la norma citada no puede ser receptada en caso de clandestinidad registral total, pues no se materializa la retención de suma dineraria alguna, por parte de la empleadora. (En el caso, el actor apeló la sentencia que no incluyó la sanción conminatoria del art. 132 bis L.C.T. y sostuvo que había dado cumplimiento con lo dispuesto por el art.

43 de la ley 25345).
Cuestiones de competencia, secuestro extorsivo, competencia nacional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cruz Robles, Antonio y Palacios, Carlos Ramón s/ secuestro extorsivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

Corresponde a la justicia local conocer del delito previsto en el art. 170 del Código Penal si la conducta reprochada a los procesados no reconoce una motivación que excede lo estrictamente particular, ni afecta intereses nacionales.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Caballero, Francisco S. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

La decisión que origina los agravios del fiscal no emana de la Cámara sino de su Presidente, por lo cual no constituye sentencia definitiva recurrible en los términos del art. 357 del Código de Procedimiento Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, distinta vecindad, causas civiles
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barreto,  Alberto  Damián  y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

La competencia originaria de la Corte Suprema es exclusiva e insusceptible de extenderse, y sólo procede en razón de las personas cuando a la condición de vecino de otra provincia -o de extranjero- se une el requisito de que el litigio asuma el carácter de "causa civil", calificación atribuida a los casos en que están en juego disposiciones de derecho común, o sea el régimen de legislación contenido en la facultad del art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional.
Cesión de derechos, instrumentos públicos, escritura pública
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Contartese Angel Luis c/ Francinella Rubén Emilio s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

El art. 1003 del C.C. no es aplicable respecto de la representación de una sociedad invocada por quién en nombre de ésta hizo cesión de sus derechos al ahora ejecutante, por instrumento con firmas certificadas mediante intervención notarial. Es que aquella norma rige para las escrituras públicas propiamente dichas, siendo ajenas a ellas la certificación extraprotocolar de firmas. De tal modo que el mismo artículo manda que los poderes y documentos habilitantes se anexen al protocolo.
Per saltum, inadmisibilidad del recurso, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet c/ Google LLC s/ medidas preliminares y de prueba anticipada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-08

El recurso extraordinario por salto de instancia es inadmisible cuando, como en el caso, se promueve contra la sentencia dictada por el superior tribunal de la causa.
Daños y perjuicios, daño emergente, lucro cesante, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: LA CRUZ, HERNAN c/ MELIAN MASSERA, GUILLERMO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-02

Toda vez que el lucro cesante esta referido a perjuicios originados por la privación de una determinada ganancia que el damnificado hubiera recibido de no haber mediado ilícito del deudor, o sea consecuencias económicas de las que se ve privado el acreedor o víctima, en tanto la privación de uso se refiere al daño originado precisamente por no poder hacer uso de un determinado bien, no cabe confundir ambos conceptos, máxime cuando la indemnización requerida lo fue en base a no haber recibido de su empleador el importe por la falta de disposición del rodado y no en base a la privación de uso de éste.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, acción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CREMASCHI, CARLOS DOMINGO c/ GOYTIA,  VICTOR CESAR Y-O SUS SUCESORES UNIVERSALES Y-O IMAZ, ENRIQUE PIO s/ COBRO DE AUSTRALES     ORDINARIO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-01

Siendo razonable prever la posibilidad de que el Tribunal a quo hiciera lugar a lo pretendido por el actor, cuyos agravios se centraban "en la calificación de la relación jurídica traída a juicio", el demandado debió, al contestarlos, hacer el correspondiente planteo, si ello a su criterio deparaba cuestión constitucional. Obsta a la admisibilidad de la queja, advertir que contrariamente a lo sostenido por el quejoso al interponer el remedio extraordinario-, no ha planteado oportunamente la cuestión constitucional.
Patria potestad, ejercicio conjunto de la patria potestad, autorización para viajar, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: M., S.A. s/ AUTORIZACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-26

Si bien el art. 264 "quater" del Código Civil es de interpretación restrictiva, lo cierto es que la expresión positiva de voluntad que la norma exige puede ser inferida por signos inequívocos (art. 917 del mismo Código), en tanto los hechos exteriores de su manifestación "pueden consistir en la ejecución de un hecho material consumado o comenzado". En tal contexto, haber concedido en el pasado una autorización análoga, pero en términos más amplios que la requerida, permite, de acuerdo a las demás circunstancias del caso, interpretar que la autorización se encuentra concedida.
Nulidad procesal, auto de procesamiento, rebeldía, imputado, falta de notificación
Materia: PENAL
Carátula: URQUIZA, R. E. s./ procesamiento Causa nro. 11.209
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Debe disponerse la nulidad del procesamiento de una persona que fue indagada en su oportunidad y decretado su falta de mérito. Tras la renuncia de su abogado defensor fue citado a comparecer al último domicilio real que diera en su indagatoria que era el inmueble presuntamente usurpado y el que ya no vivía. Ante tal imposibilidad se pretendió sanear la cuestión con la notificación del abogado renunciante. Con ello, ante la más previsible e inevitable incomparencia del imputado se dispuso la rebeldía. Lo expuesto deja en evidencia lo irregular y arbitrario de la providencia y consecuentemente, por violación artículo 167, inc. 3ro. del C. P. P.

debe declararse la nulidad, sanción que alcanza a los oficios de captura.
Juicio por delitos de acción privada, delitos contra el honor, audiencia de conciliación, acuerdo de partes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MOYANO, Hugo A.. Causa 29.708
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

La conciliación implica el avenimiento de querellante y querellado en razón de las manifestaciones, explicaciones o excusas dadas por el segundo al primero y aceptadas por éste. Por ello, no puede interpretarse que las explicaciones vertidas por el querellado durante la audiencia hayan producido tal conciliación si del acta labrada al efecto surge que las partes no arribaron a acuerdo alguno sobre la pretensión deducida en autos o su eventual desistimiento a partir de las explicaciones dadas por el querellado.