Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-06-18


Expte. Nº 5726/11 "HUNAGRO S.A. - Quiebra indirecta - Verificación crédito - Banco Integrado Departamental Cooperativo Ltdo.(en liquidación) - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a dieciocho (18) días del mes de junio del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Juan Carlos Caballero Vidal y Ángel Humberto Medina Palá, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por "Hunagro S.A." contra la resolución dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha siete de diciembre del año dos mil once, en autos Nº 3072/6012 - 10540 caratulados: "Hunagro S.A. - Quiebra indirecta - Verificación crédito (art. 202 L.C.) s/ Banco Integrado Departamental Cooperativo Ltdo. (en liquidación)"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?--------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:

--- De las constancias acompañadas, resulta que en el año 1994 Hunagro SA recibió un préstamo de dinero, cuyo pago fue garantizado por el Sr. Hugo Naranjo con una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad. En el año 2000, el acreedor inició ejecución hipotecaria contra el Sr. Naranjo, la cual tramitó en autos Nº 49103, "Sindicatura ex BID Coop. Ltdo. c/ Naranjo, Hugo José - Ejecución hipotecaria", del 5º Juzgado Civil. La ejecución fue rechazada, tras considerarse que no había acción directa contra el demandado, porque hubiera debido traerse al proceso al deudor principal. En el año 2006, el acreedor dedujo verificación tardía del crédito en lo que por entonces era el concurso preventivo de Hunagro SA, quien planteó excepción de prescripción. La sentencia de primera instancia receptó la excepción en lo concerniente a los intereses reclamados, pero la rechazó en lo referente al capital. A este último efecto, consideró que la demanda planteada por el acreedor contra el garante, tuvo efecto interruptivo de la prescripción.----- --- Mediante la resolución que ahora se recurre, cuya copia obra a fojas 92/99 de estos autos, la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería rechaza la apelación deducida por Hunagro SA contra aquella sentencia. El fallo ratifica el efecto interruptivo, que el juez de primera instancia había asignado a la demanda iniciada contra el Sr. Naranjo.--- --- Hungaro SA, hoy fallida, plantea sendos recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra el fallo del a quo. Encuadra el primero de los recursos en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Dice que la sentencia es arbitraria y viola su derecho de defensa, en cuanto carece de fundamentación y se aparta de la solución normativa prevista para el caso.---------------------------------- --- La quejosa se agravia de que el Tribunal, tras describir la condición de tercero del Sr. Naranjo; de afirmar que no es parte esencial en el contrato de mutuo y de que no asume una obligación personal, luego diga que no es tercero, por cuanto participó en el contrato de mutuo; que la sentencia recaída en el Quinto Civil no importa absolución. Concluye que la ilogicidad del razonamiento del a quo, desdice la propia normativa que analiza (arts. 3121 y 3163 del C. Civil).-------------- --- La impugnante encuadra su recurso de casación en las causales de los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275. Dice que el a quo es arbitrario, viola su derecho de defensa y efectúa una interpretación errónea del alcance de lo normado por los artículos 3997 y 3968 del Código Civil. Señala, en primer lugar, que la sentencia infringe su derecho de defensa en juicio, al interpretar irrazonablemente el alcance del contrato de mutuo. Agrega que también debe casarse la resolución por su incongruencia, pues sustenta la calidad de tercero del Sr. Naranjo, pero luego concluye lo contrario, dejando de aplicar lo dispuesto por los artículos 3986 y 3997 del Código Civil.-------------------------------------- --- Los recursos fueron admitidos formalmente mediante interlocutoria de fojas 113. Se corrió traslado a la Sindicatura, a la actora/incidentista y al Fiscal General de la Corte, contestando los dos últimos mediante escritos de fojas 125/132 y dictamen de fojas 134/136, respectivamente.------------------------------- --- Expuestos los antecedentes del planteo, paso a examinar su procedencia sustancial. Adelanto que, tras dicho examen, propiciaré el rechazo de los recursos incoados, por las razones que paso a analizar.---------- --- En cuanto al recurso de inconstitucionalidad y pese a que la recurrente invoca la arbitrariedad del fallo impugnado, advierto que los agravios se enderezan a objetar el mérito de lo resuelto, es decir, el sentido de la resolución adoptada. Al respecto, tiene dicho esta Corte, que el recurso previsto en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275, no ha sido establecido para examinar el mérito de la decisión. Que mediante él se controla la legalidad del fallo, es decir, su validez como acto jurisdiccional. Que un fallo es inválido en términos de esta causal, en casos extremos de arbitrariedad. Y que, en fin, la arbitrariedad se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación se asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable. (P.R.E. S.2ª.-1990-I-97; S.1ª.-1990-II-1).---------------------- --- En el caso traído a estudio, la quejosa se limita a discrepar con el criterio adoptado por el Tribunal, al interpretar los textos legales en que funda la resolución, lo que obsta la viabilidad del planteo. En efecto, no resulta irrazonable concluir como lo hace el a quo, cuando entiende que: 1) la situación del "tercero" hipotecante no deudor, está contemplada en el artículo 3121 del Código Civil, a quien también se denomina "tercero constituyente" o "tercero hipotecante", porque no es sujeto pasivo de la obligación garantizada, sino un tercero que garantiza una deuda ajena con la hipoteca sobre un inmueble de su propiedad; 2) la expresión "tercero" está referida a la obligación principal, pero no a la convención hipotecaria de la que es parte esencial: quien hipoteca no es parte en la relación sustancial entre acreedor y deudor, pero sí lo es en la convención hipotecaria, que integra como esencial; 3) consecuentemente el propietario hipotecante no deudor, tiene que soportar que el acreedor ejerza sobre la cosa hipotecada su derecho real de garantía; 4) la norma del artículo 3121 del C. Civil, no regula la situación procesal del constituyente no deudor. Si bien hay posiciones divergentes sobre el tema, resulta aplicable supletoriamente el artículo 3163 del Código Civil -previsto para el tercero poseedor- por virtud del cual se debe intimar primero al deudor, antes de ejecutar al constituyente; 5) siendo que el hipotecante no es tercero en la convención hipotecaria, de la que es parte esencial, la sentencia dictada en el ejecutivo que admitió la excepción de inhabilidad de título a su respecto, no importó absolución y mantuvo su efecto interruptivo con respecto a la acción causal (art. 3986 C. Civil); ello por cuanto desestimó la demanda por haberse errado al dirigir la acción; 6) como consecuencia del razonamiento supra apuntado, el artículo 3997 ibid invocado por la quejosa no resulta aplicable, ya que el hipotecante no deudor, no es fiador y carece del beneficio de excusión.--------------------- --- Pues bien, esta fundamentación evidencia la improcedencia de los agravios de la recurrente, porque todo cuanto se refiera a la interpretación y/o aplicación de las normas de fondo, que definen la relación sustantiva del juicio, es materia atinente al recurso de casación, tal como lo establece el artículo 15 de la citada ley 2275; y por lo tanto está excluido del ámbito del recurso de inconstitucionalidad (P.R.E. S.1ª 1992 I-194).---- --- La arbitrariedad no se configura por la errónea interpretación de una norma legal sustantiva. Como ya anticipara, se exige que el fallo no sea "derivación razonada del derecho vigente", lo que implica que el vicio, que puede ser de razonamiento, de interpretación o de fundamentación, debe ser palmario, evidente, notorio. (P.R.E. S.2ª 1990-I-97). Por lo tanto, queda descartada la arbitrariedad, cuando el a quo funda su posición respecto de la aplicación o interpretación de la norma. Incluso si se discrepa con el criterio expuesto en el fallo, el hecho de que se hayan dado fundamentos suficientes para sustentarlo, torna inviable el recurso de inconstitucionalidad.-------------------- --- Entrando en el análisis del recurso de casación, advierto en forma liminar, que los términos en que ha sido formulado ameritaría per se su rechazo. En efecto, la recurrente aduce que lo resuelto configura una situación de extrema arbitrariedad y viola sus garantías constitucionales del debido proceso, defensa en juicio y propiedad, cuestiones éstas ajenas -por esencia- al recurso de casación. Ha dicho reiteradamente esta Corte que la tacha de arbitrariedad de una sentencia, en tanto entraña siempre violación a la garantía de la defensa en juicio, corresponde sea planteada mediante el recurso de inconstitucionalidad y no el de casación, porque éste sólo tiene por objeto verificar la exacta interpretación y aplicación de las normas jurídicas empleadas por los jueces (P.R.E. 1969-185; 1972-149; 1987-128).----------- --- Ello no obstante, y tomando en consideración que en el desarrollo ulterior de los agravios, la impugnante ha dado cumplimiento con lo preceptuado por el artículo 16 de la ley 2275, me avocaré a su análisis.--------------- --- En cuanto al agravio asociado a la inaplicabilidad e incorrecta interpretación del artículo 3997 del Código Civil, entiendo que resulta improponible por aplicación de la doctrina de los actos propios. En efecto, resulta abiertamente contradictorio con los propios actos, argumentar en los agravios, que el constituyente de la hipoteca no es un fiador (ver fojas 107 pto. 2.2 y fojas 110 vta. pto. 5, de estos autos) y por otro lado pretender la aplicación al caso, del artículo 3997 del C. Civil, que niega efectos interruptivos a la demanda interpuesta contra éste. Y es que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, cuando ese comportamiento ha sido deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.-------------------------- --- El agravio vinculado a la inaplicación del artículo 3968 del Código Civil, resulta igualmente improcedente, desde que el contenido de la norma no se corresponde con el texto que la recurrente pretende atribuirle. Por otra parte la pretensa redacción en cuanto "la demanda interpuesta contra un tercero no interrumpe la prescripción contra el obligado principal" no está contemplada en ninguno de los artículos referidos a los actos que producen la interrupción de la prescripción (art. 3984 al 3998 del C. Civil).----------------------- --- Por último, corresponde igualmente rechazar el agravio por el cual la quejosa enrostra al a quo, haber dejado de aplicar lo dispuesto por el artículo 3986 del Código Civil; ello por las razones que paso a exponer.- --- En autos resulta menester determinar si la demanda interpuesta solo contra el constituyente de la hipoteca, resulta eficaz para interrumpir la prescripción de la acción entablada ulteriormente contra el deudor, en los términos previstos por la norma -demanda defectuosa- (art. 3986).-------------------------------------------- --- Y para ello, es de vital relevancia definir si el constituyente de la hipoteca que no asume la deuda, reviste la calidad de un tercero en la puridad de la acepción o bien guarda vinculación jurídica con las partes. Dícese tercero en el diccionario de la Real Academia Española como aquella "Persona que no es ninguna de dos o más de quienes se trata o que intervienen en un negocio de cualquier género".--------- --- Cabe entonces preguntarse: quien constituye un derecho real de hipoteca sobre un inmueble de su propiedad, en garantía del pago de una deuda sin asumirla, ¿es tercero en la relación negocial que se integra por un lado con el mutuo y por otro con la constitución del derecho real de garantía? A mi juicio no. Como bien apunta el a quo, la expresión "tercero" utilizada en el artículo 3121 del C. Civil, está referida a la obligación principal -en cuanto el constituyente no asume la deuda, sino que limita su responsabilidad al valor del inmueble dado en garantía- pero no es un tercero frente a la convención hipotecaria, de la que es parte esencial -que por otra parte requiere para su conformación y perfeccionamiento de la aquiescencia del acreedor-. Es por ello que el propietario hipotecante, no obstante no asumir la deuda, tiene que soportar que el acreedor ejerza sobre la cosa hipotecada su derecho real de garantía, si bien sujeto -en los términos de la interpretación del a quo que no ha sido cuestionada y se encuentra firme- al requerimiento previo establecido en el artículo 3163 del Código Civil, previsto para el tercer poseedor.--------- --- De donde se concluye, que la demanda defectuosa incoada contra el constituyente de la hipoteca, que participó del acto constitutivo del derecho real, es interruptiva de la prescripción en los términos previstos por el artículo 3986 del Código Civil. Y ello por cuanto el hipotecante se compromete al pago de la deuda -y es deudor en la acepción de la norma- en la medida del valor del inmueble hipotecado y previo requerimiento de pago efectuado al mutuario (art. 3163 del C. Civil).---- --- Comparto a este respecto el pensamiento de Papaño-Kiper-Dillón y Causse, según el cual, "Hubiera resultado preferible reservar la designación de "tercero" para el caso de quien adquiere el inmueble del constituyente de la hipoteca, porque en este supuesto sí se da la incorporación de otro a una relación jurídica hipotecaria preexistente, como consecuencia de un acto de disposición. Si no asume la obligación será solamente "tercero", y si la toma a su cargo "tercero deudor". Al contrario, si se trata de quien grava su inmueble en garantía de la deuda de otro, debería ser simplemente el "constituyente", porque él es parte en la relación hipotecaria y en todo caso tercero respecto de la obligación garantizada. Si además asume la deuda será constituyente deudor" en las condiciones que el Código establece" (Papaño-Kiper-Dillón y Causse 'Derechos Reales' Tomo II Ed. Depalma, pág. 308).----------------- --- A modo de colofón, entiendo que el nomen iuris "tercero" resulta poco feliz porque se utiliza para distinguir situaciones -tercero poseedor, tercero adquirente, tercero hipotecante, etc.- que en realidad se relacionan directamente con la obligación y con el grado de responsabilidad que se asuma respecto de ella.---------------- --- Por todas las razones expuestas opino que corresponde el rechazo de los recursos extraordinarios incoados.- --- En cuanto a las costas, en virtud del principio objetivo de la derrota consagrado en el artículo 66 del CPC, corresponden que sean impuestas a la recurrente vencida.------------------------------------------------ --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJERON:------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Rechazar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos.---------------------------------- --- II) Imponer las costas a la recurrente vencida.----- --- III) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los autos principales.-- --- IV) Disponer que estos bajen al Tribunal de origen a los fines pertinentes.---------------------------------- --- V) Notifíquese y oportunamente archívense.

Ef-5726 E.B.T.

Si-/// ///guen las firmas: Fdo. Dres.: Carlos Eduardo Balaguer, Juan Carlos Caballero Vidal y Ángel Humberto Medina Palá. Ante mí: Hugo Alberto Fornés, Secretario Letrado.

P.R.E. S.1ª 2013-II-355.