Acción de amparo, daño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bonetto, Rodolfo Antonio y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Cordoba y otro s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-02-24

El rol institucional y no sólo individual de la acción de amparo, exige atender a la trascendencia de derechos humanos esenciales, por lo cual, debe admitirse sin más la tutela jurisdiccional, a través de la "acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo" (art. 43 Const. Nac.). Dicha norma ha derogado tácitamente los recaudos de admisibilidad establecidos en legislaciones de jerarquía inferior (como nuestra ley provincial 4915), que consagraban la subsidariedad del amparo, ante la existencia de otros remedios protectores (como las vías administrativas previas o los procesos ordinarios). Es que tratándose de problemas vinculados con la dignidad de la persona, la demora que esos otros trámites suponen no se compadece con la urgencia en la solución de dichos conflictos.

El amparo no queda excluido por la circunstancia de que la actuación impugnada se basa en una ley, ni porque se trate de actividad administrativa reglada y concretamente desenvuelta acorde con una reglamentación vigente.

En efecto, existe ilegalidad manifiesta no sólo cuando el acto o la omisión lesiva no se encuentran fundados en norma alguna, sino también cuando la norma vigente que se invoca se opone a otra de rango superior. Tradicionalmente el amparo se excluía cuando era menester una declaración de inconstitucionalidad, mientras que la reforma de 1994 ha consagrado explícitamente la solución opuesta.

El amparo presupone la lesión o amenaza de "derechos y garantías"; no es en cambio, una acción resarcitoria, que requiera la acreditación de algún daño; menos aún, que éste sea concreto y grave. El objetivo esencial de dicha acción radica en preservar los derechos amenazados o restablecer los conculcados, al margen de todo perjuicio específico.

La regulación de la política educativa ingresa dentro de facultades prioritarias del Congreso de la Nación, el cual debe proveer lo conducente "al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria" y "sancionar leyes de organización y de base de la educación".

En su virtud, se ha sancionado la Ley Federal de Educación 24195, que reglamenta el derecho de enseñar y aprender con vigencia en todo nuestro territorio (art. 1).

Además de la jerarquía de normas establecidas en el art. 31 de la Const. Nacional, debe también recordarse que: "los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno Federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación".

La Ley Federal de Educación fija parámetros claros, conciliables genéricamente con la normativa provincial en vigor, pero transgredidos por la Ley de Transformación Educativa Nro. 8525.

En la ley nacional se establecen los siguientes lineamientos: el respeto de la libertad de enseñar y aprender, el estímulo, promoción y apoyo a innovaciones educativas y a regímenes alternativos de educación, la libertad y capacidad para elaborar por propia decisión existencial su proyecto de vida (art. 6); caracterización del sistema educativo como flexible, articulado, equitativo y prospectivo; además de una estructura básica se admite e integran otros regímenes especiales, cuya finalidad es la atención de necesidades que no pudieran ser satisfechas por aquélla; el objetivo de la educación general básica de incorporar el trabajo como metodología pedagógica, en tanto síntesis entre teoría y práctica.

Todos esos parámetros, respetuosos de un régimen de libertad educativa, se violan si el sistema establecido es uniforme, férreo, inalterable y obligatorio, sin opciones de ninguna índole (arts. 1 y 4 Ley 8525), dado que la referida ley establece una estructura con esas características, suprimiendo otras alternativas, en definitiva es un "sistema inflexible y cerrado que margina los regímenes especiales", que violenta la preservación de las modalidades especiales aseguradas en el art. 11 de la Ley Federal de Educación.

No incumbe a los órganos jurisdiccionales seleccionar el plan de estudios a instrumentar, ni valorar cuál es legítimo y conveniente.

La materia del amparo se circunscribe a esclarecer que el impuesto por la Ley 8525 es inconstitucional y consecuentemente, procede ordenar el respeto de las referidas modalidades especiales, en la vertiente técnica escogida por los progenitores para sus hijos.