Legislación tributaria provincial, prescripción, plazo, código civil, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-CIVIL-TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Provincial c/ Olivares Mediterráneos S.A. s/ Ejecución Fiscal s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-14

Ante la prescripción opuesta por el demandado en una ejecución fiscal, corresponde establecer primero, el régimen normativo de prescripción aplicable, para finalmente poder determinar si los impuestos objeto de ejecución se encuentran o no prescriptos.

Según la doctrina sentada por la Corte Suprema en la causa Filcrosa SA: "las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria a los dispuesto en el Código Civil resultan inválidas, pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho de público local" (Fallos 175:300: 176:115: 193:157; 203:274; 284:219; 285:209 y320:11344). Es oportuno aclarar que no es un hecho controvertido en autos que, dentro del régimen de competencias asignado por la Constitución Nacional es facultad no delegada por las provincias al Gobierno Nacional la de establecer los tributos cuya verificación fue reclamada en autos.

La cuestión litigiosa en cambio, consiste en dilucidar si esa facultad incluye la de fijar la prescripción de los aludidos tributos o, en cambio, esta última corresponde a la Nación en razón de lo dispuesto por el art. 75 inc. 12 de la CN. Comparto que no es conducente a la funcionalidad de un Estado federal la existencia de marcadas disparidades sustantivas en el derecho de los fiscos locales. No es necesaria, más aun, es inconveniente, y no hace a la alegada autonomía. El código civil con el sustento jurídico político de la cláusula constitucional del art. 75 inc 12, más allá de las precisiones jurídicas que quieran hacerse, invalorables todas, tiene el valor esencial de constituir un punto de referencia común para todos los distritos locales -provincias y municipios-, en orden a asegurar al menos, una mínima homogeneidad de las normas esenciales. En esa inteligencia aprecio, sobre todo teniendo en cuenta el accionar de los fiscos locales hoy en día, que es preferible para los intereses generales la orientación que mantiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación ,según la cual, finalmente, por la sujeción debida al Código Civil, la prescripción debe ser en todas las provincias y municipalidades de cinco años (art. 4027 inc. 3); ese plazo debe comenzar a ser computado desde la fecha de la obligación (art 3956); las causales de interrupción son el reconocimiento del deudor (art. 3989) o la demanda judicial (art. 3986, primer párrafo) , y la suspensión, por un año y por una sola vez, es la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica (art 3986 segundo párrafo). Teniendo en cuenta todo ello, comparto que las provincias no pueden, entonces, reglamentar la interrupción, suspensión o establecer plazos distintos, tal como lo ha declarado la jurisprudencia nacional, es decir no pueden modificar el régimen de la prescripción establecido en el Código Civil. Del voto del Dr. Cippitelli