Razonabilidad, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Buenader de Santa Cruz, Amalia Rosa c/ Municipalidad de la Capital s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-06-26

Solicita la ocurrente en su demanda que se revoque el Decreto Municipal que rechazó el pago de los adicionales por título y antigüedad y se haga lugar a su solicitud.

Entiende que el decreto mencionado viola el principio de intangibilidad de la remuneración de los Magistrados Judiciales, a los cuales se encuentra equiparada, en razón de ser Juez de Faltas Municipal.

El Estado Municipal por su parte sostiene que el Decreto impugnado no vulnera ningún derecho subjetivo de la actora, pues su pedido es absolutamente improcedente, toda vez que a esta funcionaria le es aplicable respecto de su remuneración la normativa vigente para el Personal Superior de la Administración Municipal -arts. 90 última parte y 129 de la Carta Orgánica Municipal y su Ordenanza reglamentaria con su modificatoria, y en consecuencia, está equiparada en su remuneración al Secretario del Departamento Ejecutivo Municipal, correspondiéndole percibir una retribución fijada en un 85% de la que corresponde al Intendente Municipal, estableciéndose además que dicha retribución es el sueldo básico y única asignación que percibirá el personal aludido -a excepción de las asignaciones familiares.

Ahora bien corresponde en principio determinar que la intangibilidad de los sueldos y remuneraciones de los Magistrados Judiciales es absoluta -arts. 110 y 120 de la CN-, la que lejos de ser un privilegio, es uno de los factores que contribuyen a su independencia de los otros poderes del Estado.

Distinto es el caso de la Justicia Administrativa de Faltas del Municipio capitalino, cuyos titulares no tienen garantizada la intangibilidad de sus remuneraciones ni por la Constitución Nacional ni por la Carta Orgánica que los rige.

Así, el Consejo Deliberante, tiene la facultad para emplear en forma discrecional las partidas presupuestarias asignadas para hacer frente a las distintas erogaciones del Municipio, debiendo ser ejercida dentro de los límites de la razonabilidad y cuidando de no menoscabar los derechos constitucionales consagrados en protección de la relación laboral y de los derechos individuales.

En el caso, como primera conclusión surge la improcedencia de la acción articulada por la actora, quien alegando menoscabo al principio de la intangibilidad salarial, solicitó el reconocimiento y pago de adicionales, sin mencionar y menos aún probar que de la reestructuración que se hizo en la composición del salario, haya ocurrido una efectiva disminución de su sueldo en unidades monetarias o que la modificación operada le haya ocasionado una desjerarquización respecto del nivel alcanzado o que le ocasione un perjuicio concreto.

Ello así, la medida implementada por la Administración Municipal, fundamentada en expresas disposiciones vigentes, se justifica por la naturaleza presupuestaria de su determinación, pues la modificación operada en la estructura de la remuneración, no vulnera derecho constitucional alguno.

En conclusión, el Decreto cuestionado, expresa el criterio de oportunidad, mérito y conveniencia del órgano competente en el ejercicio de la política salarial, conforme la ley que lo faculta para hacerlo, por lo que al no importar dicha modificación una alteración irrazonable que produzca un perjuicio concreto, no corresponde que este Tribunal sustituya dicho criterio, debiendo por lo tanto rechazar la acción intentada.