Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-10


SUAREZ, Francisco José contra OLLARCE, Juan Carlos Reg.: A y S t 194 p 131-136. En la ciudad de Santa Fe, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil tres sereunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictarsentencia en los autos caratulados "SUAREZ, Francisco José contra OLLARCE, Juan Carlos -C.P.L. - Apelación Decreto del 20-08-99 - Incidente de Ejecución de Sentencia- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 286, Año 2001).

Se resolvió sometera decisión las cuestiones siguientes:

PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?;

SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?, y TERCERA: en consecuencia, qué resolucióncorresponde dictar. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron elestudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Netri y Falistocco A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Por sentencia de fs. 482/486 la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en loLaboral de la ciudad de Santa Fe rechazó el recurso de apelación deducido por Blanca Esther Ollarce y Rosa Mondaca y, en consecuencia, confirmó el decreto de fs. 194 por el cual el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral Nº 3 había ordenado intimar"a los ocupantes del inmueble subastado en autos para que desocupen el mismo en el términode quince días bajo apercibimientos de disponer su lanzamiento (art. 504 C.P.C.C.,aplicable)".

Contra tal pronunciamiento dedujeron Blanca Ollarce y Rosa Mondaca recurso deinconstitucionalidad fundándose en los incisos 2º y 3º del artículo 1 de la ley 7.055.En su presentación se agraviaron de que el fallo confirma una orden de desalojo que hacevaler contra ellos una sentencia dictada en un juicio donde no participaron, obligándolosa abandonar un inmueble (sobre el cual han alegado tener derechos) "sin juicio previo ninorma que lo contemple expresamente, por aplicación caprichosa del artículo 504" delcódigo de rito, equiparando la situación de su parte con la del ejecutado y violando endefinitiva el principio de reserva legal consagrada en el artículo 19 de la ConstituciónNacional y la garantía del debido proceso.

Destacaron que en el caso se han visto privados del derecho de defensa a partir de laarbitraria apreciación de los hechos y de la prueba, del desconocimiento de normas conducentes a la solución del litigio, y de la imposición de una inexistente obligaciónde que los terceros comparezcan a un juicio al que son ajenos.Expresaron que la Sala, llamada a pronunciarse sobre la aplicabilidad del artículo 504 delCódigo Procesal al caso de terceros que ocupan el inmueble subastado con anterioridad ala subasta y que alegan derechos sobre el mismo, omitió expedirse sobre si la ocupaciónera anterior o posterior a la subasta y/o al juicio contra el demandado, a pesar de queello era decisivo para fundar por qué entendió aplicable el citado artículo 504.

Agregaron que el fallo también desconoce las normas del Código Civil en materia dederechos reales y de posesión en particular, puesto que la legitimidad de la ocupación requiere un debate que, en razón de su naturaleza o complejidad, desborda el marcocognoscitivo de esa vía, no pudiendo estimarse suficiente a los efectos de la discusiónconcerniente a la posesión el trámite sumarísimo impreso en autos -en el cual, observaron,"no se pretendió probar la posesión (objeto de un juicio de distinta naturaleza) sino laexistencia de terceros ocupantes en el inmueble subastado que no fueron puestos por elejecutado con posterioridad a la ejecución de la sentencia"-.Sostuvieron que en el caso se ha aplicado jurisprudencia impertinente, y se ha hechoextensiva una disposición procesal a quienes no fueron parte en el juicio, ordenándose eldesalojo sin juicio previo, con violencia, además, de la regla nemo plus iuris debido aque se coloca al adquirente en mejor situación que la que tenía el ejecutado.

Invocaron prescindencia de prueba decisiva, ya que los sentenciantes omitieron referirsea los elementos demostrativos de la existencia de una ocupación que era incluso anteriora la iniciación del proceso laboral contra el ejecutado, incurriéndose en una caprichosaselección de la documental aportada por su parte y de las propias constancias de la causa,como lo demuestra la ignorancia de la constatación de fs. 71 -donde se anuncia la calidadde propietaria por una de las dos ocupantes- o la interpretación que se hace del actajudicial de fs. 127.

Concluyeron insistiendo en que la realización de un remate en un juicio en el que los ocupantes del inmueble no fueron parte no puede constituir causa legítima para despojarlos de la posesión de dicho inmueble, y que la existencia del derecho a mantenerse o no en esaocupación tiene que resolverse en otro juicio que excede la competencia de los jueces dela causa (fs. 491/499).

Contestado el traslado (fs. 502/v.), la Sala concedió el recurso por considerar que la hipótesis planteada por los impugnantes -en cuanto sostienen con fundamento en el inciso 2º del artículo 1 de la ley 7.055 que la interpretación otorgada al artículo 504 del código de rito ha restringido el ejercicio del dere En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 he depropiciar la rectificación del criterio sustentado por la Alzada en oportunidad deconceder el recurso extraordinario, al comprobar que, en definitiva, el planteo queformulan las recurrentes -y que motivara la concesión del recurso por el Tribunal a quo-,en cuanto se dirige contra la "caprichosa interpretación" del artículo 504 del código derito, remite al análisis de una cuestión de hecho y de derecho procesal que ha sidoresuelta por los jueces de las instancias inferiores siguiendo un criterio que, más alláde su acierto o error, satisface las exigencias mínimas que recaen sobre todo pronunciamiento judicial desde el plano de su validez, extremo que habilita a concluir enla inexistencia de una relación inmediata y directa entre la materia del pleito y lacuestión federal planteada, que conspira contra la viabilidad del remedio intentado (videFallos, 165:62; 181:290; 242:239;248:43; 276:365; 312:551, etc.).

En el caso -cabe recordarlo- la Sala, tras señalar inicialmente que la garantía delderecho de defensa en juicio que le asiste al "ocupante- no ejecutado" no puedeinterpretarse o aplicarse "con un criterio meramente ritualista-dogmático, desinteresándose de otros valores o principios constitucionales y legales que pudieren colisionar con el mismo, tales como los de buena fe, seguridad jurídica y derecho deacceso a la pronta respuesta jurisdiccional", concluyó en la desestimación del recursoplanteado por Blanca Esther Ollarce y Rosa Mondaca considerando que la oposición formuladapor las mismas a la orden judicial de desocupación "se basa en cualidades supuestas (retentista, poseedora, usucapiente)" que bien pudieron ser acreditadas en estasactuaciones, pero que no lo fueron.

Para arribar a esa conclusión consideró el Tribunal que, en cuanto a la testimonial ofrecida, se encontraba firme la resolución de fs. 396 que la tuvo por precluída, y encuanto a la documental acompañada, que la misma se refería en mayor medida al convenio depago relacionado con un nicho del cementerio municipal y no con la vivienda subastada, alo que se agregaba que el hecho de que las interesadas tuviesen en su poder boletas pagasemitidas a nombre del titular no constituía acto posesorio en el sentido del artículo 2384del Código Civil -mucho más si se consideraba que el acceso a las mismas quedabafacilitado por el vínculo familiar directo entre ejecutado y ocupantes (madre y hermanade aquél)-, y que tampoco podía adjudicarse carácter dirimente a la suscripción alservicio de televisión por cable.

Añadió que "ningún indicio posee entidad como para enturbiar la admisión que fluye de loactuado por el oficial de justicia a fs. 127", cuya constatación fue tomada por el Juez de baja instancia como manifestación de ser servidoras de la posesión ajena y no poseedoras animus domini, observando en cuanto al valor que debía reconocerse a laconstatación de fs. 71 que resultaban aplicables "los principios generales sobredeclaraciones contradictorias de parte, caso en que la sana crítica debe partir de tomarcomo verdadera a la última o a la que resulte más desfavorable a quien declara(condiciones ambas que cumple la de f. 127), salvo convicción suficiente en contrario".

Tras observar que "tampoco hay prueba alguna que refiera a la supuesta introducción demejoras en el inmueble", destacó finalmente que "habiendo contado con oportunidad procesalbastante de demostrar los extremos de hecho relativos al menos a una apariencia de derecho que justifique un escenario procesal más amplio, la recurrente no la utilizó", por lo quedebía coincidirse con el iudex a quo en su criterio de aplicar la jurisprudencia citadapor el mismo en orden a los alcances del artículo 504 del código de rito (esto es, Alvarado Velloso, Adolfo, "Estudio jurisprudencial", t. III, pág. 1447), y también en su argumentación fundada en la necesidad de evitar la obstrucción de los derechos del adquirente en subasta judicial atendiendo planteos de acusada liviandad cuya aceptación generaría una suerte de "riesgo-subasta" con efectos perjudiciales sobre los valores derealización de los bienes rematados.

Frente a tales consideraciones, las recurrentes insisten en los agravios expuestos utsupra, mas lo cierto es que su discurso -conforme se adelantara- no logra demostrar la concurrencia de una concreta lesión a los derechos constitucionales que esgrimen,advirtiéndose en definitiva que los planteos formulados no consisten sino en una mera discrepancia con el criterio que adoptara la Alzada cuando confirmó la orden del anzamiento partiendo de una ponderación de las constancias de la causa y de una interpretación de las reglas sustanciales y procesales concurrentes a la solución del caso cuya razonabilidad -insisto- no ha sido conmovida ni siquiera en grado liminar por las interesadas, quienes -por lo demás- no se hacen cargo de que en autos ellas pudieron ejercer, y efectivamente ejercieron, su derecho de defensa con relación a los puntos en litigio.

En tal sentido es de destacar que las impugnantes no han aportado ningún argumento queconmueva el fundamento central que confiere validez al decisorio, el cual no es otro quela constatación de una total ausencia de elementos que demostrasen siquiera liminarmenteque las mismas se encontraban en una posición que, por ser distinta de la que tenía elejecutado, obligaba a adoptar una solución diferente atento aparecer ellas como penitusextraneus o terceros ajenos al pleito.

Ello se advierte, por ejemplo, con respecto a las implicancias de la constatación de fs.127, donde el Oficial de Justicia hiciera constar que, al ser atendido por la señoraBlanca Est En vista de tales constataciones, refrendadas por la postura contradictoria queevidenciaron las recurrentes durante el pleito en cuanto a su título sobre el inmueble(dueñas por usucapión y poseedoras -vide fs. 209/v.-, tenedoras -fs. 127 v.) y por la inexistencia de pruebas que según los jueces ordinarios acreditasen la posesión animus domini, no se advierte dónde reside la irrazonabilidad o la violación a derechos de raigambre constitucional que se pretende atribuir a la tesis de que la desocupación del inmueble no requería en el caso ser ventilada en otra clase de proceso, atento a que la ilegitimidad de la ocupación -o, Admitir -reitero- que la cuestión aquí discutida debió (y deba) ser reconducida a otroproceso importaría desentenderse de la realidad de que en autos las interesadas tuvieron efectivamente la posibilidad de ejercer su derecho de defensa aportando las pruebas y formulando las alegaciones que estimaran conducentes en orden a justificar la tesis de queellas "se encuentran en una hipótesis distinta de la que considera el artículo 504" (comose lee en el escrito de fs. 209 por el cual se planteó revocatoria contra el decreto del 20 de agosto de 1999), posibilidad que se concretó en el ofrecimiento de pruebas testimoniales y documentales -ofrecimiento que fue proveído favorablemente a fs. 266- y en su ulterior ponderación por los Jueces de la causa (que más allá de su acierto o error no exhibe rasgos de arbitrariedad, siendo por ello irrevisable en esta instancia deexcepción), extremo que reafirma la inexistencia de una restricción sustancial al derechode defensa de las recurrentes.

Pretender lo contrario supodría extender de una manera irrazonable los límites delreferido derecho, afectando irremediablemente los derechos del adquirente del inmueble sobre la base de un injustificado ritualismo en la interpretación de las pautas legalesadjetivas concurrentes a la solución del caso, circunstancia inadmisible a la luz de losprincipios que rigen la labor de adjudicación judicial, pues si bien es cierto que las normas rituales poseen una reconocida importancia que exige su riguroso cumplimiento, su desnaturalización, su sobredimensionamiento por encima de su razón de ser, termina porconvertir a esos imprescindibles preceptos en una suerte de trampas o vallada resfrustratorios de derechos de raigambre constitucional (vide, al respecto, Fallos,316:1930).

Por ello, y en concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs.528/v., voto por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctoresNetri y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministrodoctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobreésta.Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctoresNetri y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas (artículo 12, ley 7.055).

Así voto. A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctoresNetri y Falistocco dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro doctor Spuler y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)