Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-04


Causa Nº 057-02-CC-2006 Recurso de Inconstitucionalidad en autos "Erice, Fabián; Erice, Ariel y otros s/Recurso de Inconstitucionalidad en autos "Erice, Fabián; Erice, Ariel y otros En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril del año 2007, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas Dres. Marcelo P. Vázquez, José Sáez Capel y Elizabeth A. Marum, a efectos de resolver el recurso de inconstitucionalidad obrante a fs. 70/81 interpuesto por la Defensora Oficial contra la resolución de este Tribunal, cuya copia obra a fs. 61/67.

RESULTA:

I.- Que a fs. 70/81 obra el recurso de inconstitucionalidad dirigido contra la decisión de este Tribunal que confirmó la resolución cuya copia obra a fs. 43 vta./48 vta. (la cual rechazó planteos de nulidad impetrados por la Defensa) y apartó a la Magistrada de grado interviniente. El recurrente señala que la resolución cuestionada "tiene el carácter de definitiva respecto a la cuestión", por entender que los planteos impetrados no podrían ser introducidos más adelante en el proceso.

En el presente recurso de inconstitucionalidad la defensa reitera los argumentos esgrimidos oportunamente en la apelación, cuya copia obra a fs. 49/56 vta. Manifiesta que el a quo libró una orden de allanamiento sin que medie pedido del fiscal respecto de la obtención de los números telefónicos del local en cuestión, por lo que entiende que la Magistrada violó el principio acusatorio y el de imparcialidad, al haber contribuido al avance de la investigación y así lograr que la causa alcance el estadio procesal que hoy ocupa, pues pese a que el resultado del allanamiento arrojó un resultado negativo y no se secuestró elemento alguno relacionado con la contravención investigada, al recibir el resultado del allanamiento la fiscalía interviniente libró un oficio a la Comisión Nacional de Comunicaciones pidiendo la nómina de las llamadas entrantes y salientes de los dos teléfonos obtenidos (4639-3994 y 4567-3134) y a partir de los mismos orientó la presente investigación.

Respecto de la inconstitucionalidad planteada, el recurrente señala que este Tribunal, en oportunidad de resolver los agravios planteados por la defensa, intentó justificar el accionar de la Juez de grado en cuanto interpretó que la Magistrada limitó el alcance del allanamiento solicitado por el Fiscal. Sin embargo, la defensa entiende que ello no consistió en una aclaración o encausamiento al pedido fiscal, sino que la a quo introdujo una nueva cuestión y que no se lo puede interpretar y reencausar en perjuicio de los intereses de los acusados.

Por otra parte, sostiene que en las presentes actuaciones se violó la protección contra la autoincriminación y el derecho a guardar silencio, consagrados constitucionalmente, pues la defensa manifiesta que resulta irrazonable que una persona acusada de ser miembro de una organización, diera inicio a la causa brindando voluntariamente el ticket de jugada que generó la hipótesis de investigación de la Fiscalía. Respecto de este punto, manifiesta que el Tribunal al analizar este planteo señaló que el imputado inicialmente no aparecía como sospechoso, sino como apostador y que sus dichos como testigo no condujeron a su incriminación. El recurrente sostiene que ello carece de fundamento por cuanto considera insostenible pretender la falta de conexión entre el aporte que realizó Arguello a la prevención y la entrega "voluntaria" que hizo del ticket secuestrado, que dio inicio a la investigación y sentó las bases para avanzar.

Por su parte, agrega que el argumento sostenido por este Tribunal en cuanto a la inexistencia de indicios que indiquen que el aporte realizado fue hecho mediando violencia o coacción que pueda afectar la garantía analizada, entiende que resulta ingenuo y para sostenerlo desarrolla una crítica al comportamiento policial, por lo que concluye que existe lesión constitucional al derecho a guardar silencio, pues ello implica la facultad de no autoincriminarse y que la confesión lo sea conforme a ciertas garantías irrenunciables. Al respecto, cita los fallos "Montenegro", "Francomano" y "Fiorentino" de la CSJN, donde queda sentado que la exclusión probatoria impide la utilización de pruebas obtenidas ilegalmente, y señala que no se le hizo saber a Arguello de las garantías correspondientes, por lo que entiende que la confesión prestada al inicio y la entrega del ticket no se realizó conforme a derecho.

Por todo ello, entiende que en la causa se vulneró el principio acusatorio, el debido proceso, la defensa en juicio y la imparcialidad del juzgador, por lo que solicita la declaración de nulidad del acto y de todos los que se hicieron en consecuencia y que la resolución del Tribunal resulta contradictoria, omite el tratamiento de cuestiones introducidas por la defensa y posee una escasa fundamentación, configurando, a su entender, una sentencia arbitraria.

II.- Que a fs. 86 y vta., en ocasión de dictaminar, la Sra. Fiscal ante esta Cámara consideró que el recurso debe declararse inadmisible, por entender que la resolución cuestionada no puede ser equiparada a una sentencia definitiva, toda vez que los agravios alegados pueden subsanarse durante el proceso.

III.- Que a fs. 87 pasan los autos a resolver.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:

En primer término, y en lo relativo al juicio de admisibilidad del remedio procesal intentado, tal como lo ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, corresponde a esta Alzada verificar si se encuentran reunidos los recaudos formales establecidos en la ley para su procedencia, y a partir de allí, una vez afirmado los mismos, constatar que se trate de un recurso fundado en "agravios constitucionales reales y no aparentes...", diferenciando si se trata de una concreta impugnación constitucional del fallo o de la invocación genérica de preceptos o reiteración de argumentos previamente tratados (expte. Nº 2212, del 11/06/2003 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional nº 1- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Feng Chen Chi s/art. 40 CC- Apelación").

A partir de lo expuesto, es dable mencionar que el recurso de inconstitucionalidad intentado ha sido presentado en la forma y el plazo establecido en el artículo 28 de la Ley Nº 402, pero el mismo no está dirigido contra una sentencia definitiva en los términos del artículo 27 de la citada norma, toda vez que no se expide acerca de la inocencia o culpabilidad de los imputados, sino que dispone la continuación del trámite del proceso.

En efecto, cabe recordar que debe entenderse como sentencia definitiva a aquella que finaliza el expediente con una decisión sobre el fondo de la cuestión litigiosa en debate y tiene la virtualidad fundamental de agotar la jurisdicción del tribunal que la dicta, Por su parte, es dable destacar que a través de una larga serie jurisprudencial la Corte Suprema de la Nación ha ido estableciendo cuáles son aquellas resoluciones que por sus efectos se le equiparan, entre las que se encuentran las que hacen imposible la continuación del proceso, privan a la parte de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, impiden el replanteo de la cuestión en otro juicio o le causan gravamen de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior; circunstancia que, podría afirmarse, tiene lugar cuando la decisión recurrida posee tal entidad que impide su replanteo idóneo y efectivo en una instancia ordinaria posterior (Alberto B. Bianchi, "Autos interlocutorios equiparables a sentencia definitiva dictados durante el transcurso de un proceso", ED, Nº 9558, Año XXXVI, 5/8/98).

De lo expresado se desprende que se ha extendido el concepto de sentencia definitiva a las resoluciones que causan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Por lo tanto, debe examinarse si la resolución impugnada resulta en sus efectos equiparable a definitiva a fin de propugnar su procedencia.

En el caso, es de toda claridad que la decisión en crisis, cuya excepcional revisión se pretende, no encuadra en ninguno de los supuestos supra descriptos. Ello, en sentido contrario a lo pretendido por la defensa, pues eventualmente, en caso de recaer sentencia condenatoria contra su prohijado, y siempre que ese verifique una cuestión constitucional, tendría habilitada la vía excepcional que pretende.

En el mismo sentido se expidió el voto del Julio BJ Maier, en cuanto a que el recurso de inconstitucionalidad está previsto, por regla, para revisar todos los agravios una vez que se obtenga la sentencia definitiva de modo que se pueda, eventualmente, ocurrir una única vez ante el Tribunal de excepción (TSJBA in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 3- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Herrera, Juan s/ art. 189 bis CP - apelación'", Expte. nº 4750 del 24/10/2006).

A partir de lo expresado, y lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Nº 402 el recurso de inconstitucionalidad procede únicamente contra las sentencias definitivas o equiparables a tales -en los términos antes expuestos- y siendo que del análisis de la resolución en cuestión la misma no constituye una sentencia definitiva ni se advierte que reúna los extremos necesarios a fin de considerarla equiparable a tal, corresponde rechazar el recurso intentado. (Causa Nº 096-02-CC/2006, "Incidente de levantamiento de clausura y de devolución de efectos en autos Esquilache Patricia s/Infr. Arts. 116 y 117 ley 1472"- Inconstitucionalidad, rta. el 29/08/2006).

En este orden de ideas, sentenció el TSJBA que las decisiones que se expiden sobre nulidades procesales y acarrean la consecuencia de que el proceso continúe su trámite no revisten el requerido gravamen (TSJBA in re Expte. nº 3193/04 "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de faltas nº 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Beatriz, Cristian Alberto y otros s/ art. 189 bis C.P.´, rta. el 16/12/2004).

Por el motivo expuesto, y en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 70/81 por la defensa (art. 27 ley Nº 402 a contrario sensu).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase de inmediato al Juzgado de Primera Instancia, a efectos de la continuación del presente proceso.

Ante mí: