Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-28


VIALCO S.A. contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 199 p 138-145. Santa Fe, 28 de julio del año 2.004.

VISTOS: los autos "VIALCO S.A. contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. Nro. 619, año 1.990);

y, CONSIDERANDO: 1. A fojas 681/715 la parte actora practicó liquidación de su acreencia. Puesta de manifiesto, la demandada la impugnó (fs. 847/852). Expresó que su monto total ($ 4.304.826,26) es altamente superior al que arroja la liquidación efectuada por la Dirección de Finanzas ($ 2.586.061,08). Pasó seguido, enumeró las observaciones a la planilla acompañada, a saber:

Punto 1. Certificados: a. Capitalización de intereses: la fórmula de cálculo utilizada viola lo dispuesto por la sentencia, como así también normas de fondo en tanto capitaliza intereses logrando una suma superior a la de la condena; b. Errores al consignar el monto de las cuotas de los certificados: observó, por ejemplo, que el valor de la cuota del certificado nro. 10 es de $ 595,04 según la sentencia y la actora adopta $ 641,02, situación que se mantiene respecto de los certificados nros. 11, 17, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 1/6bis, 7/9 bis, 13 bis, 14 bis, 16/21 bis, 26 bis y 27 bis; dentro de los cuales se da una inversión de números, por ejemplo certificado nro. 1/6 bis y error en el vencimiento de las cuotas (7/9 bis y 13 bis).

Punto 2. Acuerdo transaccional del 15.7.87, cálculo de cuotas impagas: a. Intereses: incluye un 10% de interés sobre cuota actualizada y dicho porcentaje no fue contemplado en el acuerdo sino que por el contrario el mismo fue pactado sin intereses (punto 2, inc. e, cláusula 1ra.); b. Pagos omitidos: en concepto de actualización de cuotas y surgen de cotejar la foja 71 último párrafo identificado como nros. 3-4-5- (cálculo demandada) con la foja 88 (cálculo actora).

Punto 3. Entregas y deducciones de anticipos de cada certificado: a. Entregas: se omitió la inclusión de dos entregas de A 57.602,80 y A 2.752, 58 que se refleja en las planillas de fojas 31 y 117 de la documental acompañada; b. Deducciones: errores en el monto de la deducción de los anticipos de certificados, por ejemplo del nro. 2 donde correspondía descontar $ 8.903,97 y se tomaron $ 8.242,78; errores que se dan también respecto de las deducciones de los anticipos de los certificados nros. 3, 4, 8, 10, 13, 14, 21 y 27 y además, no fueron consideradas las deducciones practicadas en los certificados nros. 1/6 bis, 7/9 bis, 13 bis, 14 bis, 16/21 bis, 26 bis y 27 bis. Asimismo, bajo el acápite "Aplicación de la ley 24.283" peticionó expresamente que al caso de autos se resuelva de conformidad a esa disposición legal.

Dijo que habiendo quedado supeditado su tratamiento para esta etapa y si bien no existe una cifra exacta de la deuda, las sumas a las que las partes arribaron brindan un mínimo y máximo a los fines de comparar el costo actual de la obra y lo abonado por la demandada.

Aclaró que solicitó informe a la Secretaría de Hacienda a los efectos de actualizar el importe pagado a la empresa actora, arrojando la suma de $ 22.670.978,473 al 31.1.03, y a la Secretaría de Obras Públicas para que realice un cómputo y presupuesto valorizado que refleje a cuánto ascendería el costo de una obra de idénticas características a la ejecutada por Vialco, dando una suma de $ 7.156.226, siendo que el porcentaje de la obra ejecutado alcanza $ 3.420.758,98, "lo cual refleja una diferencia exorbitante entre lo pagado y el valor actual, resultando de esta manera indiferente el monto que arroje la liquidación a los efectos de evaluar las diferencias porque con solo estas comparaciones deberá colegirse que la deuda ha sido cancelada en exceso por la Administración y nada se adeuda a la fecha." Expresó que, más allá de esas pruebas, en autos existen otras que son suficientes para la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 24.283. En este sentido, manifestó que el informe del perito contador (f. 464 vta.) determinó en la suma de $ 2.459.737 los pagos realizados a la accionante al 1.4.91 y a foja 551 se estimó en $ 1.812.123 el costo de lo realmente ejecutado.

Así, afirmó que queda en evidencia la diferencia entre lo pagado y el costo real de la obra, concluyendo que a la fecha y por aplicación de los términos de la ley de desindexación nada le adeuda a la accionante. Consideró que el capital actualizado pagado o a pagar por su parte no puede exceder el costo actual de la obra, citando jurisprudencia en sustento de su postura.

Por último, ofreció pruebas y solicitó que, sin perjuicio de todo lo expuesto, se declare saldada la deuda reclamada.

2. Corrido traslado, la parte actora lo contestó.

En cuanto a los aspectos vinculados a la liquidación los respondió siguiendo igual orden: Punto 1: sostuvo que ha seguido puntualmente el criterio de la sentencia para efectuar la actualización.

Punto 2: a: manifestó que el acuerdo transaccional dice en la cláusula 1, punto 3, inciso c) que "Las cuotas prealidudas se continuarán ajustando a su vencimiento como lo prevé el Anexo 13, Punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones y devengarán el interés estipulado por el Punto 3 de dicho Anexo 13", a su vez en éste se estipula "Sobre el importe de cada cuota ajustado como se indica en el apartado 2 precedente, la Municipalidad pagará un interés del 10% efectivo anual", y asimismo el punto 2 de dicho anexo refiere al valor ajustado al vencimiento de cada cuota.

Aclaró que a los efectos de evitar el anatocismo el cálculo del 10% sobre el capital actualizado se efectúa directamente al 14.2.90, pero considerando todo el período que va desde el vencimiento del certificado hasta esta fecha. b: es correcto que no se consideren pagos efectuados en carácter de actualización porque los supuestos en los que se pagaron estos conceptos correspondían a la actualización por pago fuera de término de cuotas de certificados, que justamente por estar pagas no se incluyen en el cálculo de lo reclamado, ni integran la liquidación practicada.

Punto 3. Certificados: nro. 10: se allanó a la observación y lo recalculó; nro. 11: dijo que no existen diferencias con su liquidación; nro. 16 y 17: aclaró que la demandada elimina en su cálculo la parte de contado por no tener los expedientes de esos dos c Aclaró que según las correcciones realizadas la liquidación asciende a $ 3.939.116,82; y, seguidamente, procedió a rebatir los argumentos relacionados con la aplicación de la ley 24.283. Expresó que esa norma excluye expresamente de su ámbito a las obligaciones consolidadas, comentando doctrina y jurisprudencia en este sentido.

Adujo que la sentencia también fija una nueva limitación a su vigencia, resultando por demás claro que todas aquellas deudas cuyo vencimiento operó con anterioridad al 1.4.91 resultan excluidas de su aplicación. Comentó extensamente fallos del Máximo Tribunal nacional y de este mismo Cuerpo y afirmó que los valores suministrados por la demandada carecen de seriedad y veracidad. Para concluir, rechazó cualquier planteo vinculado a un supuesto enriquecimiento sin causa, ofreció pruebas y planteó el caso federal.

3. Dada a la incidencia el trámite de juicio sumarísimo y habiéndose celebrado la audiencia de vista de causa, queda la misma en estado de ser resuelta. 4. Varios resultan los puntos de impugnación, a saber: a. En cuanto al procedimiento de actualización de los montos originarios que lucen en el Anexo IV de la prueba pericial, con la corrección de los rubros observados en la sentencia, se advierte, en primer lugar, que la actora se ha allanado al procedimiento empleado por la demandada al impugnar la liquidación, llegando a idénticos importes actualizados al 14.2.90.

Cabe señalar que la sentencia dispuso que "Los montos de deuda originaria así determinada deberán actualizarse, desde sus respectivos vencimientos, conforme las directivas de la cláusula primera, punto 3 del convenio transaccional del 15.7.1987 hasta la fecha de la liquidación a que se alude en el último párrafo del punto II de la demanda..." Por su parte, el referido punto del convenio obrante en copia a fojas 234/236, en lo pertinente, reza: "c) Las cuotas prealudidas se continuarán ajustando a su vencimiento como lo prevé el Anexo 13, Punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones y devengarán el interés estipulado por el Punto 3 de dicho Anexo 13".

Así, al contestar la impugnación la actora emplea un método distinto del originario, por la no inclusión de los intereses a la tasa del 10% anual, y arriba -como se adelantó- a igual importe que el establecido por la demandada al observar la planilla.

Efectivamente, actualizan el valor de la cuota adoptando como punto de partida el índice correspondiente a la llamada 'fecha base' y como pauta final el que corresponde a 'la fecha de la liquidación a que se alude en el último párrafo del punto II de la demanda' (14.2.90).

Por lo tanto, y si bien la actora efectúa un doble cálculo para arribar a ese valor actualizado, el importe obtenido resulta, en principio, idéntico. b. Ahora bien, sí existen posiciones encontradas en cuanto a la aplicación de los intereses a la tasa del 10% anual. En este sentido, y a fin de desvirtuar las objeciones referidas a un supuesto 'anatocismo' la demandante modificó su cómputo originario (el de la liquidación impugnada) al contestar las observaciones formuladas y procedió directamente a calcularlos sobre el capital actualizado al 14.2.90, tomando como punto de partida todo el período que va desde la llamada 'fecha base' hasta ese momento. Éste, resulta un procedimiento que respeta lo ordenado en la sentencia.

Efectivamente, en la transcripta Cláusula Primera, Punto 3 , ítem c) del convenio transaccional celebrado el 15.7.87 se dispuso que las referidas cuotas "devengarán el interés estipulado por el Punto 3 de dicho Anexo 13".

Y a tenor de las constancias de autos, especialmente lo manifestado por la accionante a foja 891 respecto del contenido de este punto del Pliego de Bases y Condiciones, que no ha sido desvirtuado por la impugnante, los intereses a la tasa del 10% anual se deben desde la fecha del vencimiento del certificado ('fecha base') hasta el vencimiento de cada cuota y desde aquí hasta el 14.2.90.

La práctica empleada por la actora al contestar la impugnación respeta el enunciado precedente, lo que resulta corroborado por el perito interviniente (fs. 458 y 910 vta.), por lo que en este aspecto debe rechazarse la observación efectuada. c. La impugnación basada en la omisión de computar los pagos detallados a foja 793 no puede ser admitida. En efecto, la demandada no logra justificar el carácter ni el origen de los mismos, como así tampoco a qué concepto deben imputarse; y, sabiendo, que quien impugna tiene la carga de demostrar la incorrección de los cálculos efectuados, surge evidente que en este punto, la accionada no ha levantado dicha carga, por lo que su postura debe ser rechazada.

Es que la observación a la liquidación debe ser concreta y fundada, no siendo suficiente a esos efectos la mera expresión de disidencia con los cálculos acompañados ni la manifestación de deficiencias que pueden contener las cuentas cuestionadas; aspectos que, como se adelantó, determinan la desestimación de la postura de la demandada. d. Respecto de las observaciones formuladas a cada certificado en particular, corresponde efectuar su análisis por separado, a saber: - Certificados 10, 18, 21: el allanamiento formulado por la actora, resta la materia litigiosa en este aspecto y releva al Tribunal de efectuar mayores consideraciones. - Certificado 11: debe rechazarse la impugnación al resultar idéntico el importe consignado por ambas partes. - Certificados 16 y 17: la cuestión se centra en si se computa el importe correspondiente al rubro 'contado'. En este sentido, asiste razón a la actora por cuanto ni de la prueba pericial producida ni de ningún otro elemento obrante en autos surge que se haya efectuado pago alguno por este concepto. Ello, por cuanto tal como lo dispuso la sentencia, para su cómputo debe "atenerse a los resultados de la pericial contable rendida en autos donde se tuvieron en cuenta, además de la documentación contractual, las registraciones contables de la recurrente y demás constancias por ella aportadas." Por lo tanto, y no habiéndose acreditado ni demostrado el pago del ítem en cuestión, la impugnación, en este aspecto, debe ser rechazada. -Certificado 23: asiste razón a la actora en razón de que, adoptando como base la pericia (tal lo ordenado en la sentencia), corresponde tomar parte de la cuota 9 (aspecto en que incurrió en un error la actora en la liquidación impugnada y corrigió al contestar las observaciones) y la totalidad de las cuotas 10 a 36.

En consecuencia, debe rechazarse la impugnación en este rubro, la que además, resulta a todas luces infundada. - Certificados 24 y 25: resulta decisivo para resolver la cuestión, señalar que la sentencia ordenó computar las 36 cuotas de estos títulos con base en lo dictaminado por el experto. Así, es correcta la práctica empleada por la accionante por cuanto, tal como surge de la pericia, el valor de la cuota histórica es de A 839,78 para el certificado 24 y A 1426,48 para el certificado 25; proviniendo la diferencia esgrimida por la demandada del erróneo descuento del 'fondo de reparos'. -Certificados 26, 27, 28, 29, 30: corresponde rechazar las observaciones realizadas.

En efecto, la pretendida deducción del 'fondo de reparos', tal el fundamento de la impugnante, no se compadece con la mecánica empleada en la ejecución del contrato. Ello, en razón de que tanto de la prueba pericial producida en autos como del relevamiento contable de la obra efectuado por la propia Municipalidad (expte. adm. 1613- 98-C-) se observa que la Administración devolvía ese rubro a la contratista conjuntamente con el 'contado' de los certificados.

Asimismo, no surge de la causa ni tampoco se ha invocado la concurrencia de razón alguna que eventualmente hubiera justificado la retención de esos importes.

Esta conclusión, desde luego, debe entenderse estrictamente vinculada a las particulares circunstancias de este caso, apuntadas en el punto 3 de la sentencia, respecto a la falta de agregación de la totalidad de las actuaciones administrativas y del no levantamiento de la carga que, como se dijo, pesa sobre quien impugna una planilla de demostrar la incorrección de las partidas que contiene. -Certificado 32: se rechaza parcialmente la impugnación por igual fundamento al referido en el ítem precedente, con la aclaración de que la actora se allanó a la observación formulada en cuanto al importe de cada una de las cuotas. -Certificado 1/6 bis, 7/9 bis, 13 bis, 16/21 bis: el allanamiento formulado, resta la materia litigiosa en este aspecto y releva al Tribunal de efectuar mayores consideraciones. -Certificado 14 bis, 26 bis, 27 bis: corresponde rechazar las observaciones formuladas por similar argumento al referido al tratar los certificados 26, 27, 28, 29 y 30. e Resulta decisivo en el sub judice tomar en cuenta la finalidad de la ley 24283, puesto que ello permitirá medir la importancia que adquiere la fundamentación que debe ofrecer el deudor que pretende la aplicación de la "desindexación" al plantear la incidencia ("González Cassola", A. y S., T. 189, pág. 308). La ley 24283, al permitir poner un límite a la utilización de índices de actualización que conducen a resultados alejados de la realidad, exige implícitamente como contrapartida de tal posibilidad que el pretensor exponga con nitidez el razonamiento y el método de cálculo que avalan su planteo.

Es decir debe suministrarse la explicación que revele por qué los índices de actualización -método usual para preservar al dinero de la desvalorización monetaria con anterioridad a la ley 23928- llevan a resultados que poco o nada tienen que ver con el valor real de las prestaciones.

Este es el único modo de garantizar que la finalidad de la ley de corregir situaciones de injusticia sea satisfecha puesto que se le exige al incidentista la explicación de la evaluación que lo condujo al planteo, ya que la ley no habilita que los deudores recurran al expediente de la desindexación únicamente al evento de que exista la mera posibilidad de obtener algún beneficio. No lo ha hecho la impugnante.

Es que, tal como ha sido formulado el planteo, no es posible vislumbrar el resultado al que conduciría el pretendido cotejo, ya que la prueba en que se basa la demandada no resulta determinante ni convincente para el Oficio a tenor de lo manifestado por la propia repartición municipal que produce el informe, al aclarar "esta Dirección no posee el detalle de la obra ni el pliego de la misma ni el detalle del contrato para realizar un examen riguroso de cada uno, teniendo en cuenta las características técnicas, los plazos y el coeficiente de resumen ofrecido por la contratista" (fs. 551 y 846).

A tal punto no resulta concluyente ni indubitable que, en igual dirección, el informe de foja 935, que para nada avala la postura de la Administración y que también refiere a una obra de similares características, fue confeccionado con parecida advertencia al expresar que no se dispone del "proyecto ejecutivo, para determinar cuales son los principales parámetros técnicos que definieron las obras, tanto los geométricos, estructurales como de costos".

Por lo tanto, para arribar a la conclusión de que resulte aplicable la ley en cuestión resulta fundamental tener en cuenta que el órgano jurisdiccional debe contar con las pruebas que lo dirijan a acreditar fehacientemente la existencia de un desfase entre el valor del bien debido y el resultado de la liquidación que, como consecuencia de un mecanismo automático indexatorio, ya no refleje precisamente, el importe real de los bienes en juego.

En la especie, como se dijo, el obligado al pa En consecuencia, atento esta observación, corresponde afirmar que la liquidación del pleito asciende al 31.1.03 (fecha tomada en cuenta para su confección por la actora) a la suma de $ 3.770.320,15 (saldo actualizado al 31.3.91 $ 1.130.861,303366 + intereses 6 % anual hasta esa fecha $ 76.216,953597 + tasa pasiva al 31.1.03 $ 2.563.241,89417).

Por lo tanto, atento lo resuelto en los considerandos que anteceden, debe aprobarse, en cuanto por derecho corresponda, la liquidación obrante a fojas 865/890 pero por el importe de $ 3.770.320,15. h. En cuanto a las costas, atento el éxito obtenido se estima prudencial distribuirlas en un 10 % a la actora y en el 90 % restante a la demandada.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Hacer lugar parcialmente a la impugnación efectuada, con los alcances que surgen de los considerandos que anteceden; y, en consecuencia, aprobar, en cuanto por derecho corresponda, la liquidación obrante a fojas 865/890 por la suma de $ 3.770.320,15 al 31.1.03. Costas 10 % a la actora y 90 % a la demandada.

Regístrese y hágase saber. Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) FUNDAMENTOS DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR NETRI Comparto lo precedentemente expuesto, salvo lo referido en el punto 4.f. de los considerandos respecto a lo sostenido por este Tribunal, con integración parcialmente diferente, en autos "DYCASA" (A. y S., T. 121, pág. 239) en cuanto se expresa que "no es requisito de admisibilidad de la pretensión el depósito de lo que la pretendiente estime como valor real y actual del bien litigioso, si bien correspondería que la deudora lo efectúe en un plazo razonablemente corto bajo apercibimiento de tenerla por desistida de la misma".

Ello, por cuanto, a mi criterio, sí constituye requisito de admisibilidad del pedido de aplicación de la ley bajo examen el depósito de lo que se estima como valor real y actual del bien litigioso.

Fdo.:NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)