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Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, jueces, excusación, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Debe el juez excusarse -o puede desestimar la recusación- en   función de lo dispuesto en el artículo 10 inciso 3) Si las hipótesis  previstas en dicha norma se registran respecto de entidades   públicas o privadas bancarias, aseguradoras, prestadoras de   servicios prestados de salud, emisoras de tarjetas de crédito y   prestadoras de servicios públicos concesionados o privatizados, en   las cuales participan o con las cuales contratan el magistrado o su   conyuge? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

Se fija como doctrina legal del Tribunal Pleno la siguiente: "En lo sucesivo ha de interpretarse el artículo 10 inciso 3) del Código Procesal Civil y Comercial (ley 5531) en el sentido siguiente: si las hipótesis previstas en esa norma se configuran respecto de entidades públicas o privadas bancarias, aseguradoras, prestadoras de servicios prepagos de salud, emisoras de tarjetas de crédito y prestadoras de servicios públicos concesionados o privatizados, en los cuales participan o con las cuales contratan el magistrado o su cónyuge, el juez no debe excusarse y puede desestimar la recusación fundada en esa regla, salvo que existieran circunstancias especiales o contingencias puntuales con entidad suficiente que hicieren procedente el apartamiento en pos de la preservación de la imparcialidad.
Prescripción adquisitiva, prescripción veinteñal, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: RODRÍGUEZ, LUCIO c/ MAS DE PLANA, MARINA Y OTROS s/ ACCIÓN REIVINDICATORIA - II CPO.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-04-14

El art. 24 apartado c) de la Ley 14.159 y su modificatoria, el Decreto Ley 5756/58 admite la acreditación de la usucapión mediante el empleo de cualquier clase de prueba, no pudiendo basarse el fallo en la testimonial, y será especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que graven el inmueble.-
Ejecución de sentencia, ley de orden público, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, convertibilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Young de Aguirre, Beatriz c/ ELMA S.A. s/ Accidente.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

El  art. 10 de la ley 25565, sancionada cuando regía el estado de emergencia pública, social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarado por la ley 25561 (esta fue publicada en B.O. el 07/01/02 y aquélla fue publicada en el mismo medio el 21/03/02) fue esquema de la convertibilidad del peso establecido por la ley 23928. Dicha situación justificó indudablemente la intervención del Estado Nacional en miras de solucionar las distorsiones que en el mercado había producido la alteración del tipo de cambio de la moneda nacional respecto de las divisas extranjeras, consecuencia directa de la derogación del régimen de convertibilidad del peso. Si bien las validez de tales normas ha sido cuestionada en sede judicial con el fundamento de que ellas violaban derechos de propiedad en virtud de la "pesificación" que establecían porque implicaba una reducción de sus créditos en términos de la moneda extranjera en que estaba originalmente expresados, la CSJN en el caso "Bustos" se ha expedido a favor de la validez de tales normas.
Inconstitucionalidad, banco de datos, abuso sexual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carnero, Luis Alberto s/ Ejecución de pena privativa de la libertad - Recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-03-19

Resuelve declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad peticionado por un condenado por un delito de abuso sexual con sentencia firme, interpuesto contra la ley 9680 de la Provincia de Córdoba que crea y regula el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual - en particular, en cuanto dispone la extracción de una muestra de material genético, su asentamiento en un registro y la confección de un legajo con los datos personales de cada individuo - pues se advierte que la creación de un banco informativo de condenados por sentencia firme de delitos sexuales tiene como objetivo facilitar ulteriores investigaciones criminales, sumado a que la información de la base de datos es secreta y sólo se puede acceder por orden judicial (art. 10, ley 9680, art. 5, ley 9864 y art. 4 del reglamento).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, inexistencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CHEMOTECNICA SINTYAL  S.A. c/ ESTADO  NACIONAL (SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA NACION) s/ ACCION    DE  AMPARO  - INEXISTENCIA  DE  OTRAS  VIAS  -  RESOLUCION  ADMINISTRATIVA  - DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL -  JUICIO SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-12

El perjuicio que pueda ocasionar la dilación de los procedimientos corrientes, no importa otra cosa que la situación común de toda persona que peticiona mediante ellos el reconocimiento de sus derechos.
Leyes, competencia por la materia
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: VIRGA PEDRO s/ CONSTITUCION  PROVINCIAL  -  GARANTIAS PROCESALES - SUCESION - COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-06

La determinación de la naturaleza sustantiva o formal (procesal) de una regla no se subordina a la jurisdicción nacional o local que la hubiere dictado, ni depende de la ubicación del precepto en el contexto de una ley de fondo, depende en cambio, del efecto, sea de fondo o procesal, de su aplicación en el caso (Cfr. Núñez, Ricardo "El contralor de las sentencias de los tribunales de juicio por la vía de la casación), Nro. 1, en "Tema de derecho penal y procesal penal", E.J.E.A., Buenos Aires, pág. 67).

Es de naturaleza procesal la regla que, aún contenida en la ley de fondo, somete a la jurisdicción de un determinado Tribunal el conocimiento de un asunto según la materia, desde que, en definitiva, no hace más que atribuirle competencia para conocer y resolver aquél asunto.
Personas jurídicas de carácter privado, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, verdad jurídica objetiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fiscalía de Feria s/ Actuaciones (ref. B.Ch.S.A.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-13

La realidad económica que se encierra detrás de las formas de organización jurídica no puede servir de pantalla o de velo para hacernos olvidar totalmente la realidad que se esconde detrás. Es de tal manera entonces que cuando la realidad indica que la persona que se oculta detrás de la persona jurídica de carácter privado, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, se trata únicamente del Estado Provincial, debe dejarse de lado la verdad formal para adentrarse en la verdad material, prescindiendo de la personalidad jurídica ficta y equiparando al socio (Estado Provincial) con ella.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, recurso de apelación (procesal), recurso de reposición (procesal), defensa en juicio, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SOSA, OSVALDO GABINO c/ SOSA BAYER, FRANZ EDGARDO s/ RENDICION DE CUENTAS SUMARISIMO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

Debe hacerse excepción al principio de que no constituye materia constitucional idónea para la apertura del recurso de inconstitucionalidad lo atinente a la inteligencia de normas procesales, -inadmisibilidad formal del recurso de apelación-, cuando de la interpretación y aplicación de dichas normas procesales puede derivarse una frustración a la garantía de defensa en juicio por falta de acceso a una revisión judicial suficiente y adecuada.
Domicilio procesal, notificación, domicilio constituido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Binaghi María Gimena c/ Herrero Cristina Beatriz s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

El hecho de que el girado pueda ser considerado domicilio especial a todos los efectos derivados del cheque, no significa que deba atribuírsele el carácter de domicilio procesal o legal, cuya constitución y particularidades debe necesariamente ajustarse a lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes de la ley de forma.

Consecuentemente, la intimación de pago y citación de remate pretendida por quién recurre debe ser efectuada en el domicilio real del demandado, siendo improcedente practicarla en el registrado en el banco otorgándole calidad de "domicilio constituido". (Minoría u opinión personal)
Contrato de trabajo, contrato de trabajo eventual, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, pluriempleo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Natali Nadia c/ Citibank N.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-14

La empresa de servicios eventuales y la usuaria no deben ser considerados un sujeto empleador pluripersonal cuando la usuaria utiliza personal provisto por la agencia para cubrir una vacante o necesidad no eventual. El art. 29 L.C.T. descarta al sujeto intermediario para considerar que el empleador es sólo aquél que pidió la provisión del personal, lo incorporó a su estructura empresarial, lo dirigió y aprovechó los frutos de tal trabajo. El hecho de que el esquema legal responsabilice solidariamente al sujeto intermediario, al que en estas hipótesis cabe reputar de "interpuesto", con quien la ley juzga como empleador, no implica reconocerle el rol de coempleador y se justifica plenamente ya que la maniobra objetivamente fraudulenta de interposición de sujetos que el art. 29 párrafo primero procura desbaratar no se podría verificar sin el concurso de los intermediarios. La responsabilidad adicional solidaria de los sujetos interpuestos entre los trabajadores y quienes deben ser considerados sus auténticos empleadores se justifica por su intervención en la maniobra que la ley reputa objetivamente fraudulenta y no por considerarlas coempleadoras. El art. 26 L.C.T., amén de no definir la idea de coempleador, alude sin dudas, al caso de que quienes requieran los servicios de un trabajador sean más de una persona (física y/o jurídica). Y a su vez, debe tenerse en cuenta el concepto de "empresa" que brinda el art. 5 de dicha ley, ya que en la lógica de dicho cuerpo legal "empleador" y "empresa" son sinónimos como regla, dado que en esa ley "se llama empresario a quien dirige la empresa por si...y con el cual se relacionan jeráquicamente los trabajadores". Y por "requerimiento de los servicios de un trabajador" se entiende, en este contexto normativo, la incorporación de aquél a la estructura organizativa que pueda conceptualizarse como empresa según el ya citado art. 5. (Del voto del Dr. Maza).
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: PROCESAL
Carátula: M., A. c/ P., F. R. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-21

El valor probatorio que el Código Procesal art. 417 atribuye a la confesión ficta lleva a que ésta no necesita ser corroborada con otras aportaciones y que aun aislada, pueda fundar una decisión judicial, máxime cuando sus conclusiones no resultan desvirtuadas por otros elementos de juicio que surjan del proceso.
Costas, honorarios del médico
Materia: PROCESAL
Carátula: Bengolea, Abel c/ Tempel de Bennewitz, Margarita s/ Cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-21

Tratándose de una demanda por cobro de honorarios médicos, que en definitiva se encuentran librados a la apreciación judicial, de tener favorable acogida la misma, en principio, las costas deben ser impuestas a la parte demandada, pero corresponde distribuirla en el orden causado si el reclamo fue inexplicablemente elevado con relación a la suma por la que prospera.
Pago, imputación de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tranchini, Miguel José c/ Gatica, Reinaldo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-05

Si el acreedor se aviene a recibir el pago parcial, se debe imputar dicho pago a la deuda de intereses en primer término y luego al capital (art. 777 del Código Civil). De tal modo, si en los recibos expresamente se consignó que los pagos eran "...a cuenta de la liquidación a practicarse..." en estos autos, no puede considerarse que esos pagos parciales se hayan hecho a cuenta del principal, toda vez que el capital había devengado intereses al tiempo de producirse los pagos. A esa conclusión podría haberse llegado si el acreedor hubiese presentado una liquidación o entregado un recibo del que surgiera que imputó el pago al capital. Como ello no ocurrió, sino que el "accipiens" oportunamente manifestó que la imputación pertinente la practicaría al momento de realizarse la liquidación del caso, no puede sostenerse válidamente que con las cuotas abonadas se ha amortizado capital si no se formularon las definitivas imputaciones de los pagos parciales realizados (arts. 742, 776, 777 Código Civil). (Minoría u opinión personal)
Honorarios, base regulatoria, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: D. N., N. M. c/ / C., S. D. L. C. s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

En lo que respecta a los honorarios, estoy convencido de que el presente proceso constituye una situación de excepción que demanda el cumplimiento del deber impuesto por el art. 13 de la ley 24.432. Es que, en virtud de la exorbitante base regulatoria, la aplicación lisa y llana de los porcentajes previstos por el ordenamiento arancelario local determinaría la fijación de estipendios que no guardan correspondencia con el tipo de proceso, su envergadura, ni con la complejidad, extensión y calidad de las labores realizadas.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho público local, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOSA, JORGE NARCISO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION    RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  NACIONAL (CSJ EXPTE N. 52-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-05

No resulta suficiente para abrir el recurso extraordinario el agravio referente a que el fallo es contradictorio con la propia jurisprudencia de la Corte Provincial, si ya se anticipó que lo sostenido es conteste con numerosos pronunciamientos dictados con anterioridad en casos similares, sin que quepa advertir un nuevo criterio que modifique la suerte de futuros juicios.
Sucesión testamentaria, albacea, patrocinante, ejecutor testamentario
Materia: CIVIL
Carátula: TEMPEL MARGARITA PAULINA A. s/ SUCESION TESTAMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-03

Si bien se ha reconocido al testador el derecho de nombrar el abogado que correrá con los trámites de la sucesión patrocinando al albacea, ha de dilucidarse la cuestión que plantea la falta de acuerdo entre ambos. El criterio mentor en materia de interpretación testamentaria consiste en desentrañar la intensión real del otorgante, y una interpretación funcional de ésta conduce precisamente a entender que de ninguna manera el testador ha querido condiciones para que el trámite sucesorio esté entorpecido por innumerables incidentes entre los dos albaceas nombrados y su patrocinante, aún cuando en un momento hayan acordado actuar conjuntamente. Desde que el abogado designado obviamente no constituye un tercer albacea ni su función es equivalente, resulta inaplicable la solución prevista en el art. 3870 del Cód. Civil, que se contempla la decisión judicial de las discordias entre aquellos.

La responsabilidad de los ejecutores testamentarios (art. 3869 del Cód. Civil) en modo alguno puede compararse con la del mero patrocinante. El cargo de abogado patrocinante supone la confianza del patrocinado, por ello, la designación formulada a quien no se ha atribuído simultáneamente la calidad de albacea no puede tener otro alcance que conferirle esas funciones en tanto no sea reemplazado por los patrocinados, ambos referidos al patrocinio de herederos, en virtud de circunstancias que justifican no mantener el patrocinio señalado en el momento.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Martins, Horacio s/ Tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Debe anularse de oficio la sentencia que afirma que la autoría y responsabilidad penal del encausado pueden acreditarse "por idéntico medio probatorio"; expresión cuya forma singular impide conocer con certeza a cual de los varios medios de prueba regulados en los textos legales que cita se ha referido el tribunal; si no es posible además develar la incógnita -la que no resultaría esencial- si el desarrollo posterior del fallo lo permitiera.
Fiscal de Cámara, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: G.J.O. y otro s/ Robo y daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-02-21

Al exigir el art. 474 del C.P.P. que el Sr. Fiscal de Cámara, manifieste "fundadamente" si mantiene o no el recurso deducido, lo que se le está requiriendo y mandando, no es el "mejoramiento del recurso" del art. 472 del C.P.P., sino que el Sr.Fiscal de Cámara justifique y evidencie, mediante al menos un mínimo desarrollo fáctico, legal y lógico, que los agravios del Sr.Agente Fiscal, son o no válidos y subsistentes, y que no se limite tan sólo a aceptarlos y compartirlos con una automaticidad tal que torna letra muerta las disposiciones de los arts. 474 y conc. de nuestro Ordenamiento Procedimental vigente.
Proceso contravencional, medidas cautelares, clausura preventiva
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, E. s/ artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-21

La clausura preventiva consagrada en el artículo 29 del Código Contravencional no ha sido prevista como medida de coacción directa destinada a hacer cesar una contravención. Este instituto en cambio ha sido legislado como medida de coacción directa, con diferente alcance, en los artículos 18 y 19 de la Ley de Procedimiento Contravencional.
Fletero, subsidio por renovación de vehículo
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑOZ, JOSE RAMON Y OTROS c/ KASDORF SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-20

El fondo otorgado por la empresa a los repartidores cuando quieren renovar el vehículo no es de carácter salarial si los trabajadores no tienen su libre disponibilidad y solo pueden solicitarlo en aquella circunstancia, por lo que se trata de un "subsidio" y no de una contraprestación percibida por la prestación laboral.
Contrato de obra, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PALAZOTTI SALVADOR GUADALUPE c/ Rodríguez NORA ESTER s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-05-23

Admitida y probada la ejecución de las obras en el inmueble de la demandada y que las mismas se hicieron a la vista y sin oposición del dueño de la obra, no cabe sino concluir en la legitimación del actor para demandar el pago.
Recurso de casación, indemnización por despido, costas en el orden causado
Materia: LABORAL
Carátula: CAROSIO FERNANDO c/ DINOSAURIO S.A. s/ DESPIDO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-04-07

El recurso de casación deducido por la demandada, se admite en forma parcial. El Superior dispuso no hacer lugar a la sanción indemnizatoria del art. 2 de la ley 25323 y por mayoría, la del art. 16 de la ley 25.561, desestimarlo en lo demás. Las costas son interpuestas por su orden atento al resultado a que se arriba.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, escalafón, reescalafonamiento, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fraga, Silvia María del Huerto Roldán de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 702-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-30

La ley 9282 en su artículo 14 (reformado por ley 9839) prevé la determinación de planteles básicos de acuerdo a niveles de complejidad en las Unidades de Organización, por lo tanto no aparece ilegítima la asignación de una categoría 18 a una agente que si bien desempeña un cargo de idéntica denominación al que realizan otras que tienen asignada una categoría superior a la suya (19),no se demuestra que tales funciones sean iguales o de una similitud tal que las haga merecedoras de idéntica retribución. Por el contrario, en virtud de los distintos niveles de complejidad de los entes asistenciales, tales tareas eran, por esa circunstancia, diferentes y, por ende, debían ser remuneradas de manera también distinta.
Resoluciones recurribles, actor civil
Materia: PENAL
Carátula: B., J.A. s/ Tentativa de estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-21

La argumentación esgrimida por el impugnante no reúne mínimamente las condiciones de admisibilidad, toda vez que no se encuentra prevista entre las resoluciones impugnables por esta vía; el actor civil es un sujeto eventual, accesorio de la relación procesal. Por otra parte hay, en constancias en autos, una sentencia de la Sala Civil, por lo que la pretensión civil ya fue admitida, agotándose con ello la vía recursiva ordinaria por los mismos motivos que hoy pretende el quejoso hacer valer en esta sede. Además de ello, de darle cabida a su pretendida manutención como actor civil -vía casatoria-, no obstante su carácter accesorio y eventual -se reitera - su tratamiento vía Sala Penal del S.T.J., constituiría un obstáculo insalvable para continuar el trámite del proceso principal, esto es la realización del juicio oral en los autos del rubro. El más elemental sentido común, y los principios de economía procesal demuestran por sí la inconsistencia de la pretensión recursiva esgrimida, la cual por ser extraordinaria requiere un criterio prudente y restricto de admisibilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, ley formal, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Villar, Ezequiel María s/ insubordinación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Corresponde aplicar a las causas en trámite las disposiciones de la ley procesal anterior n 2372 y sus modificatorias, con excepción de aquellas en las que no se haya contestado aún el traslado de la acusación y el procesado solicite la aplicación de la nueva ley procesal penal Nro. 23.984.
Constitución Nacional, gobierno provincial, gobierno nacional, facultades del gobierno nacional, facultades delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUENOS AIRES, PROVINCIA DE c/ SEGBA (SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES) s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-03

Si bien es cierto que en tanto los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 104 de la Constitución Nacional), los delegados a la Nación son definidos y expresos, no lo es menos que estos últimos no constituyen meras declaraciones teóricas, sino que necesariamente han de considerarse munidos de todos los medios y posibilidades de instrumentación indispensables para la consecución real y efectiva de los fines para los cuales se instituyeron tales poderes, en tanto éstos se usen conforme a los principios de su institución. De no ser así, aquellos poderes resultarían ilusorios y condenados al fracaso por las mismas provincias que los otorgaron.