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Derecho laboral, violencia laboral, condiciones de trabajo, capacitación del personal, capacitación de dirigentes, orden público, denuncia, acoso sexual
Materia: LABORAL
Carátula: Denza, Adriano Ernesto c/ Círculo Argentino de Odontología Asoc. Civil s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

La denuncia realizada al actor, gerente administrativo y financiero de la accionada, por sus compañeras de trabajo, -que fue calificada en sede penal como "chistes subidos de tono"- conduce a disponer con carácter preventivo y educativo- a que la empleadora arbitre los medios para la realización de una primera capacitación con perspectiva de género, con participación de la totalidad del personal y de las autoridades, debiéndose acompañar al expediente un informe respecto del resultado de la misma, emitido por la autoridad capacitante. Corresponde así, encomendar al Ministerio de Capital Humano (conf. Decreto 8/2023), a fin de que a petición de la accionada, otorgue la capacitación pertinente, la cual deberá ser cumplimentada dentro del lapso de cinco meses de notificada la manda y luego deberá remitir al juzgado y Tribunal las certificaciones correspondientes. En tal sentido, deberá librarse oficio, quedando ello a cargo de la parte accionada, haciéndosele saber que la capacitación podrá ser realizada en forma particular, debiendo- en tal caso- acreditar en la causa su efectivo cumplimiento, acompañado ello de un informe equivalente al encomendado al Ministerio de Capital Humano. Asimismo, todo ello deberá ser acreditado en el expediente en el plazo de (6) seis meses, a partir de la notificación de la disposición, bajo apercibimiento de aplicar astreintes diarias de $ 20.000 (pesos veinte mil con 00/100) por cada día de incumplimiento. En caso de prosperar la condena en concepto de astreintes, por el incumplimiento invocado, se aplicará sobre la deuda así devengada un régimen de capitalización en los términos del art. 770 inc. "c" del CPCCN. Tal suma eventualmente será destinada a una organización sin fines de lucro vinculada a la lucha contra los diversos tipos de violencia - especialmente en razón del género-, propuesta para la parte incumplidora. La resistencia o inobservancia de dicha carga, podrá ser evaluada en los términos del art. 275 de la LCT. En subsidio, dicha determinación será efectuada por el Tribunal.
Procedencia del recurso, responsabilidad solidaria, sanciones laborales, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social c/ C NET S.R.L.  s/ queja expte. Administrativo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

La resolución dictada por la Dirección de Resoluciones de la Fiscalización del Ministerio de Trabajo que impuso sanciones a la sumariada, y en forma solidaria las personas que resulten responsables, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales, resulta apelada por la sumariada. Cabe destacar que todo acto administrativo requiere fundamentación o motivación, es decir la declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a su emanación; ello lo hace legítimo. Y en el caso, la resolución administrativa citada carece de la fundamentación adecuada respecto de las sanciones contenidas en el art. 3.1 y 3.2, motivo por el cual debe hacerse lugar al recurso y por lo tanto dejar sin efecto las multas.
Recurso de inconstitucionalidad, jurisprudencia, concurso real, prescripción de la acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Vallejos Figueroa, Juan Alberto c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Cabe recordar el criterio reiteradamente expuesto por el máximo Tribunal de la Nación, en vinculación a que la prescripción corre y opera en relación a cada delito aun cuando exista concurso de ellos; agregando que de ahí se deriva que no se acumulen las penas a los efectos del cómputo del plazo pertinente y que ésta sea independiente para cada hecho criminal, en tanto también lo sean ellos; asimismo, que entre sí no tienen carácter interruptivo, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado, y tal carácter sólo se alcanza -eventualmente- una vez que se arriba a la decisión final de la causa por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por su parte, esta Corte ha enfatizado que mientras la condena no se encuentre firme sigue vigente la acción penal y, por tanto, sólo puede prescribir ésta y no la pena al no haber concluido aún el proceso en relación al encartado. Y en el caso, al no encontrarse controvertido que el justiciable fue condenado por un concurso material de hechos subsumibles en distintas figuras delictivas, estableciéndose su responsabilidad penal bajo una única mensuración de pena comprensiva de la totalidad de los resultados típicos, entre las que se encuentra la tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, tal decisión condenatoria no se encuentra firme por estar pendiente de resolución ante el máximo Tribunal de la Nación; por ende, al no haberse agotado la discusión en torno a la responsabilidad del imputado y a la pena que en definitiva debe cumplir por estar pendiente de decisión aspectos recursivos en relación a figuras delictuales comprensivas de una única sanción impuesta -que también fuera impugnada por la presentante-, de ningún modo puede colegirse -como lo hizo el Tribunal- que la misma se encuentra firme parcialmente en relación al delito por el cual la defensa postula su prescripción. (Del voto del Dr. Spuler, que hace mayoría. En disidencia: Dr. Netri y Dra. Gastaldi) CSJN: Reggi, Fallos 322:717; García, Fallos 330:4103; CSJStaFe: AyS T 228, p 437; T 286, p 199 y 212; T 319, p 356/366.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, tambero mediero, relación de dependencia, falta de prueba
Materia: AGRARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Brest, Bernardo Rafael c/ Moro, Mabel del Carmen y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-04

La recurrente no alcanza a fundamentar y demostrar, en las concretas circunstancias del sub lite, un supuesto de dogmatismo o de falta de fundamentación en la decisión de la Cámara, que confirmó el rechazo de la demanda -al juzgar que el actor no había acreditado la relación laboral en que pretendía sustentar su reclamo indemnizatorio por un supuesto siniestro-, por entender que el apelante no había alcanzado a poner en crisis lo resuelto, ello especialmente, en tanto las pruebas del caso demostraban en contrario a lo pretendido, desde que el mismo apelante había sellado su suerte al admitir expresamente, en su propio memorial recursivo, que el supuesto accidente habría ocurrido en el cumplimiento de ciertas tareas específicas que relató, las que -evidenció- coincidían con las que debía realizar su padre por disposición del contrato asociativo que mantenía con las accionadas, lo que se condice además con las declaraciones de los testigos producidas, quienes habrían visto al accionante desempeñar las labores que correspondían a su progenitor (éste en carácter de asociado); y también con lo manifestado por el padre mismo al declarar sobre su calidad de tambero monotributista, emitiendo facturas en tal condición independiente.
Concurso preventivo, categorización de acreedores, crédito fiscal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Edisud SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-27

Es que la naturaleza fiscal de los créditos correspondientes a distintas administraciones tributarias no conlleva necesariamente su clasificación conjunta, ni supone idéntico tratamiento, pues a los efectos de la categorización también pueden ser consideradas las diferencias cuantitativas de las acreencias o las disímiles características de los planes de facilidades de pago que concede cada organismo recaudador; tal como hizo en autos la concursada, según las explicaciones que dio ante la impugnación del ente gubernamental porteño.
Daño moral, indemnización, ius variandi, modificación del contrato de trabajo, medidas cautelares, acoso sexual, perspectiva de género
Materia: LABORAL
Carátula: B. O., M. T. c/ Operadora Ferroviaria S.E. s/ otros reclamos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

La actora interpuso demanda en procura de obtener una reparación por daño moral, en la que sostuvo que su empleadora ejerció una forma abusiva del ius variandi a su respecto en represalia a las denuncias formuladas por su parte. Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar, a fin de conseguir que le otorgasen tareas efectivas y acordes a su puesto de trabajo -las que ejercía con anterioridad al comienzo de los actos de violencia-. La relación laboral se desarrolló con normalidad hasta que comenzó la pandemia, fecha en la cual fue obligada a presentarse a trabajar a pesar de tener una hija de 12 años que no podía asistir al colegio por estar cerrado. Comenzó a sufrir abusos de parte de su empleadora, consistentes en acoso a través de comentarios de índole sexual, así como de malos tratos y control de su tiempo. Posteriormente, y luego de sus denuncias contra su superior, debió cumplir su jornada laboral sin prestación de tareas, y sufriendo traslados a distintas oficinas que funcionaban en distintos lugares, con otorgamiento de puestos cada vez de inferior categoría. Cabe compartir el criterio de grado en cuanto admitió la medida cautelar ya que medió una modificación del contrato de trabajo en uno de sus elementos esenciales como lo es la categoría profesional, lo cual está vedado por los arts. 66 y 78 de la LCT. El a quo dispuso, asimismo, restituir a la actora al puesto de trabajo que desempeñaba hasta la presentación de las denuncias y la efectiva dación de tareas. Resultó decisivo para arribar a tal solución lo normado en la Ley 26.845 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El Tribunal de Alzada agregó que los hechos deben ser analizados con perspectiva de género, lo cual implica la aplicación de normas internacionales y nacionales sobre igualdad y no discriminación en razón de sexo o género.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia, principio de congruencia, demanda, pretensión, intereses, tasas de interés, reformatio in pejus
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Castro, Héctor Fabián c/ Provincia ART S.A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Los sentenciantes partieron por destacar que es el propio presentante quien se contradice en su planteo, pues si bien critica a la Sala por aplicar infundadamente una tasa de interés, luego refiere que existiría una incoherencia entre los fundamentos dados y la parte resolutiva; y seguidamente, expresaron que las objeciones del compareciente no alcanzaban a evidenciar el contacto con el caso de la arbitrariedad alegada, toda vez que -señalaron- se expusieron los motivos por los que no se convalidó la tasa fijada por la inferior, con sustento en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los antecedentes "García" y "Leiva" y aclararon que se apartaron de la tasa convenida en el Acta Acuerdo número 2 pues de aplicarse la misma se vulneraría la prohibición de reformar en perjuicio del apelante; frente a lo cual el impugnante insiste en su presentación directa en sostener la autocontradicción en que a su parecer incurrieron los judicantes al resolver como lo hicieron, mas sin conseguir desmerecer la respuesta dada por la Alzada en torno a que se brindaron argumentos suficientes a los fines de justificar la modificación de la tasa ordenada en autos. - Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, Acta nro. 2, del 27/2/2023.
Derecho laboral, contrato de trabajo, presunciones, actividad inmobiliaria, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Saretti, María Eva  c/ REMAX Argentina SA y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-16

La actora se desempeñaba en la promoción y venta de propiedades para la demandada. Accionó por despido y la juez de grado desestimó la demanda, toda vez que no encontró acreditada la relación de dependencia en la prestación de tareas invocadas, por lo cual se agravia la actora quien sostiene que mantuvo con la accionada una relación de trabajo no registrada. La prueba testimonial producida da cuenta que la accionante formaba parte de la estructura organizativa de la firma, que trabajaba como agente de la Oficina de Remax de Pilar ofreciendo propiedades, y que utilizaba para ello los servicios informáticos (redes y página web habilitada por Remax) de la empleadora, para publicitar las propiedades otorgadas para las operaciones inmobiliarias requeridas por los propietarios. Además, la trabajadora cerraba operaciones inmobiliarias con clientes que generaban ganancias a la empresa, y respondía personalmente a los llamados telefónicos que se realizaban a Remax S.A. Así entonces, existe prueba idónea que permite activar la presunción legal prevista en el art. 23 de la LCT, y que aleja el pretendido encuadre de la demandada dentro de otras figuras contractuales como la franquicia, para obviar, dentro de la misma, la relación de dependencia que la unía con la actora. En definitiva, ha quedado demostrado que la actora brindó una prestación de servicios a cambio de una remuneración -dependencia económica- y que dicha prestación era realizada inmersa en una organización empresaria ajena - dependencia jurídica- en forma regular, y que debía someterse para la ejecución de su tarea al poder de dirección y organización de la misma. No surge de las probanzas arrimadas que la accionante tuviera alguna injerencia en la organización de las promociones o visitas a las propiedades, máxime cuando el propietario era quien autorizaba por noventa días exclusivos se ofertara la propiedad por intermedio de la empresa Remax y no por intermedio de la actora, lo cual desvirtúa la figura del franquiciado. A mayor abundamiento, cabe destacar que adquiere verdadera trascendencia en la situación de la accionante que, su trabajo no era autoorganizado, sino que el diseño y organización de dicha tarea provino del empleador que la contrató, lo cual también caracteriza a la relación de dependencia. Cabe hacer lugar al reclamo de la actora y revocar la sentencia de la anterior instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, prescripción, interrupción de la prescripción, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Basualdo, María del Carmen c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-06-25

El A quo citó diversos tramos del precedente "Vallejos" de esta Corte para resolver respecto del carácter interruptivo de la prescripción, del reclamo administrativo previo previsto en la ley 7234 y la duración de sus efectos, para concluir que este Cuerpo ha interpretado dicha cuestión confiriendo al reclamo previo ante la Administración de la ley 7234, carácter interruptivo del plazo de prescripción liberatoria y recordó que era forzoso considerar la prescripción del derecho sustancial cuando el acceso a la vía jurisdiccional se hallaba expedito; y al aplicar la doctrina de tal precedente y analizar las pruebas de la presente causa, juzgó que al momento de la interposición de la demanda de declaratoria de pobreza ya había expirado el plazo de prescripción bienal del artículo 4037 del Código Civil, consideraciones frente a las cuales la impugnante dirige todos sus cuestionamientos a atacar la sentencia en cuanto valoró el carácter interruptivo de la prescripción del reclamo administrativo previsto en la ley 7234 y la duración de sus efectos invocando los argumentos antes reseñados que giran centralmente en torno a la omisión de valoración probatoria de lo sucedido en el expediente administrativo, mas lo cierto es que su postulación no logra transponer el umbral de la mera discrepancia con la respuesta adoptada por los Sentenciantes que en el ejercicio de funciones privativas que no incumbe a esta Corte revisar entendieron que la acción del caso se encontraba prescripta. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren el Dr. Erbetta y la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dres. Spuler y Gutiérrez) - CSJStaFe: Vallejos, AyS T 270, p 341/350.
Abuso sexual simple, sentencia condenatoria, diputados nacionales, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Orellana, José Fernando c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-22

Corresponde condenar, en orden al delito de abuso sexual simple (art. 119, primer párrafo, del Código Penal de la Nación) e inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos, al ex diputado nacional que abusó sexualmente de la colaboradora de una legisladora en su propio despecho del anexo de la Cámara de Diputados, habida cuenta que si bien en este tipo de casos es habitual que el único testimonio directo disponible sea el de la propia víctima, la concordancia entre sí de los relatos recibidos por personas ajenas a las partes involucradas e instantes después de ocurrido el hecho constituyeron una relevante prueba de cargo que incidió en la demostración de la acusación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho público local, facultades del juez, ordenanzas municipales, Municipalidad, poder de policía, control ambiental, neumáticos, tasa municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bridgestone Argentina S.A.I.C. c/ Municipalidad de Casilda s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

El presente recurso no puede prosperar pues de la confrontación del escrito recursivo con las constancias de la causa, se advierte que los argumentos -tal como han sido traídos a esta Corte- tan sólo revelan la mera discrepancia de la recurrente con los fundamentos expuestos por la Cámara al emitir el pronunciamiento y remiten a cuestiones fácticas, probatorias y de interpretación de normas de derecho público local, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción, toda vez que -para declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora cuestionando el cobro de la Tasa de Almacenamiento, Traslado y Reciclado de Neumáticos Fuera de Uso a su fabricante y distribuidor- los Sentenciantes entendieron que la norma local colisionaba con las disposiciones de la Constitución nacional al avanzar en la materia extendiendo la responsabilidad a la empresa recurrente productora de neumáticos, sin verificarse la prestación de un servicio, imponiéndole una tasa específica para el financiamiento de un sistema de almacenamiento y disposición final de neumáticos fuera de uso; y, si bien aludieron a la cuestión del domicilio de la actora, hicieron especial referencia a que de las constancias de la causa no se había probado que la demandada le hubiera prestado efectiva y concretamente un servicio estatal individualizado que justifique la legitimidad y validez de la tasa creada por la ordenanza 2915/2018 en cuanto ubica a la empresa como sujeto pasivo. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco) - Ordenanza 2915/18 de la Municipalidad de Casilda. - Jurisprudencia concordante con Bridgestone c. Municipalidad de Casilda, T 2024, sentencia nro. 346, sumario J0052938.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, facultades del juez, nulidad absoluta, liquidación
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bridgestone Argentina S.A.I.C. c/ Comuna de Melincue s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

La presente queja no puede prosperar, en razón de que la confrontación de los agravios expresados en el recurso de inconstitucionalidad con la resolución atacada revela la mera discrepancia de la compareciente con los fundamentos expuestos por la Cámara al emitir el pronunciamiento, en tanto se advierte que toda la argumentación desarrollada, pese al matiz constitucional que pretende otorgarle, remite esencialmente a razones de interpretación de los hechos y del derecho en que se funda el fallo cuestionado, cuya evaluación es materia privativa de los jueces de la causa y, por ende, ajena, en principio, a su revisión por esta Corte, toda vez que el Órgano Jurisdiccional interviniente señaló que la resolución impugnada se encuentra sustancialmente viciada de nulidad absoluta e insanable por encontrarse acreditado que se sustentó con error manifiesto y evidente en la Liquidación confeccionada por una Comuna extraña y no en la liquidación por la mitad de aquel importe, confeccionada por la Comuna demandada; asimismo, en reiteradas oportunidades aquella Comuna aparece por error en el texto y en la parte resolutiva como emisora del acto impugnado. - CSJStaFe: Londero, AyS T 271, p 151; Constructora del Litoral SA, T 290, p 229; Batán, T 324, p 313; y Zurich Argentina, T 328, p 333. Resolución 58/2021 de la Comuna de Melincué.
Recurso de inconstitucionalidad, in dubio pro consumidor, carga de la prueba, cuestión no constitucional, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Genovese, Ricardo Aldo c/ Cinco Vial S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

La presencia de un factor objetivo de atribución de responsabilidad (artículo 40, ley 24240) no exime al consumidor de la carga de probar el hecho invocado y su conexión causal con el daño cuyo resarcimiento pretende (artículo 1736, Código Civil y Comercial); asimismo, el deber de colaboración procesal en cabeza del proveedor (artículo 53, ley 24240) no entraña necesariamente una inversión de las cargas probatorias sino que, a lo sumo, su incumplimiento podría acarrear un indicio en su contra según las circunstancias; de suerte que la ley especial no deroga las reglas tradicionales sobre carga de la prueba ni libera al consumidor de su compromiso de demostrar los extremos fácticos de su pretensión; por lo demás, la regla in dubio pro consumidor -consagrada en los artículos 3 y 37 de la ley 24240 y 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial- atañe a la interpretación de la ley y del contrato mas no a la apreciación de las probanzas sobre los hechos controvertidos; y desde las coordenadas apuntadas, tampoco se advierten configuradas en autos las causales de arbitrariedad fáctica articuladas por el recurrente, pues echa de verse que los elementos probatorios de los que pretende hacer mérito en esta instancia fueron expresamente ponderados por la Cámara, aunque desde luego con un alcance distinto al postulado por el interesado y con un criterio cuya razonabilidad -a mi modo de ver- no llega a ser puesta en crisis en este estadio, al no evidenciarse una inadecuada motivación del fallo en punto a la evaluación de las referidas constancias, o bien que las subsiguientes conclusiones en torno a la insuficiente acreditación de las circunstancias del hecho dañoso invocado resulten reñidas con las reglas de la sana crítica -independientemente de que se compartan o no tales consideraciones, lo cual resulta ajeno a esta instancia extraordinaria-. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dr. Falistocco, Dr. Erbetta y Dra. Gastaldi)