Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-17


///la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de julio del año dos mil ocho, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el Dr. W.Gustavo Mitchell como Presidente y los Dres. Luis M. García y Guillermo J. Yacobucci como vocales asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora Gabriela García, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs.1229/1234 de la causa n° 8387 del registro de esta Sala, caratulada: "Irurzún, Daniel Edmundo y otros s/recurso de casación"; intervienen representando al Ministerio Público el señor Fiscal General ante esta Cámara, doctor Juan M. Romero Victorica, por la querella los doctores Rosa Alicia Warlet y Carlos Enrique Méndez, en la defensa de Daniel Edmundo Irurzún, Elías Telmo Gallardo, Juan Javier Dragún, Eduardo Daniel Del Castillo y Mirta Gladis Gallardo los doctores José Alberto Bellingeri y Fabián Otarán, y en la defensa de Ramón Bernardo González la Defensora Pública doctora Laura Beatriz Pollastri.

Efectuado el sorteo para establecer el orden de emisión de votos, resultaron designados para hacerlo en primer término el juez doctor Luis M. García y en segundo y tercer lugar los jueces doctores Guillermo J. Yacobucci y W. Gustavo Mitchell (fs. 1380).

El señor juez doctor Luis M. García dijo:	1°) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos, después de declarar la inconstitucionalidad del artículo 10 de la ley 24.050, hizo lugar a la suspensión del proceso a prueba que había sido solicitada respecto de Daniel Edmundo Irurzún, Elías Telmo Gallardo, Juan Javier Dragún, Eduardo Daniel Del Castillo, Mirta Gladis Gallardo y Ramón Bernardo González (fs. 1229/1234).

Contra esa decisión, la querella, interpuso el recurso de casación de fs. 1241/1253, el que, concedido a fs. 1328/1329 vta., fue mantenido a fs. 1351 vta..

2°) Que se han invocado los dos motivos previstos en el art. 456 del C.P.P.N.

La querella criticó la decisión traída en recurso por sostener que se ha concedido la suspensión del proceso a prueba sin que se hubiesen satisfecho los presupuestos legales. Plantea la errónea interpretación de los artículos 76 bis, ter y quater del Código Penal por parte del a quo.

Se agravia también de la declaración de inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 24.050, que tacha de errónea, en cuanto por esa vía el Tribunal Oral se vio liberado del carácter obligatorio de la doctrina sentada por esta Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo plenario n° 5 "Kosuta, Teresa R. s/recurso de casación", de fecha 17/8/1999.

Sostiene también, con cita de jurisprudencia de alguna Sala de este tribunal, que: "[...] los pedidos de aplicación de 'probation' presentados en la presente causa resultan extemporáneos por cuanto la oportunidad límite para los mismos es la de la citación a juicio -art. 354 del C.P.P.N.-[...]".

Por otra parte, aduce la parte querellante la errónea interpretación de la ley sustantiva -arts. 76 bis, ter y quater del Código Penal, en conexión con los arts. 865, 876 y concordantes del Código Aduanero, argumentando que esta última disposición prevé pena conjunta de inhabilitación, y que ello excluye la aplicación del art. 76 bis citado.

Por último, denuncia que no se han observado las prescripciones de los artículos 376 y 377 C.P.P.N., y solicita que se case la resolución recurrida, se la revoque y se ordene la prosecución de los autos según su estado.

3°) Durante el plazo del art. 465 del C.P.P.N. y en la oportunidad del art. 466 del mismo cuerpo legal, el doctor Otorán presentó el escrito obrante a fs. 1357/1362vta., en el cual solicitó el rechazo del recurso de casación interpuesto. Con esa finalidad expresó, entre otros argumentos, que la solicitud del beneficio no fue extemporánea y citando jurisprudencia para avalar su postura mencionó que: "[...] La oportunidad para el planteamiento de la suspensión del juicio a prueba, puesto que si el pedido tiene como finalidad la detención del juicio aparece razonable que sea durante el mismo a partir del primer acto que lo genera y hasta el dictado de la sentencia [...]".

En el mismo término de oficina, se presentó la Defensora Pública Oficial, doctora Laura Beatriz Pollastri; y en base a las consideraciones vertidas en su dictamen de fs. 1363/1364 solicitó que se rechace el recurso de casación interpuesto por la querella.

4°) Que a fs. 1380 se dejó debida constancia de haberse celebrado la audiencia prevista en el art. 468 del C.P.P.N. con la presencia de los Dres. Arturo César Goldstraj y Fabián Otarán, por la defensa, y de los Dres. Rosa Alicia Warlet y Carlos Enrique Méndez por la querella, quienes presentaron, ambas partes, breves notas a fs. 1376/vta. y 1377/1379 respectivamente.

II- Considero que el recurso interpuesto es formalmente admisible, pues satisface las exigencias de interposición (art. 463 C.P.P.N.) y de admisibilidad (art. 444 C.P.P.N.); así, a pesar de que no se trata de un recurso contra una de las decisiones enumeradas en el art. 457 C.P.P.N., debe considerarse, por sus efectos, comprendida en esa enumeración, en cuanto la resolución que hace lugar a la suspensión del proceso a prueba, en las circunstancias del caso, impide que el proceso continúe hasta el dictado de la sentencia definitiva, con la consecuencia de que se extinguirá la acción penal en el caso de tenerse por cumplidas las condiciones establecidas en el cuarto párrafo del artículo 76 ter del Código Penal; y puede ser objeto de revisión inmediata en los términos en que lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Menna" (Fallos 320:1919). Asimismo el recurso es formalmente procedente a la luz de lo dispuesto en el art. 456 incs. 1° y 2° del C.P.P.N.

III-Entiendo que corresponde expedirse en primer término respecto de la queja del recurrente, en cuanto sostiene que la cuestión fue planteada y resuelta de modo extemporáneo. Sostiene que debe aplicarse la doctrina sentada por la Sala II de esta Cámara, en la causa n° 2055 "Marotta, Claudio Daniel y otra s/rec. de casación", rta. el 9/6/99, reg. 2.608, que ha entendido que el agotamiento del emplazamiento del art. 354 C.P.P.N. clausura toda posibilidad de solicitar la suspensión del proceso a prueba una vez superado ese plazo. Se trata, pues, de una alegación de caducidad del derecho a pretender la suspensión del proceso, y de una decisión que habría sido decidida de modo contrario a la inteligencia que el recurrente asigna a las disposiciones de los arts. 376 y 377 C.P.P.N.

En ese sentido sostuvo que: "[...] el planteo de suspensión del juicio a prueba no es una cuestión preliminar definida por el art. 376 del C.P.P. ya que no es una nulidad de las referidas en el inc. 2° del art. 170 ni una cuestión atinente a la constitución del tribunal, ni una cuestión referida a la incompetencia, ni a unión o separación de juicios, ni admisibilidad o incomparecencia de testigos, peritos o intérpretes ni a la presentación o requerimiento de documentos [...]".

Asimismo señaló que luego de contestada la cuestión por la querella y el Ministerio Público, correspondía la deliberación y resolución de los incidentes planteados; y criticó al tribunal por realizar una identificación sui generis de los encausados y requerirles respecto de su conformidad con el pedido de "probation" y lugar donde serían cumplidas eventualmente las tareas comunitarias.

Por ello, indicó que durante el transcurso de la audiencia de debate se produjo una alteración de su naturaleza que dejó de ser de debate para pasar a ser una audiencia de reconducción de "probation".

Este aspecto de la impugnación cae bajo el supuesto del art. 456, inc. 2, C.P.P.N.

El examen del agravio impone que esta Sala examine si la ley establece expresamente un plazo de caducidad, o en su caso, si éste se infiere de la regulación legal.

Tan pronto se examina el Código Procesal Penal de la Nación, se observa que el art. 293 es la única disposición que regula el procedimiento para la decisión sobre la suspensión del proceso a prueba, y esta disposición nada dice del momento a partir del cual ni acerca del momento hasta cuándo es admisible el planteamiento de la incidencia. Las otras prescripciones del Código sobre esta materia, se refieren a incidencias propias de la ejecución una vez concedida la suspensión del procedimiento, así, p. ej., las del art. 515.

La falta de una limitación expresa en la ley ha llevado a la discusión sobre cuál es la última oportunidad admisible para solicitar el instituto incorporado en la ley 24.316.

Por cierto, la Sala I de esta Cámara, ha establecido en un primer momento, como límite para el ejercicio de la pretensión cualquier momento anterior al de la iniciación del debate, pero ya no después (ver causa n° 405 "Trotti, Gustavo R. s/ re. de casación", rta. 23/6/95, reg. 520). Más tarde, la misma Sala declaró que el derecho a promover la suspensión del proceso a prueba caduca al término del plazo establecido en el art. 354 del C.P.P.N. (Conf. causa n° 632, "Botto, Nelo Alfio/rec. de casación", rta. 20/2/96, reg. n°928). En este mismo sentido se han expedido las Salas III y IV de este Tribunal en las causas n°4773 "Fernández, Jorge O. s/rec. de casación", rta. 14/11/03, reg. 686 y causa n° 1882 "Francia, Alejandro R. s/rec. de casación, rta. 3/10/2000, reg. 2852, respectivamente).

Creo oportuno revisar ese criterio.

Parto de considerar que el derecho del imputado a promover la suspensión del proceso a prueba no es derivación de alguna cláusula constitucional sino de raigambre meramente legal. De tal suerte, a diferencia de los casos de limitación de derechos reconocidos directamente en la Constitución, no es necesario que se satisfaga el principio de reserva legal cuando se trata de examinar las restricciones al ejercicio de ese derecho. De modo que la inexistencia de una previsión legal expresa no debe conducir a la conclusión fatal de que el imputado tendría derecho a pedir la suspensión en cualquier momento que le plazca mientras no se haya dictado una sentencia final y esté esta firme. Es legítimo pues recurrir a la interpretación teleológica para responder al silencio de la ley.

En cualquier caso, un abordaje teleológico deberá ajustarse a la prescripción del art. 2 C.P.P.N., que dispone la interpretación restrictiva de toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por el Código, o que establezca sanciones procesales.

Tomo como punto de partida que la introducción de la suspensión del proceso a prueba es un instrumento introducido por el legislador para evitar la realización del juicio cuando se satisfacen los presupuestos fijados en la ley, porque, bajo ciertas condiciones que deben cumplirse, la necesidad de realización del juicio y del pronunciamiento de una sentencia no subsiste. Si esto es correcto, a falta de disposición legal expresa en contrario, entiendo que no hay razones que obsten a la posibilidad de promover la suspensión del proceso hasta el mismo día señalado para la realización de la audiencia, mientras no se haya abierto el debate.

Según el art. 374 del C.P.P.N. el Presidente del tribunal declara abierto el debate una vez constatada la presencia de las partes y demás personas obligadas a comparecer, y después de leído el requerimiento de elevación. A partir de allí el juicio o debate ha comenzado; la suspensión del juicio no podrá ser promovida hasta ese momento.

Una interpretación más amplia resultaría incompatible con el espíritu de la ley 24.316, que ha creado un verdadero sistema de suspensión del juicio y no un sistema de suspensión de pronunciamiento de la sentencia. Si se considerase todavía admisible la promoción de una instancia de suspensión una vez abierto el debate no sólo se incurre pretorianamente en un procedimiento no establecido por la ley, sino que además, se crean problemas adicionales que frustrarían los principios de unidad y continuidad del juicio, y, eventualmente, los de identidad física de los jueces, sentados en el art. 365 y concordantes C.P.P.N.

En primer término, si el Tribunal de juicio considerase formalmente admisible el planteo, pero a continuación rechazase la suspensión del proceso a prueba por cuestiones sustantivas, sería imposible garantizar al imputado un derecho a recurrir contra la denegación de la suspensión del proceso sin poner en riesgo la validez de la parte ya realizada del debate, atento a los estrechos límites que fija para la suspensión el art. 365 C.P.P.N. De tal suerte, o se deja al imputado sin recurso inmediato y se continúa con el juicio, o se le concede aquel recurso y se conduce fatalmente a la nulidad de la parte del juicio ya realizada. Un recurso diferido a lo que resulte de la sentencia no satisfaría ya la doctrina de la Corte Suprema en el precedente "Menna" ya citado.

En segundo lugar, se crean otros problemas adicionales si el tribunal considera formalmente admisible la pretensión de suspensión y resuelve, durante el debate, conceder la suspensión del proceso a prueba. En este caso, se introduce pretorianamente un supuesto de suspensión extraordinaria, no contemplado en el enunciado del art. 365 C.P.P.N., que lleva fatalmente a la nulidad de la parte ya realizada del debate por exceso del plazo máximo de suspensión permitido. Evidentemente, si se admite esta suspensión sui generis, la única forma de resguardar los principios de concentración, inmediación, y continuidad, centrales del proceso oral, es declarar la nulidad del debate por haberse excedido el plazo para dictar la sentencia y realizar uno nuevo. Sería un curioso caso de nulidad que no obedece a la inobservancia originaria de una disposición amenazada con sanción de nulidad, sino de nulidad que resulta producto de un acto -por hipótesis- válido, cual es el de la suspensión "del debate" a prueba. Creo, al contrario, que las causales de suspensión del debate son taxativas, para resguardar aquellos principios, y que no cabe admitir por vía pretoriana otras causales no contempladas bajo la excusa de que la ley no fija un término de caducidad para promover la suspensión del proceso a prueba.

Aplicando estos criterios al presente caso, observo que, conforme surge del acta de debate obrante a fs. 1208/1211, se reunió el Tribunal de juicio en audiencia pública para la realización del debate en la fecha y lugar señalados a ese fin, se constató la presencia de las partes en el juicio, se advirtió a los imputados que prestaran atención a lo que se leería, se realizó la lectura completa del requerimiento de elevación a juicio y la jueza que presidía declaró abierto el debate y preguntó a las partes si tenían cuestiones preliminares que plantear (art. 374 C.P.P.N.). Fue a continuación que las defensas promovieron al suspensión del proceso a prueba, el Tribunal sustanció la petición en la misma audiencia, dando oportunidad de ser oídos al fiscal y a la querella, los imputados expresaron su conformidad con la petición de las defensas para que se suspendiese el procedimiento, y el a quo resolvió de inmediato hacer lugar al planteo, difiriendo la comunicación de los fundamentos de la decisión para el día siguiente.

Observo que al resolver el punto los jueces incurrieron por dos vías en inobservancia de la ley procesal.

En primer lugar, porque según he señalado precedentemente, dieron curso al trámite de la petición de suspensión del proceso a pesar de que ya se había declarado abierto el debate.

En segundo lugar, porque omitieron considerar y resolver una cuestión propuesta que podía ser decisiva para el resultado de la pretensión. En efecto, los jueces no abordaron expresamente la objeción de extemporaneidad opuesta por la querella, y la alegación subsidiaria de que la cuestión no estaba contemplada entre los supuestos de cuestiones preliminares que regula el art. 376 C.P.P.N.

Surge de los fundamentos escritos y hechos públicos al día siguiente que los jueces sortearon el tratamiento de estas objeciones con el siguiente argumento. "[..] previo al tratamiento de la cuestión principal, no puede dejar de mencionarse el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de este proceso, que comenzó con tareas de inteligencia en febrero de 2001[...] Durante este lapso, -Agosto de 2001 hasta la fecha-, se ha mantenido a los imputados ligados a la causa, conculcándose el derecho constitucional que les asiste a obtener un pronunciamiento penal rápido [...]".

Sin perjuicio de la natural simpatía que deben despertar los esfuerzos de los órganos del Estado para satisfacer el derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable (arts. 8.1 CADH, y 14.3.c PIDCP), o según los términos en que la Corte Suprema lo ha reconocido -el derecho de todo imputado -inferido del art. 18 C.N- a obtener en el tiempo más breve posible, después de la tramitación regular del proceso, un pronunciamiento judicial que defina la situación del imputado frente a la ley y ponga fin a la incertidumbre que toda persecución penal implica-, observo que en el caso la declaración del Tribunal Oral no constituye sino una argumentación aparente y arbitraria, que no contesta a las cuestiones introducidas por la querella, y no satisface la exigencia de fundamentación del art. 123 C.P.P.N. En efecto, se hizo referencia a la extensión del tiempo transcurrido desde el inicio del proceso, pero no se lo relacionó con las circunstancias concretas del caso, ni siquiera se indicó desde qué momento o acto procesal nacía y debía computarse el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. A ello se suma que se decidió en contra del predicado de que debía arribarse a una solución final en el tiempo más breve posible. En las circunstancias concretas del caso, era la audiencia de juicio ya abierta y en curso la vía para satisfacer el derecho de los imputados a obtener una decisión definitiva sobre el mérito de las acusaciones dirigidas contra ellos y así hacer efectivos los derechos fundamentales que invoca el Tribunal Oral. Al contrario, en contra del punto de partida, ese tribunal decidió una suspensión del proceso por el término de un año, y de este modo, alejó toda posibilidad de y puso bajo condición suspensiva, cualquier definición sobre la acusación en un plazo breve. En estos términos la decisión es arbitraria e insostenible porque lo decidido es inconciliable con la proposición en que se ha pretendido justificar la temporaneidad del planteo. La infracción al art. 123 C.P.P.N. debe caer bajo la sanción de nulidad.

Establecido ello, carece de objeto pronunciarse sobre el tratamiento de los restantes agravios traídos por el recurrente, por tanto, considero que, tal como ha quedado resuelta la cuestión debe declararse la nulidad de lo actuado a partir del acta de debate de fs. 1208.

IV-Por ello, voto por que se haga lugar el recurso deducido por la querella a fs. 1241/1253, se anule la resolución obrante a fs. 1229/1234, y se remita la presente causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos, para que sin demora dé lugar a la substanciación del juicio con arreglo a lo aquí decidido, con costas (arts. 456 inc. 2°, 471, 530, 531 y concordantes del C.P.P.N.).

El señor juez doctor Guillermo Yacobucci dijo:

Que adhiere al voto precedente.

El señor juez doctor W. Gustavo Mitchell dijo:

Por los fundamentos que expuse al votar en la causa "Marotta, Claudio Daniel y otra s/recurso de casación" (causa N° 2055, Registro N° 2608 de esta Sala resuelta el 9 de junio de 1999) y fallos de esta Sala allí citados, adhiero a la conclusión de los votos precedentes.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE: Hacer lugar al recurso deducido por la querella a fs. 1241/1253, anular la resolución obrante a fs. 1229/1234, y remitir la presente causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos, para que sin demora dé lugar a la substanciación del juicio con arreglo a lo aquí decidido, con costas (arts. 456 inc. 2°, 471, 530, 531 y concordantes del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del artículo 400, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación en función del art. 469, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal y remítase al tribunal de procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.