Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-21


BIK, Juana V. Y HELDNER, Alberto L. Sociedad de Hecho- Vivero Zeneggen- Reg.: A y S t 211 p 207-210.

Santa Fe, 21 de diciembre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra el pronunciamiento de fecha 27 de marzo de 2003 dictado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "BIK, Juana V. Y HELDNER, Alberto L. Sociedad de Hecho- Vivero Zeneggen- Concurso Preventivo- Incidente de Revisión- (Expte. 34/02)" (Expte. C.S.J. nro.

305, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 27 de marzo de 2003 la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad resolvió desestimar la apelación y confirmar la resolución que rechazó, a su turno, el recurso de revisión intentado por la apelante.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la A.F.I.P. recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

En el memorial recursivo, en lo que es de interés al caso, invocó las siguientes causales de arbitrariedad: 1) Sentencias que desconocen o se apartan de la norma aplicable porque el fallo de alzada no aplica la ley federal que se encuentra expresamente establecida respecto de las deudas para con el Fisco Nacional so pretexto de que el juzgador puede dejar sin efecto tales normas con fundamento en que se vulneran con las mismas principios de derecho privado consagrados en el Código Civil, a la vez que la "pars conditio creditorum".

2) Sentencias que fueron dictadas por jueces que, al pronunciarlas, se arrogaron el papel de legisladores y no se sintieron limitados por el orden jurídico, porque la Sala confirma la decisión que el Juzgador de baja instancia adoptó rechazando los créditos fiscales con apartamiento de criterios jurisprudenciales aplicables.

Afirmó que existe gravedad institucional al desconocerse las normas federales que regulan específicamente el asunto, realizándose tal apartamiento sin declarar previamente su inconstitucionalidad. A tal anomalía, se le agrega el no acatamiento de la decisión del más Alto Tribunal de Justicia y la incidencia que posee dicha situación respecto del recupero de los créditos fiscales por parte del Erario Público, teniendo en cuenta la función que cumple el impuesto.

Dijo que el vicio de la sentencia radica en el hecho de que existiendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal inferior se apartó del mismo.

Señaló luego que el eje central del argumento empleado por el Tribunal se halla conformado por la supuesta carencia de demostración de la causa del crédito insinuado por la A.F.I.P.-D.G.I., mas agregó que el origen del crédito en cuestión quedó explicitado en autos.

También destacó que el fin perseguido por el legislador concursal para exigir el recaudo de la causa ha sido evitar la posible conciliación fraudulenta entre el concursado y sus acreedores. Añadió que al revestir el Estado el papel de acreedor no puede suponerse bajo ningún aspecto la existencia de la mencionada connivencia, máxime cuando se transitó todo un procedimiento establecido por la normativa federal para establecer la existencia o no de la gabela, su cuantía y accesorios.

Sostuvo que la finalidad del artículo 32 de la ley 24522 se cumplió, por lo que el acompañamiento del expediente judicial resulta contradictorio con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Dirección General Impositiva s/ incidente de verificación de créditos en autos Casa Marroquín s/ Concurso Preventivo" del 31.03.87, de donde surge que al Juez del concurso le está vedado rever o volver sobre una cuestión litigiosa resuelta en otra jurisdicción.

Refirió finalmente, con apoyo en doctrina y jurisprudencia, al deber que tienen los Tribunales inferiores de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por decisorio de fecha 4 de julio de 2003 la Sala resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, lo que motivó la presentación directa de la quejosa ente esta Corte.

2. De la confrontación de los agravios esgrimidos en el recurso de inconstitucionalidad, con los fundamentos de la sentencia impugnada, surge que la presente impugnación no ha de prosperar, pues si bien la recurrente articula en abstracto, conforme a su propio planteo, varias hipótesis que pueden encasillarse como tipos doctrinarios y jurisprudenciales de arbitrariedad, no consigue demostrar -en un contacto liminar con lo sustancial- que tales hipótesis guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso, denotando solamente la mera discrepancia con lo resuelto por los sentenciantes en sentido adverso a sus pretensiones.

En efecto, sus planteos referidos al apartamiento de la normativa federal aplicable, arrogarse los juzgadores el papel del legislador, gravedad institucional e inobservancia de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solo reflejan el intento de la compareciente de imponer su propio criterio interpretativo en torno a la temática debatida, vinculada a la demostración de la causa del crédito insinuado por la A.F.I.P.- D.G.I., mas con argumentos que resultan insuficientes para acreditar la configuración de alguna causal de arbitrariedad que autorice a descalificar constitucionalmente el criterio sustentado por el Tribunal a quo.

La Sala, en el decisorio impugnado afirmó que el incidente de revisión es un proceso de conocimiento en el que se debe demostrar la causa del crédito insinuado, pesando la carga probatoria sobre el verificante, lo que torna insuficiente la sola presentación de determinaciones de oficio realizadas por el organismo fiscal, porque la facultad del mismo para efectuarlas no releva al acre En suma, como puede apreciarse, la Sala no está desconociendo normas de naturaleza federal, ni la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita la impugnante, sino que con apoyo en la ley concursal, entiende que la sola determinación de oficio -aunque goce de presunción de legitimidad y tenga fuerza ejecutiva para la ejecución fiscal- resulta insuficiente para acreditar el monto y la causa del crédito ante el Juez del concurso.

Frente a ello, cabe afirmar que podrá compartirse o no la solución arribada por los jueces de la causa, pero lo cierto es que la recurrente con su planteo no logra persuadir que resulte ilógico o irracional el criterio adoptado por el juzgador a la hora de confirmar la resolución impugnada, discurriendo los agravios por la senda de la mera disconformidad con lo resuelto al no aportar la quejosa razones que demuestren en esta sede que la valoración probatoria y normativa efectuada exceda los márgenes de legalidad y razonabilidad tolerados que permitan considerarla inadmisible.

En definitiva, todo lo expuesto conduce a concluir que no se advierte en el sub examine la existencia de una cuestión constitucional que legitime el franqueamiento de la instancia excepcional ante la Corte. Es que, la solución a la que arribó la Sala, aunque no conforme a la recurrente, en la medida en que no implica una palmaria afectación del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI (por sus fundamentos)-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) FUNDAMENTOS DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI Coincido en lo sustancial con la fundamentación desarrollada por los señores Ministros preopinantes y con el rechazo de la queja.

Ello así, por entender que la respuesta brindada por la Alzada no excedió los parámetros fácticos y jurídicos con que dicho Tribunal contaba, en cuanto sostuvo que en el "sub lite" no bastaba con la simple incorporación de la causa judicial -autos: "Fisco Nacional DGI c. Bik Juana y Heldner Alberto Luis SH s. Ejecución Fiscal", Expte. 690/99-, ni con la boleta de deuda, toda vez que la interesada había omitido la presentación de antecedentes administrativos suficientes, por lo que cabía confirmar el decisorio de baja instancia, el cual -siguiendo el dictamen del síndico- había desestimado la revisión por considerar no acompañadas las declaraciones juradas a que refería la mencionada boleta de deuda (ver f. 1).

Frente a lo resuelto por la Sala, aunque la recurrente invoca diversas causales descalificantes, se limita esencialmente a insistir en que resultaba suficiente la documentación que oportunamente acompañó -en especial la aludida ejecución fiscal- y a alegar que la finalidad que tuvo el legislador concursal para exigir el recaudo de la causa no ha sido otra que evitar una posible "conciliación fraudulenta", la que no puede presumirse en cabeza del Estado.

Pero con tales planteos la impugnante solo deja en evidencia su simple discrepancia con respecto a la valoración probatoria y a la interpretación del derecho concursal que efectuara el Juzgador, materias ajenas a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre arbitrariedad, lo que -a tenor de lo expuesto- no acontece en la especie.

Fdo.: GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)