Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-03


--- En la ciudad de Trelew, a los 03 días de Julio del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones bajo la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Sergio R. Lucero, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B., G. B. c/ L., J. de D. y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. nº 19279 - año: 2006). Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Debe declararse totalmente desierto el recurso fundado a fs. 444/446?; SEGUNDA: Caso negativo de lo anterior: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y TERCERA:¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 459. -- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: --- I. Al responder el traslado de la expresión de agravios de la aseguradora citada en garantía, la parte actora (fs. 448/449) la tilda de insuficiente, solicitando que se declare desierto el recurso de apelación incoado. Afirma que la recurrente muestra una particular discrepancia de razonamiento con el magistrado acerca de la prueba de los gastos terapéuticos, que realiza un análisis parcializado y superficial de algunos testimonios por cuanto no se compadecen con lo realmente declarado en la causa, que estima excesiva la suma fijada en concepto de daño moral expresando solamente que los parámetros utilizados por el magistrado han sido sobredimensionados, y que, en definitiva, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada del fallo. --- II. Una lectura de los fundamentos de la sentencia y de las quejas planteadas permite comprobar que, más allá de lo que en definitiva haya de resolverse a su respecto, la apelante ha dirigido sus críticas sobre aspectos dirimentes que constituyeron el fondo de la decisión, y que dichas objeciones no se reducen a poner de manifiesto una mera discordancia de opinión, sino que además se exponen allí los motivos por los que considera que el fallo debe ser revocado, efectuando de tal modo una impugnación que, al menos prima facie, satisface los recaudos y exigencias formales. En consecuencia, sin ahondar en la consideración de las argumentaciones vertidas en dicha pieza recursiva y más allá del destino que en definitiva pueda merecer la apelación impetrada opino que, en tanto las objeciones planteadas reclamarán un condigno análisis y consideración por parte del Cuerpo, la expresión de agravios contiene por tanto un mínimo de crítica que, objetivamente, permite considerar cumplidos los requisitos exigidos por el ordenamiento procesal desde el punto de vista estrictamente técnico, pues, como ya lo hemos sostenido en precedentes análogos, en caso de duda, ha de estarse por la suficiencia del recurso (conf. Exptes. 10576; 20792; 20850 C.A.N.E.; entre muchos otros). - ---Voto entonces a esta cuestión por la NEGATIVA. ---A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Vergara dijo: 1. Peticiona la actora en su escrito de contestación de los agravios vertidos por la citada en garantía que se declare la deserción del recurso deducido a fs. 418 por considerar que los mismos no contienen una crítica concreta y razonada de los puntos del fallo recurrido. ---2. Luego de confrontar los fundamentos del decisorio apelado y las razones expuestas por la entidad aseguradora advierto que en algunos tramos de su queja -los referidos a los gastos terapéuticos- se desarrolla una línea argumental que permite apreciar que los motivos expuestos contienen un mínimo de suficiencia técnica que autoriza a ingresar a su estudio, máxime si se considera que el análisis de la fundamentación del recurso debe efectuarse con criterio amplio y consecuentemente su deserción debe decretarse con criterio restrictivo en razón de la garantía de defensa en juicio (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, T. 1, pág. 275). --Por ello, y sin perjuicio del resultado que puedan alcanzar las impugnaciones efectuadas, considero que la expresión de agravios obrante a fs. 444/446 y vta. reúne ajustadamente en algún tramo de su queja los requisitos exigidos por el art. 265 del C.P.C.C.. -En consecuencia, a esta primera cuestión voto POR LA NEGATIVA. - --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari dijo: I. El fallo definitivo de primera instancia (fs. 406/412) rechazó la excepción de prescripción e hizo lugar a la pretensión resarcitoria por daños y perjuicios, condenando a los demandados y a la aseguradora citada en garantía a abonar a la actora en el plazo de diez días la suma de $ 109.213,95 con más sus intereses y costas del proceso. La sentencia es apelada por la actora y por la aseguradora citada en garantía, quienes expresan agravios a fs. 438/442 vta. y 444/446 vta. respectivamente. Esta última pieza es respondida por la demandante a fs. 448/449 vta. -- --- II. Agravios de la aseguradora: --- --- Causa gravamen a esta apelante, en síntesis: 1) la suma otorgada en compensación por gastos terapéuticos ($ 4.000.-), erogaciones que desde su punto de vista no han sido probadas en autos, solicitando por tanto que dicho monto sea reducido; 2) la indemnización concedida a título de incapacidad sobreviviente, por cuanto los ingresos reales de la actora (estimados por el a quo en la suma de $ 900.-) no han sido debidamente acreditados; 3) el resarcimiento fijado por daño moral es excesivo y se aparta de los parámetros habituales. Solicita la revocación del fallo en los citados aspectos y hace reserva del caso federal. -- --- III. Agravios de la actora: -- --- Sumariamente, objeta la apelante los siguientes aspectos: 1) ha existido un evidente error numérico involuntario en el cálculo de la indemnización por incapacidad sobreviviente, por cuanto el sentenciante restó dos veces el 49% de incapacidad; en primer lugar lo hizo sobre el monto computado en la fórmula en concepto de renta anual y luego, al determinar el capital indemnizatorio, volvió a detraerle el 49%. 2) Pero aun tomando el monto de resarcimiento arribado sin el error ya señalado en la operación aritmética, dicha suma resulta insuficiente, por cuanto no se ha computado la evolución creciente de la minusvalía sufrida por la actora, ya que la pericia médica producida en la causa determinó que la discapacidad se irá agravando a través del tiempo y producirá colateralmente una artrosis generalizada en su cuerpo, dictaminándose que la afectada pasará sus años de ancianidad dependiendo de un bastón o silla de ruedas y alcanzará a los 70 años de edad con una discapacidad del orden del 70%. Por ello solicita que esta Cámara fije el importe resarcitorio pleno e integral de este rubro, en base a los daños reales probados. --- --- IV. Una consideración preliminar: --- ---Antes de tratar los cuestionamientos planteados por la aseguradora apelante acerca de los hechos afirmados por la actora y la prueba de los mismos, creo necesario recordar que a fs. 136/137 se declaró la nulidad de las actuaciones realizadas a nombre de la misma por el gestor procesal a partir de fs. 65 y hasta fs. 99, ambas inclusive, debido la falta de ratificación oportuna en la causa, resolución confirmada por esta Cámara a fs. 165/166. En consecuencia, la demanda quedó incontestada por dicha aseguradora, con lo cual resulta aplicable a su respecto la regla establecida en el art. 356, inc. 1° del C.P.C.C., en tanto la falta de negativa concreta y categórica de las afirmaciones contenidas en la demanda podrá considerarse como reconocimiento de verdad respecto de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran (art. citado; su doctrina), en tanto no exista prueba en contrario. Esta aclaración liminar tiene por objeto poner de manifiesto un parámetro de evaluación probatoria que será tenido en cuenta por el suscripto al abordar los apartados siguientes. --- --- V. Los gastos terapéuticos: --- Consideraré en primer término este agravio expuesto por la aseguradora apelante. Al decidir acerca de este rubro, el juzgador señaló que el mismo hallaba sustento en la previsión de los arts. 1068 y 1086 del Código Civil; que la circunstancia de que la víctima fuera atendida en establecimientos gratuitos no descarta su derecho a reclamar el menoscabo patrimonial por los gastos terapéuticos no cubiertos por el ente asistencial; la necesidad de realizar esas erogaciones es un hecho público y notorio, por lo que la pretensión debe admitirse inclusive en defecto de prueba directa de los desembolsos realizados, máxime si hay demostración de algunos de éstos. El monto debe ser fijado prudencialmente por el juez valorando la entidad de los gastos invocados en correlación con la importancia de las lesiones, debiendo guardar la suma peticionada razonable vinculación con el tratamiento requerido por la afección. En base a estas pautas, tuvo en cuenta los hechos probados en autos, los tratamientos recibidos, el largo período de interacción y posterior rehabilitación y fijó el resarcimiento en la suma de $ 4.000.- haciendo ejercicio de las facultades previstas en el art. 165 C.P.C.C. (conf. fallo, fs. 409vta./410). --- Comparto los conceptos vertidos por el a quo acerca de este aspecto. En primer lugar, en la actualidad es pacífico el criterio conforme al cual no es necesariamente exigible la acreditación documentada de todas y cada una de las erogaciones efectuadas por gastos médicos, de farmacia y asistenciales, pues se sabe que en las circunstancias en que se deben realizar no siempre es posible obtener y/o guardar todos los comprobantes de las mismas. Hay, pues, un grado aceptable de amplitud de criterio para su valuación, atendiendo a las características de cada supuesto. Pero si esto es así de ordinario, mucho menos en la especie puede hacerse oídos a la queja de la apelante, toda vez que la estimación judicial realizada en este proceso contiene una razonable y prudente valoración de los parámetros objetivos ya reseñados, sin que este criterio pueda desmerecerse por la sola circunstancia de que la actora fuera asistida por el servicio de salud pública, por cuanto este último, como bien se sabe, no cubre una serie de desembolsos extra (medicamentos, materiales descartables, gastos de enfermería, traslados y/o asistencia pre y post-hospitalaria, etc.) cuya documentación no siempre resulta posible, mas no por ello puede ignorarse la efectiva existencia de dicho menoscabo económico. --- --- Por otra parte, las situaciones vividas en la emergencia por la víctima y los gastos incurridos a raíz del infortunio han sido además convenientemente referidos por los testimonios prestados en la causa (conf. G., resp. a la 7ma. preg., fs. 259; V., id., fs. 260; S., id., fs. 261; A., id., fs. 265; B. G., id., fs.266), quienes dieron cuenta de que dichas erogaciones fueron afrontadas por la propia actora, con la ayuda económica de amigos y familiares. --- --- En consecuencia, opino que la estimación judicial se aprecia adecuada a las particulares circunstancias del caso, por lo que propongo la desestimación del agravio y la confirmación de la decisión en este aspecto. --- --- VI. Los ingresos mensuales estimados como base del cálculo actuarial: --- La actora denunció en su demanda un ingreso mensual del orden de $ 900.- (conf. demanda, fs. 42) dando cuenta al efecto de las diversas actividades rentadas que cumplía con anterioridad al accidente. Relató que realizaba tareas domésticas y de limpieza, atención al público, cuidado de enfermos, etc. en diversos lugares y horarios, labores que incluso se extendían a los fines de semana. El juzgador de primera instancia consideró acreditados estos hechos en base a la prueba testimonial producida en la causa, citando las respuestas brindadas sobre el punto por diversos declarantes. La aseguradora apelante considera que esos testimonios no bastan para brindar convicción acerca de ese nivel de ingresos, por cuanto son imprecisos o bien hacen referencia a meras suposiciones propias de los testigos. Sin embargo, de la propia transcripción efectuada por al recurrente en su pieza de agravios (fs. 445/vta.) queda de manifiesto lo contrario, pues los testigos citados (G., V., S., A., B. G.) no sólo corroboran las afirmaciones de la actora, sino que además dan adecuada razón de sus dichos, relatando de manera concordante y convincente las variadas actividades que desarrollaba la actora, su nivel de gastos, la calidad de la vestimenta que ostentaba, etc.; todo lo cual, apreciado según las reglas de la sana crítica (arts. 386, 456,C.P.C.C.) brinda razonable respaldo probatorio a esta afirmación actoral. Por lo demás, desde que la demandante aportó esas probanzas en abono de sus dichos, la crítica basada en que a juicio de la apelante la misma no es convincente tan sólo revela una discrepancia subjetiva, sin exponer a su turno motivos concretos y objetivos que descalifiquen este medio probatorio, ni la existencia de elemento alguno dentro del plexo probatorio que contraríe o desdiga las declaraciones de dichos testigos. En este orden, cabe recordar que la crítica concreta y razonada exigida por el art. 265 C.P.C.C. no se satisface con la expresión de una mera discordancia de opinión, sino que debe contener un razonamiento superador del juicio lógico elaborado por el sentenciante, carga no satisfecha por la quejosa en lo atinente a este aspecto del fallo. Por ello, propicio la desestimación de este agravio, y así lo dejo votado. --- VII. El error de cálculo señalado por la parte actora: - Anticipo favorable opinión acerca de este agravio. En efecto, cuando el sentenciante de primer grado estableció el factor "a" de la fórmula matemática financiera para la determinación de la indemnización por incapacidad sobreviniente, tomó los $ 900.- mensuales y los multiplicó por los trece períodos a fin de establecer la renta anual ($ 11.700.-). Luego, aceptando como porcentaje de minusvalía el 49%, redujo dicha suma a $ 5.733.- en concepto de renta anual, obteniendo como resultado ecuacional un monto de $ 88.191,74. Este procedimiento fue hasta allí correcto y ortodoxo; mas de inmediato el juzgador incurrió en un involuntario error, cuando a dicho resultado volvió a aplicarle el 49% de incapacidad, reduciendo la suma a $ 43.213,95. Esta segunda operación era incorrecta, lo cual surge de modo manifiesto y torna justificado el motivo de queja expuesto por la demandante en su pieza de agravios, sin perjuicio de lo que quepa resolver, en definitiva, acerca del siguiente agravio. --- VIII. La indemnización del daño futuro: -- En mi opinión, el agravio de la actora halla adecuado sustento en el dictamen pericial médico rendido en la causa (fs. 290/298) y su ampliación a tenor de las explicaciones brindadas a fs. 308/314. --- En efecto, si bien en su informe original el perito médico determinó la existencia de una incapacidad parcial y permanente tasada en el 49% al momento de examinar a la paciente (ver fs. 298), posteriormente, ante la solicitud de explicaciones por parte de la actora (conf. escrito de fs. 301/302), brindó una serie de datos adicionales referidos a los daños físicos infligidos a la víctima del accidente, así como respecto de las secuelas incapacitantes y limitaciones funcionales derivadas del hecho. En ese marco, el experto, tras describir dichas dolencias y su previsible evolución futura, expresó que: a) la mala marcha causada por una anquilosis sacro-pélvica "...se irá agravando y producirá colateralmente una artrosis generalizada en su cuerpo. Ej. Artrosis de columna, etc." (fs. 309); b) al tener una secuela por fractura en zona lumbar y cadera y traumatismos en los miembros inferiores, la llamada "Maniobra de Lásegue", la elevación y rotación de cada miembro y la elevación pasiva (prueba M.) provocan dolor; se observa asimismo diferencia de acortamiento en miembros inferiores de aproximadamente 2 cm., del lado izquierdo, y que el dolor provocado por distensión de nervio ciático mayor enlos movimientos propios de su actividad diaria "se irá agravando en años venideros" (fs. 310); c) en referencia al acortamiento del miembro inferior lado izquierdo, expresa que "...ya le produjo, a 4 años del accidente, anquilosis en la articulación sacro-pélvica, artrosis de cadera y futuramente producirá una artrosis generalizada" (fs. 311); d) en referencia a la flexoextensión de la columna, señala que "durante el tiempo se agravará, no permitiendo que la articulación trabaje en forma normal para realizar cualquier tipo de tareas..." (fs. 311); e) en referencia a la escoliosis de columna, afirma que "...con el avance de la edad se irá agravando, y sus años de ancianidad los pasará dependiendo de un bastón o silla de ruedas" (fs. 313); f) por último, al responder a la pregunta acerca de la estimada evolución de las lesiones en los próximos 40 años de vida de la actora, el perito médico manifiesta: "...Considerando que al corto tiempo de ocurrido el siniestro (la actora) ha perdido gran parte de su capacidad (laborativa- espiritual y familiar), como la patología no va a mejorar sino que va en franca decadencia (las secuelas se van a agravar), es por ello que de vivir la actora 40 años más va a llegar a los 70 años con una discapacidad del 70% (recordar que: su artrosis sacro iliaca va a producir una artrosis generalizada de toda la columna, además ésta se verá agravada por la escoliosis; escoliosis que no tiene cura, sino que por el contrario va a ir también agravándose. La marcha disbásica que padece (que no tiene mejoría) habla de la artrosis que sufre en cadera derecha, que va a degenerar en la necesidad de realizar un reemplazo -por una prótesis- de cabeza de fémur (por el desgaste sufrido). Dicho reemplazo comprende una intervención de alto riesgo quirúrgico y costo, que la actora conforme sus condiciones actuales seguramente deberá afrontar alrededor de los 60 años" (fs. 314). - --- Debo decir que, corrido el traslado de ley, las partes no formularon objeción ni impugnación alguna respecto de este dictamen ampliatorio, cuya fuerza de convicción, por otra parte, es muy sólida de conformidad con las reglas de la sana crítica racional, por hallarse respalda en consideraciones técnicas y científicas concretas y abundantes (arts. 386, 472, 477, C.P.C.C.; su doctrina). - ---En este orden de ideas, si bien el perito es un auxiliar de la justicia y su misión consiste en contribuir a formar la convicción del juzgador, razón por la cual el dictamen no tiene, en principio, efecto vinculante para él (art. 477 del Cód. Procesal; su doctrina), la circunstancia de que el dictamen no obligue al juez -salvo en los casos en que así lo exige la ley- , no significa que éste pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo, en tanto la desestimación de sus conclusiones ha de ser razonable y fundada. De tal manera, para desvirtuar las satisfactorias explicaciones brindadas, sería imprescindible contar con elementos de juicio que permitieran concluir fehacientemente la existencia de algún error o absurda inferencia desde el punto de vista de los conocimientos técnicos y científicos correspondientes a su profesión o título habilitante, mas nada de ello sucede en la especie. En consecuencia, con las conclusiones ya reseñadas, no hay atisbo de duda acerca de la existencia de un daño cierto futuro, constatado a través de la pericia médica y su ampliación, circunstancia que brinda pábulo al agravio expuesto por la actora, ya que al guardar una causalidad adecuada con el hecho ilícito según el curso natural y ordinario de las cosas (conf. arts. 499, 901 y ss., 1068, 1086 y conc., Cód. Civil), se trata de un perjuicio indemnizable en virtud del principio de resarcimiento integral, actualmente indisputable en materia de responsabilidad aquiliana. -- IX. Cuantificación del perjuicio: --- --- Sabido es que la indemnización por incapacidad sobreviviente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laboral, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de la personalidad, esto es, la calidad de vida expectable, la disminución de la seguridad, la reducción de la capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, entre otras. Tan es así que incluso se ha admitido la existencia de un daño patrimonial aun en aquellos supuestos en que la víctima no contara con rentas o ingresos propios (conf. Llambías, J. "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", t. IV-A, p. 120, N° 2373; Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio y Zannoni, Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, t. V, p. 219; N° 13; Cazeaux y Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", t. III, p. 122; Borda, Guillermo A. "Tratado de Derecho Civil Argentino, Obligaciones", t. I, p. 150, N° 149; Mosset Iturraspe, Jorge, "Responsabilidad por daños", t. II-B, p. 191, n° 232; Alterini, Ameal y López Cabana, "Curso de las Obligaciones", t. I, p. 292, N° 652). Con mucha más razón en el caso el menoscabo patrimonial se exhibe ante nuestros ojos como un hecho irrefragable, ya que la demandante laboraba y obtenía ingresos mensuales por dichas tareas que -como ha quedado demostrado- no sólo podrá volver a realizar jamás, sino que, además, su estado físico se deteriorará en forma creciente, hasta llegar a un estado de virtual y completa postración. --- --- Bien ha señalado se ha señalado que la certidumbre del daño, en suma, constituye siempre una constatación de hecho actual que proyecta, también al futuro, una consecuencia necesaria (conf. Zannoni, E.A., "El daño en la responsabilidad civil", pág. 52 - Astrea - 1987; id. Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños", t. I p.147-148; entre otros) y desde que en el caso el requisito de certeza se halla claramente determinado, la tasación pecuniaria de ese perjuicio de ponderarse con un criterio que atienda a las circunstancias cualitativas del caso, sin atarse a pautas estrictamente matemáticas, aunque a la par, es innegable que la fórmula actuarial empleada por el sentenciante a quo brinda una herramienta objetiva de indudable ayuda como pauta de cuantificación. - --- Así, en el caso, atendiendo a las circunstancias personales de la actora, en cuanto a edad, sexo, estado civil, nivel de capacitación y que realizaba tareas remuneradas en relación de dependencia, debe ponderarse, con estas pautas, el perjuicio económico irrogado atendiendo no sólo a la incapacidad física que presenta actualmente, sino a su grave proyección futura, que será gradual e irreversible, al punto que, de alcanzar los 70 años de edad, lo hará con una minusvalía generalizada del orden del 70% (conf. pericia citada), asimilable por tanto a la incapacidad total y permanente. A esto se suma la perspectiva cierta de tener que someterse a intervenciones quirúrgicas que incrementarán sus gastos futuros. - --- Claro está que la fórmula actuarial de M. y B. no contempla una progresión gradual y creciente de la incapacidad en la determinación del factor "a", que se expresa sobre un porcentaje de incapacidad fijo. El quid se plantea entonces acerca de qué manera resolver la incidencia económica en este índice de minusvalía, variable a lo largo del tiempo. Al respecto, siendo que la indemnización ha de establecerse no sólo en función de la capacidad futura de la víctima, sino de todas las actividades del afectado y de la proyección que la secuela del accidente tiene sobre su personalidad, debiéndose resarcir tanto la aptitud laborativa, como la genérica comprensiva de toda la vida en relación del damnificado, considero que para su calibración no cabe establecer pautas rígidas, ya que se trata de circunstancias de hecho libradas en buena medida al prudente análisis judicial. Por otra parte, tradicionalmente se ha sostenido que la fijación del monto de la incapacidad sobreviviente derivada de las lesiones producidas por un accidente de tránsito no debe concretarse con un criterio puramente matemático, razón por la cual no es de decisiva importancia el porcentaje asignado por los peritos, sino la proyección que la incapacidad física puede generar en el futuro de la víctima, de allí que la trascendencia de las afectaciones debe analizarse con prudente arbitrio judicial, sin dejar de tener presente factores los factores particulares que informan el caso. En la especie, en uso de las facultades del art.165 C.P.C.C. ya citado, considero que el modo más equitativo de contemplar esta progresión gradual consiste en tomar la incapacidad actual (49%) y la proyectada para el final del período abarcado en la fórmula (70%), esto es, cuando la actora alcance los 70 años de edad y luego promediarlas, de manera que la suma indemnizatoria resultante quede prorrateada a lo largo de esos 44 años. De esa manera, tomando (49 + 70) % 2, ello arroja un 59,5%, con lo cual, aplicando dicho porcentaje de minusvalía promediado sobre el ingreso anual de $ 11.700.-, el factor "a" se eleva a la suma de $ 6.961,50. En consecuencia, el monto indemnizatorio resultante por aplicación de la ecuación ya mencionada alcanza así a la suma de $ 107.090,02. Propongo entonces modificar el fallo en tal sentido, y así lo dejo votado. --- X. La compensación por daño moral: --- Al decidir este artículo, el juzgador de primer grado evaluó en forma pormenorizada la repercusión del accidente en la faz extrapatrimonial de la víctima, las frustraciones sufrimientos padecidos, las graves secuelas psicológicas subsistentes, datos que se encuentran harto comprobados en la causa y que no tiene caso repetir aquí, ya que han sido bien detallados en el fallo. Sólo diré, a modo de síntesis, que ponderó las heridas sufridas, los tratamientos recibidos, las secuelas incapacitantes derivadas del accidente, la pérdida de un embarazo, dolores imaginarios que inhiben su sexualidad, las graves consecuencias psicológicas actuales traducidas en miedos, fobias, angustias, taquicardias, temor a salir a espacios públicos, etc. Evaluando esa situación, el a quo realizó una proudente valoración del perjuicio irrogado, fijando un resarcimiento de $ 60.000.-, por considerarlo justo y equitativo (conf. sentencia, fs. 411 vta./412). - Frente a este juicio de valor fundado en elementos objetivos y fundadas razones de justicia, la aseguradora apelante se ha limitado a manifestar que estima "que la valuación del mismo es un tanto excesiva" y que "los parámetros tomados por el sentenciante han sido sobredimensionados para este tipo de circunstancia", porque la valuación de este daño "debe hacerse en forma objetiva y siguiendo una línea prudencial de modo tal que no se transforme de una cuestión reparadora a una sancionatoria" (sic - fs. 445 vta.). -- Convendrán mis colegas que tales argumentaciones no hacen sino poner de relieve una mera discrepancia de opinión, sin auténticos fundamentos objetivos que satisfagan la exigencia ritual de expresar una crítica concreta y razonada, es decir, que contenga un razonamiento lógico superador del juicio expuesto en el fallo, por lo que en mi opinión la apelante incurrió aquí en una deserción parcial del recurso por insuficiencia técnica (art. 266,C.P.C.C. su doctrina), lo cual me lleva a proponer la desestimación del citado agravio. --- A mayor abundamiento, diré que la cifra fijada en la sentencia para compensar el agravio moral ocasionado se exhibe prudente y adecuada a las circunstancias de hecho analizadas, por lo que opino que el decisorio debe confirmarse en este aspecto. - XI. Conclusiones: --- De compartirse los criterios expuestos anteriormente, propongo confirmar en lo principal el fallo apelado y modificarlo parcialmente en cuanto al monto indemnizatorio por incapacidad sobreviniente, elevando el monto de condena, en definitiva, a la suma de $ 173.090,02 y confirmándolo en los restantes aspectos. No será necesario modificar la carga en costas ni adecuar los honorarios profesionales (art. 279, C.P.C.C.) por cuanto los mismos han sido regulados en términos porcentuales, de modo que quedarán ajustados automáticamente al nuevo monto del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa procesal oportuna. --- En cuanto a la Alzada, propongo que las costas sean soportadas por la aseguradora apelante (art. 68, C.P.C.C.), fijándose los honorarios de los letrados actuantes en esta sede en base a la extensión, eficacia de sus tareas y resultados respectivamente obtenidos, según las escalas arancelarias vigentes, en los siguientes porcentajes a calcular sobre la misma base ya indicada anteriormente: a) para los Dres. N. O. M. y P. O. A., en conjunto, en el 7,14%; b) para los Dres. J. J. S. y P. M. C., en conjunto, en el 2,4% (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec.Ley 2.200). En todos los casos, con adición del I.V.A. correspondiente. --- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. --- ---A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Vergara dijo: 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la citada en garantía a fs. 416 y 418, que fueran concedidos libremente a fs. 420 contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 406/412 y vta. que rechazó la excepción de prescripción opuesta por los demandados e hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios instaurada por G. B. B. y condenó a M. I. S., J. De D. L., y a la citada en garantía S. C. S. M. DE S. G. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $109.213,95.- y sus intereses, con imposición de costas a los vencidos. ---Los agravios de la actora y de la citada en garantía lucen a fs. 438/442 y vta. y 444/446 vta., respectivamente, el traslado conferido a fs. 443 no fue evacuado y el de fs. 447 fue contestado a fs. 448/449 y vta., y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precediera en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en cada caso corresponda realizar. -2. Estima la aseguradora que el Juez carece de elementos de prueba al fundar su sentencia en una supuesta gratuidad parcial de los servicios de salud, y ello hubiera tenido asidero si al menos la parte actora hubiera probado que no todos los servicios eran gratuitos o que la cobertura era parcial. Entiende por ello que debe reducirse la suma fijada en concepto de gastos terapéuticos. ---Al respecto, la resarcibilidad de tales gastos está expresamente contemplada en el art. 1086 del Código Civil, bastando para ello que la parte actora acredite la situación lesiva. ---Así, las presunciones hominis generalmente operan sobre la base de elementos objetivos suministrados por el actor, que posibilitan inferir la realidad del perjuicio. En muchos de estos casos, se trata de daños "forzosos" o casi de rigor a partir de una determinada situación lesiva; o sea, son perjuicios evidentes in re ipsa (por la fuerza de los hechos mismos), como los gastos terapéuticos. Por dicho motivo, los tribunales liberan entonces al actor de probar directamente el daño, bastando la acreditación de la situación lesiva que constituye su causa. Así, los gastos de asistencia médica y de farmacia no exigen prueba acaba de su existencia, y no es imprescindible acreditar con comprobantes determinados y farmacéuticos, cuando la necesidad de efectuarlos surge de la propia naturaleza de las lesiones sufridas (conf. Zavala de González, "Resarcimiento de daños", 2da. ed., 1997, Hammurabi, T. 3, "El proceso de daños", págs. 165/166, y cita de fallos). ---La prueba de los gastos médicos y de farmacia no debe exigirse con un criterio riguroso y el juez se halla facultado para fijarlos razonablemente (CNFed. Civ. y Com., Sala 3a., junio 29-1982, E.D. 106-118). ---Por lo demás, la prueba de los gastos realizados no se encontraba a cargo de la actora como lo entiende la apelante ya que cabe observar que a fs. 136/137 se declaró la nulidad de todo lo actuado por el gestor de la aseguradora desde fs. 65 hasta fs. 99, resolución confirmada por esta Cámara a fs. 165/166, por lo que esa parte incontestó la demanda. Y la bilateralidad del proceso se satisface con la debida citación a comparecer; si el citado no responde, soportará las consecuencias del incumplimiento de la carga respectiva (conf. Arazi-Rojas, "Código Procesal .", Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, T. I., pág. 225), y ese incumplimiento si bien no tiene de por sí el efecto de tornar sin más procedente la demanda crea una presunción a favor de las pretensiones del actor (conf. SCBA, Ac. y Sent., 1977, v. II, p. 852; DJBA, v. 123, p. 258). -Y el silencio ante la incontestación de la demanda constituye una presunción favorable a los hechos alegados en el escrito inaugural del proceso, y ello genera una inversión de la carga probatoria en cabeza de la citada en garantía. --Por eso puede decirse que la falta de contestación crea una presunción que debe ser destruida por la del demandado. La falta de contestación de la demanda pues estimarse como un reconocimiento de los hechos invocados en ella; pero la presunción de conformidad con la demanda que de ella resulta solo funciona cuando no surja una demostración contraria de la prueba que el demandado pueda luego producir. El silencio del demandado puede interpretarse como un reconocimiento de lo afirmado en la demanda si no ha aportado prueba contraria (conf. Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", EDIAR, Buenos Aires, 1958, T. III, págs. 198/199, y cita de jurisprudencia). ---Se trata de un supuesto de admisión lógica, y sus efectos, provisionales e indeterminados a priori, serán los que adquiera a mérito del ulterior comportamiento del admitente. Es decir, se hallan supeditados a la eventual prueba en contrario que él produzca (conf. Atilio Carlos González, "Silencio y rebeldía en el proceso civil", Astrea, 1979, pág. 49). --Y además de no haber aportado prueba alguna en contrario la aseguradora, lo cierto es que existe prueba testimonial (G., V., S., A. y B. G., contestación a la 7a. pregunta, fs. 259, 260, 261, 265, y 266, respectivamente) que acredita la existencia de gastos y su desembolso (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), por lo que estimo prudente y razonable el monto fijado en $4.000.- en tal concepto, atendiendo a la naturaleza de las lesiones sufridas, tiempo de internación y posterior convalecencia en domicilio (art. 165 del C.P.C.C.). --Finalmente, aun cuando la víctima cuente con obra social o sea atendida en un hospital público, debe reconocérsele gastos que no se cubren, tales como materiales descartables, cuidado de enfermos, al menos en horario nocturno, e incluso medicamentos, máxime cuando el paciente está externado. ---La circunstancia de que la víctima se encuentre cubierta por los servicios de una obra social no excluye la posibilidad de obtener el resarcimiento por los gastos de medicamentos y ciertos gastos menores que aquella no cubre. Tampoco el hecho de que el paciente se halla atendido en un hospital público obsta a reconocer algunos gastos médicos y de farmacia, si es razonable presumir que debió pagar aranceles, materiales y medicamentos por la seriedad de las lesiones padecidas, sin perjuicio de que no haya acreditado fehacientemente tales desembolsos (Trigo Represas-López Mesa, "Tratado de la Responsabilidad Civil", La Ley, 2004, T. IV, pág. 758). --Por tales razones, se desestima el agravio. -3. Tocante a los ingresos mensuales ponderados por el juzgador, sostiene la aseguradora que uno sólo de los cinco testigos, la Sra. B. G. arroja precisión acerca de los reales ingresos, ya que los demás no afirman conocer en realidad los ingresos. -Desde ya que, la regla testigo único, testigo nulo quedó superada en el tiempo en dos situaciones, por la cualidad del testigo y por ser necesario (Colombo, "Código Procesal Civil y Comercial ...", Abeledo-Perrot, 1969, T. III, par. 24, págs. 624/625). ---Por lo demás, ninguna regla exige dos testimonios concordantes por lo que la existencia de un solo testimonio que da cuenta del hecho no invalida ni desacredita la declaración en la medida en que se aprecie objetiva e imparcialmente, máxime cuando el testimonio no fue impugnado. --La declaración del testigo único puede tenerse como prueba suficiente cuando analizada con el rigor que presupone la prueba singular, debe concluirse que el testigo ha declarado en forma objetiva e imparcial (CNTrab., sala I, noviembre 30/987, "O., F. J. c/ I.., S. A.", D.T. 1988-B, 1531). ---La circunstancia de que se trate de un testigo único no invalida el testimonio, por cuanto la máxima testis unus testis nullus pertenece al sistema de pruebas legales, pudiendo asignársele pleno valor probatorio al testigo singular, frente a las reglas de la sana crítica que gobiernan la apreciación de la prueba cuando los antecedentes del caso así lo determinen (CNTrab., sala VI, octubre 13/980, "P., N. C. c/ Compañía Sudamericana B. T. B. S.A.", D.T. 1981-A, 36). --La exclusión del valor probatorio del testigo único no tiene fundamento, porque si bien no existe la garantía que supone la concordancia entre las declaraciones de varios testigos, ella puede hallarse compensada por la calidad del testigo único y la existencia de que, en tal caso, el juez aprecie el testimonio con mayor severidad (CNCiv., sala C, octubre 21/985, "F. de M., B. R. c/ Banco F. A.", L.L. 1986-B, 618, S. 37.235). También cabe destacar que la atendibilidad de la prueba testimonial no se mide por el número de quiénes prestan declaración, pues el camino más seguro para establecer quiénes relatan el hecho con verdad y quiénes no lo hacen así, es la de ponderar todas las circunstancias que, examinadas, con criterio objetivo, valora de modo integral la prueba, y valga la repetición de aquello tan manido de que los testigos se pesan y no se cuentan (Morello, Sosa, y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1991, T. V-A, pág. 352, y cita de pronunciamientos). ---Por lo demás, no sólo B. G. dio cuenta de la diversidad de tareas desempeñadas por la actora, sino también G., S., y A. (contestación a la 6a. pregunta, fs. 266, 259, 261, y 265, respectivamente), incluso que con sus ingresos ayudaba a su madre, que ganaba muy bien, tenía muy buenos ingresos (B. G. y G., respectivamente, contestación a esa misma pregunta). Y tales ingresos aproximadamente eran de unos mil pesos o más, en función a su muy buena ropa y compras que hacía; unos mil pesos porque estaba económicamente muy bien; más o menos novecientos pesos (G., S., y B. G., fs. 259, 261, y 266, respectivamente). --El análisis de la prueba testimonial rendida (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.) permite señalar que las manifestaciones de la apelante sólo denotan una mera discrepancia que incumple la manda prevista por el art. 265 del C.P.C.C.. ---No puede considerarse agravios las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas y digresiones inconducentes o que carezcan del debido sustento jurídico. El mismo déficit se ofrece si sólo se exteriorizan generalizaciones subjetivas sobre la prueba, sin indicar de modo concreto dónde existe el error invocado y cuales son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1988, T. III, págs. 354/355, y cita de fallos). --En síntesis, coincido con el Dr. Ferrari que en este tramo de la queja la apelante sólo expuso una opinión distinta carente de suficiencia como para conmover los fundamentos brindados por el juzgador, y por tal razón cabe desestimar el agravio.

4. En cuanto a que la valuación del daño moral "ha sido un tanto excesiva", y que corresponde al sentenciante establecer los parámetros pero ello en forma objetiva de modo que no se transforme en una sanción, tales expresiones eluden hacerse cargo del razonamiento dirimente seguido por el Sr. juez de la anterior instancia a fs. 411 vta./412, y ello no constituye agravio. -Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P. e H., J. c. Productos P. M. S.A.", L.L. 1985-A, 309). De tal modo, las manifestaciones vertidas sólo denotan el particular punto de vista de la apelante, al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante. ---En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 371, y cita de fallos). En tal sentido, el juzgador al fijar el importe del daño moral en $60.000.- tuvo en cuenta, a saber: a) las graves lesiones sufridas a raíz del accidente; b) prolongados y permanentes padecimientos; c) no se le permitió quedar embarazada por consejo médico lo cual, le ocasionó un daño moral y psicológico difícil de superar; d) daño estético producido por el desgarro muscular del muslo izquierdo; e) las lesiones padecidas por la actora resultaron de tal gravedad que le generaron una incapacidad parcial permanente establecida en la pericia médica, lo cual sin duda resulta indicativo de una minoración en la faz productiva y espiritual; f) padece de fuertes componentes fóbicos; g) registra sensaciones de taquicardia y sofocones que operan como señal de angustia frente al miedo a los espacios públicos; h) dolores imaginarios que inhiben la sexualidad ; i) la pérdida de un embarazo posterior al traumatismo le produjo consecuencias sicológicas; y j) como consecuencia de la vivencia de muerte que provoca el accidente, estructura un temple fóbico de carácter paranoide. -Y esos parámetros seguidos en el fallo en crisis no fueron objeto de crítica alguna. --En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", ob. cit., T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos). -Así, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ( C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538). --En consecuencia, la recurrente incurrió en este aspecto en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). --5. Dos son los agravios de la actora, error de cálculo al considerar el a quo en la fórmula matemática dos veces el porcentaje de la incapacidad sobreviniente y falta de consideración de los daños futuros. -5.1. En lo que hace a la primera queja le asiste razón ya que al establecer la sentencia apelada el importe de la renta anual consideró el porcentaje de la incapacidad establecida al precisar a fs. 411 un total de Pesos Once Mil Setecientos ($11.700), cuyo 49% -incapacidad establecida- determina una renta anual a percibir -"a"- de Pesos Cinco Mil Setecientos Treinta y Tres ($5.733).

Pese a lo cual, y luego de arribar al importe de $88.191,74.-, nuevamente consideró el porcentaje de incapacidad establecido en autos, esto es un 49%, el rubro reclamado en concepto de incapacidad sobreviniente arroja la suma de pesos cuarenta y tres mil doscientos trece con noventa y cinco centavos ($43.213.95). ---Por ello, al aplicar a fs. 411 vta. por segunda vez el porcentual de incapacidad incurrió en un error material que debe subsanarse, sin perjuicio que el monto a fijarse en definitiva dependerá del modo de cómputo del daño futuro. 5.2. A fs. 298 el perito médico en su conclusión considera, entre otros aspectos, la proyección en el tiempo del avance de las secuelas al fijar en un 49% la incapacidad parcial y permanente de la actora. ---Sin embargo, al contestar el pedido de explicaciones requeridos a fs. 301/302 el experto puntualizó a fs. 308/314 con mayor detalle la incidencia que esas secuelas producirían en un futuro, aportando los siguientes datos, a saber: a) la mala marcha a través del tiempo se irá agravando con producción colateral de una artrosis generalizada (fs. 309); b) el dolor producido por la distensión del nervio ciático mayor se irá agravando en años venideros (fs. 310); c) el acortamiento del miembro inferior lado izquierdo producirá en el futuro una artrosis generalizada (fs. 311); d) la artrosis, como efecto negativo en su vejez, le traerá más rigidez de la normal, y dolor constante en sus movimientos (fs. 311); e) la reducción de la flexoextensión de la columna con el tiempo se agravará (fs. 311); f) la limitación a 20° en la función de inclinarse hacia delante o agacharse con el pasar del tiempo puede llegar a 0°, o sea que ya no podrá agacharse (fs. 311); y g) la escoliosis, con el avance de la edad, se irá agravando (fs. 313). --Esas consideraciones lo llevaron a concluir que "de vivir la actora 40 años más va a llegar a los 70 años con una discapacidad del 70%" (fs. 314), aspecto del dictamen ampliatorio que no fue objeto de impugnación, pues corrido traslado a las partes por providencia de fs. 316, notificada a fs. 317/319, las mismas no formularon observación alguna. Y si bien el perito cumple su actividad como auxiliar de la justicia, no puede el magistrado ignorar la pericia cumplida, ya que si bien el juez es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen, para apartarse del mismo deberá aducir razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues el conocimiento del perito es ajeno al hombre de derecho (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, págs. 523/524). -Desde esa perspectiva, observo que el dictamen ampliatorio se encuentra debidamente sustentado en elementos técnicos y conocimientos científicos atinentes a la profesión del experto que lo respaldan, por lo que cuenta con acabada fuerza probatoria respecto al progresivo aumento del porcentual de incapacidad con el transcurso del tiempo (arts. 386, 472 y 477 del C.P.C.C.). --Y en cuanto a la índole de las aptitudes cercenadas o menoscabadas, cabe distinguir entre la incapacidad laborativa, en la que se computan las potencialidades productivas del sujeto, y la incapacidad vital, que abarca, más ampliamente, las integrales proyecciones de la persona en lo individual y en lo social (vida de relación). En general, nuestra jurisprudencia se inclina por la apreciación del daño por incapacidad atendiendo no sólo a la laborativa. Pues bien, una jurisprudencia inagotable preconiza que la incapacidad computable en materia resarcitoria no es sólo la laborativa (Zavala de González, ob. cit., 1996, T. 2a., "Daños a las personas (Integridad sicofísica)", págs 350 y 376, respectivamente, y cita de fallos en págs. 377/378). En lo que hace al daño futuro, el magistrado debe examinar todas las variaciones intrínsecas del daño, pasadas y futuras, como soporte de la extensión de la indemnización a acordar. La apreciación del perjuicio debe abarcar todas sus modificaciones reconocibles, tanto las ya ocurridas como las que previsiblemente tendrán lugar en el porvenir (Zavala de González, obra y tomo antes citado, pág. 474). La indemnización por incapacidad parcial está dirigida a establecer la pérdida de potencialidades futuras causadas por las secuelas permanentes, sin dejar de lado que también debe merituarse la afectación que la víctima deberá soportar en su vida de relación familiar y con terceros. La indemnización cubre todas las erogaciones futuras, atendiendo a la índole de la actividad impedida, sea o no productiva, pues debe atenderse no sólo el aspecto laborativo sino también a todas las consecuencias que afectan la personalidad (Trigo Represas-Lopez Mesa, obra y tomo citado, págs. 769/770). Con tales pautas, no sólo presenta la accionante una incapacidad parcial y permanente actual, sino que las secuelas de la misma se proyectan hacia el futuro hasta alcanzar un 70% de discapacidad hacia los 70 años de edad. ---Y ese daño, más allá de la discusión si el mismo es daño sucesivo o daño futuro corresponde considerarlo, ya que el daño por incapacidad es "sucesivo y progresivo", y el juez al momento de fallar, "debe mirar hacia atrás y hacia adelante, calculando las sucesivas modificaciones del daño y las posibles consecuencias ulteriores" (Belluscio-Zannoni, "Código Civil .", Astrea, 1984, T. V, págs. 224/225). Tocante al cálculo a efectuar, coincidiré con el Dr. Ferrari que la fórmula matemática empleada contienen un factor a que, entre sus componentes, se integra con un porcentaje de incapacidad fijo, lo que genera ciertamente dificultad al tener que considerarse un índice que sufre una variación de 21 puntos en el transcurso de 44 años. -Por ello, y desde que el resarcimiento que pueda establecerse debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso y no ceñirse a cálculos basados en fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos (Trigo Represas-Lopez Mesa, obra y tomo citado, pág. 769), ya que debiendo resarcirse el daño efectivamente producido, los porcentajes de incapacidad fijados por los peritos no pueden trasladarse automáticamente a la evaluación del perjuicio (Zavala de González, obra y tomo citado, pág. 361), estimo prudente y adecuado a las circunstancias del caso, atendiendo a las condiciones personales de la víctima, edad, sexo, aptitudes menoscabadas en función de sus potencialidades productivas y proyecciones en su vida de relación, promediar la diferencia antes aludida de 21 puntos (70% menos 49%) a lo largo de los 44 años, para así adoptar en uso de las atribuciones conferidas por el art. 165 del C.P.C.C. un 50% de tal diferencia en el cálculo a realizar según la fórmula actuarial de M. y B., lo que arroja un 59,5%. --De tal modo, el factor a asciende a $6.961,50.- (59,5% de $11.700) y el factor n alcanza a 44 períodos (70 menos 26 años de edad). i	0,06 a	$ 6.961,50 n	44 c	$107.090,02 ---Efectuados los cálculos respectivos, la operación arroja un importe total de $107.090,02.-, por lo que debe incrementarse el capital de condena en función al nuevo monto establecido. 6. En consecuencia, también propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para incrementar el capital de condena a la suma total de $173.090,02.-, como consecuencia de elevar el importe del resarcimiento en concepto de daño material por la incapacidad sobreviniente. ---Desde que la modificación del fallo no altera las calidades de vencedor y vencido que presentan las partes en la anterior instancia, en tanto que los honorarios fueron regulados en forma porcentual por lo que los mismos se ajustarán en forma automática al nuevo importe, no será necesario practicar las adecuaciones previstas en el art. 279 del C.P.C.C.. --El éxito de los agravios vertidos por la actora y el fracaso de los formulados por la citada en garantía llevan a imponer las costas de Alzada a la aseguradora, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.). -Finalmente, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, entiendo que resultan prudentes los emolumentos que se propician regular a favor de los Dres. N. O. M. y P. O. A., y de los Dres. J. J. S. y P. M. C., en ambos casos en forma conjunta, en las sumas porcentuales equivalentes al 7,14% y 2,4%, respectivamente, del monto de condena a establecerse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente. -Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. -- A LA TERCERA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: --- En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, modificando el monto de condena, que será fijado en la suma de $ 173.090,02, con los intereses ya determinados en dicho decisorio. II) Con costas en la Alzada a la aseguradora apelante, fijándose los honorarios profesionales como sigue: a) para los Dres. N. O. M. y P. O. A., en conjunto, en el 7,14%; b) para los Dres. J. J. S. y P. M. C., en conjunto, en el 2,4%. III) En todos los casos, deberá adicionarse a los estipendios regulados el I.V.A. correspondiente.--- --- Así lo voto -- ---A LA TERCERA Y ULTIMA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ---El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación. ---Así lo voto. --- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. de la ley 4550). -- --- Trelew, de Julio de 2007. --- --- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones; pronuncia la siguiente: -- S E N T E N C I A: --- ---CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, modificando el monto de condena, que será fijado en la suma de $ 173.090,02, con los intereses ya determinados en dicho decisorio; --- IMPONER las costas en la Alzada a la aseguradora apelante, fijándose los honorarios profesionales como sigue: a) para los Dres. N. O. M. y P. O. A., en conjunto, en el 7,14%; b) para los Dres. J. J. S. y P. M. C., en conjunto, en el 2,4%; En todos los casos, deberá adicionarse a los estipendios regulados el I.V.A. correspondiente. -- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. FERRARI VERGARA REGISTRADA BAJO EL N° 29 DE 2007 - SDC.- Conste.