Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-08-27


2º Instancia.- Mendoza, agosto 27 de 2012.

1º Existencia de la relación laboral. 2º Rubros reclamados. 3º Costas.

1º cuestión.- La doctora Nenciolini dijo:

1-La existencia de la relación laboral y su extensión con la empleadora Carrocerías Costanzo S.R.L. son extremos legales de la litis que no se encuentran controvertidos a excepción de los actores Riquelmes y Guevara.

Estos dos actores celebraron sendos convenios con la empleadora el 05-02-04 en virtud del cual se pactaba la fecha de ingreso a partir del 1 de Enero del 2004 a efectos de considerar las indemnizaciones que le pudieren corresponder.

Los bonos de haberes acompañados registran como fecha de ingreso el que convinieran dichos actores en el acuerdo.

Paso a detallar la prueba rendida en autos:

Instrumental: a) copia de bonos de haberes, b) copia certificada de las C.D. remitidas por las partes; c) constancias de los autos nº 128.507 caratulados "Rodríguez Cecilia del Carmen p/suc.", originarios del 6º Juzgado Civil, obrando a fs. 39 la sentencia declaratoria de herederos: Susana Mónica Lourdes y Carolina Alejandra torres, de fecha 11-12-06; d) constancias de los autos nº 113.987 caratulados "Lemos Omar Agel p/suc.", originarios del 13º Juzgado Civil, con sentencia declarando hederos a su cónyuge Cecilia del Carmen Rodríguez y su hija Mirta Nancy Lemos; e) constancias de los autos nº 114.024 caratulados "Lemos Mirta Nancy c/Rodríguez Cecilia del Carmen y ots. p/Simulación" originarios del 13º Juzgado Civil", respecto de la titularidad del inmueble en el que funcionaba carrocerías Costanzo S.R.L., en el que ha sido declarada la caducidad de instancia; f) Acta de constatación notarial solicitada por Mirta Nancy Lemos de fecha 24-09-07, por el cierre del establecimiento; g) contrato social de la demandada siendo integrantes Cecilia del Carmen Rodríguez como socia mayoritaria y Mirta Nancy Lemos, de fecha 16-04 de 1995 y como gerente a Omar Angel Lemos; h) dos convenios respecto de la fecha de ingreso celebrados entre la empleadora y ...

Informativa: a) de la UOM respecto de los aportes efectuados: existen deuda pendiente; b) de la Municipalidad de Guaymallén: la empresa no registra a la fecha actividad comercial; se registra transferencia del inmueble a Alma SRL, hay una presentación de Cecilia del Carmen Rodríguez solicitando factibilidad por otro rubro en el año 2003, c) de la AFIP; d) del Registro de la Propiedad Raíz, el inmueble ha sido transferido;

Pericia contable: no pudo acceder a la documentación contable la perito actuante;

Confesional del actor Orlando Alfredo Carral (inserto a fs. 52 y sustituido el de fs. 72): "yo recibí órdenes de Carolina...cuando ella estaba en vida la Sra. Cecilia Rodríguez era quien daba las órdenes...y también firmaba los recibos de sueldo...la Sra. Mirta Nancy Lemos no trabajaba en la empresa...lo único que puedo decir es que solamente recibí órdenes de Carolina y de la madre, Cecilia...".

Confesional del actor José Fermín Seballo:"recibía órdenes de Carolina Torres y de Roberto Angélico... el sueldo me lo abonaba Carolina... yo recibí ordenes de Cecilia Rodríguez, mientras ella vivía era quien administraba la empresa... la Sra. Mirta Nancy Lemos no trabajaba en la empresa, no la vi nunca ahí... el Sr. Angélico era el esposo de Carolina Torres...".

Confesional de la demandada Mirta Nancy Lemos:"sí es verdad que...Omar Angélico adquirió el inmueble sito en carril Rodríguez Peña al 1000... Lemos construyó en ese inmueble un galpón y una casa familiar... vivió en ese inmueble hasta su fallecimiento...yo no viví ahí...no es verdad que estando como socia de la sociedad el manejo de la sociedad quedaba en manos de Lemos...estando vivo Lemos la empresa la manejó él, y cuando falleció la esposa, la hija y el yerno, Cecilia Torres, Carolina Torres la hija y Roberto Angélico, el yerno...".

Alcance de los convenios celebrados.

Debe dilucidarse el alcance de estos convenios a la luz del principio protectorio a favor del trabajador que rige en la materia laboral y del que deriva el de la irrenunciabilidad (art. 12 LCT) como asimismo por el de la buena fe que debe existir entre las partes aún en la etapa de extinción de la relación contractual (art. 11 LCT).

La transacción está revestida de formalidades que tienden precisamente a proteger el crédito del trabajador: debe realizarse ante autoridad judicial o administrativa y debe ser homologada, como dice el art. 15 de la LCT, cuando "mediare resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes".

Asimismo, el art. 40 del C.P.L. dispone que el acuerdo que celebren las partes para que tenga efectos de cosa juzgada y puedan ser ejecutados, debe ser homologado, sea ante autoridad administrativa o judicial. Tal disposición emana del principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, que a su vez deviene del carácter de orden público del Derecho del Trabajo que debe ser respetada en cuanto que, con la intervención del órgano administrativo o la autoridad judicial se ha alcanzado en cada caso una justa composición de los intereses en juego de las partes. En suma, la homologación conlleva la finalidad esencial de verificar el acuerdo conciliatorio, importando un análisis y un juicio de valor, una verificación del acto real -vuelvo a repetir- con una justa composición de los intereses de las partes. Entiendo que los fundamentos precedentemente expuestos, que se vinculan íntimamente con el principio protectorio de la materia laboral a favor del trabajador hiposuficiente, son los que, precisamente impiden considerar a los acuerdos de marras que no fueron homologados, no hacen cosa juzgada material y pueden ser objeto de revisión judicial.

Estamos en presencia de la franca de derechos irrenunciables que establece el art. 12 de la LCT, como es la real fecha de ingreso del trabajador, que va a repercutir en sus aportes jubilatorios en el cómputo del plazo para acceder en su momento a la jubilación, es decir, son aquellos derechos del trabajador que encuentran amparo en el régimen de indisponibilidad (arts. 7, 12,13 y conc. LCT) Este Tribunal como consecuencia de lo expuesto considera nulos los convenios celebrados por Riquelmes y Guevara con la empleadora y, siguiendo el principio de primacía de la realidad determina como real fecha de ingreso la que fuera denunciada por los actores.

Respecto de los restantes actores la fecha denunciada coincide la que registran los haberes acompañados en calidad de prueba instrumental.

En consecuencia, ha existido un vínculo de trabajo que uniera a los actores: Ledesma desde el 1 de Febrero de 1984 y hasta el 05-10-07 en la categoría de "oficial múltiple"; Riquelmes desde el 1 de Febrero de 2002 y hasta el 08-10-07 como "oficial"; Carral desde Abril de 1993el y hasta 01-10-07 el como "oficial múltiple", Oro desde el 1 de Febrero de 1984 y hasta el 01-10-07 como "oficial múltiple"; Guevara desde el 1 de Enero del 2002 y hasta el 05-10-07 como "oficial"; Seballo desde el 1 de Abril de 1993 y hasta el 12-10-07 en la categoría de "oficial metalúrgico"; y Fabre desde el 01-05-05 y hasta el 05-10-07 como "oficial", quedando regida por el C.C.T.260/75 y subsidiariamente por la L.C.T. 20.744 y sus modificatorias. Así voto.

2º cuestión.- La doctora Nenciolini dijo:

1- Salarios adeudados:

Los actores reclaman los haberes adeudados por la demandada por los meses de Agosto y Setiembre y S.A.C. prop./07.

Habiendo quedado resuelto a través del tratamiento de la precedente cuestión que el vínculo jurídico establecido entre las partes correspondió a un contrato de trabajo, el orden imperativo laboral es de aplicación automática respecto a los reclamos efectuados por los actores. Esto deriva de la circunstancia de encontrarnos frente a prestaciones de carácter alimentario, de cumplimiento forzoso, que vienen impuestas por la ley laboral por el simple hecho de la prestación de servicios por cuenta ajena.

Ante este supuesto, se produce el desplazamiento del peso probatorio, estando a cargo del demandado acreditar que efectivamente cumplió con el pago íntegro de los salarios (arts. 52, 54, 124, 140 y concordantes L.C.T. y 55 C.P.L.).

A tenor de la Escala Salarial del CCT de la actividad, resulta correcta la base salarial denunciada por los trabajadores.

Por lo expuesto y no habiendo acreditado la contraparte la cancelación de los rubros examinados precedentemente mediante la presentación de los instrumentos idóneos que impone la ley de fondo, corresponde acoger favorablemente los reclamos por dichos conceptos:

Orlando Alfredo Carral en la suma de $ 3.988,20, José Fermín Seballo, en la suma de $ 4.028,28, Héctor Leandro Oro, en la suma de $ 4.359,84 Sergio Gustavo Guevara en la suma de $ 3.160,20;

Mario Alejandro Ledesma en la suma de $ 4.359,84;

Carlos Ramón Riquelmes en la suma de $ 3.160,20, Pablo Pedro Fabre en la suma de $ 3.329,28.

2-Rubros indemnizatorios.

La liquidación de deuda de los accionantes se integra asimismo con los rubros indemnizatorios emergentes del despido.

Cada uno de los actores emplazan fehacientemente a la demandada aclare su situación laboral. Posteriormente, emplazan a que denuncie al pago de los aportes a los organismos de seguridad social. Ante el silencio de la accionada se dan por despedidos.

La respuesta por parte de la demandada a los reclamos de los trabajadores fue el rechazo de los reclamos por improcedente. Ello, el cierre del establecimiento y la falta de pago de los haberes de los dos últimos meses, acreditan la justa causa de la extinción del vínculo de trabajo siendo procedentes los rubros de indemnización por antigüedad, omisión de preaviso, integración mes de despido (y días trabajados en el mes de Octubre) y S.A.C. proporcional/07 (arts. 232, 245 y conc. LCT).

Orlando Alfredo Carral por $ 36.392,32, José Fermín Seballo por $ 36.841,97, Héctor Leandro Oro por $ 60.402,82, Sergio Gustavo Guevara por $ 14.615,92;

Mario Alejandro Ledesma por $ 60.402,832 Carlos Ramón Riquelmes por $ 13.799,54.

Pablo Pedro Fabre por $ 8.736,35.

Multa art. 2 ley 25.323.

Reclaman los actores el incremento de la indemnización en base a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 25.323 que aumenta en un 50% las indemnizaciones previstas por los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T. cuando el empleador fehacientemente intimado por el trabajador no las abonare, y consecuentemente le obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para su percepción, requiriendo en este caso intimación fehaciente al empleador a tales efectos.

Debe primeramente revisar si se cumplió con la intimación de pago. De las constancias de los despachos telegráficos cursados ha quedado demostrado ut supra que el empleador ha sido fehacientemente intimado al pago de esos rubros y que la demandada guardó silencio.

Esta multa es procedente para Orlando Alfredo Carral por $ 16.994,85, José Fermín Seballo por $ 17.120,19, Héctor Leandro Oro por $ 28.338,96, Sergio Gustavo Guevara, por $ 6.320,40 Mario Alejandro Ledesma 28.338,96 Carlos Ramón Riquelmes. por $ 6.320,40 Pablo Pedro Fabre por$ 4.022,88.

Multa art. 132 bis LCT.

El reclamo del actor respecto de obtener el cobro de la multa por no haber ingresado el empleador a los organismos recaudadores los descuentos en calidad de aportes previsionales y sociales efectuados sobre los salarios del trabajador, ha sido receptado en el art. 132 bis de la L.C.T. incorporado por el art. 43 de la Ley 25.345 llamada "antievasión".

Dicha norma fue reglamentada a través del Decreto 146/01 que fuera publicado el 13-02-01, en el que se dispone el recaudo formal previo para la procedencia de la sanción conminatoria, el emplazamiento fehaciente para que en el plazo de 30 días corridos al empleador ingrese los importes adeudados.

A los fines de determinar su alcance, coincido con lo expuesto por el Dr. Carlos Pose en una nota al fallo "Basualdo Mario c/Bueno Gustavo" Sala III- 28-06-94, (Doctrina Laboral nro. 234, Febrero/05- Errepar) en cuanto que, si bien es indiscutible que la conducta antijurídica merece una severa sanción, la dispuesta por el legislador peca de irrazonable y atentatoria contra el derecho de propiedad, y hasta cierto punto tiene un contenido paradójico en cuanto que no se está castigando al empleador de un trabajador en negro o clandestino, sino al que tiene al operario debidamente registrado, aunque, no ha cumplido con el depósito de las retenciones a los organismos de la seguridad social.

Por ello es que el art. 132 bis debe interpretarse con carácter restrictivo y sólo puede considerarse procedente cuando se demuestre cabalmente la configuración de una conducta ilícita.

Se debe prima facie verificar si se cumplen en autos con las condiciones para su procedencia: a) relación laboral extinguida con posterioridad a la vigencia de la Ley; b) Intimación fehaciente: los despachos telegráficos remitidos por los actores surge que han cumplido con el emplazamiento previo; c) retención indebida de recursos de la seguridad social previamente descontados al trabajador, lo que, claro está, importa un ilícito penal (art.9 ley 24.769).

Los bonos de haberes acompañados indican que los descuentos han sido efectuado y que conforme los informes de la AFIP y de la UOM la empleadora no ha cumplimentado el ingreso de los mismos.

Si bien el informe rendido por la AFIP hace referencia a dos de los actores solamente, el informe de la UOM indica la falta de pago respecto de todos los trabajadores. En consecuencia esta multa es procedente, debiendo la misma ser aplicada a partir de los cinco días de notificado el presente resolutorio a cada uno de los trabajadores conforme el salario que cada uno de ellos percibía, hasta el efectivo ingreso de los fondos a los organismos de la seguridad social.

Legitimación sustancial pasiva de los demandados.

La sociedad demandada, según surge del contrato social que se acompaña estuvo integrada por Mirta Nancy Lemos Lemos y por Cecilia del Carmen Rodríguez Ortiz, la que queda inscripta en el año 1999. Como gerente de la misma fue designado el Sr. Omar Angel Lemos.

Se acompaña la sentencia declaratoria de herederos de Omar Angel Lemos de fecha 14-12-04, por la que le suceden como herederos su cónyuge María del Carmen Rodríguez Ortiz y Mirta Nancy Lemos, hija de su primer matrimonio.

Los actores demandan además de la empleadora: Carrrocerías Costanzo S.R.L., a Carolina Alejandra Torres, Susana Mónica Torres y Mirta Nancy Lemos, invocando para ello el abuso de la persona jurídica, que importa pues el fraude laboral y por ende la responsabilidad de sus integrantes y/o controladores, como asimismo la calidad de herederas de la socia fallecida respecto de Carolina Alejandra Torres y su hermana Susana Mónica Torres, circunstancia esta última que también ha quedado acreditado en autos.

Es indudable el vínculo familiar y la calidad de herederas que relacionan a las demandadas, pero ello por sí solo, no habilita a extender la responsabilidad devenida de las obligaciones incumplidas del contrato de trabajo.

Entiendo que la extensión de la responsabilidad a los socios integrantes debe ser de interpretación restrictiva, es decir, sólo cuando la actuación de la sociedad demandada constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público laboral y la buena fe y frustrar derechos de terceros, so pena de caer en una amplitud que dejaría de hecho sin efecto el sistema legal que emana de los arts. 2 de la Ley 19.550 y arts. 33 y 39 del C. Civil.

Así lo ha resuelto nuestra S. Corte en el caso "Palomeque Aldo c/Benemeth S.A. y ot." del 03-04-03, que ha dicho "no corresponde hacer extensiva la condena si no ha quedado acreditado que estamos en presencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley que, prevaliéndose de dicha personalidad afecta el orden público laboral o evade normas legales (Del dictamen del Procurador Fiscal al que la Corte se remite y comparte). Y agrega el Superior Tribunal: "La personalidad diferenciada de la sociedad y sus socios y administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades y ésta configura un régimen especial porque aquellas constituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los relevantes motores de la economía".

Siguiendo la postura asumida por la C.S. de la Nación en el fallo mencionado y lo dicho en el caso "Cingiale María c/Pollego Agropecuaria y ots.", los Dres. López y Moliné OConnor -en disidencia- se pronunciaron estableciendo que "la norma en cuestión -el art. 54 de la L.S.- se orienta a sancionar la utilización ilegal del contrato de sociedad y no la ilegalidad de los actos por ésta realizados".

En el caso de marras ha quedado demostrada que la sociedad no fue constituida para ser una "pantalla" para defraudar a los trabajadores o a terceros.

La irregular registración laboral que se quiso efectuar de dos de los trabajadores en cuanto a su fecha de ingreso, hecho que constituye un fraude laboral y previsional que perjudican el derecho del trabajador y de otros terceros (sistema previsional, sector pasivo y comunidad empresarial) y en tanto que la sociedad misma ha sido el instrumento para dicha violación de la ley, entiendo que en este caso particular tampoco tiene entidad suficiente para admitir la inoponibilidad de la persona jurídica.

Pero, lo que resulta realmente atentatorio al principio protectorio que rige nuestra materia, es la desaparición fáctica de la sociedad demandada, es decir, cuando, quedando la sociedad en estado de insolvencia sin una causa legítima de fuerza mayor que la justifique frente a las acreencias de los trabajadores. Este hecho es el que puntualmente me permite extender la responsabilidad a sus integrantes y/o controladores, pues importa una conducta temeraria, negligente o abusiva de parte de estos últimos.

La prueba instrumental en especial el contrato social y las testimoniales rendidas demuestran que la sociedad demandada estaba integrada originariamente por Cecilia del Carmen Rodríguez como socia mayoritaria y Mirta Nancy Lemos, siendo su gerente el Sr. Omar Angel Lemos, quien habría dirigido la empresa hasta su fallecimiento.

Luego, la empresa fue dirigida por la Sra. Cecilia del Carmen Rodríguez, cónyuge de Omar Angel Lemos y, a la muerte de ésta, por su hija Carolina Alejandra Torres y su esposo.

Por su parte, Susana Mónica Torres, es heredera de Cecilia del Carmen Rodríguez Ortiz, pero no ha sido integrante de la sociedad ni ha participado en su dirección.

Surge asimismo de las testimoniales, que tampoco ha intervenido en la empresa la hija directa de Omar Angel Lemos, Mirta Nancy Lemos, aunque mantuvo su calidad de socia minoritaria. El acta de constatación notarial solicitada por esta última como asimismo los dichos de los testigos, demuestran que ella no tuvo intervención en la administración y dirección de la empresa.

El inmueble en el que funcionara siempre la empresa, en el Carril Rodríguez Peña al 1100, fue transferido en calidad de anticipo de herencia por Cecilia del Carmen Rodríguez a sus dos hijas: Carolina Alejandra Torres y Susana Mónica Lourdes Torres, transferencia de dominio que ha sido objeto de una acción de simulación por parte de Mirta Nancy Lemos.

El art. 155 de la Ley de Sociedades dispone que, para la incorporación de los herederos de uno de los socios a la S.R.L, debe ello estar previsto en el contrato social, lo que sí ocurre en autos.

Por otro lado, el art. 90 de la L.S. dispone que, en el supuesto que la sociedad estuviese constituida por dos socios, como es el caso que nos ocupa, la muerte de uno de ellos, es causal de disolución, lo cual resulta evidente ante la existencia de un solo integrante. Por ende, Mirta Nancy Lemos ya no sería integrante del ente societario, precisamente porque éste ya no existe como tal aunque sea desde el punto de vista fáctico, y fundamentalmente, porque todas las probanzas ut supra analizadas, inclusive los testigos, demuestran que nunca tuvo participación activa en la administración de sociedad.

Si bien formalmente no se efectuó la disolución de la sociedad luego de la muerte de Cecilia del Carmen Rodríguez, la empresa siguió funcionando dirigida por sólo una de las herederas de Cecilia del Carmen Rodríguez, quien resulta única responsable en su calidad de administradora y controlante de la empresa frente a los trabajadores es decir, Carolina Torres.

La otra heredera de Cecilia del Carmen Rodríguez, que es Susana Mónica Lourdes Torres resulta ajena a la sociedad, no ha sido socia ni tampoco controlante del ente societario como surge de la prueba rendida.

Aún cuando no figurase como titular de la explotación, si la codemandada Carolina Torres utilizó los servicios de los trabajadores y consecuentemente se benefició con ellos, resulta de aplicación lo normado en los arts. 14, 21 y 26 de la LCT.

La inoponibilidad de la figura societaria tiene como fin responsabilizar en forma directa a los socios o controlantes que hicieron uso abusivo de la misma y, en relación a los trabajadores, su aplicación práctica está dirigida a evitar el fraccionamiento artificial de la antigüedad -como el caso que nos ocupa- o, en otros casos, la elusión de la responsabilidad patrimonial de los verdaderos usufructuarios del trabajo.

Entonces, en este caso concreto, y en base a las probanzas ut supra analizadas y circunstancias fácticas que rodean el caso de autos, es admisible la desestimación de la persona jurídica y por ende la responsabilidad solidaria de la codemandada Carolina Alejandra Torres. (arts. 54, 59 y 274 de la L.S. y art. 11 y 14 y 29 L.C.T.).

Se admite entonces la Defensa de Falta de Acción interpuesta por Susana Mónica Lourdes Torres y por Mirta Nancy Lemos y se rechaza la interpuesta por Carolina Alejandra Torres.

En conclusión la demanda prospera por la suma de $ con más los intereses legales a calcular desde Octubre/07 hasta el momento del efectivo pago.

Respecto de las ley 7198 y 7358, en virtud del fallo plenario dictado por nuestro Superior Tribunal en los autos nº 80.131 carat."Amaya Osfaldo Dolores en J.11.075 Amaya Osfaldo Dolores c/Boglioli Mario p/Despido s/Inc. Cas.", la ley 7.198, como lo viene sosteniendo reiteradamente toda nuestra jurisprudencia no puede ser declarada inconstitucional in abstracto, sino cuando, en el caso concreto la aplicación de la tasa pasiva, importa un perjuicio al derecho de propiedad del acreedor, es decir, que resulta "insuficiente para indemnizar el daño moratorio producido dado el destino específico que las sumas de dinero tenían conforme la naturaleza de la obligación reclamada", importando a su vez la violación al principio de igualdad ante la ley (L.S.334-219). Declara asimismo la inconstitucionalidad de la Ley 7358 en cuanto que dispone la aplicación retroactiva de esa norma.

Posteriormente, al resolver nuestro Superior Tribunal la inconstitucionalidad en el caso concreto de esos obrados, recuerda que los fallos emitidos por los tribunales han procurado adaptarse a la cambiante problemática económica que se vive en el país.

En autos del 28-05-09 caratulados "Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en J. 146.708/39.618 Aguirre Humberto c/OSEP P/Ejec. Sentencia s/Inc. Cas.", ha resuelto la inaplicabilidad de la ley 7.198, a cuyos argumentos me remito por razones de brevedad, disponiendo que corresponde aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.). Entonces, se aplica la tasa de interés que fija el fallo precitado y hasta el efectivo pago del crédito. Así voto.

3º cuestión.- La doctora Nenciolini dijo:

Las costas se condenan solidariamente a cargo de los demandados vencidos (arts. 31 y 77 C.P.L. y 35 y 36 C.P.C.). Así voto.

El Tribunal en Sala Unipersonal resuelve: 1-) Declarar para este caso concreto la inconstitucionalidad de la ley 7.198. 2-) Rechazar la defensa de falta de acción interpuestas por Carolina Alejandra Torres y admitir la defensa de falta de acción interpuestas por Mónica Lourdes Torres y por Mirta Nancy Lemos y en consecuencia hacer lugar a la demanda por los conceptos de Haberes Agosto, Setiembre, días trabajados en Octubre/07, S.A.C. prop./07, indemnización por antigüedad, omisión de preaviso, integración mes de despido, Multa art. 2 ley 25323 y Multa art. 132 bis de la LCT (la que se calculará a a partir de los cinco días de notificado el presente resolutorio) instada por Orlando Alfredo Carral en la suma de pesos cincuenta y siete mil trescientos treinta con 37/100 ($ 57.330,37), José Fermín Seballo en la suma de pesos cincuenta y siete mil novecientos noventa con 44/100 ($ 57.990,44), Héctor Leandro Oro en la suma de pesos noventa y tres mil ciento uno con 62/100 ($ 93.101,62); Sergio Gustavo Guevara en la suma de pesos veinticuatro mil noventa y seis con 52/100 ($ 24.096,52), Mario Alejandro Ledesma en la suma de pesos noventa y tres mil ciento uno con 62/100 ($ 93,191,62), Pablo Pedro Fabre en la suma de pesos dieciséis mil noventa y uno con 52/100 ($ 19.091,52) y por Carlos Ramón Riquelmes en la suma de pesos veinticuatro mil noventa y seis con 52/100 ($ 24.096,52), con más los intereses legales a calcular conforme lo dispuesto en la Segunda cuestión, contra Carrocerias Costanzo S.R.L. y contra Carolina Alejandra Torres en forma solidaria, con costas a cargo de la demandadas vencidas en forma solidaria. 3-) Póngase en conocimiento de la A.F.I.P. de la resolución recaída en las presentes actuaciones a los fines de que extraiga compulsa de las mismas de así corresponder, en virtud de lo prescripto por la Ley 25.345. 5-) Oportunamente practíquese liquidación por intermedio del Departamento Contable y regúlense los honorarios de los letrados y perito actuantes. 6-) Emplazar a las demandadas para que en forma solidaria abonen en el plazo de cinco días Aportes Jubilatorios ley 5059 y Derecho fijo colegio de Abogados, y en el plazo de treinta días la Tasa de Justicia, bajo apercibimiento de ley. Cúmplase, regístrese y notifíquese.- María Del C. Nenciolini.