marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ordenanzas municipales, empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

La naturaleza pública del ente demandado, Instituto Frigorífico Municipal, resulta incontestable, ponderando para ello que su constitución resulta de una norma estatal (artículo 1, Ordenanza 8645); que su conducción ejecutiva es designada por la administración (artículo 14), quedando sujeta a contralor permanente de aquélla (artículos 18, 24, 25) que inclusive puede intervenirlo (artículo 4); que obtuvo su patrimonio del estado municipal (artículo 7), el que asimismo, con posterioridad, resolvió liquidarlo (Ordenanza 9464) asumiendo su activo, pasivo y personal (artículos 6 y 7 d esta última); tratándose, en definitiva de una "entidad autárquica" en ejercicio de actividad estatal descentralizada específica (y no de una forma asociativa sujeta al derecho común), cuya función primordial para la que fuera concebida era la intervención en el mercado de carnes a fin de "prever y promover el abastecimiento a la población", en lo que constituía una emanación del poder de policía estatal dirigido a la "promoción del bienestar general". De allí que las opiniones referidas a que el Instituto "se desenvuelve como empresa comercial, con una personalidad jurídica de derecho privado" resultan de una captación parcial y fenomenológica de algunos modos de actuación del ente público en el mercado a título del cual, por ejemplo, una futura universidad estatal arancelada debiera, en la misma lógica, merecer tratamiento de persona de derecho privado. (De los Fundamentos del Dr. Machado). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Destrucción, pérdida, avería y retraso de la carga, transporte marítimo, prueba, responsabilidad del transportador, imprudencia
Materia: CIVIL
Carátula: Cargo S.A. c/ CAP y/o ARM y/o PROP BQ STADT BREMEN s/ Faltante y/o avería de carga transporte marít.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-06

Tiene pleno valor como prueba definitiva de los hechos alegados la falta de entrega del yate motor Sea Ray Sundancer 54.5 ft. y juzgo que la demandada no ha obrado con la debida diligencia. En efecto, entiendo en este punto que la empresa accionada no podía desconocer las graves consecuencias derivadas de la omisión de declarar la carga ante las autoridades aduaneras brasileñas, por lo que es justo que deba responder por el perjuicio ocasionado a la accionante en forma integral, pues su conducta ha sido temeraria e imprudente.
Poder Ejecutivo Municipal, intendente, suspensión del agente
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PAREDES, NESTOR REINALDO c/ CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPALIDAD DE LAS JUNTAS s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-03-23

De acuerdo a la legislación local vigente no se prevé el instituto de la suspensión del ejecutivo municipal por decisión del concejo deliberante.

Si la elección del intendente, ediles, legislador constituyente o integrante de la legislatura se produce mediante la elección directa de los ciudadanos, estos deben ajustarse al mandato de representación conferido,enmarcado en las normas jurídicas existentes para el cumplimiento de sus funciones. Esta expresión política no puede ser modificada por los jueces, para convalidar un pronunciamiento jurídico no autorizado por las normas vigentes.
Reenvío, sentencias de segunda instancia, preclusión
Materia: LABORAL
Carátula: Giménez, Juan Carlos s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-03-08

Las cuestiones que ya habían sido definidas por el fallo originario sin que lo allí decidido mereciera, en esos aspectos, cuestionamiento oportuno de la parte interesada, no constituyeron puntos controvertidos ante la casación y por ende, también escaparon a la posibilidad de la revisión o alteración en la sentencia a dictarse por efectos del reenvío. No correspondía al Tribunal del reenvío inmiscuirse en cuestiones en las que preclusión mediante el debate estaba ya cerrado.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Sur Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-08-28

El carácter excepcional del Recurso Extraordinario, determina que el Tribunal que se deba expedir sobre la procedencia formal del mismo, aplique un criterio estricto y restrictivo, acorde con la naturaleza asignada.
Medidas cautelares, Derecho procesal, intervención judicial, interventor recaudador, admisibilidad del recurso, recursos, reducción de la regulación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fisco Nacional - A.F.I.P. c/ Transportes Automotores La Estrella S.A. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

Resulta admisible la coexistencia de intervenciones designadas en distintos juicios, a fin de recaudar parte de sus ingresos, ya sea contemporáneamente dentro de distintos porcentajes o bien en forma sucesiva (cfr. Farsi - Yañez, "Código Procesal Comercial", Tº 2, pág, 137). Por esa razón, no es posible prescindir de la norma del art. 223 del C.P.C.C., que obliga al juez a determinar el monto de la recaudación dentro de un porcentaje no superior al 50% de las entradas brutas (cfr. Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", Tº VIII, pág. 208; Falcón, Enrique, "Código Procesal Anotado", Tº II, pág 327; y C.N.A. Civ. y Com. Fed., Sala I, sent. del 14.10.99, "Fisco Nacional - D.G.I. c/ P. L. Rivero y Cía. S.A."). Por ello, aunque el embargo decretado haya sido fijado en un porcentaje menor al previsto por la norma procesal, no puede subestimarse la circunstancia de que la suma de las medidas dispuestas en los distintos juicios -en el caso veintiuno, en los que intervienen las mismas partes- supera ampliamente el límite legal establecido, lo cual además de hacer difícil el cumplimiento de la medida, atenta contra el funcionamiento y subsistencia de la empresa. En consecuencia, resulta procedente la reducción del porcentual afectado a las medidas precautorias (arts. 195, 209, 223 y 224 del C.P.C.C.). (Disidencia del Dr. Poclava Lafuente).
Retención indebida, restitución de bienes, automotores, leasing, patrimonio de la empresa
Materia: PENAL
Carátula: SAID, Marcos H. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

Incurre en el delito contemplado en el art. 173, inc. 2°, C.P., quien, teniendo la obligación de devolver el vehículo que había recibido en su oportunidad como objeto de un contrato especial que no pudo perfeccionarse ante el incumplimiento de lo pactado por su culpa, lo retiene en su poder aduciendo que de haber actuado de otra forma, provocaba que la sociedad de la cual era presidente, incurriera en un delito en detrimento de la masa de los acreedores, situación que no ocurrió por cuanto no abonó la totalidad de las cuotas estipuladas ni ejerció la opción de compra del bien por lo que no puede considerárselo como ingresado al patrimonio societario.
Nulidad procesal, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: ALFANO, RICARDO s/ Contrabando de estupefacientes, Incidente de apelación promovido  por  el Dr. Marambio de la Vega Causa Nro. 33468.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-12

En lo concerniente a la nulidad de actuaciones producidas en la instrucción debe conocer, en primer lugar, el propio Juez a cargo de dicho trámite (Cf. art. 170 "in fine" y art. 466 C.P.P.) por lo que no corresponde hacer mérito en Cámara de las argumentaciones del apelante en sus agravios, siendo además según surge de los autos que se ha dado sustanciación incidental separada a dicha cuestión).
Delito penal, cauciones
Materia: PENAL
Carátula: HECTOR RENE ARIAS c/ SUAREZ SERGIO SANTOS Y SUAREZ JAVIER ROLANDO s/ S.D. LESIONES LEVES -CASACION-MODIFICACION DE FIANZA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-09-11

Si se trata de un delito grave, no se podrá admitir una caución irrisoria, porque entonces sería fácil para el imputado sacrificar la suma depositada y ponerse en fuga.
Competencia comercial, contrato de caja de seguridad, robo, responsabilidad del banco
Materia: PROCESAL
Carátula: MÓNACO,  Francisco Oscar c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESy otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-01

En un acción de daños y perjuicios contra el Banco Provincia y/o quien resulte civilmente responsable con motivo del robo perpetuado en el sector de cajas de seguridad, dicho reclamo gira en tomo a la responsabilidad que el cabría a la entidad bancaria en la falta de vigilancia que es exigida en el contrato (caja de seguridad), en consecuencia debe tramitar ante la Justicia Comercial. (arts. 8, inc. 3 y 7 del Código de Comercio).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, doble instancia, Pacto de San José de Costa Rica, querellante, imputado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carro Evangelista, Delia y otros s/ falso testimonio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

La garantía de la doble instancia judicial reconocida en la Convención sobre los Derechos Humanos como un derecho fundamental de las personas, no se encuentra dirigida exclusivamente a quien resulta imputado del delito, sino también a otras partes legalmente constituidas en un proceso penal determinado, como es el caso de la presunta víctima de un delito devenida en querellante (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Reordenamiento del sistema financiero, depósito bancario, depósito en moneda extranjera, indisponibilidad de los depósitos, reprogramación de los depósitos, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: ECONOMIA-CONSTITUCIONAL
Carátula: Anitua Julio Mario -incidente med. c/ PEN- Dto 214/02 s/ amparo  ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-09

Habiéndose suplantado el régimen de convertibilidad monetaria -en virtud del cual "un peso" era igual a "un dólar"- (conf. ley 23.928) por uno de flotación del valor de la moneda nacional con relación a esa moneda extranjera (conf. decreto 260/02), la conversión a pesos -"pesificación"- de los depósitos realizados en dólares -al valor de "pesos uno con cuarenta por cada dólar estadounidense..." (conf.

art. 2, decreto 214/02)- sumada a la reprogramación de su devolución Ben 12, 18, o 24 cuotas mensuales a partir de enero, marzo, junio o septiembre de 2003, según el monto de lo depositado- (conf.

resolución 46/02), afecta prima facie el derecho de propiedad, reconocido en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional.
Cuestiones de competencia, daños y perjuicios, ley de defensa del consumidor
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gerbilsky, Graciela Noemí c/ Consorcio de Propietarios calle Gascón 1738/1744 sobre Contratos y Daños - RC - Otros s/ Conflicto de Competencia, expte. SAOyRC n° 58368/23-0
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil debido a que la parte actora no ha fundado su demanda de daños y perjuicios en norma alguna de la Ley de defensa del consumidor, sino que ha peticionado que se condene al consorcio de propietarios de su edificio a repararle todos los daños que le han generado distintas obras que se realizaron en las partes comunes el edificio y que impactaron en su inmueble. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Competencia federal, servicio telefónico
Materia: PROCESAL
Carátula: Iezzi, Gabriel s/ Querella
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-17

Es competente la justicia federal en razón de que al hallarse el usuario impedido de establecer comunicaciones por medio de su línea telefónica, se vio afectada de modo concreto la prestación del servicio público sometido por ley a la jurisdicción nacional.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Acuña, Carlos Alberto s/ Violación de los deberes de funcionario público
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-12

La sentencia carece del apoyo legal mínimo para ser tal y en consecuencia debe ser anulada si la Cámara, al abordar el tema relativo a la autoría y responsabilidad del procesado, se limitó a señalar las fojas de varias declaraciones, sin cita legal alguna por la que pueda discernirse el medio de prueba utilizado ni exteriorizó una valoración de aquéllas que permita deducirlo o inferirlo, omitiendo toda referencia cualitativa a tales deposiciones.
Notificación, notificación personal, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: M., R. M. s/ ADOPCION PLENA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 450-89 ROULET, LUIS RAFAEL c/ TAVERNA IRIGOYEN, JORGE Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 456-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-01|1992-03-19

Las distintas clases y modos de comunicación procesal deben aprehenderse con una visión de conjunto que muestre el orden de preferencia o gradación de ellos, algunos de cuyos eslabones serán discutidamente ubicados según se dé prevalencia al factor conocimiento, al factor formalidad o al factor seguridad. En el primer lugar estaría la notificación personal; le seguiría la notificación por cédula cuando ésta es recibida directa y personalmente por el destinatario, quien suscribe la atestación efectuada por el oficial público, que da cuenta de ello; luego habría que considerar la cédula aun cuando no conste la firma del interesado teniendo en cuenta los mecanismos que prevé el artículo 63 del Código Procesal Civil y Comercial: continuarían las notificaciones fictas, automáticas o "por ministerio de la ley" ya que, a la incertidumbre sobre el conocimiento real, se antepone la seguridad o certeza de sus efectos prevenidos por la ley; y por cierto, en el último escalón quedarán las siempre problemáticas tácitas y los edictos.
Juicio de apremio, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cercitta, Sandra Elisabet s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

En los juicios de apremio, únicamente es admisible el pago total documentado (art. 6 inc. "c" del decreto ley 9122/78), motivo por el cual, los comprobantes acompañados por la ejecutada que acreditan "pagos parciales", no pueden servir de sustento a la referida excepción; sin perjuicio de que lo pagado pueda ser considerado en oportunidad de practicarse la correspondiente liquidación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Paesano, Beatriz c/ Clínica Privada Santa Ana y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-12-20

Cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis, no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental lo que no hizo el recurrente, por lo que corresponde rechazar los agravios formulados.
Ejercicio profesional, abogados, matrícula profesional
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ, Germán c/ GALLI, Federico s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-28

El abogado, con una única inscripción o registro que corresponda al de su domicilio real, se encuentra facultado para ejercer su actividad en todo el territorio de la la República (conf.

art. 12 del decreto 2284/91, art. 29 de la ley 24.037 y decreto 2293/92).-
Sentencia arbitraria, falta de fundamentación, sentencia absolutoria, cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, relación de causalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: J., A. M. c/ EL CONDOR ETSA y Otros s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-02-04

En lo concerniente a la sentencia absolutoria, la CSJN. al resolver Aguirre Chandi vs. Condello Eduardo (L.L., 1997-D-249), estableció que: "Es procedente el recurso extraordinario aunque las impugnaciones remitan al exámen de cuestiones fácticas y de derecho común, si la decisión cuestionada se basa en una exégesis irrazonable de la sentencia penal absolutoria - cuyos efectos hizo extensivos al proceso civil, por aplicación del art. 1103 del Cód. Civil -, limitándose a un análisis aislado de los diversos elementos obrantes en la causa, sin atender al motivo principal utilizado en sede penal para absolver al imputado. Ello, pués transgrede la adecuada fundamentación de los fallos judiciales, como exteriorización del cumplimiento de la garantía del debido proceso de los justiciables".

Con lo que, ni aún la sentencia absolutoria es obstativa para que el Juez civil pueda conocer de la causa, salvo los limites impuestos por la propia ley (CSJN, L.L. L998,f - 539) "Queda limitada a la materialidad de los hechos y a la autoría, sin comprender las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciaciòn de la culpa". Para entenderlo, como lo dijo la CSJN. en los precedentes citados, habrá de remitirse a la nota que el Codificador le puso a los Arts. 1102 Y 1103, donde Vélez Sársfield comenta la disputa entre Merlin y Toullier, y cita a otros autores franceses..
Transporte marítimo, averías, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GRANDIO Y LOPEZ S.A. c/ BUQUE 'EVANGELOS HNOS'. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-16

Si bien como regla general la obligación de naturaleza resarcitoria que tiene el transportista marítimo en caso de incumplimiento debe ser satisfecha en moneda de curso legal en nuestro país, nada impide que las propias partes interesadas en el cumplimiento de aquélla acuerden su pago en una moneda extranjera que ponga el crédito a resguardo de las vicisitudes inflacionarias.

(Sala 1,1888,160883)
Relación de dependencia, trabajadores de la construcción, sereno de obra, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ALFONSO, NORBERTO c/ PANIAGUA, LUIS ALBERTO s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-15

La prestación de las labores de sereno en una obra en construcción se encuentra regulada por el art. 12 de la CCT 76/75 que determina una jornada de 12 horas corridas, en tanto no cumplan otros servicios que los de vigilancia y custodia. De lo contrario, cuando la labor trae aparejada la obligación de ejercer una actividad de otra índole, en el caso: en calidad de medio oficial albañil, la jornada a computar será de 9 horas. La norma determina la posibilidad de prestar funciones conjuntas para un mismo empleador, en exceso de la jornada máxima legal, cuando una de las labores representa la mera presencia en el lugar de trabajo sin comprometer una labor activa durante el lapso de cumplimiento de las funciones de sereno.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Monzón, Carlos s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

En materia de juicio oral, denegada en la oportunidad prevista legalmente la producción de una prueba, la defensa no puede impugnar la denegatoria en su recurso de inaplicabilidad de ley si, en lugar de asentar la protesta que exige ese precepto, se limita a pedir reposición de la medida.
Concursos, honorarios, deberes del síndico del concurso, homologación del acuerdo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Casa Casmma SRL c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-03

La regulación de honorarios del síndico por el control del cumplimiento del acuerdo homologado deberá efectuarse con base en el monto efectivamente pagado a los acreedores (conf. ley 24522: 289).

En cuanto a los honorarios del letrado de la concursada, la LCQ 289 no prevé que le sean fijados estipendios al mismo, en tanto no es controlante del cumplimiento del acuerdo.
Homicidio preterintencional, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: Coronel, Onésimo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

En el art. 81 inc. 1º ap. b) del Código Penal la "racionalidad del medio empleado" para provocar la muerte no debe ser apreciada sólo en su consistencia o poder vulnerante, valorando exclusivamente sus cualidades intrínsecas, sino atendiendo también a la forma como se usó, a la persona que lo usó y la que resulta víctima del hecho. Y al hablar de "la forma en que es utilizado", hay que atender al grado de intensidad y reiteración de los actos ofensivos, así como también de la dirección que se imprime al ataque.
Verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Platense c/ Incidente de verificación tardía de crédito en Corbalán, Santiago s/ Concurso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

En el supuesto de que el trámite del incidente de verificación tardía concluyera antes de la fecha designada para la celebración de la junta de acreedores, no existe impedimento alguno para que el acreedor participe en ella, pues resultará un acreedor verificado (art.46, párr.2, ley 19551). Es que, si la mera deducción del incidente solicitando verificación (art.59, ley citada), habilita al interesado para impugnar el acuerdo preventivo, con mayor razón debe admitírselo en la junta, si antes de la celebración de ésta, obtuvo verificación mediante el trámite del art.303 y siguientes.
Recurso de casación, accidentes de trabajo, exceso ritual manifiesto, prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: PEÑA BAEZA JORGE HERALDO c/ PETROMEN S.A. Y OTROS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-09-09

Resultan las conclusiones arribadas respecto de la necesidad de la nueva pericial médica, la ausencia de su producción y carga probatoria como un elemento de excesivo rigor ante la acreditación en la reclamación civil intentada donde se reconoce la lesión concreta en el actor a raíz de la secuela producida por el accidente. Elementos probatorios que deben analizarse en formal integral y armónica, máxime cuando no estamos ante un caso en que la ley otorgue expresamente primacía a determinado medio probatorio, todos los elementos incorporados en la causa contribuyen a formar la convicción del juzgador.
Contratos, buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laguagua S.R.L. c/ Banco Río de la Plata S.A. s/ Cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-29

Los contratos bancarios son (generalmente) contratos por adhesión, regidos por condiciones generales impuestas por una de las partes (el banco) y traducidas en formularios uniformes como expresión de la contratación en masa, substraída en general a la libre discusión de las partes. Quien prepara un contrato para someterlo a la adhesión de otro contratante, debe "hablar claro" no pudiendo, de no obrar así, imputar a nadie más que asimismo su propia torpeza o malicia: en caso de duda, el principio de buena fe conduce a interpretar el contrato en sentido adverso a quien lo redactó.