Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-12-30


SENTENCIA NUMERO: CUARENTA Y SIETE En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a treinta días del mes de diciembre de dos mil diez, se reúne en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia de Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 57/10, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por los Dres. Marcos Denett y Ricardo Prevedello, en causa Nº 250/08 - 'BAIGORRIA, Noelia y Otro - Homicidio Calificado por Alevosía, etc.'", contra la Sentencia Nº 11/2010, dictada con fecha catorce de abril de dos mil diez, por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación. El Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la sentencia por haber violado el principio lógico de no contradicción? 2º) ¿Es nulo el fallo impugnado por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 11/2010, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P..

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 26, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia nº 11/2010, del 14/04/2010, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "1) Declarar culpable a Noelia Gabriela Baigorria, de condiciones personales ya mencionadas en la causa, como coautora penalmente responsable de Homicidio simple, condenándola en consecuencia a sufrir la pena de veintidós años de prisión, con accesorias legales y costas (arts. 79, 12, 40, 41 y 45 del C.P. y art. 537 del C.P.P.)...".

II. Contra el decisorio aludido, comparecen los Dres. Marcos Denett y Ricardo Prevedello -en adelante los recurrentes-, en su calidad de asistentes técnicos de la acusada, Noelia Gabriela Baigorria, e interponen recurso de casación invocando los motivos formal y sustancial previstos en los incisos 2º y 3º, respectivamente, del art. 454 del C.P.P..

II. a. Luego de fundar la impugnabilidad subjetiva y objetiva de su pretensión, y de efectuar una síntesis de la causa, los recurrentes centran sus críticas, cuestionando, por una parte, la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, tildando el fallo de contradictorio y arbitrario (art. 454 inc. 2º del C.P.P.); por el otro lado, la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización judicial de la pena (art. 454 inc. 3º del C.P.P.). Argumentan, que de la confrontación de la prueba debidamente incorporada a debate, con el fallo recurrido, resulta totalmente absurda, injusta y arbitraria la aplicación de una pena de veintidós años de prisión. Aseveran que pese a que el tribunal hizo referencia a los antecedentes de su representada, no los ha valorado, pues de lo contrario, jamás podría haber impuesto semejante escala penal en la especie. Manifiestan que tampoco se ha ponderado a su favor su juventud ni su predisposición a seguir estudiando, circunstancias que inexorablemente debieron ser tenidas en cuenta a efectos de mensurar adecuadamente la pena. A continuación, transcriben párrafos del fallo que estiman pertinentes, concluyendo que los fundamentos brindados por el a quo al tratar la Primera y Segunda Cuestión, colisionan y se contradicen con los dados en relación a la Tercera Cuestión (a. el daño causado: muerte; b. gravedad de la naturaleza y la modalidad delictiva empleada). Consideran que el tribunal ha arribado a una conclusión arbitraria y contradictoria, a través de un razonamiento equivocado, producto de la no valoración y/o equivocada valoración del plexo probatorio ingresado al debate, renegando de la sana crítica racional en la valoración de aquél. Resaltan que en los fundamentos vertidos en las dos primeras cuestiones, se hace referencia expresa a que los condenados tuvieron una agresión intempestiva y súbita, basada en un rapto emocional incompatible con cualquier conducta de preordenación o asimilable. No obstante ello, se apartan de sus razonamientos y conclusiones, y de la prueba producida, como si intentaran volver a reflotar una pseudo calificación -enfatizan- que el tribunal ya había descartado, al encuadrar la conducta de Baigorria en el delito de homicidio simple; no obstante ello -acentúan- proceden a imponerle la increíble y arbitraria pena, casi máxima, prevista para la especie. Resaltan que en base al razonamiento dado por el juzgador al considerar la Tercera Cuestión, jamás se diferenciará entre un homicida que puede llegar a cometer un delito atroz, con aquellos que, como en autos, por esas cuestiones de la vida, cometieron un delito intempestivo, súbito y producto de un rapto emocional. Finalizan argumentando que la pena impuesta resulta verdaderamente irrazonable (art. 28 C.N.). Solicitan, se revoque parcialmente la sentencia recurrida y se aplique a su asistida el mínimo de la escala prevista para el delito de homicidio simple; esto es, ocho años de prisión, o pena próxima a la misma.

Por último, formulan expresa reserva del caso federal.

III. Como puede apreciarse, el núcleo central de la cuestión a dilucidar, radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados, han incidido o no, en la correcta motivación del fallo en orden a la individualización judicial de la pena impuesta a la imputada, Noelia Gabriela Baigorria. Los recurrentes, concretamente denuncian la indebida fundamentación de la pena, pues su reproche se dirige a cuestionar, por un lado, que los fundamentos brindados por el a quo al tratar la Primera y Segunda Cuestión, colisionan y se contradicen con los dados en relación a la Tercera Cuestión; y por el otro, que se ha omitido valorar circunstancias atenuantes, las que a modo de ver de los impugnantes, hubiesen impactado favorablemente en la determinación final del quantum de la condena, razón por la cual, solicitan que se aplique a su defendida, el mínimo legal de la escala sancionatoria prevista por art. 79 del C.P..

III. a. En forma liminar, cabe analizar si efectivamente la motivación del fallo en crisis resulta contradictoria, conforme lo afirma la defensa de Baigorria en el escrito recursivo -bajo los títulos: "Insuficiente e ilógica motivación" y "La sana crítica en la merituación de las pruebas ingresadas al plenario"-.

En la señalada dirección, resulta conveniente recordar que la violación del principio lógico de no contradicción, es un defecto que se verifica cuando "se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho, o, viceversa, y después se afirma otro que en la precedente motivación estaba explícita o implícitamente negado, o bien se aplica un distinto principio de derecho" (NUÑEZ, Ricardo, "Código Procesal Penal", Lerner, 2da. edición, Córdoba, 1986, nota 7 al art. 417, pág. 394; DE LA RUA, Fernando, "La casación penal", Depalma, Bs.As., 1994, ps. 156/158).

Asimismo, es requisito lógico de ello que la oposición resida en dos juicios referidos al mismo objeto, toda vez que no puede achacarse dicho antagonismo cuando los argumentos o manifestaciones del tribunal no se refieren a las mismas circunstancias o hechos a probar.

Tal identidad de premisas, no se registra en el sub examine. Los recurrentes ponen en colisión el tramo del decisorio en el cual se descarta la figura de Homicidio Agravado por Alevosía (art. 80 inciso 2º del C.P.), con la atribución del delito de Homicidio Simple (art. 79 del C.P.). Sin embargo, cotejado el reproche con las constancias de la causa, se advierte que la consideración que efectúa el a quo en cuanto a que: a) la víctima contaba con una contextura física considerable en relación a la confrontación corporal de los jóvenes; b) que la víctima no estaba totalmente indefensa; c) que la agresión letal por parte de Coronel con incidencia directa en el resultado acaecido, fue intempestiva y súbita; esto es, no fue buscada ni tenida en cuenta como condición de obrar; d) que la conducta de los imputados respondió a un raptus emocional incompatible con cualquier conducta lindante con la preordenación, premeditación o a un aprovechamiento abusivo asimilable a un estado de indefensión preexistente; e) que los condenados ni siquiera conocían el lugar donde matarían a la víctima; f) que podrían haber esperado la corroboración de su pretendido objetivo criminal en el mismo contexto homicida y no salir corriendo como lo hicieron; g) que recién se enteraron de la muerte de Ortega con el transcurso de los días; lo es, en relación a la exclusión de la figura de Homicidio Agravado por Alevosía, y no respecto del tipo penal -Homicidio Simple- por el cual finalmente fue condenada la imputada Baigorria.

En efecto, puede leerse en la resolución en crisis, que el sentenciante proclama "...La construcción conceptual alcanzada resulta atrapada por el tipo penal de Homicidio Simple", descartando así, la figura legal solicitada por el Ministerio Público Fiscal. A continuación da razones: "...para la presencia de la agravante de Alevosía deben concurrir dos requisitos: 1º) Estado de indefensión de la víctima (Elemento objetivo), ya sea que éste haya sido procurado por el autor o un tercero, o simplemente aprovechado por él, y 2º) Aprovechamiento del estado de indefensión por parte del autor para dar muerte sin correr ningún riesgo para sí (Elemento subjetivo), presupuesto en definitiva, esencial y determinante de la circunstancia calificante...descartamos la aplicación de la agravante, toda vez que entendemos, de conformidad al hecho que ha resultado acreditado, la víctima contó con posibilidades de defensa y resguardo de su integridad, a punto de restablecerse del empujón con caída al agua y poder trasladarse por sus propios medios hasta la orilla de la represa y subir por la vegetación colindante en dirección al murallón -sin que el antecedente de la sujeción de sus manos haya actuado como circunstancia inhabilitante seria por lo razonado-, sito donde resulta consumada la postrera agresión letal por parte de Coronel con incidencia directa en el resultado acaecido, la que inferimos de carácter intempestiva y súbita atento el desenvolvimiento de los sucesos -esto es, que no fue buscada ni tenida en cuenta como condición de obrar, ni mucho menos determinante de su quehacer nocivo; al igual que la anterior agresión con una piedra por parte de la coimputada Baigorria-, raptus emocionales incompatibles con cualquier conducta lindante con la preordenación, premeditación o asimilable a un aprovechamiento abusivo de un estado de indefensión preexistente. Por otro tanto, colegimos que los acusados de haber actuado con una planificación previa que les garantice el éxito de tan macabra empresa- lo que desde el vamos resulta poco comprensible ya que se trataba de sujetos que ni siquiera conocían el lugar donde matarían a la víctima, asegurándose su integridad y posterior impunidad-, y principalmente la concreción de una muerte sobre seguro sin correr ningún riesgo para sí proveniente de la víctima -reacción que podría haberse producido en caso que Ortega hubiera traspasado el murallón y llegado al playón del Dique- o de terceros -también probable en razón de tratarse de un sitio habitualmente concurrido pro grupos de personas-, podrían haber esperado la corroboración de su pretendido objetivo criminal en el mismo contexto homicida y no salir corriendo como lo hicieron, y sin saber si Ortega habría muerto o no, para recién enterarse con el transcurso de los días..." (fs. 839/841).

Como se aprecia, la permanente referencia a la ausencia de estado de indefensión de la víctima, como así, la falta de un aprovechamiento por parte del autor, del estado de indefensión para dar muerte, sin correr ningún riesgo para sí, pone en evidencia la sinrazón del gravamen planteado en torno al Homicidio Simple, figura que no requiere tales elementos (subjetivo y objetivo). La falta de identidad en el objeto al cual refieren una y otra afirmación del sentenciante -una alude al homicidio simple y la otra al homicidio calificado por alevosía - frustran la pretensión impugnativa.

Por lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

IV. A los fines de elucidar la cuestión sub examine, es menester recordar lo sostenido por esta Corte en distintos precedentes (S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09, entre muchos otros), en donde se dijo que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

Bajo este estrecho margen de recurribilidad, relativo al común denominador de las potestades privativas del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva.

Así acotado, el control del ejercicio de estas facultades discrecionales, se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.

En tal sintonía, también se ha destacado que la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

Igualmente, se ha señalado que "salvo en caso de ejercicio arbitrario, la individualización de la pena resulta ser un poder exclusivo y discrecional del tribunal de juicio, sin embargo, la mera enumeración de los criterios de que se sirvió para graduar la pena, sin expresar cómo esos criterios se tuvieron en cuenta, de qué forma se los hizo operar para actuar a favor o en contra del condenado, no se ha considerado suficiente para dar cumplimiento al art. 41 del Cód. Penal. No habría allí fundamentación de la pena impuesta" (BREGLIA ARIAS, Omar - GAUNA, Omar R., "Código Penal y leyes complementarias - Comentado, anotado y concordado", Astrea, 4ª edición actualizada, Buenos Aires, 2001, p. 356/357, art. 41 nota 1).

En idéntica dirección, cabe afirmar que si bien lo relativo a la aplicación de los arts. 40 y 41 es propio de los jueces de mérito, no puede haber arbitrariedad manifiesta, afirmaciones abstractas que no condicen con la causa, u omisión de las constancias atenuantes.

Finalmente, también debe advertirse, que una circunstancia fáctica que agrava la escala penal nunca puede valorarse doblemente, es decir, como calificante en el tipo penal y como agravante en la individualización judicial. Ello obedece a que, su consideración más gravosa ya fue motivo de valoración por parte del legislador a los efectos de la estructuración del respectivo tipo penal y por ende, cometido el delito, su nueva selección por el juzgador a la hora de acrecentar la sanción importa una vulneración de la prohibición de la doble valoración, comprendida actualmente como un aspecto de la garantía del non bis in idem.- IV. a. Ingresando puntualmente al tratamiento de los agravios contenidos en la impugnación, debo decir que los mismos resultan improcedentes, pues el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena de las circunstancias atenuantes y agravantes tenidas en cuenta por el tribunal, no implica violación legal alguna. Adviértase además, que el eje central de discusión por parte de los recurrentes radica, justamente, en cuestionar el monto de pena impuesto a Baigorria, por considerarlo arbitrario, desmesurado, inequitativo, irrazonable y absurdo. En efecto, reconocen que el tribunal ponderó a favor de su defendida, la falta de antecedentes penales computables, su incipiente juventud con sus consecuentes desavenencias emocionales, su historia de vida, aunque refieren que no fueron tenidas en cuenta a los efectos de aplicar una pena menor. Asimismo, cuestionan que no se haya valorado a favor de la imputada, el informe socio ambiental. Con relación a esto último, advierto, contrariamente a lo afirmado, que el a quo ha ponderado el referido informe, pero lo ha hecho en sentido negativo, conforme se constata a fs. 841 vta. de la pieza sentencial.

Ahora bien, con relación a las circunstancias que los recurrentes estiman que el tribunal debió analizar a favor de su asistida (su juventud, informes socio ambiental, informes psicológicos; legajo personal de la víctima, informe de autopsia en cuanto a las condiciones físicas de la víctima, etc.) en primer lugar, cabe recordar que aquellas pueden jugar un papel ambivalente; es decir, se pueden considerar como atenuante o como agravante, dependiendo su exacto significado de las circunstancias particulares de cada caso.

No obstante ello, estimo que, deben desestimarse los planteos efectuados por la defensa de Baigorria, a los fines de que se consideren su juventud y su predisposición a seguir estudiando; como así, los informes socio ambientales, los informes psicológicos, el legajo personal de la víctima y el informe de autopsia de la víctima como pautas atenuantes y que minoren la pena aplicable por la comisión del delito de homicidio simple; en tanto que no ha explicitado en el curso del debate oral, cuáles serían los sucesos que deberían considerarse a tal fin, ni tampoco desarrolló de qué manera o cómo habrían influido en su accionar delictivo a los fines de disminuir la pena aplicable. A más de ello, destáquese que la juventud fue ponderada como atenuante por el tribunal de mérito. Los informes psicológicos, el legajo personal de la víctima y el informe se autopsia de la víctima no pueden reputarse como situaciones objetivas que, resulten suficientes por sí mismas para atenuar la pena, sino que, resulta necesario evidenciar cómo esas circunstancias influyeron en la comisión del hecho investigado, ello a efectos de fundar una menor culpabilidad en el autor.

En consecuencia, estimo resulta improcedente el recurso de casación interpuesto por la defensa de la imputada, en virtud de su disconformidad con el monto de la pena impuesta, pues, en la sentencia recurrida no aparece demostrada arbitrariedad valorativa alguna, en tanto tuvo en cuenta las circunstancias atenuantes existentes a la luz de la prueba producida, que no han tenido influencia como para morigerar la pena, porque el juego de las pautas minorantes con el de las de agravación, ha evidenciado un alto grado de peligrosidad en la conducta que han justificado la incisiva respuesta penal dada en el fallo (S. nº 17, 07/08/08). No puedo dejar de resaltar que el tribunal de mérito, a más de ponderar en contra de la acusada, la extensión del daño causado, en cuanto a que la pérdida irreparable de la vida humana extiende sus efectos a sus familiares, como la gravedad de la naturaleza y modalidad delictiva empleada, también destacó, que Baigorria procuró inhabilitar a la víctima para luego lanzarlo a las aguas de la represa local y agredirlo consecuentemente, conducta demostrativa de un profundo desprecio de la integridad y vida humana de un semejante. En esta dirección, el a quo descartó que las argumentaciones brindadas respecto a probables conductas persecutorias de tinte afectivo por parte de la víctima, de ninguna manera disminuye la entidad del reproche penal, ya que era posible para la acusada procurar por sí o por terceros alguna alternativa razonable para neutralizar los pretendidos acosos amorosos, principalmente por contar ella con un nivel de educación y contención familiar, conforme se colige del informe socio ambiental. Del mismo modo, resaltó que tampoco atenúa el reproche penal la presunción por parte de los acusados de la circunstancia que Ortega podría haber atentado contra su vida en represalia del atentado recibido en caso de restablecerse en le playón del dique, atendiendo a sus características físicas, personalidad y mayor experiencia vital. Por último, el sentenciante, en virtud de la inmediación, -refiriéndose puntualmente a la imputada Baigorria-, puso de resalto, la impresión que les dio la actitud de la imputada a lo largo del debate. En tal sentido aclararon: "... pudimos apreciar a lo largo del plenario la falta de arrepentimiento e indiferencia por el resultado luctuoso del hecho ilícito...".

Antes de finalizar, también resta decir, que la defensa se ha limitado a cuestionar la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P., pero ha omitido denunciar que la individualización de la pena salga de la escala penal aplicable, lo que torna insuficiente la vía recursiva intentada, debido a la falta de especificación del modo en que se compone la sanción (S. nº 17, 07/08/08).

En razón de lo expuesto, estimo que el presente recurso no puede prosperar. Así voto.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar las cuestiones precedentes y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/15 vta., por los Dres. Marcos Denett y Ricardo Prevedello, en su carácter de asistentes técnicos de la imputada, Noelia Gabriela Baigorria. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva del Caso Federal. Así voto.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Luis Raúl Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/15 vta., por los Dres. Marcos Denett y Ricardo Prevedello, en su carácter de asistentes técnicos de la imputada Noelia Gabriela Baigorria.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva del Caso Federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- Amelia del Valle Sesto de Leiva - José Ricardo Cáceres - ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.