Juicio correccional, lesiones culposas, pena de inhabilitación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Tapia, Miguel Angel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto, en contra de Auto Nº 23/11 - de Expte. Nº 157/09 - Tapia, Miguel Angel - Lesiones Culposas - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-02-08

El Juzgado Correccional resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba que incoara el encausado, por resultar improcedente.

Contra el decisorio aludido comparece el asistente técnico del imputado, e interpone recurso de casación.

Funda su escrito recursivo denunciando inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva al sostener que el a quo aplicó erróneamente lo dispuesto por el art. 76 bis in fine del Código Penal al excluir del beneficio de la probation a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, ya que esto contradice normas del Derecho Penal, de la Constitución Nacional y de Tratados Internacionales.

Esta Corte de Justicia, con distinta y misma integración en numerosos precedentes, tuvo oportunidad de expedirse respecto al valor de la prohibición de suspender el juicio a prueba, en el caso de delitos conminados con pena de inhabilitación.

Así, brevitatis causae, y manteniendo igual postura, corresponde me remita a los fundamentos allí expuestos, desde que conforman la doctrina legal este Superior Tribunal (S. Nº 4/09; S. Nº 17/09; S. Nº 07/10; S. Nº 20/10, S. Nº 43/11 "Finazzi"; S. Nº 44/11 "Londero"; S. Nº 01/12 "Delgado").

Corresponde también aclarar, por haber sido cuestionado por la defensa, que no advierto de la resolución en crisis, que el motivo central y determinante para negar la aplicación del instituto que se pretende haya sido la falta de consentimiento por parte del Ministerio Público Fiscal, como se asevera.

Advierto que el principal argumento del tribunal coincide con el sentado por esta Corte en los aludidos precedentes. De este modo, el a quo, en su resolución, no hizo más que reafirmar su postura con relación a la aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba, propiciando, una vez más, su improcedencia para aquellos casos en que se trate de delitos que tengan prevista pena de inhabilitación, compartiendo de este modo lo manifestado oportunamente por la Fiscal Correccional, lo que resta entidad para modificar lo resuelto los demás agravios expuestos.

No obstante ello, estimo oportuno aclarar, que tampoco resulta atendible la alegada violación a la garantía de igualdad ante la ley, ya que la misma implica que no cabe establecer excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, lo que no ha ocurrido en el caso bajo examen.

Digo ello, porque la excepción legal prevista en la última parte del art. 76 bis no se trata de una discriminación irrazonable o arbitraria del legislador, sino de establecer distinciones o diferencias de tratamientos entre distintos supuestos punibles. De este modo, la garantía de igualdad ante la ley sólo comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones.

Por último, cabe concluir que no se advierte, ni la parte ha logrado demostrar, que la decisión, aunque escueta, resulte arbitraria, ni tampoco que se aparte de los lineamientos sentados por esta Corte, ni mucho menos, ha demostrado a través de sus argumentos nuevos fundamentos que logren desestabilizar la postura asumida por este Tribunal.

En razón de ello, entiendo cabe confirmar la denegatoria del tribunal de mérito a la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa del acusado, a raíz de la pena de inhabilitación especial conminada en forma conjunta para el delito Lesiones Culposas que se le atribuye al imputado, el que se encuentra reprimido con el mencionado tipo de pena (art. 94 -primer párrafo- C.P.).

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.