Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-06-04


Salta 4 de junio de 2.013.

Y VISTOS estos autos caratulados "SARACHO, María Victoria vs. GONZÁLEZ de la VEGA, Julio - Indemnización Integral, Medida Cautelar: Prohibición de Innovar", Expte. nº 173.731/2.007 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación (Expediente CAM 326.598/2.010 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial) y, CONSIDERANDO El Dr. Mario Ricardo D'Jallad dijo:

1) La sentencia de fs. 199/203 hizo lugar parcialmente a la demanda y por ello condenó a Cristina Estela González de la Vega a pagar a la actora la suma de $22.000 (veintidós mil). Rechazó la defensa de prescripción opuesta e impuso las costas a la demandada. Disconforme con la misma interpuso recurso ordinario de apelación la demandada mediante escrito de fs. 204, haciendo lo propio la actora a fs. 205.

Concedido que fueran, expresa agravios la demandada a fs. 217/225 donde señala como primera cuestión la buena o mala fe del reclamante para establecer la pertinencia o no del reclamo por mejoras. Al respecto puntualiza que en fecha 22 de noviembre de 2.000 se notificó a la actora la posesión judicial de la herencia por parte de la Señora Cristina Estela González de la Vega, fecha a partir de la cual a la Srta. Saracho, se privó, del carácter de poseedora de buena fe del inmueble sito en calle Rivadavia nº 1745. Prueba concreta de ello es la acción de impugnación de declaratoria de herederos deducida bajo expediente nº 8.567/2.000. Igualmente se dedujo demanda de prescripción bajo expediente nº B- 25.242 sobre el inmueble, demanda que fue rechazada. Finalmente en el juicio por reivindicación fue vencida. Señala con apoyo en el artículo 2.422 del C.C. y doctrinario, que notificada de la demanda por reivindicación, por el efecto declarativo de la sentencia, se entiende que existió mala fe. De allí que su parte opusiera excepción de compensación. Que la actora no probó la existencia de mejoras necesarias y útiles, tampoco el valor ni tiempo en que hubieran sido hechas. Que la sentencia se equivoca al otorgar un valor que no poseen a las fotografías acompañadas por la actora. Que es arbitraria la solución de echar mano al artículo 165 del C.P.C.C. Que indebidamente no se trató la prescripción opuesta. Tampoco trató la compensación opuesta. Finalmente se agravia respecto a la imposición de costas. Pide se revoque el fallo dictado.

A fs. 232/238 contesta los agravios vertidos la actora. Efectúa un largo relato de las personas que habitaron la vivienda. Refiere a situaciones y hechos ya considerados en otros procesos. Sostiene que su parte posee una gravísima discapacidad motriz. Pide el rechazo del recurso deducido.

Corren agregados a fs. 252/263 los agravios de la actora que apeló el monto fijado en la sentencia. Vuelve a referenciar otros procesos que precedieron este, concretamente el de prescripción adquisitiva, de reivindicación. Considera exiguo -ínfimo, dice- el monto de $22.000 objeto de condena. Efectúa referencias al valor asignado al inmueble y las testimoniales rendidas. Cita autorizada doctrina. Pide se eleve el monto a la suma de treinta y cinco mil pesos y se haga lugar a su recurso.

La demandada a fs. 265/266 contesta los agravios de la contraria. Manifiesta que no resulta de aplicación el artículo 165 del código procesal. Pide el rechazo de la apelación.

2) El objeto de este proceso sustancialmente era el cobro (indemnización integral lo denominó la actora) de mejoras que habría efectuado la misma en el inmueble sito en calle Rivadavia nº 1.745 de nuestra ciudad.

A ese fin resulta determinante calificar si la actora era poseedora de buena o mala fe. Ello se deriva del Capítulo IV, del Libro III, Título II de nuestro Código Civil. En base a la prueba producida y agregada a esta causa, la posesión de la actora no puede ser calificada de buena fe.

En efecto y tal como surge del expediente nº C-37.393/1999 autos caratulados "SUAREZ Roberto- Sucesorio" - que tramitara ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación, se declaró a fs. 49 único y universal heredero de don Roberto Suárez a su sobrino Julio Arnaldo González de la Vega y se reconoció la posesión judicial de la herencia, interlocutorio de fecha 20 de noviembre de 1.999. Tal declaración fue de conocimiento de la Srta. María Victoria Saracho, DNI. 11.094.742, el día 29 de noviembre de 2.000 (ver mandamiento agregado a fs. 69/70 del mencionado sucesorio).

Bajo expediente nº 8.567/2.000 del mismo Juzgado, la actora de autos dedujo contra la Sucesión de Suárez Roberto, Incidente de Impugnación a la Declaratoria de Herederos, demanda que fue rechazada por sentencia de fs. 22, que fuera confirmado por sentencia de esta misma Sala a fs. 45 en fecha 14 de marzo de 2.002.

Posteriormente el Sr. Julio González de la Vega demandó por reivindicación a la Srta. María Victoria Saracho, bajo expediente nº 102.207/04, del mismo juzgado. En fecha 17 de agosto de 2.004, tomó conocimiento de la demanda deducida la actora de autos (ver fs. 20), quien contestó la acción en fecha 27 de agosto de 2.004 (ver fs. 39/40). Por sentencia de fs. 140/143 de fecha 22 de marzo de 2.006 se acogió la demanda. Fallo confirmado a fs. 171/172 por sentencia de fecha 3 de octubre de 2.006 por esta Sala.

La referencia efectuada, si bien fatigosa, resulta insoslayable a los fines señalados mas arriba. De lo que se concluye que a partir del día 17 de agosto de 2.004 la actora era poseedora de mala fe de acuerdo al art. 2433 del código civil. "Se debe tener en cuenta que cuando una persona ha poseído el inmueble y resulta condenada a restituirlo en virtud de la sentencia que hace lugar a la demanda de reivindicación, su posesión debe reputársela ilegitima pues de lo contrario la reivindicación no hubiera prosperado....el código distingue entre el período anterior y el posterior al momento de citación al juicio (notificación de la demanda) la buena o mala fe- simple o viciosa del poseedor..." (Derechos Reales, tomo III, pág. 156 y sgts. Papaño, Kiper, Dillon, Causse.-Depalma, ed. 1990).

De lo que se sigue que las mejoras necesarias hechas por el reivindicado, deben ser indemnizadas. "En cuanto a las mejoras y gastos necesarios el poseedor de mala fe se encuentra en igual situación al de buena fe...Mejoras necesarias son aquellas sin las cuales la cosa no podría ser conservada (art. 591) es decir las que se hacen para impedir la pérdida o el deterioro de una cosa, como sería reforzar las columnas, reparar un agrietamiento...Mejoras útiles son aquellas de manifiesto provecho para cualquier poseedor de ellas (art. 591)..." (Borda, Tratado de Derecho Civil, Reales tomo I; pág. 153).

Ahora bien, tales mejoras deben ser objeto de prueba. No se presumen -es obvio-las mismas. Lo que nos lleva al artículo 377 del código procesal. Al respecto Devís Echandía, afirma que la carga de la prueba es una noción procesal que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al Juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den la certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos que evitarse consecuencias desfavorables... (Teoría General de la Prueba Judicial, tomo I, pág. 426, ed. Zavalía l970).

A la luz de las constancias de autos, es posible afirmar que la actora no ha producido prueba de la existencia, valor y tiempo en que habrían sido efectuadas las mismas. Ofreció prueba pericial (ver fs. 38), se sorteó perito por la Corte de Justicia de la Provincia tal como consta a fs. 121, pero la pericia, prueba determinante y esencial, dados los términos de la litis y la cosa reclamada, no se produjo. Resultaba esencial probar que obras necesarias fueron construidas, valor de las mismas, tiempo o años en que se realizaron, superficie, calidad de materiales. No se arrimaron por la parte a quien incumbía, planos de aprobación Municipal de las obras que supuestamente se efectuaron.

Analizando la prueba testimonial tenemos, el Señor Julio César Solaligue (fs. 125) habla de la construcción de dos piezas; otro testigo, el Sr. Luis Rodríguez, (fs. 129) menciona que colaboró en hacer una galería y una pieza; la Señorita Luisa Mercedes Eckhardt (fs. 130) declara ser una amiga muy querida, "somos como hermanas"-afirma- ruego que gane. Esas expresiones tornan irrelevante su testimonio; la Srta. Fernanda Wierna Saravia (fs. 137) menciona la construcción de dos piezas y un baño; el testimonio de la Srta. Dalcy Peña Justiniano (fs. 138) menciona que pusieron gas; la Sra. Francisca de Caniza (fs. 139) recuerda haber visto afuera arena y cal, que al principio había una pieza, un comedor, la cocina y el baño. No se sabe, ningún testigo especificó, ni el abogado de la actora requirió precisión de los testigos, acerca de las dimensiones, calidad de la construcción. De qué material era el piso, los techos. Extremos que, como se dijo, debió demostrar, a cuyo fin la prueba pericial era determinante. Tampoco, lo más importante a tenor del art. 2433 citado, el tiempo, en qué año se hicieron.

Bajo esas condiciones no resulta acertado el determinar al solo arbitrio, invocando el artículo 165 del código procesal, la suma de veintidós mil pesos como lo hizo el Señor Juez de la anterior instancia. Viene de ese modo a suplir la negligencia de la parte, que en su demanda reclamó sin más apoyatura que la propia afirmación, la suma de cincuenta y cinco mil pesos. Recuérdese la inexistencia de planos Municipales aprobados y las consecuencias que se derivan de construir en forma clandestina.

"La facultad conferida en el artículo 165 tercera parte, debe ser ejercitada prudencialmente, de manera que no arroje resultados disvaliosos ni pueda erigirse en fuente de enriquecimientos indebidos, debiendo tenerse en cuenta también que no es un medio para suplir omisiones probatorias sino de resarcir daños reales, legalmente acreditados, cuyo monto no se ha podido precisar" (C. Apel. C. C. Salta, Sala I, Quintana vs. Juan; Fallos año 1985:368).

Lamentablemente la ausencia de prueba concreta de parte de la actora, tendiente a acreditar sus dichos, el incumplimiento de esa carga procesal, le acarrea una solución adversa a sus pretensiones. Prueba que no era de difícil o complicada producción.

3) En cuanto a la compensación opuesta por la demandada, derivada de la falta de disposición del inmueble, su finalidad, no era el lucro, tal lo señala expresamente "no tiene interés en enriquecerse sino de enervar la acción por mejoras" (fs. 223, primer párrafo). La finalidad estaba enderezada a concluir toda discusión. No prosperando el reclamo de la actora, pierde interés procesal, la excepción o defensa opuesta, eventualmente, no cabe efectuar mayores consideraciones, pues desapareció, en base a lo analizado y considerado, la posibilidad del reclamo de la actora. En lo único que tendrá proyección este aspecto, lo es en relación a las costas que se tratarán seguidamente.

4) No prospera como se analizó el reclamo de la actora y habiéndose tornado como consecuencia de ello carente de objeto la compensación por la falta de uso del inmueble, defensa opuesta a los fines de que en una sola litis se concluya la cuestión, se impondrán en el orden causado, siendo la Sala consciente del carácter excepcional de la medida (conforme Loutayf Ranea, Condena en Costas en el Proceso Civil, pág. 76) pues la parte actora, dado su estado de salud (fs. 28/9) y la interpretación de algunos párrafos vertidos en fallos anteriores en procesos entre las partes, analizados aisladamente, pudo haberse considerado con razonable derecho a litigar.

El Dr. Oscar Gustavo Koehle dijo: que por sus fundamentos y conclusiones, se adhiere al voto que antecede.

Por ello LA SALA V DE LA CÁMARAA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 204 en contra de la sentencia de fs. 199/203, por ello REVOCA la misma y Rechaza la demanda.

IMPONE las costas por su orden.

DISPONE se registre, notifique y baje.