marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Deuda previsional, depósito tardío, empleados de banco, huelga, fuerza mayor, mora
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS c/ C.A.S.E.C. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-12

La paralización concertada de tareas de los dependientes de un establecimiento bancario excusa al deudor previsional de la mora en el pago de los aportes y contribuciones. No puede olvidarse que la empresa es libre de planear su giro financiero en el sentido que elija, y no tiene por qué saber que el personal del establecimiento va a adoptar una medida de fuerza cuya existencia autoriza la aplicación de los arts. 513 y 514 del Código Civil. En consecuencia, si se vio imposibilitada de cancelar su deuda previsional el día del vencimiento porque, conforme lo certifica la propia entidad bancaria, la sucursal con la que giraba comercialmente no efectuó su atención habitual al público por razones de fuerza mayor, corresponde revocar la resolución que formuló cargos por la mora en que había incurrido la recurrente.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentos suficientes, Superior Tribunal de Justicia, indemnización, competencia, competencia civil y comercial, competencia ordinaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. c/ COMUNA DE TIMBUES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

Es inadmisible la queja interpuesta desde que las cuestiones planteadas- a pesar de pretender encuadrarse en hipótesis de arbitrariedad - no hacen más que poner de resalto el disenso respecto de la interpretación de normas que efectuaron los sentenciantes al rechazar la excepción de incompetencia postulada, apoyándose en la resolución de la Corte que dispuso que, en el caso sometido a análisis, la competencia para entender en la demanda por cobro de pesos iniciada por la empresa a la Comuna era de los Tribunales Civiles y Comerciales, y que el posterior dictado de la ordenanza 9/2010 "...en nada cambia la competencia decidida por la Excma. Corte; puesto que lo que se debate en los presentes es el cobro de pesos iniciado por la actora...".

Esta solución no obsta a admitir que, siendo que los derechos invocados "ab initio" por la actora como sustento de su pretensión surgían de un convenio celebrado con el Estado, quien a la postre, y en ejercicio de la invocada facultad de autotutela, lo anuló mediante la ordenanza 9/2010, los Magistrados -como lo adelanta la propia Sala al resolver- habrán de ponderar las implicancias que las cuestiones relativas a dicho acto administrativo tienen sobre la existencia y alcance de las pretensiones esgrimidas en la demanda por cobro de pesos.

Pensar de otro modo importaría, sin duda con error, soslayar la necesaria atención a las circunstancias existentes al momento de fallar que los Tribunales han de prestar en el correcto ejercicio de la potestad de juzgar, lo cual ha sido reconocido por inveterada jurisprudencia de este Cuerpo en consonancia con los lineamientos trazados por el Máximo Tribunal nacional.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, determinación del monto, determinación de la incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Rojas, Walter Gastón c/ Maiztegui, Héctor Ariel y otros s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-30

El art. 1746 CCC deja librado al prudente arbitrio judicial el método o fórmula de cálculo a aplicar, donde la aplicación de la fórmula "MÉNDEZ" conlleva a un resultado justo, pues en ella, teniendo en cuenta la aleatoriedad y el carácter conjetural de cualquier elucubración que pueda hacerse, toma en cuenta la edad, las perspectivas de mejora y el riesgo de desempleo.
Desestimación de la recusación, costas, deber de imparcialidad, debido proceso, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Garzon, Jonatan Emanuel y otros c/  s/ Audiencia de recusación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-08

Corresponde homologar el rechazo del planteo de recusación, con costas -arts. 59 y 60 a contrario sensu, 62 y 386 del CPPF-, pues se impone consignar que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial constituye una garantía fundamental del debido proceso. Ahora bien, con fundamento en los presupuestos que impone el nuevo sistema de enjuiciamiento, es tarea de la parte la demostración de un motivo categórico y razonable que funde la posibilidad de parcialidad. Así las cosas, el planteo defensista no puede ser de recibo frente a la falta de una argumentación concreta y suficiente que indique en el caso la necesidad de apartamiento.
Alimentos, sanciones conminatorias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Idiart de Balsamello Fransisca Irma c/ Balsamello Ricardo Enrique s/ Alimentos y litis expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

El reiterado incumplimiento en término de lo ordenado por la a quo, torna prudente la aplicación de una sanción que venza la actitud recalcitrante del deudor. De allí que deba admitirse la imposición de "astreintes", toda vez que las mismas representan sólo una sanción conminatoria por desobediencia a un mandato judicial (arts. 666 bis del Cód. Civil y 37 del Procesal). (Minoría u opinión personal)
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: INGENIO SAN ISIDRO S.A c/ TRADINAR S.A; PROVINCIA DE SALTA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2001-04-05

Conforme la exigencia del artículo 255 del Código Procesal, la expresión de agravios debe contener la crítica con concreta, precisa y razonada de los errores que, a juicio del apelante tiene la sentencia que impugna, requisito que no se cumple si la crítica se limita a expresar un descontento con lo decidido, sin referirse a los fundamentos que sirvieron de base a la decisión impugnada. En el plano procesal incumbe al apelante concretar la medida del gravamen invocada, lo que no se hizo acá. Consecuentemente la objeción propuesta por el actor carece de idoneidad para provocar la revisión del auto recurrido. No obstante esa circunstancia, adoptando un criterio amplio, cabe considerar el recurso.
Medidas cautelares, diligencias preliminares, inhibición general de bienes, medida de no innovar, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Z. N. T. c/  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-23

[.] la declaración de caducidad importaría frustrar la posibilidad de obtener un resarcimiento por los delicados sucesos que dan base a la acción y que involucran una situación que debe entenderse como de especial tutela, al comprometer la condena a reparar de quien se reputa como causante de una presunta situación de abuso, cometido contra una mujer, cuando era menor de edad. (Del voto de la Dra. Cecilia PAMPHILE, en minoría).
Recurso de casación, prueba, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Tobares, Alicia Susana c/ Medisur S.A. (Policlínico del Atlántico Sur) s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-02-27

El fallo de la Excma. Cámara ha omitido y desinterpretado los elementos probatorios referidos al hecho originado en la demanda, no considerándolos bajo la ley 9688 -que dice en definitiva la votante -es de aplicación. Resulta arbitraria su decisión, pues con el fraccionamiento en la selección de elementos decisivos, mutila las circunstancias probatoria incorporadas evitando valorarlas íntegra y racionalmente y omite confrontarlas con los demás elementos de juicio y someterlas al control que aconseja la lógica.
Despido por falta o disminución de trabajo, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: DILYCH, JUAN MANUEL c/ NICAVE  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-20

El respeto al orden de antigüuedad es una de las exigencias que junto con la falta o disminución de trabajo y la inimputabilidad del hecho determinante de ello debe probar el empleador para justificar un despido con indemnización reducida conforme lo prevé el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Despido, recurso extraordinario local, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy Ernesto Jorge EN J 162317 Godoy Ernesto Jorge c/ Estacion De Servicios Jocoli S.R.L. s/ despido p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-10-02

Existe omisión de prueba decisiva, cuando se ha ignorado, olvidado o preterido un medio de prueba y que ese olvido o no consideración tenga tal entidad, que de haberlo evaluado, la decisión hubiese sido sustancialmente diferente en la solución del conflicto. Para valorar si las pruebas resultan sustanciales al resultado del pleito, se utiliza el método lógico de inclusión hipotética. Entonces si consideradas dichas pruebas advertimos que el resultado del pleito puede modificarse, entonces concluiremos su esencialidad y consecuentemente su omisión puede descalificar la sentencia.
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Morales, María Luján c/ Rostiburu, Rubén Horacio y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-09

La entidad de las lesiones, el tiempo insumido en su curación, la breve internación, la edad de la víctima -37 años- conlleva a que resulte cóngruo y razonable la suma de $ 750 en concepto de daño moral por los padecimientos, dolores y angustias de la actora.
Reintegros impositivos, reintegros y reembolsos a la exportación, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Cargill S.A.C.I. c/E.N. - AFIP DGI (GC) c/ resols. 9, 10 y 13/04 s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26

Carece de apoyo la pretensión de la AFIP de circunscribir el ejercicio de la opción prevista en el art. 43 del decreto 1387/01 a la mera conversión de la cifra final para la devolución del saldo, sobre la base de una interpretación literal de su texto, ya que el precepto, al establecer que "...los exportadores podrán solicitar que la devolución del impuesto prevista en dicha sea determinada y efectivizada en dólares estadounidenses" denota que no solamente se refiere al pago que será efectivizado en moneda extranjera, sino a la determinación del monto, concepto que indudablemente remite a los procedimientos de compensación y que concluyen con la devolución del tributo (Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y E. Raúl Zaffaroni).

-En la misma fecha se dictó sentencia en S.926.XLVI. SACEIF Louis Dreyfus y Compañía Limitada c/ EN -AFIP DGI, remitiendo a este precedente-.
Superintendencia, facultades discrecionales, debate, transmisión televisiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiscalía de Estado s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-03-30

Conforme a lo que surge de autos, y sin perjuicio de que la resolución impugnada haya sido tomada por el tribunal A-QUO conforme a derecho, corresponde a éste tribunal en ejercicio de facultades de superintendencia ordenar la instalación de un equipo de video grabación y transmisión, en atención a la decisión tomada y sostenida por el tribunal aún con objeción de parte, de transmitir por televisión lo ocurrido en la audiencia de debate, tarea que fuera encomendada al canal oficial, y que en modo alguno fue causal de perturbación. Decisión que se impone en consideración, a las circunstancias de hecho que rodean el caso, y teniendo en cuenta asimismo que el interés manifestado por la sociedad de seguir el curso del proceso, no puede resultar vulnerado, mediante una actitud tuitiva, privando la fuente de información. Posición que asume ésta Corte de Justicia, sin que ello implique emitir juicio de valor o reproche al modo con que algún medio de comunicación masiva haya tratado las distintas fases que sucedieron en el juicio, puesto que el último análisis, será efectuado por cada uno de los miembros de la sociedad, destinatarios finales de los actos producidos por la Administración de Justicia.
Pretensión administrativa, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARTEARENA, DOMINGO; DE MAGISTRI, JORGE c/ I.P.V.U. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ZANNI CLAUDIO ERNESTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN PEREZ, SILVANA ELIZABETH c/ MUNICIPALIDAD DE CLODOMIRA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN PEREZ, SILVANA ELIZABETH c/ MUNICIPALIDAD DE CLODOMIRA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-10-20|2008-08-05|2008-03-10

La pretensión procesal administrativa en particular, es objeto de un doble juzgamiento. Primero de un juicio de admisibilidad, por el cual se determina si reúne las condiciones de las cuales depende la averiguación de su contenido y, recién en caso afirmativo, se produce un segundo juicio de fundabilidad de la pretensión, por el cual se determina si reúne los requisitos necesarios para merecer una sentencia favorable.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Mendieta, Pedro Alejandro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación del art. 80 inc. 7º del Código Penal si del desarrollo que se formula no se logra evidenciar la existencia del "dolo eventual" atribuido al procesado, pretensión sobre la que fundamenta la postulada aplicación del citado artículo.
Actualización monetaria, locación, nulidad parcial
Materia: CIVIL
Carátula: Justef SA c/ Okal Argentina SACI s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-20

Cuando, como en el caso, las partes establecieron un procedimiento para establecer el precio de la extensión del contrato de locación de una guardería náutica, que ratificaron en el documento en que lo instituyó, sin embargo, se transgredió dicho método al tomar como parámetro el precio -no de una embarcación de 6 metros sino el exclusivo de una lancha en particular-, aspecto no contemplado en el régimen acordado; en ese marco, se denotó una desviación del procedimiento fijado en el contrato de locación para establecer el precio para el nuevo período resultante por la segunda extensión del plazo locativo. Durante este lapso, comprendido por 36 meses, el actor locatario abonó la suma que creyó que se ajustaba a dicho sistema de actualización del canon. Evidentemente dichos pagos no alcanzaron a cancelar la totalidad del precio debido según el monto determinado por el locador, según lo mencionad supra. En ese marco, como la decisión que aquí se propicia consiste en confirmar la nulidad parcial del documento por el que se fijó el precio para la segunda extensión del plazo, no corresponde hacer lugar al desalojo en virtud de la ausencia de culpa del accionante en el pago parcial del canon. En efecto, la falta de certeza sobre el precio a abonar que resultó evidente al haber constatado la inquilina la diferencia entre el valor de referencia tomado en cuenta en la renovación y el que correspondía según el contrato, fue atribuible a la locadora demandada. Por lo que no le puede trasladar a su contraria las consecuencias de tal desacierto. (En el caso, se fijó como precio locativo en el contrato principal, el valor de guarda de una determinada embarcación, y en la extensión, el locador tomó como pauta una embarcación más grande).
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Clavijo, Agustín c/ Fidalgo, César s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

En materia de prueba de testigos, el testimonio se funda en una doble presunción la de conformidad de conocimiento del deponente con la realidad y la de su fundamento moral, es decir que el testigo no se ha engañado ni trata de engañar al Juez (arts. 384, 456 C.P.C.C.) y si es dable advertir ciertos errores del declarante, no puede dejar de merituarse que el testigo sin ellos es la excepción, de manera que si se entiende por el justiciable que ellos afectan la veracidad presumida, deben oportunamente promover y culminar exitosamente el incidente de inidoneidad del deponente, remedio útil que la ley ritual le brinda para la investigación intensiva de la autenticidad de los datos aportados por el que prestó el testimonio.

De otra forma, si a criterio del Juez tales errores o aparentes contradicciones no son relevantes, puede concluir en la eficacia del dicho, resultante a la que contribuye la parte eventualmente afectada por los datos aportados al no promover y al no obtener la citada inidoneidad .-
Representación procesal, mandato, revocación del mandato, caducidad de instancia, nulidad de la notificación
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: ABILCO S.C.A. c/ INDUSTRIAS GUMMI S.A.C.I. y F. s/ NULIDAD DE PATENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-31

La primera oportunidaD en la que el letrado hizo saber al Juzgado que le había sido revocado el mandato, y ello sin acompañar la carta documento que menciona, fue al contestar el traslado del acuse de perención, por ende no resulta procedente poner a cargo de la contraparte, la diligencia de sustanciar tal incidente en el domicilio real del demandante de la contraria cuando desconocía tal situación. Dicho de otro modo, no puede hacerse cargar a la incidentista de las consecuencias de la falta de diligencia del mandatario cesante o de su principal.

En tales condiciones, mientras no se den todos los presupuestos para la cesantía del mandato, tales circunstancias son inoponibles a terceros extraños al vinculum iurus que existe entre el apoderado y mandante, por lo que subsiste el domicilio constituido por aquél y, consecuentemente, son válidas las actuaciones judiciales realizadas, lo cual lleva a desestimar la invocación de nulidad efectuada.

Por lo demás, el art. 53, inc. 2 del Código Civil expresamente prescribe la citación o emplazamiento del mandante para el supuesto de revocación del mandato (la que sólo tiene lugar en caso de renuncia o muerte del mandatario).
Crédito laboral, actualización monetaria, índices de actualización
Materia: LABORAL
Carátula: ELIZONDA, JUAN C. c/ ANGEL CONORTI E HIJOS SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-09-29

No cabe compensar las diferencias en los índices de desvalorización monetaria fijados por el legislador para los créditos laborales (índices oficiales del incremento del costo de vida del artículo 301 LCT., Ley 20744 y su reforma por la Ley 21297, índice de variaciones del salario del peón industrial, artículo 276 LCT. to. 1976), con la variación de la tasa de interés en el lapso comprendido desde el nacimiento del crédito hasta el efectivo pago.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, plazo, LEY DE CONCURSOS, jueces, facultades del juez, tribunal de alzada
Materia: COMERCIAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: El incumplimiento en primera instancia de los   requisitos de la presentación preventiva concursal (artículo 11 de   la ley 24522), ¿Es subsanable en la alzada? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-04

El artículo 13 de la Ley 24522 establece que "presentado el pedido, o en su caso, vencido el plazo que acuerde el juez, éste debe pronunciarse...", y debe hacerlo rechazando la petición, "cuando el deudor no sea sujeto susceptible de concurso preventivo (o), si no se ha dado cumplimiento al artículo 11..., esto es, si no se dan los requisitos "sustanciales" o no se cumplieron los requisitos "formales". Frente a tan claras y expresas disposiciones de la ley, que le imponen por un lado, al peticionante, el cumplimiento de los recaudos formales, al tiempo de la presentación, o en el plazo "improrrogable" de diez días que se le pueda conceder de haber invocado "causal debida y válidamente fundada", y por otro al juez el rechazo del pedido de concurso, de no darse las mismas en esas oportunidades, no corresponde facilitar el cumplimiento omitido, aunque fuere parcial, en la alzada y por vía del recurso de apelación. Ello así porque importaría de hecho, ampliar un plazo que la misma ley establece es improrrogable. Esto es, que lo que no le está permitido al juez inferior, lo haría el tribunal de alzada. En otro aspecto, se estaría desvirtuando la función revisora de este último, o bien se la admitiría respecto de una resolución que fuera dictada conforme a la ley. (De los Fundamentos del Dr. Serralunga).
Sanciones disciplinarias, resoluciones apelables, doble instancia, recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, facultades disciplinarias del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Inversiones Francfort S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta (Dirección General de Rentas Municipal) s/ recurso de apelación M., J. M.; D., Y.; M. D. R., Y.; M. D. D., M. G. c/ B. W., S. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-12-15|2019-12-09

Lo referente a la aplicación de medidas disciplinarias y a la valoración de la conducta de las partes y de los letrados de éstas, constituyen materia reservada a los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria, quedando a salvo los supuestos de arbitrariedad. En el "sub examine", no existen elementos para afirmar que el tribunal de alzada hubiese actuado arbitrariamente al declarar mal concedida la apelación en virtud de la limitación recursiva prevista en el art. 253 del C.P.C.C. (Minoria. Del voto del Dr. Posadas)
Honorarios, regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: D.N.R.P. c/ Vidal  de Docampo, Clara Aurora s/ ejecución fiscal-inc. de ejecución de honorarios-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

La regulación de honorarios profesionales no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en la ley de aranceles sino de un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos que deben ser evaluados por los jueces y entre los que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, de manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Matrimonio, deber de fidelidad, separación personal, divorcio, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: N., H.D. c/ H.C., U.I. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-09

Para que cese el deber de fidelidad entre los cónyuges resulta indispensable la sentencia judicial que decrete la separación personal o el divorcio vincular. En consecuencia, la separación de hecho de los esposos no excluye dicho deber y por tanto cualquiera sea el lapso transcurrido desde que operó la misma, la relación extramatrimonial mantenida por alguno de ellos encuadra dentro de la causa de injurias graves.
Garantías procesales, privación de justicia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Alberto Luis STAIB y otros s/ PRIVACION  DE  JUSTICIA  -  DEFENSA EN JUICIO - JUECES PROVINCIALES -  ACCION DE AMPARO - SUELDOS - RECUSACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-06

Si las sentencias pudieran dilatar sin término la decisión referente al caso controvertido, los derechos podrían quedar indefinidamente sin su debida aplicación, con grave e injustificado perjuicio de quienes los invocan y vulneración de la garantía de defensa en juicio.