Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-07


Causa N° 096-01-CC/2006 incidente de nulidad en autos "Esquilache, Patricia Beatriz (local Roma 935) s/ infracción arts. 116 y 177 ley 1472" - medida cautelar - Apelación Buenos Aires, 7 de junio de 2006.

Y VISTOS:

Para resolver en el presente incidente caratulado "Esquilache, Patricia Beatriz (local Roma 935) s/ infracción arts. 116 y 177 ley 1472", el recurso de apelación interpuesto por la Defensa particular a fs. 22/4, del presente legajo Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 9/10 se agrega la resolución adoptada el 12/05/2006 por el titular del Juzgado CyF N° 12 que declara la nulidad de la restitución del inmueble de la calle Roma N° 935 efectivizada por el órgano prevencional el día 29/04/2006 en favor de Pablo Misiti en cumplimiento de la resolución de fecha 26/04/2006, obrante a fs. 828/30 del expte. principal, que dispuso convalidar la clausura preventiva del local de la calle Roma 935 dispuesta el 21/04/2005 (fs. 743/48 expte. ppal.) así como su levantamiento señalando expresamente que debía restituirse al propietario que acredite su condición de tal o al legítimo tenedor del mismo.

Dicha decisión, adoptada a instancia del Sr. Fiscal General Adjunto en materia Contravencional de esta Ciudad (que actúa en la causa conf. Res. 31/FG/2006, fs. 1152 ppal.), encontró sustento en que el contrato de locación que presentó Gustavo Pablo Misiti al órgano prevencional a fin de obtener la restitución del inmueble cuya clausura fue levantada, sito en Roma 935, lo sindicaba como locatario del inmueble ubicado en la calle Roma 943. De dicha circunstancia concluyó que el inmueble en cuestión se entregó a una persona sin derecho alguno por ello, alegando la finalidad de proteger derechos de terceras personas sobre el inmueble en cuestión, se declaró la nulidad de la restitución aludida y se ordenó reimplantar la clausura preventiva hasta tanto se de cumplimiento a la acreditación fehaciente del vínculo con el inmueble.

Cabe destacar que en la misma resolución se dispuso librar oficio al registro de la propiedad a fin de dilucidar la titularidad de los inmuebles sitos en Roma N° 935 y 943 así como citar a la Sra. María Luisa Pini (quien aparece como locadora en el contrato aportado) a fin de aclarar la situación.

II.- Que la resolución supra referida fue objeto de un planteo de nulidad así como impugnada mediante recurso de apelación tal como se advierte de fs. 22/24.

El planteo nulificante reposa en la circunstancia de que el pedido del Sr. Fiscal General Adjunto tendiente a que se declare la nulidad de la restitución (fs. 8) fue resuelto sin sustanciación vulnerando así el derecho de defensa de Gustavo Pablo Misiti.

En su impugnación cuestiona el recurrente que la decisión en crisis resulta errada toda vez que, tal como se desprende del informe producido por el Registro Nacional de la Propiedad, agregado a fs. 333 del expte. ppal., en la calle Roma se encuentra un inmueble identificado como "935/943" cuya titular es Angélica Inocencia Benvenuto de Pini.

Agrega que el inmueble de la calle Roma 935 fue clausurado en una ocasión anterior en la cual finalmente se lo restituyó a Gustavo Pablo Misisti luego de que éste aportara el mismo instrumento privado que luce a fs. 5 del presente incidente. Con ello pretende demostrar que en modo alguno la restitución nulificada es capaz de afectar derechos de terceros y que la puesta en tela de juicio de un contrato de locación implica un modo de prejuzgar que lo lleva a dejar "desde ahora planteada la recusación del magistrado" (sic).

Finalmente solicita se dejen sin efecto el pedido de informes al Registro Nacional de la Propiedad Inmueble así como la citación a la Sra. María Luisa Pini.

III.- Que el recurso en cuestión fue concedido a fs. 26 ocasión en la cual el Magistrado de Grado consideró, con motivo de la recusación esbozada, que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales previstas por el art. 7 de la ley 12.

IV.- Que en ocasión de dictaminar la Sra. Fiscal de Cámara consideró que el recurso debía ser declarado mal concedido toda vez que siendo objeto de impugnación una sentencia distinta de definitiva el plazo para impugnarla es de tres días tal como lo considera la doctrina jurisprudencial de una de las Salas de esta Cámara en lo CyF, con sustento en ello afirma que el recurso es extemporáneo. Subsidiariamente considera que se impone la declaración aludida toda vez que el recurrente no ha demostrado acabadamente la irreparabilidad del gravamen que la resolución en crisis le produciría.

Finalmente también considera que en todo caso el recurso bajo examen debe ser rechazado toda vez que la resolución en crisis resulta ajustada a derecho pues el recurrente no ha aportado documentación que acredite vínculo cierto con el local oportunamente clausurado pues, más allá de la numeración del inmueble, lo cierto es que en autos no se encuentra acreditado que ese contrato de locación sea legal pues no fue certificado por escribano y quien figura como locadora no es la misma persona que fue informada por el Registro de la Propiedad Inmueble como titular de la finca sita en Roma 935/943 ni tampoco acreditó la existencia de vínculo con quien figura como propietaria.

V.- Que la causa ha quedado a fs. 87 en estado de ser resuelta resultando pertinente dilucidar en primer término si el recurso ha sido bien concedido y luego, en su caso, la decisión a adoptar.

PRIMERA CUESTION El recurso de apelación resulta oportuno. Sin perjuicio de lo expresado por la Sra. Fiscal ante esta Cámara, es doctrina jurisprudencial de este tribunal que si bien el art. 50 de la ley 12 establece el plazo para apelar la sentencia definitiva dicha norma ha sido invariablemente aplicada a las apelaciones de las resoluciones que, sin revestir tal carácter, causan gravamen irreparable en materia contravencional, pues en todos ellos rige el trámite previsto en el art. 51 que es de carácter general, lo que justifica la concesión de un término más amplio para la interposición fundada del recurso.

Por otra parte la impugnación esta dirigida contra una decisión que, al declarar la nulidad de la restitución del inmueble de la calle Roma 935 y en consecuencia reimplantar la clausura, resulta análoga a la aludida en el art. 29 LPC cuya impugnabilidad se encuentra expresamente consagrada en el ordenamiento procesal contravencional. Por ello la circunstancia que señala la Sra. Fiscal ante esta Cámara, en relación a que el recurrente no se esforzó en demostrar la existencia de gravamen irreparable alguno, no debe obstar la procedencia del recurso intentado toda vez que, puede pensarse, es el propio legislador quien ha asignado expresamente presunción de irreparabilidad al gravamen que irrogan decisiones como la aquí criticada, o al menos la estableció como objeto pasible de impugnación.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Ingresando entonces al fondo del asunto se advierte que el serio planteo de nulidad formulado por el abogado particular de Gustavo Pablo Misiti contra la decisión de fs. 9/10 no determinó la formación del incidente aludido por el art. 170 in fine CPPN con su consecuente resolución, por ende a fin de no extender la posible afectación del derecho de defensa en juicio, éste debe ser analizado como "agravio" por el Tribunal.

La nulidad postulada por el impugnante reposa en la circunstancia de que la petición del Sr. Fiscal General Adjunto tendiente a que se declare la nulidad de la restitución del inmueble efectuada por la Policía Federal Argentina a su prohijado no fue sustanciada, apreciación ésta que resulta acertada.

En efecto, el art. 170 in fine CPPN dispone que la instancia de nulidad tramitará por vía incidental en la forma establecida para el recurso de reposición. A su vez el art. 447 Cód. cit, que regula dicha vía impugnativa, prevé que el Tribunal debe resolver previa vista a los interesados. De ello se colige que frente a la solicitud de nulidad del Fiscal -quien no se limitó a ello sino que además formó el presente incidente- el Sr. Juez debió dar vista a la defensa antes de resolver, omisión que acarrea la nulidad de lo decidido.

En efecto, dicha circunstancia resulta detonante del supuesto de nulidad previsto en el art. 167 inc 3° CPPN que prescribe, bajo dicha pena, la observancia de la intervención del imputado, en los casos y las formas que la ley establece. Se trata de una nulidad declarable aún de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, pues implica la violación de la norma constitucional que consagra la defensa en juicio al haberse impedido que Gustavo Pablo Misiti o el letrado fueran escuchados sobre el punto en cuestión, esto es, la alegada idoneidad del contrato presentado por aquel para obtener la restitución de inmueble.

La declaración de nulidad deviene inexorable, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico local, que a través del art. 13 inc 3 in fine de la Constitución de la Ciudad así lo impone. En atención a lo expuesto y resultando inválida la declaración que reimplanta la clausura, ella debe ser levantada.

Ahora bien sin perjuicio de la solución que se debe adoptar es menester señalar que del estudio de la causa se advierte como cierta la afirmación formulada por el Defensor particular en la impugnación bajo estudio en cuanto que, en presencia del testigo Ernesto Iob, a Gustavo Pablo Misiti se le restituyó el mismo inmueble que hoy se niega con fecha 28/06/2005 pese a que en dicha ocasión había presentado fotocopias del mismo contrato que aportó en ésta (fs. 46 del ppal.), sin que pueda apreciarse que dicha restitución, efectuada a quien posee llaves del local (conforme se desprende de fs. 19 del ppal.) haya afectado, en el presente caso, derechos de terceros, única circunstancia que la práctica de restituir inmuebles a quienes acrediten vínculo suficiente con el mismo puede legítimamente perseguir.

Asimismo, a los efectos de ahondar aún más en el posible riesgo para eventuales terceros que la decisión en crisis pretendió conjurar, corresponde destacar que en oportunidad de llevarse adelante el allanamiento en la finca sita en la Av. Monroe N° 496 piso 8° depto. E, donde estaba presente el Sr. Antonio Misiti, se dejó constancia que éste manifestó espontáneamente, al leer la orden de allanamiento, que "el local Roma 935, es un negocio de locutorio que posee su hijo Gustavo Pablo Misiti" (fs. 865).

A mayor abundamiento, las constancias de la causa que vincularían al impugnante con el local en cuestión se advierten nuevamente cuando en ocasión de allanarse la finca sita en Roma 943 se tomó contacto con su moradora, Silvana Mirta Gayo, quien manifestó que el local de Roma 935 es de su propiedad conjuntamente con su marido, el Sr. Ernesto, alquilando dicho lugar "al sr. Gustavo" (fs. 935/36, nombre que corresponde a Misiti).

Todas estas circunstancias obrantes en la causa debieron ser consideradas y/o valoradas por el Fiscal General Adjunto para solicitar la nulidad cuanto por el Juez para resolver, sin perjuicio de haber garantizado la participación de la defensa.

Finalmente no corresponde expedirse acerca de la alusión a la supuesta parcialidad en el caso del Magistrado actuante, ello así toda vez que dicha cuestión se introdujo sin la seriedad ni fundamentación necesaria para siquiera considerar la, siempre grave y excepcional, posibilidad de apartar a un Juez natural de la causa. La carencia de seriedad de la cuestión se advierte a poco que se aprecia que ella no se articula mediante una petición concreta y fundada al efecto.

Ello, sin perjuicio de lo que surja de la investigación a practicar a partir de lo ordenado en el punto III de la resolución de fs. 9/10 Por las razones expuestas, y en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR la nulidad del punto I dispositivo de la resolución, obrante a fs. 9/10, que declaró la nulidad de la restitución del inmueble de la calle Roma N° 935 efectuada al Sr. Gustavo Pablo Misiti y reimplantó la clausura preventiva que pesaba sobre el local hasta tanto se de cumplimiento con la acreditación fehaciente del vínculo con el inmueble (arts. 167 inc. 3 y 168 CPPN); debiendo levantarse, por ende, dicha medida cautelar.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase de inmediato, conjuntamente con los obrados principales oportunamente requeridos, al Juzgado CyF N° 12, a sus efectos.

Ante mí: