marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Escala penal, política criminal, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL
Carátula: O. A., V. c/  s/ excepción de falta de acción por prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-18

Guillermo Pablo Lucero se remitió a los argumentos que desarrollara en "Belisario Tofano, Franco" (causa 21.068/15 del 28/8/19) y agregó, entre otros aspectos, que si bien existiría una aparente incongruencia en las escalas penales mencionadas, éstas no son las únicas de este tipo que contiene el Código Penal. Precisó que se trata en definitiva de un problema de política criminal cuya discusión excede los límites de intervención del tribunal. Agregó que, a los fines de la prescripción de la acción penal ha de estarse a la pena del delito más severamente penado y a la posible calificación legal más gravosa, sin perjuicio de que al momento de la sentencia se concluya en una significación jurídica más benigna (art.401 1ª parte del CPPN). Concluyó que la acción penal no se encuentra prescripta pues desde el último acto procesal que interrumpió el plazo -requerimiento fiscal de elevación a juicio- aún no ha transcurrido el término de tres años previsto por el artículo 62 inciso 2 del Código Penal. Finalmente, debido a los argumentos señalados, descartó el planteo de inconstitucionalidad.
Relaciones de familia, adopción
Materia: CIVIL
Carátula: V., F.M. s/ Adopción Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-14

"La constatación judicial del abandono habilita la adoptabilidad del menor que padece dicho estado y que en tal comprobación judicial, no puede desconocerse que la adopción no es una solución principal para la desprotección y desamparo de menores, debiendo agotarse en primer orden, la posibilidad de reinserción del niño en su propia familia o en su grupo de pertenencia, tal como surge de la Convención sobre los Derechos del Niño".
Competencia por conexidad, delitos comunes, delitos federales, celeridad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Incidente de excepción de incompetencia s/ Causa nro. 11.924
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-15

Cuando existe la posibilidad jurídica de separar el juzgamiento de un delito de índole común de los de naturaleza federal, es conveniente hacer jugar las excepciones a las reglas de conexidad. Ahora bien, por lo hasta aquí desarrollado y atendiendo al principio de celeridad procesal, tal posibilidad no se da en el caso.
Ley de defensa del consumidor, agencia de turismo, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESAINS, DANIEL JACOBO C/AVANTRIP.COM SRL Y OTRO S/SUMARISIMO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-07

De tal manera, la Ley de Defensa del Consumidor vigente al momento de los hechos (to ley 26361) establecía, en su artículo 50, un plazo de prescripción de tres años para las acciones judiciales emergentes de esa ley; el cual no se advierte consumado en la especie, en virtud del efecto interruptivo de la mediación realizada previamente a la interposición de la demanda.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, costas, Municipalidad, personal municipal, cesantía, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PETROLO,  MIGUEL  ANGEL;  BLACONA,  ALBERTO LUIS Y AGUADO FERMOSELLE, OMAR FRANCISCO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE  SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA (CSJ EXPTE NRO 641  92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

Corresponde decidir favorablemente el pedido de suspensión de medida administrativa que determina mantener a los actores en situación de disponibilidad sin haber sido reubicados, y su consecuencia innovativa cual es la declaración por parte de la accionada de las cesantías -a los fines del cobro de la indemnización prevista en el artículo 17 de la ley 9286-. Débese, pues, disponer que en el plazo de tres días hábiles administrativos, la Municipalidad demandada se expida fijando fecha de cese, bajo apercibimiento de que se considere tal, el día hábil administrativo siguiente al del vencimiento de dicho plazo; y eximir a los actores, a partir de la fecha del presente decisorio, del deber de prestar servicios ante aquélla, a la que se le imponen las costas de esta incidencia.
Simulación, testaferro
Materia: CIVIL
Carátula: CORBETTA GALLI HUMBERTO c/ COTARELO ANA INES s/ S-SUC. S-ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

Si se realiza una compraventa entre una sociedad y un particular, suscribiéndose luego un instrumento privado entre este último y un tercero, quién aparece como propietario titular, sin conocimiento de la sociedad vendedora, queda el negocio fuera del ámbito de la simulación pues, uno de los elementos estructurales que integra dicha noción como vicio propio del acto jurídico es el acuerdo simulatorio entre los otorgantes (conf. Ferrara, "la simulación de los negocios jurídicos", trad. De rafael atard y juan a. De la puente, madrid, ed. Revista de derecho privado, 1953). Las partes de ese negocio fueron la vendedora y la compradora. Sólo con la interposición ficticia, en la que no basta el acuerdo entre el interponente y el testaferro sino que se requiere asimismo la inteligencia con el tercer contratante, se está en el campo de la simulación. En cambio, cuando hay interposición real -esto es, sólo acuerdo entre el interponente y el adquirente ostensible, sin que participe el otro contratante-, la figura es extraña a la idea de simulación; el intermediario real actúa como verdadero contratante;

es un mandatario en nombre propio y adquiere "en su nombre" una situación jurídica que, por su relación interna, queda obligado a transmitir al mandante oculto (conf. Ferrara, ob. Y ed. Cits., Cap.

V, en particular números 50 y 51, págs. 273 A281).
Suspensión del juicio a prueba, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: VALSECHI, Gustavo s/ f
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-07

Las condiciones puestas por la ley de fondo (art. 76 bis C.P.) eran más benignas (art. 2 C.P.) por falta de regulación formal al momento de iniciarse el incidente, que con posterioridad a la reglamentación procesal (art. 222 bis C.P.P.) desde que ésta impuso plazo de interposición. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, fenómeno meteorológico, inundación, deberes de la administración, relación de causalidad, causa adecuada, concausa
Materia: CIVIL
Carátula: Consorcio de Propietarios Olazábal 2546/50 c/ GCBA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-04

En el caso, la presencia de un tanque con combustible líquido (petróleo) en el sótano del edificio que resultó inundado por las intensas lluvias que se produjeron en la Ciudad, operó sólo como un agravante de los daños producidos por el agua.

Si bien la causa eficaz y adecuada fue el deficiente funcionamiento del sistema de escurrimiento propiedad del Gobierno, no puede desconocerse que la presencia de la instalación mencionada incidió favorablemente en la extensión de los daños.

Siendo que no todas las consecuencias dañosas derivadas tienen causa exclusiva en el agua ingresada como resultado del anegamiento del sótano, sino que la existencia del tanque -que no podía estar en ese lugar, conforme Ordenanza Nro. 39025/MCCA/83- agravó en gran medida los daños ocasionados por el agua, resulta razonable fijar una indemnización representativa del 60%.

Dicho porcentaje es el que se entiende como derivación lógica sólo por la inundación. El 40% restante, en tanto se entiende representativo del agravamiento de los daños por el derramamiento del petróleo, deberá ser soportado por el consorcio.
Embarazada, embarazada en situación de desamparo, asistencia sanitaria, responsabilidad internacional del Estado, estado parte, violación de derechos humanos, situación de vulnerabilidad, muerte de la embarazada, control prenatal, control post parto
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek c/ Paraguay s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-24

Las mujeres en estado de embarazo representan un grupo que requiere medidas de protección especial, por lo que la extrema pobreza, la falta de adecuada atención médica y la ausencia de controles prenatales y post-parto adecuados, las ubica, directa e inevitablemente, en situación de muerte segura generando la responsabilidad internacional del Estado que no adopte las medidas necesarias a los fines de evitarla.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, tasa de justicia, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GUILLEN GIMENEZ, CLAUDIO. c/ CRABEL S.A. Y OTRO. s/ IMPUESTO DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-23

La interpretación de las normas relativas a la tasa de justicia no suscitan cuestión federal cuando se discute su aplicación en procesos sustanciados ante los tribunales ordinarios de la Capital Federal.
Recursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CALCIOTTI CESAR LUIS s/ FALSIFICACION DE TITULO DE LA DEUDA PROVINCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-05-22

Si, en el caso, el recurrente se queja de la imputación efectuada por el inferior en el auto atacado, sin precisar cuál de los aspectos de esa imputación le causaba a su cliente gravamen irreparable (ya sean objetivos, subjetivos o de calificación legal), el recurso no cumple con la exigencia de especificidad contenida en el art. 449, in fine, C.P.P., por lo que, con arreglo a lo dispuesto por el art. 455 C.P.P., debe declararse formalmente inadmisible la impugnación.-
Prisión domiciliaria, madre del menor, interés del menor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bustos, Liliana Antonia s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-21

No corresponde hacer lugar al recurso de casación contra la denegatoria de la solicitud de prisión domiciliaria pues, dado que la Convención de los Derechos del Niño no establece una preeminencia absoluta del interés superior del niño, sino sólo una directiva a su consideración primordial, no se demostró que, desconociéndose el paradero del niño de quince años cuyo interés superior se invoca, la prisión domiciliaria se presente como un medio idóneo para satisfacer dicho interés, ni que el ausentismo escolar alegado hubiese tenido lugar después de la detención de su madre. (Dres. García, Yacobucci, Mitchell).
Instigación a cometer delitos, incendio, libertad de expresión
Materia: PENAL
Carátula: Astudillo, Franco Rubén y otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-10-08

La condena impuesta a un abogado y a un periodista como instigadores del delito de incendio agravado, en los términos de los artículos 45 in fine y 186 inc. 1º, 3º y 4º del CP, en ocasión en que un tumulto de gente se encontraba reclamando justicia frente a una sede del Poder Judicial, debe ser confirmada, pues no puede ser enmarcado dicho accionar en el concepto de libertad de prensa, pues a los imputados no se los ha perseguido penalmente por haber ejercido su derecho a expresarse, manifestarse, disentir o informar, sino por haber instigado a que un grupo de personas violentara la sede tribunalicia poniendo en peligro la integridad física de personas y dañando bienes particulares y públicos, conductas que en modo alguno comportan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión reconocido y amparado constitucional y convencionalmente.
Quiebra, acreedor privilegiado, personas con discapacidad, menores, interpretación de tratados internacionales
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Institutos Médicos Antártida s/ quiebras/ inc. de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F.) c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

La protección especial contemplada en los instrumentos internacionales de derechos específicos de los niños discapacitados genera consecuencias concretas en el caso donde diversos acreedores concurren a procurar satisfacer sus créditos de un patrimonio que devino insuficiente para atender sus obligaciones en el tiempo y en las condiciones previstas originariamente, y el cuidado especial que demanda la situación de vulnerabilidad de aquellos exige que se traduzca, ineludiblemente, en una preferencia en el cobro de sus acreencias vinculadas con la satisfacción de sus derechos fundamentales (Voto del juez Rosatti).
Honorarios del abogado, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ BANCO NACIONAL DE DESARROLLO s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

Cuando no hay condena ejecutable contra el Estado, sobre la base de la pretensión deducida, carece de sentido calificar a los honorarios como un accesorio de un capital de condena de un crédito principal. En este caso, el crédito por la retribución constituye, "per se", una condena dineraria contra el ente estatal, alcanzado por la ley de consolidación.-
Daños y perjuicios, indemnización, indemnización por muerte, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: MAIDANA  ANTONIO  Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE DEFENSAFUERZA AEREA ARG. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-13

Relativamente a la indemnización por la muerte del hijo, recuerdo que la indemnización debe ser integral pero no excesiva; y que un modo seguro de cumplir con esa premisa es el de atenerse a la ley y a la repercusión negativa que ha tenido la acción antijurídica en los intereses del acreedor. Me interesa aclarar puntualmente que lo que en verdad se reclama bajo este concepto es la pérdida económica que sufren quienes dependían de los aportes económicos del causante para su propia subsistencia, o sea que se trata de establecer el daño que con motivo de la muerte han sufrido quienes reclaman la pertinente reparación; lo que el derecho manda indemnizar es la repercusión patrimonial negativa que experimentan los damnificados indirectos del daño a raíz de la muerte (arts. 1084 y 1085 del Código Civil) y no la extinción de la vida como tal (conf. esta Sala, causas 2481/99 del 5/10/04; 211/01 del 21/03/05 y voto del Dr. Recondo en la causa 3.606/02 del 29.3.11; Sala I, causas 3755/93 del 27/06/96; 5842/94 del 28/11/00; Sala II, causa 4804/97 del 20/11/01).
Concursos, honorarios, monto del juicio, clausura del procedimiento, clausura por falta de activo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Kanemoto, Kiyoshi  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-27

A los fines de regular honorarios, el caso de clausura por falta de activo no encuadra en ninguno de las previsiones de la LCQ 267. Sin embargo, atento a lo normado por la LCQ 268-2°, para la determinación de los estipendios de los profesionales, debe tenerse en cuenta la labor efectivamente realizada, considerando la especial circunstancia que no ha habido liquidación de bien alguno.
Caducidad de instancia, falta de fundamentación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAZARTE, Mario Alberto; FLORES DE LAZARTE, María E. c/ YAPURA, José Armando; VILTE, Julio; COSALTA; MONASTERIO, Walter. s/ SUMARIO: DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-03-24

Es materia del recurso extraordinario la sentencia que omite toda consideración sobre el perjuicio que irrogaría a la parte la declaración de caducidad de la instancia invocado por el recurrente, como pronunciarse sobre las argumentaciones que en tal sentido desarrolló el actor, introducidas oportunamente en la causa y conducentes a la solución del litigio.-
Imputado, homicidio culposo, ebriedad, actio liberae in causa
Materia: PENAL
Carátula: GUERRERO MANUEL R. s.d. HOMICIDIO SIMPLE e.p. VILLALBA OMAR DARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-29

Habiéndose producido la acción de "matar a otro", el hecho básicamente constituye el delito de homicidio. Más al estar ausente la intención deliberada de matar en el ánimo del imputado, (dolo directo), debe excluirse su responsabilidad a este título. Pero al haber sido consciente y voluntaria su determinación de ingerir bebidas alcohólicas que indiscutiblemente conocía que lo conducirían a ese estado de enajenación por ser un bebedor consuetudinario, tal circunstancia constituye una negligencia pues en tal situación podía llegar a cometer el hecho tal como sucedió. Es decir que su culpabilidad consistió en ese estado de ebriedad imprudentemente adquirido. En consecuencia, procede la aplicación del principio de la "actio libera in causa", debiendo el acusado ser condenado por el delito de homicidio culposo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, intereses, tasas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. c/ SANTA CRUZ GEREZ, BERNARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

La crítica efectuada por considerar que en la aplicación de intereses se arribó a una doble actualización, abusiva e improcedente, no puede entenderse viable, desde que los accesorios aplicados a la reconvención -tasa activa sumada del B.C.R.A.- en modo alguno se advierten irrazonables o confiscatorios como pretende hacer ver la impugnante, ni computado sobre montos actualizados, puesto que -como lo afirma la Alzada- el cálculo de las prestaciones se efectuó -de acuerdo a la pericial contable- sobre los montos indemnizatorios acordes al sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Netri)
Beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bastida, Tomás Oscar c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia delChubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-07

Los funcionarios electivos integran el régimen de jubilaciones y pensiones, obligatoriamente, por aplicación del artículo 81 de Ley nro. 3923 -TO Ley nro. 4251-. Y su finalidad indiscutida e indiscutible, es evitar que el hecho de pasar a la pasividad provoque una alteración ponderable en la economía familiar, causa y sustento del derecho de movilidad.
Transporte marítimo, transporte de carga, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: CAÑOS PLAZA SRL Y OTRO c/ MOVIPORT SA s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-05

Corresponde analizar ahora si Moviport S.A., incurrió en la responsabilidad por los daños ocasionados por las lluvias que las actoras le atribuyen en función de no haber previsto un adecuado resguardo de la mercadería de esos factores, teniendo en cuenta su doble calidad de depositaria fiscal -y judicial (arts. 2185, inc. 2° y 2186 del Cód. Civil)- y, en particular, las características del servicio que prestaba, esto es, depósito en perímetro cerrado a cielo abierto. El incumplimiento se presume culposo cuando la cosa depositada se restituye deteriorada (conf. G.A. Borda, Tratado de derecho civil-Contratos, 4ta. ed., t.II, p. 723 y 739), lo que aquí interesa es dilucidar si las actoras demostraron concretamente la imputabilidad del daño alegado (art. 377, Código Procesal). Dicho en otros términos, si el juego de la presunción de culpa insita en el hecho material del incumplimiento surge de aquél extremo (confr. J. J. Llambías, "Tratado de Derecho Civil Obligaciones", 2a. ed., n° 168; A. Colmo, "De las obligaciones en general", 3a. ed., n° 110; F.A. Busso, "Código Civil Anotado", ed. 1949, t. III, p. 258, etc.).
Privación ilegal de la libertad, apreciación de la prueba, coautoría, delitos contra la humanidad, responsabilidad penal, abuso sexual
Materia: PENAL
Carátula: Riveros, Santiago Omar c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-16

La valoración de los testimonios orales debe prestarse con consideración al tiempo transcurrido desde el acaecimiento de los sucesos y su posible impacto en la precisión de los dichos y, por tanto, la existencia de discrepancias menores no desacreditan necesariamente el testimonio. Está debidamente fundada la responsabilidad penal que le cupo al imputado -Comandante de Institutos Militares y Jefe de la Zona de Defensa IV-, en calidad de coautor, en los hechos imputados en la causa si fue quien diseñó el marco de las acciones concretas, proporcionó los medios necesarios y ordenó su ejecución, se trata entonces de uno de los autores, habiendo tenido el co-dominio de las acciones llevadas a cabo en tal marco y habiendo tenido, además por su posición, la facultad de poder hacer cesar las mismas, habiéndose destacado, asimismo la autonomía con la que contaba en el ejercicio de sus funciones. Se ha probado sin margen de duda que entre las agresiones sexuales y el ataque generalizado y sistemático al que se vio expuesta la población a partir del sistema represivo establecido en el país cuanto menos en el período 1976-1983, existe una relación que permite considerar que dichas agresiones formaron parte de ese ataque, ya que en el marco del plan sistemático los cuadros inferiores gozaron de una gran discrecionalidad y libertad, teniendo la posibilidad de abusar sexualmente de las personas detenidas, con lo que la supuesta eventualidad no fue tal, los abusos sexuales no fueron caprichos o excesos de los subordinados que pudieran resultar imprevisibles sino que integraron la política de desmoralización y humillación de las víctimas .
Derecho laboral, horas extra, prueba, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: TABORDA GUILLERMO CESAR c/ GUTIERREZ MARTA s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-11-04

La prueba respecto de las horas extraordinarias debe ser fehaciente, categórica y cabal, tanto en lo que se refiere a los servicios cumplidos como al tiempo en que se desarrollaron, creándose una presunción desfavorable al trabajador que reclama recién al rescindirse el vínculo. Y, no se toman generalmente en cuenta las meras presunciones favorables al trabajador.
Divorcio, exclusión del hogar, exclusión del marido
Materia: CIVIL
Carátula: K. DE F.P.E. c/ F.O.S. s/ EXCLUSION DE CONYUGE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-17

El art. 231 del Código Civil con la reforma de la ley 23.515, que sustituyó al art. 68 de la ley 2393, no confiere a ninguno de los cónyuges una preferencia para permanecer en el hogar común, y, por ende, tal cuestión debe dilucidarse de acuerdo a las modalidades del caso en particular. Uno de los elementos de juicio a considerar, si no existen otros en contrario, se da cuando la mujer ejerce la guarda o la tenencia de los hijos, porque el marido tiene mayores facilidades para resolver el problema de la habitación. Ante la falta de probanzas que se opongan, debe prevalecer el criterio de la exclusión del esposo, que tiende a proteger al grupo familiar más numeroso.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bco. Regional del Salado S.A. c/ Compl. Hab. UTA s/ Ejec. hipotecaria Compañía Financiera Sic S. A. c/ Rueda Astolfo N. y ot. s/ Ejecución hipotecaria. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17|1990-12-18

Los pronunciamientos recaídos en un juicio de ejecución hipotecaria no revisten, en principio, carácter de sentencia definitiva en los términos de los artículos 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad y nulidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)