marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Antonelli, Héctor R. c/ Cooperativa de Trabajo Naval Ltda. s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

La función propia de la judicatura laboral en cuanto a la apreciación de los hechos y de la prueba radica en evaluar y comparar para decidir de manera tal que la discrepancia personal del apelante con el criterio aplicado por el sentenciante para juzgar sobre las circunstancias fácticas no es base idónea de agravios ni configura absurdo puesto que dicho vicio no se consuma con el solo hecho que el tribunal de grado prefiera o atribuya trascendencia a una prueba respecto de otra sino que debe tratarse de un error grave y manifiesto, con quebrantamiento de las reglas que gobiernan la tarea axiológica del juzgador de origen.
Intereses, tasa pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos, Alberto M. c/ La Vecinal de Matanza S.A.C.I. de Microómnibus s/ Despido Villegas, Eugenio y otra c/ De Luca, Angelina s/ Despido Núnez, Osvaldo O. c/ Cromoduro Industrial SACIFIA y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28|1997-07-08|2001-02-28

A partir del 1º de abril de 1991 corresponde aplicar a los créditos pendientes de pago reconocidos judicialmente la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 8, Ley 23.928; 622, Código Civil).
Confirmación de sentencia, medidas cautelares, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Portal de Belen Asociación Civil c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ amparo-recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-05-21

Es improcedente la pretensión de la parte actora por la que pretende que la medida cautelar de suspender la aplicación de la Res. Nº13/12 del Min. de Salud de la Provincia que aprueba la "Guía de procedimiento para la atención de pacientes que solicitan práctica de abortos no punibles" para el supuesto allí previsto de "Procedimiento en caso de violación", se haga extensiva a los establecimientos asistenciales nacionales existentes en el territorio provincial, porque si bien es cierto que, como principio, el Estado Provincial conserva el ejercicio del poder de policía sobre ellos en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 30 C.N., no lo es menos que esas atribuciones encuentran su límite en la misma norma, en todas aquellas cuestiones que hacen al cumplimiento de los fines específicos del establecimiento, en consecuencia, la provincia carece de atribuciones para interferir en el modo, forma y condiciones en que el Gobierno Federal ejerce sus poderes concurrentes en los establecimientos de utilidad nacional que haya dentro del territorio de aquélla, por lo que si existiera una amenaza equivalente al derecho que se pretende amparar en el caso, proveniente de alguna autoridad nacional, el reclamo de tutela judicial efectiva debería dirigirse a los tribunales federales -art. 18 Ley Nacional 16986 y art. 18 Ley Provincial 4915-.
Prescripción de la acción penal, suspensión de la prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Giulitti, Marcos Alberto s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-17

No alcanza con el mero carácter de funcionario público para que opere la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal, pues lo que se procura es que se suspendan dichos términos mientras el funcionario pueda utilizar su influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la acción penal. El particular desempeño profesional de los notarios, quienes en rigor no conforman organigrama alguno de la administración pública, ni se encuentran sujetos a estructuras jerárquicas dentro de sus cuadros, impide que, a los efectos de la suspensión del término de la prescripción, puedan ser considerados funcionarios públicos, máxime si no se vislumbra posibilidad de influencia funcional alguna en el desarrollo del proceso penal. La disidencia parcial consideró que, si bien a su criterio no corresponde efectuar diferenciación alguna en punto al origen o calidad de las funciones, el notario no puede ser considerado funcionario público a los efectos de la suspensión del término de la prescripción. (Dres. Madueño, Fégoli -en disidencia parcial- y Rodríguez Basavilbaso).
Competencia federal, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Mercado, Rodolfo Humberto c/ Comisión viviendas ley 21.712 s/ medida de no innovar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

La competencia de la justicia federal en lo contencioso- administrativo se determina cuando: a) la relación jurídica en que se funda la demanda fue celebrada en el marco de normas federales;

b) se cuestionan actos de naturaleza administrativa y c) intervienen en el litigio entidades nacionales.
Matrimonio, nulidad de matrimonio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: L.A c/ C.K s/ nulidad de matrimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-25

Ante el carácter de la nulidad no reviste trascendencia la existencia de posesión de estado matrimonial, no siendo un dato relevante a los fines de la decisión.
Constitucionalidad, reajuste jubilatorio, acumulación de beneficios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TRUEBA CARLOS MANUEL c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-03

Corresponde hacer lugar al cuestionamiento de la validez constitucional del art. 26 de la ley 24.241, en cuanto limita el importe de la PC a un máximo de un AMPO por año de servicio o fracción mayor de seis meses computables para su cálculo. Para así decidir, ha de tenerse en cuenta que su aplicación -en el caso- conduce a una merma confiscatoria del haber por cuanto reduce su cuantía en casi un 40%, de modo que resulta válido el temperamento adoptado por el Tribunal sobre los efectos del derogado art. 55 de la ley 18.037, aplicado en infinidad de causas a partir de los precedentes "Szczupak, Sofía Rebeca", "Rodríguez, Camilo Valeriano", "Bastero, Benjamín" (todos del 16.08.89), también reiterado en "Chocobar, Sixto Celestino (sent. del 29.07.93) -aspecto que no fue revisado por la C.S.J.N. en el pronunciamiento dictado en esa causa el 27.12.96-, y más recientemente, en "Storni, Oscar Felipe (sent. del 10.07.02). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Derecho a la salud, medicina prepaga, cobertura médica, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: S.,D. c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-15

La sentencia que condenó a la entidad médica demandada a proveer la cobertura integral de ciertas prestaciones luce dogmática si no tuvo en cuenta una serie de agravios entre los que se destaca el concerniente a las circunstancias singulares de la relación contractual que vinculaba a la entidad con la actora mediante un "plan cerrado" de afiliación y se apoyó en un conjunto de normas superiores de fuente local e internacional que aparecen desvinculadas de la concreta situación fáctica suscitada en las actuaciones y de las disposiciones normativas y contractuales que directa e inmediatamente regulaban el punto.
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: SALONIA, JUAN c/ ACINDAR  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-19

El factor laboral (concausa ambiental) no debe ser descartado "a priori" cuando reúne determinadas condiciones, como una concausa jurídica relevante dentro del sistema de la ley 9688, "por el solo hecho" de la edad del actor (52 años) o porque no hubiera habido manifestación de la enfermedad durante la relación laboral.
Juicios en que es parte una provincia, daños y perjuicios, registro de la propiedad inmueble, responsabilidad del escribano, intervención de terceros
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - PROCESAL
Carátula: Mazzotta, José c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

Si la provincia, demandada por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones por el Registro de la Propiedad, consideró responsable total o parcialmente del daño a la escribana interviniente, debió reclamar su intervención como tercero en el juicio.
Juicio sumarísimo, phishing
Materia: CIVIL-INFORMATICO
Carátula: Tajleabue, Petrona Delfina c/ Nuevo Banco de Entre Ríos s/ sumarísimo (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-10-18

En el marco de una estafa bancaria bajo la modalidad de "phishing", a raíz de las reglamentaciones emitidas por el BCRA, las entidades bancarias deben prestar especial atención al funcionamiento de las cuentas con el fin de prevenir su posible uso en actividades ilícitas. Al respecto, la Circular 'A' N° 6.878 del 24/01/2020, dice que: "...deberán adoptarse normas y procedimientos internos a efectos de verificar que el movimiento que se registre en las cuentas guarde razonabilidad con las actividades declaradas por los clientes" (3.8.5).
Sentencia, cuestión abstracta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dinardo, Carmelo c/ Dinardo, Esteban s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-02

No es función de la judicatura emitir declaraciones abstractas. Es abstracto el pronunciamiento que recae sobre una cuestión que carece de gravitación en el resultado del pleito. Los pronunciamientos abstractos son impropios de las decisiones judiciales, por lo que no es función de la judicatura emitirlos.-
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, obligaciones de dar cantidades de cosas, aplicación de la ley, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Escudo Coop. de Segs. c/ A.C.A. s/ Transporte
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Se trata de una deuda de valor y no de dinero, calidad que no pierde por el hecho de que la demanda sea entablada en algunos casos por las aseguradoras que se han subrogado en los derechos del propietario de los bienes dañados.

En mérito a esta calificación del crédito de que aquí se trata indemnización de los daños ocasionados a la mercadería transportada- cabe concluir que no está alcanzada por la ley de convertibilidad 23 928 -cuyo art. 7 se refiere a la "obligación de dar una suma determinada de australes"-, tal como lo ha sostenido la Sala 2 de esta Cámara de acuerdo con conocida doctrina.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: MELIAN, JAIME ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-04-15

Los derechos de las partes se juzgan de conformidad con la ley vigente al momento en que se producen los hechos que dan causa a la situación de crédito y débito. Se afecta la garantía constitucional, si se aplica la nueva ley (la 24.028) a las consecuencias de una situación que se produjo en virtud de un hecho que ocurrió con anterioridad a su vigencia. Es así pues se trata de derechos que nacieron bajo la vigencia de una ley y precisamente, es ésta la que fija los derechos y obligaciones de las partes y no la que rige al momento en que se promovió la demanda judicial.
Diferencia de haberes jubilatorios, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Jara Ramón c/ Instituto de Seguridad Social del Neuquén s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-05-11

Si por aplicación de los mecanismos establecidos en los artículos 56 y 60 de la Ley 611, resultara un haber de pasividad ordinario inferior al 80% de lo que habría percibido el trabajador de continuar en actividad, la solución debería ser descalificada jurisdiccionalmente y ordenarse el pago de la diferencia necesaria para hacer efectivo el piso de protección constitucional.
Suspensión de la prescripción de la acción penal, querella
Materia: PROCESAL
Carátula: SIMAHAN, Mirta Aurora c/ CRUZ, Ajejandro y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

La querella deducida por la víctima, habiendo coautores, suspende la prescripción de la acción exclusivamente respecto del querellado cuando ha sido dirigida contra uno solo de ellos. Ello, por cuanto el beneficio de la suspensión de la prescripción no puede ser invocado sino por las personas o contra las personas en perjuicio o en beneficio de las cuales ella está establecida.-
Pago, reservas
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Luengo, Raquel Patricia Pastor de y otro c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 176-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-05-24

Cuando los pagos se realizan en cumplimiento de obligaciones cuya liquidez no depende de determinación alguna la solución del artículo 624 del Código Civil aparece justificada por la certeza de la deuda, por lo que el proceder del acreedor al recibir el pago debe ser correspondientemente claro en punto a los rubros que pudieren aún adeudarse. El ordenamiento de fondo en estos casos otorga al silencio -recibo del capital sin reservas- un significado particular: el de importar la extinción de la deuda de intereses.
Economía procesal, celeridad procesal, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Bellavich, Noelia Solange  c/ Club Atlético Platense y otros  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Si median razones de economía y celeridad procesal, corresponde resolver el conflicto de competencia aunque no se cumpla estrictamente con el trámite de la inhibitoria regulado en los artículos 9 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso contencioso administrativo, caducidad, confirmación del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lapaz Ojeda, Roberto y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Caducidad  (Expte.: C.S.J. Nro. 115 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-09

La provincia demandada no tiene la carga de denunciar la caducidad al comparecer a estar a derecho, porque la citación genera exclusivamente la de comparecer, pero una vez notificada del proveído que la tuvo por presentada al juicio y le otorgó la participación legal correspondiente, debe oponer la caducidad dentro de los seis días hábiles posteriores a tal notificación (artículo 61, ley 5531, aplicable según artículo 23 de la ley 4106); al no hacerlo en ese término, consentiría el acto impulsorio, subsanándose la instancia que estaba afectada por el cumplimiento de las condiciones que hacían posible la declaración de caducidad.
Honorarios, abogados
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HERRERA ROBERTO Y OTRO c/ JOSE GARGUIR Y OTRO s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: A074 - 240)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-29

Cuando intervienen dos abogados reclamando un crédito por su propio derecho, debe considerarse que recíprocamente se patrocinan.-
Declaración indagatoria, prueba insuficiente, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: M., C. c/  s/ Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-18

Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi señalaron que si el fiscal solicita la indagatoria del imputado, la respuesta jurisdiccional no debe ser otra que convocarlo o resolver su situación procesal -esto último si considera que no existen elementos de prueba para mantenerlo sometido a proceso-, habilitando en todo caso la instancia de apelación si el titular de la acción pública se agravia de esa decisión. Agregaron que por no poder el magistrado mantener un criterio expectante a la espera de incorporación de pruebas que el fiscal no estimaba necesarias y habiéndose vulnerado lo expresamente previsto por el artículo 5 del CPPN, correspondía disponer la nulidad de la resolución apelada para que se dicte una nueva decisión ajustada a lo indicado.
Daños y perjuicios, mediación obligatoria, prescripción, cómputo del plazo, falsa denuncia, sobreseimiento definitivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MARTINEZ, Enrique Luis y otro c/ MARCOLINI, Rubén Héctor s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-09

Se puede hablar de denuncia calumniosa o falsa denuncia cuando, además de otros requisitos, el proceso iniciado por la renuncia ha terminado por absolución o sobreseimiento firme, y por lo tanto, a partir de la fecha de la absolución o del sobreseimiento firme, comienza a correr el plazo de prescripción previsto en el art. 4037 del Código Civil. De ahí que, si el sobreseimiento definitivo dictado por la Cámara de Casación Penal quedó firme en septiembre de 2001, computando el plazo previsto en el art. 4037 del Código Civil desde esa última fecha hasta el 12 de abril de 2002 cuando los accionantes iniciaron la demanda ésta fue interpuesta con anterioridad a expirar el plazo allí fijado, máxime si en el caso corresponde descontar el tiempo que estuvo suspendido el plazo de prescripción entre el 5 de diciembre de 2001 y el 6 de febrero, por el trámite de mediación obligatorio.

Del voto de la mayoría (Dres. Posse y Burnichón).
Daños y perjuicios, licencia de conducir
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Araujo, Lucía Catalina y Otro c/ Brugo, Javier y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-02-28

El permiso provisorio para conducir no cumple con ninguno de los recaudos sustanciales que exige la normativa citada en lo que refiere a los examenes teóricos prácticos de conducción y manejo, surgiendo de la armónica y racional interpretación que cabe dar a los artículos 13 y 14 de la Ley 24.449 que la única habilitación otorgada por los municipios u organismos provinciales que permite la circulación en todo el territorio nacional es la licencia definitiva expedida en los términos del artículo 14 precitado.
Juicio ejecutivo, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO BIRCO COOPERATIVO LIMITADO c/ RADIODIFUSORA LABOULAYE SRL Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - JUICIO EJECUTIVO (CSJ EXPTE N.  449-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

No obsta a la persistencia del reajuste del saldo de precio, el hecho de que se hubiera dictado ya sentencia por la que se actualizaba el monto a la fecha del pronunciamiento, pues la actualización del importe de la condena, no compromete sino que preserva la autoridad de cosa juzgada y busca fijar definitivamente más que el texto formal del mismo, la solución real adoptada en el fallo, la que se frustraría de no efectuarse el reajuste cuando por causas ajenas al acreedor, no media cumplimiento oportuno.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Orlando c/ Tassara Fortunato S.A. s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

No constituye infracción al art. 28 última parte del dec. ley 8904 /77 la consideración como trabajos complementarios de las actuaciones posteriores a la sentencia definitiva seguidas para determinar el monto de la condena.
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Calenta, Karina Noemí y otros c/ Tanzi, Ignacio y otros s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-13

Habiendo la sentencia hecho lugar, entre otros al reclamo indemnizatorio de la actora por los rubros "valor vida como lucro cesante" y "chance", esta Alzada dejó establecido que, más allá de no haber sido correctamente designados los rubros reclamados, es lo cierto que tales reclamos tienen por objeto reparar las consecuencias económicas de la muerte de la víctima, razón por la cual, la indemnización por pérdida de chance, encuentra acogida suficiente con la suma otorgada por el "valor vida como lucro cesante", aunque la terminología aplicada es jurídicamente improcedente (art. 1068 y 1069 del C.C. y 165 del CPCC). Por lo tanto mantener este rubro, implicaría incurrir en una doble indemnización por la misma causa (art. 1071 del C.C.).
Ley de servicios de comunicación audiovisual, inconstitucionalidad, derechos del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Resulta inconstitucional el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, en lo relativo a los efectos que produce sobre los derechos de los usuarios que forzadamente se verán privados de los servicios de cable que prestan las actoras, entrando en abierta colisión con la libertad de elección que el artículo 42 de la Constitución Nacional expresamente reconoce (Del voto en disidencia del Dr. Carlos Fayt).
Acumulación de procesos, salario de asistencia y salvamento, pedido de desacumulación
Materia: PROCESAL
Carátula: RUA REMOLCADORES UNIDOS ARGENTINOS  S.A.  Y OTROS c/ CAP. BQ. HELLESPONT MARINER s/ COBRO DE ASISTENCIA Y SALVAMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

Cabe confirmar el criterio adoptado por la resolución apelada, a menos que la recurrente obtenga dentro del plazo de 15 días desde la notificación de ese decisorio, una carta de garantía a favor de los actores de idénticas características en cuanto a monto y plazo de vigencia que la prestada en su oportunidad por el The Morgan Bank de la Guaranty Trust Company of New York, en cuyo supuesto que deberá desestimar la desacumulación impetrada, ya que en dicha forma, al modificarse sustancialmente las circunstancias fácticas que sustentaban dicho criterio, se lograría evitar a los accionantes un perjuicio que vulnerara su derecho de defensa, alcanzándose una solución que, a juicio de la Sala, satisface razonablemente los intereses de las partes involucradas.
Accidente de tránsito, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Luján, Mario Alberto c/ Medina, Anibal Oscar y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

No procede la reducción de la indemnización en base a lo prescripto en el art. 1069 2da. parte del C.C. ante la paridad de indigencia de la víctima y damnificado y, menos aún, cuando la situación económica de esta última es más gravosa.
Doctrina de la arbitrariedad, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: QUINTANA ANACLETO LAUREANO c/ ROJO FERNANDO LUIS Y/O RESPONSABLES s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD ACCIDENTE,ETC.-RECURSO EXTRAORDINARIO  INTERPUESTO POR DR. FRANCISCO CERRO(H)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-14

La sentencia suficientemente fundada, cualquiera sea su acierto o error, no es susceptible de la tacha de arbitrariedad.