Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-11


DISIDENCIA DEL DR. GANDUR:

En tales condiciones, la decisión de los jueces de grado de desconocer eficacia probatoria al instrumento de pago no puede objetarse, en tanto la decisión constituye un razonable ejercicio de las facultades que les otorga a los jueces el art. 125 de la ley 22.248.

Los agravios del recurso casatorio cuestionan la valoración de la prueba, sin lograr descalificar los fundamentos de la sentencia o poner en evidencia que ésta hubiera incurrido en arbitrariedad.

La existencia de absurdo o arbitrariedad fue insuficientemente invocada, toda vez que la impugnación a la valoración de la prueba atribuida a la Sala, no está fundada en argumentos convincentes que evidencien el referido vicio.

Desde esa perspectiva, la denuncia de errada valoración de las pruebas no cuenta con mínimos fundamentos que habiliten la apertura de la instancia extraordinaria de la casación.

SENT Nro. 582 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 11 DE AGOSTO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, con más la integración del señor vocal de la Sala en lo Civil y Penal, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana -por no existir votos suficientes para emitir sentencia válida-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Quiroga, Carlos Humberto vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I.y F. s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, con fecha 9 de agosto de 2002 (fs. 290/293 y vta.), la parte demandada interpone recurso de casación, el que es concedido por auto del 15 de noviembre de 2002 (fs. 317). Consta en el informe actuarial de fs. 337, que ambas partes han presentado memorial facultativo.

2.- El fallo atacado no hace lugar a la excepción de pago planteada por la accionada y acoge la demanda por la suma de $48.641,94, en concepto de indemnización art. 76 inc. "a" de la ley 22.248 e incremento art. 76 inc. "c" de igual digesto legal y mes de despido e integración. Impone las costas a la vencida y regula honorarios a los profesionales actuantes.

Aborda como primera cuestión la determinación si el comprobante glosado a fs. 58, reúne los requisitos de validez como instrumento cancelatorio y liberatorio de los rubros que la demandada afirma haber abonado, tratándose el actor de un trabajador analfabeto que negó haber percibido suma por algún concepto.

Refiere en primer lugar la pericial psicológica, concluyendo en función de ella que el actor no dimensionó la importancia, alcances y efectos del instrumento que suscribía, acreditado como está que no sabe leer y escribir.

A continuación considera que el reconocimiento del Encargado de Personal a la comunicación nro. 16 exhibida en la audiencia de fs. 284 y la existencia de un despido directo olvidado, pese ser cuatro días posteriores a la renuncia, determinan una liquidación que sólo puede provenir de aquella extinción incausada.

La Sala estima que hay un total desapego al cumplimiento de las disposiciones de la ley 22.248, a lo que se agrega la respuesta a la posición rendida a fs. 213, sobre que no era verdad que el actor no sabía leer y escribir, aplicando en función de que se ha incumplido con la exhibición del legajo, el apercibimiento previsto por el art. 61, segundo párrafo del CPTT, teniendo por ciertas las afirmaciones del trabajador.

Efectúa luego una serie de consideraciones acerca de la pericial contable, dictamen al que considera confuso e infundado, llevando según lo expresa a apartarse de sus conclusiones, en razón de no contener el mismo explicación detallada y fundada de los elementos de valoración que le fueran solicitados.

Cuando aborda el documento glosado a fs. 58 considera que no puede tenérselo como prueba veraz y eficaz de un pago liberatorio, pues además de la condición de analfabeto del actor no fue instrumentado por las modalidades y exigencias de los arts. 138, 139, 140 y concordantes de la ley 22.248, para evitar el fraude laboral.

Agrega que tratándose de un despido incausado era un imperativo legal que el pago de los rubros se hiciera ante la autoridad del trabajo, dictándose la respectiva resolución homologatoria, para obtener el efecto liberatorio, por lo que el instrumento que se pretende hacer valer, glosado a fs. 58, es nulo de pleno derecho, conforme al art. 142 último párrafo de la mencionada 22.248.

Luego de algunas consideraciones acerca de la conducta patronal, resaltando el carácter tuitivo del derecho laboral con respecto a los intereses del actor, concluye que ello se ve acentuado por la fuerza de la presunción iuris tantum del párrafo tercero del art. 954 del Código Civil, en concordancia con el 725 y 740 del mismo ordenamiento.

3.- Los agravios comienzan con una referencia al carácter del recurso interpuesto, explicando que se ha violado o aplicando falsamente algunas disposiciones, refiriendo en primer lugar el deber de motivación de las sentencias contenido en el art. 28 de la Constitución Provincial y 271, 272 y 273 incs. 5° y 6° del CPCCT.

Explica que el régimen de trabajo agrario sustituye a todas las normas nacionales y provinciales, y que al dictarse el decisorio no ponderó las actuaciones cumplidas, careciendo de bases aceptables con arreglo a los preceptos que gobiernan las pruebas, descalificándolo como acto jurisdiccional válido.

Postula que no es verdad que las probanzas hayan sido analizadas conformes a los art. 33, 34 o 40 del CPCCT, habiéndose flagrantemente apartado del art. 308 del mismo ordenamiento en cuanto a la carga de la prueba, citando precedentes de este Tribunal, en cuanto a la libertad del trabajador de acreditar por cualquier medio de prueba el abuso de la firma en blanco.

Imputa que las soluciones son contrarias a la ley explícita, a partir de que tanto el instrumento de fs. 58, cuanto los que están agregados a partir de fs. 36, han sido reconocidos en su firma por el actor en la audiencia de fs. 85, mas no en su contenido, cuando la ley sustantiva (art. 1029) está señalando que la fuerza probatoria es indivisible, por lo que debe tenerse por acreditado el pago.

Avanza la crítica en cuanto a que las prescripciones del art. 10 de la ley 22.248, prevé la posibilidad de que el trabajador agrario no supiere leer y escribir, vinculando la cuestión con la absolución de posiciones.

Sobre tal cuestión ataca la valoración de la Sala, en cuanto no tuvo por confeso al accionante, dando a esa prueba el sentido contrario, afectándose la decisión al resultar arbitraria en el punto.

Critica también la cita del art. 12 de la ley 22.248 que efectúa el Tribunal, en cuanto a la obligación de obrar de buena fe, no conteniendo los arts. 64 inc. "c" y 76 de la misma ley, reglas que puedan dar lugar a cargos para la accionada, considerando además que el resto de las disposiciones citadas del mismo régimen agrario, no tienen vinculación.

Al abordar lo referido a la prueba pericial contable, explica que las aclaraciones no hacían falta, ni sobre las mismas pesaba apercibimiento alguno, donde la sentencia vuelca, en su concepto alguna suspicacia sobre el legajo del actor, resultando revisable este aspecto, en razón de haberse violado las reglas de la sana crítica, al efectuarse una valoración parcial e inadecuada del cuadro probatorio.

Postula que lo referido al dictamen psicológico es una apreciación subjetiva de la Sala, sobre una situación que se explica narra el propio actor, con una conclusión equivocada el vincular en contra de las pruebas de que el que no sabe firmar, tampoco lee y escribe.

Considera luego que la preopinante se embarca en una teoría muy particular contraria a lo expresamente consagrado por los arts. 138 y siguientes de la ley 22.248, a lo que se agrega la confusión, que considera habitual de que el art. 91 del CPTT sólo faculta a intimar la exhibición de libros, registros, planillas y otros elementos de contralor y no documentación, con la consecuencia, que el apercibimiento es sólo de tener por ciertas las afirmaciones sobre los datos que tales instrumentos debían contener.

4.- Reexaminada la admisibilidad se advierte temporánea interposición contra sentencia definitiva, cumplidos los demás recaudos del art. 132 y el afianzamiento por póliza que exige el art. 133, existiendo motivo casatorio y suficiencia en el planteo de arbitrariedad.

5.- Evidentemente debe abordarse el problema planteado con respecto a la validez del recibo de fs. 58, fundando la excepción de pago total opuesta, habiéndose reiteradamente dicho que su valor probatorio debe apreciarse según el criterio judicial, necesariamente en función de las circunstancias del caso, situación que deja ver a las claras que se está ante un tema de estimación de prueba, reservado a la actividad propia del tribunal de mérito, y por lo tanto ajena al remedio casatorio.

No obstante ello, los agravios expresan sobre el punto la violación de normas jurídicas, imputando arbitrariedad a su valoración en cuanto a la eficacia probatoria de tal instrumento.

Resulta relevante lo referido a la firma del mismo por un analfabeto, circunstancia evidentemente comprobada por la sentencia, en combinación con el expreso reconocimiento que hace el actor en diversa instrumental, según el acta judicial de fs. 85.

Ha calificado como arbitraria la mayoría de este Tribunal (CSJTuc., sent. nro. 710 del 18/11/94) a aquella decisión en la que "sin haberse fundamentado con el debido rigor jurídico la existencia de vicios que excluyen la libre y consciente voluntad del actor con la sola circunstancia del analfabetismo -elemento que por sí solo no constituye prueba suficiente de tal extremo-, se invalida una declaración de voluntad realizada con observancia de los resguardos legales que garantizan la libertad del accionante y evitan el fraude laboral", mientras la minoría en el mismo fallo afirmó que "es cierto que la condición de analfabeto del otorgante no lleva necesariamente a presumir la existencia de un vicio del consentimiento", pero que sí era "lícito presumir en él una extrema vulnerabilidad, en cuanto a las posibilidades de verse involucrado en una situación en la cual "una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación".

Tal decisión, aparece en línea con calificada jurisprudencia que dijo: "en el caso que un analfabeto renuncie al empleo corresponde averiguar si éste sabía o no lo que estaba firmando pero no cabe aceptar que no pudiera obligarse con su firma porque tal extremo implicaría crear una incapacidad jurídica que la ley no contempla" (CNac. Apelaciones del Trabajo, Sala V, publicado en BCNTrab., 1982- 41- disco LL).

Sobre el restante aspecto también se expresó que "el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido; la manifestación relativa al desconocimiento del contenido carece de trascendencia procesal, si no se invoca y prueba el otorgamiento o abuso de firmas en blanco en las oportunidades procesales correspondientes" (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V; 27/5/1985; publicado en DT, 1985-B-971).

Plantean los agravios la libertad probatoria del actor en orden a la eximente de lo que dispone el art. 1026 del Código Civil, introduciendo como crítica, una transgresión al principio de la carga probatoria que manda el art. 308 CPCCT.

La decisión en crisis es fundada en una cita promiscua de disposiciones legales entre los que incluye los arts. 137, 138, 139, 140 y 141 de la ley 22.248, absolutamente desvinculadas de la cuestión litigiosa, pues regulan una instancia conciliatoria, con su trámite y consecuencias, que nunca fue materia puesta de decisión de la Excma. Cámara.

Más adelante y en base a las mismas disposiciones, niega la condición liberatoria del pago por su forma, refiriendo antes la condición personal del actor, en orden a la comprensión del acto, determinando que en función del art. 142 del mismo ordenamiento declara que ello es nulo de pleno derecho.

El problema tiene una específica regulación en el art. 10 del RNTA, que luego de establecer la firma como requisito esencial, manda que "cuando el trabajador no supiere leer ni escribir y no supiere o no hubiere podido firmar se acreditará el acto mediante la impresión digital o, en su caso, con los restantes elementos de prueba disponibles".

Criticando esta disposición Carlos H. Luparia (Régimen del trabajo rural-Astrea-1981-, pág. 74), dice que "la redacción no es feliz, por cuanto mediante la impresión digital bastará para la individualización, como lo preceptúa el art. 59 de la LCT y no para acreditar el acto, como impropiamente dice el art. 10 de la ley 22.248.

Tampoco es conveniente que el acto pueda acreditarse con los restantes elementos de prueba disponibles, sino que debió haberse hecho depender la validez del acto de los restantes elementos de prueba que acrediten la efectiva realización de él" y agrega que "además faltaría la introducción dentro de los principios generales del Régimen Nacional del Trabajo Agrario, de una norma que sancionara con la nulidad e invalidez una práctica bastante extendida en el medio rural, que es la firma en blanco, como lo ha hecho el art. 60 de la LCT", y termina diciendo sobre el punto de que "pensamos que es una norma que debe sancionarse para evitar los abusos que se comenten por este medio, ya que el art. 126 de la ley se limita a una simple prohibición", cuando como vimos el decisorio fulminó de nulidad el pago.

Lo hasta aquí dicho permite advertir que la sentencia exige la instrumentación en la manera que prevén los arts. 138, 139, 140 y 141 de la ley 22.248, referidos a una instancia conciliatoria, sin merituar los hechos y las pruebas de la causa, en el marco de lo dispuesto por el art. 10 del RNTA.

Tales razones determinan que deba ser revocada a tenor de la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria la sentencia que exige requisitos previstos en una norma aplicable a una situación ajena a la de la litis, omitiendo examinarla en el marco probatorio indicado en el art. 10 del RNTA"; y en consecuencia disponer su remisión a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda, dice nuevo pronunciamiento.

6.- Atento a la conclusión a que se arriba, resulta inoficioso el tratamiento de los restantes agravios, debiendo imponerse las costas por su orden, en razón de provenir la nulidad de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPTT y 106 CPCCT).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, voto en el mismo sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Manifiesto mi disidencia con la decisión del voto del señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, y me pronuncio por declarar mal concedido el recurso, por las siguientes consideraciones.

1.- El recurrente tacha la sentencia de arbitraria por no haber considerado válido al recibo de pago de las indemnizaciones derivadas de la ruptura del vínculo laboral producida por el despido dispuesto por el empleador.

Con tal propósito el demandado resalta una serie de hechos que a su criterio demuestran la arbitrariedad del fallo, reseñados en el ítem 3 del voto del Sr. Vocal preopinante.

Sin embargo, ninguno de los agravios pone en evidencia que la sentencia hubiera incurrido en arbitrariedad en cuanto a la valoración de las pruebas, la determinación de los hechos, o la calificación jurídica de los mismos.

Debe señalarse que la sentencia, al mencionar los arts. 137, 138, 139, 140 y 141 de la ley 22.248 (cfr. fs. 291) incurre en un error, toda vez que dichos preceptos pertenecen a la Ley de Contrato de Trabajo y se refieren a la regulación de los recibos de pago.

No obstante tal yerro en la mención de la cita legal, no se desvirtúa la esencia de la fundamentación del fallo, toda vez que los arts. 124 y 125 de la ley 22.248 receptan similares preceptos en cuanto a los recaudos que deben contener los recibos de pago.

2.- El fundamento de la sentencia sobre la cuestión esencial de la litis, consistente en que el empleador no le pagó al actor los créditos que le corresponden por el despido incausado, está suficiente y adecuadamente sostenido por consideraciones acerca del contexto en el que se llevaron a cabo los hechos que constituyen la plataforma fáctica del caso: la ponderación de las condiciones personales del actor, reveladoras de su falta de comprensión respecto del recibo en el que estampó su firma, la merituación de las circunstancias vinculadas con ese hecho: el telegrama de renuncia enviado por el actor días antes del despido, las contradictorias actitudes asumidas por la empresa, que sostiene haber pagado el mismo día en que cursó el telegrama de despido, y el análisis del dictamen pericial contable.

En el contexto reseñado valorado por el Tribunal, adquiere relevancia la circunstancia de que el encargado de personal de la empresa, Rafael Dardo Correa, fuera quien confeccionó de su puño y letra el contenido completo de los términos del telegrama que cursó el actor al empleador días antes del despido dispuesto por éste (cfr. fs. 284 vta.), contrastando tal hecho con la actitud del demandado de negar a fs. 111 y al absolver posiciones (cfr. fs. 213), que el Sr. Correa hubiera prestado servicios para la empresa.

Otra circunstancia que abona el criterio del Tribunal, es que el recibo cuya copia obra a fs. 58 de autos, no cuenta con la constancia de la recepción del duplicado por el trabajador, lo que significa un apartamiento del modelo de los recibos acompañados por la propia accionada, -que obran desde fs. 36 a 41 de autos-, en los que consta la confección en doble ejemplar, recaudo que impone el art. 124 inc. a) de la ley 22.248 en garantía de los derechos del trabajador, que responde la exigencia de probar que el acto instrumentado ha sido concluido de manera definitiva (Llambías, Código Civil Anotado, t. II - B p. 192), y que permite a las partes estar en la recíproca posibilidad de acreditar la existencia del instrumento (Belluscio, Código Civil Anotado t. 4 p. 658).

En tales condiciones, la decisión de los jueces de grado de desconocer eficacia probatoria al instrumento de pago no puede objetarse, en tanto la decisión constituye un razonable ejercicio de las facultades que les otorga a los jueces el art. 125 de la ley 22.248.

Coincide con tal criterio lo resuelto por la Corte Suprema de la Prov. de Buenos Aires, que declaró que "si los numerosos recibos y constancias agregados por la demandada no contienen los datos requeridos para instrumentar válidamente el pago de salarios (art. 124 ley 22.248)..., lo resuelto por los jueces de grado restándole validez probatoria a tales instrumentos no puede objetarse, en tanto la decisión se enmarca, razonablemente, en las facultades que les otorga el art. 125 de la ley 22.248". (SCBA, L.58235 S. 12-8-97 en "Mellinger, Héctor O. c. Cabo Cristóbal s. salarios, etc." ).

3.- Los agravios del recurso casatorio cuestionan la valoración de la prueba, sin lograr descalificar los fundamentos de la sentencia o poner en evidencia que ésta hubiera incurrido en arbitrariedad. La existencia de absurdo o arbitrariedad fue insuficientemente invocada, toda vez que la impugnación a la valoración de la prueba atribuida a la Sala, no está fundada en argumentos convincentes que evidencien el referido vicio.

La ponderación del valor probatorio de los recibos de pago constituye una cuestión fáctica vinculada a la merituación del material probatorio efectuada por el tribunal, tarea que se encuentra reservada a los jueces de grado, y por ende es ajena a esta instancia extraordinaria local, cuya finalidad es controlar la juridicidad de los pronunciamientos definitivos dictados por las Cámaras, "salvo en aquellos casos en que se acredite violación de las reglas de la sana crítica, o manifiesta arbitrariedad que implique un liso y llano apartamiento de las perspectivas adjetiva y de fondo que dominan la cuestión sometida a juzgamiento". (CSJTuc., in re "Veliz, Víctor Manuel vs. Robert Bosch Argentina S.A. s/cobro de australes", del 27/12/96).

Desde esa perspectiva, como se anticipara, la denuncia de errada valoración de las pruebas no cuenta con mínimos fundamentos que habiliten la apertura de la instancia extraordinaria de la casación.

4.- Las costas de esta instancia, conforme al resultado arribado, corresponden a la parte demandada vencida. (arts. 49 CPL y 105/106 CPCC).

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, voto en el igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recuso de casación interpuesto por la parte demandada, en contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, con fecha 9 de agosto de 2002 (fs. 290/293 y vta.), en base a la doctrina legal dictada y en consecuencia disponer su REENVIO a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, como se tratan.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR (en disidencia) RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO	HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA