Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-18


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 18 de 2012.

Y Vistos; Considerando:

I- Que, por pronunciamiento del 26 de junio de 2012, a Sr. Juez de Primera Instancia rechazó la medida cautelar solicitada por la parte actora contra la Comisión Nacional para los Refugiados (CO.Na.Re). Para así decidir, hizo referencia a los recaudos de admisibilidad genéricos de las medidas cautelares (art. 230 del C.P.C.C.). En ese contexto, consideró -en síntesis- que el derecho invocado no resultaba con fuerte o suficiente verosimilitud, por lo que no correspondía la sustitución de la voluntad de la autoridad administrativa, en este reducido marco de cognición (fs. 49/50).

II- Que, contra esa decisión de primera instancia, el actor interpuso recurso de apelación a fs. 51.

En el memorial de agravios, el recurrente aduce que ha solicitado la presente medida cautelar a fin de que se ordene a la Comisión Nacional para los Refugiados (Co.Na.Re.) la renovación de su residencia precaria hasta que se resuelva la cuestión de fondo y se le restituya el certificado oportunamente extendido e indebidamente retenido por la demandada, al concluirse la instancia administrativa. Afirma que en el fallo dictado en autos se ha incurrido en un supuesto de arbitrariedad manifiesta, por carecer de todo fundamento jurídico. Dice que la Co.Na.Re. ha procedido en forma ilegal, al no renovarle la residencia precaria en los términos de la ley 26.165. Refiere que el art. 31, inc. d) de esa ley, prevé que el otorgamiento del certificado de residencia provisoria por el plazo de 90 días corridos a los solicitantes, el que se renovará por idénticos períodos durante el lapso que demande la resolución del caso. Considera que se encuentran reunidos los presupuestos de verosimilitud del derecho (conf. arts. 50 y 51 de la ley 26.165) y de peligró en la demora, ya que si espera hasta el final del juicio ordinario no podrá ejercer los derechos que intenta proteger. Cita jurisprudencia de este Fuero. Solicita que se revoque la resolución en recurso y que se haga lugar a la medida de autos, con el otorgamiento del correspondiente certificado de residencia (fs. 53/60).

III- Que el planteo que formula el apelante resulta viable en los términos de los arts. 50 y 51 de la ley 26.165.

En efecto, de las constancias de la presente causa, surge que el Comisión Nacional para los Refugiados denegó el reconocimiento de tal condición al actor (Resolución Nº 161/2010, v. fs. 12/3), decisión que fue confirmada por el Ministerio del Interior al rechazar el recurso jerárquico (Resolución Nº 1879/10 v. fs. 14/5). Asimismo, el apelante manifiesta -en el escrito de inicio de la presente- haber promovido una acción judicial cuestionando tales actos y -según surge del sistema informático del Fuero- en el Juzgado Nº 2, se encuentra en trámite la causa caratulada: "Al-Amin Sikder c. EN - Mº Interior- Resol. 1879/10- CONARE-Resol. 161/10 s/proceso de conocimiento" (Expte. Nº 35.865/2011), conexa a la presente medida cautelar (autónoma).

IV- Que la ley 26.165 (Ley General de Reconocimiento y Protección del Refugiado) dispone -en su art. 51- que la autoridad receptora otorgará al solicitante y al grupo familiar que lo acompañe un documento provisorio que le permita permanecer legalmente en el territorio nacional y, desempeñar tareas remuneradas y acceder a los servicios y beneficios básicos sociales, de salud y educación. Este documento "...será renovable hasta que recaiga resolución firme sobre solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.". A su vez, en el art. 50 -in fine- de esa ley, se prevé que "...la interposición de recursos administrativos o judiciales suspenderá la ejecución de las medidas dictadas hasta tanto queden firmes.".

En esos términos y habida cuenta de las circunstancias del caso, es dable advertir que asiste razón al recurrente, en cuanto se verifica la verosimilitud de su derecho a que -provisoriamente y durante la tramitación del proceso principal (causa Nº 35.865/2011)- se le otorgue el certificado de residencia precaria como solicitante de refugio, el que deberá ser renovado hasta la oportunidad señalada, con arreglo a lo dispuesto en el art. 51 de la ley 26.165 (en igual sentido, esta Cámara, Sala I, "Sam Papa Mountaga Tall c/EN Mº Interior - Resol. 1890/10-CONAREF-RESOL. 323/10 s/medida cautelar (autónoma)", del 29/12/2011; Sala II, "Faye Saliou c. EN - Mº Interior - Resol. 141/09 - CONAREF - Resol. 47/06 s/ proceso de conocimiento", del 27/04/2010; "Marte López, Jonathan c. EN Mº Interior - Resol. 1053/11-CONAREF-Resol. 389/10 s/ medida cautelar (autónoma)", del 08/03/2012, Sala IV, "Nuñez de Matos Claribel c. En Mº Interior - Resol. 722/11-CONAREF-Resol. 281/10 s/medida cautelar", del 14/2/12; "Diallo Ibrahima c. EN Mº Interior - CONAREF-Resol. 1305/09 s/medida cautelar (autónoma)", del 23/2/12; Sala V, "Amidou, Sane c. EN -Mº Interior - Resol. 598/11-CONAREF s/ medida cautelar (autónoma)", del 28/02/2012, entre otras).

Ello es así, sin perjuicio de que la parte actora no haya acreditado que se lo hubiera intimado a abandonar el País, pues lo cierto es que mientras dure el proceso principal continuaría -en principio- residiendo aquí, por lo que, a fin de que el trámite de la causa judicial no afecte, en su caso, el ejercicio, y goce de diversos derechos, resulta adecuado conceder la medida cautelar solicitada y ordenar a la parte demandada que le otorgue un certificado de residencia precaria que le permita permanecer legalmente en el territorio nacional hasta que recaiga resolución firme en la causa principal (conf. esta Sala, "Ndiaye Badara c. EN - Mº Interior-CONAREF s/ medida cautelar (autónoma)", del 14/6/12).

Por lo tanto, se Resuelve: admitir el recurso, revocar la resolución apelada y en consecuencia, hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Comisión Nacional de Refugiados que otorgue -en forma inmediata- la renovación de la residencia precaria del actor (conf. art. 51, ley 26.165, hasta tanto se dicte sentencia firme en la causa caratulada: "Al- Amin Sikder c. EN - Mº Interior- Resol. 1879/10- CONARE - Resol. 161/10 s/ proceso de conocimiento" (Expte. Nº 35.865/2011), previa caución juratoria -que se fija como contracautela- que deberá ser prestada por ante el Juzgado de primera instancia (conf. art. 199 del C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese a la actora y devuélvase sin más trámite. - Jorge Esteban Argento. - Carlos Manuel Grecco. - Sergio Gustavo Fernández.