marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Menores, guarda del menor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G., S.M.;G.,R.I.;G.,M.S.;G.,M.P.;G.,S.S. s/ Víctima abuso deshonesto art. 10 ley 10.067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

El desarrollo de la vida en un medio precario no debe constituir un impedimento para asignarles a los tíos del menor la guarda, si juegan otros factores comprobados en la causa entre ellos: la proximidad a los hermanos que habitan en otra casa lindera y permanecen con los padres, y el afecto demostrado por los peticionantes quienes desde hace dos años han manifestado ante la justicia su deseo de colaborar reiterando la petición acompañando comprobantes de sus ingresos laborales.
Contrato de trabajo, transferencia del contrato de trabajo, transferencia del personal
Materia: LABORAL
Carátula: ACUÑA ROQUE HUMBERTO Y OTROS c/ S.A.L.E.M. S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-23

En un precedente que guarda estrecha relación con el presente (CSJT sentencia Nº 662 del 08/9/2010, "Hernández, César Augusto vs. Industrial Metalmecánica S.A. (IMSA) y otro s/ Cobro de pesos") , esta Corte se planteó si la codemandada IMSA debía asumir las obligaciones laborales respecto de un trabajador que al tiempo de la cesión no cumplió con las condiciones del acuerdo (aceptar en forma expresa la cesión del personal) por encontrarse de licencia por enfermedad al tiempo de la celebración del mismo y, no obstante ello, considerar al mismo empleado del cesionario, atendiendo a que luego de homologado dicho acuerdo, su empleador originario (SALEM S.A.) continuaba desarrollando su actividad en forma independiente de IMSA. En esa ocasión, luego de analizar los antecedentes de la causa (idénticos a los del sublite), este Tribunal consideró acreditada la cesión de trabajadores de SALEM S.A. a IMSA en virtud de un acuerdo celebrado ante la autoridad administrativa del trabajo y homologado por ésta. Allí se destacó que en las negociaciones intervino la representación gremial de los trabajadores (UOM), que debía gestionar la expresa conformidad de los empleados involucrados para que la cesión pudiera hacerse efectiva. En mérito a esas consideraciones, se entendió que el mencionado acuerdo se enmarcaba en las disposiciones del art. 229 de la LCT referido a la cesión y no a la transferencia de establecimiento (art. 228 de la misma ley).
Astreintes, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BELEN Gabriel y Otro c/ DEMICHELIS Juan Alejandro s/ Ejecución de Sentencia y Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-11-24

Sin dudas que la desobediencia a los mandatos judiciales se erige en la más grave y flagrante violación de liminar principio que hace a la eficacia en el proceso civil conspirando y horadando el poder de imperio del juzgador, de ahí es que la función jurisdiccional no sólo comprenda la aplicación de la norma general al caso concreto, sino también la actividad posterior que el estado lleva a cabo para hacer que ese mandato individualizado sea observado y ello incluye al Estado dentro de los legitimados pasivos a los efectos de su imposición, conforme prevaleciente criterio doctrinal y jurisprudencial, habida cuenta de que la astreinte persigue fundamentalmente el cumplimiento en especie y no una reparación de daños y perjuicios.
Proceso penal, procedimiento administrativo, sobreseimiento, faltas, empleados públicos, sanciones disciplinarias
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MUGA, JUSTO ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 239-84 MAZZUCO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 138-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-07|1987-11-05

La absolución o sobreseimiento penal no siempre es título suficiente para impedir la sanción administrativa, aun cuando ésta se imponga por hechos directamente vinculados a los que dieron origen a la absolución o sobreseimiento penal. Hay circunstancias que resultan irrelevantes en la instancia penal, pero no en sede administrativa. Todo depende de las circunstancias del caso particular.
Usurpación, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PODESTA, Pablo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

Para que la acción de despojo resulte típica tiene que perpetrársela por alguno de los medios taxativamente enunciados en la ley; si se realiza por cualquier otro medio, no habrá tipicidad.

Si el imputado manifestó que el querellante dejó de concurrir al estudio voluntariamente, y que por razones de seguridad decidió cambiar la cerradura de la puerta , así como que restringió la entrada a toda persona que no pertenecía al estudio o no había sido previamente citada, y se desprende de las actuaciones, la intención de entregar los muebles propiedad del querellante, no se halla configurado el delito de usurpación.

Por ello, corresponde confirmar el auto de sobreseimiento decretado.
Traslado de la demanda, beneficio de litigar sin gastos, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: PRISAL GROUP S.A. c/ F.A.T.I.Q.Y.P. y Otro s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

El acto de iniciación de las actuaciones" -oportunidad para abonar la tasa conforme al art. 9° inc. a, ley 23.898- no puede ser entendido gramaticalmente como el escrito inicial, sino en su sentido jurídico, como acto procesal que sólo deviene inmutable con la notificación del traslado de demanda (esta Sala, causa n° 1557/93 del 24.9.98, entre otros). Hasta entonces cabe pues considerar oportuna la promoción del beneficio de litigar sin gastos, sin que ello implique atribuirle efecto retroactivo. Se estima por tanto que la tasa no se ha devengado en forma instantánea con la presentación de un escrito -interposición de la demanda- sino cuando ha precluído la facultad de modificar sus términos.
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, acciones de clase, sociedad colectiva
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa y otros c/ Grupo Clarin SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

1 - Corresponde considerar como acción colectiva la demanda promovida por un grupo de asociaciones de consumidores, toda vez que involucra cuestiones de hecho y de derecho homogéneas que refieren a todo un colectivo, pues, como causa fáctica común, se denuncia la restructuración del pasivo de las obligaciones negociables emitidas por la sociedad emisora, y los efectos colectivos que dicha operación ha generado. 2 - Asimismo se verifica la configuración de clase, esto es, una cantidad de sujetos relevante obligados por el eventual pronunciamiento que pudiere dictarse, pues en el escrito inaugural se ha precisado que la acción pretende tutelar a quienes en su condición de titulares de obligaciones negociables pudieren haber resultado perjudicados por la homologación del acuerdo extrajudicial de la demandada.
Accidentes de trabajo, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CATELICAN VELAZQUEZ JUAN DELFIN c/ SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ LABORAL-ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-03-07

Como es sabido la Ley 9688 no pone a cargo del empleador la reparación de todos los daños que le ocurren al trabajador durante el tiempo en que se halla en el ejercicio de su tarea; requiere como recaudo fundamental, que se de una relación causal adecuada que debe ser probada por quien la invoca. La disposición del art. 5 de la Ley 9688, referida a la responsabilidad del empleador, corresponde al carácter objetivo de la misma y no exonera al trabajador a acreditar el hecho y la relación causal.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, daño irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANUEL C LAMAS SA Y CABAL IRIONDO Y CIA SA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA JURISDICCION.   SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.     CSJ EXPTE NRO 10-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-16

No puede concederse la suspensión de la medida solicitada si no aparece demostrado que la ejecución del acto que dispuso la desocupación de las instalaciones que las actoras empleaban en el Mercado de Hacienda Municipal, pueda producirles una daño irreparable.
Proceso contravencional, facultades de la autoridad de prevención contravencional, secuestro de bienes, derechos y garantías constitucionales, ley supletoria, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, E. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-13

El principio general que ha tenido en mira el Legislador al sancionar el Capítulo VI "Prevención" de la Ley Nro. 12, y especialmente los institutos referidos al secuestro y comiso, ha sido el de hacer prevalecer las garantías consagradas en las normas contenidas en los artículos 17 de la Constitución Nacional en lo que respecta a la protección del derecho de propiedad, y 18 del mismo cuerpo legal al proteger su libertad, valor éste que subsume el atinente al derecho de defensa en juicio.

De las constancias obrantes en la causa surge que tanto el proceder de la autoridad preventora como el de la Sra. Fiscal de Grado resultan violatorios del debido proceso adjetivo y del derecho de propiedad, ambos de jerarquía constitucional. Y, en consecuencia, son de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 13 inciso 3 in fine de la Carta Magna local, y 167 inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación que rige supletoriamente en el Fuero Contravencional (artículo 6, Ley Nº 12).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, leyes, interpretación de la ley, proceso penal, imputado, libertad condicional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Castellano, Brian Ezequiel c/  s/ robo en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-30

Teniendo presente que en relación al concepto de la libertad condicional, la postura imperante y adoptada en el caso, es la que considera que es una forma de cumplimiento de la pena privativa de libertad, constituyendo una forma de liberación anticipada a la que puede acceder el condenado a pena privativa de la libertad efectiva que reúne los requisitos enumerados por el Código sustantivo, pues durante ella el penado continúa cumpliendo pena y sometido a determinadas condiciones que debe observar hasta el vencimiento del término en las penas temporales, el suscipto comparte la conclusión de la Alzada, desde que el encartado cometió un nuevo delito durante el cumplimiento de la libertad condicional que le había sido impuesta, teniendo así por satisfecho el requisito legal de cumplimiento parcial de la pena exigido por el artículo 50 del Código Penal a los fines de la declaración de reincidencia. (De la disidencia del Dr. Netri) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 291, p 133; T 302, p 132. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 13 y 50; Ley 24660, artículo 3. - DOCTRINA: "Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado", 2da edición actualizada y ampliada, Andrés José D'Alessio y Mauro A. Divito, Editorial La Ley, Tomo I -Parte General- págs. 137/138.
Prescripción, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: R., L.A. y Otro c/ E.D. y Otra s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-29

Debe recordarse que el instituto de la prescripción es de interpretación restrictiva. Por principio nuestro ordenamiento jurídico sostiene la subsistencia de las acciones como medio de mantener los derechos hasta que sean vividos en plenitud regulando plazos para que ellas se ejerzan. En caso de duda cabe decidir en favor del mantenimiento de la acción.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, retroactividad de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G, M L  y  E, A M V de s/ La cuestión a resolver: ¿El cómputo que establece el artículo 7 de  la ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al  tiempo de la vigencia de la ley, que continuan privados de su libertad? (Expte. Nro. 29-95; Expte. Nro. 28-95) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-11

Las diferencias existentes entre las situaciones anteriores y posteriores de la sanción de un nuevo régimen legal no importan agravio a la garantía de igualdad ante la ley, porque de lo contrario toda modificación legislativa implicaría desconocerla.

(Voto del Dr. Crippa García -En Disidencia-). En el caso la cuestión a resolver es ¿El cómputo que establece el artículo 7 de la Ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al tiempo de la vigencia de la ley, que continúan privados de su libertad?
Acto administrativo, revisión judicial, resolución administrativa, resoluciones recurribles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BITAR, JORGE BENJAMIN c/ ACORDADAS DE FECHA 03-02-12 Y 23-03-12 DE LA SALA DE SUPERINTENDENCIA DEL EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REYNOSO, ALVARO FABIAN c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-03-18|2013-07-10

Cae por su propio peso y el sentido común marca como evidente y debería funcionar como axioma, que no puede ser el mismo órgano que entendió en sede administrativa el que resuelva en sede judicial. O al menos, si así corresponde que sea el mismo órgano jurídico, por así disponerlo la norma, que está compuesto por órganos físicos distintos a los que dictaron el acto administrativo que se impugna.
Beneficios previsionales, jubilaciones, pensiones, medidas cautelares, peligro en la demora, verosimilitud del derecho invocado, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: NASTRI, ENRIQUE JUAN c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-12

En el ámbito previsional se requiere para acceder a una medida cautelar que el interesado acredite la existencia de peligro en la demora, así como también la verosimilitud del derecho invocado. Tales requisitos, dentro de dicha disciplina, deben ser analizados con cierta flexibilidad cuando lo que se afecta es un derecho de carácter alimentario que goza de protección constitucional; correspondiendo tenerlos por acreditados cuando se observa la necesidad del titular de percibir, como en el caso, el beneficio de jubilación y el de pensión derivado del fallecimiento de su cónyuge, atento constituir su único medio de subsistencia y su avanzada edad.
Bienes gananciales de administración propia, deudas de los cónyuges, acreedor del cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: Pérez, César Efraín y/u otra c/ Cabaña Benítez, Flotilde y/u otros s/ Simulación (ordinario) Flotilde y/u otros s/ Simulación (ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-10-18

La titularidad exclusiva de un bien inmueble permite al cónyuge a cuyo nombre figura, repeler cualquier tipo de acción por parte de los acreedores de su otro cónyuge, en tanto y en cuanto, la incorporación de dicho inmueble a su patrimonio, lo sujeta a su administración y por el principio general que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, lo somete a la suerte de los embates que este sufra, en tanto y en cuanto los mismos sean contra él, más en modo alguno lo obliga respecto a aquellas deudas que hubieren sido contraídas por su cónyuge, sin mengua para ello que el mismo figure y sea un bien ganancial. Fundamento del Dr. Pignocchi.
Defensa en juicio, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ayuso, Marcelo Roberto y otros c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-26

No es posible soslayar que se la ha impedido a la parte demandada ejercer con amplitud su derecho de defensa, ya sea por no permitirle desarrollar determinadas pretensiones o defensas que ha enunciado, o la producción de ciertas medidas probatorias, entre ellas una esencial como la producción médica tendiente a establecer el estado de salud de la actora y el diagnóstico de su imposibilidad de procrear en forma natural o mediante tratamientos que intentara con anterioridad. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Lucro cesante, daño emergente, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Piccini, Susana c/ Previte, Gustavo y Otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-28

Corresponde revocar la sentencia que otorgó una indemnización en concepto de lucro cesante y daño emergente a la víctima de un accidente de tránsito, pues no se encuentra justificada la valoración efectuada por el sentenciante, sumado a la pobre fundamentación que al respecto evidencia la demanda, donde ni siquiera se ofrece la prueba correspondiente y que estaba fácilmente a su alcance, como sería la de una pericia contable sobre los libros que debe llevar la actora, en su carácter de transportista.
Reajuste jubilatorio, honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DUARTE, RODOLFO LEOPOLDO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-19

Acogido el reclamo que por reajuste del haber formulara el titular, corresponde regular los honorarios de su representación letrada en mérito a la labor desarrollada, sobre las sumas que resulten de la correspondiente liquidación (cfr. arts. 6, 7 y conc. de la ley 21.839), los que estarán a cargo del titular conforme lo dispuesto por el art. 1 del Dec. 2312/86.
Honorarios, prescripción, costas, recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Emma del Valle Corpacci y Luis Sánchez Recalde c/ Herrera, L. Floridor s/ Medida cautelar s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-04-11

Para determinar el curso de la prescripción nuestro Código contiene una serie de normas, cuyo estudio sistemático nos permite llegar a la conclusión de que se ha inclinado por la vieja solución de los romanos: la "actio nata", es decir que la prescripción recién debe comenzar a correr desde el momento en que nace la acción.

El artículo 3956 del Cód. Civ., al prever, de manera general, que la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación, está contemplando el caso de las obligaciones puras y simples, que son exigibles desde su nacimiento, pero en el caso de las obligaciones condicionales, la prescripción comenzará su curso desde que se cumpla la condición.

En esa inteligencia, si los honorarios cuya regulación se pretende, fueron establecidos en concepto de costas, debe considerarse como momento inicial del plazo de prescripción, aquél en que la sentencia adquirió firmeza, ya que la sujeción de una obligación al cumplimiento de una condición -adquisición de firmeza-, produce el efecto de diferir en el tiempo su exigibilidad.

Entonces la acción tendiente al cobro de los honorarios no había nacido al tiempo de emitirse la sentencia que, al resolver definitivamente la cuestión, impuso las costas por el orden causado, pues cabe señalar, la misma había sido impugnada en todas sus partes por la parte demandada.

En conclusión, corresponde casar la sentencia de la Alzada que fijó en el caso, el "dies a quo" de la prescripción desde un momento anterior al nacimiento de la acción, y tomando en cuenta que la sentencia que resolvió definitivamente el recurso extraordinario recién se emitió en el mes de Junio de 1999, los honorarios pretendidos no se encuentran prescriptos atento a la interrupción operada con la solicitud de embargo y el pedido de regulación presentado el día 12 de Octubre de 1999.
Delitos contra la Administración Pública, incumplimiento de los deberes del funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: R., S.G.; G., J. A.; G., G. G. y C., E. A. s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nº 149/99 Coautores de homicidio simple; Incumplimiento al Deber de Persecución y Represión de delincuentes y violación a los deb. de Funcionario Público y Falso Testimonio. L. A. Nº 44 Fº 885/895, Nº 401. de inconstitucionalidad int. en Expte. Nº 149/99 Coautores de homicidio simple; Incumplimiento al Deber de Persecución y Represión de delincuentes y violación a los deb. de Funcionario Público y Falso Testimonio. L. A. Nº 44 Fº 885/895, Nº 401.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-09-11

Incurrió en el delito de violación de los deberes de funcionario público, al no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbían, dado que al haber tomado conocimiento de una muerte traumática, tenía la obligación de dar "inmediato aviso al Juez y al Fiscal en forma reservada", pero no solamente no informó a quienes debían prevenir la investigación inicial con la inmediatez requerida sino que, "disponiendo del cuerpo del delito", entrega el cadáver al padre de la víctima, con las consecuencias que tal accionar trajo aparejadas en la investigación. En definitiva, dada su condición de funcionario público con obligación de proceder conforme a las leyes (artículo 191 del código de rito), y no pudiendo ignorar tal circunstancia, resulta evidente su intención de desconocerlas -sin interesar el propósito tenido en miras-. Los intentos frustrados de comunicarse telefónicamente con el juez de turno -sustentados por el recurrente- ponen de manifiesto y en forma concluyente que era conciente de las particularidades que presentaba el hecho y como debía actuar en consecuencia. No puede, entonces, alegar la falta de dolo, cuando se ha querido obrar al margen de la ley, es decir, realizar el tipo objetivo del artículo 248 del Código Penal
Interpelación, carta documento
Materia: PROCESAL
Carátula: WETTER  OSVALDO  GUILLERMO c/ ESTADO  NACIONAL  POLICIA FEDERALARGENTINA S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-15

La carta documento fue eficaz para hacer conocer la voluntad del actor de mantener vivo el derecho a reclamar. En esta materia rige el principio de libertad de formas, exigiéndose únicamente que la interpelación se lleve a cabo en "forma auténtica", es decir de modo tal que se aleje cualquier duda sobre su veracidad y fecha (Conf. Sala I, causa n° 4565/98 del 10.4.01).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, indemnización, valor vida, leyes, interpretación de la ley, jueces
Materia: CIVIL
Carátula: Franchi, Juan C. c/ Ferrer, Hector R. y otro s/ Daños y perjuicios. Cuestión a resolver: ¿Corresponde establecer un   monto indemnizatorio mínimo e igualitario por privación de vida   humana con prescindencia de todo otro perjuicio cierto?   Protocolizado Sala II, Folio 176 (Tribunal pleno) (Expte. Nro. 8-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-12

Los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, no asignan un valor intrínseco a la vida humana sino un valor presunto para otros, y éste no es el valor de la vida sino los valores que con su vida y en el curso de su despliegue el cónyuge o el progenitor que falleciera puedo haber aportado a la subsistencia de sus familiares. Lo que realmente persiste o queda pendiente tras esta cuestión es la aparente necesidad de articular pautas reparatorias justas con cierto grado de congruencia general, pues si el juez no es legislador, las notables y hasta groseras diferencias de criterio se presentan gravosas del buen sentido. Pero un módulo abstracto es informulable, no faltan elementos legales para asegurar que los jueces con su criterio prudencial -que no puede ser nunca la mera subjetividad- alcancen en cada caso el objeto normativo: la efectiva reparación integral y suficiente de todo perjuicio. (Del Voto del Dr. Donati).