marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio de desalojo, poseedor, animus domini
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: SEPULVEDA ARAVENA MANUEL c/ FIGUEROA MARCELO s/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-28

La prueba que acredite el carácter de poseedor a fin de evaluar que no procede la vía del desalojo debe ser efectiva y concluyente, de modo tal que genere en el juzgador el ánimo de que la conducta del accionado reflejada en aquellos actos -probados- demuestra su intención de comportarse como dueño de la cosa, circunstancia que configura el imprescindible "animus domini".
Hábeas data, tarjeta de crédito, supresión de datos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fernandez Pacheco, Gerardo c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ hábeas data (art. 43 C.N.)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

Dado que quedó acreditada la existencia de un acta de destrucción de tarjeta de crédito y de petición de no renovación de la misma, que las operaciones pendientes respecto de consumos efectuados con anterioridad a la rescisión fueron canceladas y que luego, el consumidor, no efectuó nuevos gastos, la deuda por cargos administrativos que se generó con posterioridad y que condujo a la inclusión del usuario en el registro de deudores del sistema financiero, es información errónea y debe ser suprimida, debiendo comunicarse a la Base de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central y a las entidades de riesgo crediticio que también la eliminen de sus respectivas bases de información.
Libertad condicional, reincidencia, inconstitucionalidad, non bis in ídem, culpabilidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MALDONADO, CARLOS ALBERTO s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-30

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, revocando la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del Art. 14 del C.P.N. toda vez que el principio non bis in ídem, prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena, como un dato objetivo y formal, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario. Por ello, es tarea del legislador establecer los lineamientos generales de la política criminal, sobre la que no cabe modificación por parte de los jueces salvo el caso de que se lesionen garantías fundamentales reconocidas por la Constitución Nacional o Tratados Internacionales en que la República sea parte, lo cual no ocurre en el caso de estudio. (SUMARIO CONFECCIONADO POR EL SAIJ)
Concurso preventivo, quiebra, declaración de ineficacia, actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COMERCIAL PORTNOY S.C. s/ CONCURSO  PREVENTIVO-HOY QUIEBRA S/DECLARACION DE INEFICACIA C/ BANCO  DE GALICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-16

El síndico de la quiebra solicitó la declaración de ineficacia del crédito con garantía hipotecaria dada a la fallida. No caben dudas, que quien otorga crédito de cuyo monto recibe un pago parcial- para la cuenta corriente del ulterior fallido-, parece mas bien que tiene intención de cobrar que la de perjudicar a otros acreedores de su deudor, sin embargo garantiza su crédito con un privilegio y de esta manera sí , perjudica a los otros acreedores, mutando el rol de acreedor quirografario por privilegiado. El decisorio debe ser confirmado, esto es , la ineficacia respecto de los acreedores de la hipoteca constituida en favor del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Doctrina, víctima menor de edad, protección a la familia
Materia: CIVIL
Carátula: V., F. M. Materia a categorizar (art. 250 CPCC) y V., C. G. c. B., H. E. y otro. Reintegro de hijo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

El Superior Interés del Niño es el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso.(doctor Torres, sin disidencia)
Régimen penal cambiario, negociación clandestina de divisas, responsabilidad del exportador, ingreso de divisas, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: HIJO DE PEDRO VICENTI S.A. s/ INF. LEY 24.144.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-25

El deber de ingresar divisas al país que incumbe a los exportadores no es absoluto sino condicionado al hecho de la percepción del valor de las mercaderías vendidas en el extranjero de manera tal que la sola omisión constituye una presunción razonable de negociación clandestina. Por otra parte, la interpretación de las reglamentaciones del Régimen Penal Cambiario establecido por la ley 19.359 y modificado por la ley 24.144, en el sentido de que con ellas se impone un deber de diligencia y cuidado a los exportadores, excede el marco de lo estrictamente cambiario y resulta en consecuencia inadmisible en nuestro sistema constitucional. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Impuestos, declaración jurada
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Frigorífico Rio Platense  S.A. c/ AFIP-D.G.I. Resol 307/99  c/D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-11

El art. 13 de la ley 11.683 es claro al otorgar a la presentación de la declaración jurada carácter definitivo, con precisos y trascendentes efectos jurídicos. Por tanto, si bien aquella se halla sujeta a verificación es susceptible de ser modificada por el ente fiscal y mientras éste no lo impugne y la sustituya por una determinación de oficio, es el instrumento que regula la existencia y medida de la obligación tributaria y acarrea para el declarante dos responsabilidades distintas: una en cuanto al impuesto declarado, desde que no podrá ser reducido por presentaciones posteriores, salvo errores de cálculo; y otra en el campo represivo, toda vez que hace al declarante responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que una presentación posterior, aunque no le sea intimada haga desaparecer dicha responsabilidad.
Recurso de nulidad, preclusión
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL NOROESTE COOPERATIVO LIMITADO c/ EDNA S.A. s/ CONCURSO ESPECIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1989-08-22

Cuando el planteo de nulidad se funda en haberse llamado "autos para resolver" sin abrir a prueba, si dicha providencia fue consentida por la recurrente que no utilizó los remedios legales normales para recurrirla, es improcedente la nulidad articulada porque si se consiente el llamamiento de "autos para sentencia" no cabe la invocación de nulidades por preclusión. Si se ha consentido el "auto para resolver" no puede pedirse la nulidad por no haberse abierto a prueba la impugnación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hábeas corpus, estado de sitio, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, revisión judicial de actos administrativos, detención, responsabilidad penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HARGUINDEGUY s/ APELACION DE LA DEFENSA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-22

La decisión judicial que deja sin efecto un arresto político no deriva necesariamente a considerar ilícita la conducta del presidente que ordenó el arresto; a la inversa, el hecho de que el arresto se haya fundado en competencias constitucionales (art. 23), no descarta por sí solo un eventual reproche penal de la privación de libertad.

Es del resorte exclusivo del P.E.N. sólo controlable por el Congreso Nacional la valoración concreta de la existencia de los presupuestos objetivos que autorizan a declarar el estado de sitio, extremo que no puede ser revisado por el Poder Judicial sin invadir la esfera propia de los otros poderes del Estado. No obstante ello, tampoco puede vedarse la investigación judicial de los injustos penales que puedan cometerse mediante tales arrestos, con independencia de la arbitrariedad de la detención.
Sanciones penitenciarias carcelarias, constitucionalidad, delegación legislativa
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Z.V., F.G. s/ Inconstitucionalidad - Nulidad - Sanción disciplinaria. Inst. 43.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-24

La sanción de gravedad media de tres días de permanencia en celdas que no agraven ilegítimamente la detención por el desacato a una directiva del personal penitenciario, establecida en el Reglamento de Disciplina para Internos del Establecimiento Penitenciario, es constitucional pues dicho reglamento fue dictado por el Poder Ejecutivo en uso de su facultad reglamentaria -art. 99, inciso 2° de la Constitución Nacional- y efectivizando los objetivos de la Ley 24.660 para ponerla en ejecución, dado que el legislador clasificó las infracciones disciplinarias en leves, medias y graves, detallando únicamente las conductas constitutivas de faltas graves y postergando la especificación de aquellas leves y medias para el momento de la reglamentación.
Daños y perjuicios, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Giorgio Héctor Darío c/ Piedra Miguel Angel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

Tratándose de un delito doloso y no culposo no procede la compensación de culpas, admisible en los de la segunda categoría, donde la culpa de la víctima actúa de concausa del daño, siendo justo que el damnificado cargue con él en la medida que contribuyó a causarlos.
Instrumentos privados, firma en blanco
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cortez M.A. c/ Puigmarti y Cía.S.A. s/ Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-29

El reconocimiento de la firma de un instrumento privado, es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido (arts.1026, 1028, 1030 y concds.del Cód.Civil). Pero si se deduce la adulteración del contenido, la misma debe probarse por quien la alega (art.375 del CPCC). Que eventualmente exista una contradicción entre dos menciones del mismo es materia de interpretación del acto para fijar su recto sentido, pero no explica que se lo firmara en blanco o que se lo completara violando las instrucciones convenidas, ni mucho menos, que estuviera viciada la voluntad de los deudores, debiendo reputarse que no lo estuvo salvo la prueba en contrario (arts.52, 897, 900, 917, 921, 922 y concds.del Cód.Civil).
Fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Gaifer S.R.L. c/ Compañía Argentina de Seguros Visión S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-27

La ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso, importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia a la sentencia como acto jurisdiccional.
Facultades discrecionales, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mármol, Miguel Esteban c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

La tarea discrecional no está desvinculada de la reglada; sino comprendida, como todo accionar estatal, por la plenitud hermenéutica del orden jurídico; de allí, y tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la discrecionalidad del obrar de los órganos administrativos no implica que ellos tengan un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico o que tal discrecionalidad no resulte fiscalizable. (Minoría u opinión personal)
Prescripción, cómputo del plazo, dispensa de la prescripción, desconocimiento del hecho dañoso
Materia: PROCESAL
Carátula: Vilches, Raúl Alberto y otros c/ E.N. (M° de Salúd y Acción Social) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

El plazo de prescripción debe computarse a partir de que el demandante tomó efectivo conocimiento del daño que invoca (C.S.J.N. 10/3/81 "Mulhall S.A. c/ Buenos Aires). Cuando el damnificado ignora la causa generadora del daño, la existencia de éste o quien es el responsable, la prescripción se computa desde que estos extremos llegan a conocimiento del damnificado, pero el comienzo del plazo no se posterga porque no los haya conocido subjetivamente, toda vez que basta en ese sentido que haya podido tener una razonable posibilidad de información, de no haber obrado negligentemente. Se presume que ese conocimiento se tuvo en el mismo momento en que se produjo el hecho generador del daño, salvo prueba en contrario a cargo del damnificado (Confr. Cám. Civil, Sala K, "Colombo, Héctor c/ Interlisano Hnos. Com. e Ind. S.R.L. s/ daños y perjuicios", del 23/5/91).
Administración Pública, Consejo Federal de Educación, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANDRILLE DE MAROZZI IMELDA DEL VALLE c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-27

Siendo el Consejo General de Educación un ente descentralizado creado por ley, a fin de que sea llevado a juicio, corresponde se agote la vía administrativa mediante la deducción del recurso de revocatoria en tanto la personalidad atribuida al ente con el mayor grado de subjetivación orgánica se lo permite. No es necesaria la deducción del recurso jerárquico contra las decisiones de la máxima autoridad del Consejo General de Educación.
Competencia, contienda negativa de competencia, competencia civil, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: BRACAMONTE, ANDRES GUILLERMO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-03-21

Esta Corte se expidió en la causa "Dominguez" afirmando que la competencia, salvo casos excepcionales de atribución constitucional, deriva exclusivamente de la ley; y la ley, aún después de la creación de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, otorga el conocimiento de las acciones de amparo a los Juzgados de Primera Instancia de Distrito, imponiéndose esta solución además en virtud de que la pretensión del demandante -en lo que aquí resulta relevante- radica en cuestionar la constitucionalidad de disposiciones emanadas de la Municipalidad en ejercicio de potestades de otorgar, controlar y suspender las licencias de taxis otorgadas en su territorio, y, en segundo término, por la imposibilidad de que el presente amparo pueda radicarse por ante las Cámaras de lo Contencioso Administrativo por cuanto dichos Tribunales especializados ejercen su competencia exclusivamente en los casos y modos establecidos en la ley 11330, sólo entienden de recursos, concretamente, por vía del recurso contencioso administrativo regulado en esa norma. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: Dominguez, AyS T 182, p 251; T 209, p 75. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Superior Tribunal de Justicia, Banco Central de la República Argentina, entidades financieras, quiebra
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Banco del Interior y Buenos Aires S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra, incidente de nulidad,   fraude procesal y reposición (Expte. CSJ Nº 930-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

La posición que sustenta el recurrente en torno al traslado previo a la declaración falencial, invocando la sentencia resuelta por esta Corte in re "Banco Popular de Rosario SA", no encuentra apoyatura en el texto expreso de la misma, toda vez que de su lectura surge que la Corte -con diferente integración- tuvo especialmente en cuenta la posición del Banco Central de la República Argentina ante la insolvencia de las instituciones bancarias, aclarando las facultades y deberes que en esa coyuntura le asisten al ente, como también los extremos que debe acreditar, y es dentro de ese marco que debe interpretarse la mención al artículo 91 de la ley 19551. Lo antedicho persuade acerca de la inadmisibilidad del recurso impetrado contra el pronunciamiento del A quo que -en definitiva- hizo suyos los argumentos del Máximo Tribunal, no opacando la sumisión debida la circunstancia de que el fallo por éste dictado no lo hubiera sido por unanimidad. (Del Voto del Dr. Falistocco).
Letra de cambio, certificación de firma
Materia: COMERCIAL
Carátula: Los Grobo SGR c/ Sucesores de Hugo Daniel Bucchianeri y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-26

Cabe revocar el decisorio que rechazó in limine la ejecución del pagaré por carecer de indicación de lugar y fecha de creación. Es que como es sabido, la ausencia de la fecha de libramiento y del lugar de creación de un pagaré, implican la descalificación del título como tal (conf. Decr.- Ley 5965/63: 101). Sin embargo, ello no obsta a la subsistencia del instrumento como quirógrafo continente de una declaración de voluntad conforme al derecho común que, como tal, si los recaudos del CPR 520 se encuentran satisfechos, puede ser ejecutado (CNCom, Sala B. 19.8.94, "Induropa SRL c/ Kent de Saadi s/ ejecutivo"; ver Cámara, Letra de Cambio y Pagare, T. I, pág. 344). Máxime cuando, como en el caso, las firmas insertas en el documento han sido certificadas por escribano público (CNCom, Sala A, 13.10.95, "Nuñez, Miguel c/ Clavete, Adolfo s/ ejecutivo"; Sala B, 10.12.98, "Espinosa, Jorge c/ Pitto, Luis María s/ ejecutivo").
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, daños y perjuicios, accidente de tránsito, culpa civil, culpa concurrente, indemnización, reducción de la indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Alegre, Humberto Leonardo y otros c/ Somorrostro, Carlos Alberto y otro. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que declaró la concurrencia de culpabilidad en un accidente de tránsito y redujo el monto de la indemnización.
Propiedad naval, abandono de buque
Materia: ADMINISTRATIVO-AGUAS-NAVEGACION
Carátula: Rimservice SRL. c/ Prefectura Naval Argentina s/ Recurso artículo 17 de la ley 20.094
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

La declaración de abandono del buque GOLONDRINA a favor del Estado Nacional (disposición 55/2010), dictada en los términos del art. 17 bis de la ley 20.094, encuentra sustento en la falta de cumplimiento por parte de la apelante de la intimación oportunamente cursada para que removiera la embarcación de su emplazamiento en la Cuenca Matanza Riachuelo (disposición 39/2010, fundada en lo previsto en los arts. 17 y 17 bis de la citada ley), ello, en función de su estado de manifiesta inactividad, el riesgo de hundimiento, el peligro inminente para la preservación del ambiente, de las vías navegables, de la infraestructura portuaria y el impedimento que constituía para el libre escurrimiento de las aguas (disposición 38/2010). El art. 17 de la Ley de Navegación, en lo que aquí interesa, prevé que los buques que se encuentren en aguas jurisdiccionales argentinas deben ser removidos o trasladados a lugares autorizados cuando se hallen flotando y constituyan un obstáculo o peligro para la navegación, para el ambiente, las vías navegables, etc. (inc. a); cuando sean considerados riesgosos de hundimiento, mediante resolución fundada de la Autoridad Marítima (inc. c); y cuando permanezcan inactivos y a criterio de la Autoridad Marítima constituyan un obstáculo o peligro para la navegación, o un peligro inminente o potencial para la preservación del medio ambiente, de las vías navegables, de la infraestructura portuaria o un impedimento para el libre escurrimiento de las aguas.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jara de Fernandez, Alicia I. y otros c/ Plescia, Mario G. y otros s/ Incidente homologación de convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-21

Aunque no se trate del supuesto del art. 58 del dec. ley 8904, la determinación de honorarios del abogado puede reconocer otras fuentes, como las que proporcionan los arts. 2 a 8 de la ley arancelaria y la propia autonomía de la voluntad (art. 1197, C.C.).
Recurso de casación, formalidades procesales, violación de las formas procesales, sentencia extra petita
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNÁNDEZ BARRIA ELIAS RICARDO Y OTROS c/ ESTÉVEZ ARIEL s/ LABORAL - COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2006-11-22

Debe prosperar el recurso de casación deducido por quebrantamiento de formas, en virtud que el fallo de Cámara ha violado el principio de congruencia al haber introducido cuestiones ajenas a la litis, no planteadas por las partes durante el proceso, ni incluidas en los agravios de los recursos de apelación, todo ello en razón de que la jurisdicción de los Tribunales de Alzada, están limitados por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria.
Defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: S.A.-M.M.-S.O.-S.D. s/ USURPACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-03-26

El contexto íntegro de la causa, resulta ser alejado de toda duda que el planteo de la Sra. Fiscal de Cámara es correcto y más allá de la circunstancia que las constancias instructorias le otorgan razón a la parte apelante sobre el fondo del asunto, debe señalarse entonces que la nulidad indicada existe. Omisión que afecta el Derecho de Defensa y como tal es de carácter absoluto y puede y debe declararse en cualquier estadio procesal, en orden a la normativa de los arts. 169, 170 incisos 3º y 4º, 171, 175 y cdtes. del C.P.P. y en manera tal de remitir lo actuado al Juzgado actuante para que con la intervención de la señorita Agente Fiscal subsane lo apuntado.
Personal militar, adicionales de remuneración, tasa activa
Materia: LABORAL
Carátula: Arroyo Guerra Gustavo J. y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Laboral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-20

La obligación del Estado de pagar los adicionales creados por el decreto n° 2769/93, el decreto n° 1104/05 y modificatorios y complementarios para las Fuerzas Armadas y de Seguridad debe ser cumplida en un plazo de 30 días hábiles de notificada la liquidación en razón de los trámites administrativos del Estado, aplicando a tales montos la tasa activa desde la fecha de vigencia del decreto en cuestión y hasta su efectivo pago. (del voto del Dr. Ferro)
Sentencia, despido, nulidad parcial
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: SARACHO ROBERTO ANTONIO c/ CATEDRAL SA s/ DEMANDA  -  RECURSO  DE  CASACION  - SENTENCIA - ASUNTO NO SOMETIDO A  DECISION - NULIDAD PARCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-08-24

Si el actor no reclamo en su demanda el pago de los días de suspensión (27-5 la 7-6-82), sino el mes de junio completo, como integración del mes de despido, el pronunciamiento que declaro su improcedencia, ha resuelto sobre un asunto no sometido a decisión.

Debe declararse la nulidad parcial de la sentencia que se recurre por adolecer del vicio denunciado, impidiendo al impugnante ejercer con posterioridad, en forma judicial o extrajudicial, reclamo en tal sentido.
Seguros, obligaciones del asegurador, mora, daño moral
Materia: COMERCIAL
Carátula: FOURCADE Roberto c/ LA UNIVERSAL COMPAÑIA DE SEGUROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-15

El asegurador responde en los límites del contrato de seguro, pero si por su culpa o dolo dejó de cumplir sus obligaciones, incurriendo así en mora y causando una lesión acreditada a las afecciones legítimas del asegurado, este daño es resarcible resultando de plena aplicación la teoría de las obligaciones (Código Civil: 522 y sig.)