marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad, excepción de nulidad
Materia: PENAL
Carátula: Kippke, Hernán Pablo y otro c/  s/ Condena
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-18

En los supuestos de planteos de nulidad que sólo pueden ser formuladas a pedido de parte, las defensas no están limitadas por un plazo de caducidad para denunciar una nulidad de las comprendidas en el art. 168 CPPN, pero una vez que eligieron ejercer la facultad de plantear la nulidad de la que se agravian durante la etapa de instrucción, a la que se dio trámite, y fue objeto de sustanciación y decisión por el juez y la cámara de apelaciones correspondiente, no tiene disponible -al menos como regla- una nueva oportunidad para intentar igual planteo en la etapa intermedia ni tampoco en el debate mismo, a excepción de la nulidad que pretenda promoverse sobre la base de otros hechos más tarde conocidos (voto del juez García al que adhirieron los jueces Garrigós de Rébori y Días).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), leyes, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: WEGENER, EDUARDO GUSTAVO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-09

El Tribunal de Alzada sustentó su decisión en la interpretación de las normas en juego remarcando que el artículo 6 de la ley 11387 establece que la reubicación -del personal- se efectuará adecuando su encuadramiento laboral y funcional, manteniéndose la antigüedad y remuneración, lo que aparece claramente contrario a la pretendida aplicación del régimen bancario al personal que no lo es; y que los agentes tansferidos estarán sujetos a las normas de la repartición a la que fueran destinados, sin que pueda soslayarse que la ley que el actor invoca como aplicable no está en vigencia como lo pretende -por haber sido vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo-; y en cuanto al artículo 13 de la citada norma, la Cámara concluyó en que no podía sino entenderse que regía la situación del personal que iba a permanecer prestando servicios en la institución bancaria como Personal Transferido, afirmando que no puede postularse la aplicación de un convenio colectivo de un determinado sector, a quien dejó de integrarlo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11387, artículos 6 y 13. - Jurisprudencia concordante con Velasco, AyS T 312, p 409, sumario J0048946 y Junco, AyS T 312, p 416, sumario J0048942.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Carlos Sergio s/ Robo calificado de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se impugna una presunción de mendacidad y que se funda en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal -referido a la prueba confesoria, cuya concurrencia no se demuestra- sin relacionarlo con lo resuelto por el "a quo" en tanto de lo declarado se extraería prueba presuncional.
Violencia familiar, medidas cautelares, facultades del juez, exclusión del hogar
Materia: PROCESAL
Carátula: M., L.V. c/ M., J.E. s/ Solicita Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-19

Las medidas cautelares que enuncia el artículo 4 de la ley 4118, en principio deben ser tomadas luego de producidos el diagnostico de interacción familiar efectuado por peritos de diversas disciplinas que determinaran los daños, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia que prevé el artículo 3 de la ley, que a su vez establece una directiva hacia el Juez: "requerirá" esos informes, correspondiendo hacer notar el modo imperativo del verbo.

Normalmente, la medida de exclusión del hogar exige que la decisión no sea tomada inaudita pars. Este es el procedimiento básico de la ley sin perjuicio de que en determinadas circunstancias se pueda decidir en forma previa tomar las medidas cautelares que fija la ley u otras que considere el Juez, si el peligro en la demora así lo requiere.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Dyallo, José María s/ Robo calificado. Privación ilegal de la libertad y violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación del requisito contenido en el inc. 7º del art. 238 del Código de Procedimiento Penal, ya que dicha norma es aplicable "para que la confesión produzca plena prueba...", y este medio no ha sido utilizado en autos.
Relaciones de familia, alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: Á. Y. A. c/ J. C. D. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-22

No puede ser soslayado en la ponderación a efectuar, la contribución que de hecho efectúa el progenitor que tiene la guarda del menor, la que comprende no solo aportes en especie de significación económica, sino esencialmente la atención que presta a las múltiples necesidades y requerimientos diarios que insume tiempo y dedicación que han de ser estimados necesariamente en la evaluación global.

En tal sentido se ha dicho que la asistencia moral del hijo, traducida en el imprescindible apoyo que el niño requiere en las distintas etapas evolutivas de su personalidad, reviste trascendencia que los especialistas de diversas disciplinas coinciden en destacarla como uno de los factores con mayor incidencia en el logro de la finalidad de asistencia que es perseguida por la máxima institución protectoria de la minoridad que es la patria potestad.

Es así, que la Convención de los Derechos del Niño consagra disposiciones directamente dirigidas a asegurar al menor esta asistencia, procurando evitar precisamente las consecuencias que devienen de la privación de afecto y cuidado.

Ahora bien, si la madre del menor que presentara en esta litis la pretensión de fijación de cuota alimentaria en su representación, satisface tal necesidad de afecto y cuidado básico y consustancial a su obligación, ello debe ser ponderado a los efectos de contemplar la contribución equitativa de la porción atribuible a cargo del otro progenitor no conviviente, la que ha de determinarse en un aporte dinerario.
Contrato de trabajo, trabajo insalubre, jornada de trabajo, autoridad administrativa del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Alarcon,   Orlando  Rodolfo  y  otro c/ aceros  Zapla  S.A. s/ diferencia de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

De conformidad con el art. 200 LCT, constatada la insalubridad de las tareas se debe intimar por un plazo razonable al empleador a adecuar ambientalmente el lugar, y sólo en defecto de cumplimiento de esta intimación procederse a la calificación, con su efecto propio de reducción de la jornada. No existen declaraciones tácitas de insalubridad y sólo debe ser declarada por acto del poder administrador. Pretender que la insalubridad sea declarada en sede judicial resulta contrario a lo prescripto por la ley 11.544. En el caso, la Resolución Nº 161/01 de la Dirección Provincial del Trabajo de la Provincia de Jujuy, que declara insalubres a los fines previsionales exclusivamente las tareas cumplidas en Altos Hornos Zapla, no puede ser leída como declarando también la insalubridad de dichas tareas a los fines de la limitación en su duración, diaria y semanal, del trabajo, lo que constituiría un desplazamiento de sentido que no consiente el contexto normativo en el que viene a insertarse el acto (art. 200 LCT y ley 11.544).
Tasas, Poder Ejecutivo Nacional
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Prevención  Aseguradora  de Riesgos del Trabajo S.A. c/ EN - AFIP-       Dto       863/98 s/ proceso       de      conocimien
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

Más allá de su denominación, la "comisión bancaria" cuyo pago obligatorio dispuso la A.F.I.P. en razón de la prestación o servicio de recaudación efectuado -ya sea por el ente recaudador o por las entidades bancarias autorizadas que actúan como mandatarios de éste- se trata de una tasa, impuesta originariamente por medio del decreto de necesidad y urgencia N° 863/98, que fue declarado inconstitucional porque la obligación que impuso no constituyó el precio de un servicio que se haya pactado o del que se haya hecho reserva en la ley 24.557, sino la exigencia de una suma de dinero a título coactivo, como contrapartida de la prestación de un servicio y en atención a su naturaleza tributaria, el Poder Ejecutivo Nacional tiene vedada la posibilidad de dictar normas al respecto (conf. art. 99, inc. 3° de la C.N.; y esta Sala, en otra integración, "Berkley International A.R.T. S.A", 13/4/99 e "Interacción A.R.T. S.A", 20/04/99; ambos confirmados por la CSJN el 21/11/00).
Sistema interamericano de Derechos Humanos, defensor interamericano, HONDURAS, amenazas, hostigamiento o maltrato, medidas de seguridad y protección, daño irreparable, perseguido político
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 4/2018 - Medida cautelar No. 1018-17 - Joaquín Mejía Rivera y familia respecto de Honduras c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-01-28

Tanto el Defensor de Derechos Humanos de Honduras, que representa a numerosas víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como así también su familia, deben ser protegidos de forma urgente y efectiva por aquél Estado atento al riesgo de daño irreparable que corren su vida e integridad personal, pues debido a las labores por él realizada y su rol crítico en el proceso electoral finalizado en diciembre de 2017, han sido víctimas de hostigamiento y amenazas reiteradas.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, ley laboral, retroactividad de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Alonso, Marcelino c/ Cía. Swift S.A. s/ Enfermedad-Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

El derecho a ejecutar la obligación nace con el crédito y es una consecuencia definitivamente consumada de la situación jurídica que comenzó a existir y que no puede modificarse por la ley posterior, porque sobrevive la ley vigente en el momento de nacer dicha relación obligatoria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Amenazas simples, procesamiento, restricción de acercamiento, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: K., A. D. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-01-11

El fallo de la Sala de Feria B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "K., A. D. s/procesamiento" (causa n° 73.907/2017) rta. 11/1/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial del imputado contra el auto del juez de la instancia de origen que lo procesó por amenazas simples en concurso real con desobediencia -prohibición de acercamiento-, reiterada en dos oportunidades. Los vocales confirmaron la resolución.
Proceso penal, imputado, defensa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CASTILLO, EDUARDO EZEQUIEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-09-22

Corresponde superar la cuestión de la temporaneidad en la interposición de la queja a los fines de salvaguardar la integridad del derecho de defensa del imputado y su voluntad recursiva, considerando que el mismo -privado de libertad- manifestó claramente su deseo de impugnar la resolución al ser notificado personalmente de la confirmación de la condena- lo que técnicamente se adecuó por la Defensa Oficial.
Prescripción de la acción penal, sobreseimiento, comisión de nuevo delito, fraude, desistimiento de la acción
Materia: PENAL
Carátula: Dra. Gabriela Quigley, Dr. Julio Piantoni instan sobreseimiento por prescripción c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-07-27

El Código Penal, para que proceda la prescripción de la acción penal, requiere que no se cometa un nuevo delito, y subordina a esta circunstancia el subinstituto de la interrupción de la prescripción. Ahora bien, cuando el delito interruptor o interrumpido lo configura una tentativa de estafa procesal, estas prerrogativas adquieren matices diferentes; pues, como sucede en los delitos permanentes, el curso de la maniobra delictiva se extiende en el tiempo. El mantenimiento del ejercicio de las acciones judiciales como parte constitutiva de las maniobras fraudulentas, importa una continuación en la ejecución de los intentos de fraude. En consecuencia, el término de la prescripción del delito no podría empezar a correr durante el tiempo en que todavía se sigue cometiendo, sino que lo hará solo con el desistimiento de la acción judicial fraudulenta por parte del acusado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Juan Ramón s/ Lesiones leves en concurso real con homicidio calificado por el  vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

Es insuficiente el agravio en el que se alega que no existe ninguna prueba acerca del "dolo" de las figuras legales aplicadas en el caso (arts. 80  inc. 1ro. y 92, C.P.) si el recurrente, sin mencionar la disposición legal referida a la valoración de la prueba en el caso, ni siquiera ha invocado la configuración de vicio alguno invalidante del pronunciamiento recurrido.
Prescripción de la acción penal, ley penal más benigna, suspensión de la prescripción, requerimiento de elevación a juicio, secuela de juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " NAKA, Ricardo S. s/ incd. de prescripción ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12

Este Tribunal sostuvo cuando se sancionó la ley 25.990 que: "...dado que el régimen interruptivo derogado dependía de la interpretación jurisprudencial que se efectuara respecto del término secuela del juicio, la cual como se sabe distó de ser uniforme, para apreciar si el nuevo texto legal es más beneficioso que el anterior corresponde determinar la incidencia que tendría sobre la vigencia de la acción penal en comparación con el anterior, para lo cual es preciso examinar si el acto procesal que interrumpía la prescripción conforme a la interpretación que se daba al término secuela del juicio, se encuentra o no incluido en la enumeración taxativa que ahora contiene el art. 67 del Código Penal..." (ver Causa n°22.599 "MIRANDA", reg. n°24.562, rta. el 1/12/2005 y sus citas). En consecuencia, si los hechos de defraudación fueron cometidos entre los años 1993 y 1995, son tres las hipótesis que se nos presentan, debiendo aceptarse la que resulta más benigna para el imputado de conformidad con los parámetros antes reseñados.

En tal sentido, no lo favorece la vigente redacción del artículo 67, modificado por ley 25.990 (B.O.11/1/2005), ni la anterior redacción de la ley 25.188 (B.O.1 de noviembre de 1999), ya que en ambos casos se establece la suspensión del curso de la prescripción ante delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubieren participado mientras cualquiera de ellos se encuentra desempeñando un cargo público, y se extiende para todos los delitos previstos en el código; si alguno de los imputados se desempeñaron como funcionarios públicos lo que redunda en la vigencia de la acción. Por el contrario, la redacción del artículo 67 del Código Penal -vigente en la en la época en que se produjeron los hechos, defraudaciones cometidas entre los años 1993 y 1995-, impide acudir a la hipótesis de "suspensión de la prescripción" por los hechos que se imputan , puesto que estos no son de los previstos en los capítulos 6, 7, 8, 9, 9 bis y 10 del Título XI, Libro 2 del Código Penal. Asimismo, como el marco de la pretendida ley contempla que: "...la prescripción se interrumpe por la comisión de otro delito o por la secuela de juicio...", poseen virtualidad interruptora del curso de la prescripción el llamado a prestar declaración indagatoria del 14 de mayo de 1997 y el procesamiento dictado por el juez a quo el 30 de diciembre de 2003, habiendo transcurrido entre los mencionados actos que tienen capacidad interruptora del curso de la prescripción un período que excede al de los seis años de pena máxima establecida en el artículo 174 inciso 5° del Código Penal, por el cual el imputado ha sido acusado en los requerimientos de elevación de la causa a juicio presentado por los querellantes y el Ministerio Público -13 de octubre de 2004 ANA, 1 de noviembre de 2004 DGI y 5/9/2006-.
Tripulación, jefe de máquinas
Materia: COMERCIAL
Carátula: JURAGA, José c/ Prefectura Naval Argentina -DPSJ J.S.1 67/93 s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-14

La obligación de inspeccionar los precintos correspondientes al Departamento Máquinas de un buque, ya sea en forma rutinaria o luego de haberse realizado reparaciones al mismo, recae sobre el Jefe de Máquinas.
Contrato de trabajo, fraude laboral, pasantías
Materia: LABORAL
Carátula: CIECHANOWSKI GLADYS ANDREA c/ ARCOS DORADOS S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-22

No parece suficiente, para tener por configurado el contrato de formación que nos ocupa, aquél reconocimiento que debería asumir la estudiante -y que parecería deber traducirse en una cierta "gratitud"-, hacia la empresa que "tuvo a bien" incorporarla en su estructura empresaria, toda vez que el objetivo de las pasantías no consiste en ello, sino, por el contrario y tal como ya se puntualizara, en "...la preparación del pasante para el ejercicio de una profesión, para familiarizarlo con todo aquello que tenga relación con su formación y futuro profesional..."
Sentencia de trance y remate, honorarios, costas
Materia: CIVIL
Carátula: F. R. P. Y. O. s/ DIVORCIO VINCULAR POR PRESENTACION CONJUNTA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-31

Entrando a analizar la cuestión traída a resolución de esta Alzada podemos adelantar que confirmamos la sentencia de trance y remate .. en virtud de que pese a que el actor efectuó el pago de los honorarios regulados a la letrada ., la sentencia debía ser dictada debido a que existía una condena y a que el apelante no abonó los honorarios en el tiempo que correspondía. ´......"La sentencia de remate cumple la finalidad de poner en conocimiento del deudor el monto por el que la ejecución prospera y las bases de lo jurídicamente actuado."(Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán.

Concordado, Comentado y Anotado. Dres: Juan Carlos Peral- Juana Inés Hael, pág 430). La denominación de sentencia de trance y remate sólo determina que se lleva adelante la ejecución o su rechazo. El paso obligado en este tipo de juicio es la sentencia de trance y remate. La expresión remate que denomina a esta sentencia es sólo una de las posibilidades. Sin embargo cabe su dictado hasta que se hace íntegro pago de todo lo adeudado. La única y exclusiva posibilidad de evitar el dictado de la sentencia es el pago oportuno que hubiera sido realizado dentro de los diez días de notificado el deudor (art. 23 de la ley arancelaria).Esto, más allá de la correspondiente elaboración de la planilla que, en definitiva llevaría a determinar si hay saldo deudor o acreedor. Habida cuenta que el deudor sólo depositó el monto de los honorarios más el correspondiente a los aportes previsionales , la consecuencia era el dictado de la sentencia como hizo el juez. Sin perjuicio del cálculo final donde se consignará el pago efectuado.a fin de descontarlo. Es decir que, aunque se deposite íntegro el importe luego de la oportunidad aludida, se debe dictar la sentencia que se erige como un paso obligado. Sin embargo, no puedo obviar la consideración respecto a que la Juez desdobló un acto que es único:

rechazo de las excepciones y pronunciamiento sobre la sentencia (art. 522 del C.P.C y C. ). Así las costas, ya estaban impuestas en la resolución que rechaza la excepción. No cabía nueva imposición. Esto debió advertir la propia ejecutante. Este acto, la sentencia, cuyo dictado es ineludible determina como se va a calcular la deuda que, llegado el caso, puede arrojar un saldo acreedor o deudor según el importe depositado.

DRAS.: VALDERRABANO DE CASAS - VALLS DE ROMANO NORRI - PAZ DE CENTURION (EN DISIDENCIA).
Aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: KOT, Samuel S.R.L. s/ Acción de amparo. Acto de particulares (5-958)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1958-09-05

Las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción.
Obras sociales, INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y otros Establecimientos Privados (FECLIBA) s/ Demanda contencioso administrativa Agremiación Médica Platense c/ Provincia de Buenos Aires (IOMA) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-26|1999-10-26

La gestión del Directorio del I.O.M.A. pertenece no sólo a la denominada "administración activa" (celebrando convenios como el de la especie) sino también a la "administración de contralor" (destinada al control posterior de las prestaciones y ajuste de las facturas correspondientes), teniendo en cuenta que las funciones administrativas de asesoramiento, programación, ejecución y contralor, permiten distinguir -aún dentro de un mismo organismo administrativo- una "administración de contralor" junto a las tradicionales modalidades de "administración activa" y "administración consultiva". Tal actividad de control, por ser de orden público, no admite declinación o limitación alguna, salvo las que expresamente determinen las normas legales.
Adopción, mayoría de edad, relaciones de familia, adopción conjunta de hermanos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CARLOS HUGO KRAVACEK s/ ADOPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

La sentencia que deniega la adopción de un mayor de edad, sin considerar que su hermana ya fue adoptada por los mismos adoptantes, se aparta, por vía de consecuencia, de la RATIO LEGIS de integración familiar buscada por el art. 1, segundo párrafo, de la ley de adopción al dejar en los hechos sin efecto el vínculo legal existente previamente entre hermanos que en principio integraban una misma familia legítima.
Alimentos, pérdida del derecho alimentario
Materia: CIVIL
Carátula: B.F.P.J c/ R.R.B. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-08-16

La obligación mutua de los cónyuges de asistencia y alimentos (art. 198 C. Civil) no cede aunque se interrumpa la convivencia, y la pérdida del derecho alimentario por abandono sólo se opera en virtud de resolución judicial que disponga la intimación del cónyuge a reintegrarse al hogar (art. 199 in fine C. Civil).

No cabe la discusión del derecho del alimentario para recibirlos.

Siempre queda a la parte condenada el derecho de promover la acción ordinaria de alimentos definitivos, donde podrá discutir tanto la obligación de darlos como su cuantía (arts. 788 y sgtes del C. de P.

C aplicables supletoriamente por el art. 183 ley 7676). Por último podría también recurrirse a la acción de divorcio o separación personal, en cuanto permite demostrar la culpabilidad del otro cónyuge, lo que hace perder la vocación alimentaria en los términos del art. 207 del C. Civil.