marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, relación de dependencia, prescripción, jurisprudencia, Municipalidad, personal municipal, cesantía, indemnización por incapacidad
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Leones, Jalime María c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral (Expte.: C.S.J. nro. 745 año  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

La Corte local, en un precedente donde se reclamaba el pago de la retribución de agentes municipales según lo dispuesto por la ley provincial 9286 -Estatuto y Escalafón para el personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia- y su modificatoria, la ley 9996, reputó aplicable al caso el plazo de prescripción bienal previsto por el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, teniendo en cuenta, para ello, como condición "sine qua non" una circunstancia: el sometimiento a regímenes paritarios lo que, en palabras del fallo, en ese caso, permitía asimilar la situación de los agentes reclamantes a aquellos comprendidos en convenios colectivos de trabajo. Lo pretendido por el actor en el caso en estudio, es decir, la indemnización establecida en el artículo 23, inciso g) Anexo I de la Ley 9286, impide sin más su equiparación con el precedente citado. (De la Disidencia del Dr. Falistocco)
Mora, obligación de escriturar
Materia: CIVIL
Carátula: B., M. C. C. Max S.A. s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-17

La mora en la obligación de escriturar no se produce de pleno derecho sino que, como lo ha entendido reiteradamente la jurisprudencia, su régimen en este tipo obligaciones por las particularidades que presenta, se encuentra alterado, no siendo de aplicación sin más, el primer apartado del art. 509 del Cód. Civil.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-16

La Constitución Nacional no establece derechos absolutos y todos los derechos en ella consagrados se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que, si son razonables, no admiten impugnación constitucional (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Personal militar, personal civil de inteligencia, diferencias salariales, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "TAYELDIN,  Rubén  Omar c/ EN  -  DIE  -DTO  1104/05  751/09 s/ PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-20

Dado que el decreto 1782/06 (aplicable al Personal Civil de Inteligencia de las FFAA) es análogo en su estructura y contenido -y particularmente en la creación de "adicionales transitorios" - al decreto 1104/05 (que rige para el Personal Militar), y que, asimismo, el artículo 28 del referido Estatuto -Decreto 1088/03- remite a la aplicación de la ley 19.101 y su Reglamentación sobre Personal Militar, en el caso, corresponde aplicar mutatis mutandi la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Salas" (Fallos 334:275; conf., en igual sentido, Sala IlI, "Gervasoni, Eduardo Alberto", 16/06/11).
Incapacidad, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vinograd, Daniel V. c/ Luchessi, Alfredo O. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

Sin perjuicio de las proyecciones que las lesiones a la integridad psicofísica han de tener en el campo espiritual de la víctima -lo cual debe ser materia de avalúo al abordar el daño moral-, para la indemnización del daño patrimonial lo relevante de tal integridad "es el valor instrumental o mediato que ésta representa para la consecución de logros o beneficios materiales".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Carlos Alberto s/ Robo simple en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en que se impugna la división sobre unificación de pena pero omite denunciar la infracción de los arts. 55 y 58 del Código de fondo actuados por la Cámara a ese efecto.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, honorarios, jus, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: RECHIA, FRANCISCO c/ HERRERO, JOSE DOMINGO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-07

Las cuestiones debatidas en autos- en cuanto refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus- guardan sustancial analogía con las que fueran materia de análisis y decisión en la causa "Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna"; y proyectando las pautas allí expuestas, surge de las constancias de autos que la Cámara confirmó los rubros contenidos en la planilla (ordenando una rectificación a partir de diferenciar la fecha a partir de la cual deben computarse los intereses según se trate de los honorarios regulados en primera instancia o en segunda) que fue practicada de conformidad con el artículo 32 de la ley 6767 y su modificatoria ley 12581, proceder que no implica desconocer la vigencia de la ley 25561 que establece la prohibición indexatoria, toda vez que se cuantificó el honorario según el valor vigente de la unidad jus al momento en que el auto regulatorio adquirió firmeza. Distinta es la situación respecto de la tasa de interés, desde que no luce suficiente la rectificación ordenada a su hora por el Juez de baja instancia, toda vez que si bien dispone que se calculen los intereses de los honorarios regulados por la Cámara desde la firmeza del acuerdo que los contempla, no obstante mantiene la validez del cómputo de los intereses de los estipendios regulados en primera instancia desde la fecha en que se notificó al obligado al pago de los mismos, lo que no puede tolerarse a la luz de las pautas supra mencionadas. (Del voto del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326.
Daño moral, personas jurídicas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CONFER  S.A. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-23

Cuestiona Comfer el rechazo del daño moral, aspecto en el cual se debe puntualizar, por de pronto, que resulta improcedente tratándose de personas jurídicas. Además de este decisivo impedimento, otra razón más, todavía, robustece el temperamento denegatorio, es la que deriva de la conducta equívoca de la adjudicataria quien -sin ninguna necesidad, de estar a sus propias declaraciones- incurrió en falsedad (conforme el tenor de una sentencia penal firme) en un documento relativo para la contratación.
Derecho de asilo, asilo político, protección internacional de los derechos humanos, sistema interamericano de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Opinión Consultiva OC-25/18 de 30 de mayo de 2018. Serie A No. 25.  Solicitante: República del Ecuador c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-05-30

El derecho humano a buscar y recibir asilo en el marco del Sistema Interamericano encuentra sustento tanto en el artículo 22 de la Convención Americana como en su par XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, superando la postura que lo consideraba una prerrogativa estatal, configurándose como un derecho humano individual a buscar y recibir protección internacional en territorio extranjero, incluyendo con esta expresión el estatuto de refugiado conforme los instrumentos de las Naciones Unidas, y el asilo conforme a las diversas convenciones interamericanas sobre la materia.
Recurso de revisión penal, autoría, prueba, valor probatorio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: V. T., J. D. c/  s/ revisión penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-22

En el caso, y en fundamento de la acción de revisión penal, se invoca la causal prevista en el inciso 4 del artículo 409 del Código Procesal Penal que prevé el supuesto de que después de la condena sobrevinieran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hicieran evidente que el hecho delictuoso no existió, que el condenado no lo cometió, o no se dieron las circunstancias agravantes típicas que el Tribunal tuvo en cuenta al pronunciar aquélla; sin embargo se patentiza que ninguno de los hechos que el accionante invoca en fundamento de la acción constituye nuevo hecho en los términos de la norma, como expresamente lo admite en su memorial al manifestar que se trata de circunstancias que, en realidad, no fueron expuestas al momento del proceso, al tiempo que se omite siquiera esbozar alguna argumentación idónea para evidenciar cómo las mismas demostrarían que los hechos delictivos no existieron o que el condenado no los cometió -tal como lo afirma-, lo cual basta para juzgar inadmisible la acción. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 409, inciso 4
Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, inadmisibilidad del recurso, prevención de enfermedades, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Marina Fabiana c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-11

Los recursos resultan inadmisibles en tanto no incluyen argumentos suficientes ni una crítica razonada que logre conmover la decisión adoptada por el a quo. Para concluir la improcedencia del arresto domiciliario solicitado en los términos de los arts. 10, inc. a) y f) del CP y 32 inc. a) y f) de la ley 24.660, el tribunal consideró que el superior interés de los menores no corre riesgo de menoscabo, desamparo, o inseguridad material o moral. Destacó que cuentan, actualmente, con un núcleo familiar de contención, y con suficiente asistencia material y moral de parte de sus tíos y abuela materna. Compulsó adversamente la naturaleza y gravedad de los hechos imputados a Sosa consistentes en haber formado parte de una organización delictiva destinada a la comercialización de estupefacientes que se valía de la colaboración de menores, entre ellos la hija de la imputada. Por otro lado, respecto a la situación sanitaria el tribunal precisó que la acusada no padece ninguna afección actual en su salud que impida su permanencia en la unidad; no integra ninguno de los grupos de riesgo con motivo del virus pandémico, ni está comprendida en la lista de internos de riesgo confeccionada por el SPF. De lo expresado se desprende que la condición de Sosa no se corresponde con ninguno de los supuestos contemplados en el pto. 2 de la Acordada 9/20, y, por la entidad de los delitos que se le adjudicaron, cobra particular relevancia lo dispuesto en el pto. 3 de la referida acordada de este tribunal. Por ello, corresponde declarar inadmisibles los recursos interpuestos y, dada la emergencia sanitaria declarada, encomendar al tribunal que disponga lo pertinente para que en la unidad carcelaria donde Sosa cumple detención se arbitren los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y a extremar las medidas de prevención, salud e higiene dispuestas en la Acordada 3/20 y 9/20 pto. 4 de esta C.F.C.P. y en la "Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en el S.P.F." El voto concurrente sostuvo que, si bien esta Casación ha señalado en sus recientes Acordadas la especial situación de las mujeres detenidas y, en particular, cuando tienen hijos menores a su cargo, lo cierto es que este escenario debe ser evaluado de conformidad con el interés superior del menor. En el supuesto bajo estudio, no puede obviarse el argumento desenvuelto por el tribunal, en punto a que Sosa viene acusada de hechos ilícitos en cuya descripción se incluye el uso de menores de edad, incluida su hija. La disidencia señaló que correspondía sustanciar el trámite de los planteos casatorios y fijar la audiencia prevista por el art. 465 bis del ordenamiento legal citado. Dres. Mahiques, Yacobucci -voto concurrente- y Slokar -en disidencia-.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, proceso penal, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: MACHUCA, RAMON EZEQUIEL c/  s/ ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO AGRAVADO Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-28

La presente queja no puede prosperar pues las postulaciones recursivas -pese al esfuerzo del recurrente en demostrar la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad o de violación de garantías constitucionales- sólo revelan el mero disenso del compareciente con lo resuelto por la Alzada en relación a la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por su parte, lo cual constituye, por vía de principio, facultad que se encuentra reservada a los jueces de la causa, y por ende, a menos que se demuestre arbitrariedad -lo que no acontece en el caso, en el cual el A quo realizó un exhaustivo examen de las postulaciones defensivas a la luz de las constancias de la causa y expuso una motivación suficiente para denegar las nuevas pruebas ofrecidas- no es susceptible de revisión por medio de la vía excepcional intentada.
Sentencia, fundamentación de sentencias, contrato de trabajo, rescisión del contrato, prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: LANZ QUIROGA MAXLY c/ A.E.S.A.  ACEROS ESPECIALES s/ SENTENCIA - CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-22

La conclusión de la a quo aparece como falta de razón suficiente.

Es evidente que las partes estuvieron en tratativas de desvinculación concertada, pero de ningún modo pudo concluirse que dichas tratativas culminaron en la fecha denunciada por la accionada, cuando los testigos admiten que vieron al actor en la empresa y -por sobre todo-la demandada confesó que el actor gozó de tres carpetas médicas durante ese mes. Más allá del valor probatorio que se asigne a los certificados médicos existe una confesión de la empleadora que de ningún modo pudo ignorarse, que la lleva a sostener que ninguna situación había que aclarar por cuanto el actor se encontraba con carpeta médica otorgada nada menos que por el Jefe de planta de la empresa. En consecuencia este vicio resulta suficiente para casar el pronunciamiento y entrar al fondo del asunto (art. 105 Ley 7987).-
Derechos reales, transmisión del dominio, inscripción registral, inscripción declarativa
Materia: CIVIL
Carátula: VAGO,CESAR JUAN c/ PALAVECINO, ALICIO RENE Y/U OTROS s/ REIVINDICACION CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-08

Conforme las prescripciones del art. 2505 del Código Civil, la transmisión de los derechos reales sobre inmuebles únicamente se juzga perfeccionada con la inscripción en los Registros Inmobiliarios, agregando dicho precepto que esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas. Es decir que si no se inscriben, solo tienen valor entre las partes, lo que hace que la inscripción no sea constitutiva del dominio , sino solo declarativa.-
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mahia, Fermín c/ Aranda, Juan Eugenio y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-30

Como la preferencia otorgada a la hipoteca comprende los costos y gastos del juicio, entre los cuales cabe comprender los honorarios de los profesionales que intervinieron en la ejecución pertinente, este mismo postulado permite extender la garantía al caso de los honorarios del abogado o procurador que acompañaren los títulos y se presenten a una subasta ordenada en una ejecución promovida por otro acreedor. De tal manera, son a cargo del deudor y no del acreedor hipotecario los honorarios mencionados.-
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, abandono del hogar conyugal, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: C., E. c/ S., J.A. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-31

La larga pasividad de quien se sindica como cónyuge "abandonado" (en el caso, dieciséis años), sin demostrar el menor signo para reanudar la relación conyugal o demandar el divorcio, permite inferir una actitud de adhesión a la separación de hecho establecida.
Poder Legislativo, legisladores, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: M., E. J. s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

Es menester precisar que si bien las prerrogativas son garantías, hay otras que no se traducen en prerrogativas porque éstas siempre operan frente a los legisladores directamente. Deben señalarse como garantías no constitutivas de prerrogativas las siguientes: 1) el juzgamiento exclusivo de la elección de los miembros y de la validez de sus títulos como así también de las causas de incompatibilidad y la caducidad por inasistencia; 2) la autonomía reglamentaria, designación y remoción de sus empleados y ejercicio de la policía de sus locales -inmunidad real-; 3) el autogobierno disciplinario respecto de sus miembros; 4) el ejercicio de la potestad policial sobre las personas extrañas que viole sus "privilegios" o altere el orden en las sesiones; 5) la fijación de su presupuesto de gastos;

6) la determinación de la retribución de los legisladores; 7) la potestad para determinar el período de prórroga o de convocarse a período extraordinario de sesiones; 8) la designación de comisiones con propósitos de información e investigación sobre materias o asuntos de interés público.
Cuestión esencial, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Bonet, Gustavo Carlos y otros c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires  s/ Impugnación contra Resoluciones del Tribunal de Cuentas. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-18

Los planteos referidos a la omisión de cuestiones sometidas a conocimiento del juzgador y no resueltas, constituyen temas propios del recurso extraordinario de nulidad y consecuentemente, ajenos al de inaplicabilidad de ley.
Recurso de queja (procesal), trámites judiciales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: DECAVIAL  S.A.I.C.A.C.  Y ALICURA  S.A. c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE TUCUMAN s/ CADUCIDA  DE  LA  INSTANCIA - RECURSO DE QUEJA - TRAMITE - PROCURADOR  GENERAL DE LA NACION  -  CORTE SUPREMA - IGUALDAD - DEFENSA EN JUICIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

Si la ley no prevé la intervención de la recurrida, ni en consecuencia, el plazo en que ella sea admisible, no cabe que se produzca con posterioridad a la emisión del dictamen del señor Procurador General, circunstancia por la que ante la ausencia de una norma aplicable análoga al art. 484 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde considerar que clausura el debate y que tras ella, la causa se halla sometida al pronunciamiento de la Corte.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Heredia o Peña, María c/ Moyano, Marcelo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-08

Si la parte demandada era quien conducía en la oportunidad el automotor embistente cosa riesgosa por naturaleza- debió demostrar que la parte actora que circulaba a pie- había interrumpido el nexo causal representado por el mero contacto; es lo que, para utilizar ahora las mismas palabras de la ley, dispone el art. 1113, 2 p., Cód. Civil: En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Pago de la remuneración, pago parcial, aumento salarial, pago en cuotas, medidas de fuerza, trabajo a reglamento, excepción de incumplimiento contractual
Materia: LABORAL
Carátula: MARINO, AURELIO MIGUEL ANGEL c/ LA PRENSA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-31

El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, artículo 742 del código civil), por lo que no puede obligarse a un trabajador a percibir un incremento salarial en cuotas, sin actualización monetaria ni intereses, porque ello implica no solamente un pago parcial sino además, en atención al proceso inflacionario, una quita. Desde esa perspectiva no puede calificarse como una medida de fuerza configurativa de un conflicto colectivo, el trabajo a reglamento por falta de pago de la recomposición salarial, ya que ello representa el ejercicio legítimo de un derecho consistente en no realizar la prestación propia en tanto la contraparte no cumpla con la que está a su cargo.
Juicio ejecutivo, subasta judicial, legitimación procesal, sobreseimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES  S.A. c/ GARRONE MIGUEL A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-17

Si bien el art. 583 del Código Procesal prescribe que el comprador en subasta pública sólo es parte en lo que atañe a las sumas que podrían corresponderle, ello no impide reconocerle legitimación para intervenir en la cuestión relativa a la admisibilidad del sobreseimiento. La norma establece que el "ejecutado" podrá liberar los bienes depositando el importe del capital y de lo presupuestado en concepto de intereses y costas, pero dicha expresión no autoriza a concluir que la facultad es sólo otorgada a quien ha sido demandado en un proceso.

Se está ante un supuesto de transmisibilidad de las obligaciones que opera una sustitución en la persona del deudor, a quien se transmiten como sucesor particular las obligaciones y derechos que comprendían al que ha transmitido la cosa, respecto a la misma cosa (conf. arts. 3266 y 3268 del Código Civil). Máxime si en virtud de la compraventa realizada, las partes expresamente previeron la asunción de las obligaciones que pesaban sobre el inmueble por parte del adquirente. Estas como accesorias del principal se han transmitido en forma singular junto con los derechos.

El adquirente del bien está legitimado para solicitar el sobreseimiento del juicio, como lo podría haber hecho el primitivo titular, y dicha legitimación existe por la sucesión singular suscitada, en la que se consideró que los adquirentes se convertían en obligados a título personal de la deuda, en el caso que la hubiesen asumido en forma expresa.

El art. 583 del Código Procesal establece que quien intenta el sobreseimiento del juicio debe pagar una suma a favor del comprador, integrada por la comisión del martillero, sellado del boleto y el equivalente a una vez y medio del monto de la seña. Como surge del tercer párrafo del mismo artículo, dicha suma tiene el carácter de una indemnización y como tal debe ser considerada una deuda de valor susceptible de ser repotenciada. La norma fija como indemnización un "equivalente", el que sólo se logra integrando una suma que represente, a valores constantes, el mismo "quantum" que se vio obligado a depositar el adquirente en concepto de seña. Sin perjuicio de los otros daños que se pudiesen reclamar (art. 583, tercer párr.), en caso de admitirse el sobreseimiento, se debe evitar que el transcurso del tiempo en presencia de la depreciación de la moneda, perjudique a quien se debe amparar por haber comprado en una subasta judicial a las que corresponde rodear de las mayores garantías.

La actualización procede aún cuando la demora en la integración de la suma no fuere imputable al pagador con el fin de mantener la equivalencia de los valores.