marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: PARDO DE RUIZ IRMA GRACIELA c/ JOSE MORAL Y OTRA s/ SUMARIO-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-26

No puede considerarse como eximente de responsabilidad el supuesto de desperfecto sufrido por los frenos de su vehículo al momento de producirse el accidente, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el inc.

"A" del art. 12 de la ley 13.983 Todos los vehículos deben estar provistos de su correspondiente sistema de frenos que permitan controlar su movimiento, detenerlo y mantenerlo inmóvil. No siendo en ningún caso eximente de responsabilidad en un accidente de tránsito de las características del aquí analizado, la existencia de desperfectos mecánicos que tienen su propietario la obligación de corregir antes de circular por la vía publica mas cuando se trata de vehículo destinado al transporte público, como es un taxi.
Litisconsorcio facultativo, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUERO Sonia Nicolaza c/ Aguilera Antonio Rudecindo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-09-16

Al haber sido citada la aseguradora por la parte actora no asegurada, nos encontramos ante un supuesto de litisconsorcio pasivo facultativo como consecuencia de dicha "citación en garantía" (art. 118, ley 17.418), pues bien podría haber desistido la parte actora de dicha citación y seguir el proceso sólo contra el demandado.

Es que el presunto damnificado puede promover su reclamo en base a dos clases de obligaciones: a) la basada en el hecho ilícito, contra el civilmente responsable -el asegurado demandado-; y b) la sustentada en el contrato de seguro, contra el asegurador. Por ende, tratándose de un litisconsorcio pasivo facultativo nada obsta a que se decrete la caducidad parcial del proceso, ya que la aseguradora ha sido traída al proceso por un acto voluntario del accionante y no por una exigencia legal para la existencia de una relación procesal válida -máxime si en este caso no se ha notificado al demandado principal y/o sus sucesores-, de modo tal que el proceso puede concluir para la aseguradora citada por la parte actora y continuar para con la parte demandada. En efecto, no es razonable aplicar en esta situación el principio de indivisibilidad de la instancia como si se tratara de un proceso necesariamente único, tal como ocurre en los litisconsorcios impuestos por la ley.
Legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: Fusiman, Raúl Angel. s/ Recurso  de  Casación  en  Materia  Penal.  Legítima Defensa. Exceso.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-09-26

Debe aplicarse el artículo 35 del Código Penal si según los hechos fijados por el a quo la acción comenzó siendo lícita (legítima defensa) deviniendo luego exagerada, por haberse prolongado en el tiempo y por cuanto el medio utilizado al final del acontecimiento era manifiestamente desproporcionado.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, estafa, ardid, idoneidad del ardid
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Chaet, Silvio A. s/ recurso de queja  Causa: 606
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-13

Es una cuestión fáctica ajena a la casación la idoneidad del ardid en la estafa, que sólo puede ser verificada a través del análisis de los hechos y la meritación de las pruebas.
Recusación sin causa, escritos judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL - DGI c/ ARTIDES  S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

El cuestionamiento de la validez de actuaciones posteriores a una recusación oportunamente planteada, inadvertidamente realizadas por el juez recusado, debe ser resuelto por el juez que le sigue en orden de turno, por no ser aplicable a este caso el párrafo 2 del art.16 C.P. Civil
Cosa juzgada, error material, facultades del juez, derechos adquiridos
Materia: PROCESAL
Carátula: Mariani de Fernández c/ Entel y Municipalidad s/ Daños
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Procede rectificar el error en que se ha incurrido, cuando el resultado de una aplicación literal de las palabras o de las cifras inadvertidamente utilizadas conduce a un resultado absurdo o sin sentido (tal sería el caso de aplicarse un interés bancario que, como en el caso, terminaría determinando una suma astronómica), a cuyo efecto se tiene en consideración que el ejercicio de tal facultad por el Tribunal no comporta violación alguna al derecho de propiedad, pues en tales circunstancias no se puede sostener la existencia de un derecho adquirido. Exigir que la Cámara se vea impedida de corregir semejante error importaría tanto como desconocer la unidad de las sentencias judiciales, así como amparar el predominio de una solución formal, que contradiría sustancialmente el claro resultado a que se arribó en la sentencia.
Junta Nacional de Granos, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lanusse, Rafael Carlos c/ E.N.  (Min. de Econom.) s/ Nulidad de Resolución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-11

En virtud de la ley 12253 y los decretos 19697/56 y 6698/63, la Junta Nacional de Granos se encuentra facultada para instruir los sumarios administrativos que estime conveniente a todo el personal que se halle cumpliendo funciones en dicha repartición.
Presunciones, delitos contra la integridad sexual, cuestiones de hecho y prueba, apreciación del juez, recurso de casación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RUIZ, ERNESTO EULOGIO S/INFRACCIÓN AL ART. 119 DEL C.P.", Expte. Nº 3089 (R-693/11/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-03-15

El indicio de presencia se encuentra plenamente acreditado en autos a través del relato de los testigos quienes fueron contestes en aseverar que el imputado se encontraba en el asado que relata la damnificada y luego del cual sucedieron los hechos. Están los indicios de participación en el delito: todo indicio que permite mediante la lógica y la experiencia una inferencia con relación al hecho delictivo, tanto más relevante será cuanto mayor sea la aproximación que permita tener con el mismo.

En este aspecto cobran plena relevancia como prueba indiciaria, las diversas situaciones interfamiliares que vinculan a la víctima y al victimario. Suficientemente elocuente en tal sentido, resultan ser los propios dichos del imputado quien reconoce que tuvo una relación con la menor.

Lo que resulta ser una revelación de la personalidad del encartado quien toma a la supuesta actitud de su sobrina como un juego de seducción. Existen además indicios de una mala justificación.

Si sus justificaciones son inaceptables, ambiguas, equívocas, tendientes a eludir una respuesta concreta, ello configurará un refuerzo de aquellos indicios, dando lugar a edificar una plataforma de cargo desfavorable a su situación procesal. Estas cuestiones responden en un todo a las cuestiones de hecho y de derecho presentes en el caso.

Podrá compartirse o no lo resuelto, pero no puede sostenerse que carezca de sustento fáctico y/o normativo. Por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.
Asociaciones sindicales, representación sindical, legitimación procesal, acción de amparo
Materia: LABORAL
Carátula: UTA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL PEN s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

Cuando los sindicatos pretenden salvaguardar derechos e intereses concretos de las categorías de trabajadores que representan, encontrándose legitimados para ello, no corresponde impedir tal actuación exigiendo la necesidad de consentimiento personal de cada uno de los afectados. Si esto sucediera, traería aparejado el impe- dimento de hecho del ejercicio concreto de la acción sindical en sus aspectos fundamentales, llevando a la frustración de derechos más elevados, consagrados por la CN y los tratados internacionales a ella incorporados. Dentro de tal contexto normativo es indudable que las asociaciones sindicales demandantes tienen interés legítimo para cuestionar la constitucionalidad de los dec. 770/96 y 771/96 y por ende están habilitadas para demandar mediante la acción de amparo.

(Del voto del Dr. Fernández Madrid).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ejecución fiscal, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria, leyes, competencia contencioso administrativa y tributaria, interpretación sistemática, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Abogados. Honorarios. Ejecuciones fiscales (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es si el art. 7 de la ley 11.257, que modifica la ley 6767 (Aranceles Profesionales -   Abogados y Procuradores), agregando el inc. 5) a su art. 7, importa   una vigencia material y temporal limitada sólo a los procesos de   ejecución fiscal instaurados en relaciones especiales comprendidos   en ella -regímenes de regularización impositiva provincial- o bien   debe entenderse de alcance general y permanente para todo tipo de   ejecución fiscal en el territorio provincial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-15

Es buen procedimiento interpretativo realizar una indagación del espíritu de la ley, sin perjuicio de no dejar de lado su gramática.

Y, especialmente, en la tarea de fijación del sentido y alcances del legislador se debe atender a la búsqueda de la armonía entre sus disposiciones . Las normas deben ser interpretadas indagándose su auténtico alcance mediante un examen de sus términos que consulte la racionalidad del precepto, armonizándola con el resto del ordenamiento específico, esto es, haciendo de éste -como una totalidad del objeto- razonable y discreta hermenéutica. La disposición analizada ( art. 7 de la ley 11257), por todo lo expuesto, no permite al intérprete circunscribir su ámbito de vigencia solo a un plan de regularización o moratoria, sino que, lisa y llanamente, es parte integrativa de una ley general de aranceles con su nuevo articulado que regula, particularmente, la regulación de los honorarios, en punto al tope legal, para las ejecuciones fiscales (art. 7, inc. 5 , de la ley 6767). (Del Voto del Dr. Silvestri).
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: PADILLA OFELIA IRENE c/ MUNICIPALIDAD DE CRESPO Y OTRA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-12

Si bien de acuerdo con la ley 23.643 no resulta necesario probar el grado de incidencia de las tareas con el agravamiento, o desencadenamiento de la enfermedad, si es indispensable probar que las tareas -que deben estar descriptas acabadamente- tienen algún tipo de relación con dicho agravamiento, lo que concretamente se denomina el "nexo de causalidad" o "concausalidad".
Ejecución fiscal, acción meramente declarativa
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Carlos E. Enríquez S.A. y otros U.T.E. c/ AFIP - DGI s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-25

La acción de certeza promovida por la actora -y a la cual hicieron lugar las instancias anteriores- resulta improcedente, ya que el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación asigna a dicha acción carácter subsidiario, que obsta a su admisión en casos en que el ordenamiento jurídico prevé vías procesales específicas e idóneas para debatir la cuestión y que permiten aventar la falta de certidumbre, como ocurre en el caso, donde resulta indudable que al ser notificada de la resolución dictada por la Dirección General Impositiva, la empresa actora tuvo a su alcance los medios legales previstos por la ley 11.683 para defenderse de los cargos formulados en el ámbito del procedimiento de determinación de oficio regulado en dicho ordenamiento.
Comercialización, cadena de comercialización de los bienes, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: LEYES GUIDO GONZALO C. c/ PAOLINI HNOS. S.A. Y/O JUAN ALLENDE LOPEZ s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-26

Para que nazca la solidaridad del art. 30 LCT, es necesario que una empresa contrate o subcontrate servicios que complemente o complementen su actividad normal debiendo existir una unidad técnica de ejecución (art. 6, LCT).
Instituto de Servicios Sociales para el Personal de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda, retención de aportes previsionales, obras sociales, enriquecimiento sin causa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Caja de Seguros S.A. c/ Obra Social de la Actividad de Seguros Reaseguros Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda s/ art. 553 CPCC
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Toda vez que los trabajadores del A.C.A. implicados en la operatoria bajo análisis cuentan con cobertura médica de la Obra Social del Personal del Automóvil Club Argentino, y la Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda no podría ser elegida por ellos como prestadora en virtud de lo dispuesto por los arts. 2° de la ley 22.400 y 3° y 15 de la ley 19.518, el reclamo de ésta última configura un enriquecimiento sin causa a su favor, pues el pago de los aportes y contribuciones carecería de prestaciones que lo justifiquen.
Salud pública, acción de amparo, personas con discapacidad, Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas
Materia: PROCESAL
Carátula: Salvadores  Carolina Andrea c/ Dirección de Salud y Acción Socialde la Armada s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

No son atendibles los argumentos esgrimidos por la recurrente sobre la base de no haber adherido al sistema de la ley 24.901, conforme a la disposición del art. 8 del decreto 1193/98, para sustraerse de la protección reconocida a las personas con discapacidad por la Constitución Nacional, por Tratados Internacionales y por la legislación pertinente, habida cuenta que si así lo fuera se estaría admitiendo que la sola voluntad de la accionada resulta suficiente para quedar al margen de las obligaciones que pesan, en general, sobre el conjunto de los agentes que integran el sistema de salud (esta Cámara, Sala de Feria, doctr. causa 3922/03 del 23-7-2003, Sala 1, causa 2228/02 del 1-4-2004; esta Sala, causas 11.469/01 del 9-12-2004, 3092/04 del 29-12-2004, 538/05 del 15-6-2006 y 12.596/06 del 2-10-2007). En atención a que la DIBA es un organismo dependiente del Estado Mayor General de la Armada que brinda cobertura médica y asistencial al personal de esa Fuerza, no resulta razonable que se coloque al margen del sistema de atención y asistencia integral de la discapacidad, expresada tanto en la normativa que rige la materia (ley 24.901), como en la jurisprudencia del Alto Tribunal (doctr. Fallos 323:1339 y 3229, 324:3569), que pone énfasis en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en cuestiones concernientes a la salud (cfr. dictamen del Procurador General de la Nación, en la causa "Martín Sergio Gustavo y otros c. Fuerza Aérea Arg. Direc. Gral. Bienestar Pers. Fuerza Aérea s. amparo", M.3226.XXXVIII., al que remite la Corte Suprema, voto de la mayoría, en la sentencia del 8-6-2004; en este sentido, ver asimismo, esta Cámara, Sala de Feria, causa 3922/03 cit.; Sala 1, causas 2228/02 cit. y 4108/04 del 19-8-2004; Sala 2, causa 2837/03 del 15-4-2005; esta Sala, causas 11.469/01 y 3092/04 citadas).
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, regulación de honorarios, veedor judicial, intervención de sociedades
Materia: PROCESAL
Carátula: Caeiro, Verónica c/ Dalle Nogare, Renato. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Es descalificable el pronunciamiento que, mediante una invocación genérica, elevó la regulación sin hacer las referencias necesarias en el caso, a pautas cuantitativas útiles para la decisión, como el tiempo efectivamente empleado en la elaboración de los informes aludidos, su eficacia, su jerarquía intrínseca, o complejidad o la responsabilidad profesional comprometida, lo que se tornaba imperioso en atención a lo elevado de la suma en que se concluía, la ausencia de contenido económico de los autos (art. 30 de la ley 21 839), la circunstancia de no estar específicamente contemplado el supuesto del interventor informante en el arancel y, específicamente, por tratarse de una labor desarrollada en cuatro sociedades con muy diferente patrimonio social.
Expropiación, ley de emergencia económica, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Echegaray, Anselmo c/ Provincia de San Juan s/ Expropiación Inversa Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-10

Resultan inaplicables a las expropiaciones la leyes de emergencia económicas (Ley 6139 y sig.), la tasa que debe aplicarse sobre el capital actualizado al treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y uno son los intereses previstos en la Ley 4119.
Sociedades comerciales, pagaré, tercero de buena fe, responsabilidad de la sociedad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez, Eduardo c/ Construcciones Civiles S.A. s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-02-19

La sociedad es responsable por la firma de pagarés por su gerente, aunque por el contrato social debieran llevar la firma del tesorero, pues esa circunstancia no incide sobre su eficacia como papeles de comercio ni afecta su validez extrínseca por tratarse de una estipulación destinada a reglar la vida interna de la sociedad.

No resulta oponible, por lo tanto, a los terceros de buena fe que necesariamente deben ser protegidos en aras de la seguridad y legitimidad de que están investidos los títulos cambiarios desde el momento mismo en que son lanzados a la circulación de acuerdo con lo decidido por el tribunal en casos análogos.
Principio de no discriminación, extranjeros, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Silva Leal, Alicia c/ Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

La distinción entre nacionales y extranjeros no importa per se un supuesto de discriminación, ello sin perjuicio de analizar el grado de razonabilidad y proporcionalidad de las consecuencias jurídicas que se deriven de tal configuración normativa en relación con la finalidad de la norma, de manera de evitar resultados disvaliosos o excesivamente gravosos (Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti).
Fallos de la Corte Suprema, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Schwartz, Adrián Gabriel y otros c/  s/ denuncia y daño agravado (art. 184. inc.5)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-05

Si bien las decisiones de la Corte no son susceptibles de recurso de reposición debe hacerse excepción a tal principio cuando median circunstancias excepcionales.
Interrupción de la prescripción, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: M.C., J. c/ J.M.R. y C. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-10

Si la presentación de la denuncia en sede administrativa produce la interrupción de la prescripción por el plazo de seis meses a partir del alta definitiva conformada por autoridad pública, no existiendo constancia en estos actuados se halla efectuado junta médica, mal puede concluirse que el mero transcurso del lapso aproximado de dos años y dos meses, autorice en tal sentido.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, principio de congruencia, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, honorarios, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARCIA, MARTIN DIEGO c/ FRANOLICH, ANA MARIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-21

Asiste razón al recurrente cuando señala que los Sentenciantes efectuaron una arbitraria interpretación de los alcances del principio de congruencia, al soslayar que los reproches formulados contra la regulación de honorarios se vinculaban por un lado con la inclusión de rubros no condenados y en otro aspecto con que, como los trabajos profesionales se habían desarrollado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 12851, la misma no resultaba aplicable de conformidad a los lineamientos trazados por la Corte provincial. - CITAS: CSJStaFe: Ferrando, AyS T 235, p 242; Benzadon, AyS T 293, p 391. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 12851
Excepción de prescripción, allanamiento, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMOS, Elvira Rosa c/ SATUE, Oscar s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-07-24

Habiéndose interpuesto excepción de prescripción y mediando allanamiento a la misma, las costas por su orden impuestas en la resolución recurrida son correctas, toda vez que, las obligaciones prescriptas son demandables y quién las reclama no incurre en culpa, dependiendo de un acto posterior del deudor que se convierta en obligación natural no exigible judicialmente.
Recurso extraordinario, plazo, plazo de gracia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CORREA, CYRUS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO EXTRAORDINARIO PARA  ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 61-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-02-18

Corresponde denegar por extemporáneo la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de haberse excedido el plazo de diez días que expiran a las dos horas hábiles del día siguiente.

En el caso, la notificación fue el 25-10-85, y aun descontado los días 31 de octubre, 1 y 7 de noviembre en que se suspendieron los términos, los diez días expiraban a las dos horas hábiles del día 14 11-85, por lo que si el recurso se presentó el 25-11-85, fue extemporáneo.
Derechos sindicales, tutela sindical, exclusión de la tutela sindical, competencia ordinaria
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: EMPRESA ANTONIO BARILLARI S.A. c/ SUAREZ SANTOS CIRILO s/ EXCLUSIÓN DE TUTELA SINDICAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2004-05-11

Corresponde a las instancias ordinarias únicamente analizar si existen elementos que permitan realizar una apreciación apriorística de la situación como para excluir la tutela, en caso afirmativo correspondería la pertinente declaración judicial de tal exclusión pero con la única finalidad de que el empleador tenga la posibilidad cierta de adoptar o no las medidas dispuestas por el Art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, sin que la razonabilidad, justicia o legitimidad de su aplicación, eventualmente deba ser motivo de decisión por la judicatura en el marco del procedimiento sumarísimo estatuido en la legislación.
Acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Transportes el Progreso S.A. c/ Municipalidad de la Matanza s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-04

Luego de la reforma constitucional provincial de 1994 resulta robustecido a la luz de dicha reforma, que en la acción de amparo todo Juez o Tribunal letrado de primera instancia o única instancia en turno, con competencia territorial y de materia con jurisdicción en el lugar es competente para entender en la acción de amparo, ya que la misma constitución establece que la acción de amparo procederá ante cualquier Juez. No dándose en la especie, sobre la base de las constancias de autos, la acotada jurisdicción de la SCJBA en cuanto a la avocación de un amparo, en tanto no se trata de los supuestos previstos en la constitución que suponen la vulneración de una situación jurídica administrativa establecida en favor del reclamante por una ley, un decreto, un reglamento u otra disposición administrativa, resulta competente el Señor Juez de grado para entender en el tratamiento del amparo.