Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-03


Reg.: A y S t 283 p 374/377.

En la ciudad de Santa Fe, a los tres días del mes de julio del año dos mil diceciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "FERNANDEZ, CLAUDIO MARCELO contra LA SEGUNDA A.R.T. S.A. -LABORAL- (EXPTE. 127/16) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511899-6). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Netri, Gastaldi, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Mediante resolución 54 de fecha 13 de marzo de 2018 (f. 349) la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela declaró admisible el recurso de inconstitucionalidad deducido por demandada contra la sentencia 230 emitida por esa Cámara de Apelación en fecha 15 de agosto de 2017 (fs. 307/312).

El nuevo examen de admisibilidad -que corresponde a esta Corte efectuar por imperio del artículo 11 de la ley 7055, con los principales a la vista-, conduce a ratificar esa conclusión, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 359/361).

Por ello, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Minsitro doctor Netri, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

1. En lo que aquí resulta de interés, la litis:

Según surge de las constancias de la causa, el actor promovió demanda contra La Segunda A.R.T. S.A. reclamando indemnización por el 20% de incapacidad padecido y daño moral a consecuencia del accidente de trabajo acaecido en fecha 30.03.2009 donde sufrió un traumatismo de rodilla en ocasión de encontrarse realizando tareas de transporte de materia prima dentro del local de su empleadora Rafaela Alimentos S.A.

Refirió que la aseguradora rechazó la cobertura aduciendo que se trataba de una patología crónica, por lo cual accionó judicialmente invocando tanto responsabilidad sistémica como civil de la aseguradora. Esta última solicitó la citación al juicio de la empleadora en los términos del artículo 305 del Código Procesal Civil y Comercial.

Comparecida la empleadora, contestada la demanda por ambas, realizada la audiencia del artículo 51 del Código Procesal Laboral y producida la prueba ofrecida, la actora solicitó la aplicación al caso del decreto 1694/09 y de la ley 26773. Contestados los traslados respectivos y presentados los alegatos de bien probado, mediante sentencia N° 3 de fecha 05 de febrero de 2016 (fs. 236/247v.) el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de Rafaela admitió la demanda y condenó a La Segunda A.R.T. S.A. a abonar al actor una indemnización sistémica por el 25% de incapacidad total obrera. Sostuvo que resultaba aplicable al caso la ley 26773, así como el pago de la indemnización prevista en el artículo 3 de dicha ley.

Contra esa sentencia la A.R.T. condenada interpuso recurso de nulidad y apelación total, que -a su turno- la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó mediante resolución 230 de fecha 15.08.2017 (fs. 307/312).

2. Contra el referido pronunciamiento, La Segunda A.R.T. S.A. interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 316/327) en los términos del artículo 1 inciso 3) de la ley 7055, por considerar que el decisorio -al confirmar la sentencia de baja instancia- incurrió en arbitrariedad fáctica, normativa y apartamiento de la doctrina constitucional trazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de "Espósito".

3. El examen de la materia involucrada en el presente litigio -respecto de la aplicación temporal de la ley 26773-, revela que la cuestión aquí planteada es idéntica a la que fuera objeto de estudio y decisión por esta Corte en Acuerdo de fecha 06 de Junio de 2017 in re "Britos" (A. y S. T. 275, pág. 346), resultando de aplicación la doctrina constitucional fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Espósito" (Fallos:339:781, del 07.06.2016) cuyo acatamiento se impone, por lo que "brevitatis causae" no cabe sino remitir a las consideraciones allí efectuadas, a la luz de las cuales ha de concluirse en la invalidez de la respuesta jurisdiccional proporcionada por el Sentenciante sobre el punto.

En efecto, tal como refiriera este Tribunal in re "Britos", el estado de situación jurisprudencial actual perfilado por el Supremo Tribunal de la Nación sobre la discusión relativa a la aplicación temporal de las disposiciones contenidas en la ley 26773, impone concluir que cualquier hermenéusis que conlleve a la aplicación del índice RIPTE para actualizar indemnizaciones correspondientes a infortunios acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26773 carecería de razonabilidad y logicidad en los términos de precedente "Espósito" (Fallos:339:781).

Ello así, pues los lineamientos trazados en ese fallo hoy pueden considerarse doctrina constitucional consolidada, atento su reiteración en numerosos pronunciamientos posteriores donde se descalifican todos aquellos fallos cuya interpretación no se ajuste a los criterios establecidos en "Espósito" a cuyos fundamentos y conclusiones la Corte nacional remite derechamente, en razón de brevedad, aún en casos donde los jueces de la causa habían declarado inconstitucional las pautas normativas de aplicación temporal de la referida ley 26773 y su decreto reglamentario 472/14.

Al respecto, corresponde recordar que los parámetros expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se erigen como doctrina constitucional de seguimiento obligatorio conforme el tradicional criterio del referido Tribunal respecto de que, no obstante que el mismo sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellos (Fallos:25:364; 212:51 y 160), toda vez que por disposición de la Constitución nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (arts. 116, Const. nac. y 14 de la ley 48; Fallos:212:51).

Este deber de los tribunales inferiores no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento (doct. de Fallos:212:51; 312:2007), de suerte tal que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin aportar nuevos argumentos que pudieran justificar el desligamiento de lo resuelto por el Supremo Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos:307:1094; 311:1644 y 318:2060).

Por las razones expuestas, la respuesta jurisdiccional de la Sala en la temática aquí analizada no satisface las exigencias de fundamentación suficiente derivadas del ordenamiento constitucional.

Habiéndose allanado la actora (f. 344v.) las costas de esta instancia han de imponerse en el orden causado.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, la señora Minsitra doctora Gastaldi dijo:

Las alegaciones de la recurrente se dirigen centralmente a cuestionar que en la causa se hubiera condenado a su parte según las pautas indemnizatorias establecidas en la ley 26773. Y en el caso los extremos del "sub lite" conducen a la consideración de supuestos asimilables a los analizados y resueltos en la causa "Britos" (A. y S. T. 275, pág. 346), a cuyos fundamentos corresponde remitir "brevitatis causae".

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada en cuanto ha sido materia de recurso y análisis y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme las pautas sentadas en esta sentencia. Costas en el orden causado.

A la misma cuestión, el señor Minsitro doctor Netri, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así vaotaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance señalado y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme las pautas sentadas en esta sentencia. Costas en el orden causado.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de Rafaela.