Procedencia del recurso, nulidad de sentencia, prisión domiciliaria, remisión del expediente, salud del imputado, diagnóstico médico, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: PROCESAL
Carátula: Aponte Zapata, Yanailys del Valle c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

Corresponde hacer lugar al recurso de casación de la defensa, anular la resolución impugnada y reenviar las actuaciones al tribunal a quo para su sustanciación, sin que lo expuesto implique adelantar una respuesta respecto de la procedencia del pedido efectuado, ni descalificar las consideraciones efectuadas por el tribunal en aspectos que excedan a la cuestión de salud. Para que el juzgador pueda desarrollar su labor adecuadamente en esta clase de cuestiones vinculadas con la salud de las personas, es necesario que cuente con informes profesionales médicos actualizados los que, si bien no serán vinculantes a la hora de la toma de decisión, le podrán aportar elementos indispensables para formar un convencimiento más acabado que permita arribar a la solución del caso. El agravio del impugnante dirigido a la ausencia de requerimiento de informes médicos a los fines de constatar los dichos de su defendida en cuanto a su estado de salud y a los riesgos invocados frente a la emergencia sanitaria, debe ser acogido favorablemente. Aun cuando tal circunstancia responda, al menos parcialmente, a la omisión de la defensa de requerir la producción de tal medida al solicitar la detención domiciliaria. Sin perjuicio de ello, tal deficiencia no es óbice para que el a quo constate el estado de salud invocado y resuelva con atención a ello, en tanto se encuentran en juego derechos y garantías personalísimas vinculados con una cuestión vital para la imputada privada de la libertad. El tribunal no ha contado al momento de resolver con elementos suficientes para dar tratamiento fundado a lo solicitado y evaluar pormenorizadamente si la situación denunciada por la acusada podría encuadrarse dentro de los supuestos establecidos en el art. 32 de la ley 24.660 o 10 del Código Penal. Si bien se ha indicado que la autoridad de aplicación adoptó diversas medidas de prevención, control y tratamiento de casos vinculados a la pandemia de COVID-19 en ámbitos carcelarios y que, por el momento, no se habían registrado contagios en la Unidad en la que la imputada está alojada, tal circunstancia no exime de analizar el cuadro puntual de la detenida, su gravedad y el potencial riesgo que pudiera deducirse para ella en razón de la situación de encierro que le ha sido impuesta, a partir de las conclusiones a las que arriben los profesionales médicos. En consecuencia, el pronunciamiento carece de la indispensable fundamentación para descartar la alegada situación relacionada con el estado actual de salud de la nombrada, tildada como grave por su defensa técnica, por lo que la decisión no puede ser convalidada. Por lo demás, el planteo formulado por la encausada en su escrito in pauperis en punto a su disconformidad con el desempeño de su defensor público, tampoco ha sido objeto de valoración alguna. Con el reenvío, corresponderá que tal cuestión sea apreciada y contestada por el tribunal a quo.