Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-20


LIONE, Anselmo contra LIONE, Jorge Antonio Reg.: A y S t 216 p 47-50.

Santa Fe, 20 de setiembre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución 205 del 15 de abril de 2005, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela en autos "LIONE, Anselmo contra LIONE, Jorge Antonio -Desalojo Inmuebles Rurales y Urbanos -Sumario-Recurso Directo- (Expte. 428/04)" (Expte. C.S.J. nro.

466, año 2005); y, CONSIDERANDO:

La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó el recurso directo interpuesto por el accionante ante la denegación de su apelación contra el decisorio de baja instancia dictado el 21.10.2004 -impugnado en cuanto le había impuesto los gastos causídicos en el incidente de revocatoria resuelto- , y declaró bien denegada la apelación, con costas al recurrente (f. 12 y vto.).

Contra aquel pronunciamiento deduce el actor recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial (art. 1, inciso 3, ley 7055), como lesivo de su derecho de defensa y de la garantía del debido proceso.

Cita los artículos 18 y 33 de la Constitución nacional y artículos 6 y 93 de la Carta Magna local (fs. 14/22).

Expresa que la resolución cuestionada adolece del vicio de arbitrariedad normativa, dado que la Cámara prescindió de normas jurídicas que resultaban aplicables, concretamente, del artículo 346, inciso 2), del Código Procesal Civil y Comercial.

Aduce que la imposición de costas contenida en el auto interlocutorio de primera instancia ocasionó a su parte un perjuicio que no podrá ser reparado en la instancia de origen, ni en ninguna otra ulterior, por lo que -a su criterio- claramente se configura la hipótesis prevista en la aludida disposición.

Alega que el argumento brindado por la Alzada, basado en el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es inaplicable a la materia objeto de pronunciamiento en el "sub lite".

Señala que, cuando el legislador estableció la inapelabilidad sobre materia procedimental, otorgó al eventual litigante afectado el mecanismo del recurso de nulidad contra la sentencia definitiva, y aunque no previó un procedimiento alternativo para la imposición de costas, tampoco prohibió su apelación.

Considera aplicable el artículo 19 de la Constitución nacional, en la parte que dispone: "...Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe...".

En vinculación con lo anterior, advierte que si se otorgara al artículo 346 del Código Procesal Civil y Comercial otra interpretación constitucional y lógica, se llegaría a una paradoja, pues el desacierto del juez de inferior instancia sobre el fondo de la cuestión (materia procedimental) podría encontrar reparación en el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva, pero no la imposición de costas del auto interlocutorio equivocado.

Afirma, además, que el derecho procesal pertenece al derecho público, por lo que no siempre serán aplicables en dicho ámbito los principios del derecho privado.

Cita doctrina en apoyo de sus dichos.

Asevera que el pronunciamiento impugnado también ha incurrido en arbitrariedad fáctica, toda vez que el Sentenciante ha resuelto de modo abstracto sin examinar el caso concreto, limitándose a la invocación del principio de accesoriedad y de otras resoluciones de la misma Cámara.

Reitera que la materia de costas no siempre sigue el sentido de la cuestión resuelta, por lo que se imponía el examen del caso concreto traído al Tribunal.

Colige, por lo expuesto, que el decisorio atacado carece de fundamentación suficiente.

Por auto 518 del 30 de septiembre de 2005, la Alzada denegó la concesión del remedio extraordinario interpuesto (fs. 30/31), lo que motivó la presentación directa del interesado ante esta sede (fs. 35/42).

2.

Sabido es que el derecho de acceder a la segunda instancia integra la garantía del debido proceso "cuando está instituida por ley" (Fallos: 303:1929; 307:966; 318:1711; 323:2357, entre muchos otros).

Pero no importa lesión alguna a la "defensa en juicio" (art. 18 C.N.) la privación de una instancia revisora que no se encuentra prevista para el caso.

En el supuesto de autos, aunque el recurrente invoca arbitrariedad normativa, afirmando que debió concederse la apelación interpuesta con base en el artículo 346, inciso 2), del Código Procesal Civil y Comercial, no logra demostrar que la aludida garantía constitucional se haya visto efectivamente vulnerada.

Es que, del desarrollo de los argumentos vertidos en la pieza recursiva, en su confrontación con la resolución atacada, surge tan solo la mera disconformidad del impugnante con la solución dada por el Tribunal a una cuestión de derecho común y procesal, en ejercicio de funciones propias, pero sin acreditar que éste hubiera excedido en tal cometido el marco inherente a sus facultades.

En ese sentido, cabe apuntar que la Alzada sostuvo: "...si el auto impugnado es relativo a la prueba, también lo es la imposición de costas que dicha resolución contiene..." y "...las costas impuestas en auto inapelable son también insusceptibles del recurso de apelación, por aplicación del principio de accesoriedad, que resulta del axioma accesorium sequitur principale..." (f. 12), interpretando de tal modo los artículos 326, 346 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. f.

30), y adhiriendo en este aspecto a una doctrina que goza de amplio seguimiento por los tribunales.

Frente a ello, y más allá de que pueda o no coincidirse con el criterio mencionado, lo cierto es que el quejoso se limita a postular -esencialmente- que la imposición de costas le ocasiona un perjuicio irreparable, y a exponer su particular interpretación del principio de accesoriedad.

Pero dichos planteos, tal como lucen formulados, no son idóneos para demostrar que la norma procesal que entiende preterida resultaba inequívoca y excluyentemente aplicable en la especie, ni para acreditar la irrazonabilidad de la respuesta jurisdiccional brindada, que importó la adopción de una solución posible basada en razones suficientes (A. y S., T. 92, pág. 254; T. 99 pág. 212; T. 113, pág. 232; T. 123, pág. 49; T. 126, pág. 233; T. 134, pág. 10; T. 150, pág. 236; T. 152, pág. 320, entre otros).

Con respecto a la arbitrariedad fáctica alegada, corresponde advertir que la Cámara remitió a argumentos volcados en varios antecedentes jurisprudenciales del propio tribunal (cfr. f.

12 y vto.), debiendo recordarse que la Corte federal ha considerado improcedente la impugnación extraordinaria sustentada en la falta de fundamentación de la sentencia cuando ésta posee motivación implícita adecuada, clara e inequívoca (cfr. Fallos: 262:210; 296:550), y que esta Corte provincial ha manifestado que constituye suficiente motivación la remisión a un anterior precedente jurisprudencial que guarda analogía con el que se examina (cfr. A.

y S. T. 100, pág. 2, entre muchos otros).

En suma, los agravios del apelante remiten al análisis de temas de derecho procesal y común que no justifican -como regla- el otorgamiento del recurso extraordinario, sin que logre demostrarse que el Sentenciante haya efectuado una interpretación grosera, absurda o irracional de las normas legales aplicables con menoscabo de la garantía de la defensa en juicio.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art.

8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI (por sus fundamentos)-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) FUNDAMENTOS DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI A estarse a los planteos del impugnante, las cuestiones involucradas en la presente causa se centran en sus reparos relativos a que fue mal denegada la apelación interpuesta contra la imposición de costas contenida en el auto 26 del 21.10.2004.

Mas, puede adelantarse, sin que el compareciente logre demostrar el gravamen constitucional que lo decidido le habría irrogado.

En efecto, cabe dejar establecido que la Cámara declaró la inapelabilidad de las costas incidentales de marras, por haber sido impuestas en auto también inapelable y en virtud del principio de accesoriedad (cfr. f. 12), interpretando de tal modo los artículos 326, 346 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. f. 30), y adhiriendo a una doctrina que goza de amplio seguimiento por los tribunales.

Al respecto, es de destacar que el recurrente -a pesar de su esfuerzo argumentativo- no acredita concluyentemente la irrazonabilidad de la respuesta jurisdiccional brindada; no pudiendo descartarse, así, que el Sentenciante hubiera adoptado una solución posible basada en razones suficientes (A. y S., T. 92, pág. 254; T. 99 pág. 212; T. 113, pág. 232; T. 123, pág. 49; T. 126, pág. 233; T. 134, pág. 10; T. 150, pág. 236; T. 152, pág. 320, entre otros).

De tal modo, la Alzada convalidó la distribución de los gastos causídicos que oportunamente efectuara el Inferior con base en el criterio objetivo del vencimiento (art. 251, C.P.C.C.).

Y acerca de este tópico, ninguna alegación formula el interesado, aun cuando sobre él pesaba la carga de demostrar que una solución diferente se hubiera impuesto manifiestamente en el caso concreto.

Por ello, sea cual fuere la interpretación o alcance que pudiera asignarse a las normas procesales en las que el impugnante funda sus agravios, lo cierto es que él no ha alegado ni probado la existencia de un "interés jurídico atendible", en conexión con alguna lesión o perjuicio constitucional, y dicha circunstancia obsta lisa y llanamente al franqueamiento del remedio extraordinario intentado.

Por las razones expuestas, postulo el rechazo de la queja interpuesta.

Fdo.: GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)