Juicio correccional, lesiones culposas, acción civil en el proceso penal, prueba pericial, carga probatoria dinámica, denegatoria del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Tejerina, Félix Ariel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Edgardo Teme en Expte. 88/08: Tejerina, Félix Ariel s/ Lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-11-30

Luego de hacer lugar a la acción civil instaurada en representación de la víctima del hecho delictivo investigado -Lesiones culposas agravadas p/conducción imprudente de vehículo automotor-, el Juez Correccional hizo extensiva, en los términos y con los alcances previstos en los arts. 117 y 118 de la Ley de Seguros 17.418, a la aseguradora, hasta el tope de la póliza de $ 30.000, la condena civil por daño material y moral impuesta a los civilmente demandados (F. A. T. y O. F. T, este último, en adelante, el asegurado).

Contra esa decisión, en tiempo oportuno, el recurrente, en representación de la aseguradora condenada, interpone este recurso de casación.

Surge de la sentencia que, aunque el Juzgado le había solicitado los libros correspondientes al periodo mayo-diciembre de 2006, la aseguradora no los presentó y, en su lugar remitió fotocopias certificadas de la póliza que la vinculaba con el asegurado, y otras (detalladas en el fallo, algunas con partes no legibles) de sus libros, con información insuficiente y poco clara, según el perito, que en ellas no encontró respuesta a todas las cuestiones planteadas.

No son de recibo las explicaciones que en esta oportunidad ensaya el recurrente, según las cuales la presentación de las copias certificadas de los registros que la aseguradora había estimado suficientes a los fines de la pericia no importaba haber consentido su realización del modo en que fue practicada, sino tan sólo cumplimiento del principio de colaboración.

Es que, en tanto sobre la materia no hay preceptos rígidos ni reglas absolutas, y debido a que el demandado había manifestado la imposibilidad de exhibir el recibo por habérselo entregado al productor del seguro al tiempo de denunciar el siniestro -lo que no quedó desvirtuado en el juicio-, era la aseguradora la que se encontraba en mejores condiciones de probar el hecho controvertido -el pago o no pago de la prima- y así debía hacerlo (Peyrano, Jorge; Chiappini, Julio, "Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas", en VVAA 'Peyrano, Jorge W. -coord- "Cargas Probatorias Dinámicas", Rubinzal Culzoni, 2004, p. 13).

Además, esa doctrina también resultaba aplicable teniendo en cuenta que por haber sido ajena al contrato, ninguna posibilidad tenía la actora de acreditar la vigencia de la cobertura (v. fallo cit en la misma ob. p. 565).

Por ende, es cierto que, como dice el recurrente, la eventual reticencia de la aseguradora era susceptible de ser interpretada en contra de la misma, en tanto hubiera autorizado a presumir que no presentaba su documentación porque ella acreditaba el hecho que la aseguradora negaba, esto es, que la prima estaba pagada y, por ende, que la cobertura estaba vigente al tiempo del siniestro.

Sin embargo, por una parte, la aseguradora no logró enervar esa presunción con la documentación que, apartándose del detallado requerimiento judicial, discrecionalmente retaceó, y respecto de la cual concluyó el perito y el tribunal que resultaba insuficiente a los fines de acreditar los puntos que debía dilucidar, sin que el recurrente demuestre lo contrario.

Observo asimismo que, si bien en la presentación del recurso de casación el recurrente dijo que el a quo había invertido la carga de la prueba al considerar que era la aseguradora la que debía demostrar la falta de pago del seguro (2º párrafo, fs. 1 vta.); en la presentación efectuada para mejorar los fundamentos del recurso el recurrente admitió que la doctrina y la jurisprudencia son contestes en que está en cabeza del asegurador probar la existencia de cualquiera de las causales que lo liberan de su responsabilidad (último párrafo, fs. 21).

Por ello, cabe desestimar el agravio vinculado con la errónea y arbitraria valoración probatoria atribuida al juez con relación a dicha carga procesal, en tanto ha quedado suficientemente establecido que la misma pesaba sobre la aseguradora y que ésta no la satisfizo.

Por ello, más que como mera infracción al principio de colaboración, la omisión de esa actividad hubiera sido acertadamente valorada como incumplimiento liso y llano de su obligación de probar dicho extremo o al menos su verosimilitud dado que, como finalmente reconoció el recurrente, frente a la citación en garantía, le corresponde a la aseguradora acreditar la rescisión del contrato por el incumplimiento del asegurado, invocado como fundamento de su liberación, lo que se compadece con la doctrina según la cual la obligación de probar los hechos extintivos que opone al progreso de una acción emprendida en su contra, es del que los invoca.

Por ello, corresponde rechazar el recurso interpuesto.