marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, impuestos provinciales, autonomía provincial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: José Minetti y Cia. Ltda. Sacei c/ Tucumán, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-04

La decisión que establece la competencia originaria de la Corte Suprema en una acción entablada por una empresa con domicilio en Córdoba contra la Provincia de Tucumán a fin que se declare inconstitucional la ley 8573 de dicha provincia, no debe interpretarse como una intervención no admisible en el procedimiento local, ni tampoco como una limitación de las autonomías provinciales, toda vez que la Corte constituye el fuero natural de las provincias argentinas (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional) y sus competencias -por provenir de la propia Constitución- no son susceptibles de ampliarse ni restringirse o modificarse, mediante normas legales. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Daños y perjuicios, daño moral, ofensas cometidas por medio de la prensa, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CANTU, EDGARDO c/ EDITORIAL SARMIENTO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-12

Como contrapartida de la necesaria preservación del derecho de la prensa a difundir ideas y noticias, debe exigirse de quienes ejercen tal función un desempeño veraz, prudente y compatible con el resguardo de la dignidad individual de los ciudadanos, evitando propagar imputaciones que puedan dañar de modo injustificado a terceros; su eventual admisión solo podría justificarse a partir de un distorsionado concepto de la libertad con que deben actuar los medios de comunicación social (csjn, fallos 257:308; 310:508); si bien puede admitirse el derecho a difundir y publicar sus ideas sin el previo contralor de la autoridad; sin embargo, tal principio, no genera una ulterior impunidad a quien utiliza el medio de prensa para cometer delitos o causar daños por culpa o negligencia (C.S.J.N. fallos 306:1892).
Crédito laboral, interposición de la demanda, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: DESCOUIET, MARIA L. c/ CAP. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-10-18

La norma del artículo 276 LCT. (to.) debe ser interpretada según las circunstancias de tiempo y lugar determinantes del contexto socioeconómico en que se inserta, siendo manifiestamente inequitativo no admitir que (por imperio de ella) pueda ser actualizado el crédito por el período anterior a la demanda judicial del mismo (en el caso, se dispuso actualizar el crédito por dicho período de acuerdo al índice de precios al consumidor).
Recurso de apelación (procesal), inadmisibilidad del recurso, deserción del recurso, patrocinante de la querella, suspensión de la matrícula
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DEL REAL, Emma s/ QUERELLA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

Corresponde declarar inadmisibles las presentaciones y desierto el recurso de apelación interpuesto por la letrada patrocinante, que se encuentra suspendida en la matrícula y no cumple con los requisitos que exige el art. 83, C.P.P.
Recurso de apelación (procesal), plazos procesales, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CABRERA, CARLOS GUSTAVO c/ PROVINCIA DE SALTA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2001-03-01

En los plazos no perentorios la preclusicón de la etapa respectiva y consecuentemente de la posibilidad para realizar el acto opera en el nombre en que la otra parte acuse de nigligencia; o de rebeldía como habitualmente se conoce; y el acuse de negligencia carece de eficacia retroactiva al vencimiento del plazo. Por ende tratándose de un plazo procesal ordenatorio, el dado para expresar agravios; y no habiéndose requerido por la contraria se tenga por decaído el derecho dejado de usar, resulta irrelevante si la prórroga solicitada por el apoderado de la actora en fecha en que estuvo en uso de licencia haya tenido o podido tener virtualidad alguna toda vez que de conformidad al artículo 256, dado la naturaleza del plazo la caducida del mismo no opera, sino una vez que la contraria acuse rebeldía; por lo que el escrito recursivo de la actora debe ser analizado por haber sido presentado en tiempo útil.
Delitos contra el honor, competencia, juicio unipersonal, querella
Materia: PENAL
Carátula: Furrer, Ricardo Esteban c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-14

La regla que declara que corresponde a los tribunales orales en lo criminal y correccional juzgar en única instancia de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal (art. 25 del Código Procesal Penal de la Nación) comprende el procedimiento por delitos contra el honor desde la promoción de la querella hasta la decisión final de primera instancia, puesto que aunque el art. 27 de la ley 27.308 -de Unificación de Fueros y Juicio Unipersonal- no hace referencia al art. 428 C.P.P.N., no se observan razones que, en defecto de regla legal expresa, justifiquen establecer un trámite diferenciado en el que intervengan dos magistrados diferentes cuando se trata de querellas por delitos contra el honor, distinción que por lo demás tampoco estaba prevista en el régimen anterior a la reforma legal de procesos por delitos contra el honor, en en el que intervenía un único juez.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, defensa en juicio, derecho a ser oído
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-09

El derecho de defensa en juicio consagrado constitucionalmente, cuya aplicación es imperativa para el magistrado, tiene además un contenido de defensa de la personalidad humana, de derecho a ser oído.

El derecho de defensa es la piedra basal de cualquier procedimiento a través del cual se haya de ejercer poder sobre un individuo o grupo de individuos, y en el actual estadio del sistema de garantías es hasta obvio ante un tribunal de justicia. Justamente, este regla se ha extrapolado desde el proceso judicial al procedimiento administrativo, en razón de que no podría concebirse una decisión judicial tomada de otra manera, y tampoco debiera ser posible concebir que una buena decisión administrativa pudiera tomarse sin respetar el derecho a ser oído de la persona que va a resultar directamente afectado por aquella.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cetina, José Alejandro c/ Transportes Rivas S.A.C.I.F.I. y A. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Es manifiestamente insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite la denuncia de violación de norma legal alguna, no revistiendo los convenios colectivos de trabajo categoría jurídica de leyes.
Accidente de tránsito, vehículo en movimiento, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: LARA JUAN C. c/ MARINOFF WALTER s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-19

En los supuestos de colisión de automotores, no se neutralizan los riesgos que genera cada una de esas máquinas. Por tanto, al tratarse de una responsabilidad objetiva que encuadra en el supuesto del art. 1113, segundo párrafo, segundo apartado, del Cód. Civil, a los efectos de la exoneración del deber de responder el accionado debe demostrar la causa ajena: hecho de la víctima, hecho de un tercero, por el cual no deba responder el dueño o guardián o el "casus" genérico de los arts. 513 y 514 del Cód. Civil.
Concursos, autorización para viajar, viaje al exterior
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOTTO, HECTOR s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-01-07

Si bien la declaración de quiebra es de fecha reciente y el proceso se encuentra en pleno trámite, encontrándose pendiente de presentación tanto el informe general como el individual, lo que torna necesaria la presencia del deudor para cumplir el deber de cooperación contenido en la Ley 24522: 102, sin embargo la misma LC: 103, contempla la posibilidad del otorgamiento de autorización en caso de que la presencia del fallido no sea requerida a los efectos de la LC: 102 citado; sin embargo, considerando que las limitaciones al derecho a entrar y salir del país deben ser interpretadas restrictivamente, por ser éste un derecho con reconocimiento constitucional (CN: 14) y, teniendo en cuenta el breve plazo del viaje, así como el hecho de que éste se desarrollará en pleno receso judicial, cabe conceder la autorización pedida por un término similar al previsto originalmente y sujeta a la comparecencia personal del fallido por ante el juez de grado a brindar las explicaciones que se le requieran para la averiguación y esclarecimiento de su situación patrimonial y de los hechos que puedan haber incidido en ella (LC: 274-1°); debiendo informar la fecha de regreso que no podrá exceder del 31.1.09, debiendo notificarlo al síndico, a cuya disposición se pondrá para los ulteriores trámites de la causa.
Remuneración, igualdad ante la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Olando, José Alberto c/ Empresa Central El Rápido S.A.T.A. s/ Indemnizaciones por despidos y otras
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-10-23

En los pleitos donde se debatan violaciones al principio de igualdad remuneratoria por las mismas tareas, es a cargo del trabajador demostrar la desigualdad, y a cargo del empleador acreditar las razones objetivas en las cuales se basa dicha desigualdad. No resulta en absoluto reprochable la actitud de la empresa de mantener los sueldos de los choferes antiguos por cuanto estos se incorporaron a sus respectivos patrimonios; lo que sí es injustificable y violatorio del principio de igual remuneración por igual tarea que consagra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, es que los ingresados a partir de determinada fecha, cobren sueldos menores.
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Crédito Ruta del Sol Limitada c/ Santiago, Mirta Celia. s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Al obtener la concesión del beneficio de litigar sin gastos la recurrente demostró su interés en mantener viva la instancia (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Accidentes de trabajo, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Montes, Eladio c/ INCONE S.A. s/ Indemnización resultante de accidente de trabajo resultante de accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-02

Si el trabajador prueba el hecho del accidente, la presunción de responsabilidad del patrón trae como consecuencia la inversión de la prueba, corriendo a su cargo la obligación de probar la culpabilidad del obrero en el accidente.
Accidente de tránsito, carga de la prueba, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Díaz Ivana Noelia c/ González Mónica Mariela y Otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-02-19

La regla general a fin de establecer la carga del onus probandi -ésto es, de la demostración de los hechos constitutivos-, incumbe a quien afirma la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico, probando el presupuesto de hecho de la norma que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Así, en los casos de responsabilidad objetiva como ocurre en el presente, por aplicación del precepto legal establecido en el art. 1757 del CCyCN se aplica una presunción de causalidad determinada por el factor de imputación objetiva, pero que puede ser enervado en los supuestos de hecho de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.
Extinción por muerte del trabajador, pago de la remuneración, salarios adeudados, herederos, conviviente
Materia: LABORAL
Carátula: CASTRO, DIANA c/ EDITORIAL COSMOPOLITA SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-02-28

Es procedente el reclamo por parte de la concubina del trabajador fallecido del SAC. y vacaciones proporcionales devengados por éste, toda vez los artículos 136 y 170, segundo párrafo de la LCT. (Ley 20744), se refieren genéricamente a los derechohabientes, entre los que debe incluirse a la concubina por imperio de lo dispuesto en el artículo 269 del citado cuerpo normativo.
Concurso preventivo, ejecución hipotecaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA, BERNARDO c/ URIAGUERECA, FRANCISCO s/ EJECUCION HIPOTECARIA S/EJECUCION SENTENCIA S/INCIDENTE DE NULIDAD  S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-02-05

No es admisible que se aluda a la necesidad de una autorización para rematar cuando esa autorización no resulta impuesta por ley y el juez del concurso admitió la ejecución, la competencia local y la subasta.-
Recurso de apelación (procesal), recursos, proceso penal, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, actos y diligencias procesales
Materia: PENAL
Carátula: NUÑEZ JUANA TERESA c/ VERON ENZO GABRIEL s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-06-04

El debido proceso legal constituye una secuencia o serie de actos y de etapas judiciales desenvueltos progresivamente, que se consideran una unidad a fin de obtener un pronunciamiento judicial que finalice el proceso o juicio, ha de admitirse que éste método de proyectar el proceso como lo hizo el a quo a través del decreto de fs. 29 en el que se anticipan etapas sin estar precluídas las anteriores, en la práctica diaria podría suscitar serios inconvenientes tales como el plazo de iniciación de la prescripción, modificaciones en la competencia de esta Alzada ante un planteo de apelación frente a la denegatoria de sobreseimiento solicitada dentro del plazo de tres días previsto en el art. 359 del C.P.P. .
Fraude a la Administración Pública, pena, pagaré, Estado Nacional, razonabilidad, plazo
Materia: PENAL
Carátula: BOFFIL, Alejandro Arturo y otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-28

Si el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 174 inc. 5º en función del art. 173 inc. 7º CP) cesó de cometerse a la fecha del incumplimiento de pago del último pagaré y al momento del requerimiento de elevación a juicio aún no había transcurrido el plazo de seis años previsto como pena máxima para dicha figura delictiva, debe considerarse que la acción penal permanece activa.

En razón de que la conducta llevada adelante por los acusados se trata de un hecho único, no corresponde considerar a cada uno de los incumplimientos documentados en favor del Estado Nacional como defraudaciones diferenciadas.

No puede progresar el planteo relativo al plazo razonable si la circunstancia de que el proceso se haya extendido doce años obedece a cuan complejas resultaron las actuaciones y la complejidad del caso no puede divorciarse del considerable número de personas que resultan sospechadas y también del elevado número de asistentes técnicos, que desde sus sobrados conocimientos técnicos, llamaron varias veces a la jurisdicción a pronunciarse respecto de planteos nada sencillos.

El voto concurrente agregó que la suscripción de la escritura mediante la cual se contrató la venta de acciones de la empresa en fraude al Estado Nacional, implicó la ejecución del fraude reprochado que habría terminado de consumarse en el momento en que vencieron los documentos que garantizarían el pago de las obligaciones y que no fueron saldadas de conformidad a la maniobra concertada con anterioridad.

La disidencia sostuvo que al haber dejado de cumplir funciones en el Ministerio de Defensa quienes ostentaban la cualidad requerida para ser autores del delito de administración fraudulenta y que en los requerimientos de elevación a juicio no se imputó ningún acto de administración fraudulenta a quienes los sucedieron en el cargo, a partir de la renuncia de aquellos funcionarios, la infracción de deber requerida por el tipo penal ya no podía producirse, desde que a la época del vencimiento del último pagaré, no existían autores que pudiesen concretarla.
Recurso de casación, prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CARDENAS DOMINGO ARGENTINO c/ MUKDISE JORGE JULIAN Y/O RESPONSABLE s/ INDEMINIZACION POR INCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-02-20

La apreciación de la prueba pericial constituye una típica cuestión de hecho, ajena en principio a la casación. No puede, en consecuencia, ser cuestionada por vía de recurso de inaplicabilidad de la ley, si no se demuestra que media absurdo evidente entre las conclusiones del peritaje y su valoración por el juzgador.
Honorarios del abogado, división de condominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CELESIA, JOSE IGNACIO c/ LOGGIO ALBERTO ORLANDO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-28

En los juicios de división de condominio, mediando contención, los trabajos realizados por los letrados hasta la sentencia, deben considerárselos efectuados en interés particular de sus mandantes o patrocinados. La base económica está dada por la proporción que corresponda a cada condómino en el valor total de los bienes objeto del litigio (cfr.:"Anselmi c/ Anselmi"03-04-89; "Fagalde-Sucesorio" 13-12-89).-
Contracautela, exención de la contracautela
Materia: PROCESAL
Carátula: Mercado Central de Misiones S.E.M s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-15

Para que el actor sea eximido de prestar la contracautela, debe revistar la condición de una persona de acreditada responsabilidad económica. Ello sin perjuicio de la provisoriedad de las resoluciones que se tomen en materia cautelar y que de conformidad a lo estatuido por el art. 201 del C.P.C. permitiría en cualquier momento la revisión de la cautela.
Locación, locación de obra, trabajos adicionales, sistema de ajuste alzado, facultades del comitente
Materia: COMERCIAL
Carátula: METALURGICA TUCUMAN SA c/ INGENIO RIO GRANDE SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-08

En el sistema de "ajuste alzado" absoluto con anterioridad a la norma del art. 1633 bis incorporado por la ley 17711, la jurisprudencia reconocía al locador el derecho a cobrar por la ejecución de trabajos adicionales, cuando los mismos tenían cierta significación y no estaban comprendidos en el objeto contractual, siempre que haya habido acuerdo con el comitente acerca de su realización (LLambias, Jorge J., "Código Civil anotado", T. II-b, coment. art. 1633, pág. 386 y jurisprudencia allí citada en parr. 389/390, n° 1). Tal como lo expresara Salvat, en esa hipótesis se esta en presencia de un nuevo contrato de locación de obra, el cual debe ser respetado de la misma manera que el contrato principal ("Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuente de las Obligaciones", 2° ed., act. por Acuña Anzorena, Bs. As., 1954). Ese convenio de trabajos adicionales puede ser aprobado por el empresario por cualquier medio de prueba, pudiendo incluso resultar tácitamente del silencio del comitente al recibir las obras, pero esa conformidad tacita debe quedar excluida cuando se hubiera previsto que cualquier extra debería haber sido ordenado por escrito (CCIV art. 975 y 1145) o cuando expresamente se estipulo que no se pagaría ningún adicional, aunque aun frente a estos extremos siempre seria dable invocar la teoría del enriquecimiento sin causa o del empleo útil, para obtener el reconocimiento de un crédito a favor del empresario. En esta inteligencia debe ser interpretado el art. 1633 bis, por el cual todo trabajo innovatorio cuya iniciativa parte del empresario, implica aumento de la obra o modificación de lo contratado o proyectado, pero requiere la autorización escrita del comitente, o sea que la ley le impone una prueba calificada de ese asentimiento al locatario de la obra. Pero en cambio, si la innovación reconoce su iniciativa en el comitente, el empresario puede probar la existencia del adicional y el crédito a su favor por cualquier medio, ya que para esta situación no se presentan las razones que inspiraron la reforma del citado art. 1633 bis, la cual no quiso borrar aquella orientación judicial que en materia de trabajos adicionales llega hasta invocar el principio de enriquecimiento sin causa (Spota, "Tratado de la Locación de Obra", Vol. II, págs. 522/523; Borda, Guillermo A., "La Reforma al Código Civil", pág. 333, n° 234; Lopez de Zavalia, "Teoría de los Contratos", T. 4, Parte Especial, pág. 209 y siguientes).
Honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AUERBACH ECLIO CARLOS c/ PERNIGOTTI DE BAHLER HAYDEE Y BAHLER CARLOS MARIA s/ INDEMNIZACION  DE  DAÑOS  Y  PERJUICIOS-INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1990-06-14

Habiéndose constatado que los honorarios regulados en el incidente en Primera Instancia se encontraban firmes al momento en que la Cámara reduce en el principal el monto de la condena que se había fijado originariamente en aquélla instancia, procede el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, toda vez que los honorarios que deban regularse en todo el proceso, se practicarán sobre la base económica por el capital condenado que se encuentra firme en segunda instancia.
Honorarios del abogado, regulación provisoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pawluckzuk s/ Sucesión s/Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

La regulación de honorarios practicada en concordancia de lo preceptuado en el art. 53 del D.L. 8904/77, no causa agravio al letrado en cuyo favor se fija, por revestir el carácter de provisoria. Rige en consecuencia a su respecto el principio de la inapelabilidad, no hallándose afectado el derecho de defensa del recurrente, quien en oportunidad de regularse sus honorarios definitivos podrá hacer uso del derecho de apelar. (Minoría u opinión personal)
Ejecución de sentencia, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: del Busto de Compnucci, Elena O. c/ Municipalidad de Morón y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-24

Corresponde acordar el reajuste de la indemnización de daños -o de otro crédito- que resulte de una sentencia, no obstante que el mismo se haya solicitado en el trámite de ejecución del fallo, sin que ello implique desconocer los efectos de la cosa juzgada desde que ésta tiende a amparar más que el texto formal del fallo, la solución real prevista por el juez que -en casos como el que se trata- persigue el resarcimiento integral del crédito en caso de incumplimiento de las obligaciones del deudor.
Delitos tributarios, clausura del establecimiento
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Maulhardt, Juan H. y Cía.  S.A. s/ apelación clausura - Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

La sanción de clausura prevista en el art. 44, inc. 1 ), de la ley 11.683 - t.o. 1978 y sus modificaciones - no se exhibe como exorbitante, teniendo en cuenta los fines perseguidos y los objetivos jurídicos y sociales tutelados.