Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 39755 CAUSA Nº 8.802/2003 - Camara Nacional de Apelaciones en lo laboral , SALA VII - JUZGADO Nº 53 En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de noviembre de 2006, para dictar sentencia en estos autos: "RECALDE, ROXANA CARINA C/ MANGONE, ERNESTO FELIPE Y OTROS S/ DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I. La sentencia, que desestimó las pretensiones articuladas, es apelada por la parte actora a tenor de las argumentaciones que vierte a fs. 403/412, respondidas a fs. 421/424 (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y 426/427 (Asociación Cooperadora de la Escuela Normal Superior nº 5 "General Don Martín Miguel de Güemes").

II. PRESCRIPCIÓN La recurrente se queja por cuanto se declara prescripta su acción para acceder a los créditos salariales e indemnizatorios emergentes del despido.

Cabe recordar que el despido es decidido por la trabajadora mediante telegrama del 28/12/2000 (ver fs 314 y 315), la demanda fue interpuesta el 9 de mayo de 2003 (ver fs. 53) y el Acta ante el S.E.C.L.O. data del 17 de diciembre de 2002 (ver fs. 3).

Al respecto, el fallo plenario nro. 312, del 6 de junio de 2006: "Martínez Alberto c/ Y.P.F. S.A. s/ Part. Accionariado Obrero", fijó la siguiente doctrina: "En el contexto del artículo 7º de la ley 24.635, no se ajusta la suspensión del plazo de prescripción a la duración del trámite conciliatorio, aunque dure menos de 6 meses".

Y también:

"La citación para el trámite conciliatorio ante el S.E.C.L.O., no surte los efectos de la interpelación prevista en el art. 3.986, segundo párrafo, del Código Civil." En orden a lo expuesto, el trámite ante el S.E.C.L.O. suspende el curso de la prescripción contemplado por el art. 256 de la L.C.T. (2 años) por 6 meses y, por ello, el plazo para interponer la acción por los créditos salariales e indemnizatorios emergentes del despido vencían el 28 de junio de 2003, por lo que no se hallaban prescriptos al momento de su interposición (9/5/03), como tampoco la prevista por el art. 212 de la L.C.T., ni la reclamación de la entrega del certificado de trabajo.

Lo mismo ocurre con los créditos salariales anteriores al distracto pretendidos, puesto que se ha aplicado en origen la suspensión prevista por el art. 3986 2º párrafo, lo que llega firme (ver fs. 395 2º párrafo).

Dicha suspensión alcanza incluso al reclamo de los salarios de los meses de septiembre y octubre de 2000, dado que se ha hecho expresa cita del telegrama cuya constancia obra a fs. 313, que expresamente incluye tales diferencias.

Por todo lo expuesto y oída la fiscal adjunta (ver fs. 433), propicio revocar parcialmente el fallo en la medida indicada, con costas por su orden, atendiendo a la fecha en que fue dictado el mencionado fallo plenario (art. 68 2º párrafo del C.P.C.C.N.).

III. ACCIÓN FUNDADA EN LA LCT Lo expuesto precedentemente, exige el análisis de la pertinencia de los créditos salariales e indemnizatorios reclamados.

Conforme lo expone la actora en su demanda, el Sr. Mangone fue su empleador, ostentando la titularidad de una empresa de limpieza que proveía dicho servicio a la Escuela Normal nro. 5, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habiendo sido contratada por intermedio de la Asociación Cooperadora de la Escuela citada.

La actora habría sido contratada el 1 de noviembre de 1999 para realizar tareas de limpieza y asignada al precitado organismo público, donde habría cumplido una jornada de 16hs. a 21 hs. y los sábados de 6 hs. a 13 hs., percibiendo por ello, una suma de $ 500 mensuales, abonada sin registro.

Conforme surge de la prueba testimonial arrimada, la actora laboró - tal como ella expuso - para el Sr. Ernesto Mangone, quién prestaba servicios de limpieza en la empresa codemandada.

Como explica el testigo López, Pablo (fs. 232) propuesto por la demandada, la actora laboraba para Mangone (al igual que el testigo), realizaba tareas de limpieza en el colegio: "barría, y limpiaba las mesas y pizarrones que tenían que limpiar con agua y nada más, con agua y detergente, pero nada que sea peligro".

Dice luego que: "tenían escoba, balde, pala, detergente, lavandina lo que usa para limpieza, puloil, y otra cosa no." En similar sentido respecto del vínculo con el Sr. Mangone se expide la testigo Quintana (fs. 229), quién fue compañera de trabajo de la actora.

López Taddei, Ana Maria (fs. 240), directora de la escuela, explica que el personal de limpieza de la escuela resultó insuficiente por lo que la asociación cooperadora, en determinado momento, contrató una empresa de limpieza.

Detalla luego que la empresa de limpieza tenía a su cargo la zona de baños, escaleras, lugares comunes, patios, pasillo y aulas.

Pedrozo, Leonor (fs. 244), miembro de la Asociación Cooperadora por 6 o 7 años, explica que: "sabe que el Sr. Mangone tenía personal que cumplía funciones de limpieza en el colegio nº 5, porque las ordenanzas no alcanzaban para cumplir todo el trabajo, y entonces se contrataban empresas para cumplir estas funciones de limpieza. Que sabe que al Sr. Mangone lo contrató la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 5 y lo sabe la testigo porque la misma cooperadora llamó a dos o tres empresas y se eligió el presupuesto que más le convenía a la cooperadora.

Señala también que los pagos al Sr. Mangone se hacían mediante cheques.

Indica, por otro lado, que la limpieza se hacía de lunes a viernes de 17 a 21 hs. y los sábados de 8 a 12 hs., describiendo pormenorizadamente las tareas que comenzaban en el jardín de infantes, continuaban en el primario y culminaban en el secundario (liceo), en todos los casos, la limpieza comenzaba luego de que se retiraban los alumnos.

Las declaraciones vertidas, analizadas a la luz de la sana crítica, son concordantes y verosímiles respecto de las cuestiones ventiladas en autos (art. 386 del C.P.C.C.N.).

Por lo expuesto, tengo por cierto que la actora laboró para el Sr. Mangone, realizando tareas de limpieza en la institución educacional sita en Arcamendia 743 de esta Ciudad.

Atento el deceso del Sr. Ernesto Felipe Mangone, del 20 de febrero de 2001 (ver fs. 142), la actora resuelve desistir de la acción contra dicho codemandado (ver fs. 158 y 159).

Sin perjuicio de lo cual, tendré por cierto la fecha de ingreso (1/11/99), causal de egreso y remuneración denunciadas por la actora ($ 500), en virtud de las consideraciones que paso a exponer.

Respecto de la fecha de ingreso, se expide en sentido concordante la testigo Quintana (compañera de trabajo) y la testigo Lucía Pérez (ver fs. 242), quién realizaba tareas como portera, ambas ratifican su ingreso para noviembre de 1999 y su remuneración ascendía a la suma de $ 500 mensuales. Ambas describen también sobre la morosidad del empleador en el pago de los salarios (art. 386 del C.P.C.C.N).

Destaco que la remuneración denunciada resulta, además, acorde a las tareas realizadas (art. 56 de la L.C.T.).

IV. El DESPIDO Conforme surge del intercambio telegráfico, la actora intimó a su empleador mediante telegrama del 6/10/2000 (ver fs. 312), para que regularice su relación no registrada y abone salarios caídos (mayo, junio, julio y agosto de 2000 y S.A.C. año 2000). Requiere también se le otorgue licencia médica en los términos del art. 208 a 213 de la L.C.T., con motivo de su incapacidad provocada por un diagnóstico de bacilífera y TBH, por el que fuera internada en el Hospital Muñiz del 20/5/2000 al 14/6/2000.

Ante el silencio de la empleadora, con sustento en los arts. 29 y 30 de la L.C.T., la actora intimó a la Asociación Cooperadora del Normal nro. 5, para que cumpla con sus requerimientos el 23/11/2000.

La Asociación Cooperadora responde negando cualquier vínculo laboral con la actora, así como cualquier otra responsabilidad emergente de su contrato o la solidaridad pretendida (ver fs. 85 y 311).

Ante la renuencia de las partes involucradas a dar respuesta a sus requerimientos, se considera despedida el 28/12/2000 (ver fs. 314 e informe de fs. 315).

A fin de establecer la normativa aplicable, es de destacar que el Sr. Mangone no fallece hasta el 20/2/2001.

Habiéndose acreditado la prestación de servicios de la actora a favor del Sr. Mangone, por tareas de limpieza realizadas en el Normal nro. 5, cabe reputar legítimo el despido en que se colocara la trabajadora dado el silencio de este último en responder su intimación en procura del pago de salarios y reconocimiento de la relación laboral no registrada (art. 57 de la L.C.T.), con derecho a las indemnizaciones emergentes por despido.

Por ello, corresponde analizar las defensas de las accionadas para repeler la pretendida solidaridad con sustento en lo normado por el art. 30 de la L.C.T.

V. SOLIDARIDAD DE LAS CODEMANDADAS A) ASOCIACIÓN COOPERADORA A.1) La primer cuestión a considerar es si las tareas de limpieza son "actividad normal y específica propia" del establecimiento educativo.

No cabe más que remitirse a las expresiones vertidas por la Directora de la escuela, para concluir afirmativamente sobre esta cuestión.

Expone Ana María López Tadeei (fs. 240), que: "...las funciones de limpieza en la escuela están a cargo del personal de maestranza, que lo constituye muy poca gente para una escuela tan grande, y la testigo tiene conocimiento que para palear esta falencia en algún período la Cooperadora contrató alguna empresa de limpieza para hacer parte del trabajo..." "...que la empresa de limpieza tenía a su cargo la zona de baños, escaleras, lugares comunes, patios, pasillos, aulas..." "...que las normas de aseo en el establecimiento educativo que la testigo dirige son las comunes, como ser la limpieza de baños fundamentalmente, de aulas a diario, de lugares comunes, de pasillos y demás, el objetivo es la educación pero dentro de un ambiente con normas de higiene considerables. En cuanto a las condiciones sanitarias necesarias para la apertura del establecimiento se necesita, fundamentalmente que los baños estén en condiciones, y es un requerimiento además de los padres de los chicos por el tema de transmisión de enfermedades, como el brote de hepatitis que puede haber, también la limpieza en las aulas donde los chicos apoyan sus útiles, sus manos..." En síntesis, no puedo más que compartir las expresiones vertidas por la directora de la escuela, es impensable que el establecimiento educativo pueda funcionar sin que se cumplan los recaudos indispensables de higiene, por lo que considero que la actividad desplegada por la empresa de limpieza encuadra en las previsiones del art. 30 de la L.C.T. (en similar sentido, conf. CNAT, SALA X, S.D. Nro. 12762, del 04/06/04 "Colque Villca, Julia c/ Crisomar SRL y otro s/ despido").

A.2) Otra cuestión a considerar, se vincula con la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la ASOCIACIÓN COOPERADORA, en el entendimiento de que su vínculo con la trabajadora resulta difuso.

Cabe destacar, que las asociaciones cooperadoras son asociaciones civiles sin fines de lucro y con personería jurídica en los términos del art. 33 inc. 1º del Código Civil (ver también fs. 87/90).

Es dable destacar al respecto, que ya desde el dictado del Acuerdo Plenario Nro. 238, del 25 de agosto de 1982, "Cussi de Salvatierra, Fructuosa y otros c/ Asociación Cooperadora Escolar Nº 5 D.E. Nº 2 "URSULA LLAMES DE LAPUESNTE" y otro s/ despido", se advierte la discusión en torno de la extensión de responsabilidad a una asociación cooperadora de una escuela, en ese caso, en relación con el personal que se desempeñaba en el comedor escolar.

Si bien el acuerdo plenario atendió en dicha oportunidad la responsabilidad que pudiera caberle al Consejo Nacional de Educación por obligaciones laborales contraídas por la Asociación Cooperadora frente al personal (y que se resolviera en forma negativa), cabe resaltar algunas consideraciones sobre la temática debatida.

Me permito realizar un extracto de lo expuesto por el Dr. Morell, quién virtió consideraciones significativas sobre el tema : "... en referencia a la colaboración que prestan las asociaciones cooperadoras que, es cierto que esta colaboración no es del todo "espontánea" sino "organizada", como se desprende del régimen de cooperación escolar, al que se encuentran sometidas.. las llamadas entidades para-escolares (como otras semejantes: clubes de madres, asociaciones de ex alumnos, etc.) son entidades de derecho privado que coadyuvan en la prestación directa de un servicio público (en sentido propio) por parte del Estado." "Ello está dado, porque las necesidades de la educación pública, en el plano material, no son totalmente satisfechas por el Estado. Antes al contrario, la "gratuidad" de la enseñanza primaria por ejemplo, tiene ya sólo valor "histórico", reñido con la realidad, ante las concretas y persistentes carencias materiales que aquejan desde hace mucho tiempo a la instrucción pública." Agregaba luego mi ilustre colega como sugerencia al legislador: "...las provincias y la municipalidad local, deberían establecer con precisión las responsabilidades de la autoridad estatal en punto al "comedor escolar" no retaceando el debido encuadramiento para el personal que se requiere para su correcta atención y funcionamiento, y evitando descargar sobre las asociaciones cooperadoras (léase: padres de alumnos) todas las responsabilidades específicas como empleador, tanto más que... a través de un régimen híbrido como el vigente, se las coloca como empleadores privados, con las consecuencias que pueden ser importantes, dado el presupuesto sobreentendido en la mayoría de las normas del derecho del trabajo, acerca de la superioridad y conveniencias económica del empleador privado, aún cuando la "empresa" en sí carezca de "fines económicos" y los tenga "benéficos" -art. 5 R.C.T...." Pues bien, más allá de las consideraciones que pudieran hacerse en torno de la recomendación realizada en la precitada propuesta al Poder Legislativo a fin de que no se retaceen las partidas necesarias para la contratación de personal en las escuelas, que ya cuenta con más de 20 años y por la presente intento mantener, corresponde analizar la responsabilidad de la asociación cooperadora demandada dentro del régimen legal aplicable.

Al respecto, la asociación cooperadora, en tanto asociación civil, cuyo objeto es coadyuvar al funcionamiento de la institución pública, en la medida que formule contrataciones, o dicho de otro modo, contrate con terceros la realización de actividad normal y específica propia del establecimiento, es responsable solidaria de las obligaciones del empleador en los términos del art. 30 de la L.C.T.

Conforme surge de las constancias de autos (ver fs. 80 y 81), la asociación cooperadora contrató al Sr. Mangone para realizar las tareas mencionadas.

Debo destacar aquí, que la cooperadora no esta obligada a formular contrataciones, como aquí lo hace, excediendo de su función primordial (colaboración económica con la institución) y pretendiendo suplantar un déficit propio del Estado en la contratación del personal necesario para el cumplimiento del servicio educativo público.

En la medida que la cooperadora actúa como un ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones (art. 30 del Código Civil), no puede luego pretender desentenderse de las consecuencias de sus actos.

Por ello, propicio la revocación del fallo en este aspecto y que la condena se efectivice contra la Asociación Cooperadora del Normal Nº 5.

B) GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES También requiere especial atención la pretendida extensión de responsabilidad al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en representación del Normal nº 5 de esta ciudad.

Ha quedado claro -a mi ver- que existe contratación de terceros (Asociación Cooperadora) para la satisfacción de actividad propia del establecimiento respecto de la empresa de limpieza, por lo que corresponde atender al planteo de falta de legitimación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ver contestación de la demandada del G.C.B.S. a fs. 120 vta.).

Dicha parte expone que aún de considerarse la existencia de una relación de trabajo y la contratación por parte de la Asociación Cooperadora, la misma no se confunde con la administración escolar, correspondiendo la desestimación de la acción dirigida contra ella, a quién no se le aplican las normas del régimen privado (ver fs. 122).

Pues bien, tampoco resulta pacífica la respuesta que la jurisprudencia ha dado a esta suerte de híbridos contractuales y a la inicial "inaplicabilidad" de la Ley de Contrato de Trabajo al ámbito público (art. 2 de la ley citada).

Sin perjuicio de lo cual, advierto que en las particularidades circunstancias del caso, no se advierte una activa participación de la Escuela en la decisión de contratar al personal de limpieza, nexo que le correspondía acreditar a la accionante y no lo hizo (art. 377 del C.P.C.C.N.).

Lo expuesto me exime de un mayor análisis de la cuestión debatida en este caso, propiciando la confirmación del decisorio.

VI. CREDITOS EMERGENTES DE LA ACCIÓN FUNDADA EN LA L.C.T.

Consecuentemente, le corresponden a la trabajadora los rubros e importes propuestos en la demanda (conf. fs. 11), pues la misma se ajusta a derecho y no ha sido cuestionada en sus aspectos numéricos (conf. prueba pericial contable a fs. 8 pto. 291 e impugnación de fs. 302), a excepción de la indemnización contemplada por el art. 8 de la ley 24.013, que no puede prosperar, dado que llega firme que no se ha dado cumplimiento con la comunicación a la AFIP a la que hace referencia el art. 11 inc. b de la ley citada; aquélla contemplada por el art. 132 bis de la L.C.T., que tampoco se admite, pues la relación no se hallaba registada en modo alguno, resultando inverosímil que se efectúen retenciones sobre sumas no registradas; ni la del art. 80 de la L.C.T., pues no obra la correspondiente intimación. Tampoco le corresponde la indemnización contemplada por el art. 212 de la L.C.T, dado que la misma no se acumula con la indemnización por despido, atendiendo a que ambas reparan el mismo objeto.

No empece a lo expuesto en torno del art. 8 de la ley 24.013, lo manifestado por la recurrente en el punto 5º de su recurso, sobre una supuesta imposibilidad práctica de enviar la misiva, dado que si logró despachar la comunicación a su empleador, bien pudo realizarla respecto de la AFIP.

Por lo demás, no se cuestiona la aplicabilidad o constitucionalidad de la norma de referencia.

En lo que respecta a la indemnización del art. 80 de la L.C.T, la parte actora, ante la omisión de realizar la intimación previa a la que refiere la norma (ver fs. 314), intenta hacer valer como constitución en mora la interposición de la demanda.

Esta Sala tiene dicho al respecto que: "La intimación previa que requiere la norma aludida no puede considerarse suplida por la intimación que se formule en oportunidad de la instancia administrativa previa ante el SECLO o en el escrito de demanda, pues se trata de un acto que debe necesariamente preceder al reclamo administrativo o judicial." (CNAT, SALA VII, S.D. Nro. 38.622, del 06/07/05, "Vigo, Silvia Soledad c/ Telecom - Personal S.A. s/ despido", entre otros).

En consecuencia, la indemnización que le corresponde con base en las normas emergentes de la Ley de Contrato de Trabajo asciende a la suma de $ 10.559,12, que llevará intereses desde que cada suma fue debida en el orden del 12% anual hasta el 31/12/01 y a partir del 1/1/02 la tasa activa promedio del Banco Nación que publica mensualmente la CNAT hasta su efectivo pago (Arts. 508 y 622 del C.C., Acta CNAT nº 2357/02 y Res. CNAT nº 8/02).

VII. ACCIÓN CIVIL No queda claro si la parte actora se ha agraviado por cuanto se desestima su acción fundada en normas del derecho civil, provocadas por una enfermedad, a la que le atribuye origen laboral.

Por lo pronto, del punto 7º de su escrito recursivo, se desprende un ligero cuestionamiento respecto de las conclusiones emergentes de la prueba pericial médica, vinculadas al origen inculpable que la misma le otorga al 10% de incapacidad atribuido a la trabajadora.

Sobre dicha temática, sin perjuicio que el recurso roza la deserción, puede decirse lo siguiente:

Cabe recordar que la actora ha reclamado una suma de $583.270 por daño material y moral emergente de una enfermedad profesional (basilifera y TBH) adquirida en el trabajo, por incumplimiento del empleador de las normas de seguridad e higiene del trabajo (utilización de cloro en estado puro, amoníaco, detergentes, acaroínas y líquidos de dudoso origen) y con sustento en lo dispuesto por el art. 1113 del Código Civil.

Conforme surge de la prueba pericial médica (fs. 356/359), la actora padeció de tuberculosis, afectándose fundamentalmente su pulmón derecho en un 10% de la t.o., sin que existan elementos de causalidad o concausalidad con el trabajo.

Señala también que no se detectó causalidad o agravamiento por la actividad laboral.

Explica que el modo habitual de transmisión de la enfermedad es el propio enfermo, quién al toser o expectorar provocan "aerosoles contaminantes" que permanecen en el aire y se dispersan hasta que son inhalados por otra persona, que contrae la infección.

También describe que, según el relato de la propia actora, existen antecedentes familiares de la enfermedad TBC (2 hermanos).

La impugnación de la parte actora (ver fs. 363), que se mantiene en su recurso, no logra desvirtuar el análisis del experto médico, que se asienta en principios científicos inobjetables y en el propio relato de la trabajadora (art. 477 del C.P.C.C.N.).

Consecuentemente, concluyo que la incapacidad de la trabajadora tiene origen inculpable y, por ende, no corresponde sea reparada por vía del régimen resarcitorio del derecho civil, cuyos presupuestos (nexo de causalidad, factor de atribución, etc.), por otra parte, tampoco fueron acreditados (art. 377 del C.P.C.C.N.).

Lo expuesto me exime de analizar los planteos de inconstitucionalidad interpuestos vinculados a esta temática.

En definitiva, propicio la confirmación de la sentencia en cuanto desestima la acción con fundamento en normas del derecho civil.

VIII. Con arreglo a lo dispuesto por el art. 279 propicio que las costas de ambas instancias por la acción fundada en el despido se impongan a la codemandada Asociación Cooperadora de la Escuela Normal Superior nº 5 "Gral. Don Martín Miguel de Güemes", vencida en lo principal (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Atendiendo al mérito y extensión de la labor desplegada por los profesionales intervinientes, sugiero se regulen los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada (Gobierno), demandada (Asociación) y los del perito contador en el 15%, 14%, 12% y 6%, respectivamente, del monto de condena con sus intereses (arts. 6 y 7 ley 21.839 y conc.). Los honorarios descriptos, son comprensivos de la excepción de prescripción.

Respecto de las costas por la acción civil, corresponde admitir el recurso interpuesto por la trabajadora, dado que por su incapacidad, pudo creerse con mejor derecho de litigar, e imponerlas, en ambas instancias, en el orden causado (art. 68 2º párrafo del C.P.C.C.N.).

En idéntico sentido al antes expuesto (ver recurso de fs. 401), en cuanto a los honorarios regulados por la acción civil, atendiendo al carácter relativamente indeterminado del "cuantum" indemnizatorio, sugiero que se regulen para la parte actora, demandada (Gobierno), demandada (Asociación) y los del perito médico, con base en el mérito y extensión de la labor desplegada, en las respectivas sumas de $2.500, $ 2.500, $ 2.500 y $ 1.700, a valores actuales (arts. 6 y 7 ley 21.839).

Por sus tareas en alzada, bajo los mismos fundamentos antes expuestos, propicio se regulen los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada (Gobierno), demandada (Asociación), en el 30%, 25% y 25%, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en origen por la acción fundada en la L.C.T.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia, haciendo lugar a la demanda incoada por ROXANA CARINA RECALDE contra ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA NORMA SUPERIOR Nº 5 "GRAL. DON MARÍN MIGUEL DE GÜEMES", a quién se condena a pagar a la primera, dentro del quinto día, la suma de $ 10.559,12 (DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS), con más los intereses dispuestos en los considerandos.

2) Imponer las costas de ambas instancias por esta acción a la codemandada Asociación Cooperadora de la Escuela Normal Superior nº 5 "Gral. Don Martín Miguel de Güemes".

4) Regular los honorarios por esta acción, de la representación letrada de la parte actora, demandada (Gobierno), demandada (Asociación) y los del perito contador en el 15%, 14%, 12% y 6%, respectivamente, del monto de condena con sus intereses 3) Confirmar la sentencia, en cuanto desestima la acción fundada en normas del derecho civil. 4) Imponer las costas por la acción civil en ambas instancias en el orden causado.

5) Regular los honorarios por la acción civil, para la parte actora, demandada (Gobierno), demandada (Asociación) y los del perito médico en las respectivas sumas de $2.500 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS), $ 2.500 (DOS MIL QUNIENTOS PESOS), $ 2.500 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS) y $ 1.700 (MIL SETECIENTOS PESOS), a valores actuales.

6) Regular los honorarios por su actuación en la Alzada, de la representación letrada de la parte actora, demandada (Gobierno), demandada (Asociación), en el 30%, 25% y 25%, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en origen por la acción fundada en la L.C.T.

7) Hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hacer saber también que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN No. 6/05).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.