Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-05


000645/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los días de noviembre del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "U., F. c/ Ministerio de Gobierno y Justicia s/ Mandamiento de Ejecución" (Expte. 645 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es ajustada a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 477.--------- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:	--- Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo de los recursos de apelación planteados por el actor y el demandado (fs. 43/46 y 39/41 vta., respectivamente), en contra del definitivo dictado en autos (fs. 36/38) por el cual se hacer lugar parcialmente al mandamiento de ejecución, condenando a que el Sr. Ministro de Gobierno y Justicia, Sr. Máximo Perez Catán, en el plazo que fija, ponga a disposición del amparista, Sr. F. U. la información peticionada a fs. 19 vta., en los puntos E, F, G y H; imponiendo las costas en un 80% al demandado y en el 20% restante al actor.------	I.- Agravios del demandado:	--- Expresa que considera injusta y no ajustada a derecho la sentencia dictada por el Juez de grado, considerando que debió rechazar en todas sus partes la demanda. Asevera que incurrió en una incorrecta apreciación de alegaciones expuestas, muchas de las cuales ni siquiera fueron tenidas en cuenta a la hora del dictado de la sentencia. Previa reseña de los antecedentes de la causa y de efectuar citas legales y jurisprudenciales que transcribe, postula que resulta extraña, desacertada e infundada la resolución del caso en cuanto se entiende que la situación de la seguridad en que se encuentra Cholila -punto E-, como asimismo lo requerido en los puntos F, G y H, resulta procedente. Ello por cuanto es resorte y competencia del Ministro de Gobierno y Justicia lo atinente a la seguridad -art. 9º de la ley 5074-, concluyendo que es procedente que provea la información requerida en ese aspecto, haciendo lugar parcialmente al mandamiento articulado. Expresa que de manera sorpresiva el juez de grado se aparta de lo expuesto en la ley 3764 que hace referencia al libre acceso a las fuentes de información de los actos de gobierno, es decir, de las decisiones llevadas a cabo por los poderes públicos de la provincia, decisiones éstas -dice- que emanan de los tres poderes y de la información que obra en poder de los mismos, pero resalta que la ley no hace referencia acerca de la información que no se encuentra en su poder o de confeccionar la información que requieren los particulares. Hace referencia a que el actor solicito conforme lo requerido por la nota Nº 077/09 en su punto E) que explicite la situación en que se encuentra la población de Cholila en cuanto a su seguridad. Expone que tal información requerida es imprecisa ya que no se ha delimitado un marco temporal ya que de tener que informar sobre la situación de Cholila en cuanto a su seguridad se debería confeccionar un informe desde comienzo de la gestión del Sr. Gobernador Dn. Mario Das Neves, circunstancia esta que no se podría haber cumplido ni en el plazo de cinco (5) días como lo requería el amparista, ni en el plazo establecido en la sentencia, ya que es una información que no existe dentro de los actos de gobierno o banco de datos del Poder Ejecutivo. Además, agrega, el actor deja por sentado sobre la información de una circunstancia incierta para solicitar explicar el análisis realizado para prescindir de un oficial de policía en dicha localidad, sin suministrar datos de qué oficial de policía se ha prescindido de sus servicios en dicha localidad, como así tampoco en que marco de tiempo ya que se puede prescindir de un oficial por haber ascendido o el mismo oficial haber solicitado el traspaso a otra dependencia, debiendo confeccionar la mencionada información. Asimismo, expresa, dado el tono de la mencionada nota se podría llegar a entender que el actor tiene conocimiento de que un dependiente de la policía de la provincia del Chubut a sido trasladado debiendo haber consignado sus datos para poder brindar la mencionada información, sin hacer que la misma sea genérica debiendo confeccionar un informe con todos los traspasos y traslados de personal que se podrían haber llevado a cabo en tal localidad. Indica que las circunstancias descriptas se vuelven a repetir en el apartado II, relativo a la situación en la que se encuentra Lago Blanco en cuanto a la seguridad de sus pobladores y causales por las cuales se decidió incorporar en forma urgente un oficial de policía. Además, señala que el actor en el apartado F) solicita que se informe si existió algún reclamo de parte de los pobladores de Cholila por el incremento de actos de violencia señalando que también es una solicitud de información muy genérica y dando por sentado que ha habido incremento de actos de violencia, pudiendo darse a entender que el actor tiene conocimiento de un supuesto incremento en los actos de violencia en la mencionada localidad. Postula que la sentencia que apela le causa gravamen irreparable por cuanto afecta el normal desenvolvimiento de la actividad llevada a cabo por la administración pública. Precisa que de mantenerse la postura del Juez de grado en cuanto hace lugar a las requisitorias de los punto E, F, G y H, el Ministerio de Gobierno y Justicia deberá poner a disposición del Sr. Fernando Urbano numeroso personal para que efectúe los relevamiento necesarios para evacuar la información solicitada, debiéndose llevar adelante un estudio de las denuncias formuladas en la comisarías de Cholila y Lago Blanco desde el inicio de la gestión del Sr. Gobernador Dn. Mario Das Neves, indagando si se dispusieron medidas en ambas comisarías a lo largo del período señalado previamente, para informar si se dispusieron traslados en las mencionadas instituciones, con los gastos que ello generaría y el entorpecimiento que acarrearía para el normal desarrollo de la actividad administrativa propia de los sectores afectados. Manifiesta que la sentencia deja abierta una puerta que puede ser utilizada por cualquier particular para solicitar información de forma genérica, la cual al no poder ser respondida en término de ley, por no contarse con la información debiéndose generarla, contradice el espíritu de la Ley 3764 y generaría nuevas acciones sobre esta índole y ante la supuesta negativa del órgano encargado de evacuarla debido a lo genérico de la información requerida o a la inexactitud, por lo que ordenar a que en el plazo de cinco días se cumpla con lo requerido denota una violación a los preceptos de la Ley 3764. Ejemplifica, a lo cual me remito por razones de brevedad. Sostiene que el Juez de grado se contradice por cuanto determina el objeto de la Ley 3764, lo que conforme lo expresara gira en torno a la publicidad de los actos de gobierno y, en consecuencia, de la información pública información esta que debe existir y estar en poder de los tres poderes de la provincia. La Ley, asegura, en ningún artículo hace referencia a la creación de información a pedido de un particular teniéndose especial cuidado en cuanto a tal apreciación ya que se estaría vulnerando el espíritu de la ley y de la Constitución provincial. Cita el art. 19 de la Constitución Nacional, el que indica vulnerado al ordenársele a que en el plazo de cinco días, ponga a disposición del actor la información peticionada a fs. 19 vta., referida a los puntos E, F, G y H.----	II) Agravios del actor:	--- Previa reseña de las actuaciones, cuestiona que se haya rechazado la pretensión deducida en autos respecto de los puntos A) 1 a 3, B) 1 a 3, C), D) e I) de la nota oportunamente remitida al Sr. Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia. Transcribe la porción de los considerando del fallo en los cuales se pronuncia el Juez a quo por la no admisibilidad de la pretensión formulada y en los que en síntesis el juzgador adujera que de los dichos del propio actor en su demanda el Sr. Gobernador estaría llevando a cabo una actividad privada y no pública, concluyendo de ello que en tal supuesto no resultaba de aplicación la ley de información pública cuyo objeto específico gira en torno a la publicidad de los actos de gobierno. Se agravia en cuanto sostiene que en ningún momento hizo mención alguna a que el Sr. Gobernador estuviera llevando una actividad privada y no pública, sino que sostuvo que éste se encontraba conduciendo un vehículo de su propiedad cuando habría sido interceptado en un control policial en las cercanías de la localidad de Cholila. Mal puede inferirse, dice, que porque conducía un automóvil particular, necesariamente estaba llevando adelante una actividad privada. Insiste en que en ningún momento hizo mención a si el Gobernador se encontraba haciendo actividad público o privada y tampoco se puede inferir tal carácter de la actividad con el detalle de que se encontraba conduciendo un automóvil de su propiedad. Señala que tampoco se puede decir que sea propio de la actividad privada del Gobernador los puntos relativos al nombre, apellido y grado de los integrantes de la Comisión Policial que realizó el operativo de control de rutas, especificando quien comandaba la misma; el nombre y apellido del agente policial que le solicitó al Sr. Gobernador que exhibiera la licencia de conductor, cédula verde y seguro vehicular obligatorio; el parte diario de la Comisaría de Cholila, correspondiente al día 10-04-09; el acta y/o cualquier otro acto administrativo en donde se refleje lo actuado por la comisión que realizara el procedimiento en la ruta 40 el día 10-04-09; el acto administrativo por el cual se ha decidido el traslado a la comisaría de Lago Blanco del oficial que prestaba servicios en la comisaría de Cholila; informar o permitir el acceso a la documentación que acredite quién emitió la orden y las razones por las cuales se decidió el traslado definitivo de Cholila a Lago Blanco del oficial interviniente en el mencionado operativo; e, informar si alguna autoridad ha formulado cargos formales por incumplimiento a sus funciones al oficial que solicitara la documentación al Sr. Das Neves, si se ha instruido sumario administrativo y, en su caso, si el oficial habría tenido la oportunidad de ejercer su defensa. De dichos datos solicitados y rechazados, expone, surge con claridad que son informaciones que en nada se relacionan con la actividad privada del Gobernador de la provincia. Manifiesta que sería caer en un absurdo que un parte diario de una comisaría sea propio de la actividad privada del gobernador; lo mismo cabria decir, añade, lo relativo a si un oficial de policía está o estuvo sometido a algún tipo de proceso sumarial o las razones por las cuales se habría dispuesto su traslado a la localidad de Lago Blanco o conocer el nombre del personal interviniente en un procedimiento policial de control de rutas. Puntualiza que su parte solicitó información respecto de hechos acaecidos mientras se realizaba una actividad por parte de funcionarios del Estado en el marco de sus competencias y obligaciones legales, ello habría derivado en consecuencias respecto de uno de los integrantes de la comisión policial interviniente propio de su trabajo. Cuestiona la interpretación dada al derecho aplicable por el juzgador del anterior grado. Señala que el art. 1º de la ley 3764 reglamenta el libre acceso a las fuentes de información de los actos de gobierno. Vale decir que la condición para el libre acceso a la información es que se trate de actos de gobierno. Reitera que el Sr. Mario Das Neves es el Gobernador de la provincia y por lo tanto su actividad siempre es pública. Pasa a interpretar qué se considera "acto de gobierno", señalando que es un acto administrativo y, por ende, corresponde avanzar en dicha definición de modo de poder determinar si la información peticionada resulta un acto de gobierno o no, y por lo tanto, susceptible de ser solicitada por cualquier habitante en el marco de atribuciones que la Constitución de la provincia concede. Efectúa cita doctrinaria relativa a la definición de acto administrativo a la cual remito, concluyendo de ello que la información que se pide consiste en actos administrativos y, por lo tanto actos de gobierno que deben ser informados ante el requerimiento que se le formule al funcionario responsable del área. En consecuencia, expresa, mal se puede suponer que pedir informes acerca de una serie de actos administrativos, algunos reales y otros que presumiblemente se pudieron haber dictado, pueden ser catalogados como propios de la actividad privada del gobernador de la provincia. Asevera que cuando se ocupa el cargo de Gobernador la vida privada (o la actividad privada) queda subordinada al cumplimiento de los reemplazos formales, que en este caso no existió. Más aún, el recorrido efectuado aunque haya sido realizado en su coche particular no lo releva del carácter público que posee su investidura. Tampoco lo releva de su obligación de transitar con toda la documentación del vehículo que maneja y la propia que lo habilita para tal fin. Indica que la Ley de tránsito es para todos los ciudadanos independiente del cargo que detenten. Efectúa cita doctrinal y su fuente a la cual remito.--	III.- En los límites demarcados por los agravios reseñados precedentemente ingresaré a su tratamiento particularizado haciéndolo primero con los planteados por el Ministro de Gobierno y Justicia demandado, Sr, Máximo Pérez Catán, para luego hacerlo con los que de su lado formulara el actor, Sr. F. U..----------	I) Agravios de la parte demandada: De la detenida lectura del escrito de contestación de la demanda como de los fundamentos en los cuales asentara su defensa (fs. 28/30); y, de su comparación con los argumentos expuestos al sostener el recurso de apelación interpuesto en contra del pronunciamiento definitivo (fs.36/38 vta.) tengo para mí, que surge palmariamente la disociación evidente que existe entre la materia que conformara el "thema decidendum" sobre el cual se expidiera el juzgador de la anterior instancia respecto de la que ahora se intenta traer a conocimiento y decisión de este tribunal revisor.--------	Es que, obsérvese que básicamente el posicionamiento defensivo en el que se colocara el Sr. Ministro demandado centró en señalar el carácter privado del hecho que supuestamente involucrara al Sr. Gobernador en el suceso motivo del requerimiento de información, como también, que el vehículo en el que circulaba en la oportunidad era de su propiedad -ver: punto III-; en la improcedencia de la vía por la que solicitara la información -ver: punto IV-; y, sobre la existencia de otras vías idóneas y el abuso de jurisdicción que denunciara -ver: punto V-. Esto es, exclusivamente en tales argumentos defensivos expuestos en el escrito de responde, se apoyó su defensa y, finalmente, su petición de rechazo del mandamiento incoado en su contra.---------- De tal manera, fácil es verificar de lo puntualizado, que el Ministro demandado no realizó al tiempo de producir la traba de la litis ninguna referencia, ni tampoco realizó alguna postulación concreta relativa a la improcedencia de la información requerida en los puntos E, F,, G y H; información ésta que se lo condena a proveer al amparista, en la porción de lo pretendido que se admite parcialmente en el fallo, por no tratarse ella de "información pública" en los términos de la Ley 3764. Tampoco hizo alusión ni indicó someramente razón alguna que diera pié a que se tuviera por sugerido siquiera, que tal información no estuviera dispuesta para ser provista, como asimismo, que tal requerimiento implicara necesariamente disponer de recursos humanos y económicos para efectuar el relevamiento necesario para evacuar la información solicitada, lo que acarrearían afectación del normal desarrollo de la actividad administrativa propia de los sectores respectivos. Igualmente, no postuló que la información requerida fuera genérica.-----	En tal contexto, encuentro que el recurso impetrado por el demandado Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia del Chubut, Sr. Pérez Catan ha incurrido en una flagrante deserción técnica, por carecer el mismo de material crítico que pudiera atenderse en la instancia revisora que desempeña este Tribunal de alzada.--------- Ello así, toda vez que es de estricta aplicación en el supuesto planteado en autos lo dispuesto por los arts. 271 y 277 del C.P.C.C., en cuanto establece el primero que la sentencia de Cámara ".se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidos a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravio" (sic); y, concordantemente, el segundo de los citados artículos del Código del rito, establece que la sentencia de segunda instancia no deberá expedirse ".sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia." (sic). No abunda advertir que tales normas adjetivas son de aplicación en el proceso de amparo por expresa remisión supletoria (conf. art. 16 de la ley 4572). Dentro de la expresión "capítulos" debe comprenderse no sólo los puntos de interés para las partes, sino también a todos aquellos planteos o defensas que sólo pueden ser objeto de pronunciamiento por el órgano jurisdiccional si han sido expresamente alegados por los interesados en la etapa oportuna y adecuada del proceso, de manera que sea posible el ejercicio del derecho de defensa por la contraria y la prueba de los hechos que les sirve de fundamento.---------	Es que la regla general que consagran las citadas normas es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, vía recursiva de impugnación ésta que no configura en ningún tipo procesal que se presente un nuevo juicio, en el que sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia precedente (Conf.: Palacio, Lino E., en "Derecho Procesal Civil", Ed. LexisNexis, 2da., ed., actualizada, año 2005, T. V, pág. 263; id., CNCiv., Sala F, 6/9/00, E.D., 196-49; C.S.J.N., 14/9/00, "Perez Companc c/ Dirección Gral. de Aduanas", E.D., 196-27, voto del Dr. Petracci; S.C.Mendoza, Sala I, 24/4/01, Rep.L.L., 2001-1807, nº 57).--	En igual sentido se ha expresado, en tesitura que debe compartirse, que del art. 277 del C.P.C.C., de mentas puede inferirse sin ambages que la alzada, por ser un área de revisión, carece de poderes para decidir temas no sometidos al juez del anterior grado, ya que la función prístina del ad quem no es la de fallar en primer grado sino la de controlar la decisión de los magistrados de primera instancia jurisdiccional. Por ello se ha resuelto que al tener el recurso de apelación por objeto la consideración de los agravios causados por la decisión respecto de lo que fuera motivo de reclamo en la instancia anterior, el apelante no puede introducir ningún punto extraño a lo que dio motivo a la decisión apelada (Conf. Hitters, Juan C., en "Técnica de los recursos ordinarios", Ed. Platense, ed. año 1987, pág. 406; id., CNCiv., Sala F, 6-2-97, E.D., 173-242; ídem, 6-9-00, E.D., 196-49; id., CCiv.Com.Azul, 17-4-97, Rep.L.L., 1998-2164, nº 75).-------	En lo expuesto se encuentra directamente involucrado el resguardo del principio procesal de congruencia que enuncia que debe existir conformidad entre el contenido de las resoluciones judiciales y lo que ha sido objeto de planteo por las partes. E insisto, su conculcación afecta derechamente la garantía constitucional de la defensa en juicio, pues el juzgador -de cualquier instancia jurisdiccional- ".no puede convertirse en intérprete de la voluntad implícita de las partes sin alterar el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria" (C.S.J.N., 1-4-97, Rep. L.L., 31-322, nº 26)(Conf. Arts. 34, inc. 4º, 163, inc. 6º y 164 del C.P.C.C.).--------- En consecuencia, propondré al acuerdo se tenga por desierto el recurso de apelación impetrado por el demandado en autos, por carecer el mismo de suficiencia técnica (Conf. Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).------ II.- Agravio de la parte actora: El cuestionamiento que el pretenso amparista dirige al fallo se relaciona a la porción desestimada consistente en los requerimientos contenidos en los punto A) 1 a 3; B) 1 a 3, C), D) e I) del escrito inicial (fs. 19 y vta.).-------	A su respecto el Sr. Juez a quo expresó textualmente lo siguiente: ".En lo tocante a la información requerida, de la lectura de ella se desprende que los puntos A, 1) al 3), B 1) a e), C, D, e I) -ver fs. 19 y vta.- se referirían a un hecho que se habría suscitado en cercanías de Cholila en oportunidad en que el Sr. Gobernador del Chubut habría estado conduciendo su vehículo particular. Al respecto, no se observa la pertinencia de dicha información toda vez que de los dichos del actor el Señor Gobernador estaría llevando a cabo una actividad privada y no pública. Por lo tanto, no resulta de aplicación a ese supuesto la ley de información pública cuyo objeto específico gira en torno a la publicidad de los actos de gobierno -ver artículo 1-. En consecuencia, se rechazará la acción intentada respecto a los puntos en cuestión."(sic)(vide: considerando, 1er.. párrafo "in fine" de fs. 37 vta.).------	He trascripto literalmente todo el contenido argumental relativo al objeto del agravio planteado por el actor por cuanto es éste el motivo de cuestionamiento.--- Así se aduce en la crítica dirigida a la motivación expuesta que en ningún momento aseveró que el Sr. Gobernador estuviera llevando una actividad privada y no pública (ver: expresión de agravios -fs. 44 vta.-). Habida cuenta de ello, de la lectura del escrito inicial se verifica que efectivamente tal aseveración del juzgador a quo no responde a las circunstancias de hecho afirmadas por el actor ahora impugnante.------ Se advierte que, quizás, pudo provocar tal yerro en el análisis de las alegaciones formuladas en demanda el contenido del primer punto sobre el cual el Sr. U. planteara su petición de exhibición o remisión de la información relativa a los hechos sobre los cuales pretende tener noticia. Así, es que redactó el punto A) del siguiente modo "Si el Sr. Gobernador de la Provincia, Dn. Mario Das Neves, el día 10 de abril del corriente año fue interceptado por un control policial de rutina, en las cercanías de la localidad de Cholila en momentos que conducía su propio automóvil. En caso afirmativo."(sic)(vide: fs. 19 "in fine"). Como es de ver, lejos estuvo de conformar tal modo de pedir una afirmación sino que las circunstancias fácticas descriptas implicaron el contenido de la interrogación que preside los puntos subsiguientes del pedido de informe.-------	Asimismo, también le asiste razón al impugnante en cuanto que tampoco puede inferirse de manera alguna, aún cuando se soslayare lo anterior -que consistió en una afirmación de que el Sr. Gobernador, en la oportunidad descripta condujera, un vehículo particular-, que en tal data éste se encontrara desarrollando una actividad privada y no pública.----------	No obstante ello, compartiré también que la investidura del supuesto protagonista de los hechos que motivan indudablemente el pedido de informes que se pretende que se satisfaga por esta vía del amparo, no es indiferente. Es que su calidad de Gobernador de la provincia no es fútil en la especie, si se atiende que el contenido de todos los demás puntos del requerimiento de informes, pone en la palestra la evidente intencionalidad de conocer el destino que le habría tocado vivenciar al oficial de policía que habría intervenido en la oportunidad y las razones que justificaron, o no, un supuesto traslado del mismo de una localidad a otra, aspecto éste que es inherente a todos los demás contenidos de la encuesta subsiguiente. Esto es, resulta francamente inconsistente el resolutorio si se disocia, como lo hiciera el juzgador del anterior grado, al contenido fáctico fundante de la pretensión de acceder a la información vinculada a los actos de gobierno que sucedieron al evento al que refiere, cual es el traslado del oficial de policía que habría intervenido a la sazón.-- Lo dicho, claro está, siempre expuesto en potencial, toda vez que ninguna información se ha provisto por el funcionario que, sin dudas, es el que se encuentra compelido legalmente a proveerla, tal como fuera expuesto por el veredicto, en porción del fallo que ha devenido en firme por consentido desde que se propicia declarar desierto el recurso de apelación incoado por el demandado por las razones expuestas "supra".---	Solo añadiré a lo ya planteado correctamente por el Sr. Juez a quo, en relación al sustento normativo de la pretensión deducida en este proceso de amparo, que ella se encuentra en el marco del derecho constitucional de peticionar a las autoridades y del derecho a la información, de cuyo juego armónico se incluye la posibilidad de que toda persona -todo habitante dice la Ley 3764- pueda solicitar a los órganos del poder del Estado acceso a la información relativa a los actos de gobierno (Conf. Arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional).---------	Asimismo, con motivo de la incorporación con raigambre constitucional de los tratados (Conf. Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional) también debe contemplarse que el derecho de acceso a la información pública encuentra sustento en el art. 13 de la Convención Americana de los Derecho Humanos y el art. 19 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos.-	Igualmente, es de recordar que lo que caracteriza a una República es constituirse en una forma de gobierno que contiene un basamento democrático que se cumple con los siguientes requisito: a) igualdad ante la ley; b) elección popular de las autoridades; c) división de las funciones gubernamentales; d) periodicidad de los mandatos; e) responsabilidad de los funcionarios públicos; y f) publicidad de los actos de gobierno (Conf Zarini, Helio, en "Constitución Argentina, comentada y concordada", Ed. Astrea, año 1996, pág. 26).---------	Todos estos principios están relacionados con el derecho que tiene un administrado de acceder a información estatal. La realización de ese derecho permite el control de los requisitos republicanos a los que aludiera "supra". De allí que los principios de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno que recepta el art. 33 de la Constitución Nacional sirven de fundamento al derecho que tiene cualquier ciudadano de conocer informaciones útiles relacionadas con la administración del Estado, sea nacional, provincial o municipal.----------	Habida cuenta de todo lo cual, se podría afirmar que por imperio de los arts. 19 y 33 de la Constitución Nacional, no existe una prohibición general de acceder a la información pública. Por lo tanto, salvo prohibiciones expresas, los ciudadanos contamos con un derecho amplísimo de acceder a los datos que fundamentan los actos de gobierno.----	Este derecho de acceso a la información de los actos de gobierno no implica necesariamente obtener lo peticionado pero sí una respuesta -aunque sea negativa- del funcionario designado por la Ley para proveerla, o en palabras de la Ley, a suministrarla (entiéndase bien, no a producirla sino a suministrarla). Ahora bien, por aplicación del principio de razonabilidad y del sistema republicano, la respuesta debe ser motivada en los hechos y circunstancias que impulsan la petición o que la deniegan y fundada en las normas vigentes (Conf. Gelli, María A., en "Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada", Ed. La Ley, 4ta. ed., año 2008, T. I, pág. 119).-------- Ahora, si se observa, de la interpretación global del texto de la ley 3764 reglamentaria del derecho de acceso a la información de los actos de gobierno, esta prevé un trámite para requerir los datos que es muy sencillo, y la respuesta oficial ha de ser muy rápida, ya que "todo funcionario que deba facilitar el acceso a la fuentes de información, deberá efectivizarlo dentro de los dos días hábiles de habérsele formulado el requerimiento de acceso por cualquier medio, incluso verbal, debiendo en este último supuesto labrar acta o diligencia y entregar constancia al peticionante del requerimiento" (conf. Art. 2º de la ley 3764).--	Si bien, no se indica con precisión en la Ley de mentas a qué información se puede acceder, es indudable que cualquier dato existente en los organismos gubernamentales puede ser requerido por los particulares. No importa, pues, de qué se trata la información ni de quién emane, ni la forma en que la misma se encuentre. Es decir, debe reconocerse el acceso directo e irrestricto a la información, con la única excepción de los tópicos previstos en el art. 3º del Dcto. 486/93 (Conf. Lorences, Valentín H., en "Derecho al libre acceso a la información. "El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata"", en L.L., actualidad, del 10/12/1998, pág. 1).------	En este marco constitucional genérico, estimo, es en el que se inserta el art. 13 de la Constitución de la provincia que contempla específicamente la publicidad de los actos de gobierno y que, luego, mereciera reglamentación por la ley 3764 denominada propiamente de "libre acceso a fuentes oficiales de información de los actos de gobierno" (ver: Vallefín, Carlos A., en "El acceso a la información pública. Una introducción", Ed. Ad-Hoc, año 2009).-----	Por todo lo expuesto, concluyo propiciando al acuerdo se revoque parcialmente el fallo de la anterior instancia para hacer lugar en todos sus términos al amparo impetrado. Así lo voto.--	III.- Conclusión:	--- Por lo dicho, corresponderá declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el demandado Sr. Ministro de Gobierno y Justicia, Máximo Pérez Catan; y, hacer lugar, en todos sus términos al amparo impetrado por el Sr. F. U., condenando al Sr. Ministro de Gobierno y Justicia, Sr. Máximo Pérez Catan, a que en el plazo perentorio de cinco (5) días, suministre la información o permita el acceso a los documentos relativos a los aspecto motivos del requerimiento formulado en el escrito de demanda, todo ello en los términos normados por los arts. 3° y 6° de la ley 3764; con costa de ambas instancias, a cargo del demandado vencido en ellas (Art. 17 de la ley 4572 y 279 del C.P.C.C.).	Asimismo, por imperio de lo dispuesto por la última norma de cita, corresponderá también adecuar a este pronunciamiento los honorarios de los profesionales intervinientes en el anterior instancia; para lo cual, apreciando la calidad, extensión y eficacia de los trabajos desarrollados por el Dr. P. C., letrado patrocinante del actor; y, del Dr. G. C. R., letrado patrocinante del demandado, estimo prudente fijarlos en las sumas respectivas de $ 1.400 y $ 700, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6, 36 y 47 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).----------	Los honorarios por las tareas desarrolladas en esta segunda instancia, bajo las mismas pautas apreciativas, estimo corresponde fijarlos en la suma de $ 420, al Dr. P. C., con más el I.V.A. pertinente; sin regular honorarios al Dr. G. C. R., atento que sus tareas de alzada han resultado inoficiosas (Conf. arts. 3, 6 y 14 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).---	Finalizo mi intervención en la presente cuestión pronunciándome en ella PARCIALMENTE por la NEGATIVA.-------	A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes al punto I de los escritos obrantes a fs. 39/41 y vta. y 43/46, que fueran concedidos a fs. 47, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 36/38 que hizo lugar parcialmente al mandamiento de ejecución promovido por el Sr. F. U. contra el Sr. Ministro de Gobierno y Justicia Sr. Máximo PÉREZ CATÁN, ordenando a esta última persona para que en el plazo de cinco días ponga a disposición del actor la información requerida a los puntos E, F, G y H de fs. 19 vta., con imposición de costas en un 80% al demandado y en un 20% al actor.	Los agravios de las partes demandada y actora lucen a fs. 39/41 vta. y fs. 43/46, respectivamente, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. Lucero, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.	2. Toda vez que el demandado solicita se revoque la sentencia apelada corresponde ingresar en primer término al análisis de los agravios vertidos por esa parte.	Al respecto, corresponde precisar que la postura defensiva asumida al contestar demanda se centró en las siguientes cuestiones, a saber, que: a) los hechos se relacionan con la vida privada del Señor Gobernador y hacen a la utilización de un vehículo particular de su propiedad; b) improcedencia de la vía utilizada; y c) existencia de otras vías idóneas y en consecuencia abuso de jurisdicción. Así claramente resulta de los puntos III, IV, y V., de fs. 28/29 vta.	En tales condiciones, los argumentos recién traídos a esta alzada y que obran al punto II de fs. 39/41 y vta. no fueron capítulos sometidos a la decisión del juez de primera instancia por lo que la prohibición impuesta por el art. 277 del C.P.C.C. veda toda consideración.	De tal modo, la falta de alegación oportuna en la anterior instancia impide ingresar a la queja como consecuencia del alcance previsto para la sentencia de segunda instancia en la última parte del art. 271 del C.P.C.C. (". en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.") y prohibición impuesta por el art. 277 del citado ordenamiento ("El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia.") (la cursiva me pertenece).	Como una manifestación o derivación del principio dispositivo, rige el principio de congruencia, en virtud del cual, debe existir conformidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional. El principio de congruencia constituye una manifestación del principio dispositivo en sentido material, dado que si el juez no respetara esa conformidad que debe existir entre su fallo, por un lado, y las pretensiones y oposiciones a las mismas, por el otro, estaría incursionando de esta manera en un campo que el ordenamiento jurídico ha reservado exclusivamente a la voluntad de los particulares, cual es la disposición de los derechos materiales o de fondo; igual conclusión cabe inferirse en caso de que sea un tribunal de alzada. Señala Fassi que los poderes del tribunal de apelación tiene como límite máximo los capítulos propuestos a la decisión del juez de primera instancia, salvo el surgimiento de cuestiones referentes a intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, par. 37 y 60, págs. 115 y 165/166, respectivamente).	Al modo en que se constituyó la relación procesal debe atenerse el juzgador en esta segunda instancia, ya que la primera limitación a que se encuentran sometidos los tribunales de Alzada viene dada por la relación procesal trabada en el grado inicial, cuyo respeto se ve impuesto por el principio de congruencia, que también rige en la instancia apelatoria (art. 34, inc. 4° del C.P.C.C.).	Por ello, en virtud de las limitaciones impuestas por los art. 271 y 277 del C.P.C.C. no puede el tribunal apartarse de las pretensiones y oposiciones y las cuestiones introducidas por las partes y sometidas a decisión del juez de la anterior instancia.	Por un lado se encuentra limitado, siguiendo la terminología del artículo 271 del Código Procesal, por las pretensiones y oposiciones y las cuestiones de hecho y de derecho sometidas al juez de primera instancia; y por el otro, por lo que haya sido materia de agravios. Se tratan de limitaciones que se producen por la actitud de los propios litigantes. Si el tribunal de alzada no respeta tales limitaciones y se pronuncia más allá de lo permitido, la sentencia respectiva resulta incongruente, y vulnera las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del derecho de propiedad (Loutayf Ranea, obra y tomo citado, par. 29, pág. 76).	En cuanto se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio de congruencia. Dicho de otro modo, se lo infringe cuando el fallo recae sobre puntos no sometidos al juez de primera instancia, planteados recién en la expresión de agravios (Azpelicueta-Tessone, "La Alzada. Poderes y deberes", Librería Editora Platense S.R.L., 1993, págs. 176/177).	Dicho de oto modo. El tribunal de alzada no puede pronunciarse sobre capítulos no propuestos al juez de primera instancia pues de lo contrario importaría menoscabar el derecho de defensa de la parte contraria.	Como lo destaca Palacio, la regla general que consagra la norma (art. 277 del C.P.C.C.) es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, que no configura un nuevo juicio en el que sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia precedente (Loutayf Ranea, obra y tomo citado, par. 60, pág. 166).	Incluso, quedan fuera de la decisión del tribunal de alzada los temas extraños a los escritos de constitución del proceso, aunque se lo introdujere bajo la apariencia de meros argumentos de derecho (CNCiv., sala B, julio 2-975, E.D. 64-514; idem, sala F, junio 22-983, E.D. 105-357).	Esto es, el tribunal ad quem carece de atribución para resolver sobre cuestiones que no hubieran sido propuestas a consideración del a quo.	Con ese alcance, por tratarse de un capítulo no propuesto a la decisión del juez de primera instancia esta Alzada no puede ingresar a su tratamiento (art. 277 del C.P.C.C.), lo que determina la deserción del recurso de apelación de la parte demandada por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).	3. Cuestiona el actor el rechazo de la pretensión respecto de los puntos A) 1 a 3, B) 1 a 3, C), D) e I) (p. II, fs. 19 y vta.).	El fallo en crisis fundó la desestimación de esos requerimientos por considerar que la información no resulta pertinente por tratarse de una actividad privada y no pública, por lo que no es de aplicación la ley de información pública ya que su objeto específico hace a la publicidad de los actos de gobierno.	Al respecto, de los términos de la demanda no surge que el contenido de la información solicitada se refiera a aspectos vinculados al ámbito privado del Sr. Gobernador de la Provincia del Chubut. Nótese que el punto A se centra en un control policial de rutina; el B) al parte diario de la Comisaría de Cholila y a actos administrativos; el C) a un supuesto traslado de un funcionario policial; el D) a eventuales cargos formulados a un oficial policial; y el I) a la actual situación de revista del mismo.	En ese contexto, es evidente que el juzgador se apartó de los datos fácticos alegados por la parte actora y ello condujo a una errónea interpretación de la petición formulada.	Sin perjuicio de ello, cabe dejar a salvo que ello bien pudo deberse -tal como lo señala el Dr. Lucero- al modo de redacción empleado al inicio del punto A) pues si bien el pedido gira en torno a un control policial se alude a la persona del Señor Gobernador de la Provincia y con referencia a la conducción de su automóvil particular.	Por lo demás, también corresponde precisar que en modo alguno el requerimiento contiene pedido alguno vinculado al cumplimiento de una actividad privada por parte del Señor Gobernador.	Desde ya que no soslayo la trascendencia que presenta la información solicitada por cuanto si bien se encuentra involucrado un habitante de esta provincia, se trata del Señor Gobernador Don Mario Das Neves, lo que permite evidenciar que el contenido de la petición se endereza a establecer cual fue la suerte de los integrantes de la comisión policial, o en su caso del oficial que intervino en el procedimiento de control.	Todo lo cual no impide señalar que en definitiva se trata de acceder a las fuentes de información para conocer los actos de gobierno cumplidos con relación al funcionario policial interviniente.	Derecho al libre acceso a las fuentes de información de los actos administrativos -entre otros- que tiene todo habitante de la Provincia y por el cual todo funcionario público responsable del sector debe facilitar el acceso a las fuentes de información (arts. 2 y 3 de la ley 3764).	Y ese derecho a la información pública cumple la función de maximizar el campo de autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones (Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian, "El acceso a la información como derecho", en Anuario de Derecho a la Comunicación", Año 1, vol. 1, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2000, pás. 223/256).	Desde esta perspectiva cabe tener en cuenta el art. 13.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 19, inc. 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que cuentan con jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional).	Libertad de expresión reconocida en el art. 18.10. de la Constitución Provincial.	La libertad de expresión es una exteriorización de la libertad de pensamiento. Cuando encontramos en la constitución formal las normas sobre libertad de prensa (arts. 14 y 32) y, en cambio no encontramos expresamente ninguna norma que cubra a la libertad "de expresión" en todas sus formas ... hay una carencia histórica de norma, o sea, una laguna en el orden normativo. ... Haciendo jugar por analogía la norma sobre libertad de prensa, y acudiendo a los principios sobre libertad (que desde el preámbulo contiene la constitución), podemos sin duda arribar a la conclusión de que nuestra constitución protege la libertad "de expresión" en todas sus formas, las que reciben hospitalidad cierta (Bidart Campos, Germán J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", EDIAR, 1994, T. I, págs. 397 y 398, respectivamente).	En ese direccionamiento, cabe destacar que la información es una herramienta de participación en los actos públicos y esa información pública es esencial para el control de los actos del Estado. Así, para que la participación ciudadana pueda ser ejercida efectivamente resulta indispensable que el Estado, por un lado, permita acceder a la información pública existente y, por el otro, produzca y difunda información necesaria para tal labor. Como señala el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "el control efectivo de los ciudadanos sobre las acciones públicas requiere no sólo una abstención por parte del Estado de censurar información, sino que requiere la acción positiva de proporcionar información a los ciudadanos. Es evidente que sin esta información, al que todos las personas tienen derecho, no puede ejercerse la libertad de expresión como mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de control democrático de la gestión gubernamental" (Nino, Ezequiel, "El derecho a recibir información pública -y su creciente trascendencia- como derecho individual y de incidencia colectiva", en Gargarella, coordinador, "Teoría y Crítica del Derecho Constitucional", Abeledo-Perrot, 2008, T. II, Derechos, págs. 809 y 810, respectivamente) (la cursiva me pertenece).	Tradicionalmente, se ha delineado la forma republicana a través de las siguientes características: a) división de poderes; b) elección popular de los gobernantes; c) temporalidad del ejercicio del poder, o sea, renovación periódica de los gobernantes; d) publicidad de los actos de gobierno; e) responsabilidad de los gobernantes; f) igualdad ante la ley (Bidart Campos, obra y tomo citado, pág. 235).	Y aun cuando la Constitución Nacional no dispone, en una norma general, la publicidad de los actos de gobierno, el art. 33 -sobre derechos implícitos- proporciona fundamento suficiente a la obligación de dar a publicidad todos los actos de gobierno, dado que esa norma reconoce los derechos que emanan de la soberanía del pueblo (conf. Gelli, María Angélica, "Constitución de la Nación Argentina: Comentada y Concordada", La Ley, 3ra. ed. act., 2006, pág. 25).	Y la publicidad de los actos de gobierno importa el conocimiento por parte de la sociedad de todos los actos emanados de los funcionarios que ejercen la función estatal. La transparencia y la publicidad de los actos de gobierno se concreta en la actualidad con el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública (en adelante DAIP) que, tal como lo hemos sostenido en otra oportunidad constituye una de las condiciones necesarias para el funcionamiento de los sistemas democráticos (Sabsay, Daniel A., dirección, "Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Editorial Hammurabi, 2009, T. 1, pág. 164).	A su vez, el derecho a la información pública tiene raigambre constitucional al quedar comprendido en el derecho de peticionar a las autoridades (art. 14 de la Constitución Nacional, y art. 18.8. de la Constitución Provincial).	Ello por cuanto la petición o solicitud es un derecho que pertenece, como sujeto activo, a los hombres y a las asociaciones. Los hombres lo pueden ejercer individuamente o en grupo. El sujeto pasivo es siempre el estado a través de sus órganos (Bidart Campos, Germán J., obra y tomo citado, pág. 451).	Ello sin perjuicio de destacar que en el ámbito provincial si bien la parte final del primer párrafo del art. 3 de la ley 3764 alude al "Organo", esa misma normativa precisa en sus dos primeros párrafos que el deber de facilitar el libre acceso a la información recae directamente sobre el "funcionario público". Lo que a su vez enmarca la situación en el supuesto previsto por el art. 58 de la Constitución de la Provincia del Chubut y art. 18 de la ley 4572.	En relación al Estado la facultad de peticionar que tiene todo habitante es un derecho, ya que el funcionario u organismo a quien va dirigido el pedido, tiene obligación de responder a él (Ekmekdjian, Miguel Ángel, "Tratado de Derecho Constitucional", Depalma, 2000, T. I, par. 126, pág. 505).	Lo expuesto con la siguiente salvedad. El derecho de petición impone la obligación al funcionario público requerido de responder al pedido, lo que no significa obligación de dar una respuesta en sentido afirmativo si no se cuenta con las fuentes de información.	No implica el derecho de obtener lo peticionado pero sí una respuesta -aunque sea negativa- del poder judicial y de la administración pública que incluye al Poder Legislativo cuando ejerce función administrativa (Gelli, María Angélica, ob. cit., pág. 96). Esto es: el sujeto requerido debe proveer la información mencionada siempre que ello no implique la obligación de crear o producir información con la que no cuenta al momento de efectuarse el pedido, salvo que el estado se encuentre legalmente obligado de producirla, en cuyo caso debe proveerla. Con auxilio, nuevamente, de la jurisprudencia norteamericana se emplean sus términos, por lo tanto debe señalarse que el organismo no está obligado a crear un documento que no existe (Vallefín, Carlos A., "El acceso a la información pública. Una introducción", Ad-Hoc, 1ª. ed., 2009, pág. 64) (el resaltado me pertenece).	De tal modo, aun cuando los arts. 3 y 6 de la ley 3764 aludan a "informe escrito" y a "información solicitada", respectivamente, dicho informe está "relacionado con la identificación de fuentes de información pública" (art. 3, tercer párrafo), por lo que en definitiva el libre acceso a la información consiste en "facilitar el acceso personal y directo a la documentación y antecedentes que se le requieran" (art. 3, primer párrafo).	En tales condiciones, la ley no obliga a producirla sino a suministrarla por lo que si no se cuenta con la fuente de información es evidente que la respuesta será negativa en tanto que la misma no resulte infundada, y sin perjuicio de las excepciones previstas por el art. 3 del decreto 486/93.	4. En consecuencia, también propicio al Acuerdo declarar desierto el recurso de apelación deducido por la parte demandada al punto I de fs. 39, y revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para hacer lugar al amparo deducido, condenando al accionado para que en el plazo de cinco días arbitre las medidas necesarias para el libre acceso a los documentos que se vinculan con los requerimientos formulados en demanda o en su caso a la información pertinente, en los términos de los arts. 3 y 6 de la ley 3764, con costas de ambas instancias al demandado vencido (art. 17 de la ley 4572).	La revocatoria que se propicia lleva a adecuar los honorarios de los profesionales intervinientes, por lo que atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos cumplidos en la anterior instancia, estimo adecuado los emolumentos que propone establecer el Dr. Lucero a favor de los letrados patrocinantes de las partes actora y demandada en las sumas de $1.400.- y $700.-, respectivamente (arts. 6, 36, y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. correspondiente.	Con iguales pautas, estimo prudente también regular los honorarios del Dr. P. M. C. en el monto de $420.- (arts. 6, 14 y 47 de la ley del arancel), con más el I.V.A. pertinente; y sin regular honorarios al Dr. G. O. C. R., en atención a la inoficiosidad de los trabajos cumplidos ante la deserción del recurso de apelación dispuesto, en los términos del art. 6 de la ley arancelaria y criterio sentado por esta Cámara, en su composición de sala única, S.D.L. N° 80/93, S.D.C. N° 07/97; sala "A", S.D.L. Nos. 41/98 y 02/99; sala "B", S.D.L. N° 149/99, entre otros pronunciamientos.	Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.	A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:	El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) DECLARAR la deserción del recurso de apelación interpuesto por el Ministro de Gobierno y Justicia demandado, Sr. Máximo Pérez Catan; 2) REVOCAR parcialmente el fallo venido en apelación, para hacer lugar en todos sus términos al amparo incoado por el Sr. Fernando Urbano, condenando al Ministro de Gobierno y Justicia, Sr. Máximo Pérez Catan, a que en el plazo de cinco (5) días, suministre al actor la información y/o del acceso a los documentos relativos a los aspectos que fueran motivos del requerimiento formulados en el escrito de demanda; todo ello, en los términos normados por los arts. 3° y 6° de la Ley 3764; 3) IMPONER las costas de ambas instancias a cargo del demandado vencido en ellas; 4) FIJAR, por adecuación a este nuevo pronunciamiento, los honorarios de primera instancia de los Dres. P. C. y G. C. R., en las sumas respectivas de $ 1.400 y $ 700; con más el I.V.A. pertinente; 5) REGULAR los honorarios del Dr. P. C., por sus tareas de alzada, en la suma de $ 420, con más el I.V.A. pertinente; sin regular honorarios al Dr. G. C. R., por su actuación en esta segunda instancia, por resultar las mismas inoficiosas.	ASI LO VOTO.--	A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.	Así lo voto.	Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: --------- S E N T E N C I A: -----	--- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: ---------	--- DECLARAR la deserción del recurso de apelación interpuesto por el Ministro de Gobierno y Justicia demandado, Sr. Máximo Pérez Catan.	REVOCAR parcialmente el fallo venido en apelación, para hacer lugar en todos sus términos al amparo incoado por el Sr. F. U., condenando al Ministro de Gobierno y Justicia, Sr. Máximo Pérez Catan, a que en el plazo de cinco (5) días, suministre al actor la información y/o del acceso a los documentos relativos a los aspectos que fueran motivos del requerimiento formulados en el escrito de demanda; todo ello, en los términos normados por los arts. 3° y 6° de la Ley 3764.	IMPONER las costas de ambas instancias a cargo del demandado vencido en ellas	FIJAR, por adecuación a este nuevo pronunciamiento, los honorarios de primera instancia de los Dres. P. C. y G. C. R., en las sumas respectivas de $ 1.400 y $ 700; con más el I.V.A. pertinente.	REGULAR los honorarios del Dr. P. C., por sus tareas de alzada, en la suma de $ 420, con más el I.V.A. pertinente; sin regular honorarios al Dr. G. C. R., por su actuación en esta segunda instancia, por resultar las mismas inoficiosas.	--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-------	REGISTRADA BAJO EL N° DE 2009 - SDC.- Conste.-	CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA