Confirmación de sentencia, fiscalización estatal, sociedades comerciales
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Hutter, Carina Ester y otro c/ Rectificación Alvarado SCA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-21

Procede confirmar la resolución de la IGJ que dispuso: a) extender la fiscalización estatal de cierta sociedad y de la sociedad reclamante en los términos de la LGS 301-2°; b) la realización de las investigaciones e inspecciones que correspondan respecto de las sociedades mencionadas a los fines de determinar el cumplimiento de su objeto social, como también verificar su real y efectiva actividad, la identificación de sus integrantes y miembros de sus órganos sociales, en todo lo que legalmente corresponda. Ello por cuanto, en el caso, dicho organismo con base en ciertas denuncias efectuadas por parte de legisladores y distintas ONG con relación a la contratación que efectuara el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA- con dichas sociedades para la provisión de barbijos y para la ocupación de habitaciones en cierto hotel de esta Ciudad, en el marco de la pandemia de COVID-19, que derivaran en el inicio de investigaciones judiciales, dictó la Resolución mencionada. Pues bien, al extenderse el control estatal de la aquí apelante en resguardo del interés público, la "IGJ" ejerce dos tipos de facultades: las registrales y aquéllas en las que se pone en juego el poder de policía societario y que se sustentan en razones de interés general, tendientes a afirmar el principio de transparencia y lealtad en el tráfico mercantil y la protección del público en general dentro del orden negocial, siempre involucrado en el desenvolvimiento de las sociedades comerciales alcanzadas por la fiscalización estatal (esta CNcom, esta Sala A, 13/02/08, "Inspección General de Justicia c/ Interinvest SA s/ Organismos Externos"). En este sentido, el art. 301-2°, introduce una excepción al régimen estatal de control limitado, para las sociedades que no encuadran en ninguno de los supuestos contenidos en la LGS 299, por la decisión de la "IGJ", la cual no es meramente discrecional, toda vez que debe estar debidamente fundada en razones de interés público. De la lectura del acto administrativo apelado se desprende que el organismo de contralor sustentó tal decisión en el interés público societario involucrado en la actividad de la aquí apelante, quien, aparentemente, de acuerdo con los antecedentes de registración (constitución, reformas de estatuto, cambio de sede social, designación de autoridades y estados contables), carecería de los recaudos mínimos, en cuanto a su actividad y capital social, para haber participado y resultar adjudicataria de un contrato con el Estado local que involucraba un servicio relacionado con la salud pública. Sobre tales bases, lo decidido en la resolución analizada en punto a extender, respecto de la apelante, el control permanente estatal aparece razonablemente fundado, por lo que no se advierten razones para revocar lo decidido por el órgano de control sobre el particular. Recuérdase que el poder de policía societario se ejerce por razones de interés general, tendiente a asegurar la buena fe de las transacciones comerciales, el principio de transparencia y lealtad del tráfico mercantil y en protección del público en general (esta CNCom, esta Sala A, 24/08/90, "IGJ c/ Channel Paris SA").