Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-06


Causa N° 25250/07 "SGRO, Genaro s/Infr. arts LN 16.986 (Ley Nacional de Amparo)-Apelación " En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Septiembre del año dos mil siete, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 48 por el Sr. Genaro Sgro.

RESULTA:

1) Que a fs. 48 el Sr. Genaro Sgro interpuso un recurso de apelación contra la sentencia obrante a fs. 34/36 vta. en la que la Sra. juez a-quo resolvió rechazar "in límine" la acción interpuesta porque no encontraría acreditado un acto u omisión de autoridad publica que lesione o amenace derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, en los términos exigidos por la acción de amparo.

2) Que a fs. 53, obra el dictamen de la señora fiscal de cámara quien entendió que se debería rechazar el recurso de apelación por los motivos que expone en su dictamen, quedando la causa para resolver.

PRIMERA CUESTION:

3) En primer lugar, debe atenderse a si el recurso interpuesto reúne los extremos objetivos que demanda la ley para su correcta concesión.

Al respecto resulta esencial destacar que, a partir de la sanción de la ley 2145, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un régimen de amparo autónomo cuya operatividad deviene de la Constitución local, por lo tanto, conforme lo establece el art. 1 de la ley citada, la acción de amparo en este ámbito debe regirse por lo dispuesto en ese texto legal y por el art. 14 de la Constitución de la Ciudad.

En consecuencia, las presentes actuaciones, que fueran instrumentadas por el presentante sin representación letrada bajo la ley 16986, deben encauzarse mediante el procedimiento legal previsto, tal como lo informa el principio conocido como "iura novit curia", cuyo fundamento reside en el deber-facultad que le asiste a los jueces de suplir el derecho no invocado por las partes y de calificar en la norma procesal correcta, siempre bajo la premisa de no modificar los hechos invocados que constituyen "el factum" de la norma en la cual se funda.

Al respecto, se ha afirmado "...hoy es pacíficamente aceptado por toda la comunidad jurídica que la tarea de subsumir el asunto litigioso en la norma, integra el elenco de poderes-deberes que la ley confiere a los magistrados para el ejercicio de la función jurisdiccional. Es el juez quien aplica el derecho que cree justo, sin estar atado por los errores de planteo o alegación jurídica de los litigantes. Así, aunque las partes no invoquen preceptos en sustento de su reclamo, o lo hagan de manera equivocada, al juez incumbe calificar jurídicamente el conflicto de intereses llevado a juicio y determinar la norma que rige en la emergencia; regla que se enuncia con el aforismo iura novit curia. Valga señalar que el mencionado principio, le impone a la magistrada el deber de analizar los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y seleccionando las normas jurídicas aplicables, con independencia del planteo argumental de las partes..." (CSJN, in re: "Estado Nacional Argentino (SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA) c/Las Palmas del Chaco Austral S.A. s/Recurso ordinario de apelación-demandas contra el Estado-sentencia-ejecución-expropiación- Monto de la indemnización-Abuso del derecho-Buena fe", del 15 de Mayo de 1986).

4) En cuanto a la interposición del recurso encontramos que ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, toda vez que apela la resolución que ha rechazado la vía "in límine" mediante la presentación del recurso que luce a fs. 48 el día 27 de agosto de 2007, habiendo tomado conocimiento de la resolución que cuestiona el día 24 de agosto de 2007, es decir dentro del plazo previsto en el art. 20 de la Ley 2145.

SEGUNDA CUESTION:

5) Sin embargo, más allá de lo actuado en sede contravencional, lo cierto es que de conformidad a lo previsto en el art. 7 de la Ley 2145, le corresponde entender al fuero contencioso administrativo en autos y así corresponde decidirlo atento a que las cuestiones de competencia son de "orden público" (Conf. TSJBA, "Murphy, Martín Daniel c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/acción declarativa -art. 322 CPCC-" Expte. nº 103/99 del 17-10-99) En efecto, el fuero contencioso, administrativo y tributario es el llamado a dilucidar el conflicto planteado en las presentes actuaciones y no el contravencional y de faltas, toda vez que el amparo se dirige a desactivar un acto de autoridad pública, tal como lo manifestara el presentante en su escrito de fs. 1, en el que solicita se declare la nulidad en la causa tramitada por ante la Unidad Administrativa de Faltas nro. 35 por supuestas irregularidades que denuncia.

Lo afirmado se basa en que "...la competencia como aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado, constituye un presupuesto liminar para que exista un proceso tramitado en legal forma. La misma inviste al juez competente con el deber y el derecho de administrar justicia en el caso concreto, con exclusión de todo otro órgano jurisdiccional... Precisamente la competencia está determinada por las reglas que la Constitución o el legislador han establecido atribuyendo a los distintos órganos jurisdiccionales el conocimiento de las causas sometidas a su decisión, con la finalidad de organizar una buena administración de justicia (Conf. Cámara Civil 2da, Sala I, La Plata, B 81069 RSD-250-95 S 2-10-1995; JUBA, sum. B 252009). En consecuencia, "...la competencia por razón de la materia es absoluta y -por lo tanto- no modificable por las partes ni por el juez, por responder a razones de orden público. Es que cuando la ley atribuye a un juez un pleito con referencia a la naturaleza y a la entidad de éste, lo hace porque estima a aquél juez más idóneo que otro para pronunciarse al respecto, y esta consideración no admite una apreciación contraria de lo s particulares. La competencia no es un atributo del que se pueda disponer a voluntad, sino que se tiene o no, según así lo haya reconocido la ley, y a ésta no se la puede suplantar porque es una manifestación de la soberanía del Estado..." (C.A. Civ. y Com. y de Gtías. en lo Penal de Necochea (Buenos Aires)-rta. 28/11/02 "Don Pedro Navarra SA y José C. Mammoliti SA s/medida cautelar").

Como advertimos, la ciudad cuenta con su propia legislación de forma y jurisdicción para entender en todas aquellas cuestiones en que se ponga en tela de juicio el accionar de la autoridad administrativa local o en los que sea parte, y es en el fuero contencioso-administrativo y tributario donde deben resolverse aquellas cuestiones, en virtud de lo previsto en el art. 7 de la ley 2145 por lo que se debe declarar la incompetencia de esta Justicia contravencional y de Faltas para entender en el caso a examen.

6) Concluido el acuerdo, el tribunal, en mérito de las razones que preceden RESUELVE:

DECLARAR LA INCOMPETENCIA de la Justicia en lo Contravencional y de Faltas para entender en la presente acción de amparo y REMITIR las presentes actuaciones a conocimiento de la Justicia en lo Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad.

Regístrese, notifíquese en el día y oportunamente devuélvase al Juzgado interviniente a fin que de cumplimiento a lo ordenado.

Ante mí:

Ende septiembre de 2007 libré una cédula para notificar en el día. Conste.

En de septiembre de 2007 notifico a la Sra. Fiscal. Conste.

En de septiembre de 2007 notifico a la Secretaría General la remisión de las actuaciones al juzgado de origen. Conste- En de septiembre de 2007 remito las actuaciones al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 22.Conste.