Pena, doctrina de la arbitrariedad, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Iturres, Marcela del Valle - Espeche, Carlos Antonio s/ RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en representación de Marcela del Valle Iturres en contra de la Sentencia Nº 07/2010 dictada en Causa Expte. Nº 90/08 'Iturres, Marcela del Valle - Espeche, Carlos Antonio ss.as. Robo doblemente calificado por ser cometido con armas, en poblado, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-12

El tribunal, por mayoría, declaró culpable a la imputada como coautora penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por el uso de armas y por haberse cometido en lugar poblado y en banda, dos hechos en concurso real y la condenó a sufrir la pena de doce años de prisión con más accesorias de ley, unificó la condena establecida en el párrafo anterior con la recaída en causa acumulada como coautora penalmente responsable del delito de robo, por la que se la condenara a sufrir la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y le impuso, como pena única, la de quince años de prisión, con más accesorias de ley.

Contra esta sentencia, subsidiariamente, el recurrente introduce como segundo motivo casatorio el previsto en el inc. 3º del art. 454 del C.P.P., aseverando que el fallo -en sus votos mayoritarios- ha violentado lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del C.P.

Refiere que el a quo sólo ha mencionado las normas citadas, analizando de manera parcializada la supuesta peligrosidad de la encartada, sin examinar las demás pautas de valoración y sin tener en cuenta todas las circunstancias atenuantes que mencionan dichas normas.

El núcleo central de la cuestión a dilucidar radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados han incidido o no en la correcta motivación del fallo en orden a la individualización judicial de la pena impuesta a la imputada.

El recurrente, concretamente, denuncia la indebida fundamentación de la pena, pues su reproche se dirige a cuestionar que se ha omitido valorar circunstancias atenuantes, que hubiesen impactado favorablemente en la determinación final del quantum de la condena.

Conforme lo sostenido por esta Corte en distintos precedentes (S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09, entre otros), cabe recordar que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

Al ingresar el tratamiento de la Tercera Cuestión, el voto mayoritario del tribunal puntualizó que la pena conminada en abstracto en el caso del art. 166 inc. 2º, primer supuesto del C. Penal, tiene una pena de cinco años a quince años de prisión o reclusión, y en el caso del art. 167 inc. 2º del C. Penal, de tres a diez años de reclusión o prisión.

Asimismo, resaltó que la acusada cometió dos hechos independientes encuadrados en esa doble calificación legal. Es decir, que aplicando las reglas del concurso material de delitos (art. 55 del C. Penal), la pena a imponer estaría comprendida entre cinco y veinticinco años de reclusión o prisión.

Un detenido y pormenorizado análisis de los fundamentos brindados por el a quo al momento de individualizar judicialmente la pena a imponer a la incoada permite adelantar que las críticas formuladas no resultan de recibo, porque el tribunal, luego de haber realizado un desarrollo argumental en el que prolijamente ponderó las pautas y circunstancias de mensuración previstas en los arts. 40 y 41 del C.P., con base en doctrina y jurisprudencia que estimó pertinentes para su análisis y resolución, concluyó que estima justo imponer la pena de doce años de prisión.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.