Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C., J.M. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en contra de la sentencia 35/11, en causa C., J.M. p.s.a. Abuso Sexual gravemente ultrajante, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-29

La Cámara en lo Criminal declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual Gravemente Ultrajante Agravado por el Vínculo -Hecho Nominado Primero- (Art. 119 2º párrafo en función del Art. 119 cuarto párrafo inc. b) del Código Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias de ley (Art. 12, 40 y 41 del Código Penal).

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

En el primer embate denuncia inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas.

En tal sentido, sostiene que el tribunal ha variado el relato del Hecho Nominado Primero -único por el que fue condenado su asistido-.

Como punto de partida cabe referir que es cierto que existe una variación entre el hecho intimado y el que el tribunal tuvo por acreditado.

Sin embargo, considero que el juzgador aclaró que el hecho probado en la audiencia de debate, que varía del relato esgrimido por la Sra. Fiscal de Instrucción, no implica vulneración al principio de congruencia.

Tal afirmación encuentra sustento en lo exigido en el art. 403 C.P.P., que prescribe los requisitos estructurales de la sentencia, entre los que se exige: "la enunciación del hecho que sea materia de acusación,. (Hecho que fue intimado al imputado al inicio del debate) y "la determinación precisa y circunstanciada del hecho que se estime acreditado" (Hecho que el tribunal estimó probado luego de percibir y analizar la prueba debidamente incorporada a debate).

Adviértase entonces que lo que agravia al recurrente es que se haya precisado puntualmente como fechas de producción del hecho "entre los días 19 y 20 de diciembre del año 2010" y no, como decía la acusación: "Sin poder precisar fechas ni horarios con exactitud, en sucesivas ocasiones, siendo ésta última entre los días 19 y 20 de diciembre del año 2010".

A fin de dar respuesta al presente embate, seguiré el criterio sentado en S. nº 33, 14/09/2010, en donde sostuve que: "Para hacer efectiva la garantía procesal constitucional de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio (arts. 18, 75 inc. 22 C.N.; arts. XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 9 inc. 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; art. Const. Pcial. arts. 25, 27 y 31; y art. 1 C.P.P.), se hace necesario que, "entre la acusación intimada (originaria o ampliada) y la sentencia, debe mediar una correlación esencial sobre el hecho, la que impide condenar al acusado por uno diverso del que fuera objeto de la imputación formulada (ne est iudex ultra petita partium)" (Vélez Mariconde, Alfredo "Derecho Procesal Penal", T. II, p. 233, ed. 3ra., primera reimpresión, actualizada por los Dres. Manuel N. Ayán y José I. Cafferata Nores, Lerner, Córdoba 1982; cfr. Clariá Olmedo, Jorge Andrés "Tratado de Derecho Procesal Penal", T. I, p. 507, Ediar, Bs.As. 1960).

Ello por cuanto, de nada valdría afirmar que no hay juicio sin acusación, al igual que ésta debe ser correctamente intimada, si no se suma la exigencia que el Juez únicamente puede condenar al acusado como culpable del hecho sobre el que versó la actividad defensiva.

De no ser así, se impone la nulidad absoluta de la sentencia por cuanto se afecta la defensa del imputado en lo que hace a su intervención y asistencia en el proceso penal (art. 186 inc. 3° y 187 segundo párrafo del C.P.P.), en virtud que se coarta la defensa material y técnica, las que tuvieron como referencia para su desarrollo el hecho contenido en la acusación.

Lo dicho impone aclarar que no toda diferencia menoscaba esta facultad del imputado; sólo concurre tal perjuicio cuando la diversidad le restringe o cercena la factibilidad de presentar pruebas defensivas (NUÑEZ, Ricardo C., "Código Procesal Penal", Lerner, Córdoba, 1986, nota 1° al art. 414, pág. 385). Consecuentemente se ha dicho, en relación a la conexión existente entre intimación y la garantía de defensa en juicio, que "para que la defensa sea un elemento efectivo del proceso y el imputado pueda negar o explicar el hecho que se le atribuye, o afirmar alguna circunstancia que excluya o atenúe su responsabilidad, u ofrecer pruebas de descargo, o argumentar en sentido contrario a la imputación, es necesario que ésta sea intimada, es decir, puesta en conocimiento de la persona contra la cual se dirige" (Vélez Mariconde, Alfredo, "Derecho Procesal Penal", T. II, Marcos Lerner Editora Córdoba, p. 221).

Por lo expuesto corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto por este agravio.