marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jurisdicción y competencia, separación de bienes, comunidad de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: R., N. c/ C., H. F. s/ división de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-19

Debe ser el Juzgado Civil N°4 quien siga entendiendo en el presente proceso de división de bienes, por cuanto la Corte invariablemente ha sostenido que fijar la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (Fallos 308:229; 310:116; 311:172, entre muchos otros), y en el caso donde se debate la división de un bien que la actora denuncia haberse adquirido por una comunidad de ganancias con el demandado anterior a la celebración del matrimonio, resulta incuestionable la índole netamente patrimonial, que suscita la intervención del Juez Civil.
Quiebra, honorarios, abogados, ejecución de sentencia, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO  BAMECOOP - QUIEBRA PEDIDA POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ QUIEBRA - EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-25

El tribunal concursal disfruta de plenas facultades para hacer cumplir las resoluciones que dicta tanto en el proceso principal como en los incidentes, por lo que no habría razón válida para denegarle al recurrente el despacho de la vía compulsoria si esta se tornare menester, para el cobro de los honorarios al acreedor condenado en costas
Competencia administrativa, competencia contencioso administrativa, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL
Carátula: "VALMAGGIA,   DANIEL   ANÍBAL c/ CASSABA s/ Acción  meramentedeclarativa".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-16

De los arts. 80, inc. 5 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 100 y 101 de la ley 1.181, surge con claridad que la intención del legislador fue someter todos los conflictos vinculados a la aplicación de la ley referida a la competencia contencioso administrativa de la ciudad de Buenos Aires. (Del voto del Dr. Chirinos).
Administración Pública, poder de policía, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZABALA, BERNABE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 263-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-11

Para la existencia de la supremacía especial de la Administración Pública se requieren dos condiciones: un contacto personal del individuo con la esfera de la Administración en atención a la actuación de una relación jurídica administrativa que hace necesaria o conveniente, por lo menos, una disciplina especial más marcada del particular frente a la Administración y la inidoneidad o insuficiencia del poder general de policía para regular el comportamiento personal del individuo en ocasión del aludido contacto personal del sujeto de la relación administrativa.
Productos transgénicos, Derecho ambiental
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: B. S. A. s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-03-17

Si bien es respetable la natural ambición privada de maximizar ganancias y abreviar procedimientos productivos, al mismo tiempo deben ser respetados y protegidos los intereses privados y las políticas públicas - ambientales.
Embargo, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Podestá, Norberto c/ Valerga, Carlos y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-29

Por ser un procedimiento excepcional sólo corresponde admitir el levantamiento de embargo sin tercería, cuando el tercero tiene la más concluyente de las pruebas sobre el dominio o posesión de la cosa embargada, de manera que no queden dudas sobre su derecho.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, contratos administrativos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consejo Escolar de Mar Chiquita c/ Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Obras de Consumo y Crédito de Mar Chiquita "Arbolito" s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

La Ordenanza que otorga la facultad a la Cooperativa de Electricidad prestadora del servicio a cortarlo respecto de los establecimientos educacionales, no lesiona la libertad de enseñar y aprender;

tratándose de la prestación de un servicio, es constitucionalmente indiscutible que quien lo proporciona deje de hacerlo si no le es abonado, porque en ello se halla en juego el derecho de propiedad de la prestataria.
Recurso de casación, plazo, sentencia condenatoria, proceso penal, notificación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Arduino,  Diego  José  y otro s/ p.ss.aa. infr. ley 23.737 -causanº 64/00-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

El plazo para deducir el recurso de casación debe computarse, en los casos de sentencia condenatoria en causa criminal, a partir de la notificación personal al procesado, con el fin de que tal clase de sentencias no quede firme por la sola conformidad del defensor. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Ley de desindexación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Kuttel, Horacio Itálico y Otros c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-27

La aplicación de Ley 24283, procede -en tanto fuere invocada por las partes-, en mérito al "valor real y actual de la ... prestación" debida, una vez determinada la suma que fue objeto de indexación, en tanto ésta importare un enriquecimiento sin causa, y aquél -el valor actual- resultare demostrado. Todo lo cual debe ser oportunamente establecido por el iudicante, según se articule la pretensión, lo que hace impertinente la "desindexación voluntaria", en la medida en que la determinación del monto del proceso, debe constituir una base equitativa e igualitaria sobre la que el Tribunal procederá a la regulación de honorarios de letrados y perito. Ello, sin perjuicio de los límites a que los interesados decidan ajustar la ejecución ulterior.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva, desconocimiento de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ FERNANDEZ, LAURO c/ METELCO  S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-27

El art. 528 del C. Procesal establece que la multa allí contemplada, para el caso que se desconociese la firma del documento base de la ejecución, si el perito calígrafo determina que es auténtica, debe ser impuesta al ejecutado que la desconoció. Pero no corresponde imponerla al letrado apoderado.
Acción meramente declarativa, opinión consultiva, división de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Garramuño, Jorge Alberto s/ Acción Meramente Declarativa - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-08-29

Se puede afirmar que el actor no manifiesta duda de su derecho a ser reelegido en el cargo que ocupa actualmente, que no pretende la declaración que pide respecto de persona alguna y que, en consecuencia, el efecto de su solicitud posee naturaleza meramente consultiva. Parece necesario concluir que no hay caso en la especie y que, conforme a las consideraciones expuestas a lo largo del voto, la demanda no satisface las exigencias de las acciones meramente declarativas. La declaración solicitada, en los términos que se postula, causa verdadero menoscabo en el principio republicano de la división de poderes en tanto, de llevarse a cabo, colocaría al Poder Judicial como árbitro necesario de cualquier acto de gobierno.
Sentencia, acuerdo y voto individual, mayoría de opiniones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIVEROS DE PALERMO, Angela Dolores c/ TRASCIERRE, Luis Manuel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-21

La formalidad del acuerdo es requisito esencial para la validez del fallo, pues sin él no puede considerarse cumplida la disposición constitucional que impone la exigencia de la mayoría de opiniones que determinará la sentencia definitiva. El acuerdo es la base y el fundamento legal de la sentencia, es parte integrante de la misma, y sin él no puede entenderse que haya fallo válido.
Exhortos, principios procesales, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Agencia Especial de Financiamiento Industrial Finame y Gobierno Federal contra C.I.D.E.F. Argentina Corporación de Inversiones. Exhorto c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-14

Existen diversos acuerdos internacionales sobre cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa de los cuales el Estado argentino forma parte, entre ellos, los que han sido incorporados a la legislación nacional a través de las leyes 24.578 y 25.938. Estos establecen diferentes principios y directrices procesales que resultan ser de estricta aplicación para los estados que forman parte, siempre y cuando las medidas adoptadas no atenten contra el orden público (conf. art. 8, ambas leyes), entre ellos el sistema de cooperación en actividades de mero trámite y en la determinación de la competencia y facultades para las autoridades jurisdiccionales intervinientes. El art. 9 de ambas normas comunitarias reconoce la competencia de la autoridad jurisdiccional requerida para conocer de las cuestiones que se susciten con motivo del cumplimiento de la diligencia solicitada. Es decir, que es el propio ordenamiento internacional el que dota al magistrado interviniente en el diligenciamiento de la medida de un poder de revisión sobre la manda requerida.(doctor de Lázzari, mayoría).
Proceso arbitral, honorarios del perito, perito ingeniero, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacimientos Carboníferos Fiscales s/ tribunal arbitral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios a un perito ingeniero en un proceso arbitral, si resultan desproporcionados e irrazonables, por aplicación de lo dispuesto en el art. 6° del decreto - ley 7887/55 y por no adecuarse a los establecidos para los restantes profesionales de la causa.
Deserción del recurso, expresión de agravios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: VAZQUEZ, JOSE EMILIO. c/ WEREFKIN S.A. CONST. Y MINERA. s/ Accidente acción civil.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2012-03-22

Corresponde declarar desierto el recurso interpuesto ante el incumplimiento de lo prescripto por el código de rito. Es pertinente recordar que la expresión de agravios debe responder a la exigencia de ser una crítica razonada y una explicación lógica de los motivos por los cuales el apelante considera desacertado el criterio del juez. (Art. 265 del CPCyC).
Sentencia condenatoria, cosa juzgada, terceros, acción de repetición
Materia: CIVIL
Carátula: ACUÑA PATRICIO A c/ RAVARINO GUILLERMO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-25

La intervención obligada en los términos del art. 94 del C.

Procesal sólo tiende a evitar que ante eventuales acciones regresivas pueda argüirse la excepción de negligencia en la defensa.

La sentencia sólo hace cosa juzgada respecto de tales acciones, como antecedente favorable a su fundabilidad, más al no revestir el tercero la calidad de demandado no puede condenársele.
Jueces, facultades del juez, Ministerio Público, defensor, asesor de menores, competencia funcional, nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: G., R. s/ Competencia (Expte Nº  103-92, Resolucion Nº  74, Tomo 1, Folio 172)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-02

El juez de primera instancia no puede hacer reparto de funciones que la ley no distingue entre la defensora general y la asesora de menores, funcionarias legitimadas ambas para intervenir -sea en defensa penal, sea en la representación promiscua del menor-. Ello, por cuanto o bien se introduce en una cuestión propia de superintendencia del Ministerio Público o bien incursiona en materia reservada constitucionalmente al Poder Legislativo, lo que conlleva la nulidad de su pronunciamiento, que debe declararse de oficio por estar en juego disposiciones constitucionales (arts. 161, 162 inc.

1º, 164 seg. parr., 166, 127 CPP; 55 inc. 4º, 19, 27, 94, 95 y 97 Const. prov.; 67 inc.11 Const. Nac.).
Facultades jurisdiccionales, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguilar, Ricardo Ignacio s/ jubilación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1965-07-30

La función judicial no se agota con el examen de la letra de los preceptos legales aplicables al caso. Incluye el deber de precisarlos en su alcance, con arreglo a su origen y propósito, mediante una interpretación razonable y sistemática, en conexión y coherencia con el resto del ordenamiento jurídico y con las circunstancias del caso (Voto del Doctor Luis María Boggero).
Servicio Penitenciario Federal, remuneración, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio, haber jubilatorio, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "Prost  Mónica  Adriana c/ E.N. -M° de Justicia y DD HH -S.P-F- s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-27

Esta Sala ya se pronunció sobre los suplementos de los decretos 2.260/91, 2.505/91 y 756/92 en la causa "Ayerbe, Lázaro y otros c/ M° de Justicia s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg", el 8/10/96, aceptando el carácter remunerativo de dichos suplementos, desestimando el carácter bonificable la que fue confirmada por la Corte Suprema, el 10/4/03, dejando a salvo lo dispuesto por el decreto 101/03; con remisión al precedente "Machado" del 5/9/02. Si bien en el precedente citado los actores eran retirados mientras que en el caso se trata de personal del Servicio Penitenciario en actividad, no existen razones para no aplicar el criterio del pronunciamiento citado ya que teniendo en cuenta la solución adoptada respecto al personal en situación de pasividad, negar a los actores el beneficio solicitado conduciría a una solución incongruente, ya que tanto la ley 13.018 -en su art. 9, como la ley 16.065 en su art. 1-, establecen que para computar el haber previsional, se tendrá en cuenta el importe de su último sueldo íntegro (sueldo, bonificaciones y todo suplemento o compensación que las leyes y decretos determinen y por las que se efectúen descuentos jubilatorios). Es decir que el haber de retiro se calcula en base al haber del personal en actividad. Y en atención al nuevo marco normativo que establece el decreto 101/03 que reconoce caracter remunerativo y bonificable a los suplementos discutidos, llevan a modificar la solución adoptada y a reconocer también el carácter de bonificable a partir de la vigencia de la norma citada (Cons. II y III).
Representación del consorcio, fotocopia
Materia: PROCESAL
Carátula: SORACI, JOSE JUAN c/ CONSORCIO   DE  COPROPIETARIOS  EDIF.  JUNCAL  2235  CAPITAL  FEDERAL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-12-16

La fotocopia de una foja del libro de actas del consorcio designando administrador no configura ni la escritura pública ni el acta protocolizada que exige la ley 13512 (artículo 9) y la jurisprudencia respectiva.
Padres biológicos, interés superior del niño, protección a la familia, derecho a la convivencia familiar, impedimento de parentesco, responsabilidad internacional del Estado, derecho a la protección integral de la familia, REPÚBLICA ARGENTINA, Convención sobre los derechos del niño, Pacto de San José de Costa Rica, derecho a conocer la identidad de origen
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fornerón en Hija vs. Argentina s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-04-27

La imposibilidad de una niña de crecer con su padre biológico, al haber sido entregada por su madre mediante escritura pública a un matrimonio, acto posteriormente ratificado por la justicia argentina en contra de la voluntad de su progenitor, y el entorpecimiento permanente sufrido por éste en todas las instancias en las que procuró vincularse con su hija, genera la responsabilidad internacional del Estado Argentino por cuanto afectó el derecho a la identidad de aquélla, además del derecho de padre e hija a la protección familiar en violación a los artículos 8, 9, 10, 18 y 21 de la Convención de los Derechos del Niño y 17.1 y 19 de su par Americana.
Prisión perpetua, pena privativa de la libertad, ejecución de la pena
Materia: PROCESAL
Carátula: C., CH. D. s/ Homicidio agravado en razón del vínculo s/ Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-05-04

Respecto del planteo de inconstitucionalidad en tratamiento, me remito a lo dicho por este Cuerpo en el precedente "MESA" [STJRNS2 Se. 195/12], que ha limitado su declaración de inconstitucionalidad a la pena de prisión verdaderamente perpetua, la que no se verifica en el sub examine.

En efecto, tal como se sostuvo en dicho precedente, dada la carencia de antecedentes computables del imputado, corresponde decir que la individualización de la pena de prisión en el caso concreto no puede obviar la consideración de la etapa de su ejecución; en consecuencia, sería equivocado entender que la prisión perpetua prevista por el legislador supondría un encierro de por vida, dado que la restricción efectiva de la libertad ambulatoria depende de la progresividad del sistema, que incluye entre sus etapas de ejecución egresos al medio libre antes del cumplimiento total de la pena.

No advierto en el recurso deducido argumentos nuevos que aconsejen modificar la doctrina legal referida. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Homicidio culposo, negligencia, trabajadores de la salud, muerte del paciente, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: Galván, J. E.  c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-17

Corresponde decretar el procesamiento, en orden al delito de homicidio culposo, de un camillero a quien se le imputa haber actuado con negligencia en el cuidado de un paciente que cayó pesadamente al suelo desde la camilla, cuyo cinturón de seguridad se encontraba roto, lo que le provocó la muerte, dado que el imputado no adoptó los recaudos necesarios para transportar de manera segura y prudente al paciente puesto que en las vistas fotográficas de la camilla utilizada, se observa que sus condiciones lejos estaban de poder cumplir la función de contención requerida y, sin perjuicio de ello, el acusado continuó con el traslado
Competencia, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gorostiaga, Rosa Mercedes c/ Muncipalidad de La Plata. Cementerios s/ Daños y perjuicios Cementerios s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-07

Las cuestiones de competencia deben proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y que un vez precluída la misma, tanto las partes como el órgano jurisdiccional, se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal, ello así, salvo casos de excepción.
Excarcelación, solicitud de excarcelación, requerimiento de elevación a juicio, acusación fiscal, requerimiento de pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Inc. de Exc. de Gustavo Ojeda s/ Inc. de excarcelación. Causa 10364
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-01

Para la hipótesis del inc. 3, recién habrá de existir requerimiento fiscal propiciando una pena determinada en ocasión de formularse las conclusiones finales por el Ministerio Público ante la Cámara (art.

393, párrafo primero), momento en el cual se completa la acusación comenzada al impeler la elevación a juicio.
Recurso de queja (procesal), Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, depósito judicial, exención de depósito
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Chavanne, Juan Claudio (incidente de extensión de quiebra) c/ Graiver, Juan y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal está exento del depósito dispuesto por el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Segunda instancia, tribunal colegiado, sentencia, falta de firma, firma del juez, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Carello, María Teresa c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

La falta de mayoría de la sentencia apelada habilita la intervención de la Corte en razón de la obligación que le cabe en cuanto a corregir la actuación de la Cámara, cuando se configura un supuesto de transgresión a los principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, monto del juicio, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Barreto Paredes, Germán Eladio. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-05-20

"El recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal procederá siempre que el valor del litigio exceda de pesos 1.657, 53 (actual vigente) y sin limitación si fuere indeterminado o no susceptible de apreciación pecuniaria".-
Acción, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Ortuzar, Raquel Amanda c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

Para accionar por vía contencioso administrativa se requiere por parte de la administración un acto definitivo, que debe emanar de un órgano superior de la administración con competencia para decidir con ese alcance y denegar definitivamente el derecho reclamado, no incluyéndose en ese concepto los actos provenientes de órganos inferiores.
Accidente de tránsito, daño moral, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: GUZMAN DE SICARDI, Claudia Gabriela c/ Ibazeta Apolinario Emilio y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-05-26

En el supuesto en que se acreditara incapacidad psíquica, esta debe admitirse, distinto del deterioro psíquico afectivo -cuando no comporta incapacidad- que es reparable a través del daño moral.

En lo que respecta al daño psicológico cabe señalar que la lesión a la integridad psico-física del individuo, debe resarcirse, pues se trata de una lesión al debido uso del propio cuerpo, en su salud considerada en su plenitud física y estética, merituando la implicancia de ellas en el desenvolvimiento del sujeto y su proyección de vida, acorde con las circunstancias propias del damnificado (arts. 1068, 1069 y 1083 del C.C. y 165 del CPCC). Sin embargo resulta indispensable acreditar su existencia a través del dictamen de un experto.

El menoscabo a la integridad psicofísica de la persona es siempre resarcible dentro de la órbita del daño moral. En el ámbito del daño patrimonial, la prueba del daño económico incumbe a quien lo invoca.

La pericia psicológica que admitiera la existencia de la afectación de la autoestima y la afectación del estado de ánimo del actor quien experimenta sentimientos de malestar, enojo y desazón y que dieran sustento al resarcimiento del daño moral, excluyen la posibilidad de considerar concretado también un daño psicológico, pues de otro modo se indemnizaría doblemente una misma afectación, quebrantándose la doctrina legal de la Suprema Corte provincial.