marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, contienda negativa de competencia, juez de circuito, expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Arenera Rivadavia S.R.L. c/ Casiello, Francisco y otros s/ competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-10

Resulta necesario recordarle al magistrado de Circuito que la razón por la cual el Tribunal que rechazó su competencia en primer término, vuelve a recibir la causa luego de que interviene el segundo Órgano jurisdiccional protagonista del conflicto, es para conocer y responder los argumentos esgrimidos por este último y no para elevar automáticamente los caratulados al superior común, sin analizar y deliberar sobre ellos, siendo esto último lo que aconteció en la especie, pues frente al razonamiento expuesto por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, el juez de Circuito se limitó a decretar la elevación de las actuaciones a esta Corte y a reiterarla en dos oportunidades más, para terminar remitiendo la causa -indebidamente- al Juzgado de Distrito a los efectos de que se pronuncie ratificando o rectificando su posición originaria, mas sin aportar, en ninguna de esas oportunidades, argumentos serios a fin de refutar lo expuesto por aquel órgano jurisdiccional. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 305, p 109.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, quiebra, síndico del concurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Lainatti Hnos. S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra. Remoción del síndico.   Actuaciones por separado. Recurso de Apelación y nulidad promovido   por los síndicos Cibils, José y González, Mónica (Expte. CSJ Nº 547-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-18

Resulta inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decisorio del A quo que dispuso la remoción e inhabilitación temporaria de los síndicos recurrentes cuando éstos no persuaden que el Tribunal, al esclarecer y fijar los extremos fácticos de la causa, y determinar su relevancia en orden a la solución arribada, hubiera incurrido en una grave desnaturalización de los mismos, de tal entidad, que conduzca a la descalificación del decisorio impugnado. En el caso, el A quo tuvo por configurada una palmaria desobediencia que impidió se constatase judicialmente el estado de una planta de silos de la fallida ubicada en otra provincia, importando ello una conducta obstructiva que ocasionó un severo desgaste a la magistratura y una falta grave en concurso con negligencia.
Prescripción, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: IGLESIAS, SOFIA BEATRIZ c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

El hecho 'generador de responsabilidad' se produce en el momento en que la situación que hace procedente la indemnización se revela con el grado de certeza suficiente para que quien deba deducir el reclamo esté en condiciones de apreciarlo, y desde allí comienza a correr el plazo de prescripción.
Recurso de casación penal, auto de procesamiento, sentencia definitiva, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: CABRERA, Juan M.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-08

Corresponde rechazar el recurso de casacion interpuesto por la defensa del imputado contra la resolución que confirmó el procesamiento de su asistido por considerárselo coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no puede acreditarse y tenencia ilegítima de arma de uso civil, en concurso real ya que el procesamiento es de carácter provisional y por tanto no constituye una decisión que ponga fin al proceso o torne imposible la continuidad de la pesquisa (art. 457 del C.P.P.N.). (SSUMARIO CONFECCIONADO POR EL S.A.I.J.)
Debido proceso, defensa en juicio, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B., D.A. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-21

La acusación y la sentencia deben ceñirse al mismo suceso intimado, es decir, a la concreta conducta humana que ha sido la base del debate, ya que lo contrario importa vulnerar la garantía de la defensa en juicio.
Empleados de banco, despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Anglada, Alfonso c/ Banco Patagónico S.A. (hoy su quiebra) s/ Cobro de indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

La indemnización por antigüedad es siempre el pago de los servicios prestados en el pasado. Por esto, al tiempo del despido se produce el vencimiento de la obligación de pagar esta antigüedad, que nace con el cumplimiento del tiempo de permanencia mínima en el empleo.

Porque en verdad, se trata de una remuneración postergada, como el caso análogo, del sueldo anual complementario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Administración Pública, facultades disciplinarias, empleados públicos, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARERA, ROBERTO JORGE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

La aplicación de una sanción disciplinaria, no constituye un derecho subjetivo de la Administración, contrapuesta a la aplicación de una pena criminal que constituiría un deber, como se sostuvo en su momento. Si el poder disciplinario es potestad de imponer el cumplimiento de reglas necesarias para obtener los fines institucionales, resulta evidente que no se puede hablar de un derecho subjetivo, sino de un poder-deber o de una función, por lo que, el titular de ese poder no es árbitro de ejercerlo o no, sino que tiene el deber de ejercerlo como y cuando sea oportuno para conseguir los fines institucionales. Por lo que poder disciplinario, es el que corresponde a la Administración Pública para castigar con determinadas sanciones el comportamiento de quienes encuentren vinculados a ella por relaciones en las que concurra una relación de supremacía especial, que se ejerce sobre las mismas cuando dicho comportamiento perjudica el debido cumplimiento de la relación administrativa principal. De este concepto surge, como contenido del poder disciplinario, el de castigar con sanciones el comportamiento de los individuos vinculados a la Administración Pública por una relación principal.
Procedimiento administrativo, actuación de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Castro, Rosa Beatriz y otros c/ Municipalidad de Tinogasta s/ Acción Contencioso Administrativa de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-02-15

En el marco de un proceso contencioso administrativo, la declaración de rebeldía de la demandada, que luego cesó, no deja de producir sus consecuencias normales, tal como la pérdida de la posibilidad de oponer excepciones motivadas en cuestiones formales, dato que no puede soslayarse, atento que no parece razonable que, avocado a decidir la suerte de la pretensión esgrimida, este Tribunal se vea obligado a considerar preliminarmente si se han cumplido o no los requisitos de habilitación de instancia que deben darse en este tipo de procesos, pues de ese modo se estaría introduciendo una cuestión no planteada por la demandada.
Interpretación de la ley, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL
Carátula: La Quietud  SRL c/ Malbeck  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

La tarea de interpretación y aplicación de las leyes - aun en el orden local - no debe adolecer de un excesivo rigor formal que desvirtúe el espíritu que las ha inspirado.
Obras sociales, personas con discapacidad, prestación por escolaridad
Materia: CIVIL
Carátula: I., J. M. c/ Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-11

La obra social debe otorgarle al menor discapacitado -amparista- la cobertura del 100% de la prestación de escolaridad común -cuota mensual más matrícula anual- en el colegio "Centro Educativo Nuevo Horizonte", conforme la ley nº 24.901 que contempla la prestación básica de servicios que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología, edad y situación socio-familiar, y, la que así mismo, establece prestaciones complementarias -inherentes a las necesidades del caso que se trate- como lo es la educación, máxime cuando en el caso se debe ponderar muy especialmente los específicos términos del médico neurólogo que trata al niño, pues surge que el asistir a dicho establecimiento educativo ha sido muy favorable al mejorar la comunicación social con sus pares.
Mora, constitución en mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lefa, Cooperativa de Seguros limitada c/ Industrial constructora y financiera S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-02-18

Tratándose de una obligación pura y simple, para la constitución en mora es necesario una actividad específica y fehaciente del acreedor
Reajuste jubilatorio, intereses, tasa activa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Aranda vda. de Scandroglio, Rosa Margarita s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-07

No cabe desentenderse de lo normado por el artículo 17 de Ley Nº 3923, que ha previsto, para cuando es el Instituto el acreedor por percepción indebida de haberes, la Tasa Activa.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, honorarios del abogado, cuerpo de abogados del Estado, ejecución fiscal, competencia, competencia civil y comercial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LUSARDI, JUAN JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - JUICIO  ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 42 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-10

Corresponde rechazar la queja interpuesta por la Provincia demandada, desde que la recurrente, a pesar de invocar arbitrariedad por falta de fundamentación del decisorio atacado y afirmar que el conocimiento del conflicto corresponde a la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe -por lo que aquél viola lo resuelto por el artículo 93, inc. 2, de la Constitución provincial y la ley 11330-, no logra persuadir que en verdad se esté ante un caso que autorice a superar el limitado campo del remedio previsto en la ley 7055. En efecto, de la lectura del pronunciamiento impugnado surge que la Sala al resolver sobre la cuestión de competencia tuvo en cuenta las concretas circunstancias del caso, concluyendo -luego de valorar el contrato vinculante, el poder general otorgado al actor, las normas legales aplicables y el precedente de la Corte en la causa "Traverso", del 5 de agosto de 1998 -donde no intervino de oficio en resguardo de su propia competencia-, que el contrato de "ejecutor fiscal" celebrado con el actor, escapa a la competencia material establecida en el artículo 93, inc. 2, de la Constitución Provincial, teniendo en cuenta que de acuerdo a los hechos invocados y a la naturaleza de la pretensión, el litigio refiere a cuestión civil.
Juicio ejecutivo, juicio ordinario, jueces, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ejecutivo (Expte.: C.S.J. Nro. 35   Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

Si bien es cierto que en los procesos ejecutivos se veda el debate causal, si concurren excepcionales razones se justifica adentrarse en el negocio subyacente en virtud del cual se entregaron los títulos con los que se fundamentó la pretensión ejecutiva, sobre todo cuando -como en el caso en estudio- de una compulsa de las constancias de autos, surge obvio que el procedimiento comenzó siendo "ejecutivo", más luego se ordinarizó por completo. En efecto, el proceso adquirió un cauce y una dimensión que desbordó los límites habituales de los juicios ejecutivos, generando una materia procesal respecto de la cual los jueces no podían considerarse ajenos, constituida por aspectos reservados por la Constitución local y por la Ley al conocimiento de tribunales más especializados.

(Del Voto de la Dra. Gastaldi)
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ RAMON ANTONIO c/ LOMA NEGRA C.I.A. S.A. s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD ACCIDENTE Y ART. 212 L.C.T. - CASACION  LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-24

La incapacidad absoluta a la que se refiere el art. 212 de la LCT se produce cuando el trabajador, por cualquier motivo -no imputable-, no puede seguir trabajando en las tareas que cumplía ni en ninguna otra. Imposibilita la prestación de las tareas y afecta en forma definitiva su capacidad de ganancia, ya que le impide la reinserción en el mercado de trabajo. Para que sea procedente, el único requisito es que se haya manifestado durante la vigencia de la relación laboral.-
Daño resarcible, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Bettetini, Daniel Bartolomé Roberto c/ Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-27

La ley de contrato de trabajo presume, con efectos iure et de iure, que el despido injustificado del trabajador decidido luego de transcurridos tres meses desde el inicio del vínculo, le produce un perjuicio que la propia ley procura resarcir con la indemnización tarifada en su artículo 245, sin perjuicio de la procedencia de sumas adicionales, también tarifadas, si el trabajador se halla en alguna situación fáctica especifica que el legislador ha estimado merecedora de una protección más intensa. Y solo se ha admitido la procedencia de una indemnización adicional por daño moral en aquellos casos en los que la conducta del empleador resultase civilmente resarcible aun en ausencia de un vínculo contractual, tal como ocurriría si se imputasen falsamente al dependiente irregularidades que pudiesen configurar ilícitos penales, o si se le dispensase un trato denigrante, discriminatorio u ofensivo,
Locación, continuación de la locación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ SOTO JOSE c/ JOSE A. SOLE s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-27

El art. 1622 del C.C. es una especial forma de regular el derecho de las partes a partir de la fecha en que vence el plazo pactado para la locación, no siéndole aplicable las normas generales como la del art. 509 C.C. en cuanto dispone que la mora nace automáticamente cuando hay un plazo pactado y éste se cumple. Si vencido el plazo el locatario no restituye la cosa y el locador no la reclama, no habrá un nuevo contrato con igual plazo que el anterior (tácita reconducción), pero la locación continúa en los mismos términos del contrato vencido, hasta que cualquiera de las partes hago uso de su derecho, devolviendo la cosa el locatario o reclamándola el locador (art.1622 C.C.). Ya no se trata de un vínculo contractual sino legal, pero se rige por las estipulaciones contractuales salvo en el plazo.
Multa tributaria, carácter punitorio, monto del juicio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Administración General de Puertos c/ GCBA s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-20

Las multas tributarias tienen naturaleza penal, pues funcionan esencialmente como sanciones ejemplificadoras e intimidatorias concebidas para lograr el acatamiento de los preceptos legales que instituyen la obligación de contribuir al levantamiento de las cargas públicas, y su importe no puede ser computado como valor disputado en último término según lo prescribe el art. 26 de la Ley n° 7. (texto conforme al art. 2 de la Ley nro. 189). (Voto del Dr. José O. Casás).
Liquidación judicial, errores en la liquidación, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: G., J.L. c/ P.E. SA s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-23

"Los errores aritméticos o de cálculo en que incurra una decisión, deben ser necesariamente rectificados por los jueces, sea a pedido de parte o ex-oficio, con fundamento en que el cumplimiento de una sentencia informada por vicios semejantes, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, pues aquella busca amparar, más que el texto formal del fallo, la solución real prevista en él".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, verificación de créditos, impugnación de la demanda de verificación, síndico del concurso, honorarios, regulación de honorarios, patrocinio letrado
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Acopiadores de Cereales Argentinos SA s/ 1) Apelabilidad de la resolución de la impugnación al informe   individual del síndico. 2) Apelabilidad de las costas en auto   inapelable. 3) Devenga o no imposición de costas al perdidoso el   trámite de impugnación al informe individual del síndico al que se   refiere el artículo 36 de la ley 19551?. Quiebra. Impugnación   promovida por el Banco Provincial de Santa Fe al informe individual   del síndico (Expte. Nro. 161-87 -Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-17

En tanto y en cuanto la actuación del síndico y su asesor "al altere" durante el proceso de verificación e informe individual del crédito (artículos 33 al 36 de la Ley de Concursos) no constituye desempeño profesional escindible de las funciones y responsabilidades que le conciernen a la sindicatura durante el desarrollo del trámite concursal, no debería recibir particular tratamiento remunerativo. Es cierto que la impugnación del pretenso acreedor genera mayor esfuerzo en los funcionarios de este particular juicio universal, y aún mayor despliegue de decisión jurisdiccional, pero ello no es excepción sino conforma la expectativa de contingencias naturales, a punto tal que la ley de concursos ha preordenado el tratamiento o trámite a observar. Es más, el régimen de retribución en los concursos ha sido puntualmente regulado por los artículos 288 y sgtes. de la Ley de Concursos, y por singular nominación del artículo 275 se instituye al síndico como un funcionario con intervención promiscua durante el desarrollo de aquellos. (De los Fundamentos del Dr. Lara -En Disidencia-).
Responsabilidad parental, plan de parentalidad, vínculo filial, resolución denegatoria, abandono de los hijos
Materia: CIVIL
Carátula: O., M. E.  c/ G., R. G. s/ alimentos - régimen comunicacional - Ley 10.305
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2024-06-14

Debe denegarse la solicitud del régimen comunicacional entre una menor y su padre debido a la conducta indiferente y desinteresada del demandado para tener contacto con su hija, puesto que si bien tanto la menor como su madre manifestaron de manera expresa el deseo de incorporar la figura paterna a su vida cotidiana, dado el reprochable desinterés del progenitor resulta perjudicial fijar cualquier pauta de contacto, exponiendo a la niña a posibles incumplimientos y generando un impacto emocional adverso, sin que ello importe desconocer el derecho constitucional de la menor a tener comunicación paterno-filial, ni mucho menos convalidar el comportamiento opuesto al derecho y a los más elementales principios de la moral y la ética por parte del padre.
Embargo, bienes embargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Empresa Spósito S.A. c/ Hernández Guillermo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-19

Es procedente el embargo a trabarse sobre las sumas a percibir por el ejecutado mediante cheques y siempre que no se trate de cheques a depositar en su cuenta,(ya que en tal caso debería embargarse tal cuenta). En tal sentido, al no mediar limitación alguna (art. 219 CPCB) las eventuales dificultades instrumentarorias deberán ser comunicadas por la propia institución bancaria recipiendaria de la orden de la traba, juzgando recién en tal oportunidad el magistrado la pertinencia del mantenimiento de tal medida.- (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: González, Salvador Alfredo s/ Extorsión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-23

Es ineficaz, por inatingente, el planteo dirigido a un indicio utilizado como elemento complementario de la prueba compuesta si se alega la inhabilidad del testigo por ausencia de imparcialidad invocándose la transgresión de las normas que regulan la prueba testimonial como si éste hubiese sido el medio utilizado por la Cámara para dar por acreditados los extremos en análisis.
Crédito previsional, intereses
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FAGIOLI, CARMEN ANA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-22

El art. 20, inc. i) de la ley 20.628, establece que "están exentos del gravamen. los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales.". En consecuencia, y toda vez que los beneficios previsionales tienen como principal característica la de ser sustitutos de los haberes de actividad, corres-pondería que dicha exención se haga extensiva a los créditos previsionales, ya que si la norma beneficia al sector activo de la sociedad, con más razón debe aplicarse al sector pasivo de la misma, atento que estos beneficios se encuentran destinados a cubrir los gastos de subsistencia y ancianidad. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).
Robo calificado, robo con armas, individualización de la pena, agravantes de la pena, situación del imputado, fundamentación de la resolución, fundamentación insuficiente, debido proceso, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: Taberna, Juan Carlos s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-20

Los señores jueces, al momento de individualizar la pena, evaluaron como agravante el hecho de que momentos antes de ser detenido el imputado haya cometido otro delito, esta vez contra la propiedad y mediante el empleo de arma de fuego; la evaluación de esa circunstancia, como única pauta meritada como agravante por el tribunal, y que implicó la consideración de aspectos de una conducta delictiva por la cual el imputado ya había sido juzgado y condenado por otro Tribunal, tampoco fue fundada concretamente en relación al específico hecho juzgado y a la luz de las pautas contenidas en el artículo 41 del Código Penal, de manera de sustentar cuál ha sido concretamente, y porqué, la incidencia que el aspecto estudiado tuvo a criterio del "a quo" como parámetro agravante de la pena impuesta. La individualización de la pena en el aspecto en cuestión, se presenta violatoria de la garantía de "ne bis in idem" (artículo 18 de la C.N. y arts. 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica; art. 14. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y art. 1°, "in fine" del Código Procesal Penal de la Nación), pues la mera afectación del bien jurídico protegido, así como la ponderación de la utilización de un arma de fuego como agravante del robo cometido, ya ha sido abarcado en abstracto por el legislador en relación a las figuras típicas en las que ha sido encuadrada la conducta juzgada en aquel otro proceso, y así considerado no puede ser valorado por el juez a los fines de la imposición de una pena; ni siquiera puede en el caso tener incidencia como agravante o atenuante el grado de afectación a ese bien jurídicamente protegido por aquella otra conducta, pues, dichas circunstancias corresponden a ese otro hecho, ya juzgado, y abarcado en su estructura objetiva y subjetiva por la sentencia condenatoria dictada. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. Capolupo de Durañona y Berraz de Vidal).