Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-12-12


SENTENCIA NÚMERO:152 En la Ciudad de Córdoba a las horas del día 12 de diciembre de dos mil once, se reunieron en Audiencia Pública los Señores Vocales de esta Excma. Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en presencia de la Secretaria autorizante, en estos autos caratulados: "MOLINA, PAOLA VERÓNICA - ACCION DE NULIDAD - RECURSO DE APELACIÓN - EXPTE. N° 1533148/36", venidos a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto por la letrada patrocinante de Paola Verónica Molina en contra de la Sentencia Número Setenta y Ocho de fecha dieciséis de marzo de dos mil once, dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia y Cuadragésimo Segunda Nominación Civil y Comercial, Dr. Juan Manuel Sueldo, quien resolvió: "I. Rechazar la demanda deducida en autos por los Sres. Luis Antonio López, Luciano Ariel López, Lourdes Tamara Celeste López, Facundo Mauricio López, Cristian Daniel López e Ignacio Santiago Molina, con costas a los nombrados en forma solidaria entre todos ellos. II. Regular los honorarios profesionales del Dr. José Alberto Ontivero el importe de pesos veintiún mil cuatrocientos setenta y seis con catorce centavos ($ 21.476,14). Prot.".------------------------------------------------- El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:-------------------- 1º) ¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida?.------------------------------ 2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.--------------------------------- Previo sorteo de ley, los Sres. Vocales votaron de la siguiente manera.----- EL SEÑOR VOCAL DOCTOR WALTER ADRIÁN SIMES A LA PRIMERA CUESTION DIJO:--------------------------------------------------- I) La sentencia dictada en primera instancia contiene una relación de causa que satisface plenamente las exigencias del art. 329 del C.P.C.C., por lo que a ella me remito a fin de evitar inútiles e innecesarias repeticiones.----------------------------------------------------- II) La misma ha sido objeto de recurso de apelación por la actora, quien expresó agravios a fs. 1344/1346. Los agravios pueden sintetizarse de la siguiente manera:---------------------------------------------------------------------<#LI NE> a) En primer lugar se agravia del rechazo de la demanda con motivo de no haberse acreditado que la cosa juzgada sea írrita y que el documento base de la acción fuera falso. Sostiene que sí se ha acreditado que el pagaré que se ejecuta en los presentes autos es falso y se consigue una sentencia que hace cosa juzgada formal. Relata que a fs. 12/36, se encuentra la elevación a juicio en contra del Dr. Ontivero, donde se describe el accionar doloso del nombrado quien estafó al Sr. López. Agrega que el Sr. Ontivero ha sido sobreseído por prescripción, lo cual no significa que el hecho no se haya producido. Destaca que el hecho se produjo, el daño fue causado y la justicia avala la estafa al rechazar la acción de nulidad. Señala que la sentencia dictada en el juicio ejecutivo resulta nula y que es así en razón de que el accionar del Señor Ontivero puede ocasionar responsabilidad civil y penal en forma simultánea y no siempre la eximisión de responsabilidad en una esfera ocasiona similar actitud en la otra. Por todo ello, solicita se revoque la sentencia atacada haciendo lugar a la demanda intentada.-------- III) Corrido el traslado a la parte demandada en los términos del art. 372 del C.P.C., es evacuado a fs. 1349/1358, escrito que tengo por aquí reproducido en honor a la brevedad. Dictado y firme el decreto de autos, queda la presente causa en estado de ser resuelta.------------------------------- IV) Entrando al análisis del escrito presentado por el apelante, encontramos que el mismo reúne los requisitos mínimos para ser considerado suficiente como expresión de agravios.---------------------------- V) Conforme ya lo ha señalado ésta Cámara (cfr: CAMINOS DE LAS SIERRAS C/ DOARSA. S.A.. ACCION DE NULIDAD. Sent. número 173 del 16/12/04), la acción autónoma de nulidad es de aplicación jurisprudencial y doctrinaria en nuestro sistema procesal por cuanto no se encuentra legislada en nuestra compilación adjetiva. Se trata de una acción autónoma como su propio nombre lo indica cuya finalidad se sustenta en la injusticia de lo resuelto básicamente en lo que hace al derecho sustancial. Así, ante un proceso concluido frente al cual no caben instancias recursivas ordinarias o extraordinarias (dentro del cual incluimos al recurso de revisión, legislado en nuestro ordenamiento procesal -art. 395-) surge la acción autónoma de nulidad con la cual se pretende reeditar la relación jurídico-procesal viciada, pasada ya en autoridad de cosa juzgada, por vicios sustanciales con las cuales se violentan garantías constitucionales. Citando así doctrina y jurisprudencia que ilustran nuestro pensamiento y nos brindan herramientas necesarias a fin de decidir la suerte de esta clase de planteos, "Desde que la acción de nulidad se propone volver a abrir una relación procesal cerrada definitivamente por sentencia firme, no se trata -afirma Chiovenda- de un simple medio extraordinario de impugnación, sino que tiene el carácter de una verdadera acción autónoma que pone en jaque al proceso íntegro" (Berizonce: "La Nulidad en el Proceso", La Plata 1967, pág. 126).------------------------------- Es claro entonces que la vía intentada importa una acción sustancial cuyo objeto es la anulación de todo un proceso concluido y de la resolución que hace cosa juzgada, por lo que se persigue abrir la relación procesal cerrada definitivamente.---------------------------------------------------------------- ------- El objeto pretendido, puede sintetizarse, en la declaración de nulidad del proceso impugnado y de la sentencia como generadora de una nueva instancia, para lo cual debe acaecer la violación de una garantía constitucional, frente a lo que debe ceder la preclusión procesal como fenómeno convalidante del proceso y la cosa juzgada como expresión última de la jurisdicción.------------------------------------------------------------ El actor deberá demostrar no sólo que no pudo defenderse, sino además que en base a esa indefensión el vencedor obtuvo un pronunciamiento contradicho por la realidad de los hechos y el derecho que el vencido no pudo invocar ni probar, es por ello que se requiere la promoción de una demanda con todos los requisitos exigidos por el ordenamiento procesal como tal, totalmente independiente del proceso que se pretende anular.----- La acción entonces, es independiente de la que se pretende anular debiendo en consecuencia darle un trámite amplio de conocimiento en resguardo de la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio, se pretende reeditar la cosa juzgada, por lo cual se le debe otorgar a las partes la mayor amplitud posible para resguardar los derechos que creen conculcados y que tienen como fin nada más y nada menos que desmoronar uno de los principios procesales de mayor rango en el proceso como lo es "la cosa juzgada". Así lo sostiene la doctrina "Ensayando un concepto de "acción de nulidad" Luís Maurino escribe que "...es una acción que se concreta, se exterioriza e instrumenta en una demanda principal introductiva de instancia. (...) Se la califica de autónoma -enseña Peyrano- (...) por ser generadora de una nueva instancia, distinta en principio de la que se intenta destruir". (Ortiz Pellegrini, Junyent Bas, Keselman, Marcellino, "Recursos Ordinarios", pág. 158).------------------------------------------------- En el caso de autos, habiendo sido citado a comparecer al juicio ejecutivo, quien fuera oportunamente demandado Antonio Higinio Luís López, no opuso ninguna defensa, por lo que no pueden sus herederos pretender hoy reeditar el debate mediante una acción que tiene un objetivo absolutamente distinto al fundamento de la presente.--------------------------------------------- Es que no ha probado indefensión y ello implica que ya tuvo su oportunidad para ejercer el derecho de defensa garantizado en nuestra Carta Magna. La solución que propicio, no implica que se esté convalidando un delito como señala el apelante a fs. 1345, sino que implica resguardar los principios constitucionales del debido proceso, que también rigen para el demandado, a quien no se lo puede condenar sin prueba suficiente, sin fundamentos y habiéndole dado la posibilidad al actor de ejercer su derecho de defensa. Las garantías constitucionales entonces, están dispuestas para todos los ciudadanos, y el demandado también debe gozar de ellas.-------------------------------------------------------- No es entonces la justicia cómplice de una estafa como afirma el apelante a fs. 1345 vta., sino que la deficiencia probatoria es la que determina la solución y no la justicia que debe fallar conforme a derecho y garantizando el debido proceso para todos los intervinientes en el proceso por igual.----- No se ha probado en autos, ningún extremo de los requeridos para la viabilidad de la acción que se intenta, únicamente se ha acompañado la resolución del Juez de Control, por la cual se elevó la causa a juicio (fs. 12/36), la cual fue revocada luego por la Cámara de Acusación, sobreseyendo al demandado por prescripción.----------------------------------- La deficiencia probatoria en la que ha incurrido la parte actora, implicó que no se probara ninguno de los hechos que aducía en la demanda y por lo tanto, es ajustado a derecho el rechazo de la acción.---------------------------- Siendo atacada una sentencia recaída en juicio ejecutivo, no resulta ser la mas adecuada la vía intentada, puesto que pudo iniciar el juicio ordinario de repetición, aduciendo vicios de la voluntad en la formación del título que le ejecutaron.--------------------------------------------------------------------- Al respecto cabe señalar que la firma en blanco, se encuentra autorizada expresamente en nuestro ordenamiento civil (art. 1016 CC), por lo que, para oponerse al contenido del documento, debe probar que las declaraciones u obligaciones que se encuentran en él no son las que ha tenido intención de hacerlo de contratar (art. 1017 CC). Dichos argumentos, debieron esgrimirlos los hoy actores, en un juicio de repetición que autorizara dicho debate y no mediante una acción autónoma de nulidad.------------------------------------------------------------------------ ---- Es que la acción de nulidad es de carácter excepcional, puesto que la cosa juzgada tiene una trascendental importancia en nuestro ordenamiento jurídico. Quitarle valor a la cosa juzgada en cualquier supuesto, importa un dejar de lado la seguridad jurídica que otorga la definitoriedad de las sentencias firmes y abrir la posibilidad de una eterna revisibilidad de las resoluciones jurisdiccionales.------------------------------------------------------ Por ello, la aceptación de la acción autónoma de nulidad debe ser estricta, esto es, cuando notoriamente se presente la situación de inequidad en cuestión.----------------------------------------------------------------------- -------- La resolución de primera instancia se encuentra debidamente fundada. Ello así, desde que claramente sostuvo el sentenciante en su resolución que el ejecutado en el juicio ejecutivo tuvo todas las posibilidades de ejercer en plenitud su derecho de defensa por lo que la propia claudicación del Sr. López en la defensa oportuna y pertinente de sus derechos es el hecho que define la controversia y que la naturaleza excepcional y subsidiaria de la acción autónoma de nulidad requiere el agotamiento de todas las posibilidades recursivas ordinarias como extraordinarias (o la inexistencia de tales posibilidades). Agregando, y sin perjuicio de lo expuesto, que en el sub lite la parte actora no acreditó en modo alguno que la cosa juzgada de la sentencia ejecutiva sea írrita.------------------------------------------------- También sostuvo el magistrado que la parte actora no pudo siquiera fundar su pretensión anulatoria en la lesión al derecho de defensa, ni así tampoco en que dicho decisorio haya sido obtenido de modo fraudulento en el proceso, porque no se hace cargo de que omitió ejercer su propia defensa, como que tampoco pudo acreditar que el proceso penal incoado contra el Sr. Ontivero y otros que se haya cometido delito alguno en torno a la firma del pagaré, cuya causa penal concluyó con el sobreseimiento por prescripción de los imputados.------------------------------------------------------ Conforme lo señalado, habiendo tenido la oportunidad de defenderse en el juicio ejecutivo que se intenta atacar sin comparecer al mismo, existiendo otras vías más idóneas para la repetición de lo que se pretende cobrar y siendo la acción autónoma de nulidad un medio que debe aceptarse estrictamente cuando notoriamente haya inequidad, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido y conformar el resolutorio atacado en todas sus partes (cfr. T.S.J. "Barrera Carlos y Otro c/ Julio Nemeth y Otro. Escrituración. Rec. de Revisión. Auto Interlocutorio número 829 del 26/11/96).---------------------------------------------------------------------- -------- Imponer las costas de la Alzada a la apelante por resultar vencida (art. 130 CPC), estimando los porcentajes regulatorios de conformidad a lo dispuesto en los arts. 36, 39 y 40 de la ley 9459.--------------------------------- LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO A LA PRIMERA CUESTIÓN DIJO: ------------------------------ Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.------------ EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ALBERTO F. ZARZA A LA PRIMERA CUESTIÓN DIJO: -------------------------------------------------- Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.------------ EL SEÑOR VOCAL DOCTOR WALTER ADRIAN SIMES A LA SEGUNDA CUESTION DIJO:-------------------------------------------------- Corresponde: I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto y en su mérito, confirmar el resolutorio atacado. II Imponer las costas al apelante.- ASI VOTO.--------------------------------------------------------------------------- LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO A LA SEGUNDA CUESTIÓN DIJO: ----------------------------- Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.------------ EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ALBERTO F. ZARZA A LA SEGUNDA CUESTIÓN DIJO: -------------------------------------------------- Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.------------ Por lo expuesto y el resultado de la votación que antecede,-------------------- SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto y en su mérito, confirmar el resolutorio atacado. II) Imponer las costas a la apelante. III) Estimar el porcentaje regulatorio del Dr. José Alberto Ontivero en el 35 % del término medio de la escala del art. 36 de la ley 9459. -------------------------------------------------------------------------------- --- Protocolícese, hágase saber y bajen. Con lo que terminó el acto, que firman los Señores Vocales.