Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-08-18


Córdoba, agosto 18 de 2009.

1º ¿Es procedente el recurso de casación? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde? 1º cuestión. - El doctor Domingo Juan Sesín dijo:

1.- A fs. 230/235vta., con fundamento en las causales previstas en el artículo 45 incisos a) y b) de la Ley 7182, la demandada interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Número Doscientos treinta y siete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación (fs. 219/229vta.) con fecha trece de noviembre de dos mil siete que resolvió: "1.- Hacer lugar a la demanda en todos sus términos, declarando la nulidad de los actos administrativos impugnados (Sentencia Nº 686/95 y Auto Interlocutorio Nº 385/95, ambos del Tribunal de Disciplina de Abogados y Decreto Nº 1013/96 del Poder Ejecutivo). 2.- Con costas a cargo de la vencida, difiriéndose la regulación de honorarios a los letrados intervinientes por no haber base económica...".

2.- Impreso el trámite de ley (fs. 236), en aquella Sede el procedimiento se cumplió con la intervención del actor quien a fs. 237/239 presentó su informe solicitando se rechace el recurso interpuesto, con costas.

3.- A fs. 246 se dio intervención al Señor Fiscal General de la Provincia, expidiéndose la Señora Fiscal Adjunto en sentido desfavorable a la procedencia del recurso de casación (Dictamen CA Nº 248 del 30 de abril de dos mil ocho, 247/251vta.).

4.- A fs. 252 se dicta el decreto de autos, el que firme (fs. 253/253vta.), deja la causa en estado de ser resuelta.

5.1.- Con sustento en el motivo sustancial de casación (art. 45 inc. "a"), Ley 7182), la recurrente denuncia la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva ya que considera que la Sentenciante analizó de manera simple los supuestos de prescripción de la acción disciplinaria suprimiendo el más importante, cual es la existencia de un hecho de derecho penal no prescripto, considerando que por haber transcurrido con exceso el plazo de dos años previsto por el artículo 78 de la Ley 7805 el Tribunal de Disciplina de Abogados perdió su competencia.

Estima que esta interpretación es de fundamental importancia por cuanto no se pueden ni deben consentir las que no son correctas y que en otras causas puedan ser alegadas como opiniones o antecedentes jurisprudenciales.

Aduce que se vulneraron las claras disposiciones de los artículos 21 inciso 13) y 50 de la Ley 5805, puesto que la acción disciplinaria se inició también como consecuencia de lo dispuesto por esta última norma.

5.2.- Con fundamento en el mismo motivo de casación (art. 45 inc. "a", Ley 7182), la impugnante indica que el punto de la controversia es saber si la acción para imponer sanciones disciplinarias estaba o no prescripta al momento de dictarse la resolución sancionatoria.

Explica que el artículo 78 de la Ley 7158 contempla tres casos o situaciones posibles: a) si no hay procedimiento disciplinario iniciado la acción disciplinaria prescribe al año desde el día del hecho, b) a los dos años si se inició procedimiento y c) el plazo se extiende si el hecho se trata de un delito penal que no estuviese prescripto.

Advierte que en autos se atribuyó al letrado acusado un hecho que configura un delito. Adita que puede interpretarse la norma de dos maneras distintas y entender que un delito es una acción cuya imputación a un individuo puede conducir a una condena penal definitiva por el Tribunal competente o bien que ha conducido a la misma.

Puntualiza que el Tribunal adoptó la segunda interpretación sin invocar argumento alguno a favor de su elección, manifestando sólo que el Juez de Instrucción de Decimocuarta Nominación informó que la causa penal que involucraba al actor se encontraba en estado de sumario con fecha veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cuatro y que no hubo acto de promoción de la acción penal por el presunto hecho delictivo denunciado. Acotó que por ello se consideró en la sentencia, que no se configuraba la tercera hipótesis enunciada y que el plazo de la segunda había transcurrido.

Hace presente que dicho razonamiento no es correcto porque priva de todo efecto la última parte del artículo 78 de la Ley 5805. Explica que si para que haya delito debe existir condena, nunca puede darse el supuesto de un delito no prescripto o respecto del cual el ejercicio correspondiente de la acción penal se haya agotado al dictarse la sentencia definitiva sin que la acción haya prescripto. Tilda la situación de contradictoria e imposible.

Plantea que el delito con condena excluye la posibilidad de la vigencia del plazo de prescripción de la acción penal con relación al mismo. Razona que de acuerdo con la interpretación efectuada por la Cámara del texto legal en cuestión, su última parte es inaplicable por razones lógicas, porque el supuesto para su aplicación no puede realizarse nunca.

Postula que conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las leyes deben ser interpretadas de tal forma de preservar su efecto en alguna ocasión, es decir, de tal manera que conserven su capacidad de operar en la realidad, de regular alguna circunstancia posible. Expone que toda sentencia que pretenda sustentarse en una interpretación inadmisible por tornar inaplicable la ley debe ser dejada sin efecto.

Manifiesta que la interpretación de la norma que postula hace desaparecer el problema de la inaplicabilidad del texto legal, porque es posible tanto el caso de un hecho que puede conducir a una condena penal, prescripto, o que no lo está. Adita que como se trata de establecer el plazo de prescripción, no es relevante el resultado de la cláusula penal. Explica que lo importante es que al momento de iniciarse el procedimiento disciplinario, no se encuentre agotado el plazo de la acción penal, que es lo que sucedió en el supuesto de autos.

Advierte que la expresión delito ha sido empleada en la Ley 7158 con el sentido adoptado por el Legislador en el Título X del Código Penal, al regular la prescripción de la acción penal. Aduce que el artículo 62 de dicho Código no puede referirse a delitos con condena firme por cuanto ello sería absurdo, al igual que lo es entender el artículo 78 de la Ley 5805 como lo hizo la sentencia.

5.3.- Con base en el motivo formal de casación (art. 45 inc. "b" de la Ley 7182), la casacionista acusa un quebrantamiento de las formas sustanciales establecidas para la sentencia por violación de los principios de congruencia y sana crítica racional en función de los artículos 78 de la Ley 5805, 24 y concordantes del Código Civil, 330 del Código Procesal Civil y Comercial y 155 de la Constitución Provincial.

Opina que la Judex a-quo debió ejercer el control jurisdiccional sobre un acto administrativo que consideró que el actor cometió una falta de ética y le aplicó la sanción pertinente y no realizar una serie de interpretaciones respecto a textos legales que no autorizan las mismas, para concluir que había perdido su potestad disciplinaria, lo que vulnera los principios lógicos de identidad, no contradicción y razón suficiente, conduciendo a una falta de motivación.

Interpreta que la expresión "... salvo que se trate de un delito del derecho penal que no estuviese prescripto..." contenida en el artículo 78 de la Ley 5805 establece un supuesto diferente consistente en que el hecho disciplinario sea también un delito criminal, con lo que se ingresa en la órbita del derecho penal, en cuyo caso el Tribunal de Disciplina tiene el amplio margen de los términos de la prescripción penal para actuar.

Acusa que se trata de un caso expreso de la Ley 5805 que remite y somete el accionar del Tribunal de Disciplina de Abogados a instituciones del Código Penal y a sus parámetros de prescripción. Infiere de ello la intención del Legislador de otorgar este amplio lapso, por cuanto en la mayoría de las causas registradas las denuncias van acompañadas por el hecho penal, la imputación, el procesamiento, la requisitoria de elevación a juicio, etc.

Resalta que interpretar el párrafo en cuestión como accesorio o supletorio de los dos supuestos anteriores, significaría eliminar o suprimir de la potestad disciplinaria a la mayoría de las causas. Razona que se estaría modificando judicialmente la ley al limitarla temporalmente a sólo dos supuestos.

Continúa que la modificación al artículo 78 por la Ley 9243 del año dos mil cinco, agregó expresamente que el plazo de prescripción comenzará a contarse desde la fecha en que exista sentencia judicial firme, incorporando al primer texto otra condición y ampliando el lapso temporal al incorporar también las vicisitudes dentro del proceso penal que pudieran haber interrumpido o suspendido la prescripción (art. 67 con las modificaciones de las Leyes 25.188 y 25.990).

Postula que al establecer que desde la sentencia penal comenzará a correr el término de la prescripción disciplinaria, no sólo está abarcando los plazos del artículo 62 del Código Penal, sino también todas las suspensiones e interrupciones que hubieren mediado en el proceso penal.

Considera que se ha producido una contradicción lógica al dejar una conducta contraria a la ética sin sanción, produciendo una ingerencia reprochable jurídicamente en lo que es una facultad de la Administración conforme la normativa analizada y vulnerando el principio constitucional de la división de poderes y, con ello, los artículos 1º, 31, 44, 87 y 108 de la Constitución Nacional, dándose al artículo 78 de la Ley 5805 una errónea aplicación al otorgársele un alcance intrínseco que no tiene.

Plantea que el artículo 50 de la Ley 5805 establece que el Tribunal de Disciplina de Abogados ejercerá el poder disciplinario sobre todos los abogados y regula dicho procedimiento. Agrega que impone también el dictado de la sentencia dentro de los plazos del artículo 78, es decir, uno o dos años y cuando se trate de delito penal mientras no se encuentre prescripto. Explica que en los dos primeros supuestos fija la competencia temporal en circunstancias o plazos absolutamente determinados, mientras que en el tercero contempla una imposición procesal al otorgar más tiempo ante el posible desenlace del juicio penal. Opina que se constituye casi en un presupuesto procesal de la sentencia administrativa.

Acusa que la salvedad del artículo 78 ib. tiende al agotamiento del curso de la acción del delito, en protección del abogado sometido a la acción disciplinaria y de la firmeza de las resoluciones del Tribunal de Disciplina de Abogados. Se pregunta qué otra acepción tendría de lo contrario la expresión "... salvo que se trate de un delito del derecho penal que no estuviere prescripto".

Argumenta que para el ejercicio de esta potestad, la misma ley ha previsto una serie de actos procesales tanto para el Poder Judicial como para el organismo administrativo. Adita que el artículo 90 de la Ley 5805 impone que los Jueces de Instrucción y los Agentes Fiscales deben comunicar los procesos que se iniciaren en contra de los abogados y que las Cámaras en lo Criminal y Correccional y los Jueces de Faltas deben hacerlo respecto de las sentencias que se pronunciaren en su contra, para las actuaciones previstas en los artículos 21, 50, 73 inciso 2) y 75 ib.

Indica que la Ley 5805 ha extremado las condiciones del rol de abogado en el ejercicio profesional, equiparándolo a los Magistrados en trato y respeto en el desempeño de su función (art. 17), imponiéndole ser persona de buena conducta (art. 4º inc. "5") y prestar su asistencia profesional como colaborador del Juez y en servicio de la Justicia (art. 19 inc. "1").

Recuerda que este espíritu se mantiene en los derechos y garantías para su juzgamiento disciplinario. Agrega que basta citar el artículo 73 inciso 2) ib., que faculta e impone al Tribunal de Disciplina la apreciación de las circunstancias del caso al resolver, permitiendo incluso que analice si existió la intención criminal del acusado. Deriva de esta norma que la condena, como requisito esencial de la vigencia de la acción, es presupuesto de otra situación prevista -la de permitir o no el ejercicio de la profesión de un letrado condenado cuando su intención criminal resulte evidente dentro del marco de la abogacía-. Señala que este supuesto no se equipara al tercer párrafo del artículo 78 ib. que trata de la acción, hecho e infracciones disciplinarias y no del hecho penal propiamente dicho causante de la cancelación de la matrícula (art. 73 inc. "2").

Apunta que la interpretación de delito penal como sinónimo de condena es una adición intelectual del Juzgador no prevista por la ley y no operativa.

Estima que la Ley 5805 trata de un "delito del derecho penal", es decir, de conductas tipificadas en el Código Penal y no menciona proceso, condena, actuación o resolución penales, ya sea en etapas de investigación, imputación, procesamiento, requerimiento de elevación o plenario.

Aclara que la sola presencia de un hecho que pudiera ser tipificado como delito del derecho penal, impone al Tribunal de Disciplina de Abogados la obligatoriedad de su denuncia, si no lo hubiere hecho el damnificado. Deriva de ello que aún antes de la actuación del Fuero Penal ya se encuentra el supuesto del artículo 78 ib. existiendo como único condicionamiento los plazos de prescripción de la acción (arts. 62 y cc. del C.P.).

Insiste que el artículo 78 de la Ley 5805 menciona el delito (Libro Segundo del Código Penal) que no estuviese prescripto (arts. 59, 62 y cc. del C.P.) y que adicionar el requisito de condena, sustentado en el principio de inocencia, implica lisa y llanamente suprimir el proceso disciplinario por infracciones éticas (arts. 21 y 50 de la Ley 5805) y dejar exclusivamente al Tribunal de Disciplina la facultad de cancelar la matrícula por condena (art. 73 inc. "2" ib.).

Apunta que la interpretación de la Cámara somete la competencia temporal del Tribunal de Disciplina de Abogados al proceso penal, creando un supuesto no previsto por la ley. Cita doctrina y jurisprudencia.

Formula reserva del recurso extraordinario del artículo 14 de la Ley 48.

6.- La instancia extraordinaria local ha sido interpuesta en tiempo propio, en contra de una sentencia definitiva y por quien se encuentra procesalmente legitimado a tal efecto (arts. 385 del C.P.C. y C. y 45 del C.P.C.A.).

7.- La sentencia de primera instancia contiene una adecuada relación de causa (art. 329 del C.P.C. y C.), que debe tenerse por reproducida en la presente a los fines de evitar su innecesaria reiteración.

8.- Mediante el pronunciamiento recaído en autos, el Tribunal a-quo hizo lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por el Doctor G. I. del C. en contra del Tribunal de Disciplina de Abogados de Córdoba, anulando la Sentencia Número Seiscientos ochenta y seis de fecha nueve de agosto mil novecientos noventa y cinco (fs. 228/232 del Expediente Administrativo Nº 10, Letra "I", del ocho de octubre de mil novecientos noventa y uno, primer cuerpo) que lo suspendió en la matrícula profesional por el término de tres meses por haber incurrido en las faltas contenidas en los artículos 21 inciso 13) -retiro de expedientes sin dejar recibo, retención injustificada o falta de devolución inmediata de los mismos al ser requerido por la Secretaria o por la parte interesada- y 50 -transgresiones cometidas en el ejercicio de la profesión o que afecten el decoro de la misma- de la Ley 5805 y el Auto Número Trescientos ochenta y cinco del ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (cfr. fs. 280/281, expte. adm. citado, segundo cuerpo) que acogió el Recurso de Reconsideración interpuesto por el actor en contra de la primera y modificó la sanción morigerando la suspensión de la matrícula por tres meses por la sanción de apercibimiento por publicación.

Ello así, por cuanto el Tribunal consideró que al momento del dictado de los actos sancionatorios se encontraba ya prescripta la potestad disciplinaria de la parte demandada, al haber transcurrido más de dos años desde la medianoche del día en que se cometió el hecho, habiéndose iniciado un procedimiento tendiente a constatar las faltas imputadas (art. 78, segundo supuesto de la Ley 5805).

9.- Conforme a la estrecha vinculación existente entre los agravios reseñados precedentemente y compartiendo el criterio sostenido por la Sentenciante, se procederá a tratarlos en forma conjunta por cuanto, en definitiva, pretenden obtener la declaración de legitimidad de los actos enjuiciados sobre la base de una distinta interpretación del artículo 78 de la Ley 5805.

10.- El instituto de la prescripción de la acción que debe ser tenido en cuenta en todo procedimiento disciplinario, consiste en el no ejercicio por parte de la Administración de la potestad sancionatoria que le compete, durante el transcurso del tiempo legalmente determinado, al término del cual, se extingue dicha prerrogativa estatal. Su finalidad se orienta hacia la tutela de la seguridad jurídica y, en especial, tiende a superar el estado de incertidumbre que se cierne en torno a la situación jurídica de quienes han sido imputados por una conducta supuestamente antijurídica (cfr. doctrina de esta Sala Cont. Adm. en Sent. Nro. 16/1997 "Pelegrin, Néstor Francisco c. Provincia de Córdoba", Sent. Nro. 2/2003 "Gorriti, Esteban Estanislao c. Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba", entre otras).

En el marco normativo aplicable al sub lite, el artículo 78 de la Ley 5805, conforme la redacción vigente al momento de la comisión de las conductas reprochadas, establece que "La acción disciplinaria prescribe al año contado desde la medianoche del día en que se cometió el hecho, si no se hubiese iniciado el procedimiento y a los dos años, si se hubiera iniciado salvo que se trate de un delito penal que no estuviese prescrito" (texto según Ley 7158).

De esta norma se desprende que el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados conserva su potestad disciplinaria durante un año desde la medianoche del día en que se cometió el delito si no se inició el procedimiento en cuestión, durante dos años si el mismo fue iniciado y se amplía dicho plazo cuando "... se trate de un delito penal que no estuviese prescripto".

En el caso de autos, tal como sostuvo la Cámara a-quo: "... al tiempo de emitirse el acto sancionatorio, es decir la Sentencia Nº 686 de fecha 9 de Agosto de 1995, había transcurrido con exceso el plazo de prescripción previsto en el art. 78 de la Ley 5805, y no se había configurado el supuesto de suspensión previsto en el último párrafo del citado artículo. ..." (cfr. fs. 227vta.).

Ello es así, por cuanto al momento del dictado de la decisión que concluyó el procedimiento administrativo disciplinario "... No había pronunciamiento judicial alguno, que descalifique al Dr. G. I. del C. como delincuente. Es más, ni siquiera había mediado el acto de promoción de la acción penal por el presunto hecho delictivo que se denunciara. En tales condiciones, es obvio que la hipótesis que enerva la prescripción reglada por la norma sub examen, no corresponde a los hechos acreditados en la causa disciplinaria..." (cfr. fs. 228vta.).

Dichos argumentos no han sido eficazmente rebatidos por la recurrente quien insiste en su particular interpretación de la norma aplicada en autos postulando que la expresión "... delito del derecho penal..." debe ser entendida como "... una acción cuya imputación a un individuo puede conducir a una condena penal definitiva por parte de un tribunal competente..." (cfr. fs. 232), agregando que "... Como se trata se establecer sólo el plazo de prescripción, no es relevante el resultado de la causa penal. Lo que importa es que al momento de iniciarse el procedimiento disciplinario, no se encuentre agotado el plazo de la acción penal, que es lo que sucedió en el supuesto de autos..." (sic., cfr. fs. 232vta./233).

De esta manera, soslaya la recurrente que, tal como sostuvo la Cámara a-quo, siguiendo el voto del Doctor Rolón Lambeye in re "Sinay, Walter c. Trib. de Disc. de abogados" (Sent. Nro. 120/2003), que hizo suyos los argumentos del dictamen emitido por el Fiscal de Cámara en dichos autos: "... Si bien la regla analizada no precisa a quien corresponde la apreciación de que el hecho denunciado, configura una transgresión reprimido por la ley penal sustantiva. Va de suyo, que esa apreciación no puede quedar librada a la voluntad del denunciante cuando se trate de delitos de acción pública, pues de lo contrario se violaría el principio de inocencia (art. 18 de la Constitución Nacional)..." (sic., cfr. fs. 228).

11.- Conforme surge de los actos sancionatorios impugnados (cfr. fols. 228/232 y 280/281, Expediente Administrativo Nro. 10, Letra "I" de fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa y uno), el Doctor G. I. del C. fue sancionado con una suspensión en la matrícula profesional por el término de tres meses, que luego fue morigerada aplicándosele sólo un apercibimiento por publicación, por haber incurrido en las prescripciones de los artículos 21 inciso 13) -retiro de expedientes sin dejar recibo, retención injustificada o falta de devolución inmediata de los mismos al ser requerido por la Secretaria o por la parte interesada- y 50 -faltas cometidas en el ejercicio de la profesión o que afecten el decoro de la misma- de la Ley 5805, que contemplan transgresiones típicamente administrativas y no delitos penales tal como pretende la casacionista (cfr. fs. 232).

12.- Asimismo, es dable señalar que la sanción penal o contravencional y la disciplinaria no son excluyentes, pudiéndose imponer las mismas o bien una de ellas por quien jurídicamente corresponda, pues tutelan órdenes jurídicos distintos y persiguen finalidades diferentes (cfr. doctrina T.S.J., Sala Cont. Adm., Sents. Nro. 7/1995 "Castro...", Nro. 10/1996 "Luján...", Nro. 75/1997 "Ruiz...", Nro. 101/1998 "Guzmán...", Nro. 120/1998 "Rabinsky...", Nro. 197/1999 "Roldán...", Nro. 46/2000 "López...", Nro. 187/2000 "Bustos...", Nro. 208/2000 "Alanis..." y Nro. 30/2001 "López...").

Como bien dice Marienhoff (Tratado de Derecho Administrativo, T. III, pág. 427) "... en principio las sanciones son independientes y autónomas entre sí...". La potestad administrativa tiene como fin específico el orden y la disciplina que deben imperar en la Administración (Rodríguez Moro, Deberes, faltas y sanciones de los funcionarios municipales, España, págs. 123 y ss.).

Señala dicho autor (ob. cit., pág. 1064) que "... si absuelve en la instancia penal a un funcionario, la sanción administrativa no sería procedente si se invocasen exacta y precisamente los mismos hechos y circunstancias que sirvieron de base al pronunciamiento penal..." para concluir, con cita de Jéze y Bullrich, que "... la absolución o sobreseimiento penal no siempre es un título suficiente para impedir la sanción administrativa, aun cuando ésta se imponga por hechos directamente vinculados a los que dieron lugar a la absolución o sobreseimiento penal. Hay circunstancias que resultan irrelevantes en la instancia penal, pero no en sede administrativa. Todo depende de las circunstancias del caso particular...".

Las sanciones administrativas se instituyen como de Jurisdicción Local porque sancionan antijuridicidades que se refieren a bienes jurídicos de contenido distinto al que custodian las figuras del Código Penal o las faltas de índole contravencional. Esto impone reconocer que son siempre los contenidos de los bienes jurídicos amparados los que establecen las diferencias entre las figuras delictivas del derecho penal, las infracciones contravencionales y las faltas del derecho disciplinario.

Conceptuamos a este último ordenamiento como la disciplina del poder represivo de la Administración Pública ante la antijuridicidad que afecta los deberes impuestos hacia ella (Delperee, F., L'élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, Título Primero, París 1979, págs. 53/118). La sanción disciplinaria se distingue como actividad de custodia, buen orden de la función y organización de la Administración sobre sus agentes.

Como principio general, la sanción disciplinaria puede aplicarse en cualquier momento sin esperar la decisión penal o en su caso contravencional, cuando hubieren suficientes elementos de juicio para la determinación de la responsabilidad disciplinaria.

Incluso la absolución judicial, la prescripción del delito o el perdón del particular damnificado, no eximen la aplicación de la sanción disciplinaria, salvo el supuesto excepcional descripto claramente por el Consejo de Estado Francés, comentado por Claude Durand (Les rapports entre les jurisdictions administrative et judiciaire, París 1956, págs. 286 y ss.) en el sentido que "... no puede la Administración en ejercicio de su potestad disciplinaria imponer una sanción basada en la existencia de unos hechos que la sentencia penal consideró inexistentes...". Esto quiere decir que sólo cuando el Juez penal o también contravencional, afirme en su sentencia que el mismo hecho sobre el cual recae la sanción disciplinaria, no se cometió o no fue realizado por el imputado, es obligación de la Administración dejar sin efecto la medida aplicada.

Es que la "Jurisdicción Disciplinaria" importa un orden potestativo diferenciado del que resulta propio del ámbito del derecho penal y que pese al paralelismo que eventualmente pueda plantearse en el procedimiento llevado a cabo en una y otra de dichas jurisdicciones, las resoluciones definitivas a las que se arribe, no necesariamente resultan interdependientes (conf. T.S.J., Sala Cont. Adm., Sent. Nro. 25/1991 "Iriarte...").

13.- En el sub lite, el Tribunal de Disciplina de Abogados imputó al actor dos típicas faltas administrativas, como son las contempladas en los artículos 21 inciso 13) y 50 de la Ley 5805. Su potestad sancionatoria no dependía del resultado del proceso penal. En consecuencia, si consideraba que la comisión de dichas faltas se encontraba acreditada en su Sede, debió aplicarle la sanción correspondiente dentro de los dos años de cometido el hecho (art. 78 ib.), lo que no aconteció en autos por lo que la acción disciplinaria, tal como acertadamente sostuvo la Cámara a-quo, se encontraba prescripta a la fecha del dictado de los actos administrativos impugnados.

De allí que si bien este Tribunal en los autos "Jung, Ángel Alberto c. Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba" (Sent. Nro. 76/2009) ha sostenido que cuando los hechos existentes e invocados para decidir la aplicación de la sanción administrativa son exacta y precisamente los mismos que sirven de base al pronunciamiento penal, resultaba razonable y hasta de buena prudencia que el Tribunal de Disciplina espere tener conocimiento de la resolución penal para decidir lo propio, ello no altera lo decidido en autos en donde ni siquiera se ha acreditado que se haya promovido la acción penal.

14.- En definitiva, se advierte que la crítica impugnaticia desplegada en autos trasluce una mera discrepancia con lo fundadamente resuelto por el Tribunal de Mérito, cuyos argumentos han permanecido incólumes, lo que determina la falta de configuración de la arbitrariedad denunciada y la inadmisibilidad del recurso ensayado en las condiciones descriptas.

15.- En mérito de las razones expuestas y las premisas sentadas a través de su desarrollo, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Tribunal de Disciplina de Abogados de Córdoba.

Atento que en la demanda el actor no ha solicitado la reparación de los daños y perjuicios derivados de los actos administrativos anulados (cfr. fs. 40/49vta.), es dable sostener que el restablecimiento de la situación jurídico-subjetiva ha sido íntegramente resuelto en el sub lite mediante la anulación del acto administrativo y la orden de publicación de las partes dispositivas del pronunciamiento del Tribunal a-quo impugnado y del presente resolutorio.

Ello así, en el marco de la doctrina de esta Sala vigente desde la causa "Moreno, José Enrique c. Provincia de Córdoba" (Sent. Nro. 11/1994 y los que le sucedieron) según la cual en el marco de las acciones de plena jurisdicción es posible la acumulación de la solicitud de la declaración de ilegitimidad del acto administrativo lesivo a un derecho subjetivo con una pretensión de contenido patrimonial, lo cual no ha acontecido en autos.

16.- Con relación a las costas de todas las instancias, considerando la complejidad de las normas aplicables en la especie, que rigen la relación sustancial entre las partes del proceso, como así también las circunstancias fácticas que rodearon al presente caso y las discrepancias interpretativas suscitadas en torno a la prescripción de la acción administrativa disciplinaria, resulta justo y equitativo imponerlas por su orden (art. 130 del C.P.C y C., aplicable por remisión del art. 13 de la Ley 7182).

Así voto.

La doctora Aída Lucía Teresa Tarditti dijo:

Comparto los fundamentos y conclusiones vertidos por el Señor Vocal de primer voto, por lo que haciéndolos míos, me expido en idéntico sentido.

El doctor Armando Segundo Andruet (h.) dijo:

Considero que las razones dadas por el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesín, deciden acertadamente la presente cuestión y, para evitar inútiles repeticiones, voto en igual forma.

2º cuestión. - El doctor Domingo Juan Sesín dijo:

Corresponde: I) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada (fs. 230/235vta.) en contra de la Sentencia Número Doscientos treinta y siete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el trece de noviembre de dos mil siete (fs. 219/229vta.).

II) Imponer las costas por su orden en todas las instancias (art. 130 del C.P.C. y C., por remisión del art. 13 de la Ley 7182).

III) Ordenar la publicación de las partes dispositivas de la sentencia del Tribunal a-quo impugnada y del presente resolutorio, por los mismos medios en los que fue publicado el acto que dispuso la sanción de apercibimiento público dejada sin efecto por prescripción de la potestad disciplinaria, la que será a cargo del Tribunal de Disciplina de Abogados.

IV) Disponer que los honorarios profesionales de los Doctores G. A. De G. y J. H. G. -parte actora-, por la labor desarrollada en la instancia extraordinaria local, sean regulados por el Tribunal a-quo, en el marco de la Ley 8226, si correspondiere (arts. 1º y 25), previo emplazamiento en los términos del artículo 25 bis ib., en conjunto y proporción de ley, en el treinta y uno por ciento (31%) del mínimo de la escala del artículo 34 (arts. 37, 1er. párrafo y 38 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 29 ib.

Así voto.

La doctora Aída Lucía Teresa Tarditti dijo:

Adhiero a la respuesta proporcionada por el Señor Vocal preopinante, ya que la misma expresa la solución correcta a la presente cuestión. Por ello, me expido en igual forma.

El doctor Armando Segundo Andruet (h.) dijo:

Voto en igual sentido que el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesín, por haber expresado la conclusión que se desprende lógicamente de los fundamentos vertidos en la respuesta a la primera cuestión planteada, compartiéndola plenamente.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia por intermedio de la Sala Contencioso Administrativa, Resuelve: I) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada (fs. 230/235vta.) en contra de la Sentencia Número Doscientos treinta y siete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el trece de noviembre de dos mil siete (fs. 219/229vta.). II) Imponer las costas por su orden en todas las instancias (art. 130 del C.P.C. y C., por remisión del art. 13 de la Ley 7182). III) Ordenar la publicación de las partes dispositivas de la sentencia del Tribunal a-quo impugnada y del presente resolutorio, por los mismos medios en los que fue publicado el acto que dispuso la sanción de apercibimiento público dejada sin efecto por prescripción de la potestad disciplinaria, la que será a cargo del Tribunal de Disciplina de Abogados. IV) Disponer que los honorarios profesionales de los Doctores G. A. De G. y J. H. G. -parte actora-, por la labor desarrollada en la instancia extraordinaria local, sean regulados por el Tribunal a-quo, en el marco de la Ley 8226, si correspondiere (arts. 1º y 25), previo emplazamiento en los términos del artículo 25 bis ib., en conjunto y proporción de ley, en el treinta y uno por ciento (31%) del mínimo de la escala del artículo 34 (arts. 37, 1er. párrafo y 38 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 29 ib. - Domingo J. Sesín. - Aída L. Tarditti. - Armando S. Andruet (h).