Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-09-25


AUTOS n° 34990-4 (C.C. SALA IV n° 550 ) DEL Juzgado De Familia N° 1, CARATULADOS "N. N. c/ N. N. - Violencia Familiar - Copias de Apelación sin Efecto Suspensivo"	San Juan, 25 de Septiembre del 2015.

VISTO: Para resolver en los autos del rubro el recurso de apelación concedido a fs. sub 97 contra la sentencia de fecha 19 de diciembre del 2013, obrante a fs. sub 62/66, dictada por el Juzgado de Familia n° 1. El recurso ha sido concedido sin efecto suspensivo.

Y CONSIDERANDO: Mediante el decisorio cuestionado el juez a-quo dispuso la exclusión provisoria del hogar conyugal del Sr. N. N. atribuyendo la vivienda que fuera sede del hogar conyugal en favor de la actora y sus hijos menores de edad, N. N., N. N. y N. N.. Asimismo decreto prohibición de acercamiento del demandado, Sr. N. N., a la Sra. N. N. y sus hijos, como así también el merodeo de la vivienda a 500 metros a la redonda y/o lugar donde se encuentren los mismos hasta tanto se emita el informe de Secretaria Social y se decida lo contrario; otorgó la tenencia provisoria de los hijos menores en favor de la madre, fijando en concepto de cuota alimentaria provisoria en favor de los hijos en la suma de $ 10.000, finalmente ordenó dar intervención a la Secretaría Social de la Corte de Justicia a efectos que por su intermedio efectúe amplia encuesta ambiental y vecinal debiendo brindar asistencia profesional a las partes sobre la problemática de violencia planteada. Dichas medidas fueron ordenadas bajo los apercibimientos contenidos en los arts. 45 de la Ley 7943 y 239 del Código Penal.

Contra dicha resolución viene en apelación el Sr. N. N. quien expresa agravios a fs. sub 113/119 vta.

Resumidamente diremos que agravia al recurrente la sentencia en cuanto le impide ver a sus hijos desde el día de la denuncia por violencia familiar 08/12/13, no cumpliéndose con lo establecido en el art. 41 de la ley de violencia familiar. Afirma que la orden de restricción ha sido dispuesta sin que exista una situación objetiva de riesgo ya sea para la actora como para sus hijos.

Solicita con carácter urgente el levantamiento de la medida de restricción argumentando que en base a la prueba que acompaña y ofrece, se demuestra que no existió hecho de violencia alguno tanto física, como psicológica. Afirma que en la actualidad sus hijos se encuentran en una situación de riesgo toda vez que obligadamente están siendo partícipes de su separación, siendo influenciados por la madre y por su familia directa, estando expuestos a sufrir el Síndrome de Alienación Parental.

Expresa el recurrente que su esposa lo denuncio falsamente con la sola finalidad de perjudicarlo, violando sus derechos en cuanto la situación fue resuelta prácticamente en forma unilateral, por lo que pide la nulidad de la sentencia conforme lo establecen los arts. 14 ss. y cc. de la C.N..

Luego afirma que la sentencia fija una cuota alimentaria de $ 10.000 sin que se acredite cual es su situación económica actual; así entiende que no se tuvo en cuenta que su parte entregó las llaves del inmueble antes del dictado de la resolución de exclusión, señalando que en autos existen irregularidades que inducieron a confusión al juez al dictar la resolución apelada.

Señala que la sentencia recurrida, en lo que respecta a la situación de violencia intradomestica, se fundamenta en el testimonio de tres personas ofrecidos por la Sra. N. N., siendo que sus dichos no son veraces. Insiste en que el presente proceso fue "armado" por la actora y que ello se demuestra en que ésta llena el formulario de violencia familiar el día 08/12/13 a las 21:45 hs. y el día 09/12/13 a las 10:40 hs. interpone la demanda por violencia familiar, solicitando se resuelva en forma urgente e inaudita parte.

En base a los argumentos expuestos, ofrece prueba y solicita se haga lugar al recurso de apelación debiendo este Tribunal revocar la sentencia objetada y conceda la petición de fijación de un régimen de visitas provisorio, dejando sin efecto la prohibición de acercamiento y determinando una cuota alimentaria acorde con sus posibilidades.

A fs. sub 120 se ordena correr traslado de la expresión de agravios a la actora.

A fs. sub 152 obra providencia por la cual se decreta la extemporaneidad de la contestación de la expresión de agravios por parte de la actora.

A fs. sub 163 vta. obra certificación de pase de autos a despacho para resolver en definitiva.

Expuestos sucintamente los antecedentes de la sentencia apelada y los agravios propuestos corresponde al Tribunal avocarse a su estudio a efectos del dictado de la sentencia correspondiente.

En este sentido, ab inicio, consideramos pertinente efectuar una breve consideración sobre la finalidad de la ley de Violencia Familiar. "Normativa que ha querido crear una protección inmediata a quien manifiesta ser víctima de alguna forma de violencia, estableciendo un mecanismo, que por su propia naturaleza, sea una constricción inmediata, intertanto se practiquen las averiguaciones del caso, y para ello tal mecanismo tiene necesariamente que ser de una alta falibilidad". Sabido que si se quiere obtener un grado de certeza para fundamentar una decisión resultaría un intento vano, pues son de sobra conocidas las dificultades probatorias que existen en esta materia ya que los problemas familiares se resuelven de puertas adentro y los inculpados cuando comparecen a juicio terminan siendo todos, personas incapaces de crear situaciones y de hacer sufrir a otros integrantes del grupo. (CCC Familia y Contencioso Administrativo de Villa Maria Córdoba 28/06/06 C:J:M Violencia Familiar- Actualidad Jurídica de Córdoba Familia y Minoridad Vol 29 pag 3100".).	El propósito de la Ley 7943 no debe ser desnaturalizado con el planteo de trámites que excedan el limitado encuadre de las medidas urgentes. Las decisiones que se adopten en ese marco, en realidad apuntan a la prevención o cesación de la violencia, por lo que el juez goza de amplitud de facultades a la hora de conocer los hechos. Se procura operar antes que el daño se concrete o agrave. En realidad se atiende a intervenir para atender a la urgencia, desformalizando lo máximo admisible la posibilidad de acceder a la jurisdicción, sin ningún perjuicio sobre las acciones y derechos que puedan hacer valer por las vía que le correspondan.

Bajo estos postulados es que corresponde dar respuesta al concreto planteo propuesto por el recurrente.

Así diremos que bajo el primer agravio el Sr. N. N. objeta el dictado de una orden de restricción y exclusión de hogar sin que obren en la causa indicios suficientes y fundados que acrediten una situación objetiva de riesgo, ya sea para la actora como para sus hijos. En relación a ello cabe señalar que de la prueba aportada por la Sra. N. N., en especial los testimonios de su madre, Sra. N. N. y su hermana N. N., cuyas declaraciones fueran ratificadas en autos, dan cuenta sobre situaciones de violencia protagonizadas por el demandado en relación a su esposa e hijos.

Asimismo surge de la prueba documental obrante a fs. sub 28, que da cuenta de la rotura de piezas dentales de la Sra. N. N. a consecuencia de un traumatismo. A su vez los certificados de tratamiento psicológico de la Sra. N. N. y su hija obrantes a fs. sub 29 y 30 de autos, evidencian el estado emocional que presentan dichas personas compatible con situaciones de violencia intradomestica.

En relación a las objeciones formuladas por el apelante respecto de la situación de parentesco o amistad que refieren los testigos presentados por la parte actora, cabe señalar que el conflicto familiar determina la necesidad de contar con la declaración de personas allegadas de una u otra forma al matrimonio a los fines de que ilustren al tribunal sobre la vida íntima del grupo familiar, son estas personas las que por su vínculo y parentesco están en mejores condiciones de conocer el cotidiano acontecer del grupo familiar. En relación a ello cabe señalar que es criterio de este Tribunal aceptar, en esta clase de procesos al igual que en las otras cuestiones de familia, las declaraciones de los parientes o personas de amistad íntima, desde que son quienes se encuentran en mejores condiciones de conocer acontecimientos propios de la intimidad, ello sin perjuicio que tales declaraciones sean valoradas con especial cuidado.

Al respecto se ha resuelto que: "La buena fe se presume en todos los ámbitos del derecho y el principio es extensible a la apreciación del valor de la declaración de los testigos, cuando su imparcialidad es puesta en duda. De tal manera, la eficacia de los testigos en un juicio de violencia familiar no queda desmerecida por la falta de denuncia ante autoridades administrativas o judiciales ni por la vecindad con las partes. Es que, su proximidad les acuerda particular relevancia por ser los mas indicados para probar acerca de los hechos acaecidos en el ámbito familiar (Sumario N° 19683 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil). Sala III P.S. T° I, F° 828/833 Año 2011).

Cabe agregar que no obstante la ausencia de mayores elementos de convicción, pero existiendo suficiente verosimilitud en el relato de las circunstancias fácticas alegadas por la denunciante, encontrándose en juego el interés superior de tres menores de edad y atento la índole eminentemente preventiva de las medidas que, frente a situaciones de violencia se impone la adopción de algún recaudo a los efectos de resguardar a los menores, frente a cualquier situación disvaliosa. (Cc0003 Sm 61798 Rsi-81-9 I-Fecha: 23/06/2009-Mag. Votantes: Perez-gallego- Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires-Civil y Comercial).

Con igual criterio se ha resuelto que: "Debe tenerse presente que para otorgar la protección de persona basta una sospecha de maltrato, ante la evidencia psíquica o física, y la verosimilitud de la denuncia. Luego, el juez con estos elementos, tal como ocurre en autos, se encuentra habilitado para ordenar informes y diagnósticos y dictar, en su caso, medidas cautelares que durarán, en principio, mientras persistan las causas que le dieron origen". (Nº Fallo: 10150178 - Ubicación: Trelew- Mag. : MARCELO J. LÓPEZ MESA, CARLOS A. VELÁZQUEZ, CARLOS DANTE FERRARI - Cámara Civil, Comercial, Laboral Y Minería - Citas: Kielmanovich, Jorge L., "medidas Cautelares", Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2000, Ps. 43 Y Sig. - Fecha: 16/06/2010- Provincia de Chubut).

Resulta asimismo relevante la circunstancia denunciada a fs. sub 141 y vta. dando cuenta que por ante el Quinto Juzgado Correccional el recurrente ha sido procesado por el delito de Amenazas (art. 149 bis del C.P.) en perjuicio de la Sra. N. N..

De igual modo carece de sustento el agravio referido a que la causa ha tramitado inaudita parte habiendo privado al recurrente de toda participación, previa al dictado de la sentencia, pues tal reproche resulta inviable en atención al carácter de la medida y la clara disposición contenida por el art. 25 de la Ley 7943.

Por la índole y naturaleza del fenómeno de violencia familiar y ante la necesidad de que la víctima de la violencia pueda requerir y obtener auxilio para que cese el hecho dañoso, dada la celeridad y sumariedad exigida por el trámite establecido en la ley, no se requiere que el Juez haga un contradictorio con la denuncia efectuada y luego de todo un proceso judicial, tenga la absoluta convicción para tener por ciertos los hechos denunciados, a fin de disponer una medida provisional. Por lo que corresponde el rechazo del agravio formulado.

"Corresponde definir que el objetivo principal de la leyes de violencia familiar es crear un marco procesal que permita adoptar las medidas urgentes tendientes a neutralizar las crisis familiar existente, evitando el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato, para lo cual se necesita de adopción de medidas eficaces, urgentes y transitorias. (Scpa02 5687 S-Fecha: 21/12/2009 Mag. Votantes: Castrillon-paÑeda-smaldone-Jurisprudencia Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos.); en el mismo sentido - Sala III - Protoc. de Autos T° I F° 113/119 - 22-03-12.

Todas las circunstancias citadas nos permiten concluir que existen suficientes motivos para considerar que la decisión del Sr. Juez aquo se encuentra suficientemente fundada por lo que corresponde confirmar el fallo en este punto.

Por último en relación al agravio referido al monto de la cuota alimentaria fijada y que el recurrente considera excesiva en cuanto que no se encuentra probado en autos su capacidad económica, cabe señalar que el artículo 38 inc. g) de la ley Provincial 7943 faculta al Juez a tomar como medida de protección la fijación de una cuota alimentaria en favor de los perjudicados por los hechos de violencia denunciados.

En segundo lugar, de todas las pruebas aportadas surgen indicios serios de las actividades laborales del Sr. N. N. y que habilitan a considerar que se encuentra en condiciones de hacer frente a la cuota fijada la cual consideramos adecuada para satisfacer las necesidades de sus tres hijos menores de edad.

Por todas las consideraciones efectuadas el Tribunal entiende que el recurso propuesto por el demandado debe ser rechazado in totum, confirmando lo decidido por el Sr. Juez aquo, ya que con lo resuelto se intenta brindar protección integral de la familia en crisis.

Las costas del presente recurso corresponde se impongan al apelante vencido (art. 67 del C.P.C.). Asimismo y conforme lo establecido por el artículo 800 inc. 10 de la ley Nº 988-O - modificatorio del artículo 47 de la ley Nº 56-O y artículo 21 de la citada ley corresponde regular los honorarios profesionales correspondiente al letrado patrocinante del recurrente, Dra. Lidia Andrea Roman Baron, por su intervención en esta instancia, en el 30% de los honorarios que oportunamente le sean fijados por su labor ante la primera instancia.	Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 de la Ley 8037.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación concedido a fs. sub 97 de autos contra la sentencia de fs. sub 62/66 la que es confirmada en todas sus partes por los motivos expuestos en los considerandos.

II) Imponer las costas al apelante vencido (art. 67 del C.P.C.).

III) Regular los honorarios profesionales de la Dra. Lidia Andrea Román Barón en esta instancia en el 30 % de los honorarios que le fijen por su labor ante la primera instancia.

Protocolícese, notifíquese y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.