Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22


BASANO, Marcelo Luis y otro contra BANCO DE GALICIA Y BS. AS. Reg.: A y S t 203 p 497-500.

Santa Fe, 22 de diciembre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la accionada contra la sentencia 56 del 16 de mayo del año 2003 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, en autos "BASANO, Marcelo Luis y otro contra BANCO DE GALICIA Y BS. AS. -Laboral- (Expte. 260/02)" (Expte. C.S.J. nro. 376, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que los actores promovieron demanda persiguiendo de la accionada el cobro de las diferencias entre las remuneraciones liquidadas y las que estiman les corresponderían por aplicación del convenio colectivo 18/75 conforme al cual, se prevé la promoción automática para el personal administrativo técnico especializado consistente en la designación como ayudante de firma a los 15 años de antigüedad en el cargo; y que en el caso de los actores no se había efectivizado.

La sentencia de primera instancia receptó la demanda y condenó a pagar a los actores la suma que surgía de la planilla practicada en autos. Apelada que fuera por el demandado, la Alzada la confirmó parcialmente, modificándola sólo en cuanto a la manera de calcular la suma a la que resultaban acreedores los accionantes, estipulando el modo de estimarla por considerar errada la aludida planilla.

Es este último pronunciamiento el que la accionada cuestiona a través del recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055, encuadrando sus reproches en los incisos 2) y 3 ) del artículo 1 de la aludida norma.

Se queja por cuanto la Sala habría omitido considerar un agravio vertido contra la sentencia inferior y en consecuencia incurrido en severos errores de análisis y valoración de la prueba producida.

Critica al Tribunal a quo por entender que el convenio colectivo 18/75 se encuentra vigente y que en su artículo 5 establece un régimen de promoción automática sin advertir -por soslayar el agravio apuntado- que este último precepto no es autosuficiente y debe ser verificado a la luz del artículo 44 del mismo convenio que faculta al empleador a otorgar o no el ejercicio de la función superior al empleado que resulta promovido por el solo paso del tiempo. Destaca que en el caso de autos, lo actores nunca ejercieron la función de "ayudante de firmas".

Sostiene además que el referido artículo 44 señala que deberán abonarse al trabajador las remuneraciones que "a ella se les fija" (en alusión a la categoría) y que la última fijación de salarios se realizó mediante un acuerdo en abril de 1991, debidamente homologado e incorporado al convenio. Por ello, agrega, ésta debe ser la última base salarial que contiene el convenio 18/75, a menos que se dictamine que dicha acta ha perdido vigencia, en cuyo caso habrá de estarse al cuadro salarial original, que prevé remuneraciones muy inferiores.

Se queja de que la Sala haya considerado que, a pesar que los actores percibieron sumas superiores a las reclamadas, tales adicionales, propios de la política remuneratoria del empleador, devinieron en un derecho adquirido por el dependiente, ya que ascender de categoría sin variar la remuneración infringiría el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea. Critica a los Sentenciantes por cuanto en la causa no se ha verificado que los actores hayan desarrollado ninguna tarea que les otorgue el derecho de percibir mayor remuneración; antes bien -asevera- los trabajadores perciben la remuneración indicada para la tarea que realizan.

Alega que el principio constitucional aludido no ampara situaciones como la aquí pretendida en la que se impone al empleador la exigencia de ascender a determinados empleados por el simple paso del tiempo.

Achaca asimismo a la Sala caer en incongruencia al extender la condena a cuestiones que jamás fueron planteadas por los actores. Puntualiza que en la demanda los accionantes se limitaron a reclamar las diferencias salariales en base a la convención colectiva que citan, precisando en el punto relativo al monto el alcance de su reclamo, aludiendo específicamente que será un perito contador quien establecerá los reajustes salariales entre lo efectivamente abonado a los actores según recibo y lo que corresponde según el convenio de aplicación. Por ello, y dado que los actores nunca solicitaron que se ajustaran sus salarios en función de lo que percibieran otros empleados del Banco de Galicia -sino a lo que correspondía al cargo de ayudante de firma (por ascenso) según el Convenio- la Sala cae en un exceso de jurisdicción al condenar de acuerdo a otros parámetros, siendo descalificable, entonces, su decisorio.

La Sala denegó la con cesión del remedio extraordinario intentado razón por la cual la accionada ocurrió en forma directa por ante esta sede.

2. En primer lugar ha de señalarse que si bien la impugnante funda su recurso de inconstitucionalidad en los incisos 2) y 3) del artículo 1 de la ley 7055, del desarrollo de los agravios se evidencia que sus reparos se ciñen a cuestionar lo decidido desde la perspectiva de la arbitrariedad (inc. 3), y por tanto será ese el marco de esta revisión.

Circunscripto el remedio a su ámbito preciso, cabe apuntar que no ha de merecer favorable acogida habida cuenta que al penetrar en el ámbito de lo sustancial, con las limitaciones propias del estadio que transita la presente impugnación, el elemental análisis del memorial introductorio del recurso en confrontación con lo resuelto en la sentencia atacada, permite advertir que los planteos que la recurrente intenta encuadrar en hipótesis conculcatorias de garantías constitucionales carecen de consistencia y no alcanzan a demostrar la configuración de los pretendidos vicios imputados, traduciendo tan sólo su cuestionamiento a la labor jurisdiccional cumplida por el A quo en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias y sobre materia -en principio- extraña al contenido del recurso de inconstitucionalidad intentado.

Concretamente, los reproches formulados a la sentencia en crisis denotan el mero disenso del quejoso en torno a la tesis sostenida por el A quo, quien analizó la situación planteada en autos y llegó a la conclusión de que, encontrándose vigente el C.C.T. 18/75 y de acuerdo a los dispuesto en su artículo 5, asistía razón a los actores por lo que el reclamo de diferencias salariales debía prosperar y determinó de qué manera el perito debía proceder para calcular el monto adeudado.

Frente a ello, la recurrente se opone sosteniendo por un lado que dicho Convenio Colectivo de Trabajo ha perdido vigencia, y por otro, que, aun en la hipótesis de encontrarse en vigor, las sumas a las que resultó condenada no son debidas por su parte; sin embargo, tal como han sido planteados, los reparos resultan insuficientes para desvirtuar -desde el plano constitucional- las fundamentaciones brindadas por el A quo.

Es que, se advierte, la cuestión debatida atañe a materia de hecho, prueba y derecho común, ajena -en principio- a la vía excepcional intentada, la cual ha sido decidida con fundamentos de dicha naturaleza que, más allá de su acierto o error, excluyen las causales de arbitrariedad alegadas.

En primer lugar, ha de señalarse que la Sala desarrolló extensamente los avatares de las convenciones colectivas, con especial referencia al régimen bancario y concluyó -en sentido análogo al sostenido por este Cuerpo in re "Martínez", A. y S. T. 130, pág. 140- que el Convenio Colectivo de Trabajo en cuestión se encontraba vigente. Frente a dichas argumentaciones, los planteos de la recurrente pierden sustancialidad desde que solo trasuntan su simple discrepancia al respecto.

Igual suerte adversa han de merecer los reproches de la perdidosa en punto a su errónea condenación sea por haber desinterpretado la C.C.T. desconociendo lo dispuesto en su artículo 44, como por que los actores venían cobrando más de lo reclamado, o por condenar conforme a pautas que exceden lo pretendido.

En efecto: la Sala sostuvo que, despejado el tema de la vigencia de la C.C.T. se imponía analizar el reclamo de los actores fundado en lo que les hubiera correspondido percibir por aplicación del artículo 5 de la convención, que prevé la promoción automática de categoría por antigüedad.

Dicha inteligencia -que la promoción de categoría opera automáticamente por el transcurso del tiempo- no se advierte pueda resultar arbitraria y las consideraciones vertidas por el quejoso -más allá de patentizar su discrepancia con dicho régimen de promoción- resultan insuficientes para descalificar lo decidido; máxime cuando del texto del artículo 44 que el recurrente transcribe y que reputa soslayado se deriva que los ascensos son automáticos, aplicables directamente por antigüedad y que si bien resulta privativo de las instituciones asignar la función inherente a la categoría "en todos los casos deberán abonar las remuneraciones que a ellas se le fija, independientemente del ejercicio del cargo" (cfr. f. 23 vto.).

Al respecto, cabe destacar que tanto la Corte nacional como este Cuerpo se han expedido en el sentido de que, como regla general, la interpretación de las convenciones colectivas de trabajo es cuestión de derecho común cuya decisión corresponde a los jueces de la causa y ajenas, en principio, a la instancia extraordinaria (Fallos:301:1006; A. y S., T. 162, pág. 479; 163, pág. 1).

Por su parte, resultan también inidóneas para revertir lo decidido las quejas que achacan al J Dichas razones evidencias que en el caso de autos la Cámara analizó las circunstancias fácticas concretas y no se advierte que en tal proceder haya vulnerado garantías constitucionales. Por ello, al margen del acierto o error en que pudo incurrir, optó por un criterio exegético que no se advierte pueda ser tildado de inconstitucional ni de haber desbordado las posibilidades interpretativas aceptables que desde ese punto de vista ofrecían las disposiciones en cuestión, en relación a las circunstancias probadas de la causa.

Finalmente, tampoco se advierte la acusada incongruencia entre lo pretendido y lo concedido a los actores, a poco que se repare en que la condena guardó estrecha correlación con el alcance que la Sala -razonablemente- confirió a la reclamación y en función de la cual estimó que -tal como arguía el apelante- la pericial contable arrojaba resultados inexactos y correspondía por ello, una nueva determinación conforme las pautas que se encargó de señalar.

Ello -dijo- desde que en la demanda no se había pretendido como "adicional voluntario a cuenta de futuros convenios" el "porcentaje promedio de los adicionales voluntarios percibidos por todos los empleados que se desempeñaban en la Sucursal Rafaela del banco demandado" (tales las pautas que habrían seguido los expertos al peritar) sino el adicional que hubieran estado percibiendo los empleados con desempeño en la categoría "Ayudante de Firma" y que era lo que, correctamente, debía ponderarse a fin de cuantificar la reclamación (cfr. arg. f. 17).

De allí que, habiendo proporcionado el Tribunal una respuesta razonada al tema debatido, sin que la accionada haya conseguido demostrar la alteración de los términos de la petición de la parte, las alegaciones formuladas por aquél traducen sólo su disconformidad, pero sin entidad constitucional y por ende, ajeno a esta instancia extraordinaria.

Es por ello que lo decidido por la Alzada no resulta en definitiva arbitrario. No hay, en síntesis cuestión constitucional aprehensible que legitime el franqueamiento de la instancia excepcional. La conclusión arribada podrá o no compartirse, pero en la medida en que no implica un palmario apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente, remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)