Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-26


Causa 026-00/CC/2006 "Faraldo, Eva Valeria; Elissagaray, Gabriel s/ inf. ley 255" - Apelación.

//n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 438/440vta. contra la resolución dictada a fs. 433/435 en la presente, de la que RESULTA:

1º) Que a fs. 433/435, esta Sala resolvió declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la defensa por haber sido presentado de manera extemporánea. Ello así, toda vez que la presentación fue efectuada fuera del plazo previsto por el art. 50 de la LPC que debe computarse a partir de la lectura de los fundamentos de la sentencia, que implica notificación para los que hubieran intervenido en el debate.

2º) Que a fs. 438/440vta., obra la presentación efectuada por el defensor del imputado Elissagaray, Cecilio Héctor Librandi, en la que manifestó que el recurso procede formalmente toda vez que el decisorio atacado es una sentencia definitiva y de permanecer firme haría cosa juzgada sobre el hecho investigado. De este modo, al impedirse el acceso a una revisión se vulneraría la garantía de la doble instancia consagrada constitucionalmente. Asimismo se agravió por cuanto en el resolutorio atacado se efectúa una interpretación restrictiva en perjuicio del imputado que impide que se cuestione o revise la sentencia vulnerando así derechos constitucionales. A ello agregó que el criterio seguido por esta Sala no se compadece con la realidad de los hechos puesto que la defensa recién conoció los fundamentos de la sentencia al momento de ser notificada por cédula con copia de los mismos.

3º) Que a fs. 442/443vta, al contestar la vista conferida, el Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, expresó que debía declararse inadmisible el recurso de inconstitucionalidad. En primer lugar, refirió que la inconstitucionalidad planteada por la defensa resulta ser una reflexión tardía que obsta a su procedencia, en atención a que la defensa no realizó la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior al presentar el recurso de apelación en primera instancia. Agregó que si bien al contestar el traslado en la alzada efectuó una reserva de recurrir ante la Corte, omitió cualquier mención al Tribunal Superior de Justicia. Por otra parte, en relación al agravio invocado, sostuvo que la defensa se ha limitado a criticar la sentencia dictada por esta alzada en cuanto ha declarado mal concedido el recurso impetrado, sin dar argumento que habilite la revisión de dicho resolutorio por parte del Tribunal Superior. Por último, refirió que solo se hace referencia a cuestiones relacionadas con normas de procedimiento, sin controvertir la aplicación de las normas contenida s en la Constitución, ni cuestionar la validez de una norma o acto bajo la pretención de ser contraria nuestra Carta Magna, circunstancia que obsta a la procedencia del remedio procesal intentado.

4º) Que a fs. 445, pasaron los autos a resolver, siendo la cuestión a dilucidar si el recurso de inconstitucionalidad interpuesto debe ser considerado admisible.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO En primer término, con respecto al juicio de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, cabe mencionar, tal como lo ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que corresponde a esta Alzada constatar que el mismo cumpla con los recaudos formales establecidos en la ley para su procedencia y que se encuentre fundado en agravios constitucionales reales y no aparentes, diferenciando si se trata de una concreta impugnación constitucional del fallo o de la invocación genérica de preceptos o reiteración de argumentos previamente tratados (expte. nro. 2212, del Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional nro. 1- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Feng Chen Chi s/art. 40 CC- Apelación, rto. el 11/6/03).

Al respecto, el Fiscal de Cámara considera que el recurso interpuesto por la defensa resulta improcedente por consituir una reflexión tardía toda vez que no efectuó la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia al momento de presentar el recurso de apelación. Agregó que no puede tenerse como formalizada la reserva efectuada al contestar el traslado conferido en esta alzada, porque la presentación efectuada por el defensor, en los términos del art. 51 LPC, era improcedente, máxime si se tiene en cuenta que la defensa hizo solo reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, omitiendo cualquier mención al Tribunal Superior de Justicia, que es quien cierra la instancia local y habilita el acceso al máximo Tribunal de Justicia.

De este modo corresponde analizar, en primer lugar si el planteo de la defensa constituye una reflexión tardía, es decir si el planteo no fue introducido en tiempo oportuno.

En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que la cuestión constitucional federal debe ser planteada en la primera ocasión que las normas procesales lo permitan, y solo por excepción y justificadamente eso puede ocurrir en una ocasión posterior y por principio no puede emerger de una reflexión tardía (Fallos:"Baracat, Antonio Luis s/ recurso contenciosoadministrativo, inconstitucionalidad y casación", rta. el 7/7/77 y "Hase, Ricardo Alberto c/Universidad Nacional del Litoral", rta. el 4/2/86).

Al respecto, es dable destacar que el defensor introdujo esta cuestión al momento de contestar el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara, quien sostuvo que el recurso de apelación resultaba extemporáneo (fs. 422/424). En esa oportunidad el letrado refirió que esa parte fue notificada de los fundamentos de la sentencia a través de la cédula librada por el actuario, por lo que concluyó que el recurso había sido interpuesto en término. Agregó que una interpretación contraria vulneraría las garantías de la doble instancia consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos, que goza de rango constitucional, en virtud de lo establecido por el art. 75 inc. 22 de la CN y del debido proceso que comprende el derecho del justiciable de recurrir la sentencia ante un Tribunal Superior (fs. 428/430).

De lo expuesto se desprende que no puede considerarse una reflexión tardía porque lo introdujo en la primera oportunidad en la que pudo referirse a dicho planteo pues hasta ese momento el agravio carecía de asidero. Sin perjuicio de ello y aún cuando no se hubiese agregado el escrito de la defensa que contesta lo dictaminado por el Ministerio Público que el Sr. Fiscal consideró como improcedente, la ocasión hubiera sido en el mismo recurso de inconstitucionalidad pues en ese caso esa sería la primera oportunidad.

Así el Tribunal Superior expresó que no podía exigírsele a la defensa que planteara de modo puramente conjetural la hipotética lesión de un derecho cuyo ejercicio carecía de asidero fáctico, concluyendo entonces que no se trataba de un supuesto de reflexión tardía (voto del Maier, expte nro. 3892 "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nro. 2 s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Sama, Javier Fernando s/inf. art. 56 CC -Apelación" rta. el 5/8/05).

En cuanto a la falta de reserva de plantear el recurso de inconstitucionalidad que fuera esgrimido por el Fiscal, cabe expresar que si bien la defensa en su presentación de fs. 428/430 solo formuló la reserva del caso federal y no del recurso de inconstitucionalidad, no se requiere dicha manifestación sino el oportuno planteo de la cuestión constitucional.

En este sentido, la CSJN ha expresado que el adecuado servicio de justicia que exige el art. 18 de la CN sólo se compadece con el primado de la verdad jurídica objetiva, tanto sobre el tradicionalismo jurídico como por encima de ritualismos formales. De ahí que el conocimiento de las cuestiones federales por el alto tribunal, no requiera de fórmulas sacramentales que frustren la jurisdicción de la Corte como tribunal de garantías constitucionales (Fallos 244:407; 292:296 y 308:568) y que el requisito de la reserva no existe en el marco del recurso extraordinario, sino que la exigencia que debe cumplirse es el oportuno planteo de la cuestión federal, a fin de que los jueces puedan decidirla y la cual no requiere de fórmulas sacramentales (Fallos 324:1344). Además sostuvo que tampoco es requisito imprescindible que se cite expresamente los artículos de la Constitución en juego, siempre que esas garantías constitucionales hayan sido inequívocamente señalizadas (Fallos 214:294; 249:493; 256:215).

Aclarado ello, cabe afirmar que el recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma y se dirige a impugnar una resolución que declara mal concedido el recurso de apelación incoado contra la sentencia de carácter definitivo dictada por el Juez de Grado. En este sentido, la decisión recurrida, al referir que ha caducado la facultad procesal de impugnar la condena impuesta pone fin al proceso judicial e impide que la cuestión planteada pueda ser articulada en el marco de cualquier otro proceso. En atención a ello, la presentación efectuada por la defensa resultaría procedente a la luz de lo dispuesto por el art. 27 de la ley 402. Sin embargo, por los argumentos que a continuación se desarrollarán el planteo impetrado por la Defensa debe ser declarado inadmisible porque no logró articular un verdadero caso constitucional.

La Defensa considera -con cita de jurisprudencia de esta Sala- que efectuó una interpretación restrictiva de los arts. 49 de la LPC y 400 del CPPN -de aplicación supletoria-, al considerar que el acto por el que se procede a dar lectura de los fundamentos de la sentencia a las partes importa su notificación. Asimismo expresa -tal como lo sostuvo al momento de contestar el traslado en función de lo dispuesto por el art. 51 de la LPC- que no hubo duplicidad de notificación de los fundamentos de la resolución recurrida, por cuanto recién esa parte fue notificada del fallo mediante cédula. Agrega que la resolución recurrida impide que la sentencia sea revisada y que se acceda a una segunda instancia de revisión; garantía consagrada constitucionalmente.

De este modo se advierte, tal como lo ha puesto de manifiesto el Sr. Fiscal de Cámara, que la defensa solo se ha limitado a criticar la resolución de esta alzada, sin dar argumento alguno que habilite la revisión de dicho resolutorio, haciendo solo referencia a cuestiones relacionadas con normas de procedimiento.

Siendo así, el agravio impetrado se traduce en una discusión acerca de la interpretación de normas procesales, cuestión ajena al recurso de inconstitucionalidad resultando solo una particular forma de disentir con lo resuelto por esta Sala.

Así, el Tribunal Superior de Justicia ha señalado que "Las recurrentes, tras aparentes (e insuficientemente planteadas) cuestiones constitucionales, manifiestan su desacuerdo con la interpretación de reglas infraconstitucionales efectuada en la sentencia recurrida. Sin embargo, aunque postulan otro criterio de interpretación de la norma procedimental, no logran señalar el desapego constitucional de la hermenéutica efectuada por la alzada. El recurso ahora interpuesto no tiene por misión el análisis e interpretación de Derecho local común" (Expte. TSJ nro. 1976/02 "Labayru, Julia Elena y otros c/ GCBA s/amparo (art. 14 CCABA, del voto de los Dres. Julio Maier y Ana María Conde, rta el 9/4/2004).

Por otra parte, tampoco resulta procedente para habilitar la vía intentada el argumento defensista en cuanto sostuvo que la resolución de esta Sala no se compadece con la realidad de los hechos y lo acontecido en el expediente, por cuanto ello involucra cuestiones de hecho y prueba ajenas al recurso impetrado.

Así lo ha señalado el mencionado Tribunal al afirmar que "los agravios propuestos por los recurrentes en relación con la alegada vulneración del principio de lesividad, del derecho de defensa y del debido proceso, en rigor, se plantean como meras discrepancias con los argumentos sostenidos en el decisorio objetado y, por lo demás, conducen a la valoración de extremos de hecho, prueba y derecho procesal, propios de los jueces de la causa y ajenos, en principio, al recurso de inconstitucionalidad..." (expte. N° 2266 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 6- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Oniszczuk, Carlos Alberto y Márquez, Sandra Rosana s/ ley 255 -Apelación-", del 18/09/2003).

En atención a lo expuesto se puede afirmar que la Defensa se limita a repetir las razones por las cuales entiende que debió dársele razón en el pleito, al punto que solo menciona que se le impide acceder a una segunda instancia y discrepa con la interpretación de las normas procesales que realiza esta Sala, haciendo referencia a reglas infraconstitucionales, tratándolas de vincular con la garantía constitucional de la doble instancia.

En este sentido el TSJ ha expresado que"la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bien bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. "Carrefour Argentina SA s/ recurso de queja", en Constitución y Justicia (Fallos TSJ), Tomo II, págs. 20 y sgtes).

En virtud de ello, cabe concluir que el agravio invocado por la recurrente se refiere a una interpretación de normas de derecho procesal, no viable para habilitar la procedencia del recurso de inconstitucionalidad por lo que el planteo debe ser rechazado.

Por último, cabe destacar que no se advierte contradicción alguna entre lo sostenido por este tribunal y el precedente citado por la defensa -nro. 854-CC-2001 "S.J.O s/ inf. art. 72 CC", rta. el 31/8/01-, por cuanto dicho fallo fue dictado por la anterior composición de esta Sala. Ello sin perjuicio de que tal planteo no resulta relevante a los fines de evaluar la admisibilidad del recurso intentado.

Concluido el acuerdo que antecede, por los motivos expuestos y las normas legales citadas, el Tribunal.

RESUELVE:

Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 438/440vta. por la defensa del imputado Ellisagaray.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y remítase al Juzgado interviniente, a sus efectos.

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