marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recursos administrativos, suspensión del plazo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: CIVIL
Carátula: COITIÑO BALBINO c/ M.C.B.A s/ DERECHO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

El recurso administrativo suspende el término para iniciar la acción hasta que aquél sea resuelto, pero si no recae decisión en 30 días hábiles se lo considera denegado y el acto adquiere tácito carácter definitivo si vencido ese plazo la autoridad no se hubiese pronunciado en forma expresa, quedando agotada la instancia administrativa y consecuentemente empieza a correr el plazo perentorio de 60 días para promover la demanda (art. 99, 100 y 101 de la ley 19.987).
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: LAMBERT DE DACUY MARGARITA c/ JEFE DEPARTAMENTO COMEDORES ESCOLARES s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1987-03-19

Es procedente la acción de amparo correspondiendo se reintegre de inmediato a la recurrente a su lugar de trabajo, habida cuenta de que existe un cuadro fáctico de reconocimiento por parte de la Administración de una relación de empleo público que en virtud del tiempo transcurrido (dos años) , hace a la garantía de la estabilidad prevista en el artículo 21 Constitución Provincial. Por otra parte le fue concedida a la accionante licencia por maternidad, no prevista en su contrato originario con la Administración , derecho que solo en el ámbito administrativo tiene quien es empleado
Universidades, universidades nacionales, autonomía universitaria, estatutos universitarios, gobierno de la universidad, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) c/ Universidad Nacional de Luján s/ aplicación ley 24.521.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de las previsiones legales que establecen detalladamente la forma en que los estatutos deben disponer la composición de los órganos de gobierno y control interno. Ello es así pues -más allá de que las previsiones de la ley puedan responder a nobles objetivos, tales como asegurar la transparencia del sistema, la integración democrática y plural de los órganos de gobierno en un régimen de autonomía la regulación de estos aspectos corresponde al ente autónomo, sin perjuicio de su cuestionamiento por la vía y forma que corresponda (Disidencia parcial del Dr. Carlos S. Fayt).
Reforma de la justicia, Consejo de la Magistratura, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13) s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

La declaración de inconstitucionalidad solo procede cuando ésta sea manifiesta y no ante cualquier duda y la ley en cuestión toca directamente a la estructura judicial, respecto de la cual cada magistrado tiene sus propias ideas, sin duda todas respetables pero seguramente muy dispares, resultando posible que haya casi tantos modelos de estructuración del Consejo de la Magistratura corno magistrados, por lo que exige un extremo esfuerzo de prudencia para separar con meticuloso cuidado la opinión o convicción personal acerca de la composición y elección del Consejo, de la pregunta acerca de la constitucionalidad de la ley en cuestión. (Disidencia del señor Ministro Doctor Don E. Raúl Zaffaroni).
Robo con armas, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ahumada, Darío E. y otro s/ Recurso Extraordinario interpuesto por el Dr. Cerezo, Juan Mariano en Expte. Corte Nº 24/12 - Rec. de Casación de Sentencia Nº 09/12 (...) - Ahumada, Darío E. y otro - p.ss.aa. Robo Calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-02

La Cámara en lo Criminal, sala unipersonal, resolvió declarar culpable al imputado como coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por ser cometido con armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por cuya violencia resultaron las lesiones previstas en el art. 90 del C. Penal, condenándolo a sufrir la pena de nueve años de prisión.

Contra esa resolución, el abogado defensor del imputado interpuso Recurso de Casación al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el defensor interpone el presente remedio federal.

Tampoco es admisible la impugnación relativa a las lesiones causadas en la ocasión, puesto que claramente surge del texto de la sentencia que esas lesiones en su significación material y extensión no fueron las valoradas como circunstancias agravantes del hecho sino el daño moral sufrido por las víctimas y apreciado en el juicio cuando ambas lloraron al recordar lo que padecieron entonces y relataron no haber superado el trauma no obstante los tratamientos psicológicos que realizaron con ese propósito, como una particular circunstancia del hecho que influye en la "cantidad" de delito pero que de no haber existido no hubiera impedido tener por cometido el delito porque no es un elemento constitutivo de éste.

Por ende, dado que esas circunstancias no se encuentran lógicamente comprendidas en el tipo penal endilgado, su consideración en la individualización de pena no traduce la denunciada múltiple valoración perjudicial de una misma circunstancia del hecho.

De tal modo, el recurrente no demuestra con los argumentos que presenta la irrazonabilidad que predica de la pena impuesta ni justifica debidamente la pretensión que deduce para que ella sea reducida.

En las condiciones referidas, esta Corte considera que el recurso carece de fundamento suficiente en los términos del art. 15 de la Ley 48, lo que obsta a su concesión.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montalivet Nestor H. y otros c/ Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-29

Para que la imprudencia sea punible es necesaria la concurrencia de una acción u omisión llevada a cabo con inobservancia de normas y reglas de precaución o de cautela, requerida por las circunstancias de hecho, lugar y tiempo, tendiente a prever y en su caso evitar un daño o perjuicio en el patrimonio ajeno y, para el año 1987, era universal y públicamente conocido en los medios científicos que se debían efectuar las pruebas serológicas de hepatitis Nº A y Nº B, y de SIDA, por ejemplo, puesto que ello era indispensable, y lo es, claro está, para evitar contagios.
Despido, comunicación del despido, despido verbal, intimación al empleador, silencio del empleador, presunción juris tantum
Materia: LABORAL:
Carátula: Isidoro Carlos Fernandez c/ Electroquimica El Carmem s/ RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1994-12-06

Conforme al art.57 de la LCT constituye presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

Efectuada la intimación y no contestada por el empleador, surge una presunción juris tantum en su contra. Esta presunción provoca la inversión de la carga probatoria, de tal modo que si el trabajador intimó al empleador y no recibió respuesta, se opera a su favor la presunción que el empleador (demandado) deberá desvirtuar aportando pruebas acreditando la causa o motivo que justifiquen el silencio.
Acción de amparo, acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, control de legalidad, división de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonelli, Luis Leonardo c/ G.C.B.A s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-08

La actuación judicial importa la revisión de la legalidad del actuar de la Administración;la separación de poderes, en lo que modernamente se entiende por Estado de Derecho, significa no la ausencia total de injerencia sino la noción de control, de interpretación de los mandatos del poder originario, de su ajuste a la normativa que lo informa. Ya Montesquieu, en "Del espíritu de la leyes" afirmaba:"Pero si en un estado libre el poder legislativo no debe tener derecho a frenar al poder ejecutivo, tiene, sin embargo, el derecho y debe tener la facultad de examinar cómo son cumplidas las leyes que ha promulgado". Esta referencia, cuando actualmente se ha consensuado y afirmado normativamente tal función examinadora en cabeza de los jueces, puede resultar arcaica. No obstante, su pertinencia al caso reside no tanto en la propia cita, sino en que la edición original de la obra del pensador francés -datada en 1750- destacaba ya el control de legalidad necesario respecto de las actuaciones del poder que ejecuta a través de ese cómo en el cumplimiento de la ley. Es la Administración, entonces, la que incurre en su decir, en un arcaísmo aún mayor, al negar esta capacidad de examen al Poder Judicial. Paradójicamente, con intenciones de asegurar su vigencia, viste de presente cuestiones que la ciencia jurídica ha definido hace tiempo de otro modo y por otros rumbos.
Impuesto a las ganancias, reorganización de la empresa, grupo económico, fusión de sociedades
Materia: ECONOMIA-PROCESAL
Carátula: La Veloz Del Norte SA c/ Estado Nacional AFIP - Dirección General Impositiva s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-05

La fusión por absorción efectuada entre una empresa dedicada al transporte interurbano y otra cuya actividad era la compraventa de automotores, posee neutralidad fiscal - art. 77 de la LIG y art. 105 del Decreto Reglamentario-, pues existen elementos que evidencian de que se trata de un conjunto económico, dado que existió identidad de accionistas al momento de la organización y se mantuvo un 80% del capital de la segunda, no se produjo un incremento de riqueza susceptible de ser gravado y la contraprestación exclusiva que medió fue la transferencia de títulos representativos del patrimonio transferido, máxime considerando existió un intercambio de tarea de asistencia entre ambas.
Crédito laboral, indemnización por accidente de trabajo, resolución denegatoria, Organización Internacional del Trabajo, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Pinturas y Revestimientos aplicados SA s/ quiebra
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-26

Cabe dejar sin efecto la sentencia que desestimó el pedido del acreedor laboral, tendiente a la percepción sin limitaciones y de manera preferente de su crédito indemnizatorio por accidente de trabajo, porque juzgó que las disposiciones del Convenio N° 173 de la OIT, en las que se había basado el reclamo, no han tenido recepción en la legislación local, dado que incumbía al a quo explicar con precisión por qué los preceptos internacionales invocados no resultaban directamente aplicables en el ámbito local y cuáles hubieran sido las medidas necesarias que el Estado debió adoptar para conferirles operatividad, cosa que no ha hecho y que muy difícilmente hubiera podido hacer de manera fundada y convincente. -Los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Argibay, en disidencia, declararon inadmisible el recurso (art. 280 CPCCN).
Menores, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: P. ,R. A. c/  s/ Inscripción de nacimiento fuera de término
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-21

El tiempo constituye un factor esencial al momento de hacer operativo el "interés superior del menor". La exigencia de que ese interés sea analizado "en concreto", como también el situar que del "conjunto de bienes necesario" para el menor lo sean los más convenientes en "una circunstancia histórica determinada", responden al lugar e incidencia trascendental que el factor temporal tiene en la vida de los menores. Esa trascendencia también obedece al carácter "provisional" que poseen las circunstancias de los menores. La definición académica lo evidencia al expresar respecto del término provisional: "dícese de lo que se hace, se halla o se tiene temporalmente".(del voto del doctor Pettigiani)
Extradición, Estado requirente, Estado requerido, detenido, debido proceso, defensa en juicio, tratados internacionales, oposición de defensas
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Juez de Foz de Iguazú - Brasil s/ pedido de extradición del señor Jorge Américo Arena.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Es necesario un procedimiento en el cual se conjuguen al mismo tiempo el interés del estado requirente, el del justiciable cuya extradición se requiere, a quien debe asegurarse un debido proceso en el que pueda oponer las defensas que tuviere en cuanto a la procedencia del requerimiento, y el interés común de los estados requerido y requirente en el respeto estricto del convenio de extradición que los vincula.
Divorcio contradictorio, prueba, apreciación de la prueba, pericia psicológica
Materia: CIVIL
Carátula: B. DE CH.E.P. c/ CH. M.P. s/ DIVORCIO - PRUEBA - TRANSGRECION AL DEBER MATRIMONIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-17

La función probatoria en juicios de divorcio debe versar sobre hechos afirmados y no sobre la personalidad de una de las partes, porque de lo que se trata es de averiguar si existieron o no comportamientos que impliquen transgresiones a deberes matrimoniales, imputables a uno de los cónyuges o a ambos, máxime si en la pericia psicológica la experta concluye que no ha obtenido datos que le permitan decir que el cónyuge padece trastornos de conducta ni que su estructura de personalidad sea apta para desarrollar comportamientos como los que se le atribuyen por la esposa.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de réplica, derecho a la privacidad, libertad de prensa, derecho de propiedad, Comunicaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Una comprensión amplia del derecho de réplica, rectificación o respuesta, lesionaría la reserva consagrada por el art. 19 de la Constitución Nacional, la libertad de expresión y el derecho de propiedad consagrados por los arts. 14 y 17 de la misma, pues obligaría a todo propietario de un medio de difusión a admitir un debate abierto sobre cualquier tema que se hubiera hecho público mediante su utilización; anulando, así, su propia libertad de expresión o la de quienes, con su consentimiento, utilizan su medio y poniendo su propiedad individual al servicio de cualquier miembro de la comunidad.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: ADOLFO MARCOS GARRIDO Y OTRO s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1991-12-30

El recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria no autoriza a revivir la relación de la prueba pertinente para la solución del caso, ni tampoco del acierto con que haya sido examinada por el tribunal de la causa, puesto que el recurso extraordinario por sentencia arbitraria reviste carácter excepcional y no tiene por objeto abrir una tercera instancia ordinaria.
Proceso judicial, integración de la litis
Materia: LABORAL
Carátula: Galván, Eduardo c/ Paname S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05

La interpretación dada al escrito de contestación de la demanda y a los límites en que quedó trabada la litis es facultad privativa de los jueces de grado y por tanto la decisión resulta irrevisible si el apelante no la controvierte con la denuncia idónea y eficaz demostración del absurdo.
Propiedad participada, privatizaciones, ENTEL, relación de dependencia
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: D' Ambrossio, Juan Mario José c/ Estado Nacional Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-01

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda promovida por quien se había desempeñado en ENTEL pero no fue transferido luego de la privatización a ninguna de las sociedades adjudicatarias ya que los decretos 731/89, 59/90, 60/90 y 62/90 se ajustan a lo previsto por la ley 23.696 y su reglamentación, pues contemplan la inclusión de los empleados en relación de dependencia del ente a privatizar y son reflejo del ejercicio de las facultades que se le acordaron en la materia al Poder Ejecutivo en punto a la factibilidad y conveniencia de la instauración de un programa de propiedad participada, compatible con la naturaleza de la privatización encarada (arts. 11, 15, 16 y 17 de la ley mencionada) y dichas prerrogativas debían hacerse cargo en el caso del traspaso al sector privado del servicio de telecomunicaciones organizado en diferentes unidades de negocio. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -La jueza Highton de Nolasco, en voto individual, consideró que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
Tratados internacionales, interpretación sistemática, Estado, obligaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

La conjunción de los tratados internacionales en nuestro derecho interno, siempre debe ser entendida en un todo armónico, de manera tal de adoptar un sentido conciliador entre sus mandas que deje a todas con valor, dando pleno efecto a la intención del legislador; y en esa tarea de armonizar las mandas internacionales y nuestro derecho interno no puede considerarse un bloqueo a la persecución de delitos la garantía legislativa necesaria para el funcionamiento de la democracia, con alcances limitados en sustancia y en tiempo; a lo que cabe agregar que las mandas contenidas en los Tratados aludidos son dirigidas a los tres Poderes del Estado; circunstancia que implica -además de su adopción por parte de la jurisdicción- que los restantes Poderes hagan eco de las obligaciones asumidas, no sólo en la aplicación de las políticas diagramadas sobre la materia sino también a la hora de decidir sobre los casos sometidos a su competencia. (Del voto del Dr. Falistocco) - DOCTRINA: Badeni, Gregorio, "Tratado de Derecho Constitucional", Tomo III, 3° edición actualizada y ampliada, pág. 329.
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Villalba, Hugo Omar s/ Robo - Violacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-26

La mendacidad y dos testimonios hábiles son suficientes para integrar la prueba compuesta (art. 256 "in fine" -n.a.- C.P.P.).
Intereses, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Consorcio "11 de Junio" c/ Sertec S.R.L. Ingeniería Construcciones y-o Quien ResulteResponsable s/ Incumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-29

La ley de convertibilidad no innovó en materia de intereses sino que prohibió los ajustes por depreciación monetaria, los que no se confunden con los anteriores por su diversa finalidad: el sistema indexatorio apuntaba a enjugar el menoscabo del poder adquisitivo del capital afectado por la inflación, los intereses constituyen la compensación por la privación temporaria del mismo de acuerdo con el valor que el mercado acuerda al uso del dinero ajeno y se aplican en todo tiempo, con inflación o sin ella.
Dirigente gremial, despido, estabilidad del delegado gremial, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Peralta, Juan Pablo c/ Banco Municipal de Paraná SEM s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-10-11

El claro texto legal -artículo 51 de la ley 23.551-, obedece a dos motivaciones básicas. Por un lado, medida como la examinada carece de toda connotación antigremial, es decir, al tratarse una medida general mal podrá considerársela como discriminatoria del desempeño sindical del accionante. Por otra parte, carece de sentido mantener al demandante en un puesto laboral que ha dejado de existir y en un rol sindical que se ha agotado al cesar el establecimiento en que se actuaba y los trabajadores que se representaban.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: E. SA c/ A. SRL s/ Pago por Consignación (Sumario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-30

Se debe distinguir el no haber realizado una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran equivocadas, de la apelación que no prospera porque la Cámara considera que la impugnación no tiene eficacia suficiente como para revocar el fallo (cuestión de fundabilidad). En este sentido la innovación en los actuales Códigos de Procedimientos, estriba en las exigencias de señalar las motivaciones esenciales de la sentencia apelada que no fueron eficazmente rebatidas por el apelante.
Excusación, recusación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: H. G., N. D. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01

La admisión de los planteos de la excusación y recusación, de acuerdo a las reglas preestablecidas, propicia asegurar la imparcialidad siempre que no se perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial. Por ello, para resolverlo, corresponde atender no solo al interés particular sino también al general, que puede verse afectado por el uso inadecuado -sea por jueces o por las partes- del desplazamiento de quienes deben entender en el proceso.
Honorarios, trámites judiciales, expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Porcari Amado c/ Marta Olmedo s/ Embargo Preventivo (LIBRO: A002 - 241)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-22

La apelación de honorarios no exige la presentación de una expresión de agravios que se ajuste a los requisitos previstos en el art. 137 del CPC, por lo que no cabe el rechazo formal del recurso por no ajustarse el mismo a las preceptivas de dicha norma procesal.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Revestek S. A. c/ Banco Central de la República Argentina y otro s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

La aplicación de la doctrina de la responsabilidad del Estado por su actuar legítimo, consiste en que dicho actuar haya producido una lesión a una situación jurídicamente protegida.
Estímulo educativo, jurisdicción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Castillo, Carlos c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-07

Corresponde anular la denegatoria de aplicación del estímulo educativo si la posición favorable -debidamente fundada- adoptada por el MPF sellaba la suerte favorable de la solicitud y limitaba la jurisdicción del a quo para adoptar una solución más gravosa, como así también limita la de la Sala. (Dres. Slokar, Mahiques, Ledesma).
Compraventa internacional, transporte terrestre
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSUNION  ARGENTINA SA c/ Papelera Tucumán SA s/ incumplimientode contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

Los INCOTERMS constituyen un conjunto de reglas de interpretación de las compraventas internacionales, que integran el contenido obligacional del acuerdo cuando las partes someten el contrato a alguna de sus cláusulas. Las partes han convenido la compraventa internacional bajo la cláusula FCA INCOTERMS 2000, denominada "franco transportista". Ello significa que el vendedor entrega la mercadería despachada para la exportación al transportista propuesto por el comprador en el lugar convenido.

En cuanto a las obligaciones a cargo de las partes, no puede soslayarse que el vendedor debe suministrar las mercaderías y el comprador debe pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de compraventa.