Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-27


Poder Judicial de la Nación SENT. INTERLOCUTORIA Nº: 58369 SALA II Expediente Nro.: 4.063/2008 (Juzg. Nº 48) AUTOS: "TORREZ OTONDO HONORATA C/ORIGENES A.F.J.P. S.A. S/ACCIDENTE ACCION CIVIL" Buenos Aires, 27/10/2009 VISTO Y CONSIDERANDO:

Llegan los autos a la Alzada en virtud de los recursos de apelación concedidos contra la resolución de fs. 110 que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 3er. Párrafo del CPCCN) decretó embargo preventivo sobre los fondos que la Origenes AFJP S.A. tenga depositados en diversas cuentas bancarias.

En atención a la índole de la cuestión debatida, se corrió vista de las presentes actuaciones al Sr. Fiscal General, quien se expide a tenor del dictamen obrante a fs. 184.

En el caso, la accionada se alza contra la medida precautoria dictada por el juez de grado, señalando que los importes correspondientes a la cuenta de capitalización individual del causante han sido transferidos a la Administración Nacional de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 de la ley 26.425 y en el art. 3 del decreto 2140/08, por lo que las sumas embargadas (ver informes de fs. 119/120, 132/136, 147/148, 133/134, 138/139, 149/150, 155/156, 170/171 y 153) le pertenecen y no pueden ser afectadas.

En primer término, cabe señalar que aún cuado la secuela temporal del proceso de autos no permita inferir que la transferencia de pleno derecho dispuesta por las normas invocadas por la demandada se tornó operativa con posterioridad a la afectación de bienes dispuesta a través de la medida decretada (tal como aconteciera en el precedente al que se remite el Fiscal General -ver fs. 183 y S.I. 57.998 del 19/8/09 en autos "Díaz Juana R. c/Origenes AFJP s/accidente" del registro de esta Sala), el planteo formulado por la recurrente debe igualmente ser desestimado puesto que, tal como lo puntualiza el Dr. Eduardo Álvarez en el dictamen que antecede (cuyos fundamentos se comparten y se dan aquí por reproducidos en homenaje a la brevedad), de la atenta lectura de las disposiciones de la ley 26.425 cabe concluir que la transferencia de fondos a la Administración Nacional de la Seguridad Social debió ceñirse a los recursos que integraban las cuentas de capitalización individual de los afiliados y beneficiarios al régimen de capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la ley 24.241 y sus modificatorias, puesto que ninguna disposición específica alude a los fondos provenientes de la remisión dispuesta en el particular diseño de la ley 24.557.

Asimismo, la nueva normativa ha mantenido el régimen privado de renta vitalicia en el ámbito de las compañías de seguro de retiro por lo que no cabría darle a la ley 26.425 el amplio alcance que pretende la recurrente.

En consecuencia, por lo expuesto, corresponde desestimar los agravios vertidos por la parte demandada y confirmar la resolución apelada, sin que ello implique expedirse sobre los eventuales derechos que la demandada pudiera hacer valer ante la Administración de Seguridad Social en base a los parámetros concretamente aplicados para la transferencia de fondos al nuevo sistema de seguridad social.

En atención a la naturaleza de la cuestión debatida, corresponde imponer las costas de la Alzada en el orden causado (art. 68 CPCCN).

En consecuencia, por lo expuesto y, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la resolucion apelada en todo cuanto han sido materia de agravios, 2) Declarar las costas de la Alzada en el orden causado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza Graciela A. González Juez de Cámara Juez de Cámara agv