Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-10-01


SENT N° 760 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Uno (01) de Septiembre de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Paz Posse Ltda. Ingenio San Juan S.A. vs. Transportadora de Gas del Norte S.A. s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y decisión de esta Corte el recurso de casación promovido por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia de fecha 24/02/2004 dictada por la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común (fs. 147), en la cual se declaró la competencia local, revocándose la sentencia de primera instancia en la que el Juez decidió su incompetencia (cfr. fs. 111 y 148).

2.- El recurso de casación es admisible, por reunir los requisitos formales exigidos por los arts. 816 y concordantes CPCC. La sentencia que se impugna, si bien no es una sentencia de fondo, cumple el recaudo del artículo 813 CPCC, al resolver de modo definitivo el planteo de incompetencia de la jurisdicción local formulado por el demandado, que invocando el artículo 66 de la ley 24.076 pretende que se declare la competencia administrativa del Ente Nacional Regulador del Gas.

3.- En una breve síntesis de los antecedentes relevantes del caso a resolver, se señala que en autos se promovió ante el fuero civil una demanda contra Transportadora de Gas del Norte S.A., para reclamar el pago de una indemnización por los daños provocados por la contaminación ambiental en el inmueble de propiedad del actor. La pretensión se funda en que las obras efectuadas en un sector del inmueble de su propiedad, por el permanente olor a gas y su amenazadora presencia, han producido un daño ambiental que afecta el valor del resto del fundo, porque se obstaculiza la utilización del predio del modo que más le conviene al propietario (cfr. fs. 71/73).

El demandado opuso excepción de incompetencia, argumentando que el reclamo debe sustanciarse en el ámbito del Ente Nacional Regulador del Gas ("ENARGAS") según lo dispuesto por los artículos 1 y 66 de la ley del gas N° 24.076. Expresó que ante ese ente debe sustanciarse una instancia administrativa previa y obligatoria, y que sus resoluciones son apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Manifiesta que se trata de un conflicto entre un tercero propietario de un inmueble sujeto a servidumbre administrativa de gasoducto, y una licenciataria de transporte, y que ese supuesto está aprehendido por el artículo 66 de la ley 24.076. Interpreta que los daños invocados se derivan de la existencia e impacto sobre la propiedad de una servidumbre administrativa de gasoductos, reglada en el artículo 23 de la ley 24.076 (se trataría del art. 22 de la ley 24.076 cfr. fs. 84/91).

La parte actora se opuso a la excepción alegando la competencia local. Advirtió que la jurisprudencia invocada por el demandado corresponde a supuestos diferentes, y que la pretensión no tiene vinculación con lo que debe abonarse por la servidumbre de gasoducto, ni con la prestación del servicio (cfr. fs. 102 y ss.). Cita la doctrina del fallo de la Corte de la Nación en juicio "Litoral Gas SA vs. ENARGAS", sentencia del 16/4/1998.

La sentencia de primera instancia del 30/7/2003 hizo lugar a la excepción de incompetencia, interpretando que el caso está regido por la ley 24.076 (cfr. fs. 110). Apelada la resolución, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común revocó el pronunciamiento y declaró la competencia local (cfr. fs. 147).

El demandado interpuso recurso de casación, en el que califica a la sentencia de arbitraria, y reproduce sus argumentos para sostener la incompetencia (cfr. fs. 152 y ss.). El recurso fue concedido por resolución de fecha 12/4/2004(cfr. fs. 190).

4.- Corresponde hacer lugar al recurso de la parte demandada, por las siguientes razones.

La acción que se promueve en autos reclama el resarcimiento de los daños producidos por la contaminación ambiental en el inmueble del actor, y está fundada en disposiciones del Código Civil. Pese a que el actor advierte que la indemnización demandada no es la de la servidumbre de gasoducto, ni la pretensión está dirigida a impedir ni modificar las obras construidas, el presupuesto fáctico de la acción que se invoca como causa del daño, es la actividad de la licenciataria de transporte de gas en cumplimiento de la concesión otorgada.

Esa materia está regida por la ley 24.076, en la cual se declara que uno de los objetivos de la regulación de la actividad es el de velar por la adecuada protección del medio ambiente (inc. f del art. 2 ley 24.076).

Siendo uno de los sujetos activos de la industria del gas es el transportista, como expresamente lo establecen los artículos 9 y 11 de la ley, su actividad está regulada y sometida al control del Ente Nacional Regulador del Gas, que es el órgano de aplicación de la ley 24.076 (art. 50). Entre las facultades del ente regulador, la ley menciona la de dictar los reglamentos a los cuales deberán ajustarse todos los sujetos de la ley en materia de seguridad ...sobre escapes de gas, de acceso a inmuebles de terceros, calidad de gas y odorización (inc. b del art. 52), autorizar las servidumbres de paso mediante los procedimientos apreciables, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 23 (inc. k del art. 50), y velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública, en la construcción y operación de los sistemas de transporte y distribución de gas natural, incluyendo el derecho de acceso a la propiedad de productores, transportistas distribuidores y consumidores previa notificación, a efectos de investigar cualquier amenaza potencial a la seguridad y conveniencia pública (inciso m del art. 52), y en general, todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de la ley y su reglamentación (inc. x del art. 52 de la ley 24.076).

De acuerdo a las disposiciones citadas, la materia invocada como factor causal del daño cuyo resarcimiento se pretende, está regida por la ley 24.076, siendo su órgano de aplicación el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

5.- El artículo 66 de la ley 24.076 establece lo siguiente: "Toda controversia que se suscite entre los sujetos de esta ley, así como con todo tipo de terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de los servicios de captación, tratamiento, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas, deberán ser sometidas en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente. Las decisiones de naturaleza jurisdiccional del ente serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso deberá interponerse fundado ante el mismo ente dentro de los quince (15) días de notificada la resolución. Las actuaciones se elevarán a la cámara dentro de los cinco (5) días contados desde la interposición del recurso y ésta dará traslado por quince (15) días a la otra parte".

En razón de que el factor causal del daño cuyo resarcimiento se demanda es una actividad regida por la ley 24.076 (ver en especial arts. 21, 22 y concordantes de la ley 24.076), corresponde al ENARGAS entender en la presente controversia de acuerdo al artículo 66 de la ley 24.076, por tratarse de una materia aprehendida en sus disposiciones, toda vez que el art. 66 establece como obligatorio para todo tipo de terceros interesados inclusive, acudir a la jurisdicción de dicho ente en todas las controversias que se susciten con motivo de los servicios regulados.

Ese procedimiento previo resulta insoslayable, ya que el presupuesto fáctico y causa del daño reclamado, es la actividad de la empresa concesionaria del servicio público en relación al impacto ambiental producido por un gasoducto, materia que indudablemente es competencia del ente regulador, el cual deberá determinar si hubo contravención a la normativa vigente, y si corresponde resarcimiento por los daños ambientales invocados, conforme art. 22 de la ley 24.076, art. 66 de la ley 17.319, o derecho común.

6.- En este sentido, debe tenerse presente que la concesión de un servicio público, pese a los aspectos contractuales que cuadre reconocérsele, es primordialmente un acto de gobierno que tiene por fin organizar un servicio público de utilidad general (CSJN, Fallos 257:173 y sus citas), de lo que se desprende que el acto estatal regulatorio de la prestación del servicio, es de carácter unilateral, llámese legal o reglamentario, siguiéndose de ello que el reclamo de un tercero que alega haber sufrido un daño ambiental como consecuencia de la prestación del servicio público privatizado, debe formularse ante el ente regulador correspondiente, ya que la pretensión está vinculada a la regularidad de la prestación del servicio, o eventualmente, al costo ambiental del mismo.

En orden a ello, sólo cabe recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto al ejercicio de facultades jurisdiccionales por órganos administrativos (Fallos: 247:646; 253:485; 301:1103), a efectos de una mayor protección de los intereses públicos mediante el aprovechamiento de la experiencia administrativa en la decisión judicial que finalmente se adopte. La actuación de tales entes u órganos ha sido siempre condicionada a limitaciones constitucionales que surgen del art. 109 de la Constitución Nacional y de la garantía consagrada en el art. 18 de la Ley Fundamental, tales como la exigencia de dejar expedita una vía de control judicial verdaderamente suficiente (Fallos: 247:646; 310:2159; 311:334; 321: 776) y la limitación que se deriva de la materia específica que la ley sometió al previo debate administrativo.

7.- Por lo expresado, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 24/2/2004 dictada por la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común (fs. 147), la que se casa y se deja sin efecto conforme a la siguiente doctrina legal: "Es procedente la excepción de incompetencia planteada por la concesionaria de un servicio de transporte de gas que invoca el artículo 66 de la ley 24.076, si el presupuesto fáctico de la acción y la causa del daño reclamado es la actividad regulada por la ley 24.076".

8.- En cuanto a las costas del recurso y de la instancia de apelación, y por tratarse de una cuestión novedosa, de singulares características que pudo dar lugar a diversas interpretaciones, se imponen por su orden (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 24/02/2004 dictada por la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común (fs. 147), la que se casa y se deja sin efecto conforme a la doctrina legal expresada en los considerandos, dictándose la siguiente sustitutiva: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación de la parte actora; II) COSTAS como se consideran".

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA