marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Corporación Financiera Internacional c/ Aragón, Luis Alberto Facundo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero, por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, corresponde indagar lo que dicen jurídicamente, y si bien no cabe prescindir de las palabras, tampoco resulta adecuado ceñirse rigurosamente a ellas cuando así lo requiera la interpretación razonable y sistemática. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Cesión de derechos, cesión de derechos litigiosos, notificación, deudor cedido
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Rua Remolcadores Unidos Argentinos y otros c/ Cap. y/o Arm. y/o Prop. Bq. "Hellespont Mariner" s/ Incidente de ejec. de fianza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

Tratándose de créditos litigiosos, no se ha requerido una notificación específica al deudor cedido, considerándose suficiente la agregación a los autos del acta judicial en donde se celebró la cesión para que ésta tenga efectos incluso contra terceros.
Juicio de desalojo, prueba documental, pueblos originarios, defensa en juicio, nulidad de la notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Hernández Miguel Angel c/ Pereyra Petrona s/ Desalojo sin contrato de locación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-01

Si de la documental adjuntada surge suficientemente acreditada la persoría jurídica de la comunidad indígena demandada, como así también la posesión actual, tradicional, pública del inmueble objeto del desalojo, con anterioridad al inicio del proceso, y lo único que hizo el oficial notificador es consignar que la persona que lo atendió dijo que el demandado vivía allí, pero la veracidad de este dato no se encuentra alcanzada por la fe pública, en resguardo del derecho de defensa en juicio amparado constitucionalmente, corresponde declarar la nulidad de la notificación del traslado de la demanda y de los actos que son consecuencia de la misma, teniéndosela por contestada en término.
Revocación de sentencia, exceso ritual manifiesto, apreciación de la prueba, apartamiento de las constancias de la causa, copias, falta de copias
Materia: PROCESAL
Carátula: ARAUCO  S.A. c/ Empresa  SIR   S.A. s/ rescisión de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Resulta objetable, por evidenciar un excesivo rigor formal, la sentencia que prescindió de una prueba incorporada regularmente al proceso en la etapa oportuna, en virtud de atribuir a la falta de copias un alcance incompatible con la finalidad de su exigencia, sin tener en cuenta constancias relevantes de la causa que relativizaban la omisión.
Derecho procesal, terminación del proceso, transacción, homologación judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Scagnetti, Carlos Alberto  c/ Newsan SA y otros  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-24

El CCCN 1642 prescinde de la homologación para la validez del acuerdo transaccional al que se arribe, la inexigibilidad de tal requisito sólo proyecta efectos en relación a la vía procesal que debería adoptarse ante un eventual reclamo por incumplimiento. En efecto. la homologación sólo habilita su ejecutabilidad a través del procedimiento de ejecución de sentencias, pero no constituye un requisito de eficacia. Debe tenerse en cuenta que la transacción no homologada no da lugar a la ejecución de sentencia, en cuyo caso los interesados tendrán que articular su pretensión de cumplimiento de contrato por vía ordinaria (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", t° VIII, pág. 88, ed. Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2015; ver en el mismo sentido Compiani, María Fabiana, "La transacción en el nuevo Código Civil y Comercial", TR LA LEY AR/D0C/1106/2015), como lo es el presente caso.
Personal de casas particulares, aplicación de la ley, instancia administrativa previa
Materia: LABORAL
Carátula: MOLINA DE RUARTE MARIA ROSA c/ MOREYRA ROGELIO (H) Y OTRA s/ DIFERENCIA DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-11-25

El art. 2 inc. b) de la Ley 20744, establece claramente la exclusión del servicio doméstico, el cual se rige necesariamente por el Decreto Ley 326/56, que en función del art. 15 establece que el Poder Ejecutivo Provincial determinará la autoridad competente y el procedimiento para conocer en los conflictos individuales que derivan de su aplicación.

En el caso de Córdoba, el gobernador de la provincia dictó el decreto Nro. 4951 de fecha cuatro de octubre de 1972 que en su art.

2do. establece la etapa o instancia conciliatoria previa y prejudicial ante la autoridad administrativa y los incs. c y d indican la documentación idónea para ejercitar la acción judicial y cuando queda expedita la acción judicial. Por ello se debe agotar, el trámite administrativo previo establecido por la normativa legal citada, de lo contrario se carece de acción porque dicho requisito es imprescindible para poder ejercitar la vía judicial, e intentada directamente resulta la misma improcedente.-
Reclamo administrativo previo, abogados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PAZ, JOSE CELSO c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ COBRO DE AUSTRALES-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-31

Si un mandatario está facultado expresamente para demandar judicialmente el cobro de una deuda, también lo está implícitamente para requerir su pago extrajudicialmente, ello porque quién puede lo más puede lo menos y además porque es de buena práctica, prudente y hasta necesario por parte de quien tiene facultades para demandar judicialmente y como tarea inherente al cobro por esa vía requerir antes el pago y constituir en mora.

Por otro lado no pueden considerarse traspasado los límites del mandato cuando éste se cumpla de manera más ventajosa haciendo una gestión extra en favor del cobro judicial encomendado, la que en
Accidente de tránsito, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL
Carátula: MAZA JOSE Y OTRAS c/ EMPRESA TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL  S.A.C.I. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-04-07

La presunción de responsabilidad del empleador o comitente por los hechos de su dependiente, cualquiera sea la tesis en que se funde, ya sea responsabilidad objetiva o culpa "in iligendo" o "in vigilando" exigen la ilicitud o antijuricidad del acto del dependiente.
Concesión comercial, plazo, rescisión del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Automóviles Saavedra  S.A.C.I.F c/ Fiat Argentina  S.A.C.I.F. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-04

El contrato de concesión supone una relación de confianza entre las partes, por lo que la desaparición de esta constituye un factor de ponderación en el análisis de su rescisión incausada, cuando tal facultad existe en el contrato, y esta carece de plazo de duración determinado.
Conflicto de poderes, gobierno municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Perez, Rafael E. c/ Concej. Delib. de Ayacucho s/ Conflicto art. 187 Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

La mera promoción del conflicto suspende la ejecución de la resolución impugnada solamente en los casos de destitución ya que las providencias cautelares en razón de su carácter instrumental no son definitivas y por ende no causan instancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Suspensión del juicio a prueba, fallos de la Corte Suprema, interpretación de la ley, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: M., L.A - A., S.G - F., M.C - L., M. s/ Lesiones leves agravadas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-09-09

En cuanto a la procedencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba, la más reciente línea jurisprudencial fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación recepta el criterio amplio respecto a la interpretación del art. 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal, sosteniendo "... el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal..." (C.S.J.N., "Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14, primer párrafo de la Ley 23.737 - causa nº 28/05, del 23/04/2008).

En concordancia con tal línea jurisprudencial se puede sostener que, si bien es cierto que nuestro legislador provincial estimó correcto fijar como plazo máximo para presentar las solicitudes de probation el término del art. 314 del Código ritual, también lo es que en ciertos casos no pueda ser rechazada, en perjuicio de los imputados, con la sola invocación del vencimiento del plazo cuando la resolución que así lo disponga, se dicte sin fundamento alguno, luego de transcurrido más de un mes de la presentación.
Asistencia alimentaria, distribución de alimentos, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes  c/ E.N. - M. Capital Humano s/ medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-15

Más allá de las obligaciones que pueden extraerse de las distintas fuentes de derecho internacional, e incluso de la legislación general autóctona, no se llegan a individualizar las normas o programas públicos en concreto incumplidos, ni mucho menos a identificar los dispositivos legales en los que encontraría basamento su específica pretensión de que el Estado Nacional distribuya, en especie, alimentos secos a niños, niñas y adolescentes a través de las llamadas organizaciones intermedias de la sociedad civil.
Desindexación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Artemia Lileen Alvarez  y otros c/ Ricardo Emilio Veteri s/ INCIDENTE DE HECHO NUEVO Veteri s/ INCIDENTE DE HECHO NUEVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1994-12-27

El Tribunal comparte la doctrina que señala que para que funcione la ley desindexatoria, la diferencia de valores debe ser manifiestamente absurda y provenir de aplicar una pauta indexatoria.Es decir que si se trata de diferencias provenientes, no de la actualización en sí, sino del criterio aplicado por el tribunal para fijar la cuantía indemnizatoria la ley en análisis no resulta aplicable.
Recurso extraordinario, cuestión de derecho público local, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Vega, Raúl - Intendente de San Francisco del Monte de Oro - Pcia. San Luis c/ Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Francisco del Monte de Oro Provincia de San Luis s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-12

Corresponde declarar la nulidad de la resolución por la que se concedió el recurso extraordinario si los términos sumamente genéricos del auto evidencian que el a quo omitió pronunciarse categórica y circunstanciadamente sobre la observancia de uno de los requisitos esenciales del recurso, cual es la presencia de una cuestión federal, máxime cuando no solo se ventila una cuestión de derecho público local que es, por su naturaleza, extraña a la instancia del art. 14 de la ley 48, sino porque el litigio que da lugar a las actuaciones -responsabilidad política de un intendente ventilada por ante el concejo deliberante- revela un conflicto de poderes locales que, desde la reforma del texto constitucional llevada a cabo en 1860, es un asunto que -como regla- es ajeno a la jurisdicción extraordinaria de la Corte reglada por los arts. 31 y 116 de la Constitución Nacional, 2° de la ley 27 y 14 de la ley 48.
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quaitenne, Hugo Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-11

El art. 41 de la ley 8587, que establece el modo de determinar el haber de la jubilación ordinaria sobre la base de la remuneración mensual asignada al cargo de que era titular el afiliado a la fecha de cesar en el servicio o al cargo de mayor jerarquía, no es excluyente del art. 77 de la misma ley 8587 referido al cómputo de servicios simultáneos. Y éste se aplica tanto cuando la determinación del haber de conformidad con el art. 41 se hizo sobre la base de servicios provinciales exclusivamente, como cuando los recaudos para obtener la jubilación ordinaria se integraron en virtud de servicios nacionales, siempre que se configuren los restantes requisitos exigidos por la norma.
Honorarios del abogado, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cuartas, Juan Carlos s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

En el juicio sucesorio, el plazo de prescripción de los honorarios devengados se computa a partir del momento en que queda fijado el haber hereditario.
Violación de domicilio, SEGBA
Materia: PENAL
Carátula: PUGLIESE, PABLO s/ VIOLACION DOMICILIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-01

Encuadra en la figura de violación de domicilio, la acción del procesado que ingresó a una oficina de S.E.G.B.A. sin autorización de persona alguna, con derecho a excluirlo si así lo consideraba, porque si bien el ingreso a un lugar como lo constituye el edificio de esa empresa, no constituiría el delito mencionado, por el irrestricto acceso público, sí lo es la entrada a los lugares de esa casa de negocio comercial lucrativa que no está librada al acceso del público, como lo es la oficina donde funciona el área de Recuperación de Indemnizaciones.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, muerte de un conscripto, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ARAMAYO, TERESA SANCHEZ, DEMESIO c/ FUERZA AEREA ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-31

En la hipótesis se está en presencia de un daño causado con la cosa y no por el hecho de la cosa. Ello así, no queda aprehendida por la segunda parte del segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil, en cuanto regula la responsabilidad por el riesgo de la cosa, sino por la primera parte de ese segundo párrafo. Pudiendo todavía acotarse que aún en este supuesto la responsabilidad del Estado Nacional quedaría descartada por haber mediado culpa de la víctima, desde que del estudio de los elementos de convicción aportados surge que el soldado murió a consecuencia de un tiro que él mismo disparó al realizar maniobras notoriamente temerarias con su pistola reglamentaria; esto es que el deceso obedeció a causas imputables al accionar voluntario del joven, a un acto de grave imprudencia de su parte.
Homicidio en ocasión de robo, participación criminal
Materia: Penal
Carátula: M., R. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-11-11

Se desconocen los límites que para la responsabilidad delictiva incluyen las reglas de la participación criminal cuando, ilegalmente, se dilata el castigo reservado para el autor del homicidio en el Código Penal, art. 165, hacia el resto de los cómplices, sin que para éstos se exija el indispensable componente subjetivo relacionado con el óbito, por el que deban responder para justificar tal ensanchamiento. La doctrina que se sigue en este punto ha enseñado que: "-...- La consumación del delito -art. 165 del Código Penal- exige la concurrencia de los hechos -apoderamiento, o su tentativa, y muerte- la participación criminal requiere la convergencia intencional respecto de ambos -...-"
Recurso de casación, enjuiciamiento de magistrados, debido proceso
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G., C. c/ Juez de Cámara en lo Criminal de Comodoro Rivadavia s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-29

En el ámbito del recurso extraordinario local de casación deducido contra la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento que destituyera a un Magistrado, no compete al Superior Tribunal de Justicia ingresar en la subsunción de los hechos en las causales de destitución, ni en la apreciación de los extremos fácticos o de derecho que han llevado a aquél a la remoción del Juez, dado que no se trata de que un órgano judicial se constituya en Tribunal de Alzada y sustituya el criterio de quienes, por imperio de la ley, están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política del Magistrado. Es en cambio cuestión judiciable, que entra en la competencia del Superior Tribunal, decidir la violación del debido proceso invocada por la recurrente.
Indemnización tarifada, determinación del monto
Materia: LABORAL
Carátula: Waisman, Ariel Marcelo c/ Selma, Osmar s/ Despido y cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-10-26

Es válido que el juez se aparte del resultado que la aplicación automática de los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653 hubiera arrojado pues la ley le reconoce la facultad para fijar "de acuerdo a las circunstancias de cada caso", el importe del crédito cuando considere que la prueba rendida es insuficiente.
Constitución Nacional, interpretación sistemática
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL COOPERATIVO LIMITADO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-06

La conexión sistemática de las normas jurídicas se posibilita a partir de la Constitución, en tanto ella identifica y pone en movimiento los diferentes órganos y modos en que se van derivando formal y materialmente las normas subordinadas.

Desde la Constitución también pueden establecerse los límites y ámbitos de validez que rigen en ese ordenamiento.

La Constitución es el 'contexto' de todo 'texto normativo'..."; "...frente a resultados interpretativos, algunos compatibles con la Constitución y otros incompatibles, debe optarse por los primeros, y dentro de ellos, por aquel que mejor se conforme a los mandatos constitucionales...".
Competencia contencioso administrativa, lanzamiento, ferrocarriles, dominio público, afectación al servicio público, declaración de incompetencia, interdicto de recobrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrocarriles Metropolitanos S.A. c/ intrusos y/u ocupantes s/ Lanzamiento Ley 17.091
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

La circunstancia de que la juez a quo se hubiera declarado competente para conocer en las acciones basadas -como la principal deducida en autos- en la ley 17.091 obsta a su remisión a otro fuero, con fundamento en la incompetencia declarada para entender en la pretensión deducida en forma subsidiaria (interdicto de recobrar). Ello es así por la inconveniencia de dividir la competencia en cuestiones como las planteadas en autos (lanzamiento e interdicto de recobrar subsidiario) que, si bien tienen distinto fundamento normativo, persiguen la misma finalidad, que -según se desprende de lo manifestado en el escrito de demanda, que resulta relevante a los fines de determinar la competencia- es recuperar un bien del dominio público del Estado Nacional, afectado directa o indirectamente a la prestación de un servicio público, como lo es el ferroviario de transporte de personas. (La Sra. Juez de primera instancia se declaró competente para conocer en la acción basada en la ley 17.091 e incompetente para entender en el interdicto de recobrar interpuesto en subsidio y ordenó la remisión de la causa a la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal.
Identificación registral del automotor, guardián de la cosa, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: Delgado Omar Santiago c/ Nievas Diego Fabián Y Otro s/ Ordinario - Daños Y Perj. - Accidentes De Tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-03-31

La sóla circunstancia que el apelante codemandado haya sido demandado como titular registral, la que no revestía al momento del hecho, pero que se consolidara luego y haya sido condenado como guardián, no implica "per se" violación alguna al principio de congruencia, pues siempre que se encuentre algún factor de atribución de responsabilidad, el co-demandado debe ser condenado. (Voto del Dr. Remigio, en disidencia).
Derecho a la identidad, legitimación activa, impugnación de la paternidad, filiación matrimonial, filiación extramatrimonial
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: L. , J. A. c/ J. , P. V. y L. , V.B. s/ Impugnación de paternidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-05-28

La determinación normativa plasmada en el art. 259 del Código Civil priva de acceso a la justicia a quien invoca un genuino y respetable interés referido a la verdad biológica del vínculo paterno-filial cuya desconsideración absoluta no guarda proporción con los fines de resguardo a la intimidad y sosiego del grupo familiar; afecta o puede poner en riesgo el derecho a la identidad del menor; menoscaba la legítima aspiración de paternidad a formularse por quien procura asumir, no rehuir, las responsabilidades emergentes de tal condición y, a la par, denota un trato legal diferencial entre quienes reclaman instituir una relación de paternidad matrimonial y quienes lo hacen en un marco extramatrimonial. (Del voto en disidencia del Dr. Soria)
Sentencia absolutoria, daños y perjuicios, indemnización, proceso penal, acción civil, delitos, autoría
Materia: CIVIL - PENAL - PROCESAL
Carátula: R, R A s/ HOMICIDIO CULPOSO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-10-18

El alcance de la expresión "existencia del hecho principal" citada en el artículo 1103 del Código Civil, ha dado lugar a distintas tesis interpretativas. Hay coincidencia en reconocer que el hecho negado en la decisión penal es irrevisable cuando la absolución se apoya en la falta de autoría, porque el agente no actuó, es decir, no lo hizo en orden a la causalidad del evento ni puso una condición o factor para ello. En ese sentido, la falta de relación de autoría equivale a inexistencia del hecho y por ende, no puede ser contradicha al resolverse la reclamación resarcitoria.
Recusación, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: GUYON LUIS RAMON c/ ARCOR  S.A.I.C. s/ RECUSACION - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-28

Es improcedente la recusacíon sin expresión de causa formulada por la parte actora con sustento en los arts. 13, inc. 1ro., 56, 120, 114 y concordantes de la ley 7987 y arts. 1084, 1086 y concordantes del C.P.C., en razón de que el art. 13 citado en sus distintos supuestos contempla a los Jueces de Cámara o Jueces de Conciliación cuando actúan en el juicio ejecutivo o de desalojo, pero no incluye a los miembros del Tribunal Superior de Justicia.

La interpretación del mencionado dispositivo debe ser restrictiva, atento el carácter taxativo de la enumeración y la naturaleza de la institución en general extraña al fuero laboral. No resulta aplicable supletoriamente el C.P.C., en virtud de estar el tema expresamente tratado en la ley procesal del fuero.

Aún en la hipótesis mas favorable, resulta asimismo improcedente conforme lo sostenido por el Tribunal Superior en pleno y su Sala Civil y Comercial, respecto de los Vocales del T.S.J. La ley no admite otros motivos de recusación que los previstos en el art. 1085 del C.P.C., ya que el art. 1086 guarda silencio acerca de la recusación sin causa de los mismos y tampoco existe ese derecho de acuerdo a la Constitución Provincial.-
Estafa, compraventa de automotores, posesión de buena fe, acción reivindicatoria
Materia: PENAL
Carátula: FRANCO, Juan Carlos s/ ESTAFA Y FALSIFICACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-28

La venta de un automotor obtenido por estafa resulta atípica, pues al no tratarse de cosa robada, la acción de reivindicación no procede contra el adquirente, quien abonó el precio corriente de plaza, dada su condición de poseedor de buena fe y a titulo oneroso.

Además, la circunstancia de que el automóvil sea un bien registrable en nada modifica, en razón que el decreto ley 6582/58 no altera el régimen señalado "ut supra".