Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-29


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 29 de 2009.

El Dr. Mario S. Fera dijo:

I - El codemandado Carlos Jorge Adjemiantz apela la sentencia de grado anterior porque, según los términos vertidos a fs. 266/268 -replicados a fs. 274/275-, resultarían infundadas las razones expuestas para condenarlos solidariamente.

II - Adelanto que la queja deducida no tendrá favorable acogimiento.

En tal sentido, corresponde destacar que la testifical colectada demostró las irregularidades incurridas respecto de los aquí actores, en cuanto al pago de parte de sus haberes fuera de todo registro (cfr. fs. 166/167 y 168/169), sin que las tardías objeciones que ahora realiza el recurrente -dado que nada expuso en la etapa procesal oportuna respecto de esas declaraciones-, desvirtúen su valor probatorio, máxime cuando sus dichos se advierten coherentes, concordantes y circunstanciados. Además, tampoco se verifica que esos deponentes tuvieran juicio con las aquí demandadas, pues ello no surge de las actas de audiencia labradas en su oportunidad, ni tampoco el apelante acompañó elementos que así lo demuestren (cfr. arts. 377; 386; 445 y 456, CPCCN, y art. 90, ley 18.345).

Frente a ello, también se advierte de las constancias mencionadas que el recurrente estuvo involucrado personalmente en el desenvolvimiento de las circunstancias irregulares antes mencionadas, dado que los mencionados testigos también lo señalaron como la persona que abonaba los salarios de los actores -además de su esposa y el contador- y por su calidad de Presidente de la sociedad codemandada. Por lo que dichas circunstancias revisten gravedad suficiente -en atención a la significancia del incumplimiento y al extenso período en que mantuvo la situación- como para resultar encuadrables en los supuestos de excepción que, dentro del régimen de sociedades comerciales, permiten establecer la responsabilidad pretendida. Me refiero tanto al art. 54, de la ley 19.550, como a los artículos 59 y 274, normas todas ellas cuya aplicación en el sub examine aparece necesariamente ligada y, a la vista de los términos en que se trabó y desarrolló el litigio -incluyendo los términos de los agravios formulados ante esta alzada- llevan a la conclusión sobre tal responsabilidad, especialmente, porque tampoco se ha acreditado una oportuna participación contraria a la decisión de la sociedad (arg. arts. 1071 y 1198, Código Civil, y art. 274, segundo párrafo, ley 19.550).

Esta conclusión no soslaya las implicancias que tiene la diferenciación entre la personalidad de la sociedad y la de sus socios y administradores; diferenciación en la cual se asienta el régimen especial de la ley 19.550, y que ha sido aludida en varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero estimo que ello debe ser conjugado con la necesidad de indagar en cada caso, en sana crítica y a la vista de lo afirmado y probado durante el desarrollo del pleito, la configuración de alguno de los supuestos excepcionales -previstos por el mismo régimen de la ley 19.550- que permita resguardar el derecho de quienes -como ocurre en autos, con los trabajadores reclamantes- se han visto perjudicados por el abuso de la personalidad jurídica de la sociedad o por la actuación de sus administradores o representantes.

Lo expuesto, permite concluir que no resulta aplicable lo decidido en el precedente "Arcadani" de la Sala II del Fuero (S.D. nº 93.374 del 31-03-05) -que se invocó a fs. 267vta.-, en atención a que se trató de la valoración de cuestiones de hecho y prueba que difieren del presente.

Por todo ello, aconsejo confirmar lo resuelto en el fallo anterior.

III - Por la forma en que se resuelve el recurso, aconsejo imponer las costas de alzada a cargo del recurrente (art. 68, 1º párr., CPCCN) y regular los honorarios de los trabajos realizados por los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25 %, para cada uno, de cuanto les corresponda percibir por sus actuaciones en primera instancia (art. 14, ley 21.839).

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

El Dr. Daniel E. Stortini no vota (art. 125, ley 18.345).

A mérito del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado anterior en lo que fue materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a cargo del codemandado recurrente y 3) Regular los honorarios de los trabajos realizados por los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25 %, para cada uno, de cuanto les corresponda percibir por sus actuaciones en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.