Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100.194 SALA II Expediente Nro.: 3.715/09 (Juzg. Nº 59) AUTOS: "BRIZUELA, JOSÉ RAMÓN C/ FUNDACIÓN UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 29 de febrero de 2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior se alzan las partes demandada y actora a tenor de los respectivos memoriales obrantes a fs. 452/456 y 441/449. También apelan la representación y patrocinio letrado de la parte actora y los peritos contador y médica, sus honorarios, por considerarlos reducidos (fs. 449, 439 y 484, respectivamente).

Razones de orden metodológico me llevan a dar tratamiento, en primer lugar, a los agravios vertidos por la parte demandada, quien se queja de la decisión de la sentenciante de grado que hizo lugar a los salarios por enfermedad devengados con posterioridad al despido, tras considerar que el distracto del trabajador había tenido lugar cuando aún no se le había otorgado el alta médica.

No se encuentra discutida en las presentes actuaciones la causa del despido, que a tenor del telegrama obrante a fs. 39, tuvo lugar a raíz de una "reorganización administrativa" de la empresa. La circunstancia controvertida en autos, acerca de si a la fecha en que se produjo el despido, el actor aún se encontraba con licencia o ya había sido dado de alta, resulta de interés a raíz del reclamo de salarios por enfermedad posteriores al distracto, cuya procedencia decidió la sentenciante de grado y de la que se agravia la demandada ante esta alzada.

De las constancias obrantes en la causa se desprende que el accionante estaba gozando de licencia por enfermedad desde el mes de julio de 2007, fecha en que sufrió un ataque de pánico y le fue diagnosticado un trastorno depresivo, con agarofobia. Con fecha, su médico Dr. Alejandro E. De Fazio le extiende un nuevo certificado médico, extendiéndole la licencia hasta el 9/7/08, por no encontrarse aún en condiciones de volver a trabajar. Sin embargo, la empresa de medicina laboral Medicar S.A., cuyo médico concurrió al domicilio de Brizuela el 24/6/08, consideró que éste se encontraba en condiciones de laborar por lo que le indicó reintegrarse con fecha 25/6/08 (fs. 51).

De lo expuesto se advierte la existencia de una contradicción evidente entre el diagnóstico del servicio médico de la demandada y del médico personal del actor, por lo que la empresa -que tenía conocimiento de la nueva licencia otorgada al actor hasta el 9/7/08- debió arbitrar los medios, mediante la realización de una junta médica, a fin de determinar el real estado de salud del accionante, con anterioridad a disponer sin más la disolución del contrato de trabajo. De tal modo, si bien el despido decidido por la empleadora nada tuvo que ver, al menos en apariencia, con la enfermedad del actor, y tuvo como causa una reorganización empresaria, lo dispuesto por el art. 213 de la L.C.T. torna procedentes, como dispuso la sentenciante de grado, los salarios posteriores al despido, devengados hasta el 30/10/08.

Lo así decidido, me lleva a proponer la confirmación de dicho aspecto de la sentencia recurrida.

Se agravia también la accionada de la decisión de la Sra. Juez a quo que declaró procedentes las diferencias salariales e indemnizatorias reclamadas en el inicio.

Al respecto sostuvo el actor que la demandada no abonó íntegramente, a partir de junio de 2007, los aumentos otorgados convencionalmente para el trimestre marzo, abril y mayo (15%) ni el posterior dispuesto por la empleadora del 12% sobre las remuneraciones y tickets, a abonar a partir del 31/5/07. Refirió que el CCT 1/75 dispuso para el mencionado trimestre un incremento acumulativo del 15% que alcanzó exclusivamente a los conceptos salariales de convenio. Por su parte, la demandada previó también un aumento salarial del 12%, a partir del 1/6/07 sobre las remuneraciones y tickets abonados, absorbiendo dentro de dicho aumento el incremento del 15% fijado convencionalmente y disponiendo que, la diferencia resultante se incluiría bajo el rubro "a cuenta de futuros aumentos". Sin embargo, sostuvo que en su caso -y en el de otros 17 trabajadores- el incremento del 15% fue indebidamente absorbido dentro del concepto fijo "sueldo" como si se tratara de un rubro compensable, lo que le generó un detrimento patrimonial.

Sostuvo asimismo que, cuando ya se encontraba bajo licencia médica, se le concedió un aumento del 4% equivalente a $ 219,47 sobre su remuneración del mes anterior, cuando a otros dependientes de la División Recursos Humanos se les concedió un incremento del 20%, generándose así un proceder discriminatorio no justificado en causas objetivas. Refirió también el pago insuficiente del rubro "sustitución vales canasta y almuerzo" que la demandada incorporó a su salario, a raíz del dictado de la ley 26.341, y del aumento incorporado por la empresa en el mes de junio de 2008 que mientras para otros trabajadores de su área (incluso de inferior jerarquía que él) ascendió al 10% para él implicó un aumento del 5%.

Por último, reclamó diferencias en el pago de las gratificaciones abonadas por la demandada en el período junio/07 a octubre/08 y el pago extraordinario del bonus anual que no cobró ni en el año 2007 ni en la parte proporcional laborada en el año 2008.

Luego de merituar la prueba pericial contable y las sucesivas y extensas impugnaciones de la parte actora al respecto, la judicante de grado declaró procedentes las diferencias salariales reclamadas en el inicio, en decisión de la que se agravia la demandada en su escrito recursivo.

Ahora bien, la accionada sólo indicó en sus agravios que, tal como surgía de la pericia contable, abonó al actor todos los aumentos colectivos, reiterando de modo textual las -escasas- argumentaciones vertidas en el responde. Respecto de las diferencias reclamadas por la incorrecta absorción, en el rubro "a cuenta de futuros aumentos", del aumento otorgado a partir de junio de 2007, luego del incremento acumulativo del trimestre marzo a mayo/07, la empleadora sólo relató "para el trimestre marzo, abril y mayo 2007, se dispuso un incremento salarial convencional conforme el siguiente detalle: a) marzo 07: 8,5%; b) abril 07: 3,5% y c) mayo 07: 3,5%". Agregó que "la remuneración estaba compuesta de diversos rubros conforme el CCT de aplicación. así como de otros rubros.que también conformaban su salario por encima de los rubros convencionales.", pero como se advierte de modo palmario, tales enunciaciones en modo alguno resultan hábiles para controvertir la conclusión a la que arribó la judicante de grado.

Respecto de los aumentos salariales dispuestos unilateralmente por la empresa, la única defensa de la recurrente consistió en reiterar lo ya expuesto en el responde, relativo a que los mismos no siempre eran uniformes, sino que variaban de conformidad al cumplimiento de objetivos, performance del trabajador, entre otros, siempre dentro de los parámetros de la L.C.T. Sin embargo, amén de no especificar las pautas tenidas en cuenta para efectuar tales diferenciaciones entre unos y otros empleados, tampoco produjo prueba en tal sentido (los testigos por ella aportados nada dijeron al respecto ni le sugirió al perito contador información al respecto), por lo que la mera enunciación esgrimida sin elementos probatorios que la corroboren, deviene insuficiente para controvertir la conclusión a la que arribó la Sra. Juez de grado.

Tampoco aportó elementos para desacreditar la conclusión de la sentenciante de grado relativa a las diferencias diferidas a condena a partir del mes de marzo de 2008, que la Dra. Temis consideró procedentes sólo en la medida en que en su cálculo no se había considerado el aumento otorgado en el mes anterior. Cabe destacar que, de conformidad a lo informado por el perito contador, la sentenciante a quo consideró que la petición relativa a que se abonaran diferencias por incorrecto pago del aumento del mes de marzo (que el actor consideró ascendía al 20% del salario) no resultaba procedente, en tanto el mencionado aumento correspondía al 20% del salario básico y no como peticionaba el actor, por lo que los términos del agravio vertido por la demandada en este aspecto, no pueden considerarse.

La sentenciante de grado condenó asimismo a la demandada a abonar diferencias salariales devengadas a partir del mes de junio de 2008, en tanto, conforme dio cuenta el experto contable, los jefes de área -como el actor- percibieron a partir de dicha fecha un incremento del 10%, siéndole liquidado al accionante sólo el 5%. Sobre tal afirmación nada expuso la recurrente, quien basó su defensa en sostener que el mencionado aumento consistió en un 5% para el personal que percibía salarios superiores a $ 4.000 y en un 10% a los que percibían salarios inferiores a dicho monto, encontrándose el actor en el primero de los grupos mencionados, argumentación que no encontró fundamento en ningún elemento de la causa, pues ni siquiera le fue requerida información concreta al contador sobre este aspecto.

Conforme lo expuesto, cabe confirmar la procedencia de las diferencias salariales reclamadas en tal sentido.

Se agravia también la recurrente de la decisión de grado que la condenó a pagar las respectivas sumas de $ 4.096,37 y $ 4.467,59 por los períodos 2007 y 2008, en concepto de gratificaciones y bonus, en tanto, según refiere, nada se le adeuda en tal sentido.

La judicante tuvo en cuenta expresamente la propia manifestación de la demandada en el responde (ver fs. 56 vta.), de la que surge que abonó el concepto bonus sólo hasta el año 2006 (adviértase que los rubros indicados a fs. 454 vta. último párrafo corresponden al Premio a la Excelencia Académica), adeudando en consecuencia los correspondientes a los años 2007 y proporcional del año 2008. Cabe destacar que la recurrente no controvirtió con sólidos fundamentos la conclusión de la sentenciante de grado, limitándose en el escrito recursivo a reiterar de modo textual lo manifestado al contestar la acción y que, reitero, revela la falta de pago del bonus de los dos últimos años trabajados. En consecuencia, toda vez que tampoco se vertió agravio concreto respecto a los montos diferidos a condena por la Sra. Juez de grado, también habré de propiciar la confirmatoria de este aspecto de la sentencia.

También controvierte la accionada que se la hubiere condenado a reintegrar al actor los pagos efectuados a Medicus, en períodos posteriores a la desvinculación, por cuanto, según refiere, la circunstancia de haberse producido el despido estando vigente la licencia por enfermedad, sólo lo obligaría a abonar salarios pero en modo alguno implica la continuidad de todas las prestaciones del contrato de trabajo.

Cabe destacar en este sentido que, si bien el art. 213 de la L.C.T., sólo menciona la continuidad del pago de los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de la licencia o alta médica, sin aclarar si ello implica también mantener la asistencia médica del trabajador, lo cierto es que teniendo en cuenta que el fundamento de la continuidad del pago de salarios es el refuerzo de la tutela dispensada al trabajador por la enfermedad (Contrato de Trabajo, Carlos Alberto Etala, 3º edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea, pág. 508 vta.), resulta evidente que el actor tenía derecho a mantener la prepaga hasta la finalización de su licencia por enfermedad.

Lo expuesto me lleva a confirmar también este aspecto de la sentencia de grado.

Ahora bien, se agravia la parte actora a su tiempo, de los montos diferidos a condena en la anterior instancia en concepto de salarios por enfermedad, en tanto sostiene que habiendo tenido por acreditado la judicante a quo un salario de $ 8.527,90 la suma por la que debió prosperar el concepto en cuestión ascendía a $ 44.345,08 en lugar de la de $ 35.486,63 que se difirió a condena.

Adelanto que dicho agravio habrá de ser desestimado, toda vez que conforme surge del cálculo que efectúa el recurrente a fs. 442 vta., la parte pretende la inclusión -en el salario correspondiente al mes septiembre de 2008- de un pago extraordinario del 60% y de un premio por el 45 aniversario de la empresa, que no se advierte reclamado en el inicio. Por lo demás, destaco que el bonus anual correspondiente al año 2008 figura incluido en la liquidación de la sentencia en un rubro aparte, no correspondiendo, aún si se tratase del mismo concepto, la inclusión también en el salario de dicho mes.

También se queja el actor por cuanto la sentanciante de grado difirió a condena en concepto de diferencias de SAC año 2007 la suma de $ 263,84, importe que, a criterio del recurrente, no se corresponde con las diferencias salariales debidas a partir de los meses de junio y noviembre de 2007. Asiste razón a la apelante en este aspecto, toda vez que teniendo en cuenta que, conforme quedó firme en esta alzada, a partir del mes de junio de 2007 el actor debió percibir la suma mensual de $ 337,21, a la que debió agregarse la de $ 219,47 a partir de noviembre de dicho año, resulta que la diferencia por el SAC proporcional 2007 adeudada, asciende a $ 446,94 monto superior a la cifra diferida a condena en la anterior instancia.

También controvierte el actor la decisión de la judicante a quo que desestimó las vacaciones correspondientes al año 2006 atento que, por revestir las mismas un fin higiénico, no resultaban compensables en dinero. Sostiene el quejoso que, tal como explicitó en el inicio, la demandada autorizaba el goce de las vacaciones del año anterior, hasta el 30 de noviembre del año en curso por lo que, habiéndose enfermado el 16/8/07 aún tenía derecho al pago de los mismos.

Cabe señalar sobre este aspecto que, más allá de la falta de exhibición de la documental requerida por la actora en su ofrecimiento de prueba, lo cierto es que la demandada sólo negó en forma genérica adeudar diferencias por vacaciones no gozadas, sin verter defensa alguna en detrimento de la argumentación esbozada por el actor en el inicio con relación a la disposición de la demandada de prorrogar el goce de las vacaciones hasta el 30 de noviembre del año siguiente al de las vacaciones. Consecuentemente, habiendo llegado firme a esta instancia tal circunstancia, así como lo referido al plus vacacional -sobre el que nada esgrimió la demandada-, de conformidad a lo dispuesto en el CCT 1/88 de aplicación en autos, corresponde acoger el reclamo del actor y condenar a la Fundación Universidad Argentina de la Empresa a abonar a Brizuela la suma de $ 2.586,79 ($ 2.387,81 + SAC).

Asimismo, asiste razón al actor respecto a las diferencias por vacaciones correspondientes al año 2007 y su SAC proporcional, conceptos que no fueron incluidos por la sentenciante de grado en la liquidación efectuada en la sentencia de grado, pese a que fueron objeto de reclamo en el inicio (ver fs. 17) y prosperarán por las respectivas sumas de $ 4.640,66 y $ 244,58.

Ahora bien, la Sra. Juez a quo hizo lugar al daño moral reclamado en el inicio (aunque por $ 30.000, importe menor al peticionado), por considerar que el despido "ad nutum" decidido por la empleadora mientras el actor se encontraba enfermo, denotó un trato discriminatorio que debe ser objeto de resarcimiento extratarifario. Mientras la accionada apela el progreso del concepto en cuestión, el demandante cuestiona el monto tenido en cuenta por la judicante por considerarlo reducido.

Si bien es cierto que, como expone la demandada, la ley prevé expresamente que en el caso de que se disponga el despido de un trabajador enfermo, la empleadora deberá abonar los salarios correspondientes al período de tiempo faltante hasta la finalización de la licencia o el alta médica (art. 213 de la L.C.T.), siendo ésta la protección que la ley establece en supuestos como el de autos, lo cierto es que en el caso, se acreditó que la demandada abonó al actor durante la vigencia de su licencia por enfermedad, salarios inferiores a los que le habrían correspondido de conformidad a su categoría, ello teniendo en cuenta lo abonado a otros trabajadores de su misma área. Adviértase que, como ya he expuesto al tratar los agravios de la demandada relativos a las diferencias salariales, dicha parte no esbozó defensa alguna a fin de justificar por qué a dichos empleados se les incrementaba el salario en mayor medida que al actor, siendo menester concluir que ello no tuvo otra razón que la referida al estado de enfermedad de Brizuela.

En tal sentido, el art. 208 de la L.C.T. es claro al disponer que la remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante tal período fueren acordados a los de su misma categoría por aplicación de una norma legal, convención colectiva de trabajo o decisión del empleador. En tal inteligencia, el detrimento salarial del que fue objeto el accionante -sin justificación alguna-, al que se agrega las vicisitudes que debió afrontar respecto de la falta de cobertura médica, me llevan a considerar como entendió la sentenciante de grado, que resulta procedente en la causa el pago de una suma en concepto de daño moral.

Sin embargo, y pese a las argumentaciones expuestas por la parte actora, considero que el monto decidido en la anterior instancia de $ 30.000 resulta razonable y acorde a las circunstancias referidas, por lo que propicio su confirmación.

Por último, respecto al agravio sentado por la demandada con relación a la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, corresponde señalar que si bien la empleadora abonó las indemnizaciones por despido al egreso, las mismas resultaron insuficientes a la luz de las diferencias acogidas mediante la presente. Sin embargo, como es criterio de esta Sala, la multa en cuestión debe ser calculada sólo sobre los montos indemnizatorios adeudados, por lo que deberá reducirse el monto de condena en tal aspecto a la suma de $ 4.644,32.

Conforme las modificaciones que se proponen, corresponde efectuar una nueva liquidación de los montos diferidos a condena, y en consecuencia, el actor será acreedor a los siguientes conceptos e importes:

1)	Salarios por enfermedad: $ 35.486,63;

2)	Diferencias junio 07/08 12%: $ 4.383,73;

3)	Diferencias noviembre 07 al cese 8%: $ 2.358,32;

4)	Diferencias SAC 2007: $ 446,94;

5)	Diferencias marzo/mayo 2008: $ 1.917,72;

6)	Diferencias junio/08: $1.495,81;

7)	Gratificación 2007 con SAC: $ 4.096,37;

8)	Gratificación 2008 con SAC: $ 4.467,59;

9)	Diferencia vacaciones 06: $ 2.586,79;

10)	Diferencia vacaciones 2007: $ 4.640,66;

11)	Diferencia SAC vacaciones 2007: $ 244,58;

12)	Diferencia vacaciones 2008 con SAC: $ 2.610,43;

13)	Gastos Medicus: $ 4.147;

14)	Diferencia indemnización por antigüedad: $ 3.420,98;

15)	Diferencia por preaviso: $ 3.739,56;

16)	SAC sobre preaviso (diferencia): $ 1.723;

17)	Diferencia integración mes de despido: $ 373,95;

18)	SAC sobre integración: $ 31,16;

19)	Indemnización art. 80 L.C.T.: $25.583,70;

20)	Indemnización art. 2 ley 25.323: $ 4.644,32;

21)	Daño moral: $ 30.000;

Todo lo cual hace un total de $ 138.399,24 que deberá abonar la demandada en la forma y con más los intereses dispuestos en la sentencia de grado, que no fueron materia de agravio ante esta alzada.

Sin perjuicio de la modificación que propongo, corresponde mantener la distribución de costas (art. 71 CPCCN) y la regulación de honorarios impuesta en la instancia anterior que, pese a las apelaciones vertidas por los peritos contador y médico y por la representación y patrocinio letrado de la parte actora, entiendo adecuada (cfr. art. 38 L.O. y arts. 6, 7, 8, 9, 19, 39 y ccdes ley 21.839; arts. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57).

Asimismo, propongo que las costas de alzada se impongan en el orden causado (art. 71 CPCCN) y que los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 441/449 y 452/456, por su actuación en la alzada, se fijen en el 25% de lo que a cada uno le corresponda percibir por su labor en origen (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Que adhiere a las conclusiones de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de la instancia anterior y reducir el monto de condena a la suma de $ 138.399,24 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS); 2) Mantener la imposición de costas y regulaciones de honorarios dispuestas en la instancia anterior; 3) Imponer las costas de alzada en el orden causado; 4) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 441/449 y 452/456, por su actuación en la alzada, en el 25% de lo que a cada uno le corresponda percibir por su labor en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Graciela A. González	Juez de Cámara Juez de Cámara