Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2003-04-29


Nro.··35···/ En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil tres, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, MARIA LUISA LUCAS y RICARDO FERNANDO FRANCO, quienes emitirán su voto en ese orden, asistidos por el Secretario Autorizante DR.MIGUEL ANGEL LUBARY, tomaron conocimiento del expediente n° 52.375, año 2002, caratulado: "GAFFOGLIO EDGARDO DANIEL S/TENTATIVA DE HOMICIDIO y HOMICIDIO", con el objeto de dictar sentencia conforme los artículos 434 y 446 del Código Procesal Penal.- Seguidamente la Sala Segunda plantea las siguientes ····C U E S T I O N E S 1°) ¿Es procedente el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 825/848 vta.? 2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, MARIA LUISA LUCAS, dijo:

I- La Cámara Segunda en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, mediante sentencia Nro. 114 de fecha 11 de noviembre de 2002, que se halla glosada a fs.776/815 vta. condenó a Edgardo Daniel Gaffoglio como autor responsable del delito de Homicidio Simple (art. 79 del CP) a la pena de DOCE (12) años de prisión, accesorias legales (art. 12 del CP) y costas.- En contra de dicha decisión se alzó el imputado, con el patrocinio letrado del Dr. Jorge Eduardo Alcántara, interponiendo a fs. 825/848 vta. recurso de inaplicabilidad de ley, el que fuera concedido y elevada la causa a esta Sala quedó radicada y se efectuó llamamiento de autos para sentencia, encontrándose actualmente en condiciones de dictarse pronunciamiento.- En su presentación el recurrente invoca ambos motivos recursivos previstos por el art. 434 del CPP, desarrollando inicialmente el referido al cuestionamiento formal contemplado en el inc. 2º. Al respecto, y luego de realizar diversas consideraciones introductorias, sostiene que la sentencia resulta violatoria del principio lógico de contradicción, toda vez que en el voto de la mayoría, al abordar la segunda cuestión, en diversos tramos, que transcribe, se le atribuye "dolo eventual" y como consecuencia de ello termina subsumiendo su conducta en el delito de homicidio simple, pero, por otro lado, al tratar la tercera cuestión se sostiene que la muerte de Britos fue el resultado imprevisto de una actitud impregnada de una alta dosis de irascibilidad, furia y desenfreno, juicios que no pueden ser simultáneamente verdaderos ya que se oponen y destruyen entre si.- Asimismo considera que existieron diversas violaciones a la ley de derivación o razón suficiente, mencionando cuatro casos al respecto. En el primero de ellos alude a que al tratar la segunda cuestión, en el voto de la mayoría se exponen los motivos por los que se considera que los disparos fueron realizados por el recurrente, excluyendo al grupo de jóvenes, y que no existieron otros disparos luego que Britos fuera asistido, estando el recurrente en el lugar.- Transcribe fragmentos del fallo y afirma que para descartar a los jóvenes involucrados como autores de los disparos se recurrió a una fundamentación aparente, desestimandose arbitrariamente los dichos de los testigos Molina y Suárez, que en principio corroborarían tal circunstancia.- Sostiene que la sentencia debe basarse en la certeza y en el caso deja traslucir un grado de duda que debió ser interpretado favor rei, como lo es la posibilidad que los disparos hayan sido efectuados por el grupo de jóvenes, de acuerdo a lo dicho por el policía Molina, que fuera descartado por la mayoría por tener "duda acerca de la veracidad exacta...porque, cuando prestó declaración testimonial en la instrucción no dijo, precisamente, eso".- Respecto a la existencia de disparos con posterioridad a que Britos fuera asistido, expresa que también se pretende esgrimir fundamentos aparentes para descartar los dichos de los mismos testigos, basado en que el primero no le habría dado "...importancia al dato porque no realizó ninguna diligencia al respecto...", no guardando relación lógica entre ambas cuestiones, y que la segunda se encontraba nerviosa y atemorizada.- Agrega que la postura de restarle importancia a esta última circunstancia deviene arbitraria, resultando inverosimil pretender fundarla en que no está probado que esos disparos posteriores tuvieran relación con el hecho investigado.- Por otra parte, recuerda que el testimonio de Ramón Olegario Solís fue considerado como clave para tener por probada la autoría y sin embargo se reconoce como plausible, factible o probable que haya "integrado su percepción" con elementos que en realidad no vio, lo que a su juicio vulnera la regla de razón suficiente.- También considera como aparente la fundamentación respecto a que "no efectuó disparos al aire" al haber pasado uno de ellos cerca de la cabeza de Pablo Alfredo Gómez, impactando en el cordón de la bocacalle, y otro en el pavimento, ya que, teniendo en cuenta que anteriormente se sostuvo que el recurrente era un aficionado a la casa y al tiro deportivo, debe suponerse que quien está acostumbrado al manejo de armas tiene todas las posibilidades de efectuar disparos direccionados, calificando como fundamental este aspecto porque a partir del mismo se empezó a construir el supuesto dolo de matar en relación al grupo de jóvenes y el dolo eventual respecto a Britos .- Como último agravio formal alega que en el fallo se consignó que "... el resultado letal le debe ser imputado al procesado a título de dolo eventual..." y que resulta "...dificultosa la tarea de tratar de determinar la imprudencia de la conducta de un sujeto que niega haberla cometido...", lo que a su juicio constituye una inversión de la carga probatoria, ya que con tal criterio el encausado debe reconocer primero el hecho que se le imputa y alegar y probar que ese accionar devendría culposo, considerando que razonar en base a supuestos de este tipo hacen infundada la conclusión, vulnerando la ley lógica de derivación o razón suficiente.- En cuanto al motivo de naturaleza sustantiva, argumenta que si las circunstancias fácticas hubiesen hipotéticamente ocurrido y le fuera atribuibles, las mismas deberían encuadrarse en las previsiones generales y abstractas del art. 84 del CP (Homicidio Culposo), ya que en el fallo se consignó que el "...el proyectil ingresó a la anatomía de Britos después de...un rebote en otra superficie...", como también que "El procesado...efectuó varios disparos en contra del grupo. Inmediatamente después...descendió de su casa y salió -cinto en mano- en búsqueda de los jóvenes. En ese momento se enteró de que uno de esos disparos había herido gravemente a un vecino" y luego que "...uno de esos disparos...rebotó e impactó en su cuerpo" y por último que " ...la trágica muerte de Alberto Douglas Britos fue el resultado IMPREVISTO de una actitud impregnada de una alta dosis de irascibilidad, furia y desenfreno".- Sostiene que tal como fuera fijado el hecho constituye un claro caso de Homicidio Culposo del art. 84 del CP, no pudiendo ser encuadrado en el art. 79 del CP, alegandose para ello la existencia de dolo eventual, el cual requiere que el sujeto acepte el resultado dañoso como posibilidad, como probabilidad, que reconozca la realización del tipo penal como posible y lo consienta.- Expresa también que el fallo refiere como equivalentes al dolo del Abuso de Armas y el del Homicidio, como si hubiere un dolo unívoco para todos los tipos penales y en base a ello concluye que la conducta es dolosa, sin considerar que la figura imputada por el Fiscal de Cámara era de Abuso de Armas.- Por último hace reserva de la cuestión federal y peticiona que oportunamente se anule la sentencia y remitan las actuaciones al tribunal correspondiente o en su defecto se case la sentencia y resuelva con arreglo a la ley y doctrina aplicable.- II- Así planteados los cuestionamientos formulados al fallo, corresponde ingresar al tratamiento de aquellos que por su trascendencia puedan eventualmente revertir su resultado, tales como los vinculados al vicio procedimental que alude a la vulneración de principios lógicos en la conclusión arribada respecto al propósito de los disparos realizados por el imputado y la determinación de la existencia del componente subjetivo del tipo penal aplicado por las consecuencias de los mismos.- Liminarmente, a fin de precisar la competencia de esta Sala, cabe recordar que "Cuando el recurso es fundado en falta de motivación por ilogicidad del pronunciamiento, el juicio emitido por el tribunal de casación no es revaluación de la prueba, sino juicio de existencia...lo que procura, controlando la observancia de las reglas supremas y universales del pensamiento humano, es ver si la motivación en el plano fáctico ha rebasado los límites impuestos por la sana crítica racional... pu(diendo) interpretar la sentencia sin invadir su base fáctica..." (María Cristina Barberá de Riso, Manual de Casación Penal, 2da. Edición, año 2000, pg.24/25), tarea para lo cual "... debe realizar una valoración de ese material probatorio...para apreciar su eficacia como fuente de convicción" (Fernando De la Rúa, La Casación Penal, pg.258) (Cfr. esta Sala in re "Romero", sent. 69/00) .- Sentado lo anterior y practicado el pertinente análisis de la sentencia dictada en autos, es dable advertir que el voto mayoritario del tribunal de juicio, para arribar a la decisión censurada por el quejoso, se basó en una doble argumentación.- La primera de ellas se halla asentada en la idea que el imputado "... no efectuó disparos 'al aire'... y ... en forma voluntaria e intencional, apuntó con el arma de fuego y disparó contra el grupo de jóvenes...", encuadrando esa conducta "...en la figura de la tentativa de homicidio..." (fs. 805 vta.), ya que "... El procesado disparó a matar y siguió disparando hasta que los jóvenes se pusieron fuera de su alcance." ( fs. 806).- Es decir, de acuerdo a lo consignado, para la Cámara el imputado actuó con dolo directo de homicidio respecto a la acción dirigida contra este grupo de personas, aunque posteriormente se desviara el curso causal de esa original intención, alterándose el destinatario o sujeto pasivo del delito que finalmente recayó en la víctima, por lo cual, considera que "...la conducta del procesado admite la imputación de un solo delito: el de homicidio simple. Participo del criterio según el cual, aunque el resultado sea diverso del realmente querido por el autor, ello no altera el dolo de homicidio y, por ende, no influye en la calificación legal del hecho..." (fs. 809), lo que claramente constituye un típico caso de lo que doctrinaria y jurisprudencialmente se denomina aberratio ictus o error en el golpe.- Sin embargo, y pese a esto, posteriormente el tribunal deja asentado que "...el resultado letal le debe ser imputado al procesado a título de 'dolo eventual'..."(fs. 807 vta.), basándose en que "...los disparos fueron efectuados: 1º en la vía pública. Y en un lugar bastante céntrico ( a menos de 300 mts. de la calle principal). 2º) a las 6,30 hs., aproximadamente, de un día sábado. Es decir, de un día laborable", concluyendo en que "...disparar un arma de fuego, en varias oportunidades, en esas circunstancias de tiempo y lugar, torna perfectamente previsible el resultado de herir a algún transeúnte..." (fs. 808).- En resumidas cuentas, el fallo realiza una doble asignación dolosa a la conducta de Gaffoglio, un dolo directo de homicidio en la acción dirigida contra el grupo de jóvenes (delito directo o tentado), que por una alteración en el curso causal recayó sobre la víctima ( aberratio ictus), y concomitantemente le atribuye al imputado haber actuado con dolo eventual en la concreción de ese resultado (delito indirecto o consumado), ya que la acción resulta ser una sola, es decir, la misma que la anterior.- En ese contexto, y sin perjuicio de la inespecificidad anteriormente señalada, es dable advertir en el sub lite que el pronunciamiento en crisis no satisface el requisito de motivación que impone expresamente el art.112 del CPP bajo pena de nulidad (art.387 inc.4° del ritual), habida cuenta que no han sido observadas las reglas de la sana crítica racional en su fundamentación.- Al respecto, debe tenerse en cuenta que el deber de motivación de los fallos judiciales resulta un exigencia de imprescindible observancia, que enraiza en las normas de los arts. 18, 28 y 33 de la CN, especialmente de la última, en tanto de ella fluye la garantía innominada de la no arbitrariedad, que se traduce para los justiciables en una exigencia de razonabilidad ( Cfr. Jorge R. Vanossi, "La sentencia arbitraria, un acto de lesión constitucional", E.D., T.91, pg.105).- En ese sentido, Clariá Olmedo caracteriza a la motivación "como el elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico, que comprende el conjunto de razonamientos, tanto en el aspecto fáctico, en los cuales el tribunal apoya las conclusiones que han de ser el basamento del dispositivo" (Cfr.Clariá Olmedo, "Derecho Procesal Penal", T.IV p.295, Ediar, Bs.As., 1964).- Asimismo, De la Rúa sostiene que " ...es una operación lógica fundada en la certeza y el juez debe observar los principios lógicos supremos o 'leyes supremas del pensamiento' que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base cierta para determinar cuales son, necesariamente, verdaderos o falsos... Estas leyes están constituidas por la leyes fundamentales de coherencia y derivación..." (La Casación Penal, pg.154).- Y precisamente en este último punto es donde flaquea la motivación del fallo analizado, toda vez que el soporte probatorio que da pié a las afirmaciones realizadas (testimonial de Solís, informes técnicos, etc.), en torno a que los disparos efectuados voluntariamente por Gaffoglio estaban dirigidos al grupo de jóvenes, carece de la aptitud necesaria para de ellas poder inferir que el mismo "disparó a matar" y sostener fundamente que su conducta encuadra "...en la figura de la tentativa de homicidio...", ya que no emerge, ni siquiera indiciariamente, la voluntad, intención o el pretenso dolo directo o determinado del imputado de concretar esa acción.- Evidentemente tales elementos de prueba analizados por el a quo reunen las condiciones necesarias que permiten determinar la existencia histórica del hecho tal como quedara fijado, es decir en su aspecto objetivo, pero no para proporcionar datos relevantes que permitan extraer las conclusiones que se pretende en cuanto a la intencionalidad del autor, por lo que no puede considerarse que lo sostenido en el fallo al respecto resulte una derivación de lo deducido de esas pruebas, sino meras afirmaciones dogmáticas carentes de asidero probatorio en las constancias de la causa.- Cabe puntualizar que de la sola circunstancia de haberse probado que los disparos se hallaban dirigidos hacia ese grupo de personas no puede inferirse la intencionalidad dolosa de su autor, ya que, tal como lo afirma la CSJN en el fallo recordado por el a quo, de ser así "...toda agresión con arma de fuego, disparándola contra una persona sin herirla, importaría una tentativa de homicidio y carecería de explicación y sentido el art. 104 del código penal que reprime el abuso de armas" ( J.A. T.XXVIII, pg. 8).- Inclusive, hasta cabría suponer, analizándose las mismas piezas probatorias, que no existió tal intencionalidad en tanto, como acertadamente lo marca el recurrente, un aficionado a la caza y al tiro deportivo (fs. 789 vta.), desde una posición privilegiada ( fs. 789 y 789 vta.) y disparando a ostensibles y numerosos "blancos"( fs. 791 y otras), debía razonablemente haber acertado de habérselo propuesto.- Igual defecto se observa respecto a la conclusión de que el imputado actuó con dolo eventual en cuanto al resultado acaecido respecto a Britos, toda vez que haber disparado un arma de fuego en la vía pública, en un lugar bastante céntrico y a las 6,30 hs. de un día sábado (fs. 808) no autorizan a concluir fundadamente que el mismo efectivamente se representó como posible el resultado dañoso y aceptó su producción como para considerar configurada la eventualidad dolosa atribuida.- La afirmación formulada en tal sentido carece de sustento probatorio suficiente, ya que las circunstancias invocadas no resultan atinentes a lo que se pretende probar, que, en todo caso, podría resultar indicativa de otro tipo de culpabilidad. Razonablemente no puede afirmarse que de ellas derive que el imputado se representó y aceptó el resultado acaecido. Consecuentemente, y no verificandose otro sustento más que los mencionados, que resulte concordante y pertinente para conducir acabadamente a tal conclusión, la misma deviene absolutamente infundada.- En tales condiciones, resulta notorio que en el caso sub examen el tribunal de mérito no respetó el principio de razón suficiente al haber omitido motivar debidamente su fallo, para lo cual su razonamiento o convicción debieron derivar de elementos aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto o probable sobre el hecho (Cfr. De la Rúa, ob. cit., pg. 159 y sgtes), lo que inexorablemente determina la nulidad del pronunciamiento.- En ese sentido, Cafferatta Nores, sostiene que corresponde al tribunal de casación "... el control de la motivación de la sentencia condenatoria, en particular, a traves del control del respeto del (conocido como) principio 'lógico de razón suficiente', que por requerir la condena certeza apodíctica sobre los hechos de la acusación como condición de su dictado, exigirá que las pruebas en las que se basen ( de las que se infieran) las conclusiones fácticas sobre la culpabilidad a que se arriba en tal sentencia, solo puedan dar fundamento a estas conclusiones, y no a otras, o, expresado de otro modo, que ellas deriven necesariamente de los elementos probatorios invocados en su sustento...si esto así no ocurre la motivación será violatoria del principio de razón suficiente, y ello podrá determinar la nulidad de la sentencia..."( "'In dubio pro reo' y recurso de casación contra la sentencia condenatoria", L.L., Sup. Jurisp.Penal, pg. 1/12).- En función de lo expuesto, corresponde receptar positivamente la pretensión recursiva formal articulada en la presente causa, declarándose la nulidad total del fallo, por lo cual me expido afirmativamente en esta cuestión. ES MI VOTO.- A LA PRIMERA CUESTION RICARDO FERNANDO FRANCO, dijo:

Comparto las razones expuestas precedentemente por la Dra. María Luisa Lucas y adhiero a sus conclusiones. En consecuencia, voto afirmativamente. ASI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION MARIA LUISA LUCAS, dijo:

Atento al resultado de la cuestión anterior, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. fs.825/848 vta., declarando la nulidad total de la sentencia dictada a fs. 776/815 vta. de autos y de los actos del debate, el que deberá efectuarse nuevamente ante la Cámara Primera en lo Criminal, con comunicación a la Cámara Segunda, ambas de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, mediante remisión de fotocopia certificada de la presente. Sin costas, salvo los honorarios del patrocinante legal Dr. Jorge Eduardo Alcántara, a cargo del recurrente, los que se regulan en la suma de Pesos Quinientos ( $ 500,00), de conformidad con las leyes arancelarias vigentes. ASI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION RICARDO FERNANDO FRANCO, dijo:

Comparto la solución propiciada precedentemente, por lo cual adhiero a ella. ES MI VOTO.- Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo precedente, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mi, Secretario que doy fe.- ····S E N T E N C I A Nro.·35···/····Resistencia, 29 de abril de 2003.- Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

I- Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 825/848 vta., declarándose la nulidad total de la sentencia Nro. 114 de fecha 11 de noviembre de 2002 y de los actos del debate, como derivación de los fundamentos expuestos en los considerandos y lo establecido por el art. 448 del CPP, el que deberá efectuarse nuevamente ante la Cámara Primera en lo Criminal, con comunicación a la Cámara Segunda, ambas de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, mediante remisión de fotocopia certificada de la presente. Sin costas, salvo los honorarios del profesional patrocinante, a cargo del recurrente.- II- Regular los honorarios profesionales del Dr. Jorge Eduardo Alcántara, en carácter de patrocinante legal, en la suma de Pesos Quinientos ( $ 500,00), de conformidad con las disposiciones arancelarias vigentes.- III- Regístrese. Notifíquese. Oportunamente bajen los autos al tribunal correspondiente.-