Robo calificado, robo con armas, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Remonda, Juan Carlos c/ La Voz del Interior S.A. s/ Recurso Directo - Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-10

El art. 166 C. Penal, dice: "se aplicará reclusión o prisión de cinco a quince años...inc. 2do. si el robo se cometiere con armas". Esta norma contiene una referencia expresa al robo, cuya descripción típica se encuentra en el art. 164 C. Penal, lo que exige la remisión a dicha norma para integrar la acción punible del tipo del art. 166 inc. 2do. C. Penal. No hay duda, entonces, que la modalidad omisiva, uso de arma, que especializa la figura básica, agravará el robo cuando se despliegue en cualquiera de los tramos del iter criminis contemplado en la figura simple del hecho punible (art. 164 C. Penal), esto es antes del hecho, durante o después de cometido, para facilitar el robo o para lograr la impunidad. En el caso, la sentenciante al calificar el hecho como robo calificado por el uso de arma (art. 166 inc. 2do. C. Penal), por considerar, según ha quedado fijado el hecho, que ésta fue utilizada para evitar ser perseguidos y lograr la impunidad, aplicó la figura correcta, ya que en el supuesto que se le diera razón al impugnante, prueba abarcaría los hechos delictivos que debido a su levedad no tenían respuesta estatal o bien culminaban en una condena de ejecución condicional. Durante la discusión del texto sancionado por la Cámara de Diputados, se dijo que la suspensión del juicio a prueba era un medio de resocialización sin condena ni declaración de culpabilidad, y que no era posible con los recursos existentes llevar a juicio todos los casos que ingresaban diariamente al sistema penal; es más, aunque se contase con ellos, debía dotarse al sistema de instrumentos que permitiesen obviar el juzgamiento de los casos de menor trascendencia penal. A estos fundamentos útiles para la interpretación de la reforma, debe añadirse la ponderación de su impacto dentro del Código Penal. Antes de ella, el fin de prevención -que esencialmente es el que debe cumplir la ley penal- se satisfacía a través de la amenaza abstracta de la pena, de la suspensión condicional de la ejecución de la pena o de su imposición efectiva. La suspensión del juicio a prueba procura esa finalidad por medio del efecto resocializador de las reglas de conducta que se le imponen al imputado, sin necesidad de una sentencia condenatoria: ello implica asignarle al derecho penal una función social distinta a la de un instrumento exclusivamente punitivo. Todos estos aspectos deben ser cuidadosamente analizados al momento de interpretar la oportunidad de la petición del imputado de suspender el juicio a prueba, a efectos de evitar una inteligencia que desvirtúe o vuelva inoperantes a las normas en juego. En el caso, la petición fue presentada durante la etapa del proceso correspondiente al juicio, una vez concluida la fase de los actos preliminares y antes del inicio del debate. En esas condiciones, no se encuentra vallado normativo ni fáctico alguno que imposibilitara al Tribunal ejercer la potestad de suspender la realización del juicio, que es lo que la ley ha querido evitar por las razones de política criminal proporcionadas en los antecedentes legislativos y plasmadas en la reforma. El desgaste jurisdiccional inútil que invoca el Tribunal en sustento de una interpretación que restringe el término ad quem para efectuar la petición "hasta que se encuentre firme el decreto de fijación de fecha de debate oral y público", constituye un interés de rango bastante inferior a los resguardados por la reforma. Tanto el fin de prevención sin necesidad de una sentencia condenatoria, como el de permitir que la actividad judicial se concentre en la franja de delitos más grave o de aquellos leves pero cuyos partícipes pueden ser condenados a penas de cumplimiento efectivo, constituyen los intereses que el Congreso tuvo en cuenta y que volvería inoperantes una interpretación que limite la posibilidad de suspender el juicio cuando aún el debate no ha sido iniciado, sin apoyo normativo en otros intereses de igual jerarquía o sin sustento en situaciones fácticas demostrativas de su impracticabilidad, como ocurriría si el juicio hubiese concluido aunque la sentencia no estuviere firme.