marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Requisa personal, transporte de estupefacientes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Nieto, Walter Rubén y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-03

Es válido el accionar de la policía, que reconoce apoyatura en su intempestiva intervención producto de una específica convocatoria efectuada por los conductores del ómnibus ante la denuncia efectuada por una de las pasajeras acerca de haber sido víctima de un frustrado hurto que posibilitó a los preventores realizar un juicio de alta probabilidad sobre conductas vinculadas a un accionar delictivo, pues no se descartó que en el caso que otros pasajeros hubiesen sido objeto de idénticas maniobras y, asimismo, las preguntas efectuadas por el personal policial se relacionaron fundamentalmente con el reconocimiento de la propiedad de los bolsos, mochilas y demás elementos secuestrados que terminaron por conformar el reproche penal al haberse hallado el material estupefaciente. Para la aplicación de la figura de transporte de estupefacientes, basta la comprobación del traslado del material ilícito de un lugar a otro dentro del territorio argentino con prescindencia del destino que posteriormente se confiera a tales sustancias, ni cabe exigir que la sustancia transportada tenga como destino su comercialización. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, partes del proceso, prueba, indemnización, despido indirecto, jornada de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: URIBURU, CARLOS ENRIQUE c/ ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SALTA s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-29

Si bien el convenio colectivo que las partes reconocen como aplicable, el número 462/06 en su art. 5 remite al art. 66 de la ley de contrato de trabajo que invoca la juzgadora , pero en su art. 46 faculta al empleador para remunerar por hora al personal comprendido en la categoría primera, categoría que incluye a profesores.

En tal inteligencia concluyo entonces que, reconocida por el propio actor la modalidad en que prestaba servicios como profesor de música y canto acreditado que desde el inicio de la vinculación año 1996, conforme recibos reservados en Secretaría, el actor cobró de acuerdo a las horas semanales dictadas y que éstas siempre resultaban variables al depender de la cantidad de alumnos inscriptos, es lo que desvirtúa la posición del actor sobre que su jornada de trabajo fue modificada unilateralmente por el empleador, ya que la modificación no resulta ilegítima ni produjo alteración esencial del contrato de trabajo, por lo que el autodespido en que se colocara el actor deviene infundado y consecuentemente sin derecho al cobro de las indemnizaciones reclamadas.
Contratos, efectos entre partes, resoluciones judiciales, cláusula penal, disolución de sociedades, infracciones formales, competencia, servicios de instalación
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: De Lucia, Alfonso Daniel c/ De Lucia, José y otro s/ ordinario de lucia, alfonso daniel c/ de lucia, josé y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

2 - Al tornarse operativa la cláusula penal, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido menoscabo patrimonial alguno (CCIV 656). En tal contexto se configura el concepto de inmutabilidad relativa de la cláusula penal: por regla el acreedor no puede argumentar útilmente que la pena es insuficiente, ni el deudor puede liberarse de pagarla señalando que excede el efectivo daño irrogado (Alterini, Atilio, "La inmutabilidad relativa de la cláusula penal", Revista del Notariado n° 712-983).
Deber de asistencia entre cónyuges, hijo menor de edad
Materia: CIVIL
Carátula: A., R. E. c/ M., J. J. s/ Sumarísimo por Alimentos Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-05-11

Procede la homologación del acuerdo de alimentos que no cuenta con cláusulas objetables y contempla adecuadamente el interés de las partes involucradas, puesto que, si bien el régimen alimentario reglado por la ley sustantiva, excede el poder dispositivo de los involucrados, esta regla no impide que se estipulen convenios relativos a la forma en que se materializará la obligación asistencial dispuesta en la ley, dado que ello no importa una transacción sobre el derecho de alimento expresamente prohibida por el art. 374 del Código Civil, sino la fijación de los aspectos concretos de su observancia, como son el monto y las modalidades de su satisfacción.
Competencia, prevención
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DOMINGUEZ ANA c/ HEREDEROS DE MARIA MARTIN Y OTRO s/ Daños Perjuicios (LIBRO: A070 - 317)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-07-10

La prevención debe interpretarse no solo como el conocimiento que un Tribunal haya tenido sobre una cuestión decidiendo la misma, sino también como la posibilidad que tenga el mismo Tribunal de dirimirla. Quedan excluidos los siguientes casos: expediente recibido por el Tribunal cuyo recurso fue desistido; la alzada concluye con rechazo formal de la apelación, desistimiento, deserción o caducidad de instancia, tanto para los casos de accesoriedad como de conexidad. Asímismo, la prevención es solo aquella que ha llegado o puede llegar a un procedimiento sobre las cuestiones del litigio, y es definitiva cuando el Tribunal ya se ha pronunciado, si la apelación se encuentra aún en trámite es simple posibilidad.
Personal policial, actos de servicio, accidente en acto de servicio, interpretación de la ley, régimen jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cuello Miguel Alberto c/ E.N. (Min. del Interior -Pol. Fed.) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

De la ley 21.965 y el decreto 1.866/83 surge -en forma literal- el distingo entre accidentes o enfermedades sufridas por el personal "en y por acto del servicio" y "en servicio", criterio legislativo que se sustenta en los riesgos directos y propios de la profesión de policía para otorgar el régimen jubilatorio especial (conf. C.S.J.N., in re "Del Valle Yñíguez, Hortencia c/ La Nación -Policía Fed. Arg. s/ regularización", del 15/4/93). Así, el primero de los supuestos se configura, según las disposiciones del capítulo XI ("De los Procedimientos Especiales. Accidentes") del decreto 1866/83 -reglamentario del Capítulo VI ("Haber de retiro") de la ley 21.965- cuando sea la consecuencia directa o inmediata del ejercicio de la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma, o con motivo de su condición de policía, aunque no estuviere cumpliendo servicio o actos relativos a sus funciones, esto es que no hubieran podido producirse en otras circunstancias de la vida ciudadana (art. 696, inc. a) del decreto. La segunda hipótesis se da, en cuanto aquí importa, cuando se haya producido en el horario de trabajo y no encuadre en los supuestos de los incisos a) -ya visto- y b) -consecuencia de un adiestramiento especial para cumplir una misión extraordinaria y de riesgo o resultado de un accidente de un vehículo policial que concurre a una emergencia del servicio (art. 696, inc. c) del decreto de marras).
Imputado, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Piovano, David G. s/ recurso de casación  Causa: 354
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

Con el término intervención la ley no limita la garantía de defensa en la mera participación física o formal del imputado, mediante actos de notificación. Su finalidad es que el imputado, mediante esos actos, conozca el cargo que se le hace y tenga la posibiliad de ser oído y de probar y alegar su derecho.
Trabajador autónomo, afiliados previsionales, afiliación post mortem, reconocimiento de servicios post mortem
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VIVANCO, ALBA JOSEFA c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10

Debe ser confirmada la resolución administrativa que no hizo lugar al reconocimiento de servicios peticionado atento no registrar el causante, con anterioridad a su fallecimiento, afiliación formal al régimen para trabajadores autónomos. Al respecto la C.S.J.N. a sostenido que no corresponde reconocer servicios a quien no pasó a integrar el sistema de previsión durante su vida, pues la exigencia de afiliación formal ha sido impuesto por distintas disposiciones de la ley 18.038 (arts. 6, 8, 16, 23, 31 y 42, entre otros), sin que se advierta corresponda su dispensa si la viuda persigue probar la efectiva prestación de los mismos. (cfr. C.S.J.N., sent. del 25.08.88, "Mirkin, Julio").
Admisibilidad formal, recurso de casación, autosuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Barreto, Adan David c/  s/ lesiones leves calificadas por el vínculo en concordancia con infracción a la ley 26485 de violencia de género y daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-02-05

Procede declarar formalmente admisible el recurso de casación deducido, en función del art. 422 del CPP de la Provincia de Formosa de conformidad con la doctrina y límites que la CSJN impone en este tipo de acciones, máxime que fue presentado temporáneamente y con las formalidades de ley, surgiendo de su lectura una exposición seria de los agravios presentados contra la sentencia condenatoria.
Revocación de sentencia, extorsión, falta de mérito, medios de prueba, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sandoval, N. E.  c/  s/ extorsión (Causa Nº 7.683/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-28

Extorsión.

Falta de mérito.

Elementos probatorios que resultan suficientes para acreditar la materialidad del ilícito y la intervención del imputado. Ministerio Público Fiscal que entendió que el hecho se subsumía en la figura prevista en el art. 172 del Código Penal. Postura que no resulta un límite al encuadre legal que debe efectuar el Tribunal, siempre que se respete la congruencia con el hecho imputado al ser legitimado pasivamente. Comunicación y forma en la que se vincularon con la víctima que tuvo entidad suficiente para infundirle temor, situación que supera los márgenes de un actuar engañoso y permite interpretarla como extorsiva.

Revocar. Procesamiento por extorsión.
Actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico, sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Molinero Maria c/ Baez Raul s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-14

La sentencia vulnera la necesaria igualdad de las partes en el proceso (art.34 inc. 5, ap. "c" del CPCC), si planteada por una parte la falsedad de las firmas y por la otra la veracidad de la autoría atribuída, se resuelve sin prueba al respecto tener por cierta la versión dada por los accionantes, dando a la ratificación en efecto vivificante respecto de actos que hipoteticamente nunca han nacido.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, superintendencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rufino, Fernando y Aversa, Edmundo Dante s/ Recurso de inconstitucionalidad - Empleado judicial - Sanción   disciplinaria (Expte.: C.S.J. Nro. 664 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

Resulta imposible ampliar por vía legislativa o interpretativa la competencia jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos supuestos se encuentran enumerados en "numerus clausus" por el artículo 93 de la Constitución Provincial. Efectivamente, la Constitución de la Provincia prevé dos competencias bien diferenciadas de la Corte Suprema de Justicia: por un lado, el ejercicio de la superintendencia, por algunos llamadas "atribuciones administrativas de la Corte" y, por otros, "competencia de gobierno " -compete a la Corte Suprema el ejercicio del Gobierno del Poder Judicial- que es susceptible de ser ampliada por las normas legales, en cuanto que "ejerce las demás funciones que le encomiende la ley"; por otro lado, la competencia jurisdiccional, prevista en el artículo 93 del texto fundamental que, por su misma redacción, impide la ampliación de los nueve casos previstos. Es decir que mientras la primera es abierta, al segunda es cerrada.
Discriminación, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Moneta, Raúl s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-29

La ley 23.592 se halla orientada a tutelar la dignidad de la persona como bien jurídico protegido, es decir que el valor al cual el legislador le reconoce protección penal es la dignidad del hombre, la que se ve afectada con los actos discriminatorios que la norma tipifica siendo que, precisamente en atención a la importancia del bien tutelado, el órgano legislativo no se conformó con establecer una sanción pecuniaria y quiso brindarle una mayor protección a través de las penas privativas de la libertad que prescribe. En el 2° párrafo del art. 3 de la citada ley la acción típica consiste en alentar o incitar a la persecución o al odio; alentar, tal como lo consigna el Diccionario de la Lengua Española significa animar o infundir aliento o esfuerzo, dar vigor, en este caso, a la persecución o al odio mientras que incitar entraña antes bien mover o estimular a uno para que ejecute una cosa. (Voto del Dr. Madueño).
Contrato de trabajo, suspensión del trabajador, proceso penal, sobreseimiento
Materia: LABORAL
Carátula: SGROMO, JOSE c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS D.G.I. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

Constituiría un abuso de derecho condenar a la empleadora al pago de los salarios durante el lapso de suspensión del dependiente por hallarse sometido a proceso penal cuando, si bien fue sobreseído, quedó probada en sede laboral la existencia de inconductas que configuran injuria en los términos del art 242 LCT. Para más, en el caso concreto, la absolución en sede penal se fundó exclusivamente en la falta de pruebas del corpus criminis, a pesar de haber reconocimiento documental por parte del actor.
Instrucción, nulidad procesal, acción penal, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de nulidad planteado por Kleinsbort s/ Incidente de nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-03

En el nuevo ordenamiento procesal, el Ministerio Público es el encargado de impulsar la acción penal. Por tanto, en caso de no mediar flagrancia ni razones de urgencia, será nulo lo actuado por la instrucción sin requerimiento fiscal.
Recurso de casación, obligaciones del empleador, responsabilidad del Estado, medidas cautelares, caución real, depósito en garantía, crédito laboral
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: Municipalidad del Departamento Rosario Vera Peñaloza s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-06-01

La exigencia contenida en el art. 377 del C.P.C. por la que la parte patronal debe depositar previamente el importe del capital que se ordena pagar, más el treinta por ciento para intereses y costas, etc., evidencia que el legislador quiso brindar a la parte obrera la seguridad de que su crédito, de confirmarse la sentencia, será satisfecho por la contraria, y no quedará expuesto a los cambios económicos, que pudieran operarse en la patronal durante la tramitación del recurso.

La solvencia del fisco es razón suficiente para eximirlo de prestar una garantía de cumplimiento de la sentencia, para el caso de confirmarse la resolución impugnada, en sede casatoria. En efecto, resulta jurídicamente inadmisible que el Estado pueda disminuir su responsabilidad para eludir el cumplimiento de la sentencia.

Si bien es cierto que el art. 377 C.P.C., no contiene excepción alguna, no es menos cierto que puede asimilarse la garantía sustitutiva que exige, con la contracautela que las partes deben ofrecer en las medidas precautorias de las cuales está eximido el Estado. (Del voto del Dr. José Carlos Grimaux.)
Horas extra, pago
Materia: LABORAL
Carátula: SChonfeld, José María c/ Moralejo y Cia. S.C. s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

Transgrede el art. 201 de la Ley de Contrato de Trabajo el fallo que ordena el pago con el cien por ciento de recargo de horas extras cumplidas en días que no son sábado después de las trece horas ni domingo.
Juicio ejecutivo, deuda líquida
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO c/ DE LA CANAL, OSCAR E. s/ EJECUTIVO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-06-17

La iliquidez de la deuda afecta la habilidad del título ejecutivo el que podrá ser atacado por medio de la excepción de inhabilidad de título.-
Movilidad del haber jubilatorio, inflación, derecho de propiedad, confiscatoriedad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SZCZUPAK, Sofía Rebeca c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-16

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 49 y 53 de la ley 18037 (t.o.1976) en virtud de que el acelerado proceso inflacionario a que está sujeto el país ha llevado a que el sistema ideado por la ley de referencia se halla visto desbordado, y que sus disposiciones se traduzcan en un resultado palmariamente confiscatorio respecto del ingreso de los beneficiarios, lesivo de los derechos y garantías consagrados por los arts. 14 bis y 17 de nuestra Constitución Nacional. (del voto del Dr. Laclau).
Indemnización, bienes embargables
Materia: CIVIL
Carátula: D. G., D. R. y Otro c/ P., M. V. y Otros s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-26

La indemnización debe tolerar el ataque que sobre el patrimonio de los deudores pueden efectuar los acreedores, por el principio general de que el patrimonio constituye la prenda común de los acreedores, donde la embargabilidad es la regla, y la inembargabilidad la excepción.
Graduación de la pena, agravantes de la pena, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: Palavecino, Luis Rolando c/  s/ condena
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-28

La tarea de mensuración de la pena es privativa del tribunal, quien en tal empresa, al momento de recorrer la escala legal, sólo se halla limitado por el monto mínimo que indica la norma y por el monto máximo que pretende la acusación (in re "Amodio", CSJN, Fallos 330:2658). Con esas dos limitaciones el juez es soberano para definir, fundadamente, el monto exacto de pena que corresponde imponer al imputado, teniendo en consideración las pautas previstas en los arts. 40 y 41 del CP. En consecuencia, el tribunal puede tomar en consideración las mismas o distintas circunstancias agravantes y atenuantes de las que evaluó la fiscalía, sin que ello restrinja la actuación que le es propia. Así, el hecho de que una de las víctimas decidiera abandonar el país luego del evento vivido (su padre intentó matar a su madre y a él) se impone como demostrativo de un plus disvalioso que merece ser catalogado de forma negativa al momento de mensurar la pena (del voto del juez Bruzzone).
Personal militar retirado, acervo sucesorio, haber de retiro
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SUICA MARCOS MARIA Y OTROS c/ C/ESTADO NACIONAL-M°DE DEFENSA-IAFPPRM s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-19

El Dec. 3019/93, reglamentario de la ley 22.919 -creadora del I.A.F.-, en su art. 23, inc. i) estableció claramente que "Los haberes devengados por fallecimiento integran el acervo del sucesorio del causante". Al respecto se ha sostenido que ". si pudiendo el legislador introducir excepciones a la forma de acceder a los haberes devengados a la muerte de un militar retirado por parte de sus derechohabientes, no sólo no lo hizo, sino que expresamente dispuso que tales emolumentos conformarían el acervo sucesorio del causante, es válido concluir que esta particularidad se enmarca en el conjunto de disposiciones que caracterizan al régimen que los rige" (cfr. dictamen Fiscal al que adhirió la C.F.S.S., Sala III, en autos "Neira, Raquel Aí-da", sent. del 02.07.07).
Periodistas, colaborador permanente, nota gráfica
Materia: LABORAL
Carátula: ALGAÑARAZ, PABLO M. c/ EDITORIAL ATLANTIDA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-31

Si bien el artículo 23, inciso e) de la ley 12908 se ha referido a la nota escrita como elemento configurativo de las colaboraciones, ello no autoriza a excluir a la nota gráfica, teniendo en cuenta los adelantos técnicos producidos desde la sanción del estatuto del periodista y el caracter enunciativo de la definición de la norma mencionada.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, prescripción adquisitiva, pago de tributos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pachao, Carlos P. y Pachao, Santos Hilda Argota de c/ Fuenzalida, Tránsito y/o sus herederos s/ Prescripción veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-03-10

La prueba instrumental que acredita el pago de impuestos y, a través de ella, el "animus ren sibi habendi" del pretenso poseedor, no puede remontarse para probar una fecha anterior a la del propio pago. En el caso, no se entiende de qué modo un equívoco instrumento -pago de impuestos- puede probar una posesión de veinte años retroactivos, cuando sólo demuestra que apenas días antes de interponer la presente demanda se han pagado impuestos desde el año 1987; del mismo modo que un par de meses antes se iniciaron y culminaron los trámites en la oficina de Catastro. Los pagos impositivos entonces, realizados de la forma que se describe precedentemente, no pueden representar en tales condiciones ni siquiera un indicio, dado que aún cuando se comparta el temperamento expresado por el apelante en punto a no exigir el pago de los impuestos por todo el tiempo de la posesión, tal concepto no es comprensivo de la hipótesis presente por la cual se pagan diversos períodos en un solo acto a sólo días de interponer la demanda, por lo que no puede erigirse como elemento integrativo de la prueba conjunta exigida por la ley de aplicación, debiendo rechazarse la apelación y confirmar el fallo del A-quo.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, conflicto de leyes, jerarquía de las leyes, jerarquía constitucional, ley provincial, Santiago del Estero, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación  de  Trabajadores  del  Estado  A.T.E. c/ Santiago delEstero,  Provincia  de s/ cobro  de  pesos  -  incidente  sobre ejecución de sentencia -In1-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

Nada impide la aplicación de la ley 6546 de consolidación de la Provincia de Santiago del Estero en la instancia originaria de la Corte Suprema prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional en la medida en que no se presente un conflicto con el art. 31 de la Constitución Nacional (art. 21, ley 48).
Establecimientos penitenciarios, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Cristian s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-13

La disidencia consideró que la conducta imputada al interno no está amparada por un ámbito de privacidad constitucionalmente tutelado, sino que del contexto en el que se encuentra el condenado se desprende el riesgo y la trascendencia que el comportamiento tiene para terceros, siendo que la injerencia estatal también se justifica en el rol de garante que tiene respecto de toda la población carcelaria. (Dres. Ledesma, David -en disidencia- y Slokar).