marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia de la Corte Suprema, amparo ambiental
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ San Juan, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ amparo ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-27

Los hechos que se denuncian en la causa - acción de amparo ambiental por la de construcción en el Río San Juan de la represa El Tambolar - exigen de la Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional, más allá de la decisión que pueda recaer en el momento que se expida sobre su competencia para entender en el caso por vía de la instancia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional, pues le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: LOCATELLI, Silvio, s/ prisión preventiva Causa nro.. 28.099
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

Habiendo violado el acta compromisoria suscripta en oportunidad en que le fuera conferida su excarcelación, y visto que, conforme lo informado por el Patronato de Liberados, el imputado ha mudado su domicilio real, ignorándose el actual, de ello se sigue que se encuentran claramente configuradas las restricciones previstas por el artículo 319 del Código Procesal Penal que conducen al dictado de la prisión preventiva, conforme lo normado por el artículo 312 ibídem.
Acción contencioso administrativa, Estado Provincial, rechazo de la demanda, diferencias salariales, facultades discrecionales
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: González, Hugo Daniel y otros c/ Estado Provincial de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-06-01

Corresponde rechazar la acción contencioso administrativa en contra del Estado provincial de Catamarca, pues ha de señalarse que la resolución objeto de impugnación, no padece de los vicios que se le atribuyen -falta de motivación suficiente e ilegalidad-; y los actores solicitan la revisión de un acto dictado en el marco de las facultades discrecionales de la Administración, el que no ha lesionado derechos subjetivos de carácter administrativo, exigencia impuesta por el CCA para la habilitación de la vía contencioso administrativa. Todo ello en virtud de sus pretensiones, tales como el reconocimiento del derecho al pago de diferencias de haberes adeudados por las horas extra, guardias activas y pasivas y refrigerio con retroactividad al período no prescripto, reclamandoademás, que se dicte normativa que acuerde dichas pretensiones, lo que constituye un reconocimiento de la inexistencia del derecho subjetivo base de la acción.

Es así, que solicitan la creación del escalafón para el personal de la Policía Judicial, el dictado de previsión específica del derecho a los adicionales por trabajo riesgoso e insalubre, un régimen de licencia igual a la que gozan los empleados de planta del PJ, la promoción automática en la carrera judicial, la determinación de la periodicidad de los concursos, admitiendo de esta manera, que estos aspectos no se encuentran normativizados; es decir, que al no contar con un derecho administrativo establecido en su favor, la lesión invocada por la negativa a generar los derechos pretendidos, no habilita la instancia jurisdiccional. A mayor abundamiento se señala, que el derecho subjetivo lesionado -en tanto requisito ineludible de la acción contencioso administrativa- presupone un reconocimiento preexistente en una ley, decreto o reglamento, no puede haber derecho subjetivo, sin norma jurídica anterior.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, falta de notificación, prueba de informes
Materia: PROCESAL
Carátula: Expediente N° 7779728: Cuerpo de Prueba de la parte actora en autos: acción de extensión de quiebra - en Yucef SA c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-04-19

Corresponde rechazar los recursos de apelación deducidos y en consecuencia, confirmar el rechazo del recurso de reposición y la nulidad incoados por las sociedades demandadas y la sociedad fallida, dado que la falta de notificación del proveído que indicaba el libramiento de un oficio no implicó -al menos en orden a esa prueba informativa- violación a los principios de igualdad y contracción para los recurrentes, y menos aún les haya causado algún agravio irreparable. Consecuentemente, aún cuando lo correcto es que se notifique el decreto que provee a la prueba informativa, dicha omisión prima facie no acarrea perjuicio, pues cualquier objeción formal sobre la misma bien puede plantearse al comunicarse la incorporación del informe; oportunidad en la cual también podría cuestionarse el contenido del mismo por falsedad o por no corresponderse con los registros de la informante. Ocurre en el caso, que la prueba fue ofrecida en tiempo propio y responde a la especificidad del medio escogido, por lo que cabe desestimar las quejas levantas al respecto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Veic, Mario José c/ Conosud S.A. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

No basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la mención genérica de conculcamiento de preceptos constitucionales cuya transgresión sería consecuencia del quebranto de normas no mencionadas, de doctrina legal emanada de otros tribunales, ni de normas no actuadas.
Competencia, colegio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Colegio de Profesionales de la Agrimensura c/ Director de Catastro de Entre Ríos s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-30

Corresponde aplicar al sub examine el criterio sostenido por este Superior Tribunal de Justicia -en pleno- al decidir en el precedente "Pellegrini, P. c/ Dir. de Catastro de la Prov. s/ Acc. de Amparo", 15-03-01, en el que se expresó: "la Provincia a través de la Dirección de Catastro, carece de facultades para decidir o determinar que un profesional, en el caso ingeniero en construcciones, no puede realizar una determinada tarea, ni siquiera remitiéndose a una decisión de la autoridad nacional por versar sobre un conflicto suscitado en distinta jurisdicción y, por tanto, inaplicable automáticamente al caso, si el Colegio Profesional que lo comprende y a quien compete el ejercicio del poder de policía delegado por la Provincia sobre sus matriculados sobre la base del título que lo habilita, resolvió afirmativamente esa cuestión. Tal solución es la que emana de una interpretación armónica de los postulados de la Ley Nro. 8802, de modo que el conflicto que pudiere existir entre dos colegios profesionales acerca de la incumbencia profesional de sus matriculados no puede ser dirimido por la provincia que carece de competencia para ello. Surgiendo así evidente la incompetencia del organismo que dictó el acto controvertido, éste deviene manifiestamente ilegítimo a tenor de lo dispuesto en el art. 2 de la Ley Nro. 8369, tornando así procedente la acción promovida".

Sólo cabe ante la evidente ilegitimidad de la Resolución Nro. 10/04 DC, al haber sido dictada por quien carecía de competencia para así decidir, que se deje sin efecto la misma y se disponga que la Dirección de Catastro cumpla lo establecido por la Ley Nro. 9515, por lo que corresponde rechazar los recursos traídos y confirmar el resolutorio en crisis.
Intereses, tasas de interés
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAS S.A. c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

De acuerdo a lo previsto por la ley 23.928 los índices de actualización y la tasa de interés del seis por ciento anual fijados en la sentencia deben ser aplicados hasta el 31.III.91. A partir del 1.4.91 se liquidarán exclusivamente intereses a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación hasta el pago efectivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Infracciones aduaneras, importaciones, origen de la mercadería, pago de tributos aduaneros, delitos aduaneros
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: MORENO, VICTOR JAVIER s/ Contrabando, incidente de  apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

Si el único hecho concreto constatado en autos es la venta de mercaderías de origen extranjero que no tenían adheridos los instrumentos físcales respectivos, ese hecho se encuentra sancionado con una multa de una a cinco veces el valor en plaza de la mercadería, pero no constituye delito sino contravención (Cf. Art. 892 y Art. 991 del Código Aduanero) y, siendo por otra parte que las estampillas que el importador habría omitido colocar en los artículos importados, se encontraban en su poder y se ha comprobado que son las que corresponden al despacho de importación, corresponde revocar la resolución que dispuso el procesamiento pues la ley procesal requiere, para dictarlo, la estimación que existe un hecho delictuoso, no una mera contravención (Cf. art. 306 del Código Procesal Penal).
Prescripción, ejecución hipotecaria, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: First Trust of New York National Association c/ Rojo, Luis Marcelo s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-11-27

Y no caben dudas que al caso concreto resulta aplicable el plazo de prescripción de cuatro años, siendo varias las razones que concurren a formar convicción sobre el punto y que pasamos a desarrollar. Para comenzar, es dable señalar que la aplicación del plazo cuatrienal que aquí se propone es la que mejor compatibiliza con una interpretación literal de la regulación vigente para el caso en materia de contrato de mutuo comercial. Recordemos que la manda genérica del plazo prescriptivo (art. 846, CCom.) resulta de aplicación residual, esto es, ante la ausencia de una norma específica que contenga otro plazo para la situación jurídica de que se trate. Y en lo relativo a los réditos del contrato de mutuo no existe vacío legal que torne operativa la directriz general ya que -antes bien- el art. 847, CCom., textualmente reza: "Se prescriben por cuatro años: [.] 2) los intereses del capital dado en mutuo.". En efecto, corresponde hacer una diferenciación entre el plazo de prescripción relativo al capital y el correspondiente a los intereses, sin perder de vista que los réditos constituyen una obligación accesoria. En aquellos supuestos donde se pactó el pago de intereses periódicos, resulta de aplicación el plazo abreviado previsto por el art. 847, inc. 2, CCom., que así lo establece expresamente. En tal caso, la aplicación del plazo decenal (residual) encuentra excepción en el rubro intereses, provenientes del mismo tipo de contrato, en tanto reconocen una pauta particular contenida en el art. 847 antes referenciado (Cfr.: C. Nac. Com., sala C, in re: "Espinosa, Susana N. E. v. Obregón, Mario A. s/Ordinario", Sent. del 27/9/2011, el Dial.com - AA18E). Así se ha sostenido: "La acción tendiente, en el mutuo, a la devolución de los intereses prescribe a los cuatro, en virtud del ya mencionado art. 847, inc. 2, que empieza refiriéndose, precisamente, a 'los intereses del capital dado en mutuo' y agrega que 'el término para la prescripción correrá desde que la prestación se haga exigible' [.] la Suprema Corte tiene decidido que la prescripción del art. 847, inc. 2, comprende los intereses de cualquier deuda, sea cual fuere su origen" (Malagarriga, Carlos C., "Tratado elemental de Derecho Comercial", Ed. Tipográfica, Buenos Aires, 1952, t. IV, p. 492, citando jurisprudencia de la Corte Sup., 18/7/1938, LL t. 11, p. 418; en similar sentido: Fontanarrosa, Rodolfo O., "Derecho Comercial Argentino (Parte General)", Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1967, 3ª ed., p. 587). Por tanto, estamos en condiciones de afirmar que no cabe sino aplicar la norma especial contenida en el art. 847, inc. 2, CCom., que establece la prescripción cuatrienal de los intereses del capital otorgado en mutuo. DRES.: ALONSO - MANCA.
Mora, constitución en mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aire y Sol SRL. c/ Las Piedras II s/ DEMANDA CUMPLIMIENTO S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-05-12

Ante la falta de prueba de la fecha en que el demandado ha quedado constituído en mora, debe tenerse por tal aquélla en que se trabó la litis.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Márquez, Miguel Angel. Hereñuk, Daniel Germán s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, sin impugnar cabalmente las conclusiones de la alzada, presenta una nueva versión de los hechos apoyada en su interpretación de la prueba, método que no resulta idóneo para enervar el cuadro fáctico establecido por el sentenciante (art. 355, C.P.P.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mandato, muerte del mandante, obligaciones del mandatario
Materia: CIVIL
Carátula: Kohorozian, Antonio c/ Carnago, Romualdo Eugenio y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

La muerte del mandante impone al mandatario la obligación de continuar la gestión bajo pena de responder por el perjuicio que de su omisión resultare.
Prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: QUINTANA, Bernardino s/ Tentativa de robo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-15

No es posible introducir al proceso por ninguna vía la confesión del imputado ante las autoridades policiales; lo impide la norma del art. 434 C.P.P. (ley 10358), sancionada precisamente para evitar que reaparezca la abolida confesión extrajudicial bajo otra forma de prueba. Si el funcionario policial no puede dejar constancia escrita de lo que diga el imputado, lo que relate -acerca de los dichos de aquél- al ser interrogado como testigo, no puede ser utilizado en contra del prevenido. Lo contrario implica derogar el art. 434 C.P.P. y legalizar una nueva especie de "confesiones extrajudiciales" más desprovistas de garantías que las permitidas por la ley anterior, porque carecen hasta de la firma de quien la realiza. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal, régimen de consolidación de deudas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Gil de Giménez Colodrero, Dolores, y otros c/ Estado  Nacional  (Ministerio  de  Educación y Justicia de la Nación) s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

Procede el recurso extraordinario cuando se halla en juego la interpretación de la ley 23.982, que reviste carácter federal, y la decisión final del pleito ha sido adversa a las pretensiones que el apelante funda en dicha norma.
Procedimiento administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pascuas, Diego Martín c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

La competencia revisora de la Corte, en principio, no se extiende a los procedimientos cumplidos en el trámite administrativo. Las deficiencias de los mismos pueden superarse en la oportunidad que los afectados tienen para defenderse, al probar y alegar en la instancia judicial. Esta regla solamente encuentra excepción en aquellos casos en que la ley disponga lo contrario, o en los que medie una violación grave al derecho de defensa, o si del examen de las pruebas producidas en el juicio y denegadas por la autoridad administrativa surgen elementos cuya omisión haya menoscabado la recta apreciación de los hechos por parte de éstas u otras causas de similar gravedad.
Recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, falta de interposición del recurso, Ministerio Público Fiscal, reformatio in pejus, cambio de calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: FERRARO, G. s/ RECURSO DE APELACION - DEFRAUDACION - HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-27

"...la falta de recurso fiscal nos impide modificar una adecuación cuando ésta es notoriamente más grave, aun no incrementando la pena, pues de igual modo a mi juicio se violaría la prohibición de la reformatio in pejus.

Por ello, voto por que se confirme el fallo recurrido en cuanto se condene a G.P.F. como autor del delito de hurto simple, modificándolo en cuanto a la pena lo que deberá ser reducida a cuatro meses de prisión en suspenso, sin costas en la alzada".
Contrato de trabajo, indemnización por despido, cuenta sueldo, horario de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FERNÁNDEZ ANA MARIA c/ ASOCIACIÓN ITALIANA DE MUTUALIDAD E INSTRUCCIÓN s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-31

El deudor debió pagar en efectivo y/o mediante acreditación en la cuenta sueldo de la trabajadora así como que el sueldo no se paga dentro del horario de caja -fijado por el propio empleador- sino que puede ser requerido, durante la mora, durante todo el horario de labor (conf. art. 129 LCT). (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Censura previa, libertad de expresión, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Es propia a la censura previa y eso la distingue de la responsabilidad ulterior su aptitud para interrumpir el proceso comunicativo antes de que éste se haya desarrollado (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso de inconstitucionalidad, inundación, responsabilidad del Estado, faltas del servicio, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Louterio, Fabián c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-03-05

La cuestión aquí propuesta guarda similitud con la que fue objeto de estudio y decisión in re "Micucci", y, como sostuvo el suscripto en su voto en la citada causa, la recurrente no consigue demostrar que sus planteos apelatorios referidos al régimen de responsabilidad del Estado provincial pretendidamente aplicable al caso, hubiesen ostentado entidad suficiente -en el marco de conocimiento brindado por los artículos 568, segunda parte, 356, 357 y 358 del Código Procesal Civil y Comercial- como para operar la apertura de la vía apelatoria extraordinaria y habilitar el examen de la causa por parte de la Alzada dentro de un ámbito cognoscitivo de mayor extensión y profundidad, desde que la sentencia de baja instancia exhibía una exégesis razonable de las normas en juego pues, aun desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Suprema nacional según la cual la responsabilidad del Estado provincial por una presunta falta de servicio se inserta en el ámbito del derecho público local, lo cierto es que en dicho ámbito el artículo 18 de la Constitución provincial evocado por los Sentenciantes bien podía constituir una habilitación para resolver el caso -atendiendo a la época de los hechos y a la eficacia temporal de las leyes- con fundamento en el artículo 1112 del Código Civil y en la idea objetiva de falta de servicio elaborada en torno al mismo, tal como lo había hecho el Tribunal de origen destacando, además, que la demandante había rechazado expresamente la ayuda extraordinaria ofrecida por la Provincia bajo el marco de las leyes 12183 y 12259. - CITAS: CSJN: Fallos 329:759, 329:2737. (Del voto del Dr. Netri, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 18; Código Civil, artículo 1112; Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículos 568, segunda parte; 356, 357 y 358. - Jurisprudencia concordante con Pochettino, T 2024, Sentencia Nro. 79, sumario J0052578 - Jurisprudencia vinculada: Micucci, T 2024, Sentencia Nro. 77, sumario J0052585.
Proceso judicial, caducidad de instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dolores, Antonia Catalina c/ Siso, Italo Raul y otros s/ Daños y perjuicios-Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-09-21

La inapelabilidad de la resolución sobre caducidad de instancia cuando el planteo fuera rechazado, es un sistema dirigido a proteger la subsistencia del proceso, habiéndose declarado desde la perspectiva de su constitucionalidad que no vulnera los principios de igualdad ante la ley y defensa en juicio, toda vez que obedece al propósito que informa al Código Procesal de acelerar los trámites, como así también el de restringir el modo de operarse la caducidad, inclinándose por la referida subsistencia del proceso en vista a una mayor garantía en la defensa de los derechos.
Costas, negligencia procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Petenatti, Isabel Elena c/ Peñamil, Mirta Noemí y Otro s/ Incidente civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

La denuncia del desconocimiento de herederos efectuada por los acreedores del mutuo hipotecario al momento de iniciar la sucesión del deudor es un actuar negligente, por lo que, a la luz del principio general nemo auditur propiam turpitudinem allegans, las costas generadas en dicha sucesión hasta la presentación de la heredera deben serle impuestas a aquellos, de otra forma se invocaría la propia torpeza para fundar en ella el derecho a cobrar honorarios judiciales sobre el acervo hereditario, lo cual llevaría a convalidar una suerte de abuso del derecho -art. 1071 Código Civil-.
Daño moral, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De la Cruz Mariano Ramón c/ Renault Argentina S.A. y Otra s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-06-04

Cuando se peticiona la reparación del daño moral como derivado del incumpliiento de un contrato, es preciso demostrar de qué manera ha podido afectar la moral del reclamante y en qué medida puede tratarse de un interés resarcible (artículo 522 del Código Civil).
Honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Capot de Marnati, Alcira N. c/ Roglic, Gregorio s/ Consignación fij. Plazo Locación Bergada, Ricardo Pedro c/ Falcón de Majo, Cecilia y otros s/ Consignación de alquileres López de Toledo, Dolores Inés c/ Suarez de Escobar, Carolina s/ Consignación de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06|1992-08-04|1995-02-16

En el proceso de consignación de alquileres, cuando media rechazo de la demanda, el monto del juicio a los fines de la tarifación profesional será el de las sumas consignadas debidamente actualizadas. (art. 23 Dec. Ley 8904) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, exenciones impositivas
Materia: CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ CIA ARGENTINA DE TELEFONOS S.A. s/ COBRO DE AUSTRALES-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-05-04

No queda comprendida en el marco de la ley 22.016 que suprime ciertos beneficios impositivos la Compañía Argentina de Teléfonos por ser ésta un empresa privada, ya que la referida norma circunscribe la supresión de los beneficios impositivos a los entes públicos.
Prenda con registro, pagaré, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL IGUAZU SA (EN LIQ.) c/ SAPAG CARLOS NATALIO s/ EJ.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-03

La naturaleza de los pagarés prendarios impide que puedan ser ejecutados separadamente del contrato al que acceden, careciendo, por ende, de fuerza ejecutiva por sí mismos, no confiriendo, por lo demás, a su tenedor la calidad de titular del crédito separadamente del certificado al que acceden.