marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Enriquecimiento sin causa, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROJAS, Julio Oscar c/ CRUZ, Dominga s/Sucesión s/ Enriquecimiento sin causa
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-10-06

Sea que el enriquecimiento consista en aumentar el patrimonio o en evitar gastos que debieron disminuirlo, es necesario la prueba concreta de la no liberalidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, encandilamiento
Materia: CIVIL
Carátula: Mani, Manuel Oscar c/ Maza, Juan Bautista s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-10-23

Cruzarse, en horas de la noche, con un vehículo cuyas luces altas son susceptibles de encandilar, no constituye una contingencia inesperada para un conductor de automóviles. Por el contrario, lo más probable es que en un viaje de cierta duración se encuentre más de una vez ante tal circunstancia. Debe por ello exigírsele la suficiente pericia como para saber qué hacer en esa situación, pues un conductor que cada vez que es encandilado choca al que marcha adelante no está obviamente en condiciones de circular por las rutas.
Concursos, principios generales del Derecho, jueces, competencia, cuestiones de competencia, derechos de incidencia colectiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION DE DEFENSA DEL ASEGURADO -ADA- ASOC. CIVIL C/ CARDIF SEGUROS SA S/ SUMARISIMO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

La competencia en una acción colectiva debe mantenerse para todos los integrantes de dicho colectivo - tanto en la instancia de trámite como ante la Alzada-, sin que importen, en principio, las contingencias procesales que pudieran individualmente ocurrir en los expedientes integrantes de la clase. En dicho contexto, el hecho de que el juez que previno -a quien le había sido asignado el conocimiento de la clase en función de la materia registrada- haya declarado en alguno de ellos la perención de la instancia, no es extremo que justifique per se el desplazamiento de su competencia sobre el asunto.
Régimen de consolidación de deudas, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Servicio Nacional de Parques Nacionales c/ Franzini,  Carlos  y  sus  herederos  o quien resulte propietario de Finca "Las Pavas" s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

Debe descartarse cualquier objeción constitucional con sustento en que las disposiciones de la ley 23.982 priva a los particulares de los beneficios declarados por sentencia firme, pues dicha norma se limita a restringir temporalmente la percepción íntegra de los montos adeudados.
Locación, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ceresetto, José A. c/ Electronor SRL y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de   pesos (Expte CSJ Nº 277-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-05

No puede prosperar el agravio basado en la discrepancia del recurrente con el análisis que el A quo efectúa de la cláusula adicional del contrato de locación (tema central del debate, ya que toda la controversia radica en develar si se está en presencia de una prórroga del contrato original o uno nuevo, con las consiguientes repercusiones jurídicas para los codemandados), como asimismo de la apreciación que hiciera de las restantes pruebas producidas en autos, en base a las cuales, concluye que cabe obligar a los fiadores, por cuanto de esta forma se empeña en oponer su propio enfoque de la solución que corresponde al "sub examine", asentado en su particular apreciación de las circunstancias fácticas y valoración del material probatorio.
Sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: Balbino Sanz c/ Asociación Personal Administración Pública Provincial s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-05-21

El a - quo ha condenado extra - petita pues ha condenado a pagar lo que no se reclamaba y ello surge de la misma sentencia en que cita, el reclamo de la actora y del cotejo de éste con tal sentencia.

La nulidad de la sentencia resulta pues, manifiesta y absoluta, por aplicación del art. 1038 del Código Civil y del 18 del mismo Código;

surge del mismo acto y de elementos extrínsecos al mismo, como lo es la inexistencia de reclamo de la demanda.

El acto, pues, dictado por el juez es en el sublite "de ningún valor" (art. 18 Código Civil) al crear "per se" una obligación sin causa, dado que el mismo actor reconoce que tal causa no existe ni reclama lo que se condena, contrariando la expresa disposición del art. 499 del Código Civil.
Ministerio Público, validez del acto administrativo, Consejo de la Magistratura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-12

De acuerdo con el mandato constitucional el Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial con competencias exclusivas. Se encuentra conformado por tres ramas -la Fiscal, la Tutelar y la de Defensa- en un pie de igualdad y sin relación de subordinación entre ellas de acuerdo con los principios de "autonomía funcional" (art. 124 CCABA) e "independencia entre sí" (Ley nro. 1903, art. 6).

En este contexto, no resulta posible que jueces o fiscales cuestionaran la validez del acto del Consejo de la Magistratura que designó, en forma transitoria frente a la vacancia de un cargo en el Ministerio Tutelar, a un funcionario para cubrir tareas que no admitían dilación, mediante un procedimiento "sui generis" llevado adelante por fuera de lo previsto en las normas adjetivas que rigen los procesos judiciales. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Régimen jubilatorio, beneficios previsionales, beneficio jubilatorio único, abogados, régimen jubilatorio provincial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Valdéz de Bonari, María Yolanda c/ Caja  de  Previsión  Social  de  la  Provincia  y Provincia de Salta. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

El art. 23 de la ley 14.370 resguarda el principio de prestación única, pero cuando en ninguno de los regímenes en juego - en el caso, Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Salta y Poder Judicial de esa misma provincia - es posible que se computen todos los años trabajados, cabe reconocer una mejora en el haber que individualmente corresponde en cada sistema.
Presentación extemporánea, medidas cautelares, aclaratoria (procesal), bien jurídico protegido
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LAGOS RICARDO AMADEO Y OTROS c/ EJECUTIVO MUNICIPAL DE FORRES DECRETO Nº 35/99 LETRA "D" 30-12-99) s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-09

Verificado el planteo de extemporaneidad, se torna inoficioso cualquier pronunciamiento o aclaración sobre la medida cautelar (recurso de aclaratoria), cuya vigencia quedó conformada a los fines de asegurar el derecho de los actores o en pos de lograr el mantenimiento de sus condiciones laborales mientras dure la sustanciación del proceso contencioso administrativo. En ese orden, la solución que se establece y que lleva al Tribunal de Alzada a ordenar el encauzamiento procesal correspondiente, no ha tenido otro objeto que el derecho de defensa y en una escala superior, el de asegurar la tutela judicial efectiva.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laserre, Roberto y otra c/ Independencia Transportes Internacionales S.A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

No basta brindar la propia versión de los hechos para demostrar el absurdo.
Agotamiento de la instancia administrativa, competencia previsional
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BLANC, LINA MARIA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-20

La impugnación extraordinaria debe prosperar en tanto lleva razón la recurrente cuando alega afectación del derecho de defensa y reprocha que los Jueces con rigorismo formal se desentendieran de las constancias de la causa, toda vez que para rechazar el recurso de revocatoria y confirmar el auto de Presidencia que declaraba la extemporaneidad del recurso contencioso administrativo interpuesto por la beneficiaria, la Cámara partió de considerar agotada la vía administrativa con base en una notificación de la denegatoria expresa de la Administración, más la referida cédula no consignaba el domicilio determinado por la beneficiaria ya que omitía identificar el edificio concreto al que se la debía enviar, por lo que dicha solución no satisface los niveles mínimos del derecho de acceso a la jurisdicción, máxime tratándose de un reclamo de naturaleza previsional y alimentaria, que impone a los jueces un más estricto deber de garantizar el derecho de defensa.
Empleo público, ingreso a la función pública, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Kehrig, Guido Pablo c/ M.C.B.A. s/ Impugnación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-22

La reincorporación del agente público consiste en la declaración del restablecimiento de la situación ilegítimamente extinguida de manera que si por ella puede preconizarse la retroactividad o la reparación del daño pertinente, no ocurre lo mismo cuando se trata del reencasillamiento que presupone una relación de empleo público vigente en el momento de ese acto administrativo.
Derecho ambiental, playas de estacionamiento
Materia: MEDIO AMBIENTE-CIVIL
Carátula: Scorofitz, Néstor Eduardo y Otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo (Art. 14 C.C.A.B.A.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-15

Debe admitirse la acción de amparo interpuesta por un grupo de vecinos contra el GCBA y una empresa constructora a fin de que se abstengan de construir una playa de estacionamiento en el subsuelo del Parque Las Heras, pues la propuesta arbórea realizada por las codemandadas no cumple con los requisitos para asegurar la supervivencia de los árboles que se hallan en el predio, y si bien dicho proyecto fue modificado durante el proceso, ello no hace más que ratificar que el proyecto anterior no satisfacía las exigencias necesarias, además de que implica un cambio sustancial del proyecto aprobado, que resulta ajeno a la presente Litis.
Mora del deudor, pago, oferta, pago por consignación
Materia: CIVIL
Carátula: MINUTO, JORGE LUIS c/ GELRO Y OTRO s/ ORDINARIO - MORA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-07

La carta documento remitida por el deudor que importa una mera oferta de pago, no es apta para extinguir la mora porque para que así fuera tendría que ser eficiente para causar la mora del acreedor en cuanto a la cooperación de éste en la recepción del pago ofrecido, lo que no tiene lugar desde que el moroso es inepto para provocar la mora de la contraparte. El deudor moroso debe recurrir a la consignación en pago para hacer cesar su mora sin que sea bastante la simple oferta de pago.
Municipalidad, concejo deliberante, intendente, recursos administrativos, resolución denegatoria, resoluciones irrecurribles, sentencia consentida
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VARELA, ROBERTO EDGAR c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N° 413-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-07-08

Si el recurso se intenta contra "un acto confirmatorio" dictado por el Concejo Municipal, "de otro ya consentido" emanado del Departamento Ejecutivo Municipal por no haber sido impugnado aquél por la vía y en el plazo que a tal efecto establece la ley 4106, carece de decisividad lo sostenido por el actor en cuanto a que no consintió las actuaciones administrativas realizadas con anterioridad al dictado del acto confirmatorio por cuanto no se hace cargo de su omisión de impugnar ante la Corte -en tiempo oportuno- la resolución del Departamento Ejecutivo, por la que se rechazó el recurso de apelación, con lo cual tal acto adquirió firmeza. Al respecto, es claro que no basta poner en evidencia la voluntad de recurrir para cumplir con la exigencia legal que supone, desde luego, la efectiva interposición del recurso ante el órgano judicial competente.
Menores, actos de disposición
Materia: LABORAL
Carátula: Umaño, Lucía del Valle y otros c/ Chisec S.A. s/ Indemnización por muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

La autorización que exige el art. 297 del C.C. ha de ser otorgada por el juez del domicilio del padre (art. 90 inc. 6, C.C.) o eventualmente por el que entiende en la sucesión si se tratara de bienes que forman parte de la misma, pero siempre ha de ser el juez civil, quien solo podrá otorgarla en caso de absoluta necesidad o ventaja evidente (arg. art. 136, C.C.) sin que ese requisito ineludible pueda estimarse reemplazado por la homologación del pacto de cuota litis efectuado por el tribunal del trabajo, no existiendo al respecto cosa juzgada que le impida en decisión posterior limitar sus alcances.
Competencia provincial, Constitución Provincial, ley provincial, decretos provinciales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Solbingo  S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad de decreto 690/88.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Si se arguye que una ley es contraria a la constitución provincial o un decreto es contrario a la ley del mismo orden, debe ocurrirse a la justicia provincial.
Marcas, cese de uso de marca, falta de uso de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: QUIMARCO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL c/ DIMACA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y OTRO s/ CESE DE USO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-03

La defensa esgrimida con sustento en el hecho de que la demandada no elabore ningún tipo de productos sino que se dedique a importarlos y comercializarlos y de que no exista una acción habitual respecto del signo WHIZ que lleve a la necesidad de hacer cesar en su uso debe ser desestimada, toda vez que de lo que se trata es que la demandada no venda, ni al por mayor ni al público, los productos que llevan la marca cuestionada.
Extinción del contrato de trabajo, abandono de trabajo, renuncia al empleo, prueba, dictamen pericial
Materia: LABORAL
Carátula: SMAEL HUGO SALEE c/ SUC. ZALAZAR PEDRO CAMILO s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-14

La circunstancia de que el dictamen pericial ha sido elaborado en base a constancias extraídas del libro de registro de remuneraciones, determina que el mismo constituya una prueba notoriamente insuficiente a los fines de fundar la conclusión del tribunal en relación a que el contrato de trabajo se extinguió por abandono-renuncia el 30/09/91.

Ello por cuanto la mera falta de registración de días trabajados por períodos posteriores a septiembre de 1991 en el libro de remuneraciones de la demandada, no alcanza para tener por acreditado el abandono de la relación laboral por parte del actor, pues debe tenerse en cuenta que los asientos que constan en los libros, llevados en forma unilateral por el empleador y sin intervención del dependiente, resultan inoponibles a este último, no pudiendo -por ende- erigirse los mismos en el único fundamento probatorio del fallo respecto a que a partir del mes de septiembre de 1991, el actor se ausentó definitivamente de su trabajo.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, culpa grave del trabajador, culpa civil
Materia: LABORAL
Carátula: ALLES, JOSE c/ RICAUTE AGRO - GANADERA SCA. s/ INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-06-17

No puede equipararse la culpa grave prevista como eximente de responsabilidad en la ley 9688 (equiparable al dolo en atención al carácter tuitivo de dicha ley) con la culpa prevista con ese mismo fin en el artículo 1113 del Código Civil (sin calificación alguna).
Contratos comerciales, know how
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRESIPLAST SA c/ PETRI SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-08

En un contrato de licencia de uso del know how y la asistencia requeridas para la producción de volantes y accesorios fabricados o a fabricar en la argentina -como en el caso-, ante la ambigüedad en una cláusula que expresa "el derecho de exclusividad en el uso de la licencia por la participación en el MERCOSUR... las partes del presente establecen que la comercialización de los productos objeto de la licencia se efectuará por consentimiento mutuo entre ellas", es claro que la licencia implicó la exclusividad en la transferencia del know how para fabricar en la argentina los productos alcanzados, mas no la exclusividad territorial para su comercialización, toda vez que la licenciante no delegó dicha facultad en lo que a su parte respecta, sino que por el contrario, pacto la participación en la comercialización en el MERCOSUR según reglas a convenir de mutuo acuerdo. Así, la única interpretación susceptible de compatibilizar las diferentes estipulaciones contenidas en dicha cláusula es que, junto con el uso en exclusiva de la licencia para fabricar en el país, admite la comercialización y la participación, tanto del licenciante como del licenciatario en el bloque económico regional integrado por argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La mentada exclusividad de la licencia debe entenderse referida solo a la transmisión del know how requerido para la producción de los productos en la planta de la sociedad actora en la argentina, con la finalidad última de excluir, como regla, la posibilidad de que otro tercero pudiere hacerse en el país de tales conocimientos. Así cuando -como en el caso- de las pruebas surge que desde antes de firmado el contrato de licencia y aun después, la licenciante tuvo activa participación en la comercialización de volantes para automóviles y utilitarios en el mercado argentino y a mas, tratándose los litigantes de los principales productores de los bienes en cuestión en el MERCOSUR, no es atendible la alegación de la accionante respecto a la existencia de una exclusividad territorial a su favor, máxime cuando su reclamo tuvo origen pasados mas de tres años de vigencia de la relación contractual, sin quejas contra la contraria.
Principios procesales, ejecución de sentencia, principio de congruencia, condena a hacer, seguros
Materia: CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO c/ TRECENAVE  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-28

La sentencia condenó a la demandada a llevar a cabo la contratación de los seguros sobre los que versa la litis, pero "bajo apercibimiento de autorizarse al acreedor a hacerlo por cuenta de la accionada". Aun cuando dicha eventualidad aparece prevista en la ley sustancia y en la adjetiva, lo es a título de atribución o alternativa sujeta a elección del acreedor -como surge de la lectura de los artículos 630 del Código Civil y 513 del Código Procesal-, pero que de ninguna manera puede serle impuesta sin su consentimiento y menos sin su petición, extremo este último que lleva al sentenciante a lesionar el principio de congruencia, al decidir sobre una cuestión no propuesta.
Cosas divisibles, posesión
Materia: CIVIL
Carátula: F., C. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-26

La electricidad, el agua y el gas son cosas divisibles y, por lo tanto "Para tomar la posesión de una parte de una cosa divisible, es indispensable que esa parte haya sido material o intelectualmente determinada".
Administración Pública, cambio de calificación legal, suspensión del juicio a prueba, corrupción, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: SEGOVIA, Elvio Wilson c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-28

Uno de los votos concurrentes agregó que la mera circunstancia de que la administración pública no haya tenido que erogar recursos económicos extras por la conducta que se atribuye al encausado, no resulta suficiente para considerar a su conducta como atípica en los términos planteados por su defensa: y que de otra parte, sellada que se encuentra la decisión en lo que concierne a la responsabilidad del imputado, es dable coincidir en las consideraciones que el voto que antecede desarrolló al referirse a los dos últimos intentos de la parte agraviada: aquel de modificar la calificación por el de infracción al art. 947 de la ley 22415 y la solicitud de suspensión de juicio a prueba. El otro voto concurrente agregó que el Estado Argentino ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 28 de agosto de 2006, la que fue previamente aprobada por ley n° 26.097 (B.O.: 09/06/06) del 10 de mayo de 2006, y la Convención Interamericana contra la Corrupción, con fecha 29 de marzo 1996, mediante la ley n° 24.759, sancionada el 04/12/96 (B.O.: 17/01/97) y el 9 de octubre de 1997, el Poder Ejecutivo Nacional depositó el instrumento en la Secretaría General de la OEA. De esta manera, la Convención, entró en vigencia el 7 de noviembre de 1997. En función de lo preceptuado por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, dichas convenciones tienen jerarquía normativa superior a las leyes del derecho interno, conformando derecho positivo vigente al momento de los hechos y por ello norma aplicable. Es política del Estado Argentino Nacional la lucha y el compromiso ante la comunidad internacional de prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar a las personas encontradas culpables de estos delitos, con el objeto de erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los vinculados con tal ejercicio (arts. 2° y 3° inc. 9 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y en similar sentido, art. 1° de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). Dres. Petrone, Barroetaveña-voto concurrente- y Figueroa -voto concurrente-.
Asociaciones de consumidores, defensa del consumidor, trámites judiciales, cumplimiento de normas generales, acciones de clase, sociedad colectiva
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Michan, Laura Elena c/ Prisma Medios de Pago SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-18

La LDC 54 establece requisitos sustanciales que conciernen al contenido mismo de la sentencia que se dicte, que hacen las veces de "piso" a ser respetado. Así lo hace cuando, siempre atendiendo a lo que aquí importa, impone la vigencia, en cuestiones patrimoniales, del principio de reparación integral y se ocupa del procedimiento que debe ser adoptado para que los consumidores puedan acceder a tal reparación, estableciendo al efecto dos mandatos principales: 1°) que la restitución de las sumas que se deban sea efectuada por los mismos medios a través de los cuales fueron percibidas, y 2°) que, de no ser ello posible, se adopten otros sistemas que permitan a los afectados acceder a la reparación. Desde tal perspectiva, en el marco de una acción por reintegro de rubros cobrados indebidamente por el banco y la administradora de cierta tarjeta de crédito, deberán reembolsar las sumas adeudadas en las tarjetas de crédito de quienes continúen siendo sus clientes. Asimismo, deberán enviar una notificación postal a quienes no hayan conservado su relación con ellos a las direcciones que tengan registradas dentro de los diez días contados a partir de que quede firme este pronunciamiento. Esas misivas deberán brindarles a los ex clientes los canales electrónicos mediante los cuales podrán hacer efectivo el cobro del reintegro dispuesto. Sin perjuicio de ello, deberán también publicar avisos en un diario de gran circulación (a ser definido por el magistrado de grado) por tres días hábiles consecutivos dando a conocer a los usuarios que se encuentra a su disposición el reembolso aquí ordenado, y hacer lo mismo mediante publicidad en sus respectivos portales.