marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Relaciones de familia, violencia familiar, menores, tribunales de familia, competencia, competencia de menores
Materia: CIVIL
Carátula: G., J. s/ Conflicto negativo de competencia. Medida de protección de Menor   (Expte. CSJ Nº 724-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-17

Aunque las medidas a que refiere el artículo 5 de la ley 11529 puedan ser despachadas por un juez de menores, si han sido dispuestas por el órgano jurisdiccional con competencia legalmente atribuida a esos efectos (Tribunales de Familia), éste es el competente para seguir entendiendo en la causa.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: JERZENICKI RAUL c/ BANCO DEL CENTRO COOPERATIVO LIMITADO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-09-04

No concurren circunstancias justificatorias para declarar la admisibilidad formal del recurso,cuando pretende oponerse resolución desestimatoria de la Cámara a quo, que debió confrontársela con otra de un Tribunal de igual grado, que en las mismas circunstancias hubiese acogido la apelación. En cambio al oponerse resoluciones de los Jueces de Conciliación, se encuentra con la clara valla del art.

93 de la Ley 4163, frente al cual la Sala Laboral se ha negado a revisar resoluciones de ese origen.

Si alguna duda pudo caber frente a la interpretación de dicha norma quedó aventada con el texto actual del art. 98 de la Ley 7987 en tanto enfatiza que "solo" serán recurribles en casación las sentencias definitivas de las Cámaras o Salas del Trabajo dictadas en juicio oral. Al mismo tiempo se admite expresamente la apelación respecto de las decisiones de los Jueces de Conciliación por ante las Cámaras del Trabajo. La naturaleza extraordinaria del recurso de casación impide extenderlo a ésta vía no prevista.-
Ciudadanía, carta de ciudadanía, informes desactualizados, morosidad del proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BARBOZA ROBERTO LEONEL s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

Si bien el pedido de actualización de los informes habrá de provocar la dilación temporal de la sentencia, y eventualmente ser causa de algún perjuicio para el apelante, el interés de éste -por respetable que fuere- debe ceder ante el interés general, cuya necesaria prevalencia exige se extremen los recaudos tendientes a asegurar que, en la actualidad y al momento de resolver, no afecten al solicitante de la ciudadanía Argentina impedimentos sobrevinientes susceptibles de enervar el acceso al honor pretendido.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, recurso de queja (procesal), Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Cerámica Pilar  S.A.  y otro s/ apelación - ganancias - IVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

La arbitrariedad del pronunciamiento no constituye un fundamento autónomo de la apelación extraordinaria, sino un medio para asegurar el reconocimiento de alguna de las garantías consagradas por la Constitución Nacional.
Resolución administrativa, derechos adquiridos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado c/ Municipalidad de Godoy Cruz s/ Contencioso Administrativo (Libro: S058-210) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1955-04-13

Las decisiones administrativas no pueden alterar derechos adquiridos, salvo los casos de revocación ex-tunc, es decir, por nulidad absoluta, o inexistencia del acto; fuera de tales casos, la irretroactividad es norma y principio incuestionable.
Sentencia, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tettamanti, Ana María s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-13

Por principio, la norma del art. 273 del Cód.Proc. sería de aplicación a los casos en que el recurso fue concedido libremente y no en relación.-
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, reescalafonamiento, acto administrativo, vicios del acto administrativo, anulabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Morell, Andrés Telmo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 269 año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-05

Es improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el recurrente contra el acto administrativo que anuló su reencasillamiento, desde que el acto que dispuso encasillarlo en la categoría 15, con funciones de chofer, aparecía (en cuanto disponía el reencasillamiento de un agente que no contaba con las condiciones exigidas por el Acta Paritaria N 13, del 3.10.1988) inficionado por un vicio insalvable que lo descalifica y, en razón de la gravedad del defecto en él contenido, el acto que lo dejó sin efecto -aunque parcialmente- es legítimo.
Habilitación de feria, amparo colectivo, contrato de turismo, venta por Internet, restitución de sumas de dinero, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: COMERCIAL
Carátula: Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (ACCUC) c/ Despegar.com.ar S.A. s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-17

Corresponde habilitar la feria judicial para tratar la acción de amparo colectivo entablada por una asociación de consumidores contra una empresa de venta de pasajes y paquetes turísticos por internet, con el objeto de que se declare la ilegalidad de la acción de cobro de la totalidad de las cuotas comprometidas por los usuarios, que hubieran adquirido y cancelado como consecuencia de la Resolución 131/20 del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, como condicionamiento para la devolución del importe total abonado y, en consecuencia, deben remitirse las actuaciones al juzgado correspondiente para dar curso al proceso.
Competencia, cuestiones de competencia, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: "AFIP-D.G.I. c/ Cohen  Sabban  Natalio s/ Ejecución  Fiscal-D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-03

En una ejecución fiscal promovida por la AFIP (DGI), frente al conflicto negativo de competencia suscitado entre un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal y un Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributaria; habiendo las actuaciones quedado en estado de dictar sentencia no resulta de aplicación la acordada 13/07 -dictada con fecha 11/05/07- pues si bien las disposiciones de la acordada 2/06 de esta Cámara y la resolución J.S. 5/06 fueron revocadas, ello no resulta aplicable a las actuaciones en que se hubieran opuesto excepciones y entrando en estado de dictar sentencia- tal como disponía la resolución JS 5/06- correspondiendo que estos autos sean tramitados por ante el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias.
Prueba pericial, autopsia, diagnóstico médico, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SALAZAR, JUAN CARLOS s/ AUTOPSIA - TESTIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1979-02-13

Aun cuando el tribunal dejó sentado el hecho de que aunque la autopsia de la víctima se practicó sin notificar a la defensa, resolvió tenerla en cuenta únicamente como mero informe autópsico pero no como pericia, a pesar de que consideraba que tal omisión podía significar que el acto desde el punto de vista formal puede no ser válido, ya que puedieron haberse violado las formas dispuestas por la ley procesal, tienen razón los recurrente cuando afirman que la Cámara ha incurrido en una interpretación carprichosa de la ley, puesto que denunciada oportunamente y comprobada la nulidad de la pericia autópsica, ella no podía ser admitida en el debate, ni ser ampliada por el médico forense, ni ser valorada en modo alguno en la sentencia.-
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scrocchi, José María c/ Scrocchi, Ernesto Amilcar s/ Simulación y colación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

El que se anticipe en el momento de interponer el recurso qué aspectos del fallo se cuestionarán, no limita los alcances de aquel que se otorga "libremente" (art. 243 CPCC), ni cercena el derecho del recurrente para expresar agravios dentro del plazo que al efecto fija el art. 254 Cód. cit.).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, indemnización, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Siseg S.R.L. c/ Consorcio de Propietarios de Arenales 3768. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

No aparece suficientemente fundada la sentencia que determina el monto de condena mediante una simple operación matemática que importó prescindir de la ponderación razonada de elementos y circunstancias relevantes para alcanzar el resultado deseado.
Compraventa inmobiliaria, escrituración, tareas de urbanización
Materia: CIVIL
Carátula: DEVOTO GUILLERMO c/ PLAYAS Y BALNEARIOS S. R. L. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-19

Si bien en un boleto de compraventa de un terreno en zona de playas, las partes nada convinieron respecto de que le correspondía al vendedor la realización de las obras de urbanización proyectadas consistentes en la fijación de médanos, apertura de calles, pavimentación electrificación, forestación conforme al plan regulador, ante la existencia de una cláusula del mismo boleto prohibiéndose expresamente al comprador contratar por su cuenta la construcción de afirmados frente al terreno sin consentimiento expreso y por escrito del vendedor, y estando plenamente probado que éste había convenido con un tercero -su mandatario- instrumentado en escritura pública, que efectuaría las obras de urbanización, corresponde hacer lugar al reclamo del comprador, disponiéndose que en la oportunidad de otorgarse la escritura aquél podrá exigir constancia de que han sido concluidas las mentadas obras. Si, a la prohibición de realizar las obras que se detallan en el boleto se añade la obligación asumida por la mandataria de realizar las tareas de urbanización del loteo, se configura una estipulación en favor de los adquirentes de lotes en que la vendedora es la estipulante, la mandataria es, a la vez, promitente y cada uno de los adquirentes es el beneficiario de la estipulación. Se configuró un negocio complejo: un contrato de compraventa y una estipulación en favor del comprador prometida por quien actuaba como mandataria del vendedor.

Los adquirentes de los lotes -beneficiarios, a su vez, de la estipulación- tienen acción contra el estipulante, pues tal estipulación ha integrado, juntamente con la transferencia de la propiedad de los lotes adquiridos, el objeto del contrato. Cuando la estipulación ha sido un modo de pago al tercero (beneficiario de ella) éste conserva contra el estipulante las acciones emergentes de la relación obligatoria que hace exigible ese pago (conforme Mayo, en Belluscio-Zannoni, Código Civil Comentado, T. II, comentario al art. 504, número 10, página 579; Dassen, Contratos a favor de terceros, Bs. As. 1960, página 73; Lopez de Zavalía, Teoría de los contratos. Parte General, página 338, número 31-VIII, 3 b;

Rezzónico, Causa abstracción y estipulación a favor de tercero, L.

L. 1982-A-785, número 12 Goldenberg, Estipulaciones a favor de terceros, en Enciclopedia Omeba, T. XI, página 193 y ss. etcétera).-
Delitos contra la humanidad, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Alonso, Omar y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-20

El deber del Estado de investigar y sancionar a los responsables de delitos de lesa humanidad tiene primacía sobre cualquier disposición en contrario de los ordenamientos jurídicos locales, ocupando por tanto la posición más alta entre todas las otras normas y principios, aún las de derecho interno.
Recurso contencioso administrativo, plazo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, Poder Ejecutivo, pronto despacho, Administración Pública, mora, recurso de reposición (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARNIQUEL, CARLOS DAMIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 426-85 ALONSO, RODOLFO VALENTINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 428-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-25|1987-11-25

Detenido o demorado injustificadamente el procedimiento, la eficaz protección de los derechos sólo puede obtenerse mediante el medio técnico de considerarlos denegados tácitamente. Y si bien estrictamente puede entenderse que el órgano activo no se encuentra obligado a decidir si no están cumplidas etapas previas, ello se salva con la interposición de un pronto despacho ante el Poder Ejecutivo, que resulta así indiscutiblemente anoticiado de la mora en la que incurren sus inferiores jerárquicos. El criterio expuesto se justifica, pues de lo contrario se llegaría a una alongación irracional de los plazos en perjuicio del administrado (y del interés general, que requiere el respeto de los términos legales); y se ajusta a la ratio legis del artículo 6 de la ley 4106.
Crédito laboral, indemnización, actualización monetaria, interpretación restrictiva, ley de contrato de trabajo
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: MOLINA ESTELA GLADYS c/ JAIME ANTONIO CRISANTO s/ LEY - CREDITOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-09

Delimitado el ámbito material de aplicación de la ley Nro. 24283, se torna insoslayable el sostener que la misma no alcanza a las obligaciones regidas por el Régimen General de Contrato de Trabajo, el cual, bien sea en la ley 20744, o bien en otras normas que regulan situaciones como los daños derivados de la prestación de trabajo (leyes de accidentes de trabajo) establece los supuestos de aplicación del Derecho Común, de manera clara y expresa, por vía de la remisión (vrg. art. 17 ley 9688, art. 16 ley 24028, art. 24 ley 20744, entre otros). En estos casos los cuales la ley invocada será aplicable por expresa inclusión en el ordenamiento laboral de la norma civil. De lo contrario, el contrato de trabajo se rige conforme el art. 1 de la ley 20744 por dicha ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo, la voluntad de las partes, los usos y costumbres y no por el Código Civil. Si ello es así, la inclusión de las prestaciones debidas con motivo de las relaciones individuales de trabajo debió ser expresa, tanto más cuando la ley 23928 derogó los mecanismos de actualización dispuesta en el art. 276 de la ley 20744 a partir del 1/04/91, manteniendo dicha norma plena vigencia en el período anterior a dicha derogación. Abonan la interpretación restrictiva la circunstancia de que los derechos reconocidos a los trabajadores por la ley de Contrato de Trabajo, constituyen mínimos inderogables (art. 12 Ley 20744 t.o.) e indisponibles por la voluntad de las partes (art. 13 de la ley citada) debiendo el juzgador interpretar los casos de alcance de la ley, en el sentido más favorable al trabajador (art. 9 última parte ordenamiento citado), lo que implica estar por la vigencia plena del referido art. 276.-
Quiebra, crédito verificado, tasa de justicia, base imponible
Materia: COMERCIAL
Carátula: PROTEINAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (PROMASA) s/ CONCURSO S/ INC. DE PAGO DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-13

Los créditos eventuales que se verifiquen en un concurso, forman parte de la base imponible a los efectos de tributar la tasa de justicia, pues la ley 21859 en su art. 5, Inc. G, no efectúa distinciones respecto del carácter de las acreencias que resulten verificadas. Si media decisión judicial que incorpora los créditos eventuales al pasivo concursal, se ha consumido el servicio de justicia.
Enfermedad accidente, indemnización por enfermedad
Materia: LABORAL
Carátula: Ovelar, Juan Ramón c/ Gabin S.A.C.I.I.F.C. y A. s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

En los supuestos de enfermedad accidente el salario diario promedio del trabajador debe determinarse computando -a los efectos y en la forma prevista por el art. 11 de la ley 9688- las remuneraciones percibidas durante el año anterior a la exigibilidad del crédito, traducidas a valores constantes.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quintana, Emir Enrique c/ Vitale, Juan Carlos y otra s/ Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-11

Mientras menos incertidumbre haya en el derecho invocado por el solicitante de la medida cautelar, menor será la necesidad de la contracautela, pudiendo llegar a prescindirse de ella; y viceversa, cuanto más incertidumbre haya en el derecho expresado, mayor será la necesidad de la contracautela. Hay siempre una relación de contrapeso entre estos dos requisitos, que no debe ser olvidada por los jueces al dictar las medidas cautelares, sino se quiere violar el principio de igualdad, garantizado por la Constitución Nacional (art. 16). Es que si bien la ley asegura la efectividad de derechos aún no reconocidos por el órgano jurisdiccional, no desampara a quienes pueden no ser los obligados a no serlo en la extensión pretendida, asegurándoles el resarcimiento de los perjuicios que le pudieran causal medidas precautorias pedidas sin derecho.-
Sanciones administrativas, servicio público, multa
Materia: ADMINISTRATIVO-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Ecohabitat SA Emepa SA UTE (RES 62) c/ Ente Único Regulador de los Servicios Públicos CABA s/ recurso directo sobre resoluciones del Ente Único Regulador de Servicios Públicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

La omisión de conceder un plazo a la sumariada para enmendar su proceder al advertirse el incumplimiento de sus obligaciones como concesionaria de un servicio público, además de no contrariar la normativa aplicable, no afectó el derecho de defensa, pues no sólo conoció -o debió conocer- la normativa en virtud de la cual se le imputaron las infracciones, sino que también se le otorgó vista de las actuaciones y el plazo de diez días para presentar su descargo, derecho que ejerció oportunamente en el expediente administrativo.
Empleo público, cesantía, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tonarelli, Roberto Julio c/ U.B.A. - res. 330/94 s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-25

En virtud de lo establecido en el art. 42 del Régimen Jurídico Básico sólo corresponde el reconocimiento de los haberes devengados desde el cese del agente, hasta el momento de su efectiva reincorporación.
Conciliación laboral, homologación del acuerdo laboral, compensación
Materia: LABORAL
Carátula: MANERO, EGAR c/ TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-18

Si existió homologación administrativa, la circunstancia de que el monto percibido por el dependiente deba ser imputado a mayores créditos laborales, indemnizatorios o resarcimientos, no altera la naturaleza jurídica de la rescisión contractual acordada. En rigor de verdad, tal cláusula se visualiza como una consecuencia objetiva de la doctrina sentada por la Corte Suprema, que admitió la validez de todo acuerdo transaccional que autorizase que los pagos percibidos fuesen compensables con las futuras indemnizaciones derivadas de la relación de trabajo.
Salud del imputado, prueba, intención de eludir la acción de la justicia, prisión perpetua
Materia: PENAL
Carátula: PATTI, Luis Abelardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-29

El voto concurrente agregó que lo resuelto no logra desvirtuar las especiales consideraciones que habilitaron el dictado de la medida cautelar, máxime cuando la causa se encuentra próxima a la realización del debate, que si bien fue público y notorio el incendio que azotó al tribunal, pasaron más de dos meses sin que se fijara fecha de audiencia, que tampoco los sentenciantes fundaron en pruebas concretas su consideración acerca del "cuadro actual de salud del imputado" que reduciría el riesgo de fuga, ya que al no encontrase en arresto domiciliario, ello refleja que su estado de salud no sería tan grave como para afirmar que no estaría en condiciones físicas para eludir la acción de la justicia, y menos aún funda su decisión el argumento a cerca de que la libertad no se tornaría efectiva ya que se encuentra a disposición de otro tribunal atento a la pena de prisión perpetua en su contra, pues se tiene que atender a las circunstancias obrantes en autos que habilitaren o no a la procedencia del beneficio excarcelatorio, no a depositar a otro órgano jurisdiccional el control del imputado, y si bien resulta atendible el hecho de que lleva detenido en prisión preventiva en los actuados más de cinco años, el tiempo máximo establecido por la normativa aplicable no resulta perentorio, menos aún en causas como la de autos en las que se investigan graves hechos violatorios de derechos humanos. (Dres. Borinsky, Gemignani -voto concurrente-, Hornos).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), caducidad de instancia, plazo, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NAVONI, JOSE FERNANDO c/ INTERACCION ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CADUCIDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

Surge del detalle de las actuaciones practicadas en este expediente que efectivamente el juicio ha estado inactivo por más de un año, excediendo así el término previsto legalmente, puesto que desde la fecha en que se le notificó a la demandada la intimación para acompañar fotocopias debidamente certificadas de las copias que establece el artículo 356 del Código de rito, como así también, de la contestación del traslado del artículo cuarto de la ley 7055 y la nómina dispuesta en la Acordada de fecha 14 de diciembre de 2005, Acta número 49, punto 8), hasta la fecha en que la actora solicitó la caducidad, ha transcurrido con creces el plazo señalado precedentemente, correspondiendo declarar la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones, con costas a la recurrente demandada conforme lo dispuesto por el decreto 1022/17 y lo resuelto por esta Corte en el precedente Ceballos. CITAS: CSJStaFe: Ceballos, AyS, T 303, p 31. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial, artículo 232 y 356; Ley 7055, artículo 4; Decreto 1022/17 y Acordada de fecha 14.12.2005. Acta 49, punto 8,
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, contratos administrativos, lucro cesante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cadesa  S.A. c/ Estado Nacional (ANA.) s/ daños y perjuicios. DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

La obligación del Estado de resarcir los daños que se hubiesen derivado de sus actos lícitos, involucra el hacerse cargo de las ventajas económicas esperadas por el contratante en los casos de rescisión unilateral del contrato, siempre que se trate de sus probabilidades objetivas debida y estrictamente comprobadas.