marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba pericial, médicos
Materia: LABORAL
Carátula: Alonso, Gustavo c/ Telefónica Argentina S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

No puede computarse como elemento hábil de convicción la pericia médica sustentada en una circunstancia no verificada en la causa.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perfumerias San Remo S.A.C.I.F.E.I. c/ Grilli, José y otra s/ Daños y perjuicios Ramos, Eduardo y otra c/ Frigorífico Paloni y otros s/ Daños y perjuicios Gómez, Carlos c/ Swift Armour S.A. s/ Daños y perjuicios Origlio, Carmelo c/ Argos Compañía de Seguros Generales S.A. y otro s/ Cobro de pesos Lucero, Dionisio Cipriano c/ Lofrano, Ricardo Alfonso s/ Rescisión de contrato y daños y perjuicios Weber, Adolfo R. c/ Ditzend, Nicolás Pedro s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07|1988-11-29|1989-12-20|1994-03-15|1991-10-15|1993-12-07

A los fines de la imposición de costas, la circunstancia de que se hayan desestimado rubros del reclamo inicial, no le cambia a la actora la calidad de victoriosa ni al demandado la de derrotado.
Recurso de nulidad, cesación de pagos, apertura a prueba
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: BURMOR S.A.I.C. s/ QUIEBRA PEDIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-03-14

La existencia de una supuesta invalidez de la resolución recurrida por no haberse abierto la causa a prueba resulta inconducente, si el nulidicente cuando impugnó la fecha fijada en el informe general como inicial de la cesación de pagos, no ofreció ningún tipo de prueba; en consecuencia resulta innecesaria la apertura a prueba cuando los hechos alegados por las partes se encuentran acreditados en autos.-
Mutuo hipotecario, mutuo en moneda extranjera, tasa del 8% anual
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Ortega, Rafael Fermin y otro  c/ Fernandes, Laura Viviana y otro  s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-06

Dadas las actuales condiciones económicas y el incremento en el valor actual de la divisa extranjera, el tribunal considera prudente fijar una tasa del 8% anual por todo concepto -es decir, comprensiva de compensatorios y punitorios- pues satisface adecuadamente las aspiraciones del acreedor por la privación del uso del capital y aparece como justa retribución ante la mora del deudor.
Daños y perjuicios, responsabilidad del fabricante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simionatto, Marcelo A. c/ SEVEL ARGENTINA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

En el campo de la responsabilidad extracontractual toda vez que el daño es ocasionado por vicio de la cosa, es porque quien la fabricó incurrió en culpa, haciendo o dejando de hacer, por negligencia o por imprudencia -suya o de sus dependientes- aquello que era indispensable para que el producto sirviera regularmente a su destino de uso.
Concepto de banda, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: C., T. y Otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1974-04-15

Derogada la reforma penal del Decreto-Ley 17.657, el concepto de "banda" se identifica con el de asociación ilícita que contempla el artículo 210 del Código Penal.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FORNELLS, HUGO c/ EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-28

Asiste razón al recurrente cuando le reprocha a la Cámara insuficiencia de fundamentación al confirmar la inadmisibilidad formal de la causal de inobservancia de las formas sustanciales estatuidas para la decisión del litigio, pues -aun cuando hipotéticamente pudiese tolerarse como una interpretación posible de las constancias de autos y de las normas aplicables que la pretensión esgrimida por los actores llevaba implícita la negativa sobre su participación en los hechos denunciados o bien que, frente a un reclamo resarcitorio subsumible en el artículo 1089 del Código Civil, pesaría siempre sobre el demandado que pretende eximirse con la "exceptio veritatis" (en los casos en que ésta resulta admisible) la carga de la prueba de la verdad de su imputación-, lo cierto es que el A quo, bajo el pretexto de una supuesta disconformidad del recurrente con la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de grado -excluida de la apelación extraordinaria-, ha omitido lisa y llanamente toda consideración del argumento del impugnante referido a que la sentencia había prescindido de pruebas relevantes y sustentado la condena -de tal modo- en afirmaciones meramente dogmáticas. (Del voto del Dr. Netri, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco y Gastaldi).
Concursos, quiebra, acuerdo resolutorio, agrupamiento de acreedores
Materia: COMERCIAL
Carátula: Automotores Roca SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de impugnación al acuerdo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-23

Corresponde excluir del voto del cómputo de las mayorías el crédito de un acreedor que es hijo del presidente del directorio de la concursada, por lo que pesa a su respecto la restricción del art. 45, inc. c).
Dinero, principio de congruencia, fundamentación insuficiente, juicio abreviado, contrabando
Materia: PENAL
Carátula: Acevedo, Albertina Andrea s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-12

La sentencia que no hizo lugar a la entrega del dinero secuestrado a la imputada ha incurrido en defecto de congruencia y en infracción al deber de fundamentación toda vez que ha modificado la plataforma fáctica fijada en el requerimiento de elevación a juicio que sirvió de base al acuerdo de juicio abreviado celebrado por las partes, en tanto aquella afirmación, implicó, a la vez, aseverar que el dinero que poseía la imputada fue utilizado como instrumento para la ejecución del contrabando, extremo que no había sido incluido en el requerimiento del Ministerio Público y no ofrece ninguna argumentación fáctica y jurídica que explique cómo concluye que ese dinero es instrumento del delito de contrabando. La disidencia expresó que la sentencia contenía fundamentos suficientes.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, certificado de depósito a plazo fijo, reconocimiento de firma
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Guerrero de Villamea Cristina c/ Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado s/ Ejecutivo Departamental Cooperativo Limitado s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-02-12

El certificado de depósito a plazo fijo, sustento de la ejecución, constituye título que trae aparejada ejecución en los términos del art. 472 inc. 2º, en tanto instrumento privado reconocido por la ejecutada.
Concursos, retroactividad de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACOLCHADOS ALASKA  SA s/ CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-10

Si bien a la luz de la doctrina emergente del cciv 3 y la observación de la ley 24522: 290 por el dec. 267/95, corresponde atribuir efecto inmediato al nuevo régimen establecido por esta ley, siendo aplicable a los juicios de concursos abiertos con anterioridad a su entrada en vigencia, ello no significa que esta aplicación debe efectuarse mecánicamente, sino que deben contemplarse las circunstancias de cada procedimiento para verificar, en cada caso, la manera en que mejor puedan conciliarse las necesidades de los trámites subsistentes del concurso con los imperativos de la nueva ley. Así, los actos procesales concluidos al amparo de la ley anterior obviamente conservan su validez y no quedan afectados por esta ley; más aquellos pendientes de realización, que corresponden a una etapa procesal más amplia que ha comenzado a transitar bajo el imperio de la ley anterior, requieren que el juzgador dicte las providencias necesarias que permitan la adecuación del procedimiento pendiente a las nuevas disposiciones, sin desnaturalizar los actos ya cumplidos, en la medida que puedan conservar su utilidad dentro del nuevo régimen.
Alimentos, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L. de E., R. I. c/ E., L. A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

Conforme lo establece el artículo 647 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, si quien fuera esposo de la alimentada pretende hacer cesar su obligación alimentaria, deberá demostrar que las circunstancias existentes al ser ésta reconocida, han cambiado. Tal como surge del artículo 209 del Código Civil, no existe obligación alimentaria si quien la pretende cuenta con recursos propios o posibilidad razonable de procurárselos, extremos éstos que no fueron invocados ni probados en autos, conforme a las reglas procesales de los incidentes (art. 647 del C.P.C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, falta de cita legal
Materia: Procesal
Carátula: Jalef, Nadim del Valle s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-11-11

El impugnante omite señalar qué disposición legal sustantiva o adjetiva es movilizada como respaldo jurídico de su pretensión casatoria, lo cual también en este aspecto torna insuficiente el remedio intentado, ya que el Tribunal no puede suplir de oficio la omisión del recurrente.
Contrato de obra pública, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Supercemento S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Inst. Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

La falta de entrega del terreno constituye un acontecimiento que impide la ejecución contractual proveniente de la esfera estatal, desde donde se concretó un hecho que no puede evitarse, asumiendo entonces el evento, por su envergadura y alcances, el carácter de la fuerza mayor.
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Beltran, Pablo Emanuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-06

La mera tenencia de estupefacientes constituye un delito de peligro abstracto que se consuma con sólo poner en riesgo o crear la posibilidad de peligro para el bien tutelado en la norma, el delito se formaliza con la mera circunstancia de tener o suministrar la droga, por el peligro a la salud que ello origina. La disidencia expresó que la restricción de la facultad recursiva reconocida por el código de rito al Ministerio Público Fiscal sólo puede ser restringida si se encuentra configurada la violación al principio del non bis in idem, toda vez que restringir injustificadamente las facultades otorgadas por ley al Ministerio Público Fiscal, lesiona el ejercicio de la pretensión punitiva y el debido proceso. La tenencia de estupefacientes no se adecua a los términos del tipo penal previsto por el art. 14, segunda parte de la ley 23.737, interpretada a la luz de los arts. 18 y 19 de la C.N., si no se ha acreditado el peligro cierto para los bienes jurídicos, cuya protección se busca con la norma legal aludida. Dres. Diez Ojeda -en disidencia-, Hornos y González Palazzo.
Pérdida del equipaje, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: Navarro, Victoria c/ Aerovías de México S.A. de Capital Variable s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-27

El monto de la indemnización por daño material por la pérdida del equipaje durante el viaje resulta adecuado pues el mismo se ajusta al listado de indumentaria, accesorios y demás efectos que se encontraban en la valija, por lo que constituye una reparación por la pérdida de dichos objetos.
Improcedencia del recurso, eximición de prisión, excarcelación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Giménez, Marcial s/Recurso de queja c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-03-07

El caso en examen no cumple con los recaudos para habilitar la excepción mencionada, básicamente, en principio, porque el imputado no se encuentra detenido. En segundo lugar, la denegación y/o rechazo de los institutos de exención de prisión y/o excarcelación sobre la base de una calificación penal provisoria es legal y ha sido admitida reiteradamente por nuestros Tribunales. Voto del Dr. Quinteros.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Turtura, Emma Dominga c/ Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba s/ Aclaratoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-12-19

El trámite del recurso no puede ser instado mientras la aclaratoria no sea resuelta.

El art. 363 C.P.C. dispone: "Solicitada la aclaración o corrección de la sentencia, el juez o tribunal resolverá sin sustanciación de ningún género", de modo que interpuesta la aclaratoria no resta instancia alguna a cargo de los litigantes para provocar el avance del proceso.

La perención de instancia no se opera "...cuando la causa se encuentre en estado de sentencia..." de conformidad a lo dispuesto en el art. 1129 del anterior C.P.C..

El llamamiento de autos está impuesto por el ordenamiento procesal civil como paso previo a la resolución del juicio (arts. 411 y 860 C.P.C.) o un recurso de apelación (art. 1300 C.P.C.), pero no resulta menester en las reposiciones (art. 1238 C.P.C.) ni tampoco, en el caso de la aclaratoria (art. 363 C.P.C.). La misma conclusión sugieren los arts. 30, 36, 46, 47 y conc. Ley 7182).

Tras la solicitud de aclaratoria, el litigante no tiene a su cargo ningún trámite ulterior tendiente a obtener su resolución, por lo que no resulta procedente imputarle el abandono de una instancia que estaba a cargo del Tribunal.

El acto de instar el procedimiento, por parte del recurrente, con posterioridad al pedido de caducidad, no importa el cumplimiento de una inexistencia carga procesal, sino una petición oficiosa tendiente a lograr la resolución de una aclaratoria que está a cargo exclusivo del Tribunal.
Medidas cautelares, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C.O.S.O.V.C. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-07-02

"El carácter accesorio y provisional de las medidas dispuestas excluyen la posibilidad de una condena específica de costas en las sentencias que la ordenan; la imposición de costas de las medidas cautelares solamente podrá tener lugar al tiempo de dictarse la sentencia definitiva, que es el momento idóneo para apreciar quien es el vencido en la cuestión de fondo".
Revocación de sentencia, pedido de quiebra
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Petaquitas SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-27

Procede revocar la resolución por la cual se tuvo por desistido el pedido de quiebra instado por el representante legal de la fallida contando con la previa decisión de su órgano de administración. Ello por cuanto, no se ignora que la LCQ 6 establece que la no acreditación del requisito allí previsto produce de pleno derecho la cesación de procedimiento, pero en el caso, ello no fue lo que sucedió, dado que la compañía sí acompañó la constancia de que la asamblea había sido celebrada. Ahora bien, si dicha asamblea es válida o no -o lo que es lo mismo, si fue celebrada o no con la participación de quienes en verdad eran sus accionistas- es cuestión que excede el trámite propio de este expediente, por lo cual, sin perjuicio de lo que pudiera resolverse en caso de que alguna deficiencia al respecto fuera acreditada, la causa debe seguir según su estado aceptando la verosimilitud que, prima facie, tiene el acta acompañada.
Jubilaciones, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Torres, Demetria c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Si bien la ley 10.754 previó su aplicación a hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia, ello fue a condición de que no se afectaran derechos adquiridos al amparo de otras normas. Tal es lo que sucedería en el caso si, omitiendo lo expresamente dispuesto en la ley aplicable, se accediera a rebajar el haber pensionario percibido por la hija incapacitada del causante en un cincuenta por ciento de lo que percibe por aplicación de la ley 8587, vigente al tiempo de fallecer aquél con evidente agravio a la garantía constitucional de la propiedad que ampara su derecho a la percepción del cien por ciento de la pensión.
Mala praxis, historia clínica, consentimiento informado, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: NIEVAS Alfredo R. y Otra c/ Tejada Carlos W. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-02-19

En esta etapa no se cumplió satisfactoriamente por el médico tratante con el recaudo del consentimiento informado que debe constar fehacientemente en la historia clínica, siendo tal omisión de incidencia negativa para el profesional, pues importa un comportamiento culposo conforme lo enseña abundante jurisprudencia en la materia que torna procedente la queja de la actora sobre el punto. Una historia clínica llevada en forma desordenada, con desprolijidad o ilegibilidad, constituye, en presencia de un daño cierto, una presunción de culpa. Por tratarse de una historia incompleta, es a cargo de los demandados la carga probatoria de los hechos que no constan en la misma y además, que prestaron al paciente la atención médica adecuada.
Cuestiones de competencia, competencia provincial, competencia del Superior Tribunal de Justicia, principio de congruencia, acceso a la justicia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Constructora Mitre S.A. c/ Provincia de Formosa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

El superior tribunal provincial, al haber declarado de oficio intempestivamente y contrariando sus propios precedentes, la incompetencia de la justicia ordinaria, su propia competencia y la nulidad de todo lo actuado, evidenció un comportamiento contradictorio, que además de ser un dispendio de actividad jurisdiccional, atenta gravemente contra el derecho de acceso a la justicia de la recurrente.
Subsidio estatal, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ DE BUSTAMANTE, MARCELA NOEMI. c/ GCBA y OTROS. s/ AMPARO (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-08

No se discute que el otorgamiento de subsidios debe ser instrumentado por medio de actos administrativos dirigido a los destinatarios del beneficio, pero ello no significa que esa competencia no deba ser ejercida en el marco de reglas preestablecidas de distribución de los recursos afectados, en el caso, a la satisfacción del derecho del art. 31 de la CCBA;

competencia, esta sí, típicamente legislativa (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Prueba, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: B. A. N. c/ A., L. D. s/ Diferencia de haberes e indemn. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-25

Ninguna de las circunstancias invocadas para cuestionar la imparcialidad de los testigos -vecindad de una de ellos con la actora, concubino de esta última que fue testigo de la boda de otra declarante e ingreso al empleo de una tercera por recomendación de la demandante- los deja comprendidos en las generales de la ley, pues no coinciden con las previsiones del art. 445 C.P.C.C. (ex art. 441).

Por lo demás, aunque por hipótesis así fuera, ello no sería bastante para desechar las declaraciones, sino que únicamente llevaría a una valoración más rigurosa, de manera que si los dichos lucen claros y coherentes no corresponde excluirlos del cuadro de la prueba (arts. 390, C.P.C.C., antes art. 386, su doc.).
Seguros, seguro de responsabilidad civil, damnificado directo, acción directa
Materia: CIVIL
Carátula: LUCERO MARTA GRACIELA c/ CAJA DE SEGUROS S.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-02-28

En nuestro derecho, la implementación de la acción directa del damnificado contra las aseguradoras se ve limitada a los gastos descriptos en el art. 68 de la ley 24.449.

De este modo, se convierte -en relación a aquellos- en un seguro a favor de terceros; receptando positivamente y en ese ámbito la tendencia hacia un sistema de protección social de todos los miembros de la comunidad, respecto de ciertos daños. El reclamo fundado en aquella "obligación legal autónoma" (gastos de sanatorio o velatorio), no requiere ser dirigido contra el asegurado, con citación en garantía de la aseguradora.

La ley 24.449 ha implementado una acción directa exclusivamente contra esta última, para obtener su cumplimiento.
Poder de policía, Actividades económicas, industria químico farmacéutica, productos veterinarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bimeda S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción meramente declarativa Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-09

La Ordenanza Nro. 50.033/95 no se opone al Decreto PEN Nro. 2284/91, toda vez que aquélla traduce el ejercicio del poder de policía local en materias que le son propias mientras que el decreto se refiere a restricciones en la oferta de bienes. Dar cumplimiento a los recaudos exigidos por una norma local no implica una restricción a la oferta de bienes producidos -en este caso, productos veterinarios de venta libre.
Libros de comercio, código de comercio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Civil y Criminal c/ Egusquiza, Félix y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1867-02-12

Las anotaciones en ellos, deben hacerse inmediatamente de realizada la operación á anotarse: de otra manera se infringen los artículo 56 y 66 del antiguo Código de Comercio; y por consiguiente, no pueden servir ni como principio de prueba por escrito, cuando la partida ha sido anotada con posterioridad, mucho más cuando la transposición se ha hecho en aquellas mismas partidas que se intenta justificar con los libros.
Lealtad comercial, deber de obrar con prudencia, comerciante
Materia: PENAL
Carátula: RADIO TAXI PIDALO S.A. s/ Lealtad Comercial. CAUSA: 37386.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

1 - Las infracciones a la Ley de Lealtad Comercial son, en principio, de naturaleza culposa, lo que supone un deber de cuidado cuya transgresión se incurre aunque el resultado que se trata de evitar no haya sido intencionalmente procurado (Del voto del Dr.

Romero).- 2 - Resulta inadmisible la alegación del desconocimiento de la normativa por parte de quien ejerce la actividad comercial (Del voto del Dr. Romero).
Bienes públicos del Estado, dominio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

La gratuidad y la onerosidad constituyen modalidades del régimen de que se trata, simples características que presenta el uso de los bienes de uso público, pero no constituyen elementos característicos de ellos, y establecer una u otra variante sólo depende de un criterio de conveniencia. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Representación procesal, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Escobar, Rosa c/ Federico, Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-13

Si la gestión invocada por el gestor, fue ratificada fuera del plazo establecido al efecto por el art. 48 del C.P.C.C., cabe declarar la nulidad de todo lo actuado por el referido gestor, sin que pueda enervar tal conclusión la ratificación efectuada en los términos del art. 1936 del C. Civil, por cuanto no puede aplicarse en perjuicio de los derechos de terceros, como ser para convalidar actos procesales que debieron cumplirse dentro de los plazos legales perentorios, vencidos en el momento en que se produjo la ratificación.