Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-09


Buenos Aires, nuevede agosto de 2006.

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. José Camilo Gómez, Jesús Salvador Vázquez, Alberto Jesús Vázquez, Olga Marta Abbo y Mónica Gladys Fukuda interpusieron una acción declarativa contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la disposición por la que se estableció la revaluación, con carácter retroactivo, de siete inmuebles ubicados en esta Ciudad y se impuso el pago de la diferencia del tributo de alumbrado, barrido y limpieza, contribución territorial, pavimentos y aceras, ley n° 23.514, en relación con dichos inmuebles, identificados como: 1) Fitz Roy 1480, Unidad Nº 4, Matrícula FR17-579/4, Partida Nº 1271678, de propiedad de Olga Marta Abbo; 2) Pedro Bidegain 4071, Matrícula FR 6-3849, Partida Nº 0152926, de propiedad de Mónica Gladys Fukuda; 3) Av. Federico Lacroze 1721, piso 1, Unidad 5, Partida Nº 1083728, de propiedad de Jesús Salvador Vázquez; 4) Presidente Luis Saenz Peña 176, Unidad Nº 1, Matrícula 13-827/1, Partida Nº 1370171, de propiedad de José Camilo Gómez; 5) Bogotá 2348, P. 4., Unidad 14, Matrícula 3790/14, Partida Nº 1615114, de propiedad de Alberto Jesús Vázquez; 6) Av. Pedro Goyena 1678, Matrícula 5-1920, Partida Nº 0139681, de propiedad de José Camilo Gómez; y 7) Av. Belgrano 3994, P 3º, Unidad 12, Matrícula 6-1299/12.

Los actores aclararon que no cuestionan la potestad de la Ciudad para revaluar los inmuebles, sino la liquidación retroactiva de los tributos efectuada por la demandada (fs. 1/2). De la copia de la sentencia de primera instancia agregada a fs. 9/16 surge que la Ciudad contestó la demanda y, en ese escrito, adujo que los revalúos en las propiedades de los actores fueron efectuados tras constatar que en ellas existían mejoras no declaradas oportunamente, por lo que los pagos de aquellos carecían de efecto cancelatorio.

2. La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda con relación a los inmuebles sitos en Federico Lacroze 1719/1721 (partida Nº 1.083.728), Bogotá 2348 (partida Nº 1.615.114) y Belgrano 3994/4000 (partida Nº 1.327.075), y la rechazó respecto de los demás inmuebles.

En el relato que contiene la sentencia de la Alzada (fs. 24/32 vuelta) los camaristas expresan que ambas partes apelaron la sentencia, pero el recurso de apelación de la parte demandada fue declarado desierto por el a quo -con excepción de lo atinente a los honorarios del perito-.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmó los honorarios regulados en la anterior instancia al letrado de la parte actora y al perito ingeniero e impuso las costas a la parte actora vencida.

3. Contra esa sentencia, los coactores Gómez, Abbo y Fukuda interpusieron recurso de inconstitucionalidad, cuya denegación (fs. 46/47) dio lugar a la queja deducida sólo por el Sr. Gómez (fs. 48/55).

En la queja, el Sr. Gómez planteó la inconstitucionalidad del art. 34 de la ley n° 402, planteo que fue desestimado por el Tribunal (fs. 76/81). El Sr. Gómez aceptó la decisión del Tribunal, depositó la suma que la ley exige y solicitó que se resuelva la queja oportunamente interpuesta acerca del recurso de inconstitucionalidad sobre la retroactividad antes señalada (fs. 86). En su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto propició el rechazo del recurso (fs. 89/91 vuelta).

Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso de queja planteado por el abogado José Camilo Gómez cumple con los recaudos formales de interposición. Aunque la queja satisface el recaudo de formular una crítica circunstanciada del auto que denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad, ella no puede prosperar.

Como se verá, el recurso de queja, y el de inconstitucionalidad que ésta pretende traer a decisión del Tribunal, se sustentan, centralmente, en cuestiones de hecho (la prueba producida y su valoración por la Cámara) y controvierte los criterios interpretativos de la legislación (Derecho infraconstitucional -común?) aplicable, empleados por la Alzada en el pronunciamiento criticado.

2. Debo aclarar que en tanto el recurso de queja planteado por el Sr. Gómez ha sido interpuesto por derecho propio, quedó firme el rechazo del recurso de inconstitucionalidad en relación con las coactoras Abbo y Fukuda. Además, el cuestionamiento contra la sentencia de Cámara abarca sólo los inmuebles de su propiedad identificados con las partidas n° 1370171 y 0139681, ya que su demanda prosperó en primera instancia (y quedó firme la sentencia) por el restante inmueble (mencionado a fs. 1; partida n° 1327075) del que también él es titular.

3. En el punto IV.5°) del recurso de inconstitucionalidad, el recurrente afirma: "En el considerando VII el Dr. Balbín rechaza nuestro agravio en el sentido de que lo que debía evaluar el Inferior era el dolo o culpa grave de los contribuyentes pero no la existencia de buena fe. / Este es el agravio fundamental que versa sobre la cuestión clave..." (fs. 41 vuelta).

Para considerar el agravio, conviene reseñar sucintamente algunas de las cuestiones mencionadas en el fallo de la Alzada. Al resolver la apelación de los actores en vista de los elementos de juicio incorporados en primera instancia, el voto mayoritario de la Sala I afirmó que "a efectos de determinar la validez constitucional de la valuación retroactiva de los inmuebles (...) el paso previo y necesario era -como bien señaló el a quo- indagar quién resultaba imputable por el error en la valuación anterior" (fs. 25 vuelta).

Por lo demás, la sentencia valoró, en relación a cada inmueble, si las pruebas tomaban en cuenta que la parte hubiera informado a la Administración las modificaciones efectuadas, y si estaban o no acreditadas las otras defensas que los actores plantearon para cada bien (fs. 25 vta./27).

Finalmente, en el fallo se expresó que era jurídicamente irrelevante "que el a quo haya considerado a la conducta de los actores como carente de buena fe -y no dolosa o con culpa grave- a los efectos de la sentencia recurrida", ya que el juez de primera instancia "analizó la conducta de los actores a la luz de la normativa vigente para determinar si habían inducido a error a la Administración y luego de dicho análisis -que comprendió el derecho aplicable y la prueba producida en autos- concluyó fundadamente que, respecto de los inmuebles para los cuales la demanda fue rechazada, los actores indujeron a error a la Administración y, por ello, sus pagos carecen de efecto liberatorio" (fs. 28 y vuelta).

4. El modo según el cual el recurrente identifica aquello que considera y denomina la "cuestión clave" pone de manifiesto que el recurso no versa sobre la interpretación o aplicación de alguna disposición constitucional, o sobre la validez constitucional de alguna regla jurídica de inferior rango.

El actor pretende que el Tribunal corrija el fallo de la Sala I que afirmó la responsabilidad de su parte en el error en que había incurrido la Administración al efectuar la nueva tasación de los inmuebles. De admitirse el planteo el Tribunal debería: a) valorar las pruebas incorporadas al proceso, b) considerar si resulta de aplicación el principio de carga dinámica de las pruebas contenido en el voto de la mayoría en la sentencia atacada y c) decidir si, de acuerdo con la legislación tributaria aplicada, fue acertada o errónea la relación establecida por la Cámara entre la inexistencia de "buena fe" y la exigencia de "dolo o culpa grave" como recaudo para que proceda la aplicación retroactiva de la nueva tasación. Es evidente, entonces, que los planteos defensivos de la parte actora tienen por finalidad exclusiva controvertir cómo se valoró la prueba y cómo se interpretó y aplicó la normativa del Código Fiscal.

Como lo ha expresado múltiplemente este Tribunal, la revisión de la prueba, así como de las normas infraconstitucionales que rigen el caso (y su interpretación), no puede suscitar, por sí misma, un caso constitucional. Se trata, así, de cuestiones ajenas al recurso de inconstitucionalidad. En efecto, las "cuestiones de hecho y prueba, como en el presente, en principio no habilitan el tratamiento de un recurso de inconstitucionalidad cuando no existe, por parte de quien tiene la carga de fundar el recurso y sostener la queja, una argumentación plausible que logre conectar aquellas cuestiones con la infracción a normas y principios constitucionales" (in re "Falbo de Martínez, Palmira s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Falbo de Martínez, Palmira c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", expte. n° 1923/02, resolución del 19/2/03; también en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Bertazzi, María del Carmen c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'", expte. n° 2524/03, resolución del 11/2/04, entre otros).

5. Aunque el recurrente menciona los principios constitucionales de la tributación que considera lesionados (irretroactividad, certeza tributaria, seguridad jurídica) y la garantía de la propiedad, el recurso de inconstitucionalidad no plantea una controversia que trate "sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución" (art. 113, inc. 3, CCBA) pues, como lo ha señalado el Tribunal desde sus inicios "si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional, este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (cf. "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. nº 131/99, sentencia del 23/02/00, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. II, ps. 20 y siguientes).

6. La referencia a la afectación de la garantía de la defensa en juicio sobre la base de los argumentos expuestos por el juez Corti en su voto en disidencia, tampoco autoriza la consideración del recurso. Cualquiera que sea el acierto o desacierto de esos fundamentos -referidos a la afectación de la garantía de la defensa en la etapa administrativa?, esa cuestión no fue planteada por el actor en sus escritos anteriores, tampoco formó parte del debate sostenido con la Procuración General, ni fue sometida a la decisión de los jueces de grado.

7. Finalmente, debo considerar la "arbitrariedad" de la sentencia que plantea el actor como motivo del recurso. Con prescindencia de mi posición particular sobre esta doctrina (cf. mis votos en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ "Farías, María Antonia c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]", expediente nº 3565 y GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Lococo Marcela c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]", expediente nº 3792, entre los más recientes), el hecho de que el recurso examinado abunde en la denuncia de arbitrariedades, no logra opacar que la sentencia recurrida, más allá de su acierto o desacierto, exhibe fundamentos que respaldan de modo suficiente la decisión a la que arriba y satisface, así, el derecho al debido proceso que asiste al justiciable.

8. Por las razones expresadas en los puntos precedentes, voto por rechazar el recurso de queja planteado por el Sr. José Camilo Gómez y dar por perdido el depósito de fs. 85.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto de mi colega y juez de trámite, doctor Julio B. J. Maier, y a los fundamentos vertidos en sentido concordante por el señor Fiscal General Adjunto, en tanto ponen en evidencia que, en el caso, el recurrente no logra articular una verdadera cuestión constitucional, El recurso de queja planteado por el Sr. Gómez intenta controvertir una decisión que se sustenta en cuestiones de hecho y prueba cuyo mérito es propio de los jueces de la causa y ajeno -por regla- al medio de impugnación intentado. Como se dijo en precedentes "cuestiones de hecho y prueba, como en el presente, en principio no habilitan el tratamiento de un recurso de inconstitucionalidad cuando no existe, por parte de quien tiene la carga de fundar el recurso y sostener la queja, una argumentación plausible que logre conectar aquellas cuestiones con la infracción a normas y principios constitucionales" [TSJ, in re: "Falbo de Martínez, Palmira s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Falbo de Martínez, Palmira c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", expte. nº 1923/02 sentencia del 19/2/2003].

Esta falencia argumental torna innecesario entrar en la consideración de los restantes agravios planteados en el recurso.

El juez Luis F. Lozano dijo:

Adhiero al voto del Sr. juez de trámite, el Dr. Julio B. J. Maier. El recurrente no logra mostrar la existencia de una cuestión constitucional o federal hábil para habilitar la instancia de este tribunal. En efecto, la cuestión de autos no gira en torno a si los efectos liberatorios del pago constituyen un derecho de propiedad del artículo 17 de la Constitución Nacional -cuestión que sí sería constitucional-, sino que gira en torno a si los pagos que el recurrente realizó en el pasado le confirieron dichos efectos liberatorios -cuestión razonablemente resuelta por el a quo en base a cuestiones de hecho y derecho local-.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja cumple con los requisitos formales para ser tratado, ya que ha sido interpuesto en plazo oportuno, ante quien corresponde y con las formalidades impuestas por la ley (art. 33, ley n° 402).

En cuanto a los requisitos materiales, la queja posee un relato pormenorizado de los hechos del proceso y una crítica razonada y concreta de la resolución que declaró la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad.

La Cámara no admitió el recurso de inconstitucionalidad de la actora porque, según afirma fs. 1/vta., el recurrente no logró plantear fundadamente un caso constitucional al defender una solución distinta de la adoptada en la sentencia de fs. 24/32 vta. (cf. fs. 46, último párrafo).

En el marco de aquel auto denegatorio, el Sr. Gómez señaló sólidamente el defecto de la resolución referida. Dicho en otros términos, manifestó que el a quo se había internado en el campo de la fundabilidad del recurso de inconstitucionalidad excediendo el control de admisibilidad que le compete y tachó de arbitraria la decisión que impugna en esta presentación directa. Señaló con éxito cuáles fueron las omisiones de los miembros de la Sala I al denegar su recurso de inconstitucionalidad; en particular, entendió que los magistrados no examinaron ni rebatieron ninguno de los "siete argumentos críticos expuestos en el capítulo IV.- del escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad". Asimismo, sostuvo que la resolución recurrida en esta queja se apoya en normas legales y citas jurisprudenciales que no guardan relación con las circunstancias fácticas y jurídicas de este proceso. Por estas razones, entonces, voto por hacer lugar al recurso de queja.

2. En este punto, corresponde tratar los agravios de la accionante expuestos en el recurso de inconstitucionalidad agregado a fs. 33/44 vuelta.

Ahora bien, la invocación reiterada de la violación a la garantía de igualdad ante la ley, debido proceso y del derecho de defensa en juicio no alcanzan para sustentar una cuestión constitucional pertinente, ni para acreditar la arbitrariedad de la sentencia de Cámara de fs. 24/32 vuelta.

Coincido, por ello, con el análisis que realiza el Sr. juez de trámite en los apartados 2 a 7 de su voto, aunque no comparto la solución que propone. A partir de los mismos fundamentos que contiene el voto de mi colega en los apartados indicados, entiendo que debe ser rechazado el recurso de inconstitucionalidad e imponerse las costas al recurrente. Así voto.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La queja:

El recurso de queja fue deducido en tiempo y forma (art. 33, LPT) y cumple con la carga de expresar las razones que controvierten los fundamentos de la Cámara para no conceder el recurso de inconstitucionalidad. Ello sentado, en mi parecer, el recurso de hecho debe declararse formalmente procedente, en tanto, los agravios articulados en el recurso de inconstitucionalidad y traídos a este estrado, por su naturaleza, merecen ser atendidos, más allá de que, en definitiva, no triunfen sobre la sentencia del tribunal a quo.

2. El recurso de inconstitucionalidad:

Estimo, desde mi perspectiva, que son aptos para habilitar esta instancia extraordinaria dos planteos del recurrente:

a) La alegación de la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la protección constitucional que brinda el art. 17 de nuestra Carta Magna al pago de obligaciones tributarias, liquidadas por la Administración y/o abonadas sobre la base de la legislación vigente a la fecha en que se cancelan -y su consecuente efecto liberatorio-, lo que genera un derecho patrimonial adquirido en cabeza del contribuyente a la irrevisibilidad del impuesto saldado.

En tal sentido, tengo para mi, que tal solución se impone habida cuenta de que el actor desde el momento mismo de interponer su acción declarativa de certeza hizo invocación reiterada del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: "Bernasconi Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera, Financiera, Comercial, Inmobiliaria e Industrial v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Fallos: 321:2933), sentencia del 12 de noviembre de 1998 que, desde el punto de vista del marco procesal (acción declarativa) y jurídico (cobro de diferencias tributarias por períodos anteriores al del ajuste administrativo de la valuación fiscal inmobiliaria practicada y no prescriptos), guarda, al menos, una aparente analogía con el sub lite. Ello se corrobora con el escrito mismo en que se promovió la acción cuando, luego de transcribirse distintos conceptos del Tribunal cimero en la causa de mención, se añade literalmente: "El referido fallo de la Corte Suprema, que doy por íntegramente reproducido, es definitorio en el caso por la identidad de objeto y por la autoridad moral y jurídica que emana de las decisiones del más Alto Tribunal" (sic -énfasis añadido- cfr. fs. 2 de la queja).

Es que, la Corte Suprema -si bien en el marco de la interpretación de normas federales, lo que aquí no ocurre más allá de estar en juego la doctrina de base constitucional sobre los efectos liberatorios del pago aplicable también a los estamentos públicos territoriales subnacionales- ha sostenido in re: "Cerámica San Lorenzo" (Fallos: 307:1094), sentencia del 4 de julio de 1985: "(N)o obstante que la Corte Suprema sólo decide en los casos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (cfr. doc. Fallos: 25:364). De esa doctrina y de la de Fallos: 212:51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (conf. causa "Balbuena, César Aníbal s/ extorsión", resuelta el 17 de noviembre de 1981), especialmente en supuestos en los que dicha posición ha sido expresamente invocada por el apelante" (el destacado no obra en el texto original).

De todos modos, como lo puntualizaré más adelante, algunos presupuestos fácticos relevantes del sub examine difieren, sustantivamente, con los ponderados por la Corte Suprema in re: "Bernasconi", lo que sellará la suerte adversa del recurso intentado.

b) La alegación de que se ha afectado el derecho de defensa del contribuyente en el procedimiento administrativo que conduce al libramiento de las "liquidaciones de pago de diferencias", derecho también tutelado por el art. 18 de la Constitución Nacional y que diera lugar al voto disidente del camarista doctor Horacio G. A. Corti, al entender que el trámite seguido para arribar a la liquidación de la deuda tributaria -verdadera determinación tributaria administrativa del gravamen- se encontraba viciado de ilegitimidad por no haberse dado satisfacción en dicha instancia al debido proceso adjetivo, ni haberse plasmado la decisión del Fisco local en un acto administrativo con causa y motivación.

El agravio precedente, de algún modo, fue propuesto a los jueces de mérito cuando en la pieza procesal por la que se promovió la acción declarativa, al describir los hechos, se dejó insinuada la orfandad procedimental administrativa, señalándose: "Los actores recibieron del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las liquidaciones adjuntas correspondientes a los siete inmuebles relacionados, en las que se les notifica el monto de la nueva valuación total y se les exige el pago de las diferencias entre las contribuciones anteriores y las actuales correspondientes a los años 1993 a 1998 inclusive, fijando fecha para el pago" (fs. 1vta., de la queja).

De igual modo, en el alegato ante el juez de primera instancia se reiteró: "Asimismo, a fs. 482 vta., los actores negaron categóricamente haber sido notificados de las nuevas valuaciones hasta la fecha en que recibieron las liquidaciones practicadas por el G.C.B.A. acompañadas con la demanda..." (cfr. fs. 7 vta., de la queja).

Con mayor atinencia, al expresar agravios contra la sentencia de primera instancia, la actora, en el punto X: "Caso Federal", incluyó dentro de los derechos y garantías que tal pronunciamiento le conculcaría la de "defensa", con cita del art. 18 de la Constitución Nacional (cfr. fs. 21, de la queja).

De más está decir que en el recurso de inconstitucionalidad la quejosa se hizo eco sonoro del voto disidente del camarista doctor Horacio G. A. Corti, para quien el derecho de defensa del administrado fue vulnerado en el caso con invocación del art. 18 de la CN y de los arts. 12 y 13 de la CCABA (cfr. fs. 42/44, de la queja).

Así entonces, si bien la jurisdicción de este Tribunal se halla limitada por los planteos introducidos oportunamente en el proceso y mantenidos en el recurso de inconstitucionalidad, también es válido sostener que a éste le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente del derecho quepa realizar, más aún cuando se hace menester en casos como el presente, partiendo de los argumentos de las partes, incorporar otros -como la posibilidad de audiencia en sede administrativa para responder los cargos, ofrecer prueba y producirla, debatir los aspectos fácticos y jurídicos y obtener una resolución con motivación y causa- para poder calificar la conducta del contribuyente al oblar el tributo, evitando que el rigorismo procesal asuma formas exageradas que malogren la tarea de impartir justicia.

Resulta, por lo tanto, que limitar el fallo al tratamiento de los agravios explícitamente planteados y desarrollados y descuidar otros implícitamente imbricados y con una correspondencia esencial con el agravio central y que, como queda visto, tampoco han sido dejados en el olvido por el recurrente, constituiría instalar un obstáculo a la legítima solución de un aspecto trascendente del juicio, pues no se trata aquí de una investigación normativa del Tribunal extendida indefinidamente sobre aspectos y regulaciones que pudieron llegar a formar parte del proceso pero quedaron al margen de éste, sino de tomar en cuenta disposiciones del plexo constitucional inmediato en que se incardina necesariamente la controversia jurídica ventilada en la causa.

Sin embargo, en este caso -satisfacción del derecho de defensa en sede administrativa para arribar al acto de determinación tributaria-, por las particulares circunstancias que apuntaré más adelante, el agravio tampoco es efectivo para conmover la sentencia apelada, habida cuenta del amplio debate y prueba que en torno de las causas que motivaron el reajuste tributario se ha suscitado y se han colectado en la acción de certeza tramitada en sede judicial.

3. Efectos liberatorios del pago:

Los efectos liberatorios del pago han tenido un amplio campo de aplicación en materia tributaria fundamentalmente en dos supuestos. El primero, cuando se pretende aplicar un gravamen o un incremento tributario con efecto retroactivo y el contribuyente ya ha oblado éste u otro que abarcaba el mismo campo imposicional sobre la base de la legislación vigente al tiempo de la efectiva cancelación; el segundo, cuando la diferencia que se reclama proviene de un error determinativo de la propia Administración fiscal o de la rectificación de criterios interpretativos de las normas aplicables, lo que hace jugar concurrentemente con la anterior doctrina el principio de la estabilidad del acto administrativo de determinación.

Ya en el precedente in re: "Don Pedro Ordoqui. Su sucesión" (Fallos: 151:103), sentencia del 27 de abril de 1928, si bien se admitió que el atribuir efecto retroactivo a una cláusula de la ley del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes de la Provincia de Buenos Aires del año 1923, que aumentaba el avalúo fiscal en un 40%, no vulneraba garantías constitucionales, a manera de obiter dicta se reiteró la doctrina de la causa: "Don José Horta contra don Ernesto Harguindeguy, sobre consignación de alquileres" (Fallos: 137:47), en el sentido, de que ni el legislador, ni el juez pueden en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonialmente adquirido al amparo de la legislación anterior.

Agregó el Tribunal que la interpretación dada a la ley provincial no afectaba derechos adquiridos, desde que "el derecho estaría en el caso constituido por la obligación de pagar un impuesto menor que el señalado por la ley posterior. Entretanto, un derecho de esa naturaleza no ha podido nacer entre el deudor del impuesto y el Estado, sino mediante un contrato o una convención especial por virtud de la cual aquél se haya incorporado al patrimonio del contribuyente. Tal sería la hipótesis de que mediante una concesión se hubiera concertado una liberación de impuestos o se hubiera asegurado el derecho de pagar uno menor durante el tiempo de duración de aquélla y aún la más frecuente todavía, de que el Estado, mediante la intervención de sus funcionarios hubieran aceptado la liquidación presentada por el deudor del impuesto o hubiese otorgado el correspondiente recibo de pago. Pero fuera de estas hipótesis particulares, no existe acuerdo alguno de voluntad entre el Estado y los individuos sujetos a su jurisdicción, con respecto al ejercicio del poder de tasar implicado en sus relaciones. Los impuestos no son obligaciones que emerjan de los contratos: su imposición y la fuerza compulsiva para el cobro son actos de gobierno y de potestad pública...".

Los principios precedentemente referidos fueron nuevamente ratificados, también a manera de obiter dicta, en otras sentencias de la Corte correspondientes al mismo período .

Como consecuencia del cobro de un impuesto especial de patentes a prestamistas, en los autos: "Doña Sara Doncel de Cook contra la Provincia de San Juan, sobre repetición de pago" (Fallos: 155:290), sentencia del 6 de septiembre de 1929, el Tribunal tuvo oportunidad de expedirse dando curso al reclamo de devolución del tributo sobre la base de que el Poder Ejecutivo provincial no se hallaba habilitado para percibir otros impuestos locales que los creados por las leyes, ni a extender los existentes a distintos objetos que los expresamente previstos en aquéllas, declarando que la convalidación de un decreto de naturaleza impositiva inconstitucional, por una ley posterior, resultaba igualmente violatoria del artículo 17 de la Constitución Nacional, desde que el efecto retroactivo de la ley encuentra un valladar insorteable en una situación definitivamente concluida al amparo de la legislación precedente.

La doctrina con jerarquía constitucional, según la cual el pago es liberatorio cuando es realizado de buena fe por el contribuyente, se fue así consolidando y, con sustento en la misma, la Corte rechazó las reclamaciones ulteriores al cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva, fundadas: ya en una reforma de los preceptos fiscales por la que se agravaba la situación del sujeto pasivo, ya en el cambio de la interpretación de las normas impositivas, o bien en un error en la determinación de la obligación por los organismos fiscales encargados de la recaudación .

En fecha más cercana, en la causa: "Juan Pedro Insúa" (Fallos: 310:1961), sentencia del 1° de octubre de 1987, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que al no mediar observación al pago del Impuesto al Patrimonio Neto de la ley n° 21.282, el contribuyente había adquirido un derecho inalterable con respecto a la obligación tributaria que gozaba de amparo constitucional, por lo que no podía aplicársele el Impuesto de Emergencia sobre los Activos Financieros -establecido con posterioridad a dicho pago por la ley n° 22.604-, en tanto alcanzaba a bienes exentos del tributo creado por la primera de las leyes aludidas, doctrina que se reiterara in re: "Gustavo Adolfo Gardebled v. Nación Argentina (Dirección General Impositiva)" (Fallos: 311:311), sentencia del 22 de marzo de 1988.

En otra importante familia de causas, y como depuración de la doctrina precedente, se descartaron los efectos liberatorios del pago: cuando no había mediado buena fe de parte del contribuyente, en el supuesto en que los pagos fueron provisorios, sujetos a reajuste, en tanto lo abonado fue a cuenta de la obligación tributaria resultante para el ejercicio, o cuando lo oblado quedó sujeto a la revisión posterior de la Administración Fiscal en base a la documentación presentada .

Por haber sido objeto de reiteradas citas en la presente causa, no pueden dejar de considerarse los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaídos in re: "Bernasconi Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera, Financiera, Comercial, Inmobiliaria e Industrial v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Fallos: 321:2933) y "Susana Ernestina Teresa Guerrero de Louge v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Fallos: 321:2941), ambos de fecha 12 de noviembre de 1998, los que deben ser tratados conjuntamente en razón de las respectivas remisiones que formularan los jueces a sus votos emitidos en una u otra causa (en la primera, se registran los fundamentos conjuntos de los Ministros Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio, Guillermo A. F. López, Gustavo A. Bossert y Adolfo Roberto Vázquez, y en la segunda, los del Ministro Enrique Santiago Petracchi).

La mayoría, si bien remarcó que los pagos efectuados por la contribuyente de acuerdo a las liquidaciones realizadas por el Fisco local poseen efectos liberatorios pues, de no ser así, se lesionarían principios de raíz constitucional como el derecho de propiedad y el de seguridad jurídica, dejó a salvo, en el considerando séptimo, que se convertía en decisivo para así resolver la afirmación de la Cámara en el sentido de que "el error en la inicial valuación del inmueble no es imputable a la actora (la contribuyente), y que no hubo mala fe de parte de ella" (el texto entre paréntesis no obra en el original; el destacado me pertenece, e interpretada la proposición contrario sensu, nada obstaría a cobrar la diferencia por los períodos no prescriptos de comprobarse mala fe del contribuyente). Por su parte, en los fundamentos del voto del Ministro Enrique S. Petracchi puede leerse en el considerando sexto in fine, que: "...el error en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de los impuestos, no perjudican al contribuyente, en tanto no ha mediado dolo o culpa grave equiparable por parte de éste", a lo que se añadió, en el considerando siguiente, con relación a la doctrina bajo comentario: "...la recordada construcción del Tribunal, la que a partir de un examen -caso por caso- de las conductas del contribuyente y de la Administración fiscal, ha establecido en qué condiciones el pago se halla al amparo de la garantía que consagra el art. 17 de la Constitución Nacional" (el destacado ha sido añadido).

Así entonces, las conclusiones a que arribó el tribunal a quo, en este causa, en el sentido de que la Dirección General de Rentas había constatado la existencia de mejoras no declaradas oportunamente por el contribuyente y que, en consecuencia, los pagos efectuados carecían de efecto cancelatorio, armonizan con la inveterada doctrina del Tribunal cimero en la materia, sin registrar apartamiento alguno de la stare decisis a la que insistentemente en todas las instancias del proceso ha hecho alusión el recurrente.

Cabe agregar que la afirmación de los jueces de mérito en punto a que la "buena fe" o "el obrar no doloso ni con culpa grave" de los contribuyentes constituyeran presupuestos equivalentes o diferenciados, resultaba irrelevante al momento de analizar la conducta de los actores a la luz de la normativa vigente para determinar si se había inducido a error a la Administración, no se muestra irrazonable. Ello así, ya que lo manifiestamente relevante consistió en que el estado físico de los inmuebles se mantuviera en la registración catastral en forma inexacta al no producirse las altas pertinentes por las ampliaciones y/o mejoras, todo ello por ausencia de información tempestiva del propietario sobre quien pesaba la obligación de hacerlo. Por su parte, la indeterminación de la data de las construcciones para fijar su alta, resuelta por la sentencia a partir de la carga dinámica de las pruebas -que puso a cargo del contribuyente certificar que ellas no existían en los años no prescriptos-, carece de aptitud para conmover la solución de la anterior instancia, más aún cuando las cuestiones de derecho procesal, cuanto las de hecho y prueba, son propias de los magistrados de la causa, tal cual lo sostiene con meridiana claridad el señor juez de trámite, doctor Julio B. J. Maier.

De todos modos, la situación de los dos inmuebles sobre los que subsiste el debate (v. en tal sentido el voto del juez de trámite) al quedar circunscripto el recurso de inconstitucionalidad a la unidad funcional nº 1 de la finca sometida al régimen de la ley nº 13.512 de Propiedad Horizontal, sita en la calle Presidente Luis Sáenz Peña 176, partida nº 1.370.171, y a la finca de Av. Pedro Goyena 1678, partida nº 139.631, se ciñe a la procedencia del cobro de diferencias adeudadas por las diversas contribuciones sobre la propiedad inmueble de esta jurisdicción resultantes, en el caso, de ampliaciones y/o mejoras no declaradas por el propietario, correspondientes a períodos en que no habían prescripto los poderes y acciones del Fisco para determinar y cobrar los faltantes del tributo, sus accesorios y multas.

Es que de las constancias de la causa tal cual han sido sopesadas en la sentencia del juez de grado, como en el voto del camarista preopinante doctor Carlos F. Balbín -que conformó la mayoría en la alzada- se desprende: a) Inmueble Luis Saenz Peña 176: se ha verificado ampliación de treinta y tres metros cuadrados en la planta IV al fondo, según lateral derecha, actividad vivienda unifamiliar, destino constructivo "D", siendo la modificación de la valuación fiscal la resultante de aplicar el porcentual de la unidad sobre la nueva valuación que le corresponde al inmueble sumada a la valuación asignada por adicional (v. fs. 11 vta. y 27, de la queja); y b) Inmueble Av. Pedro Goyena 1678: se ha comprobado adecuación de empadronamiento por cambio de destino constructivo, refacción y ampliación. El cambio de destino obedece a que en la actualidad funciona en la propiedad un salón de fiestas, al tiempo que se borra registro por superficie inexistente, se incorpora una ampliación PIII, destino vivienda, como también de piscina con revestimiento (v. fs. 12 y 27, de la queja).

De lo hasta aquí expuesto se desprende que, en definitiva, no guardan atingencia con el caso los principios de irretroactividad, certeza (art. 51 CCABA) y seguridad jurídica, ni la garantía constitucional del derecho de propiedad (arts. 14 y 17 CN y 12, inc. 5º CCABA), agitados por el recurrente. En realidad, de lo que se trata es del incumplimiento del deber de información a cargo del propietario de las modificaciones físicas o del cambio de destino de los inmuebles para la correcta determinación por la Dirección General de Rentas de sus obligaciones tributarias; comportamiento antisocial, ya que importa sustraerse, por vía de omisión, de la obligación constitucional de contribuir al levantamiento de las cargas públicas en su justa medida; y que afecta: por un lado, al colectivo de vecinos contribuyentes que soportan íntegra y en tiempo oportuno tal obligación; y, por otro, al Estado local que debe financiar su funcionamiento, incluidas las erogaciones del denominado "gasto público social" orientado a brindar, al menos, una mínima respuesta a las necesidades básicas insatisfechas de sus vecinos, cometido demandado por los derechos constitucionales que amparan a los más desfavorecidos en el reparto de la riqueza y/o a los marginados por el proceso económico, lo que se traduce en prestaciones tales como las de salud o educación públicas, en este último caso atendiendo los requerimientos alimentarios de los educandos como mecanismo para evitar la deserción escolar.

Así, comprobada por una inspección la existencia de mejoras omitidas de declarar por el obligado tributario, mal puede reprochar éste a la Administración fiscal el incumplimiento en la incorporación presta y de oficio de aquéllas, lo que, seguramente, hubiera sido más sencillo de llevarse a cabo si estuviéramos en presencia de uno de los anacrónicos gravámenes indiciarios franceses -que integraba las llamadas "cuatro viejas"- consistente en hacer tributar a los inmuebles edificados el "Impuesto de las Puertas y Ventanas"que incluso tomaba en cuenta sus medidas -herramienta que posibilitaba practicar la liquidación desde el exterior de las construcciones a través de un método de nula interferencia y, al mismo tiempo, nada inquisitivo-, el que contribuyó, sin duda, como efecto reflejo extrafiscal no deseado, a la oscuridad proverbial que se señorea en la arquitectura urbana francesa de aquella época. Adviértase que quien evade totalmente sus cargas impositivas intenta transitar en la sociedad como un verdadero polizón, mientras que aquel que las paga a medias, sobre todo cuando se disfruta de manifestaciones objetivas y conspicuas de capacidad contributiva, tal como la constituida por la riqueza inmobiliaria, pretende desplazarse dentro de la comunidad en primera clase, pero abonando tan sólo un boleto de tercera.

Por las consideraciones hasta aquí vertidas, el agravio fundado en los efectos liberatorios del pago no puede tener acogida.

4. Afectación del derecho de defensa del contribuyente en el procedimiento administrativo que conduce a las liquidaciones de revalúo:

4. 1. El voto disidente de la Cámara:

Participo en este punto de las agudas observaciones desarrolladas en el voto en minoría del camarista doctor Horacio G. A. Corti, en cuanto estigmatiza el procedimiento que sigue la Dirección General de Rentas a los fines de reajustar el avalúo de los inmuebles para la liquidación de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza; Territorial; Pavimentos y Aceras y Fondo Permanente para la Ampliación de la Red de Subterráneos -instituida, esta última, por la ley nacional nº 23.514- y arribar, así, en los casos de nuevas valuaciones, a lo que el Organismo Fiscal da en denominar: "boletas" o "detalle de liquidación practicada".

Es que, de la documentación que se remite a los contribuyentes liquidando los tributos e intimando el pago de las diferencias por períodos anteriores, no surgen los hechos concretos considerados para modificar la valuación fiscal de los inmuebles, la mecánica mediante la cual se arriba a los nuevos importes (v.gr. fotorelevamiento aéreo, inspecciones, pericias, planos, archivos propios, etcétera), ni el derecho aplicable.

Tengo para mi que aquello que incorrectamente suele llamarse "boletas" o "detalle de liquidación practicada", excede largamente una mera operación matemática mecánica de aplicación de un montante, alícuota o tarifa a la base imponible -en este caso, "la valuación fiscal de los inmuebles"-. Se trata en realidad de una operación técnico jurídica compleja que requiere que se dé cuenta de la causa -esto es, de los hechos y antecedentes y del derecho aplicable-, de la motivación -expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto- y de la finalidad -que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes al órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa u objeto- .

Resulta manifiesto, por lo demás, que en este caso, por las razones expuestas, se está en presencia de una "genuina determinación tributaria administrativa", realizada sobre la base de las características físicas de los inmuebles, obtenida, en la mayoría de los casos -dado el carácter mixto del mecanismo-, por conducto del "suministro" efectuado por los propietarios obligados a informar y, en otros supuestos, por "captura" mediante inspecciones, relevamientos fotográficos, etcétera.

Mientras que dentro del variado catálogo de tributos locales algunos de ellos se determinan sobre la base de "declaraciones juradas" que deben presentar los contribuyentes -v.gr. Impuesto sobre los Ingresos Brutos, arts. 141 y 142, siguientes y concordantes, Código Fiscal 2006, sancionado por la ley nº 541, texto ordenado por decreto nº 246/06 -, tal mecanismo se convierte en regla dentro de los gravámenes federales, a tenor de lo dispuesto por el art. 11, siguientes y concordantes, de la ley nº 11.683, tributaria de rito en el plano nacional.

En cambio, en las contribuciones inmobiliarias locales la determinación de las mismas está a cargo del Fisco a partir de la información obtenida por suministro o por captura. Se trata, como se dijo, de una "determinación por el sujeto activo" o "determinación administrativa" -para otros, constituye un supuesto singular de "determinación mixta" por la participación de los dos integrantes de la relación jurídico tributaria- pero diferente de la también realizada por el Fisco y conocida en nuestro medio como "determinación de oficio", la que actúa complementaria o supletoriamente de la "determinación por declaraciones juradas" -o "autodeterminación"- a cargo del contribuyente, en ausencia de cumplimiento de tal obligación instrumental o cuando las primeras resultan impugnadas por el Organismo fiscal.

En los gravámenes que aquí nos interesan -sobre inmuebles-, la revisión de las valuaciones efectuadas por la Dirección General de Rentas sólo podrá operarse de ser recurridas o reclamadas por vía de reconsideración dentro de los quince días de la fecha de notificación de las "boletas" o "detalle de liquidación practicada" y son resueltas por la Dirección General, siendo las decisiones de ésta recurribles conforme a las normas de dicho Código (art. 236, CF texto ordenado año 2006) .

En las condiciones expuestas en el párrafo precedente, el contribuyente, además de desconocer tempestivamente la causa, motivación y finalidad del acto de donde surjan los antecedentes fácticos y jurídicos que habilitan la determinación de oficio -requisito indispensable para no colocarlo en estado de indefensión cercenándole, prácticamente, la realización del reclamo-, sólo toma una intervención tardía y por tal circunstancia poco eficaz, a posteriori de una decisión ya adoptada, lo que torna el procedimiento en irrazonable. Por lo demás, tal curso de acción no se compadece con el "debido proceso adjetivo", que consagra, como derivación del art. 18 de la Constitución Nacional, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, instituida mediante decreto nº 1510/97, art. 22, inc. f, a tenor del cual se garantiza al administrado el derecho a: 1) ser oído; 2) ofrecer y producir pruebas, y 3) obtener una decisión fundada . A ello no empece lo dispuesto en el Código Fiscal, texto ordenado en el año 2006, cuando se establece la preeminencia de dicho dispositivo respecto de la Ley de Procedimientos Administrativos , pues, en este punto -la institución del debido proceso adjetivo en sede administrativa-, importa una reglamentación directa y necesaria del art. 18 de la CN y de los arts. 12 y 13 de la CCABA, respecto del derecho de defensa. La "liquidación", de tal modo, por constituir una "auténtica determinación tributaria", requiere precisar los fundamentos fácticos y jurídicos en base a los cuales se efectúa el revalúo, y no, como ha ocurrido en las liquidaciones cuestionadas en esta causa -y como es corriente a partir de las prerrogativas exorbitantes que entiende poseer la Administración Fiscal-, indicando crípticamente que para la unidad funcional del inmueble de la calle Saenz Peña 176, el reajuste se justifica a través de un código o motivo -el nº 14: "adecuación de empadronamiento"- y el de Av. Pedro Goyena 1676, obedece a otro -el nº 27: "revalúo"-, cuando a tenor de la legislación vigente, las circunstancias fácticas para calificar la conducta del contribuyente son decisivas al establecer, consiguientemente, la procedencia o no del pago de diferencias por los períodos no prescriptos. Así, el texto ordenado del Código Fiscal año 2006 dispone: Art. 235: A partir del 1º de enero de 1999 los errores detectados en el empadronamiento, que fueren imputables a la Administración, siendo correcta y completa la documentación presentada por el contribuyente, modificarán la valuación fiscal con vigencia limitada al año calendario en que sean notificados, no correspondiendo el cobro retroactivo por años anteriores; añadiéndose más adelante: Art. 237: A partir del 1º de enero de 1999, las diferencias que se detectaren entre la realidad constructiva de un inmueble y su empadronamiento inmobiliario, sea por superficie, rectificación de medidas, estructura y equipamiento o cualquier otro elemento que incida en la determinación de su puntaje para fijar su categoría, se reliquidará a partir de su detección y debida notificación al contribuyente no pudiendo aplicarse retroactivamente la misma, excepto el caso que se demostrara el dolo del contribuyente. // Se presume el dolo del contribuyente, salvo prueba en contrario, cuando no ha presentado ante la Dirección General la declaración a que se refiere el artículo 231.

Valga añadir que el curso de acción que se utiliza para arribar a las "boletas" o el "detalle de liquidación practicada" echa en saco roto lo enfáticamente declamado en el art. 124 del CF año 2006, donde se consigna que: Cualquier reclamo interpuesto por los contribuyentes debe substanciarse asegurando que éste pueda ejercer la defensa de sus derechos... , cuando ello se torna ilusorio en la medida en que al "acto administrativo de determinación" se haya arribado sin audiencia al contribuyente y no se haga mención expresa de la causa, motivación y finalidad que lo sustenta en términos de bases fácticas y jurídicas, puesto que no pueden expresarse agravios sobre fundamentos retenidos in pectore por los agentes del Fisco y, por ende, desconocidos por el obligado tributario. A ello se agrega que todo cambio de valuación de inmuebles debe notificarse a los contribuyentes con indicación de los medios impugnatorios que el ordenamiento jurídico le reconoce. Así, por el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (decreto nº 1510/97) se establece: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67, in fine, las notificaciones se diligenciarán dentro de los cinco (5) días computados a partir del siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos o, en su caso, si agota las instancias administrativas. // La omisión o el error en que se pudiere incurrir al efectuar tal indicación, no perjudicará al interesado ni permitirá darle por decaído el derecho. La falta de indicación de los recursos pertinentes, o de la mención de si el acto administrativo agota o no las instancias administrativas traerá aparejada la nulidad de la notificación.

Ya he sostenido en otras oportunidades que las notificaciones que realiza la Administración activa de los actos que dicta deben cumplir estrictamente con las formalidades establecidas por el ordenamiento. Si no reunieran los requisitos que las normas de procedimiento establecen, no producirán sus efectos normales (v. González Pérez, Jesús, Manual de Procedimiento Administrativo, Civitas, Madrid, 2000, p. 301). Corresponde recordar, asimismo, que sólo una correcta notificación garantiza el acceso e ingreso a la tutela judicial efectiva, concretando el principio de interdicción de la indefensión, tal como lo ha resaltado el catedrático Joan Pagés i Galtés de la "Universitat Rovira i Virgili", Tarragona-Reus -cfr. La codificación en materia de notificaciones tributarias, parágrafo 5: "Conclusiones", Revista Argentina de Derecho Tributario, n° 3, ps. 641 y ss., en particular ps. 691 y ss., La Ley, Buenos Aires, 2002- (cf. mis votos en las causas: "Inversora Quillén SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Inversora Quillen SA s/ ejecución fiscal'", expte. nº 1888/02, sentencia del 5 de marzo de 2003; "Volkswagen Argentina SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Volkswagen Argentina SA (ex Autolatina Arg. SA) s/ ejecución fiscal'", expte. n° 2782/04, pronunciamiento del 19 de mayo de 2004, y "Cano, Osvaldo Rodolfo s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Cano, Osvaldo Rodolfo c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos'", expte. nº 4368/05, sentencia del 21 de junio de 2006).

Por lo demás, es necesario poner de resalto que, en estos casos, se trata de notificaciones cursadas en sede administrativa y, en consecuencia, en tales supuestos podría cuestionarse más fácilmente la validez de la diligencia ya que no es practicada por un cuerpo ajeno a las partes del procedimiento -actúa la propia Administración activa-, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito judicial que, por lo demás, cuenta igualmente con agentes afectados a tal tarea específica, con alta profesionalidad y con conocimiento acabado de las reglas de rito. Por ello, si bien el oficial notificador administrativo debe considerarse un agente público, pareciera que su actuación es acreedora de un escrutinio particularmente estricto, debiendo ajustarse a las prescripciones legales fijadas en la Ley de Procedimientos Administrativos.

Hasta aquí mis coincidencias de carácter general con el voto disidente del doctor Horacio G. A. Corti, en punto al cuestionamiento del procedimiento administrativo que transita la Dirección General de Rentas para establecer las nuevas valuaciones de los inmuebles e impulsar su cobro sobre los períodos no prescriptos.

4.2. Un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Por una vía argumental que se aproxima a la relacionada en el punto precedente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires v. Román S.A. Comercial" (Fallos: 324:1924), sentencia del 14 de junio de 2001, en el limitado ámbito cognoscitivo de una ejecución fiscal, equiparó el pronunciamiento recaído en las instancias de mérito a sentencia definitiva por resultar manifiesta la inexistencia de deuda exigible. Para ello tuvo en cuenta que de la "boleta de deuda" surgía que se trataba del cobro de la "diferencia" de la contribución sobre inmuebles con sustento en una "adecuación del empadronamiento" de la propiedad. Reputó, asimismo, que la demandada, desde su primera presentación en el juicio, alegó la manifiesta inexistencia de deuda. A lo hasta aquí expuesto, cabe añadir que en el voto, según sus fundamentos, del Ministro Enrique S. Petracchi, se remarcó para enervar la pretensión fiscal: "6º) Que mediante la constancia de deuda que se acompaña a fs. 2 de estos autos, la actora reclama una 'diferencia' de los gravámenes mencionados en el considerando 1°) del voto al que adhiero, con relación a períodos liquidados y cancelados con anterioridad por el contribuyente, con el único sustento de que la administración ha procedido a 'adecuar [el] empadronamiento' del inmueble perteneciente a la demandada. No resulta de esta pieza del expediente ni de ninguna otra, que el cambio en la valuación del inmueble haya obedecido a la falta de buena fe por parte del contribuyente (vgr. la ocultación de datos o hechos que el contribuyente está obligado a declarar ante la autoridad) o por haber mediado dolo o culpa grave de su parte, sino que la actora (léase Dirección General de Rentas) simplemente no ha tenido en cuenta, en su momento, '...el mayor valor que por distintas circunstancias adquiere el bien inmueble' (fs. 142 vta.)" -el destacado y el entreparéntesis sin negrita han sido añadidos-.

Del precedente reseñado se advierte, entonces, que el procedimiento adoptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, emitiendo meras "boletas de deuda", para así reclamar "diferencias" en concepto de "adecuación del empadronamiento" créditos tributarios, no cumple satisfactoriamente con las exigencias mínimas que viabilizan su cobro, al no poder inferirse de los apuntados instrumentos elemento alguno que permita individualizar si el incremento de la valuación inmobiliaria ha obedecido a causas imputables al Fisco o al contribuyente.

4.3. Razones que en la presente causa sellan la suerte desfavorable del presente agravio:

Más allá de que resulte irrazonable admitir que sin posibilidad de discusión de los reclamos, se habilite en general, los requerimientos fiscales por cambio de la valuación de los inmuebles, orientados al cobro de diferencias tributarias por los períodos no prescriptos, las circunstancias de que se ha hecho mérito en el sub examine se ha verificado tal debate con plenitud en sede judicial, en el marco de la acción declarativa, donde ha quedado acreditado fehacientemente que el reclamo fiscal de la Ciudad de Buenos Aires ha obedecido a la omisión y/u u ocultación de datos o hechos por parte del contribuyente -obligado a declararlos ante la autoridad administrativa-. Ésta y no otra circunstancia conduce en la presente causa a rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido ya que el derecho de defensa del contribuyente, palmariamente cercenado en sede administrativa, pudo ser atendido con satisfactoria plenitud ante los estrados judiciales de dos instancias de mérito, como lo comprueba el hecho de que haya prosperando la demanda respecto de los inmuebles de las calles Federico Lacroze 1719/1721 (partida nº 1.083.728), Bogotá 2348 (partida nº 1.615.114) y Belgrano 3994/4000 (partida nº 1.327.075).

Pasar por alto la circunstancia antes aludida importaría incurrir en un exceso ritual manifiesto, ya que vicios en el procedimiento administrativo que pudieron ser saneados en sede judicial, no pueden conducir a los jueces a asumir una actitud indiferente respecto de cómo se verificaron efectivamente los hechos y si se ha registrado una conducta culposa u omisiva del contribuyente para establecer tempestivamente y con precisión la base imponible sobre la cual debían determinarse las contribuciones implicadas. Es que, como lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Domingo Colalillo v. Compañía de Seguros España y Río de la Plata" (Fallos: 238:550), sentencia del 18 de septiembre de 1957: "(E)l proceso... no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva que es su norte", agregando, frente a la facultad que las reglas adjetivas brindan a los magistrados para esclarecer los hechos debatidos, que: "(T)al facultad no debe ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad sea indudable. En caso contrario la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual de la aplicación del derecho".

En mérito a los fundamentos precedentes, considero que debe declararse formalmente procedente la queja, devolverse el depósito (arts. 34 y 35 de la ley nº 402), rechazarse el recurso de inconstitucionalidad y confirmarse en todas sus partes la sentencia del a quo.

Las costas de esta instancia deberán establecerse en el orden causado habida cuenta de que la actora vencida pudo, sobre la base de los precedentes del Alto Tribunal, considerarse con derecho a recurrir (art. 62, inc. 2, CCAyT).

Así lo voto.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto y, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto por José Camilo Gómez a fs. 48/55.

2.Dar por perdido el depósito de fs. 85.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita esta queja para que sea agregada a los autos principales