Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-17


SENT Nro. 55 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 17 DE FEBRERO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, con más la integración del señor vocal de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo doctor René Mario Goane -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento válido -presidida por el doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado contra la sentencia dictada por el Sr. Juez Correccional de la Ia. Nominación, del 15/5/2002, obrante a fs. 299/300, de autos que es concedido por el referido tribunal mediante interlocutoria del 20/9/2002 (cfr. fs. 315 y vta.). En esta sede, el señor Ministro Fiscal a fs. 376/378 se pronuncia para que la sentencia en recurso sea casada. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación deducido por la defensa técnica del imputado Miguel Mario Albornoz, en contra de la sentencia del Sr. Juez Correccional de la Ia. Nominación de fecha 15 de mayo de 2002, específicamente el punto II inc. c que textualmente expresa: "Disponer que durante el plazo de 1 año el imputado Albornoz, Miguel Mario..., cumpla bajo pena de caducidad de la presente sentencia las siguientes reglas de conducta:... c) Abstenerse de conducir todo tipo de vehículos mientras dure el término de la suspensión y hacer entrega al juzgado el carnet de manejo".

El recurso se concede por decisión del mismo Juez de fecha 20 de setiembre de 2002.

I.- El recurrente señala que se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad para la habilitación del presente escrito. Luego de recordar la decisión del magistrado de suspender el ejercicio de la potestad punitiva, se agravia de que la sanción de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos no puede ser fundado en los requisitos del art. 76 bis y 27 bis del Código Penal en razón de que del texto de los preceptos mencionados no se desprende que para otorgar la probation en el caso deba el beneficiario autoinhabilitarse para conducir automotores.

Cita un precedente del Tribunal en apoyo de su posición remitiéndose a la causa "Agüero, Rafael s/lesiones culposas" sentencia de fecha 21 de febrero de 2001.

Continua diciendo que no siempre se debe establecer como una condición para acceder al beneficio de la probation, que el imputado deba ser inhabilitado. Indica que la fijación de tal regla solo podrá ser aplicada cuando a juicio del Sr. Juez sea estrictamente necesario para garantizar la finalidad de prevención. Cita la obra de los Dres. Baigun-Zaffaroni transcribiendo un párrafo donde contempla la posibilidad en casos de suficiente gravedad de disponer la inhabilitación del imputado.

Se remite a la falta de antecedentes de su defendido y a la solicitud de la Sra. Fiscal en cuanto pide se imponga al imputado realizar un curso de capacitación teórico práctico de educación vial sin quita del carnet de conducir por cuanto en ese supuesto perdería el trabajo.

Reseña como habría ocurrido el accidente de tránsito concluyendo que el hecho puede ser considerado como un riesgo permitido de la conducción de un automotor.

Señala la autocontradicción de la sentencia por cuanto mientras en el inciso c, debe abstenerse de conducir entregando el carnet de manejo, en el inc. d, se dispone que realice un curso sobre educación vial y que debe ser aprobado el mismo.

II.- El Sr. Ministro Fiscal citando un precedente del Tribunal se expide para que la sentencia sea anulada.

III.- El recurso deviene admisible toda vez que la parte entiende que han sido inobservados y aplicados erróneamente los arts. 27 bis y 76 bis y ter. del Código Penal.

El art. 76 ter. del Código Penal nos dice que el tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, atento lo previsto en el art. 27 bis del mismo ordenamiento. Por su parte, este artículo si bien al enumerar las reglas de conducta no menciona entre ellas la de inhabilitación, concede al tribunal en los párrafos finales la facultad de modificar las reglas si resulta conveniente al caso.

Cabe preguntarse si esta facultad de modificar las reglas enumeradas en la primera parte del art. 27 bis alcanzan para incorporar otras -específicamente en el caso la pena de inhabilitación especial- no contemplada en la ley.

Ateniéndonos al principio de legalidad, principio cardinal del derecho penal, la respuesta debe ser negativa.

En este sentido este Tribunal por sentencia de fecha 21 de octubre de 2002 en causa "Bujazha, Víctor y otro s/Lesiones culposas" ha expresado: "La suspensión del juicio a prueba y la imposición de reglas de conducta, aunque persigan también la finalidad de prevenir la comisión de nuevos delitos no son equiparables a las penas ni a las medidas de seguridad, que necesariamente deben ser consecuencia de un pronunciamiento derivado de la comprobación judicial de un delito (art. 18 CN)".

Coincidentemente el Dr. Julio de Olazabal en su obra Suspensión del Proceso a Prueba - Editorial Astrea - Año 1994 pág. 92 expresa: "Aunque, en principio, resulta claro que de lo que se trata es de una modificación interna de las reglas, sin implicar la creación de otras, pensamos que en algunas hipótesis será tolerable la sustitución de una regla por otra que, aunque legal, no fue contemplada inicialmente. Ello podría ocurrir en aquellos casos en que una regla resulte, para el imputado, de cumplimiento imposible o humanamente inexigible por multiplicidad de circunstancias, y tal vez en algunos otros supuestos. Va de suyo que en ningún caso esa imaginada sustitución de reglas podrá importar la aplicación de una nueva que se agregue a otra satisfecha, ya que ello no sería sustitución -tampoco modificación- sino pura y simple añadidura, no contemplada en la ley".

También la Cámara Nacional de Casación Penal Sala III en sentencia publicada en La Ley 2001 -F- pág. 641 se expide en el sentido que corresponde casar una decisión que hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba aceptando una promesa de autoinhabilitación efectuada por el propio imputado pues dicha pena tiene un modo de cumplimiento cuyo control y ejecución depende de órganos especiales del poder Judicial, por lo que resulta inaceptable que un particular derogue la ley.

No se desconoce que el criterio expuesto no es aceptado en forma unánime, ya que alguna doctrina y jurisprudencia (STJ de Entre Ríos -con voto en disidencia- La Ley Litoral 2001 pág. 303 ) entiende que siendo necesario el pedido del imputado para conceder el beneficio, éste goza de libertad de aceptar o rechazar su cumplimiento y rechazándolo someterse al curso y resultas del proceso.

Por mi parte, considero que la inhabilitación como regla de conducta no puede tener cabida en el orden legal, atento lo normado en el cuerpo del Código Penal en el sentido de que no procede la condena condicional respecto a las penas de multa o inhabilitación. Por ello, es errado admitir como una regla de conducta en la probation una sanción -por un plazo menor- que precisamente no puede ser dictada en suspenso en la hipótesis de condena. Prueba de lo afirmado finca en que la pena de multa debe ser pagada su mínimo como condición para la suspensión del juicio a prueba, art. 76 bis quinto párrafo del Código Penal.

Esta conclusión obliga a casar la sentencia fijando la siguiente doctrina legal: "Cuando se disponga la suspensión del juicio a prueba no puede establecer como una regla de conducta la inhabilitación especial por no encontrarse enumerada en el art. 27 bis del Código Penal".

En consecuencia corresponde se deje sin efecto lo dispuesto en el inciso c del punto II de la sentencia de fecha 15 de mayo de 2002, imponiéndose las costas del recurso por su orden, en razón del tema debatido.

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Comparto el prolijo relato de antecedentes del señor vocal preopinante, del apartado I de su voto, mas no así la aplicación de la suspensión del juicio a prueba en los casos, como el presente, en donde se ventila la figura del art. 94 del CP que prevé la pena de inhabilitación como conjunta.

Para ello me remito a mi disidencia, entre otras en igual sentido, a la causa nro. 911 del 21/10/2002, en donde se reitera mis conclusiones dadas in re: "Pérez, Edmundo s/lesiones culposas", sentencia nro. 860 del 26/11/98, en donde expresé: "Que siendo así y en base a la merituación precedente no cabe lugar a duda alguna que tanto de la voluntad del legislador como de la literalidad del artículo, y como de la conjunción a la luz de las demás normas vigentes en el CP, en especial, el art. 26, no resulta de aplicación la suspensión del juicio a prueba, en los delitos que tenga previsto como pena principal, alternativa o conjunta la pena de inhabilitación".

II.- Pero si quiero destacar, que para los supuestos de procedencia de la suspensión del juicio a prueba acorde a mi posición, el tema debatido en autos y condensa en su parte pertinente la doctrina legal propuesta, que no puede establecerse como regla de conducta la inhabilitación especial, por no encontrarse enumerada en el art. 27 bis del CP, es totalmente ajustada a derecho y así lo declaro.

III.- Por todo lo expuesto y dejando a salvo el criterio desarrollado del apartado II, resulta improcedente la casación incoada, por la defensa técnica del imputado Miguel Mario Albornoz.

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la defensa técnica del imputado Miguel Mario Albornoz en contra de la sentencia dictada por el Sr. Juez Correccional de la Ia. Nominación de fecha 15 de mayo de 2002, dejándose sin efecto el inc. c) del punto II de la misma.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.-	HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (en disidencia) ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE