Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-05-04


SENT Nº 386	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de Mayo de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alberto José Brito -por excusación del doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "José Alfredo Romano (h) Construcciones vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Cobro de pesos. Incidente de ejecución de honorarios promovido por el letrado Julio Palacio".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Alberto José Brito, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte demandada, a fs. 47/51 vta., plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 74 del 14-3-2008 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, obrante a fs. 42/43 de autos, habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPCC, norma ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Sostiene la recurrente que el fallo atacado realiza una errónea interpretación de las normas, doctrina y jurisprudencia aplicables.

Manifiesta que la solución a que se arriba contraría la doctrina legal sentada por este Tribunal en los autos: "Frascarolo, Carlos A. vs. Superior Gobierno de la Provincia s/ Contencioso Administrativo", en la cual se dijo que en las situaciones de grave riesgo social, las leyes de emergencia deben ser interpretadas con estricta sujeción a su ratio iuris, examinadas sus disposiciones en forma integral, congruente y útil respecto al cumplimiento de su trascendente finalidad institucional, la que hace justa y razonable las restricciones de situaciones subjetivas individuales.

Expresa que le causa agravio el pronunciamiento en crisis al no responder a la situación económica financiera de la Provincia, ni al status jurídico de ella no habiéndose previsto las consecuencias sobre la realidad económica provincial que se derivarían de la decisión adoptada. Puntualiza que lo decidido afecta a la Provincia como institución de existencia necesaria, al incidir directa y definitivamente en el desenvolvimiento del tesoro, provocando el incumplimiento en el nivel mínimo de las funciones del estado local en cuanto a tal. Explica que las consecuencias de la sentencia se traducen en un elemento negativo respecto de la calificación de riesgo crediticio para Tucumán, con impacto sobre igual indicador a nivel nacional.

Enfatiza que si bien el estado debe pagar sus deudas, también debe atender la salud pública, la educación, la seguridad, brindar justicia, etc.; que las leyes de emergencia arbitrariamente tachadas de inconstitucionales no implican otra cosa que el permitir a aquel cumplir sus fines; y que la Ley Nº 6995 dispone lo único que la Provincia puede hacer en su actual situación económica financiera: priorizar el pago de las deudas ya consolidadas, en la forma prevista por la ley.

Indica que la temporalidad en la emergencia no está sujeta a parámetros matemáticos, ni decisiones discrecionales de legisladores, ni apreciaciones subjetivas del Poder Judicial, sino a la real situación económica financiera del estado provincial.

Por último, expone que el letrado peticionante desarrolló su labor durante la vigencia de las leyes de emergencia económica, y que mediante expediente administrativo -que cita- se sometió voluntariamente y consintió la aplicabilidad al caso de las mismas aceptando percibir títulos públicos, por lo que no puede ahora pretender sean declaradas inconstitucionales.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 45 y del cargo actuarial inserto a fs. 51 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia equiparable a definitiva; se dio cumplimiento con el depósito que marca la ley de rito (cfr. fs. 46); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrinas legales, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por tales motivos, el recurso deviene admisible; voto porque así se declare.

IV.1.- De las constancias de autos surge que por sentencia N° 118, del 30-4-2002, se hace lugar a la demanda incoada por la parte actora imponiéndosele las costas de la instancia de grado en su totalidad a la demandada (cfr. fs. 4).

A fs. 5 de autos corre glosada la regulación de los honorarios del letrado Julio César Palacio (h) practicada mediante sentencia del 28-02-2005, que se encuentra firme.

El 11-6-2007 el mencionado letrado, por derecho propio, promueve ejecución judicial de sus honorarios argumentando que se ha excedido con creces el plazo previsto por la ley arancelaria para que se haga efectivo su pago, requiriendo se intime de pago y se cite de remate a la demandada teniendo en cuenta que la regulación data de casi 3 años atrás (cfr. fs.17). Al mismo tiempo, en la referida presentación solicita se declare la inconstitucionalidad de las leyes de emergencia económica -y sus respectivas modificaciones y prórrogas- como así también de la inembargabilidad de los bienes del estado local (cfr. fs. 17 vta.). Tales pretensiones son rechazadas por la accionada por escrito del 31-8-2007, en los términos de fs. 25/28 de autos, habiendo previamente el incidentista acompañado a la causa una presentación dirigida al Fiscal de Estado de fecha 29-6-2007, en la que expone que ha solicitado en el expediente administrativo de referencia (n° 599/170-P-2005) ".hace ya más de dos años a la fecha, el pago de los honorarios firmes y consentidos que me adeuda la Provincia y que me fueron regulados por mi actuación en los autos 'JOSE ALFREDO ROMANO (H) CONSTRUCCIONES vs. SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN s/ COBRO DE PESOS' (expte n° 61/99), que tramitan por ante la Excma. Cámara Contencioso Administrativo Sala 3.... Atento al excesivo tiempo transcurrido sin que hasta la fecha se hayan hecho los mismos efectivos, a pesar de tratarse de un crédito de neto carácter alimentario como lo pregonó en los autos referenciados esta Fiscalía en oportunidad de pagar los honorarios que por el mismo auto regulatorio se justipreciaron a favor del Ingeniero Geofredo Rush, perito Ingeniero actuante, configurando de tal manera una descalificante discriminación y afectándose de tal suerte mi legítimo derecho de propiedad, es que vengo a desistir del reclamo de pago consignado por esta vía administrativa, para perseguir su cobro por la vía judicial en salvaguarda lo reitero, de mis legítimos derechos creditorios que hasta el momento se vieron conculcados" (cfr. fs. 21).

Finalmente, por sentencia N° 74 del 14-3-2008, se resuelve declarar la inconstitucionalidad, en el caso, del artículo 2° de la Ley N° 7975 que establece la inenmbargabilidad de la totalidad de los recursos del estado provincial, de las municipalidades y comunas rurales hasta el 31-12-2009 (cfr. fs. 42/43).

IV.2.- Esta Corte tiene dicho que, en principio, en el derecho pretoriano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las leyes de emergencia económica son constitucionales, ya que se ha admitido desde hace muchos años, la posibilidad que el estado, en situación de emergencia económica, ejercite un poder de policía de cuya aplicación se siga una restricción de derechos constitucionales que no sería admisible en circunstancias normales (cfr. sentencia N° 37, del 22-3-1999; 1023, del 18-11-2205), encontrándose pronunciamientos del más Alto Tribunal de la nación que hubieron admitido la constitucionalidad de leyes que suspenden temporalmente los efectos de los contratos como también los efectos de las sentencias firmes con el objeto de proteger el interés público o ante la presencia de graves perturbaciones de carácter físico económico (cfr. CSJN: Fallos: 172:21; 238:76; 243:449 y CSJTuc., sentencia N° 88, del 27-02-1996).

Del mismo modo, este Superior Tribunal (cfr. sentencia N° 627, del 27-8-2000, en autos: "Petracca, Miguel Eduardo vs. Provincia de Tucumán s/ Escrituración y fijación de plazo") ha declarado la constitucionalidad de leyes de emergencia económica cuando se advierten debidamente cumplimentados los cuatro requisitos que debe llenar una ley de emergencia atento al precedente expresado por nuestro más Alto Tribunal de la Nación en el fallo "Peralta, Luis y o. vs. Estado Nacional", del 27-12-1990 (LL, 1991-C, 158) y que son: 1) que exista una situación de emergencia que imponga al estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; 2) que la ley tenga como finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos; 3) que la moratoria sea razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias; y 4) que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesarias la moratoria.

Sin embargo considero que, en la especie, corresponde apartarse del criterio sustentado en los fallos precitados de este Tribunal al no configurarse actualmente sus presupuestos y, consecuentemente, confirmar la declaración de inconstitucionalidad resuelta en la instancia de grado.

En efecto; lo primero que corresponde dejar perfectamente establecido es que el crédito por honorarios del letrado Julio Palacio no se encuentra consolidado, conforme a lo considerado y resuelto por esta Corte en sentencia N° 1270, del 03-12-2008, atento a que la regulación de honorarios cuya ejecución se persigue en autos data del 28-02-2005, según se vio (cfr. fs. 5).

Aclarado este punto de la manera indicada, corresponde abordar seguidamente la cuestión vinculada al tópico de la inembargabilidad de las finanzas públicas, a la luz de la normativa aplicable al caso.

En esta inteligencia, cabe poner de resalto que el artículo 2° de la Ley N° 7474 (BO del 05-01-2005) extendió una vez más (hasta el 31-12-2005) el plazo de vigencia de la inembargabilidad de los recursos del estado provincial que fuera prevista originariamente en el artículo 1° de la Ley N° 6974 (BO del 12-10-1999) con un primer plazo de vencimiento, que se extendía hasta el 31-12-2003, luego prorrogado al 31-12-2004 por Ley N° 7309 (BO del 12-11-2003). A su turno, la Ley Nº 7687 (BO del 02-01-2006) amplió la inembargabilidad aludida hasta el 31-12-2006, y por Ley Nº 7862 (BO del 12-01-2007) hasta el 31-12-2007. Por último, el artículo 2 de la Ley Nº 7975 (BO del 28-12-2007) -declarado inconstitucional en autos- dispone la inenmbargabilidad de la totalidad de los recursos del estado provincial, de las municipalidades y comunas rurales hasta el 31-12-2009.

Arribo así a una primera conclusión: la inembargabilidad de las finanzas públicas constituye una medida de emergencia que en la provincia de Tucumán tiene vigencia ininterrumpida desde hace casi 10 años.

En segundo término, advierto que, en el sub examine, se está en presencia de un crédito por honorarios (no consolidado) y, por ende, de naturaleza alimentaria que, a la fecha, no ha sido satisfecho por el estado, no obstante haber transcurrido más de 4 años de la fecha de dictado de la sentencia regulatoria de honorarios del 28-02-2005.

Por consiguiente, en el caso, teniendo en cuenta las peculiares circunstancias señaladas, la prórroga de la vigencia de la norma que dispone la inembargabilidad de la totalidad de los recursos del estado provincial hasta el 31-12-2009 (Ley Nº 7975) configura una reiterada frustración y desconocimiento del derecho invocado por el letrado ejecutante, pues dicha restricción supone dejar librada a la exclusiva voluntad del obligado el cumplimiento de lo adeudado.

Es por ello que, en la especie, cabe apartarse del criterio sustentado en los fallos precitados de este Tribunal y confirmar la declaración de inconstitucionalidad resuelta por la Sala a quo, toda vez que el crédito del letrado ejecutante, según se ya se dijo, es de carácter alimentario de conformidad a las pautas doctrinarias y jurisprudenciales existentes al respecto, y como no obstante el prolongado lapso transcurrido la ejecutada no atiende la deuda, ello configura una situación que autoriza excepcionalmente a declarar la inconstitucionalidad a su respecto del artículo 2° de la Ley Nº 7975 pues la aplicación de la misma, en las particularidades del caso, implicaría la frustración del derecho alimentario del profesional y la vulneración del derecho adquirido y garantizado por el artículo 17 de la constitución nacional. En este orden de ideas, no constituye un dato menor la constatación que los acreedores de deudas no alcanzadas por la consolidación, como la sub examine, no cuentan con las vías y modalidades de cobro previstas para los acreedores de deudas consolidadas y por tanto, no parece aceptable que aquellos -como único resguardo jurídico posible a su derecho- deban resignarse a esperar que el deudor manifieste su voluntad de cumplir las obligaciones a su cargo.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación deducido por la demandada contra la sentencia Nº 74 del 14-3-2008 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III obrante a fs. 42/43 de autos. En tal sentido mi voto.

V.- Atento al resultado a que se arriba, teniendo en cuenta las peculiares circunstancia de la causa y la naturaleza de la cuestión, las costas de esta instancia recursiva se imponen por el orden causado (cfr. artículos 89 del CPA y 106, inciso 1°, del CPCC). .

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alberto José Brito, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 79, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación planteado por la parte demandada contra la sentencia Nº 74 del 14-3-2008 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III glosada a fs. 42/43 de autos.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.