Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-09-22


AUTOS 5439-B- (C.C.Nº22275) DEL Juzgado Comercial Especial, Caratulados: "ROBLES Claudio Daniel C/ Carlos A. Vignoli - Disolución Y Liquidacion - Rendición De Cuentas - Ordinario - Incidente Ejecución Sentencia".

PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2016- del Tº II - Fº 42/44.- En la Ciudad de San Juan a 22 días del mes de septiembre de 2016, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, los Sres. Vocales Dres. Oscar Roberto Otiñano y Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. sub 324, contra la sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil catorce, recaída en los presentes autos Nº5439-B- (C.C. Nº22275) caratulados: "ROBLES CLAUDIO DANIEL C/ CARLOS A. VIGNOLI - DISOLUCION Y LIQUIDACION - RENDICION DE CUENTAS - ORDINARIO - INCIDENTE EJECUCION SENTENCIA", dictada por el Sr. Juez titular del Juzgado Comercial Especial, obrante a fs. sub 317/320 vta.- 1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? EL DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS DIJO:

A la 1ra. CUESTIÓN:

ANTECEDENTES I. En la sentencia obrante a fs. sub 317/320 vta., el Sr. Juez titular del Juzgado Comercial Especial resolvió rechazar el planteo de caducidad de instancia incoado por el incidentista Claudio Daniel Robles e imponer las costas al vencido.

Para así decidir, consideró -en resumen- que dadas las particularidades del caso y luego del llamamiento de autos, el Juez interviniente fue disponiendo una serie de medidas que a su criterio surgieron como necesarias para el esclarecimiento de los hechos y resguardo de los intereses en conflicto, por lo que las partes no se encontraban en una situación que les permitiera impulsar el trámite del proceso.

Agrega, que es aplicable al caso lo establecido en el art. 275, inc. 5°, del CPC que establece que la perención no operará una vez finalizado el plazo de prueba.

II. A fs. sub 323/vta. el apoderado de la parte incidentista plantea el recurso de apelación, y a fs. sub 325/327 vta. consta agregado el escrito de expresión de agravios.

En primer lugar, asevera que se agravia -en resumen- en razón de que resulta inaplicable lo establecido en el art. 275, inc. 6°, del CPC y entiende que el llamamiento de fs. 236 vta. no resulta operativo.

En segundo lugar, sostienen que tampoco es aplicable lo contemplado en el art. 277 del CPC, pues manifiesta que solo es aplicable a los incidentes de ejecución de sentencia y no a las incidencias que se desprende de él.

El tercer agravio está referido a que el art. 275, inc. 5°, no es aplicable en razón de que el incidente no se abrió a prueba.

Por último, indica que la sentencia impugnada es nula por falta de argumentación y ser contradictorio -según entiende- en si mismo. Plantea inconstitucionalidad del art. 275, inc. 5, al sostener que viola el principio de igualdad de las partes dando preferencia a los incidentes sobre los procesos principales.

Hace reserva de caso constitucional, pide que se revoque la sentencia y se ordene la caducidad de la incidencia.

III. A fs. sub 330/335 consta el escrito de réplica a los agravios, presentado por el apoderado de la parte incidentista recurrida.

Sostiene -en primer lugar- que resulta aplicable lo dispuesto en el art. 275 del CPC y que no procede la caducidad por haber finalizado el período de prueba.

Con relación al segundo agravio manifiesta que también es de plena aplicación al caso lo dispuesto en el art. 277 del CPC.

Respecto del tercer agravio sostiene que el llamamiento de autos nunca fue suspendido y cita jurisprudencia para indicar que la caducidad de la incidencia resulta improcedente.

Hace reservas y pide que el rechazo del recurso, con costas.

IV. A fs. sub 430 se certifica el pase de los autos a estudio.

Tratamiento del recurso 1. El recurso de apelación consiste en la revisión de la sentencia impugnada y, como principio, el tribunal de alzada está limitado a pronunciarse sobre los capítulos propuestos a decisión del juez de primera instancia, tal como expresamente lo dispone el art. 262 del CPC.

Y si bien el tribunal de apelaciones debe ceñirse a los puntos objeto de apelación y de agravios, con relación a lo que debe pronunciarse y revisar, goza de la plenitud de la jurisdicción; es decir, de todos los elementos, poderes o atributos de tal función, de la misma manera que el tribunal de primera instancia 2. Entonces, por una razón de orden metodológico, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de lo establecido en el art. 275, inc. 5, del CPC, en razón de no haber sido objeto de sometimiento de tal cuestión a la decisión del juez de primera instancia (art. 262, CPC). 3. Respecto a la alegación (crítica) de que se aplica erróneamente por la Juez a quo lo establecido en el art. 275, incs. 5° y 6° del CPC, se advierte que si la causa se encontraba paralizada por expresa disposición judicial en razón de las medidas ordenadas con posterioridad al llamamiento de autos de fecha 23/07/2012 y hasta el nuevo llamamiento de fecha 26/08/2013 (fs. sub 306), puesto que el deber de instar el proceso dependía exclusivamente del juzgado, no existiendo actividad pendiente a cargo de las partes, el planteo de caducidad de la incidencia fue correctamente rechazado y fundado.

Es que no se existe razón alguna para decidir que el curso de la perención continuaba corriendo, máxime cuando las diligencias pendientes -intimaciones e informes ordenados a fs. sub 285- se encontraban a cargo del Tribunal.

A ello se agrega que el incidente promovido en contra de la subasta de un bien inmueble, en el marco de una ejecución de sentencia, no hace perder la naturaleza de "ejecución de sentencia" del proceso; no resultando, por tanto, susceptible de ser declarada la perención de la instancia, por imperio de lo establecido en el art. 277 del CPC. pues no resulta ser una incidencia sin relación estricta con la propia ejecución procesal forzada.

Así voto.

A la 2ra. CUESTIÓN:

En razón de lo acordado precedentemente, corresponde rechazar el recurso de apelación planteado a fs. sub 323/vta. contra la resolución obrante a fs. sub 317/320 vta., que se confirma, e imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida como regular los honorarios de los profesionales intervinientes en un 30% de los que deben ser fijados por su actuación en primera instancia.

EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de apelación planteado a fs. sub 323/vta. contra la resolución obrante a fs. sub 317/320 vta., que se confirma;

II- Imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida como regular los honorarios de los profesionales intervinientes en un 30% de los que deben ser fijados por su actuación en primera instancia.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

SECRETARIO:DR. AGUSTIN A. RUGNA.