Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-28


2º Instancia.- Buenos Aires, octubre 28 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? El doctor Calatayud dijo:

En la sentencia de fs. 365/67, el señor juez de primera instancia tuvo por acreditado que el actor había sufrido un accidente en una de las escaleras mecánicas existentes en la sede del shopping demandado, al resbalarse y sufrir lesiones. Aun cuando consideró que la escalera era una cosa riesgosa, consideró que intrínsecamente no se detectaron en ella características que demostrasen que, de ser utilizada correctamente, pudiera generar perjuicios, así como tampoco que su estado de limpieza fuera inadecuada, por lo que concluyó que sólo un proceder negligente del demandante pudo ocasionar su caída. Rechazó, por tanto, la demanda entablada y le impuso las costas del proceso.

Contra dicha decisión se alza el perdidoso, quien expresa los agravios que le ocasiona en la presentación de fs. 413/15, que fuera respondida a fs. 419/20 y 421/23.

A mi juicio, las manifestaciones que efectúa el quejoso en dicha presentación adolece de los recaudos exigidos por el art. 265 del Cód. Procesal, a poco que se repare que no rebate convenientemente el aspecto central del pronunciamiento, esto es, que no logró acreditar la mecánica del hecho. Es que, la jurisprudencia interpretativa de dicha norma procesal, tiene decidido reiteradamente que el memorial, para que cumpla con su finalidad, debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada, para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Debe precisarse, pues, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo. Las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener el recurso. No constituye, así, una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica que ataque con sólidos argumentos los motivos determinantes de la decisión (conf. Fassi y Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, 3a. ed., t. 2 pág. 483 nº 15 y jurisprudencia citada en nota 18; Palacio, Derecho Procesal Civil, t. V pág. 267, notas 6 a 8; CNCiv. esta Sala, mis votos en causas 134.750 del 17-9-93 y 162.820 del 3-4-95).

De todas maneras, efectuaré algunas consideraciones para otorgar mayor satisfacción al apelante, adelantando desde ya que no le asiste razón en su crítica. En efecto, conforme principio reconocido, a los fines de la atribución de responsabilidad -sea ésta contractual o extracontractual-, es menester que exista conexión causal jurídicamente relevante entre el hecho que la origina y el daño sufrido por quien pretende su indemnización (conf. Llambías, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, t. III pág. 713 nº 2284; Borda, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, 8a. ed., t. II pág. 205 nº 1313; Orgaz, El daño resarcible [Actos ilícitos], 3a. ed., pág. 34 y ss.; Alterini, Curso de Obligaciones, vol. 1 pág. 173 nº 371; Mayo en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 2 pág. 617 nº 12; Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, 2a. ed., t. 4 pág. 383 y ss.; Bustamante Alsina, Teoría general de la responsabilidad civil, págs. 86 y 217 y ss.), en tanto la carga de la prueba de la necesaria relación de causalidad entre el hecho y el daño se encuentra -en principio- en cabeza de la víctima, demostración que si no se concreta conduce inexorablemente al rechazo de la acción (conf. Busso, Código Civil Anotado, t. III pág. 408 nº 35; Llambías, op. y loc. cits., pág. 716 nº 2286; Cifuentes en Belluscio, op. cit., t. 4 pág. 53 nº 5 y doctrina y jurisprudencia citados en pág. 54 nota 29).

Y, en el sub examine, no obstante encontrarse acreditada la caída en las escaleras mecánicas -como bien refirió el magistrado-, no lo estaba, en cambio, que ella se debiera a la existencia de alguna sustancia que hubiere sido la causa eficiente del siniestro. Sin duda en su escrito inicial adujo que el resbalón fue producto de que la escalera estaba mojada y nada más, no alegó que lo fuera por un líquido viscoso, pero ello es precisamente uno de los fundamentos por los que el juez llegó a la conclusión adversa a sus pretensiones. Es que, al respecto, hizo mérito de la prueba pericial mecánica practicada en autos, donde el ingeniero Juan Carlos Aleman, después de describir las características constructivas de la escalera en cuestión, concluyó que cumplía con las especificaciones que exige el Código de Edificación y en lo específico con el tipo de escalones, en los que las superficies de sus "pedadas" están construidas en acero antideslizante ranuradas o estriadas paralelamente a la dirección de su movimiento que permiten el escurrimiento de líquidos de escasa viscosidad que pudieren acumularse, por lo que se considera suficientemente segura para el caso de humedades o mojaduras de agua. Además, señaló que a la fecha de la inspección no presentaba anomalía alguna (ver fs. 261/64).

Entonces, al margen de que se considere a la escalera mecánica como una cosa riesgosa, cuestión que en doctrina y jurisprudencia ha sido zanjada en forma positiva, por lo que se considera de aplicación la segunda parte del art. 1113 del Cód. Civil (ver Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. cit., t. 5 pág. 524 nº 45; Cifuentes - Sagarna, Código Civil comentado y anotado, t. I pág. 895 nº 4), es evidente el acierto de la sentencia en cuanto refiere que el actor debió acreditar fehacientemente -tal como había alegado en su presentación inicial- que la caída fue producto de un resbalón derivado de la existencia en la escalera de algún líquido apto para provocarlo, carga con la que de ninguna manera cumplió, lo que deriva necesariamente en el rechazo de la demanda que impetrara, situación que no se ve alterada por la conducta procesal asumida por la demandada, la que en definitiva no tiene relevancia para la resolución correcta del entuerto.

En suma, voto para que se confirme la sentencia de fs. 365/67, con costas de Alzada al actor vencido, pues no encuentro mérito alguno para apartarse del principio objetivo de la derrota que estatuye el art. 68 del Cód. Procesal.

Los doctores Dupuis y Racimo por análogas razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido.

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 365/67, con costas al actor vencido.

Conforme el monto reclamado en la demanda, a la calidad, eficacia y extensión de la tarea realizada, etapas cumplidas y lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 37 y concs. de la ley 21.839, se confirma la regulación de los Dres. D. K. B. y A. H. M. P., letrados apoderados de la demandada y la de los Dres. M. L. S., H. P. C. G., M. P. S., M. A. R. y S. E., letrados apoderados de la citada en garantía, por resultar bajas y habérselas apelado solamente "por altas" y se modifican las restantes, fijándose la retribución del Dr. S. S. R., letrado apoderado de la actora, en SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 6.250.-), la del Dr. R. R., patrocinante de la misma parte, en MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 1.900.-) y la de la Dra. E. M. B. G., apoderada de la misma parte, en SEISCIENTOS PESOS ($ 600.-).

Por la actuación cumplida en esta instancia, resultado obtenido y lo dispuesto por el art. 14 del arancel, se regulan los honorarios del Dr. S. R. en DOS MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 2.200.-), los del Dr. E. T., letrado apoderado de la demandada, en CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 4.200.-) y los de la Dra. E. en CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 4.200.-).

Por la tarea de fs. 105/110, 196/198, 231/240 y 253, su mérito y extensión y la debida proporción que los honorarios periciales deben guardar con los de los profesionales intervinientes en todo el proceso (ley 24.432, art. 10; esta Sala, c. 66.064 del 19/3/90), se confirma la regulación del médico J. A. A. por resultar baja y habérsela apelado solamente "por alta" y la del ingeniero J. C. A., por resultar ajustada a derecho, modificándose la del contador A. O. T., que se fija en DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 2.400.-). Mario P. Calatayud.- Juan Carlos G. Dupuis.- Fernando M. Racimo.