Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-15


SENTENCIA N° 95.499	CAUSA N°40.448 /2010 SALA IV "SUBIZAR ISIDORO Y OTROS C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA AFIP DGI S/ JUICIO SUMARISIMO" JUZGADO N° 58 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 15 DE JUNIO DE 2011, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Vuelven las actuaciones a conocimiento de la alzada como consecuencia de los recursos de apelación deducidos por la demandada a fs. 238 y 239 (el primero de ellos, fundado mediante el memorial de fs. 242/249, con réplica de los actores a fs. 251/257) contra la sentencia de primera instancia de fs. 232/237 que hizo lugar a la demanda.

II) Según surge de la documentación acompañada, el 14 de setiembre de 2010 la demandada dictó la disposición n° 354/10 mediante la cual, por "razones funcionales" que no explicitó, dispuso "dar por finalizadas las funciones que les fueran asignadas oportunamente a los abogados Mariano Agustín POSSE e Isidoro SUBIZAR en el carácter de Agentes Judiciales en jurisdicción de la Agencia n° 8 de la Dirección Regional Centro" y, consecuentemente, "dar por finalizado el ejercicio de la representación judicial de la Administración Federal de Ingresos Públicos" a los citados agentes y asignarles "el Grupo 19, Función 2, Abogado de 3ª de la Clase Administrativo y Técnico del ordenamiento escalafonario previsto en el CCT Laudo n° 15/91 (t.o. Resolución S.T. n° 925/10)" (cfr. fs. 38/40).

Los afectados promovieron entonces la presente demanda sumarísima con fundamento en el art, 66 de la LCT (modificado por la ley 26.088), en procura del restablecimiento de las condiciones de trabajo alteradas por la citada disposición n° 354/10 y la reasignación de su condición de Agentes Judiciales desplegada desde 1991 (en el caso del Dr. POSSE) o desde 1993 (en el caso del Dr. SUBIZAR).

La Sra. Jueza a quo hizo lugar a la demanda, pues consideró, entre otras razones, que: a) las declaraciones testimoniales de autos acreditan que la reubicación de los actores dispuesta por la demandada afecta elementos esenciales del contrato, esto es, la remuneración, el horario y el lugar de trabajo; b) la circunstancia de que la entidad administrativa obre en ejercicio de facultades discrecionales, no puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo, exige la ley 19.549; c) el hecho de que se reconozca una razonable amplitud de criterio a la administración, no significa, de por sí, la posibilidad de juzgar que, en determinados casos puntuales, pudo haberse incurrido en una antijuridicidad; d) en el caso de autos, la medida cuestionada no puede ser armonizada con el art. 66 de la LCT que subordina el ejercicio del ius variando a los requisitos de razonabilidad, no alteración esencial del contrato y ausencia de perjuicio material o moral; e) la disposición 354/10 altera los elementos esenciales del contrato e implica en los hechos una descalificación de los accionantes en abierta contradicción con el criterio sustentado por la Corte en el precedente "Olavarria y Aguinaga", por lo que resulta arbitraria.

La demandada se agravia de esa decisión, pues estima, en síntesis, que: a) el art. 34.3.3 del CCT Laudo 15/91 faculta expresamente a la AFIP para reasignar las funciones de los agentes fiscales, y que en el caso su parte ejerció esa facultad de conformidad con el precepto citado, que prevalece sobre las disposiciones de la LCT; b) es de la esencia de la relación de empleo público la potestad del empleador de variar las funciones encomendadas en razón de la concreta necesidad del servicio, siempre que tales modificaciones sean impuestas de modo razonable y no signifiquen la asignación de tareas impropias de la posición escalafonaria que corresponde al agente; c) en el caso, la reasignación de las funciones encomendadas a los actores en modo alguno importaba una descalificación y/o medida disciplinaria encubierta, sino el ejercicio de una facultad legítima de la administración; d) la sentencia apelada se limita al examen de la prueba testifical, sin analizar la medida dispuesta a la luz del marco jurídico en que se inscribe la relación de empleo público, y sin considerar las restantes pruebas producidas en autos; e) contrariamente a lo sostenido por la jueza, en el caso no existió modificación de horario alguna, pues los actores, al igual que los demás agentes, tienen la obligación de cumplir una jornada de ocho horas diarias en forma personal; f) la mecánica laboral y el lugar y horario de trabajo que considera afectadas la magistrada, "no son más que la irregular modalidad con que los actores ejercían la función, delegando en terceros el cumplimiento de tareas propias de su función, para dedicarse a otros asuntos", por lo que la pérdida de tal posibilidad no puede ser objeto de reconocimiento, ni reputarse afectación de elementos esenciales del contrato; g) en cuanto a la remuneración, la jueza no ha valorado debidamente la prueba de autos, pues como surge del informe contable producido, los montos de los rubros fijos que integran la remuneración son más elevados en el abogado de Grupo 19 que en el agente fiscal, que ostenta el Grupo 8 (categoría más baja en el escalafón en relación con el Grupo 19) y lo mismo sucede con la participación en la Cuenta de Jerarquización.

Anticipo que, a mi juicio, el recurso no merece trato favorable, por los motivos que paso a explicar.

III) Conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema (citada tanto por la Sra. Jueza a quo como por la recurrente), debe reconocerse a la administración una razonable amplitud de criterio en el ejercicio de sus facultades discrecionales, sin que las decisiones atinentes a la política administrativa constituyan una materia justiciable, en tanto las medidas adoptadas no impliquen respecto de los agentes una descalificación o medida disciplinaria encubierta (Fallos: 321:706 y, más recientemente, sentencia del 8/5/07 en autos "Olavaria y Aguinaga, Jesús María c/ Administración Federal de Ingresos Públicos", Fallos: 330:2180).

En el mismo orden de ideas, el alto Tribunal ha expresado que es de la esencia de la relación de empleo público la potestad del empleador de variar las funciones encomendadas en razón de la concreta necesidad del servicio, siempre que tales modificaciones sean impuestas de modo razonable y no signifiquen la asignación de tareas impropias de la posición escalafonaria que corresponde al agente (Fallos: 318:500 y su cita; en igual sentido, cfr. el dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal en autos "Schiavone, Diego Gerardo c/ Estado Nacional [Administración Federal de Ingresos Públicos], publicado en Fallos: 332:1413).

Por ende, el ius variandi (que existe tanto en la relación de empleo público como en la de carácter privado), en virtud del cual la forma y modalidades de la prestación del trabajo pueden ser modificadas por el empleador, tiene como límite que el ejercicio de esa facultad no sea irrazonable, ni ocasione un perjuicio moral o material al agente, quien como consecuencia de aquél, resulte afectado por el cambio (cfr. dictamen precedentemente citado).

Pues bien, en el caso de autos estimo que la modificación ocasiona a los actores un perjuicio material de gran magnitud, debido a la pérdida de un componente importante esencial de su remuneración: los honorarios.

En efecto, como es sabido, los agentes fiscales que representan o patrocinan al fisco tiene derecho a cobrar, además de la remuneración estricto sensu asignada, una participación en sumas provenientes de terceros (honorarios), a la que se refiere el art. 98 de la ley 11.683, y a la que se le ha reconocido el carácter de incentivo (CSJN, 6/11/07, "Dadón, Víctor Carlos y otro c/ Administración Federal de Ingresos Públicos", Fallos: 330:4721).

En el caso, los actores percibieron, durante el último año, los siguientes ingresos provenientes de honorarios (conforme los recibos acompañados por la demandada, obrantes en el sobre agregado por cuerda):

Fecha de pago	ZUBIZAR	POSSE 7/12/09	$ 18.438,50	$ 11.315,51 8/1/10	$ 21.876,06	$ 11.418,93 5/2/10	$ 5.692,09	$ 10.349,76 8/3/10	$ 16.495,97	$ 13.547,56 13/4/10	$ 17.464,04	$ 13.083,08 11/5/10	$ 12.448,81	$ 11.643,39 8/6/10	$ 10.038,24	$ 11.269,79 7/7/10	$ 16.414,68	$ 13.518,09 6/8/10	$ 18.776,17	$ 12.766,27 7/9/10	$ 14.244,97	$ 15.840,14 7/10/10	$ 15.563,83	$ 12.159,07 5/11/10	$ 16.658,38	$ 14.391,23 TOTAL ANUAL	$ 184.111,74	$ 151.302,82 PROMEDIO MENSUAL	$ 15.342,64	$ 12.608,56 No se me escapa que, como consecuencia de la modificación, los actores experimentarían (según el peritaje producido por la demandada y mencionado por ésta en su memorial) un incremento en los rubros fijos que integran la remuneración (sueldo básico, bonificación especial, etc.) de $ 2.131,64 ($ 10.471,22 - 8.339,58, cfr. anexo "A" del peritaje obrante en el sobre agregado por cuerda), como así también un incremento en la "cuenta de jerarquización" de $ 2.262,44 ($ 8.148,85 - $ 5.886,41, cfr. anexo "A" citado).

Pero aun así, el cambio ocasionaría, en promedio, un perjuicio neto de $ 10.948,56 mensuales para SUBIZAR ($ 15.342,64 - $ 2.131,64 - $ 2.262,44) y de $ 8.214,48 mensuales para POSSE ($ 12.608,56 - $ 2.131,64 - $ 2.262,44).

Dado que los nombrados cobraban, al mes de octubre de 2010, un haber total de aproximadamente $ 36.580,51 (SUBIZAR) y $ 33.129,15 (POSSE) , ello importaría una merma salarial del 30% para el primero y del 25% para el segundo.

En tales condiciones, la modificación en cuestión ocasionaría a los actores un grave desmedro patrimonial e importaría consecuentemente una verdadera descalificación de los agentes, por lo que coincido con la Sra. Jueza a quo en que, en las particulares circunstancias del caso, la demandada excedió los límites trazados por la jurisprudencia de la Corte Suprema antes citada.

Propongo entonces confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide.

IV) También se agravia la apelante de la imposición de costas, pues sostiene que las circunstancias que rodean al caso de autos permitirían considerar que su parte "actuó sobre la base de una convicción razonable acerca de la posición asumida en la contestación de demanda".

La exención de costas que autoriza el art. 68 del Código Procesal procede, en general, cuando "media razón fundada para litigar", expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del hecho invocado en el litigio. Sin embargo, no se trata de la mera creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo de costas y sólo ha de disponérsela cuando existan motivos muy fundados, por la preponderancia del criterio objetivo de la derrota (C.N.A. Civ., Sala E, 26/12/97, "Becerra de Delgado, Ana Cecilia c/ Delgado, José Hugo s/ medidas precautorias"; esta Sala, 20/2/08, S.D. 93.001, "Sotelo, Eva Nelly c/ Medical Park S.A. y otros s/ despido"; íd., 14/5/10, S.D. 94.677, "Rodríguez, María Eugenia c/ FV S.A. s/ certificado de trabajo"; íd., 14/5/10, S.D. 94.661, Prieto, Cecilia Ramona c/ Coto CICSA y otro s/ accidente - acción civil"; íd., 14/5/10, S.D. 94.673, "Costa, María de los Ángeles c/ Mapfre ART S.A. s/ accidente - ley especial"; íd., 31/5/10, S.D. 94.717, Giuliano, Fernando Martín c/ Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación Civil s/ despido").

Ahora bien, en el presente caso no advierto la presencia de motivos objetivos que justifiquen la exención solicitada, por lo que propongo confirmar el pronunciamiento también en este aspecto.

V) Asimismo la demandada apela por altos los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados por la representación letrada de los actores, y la trascendencia de esa labor profesional, los estipendios en cuestión ($ 6.000) no lucen excesivos, por lo que sugiero confirmarlos (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839 y 38 L.O.).

VI) En síntesis, voto por confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso, con costas en la alzada a la demandada, regulándose los honorarios de los profesionales de ambas partes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por coincidir con los fundamentos precedentes adhiero a lo decidido.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso, con costas en la alzada a la demandada, regulándose los honorarios de los profesionales de ambas partes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria