marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Campaña electoral, propaganda política
Materia: ELECTORAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles y otros c/ Estado Nacional s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-06

Cabe rechazar el planteo de inconstitucionalidad solicitado por una asociación civil, tendiente a impugnar la utilización de publicidad oficial durante el período de campañas electorales, pues la legislación nacional no regula especialmente la publicidad de los actos de gobierno, sino que sólo prohíbe aquellos que expresamente tiendan a la captación del sufragio a favor de alguno de los candidatos, lo que no podría ser extendido a aquellos supuestos en los que implícitamente se convoque al apoyo de un candidato, como lo solicita el recurrente, ya que el Poder Judicial carece de facultades para modificar los términos de una disposición legal, y expandir sus alcances a supuestos claramente excluidos, menos aun cuando, como en el caso, reviste naturaleza penal -art. 133 bis Código Electoral Nacional-.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, jubilaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: NOEMI VICTORIA CIEZA c/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL s/ DEMANDA.    JUBILACION Y PENSION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que, al hacer lugar a la demanda contencioso administrativa, declaró la nulidad de la resolución del Instituto de Previsión Social y del decreto Nro 184-78, y reconoció a la actora el derecho de obtener su jubilación. Ello así, pues los agravios de la apelante remiten al examen de cuestiones de derecho previsional y público local, materia propia del tribunal de la causa y ajena -como regla y por su naturaleza- a la instancia del art. 14 de la ley 48, máxime cuando la decisión tiene fundamentos suficientes de igual carácter que, más allá de su acierto o error, eliminan la tacha de arbitrariedad invocada.
Participación secundaria, promesa anterior, tentativa, comienzo de ejecución del delito, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: MAROZ, VICENTE Y OTROS s/ PARTICIPACION SECUNDARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-05

Corresponde absolver al encausado, al que se atribuye participación secundaria en el hecho por haberse comprometido con anterioridad a comercializar parte de la cosa sustraida, dado que su actuación no tuvo comienzo de ejecución, pues no llegó a recibir la cosa que debía reducir.

La sola acreditación de la promesa anterior para obrar de ese modo resulta insuficiente como acción penalmente reprimible, porque el derecho criminal no castiga las intenciones ni los actos preparatorios que no importen comienzo efectivo del "iter criminis", condición exigible aunque el delito quede en el umbral conativo.
Banco central, régimen de garantía de los depósitos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LABIAN S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-24

Toda vez que el certificado fue emitido directamente a nombre de la actora, y hallándose, por tanto, anudada la relación cambiaria entre esa firma y la financiera que recibió el depósito, es evidente que el banco central -en el carácter de garante de dicho depósito- está habilitado para oponer a la primera, excepciones fundadas en la causa misma del título. Así se desprende con referencia a los obligados inmediatos, del texto de los arts. 212 del código de comercio y 18 del decreto-ley 5965/63 y lo admite la doctrina nacional uniformemente en los procesos de conocimiento. Con específica referencia a los certificados de depósito a plazo fijo nominativo transferible (ley 20.663), Recordando que se trata de títulos causales -en cuanto a que la ley exige la causa asentada en el documento al requerir que se anote "la cantidad depositada"- que a los efectos circulatorios poseen el límite de la literalidad, se sostiene idéntica doctrina, es decir, que entre depositante y emisor puede hacerse valer la relación causal subyacente. (S2,1810 240583)
Retroactividad de la ley, ley formal, interpretación de la ley, competencia, cuestiones de competencia, competencia de instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: RIQUELME, H. s/ USURPACION.    COMPETENCIA    CRIMINAL.   COMPETENCIA  CORRECCIONAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-29

La retroactividad de las normas procesales, en cuanto ello atañe a determinar cuál de las leyes sucesivas debe regular la actividad procesal, al no estar contenidas en preceptos expresos de CN, permite su libre reglamentación.

Cuando se modifica el ordenamiento jurisdiccional, la competencia del Juez que conoce en el proceso pendiente debe ser mantenida y en el presente caso, instruido por el delito de usurpación -iniciado antes de la vigencia de la ley 23077-, debe seguir entendiendo el señor Juez de Instrucción que previno.
Mandato irrevocable, extinción del mandato, muerte del mandatario
Materia: CIVIL
Carátula: Barila, Antonia s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

El poder irrevocable queda resuelto, después de la muerte del mandatario, si los herederos fuesen menores o hubiese otra incapacidad.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, automotores, indemnización, pago en cuotas, intereses, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa  c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-04

Resulta improcedente aplicar intereses sobre las cuotas de la prima que no se hubieren devengado en los casos en los que se verificó un siniestro total, pues si bien es cierto que la prima es indivisible y el recargo financiero empleado en la modalidad de pagos parciales tiene como finalidad mantener la capacidad económica y financiera, así como posibilitar el cumplimiento de las obligaciones del asegurador; sin embargo, los elementos que integran la prima neta -a diferencia del caso de la prima bruta- son ajenos a las implicancias de financiación y no conmueven aquella capacidad económica - financiera.

Además, este recargo financiero es debido por el plazo concedido por el pago en cuotas, a fin de permitir al asegurador mantener actualizado el valor económico de la prima, pero no es necesario en caso de que la misma se cancele en un solo pago.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, decomiso, acción de restitución
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: BARRIOS, VANESA; GOROSITO, SILVANA JESICA; CANTERO, ARIEL MAXIMO c/  s/ ASOCIACION ILICITA -APELA DECOMISO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-28

Si bien la compareciente afirma que la inapelabilidad de la decisión de decomiso le provoca un perjuicio de imposible reparación posterior, al disponerse respecto de un bien inmueble que fue ofertado -por ella- en una suspensión de juicio a prueba, con afectación de derechos y garantías constitucionales de propiedad, legalidad, debido proceso, defensa en juicio y excediendo los Judicantes las atribuciones del artículo 389 de la ley 12734, tales alegaciones son insuficientes frente a los argumentos de la Alzada, que concluyó que la resolución no revestía el carácter de definitiva ni auto equiparable, al sustentarse en el artículo 23 del Código Penal que expresamente alude a la acción de restitución -ya sea por vía civil o administrativa- de quien considere afectados legítimos derechos.
Accidentes de trabajo, prueba, enfermedad preexistente, asegurador por riesgos del trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Ghiglia, Juan Carlos c/ Prevención ART S.A. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-28

Dado no haberse alegado (ni acreditado con el pertinente informe médico preocupacional del trabajador) que el actor presentara alguna minusvalía preexistente al ingresar a trabajar para su empleadora, debía tenerse como plena certeza que en tal oportunidad se encontraba sano y apto para cumplir las tareas de fuerza que aquélla le encomendara. Tampoco alegó la ART, a partir de alguno de los exámenes médicos periódicos realizados a los trabajadores de su afiliada (se ignora si dichos exámenes periódicos fueron efectuados al actor, pero tal duda debe enrostrarse a la ART dado que debió despejarla), que a julio de 2015 el demandante sufriera algún tipo de dolencia o patología en su rodilla izquierda. Debe inferirse así que a esa fecha el actor no presentaba las secuelas deportivas incapacitantes que aquella ligeramente agitó al inicio de este proceso. El actor sufrió un daño "por el hecho o en ocasión del trabajo", y siendo así la existencia de nexo de causalidad se presenta jurídicamente evidente (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, empleador fallido, calificación de conducta, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: ROS JOSE RAUL c/ BANCO HISPANO CORFIN <S.A.> s/ CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-15

Conforme lo dispone el art. 251 de la ley 20744 la quiebra tiene que haberse producido por causas no imputables al empleador, para que la indemnización a abonar sea la que establece el art. 247 de la ley 20744, pues en cualquier otro supuesto corresponde se abone la indemnización prevista en el art. 245 de la ley 20744. En tal sentido el art. 251, no se refiere a la calificación de la conducta del fallido, sino simplemente y conforme los principios y normas vigentes del derecho laboral, lo que debe determinarse es si la quiebra ha acaecido por causas imputables al fallido, a efectos de determinar cuál de las indemnizaciones previstas en la ley (art. 251 ley 20744) es la que debe mandarse a pagar.

Puede ocurrir, que la calificación a que se arribe en la quiebra cualquiera sea ésta, puede no ser óbice para que la misma haya ocurrido por causas imputables o no al empleador en la medida que no se pruebe que en la extinción del contrato de trabajo aconteció alguna de las causas previstas en el art. 247 de la ley 20744, que la ley laboral prevé como causas no imputables al empleador, siempre que estén fehacientemente justificadas. En consecuencia, sólo debe el Juez con competencia laboral establecer si se ha acreditado que alguna de esas circunstancias son las que han llevado al empleador a abonarles al empleado la indemnización reducida del art. 247 ley 20744, pues la misma es de excepción y la sola circunstancia de la quiebra es suficiente para dar por acredita tales extremos legales.-
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, facultades del fiscal, consentimiento del fiscal, facultades del juez
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Semprevivo, Sabrina s/ infracción art. 189 bis C.P. - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-12

Si el fiscal sólo se opone a la suspensión del juicio a prueba alegando ausencia de requisitos legales de admisibilidad, y el tribunal los considera cumplidos, equivale a consentimiento (conf. Bovino, Alberto, "La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino", ed. del puerto, 2001,, pág.171).
Suspensión del juicio a prueba, delito penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: arrientos Borquez, José Heriberto; Navarrete Martínez, José Antonio s/ Hurto ganado menor
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-02-26

Entendido sin dificultad su texto legal, no cabe -sin mengua de las atribuciones propias del Poder Legislativo- extender su alcance con argumentos fincados en razones de política criminal y mejores resultados en relación a la administración de justicia. Tanto más si los antecedentes parlamentarios explicitan que ha sido examinada por el legislador la posibilidad de regular el instituto con mayor amplitud y, luego de la discusión formada sobre el punto, optó por el criterio restrictivo (aún desechando, al respecto, la postura del proyecto del Poder Ejecutivo, marco inicial del tratamiento legislativo).
Honorarios del abogado, depósito judicial, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO AVELLANEDA SA c/ SANTIAGO FAUSTINO s/ PREPARA VIA EJECUTIVA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-29

Estando determinados los honorarios definitivos por el tribunal de alzada, su repotenciación queda supeditada a la existencia de los presupuestos de admisibilidad contemplados por la ley 21839: 61, de lo que se sigue que en tanto el depósito del importe regulado haya sido efectuado sin mediar mora conforme a las prescripciones del art. 49 De la ley citada, no corresponde admitir la corrección del monto del estipendio en función de la desvalorización monetaria operada.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos, prestación de servicios, sociedad prestadora de servicios médicos, contrato de asistencia integral al viajero, alcance de la cobertura, embarazo, deber de información
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fontana Gribaudo Livia y otro c/ Assist Card Argentina SA de Servicios y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Corresponde admitir la demanda de daños y perjuicios incoada por un matrimonio contra una empresa de asistencia al viajero y una administradora de tarjeta de crédito, con motivo del incumplimiento del contrato de asistencia al viajero que vinculaba a las partes, ya que la accionada denegó la cobertura y el reintegro de las facturas emitidas por la atención médica otorgada a la coactora embarazada, quien sufrió una descompensación mientras se encontraba de viaje en Roma. Ello así, toda vez que la información suministrada a los actores fue parcial e incompleta. En efecto, no se indagó acerca de la salud de los accionantes o si poseían alguna condición especial a considerar, y a su vez, al momento de referirse a las exclusiones de cobertura, un operador de la demandada mencionó "...contemplaremos cualquier tipo de imprevisto médico que surja, menos los deportes extremos o enfermedades preexistentes...".
Cheque sin fondos, bien jurídico protegido, acuerdo de partes
Materia: PENAL
Carátula: MITCHELL, ROBERTO RAUL s/ Cheque sin fondos Causa 30590
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-22

La naturaleza de medio de pago atribuida por la ley al cheque no puede ser cambiada por la voluntad de las partes de una transacción comercial. La ley contempla los cheques dados por "cualquier concepto". La norma del artículo 302 del Código Penal ha sido instituida como tutela de la fe pública, con motivo de la emisión por particulares de cheque, equiparables bajo muchos aspectos a la moneda y aptos en varios casos para circular entre indeterminadas personas, bajo la confianza de que sus importes serán satisfechos al ser presentados al banco. En estas condiciones, la aludida fe pública resulta afectada por el mero hecho del libramiento, aunque por acuerdo o simple inteligencia entre el librador y tomador del documento, la función propia del cheque haya sido desnaturalizada en el acto que le da origen.
Honorarios, peritos, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: PAEZ Héctor del Rosario c/ Chirino José Alberto y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-05-04

Es que la cuestión sobre si la perito la perito actuante se encuentra o no habilitada para reclamar sus honorarios por vía del trámite de ejecución de sentencia (art. 461, CPCCyM) contra la aseguradora citada en garantía debía ser planteado y tratado de acuerdo a lo previsto -en su caso- en las normas procesales citadas, y no cuando sus honorarios aun no han sido regulados.
Prueba confesional, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Colegio de Psicologos de la Provincia de Buenos Aires c/ Romero, Juan José y otros s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-02

La prueba de confesión tiene por finalidad, desde la perspectiva de la verdad, que el absolvente reconozca hechos que le resultan desfavorables (arts. 402, 409, C. Procesal). Además, constituye un principio común, que las alegaciones de las partes nunca pueden servir como elementos de convicción favorables a quien las emite, sino que es menester que las acrediten por lo medios probatorios admisibles (arts. 358, 375, 2º apart., 384, C. Procesal).
Legitimación activa, indemnización por muerte, muerte de un hijo, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: Pángaro, Luis J. y otra c/ García, Miguel A. y otro s/ Accidente de tránsito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-17

La muerte del hijo concebido - al igual que la del nacido y de corta edad - es indemnizable por el responsable del fallecimiento, dentro del concepto de daño material y como frustración de la "chance" de ayuda futura que los padres lógicamente podrían esperar.

Dicha probabilidad no es hipotética o conjetural, dado que resulta verosímil en el curso ordinario de las cosas y la normal estrechez de las relaciones familiares.

Se ha reconocido el derecho de los padres a ser indemnizado por la pérdida de dicha "chance", advirtiendo que la distinción entre hijo concebido y nacido es de grado y no de esencia: cuanto más próximo esté el hijo de llegar a la edad que le permitirá cooperar económicamente con sus padres, mayor será la probabilidad de que así habría ocurrido de no haber fallecido. Pero también se ha negado la posibilidad de existencia de un daño patrimonial por el deceso del "nasciturus", con fundamento en que la "chance" perdida es muy remota.

Si tal es la situación de la cuestión cuando quienes reclaman son los progenitores del hijo concebido, ninguna duda puede caber para llegar a la conclusión negativa cuando son los abuelos quienes reclaman la indemnización. Es claro que la expectativa de colaboración y que se frustra por la muerte del nieto en gestación es lejana si se advierte que cuando aquél contara con 20 años de edad los abuelos serían octogenarios, lo que haría imposible que se vislumbre un daño patrimonial para ellos.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, doble instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Locarno SA c/ SA Masciorini y Cía.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-07-21

Lo resuelto por la sala de una cámara nacional de apelaciones respecto de la paralización de una causa por haber mediado convocatoria para tribunal plenario ­en el caso, la sala dictó el fallo impugnado como violatorio del art. 27 del decreto ­ ley 1285/58 antes de recibir comunicación que convocaba a tribunal pleno­ es cuestión procesal, irrevisible en instancia extraordinaria.
División de condominio, herederos, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FRIAS Isabel Alida c/ Rodríguez José Antonio s/ División de Condominio - Monitorio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-10-02

Es perfectamente congruente concluir que por el juego armónico de los arts. 2524 inc. 6 y 2503 inc. 1 del C.C. ley 340 en concordancia con los actuales artículos 1997 y 2337 del Nuevo Código Civil y Comercial los actores como continuadores de la persona del causante cotitular registral del inmueble están investidos de la legitimación pertinente para reclamar la partición y consecuente división de condominio, calidad que también les reconoce la jurisprudencia que cita el fallo y que puede ejercitarse aun cuando los bienes del sucesorio no se hayan inscripto a su nombre extremo que encuentra correlato y concordancia con el instituto del tracto abreviado que instituye la ley 17801 que permite que los herederos declarados puedan enajenar los bienes de la herencia sin previa inscripción a su nombre en el Registro General Inmobiliario.
Verificación de créditos, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Azara Oscar Manuel s/ Concurso Preventivo. Incidente de revisión respecto del crédito de  Juan Carlos Corti revisión respecto del crÚdito de  Juan Carlos Corti revisión respecto del crédito de  Juan Carlos Corti
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-10

Condicionan el valor a asignar a la exigencia del acreedor que muestra a su favor un pronunciamiento recaído en el juicio ejecutivo, tanto la conducta procesal de las partes y las propias actuaciones del juicio concursal, cuanto las particulares circunstancias del caso, apoyado en criterios flexibles y realistas, y las directivas del derecho de fondo y procesal en punto a la carga de probar.
Indemnización por accidente de trabajo, opción del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: ANDRADES, RICARDO MARIO c/ ENTEL s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-19

Quien ejerce la opción como lo autoriza el artículo 17 de la ley 9688 debe asumir todas las consecuencias que puedan derivar de su accionar, no pudiendo pretender ampararse en institutos exclusivamente establecidos y reservados al ámbito de la específica ley de accidentes. (conforme Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V, 'López c/ Catrini' del 21 de junio de 1977).
Juez de ejecución, revocación de la condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: Pardo Ramos, Antonio s/ revocatoria de condicionalidad de la pena c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

El juez de ejecución se encuentra facultado para revocar la condicionalidad de la pena si el control de las reglas de conducta se encontraba vigente, mas no una vez fenecido y sin dar respuesta a los planteos de la defensa (voto de los jueces Bruzzone, Llerena y Días)
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Colman, Martina c/ González, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-04

La supresión de la vida humana se traduce en una afectación patrimonial respecto de quienes comparten una comunidad espiritual y económica, o sea la familia orgánicamente considerada y no sobre las personas que la componen, apreciadas individualmente, por lo que no resulta aconsejable deslindar lo acordado para cada uno de los coactores; máxime cuando tal deslinde no fue solicitado por los interesados, quienes se limitaron a formular el reclamo globalmente (arts. 163 inc. 6 y 330 inc. 3 CPCC).
Accidente de tránsito, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lezcano, Inocencio c/ Empresa San Martín y/o García Jorge s/ Daños y Perjuicios Jorge s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-26

Aunque no se exija la prueba fehaciente de la cuantía es menester acreditar de modo efectivo la frustración de ganancias esperadas, demostrando el desarrollo de tareas habituales al margen de las efectuadas en relación de dependencia; por cuanto la pérdida de ingresos deben exteriorizar en efectivo quebranto patrimonial a consecuencia del hecho, debiendo el reclamante arrimar todos aquellos elementos que permitan establecer en forma categórica si calidad de legitimado para formular el reclamo y la extensión del mismo.
Competencia por conexidad, acumulación de procesos, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: "AFIP - DGI en autos: AFIP - DGI en autos "M. R. S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO" Expte. Nº 2040/01 s/ VERIFICACIÓN DE CREDITO Expte. Nº 1942/01 s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-14

"La acumulación dispuesta a los fines de dictar una sola sentencia, no es obstáculo a que se decrete la caducidad de la instancia en uno de los expedientes, si se tramitaban por cuerda separada".