marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Haber de retiro, aumento salarial, adicionales de remuneración, compensación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Muller, Modesto Lucilo y otros c/ Estado Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-17

Las sumas otorgadas por los Decretos 1994/06, 1163/07, 1653/08, 753/09 y 2048/09, no se fundaron en el mecanismo previsto normativamente para los haberes de retiro, donde no se prevé que se otorgue suma alguna fuera de las previstas por el art. 74 de la ley 19.101. Antes bien, lo fueron por vía de consi-derar que tales incrementos se practicaron sobre suplementos particulares o por aplicación de la ley 26.417, lo cual permite deducir, desde la primera, el planteo de un gran interrogante frente a lo previsto por el art. 74 inc. 2 de la ley referida; o bien, desde la segunda, que se trata de un acto causado por in-fluencia del porcentaje que las previsionales de dicha ley arroja pero para el ámbito para la que fue creada. A ello se debe sumar que se lo hace en concepto de "compensación", calificación que sólo tiene una acepción que no es la de la ley, puesto que no se trata de personal ". que en razón de actividades propias del servicio deba realizar gastos extraordinarios." como en ella se dice. En consecuencia, no co-rresponde su encuadramiento en concepto alguno de la normativa aplicable, motivo por el cual, tampoco puede analizarse la existencia de la generalidad alegada ni, obviamente, mucho menos, a qué rubro del haber asignarlas.
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, educación pública, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 790-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-04-19

Vinculándose el conflicto planteado, en substancia, al cumplimiento de cometidos esenciales de los poderes públicos, la proyección de la decisión podría afectar en primer grado, tanto a la administración provincial, como a los municipios de la jurisdicción y finalmente, a la educación que se brinda a la comunidad santafesina, superándose el marco del conflicto meramente individual comprometiendo los del común.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Figueiras, Juan Domingo c/ Santa Elena de Inchauspe S.C.A. s/ Indemnización por daños y perjuicios Díaz, Hipólito c/ S.A.F.R.A. s/ Indemnización por enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06|1993-06-01

No viola la regla de congruencia que excluye de la condena a la compañía de seguros por no existir seguro a la fecha de exigibilidad de la indemnización acordada si la admisión por la aseguradora de la cobertura del accidente motivo del pleito se limitó expresamente a la póliza, límite de la medida del seguro y del alcance de su responsabilidad.
Sucesiones, herencia vacante, petición de herencia, legitimación procesal, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: FERNÁNDEZ,  Adrián Pablo c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ PETICIÓN DE HERENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aries al ser beneficiario de una sucesión reputada vacante se encuentra legitimado para demandar o repeler las acciones que pretendan cuestionar su derecho sobre los bienes recibidos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Arrieta, Santiago O. c/ Gancop S.A.C.I.F. s/ Accidente Doello, Luis c/ Polimec S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04|1997-08-12

Las cuestiones no incorporadas a la demanda -por extemporáneas y novedosas- no pueden constituir base de agravio en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Boletas de sufragio, alianzas partidarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Pérez, Adrián y Otros s/ Apelación Acta N° 11 de la Junta Electoral Nacional - Alianza Afirmación para una República Igualitaria - ARI
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-04

Resulta inadmisible la pretensión de una alianza electoral de llevar sus boletas correspondientes a candidaturas nacionales y provinciales adheridas a las de diferentes agrupaciones municipales con las que no ha formalizado alianzas, puesto que la coalición recurrente no participa en la elección de cargos municipales, por lo que de lo contrario se avanzaría por sobre la autonomía provincial, al vincularse agrupaciones que se rigen por otro orden de legislación.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: DIANO, Darío Esteban s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-19

En mérito a la pertinencia que guarda con la materia sujeta a examen, es lógico que el dictamen pericial acuda, con la finalidad de corroborar sus conclusiones respecto de la velocidad impresa al automotor embistente, a un "test" de rodaje realizado por una revista especializada en automotores.-
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ MAXIMINO, LEMA DE FERNANDEZ ESPERANZA. s/ SUCESIONES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-31

La intención del legislador al permitir la constitución del "bien de familia", ha sido la defensa del núcleo que existía en el momento de su constitución (conf. C.N.Civ., Sala E, del 9-11-72, E.D. 46 365). De allí que la desafectación, en principio, no proceda mientras subsista algún beneficiario. El fin tuitivo de la ley no puede ser burlado cuando precisamente el interés exige proteger a uno de sus miembros, y es para estos casos en que recobra su fuerza, pues el constituyente quiso asegurarle el techo a los familiares más cercanos que vivían en él, fue previsor y recurrió al apoyo de la ley para que, incluso una vez muerto, se respete su voluntad.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, Administración Pública, seguridad jurídica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sovrano, Eduardo y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Pedido de   caducidad (Expte. CSJ Nº 140-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-18

La perención se opera en cualquier estado del juicio, entendiéndose por instancia todo el curso de su tramitación, desde la interposición de la demanda hasta la sentencia. Procede la perención de la instancia aunque se trate de una demanda simplemente interpuesta y no notificada por cuanto la garantía de la seguridad jurídica en la actividad administrativa sufriría menoscabo si mediante la simple instauración de procesos contencioso administrativos -que no perimieran antes de la citación y emplazamiento a estar a derecho- los particulares podrían alongar indefinidamente la etapa previa a ese acto procesal, mediante la articulación de incidentes ajenos a la cuestión substancial de debate.
Fiscal de Cámara, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Domínguez, Ricardo Hector s/ Robo agravado Chiarillo, Héctor s/ Violación Torres, Miguel A.; De Luca, Héctor s/ Robo calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11|1991-11-05|1997-05-20

Es indudable que si la correlación o congruencia entre acusación y sentencia no se relaciona con la calificación jurídica del hecho en que aquélla consiste, el encuadramiento legal que le haya dado el agente fiscal al formular la requisitoria tampoco vincula al Fiscal de Cámaras, dueño -en la apelación libre- del recurso interpuesto por aquél y único legitimado para expresar los agravios que al Ministerio Público causa el pronunciamiento apelado (arts. 300, 321, y concs. , C.P.P. -n.a.-). Si esta expresión de agravios por parte del Fiscal de las Cámaras implica el mantenimiento del recurso interpuesto por el Agente Fiscal, es indudable que no constituye una nueva acusación en el sentido que el Código le otorga encontrándose los jueces de primera instancia y de alzada solamente ligados a la calificación del órgano de la acusación en el cargo del art. 433 del C.P.P.-n.a.-. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Loschinsky, Erika c/ Municipalidad de San Isidro s/ Amparo - Cuestión de competencia art. 6, C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-26

El sistema procesal administrativo vigente en la Provincia de Buenos Aires no legitima para accionar al titular de un interés legítimo.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad médica, prueba, dictamen pericial, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Britez de la Loggia, Aída Mercedes c/ Ministerio   del  Interior  (Pol.  Fed.  Arg.  -  Hospital  Churruca) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Lo concerniente a la culpa de los profesionales del arte de curar ha de ser analizado con criterio jurídico y de conformidad con las directivas que siente el art. 512 del C. Civil. Las opiniones periciales, que por muy respetables que sean no obligan al juez, no se atienen estrictamente a este criterio, y suelen calificar de "error técnico" o de "contingencia propia del riesgo quirúrgico" a lo que en derecho se llama culpa.
Universidades, gobierno de la universidad, rectores, concursos docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Althabe, Sofía y otros c/ Iuna - resol. 758/99 y 64/2000.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

Al no estar explícitamente atribuida al rector del IUNA la competencia para convocar a concursos docentes, esta facultad corresponde al Consejo Superior porque así lo prevé en forma expresa el Estatuto universitario (art. 25, inc. x), norma fundamental que rige el funcionamiento de la institución. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Cesantía ilegítima, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Cánepa, Raúl c/ Municipalidad de Hipólito Irigoyen s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-02-22

El cese ilegítimamente dispuesto provoca al demandante intranquilidad y sufrimientos, extremos estos que pueden desvirtuarse mediante una objetiva prueba de la improcedencia del agravio moral, que debe correr por cuenta del responsable del hecho dañoso.(del voto del doctor de Lázzari)
Cesantía ilegítima, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ibañez, Leopoldina c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

En la reparación reclamada por el agente público declarado cesante ilegítimamente, incumbe al accionante la prueba de la existencia del daño material que reclama. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, monto del juicio, abogados, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Becerra, Julio Cesar (Expte. N° 414-STJ-2.010) s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en Autos: "Expte. N° 6139/2010 - Díaz, Nelida Esther c/ T.M. S.A. s/ Laboral"
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-04-08

Para determinar el monto del litigio que habilite el recurso extraordinario interpuesto por el abogado que reclama el aumento de sus honorarios, se tiene que tener en cuenta la diferencia entre los regulados en primera y segunda Instancia y compararla con la suma establecida en art. 295 del C.P.C.C. de Misiones
Ministerio de Menores, falta de intervención
Materia: CIVIL
Carátula: P.V. y Otra c/ Provincia del Chubut y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-02

No caben dudas que la intervención del Ministerio de Menores está indicada expresamente en los supuestos en que se controvierten derechos de estos incapaces, pero, tal como se ha expuesto precedentemente, no es ésta la situación de autos, pues la acción fue promovida por los progenitores del menor reclamando por los daños padecidos por éstos como consecuencia de la deficiente atención médica de la niña. En este sentido, la conducción del proceso sin haberse ordenado la intervención del Ministerio Pupilar ha sido conteste con la formulación de la demanda, pues no le ha pasado inadvertido al Juez de Grado, ni a la contraria, ni a la Cámara de Apelaciones que la acción ha sido promovida exclusivamente por la apoderada en representación de los padres reclamando por daños "iure propio" y no por los padecidos por su hija menor de edad. En dicho contexto, no es que la falta de intervención del Ministerio Pupilar haya sido en detrimento de los intereses de la menor que la ley tiende a proteger, sino que ha devenido como la consecuencia necesaria del planteamiento efectuado en la acción promovida, por lo que este agravio debe ser rechazado.
Recurso de casación, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Juan Andino Reyes c/ Empresa Joaquín Robledo s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1988-08-09

El decisorio cuestionado no reviste para el agraviado el carácter de definitivo por cuanto lo resuelto en el incidente aunque concluye una determinada controversia acerca de un específico tema, cual es la subasta del bien inmueble en cuestión; no le pone fin al litigio principal, quedando otras vías para poder plantear su pretensión, por lo que deberá declararse inadmisible el recurso en razón de no concurrir los requisitos formales establecidos para su procedencia (Art. 5 y C.C.S. Ley 1.687).
Amparo por mora, costas, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COLLADO José Antonio c/ Provincia de San Juan s/ Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-20

"La acción de amparo por mora consagrada en el art. 41 de la Constitución y regulada por ley 3784, constituye un instrumento instituido en protección del administrado en su relación con la Administración, cuando ésta ejerce función administrativa.

Su procedencia, requiere la existencia de una situación objetiva de mora en cumplir el deber impuesto en un plazo determinado, siempre que la omisión afecte un derecho subjetivo o un interés legítimo y que sea imputable a un funcionario, repartición o ente público administrativo.

Cuando el particular debe recurrir, por causa de la administración, a los estrados de la justicia, a efectos de obtener una orden de pronto despacho -de índole netamente procedimental- a fin de que la autoridad administrativa se expida en forma favorable o contraria a su recurso, es justo que la parte que, con su conducta negligente, ha obligado al actor a demandar, cargue con las costas del proceso. Más aún si la administración no justifica su demora ni expide el acto requerido durante el transcurso del proceso, debiendo el juez ordenar el pronto despacho.

Es decir, en conclusión que corresponde imponer las costas a la administración demandada si ésta produjo la demora que obligó al actor a incoar la acción judicial por el acto administrativo estaba a su cargo".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, inhabilidad de título, juicio ejecutivo, hipoteca, allanamiento, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DEL IGUAZU SA c/ COLLATI, ANA M DE s/ EJECUCION HIPOTECARIA.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 40-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-07-18

No habilita la instancia de excepción del recurso de inconstitucionalidad el escrito de cuyos fundamentos surge que el agravio que la impugnante pretende plantear como cuestión constitucional, no es más que su disconformidad con el criterio con que el tribunal a quo interpretó la normativa procesal aplicable a los autos, interpretación que, independientemente de su acierto o error, es propia de los jueces de la causa y, por ende, no incumbe a esta Corte revisar, a menos que se demuestre que se ha incurrido en un apartamiento del derecho aplicable en relación a los hechos de la causa.

En el caso, la cámara declaró que ante el allanamiento del actor por la inhabilidad de título interpuesta por los demandados que comparecieron espontáneamente al proceso sin haber sido aún citados en un juicio de ejecución hipotecaria, las costas debían ser soportadas por el ejecutante de acuerdo a lo dispuesto por el art 252 inc 1 del código procesal civil y comercial, porque el allanamiento importó una renuncia a sus facultades de transformar su petición al informar el registro general que el inmueble era propiedad de la madre de los demandados.
Libertad asistida, ejecución de la pena, falta de fundamentación, derecho a la intimidad
Materia: PENAL
Carátula: Sueldo, Darío Germán c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-01

Resulta infundada la denegatoria de libertad asistida que se limitó a transcribir parte de los informes del SPF, sin hacer ninguna valoración al respecto. La información que la administración brinda al juez nunca puede ser vinculante porque de lo contrario, se presentaría una alteración en los roles que cada uno de los actores debe cumplir dentro del sistema de ejecución de la pena. Los argumentos relativos a la tendencia a la transgresión de las normas sociales y a la baja tolerancia a la frustración se refieren mayormente a cuestiones subjetivas del condenado que, por expresa disposición del art. 19 CN, integran un ámbito privado en el cual el Estado no puede inmiscuirse, y resulta contraria a ello la evaluación realizada en los informes del SPF receptados por el juez para concluir que la situación encuadra en el supuesto excepcional del art. 54 ley 24.660, máxime teniendo en cuenta que el interno ha demostrado a través de pautas objetivas -satisfacción del requisito temporal, conducta ejemplar y concepto muy bueno, regularidad laboral e inscripción en el área educativa- el cumplimiento de los objetivos impuestos por la administración penitenciaria.
Pérdida de la chance, privación de ayuda económica
Materia: CIVIL
Carátula: SINDONI, JUAN c/ VILLALBA, JUAN E s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

La pérdida de la chance es un daño actual resarcible cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrado por culpa ajena. En cambio, no es resarcible si representa una posibilidad general y vaga.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), caducidad, interrupción de la caducidad, interpretación restrictiva, medidas cautelares, juicio, partes, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: JOCKEY CLUB DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-09-13

La remisión a la baja instancia solicitada por el Fisco para la tramitación de un oficio al Registro General de la Propiedad a efectos de obtener la inscripción de la subsistencia de las cautelares trabadas, en el marco de este proceso - recurso de inconstitucionalidad- no son diligencias idóneas para el concepto de "acto interruptivo". Tanto porque las actuaciones correspondientes a las medidas precautorias no interrumpen el curso de caducidad de la instancia abierta en esta sede jurisdiccional. Cuanto, porque la tramitación de dichas medidas son por naturaleza actos tendientes a otorgar seguridad a las pretensiones de una parte -aquí AFIP-DGI- y, no hacen a la instancia del procedimiento principal, ni afectan su trámite específico. Amén, que reconocido por el propio Fisco que lo perseguido es en único interés de su parte, la procura del mismo no liberaba al Ente recaudador de cumplimentar con la carga procesal de impulsar el proceso, por lo que la presunción de abandono de la instancia evidenciada en la inactividad acontecida, es la que da razón a la solución indicada y al carácter de orden público que tiñe el instituto de la caducidad.(De los fundamentos del Dr. Müller) (Citas:

CCC de Santa Fe, Sala II, R 76, F 176, L 1 del 18/3/2005;

R 300, F 419, L 4 del 5/9/2006)
Daños y perjuicios, daño moral, defensa del consumidor, responsabilidad del banco, mutuo hipotecario, créditos hipotecarios para la vivienda, seguro colectivo, seguro de vida
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOMEZ  RICARDO  EZEQUIEL c/ ABN  AMRO  BANK  N.V.  SUC. ARG. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-24

En el marco de una deuda contraída con una entidad bancaria, cuyo monto hubiere sido asegurado ante el eventual fallecimiento de la deudora por medio de un seguro colectivo de vida, toda vez que al momento de refinanciar el mutuo que constituía la deuda, bien pudo el deudor, al no producirse la novación de las obligaciones asumidas hasta ese momento en el contrato de refinanciación, entender que la cobertura de seguro antes contratada seguía vigente, corresponderá hacer lugar al reclamo por daños y perjuicios efectuado por éste. Ello así en tanto de la lectura del artículo 4 de la ley 24.240, surge la obligación de los prestadores de brindar adecuada información a sus consumidores o usuarios, hecho que no se vislumbra en estas actuaciones porque de haber sido así, el actor hubiera podido tomar las precauciones necesarias como modo de evitar la ausencia de cobertura asegurativa en que quedó por inconsulta decisión del banco. A más, el actor padeció un daño de tal índole, a poco que se repara en que el banco demoró exactamente cinco meses y doce días en responder la misiva que el actor le cursó, anoticiándole del fallecimiento de su cónyuge; entonces el solo transcurso del tiempo sin que el actor obtuviera respuesta, fue apto para generar en él, un padecimiento moral.

Pues véase que, en definitiva, todo lo actuado concierne a la vivienda en la que, hasta el fallecimiento, el actor habitó con su cónyuge y donde aún mora. Sobre tales bases, se fijará la indemnización del rubro en la suma de $ 5.000 (art. 165 cpr).
Cuestiones de competencia, juicio de árbitros, tribunal arbitral de obras públicas, competencia contencioso administrativa, contrato de obra pública, pliego de bases y condiciones, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C.E. e I. c/ Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas en liquidación y Nucleoeléctrica Argentina S.A. s/ Tribunal Arbitral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

En tanto no surge la inclusión de cláusula arbitral alguna del pliego de condiciones del contrato, ni se alegó la existencia de compromiso arbitral posterior entre las partes, es incompetente el Tribunal Arbitral de Obras Públicas para decidir respecto del pago de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la comitente, no encuadrado en el concepto de "mayores costos", pues para habilitar la competencia de dicho tribunal en los conflictos relacionados con la ley 13.064 -que deben debatirse ante la jurisdicción contencioso administrativa-, debe mediar una cláusula o compromiso arbitral entre las partes.