Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07


TUTERA, Juan Antonio contra BANCO DE SANTA FE S.A. Reg.: A y S t 198 p 446-448. Santa Fe, 7 de julio del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia de fecha 10 de setiembre de 2001, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe, en autos "TUTERA, Juan Antonio contra BANCO DE SANTA FE S.A. -C.P.L-" (Expte. C.S.J. nro. 197, año 2002); y, CONSIDERANDO:

1. Por sentencia del 10 de setiembre de 2001, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, confirmó la resolución de primera instancia que había rechazado la excepción de incompetencia articulada por el banco accionado. Asimismo, en lo que aquí es de interés, revocó el pronunciamiento de grado en tanto había admitido el rubro "gratificación especial por jubilación".

Contra tal pronunciamiento, en tanto rechaza la pretensión por la "gratificación especial por jubilación", interpone el accionante su recurso de inconstitucionalidad por considerarlo arbitrario y lesivo de derechos y garantías constitucionales.

Sostiene que los Juzgadores se arrogaron el papel del legislador, en tanto la interpretación que propiciaron contraría el texto expreso de los artículos 30, 31 y siguientes de la ley 10582 y la Ley de Contrato de Trabajo que debían aplicar ineludiblemente, dando pautas de excesiva latitud y fundándose en afirmaciones dogmáticas que consagran una decisión con fundamento aparente.

Ello así toda vez que la gratificación por jubilación consituye uno de los derechos expresamente tutelados por la ley y especialmente garantizado para lo futuro, con lo que mal podía ser derogado por el Directorio de la entidad demandada.

Entiende también que no resultaban de aplicación los principios de derecho administrativo invocados por la Alzada y destaca la protección constitucional de la remuneración, como sus caracteres de irrenunciabilidad e indisponibilidad.

Evacuado que fuera el traslado prescripto por el artículo 4 de la ley 7.055, la Sala denegó la concesión del recurso, lo que motivó que el impugnante acuda en queja ante este Cuerpo de conformidad con el artículo 8 de la citada ley.

2. Conforme resulta del examen de las constancias de la causa, el actor pretende el pago de la "gratificación especial por jubilación" instituida por resolución del Directorio del Banco accionado del 31.8.1961, modificada por acta del 23.4.1986 y dejada sin efecto por acta del 5.7.1991, consistente en el pago de doce meses de remuneraciones; cuestionándose ante esta Sede lo decidido por la Alzada en cuanto al fondo del asunto.

Dichas cuestiones, en tanto remiten al análisis de una relación de empleo público, tornan admisible el recurso interpuesto y habilitan el franqueo de la instancia extraordinaria, por encontrarse comprometida la competencia contencioso administrativa.

Tal circunstancia determinaría normalmente que se le imprima a la causa el trámite contemplado por el artículo 7 de la ley 7.055, mas lo cierto es que tampoco puede escapar al juicio de esta Corte que la cuestión aquí debatida ya ha sido decidida definitivamente por este mismo Tribunal in re "Vieitez" -R. A. y S. T. 180, pág. 65-, extremo que habilita a considerar como posible y razonable resolver en este estadio el recurso planteado, pues lo contrario sólo acarrearía un inútil dispendio jurisdiccional (vide "Nizzo", R. A. y S. T. 99, pág. 242).

Ello así, y habiéndose oído en este acto al señor Procurador General, quien no formula objeciones a la admisibilidad del recurso y firma para constancia (art. 7 cit.), y examinados los expedientes principales (requeridos oportunamente ad effectum videndi), ha de concluírse en que la materia de autos, en tanto involucra el pago de la gratificación especial por jubilación, no constituye uno de los supuestos excepcionales cuyo conocimiento y resolución se han atribuido a los tribunales ordinarios, por lo que corresponde anular la sentencia impugnada en lo atinente a dicho rubro de conformidad con el precedente antes mencionado, a cuyos fundamentos cabe remitir brevitatis causae.

Tal respuesta como regla -y por imperio del artículo 12 de la citada ley 7.055- supondría la remisión de la causa a otro tribunal para que juzgue la misma nuevamente. Sin embargo, según se expusiera in re "Grandinetti" y se reiterara en la causa "Bongiovanni" (R. A. y S. T. 132, pág. 477 y T. 135, pág. 343, respectivamente) razones de economía procesal tornan aconsejable prescindir de tal reenvío atento a que en definitiva el tribunal subrogante se limitaría a pronunciarse conforme a lo aquí resuelto, dilatándose innecesariamente la controversia.

Por ello, en miras del tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda (conf. "Mori", R. A. y S. T. 131, pág. 105, etc.) e interpretando prudencialmente las normas y principios aplicables con la finalidad de evitar que los particulares queden fuera de la protección jurisdiccional, en situación de indefensión (conf. Fallos, 302:1611; 310:854 y 1036, etc.), ha de otorgarse al actor la posibilidad de ocurrir ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo a través de la correspondiente demanda contencioso administrativa, confiriéndosele un plazo de treinta días desde la notificación del presente decisorio para que, en su caso, adecue sus pretensiones a los términos y exigencias de la ley 11.330, con noticia al Tribunal a quo.

Las costas se impondrán en el orden causado (A. y S. T. 193, pág. 134).

Por ello la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja interpuesta.

Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada con el alcance que surge de los considerandos.

Otorgar al actor el plazo de treinta días a fin de que, en su caso, adecue sus pretensiones a los términos de la ley 11.330.

Costas en el orden en que fueron causadas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-BOF-Fernández Riestra (Secretaria)