marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Deberes del juez, igualdad ante la ley, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Abaca, Laura Gabriela c/ Casali, Marco Miguel s/ varios (f) s/ casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-12-10

Es cierto que los Jueces pueden cambiar de opinión respecto de decisiones que han adoptado con anterioridad en casos iguales o análogos (ejercicio del overruling del derecho anglosajón) , pero no menos cierto es que, en dicha eventualidad, deben explicar los motivos de la mutación, so pena de haber violado el principio constitucional de igualdad ante la ley. Enseñó el Maestro Bidart Campos que "No hay nada tan inconstitucional como aplicar la misma ley en casos semejantes haciendo de esa ley interpretaciones desiguales. Si la igualdad ante la ley no se completa con la igualdad ante la jurisdicción, yo podré decir: si en mi caso "A" la ley aplicable se interpretó por el tribunal que dictó la sentencia con el resultado "A", y si en otro caso igual al mío -"B"- la misma ley se interpretó por el tribunal que dictó la sentencia con el resultado "B" y no con el resultado "A", la aplicación de la misma ley a casos análogos que obtuvieron resultados distintos ("A" y "B") ha frustrado la igualdad ante la ley porque provocó desigualdad ante la jurisdicción. Todo cuanto en la interpretación del derecho aplicable conduzca razonablemente a que en los procesos judiciales sobre casos análogos las sentencias los resuelvan acogiendo una igual interpretación del derecho aplicable, tiene para nosotros el valor de un test aprobatorio de la constitucionalidad. A la inversa, es inconstitucional interpretar y aplicar la misma ley a casos semejantes de manera diferente. Seguramente porque, acudiendo a García Pelayo, podamos coincidir en que la ley no es únicamente el texto normativo tal como salió del Congreso, sino ese texto normativo "más" la interpretación judicial que de él se ha hecho y se hace en su tránsito por los tribunales. La igualdad ante la ley se eclipsa inconstitucionalmente cuando no deriva a una verdadera igualdad ante la jurisdicción (cf La jurisprudencia obligatoria - La Ley 2001-F, 1492; LLP 2001, 1289)". (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Accidente de tránsito, responsabilidad civil, culpa de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: MAIELLARO CLAUDIO GUSTAVO c/ CARDOSO RAUL ANGEL s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-30

Para la atribución exclusiva de responsabilidad a un tercero, es necesario probar que medio una acción suya positiva sobre el involuntario actor directo, de modo que la voluntad de este resulte ser extraña a la producción del hecho determinante del daño. Sin embargo, cuando no se trata de la culpa exclusiva de un tercero sino que en la especie ha coadyuvado también la conducta reprochable del demandado en la producción del daño, jamas la culpa ajena puede aventar las consecuencias de la culpa propia salvo que esta hubiera resultado irrelevante en la producción del ilícito de que se trata.
Proceso penal, recurso de revisión (procesal), hechos nuevos, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C.C.A. s/ RECURSO DE REVISION PENAL - HOMICIDIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 108 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-08

El remedio que se confía a la acción de revisión penal no tiene el propósito de corregir la equivocada valoración de los elementos que estaban presentes en el proceso, sino el de permitir ponderar los que por no haber estado presentes entonces, no pudieron influir para poder arribar a una condenación mas benigna, es decir, son necesarios hechos o pruebas sobrevivientes, esto es, eventos o documentos que ocurran o sean descubiertos con posterioridad al pronunciamiento impugnado. En el sub judice, las probanzas con que se fundamenta el presente pedido dista de reunir las condiciones exigidas y carecen de valor decisivo y categórico suficiente como para conmover lo expuesto por la Alzada, al confirma el fallo de primera instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentación de sentencias, inflación, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, EDMUNDO NOEL c/ SWIFT ARMOUR SA s/ COBRO DE PESOS.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 257-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-06

Es irrazonable una sentencia que ignora el proceso inflacionario, consagrando una solución que es lesiva del derecho de propiedad del actor.
Defensa del consumidor, telefonía celular, contratos de adhesión, cláusulas predispuestas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Telefónica Comunicaciones Personales S.A c/ D.N.C.I. -disp. 524/01 (Expte. 607-84/98)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-06

Atento a que los contratos relacionados con la telefonía celular son de aquellos denominados de adhesión, y teniendo en cuenta la particular modalidad que adopta la formación de estos tipos de contratos, corresponde afirmar la necesidad de que sus cláusulas sean objeto de un mayor control, más allá de que fuera aprobado por la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Ministerio Público Fiscal, ejercicio de la acción pública, facultades del querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SANTILLAN, FRANCISCO A. s/ RECURSO DE CASACION Causa 335
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-15

En el sistema procesal vigente el querellante no tiene capacidad suficiente para promover por sí mismo la acción penal, de la que el Ministerio Público es único titular. (voto de la Dra.

Durañona y Vedia)
Auto de procesamiento, falta de fundamentación, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BAMBALLI, Elías s/ procesamiento, Causa nro. 11.202
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

El auto de procesamiento, independientemente de su acierto o desacierto y del mérito que exista para su dictado, no adolece de falta de fundamentación. En efecto, el planteo introducido tiene mayor relación con la falta de suficientes elementos de convicción, que con vicios que justifiquen la sanción nulificante pretendida por los recurrentes, de donde este planteo debe ser rechazado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Anastacio y otra c/ Agregados Livianos SAIC y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no efectúa una réplica frontal del fundamento esencial del fallo, planteando solo una opinión distinta a la del a quo, y por ende desentendiéndose del hilo conductor del pensamiento del decisorio.
Delitos cometidos durante actividades antisubversivas, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

El Teniente Coronel del Ejército, Jefe de Operaciones e integrante del Estado Mayor resulta coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia, imposición de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas por su rol como director de las operaciones, desde donde determino el modo y lugar donde se llevarían a cabo las conductas reprochadas, supervisando y controlando todo el desarrollo de la maniobra e impartiendo desde su posición las órdenes y recomendaciones para que los hechos se consumaran de conformidad con las directivas que habían emanado de niveles superiores.
Honorarios, sucesiones, inventario y avalúo, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez, Gabino Dionisio y Cano, Trinidad Isidora c/  s/ sucesorio ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-10

El art. 39 de la LA (regulaciones de honorarios mediante la aplicación de los aforos fiscales de los bienes), tiene previsto que el último avalúo debe actualizarse "entre la fecha de vigencia del aforo o avalúo y el mes anterior al de regulación", siendo de aplicación en tal sentido los intereses TABNA.
Auto de procesamiento, instrucción, culpabilidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., A. s/ Abuso Sexual Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-22

"... la duda que existe en la fase preparatoria del juicio sobre la culpabilidad del imputado, término que procesalmente debe ser entendido como suma de las características del delito, exige que la acción penal se incoe y la instrucción continúe. siendo por lo tanto -a nuestro entender- antijurídico para el Juez de Instrucción dejar pasar por alto la "probabilidad" y conducirse como si no la tuviera porque no puede rechazar posibilidades contrarias a las probanzas producidas".
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, suspensión de tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ, NORBERTO c/ CITIBANK NA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-14

Procede la demanda incoada contra una entidad bancaria, en la cual se reclama una indemnización por los daños y perjuicios causados por la suspensión del servicio de la tarjeta dispuesta por la accionada, más no resulta admisible el pedido de rehabilitación de la misma. Ello así, pues si bien la parte que ha cumplido -aquí la actora- puede optar por exigir a la incumplidora la ejecución de sus obligaciones con más los daños y perjuicios (cciv: 505-1º, 629, 1197  y 1204; ccom: 216), y hallándose vigente el contrato al tiempo en que fue promovida la demanda, pareció razonable la petición así formulada en aquel entonces, lo cierto es que al momento de resolver la controversia, se ha configurado una circunstancia sobreviviente insoslayable, cual es la finalización de la relación contractual por virtud del vencimiento del plazo acordado. Consecuentemente, y por aplicación de la doctrina del cpr: 163-6º, corresponde revocar parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto condeno a la demandada a rehabilitar la tarjeta de crédito del accionante.
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: Alonso, María Cristina s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05

Constituyó agresión contraria a derecho (art. 34 inc. 6, a), C.P.) la acción de la víctima de levantar el brazo como para dar una bofetada a la procesada en las circunstancias que tuvo por acreditadas el tribunal "a quo" (en momentos en que la procesada se retiraba de la casa llevando al hijo de ambos en brazos, siendo la mujer de 50 Kg. y 1,57 mts., y 75 Kg. y 1,80 mts. el hombre). (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: FEDUNKIW, ANDRES GABRIEL c/ BANCO ITAU BUEN AYRE SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-04

Cuando -como en el caso- del tenor literal del contrato suscripto por las partes surgía únicamente la obligación a cargo del actor de denunciar el robo de las tarjetas a las administradoras; resulta inaudible el alegado desconocimiento del hecho delictivo, por parte de la entidad bancaria por no habérselo comunicado a ella. A todo esto cabe añadir el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, con el efecto, de que mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos (Cciv: 902). Se exige así a las entidades a través de quienes materialmente se prestan los servicios, atención y cautela en el cumplimiento de sus tareas de contralor (CNCom. Sala C, 22.02.80, "Aragón Roberto c/ Banco Rural Argentino"; CNCom. Sala B, 22.05.74, "Bank of America c/ Banco Popular Argentino"). Es decir, dada la existencia de débitos y reclamaciones injustificadamente realizadas por el Banco demandado, así como la incorporación del informe que erróneamente reputaba al actor como deudor del sistema financiero, se considera verificado el obrar antijurídico de la accionada ante, la circunstancia de haber sido informado el actor como deudor del sistema financiero por una deuda que en rigor no existía. Tal situación vivenciada por el demandante razonablemente pudo aparejarle sinsabores, ansiedad y molestias, que de algún modo trascendieron la normal adversidad que en la vida cotidiana se verifica frente a contingencias ordinarias. En tal sentido, adviértase que tras haber sido víctima de un hecho delictual que derivó en la sustracción de su dinero y tarjetas de crédito, el actor debió padecer, además, el reclamo de la entidad bancaria por gastos que no había realizado, y la incorrecta inclusión en las bases de datos crediticios como deudor moroso del sistema financiero. Frente a esta situación, estimo que el reconocimiento del daño moral no merece reproche. Es por ello que, considerando el interregno durante la cual el actor quedó registrado como deudor del sistema financiero, y el hecho de que la calificación que le fuera otorgada no fue (aunque injusta) la más gravosa; se estima razonable reducir la indemnización concedida en concepto de daño moral a la suma de pesos cinco mil ($ 5.000).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, resolución administrativa, jubilación por invalidez
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bianchi, Blanca Estela del Carmen c/ Dirección  Nacional  de  Recaudación Previsional - Organismo Regional Córdoba - s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

El recurso extraordinario contra la sentencia que confirmó la resolución administrativa que había denegado el beneficio de jubilación por invalidez es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, contrato de obra pública, contratista, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonfanti Di Biasio S.C. - Enrietto E.C. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 135-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

En cuestión de reclamos por contratos de obras públicas, la Corte local -en distintos precedentes- ha considerado, como aspecto relevante, si los planteos de las empresas contratistas respetaban los criterios temporales que en cada caso eran exigibles. Así, en "Ingeniero Pell" se estableció que no podía prosperar la invocación del carácter provisorio de los certificados de obra, el que a juicio de la accionante le habría permitido reclamar hasta la liquidación final. Agregándose: "Bien entendido, el reclamo planteado por la empresa tendió a la consideración por la Administración de un aspecto que excedió el mero cálculo en las liquidaciones de certificados para suponer la adopción de un parámetro diferente, esto es que se utilice un parámetro distinto para el cálculo". De lo antedicho se concluye que el carácter provisorio de los certificados no empece a que la cuestión planteada por la contratista haya adquirido firmeza como consecuencia de la falta de interposición oportuna de los recursos, porque no estaba en cuestión un tema de mera determinación aritmética sino la aplicación de un parámetro para efectuar los cálculos, aspecto de trascendencia general a toda la ejecución de la obra, y que ya había sido resuelto por la Administración.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, homicidio, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Coto, Francisco Marcelo y otros s/ presunto delito de homicidio culposo (causa Nx 34.051).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó por el delito de homicidio culposo, si omitió el tratamiento de prueba esencial.
Facultades de la administración, facultades jurisdiccionales, consulta técnica, valor probatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALLENO, LUIS MARIA c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

El apartamiento de las conclusiones de organismos administrativos técnicos con facultades jurisdiccionales, sólo puede justificarse con la demostración de que ha mediado error u omisión de entidad suficiente.
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tritto, Eulalio c/ Otto, Héctor y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

Las costas de la Alzada deben ser impuestas por su orden -arts.68 2da. parte, 70 inc. 1º y 274 del C.P.C.C.- si se trata de la corrección de un error material que pudo y debió ser solicitado por los apelantes en primera instancia por vía de aclaratoria -arts. 36 inc. 3º y 166 inc. 2º del C.P.C.C.-, error inimputable en el caso, a la parte actora, que incluso se allanó a las quejas -arg. art. 70 inc. 1º del C.P.C.C.-.-
Alimentos, obligación alimentaria, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: M. DE S., H.M. c/ S.R., E.S. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-19

El art. 198 del Código Civil (ley 23.515), no contempla expresamente los alimentos de la cónyuge, razón que hace necesario seguir el criterio utilizado mientras regía el art. 51 de la ley 2393, de considerar su análisis en concordancia con el contenido que se les reconoce a aquella de la que son beneficiarios los parientes comprendidos en el art. 372 del código citado, teniendo en cuenta que el marido debía alimentos a la mujer aunque ella tuviere ingresos propios si los suyos eran superiores a los de ella. Este criterio es admitido por la ley 23.515 en el art. 207 del Código Civil. Si bien contempla la situación del cónyuge inocente de la separación judicialmente decretada, lógico es que si la culpabilidad no ha sido juzgada rija para la separación de hecho, para que mantenga el nivel económico del que gozara durante la convivencia.

El art. 198 del ordenamiento de fondo, que establece la reciprocidad entre los cónyuges en materia alimentaria, no excluye el derecho de la mujer a requerir una cuota en tal concepto en caso de separación de su marido, cuando puede presumirse que los ingresos de este último son superiores a los de ella. Dicho artículo establece uno de los primeros deberes de los esposos pendiente la normal convivencia y no impide la aplicación de otras disposiciones específicas de la ley cuando existe juicio de divorcio en trámite. Al aplicarse las pautas dadas por el art. 207 citado, debe tenerse en cuenta el nivel económico, edad a tener presente, que los alimentos no se limitan a la satisfacción de las necesidades mínimas, sino que también abarcan lo necesario para cubrir las exigencias de la vida de relación, necesidades culturales, etc.
Concurso preventivo, verificación tardía, incidentes, deudas del fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: BALOPTIK S.A. c/  s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

Es cierto que la revisión es un remedio procesal que busca la revocación -o modificación- de la decisión recaída sobre un crédito en la sentencia dictada en los términos de la LCQ 36; pero el incidentista formula su demanda en ejercicio de una acción, que activa la jurisdicción para desarrollarse en un proceso contencioso y pleno que no se limita a un reexamen del crédito sino que permite un nuevo planteo de la cuestión, pudiéndose introducir nuevas pruebas e incluso nuevas alegaciones de derecho siempre, claro está, respetando el principio de congruencia respecto a la insinuación realizada tempestivamente (conf. Graziabile, Darío J; "Instituciones de Derecho Concursal", tomo II, pág. 654, año 2018). En este contexto, teniendo en cuenta que la verificación tardía -que es la vía idónea para reclamar aquello que no se insinuó tempestivamente tramita bajo las reglas del proceso incidental al igual que ocurre con la revisión de crédito, no habría óbice para permitir la acumulación de pretensiones. De hecho, el LCQ 286 es el que impone la acumulación de acciones, tanto objetiva como subjetiva consistente en la conjunción de dos o más acciones en un solo proceso para que sean resueltas en sentencia única. Además, el rechazo de esta pretensión en este proceso importaría la pérdida del derecho porque el mismo art. 286 impone al juez la desestimación sin más trámite las demandas incidentales que se entablen con posterioridad. Ahora bien, en el caso, en el que se promovió una insinuación por incidente después de haber instado una insinuación tempestiva no rige esta regla que impone la promoción conjunta bajo el grave apercibimiento de no dar trámite a la acción posterior porque en este caso no existen dos insinuaciones tardías por vía de incidente (v. Graziabile, Darío J; ob. cit., pág. 707).
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, actos jurídicos, simulación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Templar SA c/ Pettinari, Lorenzo y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda de simulación (Expte. CSJ Nº  608-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-09

A una crítica seria y razonada del fallo inferior, inteligible en los cuestionamientos, aún cuando no resulte excelsa en sus aspectos técnicos, no puede seguirle una respuesta jurisdiccional que margine la instancia litigiosa, examinando los términos de la expresión de agravios, con disvaliosa o inmotivada exigencia, sólo inspirada en un estéril rigorismo formal. Esto es lo que ha acontecido en el caso, donde, frente a alegaciones concretas de la recurrente en el sentido de que la inejecución del contrato de alquiler "es indicio inequívoco de simulación", el Tribunal se limitó a afirmar que "ello en todo caso pudiera referir a los supuestos en que el negocio mismo simulado no aparece ejecutado. Pero en el caso, al relativismo fáctico, a la generalización difusa que comporta la demanda, se suman estas desviaciones del sentido racional y lógico de los precedentes, en cuya virtud se pretende aplicar la presunción a lo que sería una relación hipotéticamente derivada del acto supuestamente simulado". (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia los Dres. Alvarez y Falistocco)
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Biato, Julio B. s/ Incidente redargución falsedad en autos "González c/ Lázaro s/ Div.  de Soc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

Un escrito judicial carente de firma o con una firma apócrifa al no contar con un requisito esencial, es un acto jurídicamente inexistente, carente de vivencia procesal e insusceptible de convalidación posterior, pues aún cuando la signatura sea ratificada por su supuesto autor, el efecto retroactivo de este acto lo es sin perjuicio de los derechos de terceros en suma, su ineficacia parte de su no existir y nada puede quedar de él mas allá de la constatación de su inexistencia (arg. arts. 1065 y 1936, CC).
Competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Coop. Trab. Nuevo Tiempo SRL. c/ Pesq. San Nicolás SRL. s/ Cobro de pesos, benef. de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

La competencia de los Tribunales del Trabajo deviene cuando ella se vincule con un contrato o relación de trabajo, sin perjuicio de que en la sentencia definitiva se juzgue sobre la procedencia de los derechos invocados por lo que, no habiéndose invocado al demandar una relación de tal tipo ni encontrándose la comprendida en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 2 de la ley 11.653, debe entender la Justicia Civil en el reclamo de cobro de pesos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)