Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-27


SENT Nº 558 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintisiete (27) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana -por excusación del doctor Antonio Gandur-, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Sánchez de Navarrete, Olga vs. Hospital Privado de Niños S.R.L. y otros s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo el 21/6/2005 (fs. 750 y vta.), la parte demandada dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante resolución de fecha 16/9/2005 (fs. 768). Consta en informe actuarial de fs. 775 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- La sentencia impugnada efectuó consideraciones en torno al alcance de la doctrina legal sentada por esta Corte en autos "Campero Otilio Pío vs. APUNT" (sent. 764/94), y señaló que en ella se limita la declaración de inconstitucionalidad a la confrontación de los arts. 72 y 73 CPTT con las reglas del mandato, justificándose sólo el incomparendo personal de las partes a la audiencia de conciliación prevista por el art. 69 CPTT, sin perjuicio de lo cual alguien debe comparecer en su representación.

Sostuvo que el Juzgado de origen declaró la inconstitucionalidad de aquellas normas con el fundamento referenciado, pero con la errónea interpretación que libera a las partes de todo comparendo a la audiencia de conciliación, lo que importa una decisión que violenta el principio de congruencia, causando riegos de nulidad y desconcierto en los litigantes.

El Tribunal puntualizó que lo considerado fue lo que condujo a devolver los autos al a quo a los fines de poner orden en el procedimiento aplicando la doctrina que invoca, toda vez que se advirtió que a la audiencia de conciliación no concurrió la parte accionada ni su representante o apoderado hábil, lo que sin perjuicio de la errónea decisión de convocar a la audiencia con otros apercibimientos que no prevén sanción, igual importa la declaración de la incontestación de la demanda y devolución del escrito de responde.

La Cámara precisó que del contenido de la providencia de fecha 05/5/2005 se infiere que el juzgado no tiene el propósito de cumplimentar con lo dispuesto, por lo que a los fines de poner orden en el procedimiento y conforme a lo normado por el art. 10 del CPTT, dispuso proceder al desglose de la contestación de la demanda y a su posterior devolución; declarando incontestada la misma con los efectos previstos por los arts. 73 y 58 del CPL; y ordenó que una vez firme dicha resolución, vuelvan los autos para el dictado de la sentencia definitiva.

3.- El recurrente sostiene que el Tribunal incurre en una serie de afirmaciones que no se ajustan a las constancias de autos, y por otro lado subvierte el proceso llevado a cabo, alterando estructuras esenciales y vulnerando el derecho de defensa de su parte, la garantía del debido proceso legal, la garantía de seguridad jurídica, los principios procesales de preclusión y de cosa juzgada, y como consecuencia de todo ello su derecho de propiedad.

Afirma que el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 72 y 73 CPTT no se limitó al fundamento de confrontación de estas normas con las reglas del mandato, pues tal fundamento se encuentra dirigido a evidenciar la inconstitucionalidad del art. 72 CPTT únicamente.

Esgrime que la tacha de inconstitucionalidad del art. 73 CPTT se fundó en la lesión al principio procesal de preclusión, al derecho de defensa en juicio y en la desproporción e irrazonabilidad de la sanción, no así en la infracción a las normas del mandato.

Asevera que la doctrina legal establecida en el juicio "Campero c/ APUNT" no tiene el sentido y alcance expresado en la sentencia recurrida. Transcribe parcialmente el fallo indicado, señalando que el mismo proporciona distintas argumentaciones para llegar a la conclusión de que ambas normas son inconstitucionales; el artículo 72 por vulnerar o contraponerse a las normas sobre mandato y representación, que es materia legislativa de fondo regida por el Código Civil y totalmente extraña a las potestades legislativas locales; y el artículo 73 por contener una sanción fuertemente irrazonable y una serie de limitaciones que reducen más allá de lo razonable el acceso a la jurisdicción.

Denuncia que la sentencia afecta las potestades, opinión y jurisdicción del Sr. Juez de primera instancia, en cuanto modifica lo decidido por dicho magistrado en su providencia de fecha 09/12/98 (fs.

270) sin que haya sido materia de recurso alguno. Expresa que todo el juicio fue tramitado en base a una declaración de inconstitucionalidad y consiguiente inaplicabilidad de los arts. 72 y 73 CPTT, lo que no fue materia de recurso alguno, por lo que resulta inadmisible que después de finalizado el trámite del juicio, la sentencia modifique de oficio la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 72 y 73 y sancione a su parte con la incontestación de la demanda. De ello interpreta que el fallo lesiona gravemente el principio de preclusión procesal, la garantía del debido proceso legal y la seguridad jurídica.

Concluye señalando que la sentencia de fecha 21/6/2005 hace efectivo un apercibimiento y aplica una sanción a su parte, pese a no haber sido nunca notificada del referido apercibimiento, lo que es otra muestra de la arbitrariedad del fallo, pues es requisito indispensable y previo para poder aplicar una sanción, que la parte haya tenido la posibilidad de conocer las consecuencias del incumplimiento.

4.- El recurso ha sido deducido tempestivamente; se dirige contra un pronunciamiento que si bien no resuelve el fondo del asunto ni pone fin al pleito, es equiparable a definitivo en razón del perjuicio irreparable o de dificultosa reparación que irroga al recurrente; los motivos de casación son jurídicos; y no es exigible el afianzamiento toda vez que la sentencia recurrida no es condenatoria (arts. 130 a 133 CPTT). Habiéndose cumplido con la totalidad de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación intentado por la demanda, corresponde abordar el análisis de procedencia del mismo.

5.- Previo al tratamiento puntual de la cuestión planteada en el escrito de casación, corresponde efectuar una reseña de los antecedentes relevantes del caso que nos ocupa.

Mediante resolución de fecha 09/12/1998 obrante a fs. 270, el Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo analizó los planteos de inconstitucionalidad efectuados por las partes, a la luz de la doctrina legal sentada por esta Corte mediante sentencia n° 764/94, en mérito a lo cual dispuso hacer lugar a los mismos, declarando la inconstitucionalidad de las referidas normas.

En la precitada resolución, se fijó el día 2 de marzo de 1999, para que concurran las partes a la audiencia de conciliación prevista por el art. 69 CPTT en los términos de los arts. 71, 74 y 75 de la ley 6.204, habiéndoselas notificado de ello mediante cédulas glosadas a fs. 273 a fs. 277 y fs. 279 a 280.

A fs. 282 consta la celebración de la audiencia de conciliación en la fecha y hora señaladas en el decreto de convocatoria, pudiéndose advertir la incomparecencia de la demandada y de su apoderado, frente a lo cual el Juzgado dispuso que se provean las pruebas ofrecidas oportunamente.

Tramitada la causa y radicadas las actuaciones ante la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo para el dictado de sentencia definitiva, en fecha 3 de marzo de 2005 el Tribunal dictó un pronunciamiento, en donde puntualizó que el a quo omitió aplicar el apercibimiento ante la incomparecencia de la parte demandada y de su representación letrada, por lo que ordenó remitir los actuados al Juzgado de Conciliación y Trámite de la II Nominación a fin de que proceda a poner orden en el proceso (fs. 744).

En fecha 5 de mayo de 2005, el Sr. Juez de Conciliación y Trámite emitió resolución en donde consideró que no corresponde aplicar apercibimiento alguno a la demandada y dispuso que se eleven los autos a la Cámara para el dictado de la sentencia definitiva (fs. 746 y vta.).

Elevados los autos a la Cámara, se dispuso proceder al desglose del responde y se declaró incontestada la demanda con los efectos previstos en los arts. 73 y 58 CPTT.

La situación que se configura en autos resulta similar a la que fuera resuelta por esta Corte mediante sentencia n° 855 de fecha 15 de octubre de 2001, dictada en autos "Mora Juan Ramón vs. Intersoft NOA SRL s/ indemnizaciones", por lo que las consideraciones efectuadas en dicha oportunidad resulta plenamente aplicables al caso que nos ocupa (en igual sentido, lo resuelto por esta Corte en sent. n° 860 del 15/10/01; y n° 318 del 12/5/03).

En el precedente citado, se sostuvo que si bien es cierto que conforme a la doctrina legal sentada por esta Corte en los autos "Campero" (sentencia 764/94), al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 72 y 73 del Código Procesal Laboral de Tucumán, se ha limitado "...a precisar los alcances del mandato del letrado apoderado de la demandada a los fines de morigerar las graves consecuencias previstas en referidos artículos ante la incomparecencia de las partes, pero sin liberarlas de su comparencia a la respectiva audiencia por medio de apoderado cuando no puedan concurrir personalmente", de ello no se sigue que el apercibimiento previsto en el artículo 73 pueda hacerse efectivo en cualquier tiempo y forma.

Conforme surge del artículo 73 CPTT, primer parágrafo, in fine, los apercibimientos para sancionar la incomparecencia de las partes o de sus apoderados a la audiencia, deben hacerse conocer a las partes en el acto de notificación de la misma.

Ello así, el apercibimiento cuya aplicación encierra lo resuelto por la Sala I de la Cámara del Trabajo a fs. 750, ordenando el desglose de la contestación de demanda, su posterior devolución, y que se declare incontestada la demanda con los efectos señalados, lo ha sido en infracción al mentado art. 73 del CPTT.

En efecto; del examen de la secuencia procesal de la causa surge que la notificación a las partes del proveído de fecha 09-12-98 (fs. 270), por el que se convocó a ellas a la audiencia de conciliación prevista por el artículo 69 del mismo cuerpo legal para el 02-3-99, a hs.

08:30, en los términos de los artículos 71, 74 y 75 del CPTT, no contenía el apercibimiento establecido por el artículo 73. Tampoco el juez, en la audiencia de conciliación, ante la incomparecencia de la demandada y de su apoderado, pese a estar debidamente notificados, hizo efectivo el apercibimiento, sino que directamente dispuso que se provean las pruebas ofrecidas oportunamente, y en cuadernos por separado (ver acta de fs. 282).

Desde esta perspectiva, el apercibimiento cuya aplicación se encuentra ínsita en lo resuelto por la Sala I de la Cámara del Trabajo (fs.

750), lo ha sido en infracción a la norma procesal del artículo 73, primer parágrafo, in fine, y por lo tanto, configura causal de nulidad, más aún cuando ha sido dispuesta por órgano jurisdiccional incompetente, ya que a quien en todo caso correspondía hacerlo era el Juez de Conciliación y Trámite (ver también CSJT, sent. n° 29 del 11/02/2003) y cuando la etapa procesal adecuada ya había precluido (el trámite de la causa ante el Juez de Conciliación y Trámite había concluido, faltando el dictado de sentencia de instancia única), comprometiendo con ello el orden público.

En mérito a las consideraciones efectuadas, corresponde CASAR íntegramente la sentencia impugnada conforme a la siguiente doctrina legal: "Infringe el art. 73 CPTT, y por ende es nula, la sentencia dictada por la Cámara del Trabajo, que ante la incomparecencia de la parte demandada y de su apoderado a la audiencia de conciliación (art.

69 CPTT), ordena el desglose del escrito de responde y tiene por incontestada la demanda con los efectos de los arts. 58 y 73 CPTT, cuando la convocatoria a la audiencia no contuvo el apercibimiento comprendido en esta última norma", debiéndose remitir los autos a la Sala que por turno corresponda, a fin de que prosiga con el trámite de la causa según su estado.

6.- Atento a que el vicio que motiva la nulidad proviene de la actuación oficiosa del órgano jurisdiccional, las costas del recurso deberán ser soportadas por el orden causado (arts. 49 CPTT y 106 inc.

1° CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alfredo Carlos Dato, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Sala I de la Excma.

Cámara del Trabajo el 21/6/2005, y en consecuencia, CASAR íntegramente la misma en base a la doctrina legal enunciada en los considerandos, debiéndose remitir los autos a la Sala que por turno corresponda a fin de que prosiga con el trámite de la causa según su estado.

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.