Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-30


--- En la ciudad de Trelew, a los 30 días de septiembre del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Dante Ferrari y Marcelo López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C. A. F. c/ P. O. S.A. y P. S. I. S.A. s/ Cobro de Pesos Laboral" (Expte. N° 22.857 - Año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y, SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 376.---------------------------------------------------------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:---------------------------- I.- La sentencia de primera instancia condenó a las demandadas a pagar al trabajador actor la indemnización reglada en el art. 9 de la ley 24.013 al concluir que en la documentación laboral la empleadora había consignado una fecha de ingreso a las labores posterior a la real.-------------------------------------------------------- Apelaron tal pronunciamiento las codemandadas, quienes para fundar sus recurso expresaron a fs. 361/366 vta., en síntesis, que el juzgador de origen apreció erróneamente las probanzas rendidas, pues soslayó considerar la declaración que el actor hiciera ante inspectores de la A.F.I.P., donde hizo constar su ingreso al empleo en el año 2001 y no en diciembre de 1995 como alegara al demandar, y no tuvo en cuenta precisas declaraciones de los testigos, demostrativas de que en el lapso corrido entre los años indicados el demandante realizaba tareas únicamente en los barcos cuando ellos estaban en puerto, labores que eran sólo eventuales durante unos pocos días entre expediciones pesqueras prolongadas, tareas que llevaba a cabo bajo la supervisión de C. M. , quien, sin ser empleado de las demandadas, era el que lo contrataba como proveedor de ellas, liquidándosele los haberes según las horas de labor cumplidas, que le eran pagados por las empresas mediante vales de caja que más tarde eran descontados de la facturación de C. M. . Añadieron que la relación laboral del actor era eventual, pues él se desempeñaba cuando los buques se hallaban en puerto por breves períodos.------------ Dicha pieza de impugnación recibió de parte del actor la réplica de fs. 368/370.---- II.- La constancia de fs. 144 carece de la relevancia acreditativa que las recurrentes le atribuyen. Es que lo expresado por una de las partes en una declaración ante la autoridad impositiva -sea la A.F.I.P. o la D.G.I.- no tiene más valor probatorio que el que el art. 425, últ. párr., C.P.C.C. le asigna a la confesión extrajudicial formulada ante terceros (confr.: C.N. Com., sala "B", J.A. 1971-v. XII-381), es decir que "constituye tan sólo fuente de presunción simple, debiendo ser corroborada por otros medios probatorios. Es que, al no ser prestada frente a la parte contraria o quien la represente, ha faltado la indispensable conciencia de que está proporcionando una evidencia susceptible de producir al declarante consecuencias jurídicas perjudiciales" (Morello y otros, "Códigos Procesales...", 2da. ed., V-B-131). Y, como veremos, en autos no han sido arrimadas probanzas idóneas para avalar tal declaración.------------------------------------------------------------ III.- Debo hacer notar a esta altura que el grupo empresario demandado fue intimado a presentar en oportunidad de la audiencia fijada para el día 6 de noviembre de 2006 el libro especial del art. 52 L.C.T. y no lo exhibió en tal ocasión (fs. 93 vta., párr. 3°, 125 y 163/165 vta.). Desde que el actor prestó declaración jurada sobre la veracidad de los hechos denunciados en la demanda que debían constar en tal documento, entre los que se contaba, claro está, la data de su ingreso al empleo (fs. 44, párr. 1°; inc. "d" de la citada norma), aplicable al caso resulta la inversión de la carga de la prueba consagrada por el art. 42 de la ley 69, precepto que pone en cabeza del empleador el aportar elementos de juicio contrarios a la reclamación del trabajador.----------------------------------------------- ----- Ello nos conduce al análisis de la testimonial rendida, medio hábil, en hipótesis, para desvirtuar la presunción favorable al dependiente a la que acabo de referirme.---- IV.- Nos hallamos en la especie ante dos grupos de testigos abiertamente contradictorios e inconciliables.---------------------------------------------------------------- De un lado, tenemos a los aportados por el demandante, quienes, en resumen, declararon:--------------------------------------------------------------------- ----------------------- A) J. C. B. (fs. 163/164 vta.), que conoció al actor en 1996 cuando el dicente ingresó a la empresa, en la que el demandante ya venía desempeñándose en la realización de trabajos de mantenimiento y reparación a bordo de los buques bajo la supervisión de C. M. , aunque aclarando que éste era también empleado de la empresa (resps. a las pregs. 1era., 2da. y 7ma. y a la repreg. 6ta.). Añadió que al demandante le abonaban por horas de labor cumplidas, utilizando para documentar los pagos vales de caja (resp. a la preg. 8va.). Aclaró sin embargo que la relación del actor era de trabajo, porque la labor la desarrollaba en las naves, pero también el predio de P. S. I. S.A. (resp. a la repreg. 4ta.).---------------- B) C. E. C. (fs. 165/vta.) expresó haber sido compañero del actor entre diciembre de 1995 y octubre o noviembre de 1997 (resps. a las grales. de la ley y pregs. 1era. y 2da.), constándole que el demandante desenvolvía tareas de reparaciones navales a bordo de los buques de la empresa y también en la planta de P. S. I. S.A. (resps. a las preg. 3era. y 4ta). Puntualizó igualmente que C. M. supervisaba los trabajos, ignorando el dicente si éste era empleado de la nombrada empresa o de P. O. S.A. (resps. a las repregs. 1era. y 2da.).---------------------------- ----------------------------------------------------------------------- C) J. D. J. (fs. 181/vta.) dijo conocer al demandante desde 1996, época en que el deponente ingresó a P. S. I. S.A., donde el actor ya estaba laborando. Expuso que ambos realizaban tareas de reparaciones navales y ,cuando las embarcaciones no se hallaban surtas en el puerto, reparaban portones y tangones en la planta (resps. a las grales de la ley y preg. 1era. y 2da.). Manifestó que las labores era supervisadas por Carlos Mayo, mas no tenía conocimiento si era éste quien contrató al actor (resps. a las repregs. 1era. y 2da.).--------------------------- D) G. E. F. R. (fs. 316/vta.) expresó conocer al demandante desde 1995 o 1996 por haber laborado juntos en los barcos de las empresas y que C. M. era un empleado jerárquico de ellas (resp. a las grales. de la ley y a la preg. 8va.).-------- E) A. A. S. (fs. 324/325) manifestó que el actor ingresó a la labor poco antes de que el declarante se retirara de la empresa en 1996 (resps. a las grales. de la ley y a la preg. 1era.). Añadió que cuando el dicente trabajaba para la demandada al actor lo tenían desempeñando tareas en el galpón y sólo luego lo llevaron a trabajar en los buques (resp. a la preg. 3era.). Expuso asimismo que conoció a C. M. , quien entró a la empresa como encargado de personal en la época en que el deponente se retiró de ella, más o menos en 1996 (resp. a la preg. 6ta.).-------------------------------------------------------------------------- ---------------- Por su parte, los testimonios arrimados por las demandadas suministraron una versión de los hechos completamente distinta. Así:--------------------------------------------- 1) E. A. P. (fs. 314/315) manifestó que al actor lo contrataba C. M. , proveedor de la empresa, y así, con un grupo de operarios, trabajaba en reparaciones a bordo todo el tiempo en que los buques estuvieran en el muelle, es decir de tres a cinco días. Sostuvo que era llevada una planilla diaria con la cantidad de horas laboradas y los pagos de las remuneraciones se hacían en la empresa, pero imputándolos a cuenta de las facturaciones presentadas por C. M. (res. a la preg. 3era).------------------------------------------------------------------------- 2) J. O. P. (fs. 319/320) expuso que el demandante era contratado por el nombrado C. M. para hacer trabajos de soldadura cuando los barcos estaban en puerto (resp. a la preg. 2da.), pagándosele por horas de labor cumplidas a través de las tesorerías de las empresas (resp. a la preg. 3era.), para compensar luego las sumas entregadas con las surgidas de la facturación de C. M. (resps. a la preg. 7ma. y repreg. 8va.).----------------------------------------------------- ------- 3) J. C. Mayo (fs. 322/323 vta.) declaró que era él quien buscaba al actor cuando había trabajos de soldadura en los barcos, labor tipo "changa", sin continuidad (resp. a la preg. 2da.). El deponente registraba las horas de trabajo y las pasaba a la empresa, que liquidaba los salarios y los abonaba al trabajador, descontándolos luego de la facturación suya (resp. a la preg. 3era.). Agregó que era él quien juntaba a la gente necesaria para efectuar las reparaciones y la llevaba hasta los barcos para que las realizara (resp. a la preg. 6ta.) y que el actor también trabajaba para una metalúrgica (resp. a la preg. 9na.).--------------------------------------- La más superficial comparación de los reseñados dichos deja advertir que los mismos no pueden armonizarse, resultando decididamente antagónicos. En tal supuesto extremo, cuando las declaraciones testificales se oponen entre sí de manera irreductible y no median razones para otorgar superior credibilidad a unos deponentes que otros, pues todos exhiben similar valor moral e igual poder convictivo, corresponde prescindir en absoluto de estas pruebas (arts. 386, 456 C.P.C.C., su doc.; confr.: S.C.B.A., Rep. L.L. XL-J/Z-1980, sum. 54; Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", 5ta. ed., II-271, n° 3; Kielmanovich, "Teoría de la prueba y medios probatorios", Abeledo-Perrot 1996, págs. 270/271, apdo. "e"; esta sala, c. 22.492 S.D.L. 5/08).-------------------------------- Por tanto, en el caso debemos atenernos a la presunción contraria al empleador establecida por el art. 42 de la ley 69 por no haber sido ella conmovida por probanzas idóneas en contrario. Ha de estarse entonces a la fecha de ingreso que en declaración jurada el actor atestara en su demanda.------------------------------------------ Por lo demás, así tuviéramos por cierto que el actor fue contratado por el nombrado C. M. y éste fuera un tercero, a cuento viene recordar que, de acuerdo al art. 29, párr. 1°, L.C.T., "los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación".---------------------------------------- -- Atinente a la calidad de eventual del contrato que las apelantes invocan, diré que no hay contrato de trabajo de esa índole si no se demuestra que las tareas eran objetivamente eventuales (confr.: C.N. Trab., sala VI, T. y S.S. 1993-717) y en esta especie no cabe calificar las reparaciones y mantenimiento de los buques de ajenas a la actividad normal de las empresas pesqueras, ni de extraordinarias y ocasionales, porque los pequeños desperfectos de las naves registrados a lo largo de extensas expediciones o "mareas" son habituales.---------------------------------------- Tocante a la discontinuidad de las tareas, debemos puntualizar que ello no desdibuja la relación laboral, porque es conocida la existencia de contratos de trabajo por tiempo indeterminado pero de prestaciones discontinuas, tipo contractual del que nos hemos ocupado en más de una oportunidad (c. 11.289 S.D.L. 168/94, c. 11.529 S.D.L. 33/95, c. 13.411 S.D.L. 101/98, entre otras). Es que el carácter permanente del trabajo no depende de la cantidad de días de prestación en la semana o en el mes, sino de la habitualidad y vocación de permanencia, aun con cierta discontinuidad (esta alzada, c. 18.146 S.D.L. 36/02, c. 20.842 S.D.L. 60/05; confr.: C.N. Tr., sala V, 30/3/92, S.D. 47.431, cit. en "Ley de Contrato de Trabajo...", Manuales de Jurisprudencia La Ley, 2da. ed., pág. 227/228, sum. 4).----------------------------------------------------------------------------- ----- Por lo que atañe a que el demandante se haya desempeñado también para otro empleador, cual declarara un testigo refiriéndose a una empresa metalúrgica, tal circunstancia no bastan para descartar que igualmente lo haya hecho para las demandadas, en razón de que la exclusividad no es característica de la esencia del contrato de trabajo, resultando hasta relativamente comunes los casos de vinculación del trabajador con varios empleadores (esta alzada, c. c. 13.787 S.D.L. 123/98, c. 16.089 S.D.L. 41/00, c. 18.281 S.D.L. 44/02, c. 22.592 S.D.L. 15/08).------ V.- Las vertidas razones me llevan a concluir que la sentencia apelada merece ser confirmada en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a las codemandadas vencidas en ella (art. 59 de la ley 59).---------------------- Vista la extensión, calidad y resultados obtenidos con las labores profesionales de alzada, propondré regular los honorarios de los Dres. F. A. A. y R. A. S. en las sumas respectivas equivalentes al 6 % y al 3,85 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200).--------------------------------------------------- Me expido en esta cuestión pues por la AFIRMATIVA.-------------------------- --- A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: ------------------------------------ I. Ya el Dr. Velázquez ha hecho una ilustrativa reseña de las cuestiones que motivan los agravios de las codemandadas apelantes, de manera que no tiene objeto abundar acerca de dichos aspectos, por cuanto se hallan cumplidas las exigencias formales previstas en los arts. 163, inc. 3° y 164 C.P.C.C. Por lo tanto, en los apartados siguientes me pronunciaré directamente sobre la cuestiones traídas a decisión de esta Alzada.------------------------------------------------------------------------ II. Puedo desde ya anticipar mi plena coincidencia con el colega preopinante acerca de la valoración de las probanzas aludidas por las recurrentes.-------------------- III. Así, en referencia a la declaración copiada a fs. 144 anexa al acta de inspección de la AFIP, en la que el actor habría manifestado que su ingreso fue en noviembre de 2001, tal declaración no constituye una confesión equiparable en sus efectos a la prestada en sede judicial con las solemnidades de ley, por lo que requiere ser corroborada en el proceso con el concurso de otras pruebas idóneas. Por esa razón ya la doctrina antigua hacía la distinción señalando que la confesión judicial es "probatio probada" (para dar a entender que se prueba por sí sola) y que la confesión extrajudicial -en cambio- es "probatio probenda", porque requiere demostración (conf. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires o 28/06/1994 o Alfaro, Fabián M. o id. S.C.B.A. o 17/11/1992 o Martínez, Luis O. o id. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D o 19/09/2007 o Angelini, Fernando Gabriel c. Banco de la Provincia de Buenos Aires o La Ley Online; entre otros). Sin embargo, como se verá luego, esas probanzas corroborantes no han sido aportadas a la causa por los interesados, cual era su carga procesal (art. 377, C.P.C.C.; arts. 45 y 76, Ley N° 69).------------------------------ IV. Por otra parte, nos hallamos a la par con que, habiendo sido la parte demandada intimada a presentar la documentación laboral bajo apercibimiento de ley, ellas no cumplieron con dicho emplazamiento en tiempo y forma, creando de esa manera una presunción favorable a la versión actoral (conf. arts. 52, 55, L.C.T.) que, a todo evento, viene a neutralizar aquella simple presunción adversa al trabajador. Y si a ello se le suma la declaración jurada que prestar el postulante al promover su demanda acerca de la veracidad de los hechos que debían constar en dichos registros laborales (ver fs. 44), se produce asimismo la inversión probatoria establecida en el art. 42 de la Ley N° 69.------------------------------------ ----- V. Llegados a este punto, debo decir que tras el estudio de la causa no puedo sino compartir en su totalidad las conclusiones expuestas por mi apreciado colega de sala acerca de la prueba testimonial rendida en el proceso. Por cierto, nada novedoso podría agregar al pormenorizado análisis del Dr. Velázquez, y sólo en cumplimiento de la manda constitucional que impone fundar mi voto (art. 169, Const. Provincial) me referiré a dichos testimonios y a su ineficacia persuasiva, aun cuando para ello deba incurrir en una inevitable reiteración de conceptos.---------- VI. Los testigos de la actora: B. (fs. 163/164 vta.), C. (fs. 165/vta.), J. (fs. 181/vta.), R. (fs. 316/vta.) y S. (fs. 324/325) en general brindan versiones favorables a la postura de C., ya que afirman haberlo conocido y/o sido compañeros de tareas en actividades navales entre los años 1995/1996. A su turno, los ofrecidos por las demandadas: P. (fs. 314/315), P. (fs. 319/320), M. (fs. 322/323 vta.) abonarían en términos generales los hechos expuestos en la contestación de la demanda en una postura refractaria a las pretensiones incoadas. De tal suerte, se plantea una disyuntiva inconciliable, ya que, sin el concurso de otros elementos corroborantes en uno u otro sentido, no existe manera de discernir cuál de las versiones en pugna se ajusta a la verdad o se aparta de ella. Tener por cierto un grupo de testimonios implicaría, en los hechos, considerar que el otro conjunto habría sido mendaz, sin que existan motivos objetivos y plausibles para tomar partido en una u otra dirección.------------------------- Frente a este dilema, como ya lo ha debido decidir la sala en situaciones análogas, no queda sino desestimar este medio probatorio por su ineptitud en el caso para formar convicción sobre los aspectos controvertidos que hacen al fondo de la decisión, en tanto no es posible determinar la preeminencia de uno u otro grupo de testigos. En sentido concordante, la jurisprudencia nacional ha sostenido en numerosas ocasiones que prescindir de la prueba testimonial por la existencia de testimonios contradictorios o discordantes entre sí constituye una posibilidad decisoria que no es desaprobada por la ley, pues, cuando las contradicciones son graves o recaen sobre el hecho principal, le corresponde al juez determinar qué testimonios debe descartar o valorar (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D o 12/12/2006 o Otis Argentina S.A. c. Fundación Instituto de Neurobiología (FIDNEU) y otro o LA LEY 20/02/2007, 4 - LA LEY 2007-B, 22; id. Cámara de Apelaciones en lo Laboral y de Paz Letrada de Corrientes o 22/11/2006 o Mac Lean de Gimenez, Silvia V. c. Casinos del Norte S.A. y/o Q.R.R o DT 2007 (abril), 477; id. Cámara Nacional de Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, sala II o 17/09/1993 o Romero, Wenceslao c. Caja Nac. de Prev. de la Industria, Comercio y Actividades Civiles o DT 1994-A, 792; id. Apelaciones del Trabajo, sala X o 31/08/2005 o Di Luzio, Elías S. y otro c. Uhryniuk, Basilio y otro o DJ 2005-3, 1118; id. Cámara Civil, Comercial, Criminal y Correccional de Zárate o 15/10/1996 o Altobelli, José c. Gulfo, Carlos o LLBA 1997, 251; entre muchos otros).----------------------------------------------------- VII. La orfandad probatoria deja así en pie la presunción sentada por el art. 42 de la Ley procesal de fuero N° 69, favorable a las pretensiones del actor, debiendo descartarse asimismo el carácter eventual del contrato, debido a la falta de aporte probatorio que, por imperio del art. 99 de la L.C. T., corre por cuenta de la parte patronal (conf. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala V o 30/08/1985 o Garay, Alberto G. c. Fazzito, Pantaleón y otros o DT 1986-A, 335, con nota de Amanda Lucía Pawlowski de Pose - DJ 1986-2, 461). Comparto en este sentido la reflexión del colega de primer voto acerca de que ni siquiera la discontinuidad de las prestaciones o su prestación para varios empleadores permitirían adquirir certeza acerca de esta especie contractual, ya que ambas modalidades no son incompatibles con la existencia de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, tal como el Cuerpo ha tenido ocasión de sostenerlo en los precedentes ya citados por el primer sufragante.--------------------------------------------- VIII. A mérito de las consideraciones vertidas, que no hacen sino sumarse a los fundamentos del Dr. Velázquez, me sumaré a su propuesta de confirmar el fallo en lo que ha sido materia de recurso, con costas en la alzada las recurrentes (art. 59, Ley N° 69). También concordaré en las retribuciones profesionales por las tareas desplegadas en esta instancia, que se ajustan a la calidad, eficacia, extensión de las tareas cumplidas y a los resultados respectivamente obtenidos, según las escalas arancelarias vigentes (art. 6, 14, 47 y conc., Dec.Ley 2.200), dándolas aquí por reproducidas, por razones de brevedad.-------------------------------------------------------- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA------------------------------------ A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:-------------------------- Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde confirmar la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancias a las apelantes y regulando los honorarios de los Dres. F. A. A. y R. A. S. , por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 6 % y al 3,85 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución.---------------------------------------------------------------------- ----------------- ASÍ LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- --- A ESTA ÚLTIMA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: ------------------------------ Tal como ya le adelanté, comparto en todos sus términos la resolución propuesta por el Dr. Velázquez, votando en sentido idéntico.--------------------------- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haber coincidencia de opinión (art. 9 de la ley 1130, Textos ley 4550).--------------------------------------------------------------------- Trelew, 30 de septiembre de 2.008.--------------------------------------------------- --- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:---------------------------------------------- S E N T E N C I A: ---------------------------------- --- CONFIRMAR la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravios.------------- IMPONER las costas de segunda instancias a las apelantes.---------------------------- REGULAR los honorarios de los Dres. F. A. A. y R. A. S., por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 6 % y al 3,85 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución.---------------------------------------------------------------------- ----------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------------------------------------------------- FDO.: CARLOS A. VELAZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI --- REGISTRADA BAJO EL Nº 64 DE 2.008 - SDL.- Conste.---------------- PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA