Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-20


2a instancia. Buenos Aires, el 20 de Noviembre de 2009.

La DRA. GRACIELA A. GONZALEZ dijo:

La Señora Juez a quo, mediante la resolución de fs. 65/66, tuvo por no presentada la contestación de demanda (glosada a fs. 124/127) suscripta por el Sr. Juan Carlos Gutiérrez en su carácter de apoderado de dicha codemandada -carácter que acredita con un poder especial otorgado por la Sra. Lidia Noemí Cosentino, Presidente de la sociedad anónima-, y, consecuentemente, consideró a la demandada Dinamia Netmakers S.A. incursa en la situación procesal prevista en el art. 71 de la L.O.

De dicha decisión se agravia la codemandada a fs. 73/74, quien sostiene que la equivocada interpretación efectuada por la magistrada de grado del poder acompañado, resulta violatoria de su derecho de defensa en juicio.

Corrida vista de las presentes actuaciones al Ministerio Público, la Sra. Fiscal General Adjunta ante esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se expidió a fs. 130.

Previo a todo cabe destacar que, sin perjuicio de lo normado en el art. 110 de la L.O., en cuanto a que las apelaciones deben ser concedidas con efecto diferido, tal como señalé en un caso de aristas similares, el supuesto bajo análisis, autoriza a excepcionar tal principio general, dadas las particularidades del caso, en donde se procura trabar la litis (S.I. Nº: 54.458 del 23/6/06 en autos "Golovca, Omar Alberto c/ Petro Tank S.A. y otros s/ despido").

Como tiene dicho esta Sala, la regla del artículo 110 L.O. debe excepcionalmente ceder, cuando exista la posibilidad de que una solución en la Alzada conlleve un sentido contrario a la de primera instancia que pudiera producir un retroceso del proceso a etapas anteriores, provocando entonces un dispendio jurisdiccional innecesario.

En consecuencia y por aplicación analógica del criterio excepcional seguido por esta Cámara en casos en que se desestima un pedido de citación de tercero (entre otras, S.I. 55.251 del 4/4/07), entiendo que, en un supuesto como el de autos, resulta procedente la concesión con efecto inmediato, del recurso de apelación deducido.

Con relación al fondo de la cuestión debatida, creo necesario memorar liminarmente que, la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida. Allí la recurrente debe expresar los argumentos en los que funda la descalificación de los fundamentos en los que se sustenta la solución cuestionada, invocando aquella prueba cuya valoración se considera desacertada o poniendo de manifiesto la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art. 116 L.O.). En lo posible, debe demostrarse, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador y la indicación precisa de las pruebas y de las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. CNACIV., Sala D., sent. del 20.11.75, pub. En J.A. 1976 II pág. 241; CNACIV y COM. Esp., Sala I, in re "Malewicz Rubén c/ Orts José y otros, sent. del 2/4/80; esta Sala II in re "Tapia Ramón S. C/ Pedelaborde Roberto, sent. 73.117 del 30.3.94 e in re "Barrera, José c/Embajada de la República de Polonia s/juicio sumarísimo" sentencia Nº 87565 del 16/3/00, entre muchas otras).

Enseña Carlos J. Colombo que la expresión de agravios, establece el alcance concreto del recurso y fija la materia reexaminable por el ad quem en las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que sean cuestionadas (conf. arg. art. 271 Y 277 CPCCN). Su blanco es la sentencia respecto de la cual debe formularse una crítica frontal, concreta y argumentada tratando de demostrar los errores que se atribuyen al a quo en el ámbito en que se hayan cometido. En tal sentido, dicho tratadista enfatiza que, de la misma manera que la sentencia, la expresión de agravios que ha de controvertirla debe observar a su turno los principios de plenitud y congruencia (conf. Colombo Carlos J. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -anotado y comentado- Abeledo-Perrot, Bs. As. 1975, T. I, págs. 445 y stes.) .

Ninguno de tales principios han sido respetados en el escrito recursivo de la parte demandada, puesto que la apelante se limita a citar jurisprudencia de esta Cámara que, en algunos casos, ni siquiera resulta aplicable al supuesto de autos. Ningún agravio concreto vierte Dinamia Netmakers S.A., acerca de la conclusión a la que arriba la sentenciante de grado respecto a que el Sr. Gutiérrez no ejercía la representación legal de la sociedad accionada ni acreditó ser un profesional inscripto en la matrícula con mandato suficiente para representarla, todos argumentos que dieron basamento jurídico a la decisión adoptada en la instancia anterior.

Sin perjuicio de ello, habré de señalar que tal como concluyera la Sra. Juez a quo y sostuviera la Sra. Fiscal General Adjunta ante esta Cámara, luego de analizar la normativa que emana de la ley 10.996 y del art. 268 de la ley de sociedades comerciales, el presentante de fs. 124/127 no reúne ninguna de las características que, conforme el art. 1 de la ley 10.996, se requiere para ejercer la representación en juicio (a saber, ser abogado con título expedido por la universidad nacional, procurador inscripto en la matrícula correspondiente, escribano nacional que no ejerza su profesión o ejercer una representación legal). Tampoco el presentante reviste la representación de la sociedad anónima demandada, la que conforme lo dispuesto en el art. 268 de la ley de sociedades comerciales, sólo puede ser ejercida por el Presidente del Directorio o uno o más directores, siempre que el estatuto así lo autorice.

Sentado lo expuesto, y toda vez que el Sr. Juan Carlos Gutiérrez -quien no invocó ni acreditó ejercer la profesión de abogado- comparece a autos invocando una representación emanada de un poder especial otorgado por Lidia Noemí Cosentino, en su carácter de Presidente del Directorio de Dinamia Netmakers S.A. (ver fs. 102/103), no cabe sino desestimar el agravio vertido por la recurrente y confirmar la decisión adoptada por la sentenciante de grado a fs. 65/66.

Respecto a las costas de alzada, corresponde imponerlas a la recurrente vencida (art. 68 CPCCN).

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Adhiero a las conclusiones de la Dra. Graciela A. González por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345), el TRIBUNAL RESUELVE: I) Confirmar el pronunciamiento de fs. 65/66. II) Imponer las costas de alzada a la recurrente vencida.Miguel Ángel Pirolo Graciela A. González á