marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de transporte, prueba, carta de porte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MESSINA ROBERTO A. c/ JUAN A. MOTTA s/ ord (LIBRO: S152 - 427)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-12-05

Se queja el apelante porque se ponderó prueba ajena a la carta de porte. Si bien es cierto que cuando se emite una carta de porte, por ella deben regirse las controversias que suscite el transporte, pero para ello la carte de porte debe ser emitida conforme a la ley. En el caso de autos el instrumento adjuntado no tiene la firma del transportador, por lo que no puede ser admitido como carta de porte de donde resulta la factibilidad de ponderar otros medios de prueba.
Recurso de inconstitucionalidad, apelación en relación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Crespi Hnos. y Cía. en j: Roque, Lico s/ Quiebra - Verificación - Inconstitucionalidad (Libro: S050-028)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1951-05-17

Tratándose de un recurso concedido en relación tramitado por la ley 815, el término para dictar sentencia empieza a correr el día siguiente en que quedó la causa en estado de resolver.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: HERRERA, RODOLFO c/ FRIGORIFICO YAGUANE  S.A.C.I.F.A. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-20

Con motivo de un accidente de trabajo, cuando se acciona con base en el derecho común, resulta procedente el reclamo por daño moral toda vez que aquél consista en el menoscabo o la desconsideración que el agravio puede causar al afectado, sea por padecimientos físicos o afectivos, o por inquietudes y molestias derivadas del hecho perjudicial. (Conforme SORIA c/ G.I.V.A. Construcciones S.R.L. , Sala I, 30 de junio de 1977, LT 1978-431).
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Teves, Josefa c/ Transportes 19 de Noviembre CIFITASA s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-13

Es facultad de los jueces de grado inclinarse hacia uno de los elementos probatorios, descartando otros, sin que sea necesario expresar en la sentencia la valoración de todos ellos, sino únicamente de los que resulta necesarios para el fallo de la causa art. 384 2ª parte, CPCC).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Parravicini, María Beatriz s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia violación del art. 34 del C.P., si se asienta solamente en una base fáctica que la Cámara entendió no acreditada en autos, sin cuestionar, en el terreno probatorio, esa conclusión del Tribunal.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, apoderado, doble regulación, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: BOYERO RUBEN HUGO c/ PEDRO AMADEO BONFIGLI s/ ORDINARIO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-15

El derecho a percibir honorarios se origina con motivo de los trabajos efectuados por el profesional a lo largo del juicio, y sometidos al imperio de la ley vigente al tiempo de la realización de cada tarea. No obstante, el cuantum definitivo de tales honorarios cuando no están firmes-debe determinarse mediante la aplicación de la ley nueva, en este caso la ley 8226, porque el art. 120 contiene una norma de orden público y prescribe su inmediata aplicación. Su naturaleza imperativa es insoslayable ya que expresa la auténtica intención legislativa dirigida a que los jueces la apliquen inmediatamente a todas las causas y actuaciones profesionales en trámite, o pendientes de regulación y a las terminadas donde no se hubiere practicado la misma.

Bajo la vigencia de la ley 7269, el letrado que actuaba en la doble función de abogado y procurador tenía derecho a obtener regulación por ambas tareas, de conformidad con lo que disponía el art. 45 del mencionado dispositivo legal.

Pero el legislador ha privilegiado el interés general por sobre el interés de las corporaciones y acorde a ello eliminó la doble regulación para quien en realidad desempeña una única tarea, aunque revista al mismo tiempo la calidad de abogado y apoderado de la parte. De allí que el juzgador se encuentre hoy ante una disyuntiva por haberse suprimido toda regulación de honorarios para quien invoca la doble condición de abogado y procurador (art. 46, 2da.

parte, ley 8226, no se trata de un vacío legal por no existir en el nuevo C. Arancelario pauta cuantitativa para estimar tal actuación, sino de la derogación expresa de la figura misma del doble rol.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Derecho laboral, despido, falta de prueba, despido sin causa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ZUBILLAGA, ALEJANDRA FABIANA c/ GRAN RIO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-06

La demandada centra sus cuestionamientos, en sustancia, en un supuesto de falta de valoración de las probanzas de autos, mas se conforma con expresar su mero disenso, sin intentar refutar debidamente las consideraciones expuestas por la Sala, que evidenció que la causal invocada por la empleadora para despedir a la actora (específicamente, no haber movido ciertos muebles corriéndolos de la habitación al pasillo) no lucía de entidad como para disponer el distracto en las circunstancias del caso, sino que por el contrario, consideró que el motivo resultaba excesivo, máxime dada la antigüedad de la trabajadora (contaba con 17 años de labor), el enorme peso de los muebles en cuestión (los testigos así lo habían referido) y la existencia de otro personal de mantenimiento destinado por la propia patronal para efectuar aquella específica función, descartando asimismo que la situación pudiera haber generado el gravísimo perjuicio que sostenía la accionada para sustentar su proceder.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, responsabilidad penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Laferrara, Mauricio Jesús c/  s/ asociación ilícita y otros delitos-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-07

La recurrente no se hace cargo de controvertir en concreto la fundamentación expuesta por la Cámara al analizar la responsabilidad penal del imputado, soslayando dar razón de sus planteos al no evidenciar cómo, en las particularidades de la causa, se habría configurado la arbitrariedad que aduce, toda vez que los Sentenciantes explicaron por qué las alegaciones de aquélla resultaban insuficientes para derribar el convencimiento al que habían llegado a través del análisis de la totalidad de la prueba -dentro de la que destacaron: mensajes, llamadas, fotografía, registros de video, información de los vehículos involucrados y localización según antenas y celdas- en orden a la participación activa y personal del inculpado en toda la extensión del hecho -esto es, en la identificación, el seguimiento, la planificación y ejecución del secuestro y la muerte de la víctima y la relocalización del cuerpo para facilitar su hallazgo-.
Excepciones procesales, arraigo, cauciones
Materia: PROCESAL
Carátula: PESQUERAS GALOFER  S.A. c/ PERSUARA  S.A. s/ EXCEPCION DE ARRAIGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-23

Aún después de haber quedado firme la resolución que admita la caución y, asimismo, después de que el actor cumpla lo ordenado, si se modifican los hechos tenidos entonces en cuenta, procede devolver el depósito de arraigo; contrariamente, si cambian las circunstancias por las cuales fue rechazada o no deducida, el demandado podrá solicitarlo hasta el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia.
Ejecución de sentencia, intereses, cosa juzgada, constitucionalidad
Materia: CIVIL -CONSTITUCIONAL
Carátula: BRITOS DANIEL ALBERTO Y OTROS c/ E.P.O.S. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-14

Cuando en la ley 23928 y en los decretos reglamentarios Nros. 529/91 y 941/91 se dispone la manera de proceder respecto a la aplicación de la reforma monetaria a obligaciones reconocidas judicialmente, se parte del supuesto de la inexistencia, en el momento del cumplimiento de la sentencia, de la moneda de la especie contenida en el pronunciamiento judicial; ya que a partir del 1/4/91 es imposible jurídicamente aplicar indexación alguna al austral convertible. (Considerandos del Decreto 941/91). Y al abolirse por la ley la repotenciación del dinero, no sólo queda afectada la sentencia en el punto que determina la actualización monetaria, sino en cuanto fija la tasa de interés, pues la ecuación ajuste por indexación/tasa de interés, se rompe por la eliminación de uno de sus elementos componentes. Por lo tanto, aún cuando en la sentencia se determinó ese interés, la vigencia de la ley 23928 lo ha dejado desprovisto de su contenido real, modificándose de esa forma la cosa juzgada.

Y teniendo potestad el juez para interpretar su propia sentencia (art. 364 del C.P.C.), ante el pedido del interesado, está facultado para determinar cuál será la tasa de interés que regirá a fin de mantener la plena vigencia de la cosa juzgada dentro del nuevo sistema legal monetario.

Por todo ello, no es inconstitucional el art. 10 del Decreto Reglamentario Nro. 941/91, ya que no se advierte que dicha norma modifique el contenido de la ley Nro. 23928. Si bien ésta, en su art. 8, nada dice en relación a la fijación de los intereses por los jueces, advertimos que el art. 10 citado, a través de la tasa de interés, se limita a atenuar el nominalismo a ultranza; volviendo dichas tasas a ser el remedio o instrumento para compensar la pérdida del valor adquisitivo del dinero, vigente la prohibición de indexar el capital debido. De este modo se evita favorecer al deudor que prolongue en forma innecesaria los pleitos y atrase el momento del pago, especulando con el crédito judicial a interés "blando", a expensas del acreedor. Tampoco se afectan derechos adquiridos, ya que la finalidad de la norma es menester incólume el contenido económico de la sentencia.

La ley 23.928 es otro intento del Estado en la línea de querer encauzar una economía desquiciada, y en este sentido, fuera de toda crítica, el poder de policía autoriza, conforme criterio uniformemente sentado por el más Alto Tribunal del País, justificar medidas como la que consagra dicha ley, en el sentido de prohibir toda actualización, indexación, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas en los contratos, con posterioridad al primero de Abril de 1991.-
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martínez, Emilio c/ Morante, Víctor Oscar s/ Rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-20

La sentencia viola el artículo 168 de la Constitución de la Provincia si no trata -ni expresa ni implícitamente- una cuestión esencial que le fue sometida. Máxime cuando, preterida en el fallo de primera instancia, fue expresamente sometida a consideración de la alzada por el apelante en su expresión de agravios (art. 273, C.P.C.C.).
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cuesta, Timoteo V. c/ Dacosta José Luis y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-13

Si fuese mayor la cantidad a recibirse en concepto de reparación que el precio de otro coche, se produciría un enriquecimiento indebido de la víctima; aparte que cabe entender que un daño tal equivale a la destrucción total, cuya indemnización no puede ser superior al precio de otro vehículo equivalente.
Sanciones disciplinarias administrativas, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Iermini, Stella M. c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

El órgano jurisdiccional se encuentra investido de la potestad de revisar los actos disciplinarios emanados de la administración, abarcando no sólo el control de su regularidad, sino también el de la razonabilidad de las medidas que los funcionarios hayan adoptado en el ejercicio de sus facultades, pudiendo los jueces anularlas cuando aquéllos incurran en arbitrariedad manifiesta. (Minoría u opinión personal)
Adopción, objeto del proceso, responsabilidad parental
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Reservado c/  s/ adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-07-03

El objeto de la adopción configura un emplazamiento de filiación del niño en una familia conforme el art. 594 CCyC, porque la de origen no pudo cumplir con las funciones derivadas de la responsabilidad parental, por ende, la selección de quien satisfará ese cometido la hará el Estado y no los progenitores, tanto menos los guardadores de hecho. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ponce, Jorge Antonio y otro s/ Asociación ilícita, robos reiterados y tentativa de violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia errónea aplicación del art. 166 inc. 2º del Código Penal y su doctrina, si los jueces de Cámara -aunque dejaron sentada su posición subjetiva en el tema- fundaron la decisión en la efectiva existencia de prueba relativa al poder vulnerante del revólver utilizado, y el recurrente no denuncia violación de norma instrumental alguna, ni ataca eficientemente los elementos que el tribunal juzgó aptos para la prueba de la materialidad ilícita (que excluye el uso de armas de fuego), sino que expone opiniones personales incapaces de conmover las conclusiones del juzgador.
Recurso extraordinario, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiscal c/ Rojas, Juan Rubén s/ Inf. art. 189 bis 3 ap. C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

Debe equipararse a sentencia definitiva la decisión que deniega el fuero federal reclamado por el apelante.
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: PROCESAL
Carátula: BELARDI VICTOR HUGO c/ ROBLES ANTONIO Y OTRA s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-04-08

Si ha mediado una conjunción entre el riesgo que el funcionamiento de la máquina usada implicaba y el accionar de la víctima que omitió actuar con la precaución que las circunstancias requerían, debe atribuirse la responsabilidad por el accidente a ambas partes en la misma proporción pues si bien el daño sufrido por el trabajador fue ocasionado por una cosa que era riesgosa -máquina sobadora que trabaja con rodillos giratorios-, ha de computarse que él , con su conducta, contribuyó para que se produjera el accidente trató de desatascar la máquina con sus manos-; en consecuencia, corresponde declarar que ha mediado culpa concurrente entre el trabajador y su empleador en la extensión del 50 % a cada uno.
Compraventa inmobiliaria, escrituración, condena a escriturar, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: DE LUCIA MARIO Y OTRO c/ DIAZ TOMAS E. s/ Sucesión s-sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-06

Acorde con los arts. 512 y 513 del Código Procesal, la sentencia de escrituración debe contener el apercibimiento de que el juez escriturará en reemplazo del renuente condenado, pero la condena no cumplida, además, hará nacer el derecho a los daños y perjuicios.

Cuando ya no es posible que el juez otorgue el acto escriturario en nombre de la parte obligada, cabe hacer lugar al pedido de indemnización (conf. C.N.Civ. Sala E, J.A.1976-I-124, con nota de Mosset Iturraspe, p.127; íd. Sala A, L.L.113-102; Sala F, L.L.106 364)-
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: S., C. V. y otra c/ C., L. E. s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-22

En materia de deserción del recurso de apelación si bien es conocida la doctrina que puntualiza que la pieza procesal que lo opone debe autoabastecerse, resulta admisible una reiteración de argumentos si los mismos conllevan contenido crítico que pudiera proveer de material de análisis al tribunal de alzada. Lo que no basta en cambio es dar por reproducidos argumentos formulados en la presentaciones que anteceden. Esto es, la critica debe instalarse en la propia expresión de agravios.

La argumentación por ante la alzada no necesariamente debe ser novedosa y siempre que los argumentos satisfagan los recaudos, es decir se opongan en forma precisa y razonada a las consideraciones del sentenciante, la iteración de desarrollos vertidos en otras piezas procesales no descalificará por sí la expresión de agravios vertida.
ECUADOR, derecho de los beneficios de la seguridad social, reparación integral, responsabilidad internacional del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Marcia Cecilia Trujillo Calero Vs. Ecuador - Derecho a la seguridad  social - obligaciones de los Estados de garantizar el acceso a una  jubilación c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2018-03-26

Debe el Ecuador otorgar una reparación efectiva a la mujer que accionó por su responsabilidad internacional por violación a sus derechos a la seguridad social, en razón de habérsele negado la jubilación luego de haber aportado durante casi tres décadas, concediéndole las prestaciones a las que tenga derecho en atención a los aportes realizados u otras equivalentes que le permitan tener un nivel de vida adecuado y digno, indemnizándola por el sufrimiento padecido durante todo el período en que se le negó su derecho a la seguridad social.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, interpretación restrictiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: P., O. R. s/ Recurso de habeas corpus- Queja por denegación del Recurso de  Inconstitucionalidad- Revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro. 265 año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-29

La Corte Suprema nacional ha sostenido reiteradamente (por todos, Fallos 285:235) que "La obligación de cumplir el depósito no reconoce otras excepciones que las expresamente comprendidas en la legislación pertinente". Y tal como lo sostuviera esta Corte, aunque con distinta integración, en la causa "Vázquez" (A. y S., T. 102, pág. 495), la ley regulatoria en el ámbito provincial del recurso de inconstitucionalidad, dispone en su artículo 8, segundo párrafo, que "... estarán eximidos del depósito los que gozaren de exención del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia".Esta no es la situación en que se encuentra el recurrente, que no está exento de dicho pago siempre que le corresponda hacerlo pues, como toda excepción, la exención de acompañar el depósito deber ser interpretada de manera restrictiva.
Costas, cuestión abstracta, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ingenio San Isidro S.A s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-07-11

En punto a las costas, cabe decir que cuando se omite el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, por haber sobrevenido un hecho que lo torna abstracta, las costas deben imponerse en el orden causado, por no revestir ninguna de las partes el carácter de vencedor o vencido, salvo cuando las circunstancias especialísimas de la causa justificaran la imposición a sola una de ellas.
Contrato de trabajo, ex empresas del Estado, Telecom, gratificaciones
Materia: LABORAL
Carátula: BENITEZ, Susana Dolores c/ TELECOM ARGENTINA S.A. s/ Diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

Toda vez que del acuerdo oportunamente suscripto mediante escritura pública, entre la actora y Telecom de Argentina S.A. en los términos del art. 241 L.C.T., no surge concretamente el porcentaje a aplicar para el reajuste de la gratificación afectada específicamente jubilación (GAEJ), por aplicación del principio consagrado en el art. 9 de la L.C.T., debe estarse a la interpretación más favorable al trabajador, en el sentido de que dicho reajuste o actualización debe incrementarse en la misma proporción que la correspondiente a los salarios de los trabajadores en actividad, conforme la categoría de que se trate.
Costas, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL PROCESAL
Carátula: RIBONE JOSE ANDRES s/ QUIEBRA PEDIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-09

La regla general en materia de costas, es que debe aplicarse el art. 356 C.P.C. al no estar definido en la ley concursal (art. 301 ley 19551).

Si bien el estado de cesación de pagos es presupuesto de todo proceso concursal (art. 1 ley 19551) en el caso de quiebra pedida por el acreedor, a este sólo se le exige no la demostración, sino "los hechos reveladores de la cesación de pagos" art. 90 inc. 1ro.

ley 19551 y en tal sentido si la actividad del acreedor fue exitosa en relación al inc. 2do. del art. 90 ley 19551. Pero también el deudor resultó exitoso al desvirtuar con el pago, la cesación de pagos, las costas deben imponerse por el orden causado.

El hecho de que el acreedor ha realizado "gastos para lograr la reacción del deudor" no es argumento para la imposición de las costas, puesto que más allá que el interés real del acreedor es obtener su cobro del crédito,y no es esa la finalidad que la ley le acuerda a un pedido de declaración de quiebra.-
Juicio ejecutivo, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: El Resguardo S.A. c/ Carmona, Walter Eugenio s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

La acción ejecutiva promovida por la actora está enmarcada en los términos del Título II del C. Proc. (arts. 518 y sigtes.), por lo que el "embargo preventivo" solicitado, constituye un "embargo ejecutivo", viabilizado por los arts.521 inc.5 y 536 del C.Proc., que no requiere el cumplimiento de todos los recaudos establecidos respecto de las medidas cautelares en los procesos de conocimiento, ya que ni por sus presupuestos, ni por sus consecuencias, es admisible asignarle el carácter de una medida cautelar.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Aranda, Cesilia c/ Vidogar Construcciones  SA  y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

Si bien tanto lo referente a la determinación del alcance de las peticiones de las partes, como lo relativo a cuáles son las cuestiones comprendidas en la litis, suscitan problemas que son propios de los jueces de la causa y ajenos a la instancia extraordinaria, tal principio admite excepciones cuando lo resuelto en esos puntos entraña un apartamiento de las constancias del expediente o configura un exceso ritual manifiesto.
Simulación, interposición real de persona
Materia: CIVIL
Carátula: PERRONE LUIS c/ PERRONE, FRANCISCO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-14

Cuando media interposición real de personas, el acto jurídico no es simulado pues no hay acuerdo simulatorio entre los otorgantes del acto, ya que el vendedor desconoce que el adquirente, actúa por orden del verdadero comprador. Distinta es la situación cuando la interposición es ficta pues allí si hay un acuerdo trilateral que invalida el negocio jurídico celebrado.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: CHONEV KIRIL IORDANOV KRSTEV c/ DALMINE SIDERCA SA s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Los autos regulatorios solo tienen el carácter de sentencia en lo que se refiere al monto de los honorarios, pero nada fijan sobre la procedencia, forma de pago u obligado a satisfacerlos (cfr. Molas, A. M., "Honorarios del Abogado", p. 91, N° 560; Sala III, Causas 6.613/93 del 14.12.93; 3.850/93 del 10.2.94, entre otras).