Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09


D´PAUL, Jorge y Otros contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 215 p 145-152.

Santa Fe, 9 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la apoderada de la Municipalidad de Rosario, contra el acuerdo nro. 48 del 3 de setiembre de 1997, dictado por la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en autos "D´PAUL, Jorge y Otros contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUMARIO LEY 10.000- (Expte. C.S.J. Nro. 328, Año 1998); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante acuerdo nro. 48 del 3.9.1997, la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, resolvió -en lo que es de interés- revocar la sentencia alzada, haciendo lugar al recurso contencioso administrativo de la ley 10.000 "sub examine", en los términos y con los alcances indicados en la parte considerativa del mismo; encomendando personalmente al señor Intendente de la Municipalidad de Rosario al fiel cumplimiento de lo ordenado, bajo las prevenciones del caso.

Contra dicha decisión, interpone la demandada el recurso de inconstitucionalidad regulado en la ley 7055.

En sustento de su impugnación extraordinaria, invoca las siguientes causales de arbitrariedad: a) "Ausente fundamentación normativa del fallo": Bajo dicho acápite, la recurrente se agravia, en primer lugar, por haber negado la Sala aplicabilidad al artículo 2do. de la ley 10.000, sin declararlo inconstitucional.

Entiende que ello resulta contrario a la doctrina sentada por la Corte Provincial en la causa "Bachetta, Marcelo c/ Municipalidad de Reconquista", por cuanto afirma que en dicho fallo se estableció que no cabe considerar que el artículo 43 de la Constitución Nacional haya convertido en inexigibles las normas locales, que ordenan el reclamo administrativo previo a la acción judicial o el agotamiento de la vía administrativa.

Alega que, en el caso, ya desde el año 1992 pudo la actora promover dichas presentaciones administrativas o utilizar vías alternativas, lo que no hizo.

En relación con ello, critica el argumento sostenido por la Sala respecto a que la ley 10.000 es posterior a la ley 9040, toda vez que, según señala, esta última es una "ley general de presupuestos de demandabilidad al Estado" que no distingue entre derechos subjetivos, intereses legítimos o intereses difusos, y que cuando el legislador ha considerado que la misma no es aplicable, así lo ha dispuesto expresamente, como por ejemplo, en la ley 11.330 (art. 38), lo que no ocurre en el caso de la ley de marras.

Señala, además, que la interpretación que el A quo efectúa en cuanto a la no aplicabilidad del citado artículo 2do. no se ajusta al propio texto de la ley 10.000 y su Exposición de Motivos, en la que se expresa que el mentado recurso fue instituido como un régimen similar al del amparo, constituyendo ambos, vías subsidiarias residuales o recursos "heroicos", que deben intentarse cuando no existan otros remedios idóneos para hacer cesar prontamente la lesión.

Luego, reprocha lo aseverado por la Sala acerca de que el afectado pudo escoger libremente, en el caso, entre las vías individuales (art. 2618 del Código Civil, por ejemplo) y la normada por la ley 10.000.

En tal sentido, la compareciente pone de relieve que el propio apoderado de la actora, en su obra doctrinaria, reconoce que si el afectado invoca la titularidad de un derecho subjetivo, no puede a su vez presentarse como titular de un "interés difuso".

Señala que ello acontece en el sub examine, desde que el actor pretende la tutela de un derecho o un interés referido a su patrimonio (conforme se hace en la demanda al citar expresamente el aludido artículo 2618), por lo que carece de "interés difuso" y, por ende, de legitimación para iniciar la acción que le otorga la ley 10.000, debiendo haber encarado su reclamo contra las empresas implicadas, todo lo cual ha sido planteado por su parte desde que rindiera el informe circunstanciado.

De tal modo, la coexistencia y la libre elección entre las vías individuales y la normada por la mentada ley, resulta, a su entender, insostenible.

Añade que, en el sub lite, el Tribunal no ha evaluado que "si los actores eran titulares de un derecho subjetivo y el mismo era de carácter administrativo, debían agotar la vía administrativa y luego promover ante la Corte Suprema de Justicia el recurso contencioso administrativo".

Otro planteo vinculado a la arbitrariedad normativa que acusa, es el relativo a la inexistencia de normas de orden administrativo local que obliguen a su parte al retiro de los martinetes, cuestión ésta que se evidencia en el fallo que impugna, en tanto el A quo se vio obligado a crear dogmáticas elaboraciones, que concluyen con la imposición de una conducta que implica una injerencia en la órbita propia del Poder Administrador, dando lugar a un conflicto de atribuciones planteado entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que autoriza la intervención de la Corte Suprema de Justicia (art. 93, inc. 6, C.P.).

Atento a todo ello, entiende que se configura un caso de "gravedad institucional".

b) "Indebido apartamiento de la pretensión originaria": Entiende que la Sala ha violado el principio de congruencia al tener a su parte como legitimada pasiva y fijar una condena que se aparta de lo pretendido por los actores, por cuanto al confrontar los términos en que fue formulado su reclamo con lo dispuesto por el fallo que impugna, advierte que los actores solicitaron que se prohíba el uso de martinetes pero, según asevera, "siempre que la firma implicada no utilice las medidas de protección que eviten las molestias...", mientras que el Tribunal dispone el "cese definitivo e incondicionado en el uso de dichos martinetes", prescindiendo de la factibilidad de esas medidas, y descartándose, sin un examen detenido y extenso, los esfuerzos efectuados por "Matriforj S.A.", a fin de evitarlas.

Agrega que se ha resuelto "ultra petita", es decir que "se ha dado más de lo pretendido" y ello descalifica el pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido.

c) "Arbitrariedad Fáctica": Aduce que el Tribunal ha omitido valorar pruebas pertinentes que demostrasen los extremos exigidos por el artículo 1ro. de la ley 10.000.

A su vez, señala que el Tribunal ha perdido de vista los alcances de la pretensión de los accionantes -quienes no solicitaron el retiro de los martinetes sino la prohibición de uso sin medidas de protección-, y ello ha desenfocado la apreciación de la prueba.

Considera que la Sala debía examinar, atento a lo reclamado, si tales herramientas propagan o no vibraciones y ruidos que puedan afectar a los vecinos demandantes y el proceder de la Municipalidad ante ello.

Alega que, contrariamente a lo que se concluye en la sentencia, quedó demostrado que su parte ejerció debidamente el poder de policía, intimando a la empresa al cumplimiento de los recaudos tendentes a evitar las molestias al entorno.

En tal sentido, destaca que la "carga de explicación" resulta insuficiente para fundar válidamente el fallo recurrido, por cuanto la destinataria de la demanda es la Administración y, por lo tanto, debió examinarse la conducta desplegada por su parte y no la de "Matriforj S.A.".

2. La Sala, mediante resolución nro. 83 del 12.05.1998, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad intentado, por considerar que las tachas endilgadas al decisorio no guardaban conexión con la realidad del caso.

Ello motivó la presentación directa de la impugnante ante esta sede; y este Cuerpo requirió -como medida para mejor proveer- la elevación de los principales ad effectum videndi.

3. Encontrándose la queja a resolución de este Cuerpo, el señor Juez de primera instancia a cargo de la causa elevó informe "...sobre la eventual sustracción de materia en el recurso directo articulado..."acompañando los antecedentes -entre ellos, "Informe de fs. 921/927 emitido por la Municipalidad de Rosario, dando cuenta del cumplimiento de la sentencia"- "...que indicarían, salvo mejor opinión de este Alto Tribunal, que la cuestión litigiosa se ha transformado en abstracta" (f. 61).

Resulta imperativo, entonces, verificar con carácter previo al examen de admisibilidad del recurso, si subsisten en el presente los requisitos que habilitan el ejercicio de la jurisdicción por esta Corte.

Ello es así, por cuanto, como reiteradamente se ha sostenido, este Tribunal debe atender a las circunstancias existentes al momento de resolver el recurso de inconstitucionalidad, aunque las mismas sean sobrevinientes a su interposición, absteniéndose de emitir pronunciamiento cuando el mismo resultaría inoficioso por la desaparición de los requisitos que habilitan el ejercicio de la jurisdicción por esta Corte, pues tal hecho -al tornar inútil la sentencia pendiente- importa también, como regla, la extinción del poder de juzgar (cfr. A. y S. T. 119, pág. 376, y sus citas jurisprudenciales, entre otros).

En ese orden, las constancias remitidas por el magistrado revelan -como se anticipó- que la Municipalidad de Rosario habría dado cumplimiento a lo ordenado por la Sala en cuanto a la conducta que debía observar la autoridad demandada. En tales condiciones, cabe concluir en que el agravio que constituyó la materia del recurso de inconstitucionalidad no subsiste al presente y, por ende, ha devenido abstracta la materia a resolver por esta Corte.

Y si bien no puede desconocerse que dicha regla admite excepciones en atención a los intereses trascendentes o institucionales que puedan encontrarse involucrados, la referencia que formula la Municipalidad a fojas 72 y 73 de autos convence a este Cuerpo de que tales circunstancias de excepción no concurren en el caso. 4. Sin perjuicio de lo expuesto, el recurso sería igualmente inadmisible. En efecto, se advierte que las diversas tachas que la recurrente invoca en sustento de su impugnación extraordinaria -ausencia de fundamentación normativa, apartamiento de la pretensión originaria, arbitrariedad fáctica- no pueden tener cabida en esta instancia, desde que traducen tan sólo el cuestionamiento de la impugnante a la labor jurisdiccional cumplida por el A quo en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias, pero sin lograr demostrar que haya desbordado el ámbito propio de sus atribuciones.

Así, no autorizan la apertura de esta instancia de excepción los diversos planteos esgrimidos bajo la imputación de ausencia de fundamentación normativa, por cuanto de toda su argumentación surge que, en realidad, la quejosa reprocha el criterio interpretativo seguido por el A quo respecto de las normas que regulan el llamado "recurso contencioso administrativo sumario", mas no alcanza a persuadir de que dicha hermenéutica pueda ser descalificada en el plano constitucional.

En lo que concierne a la "no aplicación del artículo 2do. de la ley 10.000", cabe señalar que de la confrontación de dicho planteo con la sentencia en recurso, sólo se puede inferir el mero disenso de la impugnante con los fundamentos vertidos por los juzgadores, en cuya virtud coligieron que la alusión a las "vías de impugnación especiales" que efectúa la mentada norma, no refiere al "reclamo administrativo previo" estipulado por la ley 9.040.

La tesis sostenida por la Sala, al margen del acierto o error en que pudo incurrir, no resulta absurda ni caprichosa, ni se advierte que haya desbordado las posibilidades interpretativas aceptables que ofrece la referida disposición de la ley 10.000.

Antes bien, la conclusión a la que arriba el A quo parece ajustarse a los conceptos que, con relación al alcance de la expresión "Otras vías de impugnación especiales acordadas por las leyes o reglamentos" contenida en el citado artículo 2do., vertiera el doctor Ulla al emitir su voto en la causa "Federación de Cooperadoras Escolares Departamento Rosario contra Gobierno de la Provincia de Santa Fe" (sentencia registrada en A. y S. T. 90, p. 40).

Así, dejó en claro que dichas vías -respecto de las cuales el recurso regulado en la ley 10.000 juega un rol subsidiario- se tratan de "recursos judiciales de carácter sumario" previstos para la protección de intereses simples o difusos, salvo que por ellos no se pudiera obtener una rápida reparación de la lesión.

En ese sentido, puntualizó que "...el recurso funciona con independencia de resortes administrativos previos o paralelos. Salvada la hipótesis en que no es admitido, el recurso contencioso administrativo sumario es admisible aunque leyes o reglamentos abran vías administrativas contra actos lesivos de los intereses tutelados y menos es exigido que con ellas se agote una instancia administrativa previa.

Lo contrario importaría desvirtuar el instituto en su finalidad esencial, o sea, acordar una reparación en forma rápida y expeditiva (de allí su definición como vía judicial sumaria, que constituye otro de sus caracteres)".

Puso énfasis, finalmente, en que "Es menester no dejarse arrastrar por un erróneo paralelismo con el recurso contencioso administrativo ... que responde a otro concepto y a un distinto linaje de intereses protegidos. Se trata por eso de una directa tutela judicial sumaria de los intereses simples o difusos".

A su vez, corresponde remarcar que, conforme lo ha sostenido esta Corte (cfr. A. y S. T. 55, p.150; T. 67, p. 81; T. 75, p. 262, entre otros), la ley 7.234 (modificada por la ley 9.040), si bien contiene algunas normas que son aplicables a toda clase de juicios, incluso al contencioso administrativo, regula una materia constituida básicamente por los juicios civiles en los que la Provincia y entes públicos menores (entre ellos, Municipios y Comunas, por aplicación de la ley 9.040) es parte.

Ante ello, deviene inadmisible el ataque de la quejosa, desde que no logra persuadir de que resulte arbitraria la labor hermenéutica efectuada por el A quo en torno al citado artículo 2do. -en relación con la normativa que regula el reclamo administrativo previo en la Provincia-, quedando sin sustento el pretendido apartamiento de la doctrina sentada por esta Corte in re "Bachetta"; a lo que cabe agregar que la mención a la "dudosa constitucionalidad" de esa norma, tal como correctamente lo afirma la Sala en la denegatoria, "no pasó de ser un argumento 'a mayor abundamiento' de otros y que, por ende, no constituye un válido pie de apoyo para intentar la impugnación constitucional de la resolución 'sub examine'" (f. 39).

Lo propio acontece con el reproche dirigido a cuestionar la interpretación relativa a que el afectado pudo escoger entre las vías individuales (en la especie, artículo 2618 del Código Civil) y la normada por la ley 10.000, por cuanto la quejosa no explica suficientemente por qué entiende que, en caso de concurrencia, la mencionada en primer término excluiría a la establecida para la protección de los intereses difusos, a poco que se repare en el específico objeto que se persigue a través de cada una.

Así, no alcanza ni mínimamente a convencer de que resulte ilógico el criterio seguido por los juzgadores al fundarse en que dichas vías disciplinan "aspectos distintos de la misma parcela jurídica" (reclamo individual exclusivamente resarcitorio o tendente a la cesación de las molestias y el reclamo con "vocación colectiva" que entraña la invocación de la ley 10.000 que apunta a cuestionar una acción o inacción administrativa), razón por la cual la posibilidad de acudir a esta última no puede quedar coartada por la coexistencia de las otras.

Y en cuanto a la imputación relativa a que la Sala "no ha evaluado que si los actores son titulares de un derecho subjetivo y el mismo es de carácter administrativo, debían agotar la vía administrativa y luego promover ante la Corte Suprema de Justicia el pertinente recurso contencioso administrativo", cabe señalar que el mismo no resulta atendible.

Ello, por cuanto, amén de haber sido introducido como una mera conjetura recién en el memorial introductorio -como lo observara la Cámara en el auto denegatorio (f. 39)-, surge claro que el Tribunal entendió que en el sub examine los actores pretendían la tutela de un "interés difuso", y la impugnante ningún esfuerzo desplegó en orden a acreditar la existencia de la situación jurídica subjetiva que recién ahora tibiamente invoca.

No corre mejor suerte la alegada ausencia de motivación por no haberse indicado las normas de orden administrativo local que habrían sido violadas en el caso, toda vez que la conclusión de que se encontraba configurada una omisión administrativa, se sustentó expresamente en que el ente municipal no había hecho cumplir "la normativa existente en materia de zonificación urbana (conf. "Código urbano y plan regulador de la ciudad de Rosario")" (f.6), que no permitía el uso de martinetes en el sector donde se hallaba ubicada la planta de Corporación "Matriforj Argentina S.A.".

En este sentido, puntualiza el Aquo, que no surgía de las actuaciones administrativas previas, "actividad municipal derechamente enderezada a efectivizar el sencillo control de legalidad exigible en el caso, que no radicaba en otra cosa que en verificar la existencia y uso de martinetes en zona prohibida y en arbitrar lo conducente para que, en un breve plazo se dispusiera administrativamente su no utilización, bajo las prevenciones del caso en el supuesto de violarse dicho mandato" (f. 5).

El denunciado "conflicto de atribuciones" entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que autorizaría la intervención de esta Corte (art. 93 inc. 6to., C.P.), ante la imposición de una conducta que implica una injerencia en la órbita propia del poder administrador tampoco puede ser atendido en esta instancia extraordinaria, pues no se advierte que el Tribunal haya excedido el límite de su función jurisdiccional al establecer la condena contra la recurrente, habida cuenta de la precisa disposición contenida en la última parte del artículo 11 de la ley 10.000; y por ende, pierde todo sustento la "gravedad institucional" invocada como consecuencia de ese supuesto conflicto.

Por otra parte, también debe ser desestimado el agravio relativo a un presunto "apartamiento de la pretensión originaria".

Ello es así, por cuanto los argumentos expuestos por la impugnante en sustento de tal imputación sólo traslucen su personal parecer respecto del alcance del reclamo articulado en el sub lite; más lo cierto es que en modo alguno consiguen demostrar que el Tribunal se haya pronunciado más allá de lo solicitado por los actores en lo que respecta al cese en el uso de los martinetes, incurriendo en la incongruencia que se le achaca.

Cabe aludir en este punto, a la sólida fundamentación expuesta por el A quo en el auto denegatorio -y que la compareciente no logra desmerecer en su escrito de queja-, acerca de que en varios tramos de la demanda se había introducido como thema decidendum la cuestión relativa a que el mero uso y/o emplazamiento de los martinetes constituía per se una violación del ordenamiento administrativo municipal, más allá de que el empleo de dicha maquinaria produzca vibraciones o un impacto sonoro inadecuado y excesivo, indicándose con detalle las fojas correspondientes; a lo que se sumaba la conveniencia de reconocer una "flexibilización o ductilización" del principio de congruencia, lo cual había sido receptado de alguna manera por el legislador al asignarle un amplio margen al accionar del tribunal a la hora de emitir una decisión favorable al progreso de una petición fundada en la ley 10.000 -artículos 11 "in fine" y 16- (fs. 40/41).

De manera, pues, que todo el planteo recursivo queda reducido a una mera expresión de desacuerdo para con lo ordenado por la Sala, que no autoriza la apertura de esta instancia de excepción.

Finalmente, también deviene inadmisible la tacha de "arbitrariedad fáctica", pues con su desarrollo tampoco alcanza la quejosa a justificar que en el sub examine se verifica tal causal de descalificación del decisorio.

En efecto, no puede tener andamiaje el reproche vinculado a un presunto déficit en la selección y ponderación de las probanzas rendidas, consistente en que el Tribunal debería haber analizado tanto la prueba aportada por la actora, como asimismo la ofrecida por su parte y por la tercera coadyuvante, a fin de tener por demostrados los presupuestos de admisibilidad de la acción.

Contrariamente a lo alegado, se observa que los sentenciantes también se apoyaron en los dictámenes de los organismos técnicos de la propia recurrente; debiéndose agregar que los jueces no están obligados a considerar una por una todas las pruebas de la causa, sino sólo aquéllas que estimen conducentes para fundar sus decisiones.

Como tampoco puede prosperar, conforme se deriva de lo señalado al rechazar el agravio examinado anteriormente, el planteo concerniente a que el Tribunal habría "desenfocado" la apreciación de la prueba por "haber perdido de vista" el alcance de la pretensión de los accionantes.

Por su parte, lo argüido en torno a la referencia al incumplimiento por parte de "Matriforj S.A." de levantar la "carga de explicación" carece en absoluto de decisividad para hacer variar la suerte de lo resuelto, pudiéndose inferir con claridad que tal cuestión no constituyó ni el único ni el principal fundamento de la sentencia.

En definitiva, la postulación de la quejosa no logra traspasar el umbral de la mera disconformidad en cuanto a la valoración de aspectos fácticos y del derecho aplicable, propios de las instancias ordinarias y, por ello, excluidos del control que le compete a este Cuerpo por la vía extraordinaria intentada.

4. A todo lo expresado precedentemente, cabe añadir, a modo de reflexión, que podría conectarse con esta situación el tema de los derechos inviolables que nuestra Constitución provincial consagra en el artículo 7mo., 2do. párrafo, los cuales, además, deben concebirse no como una serie cerrada y taxativa, sino más bien como una serie relativamente abierta, de manera tal que se preste a una interpretación expansiva, la que emerge, en definitiva, del artículo 6to. de la Ley Fundamental de la Provincia, ya que éste consagra el principio de la expansividad de los derechos, al igual que lo hace la Constitución nacional en su artículo 33.

Se ha dicho que la intimidad personal y familiar, y la inviolabilidad del domicilio (en nuestra Provincia, art. 10mo., C.P.) pueden ser lesionados en supuestos de agresiones graves al medio ambiente (como sucede en el presente caso). Este planteamiento posee hoy respaldo jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En su sentencia del 9 de diciembre de 1994, asunto "López Lostra c. España" (41/1993/436/515), ha condenado a ese país al pago de una indemnización en concepto de daños, por estimar violado el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos ("Toda persona ostenta un derecho respecto de su vida, de su domicilio y de su correspondencia"), afirmándose que "los atentados graves al medio ambiente pueden afectar al bienestar de una persona y privarle del disfrute de su domicilio" (Jordano Fraga, Jesús, "Nulidad de los actos administrativos y derechos fundamentales", Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1997, ps. 278 y 279).

Por las razones expuestas la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) Fundamentos de la señora Ministra doctora Gastaldi: Coincido con el voto mayoritario en cuanto entiende que el agravio que constituyó la materia del recurso de inconstitucionalidad no subsiste al presente y habría devenido abstracta la cuestión a decidir.

Es que, como reiteradamente se ha sostenido, el Tribunal debe atender a las circunstancias existentes al momento de resolver el recurso de inconstitucionalidad, aunque las mismas sean sobrevinientes a su interposición, absteniéndose de emitir pronunciamiento cuando el mismo resultaría inoficioso por la desaparición de los requisitos que habilitan el ejercicio de la jurisdicción por esta Corte, pues tal hecho -al tornar inútil la sentencia pendiente- importa también, como regla, la extinción del poder de juzgar.

Y si bien no puede desconocerse que dicha regla admite excepciones en atención a los intereses trascendentes o institucionales que puedan encontrarse involucrados, la referencia que formula el recurrente a fojas 72 y 73 de autos me convence que tales circunstancias de excepción no concurren en el caso, por lo que no encuentro razones que ameriten formular consideraciones respecto de los planteos vertidos a la hora de introducir el recurso de inconstitucionalidad local. FDO.: GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)