Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-21


Salta, 21 de Junio de 2011.

AUTOS Y VISTA: esta causa Nº I01 29426/11 de la Sala I de la Cámara de Acusación, "PIEZAS PERTENECIENTES DE LA CAUSA COR 81730/09", ORIGINARIA DEL Juzgado en lo Correccional y de Garantías 1º Nominación, Expte. Nº 81730/11 y CONSIDERANDO:

Los Dres. RAUL ROMAN y JULIO V. PANCIO dijeron:

I) Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal de conformidad a lo establecido por los arts. 54 y cctes. del CPP, a fin de dirimir la contienda trabada entre la Dra. Mónica Faber y el Dr. Héctor Hugo Martínez, Jueces Correccionales y de Garantías de 8ª y 1ª Nominación respectivamente, de este Distrito Judicial del Centro.

Adviértese que lo planteado en estas actuaciones, es similar a lo considerado y resuelto en la causa 29434/11, por lo que, dadas razones de economía procesal, lo acá consignado es síntesis de aquella en sus partes pertinentes.

a) Que a fs. 1/2 de esta incidencia, la Dra. Mónica Faber resuelve Inhibirse de continuar actuando en las presentes actuaciones de conformidad al art. 51 inc. 13 del C.P.P., remitiendo al Juzgado Correccional y de Garantías de 1ª Nominación, los obrados conforme lo dispone el art. 55 del C.P.P. Ello así toda vez que en fecha 14.04.11 tuvo un entredicho con la Sra. Defensora oficial asignada a su Juzgado, sintiendo que la misma puso en duda su actuación y honorabilidad como magistrado, como así que vapuleó su investidura, por lo que se siente violentada moralmente.- b) Remitida y recepcionada la mencionada causa en el Juzgado cuyo titular es el Dr. Héctor Hugo Martínez, éste decide rechazar la inhibición formulada por la Dra. Mónica Faber, disponiendo elevar los antecedentes a esta Cámara de Acusación.

El Sr. Juez Correccional de 1º Nominación, luego de reseñar los motivos expuestos por la Dra. Mónica Faber, considera que la inhibición formulada por la titular del Juzgado Correccional de 8va. Nominación, no cuenta con los fundamentos necesarios para ser aceptada.

Advierte que los términos consignados como provenientes de la Dra. Mercedes Molina hacia la Sra. Juez, no guardan prudencia, decoro ni el respeto exigible en la crítica de los actos de cualquier magistrado, no obstante entiende que la cuestión debiera resolverse a través de las actuaciones disciplinarias correspondientes.

Asimismo advierte que debe tenerse especialmente en cuenta las particulares circunstancias del caso, pues la causal de violencia moral invocada se suscita con la Sra. Defensora Oficial Penal Correccional Nº 8, es decir la titular de la defensoría asignada para dicho Juzgado, consecuentemente, siendo conocido que del total de las causas en trámite en un Juzgado Correccional y de Garantías, alrededor de un 90% a 95%, aproximadamente cuentan con la defensa oficial, aceptar la inhibición implicaría el desplazamiento del mismo porcentaje de expedientes de ese Juzgado al Tribunal a su cargo, ya que la causal alcanzará a todas las causas que se registren con defensa oficial.

II) Que así planteada la cuestión, se reproducen en el caso los fundamentos y decisión jurisdiccional de la causa mencionada -29434/11-, con las adecuaciones de forma respectivas.

En tal precedente se dijo: Que en primer lugar es necesario recordar que si bien la finalidad de los institutos procesales de la Inhibición y Recusación propenden a una recta administración de justicia, haciendo que los jueces actúen con absoluta imparcialidad en las causas que lleguen a su conocimiento, los mismos difieren en cuanto a su tramitación.

Así, la excusación implica un derecho de abstención por parte del magistrado, en tanto exista un impedimento subjetivo del juez, quien lo deberá merituar según su conciencia y asegurando a las partes la garantía de imparcialidad, mientras que la recusación es un remedio acordado al justiciable, quien pone de manifiesto un motivo de apartamiento a fin de provocar la separación del juez, ante la sospecha de parcialidad.

En ambos casos, los motivos en los que se fundan deben aludir a los previstos por el art. 51 del CPP.

De suerte entonces que la Inhibición es formulada por el Magistrado, excusación que si es admitida por el Juez al que se desplaza el expediente, será el competente para continuar el proceso, en caso contrario la Cámara de Acusación deberá resolver la cuestión.

Por su parte, la Recusación es formulada por los litigantes, debiendo ser aceptada o rechazada por el Juez interviniente; en caso de rechazo se eleva el escrito de recusación y el informe del Magistrado ante la Cámara de Acusación, quien producirá la prueba ofrecida en audiencia y resolverá sobre la procedencia del planteo. Si el Juez recusado hace lugar al pedido se procede de conformidad al art. 55 ritual.

Es decir que la Inhibición es una cuestión que se suscita entre Jueces, en cambio la Recusación se produce por un planteo de parte, convirtiéndose en un conflicto entre Magistrados cuando, aceptada la Recusación por el Juez de origen, el Tribunal que recibe las actuaciones, se opone a los motivos esgrimidos por aquél.

De ello surge claramente que pese a haberse ofrecido prueba en el incidente bajo análisis, no corresponde su producción, pues dicho trámite no se encuentra previsto para el Instituto de la Inhibición. De modo que, en última instancia al existir la posibilidad de que la causa se desplace de un Juez a otro, en el trasfondo se alude también a una cuestión de competencia.- Es sabido que las causas de apartamiento deben ser graves y serias, habida cuenta los intereses privados y públicos en juego y al encontrarse de por medio el principio constitucional del Juez Natural, pues aun cuando el mismo rige para todas las sedes, es en la penal donde debe ser más estrictamente respetado a tenor de lo consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, a lo que podemos agregar el derecho de las partes a que las causas judiciales se resuelvan dentro de un plazo razonable.

Conviene recalcar también que las cualidades de los magistrados para el desempeño de su ministerio, son de apreciación privada de otros poderes. De lo dicho surge claro la razón de la exigencia de una interpretación restrictiva en la aceptación de los institutos referidos resultando necesario, en el asunto que nos ocupa, formular las siguientes consideraciones.

La doctrina estima como un acierto que se haya incluido al Ministerio Fiscal junto al imputado, al actor civil y al civilmente responsable, sus defensores y mandatarios, como legitimados para recurrir a estos institutos, porque el fiscal puede conocer una causal de recusación del juez, ignorada por las partes y que en tal caso es su deber plantearla (vgr. parentesco).

Dicen los Dres. Vázquez Iruzubieta y Castro en su obra Procedimiento Penal Mixto, T. I pág. 195 "...lo que no puede admitirse es que el Fiscal tenga facultad de recusar al Juez por causales de tipo personal ya que en tal caso, la solución es distinta o por lo menos debe provenir por otra vía, ya que como funcionario se vería afectado el ámbito de su función por la existencia de una causal permanente que lo aleje de un tribunal, donde por imperio de las reglas de la competencia debe siempre actuar".

En igual sentido el Dr. Ricardo Núñez en su Obra Código Procesal Penal Anotado, pág. 69 dice "Si bien, a diferencia del art. 54 del Código de 1939, ahora el Ministerio Fiscal puede recusar, no lo puede hacer por motivo de índole particular (como es la amistad o enemistad), vinculados a él y al Juez, tales motivos constituyen una causal de recusación sólo cuando median entre el Juez y los interesados, entre los cuales no se encuentra dicho Ministerio".

Tiene la misma idea el Dr. Washington Raúl Ábalos en su obra Código Procesal Penal de Mendoza, como el Dr. Jorge Clariá Olmedo en su Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo II, pág. 263 y sgtes.

Pues bien, el Juez tiene al igual que el Fiscal y el Defensor Oficial una función determinada en un idéntico Tribunal, por lo que tampoco puede recurrir a los institutos en cuestión, especialmente a la inhibición, alegando como causal la violencia moral motivado en razones personales, respecto al Defensor Oficial, como ocurre en el caso subexamen.

Ello así, toda vez que también aquí la causal sería permanente para alejarlo de un Tribunal donde por imperio de las reglas de la competencia debe siempre actuar, ocasionando los desajustes que bien explica el Dr. Héctor Hugo Martínez en su oposición.

De la lectura de los fundamentos para inhibirse que expone la Dra. Mónica Faber, se colige que encuentran su génesis en razones de índole particular, así entre otras cosas dice que la Sra. Defensora Oficial se refirió a su persona de manera agraviante.

No caben dudas que las manifestaciones aludidas, seguramente habrán producido un estado emocional negativo en la Sra. Juez, pero las mismas, como lo destaca el Dr. Martínez, deben resolverse a través de las vías correspondientes. Los motivos esgrimidos no resultan pertinentes dado la naturaleza y el carácter personal de los mismos, como se dijo siguiendo a caracterizados autores.

Cabe destacar que surge de la excusación formulada por la Sra. Juez, la necesidad de preservar la imagen de imparcialidad y objetividad. La integridad, la elevada conciencia de la misión y el sentido de la responsabilidad deberán colocar a la Sra. Juez por encima de estas vicisitudes.

Permitiría ello el normal desenvolvimiento de la Administración de Justicia en ambos Tribunales, de otra forma podría implicar la intervención del mas alto Tribunal, al estar comprometida en definitiva, una cuestión de competencia.

III) Que por los motivos expuestos votamos por aceptar la Oposición formulada por el Sr. Juez Correccional y de Garantías de Primera Nominación, consecuentemente por rechazar la Inhibición incoada por la Dra. Mónica Faber.- Por ello, la Sala I de la Cámara de Acusación _______________________RESUELVE I.- HACER LUGAR a la Oposición formulada por el Dr. Héctor Martínez, Juez Correccional y de Garantías 1º Nominación y en su mérito DECLARAR formalmente INADMISIBLE la Inhibición propuesta por la Sra. Juez Correccional Nº 8 Dra. Mónica Faber.- II.- DISPONER que los autos bajen al Juzgado Correccional Nº 1 para su toma de razón y ulterior remisión al Juzgado Correccional Nº 8, para su radicación.- III.- REGISTRESE, PROTOCOLICESE Y NOTIFIQUESE.- Ante mí.