Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-26


AUTOS 64604/2 (C.C.Nº22103) DEL Séptimo Juzgado Civil, CARATULADOS: "LOZADA Ricardo C/ Suma Construcciones S.R.L. - Sumario - Legajo de Apelación".- PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2015- del Tº II - Fº73/79.- En la Ciudad de San Juan a 26 días del mes de agosto de 2015, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Roberto M. Pagés Lloveras y el Sr. Vocal Dr. Pascual E. Alferillo, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. sub 61, contra la sentencia de fecha 18 de marzo del año dos mil quince, recaída en los presentes autos Nº64604/2 (C.C. Nº22103) caratulados: "LOZADA RICARDO C/ SUMA CONSTRUCCIONES S.R.L. - SUMARIO - LEGAJO DE APELACIÓN", dictada por la Sra. Juez titular del Séptimo Juzgado Civil, obrante a fs. 54/58.- 1°- ¿Resulta procedente el recursos de apelación planteado a fs. sub 60/vta.?;

2°- En su caso, ¿Qué resolución corresponde dictar? EL DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS DIJO:

A la primera cuestión:

Antecedentes I- La Sra. Juez titular del Séptimo Juzgado Civil, Comercial y Minería hizo lugar al planteo formulado por la parte actora y decretó la caducidad de segunda instancia, respecto del recurso interpuesto por la parte demandada, ordenando continúe la causa según su estado. También impuso las costas a la apelante vencida y reguló los honorarios del Dr. Manuel Castillo Rodríguez, por su actuación en esta incidencia, en doble carácter, en la suma de pesos quinientos cincuenta pesos ($ 550,00), como los honorarios del Dr. Marcelo Luis Saffe, por la labor desempeñada en autos, en doble carácter, en la suma de pesos trescientos ochenta y cinco ($ 385,00).

Para así resolver consideró -en resumen- que la parte apelante planteó el recurso y luego acompañó la expresión de agravios y las copias que consideró necesarias para formar el legajo de apelación, lo que dio origen a la providencia de fecha 05 de noviembre de 2013, en que se dispuso que se forme el legajo de apelación y se requiere una copia faltante (la de fs. 418) sin que haya constancia de presentación alguna por parte de la recurrente con posterioridad y que fuera hábil para impulsar la instancia abierta por tal recurso.

Señaló que no resulta necesario intimar al cumplimiento de dicha obligación, como lo sostiene el profesional incidentado, pues indicó que dicha obligación resulta implícitamente de lo dispuesto por el art. 255, Inc. 3º del C.P.C., como que la omisión de reponer el sellado, cuando éste acto era el único recaudo que faltaba para que el expediente se encontrara en condiciones de ser elevado a la Cámara, implica inactividad procesal, que habilita la declaración de caducidad, transcurrido el plazo legal.

Impuso las costas de la incidencia, en virtud del principio objetivo de la derrota, al incidentado vencido.

II- A fs. sub 60/vta. consta adjunto el escrito en el que el apoderado de la parte demandada plantea el recurso de apelación, y a fs. sub 62/69 vta. su fundamentación.

El apoderado de la parte demandada recurrente expresa que se agravia por la incorrecta aplicación e interpretación de las normas procesales aplicables al caso (arts. 255, 275 y 256 del CPCCM), afirmando que correspondía remitir la apelación a la Alzada y que el no hacerlo impedía la declaración de la caducidad.

Señala que el Tribunal (Juez) debía intimarlo a reponer el sellado y acompañar las copas correspondientes bajo apercibimientos legales, ya que de lo contrario se viola -según entiende- el principio de igualdad de las partes.

Expresa que luego de haber planteado el recurso, acompañó las copias que se señalaron al momento de concederse el mismo y que bien pudo esperar de buena fe que se elevara el expediente al Tribunal de Alzada sin necesidad de petición alguna de su parte, por lo que sostiene que debía ser notificado por cédula de la existencia de nuevos recaudos exigidos a la parte recurrente con posterioridad al 27/09/2013.

Pide que se haga lugar al recurso y se revoque la caducidad de instancia decretada, con costas. Hace reservas.

III- A fs. fs. sub 71/74 vta. consta agregado el escrito de réplica presentado por el apoderado de la parte actora.

Manifiesta, en primer lugar, que los fundamentos dados por la parte recurrente no configuran una verdadera expresión de agravios en los términos del art. 253 del CPCCM, pues afirma que se limita a transcribir los argumentos de su propio escrito de contestación del planteo de caducidad, lo cual lo descalifica como verdadera expresión de agravios.

Sin perjuicio de ello expresa sobre lo alegado por el recurrente que el no concurrir al juzgado para comprobar como le era proveída su presentación de fundamentación del recurso, se acerca más a un desinterés procesal que a la buena fe.

Indica que la providencia de fecha 05/11/2013 era notificable por ministerio de la ley, como que el requerimiento de acompañar la foja 418 del principal ya había sido requerida con anterioridad, en fecha 15/10/2013, lo que a su entender dicho incumplimiento constituye una doble inactividad.

Plantea cuestión constitucional para el caso de pronunciamiento adverso y pide que se rechace el recurso con costas.

IV- A fs. sub 78 se certifica el pase de estos autos a estudio.

Tratamiento del recurso 1. Los agravios, para ser tales, deben contener una crítica razonada y concreta de las partes de fallo que considere equivocadas (art. 253. segundo párrafo, CPCCM), lo que implica indicar en el escrito, detalladamente, las omisiones o deficiencias de la sentencia apelada, sin que las afirmaciones genéricas o el mero desacuerdo con el enfoque del juez, impliquen que se consideren agravios en los términos exigidos por el Código Procesal Civil.

Y la declaración de la perención de la segunda instancia produce la extinción o finalización de la actividad derivada de los recursos interpuestos, decretada a raíz de la inactividad procesal (ausencia de actos de impulso, idóneos para encaminar al proceso hacia el dictado de la sentencia) una vez vencidos los plazos previstos por la ley (art. 282, CPCCM).

Con ello se pretende estimular la actividad de los litigantes para que los pleitos puedan concluir dentro de plazos razonables y desprenderse de aquellos planteos recursivos respecto de los cuales las partes demuestran un presumible desinterés.

2. Ahora bien, estimo que debe rechazarse en este caso el recurso de apelación planteado contra la sentencia dictada en el incidente de perención de la segunda instancia, puesto que de la lectura del relato de los agravios expresados por la parte recurrente se advierte que no se logra demostrar un error puntual y concreto en los fundamentos de la sentencia de primera instancia, sino que configuran una mera discrepancia al afirmarse por el recurrente, sin sustento normativo alguno, que se le debía intimar "bajo apercibimientos legales" a cumplir con las reglas que se establecen expresamente en los arts. 255 y 256 del CPCCM.

Es que el recurso planteado por la parte incidentada recurrente fue concedido y del mismo se corrió traslado a la contraria, pero no cumplió con el agregado de la copia del decreto de fs. 418 del expediente principal ni con el pago del sellado que hubiera permitido elevar el expediente a la Cámara de Apelaciones (art. 256, in fine, CPCCM).

2.1. Distinto ocurrió con el planteado de la perención de segunda instancia, que por no ser un recurso no se dio trámite hasta tanto no pagara el sellado correspondiente (fs. sub 41), por lo que no existe violación a principio constitucional alguno.

3. Asimismo, la declaración de perención de la segunda instancia ha cumplido con los requisitos de la apertura de la misma (recurso concedido en fecha 15/10/2013, fs sub 31); y la ausencia de actos de impulso desde la providencia de fecha 03/11/2013 (fs. sub 36) hasta el planteo de la caducidad de segunda instancia en fecha 10/03/2014 (fs. sub 39), habiéndose cumplido el plazo previsto en el pto. 2) del art. 274 del CPCCM (plazo de tres meses) a los fines de que resulte procedente la declaración de perención de la segunda instancia.

También corresponde tener en cuenta que el Poder Judicial de San Juan, a través de la página web, posee un sistema de consulta integral de expedientes (http://www.jussanjuan.gov.ar/expedientes.php), que proporciona al profesional abogado un servicio de información para que mediante Internet, puedan consultar el estado de las causas en las que actúan y de ser posible el último proveído de las mismas, con lo cual se hace injustificable que durante el plazo de más de tres meses no se haya podido consultar el estado de la causa.

4. Y en materia de perención, los plazos se rigen por las normas del Código Civil y Comercial, por lo que los plazos de meses se computan de fecha a fecha (art. 6, Código Civil y Comercial), quedando incluidos los días inhábiles o no laborables, con la única salvedad de los que correspondan a la feria judicial.

Por ende, en este caso el plazo corría desde la medianoche de la última resolución de la juez que tuvo por objeto impulsar el procedimiento (03/11/2013) y feneció a la medianoche del mismo número del día del mes correspondiente (03/03/2014) (art. 275, CPCCM).

Así voto.

A la segunda cuestión:

En razón a lo acordado al tratar la primera cuestión, corresponde rechazar los recursos de apelación planteado a fs. sub 60/vta., con costas de Alzada a cargo de la parte vencida.

EL DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS DIJO:

Sin perjuicio de los detalles que argumenta el distinguido magistrado preopinante al cual adhiero, digo:

1- El instituto de la perención de la instancia es un modo anticipado de conclusión del proceso, cuyo fundamento -en definitiva- radica en la presunción de desinterés que exterioriza esa inactividad, a la vez que su propósito responde a la necesidad de evitar la duración indeterminada de los juicios, como medio de proteger su seguridad jurídica.

También la Sala I ha sostenido, acompañando criterios de la jurisprudencia nacional que "la caducidad de la instancia tiene su fundamento objetivo en la inactividad de los litigantes por un tiempo determinado quienes ante el desinterés demostrado de esta forma tienen su sanción. Persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia. De tal suerte que el único medio adecuado para demostrar la falta de espíritu de deserción de la instancia y destruir la presunción que indica la inactividad de la parte, consiste precisamente en la realización de actos procesales útiles y adecuados al estado de la causa a los efectos de posibilitar el avance del procedimiento" (Autos n° 15.206 caratulados "Montilla, Héctor Eduardo, Medidas Cautelares. Acción de exclusión de socio", L. de A. Tº 101 - Fº 44/47, Fecha: 08/03/99; Autos N° 19.889 (N° 36.228 - 3° CIVIL) caratulados "Fuentes Rosendo Aníbal C/Alamo S.R.L. - Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios", L. de A. T° 163, F° 151/156, fecha 20/03/09).

Para que proceda la caducidad de instancia es necesario la concurrencia de cuatro presupuestos: a) existencia de una instancia; b) inactividad procesal absoluta o actividad procesal jurídicamente inidónea; c) transcurso de determinados plazos de inactividad y d) el pronunciamiento de una resolución que declare operada la caducidad.

El art. 274 inc. 2° del CPC (988-O) establece que se producirá la perención de segunda instancia si no se insta el procedimiento durante el plazo de tres meses.

En el presente caso, y conocido el contenido del fallo dictado por la Corte de San Juan, expuesto en autos n° 5853/12 Lozada Ricardo Walter c-Provincia de San Juan y suc de Quiroga Pedro Rodolfo. Inconstitucionalidad y Casación, PRE S 1° 2013-III-444, y siguiendo la doctrina mayoritaria, en el sentido que la segunda o ulterior instancia se abre con la concesión del recurso ordinario o extraordinario, aún cuando no se hubiese elevado los autos supeditado a notificaciones pendientes", o bien con su interposición, con prescindencia de si ha sido concedido o no.

En el caso de autos, la segunda instancia se abrió con la interposición del recurso, momento desde el cual comienza la obligación de las partes interesadas a compulsar el expediente en los días establecidos por el Código, en este caso los días martes (art. 132 del CPC). Es desde ese instante que el régimen procesal hace pesar sobre el solicitante -en el caso quien dedujo la apelación- la carga de impulsar el proceso, pues es obligación de éste activarlo a fin de que el tribunal de alzada se halle en condiciones de pronunciarse sobre el recurso interpuesto.

Ahora bien, previo a elevar la juez aquo solicitó reponga sellado y acompañe copias de fs 413/41 y 418. Rige por lo tanto durante ese lapso la obligación de la parte apelante de activar el recurso, por lo que el recurso debe rechazarse como lo sostiene magistrado preopinante.

Como señalé precedentemente, pesaba sobre el apelante la carga de impulsar el procedimiento para que se encuentre en condiciones de elevar a la Cámara. La falta de pago requerido al apelante imposibilitó que los autos se encontraren en condiciones para que este Tribunal se expidiese sobre el recurso de apelación interpuesto.

El último acto impulsorio efectuado por este Tribunal fue el dictado del decreto requiriendo el pago del sellado a la actora apelante y distintas copias en fecha 5 de noviembre de 2013; desde ese momento y hasta que se acusó la caducidad, es decir hasta el día 10 de marzo de 2014, ha transcurrido el lapso de inactividad procesal para que ésta se opere (art. 274 inc. 2° del C.P.C. -Ley 8.037),(988-O) sin que consten durante el mismo actos interruptivos de la instancia de ningún tipo.

Considero por ello, corresponde confirmar la sentencia recurrida ya que ha sido superado el plazo de tres meses previsto por el art. 274, inc. 2°, del C.P.C.M., (988-O), sin que el apelante haya impulsado el procedimiento, pues era obligación de éste activarlo a fin de que el tribunal de alzada se halle en condiciones de pronunciarse sobre el recurso interpuesto.	Es decir, que verificado el período de inactividad procesal por el lapso que la ley ritual establece sin que haya mediado acto suspensivo o interruptivo alguno de las partes, no cabe sino decretar la perención de la segunda instancia, pues es un deber procesal del recurrente el de activar el procedimiento para evitar que se produzca la caducidad de esta instancia. Es que la deducción de un recurso de apelación no impide, de ordinario, la prosecución del proceso. No libera de la carga del litigante de producir actos que conduzcan al proceso al estado del dictado de la sentencia en la segunda instancia. De lo contrario se llegaría al absurdo de que el apelante pueda dejar transcurrir más de tres meses, e incluso años sin producir acto impulsorio alguno luego de haber planteado el recurso de apelación, y sin que pueda declarase la perención de la segunda instancia.

Por lo expuesto, adhiero al voto del magistrado preopinante, lo que así voto.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de apelación planteado a fs. sub 60/vta.;

II- Imponer las costas de Alzada a la parte recurrente vencida, regulando los honorarios de los profesionales actuantes en un 30% de lo fijado en primera instancia.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.