marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, acción revocatoria concursal, cesación de pagos
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: SINDICATURA AMBASZ, OSVALDO c/ BANCO BISEL S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-05-31

La presente impugnación no puede prosperar, toda vez que los argumentos traídos a consideración de este Cuerpo en orden al presupuesto subjetivo de la acción de revocatoria concursal interpuesta (conocimiento del estado de cesación de pagos), en confrontación con la sentencia atacada, revelan la mera discrepancia de la compareciente con lo expuesto por la Alzada en el sentido de que probar que el tercero ha conocido de modo cabal el estado de cesación de pagos no es igual a simplemente acreditar que tuvo conocimiento de incumplimientos aislados del deudor, sino que es preciso demostrar que conoció efectivamente aquello que define técnicamente a tal estado, o sea la imposibilidad general y permanente del patrimonio para afrontar, con recursos normales, el cumplimiento de las deudas ciertas, líquidas y exigibles que lo gravan.
Acción de amparo, mandamiento de ejecución, habeas corpus, existencia de otras vías, establecimientos penitenciarios, condiciones de detención, Superior Tribunal de Justicia, facultades del Superior Tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., N. F. s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-16

De las constancias obrantes, en principio no se advierte configurado de un modo manifiesto y notorio un supuesto de afectación de principios de orden constitucional que habiliten las garantías procesales específicas de los arts. 43 a 45 de la Constitución Provincial, existiendo además un cauce hábil para dar tratamiento a cuestiones como las aquí planteadas, quedándole expedita la vía ante el tribunal de ejecución penal respectivo, si considera que la aplicación del nuevo régimen o la permanencia en las nuevas instalaciones de la Alcaidía agravan su condición de detención. Sin perjuicio de ello, considero que la tramitación de la presente es una nueva oportunidad para reiterar los criterios institucionales ya fijados por el Superior Tribunal de Justicia y adoptar elementales recaudos preventivos concurrentes dentro de la acotada calificación de la acción no reglada de "habeas corpus" preventivo.

Aún, cuando en el caso de autos, el interno pretende de un modo improponible por excepcional vía amplia del amparo, cuestionar el nuevo régimen carcelario y las nuevas instalaciones, que presumiblemente - a su entender - producirán un agravamiento en las condiciones de detención, sin acreditación suficiente.
Acción de amparo, bases para la reconstrucción de la economía Argentina
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipio del Dpto. Capital de la Rioja c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: La Rioja
Fecha: 2024-04-19

Resulta improcedente la acción de amparo presentada por la municipalidad de La Rioja tendiente a que se declare la nulidad absoluta e inconstitucionalidad del DNU 70/23 y de los arts. 21, 23 y 24 de la Ley 26122, yoda vez que el caso merece un estudio exhaustivo, destacando la necesidad de una mayor prudencia cuando se trata de actos de los poderes públicos, y como no se evidencia una inminencia de daño tal que habilite a pronunciarse preventivamente considera que no se verifica la ocurrencia conjunta y simultánea de los requisitos contemplados en la Ley 26854 de medida cautelares contra el Estado Nacional, ni los presupuestos excepcionales que prescribe el art. 230 del C.P.C.C.N.
Suspensión del juicio a prueba, consentimiento del fiscal, funcionarios públicos, escribanos públicos
Materia: PENAL
Carátula: De Aparici, Josefina s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-30

Si el fiscal prestó su consentimiento a la concesión de la probation, fundado en un criterio interpretativo razonablemente suficiente acerca del alcance que corresponde otorgar al concepto de "funcionario público", tal dictamen debió haber sido considerado vinculante, so peligro de traspasar indebidamente los límites establecidos para la jurisdicción. El voto concurrente agregó que a fin de no contrariar el principio pro homine, no cabe una interpretación in malam parte y toda vez que la imputada no guarda relación laboral con ningún órgano o dependencia estatal ni cumple ninguna función pública, pues su adscripción en el Registro Notarial sólo tiene como fin la publicidad e inscripción de los actos por ella protocolizados, debe considerarse que el escribano de registro no es funcionario público. La disidencia sostuvo que si bien no integra ningún órgano estatal, el escribano público es funcionario público en tanto ejecuta una función pública asignada por el Estado, sin que a los fines del otorgamiento del beneficio, el presunto delito cometido "en el ejercicio de sus funciones" se refiera específicamente a delitos contra la Administración Pública. (Dres. Hornos -en disidencia-, Diez Ojeda y González Palazzo).
REPÚBLICA ARGENTINA, Pacto de San José de Costa Rica, violación de derechos humanos, agentes de la administración pública, asesinato, policía, aduanas, asociación ilícita, contrabando, narcotráfico, responsabilidad internacional del Estado, derecho a la vida, reconocimiento de la responsabilidad, depósito aduanero, hechos de corrupción
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Gutierrez y Familia c/ Argentina s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-11-25

Corresponde declarar internacionalmente responsable a la República Argentina por la violación del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos -derecho a la vida-, en relación a su par 1.1, al haberse acreditado, en base a su propio reconocimiento de responsabilidad y una abrumadora cantidad de indicios, la participación de agentes estatales en la ejecución del policía que se encontraba investigando un depósito fiscal posteriormente vinculado con una serie de casos de corrupción -conocido como el "caso de la aduana paralela-, contrabando, fraude, narcotráfico y asociación ilícita de funcionarios públicos.
Responsabilidad contractual, resolución del contrato, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BAC Publicidad S.A.I.C. c/ La Espiga de Oro S.A. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S129 - 116)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-23

Considero que no es necesario resolver el contrato extra o judicialmente, para tener expedita la acción para reclamar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación nacida de esa convención. La responsabilidad contractual no depende necesariamente de la previa resolución del contrato del cual nace la obligación incumplida.
Escritos judiciales, traslado, falta de copias, contestación de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: DUARTE, Diego Carlos c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ENCARGADOS RENTA Y HORIZONTAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-12

Del voto de la mayoría: Dres. Pascual y Giardulli: La sanción contenida en el art. 120 del Código Procesal, exige al intérprete un entendimiento que no la torne desproporcionada con la falta que la provoca. En este sentido, corresponde distinguir entre la copia de escritos de los cuales depende el ejercicio de un derecho por parte de la contraria y aquellas que exclusivamente se destinan a que cada uno de los litigantes dispongan de un duplicado de las principales piezas del expediente, con las ventajas que ello implica en cuanto a comodidad y ahorro de tiempo (como ocurre cuando se trata del escrito de contestación de agravios, donde la falta de copias no causa perjuicio a la contraria).-
Legitimación activa, asociaciones de consumidores, autorización para girar en descubierto, restitución de sumas de dinero
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa  c/ Nuevo Banco de Santa Fe SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-16

Cabe declarar la legitimación activa de la asociación de consumidores accionante a los fines de solicitar la devolución de los importes percibidos por el banco demandado en concepto de "riesgo contingente", sea como único punto o en paralelo con el de "exceso de acuerdo" en oportunidad de sobregiros cubiertos en el mismo día y/o cuando el descubierto continuara más de un día, arrojando una tasa efectiva anual (TEA) que excediera los límites razonables en la materia, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. A los efectos de establecer el alcance, es dable concluir en que las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor resultan aplicables a los contratos bancarios como los aquí involucrados, siempre y cuando el cliente hubiese utilizado los bienes o servicios bancarios como "destinatario final" y en "beneficio propio", resultando la operatoria ajena a la cartera comercial. En consecuencia, la representación de la actora, además de incluir a los clientes del banco personas físicas que detenten el carácter de consumidores finales, también alcanzará, en principio, a todos los restantes cuentacorrentistas -sean éstos personas físicas o jurídicas- que pudieran detentar el carácter de "consumidor", conforme las pautas supra desarrolladas, es decir, que hubieran adquirido los servicios bancarios como "destinatario final" en su "propio beneficio", con el alcance amplio supra indicado, en la medida en que las operaciones cuestionadas no correspondan a la "cartera comercial".
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vitaller, Arley Rolando y ot. c/ Alvarez, Mabel Alicia y ots. s/ Daños y perjuicios Cinquetti, Walter Héctor c/ Alvarez, Jorge Oscar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07|1993-11-23

Un dictamen pericial no tiene fuerza vinculante para el Magistrado, y su seguimiento o apartamiento no depende de la actitud del justiciable de observancia o impugnación o falta de ella, sino del grado de convicción que tal elemento de prueba produzca en el ánimo del Juzgador en sustento de la aplicación de las reglas de la lógica y experiencia (sana crítica,art. 384 del CPCC) y del adecuado procedimiento para la realización o producción de tal medio (arts.

458, 462, 472 y conc. del CPCC).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: PENAL
Carátula: Robledo, Francisco s/ Daño - Lesiones Papalardo, Julio César s/ Lesiones leves calificadas Araujo, Silvia s/ Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04|1994-03-01|1995-02-28

Existe formalmente debido desplazamiento de cuestiones esenciales (que impide el éxito del recurso extraordinario de nulidad), cuando por el modo en que se resuelve (bien o mal) una cuestión lógicamente previa la Cámara está conociendo en el recurso. Es que para desplazar una cuestión por la manera de resolver otra el Tribunal debe, obviamente, conocer en ésta. No hay debido desplazamiento de una cuestión por otra si no se ejerce sobre ambas la actividad jurisdiccional.
Recurso de apelación (procesal), apelación en relación, notificación por nota
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arregui, Héctor Joaquín c/ Morales, Fernando Rubén y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

El hecho de que al pie del auto que dispuso la concesión del recurso de análisis, el "a quo" hubiera consignado "notifíquese", tal circunstancia en modo alguno puede enervar los efectos de la anterior notificación cumplida "ministerio legis", pues de lo contrario se estaría afectando insanablemente el régimen general de notificaciones consagrado por la ley adjetiva, según el cual, salvo los casos de excepción en los que proceda el anoticiamiento personal o por cédula, las resoluciones judiciales se tendrán por notificadas a todos los intervinientes en el proceso y en toda las instancias, los días martes y viernes o el subsiguiente hábil si alguno fuera feriado (arts. 133, 135 Código Procesal), régimen este último que corresponde aplicar al auto que concede el recurso de apelación a los efectos de presentar el memorial (arts. 133, 246 C.P.C.C.).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Regulación de honorarios, base regulatoria, deudor
Materia: PROCESAL
Carátula: Zorrilla, Francisco José c/ Cárdena Vda. de López, Delia; López, Marcelino y otros s/ Cumplimiento de contrato de división de condominio Delia; López, Marcelino y otros s/ Cumplimiento de contrato de división de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-04-14

Del examen del art. 24 inc. a) de la Ley Nº 512 y su correlación con las demás normas arancelarias, en especial los artículos 58 y 59 de la Ley Nº 512 se desprende que, cualquiera sea el mecanismo utilizado para la determinación de la base a los efectos de establecer el monto del juicio, sobre el cual se practicarán las regulaciones de honorarios, debe haber intervenido en dicho trámite el obligado al pago, intervención ésta que no es ni puede ser suplida por la participación del letrado apoderado o patrocinante del mismo; habida cuenta de que en la cuestión debatida, cual es la "determinación de la base sobre la cual se practicarán las regulaciones de honorarios", existen intereses contrapuestos del cliente y su abogado, de allí que en estos casos no surte efecto la notificación realizada en el domicilio constituido del letrado pues la notificación debe realizarse ineludiblemente en el domicilio real.
Cuestiones de competencia, juicio sumario en tiempo de paz
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Subsecretaría de Derechos Humanos s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-28

Corresponde decidir la contienda de competencia planteada entre la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal declarando que corresponde a la primera ejercer la función de control prevista en los tres últimos párrafos del art. 10 de la ley 23.049, pues habiendo sido absuelto el Comandante de la Armada de todos los delitos que integraron el objeto del decreto 158/83 acerca de los que no hubo acusación ni condena, las ordenes que aquellas personas investidas de mando superior pudieran haber impartido en el caso, habrían sido transmitidas desde la sede del Comando de Operaciones Navales, cuya asiento se hallaba en Bahía Blanca.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, preparación de la vía ejecutiva, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Créditos Belgrano SA c/ Facio, Mariano s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-04

2 - Además, como regla, nuestro ordenamiento ritual admite la procedencia de la perención respecto de todo trámite judicial (y de sus incidentes), con excepción de aquellos procesos que específicamente menciona y entre los cuales no se encuentra la preparación de la vía ejecutiva (CPR 313-1° y 2°).
Acreedores del concurso, declaración de quiebra, acreedor privilegiado
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vestutti, Francisco José c/ Nautilus S.R.L. s/ Quiebra s-Demanda por Abordaje y por Derecho de Reflotador
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-02

Son acreedores del concurso, aquellos cuyo crédito haya nacido con posterioridad o concomitantemente a la declaración de quiebra hecha por el tribunal. Existe casi uniformidad doctrinaria en que la preferencia que la ley otorga a esos créditos, no es estrictamente un privilegio, ya que éste es una causa de preferencia entre acreedores de un mismo deudor: mientras los acreedores del concurso tienen por deudor la masa, los acreedores privilegiados lo son del fallido.
Sentencia, tribunal colegiado, integración del tribunal, recurso de inconstitucionalidad, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MIÑO, HILARIO J. Y OTRA c/ GONZALEZ, JOSE F. Y OT. s/ Recurso de Inconstitucionalidad Recurso Directo-Daños y Perjuicios (Expte.: C.S.J. Nº. 727 Año 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-14

Si bien el fallo atacado no exhibe ninguna fractura en la conformación de la mayoría requerida por el artículo 26 de la ley 10.160, en el punto relativo a la causal de falta de fundamentación en cuanto a la concurrencia de culpa entre los menores y sus padres- que invocan los recurrentes-, los fundamentos brindados por la mayoría al respecto no se adecuan a las exigencias que emanan del artículo 95 de la Carta Magna Local. Ello por cuanto, que a pesar de haber sido correctamente dispuesta la integración del Tribunal para resolver el planteo vinculado a los montos indemnizatorios, la respuesta dada al planteo de arbitrariedad en la determinación de la reparación por daño material, por quienes conformaron la mayoría, se aparta de los lineamientos sentados por esta Corte al respecto, no satisfaciendo debidamente el derecho a la jurisdicción que le asiste a los recurrentes.
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Chañi, Omar Leocadio c/ De la Mata Fabián y otro s/ D. Y P. por uso automotor c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-26

A fin de establecer el monto correspondiente al daño moral en un accidente de tránsito debe atenderse a la afección espiritual que prudentemente cabe inferir en relación a un accidente de automóviles; considerando además el tiempo de convalecencia del actor, la imposibilidad de realizar tarea alguna en ese lapso; las reiteradas consultas médicas que debió realizar, las dificultades que tuvo para deambular por sí solo y la pericia psicológica.
Regímenes jubilatorios especiales, cargos electivos, legisladores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Deluca, Antonio Héctor c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

A los fines de regular el haber de los beneficios previsionales otorgados a los ex-legisladores de la Provincia de Buenos Aires debe estarse a lo establecido por la ley que rige el otorgamiento del beneficio (en el caso, ley 8320).
Acción de amparo, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sanabra, Carlos Enrique c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-21

Sobre el amparista pesa la carga de probar la liquidez y certidumbre del derecho que invoca, presupuesto insoslayable para el acogimiento de su pretensión.
Honorarios, regulación de honorarios, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: LAPAZ OJEDA, ROBERTO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- INCIDENTE  DE REGULACION DE HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 233 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-19

De conformidad al artículo 8 de la ley 6767, corresponde tomar en cuenta los intereses hasta el momento de la regulación de los honorarios. Ante ello, resulta inadmisible pretender limitar su cómputo a dos años posteriores a la interposición de la demanda.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentos insuficientes, recurso de apelación (procesal), apertura a prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: AMBRA GALLO, GRACIELA MARIA DE L. c/ VECAL S.A. y otros s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-12-18

Corresponde rechazar la queja interpuesta, pues lo único que puede inferirse del desarrollo del memorial -desde la escueta visión que los defectos de fundamentación autorizan observar- es la mera discrepancia de la parte recurrente para con lo resuelto por la Alzada -más allá del acierto o error en la decisión- en relación a la apertura de la causa a prueba en segunda instancia; máxime considerando lo sostenido por el Tribunal a quo en oportunidad de denegar el recurso, acerca de que el decreto de la Presidencia de la Cámara que así lo ordenó no fue motivo de impugnación alguna por el interesado (artículo 33, inciso 3, ley 10160), consentimiento que obsta para su tardío cuestionamiento en este estado procesal, sin perjuicio de las amplísimas facultades conferidas al juez o tribunal por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, motivación respecto de la cual la quejosa directamente no asume el cometido que le impone el artículo 8 de la ley 7055.
Acción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Piñeyro, Alfredo O. c/ Municipalidad de Magdalena s/ D.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

Si la acción contencioso administrativa se deduce luego de transcurrido en exceso el plazo de treinta días posteriores a la notificación del acto que desestima la revocatoria (art. 13 C.P.C.A.), siendo éste un requisito para su procedencia formal corresponde su desestimación en los términos del art. 36 del mismo código. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad médica, médico obstetra, obligaciones del médico, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: LATORRACA, ANA c/ INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL Y OTRAS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-26

Debe recordarse que el fin de la atención médica de un obstetra consiste en controlar la salud de la madre y el feto, para conseguir el nacimiento de un niño con todo su potencial genético intacto.

Obviamente, el cumplimiento de los deberes médico no se agotará en la comprobación del estado sanitario de la madre, y adoptando medidas terapéuticas "destinadas a lograr condiciones de seguridad en la madre" tales como la aplicación de medicamentos para sedarla y bajara su presión arterial, para posteriormente esperar la producción del parto por vía vaginal y, luego, la realización de la cesárea, al temerse la ruptura uterina; si todo ello no va acompañado de la correspondiente comprobación de la falta de compromiso vital del feto, del mejor modo posible, de conformidad con los progresos de la ciencia médica, puesto que la previsión que corresponde exigir en el caso no es la del hombre corriente, normal, sino la de un profesional, provisto de conocimientos especializados.

Así debe ser entiendo en razón de una correcta aplicación de los principios que informan el contenido de los arts. 902 y 909 del Cód.

Civil.
Jubilación de abogados, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monod Nuñez, Héctor Armando c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

La imprevisión legislativa (en la ley 6716) acerca de la imposibilidad de obtener regulación de honorarios para efectuar la liquidación de aportes -en los términos del art. 33, tercer apartado - no puede conducir a desestimar el cómputo de años trabajados, sino que, privilegiándose el principio de que no cabe hacer hincapié en el monto o cuantía de los asuntos, si se acreditó la actividad, corresponde se liquiden los aportes mínimos adeudados.
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López Mario c/ Godoy Marcelo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-08

Cuando media destrucción de la cosa (automotores en el caso), la medida del daño está dada por la diferencia entre el valor de mercado de una unidad similar a la destruida y lo que hubiese percibido por sus restos y/o seguro contratado por ese riesgo. Por ello, si el damnificado recibe un importe dinerario para adquirir una cosa similar a la que tenía, cabe descontar de ello, lo que le queda de la cosa vieja o deteriorada, ya que de lo contrario, se aumentaría el precio del daño con un enriquecimiento del damnificado, imponiéndose una indemnización exagerada o abusiva.

(Arts. 1068, 1069, 1071, 1083 y 1094 del Código Civil).