Amenazas, prescripción de la acción penal, secuela de juicio, atentado y resistencia a la autoridad, declaración indagatoria
Materia: PENAL
Carátula: " D Elía, Luis Angel y otros s/ incidente de prescripción ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-29

"Tal como lo tiene dicho la jurisprudencia:"La diferencia entre las figuras que prevén los artículos 149 ter, inciso 2°, apartado a) y 237 del Código Penal, no es sólo literal o semántica. El primero se refiere a 'medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos', mientras el segundo menciona a 'un funcionario público para imponerle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones'" (CCC, Sala V, "Meira, Margarita y otros", rta.: 16/9/04)". "Por lo demás, Sebastián Soler refiere, en torno al tipo penal previsto en el artículo 237 del Código Penal que "el atentado es una forma de usurpación de autoridad, en la cual el sujeto se sirve del órgano del Estado, sin suplantarlo, tratando de hacerle ejecutar, mediante coacción, como acto de autoridad legítima lo que, en realidad, es una resolución personal y privada. No es solamente coacción (intimidación o fuerza) sino coacción para que una resolución privada alcance las formas externas de acto de autoridad", y luego afirma que "La acción consiste en el empleo de intimidación o fuerza con una finalidad específica, que constituye un elemento subjetivo de la figura, es decir, que esos procedimientos deben ser empleados como medios para lograr que la resolución privada sea coactivamente aceptada por el funcionario. Este delito se dirige contra la libertad de determinación de la voluntad del funcionario....Por eso suele decirse también que el atentado va dirigido a una determinación futura, cuyo contenido será, en realidad, la pretensión de un particular asumida por el órgano del Estado" (Conf. Derecho Penal Argentino, Tomo V, Tea, Buenos Aires, 4° edición, 1988, p.

126 y ss.; la negrita con cursiva en el original)"."En otras palabras, el atentado a la autoridad consiste en imponer al funcionario que haga o se abstenga de hacer algo propio de su función que no había sido dispuesto voluntariamente ni comenzado por él, es decir, "se quiere hacer de autoridad, pero no por mano propia la voluntad de hacer o no hacer es la del autor, que la impone al funcionario" (Conf. FONTÁN BALESTRA, Carlos;

Tratado de Derecho Penal. Parte especial, Tomo VII, Ed.

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2° edición actualizada, 1990, p.

170)"."En idéntico sentido Carlos Creus refiere que "el autor debe emplear la intimidación o la fuerza para exigir al funcionario público la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones" (Conf. Derecho penal. Parte especial, Tomo 2, Ed.

Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 6° edición actualizada y ampliada- 2° reimpresión, 1999, p. 218)"."En suma, este mecanismo permite aclarar cuál es la interpretación que debe otorgarse al empleo de "fuerza" aludido por la norma bajo análisis, pues es evidente que no corresponde formular distinciones en torno a la dirección material de la fuerza (si ella recae sobre personas y/o cosas), en razón de que lo importante es la dirección moral de aquella, es decir, su poder coactivo sobre la voluntad del funcionario. En definitiva, si las vías de hecho o las amenazas no tuvieran esa dirección subjetiva, entonces no podría afirmarse que existe un atentado, en virtud de que mediante esa coacción se tiende a lograr que el funcionario de que se trate ejecute u omita un acto propio de su función. Lo esencial es, entonces, que los medios típicos sean empleados y tengan idoneidad para imponer la voluntad del autor a la del funcionario (al respecto, conf. FONTÁN BALESTRA, Carlos; ob. cit., p. 172 y ss.)"."Cabe destacar, por otra parte, que la exigencia realizada a los funcionarios policiales que tomaron intervención en el hecho fue formulada por un grupo de más de tres personas, circunstancia que determina la concurrencia de la agravante prevista en el artículo 238, inciso 2° del Código Penal"."Con relación a ella, Sebastián Soler refiere que su fundamento radica en el puro poder intimidante derivado del número de individuos que dirigen su alzamiento contra un funcionario determinado respecto del cual intentan ejercer coacción del modo en que lo requiere la figura básica"."La agravante funciona cuando el hecho es cometido por una reunión. No basta que el atentado se verifique durante una reunión o mientras tres personas a lo menos se encuentran juntas con el funcionario coacto" y agrega que "No se requiere el concierto previo: el acuerdo puede nacer en el lugar; pero es necesario que para cada uno de los alzados su acción aparezca subjetiva y objetivamente vinculada con la de los demás" (Conf.

Derecho Penal Argentino, Tomo V cit., pp. 143 y 144; la negrita con cursiva en el original; en igual sentido, FONTÁN BALESTRA, Carlos; ob. cit., p. 185). "Según la jurisprudencia mayoritaria anterior al criterio legislativo recogido en nuestra ley de fondo y, en lo que aquí interesa, sólo la primera convocatoria a prestar declaración indagatoria podía constituir "secuela de juicio" y no, en cambio, eventuales llamados posteriores. Sin perjuicio de ello, la reforma despejó las dudas existentes en ese sentido al positivizar el acto interruptivo aludido"."Asimismo, el estudio del texto legislativo permitió afirmar que ese llamado debía representar la convocatoria a declarar en calidad de imputado en sentido estricto, es decir, cuando existan motivos suficientes para sospechar que alguien habría participado en el delito investigado, pues de ese modo se exterioriza la primera aceptación judicial de la viabilidad de la imputación inicial plasmada en la denuncia, en la prevención policial o en el requerimiento de instrucción, según el procedimiento penal que rija el caso"."Por otro lado, se evaluó que la jurisprudencia mayoritaria del país asignaba efectos interruptivos al acto en cuestión (vid. el informe del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, en los antecedentes parlamentarios de la ley 25.990, publicado en "Antecedentes Parlamentarios", LL-2005-A, p.225 y ss.)"."En efecto, la jurisprudencia anterior, más allá de sus vaivenes en lo referente a la virtualidad de otros actos, coincidía, en general, en que sólo el primer llamado a prestar declaración indagatoria y no otros posteriores, constituía "secuela de juicio" (v. CCCFed., Sala I, c. N° 32.241, "Rodríguez, Osvaldo", rta.: 14/12/00; N° 26.602, "Carballo, Carlos", rta.: 14/3/96; N° 27.765, "Cobo, Juan Esteban s/archivo", rta.: 4/7/96; Sala II, c. N° 18.073, "Cartasegna, Rubén", rta.: 15/11/01, entre otras).

Sin perjuicio de ello, un segundo llamado podía interrumpir la prescripción sólo cuando versara sobre hechos distintos a aquellos por los cuales se había cursado la primera (v. CCC, Sala I, c. N° 15.942, "Ferronato, Roberto", rta.: 12/10/01; N° 29.078, "Sánchez, Carlos A.", rta.: 29/6/06; CCCFed., Sala I, c.

N° 29.036, "Huertas, Héctor", rta.: 16/4/98; 33.205, "Leutier, José R.", rta.: 16/8/01)"."Tales precedentes no difieren con los motivos más arriba reseñados y que el legislador estimó para establecer taxativamente, como uno de los actos que interrumpen el curso de la prescripción, el primer llamado a prestar declaración indagatoria. Por otro lado, la doctrina anterior atinente a que, una nueva convocatoria en orden a hechos distintos conservaba efectos interruptivos tampoco se opone con la reforma, según la cual "la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito".