marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Emergencia económica, teoría de la imprevisión, reajuste del contrato, mutuo hipotecario, defensa del consumidor, derecho a la vivienda digna, igualdad ante la ley
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

La legislación de emergencia es consistente con una recomposición del contrato basada en la excesiva onerosidad sobreviviente, y con la protección del consumidor endeudado en un grado que afecta sus derechos fundamentales y el acceso a la vivienda, lo que permite sostener su legitimidad. La igualdad no se ve afectada cuando el legislador elige a un grupo de sujetos para protegerlos especialmente, por su vulnerabilidad y con fundamento en la tutela de los consumidores y la vivienda familiar (Voto de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y E. Raúl Zaffaroni).
Donación, donación con cargo, interpretación del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Estado  Nacional-  Estado  Mayor General del Ejército c/ Tucumán,Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

Los cargos provienen de la voluntad del donante y deben cumplirse de la manera en que el disponente ha querido y entendido que debían cumplirse, por su naturaleza, constituyen reservas hechas por el donante sobre la cosa donada, que deben ser interpretadas restrictivamente pues no pueden llegar a convertirse en un derecho real, máxime cuando establecen obligaciones permanentes, sin otro plazo para la liberación del deudor que el que se desprende de la prescripción extintiva de la acción del donante o de sus herederos.
Administración Nacional de la Seguridad Social, costas, solidaridad previsional, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Arisa, Angel Umberto c/ ANSeS s/ haberes jubilatorios y nulidad de acto admin.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Cuando el legislador ha querido establecer una excepción a las disposiciones contenidas en la ley de solidaridad previsional lo ha hecho de modo expreso, por lo que el art. 21 de la ley 24.463 debe ser interpretado en el sentido amplio que resulta de sus términos y comprensivo -en principio- de la diversidad de procesos y jurisdicciones en que debe actuar la ANSeS.
Contrato de trabajo, comunicación del despido, defensa en juicio, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Sepúlveda Sepúlveda, José Luis c/ Bubas, Jorge Juan s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-10-11

La carga, establecida por el art. 243 a ambas partes de la relación laboral, de notificar por escrito su voluntad unilateral causada de romper con la vinculación que los unía, está relacionada no sólo con el principio de buena fe, que hace a la naturaleza de la misma, sino también con el derecho de defensa, el que se sustenta en las normas fundamentales de la Nación.
Falta de fundamentación, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREYRA, REMIGIO S/ HOMICIDIO", Expte. N° 1841 (P-610/09/TSJ).- s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-08-12

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto de conformidad con lo establecido en el art. 448 del Código Penal Provincial, ante la insuficiente fundamentación del recurso de casación en tratamiento, advirtiéndose como razonable y ajustado a derecho la denegación anticipada del beneficio de salidas transitorias efectuado por el detenido, en orden a lo dispuesto en el art. 446 del mismo cuerpo legal.
Municipalidad, personal municipal, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gras, Ester Beatriz Czopowski de y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 654-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

El decreto 11/94 de la Municipalidad de Santa Fe tuvo especialmente en cuenta para reconocer derecho a percibir la suma fija remunerativa no bonificable establecida por su artículo 1, el ejercicio efectivo de la función de director, vale decir, el cumplimiento de las tareas correspondientes a ese cargo. Por tanto, en nada incide sobre la situación regulada por el acto examinado, el hecho de que los asesores legales y asistentes de Secretarías posean, por disposición legal -ordenanza 8541/83- la misma categoría que los directores, desde que tal extremo no fue considerado para el otorgamiento de la "suma fija remunerativa no bonificable".
Sentencia absolutoria, declaración testimonial, policía, imputado, defensa en juicio, prueba prohibida, inconstitucionalidad, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PENAL
Carátula: MENDOZA, Enrique H. y otro s/ Causa 44.637
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-08

Corresponde absolver a la imputada en base a que ésta declaró como víctima en la causa seguida a su marido, y por ende, como testigo resultando posteriormente imputada por sus propias declaraciones, a partir de las cuales se llegó a la conclusión de que ella también era autora de los hechos que se imputaban a su pareja. Ello es así, puesto que no consta que se le hayan hecho saber sus derechos -nombrar abogado defensor, abstenerse de declarar- por lo que colocada así, ya sea por su torpeza procesal, ya sea por su forma de ser interrogada por la policía, lo cierto es que la imputada queda en estado de indefensión, que la lleva a declarar en contra de ella misma, o lo que es más grave, a mentir como testigo. Al haber sido la prueba de esta causa, obtenida con respecto a la imputada, de manera ilegal, esto es en violación a garantías constitucionales -art. 18, C.N.- y art. 9 del Tratado de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, y siendo ésta la única prueba incriminatoria, al excluírsela, es imposible llegar a una condena.
Constitución Nacional, división de poderes, acción de amparo, integración del tribunal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Poder Ejecutivo Nacional, perjuicio directo, interés concreto, legitimación activa, falta de legitimación para obrar, mujeres
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gil Domínguez, Andrés y otros  c/ EN s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-24

A los fines de salvaguardar el principio constitucional de división de poderes, corresponde a quien acciona demostrar la existencia de un interés jurídico suficiente o que los agravios expresados lo afecten de manera directa o sustancial, concreta e inmediata -en el caso en que se promovió acción de amparo para que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional la elevación de una nueva propuesta para la integración de la Corte Suprema en la que se considere la incorporación de mujeres-, para evitar que la falta de legitimación activa determine la improcedencia de la acción que se persigue.
Regulación de honorarios, legitimación activa, intimación a acreditar personería
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ GCBA s/ IMPUGNACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-01

Corresponde rechazar el pedido de regulación de honorarios correspondientes a las abogadas de la parte no condenada en costas, por su labor al contestar los recursos ordinario de apelación y de inconstitucionalidad, atento a que quien formuló aquel pedido, no acreditó la representación de las letradas mencionadas. Ello, de conformidad con lo resuelto por este Tribunal en "Paraguay 701 S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Paraguay 701 S.A. c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)", expte. SACAyT n° 6935/09, sentencia del 0904-2014; "Thyssenkrupp Elevadores S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Thyssenkrupp Elevadores S.A. s/ ej. fisc. - ing. brutos convenio multilateral", expte. SACAyT n° 8250/11, sentencia del 27-04-2016; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Organización Santa Victoria SA c/ GCBA s/ expropiación inversa. Retrocesión", expte. SACAyT n° 13977/16, sentencia del 27-11-2019; entre otros. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg). "
Delitos contra la humanidad, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Si las conductas investigadas no sólo eran crímenes para la ley internacional sino que nuestro código preveía una clara descripción de la conducta así como su respectiva sanción, ello que implica preservar debidamente el principio de legalidad, cuyo fin es que cualquiera que vaya a cometer un acto ilegal esté claramente advertido con anterioridad por la norma que esa conducta constituye un delito y su realización conlleva una pena (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Recurso de reposición (procesal), apelación en subsidio, fundamentación del recurso, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Maidana  Marina Nilda c/ Ana Luisa Molo s/ Declaración Judicial de disolución de la Sociedad irregular en PRO  -INT-BEL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-02-28

El art.239 del C.P.C. C., al establecer la "forma" del recurso de revocatoria dispone que éste "se interpondrá y fundará por escrito", razón por la cual, en el supuesto de no proceder y si el mismo fuese acompañado del de "apelación en subsidio", se concederá éste, pero en tal caso ya no procede la fundamentación del último recurso conforme el art.248 que reza: "cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admitirá ningún escrito para fundar la apelación.
Usurpación, clandestinidad, engaño, abuso de confianza
Materia: PENAL
Carátula: Magaly del Carmen Catelican Paredes s/ Delito de Usurpación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-03-31

Frente a la vaguedad de datos respecto a la violencia en los candados al momento del ingreso a la vivienda por parte de la imputada, cabe analizar si la clandestinidad puede asimilarse a alguno de los otros medios comisivos, es decir el engaño o el abuso de confianza. En tal sentido cabe señalar que no puede ser equiparada - la clandestinidad - al primero esencialmente en que en el engaño hay participación intelectiva del sujeto pasivo, que es inducido a error, en tanto que en aquélla el sujeto pasivo ignora los hechos. Con el abuso de confianza la diferencia resulta aún más clara, puesto que éste requiere un acto de confianza por el cual se le ha permitido al autor la entrada o el simple uso de un inmueble, situación de la que se vale para despojar al tenedor o poseedor. En cambio ningún trato o relación directa ni indirecta es necesario que exista entre el autor y la víctima o sus representantes en el despojo clandestino.
Obligaciones, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MOYA DE SAYAGO ZUNILDA E. s/ TERCERIA DE DOMINIO EN: MANSILLA, GUILLERMO C/ SAYAGO, RUBEN S/  COBRO DE DOLARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-05-10

Reconocer la deuda de otro o pagarla no implica necesariamente reconocerla como propia, pues no se dan los presupuestos del art.

718 del Código Civil en cuanto a la declaración de reconocimiento de una obligación, ni tampoco los del art. 721 del mismo cuerpo legal reconocimiento tácito), por cuanto en este caso el pago no es hecho por el deudor sino por un tercero interesado en los términos de los arts. 727 y s.s. y cc. del Código Civil.
Acción de amparo, entes descentralizados, recursos hídricos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CABERNET DE LOS ANDES S.A. c/ ADMINISTRACION DE REGANTES DEL DPTO. MEDANITOS s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-08-30

El Art. 1 de la Ley 4642, establece que: "la acción de amparo ser admisible contra todo acto u omisión de autoridad publica ...".

En el caso, la accionada -consorcio de regantes- reviste el carácter de organismo descentralizado del Estado, por ende, su administrador la calidad de funcionario público.

En consecuencia, su negativa a cumplir las órdenes o actos administrativos dictados por la Dirección de Riego en el ejercicio de atribuciones legales propias, dentro de normas regidas por el derecho administrativo como lo es la Ley de Aguas Nro. 2577, sus modificatorias y reglamentación, determinan la competencia de este Tribunal para entender en la presente causa, en orden a lo establecido por el Art. 204 de la Constitución Provincial, la jurisprudencia sentada a partir del caso "Altamirano", y posterior reforma legislativa del Art. 4 de la Ley 4642 por el Art. 1 de la Ley 4998.
Cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, privación de justicia, jueces naturales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ABEL BONORINO PERO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL. s/ AMPARO - DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES.    JURISDICCION Y COMPETENCIA.   PRIVACION DE JUSTICIA - RETRIBUCION DE LOS JUECES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

Si en los casos de intervención de la Corte por aplicación del artículo 24, inciso 7mo., última parte, del decreto-ley 1285-58, para subsanar la privación de justicia, el tribunal recibiera habilitación para obviar instancias fijadas por la ley, su competencia quedaría desorbitada y excluido el conocimiento de la causa por sus jueces naturales, en detrimento de las referidas instancias, de las que la Constitución y la ley no permiten prescindir.
Honorarios del abogado, honorarios extrajudiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Birman José c/ Resburgo O. s/ Fijación y cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-13

Son funciones de la profesión de abogados la defensa de derechos, el patrocinio y la representación, tanto en juicio o proceso cuanto fuera del mismo, y evacuar consultas jurídicas (art.57, ley 5177).

Toda actividad comprendida en ese concepto devenga honorarios para el profesionalismo que la lleva a cabo, los que deben considerarse como remuneraciones al trabajo personal, regidas por el dec. ley 8904/77 (art.1º, ley citada). Este ordenamiento estableció en su art.55 un procedimiento para obtener la determinación juridisccional de los honorarios correspondientes a "trabajos extrajudiciales", pero éstos no son normativamente delimitados cuando coexisten con trabajos judiciales.
Poder Judicial, jueces, abogados, ejercicio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

La Constitución en su artículo 85 enuncia como género la "función judicial" y como especies, dentro de ella, la de "magistrado" o "funcionario" que quedan individualizados en los artículo 9 y libro segundo, títulos I a VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente. Magistrado es el que ejerce la magistratura, que a su vez, se desempeña en la función judicial conjuntamente con los funcionarios. Los funcionarios judiciales, efectúan análisis jurídicos, valiéndose de los conocimientos jurídicos aprendidos en la Universidad y acrecentados a través del tiempo. Ejercen su profesión de abogado y si bien el lapso de su relación de empleo público no puede considerarse como de ejercicio de la magistratura, sí puede ser imputada como ejercicio de la profesión de abogado -para el supuesto del artículo 85 primera parte- o de la función judicial como funcionario para el caso del mismo artículo segunda parte.
Procedimiento administrativo, exceso ritual manifiesto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sarzi, Héctor c/ Municipalidad de Lanús s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

Considerar que el reclamo de las remuneraciones efectuado por el empleado municipal -respecto del período en que se encontró separado del cargo como consecuencia de una cesantía ilegítima- constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio, es extender la doctrina del 'exceso ritual' a un supuesto para el que no ha sido elaborada. Ello, toda vez que haya 'exceso ritual' cuando interpretan los términos de los reclamos administrativos o de la demanda de una manera opuesta a lo 'posible y razonable' afectándose irremediablemente el principio de defensa en juicio; y en la especie, lo razonable es interpretar el reclamo de salarios y no por pedido de indemnización, porque aquellos provienen de la prestación de un servicio y ésta deriva de la responsabilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Arresto domiciliario, denegatoria del beneficio, hijo menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Nilda Griselda s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-20

Resulta acertado el rechazo de la solicitud de arresto domiciliario de la interna, cuya hija de ocho años padece síndrome de down, teniendo en consideración que el tribunal ha tomado los recaudos necesarios para resguardar la integridad física y psíquica de la niña, quien se encuentra al cuidado de una señora que la atiende y contiene bajo la supervisión de su abuela, recibe las visitas de su padre y madre, que se encuentran bajo el régimen de salidas transitorias, pues la encartada ya había gozado de tal beneficio, el cual le fue revocado por haberla encontrado comercializando estupefacientes en su domicilio, a lo que se suma que surge de su legajo que "la función materna la excede, por lo tanto no puede cumplir de manera responsable la misma".
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, morosidad del proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Jorge Alberto Schneckenburger Milanta en la causa Goldemberg, Daniel Alejandro y otros c/  s/ otros, contrabando, otros y asociación ilícita
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-16

Conculca el derecho a ser juzgado en un plazo razonable la decisión que ordena la realización de un nuevo debate, pues sin perjuicio de la potestad recursiva reconocida al Ministerio Público, ella contraviene la doctrina constitucional de la Corte establecida en el precedente "Mattei" (Fallos: 272:188), al ser dispuesta más de diez años después de pronunciada la segunda sentencia absolutoria, tras un injustificadamente prolongado procedimiento de más de siete años sólo dedicado a resolver la cuestión incidental sobre la prescripción de la acción penal, y cuando ya han pasado veinticuatro años desde la comisión de los hechos imputados. Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Procedimiento laboral, traslado de la demanda, domicilio social, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Chumacera  Dávila,  Martha  y  otros c/ Sanatorios  y  ClínicasAsociados                      S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-24

Si la sociedad demandad inscribió como la de su sede una dirección falsa, creando, con intención o sin ella, uan apariencia engañosa para sus acreedores u otros terceros, debe soportar las consecuencias de su propia imprevisión o maniobra y admitir como válido el emplazamiento realizado en esa sede ficticia. Las reglas de la buena fe, en cuanto ignoradas por ella, le vedan alegar su propia torpeza. Resulta, pues, que la notificación del traslado de la demanda realizada en l sede social inscripta (falsamente) que es el domicilio legal de la sociedad, se trató de un acto perfectamente válido y oponible a aquélla y legítima la declaración de rebeldía que la omisión de contestación acarreó.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, error judicial
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Pérez, Hugo Antonio  c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-04

Para responsabilizar al Estado por error judicial el acto jurisdiccional que origina el daño debe ser previamente declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide juzgar que hay error y ello es así, ya que de lo contrario la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.
Contrato de trabajo, despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Vera,  Daniel Alejandro c/ Droguería Saporiti Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

El concepto de injuria responde a un criterio objetivo que se refleja en el incumplimiento inmotivado de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo.
Recusación con causa, instrucción, competencia de menores, deber de imparcialidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: A., A. A. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-02

Si bien el precedente "Llerena" se refiere a la doble actuación del juez correccional, este criterio resulta aplicable también a los magistrados de los tribunales que hayan intervenido, de cualquier modo, con anterioridad en la misma causa, en aras de asegurar el derecho de todo imputado a ser juzgado por un tribunal imparcial. En este entendimiento, no asiste razón al tribunal a quo cuando afirma en el pronunciamiento puesto en crisis que "en el particular caso de los Jueces de los Tribunales Orales de Menores la situación tratada por la Suprema Corte no resulta aplicable" desde que la aludida estrechez en el vínculo ocasionada por el tratamiento tutelar compromete -aún más- la garantía de imparcialidad. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell).
Contrabando, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: BRANDO HNOS.S.A.BEAUDEAN, ALBERTO JUAN s/ Contrabando Causa 35645
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-16

Corresponde revocar el sobreseimiento en la causa instruida en averiguación de contrabando si no surge de autos que alguna persona hubiera sido apercibida de la existencia de cargos en su contra no resultando del todo claro, en la causa, la referencia a que no hubiera prueba del dolo por parte de la sociedad comercial en cuyo nombre se efectuaron las importaciones, siendo ambiguo aludir de tal manera a la responsabilidad de una persona de existencia ideal.
Accidentes de trabajo, tope indemnizatorio
Materia: LABORAL
Carátula: LILLO HUGO O. c/ COMPAÑIA DE PERFORACIONES RIO COLORADO SA s/ ORDINARIO s/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-03-30

El tope máximo establecido en la fijación del resarcimiento debe determinarse tomando en cuenta el salario mínimo vital y móvil vigente al tiempo del accidente, o en su caso-enfermedades accidente-el del momento de la toma de conocimiento.
Apreciación de la prueba, recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Nasso, José Agustín Cayetano (int. U-7) s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05

La apreciación de la prueba es, en principio, facultad de los jueces de la causa y no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria.