Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-17


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 17 de 2008.

Considerando: 1. Apelaron los ejecutados la resolución de fs. 90/91 que rechazó las excepciones opuestas y mandó llevar adelante la ejecución en su contra.

Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 99/103 y fs. 107/111, siendo respondidos a fs. 115/118.

2. Los ejecutados en su memorial de agravios critican fundamentalmente la sentencia de grado, por sentirla arbitraria en la medida en que: (a) rechazó la excepción de falsedad de título, sin tener presente que de ningún modo se desconoció el derecho de la actora a llenar un documento en blanco, sino que, lo que se impugnó es precisamente que lo hiciera en contravención a lo pactado por las partes, (b) rechazó las excepciones de prescripción en base al mismo argumento, omitiendo expedirse pormenorizadamente sobre las cuatro excepciones deducidas en el punto iii del escrito de contestación de demanda y (c) rechazó la intervención obligada en los términos del Cpr. 94 de los firmantes de los pagarés reclamados en autos, mediante la remisión a un fallo que ni siquiera se reproduce.

Asimismo, sostienen que el fallo en crisis omite expedirse sobre (a) la inaplicabilidad del C.E.R (Coeficiente de Estabilización de Referencia) y el planteo de inconstitucionalidad deducido en forma subsidiaria y (b) la aplicación al caso del C.V.S. (Coeficiente de Variación Salarial). Al respecto exponen que el Juez a quo falló en forma extra petita, ya que la parte actora nunca solicitó la aplicación del C.E.R.

Finalmente, se agravian los recurrentes en cuanto la sentencia de grado, dispone aplicar además del C.E.R., fijar además una tasa de interés del 8% anual, todo lo cual importa indexar la deuda reclamada.

3. La resolución de marras contiene una fundamentación concreta y acabada que consultó el principio de congruencia y la jerarquía de las normas vigentes (cpr 34: 4) lo cual surge de su desarrollo y base; eliminando con ello el riesgo de incurrir en arbitrariedad.

En este orden de ideas, y en lo que concierne a la excepción de falsedad de título, destácase que los excepcionantes no desconocieron haber suscripto el pagaré base de la presente ejecución, y su defensa se limitó a alegar que los mismos "...no tenían consignadas las fechas de vencimiento, habiendo sido las mismas, tipeadas a máquina por la actora, con posterioridad a la entrega de los títulos. Asimismo, se informa que las fechas de pago insertas por la accionante en los instrumentos en cuestión, se encuentra en franca contravención a lo pactado por las partes..." (fs. 52vta. y 61 pto. iii. apartado b).

Esos argumentos resultan inaudibles, en razón de que el examen de la defensa esgrimida implica una investigación extracartular improponible en este juicio ejecutivo, cuyo conocimiento se concentra en la ponderación de las formas extrínsecas del documento ejecutado que no fueron cuestionados por las apelantes (cpr 544 y su doctrina; CNCom Sala D, 6.3.95, "Distribuidora Quilmes SA").

Por otra parte, cabe recordar en lo que atañe al invocado abuso de firma en blanco, que la entrega de un documento de tales características significa que se reconoce en el beneficiario la autorización para completarlo. Si este lo hiciere violentando la convención que le dio origen y abusando la confianza en él depositada, podría incurrirse en falsedad ideológica, mas no en un vicio extrínseco desde que no hay falsificación o adulteración, porque lo sustancial que se alega es el exceso o extralimitación en el cumplimiento de las convenciones que le dieron origen.

Es por ello que el presunto abuso de firma en blanco no resulta idóneo para funda excepción alguna en el juicio ejecutivo pues, en esencia, importaría tanto como cuestionar la autenticidad del documento (CNCom, Sala B, 5.8.85, "Sciarrillo, Jorge c/Rodríguez Fontela, G. s/ejecutivo"; Gozaíni, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado, Buenos Aires, 2002, T. III, pág. 137, Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, Buenos Aires, 1999, T. 3, pág. 95, b y jurisp. cit. en notas 13 y 14).

Sobre tales lineamientos juzga la Sala que no existe reproche alguno que formular al a quo por lo que procede confirmar lo resuelto en este aspecto.

Idéntica solución cabrá adoptar en torno al rechazo de las excepciones de prescripción interpuestas por los recurrentes, en sus respectivos contestes de demanda.

Es que, considerando la validez de las fechas de vencimiento consignadas en los títulos ejecutados (16/12/02 y 16/01/03, v. copia de fs. 5) y la fecha con que fue promovida la presente demanda (25/10/05, véase cargo de fs. 17), siendo que el librador de un pagaré se asimila al aceptante de una letra de cambio y tratándose en la especie de títulos completos cuya modalidad de vencimiento es a día fijo, el término de prescripción de la acción cambiaria a su respecto es de tres años y no de uno como pretenden los ejecutados (dec. ley 5965/63: 104 y 96).

Lo concluido precedentemente muestra la sinrazón de los ejecutados en la excepción de prescripción que opusieron.

En lo que concierne al rechazo de la intervención pretendida en los términos del cpr. 94 respecto a los demás firmantes de los pagarés reclamados en autos, cabe precisar que, la admisión de un tercero en el proceso tiende a asegurar la presencia en el pleito de todos aquellos que pudieran considerarse legitimados y como tales afectados a la sentencia a dictarse en el proceso.

Sin embargo dicha citación sólo resulta conducente en el proceso de conocimiento, dado que el trámite y la naturaleza propia del proceso ejecutivo obsta a la incorporación de sujetos distintos de aquellos contra los cuales el accionante dirigió su pretensión (esta Sala, 19.4.06, "Pierini, Edgardo c/Gentile, Sergio s/ejecutivo"; íd., 28.12.82, "Danesino Pedro c/Editorial Perfil SA"; en igual sentido, Sala A, 28.02.97, "Banco Mayo Coop. Ltdo. c/Garcia, Emilio s/ejecutivo"; íd., 18.2.00, "Barujel, Leonardo c/Buenos Aires Embotelladora S.A. s/ejecutivo"; íd., Sala B, 24.11.86, "Felice c/Quodilibet"; íd., Sala C, 16.11.93, "Banco del Oeste c/Torre del Plata s/ejecución hipotecaria"; íd., Sala E, 30.12.81, "González c/Mutual del Pers. Junta Nac. de Granos").

Por tal razón, fue bien rechazada la petición formulada con esa finalidad.

4. En lo que respecta a la inaplicabilidad del C.E.R (Coeficiente de Estabilización de Referencia), destácase que el capital de condena debe ser reajustado mediante la aplicación del citado coeficiente y no como pretenden los recurrentes a través del C.V.S (Coeficiente de Variación Salarial).

En efecto, la Ley 25.713, art. 2º dispuso exceptuar de la aplicación del C.E.R. "...a todos aquellos préstamos otorgados a personas físicas por entidades financieras comprendidas en la ley 21.526, sociedades cooperativas, asociaciones, mutuales o por personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza, que se enumeran seguidamente..."; y, en esa enumeración, incluyó -en el inciso b)- a "...los préstamos personales, originariamente convenidos hasta la suma de dólares estadounidenses doce mil u otra moneda extranjera y transformados a pesos por el decreto...". Allí también consideró comprendidos a "...los contratos de compra-venta a plazos de cosas muebles y de lotes destinados a la construcción de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente del comprador...".

En esta causa se ejerció la acción cambiaria, con base en pagarés en los cuales sólo se hizo mención a "...igual valor recibido en instalaciones..." (fs. 5).

Sin embargo, ello resulta insuficiente a los fines pretendidos.

Es que la abstracción de los documentos ejecutados veda en este juicio ejecutivo, por principio, el examen de la causa de la obligación instrumentada en dicho documento y sólo cabe estar entonces a lo que fluye del examen de los aspectos extrínsecos de ese título.

En razón de ello y dado que no se advierte que el crédito ejecutado, responda a un "préstamo personal de dinero", no puede considerarse comprendido dentro de las hipótesis previstas por la Ley 25.713, art. 2º, inc. b (íd., Decreto P.E.N. nº 762/02, art. 1º, inc. b).

En efecto, para que el C.V.S. resulte aplicable la norma prevé expresamente que el monto de origen tenga relación con un préstamo de dinero o compra-venta a plazos de cosas muebles y de lotes destinados a la construcción de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente del comprador.

Puesto que ello no puede ser indagado en esta ejecución, ni tampoco surge inequívocamente de las constancias de la causa, procede en el caso la aplicación del C.E.R.; no hay razón, cuanto menos con los elementos obrantes en las actuaciones, para adoptar otra solución.

En cuanto a la inconstitucionalidad que en forma subsidiaria formulan los coejecutados respecto de la normativa que contempla la aplicación del dicho coeficiente, los fundamentos vertidos en el dictamen de la señora Fiscal General de Cámara que precede a este decreto, que esta Sala comparte, son suficientes para desestimar el planteo introducido.

5. Por lo demás, corresponde rechazar el planteo dirigido a sostener que en el caso de autos se falló extra petitum al disponerse la aplicación del C.E.R..

Ello es así, pues de los antecedentes de autos surge que al promoverse el presente proceso ejecutivo, la parte actora planteó la inconstitucionalidad de las normas de emergencia (fs. 9 pto. VII).

La sentencia que se impugna, rechazó el planteo introducido por la actora, disponiendo pesificar la acreencia reclamada en autos.

Tal decisión fue consentida por el ejecutante.

De tal forma y ante las claras disposiciones contenidas en el plexo legal de emergencia, no cabe sino admitir la aplicación del referido coeficiente y por ende rechazar la nulidad del fallo en los términos pretendidos.

Recuérdese que tratándose de un crédito que fue pesificado en los términos de los arts. 1, 3 y 4 del decreto 214/02 (B.O. del 4.2.02), corresponde aplicar como se dijo, el coeficiente de estabilización de referencia (C.E.R.) establecido en la primera parte del citado artículo 4.

6. En lo que concierne a la fijación de intereses, corresponde señalar en primer lugar que, en el parecer de esta Sala se trata de conceptos bien distintos: el coeficiente de estabilización de referencia está destinado a corregir los efectos derivados de la abrupta devaluación de la moneda nacional, mientras que los intereses compensan el costo del dinero adeudado por el tiempo transcurrido a partir de la fecha de la mora.

De modo que, como principio, no hay razón para considerar que se trata de conceptos excluyentes entre sí y por lo tanto, conforme lo dispuesto por el art. 11 de la ley 25.561 (modificado por la ley 25.820:3) corresponde aplicar a la deuda convertida en pesos el Coeficiente de Estabilización de Referencia.

Por lo demás el art. 4 del decreto 214/02 así lo autoriza.

Empero, aún cuando el quantum de la tasa de interés que estableció la sentencia no ha sido expresamente recurrida, la admisión del mecanismo legal de ajuste de deudas en dólares existentes a enero de 2002, impone hacerlo de modo integral y armónico, puesto que su adopción en forma parcial, arrojaría no sólo un resultado disvalioso, sino que constituiría una clara desatención del derecho positivo (vid. esta Sala, 12.3.07 "Mochon C c/Adaro L. s/sumario").

En lo que interesa, el fallo condenó a los demandados a abonar a la parte actora la suma de $ 5.590, con más C.E.R. e intereses. A partir del 6/01/02 y hasta el efectivo pago se aplicará la repotenciación derivada de la aplicación del CER. Los intereses se aplicarán desde la fecha de vencimiento consignada en cada uno de los pagarés (16/12/02 y 16/1/03), aplicando una tasa del 8% anual.

Resta entonces establecer cuál es la tasa de interés que en este caso corresponde aplicar a la deuda ejecutada por el período posterior al 3.2.02 en virtud de la aplicación de las normas de pesificación.

En ese sentido, corresponde señalar que a fin de determinar el rédito aplicable al caso desde la fecha mencionada supra y hasta el efectivo pago, estimamos útil tomar, como pauta de referencia, lo dispuesto por la Comunicación A-3507 del Banco Central de la República Argentina que, conforme resulta de su texto, crea o define la tasa que es referida en el decreto 214/02, aunque en su artículo tercero.

Tanto más cuando la mentada comunicación determina que estos réditos son aplicables a las deudas que los sujetos "...correspondientes al sector privado no financiero, mantengan con las entidades financieras y fideicomisos financieros...".

Su texto prevé un rédito del 5% anual sobre el capital reajustado por el C.E.R., para el caso de personas físicas como es el caso de los aquí litigantes que, por otro lado, la Sala estima adecuada en el caso.

Ello por el período que corre entre la vigencia de la ley 25.561 (6.1.02) y el efectivo pago.

7. Por lo expuesto, se resuelve: (a) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por los coejecutados en fs. 95 y 97. (b) Rechazar los planteos de inconstitucionalidad respecto de la normativa que contempla la aplicación del C.E.R. (c) Modificar la tasa de intereses fijada en la sentencia, para el período posterior al 6.1.02 y hasta el efectivo pago, la que se establece en el 5% anual y confirmarla en lo demás apelado. (d) Imponer las costas de alzada a los ejecutados vencidos (cpr 558). Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes.- Gerardo G. Vassallo.- Juan J. Dieuzeide.- Pablo D. Heredia.