Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-03


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Ochenta.- San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de Junio de 2009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 11/09: "VELEZ, VICTORIA CELINDA c/ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA - s/ ACCIÓN DE AMPARO", y CONSIDERANDO:

1- Que, por la presente causa, la Sra. Victoria Celinda Vélez, invocando el carácter de apoderada suplente de la Lista Amarilla N° 5 del Gremio Unión de Docentes Argentinos (UDA), con patrocinio letrado, inicia acción de amparo fundada en el Art. 43 de la C.N., Ley Nacional N° 16.986 y Ley Provincial N° 4642 en contra de la Resolución N° 52 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de fecha 18 de febrero de 2009, por la cual se designa y proclama al personal docente para integrar la Junta de Clasificación y Tribunal de Disciplina de las ramas de Educación Inicial, EGB I y II, Especial y Adultos. Pide que al dictar sentencia se declare la inaplicabilidad de la Resolución referida y toda otra norma que varíe la situación existente antes de su dictado hasta que se resuelvan las impugnaciones formuladas oportunamente. Manifiesta la actora que la resolución ministerial convalida un posible fraude electoral y perjudica en forma actual y evidente la lista del gremio que representa, ya que con fecha 11 de diciembre de 2008 se llevaron a cabo en la provincia las elecciones correspondientes para la cobertura e integración de cargos de representación de docentes titulares en los cuerpos permanentes de la Junta de Clasificaciones de Educación Media, Técnica y Artística y del Tribunal de Disciplina. Que de dicho acto surgieron serias y graves irregularidades, que dieron lugar a múltiples impugnaciones de las que puso en conocimiento a la Junta Electoral Docente, al Ministro de Educación y al Fiscal de Instrucción mediante denuncia penal. Que no obstante ello, se dictó la Resolución N° 52, la cual afecta derechos y garantías constitucionales consagrados asimismo en tratados internacionales. Señala que se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad formal de la acción planteada, ofrece prueba y solicita medida cautelar innovativa y de no innovar, para que se ordene al Ministerio demandado el restablecimiento de la situación legal existente antes del dictado de la resolución impugnada, hasta tanto se resuelvan los planteos formulados y la no aplicación de lo prescripto en el Art. 83 del Estatuto Docente en cuanto dispone que quince días posteriores a la emisión de la Resolución -N° 52 en el caso- se procederá a la destrucción del contenido de las urnas por incineración. Argumenta que de transcurrir dicho plazo, cuyo vencimiento operaría el 11 de marzo de 2009, se tornarían ilusorios sus derechos. 2- Que interpuesta la acción y sorteados los autos, pasan al Juzgado Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, cuyo titular se declara incompetente, previo Dictamen del Ministerio Público Fiscal, disponiendo su remisión a la Corte de Justicia. Que recibidos los autos en este Superior Tribunal, a fs. 56 se corre vista de la jurisdicción y competencia, y en su caso de la medida cautelar solicitada al Ministerio Público, el que emite Dictamen incorporado a fs. 59/60, donde propicia declarar la inadmisibilidad formal de la acción. Obrando a fs. 60 vta. proveído que ordena autos para resolver, con lo que la cuestión queda en estado de emitir pronunciamiento. 3- Que atento a la materia contencioso administrativa traída a resolver, este Tribunal resulta competente en virtud de lo establecido en el Art. 204 de la Constitución Provincial y Art. 1 de la Ley 4998, modificatoria del Art. 4 de la Ley 4642, asimismo, conforme a jurisprudencia reiterada de esta Corte de Justicia. 4- Como cuestión previa cabe señalar, que la presentante de la acción lo hace invocando el carácter de apoderada suplente de la lista "Compromiso, responsabilidad y solidaridad" del gremio Unión Docentes Argentinos (UDA), es decir ejerciendo el mandato de una asociación gremial que aspira actuar, sin acreditar el consentimiento escrito de todos los interesados en la tutela, contrariando lo dispuesto por el Art. 22 del Dcto. N° 467, reglamentario del Art. 31 de la Ley 23.551, ni con los respectivos estatutos y el reconocimiento de la personería por parte de la autoridad competente, requisitos insoslayables y no substituibles. Por lo que carece de habilidad para accionar judicialmente y ser parte. (conf. a lo sostenido por esta Corte de Justicia, autos N° 41/00, Sent. N° 93 del 04/05/00). 5- Que lo decidido en el apartado precedente resulta suficiente para el rechazo in límine de la acción intentada. No obstante el Tribunal estima oportuno verter las siguientes consideraciones demostrativas de la ineficacia de la vía elegida. En efecto, en orden al cumplimiento de los requisitos de viabilidad necesarios para declarar la procedencia formal de la acción deducida conforme a lo establecido en la ley adjetiva, corresponde señalar que constituye doctrina legal de este Tribunal, siguiendo la jurisprudencia de la CSJN, en el sentido que la acción de amparo constituye un remedio de excepción, cuya utilización está reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlos pueda afectar derechos constitucionales, excluyendo aquellas cuestiones en las que no surge con total nitidez la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente de este proceso constitucional. En esa línea de razonamiento, se advierte la ausencia de los presupuestos previstos en la norma del Art. 6 incs. a) y b) de la Ley 4642, toda vez que de las constancias de autos no surge que la resolución ministerial cuestionada ostente el vicio de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, como tampoco se logra demostrar con la prueba acompañada, que los derechos que se dicen lesionados tengan la certeza y liquidez que se requiere para que la acción resulte procedente, puesto que la eventual invalidez del acto atacado requiere de un análisis más profundo que el que puede brindar el amparo. Por último hemos de advertir, que la cuestión sometida a conocimiento de este Cuerpo, invocando la urgencia para que sus derechos no se tornen ilusorios en el tiempo -fundamento de la tutela cautelar peticionada- atento a la fecha de interposición de la demanda -10 de marzo de 2009- y que el evento dañoso debió acontecer el 11 de marzo (un día después), por lo que el supuesto perjuicio se habría consumado, deviniendo todo pronunciamiento en abstracto y generando un desgaste jurisdiccional inútil, ante el planteo inoportuno y concomitante a la producción del daño.

En consideración a lo expuesto, corresponde declarar la inadmisibilidad formal de la acción intentada, conforme a lo previsto en los Arts. 1, 2, 3, 6, 17 y concordantes de la Ley 4642. Por ello y oído el Ministerio Público Fiscal, Dictamen N° 32, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la acción de amparo interpuesta por ser manifiestamente inadmisible. 2) Imponer las costas al accionante. 3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívese. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).