Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-17


En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Junio de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de la parte demandada en autos: "De Azarloza, Ricardo Antonio vs. Banco de Galicia s/ Hábeas data".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

El letrado apoderado de la demandada en autos, Dr. Jorge Conrado Martínez, interpone recurso de casación (fs. 111/129 vta.), contra la sentencia de la Sala IIa. de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común, del 28/9/2004 (fs. 107/108), que no hace lugar a los recursos de nulidad y apelación deducidos contra el fallo de primera instancia del 13/8/2004 (fs. 83/84 vta.).

En orden al juicio de existencia del recurso de casación interpuesto, cabe advertir, de modo liminar, que el recurso de casación, deducido contra la sentencia dictada en un proceso de amparo informativo o hábeas data, resulta improponible, de conformidad con lo normado por el art. 28 de la Ley 6944. El Digesto Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán, prevé el recurso de apelación por ante la Cámara respectiva, cuando la sentencia es dictada por un juez de primera instancia, reservando la intervención de la Corte Suprema de Justicia, por vía del recurso de inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o aquellas que pongan fin a la acción o hagan imposible su continuación.

Por su parte el art. 31 del Código Procesal Constitucional prescribe que son de aplicación subsidiaria en la tramitación de estos procedimientos las normas procesales vigentes en cada fuero cuidando el Tribunal de adaptarlas a los principios de celeridad y eficacia; y se infiere del mismo que se aplican en subsidio las normas del Código Procesal Civil en el trámite de los procedimientos previstos en la Ley 6944. Precisamente dicho cuerpo procesal constitucional, al estructurar los medios de impugnación de las resoluciones judiciales, no prevé el recurso de casación, por lo que no pueden aplicarse en su trámite las normas procesales civiles, por la simple y determinante razón de su inexistencia. Las sentencias dictadas en los procesos de amparo informativo o hábeas data, no son impugnables ante la Corte mediante este típico carril extraordinario, sino por apelación mediante el recurso de inconstitucionalidad, cuya admisibilidad dependerá de que se satisfagan las exigencias legales respectivas.

Por los fundamentos expuestos se desestima el recurso de casación.

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 111/129 vta. por el letrado apoderado de la demandada, contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala IIa. del 28/9/2004. El pronunciamiento confirmó lo resuelto en el fallo de primera instancia, que hizo lugar al amparo informativo interpuesto por el actor y condenó a su representada a proveerle la información necesaria sobre la causa y origen de la deuda que motivó su inclusión en el Veraz, en situación 4.

1.1.- En su relato de los antecedentes de la causa, la recurrente expone que el día 28/7/2003, la parte actora se presentó ante la Dirección de Comercio Interior, e interpuso denuncia contra su mandante por infracción a la ley 24.240 de Defensa del Consumidor; lo que dio lugar al expte. administrativo Nº 6.027/A/2003. Manifestó entonces haber solicitado y obtenido una tarjeta de crédito Visa, y que nunca se le entregó copia de toda la documentación que suscribiera, ni de la póliza del seguro de vida que fuera cobrada en diferentes resúmenes. Requirió que la denunciada adjunte toda la documentación referida a la tarjeta de crédito, seguro de vida, documentación que acredite la variación de precios en sus distintas etapas, y se le informe sobre los ítems cobrados en los diferentes resúmenes en concepto de cargo por reserva de fondos y gestión de cobranza. Que la audiencia se fijó para los días 9 y 18 de febrero de 2004, y las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 1º de marzo; oportunidad en la que su mandante reconoció a favor del actor un saldo de $625 (pesos seiscientos veinticinco) en concepto de seguro de vida, reserva de fondo y gestión de cobranza; monto que se debitó de la deuda que acredita el actor. Agrega que luego de un cuarto intermedio se celebró la audiencia del 12/4/2004, en la que su representada acompañó documentación que el actor consideró incompleta, por carecer de fecha y lugar de confección.

Continúa expresando que la presente acción fue iniciada por el actor el 09/6/2004, pidiendo se condene a su parte a rectificar e informar todos aquellos hechos y circunstancias vinculados a las situaciones que lo afectan. Dijo haber intimado a la demandada para que le hiciera conocer las razones por las cuales se encuentra incluido en la base de datos de Veraz Risc, en la categoría 4 (persona de alto riesgo de insolvencia); hecho del cual habría tomado conocimiento recién el 04/7/2004, y cuyo origen atribuyó a las actuaciones ante la Dirección de Comercio Interior. Destaca que su mandante evacuó el informe previsto en el art. 21 de la ley 6144, manifestando haber cumplido con lo solicitado en las audiencias celebradas ante dicho organismo. Que luego de negar los dichos del actor, en lo sustancial afirmó que De Azarloza conocía el origen de la deuda, y tuvo oportunidad de impugnar los resúmenes de la tarjeta que le fueron remitidos. Sostuvo además que la vía procesal elegida es improcedente, en cuanto exige una conducta positiva u omisiva que en forma manifiesta e inequívoca conculque derechos y garantías reconocidos por la Constitución, la urgencia en reparar el perjuicio o hacer cesar los efectos de ese proceder, y que la cuestión no pueda solucionarse por otra vía legal; alegando que en el sublite era el proceso sumarísimo la vía adecuada para sustanciar la pretensión del actor.

Señala que en primera instancia se hizo lugar a la acción, por considerar el magistrado que no quedó en claro la procedencia y conformación de la deuda informada por la entidad bancaria, que asciende a la suma de $715, lo cual le fue requerido en diversas oportunidades; y que ello tampoco resulta de la contestación de la demanda. El magistrado concluyó que no se ha proporcionó al actor la información peticionada a fin de determinar el motivo de su inclusión en el Veraz en situación 4; por lo que declaró procedente la acción, condenando a su representada a proveer lo requerido.

Contra este pronunciamiento, su mandante planteó recursos de nulidad y apelación, ambos rechazados por el Tribunal de alzada. El primero, con fundamento en que los vicios de procedimiento anteriores a la sentencia debieron subsanarse por la vía del incidente, y el disenso expresado era reparable por el recurso de apelación. A su vez, esta vía impugnativa fue desestimada en razón de que su mandante no demostró los hechos alegados en el responde; esto es, que haya proporcionado al actor la información por él requerida. La Sala a quo puso de relieve que la prueba invocada -constancias del expte. Administrativo tramitado ante la Dirección de Comercio Interior- era a cargo de su parte; y que de acuerdo a las constancias de autos el oficio respectivo fue retirado, mas no consta su diligenciamiento. Que en suma, no se demostró el cumplimiento del deber de información, y el Tribunal no puede suplir la negligencia de la parte en desmedro del principio de igualdad en el proceso; aplicando supletoriamente lo normado por el art. 308 del CPCC.

1.2.- La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 03/12/2004 (fs. 135 y vta.). Por mayoría de sus integrantes, esta Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el recurso de casación constituye una vía idónea para impugnar las sentencias definitivas dictadas en los procesos de amparo (cfr. CSJTuc., entre otras, sentencias Nº 573 del 04/7/2002; Nº 816 del 27/10/2003; Nº 93 del 01/3/2004). En consecuencia, procede examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad propios del carril impugnativo intentado.

Se comprueba que el recurso ha sido interpuesto en término, y a fs. 110 corre agregada boleta que acredita el depósito de ley. El recaudo de definitividad, necesario para la apertura de la instancia casatoria, debe considerarse cumplido atento a las circunstancias en que se desenvolvió este proceso, y a los fundamentos de la sentencia impugnada. En las instancias de mérito se hizo lugar al hábeas data, y la pretensión del actor fue admitida en razón de su fundabilidad, es decir, al fondo de la cuestión controvertida; por lo que la decisión es susceptible de ser impugnada por esta vía extraordinaria de impugnación.

2.- De una parte, la demandada impugna el rechazo del recurso de nulidad, invocando errónea interpretación de lo dispuesto por el art. 808 del CPCC.

2.1.- Afirma que la sentencia de Cámara ha violado la doctrina que emana de esta normativa, al considerar que el fallo de primera instancia no presenta este déficit, porque el recurrente fue notificado oportunamente del llamado de autos para sentencia, y no objetó el procedimiento anterior a su dictado; con lo cual quedaron convalidados los supuestos vicios precedentes en virtud del principio de preclusión procesal. Que de este modo la Sala a quo adhirió a lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, en el sentido de que los vicios atribuidos al decisorio recurrido, en realidad obedecen a defectos anteriores que debieron ser impugnados por vía de incidente; encontrándose precluida la oportunidad de denunciarlos por vía de un recurso que ha sido consagrado para subsanar defectos de la resolución misma.

A criterio del impugnante tal afirmación no se corresponde con las constancias de autos, toda vez que su parte había cuestionado la actividad seguida por el sentenciante a la hora de fallar; esto es, un vicio in procedendo. Puntualmente, alude a la omisión del Sr. Juez de primera instancia en valorar las constancias del expediente tramitado ante la Dirección de Comercio Interior; elemento probatorio ofrecido por ambas partes y conducente para la solución del caso. A su entender, se trata de un déficit de actividad que descalifica el pronunciamiento por arbitrario. Tampoco habría valorado la conducta del actor, quien al demandar no expresó que su representada hubiera incumplido con el deber que le imponen los arts. 22 de la ley 25.065 y 793 del Cód. de Comercio; y tampoco aludió a la celebración de contratos entre las partes, de los cuales podía surgir razonablemente la composición de la deuda. Como vicio de actividad, denuncia además la omisión en atender el planteo de su parte, referido a que en el sublite no era procedente la acción de amparo, sino en todo caso el proceso sumarísimo previsto en el art. 53 de la ley 24.240. En suma, sostiene que en el expediente administrativo ofrecido como prueba existen elementos decisivos para la solución del caso, reveladores de que su mandante no ha exteriorizado una conducta manifiestamente ilegítima, arbitraria o ilegal.

Considera que de este modo, los jueces de mérito incurrieron en exceso ritual manifiesto y en infracción a una actividad que la Constitución Nacional le impone a la hora de decidir; toda vez que ambos pronunciamientos de grado transgredieron el principio procesal de búsqueda de la verdad material. Seguidamente, se explaya sobre la distinción entre vicios in procedendo e in iudicando, con cita de doctrina que avalaría su posición. Menciona además la doctrina de la Suprema Corte Nacional en torno a la admisibilidad del recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia.

Le agravia la valoración de la Cámara, en cuanto afirma que su parte incumplió la carga de producir la prueba ofrecida; cuando de las constancias de fs. 52 resulta que sí ha diligenciado el oficio librado a la Dirección de Comercio Interior. Igualmente, cuestiona al Tribunal por haber desatendido las disposiciones contenidas en los arts. 13, 20, 59 tercer párrafo y 60 tercer párrafo del CPC, a tenor de las cuales el Juez estaría obligado a requerir la remisión de documentos. Que frente a esta normativa, deviene dogmática la afirmación de la Sala a quo en el sentido de que acceder a lo peticionado sería violatorio del principio de igualdad de las partes; desconociendo que también el actor había ofrecido aquella prueba.

Según afirma, el gravamen que le causa la transgresión de la doctrina emanada del citado art. 808 procesal no se ve reparado con el análisis de procedencia del recurso de apelación. Ello en tanto la Sala a quo habría afirmado de manera dogmática que no se advierte arbitrariedad, y aplicó supletoriamente a este proceso el art. 308 del CPCC que regula la carga probatoria, en desmedro de las disposiciones contenidas en el texto procesal constitucional, antes mencionadas.

Concluye que las razones antes expresadas demostrarían la subsistencia de su interés en lograr la aplicación de la doctrina emanada del art. 808 procesal. Como doctrina legal, postula que: "En el ámbito de un proceso de amparo, cuando lo que la parte impugna es la actividad desplegada por el Juez a la hora de decidir, en tanto esos agravios no puedan considerarse reparados por la vía del recurso de apelación, corresponde declarar la admisibilidad y eventual procedencia del recurso de nulidad, el que ha sido legalmente previsto para impugnar vicios de actividad y forma de la sentencia misma".

2.2.- En esta instancia casatoria, la demandada no logra evidenciar que el recurso de nulidad incoado ante la Sala a quo era admisible. Por lo contrario, se advierte que los fundamentos entonces esgrimidos, y que reitera en el memorial recursivo, remiten a pretensos vicios de juzgamiento y no de actividad; con lo cual debían ser resueltos al decidir el recurso de apelación interpuesto por su parte, según aconteciera en el sublite.

La Cámara aplicó la doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que "la declaración de nulidad por vía de recurso sólo es procedente cuando se imputan vicios en el procedimiento que concluye en el dictado de la sentencia; y que son los señalados en los arts. 166 y 167 del digesto procesal local; cuyo planteo exige que no hayan podido subsanarse en la instancia en que se cometieron (art. 808 del CPCC). Reiteradamente ha sostenido este Tribunal que cuando el vicio no se imputa al procedimiento anterior al dictado de la sentencia, sino a la sentencia misma, no corresponde interponer recurso de nulidad, sino directamente el de apelación y la Cámara, al resolver el mismo, debe subsanar la omisión o los defectos de la sentencia en los que se hubiere incurrido (arg. art. 810). Es así que el ámbito de funcionamiento del recurso de nulidad es sumamente reducido, pues los defectos de procedimiento subsanables en la instancia en que se cometieron se reparan por vía del incidente de nulidad. Y si los vicios son del decisorio, y no del procedimiento en que fuera dictado, debe interponerse directamente recurso de apelación. Conforme a este sistema, el reenvío sólo cabe cuando existen vicios en el procedimiento en el que se dictó la sentencia; pero si el vicio es del decisorio, no corresponde el reenvío. La alzada deberá tratarlo en el marco del recurso de apelación y resolver el fondo del litigio; lo cual significa que si el vicio es intrínseco a la sentencia, en lugar de declarar su invalidez el Tribunal de apelación deberá componer positivamente la litis, examinando con plena jurisdicción los hechos y el derecho, y resolviendo el fondo del asunto." (cfr. CSJTuc., entre otras, sentencia Nº 917 del 09/12/98, autos "Nacul, José Américo vs. Martínez, Carlos César s/ Cobro ejecutivo de pesos").

Cabe advertir que la doctrina propuesta por el impugnante no se opone a la de esta Corte Suprema de Justicia, aplicada por la Cámara al caso concreto. El memorial de agravios exterioriza el disenso del impugnante con los fundamentos fácticos y jurídicos del decisorio, que condujeron al rechazo del recurso de apelación intentado; toda vez que los supuestos denunciados como de nulidad no constituyen vicios de actividad susceptibles de corregirse por la vía intentada. En consecuencia, no se advierte error de derecho en la decisión que desestima el recurso de nulidad, por lo que el agravio en examen debe ser desestimado.

3.- En lo restante, el recurso es inadmisible, toda vez que los motivos de casación esgrimidos remiten a cuestiones de hecho y prueba, como principio irrevisables en la instancia extraordinaria local.

3.1.- La demandada impugna la decisión de la alzada con los mismos fundamentos reseñados precedentemente, alegando que carece de motivación y resulta violatoria de la doctrina que emana del art. 61, inc.3 del CPC y art. 272 del CPCC.

Califica de arbitraria la sentencia, por violación del deber de motivación consagrado en la Constitución Nacional; atribuyéndole basarse en pautas de excesiva amplitud, en sustitución de normas positivas directamente aplicables. Le agravia el aserto sentencial, relativo a que era a su cargo producir la prueba reclamada, siendo insuficiente la presentación en el organismo respectivo; argumento con el que convalidó la decisión apelada. Al respecto, insiste en que el expediente administrativo fue ofrecido como prueba por ambas partes, y que por ende su remisión no era violatoria de la garantía de igualdad ante la ley.

En su interpretación, el diligenciamiento del oficio respectivo bastaría para tener por producida la prueba en cuestión, pues ello revela su voluntad en tal sentido. Nuevamente, expresa que el magistrado contaba con los medios previstos por la ley procesal constitucional para disponer tal remisión, según lo dispuesto por los arts. 13, 20, 59, tercer párrafo y 60, tercer párrafo del CPC. Postula que la relación de estas disposiciones con lo establecido en el art. 31 del mismo cuerpo legal, determina la mera aplicación supletoria del art. 308 del CPCC, frente a aquellas normas expresamente vigentes. Propone como doctrinas legales, que "Corresponde descalificar como acto jurisdiccional válido por incurrir en el vicio de arbitrariedad, el fallo que da como fundamento pautas de excesiva amplitud en sustitución de normas positivas directamente aplicables, y se contradice abiertamente con constancias expresas de autos"; "En el ámbito de una pretensión de amparo, la doctrina que inspira los arts. 13, 20, 59 y 60 del CPC impone a los jueces un mayor deber en aras a determinar acabadamente los hechos fehacientes de la causa, fundamentalmente en lo que hace a la producción de prueba oportunamente ofrecida y producida por las partes, a más de conducente para la solución del caso, normas en virtud de las cuales se encuentran habilitados a proceder de oficio en procura de la remisión de expedientes administrativos de los cuales deriva la suerte de la pretensión y de la oposición".

Por último, sostiene que en autos no concurre uno de los requisitos intrínsecos de toda pretensión o acción de amparo, cual es la manifiesta arbitrariedad o ilegalidad de la conducta que se afirma contraria a los derechos y garantías reconocidos por la constitución. Reproduce los argumentos vinculados a las disposiciones contenidas en la ley 25.065, alegando que su mandante cumplió con las mismas y remitió al actor los resúmenes de la tarjeta, de los cuales pudo conocer la composición de la deuda informada al B.C.R.A. y a Veraz Risc; circunstancias que la actora omitió exponer al deducir la demanda de autos. En el caso, tampoco sería el amparo la vía más idónea, desde que el actor contaba con otros medios judiciales para hacer valer su pretensión; esto es, el procedimiento sumarísimo previsto por el art. 53 de la ley 24.240, y arts. 409 y 410 del CPCC. Propone doctrina legal y formula reserva del caso federal.

4.2.- Los agravios del impugnante se presentan sustancialmente dirigidos a cuestionar la aplicación supletoria de la norma que regula la carga de la prueba (art. 308, CPCC), en desmedro de las disposiciones contenidas en el CPC, que refieren al impulso procesal y a las facultades de los magistrados en los procedimientos que el mismo regula.

Las constancias de la causa revelan que este planteo no puede prosperar. De ellas resulta que ambas partes ofrecieron como prueba el expediente administrativo tramitado en la Dirección de Comercio Interior. A fs. 52 corre agregada copia que acredita el diligenciamiento del oficio respectivo por parte del demandado; en tanto que a fs. 66 se adjuntó la acompañada por el actor; quien a fs. 67 solicitó se libren nuevos oficios al Banco de Galicia y a la Dirección de Comercio Interior, para que sean informados bajo apercibimiento de ley. El letrado apoderado de la demandada expresó su formal oposición a la agregación de pruebas por parte del actor, en razón de haber vencido el plazo de tres días previsto en el ordenamiento procesal constitucional. En este escrito manifestó haber diligenciado en término las pruebas por él ofrecidas; y que en debido tiempo invocó la disposición contenida en el art. 316 del CPCCTuc.; lo cual nunca fue peticionado por la contraria respecto a las pruebas por ella ofrecidas (cfr. fs. 71/72).

En la referida presentación, el recurrente invocó jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia, literalmente transcripta, en el sentido de que "una vez vencido el término probatorio, se intensifica el deber de diligencia de las partes con relación a la producción de las pruebas pendientes, debiendo, consecuentemente, extremar los recaudos para que su comportamiento en orden a la activación de las pruebas, no pueda ser tachado de negligente. Conforme se sigue del art. 316 del CPCC, si los recurrentes consideraron que por razones no imputables a ellos no se había evacuado el informe dentro del plazo probatorio, debieron urgir su producción al Tribunal antes de los alegatos de bien probado, cosa que no aconteció, operándose por lo tanto a su respecto la preclusión. El descuido de activar el informe requerido que se advierte en autos, no deja exentos de responsabilidad a los impugnantes por la demora del organismo oficial en evacuarlo, más allá de la que pudiera llegar a corresponder a los agentes públicos responsables de la misma" (CSJTuc., sentencia Nº 013 del 03/12/99). Refirió además el art. 308 del CPCC, en virtud del cual afirmó que la carga de la prueba incumbe a la parte que afirme la existencia de alguna cosa que el Juez no tenga el derecho de conocer (cfr. fs. 71 vta.).

4.3.- La expresa invocación de la normativa contenida en los arts. 308 y 316 del CPCC veda al recurrente el posterior reclamo contra la aplicación supletoria de estas mismas disposiciones. Mal puede requerir en las instancias recursivas, la exclusión del régimen legal que ella misma ha consentido, desde que lo consideró aplicable para oponerse a la producción de la prueba ofrecida por la contraria. Por lo demás, ha sido la demandada quien instó el llamamiento de los autos para dictar sentencia, sin que se hubiera remitido al Juzgado la copia certificada del expte. administrativo ofrecido como prueba (cuad. Nº 2 del demandado, fs. 52). A fs. 81 corre agregado escrito en el que solicitó se haga lugar a lo peticionado, y "se resuelva sin más trámite el presente hábeas data mal entablado por la accionante"; dando lugar al dictado de la providencia del 06/8/2004 (fs. 82), que dispuso el llamamiento de los autos para dictar sentencia. En suma, ha sido la demandada interesada en la producción de esta prueba, quien solicitó al Tribunal se proceda al dictado de la sentencia; con lo cual expresó libremente su voluntad de arribar al dictado de la sentencia definitiva, sin contar con la prueba que invoca como dirimente.

Cabe advertir, en tal sentido, que la impugnante no cuestiona el contenido de la decisión sobre la carga probatoria, en cuanto puso a su cargo demostrar lo afirmado al contestar la demanda; esto es, que ya había proporcionado al actor la información por él requerida, a los fines de determinar el motivo de su inclusión en el Veraz en situación 4, según lo considerado por el Sr. Juez de primera instancia (cfr. sentencia del 13/8/2004, fs. 83/84). Su agravio se presenta circunscripto a la referida aplicación supletoria, en desmedro de lo dispuesto por el CPC. Según tiene dicho esta Corte Suprema de Justicia, la doctrina de los actos propios es aplicable al derecho procesal, cuando se advierte una falta de coherencia en el comportamiento, una incompatibilidad manifiesta en la conducta del litigante. Todo ello, en resguardo de los principios que informan el proceso (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 694 del 22/9/2003, autos "Lajud, Rodolfo vs. Ford Argentina S.A. y/o s/ Daños y perjuicios").

4.4.- Por las razones expresadas, se concluye que el recurso en examen es inadmisible en relación a este agravio; que remite a cuestiones procedimentales anteriores al dictado del fallo en recurso. No basta invocar las facultades que el ordenamiento procesal constitucional ha conferido a los jueces en los procesos que el mismo regula, sino que resulta menester refutar la doctrina emergente del fallo en recurso, para lo cual es necesario rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya la decisión. Quien intenta el remedio extraordinario de la casación, no puede limitarse a pronunciar una tesis diferente de la de ésta, desconociendo su propio obrar precedente. Para cumplir el recaudo de suficiencia del recurso no basta aseverar una determinada solución jurídica, sino que debe exponerse claramente en qué consiste la violación de la norma, con referencia a las circunstancias específicas y particulares del caso y a los términos del fallo que lo resuelve.

La crítica del recurrente se dirige contra la omisión de los jueces de mérito en ejercitar una facultad previo al dictado del pronunciamiento definitivo. En este punto, las razones del Tribunal a quo no se presentan arbitrarias o contrarias al régimen legal vigente; debiendo reiterarse que la secuencia procedimental transitada por la demandada ha sido determinante para las consecuencias que ahora le agravian. De otra parte, la cita de las diversas disposiciones contenidas en el CPC no basta para refutar los fundamentos del fallo; advirtiéndose que la Sala a quo no se limitó a aplicar el art. 308 del CPCC, sino que además expresó que el sublite no involucra la omisión de remitir documentación que el informante tiene en su poder; en cuyo caso el juez de oficio hace uso de los medios de ejecución a su alcance a fin de investigar los hechos controvertidos (cfr. fs. 107 vta.).

Los restantes agravios remiten a cuestiones de hecho ajenas a la instancia extraordinaria de la casación. La negativa a la concurrencia de los presupuestos legales para la viabilidad de la acción de amparo, expresan igualmente el disenso de la demandada, sin que aporte elementos relevantes para advertir error de derecho o arbitrariedad; debiendo señalarse que también en este punto, el planteo se sustenta en las constancias de la prueba que se dice omitida. Al respecto, es oportuno recordar que el presupuesto primario de la pretensión incoada es el conocimiento de la información que da verosimilitud a los datos consignados en los registros que según el amparista lo dañan por su falsedad. Esta información es el presupuesto indispensable de la segunda fase del proceso de hábeas data, que tiene como finalidad permitir al amparista que demuestre la falsedad o inexactitud de la misma.

En las concretas circunstancias de la causa, la decisión del Tribunal a quo no se presenta arbitraria ni carente de motivación, toda vez que ha resuelto los planteos del apelante en base al régimen normativo que la misma parte había invocado en relación a la contraria, y no ha sido demostrada su inaplicación al caso. Con ello, permanece incólume la afirmación de los jueces de mérito, en el sentido de que era a su cargo demostrar el cumplimiento del deber de información reclamado por el accionante.

Se concluye que en lo atinente al rechazo del recurso de apelación, los agravios se presentan dirigidos a una nueva valoración de aspectos fácticos del juzgamiento, ajenos a la instancia extraordinaria de la casación; sin que se haya evidenciado el déficit de arbitrariedad alegado, que excepcionalmente habilita al reexamen de aquéllos, o la ausencia de motivación del decisorio. Contando la sentencia con fundamentos bastantes para sustentarla, el reclamo no puede tener acogida, por lo que corresponde desestimar el recurso en examen, con costas al recurrente vencido y pérdida del depósito.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR parcialmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 111/129 vta. por el letrado apoderado de la demandada, contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala IIa. del 28/9/2004.

II.- NO HACER LUGAR, en lo restante, al recurso interpuesto, con pérdida del depósito de ley.

III.- COSTAS conforme se considera.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA (en disidencia) RENÉ MARIO GOANE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA