Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10


E., A. O. Reg.: A y S t 202 p 426-430.

En la ciudad de Santa Fe, a los diez días del mes noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "E., A. O. -Robo calificado por uso de arma en grado de tentativa- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 440, año 2002). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Netri, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

1. Sucintamente, el caso.

Mediante sentencia 89 del 18.9.2000, el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N 4 de Rosario declaró la responsabilidad penal de A. O. E. por los delitos de robo simple en grado de tentativa, dos hechos en concurso real y en calidad de autor, condenándolo a la pena de un año de prisión efectiva, con más las costas del proceso (arts. 29, inc. 3, 40, 41, 42, 45, 55 y 164 C.P.)(fs. 1/7).

Apelado ese decisorio por el defensor del imputado, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de esa ciudad, confirmó el fallo Inferior en punto a la conclusión condenatoria emitida en el principal (non reformatio in peius), pero modificando (en virtud del iura novit curia) el encuadramiento típico, en el de robo calificado por uso de arma en grado de tentativa (arts. 166, inc. 2 y 42 C.P.)(fs. 8/14vto.).

Interpuesto recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación de Rosario y declarado admisible por la Sala Cuarta de ese mismo Tribunal, se reunió en acuerdo el mismo a los fines de tratar la cuestión de si, la falta de mantenimiento de la acusación en la Alzada por parte del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia absolutoria solicitada por la defensa, imponía al Tribunal la aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo fallar distinto a dichas peticiones.

En esa reunión se planteó la cuestión del órgano competente para decidir sobre el recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal y se resolvió, en definitiva, convocar a todos los integrantes de las demás Cámaras de Apelación en lo Penal de las restantes circunscripciones de la Provincia de Santa Fe a la formación de tribunal plenario y a expedirse sobre la cuestión a resolver en el presente caso.

Remitidos los autos a las circunscripciones judiciales n 1, 3, 4, y 5, ninguno de sus integrantes coincidieron con la postura sustentada por la mayoría de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario y, en general, se remitieron a lo resuelto en la causa "Zucchiatti".

Reenviados los autos al Tribunal convocante y puestos sus miembros a analizar lo actuado, el Vocal de Cámara doctor Jukic, manifestó que resultaba factible, no obstante las características de los tribunales a que refieren los artículos 28 y 29 de la ley 10160, considerarlos tribunales "distintos" del convocante y por ende inmersos en la órbita de lo dispuesto por el artículo 38 del Código Procesal Penal, lo que permitía concluir -desde su óptica- que lo acontecido en esta causa importaba un conflicto de competencia material negativo que se habría suscitado entre la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario reunida en tribunal pleno y el tribunal plenario, que correspondía dirimir a esta Corte.

Mediante resolución registrada en A. y S., T. 178, pág. 416 este Cuerpo declaró que no existía conflicto de competencia a resolver en el entendimiento de que la cuestión se circunscribía únicamente a la valoración que hicieran los jueces acerca de la necesidad de constituirse, o no, en un tribunal plenario.

Remitidos los autos a la Cámara Penal de Rosario, ésta decidió que el recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal planteado en autos, debía ser considerado y resuelto por todos los miembros de ese tribunal en pleno.

Notificada esa resolución al Fiscal de Cámara y al Defensor General, la Cámara de Apelación en lo Penal de la segunda circunscripción -reunida en tribunal pleno- estableció como doctrina aplicable, con los alcances previstos en el artículo 488 del Código Procesal Penal "que la falta de mantenimiento de la acusación en la Alzada por parte del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia absolutoria solicitada por la defensa, no impone al Tribunal la aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, por lo tanto no impide fallar distinto a dichas peticiones". Asimismo y en base a esa doctrina, confirmó la sentencia impugnada.

2. Contra este último decisorio deduce la defensa del encartado recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

Dos son los planteos que esgrime la impugnante en el presente recurso.

El primero atañe a que la Cámara vulnera el principio de contradicción o contradictorio, en tanto dicta un fallo condenatorio cuando el representante del Ministerio Público Fiscal había adherido a la pretensión absolutoria de la defensa; conculca la congruencia procesal al haber resuelto en forma "ultra petita" respecto de aquél y en perjuicio del imputado; y se opone a la tendencia actual predominante de jerarquizar el rol del Ministerio Público, con autonomía funcional y autarquía financiera por cuanto prescinde de la necesaria participación durante todo el proceso en ejercicio de sus facultades requirentes.

El segundo estriba en la nulidad constitucional en razón de no habérsele dado al recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal el trámite y alcance plenario que expresamente prevé el artículo 485 del Código Procesal Penal.

En tal sentido, afirma que al haber deducido el mencionado remedio y declarada su admisibilidad, la Cámara Penal convocó dispositivamente a sus órganos jurisdiccionales colegas para el necesario dictado de un Acuerdo Plenario, pero que el mismo fue incorrectamente resistido por los Vocales de las Cámaras de las restantes Circunscripciones de la Provincia.

Considera, al respecto, que al desestimarse su pretensión de Acuerdo Plenario existió una confusión consistente en los dos causes o trámites distintos y autónomos de dictado de Acuerdos Plenarios: uno, el previsto por el artículo 29 de la ley 10160 (L.O.P.J.) de auto convocatoria voluntaria, a pedido de simple mayoría del total de los jueces de Cámara con idéntica competencia material; y el segundo, previsto por el artículo 485 del Código Procesal Penal, de carácter obligatorio y dispositivo, a instancia del Presidente de la Cámara Penal respectiva, previa declaración positiva por mayoría de votos respecto de la existencia de contradicción jurisprudencial (art. 484 C.P.P.).

Arguye que tal posición se fundamenta en el principio republicano de no eliminación o ignorancia de la vigencia de las leyes por vía de interpretación judicial, en una coherente interpretación del artículo 46 de la ley orgánica provincial al atribuir el conocimiento a cada Cámara Penal sobre el recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal dentro de su competencia territorial, con el alcance de los artículos 484 y 485 del código de rito.

Entiende que en el caso bajo examen el trámite para pronunciamiento plenario no es no potestativo, sino que es obligatorio para las restantes Cámaras, ya que la convocatoria a Tribunal Plenario fue regularmente cursada.

Concluye que al alterarse el trámite procesal previsto con el resultado que surge del Acuerdo Pleno se privó a su defendido de la instancia resolutoria legal que integra su derecho constitucional de propiedad en sentido amplio y de acceso al debido proceso penal.

3. La Cámara Penal mediante Acuerdo 12/02 declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad en cuanto a la primera de las postulaciones, concediéndolo respecto al segundo planteo, esto es, con relación al trámite y alcance del acuerdo plenario que prevé el artículo 485 del Código Procesal Penal (fs. 59/66).

4. Delimitada, así, la materia recursiva de la presente impugnación y luego de su detenido análisis en confrontación con las constancias de la causa, concluyo que la postulación no ha de traspasar el umbral de la admisibilidad conforme lo expondré seguidamente.

Sabido es que las cuestiones procesales no constituyen, en principio, materia propia del recurso de inconstitucionalidad por cuanto están reservadas a la ponderación que de las mismas efectúen en la labor propia los jueces de la causa, debiéndose aclarar que la citada regla debe ser exceptuada siempre que la recurrente demuestre irrazonabilidad en la decisión recurrida, o bien que la misma fuera susceptible de vulnerar el derecho de defensa en juicio que le asiste, extremos que no se encuentran acreditados en el "sub lite".

Para así considerarlo se impone recordar el alcance que los Jueces de Cámara en lo penal de las cinco circunscripciones judiciales -con excepción de algunos Vocales de Rosario- le otorgaron a las normas orgánicas y procesales en juego.

En tal sentido, corresponde señalar que la hermenéutica propiciada en el "sub judice" adscribe a una interpretación literal del artículo 46 segundo párrafo de la ley 10160 que, al regular la competencia funcional de las cámaras de apelación en lo penal, establece: "...cada Cámara conoce, dentro de su competencia territorial del recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal...".

A partir del precepto glosado, la mayoría de los jueces de Cámara consideran que éste por ser posterior derogó al anterior, esto es: al artículo 485 del Código Procesal Penal que dispone: "...declarada la existencia de contradicción el Presidente de la Cámara convocará a Tribunal Plenario, formado por todos los miembros de las del mismo fuero de la Provincia...".

Luego concluyen que esta derogación dispuesta por la ley 10160 otorga un ámbito de conocimiento y decisión al recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal más restringido que el consagrado por el código de rito en lo penal, quedando circunscripto a la convocatoria y decisión de un tribunal pleno.

Ello así por cuanto -entienden- si cada cámara penal conoce de este recurso, es en el seno de ésta únicamente donde puede resolverse (arts. 36 y 28) y no mediante la reunión de todos los integrantes de las cámaras penales de las cinco circunscripciones judiciales (art. 29).

Desde luego que esta interpretación asignada por la mayoría de los Vocales del fuero penal a los dispositivos enunciados no solo se sustenta en el principio de temporalidad para resolver la contradicción normativa (art. 36, ley 10160 vs. art. 485, C.P.P.) y en la armonización de los preceptos del código penal de rito con los de la Ley Orgánica del Poder Judicial sino que también se apoya en que, la asignación de competencia para entender en este remedio a cada cámara penal (tribunal pleno) y no a todos los miembros de las cámaras de la provincia (tribunal plenario), tiene en miras, disminuir el número de jueces que deben intervenir en la causa, control de gastos y propender a la celeridad en los trámites, evitando que las causas peregrinen por toda la provincia (vid. fs. 19/36, Expte. 247/01).

Frente a esta posición hermenéutica adoptada en autos intenta oponer la suya la impugnante con sustento en que el recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal (art. 485, C.P.P.) aparece como un instituto autónomo del tribunal plenario (art. 29, L.O.P.J.), pues éste último es de auto convocatoria por la mayoría de los jueces de cámara con idéntica competencia material, mientras que el primero es de carácter obligatorio y dispositivo a instancia del presidente de la cámara penal respectiva, una vez declarada la existencia de contradicción jurisprudencial.

Sin embargo, la postulación impugnativa no convence que los Jueces hayan delineado una hermenéutica arbitraria de los preceptos en cuestión, antes bien, éstos arriban a una integración normativa entre los dispositivos del código procesal penal y de la ley orgánica, que otorga mayor coherencia al sistema de unificación del derecho que persiguen tanto el recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal como el de los tribunales plenos y plenarios, que al propuesto por la recurrente en donde trata a estos institutos como si fueran compartimientos estancos, aislados uno de otro, sin conexión con el ordenamiento jurídico.

En todo caso, trátase de una cuestión opinable a la cual los Camaristas han brindado una respuesta jurisdiccional suficiente, optando por una de las variables interpretativas posibles de la normas involucradas en el caso.

Finalmente, resta decir que sella en forma definitiva la suerte del presente recurso la circunstancia de que la quejosa no ha tachado de inconstitucional el artículo 46 de la ley 10160, siendo que ese precepto constituye la base misma de la hermenéutica propuesta en la especie.

En suma, el planteo -tal como ha sido presentado- no traspasa el límite de la disconformidad en cuanto a la interpretación asignada por los Jueces de la causa a normas de derecho procesal y de organización, aspecto propio de las instancias ordinarias y por ello excluido de este control al no haberse demostrado que esa hermenéutica resulte arbitraria o violatoria del derecho de defensa, en cuyo caso sí se justificaría la apertura de esta instancia y la posterior anulación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)