marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, acuerdo preventivo, novación, codeudor solidario, fiador, acreedores del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Santander Rio SA c/ Virgilio, Mario y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-06

Los efectos novatorios del acuerdo preventivo al provenir de una clara imposición legal no se proyectan a los fiadores de la concursada, por cuanto la remisión hecha en el concordato no puede equipararse a la remisión de deuda propiamente dicha pues no se trata de una renuncia espontánea del acreedor sino de un proceder impuesto por las circunstancias. Así entonces, la ausencia de animus liberandi en la aplicación de quitas por efectos de acuerdos concursales es la razón de ser por la cual resulta razonable la solución que dispone, en la normativa cuestionada, LCQ 55 que no se extiendan los efectos de la novación concursal a los mencionados sujetos (cfr. CNCom, Sala A, in re: "Banco Río de la Plata c/ Sumatik SRL y otros s/ ejecutivo" del 6.2.09). Desde este ángulo, el criterio legal procura preservar a los acreedores que, sin su consentimiento, podrían verse privados del derecho que les asiste de accionar contra quienes han garantizado una obligación y, que por cierto, conocen que están contrayendo a futuro la obligación, aún ante la posibilidad de que si el deudor principal no cumple en tiempo y forma, deberán afrontar, también, el total de la deuda que hubieran garantizado al permanecer inalterable la relación acreedor individual-fiador. Máxime si se tiene en cuenta que una de las finalidades del contrato de fianza desde la perspectiva del acreedor es justamente preservar a este último del riesgo de la insolvencia del deudor principal manteniendo la intangibilidad del crédito mediante la garantía que representa el patrimonio del o de los fiadores.
Recurso de apelación (procesal), interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Lohmann, Jorge Carlos y otro c/ Joel Gonzalez y otro s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-05

La sanción que establece el art. 131 del Código Procesal Laboral debe ser aplicada e interpretada con criterio restrictivo, pero ante el caso de inobservancia del recaudo señalado, por el apelante, la conformidad o consentimiento de la parte apelada obrará como renuncia tácita al ejercicio del derecho de exigir la apelación de la sanción consistente en declarar por no interpuesto el recurso.
Habeas corpus, derecho a la salud, pena privativa de la libertad, ejecución de la pena, prisión domiciliaria, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., M. M. A. s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-20

En ese estado, privado de la libertad por un juez, tiene el derecho que le asignan los regímenes de detención específicos, en este caso la ley 24660 - cuerpo básico - sin perjuicio de las facultades del juez de ejecución para instrumentarlas o perfeccionarlas, pero en ningún caso violarlas.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, avocación jurisdiccional
Materia: PROCESAL
Carátula: JORGE RAFAEL VIDELA s/ CAUSA INSTRUIDA EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 158/83
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-27

Es improcedente -por carecer del carácter de sentencia definitiva o equiparable a ella- la resolución que dispuso la avocación por el quo de los procesos seguidos por los presuntos delitos cometidos en ocasión de las operaciones destinadas a combatir el terrorismo y su trámite por el procedimiento sumario previsto en el Código de Justicia Militar (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
Contratos bilaterales, interpretación del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Siere Bernardo c/ Muñoz Enriqueta y Otro s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-09-19

Toda interpretación de los contratos, con prestaciones recíprocas debe regirse por el principio de bilateralidad y del consiguiente trato igualitario de ambas partes.
Filiación, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cavuoto, Ines M. c/ Toledo, Juan s/ Reconocimiento de paternidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

El ordenamiento jurídico sienta preceptivas tendientes a proteger y, en su caso, a reparar toda afectación a los derechos de la persona, tanto referidos a su esfera física y espiritual como a sus bienes, pero ello no puede tener el alcance de permitirle impedirle la realización de una práctica médica que tiende a esclarecer aspectos dudosos vinculados a la misma persona y formalmente deducidos por alguien que demuestra tener un interés legítimo en promover esa investigación (art. 12 inc. 2º Const. Prov.).
Recurso de casación, caducidad de instancia, inactividad procesal, mutuo hipotecario, convertibilidad, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: T., M. c/ BANCO HIPOTECARIO S.A. s/ ORDINARIO s/ CASACION" (Expte. NRO.26606/13-STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-30

El art. 316 del CPCC establece que la caducidad será declarada de oficio "...sin otro trámite que a comprobación del vencimiento del doble de los plazos señalados en el artículo 310...", pero el art. 313 del mismo plexo señala que la caducidad no se producirá cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal (inc. 3).

Es aquí donde discrepo con la solución que propugnan los jueces disidentes, ya que atribuyo la responsabilidad en la definición de este particular proceso a quien resultaba su directora.

Lo afirmado por cuanto la ley 26313 - plenamente aplicable al caso de autos - se autoproclama de orden público y dispone expresamente la suspensión de procesos como el presente, la evaluación por parte de la autoridad de aplicación de entenderse eventualmente cancelado el crédito (art. 3) y, si así no fuere, de efectuar el recálculo de lo adeudado - en demanda y en definitiva la pretensión de autos -, tareas todas que debieron ser dispuestas por la Juzgadora de grado, inclusive de oficio.

Pero mucho más aún frente a la petición expresa que realizó en varias oportunidades la accionante, y no obstante que alguna de ellas pudiere haberse entendido prematura (ver postura del banco demandado a fs. ).

También puedo acordar que quien promueve un proceso es el señalado para la carga de urgir su desenvolvimiento, pero asimismo entiendo que no podemos desentendernos de las particularidades de autos; de una temática en la que la accionante debía dividir sus energías entre sus presentaciones "administrativas" ante la autoridad de aplicación (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) para que evalúe si el crédito debía considerarse cancelado (art. 3) o para que efectúe el revalúo de lo adeudado, y el "impulso" procesal de los actuados judiciales, aspecto en el que - en las oportunidades en que lo hizo - no obtenía la respuesta adecuada del tribunal, conforme la normativa vigente y ya analizada. (Mayoria: Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui y Dra. Piccinini).-
Honorarios, rechazo parcial de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: ORDAS, ANTONIO Y OTRO c/ EMPRIN  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-24

Cuando la demanda prospera por un monto muy inferior al reclamado, debe estarse en principio para la regulación de honorarios al monto por el que prospera la acción, sin perjuicio de corregir cualquier resultado inequitativo en función de la razonable significación económica del proceso para el asistido, que en ciertos casos no puede estar estrictamente fijada por el monto estimado ya que de hacerlo así se llegaría a consecuencias divorciadas de la justa retribución del trabajo profesional, haciendo llamativamente oneroso el derecho de defenderse en juicio para los accionados privados del beneficio de gratuidad (conforme Sala V, sentencia 29388, 4 de diciembre de 1981).
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del funcionario público, faltas del servicio, proceso penal, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: "Soruco  Choque,  Silvio c/ Estado  Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-26

Frente a hechos que pueden calificarse de irregulares, impropios abusivos, incorrectos o simplemente soberbios no puede permitirse en un Estado de Derecho admitir que el Estado en su función de prevención y represión del delito pueda actuar conculcando derechos fundamentales como la libertad ambulatoria y el derecho de defensa en la forma que lo hizo sin pagar las consecuencias de sus actos y al haber estado el actor privado de su libertad durante más de dos años ello ha provocado un daño cierto y concreto de carácter económico (daño emergente y lucro cesante) al que debe agregársele el daño moral como consecuencia de los sufrimientos y penurias que le produjo el Estado por su "faute de service"(art. 1112 del Código Civil) (Del voto en disidencia del juez Gallegos Fedriani, cons. XIII y XIV).
Local bailable, razonabilidad, libertad de comercio e industria, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: Macbar SRL c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-13

Para determinar si la restricción horaria impuesta no sobrepasa los límites de una razonable reglamentación en el ejercicio del poder de policía, o si, por el contrario, dicho ejercicio altera los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución debe tenerse en cuenta que la reglamentación cuestionada trata de armonizar intereses en pugna como los de la libertad de comercio de quien habilita el local bailable y el derecho al descanso de los vecinos. Frente a ello no resulta irrazonable la fijación prudente de un horario de cierre que conjugue los derechos de ambas partes.
Competencia, cuestiones de competencia, pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GAMBOA, CRISTIAN SEBASTIAN s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-08-24

Corresponde que siga entendiendo en la presente el Colegio de Jueces de Primera Instancia de la Tercera Circunscripción Judicial, pues sin desconocer la situación descripta por la magistrada de la ciudad de Rufino -que rechazó la radicación de los autos por ante sus estrados por no contar dicha circunscripción judicial con establecimientos carcelarios ni una Dirección de Control y Asistencia Post Penitenciario-, el artículo 23 de la ley 13018 prevé un sistema rotativo anual para los integrantes del Colegio de Jueces de Primera Instancia que componen la sección no correspondiente a juicio oral, entre las que se encuentra lo atinente a la ejecución de la pena, materia que aquí nos ocupa.
Procedencia del recurso, tratamiento de las adicciones, principio de inmediación, remisión del expediente, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: B., G. E. c/  s/ lesiones leves calificadas por la relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género - Goya
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2021-06-15

En relación a lo peticionado por el recurrente -que se aplique jurisdicción positiva y se condene al imputado a la pena de 10 meses de prisión de ejecución condicional imponiéndole asimismo reglas de conducta-, la posición a adoptar sería en sentido contrario, ello pues, la casación positiva quiebra principalmente los principios de inmediación, oralidad, contradicción, publicidad y lo más importante la identidad física del juzgador, entendiendo que la sentencia debe ser pronunciada por aquellos jueces que presenciaron íntegramente el debate, caso contrario en base a la prueba documentada terminan condenado jueces que no vieron ni oyeron al imputado y menos aún a los testigos. Atento a lo expuesto, corresponde ordenar el reenvío, efecto inherente a la invalidez de la sentencia, al juzgado de origen a fin de que un nuevo tribunal en un nuevo debate donde primen las garantías constitucionales y los principios del proceso penal, dicte una nueva sentencia ajustada a Derecho. (Del voto por su fundamento del Dr. Eduardo Gilberto Panseri)
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, contrato de trabajo por tiempo indeterminado
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ROSSIA, SILVIA VIVIANA c/ COTECSUD S.A.S.E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-29

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que se encuentra configurado el vicio de autocontradicción en tanto, el marco normativo al cual el Tribunal circunscribió la causa, está compuesto básicamente por los artículos que regulan el contrato de trabajo eventual (esto es, arts. 99 y ss. L.C.T.; arts. 68 y cs. ley 24013 y decreto 342/92) y el 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto regula el supuesto de solidaridad entre la empresa de servicios eventuales y la usuaria de los tales.

Sin embargo, la propia Cámara tiene por acreditado que se produjo la violación a las normas del contrato de trabajo eventual por parte de la usuaria de los servicios (en tanto las tareas desarrolladas no eran del tipo exigido por la norma eventuales y el tiempo por el cual fueron prestadas excedió el legalmente establecido más de dos años con sólo una interrupción al año y dos meses ), pero no aplicó la consecuencia que la propia ley establece para las situaciones como las de la especie: esto es, tener por configurado entre la trabajadora y la usuaria un contrato de trabajo por tiempo indeterminado.

La fractura lógica del pensamiento sentencial se produce al disociarse la causa fáctica (violación por parte de la usuaria de las normas que rigen esta modalidad de contratación) de su consecuencia jurídicamente establecida (en el caso, la transformación de la relación laboral que une a la usuaria con la trabajadora en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, y la responsabilidad solidaria entre empleadora y usuaria respecto de todas las obligaciones laborales).

Esta irreductible incongruencia interna torna las proposiciones sobre las que se afinca la decisión cuestionada incompatibles entre sí, de modo tal que la deja desprovista de fundamento y la torna ininteligible al punto tal de descalificarla como acto jurisdiccional válido.
Delitos contra la propiedad, homicidio en ocasión de robo
Materia: PENAL
Carátula: PEDRO GUIDO TRONCOSO Y SERGIO GUSTAVO REYES s/ HOMICIDIO AGRAVADO EN PERJUICIO DE TIMOTEO JUNCO-  INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1989-03-16

No comete homicidio calificado sino el delito previsto en el artículo previsto 165 del Código Penal, quien asciende a un automóvil de alquiler con el deliberado propósito de robar a su chofer y para adelantarse a una presunta reacción defensiva de éste, lo mata sorpresivamente.
Caducidad de instancia, impulso procesal, litisconsorcio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chávez, Oscar y otro c/ Municipalidad de San Francisco de Laishi y/o Enrique Franco y/o quien resulte responsable s/ Acción contenciosa-administrativa de Laishi y/o Enrique Franco y/o quien resulte responsable s/ Acción contenciosa-administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-03-26

Como la instancia es indivisible, en razón de la unidad de la relación procesal, la perención beneficia o perjudica a todos los que intervienen en el juicio y los actos de interrupción cumplidos por un litisconsorte benefician a los demás.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, apreciación de la prueba, daños y perjuicios, accidente de tránsito, culpa civil, apreciación de la culpa, víctima menor de edad
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Malvino, María de las Glorias c/ Pereyra Collazo, Oscar Hugo. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Si de las constancias de la causa no se desprende que el menor hubiera incurrido en irregularidad alguna, ni se ha invocado negligencia o infracción a las normas de tránsito a su respecto, sino que por el contrario, la alzada tuvo por acreditado que fue atropellado por un colectivo que circulaba a excesiva velocidad, ello demuestra que - en función de las condiciones de tiempo y lugar - dicha colisión habría tenido lugar con independencia de la edad de la víctima.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, Instituto de Servicios Sociales para el Personal de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ayala Ganchegui, Juan C. I. c/ INSTITUTO  DE  SERV.SOCIALES  PARA  EL  PERS.DE SEG.,REASEG.,CAPIT. Y AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a la demanda por repetición de los aportes contemplados en el art. 17, inc. c) y D) de la ley 19.518. Ello así, pues los agravios del recurrente -atinentes a la operatividad de las disposiciones citadas por el reenvío efectuado en el art. 12 de la ley 22.169- remiten a la interpretación y aplicación intertemporal de normas de derecho común, cuyo conocimiento -como regla- está reservado a los jueces de la causa y no es susceptible de recurso extraordinario.
Sociedades comerciales, responsabilidad de la sociedad, principio de apariencia, buena fe
Materia: COMERCIAL
Carátula: RADIO  VICTORIA CATAMARCA SA c/ SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SAS/ s/ RDINARIO. (JA 18.8.04).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-17

En el tráfico comercial moderno y fundamentalmente en los contratos celebrados con las grandes empresas, en innumerables ocasiones las soluciones encuentran su debido cauce a través de la aplicación de las teorías de la apariencia, privilegiando la buena fe de los terceros que celebran acuerdos con quienes aparecen revestidos de facultades para representar a la sociedad. El ordenamiento jurídico protege por imperio del principio de la buena fe, la aceptación de las consecuencias derivadas de un estado jurídico que no se basa solo en una declaración de voluntad, sino en la apariencia de una situación jurídica. Aquel a cuyo cargo produce efectos tal apariencia, debe haberla producido o mantenido de modo a el imputable, y la parte beneficiada debe haber confiado en la apariencia. la consecuencia es que, respecto de la parte beneficiada ha de considerarse realizado o subsistente el efecto jurídico de que se trata, esto es que se coloca tal como corresponde a la situación por ella supuesta. En estos casos la responsabilidad por apariencia jurídica se trata de una responsabilidad derivada de las propias declaraciones de voluntad expresas o tacitas imputables al sujeto de que se trate. Se trata de una responsabilidad por la confianza, no en el ámbito de la teoría del negocio jurídico, sino como complemento de la responsabilidad derivada de los negocios jurídicos (Larenz, karl, "Derecho Civil, Parte General", Madrid, 1978, Pág. 825). Por ende, quien ha dado lugar o ha consentido una situación engañosa -en virtud de una situación jurídica aparente aunque haya sido sin el deliberado propósito de inducir a error, no puede hacer que su derecho prevalezca por encima del derecho de quien ha depositado su confianza en aquella apariencia. De todos modos, para que fuera posible tal solución debieron tratarse de actos que no fueran notoriamente ajenos a la función que desempeñaba como agente involucrado. Ello por aplicación analógica del parámetro contenido en la ley 19550 art. 58
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Figueroa, Héctor Avelino y ot. c/ Arpemar S.A. s/ Horas extras Gauto de Bestel, Alicia Renee c/ Hospital Finocchietto s/ Ley 9688 Gómez, Lisardo Huberto y otra c/ Survial S.C.A. y otro s/ Accidente de trabajo, art. 1113, Código Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29|1990-06-12|1991-06-18

La decisión relativa a la competencia es definitiva cuando significa atribuir el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial.
Jueces, leyes, interpretación de la ley, Derecho contravencional y de faltas, juez de faltas, juez de circuito, Municipalidad, tribunal de faltas, intendente, comuna, comisión comunal
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicentin SAIC c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Recurso contencioso administrativo. Revocatoria (EXPTE CSJ Nº   433-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-22

El artículo 123 de la ley 10160, en cuanto a los Distritos donde no existen los Jueces en lo Penal de Faltas, dispone -bajo el título "competencia material"- que a los Jueces Comunales (y, por la remisión efectuada por el artículo 111 segundo párrafo, a los Jueces de Circuito) "les compete" -en lo que ahora es de interés- "conocer y decidir acerca de contravenciones municipales". Dicha norma debe interpretarse en el sentido de que, mediante dicha atribución, los Jueces Comunales (y de Circuito) intervienen como órganos de revisión -judicial- de lo actuado en sede administrativa; es decir, ejerciendo una jurisdicción análoga a la que corresponde en esta materia a los Jueces en lo Penal de Faltas. Correlativamente, las potestades de comprobación de las contravenciones y de aplicación de las sanciones consecuentes, permanecen en cabeza de los entes territoriales, los que las ejercerán, sea a través de los Jueces o Tribunales de Faltas municipales o comunales -en caso de que existan-, o del Intendente o Comisión Comunal.
Excarcelación, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: López, Justo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-25

Las resoluciones dictadas en materia de excarcelación pueden ser materia de recursos ordinarios ante los Tribunales Superiores de la causa, esto es las Cámaras de Apelación y Garantías, resultando operativos los recursos de apelación ante estos cuerpos y suficientemente resguardado su control jurisdiccional, salvo que los mismos se dicten en la etapa del debate y juicio, siendo sólo en este caso inexorable que su recorrido transite la vía extraordinaria y excepcional de la casación con las limitaciones que se mencionaran (Art. 429 del Código de Procedimiento Penal). (Minoría u opinión personal)
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, leyes, ley derogada, ley sobre riesgos del trabajo, jueces, competencia, competencia federal
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Emanueli, Guillermo Luis c/ Domingo C. Brattoli S.A. s/ Accidente de trabajo (Expte. Nro. 2-01, Resol. Nro. 37, Tomo 26,  Folio 169)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-04

Al derogarse la ley 24.028 los juzgados en lo laboral han perdido la competencia en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ya sea en relación a la indemnización tasada que al presente la ejerce la justicia federal, como en el caso de la culpa extracontractual que prevén los arts. 1109, 1113 y concordantes del Cód. Civil de competencia del fuero civil y comercial. Si se invoca el art. 75 de la L.C.T., aún cuando se estimara una obligación contractual, ante la modificación del mismo por la referida ley 24.557 es competente el fuero federal. Al presente y mientras esta última ley no sea declarada inconstitucional, es la que regula las relaciones contractuales y extracontractuales entre las partes contratantes, y ante los nombrados tribunales debe plantearse la acción de inconstitucionalidad.
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivero   y   Rodríguez  Electricidad  S.A.I.C.F.I. s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

Corresponde declarar la nulidad de la concesión del remedio federal si no aparece debidamente fundada, al no dar satisfacción a los requisitos idóneos para la obtención de la finalidad a la que se hallaba destinada.