Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-03


En la ciudad de Trelew, a los días de febrero del año dos mil once se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia a cargo del Dr. Carlos Dante Ferrari y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "F., N. E. y otros c/ S., E. y otro s/ Daños y Perjuicios (11799)" (Expte. N º 399 año: 2010) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?, y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 341.- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Doctor Marcelo LOPEZ MESA expresó:-- I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 300/308) acogió en todas sus partes la demanda de daños y perjuicios promovida por V. M. M., N. E. F. y P. R. F., condenando a los Sres. E. y C. M. S. a abonar a la parte actora la suma de $ 485.065,59, con más los intereses devengados desde la fecha del evento dañoso -31 de enero de 2004- y hasta su efectivo pago, calculados aplicando la tasa activa del Banco del Chubut S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento, imponiendo las costas del proceso a los demandados vencidos y procediendo a la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.- II. El fallo es apelado a fs. 316 por los demandados Sres. E. y M. S., siendo concedido libremente el recurso a fs. 320 y fundado con el escrito que corre agregado a fs. 332/335 vta. que contiene, en síntesis, los siguientes motivos de agravio: En primer lugar se agravia por cuanto el juez de grado atribuyó la culpa exclusiva y excluyente del accidente al codemandado C. M. S., basando su conclusión en el expediente penal ofrecido como prueba instrumental, en el que obraban la pericia accidentológica, los testimonios rendidos en la causa, así como también en el principio de responsabilidad objetiva del Art. 1113 párrafo segundo, segunda parte del C. Civil, por tratarse de un accidente de tránsito entre un peatón y un rodado, que dispone que el autor del hecho sólo se exime de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Afirma que en autos se encontraba acreditado que el Sr. F. apareció imprevistamente, bajando del camión en plena Avenida Libertad, de ingreso a Rawson, la que presentaba alta densidad de tráfico a la hora del accidente, y que cruzó la misma corriendo y sin mirar si venía algún vehículo, conforme lo declarado por el testigo W. O. A., acompañante del conductor del rodado, lo que demostraba una total imprudencia de la víctima. Sostiene asimismo que en el examen de alcoholemia, el occiso presentaba ingesta alcohólica, no así el conductor del vehículo, cuyo resultado fue negativo. Refiere que del acta policial labrada en ningún momento se concluyó que el rodado fuera el embistente en el siniestro de autos. Manifiesta que se encuentra probado en la causa que el Sr. C. M. S. conducía el Renault 11 con total dominio y con la debida atención, y que al aparecer el occiso corriendo como un fantasma, le tocó bocina, colisionando de igual modo con el automotor, por lo que concluye que la atribución de culpa exclusiva y excluyente en el evento dañoso a su parte, no se compadeció con las circunstancias fácticas del siniestro, debiendo atribuirse culpabilidad a la víctima en la producción del mismo. El segundo agravio del apelante consiste en el monto otorgado por el sentenciante en concepto de daño material y los parámetros utilizados para su determinación. Manifiesta que el a quo tomó como base para el cálculo una suma mensual de $ 1.850, en función de lo que percibía el occiso como empleado de la Provincia y trabajando a su vez en un comercio de propiedad de su padre en la localidad de Gaiman, según lo declarado por tres testigos, sosteniendo al respecto que la prueba testimonial no resultaba idónea para acreditar este último ingreso, siendo procedente para ello la prueba documental, recibos de sueldo, declaración jurada de ingresos ante la AFIP y pericial contable. Sostiene, que además de ello, el juez efectuó el cálculo de la indemnización por daño patrimonial de manera defectuosa, toda vez que multiplicó por dos veces y media los ingresos que efectivamente fijó, a los fines de tenerlos en cuenta como uno de los elementos para la aplicación de la fórmula matemática, apartándose del principio rector que guía la aplicación de la misma y que fuera sintetizada de manera perfecta por el Dr. P., quien sostuvo que el daño es igual al capital necesario para constituir una renta que produzca los ingresos perdidos y se agota al término de la duración probable de la vida de la víctima. Señala asimismo que resultó erróneo el cálculo que realizó el sentenciante para establecer la indemnización correspondiente a la Sra. V. M. M., dado que tomó como períodos computables los años que le restaban a su esposo para acceder a la jubilación ordinaria, que dijo eran veintiún años (21), teniendo en cuenta para ello que tenía 51 años al fallecer y que la edad jubilatoria en ese momento era de 60 años, de lo cual se deduce que le restaban solamente nueve años (9) y no veintiuno como utilizara para dicho cálculo. A renglón seguido procede a tratar en forma conjunta, el tercer y cuarto agravios por su conexidad y por considerar en primer lugar que no existe el daño psicológico como categoría independiente, el que debió evaluarse dentro del daño moral conforme lo sostuviera al contestar la demanda. Refiere que el juez de grado fijó una indemnización en favor de las actoras en concepto de daño psicológico y otra indemnización por daño moral, lo cual agravia a su parte. Manifiesta asimismo que resultó sugestivo que al momento de realización de las pericias, las actoras no hubieran ya concurrido a asistencia psicológica alguna, pues de haber resultado necesaria, ésta hubiese sido prestada por la obra social Seros que pertenecía al esposo y padre de las actoras por haberse desempeñado como empleado de la Administración Pública Provincial. En segundo lugar sostiene que resultó arbitraria, carente de justificativo y excesiva la suma de $ 100.000 para cada una de las actoras fijada por el a quo en concepto de indemnización por daño moral, constituyendo un absurdo enriquecimiento sin causa para las nombradas, mas aún teniendo en consideración que con la aplicación de la tasa de interés activa aplicable en la zona, se arribaría a una suma cercana a los $ 300.000 para cada una de ellas. Cita doctrina y abundante jurisprudencia al respecto, entre ellas un fallo de la Sala "B" de esta Alzada. En quinto lugar se agravia por cuanto el sentenciante, hizo lugar al monto total de lo reclamado por la parte actora en concepto de gastos de sepelio con apoyatura legal en lo que disponen los arts. 1084 y 1085 del Código Civil, pese a haber negado su parte la existencia de los mismos, y sin haber acreditado las accionantes dicho rubro con la prueba documental correspondiente que consistía en la presentación de los recibos pertinentes, resaltando por otra parte, que en nuestra zona el sepelio recibe cobertura a través de las cooperativas eléctricas. El sexto y último agravio se refiere a la aplicación de intereses que efectuó el fallo en crisis, desde la mora, es decir desde el día del evento dañoso, y la tasa activa del Banco del Chubut S.A. para sus operaciones de descuento a 30 días fijada para el cálculo de los mismos, lo que a juicio de su parte configuraría un increíble enriquecimiento ilícito para las actoras que contraría la realidad económica de nuestro país. Cita abundante jurisprudencia al respecto. A renglón seguido hace la reserva del caso federal que le acuerdan los arts. 14 y 15 de la Ley 48 de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por encontrarse conculcados los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, lo que solicita sea teniendo en cuenta a los efectos recursivos por la flagrante violación al derecho a la propiedad. Solicita en definitiva se revoque la sentencia recurrida en cuanto es materia de agravios, con expresa imposición de costas.

III. Corrido traslado a la contraria del memorial de agravios mediante providencia de fs. 336, el mismo es contestado por el representante legal de la parte actora con la pieza procesal de fs. 337/338 vta., peticionando se desestime en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto por los demandados, confirmando la sentencia de primera instancia por resultar ajustada a derecho, con expresa imposición de costas.- Ingresando al análisis de los agravios traídos, en lo tocante específicamente al primero de ellos diré que el agravio no puede prosperar.

El apelante pretende rebatir la asignación de incidencia causal al 100% que el a quo imputó a su parte, sobre la base de opiniones suyas, que no se hacen cargo de lo dicho en la sentencia ni de lo probado en la causa.

Acreditada la materialidad del accidente, la presunción que deriva del embestimiento del peatón por un vehículo debía ser desvirtuada por el conductor del mismo, si deseaba sustraerse a la responsabilidad derivada del evento.-- La accionada no ha producido tal prueba ni, menos, con la firmeza y claridad que una prueba de descargo respecto de un hecho dañoso de naturaleza luctuosa amerita y exige.-- Tampoco en el recurso se rebaten eficientemente las aseveraciones volcadas en la sentencia para fundar la atribución de la incidencia causal al accionado.- Y no es dable olvidar tampoco que la apreciación de la prueba efectuada por los jueces de grado constituye una decisión tomada por el juzgador en el centro o núcleo mismo de sus facultades, que constituye el ámbito de mayor discrecionalidad y legítimo arbitrio que le concede el ordenamiento, no bastando impugnarlas sobre la base de una opinión distinta sino que debe ensayarse, a su respecto, un ataque frontal, fundado en argumentos hábiles y conducentes, que demuestren el desacierto manifiesto de la resolución (mi voto en sentencias de esta Sala, del 12/11/08, in re "L., A. c/ S., R. s/ Cobro de pesos" (expte. 117, año 2008); ídem, 4/4/08, "P. V. c/ M. H. O. s/ Dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. N ° 22.785 - Año 2008); Ídem, del 19/6/08, in re "F., R. D. c/ B. H. S.R.L. y otros s/ Indem. de ley" (registrada como SDL 38/08); ídem, 18/6/2008, "V., L. N. y otro c/ L. ** d. J. S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley", registrada bajo el N º 36 DE 2.008 - SDL); ídem, 7/8/08, "G., N. F. c/ P., R. L. y/o q. rte. resp. laboral de E. T. s/ Indem. de ley", registrada al Nro. 50 de 2008 SDL; ídem, 8/9/06, "S., J. G. c/ S. I. A. S.R.L. s/ cobro de pesos - laboral", registrada bajo el Nro. 56 DE 2.008 - SDL; ídem, 20/9/08, "S. M. C. C. R. S. Cobro de Haberes e Indemnización de ley" (Expte. N ° 22.915 - Año 2008, registrada bajo el N º 61 de 2.008 - SDL; ídem, 23/9/08, A., S. A. c/ S., H. y otro s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. N ° 22.806 - año: 2008, registrada bajo el N º 59 de 2.008 - SDL; ídem, 21/8/08, "F., M. c/ B., O. H. y Otros s/ Cobro de Haberes e Indem. de Ley" (Expte. N ° 22.863 - año: 2008, registrada bajo el N º 54 de 2.008 - SDL; en igual sentido, Cám. Civ. y Com. Neuquén, Sala I, 29/2/96, "Aravena Bastias, Fernando c/ UCASA s/ Accidente", en Juba, base Neuquén, sumario Q0000046).

Y analizando el fallo apelado y el segmento del recurso que cuestiona la determinación de la causa adecuada del accidente en cabeza del accionado y la apreciación de las probanzas en la instancia de grado, surge claro, patente, manifiesto, que el ataque no ha podido demostrar absurdo o irrazonabilidad en el fallo en lo relativo a la apreciación de la prueba por parte del juez de grado y en la asignación, al conjuro de esa prueba, de la responsabilidad total por el accidente al accionado. De tal suerte, si lo que se cuestiona fundamentalmente es la apreciación de la prueba por parte del juzgador, debió el apelante ser particularmente certero en demostrar el desacierto del iudex a quo, poniendo de resalto sus deficiencias, demostrando cómo resulta arbitraria en los hechos concretos esa apreciación, qué otras constancias de autos ha soslayado, en dónde radica el desacierto concreto del razonamiento, etc.

Y verdad es que el apelante no ha podido lograr ninguno de estos objetivos, quedándose en la mera queja basada en opiniones personales y sin la necesaria convictividad que demuestre el desacierto del pronunciamiento recurrido, máxime en una materia tan particular como la apreciación de la prueba donde, en la duda, debe darse la razón al juez. - Ergo, el primer agravio no puede ser acogido.- En lo concerniente al segundo agravio, él habrá de prosperar solo parcialmente.

En lo tocante al cuestionamiento de la estimación de los ingresos del actor y su prueba a través de testimonios, expresa el apelante que no pueden ser probados los ingresos por testigos. Este segmento del recurso no habrá de merecer acogida.-- Esa idea es una opinión propia suya, que no tiene respaldo en ninguna norma que sepamos que restrinja a los actores a no probar los ingresos perdidos más que a través de cierta prueba.

Es más en un voto de nuestra autoría, frente a un planteo similar al que analizo, expresamos que la prueba testimonial es una prueba admisible en estos casos. Pero también lo es que no puede ella reemplazar sin merma convictiva a las pruebas específicas de ingresos, que son las declaraciones y liquidaciones de impuestos, las facturas y recibos emitidos, los ingresos documentados a través de depósitos bancarios, etc.

Dijimos después que el actor estaba en su derecho de elegir el medio de prueba que mejor le pareciera, tanto como los magistrados que juzguen su reclamo lo están de extremar la apreciación de dichas probanzas (cfr. Cám. Apels. Trelew, Sala B, 10/ 02/2009, "N., J. O. c/ L., C. J. y otro s/ Daños y Perjuicios").

El problema es que apreciada la prueba colectada en autos no se evidencia arbitrariedad alguna en la apreciación, ni vicios sustanciales en la declaración de los testigos. Es más, el apelante no ha patentizado una sóla crítica concreta a la apreciación de la prueba testimonial por el juez ni ha expresado tacha alguna a los testigos, lo que termina por descolocar sus aseveraciones, que amén de subjetivas terminan por ser infundadas o carentes de respaldo. Ergo el agravio debe rechazarse.

Sí, en cambio, habrá de ser acogido -en parte- el agravio que embate contra el cálculo de la indemnización. Evidentemente ha existido un lapsus calami de parte del a quo, quien ha agregado diez años al número de unidades etarias computables en la fórmula polinómica.-- Esto es, que luego de afirmar que tomaría en cuenta el tiempo estimado para la jubilación del occiso, calcula diez años más de lo que corresponde, según la edad de éste y el régimen jubilatorio vigente en la Provincia.- A poco que se repare que el difunto señor F. tenía en la fecha del accidente luctuoso 51 años, siendo que la edad jubilatoria para los hombres en el ámbito provincial es de 62 años (cfr. Ley 3923), el valor numerario a ingresar en el cómputo indemnizatorio es 11 y no 21, como erróneamente, calculó el Sr. Juez de grado.-- Porque, podría argumentarse que el occiso habría podido realizar otras actividades luego de jubilado, con lo que el valor a ingresar podría ser 21, en caso de considerar que la vida útil promedio de hombres en la Provincia es de 72 años. Pero esto no es lo que se dijo en la sentencia y lo expresado allí no fue cuestionado por la actora, por lo que ha quedado determinado que los deudos del fallecido debían percibir indemnización calculada hasta el día de la jubilación de éste, con lo que esta determinación ha adquirido firmeza, hallándose cubierta por la cosa juzgada. Ergo, lo único procedente en este caso -dada la forma del recurso y el contenido de la sentencia- es salvar el error material, manteniendo la determinación sustancial sobre el hito temporal de la fecha de corte del cálculo indemnizatorio a la edad de jubilación.

Ello impacta decisivamente sobre el cálculo del resarcimiento debido a las accionantes, ya que a partir del ingreso anual estimado para el causante ($11.475), aplicando a éste la fórmula polinómica de costumbre, se logra un total de pesos noventa mil quinientos uno, con ochenta y nueve ($ 90.501,89), como resarcimiento patrimonial correspondiente a la viuda del occiso, debiendo modificarse el fallo de grado en este aspecto, correspondiendo mantener el monto establecida a favor de la menor P. R. por idéntico concepto ($ 30.672,81).

En lo relativo al tercer agravio, por el que se cuestiona la asignación de una suma por el rubro daño psicológico, creo que algunas afirmaciones del apelante son certeras, pero ello carece de virtualidad porque en realidad lo expuesto sobre el daño psicológico se basa en un error conceptual del juez. Me explicaré.

Es cierto que el juez de grado afirma que el daño psicológico debe indemnizarse autónomamente, lo que cual es un grave error conceptual y confronta la doctrina legal vigente.

Pero ello carece de trascendencia en autos, porque luego de copiar varios párrafos sobre el daño psíquico, etc, termina concediendo por el rubro el importe de las sesiones de terapia psicológica que se determinan como necesarias para el tratamiento de la esposa e hijas del occiso, lo que es muy distinto a conceder resarcimiento por daño psíquico.- El error del apelante es no ver que el juez hace una cosa, pero dice otra. Dice que va a indemnizar el daño psíquico, lo que no solo sería equivocado, sino violatorio de la doctrina legal vigente. Pero indemniza un daño emergente.

Esta Sala en su fallo de la causa "C. de W., D. E. c/ C. D. O. y M. T. o C. D. O T. S.R.L. y otros s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N º 30 - año: 2008), sentencia del 26 de Marzo de 2009, dejó claramente establecido, tanto a través del voto del Dr. Velázquez como del mío que el daño psicológico no constituye un tercer género que extralimite la rígidamente bifronte clasificación de los daños en patrimoniales y extrapatrimoniales que nuestra Ley Civil ha consagrado; mas también en esos casos ocurrentes recordamos que tal perjuicio resultaba ambivalente (c. 16.060 S.D.C. 11/05, c. 18.288 S.D.C. 1/03, c. 19.014 S.D.C. 2/04, c. 20.171 S.D.C. 20/05, c. 22.129 S.D.C. 30/07).-- Se agregó allí que ese desorden psicológico, cuando existe, produce siempre daño moral y debe valorarse como un factor de intensificación del mismo que lleva a dimensionar en un monto mayor la indemnización a acordarse por él; a la vez, puede producir en ciertos casos perjuicio patrimonial resarcible, v. gr. el lucro cesante derivado de una pérdida de la capacidad productiva de bienes o servicios o el daño emergente provocado por el costeo de la terapia necesaria para la curación de la víctima (confr.: Zavala de González, "Resarcimientos de daños", 2da. edición, To. II-A, págs. 265/266, 268/269, 274 y sgts., párrs. nros. 62 a 66; Trigo Represas-Compagnucci de Caso, "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", Hammurabi 1987, II-543).

Y que no es admisible entonces la aspiración de la actora en el sentido que se le conceda una partida resarcitoria del daño psicológico autónoma, desprendida de las correspondientes al daño patrimonial originado por su incapacidad sobreviniente y al daño moral. Pero el juez le reconoció como "daño psíquico" el monto del tratamiento psicológico necesario para revertir o paliar las afecciones que la muerte del occiso produjo en sus deudos, legitimados activos de autos.- No veo el problema en reconocer este rubro, que no ha sido cuestionado en su existencia ni el apelante ha atacado su cuantía. Ergo, conceptualmente está mal encarado por el juez, pero sustancialmente no es incorrecto lo resuelto. Ergo, como el recurso de apelación no es una competencia artificiosa de saberes abstractos, pareceres subjetivos o sagacidades vanas, entre un juez recurrido y un apelante, el embate no puede prosperar en este aspecto. El recurso de apelación tiene por objeto la revisión de legalidad, de razonabilidad, de constitucionalidad y de suficiencia argumental de un pronunciamiento. No se trata de analizar por su conducto si había mejores argumentos a la mano en la temática abordada o si algunos de los utilizados eran deficientes -incluso equivocados- o si el juez cometió un deficit argumental en alguna de sus vigas maestras (cfr. mi voto de la causa "C., E. O. c/ C.-L. S.A. s/ cob. de hab. e indem. de ley", en fallo de esta Sala del 29-05-2009).-- Lo que debe el recurrente realizar es un análisis preciso, orientado a la praxis y no a la argumentación teórica de por qué la totalidad de los argumentos empleados por el juez para justificar la solución del punto impugnado por el apelante son erróneos, o insuficientes o, incluso, farisaicos. Pero, bien entendido, que dejar alguno de ellos -con aptitud suficiente para sustentar debidamente el tópico- en pie, implica el naufragio de su recurso que, como dije, no está orientado a una puja de saberes abstractos sino a la demostración de vicios o yerros de gravedad que demuestren el desacierto o la incorrección grave y manifiesta de lo resuelto, al punto de mostrar al decisorio indigno de adquirir firmeza en ese punto (cfr. mi voto de la causa "C., E. O. c/ C.-L. S.A. s/ cob. de hab. e indem. de ley", en fallo de esta Sala del 29-05-2009).- Y, verdad es, que en autos, pese al yerro conceptual del juez en lo sustancial su determinación del resarcimiento de los costos del tratamiento psicológico ha quedado firme por falta de rebatimiento idóneo no de que el daño psíquico no corresponde ser indemnizado, sino de que esas sesiones de terapia concretas no deben serlo. Ergo, la determinación del punto ha adquirido firmeza, debiendo rechazarse este segmento del agravio.

En lo atinente al cuarto agravio, relativo a la cuantía del daño moral concedido en autos, en cambio, el recurso habrá de prosperar.- El Señor juez de grado concedió la suma de pesos cien mil para cada una de las actores como resarcimiento por daño moral.- El proceder de fraccionar de esa manera el daño moral es erróneo desde un comienzo. El daño moral que produce la muerte de una persona es uno, cualesquiera sea la cantidad de los legitimados para reclamarlo y de los que efectivamente lo reclamen.

El daño moral no aumenta en su cuantía por el incremento de sus reclamantes. De modo que establecer una suma que, en opinión del juez, restaña el padecer extrapatrimonial y luego multiplicarla por la cantidad de reclamantes, claramente no es el proceder correcto, sino un exceso que no puede mantenerse aquí.- Bien se ha dicho que el derecho a la reparación del agravio moral no es un derecho sucesorio que se ejerza "iure hereditatis", sino que es un bien que se demanda por derecho propio "iure proprio", y el CCiv.: 1078 establece los límites y determina taxativamente quienes son los titulares de dicha acción; por lo tanto, no hay reparación del daño moral si los demandantes no son herederos forzosos en el orden y modo determinado en el Código Civil: Libro IV, secc. I., Titulo IX, Caps. I a V (conf. CN. Civ., sala E, ED 61-294, sum. 11). Lo que se intenta es evitar innumerables demandas por indemnización del daño moral, pues se ha dicho que las ondas dolorosas que esos hechos producen, son, teóricamente al menos, indefinidas, lo que se prestaría sin lugar a dudas a graves abusos (C. Nac. Com., sala A, 11/09/2007 -GUERCHON, DANIEL v. CLINICA MODELO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, en AbeledoPerrot online).- Analizando el caso de autos a la luz de los precedentes recientes de esta Sala en casos con puntos de contacto con el aquí resuelto, entiendo que la suma que no choca con los criterios que esta Sala emplea para fijar el daño moral en casos como el que aquí nos ocupa es la suma de pesos cien mil que el juez ha fijado. Pero la incorrección evidente no ha sido el quantum determinado sino disponer que esa suma sería para cada uno de los beneficiarios, lo que constituye un desatino y un exceso.-- En tal situación, procede determinar que la indemnización por daño moral en esta causa, a favor de todas las reclamantes -es decir en conjunto- asciende a la suma de pesos cien mil ($ 100.000), debiendo reducirse el capital de condena reconocido en el grado a las actoras en la suma de pesos doscientos mil, lo que propongo al acuerdo.- El llamado quinto agravio en realidad no es tal, ya que en dos párrafos el apelante vuelca su opinión personal sobre la sentencia en lo tocante al reintegro de gastos de sepelio, pero a la vez haciendo una consideración sobre la acreditación de los ingresos del actor. Ese ataque debe ser declarado desierto.-- El agravio que analizo no constituye una crítica ponderada de un aspecto básico de la sentencia el argumentar -en un plano paralelo al de la sentencia, pero sin contacto con ésta- que no corresponde el reconocimiento de los gastos de sepelio. El apelante no se hace cargo de que lógicamente la persona debió ser inhumada y que, lógicamente, también alguien debió pagar los gastos. La pretensión de que se revoque este punto del decisorio en su totalidad y no se reconozca suma alguna por el rubro deviene descaminada y excesiva.- En el caso que analizo el impugnante no realizó un cuestionamiento crítico del decisorio que intentaba cuestionar, ni apoyó sus alegaciones en argumentos firmes, enderezados a soliviantar la motivación del decisorio.- En suma, el pretenso quinto agravio no es otra cosa que un cuestionamiento subjetivo, difuso, carente de precisión y solidez, telegráfico casi, que no conmueve lo decidido en este punto en la sentencia que pretende poner en crisis, sin lograrlo.- Frente a tal panorama, no me queda más que aseverar que para que un agravio sea idóneo como tal, no bastan las palabras o frases enfáticas, sino que debe realizarse en él una ponderación razonada de la sentencia cuestionada, atacando la misma con fundamentos distintos a los expuestos en el fallo y no solamente con meras palabras que, en definitiva, no constituyen una exposición jurídica y lógica que demuestre que la sentencia es injusta y agraviante y no debe mantenerse (cfr. mi voto, de fecha 22/10/08, in re "G., N. y otro c/ T. S.A. s/ Cobro de haberes e indem. de ley" (Expte. N º 27- año 2008).

Es que, recurrir, si lo que se busca es la procedencia del ataque recursivo, requiere inexcusablemente demostrar con argumentos claros, patentes, el desacierto de la resolución recurrida, poniendo en crisis sus fundamentos, privándola de su apoyatura, para así hacerla caer (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 18/6/08, in re "V., L. N. y otro c/ L. ** d. J. S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley", (Expte. N º 22.389, Año 2007, registrada bajo el N º 36 DE 2.008 - SDL; ídem, 12/11/08, "L., A. c/ S., R. s/ Cobro de pesos" expte. 117, año 2008).-- De tal modo, no basta disentir con la interpretación dada por el juzgador sin fundar pormenorizadamente los errores u omisiones en que éste habría incurrido respecto de la valoración de los elementos traídos a juicio, en función de la significación de las normas que rigen en la materia (Morello - Passi Lanza- Sosa - Berizonce, Cód. Proc. Civil y Comercial comentado, T. III, p. 358). Y, en verdad, cuando se analizan las afirmaciones del recurrente, ellas carecen de detalle y convictividad, aproximándose a lo apodíctico, sin lograr acreditar siquiera mínimamente los presuntos errores que imputa al acto sentencial impugnado. En los términos del Art. 268 Ley XIII, Nro. 5, ex Art. 265 CPCC, el agravio debe declararse desierto, por falta de crítica concreta y razonada y de expresión suficiente de las razones del disentimiento. Con ello basta para el rechazo de este agravio.-- En lo tocante al sexto agravio, que cuestiona la aplicación de intereses a tasa activa, por entenderla desnaturalizante del capital, el agravio no puede prosperar, ya que el apelante vierte una serie de fallos que a su entender le dan la razón, pero no se hace cargo de que la doctrina legal vigente en esta jurisdicción establece la tasa activa. No ha desvirtuado el apelante las razones que fundan esa doctrina legal, por lo que la misma debe aplicarse. Me explicaré.-- En mi voto de la causa caratulada "M., M. B. c/ L. A. S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO", en sentencia de esta Sala del 27/05/2009, dejé explicitados los fundamentos que habilitaban la imposición de la tasa activa de interés.-- Dicha sentencia tiene vigor de doctrina legal, dado que ha sido dictada hace menos de tres años.-- Dije allí que la mora de la demandada el correlato jurídico o causa obligacional de la imposición de intereses, siendo la determinación de la tasa de accesorios una facultad del juez. Ello así, a mérito de la jurisprudencia de la CSJN a partir del caso "Banco Sudameris c/ Belcam S.A." (T.yS.S. 1994-565), que declaró que la cuestión de la tasa de interés a aplicar no era de naturaleza federal, quedando sujeto a la prudencia judicial y no generando contienda federal salvo que por aplicación de la tasa en cuestión se suscitare el caso de sentencia arbitraria.

El apelante, pese a que reserva el caso federal, no ha introducido correctamente la cuestión constitucional subyacente, ni demostrado que en este caso puntual la aplicación de esa doctrina provoque un agravio constitucional manifiesto a su parte. Ergo, la reserva del caso federal debe juzgarse inidónea.-- Dije en el precedente de "M. c/ L." que esta Sala a partir de su fallo en la SDL 194/94, viene declarando aplicable la utilizada por el Banco de la Provincia del Chubut en sus operaciones de descuento (C. Apels. Trelew, Sala A, 31/5/96, "O., H. R. v. Á., L. y otra", en AbeledoPerrot online). Y el mismo criterio se ha mantenido en sentencias de la nueva integración de la Sala, contando con mi voto explícito a favor de esta tasa (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 26/11/08, in re "V., F. M. en representación de Sucesores de H. A. I. c/ P. S.A. s/ cobro de pesos - Laboral" (Expte. 45 - año 2008).- Dije luego que la tasa activa percibida por el Banco del Chubut S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento, compensa de modo más equitativo la morosidad y consiguiente indisponibilidad de los créditos emergentes de sentencias judiciales (C. Apels. Trelew, Sala A, 16/8/96, "G., C., J. v. S. P. S.A. y otra", en AbeledoPerrot online).

También se ha dicho, en posteriores fallo que las razones que han llevado a este Cuerpo a preferir, a partir de la causa "M. v. F. S.A.." la citada tasa percibida por el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento, fincan en que dicha tasa es -por lo dicho- la que más justamente retribuye la "mora debitoris", puesto que refleja el costo del dinero en la banca local, siendo presumible que ante la obligación insatisfecha por la demandada, la accionante pueda haberse visto en la necesidad eventual de acudir al auxilio financiero para paliar tal situación; se trata, pues, de compensar adecuadamente este menoscabo económico haciendo prudente uso de la facultad judicial prevista en el Art. 622 C. C. (C. Apels. Trelew, Sala A, 4/2/97, "D., A. M. v. S. S.A.", en AbeledoPerrot online).

Y luego agregué un rosario de razones que justificaban la imposición de la tasa activa. Tales las siguientes:

1) que si lo que se intenta es desalentar el litigio, en aras de evitar la multiplicación de los procesos judiciales en busca de la conciliación de intereses entre las partes, la tasa activa es el disuasivo más eficaz para evitar que los pleitos se alarguen. Y si quien luego es declarado responsable de una deuda no carga con consecuencias proporcionadas a su indebida reticencia al pago, entonces ello favorecería aún más el alargamiento de los pleitos y la querulancia, lo que no es una dirección conveniente.-- 2) Que si los intereses judiciales son bajos, litigar indefinidamente es la mejor manera de obtener financiamiento a bajo costo, lo que produce que las empresas y los empleadores dejen de pagar sus acreencias o inventen mil y una excusas para no hacerlo en tiempo y forma, especulando con que vayan quedando por el camino sus acreedores y que aquellos que finalmente obtengan sentencia favorable contra ellos, vean licuadas sus acreencias por efecto de la inflación. - 3) Que en épocas de alta inflación o inflación disimulada, como la que transitamos, la tasa de interés lleva implícita una función reconstitutiva o estabilizadora del valor de la moneda. De reducirse la tasa fijada, el peso de la inflación sería soportado por los acreedores, que verían degradarse el valor cancelatorio de sus acreencias, licuadas en parte por la inflación, conforme avanzan los litigios.- 4) En contrapartida, sería un excelente negocio para los deudores no abonar sus obligaciones mientras ello sea posible, utilizando cuanta argucia tuvieran a mano, dado que si la tasa de interés que se les impusiera fuera baja, ellos no pagarían el costo de la inflación y obtendrían un financiamiento muy barato, dedicándose a trabajar y desarrollarse con dinero ajeno, hasta tanto les sea impuesta su devolución. Y, entonces, el ciclo comenzaría de nuevo. No puede permitirse que el financiamiento más barato que los deudores puedan obtener sea el interés impuesto en sede judicial pues ello fomenta hasta extremos disfuncionales la litigiosidad, en directa contradicción a los objetivos que se dice sostener.- 5) Recientemente la Excma. Cámara Nacional Civil en un acuerdo plenario ha dejado de lado su tradicional postura y ha adoptado una muy similar a la que sigue esta Sala desde antiguo, al decidir como doctrina obligatoria, por mayoría, dicho Plenario que corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (CN. Civ., en pleno, 20/4/09, "Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta S.A.", publicada en el-Dial).-- En dicho plenario se indicó en el voto de la mayoría varios argumentos que merecen citarse y que comparto: a) Para que la reparación otorgada a las víctimas de un daño injusto sea realmente retributiva, los intereses tienen que compensar la indisponibilidad del capital durante el transcurso de la mora, además de cubrir la pérdida de su valor adquisitivo.

b) La tasa de interés moratorio debe ser suficientemente resarcitoria en la especificidad del retardo imputable que corresponde al cumplimiento de la obligación dineraria con la finalidad, entre otras, de no prolongar la ejecución de la condena indemnizatoria en detrimento del patrimonio de la persona damnificado.- c) Con el objeto de mantener incólume la cuantía de la obligación deben fijarse tasas de interés positivas en procura de evitar que, debido a la demora en el pago imputable al obligado, el acreedor reciba una suma nominal depreciada, en lugar de la justa indemnización que le corresponde para enjugar el daño padecido (Conf. además del plenario, CN. Civ., Sala G, in re "Velázquez Mamani, Alberto c/ José M. Alladio e Hijos S.A. y otros" del 14/11/06, LA LEY, 2007-B, 147).- d) Los factores micro y macro económicos que dieron lugar a los plenarios "V." y "A." son diferentes a los que se dan en el momento actual. Los cambios de las circunstancias económico-financieras operados, de los que dan cuenta los índices inflacionarios -aún aquéllos que plantean serios reparos sobre su transparencia-son elementos que dan fundamento a la decisión de dejar sin efecto esa doctrina porque ya no cumple la satisfacción de "la debida indemnización de los daños sufridos".

e) De ahí que, en una economía donde la inflación es igual a cero cualquier tasa, aún la pasiva, es una tasa positiva. Pero frente a la creciente desvalorización monetaria, la tasa pasiva no repara ni siquiera mínimamente el daño que implica al acreedor no recibir su crédito en el tiempo oportuno, a la par que provoca un beneficio para el deudor moroso.

f) Se agrega a ello que hoy nadie puede desconocer la desvalorización monetaria, reconocida inclusive por los propios índices que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Conf. Castillejo de Arias, Olga, "En Mendoza la mora premia, no apremia. A propósito de la sanción de la ley de intereses 7198 de la Provincia de Mendoza"; LL Gran Cuyo, junio 2004, 413).-- g) En razón de las circunstancias económicas puestas de relieve y dado que la modificación introducida por la ley 25.561 mantuvo la redacción del Art. 7 de la ley 23.928, prohibiendo toda actualización monetaria, indexación de costos y repotenciación de deudas cualquiera fuera su causa, se hace necesario que la tasa de interés moratorio guarde relación con los cambios operados. De tal manera, al encontrarse la tasa actualmente obligatoria por debajo de los parámetros inflacionarios no es retributiva y se aleja de la finalidad resarcitoria de este tipo de interés.- h) El análisis acerca de si el interés que se fija es adecuadamente resarcitorio debe efectuarse desde la óptica jurídica y no puramente economicista, focalizándose en el perjuicio que sufre el acreedor por los efectos de la mora. Una tasa -como la pasiva-, que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios, no sólo no repara al acreedor sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda.-- i) Es por ello que la tasa de interés debe cumplir, además, una función moralizadora evitando que el deudor se vea premiado o compensado con una tasa mínima, porque implica un premio indebido a una conducta socialmente reprochable. Al tratarse de deudas reclamadas judicialmente debe existir un plus por mínimo que sea que desaliente el aumento de la litigiosidad (Conf. Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, in re "Amaya, Osvaldo D. c/ Boglioli, Mario" del 12/9/05; LL Gran Cuyo, 2005 -octubre-, 911-TySS2005, 747-IMP 2005-B, 2809).

j) Las razones apuntadas permiten concluir que es conveniente dejar sin efecto la obligatoriedad de computar la tasa pasiva como interés moratorio cuando no hay fijado un interés convencional o legal y establecer una que efectivamente sea retributiva y cubra el valor de la moneda. Ante el mantenimiento de la prohibición de actualización monetaria y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda la tasa pasiva -adoptada como obligatoria en los plenarios aludidos- no recompone el capital de condena y es un estímulo para que el deudor continúe en mora (CN. Civ., en pleno, 20/4/09, "Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta S.A.", publicada en el-Dial).-- Lo visto hasta aquí permite comprobar, -como esta Sala viene resolviendo desde mucho antes del citado plenario- que la tasa activa es así la que mejor se compadece con la justicia material y con el objetivo de evitar la prolongación indefinida de los pleitos y la multiplicación de los procesos, al menos mientras la economía transite por estas coordenadas. Ello así, no habiéndose suministrado razones que desbaraten estos importantes y sólidos argumentos, el agravio de la apelante luce descaminado en este punto y debe rechazarse.

Conforme lo especificado hasta aquí, procede disponer la modificación parcial de la sentencia de fs. 300/308, de modo de reducir el monto del daño patrimonial concedido a la viuda del causante a la suma de pesos noventa mil quinientos uno, con ochenta y nueve ($ 90.501,89), correspondiendo mantener el monto establecido en favor de la menor P. R. por idéntico concepto ($ 30.672,81).

También procederá modificar el decisorio de grado en lo tocante al daño moral concedido a las accionantes, el que deberá reducirse a la suma de pesos cien mil en conjunto para todas ellas, reduciendo correlativamente el capital de condena, confirmando en los restantes aspectos que fueran objeto de impugnación el decisorio apelado.-- Corresponderá mantener las determinaciones de honorarios de los abogados de las partes practicadas en la sentencia de grado, por haber sido las mismas establecidas en alícuotas porcentuales, que no se ven afectadas por la reducción del capital de condena.- Las costas de grado deberán ser adecuadas al nuevo resultado del pleito. Según lo acontecido en la litis y el resultado de la misma, estimo que la atribución de costas causídicas más atinada y equitativa es que las costas de ambas instancias sean impuestas al apelante, que ha resultado vencido en cinco de los seis rubros cuestionados, en un setenta por ciento y el 30% restante deberán correr por cuenta de la actora, dado que se patentizado en autos un vencimiento parcial y mutuo (Art. 72, Ley XIII, Nro. 5).

Creo que ello refleja lo acontecido en la litis y el resultado de la misma. La actora obtuvo un éxito en lo principal de su cuestionamiento, aunque el monto reclamado ha superado en una alta proporción a lo concedido. En tal caso, y pese a que en un juicio de daños las costas integran la reparación, por aplicación del criterio del precedente de la Sala B, dictado por los tres jueces de esta Sala como subrogantes, in re "N. c/ L.", procede asignar un porcentaje -aunque menor- de las costas a la actora, lo que plasma la responsabilidad por el exceso en el reclamo, por sobre lo que prosperó de la reclamación.-- En cuanto a los estipendios curiales de alzada, procede regular los honorarios de alzada correspondientes al Dr. P. A. en la alícuota del 28% de los estipendios que se le determinen en el grado y al Dr. J. G. V., el 25% de los honorarios que sean determinados en etapa de ejecución de sentencia como honorarios suyos en el grado (arts. 5, 6, 8, 13, 46 y conc., Ley XIII N ° 4).

Regístrese y notifíquese.

A ESA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: I. Al emitir su voto, el Dr. López Mesa ha efectuado una ilustrativa reseña de los antecedentes del caso, así como de los agravios expresados por la parte demandada apelante. En consecuencia, no tiene caso abundar acerca de dichos aspectos, por lo que me limitaré a tratar los puntos traídos a decisión de esta alzada en el orden en que fueran expuestos por la parte recurrente.

II. La responsabilidad civil atribuida a la parte demandada: -- En plena coincidencia con el colega preopinante, opino que las críticas expuestas en la pieza recursiva acerca de este tópico no consiguen desmerecer el juicio lógico al que arribara el sentenciante.-- Así, partiendo del riesgo creado por la puesta en movimiento del vehículo que embistiera al señor O. F. y la consiguiente presunción de responsabilidad establecida en el Art. 1113, 2do. párrafo, 2da. parte del Código Civil respecto del dueño o guardián del rodado, está fuera de toda discusión que pesaba en cabeza de los demandados el aporte de pruebas destinadas a demostrar la defensa alegada en la especie -culpa de la víctima - Art. 1113 in fine, C. Civil (Conf. Art. 381 -antes 377- del C. P. C. C.; su doctrina).- Sin embargo, según puede observarse, dicha carga probatoria no fue debidamente satisfecha por los interesados. Por el contrario, el estudio del expediente indica que el señor juez de grado anterior realizó un cuidadoso examen de los diversos elementos aportados a la causa (constancias de la causa penal, prueba testimonial, pericia accidentológica) a fin de concluir que no existía ninguna evidencia acerca de la alegada culpa o falta de la víctima, por lo que la responsabilidad civil por el accidente que provocó la muerte de F. debe atribuirse a los codemandados en sus calidades de conductor y dueño del rodado, respectivamente. En particular, el juez señaló que el embestido cruzó la calle por la senda peatonal, recordando además la regla presuntiva del Art. 64 de la ley de tránsito. Esta inferencia lógica no ha sido eficazmente rebatida en la pieza de agravios, más allá de la mención acerca de ingesta alcohólica por parte de la víctima -sin haber demostrado, a la par, su hipotética incidencia causal en la producción del infortunio-, de manera que no ha conseguido poner de manifiesto la existencia de algún error o inconsecuencia en el razonamiento desplegado por el a quo.- Por tal motivo, acompañando la propuesta del apreciado colega de sala, me pronunciaré por la confirmación del decisorio en este aspecto.-- III. La base de cálculo actuarial: Considero que la crítica referida a la base de ingresos mensuales estimados ($ 1.850) debe descartarse, por cuanto el sentenciante efectuó una prudente y apropiada estimación de los ingresos adicionales que percibía el fallecido por su actividad en el comercio de su padre, además del salario devengado como dependiente del Estado provincial. Esas entradas provenientes de sus tareas en el comercio familiar están corroboradas además adecuadamente por prueba testimonial, sin que pueda apreciarse ningún exceso o arbitrariedad en la apreciación efectuada. Considero que sí le asiste razón en cambio acerca del error incurrido en el valor "n", representativo del tiempo estimado para la jubilación del señor F., pues teniendo en cuenta su edad al momento del óbito -51 años- y visto que la edad jubilatoria para los varones en el ámbito provincial es a los 62 años (Art. 31, inc. "a", Ley XVIII N ° 32 -antes Ley 3923), le faltaban 11 años y no 21 para la obtención de dicho beneficio previsional. De tal manera, con la base económica anual estimada ($11.475) y aplicando la fórmula actuarial de estilo, se arriba entonces a la suma de $ 90.501,89 como resarcimiento para la viuda del causante, por lo que corresponderá modificar el fallo en tal sentido, manteniendo el monto establecida a favor de la menor P. R. por idéntico concepto ($ 30.672,81).- IV. Daño "psicológico" - daño moral: -- Desde el punto de vista puramente conceptual, resultan atendibles las quejas formuladas por la parte recurrente en torno a la indemnización del llamado "daño psicológico" como perjuicio autónomo, en referencia a las sesiones terapéuticas que, según las pericias practicadas en autos, deberán afrontar a modo de tratamiento la viuda y las hijas de la víctima. Como bien lo ha distinguido la jurisprudencia, la indemnización dada en concepto de "daño psicológico" -en el caso, incluida dentro del daño moral- posee una entidad distinta a la que corresponde por el rubro "gastos de tratamiento psicológico", pues la primera tiende a reparar la disminución en la capacidad genérica de la víctima derivada de afecciones psíquicas que ésta padece, en tanto la segunda tiene como fin resarcir el costo de una terapia con la finalidad de reducir dicho daño (Conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala M o 20/10/2006 o Avalle, Juan C. c. Mereles, Alejandro S. y otro o , La Ley Online; o AR/JUR/6968/2006). Se trata, ni más ni menos, que de un daño patrimonial y como tal ha sido concedido, en definitiva, al cuantificarse el costo de dichas sesiones, cuya procedencia está fuera de discusión, ya que la parte apelante ni siquiera ha discutido el tópico en lo que hace a la existencia y valoración de la prueba por parte del a quo. En síntesis, no corresponderá revisar las sumas concedidas por dichos rubros ($ 2.800, $ 7.000 y $ 5.600). En cambio sí interesa el impacto psicológico considerado en la faz extramatrimonial, a los fines de evaluar la suma concedida por dicho concepto como parte del agravio moral ocasionado.- En este contexto deben justipreciarse las críticas de la parte recurrente, quien aduce que el monto otorgado a título indemnizatorio es excesivo, señalando además que este resarcimiento no debe constituirse en un indebido enriquecimiento patrimonial, debiendo ponderarse los sentimientos afectados en cada caso particular.-- Para comenzar -y coincidiendo en esto con el señor magistrado de primer voto- diré que la suma concedida ($ 100.000) de ningún modo puede considerarse absurda o exagerada, siendo que se trata del daño moral causado ni más ni menos que por la muerte de la víctima. No puede dejar de ponderarse el inconmensurable dolor que causa la pérdida de un ser querido, hecho que está íntimamente relacionado al sufrimiento psicológico por la amarga experiencia de padecer la privación injusta de un bien espiritual que no tiene parangón (Conf. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, sala I o 15/08/2006 o Botella, Jorge y otra c. Rodríguez, Sergio R. y otros o LLGran Cuyo 2006 (diciembre), 1444 o AR/JUR/4312/2006). Creo conveniente recordar además que en casos análogos se han fijado más o menos montos similares, atendiendo a las particulares circunstancias de cada caso concreto. No puede dejar de ponderarse que en el caso se trataba de un jefe de hogar, esposo y padre de familia, de mediana edad, por que sin duda su fallecimiento ocasionó un quebranto de enorme impacto en la vida familiar. En consecuencia, me inclinaré por la confirmación de la decisión en tal sentido.- Ahora bien: por otra parte, la queja de la parte apelante resulta atendible en cuanto a que dicho resarcimiento no puede multiplicarse por la cantidad de parientes damnificados con derecho a indemnización conforme a la previsión del Art. 1078 del Código Civil (en el caso, la esposa y dos hijas del causante) para otorgarles dicho monto a cada uno de ellos, lo cual sería un verdadero despropósito, sino que el mismo debe ser compartido por las tres demandantes en partes iguales, debiendo modificarse el fallo en tal sentido, tal como lo ha propuesto el Dr. López Mesa.-- V. Los "gastos de sepelio": - Aduce la recurrente que este rubro indemnizatorio fue concedido "sin la más mínima prueba documental", señalando asimismo que "en nuestra zona, el sepelio recibe cobertura a través de las cooperativas eléctricas" (memorial, fs. 334).- Esta queja se aprecia más que insuficiente. En primer lugar, la jurisprudencia viene sosteniendo que, producida la muerte de una persona en un accidente de tránsito, los gastos de sepelio constituyen un daño a resarcir -artículo 1084, Código Civil- y se deben aunque no se haya aportado prueba de su efectivo pago, ya que se trata de gastos de necesaria realización (Conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D o 20/09/2007 o Palma, Francisco y otros c. Fonseca, Miguel Angel y otros o La Ley Online; o AR/JUR/8083/2007; en el mismo sentido, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, sala II o 07/07/2006 o Sena, Pedro H. y Otra c. Marastoni, Edgar A. y/u otros o LLLitoral 2006, 1464 o AR/JUR/5623/2006; entre muchos otros). Pero además, si la parte demandada consideraba que dicho gasto fue erogado por la cooperativa eléctrica local, nada le impedía acreditar esa defensa a través de la prueba informativa pertinente, omisión que deja huérfano a dicho argumento de todo respaldo probatorio, de manera que también me inclinaré, al igual que el colega preopinante, por considerar desierto el recurso en este tópico, debido a su insuficiencia técnica (arts. 268 y 269 -antes 265 y 266- del CPCC; su doctrina).- VI. La tasa de interés aplicable sobre el monto de condena: - Acerca de la tasa de interés fijada en el fallo, considero que las argumentaciones expuestas por el apelante no resultan idóneas para modificar el criterio que, por otra parte, ya viene sosteniendo esta Cámara desde larga data.-- En esta materia, conforme lo estableciera este Cuerpo en reiteradas oportunidades, la tasa activa ha sido seleccionada con el propósito de mantener incólume el contenido económico de la sentencia y en ejercicio de la facultad judicial dispuesta en el Art. 622, regla 3° del C. C. de determinar el interés que debe abonarse en defecto de habérselo convenido por las partes o existir disposiciones de leyes especiales. El objeto de este accesorio está dirigido a resarcir al acreedor el daño moratorio sufrido por la indisponibilidad del crédito judicialmente reclamado, a cuyo efecto, se parte de la razonable presunción de que el actor se ha visto necesitado de suplir tal indisponibilidad mediante el recurso a fuentes de financiación en el mercado de dinero. Aquí es cuando corresponde mensurar cuantitativamente este perjuicio, sirviendo entonces de parámetro las tasas activas que perciben los bancos, que marcan una razonable pauta acerca del costo del dinero. No fue ajena esta Alzada a la doctrina del más alto Tribunal de Justicia del país en los casos "YPF c/ Pcia. de Corrientes" y "López c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.", donde efectivamente se aplicaban las tasas pasivas y así tuvo ocasión este Cuerpo de aplicarlas en sus pronunciamientos (SDL 15/92; 30/93; 34/93, entre otros). Mas dicha doctrina sufrió un giro total en autos "Banco Sudameris c/Belcam S.A." (T. y S. S. 1994-565), en la que se resolvió que la cuestión de la tasa de interés a aplicar no era de naturaleza federal, quedando sujeto a la prudencia judicial y no generando contienda federal salvo que por aplicación de la tasa en cuestión se suscitare el caso de sentencia arbitraria, modificando en consecuencia el criterio de la Sala a partir de la SDL 194/94, donde se estableció la procedencia de fijar como tasa de interés aquella que percibe el Banco del Chubut S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento (SDC.3/98).- - También ha sostenido esta sala que la tasa activa percibida por el Banco del Chubut S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento, compensa de modo más equitativo la morosidad y consiguiente indisponibilidad de los créditos emergentes de sentencias judiciales (C. Apels. Trelew, Sala A, 16/8/96, "G., C., J. v. S. P. S.A. y otra", en AbeledoPerrot Online - id. Expte. 188 - S. D. L. 31/09 - voto del Dr. López Mesa; id. mi voto en Expte. 173/2010).-- En mi opinión, las argumentaciones vertidas en la pieza recursiva no aportan razones convincentes que indiquen la necesidad o conveniencia de dejar de lado este criterio de la sala, por lo que propongo asimismo la desestimación del planteo formulado por la parte apelante.

VI. Conclusiones: Como síntesis de todo lo expresado hasta aquí y en concordancia con la opinión del magistrado prevotante, considero que debe modificarse el fallo parcialmente en cuanto al monto de condena, que quedará fijado, en definitiva, en la suma de $ 233.644,70, confirmándolo en los demás tópicos que fueron materia de apelación.- También comparto la propuesta de adecuar las costas de primera instancia y fijar las correspondientes a esta alzada, en ambos casos, en un 70% a cargo de la parte demandada y en el 30% por cuenta de la parte actora, atendiendo a los vencimientos parciales y mutuos registrados en la contienda (Art. 72 -antes 71- del CPCC, texto según Ley XIII N ° 5). Coincido asimismo con las regulaciones de honorarios sugeridas por el Dr. López Mesa para retribuir las tareas cumplidas en esta sede, dándolas aquí por reproducidas, en mérito a la brevedad, por cuanto las mismas se compadecen con la calidad, extensión, eficacia de las labores profesionales cumplidas y los resultados respectivamente obtenidos, conforme a las escalas arancelarias vigentes (arts. 5, 13, 46 y conc., Ley XIII N ° 4 - antes ley 2.200).- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.-- A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo López Mesa dijo:-- Al existir coincidencia de pareceres, procede el dictado de la siguiente sentencia:-- 1) Modificar parcialmente la sentencia de fs. 300/308, reduciendo el monto del daño patrimonial concedido a la viuda del causante a la suma de pesos noventa mil quinientos uno, con ochenta y nueve ($ 90.501,89), correspondiendo mantener el monto establecido en favor de la menor P. R. por idéntico concepto ($ 30.672,81). También procederá modificar el decisorio de grado en lo tocante al daño moral concedido a las accionantes, el que deberá reducirse a la suma de pesos cien mil en conjunto para todas ellas.

2) Adecuar las costas de grado al nuevo resultado del pleito, imponiéndolas al accionado que ha resultado vencido en lo principal en un setenta por ciento y el 30% restante deberán correr por cuenta de la actora, dado que ha existido un notorio desequilibrio entre lo reclamado y lo concedido que carece de justificación en una diferente estimación judicial, por lo que se ha patentizado en autos un vencimiento parcial y mutuo (Art. 72, Ley XIII, Nro. 5).

3) Mantener las determinaciones de honorarios de los abogados de las partes practicadas en la sentencia de grado, por haber sido las mismas establecidas en alícuotas porcentuales, que no se ven afectadas por la reducción del capital de condena.- 4) Imponer las costas de esta instancia al apelante, que ha resultado vencido en cinco de los seis rubros cuestionados, en un setenta por ciento y el 30% restante deberán correr por cuenta de la actora, dado que se patentizado en esta instancia también un vencimiento parcial y mutuo (Art. 72, Ley XIII, Nro. 5).

5) Regular los honorarios de alzada correspondientes al Dr. P. A. en la alícuota del 28% de los estipendios que se le determinen en el grado y al Dr. J. G. V., el 25% de los honorarios que sean determinados en etapa de ejecución de sentencia como honorarios suyos en el grado.-- Regístrese y notifíquese.

Así lo voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: Tal como ya lo adelanté, comparto la resolución propuesta por el Dr. López Mesa en todos sus términos, votando en sentido idéntico.-- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos A. Velázquez (art. 7 Ley V Nº 17). Trelew, de febrero de 2011. En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:-- S E N T E N C I A: -- MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia de fs. 300/308, reduciendo el monto del daño patrimonial concedido a la viuda del causante a la suma de pesos noventa mil quinientos uno, con ochenta y nueve ($ 90.501,89), correspondiendo mantener el monto establecido en favor de la menor P. R. por idéntico concepto ($ 30.672,81). También procederá modificar el decisorio de grado en lo tocante al daño moral concedido a las accionantes, el que deberá reducirse a la suma de pesos cien mil en conjunto para todas ellas.

ADECUAR las costas de grado al nuevo resultado del pleito, imponiéndolas al accionado que ha resultado vencido en lo principal en un setenta por ciento y el 30% restante deberán correr por cuenta de la actora, dado que ha existido un notorio desequilibrio entre lo reclamado y lo concedido que carece de justificación en una diferente estimación judicial, por lo que se ha patentizado en autos un vencimiento parcial y mutuo (Art. 72, Ley XIII, Nro. 5).

MANTENER las determinaciones de honorarios de los abogados de las partes practicadas en la sentencia de grado, por haber sido las mismas establecidas en alícuotas porcentuales, que no se ven afectadas por la reducción del capital de condena.- IMPONER las costas de esta instancia al apelante, que ha resultado vencido en cinco de los seis rubros cuestionados, en un setenta por ciento y el 30% restante deberán correr por cuenta de la actora, dado que se patentizado en esta instancia también un vencimiento parcial y mutuo (Art. 72, Ley XIII, Nro. 5).

REGULAR los honorarios de alzada correspondientes al Dr. P. A. en la alícuota del 28% de los estipendios que se le determinen en el grado y al Dr. J. G. V., el 25% de los honorarios que sean determinados en etapa de ejecución de sentencia como honorarios suyos en el grado.-- Regístrese, notifíquese y devuélvase.