Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02


Buenos Aires, 2 de julio de 2002.

Vistos los autos: "Banco Integrado Departamental s/ quiebra s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad".

Considerando:

1) Que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe desestimó la queja interpuesta por el representante del ex Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado, por recurso de inconstitucionalidad denegado contra la sentencia dictada el 31 de octubre de 1996, que confirmó la decisión del juez de la primera instancia en cuanto al rechazo de la nulidad deducida por la fallida contra el auto de declaración de la quiebra. Contra ese pronunciamiento del superior tribunal provincial (fs. 263/281 vta.), la vencida interpuso el recurso extraordinario federal (fs. 288/294), que fue concedido a fs. 325/329.

2) Que el recurso federal es formalmente admisible en cuanto se halla en juego la interpretación de normas de naturaleza federal -entre otras, los arts. 45 y 50 de la ley de entidades financieras-, y la resolución ha sido contraria a los derechos invocados por el recurrente con sustento en el art. 18 de la Constitución Nacional.

3) Que los agravios que constituyen la sustancia del recurso, pueden resumirse así: a) la Corte ha confirmado la posición de la cámara, lo cual comporta admitir la vigencia de la declaración de la quiebra de oficio por el juez, sin petición de parte legitimada y sin audición del afectado, en abierta lesión a su derecho de defensa; b) prescinde, con ello, de los textos legales directamente aplicables al caso, a saber el art. 50, en la redacción dada por la ley 24.627 y la regulación de la ley 24.522, que repudia la "quiebra de oficio"; c) los jueces de la causa han efectuado una arbitraria interpretación del art. 45, párrafo quinto, de la ley de entidades financieras, prescindiendo de un traslado al deudor previo a la declaración de la quiebra, lo cual hubiera contribuido a un conocimiento acabado de la situación patrimonial del deudor por parte del juez (punto V.2 de fs. 291).

4) Que resulta de las constancias -expediente 1379/95, en cuerpos de fotocopias- que el Banco Central de la República Argentina rechazó el "Plan de regularización y saneamiento" presentado por el Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado en julio de 1995 y que, por resolución 453/95, dispuso enmarcar el caso en las disposiciones del art. 35 bis de la ley de entidades financieras. En agosto de ese año, por resolución 479/95, el Banco Central dispuso la exclusión de ciertos activos y solicitó al juez comercial la designación de un interventor judicial (sin desplazamiento de las autoridades estatutarias), y por resolución 480/95 autorizó la formación de un fideicomiso, sujeto a una serie de condiciones. Asimismo, y con posterioridad a las presentaciones del Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado del 11 y del 15 de agosto de 1995, el Banco Central revocó la autorización para funcionar de esa entidad financiera -en los términos del art. 44, incs. a y c, de la ley de entidades financieras- y comunicó esa decisión al juez competente a fin de que interviniese en el proceso de cese de la actividad reglada (ver resolución 481/95, del 16 de agosto de 1995, que corre a fs. 24/25 del primer cuerpo fotocopiado). Esa resolución quedó firme y consentida.

Las constancias revelan que el apoderado del ex Banco comunicó al juez -fs. 409/412 vta. del expediente fotocopiado- la imposibilidad de las autoridades estatutarias de cumplir las condiciones que habían sido aprobadas. Por resolución 68 del 15 de febrero de 1996, el juez designó un administrador judicial con el propósito de salvaguardar el patrimonio residual (fs. 468/468 vta.). Este funcionario presentó, entre otros, el informe que corre a fs. 1134/1134 vta., en el que dio cuenta de la virtual imposibilidad de pago de las acreencias. Finalmente, el 24 de abril de 1996, el juez decretó la quiebra de la entidad, en los términos del art. 45 de la ley de entidades financieras, por considerar reunidos los presupuestos necesarios (auto 185, a fs. 1190/ 1192 del cuerpo sexto de fotocopias). Contra esa resolución, la fallida siguió una doble vía: por una parte, interpuso el recurso de reposición previsto en el ordenamiento concursal y, por la otra, promovió un incidente de nulidad, que ha dado motivo a estas actuaciones venidas en apelación extraordinaria.

5) Que no se trata en autos de determinar el alcance del art. 84 de la ley 24.522 ni de examinar si la exigencia constitucional de la debida defensa se halla satisfecha con la posibilidad de producir descargos en el trámite de la reposición del auto de la quiebra, pues no está en tela de juicio un pedido de quiebra formulado por el ente oficial al cual compete el ejercicio de la facultad de superintendencia en materia de entidades financieras. En el sub lite, el proceso de reestructuración de la entidad se ajustó al régimen del art. 35 bis, párrafo II, de la ley de entidades financieras y, con posterioridad, se dispuso la revocación de la autorización para funcionar sin pedido de quiebra por el Banco Central, por lo que el control de constitucionalidad que compete a esta Corte consiste en desentrañar si se ha vulnerado el derecho a ser oído y presentar sus defensas de quien impugna por nulidad el auto de declaración de la quiebra.

6) Que aun cuando parezca obvio, conviene destacar que el proceso que precede a la falencia tiene sus características propias cuando se trata de una entidad financiera. Ello se evidencia en los capítulos pertinentes del título VII de la ley 21.526, cuyas normas fueron modificadas en el curso del procedimiento administrativo que precedió a la declaración de la quiebra del Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado. En el caso sub examine no se llevaba a cabo un proceso de liquidación judicial, no se había designado un liquidador judicial, y, por tanto, no resultaba aplicable la regulación del art. 50, cuarto párrafo in fine y quinto párrafo, de la ley de entidades financieras. El supuesto se regía por el art. 45, párrafo quinto, en el texto establecido por la ley 24.627, que incorporó una alternativa novedosa, que era derecho vigente al tiempo de los actos que nos interesan. Dice la norma, en lo pertinente: "No mediando petición de quiebra por el Banco Central de la República Argentina el juez podrá decretarla en cualquier estado del proceso cuando estime que se hayan configurado los presupuestos necesarios". En este supuesto, que responde al caso en juzgamiento, el legislador ha previsto un proceso falencial abierto de oficio por el juzgador, siempre y cuando estimara que se encuentran configurados los presupuestos necesarios (conf. resolución 185/95 del 24 de abril de 1996, citada en considerando 2). En este orden de ideas, cabe recordar, como destacan los jueces de la causa, que por expresa voluntad de la fallida, lo atinente a la discusión sobre el estado de cesación de pagos ha quedado al margen de la materia a resolver (conf. fs. 207 y 208 de este expediente).

7) Que corresponde concluir que no ha existido prescindencia de los textos legales aplicables ni vicio formal de procedimiento, tal como ha resuelto el superior tribunal de la Provincia de Santa Fe al desestimar el recurso de inconstitucionalidad local (especialmente, fs. 272 de estos autos). No obstante, cabe examinar si el ejercicio de la potestad que la ley vigente otorgaba al juez de la causa fue ejercida en el caso concreto de manera razonable y con resguardo de los derechos fundamentales del ex Banco. Ello es así por cuanto todo procedimiento, tanto administrativo como judicial, debe responder al imperativo del debido proceso, conforme a su naturaleza particular.

8) Que, en tal sentido, y tal como surge de la reseña de las constancias de la causa detalladas en el considerando 4 de esta sentencia, el Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado fue oído por el Banco Central antes de la decisión fundamental de la revocación de la autorización para funcionar, con sustento en las causales del art. 44, incs. a y c, de la ley de entidades financieras. Habida cuenta de que la administración de la entidad residual fue dejada, en la etapa de transición, en manos de las propias autoridades estatutarias, es evidente que ellas tenían conocimiento del avance del deterioro financiero. Una vez designado un administrador judicial, el juez ponderó el informe de fs. 1134/1134 vta. y lo tuvo como antecedente que precedió inmediatamente a la declaración de la quiebra. En suma: el procedimiento revela el permanente conocimiento de la crítica situación por parte de las autoridades estatutarias del ex Banco, y permite arribar a la conclusión -en los límites de la materia debatida en este expediente- de que la declaración de la quiebra, en el curso del procedimiento regulado por la ley, no colocó al impugnante en estado de indefensión.

Por ello, oído el señor Procurador General, se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y devuélvanse los autos. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (según su voto)- CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

ES COPIA VOTO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O' CONNOR Considerando:

Que el infrascripto coincide con los considerandos 1 a 4 del voto de la mayoría.

5) Que conforme surge de la reseña expuesta en el considerando precedente, en el presente caso no se llevaba a cabo un proceso de liquidación judicial, ni se había designado liquidador judicial, y, por tanto, no resultaba aplicable el supuesto del art. 50, cuarto párrafo in fine de la ley de entidades financieras. La quiebra se decretó bajo la vigencia de la ley 24.627 (Boletín Oficial del 18 de marzo de 1996) luego de haberse revocado la autorización para funcionar del Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado, resultando aplicable el art. 45 de la ley de entidades financieras que en su parte pertinente dispone "No mediando petición de quiebra por el Banco Central de la República Argentina el Juez podrá decretarla en cualquier estado del proceso cuando estime que se hayan configurado los presupuestos necesarios". La declaración de oficio estaba prevista para ese supuesto, que resultaba aplicable al trámite de autos, por lo que no ha existido prescindencia alguna del texto legal.

6) Que en relación al agravio relativo a la defensa en juicio, el recurso sub examine no satisface el requisito de exhibir un adecuado desarrollo de las defensas de las que se habría visto privada la parte que aduce la vulneración del derecho respectivo y de demostrar que ellas tendrían la virtualidad de conducir a una solución diferente de la adoptada (Fallos: 310:727, entre muchos otros).

7) Que, en efecto, el agravio que la recurrente formula con sustento federal radica en que la falta de citación habría impedido a la entidad exponer sus defensas y evitar, de tal modo, la declaración de quiebra.

8) Que en estos términos, las alegaciones que la recurrente presenta ante esta Corte como defensas que se habría visto privada de oponer en realidad fueron deducidas al interponer el incidente de reposición contra la sentencia de quiebra (ver fs. 1237/1295 del expediente 1379/95, en cuerpos de fotocopias) y recibieron adecuado tratamiento por los tribunales de la causa en todas las instancias (ver fs. 4054 y 4170 del citado expediente), sin que en el remedio federal se exponga razonadamente por qué habrían podido tener eficacia en la oportunidad del traslado omitido y no en el curso del procedimiento legalmente apto para desvirtuar la existencia de los presupuestos de la declaración de falencia, esto es el recurso de reposición contra la sentencia de quiebra. A ello cabe también agregar que la fallida tuvo oportunidad de alegar todo cuanto consideró conducente a su defensa durante el procedimiento administrativo que culminó con la revocación de la autorización para funcionar dispuesta por el Banco Central.

9) Que esta Corte tiene dicho que si el defecto de procedimiento que motivó el planteo de nulidad quedó debidamente subsanado en las actuaciones que ponen en evidencia que la parte tuvo suficiente oportunidad de ser oída y de ejercitar las defensas que hacían a su derecho, no procede invalidar lo actuado ya que tal criterio iría en contra del principio de trascendencia e importaría consagrar la nulidad por la nulidad misma (Fallos: 320:1611).

10) Que por ende, en la alegación de que se ha violado su derecho a la defensa en juicio, la fallida no se hace cargo de la posibilidad que tuvo -y efectivamente ejerció- de plantear reposición contra la sentencia de quiebra y negar la existencia del estado de cesación de pagos. Ello permite arribar a la conclusión de que la declaración de la quiebra no colocó al impugnante en estado de indefensión.

Por ello, y oído el señor Procurador General, se confirma la sentencia apelada, con costas. Notifíquese y devuélvanse los autos. EDUARDO MOLINE O'CONNOR.

ES COPIA Dictamen del Procurador General de la Naciion S u p r e m a C o r t e:

I El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Venado Tuerto declaró la quiebra del Banco Integrado Departamental Coop. Ltdo. luego de que el Banco Central de la República Argentina le revocó su autorización para funcionar. Contra esa decisión, la fallida interpuso recurso de nulidad y apelación agraviándose de que la quiebra había sido decretada de oficio, el cual fue desestimado por el tribunal de alzada (fs. 1/68) La misma Cámara también rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra ese pronunciamiento (fs. 201/16), lo que motivó la queja de fs. 220/6. Ante la decisión del Superior Tribunal de la provincia que denegó ese recurso (fs. 263/75) el Banco Integrado Departamental interpuso recurso extraordinario.

La Corte local juzgó procedente habilitar la instancia extraordinaria para que V.E. resuelva los planteos concernientes a la interpretación de las normas federales en disputa Ley de Entidades Financieras- y a la tacha de arbitrariedad, en tanto remite a la cuestión federal mencionada (fs. 325/9).

II Sostiene el recurrente que la sentencia apelada lesiona su derecho de defensa al admitir la vigencia de la quiebra de oficio, por cuanto se ha interpretado que por aplicación del artículo 45, párrafo 5 de la ley 24.627 no procedía la citación previa de la entidad financiera.

Alega que el tribunal omitió aplicar la Ley de Concursos, la cual veda que ese trámite se siga inaudita parte, arrogándose el papel de legislador. Asimismo, objeta que se haya decretado la quiebra sin un conocimiento acabado acerca de la existencia de la cesación de pagos, en virtud de una hermenéutica arbitraria de la norma aplicable.

III El recurso resulta procedente toda vez que se encuentra en tela de juicio la inteligencia que cabe acordar a normas de naturaleza federal -como la Ley de Entidades Financieras- y porque se ha invocado la violación de la garantía constitucional de la defensa en juicio con estrecha relación al alcance asignado tanto a normas de derecho común contenidas en la Ley de Concursos (art. 84 ley 24.522), así como a las de naturaleza federal (arts. 45 ley 24.627).

La cuestión planteada en autos es sustancialmente análoga a la que motivó el dictamen de este Ministerio Público del 8 de marzo de 2000 (B. 94, L. XXXV), a cuyos términos me remito, pues en aquella oportunidad se examinó si de la interpretación no solo literal, sino también sistemática de las citadas normas, resultaba razonable deducir que en los supuestos de petición de quiebra de las entidades financieras, la ley específica modificó el procedimiento de la ley concursal y que entre tales modificaciones no incluyó la citación previa de la entidad deudora, en tanto dispone que el juez declarará la quiebra siempre que concurran los presupuestos necesarios (art. 45 ley 21.526, ref. ley 24.627).

Sostuve, entonces, que la sentencia dictada con base en esa inteligencia de la Ley de Entidades Financieras constituía una clara infracción al derecho de defensa en juicio garantizado por la Constitución Nacional (art. 18), toda vez que se ha privado a la deudora de la posibilidad de ser oída, sin norma alguna que así lo establezca. Al no existir un precepto jurídico que prescriba expresamente que la declaración de quiebra de una entidad financiera se resolverá sin audiencia de la afectada, la norma constitucional es directamente aplicable al caso y la privación de los derechos por ella establecidos constituye un franco atentado contra la normativa de la Ley Fundamental.

A ello cabe agregar, que ese principio se ha visto reforzado con la incorporación a nuestro texto constitucional, mediante la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22), de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (art. 8.1).

Concluyo, como en el precedente mencionado, que la necesidad de bilateralidad previa requería la citación antes del decreto de quiebra a efectos de que la entidad liquidada pudiera ejercer las defensas que se consideraba con derecho a oponer y que tal omisión ha afectado el procedimiento de modo tal que no puede ser subsanado con posterioridad, tornando procedente la declaración de nulidad de la quiebra por violación de la defensa en juicio.

Por lo expuesto, opino que V.E. debe hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto, con los alcances indicados.

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2001.

NICOLAS EDUARDO BECERRA ES COPIA