Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-05


Esquel, 5 de febrero de 2007.- VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 97 por el Dr. C E D, apoderado de la actora Sra. N M H, contra la resolución de fecha 2 de noviembre de 2006, registrada bajo el Nº 304 Fº 446/447 del año 2006 obrante a fs. 93/94 y vta.; y CONSIDERANDO:

Que por la resolución recurrida, la Sra. Juez de primera instancia decide desestimar el rechazo a la impugnación y la aplicación de una multa por inconducta procesal efectuado por la actora y hacer lugar a la impugnación deducida por el demandado, aprobando -en cuanto hace lugar- la liquidación practicada a fs. 86, sin los rubros 3) y 4) y decreta las costas de la presente incidencia a cargo de la actora, regulando los honorarios de la Dra. M C M y los del Dr. C E. D.

2. El apelante al expresar agravios a fs. 104/107, indica que el auto interlocutorio que ataca ofende a esa parte porque: a) viola las normas el debido proceso, b) no hace lugar a la multa solicitada y c) impone las costas de este incidente a su mandante.

Al referirse al primer agravio y luego de narrar los actos procesales desarrollados en autos con relación a la declaración de rebeldía del demandado y a su posterior comparecencia a la audiencia de posiciones, expresa que para que el rebelde pueda actuar en juicio posteriormente a su declaración como tal, debe presentarse, solicitar el cese de ese estado, ser tenido por parte y constituir domicilio en forme expresa.

Cita doctrina y jurisprudencia.

Menciona que en dicha audiencia se legitima al demandado como si fuera una parte procesalmente presentada y constituida como tal.

Con relación al segundo agravio refiere que conforme las constancias de autos la contraparte actuó solapada y maliciosamente en el transcurso de este proceso a sabiendas que no era parte, presentando escritos y dilatando innecesariamente el proceso de alimentos extraordinarios y relata actitudes adoptadas indicando que el accionar del demandado no admite excusas por lo que se debe sancionar esa conducta conforme lo exige el art. 34 inc. 5º apartado d. del C.P.C. y C. en concordancia con el art. 37 del mismo ordenamiento legal.

Cita doctrina.

Al expresar su tercer agravio indica que el interlocutorio condena a su parte en costas, lo que resulta inconcebible conforme a cómo se dio el incidente; relata que su parte presenta una liquidación la que luego es impugnada por el demandado, que luego se le corre traslado de esa impugnación y que al contestarla y por el hecho de hacer lugar a la misma, se condena a su parte en costas sin tener en cuenta que su parte no generó el incidente, concluyendo que en el incidente la actora sólo practicó la liquidación final que ordenaba la sentencia, que no promovió incidente alguno, habiendo actuado en beneficio de ambos porque continuó impulsando el incidente para concluirlo.

Cita doctrina y jurisprudencia que avala que "en el juicio de alimentos las costas, en principio deben ser aplicadas al alimentante a fin de no agravar la pensión fijada" y solicita se revoque por contrario imperio el auto interlocutorio apelado.3. A fs. 114/115 y vta. contesta traslado el demandado Sr. E M, quien en lo fundamental expresa con relación al primer agravio que la postura que intenta establecer la actora dista mucho a lo establecido en la letra y espíritu del art. 64 del C.P.C. y C. y de lo que manifiesta la doctrina y jurisprudencia en materia de rebeldía.

Analiza dicho artículo y adhiere a los fundamentos dados por la Sra. Juez de Familia concluyendo que para hacer cesar los efectos de la rebeldía se requiere la sola presentación del rebelde en el juicio.-Acerca del segundo agravio, considera que no hay inconducta procesal alguna sino ejercicio legítimo del derecho de defensa a través de presentaciones debidamente fundadas actuando siempre con prolijidad y buena fe.Finalmente solicita que se desestime el tercer agravio expresado por la actora, aduciendo que nuestro ordenamiento procesal establece como principio general que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria (principio objetivo de la derrota), principio que es de plena aplicación a los incidentes.

Expone que fue la actora quien generó el incidente al efectuar en forma errónea la liquidación, atento a que no estaba legitimada para reclamar los honorarios de su letrado patrocinante.

Respecto a la mención que efectúa la actora sobre que no pueden recaer las costas sobre el alimentado expresa que no se da en el presente caso, ya que la materia de discusión principal no concierne directamente a la pretensión alimentaria, sino que se trata de una cuestión netamente procesal como lo son la impugnación de una liquidación y los efectos de la comparecencia del rebelde, quedando por lo tanto fuera del principio de las costas que rigen en materia alimentaria.

4. Resumidos los agravios y entrando al estudio del primero de los cuestionamientos realizados por la actora, en primer lugar queremos dejar sentado que la declaración de rebeldía no altera la secuela regular del proceso (art. 60 C.P.C. y C.) y que si bien para que cese la rebeldía se requiere el dictado de un pronunciamiento del tribunal que releve al litigante de las consecuencias de la precitada rebeldía, no es menos cierto que dicho estado cesa con la sola presentación en el expediente, del declarado rebelde.

En estas actuaciones, la presentación del demandado a la audiencia de absolución de posiciones (fs. 50) ha sido acogida por la Sra. Juez de Familia, considerándose tal actitud como aceptación formal de su ingreso al proceso, puesto que como lo ha entendido la jurisprudencia " ... el rebelde puede comparecer en cualquier estado del juicio, en cuyo caso debe cesar el procedimiento en rebeldía y debe admitirse al contumaz como parte (art. 64 del C.P.C. y C.) ... " (SAIJ: Sumario P0000439, Cámara Nac. de Apelaciones en lo especial Civil y Comercial, Capital Federal, Sala 4 "L, J.A. c/ G, L M. S/ Contrato sobre las cosas muebles -compraventa-" Sentencia del 26/02/1987), por lo que consideramos que no se ha violado norma alguna del debido proceso.

Entrando a considerar el segundo agravio, este Cuerpo entiende que para la eventual aplicación de la multa por temeridad y malicia no basta el elemento objetivo de la presentación o defensa que a la postre no prosperan, sino la acreditación cabal del elemento subjetivo de la deliberada actitud que la normativa sanciona como lo es la realización de actos contrarios al deber de lealtad, probidad y buena fe.

Compartiendo la conceptualización dada por la doctrina, señalamos que la "temeridad consiste en la conducta de la parte que deduce pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad".

(Conf. PALACIO, Lino E. "Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1970, Tomo III, pág. 51).

Por eso la temeridad se configura cuando existe conciencia de la propia sinrazón.

Por otro lado, la malicia es la conducta observada en el proceso con una finalidad exclusivamente distorsionadora de aquél, tendiendo a la obstrucción del mismo, persiguiendo su dilación.

Se observa que las actividades desplegadas por el demandado no han alterado el orden en el desarrollo del proceso ni ha producido un dislate injustificado del mismo, sus conductas no trasuntan el dolo procesal necesario que se requiere para la configuración de la temeridad o malicia, sino que ha actuado en defensa de su legítimo derecho.

--Con relación al tercer agravio que impone las costas del presente incidente a su mandante, en primer lugar es necesario resaltar que esta Alzada comparte los criterios adoptados por nuestra jurisprudencia, en cuanto ha dicho: "Si bien en los juicios de alimentos la condena en costas al demandado resulta de su especial naturaleza, cuando no se trata de la declaración correspondiente a la sentencia que fija la pensión, sino de una simple incidencia suscitada en su trámite, no existe razón para no aplicar los principios emergentes de los arts. 68 y 69 del C.P.C. y C. Lo contrario implicaría posibilitar cualquier planteo improcedente por parte de la alimentada, ya que siempre estaría amparada por la exención de costas".

(Publicado CHU 12768, Tribunales de Chubut, magistrados García Blanco, Reynoso de Roberts, UL -Citar Lexis Nº 15/12359).

-Asimismo ha reflexionado "El principio que guía la imposición de las costas al alimentante en el juicio de alimentos, a efectos de no disminuir la cuota que percibirá el alimentado, no se extiende a las costas de los incidentes que en su curso se susciten, las que se impondrán o distribuirán conforme a los principios generales, dado que los intereses enfrentados no conciernen inmediatamente a los alimentos, sino que son, por lo general, meros conflictos de índole procesal.

De otro modo, un trato particularmente favorable al alimentado en este tema conspiraría contra el buen orden procesal, ya que justamente el riesgo de la derrota con costas en el incidente induce a las partes a abstenerse de plantear las cuestiones infundadas".

(SAIJ: Sumario Nº B0252250, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, La Plata, Buenos Aires, Cámara 02 Sala 01 (Sosa-Crespi) C., A. M. c/ C. E., A., s/ Alimentos Sentencia del 2 de mayo de 1996); y también "Corresponde imponer las costas de la instancia extraordinaria a la recurrida vencida por cuanto el principio que guía la imposición de las costas al alimentante en el juicio de alimentos, a efectos de no disminuir la cuota que percibirá el alimentado, no se extiende a las costas de los incidentes que en su curso se susciten, las que se impondrán o distribuirán conforme a los principios generales.

Ello, dado que los intereses enfrentados no conciernen inmediatamente a los alimentos, sino que son, por lo general, meros conflictos de índole procesal; de otro modo, un trato particularmente favorable al alimentado en este tema conspiraría contra el buen orden procesal, ya que justamente el riesgo de la derrota con costas en el incidente induce a las partes a abstenerse de plantear cuestiones infundadas" (SAIJ: Sumario Nº W0000875 - Superior Tribunal de Justicia, San Salvador de Jujuy, Jujuy (Arnedo-Noceti-Mateo-del Campo) "E de A, M C c/ A, E R s/ Recurso de Inconstitucionalidad L.A. Nº 41, Fº 255/258, Nº 89, Plenario, 5909 del 26 de marzo de 1998).

Por lo expuesto este cuerpo entiende se deben rechazar los agravios incoados por la actora en mérito a lo considerado y confirmar la resolución de fs. 93/94.

Atento como ha quedado resuelta la cuestión venida a conocimiento del Tribunal, las costas en la alzada deben ser impuestas a la recurrente vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 C.P.C. y C.).

Así ello, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes por la actuación en esta instancia, estableciéndose los emolumentos de la Dra. M C M en la suma de $ 50.- y los del Dr. C E. D en la suma de $ 20.

Por ello, esta Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut.

R E S U E L V E 1º) CONFIRMAR el interlocutorio recurrido, en cuanto fuera materia de agravios, obrante a fs. 93/94 y vta.

2º) IMPONER las costas en esta Instancia a la recurrente vencida (art. 68 C.P.C. y C.), regulándose los honorarios a la Dra. M C M en la suma de $ 50.- y los del Dr. C E. D en la suma de $ 20.- (art. 14 Dto. Ley 2.200).

3º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASSBENJAMÍN MOISÁ AUTO PROTOCOLIZADO BAJO EL NRO. 04/07. CANO. CONSTE.- Norma Marrero Secretaria