Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2009-12-16


2º Instancia.- San Salvador de Jujuy, diciembre 16 de 2009.

Las doctoras González de Prada y Bravo dijeron:

Se inaugura esta instancia procesal a mérito del recurso de apelación interpuesto a fs. 83/89 por la Dra. C. M. C. en contra de la sentencia de fecha 24 de junio del 2009, que rola a fs. 71/74 de autos.

Luego de señalar los antecedentes de la causa sostiene que la resolución impugnada es arbitraria e inconstitucional solicitando se deje sin efecto por ser de una nulidad absoluta e insalvable.

Se agravia por cuanto la sentencia recurrida rechaza el planteo de nulidad de ejecución sustentado en la falta de personería del demandado y la excepción de inhabilidad de título. Asimismo sostiene que en relación a la prescripción todos los períodos se encontrarían prescriptos.

Se agravia porque el a quo rechaza el planteo de nulidad de ejecución formulado por su parte y no hace lugar a la excepción de falta de personería legal del demandado. Sostiene que la actora nunca probó que su mandante fuese el titular de la deuda cuya ejecución se pretende. Además el expediente administrativo incorporado a la causa, no fue ofrecido como prueba por lo que, se vulnera el principio de contradicción, igualdad de las partes en el proceso y preclusión.

Se agravia también porque el sentenciante no hace lugar a la excepción de inhabilidad de título y se remite a los fundamentos dados para evitar reiteraciones innecesarias.

Agrega que el a quo no hace lugar a la excepción de prescripción respecto de los períodos 1º del 2001 y 1º y 2º del 2002. Sostiene que no resulta claro el punto que toma el a quo como inicio del curso de la prescripción por lo que, todos los períodos estarían prescriptos teniendo en cuenta la fecha de interposición de demanda (17/5/2007).

Cita jurisprudencia como fundamento del recurso.

Formula reserva del caso federal.

Finalmente solicita se deje sin efecto la sentencia recurrida con costas.

Sustanciado el recurso a fs. 93/94 contesta el Dr. D. O. quien solicita su rechazo, con costas.

Sostiene que el a quo dispuso como medida para mejor proveer la remisión de las actuaciones administrativas, facultad concedida al órgano jurisdiccional para llegar a la verdad objetiva del proceso por lo que, no se ha vulnerado el principio de contradicción, igualdad de las partes ni preclusión.

Sostiene que el a quo rechazó la excepción de inhabilidad de título porque reúne los recaudos genéricos de todo título ejecutivo y es autosuficiente.

En relación a la excepción de prescripción opuesta el a quo ha decidido, habiéndose creado el certificado de deuda el día 18 de mayo del 2005 y, habiéndose producido interrupción de la prescripción con la interposición de la demanda el 17/5/07 por lo que, no existe agravio al apelante.

Finalmente solicita el rechazo del recurso.

Concedido el recurso en relación y con efecto devolutivo, son elevados lo autos. Firme la providencia de integración, procede dictar sentencia sin más trámite.

I. Con relación a las excepciones susceptibles de oponerse en juicios de la naturaleza de autos, es jurisprudencia reiterada de esta Cámara de Apelaciones que "si se trata de aquellas que, como las de incompetencia, falta de personería, litispendencia, cosa juzgada, nulidad de la ejecución, falsedad e inhabilidad de título, y falta de legitimación procesal del ejecutado, se hallan referidas a la aptitud del título ejecutivo y a la regularidad del proceso, deben reputarse admisibles aún cuando la ley específica no las prevea e incluso las prohíba ... cuando se trata, en cambio de aquellas excepciones que hacen a la subsistencia o exigibilidad actual del crédito, debe privar, por razones de prelación normativa, lo dispuesto en la ley específica" ( Palacio, Derecho Procesal Civil T VII pág. 766/ 767 Ed. Abeledo Perrot - 1994; CSJN L.L. 26/2/96, 93.997-S; Rev. Impuestos L.L. 13/7/99 pág. 84; E.D. 68-330; Expte. Nº 1641/90).

En consecuencia, corresponde pasar al estudio de las excepciones opuestas.

Con relación a la excepción de falta de personería opuesta por el demandado diremos que, ha sido bien rechazada por el a quo.

Quien resulta como obligado al pago del canon por publicidad y propaganda es el Sr. Pablo Ibarra y, de las actuaciones administrativas acompañadas resulta que, quien se presenta a contestar demanda Sr. Pablo Raúl Ibarra, es la misma persona. Además el título consigna su domicilio y en la notificación del mandamiento, la persona que se notificó manifestó ser su nuera (ver fs. 23) y no negó nada al respecto.

Que el a quo, en su calidad de director del proceso y conforme facultades de investigación concedidas por el art. 15 del C.P.C. solicitó -como medida para mejor proveer- la remisión de las actuaciones administrativas de donde surge el proceso de formación del título. Debidamente notificadas las partes de dicha medida, ninguna se opuso a su producción por lo que, ha precluido la etapa para cuestionarla. A ello debemos sumarle que el título menciona el expediente administrativo de donde surge el mismo.

Que los títulos fiscales son títulos causados y en su confección deben invocar o mencionar las actuaciones administrativas de la que provienen. No es necesario que ellas sean acompañadas con el título pero, si se niega la causa o se desconocen elementos extrínsecos del título, no se afecta el derecho de defensa del demandado trayéndolo a juicio por una medida para mejor proveer pues, siempre formaron parte de la litis.

II. En relación a la excepción de inhabilidad de título diremos que, no advertimos, al igual que el a quo, la falta de requisitos que denuncia el accionado por lo que, el planteo no puede prosperar. El título reúne los requisitos exigidos para ser considerado hábil pues individualiza el acreedor y el deudor, constata una obligación de dar una suma de dinero líquida y exigible, contiene la firma de los funcionarios habilitados, etc. por lo que, es hábil para ser ejecutado en el presente.

III. Con relación a la excepción de prescripción decimos lo siguiente.

La prescripción es una cuestión de fondo delegada a la legislación nacional por lo que, las provincias no la pueden modificar.

El Código Civil en el art. 3956 dispone como pauta general que la prescripción de las acciones personales, comienza a correr desde "la fecha del título de la obligación". Tratándose de obligaciones tributarias, son obligaciones legales, es decir que encuentran su causa en la ley, siendo así el Código Tributario Municipal es el título y por lo tanto, el legislador municipal puede determinar la fecha a partir de la cual va a empezar a correr.

Como lo hemos dicho en otras oportunidades, las provincias pueden legislar sobre los períodos de vigencias de sus impuestos, esto es a partir de cuando se considera exigible la obligación tributaria a los efectos del cómputo de la prescripción (Expte. Nº 10.477/09 del 17/06/09 y 10.616/09 del 15/9/09, entre otros).

En el caso concreto el Código Tributario Municipal de San Salvador de Jujuy -Ordenanza nº 3898/2003-, fija un plazo de prescripción de cinco años igual al previsto en el C. Civil. El art. 123 estipula "Prescriben por el transcurso de cinco años: a) Las facultades del organismo fiscal, para determinar y exigir el pago de las obligaciones tributarias y sus accesorios; para verificar e impugnar las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y responsables; y para aplicar y hacer efectivas las sanciones por infracciones previstas en este Código...b) La facultad del Organismo Fiscal para promover la acción judicial tendiente al cobro de la deuda tributaria, sus accesorios y multas...".

Y en su art. 124 de dicha Ordenanza 3.898/03 dice "Los plazos de prescripción, comenzarán a correr: ...a) En el caso del inc. a) del artículo anterior desde el primero de enero siguiente:...2) Al año en que se produzca el hecho imponible generador de la obligación tributaria respectiva, cuando no mediare obligación de presentar declaración jurada...b) En el supuesto contemplado en el inciso b) del artículo anterior, desde el primero de enero del año siguiente a aquel en que quede firme la resolución que determine la obligación fiscal o imponga las sanciones por infracciones; o del año en que debió abonarse la deuda tributaria, cuando no mediare determinación administrativa".

De ello resulta que dos son los supuestos de prescripción previstos en la ley. Por un lado está la prescripción de la facultad para determinar las obligaciones tributarias por parte del Estado Municipal y por otro, de la acción para exigir y obtener el cobro judicial de lo adeudado (Expte. Nº 7.216/03 en sentencia del 19/12/2003).

En otro orden de cosas, en nuestro sistema legislativo por imperio del art. 509 del Código Civil, existen dos sistemas de constitución en mora: a) el sistema de mora automática y b) el sistema de constitución mediante interpelación.

El primer párrafo del art. 509 establece que en las obligaciones con plazo, la mora se produce con su solo vencimiento. Es decir que para las obligaciones que tienen plazo no es necesaria la interpelación, sino que el deudor incurre en mora con su sólo vencimiento.

El segundo párrafo se refiere a las obligaciones de plazo tácito, en el que es necesario la interpelación.

Que la obligación proveniente del canon por publicidad y propaganda conforme Ordenanza 3898/03 es una obligación de plazo cierto.

Así el art. 343 recientemente modificado por ordenanza 5256/08 estipula "Por la publicidad y propaganda comercial, cualquiera fuera su característica realizada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, se pagarán los importes que establezca la Ordenanza Impositiva. El presente título grava la actividad publicitaria que se efectúa en el ejido municipal mediante anuncios en: a) el dominio público municipal o susceptible de ser percibidos desde este, b) lugares de acceso público sujeto a la jurisdicción de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy".

El art. 347 de dicho código tributario municipal estipula "Los derechos se harán efectivos en forma anual en cuyo caso se fija como vencimiento del derecho el 30 de abril de cada año...".

Si bien conforme el título (y régimen anterior) el canon se abonaba en dos cuotas el importe estaba predeterminado (ver arts. 43/47 Ordenanza nº 2.951/99). Por ello, en el caso, no era necesaria la interpelación.

Por consiguiente, y como dice la sentencia los períodos 1993/2000 se encuentran prescriptos.

En relación al período 2001 que la sentencia lo incluye, entendemos que también se encuentra prescripto.

De conformidad a los arts. 3986 y 3989 del Código Civil la prescripción se interrumpe por demanda contra el deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio y por el reconocimiento expreso o tácito que el deudor hace del derecho.

Así también el art. 126 inc. d) del Código Tributario Municipal dice que se interrumpe la facultad del organismo fiscal para determinar la obligación tributaria y exigir su pago por la notificación al contribuyente o responsable del acto administrativo que disponga la iniciación de los procedimientos de determinación y liquidación de la obligación tributaria.

Que en autos no hay constancia de ninguno de estos supuestos, la confección del título por sí solo sin notificarse, no es susceptible de interrupción. Conforme a ello, es que el período 2001 también se encuentra prescripto.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación articulado por la Dra. C. C. en contra de la sentencia de fecha 24 de junio del 2009. En consecuencia corresponde modificar los puntos 2,3 y 4 de la sentencia de fecha 24 de junio del 2.009 que quedarán redactados de la siguiente manera: "2. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, por los períodos 2º 1993, 1º 1994, 1º 1995, 1º 1996, 1º 1997, 1º 1998, 1º 1999, 1º 2000 y 1º 2001 a cuyo respecto la demanda resulta improcedente". "3. Rechazar la excepción de prescripción por los períodos reclamados comprendidos entre 1º y 2º del 2002".

"4. Mandar llevar adelante la ejecución seguida por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en contra del Sr. Pablo Raúl Ibarra, hasta que la acreedora se haga íntegro pago del capital reclamado, previa deducción del monto prescripto y que asciende a la suma de $ 804 (ochocientos cuatro pesos), con más intereses que fijan conforme a la tasa activa que percibe el Banco Central de la República Argentina en las operaciones de descuento de documentos comerciales de conformidad con lo dispuesto en los considerandos". Imponer las costas del recurso por el orden causado. Diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente hasta tanto haya planilla de liquidación aprobada. Atento la imposición de costas no se regulan honorarios al Dr. D. O.

Por ello, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy resuelve: I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación articulado por la Dra. C. C. en contra de la sentencia de fecha 24 de junio del 2009. II. Modificar los puntos 2, 3 y 4 de la sentencia de fecha 24 de junio del 2.009 que quedarán redactados de la siguiente manera: "2. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, por los períodos 2º 1993, 1º 1994, 1º 1995, 1º 1996, 1º 1997, 1º 1998, 1º 1999, 1º 2000 y 1º 2001 a cuyo respecto la demanda resulta improcedente". "3. Rechazar la excepción de prescripción por los períodos reclamados comprendidos entre 1º y 2º del 2002". "4. Mandar llevar adelante la ejecución seguida por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en contra del Sr. Pablo Raúl Ibarra, hasta que la acreedora se haga íntegro pago del capital reclamado, previa deducción del monto prescripto y que asciende a la suma de $ 804 (ochocientos cuatro pesos), con más intereses que fijan conforme a la tasa activa que percibe el Banco Central de la República Argentina en las operaciones de descuento de documentos comerciales de conformidad con lo dispuesto en los considerandos". III. Imponer las costas del recurso por su orden. IV. Diferir la regulación de los honorarios de la letrada interviniente. V. Registrar, agregar copia en autos y notificar.- María V. González de Prada.- Lilian E. Bravo.