Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-25


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veinticinco (25) de Junio de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en autos: "Palacio Eduardo Enrique vs. Provincia de Tucumán s/ Nulidad/Revocación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora plantea recurso de casación (cfr. fs. 94/97) contra la sentencia Nº 372 del 29 de junio del año 2012 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II obrante a fs. 89/90 y vta. de autos, habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta de aplicación por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II.- Se agravia el recurrente de la sentencia en crisis aduciendo que realiza una absurda valoración de las pruebas, habida cuenta que de la instrumental obrante a fs. 62 -declaración jurada ante la AFIP- surge palmariamente que no contaba con los activos líquidos suficientes para hacer frente al tributo, a los efectos de satisfacer el solve et repete. Agrega que la falta de ponderación de esta prueba es lo que justifica la procedencia de este recurso, y que como lo sostuvo en la demanda, el previo pago del tributo le ocasionaría un gran perjuicio debido, no sólo al hecho que no contaba a la fecha de interposición de la demanda con los activos necesarios para su cancelación, sino, además, porque le sería imposible lograr el recupero de las sumas abonadas en toda su extensión, teniendo en cuenta las leyes vigentes a ese momento relativas a la declaración de emergencia del estado provincial.

Manifiesta que, si bien en opinión de esta Corte, el artículo 8, inciso 1, del Pacto de San José de Costa Rica no derogó las normas que consagran el solve et repete, garantizó el acceso a la justicia sin condicionamientos arbitrarios, de suerte tal que al denegarse en la sentencia recurrida la inconstitucionalidad impetrada, se impide a su parte acceder a la justicia y discutir el tema que considera lesivo a su derecho como contribuyente. Enfatiza que la Sala a quo prescindió de valorizar que el actor, en su declaración jurada presentada por ante la AFIP, justificó la desproporcionada magnitud del monto del tributo con relación a su real capacidad económica, lo que desacredita cualquier consideración sustentada en el hecho de que no se han justificado los extremos necesarios para la procedencia de la inconstitucionalidad peticionada.

Pone de resalto que admitir el planteo incoado y declarar, en la especie, la inconstitucionalidad de la regla solve et repete no importa obstaculizar los propósitos fiscales en que halla sustento este principio, por lo que el fallo cuestionado debe ser dejado sin efecto ".declarando la inconstitucionalidad del 'solve et repete', por afectar las normas constitucionales mencionadas en el cuerpo de este libelo recursivo y los principios que consagra el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado como Ley Supranacional por el artículo 75 inc. 22 de la CN" (cfr. fs. 96 vta.).

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 91 y 97); se dio cumplimiento con el depósito exigido por el artículo 755 del CPCC (cfr. fs. 93); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrina legal; la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho y, finalmente, aunque la sentencia atacada no es definitiva (en cuanto no se pronuncia sobre la pretensión) ni equiparable a tal (porque versando sobre una cuestión incidental, no pone fin al pleito ni impide su continuación) -todo ello de conformidad a las previsiones del artículo 748 inciso 1º del CPCC-, juzgo que en el sub lite concurre el supuesto excepcional de gravedad institucional en la medida que el recurrente insiste en su cuestionamiento a la constitucionalidad, en el caso y a su respecto, de la regla del solve et repete, por las razones que esgrime en su pretensión impugnativa, lo que exhorbita el interés de las partes e incide en la buena marcha de las instituciones.

Por tales motivos el recurso en examen es admisible y, en consecuencia, queda habilitada la competencia jurisdiccional de este Tribunal Cimero local para examinar su procedencia.

IV.- Para la recta resolución de la pretensión recursiva en examen, conviene tener presente los fundamentos en que la Cámara sustentó el rechazo de la pretensión formulada por la parte actora.

Así, comenzó recordando que la regla del solve et repete no oponía -de suyo- ningún impedimento al derecho a la jurisdicción, sino todo lo contrario, y que en las situaciones concretas en que podría traer aparejada la privación del acceso a la justicia, no imperaba tal regla sino la excepción que hace prevalecer la garantía de tutela jurisdiccional. Hizo notar también que para el Máximo Tribunal el requisito del pago previo de la obligación fiscal era constitucional y que dicha regla no tenía una absoluta rigurosidad y cedía ante determinadas situaciones patrimoniales de los particulares, en las que además de apreciarse la desproporción que pudiera existir entre la magnitud del tributo y la capacidad económica del afectado, se comprobara en concreto la inexistencia inculpable de los medios económicos necesarios para enfrentar la erogación, de modo tal de evitar que el requisito del previo pago se tradujera en un real y efectivo menoscabo del derecho de defensa en juicio (Fallos: 215:225; 247:181; 261:101; 285:302; 287:473; 288:287; 295:314, entre muchos otros). A renglón seguido aludió al caso "Microómnibus Barrancas de Belgrano" en su relación con el artículo 8° inciso 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, recordó que Bidart Campos había sostenido que de la norma del Pacto de San José de Costa Rica no se infería -siempre y en todos los casos- que se produjera su vulneración, si se exige pagar una deuda para acudir a la justicia. El condicionamiento que implica el pago previo de sumas de dinero solo resultaba lesivo del derecho a la jurisdicción, cuando conforme a las circunstancias de cada caso concreto y singular, la suma sometida al pago fuera por su cuantía desproporcionada a la capacidad del obligado, y configurara un óbice al acceso a la justicia.

Consecuentemente, afirmó que éste había sido el criterio constante consagrado en las tres Salas de la Cámara, y que en autos no se apreciaba que la actora hubiera cumplido con la condición que -según la doctrina de la CSJN- tenía importancia decisiva en esta cuestión, cual era, la alegación y consiguiente prueba por parte del obligado de la inexistencia inculpable de los medios económicos necesarios para enfrentar la erogación, de modo tal de evitar que el requisito del previo pago se tradujera en un real y efectivo menoscabo del derecho de defensa en juicio. En forma concordante añadió que si bien el actor había alegado, al formular su solicitud, que se encontraba en una situación económica que le impedía cumplir con el pago debido, hasta el momento no había elementos que permitieran concluir que el demandante no contara -en la actualidad- con activos líquidos suficientes que le permitieran afrontar el cumplimiento del requisito del depósito previo, de forma que tal exigencia condujera fatalmente a privarla de su derecho a acceder a la jurisdicción y frustrar su tutela judicial efectiva.

V.- Respecto del principio procesal específico solve et repete y su constitucionalidad, el más Alto Tribunal de la Nación tiene dicho "Que la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido, en principio, la validez de las normas que establecen el mencionado requisito para la intervención judicial, y las excepciones que admitió contemplan fundamentalmente situaciones patrimoniales concretas de los particulares a fin de evitar que ese previo pago se traduzca, a causa de la falta comprobada e inculpable de los medios pertinentes para enfrentar la erogación, en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio (Fallos: 215:225; 247:181; 261:101; 285:302; 287:473; 283:287; 295:314, entre otras). En el caso 'Microómnibus Barracas Belgrano' (Fallos:312:2490) se estableció que el alcance que cabe otorgar a lo dispuesto por el artículo 8º, inciso 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -a la que el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional- es equivalente, en relación con el principio solve et repete, al fijado por la jurisprudencia anteriormente citada, con fundamento en el derecho de defensa garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional (cfr. causa: B.818.XXVI 'Barraca David Perewozky c/ Provincia de Buenos Aires -Tribunal Fiscal- s/ Demanda contenciosa administrativa', fallada el 4 de marzo de 1997)" (Fallos: 322:1284).

Es decir que la doctrina del más Alto Tribunal de la República se orienta a conferirle validez a la regla del solve et repete, descartando su oposición con las garantías de la igualdad y del debido proceso legal y de la defensa en juicio, pero admitiendo básicamente que aquella regla se excepciona cuando concurran situaciones patrimoniales inculpables de los particulares (debidamente acreditadas por elementos o constancias que constituyan índices reveladores de estado económico del peticionante) que tornen imposible el cumplimiento el recaudo del pago previo.

En sentido concordante con esta doctrina se ha expedido esta Corte Suprema de Justicia en numerosos precedentes, haciendo propio dicho criterio (cfr. sentencias Nº 940, del 28-10-2002; N° 67, del 19-02-2003; N° 270, del 14-4-2005; entre otras). Del mismo modo, en sentencia Nº 43, del 24-5-2006, expresó también que "...Más recientemente, el Alto Tribunal Nacional ratificó que la exigencia de depósitos previos como requisito de viabilidad de los recursos de apelación no es contraria a los derechos de igualdad y defensa en juicio. La posibilidad de atenuar el rigorismo del principio solve et repete es aceptada en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que el pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuentan con protección constitucional (cfr. CS, sentencia del 02-8-2005, causa 'Centro Diagnóstico de Virus S.R.L. c. Administración Federal de Ingresos Públicos'. LL - DJ del 07-12-2005, pág. 1058; cc. Fallos: 285:302 y 322:337). Pero subrayó que en estos casos el apelante debe, además de alegar la desproporción del monto intimado o la falta inculpable de los medios necesarios para hacer frente al pago del tributo (cfr. Fallos: 295:314), aportar elementos de juicio que constituyan índices reveladores de su estado patrimonial (Fallos: 250:208)".

Ahora bien; sentada en los términos y con los alcances indicados precedentemente la constitucionalidad de la regla en estudio, corresponde dilucidar a continuación si la situación del actor se encuadra o no en alguno de los supuestos que permiten excepcionarla.

En esta inteligencia, cabe tener presente que el recurrente aseveró que la constancia obrante a fs. 62 de autos (rectius 52), que refiere a su declaración jurada ante la AFIP, relativa al impuesto a las ganancias, era suficientemente demostrativa de que no contaba con los activos líquidos suficientes para hacer frente al tributo a la fecha de interposición de esta demanda y de la desproporcionada magnitud de su monto con relación a su real capacidad económica.

Sin embargo, teniendo en cuenta que según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal -anteriormente reseñada- el principio del solve et repete puede ser excepcionado cuando exista desproporción del monto requerido en una situación concreta y determinada y falta inculpable de los medios necesarios para hacer frente al pago del tributo, no puede sino concluirse en la insuficiencia de la aludida constancia para acreditar que el actor satisface, en el sub lite, las condiciones de excepción anteriormente referidas. Ello así por cuanto dicha constancia consiste en una declaración jurada del actor Eduardo Enrique Palacio que, corresponde al período 2004, o sea, 7 años antes de la fecha de interposición de la presente demanda (cfr. fs. 6/23), de suerte tal que no resulta idónea para probar la situación patrimonial real del actor al momento de la fecha de presentación del escrito de inicio del proceso, sin perjuicio de que tampoco con la mentada declaración se alcanzaría a demostrar el arribo inculpable a la determinada situación económica que se alega; o dicho de otra manera, la constancia de marras lejos está de ser la demostración -como lo exige la jurisprudencia de la Corte Federal-, de la falta inculpable de los medios pertinentes para enfrentar el pago de los tributos reclamados.

Por todo ello concluyo que el agraviado no logra evidenciar el vicio que le imputa a la sentencia en recurso; esto es, que se encontrara imposibilitado de afrontar la erogación y, por ende, el apartamiento del Tribunal de las constancias de autos, atendiendo al hecho de que -conforme se vio-, no suministra elementos probatorios que acrediten acabadamente que se encontrara alcanzado por una situación de excepción, en los términos y con los alcances vistos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia Nº 372 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de fecha 29 de junio de 2012, obrante a fs. 89/90 vta.

VI.- Acorde al resultado a que se infiere, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen a la parte vencida, actora en autos (cfr. artículos 89 del CPA y 105, primera parte, del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y habiendo dictaminado a fs. 115/118 el Ministerio Fiscal, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia Nº 372 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II de fecha 29 de junio de 2012, glosada a fs. 89/90 vta. de autos, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como están consideradas.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.