Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-16


2º Instancia. Buenos Aires, junio 16 de 2009.

Considerando:1.) Apelaron los demandados Jaben S.A, Anibal Carmelo Savelli y Elena Fanny Tobar la decisión de fs. 209/210, mediante la cual se desestimaron las excepciones de defecto legal y de prescripción opuestas por aquéllos, con costas a su cargo.

La magistrada de grado sostuvo que la ausencia de citas legales en la demanda no autorizaría el planteo procesal de defecto legal, pues ella contendría los recaudos necesarios para que los excepcionantes controviertan lo reclamado. Por otra parte, la a quo estimó que las acciones fundadas en seguros de caución prescriben desde el vencimiento de las últimas cuotas de las primas adeudadas (cfr. art. 58, párr.2, ley 17.418) y, desde tal perspectiva juzgó que el plazo liberatorio invocado no se había consumido en el sub lite.

Los fundamentos de la apelación obran desarrollados a fs. 216/219 y contestados por su contraria a fs.221/222.

Se agraviaron los demandados por el rechazo de la excepción de defecto legal, manifestando que la omisión incurrida por la aseguradora irrogó una afectación en su derecho de defensa en juicio. En lo que respecta a la prescripción, señalaron que no existía una única prima pagadera en cuotas sino primas sucesivamente devengadas durante cada uno de los períodos de cobertura y, en concordancia con los antecedentes jurisprudenciales citados para sustentar sus dichos, propusieron que el término anual de prescripción comenzara a computarse desde el momento de inicio de cada uno de esos períodos con lo cual estaría prescripta, según entienden, la acción de cobro de primas en aquellas en que hubiera transcurrido un (1) año a partir de la vigencia de cada una de las pólizas emitidas por su contraria.

2.) Excepción de defecto legal.

Recuérdase que la excepción de defecto legal resulta procedente frente a las oscuridades u omisiones acerca del modo de proponer la demanda que, por su gravedad, colocan al demandado en real estado de indefensión, impidiéndole o dificultándole la refutación o producción de las pruebas conducentes, debiéndose señalar que la razón de la previsión legal que fundamenta la excepción en cuestión, radica en la necesidad de preservar adecuadamente el derecho de defensa en juicio que posee raigambre constitucional y que se vería conculcado si las accionadas desconocieran elementos esenciales de las pretensiones de la contraria, de modo que le impidiese desplegar con aptitud las oposiciones que tuvieran contra tales pretensiones.

El art. 330 CPCC establece un requisito esencial, en su inciso tercero (3º), que la demanda debe contender la "cosa" demandada, designándola con toda exactitud y, en su inciso cuarto (4º), que los hechos que dan sustento a la acción estén explicados claramente. En función de ello, entonces, la claridad y precisión del objeto de la demanda son fundamentales, por aplicación del principio de igualdad, para que el demandado pueda admitir o negar los hechos y organizar su defensa. De los antecedentes enumerados en la demanda deben resultar las bases para establecer el objeto pretendido, ya que de lo contrario se colocaría a la demandada en inferioridad procesal. Esta exigencia de precisar el objeto de la demanda se vincula con el principio de congruencia (art. 163, inc. 6º y 34, inc. 4º CPCC) y tiene fundamento en el art. 18 CN, porque si la sentencia excediese cualitativa o cuantitativamente el objeto pretendido o se pronuncia sobre cuestiones no incluidas en la oposición del demandado, menoscaba su derecho de defensa privándolo de toda oportunidad útil para alegar y probar sobre temas que no fueron materia controvertida (conf. Colombo Carlos J. - Kiper Claudio M, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" T. III, pag 522 y sstes).

Ahora bien, cabe apuntar que el escrito de demanda es preciso en la exposición de los hechos, el objeto de su pretensión y el monto de su reclamo y, aún cuando la accionante obvió la exigencia de expresar el derecho (art. 330,inc.5, CPCC) dicha falencia no acarrea consecuencias en tanto puede determinarse claramente la acción que se intenta (el cobro de primas que se sostienen adeudadas y la liberación de las garantías comprometidas a favor de los beneficiarios del seguro), extremo que ha sido corroborado en la especie pues ello no ha impedido a los excepcionantes contestar la demanda, controvertir los incumplimientos que se les ha endilgado y ofrecer las pruebas conducentes a ese fin. Por lo tanto, visto que la apuntada omisión no es suficiente por sí sola para fundar la defensa de que se trata, máxime cuando es deber del juez suplirla por aplicación del principio "iura novit curia", el agravio de los recurrentes, en este ítem, no habrá de prosperar.

3.) Excepción de prescripción.

La aseguradora promovió estas actuaciones a fin de que se condene a los demandados al pago de $ 97.947,53 con sustento en los endosos sucesivos de las pólizas .... y al reintegro de las pólizas mencionadas.

De su lado, los excepcionantes sostuvieron la prescripción de los siguientes endosos: póliza .... endosos 2 a 6, póliza .... 2 a 6, póliza .... endoso 2 a 6, .... endoso 2 a 6, póliza .... endoso 1 a 2, póliza .... endoso 2 a 3, póliza .... endoso 5 y, póliza .... endoso 4 (véase a ese fin certificación de deuda copiada a fs. 9/11), siendo tal requisitoria desatendida en la anterior instancia.

3.1. Pues bien, como primera medida es del caso efectuar algunas consideraciones -a modo de introducción- en torno a la naturaleza jurídica del contrato del seguro de caución.

El seguro de caución se caracteriza por la intervención de tres partes y la necesaria conexión de dos contratos. Tales sujetos son el asegurador, el tomador o proponente y el asegurado, siendo este último la única parte que se encuentra legitimada pasivamente para acceder a la pretensión esgrimida, por ser el beneficiario de las pólizas emitidas y por su calidad de acreedor de las prestaciones asumidas en los contratos garantizados en razón de lo estipulado en las condiciones generales de la póliza (cfr. CNCom. esta Sala A, 30.08.02, in re "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ Guterman Jaime y otro").

El objeto principal de los seguros de caución es el de garantizar a favor de un tercero las consecuencias de los posibles incumplimientos del tomador vinculado con el beneficiario por un contrato anterior a la caución y del cual es accesorio. El negocio jurídico aparece así como un verdadero contrato de garantía, bajo la forma y modalidades del contrato de seguro, por lo que le son aplicables las regulaciones y principios propios de este en todo aquello que no contradiga a la esencia de la relación jurídica que -reitero- consiste en la celebración de un contrato de garantía y que como tal, es accesorio del contrato principal o garantizado (cfr. C.S.N. 30.06.92 in re "Gobierno Nacional Sec. de Intereses Marítimos c/ Prudencia Cía Argentina de Seguros Generales S.A." J.A. 1992-IV-495 y ss.). El seguro de caución configura económica y técnicamente operaciones de seguro que encuadran dentro de la normativa de la ley 17.418 y 20.091 (cfr. Farina, "Seguro de Caución" R.D.C.O., año 14, Nº 82, pág. 524 y ss.; "Marta Eva García, "Naturaleza Jurídica del Seguro de Caución", LA LEY, 1975-C, 752).

Asimismo, es dable señalar que las obligaciones y cargas del contrato recaen sobre el tomador o proponente y nunca sobre el asegurado, por lo que la falta de pago de las primas no suspende la cobertura. Además el "interés asegurable" al celebrarse el contrato es del tomador, ya que cubre las consecuencias de su propia conducta y redunda en su propio beneficio, a fin de facilitar la contratación principal. El asegurado o beneficiario de la póliza, no tiene obligaciones que cumplir, por cuanto, muchas veces, acepta la sustitución de un depósito en efectivo del que podría apropiarse ante el incumplimiento del deudor, por la garantía que ofrece una compañía de seguros. De ello se infiere que el tomador o proponente contrae obligaciones ante el asegurado y el asegurador, de modo que sus actos no pueden afectar al asegurado (cfr. CNCom. esta Sala A, in re "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ Jaime Bernardo Coll S.A", del 20.09.07).

3.2. En el marco descripto y en lo tocante al régimen legal de prescripción, señálase que las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible conforme lo dispuesto por el art. 58, 1º párr. de la ley 17.418.

Señálase que la prima es debida desde la celebración del contrato pero no es exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un certificado de cobertura. Sin embargo, en el supuesto de que el asegurador conceda plazo implícitamente (arts. 30 y 21, párr.2º, ley 17.418), el plazo de prescripción comienza desde que el asegurador intima de pago, de conformidad con lo previsto por el art. 58, párr. 2, última parte, por ser éste el momento en que comienza a correr el plazo del asegurado para pagar (Isaac Halperín " Seguros", pág. 1.037, 3º edición actualizada y ampliada por Nicolás H. Barbato, Ed. Depalma, Bs. As. 2001).

Sentado ello, recuérdase que en general la materia de la prescripción está regulada en el primer párrafo del art. 58 de la ley de seguros. Allí se establece el plazo de un año y el momento desde el cual comienza el cómputo, es decir, "desde que la correspondiente obligación es exigible", principio que funciona en las dos direcciones: obligaciones del asegurador y obligaciones del tomador o del asegurado.

Por otro lado, el segundo párrafo aclara la cuestión de la fecha de inicio del inicio del cómputo de la prescripción en materia de pago de prima, esto es: i) si es de pago único, desde que era exigible; ii) si se acordó el pago en cuotas, se computa desde el vencimiento de la última cuota y no desde la exigibilidad de cada cuota (art. 58, párr. 2), pues es injusto que la prescripción corra mientras el asegurador mantiene vigente su contrato, sin exigir el pago, ya sea por consideraciones comerciales o bien, porque su índole, como en el caso, el contrato es de duración continuada, sin plazo de terminación. Así las cosas, cabe afirmar que mientras la garantía rige hay acto recognoscitivo interruptivo de la prescripción (ver Isaac Halperín "Seguros", pág. 1038, cit. supra).

En tal línea de pensamiento, la norma en análisis contempla el caso de entrega de la póliza sin cobro de la prima -que hace presumir conferimiento de crédito, en los términos del art. 30, in fine de la ley vigente en la materia-; siendo que en este último supuesto el inicio del plazo de cómputo requiere que el asegurador previamente ponga en mora al asegurado mediante intimación fehaciente.

Sobre esa base expositiva, cabe sostener que el agravio esgrimido por los quejosos relativo a que las primas reclamadas son independientes y se adeudarían desde el momento en que comenzó cada período de cobertura no habrá de prosperar. En efecto, sin desconocer el Tribunal los antecedentes jurisprudenciales aludidos en su memorial, lo cierto es que los seguros de caución que nos ocupan revisten indeterminación temporal en tanto se encuentran supeditados a la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubren (véanse copia de de las pólizas de fs.29/58). Por ello, cabe encuadrarlos en el supuesto de "prima pagadera en cuotas" -art. 58, párr. 2do, ley 17.418- pues se está en presencia de negocios contractuales únicos que generan en el tomador el deber -mientras no se haya liberado a la aseguradora de su responsabilidad- de abonar los premios por las coberturas contratadas que también son únicos, no obstante su fraccionamiento por claras razones financieras (conf. arg. esta CNCom., esta Sala A., in re: "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ Ivalsa SRL y otro s. ordinario", del 06.06.08).

No desconoce esta Sala la existencia de antecedentes jurisprudenciales contrarios a la solución supra indicada, circunstancia que incluso diera lugar a que esta Cámara, en su oportunidad, convocara a plenario en las actuaciones "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ Empresa Argentina de Construcciones S.A y otros s. ordinario s. reconstrucción" -expediente nº 43.567/93)-, el cual fuera luego "desplenarizado" por el cuerpo al declararse inoficioso el recurso de inaplicabilidad de la ley con fundamento en que computando el plazo de prescripción anual (art. 58 de la ley 17.418) ya sea desde el vencimiento del último de los períodos reclamados y/o partir del momento de inicio de cada período de cobertura del seguro de caución, la acción estaría igualmente prescripta (véase Acuerdo de esta Exma. Cámara del el 15.11.06 pto.II).

Entonces, en el entendimiento de que en el contrato de seguro de caución la prima es única como también lo es la prestación a cargo de la aseguradora, la prescripción liberatoria debe computarse a partir del vencimiento de la última cuota conforme a lo dispuesto por la normativa antedicha. Sentado lo anterior, visto la fecha de interposición de la demanda (18.09.08, fs. 118) y el vencimiento de las últimas cuotas de las pólizas objeto de esta litis, a saber: .... endoso del 28.05.08, .... endoso del 28.05.08, .... endoso del 28.08.08, .... endoso del 28.08.08, .... endoso del 11.01.08, .... endoso del 08.05.08, .... endoso del 29.05.08, ... endoso del 29.05.08, no cabe sino concluir que el plazo anual prescripción no ha operado en el sub lite lo que trae aparejado, en consecuencia, la suerte adversa del agravio ensayado en este aspecto.

4.) Por todo lo hasta aquí expuesto, esta Sala resuelve: a. Rechazar el recurso de apelación interpuesto, y confirmar la decisión apelada en todo lo que fue materia de agravio. b. Imponer en la Alzada las costas a los recurrentes dada su condición de vencidos en esta instancia (arts. 68 y 69 CPCC).- María Elsa Uzal.- Isabel Míguez.- Alfredo Arturo Kölliker Frers.