marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delitos contra las personas, homicidio, homicidio culposo, recurso directo, dolo eventual, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: BARBA Vanesa, BARBA Gisela, BARBA Orlando, GOMEZ Alicia,  ROMERO Mario Alberto y VIZIANI Dardo Alberto
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-08-05

Debe tenerse presente, que los magistrados tienen la obligación de motivar las sentencias.

Cuando de una simple lectura a las actuaciones se advierte que el hecho que provocó el fallecimiento por su naturaleza y en principio su eventual autoría material, queda incurso en delitos de naturaleza culposa, y a criterio del Juez lo excedió, debe motivar su decisión explicando claramente el porqué entiende que actuó con dolo eventual y en qué medio probatorio basó su afirmación so riesgo de importar lo resuelto un acto totalmente basado en su criterio personal.

A palabras sencillas y sin escamotear lo que aquí deba resolverse, el auto observado es totalmente nulo al carecer de motivación lo resuelto, por lo que debe aplicarse lo establecido en el art. 115 del C.P.P, y su eventual sanción, o sea, su nulidad y ello a los por ello el Sr.Juez debe dictar una nueva resolución ajustada a derecho, por lo que a criterio de esta Cámara cuenta el Sr.Juez con elementos más que suficientes para evaluar el aspecto subjetivo de la imputada y con ello formalizar una correcta calificación de los hechos y por qué no, resolver conforme la etapa procesal en la que se encuentra la causa, todo ello teniendo en cuenta que se encuentra una persona privada de la libertad y con plazos vencidos para dictar resolución.
Carácter remuneratorio, uso de automotor propio, adicionales de remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO BRAGADO S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-27

Podría discutirse la inclusión del uso del automóvil en el concepto de remuneración, si el vehículo se suministra al trabajador para que cumpla con sus tareas o incluso para agregar un grado que conforma su calidad de vida acorde con sus ingresos. Pero ello no ocurre cuando se trata de un alto ejecutivo que por su condición social, derivada de su cultura e ingresos, tiene el automóvil incorporado necesariamente a su estilo de vida. En tal contexto, la adjudicación del vehículo evita el gasto que de todos modos aquél hubiera realizado y, en consecuencia, importa una ventaja patrimonial que puede y debe considerarse contraprestación salarial en los términos de los arts. 103 y 105 del R.C.T. (cfr. C.N.A.T.

S:IV, sent. del 14.08.95, "Cabrera, Antonio Raúl c/Lloyds Bank") y, por ende, sujetos a aportes y contribuciones.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, recurso de rescisión, actos unilaterales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: DYG Conecciones SRL c/ Telecentro SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-02

Procede hacer lugar a la demanda por los daños ocasionados al actor por la rescisión intempestiva del contrato de servicios que la unía a la accionada. En ese marco, resulta improcedente la pretensión de reembolso de los réditos laborales propios del empresario, aún en caso de rescisiones ilegítimas dispuestas por el co-contratante, en casos de contrato de agencia, pero cuyas conclusiones bien pueden ser aplicadas analógicamente al sub lite (CCCN 2). Ello por considerar que: (i) estas resultan cuestiones que el agente debió prever en todo tiempo y que no pudo trasladar a la concedente como si sus empleados le pertenecieran a ella; (ii) toda vez que el agente tenía pleno conocimiento de que la relación podía cesar en cualquier tiempo, debió tomar sus previsiones para asumir -pues era parte de su riesgo- los costos de tal cese y; (iii) el pasivo laboral se hubiese generado tanto al terminar normal y legítimamente el contrato, cuanto al concluir de modo ilegítimo, es decir que la empleadora debía indemnizar a sus dependientes así fuese lícita la conducta del concedente o fuese ilícita, siendo que tal licitud o ilicitud resulta indiferente sobre el punto (CNCom., Sala D, 11/09/02, "To Talk SA c/ Miniphone SA s/ ordinario", ED 202-480, y fallo de la instancia anterior dictado por la Dra. Villanueva como titular del Juzgado 23 del fuero; y, en similar sentido: CNCom, sala B, 19/08/08, "Ardis, Guillermo R. c/ Telecom Personal SA", JA 2009-I-217; ídem, 28/04/09, "Miyazaki, Mitsumasa c/ Telecom Personal SA s/ ordinario"; ídem, 12/09/18, "Automotores Leone SA s/ quiebra c/ Ford Argentina SCA y otros s/ ordinario"; ídem, 08/02/19, "CT Comunicaciones SRL c/ HSBC Bank Argentina SA s/ ordinario"). Por su parte, los montos desembolsados como consecuencia de las ejecuciones fiscales de AFIP y ARBA corren igual suerte que las indemnizaciones laborales previamente reseñadas. Pues, en definitiva, se trata de un gasto que hace al giro del negocio, independientemente de la rescisión, y debió haber sido previsto por los directivos de la empresa, sin que pueda achacársele a la demandada el costo de los mismos.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, depreciación monetaria, moneda, intereses, pago, mora
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Dora Aída PEREIRA c/ Roberto COPPARI y ESSO  S.A.P.A. s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  SENTENCIA  ARBITRARIA -  REAJUSTE  POR  DEPRECIACION  MONETARIA  -  INTERESES  IMPAGOS -  MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-11

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que desestimó el pedido del reajuste por depreciación monetaria de los intereses impagos, ya que frente al carácter autónomo de la deuda y al retardo en el pago, no purgado por el hecho de que la deudora hubiese practicado una liquidación sin reajuste por depreciación monetaria, la solución del caso debe sustentarse en la aplicación de la doctrina que sanciona el incumplimiento mediante el reconocimiento del derecho que, en situaciones análogas, autoriza a computar la depreciación operada con posterioridad al devengamiento del crédito.
Acción civil, actos ilícitos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASTRO LINDOR ALFREDO s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-11-29

El art. 27 del decreto ley 6052/58 texto según ley 22977, consagra una atribución objetiva de responsabilidad en contra del titular registral y resulta aplicable al caso en virtud de que el hecho generador de responsabilidad constituye una consecuencia de la relación jurídica ya existente, posterior a su entrada en vigencia (art. 3 C.C.). Dado que dicha norma no descarta los supuestos de exclusión de responsabilidad objetiva consagrados en el cód. Civil y utiliza un lenguaje coincidente al empleado por el art. 1113 Al tratar de la responsabilidad por riesgo de la cosa, esta disposición resulta aplicable por razones de interpretación sistemática.
Sucesiones, rendición de cuentas
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPRESTI María Inés c/ BARBIERE DE LOPRESTI Inés V. s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

La acción de rendición de cuentas promovida por una coheredera que dice ser administradora de bienes relictos, interesa a todos los demás coherederos, pues la legitimación pasiva, en tal caso, incumbe a todos ellos. Se trata de un supuesto de litisconsorcio necesario, pues la eficacia de la sentencia a dictarse en el proceso se encuentra subordinada a la circunstancia de que la pretensión procesal sea propuesta a todos los interesados en la cuestión, por ser común a todos ellos la única relación jurídica.-
Derecho procesal, recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: V. Y., R. del T. s/ s/Homicidio en grado de tentativa en concurso real con portación de arma de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2004-05-28

Cuando de los hechos se trata, el recurso de casación sólo tiene cabida cuando concurre en el fallo atacado un error de entidad tal que fulmine la decisión como acto jurisdiccional válido. En consecuencia, solamente es resorte de la casación controlar que la motivación de la sentencia del juez o tribunal de mérito corresponda o constituya una derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias reales y comprobadas de la causa; la validez de las pruebas de que se sirve el sentenciante; la omisión en la consideración de alguna prueba decisiva que hubiera sido legalmente incorporada a la causa y cuya apreciación conduzca a variar el sentido de la decisión final; que sus conclusiones respondan a las reglas del recto entendimiento humano; y que esa motivación resulte bien emitida, con ajuste a las formas prescriptas.
Daños y perjuicios, retroactividad de la ley, regulación de honorarios, mediador
Materia: CIVIL
Carátula: Club de Planeadores de Urdinarrain c/ Chesini, Ángel Enrique s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-10

En cuanto a la aplicación retroactiva del art. 1255 CCC para estimar la regulación de honorarios, es necesario tener presente que el citado artículo tiene similitud, no idéntica, con el art. 1627 CC. La normativa actual solamente difiere de la norma derogada en que permite corregir retribuciones tanto por exceso como por defecto. El STJ fue quien aplicando el art. 1627 CC ha morigerado honorarios de abogados empleando normativa nacional para ello, por lo que, con mayor razón, puede interpretarse que los honorarios de los mediadores pueden recibir igual tratamiento sin que ello implique arbitrariedad o inconstitucionalidad (Expte. 6178, 26/10/2011).
Derecho procesal, ayudante, fiscales, declaración del imputado, principios procesales, jueces naturales, garantías procesales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FISCAL - EXPTE. Nro. 40633 - c/ BRIZUELA MAYA, DANIEL EDUARDO s/ ROBO AGRAVADO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-10-31

Conforme al art.341 bis inc. B incorporado por ley 7282 , el Fiscal de Instrucción puede delegar en el Ayudante Fiscal actos de investigación, encontrándose entre ellos el de formular la imputación formal y receptar en su caso la declaración de descargo que pudiere formular el incuso, no siendo necesaria su reproducción ante el Fiscal de Instrucción permitiendo que las mismas se incorporen al debate por su lectura en los casos previstos, permitiendo una mayor celeridad al proceso.

Como consecuencia, recibida la declaración del imputado y formulada la imputación por el Ayudante del Fiscal de Instrucción, esta es válida y no afecta garantía constitucional alguna en razón de que tuvo oportunidad de ser oído por un órgano facultado por ley. (Voto en Disidencia Dr. Carrizo)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, retiro voluntario, remuneración, bienes inembargables, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: TROSSERO, MARCELO FABIAN c/ LAZZARINO, LAURA Y OTRA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -SUMARIO (Y COSTAS)- INCIDENTE    LEVANTAMIENTO EMBARGO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 162 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-11-30

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de la Alzada que declaró la inconstitucionalidad en el caso del artículo 7 de la ley 11.887 que establece la inembargabilidad de las sumas percibidas por los agentes que se acogiesen al régimen de retiro voluntario en el Poder Legislativo provincial.

Ello por cuanto no logra desvirtuar las razones centrales invocadas por el a quo vinculadas con la existencia de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación orientados claramente en el sentido de declarar la invalidez de normas locales (incluso de rango constitucional) que disponen la inembargabilidad de determinados bienes que integran el patrimonio del deudor, careciendo las provincias de competencia para legislar sobre dicho tema porque al atribuir la Constitución al Congreso la facultad de dictar el Código Civil "ha querido poner en sus manos (...) todo lo que constituye el derecho común de los particulares considerados en el aspecto de sus relaciones privadas", siendo materia de derecho común la determinación de qué bienes del deudor están sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor y cuáles no lo están.
Sumario administrativo, defensa en juicio, debido proceso, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALTAMIRANO, MANUEL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 21-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-08

No existe menoscabo del derecho de defensa ni apartamiento de la garantía del debido proceso en el trámite de un sumario administrativo, si el actor tuvo oportunidad de promover y efectuar los correspondientes reclamos y ofrecer y producir sus pruebas y defensas, y no ejercitó tales derechos.
Derecho contravencional y de faltas, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Federico, Carlos s/ Infracción al art. 96 inc. "f" de la ley 8031 del Código de Faltas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

Es improcedente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad en el que se argumenta que la ley 8031 lesiona el art. 9 de la Constitución de la Provincia por no admitir la actuación del Defensor de Pobres y Ausentes pues del art. 3º del texto ordenado de dicho decreto ley surge en forma expresa la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Penal, que en su art. 1º prevé la intervención del Defensor Oficial en defecto de abogado de la matrícula. Con mayor razón en el caso de que el mencionado funcionario fue notificado de la iniciación de las actuaciones y el infractor, al declarar, manifestó hallarse conforme con su designación, no requiriendo su presencia en el acto.
Acción de inconstitucionalidad, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ruders S.A. c/ Municipalidad de Gral. Rodríguez s/ Inconstitucionalidad ordenanzas 1446 (art. 2) y 1406 (art. 22)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Reviste carácter patrimonial la acción de inconstitucionalidad en la que se acciona para salvaguardar intereses económicos eventualmente afectados por las ordenanzas atacadas con relación al sistema establecido para el cálculo de los montos adeudados por falta de oportuno cumplimiento en el pago de una tasa comunal y, por lo tanto, resulta aplicable en cuanto al plazo de interponerla el art.

684 del Código Procesal Civil y Comercial.
Poder de policía, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Orellana, María del Jesús y otros c/ Barragán, Norberto Rubén y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

El ejercicio del poder de policía que corresponde al Estado no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos tuvo parte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes
Materia: CIVIL
Carátula: JUAN SILVA c/ ARTURO  LUIS  POGLIACOMI,  CELULOSA  JUJUY   S.A.  FEDERACION AGRARIA ARGENTINA  S. COOP. DE SEG. LTDA. s/ CASACION   E   INCONSTITUCIONALIDAD  -  INDEMNIZACION  POR  DAñOS  Y  PERJUICIOS. JUJUY   S.A.  FEDERACION AGRARIA ARGENTINA  S. COOP. DE SEG. LTDA. s/ CASACION  E   INCONSTITUCIONALIDAD  -  INDEMNIZACION  POR  DAñOS  Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1985-03-19

Quien contrata con un tercero la ejecución de trabajos que, en definitiva, conforman su actividad normal, como el mantenimiento de las instalaciones de su planta industrial, tiene la obligación de adoptar las precauciones para que el contratado sea verdaderamente competente, como así también para que esos trabajos siempre se desarrollen adecuadamente y en observancia de todas las normas que regulan la seguridad industrial.
Derecho laboral, jornada de trabajo, horas extra, despido, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Ibáñez, Mercedes Mariela c/ Securitas Argentina S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-28

Le asiste razón a la parte actora en lo que respecta a su reclamo por horas extras, en la medida que habiendo sido contestes ambas partes en que la jornada era de 12 horas diarias, por dos días de descanso, no hay razón para interpretar que la misma se agotaba en 48 horas semanales. En consecuencia la acción por despido prosperara por una suma a la que corresponderá adicionar las horas extras, conforme el cálculo que la perito contadora oportunamente liquidará en la oportunidad prevista en el art. 132 de la L.O. (Del voto de la Dra. Cañal en minoría).
Competencia, relación de consumo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Acción emergente de la ley del consumidor: Sequeiros, Facundo  c/ Despegar.com.ar S.A. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2023-04-13

En el marco de un reclamo por los daños y perjuicios derivados de la cancelación, por la pandemia por COVID-19, de los tickets de avión adquiridos en una plataforma de venta online de pasajes aéreos, resulta procedente rechazar la excepción de incompetencia y disponer la competencia de los tribunales ordinarios en razón de la materia, toda vez que el objeto principal del reclamo se relaciona estrictamente con el incumplimiento de obligaciones nacidas en un contrato de consumo celebrado entre el actor y una sociedad mercantil, agencia de turismo, sin que se encuentre demandada la línea aérea, es decir que no queda vinculado intrínsecamente con las normas que regulan el transporte aéreo sino de forma directa a una relación de consumo.
Accidentes de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Retamar, G. c/ Parque San Benito S.A. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-06

La responsabilidad del patrón que se presume, es respecto a todo accidente producido en los casos del artículo 1 de la Ley de Accidentes de Trabajo (hoy artículo 2 de la Ley 24028) esto es, ocurrido durante el tiempo de prestación de los servicios, ya con motivo y ejercicio de la ocupación en que se los emplea o por caso fortuito o fuerza mayor inherente al trabajo. Circunstancias éstas que debería acreditar el reclamante para colocarse en la situación prevista por la norma de la ley citada (9688). Desde antiguo nuestro más alto Tribunal ha admitido que, recién probada la relación entre el hecho generados y la incapacidad, por el obrero, surge la responsabilidad del patrón ante la ley.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, concurso preventivo, crédito verificado, trámites judiciales, prueba, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: S.T.V. S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -CONCURSO  PREVENTIVO- INCIDENTE DE REVISIÓN PROMOVIDO POR A.F.I.P. -D.G.I.  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 519 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-19

Corresponde rechazar la queja desde que carece de asidero la alegada prescindencia de lo dispuesto por los artículos 280, 273 inc. 9), siguientes y concordantes de la ley 24522, en cuanto imponen a las partes (y en especial a aquélla que postula la revisión) la carga de ofrecer y producir los medios de confirmación.

En punto a lo anterior, dijo claramente la Sala que "...no debe perderse de vista 'que el escrito por el que se promueve un incidente de revisión es, en sí, una verdadera demanda judicial, en la cual el reclamante debe ofrecer y oportunamente producir toda la prueba de los hechos que respaldan su pedido. Al respecto menciona expresamente Osvaldo Maffia: 'hemos insistido, con una pugnacidad que nos consta, en algo que debería ser muy claro y sin embargo sigue ocasionando problemas: a diferencia del pedido de verificación formulado en la fase necesaria de la etapa -en que basta indicar la causa del crédito- en el incidente de revisión, que pertenece a la fase eventual, no basta con indicarla sino que también es necesario probarla'. El argumento precedentemente transcripto se compadece con el criterio sostenido por la Corte nacional en "Collón Curá S.A." y en "De Maio", y por este Cuerpo en "Basf Argentina S.A.".
Empleo público, pago de la remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Muñoz, Celestino A. c/ Sistema Provincial de Salud -SIPROSALUD- s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-03-03

...es deber esencial del agente la prestación del servicio, y su correlato, el de la Administración de pagar la remuneración. De tal suerte, la causa jurídica del pago, es el ejercicio efectivo de la función, tal el principio que admitirá excepciones según lo discipline el derecho objetivo.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, indicación de la causa, aportes previsionales, trabajador autónomo
Materia: COMERCIAL
Carátula: CESPEDES,  MARIANO s/ QUIEBRA S/ INC. DE REVISION PROMOVIDO PORAFIP-DGI.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-01

Cabe rechazar el crédito por falta de pago de los aportes previsionales del régimen de la seguridad social por autónomos, toda vez que, si bien la ley 18038 art. 18-a y arts. 10 al 13, obliga al contribuyente inscripto en ese régimen previsional al pago de los aportes correspondientes, a los efectos de posibilitarle la obtención del beneficio jubilatorio (cfr. arts. 15, 30 y concs.), la consecuencia de que aquel no efectúe los aportes es la imposibilidad de obtener la jubilación (cfr. art. 30 y conc.), mas no esta prevista la ejecutabilidad de la deuda contra el trabajador autónomo inscripto en el sistema, por lo que la AFIP carece de potestad persecutoria para obtener la ejecución forzada de créditos (CnCom, sala C, 23.12.03, "Presa Silva, Gumersindo s/ Quiebra s/ Inc. de Revisión por Afip").
Abuso sexual, acción
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ MIGUEL ORLANDO s.d. ABUSO SEXUAL e.p. A.P.G.. s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-18

El planteo de nulidad, apoyada en la falta de acción e inobservancia de las normas y garantías constitucionales, deviene inadmisible, cuando la acción penal fue promovida por el Defensor de Menores, ante el anoticiamiento dado por el propio menor, en el caso de un delito de abuso sexual, cuando existe contraposición de intereses de éste con su madre.

Ello por imperio de la excepción contenida en el art. 72 in fine del Código Penal, y de la obligación impuesta por el art. 126 del C.P.C.C., tornando plenamente válida la denuncia formulada ante el Juez competente por el representante del Ministerio Público de la Defensa.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alonso de Lazarte Zulma Celia c/ Aparicio Juan Carlos y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

Dentro de la consideración de las pautas útiles para determinar la indemnización por pérdida de la vida humana, cabe expresar que no es pertinente colocar en sesenta y cinco (65) años de edad el límite de la vida útil y activa, pues lo general -por gusto o por necesidad- es que se siga adelante. Incluso entre nosotros el promedio de vida ronda los setenta y dos (72) a setenta y cinco (75) años, lo cual no implica, obviamente, que deba una persona fallecer a tal edad.
Acta de secuestro, valor probatorio, falta de numeración de billetes incautados
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SARASKETA, NESTOR Y OTRA s/ INFR. ART. 282 DEL C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-07

La circunstancia de que en el acta de secuestro se cita la cantidad pero no la numeración de los billetes incautados, en nada altera el alcance probatorio de la pieza.