Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-06


El doctor Lasarte dijo:

Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que, contra la sentencia de fs. 118/123, formula la parte demandada a fs. 132/135 mereciendo réplica de la contraria a fs. 136/138. También se agravia esta última a tenor de la presentación de fs. 129/131.

1º - para un mejor tratamiento de las diversas cuestiones planteadas consideraré, en primer término, los agravios vertidos por la demandada.

Esta última insiste en considerar que la relación que unió a las partes no revistió carácter laboral: en la comunicación de fs. 3 se aludió a una "locación de servicios convenida" y en el responde y, ahora, en los agravios se hace referencia a la existencia de una sociedad "accidental". La apelante no ha controvertido del modo previsto por el art. 116 de la L. O., los fundamentos de derecho que expuso la sentenciante a fs. 121 vta. para desestimar la existencia de esta figura por lo que, en este aspecto, debe estarse a lo allí decidido (en especial la referencia del art. 361 de la ley de sociedades respecto al carácter transitorio de este tipo de vínculo y a su forma concreta de probarlo).

El Instituto de Cultura Religiosa Superior (al que comúnmente se denomina en los medios católicos como "el Instituto" sito en la calle Rodríguez Peña entre las de Santa Fe y Marcelo T. de Alvear de esta Capital) cumple conocidas funciones sociales y religiosas -como se indica en el agravio- entre las cuales, a través de su Ateneo Deportivo, se cuenta la enseñanza del yoga. Las virtudes de esta práctica las hace suyas el Instituto y promociona, también, sus ventajas. De ello cabe inferir que la realización de esta actividad, que reviste carácter permanente, hace a los fines propios de la institución (Instituto y Ateneo). No se trata, entonces, de una conferencia o disertación aislada, que promociona, sino de una actividad "normal" y constante cuyas ventajas, lo reitero, se señalan. Estas se cumplen en la sede social de la empresa (que reviste tal carácter por imperio de lo establecido por el art. 5º de la L. C. T.) y son desarrolladas a través de clases que la actora dictó durante 13 años en su calidad de profesora, incorporada, en tal carácter, a la comunidad empresaria.

Bien se ha dicho, desde antaño, que la dependencia técnica y la económica no revisten en la mayoría de los casos, importancia decisiva para tener por configurado el vínculo laboral. En el caso que nos ocupa es más que evidente que la primera no se configura y la segunda no se hasta qué punto, toda vez que la exclusividad no parece ser una nota característica de la relación. Sin embargo entiendo que se da, en la especie, la nota esencial, esto es, la dependencia jurídica o subordinación. Ello así porque al trabajar la actora en la sede del Instituto, como profesora de yoga, en horarios que el Instituto establece y promociona, en cumplimiento de sus fines sociales -como se dijo- a cambio de una retribución dineraria que adopta la forma legal de "participación en las utilidades" (arg. art. 127, L. C. T.) no hace otra cosa que cumplir con el débito a que hace referencia el art. 21 de la L. C. T. La subordinación no se manifiesta siempre a través del dictado de "órdenes", sino de la posibilidad de sustituir aunque más no sea de modo potencial (arg. art. 28, L. C. T.) la voluntad de la actora por la de la "empresa". La accionante prestó servicios para ella de modo habitual y durante un prolongado lapso de tiempo, esto es -lo reitero- se "incorporó" a la comunidad empresaria, como técnica especializada, para cumplir con sus fines propios. En tal caso correspondía a la accionada -arg. art. 23, L. C. T.- acreditar el carácter no laboral del vínculo. Ello no ha sucedido. No creo que la demandada haya obrado en fraude a la ley o de mala fe. Pero cualquiera haya sido su intención estos servicios propios y necesarios para el cumplimiento de sus fines, realizados por la demandante, son propios del dependiente pues nada permite calificar a la actora de empresaria ni tampoco de trabajadora autónoma. Este es el criterio, por lo demás, que sostuve al votar en la causa "Ayllon" (sent. 51.623 del pasado 17 de febrero) y que menciona la doctora González en su decisorio.

Pero a lo dicho debo agregar algunas reflexiones que tienen igual o más decisiva importancia que las anteriores. En efecto, el documento de fs. 2 acredita el carácter de dependiente de Mendoza y su remuneración mensual. Emana de la accionada y hace plena prueba en su contra toda vez que, como lo indica la juzgadora, ésta no demostró se trate de una "vinculación lícita" como pretende. Ello por sí solo bastaría para tener por acreditado el vínculo laborativo. Pero, además, la fijación de horarios en la misma sede, el uso de determinada indumentaria para las clases, el establecimiento de aranceles preferenciales para las asociadas, no constituyen otra cosa que los diversos modos de ejercicio de un poder de dirección, en absoluto compatible con la vinculación contractual civil argumentada. Estas consideraciones, unidas a las propias que lucen en el fallo atacado, me deciden a proponer, en este aspecto, se confirme lo resuelto.

2º - Ambas partes cuestionan los montos que la jueza condenó a pagar. La demandada dice que no menciona las pautas tenidas en cuenta con relación al "quantum". Ello pudo ser materia de aclaratoria y no se formuló tal pedido. La alegación constituye una mera discrepancia pero que no resulta atendible pues ni se dice son elevados ni tampoco se indica qué remuneración debió fijarse.

Creo, en cambio, que asiste razón a la queja de la actora. En efecto, el perito contador informó a fs. 90/90 vta., el importe de las retribuciones mensuales percibidas por la actora (bajo la denominación de sueldos u "honorarios" con determinación de los cheques y bancos en los que tales pagos se efectivizaron). Este aspecto del dictamen no fue observado por la accionada y como las sumas que de allí resultan son superiores a las que arribó la juzgadora, deben prevalecer. El importe de los tres salarios vitales mínimos a la época de la ruptura ascendía a $a 294. Cualquiera de las retribuciones devengadas por la pretensora a partir de mayo de 1981 era superior a dicha cifra. En consecuencia, la indemnización por antigüedad debe elevarse a $a 3.822 ($a 294 x 13 períodos). El promedio de ingresos durante los últimos seis meses asciende a $a 477 de modo que la indemnización sustitutiva del preaviso asciende a $a 1.033 $a 477 x 2 más dozava parte), las vacaciones proporcionales 1982 corresponde se fijen en $a 38 ($a 477 / 25 x 2 días), el aguinaldo proporcional 1982 debe mantenerse y el correspondiente a 1981 fijarse en $a 352 (dozava parte del total percibido en el año). De este modo la suma final sujeta a condena es de $a 5.274 que será pagadera en el plazo, forma y con los aditamentos previstos en el decisorio recurrido.

Como consecuencia de lo dicho la imposición de costas a la demandada, que resulta ampliamente vencida deben mantenerse.

Es por lo expuesto que, de prosperar mi voto, propicio: 1º) confirmar la sentencia en lo principal que decide y elevar el monto de condena a la suma final de $a 5.274 pagaderos del modo arriba expuesto; 2º) imponer a la demandada las costas de la alzada.

Los doctores Perugini y Fioribello, compartiendo los fundamentos del voto precedente, adhieren.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar la sentencia en lo principal que decide y elevar el monto de condena a la suma final de $a 5.274 pagaderos del modo arriba expuesto; 2) imponer a la demandada las costas de la alzada. - Bernardo J. Lasarte. - Eduardo R. Perugini. - Carlos N. Fioribello.