marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso contencioso administrativo, haber jubilatorio, determinación del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Procacci, Leopoldo Alberto s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1990-09-27

Para determinar el monto de la prestación jubilatoria, es preciso recurrir al promedio de los mejores sueldos de tres años calendario, porque así lo requiere la norma específica para resolver el tema y que por su misma naturaleza e inserción metodológica normativa, rige con prioridad a las "disposiciones generales" dentro de las que está incluído el artículo 77. La exigencia de tres años calendario, que trae el artículo 56 inciso b) de la Ley 568, no es arbitraria, sino que responde a razones de equidad; su inobservancia puede generar situaciones injustas y de desigualdad en las remuneraciones de los agentes pasivos.
Subasta judicial, venta judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sistema Asistencial Pre-Pago de las Asociaciones Profesionalesde la Salud A.M.I. c/ Asociación de Obras Sociales de Trelew -A.D.O.S.T.- s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-24

En la venta judicial no vende ni el deudor ejecutado, ni el acreedor ejecutante, sino que lo hace el Juez en ejercicio de su función jurisdiccional, como órgano del Estado.
Ejecución de sentencias contra el Estado, suspensión de juicios contra el Estado, ejecución de honorarios, carácter alimentario, fallos de la Corte Suprema, obligaciones accesorias, costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: La Buenos Aires c/ Aerolíneas Argentinas s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-26

Si bien la jurisprudencia del Tribunal limitó la suspensión de las ejecuciones de honorarios a la parte que excediera de lo estrictamente alimentario, la CSJN , in re "Videla Cuello, Marcelo, sucesión de c/La Rioja, Provincia de s/ daños y perjuicios", sostuvo que el cobro de los honorarios no está suspendido por una causa autónoma sino por su accesoriedad, por manera que si el cobro del capital ha quedado en suspenso, lo propio tiene que ocurrir con el total de los accesorios (en el caso, los honorarios) por el sólo hecho de que lo sea, al margen del carácter alimentario que pudieran revestir. Por ello y en atención a que si bien las sentencias del Supremo Tribunal solo deciden en los casos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces tienden, entre otras razones - por economía procesal - y cuando ello no choca con principios superiores, a conformar sus decisiones a aquéllas, corresponde admitir la suspensión del procedimiento con los alcances del art. 50 y siguientes de la Ley 23 696. Las costas de la Alzada se imponen por su orden, en atención a las particularidades del caso y novedad que la cuestión presenta.
Nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: P., V.B. c/ R.M., J.J. s/ Privación de Patria Potestad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-28

Los jueces podemos -en principio- declarar de oficio la nulidad de los actos procesales, cuando se trate de una nulidad absoluta, entendiéndose que en tal caso, está interesado el orden público.

Ello es así, en virtud del principio de indisponibilidad de ciertas formalidades esenciales del proceso civil y solo tienen ese carácter, aquéllas que han sido instituidas, precisamente en salvaguarda del interés general.
Locación de cosas, manifestación de la voluntad, intención, silencio
Materia: CIVIL
Carátula: WECHSELBERGER de SCHILLER, María c/ MULVIHILL, Hugo s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

Si bien la voluntad es el alma del contrato, esa voluntad sólo puede ser apreciada a través del prisma de su declaración. La simple intención no manifestada carece de virtualidad jurídica, porque para anudar la compleja y sutil trama de sus relaciones jurídicas, los hombres necesitan una base cierta, segura, concreta, que no puede ser otra que su declaración. Es así que la voluntad no manifestada no tiene relevancia jurídica.
Constitución Nacional, derechos personalísimos
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-03

El fundamento del "derecho a la intimidad", derivado de los arts.

19 y 33 de la Carta Magna, constituye ya un valor entendido, que está al margen de toda discusión. A guisa de ejemplo, recuérdase el voto de los ministros Caballero y Belluscio: "El derecho a la privacidad también está consagrado por la Constitución y es fundamental para la existencia de una sociedad libre"; y las reflexiones del doctor Petracchi en la misma causa, en el sentido de que el art. 1071 bis del Código Civil es la consecuencia de otro derecho inscripto en la propia Constitución: el derecho a la privacidad; y trayendo a la memoria la opinión del juez Brandeis relativa a que los creadores de nuestra Constitución...confirieron, frente al gobierno, el derecho de ser dejado a solas - El Mas Amplio de los Derechos y el Derecho Mas Valioso para los Hombres Civilizados- área reservada que se impone como límite al poder estatal y a la acción de los particulares.
Medidas cautelares, embargo preventivo, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Claudio Pablo. c/ Júpiter CompaÑía de Seguros  S.A. . s/ Incidente.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-02

Si bien el embargo preventivo participa, como medida cautelar, de todos los caracteres y requisitos de ella, la ley contempla casos específicos que lo tornan procedente aún en ausencia del peligro en la demora, como sucede con las hipótesis contempladas en los arts.

209 a 212 de la ley ritual.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, impugnación de decisión asamblearia
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUREX c/ ABBOTT s/ ORD.  INC. MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-11

Para que proceda una impugnación a cierta decisión asamblearia, la misma no debe basarse en considerar intenciones o motivaciones, sino en hechos concretos que hubiesen provocado o puedan provocar perjuicios a los intereses que deben ser cuidados, que como tales deben ser acreditados en forma liminar -lo cual no se verificó en la especie-, puesto que la reunión social no se habría celebrado. En tal sentido es de ponderar, que el acto asambleario es una manifestación de voluntad social y no de los accionistas. Por ende, siendo el derecho a participar y votar en la asamblea subjetivo, resulta aspecto que aparecería concerniente a la libertad del accionista, que no podría ser cercenado. La predisposición del contenido de ese voto, resultaría, en principio, cuestión que no concierne ni menoscaba la estructura societaria querida por la ley, porque aparecería atinente solo al lícito y libre ejercicio de su autonomía negocial. Por ello, sin perjuicio de las consecuencias que podrían derivarse de lo que se decida, como eventual fuente generadora de otras responsabilidades, tiene siempre el impugnante la posibilidad de accionar, si se presentase alguna de aquellas consecuencias que en derecho resulten.
Remuneración, adicionales de remuneración, regímenes jubilatorios especiales, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bastida, Edgardo y otros y sus acumuladas B. 56.992 y B. 56.943 c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-26

La suma fija y no remunerativa de cien pesos otorgada al personal activo del Banco de la Provincia de Buenos Aires no reviste el carácter de remuneración a los fines previsionales.
Acción de amparo, confirmación de sentencia, obras sociales, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: J. I.  c/ I.S.S.N s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-10-19

Corresponde confirmar la sentencia de grado inferior que hace lugar a la acción de amparo y ordena a la obra social provincial que de manera inmediata reintegre al hijo de la amparista en el carácter de carga indirecta de afiliado obligatorio titular de su madre en la categoría que ostentaba en esa obra social hasta la baja dispuesta, como hijo con discapacidad, ya que posee síndrome de Down, y su estado actual de salud y diagnóstico le impiden desarrollar actividades remunerativas, lo que le permitió acceder a una pensión contributiva y que a raíz de ello se le dio de baja. Ello así, pues se comparte lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal en cuanto señala que: "Por otra parte, la normativa que invoca la demandada para proceder a la baja del hijo de la amparista en la categoría "Hijo con discapacidad" quien hoy cuenta con 48 años de edad, lo ubica en la posición de tener que elegir entre un beneficio u otro, es decir, renunciar a la pensión para ser reincorporado al ISSN, donde es afiliado desde su nacimiento, implicando ello una "regresión" dentro de todo el sistema de protección de los derechos de las personas con discapacidad, hecho que se opone a la normativa contenida en la Constitución Nacional, la que en su art. 75 inc. 23 habla de "legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y los Tratados Internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de las personas con discapacidad". "Se advierte que la pensión que se le ha acordado a J. M. ayuda a atender sus necesidades y así arribar a una mejor calidad de vida en razón de su patología, pero por otra parte le produce la baja en su afiliación como "hijo con discapacidad", haciéndolo retroceder en los beneficios alcanzados, para hacerlo optar entre ese o que se le restituya otro. Repárese que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su art. 26 consagra el desarrollo progresivo de los derechos humanos para lograr su plena efectividad", (fs. 88/90).
Poder Ejecutivo, decreto de necesidad y urgencia, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: "Pinedo  Federico  y  otros  -Inc  Med (8-1-10) c/ EN -Dto 2010/09 s/ Proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-24

Corresponde confirmar la sentencia que hace lugar a la medida cautelar solicitada suspendiendo los efectos del decreto 2.010/09, dictado por la Presidencia de la Nación en Acuerdo General de Ministros, hasta tanto se cumplan los pasos constitucionales y legales (ley 26.122) que regulan el trámite y los alcances de la intervención del Congreso para los decretos de Necesidad y Urgencia, porque "prima facie" no se encontrarían satisfechos los recaudos constitucionales para el dictado del decreto impugnado. (Ver, idem esta Sala de feria "Morales, Gerardo -Inc. Med (8/1/2010) y otros c/E.N. -Dto. 2010/09 s/amparo ley 16.986", 22/01/2010).
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, interposición del recurso, abastecimiento
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ALBERTO AMBROSIO SANCHEZ c/ KEPLE S.A.I.C. s/ CONSTITUCIONALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS.    SECRETARIA DE COMERCIO DE LA NACION.    GOBIERNOS PROVINCIALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

No puede ser considerada por la Corte la impugnación de inconstitucionalidad del art. 15, inc. 49, de la ley 20.524 y la resolución 11-74 del Ministerio de Economía de la Nación si no ha sido adecuadamente mantenida en todas las instancias del proceso
Funcionarios públicos, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública
Materia: PENAL
Carátula: V.M.H. s/ Recurso apelación procesamiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-02-18

Debe procesarse en orden al delito de peculado en concurso real con negociaciones incompatibles con la función pública a quien representaba al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe en el Consejo Directivo del Ente Administrador del Puerto, pues a prima facie hubo pagos de dinero a favor de una empresa por obras no realizadas y un pago para lograr una rescisión que a prima facie no tiene justificación alguna en la posición del Ente, sino que, a la inversa, debió haberse reclamado un resarcimiento a su favor.
Juicio ejecutivo, Unidad de valor adquisitivo, mutuo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Villellas, Manuel s/ejecutivo. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-08

Corresponde admitir la preparación de la vía ejecutiva de dos préstamos UVA (unidad de valor adquisitivo), pues al contrario de lo sostenido en la resolución recurrido que consideró que la variación diaria de la deuda impedía considerarla como una obligación líquida y exigible; sin embargo, surge claramente del contrato de mutuo el mecanismo para calcular el capital expresado en UVA actualizado mediante la aplicación del CER (coeficiente de estabilización de referencia) cuyos valores resultan de público conocimiento. Por ello, no estamos ante operaciones que prima facie puedan considerarse complejas en términos que obsten a dicha ejecución, sino ante una deuda líquida o fácilmente liquidable que torna viable el proceder pretendido (cfr. CNCom, Sala C in re "Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Spinoso, Julia Paola s/ejecutivo" del 04/02/22).
Cuestiones de competencia, economía procesal, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: Medri S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Rodríguez, Carolina Emilce c/ Medri S.A. s/ Despido c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-08

Toda vez que este Tribunal y la sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo expresan posiciones contrarias respecto de la competencia de este Estrado para conocer, en este juicio, de los recursos de inconstitucionalidad y de hecho contra decisiones de aquella, corresponde elevar las presentes actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dirima la presente contienda de competencia. Ello así, a fin de garantizar los principios de seguridad jurídica y de economía procesal para las partes. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Acción de amparo, prueba, carácter excepcional, bien jurídico protegido, existencia de otras vías, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Haquin, Gastón c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe y/o Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Expte. CSJ Nº 67-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

Para que proceda la acción de amparo es necesario la demostración de por qué razón la medida impugnada produce un daño concreto y grave que sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a esta acción urgente y expeditiva. Ello, salvo que se piense -sin duda con error- que siempre y en todos los casos la falta de reconocimiento o la afectación de un determinado "status" administrativo produce un perjuicio de esta naturaleza y habilita la vía del amparo; en verdad, así sostenerlo implicaría excluir apriorísticamente de la justicia contencioso administrativa, el control de conductas, sin norma expresa alguna que lo disponga, y con la sola invocación de que se afectan derechos constitucionales.
Nulidad del acto jurídico, nulidad absoluta
Materia: CIVIL
Carátula: Botana, Helvio Ildefonso y otros c/ CADEPSA. y otros s/ nulidad de actos jurídicos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Si los vicios que padece un acto jurídico atentan contra los intereses generales o colectivos, la nulidad será absoluta.
Tallerista, trabajador autónomo
Materia: LABORAL
Carátula: Gimenez Daniel Jose c/ Arte Textil S.R.L. Y Ots. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2013-04-22

Es improcedente que un trabajador se ampare en la L.C.T., pretendiendo después de casi once años de comportarse como un tallerista independiente, querer beneficiarse con derechos laborales de un dependiente, puesto que desarrolló su actividad con autonomía, sin establecer con el patrono una relación de carácter subordinado, y al margen de la normativa laboral, atento a que se desenvolvía como un ¨pequeño empresario¨ o ¨micro emprendedor¨ que se valía de obreros a cargo para el cumplimiento de su objetivo empresario y contando con maquinarias propias.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mico de Quiroga, Stella c/ Farías, Gaspar y otros y ocupantes s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

Es facultad de los jueces suspender el lanzamiento ya decretado de los demandados del inmueble reivindicado, con carácter preventivo y ante la sanción de una ley de expropiación del inmueble motivo de autos, dictada a instancias del Poder Ejecutivo en el marco de la Ley 7165, sus modificaciones y el Dec. Reg. N° 4217/91.
Concurso preventivo, cuota concordataria, pago, mora automática
Materia: COMERCIAL
Carátula: INVERSIONES UNIDAS SOCIEDAD ANONIMA. s/ CONCURSO    PREVENTIVO    -  INCIDENTE  DE  APELACION  ARTICULO  250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

Las cuotas concordatarias deben ser abonadas a su vencimiento en tanto se trata de obligaciones de plazo cierto. De allí que su incumplimiento, aunque parcial, provoca la mora automática del deudor (Código Civil: 509, 750).
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Scida, Carlos Alberto s/ Privación ilegal de la libertad y hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

La presunta violación del art. 62 inc. 1 del Código Penal es propia del recurso de inaplicabilidad de ley y ajena al recurso de nulidad extraordinario.
Pago, depósito judicial, límite a la extracción de fondos, intereses
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ragone, Alfredo Angel c/ Telefónica De Argentina SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-31

Toda vez que la demandada depositó el capital adeudado con sus intereses seis meses después que la sentencia definitiva se encontrara firme, y con posterioridad a ello, el expediente fue elevado a la Alzada para regular honorarios y, luego de lo cual las partes realizaron un frondoso intercambio de escritos relativos a la liquidación, transcurriendo de esta forma aproximadamente un año; corresponde atender la voluntad de pago de la accionada, resultando adecuado arribar a una solución justa respecto del cómputo de los intereses devengados con posterioridad al depósito e impedidos de retirar por las vicisitudes propias del trámite y ponderando que el accionante estuvo en condiciones de solicitar aunque fuere el retiro del capital y continuar discutiendo la cuantificación de los intereses.
Regímenes jubilatorios especiales, cargos electivos, afiliados previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Figueroa, Hugo Andrés c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

La ausencia de aportes no puede invalidar el desempeño concreto de un cargo, mas en el caso de afiliaciones optativas, tanto la ley 8587 como el dec. ley 9650 no permiten la afiliación luego de haber cesado el funcionario en el cargo una vez derogada la ley vigente durante el período en que se desempeñó aquél.
Acción contencioso administrativa, juicios contra el Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EL GRAMILLAL AGRICOLA GANADERA INMOBILIARIA SCA. c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-12-29

Si la actividad del Estado que se describe en la demanda como supuesta causa generadora del daño invocado, resulta del ejercicio de su Poder Público, tal actividad es regida por el Derecho Público y se guía por sus normas y principios, determinando la competencia contencioso administrativa con independencia de toda otra consideración.
Litisconsorcio necesario, preclusión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mazza, Jorge Alberto c/ Di Cesare, Daniel Osvaldo y otro s/ Resolución de contrato-pago-daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

Si se omitió el tratamiento de la excepción de defecto legal y la excepción apuntaba a la existencia de un litisconsorcio necesario, no puede entenderse que se ha diferido el pronunciamiento para la sentencia definitiva. Si la parte que incurrió en el defecto consistió el auto de apertura a prueba, dejó precluir deliberadamente la etapa anterior de constitución del proceso donde debió resolverse la excepción de defecto legal e integrarse la litis (arts. 89, segundo párrafo, 352, 354 del Cód. Procesal Civil).
Delito culposo, impericia, accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: Tassi, Miguel Angel s/ Homicidio - Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

No traduce impericia conductiva -ni siquiera en un profesional- haber elegido, en un lapso muy breve, una de tres maniobras posibles, y no haber acertado ninguna de las que hubiesen evitado el choque.
Juicio político, responsabilidad civil, principio de no contradicción
Materia: CIVIL
Carátula: CONTATO ROSA MARIA c/ CHEDID HECTOR A. DEL V. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-04-30

Se incurre en arbitrariedad afectando el principio lógico de no contradicción, cuando el sentenciante al fundar el fallo, por un lado admite que el accionado tuvo otras vías ordinarias a su alcance antes de incoar un pedido de enjuiciamiento, considerando tal actitud como un hecho imprudente y apresurado. Más adelante consideró que la conducta culposa también genera el deber de resarcir, y que dicha culpa debe ser apreciada con rigor, ya que la más mínima ligereza determina el deber resarcitorio, para finalmente arribar a una conclusión que es contraria, rechazando la acción resarcitoria. El error de logicidad luce evidente, puesto que del mismo iter lógico efectuado por el sentenciante, se han esgrimido dos juicios contradictorios dentro de un mismo y específico razonamiento.
Ejecución fiscal, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ VIZCAINO JOSE Y OTRO s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-11

Si a traves de la excepción de inhabilidad de título, la ejecutada intenta resistir la ejecución fiscal, fundándose en que la actividad que realiza -venta de billetes de lotería, prode y quiniela- se encuentra exenta del pago del tributo en virtud del art. 15, de la ley 18.226, y si ninguna acreditación obra en el expediente acerca de que los títulos ejecutados responden a los ingresos derivados de dichas actividades, la defensa opuesta exige introducirse en cuestiones de hecho atingentes a la causa de la obligación, supuesto que, en principio, excede el ámbito del proceso ejecutivo, debiendo dilucidarse en un juicio ordinario posterior (conf. C.N.Civ., Sala F, c.252.175 del 15/12/78; Sala C. del 14-12-82, "M.C.B.A.

c/Caballero"; C.N.Com. Sala A del 30/9/81, "Mangado c/Cohen"; C.N Com., Sala E,E.D.112-223).

Entrar a considerar la aplicabilidad de la citada ley, la interpretación de su art. 15 y la prueba de los extremos para los que se aplica, convertiría al ejecutivo en un proceso de conocimiento, lo que no resulta admisible y convertiría el proceso ordinario posterior en una institución procesal sin objeto alguno.