marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos comerciales, incumplimiento del contrato, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, expendio de combustibles, estación de servicio, interpretación del contrato
Materia: COMERCIAL - CIVIL
Carátula: BRAVO GABRIEL C. Y OTRO c/ YPF s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Las estipulaciones contractuales se integraban con las reglamentaciones que pudiera dictar YPF y que no constituyen una atribución que queda en la esfera interna suya, como una forma de autorestricción sancionatoria, sino que se proyectan en el sinalagma contractual, en tanto regulan las obligaciones de las partes y las consecuencias de su incumplimiento. Una apropiada interpretación del contrato conduce a la conclusión de que la "graduación de la sanción" a que se refiere la cláusula 30, no se agota en esa misma estipulación, ni reconoce una absoluta discrecionalidad a YPF, sino que se integra con las normas específicas que ésta dictó para regular distintas situaciones en las que se considerará infringido al contrato. Es así que emitió las resoluciones 1973, 1974 y 1975 de 1989 que, como no podía ser de otro modo, no las dictó para su consumo interno sino que las comunicó a los expendedores cumpliendo así con el carácter recepticio, que constituye un atributo natural de la manifestación de la voluntad en el ámbito contractual. Y a partir de lo dispuesto en la citada cláusula 7° las reglamentaciones futuras que allí se previeron, solo podían regir para las situaciones que se produjeran después de dictada. Se trata aquí de modificar un régimen normativo que sólo contemplaba como posible, frente a una primera infracción, que se aplicara como sanción un descuento del 20% en las bonificaciones, de tal manera que YPF no pudo imponer una sanción más gravosa que resultó de una disposición posterior al hecho y que ni siquiera fue comunicada a la actora antes de dictada la decisión sancionatoria. Aparte de las razones expuestas y que surgen del mismo contrato y de los atributos que se exigen para las declaraciones de voluntad que integran el negocio, concurre también en apoyo el estándar del art. 3 del Código Civil que ha aplicado la sentencia sin crítica de la demandada. En suma, ésta no pudo imponer en forma válida la sanción de suspensión de aprovisionamiento que reguló la "regla de procedimiento 1/1", la que entró en vigencia después del hecho y no fue comunicada a la actora.
Tributos aduaneros, beneficios tributarios, importaciones, territorios nacionales, igualdad tributaria, facultades del Poder Legislativo
Materia: TRIBUTARIO-ADUANERO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Argentini, Héctor M. y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

La atribución que concede el art. 75, inc. 1, de la Constitución Nacional, tiende a establecer la igualdad entre las provincias que componen el territorio nacional, prohibiendo los gravámenes en perjuicio de una de ellas o la desgravación territorial en perjuicio de las otras, a fin de privilegiar la circulación económica a través de la favorecida.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, suministro de medicamentos, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: MOLINA GARCIA, Carlos Daniel c/ SCARPATI, Edgardo y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-06

Los médicos no son ajenos al deber de seguridad por las cosas que emplean en el desempeño de su profesión, consistente en asegurarse que de aquellas no se derivarán perjuicios al paciente. Y si bien no están obligados a conocer las características de todos los medicamentos, sí tienen el deber de conocer los que eligen, prescriben o suministran a sus pacientes (art. 902 del Código Civil). De allí, aun cuando su responsabilidad no se extiende a los defectos de fabricación de los productos o vicios que no está en su posibilidad controlar, ello no los exime de las consecuencias de prescribir o aplicar aquél que no era el adecuado para las características que presentaba el paciente.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gastiasoro, José Gabriel c/ De Faccio, Juan C. y otros s/ Incidente de embargo preventivo en autos: Gastiasoro, José c/ De  Faccio, Juan C. y otros s/Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-03

El embargo preventivo es procedente cuando se reúnen los presupuestos típicos de las medidas cautelares: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela.-
Apreciación de la prueba, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales, conciliación, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO, Miguel Ángel y otro c/  s/ Robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-18

Si frente al andamiaje argumental que se evidencia de la decisión recurrida en el que se enfatizó tanto la vigencia del art. 59 inc. 6to. del Código Penal como las consecuencias derivadas de la interpretación de la ley penal a la luz de los principios constitucionales, la fiscalía centró sus críticas únicamente en la tesis de que el instituto de la conciliación no resultaba operativo ante la ausencia de una ley procesal vigente que lo reglamente, se evidencia un defecto de fundamentación técnico-recursivo en la posición asumida por la recurrente, pues incumplió con la carga de refutar todos y cada uno de los argumentos vertidos en la decisión atacada. Al respecto, cabe destacar que ante el motivado y adecuado desarrollo de la sentencia sobre la cuestión en la que se enfatizó la vigencia de la norma a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema, la fiscalía rehusó o esquivó el tópico sin presentar alegaciones o agravios concretos y superadores que ameriten un examen más profuso de la cuestión debatida (voto del juez Huarte Petite).
División de poderes, interpretación de la constitución, Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Motta, Rubén Osvaldo s/ acusa - causa n° 22.040.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones, y si estas han sido ejercidas en armonía con la regulación constitucional, exige interpretar la Ley Fundamental para precisar en qué medida - si es que existe alguna - el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión judicial (Disidencia de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor y Carlos S. Fayt).
Extradición, tratados internacionales, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero Severo, César Alvaro s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

La extradición debe ser acordada sin otras restricciones que las que el tratado contiene debiendo dejarse sin efecto la imposición de condiciones incluidas en normas de derecho interno que aquél no prevé por ser ajenas a la voluntad de las partes.
Intereses, pequeña y mediana empresa, actualización monetaria, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Seren Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos SRL - Ordinario - Despido c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-09-01

La consideración del complejo escenario -por la existencia de créditos laborales cuyo carácter asistencial impone que el incumplimiento de pago deba ser observado con mayor rigor, y las vicisitudes económicas que pusieron en jaque la subsistencia de las fuentes de trabajo y riesgo de colapso de PyMES, entre otros-, permite descartar la pretensión de que el crédito pueda ser recompuesto hoy, con relación directa a la inflación que azota al país. Si aplicar cláusulas de actualización monetaria significa, según nuestro Máximo Tribunal, traicionar el objetivo anti-inflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales 23928 y 25561 mediante la prohibición genérica de la 'indexación', medida de política económica cuyo acierto no compete a las cortes de justicia evaluar (cfr. CSJN, "Chiara Díaz", Fallos 329:385), va de suyo que cualquier intento por fijar una tasa de interés de uso judicial que, al reflejar con exactitud la real evolución del fenómeno inflacionario, arroje guarismos equiparables a los que se obtendrían de aplicarse índices de actualización monetaria, implicaría incurrir en idéntico demérito. El mantenimiento de la prohibición de actualización monetaria constituye una decisión clara y terminante de nuestro Congreso Nacional de ejercer las funciones, encomendadas por el mismísimo constituyente, de hacer sellar la moneda y fijar su valor (cfr. art. 75 inc. 11, CN) (cfr. Fallos 339:1583).
Honorarios, regulación de honorarios, convertibilidad, intereses
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: Segovia, Exequiel Severo c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ Cobro de Seguro  CNAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

Desde el 1/4/91 entonces, queda vedada la corrección monetaria.

Pero sin perjuicio de esto, se siguen devengando en favor del acreedor intereses bancarios (a la tasa que prevén los arts. 622, Cód. Civil y 8 del Decreto 529/91) cuya finalidad es también la de paliar "los efectos que puede tener la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y que compense las consecuencias propias de la falta de pago" (Corte Suprema, 24/3/92 "Jucalán Forestal S.A. c/ Prov. de Buenos Aires, en J. A. de 25/11/92).

Consecuentemente, se afecta sensiblemente la justicia de la retribución profesional si se cristaliza la base regulatoria al 1/4/91 sin ponderar la fluctuación monetaria ulterior, que sí aparece compensada respecto del crédito principal.

Por lo expuesto, el monto de los honorarios que el Tribunal fijará en el punto siguiente se deberán incrementar desde el 1/4/91 en la misma proporción en que se acreciente el crédito del actor en virtud de los intereses dispuestos a partir de esa fecha de entrada en vigencia de la ley de convertibilidad monetaria.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, reconocimiento de los hechos, incomparecencia del demandado, conducción de vehículo en estado de ebriedad
Materia: CIVIL
Carátula: Chumacero María Loredo c/ Farfán Carlos Alberto s/ Ordinario Por Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-02-15

El conductor demandado que embistió a dos peatones que cruzaban la calle, resulta responsable por el accidente, pues el reconocimiento de los hechos por parte de aquél -arts. 917, 920 y c. del Código Civil-, que manifestó haber tocado sin querer con su vehículo a los damnificados, no obstante haber frenado el rodado, permite concluir que no prestó suficiente atención y ocasionó el impacto generador de las lesiones al perder el control del rodado, máxime si presentaba ligera influencia alcohólica con capacidad para conducir comprometida, en abierta violación a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y modificatorias -arts. 39 inc. b), 41 inc. e), 48 y c.-.
Derecho a la intimidad, Constitución Nacional, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., D. J. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY 3999/05)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-01-28

Tengo presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el tan renombrado fallo, A. 891. XLIV, in re "Arriola, S. y otros s/ causa nº 9080? - CSJN - 25-08-09 ("Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ezequiel Acedo, Mario Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena en la causa Arriola, Sebastián y otros s/ causa nº 9080?) ha expresado que el artículo 19 de la Constitución Nacional constituye una frontera que protege la libertad personal frente a cualquier intervención ajena, incluida la estatal.

No se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea.

Este poderoso reconocimiento de la libertad personal implica una inversión de la carga argumentativa, de modo que toda restricción de ese ámbito debe ser justificada en la legalidad constitucional.

Por ello, no cabe prohibir conductas realizadas en privado que no ocasionan peligro o daño para terceros; y los argumentos basados en la mera peligrosidad abstracta, la conveniencia o la moralidad pública no pueden superar de modo alguno el test de constitucionalidad.

En tal sentido, toda persona adulta es soberana para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea (artículo 19 de la Constitución Nacional).
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Incidente promovido por la querella s/ Inconstitucionalidad del decreto 2125 del  P.E.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

El Poder Judicial de la Nación conferido a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales nacionales por los arts. 94, 100 y 101 de la Constitución se define, de acuerdo con invariable interpretación que el Congreso Argentino y la jurisprudencia de la Corte han recibido de la doctrina constitucional de los Estados Unidos, como el que se ejercita en las causas de carácter contencioso a las que se refiere el art. 2 de la ley 27. Tales causas son aquellas en las que se persigue en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas.
Recurso de apelación (procesal), gravamen irreparable
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Bazalo, Rosaura c/ Allende, José Francisco s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-15

A los efectos del recurso de apelación, el "gravamen irreparable" consiste en un perjuicio jurídico que no podrá repararse durante la sustanciación del proceso, ni en la sentencia definitiva.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos S.A. c/ Roda, Miguel Angel s/ Prepara Vía Ejecutiva-Hoy Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-05-12

La razonable expectativa del acreedor esta suficientemente satisfecha mediante la aplicación de las tasas usuales de intereses que percibe el mercado financiero local, particularmente aquellos intereses compensatorios y punitorios -cobrados por el banco de la Nación Argentina en sus operaciones -para el caso- por préstamos personales y en dólares; ello así concluímos, dado la indudable condición de institución crediticia oficial revestida por la citada entidad bancaria. Consecuentemente, por más que la merma conseguida se muestre exigua no es menos cierto que estamos precisados de asegurar el igualitarios derecho del acceso a la jurisdicción por parte de los deudores reclamados y por eso bajo la óptica de la reseñada uniformidad cabe declarar que los intereses compensatorios y punitorios pactados en los contratos de préstamo en dólares incorporados al sentenciado juicio del epígrafe no podrán superar las tasas cobradas por el Banco de la Nación Argentina por igual operación de crédito.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: BERAL  S.A.I.C. c/ SEGBA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

El escrito en el que se deduce el recurso carece de la fundamentación autónoma que requiere el art. 15 de la ley 48 y reiterada jurisprudencia del Alto Tribunal, puesto que no contiene un relato claro de los hechos y pretensiones articulados en el litigio, de modo que permita relacionarlos con las cuestiones (principales y accesorias) decididas por la sala, por lo que no resulta procedente su concesión.
Recurso de casación, segunda instancia
Materia: PENAL
Carátula: "GALLARDO, OSVALDO RAFAEL S.D. ABUSO SEXUAL E.P. DE C.A.V. (MENOR) s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-02-11

El recurso de casación pone en tela de juicio la actividad procesal del órgano encargado de administrar justicia; pero en todo caso, tal impugnación no abre una segunda instancia en el sentido amplio haciendo posible que este Tribunal conozca lo que a la Cámara de mérito le es dable conocer, mediante un nuevo examen de las pruebas en que se basó la sentencia.
Ordenanzas municipales, código tributario, ley sustantiva, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Héctor Barrera e Hijo c/ Municipalidad de Valle Viejo s/ Acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-09-12

El C.T.M., en su art. 133, establece una contribución por la ocupación o uso del subsuelo y el espacio aéreo del dominio público municipal, remitiendo su cuantificación a la ordenanza impositiva anual, la que toma como base el artículo de cita y en su Art. 16 inc. I) extiende la contribución para gravar a vehículos procedentes de otras provincias o municipios que efectúan cargas o descargas en la vía pública de mercaderías en general, en comercios de ese municipio.

Del simple cotejo de ambas normas surge que la ordenanza impositiva anual se extralimita en el ámbito de imposición determinado por la norma de superior jerarquía del C.T.M., extendiendo ilegítimamente, como norma de aplicación, los alcances de la contribución a supuestos no tipificados en el Código. Tal interpretación es ratificada si tenemos presente que los artículos subsiguientes del Código Tributario cuando hacen mención al sujeto imponible y a la base de cálculo también remiten al objeto ya determinado por el mencionado 133.

Por lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 16 inc. I) de la Ordenanza Impositiva Municipal, rechazando los planteos de inconstitucionalidad del Código Tributario Municipal y del Art. 253 inc. 2) de la Constitución Provincial, en tanto tales normas bien interpretadas se sujetan en su contenido y alcance a los principios del derecho constitucional tributario y remiten a objetos legítimos de tributación.

Conforme se resuelve, las costas deberán distribuirse en un setenta y cinco por ciento a cargo de la demandada y un veinticinco por ciento a cargo de la actora. Del voto de la Dra. Sesto de Leiva en disidencia.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Brito de Lescano, María Elena c/ Spolita, Carlos Alberto y ots. s/ Daños y perjuicios Albarracín, Pedro Salvador c/ Argento, Juan Domingo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-16|1997-07-15

Si no media culpa en el médico interviniente no cabe responsabilizar al establecimiento asistencial con base en su "obligación de seguridad" porque la existencia de aquélla (la culpa del médico) es la demostración de la violación de ese deber de seguridad.
Impuestos internos, sobretasas, vinos, exenciones impositivas, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Bodegas y Viñedos Peñaflor S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ demanda contenciosa - repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

Si bien el art. 53 de la ley de impuestos internos (texto introducido por la ley 23.150) dispone que a la sobretasa le son aplicables todas las disposiciones legales que rigen para el impuesto interno nacional unificado al vino, y tal remisión no puede llevar a entender que la exención que con posterioriedad se establece para el primero de tales gravámenes deba ser extendida al segundo, pues ello importaría contradecir los principios con arreglo a los cuales deben ser interpretadas las normas que establecen tales beneficios.
Prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Miguel, Alfredo c/ E.N. s/ Retiro Policial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

El magistrado debe apreciar la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386 C.P.C.C.N. con un criterio lógico jurídico, valorando sólo aquella que considere conducente e inequívoca para arribar a la decisión definitiva, máxime si existe una notoria contradicción de los hechos esgrimidos por las partes.
Daños y perjuicios, daño estético, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: C., R.O. c/ N., P.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-26

"La lesión estética incide principalmente en la psiquis de quien la padece en virtud de los sufrimientos y mortificaciones que le provoca, y que en ocasiones, traen aparejada la pérdida de su normalidad o armonía corporal, belleza entre otras, y por lo tanto, su indemnización procede a título de daño moral".
Juicio abreviado, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: López Ortiz, César Alejandro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

El deber de fundamentar las sentencias penales, tanto en lo concerniente a la existencia de los hechos, a su calificación legal y a la sanción a imponer, constituye una derivación razonada de la manda de juicio previo establecido en el artículo 18 de la C.N. De ahí que el derecho a obtener un pronunciamiento motivado que ponga fin al proceso, en tanto aseguro de los justiciables, no se resiente por la forma concreta que adopten las leyes rituales, en particular el acuerdo de abreviación del procedimiento establecido en el art. 431 bis del C.P.P.N. (Del voto del Dr. Días)
Sentencia, nulidad del acto jurídico, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BESSO, VICTOR CARLOS s/ SENTENCIA - RECURSO DE CASACION PENAL - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1981-10-29

La nulidad con que se sanciona la falta de lectura integral de la sentencia en tiempo oportuno es relativa, por lo que su denuncia y la eventual protesta de recurrir en casación deben efectuarse desde que el tribunal, contraviniendo lo dispuesto por los arts. 438 y 413, 1er. párrafo, C.P.P., difiere la lectura integral para una fecha posterior a aquella en que da a conocer sólo su dispositivo La denuncia y protesta posteriores a esa oportunidad carecen de eficacia, porque la inactividad en el momento debido tiene por efecto el acto (C.P.P., art. 175, inc. 2do.). La inactividad procesal del recurrente, al no impugnar inmediatamente la postergación de la lectura -como lo establece el art. 174, inc.

3ro., C.P.P.- apareja su consentimiento tácito del acto, con lo que su posterior actividad es contradictoria y carece de eficacia por el efecto preclusivo de aquel consentimiento.-
Requisa personal, testigos, medios de prueba, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Rivero Yactayo, José María c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-22

Corresponde rechazar el planteo de nulidad de la requisa practicada sobre el imputado, basado en la ausencia del acta de requisa y en que los testimonios del procedimiento prestados durante el debate no reflejan la presencia de los testigos en la inspección efectuada, pues ni la carencia del acta de requisa que exige el art. 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación ni la realización de esa diligencia en ausencia de testigos, son circunstancias susceptibles de acarrear un vicio al procedimiento en general, en tanto no existe en el ordenamiento adjetivo ninguna conminación legal en ese sentido. Al respecto, la ausencia del acta respectiva y de testigos que pudieran dar fe del regular proceder de la fuerza policial, a todo evento impone llevar a cabo una valoración más cuidadosa de las circunstancias modales en que se obtuvo la evidencia incriminante; pero en sí mismo, no implica la nulidad del acto y de los efectos que son su consecuencia, porque es posible adquirir el mismo grado de certeza que proporcionan las actas regularmente confeccionadas, a través de otros medios de prueba autónomos existentes en el proceso (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Garrigós de Rébori y García)