marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen disciplinario administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, sanciones administrativas, personal policial, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRILLARD ROBERTO ENRIQUE c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2005-11-30

La cesantía dispuesta a un personal policial en virtud de un Decreto, emanado del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz, como es en el presente en el cual conforme, el análisis de los hechos documentados en las actuaciones administrativas y con base en cuya prueba se ejerció la potestad disciplinaria, legitiman la aplicación de una sanción cuyo mérito corresponde a las facultades del poder administrador, en ejercicio de atribuciones constitucionales que le son propias.
Honorarios del abogado, monto del juicio, escrituración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caravana SCC c/ Neme, Hugo R. s/ Rescisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-04

Si la acción instaurada tenía la "rescisión del contrato de compraventa" de un inmueble y la reconvención deducida perseguía el "cumplimiento de contrato en lo que hace a la prestación escrituraria" resulta de estricta aplicación la normativa del artº 46 de la ley 8904. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Libertad sindical, Policía Provincial, servicio penitenciario provincial, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/ Asociación Profesional Policial y Penitenciaria de Entre Ríos s/ ley de asoc. sindicales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

Reconocido el derecho a sindicalizarse del personal de las fuerzas de seguridad, incluidos los penitenciarios, la naturaleza de la actividad que presta su personal torna necesaria una reglamentación que permita articular los intereses del sector y los de la sociedad toda, como ocurre con otras actividades (salud, provisión de agua potable, electricidad, etc.) (Disidencia del juez Rosatti que remite a su voto en disidencia en el precedente Rearte Adriana Sandra y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ amparo del 13 de agosto de 2020).
Certificados de obra, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cosamar S.A. c/ Parise, Juan Alberto y/u otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-14

La publicación de edictos en la que se da a conocer la aprobación, por parte del municipio, de la liquidación presentada por la empresa contratista no configura una interpelación al deudor sino que sirve para determinar el "dies ad quem" para efectuar el pago, a cuyo vencimiento se produce automáticamente esa situación de incumplimiento. Por ello, no corresponde atribuirle efectos suspensivos de la prescripción en los términos del artículo 3.986 segundo párrafo del Código Civil, pues para que así suceda es menester que medie un acto de interpelación efectuado en forma auténtica, aunque la mora ya haya acaecido automáticamente. Conforme lo expuesto, no es ése el objeto de la publicación de edictos, ni ella constituye en mora al obligado; tampoco determina siquiera que esa situación se vaya inexorablemente a producir, la que en todo caso tiene lugar "ex re" una vez vencido el respectivo plazo. De suyo, no podría ser suspensiva de una prescripción cuyo cómputo, eventualmente, se iniciaría tiempo después de su realización.
Falta de legitimación para obrar, excepción de prescripción, rechazo de la demanda, litisconsorcio pasivo, litisconsorcio necesario, integración de la litis, falta de integración de la litis, simulación
Materia: PROCESAL
Carátula: URIBURU,  DOLORES c/ DELFINO,  JUAN  MANUEL s/ ORDINARIO  (LL28.5.11, F. 115321).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

Cabe confirmar la sentencia que admitió las excepciones de falta de legitimación y de prescripción opuestas por los codemandados, y en consecuencia rechazó la demanda; toda vez que,. 1. en la especie la accionante perseguía la declaración de nulidad de ciertos actos que habrían sido simulados con el propósito de aparentar la insolvencia de uno de los codemandados, realizados por él y la otra codemandada -su madre-, sobre sus tenencias accionarias de capital comanditario y partes de interés de capital comanditado en la otra codemandada -sociedad-, así como la condena solidaria de ambas personas de existencia física al pago de la deuda alimentaria que uno de los codemandados - el hijo- tenía con la accionante, por su responsabilidad al haber participado en tales actos de "desapoderamiento";. 2. ello asi, para declarar la simulación atribuida a los mencionados actos jurídicos, resultaba insoslayable demandar a todos quienes participaron en ellos (cfr. CNCiv. sala H, 4.5.01 "Felicetti, N. c/ Huertas, M. s/ simulación"; íd. sala D, 6.10.59 "Meseguer y Palazzo, Inés B. y otra c/ Padro Valldosera, Antonio y otro"; íd. sala E, 16.11.79 "Pareja de Pena, Ema E. c/ Pena, Juan R. y otro"; íd. sala E, 23.6.81 "Trigo de Glaubach, Marta A. y otra c/ Trigo Hnos. S.A. y otro"; íd. sala D, 30.07.82 "Molembero c/ Busco"), no solo para no eludir la intervención en el proceso de quienes estuvieran en mejores condiciones de acreditar la realidad de los actos (cfr. Llambías, J.J. "Tratado de derecho civil - Parte General", t. II, nro. 1821 a., p. 534) sino también por la atribución de responsabilidad que puede irrogarle su condición de participante en el acto anulable y la necesidad de preservar su derecho de defensa en juicio (Cciv: 1056);. 3. de tal modo, se configuraba en este proceso un litisconsorcio pasivo necesario en el cual la legitimación pasiva correspondía en forma conjunta a todos los participantes en cada uno de los actos cuestionados y no independientemente a cada una de ellos a elección del accionante (cfr. Palacio, L. op. cit. t. I, nro. 129, p. 300; Areán, B. en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. 2, art. 89, nro. 2.a, p. 312, ed. 2004); por lo que cabe concluir que tal omisión conlleva al rechazo de la demanda por falta de debida integración de la litis con todos los legitimados pasivos que debieron haber intervenido conjuntamente en tanto la pretensión carece de un requisito intrínseco de admisibilidad como lo es la legitimación (v. Palacio, L., "Manual de Derecho Procesal Civil", t. I, nro. 129.d, p. 301; Areán, B. en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. 2, art. 89, nro. 2.a).
Acumulación de procesos, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CABRERIZO CARLOS c/ MANUEL BELTRAN VIRZI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A076 - 266)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-09

Si bien el a-quo (juez de paz) no pudo llegar a esta solución pues la acumulación debía resolverla el juez competente, y para ello habría que haberla tramitado ante el juez civil, nada impide que esta cámara, que en definitiva es quien debe resolver el conflicto de competencia, determine que la acumulación se produzca en el expediente que se tramita ante la juscitia civil.-
Costas en el orden causado, AFIP DGI
Materia: TRIBUTARIO - PROCESAL -
Carátula: D.G.I. c/ Lucila Isabel Bombal S.A.A.C. e I. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-20

Si la D.G.I. pudo creerse con derecho a sostener su posición hasta el dictado del precedente en el que se funda el actual pronunciamiento, procede distribuir por su orden las correspondientes a la primera instancia, y aplicarlas a la apelante vencida en la alzada y en la instancia extraordinario.
Juicio de desalojo, reconvención, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ILATIVA S.A. c/ PE.RO.VI. SA. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

Frente a una virtual aspiración de desahucio, deviene impropio introducir una petición autónoma referida a los eventuales daños y perjuicios derivados de un supuesto incumplimiento de las obligaciones a cargo del locador habida cuenta que, además de faltar el presupuesto de identidad trámites entre el desalojo y la reconvención deducida, la que tiene el andarivel propio del juicio ordinario (art. 319 CPCC), la actora se ha opuesto expresamente a la tramitación conjunta de las pretensiones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción de la acción penal, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: "PIZARRO, CARLOS CESAR s/ LESIONES CULPOSAS", Expte. Nº 1267 (P-514/06/TSJ) s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2007-06-25

La interpretación judicial debe establecer la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso, por medio de una sistemática razonable y discreta hermenéutica, que responda a su espíritu y observe y precise la voluntad del legislador, en la común tarea de éste con los jueces en la búsqueda de soluciones justas y adecuadas para la adjudicación de los derechos.
Violación de la ley o doctrina legal, fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: ROJAS CARLOS ALBERTO c/ SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A. s/ LABORAL - COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2011-04-04

El recurso de casación podrá prosperar, por la causal de violación a la "doctrina legal, cuando la sentencia haya violado o aplicado erróneamente la doctrina legal sentada por otro tribunal colegiado de única o última instancia de la Provincia dentro de un lapso no mayor de tres (3) años" (art. 3 inc. "a" de la ley 1.687 - Recurso de Casación).

De tal modo, la expresa regla contenida en el Código Procesal, Civil y Comercial establece que es "Doctrina Legal" aquella que emana de este Tribunal Superior de Justicia. Por tal razón, el invocado precedente originado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta ajeno al referido motivo de casación reglamentado por la ley 1.687.

No obstante, ningún obstáculo normativo existe que limite a este Alto Cuerpo para ponderar las virtudes del precedente y administrar sus argumentos en los supuestos que considere procedentes.-
Pago, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Luján c/ Dachaguer s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-06

Ante la imposibilidad de discutir en la ejecución la causa de la obligación, no siendo pertinente por ello la apertura a prueba que tienda de alguna manera a acreditar el pago complementando el documento opuesto, en este sentido se ha explicitado que si para establecer la relación entre los instrumentos en que se basa la excepción de pago documentado y los títulos en ejecución se requieren, además, otros elementos de prueba, debe recurrirse al juicio ordinario que contempla el art.553 del CPC., porque de otra manera quedaría desvirtuada la vía ejecutiva.
Honorarios del abogado, aportes previsionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., P. c/ F., C. s/ Divorcio vincular, disolución de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-16

No procede exigir el cumplimiento del art. 20 de la ley 6716 a la parte ganadora en juicio, pues tal norma no puede impedir la inmediata ejecución o cumplimiento de la sentencia, obligando a la parte exceptuada de tal carga de efectuar el depósito de los honorarios o esperar que lo haga el obligado, contraviniendo lo previsto en el art. 58 de la ley 8904. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: Evangelista, Néstor José c/ Obra Social del Personal de Dirección de las Empresas de la Alimentación s/ Salarios e indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (como los de otros tribunales) no constituyen la doctrina legal a que se refiere el art.279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: San Nicolás Automotores S.a. c/ Ante de Corallo Antonia y otro s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Mal puede sostenerse que se ampara a personas ajenas y que exceden el grupo familiar primario -cónyuge e hijos menores- con referencia a los recaudos prescriptos por el art. 35 de la ley 22232 cuando la viuda del adquirente del bien accedió a la titularidad mediante tal compra de éste, los hijos, obviamente han devenido mayores por el tiempo y la habitación por parte de ellos en el bien no está discutida.
Procesos voluntarios, cosa juzgada, cosa juzgada material
Materia: PROCESAL
Carátula: F. J. M. s/ GUARDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-11-25

Como principio, los juicios voluntarios no están sometidos al control de una contraparte, y el fallo que se dicte carece de autoridad de cosa juzgada material frente a quienes pudieran aducir una pretensión contraria a lo que se pretendió constatar. La doctrina ha puesto de relieve que por razones de política legislativa, el legislador asigna a los órganos judiciales una actividad variable y de contenido heterogéneo. Los interesados necesitan la actuación jurisdiccional en la que el magistrado cumple una actividad que la ley le fija como indispensable para llenar determinados fines, "con un cierto matiz constitutivo, porque sin la intervención judicial ese efecto no se produce" (cfr. Fenochietto, C.E., ob. cit.). Se trata de procesos de contenido variable de acuerdo a la legislación que los rige y a la naturaleza de los derechos comprometidos. Desde esta perspectiva, considero que los jueces de grado eluden una característica definitoria de esta clase de procesos, que por su naturaleza no admiten contradicción, sino que habrán de extinguirse una vez que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la petición. El juez hará lugar si la prueba obtenida es suficiente para los fines perseguidos por el peticionante -en el caso, la guarda legal del menor- , mas toda pretensión que exceda el marco impuesto por la naturaleza del proceso no podrá ser acogida en perjuicio de quien no fue oído. Es que al no existir controversia, tampoco se observan los principios del contradictorio y categorías procesales: "No existen partes sino peticionarios, ni cargas procesales; y la sentencia no se da contra o frente a otro sujeto" (cfr. Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires, Astrea, 1999, Vol. 3, pg. 764). De allí que el conocimient o judicial es básicamente informativo y de control, toda vez que el proceso de jurisdicción voluntaria se define por la falta de controversia: "Por definición, no hay una parte contraria con quien litigar" (cfr. Falcón, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, Tomo VI, pág. 13), y se caracterizan por la ausencia de conflicto de intereses. 3.- Suelen distinguirse los procesos voluntarios propiamente dichos, que nacen y se extinguen con tal carácter, de los voluntarios transformables, que llevan ínsita la posibilidad de una eventual contradicción si apareciese un tercero legitimado (cfr. Falcón, ob. cit., pág. 17).
Cese de oposición al registro de marca, marcas confundibles, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Bodegas y Viñedos Huarpe S.A. c/ Cervantes José Luis s/ Cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-04

Es evidente que las marcas pretensoras "FINCA LAS DIVAS" (y diseño) y "FLD FINCA LAS DIVAS" -Actas Nros. 2.668.079 y 2.697.196- destinadas a distinguir productos en la clase 33 no pueden coexistir por resultar similares y confundibles con la marca registrada "DIVA" -bajo el N° 1.994.979- en la misma clase 33. En efecto, las marcas solicitadas contienen íntegramente la marca "DIVA" de la demandada sin que sus agregados "FINCA LAS", "FLD FINCA LAS", ni tampoco la letra "S" para convertirla en plural -"DIVAS"- resulten suficientes para alejar la posibilidad de confusión respecto al origen de los productos. Para corroborar esta conclusión destaco que ha quedado acreditado que la palabra "FINCA" es de uso común en la clase 33 y se corresponde a marcas cuyos titulares son bodegas (cfr. contestación de oficio del INPI a fs. 469/472), y que, por otra parte, las voces "LAS" y "FLD" nada aportan en cuanto a capacidad distintiva para alejar cualquier eventual confusión.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: González, Vanesa Johana por su Hija Menor: Espinosa González, Agustina Martina  c/ Empresa Provincial de Transporte de Mendoza s/ D. y P. (Accidente de Tránsito) P/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-06-09

En materia de responsabilidad por daños causados por accidentes de tránsito, las normas de tránsito no deben ser interpretadas de manera aislada, sino de forma integral y coherente con todo el ordenamiento, de modo tal que sus disposiciones no se excluyan entre sí.
Ley sobre riesgos del trabajo, decreto de necesidad y urgencia, AFIP, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Berkley International A.R.T. S.A. c/ E.N. (M. E. y O.S.P.). dto.863/98 s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

Hasta el dictado del decreto 863/98, ni la ley 24.557 ni otra norma legal habían establecido una contraprestación por el servicio que la misma ley reguladora de las ART puso en cabeza de la AFIP, en cuanto a la verificación y recaudación de las sumas correspondientes a las citadas empresas, que deben ser abonadas conforme al art. 23 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, costas, costas en el orden causado, cuestión abstracta, control de constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Radio Taxibus S.R.L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación de Actos Administrativos Madero Norte S.R.L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación de Actos Administrativos Madero Norte S.R.L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-07|2002-02-21

La imposición de costas -establecida como pauta general por el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo y Ttributario- responde al principio objetivo de la derrota, conforme el cual, debe ser el perdedor quien afronte el peso económico de la sustanciación del proceso.

Ahora bien, en la especie, si bien la parte actora puede encontrar satisfecha su pretensión, ello deriva -a todo evento- de la modificación de la legislación vigente sobre la materia litigiosa, y no del reconocimiento, por parte de la jurisdicción, de la fundabilidad sustancial de aquélla.

En efecto, no ha existido en el presente caso un pronunciamiento judicial sobre el derecho invocado en la demanda -pues la cuestión devino abstracta- y, en consecuencia, al no haberse resuelto el pedido de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas se mantuvo vigente la presunción de su constitucionalidad. De lo expuesto deriva, a su vez, que no existe una parte vencedora y otra vencida y, por ello, el concepto de derrota resulta inaplicable al caso.

En el caso sub examine, se encuentran configurados los presupuestos que, por razones de equidad, aconsejan que las costas sean distribuidas en el orden causado (arg. art. 62, segundo párrafo, CCAyT).
Beneficios previsionales, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cobeñas, Ricardo Julián c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

El cómputo de servicios, a los fines de la obtención de una prestación previsional ante el Instituto de Previsión Social, se rige por las disposiciones vigentes al tiempo de efectuarse la respectiva solicitud -en el caso: Capítulo IV del dec. ley 9650/80- no obstante que tales servicios hubieren sido desempeñados con anterioridad a su vigencia (art. 71 segundo párrafo, dec. ley 9650 /80, t.o. 1994).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez Fernández, Isabel c/ Roverella Hnos. S.A.C.I.F.A.G. y F. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-17

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que cuestiona las conclusiones fácticas del decisorio -y argumenta en ese sentido- pero no denuncia como violada la norma procesal que regula la actividad axiológica de los magistrados del fuero laboral ni formula ulterior precisión sobre la misma (art. 279 C.P.C.C.).
Contratos comerciales, interpretación del contrato, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: ADOLFO GUERRICO SOCIEDAD ANONIMA c/ BUNKA SOCIEDAD ANONIMA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-03

El Código de Comercio: 218-7 constituye en el derecho argentino una regla residual. Como tal, posee una gran generalidad; pero la posee porque está destinada a abarcar todos los supuestos que hubiera resistido la solubilidad mediante las otras reglas que son de aplicación prioritaria respecto de aquélla. Esto surge claramente del texto mismo de aquel inciso, el cual alude a "casos... que no puedan resolverse según las bases establecidas...". Por lo tanto, las aludidas bases establecidas han de regir la interpretación de los contratos antes que el principio de favor al deudor. Cuáles son estas bases establecidas? pues parece claro que están constituidas justamente por los incisos precedentes al séptimo cuanto menos.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho a la convivencia familiar, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sistema interamericano de Derechos Humanos, derecho a la integridad física, interés superior del niño, principios del derecho internacional de los derechos humanos, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, REPÚBLICA ARGENTINA, restitución internacional de menores, medidas cautelares contra el Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 25/2019 - Medida cautelar No. 1188-18 - Adolescente D respecto de Paraguay c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2019-05-10

Corresponde que la Comisión Interamericana ordene al Estado Paraguayo la adopción de todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar, conforme al interés superior del niño, los derechos de protección a la familia, identidad e integridad personal del adolescente nacido en la República Argentina y llevado ilegalmente por su madre a aquél país, por cuanto debe el Estado garantizarle el derecho a mantener vínculos con su padre, convocando a los profesionales adecuados, sin restricciones innecesarias, en un ambiente idóneo y a través de los medios que sean propicios para generar un relacionamiento armonioso conforme los estándares internacionales aplicables en la materia.
Dación en pago, bienes inmuebles, prueba, locación de servicios
Materia: CIVIL
Carátula: CONSTRUCTORA SAN LUIS S.C.A c/ BIEGUN ABRAHAM s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-15

La figura de la dación en pago prevista por el art. 779 del Código Civil supone la existencia de una obligación anterior, cuyo objeto el acreedor se aviene a sustituir en el acto de la cancelación. En consecuencia, quien pretende la escrituración de un inmueble fundándose en que la entrega de ese bien se imputó al pago de servicios prestados, debe demostrar la existencia de una primitiva obligación válida a cuya satisfacción se habría aplicado la dación en pago.
Remuneración, participación en las ganancias
Materia: LABORAL
Carátula: IGLESIAS, EUGENIO c/ QUIMICA BAYER E.N. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1959-07-30

La obligación de pagar la participación en las utilidades a que se refiere el artículo 7 del decreto 8130/48, está a cargo de la empresa bajo cuya dependencia presta o ha prestado servicios el trabajador.