marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, competencia federal, competencia comercial, sociedades comerciales
Materia: PROCESAL
Carátula: TITARELLI  VITIBVINICOLA  Y  OLIVICOLA  SA c/ TITTARELLI ENRIQUEAMERICO S/ s/ EC. DE QUEJA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-12

Por su naturaleza, la jurisdicción federal es limitada y de excepción y, como tal, corresponde sea examinada con criterio restrictivo; en consecuencia, las disposiciones que consagra dicha jurisdicción no deben ser aplicadas analógicamente a situaciones que no sean expresamente contempladas (esta Sala, causas 2.266/00 del 21.6.01 y 765/07 del 15.11.07, entre muchas otras; Sala 1, causas 1.371/98 del 23.12.98 -y sus citas de jurisprudencia y doctrina- y Sala 3, causa 21.851/99 del 10.8.00). El conocimiento de estos autos corresponde a los magistrados del fuero Nacional en lo Comercial (art. 43 bis del decreto-ley 1285/58), ponderando que: a) la controversia planteada tiene que ver esencialmente con el alcance y la interpretación de una operación relativa a una adquisición de un fondo de comercio realizada por una sociedad comercial (ver punto V de la demanda arbitral y fundamentos del laudo arbitral en cuestión, que se tienen la vista), circunstancia que pone de manifiesto que en la especie sub examen no concurre extremo alguno que preste sustento a la federalización de un conflicto típicamente mercantil, anudado entre comerciantes, cuyas relaciones se rigen sustancialmente por el derecho común (confr. esta Sala, causa 2.961/05 del 30.11.07), y b) en el Reglamento Arbitral aplicable al procedimiento seguido ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no existe norma alguna por medio de la cual se atribuya competencia a esta Cámara Federal en lo Civil y Comercial para conocer en los recursos interpuestos contra el laudo dictado por dicho Tribunal.
Acción de amparo, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Álvarez, Diego Felipe c/ La Rioja, Provincia de s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-22

La acción de amparo, de manera general, puede tramitar ante la Corte, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria, toda vez que, de otro modo, en tales ocasiones quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución
Entidades financieras, banco central, bancos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO JUNCAL COOPERATIVO LTDO. s/ RESOLUCION BANCO CENTRAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-04

La liquidación de entidades financieras puede ser dispuesta sin más trámites por el Banco Central, con la revocación de la autorización para funcionar o sin ella, cuando considerare fracasada la alternativa de saneamiento, no viable o fracasada la de consolidación (art. 26 de la ley 22.529).
Accidente de tránsito, culpa civil, presunción de culpa
Materia: CIVIL
Carátula: MERCADER, CESAR c/ MERCATANTE, JOSE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-15

Conforme a las teorías de las presunciones concurrentes de causalidad admitida por la Corte Suprema la sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco, no excluye la aplicación de lo dispuesto en el art. 1113 párr. 2 del C.Civil que regula lo atinente a la responsabilidad por el hecho de las cosas. De tal suerte se crean aquellas presunciones concurrentes, como las que pesan sobre el dueño o guardián, quienes deben afrontar los daños causados a otro, salvo que aporten la prueba de la existencia de las circunstancias eximentes de su propia responsabilidad.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, caducidad de instancia, entidades financieras, debido proceso, Constitución Nacional
Materia: COMERCIAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Lucchetta, Oscar y otra c/ Giuliani  y  Asociados  Financiera  de  Viviendas   S.A.  de Ahorro y Préstamo s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

Corresponde dejar sin efecto la resolución que declaró la caducidad de la instancia, si aparece revestida de injustificado rigor en la apreciación de las normas procesales, defecto que vulnera la garantía del debido proceso y que atenta contra el fin de la ley 23.370.
Notificación, nulidad de la notificación, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: REYES EDMUNDO c/ COMISION NACIONAL DE LA VIVIENDA Bs.As s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

Quien afirma que el acto de notificación es nulo debe cumplir con la carga probatoria procurando la cabal demostración de su aserto.
Incapacidad absoluta, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Camacho, José Bernardo c/ Astilleros Atlántico S.R.L. s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Resulta obvio que quien presenta una minusvalía permanente del noventa por ciento de la total obrera (y una discapacidad profesional que asciende al cien por ciento) ningún tipo de tareas laborales puede desempeñar con arreglo a la mínima capacidad residual que ostenta, por lo que es acreedor a la indemnización establecida por el art. 212 párrafo cuarto de la Ley de Contrato de trabajo.
Cosa juzgada, accidentes de trabajo, comisión médica central, Cámara Federal de la Seguridad Social, reclamo posterior a la sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo, Claudia c/ Asociart SA y otro s/ Accidente - Acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-22

No puede considerarse que hizo cosa juzgada la resolución de la CFSS que confirmó un dictamen de la Comisión Médica Central en cuanto consideró que la trabajadora no presentaba secuelas invalidantes y generadoras de incapacidad, en los términos de la ley 24557, con relación a su posterior reclamo contra su empleadora y la ART por la reparación integral de daños basada en las normas del Derecho Civil. Ello así, porque no existió en el supuesto identidad de objeto exigida por el art. 347, inc 6° del CPCCN ni de sujetos, pues en el expediente administrativo sólo fue demandada la ART.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, improcedencia del recurso, asesor de menores
Materia: PENAL
Carátula: ADOLFO SANCHEZ ALEGRE s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-18

A tal fin es menester tener presente lo que nuestro más alto Tribunal en causa s.c. "Sarapura, Walter Daniel; Lamas, Luis Mariano Andrés; Condorí, María Lidia; Jaime, Félix Sebastián; López, Luis Paulo Alfredo; Laime, Claudio Moisés; Segundo, Darío Marcos - Recurso de Casación, Expte.Nº CJS- 30906/07", dijo en fecha 23 de marzo de 2009 con voto mayoritario de los Dres. Ferraris, Catalano, Cornejo y Vittar, en el tema en análisis. "La representación aludida es de asistencia y control. La omisión de tal intervención es sancionada con nulidad, pero tanto la doctrina como la jurisprudencia, entienden que se trata de una nulidad relativa. Esto porque el Asesor de Menores puede confirmar expresa o tácitamente lo actuado sin su intervención. A lo dicho debe agregarse, que el Asesor de Menores integra la representación del incapaz, pero no sustituye procesalmente a su representante necesario. La asistencia del Asesor de Menores sólo es exigible de acuerdo al art. 422 inc.2do. del C.P.P., en la audiencia de debate, contando en esa etapa procesal, con las facultades atribuidas al defensor. En la primera etapa, ya se señaló lo relativo a la asistencia del defensor y en cuanto a la participación del asesor de menores es facultativa, ya que no existe ni en la ley de forma ni en la ley penal de la minoridad, disposición alguna que sancione con nulidad la no asistencia de dicho funcionario en la instrucción. Dar intervención significa, hacer conocer, a fin de que dicho funcionario pueda ejercer el debido control y cumplir con las funciones que la ley le impone y ello no implica que necesariamente deba estar presente en cada acto de la instrucción porque ello sería de imposible cumplimiento en la práctica. Ello no obsta a que sea posible posteriormente tomar conocimiento de los diversos actos procesales llevados a cabo y realizar los planteos que considere oportunos".
Derecho procesal, debido proceso, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Polito, Beatriz Lucia c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-14

Corresponde confirmar el decisorio que declaró extemporánea por el juez de grado la presentación ante otro Juzgado del escrito de contestación del traslado inicial. Es que la situación descripta comporta un yerro de naturaleza inexcusable, la posición traída por la recurrente no puede convalidarse (CNCom, Sala F, 29.12.09, "Carman Diego Alberto c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario"; 19.10.10, "Premium Pilar SA c/ Ford Argentina SCA s/ ordinario"; y 12.7.11, "Servinova SA y otro c/ Taym SA y otros s/ ordinario", entre otros).
Policía, personal policial, destitución, reincorporación, antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 214-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-14

Habiéndose producido el cese del agente -personal policial- hace más de quince años, no corresponde, como consecuencia de la declaración de ilegitimidad de dicho acto, disponer la reincorporación en los términos del artículo 129 de la ley 6769, sino que se debe proceder conforme lo indica el artículo 130. Por ende la administración debe dictar "el decreto de reincorporación, con anterioridad a la fecha de la baja, dándole el reconocimiento del grado, antigüedad y situación de revista que tenía entonces (inciso a), e inmediatamente disponer su pase a retiro con el grado que le hubiera correspondido de haber seguido prestando servicios efectivos a partir del momento de su baja hasta la fecha de su reincorporación (inciso b)".
Sentencia condenatoria, lavado de activos, comercialización ilegal de estupefacientes, asociación ilícita, tenencia de armas, coautoría, concurso ideal, concurso real, tentativa, prisión, inhabilitación absoluta, multa, costas, agravantes de la pena, atenuantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Aranda, Christian Alejandro y otro c/  s/ Infracción Ley 22.415", CPE 308/2016/TO3 (2967), Aranda, Christian Alejandro y otros s/ Inf. Art. 303, inc. 4° -Inf. Art. 189 bis, Apartado (2) 3° párrafo del Código Penal y CPE 308/2016/TO4 (2987) López Peña, Juan Miguel s/ art. 210 del C.P. en concurso ideal con art. 5 inc. c) de la Ley 23.737
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-28

Se condena a Eleazar Antonio LAMARCHE LUPERON como miembro de una asociación ilícita conformada con el objeto de desplegar actividades ilícitas dirigidas a la comercialización de sustancia estupefaciente, en calidad de coautor -art. 210, primer párr. del CP- en concurso ideal con las disposiciones del art. 5 inc. "c" de la Ley 23.737), como autor del delito de tenencia ilegal de armas y municiones y como coautor del delito de lavado de activos en grado de tentativa, los hechos concurren en concurso real -arts 189 bis, inc. 2, apartado 2 del CP y 303 inc. 4), 45 y 55 del mismo texto legal-, a sufrir las siguientes penas: a) CUATRO (4) AÑOS y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN de cumplimiento efectivo; b) INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el término de la condena para el ejercicio de la patria potestad, de la administración de bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos -art. 12 del CP-; c) MULTA de Pesos DOS MIL ($ 2.000.-); d) Pago de las costas del juicio. Se haya probado que el dinero secuestrado provenía de giros desde y hacia el exterior del territorio nacional, que poseía un origen espurio producto de la comercialización de sustancia estupefaciente y que estaba destinado a ser introducido en el circuito financiero con la finalidad de darle una apariencia legítima. Se han tomado como agravantes la entidad de los delitos cometidos y la posibilidad de ganarse el sustento mediante una actividad lícita, y como atenuantes la falta de antecedentes y la normal impresión recibida al momento de conocerlo personalmente.
Daños y perjuicios, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SALVATIERRA DE TABOADA LEONOR c/ JULIO SAYAGO s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS SALVATIERRA DE TABOADA LEONOR c/ JULIO SAYAGO s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-08-22|1994-08-22

Constituye un principio básico en materia de reparación de daños y perjuicios, que quien los alega tiene a su cargo la prueba de su existencia y del monto del perjuicio efectivamente experimentado;

carga probatoria que se funda en que la indemnización no debe importar una fuente de lucro para quien la recibe.-
Reclusión accesoria por tiempo indeterminado, ley penal más benigna, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Evasión - Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

La ley 23.057, al modificar los arts. 51 y 52 del C.P., resulta en la especie más benigna, en tanto respecto al primero de esos preceptos la reincidencia ya no produce el aumento de los mínimos y máximos y en lo que atañe al segundo de ellos excluye al concurso de delitos del régimen de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado.
Proceso contravencional, medidas cautelares, clausura preventiva, contravenciones reiteradas
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: J, L. B. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ley 255 Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-27

No surge de la normativa contravencional disposición alguna que permita validar que resulta causal para el mantenimiento de la clausura preventiva del establecimiento comercial, la posible comisión de la nuevas contravenciones. Del voto en disidencia de la Dra. Robledo.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Olivera Rovere, Jorge Carlos y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-13

La verosimilitud del relato del testigo en el contexto del sistema de represión ilegal que resulta concordante con uno de los aspectos del plan criminal, excluye la posibilidad de que las cosas hubiesen ocurrido de otra manera -principio de razón suficiente- y es compatible con la certeza que, en grado apodíctico, reclama un pronunciamiento condenatorio.
Contrato de trabajo, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Irurueta, Jorge H y otros c/ ESEBA SA s/ Diferencia salariales Patierno, Carmelo y otros c/ ESEBA SA s/ Diferencias salariales Chamorro, Jorge Lucas c/ Eridania S.A.C.I.F. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-09|2003-03-12|2006-12-20

El juego negocial de las partes -el que se despliega bajos las normas y los principios propios del derecho laboral- está siempre presidido por el principio cardinal de la buena fe, al que sendas partes -empleador y trabajador- deben respeto tanto en la faz fundacional del contrato, en su etapa de ejecución y en su momento extintorio o final ( art 63 L.C.T.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, certificado de discapacidad, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: Lipchak Sergio Leonardo c/ OSDEPYM s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

El actor posee certificado de discapacidad por "esclerosis múltiple" y "polineuropatía diabética", en tanto que del informe médico acompañado por la propia recurrente surge que requiere:

1º) extracción de resto dentario de la pieza 1.6; 2º) dos implantes oseointegrados + dos abouttments + dos coronas sobre implantes (piezas 1.6 y 2.7); y 3º) perno muñón seccionado + corona de porcelana (pieza 1.7). El Tribunal interpreta que el derecho invocado por el accionante con sustento en el certificado de discapacidad y prescripción médica luce verosímil, toda vez que -contrariamente al criterio sostenido por la recurrente-, a los efectos de garantizar la cobertura odontológica de las personas discapacitadas, el legislador no ha distinguido entre atención "relacionada" con la discapacidad y "no relacionada" (confr. esta Sala, causa 10.882/2009 del 31-3-11 y sus citas).
Juicio ejecutivo, ejecución hipotecaria, excepción de pago, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: FAINBARG, Jorge Oscar c/ GOMEZ, Mónica Margarita s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-06

1- La naturaleza del proceso ejecutivo, formal y limitativo en el conocimiento de los hechos, no puede llevar a prescindir de los elementos arrimados a la causa, ya que ello equivaldría tanto como una renuncia a la verdad jurídica objetiva, incompatible con el servicio de justicia.

2- En ese contexto y frente a la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la realización del pago (en tanto acto jurídico extintivo, que puede probarse por cualquier medio, incluso las presunciones), cabe proceder a su ponderación a los efectos de evaluar la procedencia de la excepción de pago opuesta.
Administración Pública, acto administrativo, resoluciones recurribles, recursos administrativos, plazo, contrato de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 28-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-07

No es de aplicación el criterio de la Suprema Corte Nacional sobre la inconveniencia que supone iniciar un juicio frente a cada acto unilateral emitido por la Administración, cuando -como en el caso- se está ante la falta de interposición tempestiva de los recursos administrativos contra una disposición emitida como consecuencia de un trámite iniciado por la propia contratista de la obra pública.

Resulta exigible que quien provocó una resolución administrativa haga valer sus discrepancias con ella, exclusivamente por los recursos reglamentados.
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAVANENGHI DE GIORDANO NORIS. c/ CAFARELLI CLAUDIO OSCAR Y OTRA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-14

No es admisible el criterio que niega la indemnización del lucro cesante basándose en que por el breve lapso en que la víctima dejó de trabajar bien pudo recuperar el tiempo perdido, pues en mérito a la limitación de sus fuerzas, no es irrazonable interpretar que haya debido rechazar trabajo durante el período respectivo, sin posibilidad de compensar la privación de ingresos con las tareas realizadas con posterioridad. (Sala 1,2025,141083)
Personal municipal, personal suplente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montero, Delia Beatriz c/ Municipalidad de Luján. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-24

Para que un agente municipal designado provisoriamente, según lo dispone el art. 7 de la Ord. Gral. No. 207, no adquiera estabilidad, es necesario que antes de los seis meses le sea notificada la oposición de la autoridad correspondiente. Por ende aunque el acto administrativo haya sido emitido antes de vencer el plazo, sería ineficaz para impedir el nacimiento de los derechos derivados de la estabilidad si se lo notificase después del vencimiento de aquel término.
Despido por falta o disminución de trabajo, régimen de consolidación de deudas, riesgo empresarial
Materia: LABORAL
Carátula: MIRANDA, ANA c/ SIDECO ARGENTINA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-28

La disminución en el pago de certificaciones de deudas y de la cantidad de deudores morosos o que abonen en forma determinada (bonos) no implica ajenidad de riesgo empresario porque las leyes de emergencia económica y de consolidación de deudas fueran implementadas para toda la economía nacional y en relación a todas las deudas, fueran de la envergadura que fueran y siendo sus efectos soportados en forma general.
Ley de empleo, periodista profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Gigena, Estela Raquel y otro c/ Teleservicio Satelital S.R.L. y/u otros s/ Despido y Preaviso
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-05-16

La ley 24.013 es aplicable a todos los trabajadores, con excepción de los que están expresamente excluidos del sistema de la citada norma, sin que, en modo alguno, el régimen específico de registración de periodistas profesionales y la institución del despido por causas diferentes a las enunciadas en el artículo 39 de dicha ley especial, aparezcan como argumentos valederos para la no aplicación de la referida ley a los periodistas. El trabajador periodista no debe considerarse excluido de la normativa de la ley de empleo, no sólo porque del texto legal no surge tal situación, sino porque no existe incompatibilidad alguna de la norma contenida en la ley 24013 y el particular estatuto desarrollado en la ley 12.908. Así, el régimen de matriculación nacional de periodistas, no significa la acumulación simultánea de sistemas, con relación a la LNE, ya que la naturaleza, regulación y objetivos son plenamente diferentes y lo mismo cabe apuntar con relación al resarcimiento especial del artículo 43 del estatuto legal del periodista y lo determinado en la norma del artículo 15 de la LNE, ya que se trata de situaciones diferentes, de naturaleza distinta y que responden a fines y objetivos no similares o análogos.
Inexistencia de cuestión federal suficiente, insuficiencia del agravio, principio de congruencia, empleo público, cesantía, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: GCBA c/ GCBA SOBRE EMPLEO PÚBLICO (NO CESANTÍA NI EXONERACIÓN) s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ESTIGARRIBIA SUSANA SOLEDAD Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-10

Los votos de los jueces que conforman el tribunal a quo confluyen en el porcentaje que apunta la ordenanza n° 45241 y quizá también lo hagan respecto de la base de cálculo. Sobre esta decisión el GCBA no muestra comprometida una cuestión constitucional o federal toda vez que, en primer lugar, no acredita que la sentencia que en definitiva ataca, tenga hacia el futuro un alcance más extenso que del de una meramente declarativa acerca de la relación jurídica que vincula a las partes. En segundo lugar, no muestra que el alcance en el tiempo de la ordenanza exceda el margen de interpretación propio de los jueces de la causa ni, a su turno, que las razones que al respecto le dio la Cámara sean insostenibles, cualquiera sea el mérito de ellas. Finalmente, la invocada violación al principio de congruencia no viene mínimamente explicada y tampoco se hace cargo de que, en la lectura de la Cámara, fue el propio GCBA quien le arrimó la discusión acerca del carácter remunerativo otorgado a las sumas adeudadas. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).