Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-30


SENTENCIA DEFINITIVA NRO.	73760 SALA V.AUTOS: "SILVA FLORES MIRTHA GLORIA C/GLIMAR S.A. Y OTROS S/DESPIDO" -(JUZGADO NRO: 77).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los	30 días del mes de diciembre de 2011, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el doctor OSCAR ZAS dijo:

I.- Contra la sentencia de la anterior instancia (ver fs. 172/180), se alzan las de-mandadas en conjunto en los términos del memorial que luce a fs. 46-I/48-I.

II.- La demandada niega la relación laboral invocada por la actora.

Corresponde analizar las declaraciones de los testigos aportados a la causa.

Arteaga Vilcatoma (fs. 108/109) dice que conoce a la actora del trabajo, que cuando ingresó en Shangai Lan que ahora es Glimar la actora ya estaba trabajando allí. Manifiesta que él trabajó en Glimar desde el 16/11/2008 y salió por Jack Centeno en noviembre 2009. Afirma que era cocinero y que hacía los eventos que hacía el Sr. Jack. Dice que la actora era moza, que atendía al público en el restaurant, sirviendo las mesas, llevando las cartas y tomando los pedidos que se los daba a la comandera para que se los de al cocinero. Dice que la actora entraba a las 09 de la mañana y se retiraba a las 18 hs. y que él la veía porque llegaba a las 17 hs. Manifiesta que la actora recibía órdenes directamente del Sr. Jack o de la Sra. Lu, dice que lo sabe porque la llamaban a un costado para hablarle y a él le sucedía lo mismo. Manifiesta que le pagaban la Sra. Lu o el Sr. Jack, que los llamaban a la oficina uno por uno y ahí les pagaban. Afirma que vio que a la actora la llamaron a la oficina porque la cocina es abierta para que el público vea como se cocina. Dice que a todos los empleados les abonaban el día domingo. Afirma que él estaba en negro. Agrega que el Sr. Jack se sentaba en una mesa y veía como los mozos atendían al público o se sentaba atrás y veía como salía la comida, la que devolvía si salía mal, o si los clientes se quejaban. Dice que la Sra. Lu estaba en la oficina, estaba sentada al lado de su esposo y ella veía el movimiento del negocio. Manifiesta que en el local había cinco mozos, dos de la mañana y tres de la noche, en la caja eran dos más la encargada de turno de la mañana, en la cocina había dos bacheros en la mañana, un cocinero de la mañana, un ayudante y un pollero. Dice que no ha percibido ni vacaciones ni aguinaldo. Manifiesta que cuando él trabajó sus horas extras eran al 100% y se las abonaban como normales y que los feriados también se los abonaban normales.

Destaco que el testigo Flores (fs. 111) propuesto por la demandada, dice que tra-bajó para Glimar S.A. antes de que se inagure, desde el año 2007 hasta el año 2009. Manifiesta que conoce a la actora porque él organizaba eventos y la actora concurría a esos eventos. Éstos consistían en llevar grupos de música, organizaba fiestas y en esos eventos veía a la actora. Manifiesta que vio a la actora como cliente un tiempo y después la vio en días de semana algunos días trabajando, uno o dos días. Afirma que la vio algunos días trabajando, uno o dos días cuando él fue porque tuvo una reunión y ella lo atendió, sirvió algo en la mesa. Dice que esto sucedió en los primeros eventos, en el año 2007.

Sosa (fs. 113/114) testigo propuesto por la demandada, dice que la actora trabajó en "Shan Grilla". Manifiesta que la habrá visto una semana y después prácticamente no la veía más. Dice que la veía en el restaurante pero no sabe si la actora era moza o bachera porque él estaba adelante y no veía lo que pasaba atrás. Afirma que sabe que la actora trabajó esa semana porque la vieron ahí y preguntaron si estaba trabajando y después no la vio más. Dice que la actora habrá estado una semana trabajando, puede que haya trabajado diez días o menos, que primero fue cliente.

Ramírez (fs. 115) dice que conoce a Glimar S.A. porque era su jefe en sociedad con Shan Gri La. Manifiesta que trabajó en San Gri La desde julio hasta diciembre de 2008. Afirma que él era mozo y conoce a la actora porque eran compañeros de trabajo. Dice que desde que comenzó a trabajar allí la actora ya estaba trabajando. Afirma que ambos trabajaban de 09 a 18 horas de martes a domingos, que ambos cobraban $ 800 y a nadie le pagaban vacaciones y aguinaldo. Manifiesta que el sueldo lo abonaba el Sr. Jack y la Sra. Lu mayormente los días domingos. Dice que todos recibían órdenes de Jack y de Lu.

Palavecino (fs. 116) no aporta demasiados datos al respecto.

Rubio (fs. 124) dice que conoce a Glimar S.A. porque trabajó para ellos desde enero de 2009 hasta julio de 2009. Manifiesta que era cocinero y cuando ingresó a trabajar la actora ya estaba trabajando. Afirma que él trabaja de martes a domingo de 17 a 02 am. Dice que la actora era ayudante de cocina y luego pasó a ser mesera. Manifiesta que la actora trabajaba en el horario de la mañana de 09 a 18 hs. de martes a domingo. Afirma que Lu Shing y Centeno Miguel les abonaban el salario al personal, que esto lo sabe porque los domingos se le pagaba a todos, el pago era semanal, les daban el salario por parte y en negro.

Coincido con la valoración de la prueba de testigos que realiza la jueza de prime-ra instancia (conf. arts. 386 y 456 C.P.C.C.N.). En efecto, considero que todos los testigos han sido coincidentes y concordantes entre sí en señalar que veían a la actora trabajar para la demandada cuestión que controvierte la versión fáctica dada por ésta en todo momento, ya que siempre se limitó a negar la prestación de servicios.

En este contexto, resulta irrelevante la queja de la demandada de la declaración de Rubio, ya que los testigos aportados por la propia demandada apoyan la versión dada por la actora y acreditan la prestación de tareas. Por lo demás, el hecho de que algunos testigos tengan juicio pendiente con la demandada no los invalida de por sí sino que impone evaluar con mayor estrictez sus declaraciones.

III.- Apelan la condena a abonar la indemnización del art. 80 L.C.T. porque con-sideran que la actora no cumplió con lo establecido en el decreto 146/01.

A mi entender luce razonable concluir que la intimación fehaciente a la que alude tanto el art. 45 de la ley 25.345 como el art. 3 del dec. 146/2001, sólo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción contractual- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa. Sin perjuicio de lo expuesto, aún cuando se considere que cabe atenerse a una interpretación literal del art. 3 del dec. 146/2001, se torna innecesaria dicha espera en supuestos como el "sub-lite" donde la demandada niega la existencia de la relación laboral, y el actor formula la intimación pertinente al comunicar su decisión de considerarse despedido fundada precisamente en esa negativa injuriosa. En conse-cuencia, en este caso, la intimación efectuada en forma concomitante con la decisión que comunica el autodespido con fecha 01/07/2009 (ver informe del Correo Argentino de fs. 159), a mi juicio resulta operativa y cumple con la finalidad perseguida.

En un caso de aristas similares al presente esta Sala también sustentó esta postura por mayoría (S.D. 72.925 del 09/02/2011 en autos "Samarelli Pascual c/ Canet Gustavo Leonardo s/despido", del registro de esta Sala V) Por ello propicio que se confirme la sentencia de primera instancia en este punto.

IV.- Se quejan los codemandados de la extensión de la condena a los integrantes de Glimar S.A. por considerar que la extensión de la responsabilidad hacia los socios en forma personal se debió tratar en forma restrictiva, ya que no se acreditó que Glimar S.A. sea una sociedad ficticia o fraudulenta. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

En virtud del principio "iura novit curia" corresponde al juez la aplicación del de-recho, con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa un deber del juzgador (Fallos: 26:32; 262:32; 265:7), a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen (CS, "Paz de Goñi Moreno c/Goñi", del 16/12/76).

Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta los argumentos expuestos tanto en el reclamo de inicio como en las contestaciones de demanda habilitan la aplicación al caso de los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 a la luz del principio "iura novit curia".

El art. 59 de la ley 19.550 establece:

"Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con leal-tad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obliga-ciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión".

El art. 274 de la ley 19.550 dispone:

"Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los ac-cionistas y los terceros, por mal desempeño de su cargo, según el criterio del art. 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave." "Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsa-bilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas en el Registro Público de Comercio como requisito para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo." "Queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o disolución o que la conoció, si deja constancia escrita de su protesta y diere noticia al síndico antes de que su responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente, o se ejerza la acción judicial".

Cabe reiterar que el art. 59, L.S.C. imputa responsabilidad a los administradores y representantes de la sociedad.

En el presente caso, tratándose de una sociedad anónima, revisten la condición de administradores los miembros del directorio (art. 255, L.S.C.) y su representante legal es el presidente del directorio (art. 268, L.S.C.).

Es decir, Jack Ronald Centeno Miguel y Shih Ching Lu están incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del art. 59 de la ley 19.550, pues son presidente y director, respectivamente. Asimismo, las mencionadas personas físicas están incluidas en el ámbito subjeti-vo de aplicación del art. 274 de la ley 19.550.

En las sociedades por acciones, el principio es que los directores no contraen res-ponsabilidad personal ni solidaria por los actos realizados de conformidad con la ley, el estatuto y las resoluciones asamblearias, y en tanto hayan observado el cumplimiento del objeto social los que en tal caso han de considerarse válidos y legales. Para que tal responsabilidad opere es necesario la existencia de culpa, la cual se erige como funda-mento de la responsabilidad, siendo una noción adecuable a cada caso y persona en concreto a apreciar prudencialmente por el juez. Dicha apreciación debe hacerse a la luz de las pautas configuradas en los arts. 59, L.S.C. y 512 y 902, C. Civ.

Para que se configure la responsabilidad civil es necesario que los hechos u omi-siones hayan ocasionado un perjuicio, de donde resulta que no basta demostrar que el administrador incumplió sus obligaciones legales y estatutarias, o que incurrió en negligencia culpable en su desempeño, sino que, para que se configure su responsabili-dad, deben concurrir los otros presupuestos de la teoría general o de la responsabilidad civil (cfr. Verón, A. V., "Manual de Sociedades Comerciales", t. III, p. 1695; esta sala in re "Rodríguez..."), entre los que se encuentra el adecuado nexo de causalidad entre la inconducta y el daño causado..." (cfr. C.N.Com., Sala A, 7/11/02, "Cancela Echegaray, Guillermo c/Compartime S.A. y otros", pub. en "Revista de Responsabilidad Civil y Seguros", junio de 2003, Ed. La Ley, p. 115/8).

Desde esta perspectiva, analizaré si se configuraron en el "sub-lite" los presu-puestos de la teoría general de la responsabilidad.

El art. 1.066 del C. Civ. establece:

"Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito si no fuere expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía; y a ningún acto ilícito se le podrá aplicar pena o sanción de este Código, si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto".

Por su parte, el art. 1.074, C. Civ. reza:

"Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido".

Se puede incurrir en un ilícito, tanto cometiendo una acción prohibida (art. 1.066, C. Civ.), como absteniéndose de ejecutar un hecho debido (art. 1.074, C. Civ.).

Según Llambías, el art. 1.074 del C. Civ. es aplicable sólo a los cuasidelitos, por-que si hay intención de causar un daño es indiferente que exista o no exista norma que establezca el deber de actuar. Funda su posición en los siguientes argumentos:

a) El art. 1.073, C. Civ. dispone que el delito puede ser un hecho negativo o de omisión, o un hecho positivo, de lo que se deduce que en materia de delitos ninguna diferencia debe hacerse entre delitos por comisión y delitos por omisión.

b) Filosóficamente no existe diferencia entre el daño querido intencionalmente por una comisión y el conseguido por un acto de omisión; tan maligna es la intención de quien arroja a una persona al agua como la de quien la induce a que entre al agua prometiéndole que le enseñará a nadar para luego abstenerse de hacerlo.

c) La sistemática del Código Civil es intrascendente; pese a que el art. 1074 se en-cuentra en el Capítulo "De los delitos", es aplicable sólo a los cuasidelitos.

d) El término ocasionado usado por el art. 1.074 significa "daño que resulta de la ocasión", es decir, de la oportunidad y circunstancia propias para la ocurrencia del daño; no puede decirse que el asesino alevoso que dispara sobre su víctima ha "ocasionado" la muerte de la persona, sino que la ha "causado"; el art. 1074 contempla los daños que han sido "ocasionados" por cualquier abstención; no los que han sido "causados" a designio (Llambías, Jorge J., "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", Perrot, Buenos Aires, 1978, III, nº 2211). En el mismo sentido, Goldenberg sostiene que no es ocasionado el daño causado con la intención de producirlo. Ocasionado es el daño que resulta de la ocasión, es decir, de la oportunidad y circunstancia propia para la ocurrencia del daño: es responsable de ese daño, quien por su culpa ha creado la ocasión de la cual provino el daño (arg. art. 1.109) Agrega el autor citado que la palabra "ley", contenida en el artículo, hay que enten-derla aquí en sentido material, por lo cual comprende toda conducta jurídicamente impuesta (v.gr., ordenanzas municipales, decretos, resoluciones administrativas, etcétera) (Goldenberg, Isidoro H., "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 207). En el "sub-lite" la falta total de registración de la relación con la actora, vulgarmen-te denominada "en negro" constituyó un acto ilícito, imputable a Jack Ronald Centeno Miguel y a Shih Ching Lu en su carácter de Presidente y Director, respectivamente.

En efecto. Tratándose de un ilícito de tal gravedad es hasta obvio señalar que no quedan constancias documentadas en la vida interna de la sociedad anónima formalmen-te empleadora de la decisión de no registrar a la trabajadora.

Como lógica consecuencia, la alegada ilicitud es imputable al director codemanda-do, como integrante del órgano de administración de la sociedad anónima, máxime que el mismo revestía la calidad de presidente del directorio.

Por otra parte, el citado litigante no alegó oportunamente ignorancia de la ilicitud imputada, aunque parece muy difícil que pudiera haber invocado verosímilmente tal circunstancia.

En todo caso, y tal como lo exige el art. 274 "in fine", L.S.C., tampoco dejó cons-tancia escrita de su protesta, ni dio noticia al síndico antes de que su responsabilidad se denunciara al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente, o se ejerciera la acción judicial.

La ilicitud apuntada constituye, tanto un quebrantamiento de la lealtad y la diligen-cia exigible a un "buen hombre de negocios" (arts. 59 y 274, L.S.C.), como un caso de culpa grave (art. 274, L.S.C.).

En efecto. Como lo pone de resalto Verón, citando a Halperín, la noción de "buen hombre de negocios" importa una auténtica responsabilidad profesional -capacidad técnica, experiencia y conocimiento- que se evalúa teniendo en cuenta factores tales como la dimensión de la sociedad, su objeto, etc. (cfr. Verón A. V., ob. cit., p. 1699).

Cabe destacar que el directorio de la sociedad anónima formalmente empleadora es reducido; circunstancia que a la luz de los criterios expuestos precedentemente, impone una mayor diligencia a los directores.

Aunque nuestro derecho civil ha prescindido de la clasificación de la culpa en gra-dos, el art. 274 de la ley 19.550 aplicable al "sub-lite" conserva esa categoría jurídica.

Sin embargo, aún en la órbita civil, no debe entenderse que Vélez Sarsfield hubiera rechazado la diferencia de la intensidad de la culpa examinada en concreto, de acuerdo a la naturaleza de la obligación y las circunstancias de persona, tiempo y lugar, como lo determina el artículo 512. Juzgado cada caso en su individualidad, con sus características particulares, no puede prescindirse de calificar la conducta del obligado como grave, leve y aun levísima, porque esta distinción está en la propia realidad de la vida.

Dice la nota de Vélez Sarsfield al art. 512, C. Civ., tomada de Zacharie y sus ano-tadores Massé y Vergé:

"Ya no es permitido hablar de culpa lata, ni de culpa leve, ni de culpa levísima. No hay culpa que considerada en sí misma, prescindiendo de las circunstancias del lugar, del tiempo y de las personas, pueda ser clasificada por datos abstractos y por una medida invariable y absoluta como culpa grave, como culpa leve o como culpa levísima. Sin duda hay culpas que por las circunstancias, por la posición de las partes, etcétera, son más graves o más ligeras. La gravedad de la culpa -su existencia misma- está en relación con las circunstancias en que se produce".

Lo que se rechaza, pues, es la clasificación de la culpa en grados, en sí misma, en abstracto y sobre la base de tipos imaginados de antemano. Pero no se rechaza la clasifica-ción de la culpa, considerada en cada caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, como sabiamente lo dispone el artículo 512 de nuestro Código. Bien dice en su obra Mazeaud, que aun los mismos adversarios de la teoría de los grados de culpa, han admitido siempre la existencia de una culpa grave y de una culpa leve (cfr. Cazeaux, Pedro Néstor, "La asimilación de la culpa grave al dolo", en Bueres, Alberto J. - Kemelmajer de Carlucci, A (directores), "Responsabilidad por daños en el tercer milenio. Homenaje al Profesor Doctor Atilio Anibal Alterini", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 167/8).

Resultan aplicables al presente caso los arts. 902 y 909, C. Civ.

La primera de las normas citadas dispone: "Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos".

El art. 909, C. Civ. establece: "Para la estimación de los hechos voluntarios, las leyes no toman en cuenta la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos se estimará el grado de responsabilidad, por la condición especial de los agentes".

Corresponde, ahora, dilucidar si se han configurado los restantes presupuestos de la teoría general de la responsabilidad.

El art. 1067, C. Civ. reza:

"No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese da-ño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia". Art. 1068, C. Civ.:

"Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades".

Para la procedencia de la acción de responsabilidad prevista en el art. 59 de la ley 19.550, se requiere la existencia de daños y perjuicios en relación de causalidad con la acción u omisión ilícita.

A mi modo de ver, resulta evidente el perjuicio sufrido por la actora como con-secuencia de la falta de registración.

La relación causal adecuada entre ese daño y la omisión ilícita imputada al co-demandado también es evidente.

Ahora bien, si examinamos la cuestión desde la figura descripta por el art. 274, L.S.C., los directores de las sociedades anónimas responden con mayor amplitud, lo que permite contemplar no sólo el daño definido por el art. 1068 del C. Civ., sino todo "otro acto exterior que lo pueda causar" en los términos del art. 1067 del citado ordenamiento jurídico.

Por los argumentos expuestos, propicio la confirmación de la condena solidaria contra Jack Ronald Centeno Miguel y a Shih Ching Lu.

V.- Por último, con respecto a las costas en atención a que en materia laboral no cabe estar a un criterio meramente aritmético sino jurídico es que estimo adecuado confirmar las costas de primera instancia impuestas solidariamente a cargo de las deman-dadas (conf. art. 68 C.P.C.C.N.).

VI.- Postulo imponer las costas de alzada solidariamente a cargo de las demandadas (conf. art. 68 C.P.C.C.N.).

Propongo regular los honorarios a los profesionales actuantes en esta alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 de la ley 21.839).

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

Habré de adherir a la postura del distinguido colega preopinante en lo sustancial, porque el hecho de que algunos testigos tengan pleito pendiente contra la demandada, no altera la solución del caso desde que: a) Dickson Vladimir Lara Ramírez (fs. 115) no manifestó mantener juicios contra las partes y b) el testigo Flores (fs. 111) propuesto por la parte demandada, vio a la actora sirviendo en la mesa. No se está pues, ante el caso de tener por ciertos hechos relevantes de la litis solo a partir de los dichos de personas que mantenían pleitos pendientes contra alguna de las partes al momento de declarar, por razones similares a aquellas que motivan el juicio en el cual prestan declaración.

En cuanto al art. 80 L.C.T., sin perjuicio de mi opinión sobre la normativa del decreto 146/2001, ya antes de ahora he adherido al criterio de que, en aquellos casos en que se ha negado derechamente la relación de dependencia, resulta insustancial aguardar al cumplimiento del plazo que indica el decreto, pues queda claro que no va a cumplirse una obligación que es accesoria de la relación laboral misma (entre otros "Calero, Sabrina Alejandra c/ Alte. Brown 836 S.R.L. y otros s/ Despido", sentencia definitiva de esta Sala nº 68.647 del 17-7-2006).

En cuanto a la responsabilidad personal del Sr. Jack Ronald Centeno Miguel y Sra. Lu Shih Ching haré algunas aclaraciones. Si bien como regla general y como miembro de esta Sala he resuelto en el pasado en forma contraria en cuanto a la responsabilidad de los socios en forma personal en concordancia con la doctrina de los casos fallados por la Corte Suprema de Justicia que más abajo referiré (aunque por cierto analicé siempre caso por caso de acuerdo con sus circunstancias particulares y propuse la condena solidaria cuando aquéllas así lo justificaban ante la existencia de maniobras o hechos concretos probados), existieron razones que me llevaron posteriormente a alterar aquel criterio general -aunque reitero, que el análisis debe hacerse en cada caso y conforme sus propias circunstancias-.

En primer lugar, los fallos "Carballo, Atilano c/ Kanmar" y "Palomeque, Aldo c/ Benemeth S.A." no están referidos específicamente a la responsabilidad de los administradores y/o representantes y/o directores de las sociedades, sino más concreta-mente al caso del art. 54 de la ley 19.550 y en relación a la teoría del "disregard of legal entity", corrimiento del velo o desestimación de la personalidad jurídica, que presupon-dría la existencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, una mera cáscara o disfraz utilizado para la persecución de otros fines o una figura creada en forma engañosa con el propósito de violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros.

El eje de resolución del tema pasa -creo- en cambio por los arts. 59 (adminis-tradores y representantes de la sociedad), 157 (gerencia de la S.R.L.) y 274/275 (directo-res y gerentes de la sociedad anónima en caso de tratarse de dicho tipo social).

Cuando están debidamente probados en juicio los pagos marginales (o la existencia de empleos lisa y llanamente "en negro") -y partiendo de la base de que lógicamente en principio es casi imposible, o virtualmente improbable al menos, que quede documentada en actas de la sociedad la decisión de realizar actos que conlleven un perjuicio en contra de los organismos de seguridad social u otras instituciones, y la evasión de aportes que aquéllos deben percibir- cabe presumir la participación de los administradores en tal cuestión si no está probado que fuere ajeno a sus funciones y/o conocimiento todo lo relativo al pago de sueldos y las correspondientes retenciones, desde que por otra parte y por similares razones, no se acredita en estos casos (en el presente no está probado) que se haya acudido al recurso previsto por el art. 274 "in fine" de la ley de sociedades, lo que podría exceptuar a algún director de su responsabilidad personal por los respectivos daños.

En este caso no se advierten configurados los presupuestos del 2º párrafo del art. 274 cit. (asignación de funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto o decisión asamblearia; inscripción en el Registro Público de Comercio de tales circunstancias como requisito de aplicación de la imputación de responsabilidad atendiendo a la actuación individual).

No se está tampoco ante una empresa que haya acreditado una envergadura tal a nivel nacional o internacional, con complejidad de organización administrativa y dimensión extendida de sus negocios, en las que pueda resultar probable que quienes son miembros del directorio desconozcan detalles (o algunas circunstancias) que rodean los contratos de trabajo de algunos de sus numerosos dependientes (por ej.: lo que sucede en alguna sucursal o filial lejana a la sede central o en algún sector de la planta fabril alejada del lugar de asiento de los cargos directivos); en el "sub lite" como dije, se trata de una sociedad anónima que no ha acreditado circunstancias similares, por lo que ni desde ese punto de vista puede descartarse la intervención o al menos el conocimiento personal de los administradores en relación con los pagos clandestinos; ni tampoco surgen otros elementos que, por algún otro motivo pudieran conducir a descartar aquella responsabilidad solidaria.

En consecuencia, también en cuanto a la condena solidaria de los antes nombrados, habré de adherir a la propuesta del Dr. Zas.

En todo lo demás, por análogos fundamentos a los que lucen en el voto que antecede, a ello me sumo.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUEL-VE: I.- Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio. II.- Imponer las costas de alzada solidariamente a cargo de las demanda-das. III.- Regular los honorarios a los profesionales actuantes en esta alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia. Reg., not. y dev.. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.. Conste que el Dr. Enrique Nestor Arias Gibert no vota en virtud del art. 125 de la ley 18345.

MMV Oscar Zas María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara