marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Director técnico de fútbol, título profesional, interpretación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: ASOCIACION DE TECNICOS DEL FUTBOL ARGENTINO c/ CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-09-28

Las cláusulas de las convenciones colectivas deben interpretarse de acuerdo con lo que las partes han tenido en mira al celebrarlas, y sobre tal base, cabe merituar que 'el título habilitante' de Director Técnico a que hace referencia el artículo 5 de la CCT.

170/75 es el expedido y/o reconocido por la AFA.
Falsificación de instrumento público, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: BRITO, GRACIELA s/ ADULTERACION DE  D.N.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-25

En los supuestos de falsificación de instrumentos públicos, la posibilidad de perjuicio existe desde el instante en que se le produce o adultera, sin que sea menester su uso o exhibición, debiendo ser ello obra del autor y no del error causado a un tercero por el uso de documento, siendo por su naturaleza, capaz de lesionar otro bien jurídico distinto de la fe pública por su aptitud para engañar, defraudar, etc.
Prueba, hechos nuevos
Materia: PROCESAL
Carátula: A., M.N. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-09-08

Aún cuando con posterioridad a la contestación de la demanda llegase a conocimiento de las partes algún hecho que tuviera relación con la cuestión que se ventila- éstas pueden alegarlo hasta cinco días después de notificada la providencia de apertura a prueba, y que estos hechos conducentes, que acontecen o llegan a conocimiento de las partes, no pueden ser ignorados por el Juez, si tuvieren relación con la cuestión debatida.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, situación del imputado, sentencia, cosa juzgada, non bis in ídem, apartamiento de las constancias de la causa, sentencia arbitraria, acción autónoma de nulidad, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SANTIAGO A. AGOLIO S.A y Otros c/ BANCO EMPRESARIO DE TUCUMÁN COOP. LTDO s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-08

La acción autónoma de nulidad debe contener, para ser admisible, los recaudos indispensables tenidos en mira por la doctrina y jurisprudencia. Esto es, la revisión de la cosa juzgada cuando existió dolo, fraude o nulidades procesales, ampliando su horizonte revisor también cuando otras circunstancias ajenas al proceso nulificaron el valor de la sentencia misma, tal como que se hiciera írrita por vía del abuso del derecho o en otras palabras, cuando es groseramente injusta la desproporción de dar a cada uno lo suyo.

"En la revisión, los defectos que pueden dar lugar a la retractación han de ponerse de relieve en consonancia con situaciones fácticas conocidas con posterioridad al fallo que se pretende invalidar, mientras que jamás puede producirse por vicios de tipo jurídico". (Carlos A. Carbone, "La Impugnación de la sentencia firme", tomo I, p. 55, ED. Rubinzal-Culzoni). Todo ello permite aseverar que la revisión de la cosa juzgada es un instituto de naturaleza excepcional y extraordinaria "...para la cual no basta invocar la injusticia del pronunciamiento sino que es necesario invocar y probar la existencia de un motivo legal como podría ser: prueba documental incompleta o inexacta, prueba testimonial viciada, delitos u otras conductas dolosas (prevaricato, cohecho, violencia o cualquier maquinación fraudulenta); en todos los casos conocidos luego de la formación de la cosa juzgada" (Hitters, Juan C., Revisión de la Cosa Juzgada, Platense, La Plata, 1977, p. 7).

Pretender que se revea un crédito que ya ha sido determinado en dos incidentes de revisión pertenecientes a procesos anteriores, donde han ejercitado oportunamente los concursados, los remedios legales disponibles y que por derecho les corresponden para impugnar dichos decisorios, esto es, recursos extraordinarios , es volver a juzgar sobre una cuestión que ya ha sido juzgada y que ha quedado firme.

Al respecto se ha dicho: "Si la sentencia que se pretende cuestionar fue precedida de un trámite contradictorio, en el que la vencida tuvo adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y prueba, ni siquiera resultaría viable al respecto la acción autónoma declarativa de invalidez de la cosa juzgada" (Dimension integral de Radiodifusión S.R.L. c/Provincia de San Luis s/daños y perjuicios, C.S.J.N, Tomo: 327 Folio:4295. Exp.: D 207, XXIII, 14/10/2004).
Sentencia definitiva, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: BELIZAN JUAN ANTONIO S.D. USURPACION DE PROPIEDAD E.P. DE MEDINA FRANCISCO CELESTINO Y OTRO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-03

La sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones no presenta la virtualidad de definitiva para habilitar la instancia casatoria, como tampoco causa a la encartada perjuicio que no pueda ser subsanado posteriormente, pues sin incurrir en manifiesta violación ni en errónea aplicación de las normas de fondo y de forma pertinentes, el fallo de ese Tribunal se presenta como una decisión provisoria insusceptible de ser atacada por esta vía extraordinaria; en cuanto confirma el auto que imputa la supuesta comisión de un delito, no se encuentra decidida de manera definitiva la situación procesal del encausado ante la persecución pública, ni tampoco se ha causado estado. En consecuencia, no puede tenerse por formalmente admisible el recurso incoado.-
Delitos contra el honor, injurias, tipo penal, garantías procesales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia internacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C., O. E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - QUERELLA POR INJURIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 447 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-26

Es insoslayable realizar un análisis del cumplimiento del principio de legalidad en orden a la exigencia de una típica y estricta definición en la ley de la conducta prohibida, con relación específica a las conductas demostradas.

Concretamente, en el caso, el tipo seleccionado por la resolución atacada (artículo 110 del Código Penal) ha sido interpretado como no satisfactorio a la exigencia y, por tanto, violatorio de las garantías establecidas en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el Caso KIMEL VS. ARGENTINA (CIDH, Sentencia de 2 de Mayo de 2008, punto 63, pág. 17).

Si bien la decisión citada se refiere a la libertad de expresión, el texto de los fundamentos de la sentencia pueden abarcar otras situaciones pues la misma Corte Interamericana vincula la imprecisión de los tipos a la medida en que hagan imposible o entorpezcan el ejercicio de otras libertades protegidas.

Entonces cabe preguntarse si no es extensible la afirmación a casos donde, en el ejercicio de libertades tales como la ejercer profesión o el trabajo, etc., también justificarían sostener que una restricción tal (la amenaza de pena) resulta repugnante a la norma convencional y constitucional.

Es más, ya en términos mucho más generales que exceden el caso puntual, también afirma la Corte Interamericana que la protección de la honra (también garantizada como Derecho Humano) debe abordarse por otros medios distintos al punitivo y, no sólo menos gravosos sino adecuados al sistema de garantías, sobre todo, porque también la Corte Interamericana entiende que debe argumentarse sobre la proporcionalidad (también garantizada) de la reacción estatal frente a la infracción (ver puntos 81 y siguientes de la sentencia citada), y ello implica el necesario debate en el juicio.

El tópico en cuestión debe agregarse de oficio dado que es obligación del Estado (incluido el Poder Judicial) remover o evitar las situaciones que puedan acarrear al Estado Argentino responsabilidad internacional según reiteradamente lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (De la Disidencia del Dr. Creus)
Juicio ejecutivo, confirmación de sentencia, plazo, memorial, presentación electrónica
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreno, Mauro c/ Iovanna, Gabriel Alejandro y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-19

Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto concedió un plazo de 48 horas a la demandada para incorporar el memorial debidamente firmado al sistema informático, toda vez que informó mediante correo electrónico al Tribunal de grado anterior que, como consecuencia de una caída del portal del Poder Judicial de la Nación, no pudo incorporar su memorial al sistema Lex 100 y procedió a su remisión por esa misma vía.
Competencia, competencia por la materia, competencia civil y comercial federal, daños y perjuicios, importaciones, control aduanero
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MOLTOMAX SRL c/ ITS INTERTEK TESTING SERVICES LTD. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-22

Del dictamen fiscal 88238:.

Resulta competente el fuero civil y comercial federal para entender en un proceso en el que, -como en el caso-, se persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios que se dicen ocasionados por la defendida en su calidad de empresa concesionaria del servicio de control de preembarque de importaciones, con motivo de la supuesta confección deficiente de certificados de importación, toda vez que la cuestión en debate enmarca en lo normado por el Decreto 477/97, referido a la regulación del programa de inspección de preembarque de importaciones. En tal sentido cabe precisar, que en la sección III) del inc. k) referida a los procedimientos de reclamos administrativos, la citada norma dispone que entre las empresas de inspección y los importadores, una vez agotada la via administrativa quedará habilitada la instancia judicial federal.

Por tanto, la descripta circunstancia, unida a la vinculación del tema objeto de tratamiento, destinado a reforzar los mecanismos de control del servicio aduanero mediante un alerta temprana como mecanismo preventivo de control, tendiente a disuadir la realización de maniobras orientadas a la competencia desleal como protección de la actividad de sectores economicos nacionales y la recaudación de recursos por el estado nacional, torna competente la intervención del mentado fuero.
Jueces, remuneración del juez, tasas de interés
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Otero,  Luis  César c/ Estado  Nacional  (CSJN-Consejo de  laMagistratura) art. 110 Constitución Nacional s/ Empleo Público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-29

Corresponde aplicar para los créditos no consolidados, la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en cuanto a los créditos consolidados, se aplicará la tasa de interés que establezca la normativa que autoriza la respectiva emisión (Fallos: 327:3721 y 328:4004) (Del voto del juez Bianchi, cons. III.5).
Derecho procesal, competencia, competencia federal, competencia por la materia, procedencia del recurso, Superintendencia de Servicios de Salud, solicitud de afiliación, competencia civil, competencia comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Arias, Mabel c/ Swiss Medical SA s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-24

Resulta competente la justicia civil y comercial federal para entender en los conflictos derivados de los incrementos de la cuota de la cobertura médica dispuestos en razón de la edad del afiliado, pues el objeto del litigio conduce, prima facie, al estudio de obligaciones impuestas a las empresas de la medicina prepaga por la ley 26682.

Por ello, más allá de la relevancia de los aspectos contractuales y de consumo eventualmente involucrados, resulta aplicable el criterio según el cual los litigios que versan, en último término, sobre situaciones alcanzadas por reglas federales, deben tramitar ante ese fuero por razón de la materia (cfr. CSJN in re "Torres López, Juan Bautista y otro c/ Casa Salud - Sistema Asistencial s/ amparo", del 11/11/21, fallos 344:3469; ídem "SSI c/ Simeco s/ amparo de salud", del 27/05/21, fallos 344:1253; y "Schek, Gustavo Alberto c/ Swiss Medical SA s/ daños y perjuicios" del 13/08/20).
Reajuste jubilatorio, tasas de interés, tasa pasiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Kemper, Abraham c/ ANSeS s/ reajustes varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

La tasa pasiva promedio que elabora el Banco Central de la República Argentina es adecuadamente satisfactoria del menoscabo patrimonial sufrido por la demandante, en el marco de la índole previsional de la relación jurídica en examen, el carácter alimentario de las prestaciones adeudadas y el período de estabilidad del valor de la moneda durante el lapso que corresponde a la deuda reclamada. -Del precedente "Spitale" al que remitió la Corte Suprema-.
Contrato de trabajo, trabajadores rurales, desconocimiento de la relación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, Daniel Humberto c/ Cabada, Jose Luis s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2020-12-16

Al estar frente a un trabajador agrario, resulta inevitable no aplicar las normativas dispuestas en la ley de contrato de trabajo, ya que si bien el Art. 2 de la LCT en su inciso "c" es claro cuando refiere a que la Ley de Contrato de Trabajo no será aplicable a los trabajadores agrarios, debe tenerse en cuenta que seguidamente establece "sin perjuicio de que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo Agrario", por lo tanto al no contener la Ley 26727 una forma específica de acreditación de existencia de relaciones laborales subordinadas cuando se encuentran negadas por una de las partes, debe aplicarse de forma supletoria la LCT.
Locación de cosas, juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Rosello, Horacio Oscar. c/ Iwan, Mirta Concepción y otro. s/ Desalojo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-25

Si hay contrato de locación, el locador está legitimado para interponer la pretensión de desalojo en aquel carácter, con prescindencia de que sea o no propietario del inmueble porque en tal caso el derecho de dominio resulta ajeno a la causa de dicha pretensión.
Prescripción de la acción penal, suspensión del trabajador, suspensión preventiva, suspensión por justa causa, salarios caídos
Materia: LABORAL - PENAL
Carátula: SILVA, SATURNINO c/ ENTEL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Sin perjuicio que en el plano teórico es razonable pensar que , estando el proceso penal en la etapa plenaria y mediando sobreseimiento por prescripción, si el juez penal no se hubiere pronunciado sobre la existencia de material del hecho o la responsabilidad del trabajador, nada obsta para que lo haga el juez laboral de acuerdo a las constancias de la causa penal, apreciando si la suspensión precautoria fue dispuesta justificadamente y en caso afirmativo negar el derecho al cobro de los salarios (Confr.

"la suspensión preventiva del Contrato de Trabajo- art 224 LCT-.

Derecho al cobro de salarios en caso de sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal". DL., Errepar DLE, t. v.). (Del voto del Dr. Lescano, integrante de la mayoría).
Denegatoria del recurso, empleo público, cesantía, diferencias salariales, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ACOSTA, LORENA NOEMI Y OTROS c/ GCBA s/ EMPLEO PÚBLICO (EXCEPTO CESANTÍA O EXONERACIONES) - EMPLEO PÚBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

Corresponde rechazar la queja en cuanto a la alegada arbitrariedad, si la sentencia que en último término busca revocar no es descalificable como carente de lógica, autocontradictoria o de insuficiente fundamentación. La solución propuesta por las instancias de grado, si bien puede ser objeto de crítica jurídica, es una de las jurídicamente posibles, y -más allá de su acierto o error- se encuentra fundada en las constancias de la causa y en la normativa aplicable. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Competencia electoral, plazos procesales
Materia: ELECTORAL
Carátula: Morales Adrián Daniel (apod. Movimiento Independiente Justicia y Dignidad) s/ apela resolución de fs. 1671 y vta. del Expte. Letra P, N( 11, año 2008
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-11

El artículo 156 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación solo rige respecto de los plazos previstos en ese plexo normativo y no respecto de los estipulados en las leyes de fondo (cf. Carlos E. Fenochietto, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado con códigos provinciales", T. I, Ed. Astrea, 2da. edición, 2001, pág. 560).
Confirmación de sentencia, indemnización, publicación periodística, derecho a la intimidad, ofensas cometidas por medio de la prensa
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Canavesi, Eduardo Joaquín y otra c/ Diario El Día Soc. Impr. Platense SACI s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-08

Corresponde confirmar la sentencia que confirmó la resolución que había condenado al diario por la divulgación de información inexacta sobre el deceso de la hija de los demandantes causando así mortificación en sus sentimientos, ya que la prensa debe obrar con mayor cautela hacia las personas que menciona en sus publicaciones cuando ellas no son funcionarios ni figuras públicas, pues su vida privada es mucho más vulnerable y difícil de reparar ante la divulgación de falsedades, bastando que la falsa presentación de los hechos haya sido hecha con simple culpa para que el medio deba responder por los daños y perjuicios causados (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).
Cheque sin fondos, competencia
Materia: PENAL
Carátula: KOLOSZCO, CARLOS s/ Cheque sin fondos, Incidente de incompetencia Causa Nro. 33552.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Si el cheque fue librado con fecha posdatada hace concluir que medió crédito en la operación y la dación del valor no pudo ser un ardid determinante de la contraprestación, de donde no cabe considerar el hecho subsumido en el tipo penal previsto en el art. 172 del Código Penal sino en la hipótesis del Inc. 4 del Art. 302 del cód.cit., por lo que corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar al planteo de incompetencia efectuado por el Ministerio Público.
Honorarios, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Polisano, Ricardo c/ Loteria Nacional S.E. s/ laboral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-14

A fin de regular los honorarios de los abogados, deben ponderarse los trabajos profesionales realizados, las etapas cumplidas, como así también la complejidad e importancia del juicio, la responsabilidad asumida y el tiempo empleado en la solución del litigio, en virtud de lo dispuesto por la ley de honorarios 21.839
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giles, Carlos Daniel c/ Pascuale, Antonio y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-16

Más allá de que el demandante al absolver posiciones haya reconocido que advirtió que la camioneta frenaba, la exigencia impuesta por el artículo 17 inciso 20 y su reglamentación de la ley 11.430 no resulta ser caprichosa, tiene su razón de ser porque ellas advierten la detención de un vehículo en el mismo instante que se acciona el pedal correspondiente, avisándole del intento de detención del móvil que circula delante unas fracciones de segundo antes que la vista de quien viene detrás, instantes que pueden resultar vitales para evitar o atenuar las consecuencias del siniestro (art. 1113 del Código Civil).
Deuda pública, honorarios, demandado, sindicatos, responsabilidad del Estado, acción subrogatoria, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Farmacia Social Congreso  S.C.S. c/ Obra Social de Portuarios Argentinos s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-29

Toda vez que aún no ha sido dictado el decreto reglamentario de la Ley 24.070, en cuyo ámbito deben ser establecidas las condiciones y requisitos a que se deberán sujetar las organizaciones y entidades beneficiarias para que pueda operarse validamente la subrogación establecida en la norma aludida, la petición de levantamiento del embargo solicitado resultó, cuanto menos, prematura, por lo que corresponde, por el momento, revocar la resolución que había hecho lugar a tal levantamiento de embargo decretado por el a quo.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Sisterna, Eulogio c/ Empresa Olivares del Sol S.A. s/ Interdicto de Recobrar la Posesión s/Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-10-25

Dentro de los requisitos exigidos para la admisibilidad formal del recurso de casación se encuentra aquél que exige la definitividad de la sentencia, dicho concepto está vinculado con la posibilidad de cancelar vías hábiles para lograr la reparación del derecho pretendido, es decir, que la cuestión no puede renovarse en otra oportunidad procesal o en otro juicio.

En relación al tema propuesto como objeto de revisión -acción posesoria-, corresponde determinar que en principio las resoluciones dictadas en tales juicios no revisten carácter de sentencias definitivas, porque de una interpretación armónica de las disposiciones de fondo, se concluye que, aún después de vencido en la acción posesoria, el interesado puede intentar la acción petitoria real enderezada a lograr el reconocimiento de sus derechos.

Tal circunstancia excluye a dichas acciones del conocimiento del Tribunal salvo en casos en que exista un gravamen irreparable que autorice el apartamiento del principio sentado por la Corte Suprema en ese sentido: "no son susceptibles de recurso extraordinario las resoluciones dictadas en interdictos posesorios, ya sea que lo admita o lo rechace, por no revestir el carácter de sentencia definitiva, aunque se invoque la doctrina de arbitrariedad." (CS 18/12/84, LL, To. 1985 C-P 660; 9/8/83 Edt 107 p. 105, entre muchos otros).

En el caso no se configura ningún supuesto de excepción al principio aludido toda vez que no se advierte la existencia de un gravamen irreparable, ni tal extremo fue propuesto por el recurrente, ya que el memorial de agravios está dirigido únicamente a efectuar una crítica directa a la interpretación de los hechos y la prueba tendiente a aseverar que no hubo clandestinidad y que por lo tanto no correspondía hacer lugar a la acción, pero en ningún momento señala que exista un gravamen de imposible reparación ulterior que permita considerar a la sentencia como definitiva.

En tales condiciones el recurso deviene manifiestamente inadmisible al no reunir los requisitos formales exigidos por la ley.