Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-04


Causa Nº 5885-00-CC/2006 caratulada: "Cardozo Carabajal, Marcelo Gerry s/ Inf. Art. 189 bis del C.P. Apelación" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Diciembre de 2006, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver en las presentes actuaciones.

VISTOS:

La defensa oficial del nombrado en el epígrafe, Javier E. de la Fuente, interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos por el Sr. Juez de grado, Germán C. Garavano, titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 12.

El pronunciamiento obrante a fs. 305/14, dispone entre otros puntos y que consecuentemente forman parte del núcleo de agravios esbozados por la defensa, lo siguiente:

1) Rechazar la nulidad del procedimiento por el cual se llevara a cabo la detención;

2) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la agravante prevista en el art. 189 bis, inc. 2, último párrafo del Código Penal;

3) Condenar a Marcelo Gerry Cardozo Carabajal, a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo en calidad de autor penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, accesorias legales y costas (arts. 29, inc. 3º, 45 y 189 bis inc. 2º) tercer y octavo párrafo del C.P., texto según ley 25.886; art. 5, inc. 1, apartado a) del decreto 395/75 reglamentario de la ley 20.429, 399 y ss., 530 y 531 del C.P.P.N).

4) Rechazar la inconstitucionalidad del art. 50 del C.P.;

5) Declarar nuevamente reincidente conforme el art. 50 del C.P..

La medida impugnativa se articula en el marco del art. 61 LPC (s. Ley 1287) bajo los supuestos de inobservancia procesal y sustantiva. Los agravios seleccionados por la defensa, han sido delineados según se indica, cuyo sustrato se particularizará en el tratamiento (ver fs. 317/32):

1. Violación al sistema acusatorio y al derecho de defensa por valoración de elementos de prueba no ofrecidos por la fiscalía;

2. Nulidad del procedimiento policial;

3. Violación al principio de inocencia e in dubio pro reo;

4. Atenuante por falta de intención delictiva;

5. Inconstitucionalidad de la agravante prevista en el art. 189 bis, inc. 2, octavo párrafo del C.P.;

6.Inconstitucionalidad de la reincidencia.

Finalmente el de la Fuente, hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme lo previsto por las leyes 402 y 48.

Por su parte el Sr. Fiscal ante esta instancia se expidió favorablemente en lo que hace a sus requisitos formales, no así en cuanto al fondo de la cuestión que lo llevara a concluir que se trata de "una mera discrepancia con la apreciación de las circunstancias del caso y la pena impuesta por el a quo" no advirtiéndose causal alguna que invalide la ley sustantiva o procesal (fs. 340vta.).

CONSIDERANDO:

I) Admisibilidad del recurso.

En torno al examen de admisibilidad corresponde señalar que se encuentran cumplidas las exigencias formales de procedencia, en tanto ha sido interpuesto por quien tiene derecho a hacerlo, se erige contra una sentencia definitiva y encuentra fundamentados sus agravios en los supuestos establecidos en el art. 61 de la Ley 12 (Ley 1287 y modificatorias) .

II) La cuestión de fondo.

Llegado el momento de resolver, resulta conducente tener presente los términos de la imputación efectuada por parte del Ministerio Público Fiscal. No obstante hemos de adelantar que la pretensión de la defensa, pese al esforzado libelo, no tendrá favorable acogida puesto que los supuestos agravios no logran Causa Nº 5885-00-CC/2006. Sala II enervar ni un mínimo margen de duda en relación al cuadro fáctico y autoral conformado y a su encuadre jurídico.

Se desprende de fs. 55/59, que se atribuye a Marcelo Yerry Cardozo Carabajal "el haber sido sorprendido el 18 de febrero de 2006 aproximadamente a las 22:15 hs. portando una pistola calibre 6.35 marca Browning número 553612 con 5 cartuchos a bala del mismo calibre en su interior, uno de ellos en recámara y el resto en el cargador, sin contar la correspondiente autorización para ello. El hecho tuvo lugar en la calle Cochabamba entre Piedras y Chacabuco de esta ciudad, cuando personal policial de la Seccional Nº 14 de la Policía Federal observó al nombrado conduciendo por dicha arteria en sentido contrario al de circulación una bicicleta tipo mountan bike (sic) rodado 28 y advirtió que presentaba características similares al posible autor de un hecho de robo a mano armada con lesiones ocurrido el día anterior en un Kiosco de la jurisdicción y por el que se instruían actuaciones en la mencionada Dependencia bajo el número 338/06, a partir de lo cual se le ordenó que detuviera su marcha a efectos de identificarlo, pero el imputado no acató la orden e intentó darse a la fuga siendo aprehendido a los pocos metros frente al número 741 de la calle Cochabamba donde tras intentar nuevamente fugarse sin resultado, fue reducido y se formalizó su detención en presencia de testigos procediéndose al secuestro del arma mencionada que llevaba en el bolsillo trasero izquierdo de la bermuda que vestía, de las municiones y de la bicicleta que conducía".

1. Violación al sistema acusatorio y al derecho de defensa por valoración de elementos de prueba no ofrecidos por la fiscalía.

El primer agravio que formula la defensa y con el cual pretende la nulidad de todo lo actuado, radica en torno a la incorporación de dos elementos de prueba ofrecidos por la fiscalía, que motivado su representante en razones de celeridad procesal, promovió la elevación a juicio con expresa mención de encontrarse subsistente su cumplimentación; concretamente se refiere al informe correspondiente del RENAR y a las conclusiones de la pericia balística, de modo que se remitió al adelanto con que contaba hasta ese momento.

Tal como sostiene el Sr. Fiscal en esta instancia resulta extemporáneo el planteo, y más parece ser un intento infructuoso ante el resultado adverso del proceso; pero además el De la Fuente introduce una cuestión que ha sido convalidada, y que por otra parte, en lo que a la eficacia de la información recabada se refiere, ha sido cumplimentada en su totalidad previo al debate.

De modo que, su desarrollo se sustentó entre otros medios, sobre la base de un elemento probatorio eficaz, caso contrario otro hubiera sido el criterio a adoptarse en esa etapa de resultar pendiente la acreditación de algún extremo. Por lo demás, aún en caso de estar frente a la incorporación de piezas de forma contraria a las formalidades procesales establecidaspara esa fase, el defensor tuvo pleno contralor y posibilidad que ofrece el proceso oral, de hacer valer su derecho en esa etapa. De modo que se rechaza el agravio en un todo.

2. Nulidad del procedimiento policial.

La defensa articula la invalidación del procedimiento policial en base a la versión de los agentes brindada durante el juicio, que a su entender se contradice con las efectuadas en la etapa preliminar. Dicho planteamiento fue deducido con anterioridad en oportunidad de los alegatos, siendo rechazado por el magistrado tal como se desprende de fs. 307vta./308 del pronunciamiento.

La cuestión tiene su eje en la observancia o no de los recaudos que habilitan la procedencia de medidas de coerción personal como la detención y requisa conforme lo preceptuado por los arts. 230 bis y 284, inc. 3 del CPPN, de aplicación supletoria en el fuero.

En este contexto se impone el examen de lo decidido por el a quo con las limitaciones propias del caso, en tanto se trata de cuestiones de hecho y prueba cuyo mérito corresponde al juez de juicio, de modo que el análisis queda circunscripto sólo al caso de manifiesta inobservancia de aquéllos extremos que el sentenciante ha dado por probados y a la razón o pautas lógico-jurídicas seguidas para avalar esa conclusión.

En el marco normativo señalado la defensa embate contra la falta de precisión de las "circunstancias previas u objetivas" o "estado de sospecha" que habilitaran la interceptación del encausado y su ulterior requisa -que diera por resultado el secuestro del arma- arguyendo que las mismas se presentaron a posteriori de detenido.

El argumento central es que Cardozo Carabajal fue interceptado con fines de identificación, tras lo cual los agentes policiales advierten su similitud con el presunto autor de un hecho ocurrido el día anterior en las cercanías, de modo que no se verificaría el supuesto "estado de sospecha" para habilitar la consecución del procedimiento.

En este contexto la valoración del magistrado sobre el particular resulta eficaz y exhibe un razonable grado de ponderación de los testimonios rendidos.

Causa Nº 5885-00-CC/2006. Sala II Así señaló que ambos preventores observaron al incuso circulando en bicicleta por la calle Cochabamba en contramano, razón por la que lo detuvieran para identificarlo. Si bien uno de ellos, el Cabo 1º Carlos A. Agüero, fue quien manifestó que en ese preciso instante pudo relacionarlo con el autor del otro ilícito -dado que tenía presente la descripción física suministrada por los testigos y por la propia víctima- sostuvo que independientemente "del momento en que cada uno de los policías haya relacionado mentalmente a Cardozo Carbajal con la persona buscada por el hecho de robo sucedido el día anterior, la interceptación efectuada al imputado resulta naturalmente lógica porque todos los policías de la jurisdicción estaban en estado de alerta". A lo que debe sumarse el intento de fuga durante dicha secuencia; y la consecuente requisa, cuyas formalidades viene a corroborar la versión de Andrés J. Argentini, en calidad de testigo de actuación.

Es en esta tesitura que el magistrado formula el rechazo de la pretensión nulificante, que como se dijo no presenta quiebre alguno en su fundamentación. A mayor abundamiento, más precisamente en torno a la alegación del Sr. Defensor sobre la determinación de las circunstancias previas o concomitantes que desembocaran en la aprehensión, la compulsa de las constancias del debate reflejan: "en el sentido contrario a la circulación venía una bicicleta y lo detiene para identificar y advierten que en el bolsillo trasero tenía un arma ...Al momento de detenerse el móvil, el imputado intentó darse a la fuga, por muy poca distancia y que luego de ello es reducido" (fs. 259, declaración del testigo Agüero y en similar sentido el testigo Ruiz Martínez).

De modo que, la secuencia de los acontecimientos, más allá de las diversas modalidades de formulación, desde la óptica posible de esta instancia, se vincula muy estrechamente con las pautas construidas jurisprudencialmente (sobre todo a través de los estándares emanados de la C.S.J.N) en la determinación del margen de actuación de los funcionarios del orden para intervenir sin previa autorización judicial. En esta inteligencia la presencia de un móvil policial y coetaneamente el intento de fuga de un individuo permite circunscribirlo en los supuestos normativos de los arts. 230 bis y 284, inc.3º del CPPN sin hesitación. Asíha sido sostenido: "Que los principios que emanan de los precedentes citados resultan decisivos para considerar legítimo el trámite de requisa personal llevado a cabo en el presente caso por los funcionarios policiales a la luz de las normas que regulan su accionar (arts. 183, 184 inc. 5º, 230 y 284, Cód. Procesal Penal de la Nación). Ello es así, puesto que en su función específica, éstos han sido comisionados para recorrer el ra dio de la jurisdicción en la tarea de la prevención del delito y en ese contexto -en horas de la noche y en las inmediaciones indicadas- interceptaron al encartado que mostró una conducta muy nerviosa ante la sola presencia policial...actitud que despertó la razonable sospecha del funcionario policial actuante y que fue ulteriormente corroborada con el hallazgo de efectos vinculados a la tenencia de estupefacientes." ("Szmilowsky, Tomás Alejandro - CSJN - 06/02/2003 - LA LEY 2003-D, 155 -DJ 2003-2, 364, www.laleyonline.com.ar ).

En razón de lo expuesto se impone el rechazo del agravio.

3. Violación al principio de inocencia e in dubio pro reo.

Intenta la defensa una eximente exculpatoria delineada en base al descargo efectuado por el encausado, en tanto atribuye el hecho que se le endilga a una situación contingente fruto de una agresión. De las referencias del suceso se desprende que el aquí imputado concurrió a un parque del ejido de la ciudad con motivo de las celebraciones de carnaval, ocasión en que se encontró con unos conocidos, uno de los cuales y con quien había tenido problemas con anterioridad relacionados con drogas, lo agredió exhibiendo un arma de fuego.

De este entuerto el Sr. Defensor esgrime que el accionar se encuentra justificado, por imperio del art. 34 del C.P., sea por configurar el supuesto de estado de necesidad o de legítima defensa, previsto en los incisos 3º y 6º, respectivamente.

De más está decir que el argumento tiene poco asidero no sólo por la falta de configuración de los extremos jurídicos que requieren ambos supuestos, sino que no ha sido alcanzado por ningún elemento probatorio que permita corroborar el suceso, o cuanto menos sembrar duda. En este sentido, la alegación de que el encausado tomó el arma tras haber caído al piso durante la gresca -llevándosela para evitar un mal mayor- carece de total verosimilitud y resulta rayano con la más mínima inteligencia.

De modo que la valoración del a quo al respecto deviene lógicamente conducente, no sólo desde la hipótesis de los propios dichos del encausado en cuanto a que por su situación procesal conocía perfectamente que no podía incurrir en este tipo de accionar, sino también por cuanto de resultar veraz el Causa Nº 5885-00-CC/2006. Sala II episodio descripto, bien podría haber adoptado una actitud distinta huyendo o apartándose del lugar sin más o arrojando inmediatamente la misma y, por otra parte, cierto es que no ha existido ninguna medida articulada por la defensa tendiente a probar dicho extremo, más allá de resultar de la órbita del acusador público la carga de la prueba como alega.

4. Atenuante por falta de intención delictiva.

La defensa pretende la aplicación en autos de la atenuante prevista en el inciso 2º, párrafo 6º de la figura en trato, una vez probada la responsabilidad del encausado y como corolario de la estrategia utilizada al promover la eximente exculpatoria con base en la supuesta agresión sufrida.

Los argumentos de que se vale al respecto si bien resultan un tanto dogmáticos -e incongruente a criterio del Sr. Fiscal en razón de que luego pide la inconstitucionalidad de la norma- no logran sustentar una hipótesis valedera como para torcer el temperamento adoptado por el a quo, que ha expuesto claramente las razones que lo llevaran tanto al rechazo de este planteo como de la eximente de responsabilidad tratada.

Si bien asiste razón al Sr. Defensor que estamos ante una figura compleja -para lo cual nos trae reseña de sus antecedentes provenientes del compendio español (art. 565) no es menos cierto que dicha dificultad se extiende a toda la norma del art. 189 bis, sobre todo a la luz de la modificación introducida por la ley 25886. Existen algunas diferencias, en tanto el precepto que nos ocupa engloba varias conductas, diversificando entre los tipos de portación y tenencia, entre otros supuestos que no recepta el mencionado cuerpo; en lo que atañe específicamente a la previsión atenuada, su aplicación hace ceder las pautas mensurativas de carácter general previstas en el repertorio sobre determinación de las penas (art. 67 y cctes. del Código Penal Español) circunstancia que no acontece en nuestro ordenamiento, que sí lo hace justamente en los casos de agravamiento de la figura por el empleo de un arma de fuego (art. 41 bis) atento la desproporción que daría su resultado.

Aún configurándose la hipótesis, la esforzada interpretación que efectúa el Sr. Defensor no puede resultar procedente, no sólo por la endeble convicción que manifiesta la versión de su pupilo, sino también en la consideración de que el supuesto no debe tomarse aisladamente y como operativo, casi de forma automática como lo hace el De la Fuente.

Entendemos que configura una pauta facultativa para el juez, resultando una circunstancia excepcional en el que obviamente habrá de analizarse detenidamente la concurrencia de determinados elementos objetivos, que permitan efectuar el encuadre tal como lo señala la norma en torno a "las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor" situación que lejos está de darse en autos frente a un individuo que intenta eludir la presencia policial y que acredita antecedentes delictivos con armas.

En esa inteligencia, si bien la letra de la ley puede resultar poco feliz y discutible, en cuanto sitúa al intérprete a sopesar ex ante "la posible utilización con fines ilícitos del arma que porta" un individuo, el acierto indudablemente deberá recaer en la prudente valoración que se realice de esas circunstancias a las que nos remite la ley, como es de común en nuestro ordenamiento punitivo, cuando se trata dereglas generales.

Concretamente estamos frente a un supuesto en que el legislador, así como ha agravado la figura por determinadas circunstancias, en contraposición, ha optado por morigerar sus efectos de modo preciso, ante situaciones contingentes, que entiende pasibles de menor reproche.

De modo que el citado precepto una vez probado el juicio de culpabilidad debe articularse con aquellos criterios relativos a la determinación de la pena, pero con apoyo estricto en elementos objetivos que se desprendan del hecho y de las condiciones personales del autor (vgr. aunque pueda pecar de simple 'el individuo que es sorprendido con un arma en el interin que la traslada con el propósito de alcanzársela a su legítimo usuario').

En este contexto resulta oportuno recordar que el encausado registra una condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 de esta ciudad, de fecha 28 de abril del 2000 (causa Nº 641) a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo con armas en grado de tentativa, en la que resultara condenado en definitiva a la pena única de 6 años y ocho meses de prisión comprensiva de la señalada y de la pena de cuatro años de prisión, impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26 (causa Nº 311) con fecha 28 de Causa Nº 5885-00-CC/2006. Sala II abril de 1998, en orden a los delitos de robo reiterado -dos hechos-, daño y robo en poblado y en banda, todos en concurso real. Asimismo, el Tribunal Criminal Nº 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con fecha 10 de junio de 2004, condenó al nombrado a la pena de cinco años y ocho meses de prisión, por los delitos de robo agravado por el empleo de arma en grado de tentativa, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada (ver fs. 17 del Legajo de Personalidad).

Por otra parte, no se puede soslayar que habiendo sido deducida la impugnación que nos ocupa, con fecha 13 de agosto del año en curso, el encartado se dio a la fuga del establecimiento en que se encontraba detenido, siendo posteriormente aprehendido con fecha 3 de septiembre ppdo., con motivo de la comisión de otro ilícito -hurto con escalamiento en grado de tentativa- dejándose sin efecto, la rebeldía y orden de captura oportunamente dispuesta y en consecuencia reanudándose el trámite del presente (ver fs. 344/47, 349/50, 390/90vta., 394 y cctes.).

Por último, la circunstancia de que el inculpado haya confesado el hecho, si bien resulta una pauta a tener en cuenta al momento de formular el reproche, también debe sostenerse con los restantes elementos colectados y en este sentido, la versión no ha podido ser mantenida; sin perjuicio de lo cual no debe soslayarse que la pena impuesta lo ha sido en el mínimo legal previsto por la figura aplicada, atento las razones que valorara el a quo, difiriendo de la solicitada por parte del acusador público de cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, que a su vez modificara la propugnada oportunamente al requerir la elevación a juicio -seis años- por los fundamentos expuestos al momento de alegar (ver fs. 291/2 del las actas pertinentes).

5. Inconstitucionalidad de la agravante prevista en el art. 189 bis, inc. 2, octavo párrafo del C.P..

Objeta la defensa la aplicación al caso de la agravante prevista en la citada norma por inconstitucional, cuyos argumentos esboza en base al principio de culpabilidad y "non bis in idem".

Mas allá de las consideraciones que realiza (que por lo demás es reiteración del planteamiento que fuera tratado vía incidencia en oportunidad de oponerse a la elevación a juicio) la cuestión se encuentra zanjada a través de la doctrina emanada del máximo Tribunal de la ciudad al expedirse en autos "Lemes, Mauro Ismael" por la constitucionalidad del precepto;1 ello sin perjuicio del criterio de los suscriptos sobre el particular que, por razones de economía procesal, torna innecesario desarrollar.

En efecto, alcanzado esa instancia el referido proceso aunque admitido por vías procesales distintas (recordemos que el juez de mérito declaró la inconstitucionalidad de la agravante, siendo revocado en Alzada a instancia de la pretensión fiscal) entre otras cuestiones el Tribunal confirmó la decisión de Cámara en lo que al punto interesa.

En esta sentido sostuvo "el tipo penal que aquí analizamos busca conjurar la configuración de situaciones en las que un individuo asuma la capacidad de someter la voluntad de sus semejantes, simples particulares o agentes del orden, o de dañarlos físicamente, determinada por tener un arma ilegítimamente. Dicha situación no está determinada por el mero hecho de llevar encima un arma, sino por la capacidad efectiva de someter o dañar, que cabe inferir de las aptitudes exhibidas en el pasado, esto es, en el criterio del legislador, de los "antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas", supuesto radicalmente distinto de la reincidencia genérica, pues más que dirigido a someter la voluntad de quien muestra ser renuente al cumplimiento de la ley, constituye una base razonable para presumir eficacia en el empleo del arma. El legislador ve aquel pasado como revelador de la falta de inhibiciones al igual que de la habilidad ofensiva de quien porta el arma. Visto con esta perspectiva, acudir a lo que hizo el autor en el pasado para establecer estas circunstancias no supone más que una manera de recoger, con la inexorable generalidad con que ello puede ser hecho a nivel legislativo, elementos de juicio para apreciar el peligro abstracto que encierra una conducta como la juzgada en el sub lite, a saber, la portación de un arma de fuego por parte de quien ya ha cometido robo en lugar poblado y en banda, dos robos ... Quien decide llevar el arma queda advertido por el legislador de que, según cuál haya sido su comportamiento en el pasado, se considerará de modo diverso su capacidad de someter la voluntad de sus semejantes, determinada por el uso del arma, en función de lo cual le tocará decidir si trasgrede en el presente." (del voto del juez de trámite Luis F. Lozano).

Atento a lo expuesto y como adelantáramos, la pretensión constitucional que plantea la defensa no puede ser acogida no sólo porque no se logra establecer de que manera la aplicación del supuesto normativo más gravoso en el caso resulta contrario al precepto constitucional, sino también porque su procedencia tampoco configura el recaudo de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (conf. art. 61 LPC) como apertura de esta instancia apelativa.

Causa Nº 5885-00-CC/2006. Sala II 6.Inconstitucionalidad de la reincidencia.

La defensa introduce una segunda cuestión constitucional en torno a la improcedencia de la reincidencia, sustentada en la afectación del principio de culpabilidad y el "non bis in ídem".

Esta Sala se ha expedido sobre el particular en autos "Juárez, Diego Martín s/Art. 189 bis del C.P. - Apelación" - Rta 9/1/06, por lo que nos remitimos en un todo a lo dicho en esa oportunidad. (En igual sentido el pronunciamiento del TSJ en "Lemes" cit.) Sólo habremos de referirnos sobre un aspecto. Se desprende de la presentación que el fundamento con que intenta el Sr. Defensor promover la cuestión, se basa sólo en una construcción doctrinaria, sin ningún tipo de demostración o aproximación con el caso a estudio, vale decir en qué medida el mantenimiento del estado de reincidencia lo afecta o por qué resulta improcedente (tal podría ser el caso de verificarse alguno de los supuestos que prevé la propia norma del art. 50 a contrario sensu o en una aplicación errónea efectuada con anterioridad a los efectos de la multi-reincidencia) de modo que el agravio se reduce a una exposición conjeturaly meramente dogmática. Sin perjuicio de lo cual, señalamos parte de lo expresado en dicha oportunidad:

"conocido es que el enarbolamiento de esta postura en aras de refutar el instituto de reincidencia, reside en la supuesta valoración de un hecho anterior al momento de fijar la pena -de conformidad con lo estipulado en la propia norma que se cuestiona -art. 50- como en seguimiento de las pautas previstas en el art. 41 del C.P., pero tal objeción se desvanece toda vez que el análisis recae pura y exclusivamente en la verificación de la existencia de antecedentes condenatorios que registrare el individuo y sólo aquellos pasibles de pena privativa de libertad. Es decir la evaluación se limita a esos extremos, sin adentrarseen ningún otro elemento o consideración objeto del proceso que pudiere registrar un individuo y que por cierto haya recaído sentencia firme y la misma especie de pena. De modo que bajo tales pautas valorativas, ceñidas a los alcances señalados, la lesión invocada cae en tanto no se trata de un nuevo juzgamiento y menos aún de una doble o múltiple persecución, sino de la verificación de un estado de quien ha sido encontrado responsable de un ilícito a los efectos de la fijación precisa de la pena. Adviértase que de otro modo tampoco podría procederse a la unificación de las mismas lo que constituye a todas luces un absurdo... Obedece así, a un criterio de política criminal adoptado por el legislador en función de pautas preventivo especiales que ha considerado más idóneas en la función del sistema penal en la sociedad y por tanto resulta ajeno a la injerencia del Poder Judicial. Es en e ste sentido que se relaciona con el fin de la pena, en el marco de las teorías preventivo-especiales y generales-positivas, tendientes en sus dos vertientes a la resocialización del individuo y adecuación a la ley, como así también en dirección a la sociedad en general. Tales pautas resultan receptadas en la Ley de ejecución de la pena privativa de libertad (nº 24660), en tanto entre sus principios básicos promueve como finalidad "...lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad." (art. 1).".

En razón de lo expuesto el planteo constitucional se rechaza.

Por ello, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR, la sentencia obrante a fs. 305/14 en cuanto dispone y fuere materia de agravio:

"1) RECHAZAR la nulidad del procedimiento en el marco del cual se llevara a cabo la detención de Marcelo Gerry Cardozo Carbajal el día 18 de febrero de 2006, planteada por el Sr. Defensor Oficial [art 166 y siguientes del C.P.P.N.] 2) RECHAZAR el planteo de inconstitucionalidad de la agravante prevista en el art. 189 bis, inc. 2, último párrafo del Código Penal -según ley 25.886- formulado por el Sr. Defensor Oficial.

3) CONDENAR a MARCELO GERRY CARDOZO CARBAJAL, de las demás condiciones personales obrantes en el acápite, a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN de cumplimiento efectivo, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS [arts. 29, inc. 3, 45 y 189 bis inc. 2) tercer y octavo párrafo del Código Penal, texto según ley 25.886; art. 5, inc. 1, apartado a) del decreto 395/75 reglamentario de la ley 20.429, 399 y siguientes, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación].

4) RECHAZAR la inconstitucionalidad del art. 50 del Código Penal planteada por el Sr. Defensor.

5) DECLARAR nuevamente REINCIDENTE A MARCELO GERRY CARDOZO CARBAJAL [art. 50 del Código Penal]..." II.- TENER PRESENTE la reserva formulada en el punto VII de la presentación.

Causa Nº 5885-00-CC/2006. Sala II Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara mediante nota y devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá cumplir con las notificaciones restantes.

Sirva lo proveído de atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.