Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL (GUALEGUAYCHU)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-07-03


Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral Expt.Nº 3814/L "Albornoz De Cordoba Adelina Susana C/ Asociacion De Obras Sociales De Gualeguay S/ Ordinario (Laboral)".

Juzgado Civil y Comercial Nº 1. Gualeguay.

GUALEGUAYCHU, 3 de julio de 2013.

V I S T O Y C O N S I D E R A N D O:

FUNDAMENTOS DE LOS SRES VOCALES DRES. ANA CLARA PAULETTI Y GUILLERMO OSCAR DELRIEUX:

I.- Que vienen los autos a conocimiento del tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la accionada a fs. 47/49 vta. y a fs. 90/92, cuestionando las resoluciones de fs. 33/34 y 86/87 vta. respectivamente, mediando a su vez acuse de caducidad de la segunda instancia formulado por la parte actora a fs. 106/107, respecto del primero de los recursos mencionados.

II.- A fs. 47/49 vta. la demandada cuestionó la resolución donde se decretó embargo preventivo sobre la totalidad de un inmueble de su propiedad por la suma reclamada de $129.495,96, con más la de $38.700 para responder por intereses y costas, señalando la falta de configuración de los recaudos para la procedencia de las medidas cautelares y la insolvencia económica de la accionante, que torna ineficaz la caución juratoria que prestó a fs. 34.

La parte actora peticionó la caducidad de la segunda instancia para dicha apelación -fs. 106/107-, solicitud que solo cabe desestimar en cuanto el art. 7 del CPL nutre al proceso laboral de principios distintos del proceso civil, como lo es precisamente la posibilidad de que el juez sea el que impulse el procedimiento adoptando las medidas necesarias para obtener mayor celeridad, marco en que el instituto de la caducidad de instancia se encuentra acotado y sólo proceda en casos en los que al juez no le es posible impulsar el trámite (entre otros, en autos "LOCOCO LUIS EDGARDO C/ TRANSPORTES GENERALES RODIO S.R.L. Y/O SUCESORES DE MIGUEL ANGEL RODIO Y/O JUANA EMILIA BROWN Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ LABORAL". Expte. Nº 3642/L). En consecuencia la parte actora debe cargar con las costas de esta incidencia.

III.-Ya en el examen del recurso deducido por la demandada contra la resolución cautelar de fs. 33/34, apreciamos dentro del limitado alcance de la cognición cautelar, que en lo atinente a la verosimilitud del derecho, fue tenido en cuenta el dictamen de la Comisión Médica Nº 8 y los recibos de haberes agregados a la demanda, mientras que se sustentó el peligro en la demora en función de la expedición del certificado para la venta glosado a fs. 17.

Tal basamento permite convalidar lo decidido pues "prima facie" aquellas constancias resultan suficientes para sustentar ambas exigencias de procedencia, en grado de probabilidad. Se agrega a ello que el recurso no desbarata la razón fundante del peligro en la demora, pues la demandada se limitó a señalar que la medida implicaba sostener una "espada" sobre su cabeza durante la tramitación del expediente y que la caución juratoria resultaba ineficaz por el estado de insolvencia económica de la reclamante pero no hizo uso de su derecho de requerir que aquella se limite, modifique o sustituya, conforme autoriza el art. 200 del CPCC, aplicable por remisión expresa del art. 50 CPL; máxime cuando el primer párrafo del art. 49 del C.P.L. adopta una pauta amplia para la procedencia de las cautelares en general (REVIRIEGO, J.M. "Instituciones del Código Procesal Laboral de Entre Ríos". Tomo I, Delta Editora S.R.L. Pág. 160).

El cuestionamiento basado en la supuesta insolvencia de la trabajadora e insuficiencia de su caución personal para el dictado, pasa por alto que, en función del carácter tuitivo del proceso, así se encuentra regulado el instituto en el rito especial.

De tal modo, el recurso tratado merece su rechazo, con costas al apelante.

IV.- En el recurso obrante a fs. 90/92 la accionada cuestionó la interlocutoria obrante a fs. 86/87 vta. que rechazó la excepción de incompetencia por esa parte deducida al contestar demanda. En esa oportunidad el juez explicó que para determinar la competencia en las causas en las que las obras sociales actúan como demandadas debe atenderse el reclamo y la normativa aplicable, de modo que en estos autos era competente la justicia ordinaria al no haberse cuestionado actos administrativos y encontrarse fundada la demanda en normas de la Ley de Contrato de Trabajo. Tuvo en cuenta el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Zarate c/ Asociación de Obras Sociales", seguido en "Peña de Paz Ureña c/ Ados", que no fue modificado por el fallo dictado posteriormente en "Talarico c/ Clínica" por cuanto allí el máximo tribunal no se expidió sobre la aplicación del art. 38 de la ley 23.661 en cuanto fija la competencia de la justicia federal para el conocimiento de las causas en que las obras sociales sean demandadas sino sobre el funcionamiento mismo del sistema.

En el memorial de fs. 90/92 la accionada repasó los términos de la demanda y de la excepción de incompetencia que opuso al contestarla advirtiendo que las obras sociales (en su carácter de agentes del seguro nacional de salud) se encuentran sometidas a la jurisdicción federal, competencia imperativa e improrrogable. Que el a quo no tuvo en cuenta el texto de la ley aplicable ni las reglas que rigen su interpretación, explicando que el sistema nacional del seguro de salud (instrumentado por ley 23.661) incluye a las obras sociales como agentes de seguros, carácter que ostenta la Asociación de Obras Sociales de Gualeguay, en virtud de la cual se encuentra sometida a la jurisdicción federal, más allá de las normas del derecho común que regulen la controversia, en el caso, la Ley de Contrato de Trabajo. Se cuestionó que el sentenciante se hubiera apartado de los precedentes de la Corte Suprema de la Nación, con lo cual insistió con la competencia de la justicia federal para entender en estos autos.

A fs. 94/100 la actora contestó el traslado del recurso afirmando que la decisión no fue idóneamente rebatida y que el precedente cuya aplicación se pretende fue modificado por el dictado más recientemente en autos "Galli c/ Instituto". Que la justicia federal resulta excepcional y solo procede cuando la cuestión a resolver pueda afectar el interés nacional o federal, extremos que no se verifican en el presente caso, que versa sobre un conflicto individual basado en un contrato de trabajo. Denuncia, a su vez, que la excepcionante instó el procedimiento preventivo de crisis por ante la Dirección provincial del trabajo, con lo cual la competencia federal que pretende se declare en el presente evidencia un mero propósito dilatorio. En definitiva, con cita de precedentes que considera de aplicación, peticionó el rechazo del recurso.

A fs. 127 se expidió el representante del Ministerio Público Fiscal, quien no formuló objeciones respecto del trámite impreso.

La determinación de la competencia debe estar dada en primer lugar según los términos de la demanda (contenido y naturaleza de la pretensión, la cual debe ser examinada con criterio objetivo) y -en la medida en que se adecúe a ellos- al derecho que se invoca como fundamento de la acción (C.S.J.N., Fallos, 308:229, 1239, 2230; 310:1116, 2842; 325:1723; 327:1863, 3701; 328:204, entre otros muchos).

En esa línea, se repasa que en el promocional la actora invocó la existencia de una relación laboral entre las partes, en el marco de la cual comenzó a padecer distintas dolencias que le generaron una incapacidad laboral absoluta y permanente, peticionando el pago de una reparación basada en los arts. 212 párr.4to., 245 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo (ver fs. 24/32 vta.).

Así la pretensión reconoce como origen una relación laboral, mientras que la demandada es interpelada como empleadora y no como agente de salud, a cuyos fines el art. 38 de la Ley 23.661 prevé la jurisdicción federal, esto es para las consecuencias de su actividad específica en la prestación médica-asistencial de servicios de salud.

En efecto, si las pretensiones articuladas contra una obra social, exceden las previsiones contempladas por las leyes 23.660 y 23.661, la cuestión no pertenece a la competencia federal, recayendo en consecuencia sobre la competencia ordinaria (DE VEDIA, G.: "Obras sociales: Competencia judicial", en: DFyP 2012 (junio), 199). En ese sentido se ha dicho que el art. 38 de la ley 23.661 dispone que la Administración Nacional del Seguro de Salud y los agentes de seguros -es decir las obras sociales- están sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal pudiendo optar por la ordinaria solo cuando fuesen actores, pero dicha normativa resultaría sólo aplicable cuando el problema versa sobre la organización y funcionamiento de las obras sociales ya que, prima facie, existiría un interés público que exige tratarlo en la órbita de la justicia federal, sin mediar razones objetivas para un desplazamiento competencial en materia laboral vedado por la ley ritual y contrario al principio de especialización normativa de nuestra disciplina (POSE, C.: "La pérdida de actitud jurisdiccional del fuero laboral en los reclamos contra obras sociales", en: DT 2002-A , 283).

Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue morigerando su criterio sobre el punto en análisis expuesto al expedirse en las causas "Talarico c. Clínica Privada Banfield" (6.10.92, Fallos 315:2292 -La Ley, 1993-A, 359-) y "Borgui c. Servicios Sociales Bancarios" (1.6.97, Fallos 320:1328), en la causa "Galli, Alberto Lino y otros c. Instituto de Servicios Sociales Bancarios y otro (15.2.00, Fallos 323:153) indicando que para la determinación del tribunal competente en el caso concreto corresponde tener en cuenta los términos en que ha sido planteada la demanda, así como en la hipótesis de que se cuestionen actos de orden administrativo- el encuadramiento normativo que presumiblemente tenga influencia decisiva para la solución del litigio (conf.: CNTrab., sala III, "De Ortuzar, Juan Carlos c. Osplad Obra Social para la Actividad Docente", del 11/04/2003, en DT 2003-B , 1862).

Corresponde pues desestimar el recurso y confirmar la resolución de fs. 86/87 vta. en cuanto rechazó la defensa de incompetencia opuesta por la Asociación de Obras Sociales de Gualeguay, con costas, debiendo proseguir las presentes actuaciones por ante el juzgado de origen. ABSTENCION DEL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS:

Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).- Por ello, en definitiva, juzgando, S E R E S U E L V E:- 1.- RECHAZAR el planteo de caducidad de la segunda instancia formulado por la parte actora a fs. 106/107, con costas.

2.- RECHAZAR los recursos de apelación interpuestos a fs. 47/49 vta. y a fs. 90/92 por ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE GUALEGUAY contra las resoluciones de fs. 33/34 y 86/87 vta. respectivamente, con costas.

3.- REGISTRESE, notifíquese y, en estado, bajen.

GUSTAVO A. Britos(abstención)-ANA CLARA Pauletti GUILLERMO O. Delrieux. Ante mi DANIELA A. BADARACCO Secretaria En .../.../2013 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.- DANIELA A. BADARACCO Secretaria