Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-09-24


AUTOS 96.338 (C.C.Nº19.810) DEL Decimoprimer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, CARATULADOS: "MONTEMAR CIA. FRA. S.A. C/ Tocino, Juan Roberto -Prepara Vía Ejecutiva".

PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2008- del Tº III- Fº31/35.- San Juan, 24 de septiembre de 2008.- VISTOS: Estos AUTOS 96.338 (C.C.Nº19.810) DEL DECIMOPRIMER JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, CARATULADOS: "MONTEMAR CIA. FRA. S.A. C/ TOCINO, JUAN ROBERTO - PREPARA VÍA EJECUTIVA" venidos en razón del recurso de apelación concedido al ejecutado a fs. 56 contra la sentencia de trance y remate agregada a fs. 47/49 en la que se resolvió rechazar la excepción de inhabilidad de título y se ordenó seguir adelante la ejecución.- Y CONSIDERANDO:

La sentencia venida en revisión tiene como antecedentes la ejecución de una deuda por el uso de una tarjeta de crédito, previamente se preparó la vía ejecutiva citándose al demandado a reconocer la documentación base de la ejecución, y que ante la incomparecencia del mismo se despachó el mandamiento de pago y embargo.- Para resolver como lo hizo el sentenciante en primer lugar consideró que "Atento los términos del art. 529 del C.P.C., al no encontrarse prevista la contestación de la demanda en el ámbito del juicio ejecutivo, no corresponde tratar la contestación de la demanda, por lo que directamente debe analizarse la procedencia o no de la excepción de inhabilidad de título planteada por el ejecutado." y motivó el rechazo de la excepción de inhabilidad de título en que la ejecutante "...acompaña al inicio de la ejecución la siguiente documentación: a) Certificado de saldo deudor suscripto por el Sr. Juan Carlos Aranda (Contador Suc. San Juan) y del Sr. Juan de Dios Pizarro (Gerente Suc. San Juan) (fs. 05); b) Declaración Jurada suscripta por el Sr. Juan de Dios Pizarro (Gerente Suc. San Juan) en la que se consigna que no se ha recepcionado denuncia fundada y válida, por parte del titular y/o del adicional por extravío o sustracción de la respectiva tarjeta de crédito y tampoco cuestionamiento por parte del titular del resumen de cuenta; c) Estado de cuenta al 28/12/2006 (fs.07/08); Solicitud de Tarjeta de Crédito (fs.09); d)Constancia de recepción firmada por Yaquelina Tocino (fs.10); e) Contrato de Tarjeta de Crédito suscripta por el representante de la ejecutante y el Sr. Juan Roberto Tocino (fs.11/14)".- "Conforme lo expuesto en el párrafo que precede puede observarse que se ha cumplido con los requisitos establecidos por el art. 39 de la ley de Tarjetas de Crédito; y respecto a la alegación del ejecutado de no haber recibido la tarjeta de crédito ello no ha sido acreditado, es más, según la documentación acompañada por la ejecutante la tarjeta ha sido recepcionada en su domicilio Av. Rioja 750 Sur; en el resumen de cuenta -que no ha sido impugnado- surge la existencia de operaciones efectuadas por el Sr. Juan Roberto Tocino (fs.07 y 36) y también se ha acompañado copia de pago de resumen de cuenta (fs.35), lo que demuestra el uso de la tarjeta de crédito por parte del ejecutado".- De la lectura del memorial de agravios (fs.57/60) surge que el apelante se queja porque: 1)Se hayan rechazado las defensas que opuso bajo la figura de la contestación de la demanda y no las ha tratado "aduciendo el Aquo que al no estar prevista en la norma del artículo 529 del C.P.C. la contestación de la demanda", entendiendo el apelante que ello es erróneo y arbitrario. Alega al respecto que si bien el art. 529 del C.P.C. no hace referencia a "contestación de la demanda", sin embargo la contestación de la demanda está prevista en el art. 527 del C.P.C. siendo de aplicación, en consecuencia el art.340 del C.P.C.. Aclara que la defensa esgrimida por su parte al contestar la demanda es la de falta de legitimación activa y que al no tratarla el Sr. Juez Aquo ha vulnerado su derecho de defensa. Agrega que dicha defensa debe prosperar por cuanto no surge de autos que el actor haya perfeccionado el contrato de tarjeta de crédito que ejecuta al no haber nunca recibido el demandado la tarjeta de crédito como lo exige el art.8º de la ley 25.065 para que se perfeccione el contrato; 2)Se haya desestimado la excepción de inhabilidad de título haciendo una interpretación errónea y arbitraria de la ley. Al efecto señala que si bien el sentenciante reconoce la vigencia de la reforma introducida por la ley 25065 no aplica el criterio de la misma porque si bien el art. 39 ha generado un título ejecutivo complejo o de pluralidad de documental hábil para la apertura del proceso pertinente - preparación de la vía ejecutiva - lo ha sujetado a lo que prescriban las leyes procesales y en nuestro art. 508 del C.P.C. no se encuentra incorporado ninguno de los documentos que la actora pretende hacer pasar como título de crédito hábil para abrir una vía de excepción como lo es la vía ejecutiva. Cita y transcribe jurisprudencia referida a títulos ejecutivos creados por convenio de las partes; 3) En el tercer agravio se queja de que se impusieran las costas a su parte.- Al contestar lo agravios la ejecutante refuta cada uno de los argumentos vertidos por el apelante y solicita que sean desestimado confirmándose la sentencia atacada.- Primer agravio: De la lectura de los fundamentos en que basa el primer agravio surge sin lugar a dudas la improcedencia de la pretensión del apelante por cuanto requeriría para ello el apartamiento inexplicable de la legislación procesal y la desnaturalización del proceso ejecutivo.- Ante ello es preciso recordar que la estructura del proceso ejecutivo es indisponible y si bien sería posible entender que las formalidades previstas por la ley para el desarrollo de los actos procesales deben atenderse con cierta flexibilidad, ese criterio no puede extenderse de manera tal que permita conducir el proceso arbitrariamente, violando las normas legales que lo regulan. Menos aún en el caso de uno especial como lo es el de ejecución, cuya tramitación se ha impuesto ex profeso para que responda a los fines para los que fue creado o sea, para hacer efectivo un crédito que ya viene establecido o determinado en la particularidad del documento con el que se procede ejecutivamente, es decir, viene a ejecutarse no a discutir ni a declarar derechos dudosos o controvertidos.- De lo expuesto deviene inexorable que la forma en que plantea su defensa el ejecutado(contestación de demanda en los términos del art. 340 del C.P.C.) en la que cuestiona la falta de legitimación sustancial del ejecutante pero por razones ajena a la titularidad del título, es improponible (art. 516 y ss del C.P.C. y 529 inc. 4º del C.P.C.).- A mayor abundamiento sobre la improcedencia de la pretensión del apelante y que deja sin sustento los argumentos en los que funda su defensa, (que nunca le fue entregada la tarjeta de crédito),debe destacarse que de la documentación que acompaña la actora, tanto al promover la acción como al contestar la excepción de inhabilidad de título (fs. 7 y fs. 35/38) surge que el excepcionante usó la tarjeta de crédito efectuando compras como así también realizó pagos a la entidad crediticia, hechos de los que se deduce indefectiblemente, que la tarjeta le fue entregada y su adhesión y aceptación del contrato que pretende.- Segundo agravio: Si bien como lo señala el apelante, la fuerza ejecutiva de un título emana de la ley y con respecto al saldo deudor por el uso de una tarjeta de crédito no existía una disposición legal al respecto por lo que, pese a las disquisiciones doctrinarias y jurisprudenciales, dada las características especiales de los saldos surgentes de este medio de pago, carente de la firma del pretenso deudor y por implicancia, ausente un reconocimiento de deuda exigible, distaba de bastarse asímismo por lo que devenía impropio intentar su cobro en un proceso de brevedad cognoscitiva, con el dictado de la ley 25.065, se han superado las divergencias que anteriormente presentaba la jurisprudencia y la doctrina, pues en su art. 39 indica en forma taxativa la documentación que debe presentar el emisor de la tarjeta a los fines de preparar la vía ejecutiva.- Así, la preparación de la vía ejecutiva a los fines de ejecutar el saldo resultante -en la relación entre el emisor y el titular - ahora expresamente regulada por el art. 39 L.T.C., requiere la presentación por el emisor de la documentación que allí se enuncia, para su "reconocimiento judicial", de conformidad a lo prescripto por "las leyes procesales vigentes en el lugar en que se acciona", es decir, de acuerdo lo prevé el art. 510 y ss del C.P.C..

Puede observarse que se han cumplimentado los requisitos establecidos en el art. 39 de la L.T.C. (ley tarjetas de crédito). En este sentido se ha dicho: "Con base en los desarrollos precedentes, se puede afirmar que el art. 39 de la L.T.C. aceptó la tesis de la preparación de la vía ejecutiva, acordando al emisor la facultad de hacerlo, de conformidad con lo prescripto por las leyes procesales vigentes, pidiendo el reconocimiento judicial de: a) el contrato de emisión de la tarjeta de crédito instrumentado en legal forma (inc. a y b) el resumen de cuenta, que reúna la totalidad de los requisitos legales (inc. b). (Wayar Ernesto C., Tarjetas de Créditos y Defensa del Consumidor, Astrea, año 2000, p. 262). En autos los resúmenes obrantes contienen los datos requeridos por el art. 23 de la LTC.(fs. 5/14), y se ha agregado la solicitud de tarjeta de crédito y sus anexos confeccionado conforme al art. 6° de la L.T.C., cuya firma reconoció fictamente el accionado.

También debemos señalar que la conducta que el titular de la tarjeta adopte en ocasión de la citación para preparar la vía ejecutiva debe vincularse con la actitud por él asumida en ocasión de recibir el o los resúmenes de cuenta de que se trate. En ese sentido el art. 39, segunda parte, inc. b), L.T.C., exige al emisor que acompañe declaración jurada sobre la "inexistencia" de cuestionamiento previo en los términos prescriptos por los arts. 27/28. De ello se infiere, a contrario sensu, que la existencia de la aludida impugnación previa, concretada en las oportunidades y en la forma prevista por la ley, obsta a la procedencia de la vía ejecutiva -y consecuentemente a su preparación- debiendo el emisor encausar su reclamo por la vía del juicio de conocimiento (confr. Militello, "Tarjeta de crédito", Abeledo Perrot, ed. 1999, p.104; en sentido similar, confr. Villegas, "Tarjeta de crédito", Ed. Cuyo, ed. 1999, p.473).

En el caso, de acuerdo al informe que presenta la ejecutante y la falta de demostración en contrario por parte del ejecutado los resúmenes de gastos de la tarjeta de crédito no fueron impugnados por el usuario en los plazos y formas que prevé la legislación especial, quedando así aceptados.

De los actuados también surge esa actitud pasiva del Sr. Tocino al prepararse la vía ejecutiva respecto al débito resultante del uso de tarjeta de crédito, en los términos del art. 39 de la ley 25.065 ya que citado el futuro ejecutado a reconocer la documental acompañada, no compareció teniéndose, en consecuencia, por reconocida fíctamente toda la documentación acompañada y a partir de tal reconocimiento el Juez tuvo por expedita la vía ejecutiva promovida por la entidad ejecutante.

Y ya en esta etapa, preparada la vía ejecutiva, y citado el ejecutado a oponer excepciones, éstas no pueden estar dirigidas a analizar si la composición del crédito, resultante de los resúmenes a que alude el art. 39 -inciso b)- L.T.C., es correcta o no, en tanto, a tenor de lo dispuesto en el art. 529 inc. 4°, C.P.C., la defensa del usuario sólo podrá basarse en el incumplimiento de las formas extrínsecas del documento, esto es las formas requeridas por el art. 23 L.T.C. (confr. Caputo - Carrega, "Algunas cuestiones procesales en la ley 25.065", J.A., 2000-III-897; con cita de Muguillo, "Régimen de tarjeta de crédito", ed. 1999, p.136).

En función de lo expuesto debe concluirse que la oposición que puede formular el deudor (titular) al resumen de cuentas que se le exhiba de conformidad a lo preceptuado por el art. 39, primera parte, inciso b), L.T.C. puede referirse exclusivamente a la formas extrínsecas del documento (o sea a su correspondencia con los recaudos impuestos por el art. 23 de la ley) o sustentarse en la existencia de una previa impugnación al resumen de cuenta, omitida denunciar por el emisor al formular la declaración jurada exigida por la norma primeramente citada (art. 39, segunda parte, inciso b). No configurándose en el caso, ninguno de los señalados extremos, la ejecución solicitada está bien despachada y la resolución apelada debe ser confirmada.- Dado el resultado arribado el tercer agravio debe seguir la misma suerte que los anteriores.- Por ello SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación concedido al ejecutado a fs.56 contra la sentencia de trance y remate agregada a fs. 47/49 la que se confirma.

2) Imponer las costas devengadas en esta instancia a la apelante vencida. Diferir la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.