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Ley tributaria, impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: MARTIN, AMATO Y CIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 11-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-15

El error en que haya incurrido una de las parte al interpretar la norma, no genera derechos. En el caso, la ley de fomento industrial 6410 establecía exención impositiva "para la producción" de bienes en la provincia, entendiendo la recurrente que tal exención abarcaba la etapa de comercialización de productos fabricados en otras jurisdicciones, lo que la llevó a radicarse en ésta. Debió pedir aclaratoria en su oportunidad.
División de condominio, notificación en el domicilio, traslado de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Perticarini, Fabio Roberto c/ Giménez, Dionisio y/u otros s/ división de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-21

La "ignorancia" a la que refiere el art. 329 del CPCC debe ser prácticamente imposible de superar, es decir, debe tratarse de casos en que sea objetivamente imposible individualizar al demandado y su domicilio. Coherentemente con la excepcionalidad de la forma de notificación allí prevista, se exige haber realizado una razonable actividad de búsqueda sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caberle al actor, siendo necesario agotar todos los medios para notificar por cédula el traslado de la demanda antes de recurrir a la publicación de edictos.
Competencia de la Corte Suprema, juicios entre dos o más provincias, protección del medio ambiente
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Provincia de La Pampa c/ Provincia de Mendoza s/ Uso de aguas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-01

Frente al desentendimiento entre dos provincias (en la especie las de La Pampa y Mendoza) que se ha mantenido durante décadas, se hace necesario encontrar una eficaz canalización racional de la disputa que evite escenarios de ahondamiento de las desavenencias; con mayor razón aun cuando en la causa se dirime una cuestión constitucional de la mayor relevancia como lo es la preservación del ambiente y su sustentabilidad intergeneracional (artículo 41 de la Constitución Nacional), en el que se halla comprometido el interés general (doctrina del artículo 32 de la ley 25.675).
Superior Tribunal de Justicia, avocación jurisdiccional, competencia, tutela de la competencia, asociaciones sindicales, falta de legitimación para obrar
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Cecchi, Alfredo Luis; Cuñado, Vicente Luis y drincovich, Pedro Esteban s/ Avocación. Incidente de revocatoria contra el Decreto que no otorga   participación al Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo   Público de la República Argentina (Expte. CSJ Nº 200-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-29

De hecho, la avocación de la Corte en aquellos asuntos que, resultando de su competencia exclusiva, son ventilados por ante otros Tribunales por una vía distinta a la del contencioso administrativo es una especie de declaración de incompetencia calificada por la particularidad de que, en ciertos supuestos, permite obviar la etapa de agotamiento de la vía administrativa, pero que tiene, no obstante ello, el efecto de poner fin a la relación procesal iniciada con defecto de uno de sus presupuestos procesales (la competencia del Tribunal) para dar lugar a una nueva, en caso de que la parte opte por adecuar su demanda. De allí que, si la Asociación Sindical hubiere tenido acordada participación en la causa sobre la que la avocación se solicita, su intervención sería innegable y simplemente quedaría en ella comprendida; empero pretender intervención en este trámite, resulta desajustado a los presupuestos de la normativa que la propia recurrente invoca, por cuanto el resultado del mismo, nunca será una sentencia que pueda expandir sus efectos en relación a los terceros que ella representa.
Medidas cautelares, inhibición general de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: B., A.J. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-23

La inhibición general de bienes, es una medida que afecta a los bienes y no a la persona, que tiene su razón de ser "en el interés de impedir la disposición de bienes por parte del sujeto del procedimiento para asegurar la inalterabilidad del patrimonio, prenda común de los acreedores, reteniendo dentro de la masa todos los bienes, evitando que resulte beneficiada alguna persona en detrimento de otras".
Incidente de nulidad, error judicial, sentencias de segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: MARIA ESTHER JUAREZ DE VALDEZ c/ EL RANCHILLEÑO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INCIDENTE DE APELACION DEDUCIDO POR LA ACTORA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1994-02-03

Resulta improcedente el incidente de nulidad contra la sentencia de Cámara, por el que se pretende corregir eventuales errores de juzgamiento, aún cuando ellos pudieran estar referidos a materia de orden procesal, ya que la nulidad solamente puede aprehender vicios de actividad y no de juzgamiento.
Acción contencioso administrativa, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caballero, Eduardo Salvador c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ N.   266-1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

La sola invocación por el recurrente de un reclamo verbal, relativo a aspectos que no están estrictamente vinculados a la idoneidad de los miembros de la Junta -como el propio actor señala-, no puede considerarse suficiente para desvirtuar lo expresado por el Intendente en la resolución acerca de que se había consentido dicho extremo. Asimismo, no debe soslayarse que la ley 9286 se trata de un régimen que, en lo atinente a la recusación de integrantes del jurado, remite (según lo dispone el artículo 107 del Anexo II) al Código Procesal Civil y Comercial, que prevé la recusación sin causa, por lo que difícilmente un agravio fundado en la inidoneidad de los integrantes del Jurado pueda ser suficiente para considerar ilegítimos los actos impugnados.
Pacta sunt servanda, NICARAGUA, cuestión de fondo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asesinato, arma de fuego, personal militar, recomendaciones de organismos internacionales, excepciones procesales, competencia contenciosa del tribunal internacional
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Genie Lacayo c/ Nicaragua s/ Excepciones preliminares
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1995-01-27

No es procedente, en la etapa de resolución de cuestiones preliminares, que la Corte Interamericana se pronuncie si Nicaragua ha violado el principio pacta sunt servanda -artículo 51.2 de la Convención Americana-, al incumplir las recomendaciones formuladas por la Comisión en el caso de la muerte del joven menor de edad, provocada por los disparos de armas pertenecientes a efectivos militares, pues resolver si los gobiernos violan la Convención al no atender las recomendaciones de la Comisión, integra una cuestión que debe ser resuelta en ocasión de decidir acerca del fondo del asunto.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, principio de congruencia, incongruencia, empleados públicos, prescindibilidad, nulidad del acto administrativo, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: David IEBRA c/ PROVINCIA DE CHUBUT s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  CONTRADICCION - EMPLEADOS PUBLICOS - NULIDAD DE ACTOS   ADMINISTRATIVOS - PRESCINDIBILIDAD - SALARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09

Resulta contradictorio declarar nula de nulidad absoluta la prescindibilidad de un agente y, al mismo tiempo, no hacer lugar al pago de salarios caídos por juzgarse aplicable lo dispuesto por el art. 10 de la ley 1351 del Chubut, habida cuenta que la suspensión allí prevista de toda norma que se oponga a sus disposiciones o establezca el pago de indemnizaciones distintas a las que ella contempló, debe entenderse únicamente referida a aquellos supuestos en que la baja del agente se opere en función del instituto de la prescindibilidad, y en el caso, ésta debe considerarse como si nunca hubiera existido, por virtud de aquella declaración de nulidad.
Enfermedad accidente, toma de conocimiento de la incapacidad, interposición de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: CORZETTO, OSCAR c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-12

En el caso en que se acciona por enfermedades de evolución lenta y progresiva, la ausencia de alta médica o cualquier otra constancia que acredite de manera fehaciente en qué momento el actor pudo haber tomado cabal conocimiento de la minusvalía padecida, corresponde tomar como fecha de consolidación del daño, la correspondiente a la interposición de la demanda.
Aplicación de la ley, medidas cautelares, conflicto intersindical, acción de amparo
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Barrera, Claudia Karina y otro c/ Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros de la Patagonia Argentina s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-11

[...] soy de la opinión que en el caso concreto, debe aplicarse el principio general consagrado en el art. 196 del Código Procesal, que en su parte pertinente establece: "Los jueces deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia...". Si bien la norma se pronuncia sobre validez de la medida cautelar decretada aún por un juez incompetente, ello constituye una excepción a la regla que debe necesariamente utilizarse en casos de suma gravedad en el cual de no decretarse dicha medida la resolución futura que recaiga sobre el fondo de la cuestión no sería posible de cumplimentar, situación ésta que no se da en el caso de autos. (Del voto del Dr. GHISINI, en minoría).
Querella, injurias, delito penal, causas de justificación, legítimo ejercicio de un derecho
Materia: PENAL
Carátula: C. s/ Querella por injurias (Expte Nº 180-94, Resolución Nº 6, Tomo 3,  Folio 30)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-23

La injuria, es una afectación al honor personal que ha de configurarse a través de una imputación, formulada en forma directa y con palabras y actitudes inequívocamente dirigidas a personas determinadas o puede concretarse merced a conductas que sin expresar a quién se dirigen, revelan indudablemente la identidad de la o las personas aludidas (amén de las injurias equívocas o encubiertas).

Dado que en el caso no se ha podido probar debidamente lo primero, la actividad que podría considerarse injuriosa -igualmente imputativa- sería la de haber expresado ante terceros la ejecución de una conducta defraudatoria en la que quedaban implicados los querellantes aunque no se mencionara sus nombres. Ahora bien, ¿configura ello una injuria punible? Respecto de la injuria, como de cualquier delito, operan las causales de justificación previstas por nuestro ordenamiento penal y, en el supuesto, el ejercicio legítimo de su derecho de reclamo, cubierto por el manto permisivo del legítimo ejercicio de un derecho (art. 34 inc.4º C.Penal) sin exceder su cuadro. Como todo ejercicio de derecho, para pretender cobijo bajo una justificante, aquél de que tratamos debe haberse ejercido en forma legítima, esto es, de modo regular, sin exorbitancia, ni contradiciendo su finalidad, mas, todo ello entiendo se ha cumplido en el caso donde la querellada se presentó ante quien correspondía y en forma adecuada hizo saber lo que a su entender ocurría. Si al realizar este reclamo se hubiese incurrido en gritos, improperios o en directas y claras imputaciones de autoría hacia los querellantes, tal vez (sólo tal vez) la situación podría variar, considerándose que eran actos innecesarios y que tornaban en irregular el ejercicio del derecho, mas no siendo así la final conclusión a la que debe arribarse es la de que la conducta cumplida por la imputada y por la que fuera querellada, estaba cubierta por la justificante legal pre mencionada, no pudiendo por ende merecer pena alguna por la misma.
Robo simple, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: LOSADA CANO, Milagros. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-02

Aun cuando la imputada del delito de robo simple por conexión clandestina de señal de cable, no hubiere materializado por mano propia el ilícito acreditado, procede atribuirle el rol de coautora funcional, pues no cabe duda que realizó su aporte para que aquél se consumara, ya que es quien ocupa la vivienda y habría sido quien requirió la conexión facilitando el acceso a su departamento.
Ejecución de la pena, declaración de reincidencia, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: A., J. E. c/  s/ Robo en poblado y en banda
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-29

El art. 50 CP y la consecuencia más grave en cuanto a la ejecución de la pena que de ella se deriva (prohibición de obtener la libertad condicional con arreglo al art. 14 CP), halla un adecuado sustento constitucional, en un mayor grado de culpabilidad en el reincidente a partir del carácter comunicativo de la pena privativa de libertad anterior, total o parcialmente cumplida, y del efecto que ello produce sobre su mayor comprensión y consecuente conocimiento de la criminalidad o de la antijuridicidad del nuevo hecho cometido, cuando éste hubiese lesionado o puesto en peligro los mismos bienes jurídicos por cuya afectación ya cumplió pena, a través de la realización de tipos penales que a su vez guarden entre sí, apreciado ello razonablemente, un cierto grado de similitud (voto del juez Huarte Petite). Cita de "G.", Sala 3, Reg. n° 1002/17, resuelta el 13 de octubre de 2017; "M. J.", Sala 3, Reg. nº 1122/17, resuelta el 31 de octubre de 2017; "B.", Sala 3, Reg. nº 1288/17, resuelta el 11 de diciembre de 2017 y "Z.", Sala 3, Reg. nº 1256/18, resuelta el 28 de septiembre de 2018
Diligencias preliminares, demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: CIA. ITALIANA DE TURISMO  S.A. c/ EXPRESO TAS s/ DILIGENCIAS PRELIMINARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-09

No se dá el supuesto del cpr:323 si no se trata de indagar alguna cualidad de la persona a quien se intenta demandar, sino de determinar quien es la persona que ha de ser demandada. Y ello no es lo que el inc.1, de la norma citada, prevé.
Violación, violación con fuerza o intimidación
Materia: PENAL
Carátula: SENILLOSA, OMAR Y OTRO s/ VIOLACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-25

El hecho configura violación cuando se trata de un caso de violencia moral en el cual se ha ejercido una intimidación suficientemente grave como para que la acción no escape al tipo.
Cuenta corriente bancaria, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Río de la Plata S.A. c/ Flores, Eduardo Ernesto y otro s/ Ejecutivo Di Giorgio Jorge A. s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-16|2001-02-21

El saldo de cuenta corriente resulta exigible desde su determinación (Confr.art. 793 del Cód. de Com y 521, inc.5 del de procs.) pero no sirve por sí solo para acarrear la mora del deudor; debiendo determinarse este aspecto por la aplicación de las reglas del código civil, en ausencia de disposiciones concretas de la ley mercantil; y así es necesarias la interpelación al deudor (arts. 508 y 509 del código civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, querella
Materia: PENAL
Carátula: Hernández Bustamante Eduardo c/ Cánepa Juan R. y otros s/ Querella por Calumnias e Injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-04

Siendo que la limitación impuesta por el Código de Procedimiento Penal en cuanto al monto de la pena para la concesión del Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley, no vulnera derechos o garantías constitucionales, el querellante no puede deducirlo contra una sentencia absolutoria de las Cámaras de Apelaciones (arts.423 y 351 del C.P.P.; S.C.B.A. Ac. 30.820, 43.629 y 45.422). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Paracampo, Silvio Omar c/ Caja de Previsión Social Profesionales de la Ingeniería de la Pcia. de Bs.As. s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Ha sido mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si el valor de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria no excede la suma fijada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para su admisibilidad y no se configura en el caso ninguno de los supuestos de excepción previstos en el art. 55 del dec. ley 7718/71.
Boleto de compraventa, obligación de escriturar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LASALLE DE NUÑEZ MERCEDES c/ ING. CARLOS ALVAREZ ROUCHAUD S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-12-28

La constitución en mora importa fijar la fecha de incumplimiento de la actora y, a partir de la misma, la vendedora estaba en condiciones de pedir el cumplimiento de la obligación de escriturar, que es una de las opciones con que contaba y que, obviamente, ejerce en su demanda reconvencional. Que la escribana designada conforme al boleto haya requerido adelanto de los gastos de informes verbalmente al adquirente que contractualmente debía abonar los gastos de escritura, no modifica la conclusión a que se arriba, ni es un agravio sugerir que un tercero ajeno al contrato amplió las obligaciones de la actora (compradora); el escribano es un funcionario designado de modo necesario por la ley para que el acto, al que estaban obligados las partes, pueda cumplirse.

Si la parte está obligada a escriturar, esta obligación comprende la de cooperar con la realización del acto y no confiere facultades para obstaculizar la realización del acto; menos aún, para ejercer abusivamente los derechos.

El vendedor tiene derecho a exigir contra el adquirente o comprador, el cumplimiento de su obligación de escriturar y en modo alguno está obligado a pedir la resolución de la convención. La mora del adquirente habilitó adecuadamente la vía del cumplimiento de la obligación de escriturar, que se traduce en la demanda reconvencional.
Sobreseimiento, falta de mérito, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Romano, Félix Franco c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-23

La disidencia sostuvo que la decisión impugnada es ajena a aquellas enumeradas en el art. 457 CPPN en la medida en que el pronunciamiento cuestionado sólo dispone la falta de mérito para procesar o sobreseer al imputado, sin desvincularlo del proceso. (Dres. Hornos, Figueroa, Mahiques -disidencia-).
Intereses, cómputo de intereses, tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL- PROCESAL
Carátula: Galleguillo Pedro c/ Manuel Carrizo y otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-10-01

No deben calcularse intereses de interes (art. 623 del Código Civil), y la tasa de interés judicial (art. 622 del Cód. Civil), a partir del 01/04/1991, debe fijarse en la tasa activa (tasa de interés vencida por descuento de documentos ordinarios a 30 días, del Banco de la Nación Argentina, o su equivalente), que no supere la variación producida en los índices de precios al consumidor, y que no sean en ningún caso inferior a la tasa pasiva (depósitos a 30 días en el Banco de la Nación Argentina), art. 8 del Dec. 529/91, con el agregado del Dec. 941/91.

(SEGUN SU VOTO- DR. JUAN CARLOS VARGAS)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Peralta, Casimira Antonia c/ A.T.A. Algodonera Textil Argentina S.A. s/ Enfermedad accidente OGROGLICH, Orlando César c/ Molinos Campodónico S.A. s/ Indemnización ley 9688 Bravo, Francisco c/ Hispano Francesa SACIFI s/ Ley 9688 Arienzale, Dante c/ Fábrica Argentina de Engranajes SAIC y otros s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-23|1986-06-03|1985-12-17|1993-11-02

La determinación del momento en que el trabajador adquiere conocimiento de la incapacidad laborativa es cuestión de hecho que depende de la apreciación de los elementos probatorios arrimados a la causa para tal fin y por lo tanto ajena a la casación, mientras no se denuncie con idoneidad la existencia de absurdo y se demuestre tal extremo.
Impedimento de contacto del menor con el padre no conviviente, vacaciones del menor
Materia: PENAL
Carátula: TORRES, Leonor F. s/ Causa 4.342
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

La temporaria ausencia de los hijos menores, durante el período vacacional, con alguno de sus progenitores o bajo su exclusiva responsabilidad, con conocimiento para alguno de ellos del domicilio exacto donde las vacaciones se desarrollaban, dado que la querellante no ignoraba las razones de dicho alejamiento no evidencia una acción contraria a derecho. La ilegitimidad que reclama el art. 1 de la ley 24.270, no puede residir en una conducta que la legislación no prohíbe, ni la autoridad judicial del específico fuero ha negado, si separados como se hallan los padres, resultaba imposible que el esparcimiento y descanso fuera compartido por ambos y hasta probablemente inconveniente para la convivencia en aquél período.
Cuestiones de hecho y prueba, regulación de honorarios, competencia, contadores públicos, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: F.SACIFIA s/ Concurso preventivo s/Inc. Revisión -DGI- s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-03-04

Este Cuerpo como Tribunal de derecho se halla impedido de ponderar la labor de los profesionales, desplegada en las instancias inferiores, a fin de practicar las nuevas regulaciones de honorarios solicitadas. Ello, en la consideración de que determinar la aplicación de las escalas previstas tanto por el Decreto Ley Nro. 199/66 (actualizada por la Res. Nro. 191/01), como la establecida por el art. 7 de la Ley 2212, dependerá en definitiva de los factores y/o pautas de apreciación contenidos en el art.

34 del citado decreto ley, y del art. 6 de la Ley 2212 respectivamente, cuestiones estas de hecho y de exclusiva incumbencia de los jueces de grado, ajenas al recurso extraordinario de casación. En consecuencia, deberán remitirse las presentes actuaciones a la Cámara de origen, a los efectos de que se practique una nueva regulación de los honorarios de los profesionales recurrentes, de acuerdo al derecho precedentemente declarado aplicable al caso.
Proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vázquez, Carlos c/ Grin S.A. s/ Resolución de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Constituye un supuesto de exceso ritual manifiesto negarse a modificar el número de meses comprendido en un determinado período alegando silencio del interesado, cuando resulta evidente, y el propio tribunal lo advirtió, que ha mediado un grueso error del juez de primera instancia al determinar aquel número teniendo en cuenta las fechas de inicio y de fin del período en cuestión por él establecidas.