Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-10-06


Mendoza, octubre 6 de 2005.

1º ¿Es procedente el recurso interpuesto? 2º En su caso ¿qué solución corresponde? 3º Pronunciamiento sobre costas.

1º cuestión.- El doctor Salvini dijo:

Que a fs. 162/164 vta. la querellante particular, Silvia Mabel Luqui, interpone recurso de casación contra la resolución dictada a fs. 159 y vta., en tanto la misma no accede al pedido de revocación del sobreseimiento dictado a fs. 144, pronunciamiento dictado por la Quinta Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, en la modalidad de Sala Unipersonal.

A fs. 165 se concede el recurso de casación interpuesto. A fs. 170/2 vta. informa el recurso el impugnante.

A fs. 176/7 el Señor Procurador General contesta la vista conferida.

I. Recurso de Casación:

La censura se basa en el art. 474, inc. 2) del CPP (ley 6730 y sus modificatorias).

Solicita se declare la nulidad de la resolución recurrida, en razón de que supuestamente contiene errores en la interpretación y aplicación de la ley adjetiva. También se queja de la carencia de motivación de las resoluciones de fs. 141 y 144, a las que tacha de arbitrarias.

II. Dictamen del Señor Procurador General.

El Señor Procurador General contesta la vista conferida solicitando se rechace el recurso.

Expresa que la entrada en vigencia de la ley 6730 fue suspendida hasta octubre por la ley 7231, término que fue prorrogado por acordada, adquiriendo vigor en su totalidad el 1/12/04. Que la ley 7116, que versa sobre las facultades recursivas del querellante, entró en vigencia antes del día en que se dictó el auto de fs. 141, por lo que el agravio debe ser rechazado.

Que el art. 155, CPP no es aplicable a esta causa, porque la ley 6730 sólo entró completamente en vigencia para aquellos expedientes iniciados con posterioridad al 1/12/04, no pudiendo ser aplicada a los procesos pendientes.

III. La solución.

III. 1) La resolución en crisis confirma el sobreseimiento del imputado, al que tilda de correcto.

Afirma que el mismo fue dictado luego de vencido el plazo de la prórroga extraordinaria, sin que se hayan incorporado nuevas pruebas que modifiquen la situación del imputado.

III. 2) Específicamente, se agravia la recurrente porque el sentenciante ha interpretado erróneamente la ley adjetiva, al aplicar al caso lo dispuesto por los arts. 347 y concordantes de la ley 1908, que juzga derogados al momento de dictarse la resolución de fs. 141.

Dice que la ley 7231 estableció la vigencia de la ley 6730 a partir del día 1/10/04, y en consecuencia, cuando se dictó el auto de fs. 141 -29/11/04- prorrogando la instrucción, se lo hizo bajo el amparo de una ley que no contemplaba el instituto.

Alega que la Cámara debió enmendar el procedimiento por estar derogada la ley 1908 al momento de su dictado, dejando sin efecto el sobreseimiento apelado.

Aduce la quejosa que en el auto objeto de este embate, el a quo expresa que era obligación del querellante recurrir la resolución de fs. 141.

Que ello implica una errónea interpretación de la norma procesal, subsanable a través de este recurso extraordinario, porque antes de la modificación de la ley 7116 que amplió las facultades recursivas, el querellante no podía alzarse contra esa resolución, según art. 349, CPP, ley 1908.

Indica que en estos obrados el imputado está procesado, y que se imponía el requerimiento de elevación a juicio. Que aun en el supuesto de que la ley 1908 hubiese sido de aplicación, en el sobreseimiento no se determinó, frente a ese procesamiento firme, en qué elementos o sobre la base de qué pruebas se dictó aquél.

El otro agravio invocado es la carencia de motivación del auto que dicta la prórroga extraordinaria de fs. 141, sobre todo teniendo en cuenta que su parte solicitó en forma fundada el pedido de elevación a juicio.

Que la resolución de fs. 144 también carece de fundamentos, vulnerándose así lo dispuesto por el art. 155, CPP, ley 6730, bajo pena de nulidad, y que el a quo en la instancia de la apelación no reparó.

Pide que mediante la aplicación del artículo prementado se declare la nulidad del dictum.

III. 3) A. El recurso debe ser rechazado. La resolución confirmatoria del sobreseimiento del imputado se ajusta a las prescripciones de la ley adjetiva, habiendo sido aplicadas correctamente las normas en vigor al tiempo de su pronunciamiento.

En efecto, y tal como lo señala en su dictamen el Señor Procurador General, la acordada Nº 18.710 establece la fecha a partir de la cual entra en vigencia la nueva normativa procesal: el 1 de diciembre de 2004.

En el sub-lite, las resoluciones pronunciadas con posterioridad a tal fecha, son el sobreseimiento -fs. 144, del 30/12/04-, y su confirmación, datada el 13/04/05.

Con lo dicho se excluyen del ámbito de este recurso los agravios relativos al dictum de fs. 141, que el recurrente pretende introducir indebidamente en la queja no obstante su firmeza, aspecto este también señalado por el inferior en la resolución objeto del presente.

Ello por cuanto la competencia extraordinaria de este Tribunal se encuentra limitada, estándole vedado incursionar en temas no sujetos a revisión (conf., María Cristina Barberá de Riso, "Manual de Casación Penal", Advocatus, Córdoba, 1997, p. 21).

III. 3) B. Se agravia la señora Luqui porque han sido aplicadas por el a quo normas supuestamente derogadas.

En estos obrados, tramitados durante el imperio de la ley 1908, se acudió a institutos sin vigencia a la época de la intervención de la Cámara (prórroga extraordinaria de la instrucción), por lo que el inferior no pudo sino referirse a las normas que los sustentaron, lo que de ninguna manera puede traducirse en la errónea interpretación de la ley adjetiva por la quejosa denunciada.

A ello se aduna que el art. 566, CPP, t. o. ley 6730 y modificatorias, establece que "Los actos cumplidos antes de la vigencia de este Código, de acuerdo con las normas del abrogado, conservarán plena validez".

Y que el art. 2º del CPP t. o. ley 7231 dispone que durante la transición de la ley procesal antigua a la nueva, siempre se aplicará la que sea más beneficiosa al imputado, lo que sin hesitaciones ha ocurrido en el sub-lite, y permite enfáticamente sostener que la interpretación hecha por el sentenciante, lejos de ser errónea, es la impuesta por el legislador en forma expresa para supuestos como el de autos.

En el ámbito doctrinario, señalo que esta es la postura que adopta el doctor José I. Cafferata Nores (José I. Cafferata Nores - Aída Tarditti, "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Comentado", Tomo I, Editorial Mediterránea, 2003, p. 53).

III. 3) C. Debe también desestimarse el supuesto defecto consistente en que en el auto recurrido el inferior sostuvo que era obligación del apelante recurrir la resolución de fs. 141, y que se erigiría, según la querellante, en causal de errónea interpretación de la manda procesal.

En primer lugar, porque el a quo no habla de obligación de recurrir, simplemente pone en evidencia como un elemento más, en el relato de los estadios procesales transitados hasta llegar a la prórroga de la instrucción, el consentimiento dado por la querellante a la misma, manifestado en su falta de impugnación.

Es de señalar que -tal como advierte el Señor Procurador General-, la querellante estaba habilitada en su calidad de tal para recurrir, potestad que se encontraba en plena vigencia por imperio de la ley 7116 publicada en junio de 2003.

En segundo lugar se impone la inadmisión, porque la mención que objeta la quejosa carece de relevancia frente a la realidad objetiva que emerge de los obrados, esto es, la incuestionable existencia y firmeza del auto de prórroga de la instrucción.

Ante él, y como bien lo señala el inferior, el dictado del sobreseimiento al no haberse incorporado ninguna nueva prueba durante el término de la prórroga, constituía para la jueza de instrucción un imperativo legal.

III. 3) D. La recurrente tacha a las resoluciones de fs. 141 y 144 de carentes de fundamentos, destacando que esta exigencia es impuesta por la ley bajo pena de nulidad.

Olvida acá la quejosa que el objeto de la casación no es el sobreseimiento, sino la confirmación de éste por el Superior, de acuerdo a lo normado por los arts. 476, inc. 1), y 477, CPP, t. o. ley 6730 y sus modificatorias, lo que impide entrar en el tratamiento de los defectos aludidos, referidos a actos jurisdiccionales no sometidos a esta instancia recursiva.

Por lo expuesto, y opinión concordante del Señor Procurador, corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto, desde que la resolución atacada no contiene los vicios que el recurrente le endilga.

Así voto.

Los doctores Böhm y Llorente adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

2º cuestión.- El doctor Salvini dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativa la cuestión anterior.

Así voto.

Los doctores Böhm y Llorente adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

3º cuestión.- El doctor Salvini dijo:

Atento al resultado que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a cargo de la querellante particular, y fijar los honorarios profesionales del doctor T. A. en la suma de pesos ciento cincuenta ($ 150.), por su labor en autos (art. 558 y concordantes del CPP).

Así voto.

Los doctores Böhm y Llorente adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Con lo que se terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

Mendoza, octubre 6 de 2005 Y Visto: Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, resuelve:1º) Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 162/164 vta. por la querellante particular Silvia Mabel Luqui.2º) Imponer las costas a la parte recurrente, y fijar los honorarios profesionales del doctor T. A. en la suma de pesos ciento cincuenta ($ 150.), por su labor en autos, a cargo del imputado.- Herman Salvini.- Carlos Böhm.- Pedro Llorente.