Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-12-15


Expte. Nº 6315 "C/ MESINA Verónica Paola por usurpación (art.181 inc. 1º del C.P.), en perjuicio de Gustavo Fabián Linares Casación" En la Ciudad de San Juan, a quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil catorce, se reúnen los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal.

No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal ante la inexistencia de cuestiones incidentales se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO: Contra la sentencia dictada en fecha veintiuno (21) de abril de 2014 por el Cuarto Juzgado Correccional, cuya parte resolutiva obra a fs. 99 y vta. y sus fundamentos se glosan a fs. 100/109 vta., interpone recurso de casación la Dra. Adriana Cabrera de Pandiella (fs. 112/117 vta.).

El fallo recurrido condenó a Verónica Paola Mesina a la pena de Seis (6) Meses de Prisión en suspenso por resultar autora penalmente responsable del delito de Usurpación (art. 181 del C.P.) en perjuicio de Gustavo Fabián Linares, imponiéndole además el pago de las costas del juicio.

Aduce la apelante que se habría incurrido en vicio in procedendo, pudiendo sintetizarse de la siguiente manera los argumentos vertidos:

Primer agravio: Se arguye que no obstante que la acusación y la prueba producida en el debate se relacionaba con la desposesión violenta (forzándose una puerta), del inmueble del damnificado Linares, la sentenciante condenó a la acusada por un despojo furtivo y clandestino de la posesión.

Se alega entonces que tal medio comisivo no integraba el requerimiento de elevación a juicio y que fue introducido por Fiscalía al no poder probar el ingreso violento de Mesina a la vivienda. Juzgando la recurrente que con ello se habría vulnerado el derecho de defensa porque Mesina no pudo defenderse respecto de la clandestinidad que se le endilgó. Y que por esa vía también se habría afectado el principio de congruencia.

Segundo agravio: Se critica la consideración y valoración como prueba de cargo de la declaración del testigo Zuliani, quien habría alertado al damnificado Linares del ingreso a la vivienda por la encartada. Expresándose que no se dieron los supuestos legales para incorporar dicho testimonio por lectura y que no se justificó asimismo la ausencia del deponente al debate.

Advirtiendo la impugnante que pese a haber consentido la defensa la incorporación de dicha prueba, igualmente resultaba nula. Tercer agravio: Se denuncian defectos en la motivación del fallo, tachándoselo de arbitrario y nulo, reiterándose que se fijó una base fáctica distinta a la que integró la acusación. Se alega que hubo un razonamiento contradictorio, forzándose las pruebas para arribar a una condena, omitiéndose valorar la palabra del propio denunciante, quien afirmó que la acusada accedió al inmueble de una manera violenta.

Cuarto agravio: Se invoca la violación al principio de inocencia e in dubio pro reo, expresándose que, ante la inexistencia de requisitos y pruebas en relación al delito acusado, debió absolverse a la imputada. Pero que adhiriendo a la postura del Ministerio Fiscal y modificando las circunstancias de hecho del ilícito imputado se condenó finalmente a la enjuiciada.

Por otra parte, se invoca el vicio in iudicando del fallo dictado, indicándose lo siguiente: Primer agravio: Se dice que tal vicio resultaría probado al resolverse la cuestión en ausencia de prueba cargosa. Que el denunciante nunca habló de clandestinidad, pero sí de violencia para ingresar a su vivienda y que en la requisitoria de elevación a juicio los hechos se describieron de manera similar.

Señalándose que en el debate se habría acreditado la existencia de tales extremos, mutando sin embargo las condiciones del hecho al acusarse a Mesina por otra conducta distinta, privándosela de defensa.

Segundo agravio: Se señala que se habría interpretado y aplicado erróneamente el art. 181 inc. 1º del C.P., puesto no se habría demostrado voluntariedad e intención en la conducta de la acusada, exigiéndose en el tipo indicado la presencia de conducta dolosa.

Se critica que se haya condenado a Mesina merced a indicios equívocos y contradictorios, y se omitiera ponderar algunas circunstancias que acreditarían la inocencia de la enjuiciada.

Finalmente, se plantea la cuestión federal. A fs. 118/120 la sentenciante concedió el recurso incoado. A fs. 126/132 la impugnante reitera los argumentos del planteo recursivo.

Por su parte, el Sr. Fiscal General de la Corte, Dr. Eduardo Quattropani, fundadamente se pronuncia por el rechazo del remedio y la plena confirmación de la condena dictada.

Entrando en el análisis del remedio incoado, anticipo que el mismo no puede prosperar.

En primer lugar, compruebo que la quejosa reitera al menos tres veces el argumento de la supuesta modificación de la base fáctica de la acusación, por cuya vía (a su entender) se afectaría la motivación del dictum, principio de congruencia y defensa de la encartada.

En efecto, los agravios Primero y Tercero del vicio in procedendo y Primero del vicio in iudicando abordan, esencialmente, la misma temática. Por lo cual efectuaré un tratamiento único de los mismos.

En tal sentido, disiento en que se modificó la base fáctica por parte de la acusación. Como puede comprobarse de la lectura del requerimiento de elevación a juicio (fs. 52/54), en el relato de los hechos se describió que Mesina ingresó violentamente al inmueble de Linares y que: "...aprovechó la ausencia del morador" (fs. 52), situación que implica clandestinidad en el accionar reprochado.

La doctrina afirma en cuanto a esta última forma comisiva que: "La ausencia del poseedor torna clandestina la ocupación si la misma es aprovechada por el ocupante. Ocupar un inmueble que se haya desocupado presupone la ignorancia del poseedor de tal estado de cosas". (cfr. Código Penal y Normas Complementarias. Nova Tesis, 2011, pág. 545).

Considero que el hecho reprochable desde la órbita penal durante todo el proceso se mantuvo incólume y de modo idéntico, desde que la acción endilgada fue el despojo de la posesión de Linares de su vivienda. De tal modo que respecto a dicha acción ejecutiva la imputada nunca vio menguada su amplia posibilidad de defensa. Tampoco surgieron nuevas circunstancias que implicaran una figura distinta o más agravada, que de algún modo la privaran de una defensa eficaz.

Al respecto, este Tribunal Superior ha sentado que, respetándose el límite fáctico el Ministerio Fiscal puede modificar, entre otras cosas, el encuadramiento jurídico del hecho, debiendo aplicarse el mismo razonamiento para la actividad jurisdiccional.

Por ende, luego del debate, recepción de la prueba y respectivos alegatos, respetándose los hechos sobre los cuales se desarrolló la prueba deberá efectuarse el encuadramiento jurídico de la conducta reprochada (cfr. PRE S.2ª 2000 I 136, PRE S.2ª 2012 I 163, entre otros).

En cuanto a que se afectó la defensa de la imputada el argumento constituye una falacia, porque (además de lo dicho en el párrafo precedente), Mesina declaró en la causa y tuvo conocimiento íntegro de la imputación en la etapa de la instrucción y debate, ofreciendo su descargo libremente (fs. 39/40 vta. y 94/95).

Por otra parte, y como lo advierte el Sr. Fiscal General, la defensa no ofreció prueba cuando fue citada a juicio (fs. 70, 71), actitud que resta seriedad al planteamiento esgrimido.

En relación al Segundo agravio del vicio in procedendo, consta en actas el expreso consentimiento de la apelante a la incorporación por lectura de las declaraciones testimoniales de Nelson Zuliani (fs. 96 vta.). Situación que resulta contemplada en el art. 467 C.P.P. (Lectura de declaraciones), que establece:

"Las declaraciones testimoniales recibidas durante la instrucción o la investigación fiscal preparatoria podrán leerse únicamente en los siguientes casos, bajo pena de nulidad:

2) Cuando no comparezca el testigo cuya citación se ordenó y presten conformidad el Ministerio Público Fiscal y las partes", hipótesis que se cumplió al aceptar la defensa la incorporación de los dichos del testigo ausente. Esta Corte ha sentado que: "Si bien es cierto que ".toda persona inculpada de delito, durante el proceso, en plena igualdad, goza de la garantía del "derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos" (cfr. artículo 8º, inciso 2º, letra f, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), también lo es que, como previamente dijera, en ejercicio pleno del Ministerio que le asistía, el defensor del imputado desistió expresamente de obtener una nueva convocatoria de la testigo, consintiendo la solución de la norma de rito" (cfr. PRE S.2ª 2012 IV 681).

Cabe agregar que "la garantía de la defensa no ampara la negligencia de los litigantes, ni que ésta última puede justificarse alegando aquello que es fruto exclusivo de sus propios actos" (cfr. PRE S.2ª 2003 II 343). Por lo cual lo aducido en este agravio no merece ser oído, pues emerge del propio obrar de la recurrente en su labor defensiva.

Por último, en cuanto al supuesto vicio en la interpretación y aplicación del art. 181 inc.1º del C.P., (Segundo agravio del vicio in iudicando), el argumento no puede sostenerse, siendo acertada la calificación jurídica de los hechos en el fallo recaído.

Coincido con lo fundado por la sentenciante respecto a que Mesina fue autora del delito de Usurpación (art. 181 Inc. 1º del C.P.), por ingresar sin derecho alguno y en forma clandestina al inmueble aprovechando que el poseedor Linares estaba ausente.

Y que fracasó la imputada en su falsa coartada de invocar un supuesto contrato verbal de compraventa y pago al damnificado de una suma de dinero ($5.000) por la vivienda, al carecer de prueba alguna al respecto. Más allá de los dichos de su hermana Carina Mesina (fs. 41 y vta.; 96), que no merecieron crédito alguno.

Juzgo que la conclusión arribada se apoya en la prueba de cargo compuesta por las declaraciones de Gustavo Linares (fs. 1 y 36/37) y Nelson Zuliani (fs. 17 y 39/40 vta.); documental integrada por el acta policial de constatación de la ocupación ilegal (fs. 7); resoluciones e informes del I.P.V. demostrativos de la posesión ejercida por el damnificado (fs. 5, 12, 32/33) y constancias del acta de debate (fs. 94/98).

Que acreditaron en grado de certeza la comisión del delito atribuido y me llevan a descartar de plano vulneración alguna del principio de inocencia e in dubio pro reo. En síntesis, adhiero a las razones vertidas en el fallo dictado y las doy por reproducidas, en honor a la brevedad. Concluyendo que la solución alcanzada es una derivación razonada del derecho vigente con apoyo en las probanzas de la causa.

Sin advertir por mi parte ninguna violación jurídica procedimental o sustancial que justifique el remedio intentado, ni afectación al principio de congruencia, por existir concordancia entre el requerimiento fiscal y la sentencia recaída.

En atención a los considerandos que anteceden, voto porque el recurso de la Defensa sea rechazado. LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación incoado por la defensa de Verónica Paola Mesina.

II) Confirmar la sentencia dictada en fecha veintiuno (21) de abril de 2014 por el Cuarto Juzgado Correccional, cuya parte resolutiva obra a fs. 99 y vta. y sus fundamentos se glosan a fs. 100/109 vta. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres.: Juan Carlos Caballero Vidal, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero. Ante mí: Héctor Fabián Meló, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Cp 6315 E.B.T.

PRE S.2ª 2014 III 593.