Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-10-29


(Libro de Acuerdos Nº47 Fº1830/1833 Nº790 ). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro, reunidos los Señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, doctores José Manuel del Campo, Héctor Fernando Arnedo y Héctor Eduardo Tizón, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el expediente Nº 2421/2004, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte Nº 7256/03 (Sala II Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) Incidente de nulidad en Expte. Nº B-96.214/02 Ejecutivo: Provencred II - Sucursal Argentina c/ Moreno, Simeón".

El Dr. del Campo dijo:

El 13 de agosto de 2003, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 desestimó el incidente de nulidad articulado por la demandada en los autos principales quien lo había promovido alegando la falta de debida notificación del mandamiento de pago y ejecución librado en su contra. Argumentó al efecto que la diligencia se cumplió en calle Jorge Newbery Nº 350 2º piso Dpto. "D" que, si bien se trataba de un inmueble de su propiedad, no era el asiento de su vivienda ya que él residía en calle San Martín 605, 4º piso Dpto. "B" de esta ciudad.

Entendió el Juez de la causa que no había razón para considerar inválida la diligencia, pues ésta se había practicado en el domicilio especial constituido en el pagaré base de la ejecución. Consideró que la persona con quien se diligenció la medida no quiso identificarse ni firmar el acta respectiva, no negó que ese fuera el domicilio del ejecutado ni "que el mismo no era el demandado" (sic). Restó relevancia a la presentación de fojas 17 de los autos principales por la que José María Moreno se presentó a declinar notificación e informar que Simeón Moreno no residía en Jorge Newbery 350 2º piso Dpto. "D" y, en definitiva, rechazó el incidente de nulidad articulado, con costas.

El recurso que en contra de esa sentencia promoviera el ejecutado, fue acogido por la Sala II de la Cámara de Apelaciones. Para así pronunciarse, estimó, siguiendo la doctrina y jurisprudencia que cita, que el domicilio especial constituido en un documento privado, no sustituye al domicilio real en el que debe notificarse el traslado de la demanda. Estimó acreditado a partir de la valoración de la prueba rendida en la causa, que el incidentista reside en inmueble distinto a aquel en el que se diligenció el mandamiento de pago y ejecución, y, por ello, consideró procedente el planteo de nulidad articulado, declaró inválido lo actuado a partir de fojas 20 del expediente principal, considerando útil la oposición de excepciones obrantes a fojas 16/56 (debe leerse 46/56) y la contestación efectuada por la ejecutante e impuso las costas a la recurrente.

En contra de tal pronunciamiento la actora, representada por el Dr. Blas Esteban González García, interpone el recurso de inconstitucionalidad cuyo escrito se agrega a fojas 13/16 de autos. Afirma que el fallo lo agravia en tanto quedó demostrado que el demandado al realizar la operación crediticia que lo vinculó con su parte constituyó como domicilio especial aquel en el que se libró el mandamiento y es el que consta en los instrumentos que menciona y que fueron agregados como prueba a la causa. Siendo así -dice- la sentencia atenta contra el derecho de crédito de su parte y se aparta de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 del Código Civil. También se dice agraviado por cuanto las costas fueron impuestas a su parte, estimando que "Provencred" no actuó con temeridad ni con negligencia y que fue su contraria quien no obró de buena fe.

El recurso fue contestado por el demandado con el patrocinio letrado del Dr. Rodolfo Miguel Fernández quien sostiene su improcedencia por los fundamentos a los que me remito.

Después de integrado el Tribunal, asumí la presidencia de este trámite ordenando se remitieran los autos a dictamen del Ministerio Público, expidiéndose el Sr. Fiscal General en sentido adverso a la pretensión del recurrente. Asevera al respecto que el planteo no supera la mera discrepancia de su promotor respecto de los fundamentos del fallo los que no fueron desvirtuados por el quejoso. Evoca el criterio de este Superior Tribunal de Justicia respecto a la estrecha vinculación del derecho de defensa con la debida notificación de la demanda y el deber de hacer prevalecer aquel a partir de una interpretación que asegure cumplir con las normas que tiendan a garantizar el efectivo conocimiento del accionado, de la demanda promovida en su contra. También estima inatendible el agravio fundado en la imposición de costas, por ser materia ajena a esta instancia.

Firme a la fecha el llamado de los autos para sentencia, corresponde emitir nuestro pronunciamiento con ajuste a lo dispuesto en las acordadas 37, 56 y 79, todas del corriente año.

Coincido con el criterio adoptado por el Ministerio Público. Efectivamente en el recurso no se rebate el fundamento que sustenta el fallo cuestionado en cuanto a que el domicilio especial consignado en un documento privado no es idóneo para sustituir el domicilio real del deudor a la hora de notificarlo de la demanda o, como sucede en autos, de librar en su contra mandamiento de pago y ejecución. Sobre esto el recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos por su parte en la instancia anterior sin afrontar las razones que dan fundamento al pronunciamiento.

Sin perjuicio de ello -que por sí obstaculiza el progreso del remedio pretendido- cabe agregar las consideraciones que siguen.

En primer lugar, es dable dejar sentado que la determinación del real domicilio del demandado al tiempo de practicarse la diligencia de fojas 20 de los autos principales, es cuestión de hecho supeditada a la valoración de la prueba rendida ante el Tribunal de grado que, como se sabe, en principio, resulta ajena a esta instancia, regla que sólo cede en caso de absurdo manifiesto, que en modo alguno se concreta en estos autos.

Admitido entonces que al tiempo de librarse mandamiento de pago y ejecución en contra de Simeón Moreno, éste no residía en el inmueble en el que tal diligencia se cumplió, queda pendiente dilucidar si la circunstancia de que la misma se cumpliera en el domicilio especial constituido en el instrumento ejecutado, padece de la invalidez determinada en la sentencia recurrida o, por el contrario, no merece reparo alguno, tal como lo alega el recurrente.

En mi opinión, el a-quo resuelve acertadamente la cuestión ya que, tratándose de instrumento privado, no puede el domicilio especial en él consignado reemplazar el domicilio real a los fines de la notificación de la demanda -equiparable, en el caso de las ejecuciones, al mandamiento de pago y ejecución- sin acarrear con ello la nulidad de lo actuado.

Al respecto, enseña Palacios que "la intimación de pago debe verificarse en el domicilio real del ejecutado, en el convenido para el cumplimiento de la obligación siempre que conste en instrumento público o en instrumento privado debidamente reconocido o dado por reconocido (art. 1028 del Cód. Civil) o certificado por escribano ... o el constituido en el expediente" (Lino Palacios "Derecho Procesal Civil" Ed. Abeledo Perrot, Bs.As.1994, Tomo VII pag. 394).

En el caso, la intimación de fojas 20 de los autos principales -fundada en instrumento privado- no fue concretada en persona al demandado y se cumplió en domicilio distinto del real, no reconocido como lugar de cumplimiento de la obligación. A su turno, el deudor planteó la indefensión que eso le deparaba por la privación de articular excepción de pago parcial y observar la planilla de liquidación practicada en autos por la actora con lo que demostró, además, que no planteaba la nulidad por la nulidad misma. Siendo así, no hay dudas de la invalidez de la medida practicada.

Esta es, por lo demás, la solución que mejor se compadece con la garantía de la debida defensa en juicio que, en tanto vehículo para asegurar el ejercicio de todos los demás derechos, merece un resguardo irrestricto y despojado de toda formalidad que la exponga al más mínimo riesgo, tal como ya lo tiene resuelto este Superior Tribunal de Justicia (cfr. "Zimmermman de Angueira" L.A. 39 Fº 458/462 Nº 180) y a cuyos fundamentos me remito.

En cuanto a la pretensión para que se libere al recurrente de las costas o, cuanto menos, se las establezca por el orden en que fueron causadas, diré que tampoco ésta es cuestión que habilite la extraordinaria instancia de este recurso, siendo, por el contrario, materia reservada a los jueces ordinarios de la causa, salvo marcado apartamiento de las reglas que gobiernan la materia y que descalifiquen el fallo por su ostensible arbitrariedad, excepción que no se vislumbra en este caso.

Sin perjuicio de ello, cabe agregar que no hay elementos que lleven a concluir que el ahora recurrente actuó de buena fe y con algún derecho dando andamiento a su pretensión de ser eximido de soportar las costas a pesar de su condición de vencido. Por el contrario, no encuentro justificación alguna a la actitud que asumiera a fojas 25, restando toda importancia y pidiendo se prosiguiera con la ejecución, no obstante que persona distinta al demandado se presentó para declinar la notificación practicada a fojas 20 y denunciar clara y concretamente que el accionado no residía en Jorge Newbery Nº 350 2º piso Dpto. "D". La conducta asumida en la ocasión aparece como encaminada a evitar que el demandado tome conocimiento efectivo de la causa seguida en su contra, ya que, de haber obrado de buena fe, habría requerido del juzgado las diligencias pertinentes para verificar el acierto de la denuncia y, en su caso, dar con el domicilio real de su contraparte haciéndole posible el ejercicio regular de su derecho de defensa. Tampoco este agravio puede ser atendido.

Me pronuncio, entonces, por el rechazo del recurso tentado, con costas a su promotor.

La regulación de los honorarios profesionales deberán diferirse para cuando exista base suficiente para practicarla.

Los doctores Arnedo y Tizón, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia, Resuelve:

1. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad promovido por Provencred II Sucursal Argentina en contra de la sentencia dictada por la Sala II de a Cámara de Apelaciones el 16 de diciembre de 2003.

2. Imponer las costas al recurrente vencido difiriendo la regulación de los honorarios profesionales.

3. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.