Acción de amparo, constitucionalidad, jubilaciones
Materia: PENAL
Carátula: Acción de amparo presentada por Matilde Gordillo, Rosa Ana Tinti y Enrique Luperi Clerici s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-07-01

El ochenta y dos por ciento (82%) móvil que la ley 8024 garantiza para las jubilaciones encuentra su verdadero sentido si se lo determina de la remuneración líquida del activo. Lo contrario, implica la inconstitucionalidad intrínseca del sistema.

Cuando el art. 50 inc. a) de la Ley 8024 alude a "la remuneración mensual del cargo que desempeñaba el afiliado a la fecha de cesar en el servicio", debe entenderse referido al importe neto de esa remuneración, previa deducción de los aportes que merman significativamente la asignación presupuestada.

Así se infiere del art.8 de la misma ley, cuando define que debe entenderse por remuneración del trabajador activo, diciendo que es "todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie" y es obvio que los descuentos previsionales no son "percibidos", por el afiliado sino directamente acreditados en favor del ente previsional.

El decreto 1777/95 se ha limitado a precisar el concepto, reformando a tal fin el art. 50 del decreto reglamentario, el sistema procura asegurar al trabajador en retiro un stándar de vida similar al que gozó cuando se encontraba en actividad, y ese standard de vida está dado por la suma efectivamente disponible, no por la nominal presupuestada para el cargo.

El sistema de cálculo hoy derogado posibilitaba un desenlace que la jurisprudencia ha calificado de "absurdo", como es la asignación al jubilado de una suma al menos igual y muchas veces mayor a la de ese mismo trabajador en actividad.

El haber mensual líquido del activo y del pasivo serán iguales frente a un aporte del 18% y un haber del 82%, y éste resultara mayor que aquél en caso de aumento de los aportes (tolerados por el art.7 de la Ley 8024) o asignación de un haber jubilatorio superior al 82% (así ocurre en los supuestos previstos en los arts. 51 y 102 de la ley 8024 y respecto de diversos beneficios otorgados bajo regímenes anteriores).

La indebida proyección de la anterior reglamentación tácita o práctica administrativa implica plasmar en los hechos una modificación del texto constitucional. En lugar de asegurar al "jubilado" un haber constituido por un "porcentaje" actualizado del sueldo del "personal activo" posibilita una solución inversa, esto es, que el "activo" perciba sólo un "porcentaje" o una parte del haber de pasividad que cobra el "jubilado".

En estas condiciones se invierten los extremos de la relación de porcentualidad, la Constitución no asegura a los jubilados un haber previsional mayor, ni igual a la del personal en actividad, sino que, por el contrario, solo una proporción o parte de aquél. Lo mismo asegura la Ley al imponer que la parte se fije en el 82% por ciento móvil.

La Constitución Provincial en su art.57 proclama que "el Estado asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad". El texto del Decreto 1777/95 concuerda plenamente con el art. 57 de la Constitución Provincial. En efecto, la determinación del haber jubilatorio es fijada en una "parte" del todo, considerando como "totalidad" lo que realmente dispone como remuneración quién presta servicios en "actividad", esto es, con la reducción del aporte personal.

Este tributo se destina al sistema previsional para que a su vez cumpla con su enaltecedora finalidad distributiva. La movilidad, proporcionalidad y el carácter sustitutivo postulan en definitiva que se otorgue al jubilado un nivel acorde con el que disfrutaba en los últimos años de su relación laboral, pero no superior.

La máxima aspiración de los sistemas previsionales es que la actualización de los haberes se realice de modo tal que le permita mantener el nivel de vida alcanzado durante su actividad laboral dentro de una razonable proporcionalidad.

En este marco interpretativo no pude dejarse de lado la realidad económica que incumbe al trabajador que alcanza la pasividad, ya que en este nuevo estado no sólo adquiere disponibilidad temporal que le permite el uso de su capacidad productiva, sino que también, a nadie escapa, que se libera de los gastos que le insumía su desempeño laboral, ya sean éstos de movilidad, ropaje, refrigerio, perfeccionamiento, etc..

La Ley 8024 y aún la reglamentación impugnada, Decreto 1777, no sólo garantizan este anhelo sino que aún van más allá. En efecto, postulan que el jubilado mantenga el mejor nivel de vida que tuvo en sus últimos años cuando sus salarios eran los más altos.

Aún suponiendo que la práctica liquidatoria del haber jubilatorio anterior a la sanción del Decreto 1777/95 no estuviese ostensiblemente reñida con los principios legales y constitucionales aplicables, cabe admitir al menos que tal modalidad (cálculo del 82% sobre la remuneración bruta del trabajador activo) responde a un criterio tan válido como el contenido en el decreto citado (cálculo sobre lo efectivamente percibido) habiendo quedado la modalidad del cálculo sujeta a la norma reglamentaria, desde que ninguno de los dos sistemas estarían en contradicción con la ley a reglamentar.

Así las cosas, el Decreto 1777/95 tendría el carácter de una norma, dictada por la autoridad con competencia para hacerlo, que dispone una reducción de los haberes jubilatorios otorgados y a otorgarse, se considera constitucionalmente válida una reducción en el monto de los beneficios previsionales mientras no fuera confiscatoria. Tal criterio obedece a la distinción de dos aspectos en el derecho jubilatorio: a) el status del jubilado, y b) el goce o disfrute de la prestación.

El primero queda consolidado y adquirido con el acto otorgante del beneficio, y se resguarda en la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad. No puede perderse ni suprimirse, a menos que la propia ley aplicada al otorgamiento del beneficio prevea la causal de extinción o caducidad.

El segundo aspecto, que compone el contenido económico del beneficio y se traduce normalmente en cobro periódico de sus cuotas, no es intangible: el monto fijado puede variar, y la alteración puede ser en menos, siempre que concurra causa razonable y suficiente, y que la rebaja no se confiscatoria. La disminución readquiere su aplicación con mayor margen de posibilidad cuando median razones de orden público o de beneficio general.

Como el haber no es inmutable, ni existe derecho adquirido a una suma determinada, la privación ocasional de un aumento, o la merma en el monto ya ajustado, no hieren el derecho constitucional de propiedad, cuando: a) hay base legal suficiente; b) hay causa justa y razonable; c) no se incurre en confiscación".