Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-23


Expte. nº 7265/10 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'López, Sebastián s/ art. 111 CC'" Buenos Aires, 23 de marzo de 2011 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. En primera instancia, pese a la oposición fiscal, se hizo lugar al pedido de suspensión del proceso a prueba efectuado por la defensa. Apelada esa decisión por la fiscalía, la Cámara confirmó la resolución.

2. Contra esa decisión de la Cámara la fiscalía interpuso recurso de inconstitucionalidad que, al ser denegado, motivó la articulación de esta queja.

3. La Fiscalía General Adjunta, al contestar la vista conferida, propició que el Tribunal admitiera el recurso directo e hiciera lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Asimismo, solicitó que se le diera efecto suspensivo a la queja.

4. Atento a que de la deliberación efectuada entre los integrantes del Tribunal surgió que no se había logrado conformar la mayoría establecida en el art. 25 de la ley nº 7 para resolver la queja interpuesta, se procedió a integrar el Tribunal en la forma prevista legalmente (fs. 83).

En consecuencia, luego de cumplidos los pasos pertinentes, el Dr. Balbín tomó intervención en este proceso y la causa fue puesta nuevamente a consideración del Tribunal (fs. 84/94).

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

La situación de autos es equivalente a la resuelta en "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Corrao, Osvaldo Horacio s/ infr. art. (s) 111 CC, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes'", expte. nº 7156/10 (05 de agosto de 2010). Allí sostuve que la resolución que motivó la interposición del recurso de inconstitucionalidad fue dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley nº 3382.

La ley procesal vigente a ese momento sólo habilitaba la vía recursiva al contraventor, por lo que la posterior modificación de la norma no habilita en autos recurso alguno en favor del Sr. fiscal, lo que determina el rechazo de la presente queja. Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Coincido con la Sra. Jueza de trámite en que la presente causa es similar a la resuelta en autos "Corrao". Y como sostuve en dicha oportunidad, si bien el señor Fiscal ha peticionado que se declare el efecto suspensivo, las razones que expuse al emitir mi voto en los autos "Pazos" (expte. nº 7135/10, resolución del 29 de abril de 2010) me obligan a rechazar la queja sin más trámite.

Con independencia de que la señora Fiscal ante la Cámara interpuso el recurso de inconstitucionalidad y la queja con posterioridad a que entrase en vigencia la nueva redacción del art. 53 de la ley nº 12 (publicada en el B.O. el 21/01/10), lo cierto es que, en la medida en la cual esa modificación legal hizo nacer un derecho recursivo en cabeza de la Fiscalía que -al dictarse dicha resolución- esa parte no tenía ("Rodríguez y Ball", expte. nº 110/99, resolución del 22 de octubre de 1999), la decisión surtió plenos efectos y pasó en autoridad de cosa juzgada para el Ministerio Público Fiscal, al amparo de la ley anterior.

En este sentido, no es posible olvidar que, antes de aquella reforma, el único sujeto habilitado para apelar el fallo de Cámara -esto es, el contraventor- tenía el derecho a que su situación jurídica existente y consolidada no se viera alterada, modificada o perturbada por la actuación del órgano acusador, derecho que reconocía su base -cuanto menos- en la ley anterior.

Está fuera de discusión que el legislador puede sancionar una nueva ley procesal para otorgar un recurso más al Ministerio Público Fiscal (CSJN, "Arce", Fallos 320:2145), que ningún acusado tiene derecho a que las leyes procesales se mantengan inmutables y que las leyes procesales, en principio, se aplican a los procesos en trámite -con la particularidad de que, dentro de las causas en trámite, se aplican a los actos cumplidos a partir de la vigencia de la reforma procesal en cuestión ("Ybarra", expte. nº 6903/09, resolución del 12 de febrero de 2010)-.

Sin embargo, razones de equidad y seguridad jurídica me llevan a afirmar que el estado de cosas del que gozaba el imputado en estas actuaciones ya estaba definido, en cuanto a sus características y efectos jurídicos -aunque dichos efectos aún no se estuvieran produciendo-, con el dictado de la decisión de la Cámara (30/12/09) y aquel estado de cosas debe permanecer inalterable.

La situación, a mi criterio, no varía frente al hecho de que esa decisión haya sido notificada al Ministerio Público Fiscal cuando ya se encontraba en vigencia la nueva redacción (es decir, el 03/02/10), que sí le confiere legitimación, pues, como ya lo he dicho, la recurribilidad de esa sentencia debe ser examinada a la luz de la ley vigente al momento de su dictado ("Pazos", ya citado).

Deseo aclarar que mi convicción sobre la solución que adopto se funda en el hecho de que esta ley procesal -al permitir que el Estado continúe ejerciendo su poder punitivo sobre el ciudadano, ante esta instancia- resulta menos favorable al interés del contraventor.

Así lo voto.

El juez Carlos F. Balbín dijo:

Adhiero al voto de la señora jueza, doctora Ana María Conde.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

En primer lugar, considero apropiado afirmar que dada la nueva redacción del art. 53 de la ley nº 12 (reformada por ley nº 3382, publicada en el BOCABA nº 3345 del 21/1/2010) que concede a "las partes" la posibilidad de interponer los recursos de los incisos 4 y 5 del art. 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el representante del Ministerio Público Fiscal se encuentra legitimado para recurrir ante este Tribunal Superior por vía de recurso de inconstitucionalidad y de queja.

Como lo ha expresado este Tribunal en otras ocasiones, los actos procesales deben ajustarse a las disposiciones vigentes al momento en que estos se cumplen (cf., en lo pertinente, "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Ybarra, Luis Antonio s/ infr. art(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC'", expte. nº 6903/09, resolución del 12 de febrero de 2010 y "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Pazos, Juan Carlos s/ infr. art. 111 CC'", expte. nº 7135/10, resolución del 29 de abril de 2010, entre otras).

En ese sentido, la posibilidad formal de impugnar las decisiones nace con la notificación practicada de acuerdo a las formas legalmente previstas.

Es ese el momento en el que el pronunciamiento del órgano jurisdiccional queda efectivamente integrado como acto procesal y produce sus efectos respecto de las partes que quedan, entonces, vinculadas con aquel. En consecuencia, la impugnabilidad objetiva y subjetiva de la decisión cuestionada debe verificarse al momento de su notificación.

En el caso, la decisión cuestionada a través del recurso de inconstitucionalidad del Ministerio Público Fiscal, dictada el 30/12/2009, fue notificada el día 3/2/2010, oportunidad en la que la reforma procesal referida ya había entrado en vigencia, con lo que el representante del Ministerio Público Fiscal estaba, en el caso, legitimado para interponer el recurso en cuestión (cf. mi voto in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Corrao, Osvaldo Horacio s/ infr. art. (s) 111 CC, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes'" expte. nº 7156/10, resolución del 5 de agosto de 2010).

2. En cuanto a la solicitud efectuada por el señor Fiscal General Adjunto (ver punto 3 del resulta) entiendo que la argumentación del recurrente resulta suficiente, en este estado de análisis, para controvertir la presunción de legitimidad de la denegación del recurso de inconstitucionalidad que viene a defender pues se constata, prima facie, la existencia en el caso de una decisión que resulta equiparable a una sentencia definitiva para el Ministerio Público Fiscal y el planteamiento de un caso constitucional que involucra la interpretación de las reglas que estructuran el debido proceso en esta jurisdicción y establecen sus competencias y atribuciones -arts. 13.3 y 125, CCABA- (cf. "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Jiménez, Juan Alberto s/ infr. art. (s) 111 CC, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes'", expte. nº 7238/10, resolución del 11 de junio de 2010, y sus citas).

Corresponde, en consecuencia, otorgar a la interposición de la queja el efecto suspensivo que se solicita.

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

El recurso de inconstitucionalidad, tal como afirma mi colega José O. Casás, fue interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo y en tiempo oportuno (cf. lo dispuesto en la ley 3382).

A su vez, la fiscalía ha invocado razones suficientes para tener por mal denegado el recurso de inconstitucionalidad y la declaración de admisibilidad de dicho remedio procesal conlleva el efecto suspensivo solicitado en autos (ver mis votos en "Tejerina, Víctor Angel s/ inf. Art. 81 CC oferta y demanda de sexo en espacios públicos recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 6033, sentencia del 3/12/08; "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Fabre, Walter Atilio s/ infr. art. 111 CC -conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes-'", expte. nº 6247/08, sentencia del 29/4/09 y "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Sacaca, Benito Gabriel s/ infr. art. 111 CC -conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes-'", expte. nº 6235/08, sentencia del 29/4/09).

Por ello, corresponde otorgar a la interposición de la queja el efecto suspensivo requerido.

Por ello, por mayoría el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan estas actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.