Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-02-04


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 05/05	Cuatro (4) de Febrero de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, -con más la integración del doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana- por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la parte actora y S.A. San Miguel AGICyF en autos: "Paz, Alfonso Segundo y otros vs. S.A. San Miguel AGICyF y otros s/Indemnización".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala IVa. de la Excma. Cámara del Trabajo el 20/6/2003 (fs. 527/538), la parte actora y S.A. San Miguel AGICyF dedujeron sendos recursos de casación, que fueron concedidos por dicho Tribunal mediante pronunciamiento de fs. 609 y vta.. Consta en informe actuarial de fs. 624 que ambas partes han presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- La sentencia tuvo por acreditado el carácter de empleador de S.A. San Miguel AGICyF, desechándolo respecto de Contracnor y Corpac. Explica que no hay un reconocimiento expreso de que los actores hayan sido contratados por Contracnor Cooperativa de Trabajo para que presten sus servicios en San Miguel, sino que del cuadro probatorio desplegado y dada la fecha de ingreso de los mismos, surge que trabajaron para la citrícola apareciendo por un tiempo limitado como pagados por esta cooperativa, pero la subordinación jurídica y económica existe con respecto a S.A. San Miguel AGICyF. Considera que existe una vínculo de carácter permanente, el cual no se probó que sea con prestaciones temporarias o eventuales, ni se acreditó la hipótesis de trabajo a destajo.

Seguidamente, tuvo por justificado el despido indirecto dispuesto por los demandantes y responsabilizó a la demandada principal de las consecuencias indemnizatorias del despido arbitrario, condenándola al pago de $297.012,23 por los rubros detallados en planillas de capital e intereses. La base tomada para el cálculo de las indemnizaciones fue la suma de $562 por quincena detallado en la demanda, ante la ausencia de toda prueba que acredite derecho a un monto superior.

Rechazó el reclamo de indemnizaciones de la ley de empleo, por considerar que se supeditó su monto a la prueba pericial a realizarse y que no existe elemento alguno en la misma que permita inferir el monto que correspondería; en orden a las diferencias salariales sostuvo además que es jurisprudencia reiterada que el petitorio sobre adeudos debe ser debidamente acreditado; y desestimó los rubros prestación por desempleo y asignaciones familiares. Igualmente, rechazó la defensa de falta de acción y acogió la defensa de prescripción, esta última con el argumento de que alude al reclamo de la ley de empleo que fuera expresamente desestimado por el fallo.

3.1.- La demandada esgrime que las constancias de autos muestran que se demandó a tres empresas, presentando recibos que habrían emanado de dos de ellas y no de San Miguel. Razona que el contenido de aquellos es inoponible a su parte y que funcionan como instrumentos privados reconocidos en juicio por quienes los presentan, haciendo plena fe contra ellos. Entiende que al referirse esos recibos a los años 1996 y anteriores, quiere decir que por períodos anteriores a 1996 quedó demostrado que San Miguel no fue empleadora de los demandantes.

Sostiene que las testimoniales no prueban la relación de dependencia alegada para los años 1996 a 1999, y que ninguna fe merecen los dichos de los testigos, teniendo en cuenta que a esa época ellos no trabajaban ya para su representada. Señala además que ningún testigo coincidió con la versión de los actores formulada en la demanda, en cuanto al que el trabajo se prestara cruzando la calle Lavalle, ni se probó que ese lugar fuera explotado por San Miguel.

Indica que se demandaron diversos rubros devengados en los años 1997 a 1999, sin comprobar la existencia de reclamaciones a S.A. San Miguel por las supuestas prestaciones adeudadas en el curso de dichos años, adhiriendo a doctrina que postula que tal circunstancia constituye una grave presunción en contra de la invocación de una relación subordinada, ya que el silencio en cuestión no se compadece con el curso ordinario y natural de las cosas en derecho laboral.

Asevera que si se hizo lugar a la defensa de prescripción por los fundamentos consignados, no puede ser que en otro considerando y en las planillas se otorgue una antigüedad que contradiga lo que allí se reconoció judicialmente, o con la remuneración que se les adjudica, pues si no se acreditó la relación de dependencia, mal puede admitirse que tuvieran una retribución determinada.

Expresa que otra inconsecuencia del fallo se produce cuando trata el aspecto numérico, y está en la suma que se practica en la planilla, donde luego de manifestarse una deducción por lo percibido en $2.500, ocurre que a esa cantidad luego no se la resta.

Señala que en las sentencias de fs. 128, fs. 172 y fs. 146 pasadas en autoridad de cosa juzgada, las costas fueron impuestas por el orden causado o a alguna de las codemandadas, por lo que no puede ello ser modificado por la sentencia impugnada imponiéndoselas a su mandante en la proporción que se indica a fs. 536 vta. in fine.

3.2.- La parte actora sostiene que al declarar que Contracnor y Corpac no lucen como empleadores de los actores, el fallo dejó de lado pruebas fundamentales que demostraban la relación laboral. Indica que no se valoraron las testimoniales en cuanto involucran a Corpac como intermediaria con San Miguel en la organización de la empresa y de conseguirle obreros, y acreditan que Corpac realizaba aportes a los actores. Asevera que no se tuvo por confeso a Corpac a pesar de las respuestas evasivas de su representante en la absolución de posiciones, ni se consideraron las presunciones que derivan de la incontestación de la demanda por Coctracnor, del silencio a las intimaciones mediante carta documento a Corpac y Coctracnor, de la falta de exhibición de documentación por parte de San Miguel y de Corpac; y de la no absolución por parte de San Miguel.

Afirma que al concederse la indemnización por antigüedad con el tope previsto en el art. 245 la situación se resolvió extra petitio, ya que el tope legal es una defensa que debió ser interpuesta por la demandada y la misma no fue siquiera nombrada en el responde, por lo que postula que debe estarse ante la admisión del rubro sin tope legal. A ello añade que del responde no surge que se pidiera la aplicación de ningún convenio, sobre lo que tampoco se produjo prueba. Para la hipótesis de que prospere el tope legal, entiende que al mismo se le debe adicionar el presentismo y el escalafón que corresponde en cada caso.

Denuncia que el fallo toma como base la suma de $562 expresada en la demanda bajo el objeto de 'remuneración que percibía' y no analiza que luego en la planilla se detalla la 'remuneración que debía percibir', que es acorde con lo detallado en los hechos donde se dice que primeramente se le abonaba $0,38 el bulto para luego abonarle $0,22, y finalmente pagarle entre $500 y $600. Señala que sí se probó el sueldo real, ya que los testigos afirmaron que los actores se ocupaban de cargar cáscaras de limones que se hacían en bolsas de 50 kgs. y que no tenían horarios. Manifiesta que además corresponde invertir la carga de la prueba, por lo que probada la relación laboral, la demandada debió acreditar cuál era el real salario del actor, y al no hacerlo debe estarse a las consideraciones de la demanda.

Expresa que si su parte no precisó el monto exacto de diferencias salariales, pero si dio las pautas para que el tribunal saque sus conclusiones que son de simple resta y multiplicación, el mismo está obligado a llegar a esas conclusiones y no puede denegar el rubro so pretexto de que no existe una pericial contable. Reitera dichas consideraciones en relación al rechazo del reclamo por los arts. 8 y 15 LE, puntualizando que se violó el principio de motivación, ya que para resolver sobre estos puntos no es preciso una pericia contable.

Asevera que al acoger la defensa de prescripción, el tribunal sostiene que la accionada se refería al reclamo de la ley de empleo, pero ello implica un grave error de interpretación ya que San Miguel en realidad atacó la antigüedad de los actores en caso de que prospere la demanda, que fue aceptada por la Cámara, por lo que estando acreditada la antigüedad debió rechazarse esta defensa.

Sostiene que se omitió resolver sobre las sanciones peticionadas contra la empresa San Miguel conforme al art. 275 LCT y además al profesional apoderado por las injurias en el conteste de demanda, ya que ambas cuestiones están vinculadas en la instancia inferior y el a quo las tuvo para definitiva, siendo por lo tanto una cuestión vinculante e insoslayable.

Considera que en la imposición de costas, el tribunal debió merituar que los actores tenían razones más que suficientes para litigar contra Corpac, remitiéndose a jurisprudencia que en tales casos las distribuye por el orden causado.

4.- El recurso de S.A. San Miguel AGICyF ha sido deducido tempestivamente (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT) y se ha cumplido con el afianzamiento que le exige el art. 133 CPTT.

4.1.- En orden al motivo de la casación intentada, los agravios se dirigen a cuestionar que se tuviera por acreditado el carácter de empleador en la persona jurídica de S.A. San Miguel AGICyF, lo que se vincula directamente con la valoración y selección de las pruebas de la causa, y constituye por ende una cuestión de carácter fáctico irrevisable en esta instancia, a menos que se invoque y acredite suficientemente el vicio de arbitrariedad en el pronunciamiento.

La sentencia de Cámara determinó la calidad de empleador de la codemandada recurrente, fundándose sustancialmente en la prueba testimonial producida conforme al interrogatorio propuesto a fs. 276. Concretamente, el pronunciamiento refiere a los testimonios depuestos por Marcial Hoyos (fs. 301), Hugo Quiroga (fs. 303), Luis B. Lucena (fs. 305), Luis R. Nieto (fs. 306), Antonio L. Nieto (fs. 307), Jorge O. Armella (fs. 324), Enrique Méndez (fs. 324 vta.). Destaca que ninguno de los testigos fueron tachados, y determina que resultan coincidentes en el desempeño laboral de los actores a favor de San Miguel, en tanto existe subordinación jurídica ya que se dieron órdenes a los actores a través de su dependiente el Sr. Aybar; y subordinación económica ya que los testimonios respaldan que dicha firma abonaba a los actores y que resultaba beneficiada con su desempeño.

De allí que los fundamentos de la sentencia resultan suficientes, y no aparecen como absurdos o arbitrarios, ni se advierte que se haya incurrido en quebrantamiento de las reglas de la lógica o de la sana crítica en la apreciación del cuadro probatorio producido en la causa.

Lo manifestado acerca de que los actores presentaron recibos emanados de las otras dos codemandadas, haciendo plena fe contra ellos, no logra desvirtuar el criterio del fallo, que atendiendo a la concurrencia de las notas tipificantes de la relación laboral emanadas de las declaraciones coincidentes de numerosos testigos, otorgó preeminencia a dicha realidad por sobre el hecho de que aparecieran pagados durante un tiempo por la cooperativa.

Por otro lado, la circunstancia invocada de que las testimoniales no abarcaran la relación de dependencia durante los años 1996 a 1999, aparece intrascendente frente al modo en que fue resuelta la cuestión y no alcanza mínimamente para revertir la solución arribada. Ello así, atento a que la sentencia tuvo por acreditada la relación laboral de los actores con S.A. San Miguel con un vínculo de carácter permanente y no se constató la ruptura de dicha vinculación sino hasta el 18/02/99, lo que no fue materia de recurso.

Finalmente, lo aseverado respecto de que no existieron reclamaciones a S.A. San Miguel entre 1997 y 1999 y que ello constituye una grave presunción contra la existencia de una relación subordinada, sólo trasunta una discrepancia del recurrente con la valoración de las pruebas efectuada por la Cámara, que no logra desvirtuar la postura asumida por el Tribunal.

Consecuentemente, el carácter fáctico de la cuestión y la insuficiencia del vicio de arbitrariedad denunciado, determinan la inadmisibilidad de este planteo.

4.2.- Vinculado a que se habría otorgado a los trabajadores una antigüedad que resultaría contradictoria con lo que se reconoció judicialmente al hacer lugar a la defensa de prescripción, el agravio también resulta inadmisible por insuficiente, toda vez que el recurrente se desentiende del alcance que la sentencia le asigna al planteo de prescripción, siendo que la misma lo considera circunscripto a los reclamos por la ley de empleo y sin que dicho enfoque incida de ninguna manera sobre la antigüedad que se les reconoce a los actores.

4.3.- En relación a que en la planilla existen sumas de $2.500 que no habrían sido restadas a pesar de que así se consignó, el planteo supone la existencia de un error material de la sentencia emergente de que no se habría efectivizado una operación aritmética de resta prevista en la planilla de condena.

Desde esta perspectiva, el recurso de casación intentado resulta inadmisible en este punto, toda vez que de existir los errores alegados, ellos serían subsanables mediante el recurso de aclaratoria. Vale decir que la vía recursiva intentada no es la idónea para lograr la corrección pretendida; ello sin perjuicio de que el juez oportunamente proceda de acuerdo a lo previsto en el art. 578 cuarto párrafo del CPCyC de aplicación supletoria, si así correspondiere.

4.4.- El planteo referente a las costas impuestas contra la coaccionada recurrente deviene de inoficioso tratamiento, atento al resultado al que se arriba en el recurso de casación deducido por la parte actora.

5.- El recurso de la parte actora ha sido deducido en término, se dirige contra sentencia definitiva y no es exigible el afianzamiento del art. 133 CPTT. El motivo y suficiencia de la casación será examinado al tratar cada uno de los agravios en particular.

5.1.- Los recurrentes cuestionan la determinación de la persona del empleador, agraviándose de que Cotracnor y Corpac no fueran tenidos como empleadores de los actores.

Al respecto, resultan aplicables las consideraciones efectuadas en el punto 4.1 del fallo, acerca del carácter fáctico de la cuestión, por lo que cabe analizar si se verifica o no arbitrariedad del pronunciamiento en este punto.

A los fines de efectuar un adecuado enfoque de la cuestión, corresponde tener en cuenta que en el relato de los hechos efectuado por los actores en su demanda (ver fs. 4, punto II, primer párrafo), los mismos sostuvieron que ingresaron a trabajar bajo relación de dependencia de San Miguel, cumpliendo tareas permanentes e ininterrumpidas a las órdenes de la misma, y que fue dicha empresa que en el año 1996 dispuso que debían firmar recibos con el membrete Cooperativa de Trabajo Cotranor, que luego pasó a llamarse Corpac SRL, señalando que la responsabilidad solidaria deriva de que se entregaron dichos recibos de sueldo con el fin de fraguar con las empresas testaferras la responsabilidad de San Miguel.

De ello se desprende que los actores, aun cuando pretendieran que existe solidaridad entre las codemandadas, fundaron su pretensión en la existencia de un empleador único identificándolo como S.A. San Miguel. Ello en cierto modo aparece reconocido por el fallo de la Cámara, en cuanto expresa que 'no hay un reconocimiento expreso de que los actores hayan sido contratados por Contracnor Cooperativa de Trabajo, para que presten sus servicios en San Miguel' (ver fs. 530 vta.), para terminar reconociendo que el vínculo laboral sólo surge respecto de la citrícola.

Frente a ello, los argumentos esgrimidos en esta instancia casatoria mediante los cuales se invoca omisión de valorar pruebas fundamentales que demostrarían la relación laboral de los actores con Corpac SRL y con Cotracnor, deben ser desestimados, toda vez en tanto encierran un planteo que resulta contradictorio con el relato de los hechos que sustenta su demanda.

A esto se añade que conforme lo considerado en el punto 4.1, los fundamentos de la sentencia resultan suficientes, y no aparecen como absurdos o arbitrarios en cuanto determinan el vínculo laboral de los actores con S.A. San Miguel, no logrando ello ser revertido con los argumentos expresados por los recurrentes en tanto únicamente evidencian su discrepancia con la valoración y selección de las pruebas efectuada por el Tribunal.

Consecuentemente, el carácter fáctico de la cuestión y la insuficiencia del vicio de arbitrariedad denunciado, determinan la inadmisibilidad del recurso intentado por los actores en este punto.

5.2.- En cambio, cumple con el motivo del art. 131 inc. a) el planteo vinculado a la indebida aplicación del tope del convenio en el presente caso, por lo que corresponde abordar el análisis de su procedencia.

Se observa que en el cálculo de la indemnización por antigüedad del art. 245 LCT el fallo aplica el tope correspondiente al convenio nº 271/96, prescindiendo de que el mismo no fue debidamente individualizado por la parte interesada.

Las Convenciones Colectivas de Trabajo no son leyes aplicables de oficio, sino instrumentos normativos emanados de la autonomía privada colectiva que deben ser expresamente invocados ante el juez de grado por quienes intentan valerse de sus disposiciones (CNTrab., Sala VI, abril 29-992.- Centeno Raúl c/Intersec S.A. s/despido: SD, 36.843). Tanto el artículo 8 de la LCT como el fallo plenario 104 (DT, 167-28) exigen para la aplicación de las convenciones colectivas de trabajo que las mismas sean individualizadas con precisión (cfrme. CNAT Sala X, sent. del 31/10/1996, DT 1997-A, 1128). En este sentido, se dijo que "De acuerdo al art. 8 de la LCT, para que los tribunales puedan aplicar un convenio colectivo las partes han de invocarlo aunque no lo acompañen, ya que el juez carece de atribuciones para utilizar de oficio este tipo de norma, que no se reputa conocida y se circunscribe a una determinada situación" (CNAT, Sala VI, sent. del 04/02/2000, in re "Díaz Alcaraz, Alejandro vs. Equilab S.A., s/Despido", cit. en Grisolia Pedro Armando, Régimen indemnizatorio en el contrato de trabajo, pág. 142).

A la luz de lo señalado precedentemente, el pronunciamiento infringe el art. 8 LCT al introducir un tope de un convenio que no fue individualizado en los escritos de demanda y contestación, lo que vicia a la sentencia como acto jurisdiccional válido en la aplicación del tope legal para el cálculo del rubro indemnización por antigüedad (art. 245 LCT).

En concreta relación al tema que nos ocupa, se ha sostenido jurisprudencialmente que "aun cuando se considere procedente la aplicación del tope previsto en el art. 245 de la ley de contrato de trabajo (DT, 1974-805, t. o. 1976-238), ésta se ve obstaculizada si no surge de autos el convenio colectivo de aplicación pues, conforme lo dispone el art. 8º de la ley de contrato de trabajo, si bien las partes no están obligadas a probar la existencia y contenido de los convenios colectivos de trabajo, deben necesariamente individualizarlos con precisión no pudiendo ser subsanada dicha omisión de oficio por el juzgador" (CNAT, Sala X, sent. del 20/11/2000, in re "Romanazzi, Pedro M. c. Capacitación y Desarrollo S. A. y otros", DT 2001-A, 809; en igual sentido, CNAT, Sala VI, sent. del 4/2/2000, in re "Díaz Alcaraz Alejandro vs. Equilab S.A.", op. cit., pág. 142; CNAT, Sala IX, sent. del 22/3/2000, in re "Viceconti, Héctor Daniel v. Seggiaro, Oscar Pedro s/diferencias de salarios", op. cit. pág. 143).

En mérito a lo expuesto, corresponde CASAR parcialmente la sentencia en recurso, conforme a la siguiente doctrina legal "La aplicación del tope de convenio previsto por el art. 245 LCT impone la debida individualización del mismo por la parte interesada, no pudiendo el juez subsanar dicha omisión de oficio", disponiéndose sustitutivamente a lo considerado por el fallo en el análisis de la tercera cuestión, segundo párrafo (fs. 531), que el cálculo de la indemnización por antigüedad se efectúe sin aplicar el tope del art. 245 LCT, debiendo el Tribunal efectuar planilla conforme lo dispuesto, al dictar nuevo pronunciamiento según lo decidido en el punto 5.5.

5.3.- En orden a la crítica dirigida contra el salario de los actores que determina la sentencia, la cuestión es de naturaleza fáctica y depende de la valoración de la prueba por los jueces de la causa, no siendo materia de este recurso extraordinario local al no haberse demostrado la arbitrariedad del fallo en el análisis efectuado.

La crítica resulta insuficiente, en tanto ha sido esbozada a partir de considerar que a los actores se les abonaba una determinada suma por bolsa cargada y que cargaban una cierta cantidad de bolsas por quincena para arribar al salario quincenal de $874 que pretende, sin rebatir suficientemente la consideración del fallo referida a que no se encuentra probada certeramente la hipótesis de trabajo a destajo.

La circunstancia de que se aludiera a que los testigos declararon que los actores se ocupaban de cargar cáscaras de limones que se hacían en bolsas de 50 kg. y que no tenían horarios, sólo refiere a la características de tiempo y forma en que se desempeñaban las tareas, y no a la forma de determinar la remuneración.

Tampoco lo manifestado acerca de que era la demandada quien debía probar el real salario logra revertir la posición del fallo en torno a la base de $562 por quincena que toma para el cálculo de las indemnizaciones, y sólo evidencia una mera discrepancia con este aspecto fáctico del pronunciamiento.

Por las razones expresadas precedentemente, el planteo analizado en este punto resulta inadmisible.

5.4.- Los actores critican también el rechazo a su reclamo por diferencias salariales, pues según refiere, existía "una diferencia por bulto cargado ya que primero se le pagaba $0,38 y luego $0,22, lo que implica $0,16 por bolsa". Vale decir que aquí el planteo nuevamente se edifica a partir de que la remuneración se encontraba fijada a destajo, lo que al haber sido desestimado por la sentencia y no encontrarse suficientemente rebatido, torna al planteo en insuficiente.

Asimismo, la insuficiencia del recurso en este punto deriva de que los recurrentes centraron su crítica en que no era imprescindible que existiera una pericial contable que determine el monto de las diferencias, pero omitieron atacar el restante argumento del fallo tendiente a sustentar la denegación de las diferencias reclamadas, acerca de que el petitorio sobre adeudos debe ser debidamente acreditado (ver fs. 531 vta. primer párrafo).

5.5.- El rechazo al reclamo de las indemnizaciones de la ley de empleo se sustenta en que se supeditó su monto a la prueba pericial a realizarse y en la misma no existe elemento alguno que permita inferir el monto que correspondería.

El planteo que efectúan los recurrentes contra lo decidido en este aspecto, contiene argumentos acerca de la fundamentación aparente del fallo que sustentan suficientemente el vicio de arbitrariedad denunciado, por lo que corresponde analizar si es o no procedente.

Asiste razón a los recurrentes en cuanto al déficit de motivación que se le imputa a la sentencia, toda vez que la L.E. no subordina la procedencia de la indemnización prevista en los arts. 8 y 15 a la prueba del monto por el que procederían las mismas, ni presenta incidencia en cuanto a la admisión o no del rubro la circunstancia de que en la planilla glosada a la demanda se manifestara que los montos surgirían de la prueba pericial contable y de las probanzas de autos. Por el contrario, la procedencia o no de dichas indemnizaciones constituye una cuestión previa a la determinación de su monto, y se sujeta al cumplimiento de requisitos contemplados en la propia ley, cuya constatación no fue efectuada por el fallo.

Las consideraciones efectuadas, evidencian que la solución adoptada por el pronunciamiento impugnado se sustentó en fundamentos aparentes, lo que condujo a que se rechazara la demanda en este punto, sin analizar concretamente la concurrencia o no de los recaudos a los que legalmente se subordina la procedencia de los rubros reclamados, razón por la cual el fallo es arbitrario.

Al respecto, esta Corte tiene dicho: "si el Tribunal de alzada prescinde absolutamente del análisis de circunstancias decisivas para la solución del pleito, como asimismo resuelve las cuestiones planteadas de un modo dogmático, sustentándose en fundamentos aparentes apoyados en la mera voluntad del tribunal, el fallo deviene arbitrario" (cfrme. CSJTuc., in re "Soria Ramón José vs. Mena Celina María s/daños y perjuicios", sent. del 17/5/96).

En mérito a lo expuesto, corresponde CASAR parcialmente la sentencia impugnada conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y por ende nula, la sentencia que con fundamentos aparentes referentes a la falta de prueba de los montos correspondientes, omite analizar la procedencia o no de las indemnizaciones contempladas por los arts. 8 y 15 de la Ley de Empleo"; y remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo, a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento.

Atento a que la admisión de la defensa de prescripción se basó exclusivamente en que los reclamos de la ley de empleo fueron rechazados, habiéndose dispuesto casar lo decidido por la sentencia de Cámara en este punto, la nulidad declarada afecta también lo considerado por el Tribunal en el último párrafo de fs. 531 vta.

5.6.- En relación la pretendida omisión del fallo de aplicar de oficio sanciones a la empresa San Miguel conforme al art. 275 LCT, corresponde señalar que la facultad de sancionar la conducta maliciosa y temeraria asumida por el empleador que perdiera parcial o totalmente el juicio, es propia y exclusiva de los tribunales de mérito y debe ejercitarse en base a los hechos comprobados en la causa, no siendo la falta de aplicación de esta sanción revisable en esta instancia extraordinaria local, que ha sido prevista para subsanar los defectos jurídicos de los pronunciamientos judiciales. Las circunstancias fácticas invocadas en el escrito recursivo no acreditan suficientemente la arbitrariedad del fallo al no imponer la sanción prevista por la norma en cuestión; ello teniendo en cuenta que el art. 275 de la LCT debe ser aplicado por los jueces con suma cautela en tanto establece una sanción dirigida a penalizar las conductas manifiestamente objetables (cfrme. CSJTuc., in re "Saravia Pedro José vs. Sollazo Hnos. S.A. s/indemnizaciones", sent. 840 del 22/10/97).

Por otro lado, la pretendida omisión de resolver el pedido de sanciones al apoderado de la demandada (fs. 118/119) también resulta inadmisible, toda vez que los recurrentes se desentienden de la circunstancia de que el referido pedido no es materia que corresponda al fondo de la causa, sino que en todo caso abre una cuestión incidental cuyo entendimiento corresponde en primer lugar a los jueces de conciliación y trámite (art. 4 inc. b CPTT), habiendo perdido la oportunidad de obtener un pronunciamiento al respecto al dejar firme el decreto de fs. 119 vta.

5.7.- Por último, acerca del planteo vinculado a las costas impuestas a los actores respecto de la acción entablada contra Corpac SRL, corresponde recordar que es principio general receptado por esta Corte que, el modo de distribución de las mismas configura una cuestión de hecho librada al prudente arbitrio de los jueces de mérito, insusceptible de revisarse en vía casatoria, salvo supuestos de arbitrariedad manifiesta o violación de los principios de la lógica (CSJTuc., sent. nº 138 del 18/3/2003), los que no concurren en la especie, atento a que la crítica se formula a partir de la consideración subjetiva de los recurrentes en orden a que existieron razones probables para litigar.

6.- Las costas generadas por el recurso de casación deducido por la codemandada deberán ser afrontadas íntegramente por la misma al haber resultado vencida (arts. 49 CPTT y 106 CPCC).

Las costas del recurso de los actores serán soportadas por los mismos las propias y el 60% de las de la codemandada, y ésta soportará el 40% restante.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora y S.A. San Miguel AGICyF, presentan sendos recursos de casación contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, dictada el 20 de junio de 2003, obrante a fs. 527/538, que fueron concedidos mediante resolución del referido tribunal de fecha 13 de febrero de 2004 (cfr. fs. 609 y vta.). Ambas partes, según surge del informe actuarial de fs. 624, presentaron la memoria facultativa prevista en el artículo 137 del CPT.

II.- En lo atinente a lo decidido por la sentencia atacada, como así también, a los agravios que sustentan los recursos en examen, me remito a la prolija reseña contenida en los puntos 2, 3.1, y 3.2, del voto del doctor Alfredo C. Dato.

III.- Siendo competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, juzgar de la admisibilidad de los referidos recursos -no obstante haber sido concedido por el tribunal de grado- corresponde examinar si los mismos cumplen los requisitos exigidos por el artículo 132 del CPT.

Al respecto, coincido con lo afirmado por el doctor Dato en los puntos 4, 4.1., 4.2, 4.3, 4.4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5,4, 5.5, 5.6 y 5.7 de su voto, en lo relacionado con la tempestividad de los recursos, y en el cumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 130, 131 y 132 del CPT, en orden a la admisibilidad o no de los remedios extraordinarios locales intentados, según los planteos efectuados. Asimismo coincido con la conclusión a la que arriba sobre la procedencia parcial del recurso de casación incoado por los demandantes, en lo referido al planteo examinado en el punto 5.5 del considerando, como así también que, en razón del efecto nulificador que se decide, y por las prolijas razones expuestas por esta Corte Suprema de Justicia, en sentencia n° 759 del 29-9-97, corresponde remitir estos actuados a la Excma. Cámara del Trabajo para que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento al respecto.

IV.- Sin embargo, no obstante coincidir con el señor vocal preopinante sobre la admisibilidad legal del cuestionamiento efectuado por la actora, consignado en el punto 5.2 de su voto, disiento por sus fundamentos con el criterio seguido con relación a su procedencia, por las razones que expresaré a continuación.

Sostiene el recurrente que la sentencia, en el presente caso, aplica el tope previsto en el artículo 245 LCT conforme al CCT nº 271/96, para el cálculo de la indemnización por antigüedad prevista en dicho dispositivo legal, lo que en su criterio, implicaría una resolución extra petita, ya que el tope legal es una defensa que debió interponer la demandada y ni siquiera lo mencionó en el responde.

En abono de su posición, invoca lo dispuesto por el artículo 8 LCT, según el cual se establece la validez y aplicabilidad de las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, que contengan normas más favorables a los trabajadores. Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas, no estarán sujetas a juicio.

Sostiene la doctrina y jurisprudencia que la parte que la invoca en juicio, con su sola individualización cumple suficientemente ya que, aunque no se trata de una ley en sentido formal y estricto, su existencia y vigencia es de fácil comprobación y una solución contraria no puede obstar a un derecho consagrado al trabajador (CNATr., en pleno, 31/10/66, "D.T." 1967-28).

La disposión legal comentada constituye una de las manifestaciones del principio protectorio o tuitivo del derecho laboral, consagrando la validez y aplicabilidad de las condiciones más favorables al trabajador provenientes de las convenciones colectivas, con la única condición condición de ser individualizadas con precisión por la parte que las invoca en juicio. De modo tal que quien pretende valerse o beneficiarse de los términos de una convención colectiva, debe indicarla sin necesidad de prueba alguna en cuanto a su existencia.

Sin embargo, tratándose de los topes previstos en el artículo 245 LCT, a los fines de los cálculos de la indemnización por antigüedad, la cuestión es distinta.

Para ello conviene transcribir, los tres primeros parágrafos del artículo 245 de la LCT, según reforma de la ley 25.013, los que expresan: "Indemnización por antigüedad o despido. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una doceava (1/12) parte de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor, por cada mes de servicio o fracción mayor de diez (10) días." "En ningún caso la mejor remuneración que se tome como base podrá exceder el equivalente de tres (3) veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el monto que corresponda juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo." "Para aquellos trabajadores no amparados en convenios colectivos de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el que corresponda al convenio de actividad aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno." Como una consecuencia de la inexistencia de estabilidad absoluta en materia de empleo privado (salvo los representantes sindicales), la ley admite el despido del trabajador sin que acredite justa causa. En estos casos, la violación contractual de mantener la relación se sustituye por el pago de una indemnización por despido. Se trata de una reparación tarifada por la ley por el daño causado al trabajador al privársele de su fuente de trabajo, sin que el empleador pueda eximirse de su pago con acreditar que el trabajador no sufrió perjuicio.

Esta indemnización se determina en función del sueldo percibido y a la antigüedad en el empleo, liquidándose a razón de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor de diez días, y establece una base concreta, a saber, la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuere menor, por cada mes de servicio o fracción mayor de 10 días.

Simultáneamente establece un tope a dicha base, distinguiendo entre quienes se encuentran amparados por convenios colectivos y quienes no.

Vale decir que la norma en análisis utiliza tres variables para reglamentar un tope en el cálculo de la indemnización por antigüedad: a) para los trabajadores comprendidos en convenio, la base no puede exceder el equivalente de tres (3) veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido, por jornada legal o convencional, excluida la antigüedad; b) fijación y publicación por parte del Ministerio de Trabajo del monto correspondiente juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo; c) para los trabajadores no comprendidos en convenios colectivos de trabajo, el tope será el que corresponda al convenio de actividad aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno.

Es decir que el 245 LCT, modificado, no pone en cabeza de los actores colectivos la fijación concreta del nivel resarcitorio y sólo se limita a establecer un tope remitiéndose a un promedio de remuneraciones concertadas. Por lo tanto, no es admisible analizar el sistema como si proviniera de la autonomía colectiva y no se vinculara con un poder heterónomo, y es de ficción partir de la premisa de que los sectores, a convenir los salarios, tiene en cuenta que su promedio es módulo indemnizatorio en los términos del artículo 245 LCT.

En suma, los topes establecidos no son disponibles para las partes en litigio, sino que vienen imperados por la ley y por lo tanto componen uno de los elementos de la tarifa indemnizatoria, regulada por el legislador.

No es exacto, entonces, como afirma el recurrente, que se haya fallado extra petita, ni que el tope no pueda aplicarse de oficio por el tribunal y que hubiera correspondido al demandado invocar el convenio colectivo como defensa; simplemente la sentencia aplicó la tarifa establecida en la ley con los elementos en ella contenidos, para el cálculo de la indemnización por antigüedad establecidos en el artículo 245 LCT.

Por lo tanto, el agravio de la actora a su respecto, resulta improcedente.

V.- Atento a la conclusión a la que arribo, también disiento parcialmente con el modo de imposición de costas establecido en el voto del señor vocal preopinante, en lo que se refiere solamente a las costas generadas por el recurso de los actores, las que deben imponerse en la siguiente forma: los actores, la totalidad de las propias más el 80% (ochenta por ciento) de las de la codemandada y ésta soportará el 20% (veinte por ciento) restante. (CPT, artículo 49 y CPCyC, artículo 109).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Adhiero al voto del doctor Goane, sin perjuicio de lo cual, a mayor abundamiento agrego:

La conclusión a la que se arriba respeta la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Vizzoti, Carlos A. c. AMSA S.A. s/depido", sentencia de fecha 14 de setiembre de 2004, en el sentido que las diferencias que existen entre el tope fijado por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo reformado y el monto que corresponde conforme convenio no supere el límite del 33% fijado en dicho pronunciamiento.

Que esta aclaración se formula no obstante no haber sido cuestionado de inconstitucional el tope referido del art. 245 LCT conforme reforma Ley 25.013.

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE, y por ende mal concedido, el recurso de casación interpuesto por la codemandada S.A. San Miguel AGICyF, en contra de la sentencia dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo del 20 de junio de 2003 (fs. 527/538).

II.- DECLARAR INADMISIBLE, y por ende mal concedido, el recurso de casación interpuesto por los actores, respecto a los planteos examinados en los puntos 5.1, 5.3, 5.4, 5.6 y 5.7 del considerando y PARCIALMENTE PROCEDENTE el mismo, en lo que respecta al planteo examinado en el punto 5.5; en consecuencia CASAR PARCIALMENTE el punto I, último parágrafo de la sentencia de marras, conforme a la doctrina legal enunciada, al respecto, en el considerando y REMITIR estos actuados a la Excma. Cámara del Trabajo a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

III.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por los actores en relación al planteo examinado en el punto 5.2 del considerando.

IV.- COSTAS, conforme se consideran.

V.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANEALFREDO CARLOS DATO (disidencia parcial)	HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA