marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Haber jubilatorio, personal militar retirado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-MILITAR
Carátula: Solanas, Héctor Mario c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-03

Conforme surge de los considerandos del Dec. 1490/02, el mismo fue dictado a fin de ".evitar un inútil dispendio jurisdiccional tendiente a impedir mayores erogaciones al Fisco". En consecuencia, es claro que el mismo no implicó aceptar o reconocer deuda alguna, sino que, por el contrario, significó la instrumentación de la suma bonificada, apuntando a dar fin a los reclamos administrativos y judiciales respecto de la incorporación al concepto sueldo, como asignaciones remunerativas y bonificables, los adicionales establecidos por los Decretos 628/92 y 2701/93. Por ello, la interpretación del titular de que la prescripción debe computarse desde la sanción del referido Dec. 1490/02, en la inteligencia de que el mismo implicó el reconocimiento de la deuda reclamada tornado de aplicación lo dispuesto por el art. 3989 del Código Civil, produciría el efecto contrario al buscado por la normativa, motivo por el cual corresponde rechazarla. (Disidencia de la Dra. Dorado).
Juicio de apremio, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Gral. Villegas c/ Caretta, Serafín s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-26

Aún cuando actualmente la ley 10857 haya extendido el término de prescripción a diez años (v.art. 7 que sustituye el art. 278 de la ley Orgánica de las Municipalidades, texto según decreto ley 9532 /80), tal plazo no rige para las prescripciones que de acuerdo a las normas sustituidas, se hubiera operado antes del primero de enero de 1990 (v.art. 8 de la ley 10857; art. 2 del Cód. Civil).-
Prejuzgamiento, medidas cautelares, acción de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gómez, Edgardo Darío c/ Provincia del Chubut s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-27

La apreciación de la procedencia de una medida precautoria en el marco de la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad, no implica a juicio de este Cuerpo prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo, pero sí exige un riguroso análisis de los elementos fácticos de la litis en el caso concreto en el que se resuelve.
Concesión errónea del recurso, amenazas, recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS GOMEZ, EDGAR ALBERTO c/  s/ 149 BIS - AMENAZAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad porque la decisión objetada, que revocó por contrario imperio una anterior que había suspendido la realización de la audiencia del art. 296 del CPP, no es la definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley n° 402, y tampoco concurren razones para equipararla a tal si, como en el caso, la recurrente no muestra comprometida una garantía solo susceptible de tutela inmediata. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, actualización monetaria, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Provincial S.A. c/ Diz, Carlos Alberto s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-20

Los pronunciamientos que deciden sobre revalorización de créditos son definitivos aunque se adopten en ejecuciones, porque el tema puede ser encuadrado entre "interpretaciones legales formuladas en la sentencia" en relación a las cuales el art. 551 del C.P.C. veda la posibilidad de discusión en juicio posterior.
Fondo de desempleo, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Pereyra, Antonio y Otro c/ Provincia  de  Río  Negro  (Ministerio de Obras y Servicios Publicos- MOSP.) s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-09-29

Cesada la relación laboral y mediando intimación fehaciente del obrero, debe haber pago de los aportes al Fondo de Desempleo en cuarenta y ocho horas y si no hay pago, hay multa -art. 18 2da.

parte Ley 22250-. Ello así no obstante que en autos el demandado es el Estado Provincial, ya que si bien su presunta solvencia garantizaría el cobro y haría parecer excesiva la sanción, ante créditos de naturaleza alimentaria no hay más ni mejor garantía que la que impone la ley.
Impugnación del acto administrativo, falta de impugnación, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Mutual del Personal de Obras y Servicios Públicos c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-24

Los actos administrativos no impugnados judicialmente en el plazo que establece el artículo 25 de la ley 19.549, devienen firmes e irrevisables a pedido del interesado, debido a la caducidad operada, razón por la cual, en tal caso, no es admisible la acción por cobro de pesos o el reclamo de los daños y perjuicios basados en el accionar ilícito de la Administración, conclusión que es la consecuencia lógica de la naturaleza accesoria -en el ámbito del derecho administrativo- de pretensiones como las antes indicadas respecto de la acción de nulidad, en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos (art. 12 de la ley 19.549), por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente.
Recurso de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba, relación de dependencia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: D. O., E. c/ SANATORIO DEL SOL S.A. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-07-24

Si bien lo atinente a la existencia de relación laboral remite al examen de cuestiones de hecho y prueba, ajenas a la instancia extraordinaria, cabe hacer excepción al principio cuando los jueces de la anterior instancia no han dado adecuado tratamiento a la controversia de acuerdo con las constancias del caso y la normativa aplicable, o bien han incurrido en absurdidad en la apreciación y valoración de los extremos fáctico-jurídicos implicados en el asunto (vid. doctr. de este STJRNS3 Se. 4/14 ?CAZAS?). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Daños y perjuicios, ofensas cometidas por medio de la prensa, libertad de prensa, noticia falsa
Materia: CIVIL
Carátula: GRANADA, JORGE HORACIO c/ DIARIOS Y NOTICIAS  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

Calumniar o injuriar supone culpa o dolo que, tratándose de publicaciones por la prensa, revisten carácter objetivo. La facultad de publicar conlleva la responsabilidad objetiva de lo publicado. En ese plano, la contrapartida es eximir de responsabilidad cuando la libertad de informar resulte comprometida.

La libertad de informar debe igualmente apreciarse con objetividad, para que lo informado concilie el art. 1089 del Código Civil con la vigencia irrestricta de la información.

La calumnia o injuria luciría si los decretos conteniendo pretendidas imputaciones, anticipados al conocimiento público mediante un despacho, no hubieren sido dictados. Pero emitidos, la responsabilidad de la prensa se beneficia con la libertad de información, que como principio no concede trasladar desde el Estado al medio informante, la ilicitud civil que los arts. 1066 y 1089 del Código citado contemplan.
Inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Cejas, Raúl Eduardo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-03

La disidencia postuló declarar inadmisible el recurso de casación al no conformar la argumentación de parte agravio que pueda conformar alguna cuestión de naturaleza federal. (Dres. Hornos, Gemignani -disidencia-, Borinsky).
Contrato de trabajo, despido con causa, daño moral, responsabilidad solidaria, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, canales de televisión
Materia: LABORAL
Carátula: Belvedere, Marcela c/ PAMI y otro s/ daño moral.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-14

Deben considerarse solidariamente responsables por el daño moral causado a la trabajadora, el instituto codemandado (PAMI) por haber suministrado la información sobre las circunstancias que motivaron el despido de la trabajadora aun antes de su notificación a la interesada; y la empresa propietaria del medio masivo en que apareció dicha publicación (ARTEAR S.A. Diario Clarín). Esto es así porque la difusión masiva de la noticia contribuyó a amplificar las consecuencias del daño infrigido al que es necesario adicionar el impacto que causó en la actora, quién tomó conocimiento de su despido por la publicación efectuada por la codemandada, lo que revela que ésta última ni siquiera tomó la precaución de controlar si el despido ya estaba notificado. (Del voto de la Dra. Fontana, en mayoría).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Miglino Helfenstein, Jorge Javier y otra  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos @qoolpress, nn sobre 3 - organización /propaganda discriminatoria - ln 23.592 (penalización de actos discriminatorios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

Las resoluciones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido al proceso, en principio, no reúnen el carácter de definitivas en tanto no ponen fin al proceso, ni impiden su continuación. En el caso, además, la defensa no demuestra que la resolución que en último término cuestiona a través de su queja -aquella que rechazó su planteo de nulidad efectuado respecto del decreto fiscal que ordenó a sus defendidos comparecer para brindar sus huellas dactiloscópicas, bajo apercibimiento de disponer su traslado por la fuerza pública-, le cause un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior. De igual modo, tampoco logra conectar la decisión impugnada con garantías que requieran de una tutela inmediata por parte de este Tribunal (Fallos: 274:440; 276:130; 288:159; 298:408; 307:1030; 310:195 y 320:2451, entre otros). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Sentencia definitiva, notificación, domicilio procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CARDAL  S.C.A. c/ GUTIERREZ Miguel Manuel Justo s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-19

Si la cédula que notifica la sentencia, es diligenciada más de seis años después de haberse pronunciado la misma, debe dirigirse al domicilio real y no al constituido que ya no subsiste (conf. art. 42 del Cód. Proc.). Dicha notificación carece de virtualidad, máxime si al diligenciarse la cédula se deja constancia de que el destinatario no vive allí. El domicilio constituido caduca cuando el expediente estuvo paralizado largo tiempo (conf. Morello Passi Lanza y otros "Códigos Procesales...", T.II, p 251 y jurisprudencia allí citada;

Colombo, "Código Procesal...", 4a. ed. T.I p.121 y jurisprudencia citada en nota 46; C.N.Civ. Sala E, c.286.594 del 8/2/83).-
Haber jubilatorio, jubilación ordinaria, pretensión
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Von Diezelski, Alfredo c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

Surgiendo acreditado en autos que el titular obtuvo la jubilación ordinaria -máxima prestación en el sis-tema previsional- acogiéndose a la normativa específica del Dec. 1852/75, sin necesidad de computar servicios comunes porque superó los años exigidos por el sistema diferencial, no resultan de aplicación las disposiciones del Dec. 8525/68, reglamentario de la ley 18.037, que literalmente dice "cuando se ha-gan valer servicios comprendidos en distintos regímenes jubilatorios.", presupuesto fáctico que no se da en el caso. En consecuencia, corresponde desestimar la pretensión del actor de que se compense el tiempo en exceso trabajado en servicios diferenciales para el cálculo del haber. (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en disidencia).
Sobreseimiento definitivo, investigación inconclusa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: JONES, Rubén s/ sob. def. Causa nro. 27.661
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

No resulta apropiado mantener inerte la situación procesal de los sobreseidos provisoriamente a la espera de la aparición de nuevas evidencias que hagan variar su colocación en el proceso o a la prescripción de la acción penal. Ello, luego de una ardua y extensa actividad instructoria, con un cuadro probatorio que no aporta entidad de sospecha con un mínimo de relevancia para los encartados respecto de los hechos de análisis, debe entenderse agotada la pesquisa a su respecto, ya que es improbable la aparición de nuevos elementos cargosos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no decisiva, caducidad de instancia, impulso procesal, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILA, HORACIO DANIEL c/ COMUNA DE GABOTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-27

El disenso del recurrente con respecto a la decisión impugnada se funda, centralmente, en que el Tribunal judicante no aplicó el artículo 328 del Código Procesal Civil y Comercial de la manera que considera correcta, argumento que resulta carente de decisividad si se tiene en cuenta que lo expresado por el Órgano Jurisdiccional sobre tal disposición del Código de rito resulta concordante con las pautas jurisprudenciales delineadas por esta Corte en distintos precedentes sobre el punto, en los que se expresó que, de acuerdo a una recta interpretación del precepto procesal en cuestión la razón de ser de lo allí dispuesto se halla en la necesidad de remover los obstáculos que se opongan a la marcha regular de los juicios, evitando de esa forma su injustificado entorpecimiento, lo que supone, consecuentemente, que exista un proceso en condiciones de ser instado, por lo que no encuentra vinculación alguna con la acusación formulada en autos de hallarse el juicio fenecido por haberse producido la perención de la instancia.. - CITAS: CSJStaFe: Miranda, AyS T 90, p 279; Nieva, AyS T 101, p 241; Vignolo, AyS T 115, p 235; Rodríguez, AyS T 160, p 118; Fiat Diesel SA, AyS T 173, p 228; Sentra SA Y Sitra SAICFIC, AyS T 197, p 444; Casati, AyS T 221, p 489; Ortega, AyS T 278, p 465; y González, AyS T 288, p 331. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 30; Código Procesal Civil y Comercial, artículo 328
Comodato, juicio de desalojo, juicio sumario
Materia: PROCESAL
Carátula: Rapaport y Leonson  S.A.I.C.F.I. Y A. c/ Latin Comex  S.A. s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-31

Si bien el art. 320, inc. n) del Código Procesal dispone que la restitución de cosa dada en comodato tramitará por juicio sumario, el art. 680 establece que la acción de desalojo procederá contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible.

De allí que cuando la cosa dada en comodato constituye un inmueble, su restitución puede ser reclamado mediante el proceso de desalojo.
Abuso deshonesto, corrupción de menores, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: GALVAN OVIEDO, M. s/ ABUSO DESHONESTO - CORRUPCION - VICTIMA MENOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-01

1) Los aberrantes actos del procesado en perjuicio de la menor, no alcanzan para configurar el delito de corrupción, sino el de ABUSO DESHONESTO, ya que no consumó actos perversos ni de lujuria extraordinaria, pues su reprobable acción, amén de haber tenido una relativa duración, no fue excesiva, desde que tan solo constituyó un medio para satisfacer la torpe lujuria del imputado, inidóneo para depravar a la menor y conducir a su corrupción.

2) La ESCASA EDAD DE LA VICTIMA, por sí sola, no puede introducir el accionar ilícito en el tipo de CORRUPCION, como demostrativa de una presunta y eventual desviación de la normalidad sexual de la incapaz, producto de la temprana edad en que fue sometida a la aberrante práctica libidinosa.

Si bien las constancias legales son indicativas que la menor atravesó por una experiencia traumática, que su estructura psíquica no se hallaba en condiciones de tolerar dada la corta edad de la criatura, que asimismo el acto fue prematuro, tales extremos no son de entidad suficiente para afirmar que en el futuro y con caracteres regresivos, habrán de despertar torcidamente sus instintos sexuales, ni producirán la depravación del sujeto pasivo.
VENEZUELA, fondo de asistencia legal, familiares de la víctima, ejecución extrajudicial, presidente de la corte interamericana, planteo oportuno
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Díaz Loreto y otros Vs. Venezuela S/Fondo de Asistencia Legal de Víctimas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-09-18

Corresponde hacer lugar a la solicitud efectuada por la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, en representación de la familia de los dos hermanos y su padre que habrían sido ejecutados extrajudicialmente por parte de funcionarios policiales del Cuerpo de Seguridad del Estado referido, con el fin de acogerse al Fondo de Asistencia de la Corte Interamericana, pues su escrito de solicitudes fue presentado en tiempo oportuno, resultando asimismo la prueba satisfactoria a juicio de la Presidencia del Tribunal.
Prescripción de la acción penal, delito más grave
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Orioni, Ana Graciela s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-21

Habiéndose resuelto la prescripción de la acción penal sin tener en cuenta el delito más grave sostenido por el querellante, en virtud de la divergencia entre las fechas de consumación, óptica desde la cual sólo se tendrá la seguridad necesaria acerca de la extinción o subsistencia de la acción penal, se revela la incorrecta aplicación de la ley penal en su art. 62, inc. 2°, CP, máxime cuando los agravios de la querella pueden depender de circunstancias probatorias que deben develarse en el ámbito propio que no es otro que el debate oral y público. (Dres. Fégoli, Madueño, Rodríguez Basavilbaso).
Beneficios previsionales, pérdida del beneficio, acción de amparo, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ZORZI HUMBERTO MIGUEL c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-29

Conforme lo establecido por el art. 43 de nuestra Ley Fundamental, corresponde confirmar la resolución que hizo lugar a la acción de amparo intentada por el titular contra la decisión que le extinguió el beneficio de jubilación, si el organismo revocó el acto administrativo sin adoptar las previsiones que permitieran una adecuada defensa (art. 18 C.N.) y participación del sujeto implicado, con las gravísimas consecuencias que la suspensión del beneficio provocan al particular.
Acción, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sincar S.A.C.I.C.I.A. y F. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

La disposición constitucional que consagra el carácter estrictamente revisor de la materia (arts. 161 y 215, Constitución provincial), debe compatibilizarse con otras garantías de igual jerarquía que protegen el acceso a la justicia y el derecho de defensa del particular (arts. 9, 10 Const. Prov. y 18 Const. Nac.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tercerías, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Azzem, Raúl Salim c/ Provincia del Chubut y-o Bco. de la Provincia del Chubut s/ Tercería de Mejor Derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-13

Lo normado por el capítulo de TERCERIA del CPCC, no es de aplicación automática, sino que se halla supeditada -sea tercería de dominio o de mejor derecho- a la prueba que ha de aportarse acerca de la verosimilitud del derecho que se invoca como fundamento de la pretensión.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, ejecución de sentencia, citación de venta, gravamen irreparable, excepciones procesales, defensa en juicio, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: AVELLANEDA COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. c/ AGP s/ DEMANDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-24

La resolución que ordena citar de venta a la ejecutada -citación que cumple una función análoga al traslado de la demanda en los procesos de conocimiento (conf. Vecilla, T.A., Villegas, C.E.M.

"Código Procesal, anotado y concordado", pág. 462, ed. Depalma, 1971)-es una oportunidad que se brinda a la ejecutada para oponer las excepciones (art. 505, Código Procesal) y ejercer su derecho de defensa, lo que obviamente no puede causarle gravamen alguno, cuya configuración constituye un requisito elemental de procedencia del recurso de apelación (arg. art. 242, inc. 3°, ley de rito).
Responsabilidad del Estado, Subterráneos de Buenos Aires, servicio público, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-21

En tanto el caso trata sobre la responsabilidad del Estado local y de, entre otros, Subterráneos Buenos Aires, empresa titular de bienes afectados a un servicio público, frente a un tercero que invoca daños ocasionados por la deficiente conformación y mantenimiento de las estructuras y obras civiles afectadas al servicio, la causa corresponde a la competencia de la justicia de la Ciudad (arts.1 y 2, CCAyT), de acuerdo al desarrollo legislativo local del artículo 129 de la Constitución de la Nación Argentina (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Recurso extraordinario, interposición del recurso, fundamentación del recurso, prueba, proceso penal, multa penal, sanciones administrativas, inversión de la carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: INDUSTRIAS DELTA S.A.I.C. Y OTROS. s/ LEY 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que -por considerar acreditado que la mercadería ingresada era de menor valor que las divisas utilizadas para su pago y que no concurría ninguna causa de justificación de la acción realizada- condenó a una empresa y sus directores al pago de una multa. Ello así, pues el conjunto de elementos citados por la Cámara para tener por probada la conducta, rebatidos por el apelante en la instancia del art. 14 de la ley 48 prestan al fallo condenatorio fundamento suficiente para sustentarlo, cualquiera haya sido el alcance atribuido por esos magistrados a la supuesta inversión de la carga de la prueba, pues en estas condiciones esa expresión sólo constituye una declaración abstracta sin incidencia en la solución a la que arribó.
Presunción de contrato de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Accinelli, Marcos Antonio c/ SERCAR SRL s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-02-13

La admisión por parte de la demandada del desempeño del actor en tareas vinculadas con la actividad normal y habitual de la empresa, aunque asignándole un carácter ajeno al ámbito laboral genera al primero la carga de probar que tales servicios estaban motivados en causas ajenas a un contrato de trabajo, de manera tal de tornar inaplicable la presunción emergente del art. 23 de la LCT.