marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Falta de acción, mora, ejecución del contrato, fideicomiso
Materia: COMERCIAL
Carátula: MULLER VILLARREAL FABIAN A Y OTROS C/ FIDUS S. A. Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-10-13

La excepción de falta de acción al tiempo de la interposición de la demanda derivada de la inexistencia de mora y en línea con ello, se apoya en la legitimidad de las prórrogas, agravio que fuera articulado por la codemandada Fidus -empresa constructora en los términos del contrato de fidicomiso- debe ser rechazada, dada la inexistencia de causas razonables de justificación de las prórrogas, en su correcto y justo análisis, conforme las pautas que emergen del artículo 37 de la LDC, por lo que la mora queda configurada para todas y cada una de las obras, por el vencimiento del plazo estipulado en el contrato de fideicomiso. Por lo cual, solamente podría haber progresado -luego de haber sido diferido su tratamiento para el abordaje final del fondo del conflicto- si al momento del dictado de la sentencia no existieran incumplimientos contractuales que le fueran imputables, circunstancia antes descartada.
Multa, sustitución de la multa
Materia: PENAL
Carátula: B., O.N. s/ Fraude a la Administración Pública, cometido en formareitereda-diecisiete (17) hechos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-10-19

La obligación que tiene el tribunal de convertir la multa impaga o parte de ella, en el término correspondiente, debe ser ejercida con respeto de las pautas y formas previstas en el artículo 21 del Código Penal.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, estacionamiento antirreglamentario, banquina
Materia: CIVIL
Carátula: BLASUCCI, Roque c/ HABEGGER, Enrique Alberto s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

Al quedar prohibido estacionar vehículos en la franja de camino pavimentado fuera de las zonas urbanas, sólo puede hacerse en la banquina, debiendo caracterizarla a ésta como la zona adyacente a la calzada de una carretera provista para mayor seguridad del tránsito de vehículos (art.5, ley 5.800). Consiguientemente la autorización para estacionar en la banquina debe juzgarse con sentido amplio, comprendiendo no sólo los supuestos en que el vehículo sufriera un desperfecto sino también, con una amplia gama intermedia, aquél en que el conductor resolviera descansar por un momento.
Compraventa, resolución del contrato, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Espinosa, Alberto Antonio c/ De María, Adrian Carlos y ot. s/ Resol. de Contrato y Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-06

Si el incumplimiento de los accionados les vino impuesto por un hecho ajeno a los mismos, no imputable a ellos por no ser los autores morales de aquél, constituye un caso de fuerza mayor, pues les resultó imprevisible al superar la aptitud normal de previsión que era dable exigírseles en función de sus condiciones personales y la naturaleza de la obligación, ajeno a los mismos, e inevitable, pues sin culpa de su parte, han sido impotentes para impedir el hecho que obsta al cumplimiento de la obligación (arts. 513, 514, Código Civil).En consecuencia, siendo que el perfeccionamiento de la venta se lograría con el otorgamiento de la correspondiente escritura pública y su inscripción registral (arts. 1184 inc. 1ero., 2505, Código Civil), tratándose aquélla de una obligación de hacer arts. 1185 y 1187, Código citado), resultando imposible darle cumplimiento y no mediando culpa de los deudores, la obligación queda extinguida para ambas partes, sin otra obligación para éstos que la de devolver al acreedor lo que por razón de ella hubieren recibido (art. 627, Código Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, jueces, facultades del juez, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ARIAS, ALFREDO AMERICO R. c/ EMPRESA BLAS PARERA SRL LINEA 3 s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. COBRO DE PESOS LABORAL (CSJ EXPTE   Nº 1775-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-17

Es recién al emitir la sentencia de fondo que el juez concreta la apreciación de la suficiencia o no de la expresión de los motivos alegados por la empleadora para legitimar la extinción del contrato de trabajo, momento aquél en el que está en condiciones de reconstruir -cual si fuera un historiador- si el trabajador estuvo en condiciones de individualizar la situación originante del distracto, a través del análisis de las pruebas aportadas por las partes y producidas en el expediente. Es en esta labor cuando el ejercicio de la prudencia se muestra como el ineludible deber funcional que procure mantener el delicado equilibrio que tanto proteja el derecho de defensa del trabajador, como evita la entronización del formalismo en la evaluación de la idoneidad de los términos utilizados para hacer saber las causas con entidad injuriante invocadas; prudencia que también resulta exigible -por imperativo legal- al analizar las pautas del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Asociaciones civiles, domicilio
Materia: LABORAL
Carátula: MOLA, ROSA DEL CARMEN c/ FEDERACION CINOLOGICA ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

La anotación de domicilio y su modificación son actos singulares.

Por ello, la información producida por la Inspección General de Personas Jurídicas no puede desvirtuarse por la sóla manifestación de una convocatoria a asamblea a realizarse en un lugar distinto al que figura registrado como domicilio asociacional.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, principio de congruencia, daños y perjuicios, daño moral, thema decidendum, indemnización, Cámara de Apelaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OTTONE, DANIELA FERNANDA c/ TERAN, CARLOS ENRIQUE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

Los reproches vinculados al monto fijado en concepto de indemnización por daño moral, se evidencian también como imprecisos y genéricos, circunstancia que obsta a la demostración de la irrazonabilidad postulada; asimismo, tampoco acredita la interesada la incongruencia que planteara por haber otorgado la Sala aquel rubro cuando la actora no habría identificado los perjuicios eventualmente sufridos ni calificado el daño pretendido, toda vez que en el relato de antecedentes de la causa, se advierte que la recurrente refiere escuetamente al contenido de la demanda de daños interpuesta y de su ampliación, vedando a esta Corte el acceso sintético pero fidedigno a tales datos, cruciales para determinar cómo quedó trabada la litiscontestación, por lo que, conforme al propio planteo de la impugnante, no se demuestra exceso alguno en las facultades revisoras del Tribunal con referencia a la calificación y cuantificación del rubro acogido. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco)
Partidos políticos, intervención partidaria, intervención de distritos, control de legalidad, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - POLITICO
Carátula: Bousquet, Jorge L.  y  García  Tuñon,  Jorge  E. s/ solicitud de avocación en autos:"Bousquet,  Jorge L. s/ sol. med.  cautelar" - (Expte. 503.495). (Expte. 2775 de la Cámara Nacional  Electoral).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Lo atinente a la legalidad de la intervención del distrito Capital Federal, dispuesta por un partido político, no justifica la intervención de la Corte Suprema en materias que, por regla, resultan ajenas a su conocimiento (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LILIANA BELFIORE. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTRO. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-23

La causal del excesivo rigorismo no supone soslayar, en modo alguno, el riguroso cumplimiento de las normas procesales, sino que pretende contemplar la desnaturalización de su uso en desmedro de la garantía de la defensa en juicio, en los supuestos en que la incorrecta aplicación de un precepto de tal índole venga a frustrar el derecho de fondo en juego.
Tributos, espacios de publicidad, base imponible, Impuesto sobre los ingresos brutos, recursos
Materia: TRIBUTARIO-COMERCIAL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en CONTIGLI JORGE HORACIO Y CONTIGLI SILVIA NOEMI SH c/ GCBA  s/ IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde rechazar la queja que interpusiera el GCBA, toda vez que no satisface la carga de fundamentación que prescribe el artículo 32 de la ley n° 402. La lectura de la presentación directa permite advertir que los dichos del GCBA no superan el nivel de una mera discrepancia, no fueron acompañados de una exposición seria que los justifique o respalde ni constituyen -en mérito de lo señalado- una crítica suficiente en los términos que exige el artículo 32 de la ley n° 402. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Contrato de trabajo, encargados de casas de renta, propiedad horizontal, consorcio de propietarios
Materia: LABORAL
Carátula: Herrera   Antonio c/ Cons.Prop.Rivadavia  954/64 s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-31

La elaboración instrumentada de un reglamento de copropiedad y administración y su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble son requisitos que determinan la posibilidad del o los titulares registrales de un edificio que acordaron acogerse al régimen de la ley 13512 y dan nacimiento a la existencia de un "consorcio". Si tales requisitos no fueron cumplidos no existe un consorcio empleador.
Prescripción, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: KROUPA, LADISLAO Y OTROS c/ SEGBA s/ COBRO DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-21

El instituto de la prescripción tiende a evitar toda controversia, cualquiera sea su índole, inclusive la constitucional, cuando ha transcurrido determinado lapso. Intentar revivir plazos extinguidos, sobre la base ficta del dictado de una ley supuestamente inconstitucional, implicaría mantener perpetuamente abiertos los conflictos de intereses, contrariando el fin superior que consiste en el afianzamiento de la seguridad jurídica.
Ley penal, delitos contra la integridad sexual, violación, presunción juris et de jure
Materia: PENAL
Carátula: NUÑEZ LUIS DORIO c/ MERCADO MORALES, CARLOS ADRIAN s/ CORRUPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-04

En los casos de violación en que la víctima fuera menor de doce años, el consentimiento es inválido por la escasa capacidad de discernir. Ello constituye una presunción iuris et de iure, esto es la violencia se presume, y ello no admite prueba en contrario.
Aclaratoria (procesal), sentencia, notificación, Dirección General de Rentas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cejas, Jorge c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Recurso de Apelación Judicial Recurso de Apelación Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-21

En el caso, la pretendida notificación de la sentencia a la Dirección General de Rentas para la eliminación del recurrente de la nómina de "deudores" resulta un trámite superfluo y no configura ninguno de los supuestos que tornan procedente el recurso de aclaratoria.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Todomueble Soc.de hecho c/ Nieves Ledesma s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

Si bien se ha dispuesto la embargabilidad del aparato de televisión en cuanto no se acreditara que el mismo se mostrara como "necesario" y hasta "imprescindible", ello no implica desconocer su valor en la sociedad actual como medio de información y legítimo esparcimiento, función que impone un criterio restrictivo en la admisión de tal embargabilidad, habida cuenta de que en buena medida ha reemplazado a la que brindan medios radiales o escritos. Máxime cuando no aparece con características técnicas o de tamaño que lo hagan calificable como de bien suntuoso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, medidas cautelares, embargo preventivo, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERROVIAS   SAC c/ CAFASSO,  JORGE s/ ORDINARIO  S/  INC.  DEAPELACION ART. 250 CPR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-14

No corresponde que, en una causa seguida contra un profesional con el objeto de que se declare -sobre la base de la relación contractual que los vinculaba- que no corresponde la ejecución contra los accionantes de los honorarios regulados a su favor y se lo condene a la restitución de los ya cobrados, se ordene la traba de embargo preventivo sobre los fondos depositados a su favor en cierto juicio, toda vez que, la promoción de esta causa por si sola no es suficiente para tener por configurada la verosimilitud del derecho, pues lo pretendido versa sobre la interpretación de cierto convenio y otras cuestiones de hecho discutido por el accionado, que requerirá para su dilucidación una sentencia que haga mérito sobre la totalidad de los elementos, lo cual no implica prejuzgar sobre lo que pudiera decidirse en definitiva sobre la cuestión sustancial; además, los fondos sobre los que los accionantes solicitan se trabe el embargo preventivo fueron dados en pago por ellos con lo cual estarían contrariando sus propios actos.
Cuota alimentaria, sentencia extra petita, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: P., M. R. en Nombre y Representación de sus Hijos Menores  c/ G., L. R. F. y otra s/ alimentos (mediación privada. ac.19.5.20. reg.n° 1. emergencia sanitaria.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-14

No se incurre en extra petita si el juez fija una cuota alimentaria más alta que la pedida, no sólo porque en la materia resulta operativa la facultad judicial modalizadora de la condena, como la necesidad de flexibilizar el principio de congruencia de modo de asegurar derechos de máxima importancia, sino porque tratándose la alimentaria de una deuda de valor el alto índice inflacionario del país no puede afectar su finalidad. Por ello, no puede tomarse el monto pedido como límite de una condena que acaece varios meses después.
Recurso extraordinario de nulidad, expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garro, Victor G. y otro c/ Vidic, Mateo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

Si la alzada examinó los agravios del memorial, implícitamente ha considerado los reparos opuestos a su suficiencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de caja de seguridad, medidas de seguridad en entidades financieras, robo, incumplimiento del contrato, prueba, responsabilidad del banco
Materia: BANCARIO
Carátula: MENENDEZ DE MENENDEZ, MERCEDES c/ BANCO MERCANTIL ARGENTINO SA. s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

La existencia de significativas deficiencias en el cumplimiento de las medidas de seguridad exigibles a una entidad bancaria conforme copiosa prueba aportada al proceso y a la causa penal, acreditando que dicha sucursal carecía de vigilancia adicional o servicio de serenos internos o externos en horas inhábiles y de alarmas-, demuestran la grave negligencia del banco en infracción del deber de custodia de las cajas de seguridad, fuera de los horarios de atención al publico, lo que sumado a las pruebas arrimadas, que aunque no directas dada su imposibilidad, si puede considerárselas dada su gravedad, número y conexión, de entidad suficiente como para demostrar la existencia del daño -en el caso, sustracción de u$s 255000-, hacen al banco responsable del pago de la indemnización pertinente.
Pacto de San José de Costa Rica, reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, daño irreparable, medidas urgentes, medidas provisionales, REPÚBLICA ARGENTINA, desaparecidos, torturas, obligaciones del Estado miembro, protección internacional de los derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto Millacura Llaipén y otros s/ medidas provisionales respecto de la República de Argentina
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-11-21

En el marco de las atribuciones otorgadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 25 y 27 del Reglamento de la Corte Interamericana, el Tribunal considera pertinente recordar a la República Argentina -en el caso en que se han declarado numerosas medidas provisionales en protección de quienes se encontraban en grave riesgo de padecer afectación a sus derechos fundamentales en el marco del caso en que se investiga la presunta responsabilidad internacional del Estado a raíz de la desaparición de quien, encontrándose detenido, fue torturado-, que los Estados tienen el deber constante y permanente de cumplir con las obligaciones generales que le corresponden en los términos del artículo 1.1 del Pacto, de respetar los derechos y libertades en él reconocidos y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción.
Ejecución de sentencia, títulos ejecutivos, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B.A.C.L. c/ G., D.S. s/ Medida Cautelar -Embargo Preventivo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-05

Los jueces deben denegar la prosecución del trámite de ejecución de sentencia si comprueban que el título invocado por el ejecutante no es ejecutorio, o que es inhábil en razón de que el pronunciamiento no ha sido consentido o ejecutoriado o no ha vencido el plazo para su cumplimiento, o se pretende ejecutar por quien carece de legitimación procesal activa o contra quien no es el legitimado pasivo, o por una suma que exceda la establecida en la condena, todo ello con el alcance que dicho examen no reviste carácter definitivo.
Daño material, prueba, indemnización
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: De la Fuente, Heriberto V. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1986-10-07

La existencia material del daño es irrelevante si no se lo comprueba apropiadamente, y la prueba incumbe al damnificado que pretende hacer valer la responsabilidad del deudor. Esta prueba comprende la existencia del daño y la cuantía del mismo. Luego, la existencia del daño es de prueba indispensable, no pudiendo otorgarse indemnización alguna si falta esa comprobación. En cambio, la prueba de cuantía de daño puede ser suplida por la prudente estimación judicial conforme a lo dispuesto por el art. 248 del C.P.C.
Derecho laboral, jornada de trabajo, Estado Provincial, facultades no delegadas, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: INC S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

De la doctrina emergente de la Corte nacional en "Fábrica Argentina de Calderas" -que dirimió una vieja disputa respecto de las facultades de la Nación y de las provincias para legislar en materia de jornada de trabajo, disponiendo claramente que corresponde a la Legislatura nacional el dictado de dichas normas- surge que se declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 9497 que había restablecido la vigencia de la ley provincial 7197 que reducía la jornada máxima de trabajo de 48 a 44 horas semanales, por considerar que ello había afectado el pago de la remuneración, modificando la ecuación entre salario y horas prestadas por el trabajador, en violación al artículo 31 de la Constitución Nacional y a la normativa nacional dictada de acuerdo a las facultades delegadas al Congreso nacional. (De la disidencia del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJN: Fábrica Argentina de Calderas, Fallos 308:2569. - Jurisprudencia concordante: Castets y Tanino; Foschiatti y Supermercado Reconquista, AyS T 279, p 142/236.
Secreto profesional, testigos, idoneidad del testigo, defensor
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: M., P. G. s/ Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-05-17

...el problema suscitado en autos se plantea desde el punto de vista ético y en consideración a las ventajas o perjuicios que puedan derivarse para el empapelado y para la comunidad por la aplicación de la justicia. Ello así, debido a que la ley procesal provincial no determina en forma expresa la incompatibilidad entre la calidad de testigo y la de defensor o patrocinante de los sujetos privados del proceso, excepto el deber de abstención regulado por el art.213 del rito. ...tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que si una persona fue testigo de un hecho en el sentido natural - percibiendo dicho suceso a través de sus sentidos- antes de asumir el rol de defensor en el proceso, llegado el momento debe prevalecer la primera calidad por cuanto el asumir la defensa habrá de significar un acto reprochable que no puede ser admitido como expediente para eludir el deber de testificar. En ese caso, deberá cesar como defensor y deponer como testigo. La razón de ello estriba en la institucionalidad del testigo en un proceso, lo que hace que hace que esa función o rol predomine sobre otras, ya que existe la imposibilidad jurídica de reunir ambas calidades -testigo y defensor- en la misma persona. Asimismo, obsérvese que el art. 49 del Código Procesal Penal establece en el inc. 1ro. como causal de inhibición que el Juez en un mismo proceso hubiere conocido el hecho como testigo; circunstancia esta que se extiende para que se excuse o recuse a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, atento lo preceptuado por el art. 64 del mismo texto legal.
Contrato de trabajo, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: T., M. S. c/ VIA BARILOCHE S.A. s/ SUMARIO (l) M 1829/10 S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte. N° 26509/13-STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-09-24

["] por las razones hasta aquí expuestas habré de propiciar que se revoque la aplicación del recargo indemnizatorio del art. 2 de la Ley 25323, pues su imposición, tal como ha sido discernida en el caso particular en examen, constituye -a mi juicio -un ejercicio disfuncional de las prerrogativas y de las facultades valorativas y sancionatorias de que se halla investido el Tribunal de mérito. (Del voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Intereses, tasas de interés, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Vidal de Prieta, Manuela c/ García, Osvaldo Andrés s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-30

Si bien la ley 23.928 veda la posibilidad de actualizar los créditos y deudas vía indexación mediante índices oficiales de precios, ello no obsta a que desde el 1/4/91 hasta la fecha del efectivo pago se imponga la tasa de interés, liquidándose aplicando la tasa de operaciones de descuento en general, que utiliza el Banco de la Nación Argentina para operaciones a treinta días, equivalencia vencida
Indemnización, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Bogarín, Vicente Raúl c/ Febe de Ferrecio y Bernardis y/o responsable s/ Indemnización por Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-14

El pago efectuado en sede administrativa, aceptado por el actor y homologado en dicha instancia, no resulta cancelatorio de los reclamos efectuados en sede judicial por otros conceptos que los abonados en aquella instancia. Ello así, ya que los conceptos vertidos por el actor en sede administrativa, en cuanto manifiesta que nada más tiene que reclamar, no deben interpretarse en el estricto sentido que pretende el demandado, sino más bien en cuanto refiere a los conceptos objeto de reclamo, siendo la apreciación del demandado coherente si la expresión del actor hubiera versado sobre la satisfacción de crédito en forma total no teniendo nada más que reclamar por ningún concepto.