Prueba, intención de eludir la acción de la justicia, prisión preventiva, Convención Americana sobre Derechos Humanos, caución real, declaración de rebeldía
Materia: PENAL
Carátula: Thomas, Oscar Alfredo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-13

La disidencia parcial destacó que no se encuentra acreditado en autos, ni valorado por parte del tribunal de mérito, ningún elemento objetivo que indique peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte del imputado, que del CPPF, implementado parcialmente por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación (Resolución nº 2/19, B.O.: 13/11/19), se desprende el mismo principio de permanencia en libertad del sujeto imputado durante el proceso y en consecuencia, la excepcionalidad de la medida cautelar preventiva (arts. 210, 221 y 222 CPPF), que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica ha afirmado, dentro del contexto general de los instrumentos internacionales vigentes, que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el PIDCyP, que la disposición de una medida cautelar máxima -encarcelamiento- por parte de los jueces requiere la existencia de razones suficientes y acreditadas, que justifiquen la presunción contraria al principio de permanencia en libertad, que el a quo no ha analizado los elementos de convicción mínimos necesarios para el adecuado tratamiento de la cuestión, de conformidad con los lineamientos fijados, que de la resolución impugnada no surge la fundamentación de los riesgos procesales invocados, ni de su entidad, ni de los motivos por los cuales esos riesgos procesales deban inexorablemente ser neutralizados con el monto de la caución real que agravia a esa parte, encontrando eco únicamente -por simple remisión-, a los motivos que en su oportunidad habían dado lugar a la denegatoria de la excarcelación, que señalar que existían riesgos procesales que debían contrarrestarse con la prisión preventiva, para luego utilizar esos mismos argumentos a los fines de conceder la excarcelación e im poner una caución real -de monto extremadamente elevado, y de imposible cumplimiento, violando la igualdad de trato procesal, desconociendo las circunstancias personales y patrimoniales del encausado-, demuestra la arbitrariedad de la decisión, que gravosa es la situación de que se disponga la rebeldía de una persona sin siquiera haberse efectuado una sola y simple tarea de indagación sobre su domicilio particular y extremadamente preocupante resulta para un Estado de Derecho, que la Alzada haya convalidado un pronunciamiento (denegatoria de la excarcelación), remitiéndose a otra decisión jurisdiccional (denegatoria de la exención de prisión) fundada únicamente en la pena en expectativa, la gravedad del hecho y la declaración de rebeldía señalada, la cual se encontraba aun en plazo de poder ser impugnada, que las irregularidades advertidas y las que ahora en estas actuaciones se han configurado, han permitido construir un escenario de gravedad institucional t al que no puede admitir un solo pronunciamiento dilatorio más, que en todo Estado de Derecho en una sociedad democrática, resulta intolerable que con ritualismo y rigorismo formal no se aborde el tratamiento de instituciones esenciales de la libertad y se abuse en el uso de las prisiones preventivas o de cauciones reales millonarias y de imposible cumplimiento que tornan ilusorio el instituto excarcelatorio, violando normas constitucionales y convencionales que rigen la materia, máxime cuando en el caso sometido a control jurisdiccional se ha dado cuenta de manifiestas arbitrariedades. Dres. Barroetaveña, Figueroa -disidencia parcial-,