marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), querellante, adhesión al recurso, defensor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "DOS SANTOS, Ceferina s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28

Sin duda la adhesión amplía el campo cognositivo de la Alzada, sin embargo dicha ampliación no es ilimitada: En este sentido, y a fin de resguardar el derecho de defensa en juicio del imputado, otorgándole plenas posibilidades de ejercer las facultades recursivas que le otorga la ley procesal, no puede admitirse la adhesión del querellante a la apelación de un punto accesorio de la resolución por parte de éste -apelación de la defensa por el silencio sobre la imposición de costas y adhesión del querellante en cuanto al sobreseimiento dispuesto- que permitiría que se revise y -eventualmente- se modifique en su contra la cuestión de fondo fallada a su favor que no fué objeto de la impugnación originaria o lo fue en forma defectuosa.Así se ha sostenido que, el instituto de la adhesión reconoce límite en la doctrina de la reformatio in pejus, por cuanto "la adhesión de un acusador al recurso del imputado impugnante no puede derivar en la producción de consecuencias más perniciosas para aquél que las vigentes al momento de recurrir, generando de tal modo un "temor a la agravación (de aquellas)" que lo constriña a la aceptación de una resolución injusta para eludir la verificación o a marginar o restringir su derecho constitucional a la doble instancia...Esa ha sido, seguramente, la razón por la cual el art. 428 del Código Procesal Penal de Buenos Aires, ha establecido que los motivos en que se funda la adhesión- "no pueden ser ajenos ni contrapuestos" a los del recurrente" (Ver Navarro, Guillermo y Daray, Roberto, "Código Procesal Penal de la Nación", Ed. Hammurabi" Bs. As. 2004, T. II, pag. 1178/79).
Robo con armas, arma impropia
Materia: PENAL
Carátula: CABRERA, PABLO E. s/ ROBO - ARMA IMPROPIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-16

El desapoderamiento llevado a cabo por el procesado, blandiendo, para tal fin, en forma atemorizante una caña de 70 cm. de largo, configura el delito de robo calificado por el uso de armas, desde que ese elemento es apto para poner en peligro la salud o vida del amenazado.
Reforma de la constitución, nulidad de la reforma
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

La sanción explícita de nulidad contenida en el art. 6° de la ley 24.309, para todo aquello que comportase una modificación, derogación o agregado a la competencia establecida en los arts. 2° y 3° de ese cuerpo normativo, revela el carácter de restricción explí cita que el Congreso atribuyó a aquello que alterase o excediese el marco de la habilitación, sin perjuicio de la prohibición contenida en el art. 7° de dicha ley.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones prejudiciales, sociedades comerciales, responsabilidad del administrador de la sociedad, administración fraudulenta, calificación legal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: R., O. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ADMINISTRACION FRAUDULENTA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 438 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-11

Corresponde rechazar la queja desde que la Cámara pondera minuciosamente, en su resolución, el plexo probatorio de la causa, interpretándolo conforme los criterios de la sana crítica racional, constituyendo los agravios del recurrente mera discrepancia con lo resuelto.

En el caso, concluyó que "los administradores, al perjudicar u obligar abusivamente a la entidad bancaria, violando sus deberes o quebrando su fidelidad, contribuyeron al peligro que culminó en el resultado típico en grado superlativo al ser declarada en estado de quiebra. Perjuicio que afectó a la entidad pero también a sus asociados, sus depositantes e inversores, quienes no se hicieron de sus capitales al vencimiento de sus respectivas operaciones.

De los autos de Quiebra surge, además, que muchos de ellos solo percibieron como cancelación- un porcentaje de su acreencia a cargo del Banco Central quien, en definitiva, respondió por los quebrantos causados -operatorias con porcentajes garantizados-" Y, más allá de la particular opinión del quejoso relativa a la supuesta vigencia del inciso 2º del artículo 1104 del Código Civil, frente a lo normado en los artículos 178 de la ley 11.719 y 242 de la ley 19.551 y la clara doctrina al respecto, su argumento, en verdad, remite a las condiciones requeridas para el ejercicio de la acción que deriva de los delitos previstos en el Capítulo V del Código Penal -Quebrados y otros deudores punibles- (arts. 176 a 180), o a los elementos típicos de tales figuras; mientras que la conducta del recurrente fue subsumida en el tipo del artículo 173, inciso 7º (Administración fraudulenta o infiel), en el que la existencia de un comerciante declarado en quiebra no está prevista como elemento del mismo.
Tercería de dominio, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: L., R. s/ Tercería de Dominio en Autos:N., L.A. s/Incidente de Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-25

La tercería de dominio no puede prosperar si la cosa fue embargada mientras se hallaba en poder del ejecutado, pues en virtud de la presunción de propiedad que crea la posesión de cosas muebles, el tercerista debe justificar, plenamente, el dominio que invoca, porque al acreedor le basta invocar la posesión de su deudor.

En otras palabras cuando el ejecutado se encontraba en posesión del bien, el tercerista debe destruir la presunción contraria a su derecho, pesando sobre él la carga probatoria, debiendo ser la prueba aportada categórica.
Delitos contra la humanidad, prueba testimonial, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-18

En las causas en las que se investigan hechos ocurridos en el marco de la última dictadura -esto es, ocurridos hace casi de 40 años- la prueba testimonial adquiere singular importancia, pues es mayormente a través de ella que se ha logrado realizar una reconstrucción histórica de lo ocurrido. No debe ser considerada una "testigo de oídas" el testimonio de la vecina, pues refleja que los procedimientos que constituyeron los secuestros de los damnificados fueron percibidos a través de sus sentidos, por lo que su relato resulta plenamente hábil para motivar la acreditación de esos hechos. La finalidad coactiva de las privaciones ilegales de la libertad del matrimonio damnificado, así como la efectiva desposesión de tierras de las que la esposa era co-titular, sí han quedado acreditadas en el juicio más allá de toda duda atendible, teniendo en cuenta el testimonio de quien indirectamente reproduce las amenazas y presiones recibidas por su marido y su madre en oportunidad de su privación ilegal de libertad.
Fuerzas Armadas, obediencia debida, responsabilidad militar
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

Un detenido análisis del art. 514 del Código de Justicia Militar permite afirmar que la ley militar atribuye responsabilidad a título de autor, al superior que dio la orden, exclusivamente, en lo s supuestos en que el inferior pueda ampararse en la eximente prevista en el art. 34, inc. 5 del Código Penal y, conjuntamente con el subordinado, cuando éste no pueda esgrimir en su favor dicha causal de impunidad.
Protección del medio ambiente, medidas cautelares, actividad industrial, vertimiento de desechos, contaminación de aguas, daño ambiental, principio precautorio, sentencia arbitraria
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asociación Civil Protecc. Ambiental del Río Paraná Ctrol. Contam. y Restauración del Hábitat y otro c/ Carboquímica del Paraná S.A. y otro s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-02

La sentencia que dejó sin efecto la medida cautelar que dispuso la suspensión de la actividad industrial de la empresa demandada ante posibles emanaciones de efluentes gaseosos y líquidos vertidos sobre el río Paraná, así como por el enterramiento de residuos peligrosos es arbitraria, si el tribunal no realizó el juicio de ponderación al que obliga la aplicación del principio precautorio, según el cual, cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente.
Embargo, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Saliva, Irma Teresa c/ Municipalidad de Ensenada s/ Rec. de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

El incidente de levantamiento de embargo fundado en la inembargabilidad del bien, no tiene plazo para ser deducido, desde que puede promoverse en cualquier estado del proceso, no obstante el silencio del deudor en el momento de trabarse aquél o, aun, cuando se hallare consentida por el cautelado la decisión que decretó la medida.
Dominio del hecho, doctrina legal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: PAREDES, Miguel Ángel (p); ARBELOA, Juan Sebastián (p); BELTRÁN, Jonatan Ernesto (p) y OLIVA, Jesús Ricardo c/  s/ Triple homicidio calificado s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-06-19

La doctrina legal de este Tribunal ha seguido desde antaño y de modo reiterado la teoría del dominio del hecho para resolver casos en donde se verificaba una ejecución del hecho distribuida entre varios, con actos parciales, conforme algún objetivo común. Domina el hecho aquel que, conforme su dolo, mantiene en sus manos el curso causal del hecho típico. Esto permite sostener que coautor es aquel que, sin poner manos a la obra, supervisa el curso causal del hecho, dirigiéndolo.; por eso es coautor el jefe que dirige desde lejos la intervención de los miembros de su banda (Roxin, conforme cita de Donna, op. cit., pág. 35, en su comentario a Maurach y Gössel). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia) Fuente del sumario: OFICIAL
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, planes de cobertura médica, sistemas abiertos, servicios excluidos, responsabilidad de la obra social, mala praxis
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA DE HERNANDO, MARIA JULIA c/ A.P.S. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

En los casos de sistemas de cobertura intermedios denominados "cuasi-abiertos", no pudiendo afirmarse que la elección del profesional sea verdaderamente libre, en la medida que no se demuestre esta última circunstancia, no corresponde aplicarles el régimen de los sistemas abiertos, sino el de los cerrados, debiendo responder la obra social por la eficacia del servicio de salud que prestan. Ello así, en virtud de que en estos, las obras sociales celebran convenios confederacionales con entidades que nuclean federaciones de todo el país, que a su vez engloban círculos médicos en los que se hallan registrados profesionales que, como prestadores, son puestos a disposición de los afiliados, atendidos mediante la presentación de un bono o ticket moderador que el galeno debe presentar para su cobro ante su círculo médico, de manera que, si bien esta presente la elección del médico por parte del paciente, debe ceñirse al listado de profesionales correspondiente al círculo médico.
Usurpación, calificación legal, falta de fundamentación, fundamentación insuficiente, nulidad del acto jurídico, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Menem, Angel Edgardo s/ Usurpación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-06-09

El Tribunal sentenciante, encuadra la conducta del incriminado como responsable penal del delito de usurpación (art.

181 inc. 2º del C. Penal) sin determinar porqué los hechos que por vía testimonial se le atribuyen al incoado encuadran en la figura penal referenciada, pasando directamente de la plataforma fáctica a la calificación legal, es decir, que no existe en la sentencia una conjugación de los hechos con el derecho aplicable, esto es, falta de motivación suficiente para arribar a una decisión condenatoria, lo que constituye un vicio legal que trae aparejada la sanción de nulidad, conforme lo dispone el art.

125 del C.P.C. Por lo que se declara la nulidad de la sentencia.
Trabajadores de la construcción, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: SURBANDO, IGNACIO c/ GALLO, BERNABE s/ LEY 17258
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-03-07

Los salarios continuatorios del artículo 3 de la Ley 17258 deben ser computados, a los efectos de la condena, solamente hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, siendo improcedente el cálculo de los devengados en el periodo comprendido entre ésta y el pronunciamiento de la Alzada (Conforme Sala I, sentencia número 37221, 29 de mayo de 1977, "Pardo, Gumersindo c/ Romano, Juan Carlos s/ Ley 17258").
Acción de amparo, policía federal, personal policial, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rojas, Gretel Ana María  c/ Estado Nacional Argentino  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-09

Corresponde rechazar la acción de amparo interpuesta por una postulante, a efectos de que la Policía Federal le permita continuar con los trámites de ingreso a la institución que le fue denegada por no contar con la estatura mínima exigida en el artículo 142, inciso c), del Decreto reglamentario 1866/83, puesto que no resulta de forma manifiesta que la norma mencionada hubiese perseguido fines arbitrarios, caprichosos, o que de alguna manera repugnen a la esencial dignidad de la naturaleza humana, sino que responde a necesidades operativas en resguardo del interés público. En consecuencia, el requisito de estatura mínima atiende a las necesidades de la Institución, a fin de garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento de los servicios de la Policía, lo cual constituye un objetivo legítimo.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, trabajadores de la construcción
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, JULIO CESAR C/ EDELAP SA y OTRO S/ LEY 22.250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-30

Aunque la modificación introducida por la ley 25.013 parecía contraponerse a ese criterio, si se lee detenidamente el último párrafo incorporado al art. 30 LCT podrá advertirse que no existe tal contradicción con los términos de la doctrina plenaria ya que, según el párrafo mencionado, las disposiciones insertas en el citado art. 30 L.C.T. "...resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el art. 32 de la ley 22.250", que no es lo mismo que decir que resultan aplicables a los contratos regidos por el régimen estatutario.

La cuestión tiene importancia porque el art. 30 exige que exista coincidencia entre la actividad de la contratista y la normal y específica propia del establecimiento del contratante principal, en tanto que el art. 32 de la ley 22.250 sólo prevé la posibilidad de extender solidariamente la responsabilidad contemplada en la norma a los empresarios, propietarios y profesionales cuando éstos se desempeñan "como constructoresw de obra", de manera que en el esquema previsto por el art. 32 de la ley 22.250 -dentro de cuyo marco específico de regulación pueden considerarse aplicables las disposiciones del art. 30 L.C.T. sólo es posible extender la responsabilidad en forma solidaria al contratante principal, en la medida que éste despliegue una actividad comprendida en el ámbito de la industria de la construcción.
Derechos de la persona por nacer, defensa en juicio, debido proceso, insuficiencia del agravio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sandoval, Gisela Emilse c/ Hospital, Francisco López Lima s/ amparo s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-10-15

La sentenciante omitió dar intervención en las actuaciones a la Defensoría de Menores e Incapaces, en forma previa a adoptar su decisión. Se ha privado al/a la niño/a por nacer de contar con la representación que le garantiza el art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, circunstancia que ha impedido, por consiguiente, el ejercicio de la defensa en juicio y la plena vigencia de la garantía de debido proceso, en franco desconocimiento de los derechos que la ley confiere a tales sujetos (art. 18 CN y art. 12 Convención de los Derechos del Niño), sin que las razones esgrimidas en la contestación del recurso permitan tener por justificada dicha omisión. (Voto de la Dra. Criado sin disidencia)
Competencia de la Corte Suprema, designación de conjueces, juzgados federales
Materia: PROCESAL
Carátula: Franco Paride, Pablo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1948-07-28

Habiéndose agotado la lista de conjueces para un juzgado federal, sin que alguno de ellos pueda intervenir como juez en la causa respectiva, corresponde que la Corte Suprema amplíe dicha lista con los que a ese efecto se sorteen.
Recurso de casación, constitucionalidad, fundamentación del recurso, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PENAL
Carátula: Central Térmica San Nicolás S.A. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-09

En el planteo del caso constitucional no sólo deben mencionarse las normas presuntamente infringidas, sino que debe demostrarse la conexión que ellas guarden con la materia del pleito, exigencia que no se satisface con enunciaciones genéricas no referidas a las particularidades del caso. (Minoría u opinión personal)
Ministerio de Trabajo, legitimación activa, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, resoluciones judiciales, facultades jurisdiccionales, facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad, conciliación laboral, conciliación obligatoria, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CURA, Hugo c/ FRIGORIFICO RIOSMA S.A. s/ accidente accion civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-22

El ministerio de Trabajo carece de legitimidad para apelar una resolución emanada de un Magistrado del fuero laboral que, en ejercicio de la jurisdicción plena, decidió dar intervención al SECLO en un proceso en que el actor perseguía el pago de la indemnización del art 1113 del C. Civil planteando la inconstitucionalidad de la ley 24557. Esto es así por cuanto la doctrina ha señalado que el principio de legalidad es la columna vertebral de toda actuación administrativa y porque se ha conferido al Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre todos los actos estatales.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, interpretación de la ley, doctrina de la arbitrariedad, administración de vialidad provincial, multa, interposición del recurso, efecto suspensivo, aplicación analógica de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ RUIZ, JORGE L. Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 106 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-17

Corresponde anular la sentencia recurrida toda vez que el pronunciamiento de la Sala -al considerar que para habilitar la vía del apremio es suficiente la aprobación que el Director Provincial d e Vialidad haga del acta administrativa que documenta la infracción que genera la multa- ha consagrado una solución que no puede verse como una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, por cuanto ha incurrido en una interpretación arbitraria de la ley.

Es que frente al claro texto de la ley 8530 -que establece que "la Dirección Provincial de Vialidad promoverá el cobro judicial por vía de apremio de las multas impagas por infracciones al Reglamento General de Tránsito, a cuyo efecto constituye título de ejecución el acta de infracción y la resolución del Administrador que la apruebe"- no procede el recurso a la analogía respecto de otros regímenes legales no aplicables al caso, que confieren efectos suspensivos a los recursos administrativos, pues no cabe perder de vista que la primera regla de interpretación de la ley es su letra y que ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.-
Prisión domiciliaria, asistencia médica
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Molina, Gregorio Rafael s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-26

Corresponde casar la resolución que redujo las hipótesis de concesión del beneficio fundamentadas en razones de salud, a los casos en que la privación de la libertad ponga en peligro la vida del interno, o bien cuando éste padezca una enfermedad incurable en período terminal, obviando la más amplia admisión prevista en el art. 32 ley 24.660, según ley 26.472, ya que según las categóricas y concordantes constancias médicas agregadas a la causa, sumadas a la experiencia común, resulta incontestable que el imputado podrá atender su situación en mejores condiciones si cuenta con la contención familiar, y las instalaciones y cuidados propios de la detención domiciliaria. (Dres. González Palazzo, Diez Ojeda, Hornos).
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Nosach, Juan José c/ Cervecería y Maltería Quilmes s/ Indemnización por daños y perjuicios Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-21

En aquellos casos en que la incapacidad que se reclama ha quedado consolidada con posterioridad al 1/7/96 resulta irrelevante analizar el contenido de la cláusula adicional tercera del art. 49 de la ley 24557, porque para su aplicación en tal marco temporal se encontrará derogada como el resto del articulado de la ley 24028. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Valledor, Vicente Abraham c/  s/ Queja (En: Valledor, Vicente Abraham S/ Robo agravado por el uso de arma de fuego)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-06

La queja no habrá de prosperar, puesto que no rebate lo sostenido en la denegatoria. En efecto, el análisis efectuado por el a quo se encuentra dentro de los límites del examen de admisibilidad exigido por este Cuerpo, según el cual deben desestimarse aquellos recursos que manifiestamente no puedan prosperar. Al actuar de esta manera, el tribunal no se transforma en juez de su propio fallo, sino en partícipe de la habilitación de la instancia superior. A partir del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se impidió la distinción entre aspectos de prueba y de derecho para los fines del recurso de casación. Esto ha sido cumplimentado por la Cámara en lo Criminal, pues no desechó el agravio ubicándolo simplemente en dicha primera categoría, sino que fundó su decisión en la ausencia de una crítica concreta y razonada de lo decidido. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)