Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-08


///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de febrero de dos mil trece, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Liliana E. Catucci, Eduardo R. Riggi y Mariano H. Borinsky bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor Walter Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 16.594 del registro de esta Sala, caratulada "Pérez, Juan Carlos s/recurso de casación". Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Javier De Luca, y ejerce la defensa de Juan Carlos Pérez, la defensora oficial ad hoc ante esta Cámara, doctora Brenda Palmucci.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Eduardo Rafael Riggi, doctora Liliana Elena Catucci y doctor Mariano Hernán Borinsky.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

PRIMERO:

1. Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto por la señora Fiscal subrogante Susana M. Pernas -v. fs. 594/598- contra la resolución de fecha 27 de agosto de 2012 dictada por el Tribunal Oral de Menores n° 2 de esta ciudad -v. fs. 590/591- que resolvió "I. DECLARAR EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN LA ACCIÓN PENAL en los actuados nro. 3599/3785 y 3845 (.), respecto de JUAN CARLOS PÉREZ (.) (arts. 42, 45, 59 inc. 3°, 62 inc. 2°, 63, 67, 163 inc. 6°, tercer párrafo y 167 inc. 2° y 4° -en función del art. 163 inc. 6° -todos del Código Penal-); II) SOBRESEER en consecuencia a JUAN CARLOS PÉREZ (.) (art. 361 en función del 336 inc. 1° del Código Procesal Penal de la Nación)".

2. El Tribunal a quo concedió el remedio impetrado a fs. 599, el que fue mantenido en esta instancia a fs. 603.

SEGUNDO:

En su presentación, la recurrente encauza su recurso en el motivo previsto en los artículos 456 inciso 1º y 457 del Código Procesal Penal de la Nación, invocando la aplicación de la doctrina emanada del plenario "Prinzo" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, según la cual procede la suspensión del pronunciamiento cuando el imputado hubiera sido llamado a prestar declaración indagatoria en el hecho presuntamente interruptor de la prescripción.

1. Al respecto, indica que "El hecho de que haga falta una sentencia condenatoria para considerar interrumpido el plazo de la prescripción por comisión de un nuevo delito, no significa que ante la presencia de una imputación posterior con entidad interruptiva, sin resolución, deba dictarse sin más el sobreseimiento por prescripción."	Agrega que "Para determinar si se ha operado la extinción penal, en estos casos será necesario esperar a que se dicte fallo en las causas tramitadas por los delitos que interrumpen, que inclusive podría ser el proceso único por ambos hechos si fuera procedente la acumulación."	En ese entendimiento, considera que ".puede suceder que no obstante haber sido indagado el interesado en el segundo proceso, éste continúe en trámite al momento en que el juez deba resolver la posible prescripción en el primero o, en otras palabras, que se encuentre supeditada la viabilidad de dicho beneficio a la eventual entidad interruptiva del segundo de los hechos, lo cual debe acontecer (.) cuando existe una sentencia condenatoria firme que tiene por acreditada la comisión de un nuevo delito."	Así, sostiene que "Sin dicho pronunciamiento se corre el riesgo de acceder a la extinción de la acción penal cuando aún no se hubiera descartado con certeza su responsabilidad en dicho evento, ya que puede suceder que posteriormente se arribe a un fallo condenatorio respecto del interesado, circunstancia que de haber existido antes hubiera tornado improcedente la solución primigenia, por lo que el interesado podría, de esta manera, haber burlado la acción de la justicia."	Por todo ello, solicita se case la ".resolución dictada por el Tribunal Oral de Menores Nro. 2, suspendiéndose el trámite de la prescripción de la acción penal planteada hasta tanto se resuelva la causa que el imputado Juan Carlos Pérez registra ante el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 7, para -una vez ello- decidir la cuestión en base a lo que a derecho se ajuste."	Formula reserva del caso federal.

2. Durante el término de oficina previsto por los artículos 465 primera parte y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, se presentaron el Fiscal General Javier A. De Luca y la defensas de Juan Carlos Pérez, doctoras Silvana Céspedes -Defensora Pública de Menores n° 2- y Brenda Palmucci -Defensora Pública ad hoc ante esta Cámara-.

El representante del Ministerio Público Fiscal indica que coincide con los argumentos esgrimidos por su colega de la instancia anterior, concluyendo que ".se debe interpretar que para que un hecho delictivo interrumpa la prescripción se requiere de una sentencia firme que así lo declare, pero de ningún modo que tal sentencia deba ser dictada en el plazo de prescripción del primero. Por cuanto a) ello no fue lo expresado por el legislador, b) es un supuesto de imposible aplicación práctica c) es forzar la interpretación de la norma a punto tal de volverla inoperante y d) la sentencia es solo declarativa."	Por su parte, tanto la Defensora de Menores como la doctora Palmucci se expresaron en forma coincidente al reclamar el rechazo del recurso interpuesto por la Fiscal. -v. fs. 608/611 y 612/618 respectivamente-	3. Habiéndose superado la etapa procesal prevista en el artículo 468 del ritual -conforme constancia actuarial de fs. 624-, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

TERCERO:

Que ingresando al análisis de la cuestión traída a estudio, y para una mejor comprensión del caso, consideramos oportuno recordar los hechos acaecidos en las presentes actuaciones, conforme fuera expuesto por los magistrados del tribunal a quo en la resolución impugnada.

En tal sentido, se dijo que "En relación a los actuados nro. 3599/3785 (.) conforme surge del requerimiento de elevación a juicio (.), se le imputa a Juan Carlos Pérez, la comisión del hecho acaecido el día 20 de junio de 2004, calificado por el Sr. Fiscal como constitutivo del delito de robo calificado por su comisión en lugar poblado y en banda, y por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, en grado de tentativa (.)"	Por otro lado, y "En relación a los actuados nro. 3845, conforme surge del requerimiento de elevación a juicio (.), se le imputa al mencionado, la comisión del hecho acaecido el día 19 de noviembre de 2004, calificado por el Sr. Fiscal como constitutivo del delito de hurto de automotor dejado en la vía pública (.)"	Asimismo, el tribunal a quo en la causa n° 3845, con fecha 4 de agosto de 2005, declaró responsable a Pérez como coautor del delito de hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, suspendiéndose el trámite de la causa a su respecto de conformidad a lo prescripto por el artículo 4° de la ley 22.278, en función de la ley 23.849. -v. fs. 443/445-	Oportunamente, se asentó en la resolución citada, que el Defensor Público Oficial solicitó se declare la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Juan Carlos Pérez en las causas 3599/3785 y 3845, y en consecuencia se lo sobresea -v. fs. 536 y 537-, refiriendo que si se tiene en cuenta que ".al delito por el que fuera requerida la elevación a juicio de los actuados nro. 3599/3785, le corresponde la pena máxima de seis años y ocho meses de prisión; y en función de lo estipulado por el art. 62 inc. 2° del código de fondo, desde el auto de citación a juicio (art. 354 del C.P.P.N.) de fecha 17 de mayo de 2005 (cfr. fs. 222), ha transcurrido un tiempo superior a seis años y ocho meses, sin que el curso de la prescripción se haya interrumpido, de conformidad con lo dispuesto por el art. 67 del Código Penal -Ley 25.990-, resulta evidente que la acción penal se halla extinguida por prescripción." -v. fs. 590-	De igual modo, la defensa -según lo recoge el auto recurrido- peticionó que debía resolverse en igual sentido al ".señal[ar] que al delito de hurto de automotor dejado en la vía pública por el que fuera requerida la elevación a juicio de los actuados nro. 3845, le corresponde la pena máxima de seis años, y desde el auto de citación a juicio de fecha 30 de junio de 2005 (cfr. fs. 434), ha transcurrido aquel lapso sin que surjan actos interruptivos del término de la prescripción." -v. fs. 590 vta.-	Por último, y conforme surge del certificado de antecedentes confeccionado por el Actuario obrante a fs. 553, ".Juan Carlos Pérez registra además de los presentes procesos, la causa nro. 3163 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7, iniciada el 3 de diciembre de 2008, en la cual por resolución firme de fecha 03 de julio de 2009 se suspendió a prueba a su respecto, por el plazo de un año y seis meses, y se le impuso el cumplimiento de las reglas de conducta previstas en los incs. 1° y 8° del art. 27 bis del Código Penal, habiendo sido comunicada al Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 3, donde quedó radicada bajo el legajo nro. 117.576/P, donde se encuentra en pleno trámite (cfr. fs. 588)".

CUARTO:

Sentado cuanto antecede, habremos de recordar lo sostenido por esta Sala III en las causas n° 2316 caratuladas "Grosso, Carlos A. s/recurso de casación", registro n° 690/2000 del 7/11/2000; n° 5183 "Barone, Rubén Oscar s/recurso de casación", registro n° 611/2004 del 19/10/2004; n° 5992 "Antón, Gonzalo Javier s/recurso de casación", registro n° 811/2005 del 4/10/2005; y n° 7037 "Aleart, Guillermo A. s/recurso de casación", registro n° 29/07 del 6/2/07.

En la primera oportunidad, a través del voto del doctor Gustavo Mitchell -al que adherimos los demás integrantes de esta Sala-, se sostuvo que ".la creación pretoriana de una causal de interrupción o de suspensión resulta contraria a la garantía del debido proceso legal establecida en el art. 18 de la Constitución Nacional, por lo que deviene necesario, tanto por el principio de progresividad como por el de preclusión, que reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitar que los procesos penales se prolonguen indefinidamente".

Para así resolver, se tuvo en cuenta la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del precedente publicado en Fallos 272:188, en cuanto ha dejado claramente establecido el derecho de todo imputado a obtener una resolución que dirima su situación frente a la sociedad, sin que se admitan dilaciones que prolonguen su situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal fuera de aquellos plazos ineludibles contemplados expresamente en la ley procesal; así como también, y muy en particular, los claros y expresos motivos que surgen del considerando 5°) del precedente de nuestro más alto Tribunal publicado en Fallos 322:717.

Sostuvo la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en este último precedente "Que, según lo tiene aceptado este Tribunal la declaración de la prescripción de la acción penal tiene carácter de orden público, motivo por el cual debe ser declarada de oficio (Fallos: 275:241), pues se produce de pleno derecho por el mero transcurso del plazo pertinente (Fallos: 305:1236), corre y se opera en relación a cada delito aun cuando exista concurso de ellos (Fallos: 186:281; 201:63; 202:168; 212:324 y 305:990)".	"De ahí se deriva que no se acumulen las penas a los efectos del cómputo del plazo pertinente y que éste sea independiente para cada hecho criminal, en tanto también lo sean ellos".

"Asimismo, entre sí no tienen carácter interruptivo, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado (Fallos: 312:1315, considerando 16)" -el resaltado nos pertenece-.

También se ha pronunciado al respecto la Sala I de este Tribunal en la causa n° 6168 "Raso, Eugenio Tomás s/recurso de casación", resuelta el 30/06/2005, registro n° 7807, donde afirmó que "El interrogante planteado en la presente ya ha sido zanjado por la Sala al resolver en autos "Marchant Jara, Daniel David s/rec. de casación", causa N° 4094, reg. n° 5095, del 10 de junio de 2002. En efecto, en dicho precedente se expresó que: 'A partir de la vigencia de la ley 24.050 (B.O. 07/01/92) -art. 52- la sentada en el caso 'Prinzo' ha dejado de ser doctrina plenaria de aplicación obligatoria en la justicia penal nacional, por lo menos para la resolución de las causas que, como ésta, se iniciaron posteriormente'. Así, sobre la base de ello se concluyó en que estando la causa (al igual que la de autos...) 'en pleno trámite... no es posible diferir el pronunciamiento definitivo sobre la extinción de la acción penal planteada..., haciendo prevalecer indebidamente el interés de la sociedad en la aplicación de la ley penal por sobre el derecho del individuo a que se cese en tiempo oportuno la persecución penal emprendida a su respecto'".

En este mismo sentido, se han expedido la Sala II de esta Cámara en los autos caratulados "Reyes, Dalmira A. s/recurso de casación" (resuelta el 27/8/97, registro n° 1592); la Sala IV en la causa n° 3202 caratulada "Barlett, Daniel Esteban s/recurso de casación" (resuelta el 16/09/02, registro n° 4267); y esta Sala III en las causas precedentemente citadas.

En particular, la Sala IV de esta Cámara ha dicho que cuando el artículo 67, inciso a) del Código Penal establece como causal interruptiva del curso de la prescripción de la acción penal la comisión de otro delito, se refiere a que el mismo sujeto que cometió el hecho cuya prescripción de la acción se encuentra en curso, realice una nueva actividad delictiva, declarada por una sentencia firme, puesto que de faltar este recaudo, se vulneraría el principio de inocencia (cfr. causa n° 5944 "Gorali, Diego Carlos s/recurso de casación", resuelta el 2/6/2006, registro n° 7534 de ese Tribunal).

Por último, cabe recordar lo resuelto por esta Sala en el sentido de que el curso de la prescripción no puede verse interrumpido por la comisión de los nuevos hechos presuntamente delictivos, en la medida que respecto de éstos no se cuenta aún con sentencia firme que así lo declare (cfr. causa n° 7094 "Yunez, Carlos Alberto s/recurso de casación", resuelta el 20/12/2006).

Por todo lo expuesto, propiciamos al acuerdo y votamos por: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal, SIN COSTAS (arts. 456 incisos 1° y 2°, 470 y 471 ambos a contrario sensu y 532 del Código Procesal Penal de la Nación).

Tal es nuestro voto.

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci dijo:

He de adherir a la solución propuesta por el doctor Riggi por ser coincidente con la postura que he sostenido como integrante de la Sala I de esta Cámara en las causas n° 5911 "Barone, Eduardo s/recurso de casación" reg. n° 7589 del 15 de abril de 2005.

Por ende comparto la solución anticipada por mi colega de rechazar, sin costas, el recurso del representante del Ministerio Público Fiscal.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

Por compartir en lo sustancial los fundamentos del voto del distinguido colega que lidera el presente acuerdo (que ya cuenta con la adhesión de la doctora Catucci), adhiero a la solución que propicia, sin costas (artículos 530 y 532 del C.P.P.N.).

Por ello, en mérito al Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal, SIN COSTAS (arts. 456 incisos 1° y 2°, 470 y 471 ambos a contrario sensu, 530 y 532 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al tribunal del origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: Walter Daniel Magnone. Prosecretario de Cámara.