Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2002-11-06


Ushuaia, 6 de noviembre de 2.002.

VISTOS: los autos caratulados "Trujillo Nores, Juana s/ Sucesión Ab Intestato s/ Recurso de Queja" Expte. Nº 519/02 de la Secretaría de Recursos;

RESULTANDO I.	Frente al pedido de la Provincia de Tierra del Fuego en el sentido de excluir cierto bien del patrimonio a transmitir en la presente sucesión, quien se presenta como heredero, Daniel Jorge Bunader, se opone a ello. En ese sentido denuncia que se habría incurrido en estafa procesal; que la actio iudicati prescribió, en tanto nunca se logró ejecutar la sentencia según la cual la estancia "El Carmen" dejaba de ser de propiedad de Salomon Bunader (fs. 26/32).

II.	En primera instancia se resolvió: a) rechazar la prescripción opuesta por Daniel Jorge Bunader, por juzgarse que hubo numerosos actos interruptivos y b) no tratar el planteo de estafa procesal por considerarse que ello, de haber sucedido, no afectó estos autos, sino la causa "Dobronic, Estanislao c/ Herederos de Salomon Bunader s/ Disolución de Sociedad" (fs. 35/38).

III.	El heredero dedujo recurso de apelación sobre las siguientes bases: a) el a quo debió analizar si hubo o no estafa procesal. Sobre el punto sostiene que el proceso citado en el punto anterior resultó atraído por la presente sucesión, aún cuando se encuentre en etapa de ejecución de sentencia; b) el a quo debió sentenciar sobre: 1) el planteo referido a su condición de ser menor de edad a la época del desarrollo de la causa "Dobronic", y que en ese expediente debía actuar el asesor de menores; 2) el argumento relativo a que no debe inscribirse el inmueble a nombre de la Provincia, pues lo resuelto discurre por mandar liquidar la sociedad y 3) que, de esa manera, se violó la cosa juzgada; c) el único acto interruptivo de la prescripción reside en la intervención de la Cámara de Apelaciones de 1984; a la hora de hacerse presente la Provincia en estos obrados (1994), la prescripción ya había operado (fs. 39/47).

IV.	La Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de la Provincia dictó sentencia expresando:

1) El primer agravio de la apelación -individualizado como punto III.a. precedente- constituyó crítica insuficiente;

2) En cuanto a la presunta ausencia del asesor de menores en el expediente "Dobronic", se dice que no fue así y que Daniel Jorge Bunader intervino, siendo mayor de edad, dando poder al Dr. Wittauss y a la Dra. Chamorro Alaman;

3) La sentencia se pronunció en el sentido de haber perdido el dominio sobre la estancia "El Carmen" el anterior dueño, disponiendo liquidar la sociedad. Acerca de la prescripción se dice que fue extemporánea, porque debió oponerse en la primera oportunidad. Además, por ser de nulidad absoluta la sociedad, la acción dirigida a obtener esa declaración es imprescriptible;

4) Finalmente, se llama la atención del Dr. De la Puente (fs. 71/75).

V.	Jorge Daniel Bunader interpuso recurso extraordinario de casación expresando los siguientes agravios:

1) Su apelación en lo concerniente al primer agravio de la apelación fue suficiente. En este orden de ideas cita jurisprudencia conforme a la cual, si el agravio cuenta con una mínima fundamentación, no puede el tribunal declarar desierto el recurso. Por haber omitido tratar el tema, pide se anule el fallo.

2) Expone que nunca tuvo contacto con la causa "Dobronic" y que, el asesor de menores, debió intervenir en todo el juicio;

3) Expresa que los sentenciantes no se pronunciaron respecto del agravio relativo a la pretensión de la Provincia de convertirse en titular dominial del bien raíz de que se trata. En este aspecto recuerda que la sentencia dictada en el expediente "Dobronic" mandó liquidar la sociedad, no inscribir el inmueble a nombre de la Provincia. La sentencia tampoco dijo nada sobre la remisión de los antecedentes a la justicia penal;

4) La defensa de prescripción debía hacerse en estos autos, atento la postura asumida por el Sr. Fiscal de Estado. Pone de resalto que la sentencia no trató su queja relativa a la ausencia de actos interruptivos de la prescripción de la actio iudicati;

5) La sentencia es nula por la incapacidad mental de uno de sus firmantes, el Dr. Ricca, quien dijo públicamente tener una opinión desfavorable sobre los abogados del foro; de otro lado, expresa que la Dra. Martin no hizo ninguna consideración propia;

6) El tribunal de segunda instancia se integró de manera irregular, pues según la Constitución la Cámara de Apelaciones debe constituirse con tres (3) miembros;

7) Las expresiones del escrito de apelación deben atribuirse a la parte y, por ello, no cabe sancionar al Dr. De la Puente (fs. 76/89).

VI.	La Cámara de Apelaciones concedió el recurso de casación sólo en los siguientes aspectos: respecto del primer agravio; el tercer agravio, en tanto entiende infringido el art. 3962 del Cód. Civil; y el sexto agravio.

Lo denegó, en cambio, respecto del segundo, tercer y quinto agravio, por ser insuficientes; juzgó también insuficiente el relativo a la prescripción; y, acerca del séptimo, consideró que la parte carece de legitimación (fs. 134/136).

VII.	El heredero esgrimió recurso de queja en los siguientes términos:

a) Por un lado se deniega el tercer agravio y, por el otro, se concede la casación referida a la prescripción; en el caso, hubo contradicción;

b) Nada dijo del cuarto agravio;

c) En cuanto al segundo agravio de la casación vuelve a atacar la sentencia de segunda instancia expresando que el asesor de menores debía actuar en todo el juicio;

d) En lo tocante al tercer agravio insiste sobre la imposibilidad de que la Provincia se transforme en titular del inmueble, pues la sentencia dispuso liquidar la sociedad y no transferir su dominio al Estado; de tal modo, se habría violado la cosa juzgada. No se expidió en relación a remitir los antecedentes a la justicia penal, a tenor de las maniobras en que habría incurrido la Provincia;

e) Se equivoca la Cámara de Apelaciones en cuanto afirma que la prescripción debió plantearse en la causa "Dobronic". No examina el agravio relativo a la falta de actos interruptivos de la prescripción;

f) La postura del Dr. Ricca es insuficiente para fundar el fallo, y lo propio puede postularse respecto de lo expresado por la Dra. Martin;

g) Insiste que lo manifestado en el escrito de apelación debe ser atribuído a su parte, y no a su letrado, a quien se lo sancionara. La presunta falta de legitimación es demostrativa del odio del Dr. Ricca hacia los letrados de la Provincia, habiendo encontrado complicidad de parte de la Dra. Martin;

h) Se ha dado claro cumplimiento al art. 290.1. del CPCCLRyM, pues se dejó sentado la figura jurídica involucrada (fs. 137/148).

VII.	El Ministerio Fiscal en su dictamen se pronuncia por la nulidad del fallo de segunda instancia, por carecer de voto individual (ver fs. 170).

CONSIDERANDO I.	Realizado el estudio de estos autos, en conformidad a lo dispuesto por los arts. 294 y 181 CPCCLRyM, de las conclusiones a que arribaran los miembros del Tribunal surge que el decisorio no ha de ser de aquéllos que pongan fin a este proceso (art. 178 CPCCLRyM), por lo que cabe que el fallo se dicte en forma impersonal (art. 175.2. in fine CPCCLRyM).

II.	Tiene dicho este Superior Tribunal:" Previo a examinar la admisibilidad formal y procedencia material de los agravios con que la defensa impugna la sentencia dictada en autos, corresponde evaluar su validez bajo el prisma de las normas contenidas en la Constitución Nacional y Provincial. Así lo ha establecido este Tribunal en reiteradas oportunidades al declarar de oficio la nulidad del pronunciamiento recurrido en virtud de oponerse al mandato emanado del art. 152 de la Ley Fundamental local (ver, por todos, la opinión mayoritaria en "Zabala, Juan Norberto y otros c/ Dycasa - Techint - Yglis U.T.E. s/ Indemnización Despido Agravado" -expte. nº 97/96 SR del 16.12.96, Libro II, fº 481/486-; y la decisión unánime dictada en los autos "Cabrera, Jorge Ramón c/ Policía de la Pcia. o Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego s/ Nulidad acto administrativo" -expte. nº 136/96 SR del 21.03.97, Libro III, fº 69/72- y sus citas)." (ver autos "MERAYO NÚÑEZ, Leopoldo Dante s/ Defraudación a la administración pública a través de abuso de firma en blanco", expte. nº 350/99 STJ-SR, sentencia del 23 de febrero de 2000, registrada en el Tº VI, Fº 41/45).

Tal criterio, que compartimos, fuerza a examinar de manera prioritaria la validez de la sentencia que fuera atacada mediante recurso de casación pues, su admisibilidad o procedencia formal -o la falta de ella-, no es óbice para realizar tal examen.

III.	En el sub lite la nota de definitividad se encuentra configurada por la circunstancia de haberse debatido oportunamente cuestiones de hecho y de derecho, y se resolvió excluir la estancia "La Carmen" del haber hereditario en base a las interpretaciones de los sentenciantes. Esta situación obviamente obsta su reedición en un juicio de conocimiento posterior, radicando allí su carácter definitivo.

Desde tal óptica, la decisión de la Alzada, aún cuando no apareje la extinción de la litis o torne imposible su continuación, resulta equiparable a definitiva, como inclusive fue considerado al tratar la admisibilidad del recurso de casación.

IV.	Por otra parte cabe puntualizar que es doctrina constante del Tribunal que "en materia de remedios extraordinarios el concepto de sentencia definitiva está referido a la irreparabilidad del perjuicio (Alsina, Derecho Procesal civil, citado por Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, L.E.P., ed. 1991, pág.. 389)". Por ello resulta decisivo, a los fines de delinear el concepto de definitividad, los efectos que produce la resolución, es decir, si el impugnante cuenta con otra vía jurídica para reparar su agravio, pues en tal caso el remedio extraordinario -en principio- se encontraría vedado.

Este criterio, con acierto sostiene Hitters, debe ser manejado con la debida prudencia y razonabilidad, pues, "...si el camino pergeñado por la ley adjetiva es muy tortuoso, y si se presume que en caso de ser utilizado por el damnificado la solución sería tardía, en esas situaciones de excepción el fallo aunque por su contenido no sea definitivo, produce el efecto de tal." -ob.cit. pág.. 390-.(res. del 30.06.98 en los autos caratulados "AGENTE FISCAL Dr. Guillermo Massimi s/ Denuncia s/ Recurso de queja por casación denegada interpuesto por el Sr. Ernesto Löffler", expte. Nº 607/98 SDO, "AGENTE FISCAL Dr. Guillermo Massimi s/ Denuncia s/ Recurso de queja por casación denegada interpuesto por el Sr. Ruggero Preto", expte. Nº 606/98 res. del 08.07.98); repitiendo el criterio sentado en la causa "Dirección de Fiscalización Sanitaria - zona 2 S/ Denuncia S/ Recurso de Queja" expediente Nº 512/97 SDO, resolución del 23.02.98 y "Fiscalía de Estado S/ Denuncia Inf. art. 174 inc.5º del CP S/ Recurso de Queja por Casación denegada, interpuesto por el Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Sur" expte.Nº 513/97, entre muchos otros).

Ello así, establecido que lo resuelto por el a quo es equiparable a sentencia definitiva, corresponde analizar si la sentencia es, o no, írrita a la Constitución.

V.	Este Tribunal tiene dicho (Res. Reg. Fº 10/12, Año 1994 STJ-SDO; Sent. Reg Tº I, Fº 2/18 STJ-SR; Sent. Reg. Tº I, Fº 21/23 STJ-SR) que los decisorios que ponen fin a la litis, sea por resolver el objeto sobre el cual se trabó o por acoger el planteo de alguna circunstancia con virtualidad extintiva del proceso, exigen el voto fundado de cada juez, conforme la cláusula 152 de la Constitución de la Provincia. En aquellos precedentes, recordó conceptos liminares: "La expresión sentencia tiene por lo menos tres significados. En uno muy amplio indica la resolución del juez, cualquier tipo de resolución. En uno más restringido, se llama sentencia a la decisión del juez en las resoluciones que ponen fin a un proceso..." ("Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Enrique M. Falcon, t. II, pág. 136, Abeledo Perrot, 1988).

El concepto de "sentencia definitiva", no obstante, es aún más amplio pues "Las resoluciones dictadas con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia definitiva son, sin embargo, equiparables a ésta y susceptibles, por lo tanto del REF, en el caso de que ocasionen un gravamen irreparable" ("El Recurso Extraordinario Federal", Lino Enrique Palacio, pág. 84, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992). Un poco más adelante agrega el ilustre autor citado que de "la abundante jurisprudencia elaborada por la CS acerca de este tema puede inferirse que el gravamen irreparable resulta fundamentalmente configurado ante las siguientes situaciones: 1º) la ausencia de otra oportunidad procesal útil para obtener el amparo del derecho de que se trate,..." (ob. cit., misma página).

En el caso, ya fue examinado por el Tribunal el caracter definitivo de la decisión de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones, conforme a los argumentos expuestos en las consideraciones anteriores.	VI.	El recurrente no puso en tela de juicio la validez del fallo por esta causa, sin embargo debe tenerse en cuenta que "... debe ser tratada de oficio por el Tribunal por la trascendencia institucional que reviste un acto que se opone expresamente a una cláusula de la Constitución provincial, máxime cuando no juega en el caso el límite del self restraint, desde que no existe valoración de actos de otros poderes, pues sólo significa la nulidificación de un acto procesal, y por ende del propio poder (ver autos "SOTOMAYOR Daniel c/ Cooperativa Eléctrica s/ Daños y Perjuicios", expte. Nº 85/96 SR, sent. del 07.11.96).

Debe señalarse, por lo demás, que el Sr. Fiscal ante este Tribunal ha propuesto la anulación del fallo.

VII.	En autos la Cámara de Apelaciones dictó su fallo de manera impersonal -fs. 71/75- cuando ello sólo es posible en los supuestos en los cuales la decisión no tenga fuerza de definitiva (art. 175.2., in fine, CPCCLRyM). Como quedó establecido ello no sucede en el sub lite, habida cuenta que lo resuelto por el A quo impone una solución que impide al peticionante replantear su pretensión ocasionando, así, un gravámen insusceptible de ser reparado ulteriormente. La cuestión aquí traída a conocimiento del Tribunal es, por ello, definitiva.

Al respecto el Tribunal, en su actual integración, coincide con la postura sostenida por el Sr. Juez González Godoy en los autos "Banco Provincia de Tierra del Fuego c/ Oliveira, Hugo Ismael y Pavlov, Norberto Luis s/ Acción simulación", expte. Nro. 393/00 STJ-SR. -sentencia del 14 de julio de 2000, registrada en el Tº VI, Fº 524/528-, entre otros. Expresó allí el citado magistrado:

"En ocasión de dictaminar como Fiscal ante este Cuerpo en la causa Nº58 ("Gerlos Mabel Beatriz y Xamena Liliana Amanda c/Poder Ejecutivo de la Provincia s/Recurso de amparo"), señalé que el artículo 152 de la Constitución Provincial sanciona con la nulidad a las sentencias que carecen del voto individual de los Jueces y que el artículo 178 del CPCCLR Y M, recogiendo aquella norma en la regulación de los procesos civiles, dispone que en los tribunales colegiados las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales se dictarán con el voto fundado de cada uno de sus integrantes.

También dije que la Constitución se refiere a todas las sentencias que ponen fin a la litis, sea por resolver el objeto sobre el cual se trabó o por acoger el planteo de alguna circunstancia con virtualidad extintiva del proceso, según lo había interpretado el Superior Tribunal en los precedentes registrados bajo los números Reg. Fº 10/12 año 1994 SDO y Fº 2/18 Tº I año 1995 SR.

"(...) Concluyo, como el ponente, que la sentencia que origina el recurso que nos ocupa provoca un gravámen irreparable, en los términos que lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de modo que el voto personal de cada juez resulta indeficiente condición de validez del pronunciamiento, conforme el precepto constitucional aludido al comienzo y a los arts. 178 y 189 CPCCLR Y M.. Ello, destaco, por tratarse en la especie de sentencia definitiva dictada en forma impersonal (ver en este sentido Narciso J. Lugones y Sergio O. Dugo, "Casación Penal y Recurso Extraordinario", en nota 1289 al pie de la pág.390, cita del fallo de la SCJBA en la causa P.33.017 del 18/5/84, que en su parte pertinente reza: "...la formalidad del acuerdo es requisito esencial para la validez del fallo, pues sin él no se puede considerar cumplida la disposición constitucional que impone la exigencia del acuerdo previo y voto individual de los jueces, a fin de dejar establecida la mayoría de opiniones que determinará su sentencia definitiva, por lo cual la omisión acarrea la nulidad, como ocurre cuando ha sido dictada en forma impersonal. El acuerdo es la base y el fundamento legal de la sentencia, es parte integrante de ella y sin que la preceda o contenga los fundamentos del voto individual de cada juez (todo lo cual constituirá su opinión, y el conjunto de la suministrada por todos los vocales será la motivación del pronunciamiento) no se puede entender que haya fallo válido"). "Distinto criterio he adoptado y mantengo (ver mis votos en las causas "D'Alessandro, Zulema c/Vieytes SACIF s/daños y perjuicios", del 3/10/96 y "Sotomayor, Daniel c/Cooperativa Eléctrica s/daños y Perjuicios", del 5/11/96), acerca de la validez del voto de adhesión. La SCJBA se ha pronunciado en forma concordante con esta postura al señalar que "También se ha sostenido que no existe voto individual del juez, en sentido constitucional, si ante la disidencia existente, el tercer integrante del tribunal no fundó individualmente su opinión, ni se adhirió a la motivación de alguno de los jueces preopinantes, ateniéndose simplemente a expresar su voto `por la afirmativa' (causa P.34.778, del 27/2/87). Empero, las simples adhesiones formuladas por dos de los jueces del tribunal colegiado al primer voto, constituyen emisión de opinión en sentido constitucional, pues la votación no está condicionada a forma alguna que excluya tal simple adhesión, cuyo claro sentido es el de emitir opinión idéntica a la contenida en el voto al cual se adhiere (causa P.36.965, del 2/8/88); consecuentemente no es nula la sentencia en que los jueces de los tribunales colegiados que se suceden en la votación no expresan in extenso sus fundamentos, limitándose a adherirse al voto del juez que los precedió, por concordar con los dados por éste (causa P.44.280, del 13/8/91)." (ver Lugones y Dugo "Casación Penal y Recurso Extraordinario", continuación de la nota 1289 antes citada, en pág.391).".

Compartimos en su totalidad los fundamentos desarrollados; si el tema debatido en autos constituye sentencia equiparable a definitiva, en virtud del mandato del art. 152 de la Constitución de la Provincia, los jueces que componen un tribunal colegiado no pueden emitir su pronunciamiento de manera impersonal, debiendo cumplir los pasos necesarios para hacer efectivo el acuerdo. Pero, debe destacarse, distinto es el resultado de haber habido voto individual, bien que expresado mediante simple adhesión, porque esta adhesión no transgrede la disposición constitucional citada.

VIII.	Acerca de la validez del voto de adhesión, es conveniente recordar también las consideraciones vertidas por el juez ya mencionado en los autos "Banco de la Provincia de Santa Cruz c/Crespo, Adolfo Bernardo, Weis, Héctor Enrique y Alioto, Carlos Alberto s/ejecutivo", expediente Nº 139/96 SR. -sentencia del 17 de abril de 1997, registrada en el Tº III, Fº 129/139- en donde dejó sentado:

"Dije entonces que el art. 152 de la Constitución de la Provincia prescribe que en los tribunales colegiados cada integrante debe fundar su voto. Descarta así la posibilidad de que el fallo definitivo sea redactado de modo impersonal, pero en mi criterio no impide el voto de adhesión. Del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente se desprende que el convencional Dr. Martinelli dijo que " habíamos querido hacer un especial hincapié para que quedara en la Constitución que las votaciones fueran nominales y no que saliera una sentencia en la que aparece -digamos- diluida la opinión de cada uno de sus integrantes" (Tomo II pág.997). Si bien esa frase deja algunas dudas en torno al alcance que entonces se le atribuyó al adjetivo "nominales", la interpretación que les mereció a los legisladores que dictaron el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minas, fue la de haber sido utilizado como antónimo de "impersonal", atento a lo que surge de los art. 175.2 y 178 de dicho Código, cuyo texto plasma reglamentariamente los principios básicos contenidos en la carta fundamental de esta provincia, en lo que a la materia procesal atañe.

"En verdad, más allá de la conveniencia de que los buenos jueces eviten la remisión sistemática, superficial y rutinaria a los fundamentos formulados en otros votos, creo que tal abuso no trae aparejada necesariamente la nulidad del pronunciamiento, pues según lo ha declarado la Corte Suprema Nacional "lo que realmente interesa es la argumentación acogida por el juzgador, en su objetividad" (Corte Suprema Nacional 25/03/75, "Uspallata S.C.A s/ quiebra" en La ley 1975 - B, pág. 452). Y lo objetivo, válido y eficaz en el acto jurisdiccional reside en el mandato o declaración del derecho que emana de la sentencia y de sus fundamentos esenciales, cuyo acierto y/o eventual impugnación no depende de que su exposición provenga de uno, de dos o de tres o mas votos.

"Amén de ello de acuerdo con el art. 47.1 y 47.2 CPCCLRyM "Los Tribunales Colegiados actuarán en dicha forma en todo el proceso; las delegaciones solo serán las expresamente establecidas por la ley y en ningún caso se referirán al diligenciamiento de la prueba. En la deliberación y adopción de sus decisiones, regirá en su máxima aplicación el principio colegiado. La deliberación será efectiva y no se limitará a la simple emisión del voto". Esto significa que se confiere primordial importancia a la labor de conjunto del tribunal, inclusive al análisis y discusión del caso en las reuniones que los magistrados realizan luego del estudio del expediente y previamente a la suscripción del documento que instrumenta la sentencia, para lo cual disponen de los plazos fijados en el art. 180 CPCCLRyM. Por lo tanto acaso resultaría excesivo que tras haber acordado sobre el sentido y las motivaciones de la decisión, éstas tengan ineludiblemente que reiterarse en las sucesivas ponencias cuando no median discrepancias sustanciales con el primer voto, en el que supuestamente se recogen los argumentos centrales ponderados en el cónclave recién aludido.

"De lo expuesto también se sigue que no cabe deducir que faltó la deliberación porque se han vertido votos de adhesión en la sentencia en recurso." Resulta en verdad un exceso obligar a los jueces que intervienen en un tribunal colegiado a que, luego de haber acordado el sentido de la decisión y las razones que la justifican, expongan cada uno, por separado, los mismos motivos que han de derivar en el fallo. Ello puede ser fruto de la voluntad de los decidentes, quienes tienen la posibilidad de fundar su propio voto conforme al contenido que entienden más adecuado; pero, no cabe hesitar, no pueden verse precisados a realizar un ejercicio que sólo ha de servir para engrosar la sentencia.

"Se suele censurar el exceso de votos de adhesión que se observa en la práctica, pensando de esta manera que la sentencia de los tribunales se prepara mecánicamente. Sin embargo, el procedimiento es elástico, toda vez que observado el voto del vocal preopinante en alguna de las cuestiones, es común que se modifique en todo o en parte a consecuencia de las distintas opiniones vertidas sobre ellas. No de otra forma debe trabajar un tribunal colegiado, sino sobre la base de una consulta constante, en particular sobre los temas de derecho opinables y en constante evolución. Ello conduce, en ciertos casos, al juez que vota en primer término, a requerir de los demás magistrados su opinión sobre aspectos que su oficio profesional le hacen ver como discutibles." ("Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Fenochietto - Arazi, tomo 1, pág. 950, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993).

La opinión transcripta pone de relieve el verdadero funcionamiento, o el que cabe esperar, de los tribunales constituidos en colegio. No constituye ventaja de tales tribunales la multiplicación de argumentos expresados de forma distinta, de modo tal que la sentencia, para decidir una cuestión, concluya con repeticiones carentes de interés. El beneficio primordial de una sentencia resultante del estudio y decisión de varios magistrados es bien distinto, es la sumatoria de la percepción y experiencia de aquéllos llamados a resolver la causa. No es la cantidad, sino la calidad, lo que cabe esperar del desempeño de un tribunal colegiado.

IX.	Por tales motivos, procede decretar la nulidad de la sentencia en crisis y, por ello, remitir nuevamente la causa a los fines del dictado de la sentencia pertinente (art. 295.2. del CPCCLRyM). Sin costas, atento a que la nulidad por este motivo no fue sostenida y que, la causa de la nulidad que aquí ha de decretarse, importa un examen anterior a las razones esgrimidas por el recurrente.

Por todo ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA	RESUELVE:

1º.	DECLARAR la nulidad de la sentencia de fs. 71/75. Sin costas en esta instancia.

2º.-	AGREGAR copia certificada de la presente en los autos principales, haciendo saber a la Cámara de Apelaciones lo aquí resuelto para que, previa integración, dicte un nuevo pronunciamiento. Consentida la presente, remítase el expediente principal a la Cámara de Apelaciones.

3º.- MANDAR se registre, notifique y cumpla.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la restante vocalía de este Tribunal y hallarse consentida su integración.

Fdo. Ricardo J. Klass - Mario A. Robbio Secretario: Jorge P. Tenaillon Tº VIII, Fº 635/641