Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-07-07


SENT Nº 486 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Siete (07) de Julio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Antonio Gandur -por encontrarse excusado el doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: ?Milhem Hermanos S.H. vs. Provincia de Tucumán s/ Nulidad/Revocación?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La Provincia de Tucumán -parte demandada en autos plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 843 del 19 de noviembre de 2009 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I corriente a fs. 518/520 de autos (cfr. fs. 527/546 vta.), que es concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 24-11-2010 (cfr. fs. 574 y vta.) habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC) norma ésta de aplicación, por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de este Tribunal Cimero local, la de revisar si el recurso ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a su admisibilidad.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 522 y 546 vta.); se dio cumplimiento con el depósito exigido por el artículo 755 del CPCC (cfr. fs. 526); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrinas legales; la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho; y, finalmente, aunque la sentencia atacada no es definitiva (en cuanto no se pronuncia sobre la pretensión) ni equiparable a tal (porque versando sobre una cuestión incidental, no pone fin al pleito ni impide su continuación) -todo ello de conformidad a las previsiones locales del artículo 748 inciso 1º del CPCC-, considero que en el sub lite concurre el supuesto excepcional de gravedad institucional en la medida que la materia en discusión de alguna manera incide sobre la buena marcha de las instituciones, la recaudación de los recursos públicos y el adecuado servicio de justicia aspectos éstos esenciales para el normal desenvolvimiento de la comunidad toda.

Por tal motivo, el recurso en examen es admisible.

En consecuencia, esta Corte Suprema de Justicia provincial queda habilitada su competencia jurisdiccional para adentrarse en el análisis de la procedencia de la vía impugnativa extraordinaria local de marras.

III.- Sostiene la recurrente que el fallo cuestionado tiene, como principal argumento, la derogación del artículo 144 del Código Tributario de la Provincia (en adelante CTP) -según Ley Nº 5.121-, en virtud de la entrada en vigencia del artículo 90 del CPA, argumento que, a mi entender, es falso.

En efecto; arguye que el CPA y el CTP constituyen ordenamientos que, aunque vinculados, guardan recíproca independencia por instituir sistemas con pretensiones de autonomía respecto de la regulación de la ?actividad administrativa?.

Añade que el hecho que la ?actividad administrativa? pueda estar regulada por dos códigos distintos no conlleva que el CTP sea una especie de ley administrativa a los fines del artículo 90 del CPA, toda vez que el ordenamiento establecido en el CTP acusa la especificidad de una materia que, como la tributaria, se forjó un propio camino separado de la ?actividad administrativa? propiamente dicha.

A criterio de la accionada, la entrada en vigencia del CPA no menoscabó la vigencia del CTP que, con relación a aquél, constituye una norma de contenido específico -?ley especial? conforme al artículo 12 del CPA- que no se puede reputar derogada por el sólo hecho de la entrada en vigencia de una nueva ?ley general?.

De allí, alega, que se ha conculcado el postulado hermenéutico que si bien, la ley especial deroga a la general anterior, la ley general no deroga a la ley especial anterior; carácter que investiría el CTP frente al CPA constituyendo, ambas, regulaciones distintas de la ?actividad administrativa?: una general -el CPA- y una especial y específica -el CTP-. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su posición.

En esta misma perspectiva insiste que el CTP no es una ?ley administrativa? a los fines de la segunda parte del artículo 90 del CPA. A su entender, esta normativa no incluye al régimen instituido por el CTP pues, si bien no es dudoso que la actividad regulada en este último ordenamiento legal constituye ?actividad administrativa?, empero no se trata de la ?ley administrativa? a que refiere el precitado artículo 90 del CPA.

Resalta que tanto el CPA como la Ley Orgánica de Tribunales prevén la posibilidad que existan regulaciones diversas entre la ?materia administrativa? estrictamente tal y la ?materia administrativa-tributaria?, por cuanto cada una de ellas puede establecer su régimen de agotamiento de la vía administrativa previa (cfr. artículo 12 del CPA), su plazo de caducidad de la acción, como requisito de la demanda contencioso administrativa pertinente, entre otras manifestaciones.

Desde otra óptica aduce que el Tribunal incurre en autocontradicción al estimar derogado un artículo del CTP al que luego el mismo órgano judicial reputa modificado por una ley posterior, siendo que el ordenamiento jurídico no admite modificaciones sino de normas que se encuentran en vigencia, puesto que las normas derogadas no se modifican porque ya no forman parte del ordenamiento jurídico.

Arguye que la sentencia sugiere consecuencias distintas para la vigencia del artículo 144 del CTP según cuál sea la versión de dicho ordenamiento que pudiere ser invocada por el excepcionante; esto es, afirma, permite tener por derogado o vigente un plazo de caducidad de la acción distinto del previsto en el artículo 9 del CPA, conforme sea la versión aplicable del CTP.

IV.1.- Para la recta composición de la litis debe tomarse, como punto de partida, el hecho que la recurrente no ha cuestionado los fundamentos que dan sustento jurídico al presupuesto argumental de la sentencia en crisis. En otras palabras, que el artículo 144 del Código Tributario de la Provincia (en adelante CTP) en su texto resultante de su redacción anterior a la sancionada por la Ley Nº 7.720, es el que debe ser confrontado con las normas pertinentes (artículos 9 y 90) del CPA, a fin de establecer cuál es el verdadero plazo de caducidad que rige el caso de autos.

No existe ninguna consideración de la recurrente respecto de las apreciaciaciones de la Cámara en este sentido; antes bien, de fs. 531 vta., 532 y vta. del escrito recursivo se infiere su conformidad con tal punto de arranque de la sentencia en crisis.

A partir de esta premisa, corresponde señalar que para el Tribunal de grado, el plazo de caducidad de 10 días previsto en el artículo 144 del CPT -antes de su sustitución por la Ley Nº 7.720- no era aplicable, sino el de 90 días consagrado en el artículo 9 del CPA.

En tal sentido, expresó: ?De lo dicho, se torna claro que los plazos de caducidad quedaron unificados en 90 días al momento de entrada en vigencia del CPA.

Ergo, el plazo de caducidad previsto en el artículo 144 de la Ley 5.121 -antes de la reforma operada mediante Ley 7.720- resultó derogado en virtud del juego que suponen las normas de los artículos 9 y 90 del CPA, y en consecuencia, esta última ley no aprehende el caso de autos? (cfr. fs. 519 vta.).

Contrariamente, para la agraviada, el plazo de caducidad del CTP es el aplicable al sub iudice, por no haber sido derogado por el CPA., por los argumentos desarrollados en el acápite anterior.

Ahora bien; desde mi punto de vista, la recurrente edificó su crítica centrándose esencialmente en el segundo párrafo del artículo 90 del CPA, olvidándose indebidamente de lo prescrito en su primera parte, que decía: ?Derógase toda disposición que se oponga a lo previsto en este código, trátese de normas generales o especiales.? Cabe aclarar que, si bien la Ley Nº 8.240 (BO del 11-01-2010) suprimió esta primera parte de la norma en análisis, no cabe duda que a la luz de su contenido debe resolverse el caso de autos toda vez que no resulta discutible su vigencia, no sólo al momento en que sucedieron los hechos (específicamente, en la oportunidad temporal de incoar la demanda judicial, lo que se verificó en el año 2006) sino también a la fecha del dictado de la sentencia en crisis (setiembre de 2009); contingencias ambas acaecidas con mucha anterioridad a la fecha de la sanción de la Ley Nº 8.240 y de su entrada en vigencia.

Todo ello, sin perjuicio de la ultractividad que es dable pregonar del texto en cuestión, en mérito a la interpretación ??recaerá 'actualmente' (en el caso concreto) sobre una norma del pasado (derogada) que se hará 'presente' ahora por los efectos que surtió cuando fue aplicada durante su vigencia? (cfr. Bidart Campos, German J.: ?La interpretación y el Control Constitucionales en la Jurisdicción Constitucional?, págs. 252/253).

Por lo tanto, cuando la primera parte del artículo 90 de dicho digesto establece de manera categórica que queda derogada ?toda? disposición que se oponga a lo previsto en ese código, bien sea que se trate de normas generales o ?especiales? (como lo es, en la posición de la demandada, el CTP), con idéntica claridad está determinando que se encuentra derogado el plazo de caducidad de 10 días previsto en el artículo 144 del CTP -en su redacción anterior a la brindada por la Ley Nº 7.720- rigiendo, en consecuencia, el plazo de 90 días hábiles judiciales.

Por tal motivo deviene ociosa y, como tal, estéril la discusión acerca de la correcta hermenéutica que es dable atribuir a lo consignado en la segunda parte de la aludida norma (artículo 90 CPA), habida cuenta que lo prescrito en su primera parte resulta dirimente de la cuestión traída a Resolución de este Superior Tribunal de Justicia.

Pero, para el hipotético supuesto que alguna duda quedara sobre el particular, el último párrafo del artículo 91 de aquel ordenamiento administrativo la despeja con meridiana claridad al dejar sentado que ?En todos los casos que este código otorgue plazos más amplios para la realización de actos procesales, se aplicarán éstos aún a los juicios anteriores a su entrada en vigencia?.

Las precedentes consideraciones por sí mismas, revisten, a mi criterio, cabal suficiencia para legitimar la conclusión que infirió el Tribunal A quo. IV.2.- Con la prevención explanada en el punto precente, abordaré el otro tópico introducido por la recurrente. Me refiero particularmente al argumento que no se pudo haber modificado mediante la Ley Nº 7.720 una norma que no se encontraba vigente.

Al respecto (y aún descartando la existencia de inadvertencia del Legislador en el punto), considero que dicho planteo carece de idoneidad para demostrar que el plazo de caducidad de la acción aplicable en la especie era el de 10 días del artículo 144 del CTP y no el de 90 días del CPA, sobre la base de la explicación que continuación expongo.

El artículo 1º apartado 57 de la Ley Nº 7.720 (BO del 20-4-2006) estableció lo siguiente: ?Sustituir el Articulo 144, por el siguiente: 'Justicia Provincial. Solve et repete. Art. 144.- Contra las decisiones definitivas del Tribunal Fiscal, podrá interponerse la demanda correspondiente ante la Cámara Contencioso Administrativo dentro de los quince (15) días contados desde la notificación.

Será requisito previo para que el contribuyente o responsable pueda promover demanda, el pago de las obligaciones tributarias en concepto de tributos y actualizaciones. No será exigible el previo pago en el supuesto de que se recurra la imposición de multas y recargos.? Lo único que se colige de la lectura de esta norma es que vino a ?sustituir? (con un nuevo texto) el antiguo artículo 144 del CTP, lo que no significa que el texto ?sustituido? fuera aquél que preveía el plazo de 10 días de caducidad -como se sigue del argumento de la recurrente que no resulta lógico tener por modificado una norma no vigente.

Y afirmo esto porque al ?sustituir? la Ley Nº 7.720 el artículo 144 del CTP lo realmente ?sustituido? fue el contenido de dicha norma pero tal como había quedado su texto luego de ser afectado por el artículo 90 del CPA, que derogó el plazo de 10 días reemplazándolo por el de 90 días hábiles judiciales.

En otras palabras: afirmar que al momento de sancionarse la Ley Nº 7.720, el plazo de caducidad de la acción contencioso administrativa no era el de 10 días del primigenio artículo 144 del CTP,sino el de 90 días del artículo 9 del CPA, a raíz de lo prescrito en el artículo 90 de dicho ordenamiento legal.

Distinto hubiera sido que la Ley Nº 7.720 hubiera declarado expresamente que ?sustituía? el plazo de 10 días por el de 15. Sin embargo, como la redacción de la ley en cuestión no fue ésta sino que ella, por el contrario, sólo se circunscribió a explicitar que ?sustituía? el artículo 144 del CTP por un nuevo texto, va de suyo que aquel fundamento de la impugnante en puridad es sólo un sofisma y, como tal, no puede prosperar y debe ser desestimado.

IV.3.- Por todo lo considerado en los parágrafos y sus respectivos apartados precedentes, concluyo que corresponde no hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia Nº 843 pronunciada, por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I, el 19 de noviembre de 2009 obrante a fs. 518/520 de autos. En tal sentido mi voto.

V.- Acorde a la conclusión que infiero, resulta pertinente aplicar el principio objetivo de la derrota y, por ende, imponer a la parte vencida -demandada en autos- las costas de esta instancia extraordinaria local. (cfr. artículos 89 del CPA y 105 primera parte del CPCC).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación planteado por la parte demandada contra la sentencia Nº 843, del 19 de noviembre de 2009 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I glosada a fs. 518/520 de autos.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como están consideradas.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDARANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA