marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Propiedad horizontal, asamblea de consorcistas, nulidad de asamblea de copropietarios, remoción del administrador del consorcio
Materia: CIVIL
Carátula: CONS.DE PROP.EDIF.VIAMONTE 2613/17 c/ SANCHEZ DE LORIA, HORACIO s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-13

El acto mediante el cual el demandado fue separado del cargo de administrador por una asamblea, aún cuando fuera impugnado en cuanto a su validez por el accionado, hasta tanto no exista una decisión firme que acoja dicha impugnación y declare la nulidad del acto, cuenta con la validez que le otorga el art. 1046 del Cód. Civil, toda vez que no se trata en el caso de alguno de los supuestos de nulidad manifiesta previstos por los arts. 1038 y conc. del mismo cuerpo legal.
Tratados internacionales, protección de la propiedad industrial, designación comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: New Zealand Rugby Football Union Inc. c/ Ceballos, Aníbal Germán s/ nulidad de marca, daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Las "designaciones" a las que se refiere la ley 22.362 han sustituido, con otra denominación, a los nombres comerciales a los que se refería la derogada ley 3975, por lo que les resultan aplicables las disposiciones del Convenio de París que protegen al "nombre comercial".
Simulación, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gaggiotti Hugo Osvaldo y otra c/ Morales Azucena de Lourdes s/ Acción de simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-18

Si no se adujo ni surge del juicio que los enajenantes de los bienes que aparecen adquiridos por la demandada hayan tenido conocimiento y por ende hayan sido partícipes del acuerdo presuntamente simulatorio, las ventas cuestionadas no pueden serlo por vía de simulación, ya que no hubo entre los otorgantes de los actos ese común querer necesario y carece de relevancia traer a aquéllos al juicio, respecto de quiénes, por lo demás, no se pretende en la acción nada que pueda afectarlos.
Responsabilidad solidaria, transporte de carga
Materia: LABORAL
Carátula: Andrade, Jorge c/ Brusco, Juan y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-18

El transporte y la entrega de mercaderías constituye una actividad específica propia de la empresa, pues se vincula en forma directa con la comercialización de los productos cuya elaboración constituye su giro empresario. No cabe duda alguna que la entrega de los productos elaborados por una empresa a sus clientes hace al fin de la misma, ya que su objeto no puede ser solamente la elaboración, sino también la comercialización, de la cual la entrega del producto forma parte. Si la empresa hubiese optado por otra forma de comercializar o distribuir sus productos (por ej. entregándolos en fábrica), no resultaría responsable por el transporte y entrega de los mismos, pero si elige otro sistema que convenga más a sus intereses, resulta responsable por las consecuencias emergentes del sistema escogido (art. 30 LCT). Cabe agregar que la télesis de la norma expresada apunta a proteger al trabajador no solamente de una connivencia fraudulenta en su perjuicio, sino también de un proceder negligente del contratante en la elección del contratista que finalmente deviniera en perjuicio del trabajador ante los incumplimientos y posible insolvencia de este último.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, iura novit curia, jueces, facultades del juez, calificación jurídica, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, prescripción, plazo, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Saucedo, Mario c/ Cooperativa de Carniceros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Daño  contractual (Expte. CSJ Nro. 293-1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-14

El acogimiento de la defensa de prescripción opuesta por la demandada, aunque con distinto encuadre jurídico, no importa suplir la voluntad de la parte actora que optó por el derecho común, ni modificar los términos en que se había trabado la litis, ni incurrir, en suma, en algún exceso que justifique la anulación de su fallo, pues el hecho de que las partes no hayan debatido sobre la normativa en cuestión en todas las instancias ordinarias, no significa que el Tribunal a quo estuviere impedido de aplicarla conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que "la resolución de casos por normas o principios jurídicos no invocados por las partes, sin alterar los hechos en que la acción se funda, corresponde a la regla procesal 'iura novit curia' y no comporta agravio constitucional que justifique la apertura del recurso extraordinario".
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fragnul c/ Arazi s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

Los jueces tienen derechos y deberes correlativos. Derechos, que no tienen otro fin que hacer posible el correcto y exacto cumplimiento de los deberes.

Por ende, solo en defecto de tal cumplimiento, procede privarles de aquellos que no son una canonjía írrita o ventaja personal, sino una atribución necesaria para el ejercicio constante y sin desmayo, y con la indispensable seguridad material y espiritual, de las funciones que en forma vitalicia les fueran asignadas en la distribución de los Poderes del Estado.

Entre tales prerrogativas, se halla la inmunidad que impide que sean demandados por actos cometidos en el ejercicio de tales funciones, sin un trámite previo de desafuero: es el derecho que permite el regular cumplimiento de los deberes librando a un juez del temor de ser perseguido ante otros jueces por daños ocasionados en o por sus resoluciones, sin que la causa sea examinada por un tribunal que, destituyéndolo, lo libere de tales deberes, a los que no puede por sí mismo sustraerse.
Doctrina de los actos propios, acción de nulidad, simulación, prescripción bienal
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAZ, ROBERTO c/ SANTA LUCIA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-29

Es contrario a los propios actos, y por ello carente de efecto jurídico, sostener la imprescriptibilidad de una acción cuando -como en el caso- simultáneamente, en la misma pieza jurídica, se admitió de modo expreso que a la pretensión de nulidad por simulación le resulta aplicable un plazo de prescripción de dos años. Y aunque se soslaye lo anterior, es insostenible predicar la imprescriptibilidad de la acción, reservada para supuestos de nulidad absoluta, cuando la celebración del acto jurídico comprometido ni siquiera se halla afectado de nulidad relativa:

la sociedad constituida con el objeto de administrar bienes inmuebles no resulta, por esa sola circunstancia, afectada por un vicio invalidante.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, certificado de trabajo, astreintes
Materia: LABORAL
Carátula: BARRIOS, JUAN O. Y OTRO c/ COMPAÑIA ACEITERA ARGENTINA SAIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-04-30

Si la decisión del juez laboral impuso el cumplimiento de la obligación de hacer entrega de certificado (conforme artículo 80 LCT ) al representante de la masa concursal, la fijación de astreintes, en caso de incumplimiento, corresponde únicamente al juez comercial por lo que no resulta posible que la sentencia del magistrado del trabajo incluya un apercibimiento en tal sentido.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: C. O. E. c/ C. E. J. y/o resp. de kiosko "B." s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-29

Las imprecisiones o vaguedades que presenta la declaración de un testigo no resultan invalidantes de la misma, ni permiten que la misma pueda ser considerada como inverosímil, ya que no se puede exigir precisión en los aconteceres que un testigo experimenta a través de vivencias ocasionales y con personas con las que no mantiene una relación estrecha o extensa.
Honorarios del abogado, daños y perjuicios, rechazo de la demanda, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fischer,  Eugenio  y Menores Pamela R. y Barbara M. Fischer y Buemo, Carlos Alberto. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-05-24

Para regular los honorarios profesionales que debe afrontar el demandado vencedor en un proceso de daños y perjuicios en el que el actor había obtenido el beneficio de litigar sin gastos, corresponde apartarse del monto reclamado en la demanda y tener en cuenta el m ximo que pueda estimarse habría representado la indemnización en caso de prosperar la acción. Ello por cuanto la circunstancia de haber obtenido el beneficio permite incluir en la demanda montos arbitrarios sin tener que enfrentar la carga fiscal que el monto impone, conduciendo la solución contraria a resultados absurdos que el derecho no puede amparar.
Lealtad comercial, competencia por conexidad, defensa en juicio, economía procesal
Materia: PENAL
Carátula: GUREVICH E HIJOS S.A. s/ Lealtad comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-07

Resulta inexplicable la actitud de iniciar distintos expedientes por cada una de las infracciones que se pudieran detectar en una misma inspección, pues ello afecta el derecho de defensa y también a una mejor y más pronta administración de justicia, debiendo el "a quo" acumular y tramitar en conjunto todas las actuaciones conexas iniciadas. (Del voto del Dr. Riggi).
Suspensión del juicio a prueba, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Golle, Susana Mabel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-02

Los delitos previstos en la ley 24.769 no se encuentran excluidos de la suspensión del juicio a prueba, pues no cabe efectuar una interpretación analógica a efectos de excluir este tipo de delitos, al no existir una previsión expresa que establezca la prohibición, de lo contrario se vulneraría el principio de legalidad. Corresponde efectuar una interpretación amplia del art. 76 bis CP, de conformidad con los lineamientos trazados por la CS en "Acosta". (Dres. Ledesma, Riggi, Tragant).
Fisco nacional, tasa de justicia, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Sampoli, Denis Alicia s/ Rec. Apel. - Sellos -  T.F.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Corresponde que el Fisco Nacional abone la tasa de justicia establecida en la ley 23898 en los términos de los arts. 2, 3 inc.

g) y 4 inc. j) con independencia de lo oblado por ante el "tribunal administrativo" en virtud de la ley 22610.
Abuso de firma en blanco, recibo
Materia: PENAL
Carátula: Dos Reis, Daniel A. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-22

a) Un recibo de pago es un instrumento inidóneo para dar lugar a la conducta de defraudación por abuso de firma en blanco, ya que para estos casos debe exigirse que se trate de instrumentos que sirvan para documentar un negocio jurídico, de modo tal que los espacios en blanco, cuyo llenado se dejen a cargo del receptor, signifiquen un mandato que el librador le da para que aquel lo obligue patrimonialmente.

b) El agregado, en los espacios en blanco de un recibo de pago del concepto de mismo, en un momento posterior a su entrega, con el objeto de hacer aparecer al pago como total cuando era parcial, por tratarse de un instrumento no apto para contener un mandato de ser extendido o completado por una determinada obligación o con determinadas cláusulas, como para que el receptor pueda abusar de la confianza del conferente, instrumentando una obligación diferente o con cláusulas distintas de las que le había encomendado el firmante, no configura el delito de defraudación previsto en el art. 173 inc.

4to. del C.P.

c) No acreditado por la querella que la adulteración del recibo de pago en un momento ulterior al de su entrega, tuvo por objeto constituir una maniobra ardidosa para inducir a error a un juez y así procurar una sentencia favorable -estafa procesal-, debe absolverse al procesado por ser tal conducta atípica.
Competencia, control de constitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Guzmán, Angélica c/ Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Ushuaia s/ Demanda contencioso administrativa y medida cautelar, Expte. nro.  436/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-06-26

Se está en presencia no de una causa administrativa, sino de un verdadero conflicto interno -que afecta al régimen municipal- donde uno de los Departamentos desconoce las atribuciones del otro, de acuerdo con la división que de éstas hace la ley 236 que, trasladando al municipio la división republicana de las funciones del Poder, por disposición del art. 180 de la CPTDF da el marco de actuación de los departamentos legislativo y ejecutivo hasta tanto se dicte la Carta Orgánica (...) Así las cosas, y en cumplimiento de la misión institucional conferida a este Superior Tribunal de ser el garante final del recto funcionamiento de las instituciones, en el caso, del régimen municipal (que, cabe recordarlo, es una condición esencial para que sea garantizada la autonomía de la Provincia frente a la Nación, art. 5° CN), corresponde asumir el conocimiento del conflicto interno municipal planteado. Para así resolver se tiene presente que el caso reviste tal entidad que no admite quedar al margen del control judicial, por la gravedad institucional que conllevan los términos en que se ha formulado la demanda.
Juicios en que la Nación es parte, Administración Pública Provincial, entes autárquicos, costas, costas al vencido, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ nulidad de acto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

El hecho de tratarse de un litigio entre un ente autárquico provincial y el Estado Nacional pierde relevancia para eximir de costas a la vencida, si quien invoca esa circunstancia adoptó la actitud inversa, al solicitar expresamente la imposición de costas a la demandada en el caso de acogerse su pretensión.
Partidos políticos, afiliados políticos, cargos electivos, expulsión del partido
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Aner, Andrés Adalberto s/ deduce acción de amparo - solicita medida cautelar (Unión Cívica  Radical).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

La expulsión de un afiliado, que además desempeñaba cargos electivos, es un acto de suma gravedad, que debe adoptarse exclusivamente por los órganos que a ese fin prevean las disposiciones de la carta orgánica (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: RAMOS, Julio Adelaido c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

La disidencia sostuvo que el remedio deducido no satisface las exigencias previstas en el art. 463 CPPN, toda vez que no rebate de manera acabada los argumentos brindados en la decisión cuestionada, ni demuestra un defecto o vicio que habilite la instancia que pretende. Dres. Slokar, Mahiques -voto concurrente- y Yacobucci -en disidencia-.
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arnau, Perla Liliana contra Volkswagen Argentina S.A. y otro. Resolución de contrato y daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-09-04

Quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor.
Trabajadores de Luz y Fuerza, fondo compensador, sindicatos
Materia: LABORAL
Carátula: ASOCIACION PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE SEGBA. c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE TRABAJO). s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-28

El decreto 2054/80 violo el artículo 86 segundo inciso de la CN.

Al disponer con fundamento en la ley 21476, que fuera la empresa (Segba.) En lugar de la asociación gremial que suscribiera el CCT.

46/75 'E' la administradora del fondo compensador (artículo 8 inciso c) párrafo tercero del convenio citado).
Proceso penal, querellante
Materia: PENAL
Carátula: R. O. A. R. J. C. Y. M. E. J. s/ ESTAFA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-30

La pretensión de constituirse como parte querellante a un letrado en representación de una sociedad extranjera debe ser rechazada si de la documentación acompañada surge que el poderdante faculta a los abogados para querellar, pero no se ha acompañado la documentación que respalda que aquél tiene facultades para otorgar poderes para actuar en juicio en representación de la sociedad, pues si bien la sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y forma por las leyes del lugar de constitución, tal principio para nada obstaculiza la aplicación de las leyes nacionales a los actos y contratos que se celebren en la República Argentina, por cuanto su radicación en el país importa un total sometimiento a la jurisdicción y leyes argentinas, por más que su capacidad se regule por la ley de su domicilio (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, 01/5/2010, La Ley Online).

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Ernesto Jorge y otros c/ Aseo S.A. s/ Diferencia de indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

Si las oficinas de la firma accionada constituyen una unidad técnica y de ejecución, concebida e instituida para el logro de los fines de la organización empresaria representada por la firma demandada (art. 6 de la L.C.T.), su cierre definitivo determina la configuración de la hipótesis prevista expresamente en el art. 51 de la ley 23.551.
Expropiación irregular, indemnización expropiatoria, gastos de mudanza
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMPANER HECTOR ATILIO c/ M.C.B.A. s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-17

Corresponde hacer lugar al ítem por haberes que debe abonar la empresa al personal que tiene en forma permanente bajo su dependencia durante el período en que eventualmente se produzca la inactividad de la explotación industrial por las tareas de mudanza y reinstalación como consecuencia de la expropiación, difiriéndose para la etapa de ejecución de sentencia la liquidación de las sumas que el expropiado debe pagar por tal concepto.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Ministerio Público, fiscales, principio dispositivo, requerimiento de sobreseimiento, ley procesal, interpretación de la ley, acción penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

Han de reconocerse al Ministerio Fiscal poderes de disposición condicionados, esto es, que pueden ser ejercidos en las etapas procesales pertinentes en un esquema de enjuiciamiento penal racional y dando suficiente motivación por el ejercicio de aquéllos.

Con estos recaudos, se limita la potestad jurisdiccional. No hay en ello, no obstante, vulneración alguna a los principios que tradicionalmente han caracterizado a la acción penal -legalidad (procesal), oficiosidad e irretractabilidad-; las críticas que frecuentemente se han ensayado a ésta posición, obedecen a una errónea asimilación de estos poderes de disposición con la regulación del régimen de extinción de las acciones -art. 59 Cód.

Penal-, particularmente a su último supuesto. Sin embargo, la renuncia del agraviado consiste en una mera manifestación de voluntad por la cual se desiste de la acción entablada o aún a entablarse, por lo que, operada, cabe darse por terminado el proceso. En cambio, las postulaciones exonerativas de responsabilidad del Ministerio Fiscal, refieren a la confrontación de los extremos imputativos con las descripciones legales y las pruebas incorporadas, en una evaluación fundada que revele el despropósito de continuar ejerciendo el rol de persecución primario, y condicionado al examen de validez del acto por parte del órgano de la jurisdicción. Han de encararse como derivaciones procesales que limitan el ámbito de la jurisdicción, del mismo modo que, verbigracia, el principio de congruencia inhibe al juzgador de condenar por una figura cuyos presupuestos fácticos difieren con los oportunamente incorporados al debate por el órgano de la acusación.

(De la Disidencia del Dr. Giménez)
Interpretación de la ley, conversión del proceso previsional, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HUSSAR, OTTO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-27

Resultan por demás abundantes los argumentos que justifican la descalificación de la razonabilidad del medio elegido por el legislador en el art. 24 de la ley 24.463 porque, replantear nuevamente los hechos probados, ocasionaría: a) Desconocer todo un standard jurídico que la doctrina y la pacífica jurisprudencia de la C.S.J.N. ha aceptado expresamente al admitir la instancia jurisdiccional administrativa, más allá de su expresa imposición legislativa; b) No hallar explicación técnico-jurídica a la anulación de la instancia jurisdiccional previsional, cuando subsisten similares procedimientos jurisdiccionales administrativos en otras áreas, sin que se haya puesto en duda su eficacia; c) Sólo dispendio jurisdiccional, con los consiguientes inútiles gastos que se ocasionarían al volver a ventilar situaciones precluidas y de las cuales el organismo previsional tiene sobrado conocimiento, ya que ha actuado desde sus orígenes; d) Vulnerar el criterio jurisprudencial en materia de preclusión de la C.S.J.N.; e) Vulnerar la C.N. (art.

18) al afectar el principio del juez natural; f) Vulnerar la C.N.

(art. 18) al admitir la norma atacada la admisión retroactiva de sus disposiciones afectando situaciones consolidadas; g) Como consecuencia de lo anterior, la nueva situación causa agravios a los derechos adquiridos del apelante; h) Vulnerar el art. 18 de la C.N.

al afectarse el derecho humano fundamental de acceso a la justicia, no en cuanto se impida ocurrir a una instancia judicial, sino al implementar la norma un sistema procesal que atenta contra el derecho del justiciable de obtener una decisión fundada a su reclamo en tiempo razonable; i) Vulnerar los arts. 28 y 33 de la C.N. al desconocerse el debido proceso sustantivo; j) Vulnerar el principio de legalidad consagrado en el art. 19 de la C.N.; k) Una contravención grosera del plexo de disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional que vinculan a la República Argentina; l) Una contravención a los precedentes que contiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos; m) Vulnerar el art. 16 de la C.N., por cuanto a esta franja de la sociedad se le da un trato desigual en relación con otros justiciables ante el Poder Judicial o la instancia administrativa, al reconocerse a estos que gozan de plena validez los actos procesales ya cumplidos. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del referido art. 24 de la ley 24.463 en cuanto impone la conversión de la causa a un nuevo esquema procesal. (Del voto del Dr. Fernández).