Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-14


Salta, 14 de marzo de 2018.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "P., M. E. vs. C., J. R. - Ejecución de Sentencia", Expte. Nº 437.042/13 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 4ª Nominación; Expte. Nº 437.042/13/17 de esta Sala Tercera, y C O N S I D E R A N D O I) Se encuentran estos autos a despacho a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en subsidio por la actora a fs. 87/88, contra la providencia de fs. 86.

A fs. 108/109 se desestimó el recurso de reposición y a fs. 110 la actora reiteró el recurso de apelación, concedido a fs. 112, que fue fundado a fs. 118/119. Pide que se revoque la providencia cuestionada en razón que el artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que las actuaciones del Ministerio Público no estarán sujetas al pago de ningún tributo, sea de la naturaleza que fuere, y afirma que debe resguardarse la voluntad del legislador, cual es la de garantizar el acceso a la justicia de personas de escasos recursos.

Sostiene que no corresponde que se acompañe beneficio de litigar sin gastos, y que es arbitraria la postura asumida por la Dirección General de Inmuebles que se niega a cumplir con una manda judicial de inscribir una medida cautelar, poniendo trabas tales como las de fs. 73 o lo requerido a fs. 83.

Pide que se ordene la inscripción con carácter definitiva de la medida cautelar de autos y lo sea bajo apercibimiento de desobediencia judicial.

Invoca la garantía de acceso a la justicia, máxime cuando de personas en situación de vulnerabilidad se trata.

Corrido traslado, a fs. 155 fue contestado por la Jefa del Programa de Registro Jurídico de la Dirección General de Inmuebles, solicitando el rechazo del recurso por estimar que la actora debió acreditar contar con beneficio de litigar sin gastos.

A fs. 165 dictamina el señor Asesor de Incapaces Nº 4, pronunciándose por la procedencia del recurso; y en similar sentido lo hace el señor Fiscal de Cámara a fs. 167/168.

II) Admisión formal: En primer lugar cabe señalar que, si bien el trámite recursivo previo a esta resolución contiene falencias procedimentales -en el caso, se dio curso al recurso interpuesto a fs. 110, que sería improcedente según lo dispuesto por el artículo 241 del Código Procesal Civil y Comercial-, corresponde analizar la apelación, en tanto los antecedentes obrantes en el proceso así lo determinan.

En efecto, la presentación de fs. 87/88 fue correctamente realizada, conteniendo el planteo recursivo pertinente, esto es la interposición del recurso de reposición con el de apelación en subsidio, que no fue advertido por el Juzgado en la resolución de fs. 108/109, motivo por el cual no puede la parte verse perjudicada cuando la voluntad recursiva fue clara y oportunamente expresada, por lo que debe procederse al análisis de los agravios vertidos.

III) Antecedentes: En el supuesto de autos, con fecha 01 de julio de 2013 la señora M. E. P., representada por la Defensora Oficial Civil Nº 3, promovió la ejecución de la sentencia dictada en el proceso caratulado "P., M. E. vs. C., J. R. - Alimentos", Expte. Nº 157.676/06, y peticionó la traba de embargo sobre bienes muebles de uso no indispensable de propiedad del demandado (v. fs. 8). Luego, a fs. 23, solicitó su sustitución, por el embargo sobre los derechos y acciones hereditarios que le corresponden al ejecutado sobre el inmueble Catastro Nº 36.660, requiriéndose a tal fin se libre oficio al Juzgado en el cual tramita el proceso sucesorio (fs. 23). Dicha sustitución fue dispuesta a fs. 24, en fecha 09 de octubre de 2013, ordenándose, a los fines de la inscripción, que se librase oficio a la Dirección General de Inmuebles.

A fs. 34 el organismo oficiado comunicó que se tomó nota de la inscripción provisoria en razón de no haber acreditado la "Técnico Registral Nº 1".

A partir de las actuaciones de fs. 39 se suceden pedidos de reiteración de libramiento de oficios a la Dirección General de Inmuebles, según surge de las actuaciones de fs. 40, 41, 42, 44, 45, 46/47, 50, 55/56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71/72 y 73, mediante los cuales se pretendió la inscripción del embargo de los derechos y acciones hereditarios del demandado sobre el inmueble matrícula Nº 36.660, sin lograr su inscripción definitiva.

Ante esta situación, a fs. 75/76 la actora, a través de su representante, la Defensora Oficial Civil Nº 3, pide que se ordene que la inscripción del embargo sea definitivo, lo que fue dispuesto a fs. 77 con fundamento en el artículo 31 de la Ley 7328, y denegado por la dependencia oficiada (fs. 83). Ante dicha respuesta, a fs. 85 la actora puso de manifiesto su oposición y pidió que se aperciba a los destinatarios por desobediencia judicial, dictándose la providencia de fs. 86 que dispone: "resultando lo solicitado ajeno a esta jurisdicción ocurrase por la vía y forma procesal pertinente".

Contra esta última providencia, a fs. 87 se dedujo recurso de revocatoria con apelación en subsidio (v. punto I Objeto).

Del relato que antecede se sigue que la actora inició en el año 2013 la ejecución de la sentencia de alimentos dictada en el expediente Nº 157.676/06 y que desde la presentación de la demanda (fs. 8), hasta la fecha de la presente, ha realizado numerosas gestiones sin lograr la traba del embargo cuya sustitución peticionó el 20 de septiembre de 2013 (v. fs. 23).

Más de cuatro años lleva el trámite de esta ejecución de sentencia de alimentos. Es evidente que el plazo señalado ha dejado de ser razonable hace ya mucho tiempo, y que este proceso debe ser encausado con urgencia para lograr que la actora pueda hacer efectivo un derecho respecto del cual obtuvo sentencia en el mes de noviembre del año 2009, esto es hace casi 10 años.

IV) Precedentes del Tribunal: Con respecto a similar tema a resolver, esta Sala ya se ha pronunciado en los autos "García, Luis Justino, Saravia, Olga Judith - Divorcio", Expte. N° CAM 453.691/13, registrado en Tomo 2.014, f° 12/17 con primer voto del Dr. Marcelo Ramón Domínguez, donde se decidió que en el caso en que la parte es representada por la Defensa Pública no es necesario tramitar el beneficio de litigar sin gastos. Puntualmente, allí se dijo que: "La Constitución Nacional en su artículo 14 reconoce el derecho a peticionar a las autoridades, del cual emerge el derecho de acción, haciendo lo propio la Constitución de la Provincia de Salta al consagrarlo en su artículo 25. A su vez, el derecho de acción es garantizado por los artículos 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La acción fue definida por Couture como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión (aut. cit., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ed. B de F, 4ª edición, 4ª reimpresión, 2.010, pág. 47). Y se ha dicho que desde el punto de vista del derecho constitucional de acción, la socialización jurídica del Estado contemporáneo ha determinado la urgencia de crear instrumentos necesarios para lograr su actuación efectiva por todos los justiciables. Así, "de un simple derecho formal, la acción se ha transformado en una facultad con un contenido material que permite su ejercicio eficaz" (Fix Zamudio, Ejercicio de las garantías constitucionales sobre la eficacia del proceso, ponencia presentada en las IX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, Madrid, 1.985). El derecho de acción y la necesidad de su efectividad como garantía, cuenta con un desarrollo de larga data en nuestro país al tratar de encontrar medidas de equiparación para las personas de escasos recursos. Relata Berizonce que ya "en 1.814 el Cabildo de Buenos Aires aprobó ordenanzas que establecían servicios legales para los pobres, y aún antes la existencia de protección de este tipo puede registrarse desde 1.722. Se trata de una vieja tradición de los abogados argentinos, que había sido reafirmada explícitamente desde los primeros tiempos de la organización nacional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretando la garantía de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional de 1.853, como un derecho a la ayuda jurídica cuando el interesado no puede pagarla. Hacia fines de la década de los años 40 comenzó a difundirse la colegiación legal que trajo consigo, junto con la imposición del deber legal para los abogados, la asunción, por las entidades profesionales, de la organización de los Consultorios Jurídicos Gratuitos, los que a partir de entonces comenzaron a instalarse en los distintos colegios" (aut. cit., Efectivo acceso a la justicia, prólogo de Mauro Cappelletti, Ed. Librería Editora Platense S.R.L., 1.987, 2 pág. 47 y sgtes.). Luego, a comienzos de los años ´70 comienza el período de reformas que llevan al actual sistema de la defensa civil pública y el beneficio de litigar sin gastos como herramientas que conforman la garantía de acceso a la justicia. En tiempos ya recientes, en la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, con la finalidad de garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, se elaboraron una reglas básicas relativas al acceso a la justicia, conocidas como las 100 Reglas de Brasilia (a las que adhiriera la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Acordada 5/2009). En estas reglas se dijo que la pobreza constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano económico como en los planos social y cultural, y supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia especialmente en aquellas personas en las que también concurre alguna otra causa de vulnerabilidad (Regla Nº 7), y si bien dichas reglas carecen de carácter vinculante para este Tribunal, en tanto no fueron adoptadas por la Corte de Justicia local, sirven de valiosa pauta interpretativa a fin de permitir el real acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, e interpretar el plexo normativo"._____________________________________ ______ Continúa el análisis en dicho antecedente diciendo que "el acceso a la justicia es visto como un derecho humano y con ello se plantea la necesidad de una acción del Estado para asegurar su efectivo ejercicio y frente a la desigualdad reinante, la política judicial busca promover la satisfacción de necesidades jurídicas de los grupos de menores recursos, mediante el asesoramiento jurídico gratuito para personas carentes de medios económicos. Todo ello renueva el debate sobre el alcance del acceso a los tribunales en busca de justicia, ya que con el marcado aumento de la pobreza, con nuevas formas de desigualdades sociales y desprotección jurídica, se torna necesario una nueva visión y análisis sobre su efectividad. Acude en apoyo de la postura que se viene sosteniendo, el art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 14 punto 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. La asistencia profesional gratuita funciona como herramienta que hace realmente efectiva la garantía de acceder a la justicia porque consiste en el asesoramiento y patrocinio letrado no oneroso para quienes carecen de recursos y lo que debe prioritariamente tenerse en cuenta es que la defensa de tales personas, se encuentra básicamente en manos del Ministerio Público, que es el órgano estatal independiente, que funciona con fondos públicos, siendo por mandato constitucional quien debe velar por el servicio de prestación de justicia y procurar por la satisfacción del interés social, pues principios del constitucionalismo social hacen que la sociedad como tal, tenga interés en que cada uno de sus integrantes tenga su defensa por imperio del derecho constitucional aludido. Las Defensorías Oficiales son el obligado aporte del Estado al inexcusable deber de prestar asistencia a los sectores económicamente menos pudientes de la comunidad y garantizar así acabadamente el acceso de cualquier habitante a la justicia (conf. Lodeiro Martínez, Fernando Las nuevas tendencias en la defensa oficial, Suplemento de Jurisprudencia Argentina Nº 7, año 2.002). Son funciones esenciales del Defensor Oficial el contestar consultas, el asistir a las personas carentes de recursos en los juicios y el patrocinarlas, debiendo repararse que inclusive la ley manda que actúe de oficio en caso de procesos en contra de personas con paradero desconocido o de cuya identidad se desconoce. Además no deben olvidarse los obstáculos sociales como la falta de capacidad cultural de defender los derechos y su desconocimiento previo, entre otros. Un problema por demás difícil de resolver pero que nos muestra que el acceso a la justicia no es sólo una cuestión objetiva de estructura judicial, sino que existe una dura realidad que impide el acceso garantizado por la norma. Todo lo anterior lleva a afirmar que en la práctica tener acceso igualitario a un procedimiento eficaz es casi un idealismo, aunque la Constitución así lo garantice. La posibilidad de vincular a los habitantes de la Provincia con el sistema judicial para la defensa de sus derechos no es en la realidad como en la abstracción de las normas que se diseñó. No nos debemos olvidar que es un déficit social que relaciona el proceso judicial con la justicia social misma, y aquí comienza a evidenciarse la desigualdad socio-económica por sobre la igualdad formal. Es que frente a necesidades básicas y prioritarias como la alimentación, vivienda, educación, todas ellas insatisfechas, la posibilidad de acceder a los tribunales, se ve afectada" (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2.006, fº 1369/1376).______________ En similares términos se resolvió en el precedente registrado al t. 2014, fº 257/259, "La Ley 7328 pone a cargo del Ministerio Público de la Defensa la defensa en juicio de las personas de escasos recursos, habiéndose definido por tales a aquellas que sus ingresos no superan el monto de un salario mínimo, vital y móvil al día del requerimiento (Resolución General del Colegio de Gobierno del Ministerio Público Nº 15.800 del 29 de agosto de 2017). La carga tributaria de dicha actuación está regulada en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que dispone que las actuaciones del Ministerio Público no estarán sujetas al pago de ningún tributo, sea de la naturaleza que fuere. Esta norma fue interpretada en el Plenario "Tapia" de esta Cámara, en particular el Dr. Guillermo Díaz, en su voto, dijo que "esta norma está ubicada en el Capítulo IV del Título I, que contiene disposiciones comunes al Ministerio Fiscal, al de la Defensa y al Pupilar, por lo que abarca toda actuación del mismo, sin que corresponda hacer diferencia alguna entre, por ejemplo, la defensa penal y la asistencia en sede civil. La inclusión de este precepto en la Ley cobra sentido precisamente respecto de la actuación de las Defensorías Civiles, pues respecto a los Fiscales, Asesores de Incapaces y Defensores Penales no se explica su necesidad. Además, en la práctica se observa que, a partir de su vigencia, tanto la Dirección General de Rentas como Fiscalía de Estado han dictaminado por la exención de la tasa de justicia en los expedientes tramitados por Defensorías Oficiales, sin necesidad de la obtención del beneficio de litigar sin gastos". En el mismo plenario el Dr. Alfredo Ricardo Amerisse dijo que "es del caso que el artículo 31 de la Ley del Ministerio Público exime el pago de tributos de la naturaleza que fuere, las actuaciones del Ministerio Público y esa misma ley establece -en su artículo 10- que compete a la Defensora General el asesoramiento jurídico gratuito de las personas de escasos recursos en cumplimiento de la garantía constitucional instituida por el artículo 18 de la Constitución Provincial, y cuando resulte necesario, ejercerá judicialmente la defensa de los derechos de aquéllas".____ En particular, en el presente caso, puede decirse que la intervención de la Sra. Defensora Oficial Civil atiende al acceso a la justicia desde el punto de vista de la necesidad de defensa técnica contenida en el artículo 56 del Código Procesal Civil y Comercial, a fin de mantener la igualdad de armas de aquellos sectores vulnerables, sin cuya intervención quedarían impedidos de alcanzar el servicio de justicia. Y, siendo que, en este caso, el artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, exime del pago de todo tributo a la actuación del Ministerio Público, se muestra innecesario el trámite del beneficio de litigar sin gastos en situaciones en que la parte se encuentre defendida por la defensa oficial. Lo dicho, en tanto su finalidad precisamente es la de eximir del pago de gastos al beneficiario (artículo 84 del Código Procesal Civil y Comercial), de los que ya se encuentra exento por expresa disposición legal, motivo por el cual el recurso interpuesto debe prosperar.

V) La Ejecución de Sentencia y la Tutela Judicial Efectiva: Si bien lo dicho resulta suficiente motivo para la procedencia del recurso, ello no obsta a destacar que el reconocimiento del derecho en el decisorio definitivo agregado a fs. 4/6 no da per se acabado cumplimiento a la tutela judicial efectiva, la que se integra con la consecución del restablecimiento del derecho vulnerado, por lo que la ejecución de la sentencia es parte del proceso e integra la garantía de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva, en tanto con ella se logra efectivizar el derecho reconocido.

Así lo ha dicho la Corte Interamericana de Justicia en los precedentes "Baena Ricardo vs. Panamá" (2001), donde afirmó que la efectividad de las sentencias depende de su ejecución y que el proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento. El cumplimiento de las sentencias está fuertemente ligado al derecho de acceso a la justicia, el cual se encuentra consagrado en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana. Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. Sin embargo, la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia. Se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas, para satisfacer el derecho de acceso a la justicia, no es suficiente con que en el respectivo proceso o recurso se emita una decisión definitiva, en la cual se declaren derechos y obligaciones o se proporcione la protección a las personas. Además, es preciso que existan mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. La ejecución de tales decisiones y sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso a la justicia, entendido éste en sentido amplio, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva. Lo contrario supone la negación misma de este derecho.

Similares fundamentos fueron explicitados en el caso "Acevedo Jaramillo vs. Perú" (2006), a los que se agregó que el derecho a la protección judicial sería ilusorio si el ordenamiento jurídico interno del Estado Parte permite que una decisión judicial final y obligatoria permanezca ineficaz en detrimento de una de las partes, que es preciso que existan mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados, como también que uno de los efectos de la cosa juzgada es su obligatoriedad. La ejecución de las sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso al recurso, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva. Lo contrario supone la negación misma de este derecho.

En el caso "Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") vs. Perú" (2009) también se pronunció aseverando que en los términos del artículo 25 de la Convención, es posible identificar dos responsabilidades concretas del Estado, la primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. La segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. Esto último, debido a que una sentencia con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. Lo contrario supone la negación misma del derecho involucrado. Si el ordenamiento jurídico interno de un Estado permite que una decisión judicial final y obligatoria permanezca ineficaz en detrimento de una de las partes, el derecho a la protección judicial resulta ilusorio.

En el precedente "Abril Alosilla vs. Perú" (2011) se sentenció que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Parte de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales y que dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes. En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque falten los medios para ejecutar sus decisiones o por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia. Así, el proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento.

Así entonces, podemos afirmar que el derecho de acceso a la justicia comprende el derecho a obtener el cumplimiento de la sentencia, y que debemos brindar mecanismos eficaces para ejecutarlas, por lo que la situación planteada no debe admitir más demoras y ser despachado sin más el oficio que ordena el embargo, sin que el propio Estado, en este caso la Dirección General de Inmuebles, pueda poner obstáculo alguno a la registración definitiva de la medida, en tanto ello implica un obstáculo a la jurisdicción, pero por sobre todo al acceso a la justicia de la señora M. E. C., quien -como se dijo- lleva más de ocho años esperando obtener el cumplimiento de una sentencia de alimentos ya dictada.

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I) HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto en subsidio a fs. 87/88. En su mérito, REVOCA la providencia de fs. 86 y MANDA que en la instancia de origen se libre -con trámite URGENTE- oficio dirigido a la Dirección General de Inmuebles a fin de que registre de modo definitivo el embargo ordenado a fs. 24, bajo apercibimiento de desobediencia judicial y poniendo en conocimiento al organismo oficiado -de modo expreso y claro- que la presente decisión judicial así lo dispone.

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.

SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA VOCALES: MARCELO RAMÓN DOMÍNGUEZ JOSE RUIZ SECRETARIA: DRA. MARÍA VICTORIA MOSMANN SALA III, T. 2018 - I, Fº 8/93, 14/03/2018. EXP N º 437042/13.