marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pueblos originarios, participación ciudadana, Organización Internacional del Trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

El derecho a la consulta previa solo puede esgrimirse frente a una medida legislativa o administrativa que regule de modo directo a los pueblos indígenas o a sus integrantes o, si se trata de una medida de alcance general, cuando puedan afectar directamente (y no de modo indirecto o remoto) un derecho de los pueblos indígenas reconocido por el Convenio 169 de la OIT (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Falsedad ideológica, concurso ideal, estafa, instrumentos públicos, prueba, escribanos públicos, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TRINCHITELLA, María Teresa y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-17

El Código Civil no prevé tan solo la fe de identidad, sino además, la de conocimiento, conforme las exigencias previstas en el art. 1001 de dicho cuerpo legal. Ello implica que la conducta del profesional no puede limitarse a verificar si la persona que concurre a su escribanía tiene un documento a su nombre, sino que además deben extremarse ciertos recaudos a fin de acreditarse lo que el notario asienta en la escritura como cierto.

Los escribanos deben protocolizar copia del documento de identidad que les es exhibido; establecer si el otorgante reside en el lugar asiento de la escribanía o dejar algún tipo de constancia de la persona a través de la cual se contactó con el otorgante.

Al obviar el imputado el mecanismo de fe de conocimiento transitivo previsto en el art. 1002 del C.C., debió cuanto menos contar con algún elemento alternativo que permita descartar la intención delictiva que se colige de su conducta objetiva.

Por ello, debe confirmarse el procesamiento dispuesto en orden al delito de falsedad ideológica de instrumento público.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, coronavirus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SEIMANDI, MARCOS JESUS c/  s/ CONCUSION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

La recurrente insiste en achacar excesiva duración en la tramitación del proceso y la consecuente lesión a la garantía del plazo razonable-con base en que hubo lapsos de absoluta inactividad en la causa más allá de los considerandos por el Tribunal-; sin embargo, no alcanza a evidenciar con tal genérica afirmación la irrazonabilidad y desproporcionalidad pretendida, ni a desbaratar desde el marco constitucional la argumentación brindada por los Sentenciantes, quienes así destacaron que los actos procesales habían sido concatenados y continuos desde el inicio, con un paréntesis en el último período debido a las suspensiones de las actividades judiciales dispuestas por todos los órganos del Estado en función a la emergencia por Pandemia.(Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Desistimiento, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gramuglia, Sebastián A. s/ recurso de casación". Causa n. : 2305.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

Es nula la resolución del "a quo" que hizo lugar al desistimiento del pedido de suspensión del juicio a prueba por la defensa ya que dicha petición sólo persigue -atento a la reserva de ejercer más adelante el derecho que consagra el art.

76 bis del Código Penal- un inaudible desistimiento del trámite ya cumplido respecto de la solicitud de suspensión del proceso a prueba actualmente concedida por resolución recurrida por el Ministerio Público Fiscal, recurso pendiente en razón de su otorgamiento al haberse hecho lugar en esta instancia a una presentación directa; y, segundo, paralizar de hecho el trámite del recurso de casación otorgado por esta Sala para que fuese proveído un escrito de la defensa que persigue el inocultable propósito de burlar la intervención que legítimamente le corresponde al Tribunal, maniobra técnica que no debió pasar inadvertida y que, en todo caso, debió haber determinado la elevación de los escritos presentados para que fuesen considerados y resueltos por el único órgano judicial competente, en este caso ésta Cámara.
Notificación por nota, subasta judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Local Cooperativo Limitado c/ Lacunza, Julio Jorge s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

La resolución que fija el remate y la designación de martillero en la etapa de ejecución de la sentencia, como el auto que hace saber el lugar y fecha de la subasta se notifican automáticamente o por ministerio de la ley (art. 133 Código Procesal; Maurino A.

"Notificaciones Procesales", Ed. Astrea, 1983, p. 150, letra q, jurisp. cit.; Highton E. "Juicio hipotecario", t. 2, p. 128, n. 7, jurisp. cit.)
Sentencia, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BULGARELLI, MARIA ROSA c/ LUIS REYNALDO DOMINGUEZ s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-02-17

El auto que regula honorarios tiene el carácter de sentencia respecto al monto de la retribución, no importa pronunciarse sobre quien es el obligado a pagarlas. Por ello, establecida la naturaleza jurídico procesal del auto regulatorio de honorarios, corresponde señalar que el recurso de apelación en su contra debe concederse en relación y sustanciarse en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 246 del C.P.C. y C
Regulación de honorarios, sucesiones
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Mathieu, Reynaldo Nicolás Juan y González, Elida Victoria-Sucesorios c/  s/ incidentes (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-09-03

Si la medida de seguridad requerida no tiene un mayor resultado práctico, los honorarios generados en su pedido deben considerarse incluidos en los del proceso sucesorio para, en su caso, aplicar la escala del art. 30 en una mayor proporción y no bajo las pautas que el art. 67 de la LA prevé para medidas autónomas.
Quiebra, subasta de muebles, IVA, Impuesto de sellos, acreedor prendario, acreedor privilegiado
Materia: COMERCIAL - TRIBUTARIO
Carátula: TRANSPORTES M. ROMANO Y CIA.  S.A. s/ QUIEBRA S/ CONCURSO ESPECIAL POR VISMAR  S.A.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-06

Toda vez que el privilegio del acreedor prendario, con motivo de la subasta realizada, se trasladó al precio obtenido, y al momento de invertirse los fondos no se descontaron los importes que debieron tributarse por i.V.A. o sellos, no cabe detraer los réditos por tales conceptos, sino en la medida en que efectivamente deban ser oblados, pues en caso contrario, se beneficiaría a la quiebra en detrimento del acreedor privilegiado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: López de Schwaner, Anahí Rosa y otro s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-11

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que fundamenta sus agravios en meros criterios personales, sin impugnar suficientemente las pruebas valoradas por el juzgador.
Competencia contencioso administrativa, acto administrativo, control de legalidad, juicio, partes, pretensión, Estado Provincial, recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Andreoli, José María y otros c/ Provincia de Santa Fe y Caja de Jubilaciones y Pensiones s/ Avocación (Artículo 2, Ley 11330). Acción mere declarativa de   Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 640-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-23

Habiéndose concluido que la materia en debate es contencioso administrativa, y que es esta Corte la competente para su conocimiento y decisión, corresponde desechar el argumento consistente en que la Provincia no puede "incidir en los temas de competencia", puesto que, salvando los supuestos referidos a las municipalidades y comunas, es únicamente la Provincia el ente público con legitimación pasiva para actuar por la vía que se ha estimado adecuada, y la que -en esta materia- conserva el control de legalidad sobre la actuación de sus entes públicos menores institucionales (artículo 72, incisos 1 y 18, Constitución provincial). Por lo demás, si se le ha reconocido legitimación para resistir de la pretensión principal (no se explica de otro modo que la demanda haya sido interpuesta contra ella), no se advierte por qué razón no habría que reconocerle legitimación activa para la formulación del presente pedido de avocación, salvo que se considere, sin dudas con error, que quien puede resistir una pretensión no puede, sin embargo, solicitar -por las vías previstas al efecto (para el caso el artículo 2, ley 11330)- que ella sea atendida por el juez que considera competente.
Recusación, secretario judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Cantos, José María c/ Santiago del Estero, Provincia de y/o Estado nacional. s/ cobro  de  australes-  incidente de recusación con expresión de causa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-11

Es inadmisible la recusación de un Secretario de la Corte.
Daños y perjuicios, indemnización, legitimación activa, usufructuario, muerte, nudo propietario
Materia: CIVIL
Carátula: TORRES, GUILLERMO Y OTRA c/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

La acción resarcitoria promovida por el usufructuario con relación a los daños padecidos hasta el momento de su fallecimiento, no puede ser continuada por el propietario del inmueble.
Reclamo administrativo previo, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ocampo, Blanca Rosa y otros c/ Caja Mutual de Seguros de Supervivencia e Invalidez. s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-11-09

La reclamación administrativa, a diferencia de los recursos administrativos son articulaciones que presenta el administrado ante la Administración Pública, tendientes a obtener el dictado de un acto favorable, por cuanto el C.P.C., están expresamente referidos para la vía recursiva solamente.
Acción de amparo, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESPERANZA DEL NORTE S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-26

Los actos jurisdiccionales administrativos no son motivo de amparo, porque este solo es viable contra actos administrativos manifiestamente ilegales de los que haya derivado una ilegítima restricción de los derechos constitucionales alegados.-
Constitución Nacional, interpretación de la constitución, gobierno nacional, gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Luconi, Carlos s/ art. 76 del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

La Constitución debe interpretarse de modo tal que el ejercicio de la autoridad nacional y provincial se desenvuelva armoniosamente evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa.
Beneficios previsionales, docentes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BOCCHETTI, IRENE RAQUEL c/ A.N.Se.S. y otros s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18

Lo dispuesto por el Dec. 137/05 y por la Res. S.S.S. 33/05, llevan al suscripto a modi-ficar lo sostenido en otras ocasiones, puesto que si bien la ley 24.016 prescribe, en su art. 1, que la misma "alcanza exclusivamente al personal docente al que se refiere la ley 14.473, Estatuto del Docente", dichos cuerpos normativos han extendido su aplica-ción "a los servicios docentes prestado en el ámbito provincial o municipal o de la Ciu-dad autónoma de Buenos Aires, definidos en los diferentes estatutos o normas de la respectiva jurisdicción, correspondientes a aquellas que hubieran transferido su sistema previsional al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, conforme lo establecido en el art. 2, inc. a), pto. 4, de la ley 24.241, y a los prestados conforme al régimen docente del personal civil de las fuerzas armadas". De esa suerte, estando comprendi-do el titular dentro del ámbito de ley 24.016, resulta de aplicación la doctrina sentada por la C.S.J.N. al fallar -el 28.07.05- en autos "Gemelli, Esther N.", oportunidad en la que se sostuvo que "el régimen jubilatorio de la ley 24.016, correspondiente a los do-centes, ha quedado sustraído de las disposiciones que integran el sistema general re-glamentado por las leyes 24.241 y 24.463, con el cual coexiste y se mantiene vigente con todas sus características, entre las que se encuentra la pauta de movilidad".
Acción penal, prescripción de la acción penal, suspensión de la prescripción de la acción penal, constitucionalidad, quiebra, calificación de conducta
Materia: PENAL
Carátula: Malon  S.A.C.I.F.I. y A. s/ Acción penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-29

La prescripción es una institución sin raigambre constitucional, introducida por el legislador en el C.P. al estipular que por el transcurso del plazo detallado en la ley, se pierde el derecho de ejercer la acción.

Sin perjuicio de las críticas que en materia de técnica legislativa pueda merecer la remisión al art. 243 de la Ley 19.551, tal facultad está dentro de las atribuciones del Congreso establecidas por la C N. - legislar en materia comercial y penal (art. 67 inc. 11 y 104 C.N. ).

Con la inclusión del art. 243 en la Ley 19.551 se quiso evitar que las demoras en la tramitación de los incidentes de calificación comercial de conducta tornen imposible la persecución en el fuero penal, sin que tal disposición pueda considerarse violatoria del derecho de igualdad ante la ley, ya que tal principio se garantiza no estableciendo privilegios en iguales situaciones.
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, ampliación de la declaración indagatoria, secuela de juicio, actos interruptivos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PIMENTEL, ALEJANDRO CESAR s/ Cheque sin fondos, incidente  de prescripción de la acción planteado por la defensa del imputado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-06

Si bien en el caso asiste razón al defensor en cuanto a que no cabe asignarle calidad interruptiva a la ampliación de la declaración indagatoria solicitada por el imputado, existe otra ampliación solicitada por el Fiscal en la que el imputado efectuó sus descargos repecto de los dichos de su coimputado y de un documento presentado por este último y que podrían entenderse como nuevos elementos de cargo que no habían sido materia de la primera declaración, por lo que debe ser admitida, en este caso, como interruptiva del curso de la prescripción (Voto en disidencia del Dr. Repetto).
Derecho contravencional, penas contravencionales, multa, secuestro de bienes, dinero, condena condicional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Couste, Alberto Julio s/ infr. art. 83 (Interpuesto por Mello Duarte, José Carlos)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-15

En el caso, al pedido de afectación del dinero secuestrado como pago parcial de la multa, no obstante devenir improcedente el planteo en atención a lo prescripto por el artículo 35 del Código Contravencional, tampoco resulta procedente pues la pena de multa ha sido impuesta con carácter suspensivo.
Medidas cautelares, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VILLACORTA, MIGUEL ANGEL s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS DE PROTECCION DE BIENES-OPOSICION DE LA SRA.  JUEZ DE FAMILIA DE 1¬ NOMINACION PROTECCION DE BIENES-OPOSICION DE LA SRA.  JUEZ DE FAMILIA DE 1° NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-03-22

En la tramitación de una rogatoria destinada a trabar una medida precautoria, corresponde entender al magistrado que previno por razones de evidente celeridad y economía.
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, exceso ritual manifiesto, falta de copias, contestación de agravios, Servicio Nacional de Sanidad Animal
Materia: PROCESAL
Carátula: Friar S.A. c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y S.E.N.A.S.A. s/ daños y perjuicios (ordinario).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-26

Incurrió en exceso ritual manifiesto la sentencia que declaró desiertos los recursos de apelación interpuestos contra la decisión de primera instancia argumentando la falta de presentación de la tercera copia, pues una vez presentada la correspondiente al traslado al actor, no existía otra parte interesada en contestar los agravios respectivamente expresados por el Estado Nacional y por el Servicio Nacional de Sanidad Animal, entidad que lo integra y defiende idénticos intereses.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, interpretación restrictiva, acción declarativa de inconstitucionalidad, recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: K L M AEROCARTO BV c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ DEMANDA MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   537-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-16

Es jurisprudencia de esta Corte que el sistema que la Constitución ha instituido, limita su competencia a la intervención por vía recursoria para ejercer la tutela de los administrados contra los actos ilegales de las autoridades administrativas, por lo que no puede conocer de "acciones" de lesividad u otras similares y que la competencia jurisdiccional establecida en el artículo 93, impide la ampliación de los nueve casos previstos, es decir, es una enumeración cerrada. Reitera así una interpretación estricta de la norma constitucional, consistente en entender que la enumeración que hace la Constitución de los casos de competencia de esta Corte es, como surge del texto, limitativa, y no es dable a la ley extenderla.

Tales criterios aparecen, prima facie, como un obstáculo a la admisión de la acción mere declarativa de certeza de inconstitucionalidad, pero esa apariencia inicial se disipa en este caso, si se tiene en cuenta que, como se verá, el medio procesal utilizado está directamente dirigido a lograr el agotamiento de la vía administrativa previa establecida por la ley 4106 y constantemente requerido por esta Corte como condición de acceso a los recursos contenciosos administrativos que, ellos sí, están expresamente previstos en la Constitución como competencia propia de este Tribunal -artículo 93, inciso 2, de la Constitución Provincial-.
Declaración testimonial, imputado, tenencia de estupefacientes para consumo personal
Materia: PENAL
Carátula: C.,A.M. y Otros s/ P.ss.aa. tenencia con fines de comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-10-20

En el marco de una causa que investiga la comisión del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, es válida la declaración testimonial de quien compró la sustancia a los imputados para consumo personal, pues la ausencia de la condición de imputado al momento de prestar declaración, por aplicación del art. 19 de la CN y del fallo "Arriola" de la CSJN, habilita la consideración de sus dichos.
Prenda, aplicación de la ley, clasificación de las obligaciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: HSBC Bank Argentina SA c/ Morales Paula Cristina s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-08

Cuando, como en el caso, se está en presencia de una prenda con registro, cabe señalar que este instituto regula una garantía real sobre cosas muebles o universales sin desplazamiento, no posesoria. Se trata de una figura que en su génesis reconoce la idea de que el titular de un bien mueble pueda gravarlo en garantía, a fin de satisfacer necesidades de financiamiento, con la innegable ventaja de no sustraer ese bien de la función productiva o de utilidad que le es propia y que reporta beneficios para su titular. La ley 12962: 39 de prenda no hace otra cosa que consagrar a través de este procedimiento la posibilidad de una ejecución directa del bien prendado cuando el acreedor aparece calificado con ciertos requisitos de profesionalidad que presuponen seriedad y responsabilidad en su proceder, con prescindencia de la intervención judicial, cuyo concurso se limita a controlar el título y facilitar la venta directa de ese bien -a través de su secuestro-. Ello, en el entendimiento de que los bancos e instituciones aludidas en tanto entes obligados por sus responsabilidades y profesionalismo, se hacen merecedores de la excepcional atribución de ejecutar extrajudicialmente la prenda, conforme el régimen ya citado. Es de destacar que la experiencia de nuestros tribunales ha demostrado que esta práctica se ha desenvuelto, en todos estos años, sin que -en general- se registraran conductas abusivas o distorsiones en la ejecución en este marco, aparece dirimente dejar establecido que los casos de prenda con registro no infringen, ni el derecho constitucional de defensa, especialmente en relación con el principio de inviolabilidad de la defensa ante el tribunal (CN 18), ni el derecho de propiedad (CN 17), ya que la aplicación del procedimiento abreviado es una consecuencia directa del acto de voluntad encarnada por el instrumento suscrito por las partes (conf. CCiv y Com Mar del Plata "Citibank NA c/ Morawski", 9/12/98). En efecto, la Corte Suprema ha admitido las ejecuciones de ese tipo mediando una convención libremente pactada con base legal y con fundamento además, en razones de conveniencia y utilidad generales, como lo es en el caso de autos, el acceso a un financiamiento razonable (arg. CSJN, 21/2/58, "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Luis Viale", del 25/4/00, Fallos: 240: 66; 199:389).
Recursos, recurso de inconstitucionalidad, relación de consumo, denegatoria del recurso, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Bertino, José Francisco  c/ Mina, Leandro Ramón y otros  s/ Relación de Consumo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-20

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad porque si bien se dirige contra una sentencia definitiva, no logra demostrar la existencia de un caso constitucional en los términos requeridos por el art. 27 de la ley N° 402 (texto consolidado por ley N° 6588). En el caso, la Sala confirmó, por mayoría, la decisión de la instancia anterior que había desestimado la demanda iniciada por el propietario de dos inmuebles de un edificio contra los exadministradores de consorcio del edificio, con fundamento en la inexistencia de una relación de consumo entre el actor y los demandados. Para así decidir, analizaron los hechos de la causa y la pretensión del actor a la luz de lo dispuesto en la ley N° 24.240. En consecuencia, la decisión recurrida se fundó en aspectos que resultan, por regla, privativos de los jueces de mérito y no son materia del recurso de inconstitucionalidad. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia recurrida ya que plantea una cuestión constitucional en torno a la garantía de defensa en juicio, al no haberse tenido al actor como legitimado en el proceso. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).