marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley provincial, publicación de la ley, falta de publicación, ley derogada, decretos provinciales
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Sindicato de Luz y Fuerza de La Rioja s/ Cumplimiento de precepto constitucional
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1992-09-03

La Ley 5355, a la fecha no tiene vigencia ya que expresamente ha sido derogado por el decreto Nro. 203/91 que aprueba la nueva estructura orgánica correspondiente al nivel de Dirección General de los Ministerios y Secretarías, a la vez que deja sin efecto toda norma que se le oponga. Este decreto ha sido dictado en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley Nro. 5634.

(Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián, minoría.)
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: ROSELL, Eduardo A. s/ ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-10

La sentencia puede otorgar al hecho acusado una calificación jurídica distinta a la expresada en la acusación, ya que lo que interesa es el acontecimiento histórico imputado del cual el fallo no se puede apartar.
Leyes, ley de emergencia, decreto de necesidad y urgencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-02

Los perjuicios que afectan a ciertos sectores en virtud del decreto 290/95 son correlato casi inevitable de muchas medidas de gobierno, sin que se advierta la concurrencia de factores distorsionantes de la finalidad que inspiró la sanción de la norma, mediante la infundada inclusión o exclusión de sectores a los que alcanza.
Cuerpo médico forense, perito médico
Materia: PROCESAL
Carátula: Menendez, Dolores Salustiana c/ Empresa de Transporte Línea 184 y otro s/ Daños y perjuicios (Acc. Trán. c/ Les. o muerte).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-24

El Cuerpo Médico Forense es uno de los auxiliares de la justicia que prevé el art. 52, Decr. Ley 1285/58, y cuyo asesoramiento pueden pedir los magistrados cuando circunstancias del caso así lo hagan necesario. Su informe no es sólo el de un perito, ya que se trata del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia, cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y por medio de otras similares a las que amparan la actuación de funcionarios judiciales.
Concursos, entidades financieras, liquidación judicial, quiebra, banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  MAYO  COOP.  LTDO. s/ LIQ. JUDICIAL S/ INC. POR EUI HO SONOF CHUNG WOO TEXTILE CO. LTD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-07

Si de acuerdo con una cesión de créditos transferida por el banco central a favor de una entidad bancaria fiduciaria, surge que el saldo deudor existente en la cuenta corriente de una sociedad anónima era de determinada suma dineraria, y que la obligación de pago de una carta de crédito, la que motivó el incidente, no fue afectada al proceso de exclusión, resulta razonable que, con fundamento en la teoría del enriquecimiento sin causa, el banco restituya aquello que nunca debió ser objeto de exclusión en las condiciones efectuadas. Pero tales circunstancias, no constituyen una razón bastante en el marco del incidente, para atribuirle la responsabilidad que se pretende y condenarlo al pago de una suma que no guardaría identidad con la efectivamente depositada por el importador y que fue incluída erróneamente entre los bienes fideicomitidos. Por tanto, resultó prematuro -como en la especie lo hizo el juez a quo- que era necesario y coherente con el entramado de la operación, que el fiduciario cancelara de seguido una cdi sin mayores demoras, porque tal conclusión importaria tratar como deudor -ex post facto- a quien originariamente no lo era ni tenía vocación de serlo.
Cuestiones de competencia, competencia criminal, competencia por conexidad, falsificación de documentos, falsedad ideológica, supresión del estado civil
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Santoro de Garbarino, Ana s/ causa  nx  10.114  por  sustracción  de  menores en concurso real con  supresión de estado civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

Tratándose de los delitos de supresión de estado civil (art. 139, inc. 2 , del Código Penal) y falsedad ideológica en documento público, y habiéndose suscitado la contienda entre tribunales nacionales, corresponde decidir el planteo de acuerdo al principio del art. 39 del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, principios laborales, policía del trabajo, trabajador, sujetos del contrato de trabajo, derechos del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: LAFUENTE, EDUARDO ALBERTO c/ CEL AR S.R.L.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-01

Se debe reparar que el supuesto que prevé el art. 1201 C.C, de retener tareas es un derecho y no una obligación del trabajador, por lo que conforme al art. 19 C.N. y no estando el actor obligado a hacer lo que ley no manda, ninguna presunción ni consecuencia desfavorable puede aparejarle.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, daños y perjuicios, gastos de reparación del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Fasanelli, Ovidio Alfredo c/ Segatti Hnos. S.R.L. y-u otro y-o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-10-22

La indemnización del costo de reparación del móvil deteriorado tiene por tope máximo el valor que el mismo posea en el mercado de los automotores usados.Es que si el costo de la refacción excede el valor de plaza, eso significaría que el actor que percibiera dicho importe experimentaría un beneficio económico representado por la diferencia entre el valor de otro coche idéntico y la mayor cantidad que recibiría para realizar las reparaciones del suyo, de forma que lejos de restablecerse el equilibrio patrimonial tendría lugar un enriquecimiento incausado de la víctima. De ese dato del valor de plaza del rodado pueden los jueces hacer mérito aún sin una probanza directa y específica, en tanto se trata de un hecho público y notorio.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, factura conformada
Materia: PROCESAL
Carátula: Gargallo, Alejandro c/ Roqueta, José Ramón s/ Prepara Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1975-05-13

"Son documentos hábiles para iniciar la vía ejecutiva los que dan cuenta de una venta al contado, con indicación de la mercadería, cantidad, precio unitario, importe de cada rubro y total, conteniendo las firmas del adquirente ejecutado, aunque no configuren factura conformada con los recaudos previstos en el decreto-ley 6601-63".
Injuria laboral, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Guerrero, Juan Elso. c/ Petroquímica Sudamericana S.A. s/ Despido y daños y perjuicios. Cuenca, Félix Humberto c/ Pereyra, María del Carmen s/ Despido Boullon Vicente Alberto c/ Roux Ocefa S.A. s/ Salarios e Indemnizaciones De Car, de Alfonso, María Elena c/ Fundiciones Acero Punta Alta (F.A.P.A.). S.A.I.C.I. s/ Indemnización por despido Ciuti, Américo c/ Encotesa s/ Despido Cervino, Juan I. c/ Nobleza Picardo S.A. s/ Indemnización por antiguedad Junco, Julio Ismael c/ Materia Hnos. S.A.C.I.F. s/ Indemnización por despido Ibarra, Miguel S. c/ Rotocalco S.A. s/ Despido Fernández, Juan Carlos c/ Telefónica de Argentina SA s/ Indemnización despido Habarna, Roberto D. c/ Canteras Cerro Negro S.A. s/ Indemnización despido, haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17|1986-06-03|1986-04-08|1987-06-23|1997-02-25|1997-07-08|1998-05-12|1998-04-14|2002-02-27|1999-10-26

Las conclusiones relativas a la existencia o no de injuria legitimante del despido sólo pueden ser revisadas por la Suprema Corte si se demuestra que la valoración no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige (art. 242, L.C.T.).
Constitución Provincial, inamovilidad de los jueces, límite de edad, procurador general, acción de inconstitucionalidad, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LILLJEDAHL, ENRIQUE ERNESTO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-12-05

Resulta insostenible el argumento de la accionada- Estado Provincial- quien en su contestación de demanda alega el sometimiento voluntario del actor-actual procurador General de la Corte- a un régimen jurídico que consigna el límite de edad de sesenta y cinco años para el ejercicio de la magistratura-art.195 última parte de la CP-. En efecto, el sometimiento voluntario a determinado régimen jurídico debe entenderse como la aceptación de los principios rectores que establece el orden constitucional para el ejercicio de la función que se asume, pero nunca a las normas que lo vulneren, ya sea que deriven de una norma constitucional o infraconstitucional, tal es el criterio que surge del propio juramento que prestan los magistrados y otros funcionarios cuando asumen el cargo, en cuya fórmula se describe el orden de prelación de las leyes que fija el art. 31 de la CN, por lo que nunca pudo el actor cohonestar lisa y llanamente una norma de la constitución local que, desde su origen contravenía un principio rector -la inamovilidad mientras dure su buena conducta- contemplado por la Carta Magna Nacional.

Por el contrario, de la fórmula de juramento surge la promesa de respetar la jerarquía normativa establecida y, en consecuencia, la obligación de cuestionar cualquier norma que contraviniera aquel orden constitucional supremo, ya sea que derive de la constitución local o de la legislación común.

Por otra parte, no parece razonable considerar que un acto de voluntad subjetiva y personal pueda purgar, de algún modo, una inconstitucionalidad objetiva que la jurisdicción de este Tribunal se limita a detectar y así declarar. Del voto de la Dra. Sesto de Leiva
Prisión domiciliaria, madre del menor, interés del menor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Garro, Marcela Viviana s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-25

Con fundamento en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en virtud de la obligación de los tribunales de atender como consideración especial el interés superior del niño en todas las medidas concernientes a éstos, y teniendo en cuenta que la vigencia y operatividad de los derechos fundamentales de los niños debe prevalecer por sobre las razones de cautela de su progenitora, corresponde revocar parcialmente la resolución que dispuso el arresto domiciliario de la encartada -con condena no firme por el delito de comercialización de estupefacientes- hasta que su hijo menor cumpliera cinco años, y extenderla hasta el momento en el que se le podría conceder la libertad provisoria en los términos del art. 317, inciso 5°, del código de rito, máxime si se tiene en cuenta que en poco tiempo estaría en condiciones de acceder a este último beneficio, y volver intramuros conspiraría contra el régimen de progresividad que inspira la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli).
Prescindibilidad, salarios caídos, funcionarios judiciales
Materia: LABORAL
Carátula: Lanfranconi, María Cristina s/ Solicitud pago salarios y reconocimiento antigüedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-06-21

Corresponde señalar que la Ley 2342, no contempla expresamente en su articulado el pago de salarios no percibidos durante la separación del cargo ni tácitamente por cuanto no hace reserva presupuestaria para ello y la resolución Nro. 82-1984-, en virtud de la cual se reincorporó a la peticionante, nada dispone sobre el pago de los mismos. Por ello y lo expuesto, jurisprudencia imperante, no corresponde acceder a este reclamo.
Régimen de consolidación de deudas, pago, intereses, tasa pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Iriarte, Lydia c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia) s/ Empleo Público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

En relación a las prestaciones devengadas a partir del 1º de septiembre de 1992 deberá estarse al mecanismo de pago contemplado en el art. 22 de la ley 23.982, correspondiendo computar sobre ellas, desde que cada una es debida, la tasa de interés pasiva promedio a que se refiere el art. 8º del decreto 529/91, según texto aprobado por decreto 941/91 (conf. C.S.J.N., in re "López Antonio", del 10/6/92). (Ver esta Sala, 12/10/95, "Lablanche").
Empleo público, docentes, incapacidad laboral, prueba, examen de salud
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Claudia Rosa c/ Estado Provincial de Córdoba s/ Ilegitimidad - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-10-26

No toda incapacidad psico-física inhabilita al agente para ingresar a la docencia, sino aquélla que la haga incompatible con el cargo concreto a desempeñar.

Trantándose de la problemática vinculada a la verificación de la aptitud o ineptidud de la agente que se postula para ocupar un cargo docente, su valoración no puede ser efectuada por la Administración sobre la base de una apreciación meramente discrecional, ya que según se desprende de la reglamentación, la sola circunstancia que se compruebe la existencia de una incapacidad psico-física en la postulante, no constituye un motivo válido para establecer que es inepta para desempeñar las funciones inherentes a la docencia.
Recursos, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: AFIP - DGI s/ Incidente de Verificación en autos "P.S. SA s/Concurso Preventivo 133/92"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-04

No resulta admisible el recurso extraordinario de casación cuando se ataca la decisión del fallo sólo por existir discrepancia subjetiva en la apreciación de los hechos o en la interpretación de las normas de derecho común, mientras la sentencia se funde en razones que, al margen de su acierto o error, basten para sustentar el pronunciamiento como acto jurisdiccional.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de casación interpuesto por el querellante en causa 793 s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

La garantía de la defensa en juicio ampara a toda persona a quien la ley le reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos -querellante o acusado, actor o demandado-, puesto que no se justifica otorgar desiguales garantías a quien postula el reconocimiento de un derecho, así fuere el de obtener la imposición de una pena, y a quien se opone a ello.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, jueces, Cámara de Apelaciones, sala del tribunal, recusación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: B., A. J. A y N., N. B. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Administración fraudulenta-  Recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-30

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el caso ya que el art. 1 de la ley 7055 establece una exigencia fundamental para que la resolución supuestamente agraviante pueda ser objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad local, esta es, que debe tratarse de una sentencia definitiva o auto equiparable, y ello no sucede en el sub examine dado que el pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad -en cuanto desestima las recusaciones planteadas contra los integrantes de la Cámara de Apelación en lo Penal-, no es, en principio, sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ Filiación Extramatrimonial-Ordinario-II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-10-09

La prueba del daño moral se basa en una presunción que encuentra su indicio en la comisión del hecho antijurídico.
Impuestos, capacidad contributiva
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Navarro Viola de Herrera Vegas, Marta c/ Estado Nacional  DGI s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

La existencia de una manifestación de riqueza o capacidad contributiva es indispensable como requisito de validez de todo gravamen.
Emergencia económica, pesificación, depósito bancario, derecho de propiedad, gravedad institucional
Materia: ECONOMIA-CONSTITUCIONAL
Carátula: Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional - dto. 1570/01 y otro s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-27

Si bien el decreto 214/02, constituye una disposición legislativa contraria a la prohibición contenida en el art. 99.3, segundo párrafo de la Constitución Nacional, mediante la cual se ocasionó una manifiesta privación de la propiedad en lo que se refiere a la alteración del capital depositado en las entidades financieras, razones de gravedad institucional tornan prudente arribar a una sentencia que, en tanto unánime en el resultado económico, ponga fin a la gran cantidad de reclamos pendientes de solución (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: Arrascaite, Roberto H.; Pons, Carlos J. s/ Asociación ilícita, coacción agravada y lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-03

Es improcedente el agravio en el que se denuncia la violación del art. 210 del Código Penal pues el tribunal tuvo por probado que existió una asociación que contó con el "mínimo de permanencia y organización como para ser capaz de llevar a cabo el programa criminal trazado", en la que el imputado "formó parte de ella sabiendo perfectamente que sus fines y los medios inherentes a la consecución de los mismos, eran ilícitos", si respecto de lo así resuelto no se ha demostrado la transgresión legal denunciada.
Leyes, control de razonabilidad, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sportfila  S.A.  y otro c/ Estado Nacional (PEN.) s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

El examen de razonabilidad de las leyes en punto a su constitucionalidad no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas y en modo alguno sobre la base de los resultados obtenidos en su aplicación, pues ello importaría valorarlas en mérito a factores extraños.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Puddini de Barreras, María del Carmen c/ Boni, Miguel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

Lógicamente no existen DOS prioridades de paso distintas y contrapuestas en las encrucijadas. Quien arriba a la intersección por la izquierda habiendo avistado la proximidad de quien lo hace por su derecha, sólo puede intentar el paso cuando tiene -y los hechos lo demuestran- la certeza de lograrlo sin interferir en la circulación del único que tiene preferencia para el cruce: quien arriba por la derecha. El no respetar la prioridad de paso que establece la ley de Tránsito para quien arriba por la derecha acarrea una presunción grave de culpabilidad para el infractor.
Despido por maternidad, reorganización de la empresa
Materia: LABORAL
Carátula: González  Selim,  María  Laura c/ Telefónica  de  Argentina S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

La circunstancia de que - inmediatamente antes del despido - la empresa haya ofrecido a la actora (en estado de gravidez, extremo notificado a la empleadora) alternativas de desvinculación en el marco de un proceso de reducción de personal, no resulta suficiente para desvirtuar la presunción prevista en el art. 178 L.C.T., pues tal circunstancia no es eficaz para descartar la posibilidad de que la situación de embarazo de la trabajadora haya motivado su inclusión en el grupo de empleados cuya desvinculación la accionada propició (arg. art. 386, CPCCN).
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ EMPRESA FRANCISCO DE URIARTE (LINEA 15) Y OTRA s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-20

Cuando se trata de demandas contencioso administrativas, atento a los presupuestos y requisitos propios que establece la Ley Nro. 2297, no resulta de aplicación el art. 346 inc. 1 del C.P.C.C., por lo que el tribunal inferior que se declare incompetente debe ordenar el archivo de las actuaciones.-
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Tazzoli, Jorge Alberto c/ Fibracentro S.A. y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

La previsión del art. 623 del Código Civil es de orden público y la capitalización de intereses sólo es admisible de modo restrictivo y en los supuestos expresamente admitidos en la norma legal, so pena de que mediante la aplicación de fórmulas matemáticas abstractas se generen resultados objetivamente injustos, que trascienden los límites de la moral y las buenas costumbres. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Emergencia sanitaria, coronavirus, libertad de circulación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aimar Fratamico y otro c/  s/ habeas corpus
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-30

Corresponde hacer lugar a la acción de habeas corpus intentada con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad de los D.N.U. 235/2021 y 241/2021, con el único propósito de exhortar al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para que se discuta y sancione una ley que permita de forma clara y precisa regular los derechos reconocidos en el art. 28 de la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales.
Tributos aduaneros, repetición de impuestos, solve et repete
Materia: ADUANERO
Carátula: Atanor S.A. c/ E.N. -A.N.A.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-30

Es el propio texto del art. 809 del C.A. el que impone a la A.N.A. el deber de devolver los importes percibidos indebidamente siempre que los contribuyentes así lo solicitaren; lógico es inferir, entonces, que la norma presupone necesariamente el previo pago, sin que se efectúe en el texto legal distinción alguna entre el pago espontáneo o el efectuado tras la intimación de la autoridad recaudadora.
Compraventa, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Uriondo, María Alicia c/ Jauregui, Guillermo E. y otro s/ Nulidad acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La exigencia del asentimiento conyugal es un medio de protección del núcleo familiar (el otro esposo y los hijos menores o incapaces), para que la disposición del inmueble por parte de su titular no los prive de sus derechos. Fluye de aquí que si la justa causa está ausente y el acto padece de defectos intrínsecos, ya no juega la sanción de inoponibilidad, sino que está en jaque la validez del acto (art. 1044, Código Civil).