Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-08


En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de octubre de dos mil cuatro, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, con la Presidencia del doctor Roberto Enrique HORNOS, los señores Jueces de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, doctores Nicanor Miguel Pedro REPETTO, Edmundo Samuel HENDLER, Carlos Alberto PIZZATELLI, Juan Carlos BONZËN y Marcos Arnoldo GRABIVKER, a fin de considerar en acuerdo plenario, de conformidad con lo establecido por los arts. 294/299 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la siguiente cuestión:

"┐La eficacia de la disposición del órgano administrativo de instruir sumario, a los fines de interrumpir el plazo de prescripción de la acción previsto por el art. 19 de la ley Nº 19.359 (t.o. por decreto Nº 480/95), está supeditada a que la notificación de aquella decisión se produzca dentro de un plazo razonable después de dictada?" El señor Juez de Cámara doctor Roberto Enrique HORNOS dijo:

1º) En los términos en que se ha planteado la cuestión a resolver, la misma queda vinculada a determinar si sólo se le reconoce entidad de "secuela de juicio" a la disposición del órgano administrativo de instruir sumario en los términos previstos por la ley 19.359 cuando la notificación de aquella decisión tiene lugar dentro de un plazo razonable.

2º) La mencionada causal de interrupción de la prescripción de la acción penal (secuela de juicio) resultó introducida al Código Penal por la ley 13.569, toda vez que con anterioridad al dictado de la norma mencionada sólo se admitía como causal interruptora a la comisión de un nuevo delito.

3º) A partir de la redacción otorgada al Código Penal por la ley antes mencionada son dos las formas interruptivas de la prescripción de la acción: a) la comisión de un delito, y b) la secuela de juicio, entendida esta última causal como la producción de determinados actos procesales a los que se les reconoce entidad interruptora de los plazos de extinción de la acción.

4º) Con lo expresado queda en claro que no cualquier acto del proceso tiene aquella entidad interruptora de la prescripción de la acción, y básicamente se reconoce aptitud en tal sentido a los actos "de impulsión real y eficaz del proceso por parte de los órganos o de las personas que tienen la facultad de hacerlo" (Sebastián SOLER, "Derecho Penal Argentino", T. II, pág. 457, ed. TEA, 1973).

5º) He sostenido con anterioridad "que la condición de análisis de la idoneidad de un acto procesal para actuar como secuela de juicio e interruptor de la prescripción de la acción penal no puede siempre formularse en abstracto, sino a partir de la aptitud progresiva del proceso que el mismo conlleve en el caso particular" (Reg. Nº 537/95 de Sala "B", entre otros; el subrayado pertenece al presente).

6º) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado con relación a la disposición administrativa por la cual se dispone instruir sumario por supuestas infracciones previstas por el llamado régimen penal cambiario (ley 19.359): "más allá del juicio que merezca la demora en que se habría incurrido para disponer la instrucción sumarial, su dictado y, más aún, su dictado poco antes de que opere la prescripción, es una muestra clara de la voluntad administrativa de ejercer la acción penal" (Fallos 304:154).

7º) La resolución del Banco Central de instruir sumario en relación a presuntas infracciones a la ley 19.359 es demostrativa de la voluntad administrativa de ejercer la acción penal, por lo que exteriorizada aquella voluntad con anterioridad a haberse extinguido la acción, tiene entidad de secuela de juicio y constituye un acto con aptitud progresiva para el avance del proceso.

8º) Tras indicar el término de prescripción de la acción para perseguir infracciones de cambio, por el art. 19 de la ley 19.359 (T.O. por decreto 480/95) se precisa: "Dicho lapso se interrumpirá por los procedimientos que impulsen la investigación, practicados con conocimiento del inspeccionado, por los actos procesales de impulsión dictados por la jurisdicción administrativa o judicial y por la comisión de otra infracción".

9º) De lo previsto por el texto legal transcripto resulta que no es exigencia legal la notificación de la disposición administrativa de instruir sumario para que se produzca el efecto interruptor de la prescripción que tiene una decisión en el sentido precedentemente indicado.

10º) Si se evidencia de manera inequívoca por el acto de disponer la instrucción de sumario la voluntad administrativa de ejercer la acción, el efecto interruptor se produce de pleno derecho, sin que pueda subordinarse la producción de aquel efecto a notificaciones que legalmente no se exigen.

11º) Por otra parte, también corresponde reconocer efectos de pleno derecho a la disposición de instruir sumario adoptada por el órgano administrativo por presuntas infracciones a la ley 19.359 no sólo por cuanto no está prevista legalmente sino porque no resulta necesaria la vinculación directa de aquel acto con otros actos procesales posteriores para que se evidencie, en cada caso, la aptitud progresiva del proceso que conlleva aquella disposición.

12º) Por lo expresado, doy respuesta negativa al interrogante motivo de esta convocatoria del pleno.

El señor Juez de Cámara doctor Carlos Alberto PIZZATELLI dijo:

1º) Que, la cuestión sometida a debate en esta ocasión refiere a determinar si la eficacia de la disposición del órgano administrativo de instruir sumario, a los fines de interrumpir el plazo de prescripción de la acción previsto por el art. 19 de la ley Nº 19.359 (t.o. por decreto Nº 480/95), está supeditada a que la notificación de aquella decisión se produzca dentro de un plazo razonable después de dictada.

2º) Que, cabe recordar que en numerosas oportunidades me he expedido -y en este aspecto no hay discrepancias con mis demás colegas de este pleno- en el sentido de que el dictado de la disposición que ordena instruir sumario interrumpe el plazo de prescripción en materia de infracciones cambiarias (confr. Regs. Nos. 954/01, 339/02, 952/02, 117/03, y 915/03, entre muchos otros, de la Sala "B" de esta Cámara y Regs. Nos. 2/00, 1120/01, 837/03 y 871/03, también entre muchos otros, de la Sala "A" de esta Cámara).

En este sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al establecer que en lo que atañe al efecto interruptivo de la prescripción de la acción penal cambiaria, el art. 19 de la ley 19.359 contempla como actos con virtualidad para ello, a los que impulsan la investigación tanto en la etapa preliminar del sumario -que va desde la inspección hasta el decreto de instrucción- como en la sumarial propiamente dicha (Fallos 315:2668).

Sin perjuicio de lo mencionado, no hay previsión legislativa alguna que pretenda supeditar la mencionada eficacia interruptiva del dictado del acto que ordena instruir sumario a su efectiva notificación.

3º) Que, por numerosas resoluciones de la Sala "B", las cuales he suscripto, se ha hecho referencia a que la eventual inoperancia del Banco Central de la República Argentina al llevar a cabo determinados trámites administrativos o al demorar en exceso en efectuarlos, no afecta a la eficacia de los actos que hubiese dictado (confr. Regs. Nos. 684/97, 733/98, 807/02, 301/03, 915/03, entre otros, de la Sala "B").

4º) Que, el criterio mencionado por la consideración anterior ha sido el sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversas oportunidades; en efecto, ha afirmado: "...para que el auto de apertura del sumario dispuesto [...] posea la aptitud interruptiva de la prescripción que se le reconoce, no es necesario que sea puesto en conocimiento de los sumariados, motivo por el cual, la demora en la notificación [...] no guarda relación con las causales de prescripción mencionadas en aquélla norma federal..." (dictamen del Procurador General de la Nación en V. 284. XXXIII. In re "Víctor P. de Zavalía S.A. y otros s/ley 19.359"; sentencia del 27 de agosto de 1998); en este mismo sentido: Fallos 315:1155 y 2668.

5º) Que, cabe recordar que por distintos pronunciamientos de esta Cámara Nacional de Apelaciones se ha expresado que la apertura de sumario en materia cambiaria resulta equivalente al llamado a indagatoria (Conf. Reg. Nº 406/90, ex-Sala I, "Banco Shaw S.A. - BASO de GATO, Elsa - LOPEZ HERMIDA, Arturo Gerardo s/inf. Ley 19.359", de fecha 13 de julio de 1990, y Reg. Nº 323/90, ex-Sala II, "Astra Cia. Argentina de Petróleo S.A. y el Sr. PONASSO, Francisco Fernando s/inf. Ley 19.359", de fecha 30 de octubre de 1990).

6º) Que, asimismo, cabe destacar que la Cámara Nacional de Casa 7º) Que, "Los actos secuela del juicio interrumpen por sí, sin necesidad del conocimiento del imputado, porque su capacidad interruptora no reside en el saber de éste, sino en el propio sentido del acto" (conf. NUÐEZ, Ricardo C., Derecho Penal Argentino - T. II -, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1965).

En consecuencia, se advierte que los actos con entidad interruptiva del curso de la prescripción son eficaces a tal efecto desde el momento en que son dictados, sin perjuicio de su posterior y efectiva notificación.

8º) Que, por el citado precedente "Banco Shaw S.A. - BASO de GATO, Elsa - LOPEZ HERMIDA, Arturo Gerardo s/inf. Ley 19.359" de la ex-Sala I de esta Cámara, se hizo referencia a la cita transcripta por el considerando anterior y se criticó la técnica legislativa empleada al redactar el artículo 19 de la ley 19.359, ya que se refiere al "conocimiento del imputado", cuando precisamente, la capacidad interruptiva de los actos no reside en aquel conocimiento.

9º) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido en el mismo sentido al sostener que lo que se debe tener en cuenta es la fecha en que originariamente se ordena la declaración (Fallos 316:1752; 323:982).

10º) Que, en consecuencia, la citada jurisprudencia por la cual lo determinante a los fines de interrumpir el plazo de prescripción es el llamado a declaración indagatoria y no la notificación de aquella disposición, resulta de aplicación a la cuestión discutida en este plenario debido a la demostrada equiparación (en cuanto a la eficacia interruptora del curso de la prescripción penal) entre el llamado a indagatoria y la apertura de sumario.

11º) Que, en el sentido que se viene exponiendo se ha expedido también la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal en un fallo plenario en el que, por mayoría, se estableció como doctrina legal que: "...la fecha en que fue notificado [...] no tiene relevancia alguna para el cómputo de la prescripción [...] interrumpe el plazo de prescripción el simple dictado del acto administrativo [...] sin que para ello se requiera previa notificación". (conf. C. Nac. Cont. Adm. Fed., en pleno, "Hughes Tool S.A. v. Administración Nacional de Aduanas", de fecha 23 de septiembre de 2003).

12º) Que, sin perjuicio de lo expresado hasta aquí, debe efectuarse un concreto análisis sobre qué debe entenderse por "plazo razonable".

En diversas oportunidades, me he expedido junto con mis colegas en distintos pronunciamientos de la Sala "B" de esta Cámara (confr. Regs. Nos. 339/02, 399/03) por los que se expresó que si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la relación existente entre "duración razonable del proceso" y "prescripción de la acción penal" (Fallos 323:982), también ha determinado "...la imposibilidad de traducir el concepto "plazo razonable" en un número fijo de días, meses, o de años..." (Fallos 310:1476).

13º) Que, en la legislación argentina se encuentran normas referidas al mencionado plazo. En efecto, por el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- se dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable..." A su vez, por el art.14.3, inc. "c" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se expresa: "Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ... c) a ser juzgada sin dilaciones indebidas...".

Debe recordarse que ambos instrumentos internacionales tienen jerarquía constitucional conforme lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, a pesar de que toda persona perseguida penalmente cuenta con un derecho fundamental a ser juzgada dentro de un plazo razonable, los alcances prácticos de este derecho fundamental no han sido precisamente delimitados.

En efecto: "...la opinión dominante ha entendido que, ante todo, el plazo razonab 14º) Que, según la interpretación efectuada por el autor mencionado por el considerando anterior, "La idea central es que el plazo razonable sea interpretado, en primera línea, como aquello que el derecho procesal penal comprende por plazo: un lapso dentro del cual -y sólo dentro del cual- un acto procesal, un conjunto de actos procesales, una etapa del procedimiento o todo el proceso (como conjunto de todos los actos particulares que lo componen) pueden ser realizados válida y eficazmente. Dicho plazo, como cualquier plazo, debe estar establecido en las unidades temporales que el derecho, como fenómeno cultural, ha adoptado en reconocimiento del hecho histórico y social de la organización del tiempo entre los seres humanos: días, semanas, meses, años..." (Conf. PASTOR, Daniel R., op.cit., pp.673/674).

15º) Que, por lo tanto, de acuerdo a lo expresado precedentemente en cuanto a que el plazo razonable no se puede medir en días, semanas, meses o años, se advierte la inconveniencia de que la interrupción del plazo de la prescripción en el caso examinado quede supeditada a la notificación de un acto administrativo (apertura del sumario) en un "plazo razonable"; por el contrario, se evidencia la necesidad de que el efecto interruptivo en cuestión se verifique por el acto mismo de la apertura del sumario y no por la notificación de aquel, que de por sí, se debe efectuar en un plazo no previsto legalmente.

16º) Que, por lo demás, el recurrente invocó la afectación de las siguientes garantías constitucionales: igualdad ante la ley, debido proceso legal, defensa en juicio, propiedad privada, trabajar y ejercer toda industria lícita, pero no argumentó suficientemente de qué forma las mencionadas garantías fueron vulneradas en el caso examinado.

Las falencias del acto administrativo cuestionado -en el caso, la demora en la notificación de la instrucción de sumario por el Banco Central- resulta insuficiente para alegar dicha afectación, máxime si no hubo menoscabo en el sentido de haber podido efectivamente realizar el descargo previsto por el régimen especial.

17º) Que, sin perjuicio de lo hasta aquí dicho, considero que es oportuno aclarar que si bien como se ha afirmado en otras oportunidades por la Sala "B" de esta Cámara (y como fuera recordado por el considerando 3º de la presente), la eventual inoperancia del Banco Central no afecta la eficacia de los actos que aquél hubiese dictado -ello sustentado, además por la jurisprudencia y doctrina recopilada y citada por el presente-, debe encomendarse, en cada caso en que se lo considere conveniente, al Banco Central que adopte los recaudos pertinentes a los fines de evitar injustificados y excesivos abusos en el ejercicio de sus funciones como organismo administrativo.

18º) Que, por otra parte, el recurrente alega la existencia de "autocontradicción" de la Sala "B" en la resolución que dio lugar al recurso que convoca a este pleno sin explicar los fundamentos de dicha afirmación; no obstante, el mencionado agravio será examinado en oportunidad de resolver el recurso extraordinario interpuesto.

19º) Que, por lo tanto, por las consideraciones vertidas por el presente considero que debe responderse en forma negativa al interrogante planteado en esta ocasión, por lo que la eficacia de la disposición del órgano administrativo de instruir sumario, a los fines de interrumpir el plazo de prescripción de la acción previsto por el art. 19 de la ley Nº 19.359 (t.o. por decreto Nº 480/95), no está supeditada a que la notificación de aquella decisión se produzca dentro de un plazo razonable después de dictada. En este sentido voto.

El señor Juez de Cámara doctor Marcos Arnoldo GRABIVKER dijo:

Por consideraciones similares a las desarrolladas por el doctor Carlos Alberto PIZZATELLI, adhiero a las conclusiones de este colega.

En consecuencia, voto por responder al interrogante que motivó esta convocatoria a un pronunciamiento plenario, de forma negativa.

El señor Juez de Cámara doctor Edmundo Samuel HENDLER dijo:

I.- La ley que rige en la materia establece que la prescripción de la acción se interrumpe, entre otros motivos, por los actos procesales de impulsión dictados por la jurisdicción administrativa, y es pacífica la interpretación de que la II.- Como resulta de lo expuesto, la cuestión planteada es de hecho y prueba y no admite una respuesta categórica, ya que depende de las concretas circunstancias del caso. La afirmación de que la eficacia interruptiva de un determinado acto depende de la realización de otro acto dentro de un determinado plazo, implicaría imponer una solemnidad formal que nada tiene que ver con lo que establece la ley. Lo que si cabe dejar señalado es que la demora injustificada en llevar a cabo las diligencias encaminadas a cumplir la orden, autoriza a presumir que esta última tuvo un alcance meramente ritual que no produce impulsión procesal ni interrumpe el curso de la prescripción.

III.- Con el alcance expresado y en la necesidad de responder a la cuestión propuesta, me pronuncio por la afirmativa.

Tal es mi voto.

El señor Juez de Cámara doctor Nicanor Miguel Pedro REPETTO dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Edmundo Samuel HENDLER, y por lo tanto respondo al interrogante de manera afirmativa.

El señor Juez de Cámara doctor Juan Carlos BONZËN dijo:

El Régimen Penal Cambiario (ley 19.359 t.o. 1985 por decreto 480/95) establece en su artículo 6º que ante una denuncia de haberse cometido una infracción cambiaria, el Banco Central puede optar por tres posibilidades. Ellas son: a) ordena instruir sumario; b) proseguir la investigación o c) archivar las actuaciones.

De inclinarse por la primera posibilidad, el proceso sumario hasta la conclusión de la causa para definitiva, no podrá exceder de 360 días hábiles (artículo 8º).

Una vez que se ordena la apertura formal del proceso, la sustanciación del mismo comienza con el traslado al sumariado de las imputaciones por 10 días, continúa con las pruebas a sustanciarse en un plazo no mayor de 20 días con intervención del sumariado, terminando con el auto de clausura del período de prueba y la remisión de las actuaciones al juez correspondiente dentro de los 15 días.

Como puede verse, el régimen es claro y concreto en fijar plazos para las distintas etapas procesales administrativas.

Tal como sostuve en un trabajo de hace más de 10 años, lamentablemente el loable principio de dictar justicia en plazos razonables, se ve desvirtuado en la práctica administrativa, ocurriendo con asiduidad que se ordena instruir sumario, poco tiempo antes de que ocurra la prescripción de seis (6) años prevista por el artículo 19 del texto ordenado, con el solo fin de interrumpir la prescripción. (BONZËN RAFART, Juan Carlos. "Importantes reformas introducidas por la ley 24.144 al régimen penal cambiario", Revista de Derecho Bancario y de la Actividad Financiera, Ed. Depalma, Setiembre-Diciembre 1992, Nº 11/12, pág. 649) Asimismo, he sostenido que el artículo 19 de la Ley Penal Cambiaria establece tres supuestos de interrupción de la prescripción. Ellos son: 1) los procedimientos que impulsen la investigación, practicados con conocimiento del inspeccionado; 2) los actos procesales de impulsión dictados por la jurisdicción administrativa o judicial 3) la comisión de otra infracción. Sólo al primer supuesto (diligencias ordenadas por la autoridad no jurisdiccional) se le aplica el requisito de que se practique con conocimiento del inspeccionado, precisamente porque su eficacia depende de la participación de quien resulta incriminado por esa averiguación. Por el contrario, el segundo supuesto tiene valor incriminatorio per-se como acto de impulsión por emanar de autoridad jurisdiccional, ya sea administrativa o judicial.

Para que la resolución de instruir sumario dictada por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, tenga efectos interruptivos de la prescripción, deben llevarse concretamente a cabo las diligencias que impulsen el proceso en un plazo razonable, no bastando la sola orden de instruir el sumario y ni siquiera su notificación al sumariado, en el caso del primer supuesto citado, porque tales actos administrativos per-se sólo significan cumplir con un ritualismo formal, que nada ayuda a la eficaz administración de justicia.

Es con la presente salvedad que adhiero al voto del doctor Edmundo Samuel HENDLER y opino en consecuencia al interrogante en forma afirmativa.

En carácter de Presidente del Tribunal, el doctor Roberto Enrique HORNOS expresó:

Atento al resultado de la votación precedente, es obligación prevista legalmente que sea el Presidente del Tribunal llamado a reunión plenaria quien decida la cuestión convocante (art. 299 C.P.C.C.N.).

Realizado un nuevo y detenido examen de la cuestión, así como también de las ponencias que aquí fueron vertidas, ratifico la postura asumida, y por las razones antes expresadas, así como por aquellas que fundamentan el voto del doctor Carlos Alberto PIZZATELLI, llego a la conclusión que la respuesta negativa al interrogante que nos convoca es la que por derecho corresponde. Así me pronuncio desde la incómoda posición en la que por mandato legal me encuentro, a efectos de resolver la cuestión planteada.

Por el mérito que ofrece el acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

La eficacia de la disposición del órgano administrativo de instruir sumario, a los fines de interrumpir el plazo de prescripción de la acción previsto por el art. 19 de la ley Nº 19.359 (t.o. por decreto Nº 480/95), no está supeditada a que la notificación de aquella decisión se produzca dentro de un plazo razonable después de dictada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Sala "B".

Fdo.: Roberto Enrique HORNOS (Presidente) - Nicanor Miguel Pedro REPETTO - Edmundo Samuel HENDLER -Carlos Alberto PIZZATELLI - Juan Carlos BONZËN - Marcos Arnoldo GRABIVKER ES COPIA Poder Judicial de la Nación