marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Atentado y resistencia a la autoridad, falsificación de instrumento público, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: " Zenocratti, Raúl David y otro s/ desestimación de denuncia ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-11

Respecto del delito previsto en el art. 239 del C.P., "La materialidad del ilícito aludido requiere la existencia de una orden clara y concretamente dirigida a persona o personas determinadas, requisito que constituye a los destinatarios en sujetos posibles del delito (cf. FONTÁN BALESTRA, Carlos, Tratado de Derecho Penal, T. VII-Parte Especial, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990, p.189)"."Al respecto, Sebastián Soler sostiene que "Para no acordar extensión desmedida a la figura de la desobediencia, es preciso ser muy exigentes acerca de la concreción de la orden con respecto a cada destinatario, la clara conminación de ella y la existencia de un deber positivo de acatamiento" (Derecho Penal Argentino, T. V, Editorial tea, Buenos Aires, 1992, p. 147; sin subrayado en el original)"."... se trata de un delito doloso que exige el conocimiento de la existencia de la orden y de que se es el destinatario de ella, de lo contrario, no podría afirmarse que el autor tiene conciencia de estar desobedeciendo"."Al respecto, esta Sala tiene dicho que: "el elemento subjetivo reside en el conocimiento y la voluntad de no responder con la conducta exigida por el requerimiento de la autoridad" ("Valdecantos, Jorge O. s/procesamiento", reg. N° 505, rta.: 23/05/02)"."... la configuración del delito tipificado en el artículo 292 del Código Penal no se satisface únicamente con la mera realización -parcial o total- de un documento falso o la adulteración de uno verdadero, sino que, a su vez, la figura bajo análisis exige taxativamente que se origine la posibilidad de perjuicio"."En ese sentido, la doctrina ha dicho que: "normalmente la misma falsedad-sobre todo cuando recae sobre documentos públicos-puede señalarse ya como un menoscabo de la fe pública en cuanto se ha deformado el documento que la lleva; pero ese efecto no es típicamente suficiente; la ley exige que a esa eventual lesión 'abstracta' se sume la concreta de la posibilidad de perjuicio de otros bienes jurídicos (distintos de la fe pública), que pueden ser de variada naturaleza: patrimonial, moral, política, y deben pertenecer a un tercero, es decir, tienen que ser de titularidad de alguien que no sea el agente de la falsificación" (BUOMPADRE, Jorge Eduardo-CREUS, Carlos; Falsificación de documentos en general, Editorial Astrea, Buenos Aires, 4° edición actualizada y ampliada, 2004, p. 75; en el mismo sentido, ver SOLER, Sebastián; ob. cit., p. 462 y ss.; FONTÁN BALESTRA, Carlos; ob. cit., p. 579 y ss.)".
Marcas, medicamentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LABORATORIO BAGO S.A.. c/ ROEMMERS S.A.I.C.F.. s/ CESE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-08

Es aconsejable mitigar el rigor de la comparación marcaria cuando el conflicto se desenvuelve en el campo de las especialidades medicinales y farmacéuticas, aun cuando uno de los productos a los que efectivamente se aplica la marca esté sujeto al régimen de "expendido bajo receta", desde que la observancia general de ese recaudo -al menos en materia de antibióticos- no es estricta en la práctica. (S2,2087,080783)
Competencia funcional, sentencia
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: CAROD RAUL HOMERO c/ EUGENIO S.SCARPONI s/ DEMANDA  - CASACION LABORAL - SENTENCIA - INCONSTITUCIONALIDAD - SALA  LABORAL: COMPETENCIA FUNCIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-25

El planteamiento de inconstitucionalidad de la sentencia del tribunal de mérito (en tanto para imponer las costas se apoya en la ley 7269) formulado en esta instancia, excede el marco del recurso de cesación declarado formalmente admisible por la causal del art.

95, Inc. 1°, LPT, cuya finalidad es la unificación de jurisprudencia frente a fallos de distintas cámaras de trabajo que contengan interpretación contradictoria de la ley o de la doctrina legal. Un pronunciamiento de esta sala al respecto, implicaría un 'exceso de jurisdicción. El impugnante tenía otro medio para lograr decisión sobre el tema, cual es el recurso de inconstitucionalidad previsto en el art. 104 LPT, el que habiéndose utilizado, no fue declarado admisible por la cámara a quo, ni constituyo objeto de queja por ante esta sala.
Daños y perjuicios, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Propato, Carlos ALberto c/ Pérez, Luis Alberto y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-28

Si bien es cierto que el camión guiado por el co-demandado, constituye una cosa riesgosa que viabiliza la aplicación del art.

1113 del Código Civil; no menos riesgosa fue la situación generada por la persecución policial en la que se vio involucrado el conductor del camión, al encontrarse con una camioneta volcada en su huída que lo había sobrepasado y desde la que se hacían disparos con armas de fuego a la patrulla policial que la perseguía, creándose así una grave e inminente situación de riesgo para su propia vida.

Por tal motivo, a falta de mayores elementos de prueba que permitan establecer el porcentaje en que cabe exonerarlo de responsabilidad, es justo y equitativo reducir la misma al cincuenta (50) por ciento.
Competencia contencioso administrativa, recurso de reconsideración, in dubio pro actione
Materia: PROCESAL
Carátula: Escobar Valverde, Carlos Mariano c/ Provincia de Córdoba s/ - Ilegitimidad - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2017-09-19

Una interpretación integral y razonable de las normas que definen el sistema recursivo administrativo local (arts. 67, 68 y sgtes. y 80, 81, 82 y 87, Ley 6658) importa tener presente que, por regla general, no procede el recurso de reconsideración contra una medida ya reconsiderada (art. 82, Ley 6658). Sin embargo, cabe precisar que el principio no tiene carácter absoluto, y solo sería aplicable a quien pide la reconsideración del acto que resolvió una impugnación de idéntica naturaleza previamente interpuesta. Es decir, la finalidad de la cláusula ha sido impedir que aquél a quien le fue rechazado un recurso de reconsideración, impugne sucesivamente y mediante el mismo remedio recursivo, una decisión administrativa. Por ello, no resulta indiferente quién dedujo el primer recurso de reconsideración. De este modo, el acto administrativo que al interpretar el artículo 82 de la Ley 6658, entiende que la norma no efectúa distinción de índole subjetiva, incurre en un excesivo rigor formal que violenta los principios pro actione, de acceso a la jurisdicción, de tutela administrativa efectiva, de control judicial de los actos administrativos y la garantía del debido proceso adjetivo. Asumir una postura en contrario importaría no sólo conferir un sentido a la norma que el legislador no le ha atribuido, sino además negar la función de garantía formal que cumplen los recursos administrativos al permitirles a los particulares afectados en sus derechos, la revocación o modificación de los actos administrativos ilegítimos, eliminando el perjuicio que contienen.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, concursos docentes
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: COCERES, NANCI c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-10

La situación en análisis difiere de la considerada y resuelta en antecedentes en que la sentencia A quo había declarado inconstitucional -por violar la igualdad- la normativa por la cual se consideraba de manera diferencial, para los concursos docentes, la antigüedad en el desempeño en escuelas públicas y privadas, otorgando en este último supuesto la décima parte de la puntuación, pues en tales casos se verificaban las condiciones de excepción que permitían concluir que la cuestión resulta materia de amparo; condiciones que no se advierten en la presente causa, en que por vía de amparo se cuestionó la constitucionalidad del tope máximo de edad (40 años) para el ingreso a la titularidad docente provincial, sin que las razones invocadas resulten suficientes para considerar que en los términos de la ley de amparo dicha reglamentación adolezca de ilegalidad manifiesta, ya que no lesiona con arbitrariedad manifiesta los derechos amparados por garantías constitucionales de la amparista. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhirió el Dr. Gutiérrez).
Ejecución fiscal, monto del juicio, inexistencia de deuda, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Banco Privado de Inversiones SA s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

La queja no puede prosperar si no logra rebatir en forma suficiente la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad intentado ni acredita la existencia de un caso constitucional (arts. 113, inc. 3, de la CCABA y 26 de la ley n° 402). El recurso directo se limitó a reproducir manifestaciones de disconformidad con lo decidido por la alzada, reiterando las defensas oportunamente desestimadas, que no resultan suficientes para formular una crítica concreta y razonada contra el decisorio de Cámara -conforme así exige el art. 32 de la ley n° 402-. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carrete, Marcelo y otros c/ Departamento de Despacho Sec. de Gob. Municipalidad de Berisso s/ Acción de amparo -cuestión de competencia art. 6 C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-02

No se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal si no se cuestiona algún acto administrativo por reputárselo lesivo de una situación jurídica de ese carácter sino que, en rigor, lo que se persigue es la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución de la Suprema Corte por medio de la cual se estableció como requisito para la inscripción en el curso de capacitación para instructores judiciales cierto límite de edad, teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 20 de la Const. prov. en cuanto a que "cualquier juez" será competente para resolver en el ámbito de la acción de amparo y que, en dicho proceso, podrá declararse la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto lesivo (arts. 20, 161 inc. 1 y 215 Const. de la prov.; 1, 6, 28 y concs. del C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castaño, Maria del Carmen c/ Zurro, Antonio A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-09

Si la sentencia penal decretó la absolución o el sobreseimiento criminal, la misma sólo puede ser invocada como eximente de responsabilidad civil en dos supuestos: a)cuando se basó en la inexistencia del hecho, b)cuando la producción del hecho se hubiera tratado con tal amplitud que no dejara margen alguno susceptible de dar cabida a una responsabilidad civil. Recién ahí jugaría y regiría con amplitud el art. 1103 del cód.civil. Fuera de esos supuestos, como regla general, el fallo penal dictado con aquel sentido no hace cosa juzgada en sede civil.-
Sociedades comerciales, exhibición de documentos, libros de comercio, derechos del socio, derecho de información del socio
Materia: COMERCIAL
Carátula: VILLANUEVA O. c/ ARTYSUR SOCIEDAD ANONIMA. s/ SUMARIO - NULIDAD DE ASAMBLEA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-11

La exhibición de libros como procedimiento autónomo y voluntario, se halla normado por el Código Procesal: 781; y en el caso de las sociedades por acciones, requiere la audiencia del síndico para que el tribunal forme convicción acerca de la procedencia del pedido de información.

La existencia e individualización de los libros societarios tornaría inoperante la medida. Mas ello no autoriza a permitir que el accionista se constituya, por sí o por intermedio de un perito- en fiscalizador individual de la administración y contabilidad de la sociedad, debiendo conciliarse debidamente el derecho de información de los socios con la normativa que impide su acceso directo a los libros.
Cheque sin fondos, domicilio cerrado
Materia: PENAL
Carátula: CARRERA, MANUEL s/ Cheque sin fondos Causa 27081
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-28

1- El requisito de la interpelación documentada impuesto por el Art.

302, inc. 1) del C.P" como condición objetiva de punibilidad no aparece debidamente satisfecho si el telegrama respectivo no se entregó en destino por "Cerrado reiterado" y no resulta de autos que el fracaso del acto interpelatorio se hubiera originado en alguna maniobra ardidosa del destinatario. (Del voto del Dr. García Quiroga).- 2- Es válida la intimación dirigida al domicilio "real" del librador pero ello siempre ha de estar supeditado a una entrega concreta en destino de la interpelación documentada. (Del voto del Dr. García Quiroga).- 3- Los domicilios registrados en el banco no revisten todos el carácter de "especiales" pues ello no se ajusta al texto del Art. 1° del Dec.Ley 4776/63 que menciona "el" domicilio que el titular de la cuenta tenga registrado en el banco, como domicilio que podrá ser considerado especial a todos los efectos legales derivados de la emisión del cheque y no "los" domicilios del librador, ni se corresponde con las normas reglamentarias que aluden al domicilio "real" y la constitución de un domicilio "especial", a insertarse en la solicitud para la apertura de la cuenta. (Del voto del Dr. García Quiroga).- 4- No puede entenderse que la comunicación ha existido si el mensaje no llega a destino; no se trata de un despacho recibido por un tercero sino un telegrama que el propio servicio oficial de telégrafos informa no haber entregado. En esas condiciones, cualquiera sea la causa de la frustración, no existió comunicación (Del voto del Dr. Hendler).
Honorarios, monto del juicio, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Porcio, Angel Osvaldo c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Cuando el juicio concluye por caducidad de instancia, el monto del proceso a los efectos arancelarios debe ser la mitad de aquel pretendido en la demanda, conforme lo normado por la ley 21839: 20, modif. por la ley 24432, con inclusión de intereses (Com. en pleno, del 29/12/94, "Banco del Buen Ayre c/ Texeira Mendez SA s/ Ordinario s/ Incid. honorarios por Bindi Gustavo A.").
Ejecución de la pena, sanciones penitenciarias carcelarias
Materia: PENAL
Carátula: Meza, Marisa Alejandra s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-03

Corresponde declarar la nulidad de la sanción impuesta si se omitió el examen de los planteos efectuados, ya que nada se dijo acerca de la alegada vaguedad de los tipos infraccionales aplicados al caso, ni tampoco se emprendió la tarea interpretativa que la defensa reclamaba a fin de determinar si efectivamente la conducta reprochada a la interna podía ser subsumida en aquéllos, todo lo cual -además de carecer de la debida fundamentación- redundó en la afectación del control judicial amplio y eficiente de las decisiones de la autoridad penitenciaria en la etapa ejecutiva de la pena.
Accidentes de trabajo, trabajadores portuarios, trabajadores marítimos
Materia: LABORAL
Carátula: CORDOBA, FELIX EUSEBIO c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-18

Por la sola circunstancia de que el accidente ocurra a bordo, es decir en el ambiente físico al que está sujeto el trabajador en razón de las tareas que desempeña, el hecho encuadra en el artículo 1 de la ley 9688.
Competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Instituto de Previsión Social c/ Campoo Kurtz S.R.L. y Otros s/ Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-29

La competencia, originaria, exclusiva, excluyente y de orden público, tiene rango constitucional, siendo legal la determinación de la materia, la que puede por ésta única vía ampliarse o ceñirse pero siempre de comprensión restringida. Fuera de los supuestos de la norma señalados en forma expresa (Código Contencioso Administrativo, Ley N° 52) y que deben interpretarse restrictivamente, ninguna otra causa puede admitirse por la vía contenciosa administrativa pues no se encuentra autorizada. (Dr.

Acosta: En disidencia).
Despido indirecto, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Carboni, Fernando J. c/ Blanco Novo José s/ Laboral por cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-10-02

En relación a las acciones emergentes del distracto -indemnización por antigüedad sustitutiva de preaviso, vacaciones y S.A.C.

proporcional-, para establecer la fecha en que opera la prescripción, el plazo de la misma debe computarse a partir del momento en que se remitió la comunicación del despido indirecto.
Abogados, sanciones disciplinarias, conducta procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MORELLI, EDGARDO ARIEL ALDO c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-25

El compareciente invoca una supuesta falta de motivación y afectación del derecho de defensa, mas no logra demostrar que en la sentencia impugnada se hubiese incurrido en una hipótesis de violación de garantías constitucionales, sino que sólo revela su mera discrepancia con lo decidido por el A quo al confirmar la sanción impuesta, por considerar los planteos de suspensiones y recursos ostensiblemente improcedentes e innecesarios realizados por el quejoso como un desmesurado y abusivo ejercicio de la defensa desarrollada, configurando un entorpecimiento obstructivo y abusivo sobre el trámite del proceso, que permitió una evidente postergación del cumplimiento del fallo recaído en perjuicio de la abogada denunciante.
Prescripción adquisitiva, intervención de terceros, caducidad de instancia
Materia: PENAL
Carátula: Ferreyra Ortiz Cristóbal Rafael  c/  s/ prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-03-07

Si bien el tercero no puede aspirar a que se declare para sí ningún derecho, puede en función del interés propio invocado, impedir que se consagre a favor de quien no ha satisfecho todos los requerimientos para acceder al reconocimiento de una pretensión -para el caso la prescripción adquisitiva del inmueble rural que da origen al entuerto-, sobre el cual se superponen pretensiones o expectativas posesorias de ambos" (STJRNSC: SE. "N., M. C/ C. Y B., F. y Otro s/ Usucapión s/ Casación" - expte. nº18648/03 - STJ 09-06-04 - Lutz - Balladini - Sodero Nievas - nro. de sumario:16157).
Deuda previsional, recurso de apelación (procesal), depósito previo, liquidación de sociedades
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO BARADERO S.A. c/ I.N.P.S. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-20

La imposibilidad resultante de la disolución y liquidación de la sociedad, dispuesta en asamblea general extraordinaria, no puede ser invocada para eximirse del depósito dispuesto en el art. 12 de la ley 21.864, toda vez que es fruto de la propia conducta discrecional de la recurrente (cfr. C.S.J.N., Baum y Kadischevich S.A.I.C.I.F.", sent. del 14.03.89).
Daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MOSQUERA ALBERTO c/ ZALAZAR OVIDIO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

Si bien es cierto que para acreditar el lucro cesante se requiere una prueba concreta de las pérdidas, no lo es menos que la misma no puede exigirse en términos matemáticos, debiendo tomarse en cuenta el aporte de datos que permitan presumirlos de modo fidedigno, concurriendo asimismo en auxilio del juzgador la norma del art. 165 del Cód. Procesal.-
Lanzamiento preventivo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

La medida de reintegro prevista en el art. 335, in fine, del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe reputarse inconstitucional, pues con la sola acreditación de la verosimilitud en el derecho invocado, resulta constitutiva de un estado de imputabilidad hacia quien se encuentra habitando u ocupando un inmueble, avasallando la presunción de inocencia, y del debido proceso del supuesto usurpador (del voto en disidencia de la Dra. Ruiz).
Intervención de línea telefónica, prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Aranaga Rodríguez, Diego Fernando y Otros c/  s/ Infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-28

Con relación a la nulidad planteada de las intervenciones telefónicas por violación del principio acusatorio, corresponde su rechazo, por cuanto dicha intervención fue dispuesta por una motivada y fundada orden judicial habilitada por pruebas y elementos objetivos suficientes que permitían su procedencia de conformidad a los términos del art. 236 del C.P.P.N. y a la jurisprudencia de esta Sala IV. Es que, a partir de los datos y circunstancias que conformaron el escenario situacional del caso, el juez de grado ponderó adecuadamente la necesidad de contar con el contenido de las conversaciones telefónicas de las líneas en cuestión debido a su imprescindibilidad para una correcta profundización de la investigación. A lo dicho se aduna que no se advierte el perjuicio alegado por las defensas, en tanto, contrariamente a lo que afirman, no resulta del sumario que se hayan vulnerado garantías de raigambre constitucional, por lo que se presenta insuficiente a tal fin su mera invocación abstracta sin evidenciarlas en las constancias de la causa.
Ejecución hipotecaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Provincia de Buenos Aires c/ Centeno, Angel M. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

Cuando se ejecuta el crédito original previsto en la escritura hipotecaria con el adicional pactado por reajuste e intereses, no es necesario acompañar la certificación prevista en el art. 4º de la ley 21.309 si el título tiene por sí solo fuerza ejecutiva, de conformidad con lo establecido por los arts. 520 y 521 del C.P.C.C.
Administración Pública, poder de policía, transporte de carga, administración de vialidad provincial, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº  55-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-28

Siendo que a la ciudad de Santa Fe puede accederse tanto desde una ruta nacional como de una provincial, es claro que el hecho circunstancial de que el control (pesaje) se haya efectuado en un punto de la zona urbana, es insuficiente a los fines de considerar que Vialidad Provincial ha excedido el marco de su competencia. En ese orden, si en dicho lugar se controlaba el peso de los camiones que transitaban provenientes de ruta nacional, los aspectos vinculados a la competencia deben ser juzgados desde la óptica de que el control ataÑía al ámbito nacional -sin perjuicio de la posibilidad de delegación de dicha competencia- y si, en cambio, el control recayó sobre vehículos que venían circulando por ruta provincial, las atribuciones deben ser juzgadas tomando en cuenta las disposiciones locales.