Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-21


AUTOS Nº 9455 - "AVILA Sergio Raúl C/ CONSOLIDAR AFJP S.A. y Otro S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil catorce, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Miguel Ernesto Novoa, Lucía E. Daroni de Pontoriero, y Delfor Edgardo Benítez, bajo la presidencia a cargo del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 9455, caratulados "AVILA SERGIO RAUL C/ CONSOLIDAR AFJP S.A. Y OTRO S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia dictada a fs. 375/388 por la Sra. Juez del Quinto Juzgado Laboral, se resolvió hacer parcialmente lugar a la demanda impetrada, condenando a las demandadas Consolidar AFJP SA y Consolidar Comercializadora SA, en forma conjunta y solidaria, a abonar la suma indicada, en el plazo de diez días de consentida o ejecutoriada la misma.- Asimismo se rechazó la demanda promovida contra Consolidar ART SA, Consolidar Seguros de Retiro SA y BBVA Banco Francés SA.- Las costas se impusieron en el 90% al actor y en el 10% restante a las codemandadas condenadas, por la acción dirigida contra ellas; y a la accionante, en la acción dirigida contra el resto de accionadas que no fueron condenadas; procediéndose a regular los honorarios de los profesionales actuantes.- Contra este fallo se alzan la parte actora, y las condenadas en forma solidaria; quienes deducen recurso de apelación a fs. 393 y 395 respectivamente.- A fs. 405/408 presenta expresión de agravios la parte actora, que es contestada por la contraria a fs. 421/422.- A fs. 388/400 presentan memorial las demandadas, obrando la contestación del mismo por parte de la actora, a fs. 409/411.- A fs. 452/453 consta la participación de Fiscalía de Cámara; llamándose autos a resolver a fs. 457.- A fs. 458 se practica el sorteo para la emisión de votos de los Sres. Camaristas, el que arrojó el siguiente resultado: 1)- Dra. Daroni; 2)- Dr. Novoa y 3)- Dr. Benítez.- A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la parte demandada? Segunda cuestión: Es procedente la apelación deducida por la actora? Tercera cuestión: Costas.- SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

I- Por la sentencia recurrida se decidió, entre otros puntos sometidos a estudio, que la base tomada por la demandada para determinar la indemnización por despido abonada al actor, es incorrecta, toda vez que no tiene en cuenta la mejor remuneración normal, mensual y habitual, tal como lo dispone el art. 245 de la LCT; es decir, que debió estarse a la más alta devengada en uno de los meses del período, con más el incremento del SAC.- Contra esta parte de la sentencia se alzan las demandadas que fueron condenadas en forma solidaria.- Expresan que el fallo les causa agravios por cuanto omite la aplicación de derecho vigente, que fue invocado por su parte al contestar la demanda; esto es, el CCT 431/01, homologado por la Secretaría de Relaciones Laborales de la Nación; que prevé para el cálculo de las indemnizaciones, en el caso de remuneraciones variables, que se tome en cuenta el promedio de los últimos doce meses.- Convenio éste de aplicación en todo el país; y que se encontraba vigente a la fecha del distracto.- Estos agravios son respondidos por la contraria, quien alega fundamentos en favor de la confirmación del decisorio, que se omiten consignar, pero que serán tenidos en cuenta al resolver.- Expuestos sucintamente los antecedentes del recurso, y analizadas las constancias de autos, fundamentos de la sentencia y del escrito recursivo y su conteste, adelanto opinión en sentido desfavorable al recurrente, por entender que lo decidido por la sentenciante, se encuentra ajustado a derecho, y a la jurisprudencia imperante en la materia; a la cual esta Sala se ha adherido en reiteradas oportunidades; conforme infra se expone.- En efecto, tal como lo sostiene la sentenciante no corresponde realizar un promedio de las remuneraciones cuando existe variabilidad en los ingresos, sino que debe tomarse la suma más elevada; salvo obviamente, que su monto tuviera por causa un concepto retributivo extraordinario o poco habitual; que no es el caso.- Ésta, además de ser la posición de nuestra Corte de Justicia, (según surge de la doctrina del fallo PRE T° IV, F° 634/640, del 07/10/03), también es la sentada a nivel nacional, cf. fallo Plenario 298 del 05/10/00 -Cámara Nacional de Apelaciones- Autos "Brandi c/ Lotería Nacional SE", cuyo sumario establece que "Para el cálculo de la indemnización por despido no deben ser promediadas las remuneraciones variables, mensuales, normales y habituales", posiciones éstas de alto valor orientador en la materia.- Cabe destacar a modo aclarativo, que lo adjetivos "normales" y "habituales" no se refieren al monto de las remuneraciones, sino al concepto o circunstancias concretas que determinaron su adquisición.- Por lo que la variabilidad del monto no resulta un obstáculo para computar como base indemnizatoria la mejor remuneración, lo que se encuentra admitido incluso por la propia ley, ya que al hacer referencia a la "mejor remuneración", está contemplando la posibilidad de la existencia de valores disímiles, siempre y cuándo, obviamente, esté sujeta a reiterarse habitualmente, concepto que se adopta como normalidad.- (cf. cita de Goldin Adrián, "Remuneraciones variables, indemnizaciones derivadas del despido y otras prestaciones laborales, en el Tratado Jurisprudencial y Doctrinario, Dir. Miguel Ángel Pirolo - ed. La Ley, T.2, Vol. 2, pág. 1324).- Ahora bien, en cuanto a la defensa de la recurrente de no haberse aplicado el derecho vigente, aludiendo al CCT de aplicación, que sostiene que en el caso de remuneraciones variables, para el cómputo de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 245, 247 y 248 de la LCT se tendrá en cuenta el promedio de los últimos doce meses, entiendo que no resulta un fundamento viable para obtener la modificación del fallo apelado.- Ello, en tanto, conforme lo ha dicho esta Sala, en ocasiones de abordar el valor de tales cláusulas convencionales, aún cuando las mismas sean obra de la autonomía de la voluntad colectiva, y hayan sido dictadas con los extremos y condiciones previstos en el marco regulatorio, si no cumplen con las normas imperativas de procedencia y legalidad, por resultar contrarias a la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, resultan nulas por imperio del art. 12 y 13 de la LCT, y la norma debe ser sustituida de pleno derecho por la de la ley.- Me permito transcribir en su parte pertinente, lo vertido al respecto en otras ocasiones; debiendo aclararse que si bien lo fallado está referido a aumentos no remunerativos previstos en tales instrumentos, las consideraciones allí expuestas resultan igualmente de aplicación al caso.- "Cabe destacar, que aún cuando se considere que tales prestaciones no remunerativas pactadas en el marco de los convenios, son obra de la autonomía de la voluntad colectiva, sometidos a controles estatales amplios y restringidos, como es el control técnico jurídico de legalidad, y el discrecional y político de oportunidad y conveniencia, lo que dota a tal instrumento de aplicación obligatoria y de observancia similar al de una ley para todos los comprendidos en el ámbito personal y territorial, tal homologación no tiene efectos saneatorios; aún partiendo de la presunción de legalidad del acto.- Ello significa, que aún en tales circunstancias, corresponde al Órgano Judicial efectuar la pertinente valoración, recurriendo a la matriz que conforman la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de rango constitucional, como el Convenio 95 de la OIT, la propia Ley de Contrato de Trabajo, y demás normas de aplicación.- Es decir, tal como lo ha dicho la Corte de Justicia de la Nación, en torno a los decretos de necesidad y urgencia, que contemplaban similares asignaciones no remunerativas, ellos están subordinados al cumplimiento de extremos y condiciones previstos en el marco regulatorio, de modo tal, que de no cumplirse, son inválidos; sea por el no cumplimiento de las normas imperativas de procedencia y legalidad, como por resultar tales prestaciones contrarias a la Constitución y a los Tratados Internacionales; y perjudicar, por ende, al trabajador.- Disponiendo asimismo el más alto Tribunal Federal, que tales prestaciones no remunerativas inválidas, son consideradas en forma automática, remunerativas e integrativas de la base de cálculo que requieren del salario para determinar su monto. ("González c/ Polimat"-CSJN).- Ahora bien, haciendo aplicación de lo expuesto a la situación en estudio, puede advertirse entonces, que como se dijo ut supra, aún cumpliendo dicha convención colectiva con los extremos y condiciones previstos en el marco regulatorio, no cumple con las normas imperativas de procedencia y legalidad, por resultar contraria en la parte analizada, a la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo -art. 245-; perjudicando al trabajador, al no computar la base indemnizatoria conforme expresamente lo dispone dicha norma.- Cabe recordar que el art. 7 de la LCT, dispone que "Las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador, que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectiva de trabajo..."; mientras el art. 8 expresa: "Las convenciones colectivas de trabajo, que contengan normas más favorables a los trabajadores, serán válidas y de aplicación...". Por su parte Etala en Derecho del Trabajo, al comentar dichas disposiciones dice: " ...el art. 7 determina los límites en que puede manifestarse la autonomía contractual" (órden público laboral); y "los convenios colectivos son válidos, cuando acuerdan mejores derechos a los trabajadores, pero no cuando cercenan o privan de derechos individuales a los mismos; ...los derechos concedidos a los trabajadores por vía legislativa pueden ser igualados o mejorados por una convención colectiva, pero nunca inferiorizados, desvirtuados o negados por ella".

Por lo que no quedan dudas entonces, de que resultando el convenio contrario a la ley en el aspecto tratado, ello resulta nulo por imperio del art. 12 y 13 de la LCT y la norma debe pertinente ser sustituida de pleno derecho por la de la ley, resultando acertada la posición asumida por la sentenciante en el fallo atacado.- Con lo que propicio el rechazo del agravio.- SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

I- Por la sentencia recurrida se sostuvo que en lo que respecta a la acción dirigida contra las accionadas no condenadas, las costas se imponen a la actora.- Contra esta parte del fallo, se alza la accionante en su primer agravio.- Expresa que hubo razón para demandar a Consolidar ART SA, Consolidar Seguros de Retiro SA y BBVA Banco Francés SA, por cuanto como consta en los antecedentes de la causa, todas las sociedades aparecen involucradas con el actor; y si bien son entes distintos, numerosos datos permiten inferir su vinculación; como su organización como grupo; el logo de los recibos de sueldos; el pagar los salarios en cuenta abierta en el Bco. Francés; las sucesivas cesiones durante la relación laboral; la venta de productos de todas las sociedades; por lo que no puede desconocerse la confusión a que se induce al trabajador en tal situación; debiendo considerarse que recae en la previsión del art. 125 del CPL, 3° parr., y eximirse a su parte de tales costas.- Por su parte, la contraria se opone al progreso del agravio, y solicita su rechazo.- Expuesto sintéticamente el mismo, entiendo que debe rechazarse, por compartir los fundamentos del A quo, no advirtiendo la existencia de razones de sustento para entender que la situación planteada, encuadra en la previsión de excepción que prevé el art. 125 del CPL.- En efecto, resulta por demás claro el fundamento expuesto por la A quo al tener por acreditada la existencia de la relación laboral sólo con las codemandadas Consolidar AFJP SA y Consolidar Comercializadora SA, y no con el resto de las demandadas, consistente en que es el propio actor quien con su relato y documentación acompañada dio luz sobre tal problemática, resultando, por otra parte, imposible que hubiera desconocido quiénes eran sus empleadores, teniendo en cuenta que la relación estaba registrada, se entregaban recibos -acompañados por el propio actor- y las constancias de la certificación de servicios.- Ante tales contundentes circunstancias, no cabe como lo pretende el recurrente, tornar de aplicación la excepción que contempla el 3° párr. del art. 125 del CPL, en tanto no se advierten las circunstancias especiales requeridas por la norma para su procedencia, resultando insuficientes las alegaciones realizadas al respecto, para obtener una modificación de lo resuelto.- Por lo que, como dije ut supra, considero que este agravio también debe ser desestimado.- II- Por la sentencia recurrida se decidió asimismo, desestimar el rubro "comisiones indebidamente descontadas", con fundamento en la imprecisión del reclamo; pues denuncia que se realizaron retenciones de comisiones por un importe global, relativo a los años 2007 y 2008, sin indicar mes a mes cuál fue la retenida; como que tampoco denuncia las supuestas operaciones que hayan sido concertadas y luego descontadas indebidamente, para determinar luego si resulta acreedor de las mismas.- Agrega la sentenciante que se ha exigido siempre al trabajador que al demandar detalle los parámetros, operaciones o fórmulas en las que se basó para obtener el monto global reclamado; debiendo especificar cuáles eventos concertó, su cantidad y el porcentaje de comisión correspondiente a cada uno; en tanto a él corresponde demostrar la existencia de la comisión, para luego determinar el monto y cuantía de las mismas.- Este punto es recurrido por la parte actora en su segundo agravio.- Manifiesta que no es cierto que el reclamo sea impreciso, pues las sumas reclamadas surgen de sumar los montos que obran en los recibos de sueldos, en cifras negativas, bajo los conceptos "descuento premio multiproducto", "descuento comisiones salud" y "Descuento por productividad".- Que el empleador no puede cercenar el salario ya devengado sin justa causa.- Que tales comisiones fueron devengadas por ventas que efectivamente realizó nuestro mandante, y por ello fueron liquidadas y pagadas.- Expuesto lo precedente, y analizada la temática sometida a estudio, entiendo que este agravio también debe ser desestimado.- Ello, en tanto tal como lo expresa la Aquo, y surge de su cómputo, los montos demandados no concuerdan con las sumas retenidas según surge de los recibos acompañados, con lo que tal falta de precisión torna improcedente el reclamo por haber sido efectuado en forma global, resultando aplicable la jurisprudencia de la Excma. Corte de Justicia de la Provincia, en autos Nº 1377 "Gonzalez Armando Vicente C/ Perfecto Martí- Cobro de Pesos- Inc. y Cas." (PRE., 1979, Tº I, Fº 113/115), en el que se ha resuelto que ello: ".... no sólo hace imposible al Tribunal conocer lo que debe ser materia concreta de su decisión, sino que impide también al demandado organizar su defensa".- Por otra parte, era carga del dependiente acreditar, como lo sostiene la sentencia, tales supuestas operaciones; que las mismas fueran concertadas; y que el descuento fue indebido; lo que de modo alguno se advierte cumplido por el mismo.- A lo que debe sumarse, que resulta sugestiva la actitud del trabajador, de iniciar recién el reclamo de tales descuentos, supuestamente indebidos, una vez extinguida la relación laboral; cuando es de suponer que ello debió haber generado una acción casi inmediata; cuanto más, tratándose de un descuento sobre el salario; lo que en cierta forma contribuye a dar credibilidad al relato, que sobre el mecanismo utilizado para el pago de las comisiones, detalla la accionada al contestar el traslado de la demanda.- Por lo que, no habiendo el recurrente expuesto fundamento alguno de sustento, suficiente para lograr la modificación de lo decidido en el fallo apelado, propicio el rechazo del agravio.- III- Con respecto al rubro "diferencia de preaviso e integración del mes de despido", sostuvo la sentenciante que, distinto a lo que establece el art. 245 de la LCT, la ley consagra que "la parte que omitiere el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente, deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el art. 231"; y por su parte, cuando se refiere a la integración, refiere a "suma igual a los salarios por los días faltantes.- Es decir, que ninguna de esas normas utiliza la expresión de mejor remuneración, mensual, normal y habitual, como lo hace el art. 245 de la LCT; correspondiendo en tales casos, utilizar por analogía, las fórmulas que se determinan para vacaciones y salarios por enfermedad, pues es casi imposible adivinar cuál sería el importe remuneratorio a percibir en los períodos que cada una de estas reparaciones establece.- Concluye la sentenciante que la base para los rubros en análisis más ajustada a derecho, es el promedio de las remuneraciones percibidas en los últimos seis meses; que es la utilizada en la liquidación e importe abonado.- Contra esta parte del fallo se alza la apelante en su tercer agravio.- Expresa que el fallo no hace lugar a tales rubros partiendo de una premisa errónea: que se tomó como base para calcularlas la mejor remuneración y no el promedio.- Que ello no fue así, pues expresamente en la demanda se indica que para la indemnización sustitutiva de preaviso se tomó como base la remuneración calculada según el promedio de los últimos meses y para la integración mes de despido, el valor del salario diario.- Que el cálculo así realizado evidencia que la demandada pagó de menos, y tal es el motivo de la inclusión de los mismos en la demanda.- Expuesto lo precedente, y a poco que se analice el agravio, se advierte la improcedencia del mismo.- De las constancias de la causa, teniendo en cuenta el reclamo formulado por el accionante en el escrito de demanda, surge que la sentenciante ha fallado en un todo de acuerdo a la pretensión efectuada, tornándose las alegaciones que en esta oportunidad introduce el apelante, en extemporáneas, e improcedentes por no haber sido materia del litigio.- Se aclara que la parte sólo se limitó a reclamar una diferencia en la liquidación y pago de tales sumas, pero sin especificar en base a qué se generaba la misma, como lo pretende realizar por la presente.- Lo que conlleva al rechazo del agravio, en tanto lo sentenciado se encuentra ajustado a lo que fue materia de decisorio.- IV- En cuanto al incremento previsto en la ley 25.323, art. 2°, consideró la sentenciante que tal reparación resultaría altamente desajustada a la situación fáctica planteada en la litis, ante el alto grado de conflictividad que presentan los temas abordados, y teniendo en cuenta que la reparación fue abonada inmediatamente de producido el cese; y que si bien es cierto que ha progresado una diferencia, su incidencia es casi insignificante con relación al monto abonado.- A lo que se agrega el hecho de que todos los dependientes de las AFJP fueron reubicados en dependencias públicas, y que la decisión del empleador derivó de la modificación del régimen jubilatorio.- Contra esta parte del fallo se alza la apelante en su cuarto agravio.- Expresa que el ejercicio de la facultad que al Juez le acuerda el art. 2° de la ley 25.323 no puede llevar a la liberación total, cuando se admite casi la totalidad de la demanda y las sociedades fueron intimadas al pago de los rubros con precisión y debida fundamentación.- Pide se revea la decisión y se aplique la multa en su totalidad, o al menos con una disminución que no signifique desconocer las circunstancias apuntadas.- Analizada la cuestión venida a resolución, adelanto opinión en sentido adverso al apelante.- En efecto, entiendo que las consideraciones efectuadas por la sentenciante y que motivaron el rechazo de la pretensión, en un todo de acuerdo a la facultad que le otorga la norma del art. 2° de la ley 25.323, resultan por demás ajustadas a la situación planteada en autos, y al contexto en que se presentaron; máxime, ante un reclamo en temas respecto a los cuales no existe uniformidad ni en doctrina ni en Jurisprudencia; a lo que finalmente, debe sumarse que bien pudo considerar la demandada que abonaba correctamente la indemnización por despido, cuando se encontraba amparada por las normas convencionales colectivas antes expuestas; sin perjuicio de lo que se ha dicho ut supra, en torno al valor de las mismas.- V- Apela por último, la imposición a su parte en el 90% de las costas del proceso, con respecto a la acción dirigida contra las firmas condenadas.- Expresa que de los 38.696,47 pesos demandados, sin considerar la multa del art. 2° ley 25.323, cuya denegación lo fue sólo por la facultad que la ley le otorga al magistrado, no se admiten las sumas de 6.303,07, que implican sólo un 16,28%; con lo que la demanda habría progresado por un 83,72%, que en nada condice con la aplicación del 90% de costas a su parte.- Analizada la cuestión, debe destacarse a modo introductorio, que el principio general sobre imposición de costas se halla contenido en el art. 125 del CPL, que dispone que: "las costas del juicio serán a cargo de la parte vencida aunque no mediare pedido de la contraria".- Siguiendo a Palacio en Derecho Procesal Civil, T. III, pág. 369, por parte vencida debe entenderse, a los efectos de la norma citada, aquélla que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso, agregando en pág. 378, que una de las contingencias propias de todo proceso es la de que ninguna de las partes obtenga la satisfacción íntegra de su pretensión o de su oposición, resultando ambas, en forma total o parcial, vencedoras y vencidas.- Que, debe destacarse asimismo, que: "El hecho de que no hayan prosperado determinados rubros de la acción entablada, no implica que la demandada vencida en el pleito deba ser necesariamente eximida de costas en la exacta proporción"; pero también lo es, que nuestro más alto Tribunal, al fijar la pauta aludida y reconocer a los jueces la facultad de aplicarla, ha condicionado esta atribución a: "un ámbito de razonable discrecionalidad". (J.S.J. - 1962 - II - 31; P.R.E.- S.1 - 1988 - 55/58).- Que haciendo aplicación de ello al supuesto de autos, puede advertirse que el porcentaje de costas impuestos a la parte actora, efectivamente no se condice con el resultado del juicio, teniendo en cuenta el reclamo formulado y el monto por el cual progresan los rubros admitidos; por lo que, de acuerdo a ello, propicio que tales porcentajes de imposición respecto a la acción intentada contra las condenadas, se modifiquen, imponiéndose en el 60% a estas últimas, y en el 40% restante a la actora.- SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA DARONI DE PONTORIERO DIJO:

En cuanto a las costas de esta instancia, propicio se impongan; por el recurso intentado por las condenadas, a las mismas; por el recurso deducido por la actora en su primer agravio, en su totalidad a ésta; y en los restantes, en los cuales las recurridas son las condenadas, en el 90% a la recurrente, y en el 10% restante a las recurridas.- Todo conforme resultado de las apelaciones y normativa del art. 125 del CPL.- Atento el estado de la causa, y lo dispuesto por el art. 800, inc. 10 del CPC, y arts. 222 y 196 de la ley 2150, procédase a regular honorarios profesionales de alzada, tomando como base el contenido económico de los recursos, y la regulación que deba practicarse en primera instancia: 1- Por el recurso deducido por las codemandadas condenadas solidariamente, a los Dres. Harold Aguiar, por una parte, y Ricardo Lloveras, por la otra, ambos en doble carácter, en el 1,8% y 2,1% respectivamente, del monto de la sentencia.- 2- Por el recurso deducido por la parte actora, contra las demandadas no condenadas, a los Dres. Ricardo Lloveras y Carlos Torioni Godoy, ambos en doble carácter, en el 1% y 1,3% respectivamente, del monto del juicio; y por el recurso dirigido por la actora contra las condenadas solidarias, a los Dres. Ricardo Lloveras y Harold Aguiar, en el 2% y 2,4% respectivamente, del monto de la sentencia.- LOS DRES. MIGUEL ERNESTO NOVOA Y DELFOR EDGARDO BENÍTEZ DIJERON:

Que por sus fundamentos, se adhieren al voto que antecede.- Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I)- Desestimar el recurso de apelación deducido por Consolidar AFJP SA y Consolidar Comercializadora SA., conforme fundamentos expuestos precedentemente, al tratar la primera cuestión.- II)- Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte actora, en un todo de acuerdo a lo expuesto al tratar la segunda cuestión, con la excepción de lo decidido en relación a las costas de primera instancia, las que se modifican en la forma expuesta en el punto V de dicha cuestión.- III)- Imponer las costas de alzada, y regular honorarios a los profesionales actuantes en esta instancia, en la forma expuesta al tratar la tercera cuestión.- IV)- Tener presente las reservas de derecho formuladas.- V) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.