Revocación de sentencia, suspensión de la prescripción, víctima menor de edad, irretroactividad de la ley penal, principio de legalidad, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PROCESAL
Carátula: P., S. G. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-11

Julio Marcelo Lucini, en disidencia, votó por revocar la resolución. Sostuvo que la acción no está prescripta pues si bien los hechos ocurrieron en 2004 y el imputado fue llamado a prestar declaración indagatoria el 19/7/19, la ley 26.705 -promulgada el 9/11/15- suspendió la prescripción mientras la víctima fue menor de edad. Señaló que sin bien la legislación no prevé aplicación retroactiva y "(...) y el instituto que nos ocupa gravitaba de manera más benigna, la correcta solución a la propuesta del recurrente surgirá tras armonizar temporalmente los lineamientos del principio de legalidad de nuestra Constitución Nacional, con los pactos internacionales que, con idéntica jerarquía, imponen absoluta garantía de los derechos de todos aquellos que integran un proceso penal. La doctrina sostuvo que "La prohibición de retroactividad rige respecto de todos los presupuestos de la punibilidad de Derecho material (...) Tampoco cabe una reapertura de los plazos de prescripción ya transcurridos; pues al producirse la prescripción, el autor queda impune y puede confiar en ello (...) si posteriormente se considerara como no producida la prescripción, ello supondría una posterior (re) fundamentación de la punibilidad" (ver Claus Roxin "Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Editorial Civitas España-Madrid, reimpresión 2007, pág. 164/165). Pero entiendo que esa certeza cede si ponderamos que los hechos se desarrollaron cuando ya formaba parte del conjunto normativo de nuestro país la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (del 3 de mayo de 1995) y la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por la ley 23.849 sancionada el 27 de septiembre de 1990 y promulgada el 16 de octubre del mismo año). (...) ambas convenciones son aplicables en tanto el caso que evaluamos se refiere a una mujer y menor de edad. Pero se perfila una colisión de derechos cuando parece necesario decidir si debemos priorizar reglas del Derecho Internacional o del interno de nuestro país, la que desplazaría la operatividad de la prescripción. (...)". Agregó que al respecto se impone aplicar el principio de subsidiariedad y el de operatividad, debido a la falta de respuesta y al compromiso internacional asumido por el Estado de que los derechos que emergen de la normativa internacional son inmediatamente exigibles por parte de los individuos sin necesidad de su reglamentación interna. Destacó que "(...) , un derecho garantizado en un instrumento internacional es exigible frente al Estado tanto por parte de quien ha sido acusado por la comisión de un delito, o por su víctima ya que amparan a los ciudadanos, independientemente del rol que ocupen en el proceso y no pueden quedar supeditados a reglamentación interna, ya que a partir de la fecha de adhesión a un pacto, los derechos allí reconocidos ya son operativos y la Nación debe ordenarlos, pero nunca, como se postula, darles existencia. Establecido el compromiso en investigar delitos que afecten a niños y mujeres y garantizar un efectivo acceso a la Justicia, la ausencia de una ley local no puede ser obstáculo para su concreción. Menos aún que ello conceda impunidad bajo excusa de la prescripción. Entonces las convenciones de "Belém Do Pará" y del Niño eran y son aplicables al caso bajo estudio y la eventual prescripción de la acción penal no podrá ser invocada para incumplir con aquellos tratados tal como surge del art. 27 de la Convención de Viena. (...)". Agregó que "(...) La prescripción de la acción penal, como garantía del imputado para ser juzgado dentro de un plazo razonable, conforma una sanción al Estado. Por su demora asume responsabilidad y las consecuencias que de ella deriva. Pero si tal dilación no le es atribuible, no resulta ya lógico limitar a la víctima el acceso a la justicia para que ejerza su pretensión punitiva. Menos aún que no lo pueda hacer por otra omisión atribuible al Estado, como es no sancionar a tiempo las leyes que le permitirían ante los Tribunales su pretensión de pedir que inicie una investigación. Aceptar la prescripción como un principio absoluto contra la persecución penal en estos supuestos generaría total indefensión en la víctima, e incluso se estaría desnaturalizando al convertirlo, en manos de quien decidiera cometer un delito, en un instrumento legal para lograr su propia impunidad, máxime en personas vulnerables que indudablemente no pueden reclamar por sí mismos sus derechos, fundamentalmente por su edad, o por el ámbito en que los sucesos se desarrollan. (...)". Finalmente concluyó que todo lo analizado fue oportunamente receptado por las leyes 26.705 y 27.206 y que corresponde, en definitiva, privilegiar el interés superior del niño en sintonía con el "soft law", máxime cuando la víctima en el caso tuvo una clara intención de denunciar.-