Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-12


CIRES, Carlos Antonio contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 193 p 149-158.

En la ciudad de Santa Fe, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil tres, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "CIRES, Carlos Antonio contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 756, año 1988), de conformidad con el acuerdo celebrado el día cinco del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. Carlos Antonio Cires -por apoderado- promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, atacando el decreto 3807/88 y su antecedente, el decreto 1786/86.

Reclama se dejen sin efecto dichos actos y se ordene el pago de diferencias salariales a partir del 1 de enero de 1986, actualizadas, con más sus intereses, hasta la fecha del efectivo pago.

Expresa que el derecho subjetivo lesionado es de índole patrimonial, que la cuestión planteada es administrativa y que se ha agotado la vía administrativa conforme lo establece la ley, destacando la admisibilidad del presente recurso.

Relata que por aplicación del artículo 85 del decreto-acuerdo 2695/83 y los decretos reglamentarios 3464/83, 4195/83 y 4309/83, se procedió a la inclusión en forma personal e individual de un suplemento, a todo el personal del Registro General, actualizándose cada vez que era modificada la política salarial dispuesta para el personal del Poder Judicial; pero que a partir del 1.1.1986, se dejó de abonar esa remuneración equivalente y desde el 1.7.1986 se procedió a congelar el mencionado suplemento por vía del decreto 1786/86.

Afirma que no existen dudas acerca de que el personal del Registro General debe percibir mensualmente una remuneración igual a la de los agentes del Poder Judicial;

sin embargo -expresa-, a partir del 1.1.1986 no se han abonado las remuneraciones debidas, sino en forma retaceada, no computándose adicionales percibidos por el personal del Poder Judicial, violándose en consecuencia las normas vigentes.

Arguye que ha recibido una remuneración mensual inferior a la que le correspondía, implicando violación del derecho de propiedad y afección seria al derecho al salario, que por su naturaleza alimentaria y por tratarse de un problema de subsistencia, no puede ser afectado como lo hizo el Poder Ejecutivo, cometiendo un abuso de autoridad, conducta que constituye una verdadera arbitrariedad y que, por ende, torna el acto atacado en inconstitucional.

Asimismo, pone de manifiesto que, a partir del 1.10.1987 y por aplicación del punto h) del acta de paritarias número 2, de fecha 19.10.1987, ratificada por el decreto-acuerdo 341/87, el plus emergente del artículo 85 del decreto-acuerdo 2695/83, fue sustituido por un suplemento no inferior al reemplazado, que tampoco fue debidamente cumplido, generándose diferencias salariales mensuales.

Reconoce que es facultad del Poder Ejecutivo fijar la política salarial, pero sostiene que esa discrecionalidad tiene sus límites en la Constitución nacional, que le impide ser arbitrario, atentar contra la propiedad y afectar derechos alimentarios y de subsistencia.

Agrega que se debe declarar la inconstitucionalidad de los decretos impugnados.

Peticiona, en definitiva, se dejen sin efecto los decretos 3807/88 y 1786/86 y se ordene el pago de las diferencias resultantes en los haberes mensuales, a partir del 1.1.1986, actualizadas, más intereses y costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 23 y vto.), comparece la Provincia (f. 28) y contesta la demanda (fs. 31/32).

En el escrito de responde, niega que: sean ciertos los hechos y el derecho invocados por el actor; se haya dejado de abonar a partir del 1.1.1986 la remuneración equivalente;

se haya procedido a congelar el suplemento acordado por el decreto 2695/83 a partir del 1.7.1986; el personal del Registro General deba percibir mensualmente una remuneración igual a la del personal del Poder Judicial; a partir del 1.1.1986 el recurrente no haya percibido las remuneraciones debidas; hayan sido retaceadas;

no le hayan computado adicionales percibidos por el personal del Poder Judicial; se hayan violado normas vigentes a esa fecha; haya percibido una remuneración mensual inferior a la que surge de las normas vigentes; se atente contra el derecho de propiedad;

se afecte seriamente el derecho al salario y derechos alimentarios y de subsistencia; se haya cometido abuso de autoridad; la conducta seguida por el Poder Ejecutivo constituya una verdadera arbitrariedad; el acto atacado sea inconstitucional;

no se haya cumplido debidamente el pago del suplemento otorgado en reemplazo del plus emergente del artículo 85 del decreto 2695/83 por acta de paritarias de fecha 19.10.1987; continúen hasta la fecha generándose diferencias salariales mensuales a favor de Cires;

los decretos impugnados sean inconstitucionales; le corresponda al actor el pago de las diferencias resultantes en los haberes mensuales, actualizadas, con más sus intereses; en definitiva, el recurso sea procedente.

Indica, con relación al reclamo de diferencias salariales a partir del 1.1.1986 -con anterioridad al decreto 1786/86-, que la Dirección General de Recursos Humanos informó que hasta la vigencia del decreto 1786/86 los salarios fueron liquidados y abonados de total conformidad con las normas de los decretos 2695/83 y 4195/83, y que para la determinación del suplemento en cuestión se aplicaron las tablas vigentes para el Poder Judicial -decretos 602/86 y 1461/86-, razón por la cual no procede el pago toda vez que la Administración cumplió con lo dispuesto en las normas vigentes.

Afirma que el decreto 1786/86 es legítimo porque las decisiones de política salarial son fijadas por el titular del Poder Ejecutivo en ejercicio de atribuciones constitucionales propias, y que lo dispuesto en el acto administrativo impugnado no importó una disminución real de los salarios ni alteró la relación de empleo público.

Señala, además, que lo adoptado por la norma era de carácter transitorio, quedando sujeto a los resultados de los estudios a realizarse en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, régimen en el cual -Comisión Paritaria del 19.6.1987- se consideró la situación del personal comprendido en el artículo 85 del decreto 2695/83.

Sostiene que la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el acta de paritarias número 2, de fecha 19.10.1986, ratificada por el decreto 341/87, en relación al plus otorgado a los empleados del Registro General, no puede ser objeto de revisión en esta instancia contenciosa administrativa toda vez que la Administración no ha tenido oportunidad de expedirse porque no fue recurrido administrativamente.

Solicita, en definitiva, se rechace el recurso deducido por el actor, con costas a su cargo.

Abierta la causa a prueba (f. 32 vto.) y producida la que consta en el expediente, informan las partes sobre el mérito de la causa (fs. 136/142 y 143/144 vto.).

Dictada (f. 145) y consentida la providencia de autos, queda la presente causa en estado de ser resuelta.

3.a. Iniciando el tratamiento de la admisibilidad del recurso por el período que se extiende entre el 1.7.1986 y el 30.9.1987 -respecto del cual la pretensión del actor se sustenta, básicamente, en la postulada ilegitimidad del decreto 1786/86-, debe destacarse que, en la contestación de demanda, la Provincia -si bien no formula un concreto planteo de inadmisibilidad- afirma, con relación al decreto 1786/86, que "las decisiones de política salarial son fijadas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de atribuciones constitucionales propias".

En similar sentido, al informar sobre el mérito de la causa, expresa que "es un acto administrativo legítimo dictado por autoridad competente toda vez que el titular del Poder Ejecutivo tiene facultades para decidir sobre la política salarial en base al ejercicio de sus atribuciones constitucionales propias" (f. 143 vto.).

En tales condiciones, la cuestión señalada guarda similitud con la resuelta por esta Corte en autos "Abrigó" (A. y S. T. 149, pág. 458) y "Abbate" (A. y S. T. 155, pág. 356), en los que se citaron los antecedentes "García Leiva" (A. y S. T. 112, pág. 43) y "Donayo" (A. y S. T. 137, pág. 414) en los cuales -a su vez- el Cuerpo se pronunció sobre el decreto 1786/86, remitiéndose -"mutatis mutandi"- a las consideraciones vertidas por el Tribunal en los decisorios de A. y S. T. 111, págs. 68, 76, 80, 88, 92 y 96.

En efecto, en tales precedentes se expresó que "la retribución de los empleados estatales normalmente se determina según atribuciones esencialmente discrecionales de las autoridades competentes, estrechamente vinculadas con la ponderación de circunstancias políticas, económicas, sociales o de otra índole; pero siempre ajenas, todas ellas, a la valoración de los jueces".

En el caso, la pretensión del actor, en cuanto dirigida a la percepción de diferencias salariales originadas en el congelamiento de adicionales -que se liquidaban por aplicación del artículo 85 del decreto 2695/83- en virtud de lo dispuesto por el decreto 1786/86 del Poder Ejecutivo, resulta inadmisible.

Efectivamente, dicho acto administrativo habría importado que a partir del mes de julio de 1986 y hasta el 30 de setiembre de 1987 se dejaran de percibir por los agentes del Registro General las modificaciones operadas en más en las remuneraciones percibidas por el personal del Poder Judicial.

Y no podría siquiera sostenerse que el aquí actor tuviera derecho adquirido a ese preciso régimen salarial, ni que hubiese sido alterado por la decisión de una autoridad distinta a la que en su oportunidad lo había dispuesto.

Como se señaló en los precedentes citados ("García Leiva", "Donayo" y "Abrigó"), en seguimiento de las pautas fijadas en el punto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el órgano jurisdiccional no podría sustituir a la Administración ni al órgano deliberativo (que es expresión política del consenso de la comunidad, a través del proceso de sanción de leyes) "en la apreciación de la conveniencia, mérito u oportunidad de un determinado régimen salarial, porque ello importaría invadir la esfera propia de sus potestades, contrariando el principio republicano de la división de poderes" (conf. criterio de Fallos: 135:113; 136:161; 153:146; 170:158; 181:264; 261:361 y 312:122); siendo que "...la misión más delicada de la justicia... es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones..." (Fallos: 155:248; 272:231; 302:232).

Debe especialmente destacarse que -en el caso- no se solicita del Tribunal la nulidad de actos dispuestos por el Poder Ejecutivo que importasen el virtual desconocimiento de un régimen estatutario reconocido por el Poder Legislativo mediante ley (como si ocurría en la causa "Tolosa" y sus acumulados; A. y S. T. 96, pág. 389), ni se debaten cuestiones similares a las ventiladas -aunque en otro fuero- in re "Vaninetti", en la que los allí actores promovieron recurso de amparo contra la Provincia de Santa Fe pretendiendo que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley 10694, de "equiparación de régimen y monto de las remuneraciones del personal de la Dirección General de los Registros Generales de Santa Fe y Rosario", con las del Poder Judicial, y postulando el directo cumplimiento de una norma de contenido administrativo.

En definitiva, en cuanto a la postulación de autos refiere, puede advertirse que no se cuestiona la aplicación de una mecánica establecida mediante determinadas directrices de indudable vigencia (supuestos en los cuales el Tribunal podría resultar competente), sino que se pretende la anulación de los actos por los cuales se fijaron aquellas directrices, lo que, como se dijo, supone el ejercicio de atribuciones discrecionales, estrechamente vinculadas con la ponderación de circunstancias en principio ajenas a la valoración de los jueces.

Por lo expuesto, cabe concluir en la inadmisibilidad del presente recurso, en cuanto se sustenta en la ilegitimidad del decreto 1786/86; siendo por lo demás que en el caso no se advierte la concurrencia de algún supuesto de arbitrariedad o irrazonabilidad.

En tal sentido, además del reconocimiento del recurrente relativo a que durante el "congelamiento transitorio" el suplemento del artículo 85 recibió algunos incrementos pero de ninguna manera adecuados a la plena vigencia de dicho artículo, no puede soslayarse que las normas que ya fueron objeto de análisis por este Cuerpo en los citados precedentes "García Leiva", "Donayo" y "Abrigó" -las cuales, como ya se dijo en dichos antecedentes, arrojarían que las remuneraciones no sólo habrían recibido incrementos en el sueldo básico sino también en el adicional previsto en el artículo 85 del decreto 2695/83- resultan de aplicación al sub lite por tratarse de disposiciones que alcanzaron a todo el personal de la Administración Pública provincial y no sólo a un sector determinado de él.

En efecto, por decreto 2765/86 se ordenaron liquidaciones complementarias a partir del 1.7.1986 con vigencia por un período de tres meses.

De los fundamentos de este acto surge que se siguieron los lineamientos generales que en lo relativo a incremento de remuneraciones se fijaron en el orden nacional y que se tuvieron en cuenta expresamente las disposiciones del decreto 1786/86, con lo que se habría procurado compensar los efectos del congelamiento establecido por esta normativa.

Así también, mediante decreto 156/87 se incrementó en un 9% el monto del suplemento instituido por el artículo 85 del decreto 2695/83, a partir del 1.1.1987, en un 2% a partir del 1.2.1987 sobre los valores correspondientes al mes de enero de 1987 y, en igual sentido, a través del decreto 705/87 dicho suplemento fue incrementado en el 2,70% a partir del 1.3.1987.

Por su parte, el decreto 2471/87 dispuso un incremento de un 4,78% a partir del primer día de los meses de julio, agosto y setiembre de 1987, en forma acumulativa, con relación a los suplementos del artículo 85 del decreto 2695/83.

Asimismo, el artículo 4 del decreto 3227/87 estableció que "Los montos de los suplementos previstos por el artículo 85 del decreto acuerdo 2695/83, se ajustarán en un 1,90% (uno con noventa centésimos por ciento), a partir del 1.1.1987, sobre los importes que resultaran de la aplicación del decreto acuerdo 2471/87" y, a su vez, el artículo 4 del decreto acuerdo 3860/87 dispuso un ajuste del 7% sobre el suplemento en cuestión a partir del 1.8.1987 sobre los importes determinados según decreto 3227/87, e igual artículo del decreto 3956/87, determinó un ajuste de un 22,1% a partir del 1.9.1987 sobre los importes que resultaran de la aplicación del decreto acuerdo 3860/87.

Por último cabe precisar que el decreto-acuerdo 341/87 modificó el artículo 4 del decreto 3956/87 en el sentido de ajustar en un 22% a partir del 1.9.1987, los importes de los adicionales previstos por el mentado artículo 85 que a partir del 1.10.1987 quedaban sin efecto siendo reemplazados por los suplementos porcentuales detallados en el anexo II del mencionado decreto 341/87 y, además, de la lectura de su anexo I surge que la política salarial aplicada a partir del 1.10.1987 reconoció, asimismo, incrementos adicionales (20%) sobre los ya otorgados en el mes anterior (P. "b", párrafo segundo).

Según se ha expresado en párrafos anteriores, de un análisis retrospectivo de las políticas salariales aplicadas por el Poder Ejecutivo, cabe concluir que durante el período examinado, la remuneración del actor no sólo habría recibido incrementos en el sueldo básico correspondiente a su categoría de revista, sino que el adicional previsto en el artículo 85 del decreto 2695/83 habría sido objeto directo de sucesivas recomposiciones a partir del 1.7.1986 y hasta el momento en que se lo sustituyó por las "escalas porcentuales" fijadas por el decreto 341/87, que estableció una nueva política salarial para el sector.

Conforme tales sucesivas recomposiciones salariales, se advierte que la política implementada por el Poder Ejecutivo no puede ser considerada arbitraria o irrazonable; cuando además el llamado congelamiento por el decreto 1786/86, en los hechos, según se ha reseñado en párrafos precedentes, quedó sin efecto.

En cuanto a los planteos de "inconstitucionalidad" del decreto 1786/86 formulados por el actor, no bastan para considerar configurado en el caso alguno de los supuestos de excepción que -conforme surge de los precedentes mencionados- habilitarían la revisión jurisdiccional de actos como el aquí analizado.

En ese sentido, el recurrente afirma que los decretos que impugna, entre los cuales se encuentra el 1786/86, atentan contra la propiedad y afectan derechos alimentarios y de subsistencia.

Tal postulación debe ser rechazada, por cuanto las razones expresadas en los considerandos del referido acto -vinculadas en última instancia con la ponderación de diversas circunstancias que, a criterio del Poder Ejecutivo, tornaban aconsejable la adopción de la medida de política salarial dispuesta-, a la luz de lo expresado antecedentemente y en función de la naturaleza del decreto 1786/86, no aparecen en modo alguno irrazonables al punto de permitir concluir en la inconstitucionalidad de su dictado.

Y en cuanto al planteo vinculado con el derecho de propiedad, basta para desestimarlo con tener en cuenta que -como ya se expresó- de ningún modo podría sostenerse que asistiera al aquí actor un derecho adquirido a mantener en el futuro el preciso régimen salarial estatuido con anterioridad al dictado del decreto 1786/86.

Por lo demás, no surge de autos que en el caso haya mediado la "reducción" salarial alegada; antes bien, se extrae que, desde julio de 1986, por decreto 2350/86 se estableció para los agentes del Registro General un adicional del 25%.

Por las razones aludidas, el recurso es inadmisible en cuanto al reclamo de diferencias salariales durante la vigencia del decreto 1786/86.

3.b. En el responde, la Provincia plantea que la acusada -por el recurrente- falta de cumplimiento de lo dispuesto por el acta de paritarias número 2 del 19.10.1986, ratificada por decreto 341/87, no puede ser objeto de revisión en esta instancia contencioso administrativa toda vez que la Administración no ha tenido oportunidad de expedirse porque no fue recurrido administrativamente.

A los efectos de verificar el extremo alegado por la demandada, se hace menester el análisis de las actuaciones administrativas.

En tal cometido, puede observarse que en fecha 4.12.1986 agentes del Registro General -entre ellos, el actor-, con patrocinio letrado, plantearon ante el Poder Ejecutivo revocatoria del decreto 1786/86, y solicitaron el pago de diferencias salariales desde enero de 1986 hasta la fecha de interposición del escrito (fs. 1/11, expte. adm. 0048473).

En 15 de marzo de 1988 emitió dictamen Asesoría Letrada del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, considerando que correspondía "...no hacer lugar al reclamo formulado por el lapso 1-1-86 al 30-6-86, y al recurso deducido contra el decreto 1786/86" (fs. 52/55).

De modo coincidente, Fiscalía de Estado, mediante dictamen 827, del 17 de mayo de 1988, señaló que "corresponde rechazar por improcedente, tanto el reclamo como el recurso deducido contra el decreto 1786/86" (fs. 59/60).

En fecha 16 de setiembre de 1988, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 3807, mediante el que dispuso "no hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto contra el decreto nro. 1786/86 y rechazar por improcedente el reclamo de pago de diferencias salariales a partir del 1ro. de enero de 1986" (fs. 84/85).

Ya en esta sede, la pretensión del recurrente consiste en "que se deje sin efecto el Decreto 3807/88 y su antecedente... 1786/86 y ordene el pago de las diferencias salariales a partir del 1ro. de enero de 1986, por aplicación de las normas contenidas en los Decretos nros. 2695/83 y 4195/83...", agregando luego que el reclamo también comprende la aplicación del acta de paritarias número 2 del 19.10.1987 (ratificada por decreto 341/87), dado que el suplemento que reemplazó al plus del artículo 85 del decreto acuerdo 2695/83 tampoco fue debidamente cumplido.

Este último aspecto, tal como señala la demandada en el responde, no fue motivo de reclamación en la sede administrativa.

Por tal razón, la pretensión de abono de diferencias salariales posteriores a la vigencia del decreto 1786/86 resulta inadmisible por el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa, que, conforme se señalara in re "Gravina" -A. y S. T. 63, pág. 94- y se precisara luego en autos "Gatti" -A. y S. T. 71, pág. 133- y "Laraia" -A. y S. T. 93, pág. 294-, supone someter a consideración de la Administración la materia que luego se trae ante este Tribunal, pues lo que la ley exige es que no se planteen pretensiones distintas de las allá invocadas, aunque no prohíbe que se aduzcan nuevos argumentos jurídicos, consistiendo la regla, pues, en que no se puede demandar judicialmente lo que no se haya pedido en aquella instancia -A. y S. T. 112, pág. 435-.

3.c. Por todo lo expuesto, el recurso es parcialmente admisible.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

El recurrente expresa que desde el 1 de enero de 1986 se dejaron de abonar sus remuneraciones conforme a las equivalencias con el personal del Poder Judicial, percibiendo salarios inferiores a los que surgirían de la aplicación de las normas entonces vigentes, por lo que le corresponde el pago de diferencias salariales.

La demandada, por el contrario, afirma que hasta la vigencia del decreto 1786/86 los salarios fueron abonados de total conformidad a lo dispuesto por los decretos 2695/83 y 4195/83, pues para la determinación del suplemento en cuestión se aplicaron las tablas vigentes para el Poder Judicial.

Adelanto que la pretensión del actor en el sentido expresado no puede prosperar.

Para así concluirse, debe en principio observarse que la pericial contable practicada en autos en base a las normas de política salarial acompañadas por la Dirección del Registro General Rosario en respuesta al oficio 2221 de este Cuerpo, arroja en el período analizado, es decir, el anterior a la vigencia del decreto 1786/86, diferencias favorables al actor.

No obstante lo señalado, el análisis del detalle de los rubros que a criterio del experto debían abonarse al agente en virtud de la equiparación de sus salarios con los del personal del Poder Judicial, permite advertir que incluyó en todos los meses involucrados el ítem "Dedicación Exclusiva" como integrante de la diferencia en definitiva resultante.

Pero, de la observación de la política salarial aplicada al Poder Judicial surge que el rubro mencionado (equivalente al 25% del sueldo básico, compensación jerárquica y adicional por título) en dicho período sólo era percibido por funcionarios y magistrados, en virtud de lo dispuesto en el decreto 507/86.

Y si bien es cierto que mediante el decreto 2350/86 dicho adicional se hizo extensivo -con la denominación de "Incompatibilidad"- a los empleados del Poder Judicial no alcanzados por el decreto 507/86, no lo es menos que este beneficio fue acordado recién a partir del mes de julio de 1986.

En este sentido, puede observarse que la pericial incluye a partir de dicho mes el rubro mencionado, en un monto idéntico al correspondiente a "Dedicación Exclusiva", lo que no significa otra cosa que una duplicación de idéntico adicional aunque bajo denominaciones distintas.

Lo expuesto conduce a concluir que entre los meses de enero y junio de 1986 el actor no debía percibir suma alguna en concepto de "dedicación exclusiva", porque tal rubro no era abonado a los agentes del Poder Judicial con quienes se hallaba equiparado en la faz remunerativa (recuérdese, al respecto, que según el decreto 4195/83, la categoría 15 -en que revistaba el agente- del Registro General tenía como equivalencia el 100% de la remuneración del cargo de Oficial Principal del Escalafón del Poder Judicial).

Además, del simple cotejo entre lo efectivamente percibido por el reclamante en dicho período (según surge del informe pericial y de las planillas acompañadas en respuesta al oficio 2261 de este Cuerpo) y lo abonado a los agentes del Poder Judicial respecto de quienes el cargo del actor tenía fijados los porcentajes de equivalencia (lo cual puede observarse en la normativa que dispuso aumentos salariales para el sector de referencia -decretos 507, 602, 1461, todos del año 1986-) no surge en modo alguno diferencia favorable al actor en el período enero-junio del año 1986.

Por lo expuesto, considero que debe rechazarse la pretensión analizada en la presente cuestión, con costas al recurrente (artículo 84, ley 4106).

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Conforme el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso en cuanto se dirige a la anulación del decreto 1786/86 y al reconocimiento de diferencias salariales entre julio de 1986 y setiembre de 1987, y en lo referente a las diferencias de haberes a partir del mes de octubre de 1987.

Declararlo improcedente en cuanto a las diferencias salariales pretendidas entre los meses de enero y junio de 1986. Costas al actor.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar inadmisible el recurso en cuanto se dirige a la anulación del decreto 1786/86 y al reconocimiento de diferencias salariales entre julio de 1986 y setiembre de 1987, y en lo referente a las diferencias de haberes desde el mes de octubre de 1987.

Declararlo improcedente en cuanto a las diferencias salariales pretendidas entre los meses de enero y junio de 1986. Costas al actor.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)