Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-11-19


Salta, 19 de Noviembre de 2010.

AUTOS Y VISTO: Este Expte. Nº 28.119/10 de la Cámara de Acusación, Sala II, originario Nº19.439/10 del Juzgado de Instrucción Formal de Sexta Nominación caratulado: "BRITOS, MAXIMILIANO EMANUEL, LUNA RAUL ALEJANDRO POR ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMAS A VELEIZAN, CARLOS ROLANDO", del Distrito Judicial del Centro; y CONSIDERANDO El Dr. LUIS FELIX COSTAS, dijo:

Que arriban los presentes obrados a esta alzada en virtud del recurso de apelación impetrado a fs. 43/44 por la defensa técnica del imputado Maximiliano Britos en contra del auto de fs.35/37 que dispone su procesamiento y prisión preventiva por el delito de Robo calificado por el uso de arma (art. 166 inc.2º del C.P.). El recurso fue promovido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Que el juez de grado, luego de reseñar la prueba colectada en autos, arriba al mérito incriminador afirmando en grado de probabilidad que el día 03/07/2010 en inmediaciones del Bº 15 de Septiembre, un grupo de aproximadamente ocho personas interceptaron el colectivo conducido por el denunciante Veleizán, sacando dos de ellos identificados luego como Maximiliano Britos y Raúl Luna un arma blanca, tipo cuchillo de entre sus prendas, exigiéndole la recaudación del día, procediendo la víctima a la entrega de diez pesos, para luego los causantes darse a la fuga hacia el Bº Juan Manuel de Rosas. Fundamenta tal decisión en las manifestaciones del damnificado quien aportara una minuciosa descripción de los acusados, posibilitando así su detención y el secuestro de dos cuchillos tipo sierrita. Concluye que la conducta de los acusados tipifica el delito de robo calificado por el uso de arma y en atención a la pena que trae aparejada en caso de recaer condena la misma será de cumplimiento efectivo, por lo que ordena la prisión preventiva de Maximiliano Britos de conformidad al art. 300 del C.P.P..

Se agravia la defensa técnica y en su exordio de ritos solicita se revoque el auto apelado y en su reemplazo se dicte auto de procesamiento por el delito de robo simple, ordenándose su inmediata libertad. Alega que el a-quo fundamenta tan grave decisorio en la denuncia de Veleizán y el secuestro de fs.3 sin analizar si a pesar que su defendido haya portado un arma en el momento del hecho, éste elemento fue efectivamente usado para lograr el desapoderamiento de la ínfima suma de dinero. Considera que de los dichos del denunciante surge una duda razonable respecto a la utilización del arma para cometer el hecho, pues no existen testigos que afirmen o nieguen sus expresiones, por lo que la sola acusación sin elemento que la confirmen arroja una duda razonable que debe ser usada categóricamente a favor del acusado. Que según Veleizán los autores del hecho eran más que los que fueron detenidos, que primero mostraron un arma blanca para poder entrar al colectivo y luego dos de ellos ya arriba del vehículo sacaron de entre sus ropas "puntas" las que le colocaron en el cuerpo, exigiéndole la entrega de la recaudación, aclarando que en realidad le pedían dos pesos, pero el denunciante entregó diez que era todo lo que tenía. Que Luna refiere que no eran ocho personas, que su defendido estaba muy ebrio y sube al colectivo, saca el cuchillo de la cintura y lo mantuvo en la mano, vio que Britos hablaba con el chofer y éste le dio la plata. También refiere Luna que no tenía cuchillo alguno, lo que pone en duda el secuestro de dos cuchillos. Cita doctrina en orden a la prueba y sostiene que no existió tarea investigativa tendiente a individualizar a testigos, ni para confirmar la acusación. Considera que si el a-quo tuvo como probada la sustracción de dinero por parte de Britos, debió procesarlo por robo simple de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho, lo que tornará a la represión estatal razonable y proporcional al bien jurídico lesionado en el caso.

Que debe destacarse que con posterioridad a la articulación de la referida apelación, el juez de grado ante el planteo de nulidad formulado por la Sra. Defensora Oficial Penal de Menores Nº1, mediante decisorio de fs.50 y vta. declaró la nulidad del procesamiento del coimputado Raúl Alejandro Luna y de la indagatoria de fs.20 y posteriormente a fs.67 la rebeldía de Luna ordenando su captura.

Merece reparos la actuación judicial toda vez que reiteradamente este Tribunal ha sostenido que la nulidad puede ser interpuesta por incidente, recurso de apelación, de excepción y acción.Cuando se promueve una nulidad por trámite incidental, lo que se persigue es subsanar los posibles vicios configurados en el curso de los actos procesales o sea en el desarrollo del procedimiento seguido durante la etapa instructoria. Tal camino de impugnación obviamente se deduce ante el propio juez de la causa y el decisorio que la acoge o deniega puede ser objeto de apelación en subsidio.Distinta es la situación cuando la nulidad se impetra sobre la validez de una resolución misma, sea por defecto de formas esenciales involucrados en ella o bien porque ésta se fundamenta en actos nulos o en el procedimiento inválido anterior, la alternativa en este supuesto no puede ser otra que su tratamiento por vía de apelación.En este sentido, es menester recordar que el recurso de nulidad no se encuentra legislado en forma autónoma, sino que su reglamentación está comprendida a través de la instancia recursiva de índole apelativa para todas aquellas hipótesis en que se reclamen vicios in procedendo. En el sub-judice, equivocadamente el a-quo dio tratamiento a la nulidad articulada por la defensa técnica de Luna, lo que en una observación correcta de su tratamiento procedimental, habilitaba que el planteo nulidificatorio impetrado contra la resolución en crisis fuera objeto de revisión por parte de éste Tribunal de Alzada por vía de apelación.

También debe ponerse de resalto que aunque el magistrado no lo consigna en el decisorio de fs.50 y vta., surge implícito que en él declara la nulidad parcial del auto de procesamiento en relación a Raúl Luna y que además lo hace con "efecto extensivo" a la declaración indagatoria de fs. 20, cuando el efecto extensivo o difusivo de la nulidad abarca los actos posteriores o consecuentes del acto declarado nulo y no a los previo a su dictado. Debió solamente sancionar de nulidad al auto de procesamiento y mantener indemne el acto indagacional de fs.20, toda vez que fue libremente prestada tal declaración en presencia de su madre, sin requerir el imputado la actuación de la defensora de Menores para tal evento. Si cabía que la instrucción diera intervención a la defensa designada, previo a la emisión del auto resolutivo de fs.35/37.

No obstante ello cabe advertir que el magistrado cuando emite el auto de procesamiento contra los dos coimputados, lo fundamenta en la denuncia y en el secuestro de fs.3. En consecuencia, al no tener como fundamento directo los dichos del menor Luna en llamado de codelincuencia, la decisión no se encuentra afectada por la nulidad declarada y el auto de procesamiento en contra de Maximiliano Britos resulta autosuficiente y con la motivación básica que dicho decisorio requiere, según los recaudos establecidos en el art. 297 del C.P.P.esto es: las condiciones personales del imputado, una somera enunciación de los hechos que se le atribuyen, la exposición sucinta de los motivos en que se funda la decisión, la calificación legal del delito y las disposiciones legales aplicables. De allí que cabe desechar el vicio de nulidad por motivación aparente alegada por la recurrente.

También cabe referenciar el agravio de la defensa en cuanto al estado de convicción de duda que atribuye al juzgador a los fines de concluir que el acto de acusación, si no se cuentan con otros elementos de juicio ajenos a la versión que ofrece la víctima, la misma no puede fundar una sentencia condenatoria teniendo por admitido el acto acusatorio. Ello es así porque en todo caso el juicio de convicción para dictar un pronunciamiento acompaña al juzgador que es a quien corresponde justificar en su explicitación y nunca puede ser el producto de la duda que propicia el apelante.

Pero más allá, debe advertirse que el juez se ha orientado por un juicio de responsabilidad provisorio, con carácter de probable y no de duda. La duda juega de distinta manera durante el curso del proceso en los ordenamientos llamados mixtos. Es así que en la etapa investigativa si el resolvente de los elementos de juicio colectados aprecia que existe un equilibrio positivo y negativo, a los fines de la incriminación declara la Falta de Mérito. En cambio, si en la etapa del juicio oral, el Tribunal no cuenta con un juicio de convicción en grado de certeza, la duda beneficia al imputado.

Pues bien, de los antecedentes doctrinarios que cita la recurrente puede asegurarse que dimana de enseñanzas propias cuando el acto acusatorio proviene exclusivamente del requerimiento provocado por el Ministerio Público Fiscal y no como consecuencia de una labor instructoria. Tal diferencia es nada menos la que distingue entre los lineamientos propios entre el régimen penal mixto y el sistema acusatorio.

Con ello se quiere significar que la cuestión impugnaticia pasa por desarticular la calificación provisoria del juez dentro del esquema de un proceso instructor edificado en el caso concreto sobre la plataforma fáctica que acuerda la denuncia y el acta de secuestro. Sobre la existencia del hecho nada cabe responder toda vez que la apelante admite la comisión del delito de robo simple y la participación que le cabe a su asistido.

Resta entonces considerar únicamente si ese robo fue cometido con arma, cuestión determinante para revertir la situación de privación de libertad, aspecto que aparece como el núcleo central en que cifra la actuación de la Sra. defensora.

Ahora bien, la calificante para subsumir la conducta del imputado en la figura del art. 166 inc.2º del C.P. se justifica no solo en el mérito de la versión proporcionada por el denunciante, víctima del desapoderamiento operado por violencia psíquica, sino que también encuentra etiología en otros elementos de juicio. El primero de ellos emergente del acta de secuestro de fs.3 que incluso fue firmada por el incoado y ante la pregunta de que si esa era su firma él responde que "si", pero su contenido no lo recuerda, dado el estado de ebriedad que según constancias de la causa, no alcanza para traer a tratamiento un análisis exculpatorio dado que la falta de recuerdo guarda una deliberada estrategia selectiva, pues su memoria mantiene vigencia en relación a todas aquellas circunstancias que no lo involucran en su imputación, pero no sabe qué aconteció justamente en torno al acaecimiento del hecho delictivo.

Por otra parte, cabe la reflexión que no es dable interpretar que algún colectivero se desprenda de la recaudación por la cual debe responder si no es frente a un riesgo cierto y concreto de exponer su integridad física en caso de oponer resistencia. En otros términos, presunción que reconoce un antecedente de violencia ejercida para explicar por parte de la víctima la congruencia y razonabilidad del contenido denunciativo traducido en el desprendimiento ilegítimo de una suma de dinero, cualquiera sea su cantidad, máxime como ocurre en la hipótesis cuando los sospechados son apresados en las proximidades del escenario delictivo en el horario de acaecido el hecho, vistiendo las ropas descriptas por la víctima que posibilitara la aprehensión de los mismos y en su poder se encuentran los cuchillos secuestrados y considerados como el instrumento utilizado para la perpetración del ilícito.

Prueba compleja que amerita con suficiente grado de probabilidad para tener por firme el auto de procesamiento atacado y su correspondiente prisión preventiva.

El Dr. ENRIQUE GRANATA, dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, LA SALA II DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 43/44 y en su mérito CONFIRMAR el auto resolutivo de fs. 35/37 que dispone el procesamiento de Maximiliano Britos por el delito de Robo agravado por el uso de arma (art. 166 inc.2º C.P.).

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.