Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-22


ACUERDO N° 39/2011: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintidós días del mes de Junio de dos mil once, se reúne en Acuerdo la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada en la ocasión por la Sra. Vocal, Dra. LELIA G. MARTÍNEZ de CORVALÁN y el Sr. Vocal subrogante, Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, con la intervención del señor Secretario de la Secretaría Penal, Dr. ANDRÉS CLAUDIO TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos caratulados "KEIM FLORES, Gabriel Ignacio S/ Robo reit. (2H) y daño reit (2H) en C.R., hurto, resist. A la autoridad, portación de armas de uso civil condicional sin la debida autorización, Cooperación en la adulteración de doc. destinado a la habilitación para circular vehículos automotores- ALTELO WESPI, Luis Alberto S/ robo reit. (2h) y daño reit. (2h) en C.R. hurto, resist. A la autoridad en C.I. con Les. Leves, cooperación en la adult. de doc. destinado a la habilitación para circular vehículos automotores - ABURTO ALMONACID, Yudith Alejandra s/ enc. y desobediencia" (expte. n° 153 - año 2009) del Registro de la mencionada Secretaría.

ANTECEDENTES: La Cámara de Juicios en lo Criminal de la III Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Zapala resolvió, mediante sentencia n° 14/2009 de su propio registro, "(.) I.- UNIFICAR (art. 58 del Código Penal) las condenas recaídas sobre GABRIEL IGNACIO KEIM FLORES (...), en la pena única de SEIS AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO; comprensiva de la dictada en autos y la recaída en causa N° 645 - F° 64 - Año 2007 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquen, en fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, Reg. N° 391 Año 2008; accesorias de ley y las costas del proceso (...)".

En contra de tal resolución, interpuso recurso de casación el Sr. Defensor de Cámara, Dr. Miguel Enrique Manso, a favor de Gabriel Ignacio Keim Flores; el que fue declarado admisible por R.I. N° 139/2010 de este Tribunal Superior (cfr. fs. 958/959 y 982/983 vta.).

Por aplicación de la ley 2.153 de reformas del Código Procesal (ley 1.677), y lo dispuesto en el art. 424 párrafo 2° del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, el recurrente no hizo uso de la facultad allí acordada, por lo que a fs. 1003 se produjo el llamado de autos para sentencia.

Llevado a cabo el pertinente sorteo, resultó que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dra. Lelia G. Martínez de Corvalán y Dr. Ricardo T. Kohon.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito, el Tribunal se plantea las siguientes CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión la Dra. LELIA G. MARTÍNEZ DE CORVALÁN, dijo: En contra de la sentencia n° 14/2009 de la Cámara de Juicios en lo Criminal de la III Circunscripción Judicial, conforme la cual se refundió la sanción del encausado Gabriel Ignacio Keim Flores en una pena única y total de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, el Dr. Miguel Enrique Manso dedujo un recurso de casación a su favor. Concretamente, el recurrente se agravia en una supuesta falta de fundamentación en el decisorio de unificación en lo que respecta al quantum de la pena única establecida.

En tal sentido, alega que el a-quo efectuó una nula valoración, tanto de las condenas que se impusieran oportunamente a Keim Flores, como de las pautas de mensuración de la pena previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal.

Señala en este tópico que sólo se hizo referencia a las fojas en las que se encuentran las sentencias sin efectuar la menor referencia al tipo de delito, pena impuesta; elementos estos que dicen valorar para unificar las penas (fs. 959).

Similar observación efectúa respecto de las pautas mensurativas de los artículos citados precedentemente, ya que no se realiza valoración alguna en relación con las mismas.

En consecuencia de todo lo expuesto, solicita se declare la nulidad de la sentencia impugnada, se case la misma y se remita a otro tribunal a efectos de dictar nuevo fallo.

II.- Que luego de analizado el recurso y la sentencia soy de opinión - y así lo propongo al Acuerdo - que la casación deducida debe ser declarada improcedente.

1°) Es necesario no confundir ausencia de fundamentación con motivación mínima. Mientras que la primera tiene como efecto inexorable, la nulidad por imperio de los artículos 106 y 369, inciso 3°, de la ley de rito; la segunda no acarrea ninguna consecuencia sancionatoria. De allí la necesidad de diferenciar ambas categorías. En mi concepto coincido, plenamente, con la distinción que formulara, desde antaño, la casación cordobesa en el sentido que: "no es lícito comprender en la falta de motivación un defecto o deficiencia, a no ser que éstos fueren tan graves como para significar una verdadera falta de actividad lógica. La motivación no falta cuando es imperfecta" (cfr. T.S.J. de Córdoba, Sala Penal, S. N° 6, del 19/3/1971; reproducida en María Cristina Barberá de Riso, "Proceso Oral", T° II, Ed. Lerner, Córdoba, 1994, p. 212).

Dicha distinción ha sido lúcidamente marcada por Fernando de la Rúa, al expresar en este tópico que "(.) Se debe distinguir [.] la falta de motivación de la 'simple insuficiencia de motivación', que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es sólo imperfecta, o defectuosa [.] En este sentido, no se debe confundir la ausencia o insuficiencia de motivación con el error en los motivos, que no entraña su nulidad cuando carece de entidad decisiva, como cuando se trata de un error intrascendente y secundario en la redacción [.] Como no la afecta tampoco el hecho de que sea breve y aún brevísima o escueta, siempre que sea eficaz." (cfr. "La Casación Penal", ed. Depalma, Bs. As., 1994, págs. 113 y 114).

Lo recién señalado tiene su razón de ser. La lectura del decisorio de unificación que se impugna, ciertamente, no ha abundado en análisis muy extensos respecto a los motivos por los cuales estableció las sanciones que, finalmente, impuso. Sin embargo, esta parquedad, de ninguna manera puede equipararse a la ausencia de motivación que se reclama. En efecto:

A) En primer término advierto que la Cámara, al unificar, no utilizó un procedimiento de suma aritmética (lo que, en la medida que se respete el máximo legal de la especie de pena [art. 55 Código Penal] no resultaría objetable desde la perspectiva del artículo 58 del mismo digesto [cfr. Carlos J. Lascano - Director - "Derecho Penal. Parte General", Ed. Advocatus, Córdoba, 2002, p. 581]). Por el contrario, ha existido una composición de la sanción. Esto, por sí sólo, nos está demostrando una ponderación por parte del "a-quo", que evidencia un análisis de las distintas pautas individualizadoras. De lo contrario habría apelado al sencillo expediente de la suma matemática que - como dijera - aquí no se verifica (repárese que la sumatoria de las penas hubiera llevado a seis años y siete meses de prisión; en tanto que, la condena unificatoria impuesta por la Cámara fue de seis años de prisión).

B) Esta disminución que trajo aparejada la composición, obviamente no satisfizo las expectativas de la defensa; quien postuló una pena de cinco años y seis meses de prisión (cfr. fs. 923). Ahora bien: que el Tribunal "a-quo" compusiera, ligeramente, por debajo de lo que hubiese correspondido a la suma aritmética (siete meses menos) o por encima de lo reclamado por su defensa (seis meses más) no da ningún motivo que justifique la censura ensayada. En efecto:

En los casos de unificación la doctrina ha señalado que, el tribunal competente "(.) tiene la más amplia libertad de apreciación, pudiendo operar sin más límites que la escala penal resultante de la aplicación de los arts. 55 a 57 y las pautas individualizadoras de los arts. 40 y 41 [Código Penal]." (cfr. Carlos S. Caramuti, en David Baigún - Eugenio R. Zaffaroni [Directores], "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", T° II, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2002, pp. 523/524).

El Dr. Manso ha reprochado el decisorio por entender que, el Tribunal "A-quo", ha efectuado genéricas alegaciones en relación al artículo 41; que no cumplen, mínimamente, con la exigencia de adecuada motivación. Ahora bien:

No niego el carácter escueto de la valoración realizada por la Cámara. Empero, y como ya lo sostuviera, considero que - esa apreciación mínima - dota de motivación a la resolución.

Esto lo sostengo pues, más allá de la diversidad de delitos que dieran lugar a los sendos decisorios que se unifican, expresamente mencionados por los judicantes (fs. 954 vta.), la Cámara puso énfasis en diversas pautas penológicas contrarrestadas entre sí, a saber: como extremos favorables: su juventud y la actitud posterior al delito con el reconocimiento de su responsabilidad en el hecho juzgado en el legajo que unifica las penas, y como circunstancias negativas: ".sus regulares informes de abono; y demás pautas de mensura evaluadas en la sentencia de fs. 803/810.", en inequívoca referencia a los antecedentes condenatorios certificados en la causa, como dato sintomático de su mayor peligrosidad.

Por otra parte, la crítica defensiva en cuanto a que los sentenciantes no transcribieron en específico este último aspecto (los antecedentes penales computables), haciéndose mención del pronunciamiento que expresamente lo señalaba, no resulta atinada. Ello, simplemente, por cuanto el deber de motivación no exige que, en la concreta valoración de cada pauta, se realice una ponderación particular y diferenciada de este extremo; siendo suficiente con que se explicite el carácter agravatorio de la misma. En este sentido, Abel Fleming y Pablo López Viñals sostienen -en posición que hago propia- que "(.) Aunque es preciso que sea reconocible una auténtica ponderación de las diferentes circunstancias, en su significación y peso, el juzgador no se encuentra obligado a exponer de modo exhaustivo todos los puntos de vista que se han tenido en cuenta en la decisión, pero sí todos los que sostienen directamente la decisión." (cfr. "Las Penas", ed. Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2009, pág. 469), lo que a la luz de lo dicho en el párrafo anterior resulta cumplido.

De esta manera, resulta plenamente razonable el quantum punitivo adoptado en el fallo; motivo por el cual la casación deviene sustancialmente improcedente.

2°) Por fin - y pese a sostener la existencia de motivación - no deja de ser recomendable, como pauta futura a seguir por los tribunales de mérito, un mayor detenimiento en el capítulo del fallo relativo a la pena. En tal sentido, y aún cuando considero que la sanción de nulidad invocada, en este caso, no puede prosperar, a mi juicio, tampoco hay duda que, la resolución de unificación que se cuestiona, dista mucho de ser modélica. Máxime cuando, modernamente, la doctrina viene sosteniendo, con gran firmeza, la necesidad de un mayor cuidado al momento de explicitar las razones que conducen a la imposición del quantum punitivo concreto (cfr., por todos, Patricia S. Ziffer, "Lineamientos de la determinación de la pena", Ed. Ad - Hoc, Bs. As., 1996, p. 28).

Por los argumentos expuestos, considero haber fundado las razones por las cuales - y según ya lo adelantara - la casación deducida deviene improcedente. Mi voto.

El Dr. Dr. RICARDO TOMÁS KOHON dijo: Adhiero al voto de la señora Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

A la segunda cuestión, la Dra. LELIA G. MARTÍNEZ DE CORVALÁN, dijo: Atento al modo en que resolviera la cuestión precedente, el tratamiento de la presente deviene abstracto. Mi voto.

El Dr. Dr. RICARDO TOMÁS KOHON dijo: Atento la solución dada a la primera cuestión, me expido en idéntico sentido a la conclusión a que arriba la señora Vocal preopinante en primer término, a esta segunda cuestión.

A la tercera cuestión, la Dra. LELIA G. MARTÍNEZ DE CORVALÁN, dijo: Costas al recurrente perdidoso (artículos 491 y 492 del C. P. P. y C.). Mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON dijo: Comparto lo manifestado por la señora Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por el Sr. Defensor de Cámara, Dr. Miguel Enrique Manso, a favor de Gabriel Ignacio KEIM FLORES.- II.- Con costas (arts. 491 y 492 del C.P.P. y C.).- III.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones a la Cámara de origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación por ante el Actuario, que certifica.

Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dra. GRACIELA M. de CORVALÁN Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario