Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-18


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "CABALLERO, Jorge Horacio en representación de su hija M.L.C. c/IOSPER S/ ACCION DE AMPARO".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. CARUBIA, MIZAWAK y CHIARA DIAZ.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente cuestión:

¿Qué corresponde resolver? A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CARUBIA, DIJO:

I.- Dictada la sentencia de fs. 54/60 que hizo lugar, con costas, a la acción de amparo promovida por Jorge Horacio Caballero, en representación de su hija discapacitada María Laura Caballero, contra el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), condenándolo a hacerse cargo, bajo apercibimientos, de las siguientes prestaciones en favor de la mencionada discapacitada: a) cobertura económica para la Escuela Especial CEREM, matrícula y mensualidades, desde enero a diciembre de 2011; b) acompañante terapéutico, tres horas diarias de lunes a viernes, por el período enero a diciembre de 2011; c) silla de traslado para encefalopatía, y d) medicamentos e insumos por períodos mensuales: LIORESAL comp., TEGRETOL 200 mg., MADOPAR 250 mg. y ENEMOL sol por 135; se alza la accionada (fs. 63) interponiendo recurso de apelación en su contra, expresando solamente que le ocasiona gravamen irreparable.- II.- Sabido es que el art. 16 de la Ley Nº 8369 dispone que el recurso articulado en estas actuaciones importa también el de nulidad, por tanto, el Tribunal ad quem debe avocarse, aún de oficio, al examen de lo actuado y, en su caso, expurgar del proceso los vicios con tal entidad que eventualmente se constaten.- La demandada/recurrente (fs. 63) no hace mérito de la existencia de concretos defectos susceptibles de acarrear esta sanción extrema, en tanto que el Ministerio Público Fiscal (fs. 74/vta.) se expide expresamente por la negativa.- Efectuado, no obstante, el examen ex officio de las actuaciones, no es dable constatar la presencia de vicios o defectos que no puedan ser suficientemente corregidos a través del examen apelatorio en razón de no poseer entidad y trascendencia suficiente para justificar una autónoma sanción nulificante en este estadio del proceso y, por consiguiente, corresponde declarar que no existe nulidad.- III.- Puesto a resolver el planteo apelatorio deducido se advierte la presencia de la inicial dificultad de no contar con una expresa manifestación de las razones en que se funda el recurso. Sabido es que la omisión de tal recaudo en modo alguno perjudica en la especie la viabilidad de la impugnación articulada, toda vez que la ley no exige al recurrente una explícita expresión de agravios e instituye la posibilidad de hacerlo como una mera facultad de las partes (cfme.: art. 16, 2do. párr., Ley Nº 8369), lo cual no impide ni limita, en estos supuestos especiales, el conocimiento pleno del asunto por parte del Tribunal de Alzada y, no obstante la existencia de casos -como el sub examen- en los que resultaría importante contar con una guía mínimamente indicativa de los concretos motivos de la disconformidad de la parte recurrente que impulsan su voluntad impugnativa y su interés en la reversión del acto atacado, debe el ad quem efectuar igualmente una genérica revisión ex officio de lo actuado y decidido en la instancia anterior, toda vez que, conforme ha sido repetidamente señalado en diversos pronunciamientos, tanto de este Superior Tribunal de Justicia cuanto de la Sala Nº 1 en lo Penal del mismo, "dada la naturaleza excepcional del proceso de amparo, la concesión del recurso de apelación (arts. 15º y 16º, Ley Nº 8369) otorga al superior la plenitud de la jurisdicción, colocándolo frente a la demanda en la misma posición que el a quo, pudiendo examinar todos sus aspectos, estudiar cuestiones no consideradas en la impugnación y establecer de oficio la existencia de circunstancias impeditivas o extintivas que operen ipso iure, dotando al Tribunal ad quem de facultad y atribución suficiente para juzgar en su totalidad los hechos y el derecho, actuando respecto de ellos con plena jurisdicción" (cfme.: S.T.J.E.R., in rebus: "FALICO", L.S. 1985, fº 1; "CREPPY", L.S. 1985, fº 91; íd., Sala Penal, in rebus: "PITTAVINO", L.A.S. 1987/88, fº 112; "STURZ", 30/6/89, L.A.S. 1989, fº 234; "PITTALUGA de MAGGIONI", 9/11/89, L.A.S. 1989, fº 459; "MEDRANO", 27/2/90, L.S. 1990, fº 12; "FARMACIA LIBERTAD S.C.S.", 19/3/90, L.S. 1990, fº 44; "YESSI", 23/3/90, L.S. 1990, fº 59; "SCHIMPF", Sent. del 28/12/92; "BARCOS de FERRO", Sent. del 19/2/93, "VILLEMUR", Sent. del 7/4/93; "DIAZ VELEZ", Sent. del 2/6/93; "FASSIO", 11/4/94, L.S.Amp. 1994, fº 153; "RODRIGUEZ SIGNES", 3/5/94, L.S.Amp. 1994, fº 158; "BUSSI", 17/5/94, L.S.Amp. 1994, fº 172; "MUÑOZ", Sent. del 14/7/94, L.S.Amp. 1994, fº 208; "TEPSICH", 5/9/94, L.S.Amp. 1994, fº 256; "CAINO de CELLI", Sent. del 23/3/95; entre muchos otros), pudiendo ejercer no sólo el "iudicium rescindens" que le permite la destrucción o revocación de lo resuelto, sino también el "iudicium rescissorium", que le autoriza a reemplazar lo resuelto por otra decisión ajustada a derecho (cfme.: S.T.J.E.R., Sala Penal, in rebus: "DE GIUSTO", 2/7/93, L.S.Amp. 1993, fº 358; "TRAVERSO de ORMAECHEA", 4/11/94, L.S.Amp. 1994, fº 301; "ROMERO", 8/11/94, L.S.Amp. 1994, fº 307; entre otros).- De tal modo, en cumplimiento de ese cometido he examinado las constancias reunidas en la causa y, confrontadas las mismas con los fundamentos expresados por la Cámara de Feria a quo para decidir, no es posible advertir, en lo esencial del pronunciamiento impugnado, vicios de razonamiento, que afecten las conclusiones asentadas, ni jurídicos, en punto a la normativa seleccionada y su aplicación a los hechos de la causa, por lo que, en términos generales, la sentencia puesta en crisis aparece perfectamente ajustada al criterio jurisprudencial de esta Alzada en casos similares y se revela como una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las concretas circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual pone de relieve el acierto del decisorio atacado y la completa improcedencia del recurso de apelación interpuesto por la parte accionada en su contra.- IV.- Por consiguiente, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia de fs. 54/60 y confirmar el pronunciamiento en crisis; sin costas en la Alzada en razón de no verificarse contención en la instancia.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta, y a su turno, la Sra. Vocal Dra. Mizawak, dijo:

Adhiero a la solución que propicia el Dr. Carubia en su voto respecto a la confirmación de la sentencia en crisis, por resultar acorde al marco normativo vigente, sin embargo, entiendo que la misma debe limitarse, cobertura del CEREM y del acompañante terapéutico al momento del efectivo reclamo ante la Obra Social -06/06/11-, puesto que desde esa fecha pudo la prestadora asistencial conocer la necesidad sanitaria de su afiliado, y en consecuencia, poder brindar una respuesta.- Tal criterio es acorde a lo sostenido por el Dr. Chiara Díaz, al que adherí, al expedirme en la causa "MADDALENA, RODOLFO OSVALDO Y KLOSTER, GRACIELA BEATRIZ EN REP. DE SU HIJA MENOR MADDALENA, FLORENCIA P." -22/06/11-, relativa a un reclamo de cobertura desde el mes de febrero del tratamiento a realizarse en la fundación "La Casita". En esa oportunidad; el colega precitado, sostenía: "que ante la inacción de los progenitores de la discapacitada, no corresponde acoger la pretensión por los períodos anteriores a la presentación de 27/04/2001, pero si los posteriores".- Debe tenerse en cuenta asimismo que las respectivas prescripciones médicas está fechadas el 26/07/11 -ctf. fs. 7-.- Por todo ello, entiendo que el reconocimiento de tales prestaciones debe ser a partir del mes de junio del año en curso; lo que así voto.- A su turno el Señor Vocal Dr. CHIARA DIAZ, expresa su adhesión al voto de la Dra. MIZAWAK.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Firmado: Daniel O. Carubia (En disidencia parcial), Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz -	SENTENCIA:

Paraná,	18 de agosto de 2011.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) DECLARAR que no existe nulidad.- 2º) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia de fs. 54/60, la que, en consecuencia se confirma.- 3º) DEJAR constancia que la condena debe ser a partir del mes de junio del año en curso.- 4º) SIN COSTAS en esta Alzada por no mediar contención.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Daniel O. Carubia (En disidencia parcial), Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz - Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA**	Rubén A. Chaia	Secretario