Homicidio culposo, recurso extraordinario federal, graduación de la pena, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gutierrez, Mario Martín s/ Recurso Extraordinario deducido por el Dr. Víctor Manuel Pinto en contra de la Sentencia Nº 01/13 de Expte. Corte Nº 106/12 - Recurso de Casación (...) en Expte. Nº 01/07 - Gutierrez, Mario Martín p.s.a. Homicidio Culposo - Santa María
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-09

El Juzgado Correccional condenó al imputado G., como autor penalmente responsable del delito de Homicidio culposo calificado, a sufrir la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, e inhabilitación especial de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores.

Contra esa resolución, el defensor del imputado había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, interpone el presente remedio federal.

Quien recurre dice que la sentencia impugnada contiene el mismo error que la sentencia condenatoria, la valoración, a los fines de los arts. 40 y 41 del Código Penal, para graduar la pena, de la extensión del daño causado, es decir, del resultado muerte, que ya se encuentra contenida en el art. 84 del Código Penal. Considera que la sentencia es arbitraria porque no se ajusta a las reglas de la sana crítica racional, violentando de tal modo la defensa en juicio y con ello el debido proceso legal.

El planteo efectuado no suscita cuestión federal suficiente en tanto remite al tratamiento de cuestiones de hecho y de prueba en la determinación de la pena impuesta.

Es que la materia se encuentra reservada, en principio, a los jueces de la causa y es ajena a la instancia extraordinaria; y el recurrente no demuestra la concurrencia en el caso de circunstancias que justifiquen hacer excepción a esa regla, debido a que los argumentos que ofrece carecen de idoneidad a los fines de lograr la modificación que de lo decidido pretende, en tanto no demuestran la arbitrariedad que predica del mérito probatorio que sustenta la decisión recurrida.

En la sentencia condenatoria, el Juez Correccional había valorado como agravante de la pena el nivel de alcohol en sangre (de 1,20 gr/l) que en la oportunidad fue constatado en el imputado, como dato claramente revelador de su estado de ebriedad, del grave incumplimiento de su parte de la reglamentación del tránsito a su cargo, y como causa determinante del hecho, por la pérdida que ese estado había ocasionado del imprescindible control que el imputado debía conservar sobre la motocicleta que conducía en la oportunidad.

Esa valoración de la ingesta alcohólica previa del imputado, efectuada en la sentencia condenatoria, fue convalidada en la instancia anterior como motivo válido de mayor reproche, y en esta oportunidad el recurrente no demuestra el error de ese juicio, considerando que quedó debidamente acreditado en el caso que en la plenitud de su capacidad de decisión, a sabiendas que luego volvería a la vía pública manejando su motocicleta, el imputado había optado entonces por consumir bebidas alcohólicas, colocándose así voluntariamente en estado de embriaguez, con desprecio o indiferencia por las eventuales consecuencias de la imprudencia y riesgo que entraña la circulación vehicular en ese estado, de conocidos efectos sobre la capacidad de percepción y la posibilidad de reacción, y, por ende, de su significativa disminución en proporción directa con la cantidad de esa ingesta.

Por ello, las circunstancias invocadas sobre el tema -que no era habitual que el imputado se embriagara y que las pocas veces que bebía él optaba por no conducir y se movilizaba en remís-, valoradas expresamente por el Juez Correccional como atenuantes, no constituyen empero suficiente fundamento del agravio vinculado con el cumplimiento efectivo de la pena, dispuesto en la sentencia en atención a la mayor reprochabilidad de la conducta del imputado que en la sentencia condenatoria fue deducida de la comprobada y no negada ingesta alcohólica previa del imputado, del daño causado y de su actitud posterior al hecho, de endilgarle la responsabilidad de éste a la joven víctima, en tanto esos argumentos no demuestran la irrazonabilidad de lo así resuelto.

Así las cosas, los agravios expuestos carecen de idoneidad a los fines de suscitar la apertura de la instancia extraordinaria, debido a que no demuestran la efectiva vulneración de las garantías constitucionales invocadas -la defensa en juicio y el debido proceso- ni la valoración irrazonable o absurda de la prueba considerada en la sentencia o el apartamiento inequívoco por el tribunal de la solución prevista por la ley para el caso.

En tales condiciones, el recurso carece de fundamento suficiente en los términos del art. 15 de la Ley 48, lo que obsta a su concesión.