Proceso penal, lesiones leves, abuso de armas, tenencia ilegítima de armas, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Coronel, José Enrique s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto -por la defensa del imputado José Enrique Coronel- en Expte. Letra 'C' Nº 101/11: Coronel, José Enrique s.a. Lesiones leves y Abuso de armas en concurso real, en calidad de autor y Tenencia Ilegítima de armas de guerra; en contra de Auto Interlocutorio N° 57/11
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-12

La Cámara en lo Criminal resolvió: "I) No hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba efectuado por el asistente técnico del imputado (art. 76 bis cuarto párrafo del Código Penal). II) No hacer lugar a la intervención del Estado en el presente proceso solicitado, por improcedente".

Contra la decisión transcripta en el punto I, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación esgrimiendo el motivo sustancial previsto en el inc. 1º del art. 454 del C.P.P.

Analizando el memorial recursivo, se constata que el recurrente ha centrado su estrategia defensiva aseverando que el a quo ha aplicado erróneamente lo dispuesto por el art. 76 bis del C.P., en cuanto excluye del beneficio solicitado a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

Cabe adelantar que, pese al esfuerzo argumental desarrollado por el recurrente, sus críticas no resultan eficaces para conmover la decisión puesta en crisis.

Digo ello, porque el Auto Interlocutorio que aquí se cuestiona no hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba fundando tal decisión en lo prescripto en el art. 76 bis, 4º párrafo, lo cual dista de las críticas expuestas por la defensa técnica del imputado.

En efecto, otros han sido los argumentos brindados por el titular de la acción penal para oponerse a la viabilidad del beneficio solicitado. Así, en la audiencia prevista en el rito (art. 355), el Fiscal consultado aclaró que los delitos por los cuales fuera requerido el imputado (Lesiones Leves -art. 89- (Hecho nominado primero); Abuso de Armas -art. 104- (Hecho nominado segundo) y Tenencia ilegítima de arma de guerra -art. 189 bis 2º párrafo, 2º supuesto, 55 y 45 en Concurso Real), no dejan dudas que el pedido no puede encuadrar en el inciso primero de la norma en cuestión, toda vez que el máximo previsto en ellas excede claramente los tres años fijados en el art. 76 bis, 1º párrafo, del C.P., razón por la cual dirigió su análisis dentro de las previsiones del artículo 76 bis, 4º párrafo del citado cuerpo normativo, toda vez que la escala penal atribuida a los delitos en cuestión es entre dos y diez años de prisión.

En la señalada dirección, invocó razones de política criminal para opinar que, con arreglo a las circunstancias del caso, estimaba que no pediría pena en suspenso.

Consecuentemente, no se advierte en el caso que el recurrente haya rebatido el argumento fiscal sobre el mayor reproche que merecen los hechos cometidos (lesiones leves, abuso de armas y tenencia ilegítima de arma de guerra) en las circunstancias apuntadas, con respecto a que los tres hechos se realizaron con armas de fuego, aclarando que, si bien en el primero, aquella fue utilizada como arma impropia, sin embargo, enfatizó que en los tres hechos está involucrada un arma de fuego.

En tal sentido, argumentó que razones de política criminal obstaculizan la viabilidad del instituto. Con la señalada omisión, quien recurre no demuestra la irrazonabilidad de ese criterio fiscal ni, por ende, la idoneidad de ese argumento para concurrir válidamente a justificar un eventual pedido de cumplimiento efectivo de la pena, como sostuvo el fiscal interviniente.

En la resolución impugnada, la referida oposición fiscal a la suspensión al juicio fue ponderada como debidamente fundada, y ninguno de los argumentos invocados en el dictamen fue desestimado.

En esas condiciones, la valoración judicial efectuada permite deducir que el Tribunal no constató vicio de logicidad ni de motivación, ni otra deficiencia que afectara el carácter vinculante del dictamen fiscal.

Además, reitero que el recurrente no se hace cargo de señalar errores graves del dictamen en la interpretación del Instituto ni en la de los motivos legales que obstan a su aplicación, alegando circunstancias no invocadas por el representante fiscal y omitiendo refutar con argumentos adecuados las objeciones de la Fiscalía que fueron conocidas y contestadas por la defensa en ocasión de la audiencia referida, y fueron valoradas en la resolución apelada como adecuadas y suficientes para impedir la suspensión del juicio a prueba.

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.