Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-04-23


Salta, 23 de Mayo de 2014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "BIANCHI, SERGIO ENRIQUE -vs.- CAÑADA, ANA LUISA POR EJECUTIVO" - Expediente Nº 412.116/12 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 3º Nominación (CAM 457157/13 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

1º) Vienen los autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada Ana Luisa Cañada, a fojas 59, en contra de la resolución dictada a fojas 47/49 que desestimó la excepción de inhabilidad de título opuesta por su parte y mandó llevar adelante la ejecución promovida por el señor Sergio Enrique Bianchi, con costas.

Para así decidir, consideró la señora Jueza a quo que del texto que obra en el recuadro de los documentos presentados, con la doble imposición de firma, surge el cumplimiento de los extremos legales exigidos para la validez de los títulos, y que la literalidad, abstracción, completividad y suficiencia del título cartular se desprende acabadamente de los instrumentos que concluyen con las firmas de los libradores, sin que la declaración jurada inserta al pie resulte requisito para dotar de habilidad a los documentos, sea contra los firmantes a título propio o en función de una representación legal. Agregó que el artículo 51 del decreto- ley 5965/63 confiere al portador el derecho de accionar contra todos los que firman una letra de cambio o un pagaré.

A fojas 62/63 se presenta en tiempo oportuno el memorial de agravios destinado a fundar el recurso articulado. Se queja la apelante por entender que el sentenciante no funda acabadamente su decisión de rechazar la excepción interpuesta. Afirma que nada dice sobre la declaración jurada integrada en el pagaré, que forma parte del título, y que si las partes decidieron completarlo más allá del mínimo legal, debe entenderse en su totalidad conforme la voluntad de las partes. Aduce que allí se encuentra estampada la firma por SIMELA S.R.L. y que no se observa rúbrica alguna en el cuadro contiguo sobre el margen derecho que reza "firma del codeudor". Refiere que la causa correspondería a una operación pactada entre la mentada sociedad y el actor, por lo que la desviación de dicha relación hacia su persona física resulta desajustada a derecho. Alega que el principio de literalidad que cita el juzgador debe aplicarse a todo el título y no sólo a una parte, y que el actor, anoticiado del concurso preventivo de SIMELA S.R.L. decidió responsabilizar a la apelante en forma personal pretendiendo sortear la verificación en el proceso concursal.

Contesta el memorial el ejecutante a fojas 65/66, donde solicita que se rechace el recurso por no existir agravios en virtud de las razones que expone.

2º) En primer lugar, es menester analizar el planteo de insuficiencia de agravios formulado por la parte apelada, teniendo en cuenta que debe seguirse un criterio amplio en lo que respecta a su admisibilidad, ya que es éste el que mejor armoniza con la garantía de defensa en juicio y el sistema de doble instancia. En tal sentido se expidió este Tribunal en numerosos precedentes (v.g. esta Sala en "Murillo y Otros c/ Hospital de Vespucio S.A. por Medida Cautelar", expte. CV-6614/93, t. 2006 2ª Parte, fs. 300/301; id. Sala III, t. 2002, fs. 267/70; id, t. 2003, fs. 232/234; Sala IV, t. XXI, año 1999, fs. 576 ), en consonancia con la doctrina de la Corte de Justicia (v. CJS, in re "Rondoni vs. Ekhardt", Libro 44, fº 1109/1113).

De tal modo, se ha destacado: "En caso de duda sobre los méritos exigidos para la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad; y aunque el escrito adolezca de defectos, si contiene una somera crítica de lo resuelto por el juez, suficiente para mantener la apelación, no corresponde declarar desierto el recurso (C.Apel.C.C.Salta, Sala III, "Rueda vs. Ayón", tomo 2007, fl. 1258). Analizado el escrito de memoria a la luz de tal premisa, es dable colegir que alcanza a reunir las exigencias que determina el citado artículo 255, por lo cual corresponde entrar al tratamiento del recurso interpuesto.

3º) Los títulos sobre los cuales se basa la presente ejecución consisten en cinco (5) pagarés sin protesto por la suma de U$S 1.850,00 (Dólares estadounidenses un mil ochocientos cincuenta) cada uno, con vencimiento los días 25 de abril, 29 de abril, 23 de mayo, 30 de mayo y 27 de junio del año 2011.

En forma preliminar, es dable recordar que la fuerza ejecutiva de los vales o pagarés surge del artículo 103 del decreto-ley 5965/63 (ratif. por ley 16.478), en consonancia con la enunciación que contiene el artículo 533, inciso 5º, del Código Procesal Civil y Comercial.

Como documento cambiario que expresa una promesa pura y simple de pagar una suma determinada, tal título ejecutivo se estructura en torno a los principios de necesidad, autonomía, suficiencia y abstracción.

Del análisis formal de los documentos presentados, surge que reúnen todos los requisitos previstos por el artículo 101 del decreto-ley 5965/63, extremo que resulta suficiente para sostener su condición de pagarés y la habilidad ejecutiva de los títulos; esto es: (1) la cláusula "a la orden" o la denominación del título inserta en el texto del mismo y expresada en el idioma empleado para su redacción; (2) la promesa pura y simple de pagar una suma determinada; (3) el plazo del pago; (4) la indicación del lugar del pago; (5) el nombre de aquel al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago; (6) indicación del lugar y de la fecha en que el vale o el pagaré han sido firmados; (7) la firma del que ha creado el título o suscriptor (cf. art. 101 cit.).

La conclusión precedente no se encuentra desvirtuada por la inclusión, fuera del recuadro de cada título y debajo de las dos firmas, de una manifestación en carácter de declaración jurada formulada por la libradora solamente en su condición de socia gerente de la firma SIMELA S.R.L. relativa a la corrección de los datos consignados en el documento, el conocimiento y aceptación de sus condiciones, y la afirmación de haber sido llenado en su presencia. Dicha manifestación, al no integrar el cuerpo del documento, carece de eficacia cambiaria, tal como en similares circunstancias ha sido destacado por la jurisprudencia (CNCom, Sala E, "Multilux S.A. c. Albertazzi, Omar s/ejecutivo", 12/2/91; id., id., "Concred Coop. de Crédito y Vivienda Ltda. c. Safarian, Martín R.", 21/06/1995, La Ley, cita online: AR/JUR/2413/1995).

En efecto, dicha manifestación se encuentra fuera del cuerpo del instrumento pues la declaración de voluntad cambiaria comienza con la fecha y lugar de emisión y concluye con la firma del librador. En este caso, cada pagaré consigna dos firmas de la misma persona: una cuenta con un sello aclaratorio del carácter de "socio gerente de SIMELA S.R.L.", mientras que la otra firma no consigna aclaración alguna por lo que debe inferirse que ha sido puesta a título personal por la señora Ana Luisa Cañada.

Por ende, no resultan acertados los agravios expresados en cuanto pretenden restar validez a las firmas insertas en el texto de los instrumentos por efecto de la mentada manifestación o declaración jurada. Tampoco es válida la objeción relativa a la falta de consideración de dicha circunstancia por la señora Jueza a quo, toda vez que ésta menciona la declaración jurada inserta al pie de las firmas para colegir, adecuadamente, que no constituye un requisito exigido para dotar de habilidad ejecutiva al documento.

Con relación al agravio referido a la causa, y si el libramiento del documento correspondería o no a una operación pactada entre SIMELA S.R.L. y el ejecutante, deviene claramente inadmisible en virtud del carácter abstracto de los títulos de crédito, de acuerdo con el cual el elemento "causa", necesario en todo negocio jurídico en virtud del artículo 499 del Código Civil, es sustraído del conocimiento del juez de la ejecución (v. Fenochietto- Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", tº 2, pág. 690, ed. Astrea, Bs. As., 1993) .

De allí, entonces, que deba concluirse que la ejecutada, en cuanto libradora también a título personal de los pagarés que se ejecutan, debe responder por la obligación en ellos instrumentada y, por tanto, se encuentra legitimada para ser demandada en el presente proceso ejecutivo por tratarse de la persona a quien, conforme a la ley, corresponde contradecir la pretensión del demandante (cf. Devis Echandía, H., "Teoría General del Proceso", Bs. As., ed. Universidad, 1984, t. I, pág. 297).

Por las razones expuestas, los agravios no resultan atendibles y corresponde confirmar el fallo en crisis en lo que fue materia de agravio.

4º) En cuanto a las costas de esta instancia, deben ser soportadas por la apelante vencida, de conformidad al principio general objetivo plasmado en el artículo 67 del Código de rito.

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I.- NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fojas y, en consecuencia, CONFIRMA la resolución interlocutoria de fojas 47/49 en lo que fue materia de agravio. Con costas.

II.- MANDA se registre, notifique y baje.