marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, suspensión del juicio a prueba, hurto, funcionarios públicos, enfermeros, Salud pública
Materia: PENAL
Carátula: MARTÍNEZ, Rubén Darío s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Cabe confirmar la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba solicitada en favor de quien se le imputa haber ingresado, en dos ocasiones, a áreas restringidas del hospital púbico en el que se desempeñaba como enfermero y fuera de su horario laboral, y haber presuntamente hurtado medicación, puesto que en su calidad de prestador del servicio público de salud no sólo utilizó su pertenencia a una agencia pública para ingresar a sectores que solo se encuentran habilitados para quienes cumplen ese rol en la función pública, sino que, además, sustrajo medicamentos financiados por el Estado para atender a la salud pública. Es que no se advierte la razón por la que se debería dejar de aplicar la clara norma prevista en el antepenúltimo párrafo del art. 76 bis CP, en cuanto dispone que "no procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito"; en tanto a la hora de identificar a los sujetos destinatarios de las normas, éstas no efectúan distinciones en cuanto a la jerarquía. Todos los agentes del Estado son susceptibles de ser alcanzados por la regla (voto del juez Morin)
Adopción simple, adopción por el cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: G., R. y G., A. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-08

La patria potestad encuentra en la diferencia de edad entre padre e hijo, impuesta en lo biológico por la propia naturaleza, las posibilidades de ejercerse con madurez afectiva y humana, condiciones que en el caso de la adopción del hijo del cónyuge se encuentran cumplidas, si la relación viene precedida por un trato familiar de muchos años, en un marco de respeto y cariño, con lo cual la adopción tiene un enorme sentido integrador de la familia.
Recurso de casación penal, denegatoria del recurso, recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, María Cecilia s/ Leiva María Cecilia - s.a. Homicidio Simple - Capital s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-08-04

La defensa técnica de la condenada recurre por vía extraordinaria el pronunciamiento de esta Corte de Justicia que resolvió no hacer lugar al recurso de casación por él interpuesto en contra de la sentencia que la condenó a la pena de doce años de prisión, con más accesorias de ley, como autora penalmente responsable del delito de homicidio simple (art. 79 y 45 del C.P), convalidando la sentencia de cámara por entender que estaba debidamente fundado el convencimiento del juzgador respecto de la inexistencia del presupuesto de agresión ilegítima para configurar la legítima defensa. El recurrente señala que esta Corte de Justicia habría incurrido en arbitrariedad por autocontradicción, en tanto sostiene una sentencia con fundamento en que, de acuerdo a los testimonios rendidos en debate, no hubo agresión ilegítima, debido a que ninguno de los deponentes, en el momento posterior al hecho, vio signos de lesión en el cuerpo de su defendida, pero seguidamente también valora los informes médicos que dan cuenta de la existencia de lesiones leves.

Ello aparece como un argumento razonable y válido para habilitar la vía extraordinaria, tornándose prudente concederla.

En efecto, el recurrente realiza una crítica razonada de los argumentos en los que sustenta su agravio, cumpliendo de esa manera el requisito de autosuficiencia -art 15 de la ley 48- y ella está dirigida a demostrar que el fallo incurre en los mismos errores que la sentencia de grado, al negar la agresión ilegitima sufrida por su defendida, asignándoles valor dirimente a los testimonios por sobre lo informado en los certificados médicos -a su entender, sin la debida motivación-. Ello que configuraría el supuesto de violación del principio de no contradicción, que habilitaría la vía intentada con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad, por lo que corresponde hacer lugar en este punto al remedio federal intentado.
Homologación del acuerdo, robo en poblado y en banda, procesamiento, tentativa, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: S, F. E. s/acuerdo de homologación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-02

El imputado fue procesado por el delito de robo en poblado y en banda reiterado en doce oportunidades, robo en poblado y en banda en grado de tentativa, robo en poblado y en banda con armas cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse en grado de tentativa, robo en poblado y en banda con armas cuya aptitud no pudo acreditarse, todos ellos en concurso material entre sí, resolución que fue confirmada por ésta cámara. Con posterioridad, se celebró la audiencia prevista por el artículo 6 de la ley 27.304 en la que el Ministerio Público y el imputado suscribieron un acuerdo de colaboración (artículos 7°, acápite "c", 8° y 13° de la ley 27.304) pero el magistrado lo rechazó con el argumento de que el aporte no satisfizo el propósito y las exigencias de la norma.
Habeas data, bloqueo de sitios de Internet, libertad de expresión, derecho al honor, derecho a la intimidad, información errónea o desactualizada
Materia: CIVIL
Carátula: Pompilio, Natalia Andrea c/ Google Inc. s/ habeas data (art. 43 C.N.)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Corresponde ordenar a un buscador de contenidos de internet el bloqueo de aquellas URLs que hagan referencia al fallecimiento del causante, puesto que hasta el momento en que se dicta el pronunciamiento, han transcurrido más de doce años del referido deceso y la información indexada por el motor de búsqueda emplazado no cuenta con los parámetros que permitan incluirla en aquellos casos excepcionalísimos en los que priman los derechos a la información y la libertad de expresión por sobre los derechos a la intimidad y el honor de las personas, pues ha dejado de ser novedosa o de interés para la comunidad como para habilitar justificadamente la afectación de los derechos personalísimos del causante.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Casco, Lidia Crescencia c/ Merión S.A. s/ Muerte por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

En el fuero laboral no rigen las normas del Código Procesal Civil y Comercial relativas a tachas de los testigos que deben computarse como advertencias del legislador que el juez puede tomar o no en consideración, teniendo los jueces del trabajo amplias facultades para decidir respecto del mérito y habilidad de sus exposiciones.
Jerarquía de las leyes, tratados internacionales, ley interna
Materia: CONSTITUCIONAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Cafés La Virginia S.A. s/ apelación (por denegación de repetición).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

La aplicación por los órganos del Estado Argentino de una norma interna que transgrede un tratado, además de constituir el incumplimiento de una obligación internacional, vulnera el principio de la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas.
Gobierno de facto, ratificación de actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pignataro, Luis Angel s/ inf.  arts.  1  y 2 de la ley 14.346 y arts. 25 y 27 de la ley 22.421  III
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

La validez de las normas dictadas por los gobernantes de facto está condicionada a que las autoridades constitucionalmente elegidas que los sucedan las reconozcan.
Recurso de apelación (procesal), deserción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Orlandi, Juana María c/ Nasier, Carlos Simón s/ Interdicto de Obra Nueva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

Como prescribe el art. 155 de la Ley ritual los plazos judiciales son perentorios, razón por la cual una vez vencido el plazo que la normativa legal otorga al recurrente para fundar el recurso de apelación concedido en relación, obliga a declarar desierto el recurso en cuestión y, si bien es cierto que, en principio, tal declaración debe efectuarla el "iudex a quo", no existe óbice legal para que la misma también la pueda formular el Tribunal de Alzada cuando el memorial no se ha presentado.
Contratos, tarjeta de crédito, prescripción, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Borgna, Pablo Sebastian  c/ Banco Santander Rio SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

Cabe aplicar al caso, el plazo de prescripción establecido en la LTC 47, que prescribe al año la acción ejecutiva y a los tres años la acción ordinaria. Ello así, y sin necesidad de ingresar en el estudio de la aplicabilidad del plazo previsto por el CCCN 2562, un plazo de prescripción establecido en una ley especial -en el caso, la ley 25065- no puede ser modificado por disposición de una ley general -ley 26994-. Es decir que la norma específica debe prevalecer por sobre la norma general, así como tampoco podría una ley general posterior derogar a una ley especial anterior (conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil - Parte General", Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1999, T° I, págs. 55/56), por lo que si bien las leyes 25065 y 26994 tienen idéntica jerarquía, la primera regula el contrato de tarjeta de crédito en forma específica, de tal suerte que, en todo caso, prevalece sobre la otra norma de carácter general, la que se aplica en cuanto no se contrapone a la especial (en análogo sentido respecto de un contrato de seguro, esta CNCom, esta Sala A, 06/03/13, "González Nilda Raquel c/ Zurich Argentina Compañía de Seguros SA s/ Ordinario"; ídem 24/05/11, "Til Eduardo Gabriel c/ HSBC La Buenos Aires Seguros s/ Ordinario"; ídem 05/05/15, "Rodríguez Antonino c/ Liderar Cía. Gral. De Seguros SA s/ Ordinario"; CNCiv, Sala E, 25/04/08, in re: "Lim Rafael c/ Kwon Hyuk Tae y otro").
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Fuentes, Santiago Edmundo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-17

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si los planteos de la defensa referidos a la pretendida contradicción de los testimonios invocados fueron desestimados por el a quo y el recurrente sin procurar rebatir lo allí decidido, no logra evidenciar transgresión legal alguna, sustentando su agravio en la denuncia de violación del art. 253 inc. 3 del Código procesal afirmando -dogmáticamente- que "han mentido". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, plazos procesales, clausura del establecimiento, clausura preventiva, ley de abastecimiento
Materia: PENAL
Carátula: KWON, HYUK MAN s/ Acción de Amparo Causa 32542
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-23

1- Corresponde confirmar la resolución que hizo lugar al amparo frente a la clausura de tres días del local de comercio que so pretexto de la adopción de una medida cautelar precautoria autorizada en la ley de abastecimiento se la intentó para fines que atañen a la recaudación tributaria, por constituir un acto arbitrario de la autoridad claramente inadmisible dispuesto antes de haber sido escuchado o juzgado el supuesto transgresor.- 2- La clausura preventiva prevista en el Art. 12 inc. c) de la ley de abastecimiento requiere la concurrencia de razones específicas para adoptar una precaución semejante, vinculadas a emergencias en los abastecimientos o a necesidades de la investigación de carácter excepcional y de interpretación restringida.- 3- La acción de amparo debe limitarse a hacer cesar el acto lesivo siendo de incumbencia de los tribunales competentes y con la adecuada controversia todo lo atinente a las sanciones que pudieran caber o la reparación de las consecuencias del acto (Cf. cita bibliogr. al pie).- 4- La ley que rige el amparo, en su art. 11, exige el pronunciamiento en tres días; una excesiva demora (en la causa, de varias decenas de días) tergiversa por completo el sentido mismo del procedimiento del amparo, por más que en el ínterin se haya adoptado una medida de no innovar que evitó mayores perjuicios.
Indemnización por despido, derechos del trabajador, multa laboral
Materia: LABORAL-PENAL
Carátula: Peralta, Carlos Raúl  c/ Mendoza Irma y Pascual Sebastián S.H. y otros  s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-04-21

El dispositivo sub examine sanciona el hecho de litigar por el litigio mismo, o sea sin articulaciones serias, sin defensas con cierto grado de verosimilitud en cuanto a su probable éxito, lo que implica la pretensión de dilatar sin sentido el cobro de las acreencias laborales del trabajador, pero no sanciona, (o por lo menos no sin más), el no tener razón el empleador en su posición defensiva, en un contexto donde ésta tuviere elementos para discutir razonablemente la causa del despido, más allá de que tal defensa no sea luego avalada por los jueces (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Proceso penal, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: M.T., A.R. s/ Recurso Extraordinario interpuesto por el Dr. Marías R. Olmos  en Expte. Corte Nº 79/09: 'RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra de Sentencia Nº 21/09 recaída en causa Expte. Nº 06/08 "Martínez Trujillo, Augusto Raúl s.a. Abuso Sexual con acceso carnal -Belén-Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-10-20

En lo que aquí interesa, por mayoría de votos, esta Corte rechazó el recurso de casación deducido por la defensa del imputado contra la sentencia por la que había sido condenado a sufrir la pena de 14 años de prisión como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal y, para así decidir, sostuvo que, contrariamente a lo que postulaba esa parte, la pena había sido mensurada razonablemente en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el defensor del imputado interpone el presente remedio federal.

El recurso es presentando con la carátula exigida por el art. 2º del Reglamento de la Corte Federal (Acordada Nº 4/2007), en tiempo oportuno, contra una resolución dictada por esta Corte -nombrada erróneamente por el recurrente como Tribunal Superior de Justicia de Catamarca-, el superior tribunal de la causa, cuyas decisiones son insusceptibles de ser revisadas por otro tribunal en la provincia.

Lo interpone parte legitimada, por cuanto la decisión impugnada fue contraria a los intereses del condenado representado por el recurrente, fundados por éste en las normas que denuncia como vulneradas, arts. 16, 18 y 75 inc.22 de la Carta Magna, 8 inc.2º y 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 14 aps 1 y 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y 2 y 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre).

En principio, el recurso es inadmisible debido a que no cumple con los requisitos exigidos por la Acordada de la Corte en los arts. 1º (páginas con más de 26 renglones); 2º b) y e); 3º d) y e) por lo que de conformidad con lo dispuesto por el art. 11º debería así ser declarado.

Tampoco satisface la exigencia del art. 15 de la ley 48 en tanto omite desarrollar argumentos que pongan en evidencia la contradicción ni relación del fallo con las garantías constitucionales que invoca y, de tal modo, la existencia de agravio federal suficiente que suscite la apertura de la instancia extraordinaria; y no rebate las razones expuestas en el pronunciamiento impugnado para rechazar las críticas que formuló en la instancia anterior.

Además, no justifica la trascendencia de la cuestión con la mera alusión a su proyección jurídica, entidad económica y al interés de la comunidad, sin ofrecer explicaciones ni evidencias al respecto.

Por lo tanto, el recurso deducido resulta formalmente inadmisible.
Trabajador, prestación de servicios, relación laboral permanente discontinua
Materia: LABORAL
Carátula: Morilla José c/ Fliegler Hernán y/o quien resulte responsable s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-02-26

El trabajador tuvo la lógica expectativa de estar vinculado por un contrato de trabajo permanente, a pesar de que las prestaciones hubiesen tenido anualmente un carácter discontinuo, como asimismo una mayor o menor elasticidad mensual, pues lo concreto es que hubo una incorporación efectiva del actor al emprendimiento del demandado, recibiendo en contraprestación sumas de dinero. La discontinuidad en la prestación no excluye la relación de trabajo, desde que la LCT conceptualiza como tal, distintos contratos con esas características, por ejemplo, el contrato por temporada.
Estado de necesidad, eximentes de responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: ESTANABE, ESTEBAN JUAN s/ FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-28

El estado de necesidad sólo puede excluir la punibilidad de un hecho típico cuando el autor ha enfrentado la insalvable disyuntiva de cometer el delito o provocar un mal mayor que el que la infracción supone -caso en el que su acción se torna lícita-, o, al menos, de una intensidad tal que no quepa efectuarle un reproche suficiente para justificar la imposición de una pena, lo que estimo dogmáticamente a través de lo dispuesto por el artículo 41 inc. 2 del Código Penal, en cuanto menciona expresamente a "la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos" como una de las circunstancias a ponderar en la mensuración de una pena, lo que necesariamente implica que aun concurriendo aquel estado, ha de subsistir la posibilidad de imponer sanción.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, siniestro, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRODUCTORES  DE  FRUTAS  Y HORTALIZAS SA c/ AKZO NOBEL FUNCTIONALCHEMICALS  SA  Y  OTRO  S/ s/ ORDINARIO  -  PRODUCTORES  DE  FRUTASARGENTINAS  COOPERATIVA  DE  SEGUROS C/ M DODERO COMPAÑIA GENERALDE  SERVICIOS  S/  ORDINARIO  - M  DODERO  COMPAÑÍA  GENERAL  DESERVICIOS SA C/ AKZO NOBEL FUNCTIONAL CHEMICALS SA S/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-18

La legislación argentina admite una doble línea para considerar "guardián", entendiéndose por tal no sólo a aquellos que tienen la dirección de "hecho" de la cosas, sino también a los que reciben el beneficio económico de ésta (conf. Belluscio Zannoni; "Código Civil",Tº 5; Ed. Astrea, Buenos Aires 1994, página 471). En ese mismo sentido, lo decisivo para configurar el "guardián" es el aprovechamiento económico de la cosa (conf.

Borda, Guillermo; "Tratado de Derecho Civil" Tº II; Ed. La Ley, Buenos Aires 2008, página 342). Cuando -como en el caso- se encuentra determinado que el actor revestía junto con el codemandado el carácter de "guardián" de la "cosa riesgosa" que originara el siniestro, corresponde concluir, que en virtud de tal carácter no puede reclamarle a la "dueña" de esa cosa. En esa dirección, ha sido sostenido que la acción del "guardián" de la cosa contra el "dueño" de ésta, solo es concebible cuando el daño haya derivado del "vicio" de la cosa (conf. Borda, Guillermo; "Tratado de Derecho Civil" T. II; Ed. La Ley, Buenos Aires 2008, página 342), supuesto que no se cumple en el caso, donde solo se pretende imputar responsabilidad objetiva a la propietaria por el "riesgo" de la cosa.
Recurso contencioso administrativo, daño irreparable, educación privada
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO DE EDUCACION FISICA N° 36 "BRIGADIER GENERAL ESTANISLAO LOPEZ" c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ MEDIDA CUTELAR (CSJ EXPTE N. 837-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-18

Habiendo solicitado la actora -un Instituto Superior de Profesorado de Educación Física- el cese de la aplicación del decreto por el que se dispuso la quita del aporte estatal para el pago de salarios, mientras dure el trámite del recurso contencioso administrativo iniciado; la circunstancia de que ésta pueda quedar desprovista de la ayuda económica que venía dispensándole el Estado desde el dictado mismo de su incorporación al Sistema Provincial de Enseñanza Privada, permite considerar, en principio, demostrada la posibilidad de que se produzca un daño del grado exigido por el artículo 14 de la ley 11330, máxime cuando dicho aporte, por su propia entidad cuantitativa (80% del total de los sueldos), resultaba indudablemente substancial para el sostén económico del establecimiento recurrente. Ello autoriza a sostener la posibilidad de que la demora del proceso le ocasione a la actora perjuicios graves o de reparación difícil o imposible si llegase a prosperar el recurso.
Prueba, apreciación de la prueba, testigos
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Acosta Osmar c/ Catalina Aguirre de Buyatti,Dora E.Buyatti y Sonia E. Buyatti s/ Diferencia de sueldos,etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-04-14

Para arribar a un juicio de certeza por cuanto existen dos grupos de testimoniales antagónicas respondiendo cada uno a la postura sustentada por la parte proponente,debe prestarse atención preferente a todo otro elemento probatorio que sirva como dato útil para el esclarecimiento del controvertido
Nulidad procesal, actos consentidos, prescripción adquisitiva, sepulcros, bóvedas
Materia: CIVIL
Carátula: ASTOVL BONORINO F.J. s/ POSESION VEINTEAÑAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-02

Deducida la nulidad de todas las actuaciones cumplidas en un proceso, en el que por sentencia se obtuvo el dominio por prescripción adquisitiva veinteañal de una bóveda, invocándose la falsedad con la que se obtuvo la citación por edictos al ocultarse el conocimiento que tenía el accionante de la existencia, nombres y domicilio de otras personas con derechos sobre el bien, y puesto en tela de juicio la extemporaneidad del planteo en orden al plazo de cinco días que confiere el art. 170 del Código Procesal, invocándose para ello la información que sobre el trámite de la causa otorgara a los incidentistas su letrado, se debe considerar que el motivo determinante de la nulidad -la falsedad con la que se obtuvo la citación por edictos-, y su virtualidad para obtener la anulación del juicio, son detalles de carácter técnico-procesal cuya divulgación entre personas legas en derecho no se puede presumir, por lo mismo que no es habitual la ilustración de ellas para hacer mérito del significado de la irregularidad y de sus efectos invalidantes.

Si no existe indicio alguno que revele en qué momento el letrado informó a sus clientes sobre la irregularidad procesal, no se cuenta con base seria para presumir que los nulidicentes hubieran adquirido el conocimiento previsto en el art. 170 del Código Procesal en un tiempo anterior a los cinco días al planteo de nulidad. La presunción del informe del letrado no cabe inferirla de simples sospechas o de probabilidades desde que esta de por medio la garantía de la defensa a través del ejercicio de una facultad de impugnación. Que el letrado haya conocido el vicio procesal antes del plazo de cinco días, en nada puede entorpecer el accionar de sus clientes, de quien no se puede aseverar la misma antelación, pues no se trata de un mandatario.