Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-07


R. 357.670 "SANTOYO LOPEZ ENRIQUE FERNANDO C/ CASIM MIGUEL ASEM S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA- EJECUTIVO-" Buenos Aires, noviembre 7 de 2002.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. En la resolución de fs.269/270, luego de considerar que los artículos 1 y 8 del decreto 214/2002 modificaron los alcances del artículo 11 de la ley 25.561, el Sr. Juez a-quo rechazó el planteo efectuado por el ejecutante a fs.241/243, donde el nombrado solicitaba la inaplicabilidad de tales normas a la deuda que se ejecuta en autos, en razón de que la mora del deudor se había producido antes del 6/1/2002. Asimismo rechazó el planteo de inconstitucionalidad que, respecto de la citada normativa, ensayó Santoyo Lopez a fs. 244 p.IX.

Contra dicha decisión, alza sus quejas el nombrado en el memorial de fs.284/292, contestado a fs.301/307.

II. En primer término, cabe considerar si el decreto 214/2002 y la ley 25.561 resultan de aplicación al sub- exámine, ya que en caso negativo resultaría abstracto examinar su constitucionalidad.

La ley 25.561 (B.O. 7/1/2002), declaró con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.

Al mismo tiempo, delegó al Poder Ejecutivo Nacional, la facultad para reestructurar "las obligaciones en curso de ejecución" (art.1, inciso 4).

En el artículo 11 estableció que las prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de su promulgación, originadas en contratos celebrados entre particulares, sometidos a normas de derecho privado, pactados en dólares u otra moneda extranjera o en los que se hubiesen pactado cláusulas de ajuste debían ser canceladas en pesos a la relación de cambio UN PESO ($1)= UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1), en concepto de pago a cuenta de la suma que, en definitiva, resultare luego de la negociación entre las partes.

Por su parte, el decreto 214/2002, dispuso la transformación a pesos a la relación arriba indicada de todas las obligaciones existentes y exigibles a la fecha de su sanción (arts.1 y 8).

Dicho decreto puede suscitar dudas interpretativas.

Así, bien puede decirse que la pesificación allí dispuesta se aplica a todas las obligaciones con independencia de la fecha en la cual se hicieron exigibles y con la única excepción de aquéllas expresamente excluidas por el decreto 410/2002 (cfr. CNCivil, Sala G c. 354.810 del 19/9/2002).

Sin embargo, resulta preferible una hermenéutica que armonice lo dispuesto por los artículos 8 del decreto 214/2002 y 11 de la ley 25.561 con las garantías de nuestra Constitución Nacional (cfr. CSJN, Fallos 314:1445, entre otros) y concluir, que únicamente quedan transformadas a pesos las obligaciones exigibles luego del 6/1/2002 máxime, cuando tal interpretación aparece ratificada por el decreto 320/2002 (cfr. Compagnucci de Caso Ruben H, La contratación privada y el decreto 214/2002, publ. en L.L. del 23/4/2002; Moremans Daniel E., Los efectos de la mora anterior a la pesificación establecida por el decreto 214/2002, publ, en L.L. Sumplemento especial Pesificación, suspensión de las ejecuciones. Ley antigoteo de junio de 2002, p.35, citados por Lorenzetti Ricardo Luis, La emergencia económica y los contratos, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002, p.432/433).

En efecto, el decreto 320/2002, que tuvo por objeto aclarar los alcances de las disposiciones del decreto 214/2002 (ver mensaje del Poder Ejecutivo Nacional), dispuso que el artículo 8 de este último, que transformaba a pesos las "obligaciones exigibles de dar sumas de dinero", se aplicaba a "los contratos y a las relaciones jurídicas existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561" (art.2).

De este modo, dicho decreto vino a ratificar la solución del artículo 11 de la ley citada, excluyendo de la pesificación a las obligaciones exigibles antes del 6/1/2002.

La circunstancia que el decreto 410/2002 no incluya a las prestaciones exigibles luego del 6/1/2002 dentro de aquéllas excluidas de la pesificación no es, a criterio de la Sala, obstáculo a la conclusión precedente, porque tal decreto apunta a excluir de la Apesificación@ aquéllas obligaciones en las cuales resulte aplicable la ley extranjera en razón del lugar de contratación, cosa bien distinta del ámbito temporal de aplicación.

En el sub-exámine, según escritura de fecha 10/2/99, glosada a fs.2/6, Casim recibió de Santoyo López la suma de U$S. 62.000, suma que se comprometió a pagar el día 10/3/2000, con más un interés del dos por ciento mensual, venciendo el primer servicio de interés el día 10/4/99 y así sucesivamente los días diez de cada mes subsiguiente.

En dicho acto se dejó establecido que la falta de pago en el lugar y fechas estipulados, así como el incumplimiento de otra cualesquiera de las obligaciones contraídas por la presente hipoteca, hará incurrir a la parte deudora en mora, produciéndose simultáneamente la caducidad de los plazos acordados y quedando la parte acreedora facultada para demandar judicialmente por la vía ejecutiva el pago íntegro de su crédito (ver cláusulas III y IV).

Por ello, si el propio deudor reconoce que cayó en mora el 10/5/2000 (ver fs.232 vta) la obligación cuyo cobro se persigue, no está alcanzada por la legislación de emergencia, pues resultó exigible antes del 6/1/2002.

Por otra parte, de admitirse la aplicación de la normativa de emergencia a la deuda exigible antes del 6/1/2002, paradojalmente, el deudor se estaría beneficiando con su estado de mora, ya que por imperio de la legislación aludida el nombrado devolvería una cantidad de pesos que, transformados a dólares estadounidenses, según la paridad existente en el mercado libre, resultaría sustancialmente inferior a la suma que habría tenido que pagar, si hubiese cumplido la obligación en plazo.

En consecuencia, cabe declarar inaplicable al caso las disposiciones del decreto 214/2002 y de la ley 25.561 y resulta abstracto pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de tales normas.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara en el punto II de su dictamen de fs.311/31, SE RESUELVE: I) revocar la decisión recurrida declarando inaplicable al caso las disposiciones de la ley 25.561 y el decreto 214/2002; II) atento a la forma en que se decide y lo novedoso de la cuestión resuelta, como el ejecutado pudo creerse con derecho a plantear la cuestión, las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 68 p.2 y 69 del Código Procesal). Notifíquese y devuélvase.