marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, emergencia económica, prórroga legal, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: "Aidenbaum,    Marcela c/ Fundación    Huésped s/ depido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

La ley 25972 vincula estrechamente la suspensión de despidos e incremento de la indemnización del art 245 LCT -cuyo porcentaje deja en manos del PEN- con la tasa de desocupación (mientras tenga los dígitos), y no resulta dudoso que al momento de los decretos de prórroga no era inferior al 10%, por lo que una razonable interpretación del art. 4 de la ley 25972 no colisiona con la realidad del desempleo al momento de dichas normas reglamentarias ni permite sostener que no puede admitirse ratificación alguna de las mismas -por la ley 25972- porque al momento de ser dictadas la tasa de desocupación fuera inferior al 10%. Esa tácita ratificación hecha por quien tiene la facultad de fijas las reparaciones por despido, ante las circunstancias normativas actuales y su proyección, conduce a aceptar la validez de la duplicación que aquellos decretos prorrogaron. (Del voto de la Dra. García Margalejo).
Interpretación de la ley, aplicación de la ley, finalidad de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Castro, Karina Paola y otro c/ Lasala, Guillermo Oscar y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-06-01

Al incluir a la finalidad de la ley como herramienta interpretativa futura "se procura desentrañar el fin de la norma, esto es, su sentido, ratio, o los intereses que busca lograr, por lo que también se la conoce como directriz teleológica- objetiva. Desde esta lógica, entronca con la referencia veleziana al espíritu de la ley ya que, como ha señalado el Alto Tribunal, éste consiste en lo que se propone; se identifica con su finalidad; es lo que ha determinado esencialmente su sanción" (cf. "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Julio César Rivera y Graciela Medina, La Ley, 2015, Tomo I, p. 62; STJRNS1 Se. 39/16 "ESPINOZA"). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: PROCESAL
Carátula: FRECA. S.A c/ SE. NA. S.A. (Estado Nacional) s/ amparo. amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

La existencia de procedimientos aptos para la efectiva tutela del derecho que se dice vulnerado basta para el rechazo de la acción de amparo, máxime cuando el apelante no ha demostrado la ineficacia de las vías previstas por la ley o los estatutos para alcanzar la finalidad perseguida, ni se advierte la inminencia de un daño de ilusoria reparación que justifique la procedencia del amparo intentado.
Prueba pericial, consentimiento, dictámenes, estación de servicio, nafta
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Shell Cía. Argentina de Petróleo S.A. y Cía. Rimidan S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 642-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-18

Se debe llegar a la conclusión de que la parte actora optó por estar a las resultas del dictamen técnico -magüer las circunstancias de tiempo y modo en que el mismo pudo realizarse-, si al concurrir al acto de realización de la pericia -asistidas por técnicos de su parte- no hicieron mención alguna de las observaciones que posteriormente plantearon en sede administrativa y que retoman en el recurso de plena jurisdicción; sobre todo, si tampoco vertieron ningún comentario al respecto inmediatamente después del acto de pericia, a pesar de haber contado con la oportunidad de hacerlo. Se valora para esta conclusión, que contaron con la posibilidad de abstenerse de la realización de la pericia en las condiciones que indican, o -inclusive- de cuestionarla íntegramente antes de que se conozca el resultado del análisis de la nafta. Por lo que no puede admitirse, como proceder idóneo para ser tomado en cuenta, es que el planteo de las circunstancias que ahora indican pudiera haber quedado condicionado al hecho de que la contrapericia les resulte desfavorable, puesto que ello no consulta la importancia que revistió la actitud de las accionantes al consentir la realización de la contrapericia sin objeciones.
Jueces, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: S, O. A. s/ Hurtos reiterados (EXPTE. Nº 223-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-14

Reiteradamente ha sostenido este Tribunal que el cambio de tipificación es una facultad del juez que no afecta ningún derecho mientras la nueva figura penal se interprete en base a los hechos que han sido materia de procesamiento.
Cuestión federal, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Belichoff, Jorge Manuel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-10

La disidencia señaló que pudiendo constituir los agravios invocados por la parte recurrente alguna de las causales previstas en el art. 456 CPPN y encontrándose prima facie involucrada una cuestión de naturaleza federal, de conformidad con lo dispuesto por el art. 463 del rito, corresponde sustanciar el trámite del planteo casatorio y, en consecuencia, fijar la audiencia prevista por el art. 465 bis del ordenamiento legal citado. Dres. Slokar -en disidencia-, Mahiques y Yacobucci.
Recurso de inconstitucionalidad, indemnización tarifada, aplicación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, CLAUDIO MARCELO c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-03

El examen de la materia involucrada en el presente litigio -respecto de la aplicación temporal de la ley 26773- revela que la cuestión aquí planteada es idéntica a la que fuera objeto de estudio y decisión por esta Corte in re "Britos" y la doctrina constitucional fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Espósito". cuyo acatamiento se impone, por lo que brevitatis causae no cabe sino remitir a las consideraciones allí efectuadas, a la luz de las cuales ha de concluirse que la respuesta jurisdiccional de la Sala no satisface las exigencias de fundamentación suficiente derivadas del ordenamiento constitucional, dado que cualquier hermenéusis que conlleve a la aplicación del índice RIPTE para actualizar indemnizaciones correspondientes a infortunios acaecidos con anterioridad a la vigencia de la ley 26773 carece de razonabilidad y logicidad en los términos de los antecedentes mencionados, que constituyen doctrina constitucional consolidada de seguimiento obligatorio para los tribunales inferiores. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Netri, Spuler y Gutiérrez) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781; Fallos:25:364; 212:51 y 160; 312:2007; 307:1094; 311:1644 y 318:2060; CSJStaFe: Britos, AyS T 275, p 346.
Intervención federal, intervención estatal, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Joaquín M. Cullen, por el Gobierno Provisorio de Santa Fé c/ Doctor Baldomero Llerena s/ inconstitucionalidad de la ley nacional de intervención en la Provincia de Santa Fé y nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1893-09-07

La intervención nacional en las Provincias, en todos los casos en que la Constitución la permite o prescribe, es un acto político por su naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos de la nación, y sus decisiones al respecto, no pueden ser controvertidas por el departamento judicial, ni puede contestarse las facultades de aquellos, para decidir tanto sobre el fondo como sobre la forma de sus deliberaciones, así cuando se dicta la ley como cuando se resuelve todo asunto comprendido en sus atribuciones constitucionales. Es una regla elemental de nuestro derecho público, que cada uno de los tres poderes que forman el gobierno, aplica e interpreta la Constitución por sí mismo, cuando ejerce las facultades que ella les confiere respectivamente, por lo cual no compete a la Corte examinar la interpretación y aplicación que las Cámaras del Congreso hayan dado al artículo 61 de la Constitución.
Apreciación de la prueba, doctrina de la arbitrariedad, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

La ponderación de testimonios, presunciones e indicios en forma fragmentada y aislada, incurriéndose en ciertas omisiones en cuanto a la verificación de hechos que conducen a la solución del litigio y sin haberse efectuado una visión de conjunto ni una adecuada correlación de la prueba constituye una causal de arbitrariedad con afectación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y el debido proceso, conforme ha entendido la Corte Suprema en Liberman.
Demanda, daño punitivo, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: REDOLFI, MIRTA FABIANA c/ NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-06-13

Corresponde disponer que siga entendiendo en la causa el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, desde que el capital reclamado se integra con los rubros restitución de los fondos extraídos de la cuenta de la actora y percepción de una indemnización por daño punitivo y, si bien el juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial sostiene la competencia de un juzgado de circuito, por entender que lo reclamado por daño punitivo no integraría el monto de la demanda en tanto su determinación constituye una facultad judicial, toda vez que ambas pretensiones tienen contenido económico estimado y mediante esta última se persigue la percepción de un monto dinerario que tiene su origen en un alegado incumplimiento grave del accionado; tampoco lo justifica la facultad del magistrado al considerar aplicable o no la sanción, o la discrecionalidad que le asiste a la hora de determinar el monto que eventualmente considere adecuado para que el instituto cumpla con su finalidad, pues es sabido que para establecer la competencia por valor se estará a lo peticionado en la demanda con prescindencia de la legitimidad o no del reclamo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 1, inciso 5
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Artaza, Andrés y otra c/ Alberti, Juan Cruz s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

Sean cuales fueran las circunstancias del accidente, si hubo actuación en él de una cosa que presenta riesgo o vicio, responden de los daños causados tanto el dueño como su guardián, salvo que se haya acreditado que la víctima mediante su comportamiento haya causado su propio daño.-
Regulación de honorarios, etapas del proceso, recurso de apelación (procesal), daños y perjuicios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lezcano, Daniela c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto res. médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Ante la falta de una regulación de honorarios en primera instancia, y de acuerdo con las actuales circunstancias de la causa, corresponde supeditar el pedido de regulación de honorarios requerida por el abogado, hasta tanto aquella se produzca y quede firme. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe y del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Tributos, falta de pago, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: Dirección General de Impositiva en autos: "Petroservice S.A. s-Concurso Preventivo" s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-13

"En principio, la falta de pago de los tributos en tiempo y forma adecuados constituye una infracción punible, por importar una transgresión al deber social de contribuir al sostenimiento del Estado, y a este respecto debe ser incluído en la parte represiva de la materia tributaria. Pero, aparte de ello, existe otro aspecto, que es la lesión patrimonial que sufre el Estado por la falta de pago oportuno de la obligación, o como dice el art. 508, Código Civil, existe una responsabilidad por los daños e intereses que la morosidad causa al acreedor. Por tales razones, la mora determina, en principio, la exigencia de un interés, que corresponde a la indemnización debida al acreedor como resarcimiento del daño ocasionado por la privación del capital, aunque ello no impide que en ciertos casos el interés pueda llegar a constituir una verdadera pena.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, sentencia condenatoria, Cámara Federal de Casación Penal, sentencia absolutoria, revocación de sentencia, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, tentativa, estupefacientes, contrabando de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, Corte Suprema de Justicia de la Nación, derecho al recurso, ministros de la Corte Suprema, voto en disidencia, fallos de la Corte Suprema, Pacto de San José de Costa Rica, doble instancia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Duarte, Felicia s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-13

Debe autorizarse el recurso extraordinario federal interpuesto por el Defensor Púbico Oficial contra la sentencia condenatoria resuelta por la instancia de casación, que revocó la absolución decidida por su anterior -en un caso vinculado al delito de contrabando de importación de estupefacientes con fines de comercialización en grado de tentativa-, a los fines de la salvaguarda del derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior con una revisión amplia y eficaz la que, tal como sostuvo en su voto disidente el Ministro Raúl Zaffaroni en "Argul" -Fallos: 330: 5212-, la revisión contemplada en el artículo 8.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos podría ser efectuada en su debida extensión y excepcionalmente como tribunal revisor, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de no conculcar la efectividad de aquella garantía.
Concursos, quiebra a pedido del acreedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Figueroa, Fabián L. s/ Quiebra pedida por acreedor S. de Bermúdez y otro
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-18

Antes de oírse al acreedor el Juez debe tener por acreditados, prima facie, los extremos exigidos por el artículo 83 ley de Concursos a los efectos de la procedencia o continuación del trámite.
Robo en poblado y en banda, tentativa, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, CESAR ANTONIO s/ ROBO.    "BANDA":  TÉRMINO  EQUIVALENTE  A  ASOCIACIÓN  ILÍCITA".  NO  VIGENCIA DEL  PLENARIO "CORONEL". BANDA (ÍD.). ASOCIACION ILICITA (ÍD  ).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-30

la reimplatación de un texto legal no conlleva que renazca la eficacia vinculante de las doctrinas plenarias que la perdieron.

"Banda" y "asociación ilícita" son términos equivalentes. En el caso de autos en que el grupo de menores no tuvo los caracteres de organización para cometer delitos, debe considerarse al imputado responsable del delito de robo en grado de tentativa. (Del voto del dr. Navarro al que se adhirió el dr. Piombo).
Mala praxis, historia clínica, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: D., C. c/ INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-08

Las consecuencias de llevar adelante un juicio de mala praxis sobre la base de una historia clínica acerca de la cual ambas partes coinciden no sería la de la actora que padece ceguera, no pueden caer en cabeza de la accionante; sino que es dable recordar que la teoría de las cargas procesales hace recaer en quien se halla en mejor situación el deber de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva y en ese sentido, era la demandada quien se encontraba en mejores condiciones para acompañar la documentación correcta al proceso.
Recusación, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

El instituto procesal de la recusación resulta conducente para lograr la imparcialidad del juzgador, ya que impide que éste continúe con su actividad en el proceso, ya sea por estar relacionado con las personas que intervienen en el procedimiento, con el objeto o materia de éste, o bien con el resultado del pleito.
Tercería de dominio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vicente, Oreste Omar s/ Tercería de dominio en autos:Casa Marroquín S.A. c/Vicente, Olmes  Oscar s/cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

'La tercería de dominio se funda en un derecho de propiedad incompatible y excluyente del que pretende ejercer el acreedor embargante y debe ser plenamente probado por quien la invoca. La sola manifestación del ejecutado en el sentido de que el embargado es de propiedad del tercerista, aún en el momento de la traba del embargo, no mejora el derecho de éste.-
Excepción de pago, pago parcial, prueba documental
Materia: COMERCIAL
Carátula: Consejo Federal de Inversiones c/ Manso de Rigoni Gloria Angélica y Otro s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-05-31

Todos los pagos realizados con anterioridad a la promoción de la demanda y expresamente reconocidos por la actora, constituyen instrumentos idóneos para excepcionar de pago parcial (cfr.LLBA 2001 -41, con nota de F.R. Highton). Así lo entendió la Excma. Sala en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia en autos "Fideicomiso Suquía c/ Godoy, Alberto Rodolfo y Otra s/Ejecutivo", del 15-12-04 al señalar: "...el CPCC admite expresamente la excepción de pago parcial en el inc. 6º del art. 530 con la única condición de que ese pago sea documentado. A su vez, reafirma la procedencia de la excepción de pago parcial la norma contenida en el art. 544 cuando en su párrafo 2º establece: "si se hubiese declarado procedente la excepción de pago parcial, al ejecutado se le impondrán sólo las costas correspondientes al monto admitido en la sentencia". "El requisito de admisibilidad de la excepción de pago parcial radica en la obligación del ejecutado de acompañar documentación que acredite en forma concreta y circunstanciada que esos pagos corresponden a la deuda que se ejecuta. Tal exigencia ha sido cumplida en este proceso sin que se haya planteado ni siquiera duda acerca de la verosimilitud de los documentos, toda vez que no fue negada la autenticidad de los mismos...".
Dictamen pericial, jueces, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibarra, Raquel e Hijos de Isidoro Martínez  SA c/ Estado Nacional (Dirección Nacional de Vialidad) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

Los dictámenes periciales están sujetos - como todo otro elemento probatorio - a valoración por parte de los jueces con arreglo a las pautas del art. 477 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y no son obligatorios para los mismos cuando las circunstancias objetivas de la causa aconsejan no aceptar totalmente sus conclusiones.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, obligaciones solidarias, comedor, empresas petroleras
Materia: LABORAL
Carátula: Tapia, Francisco c/ Sodexho Argentina S.A. y otro s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-05

La empresa de explotación petrolera que contaba con un servicio de comedor en el cual el trabajador desempeñaba sus tareas, resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 de la ley de contrato de trabajo, pues si bien el servicio de comedor que prestaba la codemandada era un servicio ajeno a la actividad petrolera, le resultaba imprescindible porque su establecimiento se encontraba ubicado en una zona inhóspita alejada de centros urbanos y por lo tanto, sus dependientes no tendrían como proveerse del alimento necesario durante el periodo continuado de prestación de tareas.
Concursos, recurso de apelación (procesal), medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEXTIL KOVIC SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-05

Procede admitir la queja contra el decreto que concedió en relación el recurso deducido por la afip contra el pronunciamiento que hizo lugar a la medida cautelar oportunamente solicitada, ello así por cuanto, tal como sostuvo la concursada quejosa, encontrándose apelada una resolución que hizo lugar a una medida cautelar, aquella debió ser otorgada con efecto devolutivo. Es que conforme lo previsto por el cpr: 198 este recurso, en caso de admitirse una medida precautoria se concedera con efecto devolutivo.
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentos suficientes, recurso contencioso administrativo sumario, jueces, facultades del juez, iura novit curia, juicio, partes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pire, Eduardo Félix c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso de inconstitucionalidad - Recurso contencioso administrativo.   Ley 10.000. Defensa de bienes públicos por la comunidad (Expte.   C.S.J. Nro. 289 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-08

Corresponde rectificar el criterio del A-quo que concedió el recurso de inconstitucionalidad con sustento en que -al no haber ejercido la facultad "iura novit curia"- quedó excluida la posibilidad de admitir al Club Atlético Central Córdoba en el pleito como tercero coadyuvante, carácter que la doctrina ha admitido en algunos supuestos de procesos fundados en la ley 10.000, con lo que podría derivarse un menoscabo del derecho de defensa del mismo, ya que en virtud de ello no le fueron analizados los agravios que le ocasionara la sentencia de primera instancia, los que, de admitir su intervención, podrían ser examinados. Por ello, cabe declarar inadmisible el recurso por cuanto el Aquo trató de manera expresa la posibilidad de admitir "iura novit curia" la intervención del Club como tercero coadyuvante y la desechó, sin que el recurrente se agraviara de esa circunstancia. Es más, en el escrito de introducción del recurso de inconstitucionalidad, al expresar la primer causal de arbitrariedad, el recurrente reafirmó su condición de tercero excluyente por sobre las insinuaciones que el a quo formulara al respecto de la distinta condición en que debió intervenir en el trámite (como tercero coadyuvante). De ese elemental análisis surge que el a quo ha concedido el recurso en base a un agravio no expresado por la propia recurrente, lo que lo torna inadmisible en sí mismo; y, al no comparecer éste de manera directa ante la Corte quejándose del rechazo de sus agravios propios, evidencia el consentimiento de los demás términos del auto de concesión, lo que acarrea la firmeza del pronunciamiento y la consecuente inadmisibilidad del recurso de la manera en que ha sido concedido.
Competencia civil, inconstitucionalidad, créditos hipotecarios para la vivienda
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLARINO,  Alberto  Julio y otros c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ AMPARO s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-10

Los tribunales civiles son competentes para entender en una acción tendiente a que se declare la inconstitucionalidad del decreto 2107/98, reglamentario de la ley 26.313 sobre restructuración de créditos hipotecarios contraídos con el ex Banco Hipotecario Nacional cuya demanda se promueve contra el Poder Ejecutivo Nacional. Ello así porque si se sostiene que se habría alterado en forma sustancial las condiciones pactadas en un mutuo hipotecario, por lo que resulta indudable que el conocimiento del proceso corresponda al fuero civil particularmente versado en la material (art.43 del Decreto Ley 1285/58 -ley 24.289-).