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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, habeas data, banco de datos personales, información crediticia
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FERRO, EDUARDO c/ ORGANIZACION VERAZ SA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - HABEAS   DATA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 311 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-25

Es inadmisible la queja interpuesta contra la resolución revocatoria de la sentencia del inferior que, a su vez, había acogido la acción de hábeas data cancelatoria contra una organización que brinda información financiera, desde que el actor no logra demostrar la irrazonabilidad de lo argumentado por la Alzada al considerar que la pretensión cancelatoria del actor de que las "consultas" cuestionadas no respondían a los parámetros establecidos en el artículo 26 de la ley 25326 se trataba de una apreciación que no tenía soporte en la realidad negocial, atento a que las referidas consultas sólo revelaban el interés que operadores financieros o comerciales habían tenido en conocer la solvencia del "informado", y ello no se conecta de modo necesario ni exclusivo con el intento de utilizar excesivamente el crédito, sino que puede denotar el desenvolvimiento de una actividad empresaria o comercial que, lejos de desfavorecerlo, lo beneficia.

Por lo demás, concluyó el Sentenciante, que no podía silenciarse la desproporción e irrazonabilidad que ésta exhibía en el contexto fáctico que surgía de autos, toda vez que, según el informe presentado por la demandada al tiempo del responde, al actor le habían sido rechazados, en los últimos 24 meses, 112 cheques por falta de fondos, información no observada por aquél y corroborada con las consultas por internet al Banco Central de la República Argentina
Garantías procesales, juicio previo, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL-PENAL
Carátula: Giroldi, Horacio s/ recurso de casación. Causa: 32
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-03

En materia penal se sostiene que la regla "ne procedat iudex ex officio" deriva del principio constitucional de previo proceso legal, y en cuanto por ese principio se requiere que el poder jurisdiccional sea activado por una excitación extraña a él mismo, se toma como una derivación del derecho de defensa. En su virtud, se requiere una acusación para evitar que la defensa del imputado sea violada.
Excarcelación, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Freire, Jorge Alberto s/ rec. de casación. Freire, Jorge Alberto s/ rec. de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-17|2014-03-13

La decisión que concedió la excarcelación bajo caución real constituye sentencia definitiva en la medida que de ella se deriva la frustración del beneficio otorgado, conculcándose así el derecho del imputado a permanecer en libertad, agravio que sería de imposible reparación ulterior. La caución impuesta ha sido de imposible cumplimiento lo que se evidencia por la circunstancia de que a pesar del tiempo transcurrido no haya sido oblada, y por ende, el beneficiario no pudo recuperar su libertad. La concesión de la excarcelación bajo la caución real impuesta, de este modo, ha configurado una transgresión al principio de igualdad de todas las personas ante la ley como también una frustración al derecho del imputado a permanecer en libertad durante el proceso. (Dres. Figueroa, Gemignani y Cabral).
Mala praxis, daño estético
Materia: CIVIL
Carátula: Iglesias, Miguel Eduardo c/ Provincia de Córdoba y otros s/ ordinario - daños y perjuicios - mala praxis
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-06-10

No existen elementos de juicio suficientes para tener por cierto que el actor haya quedado con una lesión estética permanente. No se conocen las características y dimensiones de la supuesta lesión, ni su precisa ubicación en el cuerpo de la víctima, circunstancias éstas imprescindibles para evaluar el grado en que ella pudiera haber afectado su interacción social o su autoestima.
Accidente de tránsito, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: I., L.B. c/ O., J.A. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-10-16

Cabe inteligir "prima facie" que son infracciones menores las vacilaciones o dudas que pudiere presentar el peatón en la marcha, sea a través de avances y retrocesos mientras intenta el cruce de una arteria, así como también los apartamientos de la senda señalada o su lentitud en el cruce. Estas situaciones, a mi juicio, se hallan incluidas dentro del deber de previsión objetivamente exigible a todo conductor de un rodado en tanto que ninguna de ellas es sorpresiva o fuera de lo habitual. Por el contrario son todas perfectamente previsibles y de allí que deba poder evitar el conductor de un vehículo la colisión con un peatón, ya sea a través del detenimiento de la marcha o bien, con sólo aminorarla.
Delitos cometidos durante actividades antisubversivas, obediencia debida, órdenes ilegales
Materia: PENAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

El supuesto de obediencia debida alegado por la defensa del teniente auditor de la Armada imputado por privación ilegal de la libertad agravada durante el último gobierno de facto resulta improcedente como causal de exclusión de la culpabilidad pues la innegable y manifiesta naturaleza ilegal de las órdenes cumplidas por el inculpado en el marco del sistema represivo ilegal en el que se enmarcan sus conductas impide eximirlo de responsabilidad por obediencia debida -art. 33 apartado 2 del Estatuto de Roma aprobado por Ley 25.390-.
Nulidad de la notificación, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: LIPORACE, PEDRO R. c/ E.N.  PODER JUDICIAL DE LA NACION s/ NULIDAD DEL DECRETO 2474
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-14

Si se comunicó por oficio y el medio resultó idóneo a tal efecto, la renuncia de la demandada a plantear eventuales defectos del trámite no autoriza a declarar desierto un recurso que fue correctamente concedido.
Subasta judicial, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fintra Prendaria S.A. c/ Avellaneda, Ariel A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-09

La intervención conferida a los acreedores hipotecarios en los términos del artículo 569 del CPCC no importa erigir a los así citados en parte del proceso ni los habilita para ejecutar su crédito, pues sólo tiende a permitirle el control de la subasta en la medida necesaria para el cobro de aquél. (Minoría u opinión personal)
Beneficios previsionales, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berner, Ernesto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Martinez Mendiberry, Juan Carlos c/ Instituto de Previsión Social s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07|1988-12-27

La ley que rige el derecho a las prestaciones es la vigente a la fecha del cese en el servicio.
Recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: N., M.M. c/ Provincia del Chubut s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-16

El recurso de inconstitucionalidad es el remedio previsto para impugnar de inconstitucionales las normas aplicadas en el juicio. De tal forma, el remedio abordado tiene por objeto imponer la supremacía de la constitución local, respecto de las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos provinciales que pueden considerarse en pugna con aquel plexo máximo, y se abre exclusivamente si se ha controvertido y decidido el caso constitucional.

Es decir: por conducto del recurso de inconstitucionalidad el Superior Tribunal de la Provincia controla los fallos de otros jueces, de jerarquía inferior, que ya han decidido sobre la cuestión constitucional; por ello -de superarse las vallas formales- para lograr la intervención del Alto Tribunal a través de dicho recurso por vía del artículo 303 inciso 2 invocado, debe acreditarse, en principio, que hubo controversia sobre alguna cláusula de la Constitución de la Provincia del Chubut.
Competencia originaria, Superior Tribunal de Justicia, conflicto de poderes
Materia: PROCESAL
Carátula: PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DECLARATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-10-19

En razón de la excepcionalidad y exclusividad que la norma constitucional asigna a la competencia originaria del más alto tribunal provincial, lo que la ha de habilitar no ha de ser cualquier cuestión que "verse" sobre las facultades o competencia que los poderes públicos estimen atribuirse, sino una "cuestión" que traduzca la existencia de un conflicto de poderes, es decir siempre que uno invada directa o indirectamente la esfera del otro o cuando uno de los órganos representativos del poder ejerza las atribuciones constitucionales y legales que corresponden al que se siente lesionado configurándose una invasión a extraña jurisdicción; o bien, cuando uno de los poderes impide al otro el ejercicio de sus facultades constitucionales.
Responsabilidad del Estado, detenido, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: ATAMPIZ, HUGO IGNACIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-09-28

La responsabilidad del Estado en materia penitenciaria tiene fundamento constitucional (art. 18 de la Constitución Nacional y 39 de la Constitución Provincial); imponiendo estas normas una obligación de custodia y seguridad de las personas detenidas que responsabiliza a la autoridad policial o penitenciaria por la vida e integridad física de aquellas.

Hay una obligación grave de mantener sano y salvo al detenido, esto es, la obligación de protegerlo de todo tipo de daño ya sea que pudiera provenir de la propia autoridad, de terceros o del mismo detenido.-
Ebriedad, seguros, cobertura, responsabilidad del conductor, culpa grave
Materia: PENAL
Carátula: Pavón Sergio Gilberto c/ Retamar Brisa Abigail y otros s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-31

Desentrañar si la ebriedad es o no un supuesto autónomo de exclusión de cobertura cobra importancia ya que la Ley Nº 17.418 prevee en materia de culpa grave un régimen relativamente imperativo que impide la extensión de la conducta del asegurado a terceros. Ello es así atento que el art. 114 de la Ley de Seguros sólo menciona la provocación del siniestro verificado por dolo o culpa grave del asegurado, por lo que toda extensión de la no garantía favorece la posición contractual del asegurador en detrimento del asegurado y en violación al mencionado texto legal, sólo es factible ser modificado en favor del asegurado. (Del voto del Dr. Galanti).
Caducidad de instancia, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: T., M. c/ BANCO HIPOTECARIO S.A. s/ ORDINARIO s/ CASACION" (Expte. NRO.26606/13-STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-30

En lo que respecta al criterio restrictivo que debe seguirse en la aplicación del instituto de la caducidad de la instancia y que ha sido considerado de modo dirimente en el voto precedente -, considero, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tal regla es útil y necesaria cuando existen dudas sobre la inactividad que se aduce, pero no lo es cuando aquella resulta en forma manifiesta (conf. CS. Se. del 17/07/2007, AR/JUR/5403/2007). (Disidencia: Dr. Apcarian y Dr. Barotto).-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., D. J. c/  s/ DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD ROBO SIMPLE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

En relación a la alegada lesión a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, lo invocado por la defensa en relación a que no se trataría de una causa compleja, resulta insuficiente para demostrar la lesión constitucional alegada, toda vez que en el auto denegatorio el A quo abordó el planteo de la interesada, haciendo hincapié en la falta de postulación de dicho tópico ante la Jueza de grado y la Alzada, y tras repasar la fecha del hecho, la del fallo de autoría y la de su confirmación por la Cámara, justificó por qué entendía que el presente no parecía responder a una hipótesis que conduzca de oficio a tratar o considerar un supuesto de plazo constitucionalmente excesivo; y lo cierto es que, ante tal respuesta, la defensa en el escrito de queja no logra demostrar su irrazonabilidad o insuficiencia, ni rebatir con éxito los argumentos dados por el Tribunal para rechazar tal agravio en el auto denegatorio, incumpliéndose de este modo la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8
Juicio de desalojo, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PEREYRA DE PEIRETTI MARIA c/ MARIA BUSTOS Y CATALINA FERREYRA EDUARDO NAZAR Y OTRA s/ DESALOJO - COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-31

Aún cuando se halla constituido en garante liso, llano y principal pagador de las obligaciones contraídas por el locatario, ello no implica que quede expuesto a una peor situación jurídica que él, al punto de ser condenado sin que se conceda el derecho de defensa.

Si en el contrato de locación, el garante tiene un domicilio constituido a todo los efectos legales y judiciales, la notificación de la acción instaurada constituye un antecedente imprescindible e insoslayable para su condenación en costas.-
Sindicatos, personería gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Alias, Héctor c/ Molinos Cabodi Hnos. S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-12

Las seccionales no son, ciertamente, sindicatos con personería propia en los términos de los arts. 21 y 23 de la Ley de Asociaciones Sindicales, sino simples departamentos de carácter administrativo creados en los límites del estatuto de la Unión de que se trata.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: González Ovelar, Raúl Wenceslao s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación del art. 168 de la Constitución provincial, alegando el recurrente que el tribunal a quo habría omitido tratar una cuestión esencial, si la Excma. Cámara trató expresamente el tema, resultando ajeno a la vía intentada el acierto o desacierto en su decisión, así como la forma en que fue tratada.
Derecho procesal, jueces, facultades disciplinarias, multa, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dicky SA y otro c/ General Electric International Inc. y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-13

Cuando, como en el caso, la situación exhibe en lo objetivo una articulación muy deficiente de la demanda y, en lo subjetivo, y no desvinculado de lo anterior, una clara intencionalidad de ilegítimo enriquecimiento por parte de personas jurídicas que explotaban empresas de escasa envergadura y previsiblemente afectados por los perniciosos efectos de los vaivenes económicos emergentes de la conocida crisis de los años 2001/2002, procede subsumir la conducta de los demandantes en el supuesto de temeridad que contempla el CPR 45 e impone a reprenderlas en su consecuencia. En concreto, la temeridad denota la conducta de quien deduce pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con pautas mínimas de razonabilidad (CNCom, Sala D, "Budani Carlos María c/ BMW de Argentina SA y otros", del 10- 2-14). A tal efecto, no puede pasar inadvertido que las actoras han utilizado con desmesura los mecanismos del Estado Nacional para notificar la demanda -a toda luces ilegítima- y realizar los medios probatorios propuestos en diversas jurisdicciones internacionales a través de sus representaciones diplomáticas (como ser la ubicada en Austria, Reino de España, Brasil, Estados Unidos, Italia, Holanda e Israel) con todos los gastos y costos asociados que eso conlleva; por un expediente cuyo trámite demoró más de 15 años, sin que se pueda atribuir esta dilación a las oficinas jurisdiccionales. Todo ello lleva a la convicción suficiente para imponer la multa pretendida. De modo, pues, que procede aplicar la sanción disciplinaria a las actoras, no extensiva a sus letrados.

(En el caso, se demandó por más de U$S 9 millones, a un grupo económico con sede en diferentes países sobre bases endebles y sin pruebas contundentes).
Expropiación, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiscalía de Estado c/ Alvarez, Manuel y otro s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

El art. 37 de la ley 5.708 es inconstitucional y puede ser ello declarado de oficio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Notificación, nulidad del acto jurídico, domicilio especial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gervasutti Gisella K. y otro c/ Baez Oscar Ramón s/ Sumario - Inc. Nulidad de Notificación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-09-02

Si en el contrato se ha fijado un domicilio especial, éste debe prevalecer sobre el real o el legal o el estatutario porque es el convenido por las partes. Pero para esto es menester que exista la certeza de la autenticidad del contrato, es decir que deberá constar en un instrumento público o privado reconocido.

Si el contrato consta en instrumento privado, no hay certeza de su autenticidad hasta tanto no se opere su reconocimiento en sede judicial y, por tanto, la providencia de citación a juicio deberá ser notificada en el domicilio real o legal según corresponda.
Homicidio calificado, femicidio
Materia: PENAL
Carátula: F. y Quer.  c/ Navia Franco Humberto Nicolás s/ Recurso Ext. de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-17

Cabe señalar que existen tres aspectos que hacen a la configuración típica del delito de femicidio: 1) resulta suficiente la realización de un solo ataque perpetrado en el marco de una relación desigual de poder, por lo que no es un requisito indispensable que el autor haya ejercido violencia previa contra la mujer, ni que esto se prolongue en el tiempo.; 2) que la violencia de género es un aspecto objetivo del delito. La figura no exige una motivación especial ni otros elementos subjetivos distintos del dolo, sino que la agresión se haya producido en un contexto de dominación que, mediante ella, se haya podido desplegar un control general coercitivo; 3) que la violencia de género pueda exteriorizarse a través de distintos factores.
Derecho laboral, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: BALEN EDGARDO JESUS c/ PRIDE INTERNACIONAL S.R.L. s/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-27

La indemnización pretendida por un trabajador que alegó ser víctima de acoso laboral, es improcedente, en tanto la cuestión se reduce a la falta de traslado del actor a la provincia de Mendoza -donde habitaba su familia-, hecho de por sí insuficiente, en tanto no se ha acreditado que ello haya obedecido a un obrar arbitrario o abusivo del empleador quien lo contrató para realizar tareas en la zona de yacimientos de la empresa en la Provincia de Neuquén y al rescindir el vínculo le abonó las indemnizaciones emergentes del despido sin causa. Consiguientemente no se encuentran acreditados los elementos configurativos de la figura de acoso laboral, en tanto no surge que haya habido un ensañamiento con el actor, un hostigamiento persistente y continuo en el tiempo.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: BARRERA, MARTIN GIL c/ ATILIO DON Y ALBERTO DON Y/O PROP. Y/O RESP. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-06

Es a cargo del actor demostrar la existencia de relación causal o concausal entre la minusvalía que lo afecta y un accidente de trabajo.
Prescripción, secuela de juicio, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, María Rosaura y otros s/ Infracción art. 139 inc. 2º del Código Penal Muñoz, Miguel Angel s/ Resistencia a la autoridad agravado por el uso de armas Muñoz, Miguel Angel s/ Resistencia a la autoridad agravado por el uso de armas Muñoz, Miguel Angel s/ Resistencia a la autoridad agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30|2001-12-27

La presencia de los fiscales y defensores en el sumario tiene fundamento y naturaleza distintos de los propios de sus actividades en un "juicio" (plenario).
Sucesiones, administrador de la herencia, nombramiento
Materia: CIVIL
Carátula: Makowski, Gregorio s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-07-07

El legislador local ha instituido en su ámbito la figura del administrador Judicial Provisorio y Definitivo (arts.695 y 712 del CPCC), brindando pautas en el sentido que "si se mediare acuerdo entre los herederos para la designación de administrador el juez nombrará al cónyuge supérstite, y a la falta, renuncia o inidoneidad de éste, al propuesto por la mayoría, salvo que se invocaren motivos especiales que, a criterio del juez, fueran aceptables para no efectuar ese nombramiento.
Ministerio Público Fiscal, fiscales, jerarquía administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: P., C. M. c/  s/ dcia. en rep. hija menor A. S. I. - Rawson
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-07-02

El Fiscal puede recurrir a favor del imputado aunque ello implique contrariar su dictamen previo, en la medida en que haya recibido una instrucción en tal sentido del superior jerárquico. La mayor autoridad de los fiscales superiores se expresa, también, en su facultad de apartar del proceso a un Fiscal recusado.
Tenencia de estupefacientes, falta de dependencia, listado de drogas prohibidas
Materia: PENAL
Carátula: Ceballos, Eduardo Santiago s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-24

A los fines de la acreditación del delito de tenencia de estupefacientes para uso personal (art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737) no es un requisito exigido por la ley para ver potencialmente vulnerado el bien jurídico tutelado, que se establezca la posibilidad de que la sustancia produzca dependencia física o psíquica. En este sentido, es procedente señalar que el art. 77 del C.P. para considerar "estupefaciente" una sustancia, no contempla otro requisito más que ésta se encuentre incluida en las listas que periódicamente elabora la autoridad sanitaria. Ello así, por cuanto corresponde al legislador la formulación del juicio acerca de cuales son aquellas sustancias que deben ser consideradas peligrosas para la salud, en los términos de este cuerpo normativo; tal juicio no puede ser sustituido por la labor judicial aún cuando, en función de consideraciones científicas, se estime que una de las sustancias enumeradas en las listas carece de aptitud para desarrollar dependencia. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi según su voto, Dra. Ledesma en disidencia).
Sanciones conminatorias, ejecución de sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cañete, José Domingo c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-03

"La sanción conminatoria es aplicable desde que el auto que las impone es notificado y ejecutoriado -cfr. C.N.A.Civ., Sala E, sent. del 07.10.80, E.D. 93-295), y se extingue con la cancelación de la obligación principal, o el hecho sobreviniente que torne imposible el cumplimiento -C.N.A.Civ., Sala C, sent. del 12.09.79, E.D. 86-516-" (cfr. Jesús Cuadrao, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - comentado y concordado", pág. 71). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).