Estado, Municipalidad, concejo deliberante, Poder Ejecutivo, conflicto de poderes, ordenanzas municipales, veto, Superior Tribunal de Justicia, interpretación de la ley, competencia, actos de los poderes públicos, facultades discrecionales, hechos nuevos
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: BECHIS DIEGO ALEJANDRO - INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PILAR s/ PLANTEA CONFLICTO INTERNO MUNICIPAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-21

Tras solicitar la intervención del Superior para que dilucide la controversia, el Tribunal que meritua, si en el caso confluyen los presupuestos necesarios para impulsar el abocamiento en forma originaria, exclusiva y en pleno. En las actuaciones, el intendente del Municipio denuncia la existencia de un conflicto interno entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante con motivo de la sanción de las Ordenanzas vetadas.

Al respecto recordó que "la potestad para dirimir los conflictos municipales o comunales en forma originaria, exclusiva y en pleno, es excepcional, restrictiva y taxativa, por cuanto sólo debe ser ejercida en los límites y oportunidades que determina la ley".

En este contexto manifiesta- define los alcances que debe asignarse a un "conflicto interno" de las Municipalidades o Comunas, y señala que el mismo se produce cuando se suscitan controversias en el gobierno municipal o comunal -Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante, Comisión Comunal, Tribunal de Cuentas-, que no pueden resolverse dentro de la espera del poder comunal, tornando controvertido el normal desenvolvimiento del Municipio. Igualmente, subraya, cuando un organismo comunal se arroga atribuciones que exceden el marco de su competencia en detrimento de otro a quien le correspondían originariamente.

En este sentido, la "competencia" es contemplada en su acepción restringida como un solo requisito o elemento de legitimidad del acto estatal, o en su acepción amplia, en tanto abarca la totalidad de dichos componentes, ya que un órgano tiene atribuciones para emitir tal o cual acto en la medida que respete el resto de los requisitos impuestos por el orden jurídico vigente. Puntualiza que no ha de ser cualquier cuestión que verse sobre las atribuciones o irregularidades de los poderes públicos.

Puntualiza que no ha de ser cualquier cuestión que verse sobre las atribuciones o irregularidades de los poderes públicos la que ha de autorizar la intervención del Alto Cuerpo, sino aquélla que traduzca la existencia de un "conflicto de poderes". El Superior advierte que el planteo esgrimido en autos carece de los requisitos necesarios que autoricen a calificar la controversia como un supuesto de conflicto en los términos antes señalados, toda vez que los fundamentos de la demanda planteada no se vislumbra una irregularidad de gravedad institucional en el seno de la Municipalidad, que afecte seriamente el normal funcionamiento del gobierno local.

Las objeciones formuladas por el presentante en orden a la determinación del órgano facultado para resolver los requisitos a cumplimentarse para la conformación y disposición de los fondos de la denominada "Caja chica", el régimen para obtener la información del estado económico-financiero; la intervención del Tribunal de Cuentas como órgano de control de la legalidad de los gastos municipales y el régimen de contratación pública de bienes y servicios aplicable al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas municipal, no constituyen cuestiones de entidad suficiente como para provocar una situación de virtual paralización de la actividad del Municipio configurativa de una circunstancia de excepción que amerite la intervención del Superior.

No resultan admisibles los argumentos esgrimidos en orden a la eventual afectación de la actividad esencial del Municipio con motivo de los dispositivos legales cuestionados por el Departamento Ejecutivo, fundado en una supuesta extralimitación de las facultades del Concejo Deliberante. Es responsabilidad de todos los órganos del Gobierno municipal arbitrar las medidas conducentes, dentro del marco de atribuciones que les son legalmente conferidas, con el objeto de preservar el adecuado funcionamiento de los organismos municipales para alcanzar la eficiente prestación de los servicios esenciales en el Municipio.

La intervención del Tribunal Superior sólo es admisible en supuestos absolutamente excepcionales, cuando las disputas o desinteligencias surgidas en el seno del gobierno comunal, no puedan ni deban resolverse dentro del ámbito mismo del Municipio, mediante la utilización de los mecanismos que la propia Ley Orgánica contempla, para evitar precisamente que la injerencia del Poder Judicial en aquellos asuntos que son resorte interno del gobierno de la Comuna, torne ilusorio el principio de independencia que debe guiar la actuación de dichos "centros de poder".

La competencia exclusiva, no significa erigirlo en juez de todos los actos, omisiones, incumplimientos, transgresiones, abusos o irregularidades en que puedan incurrir los órganos municipales, sino -en aras de la concreción de la autonomía municipal- sólo y exclusivamente en aquellas disputas o situaciones que "intrínsicamente" revistan el carácter de conflicto de una gravedad tal que alteren el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

En la controversia de autos no se aprecia que el Concejo Deliberante haya ampliado en forma arbitraria sus competencias específicas, esto es, legislar sobre materias que conciernen a cuestiones atinentes a las finanzas públicas y su control. No hay invasión de potestades que conciernen al Ejecutivo municipal desde que la "función de administrar" debe estar siempre subordinada a la actividad legislativa, salvo en aquellos aspectos en que expresa o implícitamente existe un margen de ejercicio de potestad discrecional.

No surge del relato contenido en la acción, pugna, intrusión contienda o conflicto entre las autoridades que componen el gobierno de la Municipalidad, de magnitud tal que permitan vislumbrar una controversia que no pueda ser solucionada en el ámbito del Municipio. En el sistema de División de Poderes, cada uno debe actuar dentro de las atribuciones que le competen y ser respetuoso de las facultades ajenas.

Pretender erigirse en el supremo legislador y hacedor de las políticas públicas al margen de las competencias asignadas por el orden jurídico implica desvirtuar el estado de derecho y la jerarquizada división de poderes. Es indudable que no se encuentra configurada la existencia de una contienda de competencia entre órganos de la Comuna que deba ser dirimida por el Alto Cuerpo en ejercicio de la jurisdicción restringida otorgada por la Constitución, razón por la cual desestimara el planteo ef ectuado.

En relación a los hechos nuevos, expresó: "No revisten trascendencia para revertir la solución dada, ya que no surge de lo alegado en los escritos pertinentes ni del soporte documental acompañado, que tales hechos puedan resultar configurativos de un conflicto de poderes, puesto que sólo revelan la existencia de conflictos políticos que no deben ser judicializados utilizando la vía intentada.