Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-05-16


San Miguel de Tucumán, 16 de Mayo de 2005.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la parte demandada en autos: "Pérez, Hugo Ramón vs. Banco Columbia S.A. s/ Hábeas data"; y 360/2005 C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte demandada en contra de la resolución de fecha 20 de octubre de 2004 en la que la Sala Ia de la Cámara Civil y Comercial Común declaró inadmisible el recurso de casación.

2.- Los antecedentes que obran en presente causa indican que el señor Hugo Ramón Pérez inició un amparo informativo con el objeto de tomar conocimiento de datos crediticios de contenido patrimonial que pesan sobre su persona. La acción interpuesta contra Columbia S.A., eventualmente, también persiguió que suprimiera información suministrada al Banco Central de la República Argentina.

La Cámara en la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2004 sostuvo luego de analizar el texto de la ley 25.326 relacionada con el presente caso que la demanda era admisible y procedente por la vía del amparo informativo. Explicó que a partir del contrato celebrado con el sindicato Unión de Trabajadores Municipales y el banco, el hoy demandado, tiene poder de control sobre lo atinente a las retenciones de haberes de los tomadores de prestamos, que ante esta situación especial estas retenciones tienen carácter cancelatorio. Que habiendo pagado la deuda los datos del actor en la base del B.C.R.A. son ilegítimos y arbitrarios y procede la corrección de los mismos.

La parte demandada interpuso un recurso de casación en el cual señaló que la Cámara omitió pronunciarse sobre la falta de legitimación pasiva. Explicó que la razón por la que el actor se encuentra informado en el B.C.R.A. es la deuda que con anterioridad mantenía el actor con Citibank por el uso del producto Provencred, deuda que fue cedida a Columbia S.A. Que no le permitieron ninguna actividad probatoria para demostrar tal situación. Sostuvo que aún en caso de referirse a la deuda del sindicato de municipales las conclusiones a las que arriba el tribunal son erradas. Que de las constancias de autos no se acreditó que la demandada haya obtenido recibo alguno respecto a la cancelación de la deuda, sólo se probó que se le realizaron al actor ciertos descuentos de haberes que fueron desconocidos por Columbia S.A. Afirmó que se vulneró el derecho de defensa al impedirle que despliegue un mínimo de actividad probatoria. Finalmente sostuvo que no fue tratado por el tribunal el agravio referido al exagerado monto impuesto para los honorarios de letrada, montos que, según el recurrente, no se condicen con la actividad desplegada.

La Cámara sostuvo que la sentencia atacada carece de definitividad toda vez que fue planteado en un proceso sumarísimo de amparo. Que tampoco se configuró una situación de gravedad institucional que permita valladar la ausencia de sentencia definitiva. Agregaron que el planteo sobre el impedimento de la producción de prueba hace referencia a cuestiones de hecho y prueba que son ajenas al recurso casatorio. Que los planteos del recurrente no invisten la calidad de una quaestio iuris en los términos del art. 815 del CPCC que posibilite el remedio extraordinario.

3.- El actual recurrente en primer término reiteró los planteos expuestos en su recurso casatorio referidos a la falta de tratamiento de la legitimidad pasiva, al error referido a la deuda a que hace referencia el informe y a la inexistente acreditación sobre la cancelación de la deuda con el sindicato de trabajadores municipales.

Posteriormente, en relación a la sentencia del 20 de octubre de 2004 que denegó el recurso de casación por falta de definitividad se agravió que la misma es arbitraria puesto que se apartó del criterio expuesto por esta Corte en el supuesto "Fundación Planeta vs. Transporte 9 de julio S.A. s/ Amparo". En dicho supuesto, señala que este Tribunal sostuvo que "el recurso de casación constituye una vía apta para impugnar ante la Corte Suprema de la Provincia las sentencias definitivas dictadas en los procesos de amparo".

Expresa que, contrariamente con lo afirmado por la Cámara, las cuestiones alegadas afectan derechos de raigambre constitucional como la defensa en juicio. Que no se trata de valoración de hecho y prueba sino que solicita la producción de prueba ofrecida, para que se consideren mínimamente las pruebas arrimadas en autos. En este sentido, indica que al momento de contestar la demanda ofreció distintos medios de prueba para demostrar la veracidad de sus dichos sin que el juez de grado o la Cámara se pronunciaren al respecto pero por otro lado se tengan por demostrados los hechos invocados por el actor y que fueran expresamente negados por la parte demandada. Que al apelar se puso de manifiesto esta circunstancia sin que haya respuesta por parte del tribunal. Considera que se violentó el derecho constitucional de defensa en juicio como el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica.

Finalmente, señala que si se confirma la resolución de la alzada vulneraría el derecho de propiedad del art. 17 de la CN puesto que se afirmará que el actor no es deudor de su representante sin que se haya desplegado una actividad probatoria mínima.

4.- De un examen liminar de las constancias de autos se observa con claridad que el recurso interpuesto cumple con los requisitos de presentación temporánea, depósito judicial suficiente y presentación de las copias requeridas por el art. 820 del digesto procesal civil de la provincia.

Sin embargo, corresponde a esta Corte Suprema de Justicia, como tribunal del recurso de queja, efectuar el examen pleno de admisibilidad de la impugnación casatoria, analizando el cumplimiento de todos los recaudos que la ley adjetiva instituye para la apertura de la instancia extraordinaria local. Ello porque, aun cuando se hallen reunidos los requisitos exigibles para la interposición de la vía directa, resulta inoficioso admitirla si no se han cumplido las exigencias de admisibilidad de la casación tentada.

Respecto al planteo sobre ausencia de legitimación pasiva resulta necesario señalar que la Cámara afirmó con claridad que la vía del amparo informativo era admisible y procedente no sólo a la luz de los hechos arrimados a la causa sino también de acuerdo a la ley 25.326 y, en particular, su art. 1 la cual indica en sus principios generales los sujetos que quedan incluidos por la ley. El recurrente, por su parte, insiste en la falta de tratamiento de esta cuestión y sostiene con idénticos fundamentos la ausencia de legitimación pasiva de la parte demandada. Estos planteos que niegan lo expuesto por el tribunal, en el mejor de los casos, solo representan un criterio opuesto al que se mantiene en el decisorio pero de ningún modo exhiben un vicio sentencial que haga admisible la apertura de esta vía extraordinaria.

Debemos recordar que antes de la entrada en vigencia de la ley 25.326 se registraron algunos precedentes jurisprudenciales que sostenían la ausencia de legitimidad pasiva de las entidades bancarias que operaban como "fuente" de las informaciones colectadas por los bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, en tanto y en cuanto sus archivos no tenían -para la jurisprudencia referida- ese carácter y por entenderse que sus registraciones era eminentemente privadas y destinadas a sus fines propios. Dichos precedentes se oponían a otros que sostenían que el art. 43 de la CN ya incluía a estas entidades (entre otros, Miguel Ángel Ekmekdjian en "Tratado de Derecho Constitucional", t. 4, p. 87, que afirmaba que "Los registros bancarios enmarcan en lo normado por el art. 43 de la Constitución Nacional"). Sin embargo, dicho debate se encuentra superado a partir del dictado de la 25.326 y su subsiguiente reglamentación.

En efecto, la ley de protección de datos personales establece en su art. 1 que: "La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el art. 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional". En la reglamentación de este artículo se aclaró que el concepto de archivos, registros, bases o bancos de datos privados comprende a aquellos que están destinados a dar informes que exceden el uso exclusivamente personal y los que tienen como finalidad la cesión o transferencia de datos personales, independientemente de que la circulación del informe o la información producida sea a título oneroso o gratuito.

Por su parte, el art. 35 de la citada ley afirma específicamente sobre la legitimación pasiva que "La acción procederá respecto de los responsables y usuarios de bancos de datos públicos, y de los privados destinados a proveer informes".

El doctrinario Guillermo Peyrano al comentar este artículo expresó que "El art. 35 de la LPDP reglamenta la legitimación pasiva en la acción de hábeas data, es decir respecto de o contra quienes podrá ser promovida. Pueden resultar sujetos pasivos, o sea accionados, tanto los responsables como los usuarios de los bancos de datos, ficheros o registros. Asimismo, y en consonancia con lo preceptuado por el art. 43 de la CN, sean estos bancos públicos o privados destinados a proveer informes... Con la entrada en vigencia de la ley 25326, la atribución del carácter de legitimados pasivos de la acción de hábeas data a los "usuarios" de los bancos o archivos de datos, permite extender la legitimación a todos aquellos que revistan esa condición, es decir, a todos los que realicen a su arbitrio operaciones de tratamiento de datos, sea en bases propias, sea en las de terceros con las que se conecten con esa finalidad". (Peyrano, Guillermo F.: "Régimen legal de los datos personales y hábeas data", Ed. LexisNexis-Depalma, Buenos Aires, 2002).

En igual sentido, el decreto reglamentario 1558/2001 explica al analizar el art. 16 de la ley 25.326 que: "En el caso de los archivos o bases de datos públicas conformadas por cesión de información suministrada por entidades financieras, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y entidades aseguradoras, de conformidad con el art. 5º ver Texto, inc. 2º, de la ley 25.326, los derechos de rectificación, actualización, supresión y confidencialidad deben ejercerse ante la entidad cedente que sea parte en la relación jurídica a que se refiere el dato impugnado. Si procediera el reclamo, la entidad respectiva debe solicitar al Banco Central de la República Argentina, a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones o a la Superintendencia de Seguros de la Nación, según el caso, que sean practicadas las modificaciones necesarias en sus bases de datos. Toda modificación debe ser comunicada a través de los mismos medios empleados para la divulgación de la información". La Corte Suprema de Justicia de Entre Ríos, con un criterio coincidente señaló que: "...La vía del amparo informativo es el camino para ejercer la acción de hábeas data a fin de que el banco demandado corrija o suprima datos de sus registros y rectifique informes falsos que pudieran haberse proporcionado en su virtud (STJ de Entre Ríos, Sala 1ª de fecha 8 de septiembre de 1994 in re 'R.R.J.E. c/ Banco Francés del Río de la Plata', E.D. 164-143)" (citado por Osvaldo Alfredo Gozaíni "Hábeas Data", Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2001, pág. 409). Igualmente, se indicó que: "En cuanto al argumento del banco demandado en el sentido que no constituye una entidad destinada a proveer informes a terceros, lo que excluiría la aplicabilidad del art. 43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, es del caso hacer notar que la garantía del hábeas data alcanza aun aquellos supuestos en los que no interviene una entidad destinada estrictamente a proveer informes (arg. arts. 2° y 33, inc. 1° b), ley 25.326). Y en todo caso, resta siempre la protección genérica del amparo, basada en el 1° párrafo del art. 43, toda vez que se halla en juego la garantía contemplada en el art. 42 de la misma Constitución inherente al derecho de los consumidores a una 'información adecuada y veraz'. De manera que, sea por la vía del hábeas data, específicamente dirigida a la protección de los datos de las personas, o bien por la vía genérica del amparo, esta argumentación del banco resulta estéril". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, 26/03/2002, H., E. c. Citibank N.A.; La Ley 2002-D, 626 - ED 197, 328 - JA 2002-III, 17) En la actual normativa, como bien lo señaló la Cámara, los límites de la legitimación pasiva ha sido expandidos hasta abarcar a entidades como la accionada puesto que la misma con acierto comprendió la responsabilidad de la potencialidad transmisiva de bases o registros de masiva o amplia difusión.

En relación a la ausencia de apertura a prueba corresponde indicar que el planteo también es inadmisible puesto que la misma situación se encontraba consentida por el recurrente. En efecto, a fojas 33 vta. del expediente principal que fue traído a la vista de este Tribunal, surge que con la providencia del 6 de julio de 2004 los autos estaban para resolver. A continuación puede observarse que el 7 de julio de 2004 el representante legal de la demandada al reponer los bonos profesionales, aportes y tasas de justicia tomó conocimiento de tal providencia sin expresar oposición alguna de la falta de apertura a prueba. Como señala Lino Enrique Palacio, "la falta de interposición de un recurso dentro del plazo respectivo produce la extinción de la facultad pertinente y lo decidido adquiere carácter firme..." (Lino Enrique Palacio, "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo-Perrot, segunda edición, Buenos Aires, Tomo 1, pág. 280).

En igual sentido, la jurisprudencia afirmó: "La providencia impugnada es tan solo consecuencia de lo dispuesto por el juzgado, que se encuentra firme y consentida, y por cierto alcanzado por el principio de la preclusión procesal. Por consiguiente inapelable". (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 14/08/1998; "Imtek S.A. v. Varig S.A. s/ Recurso de queja". Causa Nº 2879/98.).

Los agravios referidos a la existencia de una supuesta cesión de créditos realizada por el Citibank y Provencred a Columbia S.A. que dio origen a la deuda y a la valoración de estos hechos deben ser desestimados. En efecto, la cuestión debatida en autos hace referencia a una deuda del actor con la Unión de Trabajadores Municipales (UTM) cuyo cobro fue cedido a la parte demandada y que según la valoración de los documentos arrimados a la causa dicha deuda se habría cancelado. La Cámara concluyó que siendo la entidad bancaria, mediante contrato de cesión, la que tuvo el control de las retenciones, "sin lugar a dudas que las mentadas retenciones dentro del contexto especial de la situación planteada en autos tiene carácter cancelatorio. Es decir pro soluto" (fs. 66 vta. de autos principales). El recurrente solo niega en forma general los hechos como los elementos de prueba en que se fundó el fallo y sin atender en particular ninguno de los argumentos vertidos por el tribunal.

La versión que alega la parte demandada no surge de ningún medio de prueba existente en autos. Por el contrario, en informe del veraz obrante a fojas 28 sólo reafirma la postura sostenida por la parte actora en razón que reafirma de la calificación negativa sobre el amparista y por un monto similar al préstamo solicitado a la UTM.

En consecuencia, dichos agravios buscan únicamente una nueva valoración de cuestiones fácticas en la instancia casatoria, esta Corte ya ha afirmado que: "La revisión del juicio valorativo de las pruebas de la causa efectuado por la Cámara, es extraña a la casación, cuya exclusiva finalidad es asegurar la corrección jurídica del fallo impugnado a través de su control de legalidad. La admisibilidad de este recurso con relación a las cuestiones de hecho, exige la demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable, o un grave atentado contra las leyes del raciocinio, lo que debe ser apreciado con criterio restrictivo." (CSJT, sentencia Nº 399 de fecha 28/5/2001).

Finalmente, con respecto a la falta de tratamiento del planteo sobre el monto de los honorarios considero que el recurso de casación resulta inadmisible por cuanto la ausencia de pronunciamiento sobre esta cuestión era subsanable mediante el recurso de aclaratoria (art. 277 del CPCC) recurso que no surge de las constancias en autos. El recurrente debió agotar la vía ordinaria prevista en el digesto de forma antes de intentar remediar la omisión a través de un recurso extraordinario cuya materia de análisis es ajena a la aquí propuesta.

Con idéntico criterio esta Corte ha señalado que "...la aclaratoria sólo puede articularse para corregir errores materiales, o aclarar conceptos oscuros, sin alterar lo sustancial de la decisión o suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido por la sentencia sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio (artículo 277 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, de aplicación supletoria por remisión expresa del artículo 14 del Código Procesal Laboral, atento a la derogación, por el artículo 108, inciso 4º del Código Procesal Constitucional, del artículo 117, inciso a) del CPLT). Desde esta perspectiva, asiste razón a la peticionante, pues en la sentencia de marras se omitió tratar el planteo en subsidio de inconstitucionalidad del artículo 133 del CPLT pues, en el caso, efectivamente se ha configurado una de las hipótesis que menta la norma contenida en el referido artículo 277 del CPCCT, lo que sumado a la tempestividad del recurso, tornan admisible la aclaratoria impetrada." (CSJT, sentencia N° 233 de fecha 30/3/2001).

Conforme a lo precedentemente exhibido, la queja en examen no puede prosperar, por cuanto la instancia casatoria pretendida resulta inadmisible Por ello, y oído el Sr. Ministro Fiscal a fs. 21/22, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte demandada en contra de la resolución de fecha 20 de octubre de 2004 dictada por la Sala Ia de la Cámara Civil y Comercial Común.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA (con su voto) ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA Voto del doctor Alberto José Brito La parte demandada deduce recurso de queja en contra de la resolución del 20/10/2004 mediante la cual la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común declaró inadmisible el recurso de casación.

En orden al juicio de existencia del recurso interpuesto, cabe advertir, de modo liminar, que el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en un proceso de amparo informativo o hábeas data resulta improponible, de conformidad a lo normado por el art. 28 de la ley 6944. El digesto procesal constitucional de la provincia de Tucumán, prevé el recurso de apelación por ante la Cámara respectiva, cuando la sentencia es dictada por un juez de primera instancia, reservando la intervención de la Corte Suprema de Justicia, por vía del recurso de inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o aquellas que pongan fin a la acción o hagan imposible su continuación.

Por su parte, el art. 31 del Código Procesal Constitucional prescribe que son de aplicación subsidiaria en la tramitación de estos procedimientos las normas procesales vigentes en cada fuero cuidando el tribunal de adaptarlas a los principios de celeridad y eficacia; y se infiere del mismo que se aplican en susidio las normas del Código Procesal Civil en el trámite de los procedimientos previstos en la ley 6944, precisamente dicho cuerpo procesal constitucional, al estructurar los medios de impugnación de las resoluciones judiciales, no prevé el recurso de casación, por lo que no pueden aplicarse en su trámite las normas procesales civiles, por la simple y determinante razón de su inexistencia. Las sentencias dictadas en los procesos de amparo informativo o hábeas data no son impugnables ante la Corte mediante este típico carril extraordinario, sino por apelación mediante el recurso de inconstitucionalidad, cuya admisibilidad dependerá de que se satisfagan las exigencias legales respectivas.

Por los fundamentos expuestos corresponde desestimar la queja deducida.

HÁGASE SABER.

ALBERTO JOSÉ BRITO ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA