marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excepción de incompetencia, juicio de desalojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ADMINISTRADOR PROVISORIO SUCESION MAURICIO VARGAS c/ DE LELLIS GIL Y OT. s/ Desalojo (LIBRO: A112 - 263)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-05-11

El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Siendo evidente que el casero o cuidador see le concede la vivienda en virtud de la relación laboral que lo une con su empleador, serían en principio competentes los tribunales del trabajo para conocer y resolver en el sub examine.-
Tarifa de servicios públicos, tarifa telefónica, revisión judicial de actos administrativos, control de legitimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRODELCO c/ PEN s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Como principio, las decisiones que el Estado adopte en materia de fijación, aprobación o verificación de tarifas son controlables judicialmente en lo referente a su legitimidad, a fin de que las respectivas facultades se ejerzan de acuerdo a las condiciones establecidas normativamente, así como a las particulares convenidas contractualmente entre la Administración y los prestadores del servicio (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Procesamiento, homicidio culposo, médico psiquiatra, muerte del paciente, suicidio, responsabilidad médica, suministro de medicamentos
Materia: PENAL
Carátula: S. L. H. c/  s/ homicidio culposo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-22

Corresponde decretar el procesamiento, en orden al delito de homicidio culposo, de la médica psiquiatra que no adoptó los recaudos adecuados a su lex artis en el tratamiento de una paciente que se suicidó, al momento de la prescripción y administración de un medicamento cuyos efectos podían causar mayor tendencia al suicidio, no alertó a la paciente y/o a su familia directa sobre los posibles efectos o contraindicaciones, se ausentó del lugar de su residencia habitual por vacaciones sin adoptar un plan de contingencia y seguimiento adecuado al caso y omitió, completar los asientos de la historia clínica de forma completa y adecuada
Extinción del contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, Impuesto de sellos, escritura pública, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Rueda Alfredo (T.F. 11042-I) c/ D.G.I. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-19

Debe confirmarse la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que revocó la resolución de la D.G.I. que entendió que debían tributar el impuesto de sellos las escrituras públicas pasadas por ante un escribano público donde por un lado diversos empleados y por el otro la empresa empleadora, en los términos del art. 241 de la ley de Contrato de Trabajo, extinguían de mutuo acuerdo la relación laboral, reconociendo la empleadora para el trabajador una suma en concepto de indemnización especial, renunciando ambas partes a todo reclamo por ningún concepto derivado de la liquidación de remuneraciones o liquidaciones ya que, si la ruptura del contrato de trabajo que es lo principal está exento, también debe estarlo lo secundario, cual es el reconocimiento de una suma de dinero en concepto de indemnización.
Indemnización por accidente de tránsito, lesiones, peatones, normas de seguridad, responsabilidad de la empresa ferroviaria
Materia: CIVIL
Carátula: Huallpa Aymara, Angélica y otro c/ Ferroexpreso Pampeano S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2014-12-19

Corresponde elevar la indemnización por daños y perjuicios que se le debe abonar a una menor por las lesiones sufridas en ocasión del accidente que se produjo mientras cruzaba por las vías del tren -propiedad de la empresa ferroviaria demandada- en una zona que no había ningún paso a nivel, pues la demandada no cumplió con sus propias normas de seguridad, siendo que no había personal para dirigir y controlar las maniobras o alejar a terceros, y tampoco demostró que se hiciera sonar el silbato de anuncio de la partida de la formación, por lo que le asiste razón a la parte actora en reprocharle no haberse cerciorado de que podía ponerse en marcha sin peligro para terceros, habida cuenta de que no podía ignorar que en forma continua los habitantes utilizaban el paso peatonal y hasta atravesaban el tren cuando estaba detenido, reproche que debe ser severo, por ser la dueña o guardiana de una locomotora y vagones que, puestos en marcha en zonas urbanas, generan un riesgo importante para quienes estuvieran en las cercanías o se interpusieran de algún modo en su camino.
Contratos, rescisión unilateral, plazo tácito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROSALES c/ EQUITEL S.A. s/ Rescisión Unilateral Contratos (LIBRO: S144 - 073)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-03-23

Cuando no se haya determinado el plazo de cumplimiento de la obligación se recurre generalmente al 3er. parrafo del art.

509 del CCI "Si no hubiese plazo, el Juez a pedido de parte, lo fijara..." Empero para que proceda la fijación jurídica del plazo, es menester que este no haya sido establecido en forma expresa, sino tambien que no resulte de la materia y circunstancias de la obligación, porque en este último casos el vencimiento del plazo, aunque solo tacitamente estaria determinado, correspondiendo la aplicación del 2do. párrafo del art. 509 del CCI.- Indica Ramella en "La rescisión por incumplimiento" Astrea 1975, pag. 108, que la distinción entre plazo tácito e indeterminado, en la práctica no siempre es facil.- Aunque la obligación no contenga plazo, ESTE SERA TACITO y no indeterminado, cuando la interpretación de voluntad de las partes conduzca a la conclusión de que ellas no se propusieron diferir la fijación del plazo a la decisión del Juez, sino que estimaron que la obligación debia cumplirse dentro de un plazo razonable.-
Fundamentación de sentencias, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: ESCUDERO, Carlos Rubén; y GALLO, Franco Domingo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-09

Corresponde rechazar el planteo relativo a la fundamentación del quantum punitivo todo vez que el tribunal brindó razones suficientes que lo alejan de la tacha de arbitrariedad invocada.
Obras sociales, AFIP
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DEL TURF c/ Estado Nacional - A.F.I.P. s/ Acción de nulidad e inconstitucionalidad con medida cautelar adjunta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

La Res. Gral. A.F.I.P. 1648/04, al disponer el pago directo a la A.F.I.P. del cumplimiento de las sentencias judiciales definitivas, contraría lo establecido por la Res. Conj. 202/95 (M.E.O. y S.P. y M.T. y S.S.), que faculta a las Obras Sociales a la fiscalización y ejecución de los recursos de las mismas.
Rebeldía, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAMPAIO DUARTE, EDMAR c/ AVICHELLI HNOS. SACIFIA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-23

El estado de rebeldía no permite por sí sólo aceptar la verdad de las afirmaciones efectuadas, aunque crea una presunción importante en contra del rebelde. Por consiguiente, las prescripciones legales aplicables en la materia, cpr 60 y 356, tendrán operatividad, según las particularidades del caso, ya que el juzgador para acceder a las pretensiones deducidas debe encontrarse persuadido de la procedencia del reclamo.
Regulación de honorarios, aplicación de la ley, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: TRANSPORTE 9 DE JULIO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ INCIDENTE DE APREMIO (REVOCATORIA - IMPUGNACION DE LIQUIDACION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-13

Corresponde hacer lugar a la revocatoria interpuesta contra la regulación de honorarios pues, si bien en el artículo 7, inciso 2, apartado b de la ley 6767 -modif. ley 12851- se limita en un 70% la escala contenida en el artículo 6 de la misma ley en los juicios de ejecución en que no se hubiesen interpuesto excepciones o defensas, la doctrina destaca que, en caso contrario (es decir, mediando actividad opositora) se aplicará el 100% de la escala progresiva del artículo 6 sobre la base regulatoria que el artículo 8 dispone; siendo éste el criterio que cabe adoptar en el presente caso, atento a la tramitación de la excepción de incompetencia interpuesta por la apremiada y que fue rechazada por esta Corte en la resolución que ordenó llevar adelante la ejecución promovida.
Honorarios, cosa juzgada, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Polito, Rosa c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-08

Los descuentos de ley representan una obligación para los beneficiarios cuyo efecto no puede trasladarse a su representante. Pues, no cabe duda que los mismos deben considerarse dentro de las sumas que por todo concepto resulten a favor de los actores en ocasión de practicarse la liquidación indicado en la sentencia; pretender su exclusión en esta instancia, alteraría el estado de cosa juzgada que ha recaído sobre dicho pronunciamiento.
Homicidio culposo, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: O., D.A. s/ Muerte en Accidente de Tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-11-08

La acción que reprime el C.P., art. 84 consiste en un obrar imprudente, negligente, que traduce impericia o inobservancia a los reglamentos o deberes a cargo del autor. Pero la actividad ilegal no está, según la ley, divorciada del resultado; aquella debe causar el cambio perjudicial en la realidad.
Auto de prisión preventiva, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Martínez de Hoz, José Alfredo A. s/ infracción art. 265 del Código Penal -causa N. 22.372-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

No constituye fundamento bastante para el auto de prisión preventiva la finalidad de evitar la prescripción de la acción penal.
Entidades financieras, intereses, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Tancredi, Juan Antonio y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos. Tancredi, Juan Antonio y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21|1989-05-16

La interpretación de las normas que establecen el régimen de garantía de los depósitos que más se compadece con tal finalidad, es la que asegure a los depositantes la devolución de sus imposiciones con más los intereses, inclusive los devengados durante el plazo de 30 días que establece el art. 56 de la ley 21.526.
Revocación de sentencia, monto de la indemnización, accidentes de trabajo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Rivas, Jorge Alberto c/ Industria Manufacturera Argentina del Plomo S.R.L. y Otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-23

Corresponde revocar la sentencia del Tribunal del Trabajo que, al momento de cuantificar la reparación integral de los daños derivados de un accidente de trabajo, se limitó a aplicar, sin mayores fundamentos, una fórmula matemática como única y exclusiva variable para determinar el importe del daño material soslayando que, por las especiales circunstancias del caso y las características particulares de la víctima, tal método -por medio del cual culminó fijando un importe indemnizatorio marcadamente exiguo- no resultaba idóneo para mensurar los perjuicios sufridos por el trabajador como consecuencia del siniestro que padeció.(doctor Genoud, sin disidencia)
Sentencia condenatoria, prisión, accesorias legales, multa, costas, comercialización ilegal de estupefacientes, lavado de activos, asociación ilícita, concurso real, participación necesaria, documentos de identidad, falsificación de documentos, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Guillermo Armando Capo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-05

Cabe condenar a Guillermo Armando Capo a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y multa la que deberá ser oblada dentro de los diez días de quedar firme la presente, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado por haber sido cometido organizadamente en concurso real con el de asociación ilícita del que se lo estima organizador, los que concurren materialmente con el de adulteración de documento destinado a acreditar la identidad de las personas, éstos en carácter de partícipe necesario, con costas -arts. 5, 12, 21, 29 inc. 3ro., 40, 41, 45, 55 y 210 último párr., 292 párr. 3ro. y 293 del C.; arts. 5 inc. C y 11 inc. C de la Ley 23.737 y arts. 398, 399 y concordantes del CPPN-. Luce constatado que la organización poseía dos estructuras básicas, una que operaba en Argentina con la misión de obtener la droga, acondicionarla y enviarla a Europa haciendo pasar dicho transporte por la ciudad de Milán que era el lugar donde operaba la otra parte de la organización ocupándose de la comercialización del estupefaciente en dicho continente, y por supuesto, que el rédito de la venta y transporte de la droga volviera a las manos del procesado en dólares y así poder reinvertirlo en nuevas transacciones para legitimarlo en compra de bienes; es decir, los dólares una vez lavados fueron introducidos a nuestro país. Además, se ha probado que los integrantes de la organización variaban sus identidades personales, usando identidades falsas. Se puede aseverar que el imputado fue el organizador y el principal beneficiario de las maniobras investigadas. Para la determinación de la pena se tiene en cuenta que no encuentra atenuantes y como agravantes la reincidencia -por condena de España que cumplió parte allí y luego huyó al darle una salida transitoria-; su conducta prolongada en tiempo, la cantidad de droga secuestrada y delito de pluralidad de víctimas.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la vida, matrimonio, disolución del matrimonio, aptitud nupcial, facultades del Poder Legislativo, divorcio
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

Mediante el art. 64 de la ley 2393 no aparecen conculcados el derecho a la vida ni los otros derechos fundamentales de la persona humana, sino que existe una reglamentación legal, que lo es tanto formal como sustantivo-material que considera y trata igualmente a los iguales. El planteo se refiere a un criterio de política legislativa, cuya modificación corresponde a una función del Congreso quien tiene la atribución de conceder, mejorar o suspender los derechos subjetivos de índole familiar. De modo que desconocer esta potestad legislativa, en tanto no existe desnaturalización de los derechos reconocidos, implica vulnerar la forma republicana de gobierno que impone la división funcional y el irrestricto de ella.
BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, entidades financieras, Estado, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ORGANIZACION METALURGICA ARGENTINA SRL c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

En el sistema consagrado por la ley 9613, la vinculación entre las metas de la política económica del Estado Provincial y el Banco Provincial de Santa Fe como su ejecutor en el área financiera, aparecía claramente dibujada. Esa vinculación, en definitiva, reconoce una explícita base constitucional, como que es nexo obligado entre los enunciados programáticos fijados principalmente por los artículos 25 y 28 de la Constitución Provincial y la facultad creativa -que conlleva la de adaptación modificatoria- conferida a la Legislatura Provincial por el artículo 55 inciso 13.
Industria de la construcción, locación de obra, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Bravo. Ramón y otro c / Resuener SRL y otros s/ Ley 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-14

No rige la extensión de responsablidad derivada del art. 32 ley 22250, para empresarios de otras actividades que celebren contratos de locación de obra con empresas constructoras (en el caso, Edesur S.A. contrató a Teyna Abengoa S.A. para la realización de tareas vinculadas con la industria de la construcción, rama que resulta ajena a su giro empresarial).

Es doctrina plenaria de esta Cámara la exclusión de la aplicación del art. 32 ley 22250 a los efectos de responsabilizar a personas físicas o jurídicas, que no se desempeñen como constructores de obra (Plenario 261 Loza, José y otro c/ Villalba, Francisco y otro, 13/12/88).
Costas, beneficio de litigar sin gastos, incidentes, principio objetivo del vencimiento
Materia: PENAL
Carátula: B., G.N. c/ B., J.y B., J. s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2017-02-02

Toda vez que el trámite del beneficio de litigar sin gastos reviste carácter incidental y contradictorio, no habiendo el peticionante acreditado los hechos en los que fundó su demanda corresponde, por aplicación del principio objetivo de la derrota, imponerle las costas de ambas instancias.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: Laboral
Carátula: Altieri, Víctor c/ Cooperativa Ltda. de Provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos Asistenciales y Vivienda de Puerto Madryn y-o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-10-29

Dice Vázquez Vialard "si a los fines de determinar el salario diario para fijar el monto de la indemnización que estipula la ley 9688, se toman en cuenta las sumas percibidas durante el año anterior en sus valores nominales y se promedian, el resultado que así se obtiene dista no sólo de ser real, sino de tener sentido. Para determinar ese promedio se suman valores que no guardan relación entre sí ya que se miden en unidades, si bien de igual valor nominal, con distinta capacidad de pago -que se altera mes a mes en proporciones importantes-". Para paliar estos efectos la doctrina judicial luego de un largo debate determinó -en el Plenario 231 -DT t. XLII-A, pág.180- que corresponde considerar las remuneraciones percibidas a valor monetario constante, criterio luego corroborado por la Corte Suprema de Justicia.
Tributos, Impuesto sobre los ingresos brutos, operaciones con consumidores finales, interpretación de la ley, principios tributarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicla S.A. c/ DGR s/ Recurso de Apelación Judicial Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

En el caso, se trata de determinar el alcance de la expresión consumidor final, a los efectos de incluir o no en dicha categoría a la venta de zapatos realizadas por una empresa industrial al Estado.

Para el Diccionario de la Real Academia Española consumir se define como "destruir, extinguir, utilizar comestibles perecederos u otros géneros de vida efímera para satisfacer necesidades o gustos pasajeros". Consumidor final por lo tanto es un pleonasmo que enfatiza lo propio del consumir, esto es, la extinción del producto consumido.

Por otro lado, una interpretación limitativa sobre el alcance del concepto llevaría a incluir en el mismo la finalización de un proceso de comercialización.

Resulta de ello, que conforme al primer sentido, no puede otorgarse en la especie al Estado la categoría de marras, mientras que, en el segundo sentido, toda vez que el adquirente no efectuó la compra para la comercialización de los productos, sí correspondería otorgársele dicha categoría.

La suerte de la discusión se determinará por vía de interpretación, según que se efectúe la asimilación de las normas incluyendo a la categoría en cuestión en el régimen de las operaciones minoristas y excluyendo de la misma al destino final de la prestación de servicios; o bien la diferenciación que excluya a la categoría analizada del aludido régimen de operaciones minoristas e incluyendo en la misma el destino final de la referida prestación de servicios. En efecto, cabe distinguir a la cadena de comercialización del circuito económico de los bienes, puesto que en el caso, si bien el adquirente por su naturaleza institucional, queda ajeno a la primera, resulta en cambio, incluido en la segunda por el destino de los bienes que se afectan a un servicio. Sea que los bienes -en este caso zapatos- integrantes de la ropa de trabajo se facturen a los agentes o se los provea sin cargo para éstos, resulta evidente que la utilización de dichos bienes no tiene punto final en el aprovechamiento del comprador ni de sus agentes, sino del servicio que éstos brindan. Por lo que el circuito económico no finaliza en la compra a la recurrente sino en el servicio prestado en forma gratuita u onerosa, a la comunidad.

Por lo precedentemente dicho no cabe sino concluir que las ventas ajustadas en la determinación impugnada, que se traten de operaciones mayoristas a reparticiones públicas con las características señaladas en el párrafo anterior, no revisten la tipología de venta a consumidor final. La interpretación contraria conlleva necesariamente a la violación del artículo 10 del Código Fiscal y de los principios tributarios impuestos por el artículo 51 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ello en cuanto ambas disposiciones establecen el principio nullum tributo sine lege.
Acción de amparo, acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: SILIGHINI, AUGUSTO ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE BELTRAN s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-25

Dado el carácter excepcionalísimo de la vía sumarísima del amparo, el mismo debe ser juzgado con carácter restrictivo, en tanto se demuestren los extremos o condiciones exigidas por la Constitución y la ley para la viabilidad del mismo. Más aún, cuando se intenta revocar actos del poder administrador, que como es sabido gozan de presunción de validez o legitimidad y por ende de ejecutoriedad, y que sólo pueden ser revisados por el Poder Judicial en su congruencia con la Constitución y las leyes, pero nunca para cuestionar su oportunidad o conveniencia.
Excepción de prescripción, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coccaro, Angel y otro c/ Goya, Néstor Osvaldo y otro s/ Cobro de medianería
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

Si la excepción de prescripción prospera, son los actores quienes deben cargar con las respectivas costas; manteniéndose en cambio la imposición de las mismas a los demandados como consecuencia del progreso parcial de la demanda, dado que se trata de distintas situaciones (art.68, C.P.C.C.).