Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 1ra NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-27


2º Instancia. - Santiago del Estero, septiembre 27 de 2007.

Considerando: Que el decisorio impugnado rechaza el incidente de nulidad deducido a fs. 180/181 del 14 cuerpo contra la sentencia homologatoria del avenimiento propuesto por la fallida a fs. 131/136. Los apelantes, J. R. T. y L. S. del V. T., en representación del Sr. Enrique Antonio Ibarreta, argumentan arbitrariedad de la sentencia en trance: a) por omisión de aplicación de las disposiciones específicas de la ley Nº 24.522, b) por desconocimiento del trámite incidental impuesto por el propio juez y por fundar el decisorio en cuestiones no debatidas por las partes y c) por errónea interpretación de la ley procesal ordinaria y excesivo ritual manifiesto, con extensa argumentación de cada agravio enunciado. Corrido traslado la fallida comparece representada por el Dr. H. A. B. y responde a los agravios del recurrente a fs. 328/352. Cuestiona en primer término la suficiencia técnica del Recurso, para luego rebatir los argumentos del mismo. Oída la Representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 381 queda la causa en estado de recibir resolución. Así planteado el recurso, debe analizarse en primer término la legitimación para impugnar el acuerdo, que fue oportunamente opuesta al nulidicente a fs. 1/13 del décimo quinto cuerpo, introducida también por el abogado de la fallida a fs. 332 en oportunidad de refutar los agravios. Que esta cuestión ha sido soslayada por el Juez de grado, estimando que resultaba inoficioso pronunciarse sobre la ausencia de legitimación para obrar en el nulidicente, cuando existían vicios que enervaban el incidente de nulidad, a los cuales circunscribió su pronunciamiento sin avocarse al análisis y decisión de esta cuestión más compleja, pero a la vez definitoria, respecto de la estabilidad de la sentencia homologatoria del avenimiento. Que es de medular importancia desentrañar este tema, por cuanto en lo relativo a la vía correcta para esgrimir la nulidad del fallo, la doctrina se encuentra dividida como ya lo advirtiera en su dictamen la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 381 y el hecho de haber impreso a la petición de la Dra. T. el trámite incidental a fs. 182 del decimocuarto cuerpo, impide decidir este conflicto desde la reducida óptica de la corrección o no de la vía empleada para impugnar el decisorio de fecha 19/12/02. Es menester finiquitar este litigio determinando si el Sr. Enrique Ibarreta está legitimado para impugnar el auto homologatorio del avenimiento. De los instrumentos que obran a fs. 148/153 del decimoquinto cuerpo surgen las cesiones efectuadas el 11 de junio de 1993 por el Sr. Enrique Ibarreta, L.E. 206.984, en su carácter de único y universal heredero de doña Rosario Elena Cáceres y cede y transfiere gratuitamente a favor del Dr. Alejandro Cáceres el 50 % de todos los derechos y acciones que le corresponden en el juicio caratulado: "Molas y Molas S.R.L. c. BONOBRA S.A. y BONACINA Ltda. S.A. s/Daños y perjuicios" (Escritura Nº 773 pasada ante el Registro Notarial Nº 337 de la Capital Federal a cargo del Escribano Esteban E. A. Urresti. De la Escritura Nº 129 de fecha 02 de agosto de 1993 surge la posterior cesión onerosa efectuada por el Dr. Alejandro Raúl Cáceres en nombre y representación del Sr. Enrique Ibarreta al Dr. José Ernesto Gigena, del 50 % restante de las acciones y derechos que le corresponden en el juicio caratulado: "Molas y Molas S.R.L. c. BONOBRA S.A. y BONACINA Ltda. S.A. s/Daños y perjuicios" (Escritura pasada ante la Escribanía Nº 9 de esta Provincia a cargo de la Notaria María Pía M. Urueña). Al promover el incidente de nulidad al fundar el recurso en tratamiento, los Dres. J. R. T. y L. S. del V. T. se presentan como apoderados del Sr. Enrique Antonio Ibarreta (fs. 291, ver también fs. 239 del decimosexto cuerpo). De la declaratoria de herederos obrante a fs. 61 (Cuerpo Nº 15) surge que el deceso del Sr. Enrique Ibarreta se produjo el día 29 de septiembre de 1993 y que el ahora nulidicente es hijo del causante, único y universal heredero. De toda la documental reseñada surge entonces que el Sr. Enrique Antonio Ibarreta, no puede revestir la condición de sucesor en los derechos inherentes al causante que habían sido cedidos a los Dres. Alejandro Cáceres y José Gigena y que atañen a este juicio. En efecto, los derechos y acciones litigiosos que legitimaban a su padre para formar parte de la masa de acreedores ya no le pertenecían cuando aconteció su muerte y por ello mal pueden legitimar tales derechos inexistentes en el patrimonio relicto, al recurrente. Resulta oportuno destacar también que en ambas instancias, las Fiscales intervinientes se pronunciaron en contra de la nulidad impetrada. La primera en dictaminar fue la Dra. Patricia Lugones a fs. 206 (Cuerpo Nº 16) quien ya advirtió en esa oportunidad con base en el principio de trascendencia, estimando que en este caso que el acto atacado no repercutía sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio. He aquí la insoslayable necesidad de definir la cuestión atinente a la legitimación para reclamar, en este caso a impugnar un avenimiento que favorece a tantos acreedores que esperaron tan alongado proceso falencial para ver satisfechas sus acreencias. Surge entonces el interrogante: ¿cuál es el interés legítimo defendido por el supuesto acreedor si no existía derecho subsistente en cabeza de su padre relacionado a este juicio que lo habilite a frustrar el avenimiento? Que dicho sea de paso, vino a concluir el proceso con beneficio para todos los acreedores no cuestionados por el Síndico, que estuvieron de acuerdo para poner fin al pleito. Resulta también relevante la documental obrante a fs. 129/135 y 136 del decimoquinto cuerpo, que sustenta la opinión vertida por el Síndico, Contador Ramos a fs. 143/145, donde estima con relación al crédito aquí argüido "no debe ser considerado para nada en este juicio de quiebra -en la actual instancia- menos aún incluido en proyecto de distribución alguno a presentar por esta sindicatura o pagado (siquiera parcialmente) en el futuro. Sencillamente no existe más en esta quiebra" (sic. - escrito presentado por el síndico el 7 de agosto de 2000). Que la razón medular de la confirmación del fallo ha sido expresada y centrada en la ausencia de legitimación del Sr. Ibarreta, pues deben los jueces, aún de oficio, examinar la legitimación de las partes por constituir una típica cuestión de derecho y sólo después de acreditarse las "justas partes" o "partes legítimas" -condición de admisibilidad intrínseca de la acción o impugnación- podrá entrar en el juzgamiento, atendibilidad o fundabilidad de lo pretendido. En este orden de ideas, ha de destacarse además que el rol que desempeña el síndico en la quiebra nos impulsa a considerar de relevante importancia su apreciación, dado que no resulta ser un representante de la masa, y es algo más que un mero administrador del concurso, que reviste el carácter de funcionario auxiliar de la justicia. Como el síndico no representa a ninguna de las partes involucradas, ello explica que pueda actuar en favor o en contra del fallido, en favor o en contra de las pretensiones de los acreedores, en definitiva, está en juicio como administrador de los bienes alcanzados por la liquidación colectiva. Actúa en virtud de su oficio y no le incumbe ser parcial, y por tanto se presume su imparcialidad, velando por el interés general, que descalifican la posibilidad de impetrar la nulidad del acuerdo al Sr. Ibarreta.

En mérito a los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución impugnada, con costas a la apelante vencida. - Azucena B. de Zurita. - Pablo Santiago Sirena. - Raúl Lima.