marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Municipalidad, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vera, Adriana Ángela y otro c/ Municipalidad de Merlo (Departamento Ejecutivo) s/ Conflicto art. 196, Const. provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-03-06

El conflicto municipal que prevé el artículo 261 del decreto ley 6769/1958 se caracteriza por ser una contienda entre los departamentos Ejecutivo y Deliberativo con motivo del ejercicio de sus respectivas atribuciones. En tales casos son los órganos involucrados los únicos que se encuentran legitimados para promoverlo, es decir, que sólo el Intendente Municipal o el Concejo Deliberante están habilitados para hacer planteos de esa índole.
Notificación, traslado de la demanda, interés superior del niño
Materia: PROCESAL
Carátula: G., L. N. y otro. c/ G., G. G. s/ D. y P. Resolución contractual particulares.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-05

Nuestra legislación adjetiva, no prevé a la notificación de la demanda como un acto procesal respecto del cual la notificación postal esté admitida De esta manera y aún cuando el Estado requerido no se oponga a esta forma de notificación, el paso previo que implica confrontar esa posibilidad con lo previsto en el ordenamiento interno no supera el examen de admisibilidad, pues si bien el ordenamiento provincial admite algunos actos cuya notificación sea por vía postal y otros que no, la notificación de la demanda no está comprendida en este último grupo.
GUATEMALA, convocatoria a audiencia pública, pueblos originarios, genocidio
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Coc Max y otros Vs Guatemala S/ Convocatoria a audiencia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-12-13

Debe el Estado de Guatemala, los representantes de la presunta víctima y la Comisión Interamericana asistir a la audiencia pública sobre fondo y eventuales reparaciones y costas, que se celebrará el 9 de febrero de 2018 en la sede de la Corte Interamericana, a los fines de aportar sus alegatos y observaciones finales orales, en el caso en que se pretende la responsabilidad internacional del referido Estado por la masacre perpetrada por miembros de sus fuerzas armadas contra más de una docena de personas pertenecientes a la población indígena q'eqchi', mam, q'anjob'al y ixil y k'iche.
Accidentes de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, RIPTE
Materia: LABORAL
Carátula: Pettina Jesica Gisel c/ Galeno ART S.A. -Ordinario - Enfermedad Accidente (Ley de Riesgos)" expediente 6415021 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-08-01

La evolución mensual de las RIPTE se mide en porcentajes acumulativos y no aritméticos; es decir que el porcentaje de aumento salarial reflejado en un mes, está calculado en base al mes anterior, que ya tenía acumulado el incremento porcentual del mes precedente (o sea, se 'capitaliza' mensualmente), y así en toda su cadena. De esa manera figura expresamente aclarado en la publicación de los índices, cuando en la columna de los porcentajes dice "variación % respecto del mes anterior" y surge asimismo del informe metodológico de la Resol. E-2018 de Secretaría de Seguridad Social del MTESS. En el Anexo de esta Resolución se explica que la serie RIPTE se elabora y publica desde el año 2006, en base a las Declaraciones Juradas (DDJJ) que mensualmente los empleadores confeccionan y presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desde la vigencia de la Ley 24.241; para cada mes de elaboración de las RIPTE se consideran las DDJJ correspondientes al período de la medición y las de los doce períodos previos; y explica finalmente de qué manera se han absorbido aguinaldos y plus vacacionales para no distorsionar la medición.
Acción dependiente de instancia privada, impulso procesal
Materia: PENAL
Carátula: VITALE, Rubén H. s/ Lesiones Culposas. Pergamino
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

Es condición de procedibilidad de las acciones dependientes de instancia privada el cumplimiento del requisito que en claros términos impone la ley: "...manifieste si está en su voluntad instar la acción" (art. 98 inc. 7 CPP). Es decir dar a conocer su voluntad en forma expresa y concluyente. Y no satisface tales exigencias la expresión ambigua que refiere "hacer reserva de tal derecho", pues permite colegir en concreto que la decisión es no ejercer el mismo, es decir la no utilización en ese momento de la prerrogativa puesta a su alcance. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Instancia administrativa previa, reclamo administrativo previo, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: R. S., M. Á. c/ R.  S., S. E. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-22

A criterio de la mayoría de este Cuerpo, no puede demandarse autónomamente -o directamente- la reparación de los daños y perjuicios derivados de un acto administrativo, si previamente no se ha impugnado, en tiempo y forma, la legitimidad del acto que se pretende lesivo.
Seguros, responsabilidad del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: Castro Pedro Armando c/ Y.P.F. GAS S.A. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-04-19

Admitió que el siniestro se produjo durante la vigencia del contrato de seguro y que la incapacidad determinada con posterioridad tiene su causa en aquél acontecimiento, ninguna duda debe quedar respecto a que la aseguradora a aquella fecha debe abonar la indemnización por el accidente. Que para arribar a la conclusión precedente, se parte de la premisa fundamental, de que no debe confundirse "causa" de la obligación, con "exigibilidad" de la misma. Ello es así, porque los hechos cuyos riesgos asumen las aseguradoras, son los generadores de responsabilidad (accidentes y enfermedades accidentes o profesionales) y que se producen durante la vigencia del contrato, independientemente de que la obligación ya nacida pueda reclamarse en su cumplimiento, luego de la determinación de la incapacidad resultante.
Delitos contra la integridad sexual, culpabilidad
Materia: PENAL
Carátula: YANINA BEATRIZ CARABAJAL, PEREZ DANIELA, ANDREA ARIAS Y LILIANA DEL VALLE SANCHEZ DE ARIAS c/ ARIAS EDUARDO JACINTO s/ VIOLACION, ABUSO DESHONESTO CALIFICADO Y AMENAZAS EN CONCURSO REAL  DE DELITOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-07

En todos los delitos en contra de la honestidad, que son protagonizados por padre e hija, surge como figura preponderante el temor a denunciar éstos actos, ya que temen que con su denuncia la familia pierda su unidad, en algunos casos; en otros estratos sociales se esconden los delitos por razones económicas, ya que si la persona que trae el sustento diario cae presa por un delito de éstos, sufrirían ellos tanto con la solución como con el problema.

Por ello es difícil que estos delitos sean denunciados prematuramente, ya que en la psiquis de la víctima, siempre ésta interpreta que ella es la culpable del obrar del padre y que es ella la que está produciendo esta ruptura en su familia.
Abandono de trabajo, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: Pino, Hernán c/ Rigolleau S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

La figura del abandono de trabajo, como lo señala su norma regulatoria (art. 244, L.C.T.), exige para su configuración la constitución en mora del trabajador como requisito previo a su concreción.
Medidas cautelares, divorcio contradictorio, bienes gananciales, inventario judicial
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: S. L. c/ C. M. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-04

Durante la vigencia de la ley 2393, promovido el juicio de divorcio era posible admitir como medida precautoria la formación de un inventario de los bienes existentes en el hogar conyugal. Se tuvo en cuenta para ello, que si bien la única disposición legal al respecto era el art. 74 de la ley 2393 (inventario previo a la entrega de la administración de los bienes gananciales al administrador designado judicialmente) como medida cautelar independiente se justificaba, además porque no resultaba gravosa y era útil para determinar la composición del haber conyugal. Dados los amplios términos del art. 233 del Cód. Civil, según reforma ley 23.515, dicho criterio debe mantenerse pues, al determinar la procedencia de medidas de seguridad durante el juicio de separación personal o de divorcio vincular, y aún antes de su iniciación en caso de urgencia, finaliza estableciendo la posibilidad de "ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de que fueran titulares los cónyuges".
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: LABORAL
Carátula: Donadío, Raúl Omar c/ Ministerio de Gobierno- Policía de la Prov. de Buenos Aires s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

No corresponde invocar la nulidad del fallo por carecer de la necesaria mayoría de opiniones si es claro que el pedido se funda en un simple error material subsanable, ante la misma instancia ordinaria.
Prueba, segunda instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Melgar, Luis Antonio Mario c/ Cejas, Alicia Haydée s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-18

No procede la alegación del hecho nuevo y/o la apertura a prueba en la Alzada cuando el acto formal de la invocación u ofrecimiento no se cumplió ante el Tribunal de Primera Instancia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 240, 252 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, cuando como en el caso, este último es de otra ciudad a la de esta Sala.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Retiro voluntario, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: PASINATO JOSE ALFREDO c/ BANCO DE ENTRE RIOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-28

Teniendo en cuenta que el régimen que trata el Comunicado analizado es de retiro voluntario, la indemnización por falta de preaviso del artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo no cumple ninguna finalidad, ya que, por naturaleza, la obligación de preavisar la ruptura del vínculo tiene como justificativo el deber de prevenir y evitar los perjuicios que se podrían ocasionar a la otra parte de la relación el ejercicio sorpresivo del poder de denunciar el contrato fijando un lapso para evitarlos, o sea que la contraparte tenga tiempo, antes de producirse la ruptura, para tomar las medidas necesarias para evitar perjuicios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización por despido, intimación al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Guaraz, Ruben c/ Lomsicar s.a. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-31

Justifica la eximición, en el caso concreto, del agravamiento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25323 el hecho de que la arbitrariedad de la decisión de la demandada de disponer el despido del trabajador fue efectivizada cuando aún no había transcurrido el plazo de un año previsto en el art. 252 LCT, aunque sí había transcurrido la mayor parte de dicho plazo y la confusión puede imputarse a una incorrecta interpretación de las normas aplicables por parte de la principal.
Proceso penal, validez de los actos procesales, nulidad procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ausili, Gustavo M. y otro s/ recurso de casación. Causa: 302
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-22

La ineficacia de un acto sólo puede derivar de una amenaza expresa y categórica de la ley que lo disciplina (art. 166 C.P.P.N.) y no de una valoración judicial acerca de la mayor o menor importancia de las formas observadas. Puesto que a veces se prescriben formas o requisitos sin amenaza de nulidad, no toda irregularidad formal determina dicha sanción.
Causales subjetivas de divorcio, injurias graves, deber de fidelidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: L., R. R. c/ N., S. M. D. H. s/ divorcio vincular por separación de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-13

Ocurrida la separación de hecho entre los cónyuges, se atempera el deber de fidelidad y la ulterior convivencia con una persona del sexo opuesto no necesariamente debe ser calificada como adulterio, pues no se puede sensatamente exigir "sine die" fidelidad conyugal a todo trance a un esposo separado.
Pueblos originarios, adquisición de tierras, recurso extraordinario, denegatoria del recurso, gravamen actual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad El Traslado Cacique Roberto Sanchez y Comunidades de Zopota c/ Estado Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-06

Cabe desestimar el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que le ordenó demarcar y delimitar terrenos de los que es titular y contra la que le rechazó el recurso de nulidad interpuesto por no haber sido oído en el proceso, dado la ausencia de gravamen actual, toda vez que el recurrente no se encuentra afectado directamente por las sentencias que apela, y hasta tanto no se cumpla con aquélla condena impuesta, no resultará posible determinar si esos terrenos se corresponden o no con los que invoca el apelante como de su titularidad. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Administración General de Puertos, responsabilidad del Estado, hurto de mercaderías, mercadería de despacho directo forzoso, depósito de la carga
Materia: ADMINISTRATIVO-NAVEGACION
Carátula: Arcadia Cía. Arg. de Seguros  SA. c/ Cap. yño Arm. yño Flet. Bq. "Río Cincel" yñu otro s/ cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-28

Sea que se trate de efectos de despacho directo forzoso o de despacho a depósito, la Administración General de Puertos debe responder por la sustracción de mercaderías ocurridas dentro del ámbito de su jurisdicción, pero fuera de los galpones cerrados construidos para su depósito; toda vez que el Estado conserva la potestad de control en todo el ámbito portuario, cuya consecuencia necesaria es su deber de custodiar los bienes que se encuentran ubicados en plazoletas de emergencia.
Marcas, registro de marca, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: NEHILA SA c/ VISION EXPRESS ARGENTINA S.A. s/ nulidad de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-11

Las circunstancias valoradas por los jueces de la causa para admitir la demanda por nulidad de solicitud de registro marcario constituyen una cuestión de hecho, irrevisable en instancia extraordinaria (fallos: 248:819; 255:52; 246:266). En ese sentido, el cuestionamiento del demandado no versa sobre el alcance e interpretación de la ley federal de marcas, sino sobre los aspectos fácticos relacionados con su aplicación, referidos al examen de cuestiones de hecho y prueba que son exclusivo resorte de los jueces de la causa (Fallos: 307:244; 313:510; 315:724, entre otros).
Recurso extraordinario, Administración Pública Provincial, acto administrativo, derechos subjetivos, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público, Poder Judicial Provincial, remoción de jueces, permanencia en el cargo, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Leiva, Amelia Sesto de c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Las cuestiones jurisdiccionales que pueden contener los actos políticos o administrativos del estado provincial sólo pueden llegar a la Corte por la vía del art. 14 de la ley 48 cuando exista protección específica a un derecho subjetivo de ese carácter que se encuentre amparado constitucionalmente de manera directa. En tal sentido, y después de la reforma constitucional de 1957, esa protección o garantía se extiende a la estabilidad del empleado público en las provincias, pero no a una jueza, quien integraba el poder político del estado local y se hallaba sujeta a las condiciones de permanencia que aquéllas han establecido en ejercicio de su autonomía.
Adopción, interés del menor
Materia: CIVIL
Carátula: G., M.G. s/ protección de persona -causa N° 73.154/05-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-16

Cabe revocar la sentencia que dispuso el cese de la guarda provisional otorgada en orden al inicio del trámite de adopción, decretada en función de un rápido egreso del menor de donde se hallaba internado, por no haber dado cumplimiento previo al trámite previsto por la ley 25.854-creación del registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos-, según lo establece expresamente el art. 36 del decreto reglamentario nº 383/05. pues el a quo ha olvidado que los órganos judiciales, así como toda institución estatal, han de aplicar el principio de interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados por las decisiones y las medidas que adopten.
Daño moral, diferencias salariales
Materia: CIVIL
Carátula: "Bercovich,  Samuel c/ Estado  Nacional -C.S.J.N. -M° de Justicia s/ empleo público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-01

En ausencia de circunstancias de excepción -que la recurrente no acredita ni se advierten prima facie en autos-, la jurisprudencia de este Fuero ha descartado la admisibilidad generalizada del resarcimiento del daño moral frente a la liquidación o pago incorrecto de prestaciones salariales. Una tesitura afín impera en el Fuero de la Seguridad Social respecto de la población pasiva (cfr. CFSS, Sala I, "Valderrey, Carmen c/ANSeS", del 18/8/2000, y "Jerez de Alvarello, Ester Amanda c/ANSeS", del 23/05/2001; Sala II, "Podestá, Juan José c/ANSeS", del 12/04/2002).
Seguros, seguro de vida, incapacidad total, procedencia del recurso, valores criterio, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Capel, Luis Alberto c/ Metlife Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-24

1 - Corresponde admitir la demanda incoada contra una compañía aseguradora en reclamo de la suma asegurada en virtud de un seguro de vida, en tanto el siniestro denunciado por el actor configura el supuesto de incapacidad total y permanente previsto. Ello así, pues si bien el perito médico concluyó que el actor padece una incapacidad "parcial permanente" del 54,15%, esa referencia no está vinculada a la comprensión jurídica de la incapacidad "total" a los fines del contrato de seguro ya que, el siniestro aparece cuando está afectada la posibilidad de ejercer tareas remuneradas acordes con la habilidad reconocida del peticionario. Esto es, si ya no cuenta éste con posibilidades de obtener un empleo adecuado a sus circunstancias o de desempeñar en condiciones competitivas otra actividad sustitutiva de la que venía desarrollando, aunque no igual al menos similar, sin que obste a ello la presencia de cierta capacidad residual. 2 - De acuerdo al mismo informe pericial, el actor no es probable que pueda superar un examen preocupacional, salvo que las tareas a cumplir demandasen mínimos esfuerzos y no lo expongan a estar parado por mucho tiempo. En ese marco, teniendo en cuenta que el actor reparaba máquinas, motores y calderas en la industria petrolera, resulta con claridad que el siniestro previsto en la póliza debe entenderse como acontecido en la especie. 3 - No forma óbice a tal conclusión los porcentajes informados pericialmente pues resulta de toda evidencia que son ellos meros indicadores que carecen de una exactitud matemática, la cual es imposible alcanzar en términos de certeza absoluta tratándose de la cuantificación de dolencias (cfr. CNFed. Civ. Com. Sala 2, causa n° 5494, del 17/11/87). Voto en disidencia del Dr. Garibotto:.

Corresponde rechazar la pretensión incoada, en tanto resulta de la totalidad de los precedentes tanto del Supremo Tribunal como de la Cámara de Apelaciones que el porcentaje mínimo para considerar que la incapacitación total es del 57%, aunque existe cierta uniformidad en cuanto a que esa tasa deber partir del 66% de la total obrera, y asimismo dicho último porcentaje está previsto por la ley 24241: 48 inc. a) al regular el retiro por invalidez, y por la ley 24557: 8-1°.
Indemnización por despido, ley de empleo, tope indemnizatorio
Materia: LABORAL
Carátula: CATALAN, Roberto c/ Compañía Elaboradora de Productos Animales CEPA SA        despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

La prestación de tareas a órdenes de un solo empleador constituye una relación laboral única y el desempeño de funciones correspondientes a diferentes categorías, o el mayor tiempo que las mismas pueden insumir, pueden dar lugar al reconocimiento de una mayor retribución, pero nunca se podría concluir que existe un vínculo distinto por cada una de ellas. En tal entendimiento, la aplicación del tope previsto por la ley de empleo debe ser considerado tomando en cuenta una única remuneración, y no cada remuneración por separado, pues ello sería igual a sostener que existieron dos relaciones laborales simultáneas entre el mismo empleado y el empleador, lo que resulta inadmisible.
Incumplimiento del contrato, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: De Mayo, Ada c/ Suarez, Marcelo y Otros s/ Resolución de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-26

El daño moral por resolución del contrato resulta improcedente, atento al criterio restrictivo que impera al efecto en el incumplimiento de obligaciones contractuales, y a la ausencia de una prueba contundente que amerite excepcionar el mismo, máxime cuando se pactó que la actora, al resolver el contrato, no debía devolver las sumas percibidas ni el importe de las mejoras introducidas al bien como indemnización por daños y perjuicios, abarcando esa convención la totalidad del resarcimiento.
Bienes del fallido, desapoderamiento, administración y disposición de los bienes, invalidez del acto jurídico, facultades del síndico del concurso, deudas del fallido, mutuo hipotecario, acreedor hipotecario
Materia: COMERCIAL
Carátula: M.C.V. MANUFACTURAS DE CARNES VACUNAS SA. s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-30

Si en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, el acreedor convino con la deudora (actualmente fallida) que se requería su previo consentimiento escrito para efectuar actos de disposición sobre el inmueble hipotecado, resulta improcedente homologar judicialmente un contrato de uso del establecimiento falencial celebrado por el síndico concursal con un tercero, si en la celebración del mismo no se le dio intervención al acreedor. Máxime si -como en el caso-, se verifica que el impugnado contrato, otorgó a la usuaria la opción de compra prioritaria del frigorífico de la fallida en oportunidad de su enajenación, en el supuesto que ofreciera abonar un 3% más de lo que ofrezca el mejor postor, pues tal disposición transgrede lo prescripto por la Ley 24522: 205, toda vez que no admite la preferencia de ningún oferente en la adquisición del bien objeto de remate público o licitación. Por su parte, la usuaria no ofertaría en igualdad de condiciones que otros oferentes, sino con sujeción a su conveniencia teniendo en cuenta la mejor oferta ya efectuada y, eventuales oferentes podrían optar, ante esa circunstancia, por no participar del remate público o licitación, con el posible detrimento del precio a obtener en la enajenación si ello sucediera, lo cual incide en el derecho de los acreedores de la fallida.