marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Improcedencia del recurso, resoluciones irrecurribles, régimen de detención semiabierta, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: A., C. M. c/  s/ apelación de ejecución - recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-05-09

Resulta improcedente el recurso de inconstitucionalidad incoado por la asistencia oficial del interno penado, y en consecuencia, cabe confirmar la sentencia que revocó el beneficio de semilibertad. Para decidir así, se señala que el carácter de definitiva que se exige en este fuero para la admisibilidad del recurso, es conferido a la sentencia que pone término al juicio. Dicho ésto, la resolución en crisis no puede equipararse a definitiva cuando existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el posible perjuicio que aquélla irroga, en suma, no puede ser impugnada por vía del remedio intentado toda vez que el beneficio de la semilibertad fue revocado hasta tanto se emita un nuevo dictamen positivo del Consejo correccional, conforme lo estipula el art. 17 de la Ley 24660. A mayor abundamiento, las discrepancias valorativas expuestas por la recurrente, más allá de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad que invoca o en los graves defectos del pronunciamiento.
Recurso extraordinario, sentencia no firme, Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gastonjauregui, Jorge Raul c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario para ante la Suprema Corte de Justicia de la   Nación. Avocación (Artículo 2, Ley 11330)(EXPTE CSJ Nº 536-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

No es sentencia definitiva ni decisión equiparable a ella que habilite la apertura del recurso extraordinario (artículo 14 de la ley 48) de acuerdo a las pautas jurisprudenciales elaboradas en este sentido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la resolución que declara que el caso es de la competencia contencioso administrativa de la Corte local, otorgando a los actores un plazo de treinta días a fin de que adecuaran sus pretensiones a los términos de la ley 11330.
Sentencia definitiva, acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Burgwart y Cía S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-29

El concepto de audiencia o intervención suficiente del interesado como requisito para configurar el acto administrativo definitivo fue dejado de lado por el Tribunal a partir del pronunciamiento dictado en la causa B50.359, "Lesieux" (res. 11-XII-86), oportunidad en que adoptó el criterio de procedencia formal de la demanda cuando no haya recurso administrativo alguno contra los actos atacados en el marco del procedimiento que resulte aplicable al caso. (Minoría u opinión personal)
Acción de inconstitucionalidad, honorarios, rechazo in límine
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: Mirgor S.A.C.I.F.I.A. c/ Provincia de Córdoba s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-10-15

En virtud del trámite procesal previsto para las acciones declarativas de inconstitucionalidad por nuestro Código de Procedimientos Civil y Comercial -art. 507 y ss. Ley 8465- y de las disposiciones pertinentes de la Constitución de la Provincia (art. 165 ib.), con anterioridad a la declaración de admisibilidad de la acción no hay contradictorio.

Sólo en caso de resolver favorablemente la admisibilidad de la acción el Tribunal imprime trámite a la demanda corriendo traslado de la misma a la parte accionada, la cual hasta ese momento no ha tenido intervención alguna y que recién podrá incorporarse al proceso en la etapa procesal de contestación de la demanda. Habiendo sido rechazada la admisibilidad formal de la acción intentada, la parte demandada, no tiene ni podrá tener participación alguna en el proceso.

De las consideraciones formuladas precedentemente se puede concluir que no corresponde regular honorarios, por cuanto lo actuado no ha generado derecho alguno. En relación a ello, el artículo 44 de la Ley Arancelaria 8826, dispone claramente que "los escritos inoficiosos no devengan honorarios", debiendo entenderse por tales aquellos trabajos que no impulsan el procedimiento ni defienden eficazmente el ejercicio de un derecho.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, contestación de la demanda, reconvención, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Carchedi, Federico Oscar c/ Lucamar Logística SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

El Código Procesal no establece cuáles son las condiciones de admisibilidad de una reconvención; solo dispone que debe ser planteada con el escrito de contestación de demanda y que las pretensiones que se deduzcan deben derivar de la misma relación jurídica o ser conexas entre sí (CPR 357; CNCom, Sala A, in re "Quesada, Adelina Hilda c/ Asociación Centro Terapéutico Comunidad El Árbol Familiar y otro s/ ordinario" del 06/12/11).
Diferencias salariales, carácter no bonificable
Materia: LABORAL
Carátula: Rovira, Anavela Teresa c/ Municipalidad de Villa Mercedes s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-03-13

Corresponde admitir la demanda laboral contra la municipalidad empleadora, en razón del cobro de diferencias salariales, pues los suplementos remunerativos no bonificables integran el salario a todos los efectos legales, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sentencia "Salas", en fallos 334:275), a cuyos fundamentos cabe remitirse por razones de brevedad.
Honorarios, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Bengolea Duran, H. P. en j: Bengolea Duran, M. en j: Sucesión Ramón García Romero y expte. Pieza autorizada s/ Regulación - Casación (Libro: S058-001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1955-03-04

Si el procurador, apoderado de una de las partes en juicio cesó en su gestión profesional antes de dictarse la ley 2232, sus honorarios deben calcularse conforme a la ley 1042 y no a la ley nueva 2232 y ya que ésta última debe considerarse aplicable a los casos en que el profesional haya continuado ejerciendo su mandato en oportunidad de dictarse ésta.
Recurso contencioso administrativo, honorarios, base regulatoria, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Litoral Gas S.A. c/ Comuna de Empalme Villa Constitución s/ Recurso contencioso administrativo. LEY 11.330. Medida cautelar -   Recurso de reposición (Expte. C.S.J. Nro. 237 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-20

No puede prosperar la revocatoria intentada contra el auto regulatorio de los honorarios profesionales desde que la actora recurrente se equivoca al alegar que la cuantía del proceso está constituída por la suma abonada en concepto de requisito impositivo (art. 8 , ley 11.330). En efecto, dicha exigencia funciona como presupuesto de la demanda o requisito de admisibilidad, constituyendo un verdadero yerro jurídico pretender que ese importe sea adoptado como base económica del proceso a los fines regulatorios. En este sentido, como lo dispone el artículo 8 de la ley 6.767 "La cuantía del juicio a los fines de la aplicación del Art. 6 , será la cantidad reclamada en la demanda o en la reconvención o la que resultare de la sentencia si fuera mayor...", por lo que, siendo que el recurso contencioso administrativo tiende a que se revoquen resoluciones de la Comuna que determinaron de oficio la deuda por Derecho de Ocupación del Dominio Público de la accionante, no cabe dudas de que éste es el monto base a considerar para la regulación de los honorarios profesionales.
Juicio por delitos de acción privada, calumnias, querella, desestimación de la querella
Materia: PENAL
Carátula: AULENTA, Graciela R. s/ CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-06-19

No pudiéndose descartar que el hecho objeto de la querella constituya el delito de calumnia, debe revocarse la resolución que desestimó la querella.
Proceso penal, imputado, declaración indagatoria, prueba testimonial, obligación de testificar, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., J. L. s/ Homicidio culposo (Expte Nº 6-94, Resolución Nº 16, Tomo 2, Folio  127)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-05

Lo que procura evitar el art. 251 del C. Proc.Penal es que a uno de los familiares mencionados por la norma se lo coloque en la conflictiva situación de acusar a uno de los parientes allí detallados o de mentir, posibilidad que no se plantea si la declaración es indagatoria, donde se exime de toda obligación de declarar o decir verdad. Pretender que la indagatoria formal opere respecto de los otros imputados como testimonio implica un desdoblamiento inadmisible de un hecho procesal único y, fundamentalmente, no atiende a la razón de ser de la norma prohibitiva del art. 251 C. Proc. Penal que, no veda la evaluación de imputaciones que se hagan entre parientes, sino tan solo la imposición a uno de ellos el deber de testimoniar. A otra conclusión podría llegarse si se estima que la forma de recepción de declaración fue sólo una artimaña para introducir una exposición imputatoria que de otro modo no podría lograrse.
Concurso preventivo, proceso de verificación, crédito privilegiado, homologación del acuerdo preventivo, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: SEOANE Cecilia c/ ITALAR SOCIEDAD ANONIMA s/ CONCURSOS - INCIDENTE VERIFICATORIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

El art. 20 de la ley de concursos establece la suspensión del curso de los intereses en la fecha de presentación en concurso, pero una vez homologado el acuerdo y verificado un crédito privilegiado, el mismo ha de ser satisfecho de modo inmediato, puesto que no se halla sujeto al acuerdo. En consecuencia, el cómputo de intereses procede si existe incumplimiento en la tempestiva atención del crédito.
Impuesto sobre los capitales, sujetos imponibles, empresa unipersonal, sociedades comerciales, sociedad cooperativa
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE LABOULAYE LIMITADA s/ IMPUESTO  A LOS CAPITALES - SOCIEDADES - COOPERATIVAS - IMPROCEDENCIA  DEL RECURSO  EXTRAORDINARIO  - EXCLUSION DE LAS CUESTIONES DE HECHO -  INTERESES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-13

El concepto de sociedades contenido en el art. 2, inc. a), de la ley 21.287, abarca a todos los entes empresarios que posean determinada riqueza patrimonial, entre los que se encuentran incluidas las cooperativas, pues ello deriva de los antecedentes de la norma, que denotan la amplitud que el legislador pretendió dar al precepto.
Novación, locación
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ RUBEN DARIO c/ ARCA IGNACIO ALBERTO s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-06-08

El simple aumento o reducción del alquiler no causa novación si no cambian las demás condiciones de la locación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Goffan, Naum c/ D'Amore, Angel s/ Regulación de honorarios por trabajos extrajudiciales Banco Nacional de Desarrollo c/ Ventura, Francisco Osvaldo y otros s/ Cobro ordinario de fianzas solidarias Russo, Yamile V. c/ Arditi, Darío R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20|1997-06-03|2001-05-16

En materia de honorarios la casación encuentra sustento excepcionalmente por el recurso de inaplicabilidad de ley cuando estén en juego determinadas garantías, como el derecho del profesional a la regulación, o en los casos de regulaciones confiscatorias o carentes de fundamentación real, o que contradicen decisiones o constancias anteriores firmes, o cuando se han aplicado normas arancelarias inadecuadas desconociendo previsiones específicas del fallo, lo que no ocurre en el caso de autos.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, presunción de culpa
Materia: CIVIL
Carátula: STOCHYK SERGIO D c/ RITANO GLADYS BEATRIZ s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

El derecho preferente de paso no constituye un "Bill" de indemnidad absoluto ni autoriza al que lo posee para arrasar con todo lo que se cruce en su camino, pero juega sólo cuando ambos vehículos llegan juntos a la encrucijada de calles.
Acción de inconstitucionalidad, acción declarativa de inconstitucionalidad, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Y.P.F. S.A. c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-09-08

Este Tribunal ha sostenido en forma invariable, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que: "Las consecuencias que la medida de no innovar tiende a prevenir, no parecen imaginables en una acción de mera certeza que está destinada, por su índole, a agotarse en la declaración del derecho, por lo que no sería procedente decretar medidas precautorias cuya finalidad es asegurar la ejecución que es condición propia de una sentencia de condena."
Entrega del certificado de trabajo, concubinato, contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Clotet García, Nadia Tamara c/ Spandrio, Fabricio Raúl s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-11

El hecho de que las partes hayan mantenido una relación sentimental y convivencial con posterioridad al ingreso de la actora como dependiente del demandado, no se erigió en un obstáculo para el desarrollo y continuidad del contrato habido entre ellas, pues surge que ambas circunstancias coexistían simultáneamente tal como lo acredita la prueba colectada (Voto Romero. Adhesión Welp)
Solidaridad previsional, inconstitucionalidad, derecho de propiedad, derechos adquiridos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Allianz Ras Argentina S.A. de Seguros Generales c/ D.G.I. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-09

Corresponde confirmar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.463, en la medida que modificó el art. 33 de la ley 24.073, así como de la Resolución (D.G.I.) Nº 4040/95.
Jueces, control de constitucionalidad, leyes, jerarquía de las leyes
Materia: LABORAL
Carátula: Cardelli, Hugo c/ Ente Administrador del Astillero Río Santiago s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

Si bien es cierto que en principio todos los actos y normas están sujetos a la revisión judicial de superlegalidad, hay materias que por excepción quedan marginadas de este tipo de inspección. Son las llamadas "political questions" que gracias a la tenacidad de la doctrina y al empeño de los jueces cada vez son menos las parcelas que permanecen fuera de la revisión judicial, pues cuando aparecen temas que escapan a este tipo de inspección, fracasa en parte el postulado de supremacía de la Carta Suprema. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de desalojo, acción subrogatoria, compraventa inmobiliaria
Materia: CIVIL
Carátula: Palacio Gerardo Marcos, Palacio Marcos Antonio, Linares Beatriz Del Carmen c/ Avellaneda Cinthya Del Valle s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-02-28

Las partes habían convenido la subrogación de los adquirientes del inmueble en los derechos y acciones de la vendedora y demandante en éste proceso, es en ese carácter que se apersonaron en el juicio y en ese carácter se les dio intervención, y al haberse analizado por el tribunal la procedencia de la legitimación activa de la primitiva demandante, se concluye que los subrogantes se encuentran legitimados para reclamar el desalojo de la accionada. Ello así, en virtud de que los subrogados por contrato ocupan el lugar del cedente subrogante, y por lo tanto están habilitados para reclamar las acciones y derechos que les corresponden al cedente subrogante, entre ellos la posesión sin que sea necesaria la entrega de la cosa.
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Ramos, Daniel Agustín s/ Recurso de casación interpuesto en expte. nro. 83/02 s.a. de lesiones culposas en concurso ideal. L.A. Nro.  46 F. 354/362 Nro. 140. interpuesto en expte. nro. 83/02 s.a. de lesiones culposas en concurso ideal. L.A. Nro.  46 F. 354/362 Nro. 140.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-04-22

La no aplicación de la suspensión del juicio a prueba en los delitos previstos con penas de inhabilitación es injusto y arbitrario por cuanto otros delitos contemplados con penas mucho mas graves entre otros el homicidio doloso, sin embargo es procedente la probation. Pero aún cuando se encuentre prevista la inhabilitación nada impide a que el juez haga lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba e inhabilite precautoriamente, o provisoriamente al peticionante por un lapso suficiente para observar su conducta y así se cumple en alguna medida con la inhabilitación prevista en la normativa, adoptándose una posición intermedia que no afecta el interés público. Nótese además que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 ter. del Código Penal surge que el condenado a inhabilitación especial puede ser rehabilitado, transcurrida la mitad del plazo para ella, si se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos y, además, ha reparado los daños en la medida de lo posible, situaciones todas que van de la mano con lo previsto en la probation.(Del voto del Dr. Sergio E. Valdecantos).
Sistema federal, emergencia sanitaria, coronavirus, Red Pública de Salud, facultades no delegadas, autonomía provincial, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

La previsión del "AMBA" como un área susceptible de adopción de políticas específicas en materia epidemiológica por el Estado Nacional a través del art. 3 del DNU 125/2021 no puede ser entendido como la constitución de una región en los términos del art. 124 de la Constitución Nacional, ni puede implicar una alteración de las potestades provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ello sin perjuicio de las facultades reconocidas al Congreso Nacional para promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, en los términos del art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional, con el debido respeto de las atribuciones de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias involucradas.
Imputado no procesado, excepciones procesales
Materia: PENAL
Carátula: GIBERTONI, A. s/ EXCEPCIONES - IMPUTADO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-09

Corresponde que el imputado no procesado, que declaró a tenor del art. 236, 2da. parte C.P.C. interponga excepciones, facultad que se deduce del amplio marco de aquella norma y es situación claramente distinta de aquélla que fuera resuelta en el fallo plenario "Musolino",
Seguros, seguro de vida, rescisión unilateral, responsabilidad del banco, beneficiario del seguro
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORSO, FELIPE c/ BBVA BANCO FRANCES Y OTRO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-24

La entidad bancaria tomadora de seguros de vida colectivo para sus clientes es responsable por los términos en que fue celebrado el contrato y por su rescisión, cuando de ello derivaron efectos dañosos para uno de los beneficiarios, no pudiendo alegar ser ajeno a la inclusión de una cláusula contractual que facultaba tanto al principal como a la compañía aseguradora a rescindir unilateralmente el contrato, en ciertos términos, toda vez que la tomadora ha contratado desde una posición de igualdad jurídica y económica con la aseguradora, ya que tanto una como otra son empresas profesionalmente organizadas y con innegable capacidad técnica y solvencia económica ; a lo que cabe agregar que la entidad bancaria al incursionar, además de sus actividades específicas, en otros negocios como lo es la rama de seguros colectivos de vida facultativos, no puede exonerarse de responsabilidad alegando que la referida cláusula es "ajena" a su área de incumbencia.
Recurso extraordinario federal, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Paszkowski, Andrés Pablo y otros s/ infracción ley 23.592 (causa 214/97).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

Corresponde desestimar la queja si el recurso extraordinario cuya denegación la motiva no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48).
Emergencia económica, pesificación
Materia: ECONOMIA
Carátula: SPUCHES ANTONIO MANUEL c/ ZAPATA BEATRIZ SUSANA s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-10-01

La interpretación del complejo régimen de emergencia, con el objeto de determinar si las obligaciones en mora entre particulares ajenas al sistema financiero existentes a la fecha en que entró en vigencia el régimen legal de emergencia están comprendidas, dio lugar a una abundante doctrina y jurisprudencia, a la cual la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, en su voto en juicio "Teruel, Santiago y otros vs. Dalvian S.A." de fecha 24 de noviembre de 2003, sistematizó en tres grandes bloques:

1) La que postula que la pesificación que establece la ley 25.561 y el decreto 214/02 no se aplica a las obligaciones en mora, y que debe pagarse en la moneda extranjera que fue convenida, o con la cantidad de pesos que permita adquirir en el mercado libre de cambios la suma de dólares que el deudor se obligó a pagar.

2) La suma a pagar en dólares se pesifica, pero no a la paridad establecida en los decretos reglamentarios, sino a otra restringida, fijada según las circunstancias del caso. Esta tesis es conocida como doctrina del "esfuerzo compartido".

3) Las deudas en mora se pesifican conforme las pautas de los decretos reglamentarios 214 y 320/2002, salvo que el acreedor pruebe que, en el caso, no se le ha reparado el daño. Desde que la ley 25.820 estableció que corresponde pesificar 1 a 1 las deudas pactadas en dólares que se encontraban en mora al 6 de enero de 2002, ninguna duda puede haber de que la legislación de emergencia comprende a esas deudas en divisas.

Se cerró así el debate referido al alcance del art. 11 de la ley 25.561, (..."prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de promulgación de la presente ley"), y si el decreto 214/2002 se había excedido del marco legal al abarcar en la pesificación a todas las deudas existentes.

En definitiva, el régimen legal de emergencia sólo distingue dos categorías de obligaciones en moneda extranjera: las concertadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.561 -vencieran o no antes de esa fecha- que quedan comprendidas en la legislación de emergencia, y las concertadas con posterioridad al 6.1.2002, que quedan sujetas a lo dispuesto en los arts. 617 y 619 del Código Civil. Por ello, la normativa impugnada por el actor resulta indudablemente aplicable a su crédito.