Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-15


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 15 días del mes de diciembre del año dos mil nueve, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso-Administrativa, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia a cargo del Dr. Fernando S. L. ROYER y asistencia de los Dres. Daniel Luis CANEO y José Luis PASUTTI para dictar sentencia en los autos caratulados: "E., R. y otros c/ Municipalidad de Trelew s/ cobro de pesos" (Expte. Nº 21.532-E-2008) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 220, de conformidad con las Acordadas N° 3.202 y 3.204 y no habiendo emitido su voto el Dr. ROYER con anterioridad al 1º de Abril del corriente año, corresponde el siguiente orden para la emisión de los votos: CANEO, PASUTTI y ROYER.-- Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PREVIA: ¿Es regular, en orden a la competencia, el procedimiento seguido en este pleito? y eventualmente, y a sus resultas: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación Ordinaria intentado? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la cuestión previa el Dr. CANEO dijo:

ANTECEDENTES:

I.- Ante el Juez Letrado en lo Laboral de Trelew, el 27 de Diciembre de 2005, R. E., D. F. y U. F., agentes de la planta permanente, demandaron a la Municipalidad de Trelew por cobro de diferencias salariales, intereses y costas del proceso.

En el capítulo de antecedentes, relataron que desempeñaron funciones políticas, con reserva del cargo y que una vez culminada su gestión, las licencias devengadas quedaron pendientes de otorgamiento y liquidación. A su entender, ellas debían ser liquidadas según la retribución percibida al ejercer el cargo de mayor jerarquía.- Señalaron que formularon reclamo administrativo previo, y que denunciaron mora de la Administración.

Fundaron su pretensión en la Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza N° 838, Ley N° 69, en los principios generales del Derecho del Trabajo, doctrina y jurisprudencia imperante en la materia (fs. 3/7 vta.).-- II.1.- A fs. 15/21, la Municipalidad de Trelew, opuso excepción previa de incompetencia y contestó demanda.

Como fundamento, esgrimió que las partes en litigio están vinculadas por una relación de empleo público, regida por el Derecho Administrativo y que los actores fundaron su derecho en el Estatuto del Empleado Municipal -Ordenanza Nº 838- sin hacer ninguna referencia a la Ley de Contrato de Trabajo.-- Recordó que ese vínculo, se tipifica por el sujeto empleador que justifica el régimen de Derecho Administrativo, exorbitante al derecho común, receptor de las prerrogativas públicas para la prestación de la actividad administrativa de la comunidad.

Alegó que "el conocimiento de las causas contencioso-administrativas contra actos o decisiones de las Municipalidades y sus entes descentralizados, compete a los Sres. Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial" y añadió que el art. 41 inc. 2° de la Ley N° 37 -Orgánica de la Justicia provincial-, establece que los los mismos son competentes para "entender y resolver en las causas y recursos contencioso-administrativos que se originen en actos o decisiones de las Corporaciones Municipales y sus entes descentralizados y autárquicos".-- II.2.- En cuanto al reclamo en sí, sostuvo que el mismo es improcedente porque los accionantes gozaron la totalidad de las licencias cuyo pago pretenden y porque no tiene fundamento en las normas municipales vigentes.

Caracterizó el instituto de las vacaciones y argumentó que ellas no pueden ser compensadas en dinero salvo el caso de ruptura de la relación laboral, supuesto que no se configura en autos, pues los actores continúan prestando servicios.

Esgrimió que el reconocimiento de la pretensión, constituiría un enriquecimiento sin causa, un injustificable daño patrimonial al Estado y permitiría que quienes detentan un cargo político se generen una indemnización para cuando cesen en la función, desnaturalizando el instituto de la licencia.- Recordó que la Ordenanza Nº 838 establece que las vacaciones sólo pueden ser abonadas en dinero en el supuesto de ruptura de la relación laboral (art. 5 del Anexo II); que las licencias no son acumulables, salvo disposición del Intendente o Secretario del área, en cuyo caso la denegatoria debe ser debidamente fundada; que aún en este último supuesto, no se pueden acumular más de dos períodos; y -finalmente- señaló, que una misma licencia, no puede ser aplazada más de una vez (art. 8 Anexo II).

Aclaró que la situación de los actores no es idéntica, pues en un caso, no existió denegatoria de licencias; en otros, ella se aplazó más de una vez. Y en todos, la solicitud, estuvo mal denegada.

Añadió que, la falta de fundamentos de las denegatorias, impide que éstas tengan efectos interruptivos del plazo de caducidad y aseguró que los accionantes no podían reclamar más de dos períodos de licencia, pues la solicitud respectiva, sólo podía ser aplazada por Disposición del Intendente o Secretario y por razones fundadas.-- Sostuvo que el empleado debe reclamar el goce de la licencia ordinaria, so pena de perder -por su propia inacción- el derecho a usufructuarlas, y los accionantes no demostraron haberlo hecho, razón por la cual debe entenderse que su derecho decayó definitivamente.- Planteó que aún en el hipotético caso de que se haga lugar al reclamo, el mismo sólo podría prosperar respecto de los dos últimos años.

A continuación, explicó que salvo el caso de F., a quien no se le denegaron licencias por razones de servicio; el acto denegatorio de las solicitadas por el resto de los actores, no estuvo suscripto por el Intendente o el Secretario y en su caso, el funcionario interviniente, se limitó a denegarlas "por razones de servicio", sin que ello implique fundamento suficiente a la luz de la normativa vigente.- Argumentó que el reclamo de los actores sólo se funda en la opinión del asesor del Tribunal de Cuentas Municipal, dictamen que tampoco se sustentó en norma municipal alguna.

Finalmente, solicitó que la demanda sea desestimada, con costas.-- III.- A fs. 23/24 vta., la actora solicitó el rechazo de la excepción planteada.-- IV.- El Juez Laboral, declaró su incompetencia y remitió la causa a la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, a efectos de que determine su radicación en alguno de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial (art. 354 inc. 1° del C.P.C.C.) (S.I. N° 91/2006 de fs. 26/27 vta.).-- Para así resolver, juzgó que la pretensión actora se enmarcaba en un vínculo de empleo público, de naturaleza contencioso-administrativa y que en su conocimiento correspondía entender a los Jueces Letrados con competencia en causas y recursos contencioso administrativos que se originen en actos o decisiones de las Corporaciones Municipales y sus entes descentralizados y autárquicos, según las normas de competencia establecidas por el art. 41 inc. 2.a de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia del Chubut, texto ordenado por Dto. N° 1205/81,y sus modificatorias.- Tras el respectivo sorteo, la causa originalmente caratulada: "E., R. y otros c/ Municipalidad de Trelew s/ indemnización de ley", quedó radicada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Trelew (fs. 32).-- V.- Su titular, hizo lugar a la demanda y condenó a la Municipalidad de Trelew, a abonar a R. E., la suma de pesos dos mil quinientos nueve con veintinueve centavos ($2.509,29); a D. F., pesos setecientos cincuenta y cuatro con veinticinco centavos ($ 754,25) y a U. F., pesos ochenta y seis con cuarenta y cinco centavos ($ 86,45), más la tasa que percibe el B. C. S.A. para sus operaciones de descuentos comerciales a 30 días, desde que cada suma que compone los montos a que son acreedores cada uno de ellos fue debida y hasta su efectivo pago (fs. 147/152 vta.).-- Señaló que en los presentes autos, no se cuestionó que mientras los actores ejercieron los cargos políticos, se les reservó el cargo permanente de menor jerarquía que revistaban en el plantel comunal, y que -por razones de servicio- se les denegó las licencias pedidas en los períodos cuyas diferencias reclaman.

Añadió que la demandada alegó la improcedencia de la acumulación de licencias, pero admitió que al cesar en el cargo político, concedió a los accionantes la acumulada en los años anteriores, con lo cual deviene abstracto analizar si las mismas fueron bien o mal concedidas. Con dicho accionar -reflexionó- el Municipio convalidó cualquier nulidad y declaró aplicable la doctrina de los propios actos.

En cuanto a la caducidad de las licencias, articulada por la accionada, caracterizó el instituto citando el precedente de esta Sala (S.D. N° 05/S.C.A./06) y explicó que el art. 8 del Estatuto del Empleado Municipal, era inaplicable al sub-lite, en el que los accionantes no cuestionan su otorgamiento, sino la base tomada por la Comuna para el pago de las ya gozadas, la que -a su entender- debió ser la remuneración del cargo político y no la del permanente reservado.

VI.- El pronunciamiento fue apelado por el Municipio (fs. 155), los actores (fs. 158) y por el letrado de la actora (fs.159).

VII.- A los fines del recurso en estudio, sólo resulta de interés reseñar que a fs. 167/168 vta., la accionada expresó agravios. En primer lugar, criticó que no se haya juzgado que la pretensión de cobrar en dinero licencias, cuando no había existido ruptura de la relación laboral era improcedente.

Luego, descalificó el rechazo del planteo de caducidad de las licencias acumuladas. Argumentó que el haber reconocido erróneamente las caducas, no implica que deba abonar una improcedente diferencia en dinero.

A continuación, estimó equivocado el criterio de la sentenciante quien aseguró que el plazo de caducidad de las licencias tiene que estar previsto en una ley formal y dijo que según el Estatuto, ellas no pueden ser aplazadas más de una vez y para gozarlas, deben cumplirse determinados requisitos.

En otro orden de ideas, y contrariamente a lo decidido por la a-quo, aseguró que el referido plazo, no sólo rige respecto al goce de las acumuladas, sino también respecto del pago de diferencias dinerarias derivadas de las mismas.-- En definitiva, sostuvo que las licencias se encontraban caducas y por ello, pidió que se haga lugar al planteo de caducidad y se revoque la sentencia impugnada en todas sus partes, con costas.-- VIII.- SENTENCIA DE LA SALA "B" DE LA CÁMARA DE APELACIONES CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE TRELEW.- La Alzada confirmó en lo principal el fallo recurrido. Sólo modificó la regulación de honorarios correspondiente al letrado de la actora (fs. 287/294).-- En lo sustancial, interpretó que correspondía determinar si se pagó bien o aún resta a favor de los actores una diferencia, pues al usufructuar las licencias le fueron abonadas según los salarios correspondientes a su cargo de revista en planta permanente y no según el haber correspondiente al cargo político durante cuyo desempeño, se postergó su goce.-- Con cita de autorizada doctrina, declaró que la relación de empleo público debe ser regulada por normas de derecho público, sin que obste que, ante la existencia de lagunas en el mismo en cuanto a la regulación de algunos aspectos, sea viable por vía de analogía aplicar reglas o principios que emanan de normas propias del ámbito regulado por el derecho privado.

Luego, explicó que el Régimen de Licencias incorporado como Anexo II del Estatuto del Personal de la Municipalidad de Trelew, no regula los distintos supuestos que pueden presentarse a los fines de la retribución de las vacaciones anuales pagas, contemplados explícitamente por el art. 155 de la L.C.T., norma que, por no ser incompatible con las características distintivas del empleo público, declaró aplicable al caso de autos.

En definitiva, concluyó que los actores devengaron la retribución de sus vacaciones según el salario que percibían durante el desempeño de su función política y que éstas debían liquidarse según su remuneración y no el de9 la categoría de revista en planta permanente. Todo ello, más allá de que hubiera o no ruptura del vínculo laboral, lo que juzgó indiferente.-- A continuación, declaró inaceptable afirmar que el fin del descanso anual fue satisfecho con el goce efectivo de las vacaciones, pues la remuneración de las vacaciones no es una compensación, sino salario.-- Finalmente, desestimó el agravio de la Comuna vinculado a la caducidad de las licencias acumuladas, pues interpretó que la alusión a la doctrina de los actos propios que dio fundamento a la sentencia de Primera Instancia, no mereció una crítica razonada y concreta (S.D.C. N° 38/2008).-- IX.- A fs. 297 el Municipio deduce Recurso de Apelación por causa de interés público, de conformidad con lo dispuesto por el art. 32 inc. 7° de la Ley Provincial Nº 37 y arts. 244 y 245 del C.P.C.C. y la Sala sentenciante lo concedió (fs. 201 refoliado).

X.- A fs. 208/210, y con fundamento en lo decidido en sentido contrario por la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, en autos: "B., M.P. c/ Municipalidad de Trelew s/ ordinario", cuyos pasajes aislados reproduce textualmente, solicita a este Cuerpo la revocatoria de la sentencia impugnada.-- XI.- La actora contesta el traslado de la expresión de agravios, (fs. 213/215) y solicita el rechazo del recurso intentado.

XII.- En su Dictamen Nº 18/09, el Señor Procurador General, Dr. Jorge L. MIQUELARENA, opina que corresponde rechazar el Recurso Ordinario de Apelación promovido por la demandada contra la Sentencia de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew (fs. 217/218).-- XIII.- A fs. 221, y en mérito a la evidente conexidad (objeto y causa) entre los presentes autos y los caratulados: "B., M. P. c/ Municipalidad de Trelew s/ ordinario" (Expte. 21.656-B-2009), en trámite ante la Secretaría de Recursos Extraordinarios y a fin de evitar la posibilidad de pronunciamientos contradictorios, se suspendió el llamado de Autos para Sentencia, con el objeto de resolver ambas causas en forma simultánea (Auto Interlocutorio Nº 02/2009).

ANALISIS:

I.- Tras la reseña de los antecedentes de la causa, me avoco al tratamiento de la trascendente cuestión previa sometida a consideración del Cuerpo: la competencia, que es un presupuesto del proceso que debió ser discutido in limine litis y sobre el cual, todo juez requerido debe pronunciarse de oficio (Conf.: arts. 4 y 337 del C.P.C.C.; Podetti, "Tratado de la competencia", pág. 364).- En el caso, se trata de la competencia en razón de la materia, de orden público, absoluta e improrrogable y susceptible de ser declarada en cualquier estado del proceso (Conf.: Alsina, Tomo II, Ediar 2°, págs. 514/518).

Para discernirla, corresponde analizar el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal (S.T.J.CH., S.I. N° 175/90; 79 y 118/91; 84/95) así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa y la exposición de los hechos que la actora hizo en su demanda. Pues, más allá del derecho invocado en el reclamo, el criterio determinante es el del derecho aplicable habiéndose decidido que frente a la exposición de los hechos, "el juez debe decidir sobre la competencia con abstracción del régimen normativo alegado". (CNFed. En pleno in re "Boccardo...", LL 1978-C-5).

II.- En primer lugar, debo admitir que los términos de la demanda son confusos, pues de su lectura se extrae que los actores manifestaron que una vez culminada la gestión política, quedaron pendientes de otorgamiento y liquidación las licencias devengadas. La accionada, en cambio, aseguró que ellas fueron íntegramente usufructuadas.- De cualquier modo, -insisto- para discernir la competencia, hay que circunscribirse a analizar la demanda. Y en esa faena, estimo dato suficiente, que E., F. y F., agentes que actualmente revistan en la planta permanente, demandan a la Municipalidad de Trelew, por cobro de haberes y diferencias salariales, con fundamento en la Carta Orgánica Municipal de Trelew, Ordenanza Nº 838, Ley N° 69 y principios generales del derecho del trabajo, doctrina y jurisprudencia imperante en la materia.

La cuestión de fondo traída a debate, el régimen de licencias del empleado público, no es novedosa para el Cuerpo. En efecto, este Superior Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse al respecto, en autos: "M., H. A. c/ Provincia del Chubut" (S.D. N° 5/S.C.A./05); "W., A. c/ Provincia del Chubut s/ demanda contencioso-administrativa" (S.D. N° 11/S.C.A./2006) y -recientemente- in re: "G., B. R. c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros s/ demanda contencioso-administrativa" (S.D. N° 09/S.C.A./2009).-- II.a.- En la causa "M...." refiriéndome a las vacaciones, dije que "...en el Estado Social de Derecho no cabe aceptar la existencia de una relación que sólo admita derechos a favor del poder público, exclusivamente, e imponga sólo obligaciones y deberes respecto de funcionarios y empleados, órganos individuos, imprescindibles para que la Administración cumpla su accionar (ESCOLA - Compendio de Derecho Administrativo - Tomo I- pág. 369,371).- Amén de su caracterización como derecho-deber -en lo que coinciden doctrina y jurisprudencia- no debe olvidarse que las vacaciones anuales, licencia ordinaria o licencia anual reglamentaria paga, constituyen una conquista social del agente público -más allá de las distintas concepciones que explican su naturaleza jurídica- que quedó plasmada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, a idéntico nivel de la estabilidad, o la jubilación, las que -reza el precepto- se asegurarán con la protección de las leyes".-- -Añadí que era: "...Verdad que el ejercicio de ese derecho, como el de ninguno de los constitucionalmente consagrados- es absoluto.- Debe ceñirse a su reglamentación, y ésta, para el agente estatal, está predeterminada en normas estatutarias, que imponen un "status iuris" particular, al cual deben sujetarse los agentes y la Administración misma en respeto del principio de legalidad que rige -debe regir- su "accionar".-- "...La recepción constitucional aludida hace en mi opinión evidente, que la índole de derecho-deber que se le otorga al instituto, si bien es cierto ...beneficia al Estado (muchas de las limitaciones que vienen impuestas por la reglamentación, tienen en miras el interés del Estado en la satisfacción del servicio, tal como la regla de no acumulación) ha sido así consagrado en favor del dependiente con causa en la finalidad de salud, esparcimiento y descanso que la sustentan.- Y por este motivo, y sólo por éste, se impide su compensación dineraria; para evitar que el empleado se sienta incitado -motivado por una razón económica- a privarse del descanso y obtener un salario "extra" en su lugar (Criterio STJ Neuquén en "Montesinos..." Ac. Nº 1040 - 20/8/04 - Neujus).- De ningún modo -estimo en consecuencia- la incompensabilidad reconoce como causa un ahorro estatal.- "La no compensación no sólo salvaguarda principios esenciales de la salud, la vida y la sociedad, sino que conforma la estructura racional de una buena organización" (Ibidem - "R. D...." - Ac. Nº 489/97, "M....." Ac. Nº 860/02)".

Previne que: "...Siendo así, mientras la relación de empleo está vigente, el agente tiene el derecho y el deber de gozar de su licencia anual que le asegura el descanso reparador.- Mas si aquélla cesa, si el vínculo se rompe,... en ese caso el derecho se traduce en moneda.- Y esto es reconocido a título indemnizatorio, y el por qué para que así sea no puede ser otro que por haber el Estado impedido su goce por una razón de servicio, o no haber previsto -como las reglamentaciones lo exigen por la vía de la programación- su goce en el tiempo oportuno".-- En esa oportunidad, en la que había mediado ruptura del vínculo, aduné sobre la razón de la procedencia de la compensación dineraria por vacaciones no gozadas, y su naturaleza indemnizatoria. - II.b.- Recientemente, en autos: "G....", en los que la actora, usufructuó licencias anuales pendientes, devengadas tras desempeñar un cargo de mayor jerarquía al de revista, sostuve que: "No es distinto el tratamiento que proponen los laboralistas, que cito a título ejemplificativo y de abono de esta postura, sin soslayar que la situación de los empleados públicos es distinta, con particularidades propias derivadas de la naturaleza de la relación de empleo, reglada por el derecho público, calificada por la presencia del Estado como empleador, y por el tipo de actividad que desarrolla (pública, vinculada con la satisfacción de intereses de la sociedad)...-- Miguel Ángel PIROLO expone: "...se discute en doctrina si la retribución que recibe el trabajador para atender a sus vacaciones constituye realmente una "remuneración" dado que, como es sabido, ésta corresponde a la prestación de servicios o a la disponibilidad de la capacidad laborativa de aquél y ninguno de estos extremos se da cuando goza del descanso anual. Se reconoce así un carácter asistencial a dicha retribución que acerca el beneficio al ámbito propio de la seguridad social, no obstante lo cual destacamos que nuestro derecho positivo, tanto las leyes y estatutos como reiteradas decisiones judiciales, asignan a aquélla típico carácter remuneratorio. En lo que no existe ningún tipo de discusión, es en que el beneficio fue instituido para que el trabajador goce en forma efectiva -atenta la finalidad higiénica y social que persigue-, por lo que debe descartarse toda posibilidad de que sea sustituido o compensado por otra especie de concesión. El trabajador que prestó servicios ininterrumpidos durante el período que le hubiese correspondido gozar de vacaciones no tiene derecho a compensación alguna porque el "no descanso" no puede sustituirse por dinero...Claro que si se produce la extinción del contrato de trabajo antes de que el trabajador hubiese podido gozar de su descanso anual, en tanto éste no puede concederse porque el vínculo ya no se encuentra vigente, no queda otra posibilidad que abonar una indemnización equivalente a la suma que se hubiese devengado a favor del trabajador en concepto de "vacaciones" para que éste no pierda su derecho a un "descanso remunerado" (Conc. "Instituciones destinadas a proteger la salud del trabajador: Jornada. Descansos. Vacaciones...."- D.T. 1991-A, 929) (S.T.J.CH., S.D. N° 9/S.C.A./09).- III.- La reseña no es ociosa, porque ella me permite afirmar que el pago de la licencia, vigente la relación de empleo público, participa de la naturaleza del salario y su reclamo constituye una pretensión procesal materialmente contencioso-administrativa, especie del género pretensiones procesales, cuya nota común, en la generalidad de los ordenamientos, concierne a su fundamento: se trata de reclamaciones judiciales fundadas en normas y principios de derecho administrativo, a diferencia de la materialidad de la pretensión que se esgrime por vía de la acción de Derecho Común, en que la situación y por ende la relación, se rigen primordialmente por el Derecho Civil.-- Ello es así, aún en el supuesto en que sean invocadas normas de Derecho Laboral, siempre que el objeto del servicio cumplido por el agente sea de naturaleza administrativa (SCBA, B 54.475 I, 30/6/1992; B 54.970 I, 16/2/1993). De lo que se sigue que en el plano jurisprudencial de la Provincia de Bs. As. son casos contencioso-administrativos los que se suscitan entre la Administración Pública y sus agentes en el ámbito de la relación de empleo que los liga (SCBA, B 57.607 I, 18/10/1996).

IV.- Definida la naturaleza de la pretensión, advierto que -salvo la parte actora, quien interpuso la demanda ante el Juez Laboral-, tanto la demandada, como los jueces intervinientes, coincidieron en calificar a la acción planteada como de naturaleza contencioso-administrativa municipal, que en el orden provincial ha sido legislada por la Ley N° 3098.

Al respecto, este Cuerpo calificó como verdaderas "acciones" contencioso-administrativas, las contempladas por las prescripciones del art. 127 y siguientes de la Ley N° 3098, preceptiva que -además- establece una serie de condiciones de admisibilidad de esas vías, que en el Derecho Procesal Administrativo se cualifican globalmente como de "habilitación de la instancia": la reclamación administrativa previa, la necesidad de un acto que cause estado y la previsión de plazos de caducidad.

A propósito de tales presupuestos, declaró que "no sólo la competencia de los tribunales es de orden público, también lo son los procedimientos instaurados, y en su marco, los recaudos para la admisión de las acciones" (S.D. N° 03/S.C.A./98), que deben ser -todos ellos- examinados de oficio por el Tribunal.- Pues la Ley Provincial Nº 3098 indica con toda claridad, que los recaudos están impuestos como presupuestos de procedibilidad de estas acciones -que regula impropiamente como "recursos", según lo estableció la ya asentada jurisprudencia de este Cuerpo- y no son disponibles por voluntad de las partes. Repárese simplemente en su redacción: el art. 128 indica "para que proceda el recurso es necesario..."; el art. 129 reza "el recurso no será admitido..." y el 130 remata "no se sustanciará recurso alguno"... Y aún cuando algunas voces se alzan contrarias a la oficiosidad de este examen (vgr. , Mario Retjman Fara -La consagración legal de la habilitación de instancia de oficio- su inconstitucionalidad- Rev. Derecho Procesal Administrativo, Tomo I, Hammurabi, pág. 917), el texto legal no deja a las Cámaras de Apelaciones ninguna "facultad" al respecto. Están obligadas a verificar su cumplimiento, o en su caso, a fundar su inaplicación o apartamiento, y ésta es una obligación de las comprendidas en el art. 168 de la Constitución Provincial.

V.- Corresponde discernir a continuación -en el marco de la Ley N° 3098- si el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Trelew, era el competente para dirimirla en Primera Instancia.- El derecho adjetivo concede al damnificado distintas opciones: la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción ante el Tribunal competente en lo contencioso-administrativo -Cámara de Apelaciones- (art. 127 Ley N° 3098); o bien, la acción contencioso-administrativa de nulidad, para luego intentar, si ésta prospera, la que demande la satisfacción de los derechos civiles lesionados (acción civil sucedánea a la de nulidad) caso en el cual, la primera deberá ser intentada ante el Tribunal en lo contencioso-administrativo y la segunda, ante el juez civil.- Existe una tercera opción, que no pocas discusiones ha generado en doctrina y jurisprudencia, cual es la de prescindir de la vía contencioso-administrativa para reparar el agravio, y ocurrir ante los tribunales de derecho común (a la que refiere el art. 131 "in fine" de la Ley N° 3098). Pero ello es posible cuando de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción se trata, pues es el objetivo de resarcimiento, la protección o el amparo en el derecho común reclamado, el que justifica esa opción y la consecuente prórroga de jurisdicción, opción que por otra parte no cambia la materialidad de la acción (S.I. N° 3 y 34/ S.C.A./96). Esta previsión normativa, no importa sino la aplicación del principio electa una vía non datum regressus ad alteram, y la elección sólo es posible si se justifica la competencia del juez civil.-- VI.- En el caso, no se demandó suma alguna en concepto de reparación pecuniaria amparada en el derecho común, sino el pago de diferencias salariales vigente una relación de empleo público, pretensión materialmente contencioso-administrativa, que sólo puede ser dirimida por el Tribunal con competencia en lo contencioso-administrativo municipal: la Cámara de Apelaciones (Conf.: arg. art. 127 de la Ley N° 3098).-- En razón de lo expuesto, opino que no puede interpretarse que la actora ejerció la opción que acuerda el art. 131 "in fine" de la Ley N° 3098. A mi entender, planteó una cuestión contencioso-administrativa municipal, ante un Juez incompetente.- En verdad, los actores no podían ejercerla válidamente, porque su pretensión no podía ser resuelta por el Juez Civil por aplicación de normas de derecho común. Simplemente, -insisto- dedujo una acción contencioso-administrativa municipal ante Juez incompetente y ello debió ser advertido "in limine litis", por los Magistrados que en lo sucesivo intervinieron en el sub-lite.-- VII.- Tal es así, pues la naturaleza de la acción planteada, es lo que habilita el ejercicio válido de la opción, toda vez que existen pretensiones -como la deducida en los presentes autos- que se agotan en el Derecho Público, y que no admiten el ejercicio del derecho común, pues -como más arriba se dijo- el Juez civil, no es competente para entender en pretensiones que se deduzcan en relación a los actos de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo. (JUBA sumario B3400428; SAIJ sumario 70012561)-- VIII.- A la conclusión que arribo agrego que la incompetencia del a-quo, no queda purgada con el hecho de que la Cámara de Apelaciones -a la sazón, órgano competente para resolver en Primera Instancia (Conf.: arg. art. 127 Ley N° 3098)- se haya pronunciado sobre el fondo, pues lo hizo en el marco de un procedimiento impropio para la acción intentada, sin verificar su competencia, de orden público.- --IX.- Una última salvedad. La reseña de los antecedentes de la causa, me ha convencido, de que ni la actora, ni los sucesivos magistrados intervinientes acataron los mandamientos de la Ley N° 3098 que diseña el procedimiento contencioso-administrativo municipal, ni la inequívoca y consolidada doctrina legal obligatoria de este Superior Tribunal de Justicia, edificada -las más de las veces- a partir de los numerosos conflictos de competencia que se trabaron como consecuencia de la distinta interpretación de la Ley de Corporaciones Municipales (S.T.J.CH., S.I. Nº 49/95; "P."; 13/S.C.A./96 "P." inclusive, -aunque tangencialmente- en S.D. Nº 08/S.R.E./96 "F.". (Conf.: S.T.J.CH., S.I. Nº 99/2001).- He comprobado que en el marco de una acción contencioso administrativa municipal caratulada: "L., R. c/ Municipalidad de Rawson s/...", la Sala "B" de esa misma Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, expresó "que la acción de plena jurisdicción ...debió haber sido realizada por ante el Juzgado de Primera Instancia de Rawson. Es que cabría entender que este tribunal de apelación, cuenta con competencia atribuida por la ley 37 y concordantes exclusivamente como tribunal de revisión y por ende no puede fungir como tribunal ante el cual pudiera tramitar un procedimiento, cualquiera sea el tipo, propio y connatural a la actividad que se desarrolla en un tribunal de primer grado. Y ello tanto es así que indudablemente las interpretaciones que se han venido dando a los artículos 127 a 133 de la Ley 3098 lejos se encuentran de ser claras. A título de ejemplo, dicha norma denomina recurso a lo que no es recurso o atribuye procedimiento de los recursos (al señalar el art. 132 "in fine" para la tramitación del recurso libre) y luego por vía de interpretación jurisprudencial se termina distinguiendo según sea el contenido del planteo y su oportunidad no solamente por ante quien debe ser presentado sino también la manera en que deberá transitarse en su discusión y decisión. En resumen, sería de considerar como un modo de clarificar en los futuros planteos por ante quién y cómo efectuarlos que, tratándose de acciones de pleno conocimiento (denominadas de plena jurisdicción) deberán ser estos interpuestos por ante el Juez de Primera Instancia y en cambio, cuando se trata de impugnaciones dirigidas contra actos administrativos, deducidas dentro del término de quince días previsto por la ley, deberá darse el tratamiento previsto por el art. 132 de la Ley 3098" (SIC N° 68/08).- Hermenéutica que, desde ya, este Cuerpo no comparte, pues contradice inexplicablemente, los términos de los arts. 127 y 131 de la Ley N° 3098 y la doctrina legal de esta Sala que (ver S.T.J.CH., S.I. N° 49/95), ha sostenido -hasta el cansancio- que la Ley de Corporaciones Municipales, atribuye a la Cámara una competencia material especial, de orden público y por ende improrrogable (Conf.: Autos: "B.... c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia"; S.D. N° 06/S.C.A./07); que las acciones contencioso-administrativo municipales, se rigen principalmente por la norma de su creación e implementación y sólo subsidiariamente, son aplicables las reglas de procedimiento civil; y que: "la Cámara no puede obligar al actor a recurrir a la opción dada por el art. 131 "in fine", desatendiendo el caso de su competencia originaria" (S.T.J.CH., S.D. N° 16/S.R.E./02).-- Otro ejemplo del desentendimiento de las prescripciones de los términos de la Ley N° 3098, por demás paradigmático de lo que aquí se viene expresando, es la actuación que le cupo a la Cámara de Esquel en los autos: "B., N. y otros c/ Municipalidad de Corcovado s/ cobro de diferencias de Pesos s/ recurso contencioso-administrativo" (Expte. Nº 165/04 CANO) (Expte. Nº 20.735-B-2006) que llevaron a esta Sala a advertir, en el marco dado por el art. 178 de la Constitución Provincial, sobre la obligación de cumplir con lo preceptuado por Ley Nº 3098, en orden a la verificación de los requisitos de admisibilidad de las acciones contencioso-administrativas atribuidas a su conocimiento, "in límine litis" para evitar dispendio inútil de jurisdicción, o bien, fundar su apartamiento (S.T.J.CH., S.D. N° 06/S.C.A./07).-- En este caótico contexto jurisprudencial, el principio de seguridad jurídica, zozobra. Por tal motivo, entiendo que lejos de constituir un abstracto prurito formal, postular la anulación de lo actuado a partir del dictado de la sentencia de Primera Instancia, constituye un imperativo, tendiente a paliar la inseguridad generada por el injustificado incumplimiento de los preceptos de orden público que rigen la materia, que se verifica en los presentes autos.

Por ello, propondré al Acuerdo, indicar a los Magistrados actuantes, en el marco dado por el art. 178 de la Constitución Provincial, sobre la obligación de cumplir con lo preceptuado por la Ley N° 3098, en orden a la verificación de los requisitos de admisibilidad de las acciones contencioso-administrativas atribuidas a su conocimiento, "in limine litis" para evitar dispendio inútil de jurisdicción, o bien, fundar su apartamiento, tal como este Cuerpo resolvió en S.D. Nº 06/S.C.A./07; y declarar de oficio la nulidad del fallo de Primera Instancia: S.D. N° 08/2008. ASÍ LO VOTO.-- X.- A continuación, y sin perjuicio de la solución anulatoria que propongo al Acuerdo, considero imperativo opinar sobre la "evidente conexidad" que guarda la presente causa, en la que se resolvió acoger la demanda, con la caratulada: "B., M. P. c/ Municipalidad de Trelew", en la que se decidió lo contrario, anunciada por el Cuerpo.- El forum conexitatis (art. 6 del C.P.C.C.) consiste en un instituto procesal que, con fundamento en la interdependencia de las acciones deducidas desplaza la competencia originariamente establecida en los juicios conexos hacia el juez que interviene en el proceso principal o en el que previno. Su fundamento radica no sólo en la economía procesal, al reunir en un mismo tribunal las causas conexas, sino también en la conveniencia de mantener un mismo criterio para resolver cuestiones vinculadas que tienen origen en los mismos hechos (Conf.: De los Santos M., "Como mejorar la gestión de las causas", Revista J.A. del 26 de Agosto de 2009, coord.. M. De los Santos y E. Días de Vivar, pág. 35).

Pues es dable "evitar la incertidumbre y el escándalo jurídico que implica que un juez diga blanco y otro negro, sobre la misma cuestión litigiosa" (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", pág. 167).- La conexidad, ha sido expresamente valorada por la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew en pleno, en oportunidad de reglamentar la adjudicación de causas elevadas en recurso. En efecto, el art. 1° del Acuerdo Plenario Nº 4 (B.O. 9/12/97), establece que la asignación de Sala en las causas elevadas en recurso se efectuará en la Oficina de Adjudicación de Causas con asiento en esta Cámara de Apelaciones mediante sorteo diario por las categorías de recurso y de proceso determinadas en el art. 3°, salvo en los casos en que cualquiera de las salas, a partir de su integración como tales, hayan prevenido en el asunto, medie atracción, o se trate de un expediente que guarde conexidad con otra causa en la que una Sala ya haya conocido anteriormente.

Consecuentemente el art. 5° determina que, cuando una Sala hubiere intervenido en una causa, ésta quedará definitivamente radicada en ella, aún en los casos de impedimento, vacancia o ausencia de sus miembros, para todas las cuestiones que se susciten... A la misma Sala, le corresponderá también conocer en las causas conexas e íntimamente ligadas con la que haya prevenido.- Lo cierto, es que tras declararse incompetente el Juez Laboral remitió el 26 de Junio de 2006, a la Oficina de Adjudicación de causas, los autos: "B., M. P. c/ Municipalidad de Trelew s/ ordinario" (fs. 24 Expte. N° 21.546). Posteriormente, el 05 de Julio del mismo año, hizo lo propio con la presente causa (ver fs. 30).-- Razones de conexidad y la necesidad de que sea el mismo juez el que intervenga en su conocimiento a fin de evitar el posible dictado de sentencias contradictorias -como de hecho ocurrió-, exigían que las causas de marras fueran adjudicadas a la misma Sala: en el caso, la "B" que fue la primera que previno, según constancias de fs. 129 vta. de la presente causa y fs. 162 vta. de los autos: "B., M....". Mas ello, no fue oportunamente advertido por la Oficina de Adjudicaciones, pese a lo dispuesto por la última parte del art. 1° y 5° del Acuerdo N°4 de la CANE. (B.O. del 9/12/97).

XI.- Esta circunstancia, me lleva a proponer al Acuerdo que se indique a la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew que, en lo sucesivo, bien sea en las causas elevadas en recurso, como en aquellas otras, en las que deba conocer originariamente (vgr., art. 127 Ley N° 3098; S.T.J.CH., S.I. N° 49/95) extreme los recaudos tendientes a evitar la reiteración de situaciones como la aquí planteada, que menoscaban gravemente el servicio de justicia, el principio de seguridad jurídica y la garantía de igualdad del art. 16 de la Constitución Nacional. ASÍ LO VOTO.- -A la misma cuestión, el Dr. PASUTTI dijo:

1.- Tal como fue propuesto, corresponde determinar liminarmente si el procedimiento seguido en los presentes autos, es regular en orden a la competencia.

Para determinarla, la Corte Suprema de Justicia de la Nación enseña que debe atenderse de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y después sólo en la medida en que se adecue a ello, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión, así como también a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes (Fallos, 328 en "Sociedad Ayuda Mutua de Peluqueros y Peinadores de Tucumán", 8/2/2005, en igual sentido "Curatola, Wenceslao V", 8/2/2005; 328 en "Gincoff, Ivonne Elizabeth v. Cerenich, Ramón s/ medida cautelar genérica" 3/5/2005; 328, en "Mucciolo, Rubén Alberto v. Estado Nacional y otro s/ daños y perjuicios", 11/10/2005).- Por tal motivo, considero redundante reproducir los antecedentes de la causa que tan prolijamente reseñó el colega que me precede en el voto, que hago míos.- 2.- Basta decir que en el sub-lite, los actores, relataron que luego de haber desempeñado cargos políticos, llamados de gabinete, volvieron a revistar en la planta permanente, sin que se les haya otorgado y liquidado las licencias devengadas durante los períodos en los que ejercieron funciones de mayor jerarquía. Por tal motivo, y con fundamento en la Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza N° 838, la Ley N° 69 y los principios generales del Derecho del Trabajo, doctrina y jurisprudencia imperante en la materia, demandan a la Municipalidad de Trelew, por cobro de diferencias de haberes que calcularon a fs. 9 de los presentes autos.- 3.- Cabe entonces, definir la naturaleza de la pretensión esgrimida, "pues el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuanto orden judicial especializado, se acota exclusivamente en función de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo...., lo que significa que todas las demás pretensiones que los particulares puedan verse obligados a ejercitar ante los entes públicos y las que éstos mismos traten de hacer valer ante aquéllos se canalizan a través de los demás órdenes jurisdiccionales según su respectiva naturaleza (civil, laboral, etc.) sustanciándose con arreglo a las leyes generales privativas de cada uno de ellos en el marco de los procesos, ordinarios y especiales, que éstas diseñan, en los que la Administración puede comparecer, como demandante o demandada, en condiciones de igualdad con los particulares que han tratado con ella las relaciones jurídicas en las que tienen su origen los eventuales conflictos. La presencia de la Administración en un proceso ante los tribunales ordinarios, no altera esencialmente el derecho material y objetivo, aplicable con carácter general" (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, "Curso de Derecho Administrativo", Tomo II, cuarta edición, Civitas, pág. 677).- 4.- A propósito de la cuestión en litigio, y en caso análogo al sub-lite, sostuve -citando a García Pullés-, que las vacaciones son para preservar la salud integral de las personas que trabajan, por eso su utilización resulta obligatoria para el empleado o funcionario, y dada la finalidad deben ser consideradas de "orden público". Pero ".parece adecuado tener en cuenta que.el distracto ocasiona la imposibilidad de usufructuar la licencia anual ordinaria, y por lo tanto habilita la correspondiente reparación pecuniaria; pago que tiene la naturaleza de indemnización, de modo que la suma debida en concepto de licencia anual no gozada tiene el carácter de remuneración." (Régimen de Empleo Público en la Administración Nacional - Lexis Nexis 2005 -pág. 187 a 189 - mi voto en S.D. Nº 5/S.C.A./05 in re "M..").- En la misma oportunidad, añadí que: "No es ocioso sin embargo evocar el criterio concordante que aplican los laboralistas.- Así lo explica FERNÁNDEZ MADRID "...Las distintas formas de calcular el pago de las vacaciones, según cuál fuera la modalidad de la remuneración del dependiente prescripta en . están inspiradas en el principio de que, durante dicho período, el trabajador debe ganar un importe similar al que le hubiese correspondido en caso de encontrarse en actividad" (Conc. "Retribución de las Vacaciones" - Doctrina Laboral ERREPAR - Junio - 2009 - Boletín XXIII- pág. 608).

Y el salario, guarda íntima afinidad con la naturaleza de la relación de función o empleo público. Inveteradamente esta Sala, siguiendo a MARIENHOFF, ha fallado "...Hay autores que sostienen que esta relación es "contractual", siendo el sueldo no otra cosa que la obligación que el "contrato" de empleo público pone a cargo del Estado y a favor del empleado público; otros, afirman que la relación de empleo público reviste carácter de "unilateral", sea en su formación o en la regulación del servicio, teniendo el sueldo naturaleza estatutaria. A todo evento, cualquiera sea la posición adoptada, el salario tiene el carácter de "alimentario" en el sentido de que la suma recibida se le abona al funcionario público o empleado público para que subvenga sus necesidades esenciales y las de su familia". (vg. S.D. N° 43/90 in re "S., F..").- Y es concordante otra jurisprudencia como lo demuestra reciente fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ...la remuneración es la "contraprestación que percibe el agente público por su trabajo en el desempeño de su función o empleo, en forma normal, habitual y permanente, y está constituida tanto por la asignación básica señalada a la función, cargo o empleo respectivos, como también por diversas asignaciones accesorias o complementarias (vgr. por antigüedad), cuya procedencia depende de cuestiones de hecho, referidas a la función, a la jerarquía del funcionario, o a su situación personal, tenidas en cuenta en la reglamentación aplicable al caso...". (Conf. Sent. 26/05/09 - in re "E.." en el Dial-AA5438).- Y ese salario - de conformidad con el art. 32 y 33 inc. 1 y 34 del Decreto Ley N° 1987 para los agentes públicos de la Administración Central y el Régimen de Licencias específico, debe ser mantenido" (S.T.J.CH., S.D. N°9/S.C.A./2009).

5.- De lo expuesto, infiero que la pretensión de los accionantes de que se condene al Municipio a pagar las diferencias salariales que resultarían entre lo percibido y lo que les correspondería en concepto de licencias ordinarias acumuladas y devengadas mientras ejercieron un cargo de mayor jerarquía al de su actual revista, constituye un derecho subjetivo público que integra el concepto de remuneración.- A lo que añado, que sólo en el supuesto de producirse la ruptura, aquella pretensión tendría carácter indemnizatorio y podría ser eventualmente reclamada ante el juez ordinario.-- La disquisición no es vana, pues la cuestión litigiosa a resolver, se encuentra directa e inmediatamente relacionada con la aplicación e interpretación de normas de derecho público, como son las que reglamentan las relaciones jurídicas derivadas del empleo público a las que en principio no le son aplicables las disposiciones del derecho del trabajo o del derecho civil, sino que sólo supletoriamente respecto de situaciones no previstas en esas disposiciones, lo que no basta para convertir en civil al proceso (C.S., Fallos, 318:1205).

6.- Ahora bien, surge explícitamente de la Ley N° 3098, y ha sido dicho en diversos resolutorios de este Cuerpo que la competencia contencioso-administrativa está dividida en el territorio provincial según se trate del orden provincial o municipal. El conocimiento de las causas se ha atribuido en el primer caso, al Superior Tribunal de Justicia por la Ley Orgánica Nº 37 y en el segundo, por imperio de la Ley de Corporaciones Municipales, a las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, que entienden en ellas por un procedimiento especial.-- El damnificado por una Corporación Municipal o por uno de los Organismos Autárquicos creados por ella en ejercicio de sus funciones propias, o de una sociedad constituida en la que aquélla tenga participación, tiene distintas opciones: la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción (en que la acción civil es ejercida en forma complementaria y simultánea con la de nulidad de los actos) ante el Tribunal competente en lo contencioso-administrativo; o bien la acción contencioso-administrativa de nulidad, para luego promover, si ésta prospera, la que demande la satisfacción de los derechos civiles lesionados (acción civil sucedánea a la de nulidad), caso en el cual la primera debe ser intentada ante el Tribunal en lo contencioso-administrativo y la segunda, ante el juez civil (Conf.: S.T.J.CH., S.I. N° 49/95; 3, 13 y 34/S.C.A./96).- El derecho adjetivo contempla, otra opción a favor del administrado que no dejó de ser objeto de hermenéutica por este Cuerpo, la prevista por el art. 131 "in fine", en redacción que se calificó de oscura y escueta, que es la de demandar ante los tribunales ordinarios, por las vías previstas en el ordenamiento común.- Pero ello, sólo es posible cuando de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción se trata, pues es el objetivo de resarcimiento, la protección o el amparo en el derecho común reclamado, el que justifica esa opción voluntaria del actor y la consecuente prórroga de jurisdicción, opción que por otra parte no cambia la materialidad de la acción (S.T.J.CH., S.D. N° 8/S.R.E./96).

A todo lo dicho, corresponde agregar que por tratarse de una norma de competencia, es de interpretación restricta: su ratio legis indica que sólo puede admitirse esta elección, en las acciones contenciosas con pretensión de plena jurisdicción de índole resarcitoria o reparatoria, que es la que justifica y autoriza la intervención de un juez civil, que además del caso regido por el derecho administrativo, debe resolver sobre esta otra cuestión derivada, que se sustenta en el derecho común (Conf.: S.T.J.CH., N° 3 y 34/S.C.A./96, S.D. Nº 08/S.R.E./96).

La pretensión anulatoria, en tanto, de objeto declarativo, no encaja en la previsión de esta norma. Para resolver sobre cuestiones exclusivamente regidas por el derecho administrativo, el juez ordinario es incompetente. La atribución ha sido conferida por la Ley N° 3098, a las Cámaras de Apelaciones en el contencioso-administrativo municipal (S.T.J.CH., S.D. N° 03/S.R.E./98; S.I. N° 15/S.C.A./08).- 7.- En el caso de autos, los agentes municipales no demandaron la nulidad de ningún acto administrativo -no era necesario hacerlo, en tanto resultó tácito (Conf.: art. 131 de la Ley N° 3098)-, ni suma alguna en concepto de indemnización, sino diferencias salariales encontrándose vigente -insisto- la relación de empleo público, de modo que el Juez Ordinario no es competente para dirimir las que se deduzcan en relación a los actos de la Administración Pública Municipal, sujetos al Derecho Administrativo.-- 8.- La competencia ratione materiae es indelegable e improrrogable y esta regla, es aún más rígida en materia contencioso-administrativa, privativa y excluyente, con un procedimiento especial de orden público e irrenunciable, por lo que su falta puede ser declarada de oficio (PODETTI, "Tratado de la Competencia", pág. 372, con cita de jurisprudencia de la Corte Bonaerese). ASÍ LO VOTO.-- Ya lo anunció el Dr. CANEO, y en ello concuerdo en un todo: ni las partes, ni los sucesivos Magistrados intervinientes han reparado en los términos de la Ley N° 3098, ni en la doctrina legal de este Cuerpo. Ello proyecta un manto de inseguridad jurídica que debe ser conjurado con decisiones que -como la presente- encausen los procedimientos según las normas de orden público que los rigen y que los jueces deben acatar, o bien fundar su apartamiento (Conf.: art. 168 C.P.). Lo que no ocurrió en el sub lite.-- "...Es crucial el principio de la seguridad jurídica y los jueces tienen el deber de protegerlo (Fallos, 242:501). Lo que es determinante es la predictibilidad de lo que sigue; la previsibilidad de reglas de juego coherentes, que permitan a los negociadores y a los justiciables saber a qué atenerse. Seguridad jurídica como valor preeminente y jerarquizado (Fallos, 242: 501) encaballada entre la garantía del proceso justo, la defensa en juicio, art. 18 de la C.N., lo que se pide y lo que debe ser reconocido por la jurisdicción -y el derecho de propiedad- con cita de Augusto Morello, "Admisibilidad del Recurso Extraordinario", págs. 147/149).-- Por lo expuesto, coincido con el Ministro que me precediera en el voto en: 1º) Se indique a los señores jueces, en el marco de lo dispuesto por el art. 168 de la Constitución Provincial, sobre la obligación de cumplir con lo preceptuado por Ley Nº 3098, en orden a la verificación de los requisitos de admisibilidad de las acciones contencioso-administrativas atribuidas a su conocimiento, "in límine litis" para evitar dispendio inútil de jurisdicción, o bien, fundar su apartamiento (S.T.J.CH., S.D. N° 06/S.C.A./07); 2º) declarar la nulidad del fallo de Primera Instancia: S.D. N° 40/08, y 3º) Devolver la competencia a la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, quien -constituida por sus subrogantes legales- habrá de conocer y dirimir, originariamente la acción contencioso-administrativa deducida en los presentes autos (art. 127 Ley N° 3098). ASÍ LO VOTO.-- 9.- El Cuerpo advirtió que entre el sub-lite, en el que la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, confirmó la decisión de hacer lugar a la demanda y los caratulados: "B., M. P.c/ Municipalidad de Trelew", en los que la Sala "A" de la misma Cámara, se expidió en sentido contrario, existe evidente conexidad, consecuentemente resolvió dictar sendas sentencias simultáneas.

La Oficina de Adjudicaciones, -en cambio-, no lo hizo, ni cuando recibió las causas remitidas por el Señor Juez en lo Laboral, ni luego, -pese a lo dispuesto por los arts. 1° y 5° del Acuerdo Plenario Nº 4 de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew- cuando asignó a las distintas Salas, las causas elevadas en apelación.

Ello motivó que en pleitos análogos, se dicten sentencias notoriamente contradictorias, y ello justifica que también coincida con lo propuesto por el Dr. CANEO en que se indique a la Cámara en pleno, que en lo sucesivo extreme los recaudos necesarios tendientes a evitar que estas situaciones se repitan pues lesionan gravemente la buena administración de justicia, el principio de igualdad y de seguridad jurídica. ASÍ LO VOTO.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación -remitiéndose al Dictamen de la Procuración General- decidió que aún cuando no se configure una identidad total en relación a los sujetos involucrados y al objeto inmediato de los juicios, no obsta que aún cuando faltare alguno de estos elementos, proceda su concentración ante un mismo juez si se evidencia la posibilidad de fallos contradictorios; máxime cuando ambos se sustancian por hechos estrechamente vinculados, con un objetivo final evidente de manera que resulta por demás razonable unir todas las actuaciones ante un único tribunal, evitando el riesgo del eventual dictado de sentencias contradictorias y favoreciendo la buena y correcta administración de la justicia (Fallos, 329:1611).-- A igual cuestión, el Dr. ROYER dijo:

De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. CANEO y PASUTTI, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.475 y el Acuerdo Nº 3.202.-- A la primera cuestión, el Dr. CANEO dijo:

Atento a como me pronuncié en la cuestión previa, resulta abstracto expedirme sobre ella.- A la segunda cuestión, el Dr. CANEO dijo:- Propongo al Acuerdo: 1º) Declarar la nulidad de la Sentencia Definitiva Nº 08/08 de fs. 147/152 vta., por causa de incompetencia por razón de la materia, 2º) Declarar la competencia de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew para pronunciarse en primera instancia en la acción contencioso-administrativa deducida en estos autos (art. 127 Ley N° 3098). 3°) Reenviar esta causa a la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, para que los respectivos subrogantes legales dicten sentencia, según corresponda. (Conf.: apl. anal 2da. parte del art. 296 del C.P.C.C.). 4º) Atento a como se resuelve, sin costas. 5°) Regular, según lo manda el art. 47 del Dto. Ley N° 2200, reformado por Ley N° 4335, T.O. Dto. N° 138/99, los honorarios del Dr. A. M. S.., en el 25% del mínimo legal previsto para los procesos de conocimiento, estipulado por el art. 8° del mismo Decreto Ley, con más IVA si correspondiere.- Estimo que no corresponde regulación al letrado de la demandada, conforme el art. 2 del mismo cuerpo normativo.

A las mismas cuestiones, primera y segunda, el Dr. PASUTTI expresó:

De conformidad con los términos de mi voto en relación a la cuestión previa, acuerdo con la solución que propicia el Dr. CANEO para resolver la primera y segunda cuestión. ASÍ LO VOTO.- A la misma cuestión el Dr. ROYER dijo:- Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.-- Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente: - -S E N T E N C I A - 1º) DECLARAR la nulidad de la Sentencia Definitiva Nº 08/08 de fs. 147/152 vta., por causa de incompetencia por razón de la materia.

2º) DECLARAR la competencia de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew para pronunciarse en primera instancia en la acción contencioso-administrativa deducida en estos autos (art. 127 Ley N° 3098).

3°) REENVIAR esta causa a la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, para que los respectivos subrogantes legales dicten sentencia según corresponda.

4º) SIN COSTAS.- 5º) REGULAR los honorarios del Dr. A. M. S., en el 25% del mínimo legal previsto para los procesos de conocimiento, estipulado por el art. 8° del Dto. Ley N° 2200, reformado por Ley N° 4335, T.O. Dto. N° 138/99, con más IVA si correspondiere.- Sin regular al letrado de la demandada, conforme el art. 2° del mismo cuerpo normativo.

6º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.-- Fdo.: Dr. Fernando S. L. ROYER - Dr. Daniel Luis CANEO - Dr. José Luis PASUTTI. -- RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.009 REGISTRADA BAJO EL N° 04 S.R.O.E. CONSTE