marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen penal cambiario, infracciones tributarias, recurso de apelación (procesal), acción penal, prescripción, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Crédito Santa Elena LTD s/ infracción ley 24144
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-24

Se revoca la resolución apelada por la Sra. Representante del Ministerio Publico Fiscal y se confirma el pedido de prescripción de la acción penal de las infracciones cambiarias que sobreseyera a los actores, dado que el plazo para el computo de la prescripción que es de 6 años conforme lo previsto por el art. 19 de la ley 19.359 (modificada por ley 24144) se encuentra cumplido. Dicho plazo se computa a partir de la última fecha que tuvo lugar el acto con entidad interruptiva que para el caso es el proveído de apertura a prueba de fecha 12 de noviembre de 204.
Legitimación pasiva, juicio de desalojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PETRICA H. c/ DIECRICH s/ des (LIBRO: S064 - 342)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-03-23

El fiador, como principal pagador a garantizar el pago de honorarios y gastos del juicio de desalojo, según contrato, puede ser demandado judicialmente.
Relación de dependencia, carga de la prueba, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: González raúl c/ Gómez Felipe Angel y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-25

El legislador privilegia el contrato por tiempo indeterminado y establece una presunción legal a favor de su existencia, conforme art. 92 LCT. Vale decir que es el demandado quien debe asumir la carga de su alegación. Por aplicación del art. 92 de la LCT, el actor no tiene necesidad alguna de acreditar su invocación, puesto que también él tiene interés que se evidenciara nítidamente que la relación laboral habida entre las partes, era de carácter permanente, no eventual.
Recurso extraordinario federal, jubilación por invalidez, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Longo, Pedro c/ Administración Nacional de la Seguridad Social.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

Es arbitraria la sentencia que denegó el beneficio de jubilación por invalidez si el tribunal se ciño al primer dictamen emitido por el Cuerpo Médico Forense sin ponderar la totalidad de las pruebas y certificaciones acompañadas, tipo de tareas realizadas y la repercusión de las afecciones padecidas en su desempeño.
Mala praxis, responsabilidad profesional, daños y perjuicios, tratamiento médico
Materia: CIVIL
Carátula: Muñoz, Mabel Ercilia  c/ Prevenir S. A. y otros  s/ d. y p. derivados de la responsabilidad por el ejercicio profesional (mala praxis)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-14

La demanda de mala praxis debe admitirse, ya que la infección de la lesión en la mano derecha era previsible, y por ello en la atención inicial se le indicó a la actora tratamiento antibiótico, más luego se incurrió en negligencia en el control del tratamiento indicado, permitiendo que la infección avanzara, y, además, detectada esta última, no se actuó con la urgencia que la situación exigía, demorando la intervención del médico especialista en mano y la realización de la toilette quirúrgica.
Allanamiento domiciliario, allanamiento de lugares públicos, orden de allanamiento, local comercial, consentimiento del morador
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Bindi, G.A. s/ Allanamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-23

No puede otorgarse valor incriminatorio a los elementos secuestrados en un local comercial sin la pertinente autorización judicial y fuera de los casos de excepción previstos en el art. 189 del C.P.M.P., máxime cuando no surge que el consentimiento prestado por quienes se hallaban a cargo del negocio haya sido libre.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: G., E. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-07

"Para la procedencia genérica de las medidas precautorias son presupuesto de rigor la verosimilitud del derecho invocado "fumus bonis iuris" y "periculum in mora" de la tutela por otorgar, añadiéndose la caución que el Juez fijará de acuerdo con las normas de rito, a fin de enjugar los perjuicios que el requirente pudiere causar si hubiere procedido sin derecho o con abuso o exceso en su ejercicio".
Actividades molestas, abuso del derecho, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Previsión Social para Procuradores c/ Lubokor S.R.L. y otros. s/ Indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad objetiva.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

La responsabilidad que emerge del art. 2618 del C.C., ya sea que se considere que tiene su fundamento en el "uso abusivo o antifuncional de los derechos", previsto en art 1071 del C.C., o que derive del principio general del art. 1113, no exige elemento subjetivo alguno.

La responsabilidad no nace en estos casos porque el acto esté prohibido por la ley expresamente sino porque está dada la ejecución u omisión de conductas que puedan interferir en la esfera patrimonial o moral de otra persona generando el entuerto perjudicial o dañoso.
Robo, tentativa inidónea
Materia: PENAL
Carátula: POGGI, ALEJANDRO M. s/ TENTATIVA - ROBO - DAÑO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-17

Como la intención del procesado era sustraer cualquier cosa de valor que pudiera encontrar, cosa que no hizo por no haber hallado nada, es obvio que el efecto de la acción no se produjo sólo porque ocasionalmente escapó a la agresión el bien contra el cual se dirigía la ofensa. Consecuentemente, trátase de una hipótesis de tentativa idónea del delito de robo pues el bien jurídico protegido ha sido puesto en situación de peligro.
Honorarios del abogado, prescripción, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Conti, Antonio Andrés Benito s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-02-20

El art. 4032 del Código Civil rige únicamente para el plazo de prescripción de los honorarios aún no regulados, mientras que para los honorarios ya cuantificados, hace jugar el término decenal residual previsto por el art. 4023 del Código Civil, pues se produce la transformación en el título de la obligación, no correspondiendo tampoco distinguir si los estipendios han sido notificados o no se encuentran firmes, pues no es ello lo que hace variar la norma aplicable.
Contratos administrativos, incumplimiento del contrato, tasación, facultades del juez
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: LO GIUDICE Y PACE  O.L. c/ ESTADO NACIONAL - IME s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

El a quo hizo lugar al reclamo por los bienes que, pese a figurar en el listado, no fueron entregados, siguiendo la pericia, pero para determinar su valor se apartó de la tasación efectuada por el perito ingeniero según el valor "en plaza", señalando al efecto que los bienes no entregados no alcanzan al 20% del total correspondiente a los sectores 3, 4 y 7 y que, tratándose de un incumplimiento parcial de contrato, debía establecerse qué porción del precio efectivamente pagado por los actores correspondía a la porción de bienes no entregados por IME. Así, el a quo revisó los libros correspondientes a bienes de uso y de cambio, siguiendo los listados confeccionados por los peritos, para comprobar que los bienes no entregados constituían menos del 20% del total, y luego estimó prudencialmente el valor de ellos haciendo uso de las facultades conferidas por el art. 165 del Código Procesal, procedimiento que resulta inobjetable.
Pena privativa de la libertad, igualdad ante la ley, readaptación del condenado, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: R., P. M. c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-30

Sin perjuicio del delito del que se trate, la aplicación de una pena privativa de la libertad no puede concebirse en un régimen de ejecución que no prevea ninguna salida anticipada, sin violar el derecho a la igualdad y la resocialización. Por ende, la constitucionalidad de la norma que prevé la prisión perpetua deberá mantenerse siempre que la persona privada de la libertad pueda gozar de un tratamiento adecuado y de la posibilidad de un egreso anticipado antes de agotar la pena impuesta. De ese modo, el punto central no alude a la inconstitucionalidad de la prisión perpetua sino a las reglas que impiden cualquier clase de egreso anticipado, basado en el esfuerzo de la interna, cuestión que no fue cuestionada por la recurrente, de modo que se carece de jurisdicción para pronunciarse al respecto, en tanto la competencia de la cámara de casación es apelada y revisora, lo que significa que en todos los casos únicamente pueden escrutarse los agravios que hayan sido planteados. Esto no significa en modo alguno clausurar la discusión sobre el punto, pues la imputada o su defensa puede reeditar la cuestión durante la ejecución de la pena, en tanto la regla del art. 14, segundo párrafo, CP, tiene directa incidencia en la forma de cumplimiento de esa sanción (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Morin). Cita de "Prado", Sala 2, Reg. nro. 965/2016, resuelta el 1 de diciembre de 2016; "Guerra", Sala 2, Reg. 1563/2018, resuelta el 29 de noviembre de 2018
Jubilación por invalidez, enfermedades inculpables, ley previsional, interpretación amplia, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PROCHETTO, ROSARIO HAIDEE MONZON VDA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 475-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

El apego excesivo al texto de las normas, sin apreciar las circunstancias particulares del caso de quien solicita una jubilación por invalidez, no se aviene con los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se deben tener en cuenta para tratar las peticiones vinculadas con la materia previsional; y conduce a una inteligencia del texto legal, que se aparta del objetivo constitucional de proteger de manera integral a la familia;

por lo tanto, resulta procedente el recurso interpuesto, debiendo la Caja acordar a la actora -en su carácter de esposa del causante- el beneficio de pensión derivado de la jubilación por invalidez que le hubiera correspondido a su esposo. En el caso, la Administración consideró que carecen de valor probatorio las constancias de la historia clínica del esposo de la actora en el Hospital Psiquiátrico, porque no hacen sino acreditar "meras internaciones".

A su vez, al alegar, se apoyó en el informe del perito médico sorteado, que había dictaminado como parcial y transitoria a la incapacidad derivada de intoxicación alcohólica, y circunscripta a los días de ausentismo laboral. Resulta así que para denegar el derecho de pensión de la actora, sólo se tuvo en cuenta la falta de prueba acerca del grado de invalidez por causas patológicas, sin considerar el de su incapacidad de ganancia, determinada por su alcoholismo crónico anterior al cese, su edad en ese momento y su proyección en los dos años posteriores, y el ámbito en que vivía.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, proceso penal, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Villada, Juan Carlos y otros s/ robo calificado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

La dudosa fundamentación de la apelación federal no puede gravitar en desmedro del condenado que se halla privado de su libertad, pues no sería más que el resultado de un defecto de la asistencia profesional mínima que el Estado debe proveer para que el juicio penal y sus trámites posteriores se desarrollen en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar la imputación.
Partes del proceso, demandado, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: TALLERES NAVALES DARSENA NORTE SACIYN c/ NEPTUNO SRL s/ LOCACION DE OBRA DE BUQUE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-07

La pretensión de Bottachi SA de Navegación que no reviste calidad de parte demandada resulta improcedente, ya que reconocerle el derecho de reconvenir implicaría constreñir al actor a litigar contra una persona ajena al sujeto pasivo originario lo cual, por aplicación del principio dispositivo, es inadmisible.
Acción de amparo, establecimientos educacionales
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asesoria tutelar c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-13

Resuelve suspender el instructivo difundido a las autoridades educativas por el GCBA para el caso de toma de establecimientos educativos por estudiantes y convoca a las partes a una audiencia. Considera claro que por un lado, los estudiantes están haciendo uso de derechos constitucionales tal como han reseñado los actores y por el otro, que las autoridades administrativas ejercen sus competencias fuera de un marco mínimo de legalidad, constatándose entonces el supuesto de vías de hecho. Advierte que la Dirección de Educación Media del Ministerio carecería de competencia legal para establecer órdenes escritas o verbales ante la toma de los establecimientos.
Administración fraudulenta, subversión económica
Materia: PENAL
Carátula: BTESH, MARCOS Y OTRO. s/ DEFRAUDACION-    ADMINISTRACION  FRAUDULENTA.  SUBVERSION  ECONOMICA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-09-16

Debe declararse la incompetencia de la Justicia de Instrucción, por cuanto el delito tipificado es el de subversión económica y no el de administración fraudulenta.

El artículo 6to. de la ley 20.840 no hace referencia, en cuanto al dolo del autor, a un elemento ideológico, sino al ánimo de lucro o a la malicia que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en general, porque al fin conducen a lo mismo, afectando un bien jurídico superior.

Es que la actividad de los imputados, aunque no denuncie el acatamiento a postulados ideológicos, a través de un afán de lucro o de su malicia, determina la consecuencia, prevista por la norma, del riesgo para una empresa, creando un peligroso fermento de inquietud social.
Competencia, cuestiones de competencia, etapas del proceso, traba de la litis, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Galarza, Rosana Mariel c/ Prevención ART SA s/ Otros reclamos s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

La correcta traba del conflicto exige el conocimiento por parte del tribunal que la inició de las razones que informan lo decidido por el otro juez, para que declare si sostiene su posición o no lo hace (Fallos: 327:6037, "Fresoni"). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Prueba, escritura pública
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIAR LUIS Y OTRO c/ PINDAPOY S.A.A.I.C. s/ COBRO DE PESOS INDEMNIZACION POR DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-18

Por lo que, en rigor, constituía la sustancia de la prueba ofrecida, no son las fotocopias en sí sino las constancias de las escrituras públicas acreditables exclusivamente mediante la exhibición de las copias autorizadas por el Escribano -artículos 979, 1006 y 1010 del Código Civil- o de la escritura matriz obrante en el protocolo respectivo y dada la situación especial - fallecimiento de la notaria y radicación del protocolo en el registro-, su obtención sólo puede lograrse por orden judicial.
Daños y perjuicios, automotores, obligaciones del fabricante, certificado de garantía, compraventa, reparación de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Duarte Duarte, Benito c/ Volkswagen SA de Ahorro P/F determinados y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

No se puede atribuir responsabilidad a la concedente por el incumplimiento de su concesionario toda vez que no se acreditó que haya mediado conducta reprochable alguna. Máxime cuando no se advierte elemento convictivo que revele una actuación contraria a la normativa o a lo convenido; siendo que la entrega de la unidad adjudicada con todos los elementos necesarios para su registro corresponde a la concesionaria. Ello así, en el caso, la pretensión de entrega de la documentación necesaria para inscribir el automóvil a nombre del adquirente y el reclamo indemnizatorio están sustentados por el incumplimiento incurrido por la concesionaria a su obligación de entregar la unidad que el actor adquirió conforme al formulario completado a tal efecto, sin que se haya alegado actuar antijurídico alguno por parte de la terminal y sólo se haya justificado su incorporación a este proceso en virtud de una particular interpretación no compartida de lo establecido en la LDC 40
Competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Márquez, Jorge H. c/ Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego s/ Daños y perjuicios, Expte. nro. 418/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-06-12

Como ya he sostenido antes de ahora (CNCont.Adm.Fed., Sala IV, "Fabris" del 14.03.89; L.L. 1990-A, p. 670), la competencia de los tribunales en lo contencioso administrativo requiere que, además de ser parte en el pleito el Estado (en un sentido amplio, art. 1° CCA), la pretensión del actor esté regida prima facie de modo preponderante por el derecho administrativo. El fuero civil y comercial posee una competencia de atribución genérica (o "residual") en tanto que el contencioso administrativo es una atribución especial. Teniendo en cuenta que, independientemente de la naturaleza de la actuación del Estado, la responsabilidad por error judicial no se rige por normas de derecho administrativo, no operan los supuestos bajo los cuales se habilita la especial competencia originaria de este Tribunal (del voto del Dr.

Hutchinson, en minoría).
Retiro militar, Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonelli, Jorge O. c/ Gas del Estado S.E. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

No puede soslayarse que dentro de las facultades que corresponden al I.A.F. en orden al fiel cumplimiento de las finalidades de su ley orgánica y de la correspondiente al personal militar (art. 7, inc.

j, de la ley 22.919) se encuentra la legitimación para sostener sus decisiones ante los tribunales, aun cuando la impugnación de parte se refiera a la validez constitucional de la ley aplicada, pues de otro modo quedarían menguadas sus atribuciones, dentro de las cuales quedan comprendidas la ejecución y pago íntegro de los haberes devengados, como también de los que estando reconocidos en la esfera administrativa fuesen desconocidos con posterioridad por el I.A.F.

en ejecución de la ley para el personal militar.
Caducidad, interpretación restrictiva, recurso contencioso administrativo, interrupción de la caducidad
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Transporte Nueve de Julio Sociedad Anónima c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Perención   de instancia (Expte. CSJ Nº 530-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-15

Si una parte ha confiado en el carácter interruptivo de la perención de un determinado proveído, esa confianza debe ser protegida y no puede la parte ser sorprendida, a posteriori, con una distinta calificación del mismo; máxime en el ámbito del proceso contencioso administrativo donde la declaración de perención genera gravísimos efectos y, por ende, debe ser ameritada con carácter restrictivo.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Geoghan, Carlos c/ Del Pozo, José s/ escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-29

Cuando el art. 1053 del Cód. Civil hace mención al "día de la demanda de nulidad" lo hace refiriéndose a la demanda en virtud de la cual se ha llegado a la sentencia que declara la nulidad del acto, y ello es así porque es a partir de ese momento que no puede presumirse la existencia de buena fe por parte del demandado. Para que esa demanda tenga virtualidad jurídica es menester que se encuentre trabada la litis.
Inadmisibilidad del recurso, prórroga de la prisión preventiva, inexistencia de cuestión federal suficiente, trata de personas, prófugo
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo, José Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-11

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto por la defensa contra la resolución que prorrogó la prisión preventiva del encausado, toda vez que el recurrente no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de esta Cámara, encontrándose debidamente fundada la resolución impugnada en la existencia de personas prófugas directamente vinculadas con la organización delictiva; la entidad de los hechos que se investiga -delito de trata de persona menor de 18 años con fines de explotación sexual, dos hechos en concurso real y el alto contenido de injusto en esa figura penal.
Costas, división de condominio, allanamiento
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: AREVALO, CRISTINA BEATRIZ c/ BEER, ALEJANDRO s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-08

En principio, la facultad que otorga el art. 2692 del C.Civil a cualquier copropietario para pedir la división de la cosa común confiere al allanamiento, en este tipo de procesos, ciertas particularidades que inciden en la decisión sobre costas en la medida que exterioriza la disposición coincidente de los condóminos.

Cuando no hubiese mediado oposición a la solución extrajudicial, el copropietario demandado podría recibir mermada injustificadamente su porción, pues debería hacer frente a los honorarios de su letrado además de los que correspondieran al de la contraria.
Sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OCAMPO, RAUL NICOLAS s/ PRUEBA - SENTENCIA - RECONOCIMIENTO DE PERSONAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1971-03-19

La falta de motivación no puede consistir, simplemente, en que el juzgador no consigne por escrito las razones que lo determinan a declarar una correcta voluntad de la ley material que aplica, sino en no razonar sobre los elementos de prueba introducidos, conforme al sistema de prueba impuesto por la ley procesal, en no dar razones suficientes para legitimar la parte resolutiva de la sentencia.

No es lícito comprender en la falta de motivación un defecto o deficiencia, a no ser que éstos fueren tan graves como para significar una verdadera falta de actividad lógica.

La motivación no falta cuando es imperfecta.

No carece de motivación la sentencia que, no obstante la nulidad de la pericia, valora correctamente otros elementos de juicio que le permiten concluir, válidamente, que en cuanto a la salud física y mental del imputado, ninguna novedad ha suministrado la prueba y se apoya, para la declaración de imputabilidad del agente, en pruebas varias e independientes.-