Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-17


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 17 días del mes de noviembre del año de dos mil nueve, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Jorge Pfleger y Daniel Rebagliati Russell, presidida por el primero de los nombrados, para dictar sentencia en la causa caratulada "SECCIONAL PRIMERA s/Inv. Robo agravado r/d. J. F. s/Impugnación" (Expte. N° 21.472 - F° 101 - Letra "S" - Año 2007).

El orden para la emisión de los votos que resulto del sorteo de fs. 451 es el siguiente: Pfleger, Rebagliati Russell y Panizzi.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. La cuestión traída a esta Sala es la sentencia número 26 del año 2008 emitida por la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, órgano que el día 10 de julio de 2008 condenó a R. A. F. a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de Robo doblemente calificado por el resultado de lesiones graves y por ser cometido con arma de fuego (arts. 12, 29, inc. 3°, 166, incs. 1° y 2°, primer y segundo párrafo del Código Penal).

Esa sanción envolvió el hecho ocurrido el día 26 de julio del año 2007, en esa Ciudad, en perjuicio de J. A. S..

II. Fue materia del debate, reseñado en la acusación fiscal, el que de continuo se trascribe: "...el aquí imputado, con fecha veintiséis de Julio del año 2007, siendo aproximadamente las 09,30 hs. de la mañana, ingresó junto a la imputada M. M. al local "R. y J. F.", propiedad del señor J. S., ubicado en Avenida San Martín Nro. ***, entre calles 9 de julio y Moreno de esta ciudad (Comodoro Rivadavia), en el lugar se encontraban el señor S. en una oficina ubicada al fondo a la derecha del local, junto a las empleadas M. L. A., A. M. A. y C. H. que se encontraba en la puerta de ingreso del local. En un primer momento ingresó el aquí imputado F., quien se dirigió raudamente hacia la oficina donde se encontraba S. junto a las empleadas A. y A., abrió la puerta y pasó por detrás de los mostradores. En ese momento A. le refirió a S. que "había entrado uno", por lo que se paró el señor S. y salió a enfrentar al imputado F., quien efectuó al menos cuatro disparos con el arma de fuego que traía consigo, impactando tres en el cuerpo del señor S. provocándole las lesiones certificadas por el médico policial Dr. V. M., siendo las mismas: herida contuso penetrante en hombro izquierdo, herida contuso penetrante en pliegue del brazo izquierdo y herida contuso penetrante en muslo izquierdo con fractura de fémur estimando un tiempo de curación de 45 días e incapacidad laboral 60 días, y éste, o sea S., a modo de repeler la acción de esta persona, extrajo una pistola Calibre 380 y efectuó cinco disparos, impactando y provocándole herida en la cara anterior del cuello y cara anterior izquierda del torax, sin orificio de salida en el cuerpo del señor Fariña. Instantes posteriores, y mientras se efectuaban los disparos, ingresó al local la imputada M., quien se encontraba vestida con campera polar roja, jeans, y llevaba puesto un gorro oscuro y gafas oscuras; quien redujo a la empleada Hidalgo previo retirarse posteriormente del local, sustrajeron junto a F. de la Caja Fuerte -la cual se encontraba abierta y ubicada en el salón antes de ingresar a la oficina- once paños conteniendo cuarenta piezas de oro cada una, conteniendo cadenas de oro, pulseras y gargantillas entre otros elementos. Al momento de salir y después de efectuar la sustracción, sobre calle X casi intersección con Avenida San Martín, una tercera persona la cual no se pudo establecer su identidad durante la investigación, los estaba esperando al imputado F. y M. en una motocicleta marca Honda modelo XR color blanca y naranja, por lo cual los dos sujetos se dirigieron al lugar y emprendieron la huída junto a este tercer...".

III. Contra la sentencia, la Defensora Pública doctora Viviana A. Barillari interpuso impugnación solicitando que esta Corte se pronuncie invalidando todo lo actuado por haberse incurrido, en el curso de la investigación, en violación de las garantías constitucionales.

Señaló como motivo de su pedido la existencia de un vicio de procedimiento originado en el accionar de la prevención, que ingresó en el domicilio de Rawson N° **** de Comodoro Rivadavia sin orden judicial y sin mediar el presupuesto legal que exige el artículo 174, inciso 3ro. del C.P.P, que se argumentó para justificar tal medida.

Afirmó que la fundamentación empleada por la "a-quo" para avalar la legalidad de dicho accionar policial no se adecuaba a los testimonios vertidos en el juicio.

Manifestó que el Oficial W. F., quien estuvo a cargo del operativo que desembocó en la diligencia de allanamiento que ahora impugnaba, arribó al lugar donde dijo que había visto a los sospechosos, mucho antes de recibir vía radial el comunicado con las características de los presuntos autores del atraco al taller denominado "R. R.".

Por ello, sostuvo que los efectivos policiales ingresaron al domicilio ubicado en Rawson N° **** sin orden judicial y sin motivo alguno para que los policías que se encontraban en el móvil *** pudiesen vincular a los dos sujetos que observaron correr por la calle Rawson e ingresar en el domicilio, con los autores del robo cometido en el Taller R. R..

Afirmó que la verdad era otra. Que el conocimiento de que en el domicilio allanado se encontraba F. se obtuvo coactivamente mediante torturas inflingidas a S. H. H. y F. A. S., después de aprehenderlos el día 27 de julio de 2007 a las 04,50 horas y de trasladarlos a la sede policial en aplicación de la Ley 815.

Hizo reserva del caso federal y culminó solicitando que se declare la nulidad del allanamiento llevado a cabo en el domicilio sito en calle Rawson N° **** y de todos los actos dependientes del mismo y, en consecuencia, que se dicte la absolución de R. A. F..

III. Realizada una breve semblanza de cuanto se ha traído a la instancia iniciaré el examen del caso y, al respecto, anunciaré mi disidencia con el planteo de la recurrente, pues la sentencia aparece -al control- correctamente construida y constituye una derivación razonada del derecho vigente con apego a las circunstancias probadas de la causa.

Estimo adecuado, como método de análisis, dividir el tratamiento de la impugnación en tres fracciones, a saber:

a.la existencia del vicio procesal y consecuente nulidad de la pieza criticada.

b.La materialidad del hecho y autoría del imputado c.Proporcionalidad de la pena Veamos.

IV. La existencia del vicio procesal invalidante denunciado.

IV. a. Como se adelantó en el punto III de este trabajo, la impugnante fundamentó su denuncia de irregularidad procesal señalando que el acto de allanamiento del inmueble ubicado en calle Rawson 1670 de Comodoro Rivadavia era ilegal, pues no se habían configurado los presupuestos de viabilidad que se irguieron para justificarlo.

Es que, sostuvo, se había trasegado la norma adjetiva y el proceder fue írrito, pues el Estado no ejecutó el allanamiento acorde las prescripciones del rito, ni tampoco operó la habilitación especial que permite el artículo 174, inciso 3° del Código de Formas.

En esa inteligencia, formuló una hipótesis que consistió en afirmar que el mencionado allanamiento no se produjo, como lo sostuvo la policía, es decir: "...porque habían visto cuando se introducían individuos que corrían en forma sospechosa a poca distancia del negocio asaltado...", sino que los investigadores conocían de antemano el domicilio por un interrogatorio ilegal al que habían sometido esa misma madrugada a los hermanos S. H. H. y F. A. S..

IV. b. Entiendo, luego de examinar la sentencia en lo que atañe, que la argumentación de la defensora, si bien respetable, es sólo conjetural.

Ella esboza una teoría acerca del asunto que carece de asidero. Sostiene que los hermanos S. y H. les contaron a la policía sobre la presencia de F. herido en el inmueble en cuestión, dándoles otros detalles.

Sobre el particular la sentencia ha dado una solución adecuada.

Puede leerse en su texto que: "...surgió nítidamente en el juicio oral y público que, tanto de la información recabada por la nombrada J. en el lugar del hecho (negocio de venta de repuestos damnificado) y luego transmitida por equipo de comunicaciones a la red policial, como de lo apreciado por parte de F., C. y B. -los tres ocupantes del móvil RI-***-por medio de sus sentidos, en la vía pública; de todo ello se revela que aparecían "indicios de ilegalidad" (terminología utilizada por la CS estadounidense, citada por Carrió en su obra: "Garantías Constitucionales en el proceso penal",p.201, nota 61), en relación con dos sujetos de sexo masculino que fueron vistos ingresar a un galpón sito en la calle Rawson n° ****- los referidos indicadores se vinculan a : aspecto físico, edad, tipo de vestimenta, etc. de los individuos compatibles con los datos que "pasó" por equipo J.; actitud de correr en la calle como dándose a la fuga, que se acentúa al advertir la presencia del móvil policial (testimonio de F.); cercanía termporal y espacial con el hecho que damnificara a la casa de repuestos "R."; etc..." Visto la cuestión planteada desde un ángulo equidistante de las dos versiones, la de la policía y la que trae la Defensa Técnica, no puedo menos que observar ciertas asimetrías que ponen en mejor posición el relato oficial.

En efecto, aceptar la explicación de la parte perseguida significaría aceptar que todos los policías que actuaron en el allanamiento en Calle Rawson **** estuvieron complotados de ante mano con sus pares que detuvieron a los hermanos S. y H.; que con la información que obtuvieron mediante tortura decidieron esperar que se produjera un hecho en las proximidades del domicilio que les interesaba o bien que generaron ellos mismos un hecho delictivo (el sucedido en Repuestos "R.") para poder, con esa excusa, irrumpir en el galpón donde se hallaba el imputado con el botín del asalto a joyería "F.".

Debemos convenir en que esa explicación aparece, sino alambicada, por lo menos de difícil concreción en la realidad, tomando en consideración lo ajustado de los tiempos entre los sucesos citados y la planificación que la realización de esa hipótesis hubiera demandado.

Más aceptable a los ojos de quien mira con la pretensión de ejercer un juicio crítico, es darle a la versión de la Defensa Técnica el tenor de una explicación que, en el cumplimiento de su rol, intenta mejorar la posición por demás comprometida de su asistido.

Coadyuvan a esa formulación las comprobaciones realizadas por la "a-quo" sobre diferencias en las versiones otorgadas por S. y H., cuando se explayaron respecto del conocimiento que tenían de F.; diferencias que los Jueces del Tribunal de Mérito pusieron de manifiesto como elementos que incidieron en la solución por ellos elegida.

No me caben dudas que el domicilio es un sagrario que sólo puede expugnarse en las condiciones que establece la ley derivada de la norma fundamental.

Tampoco puedo consentir en que la prueba que ingresa al proceso como consecuencia de una intrusión ilegal puede admitirse.

Pero es perfectamente adecuado al derecho vigente quebrar la barrera de intimidad cuando se dan los presupuestos que las normas de proceder estipulan.

La Ley que la defensa considera vulnerada es clara al respecto. El Fiscal o la Policía, consigna, "...podrán proceder al allanamiento sin previa orden judicial cuando:...3°) Se introduzca en una casa o local algún imputado de delito grave a quien se persigue para su aprehensión..." Una recta inteligencia del precepto implica considerar que no sólo quienes han iniciado la persecución sino quienes son convocados por cualquier medio a efectivizar esa tarea están perfectamente permitidos.

Las pautas que dan vía al comportamiento son objetivas y el nivel de apreciación exigible al funcionario policial es que: a. conozca de antemano el hecho grave y posea una descripción de los autores b. de buena fe asocie a los intrusos con aquellos a quien persigue.

Ese y no otro, a mi parecer, es el contenido de la "sospecha de ilegalidad" que, como tesis, la "a quo" ha referido.

Y eso es lo que ha sucedido en folios y el Tribunal de Sentencia ha zanjado con tino, tal lo anticipé.

Desde luego que si por el accionar diligente y certero del personal policial en un caso se posibilitó el rápido y contundente esclarecimiento de otro, el que ocupa, la prueba que se obtiene es válida, tanto y más cuando la evidencia es palmaria y los actuantes no necesitan más esfuerzo que la percepción sensible para descubrirla.

Dos palabras para finalizar.

En cualquier proceso de determinación es factible construir hipótesis variadas y contradictorias.

Reiteradamente he expuesto que la certeza sobre un hecho es el triunfo de la opción que prevalece por su fuerza de convicción.

Si la proposición de la defensa tiene bases febles, es lógico que la hipótesis que la rebate se tenga por cierta.

No encuentro, en ese sentido, ningún obstáculo para validar la conclusión del sentenciante.

VI. La materialidad del hecho y autoría del imputado.

La materialidad del hecho en cuestión y la calidad de autor atribuida al imputado no ha sido controvertida.

El Tribunal de Juicio dio por acreditado esos extremos con todos los elementos de prueba incorporados en la audiencia de debate oral.

Lo ocurrido en el interior del local comercial damnificado se tuvo por acreditado con los testimonios de su propietario y de los empleados que estaban allí en aquel momento.

J. A. S., propietario y víctima, brindó detalles de lo ocurrido relatando que esa mañana vio a un hombre ingresar a su local en posición "encorvada" que vestía una campera color celeste y tenía algo que le tapaba la cara y que se dirigió a la caja portando un arma de fuego, por lo que salió a su encuentro, también armado, produciéndose el tiroteo que culminó con el dicente herido y en estado de inconciencia.

A. M. A., empleada del local saqueado, en consonancia con S., explicó lo ocurrido aquella mañana cuando observó ingresar a una persona con rostro cubierto. Relató cómo S. les dijo: "...córranse..." y salió a su encuentro, afirmando que escuchó los disparos y la frase "...callate la boca y abrí la caja...".

Dijo que vio al propietario tirado boca abajo, reconociendo un gorro que llevaba uno de los asaltante y una pistola de juguete que uno de ellos portaba, al serles exhibidas.

M. L. A. manifestó que se encontraba junto a A. y escuchó al propietario de comercio cuando dijo "...córranse...".

De lo acontecido en el exterior del comercio en cuestión se tuvo conocimiento por las versiones otorgadas por A. T., empleada de la joyería "I.". Esta contó que en el transcurso de esa mañana en que ocurrió el hecho que nos convoca, salía de un "café" situado en la esquina de " "F." y observó a dos personas que egresaban de este comercio: un individuo de un metro setenta centímetros de estatura, tez blanca, cabello ondulado, que presentaba manchas hemáticas en la ropa y se "agarraba el pecho", y a otro con un gorro tipo polar, anteojos oscuros, quienes se fueron por la calle 9 de Julio en dirección opuesta al cerro Chenque.

Por su parte, el testigo A. G., que se hallaba ese día en el estacionamiento situado en esa zona, declaró que vio a tres sujetos huyendo en una motocicleta, a los cuales se les cayó un arma -o réplica de tal- en el pavimento, que él se ocupó de ocultar debajo de un auto y de dar aviso a la policía.

Estas expresiones fueron corroborados por el testimonio del Sargento Ayudante J. C. A., quien confirmó que aquella mañana G. le había hecho referencia acerca de tres individuos en una motocicleta, aclarándole que la réplica de pistola incautada era un símil de una 9mm semejante a la que usa la policía.

En coincidencia con lo que vengo reseñando, se alineó el testimonio del Oficial Ayudante de Policía, D. H. F., Oficial de Servicio de la Seccional Primera Comodorense, quien puso de manifiesto que en virtud de las primeras actuaciones prevencionales se secuestró sobre la arteria x, entre San Martín y Rivadavia, un pedazo de plástico de color blanco correspondiente a parte de lo que sería el guardabarros de una moto tipo "Enduro" de motocross.

Todos estos elementos permitieron al Tribunal del Juicio sostener con fundamentos que los autores del atraco a la joyería fueron tres personas, y que se fueron del lugar con una moto de las mismas características que la secuestrada en la calle Rawson ****, donde fue detenido, entre otros, el imputado F..

Las heridas padecidas por S., cuya entidad fue establecida a través de informes forenses, completan el marco y, en conjunto, estos datos son suficientes para justificar el predicado acerca de la existencia del hecho en su objetiva materialidad con todas las circunstancias referidas en la acusación.

La vinculación del que viene condenado con ese suceso aparece, también, determinada en forma contundente.

En efecto, como relacionó la " a quo", se había provocado en la joyería un tiroteo a consecuencia de la valiente actitud de la víctima de intentar repeler a balazos el asalto, acertando a uno de los atracadores a quien se vio herido.

F. estaba en esa condición cuando fue detenido, tal como lo verificó el médico Policial C. P. C..

Pero lo que resulta definitorio es el estudio comparativo de ADN que se realizó entre las muestras de sangre levantadas en la vereda del local comercial "F.", en un pasillo interior del mismo y en la oficina de S., con las muestras de pelos y sangre correspondientes a F. que fueron obtenidas por el Médico Forense.

El trabajo de comparación fue realizado por el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Nacional Patagónico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, suscripto por el doctor Néstor G. Basso, con fecha de 16 de octubre de 2007 y su conclusión avienta cualquier duda La definición es asertiva: "... A partir de la evidencia 12 (muestra hemática en pasillo, secuestro 712, sobre 04) se obtuvo un perfil genético correspondiente a un individuo de sexo masculino. Dicho perfil es compatible con el perfil genético obtenido a partir de la muestra atribuida al imputado R. F. ( Muestra 2), siendo el índice de incriminación (II) = 1.11 x 1022, el cual corresponde a una probabilidad de Incriminación (PI) superior al 99,99 %..." Lo mismo vale para la muestra de cabello: "...A partir de la Evidencia 9 (cabello con bulbo, secuestro 07 MPF) se obtuvo un perfil genético correspondiente a un individuo de sexo masculino. Dicho perfil es compatible con el perfil genético obtenido a partir de la muestra atribuida al imputado R. F. (muestra 2), siendo el índice de Incriminación (II)=9.12 x 1013, el cual corresponde a una probabilidad de Incriminación (PI) superior al 99,99 %...".

Por otra parte, el Tribunal, a través de los testimonios otorgados por D. Urrutia, Jefe de la Comisaría Segunda de aquella Ciudad, por el Comisario Juan José Balocchi, Segundo Jefe de la misma dependencia, por el Oficial Ferreira y la Perito del MPF, Licenciada en Criminalística María Virginia Fernández, puso en valor las constataciones efectuadas en el inmueble ubicado en calle Rawson **** donde se había detenido horas antes a F., lesionado.

En el lugar se incautó: una motocicleta marca "Honda" de color Blanca con detalles en color negro y rojo, con la numeración limada, a la cual le faltaba el guardabarros trasero, la misma que presentaba en su tanque y motor manchas hemáticas; también se halló ropa cortada y agujereada y varias alhajas, entre ellas ciento setenta pulseras doradas, algunas con etiquetas del comercio "F." con letra de S., cadenas de oro y gargantillas, algunas también con etiquetas, rosarios, cuarenta y seis alfileres con dijes, alhajas enredadas o entrelazadas o anudadas entre sí, etc.

En el mismo lugar se secuestró un arma de fuego calibre 22 largo tipo revolver debajo de una cama y un revolver calibre 38 largo "Special" y once paños de diversos colores que se utilizaron para sujetar las joyas antes descriptas, además de apósitos, gasas y suero, etc.

Sin esfuerzo se puede verificar que se individualizó el vehículo utilizado por los asaltantes, el que fue encontrado junto al botín y a uno de los moradores, el que presentaba en el momento de su detención heridas de bala coincidentes, en su data y características, con las que padeciera el asaltante.

Categóricamente entonces puede afirmarse que resulta así verificable, sin esfuerzo alguno, que se ha comprobado el hecho acriminado con todas las circunstancias intrínsecas y concomitantes que incumben al completo conocimiento de lo acontecido aquel día; y que el Tribunal apelado construyó la sentencia fundándose en prueba legal que apreció conforme las reglas de la sana crítica racional.

VII. La calificación legal.

No ofrece problemas la calificación legal del caso.

Mi coincidencia con el Tribunal de Juicio es plena al respecto y sólo cabe remitirse a las explicaciones dadas para homologar este aspecto.

VIII. La pena.

Sobre la pena, diré que la sanción aplicada es correcta. Los jueces de la inspeccionada han actuado con apego a las reglas de los arts. 40 y 41 del C.P., computando las circunstancias del hecho y las condiciones personales del imputado.

La imposición de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, por su conducta en vista del perjuicio causado, la modalidad del hecho y el grado de arrojo demostrado para cometerlo, despreciando la vida del prójimo, torna razonable la punición.

IX. Conclusión.

En síntesis, la sentencia no ofrece objeciones que la descalifiquen y, por lo que vengo de decir, ha de ser confirmada en un todo.

Así me expido y voto.

El Juez Daniel A. Rebagliati Russell dijo:

I. En el voto elaborado por el doctor Pfleger fueron expuestos los antecedentes del caso y los agravios vertidos por la defensa, de modo que, en honor a la brevedad, me abstendré de hacer una ociosa repetición.

II. En primer término comenzaré con la nulidad planteada contra el allanamiento practicado en el inmueble sito en Rawson **** de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Advierto que la defensa vuelve en esta instancia, con idénticos argumentos, a requerir la anulación del acto mencionado.

Que el Tribunal de mérito rechazó válidamente el planteo, y poco me queda por agregar a lo dicho por los jueces de la sentencia, quienes evaluaron el acto cuestionado de acuerdo a las constancias arrimadas al legajo.

Así, el hecho aquí investigado ocurrió el 26 de julio de 2007, aproximadamente a las 09.30 horas, en San Martín *** de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Constituido personal policial al lugar del hecho, se constató que ingresaron al local dos personas del sexo masculino, que uno de ellos se enfrentó con disparos de arma de fuego con el propietario, que luego de una balacera estos sujetos huyen del lugar en una moto color blanca y naranja, y que el conductor los estaba esperando a la vuelta de la esquina. Que el propietario, cuando iba a ser trasladado al hospital, dijo que los disparos por él efectuados contra estas personas habían impactado, al menos tres, sobre uno de ellos, por lo que posiblemente uno estaba herido. Asimismo se dejo constancia que los autores se llevaron diez paños de la caja fuerte con alrededor de entre 40 y 50 piezas de oro cada una, describiéndose en el acta los elementos sustraídos -v.fs.1/3 y vta. del legajo que corre por cuerda a la presente-.

Que con fecha 27 de julio del mismo año, aproximadamente a las 11.20 horas, personal policial toma conocimiento de la comisión de otro hecho delictual cometido en el comercio "Casa R. R" sito en Ameghino ****. Que la comisión policial estaba a cargo del Oficial Ferreira y acompañado por el Sargento Bahamonde y Colihuinca. Asimismo surge del acta que vía radial trasmiten que los autores del hecho habían sido tres, y que salieron corriendo en dirección a calle Alsina, doblado por calle Rawson. Fue así que el patrullero dobla en esta dirección y logra divisar a dos sujetos corriendo, a quienes persiguen hasta la morada en la que ingresaron -v.fs. 1/2 del legajo de prueba que corre por cuerda a la presente (Letra B)-.

Claramente surge que el accionar policial se encuentra justificado por la norma contenida en el artículo 174, inc. 3° del C.P.P., que dispone que la policía podrá proceder al allanamiento de morada, sin previa orden judicial, cuando alguno de los imputados a los que persigue para su aprehensión se introduzca en alguna casa o local.

Aparece en el acta de referencia que el Oficial Ferreira toma conocimiento a través del comando radioeléctrico de la comisión del delito, que se constituye en el lugar, donde logran divisar a dos sujetos corriendo en la dirección indicada vía radial, y finalmente ingresan al inmueble sito en Rawson ****.

Que estos datos suministrados me permiten concluir que el procedimiento cuestionado por la defensa es ajustado a derecho, y que la hipótesis planteada en el recurso no tiene asidero alguno en el contexto planteado.

Confirmada, nuevamente, la legalidad del allanamiento cuestionado, el material probatorio hallado en ese domicilio puede ingresar válidamente al proceso.

III. Respecto a la materialidad y autoría, también habré de coincidir con mi distinguido colega.

En efecto, la existencia del hecho aquí investigado surge claramente de la declaración prestada por el propietario del local damnificado y por las empeladas que se encontraban en el lugar. Estos testimonios permitieron reconstruir lo que sucedió adentro.

Asimismo, los datos objetivos alcanzados por personal policial que se constituyó en el comercio, cuya constancia obra en el acta de fs. ½ del legajo de prueba, corroboran la denuncia efectuada.

Además, ha quedado acreditado, que una vez cumplido el accionar, escapan, y son divisados por vecinos, quienes atestiguaron que uno de los sujetos se encontraba herido en el pecho, y subieron a una motocicleta, que era conducida por otro. De esta manera, se verificó fehacientemente que el hecho ocurrió como lo narraron los damnificados, completando el cuadro probatorio los informes médicos que establecen las lesiones que padecía el propietario del local.

En relación a la adjudicación efectuada a R. A. F., los elementos de cargo son contundentes, e indican sin la más mínima hesitación, que el imputado lo cometió.

En primer, lugar el allanamiento practicado sobre la vivienda ubicada en la calle Rawson N° ****, otorgó a la investigación importantes elementos.

Así, se incautó la moto marca "Honda" en la que habían escapado los autores, hallándose en el vehículo vestigios de lo ocurrido.

Además, en el interior del inmueble se encontraron joyas pertenecientes al comercio damnificado, y dos armas de fuego. Por otro lado, el imputado F. fue hallado en este domicilio con heridas de bala, conforme lo certificara el médico policial.

Y, como colofón, las muestras de sangre levantadas por personal policial permitieron la realización de una prueba de ADN, que determinó con exactitud la presencia de F. en el escenario de los hechos.

Siendo ello así, entiendo que los jueces han acertado en la decisión que no hace lugar a la nulidad impetrada, y la prueba colectada mediante el acto atacado ingresó válidamente a la audiencia, siendo valorada lógicamente, de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

IV. La calificación legal escogida por el a-quo es correcta. Los imputados ingresaron al comercio munidos de armas de fuego, con una clara intención delictiva. La aptitud de disparo se verificó justamente por el empleo de las armas en el lugar del hecho, hiriendo de gravedad al propietario del comercio, lo cual permitió calificar también el accionar por el resultado.

V. Para finalizar estimo que la pena seleccionada ha sido debidamente fundada por los jueces, quienes explicaron las circunstancias previstas en los artículos 40 y 41 del ordenamiento de fondo.

VI. Por todo lo expuesto voto por desechar la impugnación interpuesta y confirmar la sentencia, con costas.

Así voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. De conformidad con el último párrafo del artículo 25 del Código Procesal Penal -Ley 5478- emitiré mi sufragio con exclusión de toda referencia a los antecedentes del caso y a los agravios esgrimidos por el recurrente, merced a la minuciosa síntesis efectuada por el Juez Jorge Pfleger.

II. El primer ataque de la defensa estuvo dirigido al allanamiento sin orden judicial que realizó la policía provincial en el domicilio de la calle Rawson N° **** de la ciudad de Comodoro Rivadavia, pues consideró que las circunstancias que rodearon al acto no encuadraban dentro de los requisitos del artículo 174, inciso 3° del ordenamiento adjetivo que habilitaba la medida.

No obstante el esfuerzo, habré de disentir con el criterio expuesto por aquella parte y concordaré con mis colegas de Sala en que se presenta como adecuada a derecho la diligencia impugnada.

La versión dada por el recurrente -sobre un supuesto complot policial para detener a S. y H. y obtener, mediante la fuerza, información útil para realizar luego el allanamiento, en el preciso momento en que el acusado cometía un nuevo atraco- no resiste un análisis lógico.

Por el contrario, se presenta al examen como una explicación poco verosímil de lo sucedido antes de la entrada policial y me permiten considerar válido el testimonio del oficial actuante en la medida, Principal Waldemar Ferreira.

La persecución de dos sujetos que corren por la vía pública, a pocas cuadras del sitio en que el comando radioeléctrico había notificado la comisión de un robo con armas, quienes, luego, ingresaron en un domicilio al que los agentes policiales accedieron para identificar a los fugitivos y certificar las razones de su huida, se corresponde con el supuesto del artículo 174, inciso 3° del Código Procesal Penal que autoriza a la policía a allanar una morada sin orden judicial.

No encuentro razones para invalidar la diligencia ni el material probatorio incorporado a la causa como consecuencia del procedimiento, puesto que la acción policial fue correcta, oportuna y, por sobre todas las cosas, ajustada a los parámetros normativos que rigen su actuación en esos casos.

Por lo expuesto, adhiero a la decisión de mis colegas de Sala de confirmar la medida y todos los actos que fueron su consecuencia.

III. En punto a la materialidad y autoría del hecho enrostrado a R. A. F., también coincidiré con los Ministros preopinantes en que el fallo atacado se presenta al examen como un pronunciamiento debidamente motivado, con una fundamentación lógica y legal que merece homologación.

Los testimonios de J. A. S., propietario del comercio asaltado y de sus empleadas, A. M. A. y M. L. A., fueron los elementos de prueba más contundentes para demostrar, a criterio del a quo, la participación del acusado en el robo a la Joyería F..

Mientras que lo ocurrido en el exterior del local quedó demostrado, para el Tribunal de juicio, con la narración de A. T., empleada de un comercio cercano, la joyería "I." y las declaraciones de A. G., quien se encontraba en la zona momentos concomitantes al atraco y posterior huida de los responsables, del Sargento Ayudante José Carlos Aros y del Oficial Ayudante Denis Horacio Fernández.

Con estos elementos y los sólidos argumentos condenatorios dados por los sentenciantes en cada uno de sus votos, no encuentro razones para descalificar la afirmación de que los autores del robo a la Joyería "F." fueron tres personas, que huyeron del sitio en una motocicleta de iguales características a la secuestrada en la calle Rawson N° ****, donde fue aprehendido el acusado Fariña.

Las lesiones con arma de fuego que sufrió el damnificado S., confirman el empleo de ese elemento durante el robo, mientras que la herida que declaró haberle ocasionado a uno de sus atacantes se comprobó cuando se detuvo a F., pues éste le exhibió al galeno C. P. C. un daño de esas características.

Coincido con los magistrados de grado en que la prueba de ADN sobre muestras de pelos y sangre, levantadas en la joyería "F." fueron las determinantes para responsabilizar al acusado por el hecho, puesto que coincidieron con su patrón genético en un 99,99%.

Ha quedado claramente demostrada -así- la materialidad del evento y la autoría de F., con el abundante material probatorio colectado en la causa y los sólidos fundamentos condenatorios otorgados por el Tribunal, que reivindico.

En definitiva, la sentencia me ha convencido de que debe ser confirmada, en todos sus términos con costas.

Así voto.

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

-- S E N T E N C I A - 1º) Rechazar la impugnación deducida por la Defensora Oficial de don R. A. F., doctora V. A. B., con costas (artículo 239 del Código Procesal Penal - Ley 5478).

2º) Confirmar la sentencia dictada el día 10 de julio de 2008por la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, protocolizada bajo el número 26 del año 2008;

3º) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Alejandro Javier Panizzi, Jorge Pfleger y Daniel Rebagliati Russell