Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-01


SENT Nro. 97 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 01 DE MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por los actores en autos: "Flores, Víctor Adrián y otra vs. Fuensalida, Blanca s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala VIª de la Excma. Cámara del Trabajo el 23/4/2003 (fs. 411/414 vta.), los actores dedujeron recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante pronunciamiento del 02/9/2003 (fs. 432). Consta en informe actuarial de fs. 438 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- La Cámara rechazó la demanda deducida por el co-actor Flores, argumentando que éste no demostró haber cumplido tareas como portero o encargado de casas de renta, ni probó que la demandada encuadre en los supuestos tipificados para revestir el carácter de empleadora en los términos comprendidos por el art. 2 inc. 5º del decreto reglamentario.

Por otro lado, tuvo por acreditado que la co-actora Márquez cumplió tareas como empleada doméstica y por justificado su despido indirecto, pero rechazó lo reclamado en concepto de 'SAC y salarios adeudados por dos años', considerando que el hecho de que la empleada haya dejado transcurrir dos años en el desempeño de sus tareas sin formular reclamo alguno, crea una seria presunción en su contra respecto de si realmente existió un verdadero incumplimiento de la empleadora durante ese período.

3.- Denuncia el recurrente que el fallo efectúa una irrazonable valoración de las pruebas, pues la testimonial tiene nulo valor para el co-actor Flores y pleno valor para la co-actora Márquez, siendo que se trata de idénticos testigos que respondieron a un mismo cuestionario y sobre los mismos hechos. Señala que el argumento aportado al respecto por el fallo, acerca de que Flores vivía en el domicilio de la demandada como cónyuge de la empleada doméstica, no surge de ninguna pieza procesal.

Sostiene que la sentencia le resta valor a la prueba de reconocimiento invocando que de los cuadernos que lleva el actor no surgen tareas propias de un encargado de casa de renta, cuando constan gastos en artículos de limpieza, artefactos de electricidad, etc. necesarios para la conservación de un edificio. Añade que tampoco se merituó que la demandada no concurrió al reconocimiento al que fuera llamada.

Afirma que se descalificó a la absolución de posiciones por cuanto las respuestas brindadas no eran acordes a la realidad de lo acontecido. Refiere que la realidad no es como entiende el fallo que el Sr. Flores vivía allí por el solo hecho de ser marido de la empleada doméstica, pues la experiencia común nos dice que no es habitual que una empleadora deje de trabajar a una doméstica con su cónyuge al lado, salvo que éste también brinde servicios a la empleadora.

Esgrime que el fallo yerra al sostener que la demandada no se encuentra encuadrada en los supuestos tipificados para revestir el carácter de empleadora, señalando que de una correcta valoración de la prueba surge que el lugar donde según los actores se habría desarrollado la actividad laboral es un inmueble con oficinas y extenso depósito en alquiler (informe fs. 320); que la demandada revestía el carácter de propietaria; y que en el responde se denunció como domicilio real el de Avda. Roca 3194 planta alta, al que además lo denominó como "mi hogar".

En orden al rechazo de los rubros haberes y SAC adeudados por dos años, sostiene que el fallo desvirtuó la presunción "in dubio pro operario", pues no obstante la Cámara reconoció no tener certeza acerca de si fueron o no abonados, se colocó a favor de la patronal, desconociendo además la conducta asumida por la misma al negar la relación laboral. Agrega que no llama la atención que una empleada deje transcurrir dos años sin reclamar salarios impagos, y que contrariamente los trabajadores toleran diversos incumplimientos con la finalidad de preservar su trabajo.

Cuestiona la imposición de costas y sostiene que existen graves errores en la forma de calcular honorarios que son precisados a fs. 424 de autos.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT), y siendo los actores quienes recurren no es exigible el afianzamiento que prevé el art. 133 CPTT.

4.1.- En orden al motivo y suficiencia de los agravios vinculados a la situación del co-actor Víctor Adrián Flores, el recurrente discrepa con la valoración y selección de la prueba efectuada por el Tribunal en el marco de análisis de la existencia o no de relación laboral, lo que no resulta atacable en principio por la vía casatoria intentada, a menos que se demuestre con fundamentos bastantes el vicio de arbitrariedad en el pronunciamiento.

El recurrente intenta desvirtuar la solución adoptada por el fallo, argumentando principalmente que existió una irrazonable valoración de las pruebas de la causa, tanto en lo que respecta a que no se probaron las tareas realizadas como portero o encargado de casas de renta, como a que no se acreditó que la demandada encuadre en los supuestos tipificados para revestir el carácter de empleadora en los términos del decreto reglamentario citado.

En relación a lo primero, los argumentos esgrimidos no logran demostrar la irrazonabilidad en la valoración de las testimoniales, de la prueba de reconocimiento ni de la absolución de posiciones.

En efecto; el discordante valor probatorio que el tribunal le asigna a idénticos testimonios en orden a la acreditación de la relación laboral de cada uno de los actores separadamente considerados, ha sido suficientemente justificado por la Cámara, cuando puntualiza que la situación concreta de la co-actora Márquez es distinta a la del Sr. Flores en tanto corresponde a hechos y características totalmente diferentes; máxime habiendo advertido que los dichos de los testigos acerca de que el actor cumplía tareas de portero para la demandada, se encuentran contradichos con el plexo probatorio rendido en juicio.

Tampoco alcanza a demostrar la arbitrariedad de la sentencia lo esgrimido por el recurrente en relación a la prueba de reconocimiento, toda vez que la crítica se asienta básicamente en que los cuadernos que fueron objeto de dicho reconocimiento darían cuenta de que se efectuaron gastos en artículos de limpieza y eléctricos entre otros, infiriendo de ello que son gastos que hacen a la conservación, reparación y manutención en general de un edificio, en contraposición con lo merituado por la Cámara acerca de que las anotaciones obrantes en los cuadernos no hacen a las tareas específicas de un encargado de casas de renta, de lo que se desprende que la crítica del recurrente encierra una mera discrepancia con el sentido asignado por el Tribunal a las anotaciones que constan en los cuadernos, lo que no resulta suficiente para descalificar al pronunciamiento.

Finalmente, lo alegado por el actor al referirse a la prueba de absolución de posiciones tampoco basta para desvirtuar a la sentencia, pues la circunstancia de la convivencia o no de los actores como cónyuges en una casa habitación brindada por la demandada no presenta incidencia en orden a la cuestión debatida en autos, esto es la existencia o no de relación laboral.

Determinada, pues, la subsistencia del argumento de la Cámara referente a que no se encontraría demostrado que el actor cumpliera tareas como portero o encargado de casas de rentas, resulta inoficioso el análisis de los agravios dirigidos contra el restante argumento de que no se demostró que la demandada encuadre en los supuestos tipificados para revestir el carácter de empleadora, pues el mantenimiento de aquel fundamento por sí mismo resulta decisivo para concluir en el rechazo de la pretensión del actor.

4.2.- La co-actora Márquez cuestiona el rechazo dispuesto por la Cámara al reclamo de los rubros haberes y SAC adeudados por dos años, aspecto éste del pronunciamiento que también encierra una cuestión de hecho vinculada a la valoración del cuadro fáctico de la causa efectuada por el Tribunal.

No existiendo obligación impuesta por el régimen del Dto. Ley 351/56 de instrumentar los pagos de salarios mediante recibo, y habiéndose reconocido por el propio actor de que por el marco de amistad y buena fe en que se desenvolvió el vínculo laboral no existía ningún tipo de recibo que acredite el pago de haberes (ver demanda a fs. 245, tercer párrafo), resulta razonable el rechazo de las pretensiones salariales dispuesto por la Cámara con sustento en la grave presunción que deriva de haber dejado transcurrir la actora dos años en el desempeño de sus tareas sin formular reclamo alguno.

Los argumentos expuestos por el recurrente no bastan para demostrar la arbitrariedad de la sentencia, toda vez que en primer lugar, se asientan en que existiría una situación de duda acerca de si los haberes fueron o no abonados al actor, situación ésta que no surge manifiesta del fallo, donde se valoró la actitud de la actora como una seria presunción en su contra y se dispuso en un sentido contrario a sus pretensiones. Por lo demás, lo sostenido en orden a que se desconoció la conducta asumida por la demandada al negar la relación laboral y a que la falta de reclamos de la actora obedeció a la finalidad de preservar su trabajo, sólo evidencian una mera discrepancia de la recurrente con la valoración del cuadro fáctico de la causa efectuada por el fallo, que no alcanza a desvirtuarlo.

En mérito a lo expuesto, el carácter fáctico de las cuestiones traídas en casación y la insuficiencia de la denuncia de arbitrariedad efectuada, determinan la inadmisibilidad del recurso.

4.3.- El tratamiento del agravio vinculado a las costas resulta de inoficioso tratamiento, atento al modo en que ha sido decidido este recurso.

4.4.- En relación a los agravios dirigidos contra la regulación de los honorarios, de las constancias de la causa surge que el recurrente no interpuso el recurso de revocatoria que prevé el art. 32 de la ley 5480 contra la sentencia impugnada en casación, lo que determina la inadmisibilidad del recurso intentado. Al respecto, esta Corte en reiterados fallos expresó que el remedio excepcional de la casación requiere siempre el agotamiento de las vías ordinarias, y por lo tanto, el recurrente debió articular la vía establecida en el aludido artículo 32 de la ley arancelaria para que el pronunciamiento que decide el recurso de revocatoria constituya sentencia definitiva a los fines casatorios (cfrme. CSJTuc., in re "Méndez Horacio Héctor vs. Raimundo Francisco s/indemnizaciones", sentencia nº 692 del 01/9/2000).

5.- Atento al resultado arribado, las costas generadas por el recurso deberán ser soportadas por los actores vencidos (arts. 49 CPTT y 106 CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por los co-actores Víctor Adrián Flores y Gregoria Mercedes Márquez, en contra de la sentencia dictada por la Sala VIª de la Excma. Cámara del Trabajo 23/4/2003 (fs. 411/414 vta.).

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO