Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-06-01


2º Instancia.- Mendoza, junio 1 de 2011.

¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida? El doctor Endeiza dijo:

I - La sentencia de fs. 53/57 y vta, cuya parte dispositiva ha quedado transcripta al inicio de este acuerdo, ha sido apelada a fs. 58/60 vta., por el representante de la parte actora y a fs. 68/69 vta., apela el representante legal de el ANSES.

Al expresar agravios la actora, manifiesta que la jurisprudencia citada por el a quo para rechazar lo solicitado por salarios caídos desde el 1/11/2006 no es aplicable al presente caso.

Sobre el tema, recuerda que el convenio celebrado por la parte fue homologado; y ANSES, de acuerdo a los términos del convenio, debió dictar el correspondiente acto administrativo para el reingreso de la Sra. Mansur, pero dicta la resolución DEA 929/06, que convalida el acuerdo celebrado por la partes ante el SECLO, pero en un acto totalmente arbitrario e ilegítimo le exige a la Sra. Mansur, que previo reingreso devuelva el dinero oportunamente cobrado en concepto de indemnización. Con lo cual viola abiertamente el acuerdo alcanzado, al imponerle al trabajador una cláusula injusta, arbitraria, ilegítima y de imposible cumplimiento ya que el dinero lo había utilizado para vivir los meses que estuvo sin empleo.

Afirma que la resolución DEA 929/06 convalida el acuerdo y por tanto la agente Mansur se encontraba dentro de la Administración Pública en el ámbito de la UDAI Mendoza, aunque se suspendieran los efectos de la prestación a las resultas de una restitución de suma de dinero. Es decir que no se está en presencia de la falta de prestación por estar en discusión la legitimidad de la remoción del empleado, sino que la resolución ordena el reintegro previo pago, cuestión que no está comprendida en os términos del convenio homologado.

Señala que se está frente a una relación laboral regida por el derecho privado, es decir la L.C.T., en virtud de una convención colectiva de trabajo, por cuanto resulta aplicable el art. 103 de dicha ley. Cita jurisprudencia.

Por tales motivos solicita se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto fue motivo de agravios.

II. Al turno de expresar agravios, la ANSES, se queja del punto de sentencia donde se expresa que la actora no tiene la obligación de devolver la indemnización recibida.

Refiere que el Juez de primera instancia omite advertir que la resolución de la DEA 929/06, priva de todos sus efectos a la resolución 901/05, ergo la "indemnización" percibida no tiene causa.

Afirma que se trataría de un enriquecimiento sin causa. Realiza un análisis de la figura en cuestión.

III. Que conferido el traslado de rigor, el representante de la actora contesta a fs. 71/72; en tanto el representante de la Administración, no hace lo propio dejando decaer su derecho.

Al contestar la parte actora expresa que el Acuerdo Transaccional al que arribaron las partes es de una claridad meridiana.

En el mismo se puede leer en su cláusula III que las partes nada más tendrán que reclamarse por ningún concepto sobre el objeto debatido.

ES decir, alega, que aún en el hipotético caso que la ANSES hubiese tenido el derecho a reclamar la indemnización por despido que oportunamente le pagara a la actora, en virtud de la cláusula III del acuerdo celebrado ante el SECLO, renuncio a la misma.

Alega que el convenio al que arribaron las partes no implicó una nulidad del despido como lo solicitó la actora, ello por cuanto de once meses de cesantía el ANSES solo reconoció cuatro, diferente hubiese sido que le reconocieran los once meses.

IV. Ingresando en el tratamiento de la cuestión cabe expedirse sobre dos temas puntuales planteados por las partes: 1) corresponde que la indemnización por despido sea devuelta por carecer de causa? y 2) debe la ANSES abonar los salarios caídos desde el 1/11/2006 y hasta que le sean atribuidas tareas a la actora? Para ello es fundamental adentrarnos en la interpretación del Convenio Transaccional celebrado por las partes ya que dicho documento es el que debe dar las respuestas a las cuestiones debatidas.

El Acuerdo en cuestión fue confeccionado ante el funcionario actuante del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (S.E.C.L.O.), circunstancia que le otorga un sello de legitimidad, por cuanto no existe la posibilidad de que la parte más débil haya estado en desigualdad de condiciones, avala ello también la posterior homologación del mismo. Es decir que nos encontramos frente a un convenio entre partes en igualdad de condiciones negociables y por tanto que debe interpretarse y en su caso integrarse en base al principio de la Buena Fe contenido en el art. 1198 del C.Civil.

Todo convenio, acuerdo o contrato es susceptible de interpretación, no sólo por contener expresiones ambiguas u oscuras o, en su defecto, omisiones, sino porque la controversia sobre la voluntad común de los contratantes puede exigirlo aún en el contrato que aparentemente se autosatisfaga, como sucede en el presente caso.

El Acuerdo en cuestión tiene por objeto básicamente dejar sin efecto el despido efectuado por la resolución DEA 901/05 y reincorporar a la actora a la administración. Como contrapartida abonar los salarios caídos por cuatro meses. Finalidad que se ve reflejada en el art. 2 de la resolución DEA 929/06 que deja sin efecto la resolución DEA 901/05.

Debe entenderse que la firma y posterior homologación del mencionado documento priva de todo sus efectos a la resolución por la que se la despidió y reconoce implícitamente la injusta causa que acompañó a la misma desde el momento en que, sin haber cumplido tareas efectivas, la administración reconoce el pago de salarios caídos como una manera de compensar el daño ocasionado.

La regla de interpretación del Acuerdo por el comportamiento de las partes no excluye previamente la interpretación conforme a la naturaleza del Acuerdo y su finalidad al ser celebrado. Así determinada la naturaleza y fin del mismo cabe también referirse al comportamiento de las partes. La actuación previa de la actora fue solicitar la nulidad de dicha resolución apelando a la estabilidad del empleado público y la actitud del representante de la ANSES, que a sabiendas de lo incorrecto de su accionar fue volver atrás con lo resuelto anteriormente.

Ahora bien, si el efecto directo es haber dejado sin contenido la resolución DEA 901/05, la misma pierde toda virtualidad y la actora en correspondencia con ello, no sólo no ha sido nunca despedida sino que la indemnización que en su oportunidad recibió carece de causa puesto que era una condición necesaria y la contrapartida del despido. Desparecida la causa desaparece su consecuencia.

Esto no implica que los meses que la trabajadora se encontró en situación de despido no deban ser de alguna manera resarcidos y es aquí donde toma sentido el reconocimiento de los cuatro meses caídos que la ANSES ofrec3e abonar aún cuando se ha dicho que no corresponden porque no han sido efectivamente trabajados, pero aquí tiene por fin componer la situación a la que se vio compelida la actora por el injusto distracto.

El principio de la buena fe debe regir también en la producción de los efectos jurídicos de los negocios. Dentro de una interpretación de lo que las partes verosímilmente entendieron o debieron entender, obrando con cuidado y previsión, es evidente que lo único que reconoce la Administración para volver atrás sobre sus pasos son esos meses caídos y por otra parte la actora no pudo o no debió entender que además de la indemnización, la Administración la reincorporaba en su trabajo y le pagaba meses caídos que no estaban contemplados en la indemnización ya recibida. Ello no es lógico puesto que ningún juez le hubiese reconocido ambas cosas en un fallo ante la Justicia.

Es contrario a la buena fe pretender una gratificación mayor a la que legalmente le hubiese correspondido. Como tampoco se concilia con este principio pretender que la ANSES realizaba concesiones que no se correspondían con la situación objetiva que se estaba concretando, cual era volver a reincorporar a la actora en planta con el sueldo que percibía previo al distracto.

En consecuencia, la tarea interpretativa e integradora en este caso, me conduce necesariamente a dilucidar también el contenido implícito o marginal que en su fórmula o estructura no se ha explicitado y que, por lo demás, pudo haber quedado subyacente en la conciencia de las partes.

V. Respecto de la segunda cuestión estimo que le asiste razón al planteo de la actora, en el sentido que en el caso particular de autos no resulta aplicable la Jurisprudencia de la Corte por la cual no se pagan los salarios caídos salvo que los mismos sean expresamente reconocidos(fallo de la CSJN 327:4928).

Y es que del Acuerdo homologado obrante a fs. 4 y materia de interpretación, las partes acordaron la reincorporación de la actora sujeta a la emisión de una resolución por parte de la ANSES. Dicha resolución fue la DEA 929/06 por la que se dejó sin efecto la resolución DEA 901/05 (art. 2) y se reincorporó a la actora desde el 01/11/2006 (art. 3) aunque no le fueron encargadas tareas puesto que le pusieron un previo (art. 4).

Es decir que técnicamente la actora desde la emisión de la resolución que en su art. 1 convalida el Acuerdo, ya no se encontraba en situación de despido sino que era parte de la Administración pese a que su efectivo ingreso fuera suspendido en base al previo que contiene el art. 4.

Ahora bien, no obstante haber ya dicho que el convenio al dejar sin efecto la resolución por la que se despidió a la actora, retrotrajo las cosas al día del distracto y por ende dejo sin causa la indemnización oportunamente entregada otorgando en su lugar cuatros meses caídos, lo cierto es que la manera en que fue compelida la actora no resulta ajustada a derecho, por cuanto no integro en ningún momento parte ni expresa ni implícita del Acuerdo al que arribaron.

El medio para reclamar lo que le correspondía a la ANSES no era cercenando el derecho de trabajar legítimamente sino por otras vías menos dañosas para la actora, que durante ese tiempo se vio privada de su sueldo, que se presume necesario para la subsistencia.

Dentro del entorno que rodeo la firma del Convenio, así como la actora no podía pretender obtener indemnización, salarios caídos y reincorporación, tampoco podía prever que su reincorporación no iba a concretarse.

Así estimo que debe suprimirse del art. 4 de la Resol. DEA 929/06 en su actual redacción y redactarse de tal manera que no quede supeditado el reingreso de la actora a la devolución previa de la indemnización por despido.

De acuerdo a la solución que propugno, corresponde que se le abonen todos los salarios caídos a la actora desde 1/11/2006 hasta su efectivo ingreso en el ANSES.

VI. En cuanto al modo de cumplir lo propuesto, cabe efectuar la siguiente aclaración: Los cuatro salarios caídos adeudados con más la tasa de interés activa sumados a los salarios caídos desde el 1/11/2006 deberán ser deducidos de la indemnización percibida. Si de la cuenta final a practicarse por secretaría resultare un saldo a favor de la parte actora, la Administración deberá depositar el saldo remanente dentro de los diez días hábiles de quedar firme la presente. Si, por el contrario, la ANSES resultara acreedor de algún saldo, el mismo serán descontado del sueldo de la actora por un monto que no supere el diez por ciento (%10) de sus ingresos por bono y hasta completar el pago.

De esta manera, voto parcialmente por la afirmativa a la cuestión planteada.

El doctor Romano dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por sus fundamentos.

En mérito de la votación que instruye el acuerdo precedente, se resuelve: 1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 58/60 vta., por la parte actora contra la sentencia de fs. 53/57 vta. y en consecuencia ordenar a el ANSES el pago de los salaros caídos -sin correspondiere según lo aclarado en el considerando VI- desde el 01/11/2006 hasta su efectivo ingreso en la UDAI Mendoza con más los intereses calculados a la tasa activa del banco Nación para las operaciones de descuento, desde la mora de la ANSES. 2º) Hacer lugar a la apelación interpuesta por el representante legal de la ANSES a fs. 68/69 vta. ordenando la devolución de a indemnización abonada por la ANSES en la forma establecida en el considerando VI. 3º) Mandar practicar liquidación, la que deberá realizarse en la oportunidad prevista en el art. 503 del CPCCN. 4º) Imponer las costas de Alzada por el orden causado (art. 71 C.P.C.C.N.). 5º) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.- Antonio A. Endeiza.- Otilio R. Romano.- Alfredo López Cuitiño.