marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tutela sindical, legitimación activa
Materia: LABORAL
Carátula: LEONARD DE ALARCON, Carmen (Presidente Junta Electoral A.D.P.) c/ BAYON, Marcelo y/o TAPIA Domingo y otros s/ AMPARO JUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-10-15

Gozan de legitimación activa para ejercer la acción de amparo que prevé el art. 47 de la ley 23551 todos los trabajadores aún cuando no se encuentren investidos de la calidad de candidato, integrante del órgano directivo, titular de cargos representativos sindicales.

Son integrantes de los derechos de la libertad sindical todas las facultades y prerrogativas que en favor de los trabajadores o de las asociaciones sindicales surgen de la Ley 23.551, estén o no incluídas en los arts. 4º, 5º y 23º.Teniedo en cuenta el amplio marco de protección de la ley cabe tener a la Presidenta de la Junta Electoral, Secretaria General Electa y Secretaria Gremial como legitimadas para accionar.
Competencia, cuestiones de competencia, organismos del Estado, Superintendencia de Seguros de la Nación, Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION c/ CAJA NACIONAL DE AHORO Y SEGURO  C.N.A.S. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-14

La ley 19.983 excluyó da la competencia judicial "la reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Nacional,centralizados o descentralizados incluidas las entidades autárquicas,empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires",criterio que tiene su razón de ser que si las entidades estatales en conflicto tienen un superior jerárquico común,es más apropiado que sea éste quien resuelva el diferendo.

Corresponde entonces declarar excluida del conocimiento judicial a la cuestión suscitada entre la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro,a cuyos efectos no constituye óbice alguno que el tema no haya sido sometido concretamente a la Cámara,pues es principio reconocido que la concurrencia de los requisitos ineludibles para el ejercicio de la jurisdicción debe ser aprobada de oficio y no puede ser suplida por la conformidad de las partes,ni por el consentimiento de la sentencia que decidiera sobre la cuestión materia de la controversia.
Telecomunicaciones, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: NSS S.A. c/ GCBA s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-15

Cabe revocar la sentencia que declaró la ilegitimidad de la pretensión de cobrar a la actora -titular de una licencia para prestar el servicio de telefonía fija local, de telefonía de larga distancia nacional e internacional y del servicio de telefonía pública-, la tasa por el estudio, revisión e inspección de obras en la vía pública, pues mediante ella no se está gravando el uso diferenciado del dominio público -que cuenta con la exención del art. 39 de la ley 19.798- sino que se trata de una contribución vinculada con la prestación de tales servicios y respecto de la cual no se advierten motivos que obsten a su validez.
Libertad condicional, conducta del interno, calificación de conducta del interno, calificación de concepto del interno
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Senno, Jonatan Javier s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-03

Corresponde mantener la prisión preventiva no obstante haber cumplido el encausado el tiempo de detención previsto en el art. 13 del CP si de los informes proporcionados por las autoridades penitenciarias surge que el nombrado no ha cumplido con regularidad los reglamentos carcelarios -calificación de conducta y concepto pésimos (0), cuatro sanciones disciplinarias por infracciones medias y graves- lo que permite concluir que de ser liberado intentará eludir la acción de la justicia. La disidencia expresó que la sola existencia de sanciones disciplinarias no constituye por sí misma un incumplimiento de los reglamentos carcelarios, al punto de impedírsele la libertad condicional. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda -en disidencia-).
Inhabilidad de título, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sucesión Barrionuevo, S. Del Carmen c/ Sosa, Julio Roberto s/ Reivindicación s/Incidente de Embargo por Honorarios Promovido por el Dr. Manuel Pérez
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-11-19

Debe rechazarse la excepción de inhabilidad de título opuesta a la ejecución de honorarios con sustento en que se debió dirigir el mandamiento de intimación de pago y embargo al domicilio real, pues ninguna norma de procedimiento exige la notificación de las sentencias en el domicilio real, bastando para ello la notificación en el domicilio constituido, máxime cuando no se trata de un supuesto de excepción que prevén los artículos 22 última parte o 24 último párrafo de la ley 5480 de la Provincia de Tucumán.
Empleo público, empleados públicos, derechos de los agentes de la administración pública, deberes del funcionario público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quiroga Lavié, Humberto c/ Cámara de Diputados de la Nación s/ juicios de conocimientos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

En todo empleo público existen derechos y obligaciones en cabeza de cada uno de los sujetos que componen la relación (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Diaz Sanpedro José c/ Rios Adolfo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-14

Aún cuando el deudor pagare el importe reclamado en el acto de la intimación judicial, mediante el mandamiento de estilo, ha de soportar las costas del juicio tal como expresamente lo dispone el art. 537 del Código Procesal.-
Caducidad de instancia, feria judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Smrcek Jorge Luis c/ Gómez Manuel Damián s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

La inclusión del mes de feria judicial, para el cómputo de la caducidad de instancia, no constituye una cuestión dudosa de derecho toda vez que la misma está compuesta por días inhábiles (art. 152 del C.P.C.) y los plazos de caducidad corren durante estos últimos días (art. 311 del código citado).
Recurso de queja (procesal), recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Luque,   Guillermo   Daniel   y  Tula,  Luis  Raúl s/ homicidio preterintencional -causa nº 117/94-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Corresponde rechazar la queja que se limita a reproducir argumentos ya expresados en la interposición del recurso de casación.
Acción de amparo, facultades del juez, permiso de venta en la vía pública
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Milano, Juan Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Milano, Juan Carlos c/GCBA y otros s/amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-02

La acción de amparo judicial prevista en el art. 14 de la CCABA, según el diseño de la división de poderes previsto en la Constitución local y el rol que en definitiva le toca ejercer al Poder Judicial en el sistema republicano de gobierno, no es un ámbito donde los jueces puedan evaluar -teóricamente y en abstracto- la oportunidad, mérito o conveniencia de las políticas legislativas que regulan el espacio público en esta jurisdicción. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Contienda negativa de competencia, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUIAR, LAURA OFELIA c/ MONTENEGRO, CARLOS MARIA LUIS s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-24

Corresponde dirimir el conflicto negativo de competencia en favor de la postura del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral, puesto que se trata de una acción civil dirigida contra un tercero ajeno a la relación laboral -siendo éste todo aquél que no sea el trabajador ni el empleador-; por ende, ante la inexistencia de relación laboral entre dañador y víctima y versando el juicio principal en un reclamo de daños y perjuicios derivados del accionar presuntamente ilícito de los funcionarios demandados, no resultan operativas las normas sobre competencia material de los Jueces del Trabajo, siendo aplicable el artículo 69 de la ley 10160, que atribuye su conocimiento al Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual.
Ejecución de sentencia, citación de venta, notificación, copias
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco del Chubut c/ Zampierin, Angel s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-10-29

El hecho de que se haya practicado la notificación sin acompañar copia de todas las piezas correspondientes, autoriza a la parte a solicitar la suspensión de los términos para oponer excepciones, circunstancia que debe hacerse valer en el tiempo señalado para impugnarla previsto por el art. 505 del C.P.C.C..
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres, preparación de la vía ejecutiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrocarriles Metropolitanos S.A. (E.L.) c/ Pérez Carlos Amador s/ proceso de ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

La preparación de la vía ejecutiva sólo es hábil para constituir título ejecutivo si el documento, cumplidas las diligencias preparatorias, resulta ser de aquéllos que instrumentan obligaciones contraídas por el demandado, exigibles de dar cantidades líquidas de dinero fácilmente liquidables (cfr. C.N.Com. Sala E: "Banco Provincia de Bs.As. s/ Díaz Manuel", del 20/4/89). (Consid. 4º).
Jubilaciones, régimen jubilatorio, jubilación por edad avanzada, retiro militar, ordenanzas municipales, ley previsional, interpretación amplia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rubalsky, León c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo (Expte CSJ Nº 928-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-19

La ley 14370 (después de la ampliación de su artículo 23 por la ley 21153) disponía que el principio de la jubilación única no será de aplicación en los casos en que los organismos no integrantes del sistema nacional de previsión no reconozcan servicios y remuneraciones a los fines del otorgamiento de la prestación y de la determinación de su monto, aún cuando se encontraren vinculados al mismo por decreto ley 9316/46 (ratificado por ley 12921). En tales casos, las cajas nacionales de previsión otorgarán la prestación que el afiliado tuviere derecho por invocación de los servicios comprendidos en el sistema nacional de previsión o en cualquier otro régimen y que no hubiera sido considerado para el otorgamiento del beneficio originario; pero esta excepción al principio de jubilación única fue derogada por ley 22042, por lo tanto la negativa de la Municipalidad demandada al otorgamiento de la jubilación por edad avanzada al actor, por considerarla incompatible con el goce de un retiro militar anterior, con apoyo en la ley 14370, adolece de insuficiencia de base legal, -según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Chaca"- porque el sistema de la ley 19101 es otro sistema totalmente desvinculado de aquél.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, administración de vialidad provincial, multa, procedimiento administrativo, trámites judiciales, juicio de apremio
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Transporte Maxi S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso   Extraordinario (Expte. CSJ Nº 161-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-09

La actuación de la Dirección Provincial de Vialidad - expresamente contemplada en el artículo 1 de las disposiciones complementarias del decreto acuerdo 2169/51- se halla reglamentada por las disposiciones del decreto 187/79, donde, ante la falta de pago de la multa que se impusiera, queda expedita -luego de la aprobación por el Administrador General de la D.P.V.- la vía del apremio para el cobro de aquélla, de acuerdo a lo previsto en la ley 8530. Por lo tanto, el cuestionamiento del recurrente con sustento en la posibilidad de conversión de la multa en arresto como sanción frente a la falta de pago, no encuentra asidero dentro del procedimiento normado para la imposición y cobro de multas por infracciones a los límites máximos de peso en las rutas provinciales, puesto que resulta ajeno a dicho procedimiento y, consecuentemente, a las atribuciones que sobre este aspecto tiene la Dirección Provincial de Vialidad, lo que pone de manifiesto, a todo evento, el carácter marcadamente conjetural del reproche.
Sociedad conyugal, coposesión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arellano, Donato Juan c/ Chamorro, Ramón, ocupantes y/o subinquilinos s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-09

Siendo plenamente capaces y responsables de sus actos uno y otro cónyuge que, a su vez, son los titulares y tienen la libre administración y disposición de los bienes y derechos que cada uno adquiere (art. 1276 CC), va de suyo que los actos, reconocimientos, renunciamientos o interversiones de su titulo de coposeedor por uno solo de los cónyuges coposeedores, solo a él afectan y no bastan para mudar o intervertir la coposesión del otro (arts. 2353, 2354, 2359, 2409 y doct. arts. 2676, 2680, 2682 CC).

Más aún, este último cuya coposesión pervive con el mismo título o causa possessionis originaria, extiende su posesión a toda la cosa (art. 2409 del CC), que tras el abandono del inmueble por su cónyuge, ha quedado sometido a su exclusiva potestad (doct. art. 2685 "in fine", CC).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la materia, entidades financieras, sociedad cooperativa
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Bastos, Jorge Domingo c/ E.N. (Ministerio de Economía - Sec. Acc. Cooperativa) s/ nulidad de acto administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-27

La justicia en lo contencioso administrativo federal es la competente para conocer respecto del retiro de la autorización para funcionar a un banco cooperativo.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, fundaciones, impuesto a las ganancias, exenciones impositivas
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: F.I.D.E.M- c/ D.G.I. s/ demanda contenciosa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró a la fundación como sujeto tributario exento definitivo en el impuesto a las ganancias, si tal decisión omite hacer mérito de circunstancias relevantes y efectúa una apreciación fragmentaria de las pruebas producidas, lo cual impide que la conclusión sea una derivación razonada del derecho vigente ajustada a las constancias de la causa. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prueba testimonial, testigos, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: Taragano Benjamín Vital c/ Bisordi María Alejandra s/ Divorcio-Separación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-12-19

Teniendo en cuenta que los testimonios no se suman sino que se pesan es indispensable que el juzgador examine la calidad subjetiva de cada testigo, como formaron sus convicciones o percepciones, teniendo en cuenta además las circunstancias de lugar, tiempo y modo de las mismas que configuran las razones de sus dichos, de modo tal que se pueda elegir a quien dar crédito o si bien corresponde desechar todos los testimonios vertidos.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, proceso penal, imputado, derecho al recurso, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SERRANI, PEDRO MATIAS c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA BLANCA EN GRADO DE TENTATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-02

Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario, declarando la invalidación procesal de la resolución de Cámara, por violación al doble conforme consagrado constitucionalmente, toda vez que la resolución impugnada fue dictada en franca colisión de los principios procesales de los artículos 2, 8, 246, 248, 250, en relación al contenido de los artículos 404 y 405 todos del Código Procesal Penal, que preservan el control de convencionalidad, y artículo 8, inciso 2.h del Pacto San José de Costa Rica en orden a la garantía constitucional del doble conforme puesto en crisis, y delimitan además legalmente la competencia material de la Alzada; debiendo remitirse la presente a la Cámara Penal para que un nuevo Tribunal dicte una resolución conforme el criterio aquí sustentado, a fin de garantizar el doble conforme amplio tal como debe preservarse. (Del voto del Dr. Beltramone) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, inciso 2.h.; Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 2, 8, 246, 248, 250, 404 y 405
Acción de amparo, legitimación activa, derechos de incidencia colectiva, calidad de parte, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C.,F. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. s/ Acción de Amparo Aires. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

La posibilidad de interponer acciones de amparo conferidas al defensor del pueblo y a las asociaciones que actúan en defensa de los intereses colectivos y los derechos de los consumidores, en éste último caso registradas conforme la Ley (art. 43 CN) y, por otra parte, la legitimación para interponer aquella otorgada a las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, a que hace mención el art. 14 de la Carta Magna local, no significa que adquieran la calidad de parte aquellas personas que involucra en forma indiscriminada, quienes no ratifican, la actuación de dichas entidades.

Tampoco los legitimados a interponer las acciones conforme a las normas precedentemente citadas, revisten el carácter de mandatarios de dichos individuos a los efectos de su representación personal, como así tampoco conforman un litisconsorcio, salvo que se cumplan con las prescripciones de los arts. 88 y 89 del CPCCN. Los individuos beneficiados o perjudicados de manera indiscriminada y genérica por la actuación de las personas o instituciones a que hicimos referencia, no los hace revestir a aquellos en carácter de parte, litisconsorte o tercero interviniente, en los distintos procesos que tuvieren lugar, no existiendo ninguna consecuencia jurídica respecto de los mismos, los cuales pueden accionar en defensa de sus derechos, antes, durante y después de las actuaciones efectuadas por las personas y asociaciones legitimadas por los arts. 43 y 14, de las constituciones nacional y local, respectivamente...una solución contraria a la aquí sostenida, vulneraría en forma intensa las garantías contenidas en el art. 18 de la CN. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Recurso de inaplicabilidad de ley, oficios, caducidad de instancia, actos suspensivos
Materia: PROCESAL
Carátula: Bolloni de Mosti, Susana y otros s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-07-13

Un deber primario y mínimo de lealtad procesal, por una parte y de interés manifiesto expresado objetiva y oportunamente, por la otra, imponen a la quejosa la carga de informar al juzgado el trámite dado al oficio, con este simple recurso habría obviado que se produzca el estado de caducidad que ahora trata de remediar. Su agregación tardía no modifica la solución dada al diferendo, pues en principio los actos procesales interruptivos para ser tales, deben encontrarse en el expediente pues: "quod non est in actis non est in mundo: lo que no está en el expediente, no está en el mundo".
Amparo por mora, derechos subjetivos, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Chocobar, Aurora del Valle y Otro c/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-27

Los actores, incoan acción de amparo por mora de la administración, para resolver el pedido de "Prórroga en funciones como vocales de la Junta de Clasificación docente de nivel inicial y educación general básica por un mandato de tres años más, mandatos para los cuales no fueron elegidos de acuerdo al derecho aplicable. En orden a lo establecido por el Art.9 de La Ley 4795 y su modificatoria Ley 4850, corresponde resolver acerca de la admisibilidad de la acción.

Para cuya interposición esta legitimada toda persona física o jurídica que haya iniciado actuaciones en sede administrativa, invocando un derecho subjetivo o un interés legitimo y sea parte en un procedimiento administrativo. (Art.3).

De lo que resulta que, en todo pedido de amparo por mora lo primero que hay que tener en cuanta es la entidad del interés invocado. Ya que, la circunstancia de que un individuo peticione a la administración no basta para obligarla a adoptar una decisión.

En efecto, si el peticionante no invoca la lesión de un interés protegido por el derecho - aunque sea potencial- la cuestión sería ajena a la competencia judicial, por no revestir el peticionario el carácter de parte en un expediente administrativo.

De allí que el sentenciante tiene la potestad de apreciar discrecionalmente si procede o no la petición de amparo por mora, analizando el petitorio y las circunstancias que rodean al caso, con lo cual puede expedirse.

Pero no está obligado ante cualquier petición, a requerir de la autoridad administrativa que informe sobre las causas de la demora.

Y si se considera que el peticionario carece de un interés protegido por el derecho o que la Administración no incurrió en mora, lo debe rechazar, como ocurre en el presente caso (Conf.: Luqui, "Revisión de la actividad administrativa", T.2, p.210 y sgtes.).-
Recurso de casación, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: Coliñir, Anahí Flavia c/ La Campagnola SACI-Grupo Arcor s/ ordinario s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-12-09

La determinación de los montos indemnizatorios (de naturaleza disuasoria o punitiva) constituye una típica cuestión de hecho, privativa de los Jueces de las instancias ordinarias y ajena a la revisión en esta instancia extraordinaria, salvo que se denuncie y muestre la existencia de absurdo, hipótesis que no fue invocada ni se vislumbra configurada en la especie. (Voto de la Dra. Piccinini por la mayoría)