Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-06-03


NEUQUEN, 3 de junio de 2014.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "VAZQUEZ MIGUEL ALEJANDRO C/ CONSOLIDAR ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557", (Expte. EXP Nº 429304/2010), venidos en apelación del JUZGADO LABORAL Nro. 1 a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Jorge PASCUARELLI, por encontrase separado de la causa el Dr. Federico Gigena Basombrío, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- La parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 118/121 vta., que rechaza la demanda, con costas al vencido; en tanto que la parte demandada apela la resolución interlocutoria de fs. 44/46 vta., que no hace lugar al planteo de prescripción de la acción, con costas al excepcionante.

A) La demandada se agravia por entender que en la sentencia recurrida convergen en un mismo acto y momento (dictamen de la Comisión Médica de fecha 9 de septiembre de 2008), el inicio del curso de la prescripción y su interrupción, lo que considera incompatible.

Dice que desde el plano práctico y jurídico, la operatividad de la suspensión y de la interrupción de la prescripción requiere como presupuesto o condición necesaria una prescripción en curso. Sigue diciendo que en autos la fecha de inicio del cómputo de la prescripción se sitúa el día 9 de septiembre de 2008, pero que no tiene sentido afirmar que en el mismo momento en que se inicia, el curso de la prescripción se interrumpe o suspende.

Sostiene que el actor no ha producido ningún acto interruptivo o suspensivo del curso de la prescripción.

Agrega que el dictamen de la Comisión Médica no fijó incapacidad alguna, y en consecuencia- la ART nada debía, preguntándose como puede ser considerado este acto como interpelación. Reitera que cualquier acto de suspensión o interrupción de la prescripción debió emanar del actor con posterioridad al dictamen de la Comisión Médica.

Señala que rige en el caso el art. 257 de la LCT, lo que ha sido puesto de manifiesto por la a quo, por lo que, con mayor razón, rige también el art. 258 del mismo cuerpo legal.

Destaca la discordancia de criterios sobre el tema entre los juzgados de primera instancia, con transcripción de fallos.

B) La parte actora no contesta el traslado de la expresión de agravios.

C) La actora se agravia por considerar que la sentenciante de grado yerra al valorar la pericia médica, tergiversando lo expresado por el perito a fs. 119 vta., dado que no se determina incapacidad solamente respecto de la cicatriz de 0,5 cm. de longitud, poco visible, entendiendo que de ello no puede derivarse que no existe incapacidad por las otras cicatrices.

Dice que si la a quo duda del rigor científico de la pericia de autos, debe ordenar la realización de una nueva pericia, o requerir al perito las explicaciones pertinentes, pero no suprimir el contenido del informe.

Cita jurisprudencia sobre el valor de la prueba pericial médica.

Formula queja porque la sentencia recurrida, cuando alude al dictamen de la Comisión Médica omite considerar que en ella intervinieron solamente los médicos integrantes de dicha comisión y loa auditores de la ART, mientras que al trabajador no lo asistió médico alguno.

Entiende erróneo que la jueza de grado pretenda apartarse de la pericia médica invocando el iura novit curia.

D) La parte demandada contesta el traslado de la expresión de agravios a fs. 135/136 vta.

Destaca que el juez no se encuentra sometido a las conclusiones de la pericia médica, sino que tiene libertad para apreciarlas, incluso puede dictar sentencia en contra de lo afirmado por la pericia.

Manifiesta que la a quo, en su fallo, ha hecho un profuso y razonado análisis de la prueba pericial médica, cotejándola con lo dictaminado por la SRT y formando su convicción de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Solicita el rechazo del recurso interpuesto.

E) A fs. 157 la parte actora solicita la recaratulación del expediente por haber dejado de existir Consolidar ART S.A., siendo su continuadora Galeno ART S.A.; y a fs. 168 solicita se intime al letrado de la demandada a acreditar personería en debida forma.

II.- He de abordar en primer lugar los requerimientos de la parte actora referidos a la supuesta inexistencia de Consolidar ART S.A.

En la causa "Torres c/ Consolidar ART S.A." (P.S. 2014-II, n° 53) se resolvió una situación idéntica a la aquí planteada, señalando que: "se encuentra acreditado que ha operado, respecto de la demandada, un cambio de nombre social, de Consolidar ART S.A. pasó a llamarse Galeno ART S.A., habiendo sostenido en autos "Valenzuela c/ Consolidar ART" (P.S. 2014-I, n° 42) que "Las sociedades comerciales, como sujetos de derecho, tienen dentro de los atributos de la personalidad el nombre societario, que es el modo o forma a través del cual se identifican. De ello se sigue que la sociedad puede resolver, a través de sus órganos de gobierno, cambiar su denominación social, sin que ello importe la desaparición de la persona jurídica (cfr. Vítolo, Daniel Roque, "Sociedades Comerciales", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2007, T. I, pág. 219).

"Es por ello que jurisprudencialmente se ha dicho que el cambio de nombre de una sociedad que ha otorgado mandato no autoriza a oponer la excepción de falta de personería en tanto se tata del mismo ente societario (Cám. Nac. Apel. Comercial, Sala B, "Banco Santander Río S.A. c/ Pederiva", 8/6/2010, LL on line AR/JUR/38919/2010).

"De la documentación acompañada a autos no surge que la sociedad anónima denominada Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo se haya extinguido, sino que continúa con el nuevo nombre de Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Más aún, de la propia documental adjuntada por la actora en primera instancia (fs. 163/168) surge expresamente la continuidad jurídica entre ambos nombres".

"De lo dicho se sigue que no corresponde intimar al letrado de la demandada a que acredite personería ya que su mandante no se ha extinguido, sino que continúa existiendo, aunque con otro nombre, encontrándose vigente el mandato otorgado.

"En cuanto a una nueva carátula del expediente, y si bien es cierto que la demandada ha reconocido el cambio de denominación, entiendo que a efectos de no generar confusiones, y dado el estado procesal de este trámite, se debe continuar con la actual identificación de la causa.

"Sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en cuenta la fecha de la resolución emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nación (30 de julio de 2012), hubiera correspondido, por razones de buena fe y lealtad procesales, que la demandada hubiera informado sobre el cambio de denominación social".

Consecuentemente, se rechaza el pedido de la parte actora referido al cambio de carátula y a la intimación a acreditar personería por la parte demandada.

III.- Resuelta la cuestión procesal, corresponde continuar el estudio de la causa por la apelación formulada respecto de la sentencia interlocutoria que rechaza la excepción de prescripción total.

En autos tenemos que el actor sufre un accidente de trabajo el día 4 de noviembre de 2007, siendo atendido por la ART demandada, quién le otorga el alta médica el día 3 de diciembre de 2007 (fs. 2). Con fecha 28 de agosto de 2008, la Comisión Médica n° 9 procede a la revisación del actor (acta de fs. 4), emitiendo dictamen donde consta que las secuelas del accidente no le provocan incapacidad laboral, el día 9 de septiembre de 2008. La demanda judicial es interpuesta el día 5 de noviembre de 2010 (fs. 20 vta.).

La a quo ha entendido que la prescripción no había operado al momento de plantearse la demanda con fundamento en que la reclamación administrativa interrumpe el curso de la prescripción pero, además puede actuar como interpelación auténtica si ha sido notificada al deudor (art. 3986 del Código Civil), pudiendo el trabajador ante esta situación elegir el régimen que le sea más favorable. Concluye el fallo recurrido que computando los seis meses previstos en el art. 257 de la LCT a partir del dictamen de la Comisión Médica (9 de septiembre de 2008), la acción no se encontraba prescripta cuando se interpuso la demanda.

No comparto el razonamiento de la sentenciante de grado ya que, conforme lo desarrollaré seguidamente, la acción se encontraba prescripta cuando se planteó la demanda judicial.

De acuerdo con lo normado por el art. 44 de la LRT, las acciones que de ella se derivan prescriben a los dos años a contar desde que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral.

Si bien es cierto que la ART no se encontraba obligada a abonar ninguna prestación dineraria ya que no existía determinación de incapacidad laborativa, a los fines del cómputo de la prescripción lo relevante es la oportunidad en que la prestación que se reclama debió ser cumplida, ya que en esa oportunidad el interesado se encuentra en condiciones de perseguir la satisfacción de su derecho. En autos, donde se reclama el pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente definitiva parcial no importa que la ausencia de fijación de incapacidad eximía a la ART del pago de aquella prestación, sino que lo relevante, conforme lo señalé, es llegar al momento en que el trabajador se encuentra habilitado para reclamar dicho pago (ya sea porque existe incapacidad y la ART lo omitió, o porque la aseguradora no abonó la prestación por inexistencia de incapacidad).

En el presente expediente, donde el actor fue atendido por la ART, el punto de partida del cómputo del plazo de prescripción debe ubicarse en el alta médica, toda vez que es en esa oportunidad en la que la ART debió expedirse sobre la existencia o inexistencia de incapacidad y, en su caso, abonar la prestación correspondiente.

La prescripción de la acción de autos comenzó a correr, entonces, el día 3 de diciembre de 2007.

Ahora bien, al formular su reclamo ante la Comisión Médica local, se produce la interrupción del plazo prescriptivo por aplicación del art. 257 de la LCT.

En autos no conocemos la fecha de inicio de las actuaciones administrativas, ya que la prueba tendiente a su incorporación a la causa fue desistida por ambas partes. Por ende, he de estar a la fecha de revisación del actor (28 de agosto de 2008). En ese momento se interrumpió el curso de la prescripción.

El plazo en cuestión se reinició el 9 de septiembre de 2008, cuando la Comisión Médica n° 9 emitió su dictamen.

A esta altura del desarrollo de los fundamentos debo realizar dos consideraciones.

La primera es que asiste razón a la demandada apelante respecto a que con el dictamen de la Comisión Médica concluyó el trámite administrativo, por lo que no corresponde computar la interrupción de seis meses a partir de ese momento.

Así ya lo he decidido en autos "Villegas c/ La Caja ART" (Sala III, P.I. 2011-IV, n° 322). Segundo, que finalizado el tramite administrativo antes de los seis meses previstos en la norma del art. 257 de la LCT, la prescripción comienza a correr nuevamente, toda vez que los seis meses que fija la norma legal citada es el término máximo de interrupción de la prescripción, no el plazo obligado de interrupción (cfr. Sala I, autos "Venegas c/ Consolidar ART", P.I. 2011-III, f° 443/444; "Bertulini c/ Consolidar ART", P.I. 2011-IV, n° 361).

Computando los dos años de la prescripción desde la fecha del dictamen de la Comisión Médica, la acción se encontró prescripta al momento de la interposición de la demanda.

III.- La conclusión antedicha no varía por la aplicación del régimen del Código Civil.

En efecto, de acuerdo con el art. 3986 del Código Civil, la prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Tal suspensión sólo tiene efecto durante un año, o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción.

Dicha norma no puede ser aplicada en el sub lite porque, como ya lo señalé, no se conoce en autos cuando se presentó la reclamación administrativa, y si ha existido la intimación fehaciente a la demandada.

Cabe presumir que si el médico de la ART demandada participó del acto médico de revisación del actor (acta de fs. 4), aquella se encontraba anoticiada del reclamo del trabajador, pero al no conocerse los términos de la comunicación a la ART ni la fecha en que ésta se produjo no puede presumirse la existencia de interpelación fehaciente.

La jurisprudencia es conteste respecto a que la suspensión del plazo de prescripción requiere de una interpelación fehaciente al deudor, y que la prueba de tal interpelación concierne, tanto en lo referente a la producción del hecho como a la eficacia del mismo para constituir en mora al deudor, al acreedor -en este caso, el trabajador- y es indispensable, al efecto, la prueba directa del hecho (cfr. Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Federal, Sala III, "Lafayette SRL c/ Gobierno Nacional", 9/4/1986, LL 1986-E, pág. 526; CNAT, Sala V, "Ramírez c/ UOCRA", 18/6/1993, DT 1993-B, pág. 1247; Cám. Apel. Civ. y Com. San Martín, Sala II, "Cosamar S.A. C/ Parise", 14/3/2000, LL on line AR/JUR/1678/2000).

IV.- Por lo dicho es que he de propiciar la revocación de la resolución interlocutoria de fs. 44/46 vta., y el acogimiento de la excepción de prescripción total opuesta por la parte demandada.

V.- En atención al resultado de la apelación precedentemente tratada, me encuentro eximida de tratar los agravios vertidos por la parte actora respecto de la sentencia definitiva, aunque si procede la revocación de dicho resolutorio como consecuencia del acogimiento de la excepción de prescripción total de la acción.

VI.- Propongo, entonces, al Acuerdo: 1) no hacer lugar a los pedidos de cambio de carátula y de intimación a acreditar personería al letrado de la parte demandada formulados por la actora; 2) se revoque la resolución interlocutoria de fs. 44/46 y se haga lugar a la excepción de prescripción total opuesta por la parte demandada, declarando prescripta la acción de autos y disponiendo el archivo de las presentes actuaciones (art. 354 inc. 2°, CPCyC, de aplicación en autos en virtud de la remisión realizada por el art. 54 de la Ley 921); 3) como consecuencia de esta decisión se ha de revocar también la sentencia definitiva de fs. 118/121 vta.

Las costas de primera y segunda instancias se imponen a la actora perdidosa (arts. 17, Ley 921 y 69, CPCyC).

Los honorarios por la actuación en primera instancia se regulan en la suma de $ ... para el letrado apoderado de la parte demandada Dr. ...; $ ... para el letrado patrocinante de la parte actora Dr. ...; y $ ... para la letrada apoderada de la misma parte Dra. ..., todo de conformidad con lo establecido en los arts. 9 y 10 de la Ley 1594. Señalo que no se aplica el art. 39 de la Ley 1594, porque más allá de resolverse la causa por el acogimiento de una excepción, el trabajo de los letrados se desarrolló durante las dos etapas del proceso.

Los honorarios del perito médico ... se regulan en la suma de $ ..., teniendo en cuenta los trabajos realizados y la adecuada proporcionalidad que deben guardar con los emolumentos de los letrados de las partes.

Las regulaciones de honorarios por la actuación ante la Alzada se han de establecer de acuerdo con lo normado por el art. 15 de la ley arancelaria.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala II.

RESUELVE:

I.- No hacer lugar a los pedidos de cambio de carátula y de intimación a acreditar personería al letrado de la parte demandada formulados por la actora.

II.- Revocar la resolución interlocutoria de fs. 44/46, haciendo lugar a la excepción de prescripción total opuesta por la parte demandada, declarando prescripta la acción de autos y disponiendo el archivo de las presentes actuaciones (art. 354 inc. 2°, CPCyC, de aplicación en autos en virtud de la remisión realizada por el art. 54 de la Ley 921).

III.- Revocar la sentencia definitiva de fs. 118/121 vta.

IV.- Imponer las costas de primera y segunda instancias a la actora perdidosa (arts. 17, Ley 921 y 69, CPCyC).

V.- Regular los honorarios por la actuación en primera instancia en las siguientes sumas: ..., (arts. 9, 10 de la Ley 1594), con la indicación efectuada en los considerandos pertinentes.

VI.- Regular los honorarios del perito médico Sr. ..., en la suma de pesos ... ($...), teniendo en cuenta los trabajos realizados y la adecuada proporcionalidad que deben guardar con los emolumentos de los letrados de las partes.

VII.- Regular los honorarios de la presente instancia en las siguientes sumas: para el letrado apoderado de la parte demandada, Dr. ..., de PESOS ... ($...); para el letrado patrocinante de la parte actora, Dr. ..., de pesos ... ($...); y para la letrada apoderada de la misma parte, Dra. ..., de pesos ... ($...)(Art. 15 de la ley 1594).

VIII.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dra. Patricia CLERICI - Dr. Jorge PASCUARELLI Dra. Micaela S. ROSALES - SECRETARIA.