Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-13


SENT Nº 250	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Trece (13) de Mayo de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "González Adriana Mabel vs. Habib Ismael Alfredo y otra s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

I. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia Nº 619 expedida por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (Sala I), de fecha 19 de diciembre de 2011 (fojas 418/423). La misma, en lo pertinente a este recurso, confirma de manera parcial la sentencia de primera instancia expedida por el Juzgado en Documentos y locaciones de la IXª Nominación de fecha 30 de septiembre de 2012, declara procedente la demanda de daños y perjuicios, acogiendo además el reclamo por daño moral que fija en la suma de $10.000 (diez mil pesos) y determina para el cómputo de los intereses la aplicación de la tasa bancaria pasiva mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.

II. La decisión, objeto del presente recurso de casación rechaza con costas, la apelación interpuesta por los demandados por entender que sus agravios no contienen una crítica concreta y razonada de los puntos que cuestionaron de la sentencia.

En relación al actor, hoy recurrente en casación, las sentencia de Cámara estimó concederle el agravio esgrimido por daño moral. En este contexto explica que, del menoscabo patrimonial sufrido por los incumplimientos de la demandada, se infiere el daño moral padecido. Para el fallo, la conexión causal entre el hecho indicador y el daño moral surge con suficiente grado de certidumbre. Por último destaca que la actora dejó librada al tribunal la determinación de la suma de dinero que corresponda y los magistrados intervinientes lo hicieron en base a la pretensión deducida, las pruebas producidas y su resultado, fijando una suma de $10.000 (diez mil pesos).

Al tratar el segundo de los agravios de la parte actora, el fallo de la Excma. Cámara se refirió a la tasa de interés dispuesta en la sentencia de primera instancia, que aplicó para el cómputo de los intereses, la tasa pasiva bancaria del Banco Central de la República Argentina. La Cámara sostiene este criterio en base al artículo 622 del Código Civil.

El pronunciamiento considera a los intereses como moratorios y no como compensatorios, cuyo objeto es resarcir el lucro perdido por el acreedor al no poder aplicar el capital adeudado a una inversión que le genere renta. Se respalda en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que liquida el daño moral mediante la aplicación de la tasa bancaria pasiva dado que ésta es la que se obtiene al invertir el capital en el circuito financiero (Fallo: Yacimientos Petrolíferos Fiscales vs. Provincia de Corrientes y otro del 03/03/1992). Cita en apoyo de este criterio varios pronunciamientos de esta Corte Suprema de Justicia (fallos Nº 420 del 12 de junio de 1996; Nº 757 del 29 de noviembre de 1994; Nº 322 del del 15 de agosto de 1994; Nº 317 del 14 de junio de 1994; Nº 125 del 20 de abril de 1994 y Nº 734 del 3 de agosto de 2009.

III. La recurrente en casación limita su presentación a dos agravios. El primero se refiere a la determinación del monto del daño moral en la cantidad de $10.000 (diez mil pesos), cifra que considera insuficiente. Se agravia en segundo lugar por el modo elegido por la Excma. Cámara para el cálculo de la tasa de interés, considerando que debe aplicarse la tasa activa y no la pasiva. Luego de referirse a los extremos de admisibilidad de la vía impugnativa elegida, a los que considera cumplidos, desarrolla en concreto los argumentos de cada agravio.

Se queja la recurrente por el monto fijado para la reparación del daño moral concedido, por considerarlo alarmantemente bajo y porque no cumple con la función indemnizatoria que por hipótesis debe tener. En síntesis, advierte que el monto fijado alcanza a un 5,3% de la condena indemnizatoria de los restantes rubros reclamados en la demanda, fijados sin intereses en la suma de $187.923 (ciento ochenta y siete mil novecientos veintitrés pesos). A su entender los parámetros a tener en cuenta para la determinación del monto son la gravedad de los padecimientos causados y la duración de los mismos por lo que el arbitrio del juez no debe convertirse en arbitrariedad con un importe irrisorio.

Aduce grave perjuicio patrimonial causado en el marco de una actitud de mora contumaz y de dilaciones innecesarias y maliciosas que se prolongan por más de siete años y que le han ocasionado graves aflicciones deteriorando su bienestar físico y espiritual. Por ello entiende que no puede reducirse la indemnización a un "mínimo despreciable", como ha ocurrido en estos autos, equivaliendo ello una denegación del reclamo. Entiende configurada arbitrariedad y errónea aplicación de norma jurídica, en el caso el artículo 522 del Código Civil. Propone doctrina legal que entiende aplicable al caso.

En relación al segundo agravio justifica el estudio de la cuestión en la instancia extraordinaria, reconociendo que la discusión versa sobre intereses moratorios. Se queja que la Excma. Cámara no haya acogido su pretensión de que los intereses se calculen en base sobre la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina.

El recurrente entiende que el criterio adoptado quedó obsoleto por la realidad económica actual. Considera que el precedente citado (YPF vs. Provincia de Corrientes S/Cobro de Australes, que data de 1992) fue superado por criterios actuales adoptados por fallos de las Cámaras Nacionales de Apelación en lo Civil de Capital en un fallo plenario de fecha 20 de abril de 2009 recaído en autos "Samudio de Martínez Ladislaa C/Transportes Doscientos Setenta SA S/Daños y Perjuicios". Cita numerosos fallos de tribunales locales del fuero laboral, que han fijado a los créditos posteriores a 2002 la tasa activa del Banco Nación para descuentos de documentos, al igual que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Interpreta que el artículo 622 al referirse a "la tasa de los bancos oficiales en operaciones de descuentos ordinarios", bien leída no es otra cosa que la tasa activa del Banco de la Nación Argentina en operaciones de descuentos ordinarios. Afirma que no puede beneficiarse a un deudor moroso con la prolongación voluntaria de su estado de incumplimiento al abonar una tasa pasiva, negativa en relación a la inflación imperante, que irremisiblemente redundará en un monto condenatorio final inferior.

En conclusión opina que la facultad otorgada a los jueces por el artículo 622 ha sido ejercida en la sentencia recurrida de manera arbitraria por aplicar al calculo de intereses la tasa pasiva y arribar a un resultado injusto e impropio de una condena resarcitoria. Por último propone doctrina legal que entiende aplicable al caso.

IV. A fojas 433, se consigna que corrido traslado a la contraparte por el término de 5 (cinco) días sin que haya contestado, pasa a la Excma. Cámara para resolver sobre la admisibilidad del mismo, quien a fojas 436 concede el recurso planteado por considerar cumplidos los requisitos del artículo 748 inciso 1º y 750 del Código procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante CPCCT).

V. Atento a lo referido en los parágrafos precedentes corresponde a esta Corte Suprema al análisis de los presentes autos a los efectos de expedirse en definitiva sobre la admisibilidad y en su caso sobre a procedencia del recurso intentado.

De la lectura del escrito recursivo, surge que se ajusta a lo prescripto por el artículo 751 (CPCCT) por haber sido deducido en término, ser autosuficiente, citar normas que estima infringidas y proponer doctrina legal que considera aplicable al caso. Aduce el recurrente que el fallo en crisis incurrió en arbitrariedad, infringiendo el artículo 622 del Código Civil y 267 (CPCCT).

Se acredita el depósito exigido por el artículo 752 (CPCCT) con la boleta respectiva y la sentencia cuestionada pone fin al juicio, por lo que queda comprendida en las previsiones del artículo 748 inciso "1" (CPCCT). En virtud de lo expuesto y estando bien concedido el recurso de casación por superar el análisis de admisibilidad, corresponde el examen de su procedencia.

VI. De la compulsa del escrito casatorio con la sentencia en crisis, surge que no puede prosperar el cuestionamiento que el recurrente hizo a la cuantificación del daño moral, pero le asiste razón en lo referido al modo de computar la tasa de interés aplicable.

La conclusión sentencial ha determinado en estos autos la existencia de daño moral que, en este caso, se presenta como una derivación de la responsabilidad contractual en el marco del artículo 522 del Código Civil. La recurrente ha cuestionado en casación, la cuantificación que la Excma. Cámara hizo de este rubro indemnizatorio por considerarlo "irrisorio" o un "mínimo despreciable" sosteniendo que un 5% del monto indemnizatorio no puede proporcionar "la paz y sosiego perdidas".

La doctrina sostiene que la tutela de la persona humana comprende "todo lo que el sujeto tiene y todo lo que el sujeto es" (Roberto Brebbia: "El daño moral" Bibliográfica Argentina 1950). Cuando se vulnera lo que se "tiene", se provoca daño patrimonial y cuando se vulnera lo que se "es" ocurre el daño moral, al cual puede describírselo como "una modificación disvaliosa y perjudicial del espíritu que se traduce en un modo de estar de la persona, diferente de aquel en que se encontraba antes del hecho" (Pizarro Ramón Daniel "Reflexiones en torno al daño moral y su reparación" J.A. 1986 II).

Es también sabido que atento la dificultad que importa la prueba del daño moral, no se exige acreditarlo en sí mismo sino a partir de la existencia de un hecho con entidad suficiente para provocar padecimientos de difícil cuantificación material en la persona. Por ello, es todavía más compleja la cuantificación dineraria del daño extra patrimonial.

Su difícil resarcimiento económico debe evitar dos extremos, por un lado transformarse en "simbólico" y por el otro traspasar su límite para convertirse en un "factor de enriquecimiento" del indemnizado.

Entre ambos extremos la norma dota al juez de la necesaria discrecionalidad para evaluar su cuantificación, lo que implica una valoración de hecho ajena al examen casatorio, salvo el supuesto de arbitrariedad.

La responsabilidad resarcitoria por daño moral puede producirse en dos ámbitos diferentes, uno es el contractual y otro el extracontractual. En el ámbito extracontractual la discrecionalidad del Juez tiene mayor amplitud, libertad y posibilidades para encontrar parámetros para determinar el quantum del daño moral y también del daño en general, que en el ámbito contractual. La menor amplitud del ámbito contractual surge de la necesaria accesoriedad material que el daño en general y en particular el daño moral tienen respecto del contrato.

El daño moral en esta hipótesis no puede existir con independencia de la relación contractual. No puede haber "responsabilidad contractual por daño moral.", sin contrato. En consecuencia la figura del contrato se transforma en un parámetro necesario para evaluar al daño moral. El contrato implica una relación jurídica sujeta al principio de la autonomía de la voluntad y sometida a una regulación específica que prevé, en principio, las consecuencias de su incumplimiento.

El contratante no está en una "situación jurídica ajena a su voluntad" sino en una relación jurídica reglada en dos niveles. En un primer nivel de manera voluntaria, en la que ha ejercido la libertad de configuración de los términos del propio contrato y la libertad de conclusión al elegir con quién contratar, asumiendo el albur o riesgo que ello implica. El segundo nivel más general está constituido por las normas civiles que prevén la protección jurídica ante las consecuencias del incumplimiento.

El contrato tiene un "quantum" constituido por su objeto, por sus prestaciones recíprocas, que constituyen el primer parámetro o piso mínimo para evaluar los daños que pueden surgir de su incumplimiento y que no pueden superar las expectativas definidas por los contratantes al momento de la celebración del contrato. Es por ello que se afirma que la cuantificación de los daños también tiene un techo que es el enriquecimiento del co-contratante. Aún así, legislador ha previsto, la posibilidad que en virtud del incumplimiento contractual pueda producirse además del daño patrimonial, daño moral.

Una vez que ha sido reconocida y cuantificada la reparación por daños y perjuicios en el marco contractual, las expectativas de resarcimiento por daño moral no pueden desvirtuar la ecuación patrimonial tenida en cuenta por los contratantes al momento de la celebración del negocio jurídico. Lo dicho vale, sin perjuicio de reconocer que el daño moral no guarda una relación directa con la indemnización patrimonial, porque responden a justificaciones diferentes, sin embargo, tampoco es razonable que la exceda o la agrave de tal modo que implique una alteración sustantiva de la misma, en cuyo caso hay enriquecimiento. Esta circunstancia obliga a los jueces a tener extrema prudencia tanto al reconocer la existencia de daño moral en materia contractual, como al determinar su cuantificación.

En el caso que analizamos se ha reconocido a la parte recurrente en casación, daños y perjuicios en primera instancia que ya implica una consecuencia reparadora del incumplimiento. También se ha reconocido en segunda instancia el rubro daño moral por la suma de $10.000 (diez mil pesos) que se agrega a la reparación patrimonial y no se advierte en esta cuantificación, teniendo en cuenta todo lo expuesto, que se haya incurrido en arbitrariedad, por lo que corresponde no hacer lugar a este agravio.

Ingresando al estudio del segundo agravio, se advierte que asiste razón al recurrente en cuanto estima que no debe aplicarse la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.

La cuestión a discernir es el sentido y alcance del artículo 622 del Código Civil y en este contexto es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Banco Sudmeris c/Belcam S.A. del 05/07/1994), que la determinación de la tasa del interés moratorio es cuestión propia de la valoración los jueces de mérito, salvo cuando dicha valoración sea manifiestamente irrazonable.

En este caso, repetimos argumentos vertidos en el primer orden de votación del fallo de casación de la causa "Di Donato Roberto Fabio vs. Inmsol I.M.I.C.A.S.A. S.A. y otro S/ Cobro Sumario. Incidente de Ejecución de Honorarios" de fecha 31 de mayo de 2012, en cuanto estiman que la ponderación de los jueces de mérito debe atender a los datos concretos del caso y a las circunstancias socio-económicas imperantes al momento de su dictado, lo que configura un test de razonabilidad en cuyo defecto cualquier decisión deviene arbitraria. En este contexto se advierte que el fallo recurrido no supera el referido test de razonabilidad al aplicar la tasa pasiva para el cálculo de los intereses y en consecuencia deviene arbitrario.

No escapa a este análisis que en algunos precedentes este alto tribunal ha sostenido que los intereses moratorios tienen por objeto resarcir el lucro perdido por el acreedor, al no poder aplicar el capital adeudado a una inversión que genere renta. Desde esta perspectiva, el daño debe estar representado por el interés que habría generado ese capital y se determina mediante la aplicación de la tasa bancaria pasiva. Sin embargo estas decisiones respondían a circunstancias socio-económicas diferentes a las actuales.

La propia jurisprudencia tanto local como nacional fue asumiendo posiciones que consideraron que las circunstancias que motivaron los referidos precedentes han variado y que no obstante entender que no es posible actualizar deudas por desvalorización monetaria, han dispuesto aplicar la tasa activa en concepto de interés moratorio (Samudio de Martínez ladislaa C/ Transportes 260 S.A. S/Daños y Perjuicios-Plenario de la Cámara Nacional Civil- "La Ley" 22/04/09; Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en J 146.708/39.618 -Plenario S.C. de Mendoza; etc.). Incluso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación los vocales Ricardo Lorenzetti y Rodolfo Petracchi consideran que debe aplicarse la tasa activa (Baldino, Luisa María C/ANSES S/Reajustes varios (CSJN del 13/5/2008).

La cuestión que se analiza no puede reducirse a qué tipo de interés corresponde aplicar en el marco de lo dispuesto por el artículo 622 del Código Civil, que en su texto sólo indica que el deudor ".debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado.", sino que comprende también la consideración de la finalidad resarcitoria que tiene la mencionada norma. El interés moratorio tiene una función resarcitoria cuya objetivo es proporcionar a quien sufre el daño, una reparación. En este caso, el interés es parte sustantiva de la reparación y determinarlo por la tasa pasiva diluye, en el contexto socio-económico presente, su función resarcitoria.

La norma debe integrar su dimensión positiva al contexto socio-económico en el que se aplica, para no desvirtuar su finalidad. En este caso concreto dicha finalidad está representada por su función resarcitoria. Así como el límite superior de la reparación es el enriquecimiento a costa del demandado, tal como lo afirmáramos al desarrollar el agravio sobre le monto del daño moral, el límite inferior que no debe vulnerarse, está delimitado por el empobrecimiento del recurrente a quién se la ha reconocido el daño reclamado. No debe favorecerse a un demandado que ha sido condenado a reparar un daño que él mismo ha provocado, por que de lo contrario se lesiona con ello el principio constitucional de igualdad.

Cuando ello ocurre no sólo se infringe la norma civil orientada a reparar el daño patrimonial al enervar o transformar en ilusoria su función jurídica, sino la garantía constitucional del derecho de propiedad consagrada por el artículo 17 y el principio de igualdad ante la ley consagrado por el artículo 16, ambos de la Constitución Nacional.

No escapa en este análisis lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 23.928 modificada por la ley 25.561, que impiden actualización monetaria cualquiera fuere su causa ".haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley." y que además deroga ".las disposiciones legales y reglamentarias." disponiendo también que ".serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto." (artículo 7). En sentido similar quedó redactado el artículo 10 de la citada norma.

Respecto de estas disposiciones es necesario destacar que no son aplicables al presente caso, debido a que los intereses moratorios constituyen una forma de indemnización vinculada al daño efectivo que ya fue reconocido en la suma de $ 187.923. En consecuencia estos intereses no constituyen actualización ni indexación de la mencionada suma por estar vinculados a una sentencia condenatoria que busca resarcir un daño. El propio Vélez Sarsfield en su nota al pie del artículo 622 explica ".el interés del dinero en las obligaciones de que se trata, corresponde a los perjuicios e intereses que debía pagar el deudor moroso." El juez debe aplicar, de conformidad al artículo 622 del Código Civil, los intereses legales que las leyes especiales hubieren determinado. Como no existe norma legal alguna que determine de manera expresa la aplicación de la tasa pasiva o de la activa, es discrecional del juez determinar la tasa aplicable, teniendo en cuenta la finalidad resarcitoria de la norma y el contexto socio-económico existente al momento del fallo. El propio Vélez Sarsfield reconoce esta circunstancia cuando en la mencionada nota al artículo 622 escribe: ".Me he abstenido de proyectar el interés legal porque el interés del dinero varía tan de continuo en la República.".

Además debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 40 (CPCCT), que determina que las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque fueren sobrevinientes. Así lo ha sostenido esta Corte en reiterados fallos (Sentencias Nº 20 del 24/02/94; Nº 543 del 341/08/94; etc.). A lo expuesto cabe agregar que al disponer la aplicación de la tasa pasiva no se puede resarcir al damnificado, porque éste en definitiva termina financiando una conducta antijurídica y de esta forma se premia una actitud disvaliosa del demandado.

Quien ha provocado un daño que tiene obligación de reparar, no tendrá estímulos ni razones concretas que lo disuadan de su conducta antijurídica. Siempre le resultará eficiente desde el punto de vista económico no cumplir con su obligación. Por último este conjunto de circunstancias trasciende la esfera individual y privada y se proyecta a la comunidad toda porque aumenta la litigiosidad de los negocios jurídicos, desalienta la conciliación prejudicial y perjudica la prestación del servicio de justicia provocando la saturación de los recursos disponibles.

En consecuencia corresponde que se haga lugar a este agravio, disponiendo para este caso la aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, con arreglo a la siguiente doctrina legal:

"Es arbitraria la sentencia que, al reconocer daños y perjuicios y determinar los intereses moratorios, aplica la tasa pasiva mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, prescindiendo del contexto socio-económico existente al momento de su dictado, desvirtuando la finalidad resarcitoria del instituto regulatorio de la reparación del daño patrimonial (artículo 622 Código Civil) y vulnerando las garantías constitucionales consagradas por los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional".

Corresponde en consecuencia y en el marco de las facultades conferidas a esta Corte por el artículo 755 (CPCCT), hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia Nº 619 expedida por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (Sala I), de fecha 19 de diciembre de 2011 (fojas 418/423) en relación al agravio sobre la tasa de interés aplicable y rechazar el agravio sobre la cuantificación del daño moral. Atento a que ha prosperado uno sólo de los agravios del recurrente, es pertinente imponer en la etapa casatoria, las costas a la vencida en proporción del 50%, en el marco de lo dispuesto por los principios generales de la materia (artículo 108 CPCCT).

Por todo lo expuesto propicio: I.- No hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nº 619 expedida por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (Sala I), de fecha 19 de diciembre de 2011 (fojas 418/423), en lo atinente al agravio referido a la cuantificación del daño moral, quedando firme la suma reconocida en $ 10.000 (diez mil pesos). II.- Hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nº 619 expedida por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (Sala I), de fecha 19 de diciembre de 2011 (fojas 418/423), sólo en lo atinente al agravio referido a la tasa aplicable en los intereses moratorios. III.- Disponer que se aplique a los rubros reconocidos en concepto de daños y perjuicios y daño moral por intereses moratorios, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina. IV.- Imponer las costas a la vencida en una proporción del 50%, en virtud de lo expresado en los considerandos.

El señor vocal doctor Antonio Gandur , dijo:

I.- Adhiero y comparto con lo expresado por el señor vocal preopinante, Dr. Daniel Oscar Posse, en lo que concierne a los antecedentes del caso reseñados, la descripción de los agravios del recurrente, el análisis favorable de la admisibilidad del recurso de casación y también el rechazo del agravio dirigido a cuestionar el monto condenado en concepto por daño moral. Sin perjuicio de lo expresado, y con relación a la tasa de interés aplicable, disiento con el criterio del señor vocal preopinante en lo referido a la procedencia del agravio que pretende la aplicación de la tasa de interés activa y, en consecuencia, también disentimos con la forma de distribuir las costas por parte del voto preopinante, todo en atención a los fundamentos que se exponen a continuación.

II.- La temática relativa a la tasa de interés aplicable fue objeto de análisis por esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán a través de sentencia nº 379 de fecha 31 de mayo de 2012, en los autos "Di Donato Roberto Fabio vs. INMSOL I.M.I.C.A.S.A. S.A. y otro s/ Cobro sumario. Incidente de ejecución de honorarios", en el cual -por mayoría- se pronuncio en el sentido de que, en principio, corresponde calcular los intereses con la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina. En dicho precedente, se arribo a la mencionada solución a partir de las consideraciones que se exponen a continuación. En primer término, y reproduciendo los fundamentos sustanciales del citado precedente de esta Corte, se dijo que resultaba necesario distinguir claramente el concepto y función que cumplen los intereses moratorios en el plano jurídico. En consecuencia, se destacó que el artículo 622 del Código Civil presenta la regulación de los intereses moratorios, disponiéndose allí que "El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar.". En cuanto a su concepto, podemos decir que los referidos intereses moratorios constituyen la sanción resarcitoria que se impone a quien incumple una obligación de dar sumas de dinero. Por ello, calificada doctrina entendió que "en las obligaciones de dar dinero, el pago de la suma debida como capital satisface in natura al acreedor, y los intereses moratorios constituyen la indemnización consiguiente al estado de mora del deudor. Éste es responsable 'por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación' (art. 508), es decir, que aunque no se haya pactado ningún tipo de interés, corresponde siempre el pago de los moratorios en caso de incumplimiento" (Belluscio, Augusto C. -Director- y Zannoni, Eduardo A. -Coordinador-, "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, Anotado y Concordado", Editorial Astrea, Buenos Aires, comentario del artículo 622 del C.C., página 123).

Por ello, se consideró que, desde lo conceptual, los intereses moratorios constituyen el resarcimiento por el menoscabo provocado por la indisponibilidad del capital adeudado, que el acreedor experimenta a raíz del retardo imputable al deudor, es decir, los intereses moratorios responden a un hecho perjudicial para el acreedor (incumplimiento), consistente en la falta de cumplimiento oportuno de la obligación a cargo del deudor, y allí se pueden advertir las diferencias que presenta con la obligación originaria o primigenia, la que al resultar incumplida, provoca -recién- el nacimiento de los intereses moratorios (conf. Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, in re "Ponce, Manuel Lorenzo vs. Sangalli, Orlando Bautista y otros", de fecha 21/10/2009, La Ley 2010-A, 89). A su vez, "la deuda de intereses existe aún cuando no se demuestre perjuicio alguno por la morosidad del deudor, pues la relación de causalidad está presumida por la ley y, correlativamente, la indemnización se establece -en principio- según una tasa fija, también independiente del daño efectivo" (Belluscio, Augusto C. -Director- y Zannoni, Eduardo A. -Coordinador-, "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, Anotado y Concordado", Editorial Astrea, Buenos Aires, comentario del artículo 622 del C.C., página 123). Así, se señaló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto y función de los intereses moratorios, dijo ".el resarcimiento del daño moratorio previsto en el art. 622 del Cód. Civil cuenta con una presunción legal de causalidad que comprende tanto la existencia del menoscabo patrimonial como la determinación de su contenido, mediante una indemnización que se liquida únicamente por los intereses legales. Estos intereses constituyen la consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento de la obligación, pues tienen por objeto resarcir el lucro perdido por el acreedor al no poder aplicar el capital adeudado a una inversión que genere la renta pertinente, vale decir los intereses que aquél ha dejado de percibir" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Yacimientos Petrolíferos Fiscales vs. Provincia de Corrientes y otro", de fecha 03/03/1992, La Ley 1992-B, 216; Fallos 315:158). En igual sentido, ésta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, con relación a los intereses moratorios, interpretó que "tienen por objeto resarcir el lucro perdido por el acreedor al no poder aplicar el capital adeudado a una inversión que genere la renta pertinente, vale decir los intereses que aquél ha dejado de percibir (CSJT, sentencia 1330, de fecha 22 de diciembre de 2008).

A partir de allí, se expresó que no desconocemos que numerosos pronunciamientos judiciales a lo largo de la historia de nuestro país, acudieron a la determinación de una tasa de interés mayor a fin de paliar los efectos derivados de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda nacional. Sin embargo, interpretamos que a esta altura del análisis realizado, queda claro que más allá de las vinculaciones que se pretendan encontrar entre los intereses moratorios y los mecanismos de actualización monetaria, ello no implica identidad de conceptos, por el contrario, los dos institutos tienen un sentido diverso que responden a distintas causas y pretenden resarcir diferentes rubros, en tanto que los mecanismos de actualización pretenden reparar la pérdida de poder adquisitivo del capital referido a la obligación primigenia (es decir, es parte integrante del capital) y se calculan con indiferencia de la existencia de mora del deudor, mientras los intereses moratorios están vinculados al incumplimiento de la obligación originaria y persiguen reparar el menoscabo producido por la indisponibilidad del capital como consecuencia del incumplimiento (conf. CSJT, sentencia nº 31 de fecha 19 de febrero de 2009). Así, se destacó que este Tribunal sostuvo ".cabe agregar que la actualización de capital y el interés moratorio tienen fines distintos, mientras lo primero da al capital adeudado su valor real actual, contrarrestando su desvaloración monetaria, el interés tiene un carácter compensatorio por la privación del uso del capital (cfr. sentencia Nº 000449 del 21/12/92, in re 'Carrara de Palacios, María Eugenia vs. Vera Róbinson, Carlos Roque s/Cobro Ejecutivo')." (CSJT, sentencia nº 831 de fecha 18 de noviembre de 1996, in re "Hofer José vs. Sociedad Argentina Ltda. Establecimientos Metalúrgicos S.A. (S.A.L.E.M.) s/ Cobro de Australes).

Sobre la plataforma conceptual elaborada anteriormente, se interpretó que corresponde abordar el análisis de la pretensión referida a la aplicación de la tasa activa como medio para compensar la depreciación monetaria, destacando que consideramos que se impone el rechazo de dicha pretensión por los siguientes fundamentos.

Previo a todo, cabe aclarar que para la obtención de la tasa activa de interés, el banco toma en cuenta diversos factores, entre ellos, "la tasa pasiva derivada de la captación de depósitos, los gastos operativos propios del banco, su ganancia, el encaje y el riesgo. Es así como obtienen su tasa activa, de manera tal que si le quitamos a ésta la tasa pasiva, el 'spread' lo componen, como quedó señalado, los gastos de los bancos, el encaje, las ganancias por realizar esta intermediación, más otros componentes que incluyen el riesgo" (Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, in re "Ginossi, Juan Carlos vs. Asociación Mutual U.T.A.", de fecha 21/10/2009, LLBA 2010 -febrero-, 41). Como se observa, la tasa activa presenta componentes que nada se compadecen con los intereses que debe afrontar el incumplidor moroso y que resultan absolutamente ajenos a la relación objeto de análisis.

Por su parte, y no menos importante, la pretensión del recurrente de acudir a la aplicación de la tasa activa de interés a fin de remediar la depreciación monetaria, implica desnaturalizar y desviar la función natural que cumplen los intereses moratorios, en búsqueda de un resultado expresamente prohibido por el marco legislativo vigente. Se pretende así, soslayar -sin mediar declaración de inconstitucionalidad- la prohibición consagrada en el artículo 7º de la ley 23.928 (ratificada por la ley 25.561), que dispone "El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley". Por ello, permitir que por conducto de un atajo -concretamente, el empleo desnaturalizado y distorsionado del interés- se persiga y se obtenga lo que, precisamente, la ley prohíbe y busca evitar, no puede ser receptado favorablemente.

En este sentido, se dijo "no es un dato menor que la ley 25.561 hubo de ratificar la derogación dispuesta por el art. 10 de la ley 23.928 respecto de todas las normas legales o reglamentarias 'que establecen o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas...'. Es indiferente -en consecuencia- que esta última se lleve a cabo quitando el embozo -vale decir, aplicando derechamente un índice específico de corrección del capital- o de manera encubierta (de 'cualquier otra forma'), v.gr.: mediante la definición de una tasa de interés que lo incluya, pues en todos los casos ha de imponerse la necesidad de invalidar un resultado opuesto a la télesis, y en rigor, al texto expreso de la norma (prohibitiva)" (Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, in re "Ponce, Manuel Lorenzo vs. Sangalli, Orlando Bautista y otros", de fecha 21/10/2009, La Ley 2010-A, 89). En igual sentido, éste Tribunal, con relación a la aplicación de intereses, dijo ".los mismos no pueden implicar la utilización de aquellos que contrariando el espíritu de la ley, signifiquen el establecimiento de nuevos sistemas de ajuste de capital" (CSJT, sentencia nº 831 de fecha 18 de noviembre de 1996). Además, se destacó que, conforme al criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, permitir que la aplicación de una tasa de interés (en el caso, la tasa de interés activa) funcione como mecanismo de actualización monetaria desoyendo la prohibición legal consagrada en el artículo 7 y 10 de la ley 23.928 (recuérdese que las normas vigentes deben ser aplicadas mientras no se declare su inconstitucionalidad), "significaría desconocer el objetivo antiinflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales mencionadas mediante la prohibición genérica de la 'indexación', medida de política económica que procura evitar que el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios de cada uno de los demás sectores, contribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios (conf. Fallos: 329:385) y a crear desconfianza en la moneda nacional" (CSJN, in re "Massolo, Alberto José vs. Transporte del tejar S.A.", de fecha 20 de abril de 2010, Fallos 333:447). Es que "la problemática de la inflación es un fenómeno muy antiguo y corriente, y su remedio está inevitablemente ligado a la política que acierte a seguir el Estado, función estatal que ha conducido en el campo jurídico a la aceptación de las doctrinas nominalistas en las más diversas épocas históricas y al reconocimiento de que la solución de la inflación, vinculada al remedio concreto de las situaciones inequitativas surgidas a su amparo, debe ser por naturaleza objeto de soluciones legislativas y no pretorianas". (CSJN, in re "Massolo, Alberto José vs. Transporte del tejar S.A.", de fecha 20 de abril de 2010, Fallos 333:447. Del voto del Doctor Petracchi).

Por los fundamentos expuestos, interpretamos en el citado precedente -aplicable en la especie- que no puede receptarse la aplicación de la tasa de interés activa, sino que debe mantener la actual aplicación de la tasa de interés pasiva, dado que -como dijimos-, "los intereses moratorios constituyen la consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento de la obligación, pues tienen por objeto resarcir el lucro perdido por el acreedor al no poder aplicar el capital adeudado a una inversión que genere la renta pertinente, vale decir los intereses que aquél ha dejado de percibir" (CSJT, sentencia nº 1330 de fecha 22 de diciembre de 2008). Por ello, y "desde esta perspectiva, el daño debe liquidarse mediante la aplicación de la tasa bancaria pasiva, pues ésta es la que hubiera obtenido el 'accipiens' de haberle sido restituido el capital en tiempo oportuno. En cambio, si ante el incumplimiento del deudor, el acreedor debió acudir a una institución bancaria para proveerse del capital adeudado, el daño no estaría configurado -como en el supuesto anterior- por el beneficio perdido, sino por los intereses pagados, de manera que se aplicaría la tasa de interés activa, habitualmente denominada 'de descuento de documentos comerciales'. No obstante, en este caso, la circunstancia de acudir el acreedor al circuito financiero no aparece como una consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento comprendido en la presunción de causalidad establecida por el art. 622, sino como una consecuencia mediata que para ser asignada a la esfera de responsabilidad del deudor debe ser concretamente alegada y demostrada, exigencias que no se verifican en el caso" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Yacimientos Petrolíferos Fiscales vs. Provincia de Corrientes y otro", de fecha 03/03/1992, La Ley 1992-B, 216; Fallos 315:158).

Al igual que los precedentes señalados, en la especie no surge que el recurrente haya tenido que recurrir al circuito financiero como derivación de la falta de pago oportuno de los daños y perjuicios ocasionados por los demandados y, en consecuencia, parece razonable resarcir sólo las consecuencias inmediatas y necesarias del incumplimiento (intereses calculados con tasa de interés pasiva).

Por su parte, la aplicación de la tasa de interés pasiva, es la que surge de la aplicación de las normas vigentes, las que no sólo prohíben la "actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas", sino que fijan precisamente cual mecanismo de cálculo de intereses corresponde aplicar, pues "si bien la ley 23.928 no se ocupó de la tasa de interés (se concentró en el tema de la indexación o repotenciación, que es un problema diverso al del costo o resarcimiento por el uso o retención indebida del capital), el decreto 941/1991 agregó dos párrafos al decreto 529/1991 (reglamentario de la prealudida disposición legal) estableciendo que 'en oportunidad de determinar el monto de la condena ..., el juez podrá indicar la tasa de interés que regirá a partir del 1° de abril de 1991, de modo de mantener incólume el contenido económico de la sentencia. El B.C.R.A. deberá publicar la tasa de interés pasiva promedio, que los jueces podrán disponer que se aplique a los fines previstos en el art. 622 del Código Civil'." (Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, in re "Ginossi, Juan Carlos vs. Asociación Mutual U.T.A.", de fecha 21/10/2009, LLBA 2010 -febrero-, 41).

A partir de allí, y pese a que podría interpretarse que la aplicación de la tasa pasiva no resulta imperativa por cuanto la norma expresa "los jueces podrán", la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Yacimientos Petrolíferos Fiscales vs. Provincia de Corrientes y otro", de fecha 03/03/1992, interpretó que el Decreto 941/91 vino a cubrir el vacío legal (desde que el artículo 622 del Código Civil no fijaba tasa de interés moratorio) y, en consecuencia, consideró que correspondía la aplicación de la tasa de interés pasiva y que "la ley especial" a la que reenvía el artículo 622 del Código Civil, estaría constituida -según el criterio del Alto Tribunal-, precisamente, por el artículo 10 del Decreto 941/91. (conf. Bueres, Alberto J. -Dirección- y Highton, Elena I. -Coordinación-, "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Editorial Hammurabi, Buenos Aires, Tomo 2ª, comentario artículo 622 del C.C., página 480). Esta posición fue ratificada al poco tiempo por la Corte Nacional en los autos "López vs. Explotación Pesquera La Patagonia", de fecha 10/06/1992. En similar postura, puede observarse mi voto en los autos "Gallettini, Francisco c/Empresa Gutiérrez SRL s/Indemnizaciones", sentencia nº 443 de fecha 15 de junio de 2004.

A partir de allí, aunque no sin algunas oscilaciones, el máximo tribunal nacional mantuvo su postura de la aplicación de la tasa de interés pasiva que se conserva hasta la fecha. Podemos citar como precedentes la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Spitale, Josefa Elida vs. Administración Nacional de la Seguridad Social" de fecha 14/09/2004, en donde se dijo "La tasa pasiva promedio que elabora el Banco Central de la República Argentina es adecuadamente satisfactoria del menoscabo patrimonial sufrido por el actor, en el marco de la índole previsional de la relación jurídica en examen, el carácter alimentario de las prestaciones adeudadas y el período de estabilidad del valor de la moneda durante el lapso que corresponde a la deuda reclamada" (Fallos 327:3721). En igual sentido, el referido tribunal, en los autos "Provincia de San Luís vs. Graciela Puw Producciones" de fecha 12 /08/2008, dijo "Tratándose de facturas impagas, frente a la ausencia de convención sobre la tasa de interés, es procedente adicionar dichos réditos a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina" (Fallos 331:1701).

Esta postura, fue mantenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún con posterioridad al fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil que data del 20 de abril de 2009, en los autos caratulados "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios", que fuera citado por el recurrente como argumento de su pretensión. Así, pueden observarse los precedentes de la CSJN en los autos "Masson, Bonifacio de Abril vs. ANSeS" de fecha 09/12/2009, "Galiano, Pablo vs. ANSeS" de fecha 01/12/2009, "Canepa, Roberto Juan vs. ANSeS s/ reajuste varios" de fecha 18/08/2009, "Fargosi, Horacio Pedro vs. ANSeS" de fecha 09/11/2010, "Baeza, Silvia Ofelia vs. Provincia de Buenos Aires y otros", de fecha 12/04/2011, "Argencard S.A. vs. Provincia de Entre Ríos y otro s/ demanda de repetición" de fecha 29/11/2011, en los que -con algunas disidencias- mantuvo la aplicación de la tasa de interés pasiva.

Debe recordarse que conforme lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los "tribunales inferiores no pueden apartarse de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en el caso, en materia de pautas para la liquidación de intereses- sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar las posiciones sustentadas en los mismos, pues dicha doctrina tiene un valor moral intrínseco que no puede ser despreciado por los jueces, quienes tienen la obligación de tratar y, en su caso, conformar sus decisiones a las del citado tribunal, atendiendo a su carácter de intérprete final de la Constitución y las leyes (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace suyo)" (CSJN, in re "Quadrum S.A. vs. Ciccone Calcográfica S.A." de fecha 06/07/2004, Fallos 327:2842, publicado en La Ley 09/02/2005, 16).

Por todo lo expuesto, interpreto que los argumentos plasmados en el recurso casatorio, no logran enervar los fundamentos que justificaron que éste Tribunal haya adoptado, desde larga data, la aplicación de la tasa de interés pasiva a los fines del cálculo de los intereses y, en consecuencia, considero que corresponde, en la especie, rechazar el recurso de casación -también en lo referido a la aplicación de la tasa de interés activa- en contra de la sentencia de Cámara, debiéndose calcular los intereses conforme los criterios y fundamentos sentados en el caso "Gallettini Francisco vs. Empresa Gutiérrez S.R.L. s/ Indemnizaciones", sentencia nº 443 del 15/6/04. En el referido precedente, esta Corte sentó doctrina legal sobre este tema, estableciendo que debe emplearse -para el cálculo de los intereses- la tasa pasiva de interés que publica el Banco Central de la República Argentina, correspondiendo tomar desde que son debidos hasta el 6 de enero de 2002 por el procedimiento establecido contenido en la sentencia n° 756 del 25 de octubre de 1996 "Navarro Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Impugnación de planilla"; y desde el 7 de enero de 2002 con el procedimiento sugerido por el comunicado "A" n° 14.290 del BCRA y su reglamento "B" n° 5014 hasta su efectivo pago. Esta doctrina fue seguida por esta Corte en los fallos n° 469 "Moreno Alicia Viviana vs. Instituto de Enseñanza Privada María Montessori S.R.L. s/ Cobros" del 28/6/04; n° 604 "Gómez de Almaraz Nora s/ Lesiones culposas" del 13/8/04; n° 548 "Lascano Daniel Marcelo vs. Elementos y Materiales Industriales S.R.L. s/ Cobros" del 11/8/04; n° 664 "Gerónimo Raúl Alberto vs. Cía. Aguas del Aconquija S.A. s/ Cobros" del 06/9/04; nº 1330 "Rodríguez, Oscar Nicolás vs. Sucesión de Pericás Luis Nicolás s/ Indemnizaciones" de fecha 22/12/2008; nº 680 "Robles Daniel Enrique vs. La Lugenze S.R.L. s/ Cobro de pesos" de fecha 08/07/2009, entre otros.

III.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención al resultado a que se arriba, corresponde imponerlas a la parte actora vencida.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia nº 619 de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala Iª, dictada en fecha 19 de diciembre de 2011 (fs. 418/423), conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE	(en disidencia parcial) CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.