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Nulidad procesal, integración de la litis, litisconsorcio necesario, mandato, muerte del mandante, gravamen actual
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castellano Tristán Raul s/ Usucapión - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-06-03

Resulta indiscutible que la violación a los presupuestos que hacen a la regular constitución de la relación procesal, constituye un supuesto de nulidad absoluta que debe declararse de oficio por los jueces, aún sin instancia de la parte perjudicada, por cuanto es un tema de orden público, que atañe a la función jurisdiccional y el mismo puede importar una verdadera restricción al derecho de defensa de las partes.

No obstante ello, los principios rectores que rigen la conformación de la relación procesal en primera instancia, y que requiere, en el caso de tratarse de un supuesto de litis consorcio necesario, la intervención de todas las partes interesadas, sin lo cual no es posible obtener un pronunciamiento útil, no resultan aplicables en segunda instancia.

Ello así por cuanto, y aún cuando los demandados conformen un litis consorte necesario cada uno de ellos puede asumir una actitud diferente frente a la sentencia dictada en primera instancia, no requiriéndose para que se abra la fase de apelación, que indefectiblemente el recurso haya sido interpuesto por todos los demandados, bastará con que uno de ellos apele la sentencia, para que el Tribunal de alzada ejerza su jurisdicción y pueda conocer sobre la apelación, sin perjuicio de los efectos que la sentencia a dictar pueda provocar sobre la parte no apelante.

Aún cuando pudiera estimarse que el apoderado de una de la litis consorte obró sin mandato o que éste hubiera sido inexistente al momento de expresar agravios, por haberse producido el deceso de su mandante con anterioridad a dicho acto procesal, ello carecería de gravitación causal para provocar la anulación del recurso de apelación deducido también por el coapelante, el que se mantendría igualmente subsistente.

Lo expuesto priva de todo sustento a la invocación de violación al orden público denunciado y descarta la trascendencia que el supuesto yerro pudo tener sobre la validez de la decisión recurrida.

Es principio cardinal del derecho procesal que "el interés es la medida de la acción"; consecuentemente y adaptado a las instancias impugnativas, se dice que "el agravio es la medida del recurso". En ausencia de gravamen ningún recurso puede admitirse.

Si el impugnante manifiesta la conculcación a los derechos de defensa de los herederos de la contraparte, resulta inadmisible, ya que todo agravio, para que justifique el recurso, debe ser personal del recurrente, por cuando no cabe invocar agravios de terceros cuya representación no inviste el reclamante.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de entorpecer la investigación judicial, solicitud de excarcelación, resolución denegatoria
Materia: PENAL
Carátula: BONSOIR, RAMON SALVADOR s/ Contrabando, Incidente de Excarcelación Causa 32234 Causa 28194  Causa 29519 Causa 29235
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04

1- Las condiciones personales del sujeto no sólo deben referirse a sus antecedentes, arraigo o su vida socio-familiar, sino también a la personalidad que trasunta la acción cumplida.- 2- La circunstancia de formar parte, prima facie, de una organización con alcances internacionales, más la de que se encuentra en pleno trámite la investigación en cuanto a posibilitar la identificación de otros intervinientes en la maniobra, hacen no aconsejable otorgar la excarcelación pues ello podría obstruir el normal desarrollo del proceso, advirtiéndose a terceros, o tomando medidas que impidieran su desarrollo, o eludiendo la acción de la justicia ante la posibilidad de una condena cierta.
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Juan Carlos en autos Nº 82/00 "Altamiranda, María Anicia c/ Guerrero, Miguel Alfredo s/Ejecución de Astreintes s/ Tercería de Dominio-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-08-12

El recurso de casación debe fundarse en alguna de las tres causales que establece el Art. 298 y el escrito por el que el recurso se deduzca -Art. 299 del C.P.C.-, "indicará con precisión y claridad la ley o la doctrina legal que se repute aplicada o interpretada erróneamente. O en su caso de qué forma se configura la arbitrariedad ... que se denuncia".

En autos, el recurrente invoca para fundamentar la casación las causales de errónea interpretación o aplicación de ley y arbitrariedad, pero obvia citar cuál es la ley que encuentra mal aplicada o interpretada, cuál es la que corresponde aplicar, de qué manera el vicio atribuido se ha consumado en el caso concreto, su incidencia en el resultado del proceso y el perjuicio causado.

Va de suyo que la omisión señalada es un obstáculo que imposibilita al Tribunal ejercer su facultad revisora por el recurso de casación, el que resulta inadmisible. Del voto de la mayoría.
Declaración indagatoria, derecho a la presencia del defensor, renuncia a la asistencia, interpretación restrictiva, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GERBAUDO, Mónica P. s/ nulidad-Causa 15.974
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-09

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que tratándose de una materia de relieve constitucional, la renuncia al derecho de ser asistido por un letrado defensor durante el acto de declaración indagatoria debe ser interpretada restrictivamente y no puede presumirse sino de que debe resultar de un acto inequívoco de voluntad, de modo que los Tribunales deben suplir el silencio de los imputados para evitar su indefensión..

Sentado lo expuesto, si del acto de indagatoria no surgen constancias de que se le haya impuesto al imputado a que su asistencia técnica esté presente ni que haya renunciado inequívocamente a tal derecho, como lo contempla expresamente el Artículo 295 del C.P.P.N. , se ha incurrido en un vicio que es uno de aquellos que hacen a la defensa en juicio y que acarrean la nulidad de lo actuado.
Depreciación monetaria, mora, derecho de propiedad, Constitución Nacional
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Jalife, Elías y otro c/ Battista de Ferrari, Diana Rosa Vicenta y otros. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-11

Si bien la existencia de mora es un elemento de juicio relevante para el reconocimiento del reajuste monetario, no es ese estado la circunstancia que habilite su procedencia, sino la variación del valor de la moneda que se da con independencia de aquélla y tal doctrina se funda en la inviolabilidad de la propiedad, garantizada por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Camejo Pablo Daniel c/ Zanet Darío Rubén y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-23

Sostener que el valor de un vehículo es un hecho notorio, que no requiere comprobación, carece de asidero, ya que un hecho es notorio cuando su existencia es conocida por una verdad indiscutible por la comunidad. Y éste no es el caso. El sólo contemplar la variedad de marcas, tipos, modelos, estado y antiguedad de los automotores que circulan por la República, demuestra a las claras la falsedad de tal aserto. Descartado este argumento, la afirmación sobre el valor es sólo un hecho alegado por la parte, a quién le corresponde la prueba del mismo. (Art. 375 del CPCB).
Nulidad procesal, oportunidad procesal, preclusión, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Frias, Norma Leonor c/ Espinosa, Domisiana de Jesús s/ Desalojo y Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-31

El reproche apelativo del demandado -locataria- que pretende descalificar la sentencia dictada se sustenta en un planteo de naturaleza incidental, por cuanto se pretende anular un acto procesal realizado durante el curso de una instancia anterior al pronunciamiento; en tal sentido, es obvio que a esta altura del proceso el mismo es inadmisible, porque los supuestos vicios tendrían que haber sido denunciados dentro del plazo con que se contaba para hacer uso del remedio legal (art. 170 C.P.C.) y que por imperio de las constancias de autos el mismo habría expirado luego de la comparencia de la demandada a absolver posiciones. En consecuencia, el recurso de nulidad debe referirse al pronunciamiento y no a los defectos de tramitación de los autos, los que deben ser materia de discusión en la instancia en que se cometieron.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ALTAMIRANO FELIPE S s/ ABUSO DESHONESTO CALIFICADO Y OTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-11-12

Si los dichos de los menores no han sido corroborados en forma suficiente por otro elemento de prueba independiente que permita dar una lectura que lleve a un estado de certeza que requiere una condena, sólo nos quedan dos versiones que aportan los componenetes de un matrimonio ahora desavenido, por lo cual cabe la aplicación del artículo 4º del Código Procesal Penal.
Recurso de casación penal, apreciación de la prueba, in dubio pro reo, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: MINCIOTTI, MARIA CRISTINA s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 566
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

Sin embargo, no puede el estado de duda (art. 3 Del C.P.P.N.) reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivar de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso, por lo que con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, aún en este supuesto.

(Voto del Dr. Hornos).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, defensor, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: C., M. A. c/  s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-07

La interesada alega afectación de la defensa eficaz del justiciable por la forma en que se habría desempeñado el anterior representante legal a los fines de la suscripción de un acuerdo de procedimiento abreviado, criticando algunos pasajes de la respuesta que brindó la Alzada sobre el punto y aludiendo a cierta evidencia que dice soslayada y que -en su tesis- hubiera cambiado la suerte del encartado; sin embargo, al confrontar la pieza aludida con el resolutorio atacado -que tilda de arbitrario por inmotivado- los reparos vertidos por la impugnante no cuentan con idoneidad suficiente como para poner en crisis los fundamentos expuestos por la Cámara para convalidar la decisión de grado de dictar sentencia conforme el procedimiento abreviado presentado por las partes, en tanto la Alzada expuso que para habilitar la sanción de invalidez pretendida, debía evaluarse en el caso que la defensa anterior efectuada no hubiera desplegado una mínima actividad probatoria, evidenciado una inactividad argumentativa en contra de los intereses del imputado o hacerlo optar a éste por una solución alternativa perjudicial o irracional, signada por una carencia de conocimiento técnico jurídico del proceso penal; empero, las Magistradas, al analizar el decurso del proceso y la actividad del anterior profesional, entendieron que no se podía afirmar la ausencia de defensa efectiva en los términos que proponía la apelante, siendo ésta suficiente desde el punto de vista constitucional.
Daños y perjuicios, responsabilidad profesional, responsabilidad del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López Cesar c/ Gorchs Guillermo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Según el art. 902 del Cód. Civil, debe aplicarse un criterio incluso más estricto con relación a la evaluación de la culpa de los profesionales, frente al profano que requiere de sus servicios precisamente en atención a la calidad científica o técnica de los mismos, todo lo cual es aplicable al abogado. Además, de los citados arts. 512 y 902 de la legislación sustantiva, cabe también conjugar, entre otras pautas, para evaluar la denominada culpa profesional lo que prevé el art. 909 de dicho ordenamiento, sobre las facultades intelectuales de los contratantes, pues obviamente cabe suponer que al requerir la asistencia de un profesional, ello lo ha sido en virtud de la confianza especial que depositara el consumidor jurídico.
Impuestos, régimen penal tributario, allanamiento domiciliario, AFIP DGI, policía
Materia: PENAL
Carátula: URSZTEIN, ISAAC s/ Régimen penal tributario Causa 33626
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-05

1- Debe revocarse la resolución que declaró nulo lo actuado a partir de una orden de allanamiento, nulidad fundada en que la única autoridad a la que puede delegársele la diligencia de un registro domiciliario sería la de prevención policial y que los funcionarios de la Dirección General Impositiva (D.G.I.) actuantes no invisten tal calidad, pues la ley procesal aplicable (CPMP (Ley 2372)) no contiene ninguna disposición que respalde tal fundamento.- 2- La norma procesal actualmente vigente invocada en la resolución apelada (CPP (Ley 23984)) se refiere a la delegación que puede hacerse a funcionarios de la policía (Art. 224), lo cual debe interpretarse en el sentido de que ella no es exclusivamente la autoridad preventiva ni la de seguridad, ni la que se ejerce por cuerpos armados; también lo es la policía económica y a esta noción corresponden las atribuciones acordadas al organismo de recaudación por el Art. 41 de la Ley 11683 (t.o.1978), entre las que se cuenta lo relativo a la gestión de órdenes de allanamiento (Cf. Sala A, Reg. 215/1994 "MAZZIERI, CARLOS", Jul.5.94.
Desindexación, seguros, Ley de desindexación, aplicación temporal de la ley, oportunidad procesal, empresas del Estado, obligaciones ex lege
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA SA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. RIO GUALEGUAY s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-14

Por estas consideraciones brevemente expuestas y las que surgen de mis votos en las Causas 17.528 del 8.3.95 y 20.026 del 13.6.95, a las que me remito, adhiero a la solución propuesta por mi distinguido colega preopinante, Dr. Eugenio Bulygin. Ello con la salvedad adicional relativa a que la ley 24.283 estipula como límite temporal para deducir el planteo desindexatorio "el momento del pago", por lo que tal pretensión puede ser interpuesta en cualquier estadio del proceso, aunque haya sentencia y liquidación firme (cfr. en sentido análogo Sala II, Causa 2655/93 del 15.11.94; Causa 5441 del 17.2.95 y CNCom., Sala B, in re: "Dauco, S.A.I.C.F. c/Calatayud, Alfredo E.

s/Sumario" del 30.12.94; pub. ED del 2.6.95). A lo anterior debe agregarse el imperativo que, para el caso de los entes públicos (el buque de la demandada pertenece a ELMA), de conformidad con el art.

11 del decreto N. 794/94, están obligados a solicitar su aplicación.
Sociedades comerciales, prescripción, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: García, María del Carmen y otro c/ Bemposta, Ramón Alejandro s/ Rendición de cuentas cobro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-04

La aplicación a las sociedades no constituidas regularmente de la prescripción trienal reconoce por límite fundamentalmente en relación con los terceros el necesario anoticiamiento de la disolución del ente a través de la realización de las correspondientes publicaciones, en ausencia de las cuales, cobraría vigencia la norma general del art. 846 del Código de Comercio (prescripción decenal).
Notificación automática, aplicación supletoria de la ley
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Aguer, Andrés Bernardo c/ Empresa Compañía Naviera Pérez Companc S.A.C.F.I.M.F.A. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1989-05-15

El art. 133 del Código Procesal Civil y Comercial, resulta únicamente de aplicación supletoria por mandato expreso del art. 76 de la mencionada Ley de Procedimiento Judicial en materia laboral n° 69, obviamente para aquellos supuestos no previstos expresamente por la legislación de rito del fuero laboral. Mas en el caso de autos la previsión es expresa, por lo que la aplicación supletoria queda desplazada.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Leonardo, Alberto Luis c/ Isaura S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Cuando se despide al trabajador imputándole la comisión de un delito criminal, opera la prejudicialidad prevista en los arts. 1102 y 1103 del Código Civil.
Contrato de trabajo, falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: Gatica Marcela Soledad c/ Moyano Miguel s/ Ordinario (LIBRO: S075 - 197)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-12-06

La defensa de falta de legitimación sustancial pasiva articulada por uno de los cónyuges debe ser rechazada porque no se han aportado elementos de prueba que acrediten la existencia de división de patrimonio, divorcio con separación de bienes o disolución de la sociedad conyugal. En razón de ello debe tenerse que el comercio pertenece a la sociedad conyugal por ser un bien ganancial y por ende ambos resultan ser empleadores de la actora.-
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Biscaisaque, Angel Bautista c/ Provincia de Buenos Aires (Inst. de Prev. Soc.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

A los fines de reconocer los años de servicios anteriores a la vigencia del dec. ley 9650, siendo éste de aplicación en razón de los dispuesto por el art. 62 segunda parte, resulta irrelevante que quien invoca tal reconocimiento revistiera la condición de contratado o cumpliera tareas propias de competencia profesional o que sus servicios no estuvieren retribuidos con sueldo asignado a empleo rentado por la ley de presupuesto.
Adopción, guarda preadoptiva, guarda de hecho, consentimiento de los padres de sangre
Materia: PROCESAL
Carátula: O., A. B. y F., L. M. s/ GUARDA CON FINES DE ADOPCION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-10-04

La familia guardadora, fue seleccionada o elegida por la madre biológica o padres biológicos, en el hipotético caso analizado. Doctrina y jurisprudencia se ha reconocido licitud a esta conducta, cuyo sustento aparecen la aplicación analógica de los arts. 274, 384 del CC., entre otras normas. Es más, Graciela Medina estima que la guarda de hecho no ha sido prohibida.

Afirma que lo que la ley categóricamente ha querido es que toda guarda con fines de adopción se judicialice, esto es que su otorgamiento sea consecuencia de un proceso judicial. Un consentimiento así prestado en el proceso de guarda resulta vinculante para el juez, no pudiendo desvincularse del mismo si los demás requisitos legales se encuentran cumplidos por los guardadores de hecho. Como toda conducta, acarrea necesariamente efectos jurídicos.
Prueba documental, acta policial, fe pública
Materia: PROCESAL
Carátula: OÑATE CARLOS c/ BARBARO DOMINGO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-06

Las comprobaciones efectuadas regularmente en un sumario policial, tienen la fe que la ley asigna a la actuación de los funcionarios públicos dentro de la órbita de sus atribuciones (conf.

art. 979, inc. 2, art. 993 y 994 del Cód. Civil), porque aunque su exactitud no se encuentra abonada por el control recíproco de las partes, tiene en cambio el mérito de reflejar la impresión directa e inmediata de los hechos, expresados con espontaneidad por las personas que los presenciaron y recibida por funcionarios sin interés en desfigurarlas.
Clasificación de delitos, delito de comisión por omisión, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: T., V. A.; Y., C. A.; M., L. A. s/ Homicidio culposo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-05

Por su parte, Zaffaroni, Alagia y Slokar, en "Derecho Penal. Parte General", complementan lo anterior al concebir cuatro instancias en las que puede surgir la culpa al deber de cuidado en las omisiones. Son éstas: a) la apreciación de la situación típica (el policía que oye gritar pidiendo socorro y, faltando al deber de cuidado, cree superficialmente que es una broma); b) la falta de cuidado al ejecutar el mandato (el que en la premura por apagar el fuego arroja gasolina en lugar de agua); c) la falta de cuidado al apreciar la posibilidad física de ejecución (el que supone que no podrá salvar al niño porque con superficialidad juzga que el agua es profunda); d) la falta de cuidado en apreciar las circunstancias que fundan su posición de garante (el médico que por error vencible cree que no se halla de guardia esa noche)..."
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, auto de falta de mérito
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: DIAZ, JULIAN EMANUEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-05-03

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que la resolución atacada por la vía del recurso de inconstitucionalidad -que declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra una decisión que, a su vez, había tenido presente el planteo de "libertad por falta de mérito" (sustentado en el derogado artículo 308 del ordenamiento ritual) para la oportunidad de definirse la situación procesal del encartado- no constituye sentencia definitiva ni decisión que ponga fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, ni causa un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior (Citas: CSJN: Fallos 308:1832; CSJStaFe:

AyS T 70, p 136)
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: ANGELICA NELIDA BUNCEK c/ RODOLFO MARIO VILLA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS  EXPTE. N. B-13027-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-04-16

El daño causado por un automóvil en movimiento es un hecho del hombre que con su accionar lo conduce a su voluntad y la responsabilidad del conductor debe ser juzgada de acuerdo al art.

1109 del Cídigo Civil; ello sin perjuicio de que si el daño se produjo por fallas, defectos, vicios o rotura del vehículo (estallido de un neumático, rotura de mecanismo de conducción, etc.) el daño causado "Hecho de la cosa" y aplicable al art. 1113 que se refiere al daño causado "... por las causas..." no "... con las cosas...".