Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30


BELLONE, María Teresita contra GORRIA, Tomasa Amalia y/u Ocup. Reg.: A y S t 203 p 179-184.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BELLONE, María Teresita contra GORRIA, Tomasa Amalia y/u Ocup. -Desalojo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 312, Año 1998). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Vigo, Spuler, Netri y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: 1. Conforme surge de autos, la actora promovió demanda de desalojo contra la señora Amalia Tomasa Gorria y/o terceros ocupantes "por la causal de intrusos". Invocó su carácter de copropietaria del inmueble objeto del juicio y manifestó que la accionada lo ocupaba ilegítimamente y que se negó a desocuparlo ante sus requerimientos, resultando su parte privada de ejercer su derecho de propiedad (fs. 3/vto.).

En su responde, la demandada opuso excepciones de defecto legal y de falta de personería, como de previo y especial pronunciamiento, y de falta de acción. Contestó asimismo la demanda, negando ser intrusa y ocupar ilegítimamente la propiedad. Relató que su parte vivió públicamente en situación matrimonial de hecho con el señor Angel Carlos Bellone -padre de la actora- durante más de veinticinco años, período durante el cual adquirió conjuntamente con su concubino, aportando sus ahorros de toda una vida, la propiedad en la que con sus sacrificios de años construyeron una vivienda. Fallecido el señor Bellone, su parte continuó en posesión del inmueble, ejerciendo actos posesorios públicos y notorios y comportándose con verdadero animus domini con el conocimiento de los hijos de aquél, durante más de siete años, en cuyo transcurso la actora jamás se opuso a su posesión, que sumada a la compartida con su concubino, superaba en mucho los veinte años (fs. 17/20).

Las defensas de defecto legal y de falta de personería fueron rechazadas (fs. 28/29), decisión que fue confirmada por la Cámara (fs. 47/49). Sustanciada la causa, la jueza resolvió, mediante sentencia de fojas 189/192, rechazar la demanda, por entender acreditada "en forma seria" la calidad de poseedora de la señora Gorria al momento de su promoción, no resultando el juicio de desalojo la vía adecuada para obtener la restitución de la cosa, sino las acciones posesorias o la acción reivindicatoria. Apelado dicho fallo por la actora, la Cámara de Apelación de Circuito de esta ciudad hizo lugar al recurso y, como consecuencia de ello, dispuso revocarlo y hacer lugar a la demanda (fs. 212/214).

2. Contra dicho pronunciamiento dedujo la perdidosa recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 95 de la Constitución de la Provincia que exige la motivación suficiente de las sentencias bajo pena de nulidad, y en el inciso 3ro.) del artículo 1ro. de la ley 7.055, por no reunir aquél las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción acordado por nuestra Carta Magna. También invocó la violación de los artículos 5, 17, 18, 106 y concordantes de la Constitución nacional.

Formuló, además, los siguientes reparos: a) Apartamiento por el Tribunal de lo alegado y probado por su parte, incurriendo en una violación de su derecho de defensa: Así, sostuvo que su parte alegó y probó fehacientemente su calidad de poseedora, y de haber estado en posesión del inmueble antes de promoverse la demanda y antes del fallecimiento de su concubino, mediante actos posesorios concretos y públicos.

A ese respecto, adujo que tales extremos fueron demostrados con el pago de su parte de los impuestos y demás gravámenes correspondientes al bien y de los trabajos de construcción y mejoras en el mismo (recibos extendidos a su nombre), y los testimonios de Taborda, Escribano Blank, Córdoba y Rufino, probanzas, éstas, decisivas para la suerte de la litis y omitidas en la sentencia impugnada. Señaló que la Cámara, al sostener que "... como lo reconoce la demandada, la posesión de la finca estuvo siempre en cabeza de su original propietario, Sr. Angel Carlos Bellone ...", no se ajustó en absoluto a la realidad, ya que su parte probó haber detentado la posesión conjuntamente con su concubino desde la adquisición del inmueble, y continuado así luego de su fallecimiento. También indicó que el A quo se había apartado incomprensiblemente del plexo probatorio, al afirmar "... que no existen elementos probatorios suficientes que sirvan de andamiento a la defensa esgrimida por la demandada ...".

b) Incursión en cuestiones no planteadas en la litis: Alegó que el fallo incurría en incongruencia con la demanda, ya que la actora había sustentado su acción exclusivamente en la calidad de "intrusa" de su parte y la Cámara, no obstante decir que "... si bien no se la puede tener como intrusa", afirmó que "sí tiene el carácter de tenedora precaria" como fundamento de la condena de desalojo, introduciéndose en una cuestión no comprendida en la litis, no reclamada por la propia demandante y sobre la cual no se le dio a su parte oportunidad de defenderse.

c) Apartamiento de las normas previstas para el caso: Se agravió por la falta de consideración y apartamiento de las disposiciones de los artículos 517 -improcedencia de la vía sumaria del desalojo cuando el demandado probó tener la posesión del bien-, 365 -deserción del recurso de apelación o conformidad con las afirmaciones de hecho contenidas en la sentencia ante el incumplimiento de la expresión de agravios de los requisitos mínimos legales- y 243 -al fundar la condena en la calidad de "tenedora precaria" no constitutiva de la litis y de naturaleza muy distinta a la de "intruso"-, del Código Procesal Civil y Comercial.

Asimismo, señaló que el A quo no había aplicado lo normado en los artículos 2680 - que exige el consentimiento del otro condómino, lo que demostraría la falta de legitimación de la actora postulada en primera y segunda instancia-, 3418 - que prevé que el heredero recibe la posesión con todos sus vicios, con lo cual la litis había quedado trabada entre un coheredero que recibió la posesión viciada con otro poseedor, no siendo admisible el desalojo sino las acciones posesorias o reivindicatorias-, y 2363 -que dispone que "el poseedor posee porque posee", calidad que no se pierde ni desvaloriza por la circunstancia de haber convivido en concubinato con el original titular del dominio del inmueble objeto de autos- del Código Civil, cuya consideración habría conducido a la confirmación de la sentencia apelada.

3. El recurso fue denegado por el A quo, logrando la recurrente la apertura de esta instancia mediante resolución registrada en A. y S. T. 147, p. 316 (fs. 35/36, Expte. C.S.J. Nro. 795/97, agregado por cuerda).

4. Encontrándose la causa en estado de sentencia (v. llamado de autos, f. 250), la actora se presentó ante esta Corte para denunciar el fallecimiento de la demandada recurrente (f. 254).

Sin embargo, dicha circunstancia no torna inoficioso un pronunciamiento sobre el remedio extraordinario deducido, habida cuenta de su posible incidencia en la imposición de las costas del litigio. 5. La ley 7.055 (art. 11) impone en este estadio un nuevo examen a fin de realizar el definitivo control de admisibilidad de la impugnación. Luego de una detenida revisión de las actuaciones, propicio que se rectifique el criterio sustentado en oportunidad de acoger la queja, por entender que la postulación articulada no depara caso constitucional aprehensible.

Ello es así, por cuanto aun cuando la compareciente invoca diversas causales de descalificación (apartamiento por el Tribunal de lo alegado y probado por su parte; incursión en cuestiones no plan A ese respecto, cabe señalar que no puede tener andamiaje la imputación de incongruencia y de apartamiento de lo dispuesto por el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial, por haber el órgano jurisdiccional sostenido la calidad de "tenedora precaria", cuando la actora había fundado la demanda en la causal de intrusión, pues se trata simplemente del encuadre jurídico que aquél hizo de la ocupación del inmueble por la señora Gorria, sin exceder los límites impuestos por el reclamo de la demandante.

Conforme a doctrina jurisprudencial reiteradamente sentada por el Alto Tribunal de la Nación y por esta Corte, los jueces no sólo tienen la facultad sino también el deber de calificar autónomamente la realidad fáctica para subsumirla en las normas jurídicas que la rigen, aun con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes, y en tanto no se marginen los hechos en que se basan la demanda y la oposición, conforme con el brocardo jurídico iura novit curia (cfr., entre muchos otros, Fallos, 103:331; 296:633; A. y S. T. 134, p. 263; T. 184, p. 437).

Debe observarse, en ese sentido, que no obstante que en su demanda la actora identificó como intrusa a la accionada, no dio luego razones para justificar ese carácter (no adujo que hubiera accedido a la propiedad contra la voluntad del señor Bellone), sólo alegó su ocupación ilegítima y la negación de aquélla a restituirlo (v. f. 3). De allí que la distinta calificación atribuida por el A quo, en el ejercicio de sus funciones propias, no supuso un desajuste de las circunstancias fácticas expuestas por la demandante y en torno a las cuales respondió la recurrente, con lo que queda descartada una posible transgresión al principio de congruencia y una violación al derecho de defensa de ésta.

A la vez, todo el desarrollo argumentativo vinculado a un supuesto apartamiento de la Cámara de lo alegado y probado por la quejosa, se vincula nuevamente con lo resuelto respecto a esa cuestión de hecho: frente a la mera tenencia considerada por el A quo intentó hacer prevalecer su postura relativa a la existencia de posesión, pero sin lograr persuadir de que el órgano jurisdiccional haya efectuado una ponderación parcial, errónea o ilógica de las circunstancias fácticas, ni que haya prescindido de prueba decisiva.

Resulta oportuno recordar que no pesa sobre el Tribunal el deber de respaldar su decisión en la totalidad del material probatorio, sino que puede escoger aquél que estime adecuado en orden a lo decidido finalmente (cfr. A. y S. T. 93, p. 198; T. 128, p. 263; etc.); y, en el sub judice, el órgano jurisdiccional, en esa selección, consideró que no existían elementos probatorios "eficientes" que sirvieran de andamiento a la defensa esgrimida por la demandada a fin de poder desestimarse la acción incoada, contrariamente a la tesis de la jueza de baja instancia, mientras que la parte actora había logrado demostrar en forma indubitable la obligación de aquélla a restituir el bien.

Del examen de la postulación recursiva surge claro que bajo la acusación de omisión de prueba decisiva, la quejosa expresó su profunda discrepancia con la carencia de fuerza de convicción que los juzgadores le otorgaron, en el caso, a la prueba documental y testimonial que, a su juicio, acreditaba la calidad invocada. Pero tal valoración es privativa de los jueces de la causa, y la recurrente, pese a su esfuerzo, no consiguió demostrar que se haya configurado un supuesto de arbitrariedad, esto es, que en esa labor se hayan vulnerado las reglas de la lógica y experiencia que gobiernan la sana crítica.

Ante el fracaso de aquélla en su propósito de desbaratar el entendimiento del A quo -al calificar su condición como tenedora precaria-, el cual, por todo lo expuesto, no resulta inaceptable constitucionalmente, pierde también sustancialidad la imputación de marginación de normas de derecho común relativas a la posesión y a la transmisión de la posesión del causante al heredero (arts. 2363 y 3418, C.C.).

Por último, y con respecto al reparo de prescindencia de lo previsto en los artículos 365 del Código Procesal Civil y Comercial y 2680 del Código Civil, en los que fundó sus Y con relación a la falta de consideración por la Cámara del argumento de la recurrente -propuesto en primera instancia y mantenido en la contestación de agravios (v. fs. 207 vto./208)- relativo a la exigencia del consentimiento del otro condómino para que la actora pudiera promover la presente demanda -planteo que trajo a la instancia extraordinaria como apartamiento del artículo 2680 del digesto de fondo-, debe puntualizarse que ese silencio puede ser interpretado como una desestimación -también en forma implícita-, criterio que no resultaría lesivo de las garantías constitucionales de la compareciente, en tanto el ejercicio de la acción de desalojo ha sido entendido como un acto de administración, conservatorio de un patrimonio común, actuando el condómino en calidad de mandatario o gestor oficioso, de manera que no necesita la autorización de los restantes para ello (cfr. L.L. 2000-B, 841 -42.481-S-), y en autos no consta tampoco una oposición explícita por parte del otro copropietario.

Como corolario de todo lo expresado, corresponde, pues, declarar inadmisible el remedio extraordinario interpuesto.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas a la vencida (art. 12, ley 7.055). Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro decano doctor Vigo y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIO: Declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas a la vencida.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)