marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba testimonial, reglas de la sana crítica, testigo indirecto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALEGRE, ERIC GABRIEL c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y OTRO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

Al valorar las cuestionadas variaciones en los discursos de los testigos, la Alzada repasó cada caso y marcó una serie de datos de contexto que permitían comprender las razones que habrían llevado al cambio de postura de los mismos a lo largo del proceso, pasando de la colaboración, a la reserva y finalmente a la renuencia, teniendo algunos que ser conducidos por la fuerza pública ante su inasistencia, desconociendo otros sus declaraciones previas sin justificación o alegando una situación de amnesia no suficientemente acreditada, y rechazando otros el conocimiento directo de lo acontecido; y así, la Cámara señaló que la notoria resistencia de los deponentes a aportar información respondía al constatado clima de violencia, amedrentamiento y consiguiente temor reinante en la zona donde tuvieron lugar los hechos juzgados, por lo que consideró razonable que, aún cuando varias personas pudieran haber presenciado los sucesos, pocas hayan decidido colaborar con la investigación, obligando a los Jueces a profundizar el análisis crítico racional de la prueba, no alcanzando la recurrente en su actual presentación a demostrar la configuración de los vicios que endilga ni el compromiso de las garantías constitucionales que alega como afectadas, en particular en cuanto al testimonio brindado por una de las testigos, ya que el A quo explicó el marco en que se había dado tal deposición, destacando que la misma declaró sobre lo que oyó de terceros.
Costas, exención de costas, interés concreto
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FARDI, RICARDO s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

Procede la excepción a la regla general según lo cual las costas deberá soportarlas el vencido, toda vez, que en la especie, parece evidente que la parte querellante podía considerarse razonablemente con derecho a litigar, puesto que la circunstancia de haberse declarado la nulidad del acta, ante la carencia de la debida orden de allanamiento no le es imputable. A su vez, el haber mediado acusación fiscal fortalece tal presunción.
Mala praxis, médicos, carga de la prueba, deber de colaboración
Materia: CIVIL
Carátula: Mansilla, Susana Raquel y otro c/ Estado Provincial y/u otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-13

Cuando una de las partes posee información agravada respecto de la contraria como lo es el médico en el juicio de mala praxis, frente a la falta de claridad acerca del modo en que sucedieron los acontecimientos, es factible acudir conjuntamente a ambos institutos (las cargas dinámicas de la prueba y a la ausencia de colaboración), para poder culminar el juicio de hecho. Se dice entonces que quien estaba en mejores condiciones de probar (presupuesto de asignación del "onus probandi" según la "teoría de las cargas dinámicas"), ocultó, tergiversó o simplemente no aportó elementos que se encontraban a su disposición (omitiendo así "colaborar" en el esclarecimiento de los hechos) y ello es de aplicación tanto para la prueba de la culpa como del nexo de causalidad.
Sociedades comerciales, inscripción de sociedades, disolución de sociedades, sociedad de hecho, sociedad irregular, socios, responsabilidad del socio
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Rodríguez, Norma c/ Cagliero Hnos. y/u otros s/ Laboral (Expte Nro. 92-02, Resolución Nro. 149, Tomo 21, Folio 218/221)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-02

El artículo 98 de la Ley de Sociedades Comerciales dispone que la disolución de una sociedad comercial se debe inscribir en el Registro Público de Comercio y sólo surte efecto respecto de terceros desde su inscripción, siendo la exigencia aplicable tanto a las sociedades regulares como a las irregulares. En el caso, aún cuando la demandante no haya recibido órdenes durante un determinado lapso de tiempo, no significa que la sociedad de hecho no haya continuado, a tenor de lo que dispone el art. 98 de la ley 19550 siendo perfectamente factible que una sociedad irregular pueda continuar funcionando a pesar de que alguno o algunos de los socios no concurran al lugar donde se desarrollan las actividades sociales. Consecuentemente, los demandados deben responder por las obligaciones que la sociedad de hecho incumplió pues el art. 23 de la Ley de sociedades consagra la responsabilidad directa y principal de quienes actúen en nombre de la sociedad y de todos los socios por las operaciones sociales, debiendo responder con todo su patrimonio individual en forma ilimitada y solidaria.
Honorarios, embargo preventivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CILDANEZ S.A. c/ BERNARDINO ANASTASIO CALDERON ZARATE s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A152 - 104)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-08-09

A los fines de la regulacion de honorarios en el embargo preventivo corresponde actualizar por desvalorizacion monetaria el monto por el que se trabo la medida precautoria a partir de la fecha de la resolucion. Fundamento: la actualizacion monetaria es una mera adecuacion de unidades monetarias. Luego aplicar la escala del art. 9 inc. a) de la ley 3641/1304.- Se admite la apelacion.-
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guillorme, Julián c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-09

El dec. ley 9650/80, numeración según dec. 600/94, establece como principio general que a los fines jubilatorios sólo serán computados los servicios remunerados prestados por el afiliado (art. 15), admitiendo el cómputo de aquellos de carácter honorario prestados a la Provincia o Municipalidades siempre que exista designación expresa emanada de autoridad facultada para efectuar nombramientos en cargos rentados equivalentes.
Honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cardozo, Avelino c/ Kaenel Adolfo Federico y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por Accidente de Trabajo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-05-27

No es procedente el agravio de la parte demandada contra la sentencia del a-quo, sosteniendo que los honorarios regulados son altos. Ello así, ya que los montos cuestionados están sujetos al ajuste previsto en el art.8 de la ley 2011 (t.o.), los mismos incluso ser n incrementados, como consecuencia de modificarse la base regulatoria por la incorporación de la actualización monetaria y de los intereses compensatorios.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, enfermedad accidente, accidentes de trabajo, indemnización, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Aurora FAGUETTI c/ FRIGORIFICO GRAL. DEHEZA  S.A. s/ ACCIDENTES  DEL  TRABAJO  -  INDEMNIZACION - DEPRECIACION MONETARIA -  INTERPRETACION  DE  LA  LEY  - CONSTITUCION  NACIONAL  -  DERECHO  DE  PROPIEDAD - CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-04

La decisión que dispuso que para el cálculo del salario base a los fines indemnizatorios, de conformidad con el art. 8 y 11 de la ley 9688, se computen sólo los haberes percibidos efectivamente durante el año anterior a la fecha de la rescisión contractual es susceptible de cuestionamiento constitucional dado que no se adecua a los fines cuya realización procura y consagra una manifiesta iniquidad.
Haber jubilatorio, impuesto a las ganancias, adultos mayores, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: García Blanco Esteban c/ Anses s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-06

A partir de la reforma constitucional de 1994, cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos y dicho imperativo constitucional resulta transversal a todo el ordenamiento jurídico, proyectándose concretamente a la materia tributaria, ya que no es dable postular que el Estado actúe con una mirada humanista en ámbitos carentes de contenido económico inmediato (libertades de expresión, ambulatoria o tránsito, etc.) y sea insensible al momento de definir su política fiscal ya que, en definitiva, el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente "a cualquier precio", pues ello lo dejaría al margen de las mandas constitucionales. -Del precedente "García" (Fallos: 342:411) al que la Corte remite-
Extensión de la quiebra, persona controlante, sociedades comerciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: DISMO SA s/ QUIEBRA S/ EXTENSION DE QUIEBRA (ORDINARIO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-03

Para considerar procedente la extensión de quiebra con base en lo dispuesto por la Ley 24522: 161 - 2°, es menester que una persona, que hubiese ejercido el control de la fallida, lo hubiese hecho de tal modo que desvió el interés en su propio beneficio o en beneficio del grupo, sometiéndola a una dirección unificada; en esta segunda hipótesis, resultan requisitos para su aplicación los siguientes: a) que exista declaración de la quiebra principal; b) la presencia de un sujeto controlante; c) el desvío indebido del interés social de la sociedad controlada; d) que el desvío sea en interés del controlante o grupo económico, y e) el sometimiento a una dirección unificada (cfr. Junyent Bas - Molina Sandoval "Ley de Concursos y Quiebras comentada"; t. II, Ed. De Palma, Buenos Aires 2003, p. 298); en este sentido, se ha dicho que el instrumento "sociedad" concebido para la conjunción de voluntades, al ser reducido a una ficción, justifica la extensión de la falencia (cfr. Bergel, Salvador; "La extensión de la quiebra en la reforma a la Ley de Concursos por la Ley 22917", LL 1983-D-1097).
Locación de buque, plazo
Materia: NAVEGACION
Carátula: López, Juan Carlos y otro. c/ Subsecretaría de Transporte Aeréo Fluvial y Marítimo. s/ Varios. Transporte de cosas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Es en el certificado de matrícula en donde se deben dejar constancia de todos los actos atinentes a la vida jurídica del buque, como ocurre, precisamente con los contratos de locación celebrados a su respecto. En consecuencia, para desestimar la nueva petición de interdicción del buque PRINCESS articulada por la actora, basta con señalar que -según resulta del propio certificado del Registro Nacional de Buques acompañado aquél se encuentra en pleno trámite de matriculación, a cuyos fines "Tamul SA" cuenta con un plazo de 180 días a partir del 22 JUN 92, que no se encuentra vencido a la fecha.
Recurso de apelación (procesal), prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bimex Sudamericana S.A. c/ Banco Credit Lyonnais Argentina S.A. s/ Apelación (LIBRO: A134 - 182)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-08-30

El recurso de apelación contra la multa aplicada por el rechazo de cheques sin provisión de fondos o por las otras causales contempladas en la norma sustantiva debe concederse en forma abreviada, por lo que no procederá la adhesión al recurso, ni ofrecimiento ni producción de prueba, conforme el art. 142 del C.P.C. Pero precisamente como con el remedio procesal de la apelación se intenta que el Tribunal de Alzada verifique la conformidad a derecho de la resolución en base a los elementos o antecedentes que tuvo quien emitió el dictamen, debe necesariamente contar con ellos para poder ejercer su control de legalidad, por ello es que al resolver el Tribunal debe contar con todas las actuaciones bancarias en base a las cuales se decidió la apliación de la multa, los que si no se hubieren acompañado deberán requerirse para su análisis y meritación
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, admisibilidad formal, inconstitucionalidad, pesificación, esfuerzo compartido, sistema de refinanciación hipotecaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

Es formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que confirmó el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de las normas sobre pesificación, la aplicación de la doctrina del esfuerzo compartido y la declaración de inconstitucionalidad del régimen de refinanciación hipotecaria, pues se ha objetado la validez e inteligencia de normas federales y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que los apelantes fundaron en ellas (art. 14, inc. 3°, ley 48).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, contrato de obra pública, mayores costos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Graziani  S.A. c/ Comisión Nacional de Energía Atómica s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-07

Es improcedente el reclamo del pago de la variación de costos financieros fundado en los decretos 2875/75, 2348/76, 1619/86 y art.

86 del pliego de condiciones generales del contrato si no fue objeto de la traba de la litis ni de decisión en las instancias anteriores, donde la contratista pedía el cobro de la indemnización de daños y perjuicios no cubiertos por la ley 21.392.
Jubilaciones, pensiones, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: Brasesco de Aragón, María del Carmen s/ reajuste de haberes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

Más allá del rigor en el empleo de las palabras, en materia previsional ha de estarse a la sustancia de la pretensión y a su finalidad última, o sea a la adecuada recomposición de las sumas que -a favor del jubilado- reconoce la sentencia, a fin de mantener la movilidad de las prestaciones, su integridad e irrenunciabilidad (art. 14 bis de la Constitución Nacional), por lo que procede declarar la inconstitucionalidad de los arts. 2. y 4. de la ley 21 864.
Actos interruptivos, caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, notificación personal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: BAZAN EMMA SUSANA c/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-05-10

El auto mediante el cual se hace saber a las partes la asunción de un nuevo integrante de este Alto Cuerpo, no tiene aptitud interruptiva, en tanto que no ha tendido a que el proceso avance. Para que un acto procesal sea idóneo a fin de que pueda ser considerado como impulsorio, debe ser apropiado, adecuado, útil, apto para impulsar el procedimiento acorde al estado de la causa.

En el caso de autos, entre la diligencia judicial ut supra de notificación personal de la actora ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad establecido por la ley procesal para la presente instancia, Art. 288 inc. 1, del C.P.C. y C., por remisión de los arts. 22 y 82 del C.P.C.A, habiéndose constatado una ausencia total de actos de impulso del procedimiento durante dicho lapso de tiempo (mas de dos años), lo que pone de manifiesto el desinterés de la parte actora.

Por lo que corresponde aceptar el planteo deducido por la parte demandada y declarar operada la caducidad de instancia.
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva, cuota alimentaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Losi Gabriel Pedro c/ Riobo Inés Patricia s/ Inc. de Cesación de cuota alimentaria s/Recuros de queja interp. por  Dra. Gerbotto de Di Liscia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-11-07

Las resoluciones dictadas en incidentes de reducción de cuota alimentaria no son definitivas dado el aspecto cuantitativo involucrado y su esencial mutabilidad en tanto puede ser objeto de diversas modificaciones ante concretos planteos de las partes en juicio, cabiendo hacer excepción a dicha regla cuando el planteo de la parte incidentante se dirigió a obtener el cese de dicha cuota alimentaria, aún cuando se resolviera una reducción de ella y el agravio esencial lo constituye la alegada violación al principio de congruencia que, de verificarse, provocaría una afectación al derecho de defensa en juicio que torna definitivo el veredicto por sus efectos y el perjuicio que provoca a la recurrente de imposible reparación en esta u otra instancia procesal.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, censura previa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INDALIA PONZETTI DE BALBIN c/ EDITORIAL ATLANTIDA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

La garantía constitucional de la libertad de imprenta radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la libertad de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, esto es, sin el previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir, pero no en la subsiguiente impunidad de quién utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal, o de quienes se proponen violentar el derecho constitucional con respecto a las instituciones de la República, o alterar el bienestar general o la paz y seguridad del país o afectar las declaraciones, derechos y garantías de que gozan todos los habitantes de la Nación. (Voto de los Dres. José Severo Caballero y Augusto César Belluscio).
Empleo público, licencia por cargo sin estabilidad
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Batallán de Cruz, Josefa del Carmen c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Plena Jurisdicción y Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-05-14

El Decreto Acuerdo 1875/94 en su art. 52 establece los requisitos para acceder a la licencia solicitada por la actora - ejercicio de cargo sin estabilidad-: mayor jerarquía funcional, sin estabilidad y seis meses de permanencia en el cargo de revista para una nueva solicitud, requisitos que deben darse simultáneamente.

En consecuencia, más allá de las coincidencias o discrepancias en el alcance de los conceptos que se les asignen a las expresiones "mayor jerarquía funcional" y "sin estabilidad", el tercer requisito "seis meses de permanencia en el cargo de revista para la solicitud de licencia" no ha sido aludido ni mucho menos justificado y, dado que su existencia es tan imprescindible como la de los otros dos, su ausencia en la especie es por demás evidente y por ello la demanda no puede prosperar.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Pucheta, José Angel y otros s/ ASOC.  ILICITA CALIFICADA - TENENCIA DE ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18

No son, como puede creerse, las "declaraciones derechos y garantías" simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que los contienen posee fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarlas en la plenitud de su sentido, sin alterar ni debilitar con vagas interpretaciones o con ambiguedad la expresa significación de su texto.
Personal militar, adicionales de remuneración, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Faisal  Oscar  Santiago  y  otros c/ EN -M° Defensa- Dto. 1490/02 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-16

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda incoada por los actores reclamando que las asignaciones otorgadas por los decretos 2.000/91, 2.115/91 y 628/92 y reconocidas con carácter remunerativos y bonificables mediante decreto 1.490/02 fueran incorporadas al concepto sueldo y no al haber mensual.
Interpretación de la ley, jerarquía constitucional, contexto interpretativo, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Partido del Trabajo y del Pueblo s/ reconocimiento    de  personería  jurídico  política  de  distrito  -  Córdoba.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

La exégesis de la norma, aún con el fin de adecuarla a los principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu.
Acto administrativo, nulidad de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lacay de Durruty, María D c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-03

El ejercicio de la potestad anulatoria de oficio por la Administración Pública se encuentra necesariamente vinculado a la dilucidación de la regularidad del acto administrativo (arts. 5 del C.P.C.A., 113, 114, 117, dec. ley 7647; D.J.B.A., t. 120, p. 85; t.

122, p. 397 entre muchos-), lo que exige examinar el carácter y particularidades del vicio en que se sustenta la invalidez invocada, pues de no presentarse un supuesto de acto irregular, la Administración carece de la mentada potestad si el acto ha sido notificado y del mismo han nacido derechos subjetivos.
Recurso extraordinario, excepciones procesales, arraigo, desistimiento de la acción
Materia: PROCESAL
Carátula: Filmtex S.A. c/ Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

El recurso extraordinario contra la sentencia que tuvo por desistida la demanda por falta de cumplimiento oportuno del arraigo ordenado es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Remuneración, deducciones salariales, límite legal
Materia: LABORAL
Carátula: Escobar Martha Alicia c/ Caja Municipal de Préstamos de la Ciudad de Resistencia y Otros s/ Acción de amparo y medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-10-25

Siendo que los descuentos efectuados exceden el tope del 20% establecido en el artículo 2 inc.d) de la ley 9511, sustituido oportunamente por la ley 14443/58, así como que la suma líquida percibida por la amparista a consecuencia de deducciones legales y voluntarias resulta manifiestamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la actora, cabe admitir que corresponde hacer lugar a la apelación en trato.
Estado de adoptabilidad, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: P. J.; O. M.; O. M. y O. Y. c/  s/ DECLARACIÓN DE ESTADO DE ABANDONO Y GUARDA PARA FUTURA ADOPCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-06-07

Hasta tanto no quede firme la declaración de adoptabilidad, a tenor de lo normado por el art. 610 CCyC, los progenitores no están privados en principio de la responsabilidad parental y por ende de las obligaciones de asistencia inherentes.
Revocación de sentencia, clausura del establecimiento, AFIP DGI, resoluciones, delitos tributarios, falta de facturación
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Estación Belgrano  S.A. s/ apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que revocó la sanción de clausura impuesta por la Dirección General Impositiva, por transgresión al régimen de facturación y registración establecido por la resolución general 3118 (DGI.), ya que el cumplimiento tardío de dichos recaudos y la invocada falta de perjuicio fiscal, carecen de virtualidad para eximir de la responsabilidad prevista en el art. 44, inc. 2, de la ley 11.683 (t.o. 1978 y modif.).