marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Divorcio, vocación hereditaria
Materia: CIVIL
Carátula: TORSIELLO DE BARRERA DONATA c/ BARRERA SEVERINO s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-04-05

El divorcio vincular hace cesar en todo caso, la vocación hereditaria entre los ex-cónyuges (art. 3574 C.C y art. 8 L. 23515).

Es que ella se basa en la subsistencia del vínculo matrimonial: disuelto este, desaparece el fundamento objetivo de la vocación hereditaria, puesto que su conservación sin correspondencia con la comunidad de vida y afectos que da razón de ser y sustento al allanamiento sería, al cabo, una pura especulación matrimonial (Zanoni Eduardo, "Régimen del Matrimonio Civil y Divorcio", P. 128/9).

Disuelto el vínculo, el cónyuge inocente declarado tal antes de la ley 23515 que con arreglo al art. 3574 anterior conserva su derecho al llamamiento hereditario pierde la vocación sucesoria La ley no afecta un derecho adquirido en este caso. Sólo incide privando de un mera expectativa o esperanza de heredar.

Los derechos hereditarios se adquieren con la muerte del causante y no antes. La ley no puede alterar los derechos adquiridos por la apertura de la sucesión. Pero hasta entonces las esperanzas de heredar no son si no expectativas.

Por imperio del principio de irretroactividad de las leyes (art. 3 C.C.) la ley nueva no puede lesionar los derechos adquiridos, incorporados al patrimonio, zaherir la garantía de propiedad asegurada por el art. 17 de la C.N.. pero si puede afectar libremente las meras expectativas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: Constantini, Alberto Benito c/ ESEBA S.A. y DEBA s/ Enfermedad del trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si el fallo objetado hizo correcta aplicación de la doctrina legal referida a la interpretación y alcance de las disposiciones de la ley 10.149 y su decreto reglamentario 6409/84.
Juicio de apremio, juicio ejecutivo, nulidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Berazategui c/ Transporte de Productos Argentinos S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

El art. 543 del Código Procesal señala dos supuestos que viabilizan la nulidad de la ejecución: no haberse hecho legalmente la intimación de pago y el incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vías ejecutiva. Respecto al primero no cabe duda que se refiere al mandamiento de intimación de pago que prescribe el art. 540 del Código Procesal, y no como erróneamente pretende enervar el recurrente, a la intimación a que alude el artículo 1 de la Ordenanza General N. 153.
Sustracción de menores, falsificación de instrumento público
Materia: PENAL
Carátula: Lugones, Inés Graciela y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-13

El art. 526 del CPPN establece que cuando una sentencia declare falso un instrumento público, el tribunal que la dictó ordenará que el acto sea reconstruido, suprimido o reformado. De tal suerte, se colige que en la especie, tanto el hijo biológico de Pereyra y Cagnola, como sus familiares, revisten la calidad de víctimas, que las consecuencias derivadas del hecho criminal perduraron durante largos años y subsisten aún, en la medida en que la verdadera identidad de aquél no ha sido reestablecida completamente.
Pensiones, caducidad, exceso ritual manifiesto
Materia: PENAL
Carátula: TISSERA DOLLY DEL CARMEN c/ ANSES s/PENSIONES c/ ANSES s/ PENSIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-02

En las causas de carácter previsional la interpretación del instituto de la caducidad de instancia debe ser restrictiva y, al fijar el alcance de la normas que regulan los beneficios de naturaleza alimentaria, los jueces deben proceder con suma cautela a fin de lograr una aplicación racional y prudente y, evitar el riesgo de caer en un excesivo rigor formal que afecte el derecho constitucional de defensa en juicio. Por lo tanto, la caducidad de instancia sólo halla justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicio, pero no como un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito o a prolongar situaciones de conflicto. (cfr. Dic. de la Procuración Fiscal en "Olmedo, Dominga Nieves c/ Provincia de Santa Fe", C.S.J.N., O.283.XXXVIII, 30.05.06). (Del dictamen fiscal, al que adhiere la Sala).
Recurso extraordinario, juicio de árbitros, competencia, oportunidad procesal, facultades jurisdiccionales, interpretación de la constitución
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C.E. e I. c/ Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas en liquidación y Nucleoeléctrica Argentina S.A. s/ Tribunal Arbitral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

No corresponde formular reparos acerca de la oportunidad del planteo de incompetencia formulado en el recurso extraordinario, pues el sometimiento de la Nación a tribunales arbitrales -ya sean los previstos de modo permanente o los que se estipulen en particular- sin previsión expresa que lo autorice, vulnera el art. 116 de la Constitución Nacional al afectar la facultad jurisdiccional para el conocimiento de una causa e involucra una cuestión de orden público que, como tal, puede ser planteada en cualquier etapa del proceso y examinada, aun de oficio, por la autoridad judicial competente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación de sentencias, principio de congruencia, daños y perjuicios, responsabilidad indirecta, responsabilidad del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., B. L. y M., R. H. s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad (interpuesto  Por el superior gobierno de la provincia de santa fe en su  Carácter de tercero civilmente demandado)-homicidio culposo  (Expte.: C.S.J. Nº. 69 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-02

No puede merecer favorable acogida el reparo de la provincia -en su carácter de tercera civilmente demandada- centrado en una supuesta violación del principio de congruencia -por que, a su entender, el reclamo efectuado sería diferente a aquél por el cual se la condenara-, desde que -según reiterada jurisprudencia de la Corte local-, no se excede la atribución judicial de declarar el derecho que rige el caso sino cuando se juzga respecto de hechos diferentes de los debatidos en la causa y, en el caso, el vicio acusado por el recurrente no encuentra un mínimo de asidero. Es que si se repara en los propios términos de la decisión enjuiciada, se desprende que la Sala, al explayarse en torno a la determinación de la responsabilidad que le cupo a la Provincia, dejó debidamente esclarecido que la absolución de los imputados "...no es óbice para la existencia del delito". (De la Disidencia del Dr. Netri)
Inconstitucionalidad, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Loyola, Sergio Alejandro c/  s/ causa con imputados
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2016-10-27

Corresponde hacer lugar pedido del defensor del imputado declarar la inconstitucionalidad de la escala penal prevista por el art. 5 inc. c) en función del art. 34 inc. 1º de la ley 23.737 para la pena privativa de libertad, reduciéndola, toda vez que para este tipo penal "comercialización de estupefacientes o tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" (art. 5 inc. "c" de la Ley 23.737)-, no puede sostenerse que todo comercio de estupefacientes puede ser considerado de la misma forma o bajo el mismo estándar normativo/punitivo. Y agrega que esta situación lleva a los jueces a analizar la constitucionalidad de los mínimos de las escalas penales tradicionales que no se adecuan a las circunstancias del hecho, en vinculación directa a la lesión al bien jurídico y a la culpabilidad del autor, violando en consecuencia diversos derechos reconocidos constitucionalmente, entre otros -pero principalmente- el de proporcionalidad de la pena con el hecho o conducta lesionadora.
Concursos, principios procesales, competencia, cuestiones de competencia, recurso de nulidad, fallido, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Larramendi, Ernesto Hanse c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-02

Cabe rechazar el planteo de nulidad formulado por el fallido respecto a la citación en los términos de la LCQ 84. Es que teniendo en cuenta que el domicilio donde se efectuaron la notificación y la constatación del domicilio coincide con el informado por la DNRPA y los datos de la DPRP es indudable que el interesado debió (y no lo hizo) ofrecer prueba con suficiente contundencia para dar crédito a su versión de los hechos, esto es, que no residía en el lugar donde se practicaron aquéllas diligencias, ya que -en el contexto descripto- el único y exclusivo elemento de juicio que acompañara a tal efecto, es decir, dos licencias de otra jurisdicción una de ellas emitida a nombre de una persona con diverso apellido resultan insuficientes para acreditar aquél extremo, lo cual conduce a rechazar su posición. Disidencia del Dr. Garibotto:.

Corresponde hacer lugar al planteo de nulidad, por cuanto frente al hecho de que no pudo localizarlo aquí, terminó informando otro domicilio pero ya en extraña jurisdicción y es en ese lugar en donde se practicó la citación al deudor "bajo responsabilidad de la parte" e incluso se realizó una constatación. Y encuentra esta instancia que ese dato -más allá de las posiciones traídas por los interesados- resulta dirimente para dar solución a la cuestión traída, habida cuenta que, con independencia de si el presunto deudor haya logrado o no demostrar que no vive en ese domicilio, lo cierto, concreto y jurídicamente relevante es que no se encuentra en debate que esas diligencias no se practicaron en esta ciudad. Es que la competencia del juez que debe intervenir en un proceso universal de concurso o quiebra, se halla expresamente dispuesta por la ley y constituye una previsión de orden público, porque atiende a los intereses generales en juego propios de un proceso colectivo que afecta la totalidad del patrimonio del deudor, suspende el trámite de las acciones singulares y genera la atracción al juzgado de radicación del proceso universal de los procesos iniciados contra el deudor alterando su competencia natural, a la vez que convoca a todos los acreedores a concurrir por vía igualitaria de verificación, razón por la que la competencia deviene improrrogable tácita o expresamente (conf. CSJN, 6.4.04, "Curi Hnos. SA s/ concurso preventivo", Fallos: 327:905). Por aplicación de todo lo anterior, existe un deber de abstención que incumbe a todo juez en orden a declarar la apertura del proceso de insolvencia en el cual no sea territorialmente competente, de suerte que incluso de oficio debe declararse incompetencia si no encuentran cumplidas las previsiones legales especiales (conf. arg. LCQ 13, segunda parte; CSJN, 15.10.91, "SAI Welbers Ltda.", Fallos: 314:1291; Quintana Ferreyra, "Concursos", Buenos Aires, 1982, T. I, págs. 60/l, n° 2).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Ríos, Héctor Rubén s/ Infracción al art. 302 del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Si la cuestión cuya omisión se denuncia no ha sido mencionada en momento alguno del proceso, el caso no resulta contemplado en la causal de anulación prevista en la primera parte del art. 156 de la Constitución de la Pcia.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleador, obligaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Rocca, Héctor c/ Dálmine Siderca S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

Es descalificable el acuerdo celebrado entre las partes que pone en evidencia la intención del principal de eludir el cumplimiento de sus obligaciones legales, en tanto por dicha vía dejó de cumplir las exigencias que la ley pone a su cargo como empleador de un trabajador minusválido.
Nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Rojas, Juan Carlos; Barrios, Pedro Agustín s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-04-02

Las motivaciones expuestas, a las que el Tribunal a quo asigna sentido corroborante de los dichos del acusado Rojas, no constituyen aportes unívocos acerca de las circunstancias en que tuvo lugar el desenlace mortal investigado y del accionar de los involucrados en el mismo, en orden al resultado. Incluso, contradicen, en parte, la afirmación que tiene a Barrios como único autor del delito por el que viene condenado. El defecto acarrea la nulidad del pronunciamiento, sin necesidad de otras consideraciones, puesto que lo priva de los recaudos propios que debe observar la sentencia, para ser considerada tal.
Cuota alimentaria, sentencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Parlade, Miguel Angel y Peralta, Mabel Estela s/ Divorcio Vincular-Presentación Conjunta-Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-04

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que en principio las resoluciones dictadas en materia de fijación de cuota alimentaria no constituyen sentencias definitivas a los efectos del recurso extraordinario, pues dejan abierta la posibilidad de modificar cada vez que las circunstancias así lo aconsejen.
Estafa, retención indebida, administración fraudulenta, desbaratamiento de derechos acordados, pasaje aéreo, pago
Materia: PENAL
Carátula: OLIVARES, Pedro F. s/ Causa 43.722
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-02

a) Constituye el delito de estafa, la conducta del imputado que determinó al querellante a la entrega del pago total por dos pasajes aéreos, luego de lo cual surgió que aquél jamás hizo gestión alguna, siquiera para reservar los pasajes, logrando a través del ardid, un perjuicio al patrimonio del engañado.

b) La conducta del encartado no encuadra en ninguna de las figuras delictuales de los incs. 2°, 7°, ni 11° del art. 173 del C.P., pues en el primer supuesto es necesaria la existencia de una obligación de restituir la misma cosa entregada, circunstancia que no se da en autos, pues la obligación consiste aquí en la entrega de los pasajes.

El hecho tampoco encuentra adecuación en el tipo de la administración fraudulenta, pues el procesado no revestía el carácter de administrador, ni estaba facultado para la conservación y mejoramiento de ese patrimonio, sino que estaba carente de todo poder de disposición. Finalmente, tampoco se advierte que el hecho pueda quedar comprendido en la prohibición del inc. 11° de la citada norma, fundamentalmente porque la obligación que se debe volver imposible, incierta o litigiosa ha de estar referida a un bien o cosa, y no a un servicio.
Acto administrativo, facultades discrecionales, límites a la discrecionalidad, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Organización de Protección Industrial  S.A. c/ Gas del Estado s/ Nulidad del acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-24

La actuación administrativa debe ser racional y justa y la circunstancia que la administración obre en ejercicio de facultades discrecionales no constituye justificativo de su conducta arbitraria pues es la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho supuesto.
Pago, contrato de comisión, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: JOMARACAPEX  S.C.A. c/ CANTONI, NORMA V. s/ SUMARIO POR CONSIGNACION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-03-17

Quien pretende consignar, debe acreditar la adecuación del pago a lo debido.
Acción de amparo, servicio público, concesión de servicio público, tarifa de transporte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE 19 DE JULIO S.R.L. Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-12

El municipio, por ordenanza, se encuentra facultado a disponer unilateralmente modificaciones al regimen de la concesión de un servicio de transporte público por razones de interés general. Si bien es loable la intención de la demandada, de evitar el traslado de un eventual incremento del boleto al usuario, ello no puede obtenerse a costo exclusivo del patimonio de las empresas transportistas. Dicha situación, permite hacer lugar parcialmente al amparo instaurado.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, prioridad de paso, prueba, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Princich, Adriano Antonioi c/ Policía de la Provincia de Formosa y/o Jara, Ramón y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios de Formosa y/o Jara, Ramón y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-10-30

El sólo hecho de tener prioridad de paso no es suficiente para hacer recaer toda la responsabilidad del accidente en el actor, como pretende el recurrente, es necesario, además evaluar su conducta en el evento y, precisamente, realizando esa labor, cabe destacar que en el proceso formativo, el juzgador excepcionalmente, puede lograr una certeza absoluta sobre la forma en que el suceso ocurrió, pero, le basta para fundar su decisión, haber alcanzado una certeza moral, debiendo entenderse por tal el grado sumo de probabilidades acerca de la verdad. Y para ello, el sentenciante tiene la facultad de seleccionar las pruebas y detenerse en las que son esenciales y decisivas para el fallo de la causa. Fundamento de la Dra. Arminda del C. Colman.
Alimentos, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Miyar Pedro Bienvenido c/ Fritz Elsa Esther s/ Inc. cesación cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

Para los casos en que exista divorcio vincular, el artículo 218 del Código Civil prevé expresamente que la prestación alimentaria y el derecho de asistencia contemplados por los arts. 207, 208 y 209 cesarán para el cónyuge que contraiga nuevas nupcias, viva en concubinato o incurra en injurias graves contra el otro. Dada la ubicación de la norma en análisis y la amplitud de sus términos, no queda duda de que se refiere a todo derecho alimentario entre cónyuges posterior a la sentencia de divorcio o separación, sea el del cónyuge inocente, el del enfermo, el del culpable o cuando no medió declaración de culpabilidad, el acordado convencionalmente y aún el de los divorciados por presentación conjunta o por la causal de separación de hecho sin voluntad de unirse (arts. 207, 208, 209 y 236 cód. cit.). También prosperará el pedido de cesación de la cuota ya fijada si se acredita que con posterioridad a su determinación por convenio o sentencia han variado los presupuestos de hecho que se tuvieron en cuenta al establecerla. (Minoría u opinión personal)
Competencia, sucesiones, bienes inmuebles, domicilio del causante
Materia: PROCESAL
Carátula: BREMER MEROVICH DE KARSZ, BERTA s/ SUCESION AB- INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-09

Los arts. 10 y 11 del Código Civil establecen como excepciones al principio de la unidad sucesoria los casos que interesan la transmisión de inmuebles o de muebles de situación permanente en la República, a partir de lo cual cabe resolver cuál ha de ser el Juez competente para entender en la sucesión de esos bienes. Si el causante con último domicilio en país extranjero hubiese dejado sólo un bien inmueble en nuestro país rige la "lex rei sitae" y la competencia corresponde al Juez del lugar en que se encuentre el bien.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Marcela C. s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Es innecesario expedirse sobre si lo que el recurrente denomina "emoción violenta" o las "condiciones miserables en que vivía..." la procesada constituyen otras tantas circunstancias extraordinarias de atenuación del homicidio cometido, si la Cámara descarta la concurrencia en autos de tales extremos, y el quejoso no denuncia norma alguna que regule la materia probatoria que habría transgredido el "a quo" al así hacerlo.
Interpretación del contrato, buena fe, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: SCIASCIA GAETANO c/ CORDOBA S.A. FINANCIERA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-04

Si de un contrato surgen cláusulas incompatibles o contradictorias es legítimo recurrir a la regla de interpretación contenida en el art. 218, inc. 4to., del Código de Comercio. Esta regla constituye una directiva de derecho positivo, aplicable incluso a los contratos civiles por imperio de lo establecido en el art. 16 del Código Civil (conf. C.N.Civ. Sala A, E.D. 70-313; Sala C, E.D. 35-370; id. id. L.L. 1978-8-338; Sala D, E.D. 38-531) y debe presidir el criterio de la buena fe en la interpretación.

La interpretación fija el contenido y reconstruye el significado de las declaraciones y comportamientos con referencia tanto a los hechos antecedentes y consecuentes con los que (esas declaraciones) se conectan (conf. Betti, E,. "Interpretación de la ley y de los actos jurídicos", Madrid 1975, p. 347).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, error de cálculo
Materia: LABORAL
Carátula: Borsani, Jorge Alberto c/ Companía Gillette de Argentina s/ Indemnización, diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03

Los errores de cálculo no son susceptibles de ser corregidos por vía del recurso de inaplicabilidad de ley.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, responsabilidad del escribano, falta de prueba, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OTTONE, DANIELA FERNANDA c/ TERAN, CARLOS ENRIQUE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

El accionado plantea la arbitrariedad de la sentencia cuestionada por diversas causales que invoca, mas con lo afirmado no logra rebatir -desde el punto de vista constitucional- los fundamentos de la Alzada, que para concluir que resultaba contundente la responsabilidad derivada del incumplimiento de los deberes que se hallaban a cargo del escribano, sostuvo que tanto de la documental agregada en autos, como de las pruebas recabadas en el juicio tramitado ante el Tribunal de Familia, se desprendía la pérdida del patrimonio ganancial que, en principio, le correspondía a la actora, su desarraigo, su necesaria inserción posterior en el mercado laboral, el lógico descenso del nivel económico de vida que padeció como consecuencia de los actos concertados -los que fueron instrumentados por el profesional sin el debido asesoramiento previo que tenía a su cargo y que era su obligación-, y la innumerable cantidad de acciones judiciales que debió iniciar en resguardo de sus derechos, encontrándose probado el incumplimiento por parte del accionado con relación a la actora -interviniente en el acto notarial-, de modo tal que estaba a cargo del escribano la prueba para exonerarse de responsabilidad, prueba que no produjo en estos autos, ni en los que tramitaron ante el Tribunal Colegiado. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco)