marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regulación de honorarios, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: "Noble  Argentina S.A. c/ EN - DGA - ONCCAResol 1487/08 y 2463/09 s/ medida cautelar".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09

No asiste razón al recurrente en tanto la oportunidad para regular honorarios en las medidas cautelares se vincula con su grado de independencia respecto del proceso principal. En efecto, en las medidas propiamente autónomas (art. 27 de la ley 21.839) corresponde efectuar la regulación al terminar dicho proceso independiente, al igual que cualquier contienda (art. 47). Por el contrario, en las medidas cautelares incidentales (art. 33) corresponde diferir la regulación a la conclusión del proceso principal, oportunidad en la que se determinarán los parámetros exigidos por el art. 7º de la ley de arancel.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica, Derecho laboral, relación de dependencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INSAURRALDE, DOMINGO EVANGELINO c/ KROTER, CELIA OLGA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-05-28

La decisión de la Cámara de confirmar la sentencia de primera instancia -que hizo lugar al pago de rubros laborales, al considerar configurada una relación de dependencia entre las partes y la ruptura del vínculo por causa exclusiva de la empleadora- por entender que en el caso no existió incompatibilidad alguna entre las tareas de maestro pizzero o cocinero desarrolladas por el actor a favor de la accionada y la manufactura de prepizzas, se presenta teñida de dogmatismo y prescindente de constancias decisivas de la causa, toda vez que existe prueba válidamente incorporada al proceso que da cuenta que que aquél elaboraba el producto en su domicilio junto a su familia y que concurrían personas particulares a comprarle, hechos que también surgen de su propia confesional.
Interpretación de la ley, suspensión del juicio a prueba, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-10

Según el art. 6 LPC, se aplican supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal que rige en la Ciudad de Buenos Aires en todo cuanto no se opongan a las disposiciones de dicha ley y el art. 311 no se opone al texto de la LPC, -que no prevé nada al respecto- ni a la regulación prevista en el CC. art. 45, y por el contrario, se puede incluso afirmar que la complementa de un modo razonable, satisfaciendo los principios de inmediación, publicidad, imparcialidad y al sistema acusatorio imperante en la Constitución local. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Graduación de la pena, insuficiencia del agravio, juicio abreviado, monto de la pena, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Escobar, Daniel Eduardo s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

No satisface el recaudo de fundamentación mínima exigida en los términos del art. 404.2, en conexión con el art. 123 CPPN, la sentencia dictada en el marco de un acuerdo de juicio abreviado que en lo relativo al monto de la pena sólo destacó que la pena pactada resultaba adecuada sin considerar las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Es que el monto, en principio, establecido en el acuerdo de juicio abreviado en modo alguno exime al tribunal a quo, encargado de dictar la condenación, de analizar la medida que corresponde para el hecho que engloba la sanción que se está dictando. En consecuencia, corresponde anular la decisión en la que, sobre el punto, el a quo no hace consideración alguna de la medida del padecimiento o del menoscabo de bienes jurídicos que el hecho delictivo que se tuvo por probado produjo, en el entendimiento de que el acuerdo al que habían arribado las partes lo eximía de ello, siempre y cuando considere que el monto pactado no era elevado, dado que el juez no puede rechazar el acuerdo debido al monto pactado ni puede imponer una pena superior a la acordada por las partes. El tribunal debe formular su propia mensuración de la pena, la que, llegado el caso, encontrará su límite en el monto del acuerdo, de resultar más gravosa que la pactada. El acuerdo entre las partes, aún de resultar a primera vista legal y razonable, en modo alguno puede tomarse como fundamentación concreta de una decisión del tribunal, que debe formularla valorando pormenorizadamente cada uno de los aspectos señalados en el art. 41, CP (voto del juez Rimondi al que adhirió la jueza Llerena)
Competencia por el territorio, domicilio
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO BICCA  COOP. LTDO. c/ RUBEN ANTONIO MARTIN s/ EJECUTIVO - CONTRATO DE PRENDA - COMPETENCIA TERRITORIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-19

Tratándose de una acción personal, la competencia territorial resulta del art. 6 inc. 3ero. del C.P.C., pero si aquella tiene su origen en un contrato de prenda con registro, el art. 28 del Dec.

Ley 15.348 otorga otras opciones al actor.

Si en el contrato se indica un domicilio especial y otro convenido para la competencia; el primero importa una especie de prórroga legal (arts. 100 y 101 C.C.); la prórroga tácita o expresa, prevalece sobre cualquiera de las otras reglas acerca de la determinación de la competencia (art. 6 C.P.C.).

Establecido un domicilio especial para la competencia del tribunal, en forma expresa, puede el actor, prescindir y demandar en el domicilio del demandado.En cualquiera de los casos, cuando el ejecutado es demandado en su propio domicilio y tal proceder no le causa perjuicio alguno, respecto a su defensa, se pone un límite al principio general de la competencia legal.

Esto es aplicable tanto en los casos de competencia territorial dispuesta por la ley o convencional pues tiene la misma razón, la inexistencia del perjuicio.-
Recurso contencioso administrativo, interpretación restrictiva, prueba, apreciación de la prueba, contrato de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Vialco S.A. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 619-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-15

Cuando los términos de la demanda no impiden a la accionada colegir quién la demanda, qué le demanda y por qué se la demanda (en el caso, falta de pago de certificaciones devengadas en el marco de una obra pública), la carencia de mayores precisiones, no sólo no fundamenta la admisibilidad de la excepción de obscuro libelo (únicamente interpretable de manera restrictiva), sino que debe ponderarse de manera directamente relacionada con la regla de juicio que importa la distribución de la carga probatoria y, en definitiva, con la valoración que de ella realice el Tribunal en la sentencia, específicamente vigorizada, por la custodia del interés público, en el ámbito del proceso contencioso administrativo.
Interpretación de la ley, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: B. Y., J. H. s/ Queja en: 'B. Y., J. H. s/Abuso sexual'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-17

"Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 'la misión judicial no se agota con la sola consideración indeliberada de la letra de la ley. Es ineludible función de los jueces, en cuanto órganos de aplicación del ordenamiento jurídico vigente, determinar la versión, técnicamente elaborada, de la norma aplicable al caso'. Más aun, es propio del Tribunal revisar las resoluciones acerca de la adecuación de las normas a la Constitución Nacional. Particularmente, en los casos de reglamentación de derechos básicos o fundamentales, considera que es labor de los jueces evaluar la razonabilidad de las restricciones y exigir que éstas se encuentren debida y singularmente fundadas."
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Mastorizzo, Roberto Enrique s/ Homicidio reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

Es insuficiente el agravio sobre la hipotética aplicabilidad de los arts. 47 o 48 del Código de fondo si permanecen firmes los hechos fijados en el fallo por falta de impugnación idónea.
Graduación de la pena, violencia de género, escala penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, José Alexis s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-05

Resulta correcto, a los fines de la mensuración de la pena, la consideración del marco de "violencia de género" en el que se desarrollaba la pareja, pues tal circunstancia se enmarca dentro de la "naturaleza de la acción" prevista en el art. 41 CP. La "naturaleza de la acción" no es un concepto abstracto sino que se trata de la manera concreta en que se ha ejecutado la acción típica, particular de cada hecho y reveladora de múltiples aspectos que pueden y deben ser valorados al momento de medir en la pena la intensidad del reproche penal. En las escalas correspondientes a los delitos conminados con penas divisibles están previstos, en principio, todos los modos posibles en que una conducta humana puede satisfacer el supuesto de hecho objetivo (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Morin).

Citas de "Medina Cantero", CNCC, Sala 3, Reg. 701/2016, resuelta el 7 de septiembre de 2016; "Gyacone", CNCC, Sala 3, Reg. 312/2016, resuelta el 22 de abril de 2016; "Trigo y Baltazar", CNCC, Sala 2, Reg. 631/208, resuelta el 12 de junio de 2018 y "Zárate y "Capón", CNCC, Sala 2, Reg. 917/2018, resuelta el 7 de agosto de 2018
Seguro marítimo, cobertura, responsabilidad por abordaje de buque, citación en garantía, aplicación analógica de la ley, seguro de responsabilidad civil
Materia: CIVIL - NAVEGACION
Carátula: Agencia Marítima Petrozan  S.R.L. c/ Trans - Ona s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-12

A tenor de la póliza agregada, el seguro contratado con COSENA cubre la responsabilidad emergente de abordajes y choques contemplada en los artículos 452 y 453 de la Ley de Navegación.

Dicho seguro funciona del mismo modo que un seguro de responsabilidad civil, al que históricamente le dio origen, de manera que la citación efectuada por el demandado - en los términos de los arts. 109 y concordantes de la Ley de Seguros -, y no cuestionada por la aseguradora, produce el efecto de que la sentencia que se dicte hace cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro (art. 118 de la Ley 17.418), vale decir que, en la etapa de ejecución deberá ser tenido en cuenta la franquicia contemplada en la póliza. Cabe añadir que la aplicabilidad del art. 118 de la Ley 17.418 a los seguros de responsabilidad hacia terceros por abordajes es la que mejor se adecua a la finalidad del instituto y la que mejor consulta los intereses generales de la navegación, no existiendo, por otra parte, ninguna disposición que la vede.
Inexistencia de cuestión federal suficiente, fundamentación insuficiente, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Moisés Alejandrino, Maldonado, registro 928 c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-13

La defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de esta Cámara., sino que se ha limitado a cuestionar una fundamentación que no comparte sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dados por el a quo.
Crédito documentado, compraventa internacional
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  CENTRAL  DE  LA REPUBLICA  ARGENTINA c/ CASA BEATO DE  A. A. BEATO E HIJOS S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-10

La concepción unitaria del crédito documentario es inviable, pues se trata de varias relaciones jurídicas con diferentes causas que poseen autonomía a los efectos de la ley aplicable (cfr. Checa Martínez, Miguel, "El crédito documentado en el Derecho del Comercio Internacional", pág. 61-64; citado también por Albornoz, Jorge - All, Paula, "Crédito documentario", pág. 241). Así la ley que resulta aplicable al contrato base -en el caso, compraventa internacional- no se proyecta precisamente sobre el crédito documentado, aunque deba tenerse en cuenta el compromiso de pago mediante un crédito documentado incluido en el contrato subyacente.
Cuestiones de hecho y prueba, vicios de la voluntad, improcedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Capcha, Héctor Alan c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Capcha, Héctor Alan y otros s/ art. 5 "C" tenencia con fines de comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad, toda vez que la sentencia impugnada, que confirmó la condena impuesta luego de un avenimiento (art. 278, CPP) se basó en una valoración fundada de las pruebas acumuladas a lo largo de la investigación, mientras que las alegaciones de la defensa no exceden del mero desacuerdo con la valoración propia de los jueces de la causa, sin que lo decidido configure los agravios constitucionales que intenta articular en el recurso bajo análisis. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Defensa en juicio, denuncia anónima, allanamiento domiciliario, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Cristian Adrián s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

Con respecto al planteo de nulidad del auto por el que se ordenó el allanamiento no se advierte conculcación alguna al derecho de defensa en juicio del imputado ni que se haya impedido el regular ejercicio de derechos consagrados constitucionalmente. La medida fue ordenada habiéndose habilitado a tal efecto día y hora en virtud de: ".a) la naturaleza del delito que se investiga que conduce a actuar con premura; b) el hecho de que el paso del tiempo pueda traer aparejada la desaparición de las cosas que se pretende secuestrar aprovechando la nocturnidad; c) la existencia de orden público en peligro por la sucesión de hechos de esta naturaleza que deben ser rápidamente develados por quienes actúan la ley.". El decreto a su vez se motivó en la denuncia anónima que dio origen a esta causa y en las tareas de inteligencia y de vigilancia que personal policial llevó a cabo sobre el domicilio en cuestión y sus inmediaciones, en las que se acreditó que el imputado mantenía breves contactos en horario nocturno con personas -en su mayoría jóvenes- con quienes intercambiaba elementos pequeños. El allanamiento fue dispuesto en un horario que no luce irrazonable, que no violentó las posibilidades de defensa de sus moradores y que justamente coincidía con aquél en que el imputado había sido observado realizando la mayor parte de las transacciones ilícitas.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: LABORAL
Carátula: González, Elsa R. y otros c/ Compañía Industrial La Azuleña S.A. s/ Diferencia de haberes, etc. Almada, Jorge Hugo c/ Expreso General sarmiento S.A. s/ Enfermedad Alberro, Héctor Rubén c/ Witcel S.A.C.I.F.I.A. s/ Indemnización por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27|2002-02-19|2004-04-21

El presunto desacierto en la aplicación del derecho es materia reservada al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, regulación de honorarios, costas, legitimación procesal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Poliworld Servicios S.R.L.  c/ Vogel, Raul Horacio  s/ d. y p. derivados de la responsabilidad contractual de particulares
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-07

Son los profesionales únicamente a quienes les corresponde exigir la pertinente regulación y, en todo caso, apelar sus honorarios (por bajos) e instar su cobro, en tanto no tienen personalmente legitimación para solicitar la modificación de las costas.
Funcionarios judiciales, remuneración del personal judicial
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Curatolo, María Marta c/ Poder Ejecutivo s/ Pretensión restablecimiento o reconcimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

Cabe rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley y/o doctrina legal interpuesto si los agravios esgrimidos por el recurrente (que pretendía el pago del adicional por multiplicidad de funciones o tareas que sobre un mismo funcionario puedan recaer, en este caso auxiliar letrada) han sido analizados y desestimados por este Tribunal en un caso similar en el cual el peticionante era un juez de primera instancia y había requerido el pago de adicional por subrogancia (causa B. 61.902 "Sánchez", sent. de 2-11-2016).(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: M., V. s/ Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-05-14

Respecto del contenido estatuido en el art. 4 de la ley 22.278, específicamente de la facultad que se le otorga a los Magistrados a aplicar o no sanción, corresponde que transcriba lo señalado por José Severo Caballero, en su obra Regulación de la Tutela y de la Represión de los Menores Delincuentes en la República Argentina: "dicha facultad no es un acto de clemencia sino de política criminal, porque el no imponer un castigo se funda en la falta de necesidad de la pena...", con lo que se descarta que se trate de un perdón judicial; tampoco es una excusa absolutoria, pues sea cual fuere la doctrina que se siga sobre éstas, nadie ni nada autoriza a sostener que ellas puedan surgir de un examen total de los motivos del obrar, las condiciones de la acción de la personalidad toda del delincuente en relación a la mayor o menor probabilidad de que pueda, en lo futuro, incurrir en un nuevo delito". Asimismo, cabe resaltar que la naturaleza del beneficio es de política criminal, resuelta mediante una renuncia a la potestad punitiva del Estado, no total, como en los supuestos contemplados en el art. 1 de la ley indicada, sin parcial, mediante una limitación condicionada de su ejercicio. Esta razón de política criminal fue tenida en cuenta por el legislador al establecerlo, y, consecuentemente, su fundamento y condiciones de aplicación deben extraerse de los términos del propio texto que lo instituye.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, superintendencia, jueces, llamado de atención, acordadas
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Dr. Néstor H. Buján s/ llamado de atención.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

No corresponde soslayar las expresiones utilizadas por un presidente de cámara quien, bajo la invocación de obtener información sobre las razones que fundaron una acordada, dejó traslucir un discurso oblicuo e indisimulablemente irónico para dar a conocer su discrepancia con las circunstancias consideradas por la Corte para fundar la decisión mencionada.
Acción de amparo, terceros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TACCARI, VICTOR JOSE c/ MUNICIPALIDAD  DE  LAS  ROSAS  Y-O  CONSEJO  MUNICIPAL  DE  LAS ROSAS s/ QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 288-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-03

En todo juicio de amparo existe un actor y un demandado, un agraviado frente al autor del acto lesivo; pero no sólo el actor y el demandado pueden ser partes en el juicio de amparo, sino que también hay terceros, que tienen derecho a ser oídos en el proceso.
Establecimientos penitenciarios, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Badín, Rubén y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar irregularidades, de nada sirven las políticas preventivas del delito ni menos aún las que persiguen la reinserción social de los detenidos; es más, indican una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa.
Agentes de la administración pública, responsabilidad civil, responsabilidad penal, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tesorería General s/ Dcia. Irregularidades precepción haberes en agrupamiento seguridad policía Río Negro Expte. Nro. 120/94 Fiscalía investigaciones administrativas (Expte. Nro. 95/96 Jef. Policía -20292 Tes. Gral. R. N.) s/Apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-12-21

"Las responsabilidades civil, penal y administrativa no son excluyentes, ya que un mismo hecho violatorio de un deber jurídico del agente público, puede dar lugar a las tres clases de responsabilidad y originar tres sanciones distintas. El principio non ter in idem es inaplicable, puesto que se trata de géneros diferentes de responsabilidad, cada uno con su dominio propio. Las tres responsabilidades tienen finalidad específica e inconfundible". Voto de los Dres. Lutz y Balladini.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Luza, Raymundo Marcelino c/ A. Mercati S.A. s/ Cobro de pesos. Ordinario Wolman, Florencia I. c/ Provincia de Buenos Aires o Municipalidad de Junín s/ Daños y perjuicios El Modelo S.A.I.F.C. e I. c/ Padua, Carlos y otros s/ Acción de reivindicación Balmaceda, Lorenzo c/ Rodríguez Cores, Clementina y ots. s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24|1995-09-05|1991-09-03|1992-03-10

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sólo trasunta una discrepancia de criterio con la apreciación de los hechos y no demuestra como se ha producido el absurdo.
Concursos, fuero de atracción, suspensión del trabajador, plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marsico Hnos. S.A. s/ Concurso preventivo-Incidente de Verificación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-13

La ley admite que la patronal exceda los plazos máximos de suspensión siempre que concurra la voluntad del trabajador. En general la jurisprudencia es uniforme en que el dependiente debe impugnar la medida en forma contemporánea a la aplicación de la misma (para considerarse despedido) dando así oportunidad a la patronal para reveer la medida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, sentencia no firme, gravamen irreparable, sociedades comerciales
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: JALIT HNOS. S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-14

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que siendo que la decisión en examen ordena la intimación de acompañamiento de prueba documental, corresponde a la recurrente demostrar la existencia de un gravamen irreparable para sortear el recaudo de definitividad requerido por el artículo 1 de la ley 7055.

En efecto, no obstante alegar que imponer la exhibición general de los libros de la sociedad dentro del trámite registral consuma el agravio constitucional invocado por su parte, obligando al presidente a violar los deberes impuestos por los artículos 59, 213, 274 y concordantes de la ley de sociedades, e importa la desnaturalización del proceso de inscripción registral, transformándolo en un juicio contencioso -obviando que tal juicio existe y se encuentra en trámite a resolución de la propia Cámara-; la impugnante no alcanza a perfilar con eficacia tal supuesto excepcional (Citas: CSJN: Fallos 308:1832; 307:2281; 310:107; CSJStaFe: AyS T 70, p 136; T 92, p 416; T 97, p 197; T 107, p 149; T 120, p 309 y 320; T 174, p 114).