marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kehoe S. A. c/ Zárate, Wilson A. E. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-22

El demandado por la transferencia registral de un automotor no puede pretender la inexistencia del contrato de compraventa basándose en que el mismo carece de un requisito ineludible como la firma de su cónyuge, pues además de contrariar la doctrina de los actos propios, no es él quien se halla habilitado para efectuar tal planteo.-
Recurso extraordinario, resolución administrativa, recursos, título profesional
Materia: PROCESAL
Carátula: Wilcke, Norma Beatríz s/ Recurso de Queja por Apelación Denegada... (Colegio de Abogados)
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-02-16

El Ministerio de Educación y Justicia es el órgano natural superior jerárquico de las Universidades Nacionales; la convalidación efectuada por el Ministerio es elemento habilitante para el ejercicio de la profesión y si el Colegio de Abogados (de Misiones) estimó que no era así debió haber atacado tal decisión administrativa ministerial a través de su revocación o en sede administrativa o por la vía judicial correspondiente. Con ello digo que este recurso extraordinario intentado "no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal", por lo que no estando encuadrado en lo exigido por el artículo 14 de la Ley N° 48, no debe hacerse lugar al mismo, dejando a salvo el derecho del recurrente de acceder por la vía directa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Títulos ejecutivos, cuenta corriente con saldo deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lloyds Bank -B.L.S.A.- c/ Quintero, Roberto Ramón y Otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-14

Las constancias de los saldos deudores de las cuentas corrientes bancarias son títulos ejecutivos abstractos y autónomos que traen aparejada ejecución.
Extinción del contrato de trabajo, pago de las vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: ANDRICH, JUAN CARLOS Y OTROS c/ MERCEDES BENZ ARGENTINA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-25

La bonificación por vacaciones contemplada en el artículo 8 de la cct. Numero 18/75 'e' debe abonarse en caso de ruptura del contrato de trabajo anterior al goce del descanso vacacional, toda vez que su pago es una obligación accesoria a la de otorgar vacaciones, debiendo fijarse en proporción a la fracción del año trabajada (artículo 156 del RCT. - To. -) (Del dictamen del PGT. Al que adhiere la sala).
Extradición, plazo, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Klimacek, Erich s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

Resulta inoficioso dictar un pronunciamiento respecto del cómputo del plazo y su vencimiento, si no puede invocarse como una excepción legal contra la entrega, máxime si el argumento que se aduce para proponer el rechazo de la extradición no se ajusta a las constancias objetivas obrantes en el proceso. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, inexistencia de otras vías
Materia: PROCESAL
Carátula: Binstok, Juan c/ Facultad  de  Ciencias  Bioquímicas  y Farmacéuticas  de la  U.N.R. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-10

La apertura de la vía del amparo requiere circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración, por añadidura, de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo.
Recurso extraordinario, Obligaciones y contratos, celebración del contrato, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GEREN SALUD S.A. c/ OSSEG s/ INCUMPLIMIENTO DE PREST. DE OBRA SOC. /MEDICINA PREPAGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

La actora interpuso recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Adujo que este Tribunal dictó una resolución que adolece de una correcta fundamentación, y que no constituye una derivación razonada del derecho vigente en tanto omite el correcto tratamiento de la pericia médica de auditoría, así como también de la pericial contable realizada en autos, todo lo que a su entender viola su derecho de propiedad y la garantía de defensa en juicio, consagrados en los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional. La decisión del conflicto, en el razonamiento seguido por esta Sala, se centra en las particularidades de la celebración de un contrato entre particulares. Por ello, las cuestiones involucradas no guardan relación directa con la interpretación de normas federales, sino con normas de derecho privado, esto es, cuestiones de derecho común, lo cual no justifica la apertura del recurso extraordinario federal.
Muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización civil, legitimación activa
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Ana María y otros c/ Doumecq S.A. y otros s/ Indemnización daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito Citta de Straccio, María Rosa y otros c/ Branca, Gerardo y/u otros s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29|1990-02-27

Los arts. 1084 y 1085 del Código Civil deben interpretarse armónicamente. Para determinar los beneficiarios a que se refiere la segunda parte del art. 1084 corresponde ajustarse a lo que dispone el art. 1085 por ser la norma dedicada específicamente a regular la legitimación para formular su reclamo indemnizatorio, teniendo derecho a ampararse en la presunción de daño ocasionado por el deceso, el cónyuge sobreviviente y los herederos necesarios de la víctima.
Principios del procedimiento administrativo, legalidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CANTERAS MALAGUEÑO S.A.C.I.F. c/ GAS DEL ESTADO s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-09

El formalismo administrativo cumple una función de garantía, tanto de los derechos de los particulares, como del orden, acierto, justicia y legalidad que debe existir en su actividad desplegada por la administración.
Recurso de inaplicabilidad de ley, homicidio criminis causa, jurisprudencia contradictoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Agüero, Carlos y Vera, Angel s/ recurso de inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-15

La contradicción que autoriza el recurso de inaplicabilidad de ley se verifica cuando el sentido jurídico que le asigna la sentencia recurrida a una situación de hecho no coincide con el que le atribuyera a esa misma situación un fallo dictado con anterioridad por otra sala del tribunal, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma disposición con diverso alcance. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David, Madueño, Mitchell, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso, Hornos, Tragant, Ledesma, Riggi y Catucci; Dra.

Berraz de Vidal, en minoría).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, sociedad prestadora de servicios médicos
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Phynx SA c/ Microsoft SA y otros s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-16

Procede confirmar la resolución que hizo lugar a la demanda por resolución intempestiva del contrato. En ese marco, reconoció a los actores una indemnización que calculó en las utilidades que éstos hubieran podido percibir durante los doce meses en el que estimó razonable fijar el preaviso que hubiera debido cursarse antes de que se extinguiera la relación de que se trata. Tuvo por cierto que el plazo de preaviso debía ser determinado en función de la extensión del contrato habido entre las partes por lo que, teniendo en consideración que la actora se había constituido en el año 1998 y que el vínculo se había extinguido en el año 2014, también tuvo por acreditado que dicha relación había estado vigente por un lapso de quince años y medio, que justificaba asignar ese lapso al preaviso que hubiera sido debido.
Suspensión del juicio a prueba, consentimiento del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Urrutia, Leandro Martín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-14

En tanto el beneficio reglado por el art. 4 ley 22.278 no es obligatorio, sino una facultad propia del juez al dictar sentencia, cuando se trata de analizar si concurren los extremos legales para la procedencia de la probation no es admisible la reducción de la sanción contemplada en dicho art. 4 de la ley minoril sin que se den los presupuestos legales para ello. La disidencia sostuvo que la opinión favorable del fiscal en punto a la admisibilidad del instituto vincula al órgano jurisdiccional a suspender el proceso a prueba, en tanto deviene contrario a la garantía del debido proceso pretender que el imputado enfrente un debate cuya suspensión ha sido postulada por el titular de la acción pública. (Dres. Ledesma -en disidencia-, Tragant, Riggi).
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: SUCESION DE DIONISIO JOAQUIN FELIU c/ GARRONE, ROBERTO ANTONIO Y/U OTROS s/ INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION AGROVAL S.A. c/ CASTILLO MANUELA Y OTROS S/REIVINDICACION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-07|2005-08-02

Habiendo arbitrariedad, es decir, sentencias carentes de fundamentos para sustentarlas o desprovistas de apoyatura legal suficiente, cesan de operar, o pierden vigencia, las limitaciones competenciales aludidas en el texto legal. Si la sentencia es arbitraria debe el Tribunal revisar por la vía de la casación, las cuestiones de hecho o la inteligencia dada a la materia procesal.-
Homicidio en riña, concepto de riña
Materia: PENAL
Carátula: DEL VALLE BALDIVIESO s/ HOMICIDIO EN RIÑA. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-06-04

1) Riña a los efectos del art. 95 C.P. es el súbito acometimiento recíproco y tumultorio o el enriedo en una pelea o la lucha recíproca entre más de dos personas, peligrosa para la integridad personal y en la que los contendientes se confunden entre sí mezclándose mutuamente.

2) En aras al pleno mantenimiento del principio de culpabilidad ha de afirmarse que no es cualquier violencia la tenida en cuenta por el art. 95 C.P. sino aquel tipo de ella que sea idónea para causar la muerte.
Obstrucción de la vía pública, permiso de venta en la vía pública, permiso precario
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: R, M.G. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-21

La Ordenanza Nro. 39.910 únicamente prevé el otorgamiento de permisos para la instalación de puestos de venta de artículos religiosos "con motivo de actos en que se celebren en las iglesias metropolitanas las respectivas fiestas patronales" (art.

1).

Siendo el día en que se celebra la fiesta patronal en la Iglesia San José del Talar el 19 de marzo, y al haberse desarrollado los hechos un 8 de abril, resulta evidente que los encausados no se encontraban autorizados por los permisos que invocan.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HAGEMANN, ILDA NELLY CORTES DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 474-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-08-11

La remuneración de los empleados públicos no consiste únicamente en la asignación básica fijada como retribución de los servicios prestados por los agentes públicos, sino que se integra, además, con otras asignaciones y compensaciones, algunos de cuyos conceptos no corresponden a todos los agentes públicos, sino tan sólo a una parte de ellos, es decir, a aquellos que se encuentren en las condiciones que den lugar a su percepción, existiendo una tendencia a incrementar esos rubros y a crear nuevos, lo que hace, al decir de Escola (Tratado Integral de los Contratos Administrativos, T II p 486), que en muchos casos el importe del sueldo, propiamente dicho, resulte mínimo e insignificante en relación con el monto de esas asignaciones y compensaciones, que aparecen como el verdadero "sueldo" del agente.
Inconstitucionalidad, decretos, convenios colectivos de trabajo, contrato de trabajo, accidentes de trabajo, sindicatos
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Cocchia, Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

Es inconstitucional por violar el art. 28 de la Constitución, el art. 36 in fine del decreto 817/92, en cuanto impone a las negociaciones de los nuevos convenios una prohibición al apartamiento de las condiciones mínimas fijadas en la Ley de Contrato de Trabajo y en la legislación sobre accidentes de trabajo, pues carece de razonabilidad imponer al sindicato la concurrencia a la negociación con el sector empresario en condiciones tales que le impidan cumplir con su objeto fundamental, cual es la defensa de los intereses de sus representados.
Recurso de casación, responsabilidad extracontractual del Estado, personal policial, portación de armas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CH., G. D. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ODINARIO s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-08

No puede pretender que si se ha encuadrado la atribución de responsabilidad directa, por aplicación de la teoría del órgano, se le permita argumentar en orden a la responsabilidad indirecta del dueño por los hechos dañosos cometidos por sus dependientes.

Tampoco puede aspirarse al sostenimiento del criterio sustentado por Tribunales locales o de grado inferior a la Corte Suprema; por encima de los criterios por estos fijados.

Y mucho menos-claro está-puede asimilarse el hecho de marras al que recibiera tratamiento en el precedente de la CSJN in re: ?DECOA?, puesto que el sable que fuera utilizado para dar muerte a la víctima habría sido un obsequio del Ejército Argentino y no un arma provista para el cumplimiento de la función.

De donde, en claro está, que la entrega del sable no ha sido la causa eficiente o adecuada del homicidio, según el curso normal y ordinario de las cosas. (Mayoría: Dra. Piccinini, Dr. Apcarián, Dra. Filipuzzi)
Ley de Organización de las Asociaciones Sindicales, competencia por conexidad, inhibitoria
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de trabajo y seguridad social c/ Unión de visitadores médicos de Mendoza s/ ley de asoc. sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-20

Nuestro más alto tribunal ha sostenido que la admisión del forum conexitatis previsto en el art. 6 C.P.C.C., que posibilita la sustanciación ante un mismo magistrado de causas vinculadas entre sí, constituye una causal de excepción a las reglas generales que determinan la incompetencia, e importa admitir su desplazamiento a favor de otro juez, sustentado en la conveniencia de concentrar ante un solo tribunal todas las acciones que se hallen vinculadas a una misma relación jurídica. En mérito a ello, toda vez que la presente causa se encuentra vinculada con otra en la cual conoció una Sala diferente con anterioridad, corresponde declarar la inhibitoria de la presente para entender y ordenar el pase a la Sala que resolvió previamente.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, empresa explotadora de taxis, propietario de vehículo de alquiler con chofer, locación de automotor
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ, ROBERTO c/ WALDI SA Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

Las personas que constituyeron una sociedad para la explotación de vehículos de terceros en calidad de taxis, son los que responden por las obligaciones laborales incumplidas, toda vez que asumieron tal actividad por su propia cuenta y riesgo. Dicha responsabilidad no puede extenderse a los verdaderos propietarios de los vehículos, quienes no pueden responder de modo personal, toda vez que se limitaron a alquilar a un tercero sus vehículos, sin asunción de riesgo alguno y sólo a cambio de la percepción de un canon (situación análoga a la del propietario de un inmueble donde funciona un establecimiento fabril). Finalmente, tampoco corresponde la extensión de la condena a Taxi Rin, pues ésta sólo prestaba un servicio de comunicación entre el potencial pasajero y el explotador del taxi, lo que excluye la situación del presupuesto del art. 30 LCT.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, Ministerio Público, acusación fiscal, acción penal, desistimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., O. R. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL DOBLEMENTE AGRAVADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-02

La decisión de la Alzada de confirmar la admisión por el Juez de grado de la acusación formulada por el Ministerio Público, teniendo en cuenta el desistimiento de la acción penal por parte de la Fiscalía respecto al delito de amenazas coactivas, por su naturaleza, no puede ser reputada sentencia definitiva, ni auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación en los términos del artículo 1 de la ley 7055; y si bien se atribuye también definitividad -en una posición pacíficamente mantenida tanto por esta Corte como por el más alto Tribunal de Justicia de la Nación- a las decisiones que no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, pero causan un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior, la recurrente no logra demostrar la existencia de un gravamen concreto e irreparable que permita excepcionar la regla referida, toda vez que no evidencia la quejosa por qué motivo se ve impedida de solicitar en baja instancia el sobreseimiento definitivo por el delito en cuestión en virtud del desistimiento formulado por el Órgano acusador y así sellar la situación procesal del justiciable. - CITAS: CSJN: Fallos 308:1832 y 324:833; CSJStaFe: AyS T 70, p 136; T 92, p 416; T 97, p 197; T 107, p 149; T 114, p 491; T 117, p 367; T 120, p 309 y 320; T 134, p 42; T 173, p 423; T 198, p 425; T 201, p 85. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Competencia, cuestiones de competencia, competencia por la materia, competencia contencioso administrativa, competencia comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: "Dalquie  Elsa  Alicia c/ BCRA  -BAse de Datos y otro s/ hábeas data".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-29

El requisito en punto a que la pretensión del accionante se encuentre regida de modo preponderante por el derecho administrativo cobra particular importancia cuando se trata de resolver conflictos de competetencia planteados entre jueces federales en lo Contencioso Administrativo y en lo Civil y Comercial (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en pleno "Miguel Boccardo e Hijos y otros c/ Banco Hipotecario Nacional s/ ordinario", del 30/5/78 y esta Sala "Taboada", del 7/9/00 (Cons. III).
Juicio ejecutivo, prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Compañía de Transporte For. S.A. c/ Armanelli, Luis Alberto s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

Al ejecutante -en principio- sólo le corresponde probar o - mejor dicho- sustentar su reclamo con el acompañamiento del correspondiente título ejecutivo del que debe surgir el cumplimiento de los recaudos del art. 518 del CPC. Basta, en principio la presentación del título para acreditar su derecho a perseguir el cobro ejecutivo del crédito. Por el contrario, si se opone alguna defensa que obste al progreso de la ejecución, la carga probatoria del hecho en que se sustenta la misma, le corresponderá al ejecutado, de conformidad con lo prescripto por el art. 547 del CPC.

(Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, tribunal de alzada
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Héctor Eduardo MERLO y otra c/ Daniel Omar SERNA y otros s/ TRIBUNAL  SUPERIOR  - SENTENCIA DEFINITIVA - RECURSO EXTRAORDINARIO -  FEDERALISMO - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-27

La exigencia del art. 14 de la ley 48 respecto del tribunal del cual debe provenir la sentencia definitiva sólo puede estimarse cumplida cuando se han agotado los remedios que la constitución, la ley y la propia interpretación de los superiores tribunales provinciales hayan expresado sobre el punto.
Costas, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bertrand, Zulema Elvira c/ Monzani de Rapalini, Matilde Adela s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-30

Si se considera que la condena en costas debe comprender los gastos causados en la sustanciación del proceso -tanto judiciales como extrajudiciales- y si, a su vez, como consecuencia del carácter declarativo de la sentencia, sus efectos se proyectan hacia el pasado porque el transcurso del tiempo durante la tramitación del proceso no debe perjudicar a quien tiene derecho, sino a quien obligó al litigio para reconocerlo, parece razonable que aquellos rubros de antiguo conocidos en el concepto de costos -gastos derivados de la tramitación judicial y ahora involucrados en la institución de las costas- deban ser repotenciados desde que se hicieron efectivos y hasta su definitivo pago (arts. 68 y 556, CPCC.).
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-22


Buenos Aires, 22 de junio de 2010.

Considerando:

Que los agravios de la recurrente remiten al examen de cuestiones sustancialmente análogas a las examinadas por el Tribunal en los precedentes "Nieto", "Villarreal" y "Cuello" (Fallos: 329:3054 y 3488; 331:379 y 330:3483) y en las causas O.166.XLIII. "Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otros" y G.327.XLIII. "Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro", sentencias del 4 de marzo de 2008, cuyas consideraciones se dan por reproducidas.

La jueza Argibay se remite a su disidencia en la causa "Villarreal" (Fallos: 331:379).

Por ello, por mayoría y resultando inoficioso que dictamine el señor Procurador General, con el alcance indicado, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se revoca la decisión apelada. En consecuencia, se admite que la franquicia prevista en el contrato de seguro es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación (conf. art. 16, segunda parte, ley 48). Con costas. Notifíquese y devuélvase. Ricardo Luis Lorenzetti.- Elena I. Highton de Nolasco.- Juan Carlos Maqueda.- E. Raúl Zaffaroni.- Carmen M. Argibay.
Personas con movilidad reducida, discriminación
Materia: CIVIL
Carátula: Machinandiarena Hernandez Nicolas c/ Telefonica de Argentina s/ Reclamo Contra Actos de Particulares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-05-27

El núcleo del derecho a la no discriminación -que en el caso se analiza en relación a una persona con discapacidad motriz que no ha podido ingresar a un edificio por inexistencia de rampas o medios mecánicos- se integra con tres elementos: la vulneración del principio de igualdad, un efecto negativo directo y la ausencia de una razón aceptable que sustente la distinción que termina produciendo discriminación; y en ese ámbito se perfilan dos formas genéricas de discriminación: la activa - resultado de la regulación o de las políticas o acciones de las autoridades y organismos gubernamentales- y la pasiva, que es consecuencia de la falta de realización o implementación de las reformas, prácticas o políticas imprescindibles para superar un determinado problema de desigualdad, cargando el Estado en ambos casos con responsabilidad, sea por acción o por omisión.