Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE BAHIA BLANCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-04-23


El Nuevo Sendero S.R.L. v. P E N Cámara Federal de Bahía Blanca, sala 2ª.

Bahía Blanca, 23 de abril de 2008.

AUTOS Y VISTOS:

Venido del Juzgado Federal nro. 2 de la sede para resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la resolución que rechazó in limine la acción de amparo intentada.

Y CONSIDERANDO:

El Dr. Augusto Enrique Fernández dijo:

1ro.) El señor juez de grado rechazó in limine la acción de amparo promovida para que se declare la inconstitucionalidad del art. 755 del Código Aduanero -que establece delegación legislativa en materia de derechos de exportación- y subsidiariamente para que se dejen sin efecto las Resoluciones 125/08 y 141/08 del Ministerio de Economía y Producción que establecen derechos de exportación con alícuotas móviles por ser éstas confiscatorias a criterio de la actora.

Para resolver como lo hizo, el judicante expresó que "los derechos constitucionales que se enumeran conculcados son de dos categorías, por un lado los que se refieren al principio de legalidad y por otro al derecho de propiedad" (cf. f. 59 in fine y vta.); y que el amparo no es la vía más idónea para "demostrar tanto la violación al principio de legalidad, como al derecho de propiedad", porque es necesario "contar con mayores elementos de debate y prueba" (cf. f. 59 vta.).

Asimismo rechazó la pretensión de la actora para que su demanda fuera considerada como una "acción de clase", porque -sostuvo- la afectación del derecho de propiedad debe demostrarse individualmente (cf.f.58).

2do.) Apeló la actora la totalidad del pronunciamiento, afirmando en el memorial obrante a fs. 62/71, que el juez de la anterior instancia, "haciendo hincapié en el planteo subsidiario de la confiscatoriedad, no se adentra a resolver sobre la cuestión principal que es la inconstitucionalidad del art. 755 del Código Aduanero...", etc. (cf. punto III-2, f. 63 vta.). Sostiene que la remisión al juicio ordinario que menciona el judicante (cf. f. 59 vta., 3er. Párr.) no tiene en cuenta la urgencia que tienen los productores rurales para obtener el pronunciamiento pretendido, y respecto al fondo de la cuestión desarrolla la doctrina sobre la necesidad de una ley del Congreso para la imposición de tributos de cualquier clase.

Pide por ello que se revoque la resolución apelada y que se haga lugar a la acción, con costas; y reitera el pedido del dictado de una medida de no innovar respecto de la situación previa al dictado de las controvertidas Resoluciones 1254/08 y 141/08 del Ministerio de Economía y Producción.

3ro.) El Fiscal General subrogante dictaminó que "el amparo es la vía más rápida y eficaz a fin de proteger los derechos constitucionales invocados por el amparista"; y respecto de la acción de clase intentada, que la actora no puede invocar la representación de todos los productores rurales de la zona (cf. fs. 79).

4to.) Respecto de la acción de clase, debe confirmarse su rechazo por las mismas razones expuestas por el señor juez de grado, que se dan por reproducidas en homenaje a la brevedad.

5to.) En cuanto al rechazo in limine de la acción de amparo, es una verdad de Perogrullo que esta facultad de los jueces debe ser ejercida con la mayor prudencia y cautela (como se dijo, entre otras, en las causas citadas por el Fiscal subrogante; cf. f. 78). Pero ese no es un fundamento jurídico ni suficiente por sí solo para admitir la acción sin analizar las características particulares de cada caso, y constituye una admonición ofensiva para los magistrados inferiores, a quienes indirectamente se les imputa ligereza cuando resuelven el rechazo liminar de la acción. A fortiori en el presente caso, en el que el magistrado de la primera instancia ha realizado un prolijo examen de los motivos por los que, a su juicio, la acción de amparo no debía tener andamiento.

Ello sentado, no comparto -en este caso- la decisión del señor juez a quo de rechazar la acción liminarmente, puesto que el fundamento relativo a la necesidad de mayor debate y prueba no se condice con el objeto principal de la acción, que es la declaración de inconstitucionalidad del art. 755 del Código Aduanero; cuestión de puro derecho que no requiere de prueba alguna, porque se trata de confrontar dicha norma con las cláusulas fiscales de la Constitución Nacional para decidir en un sentido o en otro.

A mayor abundamiento, cabe señalar que la cuestión relativa a la confiscatoriedad de los derechos de exportación establecidos por las decisiones administrativas impugnadas, ha sido propuesta por la amparista con carácter subsidiario al pedido de declaración de inconstitucionalidad del citado art. 755.

Por lo expuesto, sin que ello importe adelantar opinión sobre la viabilidad de la pretensión de la actora, soy de la opinión que debe confirmarse el punto 1ro. de la resolución de fs. 57/60 y revocarse el punto 2do. de la misma, mandando tramitar la acción de amparo con ese alcance; debiendo además resolver el señor magistrado acerca de la admisibilidad de la medida de no innovar en la situación preexistente al dictado de las Resoluciones 125/08 y 141/08 del Ministerio de Economía y Producción, también impugnadas como consecuencia de la pretensión principal.

El Dr. Ángel Alberto Argañaraz dijo:

Atento a los términos en que se encuentra denunciado el acto lesivo, lo dictaminado en sentido concordante por el Ministerio Público Fiscal y en lo pertinente, conforme a los fundamentos del doctor Augusto Enrique Fernández, adhiero a la apertura de la acción instaurada.

Así voto.

Por lo expuesto, Se Resuelve:

Confirmar el punto 1ro. de la resolución de fs. 57/60 y revocar el punto 2do. de la misma, mandando tramitar la acción de amparo con ese alcance; debiendo además resolver el señor magistrado acerca de la admisibilidad de la medida de no innovar en la situación preexistente al dictado de las Resoluciones 125/08 y 141/08 del Ministerio de Economía y Producción.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. No suscribe el señor Juez de Cámara, doctor Néstor Luis Montezanti (art. 3°, ley 23.482).

Jueces de Cámara: Augusto Enrique Fernández y Ángel Alberto Argañaraz.-