Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-10-01


A C U E R D O En la ciudad de La Plata, a 1 de octubre de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, de Lázzari, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 90.373, "García Cambón, Alberto Eduardo contra Clínica Colón S.R.L. y otro. Despido y salarios".

A N T E C E D E N T E S El Tribunal del Trabajo nº 5 de Lomas de Zamora hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especifica.

La codemandada "Clínica Colón S.R.L" dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente C U E S T I O N ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I O N A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. El tribunal interviniente acogió la pretensión deducida por Alberto Eduardo García Cambón contra "Clínica Colón S.R.L.", en cuanto le había reclamado el cobro de salarios adeudados, sueldo anual complementario, vacaciones e indemnizaciones por despido injustificado, sustitutiva del preaviso y las previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.

En lo que interesa a los fines de resolver la impugnación bajo examen, consideró que en autos resultó acreditada la existencia del contrato de trabajo invocado por el accionante en el escrito de inicio.

Tras analizar las pruebas producidas, el a quo arribó a la conclusión de que contrariamente a lo esgrimido por la clínica codemandada, quien en la réplica planteó que el actor se había desempeñado como profesional médico de manera autónoma y en el marco de un contrato de locación de servicios el vínculo habido entre las partes revistió linaje laboral. Ello así precisó pues de dichas probanzas surge que el accionante se hallaba sujeto a un horario y prestaba sus tareas bajo dependencia de la accionada y dentro del establecimiento empresario, siendo los aranceles facturados directamente por la clínica. Asimismo, aclaró el juzgador que tanto la circunstancia de que el accionante se encontrase inscripto como contribuyente de diversos tributos, como el hecho de que hubiere reclamado el pago de "honorarios médicos", no obstaban a la calificación de la relación como un contrato de trabajo, toda vez que, por aplicación del principio de la realidad y la verdad material, corresponde a los jueces determinar el encuadre jurídico del vínculo, más allá de la denominación que las partes pretendan asignarle (vered., fs. 829 y sent., fs. 836 vta./837).

II. Contra dicha resolución, "Clínica Colón S.R.L." interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 y 47 de la ley 11.653; 362 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 902, 904 y 1197 del Código Civil, así como de la doctrina legal que identifica (fs. 857/870).

Plantea los siguientes agravios:

1. En primer lugar, señala que al concluir que el vínculo que ligó a las partes fue un contrato de trabajo el tribunal incurrió en una absurda valoración de la prueba.

a. En ese sentido, aduce que el a quo ponderó de manera absurda las declaraciones testimoniales prestadas en la audiencia de vista de la causa.

Puntualiza que de los dichos del testigo Pereira Avendaño surge que el vínculo que mantenían las partes era locativo, percibiendo honorarios por sus servicios profesionales. Del mismo modo, expresa que el testigo Di Lorenzo declaró que la falta de concurrencia por cualquier motivo de los médicos que se desempeñaban en la clínica coaccionada no les acarreaba sanción alguna, sino su simple reemplazo por otro facultativo que estuviere disponible, lo cual demuestra a juicio de la recurrente la autonomía con que se desarrolló la relación. Añade que la inexistencia de relación laboral se ve corroborada con las declaraciones de los testigos Maidana quien señaló que el actor "ponía sus horarios", aunque debía combinar para que quedara cubierto el servicio y Barale, que manifestó que cuando el accionante traía pacientes particulares la clínica le abonaba el 80% de lo que pagaba el particular.

b. En segundo término, señala la recurrente que el tribunal de grado ha omitido el tratamiento, consideración y apreciación de otras "pruebas esenciales" arrimadas a la causa con las cuales quedó debidamente probado que el vínculo fue un contrato de locación de servicios profesionales.

Al respecto, aduce que el juzgador incurrió en absurdo al señalar que el actor desconoció la foja de liquidación de servicios médicos y la foja de reconocimiento de deuda obrantes a fs. 247/248, pues las mismas fueron reconocidas por el actor al absolver posiciones. Expresa que con dichos elementos probatorios queda demostrado el carácter no laboral del contrato, pues el hecho de que el accionante hubiera presentado una liquidación de honorarios indica que el vínculo era una locación de servicios.

Agrega que tal conclusión se halla corroborada por la circunstancia de que el actor no efectuó reclamo alguno vinculado a sus presuntos derechos laborales durante los nueve años por los que se extendió la relación, situación que fue denunciada en la réplica e ignorada por el tribunal sentenciante. Con relación a este tema, afirma que resulta aplicable al accionante la doctrina de los actos propios, que impide ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.

Continúa expresando que el a quo también soslayó la prueba informativa emanada de "PAMI", "Policlínica San Jorge" y "Hospital Lucio Meléndez de Adrogué", de las cuales se desprende que el actor prestaba similares servicios con otros establecimientos y/o en su propio consultorio, lo que demuestra la forma autónoma con la que siempre se desempeñó. Señala asimismo que, tal como surge del informe de la AFIP de fs. 622/660, la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo no puede ser aplicable en forma estricta a los profesionales universitarios y que la misma ha quedado desvirtuada por las pruebas producidas en la causa.

Plantea en suma que con los elementos mencionados ha quedado probada la ausencia de la subordinación jurídica, económica y técnica que caracteriza al contrato de trabajo, resultando indudable que las partes regularon sus relaciones de manera autónoma.

III. El recurso, en mi opinión, no debe prosperar.

1. Tiene dicho este Tribunal que establecer si entre las partes medió un contrato de trabajo o no, constituye una típica cuestión de hecho irrevisable en la instancia extraordinaria, salvo que se alegue idóneamente y se demuestre que el tribunal de grado, para llegar a su conclusión, ha incurrido en absurda valoración de la prueba (conf. causas L. 33.490, "Arteaga", sent. del 24 VIII 1984; L. 42.059, "Portillo", sent. del 16 V 1989; L. 48.644, "Ferro", sent. del 29 IX 1992; L. 56.699, "Serone", sent. del 27 VI 1995; L. 61.520, "Zamudio", sent. del 8 IV 1997; L. 74.908, "Barreneche", sent. del 29 V 2002, entre otras).

Asimismo, en lo que respecta específicamente a supuestos como el debatido en la especie, es doctrina de esta Corte que, para resolver la situación jurídica del profesional médico que presta servicios en un establecimiento, es imprescindible tener en cuenta los elementos de hecho presentes en cada caso, toda vez que vinculaciones de esta índole aún permitiendo el tránsito entre una típica relación de dependencia hasta el libre ejercicio profesional atraviesan zonas intermedias en las que resulta necesario desbrozar y despejar con nitidez los perfiles que definan la configuración del vínculo jurídico existente entre las partes (conf. causas L. 50.579, "Reboiras", sent. del 8 VI 1993; L. 67.793, "Cansado", sent. del 13 IV 1999; L. 77.443, "Bodrato", sent. del 28 V 2003; L. 81.242, "Arregui", sent. del 4 V 2005).

Por tal razón, para decidir controversias como las que nos ocupa corresponde en cada caso concreto verificar las circunstancias de hecho que concurran a los fines de la determinación de la eventual existencia de subordinación jurídica, económica y técnica que aun atenuada en ciertos aspectos caracteriza la relación de dependencia laboral, decisión que resulta igualmente privativa de los tribunales del trabajo, salvo absurdo (conf. causas L. 53.803, "Estévez", sent. del 4 X 1994; L. 67.314, "Taddeo", sent. del 16 III 1999; L. 73.056, "Tolcachier", sent. del 5 XII 2001; L. 73.583, "Rodríguez Aruanno", sent. del 18 IX 2002; L. 79.251, "Hasicic", sent. del 17 XII 2003).

2. En la especie, como ha quedado de manifiesto, el tribunal consideró que el vínculo que ligó a las partes fue un contrato de trabajo y aunque la impugnante ha denunciado que dicha decisión proviene de una absurda valoración de las pruebas, entiendo que no logra demostrar tal aseveración.

a. En lo que respecta a la testimonial, no advierto que del contenido de las declaraciones transcriptas a fs. 828/829 surjan consideraciones suficientes para conmover la decisión adoptada por el a quo.

La declaración de Pereira Avendaño resulta notoriamente irrelevante a tal efecto, pues, más allá de referir las modalidades que revistió su propia vinculación con la accionada, el testigo "dijo desconocer las características de la relación del actor con la Clínica" (vered., fs. 828). De lo expuesto por Di Lorenzo no surge contrariamente a lo que expresa la quejosa que la ausencia al trabajo no acarrease a los médicos sanción alguna, sino solamente que en una oportunidad reemplazó al actor cuando éste se tomó las vacaciones, hecho que por sí sólo resulta irrelevante para tener por demostrado el absurdo, pues ni siquiera precisó si ese reemplazo fue ordenado por la accionada o convenido con el actor. Finalmente, los testimonios de Maidana y Barale tampoco aportan ningún dato contundente, pues la relativa libertad del actor para fijar los horarios que surgiría del primero y la forma de pago mencionada en el segundo no sólo no obstan a la calificación del vínculo como un contrato de trabajo, sino que, además, fueron descartadas por el juzgador, quien concluyó que existía sujeción horaria y los aranceles eran facturados directamente por la clínica (vered., fs. 829).

Por lo demás, la recurrente efectúa un análisis parcializado de las declaraciones, remarcando los aspectos de ellas que le favorecen y descartando por completo aquéllos que sustentan la conclusión sentada por el tribunal. Así, no sólo omite precisar que el testigo Di Lorenzo manifestó que el instrumental y el equipo médico pertenecían a la clínica, sino que soslayó toda referencia a las declaraciones de los testigos Pérez, Menichelli y Girgenti, quienes fueron contestes en precisar que era la demandada quien diagramaba la organización de los turnos que se asignaban a los médicos, aportaba el instrumental para las intervenciones quirúrgicas y pagaba a los ayudantes que colaboraban con el accionante (vered., fs. 828/829).

En suma, lo expuesto patentiza la insuficiencia de la crítica, pues como anteriormente lo ha resuelto esta Corte la revisión de los hechos por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo procede cuando se demuestra que los jueces de grado han incurrido en una absurda valoración de la prueba, y tal comprobación no puede lograrse con la exhibición del particular y parcializado criterio del apelante que omite referirse al análisis integral realizado por los sentenciantes (conf. causa L. 83.393, "Farías", sent. del 6 IX 2006).

b. Tampoco asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que el hecho de que el actor hubiere formulado una propuesta del pago de sus "honorarios" demuestra que el vínculo habido entre las partes debió ser calificado como una locación de servicios.

En primer lugar, yerra la impugnante al señalar que el tribunal omitió ponderar que la instrumental de fs. 247/248 fue reconocida por el accionante al absolver posiciones, pues ello fue expresamente mencionado por el juzgador a fs. 836. En realidad, la referencia que formuló el tribunal en orden al desconocimiento de dicha documental fue realizada al relatar los antecedentes de la causa (fs. 834 vta.), lo que se condice con el derrotero del proceso, pues el accionante inicialmente la desconoció al contestar el segundo traslado (fs. 479 vta.) para culminar reconociéndola en la audiencia de vista de la causa (fs. 825).

Tanto es ello así que el propio juzgador ponderó dicha instrumental, sosteniendo, como vimos, que "si bien la demandada ha querido hacer valer la facturación por honorarios médicos emitida por el actor", ello en modo alguno impedía la calificación del contrato como laboral en virtud del principio de realidad y el deber de averiguar la verdad material, el cual habilita a efectuar el encuadre jurídico más allá de las denominaciones de las partes (sent., fs. 836 vta./837).

Dicha conclusión resulta, en mi opinión, inobjetable, pues resulta a todas luces evidente que contrariamente a lo que postula la recurrente el hecho de que el actor hubiere catalogado como "honorarios" a la retribución que se le adeudaba como contraprestación por los servicios prestados a la accionada, no puede llevar a concluir automáticamente que el vínculo fue una locación de servicios cuando como ocurrió en el caso con otros elementos probatorios se demostró que el mismo reúne los caracteres que tipifican al contrato de trabajo.

Al respecto, ha señalado esta Corte que, verificada la dependencia jurídica y la subordinación económica, típicas notas caracterizantes de la relación laboral, aun atenuada o prácticamente neutralizada la de carácter técnico dado el nivel profesional del trabajador, resulta irrelevante el carácter de locación de servicios que se consideró establecida sin relación de dependencia, en tanto la calificación o vínculo que las partes hayan querido o creído establecer no puede desnaturalizar ni modificar la verdadera modalidad que se infiere de las condiciones con que se desenvolvió dicha vinculación contractual (conf. causa L. 84.622, "Caferra", sent. del 19 IX 2007). Como bien lo puntualizó el juzgador de grado, tal solución se impone por aplicación del principio de primacía de la realidad que rige en la disciplina (art. 39, Const. prov., causas L. 43.982, "Leiva", sent. del 23 IV 1990; L. 59.292, "Ludvik", sent. del 10 VI 1997, entre otras), por imperio del cual deben prevalecer los hechos verificados en la causa sobre las formalidades o apariencias, más allá de lo que las partes hayan pactado o entendido convenir y aún sin necesidad de examinar el grado de intencionalidad o responsabilidad de cada una de ellas (conf. causas L. 50.911, "Abbodanza", sent. del 3 VIII 1993; L. 74.675, "Fernández", sent. del 2 X 2002).

En definitiva, aislado y no respaldado por otros elementos probatorios con virtualidad suficiente para demostrar el carácter autónomo del vínculo, el mero dato de que el actor hubiera reclamado el pago de sus "honorarios" no es suficiente para desvirtuar la conclusión del sentenciante relativa a la existencia del contrato de trabajo. En ese sentido se ha señalado que la circunstancia de que el actor sea profesional del arte de curar, no permite inferir por esa sola condición que no puede estar a las órdenes del demandado (conf. causa L. 47.477, "Bambill", sent. del 3-IX-1991).

c. Tampoco resulta de recibo la crítica relativa a que el accionante consintió el carácter extra laboral del vínculo al no haber efectuado reclamos laborales durante la vigencia de la relación.

Ello pues resulta desacertado computar como dato relevante para la calificación del contrato el "consentimiento" que implícitamente habría prestado el actor derivado del silencio y la falta de reclamaciones al respecto , toda vez que, en caso de que se verifiquen los requisitos legalmente establecidos para la configuración de un contrato o relación de trabajo (arts. 21 y 22 de la L.C.T.), la circunstancia expuesta en modo alguno puede enervar la calificación del vínculo como laboral, ya que por imperio de los principios de irrenunciabilidad y primacía de la realidad que imperan en la disciplina (arts. 39 inc. 3 de la Const. prov. y 12 y 14 de la L.C.T.) la eventual falta de reclamos y el pretendido "consentimiento" resultan por completo irrelevantes a los fines de definir el linaje del contrato. Es evidente que si verificadas las notas tipificantes del contrato de trabajo el trabajador no puede quedar regido por figuras contractuales no laborales ni aún cuando ello se hubiera pactado por acuerdo expreso (art. 14, L.C.T.), mucho menos podrá ello ser así en caso de presunto consentimiento tácito derivado de su falta de reclamación durante un período prolongado de tiempo.

En consecuencia, tampoco resulta aplicable al caso la doctrina de los "actos propios" cuya transgresión denuncia la quejosa.

d. Finalmente, no asiste razón a la impugnante en cuanto denuncia que el a quo valoró absurdamente la prueba informativa al omitir toda referencia a los informes emanados de "PAMI", "Policlínica San Jorge" y el "Hospital Lucio Meléndez de Adrogué".

Sabido es que los jueces del trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que propongan las partes a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el fallo pues, al prevalecer la apreciación en conciencia, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria salvo absurdo (conf. causas L. 34.763, "Brindisi", sent. del 5 V 1987; L. 74.165, "Nocioni", sent. del 18 IX 2002; L. 76.216, "Meza", sent. del 16 VII 2003; L. 82.048, "Gil", sent. del 24 V 2006).

Partiendo de esa base, considero que la decisión del tribunal de prescindir de tales elementos en modo alguno es suficiente para demostrar el absurdo invocado. Ello así, pues con sustento en dichos informes pretende la impugnante fundar la conclusión de que el actor se desempeñaba de manera autónoma en la clínica demandada en virtud de que prestaba servicios bajo esa modalidad en otros establecimientos, lo cual resulta irrelevante a esos efectos, no sólo porque la exclusividad no es una nota tipificante del contrato de trabajo, sino también, porque bien pudo haberse vinculado el actor mediante contratos de diferente linaje con los distintos establecimientos asistenciales en los que prestaba servicios.

En definitiva, lo cierto es que, más allá de lo que pudiera opinarse, el absurdo invocado no ha sido demostrado, pues la posición subjetiva que postula la recurrente no alcanza para demostrar el vicio en cuestión. Cabe recordar que no cualquier disentimiento autoriza a tener por configurado el absurdo; en consecuencia, no es suficiente manifestar que la apreciación efectuada por el juez es discutible, opinable o poco convincente, porque se requiere algo más: la demostración del vicio lógico del razonamiento, o una grosera desinterpretación material de alguna prueba, al punto de haber llevado al tribunal a establecer conclusiones claramente insostenibles, contradictorias entre sí o inconciliables con las constancias que resultan de la causa (conf. causa L. 83.326, "Bertone", sent. del 15 III 2006, entre otras), defectos todos ellos que, como ha quedado de manifiesto, la impugnante no ha logrado acreditar.

e. Por último, el agravio que esgrime la recurrente en orden a la interpretación que cabe asignarle a la presunción consagrada en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo de conformidad a lo que surge del dictamen acompañado por la AFIP a fs. 622/660 resulta notoriamente improcedente.

Digo ello no sólo porque contrariamente a lo que sugiere la impugnante dicho dictamen en modo alguno puede juzgarse vinculante para definir una cuestión que resulta privativa de los órganos jurisdiccionales laborales, sino también porque la presunción contenida en el precepto de marras en ningún momento fue aplicada por el a quo, quien entendió que aún reconocida la prestación de servicios por la accionada, aunque invocando que habían sido prestados en el marco de un contrato de locación de servicios correspondía al accionante la carga de demostrar la existencia del contrato de trabajo (vered., fs. 828). En consecuencia, resulta desconectada de las constancias del expediente la afirmación de la impugnante en cuanto sostiene que tal presunción "quedó destruida" por las pruebas arrimadas a la causa (fs. 869 vta.).

IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso traído y confirmar la sentencia atacada en cuanto fue materia de agravio. Con costas (art. 289 del C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

Adhiero al voto del doctor Genoud.

Sólo he de agregar a lo que allí se expone con relación al presunto consentimiento que habría prestado el actor a la calificación extra laboral del vínculo, las consideraciones que siguen.

Desde la perspectiva contractual, cualquier persona es libre de decidir trabajar para otra, bajo su dependencia y a cambio de un salario. Lo que a esa persona, aún con la anuencia de su cocontratante, le está vedado hacer, es tratar a ese vínculo de dependencia como si no fuera tal. La autonomía individual de las partes no tiene aptitud para calificar al acuerdo pues lo que para el derecho del trabajo resulta relevante es lo que el contrato es y no lo que las contratantes declaran que es.

Ello así en razón de la preponderancia que se reconoce a los hechos por sobre las formas o apariencias. De lo contrario, evadir las medidas de protección previstas en el ordenamiento sería sólo un trámite pues bastaría con darle al contrato de trabajo un nombre diferente, de seguro impuesto por el empleador en razón del mayor poder de negociación que ostenta, con la consiguiente sustracción de la relación del ámbito de aplicación de las normas laborales.

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores de Lázzari y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A	Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, del C.P.C.C.).

Notifíquese y devuélvase.