Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-10


Salta, 10 de Mayo de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "BOSCH ROJAS, José vs. MOGRO, Ana Rosa - EXCLUSION DEL HOGAR" - Expte. Nº 146737/06 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 4ª Nominación; Expte. Nº 288406/9 de Sala y C O N S I D E R A N D O I) Vienen estos autos a la alzada a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 340, contra la resolución de fs. 326/331 y vta. por la que se hizo lugar a la demanda y se ordenó la exclusión de la demandada, así como el reintegro del actor al hogar.

Por memorial de fs. 365/379 sostiene que el fallo recurrido se ha fundado en una serie de argumentos errados, en los cuales no se han tenido en cuenta pruebas decisivas. Afirma que el actor ha ocultado maliciosamente cual es la verdadera razón por la que no se encontraba en el hogar conyugal, la que sostiene es la exclusión de hogar dispuesta en la causa penal Nº336/06. Destaca que en la resolución dictada el 10 de marzo de 2009, en la causa penal Nº02527/06 donde se sobresee al actor de los hechos allí investigados, no se dispuso dejar sin efecto la exclusión que pesaba sobre el mismo, ni tampoco se presentó en autos constancia alguna de que hubiese quedado sin efecto la exclusión allí ordenada.

Afirma que surge con total claridad que el actor en este juicio lo que pretendió fue revertir en el fuero civil de familia la exclusión dispuesta en el fuero penal, lo que sostiene resulta irritante a la seguridad jurídica y al respeto que debe existir frente a las decisiones judiciales.

Luego expresa que, la Juez ha sacado de contexto sus expresiones al sostener que no podía pasarse por alto la salud del actor emergente de los propios dichos de la demandada y afirma que también su parte es una persona próxima a cumplir los 60 años, por lo que también es de edad avanzada.

En lo que respecta a la condición de extranjero del actor, y la consecuente imposibilidad de acudir a sus familiares, entiende que no existen pruebas en autos. Asimismo sostiene que, conforme a publicaciones del Diario El Tribuno,el propio actor ha expresado que tiene una nueva relación amorosa, de lo que infiere que no está ni tan viejo, ni tan enfermo, ni tan solo. Afirma que beneficiar al actor por su condición de extranjero resulta violatorio del art. 16 de la Constitución Nacional, y de la ley 23.592 sobre discriminación; también entiende que configura un acto de discriminación la afirmación de la juez por la que sostuvo que la demandada trabaja y tiene ingresos propios.___ Alega que la juez en grado ignoró los testimonios favorables a su parte, tales como el de la Sra. Julia Mogro de Beltran, las invocadas contradicciones de la Sra. Gladys Taboada, el testimonio del Sr. Miguel Ángel Beltran, como tampoco el del señor Alberto Alfaro o la señora Fanny Ceballos. Además sostiene que se ignoró el contenido de las absoluciones; y también la exposición policial de fs. 231, y el informe ambiental de fs. 238/239. Continúa la crítica afirmando que, la juez a quo, ignoró toda la prueba que demuestra claramente cual ha sido el comportamiento de la demandada para con el actor y como es que trató de ayudarlo, lo que entiende surge de el álbum de fotografías, cartas, mensajes, postales, carnets de la obra social, y de la fundación sanidad del ejercito argentino, solicitud de seguro de vida a favor del actor y recibo de sueldo; como tampoco tomó en cuenta toda la prueba documental que se presentó al contestar la demanda, y que considera demostrativa de la violencia ejercida por el actor en contra de la demandada, como las exposiciones policiales, denuncias y ampliaciones.

Entiende que no fue considerado el agravamiento de la violencia del actor con las constantes publicaciones periodísticas difamatorias; que se ha violado su derecho de defensa y al debido proceso, y que la sentencia es nula de nulidad absoluta por no encontrarse fundada en la jerarquía de las normas vigentes.

También expresa que se debió ordenar la exclusión de la demandada, pero autorizándola a sacar del inmueble todos los bienes de su propiedad; que se configuró un gravísimo atropello el día dos de septiembre de 2009 al desocuparse el inmueble del cual se había ordenado su exclusión, el que se llevó a cabo -según sostiene- antes del vencimiento del plazo fijado en la sentencia. Expresa críticas a la actuación del señor Secretario, Dr. Carlos Martín Jalif, y resalta lo que considera una reprochable actuación de la policía. Sostiene que la juez no tomó en cuenta sus propios antecedentes.

Corrido traslado fue contestado por el actor a fs. 400/406 y vta. solicitando el rechazo del recurso. Afirma que es inexacta la aseveración de la recurrente en relación a la causa penal 336/6, dado que en día 10/3/09 se dictó a su favor auto de sobreseimiento y que los efectos de dicha resolución implican el levantamiento de todas las medidas coercitivas personales y reales impuestas sobre el imputado, y que además se dispuso expresamente el día 18/5/09 dejar sin efecto la medida de prohibición de acercamiento, a lo que agrega que la sentencia civil no podía separarse de lo resuelto en el sentido expuesto en sede penal por ser hechos tenidos por probados en dicha sede.

II) El objeto de la demanda deducida a fs. 82/88 se concretó en la formulación de denuncia de violencia familiar en los términos de la ley 7202 y demanda sumarísima de reintegro y exclusión de hogar conyugal en contra de la señora Ana Rosa Mogro, acogiéndose la pretensión de exclusión y reintegro al hogar conyugal del accionante señor José Bosch Rojas.

El art. 231 del Código Civil autoriza al juez a disponer antes de la deducción de la demanda de divorcio o separación vincular, de mediar una situación de urgencia, o luego de producida ésta, la atribución del hogar conyugal a uno u otro de los cónyuge, sea mediante la exclusión del otro o el reintegro del que fue excluido. El carácter de la medida lo es a título de una cautela necesaria para preservar, fundamentalmente, la salud física y psíquica de alguno de los cónyuges y los hijos, teniendo en cuenta la mayor facilidad que para uno solo de los componentes del núcleo familiar significa la obtención de una nueva casa habitación, lo que, por el contrario, redunda en una dificultad notoria si quienes deben obtenerlo son los restantes miembros del grupo en conjunto. En la actualidad no media ninguna preferencia legal a favor de uno u otro cónyuge (leyes 11.357y 17.711), por lo que la atribución de la vivienda debe resolverse de acuerdo con las circunstancias de las partes, ponderándose quién estaría, además, en mejor situación de procurarse una vivienda, de acuerdo con su edad, situación económica, familiar o laboral, etc. (cf. Jorge Kielmanovich, Derecho Procesal de Familia, Ed. Lexis Nexis, pág. 241 y sgtes.).

En el caso los agravios del apelante se dirigen fundamentalmente a la forma en que la sentenciante ha merituado la prueba, con particular referencia a la causa penal seguida contra el actor, de lo que concluye que los extremos invocados para solicitar su exclusión del hogar conyugal no están acreditados.

La resolución en crisis se hace cargo de indicar los motivos que la sustentan, con expresa indicación de los elementos probatorios que la nutren. De todas maneras, cabe recordar que no es obligación del tribunal hacerse cargo de la totalidad de las alegaciones formuladas o de las pruebas producidas, pudiendo desechar aquellas que considere innecesarias o inconducentes en relación con el objeto del proceso (CSJN, Fallos 250-36; 302-253; ED, 99-544; Rep. ED, 18-780, n° 29; CNCiv., Sala A, LL, 112-492; Id., Sala B, LL, 1975-D-365; Id., Sala C, LL, 1978-B-663, 34.593-S; citados por Palacio y Alvarado Velloso: "Cód. Proc. C. y C. de la Nac.", Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, tomo 4, 1989, pág. 406; CApelCCSalta, Sala III, 15-3-96, tomo año 1996, pág. 122; Id. Id., 10-12-98, tomo año 1998, pág. 810). Debe tenerse en cuenta que la última parte del art. 386 del C.P.C.C. específicamente señala que el tribunal "no tendrá el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa".

Dispone el mismo dispositivo legal que los jueces formarán su convicción respecto a la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Es decir que la apreciación de las pruebas tiene lugar mediante el empleo de máximas de la experiencia, que el juez extrae de todos los campos. Se entiende por reglas de la sana crítica aquellas que son aconsejadas por el buen sentido, aplicado con recto criterio, extraídas de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observación para discernir lo verdadero de lo falso. En el indagar o auscultar global, se ha de tratar de reflotar todas las situaciones hipotéticas posibles que puedan subyacer bajo el tejido probatorio (Morello: "Códigos Procesales Comentados", t. V-A, pág. 252). Lo que se persigue, es la razonable certeza acerca de un resultado; el órgano jurisdiccional, al apreciar la prueba producida, a la luz de las pretensiones de las partes, está tratando de arribar a un conocimiento en forma indirecta, mediata, y al decidirse en la sentencia persigue una solución probable, no la absoluta (CApelCC. de Mercedes, ED, 105-64).

En este orden de consideraciones cabe concluir que, han quedado suficientemente demostrados en el prolongado trámite de la causa que fue iniciada en el año 2006, a la que se imprimió el trámite previsto por el art. 813 del Código Procesal Civil y Comercial de naturaleza sumarísima, los extremos de hecho invocados por la actora en la demanda para solicitar la exclusión del hogar de su cónyuge, esto es la existencia de agresiones verbales por parte de la demandada, así como su edad y su situación familiar. Las desavenencias entre los cónyuges han afectado la estructura familiar de modo tal que ambos han concretado denuncias penales cruzadas evidenciando la situación de desequilibrio en la vida en común, que resulta a su vez corroborada por las pruebas tenidas en consideración por la juez en grado.

En cuanto a los efectos que pretende atribuirle la recurrente a la exclusión de hogar dispuesta en sede penal, de las constancias de la causa seguida por "Privación ilegal de la libertad, y retención indebida en perjuicio de Mogro, Ana Rosa", Expte. Nº2527/06, del Juzgado de Instrucción Formal 7ª Nominación, cuyas copias certificadas se tienen a la vista, surge que a fs. 206 se dictó auto de sobreseimiento del señor José Bosch Rojas, y que a fs. 225 el magistrado interviniente dejó aclarado que la medida dispuesta a fs. 13 fue ordenada por un plazo determinado, el que se encuentra vencido, y que la prohibición de acercamiento ordenada a fs. 88 de dicha causa penal, carece de tiempo de finalización, y que atento haberse dictado el sobreseimiento del imputado y lo establecido por la ley 7403 se dejó sin efecto dicha medida. Con relación a la invocada falta de consideración por parte de la señora juez en grado de las constancias del expediente Nº336/06 del Juzgado Correccional y de Garantías Nº4, no resulta corroborada por las constancias de las actuaciones reservadas antes nombradas, dado que según surge de las copias del expediente Nº2527/06, ambas actuaciones son parte de la misma causa penal que cambió su radicación en razón de la declaración de incompetencia de fs. 104, y el posterior abocamiento del señor Juez de Instrucción Formal 7ª Nominación, Dr. Jorge Raúl Sosa Vallejos.

Las quejas vertidas por la apelante en lo que respecta a la pretendida discriminación efectuada por la señora juez a quo por la condición de extranjero del actor, así como por su edad, argumento que habría sido utilizado -según sus dichos- en detrimento de sus derechos, no conmueve las conclusiones del fallo recurrido, dado que precisamente son las particulares circunstancias de las partes las que definen el caso, y delimitan las potestades jurisdiccionales al decidirlo, ello conforme la autorizada doctrina antes citada.

Las criticas a la actuación de un medio periodístico, como al señor Secretario del juzgado o a la policía de la provincia, resultan ajenas al objeto del recurso, y en consecuencia exceden la competencia atribuida a este tribunal.

Lo expuesto, permite concluir que la solución dada por la sentencia en grado de excluir a la demandada del hogar, aparece como la más adecuada. Procede en consecuencia, el rechazo de la apelación sub examen, y la confirmación de la resolución venida en revisión, con costas a la recurrente por resultar vencida (arts. 67° y 68°, primera parte del CPCC).

Por ello LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 340, con costas.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.