Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-10


GLAVINA BRUNO Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE OTROS PROCESOS INCIDENTALES" , EXPTE: EXP 11625 / 2 Buenos Aires, 10 de octubre de 2006. Y VISTOS: Estos autos para resolver sobre la procedencia formal del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 114/126, cuyo traslado fue contestado por la contraria a fs. 178/184. VOTO DEL DR. CARLOS BALBIN: I.- La sentencia dictada por la Sala II de esta Cámara obrante a fs. 100/104 confirmó parcialmente la decisión de grado obrante a fs. 21/25 y, en consecuencia, dispuso que "hasta tanto se dicte sentencia firme en estas actuaciones, el GCBA proceda a retener y derivar los fondos provenientes del descuento por obra social de la amparista a las obra social o empresa de medicina prepaga de su elección que la hayan aceptado o acepten como afiliada provisoria". Contra esta resolución, la accionada interpuso recurso de inaplicabilidad de ley, por entender que existe contradicción sobre el particular entre la jurisprudencia de las dos Salas del Tribunal. A fs. 187/188 dictaminó la Sra. Fiscal de Cámara, propiciando la inadmisibilidad del planteo. II. El recurso de inaplicabilidad de ley es un medio de impugnación tendiente a lograr la uniforme interpretación de la ley en el seno de un tribunal de apelaciones. Su finalidad radica en fijar una única doctrina legal para evitar la contradicción en la interpretación y consiguiente aplicación de una norma jurídica (Fenochietto, Carlos E., Código procesal civil y comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1999, t. II, p. 137). De conformidad con lo dispuesto por el artículo 252 del CCAyT, dicho recurso procede "cuando la sentencia de una Sala de la Cámara contradiga a otra de distin ta Sala, dictada en los dos (2) años anteriores". Continúa diciendo la norma citada que "el recurso se interpone por escrito fundado ante la Sala que dictó la sentencia, dentro de los cinco (5) días de notificada. La Cámara en pleno, debe resolver la doctrina aplicable y fallar el caso". El procedimiento -aplicable en virtud de lo establecido en el Acuerdo Plenario de esta Cámara nº 3/2002- establece que, corrido el pertinente traslado por la Sala emisora de la sentencia recurrida, las actuaciones deben ser remitidas a la otra Sala, quien evaluará los requisitos de admisibilidad del recurso (arts. 2 y 3). A tal fin, cabe señalar que este remedio procesal extraordinario está sujeto a los requisitos que emanan del artículo parcialmente transcripto (sentencia de una Sala que contradiga la de otra dictada dentro de los dos años anteriores, interposición del recurso ante la sala que dictó la sentencia que origina la contradicción, presentación del recurso dentro de los cinco días de la notificación de dicha resolu ción); mientras que otros, al no haber sido regulados expresamente en dicha norma, obligan a recurrir a la aplicación supletoria de otros artículos del CCAyT o, en su defecto, al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. IV.- Conforme lo expuesto, debe, ante todo, tenerse en cuenta que el recurso de inaplicabilidad de ley es concebido como un remedio extraordinario. Por eso -y tal como ocurre con el recurso de inconstitucionalidad en el ámbito local o el recurso extraordinario en el ámbito federal- procede sólo contra sentencias definitivas -conclusión que se corrobora en las disposiciones del CPCCN, al que es dable recurrir (como ya se dijo) en ausencia de norma expresa del CCAyT-. En ese entendimiento, cabe recordar que "El recurso de inaplicabilidad de ley sólo es admisible respecto de sentencias definitivas, que son aquellas que terminan el pleito o hacen imposible su continuación. Fuera de estos casos, el recurso es inadmisible..." (CNAC, sala J, "Banco de Santa Fe c. Sanda S.A.", 09/04/1997, LL 19 97-E, 1009. V. Sentado lo anterior, corresponde que este Tribunal se expida sobre el cumplimiento, en el caso, de las condiciones de admisibilidad. Ahora bien, la demandada funda el recurso en la medida cautelar decretada por la Sala II de este fuero en el expediente "Glavina Bruno y otros c/ GCBA s/ Otros procesos incidentales", EXP. Nº 11625/2 el 5 de julio de 2005 (fs. 100/104) que, a su entender, se contradice con lo decidido -también en el marco de una cautelar- por la Sala I en las causas "Santos Mora, Patricia c/ OSCBA y otros s/ otros Procesos Incidentales"; "Torres, Silvia Viviana c/ OSCBA y otros s/ otros Procesos Incidentales"; "Galleguillo Myriam c/ OSCBA s/ otros Procesos Incidentales"; "Jalusi Celia Silvia c/ GCBA s/ otros Procesos Incidentales" y "Unión de Trabajadores de la Educación (U.T.E.) c/ GCBA s/ Medida Cautelar". Empero, a diferencia de lo manifestado por la presentante y de conformidad con lo expuesto por la Señora Fiscal de Cámara en su dictamen (fs. 187/188), las sentencias que deci den medidas cautelares no revisten el carácter de definitivas, toda vez que son provisorias y de vigencia limitada en el tiempo. Así lo ha decidido reiteradamente la jurisprudencia. En efecto, se señaló que "La resolución de la cámara de apelaciones que decide respecto de medidas cautelares... no reviste carácter de definitiva en los términos del art. 278 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires -recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley-, pues dichas medidas son por naturaleza provisionales y no causan instancia" (SCJPBA, "Bianchi de Rolleri, Ilda L. y otra c. Guzmán, Carlos A. y otro", 13/08/2003, LLBA 2004, 498) además de que "no decide sobre la suerte o existencia del derecho de fondo debatido" (SCJPBA, "Abbott Lab. Arg. S.A. c. Sikora, José", 09/04/1991, La Ley Online). Por ello, se concluyó que "Es improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley deducido contra una resolución recaída sobre medidas cautelares" (SCJPBA, "Monasterio, y Cía., S. A. Alfonso P. c. Frigorífi co Prana, S. A.", 26/05/1982). En virtud de lo expresado, cabe declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley impetrado por la accionada, con costas a la recurrente en virtud del principio objetivo de la derrota (cf. doctr. del art. 14 de la Constitución local y art. 62, CCAyT). VOTO DE LA DRA. SILVINA MANES. I.- No concurren a mi juicio en el caso los presupuestos de admisibilidad que producen la apertura de la instancia casatoria, pues a diferencia de los sostenido por el recurrente, y en absoluta coincidencia con el Sr. Vocal que lleva la primera voz en el presente acuerdo, y de conformidad con lo expuesto por la Sra. Fiscal de Cámara en su dictamen obrante a fs. 187/188, las sentencias que deciden medidas cautelares no revisten el carácter de definitivas. II.- El recurso de inaplicabilidad de ley es el medio de impugnación que, frente a la alegada contradicción existente entre la sentencia pronunciada por una sala de la Cámara y la doctrina resultante de una sentencia emanada de alguna de las o tras salas del mismo tribunal, tiene por objeto obtener, de la Cámara reunida en pleno, un fallo que fije la doctrina legal adecuada cuya aplicación tiene eficacia vinculante respecto de aquélla (conf. Lino Enrique Palacio, "Los Recursos en el Proceso Penal", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, pag. 181). Como todo recurso extraordinario, para su admisibilidad se requiere un gravamen especial y específico, determinado por la ley: la contradicción entre la doctrina establecida en una sentencia definitiva dada por alguna de las salas de la cámara y un precedente de otra sala dictado dentro de los últimos dos años. La razón de ser del remedio procesal intentado es evitar sentencias contradictorias, y por ende unificar jurisprudencia. Consecuentemente, el recurso en examen procederá, conforme lo normado por el art. 252 de la ley 189, "Cuando la sentencia de una Sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala, dictada en los dos años anteriores... ". III.- En virtud de este texto legal que prevé la impugnaci ón de una "sentencia de una Sala de Cámara", corresponde analizar si la resolución impugnada reviste tal carácter, esto es, si el recurso interpuesto procede contra sentencias interlocutorias que resuelven medidas cautelares. La apertura de la instancia casatoria reclama como presupuesto inicial de admisibilidad, que la contradicción con el precedente invocado se origine en una sentencia de carácter definitivo. En este sentido debo señalar que la definitividad de un pronunciamiento hay que buscarla en el efecto que produce y no en el tema que decide: los repertorios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ilustran con elocuencia sobre como una decisión de una misma cuestión puede dar lugar al recurso federal, según ponga fin o no al proceso ( "es requisito de procedencia del recurso ... que el pronunciamiento apelado revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal la que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también la que causa un gravamen de imposible o insufi ciente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio" (Fallos: 303:633, entre otros). En el mismo sentido el Tribunal Superior de Justicia de la C.A.B.A. sostiene "... que el remedio ... no se ha planteado contra una sentencia definitiva, entendiéndose por tal la que priva definitivamente al interesado de medios legales para reclamar la tutela de sus derechos" (ver voto de mayoría, jueces Muñoz, Conde y Ruiz, en "YPF S.A. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 596/00, rta. 27/02/02; "Unión Transitoria de Agentes S.A. c. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 27/11/2002 LA LEY 2003-C, 259. La ley online). Sin embargo, tal como adelantara, las medidas cautelares son de naturaleza provisoria, en tanto su subsistencia está sujeta y condicionada a la vigencia del trámite del juicio principal y a la sentencia que pone fin al litigio, por lo tanto no son equiparables a sentencia definitiva. Por lo expuesto, adhiero al voto del Dr. Balbín y me pronuncio por declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto. DISIDENCIA DEL DR. HORACIO G.A. CORTI: I.- Comparto el enfoque general básico sobre el recurso bajo examen expuesto por mi colega, Dr. Carlos Balbín. Empero, considero que este caso reviste carácter excepcional, circunstancia que conduce a declararlo admisible. En efecto, nótese que las causas donde se debate el derecho de los afiliados de la OSBA a elegir la obra social de su agrado, en los términos del art. 37 de la ley 472 y, en consecuencia, se depositen los aportes y contribuciones de ley a favor de la obra social elegida por los accionantes, son sumamente numerosas. Esta circunstancia permite inferir la trascendencia de la materia objeto de los actuados. A ello debe agregarse que, si bien el recurso de inaplicabilidad de ley, fue solicitado respecto de las resoluciones de las Salas I y II de este fuer o que resolvieron las medidas cautelares solicitadas por los actores, lo cierto es que ambas Salas e, incluso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ya han dictado sentencia de fondo respecto de la cuestión sujeta a decisión ("Giordano Graciela c/ OSBA y otros s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", EXPTE. Nº 4292/05, sentencia del 4 de abril de 2006). II.- Por ello, entiendo que dada la importancia del tema debatido -uno de cuyos aspectos se relaciona con el derecho a la salud-, la cantidad de causas que se inician con el mismo objeto y la existencia de sentencias de fondo dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, corresponde declarar admisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de fs. 100/104, a fin de resguardar la garantía de la seguridad jurídica en términos de certeza. Con costas por su orden, en virtud de la excepcionalidad de la manera en que se decide. Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por la sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de fs. 100/104, con costas a la recurrente en virtud del principio objetivo de la derrota (cf. doctr. del art. 14 de la Constitución local y art. 62, CCAyT). Se deja constancia que el Dr. Esteban Centanaro no firma la presente por haber suscripto la sentencia de fs. 100/104 como vocal de la Sala II de este fuero. Regístrese. Notifíquese, y a la Señora Fiscal de Cámara en su despacho. Fecho, devuélvase a la Sala II de este Fuero a sus efectos. Dr. Carlos F. Balbín Dr. Horacio G. Corti (en disidencia) Dra. Silvina Manes