marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Mandato, defensa en juicio, acceso a la justicia, verdad jurídica objetiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BAMBOSSI, HUGO BENJAMIN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-07

La sentencia impugnada debe ser dejada sin efecto, toda vez que el pronunciamiento, al declarar la nulidad de lo actuado por los apoderados del recurrente por considerar que éstos al momento de interponer el recurso contencioso administrativo no contaban con poder suficiente -omite valorar debidamente que los propios apoderados pusieron de relieve dicha circunstancia al momento de demandar y que seis días hábiles posteriores a dicho acto procesal y más de un año y medio antes del dictado de la resolución que declaró la nulidad de lo actuado, el actor confirió poder especial a favor de quienes habían intervenido hasta ese momento en el proceso en su nombre-, por lo que incurre de ese modo en un injustificado rigor formal que deriva en una lesión irreparable de la garantía de defensa en juicio, hipótesis descalificante de los decisorios judiciales delineada a partir del precedente del Alto Tribunal Nacional "Colalillo", sobredimensionando las formas, aniquilando de esa manera la garantía del derecho a la jurisdicción e impidiendo el acceso a la verdad jurídica objetiva. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhiere la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dres. Spuler y Netri).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, doctrina de la arbitrariedad, juicio, recurso contencioso administrativo, tributos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CRUZ BLANCA S.R.L. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-08-06

La circunstancia de que la actora haya sido eximida de la exigencia tributaria prevista en el artículo 8 de la ley 11330 no altera la naturaleza de la pretensión, ni le agrega ni saca contenido económico al hecho de que el particular haya podido cuestionar el acto ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo sin depositar previamente -como condición de admisibilidad de su recurso- la suma exigida, ya que el acto que se pretende anular judicialmente impone al particular el ingreso de una suma de dinero y, si la sentencia resulta desfavorable (como lo fue en la especie, al menos parcialmente), la Administración requerirá el ingreso de la misma con los intereses legales devengados durante la sustanciación del proceso. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 8
Arma de fuego, agravantes de la pena, tentativa de homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Castillo Carballo, Bruno Martín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-28

Dado que la figura prevista en el artículo 79 del Código Penal no contiene como elemento constitutivo o calificante la utilización de un arma de fuego, pudiéndose llevar a cabo por cualquier medio, es correcta la aplicación de la agravante reglada en el artículo 41 bis del Código Penal al imputado por tentativa de homicidio (del voto en disidencia parcial de la Dra. Figueroa).
Acción de amparo, inexistencia de otras vías
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Morales, Julio Alejandro c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-12-21

Conforme nuestro sistema legal, constituyen presupuestos inexcusables de viabilidad de la acción de amparo la ilegalidad o ilegitimidad manifiesta del acto cuestionado, la individualización precisa de los derechos presuntamente conculcados, su verosimilitud, la inexistencia de remedios judiciales o administrativos que permitan brindarles protección, el gravamen irreparable para el interesado y la posibilidad de examinar la cuestión dentro del restringido marco cognoscitivo que establece la ley.

A su vez es pacífica y reiterada la jurisprudencia emanada de la CSJN, que sostiene que el amparo no procede respecto de la actividad administrativa sino cuando la arbitrariedad o irrazonabilidad es inequívoca y manifiesta, pues no es su objeto someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos.

En el caso el recurrente esgrime la lesión que le causa el proceder de la administración que dispuso la colocación de fajas de seguridad en la vivienda que le fuera previamente desadjudicada a causa del estado de abandono en que se encontraba, sin haber sido intimado a desocuparla, cercenando dicho accionar sus derechos fundamentales entre ellos el de propiedad. Ello así, lo cuestionado por el actor no es la Resolución de desadjudicación de la vivienda dispuesta por el organismo competente, sino la Resolución posterior que dispuso la colocación de fajas de seguridad en todas las aberturas de la vivienda en forma provisoria, con el objeto de resguardarla de actos de vandalismo.

En el caso, el perjuicio invocado por el actor no resulta suficiente , pues la conducta de la administración, al impedirle ingresar en la vivienda deviene como consecuencia de la desadjudicación notificada al recurrente, momento a partir del cual comienza a correr el plazo de cinco días que tiene el adjudicatario para reintegrar la unidad conforme al contrato de venta suscripto entre las partes, no pudiendo alegar falta de intimación a efectos de desocupar la vivienda, no sólo porque la exigencia de dicha formalidad no surge del convenio, sino porque el accionante no acredita haber sido diligente en el cumplimiento de sus obligaciones. Así se ha dicho que el amparo no es el remedio jurisdiccional para el negligente, el versátil o el que no ha sabido ser centinela de sus libertades, pues siendo esta vía, excepcional, no tiene por objeto reparar las torpezas cometidas en las actuaciones administrativas. Cabe apuntar además que el accionante no demuestra la inexistencia de otras vías para la protección de su derecho o su falta de idoneidad, pues no existe constancia en la causa de haber formulado reclamo administrativo a fin de lograr la restitución de sus bienes ante la autoridad que dictó la medida impugnada, hecho que en la especie habría adquirido relevancia para merituar la utilidad o no de aquella vía.

Por lo expuesto, corresponde declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo intentada, con costas por el orden causado.
Subasta, agentes auxiliares del comercio, martillero, obligaciones del martillero, gastos del martillero, comisión del martillero
Materia: COMERCIAL
Carátula: BODEGAS  Y  VIÑEDOS  TALACASTO  SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE VENTA S/INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

Los gastos inherentes a las tareas previas al remate deben ser soportados por el martillero, teniendo en cuenta que se trata de gastos originados por trámites ordinarios propios de todo remate judicial, e integran las tareas que hacen a su desempeño, y que, por estar remuneradas a través de la comisión de venta, no pueden ser materia de retribución especial; son en suma, labores que integran la función del rematador que, como es obvio, hallan suficiente retribución en la comisión percibida con la conclusión del remate (en el mismo sentido, Sala C, 4/7/90, "Picon, J. c/ Maschio, S. s/ Ejec.).
Excepción de incompetencia, intervención estatal
Materia: PROCESAL
Carátula: SOLAR Elvio Lino c/ Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Gualcamayo Ltda. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-09-25

En el caso el Estado Nacional no es parte, tampoco lo es el INAES y el hecho de la intervención que tiene por fin la regularización del funcionamiento de la Cooperativa accionada no es suficiente razón para desplazar la competencia del Juez natural en este caso en que la cuestión litigiosa versa sobre la escrituración de un inmueble sito en esta Provincia construido por la demandada conforme lo pactado en el contrato respectivo correspondiente al Plan de Vivienda Portal de los Andes, tratándose de una acción personal en que resulta competente la Justicia Ordinaria Provincial en función de lo previsto por el art. 5 inc. 3 del C.P.C. por razón del "lugar en que debe cumplirse la obligación" y que además coincide con el "domicilio del demandado" y "lugar del contrato" que son las pautas esenciales que determinan la competencia a tenor de la precitada normativa vigente no cuestionada por el excepcionante.- Por otro lado y a fin de zanjar cualquier duda eventual, es claro que en autos no ha de juzgarse el resultado de la gestión o comportamiento del Interventor cuya intervención tampoco importará generar ingresos al Estado Nacional o consecuencias para éste, sino sólo el thema decidendum introducido en la demanda, lo que excluye toda connotación federal y consecuentemente la competencia de ese fuero, que sólo correspondería si se discutiera el acto de designación o la conducta desplegada por el funcionario.- Cierto es que se trata de un Funcionario designado por un organismo del Estado Nacional pero ello no transforma los actos a cumplir por él dentro de la Cooperativa que seguirán quedando dentro de la esfera de esta última sin incidencia federal de ningún tipo.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, calidad de parte, actos y diligencias procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Moreno, Julia Helvecia c/ Cari, Liliana Ester s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-06-28

La otra exigencia del artículo 625 del código civil citado es que la obligación se cumpla "del modo en que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutara". El autor precedentemente citado dice que "En las obligaciones de hacer el modo de la ejecución reviste importancia capital" y que "Para establecer cuál es el modo de ejecución del hecho debido, el criterio del código se remite a la intención de las partes, con lo cual apunta a la voluntad real de los contratantes, en su intimidad psíquica". (Llambías, Jorge Joaquín, op. Cit., T II, pág. 275 Determinado que el cargo impuesto es una obligación de hacer, de cumplimiento inmediato al perfeccionamiento del contrato, continuo y que debía hacerse de la manera recién expuesta, se tiene que la demandada ha incurrido en incumplimiento al menos de acuerdo a su relato desde julio del año 2.005, momento en que la actora habría impedido a la accionada a cumplir con sus obligaciones derivadas del cargo.

Lo cual lleva de inmediato al análisis y valoración de la prueba
Empleados públicos, responsabilidad patrimonial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bravo Almonacid, Eduardo Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-25

La pérdida o sustracción de objetos pertenecientes al patrimonio de Estado no convierte en responsables por su desaparición a los agentes que los hayan usado ocasionalmente, si no se demuestra el nexo causal entre su actuación u omisión en ocasión de usar las máquinas y la pérdida de los objetos (en el caso no se pudo siquiera determinar cuándo y cómo fue que las calculadoras fueron sustraídas o desaparecieron).
Doctrina de la arbitrariedad, apreciación de la prueba, contrato de obra pública, rescisión unilateral, culpa civil
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: JOSE MARIA GHISANI c/ SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTORURAL s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-22

La doctrina de la arbitrariedad no cubre la discrepancia del apelante con el criterio de selección y valoración de las pruebas, a lo cual cabe agregar que los jueces no están obligados a tratar una por una todas las producidas ya que basta con que mencionen aquéllas que a su juicio sean decisivas para fundar la solución que adopten;

máxime si, como en el caso, la recurrente no cuestiona lo afirmado por el tribunal a quo en el sentido de que a los fines de determinar la culpabilidad por la rescisión unilateral del contrato de obras públicas, sólo se ocuparía de los incumplimientos indicados en la demanda y en su ampliación, con abstracción de los introducidos tardíamente en el alegato.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares, radiodifusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Nuevas  Comunicaciones  Argentinas  S.R.L.  y  otro c/ P.E.N. yCOMFER s/ acción de nulidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

Corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto contra el pronunciamiento que suspendió los efectos de las resoluciones del COMFER que habían conferido a la actora una licencia para la explotación de un servicio de radiodifusión, si no se demostró que la resolución confirmatoria de la concesión de la medida cautelar, al tiempo que exigió la prestación de una caución real, configure un supuesto de gravedad institucional o que ocasione al apelante un agravio de entidad suficiente que permita equiparar la resolución apelada a sentencia definitiva.
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, restaurantes
Materia: LABORAL
Carátula: VIDAL, Rene Alcides c/ CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES Y OTROS s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

La CSJN en el fallo "Rodríguez, Juan Ramón C/ Cía Embotelladora Argentina SA y otro" del 15/4/93, admite- en su considerando 10- la proyección del art 30 LCT a los casos en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento, esto es la "unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de uno o más explotaciones" (art 6 de la LCT). Tal es el caso de un restaurante que funcionaba por concesión, dentro del perímetro de una de las sedes de un club, destinado al uso exclusivo de los socios, encontrándose plenamente integrado en la infraestructura general, con similares restricciones en cuanto al acceso y goce por parte de terceros que el que tenían las restantes instalaciones de la institución.Dicha situación justificaba la injerencia que tenía la entidad en la suerte del personal que allí prestaba servicios, toda vez que una de las condiciones para el que asumiera la concesión era la de absorber parcial o totalmente al personal que estaba a cargo del anterior concesionario.
Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-29


"Buenos Aires, 29 de octubre de 2002. - Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Alejandro Pezzi Michaelson a fs. 13 del incidente y de Adrián César Penido a fs. 15, contra la resolución del Magistrado de grado que decidiera procesar al primero de los nombrados como autor del delito de peculado y, al segundo, como autor de estafa en perjuicio de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos Asistenciales y de Vivienda de Carcarañá Limitada.

Que asiste razón al Magistrado de grado cuando, con la convicción requerida para el dictado de un auto de procesamiento y, sin perjuicio de la continuación de la pesquisa, entiende acreditado que Pezzi omitió depositar en tiempo debido y ante quien correspondía, la suma total de lo percibido en su calidad de interventor durante el período en el que, sin duda alguna, ejerció el mandato abogado interventor recaudador en el expediente 24.580 del fuero Contencioso Administrativo Federal (peritaje contable fs. 348/349 y, sus propias declaraciones). Sin perjuicio de lo expuesto y, atento que la asistencia técnica del nombrado alega que Pezzi no era funcionario público, es menester destacar que ninguna duda cabe acerca de tal calidad en sus funciones, en la medida en que cumplió tareas directamente encomendadas por un juez de la Nación en su representación, administrando fondos en el marco de un juicio federal con una clara significación institucional ("Código Penal Comentado", TII, Baigún-Zaffaroni, pág. 895, ed. Hammurabi, 2002).

Con relación a Penido, los peritajes caligráficos han arrojado como resultado, su intervención en la confección de los recibos por los cuales recibiera diferentes montos en el supuesto marco del juicio mencionado y que no fueran depositados debidamente. Si bien es cierto que una vez que en el juicio se constituyera como forma de pago un seguro de caución el interventor fue sustituido, ello en nada empece a expresar la responsabilidad de Penido en cobros no debidos, tal como queda demostrado básicamente con los resultados del peritaje de fs. 374/6, ya sea alegando gestiones de cobranza o en representación de otro.

Por lo expuesto, el TRIBUNAL RESUELVE: CONFIRMAR la decisión recurrida en todo cuanto decide y fuera materia de recurso, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda.- Regístrese, hágase saber y, oportunamente, devuélvase la presente, sirviendo, asimismo, de atenta nota de envío.-"
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Reinoso, Ramón Eustacio s/ Recurso directo del art. 67 Ley 696 Ley 696
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-22

El requisito de la interposición oportuna del recurso extraordinario federal se disipa con la configuración de la causal de "gravedad institucional".
Circunvención de incapaz o menor, participación necesaria, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Sagua, María Nélida c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-14

No puede tener favorable acogida la pretensión de la recurrente de que se revise por segunda vez la sentencia mediante la cual se le imputó el delito de circunvención de incapaz en calidad de partícipe necesaria, en tanto debe tenerse presente que la responsabilidad penal de la imputada fue establecida, inicialmente, por el tribunal oral. Esa decisión, tras ser recurrida por la defensa, fue confirmada por la Sala 2 de esta cámara en el marco de un procedimiento recursivo amplio, plenamente respetuoso de la jurisprudencia que se fue generando en el camino, que va de los fallos "Giroldi" a "Casal", adecuando el recurso original a las actuales exigencias constitucionales (voto de los jueces Bruzzone y Rimondi)
Libertad de comercio e industria, Comunicaciones, libertad de prensa, derecho a la información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Costa, Héctor Rubén c/  MCBA  y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

Se hace necesario distinguir entre el ejercicio del derecho de la industria o comercio de la prensa, cine, radio y televisión; el derecho individual y de información, mediante la emisión y expresión del pensamiento o a través de la palabra impresa, el sonido y la imagen; y el derecho social a la información. Es decir, el derecho empresario, el derecho individual y el derecho social que se encuentran interrelacionados.
Informe de campaña, sanciones partidarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Legajo de financiamiento de campañas 2011 del Partido GEN -Orden Nacional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-16

Corresponde la aplicación de una multa a un partido político por el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 67 de la ley 26.215, pues la agrupación presentó extemporáneamente el informe final relativo a la financiación de los gastos de campaña.
Prisión preventiva, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sala, Milagro Amalia Angela Y Otros c/  s/ P.S.A. asociación ilícita, fraude a la administración publica y extorsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-05

Corresponde desestimar el recurso contra la decisión que confirmó el auto de prisión preventiva si se plasmó de modo suficientemente fundado -para esa etapa del proceso- la valoración de los jueces sobre la presencia de una sospecha razonable de que la acusada obstaculizará el proceso intimidando a los testigos o induciéndolos a falsear su declaración, a la luz de su capacidad para obrar en tal sentido.
Deudas impositivas, cobro de sumas de dinero, Superior Tribunal de Justicia, incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Huillapima c/ Estado Provincial y Capdevilla Empresa Constructora S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-05

El intendente de un municipio del interior provincial, mediante apoderados demanda por cobro de pesos al Estado Provincial y a una empresa constructora cuya deuda proviene de la falta de pago de las tasas municipales correspondientes a la refacción, edificación, aprobación de planos, etc., que gravan la construcción del nuevo edificio del Servicio Penitenciario de Catamarca, emplazado en su jurisdicción. Ni de los hechos narrados en la demanda, ni de las peticiones efectuadas, se desprende que la pretensión se encuadre en la competencia contencioso administrativa, según lo establecido por el CCA , que en su Art. 1 establece como requisito fundamental para su procedencia, que exista una decisión que vulnere un derecho subjetivo de carácter administrativo. Por el contrario, en el caso, la actora pretende lisa y llanamente el cobro de pesos emergente de una supuesta deuda por falta de pago de una tasa o contribución municipal, habiendo la actora ordinarizado la vía como se lo autoriza el Art. 521 del C.P.C.C. De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial,- modificada por las Leyes Nro. 4874 y Nro. 4919- son los Juzgados de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecuciones, los que entenderán con competencia exclusiva en los juicios ejecutivos; ejecuciones hipotecarias y prendarias; ejecuciones comerciales; ejecuciones fiscales; juicios ordinarios que se inicien como consecuencia de los juicios ejecutivos. En consecuencia, siendo la competencia en razón de la materia contencioso administrativa de carácter absoluto e improrrogable, en tanto las necesidades de orden público que la fundamentan, determinan que no puede ser dejada sin efecto por las partes, ni por los jueces, y siendo declarable de oficio en cualquier circunstancia del proceso, corresponde declarar la incompetencia del Tribunal para entender en la presente causa y devolver los autos al Juzgado Comercial y de Ejecuciones de origen para que continúe entendiendo en los mismos, ante su declaración de incompetencia y remisión a esta Corte. Del voto del Dr. Cippitelli: según su fundamento por la mayoría
Medidas cautelares, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: PETROESTE S.A. c/ CONCURSO s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-07-06

Si el sentenciante estimó que la medida cautelar no procedía dado el tipo de proceso en el cual se la decreto (concursal), porque no había contienda o litigio, es decir porque carecía de la accesoriedad propia que podría haber justificado su despacho se hacia necesario concluir que aún cuando hubiese sido dictada dentro de un proceso judicial, resulta autónoma respecto del mismo, lo que imponía encuadrarla, a los fines regulatorios, dentro de la previsión del art. 204 de la ley 2150.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GOMEZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ADMISIBILIDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-07

El recurso contencioso administrativo interpuesto es inadmisible, toda vez que la recurrente cuestiona la ilegitimidad de una resolución emanada del Fiscal de Estado de la Provincia y no un acto administrativo emitido por el Gobernador, ya que tanto el artículo 5 como el 35 de la ley 11330 requieren, cuando se recurre un acto de la Provincia, que éste provenga de su máxima autoridad y no de autoridades inferiores, como en el caso.