Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-22


COMODORO RIVADAVIA, 22 de mayo de 2006.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "S., M. C. s/Incidente de Nulidad en autos 2436/05", Expediente Nro. 15719 año 2006, venidos del Juzgado de Instrucción Nro. 3 (Expediente Nro. 74 año 2005).- 1. Llegan estos autos a conocimiento de la Cámara de Apelaciones, en virtud del recurso de apelación interpuesto subsidiariamente a fojas 1/4, por la señora Defensora Pública en representación de J. R. S., contra la resolución obrante a fojas 25/26 vta., que rechazó el pedido de nulidad formulado.

2. La defensa planteó la nulidad de la resolución que ordena la primera intervención telefónica y de todas las pruebas obtenidas partir de ella, dictada a fojas 20 de los autos caratulados "Ministerio Público Fiscal s/Investigación", Expediente Nro. 2436 año 2005. Se dispuso correr vista a las partes conforme el art. 152in-fine y art. 405 concords. del CPP..- Señala la recurrente que la anomalía que contamina el proceso es la falta de fundamentación de la orden de intervención telefónica dispuesta, que la misma debe sostenerse en criterios objetivos, circunstancias que en autos no se experimenta. En primer lugar porque esa intervención se ordena sin haberse verificado, previamente, mediante un indicio la veracidad de la información recepcionada -que en lo de Weissberg se compra cobre- y que posteriormente habilita al Sr. Fiscal General a solicitar a V.S., la correspondiente intervención telefónica. Destaca que los elementos recolectados, a su juicio resultan insuficientes o inexistentes, que no pueden de ninguna manera justificar una intromisión estatal de semejante magnitud, como se puede sustentar con datos anónimos. No se han identificado fehacientemente personas que testifiquen que en la chatarrería propiedad de W se comercialice el cobre hurtado. Insiste en que, al momento de disponerse la intervención, no se encuentran datos objetivos que permitan sostener y avalar la adopción de una medida como la adoptada a fojas 20 ter. Una orden carente de motivación, además de incumplir la manda procesal (art. 205), implica transgredir una garantía constitucional como lo es la intimidad (art. 19 CN, 53 Const. Prov., VDADDH, 12 DUDH, 17 PIDCP Y Art. 205 y sigtes del CPP). Lo expuesto, ya sea la ausencia de antecedentes que permitiesen justifica la intervención telefónica por la falta de elementos que admitan minímamente representar la posibilidad de que se estaba en presencia de un hecho con características delictuales y que el imputado del mismo era W, sustenta acabadamente la nulidad incoada del auto de fs. 20 ter. A modo de síntesis señala que la falta de antecedentes para expedir la orden de intervención, marca acabadamente que el requisito de auto fundado ha desaparecido y la nulidad entonces aparece como ineludible.- 3. El juez a quo, a fs. 25/26 vta., rechazó el planteo que la nulidad articulada. En su decisorio sostiene que la resolución cuestionada, ha sido suficiente y debidamente fundada en las investigaciones que fueran realizadas por el Ministerio Público fiscal juntamente con el personal policial adscripto al mismo, a cargo del Subcomisario L B, que se ha detallado en la misma. Y que los argumentos expuestos en su texto evalúan el accionar de los agentes policiales encargados de la pesquisa y tiene en cuenta las distintas evidencia existentes, de un modo objetivo y que justifican las intervenciones telefónica y otros pasos de la investigación policial. Que en virtud de ello, la sentencia cuestionada cumple con los requisitos establecidos en el art. 205 del Código Procesal Penal.- Una vez concedido el recurso de apelación -S.I.nº 18/2006, obrante en copia certificada a fs. 29/30 de los presentes- la recurrente sostiene el recurso y presenta el informe ratificando los agravios de fojas 34/38 vta. Hace reserva del caso federal.

Adentrándonos en la cuestión a resolver, adelantamos que el recurso no ha de prosperar. Los motivos que dan sustento a la solución que se propone son los siguientes.

El articulo 107 del Código Procesal Penal de nuestra provincia establece que las sentencias y autos deberán ser motivados bajo pena de nulidad. Además, el artículo 205 del mismo ordenamiento expresamente prevé que las intervenciones telefónicas deberán ser ordenadas "mediante auto fundado". Por lo tanto, fácil es colegir que la motivación exigida comporta una garantía en beneficio de los eventuales imputados y acusados, como también para el Estado en cuanto asegura la recta administración de justicia. En el sub-lite, tal como resulta de la reseña efectuada, ha sido puesto en crisis por la defensa tal presupuesto esencial. En este contexto, es dable precisar que el deber de motivar o fundamentar las resoluciones judiciales implica asentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen. Es decir, explicitar las causas que determinan y legitiman el decisorio.

El juez de grado, al resolver la nulidad planteado ha revisado puntualmente los motivos oportunamente dados para autorizar las escuchas, transitando nuevamente el juicio de logicidad que dió sustento a lo resuelto.

Es que, la mencionada disposición cumple satisfactoriamente con la fundamentación exigida por el artículo 305 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En efecto, la misma se dispuso en función de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público Fiscal juntamente con la Policía de la Provincia con una clara alusión y referencia al accionar de la autoridad preventora actuante y a la existencia de evidencias que dieron sustento fáctico a la intervención de líneas telefónicas peticionada por el Ministerio Público Fiscal y así dispuestas.- La concurrencia de éstas en la especie, resultan verificadas en esta instancia mediante el análisis de lo actuado a fojas 1/114 del expediente principal "Ministerio Público Fiscal s/Investigación" que se tienen a la vista haber sido solicitados (fs.39).- En definitiva, ha existido una clara referencia de hecho a las tareas investigativas relacionadas con las actividades ilícitas vinculadas a la sustracción de conductores de cobres, en las que estarían involucradas las personas mencionadas, quienes mediante la utilización de las vías telefónicas concretarían distintas operaciones al margen de la ley.

Por lo demás, no puede soslayarse que en materia de nulidades, rige un criterio restrictivo, tal como ese Cuerpo ha señalado en diversos precedentes. Partiendo de tal premisa se ha sostenido que si bien la legislación contiene una serie de reglamentaciones de las garantías y sus límites, entre los que se halla la exigencia de motivos para intervenir las comunicaciones del imputado (art. 305 del CPP, ídem 236 del C.P.P.N.); se trata de formas que deben observarse dentro de un marco de razonabilidad, atento al criterio restrictivo que en materia de nulidades emerge del ordenamiento ritual en vigencia. "En este sentido una orden de intervención telefónica no luce infundada o arbitraria de manera que contradiga el ordenamiento legal en vigencia, si surge que ella se fundamenta en las razones invocadas por el preventor, en la documentación aportada y en el resultado de las escuchas de los otros abonados intervenidos" (Conf. C. N.° 33.596 "N, J s/ rechazo de nulidad", Rta. 10/01/02 de CCrim y Correc Fed. Sala I, ídem C.Nº 36729, el Dial- AA2546).

Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia:

R E S U E L V E:

1°).- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Pública, en representación de J. R. S. y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 25/26 en todas sus partes.

2°).- Tener presente la reserva del caso federal planteado a fojas 4.- 3°).- Remitir en devolución al señor juez actuante los autos principales solicitados a fojas 39, a cuyo fin líbrese oficio de estilo.- 4º.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- SILVIA N. ALONSO DE ARIET - Presidente FERNANDO NAHUELANCA - Juez de Cámara JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL NRO. 42 AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTANCIAS INTERLOCUTORIAS