Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-07


SENTENCIA NUMERO: CUARENTA Y TRES En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los siete días del mes de octubre de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luís Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, reunida para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 91/13, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Luciano Rojas, defensor técnico del imputado Solórzano, Nelson Fabián c/ Auto Interlocutorio Nº 54/13 de fecha 05 de Junio de 2013", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es admisible el recurso? 2º) ¿Es nulo el fallo impugnado? 4º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 35, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luís Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Auto Nº 54/13, de fecha 5 de junio de 2013, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos resolvió no hacer lugar al recurso de apelación deducido por el Dr. Luciano A. Rojas, Defensor del imputado Nelson Fabián Solórzano, y confirmar la prisión preventiva del nombrado imputado, como probable autor del delito de secuestro coactivo agravado por la muerte ocasionada a la persona damnificada (art. 142 bis, primer párrafo, primer supuesto, y penúltimo párrafo del Código Penal).

II. Contra esa resolución es interpuesto este recurso en el que el Defensor del imputado Solórzano invoca como motivos de agravio los previstos en el art. 454, incs. 1, 2 y 4 del código ritual, por inobservancia de la ley sustantiva, inobservancia de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas e inobservancia de normas previstas bajo pena de nulidad por afectar derechos y garantías fundamentales.

III. La resolución impugnada, en cuanto restringe la libertad del imputado antes de la sentencia condenatoria, es susceptible de causar gravamen irreparable y, por ello, es equiparable a definitiva y susceptible de ser examinada por la vía procesal intentada. Por ello, a la primera cuestión planteada mi respuesta es afirmativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto en un todo, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que brinda el señor Ministro Dr. Cippitelli, por los fundamentos que él desarrolla; por ello, con arreglo a esos fundamentos, mi respuesta a la cuestión planteada también es afirmativa.

A la segunda cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

IV. Dice el recurrente que lo resuelto vulnera lo dispuesto en los arts. 2, 279, 291 y 292 del Código Procesal Penal, y 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que establecen las reglas aplicables a la prisión preventiva, en tanto la Cámara a quo no se expide con relación a la peligrosidad procesal, no señala prueba alguna del sumario que la demuestre ni analiza los supuestos enunciados taxativamente en el art. 292 inc. 2º del Código Penal, con lo que no le indica al encausado el motivo por el que debe permanecer encarcelado.

Manifiesta que el auto atacado es más una resolución acerca de la citación a juicio que sobre la prisión preventiva en tanto analiza el mérito probatorio del sumario (probabilidad) pero no lo concerniente a la medida de coerción.

Manifiesta que, en esas condiciones, el auto impugnado es nulo en tanto le impide al imputado aportar pruebas o discutir los fundamentos de lo resuelto.

También discute las valoraciones efectuadas en el fallo para afirmar la coautoría del imputado en el delito que le es endilgado y critica el voto del Dr. Álvarez por considerar que dicho magistrado abandonó la posición de imparcialidad que le exige su investidura al inmiscuirse en la actividad propia de la defensa e indicarle a la Fiscalía medidas probatorias a practicar.

Por todo ello, solicita al tribunal que revoque la prisión preventiva del imputado ordenando su inmediata libertad con las cauciones que estime suficientes y, subsidiariamente, que declare la nulidad del fallo atacado haciendo hincapié en la adecuación típica del evento investigado con relación a la participación criminal endilgada al imputado.

V. El tema de la prisión preventiva y su adecuada fundamentación fue abordado en reiteradas ocasiones por el tribunal (Auto Nº 42/09 -entre otros-) con los siguientes argumentos que resultan aplicables al caso:

Si bien, en principio, antes de la condena las personas imputadas de delitos tienen derecho a permanecer en libertad puesto que hasta entonces subsiste el estado de inocencia que les es reconocido en la Constitución, en algunas ocasiones la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado la legitimidad constitucional de la privación de la libertad durante el trámite del proceso y con anterioridad a la sentencia condenatoria firme (Fallos 310:1835; 314:791 y 321:1712), por la necesidad de conciliar la libertad individual con el interés social de defenderse del delito y no facilitar la impunidad (Fallos 280:297), en atención a que "los derechos civiles, políticos y socia-les que la Constitución Nacional consagra, lejos de ser absolutos, están sujetos a limitaciones o restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre sí, y con lo que corresponde reconocer a la comunidad." (Fallos 191:139; 253:133 y 315:380, entre otros).

Por ello, es menester establecer si, en las circunstancias particulares que presenta el caso, la resolución cuestionada, confirmatoria de la denegatoria del derecho a permanecer en libertad hasta el eventual dictado de la sentencia condenatoria, resiste el referido examen de legitimidad constitucional, considerando que, según el recurrente, para así decidir, el tribunal a quo sólo tuvo en cuenta la probabilidad de culpabilidad del imputado mas no el presupuesto legal vinculado con el peligro procesal.

En ese afán, observo que la prisión preventiva fue confirmada teniendo en consideración la pena conminada en abstracto para el accionar delictivo endilgado al imputado Solórzano, sin atender de manera suficiente el agravio vinculado con la falta de tratamiento del peligro procesal.

Sin embargo, y aunque el monto de la pena en expectativa no fue conectado adecuadamente por el tribunal a quo con el peligro procesal que ordena evaluar el precepto de aplicación (art. 292 del Código Procesal Penal), estimo preciso señalar -como lo hice en situaciones semejantes- que el obstáculo invocado por el tribunal a quo constituye, en esta etapa procesal, motivo bastante para justificar el encarcelamiento a título cautelar puesto que la severidad de la amenaza penal que se cierne sobre el imputado Solórzano, de quince a veinticinco años de prisión -ciertamente proporcional con la grave conducta que le es reprochada: secuestro agravado por la muerte ocasionada a la persona ofendida-, conduce a admitir que, de recaer condena en su contra -y según esa calificación legal del hecho (art. 142 bis del Código Penal, primer párrafo, primer supuesto, y penúltimo párrafo)-, no podría ser dejado en suspenso el cumplimiento de la pena de prisión prevista para su comisión; por lo que resulta razonable temer que la perspectiva de ser condenado y privado de su libertad ambulatoria por un tiempo prolongado obre en la psiquis del imputado, influyendo en su ánimo, determinándolo a tratar de entorpecer la investigación o a sustraerse de la acción de la justicia para no ser eventualmente encarcelado, frustrando con su fuga los fines del proceso y la aplicación de la ley penal sustantiva.

Por ello, considero que la gravedad de la imputación formulada, en el marco legal referido, justifica suficientemente la medida cautelar impugnada, al menos por ahora; dado que, como señaló la CIDH, si bien medidas cautelares tan gravosas como la privación de libertad sólo se sostienen en "(...) los peligros de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial" (Informe 35/07), la detención no resulta desproporcionada frente a la pena en expectativa, como elemento objetivo que tendrá influencia sobre la actitud que podría adoptar el imputado en caso de disponerse su soltura (Informe 02/97); por lo que, en las primeras instancias de la investigación, la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena, son factores de ponderación en principio razonables y a tener en cuenta para imponer una medida restrictiva de la libertad para asegurar los fines del proceso (Informe 02/97).

Los motivos expuestos me persuaden del acierto de la resolución recurrida debido a que, en la etapa del proceso que transcurre, la índole y gravedad de los hechos acriminados, tanto como la pena que cabría aplicar en el caso con arreglo a la asignación jurídica dada a los hechos, justifica razonablemente la sospecha de que, en libertad, el imputado Solórzano tratará de frustrar la consecución de los fines del proceso penal -si no la averiguación de la verdad sobre los hechos motivos de investigación, al menos la realización del juicio-.

Considero asimismo que con medida menos severa no resultaría conjurado con pareja eficacia el peligro de fuga del imputado ni su posible entorpecimiento de la investigación, ni garantizada -por ende- la efectiva aplicación de la ley penal sustantiva.

Por ello, considerando la escala penal prevista para el delito atribuido, y en tanto los argumentos recursivos no logran desvirtuar esa presunción legal de obstaculización a la acción de la justicia, la prisión preventiva dispuesta en el caso satisface el requisito de proporcionalidad que le otorga legitimidad a su dictado, por presentarse como absolutamente necesaria para cautelar adecuadamente que la justicia no sea evadida.

Sin perjuicio ello, estimo menester recordar que, tanto como la imposición de la prisión preventiva, la razonabilidad de su prolongación también es cuestión susceptible de revisión; por lo que cabe recomendar la mayor diligencia, a la Fiscalía y a las demás autoridades que eventualmente tengan que intervenir en el trámite, de modo que la investigación no se vea paralizada y el proceso avance sin demoras hacia la etapa del juicio y el dictado de la sentencia definitiva; para evitar que la privación de la libertad del imputado, dispuesta a título cautelar, se prolongue más allá de lo estrictamente imprescindible de conformidad con los fines a los que está destinada.

Por las razones expuestas, considero que lo resuelto no vulnera lo dispuesto sobre la materia en los preceptos invocados en el recurso debido a que la restricción a la libertad ambulatoria del imputado Solórzano en esta etapa procesal se sustenta de modo suficiente en la razonable sospecha de su intervención en el hecho de que se trata -cuestionada en cuanto a su alcance, mas no negada- y en la posibilidad cierta de obstaculización a la acción de la justicia que cabe neutralizar en el caso, derivada de la severa pena amenazada, claramente reveladora de la extrema gravedad objetiva del delito endilgado, como indicador razonable de peligro procesal.

Por otra parte, como toda valoración probatoria en esta etapa en la que transita el proceso, también es provisoria la efectuada en el auto impugnado; tanto como la calificación jurídica dada al hecho imputado y, por ende, esas cuestiones no son revisables en esta instancia con la profundidad que el recurrente propone.

Por ello, en tanto los argumentos recursivos no demuestran la irrazonabilidad de la sospecha afirmada en la resolución impugnada sobre la intervención atribuida al imputado en los graves hechos motivo de investigación, ni el grosero error en el encuadre legal de dichos hechos, el agravio sobre el punto no es de recibo.

El recurrente tampoco demuestra de manera suficiente el perjuicio actual a esa parte derivado del supuesto exceso jurisdiccional que denuncia del tribunal a quo. Así lo considero puesto que de la resolución recurrida surge sin hesitación alguna que la prisión preventiva del imputado Solórzano fue confirmada con arreglo a los fundamentos desarrollados en el Auto del Juzgado de Garantías que dispuso la medida, en atención a la probabilidad sobre su participación en el hecho que sustentaba la pretensión fiscal en ese sentido.

De modo que, en tanto dicha resolución no se sustenta en las pruebas que la Cámara de Apelaciones sugirió a la Fiscalía practicar ni en la señalada -por el Dr. Álvarez- falta de explicaciones del imputado para justificar que no intervino en la parte final del delito incriminado, las críticas del recurrente carecen de idoneidad a los fines de obtener la modificación de lo resuelto.

Por todo ello, mi respuesta a la segunda cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido, por los mismos fundamentos.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo adecuados los fundamentos que brinda el señor Ministro Dr. Cippitelli en sostén de su voto; por lo que, adhiero a ellos en un todo y voto de igual forma.

A la Tercera cuestión planteada el Dr. Cippitelli dijo:

Con arreglo al resultado de las votaciones sobre las cuestiones planteadas precedentemente, estimo que el tribunal debe dictar la siguiente resolución:

I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a favor del imputado Nelson Fabián Solórzano. II) No hacer lugar al recurso de casación deducido a su favor. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Recomendar a las autoridades judiciales la mayor diligencia en el trámite de la causa evitando demoras innecesarias en perjuicio de los fines del proceso. V) Téngase presente la reserva efectuada del caso federal.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que brinda el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo y, por ende, voto de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a favor del imputado Nelson Fabián Solórzano.

2º) No hacer lugar al recurso de casación deducido a su favor.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 de C.P.P.).

4º) Recomendar a las autoridades judiciales la mayor diligencia en la tramitación de la causa evitando demoras injustificadas en perjuicio de los fines del proceso.

5º) Téngase presente la reserva efectuada del caso federal.

6º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MI: María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.