Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-23


Salta, 23 de abril de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ORTIZ, FAUSTINO; ORTIZ, CARMEN; NAVARRETA, MARCELINO; RUIZ, BERNARDO; RUIZ, ANICETO Y OTROS C/ ESTANCIA TRES LAGUNAS S.A. ; PANUNTINI, JOSE y otros" SUMARISIMO: INTERDICTO DE RETENER POSESION"- Expte N° 15.267/05 del Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial 1ra. Nom., Distrito Judicial del Norte -TARTAGAL, CAM 387244/12 de Sala Primera, y CONSIDERANDO I. Vienen estos autos para resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 497/506 por el Dr. Felipe García Villamil en contra de la resolución de fs. 484/487.

Efectúa un relato de los antecedentes del caso, que apuntan a resaltar la arbitrariedad que imputa al decisorio, por cuanto, glosado en lo sustancial, asevera que la pretensión de los actores en el presente proceso era respecto a la totalidad de la finca individualizada como Matrícula 19.826, en razón de ello considera que el monto del juicio a los fines de la tabulación arancelaria estaba dado por el valor del inmueble que fue objeto de la acción.

Destaca que la sentencia es arbitraria por cuanto se aparta no sólo de la cosa juzgada sino también del derecho aplicable y de las constancias del expediente, provocando lesión al derecho de propiedad, de defensa en juicio, de acceso a una sentencia derivada tanto del derecho vigente como de las constancias de la causa.

Afirma que en autos se determinó y es cosa juzgada, que el valor del inmueble a los fines regulatorios es de U$S 1.500.000, lo que, según indica, surge de las sentencias de 1ª instancia (fs. 420) como de la Alzada (fs. 484) valor que dice no haber sido cuestionado por el Sr. Juan Bracht en oportunidad de habérsele corrido traslado del valor asignado por su parte, indicando que la sentencia de Cámara se apartó de la cosa juzgada respecto del monto del juicio, modificando el mismo en forma arbitraria al limitar el monto al valor de la fracción que Estancia Tres Lagunas S.A. le transfiere en propiedad a los actores mediante el acuerdo de partes obrante a fs. 321, conforme croquis de fs. 320, con una superficie de 1871 has, haciendo notar que en realidad son 1880 has.

El recurrente tilda la sentencia de contradictoria, por cuanto expresa que en la misma se acogió la apelación por la imposición de costas, bajo el argumento que el acuerdo celebrado entre Estancia Tres Lagunas y los actores no le es oponible a Bracht por no haber sido parte del mismo, no obstante, a renglón seguido y sin fundamentación alguna, cuando tiene que resolver los honorarios que le corresponden a su parte, la Alzada cambia de criterio declarando aplicable el convenio, tomando como base arancelaria las tres fracciones transferidas por dicho acuerdo a los actores, considerando el impugnante que el fallo se apartó de las constancias de la causa, ignorando lo que surge del plano de fs. 14, en el sentido que los actos turbatorios denunciados por los actores y probados en autos, están localizados en otras zonas de la finca distintas a las hectáreas que se transfieren en propiedad a los accionantes mediante convenio de fs. 320/324, lo que reitera, resulta inoponible a su parte.

Destaca asimismo la arbitrariedad de la sentencia al realizar una errónea operación aritmética, por cuanto afirma que, al efectuarse la división del valor de la finca de U$S 1.500.000 por el número de hectáreas (23.808) obtiene el resultado de U$S 52.08 como valor por hectárea, cuando a su criterio debió ser de U$S 63, señalando que este error determinó que la base de $ 464.194,93 también sea errónea, aduciendo que la cifra correcta sería $ 561.111,39.

El recurrente se agravia de que se hayan impuesto costas por su orden, siendo que se aceptó en el fallo el principio de la derrota, y que se omitiera adicionar el 40% previsto por el art. 2º de la norma arancelaria.

Concluye manifestando que, si el monto del juicio hubiera sido de $ 563.774,40 con la reducción prevista por el art.23, los honorarios a establecerse serían el promedio entre un máximo de $ 35.929,26 y un mínimo de $ 30.281,19, adicionándose el 40%.

II. Cabe ponderar que, si bien las cuestiones monetarias o de monto son, en principio, ajenas a la competencia de la Corte, excepcionalmente, la regulación de honorarios daría lugar al recurso de inconstitucionalidad, en supuesto de que se hubiere vulnerado derechos constitucionales.

El Alto Tribunal Provincial dijo al respecto: "No corresponde habilitar la vía extraordinaria intentada si la resolución atacada decide sobre materia de honorarios, salvo casos de grave afectación de las garantías y derechos constitucionales" (C.J. Salta, T. 43 219:224; T. 50 91:96, entre otros).

Si bien la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no tiene por objeto abrir una tercera instancia, en el caso, debe concederse el recurso dado que se hallan en juego principios constitucionales de razonabilidad, del debido proceso la defensa en juicio y propiedad (Conf. Quiroga Lavié, Humberto Derecho Constitucional, 1979, pág. 873/874) como resultado de la arbitrariedad atribuida por el profesional recurrente a la sentencia, habiendo puntualizado el mismo los motivos por lo que considera debe revocársela.

Por lo expuesto debe concederse el recurso interpuesto.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) CONCEDE el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 110/121.

II) Regístrese, notifíquese y, con nota de estilo elévese los autos a la Corte de Justicia.