Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-20


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 20 de 2007.

El doctor Oscar Zas dijo:

I) La sentencia de primera instancia (fs. 210/4) recibió apelación de la parte demandada conforme los términos expresados en el memorial de fs. 219/26 que la contraparte respondió a tenor del escrito obrante a fs. 229/235.

II) La primer queja de la recurrente está dirigida al rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 25.561 y articula igual requerimiento respecto de los decretos reglamentarios 264/02 y 265/02, decretos de prórroga y de la ley 25.972 y su dec. reglamentario 2014/04, pero anticipo que no tendrá favorable recepción.

En cuanto al art. 16 de la ley 25.561, considero inatendible el planteo de inconstitucionalidad articulado por la demandada.

Según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad es una de las más delicadas funciones que puede encomendarse a un tribunal de justicia, es un acto de suma gravedad al que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad lo requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 247:121 y sus citas).

Desde esta perspectiva, el agravamiento de la tarifa indemnizatoria previsto por el art. 16 de la ley 25.561 es uno de los modos posibles de reglamentación del derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario, y el legislador no ha adoptado un sistema de nulidad de despido, vigente -por otra parte- en sistemas de derecho comparado donde ni siquiera existe una protección constitucional del despido tan intensa como la consagrada en el art. 14 bis de nuestra Carta Magna.

Sentado esto igual solución cabe propiciar en relación a los decretos de prórroga del citado artículo. Como dije en mi calidad de juez de primera instancia a cargo del Juzgado Nro. 59 del fuero en autos: "Borghetti José Luis c. Citibank N.A. y otro s/Despido" de fecha 27 de julio de 2005: pese a que el Poder Ejecutivo Nacional califica a los decretos 883/02 y 662/03 como de "necesidad y urgencia", estimo que las referidas normas son decretos delegados que se ajustan al orden jurídico vigente. Me explico.

Más allá del "nomen iuris", de lo que se trata es de dilucidar si las normas cuestionadas fueron dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de sus atribuciones propias o delegadas por el Congreso Nacional (en el mismo sentido, el Dr. Augusto César Belluscio, en su voto emitido el 2/6/00 en la causa "Guida, Liliana c. Poder Ejecutivo Nacional s/empleo público", analizó la constitucionalidad de origen del dec. 290/95, autodenominado de "necesidad y urgencia" en sus considerandos, en el marco de las atribuciones conferidas al P.E.N. por el art. 99, inc. 1º, C.N., Fallos: 323:1566).

El art. 1º de la ley 25.561 reza en la parte pertinente:

"Declárase, con arreglo a lo dispuesto en el art. 76 de la CN, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente:...".

"... 2. Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales...".

El art. 76 de la Constitución Nacional dispone en lo pertinente:

"Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca...".

A mi modo de ver, la prórroga de la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 1º del dec. 883/02 y art. 1º del dec. 662/03 se ajusta a las normas transcriptas precedentemente.

La fórmula empleada por el art. 76 de la Constitución Nacional, que entraña un verdadero concepto constitucional indeterminado, requiere que se produzca una gravísima situación de emergencia pública susceptible de afectar la subsistencia del Estado y que ella sea reconocida y declarada por el Congreso.

Según la citada norma constitucional, la validez de la delegación estará siempre subordinada a que se fije un plazo para su ejercicio y se establezcan las bases de la delegación, esto es lo que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se denomina "la política legislativa" (cfr. Casagne, Juan Carlos, "La configuración de la potestad reglamentaria", LA LEY, diario del 26/11/03, p. 5).

No está controvertida en autos la existencia de la situación de emergencia pública en materia social declarada por el art. 1º de la ley 25.561.

Dentro de las bases de la delegación establecidas por el Congreso Nacional en la citada norma se encuentra la de "mejorar el nivel de empleo".

Es evidente que la duplicación indemnizatoria dispuesta por el art. 16 de la ley 25.561, y prorrogada por el decreto cuestionado, tiene como finalidad la de mejorar el nivel de empleo.

Con independencia de la eficacia del instrumento establecido, cuestión ajena al ámbito de decisión del Poder Judicial, es indudable que el mismo es uno de los posibles medios tendientes a la consecución del fin perseguido, pues la imposición de una tarifa indemnizatoria más gravosa que la establecida para tiempos de normalidad, tiene como finalidad disuadir el despido de los trabajadores contratados, y, consecuentemente, evitar el aumento del nivel de desocupación existente.

Más allá de la prudencia del criterio adoptado por el Parlamento en el art. 16 de la ley 25.561 al no inclinarse por un sistema de nulidad del despido, vigente en sistemas del derecho comparado con carácter permanente, coincido con Valdovinos en cuanto señala que aquél órgano del Estado "... ha fijado un rumbo muy claro, ha trazado una política de fondo respecto de un tema fundamental que configura uno de los ejes principales de la crisis..." (cfr. Valdovinos, Oscar, "El derecho del trabajo, la emergencia y el voluntarismo jurídico", DT, 2002-A, 897).

Desde esta perspectiva, la clara directiva fijada por el art. 16 de la ley 25.561 forma parte inescindible de una de las bases de la delegación legislativa establecida en el art. 1º de la ley citada, esto es, la de "mejorar el nivel de empleo"; razón por la cual las prórrogas dispuestas por los arts. 1º del dec. 883/02 y del dec. 662/03 se ajustan al citado marco.

El hecho de que el art. 16 de la ley 25.561 haya restringido la denominada "suspensión de los despidos sin causa justificada" al plazo de 180 días sólo revela que, en la evaluación política del Congreso Nacional formulada el 6 de enero de 2002, el objetivo perseguido con aquella decisión podía haberse alcanzado razonablemente en ese lapso.

Pero ello no invalida la prórroga decidida por los decretos mencionados, toda vez que el Poder Ejecutivo Nacional, en uso de las facultades delegadas por el Congreso Nacional, estaba facultado para evaluar la necesidad del mantenimiento de la citada prescripción dentro del plazo de la emergencia pública en materia social, situación -reitero- cuya existencia no fue controvertida en autos.

Sugiero, en consecuencia, se rechace la inconstitucionalidad articulada.

Los planteos de inconstitucionalidad de los decretos 264/02 y 265/02 devienen dogmáticos, pues la apelante no demuestra que sean aplicables al caso y le causen perjuicio alguno.

Lo que sí deberá modificarse es la cuantía del incremento establecido originariamente por el art. 16 de la ley 25.561, en tanto a la fecha del presente despido se hallaba vigente la ley 25.972, que dispone que en casos de disponerse despidos el incremento establecido en la ley 25.561, será del 80 % de la indemnización que corresponda conforme a lo establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o.), no debiéndose contemplar en consecuencia ningún rubro indemnizatorio más.

Sentado esto el incremento establecido por el art. 16 de la ley 25.561 (cfr. ley 25.972), se reducirá a la suma de $ 800 (esto es, reitero el 80% de la indemnización por antigüedad).

III) Asimismo y más allá de la suerte de los planteos de inconstitucionalidad referidos anteriormente la parte se agravia de que en el presente caso se haya aplicado el agravamiento contemplado en el art. 16 de la ley 25.561, pues sostiene, la sentenciante de grado omitió considerar la excepción del decreto 2639/02, ratificado por la ley 25.972, art. 4º, último párrafo.

Analizada esta queja, entiendo que tampoco debe aceptarse la revocatoria de la condena que pretende la accionada. Me explico.

Si bien es cierto que el actor ingresó a la demandada con posterioridad al 31/12/02, no lo es menos que se ha detectado irregularidad en la registración laboral llevada por la demandada. Digo esto pues con respecto a la fecha de ingreso de Alvarez, nótese que la demandada lo registró recién en marzo de 2005 y llega firme a la Alzada la conclusión de la jueza de grado de que el ingreso de aquel se habría producido el 7/10/04, razón por la cual el incremento de la plantilla detectado por el contador a marzo de 2005 con relación a diciembre de 2002 no basta para sustentar la defensa de la demandada, quien debió haber alegado y probado el aumento de la plantilla total al 7 de octubre de 2004.

En consecuencia, propicio que se desestime este agravio de la demandada.

IV) Otro aspecto del fallo que mereció crítica de la parte demandada es la aplicación de intereses de acuerdo a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina, pero aquí la suerte del planteo también es adversa al quejoso.

Digo esto pues considero que la tasa dispuesta por la Dra. G. es la adecuada para acceder a créditos de naturaleza alimentaria como lo son los que aquí se reconocen al actor en tanto esa variable repara de manera adecuada y cabal el daño emergente de la privación del uso del capital.

V) Tampoco propiciaré la revocatoria de la condena a abonar la indemnización establecida por el art. 80 RCT (t.o.) en tanto como ya he sostenido en otras oportunidades, más allá de que la demandada haya puesto a disposición de su ex empleada los certificados a que se refiere el mencionado artículo, no acreditó que la misma no concurriera a recibirlo.

Pero sin perjuicio de lo expresado señalo que, a mi juicio, la accionada debió dar acabado cumplimiento con la obligación de hacer entrega, consignándolo judicialmente en caso de que la actora no concurra a recibirlo.

VI) En definitiva, de todo lo expresado y de aceptarse mi propuesta sólo deberá reducirse el monto del capital de condena a la suma de $ 10.462,32, -como consecuencia de reducirse el incremento del art. 16 de la ley 25.561 al 80% de lo que corresponde por indemnización por antigüedad (cfr. ley 25.972, y dec. 2014/04)-, sobre la que se calcularán los intereses establecidos en primera instancia.

Dentro del marco del art. 279 CPCCN y pese a la modificación que postulo, estimo que corresponde confirmar los porcentajes de honorarios regulados en primera instancia, dejando aclarado que los mismos se calcularán sobre el nuevo monto resulta en la etapa procesal del art. 132. Con este alcance considero que se ha dado tratamiento al recurso interpuesto por el perito contador a fs. 217, los cuales sin perjuicio de lo señalado estimo que son suficientemente retributivos teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y resultado de la labor desplegada por el contador Pinto, como asimismo el valor económico del litigio estimo que aquellos no son reducidos y por lo tanto postulo que sean mantenidos (cfr. leyes arancelarias vigentes).

VII) Por los trabajos realizados en esta instancia por las representaciones letradas del actor y de la demandada sus retribuciones deberán establecerse en el 25 % -a cada uno- de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la instancia previa (cfr. art. 14, ley 21.839).

La doctora María C. García Margalejo dijo:

En lo que atañe a la constitucionalidad de los decretos que prorrogaron la ley 25.561 (vgr. decrs. 883/02 y ss.) también he de propiciar rechazar la defensa de la accionada. Y no porque no haya considerado por mi parte en su oportunidad que fuesen inconstitucionales, sino porque a esta altura me parece que no puede soslayarse la influencia que sobre aquéllos ejerce el dictado de la ley 25.972. En efecto, en voto (minoritario sobre el punto) emitido por la suscripta en el caso "Corengia, Gladys Griselda c. Instituto Cardiovascular de Bs. As." (sentencia definitiva de esta Sala nº 67.353 del 18/11/2004) -entre otros- sostuve la inconstitucionalidad de dichos decretos. Allí se hizo mérito fundamentalmente al origen de dicha norma, dictada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en el caso de la ley 25.972 se trata de otra distinta, emanada del Congreso Nacional el cual, como es sabido, según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es quien tiene el deber constitucional de asegurar la protección del trabajador contra el despido arbitrario, establecer las bases jurídicas que reglamentan las relaciones de trabajo y las consecuencias que se derivan de la ruptura del contrato laboral, sin que los jueces se hallen facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación sobre la materia (entre otros "Villarreal, Adolfo c. Roemmers S.A.", fallo del 10/12/97, DT, 1998 A, 516).

Si bien no se lo dice en forma expresa, parece razonable interpretar que en forma tácita el art. 1º de aquella ley avala o ratifica los decretos de prórroga de la duplicación de indemnizaciones. Realmente no acierto a comprender por qué no se lo dijo expresamente y con claridad, pero al establecerse que se prorrogaba, hasta que la tasa de desocupación resulte inferior al 10%, la suspensión de los despidos injustificados dispuesta por el art. 16 de la ley 25.561, estimo que se está admitiendo que al momento de dictarse la ley 25.972 estaba vigente tal suspensión (lo que abarca las prórrogas dispuestas por el P.E.N.). Como indica Mariano Mark en "Nueva prórroga de la suspensión de los despidos sin causa" (Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Enero 2005, nº 1 págs. 74/6) después de hacerse cargo de que "no queda claro si esta prórroga constituye o no una ratificación de los decretos que, desde el vencimiento del plazo original establecido en el art. 16 ley 25.561 vienen prorrogando el mismo..." estima que la interpretación más razonable pareciera ser que tácitamente se los ha ratificado, pues de lo contrario mal podría establecerse la prórroga de un plazo vencido desde mediados de 2002 (dos años y medio antes de promulgarse la ley 25.972). Dicho de otra forma, no se "prorroga" lo que ya no tiene vigor.

A lo expuesto se une el hecho de que la ley vincula estrechamente la suspensión de despidos e incremento (cuyo porcentaje deja en manos del Poder Ejecutivo) de la indemnización del art. 245 de la L.C.T. con la tasa de desocupación (mientras tenga dos dígitos), y no resulta dudoso que al momento de los decretos de prórroga antes citados no era inferior al 10%, por lo que aquella razonable interpretación que propugno del art. 4º de la ley 25.972 no colisiona con la realidad del desempleo al momento de dichas normas reglamentarias ni permite sostener que no puede admitirse ratificación alguna de las mismas (por la ley 25.972) porque al momento de ser dictadas la tasa de desocupación fuera inferior al 10%.

Esta tácita ratificación hecha por quien tiene la facultad de fijar las reparaciones por despido, me inclina ante las circunstancias normativas actuales y su proyección, a aceptar la validez de la duplicación que aquellos decretos prorrogaron.

En definitiva y con apoyo en todo lo expuesto, voto por desestimar el planteo de inconstitucionalidad, y por ende, confirmar la condena impuesta en la sentencia de grado por el art. 16 de la ley 25.561. En lo que hace al incremento que esta norma dispone y la facultad del legislador de fijar las reparaciones por despido me remito a lo dicho por la Corte Suprema en el caso "Villarreal" antes citado, lo que descarta el planteo de fs. 219 vta. punto II en cuanto a la ley en sí misma.

En lo referido al decreto 2639/02 teniendo en cuenta la irregularidad que surge en el sub examine en cuanto a la fecha de ingreso registrada, habré de sumarme en el caso, a la propuesta del Dr. Zas.

En todo lo demás, por análogos fundamentos a los que lucen en el voto que antecede, a ello adhiero.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: Modificar la sentencia de primera instancia y reducir el capital de condena a la suma de pesos diez mil cuatrocientos sesenta y dos con treinta y dos centavos ($ 10.462,32), confirmándola en lo demás que decide y fue materia de agravios. Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada y regular los honorarios de las representaciones letradas de actora y demandada en el veinticinco por ciento (25%) de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la instancia anterior. Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber también que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar, en caso de corresponder, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 cit. y punto II Acordada 6/05).

Conste que el doctor Julio César Simon no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345. - Oscar Zas. - María C. García Margalejo.