Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-16


Salta, 16 de Febrero de 2016.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "INCIDENTE DE APELACION PRESENTADO POR LA UNIDAD DE DEFENSA Nº 1, EN FAVOR DEL SR. CRUZ, LUCAS EXEQUIEL EN REFERENCIA A LA CAUSA GAR Nº 129128/15 CARATULADA "CRUZ, LUCAS EZEQUIEL POR HURTO - APELACIONES GARANTIAS CON PRESO", Expte. Nº 129128/15 del Juzgado de Garantías de Quinta Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº G01 129128/15 de la Sala II del Tribunal de Impugnación y, CONSIDERANDO I) Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 54/56 por la Defensora Oficial Penal de la Unidad de Defensa Pública Nº 1 contra la resolución II) de fs. 43/44 que dispone la prisión preventiva de Lucas Ezequiel Cruz en los términos de los arts. 368, 373, 388 y cc del C.P.P.

Que de las constancias de autos (v. fs. 5, 6, 8) surge que el día 30 de Noviembre de 2015 a horas 07:40 aproximadamente en un local de artesanías denominado "La Góndola" -sito en calle Caseros Nº 519- y previo aviso al Sistema de Emergencias 911, se puso en conocimiento de la autoridad que el imputado habría forzado la puerta corrediza de ingreso del local comercial para sustraer trece (13) billeteras de cuero y doce (12) llaveros.

Posteriormente, personal policial procedió a su demora, lográndose el secuestro de los elementos sustraídos (v. acta de fs. 7).

Se indica, además, (v. fs. 5) que Romina Ortiz -encargada del comercio- logró que el imputado al momento de los hechos devolviera parte de los elementos sustraídos, entre ellos: una bolsa sintética porta termo que contenía en su interior doce (12) cucharas grandes y diez (10) cucharas chicas de madera, cuatro (4) billeteras de cuero y dos (2) ponchos salteños.

Mediante el auto recurrido, el Juez de Garantías otorgó la calificación jurídica de hurto (dos hechos) y hurto simple en grado de tentativa (arts. 162 y 42 del C.P.). Sostuvo que ante los hechos acaecidos quedó acreditada, con la debida probabilidad, la participación de Cruz en los delitos que se le imputan y señaló que comparte lo dictaminado por el titular de la acción.

Indicó que Cruz, si bien no registra antecedentes condenatorios ni signos de comportamiento elusivo, carece de arraigo; en ese sentido, resaltó que la numeración del domicilio aportado al Tribunal -al realizarse la audiencia de control de legalidad de detención- difiere de la brindada al personal policial y de la proporcionada en el escrito presentado por la defensa técnica.

Agrega que no pudo constatarse el lugar de su residencia. Cita los arts. 18 y 19 segundo párrafo de la Constitución Nacional y Provincial respectivamente e instrumentos de raigambre constitucional en sustento de su decisión. Contra ello, la recurrente plantea en su apelación (v. fs. 54/56) que el auto que impugna se consideraron cuestiones que no responden a los fines procesales de asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva. Apunta que su defendido se encuentra privado de su libertad por el solo hecho de carecer de arraigo sin que se indiquen los motivos reales que podrían inferir en la libertad de su defendido y remite a los arts. 372 y 381 del C.P.P. Asevera que no es razonable encarcelar a una persona cuando, en caso de ser condenada, no se le podría privar directamente de su libertad; a ese respecto y bajo el título "Eventual Condena de Ejecución Condicional" afirma que la condena que podría imponérsele -por el delito de hurto que se le atribuye- no reviste la entidad como para pensar en sustraerse del proceso. Resalta, además, que aquélla sería de cumplimiento condicional por la carencia de antecedentes condenatorios de su defendido.

Arguye que la resolución que ordena la cautelar no respeta los principios de proporcionalidad y de necesidad. Sostiene que la falta de arraigo no basta por sí para dictar la medida que cuestiona; en relación a ello, refiere que deben valorarse otras circunstancias que exige la ley tales como la naturaleza del delito y la gravedad de la eventual pena prevista para su comisión.

Entiende que basta con la aplicación de alguna de las medidas sustitutivas previstas en el art. 382 del C.P.P. y que no puede perjudicarse a una persona por no poseer una vivienda propia o un domicilio que fijar. Finalmente, afirma que el domicilio que aportó Cruz al momento de la detención es el mismo que proporcionó ante el Juez de Garantías. Cita jurisprudencia de la Sala II de la ex Cámara de Acusación que estima avalan su posición.

Bilateralizado el recurso, la Fiscal (v. fs. 60 y vta.) expresa que la resolución de fs. 43/44 efectúa una extensa valoración sobre la petición efectuada por esa Fiscalía.

Considera que tal decisorio se encuentra debidamente fundado y que se ponderó la carencia de arraigo suficiente; en ese sentido, resalta que el imputado aportó domicilios que corresponden a terrenos baldíos o que son inexistentes y que ello hace presumir el peligro de fuga que habilita la medida ordenada.

Apunta la existencia de antecedentes penales, el comportamiento anterior y posterior del imputado en relación a los hechos y que podría aplicársele una pena cumplimiento efectivo. Destaca el comportamiento desinteresado de Cruz con la justicia y la sociedad y se expide, finalmente, por el rechazo del recurso interpuesto por la defensa.

Que a fs. 88 y vta. rola constancia del acta que da cuenta de la audiencia celebrada en este Tribunal, en la que se encontraron presentes el imputado y su defensa y el representante del Ministerio Público Fiscal.

II) Que circunscripta de ese modo la cuestión a resolver, es necesario recordar que la prisión preventiva constituye una excepción a la regla de libertad que no colisiona con el bloque constitucional siempre que con su dictado se persigan fines estrictamente procesales y partan de parámetros de esa naturaleza que las tornen idóneas, necesarias y proporcionales a los perjuicios que se pretenden soslayar.

Es así que sólo proceden si persiguen evitar daños al proceso, sea por peligro de obstaculización a la investigación o de fuga del imputado.

En esos términos, que en definitiva supeditan la validez de las medidas a un examen de razonabilidad que debe efectuarse en cada caso concreto, la restricción cautelar de la libertad es incluso reconocida tanto por el plexo constitucional como legal aplicable (arts. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 7.3 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 19 de la Const. Prov.; 1° inc. d), 368, 386 ss y cc del C.P.P.).

A partir de ello, el mencionado Código Procesal Penal ratifica mediante numerosas disposiciones la citada regla de libertad y, mediante una pormenorizada regulación de los medios de coerción, impide interpretaciones rígidas que podrían desvirtuar el sistema.

En efecto, su texto supedita claramente la imposición de alguna de las medidas restrictivas a distintos grados de convencimiento sobre la responsabilidad del imputado que resultan congruentes con el progreso del proceso y a la existencia de los peligros procesales antes apuntados, erradicando todo entendimiento que las haga depender exclusivamente a la escala penal del delito.

A la par, en lo que configura un verdadero avance jurídico, otorga la posibilidad de aplicar imposiciones menos gravosas si aparecen como adecuadas para evitar aquellos daños (art. 382 y cc del C.P.P.).

III) Que a partir de lo expuesto, traída a consideración la resolución del Juez de grado, se advierte que los parámetros valorados para imponer provisoriamente la prisión preventiva de Lucas Ezequiel Cruz han sido ajustados a derecho.

En efecto, no se vislumbra la existencia de elementos de convicción que logren destruir aquella probabilidad y, en especial, que tengan poder intelectivo para desvirtuar la declaración de la denunciante y los informes obrantes en autos (v. fs. 5, 6, 8).

En ese marco, la carencia de arraigo valorada por el Magistrado a fs. 43/44 -y corroborada en esta instancia mediante el informe de fs. 93/94- que sustenta en definitiva la proyección de la medida ante un posible peligro de fuga, tampoco es superada por la marcha del proceso.

Lejos de ello, el informe aludido da cuenta no solo de la falta de residencia sino también de la inexistencia vínculos familiares y laborales estables. Motivos que, per se, justifican el mantenimiento en este estado de la cautelar cuestionada por la defensa (art. 388 b) del C.P.P.).

Sin embargo, se advierte de las constancias de la causa -en especial del acta de fs. 88 y vta. que informa sobre la adicción que padece Cruz y su expresa voluntad de someterse a un tratamiento que le permita superarla- cumplimentaría con los requisitos legales necesarios para ingresar al Tribunal de Tratamiento de Drogas; a ese respecto, señálese que éste fue implementado como programa o procedimiento penal alternativo -dirigido a infractores cuyos delitos están relacionados con el consumo problemático de drogas- que ofrece acceso inmediato a un tratamiento como alternativa a la conclusión del proceso (conf. Acordada CJS Nº 11480/13) lo que dará ocasión de volverse a ver la posibilidad de soltura del incuso pero desde la perspectiva de la suspensión del juicio a prueba (art. 425 del C.P.P.).

En efecto, el encartado podrá a través de esa vía -y previa solicitud conjunta con el pedido de suspensión del juicio a prueba- realizar su rehabilitación bajo la supervisión directa e inmediata de ese Tribunal que, a la sazón y de así corresponder, facilitará el proceso de cambio y favorecerá su adherencia al tratamiento, en un marco de trabajo interdisciplinario (art. 28 del Protocolo Facultativo, Circular CJS 122/13, Resolución Nº 494).

Ergo, debemos recomendar al Magistrado interviniente -quien, a su vez, ha sido designado como Juez TTD- la puesta en marcha de los exámenes de admisibilidad del detenido previsto por el art. 9 y ss. del referido Protocolo a los fines de la efectiva inclusión de Lucas Ezequiel Cruz al programa a su cargo, y sin perjuicio de disponer otras medidas que estime correspondan IV) Que por consiguiente, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto.

Por ello;

EL VOCAL Nº 1 DE LA SALA II DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN, RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 54/56, y en su mérito, CONFIRMAR el auto que dispone la prisión preventiva de Lucas Ezequiel Cruz de fs. 43/44.

II. REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, OFÍCIESE, NOTIFÍQUESE y, oportunamente, BAJEN los autos.