marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración autoincriminante, prueba hematológica
Materia: CONSTITUCIONAL PROCESAL
Carátula: V., S. s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-06-20

La doctrina rechaza la obligatoriedad cuando el imputado resulta sujeto de prueba, ya que se afectaría la prohibición de declarar contra sí mismo consagrada en la Constitución Nacional, tal prohibición se extiende a las actividades procesales en que el imputado debe manifestarse intelectualmente.
Recurso extraordinario federal, denegatoria del recurso, revocación de sentencia, defectos en la consideración de extremos conducentes, asociaciones sindicales, estabilidad del delegado gremial
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Prada, Enrique Alejandro y otro c/ Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que denegó el recurso extraordinario deducido contra la decisión que había responsabilizado a una asociación gremial por incumplimiento de la notificación impuesta por los arts. 52, inc. c), de la ley 22.105 y 30 del decreto Nº 640/80, por entender que no involucra ninguno de los supuestos del art. 14 de la ley 48 y en que no se advierte arbitrariedad, si para así decidir el tribunal prescindió de dar un tratamiento apropiado a cuestiones -que no se verifica en el perjuicio producido por los actores una influencia causal exclusiva- introducidas oportunamente por el apelante y conducentes para la correcta dilucidación del pleito (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio y Adolfo Roberto Vázquez).
Ejecución de la pena, prescripción de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Carrizo, Carlos José Miguel-Carrizo, Blas Francisco s/ Amenazas reiteradas y agresión con arma-Les. Leves-Recurso de  Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-08

El transcurso del tiempo de la pena aplicada bajo la modalidad de la condenación condicional (art. 26 del Cód Penal) no se extingue por prescripción. Si bien la pena no se ha cumplido, no ha sido indebidamente incumplida. La prescripción de la pena comienza a correr cuando, transcurrido el plazo de cuatro años establecido en el artículo 27 del Código Penal desde la fecha de la condenación condicional firme, el condenado no cometiere un nuevo delito.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aragundi, Olegario Fermín y otro c/ Saenz, Victor y/o quien se considere con derecho s/ Cancelación de inscripción de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Las regulaciones de honorarios en la Alzada se remiten a los valores de primera instancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Moneda, desagio, depreciación monetaria
Materia: ECONOMIA
Carátula: EXPLOTACIONES PESQUERAS DE LA PATAGONIA c/ FISCO NACIONAL (D.G.I.) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-15

El art. 5to. del decreto 1096/85 supone que si no se pactó cláusula de ajuste, es porque las partes ya han incorporado -ex ante- un plus tendiente a neutralizar la depreciación previsible. En tal caso, procederá el desagio. Pero si a pesar de la previsibilidad de que se mantenga el ritmo inflacionario no se incorpora dicho plus, cabe nace de la ley -como ocurre en el sub lite, y ésta no contempla un mecanismo de reajuste monetario, con lo que, de hecho, impone al acreedor la carga de soportar las variaciones que sufra la moneda en el plazo de cuarenta días (arts. 7 y 23 de la RG (DGI N.

2570), no lo está condenando inexorablemente a ver disminuido su crédito, pues la ley no puede dar por sentado, de manera anticipada, que la moneda habrá de sufrir tales variaciones, y menos aún, si ella serán de signo positivo o negativo.
Quiebra, incidente de revisión, legitimación pasiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: T.A. La Estrella S.R.L. s/ Quiebra pedida -Incidente de revisión-
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-06-23

En la medida en que el reclamo del apelante se tramite por la vía legal establecida por el art. 37 de la Ley 24.522, los eventuales restantes responsables solidarios de la acreencia que se denuncia carecen de legitimación pasiva para ser demandados en esta incidencia. Al no ser parte en éste proceso colectivo de liquidación, aquellos no están legitimados para actuar en el proceso principal y, por lo tanto, no puede promoverse una incidencia como la que se trata contra ellos.
Contratos, compraventa, bovinos, efectos entre partes, obligaciones, entrega del bien, incumplimiento del contrato, prueba, factura, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Ceccoli y Ricchi SA c/ Moia, Jorge Luis s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

Procede hacer lugar a la demanda y en consecuencia, condenar al demandado a entregar a la actora cierta suma con más sus respectivos intereses y costas por cobro de facturas que instrumentaron la operación de compraventa de ganado bovino. Ello por cuanto, en el caso, las guías de tránsito que tuvo a la vista el perito contador en las cuales se detalló los datos del adquirente y receptor de la hacienda y su composición, que fueron expedidas en fecha coincidente con la emisión de las facturas; y el certificado de adquisición referido en estas últimas, conformaron un todo indisoluble de la cadena documental que le da connotación propia a la propiedad y a la transferencia del ganado. Es que junto con la prueba pericial contable, el certificado del contador público permite tener por probado el contrato de compraventa y la deuda reclamada. En ese marco, el agravio del accionado relacionado con que la actora no acreditó debidamente la existencia del contrato de compraventa en tanto que siendo éste a "viva voz", esto es, verbal, se debió haber comprobado con los testigos presentes en el remate o con choferes que hubieran trasladado la hacienda de un campo a otro, debe rechazarse, atento las numerosas prueba allegadas a la causa que comprueban la operación de compraventa. Voto Dr. Bargalló:.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, gravedad institucional, plan de parentalidad, impedimento de contacto del menor con el padre no conviviente
Materia: PROCESAL-CIVIL-PENAL
Carátula: DMJD  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos spv sobre 1 1er párr.- impedimento de contacto de menor de edad con su padre no conviviente
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

La existencia de un caso de gravedad institucional alegada en la queja no puede prosperar si omitió hacerse cargo de los argumentos de la Cámara en cuanto sostuvo que la trascendencia propia de esos casos no había sido acreditada. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal, prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Salegas, Pedro Ramón s/ Violación y homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

La exigencia de la expresa cita del dispositivo ritual violado, a los fines de examinar la concurrencia de absurdo en la tarea probatoria resulta contradictoria con el criterio de que las reglas valorativas de referencia son meras pautas de pensamiento y, por ende, no consideradas normas jurídicas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transacción, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: S.K.S. S.A.C.C.I.F.A. y M. c/ Municipalidad de Olavarría. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-28

Sin perjuicio de que la transacción, como negocio jurídico material, surta sus efectos propios desde el momento de la presentación del escrito o de la suscripción del acta ante el juez, ella se integra, en el orden procesal de Buenos Aires, mediante la homologación judicial.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ VALDEZ, CARLOS MARÍA c/ AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

No corresponde aplicar el incremento dispuesto por el artículo 16 de la ley 25.561 a las partidas debidas en concepto de diferencia indemnizatoria calculada con base en el precedente "Vizzoti" de la CSJN (Fallos 327:3677). La duplicación o la correspondiente proporción -según cual sea la fecha del despido- derivada del art. 16 de la ley 25.561 sólo se aplica sobre la indemnización cuantificada por el artículo 245 de la ley 20.744. Eso es así porque la letra de la ley es clara: "el doble de la indemnización que.correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente". Es decir, se tuvo en mira únicamente la tarifa legal y no las alternativas de una ulterior impugnación jurisdiccional de la acreencia.
Información sumaria, rechazo in límine, inscripción registral, automotores
Materia: PROCESAL
Carátula: SABIA, VICTOR s/ INFORMACION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-26

La información sumaria judicial no es la vía idónea para obtener la inscripción de la propiedad de un automotor a nombre del adquirente, teniendo en cuenta que ello es el resultado de la obligación que incumbe a ambas partes del negocio jurídico en cuestión.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad del recurso, inhabilidad de título, mutuo comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: MALLO, GONZALO HORACIO C/ LADOUX, JULIAN FEDERICO Y OTRO S/ EJECUTIVO. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

Procede rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por los accionados. Ello por cuanto, en el caso, el mutuo base de esta ejecución es un título plenamente hábil y susceptible de ejecución en los términos del CPR 523-2°, pues se trata de un instrumento privado con firmas certificadas de los obligados del que resulta una obligación cierta de dar de una cantidad líquida y exigible de moneda extranjera. La cuestión atinente a si la obligación es, o no, solidaria, no condiciona la habilidad ejecutiva del título ya que la cuantía de la obligación a cargo de cada sujeto seguirá siendo determinable.
Empleo público, retiro voluntario, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CROCE, ANA MARIA c/ I.A.F. PARA EL PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-22

No sólo la buena fe, sino también la libertad de contratar de la Administración, y hasta la misma seguridad jurídica, quedarían gravemente resentidas si fuera admisible y pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien primero concurre a consumar un contrato y luego procura cancelar parcialmente sus consecuencias para aumentar su proyecto. Nadie puede ponerse de tal modo en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con la asumida anteriormente.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, índices de actualización, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GARCÍA, NORMA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-16

Con el objetivo de "impedir que se frustren derechos constitucionales cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal preservar", una vez examinados los alcances de los actos de los otros poderes en torno a la movilidad aplicada a la prestación del peticionante a partir del 01.04.95 (en el caso, recién tuvo su primer aumento del 10% por el suplemento de movilidad a partir del 01.09.04 -art. 2 del Dec. 1199/04-, más el 11% desde el 01.06.06 -art. 1 del Dec. 764/06-, y del 13% a partir del 01.01.07 -art. 45 de la ley 26.198-, lo que significa una recomposición total del 37,97%), debe concluirse que, por lo exiguo, resultan irrazonables e injustos en tanto traducen un tratamiento desigual, producen un perjuicio patrimonial confiscatorio y vulneran -a la vez- el carácter integral e irrenunciable del derecho previsional en juego. Ello es así, máxime si se tiene en cuenta la notable recuperación de la economía de la que dan cuenta muy variados indicadores oficiales por todos conocidos, como ser, la estabilidad lograda en el tipo de cambio elevado y el aumento sostenido durante los últimos años del PBI, de la recaudación impositiva y de los recursos de la seguridad social, de las reservas monetarias atesoradas por el B.C.R.A. En ese favorable contexto cabe agregar, además, el éxito declarado en el logro del objetivo de "inclusión social" procurado a través de la generosa oportunidad ofrecida por ley 25.994, cuyo plan de facilidades de pago reglamentado en una primera etapa por el Dec. 1454/05, permitió a los trabajadores acceder al beneficio jubilatorio en forma simultánea a la cancelación de sus deudas previsionales aún cuando "se encontraban percibiendo algún otro tipo de beneficio previsional compatible con las prestaciones de la ley 24.241", de modo que "gran parte de la clase pasiva (quedara) incorporada a los beneficios de la seguridad social como consecuencia de las posibilidades y beneficios descriptos...", (según expresan los párrafos séptimo a noveno de los considerandos de la Res. A.N.Se.S. D.E. nº 884/06), en paralelo con la existencia de superávit en las cuentas del mismo organismo a ser destinado, junto a otros recursos, al financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS) creado por el art. 1 del Dec. 897 del 12.07.07. (Del voto de la mayoría).
Personas jurídicas, asociaciones civiles, sanciones disciplinarias administrativas, Inspección General de Personas Jurídicas, fiscalización de sociedades
Materia: CIVIL
Carátula: CIRCULO MILITAR s/ RESOLUCION DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - RECURSO   CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-18

La facultad de declarar irregulares e ineficaces los actos sometidos a la fiscalización de la Inspección General de Personas Jurídicas, no se limita al control del cumplimiento de los recaudos formales exigidos para la convocatoria a asamblea, sino que alcanza igualmente al objeto para el cual es convocada la reunión. Dicho elemento configura un aspecto sustancial de la validez del acto que pretende llevar a cabo la asociación, y si el referido objeto excede el fin de la persona jurídica o resulta contrario a la ley o a los estatutos, es susceptible de ser observado por la entidad fiscalizadora, en ejercicio del contralor que debe llevar a cabo para velar que las entidades que de ella dependen cumplan con los fines para los que han sido autorizadas a funcionar.

La norma estatutaria que impone la expulsión de los socios del Círculo Militar, que hayan cometidos actos ilícitos, deshonestos o inmorales, dentro o fuera de la entidad (art. 28, inc. 5, b), en su correcta exégesis indica que los calificativos de ilicitud, deshonestidad e inmoralidad están destinados a un mismo accionar y pueden resultar excluyentes unos de otros, en atención a que se encuentran unidos por una conjunción disyuntiva que denota diferencia. De allí que, la sola ilicitud del acto sometido, puede dar lugar a la aplicación de la sanción prevista en el estatuto.
Pena, pena accesoria, pena de inhabilitación
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Lago, Manuel Antonio y otros. s/ INFRACCION    ART.   189  BIS  Y  LEY  20.840.  (SEGURIDAD  NACIONAL)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

Dado que la pena de inhabilitación impuesta como accesoria reconoce sustento en la norma del art. 12 del Código Penal, vigente tanto al momento del hecho y de la condena como en la actualidad, la pretensión de que se deje sin efecto tal penalidad sobre la base de la ley 23.070, no puede ser materia de revisión, ya que no se adecua al supuesto del art. 551, inc. 4, del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Inspección ocular, honorarios del perito, perito ingeniero, fallo plenario
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Columbia  S.A.  de Seguros c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Buque "Nedlloyd Linge" s/ Procesal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-08

La demandada se opuso oportunamente a la realización del peritaje afirmando que reconocía que el valor del bulto dañado era superior al límite de responsabilidad, reconocimiento que, de haber sido aceptado, habría obviado su producción de ese peritaje.

Por lo tanto, y habida cuenta de que la insistencia de la actora en la producción de dicha prueba fue posterior al dictado de ese plenario que puso fin a la jurisprudencia contradictoria que hasta ese entonces existía, aquélla debe soportar los honorarios del perito ingeniero.
Estafa, tentativa, tarjeta de crédito
Materia: PENAL
Carátula: CLAVERO CAROLINA ADRIANA Y LOPEZ OSAN SONIA JOSEFINA s/ HURTO  EN  CONCURSO  REAL  CON  TENTATIVA  DE  ESTAFA Y ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-11-30

Es ostensible que la condenada usó la tarjeta de crédito que no le pertenecía, que se la hayan proporcionado, encontrado o hurtado no hace al caso, lo cierto es que con ella o por medio de ella comete la maniobra fraudulenta en perjuicio de un Supermercado, que a la postre y a estar a los actuados deriva en su cajera la reposición del faltante. La encartada, al presentar la tarjeta con el propósito de adquirir mercadería, comienza la ejecución de un delito determinado, que no se consuma porque tal documento estaba interdicto por incumplimiento de pagos de su titular, pero no porque fuera inidóneo.
Procedimiento administrativo, Fuerzas Armadas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Abregú, Fermín Ricardo y otros c/ Estado Nacional - Mrio. Int.-Gendarmería Nacional s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-04

De conformidad con lo previsto en el art. 2°, inc. a, de la ley 19.549 y en el decreto 722/96 -que derogó el decreto 9101/72-, las normas contenidas en la ley nacional de procedimiento administrativo son de aplicación supletoria en los organismos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales e Inteligencia (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda). -Del precedente "Daus", al que remitió la disidencia-.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria, cosa juzgada material, incidentes
Materia: Procesal
Carátula: Guilford Argentina S.A.I.C.F. c/ Nicolás Rostas S.A. s-Concurso Preventivo s/ Verificación de Crédito
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-06-19

Tratándose de un crédito sobre el cual el síndico no produjo informe en el tiempo oportuno, que fue verificado por el Juez, por lo que es de aplicación el art. 38 de la Ley 19551, se han operado los efectos de la cosa juzgada material. Norma ésta cuya efectividad no cede, atenta su naturaleza, por la circunstancia de haberse tramitado un incidente, ya que no es susceptible de ser enervada por la regla procesal general del art. 308 de la misma ley.
Ejecución fiscal, inexistencia de deuda
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ Droguería Buenos Aires  SA s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Tratándose de ejecuciones fiscales cabe admitir las defensas sustentadas en la inexistencia de la deuda, con sujeción a que ellas resulten manifiestas sin necesidad de adentrarse en mayores demostraciones.
Daños y perjuicios, terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calderón, Pedro Pascual c/ Leyes, Ramón A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Si se ha admitido que el coprotagonista del accidente puede ser considerado como tercero a los fines de la segunda parte del art.

1113 del C.C., ello excluye la condición de tercero ajeno.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: PROCESAL
Carátula: Sociedad Cooperativa Popular Limitada s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-25

La modificación de la contracautela debe basarse no sólo en la mayor o menor verosimilitud del derecho y en las circunstancias del caso, sino también en la magnitud del menoscabo patrimonial que eventualmente pudiera derivarse, elementos de ponderación que el art.

199 del Código Procesal ha encomendado a la discreción y prudencia del Juzgador.
Enfermedad accidente, trabajador, culpa, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Greiner, Hugo Emilio c/ Banco del Chaco S.E.M. s/ Indemnización Art.212 Ley de Contrato de Trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-06-18

Debe interpretarse culposa la conducta del trabajador cuando en forma voluntaria, consciente y totalmente imprudente, ejecuta actos u omite otros que perjudiquen seriamente su salud, debe tratarse de una temeridad casi intencional, para excluirlo del beneficio del art.212 -4to párraf.- ley 20744, que sólo cuadra calificar de culpable en los términos del art.512 del Cód. Civ. aquellas conductas ostensiblemente imprudentes que de manera objetiva violan el límite de la buena fe.
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: ARAYA, WALTER ALFREDO C/ SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA Y OTRO S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-03-01

Comparto la postura que sostiene como ilógico pensar que coexistan dos grados de incapacidad en una única persona, como consecuencia de un mismo y único hecho, según éste haya sido juzgado a la luz de uno u otro régimen legal, a no ser que esa diferencia resida en la capacidad de la secuela de evolucionar en el tiempo, en los distintos baremos utilizados, o que en la segunda oportunidad de valoración de la incapacidad se llegara fundadamente a la conclusión de que en la primera hubo un error de diagnóstico o de aplicación del baremo en la instancia administrativa (cf. STJRNS3: "GONZÁLEZ" Se. 108/11). En el caso en examen, el grado de incapacidad otorgado por la Comisión Médica respectiva fue tomado en cuenta para calcular el resarcimiento fundado en la normativa civil. La cuestión relativa al grado de incapacidad que provoca un infortunio laboral a un trabajador (accidente de trabajo o enfermedad profesional) constituye una cuestión única y no desdoblable que, resuelta en el marco del procedimiento especial de la Ley 24557, proyecta sus efectos por conexidad al pleito que procura que el daño provocado por aquel suceso nocivo, sea reparado patrimonialmente en forma integral. (Voto del Dr. Barotto en disidencia)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, tribunal colegiado, segunda instancia, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Viviendas Suffern Moine y Cademartori SA. s/ quiebra
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

La pretendida nulidad fundada en que uno de los vocales del tribunal -momentáneamente ausente- no suscribió el fallo en recurso, remite a cuestiones vinculadas con las formalidades de la sentencia y el modo de emitir su voto los miembros de los tribunales colegiados, extremos que por su naturaleza procesal no cabe rever en la instancia extraordinaria .
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, obras públicas, poder de policía, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MILTON ENRIQUE JUILLERAT c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-23

La realización de obras para el correcto cumplimiento de las funciones estatales atinentes al poder de policía, no obsta a la responsabilidad del Estado si con aquéllas se priva a un tercero de su propiedad o se la lesiona en sus atributos esenciales.