Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.393 CAUSA N° 11.589/2008 SALA IV "CALIGARI MARCELO OSCAR C/ LATIN FOLK S.A. Y OTRO S/ DESPIDO" JUZGADO N°34 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 28 DE JUNIO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) A fs. 543/551 el actor apela la sentencia de primera instancia de fs. 531/536 que hizo lugar parcialmente a la demanda. Asimismo, el abogado de la codemandada LATIN FOLK SA (fs. 539) y la perito contadora (fs. 537) cuestionan sus respectivos honorarios por bajos.

II) El actor se queja, en primer lugar, porque el Sr. Juez a quo estimó su remuneración mensual en la suma de $ 1.323,37, cuando, a criterio del apelante, debería haber tenido por cierto el importe ($ 3.000) denunciado en el escrito inicial, por las razones que expone en el punto A de su memorial.

Adelanto que, a mi juicio, la objeción merece trato favorable.

En efecto, como bien lo señala el recurrente, las declaraciones testificales de SCARDAMAGLIA (fs. 219/221), MUZZUPAPPA (fs. 262/265), ARROJO (fs. 270/272) y GROSSO (fs. 281/283) acreditan que el actor no era un simple vendedor (como adujo la demandada en su responde) sino que se desempeñaba como gerente de ventas.

Estos testigos dieron adecuada razón de sus dichos, ya que los dos primeros son ex compañeros de trabajo que se desempeñaron precisamente como vendedores en la misma época (así lo demuestra el peritaje contable, ver fs. 408) y ambos identificaron a CALIGARI como su superior. SCARDAMAGLIA expresó que el actor "era el jefe del testigo o gerente, no recuerda su cargo, pero era un cargo superior al del testigo.supervisaba a los vendedores que estaban a su cargo y los dirigía". MUZZUPAPPA, en concordancia con el anterior, sostuvo que CALIGARI "era el gerente de ventas.estaba a cargo del área comercial.dictaba o diseñaba la política comercial de la compañía, la estrategia comercial de la misma". A su vez, ARROJO y GROSSO son dos clientes que también identifican al actor como gerente.

Si bien la demandada trajo a declarar a tres testigos -PORTAL (fs. 230/232), CASTRO (fs. 252/254) y BASUALDO (fs. 266/268)- sus declaraciones no desvirtúan las de los anteriores.

Digo esto, porque BASUALDO iba a la empresa "de una a dos veces por mes" (recuérdese que la relación laboral de autos se extendió por apenas 33 días) y reconoció que "nunca se contactó ni habló con el actor", a quien sólo "lo cruzó un par de veces", por lo que sus dichos son de ninguna utilidad. PORTAL, reconoce que el actor "le pidió que empiece a contactar con él por el tema de los reportes, que le pase todo a él", que "hablaba bastante con los demás tratando de manejar el grupo" y que "de las veces que volvía a la oficina, CALIGARI estaba reunido con otras personas" (se refiere a las personas que integraban "un cuerpo de ventas") y con Julio C. Muñoz (el presidente de la firma demandada).

La única testigo que aparentemente avalaría la postura de la demandada en torno a las tareas del actor es CASTRO. Sin embargo, ésta revestía el carácter de dependiente de la demandada al tiempo de su declaración (circunstancia que obliga a examinar sus dichos con mayor rigor) y, de hecho, mostró parcialidad a favor de su empleadora en tanto, al ser interrogada acerca de quienes eran los otros vendedores sólo identificó como tales (además del actor) a dos personas propuestas también como testigos por la demandada (SIANCHA y PORTAL, cfr. fs. 253); y, en cambio, omitió mencionar a otros siete vendedores registrados en los libros de la demandada, entre los que se encuentran, precisamente, los testigos del actor (ver fs. 408).

Por otra parte, el Sr. Juez a quo tuvo por probado (con fundamentos que comparto) que la demandada registró al actor con una fecha de ingreso posterior a la verdadera y con una carga horaria (media jornada) inferior a la real. La conducta procesal de la demandada (que pretendió hacer valer en la causa los datos falsos) constituye un elemento de convicción corroborante de las pruebas aportadas por el trabajador (art. 163 del Código Procesal).

Todo ello me conduce a tener por acreditado que el actor era en realidad gerente de ventas, lo que lleva a su vez a estimar como razonable el salario por él invocado de $ 3.000 (art. 165 del Código Procesal). Corresponde entonces admitir el agravio y reajustar los rubros de condena sobre dicha base remuneratoria.

III) Asimismo se agravia el actor del rechazo de la indemnización del art. 245 de la LCT, pues entiende que, dado que el contrato de trabajo no se encontraba correctamente registrado, no regía el período de prueba y, consecuentemente, carecía de interés que el tiempo de servicios no fuera superior a tres meses. Aduce que el fallo plenario ("Sawady") invocado en el fallo resulta "obsoleto" porque fue "dictado bajo una redacción diferente del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, cuerpo legal que incluso, en aquel entonces, no contaba con artículo alguno vinculado a período de prueba, como hoy sí contiene (art. 92 bis LCT)".

Anticipo que la queja no merece acogimiento.

Digo esto, pues, es conclusión firme de la sentencia apelada que el actor no alcanzó a trabajar un período mayor a tres meses, por lo que es de aplicación la doctrina plenaria sentada en el fallo "Sawady, Manfredo c/ SADAIC" que estableció los alcances del art. 245 de la L.C.T. Dicha doctrina plenaria afirma que resulta improcedente la indemnización por despido en aquellos casos en que el trabajador tenga menos de tres meses de antigüedad, y esto no implica una violación al art. 14 bis de la C.N. (CNAT, Sala VI, "Moya Díaz Juan Domingo y otro c/Computación Integral y Sistemas SRL y Otros s/despido" del 26/06/08).

Aún en casos como el presente, en que se consideró que la demandada renunció a valerse de los beneficios del período de prueba en materia indemnizatoria, cabe entender que conforme el espíritu del plenario citado (acuerdo nº 218 del 30/3/79, que recobró actualidad en virtud de la derogación del art. 7º de la ley 25.013 por la ley 25.877 y de la redacción actual del primer párrafo del art. 245 y del art. 92 bis de la L.C.T.), para acceder a la reparación por antigüedad pretendida por el trabajador, los días trabajados deberán al menos superar la fracción de tres meses (esta Sala, 26/5/10, "Maffei, Adriana Estela c/ De Armas, Evelia Elena y otro", DT, 2010-2392.; íd., 4/10/10, S.D. 94.942, "Varela, Gonzalo Javier c/ Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES s/ despido"; íd., 22/2/12, S.D. 96.076, "Segura Rojo Eunise Betsabé c/ Garber Elba Edith s/ despido"; CNAT, Sala X, 16/07/07, S.D.15.423, "Schlindwein, Daniel c/Las Heras 101 S.A. y otros s/despido"; íd., Sala X, 29/2/08, "Pérez, Carlos Román c/ Galileo Protección Médica SA". En igual sentido -esto es, por la subsistencia del requisito de antigüedad mínima aunque el empleador no pueda valerse del período de prueba-: esta Sala, 12/2/07, S.D. 91.998, "Rodríguez, Manuel Eduardo c/ Centro de diseño italiano S.A. s/ despido"; CNAT, Sala II, 03/03/10, S.D. 97.713, "Rossi, Carlos Alberto c/ SEGLOG SA s/ despido" -con disidencia del Dr. Maza-; íd., Sala II, 31/8/10, S.D. 98.410, "Grandinetti, Lucas Román c/ Servicios Post Venta SRL s/ despido"; íd., Sala V, 31/3/10, "Sena, Juan Ignacio c/ Gonzalvo, Miguel Salvador y otro").

Consecuentemente, corresponde confirmar la sentencia en este aspecto de la cuestión en debate.

IV) La conclusión que antecede me conduce a desestimar también el agravio motivado en el rechazo del recargo del art. 1° de la ley 25.323, pues dicho precepto establece un incremento de la indemnización por antigüedad y, en el caso de autos, el actor no tiene derecho a esa indemnización, por lo que no hay nada que duplicar (esta Sala, causa "Rodríguez c/ Centro de diseño italiano S.A.", precedentemente citada).

V) En cambio, le asiste razón al apelante cuando afirma la existencia de un error en la determinación de la indemnización sustitutiva del preaviso, pues, dado que el magistrado consideró que la demandada renunció al período de prueba, por imperativo de lo dispuesto en el apartado 3 del art. 92 bis LCT (conf. reforma introducida por la ley 25.877), cabe concluir también que aquélla abdicó también a los beneficios que a nivel indemnizatorio se derivan ante la ruptura injustificada del contrato durante el lapso previsto en dicha norma (CNAT, Sala II, causa "Grandinetti", precedentemente mencionada), por lo que la indemnización sustitutiva del preaviso debe liquidarse en la suma equivalente a un mes de sueldo (art. 231, inc. "b", LCT).

VI) El actor cuestiona igualmente el rechazo de la indemnización del art. 80 de la LCT, fundado en el incumplimiento del plazo de espera previsto por el decreto 146/01.

La queja resulta admisible, pues, como lo ha dicho reiteradamente esta Sala, el citado decreto debe ser leído con los límites de la norma superior que reglamenta. Esta última otorga al empleador un plazo de dos días hábiles para cumplir el requerimiento del trabajador relativo a la entrega del certificado art. 80 LCT o cargar con la indemnización que se regula; la brevedad de ese plazo puede así explicar la interposición de otro plazo antes de que aquél requerimiento quede habilitado, ya que, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación puede incluir la necesidad de regularizar el vínculo. La extensión del plazo encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar también esta última interpretación. De tal modo la intimación fehaciente a que hacen referencia tanto la norma originaria como su reglamentación sólo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de 30 días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa (esta Sala, 23/9/05, S.D. 90.810, "Ibáñez, Antonio Daniel c/ Eurobras S.R.L. s/ despido"; íd., 12/8/11, S.D. 95.654, "Sánz, Guillermo Víctor c/ Bonifacio SA y otros s/ despido"; íd., 12/8/11, S.D. 95.652, "Languer, Patricia Adriana c/ Tammaro, Antonio Carmelo s/ despido"; íd., 31/8/11, S.D. 95.724, "Ceraso, Patricio Alejo c/ Telefónica de Argentina SA y otros s/ despido"; íd., 31/8/11, S.D. 95.711, "Torres Devoto, María Victoria c/ Votionis SA s/ despido"; CNAT, Sala III, 27/4/04, S.D. 85.785, "Carabajal, Luis c/ La Internacional S.A. y otro s/ despido; íd. Sala III, 12/12/02, "Puga, María c/ SB Mandataria S.A. s/ despido"; íd., Sala III, 30/04/08, "Cano, Francisco Javier y otro c/ Alas de Aguila S.A. y otro", DT, 2009-315; íd., Sala III, 30/06/10, "López, Miguel Ángel c/ Santax S.R.L. y otros"; íd., Sala V, 02/12/08, "Sosa, Ricardo Gabriel c/ Miguel Antonio Casabuono S.R.L. Servicios de Catering y otro"; íd., Sala V, 26/03/09, "Mashchyts, Igor c/ El Fronterizo Exportadora e Importadora S.R.L. y otros"; en similar sentido: CNAT, Sala X, 30/09/09, "Díaz, Javier Luis c/ Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica", DT, 2010-892).

Este criterio resulta aplicable a la especie, porque la certificación de servicios y remuneraciones acompañada a fs. 27/28 vta. está datada el 9 de noviembre de 2006, fecha a la cual ya habían transcurrido en exceso los plazos mencionados (30 días corridos más 2 hábiles).

Por otra parte, ese certificado consigna una fecha de ingreso posterior a la real y una remuneración inferior a la verdadera, de manera que no refleja la realidad de la relación de trabajo, deficiencia esta que impide tener por cumplida la obligación prevista en el citado art. 80 de la LCT (CNAT, Sala X, 13/11/03, "Ramírez, Marcelo c/ Rodríguez Peña 736 S.A.s/ despido"; esta Sala, 21/9/05, S.D. 90.800, "Carrasco Delfino, Martha Guadalupe c/ Beautimax S.A. s/ despido"; íd., 25/8/09, S.D. 94.261, "Mur, Héctor c/ Cipriano, Horacio José y otro s/ despido"; íd., 23/5/11, S.D. 95.427, "Grosso Teresa Haydee c/ Orígenes AFJP SA y otros s/ despido"; íd., 10/6/11, S.D. 95.495, "Luey Gas SA c/ Saucedo, Isabel Adriana s/ consignación; íd., 28/6/11, S.D. 95.533, "Roda, Carlos Eduardo c/ Ramos, Stella Maris s/ despido"; íd., 31/8/11, S.D. 95.711, "Torres Devoto, María Victoria c/ Votionis SA s/ despido"; íd., 13/9/11, S.D. 95.738, "Giles, Nicolás Facundo G. c/ Arcos Dorados Argentina SA s/ despido"; íd., 31/8/11, S.D. 95.699, Ortiz, Ulises Alberto c/ Jumbo Retail Argentina SA s/ despido"; íd., 28/09/11, S.D. 95.764, "Pojmaevich, Nerina Claudia c/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y otro s/ despido"; íd., 13/10/11, S.D. 95.810, "Monzón, César Jeremías c/ Callobre SA s/ despido"; íd., 11/11/11, S.D. 95.983, "Viva Lorena Mabel c/ Estudio Levy Guido y Levi Soc. de Hecho s/ despido"; íd., 17/2/12, S.D. 96.069, "Prendes, Carlos Raúl c/ Medios y Contenidos Producciones SA Cris Morena Group SA UTE s/ despido"; íd., 17/12/12, S.D. 96.065, "Martínez, Claudia Paola c/ Kaxta SA s/ despido"; íd., 28/12/04, S.D. 95.994, "Sandoval, María Ivana Gisel c/ Muebles Madariaga SA y otros s/ despido").

Por todo ello, sugiero admitir el agravio y condenar a la demandada a abonar la indemnización del art. 80 de la LCT.

VII) El actor se queja también del rechazo del reclamo de horas extras, y entiendo que en este punto no le asiste razón, porque de las declaraciones testificales que menciona en su memorial no surge con claridad la existencia de trabajo extraordinario.

Por otra parte, el propio recurrente sostiene en su memorial que revestía la calidad de gerente (extremo que he considerado probado a mérito de las consideraciones expuestas supra), por lo que evidentemente se encontraba exceptuado del régimen de jornada máxima (conf. art. 3°, inc. "a", ley 11.544 y 11 del decreto 16.115/33).

VIII) Por lo que hasta aquí llevo dicho, corresponde reajustar el monto de condena del siguiente modo:

Indemnización sustitutiva del preaviso con SAC	$ 3.250 Salario días trabajados en setiembre de 2006 (11 días)	$ 1.100 Integración del mes de despido (19 días)	$ 1.900 Vacaciones proporcionales con SAC	$ 130 SAC proporcional	$ 269 Art. 2° ley 25.323	$ 2.575 Art. 80 LCT	$ 9.000 TOTAL	$ 18.224 IX) También se queja el actor del rechazo de la acción respecto del codemandado JULIO CÉSAR MUÑOZ.

Considero que la objeción no debería prosperar.

Como lo he sostenido en otras oportunidades, estimo que para que proceda la acción de responsabilidad contra un director de una sociedad anónima, no basta demostrar que el administrador incumplió sus obligaciones legales o estatutarias o que incurrió en negligencia culpable en su desempeño, sino que deben concurrir los otros presupuestos de la teoría general de la responsabilidad civil, esto es, probar que aquel incumplimiento o comportamiento culposo generó un perjuicio y la adecuada relación de causalidad entre la inconducta y el daño causado (esta Sala, 24/11/05, S.D. 90.956, "Difiori, Rodolfo Alcides / Pesquera Santa Elena SA y otro s/ despido"; íd., S.D. 91.522, "Brahim, Carlos Gastón c/ García; CNCom., Sala E, 18/3/98, "Industrias Record SA c/ Calvo, Marta E.", LL, diario del 31/8/98; en sentido similar, CNCom., Sala A, 8/10/97, "Eledar SA c/ Serer, Jorge A.", LL, diario del 16/3/99). Este último requisito (la relación de causalidad) cumple la función de precisar el alcance de la reparación, ya que el daño es indemnizable sólo en la medida en que responde al hecho generador como consecuencia jurídicamente atribuible al responsable (CNCom., Sala A, 8/9/04, "Meza de Ruiz Días, Telma A. c/ Transporte El Trebol y otros", LL, diario del 24/11/04). Lo mismo cabe decir de la acción de responsabilidad contra los socios, máxime cuando, según el texto del citado art. 54 de la L.S., la obligación de responder se limita a "los perjuicios causados" como consecuencia de la actuación ilícita.

En sentido concordante, ha dicho Vázquez Vialard que "aun cuando proceda imputarle negligencia al administrador.por haber efectuado 'pagos en negro' -lo que le trae aparejada la consiguiente responsabilidad ante el trabajador que, en virtud de esa actitud, ha sufrido un daño patrimonial o de otro carácter-, aquélla se limita al ilícito en que ha incurrido" (Vázquez Vialard, Antonio L. R., "Visión desde el derecho del Trabajo de la teoría de la desestimación de la persona jurídica y de la responsabilidad de los administradores del ente social", Revista de Derecho Laboral, 2000-1, págs. 205 y sgtes., esp. p. 343; el subrayado me pertenece).

En el caso, está claro que ha mediado una conducta reprochable del codemandado JULIO CÉSAR MUÑOZ (presidente de la sociedad) al registrar al trabajador con una fecha de ingreso posterior a la verdadera. Sin embargo, no encuentro reunidos los restantes presupuestos de responsabilidad civil, dado que no existe relación causal entre ese comportamiento y el origen de los créditos que han sido objeto de condena. En efecto, la ruptura del contrato de trabajo se produjo por despido directo, sin conexión alguna con la irregularidad en la inscripción. En definitiva, tanto las indemnizaciones derivadas de la ruptura como las restantes acreencias del actor, no guardan vinculación con el registro irregular.

En síntesis, estimo que no concurren en el caso los requisitos necesarios para hacer responsable al codemandado MUÑOZ por los créditos que han sido materia de condena, por lo que sugiero confirmar la sentencia apelada en este aspecto.

X) El nuevo resultado del pleito que por el presente propongo conduce a dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 Cód. Procesal), lo que torna abstracto el examen de los agravios vertidos sobre esos tópicos.

Las costas (de ambas instancias) de la acción dirigida contra LATIN FOLK SA deberían ser soportadas por dicha firma, vencida en lo principal (art. 68 Cód. Procesal).

En cambio, las de la acción entablada contra JULIO CÉSAR MUÑOZ deberían ser impuestas en el orden causado, dado que el actor pudo (en atención a la irregularidad registral comprobada y a la existencia de jurisprudencia favorable a su postura) considerarse con derecho a demandar a esa persona física (art. 68, 2ª parte, Cód. Procesal).

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, sugiero regular los honorarios de primera instancia de la representación y patrocinio del actor en el 15%, de la representación y patrocinio de los codemandados (en su conjunto) en el 16%, y de la perito contadora en el 7%, todos del monto total de condena, incluidos los intereses; y los de los letrados de ambas partes, por su intervención en la alzada, en el 25% de los indicados precedentemente (arts. 6, 7, 8, 9, 14 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57).

XI) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma total de $ 18.224, con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios. 3) Imponer las costas y regular los honorarios en la forma indicada en el considerando respectivo.

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma total de $ 18.224, con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios. 3) Imponer las costas y regular los honorarios en la forma indicada en el considerando respectivo.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria