Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-05


--- En la ciudad de Trelew, a los 05 días de setiembre del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones esta ciudad, con la Presidencia del Dr. S. Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S. M. S.A. c/ MUNICIP. DE PTO. MADRYN s/ acción reivindicatoria" (Expte. N° 21.692 - año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 795.----------------------------------------------------- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Lucero dijo: ------------------------------------Vienen los presente actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 671) en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 649/656 vta.) por la cual se rechaza la demanda instaurada por "S. M. S." por no encontrarse habilitada la instancia judicial, con costas.--------------------------------------------------------------------Asimi smo, interpusieron recursos de apelación en contra de la regulación de honorarios: a fs. 666, el Dr. G. D. H. en representación de la Dra. A. V. T., por entender que la regulación que mereciera resulta baja; a fs. 667, el Dr. A. O. M., por su propio derecho, apela la regulación que mereciera, por baja; a fs. 669, los Dres. V. A. F. y L. A. N., por su propio derecho, apelan la regulación de honorarios a su favor por estimarlos bajos; a fs. 670, los Dres. V. A. F. y L. A. N., por la representación de la parte actora, apelan los honorarios regulados a los letrados de la parte demandada por estimarlo altos; y, a fs. 673 el Dr. M. E. K., en representación de los Dres. M. A. B., S. A., J. C. M., J. G., V. E. M., D. V. y P. B., apela los honorarios que les fueran regulados a sus mandantes por bajos.------------- ---A fs. 726/740, luce agregado el escrito de expresión de agravios de la parte actora.------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ordenado el traslado del escrito de sostenimiento del recurso planteado a la parte demandada (fs. 741) el mismo es evacuado por escrito obrante a fs. 742/790.----I.- La parte actora expresa que el fallo en crisis es inconstitucional por cuanto afecta la garantía del debido proceso mereciendo -dice- ser descalificada por arbitraria por incurrir en vicios de incongruencia, auto-contradicción y error de juzgamiento, equivocando el razonamiento lógico y aplicando erróneamente el derecho. Añade que también se califica erróneamente los hechos de la causa omitiendo pronunciarse conforme a derecho sobre la situación litigiosa planteada por su parte. Expone que la sentencia conculca el principio procesal básico que se encuentra en el sistema dispositivo, cual es, el de correspondencia o congruencia en tanto el juzgador no se ajustó o limitó su decisión a lo pedido por las partes en los escritos de demanda, defensa o excepción. Precisa que el sendero procesal seguido por la juzgadora para rechazar la demanda fue alegar la inexistencia de un reclamo administrativo previo como condición de viabilidad de la misma, requisito éste que no fue planteado por la demandada y que, por lo demás -expresa- resulta renunciable por quien en su favor ha sido instituido. Con carácter eventual, para la hipótesis de que se confirmara el fallo apelado, apela la imposición de costas por considerar que existe mérito suficiente para aplicar la excepción de la última parte del art. 68 del C.P.C.C., dada la falta de planteo del reclamo administrativo previo de la demandada que se corona con la regulación de honorarios mediante porcentajes cuando aún no existe base regulatoria alguna que permita valorarlos de acuerdo a la actividad desplegada de tal modo que permita afirmar que constituye una justa retribución. Añade también en sustento de tal petición que existen antecedentes jurisprudenciales previos y posteriores que avalan la promoción de la demanda en los términos en que lo hiciera. Por último, se agravia de las costas por cuanto asevera que la tarea de los letrados de la demandada ha sido irrelevante al haberse desestimado la demanda en función de un fundamento no planteado por los mismos. Expresa que de la redacción del libelo con el que instaura la acción surge con claridad que se ha promovido una acción reivindicatoria la que se fundó en el derecho común para lo cual basta con remitirse al objeto y al derecho tal como fueron expuestos. Indica que la sentencia en el considerando, punto I, deja sentado que la acción entablada es la reivindicación de tierras, lo que significa que coincidió con la naturaleza de la acción promovida, de modo tal que mal puede luego encorsetar la misma en el derecho administrativo con remisión a normas propias del mismo cuya inaplicabilidad resulta notoria. En consecuencia, continúa diciendo, la referencia efectuada al párrafo quinto del considerando en cuanto que la acción entablada debe ser considerada dentro de las normas que rigen el derecho administrativo, violenta el principio de congruencia. A partir de allí, dice, se comienza a cometer los errores de juzgamiento en los que -asegura- incurre el decisorio apelado. También se transgrede el citado principio cuando en ese mismo párrafo se alude a las defensas opuestas por la demandada dándole una amplitud en relación a las normas, también del derecho administrativo, que no fueron traídas al proceso y que por lo tanto son ajenas a la traba de la litis. Indica que la demandada solo invocó la ley provincial 3098 para, con apoyo en la misma, plantear la caducidad de la acción bajo el pretexto de haber transcurrido el plazo establecido en el capítulo II del contencioso administrativo art. 131, que a la sazón regula la vía recursiva y no la declamatoria. Es el párrafo 5to. del considerando del decisorio el punto de partida que utiliza la a quo para introducirse en una cuestión ajena a estos autos, como es el reclamo administrativo previo establecido en la ley de procedimiento administrativo nacional y en el orden local en la ley 920, arts. 138 y sgtes.. Repite que ese requisito no fue traído al proceso por la demandada como excepción, ciñéndose a reclamar la caducidad de un plazo especial previsto en la ley 3098 en su art. 131 de neto corte administrativo. Para ello, añade, la juzgadora se apoya en antecedentes del Superior Tribunal de Justicia que cita y de la Corte Federal que también individualiza, los que leídos con detenimiento e interpretados en relación a fallos posteriores del más alto tribunal de la Nación no solo restan razón a los argumentos expuestos en la sentencia sino que además ponen de manifiesto el vicio de auto-contradicción en la cual incurre la misma. Agrega que tampoco puede pasarse por alto la violación del principio de preclusión procesal y su correlativo dispendio de actividad jurisdiccional ya que sorteadas íntegramente todas las etapas de un largo proceso ordinario, se viene a retrotraer el mismo a un estadio que, en todo caso, sería anterior a la traba de la litis como es el examen de oficio de su regular constitución. Insiste que en el aludido párrafo quinto del decisorio se hace expresa referencia a las defensas opuestas por la demandada debiendo haber tenido presente la a quo que precisamente entre ellas no se encuentra aquella en base a la cual se rechaza la demanda: la reclamación administrativa previa. Precisa que la demandada al responder la demanda, por el contrario, solo opuso como defensa el vencimiento del plazo establecido en el art. 131 de la ley 3098, el que se encuentra vinculado a los recursos administrativos en contra de actos administrativos, abonando su posición con precedentes judiciales referidos a la aplicación de esa norma y su vinculación con el contenciosos administrativo municipal; además de plantear la prescripción adquisitiva "longui tempori" respecto de la totalidad de las tierras cuya reivindicación tiene por objeto la demanda. Sostiene que el pedido de aplicación del art. 131 de la ley 3098 resulta improcedente dado que el mismo está reservado para ir en contra de resoluciones administrativas emanadas de las corporaciones municipales o de los organismos autárquicos creados por ella. La demanda tal como fue concebida, la respuesta que a ella dio la demandada y el tratamiento procesal dado por la a quo al presente proceso, permite afirmar -dice- que las partes y el juez de grado están contestes en que no se está en presencia de un ataque a un acto administrativo dictado en base a un recurso, ni demanda ordinaria, según lo disponen los arts. 127 y ss de la ley 3098, sino por el contrario el proceso ha sido instado por una demanda que porta una acción civil por reivindicación de tierras. Por otro lado, continúa exponiendo, si se pensara que la acción desplegada por la actora ha sido un recurso contencioso administrativo antes que cualquier otra cuestión, nos encontraríamos en presencia de una clara incompetencia respecto de la a quo, ya que expresamente el art. 127 de la ley 3098 reserva la misma a la Cámara de Apelaciones y del Trabajo cuando dispone que conocerá originariamente de los recursos contenciosos administrativos. Insiste que la demanda tiene como único objeto la reivindicación de tierras sin punto de contacto con algunas situaciones previstas como marco del contencioso administrativo municipal, indicando: I) el ataque a una resolución definitiva de la corporación municipal y II) la vulneración de un derecho de carácter administrativo por parte de esa resolución. La aplicación que la Juez a quo otorga en su decisorio al art. 131 de la ley 3098 es ajeno a aquel dado por la demandada incurriendo -alega- en incongruencia. La cita que efectúa la juzgadora de dicho artículo, dice, la hace para expresar que conforme al mismo, el contencioso administrativo municipal y las acciones ordinarias contre el Estado municipal, están regidas por la ley 3098. Sostiene que ello no es así ya que el capítulo XI de la citada ley trata únicamente el contencioso administrativo y cuando se refiere a la vía ordinaria, no lo hace en relación a demandas como la promovida por su parte, sino a aquellas estrictamente referidas a una cuestión administrativa que tuviere lugar por aplicación del art. 128 de la Ley 3098, optando por esa vía el administrado al dejar de lado el recurso administrativo. Indica que el objeto de la demanda es claro y del mismo surge que la ella queda fuera del capítulo XI de la ley 3098, arts. 127 a 133, tratándose de una acción de reivindicación según el art. 2758 y ss. del Código Civil y por lo tanto es ajena a la naturaleza de la vía contencioso administrativa. Asevera que la juzgadora del anterior grado reconoce expresamente que la demandada no opuso la "reclamación administrativa previa" como objeción al progreso de la demanda pasando a transcribir el párrafo décimo del punto II del considerando en el que admite para sí la facultad de efectuar un análisis oficioso de la existencia de la reclamación administrativa previa. Postula que el otorgamiento oficioso de dicho "privilegio" que la demandada no reclamó para sí, es contrario de precedentes de la Corte Federal e incluso, de la doctrina del Superior Tribunal de Justicia de la provincia sentada en la leading case "H. G. N. D. c/ Prov. Chubut s/ Sumario" del cual surge la improcedencia de verificar de oficio el cumplimiento del requisito establecido en el art. 128 de la ley 920. Explica que el precedente que cita la juzgadora sienta doctrina respecto de la renunciabilidad del privilegio establecido por la ley 920, y es más, advierte que resulta contrapuesto con el art. 98 de la Carta Magna de la Provincia del Chubut, que transcribe. Reitera que en lo que refiere al requisito establecido por el art. 128 de la ley 920 estableció dicho precedente que el mismo se trataba de un privilegio renunciable. Previo transcribir porciones de los votos de los Dres. P., T. y R., concluye en que resulta manifiesto entonces la incongruencia del fallo conforme a cómo ha quedado trabada la litis en cuanto se contradice con la doctrina del Superior Tribunal de Justicia. Bajo el titulado de violación de los principios procesales de preclusión y congruencia manifiesta que sin esfuerzo puede colegirse que promovida la demanda la sentenciante se tuvo por competente, declaró habilitada la instancia y corrió traslado de la demanda a la contraparte. De allí, afirma, que precluyó todo cuestionamiento de oficio respecto de esas dos cuestiones: competencia y habilitación de la instancia. Continúa diciendo, que corrido traslado de la demanda, esta la respondió sin objetar la competencia y la habilitación de la instancia, precluyendo para ella con la traba de la litis el momento procesal para traer al proceso esas dos cuestiones. De modo tal, expresa, que al abordar la sentencia la habilitación de la instancia transita por un camino cerrado en principio para el sentenciante. Así la sentencia al abordar el requisito de habilitación de instancia luego de transcurrido ocho años no cabe duda que violenta el principio de preclusión y al hacerlo, al no ser introducido por la contraria en el momento oportuno, es decir al no ser motivo de debate, además trasgredió el "principio de congruencia" e incurre en el vicio de extra petita. No es del caso considerar como lo hiciera la sentenciante si la habilitación de instancia puede o no ser revisada de oficio sino si ello puede acontecer en este momento procesal. Alude a los casos "G." y "Franco", de la C.S.J.N. explicando la diferencias entre lo sucedido en autos y en dichos antecedentes. Resalta la contradicción en la que incurre la sentencia al hacer referencia al precedente "B." en el cual se resolvió que el juez, al tiempo de declarar habilitada la instancia debe examinar de oficio si resultan "prima facie" reunidos los presupuestos especiales de admisibilidad de la demanda. Concluye que es evidente que en autos la sentenciante ha desoído el principio de preclusión procesal al cual remite el propio precedente de la C.S.J.N. que se citara. Agrega que en un reciente pronunciamiento la Corte Federal volvió al precedente "Cohen" y lo hace en el caso "R." del 26/10/04, donde se indicó en votos de los ministros P. y Z. que los jueces no están facultados para denegar de oficio la habilitación de la instancia judicial ni declarar por esa vía la caducidad de la acción deducida ante ellos. Refiere a que la Sra. Juez a quo no solo expresó que no se habría agotado la vía administrativa sino que, además, ésta no se habría iniciado. Afirma ello por cuanto ante las resoluciones denegando el visado de planos su parte no habría interpuesto recurso alguno. Al respecto dice que sin pasar de alto que el objeto de la demanda le es ajeno toda pretensión referida a la aprobación de planos, por lo que su parte no trajo tal cuestión al proceso ni reclamó decisorio alguno en tal sentido. Las resoluciones a las que alude la juzgadora son suscriptas por el Intendente de la ciudad de Puerto Madryn resultando de ello eventualmente que solo habría cabido contra las mismas la vía recursiva directa ante la jurisdicción. Señala que esa vía es alternativa y no obligatoria pudiéndose prescindir de la misma y promover la vía ordinaria. Esta última supondría la reclamación administrativa previa, preguntándose en ese hipotético marco en qué habría consistido la misma en la especie cuando la denegatoria del visado de los planos vino acompañada por la expresa y definitiva manifestación de la cabeza del ejecutivo municipal respecto de una cuestión que excedía el trámite administrativo, como lo fue la de atribuirse la titularidad dominial de las tierras con remisión a la prescripción longui tempori.

Lo dicho, expresa, es al solo efecto de hacer referencia al párrafo puntual de la sentencia que indica a que no se habría agotado la vía administrativa y que tampoco ésta se habría iniciado. Reitera que la demanda de autos se trata de una cuestión absolutamente diferente por lo que se agravia de la tergiversación que se hace de la pretensión deducida que en ningún caso tiene que ver con un reclamo administrativo que desemboca en un planteo judicial, sino, por el contrario, en un reclamo judicial liso y llano. Dice haber promovido una acción ordinaria civil por reivindicación de tierra por lo que no se ajustó a la vía recursiva prevista en el art. 127 y sgtes. de la ley 3098 a la que equivocadamente alude la demandada para, haciendo pié en la misma, deducir como defensa la caducidad de esa inexistente vía recursiva. Indica que la juzgadora no se pronunció sobre esa defensa para ingresar en una cuestión absolutamente ajena a la litis como sería el cumplimiento del requisito procesal de "habilitación de instancia" conculcando con ello el principio de congruencia contemplado en las normas procesales y constitucionales que cita. Seguidamente efectúa una síntesis del agravio puntualizando la diferencia entre recurso y reclamo, explicando que si lo que se persigue es la impugnación judicial de actos administrativos, que en el caso de autos sería la no aprobación de los planos presentados, resultará necesario agotar la vía administrativa. Por el contrario, cuando se pretende una impugnación directa de actos de alcance general, o bien, se tiende a cuestionar el accionar administrativo que no configure actos administrativos se deberá estar a la reglamentación sobre la vía reclamatoria, señalando que esto último es de aplicación al caso. Se puede afirmar entonces, manifiesta, que existen dos vías, una recursiva que procede frente a un acto o declaración de voluntad administrativa que se quiere remover y una reclamatoria cuando no hay un acto, sino que se procura lograr un pronunciamiento expreso de la administración en ausencia de declaración de voluntad administrativa exteriorizada. El municipio demandado en su contestación de demanda dedica un apartado a la "caducidad para deducir la acción" y afirma que la demanda fue incoada luego de haber transcurrido con exceso el breve plazo que prescribe el art. 131 de la Ley 3098. En tal afirmación se refleja la confusión del municipio sobre el planteo que realiza su parte puesto que no se está pretendiendo que el municipio vise los planos presentados ni se está cuestionando acto administrativo alguno. Se accionó judicialmente a fin de lograr que el municipio reconozca su propiedad del inmueble en cuestión. Recalca que como no se está recurriendo un acto administrativo no resulta viable la aplicación del art. 131 de la ley 3098 que regula la impugnación de los mismos. Indica que la juzgadora también confunde la vía recursiva con la declamatoria por cuanto cita jurisprudencia del orden federal que trata aspectos relacionados con los recursos administrativos y no con los reclamos, como el caso "Gorordo" que reseña, concluyendo que tanto los presupuestos de hecho como los términos de la sentencia de la Corte hacen referencia a un recurso administrativo citando artículos de la ley nacional relativos a los recursos administrativos. De ello concluye que el marco del debate perteneciente al caso de autos difiere del correspondiente al caso citado siendo inaplicable a la presente litis. Postula que la naturaleza de la acción intentada es reivindicar una cosa que se rige por el derecho común. Precisa que el agotamiento de la vía administrativa en la jurisdicción de la provincia tuvo tratamiento en el antecedente "H." extrayendo un párrafo del voto del Dr. R. que estima de importancia para el caso en cuanto destaca i) la vía de introducción al proceso y ii) su carácter renunciable. Destaca asimismo, que la interpretación de normas del procedimiento administrativo nacional solo son de aplicación cuando coinciden con la normativa provincial. A partir de ello, explica que en el orden federal luego de la reforma a la ley de procedimiento administrativo del año 2001, los jueces verifican oficiosamente el cumplimiento del agotamiento de la vía administrativa puesto que una norma expresamente se los exige. No existe en el orden provincial aplicable al caso ninguna norma siquiera similar a la mencionada. La Sra. Juez a quo afirma que el requisito de agotamiento de la vía administrativa constituye presupuestos de la demanda que pueden y deben ser verificados de oficio por el juez y cita jurisprudencia que pertenece en su totalidad al orden nacional y que se encuentra relacionada con la posibilidad de los jueces de revisar de oficio el cumplimiento de los requisitos de la habilitación de instancia. Postula que en el orden nacional al permitir el control de oficio del agotamiento de la vía administrativa a los jueces funciona como un presupuesto de admisibilidad, pero en el orden provincial donde no existe norma legal que exija tal verificación de oficio el requisito del agotamiento de la vía administrativa funciona exclusivamente como excepción que deberá oponer oportunamente la administración. Si no se la opone y el juez oficiosamente la otorga de oficio se estaría supliendo -como aconteció en el caso- la actividad de las partes en violación de la garantía de defensa en juicio por cuanto se expide pronunciamiento sobre derechos no debatidos por las partes. Efectúa citas de jurisprudencia nacional relativa al plazo de caducidad a cuyo análisis remito, concluyendo que, en todo caso, el análisis que efectúa la a quo sobre el agotamiento de la instancia administrativa debió hacerse, para el hipotético caso de corresponder su verificación de oficio, al momento de darse traslado de la demanda o, a todo evento, antes de abrirse la causa a prueba pero nunca, afirma, al momento de dictarse sentencia. "Ad eventum", para el supuesto que la reclamación administrativa previa hubiera estado en discusión, sostiene que su agotamiento se encuentra perfeccionado. Refiere que el municipio demandado ha reconocido expresamente que rechazó el visado de los planos por entender que se trata de un inmueble ".considerado por este municipio de Dominio Público Municipal y librado al uso público y libre tránsito desde tiempo inmemorial." (pág. 10 de la contestación de demanda).

De allí que sostiene que la presentación efectuada por la titular del dominio -su parte- a fin de que le fueran visados los planos y su consecuente rechazo debe tenerse en base al principio del informalismo, como reclamo administrativo previo. Postula que el municipio contestó en reiteradas ocasiones que no reconocía la propiedad de S. M. S.A. sobre el inmueble involucrado y conforme se encuentra inscripto -afirma- en el Registro de la Propiedad Inmueble. Todas estas presentaciones han configurado el reclamo administrativo que la Sra. Juez a quo afirma no haberse efectuado. Añade, que de la lectura de las resoluciones municipales que deniegan el visado de los planos, cuentan entre sus fundamentos que el municipio considera esas tierras del dominio público municipal y librado al uso público y libre tránsito desde tiempo inmemorial. Esas resoluciones del mes de octubre de 1996 fueron suscriptas por el Intendente. La razonabilidad de este planteo se impone, puesto que para el hipotético caso que su parte hubiese vuelto a plantear esta situación la municipalidad sin dudas se hubiese remitido al expediente por el cual rechazó el visado de los planos, reiterando los motivos por los que rechazaría nuevamente la solicitud. Es más, confirma ello -afirma- la conducta asumida en el proceso donde al replicar la demanda deja planteada la "usucapión" por lo que la "ratio" del reclamo administrativo previo, para que la administración pueda tener la oportunidad de rever su conducta, no se daría. Efectúa cita doctrinal en sustento de tal afirmación a la cual también remito. Recalca que, sin embargo, que lo fundamental para la resolución de esta causa es el capítulo V de la ley 920, en el que no se impone un plazo para articular la demanda judicial posterior al reclamo. Expresa que, a contrario de como se lo sostiene equivocadamente en la contestación de demanda, los plazos de caducidad se vinculan necesariamente a la existencia de un acto administrativo y su correlativa impugnación por vía de recursos en sede administrativa. Refiriéndose a la innecesariedad del reclamo, arguye bajo el subtítulo de "ritualismo inútil", exigirle a su parte que luego de la terminante posición adoptada por el municipio se volviera a plantear idéntico pedido pero esta vez no en forma de "visado" de planos sino en forma de reclamo administrativo, resulta un claro ejemplo de lo que la doctrina denomina "ritualismo inútil". Sostiene que cabe reconocer una presunción cierta de ineficacia del procedimiento puesto que existe una clara conducta administrativa en sentido contrario a la pretensión que se intente formular. Alude al reconocimiento de la sentenciante de que el objeto de las resoluciones del intendente del municipio demandado coincide con el objeto del presente pleito las cuales rechazaron su pretensión haciendo conocer cuál era su posición respecto del particular, posición que vuelve a poner de manifiesto a lo largo de todo el proceso judicial. Considerar que todo este proceso ha sido en vano y obligar a su parte a volver a sede administrativa a obtener una respuesta que ya se conoce, constituye un exceso ritual manifiesto. Cita jurisprudencia y la doctrina vinculada a lo cual remito, concluyendo que su parte se encuentra perfectamente legitimada para iniciar la acción reivindicatoria interpuesta en virtud que agotó la instancia administrativa con innumerables reclamos efectuados a través de presentación de planos, escritos y cartas documento. La respuesta expresa a todas esas presentaciones por parte de la Municipalidad fue clara afirmando una y otra vez que esas tierras en debate serían del dominio público municipal estando libradas al uso y utilidad pública desde tiempo inmemorial. Esa circunstancia, aduce, la releva de efectuar cualquier nuevo reclamo en sede administrativa. Reitera que, además, la Municipalidad demandada no ha opuesto excepción alguna relacionada con la necesidad de efectuar reclamo previo alguno por lo que es improcedente, según la normativa de aplicación al caso, su revisión de oficio por la Sra. Juez a quo. En relación a la imposición de las costas expresa que al tiempo de pronunciarse la juzgadora del anterior grado por el rechazo de la demanda no contempló que el fundamento dado para ello que se apoya en jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia del año 1998, que es cuando se promueve la acción, aún no se contaba con tal antecedente respecto del requisito procesal referido a la "habilitación de la instancia". De tal suerte, dice, la sentencia se refiere a una cuestión no propuesta en el proceso, dejando de lado el planteo concreto de reivindicación que hizo su parte. Cita un trabajo doctrinal referido al tema del reclamo administrativo previo, jurisprudencia vinculada, reiterando que la falta de invocación por la demandada de dicho planteo en su contestación de demanda implicó en todo caso su renuncia por lo que no debió la sentenciante introducirlo. Sostiene que el antecedente "H." citado en el decisorio en crisis es importante en su justa exégesis por cuanto en él los ministros votantes coinciden sobre la renunciabilidad del requisito del reclamo administrativo previo. Resume que, entonces, se tiene que al tiempo del inicio de la demanda (año 1998) aún no se había dirimido la cuestión de la admisibilidad o no del examen de oficio del cumplimiento de la reclamación administrativa previa. La Corte Suprema de Justicia se pronunciaba sobre la improcedencia en tal sentido y durante el desarrollo de este proceso ve la luz el precedente "H." que define la renunciabilidad. Que la demandada no opuso reparo alguno para la habilitación de la instancia siendo la juzgadora quien suple tal omisión. De todo ello, en definitiva, expone, existe mérito suficiente para que en la hipótesis de que se confirmare la sentencia se haga uso de lo dispuesto en el art. 68, párrafo 2do. del C.P.C.C., eximiendo de costas a su parte. Alega sobre la existencia de diferentes opiniones jurisprudenciales respecto a la constitucionalidad del art. 98 de la Constitución de la Provincia del Chubut al tiempo de promoción de la demanda siendo dirimida tal discrepancia con el caso "H.l" en el año 2002, es decir, cuatro años después de interpuesta la presente demanda, lo cual perfecciona en autos la situación que permite eximir de costas a su parte. Se conecta con la condena en costas, dice, el modo utilizado para regular los honorarios en la sentencia apelada, fijando los emolumentos según un porcentaje aún cuando no existe base cierta que permita comprobar si la determinación económica de los mismos, por aplicación de dichos porcentajes, constituye en los términos del art. 6 inc. d) de la ley de aranceles provincial, una retribución que tenga correspondencia con el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo. Manifiesta que se dice así por que de confirmarse la sentencia el rechazo de la demanda no sería consecuencia de un planteo -excepción o defensa- de la demandada, a quien se le reconoce a pesar de ello el éxito, sino por la actuación de oficio por parte de la juez de grado. Efectúa citas jurisprudenciales varias, cita el art. 13 de la Ley 24.432 a los efectos de que se pondere la importancia de la labor profesional y su posible desajuste en relación al honorario que, conforme la escala arancelaria mínima, deba fijarse para apartarse de la misma. Asevera, además, que la regulación de honorarios se encuentra desprovista de toda pauta lo cual puede llevar al absurdo de arrojar cifras insignificantes o valores más que millonarios que lesionen el legítimo derecho de defensa en juicio por cercenar la posibilidad de acceder a una instancia recursiva dando cuenta de los agravios que concretamente ello pueda importar. Realiza nuevas citas jurisprudenciales en apoyo de su posición a las que remito. Bajo el titulado "Planteo Reivindicatorio" expresa que se refiere al objeto del proceso que no fue tratado por la juzgadora al apartarse del principio de congruencia según lo expresara "supra". Rememora que su planteo fue una acción reivindicatoria probando en el curso del proceso los extremos que hacen a la procedencia de la acción. Así, indica, acreditó su carácter de titular dominial desde la compra de la tierra que hiciera en el año 1941 el fallecido Don Julio San Miguel a la firma inglesa The Port Madryn Company, hasta la actualidad tanto por vía del derecho sucesorio y luego por incorporación del bien a la sociedad anónima actora constituida por herederos. Probó, además, el reconocimiento expreso por parte de la demandada de esa titularidad mediante la promoción del juicio caratulado "Municipalidad de Puerto Madryn c/ S. M. S. s/ Ejecución Fiscal" Expte. 965- Fº 160- año 1987- ficha 2071 y la posterior entrega en venta a la municipalidad de tierras según el Expte. Administrativo Nº 029/70 anexo 4º con destino al pago de impuestos, tasas y contribuciones vencidas y a vencer hasta el año 2010. Indica que la demandada opuso al progreso de la acción la defensa de la prescripción adquisitiva respecto de la tierra de su dominio argumentando haber poseido "desde tiempo inmemorial" las tierras en reivindicación. Refiere que la doctrina administrativa enseña que los institutos de la "prescripción l. T." y l. "vetustas" solo tienen aplicación tratándose de bienes "artificiales", como son las calles, caminos, etc., pues la afectación de los bienes en nuestro ordenamiento, al menos, única y exclusivamente nace de la ley. De allí, expresa que dada la naturaleza del bien que se reivindica -"natural"-, la doctrina resulta concluyente cuando descarta el instituto del uso inmemorial (vetusta) invocado por la demandada; como también la prescripción larga (usucapión), a los fines de su adquisición y consiguiente afectación al dominio público, refiriendo que respecto de los bienes que participan de tal naturaleza, única y exclusivamente nacen de la ley. Efectúa variada cita doctrinal relativa al tema a la cual remito. Añade que por otro lado puede llevar a confusión el argumento de la Municipalidad referido a que sería la comunidad de Madryn la que se encontraría demandada por ser esta quien habría hecho uso desde tiempo remoto de las tierras en reivindicación. La prueba testimonial demostró que aún al año 1978 no era ocupada esa zona prácticamente por los habitantes de Madryn (testimonio del escribano Moore de fs. 218) aclarando ese testigo que su casa era, en el año 1972, la anteúltima casa del pueblo. Destaca con trascripción parcial en negrita de una cita doctrinal que el uso por la colectividad, sea o no inmemorial, no puede ser considerado como una manifestación de voluntad del poder político, elemento indispensable para la afectación. Argumenta que sin perjuicio de la improcedencia del uso inmemorial como modo pretendido por el municipio de adquirir el dominio de las tierras que se reivindican, sea por la naturaleza del bien "natural" o por la falta del transcurso del tiempo que haga operable el instituto, a partir del reconocimiento judicial llevado a cabo por la sentenciante con presencia de las partes y de peritos pudo corroborarse que solo mínimas porciones del lote en reivindicación han sido ocupadas por el municipio sin que por cierto esa ocupación fuera librada al uso público ya que se corresponde con concesiones otorgadas a particulares para su explotación comercial, obteniendo como contrapartida un rédito mediante la percepción de cánones. La antigüedad de esas concesiones, como indica que está acreditado en autos, no alcanza ni siquiera para usucapir por el transcurso del plazo de veinte años. La circunstancia apuntada, dice, se encuentra fehacientemente acreditada mediante el plano de mensura efectuado por el perito agrimensor designado a tal efecto (fs. 276) en el cual se marcaron las pequeñas superficies ocupadas por las concesiones dadas por el municipio. Vuelve a sostener que no ha demostrado la demandada que efectuara actos posesorios por el plazo que la ley autoriza para adquirir la propiedad. Concluye que ni por vía de prescripción ni de afectación, puede afirmarse como lo hace el municipio que la tierra ha ingresado en el dominio público ya que la utilización que de ella hace la demandada lejos está de tener ese carácter. Cita jurisprudencia que sostiene el criterio restrictivo y riguroso en materia de prescripción adquisitiva. Plantea cuestión federal sobreviniente y efectúa reserva de recurso ante la Corte Interamericana de Justicia.----------------------------------------------------------------------- ------------------- ---Al responder al traslado de los agravios formulados por la parte actora apelante la demandada expresa, previo reseñar los antecedentes de la causa, que son dos los agravios que se exponen, el primero, referido al rechazo de la demanda por no estar habilitada la instancia judicial y, el segundo, a la forma en que se impusieron las costas. Respecto del primero señala que a fin de demostrar la sinrazón del mismo pone de manifiesto cual es la doctrina del Superior Tribunal de Justicia al respecto. Asevera que la parte actora consintió las Resoluciones Nros. 813/96, 856/96, 857/96 dictadas por el Intendente municipal y que su parte planteó como defensa que la pretensión de la actora no tenía habilitada la instancia judicial en virtud de que los actos administrativos dictados han causado estado conforme lo establece el art. 129 de la Ley 3098. Cita en tal sentido el voto del Dr. Pasutti, en sentencia del N° 3 del 02/04/03 recaída en autos "M. y Cía S.C. -N. y C. E. S. U. c/ Municipalidad de C. R. s/ Recurso C. A." (Expte. Nro. 18.623-C-2002) que trascribe parcialmente para destacar que en dicho voto se afirma que la exigencia de reclamación administrativa previa constituye uno de los recaudos de admisibilidad de la vías previstas por la ley 3098, tanto para habilitar el proceso ante las Cámaras de Apelaciones, como para el caso que se ejerciera la opción por la vía ordinaria prevista por el art. 131 "in fine". Cita también la SD N° 29/SER/00, donde se aludió -señala- a los distintos sistemas conocidos de control jurisdiccional de la Administración Pública: el de la jurisdicción única, que reclama gran parte de los doctrinarios, en que la competencia de control está atribuida al Poder Judicial; y el de doble jurisdicción que distribuye la competencia entre tribunales judiciales y administrativos constituyendo esta última una llamada "jurisdicción primaria, amplia y detalladamente tratada por G. en su tratado de la "jurisdicción administrativa y su control judicial, Tomo II. Indica las citas doctrinales de donde extrae tales señalamientos y su desarrollo del voto que transcribe "in extenso" y al que remito en aras de la brevedad. Cita también el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia dictado el 29 de junio de 2005 en los autos caratulados: "G., R. R. c/ Instituto de s. S. y S. s/ D. y P." (Expte. N° 20.510-año 2005) relacionado a que la reclamación administrativa previa no vulnera el derecho a la jurisdicción y que también trascribe. Expresa que a partir de la doctrina que dimana de tales precedentes la sentencia de grado se ajusta a derecho ya que su parte articuló como defensa que la actora no tenía habilitada la instancia judicial de lo cual, concluye, no se ha violado el principio de congruencia ni de preclusión procesal ya que en forma previa al examen de fundabilidad, procedió a verificar la legitimación de la parte actora en virtud de la defensa opuesta por su parte respecto de que no se encontraba habilitada la instancia judicial. En relación al segundo agravio que individualiza referido a la condena en costas manifiesta que es inexacto el argumento expuesto en cuanto a que al momento de la promoción de la demanda el Tribunal de Justicia de la Provincia de C. aún no había encontrado oportunidad para pronunciarse respecto del requisito procesal referido a la "habilitación de la instancia", toda vez que se encontraban vigentes al momento de su promoción el art. 138 del Dcto. Ley 920, como así también el art. 130 de la ley 3098. A su vez, destaca, en el escrito de demanda la parte actora no formuló ningún tipo de cuestionamiento o impugnación a las referidas normas. Concluye de allí, que el argumento carece de sustento en los hechos como en el derecho aplicable. Agrega que también resulta inexacto que su parte no invocó en el escrito de contestación de demanda "el reclamo administrativo previo". Advierte que de su lectura resulta que articuló como defensa que no se encontraba habilitada la instancia judicial, por lo cual mal puede sostenerse que renunció a plantear dicha cuestión, o que no hubiera opuesto reparo alguno a la habilitación de la instancia. Indica que tal postulación se encuentra incluida dentro de la actividad faltante determinante de la caducidad de la posibilidad de actuar en justicia. Advierte que su afirmación con relación a la evolución jurisprudencial de la cuestión a fin de pretender justificar la exención de costas, no resiste análisis habida cuenta que a ese respecto el escrito de demanda nada se dijo. Por ende, no puede ahora pretender que se la exima de costas invocando una jurisprudencia que hace a una cuestión que ni siquiera invocó. Señala que las cuestiones que dan lugar a la eximición de costas son de dos tipos: o bien cuestiones dudosas de derecho, o bien, cuestiones dudosas de hecho. En el caso, no fue articulada por la actora ninguna cuestión dudosa de derecho o un cuestión dudosa de hecho, por lo que, concluye, no puede ser eximida de costas. En cuanto al modo de regular honorarios destaca que la parte actora apeló y fundó el recurso interpuesto en su contra por lo que tal cuestión, dice, es una etapa precluida resultando sus manifestaciones al respecto extemporáneas careciendo de legitimación su parte para replicarlas. Anade que en lo atinente al modo utilizado por la a quo para regular los honorarios es una cuestión ajena a su parte y solo de interés de los letrados que la han representado y asistido, por lo cual todo lo manifestado a ese respecto en las páginas 22 y 23 del escrito que responde no tiene relación con el agravio referido a la condena en costas de la parte actora. A continuación bajo el título "responde al planteo reivindicatorio", se explaya "ad e." de que se resolviera declarar la nulidad de la sentencia de grado considerando la pretensión de la actora a todo lo cual me remito por razones de brevedad.----------------------------------------------------------------------- --------------------II.- Análisis y decisión: -------------------------------------------------------------------- ---En los límites demarcados por los agravios formulados por la parte actora recurrente ingresaré a su tratamiento siguiendo, por razón de un mejor orden, la misma secuencia con el que fueran expuestos, individualizándolos del siguiente modo, a saber: 1) afectación del principio procesal de congruencia; y, 2) imposición de costas.------------------------------------------------------------------------- ----1) Afectación del principio procesal de congruencia: Se sostiene que el fallo incurre en el vicio de incongruencia por cuanto contiene un veredicto fundado en una defensa no opuesta por la parte demandada al tiempo de trabarse la litis, como lo es la falta de habilitación de la instancia por omisión del reclamo administrativo previo. Advierte que al contestar la demanda el municipio accionado solo hizo referencia al plazo de caducidad contemplado por el art. 131 de la ley 3098 para el ejercicio de la vía recursiva y no la reclamatoria.--------------------------------------------Efectivamente puede corroborarse la verdad de tal alegación impugnaticia de la simple lectura del escrito contestatario en donde textualmente se expresó bajo el titulado de "caducidad para deducir la acción", lo siguiente: "...En el presente caso, el actor ha deducido una acción de reivindicación de la posesión de tierras del Municipio, y su reclamo se funda en el rechazo de la visación de planos por parte del Municipio, actos administrativos que presuntamente lo agravian y se reserva una supuesta indemnización por los daños que le ocasionara. No puede eludir por la materia (visación de planos, Derecho Administrativo Municipal, cuestión eminentemente administrativa ya que hace a la organización y funcionalidad del Estado Municipal) el procedimiento y los plazos fijados por la ley...(...)La Sociedad S. M. S. fue notificada -según constancias originales acompañadas como prueba- en las siguientes fechas 16/10/96, 26/11/96 (Resoluciones dictadas por el Departamento Ejecutivo N° 856/96, 857/96, 813/96 y 938/96). A partir de esas fechas de notificación empezó a correr el plazo de caducidad referenciado de 15 días..."(sic)(fs. 26 vta.).----------------------------- --------Pues bien, la Sra. Juez a quo, ante tal puntual argumento de la defensa expresó: "...La acción entablada por los actores y las defensas opuestas por la demandada deben ser consideradas dentro de las normas que rigen al Derecho Administrativo, en particular las leyes 37, 3098, decreto ley 920 y las reglas interpretativas derivadas de la ley 19.549..."(sic)(conf. sentencia de 1ra. instancia, 2do. párrafo de fs. 654).--------------------------------------------------------------------------T ranscribo particularmente el párrafo precedente por cuanto a partir de mismo se signa de manera relevante todo el desarrollo posterior, el que realiza en pos de evaluar si se reúnen los presupuestos de una acción contenciosa administrativa válida para obtener un pronunciamiento de mérito sobre el fondo del asunto, en especial, el específico presupuesto de admisión relativo a la reclamación administrativa previa (vide: considerando II -fs. 654 vta.).---------------------------------Me detengo brevemente en esta afirmación sentencial, vinculada a la naturaleza de la pretensión incoada en autos por cuanto, estimo, es en extremo relevante para dilucidar el sentido que ha de tener, en esta porción al menos, el recurso bajo examen.------------------------------------------------------------------------- --------------------Claro e indudable emerge el objeto de lo pretendido en la demanda, cual es, la reivindicación de una superficie de terreno, cuya superficie se explicita -aunque sin mensura- a través de los cuatro planos que se adjuntan (vide: punto 2 "Objeto" del escrito de demanda -fs. 11-)(dichos planos fueron presentados por notas N° 1684 del 8/3/96, que originó el dictado de la Resolución del PEM Nro. 813/96; la N° 5726, del 5/8/96, que originó la Resolución del PEM Nro. 857/96; la nota N° 6473, del 5/9/96, que originó la Resolución del PEM Nro. 856/96; y, la nota N° 7523 del 18/10/96, que originó la Resolución del PEM, Nro. 938/96, toda documental que reservada en caja de seguridad del tribunal que tengo a la vista).------Y en este sentido, tengo para mi, que debe estarse al contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico procesal para determinar si la cuestión es de naturaleza "contencioso administrativa", o bien, si es de aquellas que caen bajo el imperio de las normas de derecho privado o común.--------------------Y en tal línea de análisis encuentro que si bien el rechazo del visado requerido a la corporación municipal demandada en autos implicó el dictado de las resoluciones de D.E.M. que, como tales, constituyen "prima facie" actos administrativos en cuanto contienen una manifestación de voluntad del órgano de representación municipal -Intendente-, lo concreto es que el objeto de controversia plateado en este proceso es el conflicto de intereses suscitado con motivo de la controversia nacida de tal posicionamiento respecto de quien se atribuye la calidad de titular del derecho real de propiedad y pide se le restituya la posesión del inmueble que se reivindica contra aquel que se encuentra en posesión del mismo, que en la especie es el municipio de Puerto Madryn (Conf Art. 2758 del Código Civil).------------------------------------------------------------------------- ----------------------Y, aún cuando se entendiere que dichas resoluciones no importan actos administrativos sino una mera toma de posición de la administración municipal, clasificable en la nueva categoría que, según la tesis de M., consistiría en "los meros pronunciamientos administrativos", con más razón resultaría inexigible la reclamación administrativa previa y menos aún vincular ella al plazo de caducidad contenido en la ley 3098 para la vía impugnativa contenciosa administrativa y no la reclamatoria ordinaria que solo se encuentra supeditada al plazo de prescripción que corresponda.-------------------------------------------------------------------- --------------En tal sentido y en apoyo de tal tesis, C. expresa que "en el caso de los meros pronunciamiento administrativos, que son aquellos que se emiten cuando el recurrente solicita, por ejemplo, el reconocimiento de un derecho incorporado a su patrimonio, cuya existencia no depende de una declaración administrativa, atribuirle a la posición negativa de la Administración los efectos de un acto administrativo que repercute sobre su esfera jurídica alterándola o afectándola para de allí en más aplicarle los plazos de caducidad y los requisitos inherentes a la impugnación judicial de los actos, que agotan la vía administrativa, resulta un contrasentido mayúsculo que choca abiertamente el principio de tutela administrativa y judicial efectiva, incorporado expresamente a la Constitución Nacional" (ver: autores citados en: "Los meros pronunciamientos administrativos" en AAVV, Derecho Administrativo, homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff, Ed. Abeledo Perrot, ed. año 1998, pág. 651; y "El Contrato Administrativo", ed. 1999, Cap. VII, págs. 162/165; ver también CNFed. Cont.Adm., Sala I, 5/7/84, in re "Polledo S.A. c. Consejo Nac. de Invest. Cient. y Téc."; ídem. CNFed., Cont. Adm., sala II, in re: "A., Ascensión H. C. E. Nacional -Ministerio de Educación", L.L. 1997-D-695).--------- -------------------------------------------------- -----La distinción que surge entre el acto que resuelve un reclamo y un recurso coincide con la distinción que efectúa H. M. entre meros pronunciamientos y actos administrativos. A juicio de dicho autor los primeros son conductas estatales que se limitan a fijar la posición del Estado ante el particular pero sin ser, por sí solas, hábiles para modificar la esfera jurídica del particular. Y tal criterio puede considerarse válidamente que fue aplicado por la Corte Federal en el caso "Serra" respecto de un acto que denegó el reclamo de cobro de honorarios por una obra contratada por la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Ver: C.S.J.N., Fallos 316:2454, consids. 17 y 21).-------------------------------------------------------- ----Ahora bien, siguiendo este ideario, establecido que fue que se ejerció propiamente en autos la acción ordinaria que, como tercera opción, prevé el art. 131 "in fine" de la ley 3098, he de reiterar y dejar precisado que no opera para ella el plazo de caducidad de 15 días que el mismo artículo citado establece para el ejercicio de lo que denomina equívocamente "recurso" (rectius: "acción") y que se encuentra expresamente reglado por los arts. 127 al 133 de la mentada ley de corporaciones municipales (Conf. CNFed. Contecioso Administrativo Federal, Sala I, 28/11/2000, causa: "Greppi, Laura k. c. M.E.O. y S.P. y/u otro", con nota de Juan Carlos Cassagne, "El plazo de caducidad no rige en las acciones tendientes al reconocimiento de derechos", L.L. 2001-E-17).----------------------------------------------Al respecto recuerdo que desde el que, estimo, configuró el "leading case" sobre el tópico, antecedente que no es desconocido por la demandada puesto que fue citado por ella en su responde, y que fuera dictado por nuestro Superior Tribunal en autos caratulados: "Pastrián, Roberto Saturnino (Transportes Centenario) y otro c/ Municipalidad de Trelew s/ Demanda de Inconstitucionalidad -Medida de innovar-" (Expte. 15.091-P-95)(S.I. N° 49/95 S.T.J.Ch.), claramente se distinguió entre las distintas opciones a favor del administrado dicente damnificado, a saber: 1) la acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción, en la que la acción civil es ejercida en forma complementaria y simultánea con la de nulidad de los actos, a interponer por ante el tribunal competente en lo contencioso administrativo que en el ámbito municipal es por disposición del art. 127 de la ley 3098, esta Cámara de Apelaciones; 2) la acción contencioso administrativa de nulidad, para el supuesto de que prospere, intentar luego la satisfacción de los derechos civiles lesionados (acción civil sucedánea a la de nulidad), caso éste en el cual se debe intentar ante la Cámara de Apelaciones, órgano jurisdiccional que por imperio del citado art. 127 de la ley 3098, se le atribuye la competencia originaria en lo contencioso administrativo municipal y la segunda ante el juzgado de primera instancia en lo civil que corresponda. Y finalmente, la 3) que implica prescindir de la vía contenciosa administrativa antedicha para concurrir derechamente por ante el juez civil en demanda del reconocimiento del derecho que se invoca a su favor (que en el supuesto es, ni más ni menos que a poseer la cosa que dice es de su propiedad), siendo este supuesto al que refiere el art. 131 "in fine" de la ley 3098, importando esta opción una especie de prórroga de la competencia en aquella otra materia por una disposición legal habilitante. Esta tesitura ha sido mantenida en pronunciamientos posteriores de dicho alto cuerpo jurisdiccional de la provincia y mantenida hasta el presente (Conf., entre otros, S.I., Nros. 3/96; 13/96; 34/96; S.D. Nro. 8/96).---------No obstante esta trascendente disquisición que superaba de por sí el valladar planteado por la defensa que esgrimiera el Municipio de Puerto Madryn al contestar la demanda (vencimiento del plazo de caducidad de 15 días), la juzgadora del anterior grado, a partir de atribuir tal naturaleza "administrativa" al objeto pretendido en demanda (reivindicación) pasó a evaluar, si se había satisfecho el recaudo o presupuesto de admisión o habilitación de la instancia consistente en la previa reclamación administrativa prevista por el art. 130 de la ley 3098.--------------------------------------------------------------------------- -----------------Es de tal modo que expresó: "Es decir aparte de los recaudos antes aludidos debe verificar si el actor inició y agotó la instancia administrativa. ()En particular entonces debe cumplir con determinadas formalidades previas a los efectos de preparar su acción procesal ya que no puede demandar directamente ante lo tribunales por impugnación de actos, o de sus efectos, sino después de haber previamente, recurrido ante la Administración para que tome una decisión sobre lo que constituye el objeto del litigio debiéndolo hacer dentro de muy breves plazos"(sic)(ver sentencia -fs.654 "in fine" y vta.-), argumentando a continuación sobre el reclamo administrativo previo con cita del precedente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de autos "Heimpel Garnica, Norma Delia c/ Provincia del Chubut y otro s/ sumario (Daños y Perjuicios)" (Expte. 17.103-H-1999).----------------------------------------------------------------- --------------- ---------------La doctrina que fija dicho precedente judicial, en lo que importa para la elucidación del presente caso, es la siguiente: I.- a) En el contencioso-administrativo provincial, que ante la ausencia de código específico sólo se rige por la Ley 37, el principio es la inexigencia de la vía administrativa previa, salvo que una norma de derecho positivo aplicable a la relación jurídica sustancial así lo exija (S.T.J.Ch.-SD- 31/91 y 36/91); b) cuando se trata de acciones civiles contra el Estado provincial, en cambio, la regla es la exigibilidad, de conformidad con los arts. 138 y sgtes. del Dcto. Ley 920. II.- Y, en el contencioso-administrativo municipal, regido por la ley 3098, el principio es la exigibilidad de la reclamación, por imperio del art. 130 de dicho cuerpo legal. Idem, si siendo la acción contencioso-administrativa, se ejerciera la opción por la vía ordinaria prevista por el art. 131 "in fine", no sólo porque en definitiva la opción no muta la materialidad de la acción ni enerva los recaudos impuestos por las leyes u ordenanzas específicas, sino a la par, por efecto de la aplicación de los arts. 138 y sgtes. del Dcto. Ley 920 (S.T.J.Ch., S.D., Nro. 9/93), cuando se trata de acciones civiles ha de acatarse el Dcto. Ley 920, siempre a salvo que las normas comunales dispusieren lo contrario (del voto del Dr. Pasutti).-------------------------------------------El siguiente aspecto sobre el cual sienta también doctrina legal y que es rescatable por su trascendencia para el análisis que se efectúa en la especie, es el relativo al carácter renunciable del presupuesto de la reclamación administrativa previa que, en palabras de nuestro Superior Tribunal de Justicia, importa más que un privilegio o prerrogativa de una "posición especial" del estado respecto de los particulares. Esto último descarta que pudiera ingresar el juzgador a verificar su concurrencia si antes no fue esgrimido como excepción de previo y especial pronunciamiento o bien como defensa de fondo por la administración municipal demandada en autos.-------------------------------------------------------------------------- ----No desconozco la finalidad pública que persigue tal presupuesto previo para el acceso a la tutela judicial. Dicha finalidad fue reconocida por la Corte Federal en la causa "S." (J.A. 1997-II, síntesis; Fallos 316:2454), del 26/10/93, al afirmar que los condicionamientos a la demandabilidad del Estado procuran garantizar que el ejercicio de sus funciones no sea afectado por las demandas de los particulares y asegurar que sea la Administración -también positivamente sometida al ordenamiento jurídico, como consecuencia del principio de legalidad administrativa- quien resuelva sus conflictos jurídicos, cumpliendo así con un aspecto necesario de su competencia constitucional de administrar conforme al mismo ordenamiento, y que el cuestionamiento judicial de los actos administrativos no lleve a la inseguridad de la efectiva ejecución de los cometidos de la administración (Fallos 316:2456).-------------------------------------------------------Empero, cuando éste procedimiento previo, exigido como carga del administrado, y pensado para impedir que el Estado sea llevado a juicio sin que se le haya dado oportunidad de conciliar o revisar sus actos salvando algún error y promoviendo el control de legitimidad de lo actuado, no sea apto para satisfacer tal finalidad pública por cuanto no resulta compatible con la integridad de los derechos de los particulares que se pretende sean reconocidos en este proceso, la prerrogativa de la Administración debe ceder frente a la garantía de los particulares al acceso oportuno a la jurisdicción (Conf. C.S.J.N., fallos 200:197; Dromi, Roberto, "El procedimiento administrativo", Ed. Ciudad Argentina, ed. año 1996, pág. 23).---------------------------------------------------------------------------- ------------- ---Para ello y en la misma línea de razonamiento cabe destacar que la reforma constitucional de 1994, incorporó con ese rango a los tratados y convenciones internacionales a los que remite el art. 75 inc. 22 (en particular el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), los cuales establecen el derecho de todas las personas a obtener, en condiciones de igualdad, un rápido acceso a un tribunal de justicia independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos; y, agrego, ello se ve afectado, a mi ver, con la exigencia del agotamiento de la vía administrativa que no parece conciliarse con el ordenamiento positivo actual.---------------------------------------------De allí es que, a todo evento, en supuestos de duda, rige el principio pro actione, en virtud del cual debe estarse a favor de tal habilitación con el fin de resguardar la garantía de defensa en juicio de los derechos (Conf. Cassagne, "La tutela judicial efectiva. Su incompatibilidad con el dogma revisor y con la regla del agotamiento de la vía administrativa", en "Revista Argentina de Derecho Administrativo", ed. Depalma, N° 32, pág. 525 y sgtes.; id. aut. cit. "El ritualismo inútil y la habilitación de la vía administrativa", en L.L. 2001-B-37; ver también, informe 105/99 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado en L.L. 2000-F-594, con nota de Botassi, Carlos A., "Habilitación de instancia y Derechos Humanos").---------------------------------------------------------------------- ------------------Tampoco soslayo que si bien la Corte Federal en un principio se expidió acerca de la imposibilidad de que los jueces denegaran de oficio la habilitación de instancia (casos: "Caja Nacional de Ahorro y Seguros c. NCR Argentina S.A.I.C.", Fallos 310:2709; "C., R. c. Instituto Nacional de C.", Fallos 313:228; "Construcciones T. S.A. c. Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia)", Fallos 315:2217), luego a partir del caso "G. A. de K., H. M. c. Estado Nacional (Ministerio de Educación y Cultura) (Fallos 322:74), dicho criterio fue modificado. Y es este antecedente de la Corte Federal al que alude la juzgadora del anterior grado para sustentar su tesitura de verificar de oficio la concurrencia del presupuesto al que venimos refiriendo.----------En este último precedente de cita la Corte sustentó su cambio de criterio en los siguientes argumentos, entre otros, los que traigo a colación y rescato por ser los pertinentes al caso, a saber: a) El examen de los requisitos procesales que condicionan la admisibilidad de la pretensión puede ser efectuado no sólo a requerimiento de la demandada, sino también en una etapa preliminar en la cual el juez puede desestimar oficiosamente la demanda (art. 337 del C.P.C.C.N.), sin que ello se convierta en el intérprete de la voluntad implícita de una de las partes ni se altere el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (cons. 7°); b) en la revisión de oficio in limine litis de los requisitos de admisibilidad antes de correr traslado de la demanda también está establecida en diversas leyes federales que regulan procesos contencioso-administrativos especiales (cons. 9°). Este tesitura fue, incluso, seguida por el plenario "Romero", a través del cual la Cámara en lo contencioso administrativo Federal de la Capital Federal adoptó un criterio concordante con dicha doctrina de la Corte (Conf. CNFed. Contenciosoadministrativo, en pleno, "R., G. c. Estado Mayor del Ejército", de fecha 15/04/99, L.L. 1999-E-192).-----------------------------------------Ahora bien, la pertinencia de mentas viene a cuento por lo que, estimo, debe complementarse con lo que, luego, explicitó con mucha mayor concreción, en relación a la oportunidad en que podía ejercerse de oficio tal verificación. Lo hizo dicho tribunal supremo en el caso "T., R. E. c. Estado Nacional (EMGE)" (Fallos 322:551), en donde se puntualizó que si el juzgador no rechaza la demanda al inicio de la litis no puede introducir la cuestión de la habilitación de la instancia en la sentencia definitiva, sin que ella se hubiera planteado ni tratado con anterioridad a lo largo del proceso, so riesgo de violentar los principios procesales de preclusión y congruencia, así como su fuente constitucional, del debido proceso adjetivo (Conf. C.S.J.N., in re: "F.", argumentos del dictamen del Procurador General de la Corte que hace suyos)(Fallos 327:1607)(ver comentario al caso "Tajes" de Pablo Mantarás, "¿Corresponde verificar de oficio la habilitación de la instancia en el proceso contenciosoadministrativo?, en L.L. 2000-C-131; id. García Pullés, Fernando R., "Tratado de lo Contencioso Administrativo", Ed. Hammurabi, ed. 2004, T. I, págs. 386 y sgtes., & 21).-------------Es más, ni siquiera puede predicarse con total certeza que ésta sea la última doctrina de la Corte Nacional, puesto que más recientemente en autos "R., H. J. c. Policía Federal", de fecha 26/10/04 (ver: L.L. 2006-A-60, con nota de Nicolás Diana "¿Otra vez el enigma de la habilitación de instancia?-sobre las cenizas de C.-") la Corte Federal ratifica el retorno a su anterior criterio fijado en "C.", al expresar: "...al margen de que los jueces no están facultados para denegar de oficio la inhabilitación de la instancia judicial ni declarar por esa vía la caducidad de la acción deducida ante ellos (Conf. Fallos 313:228)..." (Consid. 5°)Ver también: Arias, Verónica Lorena, "Caso "Resch": continúan las controversias en torno a la habilitación de la instancia judicial y la aplicación de las disposiciones de la ley 19.549 a los organismos militares, de defensa y seguridad", en "El Derecho Administrativo -serie especial-" E.D., año 2005, pág. 202 y sgtes.).------------------------------------------------------------------------ ------ ----------------Desde otra óptica, añadiré, que es realmente discutible que pueda predicarse como exigible que se requiera, para el particular supuesto bajo examen, el presupuesto de agotar la vía administrativa, toda vez que respecto a actos administrativos que con alcance particular son emitidos por el Intendente Municipal y que no sean originados en un procedimiento recursivo previo, no hay más que la posibilidad de pedir la reconsideración de lo ya expuesto por el propio ejecutivo municipal. Esto es, resulta evidente que tales actos no son susceptibles de ser atacados por recurso jerárquico alguno, restando, pues, solo la duda si, con relación a esos actos, debiera exigirse que se agote la instancia administrativa con la interposición de un recurso de reconsideración.-------------------------------------------Esto es, en tren de dilucidar como juegan las disposiciones contenidas en los arts. 128, 130 y 131 de la ley 3098 a los fines de establecer si tal exigencia es presupuesto de admisión o no en la especie, tengo para mi, arriesgando opinión en un tema que como el que nos ocupa resulta altamente conflictivo y que ha originado diversas opiniones doctrinales y jurisprudenciales, que siendo las resoluciones del PEM, no solo denegatorias del visado, sino que además fueron concluyentes en atribuir la titularidad de la nuda propiedad del inmueble que se pretende reivindicar al municipio de Puerto Madryn (según cuatro planos que se adjuntan) postulando el carácter de "dominio público municipal" y señalando que se encuentra dicha franja de terrenos "libradas al uso público y libre tránsito" y dado que no se está pretendiendo que el municipio vise los planos presentados ni tampoco cuestionando los mencionados actos administrativos (en su validez o legitimidad) que generaran el conflicto de intereses merced a que se demandó judicialmente a la corporación municipal a fin de lograr que restituya la posesión del inmueble del que se considera propietaria la parte actora, no hay en definitiva un requerimiento de jurisdicción revisora sino lisa y llanamente se pide que se reconozca la integridad de un derecho que se afirma como propio, cual es, el derecho real de propiedad que se ejerce a través de la posesión de la cosa que se postula reivindicar.-------------------------------------------------------------------- -----------Es decir, se relativiza en el supuesto el carácter revisor de la jurisdicción, en la medida en que no son los actos administrativos municipales propiamente el objeto de la demanda (sea pidiendo su nulidad o que se los declare ilícitos o contrarios a derecho) sino que aquello que se pretende en estos autos es, con motivo de las consecuencias derivadas de dichos actos que traducen un concreto posicionamiento de la administración municipal, que se declare el derecho a poseer el inmueble que se pretende reivindicar (ver respecto al tópico: comentario al fallo de la C.S.J.N., "B., O. E. c. Estado Nacional", de C., G. E., "Un fallo correctivo de la Corte en materia de habilitación de la instancia contencioso administrativa", en J.A. 2005-I-98; ver también C.S.J.N., in re: "SACOAR S.A.I. y C. c. Prov. de Buenos Aires", Fallos 312:767, con nota de Augusto Morello, "Acertada reafirmación por la Corte Suprema, del rol instrumental del Derecho Procesal", en J.A. 1988-IV-131; id. P. P. E., "El régimen del agotamiento de la vía administrativa en el nuevo Código Contencioso Administrativo bonaerense", en E.D., 184-825 y sgtes.).------------------------------------------------------De todo lo expuesto se perfila ya de modo evidente, que no comparto en absoluto el argumento sobre el cual apoyara la juzgadora del anterior grado su veredicto desestimatorio de la demanda reivindicatoria deducida por la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación "San Miguel S.A." en contra de la Municipalidad de Puerto Madryn, no obstante lo cual, estimo imperioso destacar que no puede perderse de vista que lo que se decide en esta porción de mi voto concierne exclusivamente a la habilitación de la instancia en el marco de un criterio proclive a facilitar el acceso a la justicia y sin abrir aún juicio alguno respecto al resultado a propiciar en relación al objeto del presente pleito, cual es, no huelga reiterarlo, la pretensión reivindicatoria deducida.--------------------------------En tal hermenéutica, eliminado el obstáculo que supone la vía administrativa preceptiva, recalco, no importa per se tomar partido, a favor ni en contra, del particular o de la corporación municipal involucrados. Es que el principio rector pro actione no es un principio anti fiscus, solo engarza apropiadamente, a mi entender, el propósito de afianzar la justicia marcado operativamente en el Preámbulo de la Constitución.------------------------------------------------------------------E n este sentido, entonces, propondré al acuerdo no obstante que no se verificó la incongruencia denunciada por el recurrente, admitir el presente agravio debiéndose revocar, por sus argumentos, el fallo venido en apelación. Así lo voto.-------------------III.- Pretensión reivindicatoria-defensas opuestas: Tal conclusión impone que se ingrese derechamente a la procedencia o fundabilidad de la pretensión reivindicatoria planteada por la sociedad "San Miguel S.A.", en contra del Municipio de la ciudad de Puerto Madryn.----------------------------------------------------Asimismo, atento al modo en que se propicia resolver la cuestión motivo de recurso, en tanto se revocará el fallo venido en apelación e ingresándose a un aspecto sobre el cual no hubo pronunciamiento alguno, es preciso establecer que se torna aplicable al caso la doctrina de la apelación implícita, mecanismo equilibrador de la igualdad de las partes y protector de la defensa en juicio, de acuerdo al cual la alzada, si bien ha de ceñirse al punto objetado con el recurso al considerarlo tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia le asistían al órgano de primera instancia, correspondiéndole pues ocuparse de las argumentaciones planteadas tanto al demandar la parte actora, como también las defensivas opuestas por la demandada a contestar la acción, merced a que la sentencia, basándose en la falta de habilitación de la instancia, no ingresó siquiera al tratamiento de las tesituras que esgrimieran las partes en sustento de sus distintas posiciones al trabarse la litis. En particular, en la especie, queda de manifiesto a primera vista que la demandada se vio impedida de recurrir el fallo por serle éste favorable por lo que aquellos argumentos que opusiera en su defensa habrán de ser considerados a los efectos de elucidar si procede o no la reivindicación pedida (Conf. doct. art. 277 del C.P.C.C.; ésta Cámara, c. 11.357, S.D.L. 88/95; c. 11.827, S.D.L. 16/96; c. 11.836; S.D.L. 28/96; c. 12.023, S.D.C. 18/96; c. 11.984 S.D.C. 32/96; c. 14.812,S.D.C. 44/99; c. 16.830, S.D.C. 4/01; c. 21737, S.D.C. 18/07: id. Morello-Sosa-Berizonce, en "Códigos Procesales...", Ed. Platense, 2da. ed., año 1988, T. III, págs. 111 y jurisp. cit. en págs. 406/407 y 418/419; Conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1985-I-142; C.N.Civ., Sala A, L.L. 1985-E-195; id. Palacio, Lino E., en "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo Perrot, ed. año 1975, T. V-465; Loutayf Ranea, Roberto "El recurso de apelación en el proceso civil", Ed. Astrea, ed. año 1989, T. I, págs. 78/79).-------------- ------------------------------------------------------------Se pide reivindicar en demanda la posesión de la superficie de terrenos que, se admite, se encuentra sin mensurar, la que se extiende desde la calle Martín Fierro -al norte- hasta la denominada concesión del ex fondo de comercio que giraba con el nombre de fantasía "El Corto Maltés" -al sur- y desde la línea de más altas mareas -al este- hasta el camino costero denominado "camino al indio" -al oeste-, pretensión que se explicita en los cuatro planos acompañados con el escrito inicial y que fueran presentados para su visación ante la corporación municipal de manera infructuosa derivando tal circunstancia en el presente litigio.---------------------La titularidad del derecho real de dominio invocado por la sociedad actora con la presentación de la escritura pública N° 31, del registro notarial N° 9, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble, en particular el lote 2 cuya fracción que se pide reivindicar lo integra, al T. 237, folio 237 finca 8021; "prima facie" legitimaría activamente al ente ideal accionante en los términos contemplados por los arts. 2757, 2758, 2772 y conc. del Código Civil. Ahora bien, he dicho todo ello a primera vista o en principio y he utilizado el verbo potencial al aludir a la legitimación activa de la parte actora a los efectos de pretender la reivindicación de marras, toda vez que, es de observar, el supuesto traído en la especie no trata de un comprador que con título suficiente ingresa a la posesión del inmueble y es despojado de la misma en virtud de lo cual inicia la acción con el solo objeto de obtener la restitución de ella, sino que se trata de una persona jurídica que compra mediante título suficiente pero a la cual nunca se le hizo efectiva tradición de los lotes 1 y 2 que se le transfirieran por la pre-indicada escritura. Es decir, "S. M. S." se presento en el sub-judice y entabló la acción reivindicatoria en autos haciéndolo con una finalidad superior: lograr no ya la restitución de una posesión de la cual fuera despojada sino de alcanzar por su intermedio la tradición que nunca le fue realizada. Esto es, se intenta no ya proteger el derecho real del cual se es titular frente a la acción de terceros, sino de perfeccionar el derecho real en sí mismo. Desde otra perspectiva, tampoco podría predicarse válidamente que mediante la pretensión reivindicatoria se encuentre reclamando la accionante en autos la restitución de la cosa puesto que jamás la tuvo.----------------------------- -------En este sentido, como es sabido, con excepción del derecho de hipoteca y de algunas servidumbres, en el sistema estructurado por Vélez Sársfield para nuestro Código Civil, la adquisición derivada de derechos reales sobre inmuebles por actos entre vivos requiere el concurso del título y la tradición, esta última equivalente al modo suficiente. Así, dispone en tal sentido el art. 577 de dicho ordenamiento: "Antes de la tradición de la cosa el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real", y concuerdan con este principio, en especial, los arts. 2609 y 3265 del Cód. Civ..--------------------------------------------------------------------------- ----Advierto que la sola declaración de quienes transfieren a título de venta todas las porciones pro-indivisas de los inmuebles designados como Lotes Uno y Dos de darse por desposeído, o de dar a la adquirente la posesión de la cosa, no suple las formas legales (Conf. 2378 del Cód. Civ.) y, destaco, la posesión de los inmuebles, solo puede adquirirse por la tradición hecha por actos materiales del que entrega la cosa, con asentimiento del que la recibe, o por actos materiales del que la recibe con asentimiento del que la entrega (Conf. Art. 2379 del Cód. Civ.). Esto lo expreso atento al texto del título de propiedad adjunto e individualizado como documental 5.1 que tengo a la vista, en el que se manifiesta "...haciendo tradición, se apartan y desisten de todos los derechos de propiedad, posesión y dominio que sobre las porciones pro-indivisas tenían sobre los inmuebles vendidos, transfiriéndoselos a la Sociedad compradora, a quien confirman en la posesión que ya ejerce,..."(sic)(vide: escritura pública N° 31).---------------------------------------De todos modos, la situación que nos ocupa no resulta tan extrema ya que si bien hemos establecido que la sociedad reivindicante no es titular del derecho real de dominio, de ello no se deriva que carezca en absoluto de derecho, toda vez que no sólo tiene derecho a que la cosa le sea entregada por los enajenantes, sino que, además, tiene "derecho a la posesión" y el propio Código Civil establece la existencia de medios jurídicos enderezados a obtenerla (Art. 2468 del C.C.).-----------En tal dirección, señalo desde un principio que se tiene establecido por añeja jurisprudencia de la Corte Federal la admisión de que el comprador de un inmueble a quien se le ha otorgado la pertinente escritura traslativa de dominio pueda, aunque no se le haya realizado tradición de la cosa, ejercer la acción reivindicatoria contra el tercer poseedor del bien, comenzándose a perfilar tal tesitura jurisprudencial a la cual refiero a través de una causa fallada por la Corte Suprema en el año 1899 (Fallos 83:223) y reiterada con posterioridad (Fallos 108:344; 114:233; 123:70 y 142:273, entre otros).------------------------------------------------------En el precedente de la Corte Federal indicado dijo el más alto tribunal en aquella oportunidad lo siguiente; "Que, por tanto, es exacto que el actor no ha adquirido el dominio de los terrenos en pleito, porque antes de la tradición de la cosa, tratándose de obligaciones de dar, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real (arts. 577 y concs., Cód. Civil), y porque es también cierto que aquel no se ha encontrado en ninguna de las condiciones en que por excepción la tradición no es necesaria para operar por título derivado el cambio en la persona del propietario (arts. 2609, 2377 y sgts., Cód Civil). Que aunque en mérito de las precedentes consideraciones el demandante no ha podido promover el juicio en el concepto de nacer la acción reivindicatoria de su dominio propio, ha podido hacerlo ejercitando en su interés las acciones de su causante, porque la escrituración de fs. 1 importa una cesión de acciones, permitida con arreglo a la disposición contenida en términos generales en el art. 1444 del Cód. Civil, y puesto que los arts. 2798 y sgtes. Permiten hacer valer contra el poseedor títulos de propiedad anterior a su posesión y aunque esos títulos no se refieren a la fecha del reivindicante mismo"(sic).------------------------------------------------------------------Má s adelante en el tiempo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, emitió fallo plenario unánime respecto al tópico en la misma posición, esto es, reconociéndole la potestad al comprador de un inmueble sin tradición a ejercer la acción reivindicatoria, en la causa "Arcadini, Roque (Suc) v. Maleca, Carlos" (Conf. J.A. 1958-IV-427).---------------------------------------------------Es decir, no encontrándose mayores apartamientos, ni doctrinaria ni jurisprudencialmente a tal tesitura, aún luego de la reforma de 1968 por ley 17711, se podría decir que en la actualidad cabe dar por superado el antiguo debate, en la medida que pacíficamente se sostiene, desde hace décadas, que por ser cesibles las acciones reales con independencia de la transmisión de los derechos de tal índole en las que se sustentan, el comprador al que no se le hizo tradición, pese a no haber adquirido aún la propiedad, puede sin embargo reivindicar la cosa, pues la compraventa importa la implícita cesión a su favor de todas las acciones que correspondían al vendedor, entre ellas la reivindicatoria (Confr. Lafaille, "Derechos Reales" Ed. Ediar, año 1944, III-407/408, n° 2.047; Peña Guzmán, "Derechos Reales", Ed. Tea, año 1975, III-651/653, n° 2.136; Mariani Vidal, "Curso de Derecho Reales", III-171; Garrido-Andorno, "Código Civil anotado -Libro III-Derechos reales", Ed. Zavalía, año 1979, III-58; CNCiv., sala C, 25-08-92, L.L. 1994-B-201, con nota de Marta Fazio de Bello; S.C.B.A., 20-06-89, con nota de Cl. M. K.; S., A. G., "La reivindicación de la cosa antes de su tradición", en L.L. 12-860).---------------------------- ----------------------------------Ahora bien, superado tal escollo, es pertinente tener presente que tramitando en este proceso una acción petitoria en la cual la controversia versa sobre derechos, a diferencia del posesorio que tiene por fin, como regla, el hecho en sí de la posesión (Conf. arts. 2482 y 2472 del Cód. Civ.), quien inicia la acción reivindicatoria debe justificar su derecho sobre la cosa objeto de la acción, invocando título de dominio o, en su caso, de alguno de los demás derechos reales que se ejercen por la posesión (según cuál sea la concepción aceptada respecto al ámbito de aplicación de la reivindicatio), en virtud del cual torne preferible su derecho a la posesión -que emana del título conforme al art. 2468 del C.C.- frente al del poseedor actual al que se demanda.------------------------------------------------------------------------ --------Y bien que no solo hace falta la invocación del título en virtud del cual se alegue tener el derecho a la posesión que se reclama, sino que éste debe encontrarse munido de otra condición, cual es, la de ser de fecha anterior a la posesión de la demandada en los términos normados por los Arts. 2789 y 2790 del Código Civil.-----Este requisito temporal exigido por las normas de cita resulta enteramente lógico merced a que si el título de la accionante fuere de fecha posterior a la posesión de la demandada, implica que su enajenante no pudo hacerle la tradición del inmueble involucrado en el pleito porque estaba ya poseído por otro (Arts. 2383 y 2401 del Cód. Civ.) y, por ende, que no adquirió el derecho real (Conf. art. 577 del Cód. Civ.).-------------------------------------------------------------------------- ------Por el contrario, si el título que se invoca es de fecha anterior, se lo presume poseedor y propietario desde la fecha del mismo (Conf. art. 2790 del Cód. Civ.).------Asimismo, aun cuando la persona jurídica pretensa reivindicante presentare un título que no reuniese el presupuesto temporal precedentemente indicado puede, no obstante, invocar válidamente la posesión de sus antecesores en el dominio del inmueble desde que al haber referido a los títulos (causa) de los sucesivos antecesores en el dominio hasta llegar a alguno que sea de fecha anterior a la posesión de la demandada (Art. 2383 C.C. "posesión vacua"), cae igualmente dentro de la previsión del citado artículo 2790 del Código de fondo. Esta norma habla de títulos de propiedad anterior, utilizando la expresión "títulos" en plural (Confr. Lafaille, ob. cit., III-476) el que interpretado a la luz de su fuente, y en la cesibilidad de la acción reivindicatoria (arts. 1444 y notas a los arts. 1445 y 2109 del Código Civil) se concluye en que, en tal supuesto, la actora hace suyo el derecho a reivindicar que competía a su antecesor con título anterior a la posesión del demandado, y puede accionar, ya sea a nombre del antiguo propietario -como procurator in rem suma- o, como lo hiciera en la especie, a nombre propio, como cesionaria, puesto que en cada una de las sucesivas trasmisiones se ha transmitido el derecho a reivindicar (Confr. Mariani de Vidal, ob. cit, III-215; id. Fazio de Bello, "Teoría y Técnica del Boleto de compraventa", Ed. Depalma, año 1984, págs.139 y sgtes.; idem, S., L., "El Código Civil de la República Argentina con su explicación y comentario de notas", ed. 1881, T. II, pág. 179; Llerena, B., en "Concordancias y comentarios del Código Civil argentino" ed. Año 1931, T. 7; Machado, J. O., "Exposición y crítica comentario del Código Civil argentino", ed. Año 1900, T. 7, págs. 82, 236 y ss).------------------------------------------------------------En torno a la agregación de los títulos correspondientes a los antecesores en el dominio, se ha juzgado con criterio que he de compartir, que para establecer los antecedentes del título es pertinente recurrir a las propias constancias de la escritura por la que se transmitió a la actora el dominio del bien que se pide reivindicar. Es decir, que no es indispensable acompañar las diversas y sucesivas escrituras traslativas que constituyen los antecedentes del título reivindicante, sino que resultan suficientes las constancias asentadas por el escribano en la escritura última de las anteriores transmisiones, si se las individualiza debidamente (Confr. S.C.B.A., E.D., 35-262; id. S.C.J.B.A., 11-6-74, E.D. 56-479).----------------------------Pues, en el caso la fecha del título de propiedad invocado por la actora data del 21 de agosto de 1970, bien que en el mismo título se alude a que los vendedores "...declaran que los bienes que transfieren por este acto son propios, de acuerdo con los antecedentes que se mencionan más adelante...Les corresponden a los vendedores los inmuebles descriptos, en igual extensión, pero con deducción de lo vendido o donado por el extinto don Julio San Miguel, en virtud de haber sido declarado herederos en su juicio sucesorio respectivo..."(sic). Esto es, si se compatibiliza todo lo hasta aquí dicho con la expresado por la parte actora en el relato de los hechos, capítulo de su líbelo de inicio en el que efectúa una reseña completa de la historia dominial de las tierras involucradas en el lote 2 que comprende la superficie objeto del presente litigio, en donde no solo se invoca el título de propiedad a favor de la sociedad "San Miguel S.A." que se adjunta como sustento de lo pretendido sino que también realiza una reseña de los antecedentes en el dominio de las tierras que pretende reivindicar remontándose al año 1941, todo lo cual es luego ratificado con el estudio de títulos encomendado al perito escribano Don Humberto Rolando Castro que se encuentra glosado a fs. 262/265 de autos, es evidente que la causa o título presentado por la actora precede en el tiempo a los hechos que configuran datos de la posesión de la demandada (por caso: construcción de la carpeta asfáltica "camino al indio" o la concesión de parcelas para la explotación de servicios turísticos o de esparcimiento).-----------------En tal sentido, puntualizo, que cabe entender que los arts. 2789 y 2790 del Código Civil, cuando alude a los títulos del reivindicante se deben entender como acto jurídico que sirven de causa a la tradición o entrega del bien y como instrumento en el cual puede constar la existencia del derecho que se transmite. Es que el Código Civil al exigir al reivindicante la presentación del título que acredite el derecho a poseer, se refiere a la causa en que se funda el derecho de dominio y no al título formal o instrumental, por lo cual constituye también título la declaratoria de herederos o el testamento (ver en el caso: el testamento cabeza del proceso sucesorio respectivo obrante a fs. 4/10 del expte. N° 1131-F. 50, año 1966, caratulado "San Miguel, Julio s/ Sucesión Testamentaria", agregado por cuerda), actos mediante los cuales se declara la transmisión de un derecho real a quien luego lo transmite a quien invoca el dominio acreditando haberlo adquirido por sucesión singular.----------------------------------------------------------------------- -----Nótese, asimismo, que el municipio demandado invoca haber ejercido actos de posesión desde antes del año 1965 (ver escrito de contestación de demanda -fs. 23 vta.-), fecha del asfaltado del camino a Punta Cuevas, aseverando que sus actos posesorios datan "desde mucho tiempo anterior" aunque sin precisar desde cuando. En tal inteligencia, pues, encuentro insuficiente tal alegación a los efectos de contrarrestar la presunción que emerge por el citado art. 2790 del Cód. Civil a favor de la actora reivindicante en autos.------------------------------------------------------Es más, su postulación defensiva concerniente al tópico, y que estimo es la que "prima facie" aparece como la más relevante, a mi juicio, centra en postular que parte de las tierras que se pretenden reivindicar son tierras del mar y que el polígono catastral excluyó el sector comprendido en la pretensión actoral (vide: 1.2. y 1.3. del escrito contestatario -fs. 28 vta./33 vta.-).------------------------------------Ahora bien, en tal posicionamiento no encuentro en puridad más que una mera interpretación de las mensuras catastrales, remontándose a una de las primeras que fuera confeccionada por la firma de agrimensores y tasadores públicos de la Capital Federal "Tomás Dodds y Cía" en el año 1941 y que se encuentra individualizada con la letra "A". Es que no puede predicarse, como lo esgrime la corporación demandada que, por ser los límites de los lotes del título original "descripciones genéricas" (vías del ferrocarril, ribera del Golfo Nuevo o ensanche de pueblo) e imprecisas, y que motivara que según lo indicara la Ley 14.159 fuera necesario sanear los títulos de propiedad, que quedaran excluidos de los originarios lotes 1 y 2 la zona costera que se pretende reivindicar. En tal sentido tampoco tiene trascendencia, al menos bajo la imputación jurídica o bien con los efectos que se intentan pregonar, la invocación de constituir actos propios en contravención a lo que ahora se postula en demanda. Me refiero a que el hecho de que en los loteos y escrituraciones realizados sobre tierras ubicadas al oeste del camino al indio, en tanto que no se menciona el remanente del Lote pastoril N° 2, ni que tampoco se hiciera tal mención al determinarse las hijuelas en los autos sucesorios de don Julio San Miguel, pudiera significar la pérdida del derecho real de dominio en virtud del cual se quiere en este proceso reivindicar la superficie aledaña a la ribera del Golfo Nuevo ubicada al este del paseo costero denominado "camino al indio" desde la calle Martín Fierro -al norte- y hasta el Centro Nacional Patagónico (CEMPAT) -al sur-. Ello así, desde que ha de convenirse fácilmente y sin mayor lugar a discusión que las cosas inmuebles no son susceptibles de ser abandonadas, sin más al menos, ni, por ende, son tampoco objeto de apropiación posible (Conf. Arts. 2510, 2528, 2606, 2607 y concs. del Cód. Civil).--------------------------------------------En todo caso, en una postura extrema favorable a tal sugerido abandono, si hubiese abandono éste traduciría el supuesto contemplado en el inc. 1° del art. 2341 del Cód. Civil.-------------------------------------------------------------------------- ----Empero en la especie no es viable tener por sucedido tal abandono a partir de lo alegado por la corporación demandada. Puntualicé precedentemente que las cosas inmuebles no son susceptibles de ser abandonadas "sin más", queriendo significar que, además de requerir un acto formal por el cual se deje constancia fehaciente y bajo fe pública notarial de la expresión de la voluntad del titular de dominio en tal sentido (escritura pública), de producirse el abandono, traduciría un supuesto de extinción relativa del dominio no dando lugar a la apropiación (arts. 2524 y 2528 del C.C.) sino que en tal supuesto recién tornaría de aplicación lo previsto por el art. 2342, inc. 1° del Código Civil, ya citado.-------------------------------------------------Esto es, si bien en nuestra legislación vigente el abandono está comprendido dentro de los medios de extinción de dominio, no se encuentra contemplada la declaración judicial de abandono como medio de traspaso de la propiedad privada al dominio público del Estado, ya que -reitero- es menester que el dueño lo manifieste en un acto formal. En nuestro Derecho Civil, la cancelación o extinción del derecho de propiedad por el no uso, sería totalmente contrario al sistema instituido por nuestra legislación, porque iría contra el principio de perpetuidad del dominio (art. 2510 C.C.), creando virtualmente una suerte de expropiación, sin ley previa que declare la cosa de utilidad pública, lo que para nuestra Constitución sería inadmisible (Art. 17 C.N. y su conc. art. 2511 del C.C.).-----------------------------Igualmente, en nuestro sistema jurídico es inadmisible la tesis de que el simple abandono de un inmueble por su propietario importa que la propiedad sea adquirida por el Estado (Art. 2342, inc. 3º del Cód. Civ.). La vacancia, según el Código Civil, supone un abandono calificado, como lo señalara precedentemente, un acto de renuncia a la propiedad. El Estado puede poseer como los particulares, pero no adquiere el dominio ministerio legis e instantáneamente.-------------------------En tal inteligencia se ha dicho: "Bienes mostrencos son los muebles o semovientes que no tienen dueño conocido; vacantes son los inmuebles en esa misma situación. En el caso, el inmueble cuyo dominio la municipalidad pretende, no es vacante porque resulta haberse adquirido por una persona determinada, mediante escritura pública y tradición e inscripción en el Registro de la Propiedad, sin estar acreditado que se haya abandonado el inmueble. Hay dos clases de abandono del derecho de propiedad: el expreso, consistente en el desprendimiento voluntario hecho por el propietario, deshaciéndose de los derechos de tal con voluntad de perderlos; el tácito, presumido por la ley en determinadas circunstancias y que constituye el fundamento de la prescripción adquisitiva. Para considerar que una cosa ha sido abandonada por el propietario, se requiere no sólo la pérdida del elemento material de la posesión, sino también el moral" (Conf. CNFed.C.C., J.A. 1953-I-227, Nº 14.772).-------------------------------En tal ideario no encuentro de modo alguno que exista la denunciada conducta contradictoria de parte de la sociedad actora en estos autos, como tampoco de sus antecesores en el domino, en la circunstancia que vendieron predios de sus loteos como ubicados frente al mar otorgando títulos de propiedad a los frentista del Boulevard Brown o de su calle de servicio, mencionando que "limitan con el Golfo Nuevo". Ello por cuanto claramente corresponde interpretar que efectivamente tales inmuebles se ubican frente la mar o el Golfo Nuevo no pudiéndose leer de modo alguno y tampoco, seguramente, surge de sus mensuras previas a la escrituración, que comprendieran porciones del lote objeto de la presente reivindicación, el cual es una superficie que se ubica desde la primera carpeta asfáltica que se realizara camino al indio, lindando con el mar (línea de las más altas mareas) -propiamente la zona de playa-, ubicado del otro lado de los inmuebles que de tal manera fueron transferidos a terceros particulares.-----------------Breve señalamiento efectuaré en lo concerniente a la dación en pago de tributos municipales tramitada por Expte. administrativo Nro. 029/70 en sus distintos anexos, pero en particular me referiré a las constancias obrantes en el anexo 4° por cuanto en el mismo se concreta la imputación de la dación en pago de los terrenos que comprende en acuerdo al pago de los impuestos que fueran ejecutados fiscalmente por Expte. judicial N° 965.F° 160-Año 1987 del Juzgado Letrado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de Puerto Madryn. Ciertamente resultó extremadamente dificultoso para el suscripto elucidar cuales son las fracciones de terrenos correspondientes al Lote pastoril N° 2, comprendidas en la dación en pago de las deudas fiscales devengadas a propósito de las porciones de tierras incorporadas a la zona urbana por la ordenanza municipal N° 215/85. No obstante luego de varias verificaciones de las constancias administrativas obrantes en dicho expediente administrativo, de los términos del convenio ratificado por ordenanza municipal 630/88 y promulgada por Res. Nro. 3253/88 del DEM (ver fs. 37/38 de las citadas actuaciones administrativas), encuentro indudable que ni los tributos que se ejecutaran ni el pago imputado a ellos mediante la referida dación en pago involucraban la superficie de terrenos que se intenta reivindicar en este proceso judicial. Tal conclusión se visualiza mejor de la lectura de la escritura pública Nro. 488 en la cual se designa con más precisión jurídica y geográfica tanto las deudas que se cancelan como los sectores del Lote pastoril Nro. 2 que por vía del negocio jurídico "dación en pago" se transfieren el Municipio. Y tanto una como los otros no comprende ni en la generación del débito fiscal ni tampoco en la incorporación por vía de imputar en pago la entrega de bienes inmuebles a los terrenos ubicados al oeste del camino al indio en ningún caso. -------------------------------------------------- Tampoco se efectúa mención posterior a la superficie de terreno objeto de este proceso en las subsiguiente actuaciones que por convenios posteriores tramitaran en sede administrativa municipal en el preindividualizado Expte. N° 029/70. Es por ello que descarto que pudiera tener trascendencia alguna tal operatoria de pago de impuestos contra entrega en propiedad de bienes inmuebles traídas a colación por la actora en sustento de su pretensión; como así, tampoco lo tiene en apoyo de los argumentos defensivos esgrimidos por la corporación municipal demandada (Art. 386 del C.P.C.C.).------------------------------------------------------- -----Tampoco tendrá andamiento la postulación defensiva consistente en que se configuró en el caso una donación de las tierras de uso público a favor de la corporación municipal demandada (ver punto 1.5 del escrito de responde de fs. 33 vta. y sgtes.) con las diferentes actuaciones administrativas originadas como consecuencia de los diferentes loteos y fraccionamientos de las tierras situadas frente al mar de la ciudad. Tal afirmación se explica a través de entender que con la aprobación de los planos de mensura y planimetrías correspondientes que le presentara la parte actora al realizar tales loteos y fraccionamientos sobre tierras situadas frente al mar, documentación en las que se reservaba la superficie que se intenta ahora reivindicar para uso público, implicó una aceptación de la donación.----Ciertamente se ha entendido jurisprudencialmente que se puede tener por aceptada la donación de un terreno para calle con la aceptación de los planos (Conf. CNCiv., Sala D, 31/12/65, L.L., 123-947).-------------------------------------------Y, en la misma línea de entendimiento, se dijo que la afectación al dominio público de los inmuebles cedidos al municipio para calles y plazas, realizada como un acto voluntario y necesario para el fraccionamiento del inmueble para la venta en lotes, queda formalizada con la aprobación de los planos por la comuna (Conf. S.C.B.A., 14/8/79, in re: "G.de A., A. c/ Municipalidad de General P.", cit. por L., R. L., en "Código Civil Comentado", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2006, T. II -Contratos, parte especial-, comentario al art. 1810, pág. 291, nota n° 8).------------------------------------------------------------------Sin embargo, cabe advertir que tal postulación defensiva es auto-contradictoria con aquella que hiciera en relación a la exclusión del sector que se pretende reivindicar en el polígono catastral (ver punto 1.3. del escrito contestatario -fs. 30/32-). Ello habida cuenta que, por un lado, se afirma que el sector objeto de la reivindicación no fue considerado nunca por los antecesores ni por la ahora actora como suyo, alegando por el contrario que tales tierras siempre fueron "...considerada del Estado por todos, los ahora reivindicantes y por la comunidad vía su Municipio..."(sic), realizando tal aserto a partir de considerar que en todos los planos de los loteos realizados y presentados para su aprobación por el municipio no se incluyo la porción de tierras que se quiere reivindicar, y por el otro, se postula la pretensión consistente en que con dichas aprobaciones se configuró una donación de tal porción de tierras -excluidas según ya dijera-. Resulta palmariamente contradictorio afirmar por un lado que siempre la sociedad actora como sus antecesores consideraron la zona aledaña a las playas como de propiedad del Estado puesto que "...nunca "cruzaron"el camino a Punta Cuevas hacia el Este, ni en los planos catastrales, ni en la partición hereditaria, ni siquiera lo anotaron en la descripción de límites..."(sic)(fs. 31 "in fine" y 32), y simultáneamente pretender que hubo una donación de parte de la reivindicante o sus antecesores, la que se configuraría con las diferentes actuaciones administrativas originadas como consecuencia de los diferentes loteos y fraccionamientos sobre las tierras situadas frente al mar de la ciudad ya que para ello debieron presentar para su aprobación de los planos de mensura y las planimetrías correspondientes. Es decir, o bien se incluyó o bien no se incluyó tal porción del terreno, y si no se incluyó, tal como lo afirmara la demandada, no puede predicarse válidamente entonces que hubiera voluntad de donar aquello que ni siquiera se mencionó en tales planos de mensura y subdivisión en lotes a fin de proceder a su venta a favor de terceros.--------------------------------------------------------Y en tal dirección, tampoco comparto que pudiera implicar ello la "afectación" de las tierras costeras al dominio público, primero y principal por cuanto solo puede afectarse al uso publico la propiedad privada del estado (dominio público artificial), y por el otro, en tanto que tal afectación solo es posible que sea realizada por el propio Estado, sea mediante el acto legislativo correspondiente, de un acto administrativo o bien de hechos (Conf. Marienhoff, Miguel A., en "Tratado de Derecho Administrativo", Ed. LexisNexis, ed. año 1998, T. V, págs. 166/167, n° 1734 y jurisp. cit. en nota n° 245; págs. 176/180, n° 1738; y, págs. 190 y sgtes., n° 1744; id. C.S., Santa Fe, 6-7-94, DJ, 1995-2-567).-------------------------------------------Indiqué como argumento primero por cuanto la afectación al uso público solo lo puede realizar el Estado sobre bienes de su dominio. En tal sentido se ha dicho que para que el Estado pueda afectar válidamente una cosa al uso público, es indispensable que dicha cosa se halle en poder del Estado en virtud de un título jurídico que le haya permitido adquirir el dominio de la cosa. Se explica respecto a ello que si el Estado pudiere afectar al uso público cosas ajenas, es decir de los administrados o particulares, sin contar con la conformidad de éstos o sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley fundamental, vulneraría la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad (Conf. aut. cit., op. cit., T. V, pág. 201/202, letra "c").--------------------------------------------------------------------------- ----También corresponde precisar que, tratándose de un bien de dominio público "artificial", esto es, incluido entre aquellos a los cuales por una manifestación de voluntad del poder público se le asigna tal carácter (por ejemplo: una calle o una plaza o la playa como ocurre en la especie -art. 2340, inc. 7° del Cód. Civil), a diferencia de los naturales (aquellos que son del dominio público por haber sido declarado tales por el legislador en el art. 2340, incisos 1° al 6° del Código Civil) si bien la afectación puede operarse por "hechos", y entre éstos puede ser admitido el uso público continuado, siempre y cuando tal uso cuente con asentimiento de la administración (en la especie el municipio demandado a través por ejemplo del Código de Planeamiento Urbano -Ordenanzas Municipales Nro. 18/72; 22/74;37/79 y modificatorias hasta la Nro. 1919/97 -conc. con el art. 67, inc. 25, acápite "b" y inc. 38, acápites "a" y "g" de la Carta magna municipal de Puerto Madryn), se requiere indispensablemente, para que ella trascienda a la dominialidad, que el referido uso pueda dar lugar a la adquisición del bien o cosa sea por las vías alternativas de la prescripción adquisitiva o por el denominado "uso inmemorial" (Vide: aut. cit., opus. cit., T. V, pag. 204, n° 1746).-------------------Es que tanto la "praescriptio" como la "vetustas" constituyen medios jurídicos por los que el Estado adquiere el dominio privado del bien o cosa, y que, una vez adquirido dicho dominio, la cosa simultánea y automáticamente queda afectada al uso público ya ejercido en los hechos y que opero como presupuesto fáctico fundante de su adquisición dominial. Se trata de dos etapas simultáneas: adquisición del dominio privado por prescripción o por uso inmemorial y automática afectación del bien o cosa al uso público que fuera la circunstancia fáctica que diera sustento al ingreso del bien de que se trate al dominio público (Conf. aut. y opus. Cit., T. V, pág. 205).-------------------------------------------------------También es útil destacar que para ambos institutos bajo análisis, esto es, la prescripción y el uso inmemorial, para que funjan sus efectos jurídicos respectivos, no es necesario que concurra el consentimiento del propietario o de los sucesivos propietarios. Es que éstos institutos, por constituir medios adquisitivos unilaterales, no requiere ni suponen "consentimiento" alguno de los propietarios sino más bien, pasividad o inacción de éstos (Conf. aut. cit.; opus. Cit., T. V, págs. 206).---------------Lo dicho trae a colación la "defensa" de prescripción adquisitiva opuesta en el escrito de responde (ver punto 1.7 -fs. 38 vta./41 vta.-), en cuyo tratamiento deberé liminarmente centrarme en evaluar la factibilidad de que tal alegación pueda tener eficacia en el modo en que fuera formulada en estos actuados.----------------------------Esto es, en concreto, si la prescripción adquisitiva siendo opuesta como defensa puede tener virtualidad defensiva suficiente para que, dados sus presupuestos, pueda producir la desestimación de la acción reivindicatoria o si debió haber sido objeto de planteo vía reconvencional.----------------------------------------------------------Transit a la cuestión a la que refiero por determinar las formas de hacer valer la prescripción. Sabido es que no pudiendo ser decretada de oficio, compete a los interesados hacer valer en el proceso la prescripción. Ello puede suceder de dos formas: por vía de acción o por vía de excepción. Ocurre lo primero cuando quien ha usucapido la propiedad, luego de poseer el inmueble durante el tiempo y en las condiciones requeridas por la ley, resuelve obtener su título en sentido instrumental e intenta la acción declarativa de usucapión, o bien, cuando al ser demandado por reivindicación, deduce reconvención por prescripción adquisitiva. O lo segundo, por vía de excepción, cuando la hace valer por vía de defensa, supuesto en el que el poseedor igualmente demandado por reivindicación, para evitar la desposesión, opone al progreso de esta acción real la defensa de prescripción (Conf. "Código Civil comentado", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2006, directores: Kemelmajer de Carlucci, Aída-Kiper, Claudio-Trigo Represas, Félix, comentario al art. 3962, pág 329, n° 2; ver también: Parry, Enrique, "Título adquisitivo por prescripción en el juicio reivindicatorio", L.L., 103-822).--------------------------------------------------------No huelga advertir que cuando es opuesta como defensa, tal como aconteció en la especie, ante la acción reivindicatoria planteada, no rige la exigencia legal impuesta para el supuesto de demanda de usucapión, esto es, que se integre con el certificado de dominio y el plano de mensura cede por imperio de la misma ley. Ello así, toda vez que la inexigibilidad de los requisitos de la ley 14.159 se vincula a que la demandada no pretende la formación de título en sentido instrumental; de ello se seguiría que la sentencia a dictarse sería inidónea como título de dominio (Conf. Frias Peña, Norberto E. W., "La acción declarativa de la ley 14.159 y la reivindicación", J.A., 1956-III-459; Sala, A., "La acción declarativa de usucapión en la ley 14.159", J.A., 1954-IV-51; Dumm, Raúl E., "La acción declarativa de la ley 14.159 para adquirir por prescripción treintañal y la defensa de prescripción", L.L., 76-194)(Art. 24 de la ley 14.159, texto según el Dcto. Ley 5756/58).--------------En tal sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó en fallo del año 1942 lo siguiente: "Opuesta por el demandado, en un juicio reivindicatorio, la excepción de prescripción para hacer respetar su derecho y rechazada la acción, es improcedente el pedido formulado a título de cumplimiento de sentencia, de que se ordene su inscripción en el Registro de la Propiedad, por no serle necesario para seguir en el uso de su derecho, ni ser requisito relacionado con las cuestiones planteadas en la litis. La excepción de prescripción no la opuso la demandada con el fin de perfeccionar su derecho, sino para hacer respetar el que tenía"(C.S.J.N., Fallos: 192:435)(en contra: Ballester, Horacio Carlos, "Defensa de usucapión. Efectos de la sentencia que la admite", en L.L. 1978-B.874).-------------No obstante, en ninguna de las opiniones doctrinales que se registran respecto al tópico se veda la posibilidad de que la prescripción adquisitiva de dominio o propiamente dicho, la usucapión, sea eficazmente opuesta como defensa, allende de los efectos que pueda obtener la demandada que opta por tal vía de ejercicio de su planteo a partir de la obtención de un fallo favorable desestimatorio de la acción reivindicatoria planteada en su contra. Y ello es así toda vez que no hay duda alguna en que transcurrido el plazo que la ley determina y habiendo reunido la posesión todos los requisitos que de acuerdo a ella la tornan hábil para usucapir, el efecto adquisitivo opera ipso iuris. No hay ninguna disposición que establezca que para ganar el derecho real por usucapión sea necesario una sentencia judicial que de tal manera lo declare, toda vez que, insisto, la prescripción opera de pleno derecho (Conf. Areán, Beatriz, "Juicio de Usucapión", Ed. Hammurabi, 3º ed. Actualizada, año 1998, pág. 66, & 28).--------------------------------------------------------Despejado que fue lo relativo a la viabilidad de que por vía de la oposición defensiva de la prescripción pueda obtenerse, en su caso, la desestimación de la demanda reivindicatoria, paso ahora a evaluar si concurren en el supuesto los presupuestos legales para tener por ocurrida la usucapión (Conf. arts. 4015 y conc. del Cód. Civil).------------------------------------------------------------------------- -----------Sabido es que para que se configure la adquisición del derecho real respectivo por usucapión es necesario que quien la denuncie en su defensa haya poseído durante un lapso de 20 años o más, con "animus rem sibi habendi" -es decir, con ánimo de tener la cosa para sí- de manera pública, pacífica y continua el inmueble objeto de reivindicación (Conf. arts. 4015; 4016 y conc. del Código Civil). En el caso de marras tengo dicho "supra" que es un hecho admitido que el riego asfáltico del camino al indio data del año 1965 (vide: escrito de demanda -fs. 12 vta.- y escrito de responde -fs. 23). Este hito temporal importa a efectos de precisar el límite oeste del predio que se intenta reivindicar por cuanto en los hechos los actos posesorios calificados a los que refiriera deben ser juzgados respecto a la porción de terrenos que ocupan la playa no comprendida en el dominio público natural del Estado en los términos previstos por el art. 2340, inc. 4° del Código Civil.--------------Asimismo, magüer que existen datos fácticos que inducen a considerar actos cumplidos en el tiempo de fecha muy anterior, como lo son las tareas de forestación e instalación de canillas de riego sobre la zona costa adyacente al boulevar Brown, tal como surge de las publicaciones también acompañadas; encuentro que, en tal contexto de análisis, los hechos relevantes del "corpus" con "animus domini" sobre tal porción de superficie sobre la cual se denuncia ocurrida la usucapión, son las concesiones de uso y explotación que el Municipio de Puerto Madryn acordara con terceros sobre terrenos comprendidos en la misma a partir del año 1977 (ver expte. 101/77 A.G. -concurso público Nro. 03/77 "C. M. S."-; y los subsiguientes de los que dan cuenta la documentación acompañada que reservada en caja de seguridad tengo a la vista), tal cual es alegado en el propio escrito de demanda (ver: 3.1, en especial 1er. párrafo de fs. 13). Ello así por cuanto indudablemente, para mi, importaron tales acuerdos manifestaciones evidentes de comportarse de hecho la municipalidad de Puerto Madryn como propietaria del inmueble objeto de la reivindicación en tanto actos jurídicos de disposición que implica no reconocer un señorío superior en otro u otros, independientemente de que desde el punto de vista jurídico no revistiera la calidad de titular del derecho real de dominio sobre el mismo (Conf. arts. 2351; 4015 y conc. del Cód. Civ.).---------------------------------------------------------------------Efect úo tal aserto desde que tal modo de actuar implica, a mi ver, el ejercicio de una posesión pública en los términos contemplados por el Art. 2369 del Código Civil (ver también nota al art. 2479 del C.C.). Ello en tanto que no podría predicarse, válidamente al menos, que la entidad ahora reivindicante no tuviera la posibilidad de conocer de tal circunstancia y oponerse oportunamente a ella. Y la inacción en tal sentido no puede ser interpretada como actos de mera tolerancia. Igualmente, también dicho ejercicio propio de la posesión con ánimo de dueño ha sido quieta y pacífica (Conf. arts. 2365 y nota al art. 2478 del Cód. Civ.). Y por último, ha sido un actuar continuado en el tiempo si se observa que desde dicha fecha se acordaron renovaciones de concesiones ya otorgadas, como también, se dieron nuevos otorgamientos de concesiones en varios sectores involucrados en el proceso por formar parte de la superficie cuya reivindicación se pretende, tal como se puede constatar del reconocimiento judicial realizado (vide: fs. 344/345). Estos actos jurídicos y la consiguiente percepción de los cánones que se devengaran con dichas concesiones no abrigo duda alguna que comportan inequívocamente actos posesorios ejercidos con ánimo de dueña por la corporación municipal demandada, esto es, fueron realizados con la intención manifiesta de someter a todo el sector objeto del pleito al ejercicio del derecho de propiedad (Conf. Arts. 2384, 2445 y conc. del Cód. Civ.).-------------------------------------------------------------------------- ----Y en este entendimiento, los actos posesorios que fuera de tal modo ponderados, apreciados en conjunto y en tanto son apropiados a las características del inmueble, se han repetido durante un lapso más que suficiente para la finalidad pretendida, sin interrupción computable alguna y denotando por parte de quien los ejerció una conducta objetivamente exteriorizada como de dueño, por lo cual, no se puede razonablemente decir que sea una mera presunción de "animus" emanada del "corpus", sino que es la prueba misma del "animus res sibi habendi" (Conf. CC, Junín, 12/4/84, E.D., 110-529).-----------------------------------------------------------------Por lo demás, no encuentro que concurran supuestos de suspensión del curso de la prescripción ni tampoco actos interruptivos de plazo ya corrido, al menos hasta la interposición de la demanda ((10/06/98). Comienzo por destacar que de los modos posibles de que acaezca tal efecto interruptivo, ni siquiera fue alegado que hubiera ocurrido la denominada interrupción natural de la prescripción contemplada por el art. 3984 del Código Civil, de allí que descarto tal supuesto. Y, en particular, preciso, los despachos telegráficos remitidos, que datan desde la génesis del conflicto si se atiende que de sus propios textos surge que ya se había desestimado el visado de los planos de mensura que presentara la sociedad "S. M. S." al municipio, no configuran actos de interrupción civil, los cuales se reducen a los siguientes, a saber: demanda, compromiso arbitral o el reconocimiento (Conf. arts. 3986; 3988 y 3989 del Cód, Civ.).----------------------------Se ha dicho en tal sentido que no produce la interrupción una mera interpelación extrajudicial dirigida contra el poseedor, ya que según sostiene el codificador en la nora al art. 3986: "Una interpelación extrajudicial dirigida al poseedor de un inmueble, no cambia el carácter de la posesión y no interrumpe la prescripción. Las denuncias de las pretensiones de la propiedad de una heredad, cuando no se someten a los jueces, se supone que no son seria ya que carecen de los medios de justificarlas". Esta es, por otra parte, la opinión de Pothier citado en dicha notas (Ver: Arean, Beatriz, "Juicio de Usucapión", Ed. Hammurabi, 3ra. ed., año 1998, pág.158, nota n° 22 y juris. cit.).----------------------------------------------------------------Y he mirado que a la fecha del primer despacho ya se había rechazado el visado de los planos presentados al municipio por cuanto tampoco las gestiones administrativas tiene efecto interruptivo alguno aún cuando ésta se trate de aquellas que deben preceder a la demanda judicial. Así lo dejó establecido la Corte Federal (C.S.J.N., Fallos 254:259; 224:39; id. S.C.J.B.A., 27-3-73, L.L., 150-673; juris. cit. por Calegari de Grosso, Lidia E., en "Usucapión", Ed. Rubinzal Culzoni, 2da. ed. ampliada y actualizada, año2006, págs. 236/239).-------------------------- -------Por último, aunque ello va de suyo, habiendo transcurrido más de 20 años desde el primer hito fáctico considerado (apertura del llamado licitatorio para conceder el uso y explotación turística de un camping el que data de fecha 10/08/77) hasta la interposición de la demanda en autos (10/06/98), el efecto interruptivo de ésta carece de eficacia por cuanto la usucapión ya se encuentra acaecida (Conf. C.S.J.N., 22-05-97, L.L. 1998-B-58; id. C.S.J.N., 07-03-00, L.L. 2000-C-851; idem., S.C.B.A., 05-12-95, DJNA, 150-1284; id. CNCiv., Sala D, 14-06-82, L.L. 1982-D-138).-------------------------------------------------------------------- ------------------En resumen de todo lo expuesto, concluiré entonces, en que la demanda reivindicatoria planteada por la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación "S. M. S." debe ser desestimada, por la extinción del derecho real de dominio de la cual ésta era titular, con motivo de la prescripción adquisitiva que corresponde que se tenga por ocurrida a favor de la poseedora Municipalidad de Puerto Madryn sobre la superficie de terrenos objeto de la demanda, según se definiera ello en las consideraciones que anteceden (Conf. art. 2606 en concordancia con los arts. 3947, 3948, 4015, 4016 del Cód. Civ.).-------------IV.- Imposición de costas: Desde que ninguna incidencia tiene los antecedentes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia referido al recaudo de la "habilitación de la instancia" para arribar a la conclusión que antecede luego del tratamiento del agravio anterior, ha quedado vacío de contenido el agravio en todo aquello que concierna a dicho tópico.----------------------------------------------------------De otro lado, en relación a la fijación de los honorarios en cuanto se los pretende vincular al modo de imposición de las costas, tengo para mi, que dichos temas no son posibles de ser conectados entre sí, allende que las costas se integran con los honorarios profesionales. Sabido es que básicamente el criterio de atribución de las costas centra en el vencimiento (Conf. Art. 68 y conc. del C.P.C.C.).--------------------Y para ello basta con verificar cómo se posicionaron ambas partes en la traba de la litis para establecer a la vencedora y vencida. Desde tal óptica adviértase que la parte actora demanda por reivindicación y la parte demandada solicitó al responder a la misma su liso y total rechazo. Habiendo obtenido tal resultado es indisputable que ha resultado vencedora en el pleito.----------------------------------------Recuérdese que en el ordenamiento procesal de la provincia las costas son el corolario del vencimiento y que ésta no se imponen como una sanción sino simplemente para resarcir las erogaciones que se han debido efectuar con el fin de lograr el reconocimiento del derecho que se esgrimiera en el proceso. Y, en tal marco de entendimiento, tengo para mi, que el vencimiento se obtiene cuando una de las partes logra del órgano jurisdiccional la protección jurídica de sus pretensiones frente al adversario (Arts. 68 y 71 del C.P.C.C.).-----------------------------En tal sentido ha dicho Palacio con igual criterio que la parte vencida es aquella que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso (aut. cit. en "Derecho Procesal Civil", T. III, pág. 369).-----Finalmente en relación a la base regulatoria sobre la cual se habrán de aplicar los porcentuales fijados por honorarios bien estableció la Sra. Juez a quo cuál es el mecanismo previsto por la ley del arancel al que debía ajustarse su determinación a tales efectos (Conf. art. 23 de la Ley 2.200). Y malgrado que ello provoque a la recurrente, tal procedimiento es el previsto para supuestos como el que se trata en la especie. Asimismo, no puede avizorarse con certeza, aún cuando es viable hacer hipótesis al respecto, cual será el monto involucrado en el proceso. Empero en esta etapa del proceso no alcanza a constituir cualquier hipótesis que se ensaye mas que meras conjeturas que impiden tener por concretada la excepcionalidad en la que se apoyaran los fallos jurisprudenciales traídos a colación por la recurrente.----------------En este sentido, y aún cuando cabe reiterar que la distinta naturaleza y autonomía de los distintos créditos que se generan por costas y honorarios impide vincularlos, se ha dicho que si los jueces pudieran fijar los honorarios de los abogados sin atenerse a las pautas de la Ley de arancel, y sin demostrar de manera fundada que por tratarse de una situación realmente excepcional corresponde el apartamiento de las escalas, ello llevaría a una solución manifiestamente injustificada e irrazonable que destruiría el carácter objetivo del acto regulatorio (Conf. Ure-Finkelberg, "Honorarios de los profesionales del Derecho", Ed. LexisNexis, ed. año 2004, pág. 493).----------------------------------------------------------En suma, soy de la opinión y así lo dejo propuesto al acuerdo que el presente agravio debe ser desestimado. Así lo voto.----------------------------------------------------V.- Apelación de honorarios: Resulta lógico, para mi, advertir inicialmente que merced a que por los fundamentos en que se sostiene la propuesta de resolución propiciada al cuerpo en mi voto, aún cuando se confirmará el pronunciamiento del anterior grado, ello acontece por argumentos diametralmente distintos a los expuestos por la juzgadora del anterior grado para rechazar la acción reivindicatoria, lo cual obliga a que se pondere según las pautas cualitativas de la Ley del arancel la actuación que les cupiera en primera instancia.-------------------------Y desde tal óptica encuentro útil advertir que todos los letrados recurrentes apelaron por bajos los emolumentos que le fueran fijados, apelándolos por altos sólo la parte actora.------------------------------------------------------------------------- --- ---Pues bien, resulta que si se sumara los distintos porcentuales regulados a los letrados de la parte demandada vencedora en el proceso, se arriba a una alícuota total del 14,67%. Y la regulación a los letrados de la parte actora vencida se le reguló en conjunto la suma equivalente al 9,1%.---------------------------------------------Es a partir de tal prisma que fuera enunciado al principio, globalmente considerados estimo que los honorarios regulados en dicha instancia, aun cuando dentro de las escalas mínima y máxima del arancel, resultan efectivamente bajos.-----De allí que no tiene caso que ingrese a la consideración de los fundamentos esgrimidos en sustento de los recursos deducidos por cada uno de los profesionales recurrentes, como tampoco aquellos que se expusieran por la parte actora en cuanto postula que son altos.--------------------------------------------------------------------Es que basta con advertir que en ambos casos, esto es tanto en la regulación de los honorarios de la representación de la parte actora vencida como de la representación de la parte demandada vencedora, se fijó un porcentual que se encuentra por debajo de aquellos que usualmente establece esta sala B de la Cámara de Apelaciones, y que son el 10% más el porcentual por procuración para la representación letrada de la parte vencida (14%); y, del 14 más el porcentual por procuración para la representación de la parte vencedora en el proceso (19,6%)(Conf. arts. 7 y 9 de la Ley 2.200).-----------------------------------------Señalo esto, por cuanto soy de la opinión que es dable propiciar cierta previsibilidad, salvo casos de excepción y con la debida motivación que lo sustente, en la fijación que habrán de merecer las tareas de los letrados intervinientes en un proceso judicial. Ello no obstante que ya de por sí la existencia de una ley que establezca escalas de honorarios de los profesionales implica previsibilidad y respeto por la función de los abogados, frecuentemente desarrollada en una causa judicial durante varios años, más aún en procesos complejos como el presente y en el que transitan cuestiones de trascendencia económica y social de extrema relevancia. De allí que, insisto, salvo cuando exista sobradas razones de excepción que habiliten ahondar entre las escalas arancelarias flexibles, aunque siempre en sus límites máximos y mínimos, debe seguirse iguales pareceres de ponderación al tiempo de fijar las alícuotas correspondientes a honorarios devengados en los procesos, de tal manera que puedan ser conocidos de antemano en la determinación del costo de los servicios profesionales como gastos a sufragar con motivo del proceso judicial.-----------------------------------------------------De tal modo dejo propuesto al acuerdo la admisión de los recursos de apelación deducidos por los letrados por su propio derecho, debiéndose elevar sus emolumentos del modo que seguidamente se indicará "infra", desestimándose el recurso de apelación deducido por la parte actora en contra de la regulación por estimarla alta. Todo ello, sin costas atento que las cuestiones vinculadas a honorarios no las genera. Así lo voto.----------------------------------------------------------VI.- Conclusión: -------------------------------------------------------------------------------P or todo lo dicho en las consideraciones precedentes, como ya lo expuse en varias oportunidades "supra" la sentencia atacada debe ser confirmada, aunque por razones distintas a las argüidas por la juzgadora de la anterior instancia, cual entra en los poderes del tribunal "ad quem" llevar a cabo, pues si bien él debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos le asisten facultades idénticas a las del órgano "a quo", siéndole dado utilizar fundamentos inclusive diferentes a los invocados por las partes y por el juez de la anterior instancia o bien ingresar a tratar aquellos planteos que no llegaron a ser considerados por haberse desestimado como en el caso por cuestiones de forma como lo es el presupuesto de la habilitación de la instancia en el que consiste el reclamo administrativo previo que a su turno se consideró ausente para desestimar la acción sin ingresar siquiera al planteo reivindicatorio propiamente dicho ni a las defensas que se le opusieran (Confr. C.S.J.N., L.L. 149-411). Y, en consecuencia, corresponderá rechazar la demanda por reivindicación planteada por la sociedad "San Miguel S.A.", con costas de ambas instancia a su cargo atento a que resultó vencida en ambas (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- ----------------Habiéndose admitido los recursos de apelación de honorarios deducidos por los letrados de ambas partes del pleito, corresponderá asimismo, como se adelantara, fijar una nueva regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes atendiendo a las pautas cualitativas y cuantitativas previstas en el arts. 6, 7, 10, 37, 38, 47 y conc. de la Ley 2.200.------------------------------------------------------------------Como pauta cuantitativa se tomará como una única representación, tanto la ejercida por la parte actora como por la ejercida en relación a la demandada, independientemente de la cantidad de profesionales que se sucedieran en el ejercicio de la misma en las distintas etapas del proceso cumplidas (Conf. art. 10 de la Ley 2.200).------------------------------------------------------------------------- ---------A tal efecto se cuantificará el porcentual que sobre la base económica de regulación se estableciera en el primer grado, a determinar según procedimiento previsto por el art. 23 de la Ley del arancel, en porción del fallo que se encuentra consentida y firme por cuanto no se dirigió cuestionamiento alguno respecto a dicho tópico.------------------------------------------------------------------------- --------------De tal manera se fijarán los honorarios en un único porcentual a distribuir por la representación letrada de la parte demandada vencedora en el pleito, en la suma total equivalente al 19,6% del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia respectiva, con más el I.V.A. correspondiente.-------------------Y a la representación letrada de la parte actora, en la suma equivalente al 14% sobre el aludido monto del proceso, con más el I.V.A. pertinente.------------------------Establecido lo anterior, por razones de mejor orden ingresaré particularizadamente al análisis de lo efectivamente actuado por cada profesional o grupo de profesionales a los efectos de evaluar el mérito, extensión, calidad y eficacia de su respectiva tarea efectivamente realizada en el anterior grado, a efectos de discriminar la porción de dicho porcentual único le corresponde a cada uno de los intervinientes.----------------------------------------------------------------- -------A los Dres. V. A. F. y L. A. N., letrados apoderados de la parte actora, quienes intervinieron en las tres etapas del proceso, el porcentual único antes indicado por el ejercicio de su representación (14%), les corresponde a ambos por parte iguales (50% para cada uno), esto es el 7% para cada uno, sobre el monto del proceso a determinar oportunamente (Arts. 6, 7, 10, 37, 38 y 47 de la ley 2.200).------------------------------------------------------------------------- -------------------- -A la representación letrada de la demandada, del total fijado en concepto de emolumentos profesionales (19,6%), le corresponderá a los Dres. Jaime Gruskin, Juan C. Morando y Sebastián Agnese, en conjunto, el 75% de dicha alícuota. Esto es, del total del porcentual fijado por dicha representación el 14,7% les corresponde a dichos letrados.------------------------------------------------------------------Ahora bien, de dicho porcentual, a su vez el 77,77%, (11,43%) les corresponde por partes iguales, a los dos abogados mencionados en primer término; y, el 22,22% al restante, toda vez que la intervención que les cupo a los Dres. G. y Morando fue realizada mantenida durante todo el trámite del proceso de primera instancia (las tres etapas), restringiéndose, en cambio, la actuación del Dr. Agnese a solo una de ellas (la primera).-----------------------------------------------------------------En tales términos, entonces, los honorarios de los Dres. G. y M., son fijados para cada uno en la suma resultante de aplicar el 5,71%, sobre el monto del pleito a determinar. Y al Dr. A., en la suma equivalente al 3,27% sobre idéntica base económica (Conf. arts. 6, 7, 10, 37, 38 y 47 de la Ley 2.200).-------------El Dr. M. A. B., letrado apoderado que concurriera al proceso conjuntamente con los Dres. A., M. y G. y contestara la demanda en representación de la corporación municipal demandada y que renunciara a su mandato luego del auto de apertura a prueba de fecha 01-03-99 (ver escrito de fs. 89 del 04-08-99), suscribió un solo escrito durante dicho período probatorio que fue pidiendo se ordene la producción de la ofrecida por las partes (fs. 357); corresponde computar su participación dentro de la distribución del restante 25% del total de la alícuota fijada por una única representación, esto es, del 4,9% del monto final del proceso a determinar oportunamente en la etapa respectiva.------------Y, evaluando que el Dr. B. participó de la totalidad de la primera etapa y una porción de la segunda, le corresponderá por su actuación la suma equivalente al 2.03% del monto del pleito, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6, 7, 10, 37, 38 y 47 de la ley 2.200).---------------------------------------------------------------------Conj untamente con el Dr. Barletta concurre lo actuado por la Dra. A. T., la mencionada profesional se presentó en este proceso como letrada apoderada de la Municipalidad de Puerto Madryn conjuntamente con los también representantes de la demandada, Dres. V. M. y A. M. el 02/02/00 (fs. 96), no habiendo intervenido ninguno de tales profesionales en la etapa de traba de la litis (vide: escrito de contestación de la demanda de fs. 22/46). Señalo además, que recién se registra actuación de la Dra. Tolosa a fs. 302, en el escrito por el cual se solicita el préstamo del expediente y que data del 12/06/03 y a fs. 317, escrito de fecha 03/11/03, en el que conjuntamente con el representante de la actora, Dr. V. A. F. solicitaron prórroga del traslado de la pericia; la impugnación a la pericia presentada el 06/11/03 (fs. 320 y vta.); la solicitud que se provea producción de prueba efectuada el 12/12/03 de fs. 506 y vta.. Luego, a fs. 122, con fecha del 04/02/04, se acompaña nuevo apoderamiento de la mencionada abogada, el que fue otorgado en un mismo acto también a la Dra. Patricia Bogado. En la misma presentación aludida se revoca el mandato general para juicios a los Dres. A. O. M. y V. M. A posteriori de ello produjo, las siguientes actuaciones, a saber: las obrantes a fs. 329, 513, 516, 521, audiencias de fs. 525, 530/532 vta., 535/536, 539, 546, 548, 551, 556, audiencias de fs. 561 y 568.---------------------------------------------------------------------Como puede verificarse de la reseña de la actuación efectivamente cumplida por dicha profesional, su intervención se enmarcó únicamente en una de las tres etapas del proceso toda vez que no participó ni antes ni después del período probatorio (Conf. arts. 10, 37 y 38 de la Ley 2.200).-----------------------------------------De allí, entonces, solo le corresponderá a dicha profesional participar, juntamente con el Dr. Alfredo Martín, del 50% del remanente correspondiente al tercio del porcentual a distribuir (el 75% del 33,33% sobre 4,9%= 1,23%/2= 0,615% para cada uno). Es que dicho letrado, al que como ya se lo señalara precedentemente, el municipio de Puerto Madryn le revocó el mandato que le otorgara por Resolución 2045/03 DEM del 15/12/03, intervino en las testimoniales cuyas actas obran en autos de fs. 215 a 218, 221 vta./223, evacuó el traslado corrido a su representada a fs. 271, y produjo las siguientes actuaciones, a saber: las obrantes a fs. 394, 398, audiencias de fs. 401 y vta., 404/405 y 406, 466, 468, audiencias de fs. 473/474 vta., 480, 483, 486, 488, 490, 503.------------------------------A fs. 124/125, se encuentra glosado el poder general para juicio del Municipio de Puerto Madryn a favor de la Dra. Delma Irina Viani, que data del 04 de abril de 2005, que fuera presentado por dicha profesional con motivo de su concurrencia al reconocimiento judicial realizado el 04 de abril de 2005 según se informa a fs. 126 y consta en acta agregada a fs. 344 y vta.. Asimismo, además de su participación al final de la etapa probatoria, se registra su participación en el alegato de bien probado (ver fs. 580 y fs.603/645 vta.).--------------------------------------------------------A la par, tengo para mi que las Dras. V. M. y P. B. no tuvieron participación, útil al menos, en el proceso resultando su intervención inoficiosa. Ello es de tal manera si se observa que la primera de las nombradas profesionales en el lapso que va desde la fecha en que se le otorgara el poder por parte del municipio en fecha 22/12/99 hasta su revocación 16/12/03 (fs. 93/95 y 121), no produjo acto alguno en el presente proceso en el que participara con su firma. Y la segunda, solo intervino en los escritos obrantes a fs. 122, 553 y 564/565. El primero de los mencionados actos fue su presentación como apoderada, el segundo y tercero pidiendo se libre nuevo oficio y el préstamo del expediente (Arts. 3 y 6 de la Ley 2.200). Ante ello y con motivo de la "prohibición de la reformatio in peius" se mantendrá porcentualmente la regulación que merecieran en primera instancia restando al 1,76 que fuera fijado en conjunto para ambas letradas y el Dr. M., el porcentual que se indicara a favor de éste por tal concepto precedentemente (1,76%-0,615= 1,145%). A su resultado se dividirá por partes iguales entre la mencionadas profesionales, correspondiéndole de tal modo a las Dras. Patricia Bogado y Virginia Menghini, la suma equivalente al 0.57% para cada una, con más el I.V.A. correspondiente.-------------------------------------------------Es por tal circunstancia que los honorarios de la Dra. I. V., corresponde fijarlos en el porcentual total remanente, esto es, por la suma equivalente al 1,63% del monto del proceso a determinar, con más el I.V.A. pertinente.------------------------Asimismo, siguiendo idénticas pautas apreciativas y de lo preceptuado por el art. 14 de la Ley del arancel, entiendo que los honorarios devengados de los Dres. Luis A. Novoa, Victorio A. Fassio y Sergio L. Fassio, por sus tareas de alzada, deben fijarse, en conjunto, en la suma equivalente al 3,5% de monto del proceso. Y a los Dres. D. I. V. y M. K., en conjunto, en la suma equivalente al 4,9% del aludido monto del pleito. En ambos casos, con más el I.V.A. pertinente.--------------------------------------------------------------------- -------------Culmino el tratamiento de esta cuestión pronunciándome en ella entonces, por la AFIRMATIVA.--------------------------------------------------------------------- -------- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo: -------------------------- --- I.- Llegan a este tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuesto a fs. 671 por la parte actora, concedido que fuera libremente a fs. 676, contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 649/656 vta., por la cual se rechaza la demanda promovida por S. M. S. contra la Municipalidad de Puerto Madryn, fundada en no estar habilitada la instancia judicial, e impone las costas a la accionante.---------------------------------------------- --- A fs. 726/740 se halla agregado el escrito de expresión de agravios de la parte actora, el que corrido el traslado que prevé el artículo 265 del CPCC, el mismo es contestado mediante el libelo que corre a fs. 742/790.----------------------------------- --- A fs. 666 el Dr. G. D. H., en representación de la Dra. A. V. T., apela por bajos los honorarios regulados a su favor, y con igual fundamento lo hace el Dr. A. O. M., los que son concedidos a fs. 668.---------------------------------------------------------------------------- --------------- --- También por bajos apelan sus honorarios los Dres. V. A.F. y L: A. N. a fs. 669, y a fs. 670 dichos profesionales apelan por altos sus propios honorarios regulados a la accionada, los que son concedidos a fs. 676.------ --- A fs. 673 el Dr. M. E. K., en representación de los Dres. M. A. B., S. A., J. C. M., J. G., V. E. M., D. I. V. y P. B., apelan por bajos los honorarios que le fueran regulados en la instancia precedente, recurso concedido a fs. 676.---- --- A fs. 794 pasan los autos a despacho a fin de dictar sentencia.--------------------- --- II.- La descripción de los agravios vertidos por la parte actora, como así también la contestación que los mismos merecieran por la demandada en el responde del traslado que oportunamente se le confiriera, ya han sido adecuada y suficientemente explicitada por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual, y en aras del principio de economía procesal omitiré su reiteración, pasando entonces a abordar el tratamiento de las quejas volcadas por la recurrente, previa una ligera mención de las mismas.----------------------------------- --- II.a.1) Así, en un somero repaso de las impugnaciones volcadas, cabe recordar que el apelante comienza por descalificar la sentencia por haber conculcado el principio procesal de "correspondencia o congruencia", por cuanto el juez tiene el deber de ajustar o limitar su decisión a lo pedido por las partes, y ello en razón que el mismo fallo deja sentado desde el inicio, que la acción entablada por la actora es la reivindicación de tierras, lo que no deja dudas del tipo de demanda y del objeto incoado.------------------------------------------------------------------------ --------- --- Por tal motivo, dice, violenta el principio de congruencia que la sentenciante haya considerado que la acción entablada debe regirse dentro de las normas que regulan el derecho administrativo.-----------------------------------------------------------<#LINE > --- También hace referencia a la violación del principio de preclusión, ya que sorteadas todas las etapas de un largo proceso ordinario, se viene a retrotraer el mismo a un estadio que en todo caso sería anterior a la traba de la litis, conculcando, pues, dicho principio al abordar el fallo el requisito de la habilitación de la instancia, sin haber sido introducido en momento oportuno por la contraria, citando jurisprudencia aplicable al caso.--------------------------------------------------- --- Dice que a todo evento habría cabido la vía recursiva directa ante este Cámara, vía que es alternativa y no obligatoria, pudiendo prescindirse de ella y promover la vía ordinaria. Y esto por cuanto la demanda trata de una cuestión totalmente diferente que no tiene relación con la falta de iniciación o agotamiento de la vía administrativa, como sostiene el decisorio atacado.-------------------------------------- --- Hace luego una expresa distinción entre recurso y reclamo, que, según expresa, la sentencia no distingue, reiterando que las normas de la acción reivindicatoria se promueven en base a las normas del Código Civil ó "derecho común".--------------- --- Formula luego un análisis referido al agotamiento de la vía administrativa, con citas jurisprudenciales y doctrinarias, para afirmar a renglón seguido que se efectuó el reclamo aducido por la Sra. Juez anterior y su agotamiento se halla definitivamente perfeccionado, mencionando fallos del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, para explayarse luego sobre la innecesariedad del reclamo, concluyendo esta queja aseverando que la actora se hallaba perfectamente legitimada para iniciar la acción reivindicatoria interpuesta.---------------------------- --- II.a.2) Se agravia seguidamente por la forma en que se resolvió el tema de las costas, teniendo en cuenta el fundamento dado por el a-quo para pronunciarse por el rechazo de la demanda, ya que en la fecha de inicio de la acción, año 1998, el Superior Tribunal de Justicia provincial aún no había encontrado oportunidad para pronunciarse respecto del requisito procesal referido a la "habilitación de la instancia", existiendo por aquél entonces jurisprudencia contradictoria entre la cámaras de apelaciones provinciales.------------------------------------------------------- --- Sostiene que de confirmarse la sentencia, el rechazo de la demanda no sería una consecuencia del planteo - excepción ó defensa - efectuado por la accionada, al que se le reconozca el éxito para arribar a la conclusión del proceso, sino que sería la confirmación de la actuación de oficio de la jueza de grado.------------------------- --- Asegura que por ello debió diferirse para su oportunidad la regulación de honorarios de los profesionales, hasta que en la etapa procesal pertinente se decida la existencia o no de una base cierta para fijarlos, ya que en el caso de autos dicha regulación se encuentra desprovista de toda pauta, que puede llevar a arrojar cifras insignificantes o sumas millonarias, lesivas del legítimo derecho de defensa.-------- --- II.a.3) Con fundamento en las facultades de que goza la Alzada de asumir la plenitud de la jurisdicción, concreta posteriormente el planteo reivindicatorio postulado en su escrito inicial como cuestión de fondo, y que no fuera tratado por la sentenciante de grado, con apoyo en citas doctrinarias y jurisprudenciales.------ --- Plantea también la cuestión federal sobreviviente, haciendo reserva de recurso ante la Corte Interamericana de Justicia, con argumentos que doy por reproducidos.

--- Peticiona la revocación de la sentencia apelada, haciéndose lugar a la demanda, con costas.------------------------------------------------------------------------- ----------- --- II.b) Como se viene de decir en el Punto I.- precedente, la parte demandada contestó el traslado que le fuera conferido de la expresión de agravios de la actora, en el extenso escrito agregado a fs. 742/790.--------------------------------------------- --- II.b.1) Comienza relatando los antecedentes que dieran origen a la pretensión aquí debatida, con transcripción de párrafos del escrito inicial y los comentarios que le merecen los mismos, pasando luego a extractar porciones de la sentencia en crisis.------------------------------------------------------------------------- ------------------ --- Pasa después a replicar al primer agravio de la parte actora, reproduciendo parte del fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial, recaído en la causa "M. y Cía. SC- N. y C. E. S.R.L.-UTE c/ Municipalidad de ComodoroRivadavia s/ Recurso Contenciosos Administrativo", Expdte. N° 18.623-C-2002; como asimismo de la sentencia dictada por esta Cámara en autos "Gómez Rogelio Ricardo c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros s/ Daños y Perjuicios", Expdte. N° 20.510-año 2005. A la lectura de dichos argumentos me remito.------------------------------------------------------------------------- ------------------ --- II.b.2) Con respecto al segundo agravio manifiesta que resulta inexacto el argumento expuesto que al momento de promoción de la demanda el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia aún no había encontrado oportunidad para pronunciarse sobre el requisito procesal referido a la "habilitación de la instancia", ya que se encontraban vigentes el artículo 138 de la Ley 920, como así también el artículo 130 de la Ley 3098, no habiendo cuestionado la actora, al momento de promoción de la demanda, impugnación alguna a dicha normativa.-------------------- --- Efectúa una serie de consideraciones para justificar la aplicación del principio objetivo de la derrota, ya que habiéndose apelado y fundado el recurso de apelación , todo lo referente al modo de regular los honorarios es una etapa precluída, y manifiesta que tampoco interesa a la demandada el modo utilizado por la a-quo para regularlos.--------------------------------------------------------------------- - --- II.b.3) Aborda a continuación el planteo reivindicatorio formulado por la quejosa, reiterando en parte argumentos ya esgrimidos en su contestación de demanda de fs. 22/46.-------------------------------------------------------------------------< #LINE> --- Efectúa luego una muy abundante fundamentación con el desarrollo de distintas cuestiones referidas a aspectos de la posesión, y apuntalándolas en diferentes citas, legales, doctrinarias y jurisprudenciales, a las que me remito en homenaje a la brevedad.----------------------------------------------------------------------- ---------------- --- Seguidamente realiza un pormenorizado análisis de cada una de la pruebas rendidas en autos, para expresar que fundando la defensa en la prescripción adquisitiva, resulta fácil concluir que la afectación al "dominio público" de las tierras señaladas, es "De Hecho", y dada las circunstancias de "Hecho Notorio" o, de "Pública Notoriedad", por lo que dicha afectación se produciría a través de hechos existentes consentidos por ambas partes.---------------------------------------- --- Se refiere luego a la improcedencia de la acción intentada por la actora, ya que si se consideró con algún derecho sobre la fracción de tierra que pretende reivindicar, debió interponer en forma previa contra el Municipio, la acción de deslinde por aplicación del artículo 2750 del Código Civil, y considerando que en virtud de lo previsto en dicha norma, la acción le compete a la jurisdicción administrativa.----------------------------------------------------------------- --------------- --- Hace después referencia al artículo 2340 del Código Civil que contempla los bienes públicos, para hablar luego de los bienes del dominio público artificial, para a continuación realizar una extensa explicación sobre la línea de ribera.------------- --- Concluye afirmando que la demanda es improponible objetivamente; deja articulada la cuestión federal; y peticiona se rechacen los agravios, se confirme la sentencia, con costas a la parte actora.---------------------------------------------------- --- III.- Dentro del esquema perfilado, en el tratamiento de las cuestiones a dilucidar, y en todos aquellos puntos que así lo estime pertinente, intentaré seguir el mismo orden de análisis ya trazado por mi colega preopinante, y ello con la finalidad de dotar de una mayor claridad expositiva al pronunciamiento a dictar.

--- III.a) Así, pues, tal como se viene de decir en el Punto II.a.1) anterior, se agravia la actora sosteniendo que el fallo en crisis violenta el principio de congruencia al decidir sobre una cuestión no propuesta por la demandada, como en el caso de marras lo hace la juzgadora al rechazar la demanda fundando su decisión en la falta de habilitación de la instancia por haber omitido el agotamiento de la vía administrativa; como así también por violación al principio de preclusión, al emitir la sentencia desestimatoria luego de un largo proceso, retrotrayendo el mismo a etapas que debieron ser anteriores a la traba de la litis.---------------------------------- --- Corresponde dejar sentado "ab initio", que resulta cierto que al contestar la demanda la Municipalidad accionada expone en su libelo de responde que la reivindicación pretensa por la parte actora tiene su fundamento en el rechazo por parte del Municipio, del visado de los planos que oportunamente presentara, y que al ser tal cuestión una materia de evidente carácter administrativo, debió hacer uso del reclamo pertinente dentro de los plazos legales de caducidad que tenía para deducirlo, y que es de quince días (v. fs. 26 vta.).----------------------------------------- --- En este entorno en que se posicionaron las partes contendientes, el pronunciamiento atacado consideró que la acción entablada y las defensas opuestas debían regirse por la normas regulatorias del Derecho Administrativo, haciendo especial referencia a la Ley 37, Ley 3098, Decreto Ley 920, como así las reglas de interpretación que emanan de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.------------------------------------------------------------------ --- Es decir, que a mi leal saber y entender, el nudo de la controversia a resolver, y a partir del fallo apelado, transita por el camino adecuado a seguir en el encuadre que ha de darse a las respectivas pretensiones de las partes: o sea, si se trata de una acción contencioso administrativa, o bien debe orientarse hacia las perspectivas que gobiernan la acción civil.---------------------------------------------------------------- --- Desde este posicionamiento, y como ya lo expresara, la Sra. Juez a- quo rechaza la demanda reivindicatoria apuntalando su decisión en la circunstancia concreta que, al no haber agotado la actora la vía administrativa previa, no se hallaban presentes los presupuestos necesarios que hicieran viable la habilitación de la instancia en sede judicial.---------------------------------------------------------------------<# LINE> --- Estimo que resulta necesario, aunque en forma breve por razones de economía procesal, internarnos en la noción conceptual que sobre la habilitación de la instancia se han formulado en distintas oportunidades.---------------------------------- --- Así, entre varias, podemos decir que la habilitación o admisión de la instancia significa declarar que el demandante puede utilizar la vía judicial y ejercer sus facultades procesales. Al declararse la admisión del proceso se verifica la concurrencia de los presupuestos procesales de admisibilidad de la demanda, e incluso el plazo para el ejercicio de la acción (conf. Farrando, Ismael, "La Habilitación de la Instancia en la Provincia de Mendoza", Ed. Rubinzal-Culzoni, Revista de Derecho Administrativo, año 2003- 1, "Proceso Administrativo", p. 327 y sgts.; idem, Dromi, José R., "Proceso Administrativo Provincial", Idearium de la Universidad de Mendoza, Mendoza, 1977, p. 161).------------------------------------------ Y más claramente, también se ha destacado al respecto el "doble" juicio de admisibilidad que efectúa el tribunal competente respecto de la pretensión procesal administrativa, señalando que, por una parte, "se determina si reúne las condiciones de las cuales depende la averiguación de su contenido", y recién en caso afirmativo, se produce un "segundo juicio" referente a la fundabilidad de la pretensión para determinar si merece una sentencia favorable (conf., Hutchinson, Tomás, "La Acción Contencioso Administrativa", Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1981, p. 19 y sgts.).------------------------------------ --- Y sin adentrarnos a la discusión doctrinaria si la habilitación de la instancia constituye un incidente (A., G., S. G., D.), ó un prejuicio o antejuicio (C., J. L., en F. (h), M. y Otros, "Manual de Derecho Administrativo", 2ª reimpr., Ed. Desalma, año 2000, p. 686), nos inclinamos por la postura que considera que la institución aludida constituye la "primera parte" o faz inicial de la instancia procesal administrativa donde se revisan los requisitos de admisibilidad de la acción (conf. Farrando, Ismael, op. cit.).-------------------------------------------------------------------------- ------------------- --- En este sentido, las Resoluciones N° 813/96, 856/96, 857/96 y 938/96 dictadas por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Puerto Madryn, deniegan la visación de los planos solicitada, como consecuencia de las notas de presentación que en tal sentido formulara la parte actora, empero no debe perderse de vista que el "objeto" de la demanda está constituido esencialmente por una acción reivindicatoria destinada a reclamar como propios terrenos que la actora afirma le pertenecen en propiedad, mientras que la demandada le niega tal derecho. Así también lo ha dejado expuesto la sentencia apelada en su relación de causa (v. fs. 649), y al inicio de los Considerandos (. Fs. 644 vta.).----------------------------------- --- Y sin perjuicio de la importancia que pueda revestir en cuanto a los efectos que producen, el calificar a las aludidas resoluciones del Ejecutivo Municipal, ya sea como típicos actos administrativos, o bien como meros pronunciamientos administrativos, según lo ha indicado mi colega preopinante, tengo para mí que ha existido un yerro de la juzgadora al trazar el marco de la cuestión aquí en trato.---- --- Digo esto, por cuanto entiendo que corresponde examinar como tema preliminar, si la alegada falta de agotamiento de la vía administrativa esgrimida como fundamento desestimatorio, resultaba causal suficiente y necesaria del rechazo resuelto.----------------------------------------------------------------------- ------- --- En este aspecto, y en lo que atañe al contencioso municipal, si bien es cierto que el artículo 130 de la Ley 3098 de Corporaciones Municipales contempla, en principio, la obligatoriedad de la reclamación administrativa previa como recaudo precedente para la substanciación de los recursos en lo contencioso administrativo, empero tampoco puede dejarse de lado como directiva cardinal y complementaria de la anterior, lo dispuesto en el artículo 131 siguiente.---------------------------------- --- En efecto, dicha norma establece una "opción" a favor del recurrente, dándole la oportunidad, o bien de interponer un recurso ante el ente respectivo de la administración dentro de los plazos perentorios fijados por el artículo 130, o bien a iniciar una acción ordinaria en sede judicial.----------------------------------------------- --- Así también lo ha expresado el Superior Tribunal de Justicia en varios pronunciamientos judiciales ( SD, N° 9/93; SD, N° 31/91; SD, N° 36/91, entre otras).------------------------------------------------------------------------- ------------------ --- Y si, como en el caso aquí bajo examen, el administrado está haciendo uso de una facultad legal que el mismo ordenamiento normativo le otorga, mal puede entonces descalificarse su pretensión procesal con la exigencia de formalidades que la ley no impone como inexcusables.------------------------------------------------- --- De tal modo, y conforme lo ha dicho asimismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el exceso de rigor formal (que sin dudas se configuraría si no se reconociera al administrado la posibilidad de prescindir del reclamo de aquellos supuestos, incluso en que se ha comprobado de modo manifiesto, como en el sub lite, la oposición de la administración), resulta incompatible con las reglas del debido proceso y el adecuado servicio de justicia (conf., CSJN, Fallos: 311:700 y 2177, 317: 1579).-------------------------------------------------------------------------- ---- --- Y lo expresado, máxime atendiendo al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en diversos tratados de jerarquía constitucional (conf. art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y arts. 8° y 25° del Pacto de San José de Costa Rica sobre Convención Americana de Derechos Humanos).-------------- Debe ponderarse que la habilitación de la instancia implica una decisión que se refiere única y exclusivamente al acceso a la justicia, y atento a que la misma constituye la máxima garantía que brinda el Estado de Derecho, es necesario que el obrar del tribunal se efectúe con extrema prudencia en cuanto a la admisibilidad de los reclamos impetrados, claro está que ello debe suceder previa revisión de los requisitos legalmente establecidos, pero sin caer en exigencias ritualistas y formalismos inútiles.----------------------------------------------------------------------- --- --- Sin que resulte dirimente para la solución de la cuestión traída a debate, y sólo a título de comentario, se ha dicho, por ejemplo, que el reclamo previo no es una solución idónea cuando con posterioridad al acto atacado la administración dictó nuevas resoluciones en el mismo sentido de la primera y que también son impugnadas a través de esta acción. Obligar a la interposición del reclamo en sede administrativa, frente al claro temperamento adoptado por la demandada, para luego volver a sede judicial, configura un exceso de rigor formal incompatible con las reglas del debido proceso y el adecuado servicio de justicia (CSJN, Fallos cit.; CNFed.CAdm., Sala II, 12-9-2002, in re "Mattel Argentina S.A. c/ E.N. ME y OSP. Resol. 24/99 s/ Proceso de Conocimiento; Rev. de Derecho Público, Ed. Rubinzal Culzoni, año 2003- 2, p. 463).--------------------------------------------------- --- Sentados los argumentos precedentes, que como bien se advierte resultan opuestos a los invocados por la juzgadora, con relación a la exigencia impuesta por el fallo en crisis de falta de habilitación de la instancia como recaudo de procedencia de la acción pretensa, a los efectos entonces de dar una adecuada respuesta a las pretensiones introducidas por las partes, resulta procedente, entonces, ingresar al tratamiento de la acción reivindicatoria, y de carácter civil, postulada por la actora.----------------------------------------------------------------------<#L INE> --- En conclusión, y por los fundamentos expuestos, también he de proponer al Acuerdo la admisión de este agravio vertido por la parte actora.--------------------- --- III.b) Resuelta la cuestión precedente, corresponde ahora, pues, ingresar al análisis de la pretensa acción reivindicatoria introducida por la parte actora, y cuya consideración fuera dejada de lado por la Sra. Juez a- quo, atento los fundamentos que expresara para ello en el dictado del fallo en crisis.--------------------------------- --- Y esta facultad de la Alzada, de abordar el estudio de un rubro introducido por los litigantes y que no mereciera el tratamiento del sentenciante del anterior grado, como muy bien ya ha sido señalado, es una atribución del tribunal revisor en virtud de la apelación implícita que conlleva entre sus competencias ( art. 278 del CPCC), el obligado examen y decisión de aquellas cuestiones planteadas por las partes, y que el juzgador hubiera descartado considerar.-------------------------------------------- --- Por eso se ha dicho que los tribunales de apelación están habilitados para pronunciarse sobre cuestiones materia de la litis, aunque por omisión o por haber hecho lugar a un argumento o defensa excluyente, el juez ordinario no las hubiese examinado (conf. SCBA, in re "Etcheto, Pedro y Otro c/ Cooperativa Agropecuaria La Colonia de Juan B. Alberdi", DJBA, 124- 290).--------------------------------------- --- En tal direccionamiento, corresponde abordar el planteo de la acción reivindicatoria formulado por la parte actora, que como se viene de decir en el acápite anterior, fuera rechazado "in límine" por el pronunciamiento apelado con fundamentos que considero no se corresponden con el objeto esencial de la litis bajo examen.------------------------------------------------------------------------- ---------- --- Dentro de este contexto bosquejado, y con la finalidad de ordenar de la manera más adecuada posible el tratamiento de la cuestión aquí a debatir, de por sí sumamente compleja, entiendo conveniente que en primer lugar estructure los lineamientos jurídicos de la materia en trato, para luego, y a la luz de los elementos fácticos arrimados al proceso, arribar a la conclusión final que resuelva este tema suscitado entre los contendientes.-------------------------------------------------------------- III.b.1) Plataforma jurídica: Así, en la orientación de tratamiento propuesta, y atendiendo el meduloso y laudable análisis ya efectuado por el Dr. Lucero en el voto que antecede, comenzaré por puntualizar, lo más brevemente posible, las cuestiones jurídicas de fondo que hacen al asunto en debate, para luego analizar las jurídicas de forma.-------------------------------------------------------------------------- --- --- III.b.1.a.) Aspectos sustanciales o de fondo: Hemos de comenzar por decir que técnicamente la acción reivindicatoria, como acción civil real, se asienta en el dominio que una persona tiene sobre cosas particulares, mediante la cual su titular, que ha perdido la posesión, la reclama y reivindica ante juez competente donde se halla ubicado el bien, contra quien ilegítimamente se encuentra en posesión de ella (conf. Argieri, S.A.y R.C., "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Ed. LL, año 1999, p. 582).--------------------------------------------------------------------------- ------------- --- Si bien ha de admitirse que tanto la doctrina como la jurisprudencia no siempre han coincidido con respecto a los requisitos necesarios que habilitan la acción de reivindicación, y legislada en el artículo 2758 del Código Civil, en general podemos decir los mismos están configurados por. a) que el reivindicante sea propietario; b) que haya perdido la posesión de la cosa; c) que tenga derecho a poseer al tiempo de la demanda y de la sentencia; d) que se trate de cosas particulares, como opuestas a universalidades; y e) que se dirija contra el que se encuentra en posesión de la cosa.----------------------------------------------------------- --- Así, pues, si nos detenemos en el primer requisito invocado, es decir que el reivindicante sea propietario, tal calidad conlleva ineludiblemente a que el accionante detente un título válido sobre la cosa a reivindicar.------------------------- --- O sea, "título" en el sentido empleado por nuestra ley, de acuerdo al mencionado artículo 2758 del Código Civil, equivale a medio por el cual se adquiere la propiedad, y en el plano documental sólo puede acreditarse mediante la prueba de la realización efectiva de los actos prescriptos por la ley de fondo, todo lo cual surge del testimonio del acta protocolar con la constancia de su inscripción y certificación pertinente (idem, DJBA, 118- 1949).------------------------------------ --- Empero, debe ponderarse que cuando el Código Civil en sus artículos 2789 y 2790 habla de títulos del reivindicante, debe entendérselos como acto jurídico que sirve de causa a la tradición o entrega del bien y como instrumento en el cual puede constatar la existencia del derecho que se transmite. Y así, el mencionado artículo 2789 al referirse al "título posterior" no hace alusión solamente al título mismo del reivindicante, sino también al de sus antecesores en el dominio (en igual sentido, CCCom., Villa María, in re " Ochoa, R. c/ Gallo, Omar", LLC, 1984- 821; idem, CNCiv., Sala A, in re "L.P.O. c/ C.M.J.", ED, 82- 504, entre otros).------------------------------------------------------------------------- ------------------ --- Dijimos que otro requisito de la acción aquí pretensa está dado por la circunstancia que el reivindicante haya perdido la posesión de la cosa. Y en este sentido, se advierte que si bien la demandada insinúa el abandono en que podría haber caída la actora, no ha de olvidarse que por imperio de las pautas establecidas en el artículo 2528 del Código Civil, y que se refiere a las cosas que no son susceptibles de apropiación, señala entre ellas a los inmuebles.------------------------- --- En efecto, si bien es cierto que los inmuebles pueden ser abandonados, no obstante ese acto no los convierte en res nullius, ya que todas la tierras situadas en los límites de nuestro territorio son bienes privados del Estado (art. 2342, inc. 1° del Cód. Civil). Puede adquirirse la posesión de un inmueble por la ocupación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2382 de dicho código sustancial, pero para que se adquiera el dominio será necesario poseerlo durante el tiempo requerido para que quede consumada la usucapión, según rezan los artículos 3999 y 4015 del Código. Civil (conf. Arean, Beatriz, en "Código Civil- Análisis Doctrinario y Jurisprudencial", de Bueres- Highton, Ed. Hammurabi, año 1997, T. 5, p. 369 y sgts.).------------------------------------------------------------------------- ------------------ --- Un comentario especial merecerá en el punto en que aborde los elementos fácticos de la causa, los criterios que postulan la dación en pago de tributos, o la donación de tierras, como posibles causas de los derechos que asisten a la demandada para repeler la acción reivindicatoria intentada en su contra.-------------- --- Sentadas, pues, las líneas jurídicas de análisis precedentes, he de ingresar al argumento traído a debate y referente a la adquisición por parte del Estado de las cosas que comprenden los bienes de su dominio privado o de su dominio público, y más precisamente su forma de adquisición.-------------------------------------------- --- En tal sentido, y sin entrar a profundizar exhaustivamente la distinción entre bienes del dominio público natural y/o bienes del dominio público artificial y cómo se produce su afectación a manos del Estado, digamos simplemente que en los primeros dicha afectación se produce ministerio legis, mientras que los segundos pueden serlo por "ley", por un "acto administrativo" o por "hechos" (v. Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", LexisNexis- Abeledo Perrot, año 1998, T. V, p. 181 y sgts.).----------------------------------------- --- Y aquí deseo detenerme un momento, para expresar que en el caso de bienes del dominio público artificial (como por ejemplo, calles, plazas, etc.) la afectación de los mismos, tal como lo dijera, también puede llevarse a cabo mediante "hechos", y entre estos hechos por el uso público y continuado, siempre y cuando tal uso cuente con el asentimiento de la Administración Pública, manifestado en forma expresa o tácita (conf. Marienhoff, M.S., op. cit.).---------------------------------------- --- Y el referido uso público continuado puede dar lugar a la adquisición del bien o cosa y a su correlativa afectación, por dos vías alternativas: por la prescripción larga o por el denominado uso inmemorial.------------------------------------------------ --- Sobre este tema se ha dicho, por ejemplo, que el caso típico de adquisición tácita del carácter de bien público es de la adquisición por prescripción, que resulta aplicable tanto al derecho privado como al derecho público (conf. Cammeo: "Demanio", en "Il Digesto Italiano", tomo 9°, Torino, p. 889).------------------------- --- Por su parte, el uso inmemorial, llamado también "vetustas", no sólo no es compatible con los principios generales que regulan el sistema actual, sino más bien es un instituto que armoniza con él.-------------------------------------------------- --- Se ha entendido que mientras no haya afectación efectiva al uso público, la cosa no queda supeditada al régimen de dominialidad, y para ello la cosa debe ser susceptible de un uso público actual, lo que exige que la cosa presente un "estado exterior" idóneo, es decir, con obras construídas y, precisamente libradas al uso público, y esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2340, inc. 7° del Código Civil, que entre los bienes públicos se refiere a las obras construidas para uso o utilidad común.-------------------------------------------------------------------------< #LINE> --- Con lo antedicho, queda en claro que tanto la prescripción adquisitiva como el uso inmemorial, no requieren ni aprobación ni consentimiento alguno del propietario, por tratarse de medios adquisitivos unilaterales de la propiedad.-------- --- III.b.1.b) Aspectos objetivos o formales: Sentado lo anterior, cabe recordar entonces que la prescripción no puede ser declarada de oficio por el juez, sino que opera a petición de parte.---------------------------------------------------------------------<#LIN E> --- Se ha discutido en este aspecto los distintos modos que puede utilizar el interesado en hacer valer la prescripción que invoca. Y así, se admite que la misma se plantee por vía de acción (o de reconvención en su caso), o bien por vía de excepción o defensa.------------------------------------------------------------------------ --- --- En este último supuesto, el de la excepción, se ha entendido que si se opone como defensa, que es el caso de autos, no resulta necesaria la exigencia instrumental prevista en el artículo 24, incs. a) y b) de la Ley 14.159, en cuanto requiere la presentación del plano de mensura y de certificados de dominio, y ello por cuanto la prescripción adquisitiva actúa ipso jure (por la misma ley) al haberse reunido en el pretensor usucapiente los requisitos de la posesión del bien durante el tiempo legalmente fijado para ello, sin que resulte imprescindible una sentencia que así lo declare.------------------------------------------------------------------------ ------ --- En este sentido, quien ha poseído un inmueble con ánimo de dueño y detentando una posesión, pública, pacífica, continuada e ininterrumpida adquiere el dominio por prescripción al cumplirse el plazo de veinte años. No interesa que no tenga título ni buena fe, ya que lo que está en juego es un interés social superior: la necesidad de asegurar la estabilidad de la propiedad y de consolidar la posesión (conf. Arean, Beatriz, en "Código Civil", de Bueres- Highton, Ed. Hammurabi, año 2001, T. 6 B, p. 740 y sgts.).--------------------------------------------- --- Así, para que tenga lugar la invocada usucapión, se requiere la acreditación de expresiones claras y convincentes del animus domini (intención de propietario). O sea que los actos de posesión deben poder caracterizarse como un ejercicio directo del derecho de propiedad y no ser el producto de una simple tolerancia del titular del fundo.-------------------------------------------------------------------------- ------------- --- Es decir que la prueba de la posesión debe ser plena e indubitable, ya que acreditado el corpus (cuerpo u objeto), el elemento intencional se presume, y la actitud del poseedor no debe aparecer como incierta o equívoca, sino que debe evidenciar una acción excluyente de todo otro propietario, sometiéndolo a su señorío (conf. CSJN, Fallos 300:651; SCBA, DJBA, 117-170; idem, DJBA, 136- 2802, idem, JA, 1994-III- 235; idem, LLBA, 1995- 226; Bueres- Highton, op. cit.).

--- III.c) Plataforma Fáctica: Trazados, pues, los principales lineamientos que conforman la estructura jurídica de la cuestión a resolver, y siguiendo el orden de tratamiento perfilado al inicio del presente Punto III, corresponde que ingrese al análisis de la probanzas habidas en la causa, para que a la lumbre de las normas y principios de derecho precedentemente señalados, podamos hallar el camino que nos conduzca a una solución del caso bajo examen.-------------------------------------- --- III.c.1) Así, hemos de partir del hecho cierto, reconocido por la parte actora, que las tierras cuya reivindicación pretende, se hallan sin mensurar, y cuyos planos acompaña y tengo a la vista, extendiéndose las mismas desde la calle Martín Fierro, al norte; hasta el establecimiento que funcionaba con el nombre de "E. C. M.", al sur; y desde la línea de las más altas mareas, al este; y hasta el camino costero, al oeste, llamado "Camino del Indio".---------------------------------- --- Sustenta su pretensión reivindicatoria en el título de dominio que presenta bajo la escritura N° 31, del Registro Notarial N° 9, inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, pero de manera especial el Lote 2, cuya reivindicación parcial demanda, asentado al T. 237, Folio 237, Finca 8021.------------------------------------------------ --- Ha de señalarse que uno de los aspectos principales a considerar es que, conforme el análisis de los profusos antecedentes obrantes a lo largo del proceso, la parte actora reivindicante nunca tuvo la posesión de las tierras que reclama, por cuanto no se le hizo tradición de las mismas, por lo que como con todo acierto lo remarca mi colega preopinante en el voto anterior, debe entenderse que S. M. S.A. no intenta que se le restituya una posesión que nunca tuvo, sino el perfeccionamiento de un derecho real de dominio.--------------------------------------- --- Y en este sentido ha de convenirse en que existe abundante doctrina y jurisprudencia que sostiene que en aquellos supuestos en que al comprador de una cosa no se le hubiera hecho tradición del bien adquirido, ello no resulta impedimento para intentar la acción reivindicatoria, por cuanto la compraventa trae incluida de manera tácita la cesión de todos las acciones que pudieran corresponder al vendedor, y por supuesto, entre ellas también la reivindicatoria (conf. entre otros autores, K., C. M., "Legitimación del adquirente que no tuvo la posesión de la cosa para ejercer la acción reivindicatoria", LL, 1990-C-53).-------------------- --- Así, pues, la sociedad accionante presenta el título de propiedad de fecha 21 de Agosto de 1970, y en la relación de causa hace un pormenorizado relato de los antecedentes dominiales de los terrenos que reivindica, remontándose al año 1941, y cuyas constancias se hallan glosadas a fs. 262/265 en el estudio de títulos realizado por el escribano Humberto R. Castro, por lo que resultan de aplicación al caso los referenciados artículos 2789 y 2790 que citáramos en el Punto III.b.1.a) al hablar de la cuestión de los títulos del reivindicante que sirven de causa a la existencia del derecho que se transmite.--------------------------------------------------- --- Y sobre este punto, no puede considerarse que hubo abandono de la propiedad por parte de la parte actora, como lo sostiene la demandada, y sobre cuyos alcances jurídicos ya me he expedido más arriba y a los cuales me remito, pues no puede considerarse tal la circunstancia que, tanto en los loteos y escrituración de tierras ubicados al oeste del denominado "Camino del Indio", como así tampoco en la hijuelas de la sucesión de Don Julio San Miguel, no se hiciera mención el remanente del Lote Pastoril N° 2.---------------------------------------------------------- --- Resulta también incorrecto el planteo de la demandada que invoca la dación en pago de tributos municipales contenidos en el expediente administrativo 029/70, para, entre otros argumentos, justificar sus derechos a las tierras reclamadas por la actora, y ello, por cuanto del detenido estudio de los antecedentes sobre esta cuestión no se advierte que dichas tierras se hallen comprendidas dentro de los terrenos que incluian la dación en pago de tributos (v. escritura N° 488).------------- --- Y la misma línea desestimatoria ha de seguir la alegación de la accionada cuando afirma que se configuró una donación de tierras a favor de la Municipalidad, en el curso de los distintos loteos y fraccionamientos de tierras y sus consecuentes actuaciones administrativas; ya que aparte que la situación descripta como donación queda saneada con la aprobación de los planos respectivos por parte del ente municipal, en el caso en aquí en trato existen posturas discordantes de la accionada, que por un lado lo considera donación, y por el otro asevera que los terrenos que se reivindican nunca fueron considerados ni por la actora ni por sus antecesores, ya que siempre fueron consideradas el Estado (v. fs.30/32 del escrito de responde).------------------------------------------------------- --- III.c.2) Resta, pues, examinar si la defensa de prescripción ensayada por la demandada, y de acuerdo a las pruebas producidas en la causa, adquiere virtualidad jurídica suficiente que permita su andamiento favorable conforme a las normas que regulan el instituto invocado.---------------------------------------------------------------- --- En tal direccionamiento, y según lo parámetros de valoración desarrollados en el Punto III.b.1.b) con respecto a la usucapión, no me cabe duda alguna que en la especie se cumplen en plenitud los requisitos de admisibilidad necesarios.----------- --- Así, ambos contendientes reconocen que el primer asfalto del denominado "Camino del Indio" se remonta al año 1965 (v. fs. 12 vta. y fs. 23), y con fecha anterior los terrenos fueron forestados por la Municipalidad e instaladas canillas de riego aledañas al B. A. B..------------------------------------------ --- A ello ha de añadirse, y como dato relevante, las concesiones de uso y explotación que a partir del año 1977 y posteriormente, otorgara a terceros la corporación municipal, sobre los terrenos en disputa, y que la misma actora reconoce en su libelo de inicio (v. fs. 13).------------------------------------------------- --- Si tomamos en cuenta estos hechos concretos, fehacientes e indubitables llevados a cabo por la demandada, resulta evidente que tales comportamientos por parte de la Municipalidad de Puerto Madryn, como así también la realización de otras obras o construcciones, anteriores y posteriores al año señalado, nos conducen a concluir que la accionada ha poseído los terrenos que aquí se intenta reivindicar, de forma pacífica, continua e ininterrumpida durante el tiempo exigido por la ley (arts. 4015, 4016, 2606, 3947 y 3948, del Código Civil, ), ponderando el hecho esencial que la presente demanda reivindicatoria fue interpuesta en el mes de Junio de 1998, es decir cumplidos holgadamente los plazos legales señalados, por lo que pierde total eficacia el efecto interruptivo que la acción incoada pudiera producir.----------------------------------------------------------------------- ------------------ --- Y precisamente, en el especial caso que aquí se debate, se encuentra en juego un interés social superior, que es necesario proteger, y que sirva para asegurar la estabilidad y la consolidación de la propiedad, como ya lo dijera más arriba, a favor del bien común.------------------------------------------------------------------------- --- Los hechos apuntados no pueden de ninguna manera considerarse como una mera tolerancia por parte de la actora, y sí entiendo que constituyen una afectación como bienes del dominio público de las tierras reclamadas.---------------------------- --- Tales razones me mueven a considerar ocioso el seguir profundizando los aspectos primordiales que pudieran hacer viable la reivindicación peticionada.----- --- Por todos los fundamentos precedentemente expuestos en los puntos que anteceden, he de proponer al Acuerdo la desestimación de la acción reivindicatoria interpuesta por la actora San Miguel S.A., por haber fenecido el derecho real de dominio que le asistía, al operarse la prescripción adquisitiva a favor de la Municipalidad de Puerto Madryn, en su calidad de poseedora de los inmuebles pretendido por la actora.---------------------------------------------------------------------<#LI NE> --- III.d) En cuanto a la condena en costas de la que se agravia la parte actora, atendiendo el resultado de la sentencia que se propone, es cierto que deviene estéril la aplicación de los criterios jurisprudenciales que cita, en razón de haberse revocado el requisito de la habilitación de la instancia decidido por la Sra. Juez de grado anterior.----------------------------------------------------------------------- ----------- --- He de compartir el criterio sostenido por el Dr. Lucero, en el sentido que conforme la postura asumida por las partes en el proceso, solicitando la demandante la reivindicación de los terrenos, y la demandada peticionando el rechazo total de la acción, y de acuerdo a la decisión aquí propuesta de desestimar totalmente la pretensión reivindicatoria incoada, no me cabe duda alguna que conforme el resultado obtenido, las costas, que también se hallan integradas con los honorarios profesionales, han de imponerse en ambas instancias a la actora, por imperio del criterio objetivo de la derrota, pautado por el artículo 68 y concordantes del código de rito, y del que no hallo motivo para apartarme.------- --- En cuanto a la base regulatoria sobre la que han de aplicarse los honorarios regulados a los profesionales intervinientes, estimo adecuada la establecida por el fallo impugnado, que los determinó conforme lo estipulado en el artículo 23 de la ley arancelaria, por constituir, precisamente, el sistema legal previsto para situaciones como las que aquí se presentan.----------------------------------------------- --- Y ello, por cuanto ha de tenerse presente que la decisión respecto de las costas, que es un accesorio de la sentencia, no es en el fondo otra cosa que una aplicación particular del principio iura novit curia (el juez conoce el derecho), lo que importa, igualmente, una limitación objetiva al principio dispositivo, por lo que puede imponerse de oficio (idem, JA, 981-III-297; idem, DJLL, año 1996, T. IX, p. 990 y sgts.). Y por supuesto que tal facultad, en los casos de excepción como el presente, ha ejercerse prudentemente a fin de no caer en excesos irritantes.---------------------- --- Por tal motivo, corresponde desestimar esta porción de la queja.------------------ --- III.e) En cuanto a las apelaciones de honorarios oportunamente introducidas, y que fueran señaladas al principio de este voto, si bien es cierto que la sentencia de primera instancia será confirmada, empero no puede obviarse que los argumentos que aquí se proponen para ello, resultan totalmente antagónicos a los utilizados por el fallo en crisis, motivo por el cual también han de resultar diferentes los parámetros de valoración que se utilicen para fijarlos en la instancia anterior.------ --- En este punto he de coincidir con el razonamiento postulado por mi colega presufragante, en el sentido que la sumatoria de los porcentajes regulados en la etapa precedente se hallan por debajo de aquellos que normalmente utiliza esta Sala "B", y que en virtud de las tareas desplegadas por los profesionales participantes, la complejidad e importancia social y económica de la causa que diera origen a este proceso, y la justa retribución de los letrados por los trabajos cumplidos, ameritan que los honorarios de primera instancia sean elevados, sin que ello implique la imposición de costas, por cuanto las cuestiones atinentes a honorarios, no las generan.-------------------------------------------------------------------<#LIN E> --- III.d) En virtud de todas las razones de hecho y de derecho expuestas, y en ejercicio de las facultades revisoras de que se halla investido el tribunal de Alzada, he de propiciar al Acuerdo desestimar la acción de reivindicación promovida por S. M. S., con costas en ambas instancias a la parte actora perdidosa, de acuerdo a las directrices que emanan de los artículos 68 y 279 del código de rito.

--- En tal entendimiento, y habiéndose acogido favorablemente las apelaciones de honorarios deducidas, corresponderá practicar una nueva regulación para los que fueran establecidos en la instancia precedente, de acuerdo a la calidad, extensión, eficacia y resultado obtenido por los trabajos profesionales de los letrados intervinientes, según los lineamientos dados por los artículos 6, 7, 10, 37, 38, 47 y concordantes de la Ley 2.200.-------------------------------------------------------------- --- Asimismo, siguiendo las pautas del artículo 10 de la ley arancelaria, sin perjuicio de los distintos profesionales que se sucedieran en representación tanto de la parte actora como de la demandada, estimo adecuado tomar una única representación para cada una de ellas, adoptándose como base de regulación la ya dispuesta en primera instancia y conforme las pautas allí consignadas.--------------- --- Con dichos alcances, considero prudente fijar para los honorarios profesionales de la parte demandada vencedora, en el 19,6%, y a la parte actora en el 14%, siendo ambos porcentuales tomados de la suma equivalente del monto del proceso a establecer en la respectiva etapa de ejecución de sentencia, a los que ha de añadirse el IVA pertinente.------------------------------------------------------------------<#L INE> --- En consecuencia, y acompañando los pormenorizados y fundados argumentos que en la distribución de honorarios ya formulara mi colega preopinante, se han de fijar en el 14% los honorarios de los Dres. V. A. F. y L. A. N., apoderados de la actora, por las tres etapas del proceso en la que tomaran intervención, correspondiéndole un 7% a cada uno de ellos.--------------------------- --- En cuanto a los honorarios de los letrados de la parte demandada, teniendo en cuenta que el total ha sido fijado en el 19,6%, corresponde establecer los de los Dres. Jaime Gruskin y Juan Carlos Morando, en el 5,71% ( que hacen un total del 11,43%) a cada uno de ellos, en razón haber intervenido en las tres etapas del proceso anterior, mientras que los que corresponden al Dr. Sebastián Agnese, se fijarán en el 3,17%, ya que actuó sólo en la primera etapa.------------------------------ --- Con respecto al Dr. M. A. B:, apoderado de la demandada, ponderando su actuación y su participación en la primera etapa y parte de la segunda, para luego renunciar al mandato conferido, entiendo adecuado fijar sus honorarios en el 2,03%.-----------------------------------------------------------------------<#L INE> --- Respecto de la actuación que les cupo en el proceso a la Dra. A. T., quien se presentara como apoderada de la accionada conjuntamente con los Dres. A. M. y V. M., tomando en cuenta la participación que le cupo y la etapa del proceso en que la misma tuviera lugar, que fue durante el período probatorio, se fijarán en el 0,615%, y en el mismo porcentaje para el Dr. Alfredo Martín.------------------------------------------------------------------------- -------- --- En lo que hace a los honorarios correspondientes a las Dras. P. B. y V. M., considero adecuado precisarlos en el 0,57% para cada una, y en el 1,63% los debidos a la Dra. Irina Viani.--------------------------------------------- --- Con los mismos parámetros de valoración que emergen de los artículos mencionados de la ley arancelaria, como así las pautas dispuestas por el artículo 14 de dicho ordenamiento legal, y apreciando la labor desplegada en segunda instancia por los profesionales que representaran a lo litigantes y el resultado alcanzado, entiendo correcto establecer los honorarios de Alzada de los Dres. L. A. N., V. A. F. y S. L. F. en el 3,5%, en conjunto; y los de los Dres. D. I. V. y M. Kaminker, en el 4,9%, también en conjunto. Dichos porcentuales serán tomados del ya indicado monto del proceso, con el aditamento del IVA que pudiera corresponder.------------------------------------------ --- Doy por concluida mi intervención y a esta primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.--------------------------------------------------------------------- ------- ---A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: -------------------------------------El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber; 1) CONFIRMAR el fallo venido en apelación aunque por distintos fundamentos a los que motivaran el rechazo de la acción reivindicatoria que por la presente se confirma. 2) HACER LUGAR a los recursos de apelación de honorarios deducidos en autos los que se elevan a las sumas equivalentes a los siguientes porcentuales para la tarea que desarrollaran en primera instancia, ha saber: a los Dres. V. A. F. y M. A. N., el 7% para cada uno de ellos; a los Dres. J. G. y J. C. M., al 5,71% para cada uno de ellos; al Dr. M. A. B., al 2,07%; a los Dres. A. T. y A. M., al 0,615 para cada uno de ellos; a la Dra. D. I. V., al 1,63%; y, a las Dras. V. M. y P. B. al 0,57% a cada una de ellas. En todos los casos, con más el I.V.A. pertinente. 3) IMPONER las costas de ambas instancias a la parte actora vencida en ellas. 4) REGULAR los honorarios por las tareas de segunda instancia, del siguiente modo: a los Dres. Miguel A. N., V. A. F. y S. F., en conjunto, en la suma equivalente al 3,5%; y, a los D.. D. I. V. y M. Kaminker, en conjunto, en la suma equivalente al 4,9%, en ambos casos con más el I.V.A. correspondiente.------------------------------------------------------ASI LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- -- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó: ------------------- --- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Lucero, en virtud de configurar el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en todas las cuestiones traídas a su decisión.----------------------------------------------------------------------- -- --- ASÍ LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., textos de la ley 4550), pasándose a dictar: -------------------------------------------------------------------------------- ---------- ------------------------------------ S E N T E N C I A: -------------------------------------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: -------- --- CONFIRMAR el fallo venido en apelación aunque por distintos fundamentos a los que motivaran el rechazo de la acción reivindicatoria que por la presente se confirma. -------------------------------------------------------------------------------- ---------- HACER LUGAR a los recursos de apelación de honorarios deducidos en autos los que se elevan a las sumas equivalentes a los siguientes porcentuales para la tarea que desarrollaran en primera instancia, ha saber: a los Dres. V. A. Fassio y M. A. N., el 7% para cada uno de ellos; a los Dres. J. G. y J. C. M., al 5,71% para cada uno de ellos; al Dr. M. A. B., al 2,07%; a los Dres. Al. T. y A. M., al 0,615 para cada uno de ellos; a la Dra. D. I. V. al 1,63%; y, a las Dras. V. M.i y Patricia Bogado, al 0,57% a cada una de ellas. En todos los casos, a aplicar sobre la base económica que se determine en la etapa de ejecución según el procedimiento fijado en el anterior grado, con más el I.V.A. pertinente.----------------- IMPONER las costas de ambas instancias a la parte actora vencida en ellas.-------- REGULAR los honorarios por las tareas de segunda instancia, del siguiente modo: a los Dres. M. A. N., V. A. F. y S. F., en conjunto, en la suma equivalente al 3,5%; y, a los Dres. D. I. V. y M. K., en conjunto, en la suma equivalente al 4,9%, en ambos casos con más el I.V.A. correspondiente.---------------------------------------------------------------- ------ --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------------------------------------------------- Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 28 DE 2007 - SDC.- Conste.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA