marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, fallos de la Corte Suprema, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Salazar, Oscar Saturnino c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-11

Las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Derecho civil, accidente de tránsito, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: BENITO MARIA FLORENCIA c/ PROVINCIA SEGUROS S.A. Y OTROS s/ D. Y P. USO AUTOMOTOR (SIN LESION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-06

El resarcimiento del daño debe colocar, dentro de lo posible y razonable, la reparación de las cosas en su estado anterior (art. 1083, Cód. Civil), y cuando la destrucción del automotor es parcial (como en el caso) la indemnización debe consistir en el pago de la diferencia de su valor venal y el valor primitivo, según lo establece el art. 1094 "in fine" del Código citado. Por ello, se torna injusto (por abusivo) que el costo de los arreglos del vehículo pueda superar el valor en el mercado de una unidad de iguales características (art. 1071, idem). En tales circunstancias, el monto de la indemnización respectiva ha de estar dado por este último valor, quedando satisfecho así el principio de la reparación plena, que -en caso contrario resultaría bastardeado- (arts. 1083, antes citado; y 1º, ley 24.283; 165, Cód. Procesal).
Proceso penal, reenvío
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Coronel, Orlando Reinaldo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-21

El juicio de reenvío no es enteramente nuevo y originario sino que está inevitablemente ligado al recurso y a la sentencia de casación que culminó con la revocación del pronunciamiento anterior -unidad de juicio-. (Voto del Dr.

Fégoli, adhieren los Dres. Mitchell y David).
Caducidad de instancia, trámites judiciales, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PERALTA VICTOR c/ JOSE ANDRACA MAGUNACELAYA Y OTS. s/ Cobro Alquileres (LIBRO: A068 - 239)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-03-13

Si se interpuso un incidente de caducidad recursiva en Alzada contra una apelación anterior y distinta de la que motiva la intervención actual de segunda instancia, ésta es competente para entender en tal perención toda vez que se encuentra abierta con la concesión del recurso y se inició la carga de instar del apelante, no obstante la elevación a raíz del nuevo recurso posterior. Pretender que los obrados bajen materialmente para luego volverlos a este Tribunal significa evidente exceso ritual que no puede ser acogido.
Testamentos, disposiciones testamentarias, escribanos públicos, incompatibilidades del escribano
Materia: CIVIL
Carátula: PASIN, Mafalda c/ PANTAROTTO, José Luis s/ INCIDENTE CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-16

1- El texto del art. 3664 del Código Civil claramente impide a los parientes del escribano y de los testigos recibir beneficios del testamento. En consecuencia, carece de todo valor la disposición testamentaria a favor del pariente en grado cercano -hermano- de uno de los testigos, por encontrarse comprendido dentro de la mencionada previsión normativa.

2- No modifica esta interpretación lo dispuesto por el art. 3703 del Código Civil porque no se trata de dos parientes que son testigos, sino de uno que es testigo y otro que es instituido heredero en el mismo testamento.

3- Aunque se comparte que el art. 3664 del Código Civil implica sin más la nulidad de la institución hereditaria por contener una presunción "iuris et de iure" debido a que se trata de una prohibición fijada para evitar que se pueda fraguar con relativa facilidad el testamento con la complicidad de los testigos, se alcanza a igual solución si no existió por parte de los afectados el mínimo intento de ofrecer prueba en contrario para intentar destruir la presunción. Ello al quedar ampliamente consentida la declaración de puro derecho dispuesta en la instancia de grado.

(Sumario N°19422 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2010).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, recusación, defensa en juicio, enjuiciamiento de magistrados
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Azura, Emilio Casin c/ Honorable Jury de Enjuiciamiento. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-10

Corresponde dejar sin efecto la resolución de la suprema corte local que se pronunció sobre su falta de competencia para revisar la decisión del jury de enjuiciamiento que destituyó al actor, sin advertir que los ministros habían sido recusados con causa por haber integrado dicho jury y, por tanto haber adelantado opinión sobre el caso, lo que aparece como una arbitraria limitación de la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Aurane Maria Antonia c/ Morales Ana s/ X* Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-23

Es improcedente el incidente de caducidad de segunda instancia puesto que, los plazos de la perención no corren, contra el litigante impedido de realizar gestiones que hacen a su derecho cuando tal impedimento deviene de una suspensión de términos en el juicio, -en el caso, por haber sido suspendida la matrícula del letrado, art. 68 del CPCC de la Provincia de Tucumán-, supuesto en el cual no puede considerarse que tales términos empiecen a correr otra vez sino en virtud de expresa declaración del Juzgado, luego de que se subsane la indefensión configurada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, sociedad anónima, responsabilidad de los directores
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PEREZ, RAUL HORACIO c/ PINTURERIA MIRASOL S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 343 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-03

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto invocando que la Sala brindó una fundamentación sólo aparente por basarse en simples conjeturas, desde que la postulación recursiva encierra un fuerte disenso para con la interpretación que de los hechos acontecidos y probados en la causa efectuó la Cámara, con la consecuente aplicación de la normativa considerada aplicable, sin demostrar que los sentenciantes se hubieran excedido en sus facultades apartándose de las cuestiones y puntos llevados a su resolución o introduciendo aspectos ajenos al debate.

En el caso, la Sala brindó las razones que determinaron la extensión de responsabilidad a la socia recurrente, resaltando que como presidenta del directorio de la sociedad "...tenía la obligación de obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios...", por lo que ante la ausencia de estas características en su comportamiento debía imputársele la responsabilidad ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios que resultaren de su acción y omisión, de acuerdo a lo establecido por el artículo 59 de la Ley de Sociedades.

Es decir, mediante la evaluación de la conducta de la codemandada -o "inconducta", como lo expresan en la sentencia-, los juzgadores le extendieron la carga aludida, y este razonamiento de ningún modo puede calificarse como "simples conjeturas" tal cual pretende hacerlo ver la compareciente, desde que encuentra su fundamento justamente en los antecedentes fácticos de la causa y en la propia conducción de la coaccionada, tanto en forma previa como a lo largo del juicio.
Contratos, compraventa, automotores, transferencia del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: PASTEN MARCELINO DEL ROSARIO c/ ARRIETA RICARDO s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-05-28

Como el dominio de los automotores está sometido al régimen del Decreto-Ley 6582/58, el vendedor, además de la tradición del vehículo, está obligado a emplear los medios necesarios para proporcionar al comprador la documentación pertinente para que éste gestione la transferencia del rodado.- Es decir, que el dominio de los automotores se obtiene mediante tres requisitos: la tradición, el título y la inscripción registral.

La venta de automotores se perfecciona únicamente con la inscripción de la transferencia del vehículo.- El art. 1 del Decreto - Ley 6582/58 (Ley 14.467), establece no sólo el carácter constitutivo de la inscripción del vehículo en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, sino que también tiene un efecto atributivo de propiedad, lo que con toda nitidez se advierte en el texto del art. 2 de la misma ley.- Con la inscripción culmina el proceso negocial existente entre las partes contratantes.- Los documentos habilitantes, para perfeccionar la venta de un automotor, constituye, verdaderos accesorios de éste, que por su naturaleza son fundamentales para que el adquirente pueda gozar del derecho trasmitido.- Es decir, que no se debe considerar cumplida la tradición del automóvil, si no se entrega con el mismo, la documentación válida y necesaria para hacer efectiva la transferencia, conforme lo establece el art. 1409 del CCI.

Asimismo, se ha dicho que: "La transferencia de un automotor debe efectuarse real y efectivamente, pues lo que interesa no es sólo la entrega material de la cosa, sino el hecho de poder disponer libremente de ella. La venta de un automotor no se perfecciona con su mera tradición, requiere, además, la inscripción en el registro, requisito constitutivo del dominio, conforme lo establece el Decreto Ley 6582/58 y modificatorios.
Fundamentación insuficiente, inimputabilidad, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez Congiu, Cristian Gabriel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-20

Es el tribunal quien, con fundamento en el informe prestado por el perito, ha de decidir si y en qué medida el acusado es imputable. Carece de la debida fundamentación la sentencia que -al declarar inimputable al encartado en los términos del art. 34 inc. 1° CP- acudió a principios que pertenecen al campo de exclusiva competencia de los especialistas -y pericias realizadas en otra causa-, al punto de reemplazar por su criterio judicial los dictámenes de los profesionales del Cuerpo Médico Forense relativos a que el imputado -pese a su poliadicción- comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Corresponde anular lo resuelto y reenviar la causa al tribunal de origen para que dicte un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.
Violencia familiar, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: B., R.A. y otros c/ C., A.P. s/ DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

La ley 24.417 de protección contra la violencia familiar, ha establecido un procedimiento que dista de ser contradictorio y permite, con base a lo dispuesto en sus arts. 3º y 4º, adoptar las medidas cautelares que correspondan a tal fin. Es así que este marco de actuación no debe ser desnaturalizado con planteos que exceden notoriamente ese limitado ámbito procesal, fijado por la adopción de medidas urgentes que apuntan a neutralizar la situación de crisis denunciada ante el órgano jurisdiccional.-
Inimputabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: Pimentel, W.R.; Rosados, L.A. s/ Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

El desarrollo teórico sobre el tema de la responsabilidad penal que deriva de los estados de ebriedad presupone el previo éxito en la demostración de la existencia de la inconsciencia por ebriedad (art.34 inc.1 C.P.).
Empleados públicos, sumario administrativo, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BAIGORRIA, CARLOS EDUARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-17

Aunque la petición del agente de ser reincorporado a los cuadros de la Administración Pública como agente estatal al servicio de la ciudadanía, no puede tener como fuente jurídica una actuación ilegítima del Poder Ejecutivo provincial -como lo es mantener al agente vinculado a la Administración en una situación irregular (suspendido por más de 10 años y sin resolver el sumario iniciado)-, no cancela la posibilidad de servir, en cambio, como fuente de la pretensión de percibir una reparación por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de esa irregularidad, pretensión que no ha sido ejercida en autos.
Regulación de honorarios, litisconsorcio, ley arancelaria, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: MARCONI, CARLOS ROBERTO c/ LHERITIER ARGENTINA S.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-08-26

En torno a la interpretación que debe otorgarse al artículo 6 de la Ley de honorarios profesionales, y conforme lo ha dicho esta Corte-con una integración diferente- la regla es que en los casos en que existen sujetos múltiples se regula honorarios como si hubiera una sola relación jurídico sustancial y un solo par de sujetos procesales, con independencia de la relación litisconsorcial o no que los vincule, salvo para aquellos casos en que la existencia de sujetos múltiples -sea en la parte actora o demandada- implique la formulación de pretensiones distintas, o con distintas argumentaciones o que requiera esgrimir defensas distintas.-
Matrimonio ilegal, matrimonio celebrado en el extranjero
Materia: PENAL
Carátula: RAJIL, ANTONIO s/ Matrimonio Ilegal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1959-08-21

El matrimonio celebrado en el extranjero entre personas domiciliadas en el país, estando subsistente uno anterior no disuelto no surte efectos en el ámbito penal.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Flores Patricio Daniel c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-14

El intento de la Ley 27.348 de sustraer de los jueces naturales la delicada tarea de aplicar el Derecho e impartir Justicia, adjudicándosela a profesionales de una ciencia ajena y -por ende- no aptos por no estar preparados para ello, es ilógico y racionalmente inaceptable. No puede considerarse razonable, para paliar un denunciado aumento de litigios relacionados con accidentes de trabajo, que al protagonista más débil y sufrido de este drama (el trabajador siniestrado) se le cercene su derecho a un debido proceso, obligándolo a someter su -muchas veces- acuciante situación a un tribunal compuesto por médicos, so pena de prohibirle acceder a la Justicia. Es un desatino de tal magnitud que vulnera en forma ostensible las convicciones intuitivas de la gente (Voto Ronconi)
Depósito judicial, embargo preventivo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Martínez, Marlene Cruz s/ Incidente de entrega automotor
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-17

La eventual aplicación en la especie de las sanciones de tipo económico que prevén los artículos 25 y 39 de la ley 23.737, no obsta a que un rodado sea entregado en carácter de depositario judicial durante el transcurso del proceso.

Tampoco lo impide la circunstancia de que en virtud del art. 411 del Código de Procedimientos en Materia Penal pueda trabarse embargo preventivo sobre el bien, pues tal medida cautelar surte efecto con su anotación registral y con prescindencia de la tenencia del vehículo.
Recurso de casación, formalidades procesales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GOMEZ Mariano Nicolás y Guevara Enzo Nahuel c/  s/ Robo agravado por el uso de arma no apta para el disparo en perjuicio de Francisco Coto Merchan s/ Casación agravado por el uso de arma no apta para el disparo en perjuicio de Francisco Coto Merchan s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-05-17

"El escrito por el cual se deduce el recurso de casación debe bastarse a si mismo, esto hace a la característica de completividad que debe tener, de modo que de él surja todo lo que el Tribunal de casación deba conocer sin recurrir a otras piezas del expediente. Es decir no se pueden salvar omisiones o defectos.

La condición de que el recurso se debe autoabastecer, se conecta directamente con la obligación de citar las disposiciones legales que se consideran erróneamente aplicadas o inobservadas, trátese de reglas de fondo cuanto de forma.

En otras palabras, se deben desarrollar los argumentos jurídicos que sustentan los motivos de la impugnación y satisfacer el requisito de la fundamentación autónoma (.) Quien intenta la vía casatoria debe explayarse en su crítica, confrontando los fundamentos de la sentencia que considera erróneos, dando los motivos que a su entender resultan valederos para intentar modificar las conclusiones legales del a quo, vertidas en la sentencia impugnada; en otros términos, se deben rebatir los argumentos de la sentencia".
Honorarios, intereses compensatorios, convertibilidad, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: INCIDENTE  DE  VERIFICACION  TARDIA  DE    C.A.S.F.P.I. EN "COMPAÑIA MADERERA  S.R.L. s/ QUIEBRA PROPIA - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-05

La ley arancelaria en su art. 29, determina que se incluyen intereses sobre los derechos, bienes o créditos en litigio y, agrega, "sus intereses", lo que da a entender que ellos pueden incluirse en la base regulatoria, cuando son peticionados o corresponden legalmente, como lo viene sosteniendo el criterio de este Tribunal en numerosos fallos.

A partir de Marzo de 1991, se aplicarán intereses compensatorios, tal cual lo pretende el quejoso, pero ellos deben serlo a un valor realmente de compensación y no negativos por lo que deberán calcularse en el cincuenta por ciento de los que percibe el Banco de la Provincia de Córdoba para sus operaciones de descuentos, y hasta la fecha de la regulación.-
Dirección General de Fabricaciones Militares, demanda, contestación de la demanda, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Aceros Zapla S.A. c/ Mº de Defensa y Otro s/contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-03

Por ser la Dirección General de Fabricaciones Militares una entidad autárquica y, en consecuencia poseer una personería propia distinta de la del Estado Nacional, no resulta aplicable -en el caso- lo prescripto en el 2º párrafo del art. 338 del C.P.C.C.N., en cuanto en él se prescribe un plazo de sesenta días para comparecer y contestar la demanda cuando la parte demandada fuere la Nación, una provincia o una municipalidad (conf. en igual sentido, Sala IV del fuero, in re "Arroyuelo, María Tersa de Sanchez c/ Comité Fed. de Radiodifusión-Comisión Nac. de Telecomunicaciones s/ proceso de conocimiento", del 17/6/97; Sala III in re: "Dic's Internacional S.A. y otros c/ E.N. -D.G.I.- Poder Judicial", del 19/9/95 y sus citas).
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dr. Villalba s/ Recurso de queja en autos:Coop.Agr.Ganad.e Ind.de Henderson Ltda. s  /concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-09

Si bien la regla de inapelabilidad contenida en el art. 296 inc.

3ro. de la ley concursal ha de tenerse como un principio meramente orientador, tiene plena eficacia cuando se trata de la resolución dictada en función de lo normado por el art. 37 de la ley 19551, ajena a la recurribilidad ordinaria, y sometida a un propio régimen de impugnación (doctr. arts. 37 y 38 de la L.C.), que se explica porque aquella sentencia hace a un momento del proceso concursal cuyas características más salientes son la sumariedad de la cognición y la celeridad del trámite de verificación con miras a la audiencia próxima donde podrá celebrarse la junta de acreedores (art. 37 "in fine", 46 y concs. de la L.C.).-
Empleados públicos, régimen jubilatorio, director general de la DGI
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTINEZ, ANA MARIA c/ A.N.Se.S s/ PERSONAL DEL ESTADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-25

Dado que la ley 22.955 establecía un rgimen jubilatorio para el Personal del Estado, y surgiendo del expediente administrativo que la peticionante se desempeñó por un extenso período (en el caso, de 1954 a 1989) para la D.G.I., no se advierten motivos que justifiquen el apartamiento del sistema allí prescripto, máxime teniendo en cuenta que el art. 1 de la ley 23.682 incorporó expresamente al rgimen de la ley 22.955 a "las personas que presten o hayan prestado servicios en la planta permanente de los organismos que a continuación se indican: ...Dirección General Impositiva...".
Empleados públicos, leyes, ley de emergencia económica, decreto de necesidad y urgencia, remuneración, reducción salarial, presupuesto nacional, gasto público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-02

El decreto 290/95 -dictado con exclusivo fundamento en el inc. 3 del art. 99 de la Constitución Nacional- no puede ser considerado como un decreto autónomo (u ordinario) en la parte que redujo el salario de los empleados públicos, ya que ello implicaría una modificación del gasto público previsto en el presupuesto y en el caso no se cumplió con lo expresamente dispuesto en el art. 37, párrafo 2°, del decreto 2666/92, en cuanto al trámite para las modificaciones al presupuesto (art.

37, ley 24.156), ni se realizó distribución entre partidas (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Insuficiencia del agravio, arrepentido, prueba, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: García Arce, Juan Ignacio c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-03

Corresponde rechazar el agravio referido a que no podían ser utilizadas ni valoradas en esta causa, la declaración de una "arrepentida" y las constancias de la causa 13345/13 por estar "viciadas de nulidad" toda vez que este expediente se inició con motivo de lo ocurrido en la causa nro. 2344 y la conclusión alcanzada en este proceso ha sido fundada en varios elementos de juicio e incluso, excluyendo a la causa FLP 13345/13 seguida al imputado que fuera absuelto, hubieran llegado a la misma conclusión, más allá que el expediente 13345 haya sido citado. Que a la luz de todas las actuaciones obrantes en esta causa, En estos términos, hacer extensiva la nulidad dictada en el proceso seguido a dicho imputado a las comunicaciones detectadas en esta causa, así como a su contenido, equivale a sacar de la órbita propia a las decisiones y otorgarles un carácter que al menos, en este caso concreto no tiene. Por otra parte, como se dijo, la exclusión de las pruebas vinculadas de algún modo con el imputado absuelto, no hacen variar el criterio adoptado en la sentencia dictada en esta causa.
Empleo público, Banco Nacional de Desarrollo, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ALTOLAGUIRRE, OLGA LEONOR c/ BANCO NACIONAL DE DESARROLLO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

Tratándose el Banco Nacional de Desarrollo de un organismo público (art. 1' de la Carta Orgánica, aprobada por la ley 21629), la relación que lo une a sus trabajadores, en la medida que la misma sea de tipo permanente y corresponda a funciones administrativas propias del giro normal del banco, se encuentra sometida al régimen de empleo público.