Empleo público, policía, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: LUJAN DAMIAN ALFREDO c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-06-25

Sabido es que la sanción penal o incluso contravencional no excluye a la disciplinaria, ni ésta a las otras, pudiendo imponerse las mismas o bien una de ellas por quién jurídicamente corresponda, pues tutelan órdenes jurídicos distintos y persiguen finalidades diferentes (Marienhoff, Trat. de Der. Adm. T. III, p. 427). En principio las sanciones son independientes y autónomas entre sí. La potestad administrativa tiene como fin específico el orden y disciplina que deben imperar en la Administración (Rodríguez Moro, Deberes, faltas y sanciones de los funcionarios municipales, España, p. 123 y s.s.).

Las sanciones administrativas se instituyen como de jurisdicción local porque sancionan antijuricidades que se refieren a bienes jurídicos de contenido distinto al que custodian las figuras delictivas del Código Penal o las faltas de índole contravencional.

Esto impone reconocer que son siempre los contenidos de los bienes jurídicos amparados los que establecen las diferencias entre las figuras delictivas del derecho penal, las infracciones contravencionales y las faltas del derecho disciplinario.

Conceptuamos a este último ordenamiento como la disciplina del poder represivo de la administración pública ante la antijuricidad que afecta los deberes impuestos hacia ella (Delperee, F., Laboration du droit disciplinaire de la fonction publique, título primero, p. 53-118, París, 1979). La sanción disciplinaria se distingue como actividad de la custodia y buen orden de la función y organización de la administración sobre sus agentes.

El derecho procesal disciplinario tiende a comprobar, verificar, investigar, el incumplimiento que ha provocado, la falta del agente.

Como principio general, la sanción disciplinaria puede aplicarse en cualquier momento sin esperar la decisión penal o en su caso contravencional, cuando hubieren suficientes elementos de juicio para la determinación de la responsabilidad disciplinaria.

Incluso, la absolución judicial, la prescripción del delito o el perdón del particular damnificado, no eximen la aplicación de la sanción disciplinaria, salvo el supuesto excepcional (Claude Durand, Les rapports entre les jurisdictions administrative et judiciaire, París 1956, p. 286 y s.s.) de que no puede la administración en ejercicio de su potestad disciplinaria imponer una sanción basada en la existencia de unos hechos que la sentencia penal consideró inexistentes. Esto quiere decir que sólo cuando el juez penal o también contravencional, afirme en su sentencia que el mismo hecho sobre el cuál recae la sanción disciplinaria, no se cometió o no fue realizado por el imputado, es obligación de la Administración dejar sin efecto la medida aplicada.

Si bien es cierto que el suspendido disciplinariamente no fue sancionado por la comisión de un ilícito contravencional sino por transgredir disposiciones de carácter administrativo que rigen la conducta del funcionario policial, sin embargo, si un órgano jurisdiccional afirma que no existen pruebas que acrediten la participación del acusado en un hecho ilícito, el prestigio y decoro de la institución policial se encuentran debidamente salvaguardados, por lo que ya no es dable su reproche.