marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Artola Miguel Gerardo y otros c/ Piancatelli Walter y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-30

Respecto de la proyección del aporte que hacía el fallecido a su grupo familiar, para fijar la indemnización compensatoria de su privación, no puede recurrirse a la simple fórmula de multiplicar los aportes mensuales por el número de años durante los cuáles probablemente se efectuarían (vida útil del aportante y de los beneficiarios). Es que no abonándose aquélla en cuotas mensuales, sino que se constituye con la capitalización del daño, de adoptarse tal criterio matemático habría que proceder a la detracción de los interese graduales en consideración a la anticipación con que es liquidado un daño insertado en el futuro. No obstante, si bien no son desdeñables los aportes de orden matemático para fijar una indemnización por pérdida de vida, es en definitiva la prudencia de los jueces, según circunstancias del caso, que debe primar (art.1084 C.C.).
Medidas cautelares, embargo, Dirección Nacional de Recaudación Previsional
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - PROCESAL
Carátula: DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL c/ SOCIEDAD IMPRESORA AMERICANA  S.A. s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

De la correlación de los incs. c) y g) del art. 10 de la ley 18 820, surge con claridad la facultad de la Dirección nacional de Recaudación Previsional para solicitar el embargo u otras medidas cautelares, por las cantidades que presumiblemente adeudaren los obligados de acuerdo (entre otros documentos) con las constancias del acta labrada durante la inspección, sean o no firmadas por los responsables, obligados o terceros. Ello así, pues aparte de que la medida solicitada debe ser decretada bajo responsabilidad del mencionado organismo, si eventualmente se derivare de ella algún perjuicio al sujeto pasivo, se encuentra a salvo su derecho para hacer valer la responsabilidad civil de la embargante, en el caso de que hubiera trabado la medida sin derecho o excediéndose en el que le asistía.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, escritos judiciales, copias, acordadas, evidencia digital, traslado de la demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: IMAGEGRAF SRL C/PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SRL S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-15

Procede hacer lugar a la solicitud de la accionante de ser eximida de acompañar copias en soporte papel. Ello por cuanto, en virtud de lo dispuesto por las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nros. 4/20 y 31/20, corresponde admitir el pedido del apelante y disponer que el traslado de la demanda sea efectivizado como fue solicitado, es decir sin copias de papel de la documentación adjunta, la que podrá ser vista y consultada por la contraparte por medio de los canales digitales disponibles (sistema Lex 100, portal web del Poder Judicial de la Nación).
Renuncia de derechos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales Soc. del Estado - s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

La intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva (art. 874 del Código Civil).
Conciliación laboral, conciliación obligatoria, contestación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: OLMEDO, Patricia c/ ESTURO, Juan s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-13

Nuestro ordenamiento en su art. 68 sólo habilita la concreción del derecho de defensa en la audiencia que se fija a tales efectos y luego e haber intentado una conciliación, por lo que la incomparecencia del demandado en dicha oportunidad, no puede suplirse en su defecto por la presentación de la contestación de demanda en Secretaría.
Tercería de dominio, tasa de justicia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: "TERCERIA  DE  DOMINIO  DEL  SR.  JORGE  S.  SALMAN EN: CITYBANK S.A. c/ VICTOR SALMAN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-19

La aplicación de una sanción legal requiere una interpretación extremadamente prudente de la norma, puesto que toda sanción importa la pérdida de un derecho o de un beneficio. En caso de duda, o en caso de que haya la posibilidad de interpretaciones diferentes del supuesto legal y de no haberse precisado el contenido del emplazamiento efectuado, la sanción no habrá de aplicarse, pues no puede considerarse que ha habido suficiente salvaguardia del derecho constitucional de defensa en juicio.

La ley impositiva no prevé en forma expresa qué tributo corresponde a la tercería de dominio; el art. 63 inc. 1ro de la ley 8081 establece que "en las que sean susceptibles de apreciación económica, el 3% del valor del juicio...".

En la tercería de dominio se procura el levantamiento del embargo lesivo del derecho de propiedad invocado por el tercerista.

Siempre hay un objetivo inmediato que es remover el embargo, pero también siempre hay otro fin, que es la razón de ser del procedimiento previsto por la ley, proteger el derecho de propiedad.

No cabe dudas que la tercería de dominio tiene contenido económico;

pero si se atiende a uno u otro objetivo, el valor económico no será el mismo: entonces, podrían suscitarse interpretaciones distintas respecto a la aplicación de la norma impositiva, puesto que podría entenderse que el valor económico a tener en cuenta es el monto del embargo; pero, también, que es el valor de la cosa cuyo dominio se defiende.

Se trata de una cuestión opinable en la que pueden darse soluciones distintas, con fundamentos válidos en cada caso.

Por supuesto, si el a-quo, adoptando una interpretación, hubiese dispuesto el emplazamiento con suficiente precisión, el prurito de resguardo del derecho de defensa quedaría salvado.

No se respeta suficientemente el derecho constitucional de defensa si a quien se sanciona a podido fundadamente representarse su obligación del modo que la ha cumplido.
Embargo, tercería de dominio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jarmolowicz, Felix Pablo c/ Tejeda. Roque Ignacio s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-10-30

Debe confirmarse el embargo ordenado sobre las recaudaciones diarias del comercio de propiedad del ejecutado, aun cuando se haya suspendido el remate de los bienes muebles embargados con anterioridad tras admitirse una tercería de dominio sobre éstos, pues el art. 438, inc. 1, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba bajo ningún aspecto establece que se deba suspender todo tipo de trámite tendiente a que el actor satisfaga su crédito, sino que simple y exclusivamente se extiende al bien objeto de la tercería, ello con el solo fin de asegurar la subasta de un bien que resulte de propiedad del ejecutado y no de otra persona que no debe responder por las resultas de un juicio del que es ajeno.
Violencia familiar, medidas cautelares, divorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: B., N. c/ S., B.P. s/ DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-06

Cuando existe una situación conflictiva y de riesgo en la que se encuentran inmersos los integrantes del grupo familiar, se torna necesaria la aplicación del procedimiento cautelar previsto por la ley 24.417, sobre todo si se trata de resguardar el interés de menores involucrados en la situación. No resulta desvirtuada esta conclusión por la existencia de un juicio de divorcio seguido entre las partes, pues los principios de economía y celeridad procesal cobran relevancia ante la naturaleza de la medida que se peticiona.
Compraventa, venta de cosa ajena, mora del vendedor
Materia: CIVIL
Carátula: Resnitzky de Scheinkman, Mirta c/ Cerquetti, Héctor Luis y otros s/ Escrituración.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-29

La circunstancia de que no se hubiera fijado plazo en el boleto de compraventa de cosa ajena no obsta a la mora, puesto que se está en presencia de un plazo suspensivo incierto que difiere la exigibilidad de la obligación, lo que no autoriza a la parte a postergar sine die su cumplimiento o a dilatarlo indefinidamente, por lo que si la demora se prolonga más allá de lo razonable, el acreedor está facultado para demandar su fijación o el cumplimiento de la actividad omitida, e incluso derechamente el del contrato celebrado.
Delitos contra la libertad individual, violación de domicilio, allanamiento ilegal
Materia: PENAL
Carátula: VILLAFAÑE DE BRITO, TERESA ANGELA s/ EXTORSION EN GRADO DE TENTATIVA EN CONCURSO REAL CON EL DELITO DE VIOL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-31

Cabe señalar la ley sustantiva no exige concurrencia de personas para la configuración del delito de violación de domicilio o allanamiento ilegal ) art. 150 y 151 del (C.P.).

Según ha destacado la doctrina, la ley argentina no selecciona medios para la comisión de este delito, y a diferencia de otras legislaciones, no lo agrava cuando el autor penetra usando violencia o intimidación.

Resultan también medios comunes de ejecución el engaño o el fraude y la clandestinidad.

En suma, la presencia de varias personas no es requisito de estas figuras, ni constituye agravante de las mismas. En el supuesto descripto por el art. 150 del Cód. Penal, la acción típica consiste en entrar, es decir, ingresar al interior de una morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo (art. 150, CP).

En el segundo, sanciona al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina (art. 151, CP).

Se trata de delitos contra la libertad individual, donde el agente obra contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene derecho a excluirlo; conociendo o debiendo conocer tal voluntad de exclusión, de acuerdo a las circunstancias particulares del caso.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Della Marca, Daniel Alfonso c/ Automóvil Club Argentino y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18

Cabe dejar sin efecto la sentencia que admitió el reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido, condenando a la demandada con apoyo en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues no se probó el título de la deuda contra el codeudor solidario, y la codemandada, habiendo cumplido con los deberes de control que la ley le exige, quedó en un estado de indefensión al ser condenada a pesar de ello (Disidencia del Dr. Ricardo L. Lorenzetti).
Concursos, proceso de verificación, resoluciones judiciales, crédito admisible, cheque, factura, falta de prueba, incidente de revisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA MA. HERMINIA SRL S/QUIEBRA S/ INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO POR MCM MOBILE CONTENT MANAGEMENT SA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-01

Corresponde rechazar la revisión promovida por la incidentista, con respecto a la resolución que rechazó la verificación del crédito insinuado, toda vez que la pericia contable determinó que el crédito cuya verificación pretende la incidentista no se encuentra registrado en su contabilidad. Por otro lado, tampoco existe prueba alguna relativa a la recepción de la factura. Ningún sello ni firma se advierte en tal instrumento, y nada dijo al respecto la incidentista. Tampoco existe indicio de que hubiera existido algún reclamo extrajudicial de pago de esa factura.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL
Carátula: CORONEL JULIO CESAR Y OTRA c/ SAYAGO JUAN MANUEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-30

De ninguna manera lo resuelto en sede penal excluye el reclamo en el orden civil, toda vez que la responsabilidad penal y la civil no se confunden, porque se aprecian con criterio distinto y, por consiguiente, puede afirmarse la segunda aunque se haya establecido la inexistencia de la primera.
Prenda con registro, ejecución prendaria, integración de la litis, titular del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: PLAN  OVALO  SA  DE  AHORRO  PARA  FINES DETERMINADOS c/ DE JESUS ROJAS, JUAN s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-16

En la ejecución de un contrato prendario deducida contra quien fue consignado como deudor prendario, resulta improcedente que el accionante pretenda integrar la litis con el actual titular de dominio de un automotor prendado aun cuando, -como en el caso-, se verifique que el bien habría sido transmitido a un tercero según el informe del registro de la propiedad automotor, si dicha transferencia no fue anotada en el registro de créditos prendarios. Ello pues, conforme lo dispuesto por la ley 12962, art. 9 (t.o. decreto ley 15348/46), el dueño de los bienes prendados no puede enajenarlos, pudiendo hacerlo solamente en el supuesto en que el adquirente se haga cargo de la deuda garantizada continuando en vigor la prenda en las mismas condiciones en las que se constituyó, inclusive en cuanto a la responsabilidad del enajenante, debiendo anotarse en el registro la transferencia en cuestión y notificársele al acreedor prendario; razón por la que al no concurrir tales supuestos, debe continuarse la ejecución únicamente contra el deudor prendario, considerando que no existe documentación alguna que indique que el tercero adquirente del bien haya asumido compromiso de garantía respecto del ejecutante.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, usufructo, compraventa, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Herrera, Héctor Alceo y otra. c/ Herrera Villegas de Marini, Milna A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar al usufructo solicitado por la vendedora del inmueble, ordenó la escrituración y, conjuntamente, el desalojo de los adquirentes, si el tribunal ha prescindido de tratar elementos conducentes y ha sustentado sus afirmaciones solo sobre la base de consideraciones parciales de los hechos y del derecho aplicable.
Sucesiones, administración de la herencia, indivisión hereditaria, valor locativo, uso exclusivo de la cosa común, uso exclusivo del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: HATRICK, CARLOS ISMAEL Y OTROS s/ ART. 250 C.P.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

El art. 2684 del Código Civil establece la facultad de todo condómino de gozar de la cosa común conforme al destino de ella con tal que no la deteriore en su interés particular, pero tratándose de un automóvil el uso del bien por uno de los comuneros excluye la posibilidad del ejercicio del derecho por el otro, no obstante, ello no puede traer como consecuencia la abstención de ambos en el uso y goce del bien.

Si el concubino mantiene el bien en su poder, en tanto no se demuestre que en el ejercicio de su derecho atenta contra la integridad del automotor, en principio, y hasta tanto no se resuelve el destino del mismo, el heredero sólo se encuentra en condiciones de peticionar una compensación por el uso.
Excepciones procesales, arraigo, interdicción de navegar
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ORBIT SHIPPING CO. c/ AGENCIA MARITIMA ROBINSON s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-16

La demanda por determinación de responsabilidad es una de aquellas que, en virtud de las reglas que determinan la competencia, debía ser interpuesta ante el a quo, ponderando además que el embargo con interdicción de navegar cuya traba motivó el sub lite se debió promover también ante los tribunales nacionales, ya que el buque se encontraba en ese entonces surto en el puerto metropolitano. Ello así, cabe concluir que si la actora se vió constreñida a litigar ante nuestros Tribunales lo ha sido con independencia de la conducta procesal de la agencia demandada, resultando procedente la excepción de arraigo planteada.
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, ascenso y descenso de pasajeros
Materia: CIVIL
Carátula: Vivas Arnese, Antonella Florencia c/ Metrovías SA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-15

Aun cuando la víctima haya caído como consecuencia de haber sido empujada por el resto de los pasajeros que descendían de la formación, recae sobre la empresa de transportes adoptar las medidas para que el pasajero no descienda empujado por una marea humana con riesgo de su integridad física, y para que viaje de un modo razonablemente cómodo, por lo que es factible que este tipo de accidentes ocurran, aun cuando sea mínima la distancia y, en abstracto, el hueco que se encuentra entre la formación y el andén no sea peligroso para los pasajeros.
Responsabilidad del Estado, asistencia médica, asistencia sanitaria, obras sociales, Ministerio de Salud, autoridad de aplicación, gobierno provincial, derecho a la salud
Materia: CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

Resulta evidente la función rectora que ejerce el Estado Nacional en el campo de la salud y la labor que compete al Ministerio de Salud y Acción Social, como autoridad de aplicación, para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios coordinando sus acciones con las obras sociales y los estados provinciales, sin mengua de la organización federal y descentralizada que corresponda para llevar a cabo tales servicios.
Portación de armas, agravantes de la pena, inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: E., A. A. s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-24

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del agravante del delito de portación de armas de fuego cuando el autor registrare antecedentes penales por delitos dolosos contra las personas o con el uso de armas (Art. 189 bis, inc. 2°, octavo párrafo, del Código Penal) atento se incrementa la pena al autor del injusto por sus condiciones personales, fundando la aplicación de mayor castigo en el criterio de la peligrosidad del imputado. Tal situación agrava la figura básica, no por la conducta reprochada, sino por contar el autor del delito con antecedentes penales anteriores o por haber gozado una excarcelación o exención de prisión; resultando una aplicación del derecho penal de autor y no de acto (acción típica, antijurídica y culpable) en plena violación de las garantías constitucionales de "non bis in idem", el principio de culpabilidad y de legalidad amparado por nuestro sistema legal. (SUMARIO CONFECCIONADO POR EL S.A.I.J.)
Regímenes jubilatorios especiales, empleados de banco, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Broggi, Carlos Raúl c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

La eventual variación en el importe de las remuneraciones de pasividad no autoriza la aplicación indiscriminada de las previsiones contenidas en la segunda parte del art. 39 de la ley 5678. Su empleo está condicionado a la previa exclusión de una categoría escalafonaria superior sobre cuya base el agente percibía, en actividad, un sueldo mayor al de la categoría que, en definitiva, corresponda otorgarle al acogerse al beneficio jubilatorio.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Defensoría Oficial de Instrucción Correccional y de Menores No. 1-2da. Circunscripción Judicial s/ Recurso de Queja p/Denegación de Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-05-13

El recurso de Casación no ha sido creado para atender cuestiones probatorias y de hecho, sino que, por el contrario, al ser un remedio extraordinario, su ámbito se encuentra limitado a cuestiones estrictamente jurídicas o de derecho.
Depreciación monetaria, bienes inmuebles, índices de actualización, Ley de desindexación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: BAUEN S.A.C.I.C. c/ BANCO NACIONAL DE DESARROLLO s/ CUMPLIMIENTO DE OPERACION CREDITICIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

Los índices de precios -si se tienen presente las bases que sirven para su elaboración - no proporcionan un método de ajuste apropiado en materia de inmuebles, (cfr. Cs., fallos:268:112) y lo ha confirmado la experiencia al comprobar como los índices han llevado, en muchos supuestos, a soluciones totalmente reñidas con la realidad económica. Por ello fue dictada la ley 24.283 de desindexación o acotación de la indexación. Y, antes de la llamada ley "Martínez Raymonda", el alto tribunal había verificado ese resultado anormal del reajuste por índices indiscriminatorios (cfr. Causas:

"Pronar S.A.M.I. C/Buenos Aires, prov. de", del 13.2.90; "Cukierman Moises", del 11.9.90; "Agostini s. C/Medicor", del 13.11.90; "Orfano D. C/Bianchi S. y otros", del 28.5.91, entre otras), extremo que ha sido comprobado por esta sala con relación a deudas de dinero (cfr., entre otras, causas 6369/93, "Banco de la Nación Argentina c/Poliche, Eduardo Javier Teodoro y otro", del 20.8.96, y 6687/92, "Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/Complejo Agroindustrial San Juan", del 2.10.96).
Derechos y garantías constitucionales, agravio concreto, recurso extraordinario federal, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: En autos Corte Nro. 100/98 Pinto V.M. c/ Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados-Amparo-Casación s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-02-23

Es formalmente inadmisible el Recurso Extraordinario Federal interpuesto, puesto que en el caso no hay precepto federal que tenga relación directa e inmediata con el litigio. En efecto, los argumentos sostenidos por el recurrente en contra del fallo que pretende impugnar no guardan vinculación ni relación directa con los preceptos constitucionales que alega vulnerados. Así, el recurrente centró sus agravios en normas procesales, expresando un criterio interpretativo diferente al seguido por esta Corte de Justicia para determinar la inadmisibilidad del recurso de casación precedente, sin determinar cuál es la cuestión federal que desea someter a consideración del Alto Tribunal. Es sabido que no basta la mera invocación de una norma constitucional para que se encuentre cumplido dicho requisito esencial, sino que es preciso que el recurrente demuestre que la interpretación de la norma constitucional alegada guarda una vinculación estrecha con el pleito y que su interpretación es indispensable para resolver y determinar la suerte del litigio. Sobre el particular, la Corte Suprema, en reiteradas oportunidades ha señalado que la simple alegación de que un fallo vulnera determinada garantía constitucional no guarda nexo directo o inmediato con lo resuelto, si el recurrente no precisa ni demuestra en concreto cómo se ha operado efectivamente tal violación en la sentencia impugnada.