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Proceso judicial, diligencias preliminares, daños y perjuicios, proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: "Brenlla  de  Zega  Elena Carmen c/ EN- Poder Judicial y otros s/ diligencia preliminar".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Procede la producción de las diligencias preliminares solicitadas por la actora si se advierte liminarmente que la presentante se hallaría jurídicamente imposibilitada de acceder a la causa penal que entiende generó los daños sufridos, por no ser parte en esas actuaciones (de conformidad con las disposiciones de los arts. 106, 197 y 204 del Código Procesal Penal, 35 y cc del Reglamento para la Justicia Nacional y 103 del Reglamento para la Justicia en lo Criminal y Correccional ya que según disponen las referidas normas, sólo se autoriza la revisión de esos expedientes judiciales -y siempre que se hallaren las actuaciones sometidas a secreto sumarial-, por las partes o los abogados por ellas propuestos, aún antes de formalizar éstos la aceptación del cargo, en procura de tutelar el derecho de defensa, posibilitando el examen de las actuaciones, con el objeto de conocer en forma precisa la imputación que se le dirige a su asistido, inclusive, aún antes de aceptar el cargo, de modo de poder ejercer en forma correcta su ministerio y dado que la enumeración que efectúa el artículo 323 del C.P.C.C.N es meramente enunciativa.
Proceso penal, ley procesal, verdad jurídica objetiva, exceso ritual manifiesto, abandono del defensor
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Seco, Rafael Ramón s/ Recurso Extraordinario interpuesto in forma pauperis por el penado Rafael Ramón Seco, correspondiente a los autos Expte. Corte Nº 37/01 "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en causa Expte. 202/01 Galván, Sergio Daniel y otros s/ Homicidio triplemente calificado"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-05-29

El derecho del imputado a que un tribunal superior revise su condena debe ser asegurado por los encargados de administrar justicia, para que no tenga que soportar aquél las graves consecuencias derivadas de la aplicación de las normas destinadas a garantizar el orden en el proceso y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de sus actores.

Si bien, en principio, la declaración de deserción del recurso de casación no afecta la defensa en juicio en el sentido de la oportunidad del imputado de ser oído y de ejercer sus derechos de conformidad con el rito, cabe concluir que, en el caso, por las ya relacionadas contingencias particulares de la causa, tal derecho es susceptible de ser tenido como vulnerado por la falta de notificación personal al imputado de la decisión de esta Corte con la que quedaba firme la sentencia que le impuso la condena, sin la revisión que de la misma procurara, todo ello, conforme al criterio establecido en el precedente Dubrá (Fallos 327:3802).

En consecuencia, en el caso, encuentro que las garantías de rango constitucional invocadas por la recurrente, a la doble instancia y a la revisión por un tribunal superior de la condena impuesta a su pupilo, derivadas del derecho de defensa en juicio (Art. 18 de la C.N.) debe prevalecer sobre cualquier objeción fundada en la inobservancia de los recaudos formales exigibles para el acceso del recurso al conocimiento y decisión de la CSJN:, más aún teniendo en cuenta que el causante se encuentra detenido. Por ello, corresponde conceder el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el Defensor Oficial de turno en representación del condenado.

(Del voto del Dr. Cippitelli)
Daños y perjuicios, servicio público, funcionamiento irregular, falta de servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Terrabón SACIFIA. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Quien contrae la obligación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución - doctrina de los arts.

625 y 630 del Código Civil - (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Proceso penal, prejuzgamiento, recusación, deber de imparcialidad, interpretación restrictiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Nieto, Nora V. s/ Incidente de Recusación interpuesto por Nora Viviana Nieto, al Sr. Fiscal de Inst. de Quinta Nominación, Ref. a Expte. Nº 57/09: Nora V. Nieto y otros - p.s.as. Daños y Violación de Domicilio, en concurso ideal y Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-17

El prejuzgamiento sólo se configura por la emisión de opiniones intempestivas respecto de cuestiones pendientes, que aún no se encuentran en estado de ser resueltas; y que, debido a que los actos y resoluciones cumplidos y dispuestos por los señores magistrados, por sí solos, no generan causales de inhibición o de recusación de los mismos; no es admitido a los litigantes y a sus letrados alegar por tales causas motivos de recusación, pues si así fuera todos los jueces que deciden en contra del interés de algunas de las partes deberían ser recusados.

La recusación tiene por finalidad asegurar la garantía de imparcialidad inherente a la función jurisdiccional y, debido a que la recusación a un magistrado importa cuestionar su capacidad subjetiva procesal para intervenir en el proceso y resolver las cuestiones que según el procedimiento están a su cargo como juez natural de la causa, la interpretación del instituto es de carácter restrictivo.

Por ello, su alegación sólo es procedente por las razones previstas por la ley, las que deben ser indicadas con precisión en tanto únicamente podrán ser admitidas las pruebas y razones relacionadas con esos específicos motivos invocados en la pretensión de exclusión que implica el escrito de presentación de la recusación.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, pena, graduación de la pena, tentativa, delito imposible, jueces, calificación jurídica
Materia: PENAL
Carátula: XX s/ Cómo se determina la pena en los delitos tentados, a tenor de la  Norma del primer párrafo del artículo 44 del Código Penal? (Tribunal  Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-15

No es extraño a la tarea del juzgador la individualización de la tentativa a partir de hipótesis de consumación del delito. Tampoco puede argüirse imposibilidad de concebirlas, pues sólo se trata de efectuar un pronóstico con los datos de la realidad ya operados que permiten terminar un desarrollo conforme a ellos. No corresponde aquí abandonar la tarea porque la muerte, por ejemplo, puede ocurrir con ensañamiento o sevicias graves y el homicidio resultar calificado, o porque la extensión del daño, la personalidad del delincuente y otros extremos individualizadores pueden llegar hipotéticamente a manifestarse con distintos matices. Esas son hipótesis sin suficiente sustento fáctico y por ello no son las que debe tener en cuenta el juzgador cuando individualiza, sino sólo las que surgen directa, lógica y probablemente como conclusión de la obra iniciada. Así, también el delito imposible permite establecer la obra a la que se dirige la conducta, aún cuando el curso causal pensado e impulsado no tenga posibilidad de desencadenarse. (De los Fundamentos del Dr. Bernardini). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Cómo se determina la pena en los delitos tentados, a tenor de la norma del primer párrafo del artículo 44 del Código Penal?
Prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Córdoba, Víctor Raimundo c/ Toldolán Textil S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05

Transgrede el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial el fallo que hace mérito de la falta de prueba sobre hechos no controvertidos.
Cuestiones de competencia, asociaciones sindicales, medidas cautelares, personal municipal, personería jurídica, retiro de la personería, competencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Cámara de Trabajo s/ Cuestión de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1989-10-04

La Asociación de Trabajadores Municipales no reviste ahora el carácter de una agrupación laboral, ya que por resolución del Ministerio de Gobierno e Instrucción Pública se le canceló la personería jurídica acordada y por informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación se conoce que no goza de personería gremial ni de simple inscripción. Es decir que en consecuencia la medida cautelar (inventario judicial de bienes) solicitada por empleados municipales, no encuadra dentro de las previsiones del art.4º inc."d" de la ley 4824 (Competencia de la Cámara Laboral en cuestiones que versen sobre el gobierno y la administración de las asociaciones Profesionales...etc.), puesto que ante su situación no permite atribuirle las condiciones indicadas, sino, de índole civil por la relación que une a las partes, de modo que la misma, al encontrarse regida por el derecho civil, resulta competente el Tribunal de ese fuero, atento a la gravitación estatutaria y la ausencia de legitimación para obrar como persona jurídica, lo que hace que no exceda el marco de la competencia material propia de justicia civil.
Seguro de daños patrimoniales, automotores, indemnización, mora
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCALZONE,  HECTOR  ROBERTO c/ LA  HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIAARGENTINA DE SEGUROS SA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-06

1. En el marco de un contrato de seguro automotor, en el cual se pactó que en caso de robo o hurto parcial el asegurador indemnizaría o reemplazaría las cosas robadas o hurtadas con elementos de industria nacional o extranjera, con características y estado similares; aún en caso de producción del siniestro la mora de la aseguradora no provoca el traslado directo del ius electionis al asegurado. Ello así, en tanto éste no puede escapar del cauce judicial, sea porque es preciso que el acreedor requiera judicialmente que se intime al deudor para que practique la elección, bajo apercibimiento en caso de silencio de hacerlo el accipiens en su lugar; sea recabándosela directamente al juez por entenderse improcedente que la haga el acreedor, puesto que esto último importaría desvirtuar el espíritu del contrato (CNCom, Sala D, in re "Barbera, José Luis c/ Argos Compañía Argentina de Seguros Generales SA s/ ordinario", del 16/03/09). 2. En otras palabras, una vez constituido en mora el deudor, la elección la debe realizar el juez, puesto que si ella fuera traspasada directamente al acreedor, ello importaría una pena civil no pactada ni autorizada por la ley.
Robo, tenencia de la res furtiva
Materia: PENAL
Carátula: G., S.G. - G., R. s/ Tentativa de robo y hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-07

Si bien es cierto que se hallaron en poder del encartado algunos objetos denunciados por los damnificados como sustraídos, no existe otro indicio en la causa que pueda llevar a la conclusión de que el encartado fue el autor de dichas sustracciones y habiendo prescripto la acción penal para investigar el posible delito de encubrimiento, corresponde su absolución por el principio de la duda por ambos hechos.
Robo de automotor, encubrimiento real con receptación, adulteración de la numeración de bienes registrables, patente del automotor, interpretación de la ley, inconstitucionalidad, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: MOUSQUERRE, E. s/ ADULTERACION NUMERACION CHAPA AUTOMOTOR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-22

Debe absolverse al procesado por la adulteración de la numeración individualizadora de chapas patentes responsabilizándolo únicamente por encubrimiento (art. 277 inc. 3 CP), porque debe descartarse la vigencia del decreto ley 6582/58 en cuanto a sus disposiciones penales, por los siguientes motivos: a) una interpretación teleológica de la ley 23077 no permite tener por vigentes esas disposiciones, desde que su contenido irracional las hace inconstitucionales y no es compatible el propósito de restaurar la constitucionalidad de las disposiciones penales con el restablecimiento de normas contrarias a la racionalidad republicana;

b) la posterior supresión de esos artículos en la nueva ordenación del texto del citado decreto, en forma que la numeración hoy vigente del mismo no reconoce esos contenidos normativos, genera una inseguridad en cuanto al derecho vigente que es contraria a la certeza que requiere la legalidad constitucional. Por ello, la calificación que corresponde actualmente a la conducta del procesado, conforme a la redacción vigente de nuestra ley penal y por imperio del art. 2 del CPC, es la de encubrimiento reiterado conforme al inc. 3 del art. 277 del CP.
Procedencia del recurso, tasas de interés, doctrina legal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Alegre, Dora Amanda c/ La Nueva Perla S.R.L. y Otros s/ Daños y perjuicios autom. c/les. o muerte (exc. estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-22

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la accionante en cuanto a la tasa de interés aplicable, y establecer la que paga el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días, pero en los períodos en que tenga vigencia y sea superior, la que se disponga para los fondos captados -por el mismo plazo-en forma "digital", es decir a través del sistema Home Banking de la entidad -o el que lo reemplace- actualmente denominado Banca Internet Provincia o "BIP" en su modalidad tradicional -sin posibilidad de cancelar anticipadamente-, dado que el Máximo Tribunal Provincial, se ha expedido al respecto, estableciendo que dicha tasa, no vulnera su Doctrina Legal.
Derecho procesal, nulidad del acto jurídico, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: QUINTO CUARTEL S.R.L. c/ DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-30

Quien alegue la nulidad, que tiene carácter restrictivo, debe expresar concretamente, de que defensas se vio privado de hacerlo, o de oponer, con el objeto que el tribunal tenga elementos de juicio para la practicidad en declararla, o no declararla en estrictez jurídica. Tres requisitos se exigen tradicionalmente para que proceda la nulidad procesal: a) existencia de un vicio formal, ineficacia de un acto; b) interés jurídico o falta de culpabilidad, y c) que no haya habido convalidación.
Daño por vicio o riesgo de la cosa, daño a la salud moral o física
Materia: LABORAL
Carátula: Ávila, Juana Isabel c/ Facility Services SRL y otros s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-06

El segundo párrafo del art. 1113 del Cod.Civil no sólo hace responsable por los daños causados por el "riesgo o vicio de la cosa" al "propietario" sino, también, al "guardián", habiendo una duplicidad de legitimados pasivos, los que tienen la dirección del hecho y los que sacan provecho económico de él; es que "servirse de la cosa" entraña un principio indiscutiblemente económico, se sirve quien le saca beneficio, lo que hace que deba soportar los riesgos creados a terceros. Por lo tanto en el caso, la empresa principal, también debe responder en los términos del artículo referido, pues la "cosa" situada en la cadena causal de los hechos que provocaron el daño a la salud e integridad psicofísica de la trabajadora puede considerarse entre aquellas de las que, lógicamente, se sirve para lograr su actividad lucrativa.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, agentes diplomáticos, cónsules, agentes en tránsito, cónsules honorarios, inmunidades diplomáticas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ortiz Ramírez, Luis Ramón s/ su denuncia de hurto -Causa N. 31.947.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no hace extensiva la atribución de jurisdicción originaria de la Corte Suprema para los cónsules honorarios en tránsito, ya que al regular las facilidades, privilegios inmunidades de los funcionarios consulares honorarios (art. 58, inc. 2) no incluye la aplicación a su respecto de lo dispuesto en términos sustancialmente análogos a los del art. 40 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para los de carrera (art. 54, inc. 1).
Accidente de tránsito, determinación del monto
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORREGIDOR, Luis Daniel c/ JUAREZ DE MEDINA, María Estela s/ SUMARIO: Daños y perjuicios y daños morales
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-03-27

Comprobada la existencia del choque, la culpa del demandado, y el daño producido, la falta de prueba sobre el monto del perjuicio no puede motivar el rechazo de la demanda, atento la norma expresa del art. 165 del Código de Procedimientos Civil y Comercial.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, improcedencia del recurso, seguro de vida
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Molina, Héctor Esteban y otro c/ ASV Arg. Salud y Vida y Patrim. Cía. de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-03

Admitida una demanda incoada por los beneficiarios de un seguro de vida contra una compañía aseguradora, en reclamo del cumplimiento del contrato de seguro de vida colectivo contratado por la madre de los actores, como consecuencia del fallecimiento de la asegurada, corresponderá sin embargo rechazar el reclamo indemnizatorio en concepto de daño moral, en consideración a que no ha sido probada la existencia concreta del daño invocado. Disidencia parcial del Dr. Garibotto:.

El modo en que se condujo la aseguradora, que planteo la reticencia del asegurado pese a haber efectuado un pago parcial en reconocimiento de la obligación, justifica resarcir el demérito moral que los actores padecieron, y que les obligó a recorren un elongado camino judicial para obtener aquello que les es debido. Esa actitud configuró un menoscabo que exorbita lo estrictamente patrimonial, surge inmediatamente de los hechos y por lo tanto, no resulta necesario aportar prueba directa sobre tal padecimiento.
Delitos tributarios, ley penal más benigna
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estanislao F. y Carlos A. Picado SRL c/ Pcia. de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-03

No es procedente el pedido de acogimiento a un régimen mas benigno en materia de multas impositivas, resultante del decreto ley 9697 posterior a la demanda (art 3 C.C.).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Tasselli de Bellini, Herminia c/ Provincia de Salta s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-10-23

Corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad cuando los argüidos vicios por exceso de jurisdicción y violación del principio de congruencia que se imputan al pronunciamiento quedan descartados, al verificarse que la Cámara trató el material de agravios de la apelación, dentro de sus facultades y con fundamentos que excluyen la tacha de arbitrariedad.
Medida cautelar innovativa, suspensión del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Revocatoria Disposición Nro. 04/01 de la DirecciónGeneral de Cooperativas y Mutualidades de la Provincia"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-27

Si la medida cautelar innovativa tiende a alterar el estado de hecho y de derecho existentes antes de su dictado, en el caso de un acto administrativo del que se alegue su nulidad, si aquélla es dictada, se retrotraería la situación al estado anterior a su emisión, y carecería de toda lógica -y no sólo jurídica- que un tribunal declarara "provisoriamente" que el acto no existe -efecto natural de esta cautela. Lo que el juez debe hacer -aconseja- si entiende que el acto presumiblemente no es legítimo, no es excluir provisoriamente su existencia, sino suspender su eficacia, esto es suspender los efectos del acto. Así se armonizan las potestades de la Administración con las del Juez... y lo que particularmente le interesa al administrado mientras discute su legalidad, es que el acto no se aplique, que no produzca efectos en su perjuicio; no le interesa su existencia.
Deudas del Estado, actualización monetaria, contratos administrativos, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Simonetti S.R.L. c/ Mº de Educ. y Cultura de la Nación y Otro s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-13

Corresponde declarar inaplicable en el caso de autos el artículo primero del decreto 1938/79 en razón de su invalidez constitucional.

(Consid. 9º).
Servicio telefónico, leyes
Materia: CIVIL
Carátula: Zeinteger, Pedro E. c/ Telecom Argentina s/ Indemnización Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-05-29

El contrato que media entre las partes, es de aquellos caracterizados como de "adhesión", dado que se encuentra regulado por una normativa de contenido totalmente predispuesto, inmodificable por el usuario. De allí que la legislación específica toda que se relaciona con este servicio incluso la Ley Nacional de Telecomunicaciones y, con mayor razón, el Decreto 1420/92 y demás normas de la misma jerarquía, deba ceder frente a la aplicación del estatuto jurídico de protección al usuario y consumidor (de rango constitucional), cuando se ven afectados derechos y garantías fundamentales, amparados por la Ley Suprema. Ello significa que ni el hecho de que el Decreto 1429/95 sea conocido por el usuario (es cierto que aparece incorporado a las guías de Telecom a partir de la edición de 1993), ni el hecho de que la reparación del servicio se haya concretado en los plazos autorizados por dicho Decreto, revistan alguna trascendencia a los fines de establecer la responsabilidad de la prestadora (aunque sí es importante el tiempo de interrupción, desde luego, para la mensuración del daño).
Despido, prórroga del plazo, decretos
Materia: LABORAL
Carátula: PALACIOS, ADRIANO ISMAEL c/ TREBOL PAMPA S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-07-31

Son constitucionales los decretos de prórroga (Cfme. "Ackerman c/Flash", "Medina, Silvia B. c/ Mutual Policial de E. Ríos" y "Lima, Santiago c/ Guidobono, Elvira").
AFIP DGI, sanciones administrativas, clausura del establecimiento, condonación de sanciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Daman Sociedad Anónima s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

El decreto 493/95 ha establecido, con alcance general, la condonación de multas y demás sanciones, y la amplitud de los términos del régimen permite interpretar razonablemente que tal beneficio comprende asimismo a la sanción de clausura prevista en el art. 44 de la ley 11.683.