Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


CECCHI, Edit E. contra SERVICIOS VIALES S.A.

Reg.: A y S t 212 p 98-102.

Santa Fe, 8 de marzo del año 2.006.

VISTOS: Los autos caratulados "CECCHI, Edit E. contra SERVICIOS VIALES S.A. -Cobro de Pesos- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 485, año 2004), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto por el actor (fs. 173/183), para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO: 1. En el "sub júdice" este Cuerpo por resolución registrada en A. y S., T. 208, pág.

34, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad deducido por el accionante contra la resolución 228 del 30 de diciembre del año 2003, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario.

Pronunciamiento, este último, mediante el cual se confirmó la sentencia de primera instancia -que, a su turno, había acogido parcialmente la demanda incoada por cobro de rubros laborales, rechazando la indemnización del artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo-.

El fallo de este Tribunal -que, se itera, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad del actor- es impugnado a través del recurso extraordinario previsto por el artículo 14 de la ley 48.

En el libelo introductorio, el apelante, después de iterar las mismas críticas que en el recurso de inconstitucionalidad local le hiciera al decisorio de la Sala, se agravia de que este Órgano haya entendido erróneamente que la autocontradicción imputada al A quo no se haya configurado en la especie.

Asevera que dicho déficit no solo se conforma cuando sea necesario aportar a la sentencia argumentos extraños a su contenido para tornarla comprensible o sea ininteligible.

Afirma que la decisión de la Cámara se "entiende" pero ello no impide calificarla de incongruente, tan es así que esta Corte no logra destrabar la oposición conceptual respecto de cómo los sucesivos y fraudulentos contratos son inválidos e ilegítimos para la determinación del plazo del contrato de trabajo, pero son legales y válidos para justificar que el despido no fue por el estado de maternidad de la trabajadora; añade que la incongruencia es ostensible atento que un hecho es válido o inválido, nunca puede tener las dos condiciones simultáneamente.

Aduce que este Tribunal para desestimar el absurdo endilgado jerarquizó la "presunción" de que la demandada empleadora entendió que el vínculo se había extinguido por vencimiento del contrato por sobre la "presunción legal" de que el despido se debió al estado de gravidez.

Agrega que esa solución propuesta por este Cuerpo deja de lado dos cuestiones esenciales, cuales son: la primera, que la presunción que le otorgó prioridad por sobre la otra carece de todo respaldo normativo y, la segunda, que la demandada le había hecho firmar varios contratos en fraude a la ley.

Hace hincapié que no se trata de una mera discrepancia con el criterio sustentada por los jueces de la causa sino de una contradicción irreductible, toda vez que la invalidez de los contratos -situación jurídica pasada en autoridad de cosa juzgada- tornaba imposible considerarlos justificantes de la conducta rescisoria de la demandada, menos aun cuando antes habían vencido varios contratos a plazo y nunca los había rescindido.

Finalmente, le imputa a esta Corte dogmatismo al sostener que el A quo no había prescindido del artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo y omitir todo pronunciamiento acerca del artículo 63 del mismo cuerpo legal.

2. En el examen de admisibilidad que debe efectuar este Órgano a fin de conceder o no -según corresponda- el remedio intentado, aparecen descalificados en el plano formal los argumentos expuestos por el recurrente.

En tal sentido, debe previamente señalarse las tachas esgrimidas que hacen al fallo de la Sala no puede ser consideradas por esta Corte en el examen de admisibilidad que le compete efectuar.

Ello así, por cuanto la resolución referida no constituye objeto procesal de la impugnación extraordinaria intentada. En efecto, es criterio de este Órgano que los agravios que sustentan el recurso federal, deben estar dirigidos contra la sentencia de este Tribunal, que es la que agota los remedios locales y no contra las decisiones de la sedes ordinarias (R. A. y S., T. 52, pág. 491; T. 63, pág. 233; T. 86, pág. 147; T. 93, pág. 445; T. 97, pág. 156; T. 101, pág. 421; T. 102, pág. 401; T. 103, pág. 340, entre muchos otros), evitando así que, de lo contrario, por esta vía se instaure una "cuarta instancia" (vid. R. A. y S., T. 67, pág. 441).

Esta desviación recursiva se advierte con nitidez al tiempo de que el recurrente considera arbitrario y como centro impugnativo tanto a la sentencia de la Sala como la de esta Corte (vid. f. 173).

Dicha coyuntura campea a lo largo de todo el remedio extraordinario y se traslada en la carga de fundamentación, reiterando el recurrente -casi simétricamente- las mismas causales de arbitrariedad (léase: autocontradicción y prescindencia del texto legal) que le endilgara a los jueces de grado aunque ahora atribuyéndolos a este Tribunal.

De cualquier manera la mención de esos reproches debe entenderse al solo efecto de que tienden a tratar de hacer comprensible cómo ellos no tuvieron acogida por esta Corte al juzgar la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad local.

Reducido, así, el ámbito cognoscitivo de la presente impugnación, corresponde señalar que la mera deducción del recurso, así se lo base en arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisiblidad (A. y S., T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 276; T.

77, pág. 439; T. 89, pág. 458; T. 94, pág. 5; T. 120, pág. 360, entre muchos otros).

A tal fin es menester que en el memorial introductorio del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar su decisión, trayendo argumentos de peso en orden a destruirlo por considerarlos lesivos de derechos constitucionales (Fallos:303:109 y 481; 304:1306 y 1588; 306:503).

Ello es así por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48 -recurso "extraordinario" de "apelación"- demanda que el impugnante ataque el pronunciamiento que objeta, demostrando por qué considera que el decisorio no satisface el derecho federal invocado.

Realizando el análisis a que se hizo referencia en los párrafos anteriores, se advierte que el recurrente no aporta razones valederas demostrativas que este Cuerpo, al declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, lo haya hecho incurriendo en arbitrariedad al convalidar contradicciones del Inferior, omitiendo considerar cuestiones conducentes y prescindiendo del texto legal aplicable al caso.

Repárese, en tal sentido, que el impugnante sostiene que esta Corte no logra destrabar la oposición de la Sala que suponía afirmar, por un lado, la ilegitimidad de los sucesivos contratos a plazo y, por el otro, que esos mismos contratos fueron la causa del despido y no al estado de gravidez de la trabajadora.

Dicha crítica no es más que el intento de reabrir un nuevo debate sobre la cuestión, que ya ha merecido respuesta jurisdiccional suficiente tanto en las instancias ordinarias como extraordinarias.

En esta última sede, este Órgano entendió que ninguna oposición conceptual se verificaba en la especie por el solo hecho de juzgar la Cámara que el incumplimiento de determinados requisitos exigidos por la ley aplicable al caso en la celebración de las contrataciones entre las partes bajo la modalidad temporaria, conllevaba a reputar la relación como "un contrato a tiempo indeterminado", pero ello no significaba que la ruptura del vínculo hubiera sido el estado de embarazo de la actora sino, por el contrario, la creencia de la demandada de que el contrato se había extinguido por el vencimiento del plazo.

A ello agregó este Cuerpo que -en rigor- lo que subyacía del planteo impugnativo era la disímil interpretación que de los hechos comprobados en la causa efectuara la Sala, en tanto había considerado que el marco fáctico y probatorio reunido en autos tenía entidad suficiente para neutralizar la presunción a favor del trabajador dispuesta por el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo y era sobre ese tramo del decisorio donde el apelante, independientemente de la hipótesis de absurdo que esgrimía para desacreditar la resolución atacada (léase: autocontradicción), centraba su verdadera discrepancia con la solución arribada en el caso.

La incoherencia que ahora le atribuye a esta Corte no es tal.

Ningún agravio constitucional contiene la postulación de la impugnante, pretendiendo por la vía excepcional del artículo 14 de la ley 48 -como ya se dijo- renovar una discusión que tiene como eje central la aplicación del derecho (artículo 178, L.C.T.) a los hechos comprobados de la causa, temas que, por definición, son ajenos a esta instancia extraordinaria.

Por otra parte, ninguna omisión de considerar cuestiones esenciales puede reprochársele a esta Corte al realizar el test de constitucionalidad de la sentencia de la Cámara.

En tal sentido, la impugnante refiere que la solución brindada por este Tribunal jerarquizó "...la presunción de que la demandada empleadora... entendió que el vínculo se había extinguido por vencimiento del contrato, por sobre la presunción legal de que el despido se debió al estado de maternidad de la trabajadora...".

Y ello -completa- obviando que la "presunción" que otorgó relevancia carece de respaldo legal y que la demandada le había hecho suscribir varios contratos en fraude a las normas aplicables.

Sobre el particular cabe aclarar, en primer lugar, que esta Corte de manera alguna relegó la presunción legal establecida por el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo por sobre otra.

La competencia asignada por el artículo 93, inciso 1) de la Constitución provincial impide derechamente a suplantar a los jueces de la causa en valoración de las pruebas, interpretación de las normas y subsunción a los casos sometidos a juzgamiento. Solo la jurisdicción de este Tribunal por vía de la ley 7055 está habilitada para controlar que en el ejercicio de esas funciones propias de los magistrados ordinarios no caigan en arbitrariedad.

Precisamente, ese control de adecuación al ordenamiento jurídico fundamental de la sentencia de alzada ha efectuado esta Corte. No ha aplicado presunciones legales sino ha verificado que el Inferior no haya incurrido en absurdos de hecho y de derecho al examinar y juzgar la materia controvertida en autos, sosteniendo -en definitiva- que las circunstancias comprobadas de la causa enervaban la presunción de que el despido había obedecido al estado de gravidez de la trabajadora (art. 178, L.C.T.).

La misma respuesta jurisdiccional corresponde otorgar al agravio en cuanto tiende imputarle a esta Corte prescindir del texto legal enunciado, a lo que cabe agregar que el recurrente omite hacerse cargo de las motivaciones que brindara este Órgano a fin de desestimar ese mismo reproche dirigido -a su hora- al Tribunal de Alzada.

Concretamente, este Cuerpo dijo que la interpretación propuesta por la Cámara en el "sub lite" era que el incumplimiento de la norma que regía la contratación habida entre las partes (art. 45, ley 24013) traía como consecuencia ineludible la aplicación de los efectos jurídicos derivados de una relación por tiempo indeterminado, pero ello no impedía "per se" a que la empleadora probara y el Juez ameritara que la disolución del vínculo tuviera su génesis en una causa distinta al estado de embarazo de la empleada (en el caso: la expiración del plazo convenido).

Para luego concluir este Tribunal que esa hermenéutica podía compartirse -o no- pero lo cierto era que no se había acreditado que excediera los límites de logicidad y razonabilidad o carezca de correspondencia con las constancias de autos. Antes bien, propiciar lo contrario -agregó el Cuerpo- significaría que en todos los casos en que el contrato se reputara -judicialmente- a plazo indeterminado correspondería acceder automáticamente al pago de la indemnización especial contemplada en el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Ningunas de estas razones han sido cuestionadas por el recurrente, quedando en pie, enhiestas ante la escueta afirmación de aquel que se ha soslayado el derecho vigente, siendo aplicable, entonces, la doctrina del más Alto Tribunal de la Nación respecto de que no son aptos para abrir la instancia extraordinaria las cuestiones que reiteran dogmáticamente agravios ya vertidos, sin plantear una crítica concreta y razonada de todos y cada uno de los argumentos dados para desecharlos (ver, por todos CSJN., 28.5.1991, Toledo de Cuello, Nélida E. c. E.N.T.E.L.).

En definitiva, al no traer el impugnante argumentos con entidad suficiente como para revertir lo sostenido por este Cuerpo para declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad local, la temática impugnativa queda reducida a una mera discrepancia interpretativa sobre cuestiones de hecho, prueba y derecho común que, en principio, resulta materia inidónea para operar la apertura de la vía del artículo 14 de la ley 48, salvo que se demuestre irrazonabilidad o lesión a garantías constitucionales en lo decidido, situación que no se logra evidenciar acontezca en el presente caso.

En conclusión, los agravios de la recurrente sólo trasuntan su mera disconformidad acerca de lo decidido por este Órgano en ejercicio de funciones propias -control de requisitos de admisibilidad correspondientes a un recurso regulado por la ley local (recurso y queja, ley 7055)-, lo cual carecen de sustancialidad para franquear la instancia extraordinaria.

Las falencias de fundamentación del recurso, en el caso, la falta de exposición de un planteo de jerarquía constitucional, son aspectos comprendidos en el plano de admisibilidad que cabe a este Cuerpo examinar con miras a resolver la concesión del remedio intentado.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con costas al vencido.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria).