Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, phishing, restitución de sumas de dinero, daño moral, daño punitivo, obligación de seguridad, derechos del consumidor, préstamo bancario, responsabilidad del banco
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gutiérrez Estela Del Valle y Otro c/ Banco Macro SA  s/ daños y perjuicios - Expte. 83/21.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-07-31

Procede no hacer lugar al recurso de apelación incoado por el demandado, y en su mérito, confirmar la sentencia que declaró la nulidad del préstamo otorgado a la parte actora y condenó al accionado a la restitución de las sumas de dinero descontadas en la cuenta bancaria y al pago de daños -moral y punitivo-, pues a diferencia de lo señalado por el recurrente, el proveedor tiene una obligación de seguridad, y por lo tanto, cualquier daño sufrido por el consumidor en el ámbito de la relación de consumo compromete la responsabilidad objetiva de aquél. El demandado no acreditó que dio efectivo cumplimiento con el deber de seguridad previsto en el art. 42 de la CN y en la Ley 24240, ya que surge evidente la insuficiente plataforma de seguridad que el banco tenía al momento del fraude, para las operaciones efectuadas por medios electrónicos. Con respecto a que el actuar de los actores fue causa necesaria para que se produzcan los daños, vale decir que no se advierte que la actividad fraudulenta esté conectada con el hecho de que los usuarios hayan brindado sus datos, sino en la falta de medidas hábiles para asegurarse la identidad de los mismos y sumar a ellos sistemas de alerta por la existencia de movimientos inusuales por fuera de los patrones habituales del consumidor. En lo que refiere a la condena en concepto de daño moral, se precisa que la situación vivida por los actores a raíz del hecho dañoso, razonablemente afectó su espíritu y dignidad, de forma anímicamente perjudicial en el marco de una relación de consumo -la relación bancaria- en la cual el consumidor debe tener seguridad y confianza. El incumplimiento del deber de seguridad con la consecuente perpetración de la maniobra fraudulenta, claramente puso a los consumidores actores en situación de mayor vulnerabilidad al ver vaciada su cuenta bancaria, situación que razonablemente genera un daño espiritual resarcible. Por último, el daño punitivo tiene por función una sanción patrimonial que permite incitar a las empresas a reencauzar su conducta hacia aquellos estándares objetivos. En el caso, no caben dudas que los actores sufrieron un trato indigno, basta con advertir que el accionado contestó la demanda solicitando su rechazo y achacándole la culpa a ellos. A mayor abundamiento, ni siquiera ofreció devolver los fondos que le fueron sustraídos a los accionantes de "su" ámbito de custodia, desatendiendo así -antojadiza y flagrantemente- su obligación de resultado a la que se sujetó, amparándose en su posición innegablemente dominante respecto del cliente, ya que se trata de un "profesional" en la actividad bancaria por lo que, y como sujeto proveedor, debió observar un mayor cuidado para que la prestación del servicio sea correcta y para que, en la eventualidad, los avances tecnológicos sean para mejorar la seguridad de las transacciones y no que, como ocurrió en el sub-lite, vayan en desmedro de los derechos de los consumidores.