marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, seguro de daños patrimoniales, interés asegurado, obligaciones del asegurado, titular del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORELLANO,  JORGE  LUIS c/ ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARGENTINA SA S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-09

Cuando, como en el caso, el actor reclama a la aseguradora el pago del seguro por el robo del automotor y no se ha demostrado que el cambio de titularidad en el "interés asegurable" se hubiese informado a la compañía aseguradora; y en tanto el siniestro se produjo en forma posterior al plazo previsto en el artículo 82 LS, no cabe sino entender que la demandada se hallaba liberada de atender el pago de tal siniestro al tiempo del reclamo que se examina. Nótese por otro lado que, de accederse a la indemnización pretendida, se produciría un enriquecimiento indebido del actor, toda vez que este último, por un lado, ya habría percibido el precio de la venta del rodado y percibiría además el importe de la indemnización por la sustracción del automotor, con lo cual, recibiría indebidamente dos veces el valor del automotor.
Accidente de tránsito, revocación de sentencia, muerte, titular del automotor, responsabilidad concurrente, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Peroggi, Ciro Gabriel y Otros c/ Boulanger, Eduardo Aníbal y otro/a s/ daños y perjuicios. Automotor c/ Les. o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-02-04

Cabe revocar la sentencia apelada en cuanto eximió de responsabilidad al titular registral del vehículo involucrado en el accidente de tránsito, a quien se hace extensiva la condena en forma concurrente con el demandado -conductor del vehículo-, sin perjuicio de la acción de contribución que pueda promover quien paga la deuda contra el otro obligado -arts. 1113 del Cód. Civ., arts. 1, 12, 15, 16, 27 y concs. del decr./ley 6582/58; t.o ley 22.977, art. 851 del Cód. Civ. y Com., en particular el inciso "h"-. ello pues, el dueño registral de un automotor puede eximirse de responsabilidad acreditando que, pese a no haber dado cumplimiento a los recaudos legales -transferencia, en su defecto denuncia administrativa de venta-, transfirió efectivamente la guarda jurídica del vehículo a un tercero, en el caso cabe la responsabilidad del codemandado como titular registral del vehículo interviniente dado que no efectuó la transferencia, ni realizó la denuncia de venta en forma temporánea -a pesar de haber manifestado haber vendido el camión con anterioridad al accidente de tránsito-. Es decir, dicha denuncia de venta no puede tenerse por cumplida a efectos liberatorios de la responsabilidad derivada del accidente, por cuanto la norma es clara al señalar que debe realizarse con anterioridad al accidente de tránsito.

Por lo tanto, la prueba en que el juez de grado fundó la exclusión de responsabilidad del titular registral no puede considerarse indudable, asertiva y categórica, requerimientos ineludibles para eximir de responsabilidad al titular registral que incumplió la normativa, dado que la eximición solicitada sólo puede concederse con carácter excepcional, siendo la regla la responsabilidad (art. 1113 del Cód. Civ., arts. 1, 12, 15, 16, 27 y concs. del decr./ley 6582/58; t.o ley 22.977).
Competencia de paz, funcionarios judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M. E. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-31

Si bien podría decirse, sin entrar en mayores profundizaciones, que las relaciones de los empleados judiciales con el poder estatal del cual dependen, se rigen también -sin perjuicio de su propia relación de sujeción especial - por el derecho administrativo (el derecho común del derecho público), no es menos cierto que los señores Jueces de Paz, a tenor de lo dispuesto en la Constitución de la Provincia del Chubut, son funcionarios judiciales y tienen adjudicadas competencias jurisdiccionales bien precisas de acuerdo a su categoría (art. 186 de la Constitución de la Provincia del Chubut, arts. 40 a 49 de Ley N° V-3 (antes arts. 51 a 54 de Ley N° 37), todo lo cual de por sí, los excluye de encuadrarlos en el especial marco del contrato administrativo de empleo público. Esto equivale decir que la relación entre el Estado y los jueces es de naturaleza institucional y no contractual, ya que los segundos son integrantes de uno de los Poderes del gobierno.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, banco central, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Coronato, Alfredo José c/ Banco Central de la República Argentina.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

Corresponde revocar la sentencia que resolvió que el Banco Central debía abonar honorarios a la actora, sin atender los reparos formulados y pasando por alto la consideración de las defensas referidas a que el Banco Central fue ajeno al contrato de locación de servicios suscripto entre el actor y la fallida - planteadas por el organismo oficial al contestar la demanda, y mantenidas al responder el memorial de agravios de la actora.
Causales de divorcio y separación personal, infidelidad
Materia: CIVIL
Carátula: P., M.G. c/ G., V.M. s/ Ordinario (Divorcio)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-29

"La unión sexual de un hombre o una mujer casados, con quien no es su esposa o su marido, respectivamente. Se trata, por eso, de una unión sexual ilegítima, en cuanto vulnera, fundamentalmente, la fidelidad recíproca que se deben los esposos".
Sufragio, constitucionalidad, menores
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Propuesta Republicana - PRO (Distrito Tucumán) c/ Provincia de Tucumán s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2015-08-22

La posibilidad de que las y los menores de 16 y 17 años voten facultativamente no tiene impedimento en el texto del inc. 2 del art. 43 Constitución de la Provincia de Tucumán que únicamente establece como límite el de los 18 años para el sufragio activo obligatorio de los ciudadanos argentinos.
Lesiones culposas, inadmisibilidad del recurso, querella, archivo del expediente, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Tesoriere, Nancy Viviana y otro c/  s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-07

Es inadmisible el recurso de casación intentado por la querella, si la resolución recurrida dispuso el archivo de las actuaciones por imposibilidad de proceder (artículo 195, segundo párrafo, segundo supuesto, del Código Procesal Penal de la Nación) para permitir que el recurrente pueda ejercer su pretensión mediante el impulso de la acción privada y, frente a esto, el impugnante no ha tomado a su cargo la tarea de explicar, siquiera mínimamente, que la decisión cuestionada le genere un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior y, por esa razón, pueda ser equiparada a una de carácter definitivo susceptible de ser revisada mediante un recurso de casación (cfr. artículo 457 CPPN) (voto del juez Magariños)
Delitos contra el honor, acción penal, menores, representación legal, querella
Materia: PENAL
Carátula: Cascioli, Andrés s/ Delitos contra el Honor - Acción Penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-19

1. Las normas que rigen el ejercicio de las acciones, no pueden divorciarse de la muy clara finalidad tuitiva que el ordenamiento jurídico todo tiene hacia los incapaces, pues de lo contrario se llegaría a una solución disfuncional, dejando desamparado a quien la ley ha tratado de proteger.

2. Los arts. 75 y 76 del C.P. no deben interpretarse literal, restrictiva y asistemáticamente, pues atento las previsiones del legislador en aras de la protección física y patrimonial de los menores, resultaría un contrasentido privarle a sus representantes legales la facultad de accionar en salvaguarda de su honor, ya que como titulares de este bien jurídico son susceptibles de ser sujetos pasivos de los delitos que lo lesionan.
Despido, injurias
Materia: LABORAL
Carátula: Albiero, Lucía Angélica c/ Citrícola Chajarí S.A. s/ Indemnización por antiguedad y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-12

Si de la documental no se desprende que la accionante haya intimado a la demandada bajo los apercibimientos de darse por despedida, resulta innegable que la conducta de la misma estuvo dirigida a extinguir la relación en forma unilateral y, por lo tanto, no se ha configurado por parte de la demandada injuria alguna y menos aun que pueda justificar el autodespido.
Sentencia, nulidad de sentencia, participación necesaria, sentencia absolutoria, in dubio pro reo, doctrina legal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cirilo, María Eugenia y otro. s/ Defraudación por retención indebida.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-08

Es revocable en casación por inobservancia o errónea aplicación del derecho al caso concreto, la sentencia que absuelve a un coimputado por el beneficio de la duda; cuando de los hechos fijados en el mismo pronunciamiento surge con inequívoca certeza, que prestó un aporte imprescindible para la comisión del ilícito atribuido al coimputado.
Empleados públicos, servicios simultáneos, acumulación de beneficios, constitucionalidad, opción jubilatoria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DOMINGUEZ, Miguel Lino c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

El art. 9 del Decreto 3319/83 que veda la acumulación de servicios simultáneos en relación de dependencia con los comprendidos en la ley 22.955 (salvo que se acredite el derecho a la prestación, independientemente, en ambos regímenes) no es inconstitucional, y resulta compatible con las directivas del art. 2, párrafo 2do. de la ley citada, que impone al afiliado la posibilidad de optar por la aplicación del régimen jubilatorio general con exclusión del vigente para el personal de la Administración Pública, con la aclaración que dicha opción, una vez ejercitada, resulta irrevocable.
Allanamiento domiciliario, orden de allanamiento, dependientes
Materia: PROCESAL
Carátula: AYALA, GUSTAVO s/ PRUEBA - ALLANAMIENTO - MANIFESTACION ESPONTANEA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11

El concepto de domicilio, y el consecuente requisito procesal de la orden judicial de allanamiento para el acceso a la autoridad no deben interpretarse restrictivamente, en tanto tienden a hacer efectivas garantías constitucionales (art. 18 C.N.).

Los recintos privados, como lo es el cofre asignado por la empresa a uno de sus dependientes cerrado con candado - circunstancia que evidencia la voluntad de exclusión del usuario - deben recibir la misma protección que el domicilio, y consecuentemente es necesaria una orden de allanamiento para su apertura, cuya ausencia no puede ser suplida válidamente por el consentimiento prestado por los procesados en la ocasión.
Testigos de Jehová, libertad de cultos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, Miguel Angel s/ Certificación de firma
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

La libertad de conciencia consiste en no ser obligado a un acto prohibido por la propia conciencia, sea que la prohibición obedezca a creencias religiosas o convicciones morales. El art. 14 de la Constitución Nacional asegura a todos los habitantes de la Nación el derecho a profesar y practicar libremente su culto, recalcando que la libertad de religión es particularmente valiosa y que la humanidad la ha alcanzado merced a esfuerzos y tribulaciones. La defensa de los sentimientos religiosos forma parte del sistema pluralista que en materia de cultos adoptó nuestra Constitución.
Cheque sin fondos, inexistencia de delito, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: POLANCO, JORGE s/ Cheque sin fondos Causa 34277
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-09

1- El nombre del beneficiario es un requisito esencial impuesto por la ley comercial para que una orden valga como cheque; al margen del valor obligatorio del documento y aún admitiendo la validez de la autorización para que el dato fuese agregado posteriormente, el cheque así entregado no tiene valor legal como tal y tal comportamiento no puede constituir delito.

2- El castigo que establecen los inc. 1) e Inc. 2 del art. 302 del Código Penal, inspirado en la protección de la fe pública, se refiere a las órdenes de pago que tienen calidad de cheques, es decir, órdenes absolutamente incondicionadas y a la vista, dirigidas a un banco y extendidas en formularios especiales, que reúnen ciertas formas que la ley comercial considera esenciales.

3- El mero incumplimiento de cualquier orden de pago no puede constituir delito puesto que eso supondría la reimplantación de la prisión por deudas, desechada de nuestro ordenamiento jurídico y prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) e incorporada actualmente a la Constitución Nacional.
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo, comisiones médicas, plazo perentorio, derecho a ser oído, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

La ley 27.348 establece un plazo perentorio de sesenta días hábiles administrativos para que la comisión médica se pronuncie que solo es prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, lo que deberá ser debidamente fundado y vencido, la norma deja expedita la vía judicial (art. 3° de la ley), lo cual garantiza al damnificado su derecho a ser oído dentro de un lapso razonable, en tanto asegura que la petición será resuelta con premura, y que, de no ser así, este contará con recursos legales para evitar dilaciones innecesarias.
Acto administrativo, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL CIVIL
Carátula: VILLA PERINCIOLI, JULIO ARMANDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA      CSJ EXPTE NRO 543-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-10-05

Si bien la notificación en diligencia fue realizada sin llenar las formalidades prescriptas por el artículo 22 del decreto 10204 58, lo que acarrearía su nulidad a solicitud de parte interesada de acuerdo al artículo 29, debe tenerse en cuenta que esta misma norma preceptúa que "la nulidad quedará subsanada si el notificado, por un acto realizado en el mismo expediente o actuación, exterioriza haber tomado conocimiento del decreto, resolución o providencia notificada".

En el caso, no existen dudas que ese extremo se configuró en razón de que la notificación objetada se produjo por la concurrencia personal del propio interesado, antiguo magistrado, conocedor de las consecuencias del acto adverso de la Administración contrario a sus pretensiones, de los efectos que irrogaba esa decisión definitiva e insusceptible de nuevos recursos, que quedaría firme por el mero transcurso del tiempo previsto por el ordenamiento.
Estado de necesidad, crisis económica, amenaza de sufrir un mal grave e inminente, prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CABANTOUS, Gustavo Leopoldo s/ infr. ley 23.771, Causa nro. 11.483
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-17

No es posible alegar un pretendido estado de necesidad en favor de los procesados, lisa y llanamente porque no han tenido acreditación en el proceso los extremos fácticos en que él se funda, sin que quepa asignar tal carácter a la genérica insuficiencia salarial o a la recesión económica, si es que específicamente no se demuestra que han servido para poner en el dilémico trance de sacrificar un bien de menos entidad ante la inminencia de un mal grave. No basta la mera invocación del mismo, sino que tal situación debe resultar de las probanzas sumariales.
Escritos judiciales, falta de firma, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Recurso Queja Nº 7 - S., V.  c/ Q. S., G. R.  s/ restitución internacional de niños
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-04

De allí que en la interpretación de las formas procesales que sirven a la mejor realización del derecho material, debe admitirse su flexibilización para evitar excesos formales, pero habrá de realizarse respetando la paridad de trato y la garantía de la defensa.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, incidentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carnicero, Héctor s/ Ejecución de honorarios en autos "Mizrahi, Jacques contra Dolin,  Luis y otro. Nulidad de inscripción"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

El art.278 del Código Procesal Civil y Comercial se refiere a las sentencias definitivas que ponen fin a la litis que motiva el pleito, pero no a las resoluciones recaídas en los incidentes que puedan plantearse durante su ejecución, las que en principio deben concluir en la instancia ordinaria (arts.161 y 184, C.P.C.C.).
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, reconocimiento de las obligaciones, reconocimiento de firma
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: T. de S., A.M. y otros c/ S., P.W. y otro s/ PREPARACION DE LA VIA EJECUTIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-23

En tanto el reconocimiento de la obligación es un acto jurídico por el cual alguien admite la existencia de una obligación a su cargo, aun cuando el objeto inmediato del documento hubiere sido cumplir con un deber ético y más allá del contexto en el que se desarrolló, ello no empece a que una vez establecida la autenticidad de la firma le sea reconocida aptitud ejecutiva.
Despido con causa, mala fe, licencia por enfermedad, trabajo en otra empresa
Materia: LABORAL
Carátula: V. C. D. C. c/ Sánchez, Claudia Mariel s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-06-22

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación toda vez que la actora obró de mala fe puesto que mientras estaba de licencia médica, trabajó para otro empleador. Dicho actuar va contra el deber de buena fe (art. 63 LCT) y justifica el distracto, ya que si el empleado se encuentra enfermo, los es para todos los empleadores, y si fuera un servicio particular, debería notificar al empleador en que está de licencia para que cese en el pago de la licencia por enfermedad mientras trabaja para otro empleador.
Intervención de terceros, intervención obligada, suspensión del proceso judicial, inactividad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: SURPEL SA c/ INTERFREIGHT SRL s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

La ley no establece sanción específica alguna para la parte que, habiendo solicitado la intervención coactiva de un tercero, omite impulsar las mencionadas diligencias. Para salvar ese legal vacío y evitar un estancamiento del proceso derivado de una inactividad del citante (adviértase que la admisión de la citación provoca la suspensión del procedimiento; art. 95, Código Procesal), la jurisprudencia y la doctrina especializada han admitido la procedencia de una intimación a aquél para que dentro de un plazo razonable agilice la citación del tercero, bajo apercibimiento de tenerla por desistida (cfr. esta Cámara, Sala II, Causas 2996 del 14.11.73; 1750 del 7.12.82; 6032 del 17.6.88; etc.; Kenny, H. E., "La Intervención Obligada de Terceros en el Proceso Civil", pág. 90; Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, y concordado", T. 1, pág. 343, N° 6, texto y jurisp. cit. en nota N° 21; Alvarez Juliá, L., "Intervención de Terceros en el Proceso", reg. en LL 1992-D, pág. 796, espec. Cap. VIII; etc.).
Cuestión constitucional, causa del acto jurídico, falta de causa, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano c/ GCBA s/ amparo - salud - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Para que una cuestión sea legítimamente sometida a decisión de los jueces se requiere la demostración de un perjuicio concreto y directo a un interés jurídicamente protegido. Este requisito está reiterado expresamente en el art. 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sujeta la procedencia del amparo a los supuestos en los cuales un acto u omisión "lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta' derechos o garantías de las personas. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Promoción industrial, tasas, tractor, bienes importados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de Economía - Secretaría de Industria) c/ Massey - Ferguson Argentina S.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

El primitivo régimen promocional instaurado por el decreto 11.300/59, tenido en mira por el decreto - ley 8655/63, que creó la tasa, subsistió - no obstante las sucesivas regulaciones - en cuanto al tributo se refiere. Desapareció a partir del 31 de diciembre de 1986, cuando se incorporó la industria del tractor al sistema general de aranceles de importación, por lo que también perdió vigencia la tasa prevista por el decreto del año 1963 (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio).
Derecho laboral, discriminación, encuadramiento sindical, prueba, falta de prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: González, Yanina Alejandra c/ Kromberg & Shubert Argentina S.R.L. y otros s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-15

De la prueba testimonial ofrecida por la propia demandante surge que el despido obedeció a la crisis que atravesaba la empresa, por la baja de la producción, tal como se agitó en la misiva rupturista. No hubo pruebas que permitan inferir una actitud discriminatoria por parte de la accionada al momento del despido vinculada a la agitada "actividad sindical" de la actora con la gente que integraba la lista de la C.T.A., mucho menos se encontraron acreditadas las enfermedades invocadas. La actora debió aportar elementos en la causa que permitieran considerar que su despido se trató de un acto discriminatorio, así corresponde sostener el rechazo del carácter discriminatorio del despido dispuesto.
Tercería de dominio, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fortunato Sergio y otros c/ Divisa S.A. s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-16

Si bien es cierto que existe conexión entre la tercería y el proceso principal, en razón precisamente del dominio de la cosa embargada en el principal, sin embargo aquélla tramita a través de un proceso de conocimiento pleno (art. 101 del CPC) en el cual actor y demandado asumen el carácter de demandados, configurándose de esa manera un litisconsorcio pasivo necesario. (Minoría u opinión personal)