Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-07


[[p]]Buenos Aires,      07     de mayo de 2015  Vistos: los autos indicados en el epígrafe; 	  resulta:[[/p]][[p]]1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) interpuso queja ante este Estrado (fs. 6/12 vuelta) con el objeto de mantener el recurso de inconstitucionalidad deducido contra el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario (fs. 472/492 vuelta de los autos principales a los que corresponderá la foliatura que en lo sucesivo se mencione, excepto indicación expresa) que confirmó la sentencia de grado que había hecho lugar a la acción de amparo (fs. 389/396) ". ordenando a la Administración continúe adoptando las medidas necesarias a fin de que a la [amparista] y su grupo familiar, se les otorgue alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad o los fondos suficientes para acceder al mismo, lo cual deberá ser mantenido mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no demuestre fehacientemente en estos actuados que la situación de vulnerabilidad socio-económico ha cesado" y declaró ". la inconstitucionalidad de la modificación introducida por el art. 2 del Dec. 167/11 al art. 5 del Dec. 690/06" (fs. 396).[[/p]][[p]]2. Para resolver de ese modo, los jueces tuvieron en cuenta que la actora se encontraría en una situación de vulnerabilidad social en los términos del art. 6 de la ley nº 4.036 (en la medida que es una mujer a cargo de un hijo menor de edad, con antecedentes de violencia familiar y con ingresos insuficientes,) y examinó tal supuesto a la luz de lo establecido en los Pactos Internacionales, en la Constitución Nacional y en la local (arts. 31 y 20), y en la normativa local vigente.[[/p]][[p]]3. Contra dicha resolución, el GCBA interpuso el recurso de inconstitucionalidad que se intenta sostener en esta instancia (fs. 498/508 vuelta). Allí centró sus agravios en que el decisorio impugnado violaba la garantía del debido proceso legal adjetivo, los derechos de defensa y de propiedad y los principios de legalidad y de división de poderes. En particular, alegó que la sentencia se apartaba de la normativa aplicable en materia de subsidios habitacionales como así también de la doctrina del Tribunal in re "Alba Quintana", según la cual tanto los plazos como los montos establecidos son constitucionales. Sostuvo que la sentencia había efectuado una equivocada inteligencia y aplicación de las normas constitucionales relacionadas con lo decidido (art. 31 de la CCABA y  art. 14 bis de la CN), y que era arbitraria. Señaló que la cuestión revestía gravedad institucional.[[/p]][[p]]4. La Cámara denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad con fundamento en que la recurrente no había logrado plantear una cuestión constitucional en los términos del art. 113, inc. 3, de la CCABA, en tanto la invocación de las garantías y principios constitucionales allí efectuada, lo había sido de modo genérico, sin conectarlas razonadamente con el contenido del decisorio impugnado (fs. 535/537 vuelta). Ello motivó la queja referenciada en el punto 1.[[/p]][[p]]5. Requerido su dictamen, la Asesora General Tutelar expresó que, a su criterio, correspondería rechazar la presentación del GCBA (fs. 123/128 vuelta de la queja). A su turno, el Sr. Fiscal General propició hacer lugar a la queja, declarar admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA, y revocar la sentencia recurrida, disponiendo lo necesario para que se dicte otra conforme a derecho (fs. 130/146 vuelta de la queja).[[/p]][[p]]Fundamentos:[[/p]][[p]]Los jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde y Luis Francisco Lozano dijeron:[[/p]][[p]]1. La queja deducida por el GCBA fue interpuesta por escrito, ante este Tribunal y dentro del plazo que fija el art. 33 de la ley nº 402.[[/p]][[p]]2. En el caso, el GCBA resiste la sentencia de la Cámara CAyT que confirmó la sentencia de grado que había hecho lugar a la acción de amparo y había ordenado al GCBA que ".contin[uara] adoptando las medidas necesarias a fin de que a la Sra. Yanina Paola Zava (DNI Nº 34.473.279) y su grupo familiar, se les otorg[ara] alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad o los fondos suficientes para acceder al mismo, lo cual deber[ía] ser mantenido mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dem[ostrara] fehacientemente en estos actuados que la situación de vulnerabilidad socio-económico h[ubiera] cesado" y declaró "la inconstitucionalidad de la modificación introducida por el art. 2 del Dec. 167/11 al art. 5 del Dec. 690/06" (fs. 395 vta. de los autos principales)  3. En el sub examine no se encuentra controvertido que la parte actora: es una mujer sola, con un hijo menor de edad a su cargo y con recursos insuficientes (cf. fs. 489 vta. y 491 vuelta de los autos principales). Tampoco está controvertida la conclusión a la que arribó la Cámara de que la parte actora está en la situación de vulnerabilidad que define el art. 6 de la ley 4.036. Ello así, la cuestión planteada resulta sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Abdala, Analía Verónica c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 9963/13, sentencia del 14 de agosto de 2014 y, más recientemente, in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Blanco, Flavia Maricel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. nº 10073/13, sentencia del 03 de noviembre de 2014.[[/p]][[p]]En ese marco, corresponde remitir a los fundamentos y a la solución que expusiéramos en el precedente "Blanco" recién mencionado -los que deberán ser incorporados mediante agregado de copia de esa decisión a este expediente-.[[/p]][[p]]Así lo votamos.[[/p]][[p]]La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:[[/p]][[p]]1. La queja del GCBA ha sido interpuesta en tiempo y forma por parte legitimada -art. 33 de la ley n° 402-. Sin embargo, no puede prosperar ya que carece de una crítica suficiente de las razones por las que la Cámara del fuero no admitió el recurso de inconstitucionalidad que aquélla viene a defender.[[/p]][[p]]2. Al denegar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, los magistrados indicaron que éste no había planteado adecuadamente un caso constitucional. Explicaron:[[/p]][[p]](i) que el recurrente no había relacionado los preceptos constitucionales invocados con los términos de la sentencia impugnada; y 	(ii) que las cuestiones objeto de tratamiento en el decisorio atacado versaron sobre extremos de hecho, prueba y derecho infraconstitucional.[[/p]][[p]]Por lo demás, los camaristas descartaron la existencia de un supuesto de arbitrariedad o gravedad institucional.[[/p]][[p]]3. En su recurso directo, la Ciudad no consigue poner en crisis la    decisión interlocutoria que declaró inadmisible el remedio extraordinario   que aquél pretende sostener. Es que allí se limita a reiterar los agravios      que expusiera en su recurso de inconstitucionalidad, sin hacerse cargo de los defectos de fundamentación que individualizaron los jueces de la Sala interviniente, y aunque reseña algunos de los argumentos del auto denegatorio, no los articula con los términos de su presentación.[[/p]][[p]]4. Por las razones expuestas, corresponde rechazar la queja intentada. Así lo voto.[[/p]][[p]]La juez Inés M. Weinberg dijo:[[/p]][[p]]La queja ha sido interpuesta en tiempo y forma -art. 33 de la ley 402- no obstante, no puede prosperar y debe ser rechazada toda vez que no rebate en forma suficiente la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad intentado, así como tampoco acredita la existencia de un caso constitucional (arts. 113, inc. 3, de la CCABA y 27 de la ley 402).[[/p]][[p]]Entiendo aplicable mutatis mutandi la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben expresar las quejas por recursos denegados -v. Fallos 287:237; 298:84; 302:183; 311:133, 2338, 2462; 331:373 entre otros-.[[/p]][[p]]En efecto, las genéricas invocaciones sobre las garantías constitucionales afectadas revelan sólo una mera disconformidad con lo resuelto, sin lograr conectarse adecuadamente con las razones que dan fundamento a la sentencia denegatoria a cuyos términos corresponde remitirse en honor a la brevedad.[[/p]][[p]]Asimismo, debe recordarse también aquí que la tacha de arbitrariedad "no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales" -conf. Fallos 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584; 294:376 entre otros-.[[/p]][[p]]Finalmente, la referencia a la doctrina de la "gravedad institucional" invocada no aparece respaldada con un fundamento apto para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o los principios institucionales básicos de la Constitución Nacional -conf. Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240 y sus citas-.[[/p]][[p]]Sobre tales premisas, debe concluirse que el tribunal a quo arribó a una solución jurídicamente posible, con fundamentos y base suficientes, no logrando los agravios vertidos evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.[[/p]][[p]]Por todo lo expuesto, oída la Fiscalía General y de conformidad con lo concluido por la Asesoría General Tutelar, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el GCBA.[[/p]][[p]]Así lo voto.[[/p]][[p]]Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General, por mayoría,   el Tribunal Superior de Justicia resuelve:[[/p]][[p]]1. Admitir parcialmente la queja y, con el mismo alcance, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.[[/p]][[p]]2. Revocar parcialmente la sentencia de fs. 472/492 vuelta de los autos principales y ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mantenga a la parte actora como beneficiaria del subsidio instrumentado por el decreto n° 690/06 (y sus modificatorios) mientras subsista la situación de hecho y de derecho sobre cuya base se resuelve.[[/p]][[p]]3. Imponer las costas por su orden.[[/p]][[p]]4. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal en los autos "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Blanco, Flavia Maricel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 10073/13, el 3 de noviembre de 2014.[[/p]][[p]]5. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior, se agregue la queja al principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.[[/p]]
[[p]]Buenos Aires,      07     de mayo de 2015  Vistos: los autos indicados en el epígrafe; 	  resulta:[[/p]][[p]]1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) interpuso queja ante este Estrado (fs. 6/12 vuelta) con el objeto de mantener el recurso de inconstitucionalidad deducido contra el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario (fs. 472/492 vuelta de los autos principales a los que corresponderá la foliatura que en lo sucesivo se mencione, excepto indicación expresa) que confirmó la sentencia de grado que había hecho lugar a la acción de amparo (fs. 389/396) ". ordenando a la Administración continúe adoptando las medidas necesarias a fin de que a la [amparista] y su grupo familiar, se les otorgue alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad o los fondos suficientes para acceder al mismo, lo cual deberá ser mantenido mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no demuestre fehacientemente en estos actuados que la situación de vulnerabilidad socio-económico ha cesado" y declaró ". la inconstitucionalidad de la modificación introducida por el art. 2 del Dec. 167/11 al art. 5 del Dec. 690/06" (fs. 396).[[/p]][[p]]2. Para resolver de ese modo, los jueces tuvieron en cuenta que la actora se encontraría en una situación de vulnerabilidad social en los términos del art. 6 de la ley nº 4.036 (en la medida que es una mujer a cargo de un hijo menor de edad, con antecedentes de violencia familiar y con ingresos insuficientes,) y examinó tal supuesto a la luz de lo establecido en los Pactos Internacionales, en la Constitución Nacional y en la local (arts. 31 y 20), y en la normativa local vigente.[[/p]][[p]]3. Contra dicha resolución, el GCBA interpuso el recurso de inconstitucionalidad que se intenta sostener en esta instancia (fs. 498/508 vuelta). Allí centró sus agravios en que el decisorio impugnado violaba la garantía del debido proceso legal adjetivo, los derechos de defensa y de propiedad y los principios de legalidad y de división de poderes. En particular, alegó que la sentencia se apartaba de la normativa aplicable en materia de subsidios habitacionales como así también de la doctrina del Tribunal in re "Alba Quintana", según la cual tanto los plazos como los montos establecidos son constitucionales. Sostuvo que la sentencia había efectuado una equivocada inteligencia y aplicación de las normas constitucionales relacionadas con lo decidido (art. 31 de la CCABA y  art. 14 bis de la CN), y que era arbitraria. Señaló que la cuestión revestía gravedad institucional.[[/p]][[p]]4. La Cámara denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad con fundamento en que la recurrente no había logrado plantear una cuestión constitucional en los términos del art. 113, inc. 3, de la CCABA, en tanto la invocación de las garantías y principios constitucionales allí efectuada, lo había sido de modo genérico, sin conectarlas razonadamente con el contenido del decisorio impugnado (fs. 535/537 vuelta). Ello motivó la queja referenciada en el punto 1.[[/p]][[p]]5. Requerido su dictamen, la Asesora General Tutelar expresó que, a su criterio, correspondería rechazar la presentación del GCBA (fs. 123/128 vuelta de la queja). A su turno, el Sr. Fiscal General propició hacer lugar a la queja, declarar admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA, y revocar la sentencia recurrida, disponiendo lo necesario para que se dicte otra conforme a derecho (fs. 130/146 vuelta de la queja).[[/p]][[p]]Fundamentos:[[/p]][[p]]Los jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde y Luis Francisco Lozano dijeron:[[/p]][[p]]1. La queja deducida por el GCBA fue interpuesta por escrito, ante este Tribunal y dentro del plazo que fija el art. 33 de la ley nº 402.[[/p]][[p]]2. En el caso, el GCBA resiste la sentencia de la Cámara CAyT que confirmó la sentencia de grado que había hecho lugar a la acción de amparo y había ordenado al GCBA que ".contin[uara] adoptando las medidas necesarias a fin de que a la Sra. Yanina Paola Zava (DNI Nº 34.473.279) y su grupo familiar, se les otorg[ara] alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad o los fondos suficientes para acceder al mismo, lo cual deber[ía] ser mantenido mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dem[ostrara] fehacientemente en estos actuados que la situación de vulnerabilidad socio-económico h[ubiera] cesado" y declaró "la inconstitucionalidad de la modificación introducida por el art. 2 del Dec. 167/11 al art. 5 del Dec. 690/06" (fs. 395 vta. de los autos principales)  3. En el sub examine no se encuentra controvertido que la parte actora: es una mujer sola, con un hijo menor de edad a su cargo y con recursos insuficientes (cf. fs. 489 vta. y 491 vuelta de los autos principales). Tampoco está controvertida la conclusión a la que arribó la Cámara de que la parte actora está en la situación de vulnerabilidad que define el art. 6 de la ley 4.036. Ello así, la cuestión planteada resulta sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Abdala, Analía Verónica c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 9963/13, sentencia del 14 de agosto de 2014 y, más recientemente, in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Blanco, Flavia Maricel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. nº 10073/13, sentencia del 03 de noviembre de 2014.[[/p]][[p]]En ese marco, corresponde remitir a los fundamentos y a la solución que expusiéramos en el precedente "Blanco" recién mencionado -los que deberán ser incorporados mediante agregado de copia de esa decisión a este expediente-.[[/p]][[p]]Así lo votamos.[[/p]][[p]]La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:[[/p]][[p]]1. La queja del GCBA ha sido interpuesta en tiempo y forma por parte legitimada -art. 33 de la ley n° 402-. Sin embargo, no puede prosperar ya que carece de una crítica suficiente de las razones por las que la Cámara del fuero no admitió el recurso de inconstitucionalidad que aquélla viene a defender.[[/p]][[p]]2. Al denegar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, los magistrados indicaron que éste no había planteado adecuadamente un caso constitucional. Explicaron:[[/p]][[p]](i) que el recurrente no había relacionado los preceptos constitucionales invocados con los términos de la sentencia impugnada; y 	(ii) que las cuestiones objeto de tratamiento en el decisorio atacado versaron sobre extremos de hecho, prueba y derecho infraconstitucional.[[/p]][[p]]Por lo demás, los camaristas descartaron la existencia de un supuesto de arbitrariedad o gravedad institucional.[[/p]][[p]]3. En su recurso directo, la Ciudad no consigue poner en crisis la    decisión interlocutoria que declaró inadmisible el remedio extraordinario   que aquél pretende sostener. Es que allí se limita a reiterar los agravios      que expusiera en su recurso de inconstitucionalidad, sin hacerse cargo de los defectos de fundamentación que individualizaron los jueces de la Sala interviniente, y aunque reseña algunos de los argumentos del auto denegatorio, no los articula con los términos de su presentación.[[/p]][[p]]4. Por las razones expuestas, corresponde rechazar la queja intentada. Así lo voto.[[/p]][[p]]La juez Inés M. Weinberg dijo:[[/p]][[p]]La queja ha sido interpuesta en tiempo y forma -art. 33 de la ley 402- no obstante, no puede prosperar y debe ser rechazada toda vez que no rebate en forma suficiente la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad intentado, así como tampoco acredita la existencia de un caso constitucional (arts. 113, inc. 3, de la CCABA y 27 de la ley 402).[[/p]][[p]]Entiendo aplicable mutatis mutandi la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben expresar las quejas por recursos denegados -v. Fallos 287:237; 298:84; 302:183; 311:133, 2338, 2462; 331:373 entre otros-.[[/p]][[p]]En efecto, las genéricas invocaciones sobre las garantías constitucionales afectadas revelan sólo una mera disconformidad con lo resuelto, sin lograr conectarse adecuadamente con las razones que dan fundamento a la sentencia denegatoria a cuyos términos corresponde remitirse en honor a la brevedad.[[/p]][[p]]Asimismo, debe recordarse también aquí que la tacha de arbitrariedad "no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales" -conf. Fallos 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584; 294:376 entre otros-.[[/p]][[p]]Finalmente, la referencia a la doctrina de la "gravedad institucional" invocada no aparece respaldada con un fundamento apto para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o los principios institucionales básicos de la Constitución Nacional -conf. Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240 y sus citas-.[[/p]][[p]]Sobre tales premisas, debe concluirse que el tribunal a quo arribó a una solución jurídicamente posible, con fundamentos y base suficientes, no logrando los agravios vertidos evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.[[/p]][[p]]Por todo lo expuesto, oída la Fiscalía General y de conformidad con lo concluido por la Asesoría General Tutelar, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el GCBA.[[/p]][[p]]Así lo voto.[[/p]][[p]]Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General, por mayoría,   el Tribunal Superior de Justicia resuelve:[[/p]][[p]]1. Admitir parcialmente la queja y, con el mismo alcance, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.[[/p]][[p]]2. Revocar parcialmente la sentencia de fs. 472/492 vuelta de los autos principales y ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mantenga a la parte actora como beneficiaria del subsidio instrumentado por el decreto n° 690/06 (y sus modificatorios) mientras subsista la situación de hecho y de derecho sobre cuya base se resuelve.[[/p]][[p]]3. Imponer las costas por su orden.[[/p]][[p]]4. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal en los autos "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Blanco, Flavia Maricel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 10073/13, el 3 de noviembre de 2014.[[/p]][[p]]5. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior, se agregue la queja al principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.[[/p]]