Excarcelación, prisión preventiva, Constitución Nacional
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: " MIARA, samuel s/ deneg. Excarcelación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-23

Excepcionalmente, la Carta Magna autoriza esta restricción aún antes de la finalización del procedimiento penal, circunstancia a partir de la cual toma forma el instituto de la prisión preventiva. Si bien existen planteos que cuestionan la razonabilidad de esta medida a la luz de los fines que se le reconocen -los que seguidamente se detallan-, lo cierto es que la prisión preventiva se encuentra prevista, aunque con fuertes limitaciones, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7) y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) -tratados estos que integran el bloque constitucional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 22 de la CN-Para determinar, entonces, los casos en que se fuerza hasta el máximo tolerable el principio de inocencia y se viabiliza el encierro preventivo de una persona, habrá que atender las siguientes circunstancias. Primeramente, debe existir -al menos- probabilidad de que el imputado haya cometido un hecho punible. Esto es, previo a toda otra circunstancia, deben existir elementos probatorios en la causa que sitúen al juez próximo a la certeza de que el imputado ha cometido el hecho que se le imputa. También debe poder inferirse que existe el riesgo de que el imputado se fugará o entorpecerá la investigación. Ambas circunstancias, claro está, ponen en riesgo la metas procesales (averiguación de la verdad y aplicación de la ley sustantiva). Ello así, en tanto: a) no hay proceso penal posible sin la presencia del imputado -dado que no se concibe el proceso penal en contumacia en nuestro país-; y b) no se alcanza la verdad -y en consecuencia no puede actuar correctamente la ley sustantiva- si se destruyen u ocultan elementos probatorios. A su vez, debe descartarse la posibilidad de que otros medios menos lesivos de derechos fundamentales del imputado (tales como, por ejemplo, cauciones o inhabilitaciones) también garanticen los fines que se le reconocen a la prisión preventiva. En caso de que tal posibilidad exista, queda excluida la aplicación del encierro preventivo dado que -a la luz del carácter excepcional de la restricción provisional de la libertad- debe aplicarse la medida cautelar que, con el menor sacrificio, permita alcanzar las metas procesales antes señaladas.Finalmente, la aplicación del encierro preventivo se encuentra supeditada a que la pena con que se amenaza el delito imputado no sea menos grave que la restricción de la libertad que sufre el imputado preventivamente. Este carácter proporcional de la prisión preventiva es el que impediría, por ejemplo, la imposición de esta medida cautelar en procesos en los que se investiga la comisión de delitos no amenazados con pena privativa de la libertad (para un análisis acabado de los elementos descriptos precedentemente, ver Maier, Julio B. J., "Derecho Procesal Penal", Tomo I, Fundamentos, Editores Del Puerto, 1999, Buenos Aires, pág. 510 y ss.). (Del voto del Dr. Cavallo al que adhirió el Dr. Irurzun con fundamentos própios).