Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-29


2a instancia. Buenos Aires, 29 DE DICIEMBRE DE 2009 VISTO Y CONSIDERANDO:

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) inició en primera instancia "demanda por cancelación de personería gremial" contra el Sindicato Marplatense de Pesca (SIMAPE) señalando que el reconocimiento de personería gremial a esta última entidad quedó ceñida a los términos del "Acuerdo Intersindical de Reciprocidad" suscripto entre ambas asociaciones el 29/8/06 y que, al celebrar negociaciones con las Cámaras Empresarias sin su intervención, se violaron las expresas disposiciones contenidas en las cláusulas segunda, tercera y séptima del referido acuerdo, lo que a su juicio lleva a dejar sin efecto lo acordado y a solicitar la cancelación de la personería gremial otorgada en tales términos (conf. Res. MTEySS 216 del 19/3/07). Asimismo señaló que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales se declaró incompetente y que la cuestión debía ventilarse ante la Justicia Ordinaria.

El Sr. Juez de primera instancia a fs. 49 se inhibió de entender en los presentes actuados por considerar que, en concordancia con lo dictaminado por la Sra. Fiscal a fs. 48, debía agotarse previamente la instancia administrativa.

La atipicidad del planteo y la índole de la decisión adoptada en origen, tornaron necesario dar intervención al Fiscal General ante la Cámara quien, luego de recibidas las actuaciones administrativas referidas en el escrito inicial, se expidió en los términos de que da cuenta el dictamen de fs. 75.

Conforme se extrae del expediente administrativo Nº 251.214/07 que corre por cuerda, con fecha 27/11/09 el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la resolución 1157 por la que declaró agotada la instancia administrativa al reiterar el criterio sostenido por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales mediante pronunciamiento del 9/6/08, en el que sostuvo que la autoridad de aplicación no posee facultades para suspender o cancelar en su ámbito una personería gremial ya reconocida (ver fs. 173/174 del expte. que corre por cuerda). Frente a ello, ningún obstáculo de índole formal se advierte para que el órgano jurisdiccional asuma el conocimiento del conflicto, máxime cuando, como lo señaló Carlos A. Etala en su obra "Derecho Colectivo del Trabajo" (Ed. Astrea, Bs. As. 2da. edición actualizada, pág. 151) excede claramente el ámbito de competencia de la autoridad administrativa el dictado de una resolución en torno a la suspensión o cancelación de una personería previamente otorgada y ello por aplicación de lo dispuesto en los arts. 56 y 57 de la ley 23551.

Sin embargo, tal como lo puntualiza el Dr. Eduardo Álvarez en el dictamen que antecede (cuyos fundamentos se comparten y se dan aquí por reproducidos en homenaje a la brevedad), es la Cámara de Apelaciones del Trabajo la llamada a entender en la contienda puesto que todo lo concerniente a la afectación de personerías gremiales debe tramitar en el marco de lo dispuesto en el art. 62 de la ley de asociaciones sindicales (ya sea por vía de acción o de recurso), el que expresamente establece la competencia originaria de este Tribunal en ese tipo de contiendas.

En consecuencia, por lo expuesto, corresponde que esta Sala asuma la competencia erróneamente atribuida al juzgado de origen.

Desde tal perspectiva, corresponde imprimir a las presentes actuaciones el trámite del juicio ordinario (puesto que el proceso sumario ha sido derogado por la ley 25.488, ver pto. 4º Acta CNAT 2359) y, consecuentemente , correr traslado de la demanda y su documentación a la entidad sindical demandada por el término de diez (10) días a fin de que conteste la demanda, reconozca o desconozca los documentos acompañados, ofrezca prueba y oponga las excepciones que tuviere, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 71 y 82 inc. a) de la ley 18345 -conf. ley 24635- (art. 356 CPCCN) En consecuencia, por lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1) Asumir el conocimiento de la causa e imprimir a las actuaciones el trámite del juicio ordinario (ley 18345), 2) Correr traslado de la demanda y su documentación a la entidad sindical demandada por el término de diez (10) días a fin de que conteste la demanda, reconozca o desconozca los documentos acompañados, ofrezca prueba y oponga las excepciones que tuviere, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 71 y 82 inc. a) de la ley 18345 -conf. ley 24635- (art. 356 CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.