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Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: INDUSTRIAS CARNICA CASILDA S.A. s/ Régimen Penal  Tributario, incidente de extinción de la acción por prescripción en favor  de Mario Luis Ferri
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-05

Debe ser confirmada la resolución que rechazó el planteo de prescripción de la acción penal dado que al margen de si se trata de aquello que en doctrina se conoce como "delito continuado" o si resulta de aplicación la norma referida a "hechos independientes" (Art. 55 CP), en el caso existe un evidente vínculo de continuación entre los hechos que se atribuyen al mismo autor y la secuencia ininterrumpida de esos hechos es claro indicio de continuidad, por lo cual el plazo de prescripción debe computarse desde que cesó la actividad continuada y ese plazo fue interrumpido por la secuela de juicio ocurrida al convocarse al imputado para imponerlo de los cargos en su contra.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Néstor Adrián s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

Corresponde anular la sentencia de Cámara si el procesado resultó condenado por un hecho distinto del contenido en la acusación con transgresión del "debido proceso", conculcándose la garantía contenida en el art. 18 de la Constitución nacional, resultando irrelevante al respecto que la modificación en la descripción fáctica estuviera también en la expresión de agravios del Fiscal de Cámaras.
Prueba pericial, pedido de explicaciones, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Butros c/ Ojeda s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-11

Si la pericia se agregó a los autos y se dio traslado a las partes, pero no se utilizó el pedido de explicaciones, resultan improcedentes los cuestionamientos planteados en sede de agravios, ya que aquella oportunidad no es recuperable, pues implicaría una tardía verificación probatoria en etapa ya clausurada, instalando una peculiar situación en que no podría oírse al experto.
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bistolfi, Carlos Esteban c/ Municipalidad de Pinamar s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23

Los errores de fundamentación u omisiones en el recurso de revocatoria -en tanto ha sido deducido en legal tiempo- no pueden perjudicar la acción contencioso administrativa.
Medida de no innovar, acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS c/ INSTITUTO NAC DE SER SOC PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

Deducido amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, pretendiendo se declare la inconstitucionalidad de las Resoluciones N° 898/96 y 926/96 (dictadas por el INSSJP) reglamentarias del Decreto del PEN N° 925/95, por violar expresas normas y garantías constitucionales, la actora solicitó se decrete medida de no innovar, ordenándose la no aplicación de las mentadas Resoluciones ya que los afectaría considerablemente agravándose aún más la situación caótica de sus representados, sin perjuicio de lo que se resuelva al momento de dictarse la sentencia definitiva. El a quo imprimió a las presentes actuaciones trámite de proceso sumarísimo, corrió traslado de la demanda y decretó la medida precautoria solicitada. En orden a la verosimilitud del derecho, (que sólo puede ser alcanzada en esta especie al momento de dictarse la sentencia de mérito), para decretar la cautelar basta que a través de un estudio prudencial y ajustado al estado del trámite y constancias arrimadas a la causa, sea dado percibir un fumus bonis iuris en la medida peticionada y, con respecto al peligro en la demora el art. 230, Código Procesal, en su segundo inciso, es más explícito que el anterior, ya que requiere la posibilidad de que si se llegare a alterar la situación de hecho o de derecho ello podría incidir en la sentencia, convirtiéndola en ineficaz o de ejecución imposible (cfr. Morello, A. M. - Sosa G. L. - Berizonce R. O., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", T° II-C, pág. 954), situación que prima facie se aprecia en la especie.
Recurso de reposición (procesal), fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Liberty ART SA c/ Superintendencia Riesgos T y Seguros - resols. 39 y 806/98 s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-08

Las sentencias definitivas e interlocutorias de la Corte Suprema no son susceptibles de ser modificadas por la vía del recurso de reposición (arts. 238 y 160 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretación de la constitución, facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

La Corte, en su condición de intérprete final de la Constitución Nacional, reivindica, protege y preserva para el Poder Judicial de la Nación el control de constitucionalidad de los actos de los otros departamentos del gobierno federal siempre que se verifiquen los recaudos exigidos por una antigua y consolidada doctrina.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, litisconsorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Borchetta, Eugenio H. y ot. c/ Carbajo, José F. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

Tratándose de una acumulación de acciones, corresponde considerar el valor del litigio en forma individual en cada una de ellas, encontrándose el mismo representado para el demandado recurrente por el importe fijado en la sentencia de condena. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inconstitucionalidad, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Acopionor S.A s/ concurso    preventivo  s/  incidente  de  actuaciones  separadas  de  Cooperativa Ganadera de Arequito Limitada. de  actuaciones  separadas  de  Cooperativa Ganadera de Arequito Limitada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

Corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad que se formula respecto del art. 4. del decreto 529/91, si tal precepto no fue invocado en manera alguna por el a quo para fundar la decisión que agravia al recurrente.
Embargo de buque, embargo de buque extranjero, interdicción de salida, fletamento, caución real
Materia: NAVEGACION - PROCESAL
Carátula: GERALD METALS S.A. s/ TRANSBORDO MERCADERIAS Y EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

De la copia del charter party y de la de los télex resultaría prima facie acreditada, tanto la existencia del contrato de fletamento como la de daños de significativa importancia en el buque "JALAGOURI" y que el tiempo aproximado de su reparación se estima entre 20 y 90 días; por cuyo motivo cabe atribuir suficiente verosimilitud a la afirmación de la peticionaria de que el buque no podrá arribar a Nagoya en la fecha prevista en el contrato, ni aún con una razonable demora. En tales condiciones, no cabe sacrificar a la fletadora que lo que pretende es que se le otorgue la oportunidad de cumplir, a pesar de tales contingencias, con sus propios compromisos comerciales. En consecuencia, previa acreditación de su propiedad, corresponde autorizar el desembarco de las mercaderías pedido por la fletadora, de acuerdo con el artículo 414 del Código Aduanero.

Sobre la base de idénticas consideraciones de hecho, según lo previsto por el artículo 476, inc. h) de la Ley 20.094, y en razón de garantizar precisamente los gastos derivados de esas operaciones a la fletadora, cabe decretar el embargo del buque fletado, que lleva implícita la interdicción de salida, por tratarse de un navío de bandera extranjera, fijándose una caución real igual al 10% del valor total asegurado.
Empleo público, competencia laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hernández, Catalino y otros. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-09-05

Surge de los dichos de la demanda que los actores son dependientes del Estado Provincial sin que tal hecho resulte por sí solo hábil para determinar la competencia de este Tribunal ya que de los hechos y del derecho invocado se concluye que el Estado Provincial en los períodos reclamados celebró actos que sometió a normas del derecho privado, correspondiendo, en consecuencia a la justicia ordinaria y no a la contencioso administrativa, dirimir los conflictos que se produzcan.
Despido con causa, gravedad de la falta, ausencias injustificadas
Materia: LABORAL
Carátula: LEGUIZAMON, JUAN IRENEO c/ BONAFIDE  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-28

Las faltas reiteradas injustificadas durante la relación laboral demuestran falta de contracción a las tareas y son causal de despido justificado cuando se invoca en la notificación respectiva un nuevo hecho de índole similar, puesto que las mismas constituyen actos de inconducta y traen como consecuencia el relajamiento de la disciplina, especialmente si inmediatamente de cometidas han sido objeto de prevenciones, amonestaciones o sanciones disciplinarias que el trabajador no ha tenido en cuenta para modificar su actitud.
Derechos y garantías constitucionales, hábeas data, banco de datos personales, personas jurídicas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lascano Quintana, Guillermo Víctor c/ Veraz S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

El registro y suministro de los datos de dos personas distintas -el actor y la empresa que preside-, relacionados de forma que al informarse los de la primera se menciona que la segunda tiene observaciones, es suceptible de producir confusión en el ámbito de las relaciones jurídicas, en las que el conocimiento del derecho -más allá de presunciones legales- no parece alcanzar necesariamente para distinguir entre la responsabilidad de las personas de existencia ideal y la de sus directivos (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Carlos S. Fayt y Adolfo Roberto Vázquez).
Recursos, recurso de nulidad, apreciación de la prueba, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: R., M.A. c/ P.A. SA s/ Cobro de Pesos Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-27

El falso o equivocado criterio que puede imputarse al juez, y aún los errores u omisiones en que pudiere haber incurrido al apreciar la validez intrínseca de una prueba, hacen a la justicia del fallo, que es materia propia del recurso de apelación, pero no a su validez formal, objeto propio y exclusivo del recurso de nulidad, conforme jurisprudencia y doctrina.
Contrato de trabajo, aplicación territorial de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: MAZZEI, HUMBERTO RUBEN c/ ENDESA INTERNACIONAL S.A. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-06

El contrato de trabajo celebrado con un trabajador que, durante un lapso de la relación laboral, se desempeñó en el extranjero, se encuentra regido por el derecho interno en virtud del principio de territorialidad, en concordancia con el principio general del art. 1209 del Código Civil, aun cuando la ejecución del contrato en territorio nacional haya sido temporaria, en tanto la prestación de servicios tuvo lugar preferentemente en suelo Argentino, donde finalmente se extinguió la relación. El tribunal, además, considera improcedente cualquier diferencia salarial, partiendo de la remuneración abonada en el extranjero o equiparación salarial en virtud de la relación cambiaria entre la divisa y la moneda nacional, pues los mayores beneficios salariales acordados por el desplazamiento del trabajador al extranjero atendieron a garantizar su poder adquisitivo, a sabiendas del carácter temporario de la asignación. Asimismo, se considera improcedente proyectar la remuneración percibida durante su permanencia en el exterior a los fines de determinar la indemnización del art. 245 de la L.C.T, pues dicha retribución fue claramente excepcional y transitoria.
Pagaré, pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Abacera S.A. c/ Estigarribia, Juan Ramón s/ Cobor ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-30

El endoso, para surtir los efectos cambiarios previstos en los artículos 16, 17, 18 y concordantes del decreto ley 5.965/63, sólo puede ser efectuado antes de formular el protesto por falta de pago o del vencimiento del plazo para realizar esa diligencia (conf. art.

21, dto. ley cit.). Tratándose de títulos con dispensa voluntaria del protesto (art. 50, dto. ley cit.), dicha transmisión debe ser realizada antes de su presentación al cobro o de la expiración del término para cumplir esa carga (conf. art. 40, dto. ley cit.).

Cuando el endoso es posterior a los momentos señalados, éste surte la eficacia de cesión ordinaria (conf. art. 21, dto. ley cit.), lo que importa la transmisión a favor del cesionario del crédito de su cedente, de todos los derechos accesorios y de la aptitud ejecutiva del título que comprueba la obligación (art. 1.458, Cód. Civil).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frezzi, Pamela Yasmin, Frezzi, Alberto Samuel s/ Art. 10 Inc. "b" dec.-Ley 10.067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-05-28

No corresponde decretar la nulidad de la sentencia dictada en un proceso regido por la ley 10.067, si los intereses y derechos de la madre de la menor declarada en estado de abandono fueron debidamente resguardados.
Simulación ilícita, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gomez Dos Ramos, Antonio c/ Wladimiro Daszco s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-06-01

"La prueba de la simulación primero, y luego de su ilicitud, están a cargo de la accionada que opuso tal defensa, y ha de ser asertiva, plena y convincente".
Cohecho, cohecho activo, personal policial, sujeto activo, delito imposible, delito experimental
Materia: PENAL
Carátula: DOMINGUEZ, OSVALDO G. s/ COHECHO - SUJETO ACTIVO INDUCIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-02-01

No incurre en cohecho activo quien, inducido por dos agentes policiales, ante una contravención del tránsito, intenta cometer el hecho, infructuosamente, por la actitud de los aludidos policías, que lo conducen detenido por tal causa. Se trata de un supuesto de delito experimental por la actuación del agente provocador, hipótesis que envuelve una modalidad del delito imposible. La inidoneidad de la acción convierte en imposible la consumación real del entuerto. De ningún modo se crea objetivamente el efectivo peligro de que el bien jurídico resulte realmente objeto de lesión.

Y tratándose de un sujeto no peligroso, corresponde aplicar la última parte del art. 44 del Cód. Penal.
Prueba, apreciación del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: HIRT DE BOTTCHER, CLARA M. c/ IBAÑEZ ROSS, MARCELO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-10-25

Si bien es cierto que por amplios que sean los poderes de los jueces para establecer los hechos, hay un límite legal; el de la arbitrariedad en la valoración de la prueba provoca como resultado el que falten los presupuestos fácticos que sirven de fundamento a la decisión.-
Regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: A.O.S. y Otros s/ Homologación de Convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-28

"Si bien el "quantum" de los honorarios a regular estará dado en definitiva por la onerosidad de los servicios prestados por el profesional, dicha condición no puede ser únicamente satisfecha mediante el apego a las escalas arancelarias. Ello, en tanto la justa retribución que reconoce la Constitución Nacional a favor de los acreedores debe ser conciliada con la garantía que asiste a los deudores de no ser privados ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar honorarios exorbitantes".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, incongruencia, accidentes de trabajo, enfermedad accidente, relación de causalidad, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ANDINO, JORGE RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ACCIDENTE  Y ENFERMEDAD DEL TRABAJO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 342 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor aduciendo que los sentenciantes incurrieron en incongruencia (por exceso) al distinguir entre accidente de trabajo y enfermedad-accidente -cuestión no propuesta-, esgrimiendo que su reclamo se fundó en este último supuesto, puesto que la enfermedad que padece la contrajo durante la relación laboral, quejándose de la presunción de exoneración de responsabilidad hecha jugar en favor del empleador, desde que no logra demostrar que el órgano jurisdiccional hubiera incurrido en alguna causal de arbitrariedad que permita la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

En el caso, el Tribunal a quo se avocó al distingo entre accidente de trabajo (tal, lo denunciado por el actor como génesis de su incapacidad) y enfermedad- accidente, porque según se esté en presencia de una u otra situación, distintas han de ser las consecuencias jurídicas y médicas prohijadas.

En tal orden de ideas, expresó que si la patología generadora de la incapacidad y del posterior reclamo tarifado fuera un accidente, en el marco de la teoría objetiva contemplada por la ley 24.028 -vigente al momento del reclamo- bastará con probar el infortunio y la subsecuente incapacidad, mientras que si el origen del reclamo deviene de una enfermedad accidente, el actor deberá acreditar el nexo de causalidad habido entre prestación, patología e incapacidad, afirmación que encuentra sustento normativo en el artículo 2, segundo párrafo de la mencionada ley, y que no encontraba probado en el caso.
Sociedades comerciales, facultades de la administración, representación legal, principio de eficacia, principio de apariencia, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sojo, Isabel Mercedes c/ Benedit Bursatil SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

3 - En tercer lugar, desde lo subjetivo es menester que el tercero actúe de buena fe. Trátase de una condición esencial para que pueda ser invocada la teoría de la apariencia. Es que si bien el tercero obra sin acierto, su buena fe se evidencia en su total convicción de estar actuando con arreglo a derecho.
Pagaré, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jimenez, Rufino c/ Subovsky, Rubén Luis s/ Cobro ejecutivo Carta Austral SA c/ Paz, Guadalupe E. y/o Paz, Elva G. s/ Cobro ejecutivo de pesos Carta Austral S.A. c/ Gomez, Juan D. s/ Cobro ejecutivo de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09|1995-03-11|1995-05-18

Cuando se persigue el cobro por vía ejecutiva de una suma emergente de un pagaré con vencimiento a día fijo, es indudable que la cuestión planteada tiene que resolverse a la luz de las disposiciones del decreto ley 5965/63, ratificado por ley 16478, incorporadas al Código de Comercio como Título X Libro Segundo y Capítulo I del Título XI del mismo Libro, que contienen previsiones expresas en materia de intereses. De ello se sigue que al no mediar pacto de intereses, cabe estar a lo estatuido por el art. 52 de dicho decreto -al que se remite el art. 103-, según el cual si no hubiera intereses estipulados en el documento corren los establecidos por el Banco de la Nación Argentina, al tipo corriente en la fecha de pago, vale decir, los que cobra dicho Banco en sus operaciones de descuento a treinta días (art. 52 citado, último párrafo y 565 in fine, Cód. de Comercio), en tanto no superen la tasa pretendida por el recurrente.
Concursos, acuerdo preventivo, concurso preventivo, homologación judicial, juez del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: HAVANNA SA s/ CONCURSO PREV.* (ED 21.7.04, Fplicacion 52810).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-10

1. Desde el momento que la ley dispone que -para producir sus efectos- el acuerdo debe ser sometido a la autoridad judicial para su homologación, es porque obviamente el juez puede homologar o no, para lo cual deberá realizar -necesariamente valoraciones de distinta índole, entre las que no es dable considerar excluidas las de naturaleza económica.

2. Mientras subsista la necesidad de homologación y esta deba atender aspectos como el contemplado por la LC art. 52 inc. 4, no cabe otra solución que la de admitir que el control judicial alcanza el "de merito" sobre el contenido económico intrínseco de la propuesta.

3. No existen motivos para no pronunciarse favorablemente sobre la homologación del acuerdo preventivo alcanzado en autos, pues la propuesta formulada no solo no infringe principios superiores del orden jurídico ni puede ser calificada como "abusiva", sino que incluso aparece como francamente conveniente para los acreedores en el marco de las propuestas hoy habituales para las empresas en "default".
Sentencia, fundamentación de sentencias, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ojeda, Angel Fabián y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-06

Se encuentra debidamente fundada la sentencia en la cual los distintos elementos de juicio incorporados al proceso fueron valorados cada uno de ellos en forma crítica, interrelacionados entre sí y resaltando el modo en que resultan contestes, de modo tal que justifiquen la decisión del Tribunal. La versión exculpatoria brindada por el encartado al ejercer su derecho de defensa no es vinculante para el juez, quien debe analizarla y confrontarla con las pruebas reunidas, de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo y Hornos).