Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-05


/// la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de febrero del año dos mil trece, reunidos los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Liliana Elena Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Mariano H. Borinsky, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, Dra. María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n 16.395 caratulada "Insaurralde, Lidia Ester s/recurso de casación", con la intervención del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, Dr. Raúl Omar Pleé y de la defensora particular, doctora María Mercedes Moerch.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el orden siguiente: Catucci, Borinsky y Riggi.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo:

PRIMERO:

Que la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario sobreseyó a Lidia Ester Insaurralde por la presunta evasión del pago del impuesto al Valor Agregado correspondientes a los períodos fiscales 2008 y 2009 por un monto de $202.667,83 y $190.316,17 respectivamente.

Contra ese pronunciamiento (fs. 58/9) interpuso recurso de casación a fs. 61/5 vta. el representante del Ministerio Público Fiscal, que concedido a fs. 67/8 vta., fue mantenido a fs. 78 en esta instancia. Puestos los autos en Secretaría por diez días, a los fines dispuestos por los artículos 465, cuarto párrafo, y 466 del ordenamiento ritual, el fiscal general ante esta Cámara solicitó se haga lugar al recurso, y la defensa particular solicitó el sobreseimiento de Insaurralde.

Finalmente, y superada la etapa prevista por el artículo 468 del código de forma, el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.

SEGUNDO:

El impugnante encauzó su presentación en ambos incisos del artículo 456 del C.P.P.N..

Se agravió de la incorrecta aplicación al caso de la ley 26.735 y del art. 2 del C.P. pues a su criterio no corresponde una aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, en los términos de los artículos 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en forma mecánica e irreflexiva, habida cuenta que no se verifica un cambio en la reprobación social del hecho, ya que sólo se trata de una actualización de los montos para compensar una depreciación monetaria.

Hizo reserva del caso federal.

TERCERO:

El agravio traído por el representante del Ministerio Público Fiscal contra el sobreseimiento de Insaurralde por la presunta evasión del pago del impuesto al valor agregado por los ejercicios anuales 2008 y 2009 (art. 1 de la ley 24.769, modificada por la ley 26.735) dictado por la cámara a quo, atañe a la errónea aplicación retroactiva de la ley más benigna con respecto al "aumento de los montos mínimos de la Ley Penal Tributaria 26.735" como fundamento de la extinción de la ley penal.

El caso bajo examen resulta sustancialmente análogo al resuelto recientemente, por mayoría de votos, in re "Zini, Vicente y otros s/recurso de casación", causa nº 15.971, reg. nº 1376/12, rta. el 28 de septiembre ppdo., de esta Sala III.

En él se debatió la validez de la aplicación retroactiva de la ley 26.735, en cuanto aumentó los montos mínimos a partir de los cuales son punibles determinadas conductas previstas en la Ley Penal Tributaria.

También se señaló la necesidad de atender a la doctrina del Superior sentada in re: "Palero, Jorge Carlos s/recurso de casación", P. 931. XLI, rta. el 23 de octubre de 2007, en relación a la pena de multa correspondiente al aumento, no de la sanción punitiva, sino de la modificación de un elemento del delito como es la condición objetiva de punibilidad, traída en las leyes tributarias.

El tema se centró en la debida intelección del interés del Estado al aumentar el valor económico de la frontera de punibilidad como reflejo de su desinterés en la desincriminación de determinadas conductas.

Sobre el punto son ilustrativos los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se dejó sentado que la ley más benigna, prevista en el art. 2° del Código Penal y en los arts. 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se aplican en lo que a este tema se refiere exclusivamente a la pena de multa.

Así en Fallos 315:923 el Alto Tribunal sentó el criterio de que: "la prohibición constitucional de leyes penales ex post facto no alcanza a las disposiciones legales que reajustan el monto de las multas, pues ellas no 'hace[n] a la multa más onerosa sino que mantiene[n] el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento" (Fallos 229:146). En otros términos, lejos de agravar la sanción prevista, impide que ésta se desnaturalice".

De la letra de la ley 26.735 y de los fallos de cita del Superior se desprende que la modificación del monto de la deuda punible responde a una cuestión de política criminal y dinámica social, basada en la pérdida del interés punitivo del Estado en mantener una incriminación por una obligación tributaria no cumplida de valor mínimo. De ahí el aumento.

La consideración del mismo principio de ley más benigna, traído específicamente en el artículo 2° del Código Penal, permite una interpretación más amplia que las normas citadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dado que estos últimos hacen sólo referencia a las penas y no a la condición objetiva de punibilidad de los delitos, como en el caso impositivo.

La disquisición que precede se aviene a los claros e inequívocos términos en los que se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Palero, Jorge Carlos s/recurso de casación", P. 931. XLI, en contraposición con "Bruno Hnos. S.C. y otro s/Administración Nacional de Aduanas s/recurso de apelación", rta. el 12 de mayo de 1992, (Fallos: 315:923) de anteriores citas y comentarios precedentes.

No puede entonces desconocerse la afinidad del presente con la interpretación del primero de ellos, porque el aumento traído en ese caso por la ley 20.663, que al igual que la que nos ocupa 26.735, incrementó el valor de los incumplimientos de las cargas tributarias para ser considerado sujeto a la carga tributaria.

Marcada la diferencia entre la consideración de la ley más benigna respecto del aumento de las penas, en particular pecuniarias y del mayor valor económico como condición de punibilidad, el presente queda abarcado por la aplicación de la ley más benigna según doctrina del Superior.

Entonces, puesto en evidencia a través de la sanción de la ley 26.735 el desinterés del Estado en el incumplimiento de tributos de bajo monto, no cabe sino concluir que respecto de las leyes 24.769, y 26.735 debe examinarse la incriminación atribuida a Insaurralde, según la última de las normas citadas.

De esa conclusión se desprende que la decisión impugnada está ajustada a derecho, y por ende, entiendo que debe rechazarse el recurso fiscal.

En consecuencia, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por el Representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas.

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

Que adhiero al voto de mi distinguida colega, doctora Liliana E. Catucci por coincidir con las consideraciones por ella efectuadas.

En ese mismo sentido me expedí al votar en la causa Nº 10149 de esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, caratulada: "PORCEL, Raúl s/recurso de casación" (Reg. Nº 185/12, rta. el 29/2/2012), entre muchas otras.

Por los motivos precedentemente expuestos, propicio al acuerdo: RECHAZAR el recurso de casación deducido por el Fiscal de Cámara, in costas en esta instancia (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.). Y, en consecuencia, HOMOLOGAR la resolución recurrrida.

TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

Sellada como se encuentra la cuestión por el voto de los distinguidos colegas que nos preceden en el orden de votación, hemos de poner de manifiesto nuestra discrepancia con el criterio allí expuesto, razón por la cual y en honor a la brevedad, consideramos oportuno remitirnos a todo cuanto dijéramos al votar en las causas n° 15.971 "Zini, Vicente y otros s/recurso de casación" Reg. n° 1376/12, rta. el 28/9/12 y 15.967 "Kruger, Hugo Alberto s/recurso de casación" Reg. n° 1632/12, rta. el 20/11/12 -cuya lectura respetuosamente sugerimos-.

Tal es nuestro voto.

Por ello, en mérito a la votación que antecede el Tribunal RESUELVE:	RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el Representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y hágase saber	Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin-Secretaria de Cámara.