Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-09-21


AUTOS 157413 (C.C.Nº22298) DEL Tercer Juzgado Civil, Caratulados: "SENDRA Carmen de las Mercedes, Sendra Marcela, Sendra Vicente y Fernández Gloria C/ Provincia de San Juan - Amparo".

PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2016- del Tº I -Fº 150/155- En la Ciudad de San Juan a Veintiún (21) días del mes de septiembre de 2016, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Octavio Augusto Sánchez y los Sres. Vocales Dres. Oscar Roberto Otiñano y Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 65, contra la sentencia de fecha veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis, recaída en los presentes autos Nº157413 (C.C. Nº22298) caratulados: "SENDRA CARMEN DE LAS MERCEDES, SENDRA MARCELA, SENDRA VICENTE Y FERNANDEZ GLORIA C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - AMPARO", dictada por el Sr. Juez titular del Tercer Juzgado Civil, obrante a fs. 52 y vta.- EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Viene a resolver el recurso deducido por la actora contra el decreto de fs. 52 y vta. que desestima in límine el proceso de amparo.- Expresa el recurrente que no se ha considerado nada de lo planteado ni de los argumentos de su parte, siendo una resolución dogmática que no resiste el análisis dado que la ilegalidad y violación de derechos y garantías de la norma atacada surge de su propio texto, no necesita de prueba y es una obligación de los jueces declarar la inconstitucionalidad.- Cuestiona la jurisprudencia citada por el fallo a la que califica de obsoleta e inoponible por ser anterior a las constituciones y a la legislación especial vigentes destacando los arts. 43 de la C.N y 11 y 40 de la C.P y 565 del C.P.C. local.- Indica que tampoco se ha cumplido lo previsto por el art. 571 en cuanto el Juez debe reconducir el trámite en un plazo de diez días incurriendo en denegación de justicia. Sigue diciendo que no se ha verificado si hay acto u omisión de la autoridad que amenace en la forma que describe la ley ritual los derechos constitucionales de su parte, ni indicado cuál sería el procedimiento más idóneo para la cuestión dado que la exclusión del amparo no puede fundarse en un apreciación meramente ritual, debiendo evaluarse en cada caso por el Tribunal de grado la existencia de otras vías aptas, ello conforme las circunstancias fácticas excepcionales y urgentes de la acción.- Destaca que en el caso es manifiesto el daño grave e irreparable que sería remitir la cuestión a procedimientos judiciales o administrativos ordinarios lo que justifica que se restablezca de inmediato el derecho restringido reiterando que la norma que cuestiona arts. 3 y 5 de la ley 1377 - A - y el Acuerdo nº 5500 del TTP violan la ley general de expropiaciones de la Provincia y los derechos y garantías constitucionales de los arts. 16, 17, 18, 28 y 31 de la C.N y 11, 22, 24, 33, 111 y 112 de la C.P. siendo al amparo la vía idónea para impedir que se lesionen dichos derechos.- Puntualiza especialmente que lo que se cuestiona es la calificación de urgente sin cumplir con el art. 30 de la Ley de Expropiaciones partiendo de una tasación incorrecta e incompleta, tasando el terreno libre de mejoras omitiendo que se encuentra subdividido y ello comunicado a la D.G.C. lo que, en su criterio, constituye una palmaria violación de derechos constitucionales. Cita jurisprudencia de casos en que se ha admitido el debate acerca de la inconstitucionalidad en el amparo (Peralta; Smith Carlos c/ Estado Nacional - Fallos 325:28; San Luis c/ Estado Nacional - Fallos 280:228; 294: 152; 303: 811 etc.) reiterando el daño que se causaría a su parte si se permite desapropiar a los actores de sus inmuebles en base a una estimación carente de todo sustento y mediante un proceso urgente y arbitrario afectando la indemnización previa actual e íntegra, del debido proceso, defensa en juicio, propiedad e igualdad.- Que el fallo no ha considerado las circunstancias del caso incumpliendo la ley ritual (art. 164) ni verificado la procedencia o no de la acción (arts. 565 del C.P.C. y 40 y 11 de la C.P), por lo que debe revocarse, dando curso a la acción admitiendo la medida cautelar solicitada y declarando oportunamente la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 3 y 5 de la ley 1377 - A y acuerdo Nº 5500 del T.T.P. ordenando cumplir la ley 1000 A de la expropiación común. Hace reservas de los recursos extraordinarios de las leyes local 2275 y federal 48.- Reza la resolución en recurso que los actores solicitan se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los art. 3° y 5° de la ley 1377-A y del Acuerdo N°5500 del Tribunal de Tasaciones de la Provincia por violar prescripciones específicas de la ley N° 1000-A. Expresan que con ello se afectan derechos y garantías de los actores consagrados por las Constituciones Nacional y Provincial, por lo que solicitan se ordene a la fecha más cercana a la toma de posesión de las parcelas una nueva tasación de los bienes afectados en la que no sólo se determine el valor real y actual del terreno, libre de mejoras sino también las mejoras existentes, disponiendo que el eventual juicio de expropiación tramite como proceso judicial común y no como proceso urgente.- Dice el Sentenciante en cuanto al fondo de la cuestión que: ..."tiene dicho en forma reiterada nuestra Jurisprudencia que no se compadece la celeridad, inmediatez y limitación en la producción de la prueba - propias del amparo - con la amplitud de debate y el procedimiento propio que requiere la declaración de inconstitucionalidad de una ley, decreto u ordenanza. Así se ha dicho: "No es arbitraria la sentencia que resuelve que la de amparo no es, en principio, la acción idónea para perseguir la declaración de inconstitucionalidad de las leyes".(Cabeza, Pedro Gerardo y otras c/ U.N.C. T. 308, p. 1271.). En igual sentido se ha dicho: " 1 - La procedencia del recurso de amparo está condicionada a la manifiesta ilegalidad del acto administrativo impugnado. 2 - La demanda de amparo no es medio eficaz para dejar sin efecto una decisión de autoridad competente adoptada en ejercicio de atribuciones legales. 3 - La acción de amparo no es procedimiento idóneo para la declaración de inconstitucionalidad de disposiciones legales o reglamentarias". (C.N Penal Económico Sala I Rzasa, José LL-1977-B,105).- Entrando al análisis del recurso entiendo necesario aclarar desde ya que la pretensión actora que reseña el fallo de primera instancia incluye también, a tenor de lo expresamente consignado en el Petitorio (ver fs. 51), que se ordene cumplir previamente con el art. 5 de la ley 1000 - A y a partir de ello dar curso al trámite administrativo previo para determinar los valores de los inmuebles y mejoras afectadas a fin de obtener la adquisición de los mismos por avenimiento o, en caso de no lograrse este, la Provincia inicie el trámite judicial común previsto en la ley.- Es decir que concretamente el objeto de la acción de amparo que contiene la pretensión de inconstitucionalidad está, finalmente, dirigido a la determinación del valor de los bienes expropiados.- No se desconoce la posibilidad de atender un pedido de declaración de inconstitucionalidad dentro del proceso de amparo pero ello ha de ser interpretado restrictivamente y siempre que se acredite la irrazonabilidad de la norma y su manifiesta oposición a las disposiciones de la Constitución Nacional. En efecto, en la última reforma de la Constitución Nacional el constituyente introdujo al régimen del amparo la expresa previsión de la facultad del juez para declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto lesivo, extremo que ya se había plasmado jurisprudencialmente antes de tal consagración en el art. 43 de la C.N. (CSJN, Outón, 1967, Fallos, 267: 215; Empresa Mate Larangeira Mendes, 1967, Fallos, 269: 393; Peralta, 1990, Fallos, 313: 1513).- Por ello cuando se alega que el agravio al derecho que motiva el amparo proviene de la norma en la que se funda el acto, es menester acreditar que aquélla lo ha desnaturalizado, desvirtuado o impedido, prohibido, allanado totalmente o alterado (CSJN, Eugenio Lema Barreiro, Fallos, 296: 364; Luis Ionata, Fallos, 288: 240; Amalia Camusso Fallos, 294: 434; Producciones J. C. J., Fallos, 297: 201) debiendo destruirse la presunción de constitucionalidad de la ley mediante prueba clara y precisa de su oposición con el texto fundamental, sin olvidarse que aquélla constituye la última ratio del ordenamiento jurídico y que representa un caso extremo de gravedad institucional. Se exige que el carácter de la inconstitucionalidad alegada sea manifiesto, pues es esa una de las notas propias de la acción, de modo que si la inconstitucionalidad no es patente, notoria, obvia, la acción no procede.(CSJN, Cine Callao, Fallos, 247: 121; Reynaldo Benito, Fallos, 306: 655; Philco Argentina, Fallos, 306: 1597).

Y bien, en el proceso urgente de expropiación que refiere la ley de afectación de los bienes de los actores (art. 30 de la ley 1000 - A) está previsto expresamente que, resuelta la problemática de la posesión e inscripción de dominio del bien expropiado, "el juicio seguirá hasta su finalización con la controversia relativa al valor definitivo del bien y demás cuestiones planteadas, en su caso." (conf. inc. e del art. 30) Entiendo que de acuerdo con tal previsión están suficientemente garantizados los derechos constitucionales que la actora insinúa como lesionados y que la ley especial en materia expropiatoria es el marco jurídico adecuado y específico para dirimir global y exhaustivamente toda controversia que pudiere suscitarse con motivo de la expropiación de dichos bienes, de donde no habiendo prueba exhaustiva y determinante que desmerezca la aplicación de la misma, ni fundamentación concreta respecto del agravio que podría causarle a la actora la realización del proceso en dicho marco la mera formulación dogmática del amparo y fe la pretensa inconstitucionalidad no resiste el análisis.- Con este criterio se resolvió el caso "Galván, Marcelo J. c/Provincia de Buenos Aires" por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en fecha 26 de noviembre de 1996 (L.L. Suplemento de Derecho Constitucional del 5/12/97, pág. 1) rechazándose el amparo interpuesto porque por un lado la acción de amparo no puede tener por objeto obviar los trámites legales y por otro porque el actor no justificó cuál era el daño grave e irreparable que le ocasionaba ocurrir a otra vía procesal lo que es perfectamente aplicable al sub lite en donde la actora pretende defender y determinar los valores de expropiación extremo que, como lo vengo sosteniendo, está expresamente legislado en el art. 30 inc. e de la ley 1000 - A fin de permitir la discusión de tales aspectos, sin restricción alguna que aparezca contradictoria, repugnante a los principios constitucionales o que lesione en forma actual, flagrante y manifiesta las disposiciones de la Carta Magna nacional y justifique la admisión del remedio excepcional del amparo.- En mérito de ello voto para que se rechace el recurso de apelación confirmando la resolución apelada con costas por su orden.- EL DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	EL DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS DIJO:

1. Que comparto la solución propuesta precedentemente, pero por las siguientes razones:

1.1. Se puede conceptualizar al amparo sobre la base de un procedimiento breve y de pronta resolución centrado en un conflicto constitucional, cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos.

1.2. Ahora bien, si de la misma presentación surge que no se dan los requisitos de la acción, el Juez podrá desestimarla sin sustanciación (art. 571, primer párrafo, CPCCM). Es que se exige para su admisibilidad formal la inexistencia de otro medio judicial "más idóneo" para hacer cesar las posible violación, restricción ilegítima o peligro que impida el goce y ejercicio de un derecho.

1.3. En consecuencia, la acción de amparo no procederá cuando pudieran utilizarse por la naturaleza del caso los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable, y si en este caso se han afectado las parcelas individualizadas a expropiación, por Ley N° 1377-A de fecha 26/11/2015, debiéndose cumplir previamente con el procedimiento previsto en la Ley N° 1000-A ( Ley General de Expropiaciones) no existe ninguna razón de urgencia que pueda justificar el juzgamiento anticipado sobre la constitucionalidad o no de normas que refieren a un "eventual juicio de expropiación" (arts. 3° y 5°, Ley 1377-A) por la vía del amparo, desde que esta acción no puede tener por objeto obviar los trámites legales, ni alterar las jurisdicciones vigentes, y en dicho "eventual juicio de expropiación" la parte accionante podrá ejercer plenamente su derecho de defensa y cuestionar todo lo que estime cuestionable.

1.3. De tal manera la acción de amparo sólo es utilizable en las situaciones urgentes en las que, por la carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriendo para su apertura circunstancias de muy definida excepción, tipificadas por la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad e ilegalidad manifiestas que configuren, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, la existencia de un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esa acción urgente y expeditiva.

Lo contrario haría que todo conflicto podría transitar por esa vía y todo incumplimiento generaría un amparo, pues se podría llegar a que cuando se dejan de lado los términos de un contrato o no se cumple con cualquier obligación por la simple voluntad de no acatarlos, se estaría frente a un acto arbitrario.

Así voto.

Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Rechazar el recurso concedido a fs. 65 contra la sentencia de fecha 29 de agosto de 2016, obrante a fs. 52 y vta. Imponer las costas de Alzada por su orden.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

SECRETARIO:DR. AGUSTIN A. RUGNA.