marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interpretación de la ley, jubilaciones, pensiones, sistema previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Morganti, Inés Mercedes s/ reconocimiento de servicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-29

Aun cuando en materia de seguridad social el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder a fin de que no se desnaturalicen los fines superiores que la informan, no cabe admitir un criterio de valoración de los hechos e interpretación de las normas aplicables que conduzca a una comprensión de la ley que equivalga a prescindir de sus términos, lo que ocurre cuando se desconocen los efectos del acogimiento a la moratoria o la denuncia de servicios anteriores al acto formal de afiliación para obtener el beneficio jubilatorio.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Waisman, Ariel Marcelo c/ Selma, Osmar s/ Despido y cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-10-26

Habiendo sido exhibidos los libros laborales frente al requerimiento judicial formulado por intermedio del perito contador y verificada la falta de registración del trabajador, la situación debe ser subsumida en la norma del art. 53 de la Ley de Contrato de Trabajo, que a diferencia de la presunción que establece el art. 55 del mismo cuerpo legal, prevé la facultad de los jueces de merituar "en función de las particulares circunstancias de cada caso" los efectos probatorios de los libros o registros deficientemente llevados.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: BARRETO, ANTONIO ISAAC CLAUDIO c/ MUNICIPALIDAD DE AÑATUYA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-15

Las pericias deben apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica sin que el juez esté obligado a dar preponderancia a ninguno de los informes producidos en la causa.-
Contratos administrativos, concesión administrativa, concesionario (administrativo), autopistas, peaje
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AUTOPISTAS URBANAS SA c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

Considero que la relación que se establece entre el concesionario y el usuario es una relación contractual. Entre ellos se concierta un contrato de peaje (al que suele identificar con la locación de obra, con la locación de servicios y -mayoritariamente- con un contrato atípico). En el marco de este negocio, el pago del peaje equivale al precio que el usuario paga al concesionario como contraprestación por el servicio asumido por éste.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, legitimación procesal del fallido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Legorburu, Juan Carlos y otros c/ Valle Verde S.R.L. y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

Es inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el apoderado de la fallida, desde que ésta ha perdido legitimación procesal para actuar en todo litigio en que deba intervenir el Síndico en virtud de lo dispuesto por los artículos 111 y 114 de la ley 19551, por hallarse comprometidos los bienes desapoderados pasibles de ejecución. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, insuficiencia del agravio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Taravilse, Daniel Oscar y otros c/ Dirección General de Cultura y Educación s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos -Empleo público. Queja por denegatoria de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-18

Si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida. Es que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el decisorio que impugna.
Farmacias, contratos de tracto sucesivo, incumplimiento del contrato, pacto comisorio, resolución del contrato, receta médica falsa, prueba testimonial, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, error material
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FARMACIA MODERNA MONROE SCS c/ INSTITUTO NAC DE SEV SOC PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Analizada la declaración de trece testigos que coinciden en lo sustancial y que, en algunos casos, hacen mérito de irregularidades en más de una receta, se puede concluir sin ningún margen de duda que la actora dio curso a recetas falsas en un número suficiente como para desestimar la hipótesis de que el hecho se pudiera calificar como aislado o atribuible a un mero error material. Poco interesa, entonces, que el perjuicio económico para el PAMI no tenga mayor significación. Basta con el hecho de que el incumplimiento quedó probado y que la actora quebró la buena fe y la confianza que es esencial en cualquier contrato (art. 1198, Cód. Civil); y más en el sub examine, que presupone una ejecución continuada y sin límites temporales. Lo expuesto es de por si suficiente a los efectos de tener por justificada la resolución del contrato en los términos del art.

1204 del Código Civil.
Tribunal de cuentas, cuestiones de competencia, ley individual
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González, Gloria Carmela y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-16

El Tribunal de Cuentas tiene la facultad de determinar el monto del perjuicio pues, de otro modo, no se comprende cuál sería el alcance de su decisión ni cuál la razón de ser de la intervención de aquel organismo en el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Tal conclusión, además, halla sustento en la señalada atribución del Tribunal de Cuentas referente al examen de las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas y en la determinación de los funcionarios responsables.(doctor Negri, mayoría)
Incapacidad sobreviniente, indemnización, edad del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑOZ BUSTAMANTE MARIA MAGDALENA C/ REYNA MONICA BEATRIZ Y OTRO S / DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) S/ CASACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-05-04

"La indemnización por incapacidad sobreviniente, tiene por finalidad cubrir no solo las limitaciones de orden laboral, sino también la proyección del menoscabo sufrido con relación a todas las esferas de la personalidad del damnificado; y frente a minusvalías de carácter permanente de la víctima, es razonable conceder un resarcimiento que compute las proyecciones integrales de su personalidad -cualquiera fuese su edad- que afectan todas las manifestaciones que atañen a la realización plena de su existencia individual y social" (cf. STJRNS1 Se. 100/16 "TORRES"). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Locación, fianza
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BLANC, ORLANDO ISABELINO Y OTRO c/ AYALA, JOSE Y OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-11

Según resulta del contrato de locación, los fiadores no se obligaron a responder hasta la efectiva desocupación de la cosa locada, por lo que en el mejor de los supuestos para el locador -es decir aplicando la normativa del artículo 1582 del Código Civil al incumplimiento de la obligación de devolver- resulta manifiesto que no corresponde extender la garantía más allá del término prudencial para obtener la recuperación del inmueble y cuando el locador hubiera actuado prestamente.
Seguro de retiro, depósito bancario, coeficiente de estabilización de referencia, coeficiente de variación de salarios, pesificación, obligaciones en moneda extranjera
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MARQUEZ  JUANA  DEL  VALLE Y OTROS c/ SMG LIFE CIA. DE SEGUROS DERETIRO SA s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

A las evidentes diferencias jurídicas y económicas existentes entre un depósito bancario y un seguro de retiro, le corresponde, asimismo, un distinto tratamiento en materia de emergencia. El tipo de conversión adoptado para este tipo de obligaciones es de un peso por cada dólar con más el ajuste por CER o el CVS (art. 8º del decreto 2124/02, art. 11 de la ley 25.561 modificada por la ley 25.820). La idea de neutralizar el cumplimiento de la prestación en la moneda pactada sujetando la novación a un cálculo que arroja una suma sustancialmente inferior a la convenida, para todas las obligaciones, sin distinción, entraña la afectación del derecho a la igualdad (art. 16 de la C.N.). Él no sólo supone la igualdad de tratamiento para todos los que se encuentran en la misma situación sino, también -a contrario sensu-, la distinta regulación para los que están en una situación significativamente desigual respecto de los demás. En otras palabras, siempre que exista una "diferenciación objetiva" relevante, se justifica un tratamiento normativo distinto (Fallos: 312:616 y 315:1190).
Violencia de género, medidas de seguridad y protección, dispositivo electrónico de seguridad, protección de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: G. G., L. E. c/  s/ tobillera elect.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-25

Debe confirmarse la decisión de implantar una tobillera electrónica al imputado, toda vez que se verifica que la entidad y gravedad las agresiones denunciadas por su ex pareja habrían escalado desde el inicio del proceso, oportunidad en la cual su situación ya se consideraba como de alto riesgo psicofísico y, más allá de las distintas medidas de restricción impuestas por los diferentes tribunales, los hechos habrían continuado sucediendo, generando un temor real respecto a la integridad física de la denunciante y su familia, demostrando que las medidas adoptadas hasta el momento no resultaban suficientes.
MÉXICO, responsabilidad internacional del Estado Parte, derecho a la protección integral de la familia, Pacto de San José de Costa Rica, protección de la dignidad, violencia sexual contra la mujer, derecho a la integridad física, familiares de la víctima, derecho a la privacidad, violencia institucional
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fernández Ortega y otros c/ México s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-30

En tanto la protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio implican el reconocimiento de un ámbito personal, exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas por parte de terceros y/o de la autoridad pública, debe declararse la responsabilidad internacional de México en el caso de los efectivos militares que ingresaron sin autorización legal ni el consentimiento de sus habitantes a la casa de la familia de la mujer indígena a quien también sometieron sexualmente, pues constituyó una injerencia arbitraria y abusiva en su domicilio familiar, resultando violado el derecho consagrado en el artículo 11.2 de la Convención Americana.
Libertad de expresión, redes sociales, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-INFORMATICO
Carátula: A., A. Z. y otro c/ A., M. y otro s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-04

Corresponde rechazar el recurso deducido contra la sentencia que había desestimado ordenar a la red social Facebook y a un usuario de la misma el borrado de una publicación efectuada por este último, que los actores habían considerado injuriosa, dado que sin desconocer la afectación que la publicación haya podido producir en el ánimo de los actores, tampoco se puede soslayar que la eventual ilegalidad del contenido no surge manifiesta, puesto que se trata de expresiones que no están relacionadas con la esfera de la intimidad de los accionantes, sino que fueron vertidas en el marco de un conflicto familiar y comercial y, en tales condiciones, no cabe adoptar una decisión que prescinda de la doctrina de la CSJN que ha considerado, en armonía con lo establecido en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y en la Ley 26.032, que la actividad desplegada a través de un blog está amparada por la libertad de expresión.
Accidentes de trabajo, concausa, enfermedad preexistente
Materia: LABORAL
Carátula: Cortizas Maurente Juancito c/ Berkley International ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-12

La presencia en el actor de una enfermedad autoinmune de características inculpables como es la artritis reumatoide, con presencia de dolor en ciertos movimientos, llevan a desestimar la queja vertida por el accionante y a confirmar lo resuelto por el juez de primera instancia, en cuanto considera que el accionante no padece secuelas físicas incapacitantes como consecuencia del accidente sufrido en su tobillo derecho. Tampoco puede prosperar la incapacidad psíquica reclamada, puesto que el accionante no padece secuelas físicas derivadas del infortunio, por lo que no resulta razonable concluir que el accidente en sí le hubiera ocasionado al trabajador secuelas psicológicas, y ante la ausencia de secuelas físicas no cabe sino confirmar también el rechazo de esta pretensión.
Despido, responsabilidad solidaria, industria automotriz, concesionario (comercial)
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: Fernández Díaz Valdéz, Juan Gonzalo c/ Rodados, Camiones y Buses S.A.; Rodados S.R.L. y otros s/ recurso de inconstitucionalidad laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-07-07

Debe condenarse en forma solidaria en los términos del art. 30 L.C.T. a la empresa fabricante de vehículos ya que no puede sostenerse que la actividad cumplida por esta haya sido meramente coadyuvante de aquella desplegada por la concesionaria empleadora del actor, al encontrarse encaminada al modo y a las condiciones en que debían comercializarse los vehículos fabricados por esta. Tanto la comercialización de vehículos, como la fabricación de automóviles, resultan tareas vinculadas que se insertan en un único sistema de organización interna.
Partidos políticos, personalidad política, caducidad de la personalidad política
Materia: ELECTORAL
Carátula: Legajo de apelación en autos caratulados: Partido Comunista s/ actuación -distrito Corrientes- Expte. N° 29.355/87 Legajo de apelación en autos: Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (A.R.I.) s/ reconocimiento de personería jurídico política como partido de distrito Expte. N( 60.301/02 Legajo de apelación en autos caratulados: Partido Frente Grande distrito Corrientes s/ personería jurídico-política como partido de distrito Expte. N( 42.822/94 (caducidad art. 50 inc. e ley 23.298) Incidente de apelación en autos caratulados Partido Socialista Auténtico s/ pedido de reorganización (caducidad art. 50 inc. e Ley 23.298) Concertación Política para el Cambio Social s/ solicita reconocimiento de personería jurídico-política Legajo de apelación en autos caratulados: Partido Conservador Popular - dto. Corrientes s/ reconocimiento personería jurídico-política como partido de dto. Expte. N° 53.973/99 (caducidad art. 50 inc. e ley 23.298
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-19|2010-11-09|2010-11-09|2010-12-23|2010-12-23|2010-12-21

Con relación al mantenimiento del mínimo de afiliaciones como condición para la conservación de la personalidad política, debe señalarse que la ley 26.571 incorporó expresamente este requisito y la causal de caducidad aplicable para el caso de incumplimiento (arts. 7º ter y 50, inc. "e", de la ley 23.298 modif. por ley 26.571). En este régimen, el legislador estableció una etapa previa al trámite de caducidad, en la que los partidos que no cumplen con la mencionada exigencia tienen la oportunidad de acreditarla, en un plazo de noventa (90) días (art. 7º ter, 2º párrafo, ley cit.).
Homicidio, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: JULIETA A S. FARIAS Y MARCELO DIOSQUEZ c/ RIVAS, JOSE ALFREDO s/ HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA ALFREDO s/ HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-05-22

Se advierte la intención manifiesta de atentar contra la vida de las víctimas, es decir se encuentra probada la existencia del dolo o elemento subjetivo, ya que el imputado fue a buscar el arma ex -profeso, para luego dirigirse al lugar de los hechos con la evidente intención de hacer uso del arma de fuego o al menos se valora tal posibilidad. Resulta inequívoco que el agente desarrolló su actividad con el ánimo de ocasionar la muerte a las víctimas, quedando acreditado de tal modo la intención homicida del encartado, atendiendo a las circunstancias en que el imputado se mune del arma, se dirige a la casa en que se hallaban las víctimas y prácticamente dispara el arma a mansalva a escasa distancia en una parte expuesta y vital, conforme surge de los informes mÚdicos policiales y forenses poniendo en peligro la vida de las víctimas. Todo lo cual crea en el juzgador la convicción, al menos en esta etapa procesal, de la responsabilidad criminal del encartado por el tipo legal que se le imputa. Asimismo, dable es considerar que el hecho de que el imputado no haya realizado más disparos contra las víctimas, pudiendo haberlo hecho, no implica necesariamente el descartar el dolo homicida, máxime si se atiende a las circunstancias antes expuestas respecto de la distancia y lugar en que se efectuaron e impactaron los disparos, pudiendo crear ello por sí solo la convicción en el agente de haber logrado su cometido, no debiÚndose en consecuencia entender como desistimiento el hecho de que no haya efectuado más disparos, si en la psiquis del agresor existía el convencimiento de haber logrado el resultado buscado, es decir la muerte.
Quiebra, desapoderamiento, legitimación procesal del fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: BCO. PEÑA SA s/ Q.  PEÑA  J.  J. S/ INC. DE VERIF. DEL ESTADO Y UTILIZACION DE BIENES  DE BCO. PEÑA SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

En virtud de la LC 114, queda restringida la legitimación del fallido, pero en caso de negligencia o desidia del sindico, cabe reconocerle sin embargo, el derecho a denunciar presuntas irregularidades (LC 276) que pudiera comprometer, incluso, el desempeño de dependientes del mismo sindico liquidador y que afectarían, directamente, la conservación de los bienes.
Regímenes jubilatorios especiales, cargos electivos, legisladores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Calvo de Musacchio, María Mercedes c/ Provincia de Bs.As. (Inst. de Previsión Social) s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30

Habiendo quedado excluidos de la facultad de acogimiento al régimen de la ley 8320, sólo los beneficiarios de la ley 5675 cuyo derecho hubiera nacido con posterioridad a la vigencia de aquella, no puede negarse tal derecho a la viuda que, aún sin ser pensionaria antes, lo es de un causante que estaba en condiciones de obtener la jubilación bajo la ley 5675.
Improcedencia del recurso, recurso in forma pauperis, lesiones, amenazas, insuficiencia del agravio, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Angelina, Pablo Fernando s/ rec. de casación "in pauperis c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-08-21

Las lesiones físicas no constituyen un elemento configurativo del delito de amenazas, como tampoco lo es la comprobación de que en la víctima se produjo un daño psicológico, ya que el delito se perfecciona por la amenaza misma, motivo por el cual tales premisas ninguna incidencia tienen en orden a demostrar el error que el defensor del imputado le atribuye a la sentencia dictada y en consecuencia carece de sustento la petición de revocación de la condena impuesta a su asistido. En cuanto al agravio que según manifiesta el recurrente le causa el decreto de determinación del hecho por cuanto en el mismo no se fijó fecha ni hora en que se produjo el delito, vulnerándose así su derecho de defensa en juicio, no puede ser acogido pues el acusado desde la imputación conoció el hecho de amenazas simples continuadas que se le atribuía, el que se mantuvo redactado en idénticos términos durante todo el proceso, e incluso en el debate el imputado se refirió al mismo, ejerciendo así su derecho de defensa, y con ello se derrumba la conculcación de las garantías constitucionales que alega. Por otra parte, el cuestionamiento -Hecho nominado segundo- a la declaración de la víctima como único elemento incriminatorio del imputado en orden al delito de amenaza simple continuada, debe rechazarse, pues lo cierto es que, las valoraciones que el a quo efectuó sobre los testimonios oportunamente rendidos y confrontados con el de la víctima, generaron el convencimiento de su credibilidad y, además, permitieron la reconstrucción de los hechos, y tampoco resulta de recibo el argumento referido a que en la pericia no quedó constatado el daño psicológico que por las amenazas del acusado sufrió la víctima, pues esa circunstancia no sirve para demostrar que la sentencia es errónea, por no constituir un requisito del tipo legal que se le atribuye. Por el contrario, es allí donde consta el relato minucioso de las vicisitudes padecidas por la Sra. GA que le ocasionaron trastornos físicos y psicológicos. Todo ello quedó corroborado con la testimonial de quienes la cuidaban diariamente y de su hija. Por último, en lo que respecta al hecho segundo cabe destacar que la amenaza es un delito de pura actividad que se perfecciona por la amenaza misma siempre que sea eficaz, y esto quedó acreditado por la prueba testimonial que fue ponderada por el tribunal como válida para probar su existencia. En definitiva, las garantías constitucionales del imputado no aparecen como conculcadas, y por lo demás huelga decir que la sola invocación de que se han conculcado los principios establecidos por la CN de ninguna manera alcanza para tachar de arbitraria una sentencia. En consecuencia, toda vez que el recurrente no pudo demostrar que la valoración de la prueba fue deficiente, ni que hubo un error en la aplicación de la ley penal sustantiva, corresponde rechazar el recurso impetrado.(Del voto del Dr. Cáceres).
Juicio ejecutivo, nulidad de la ejecución, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Provincia de Córdoba c/ Camardella, María Concepción s/ Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-02-19

La admisibilidad formal del incidente de nulidad en los juicios ejecutivos después de recaída la sentencia, y respecto de actuaciones anteriores a ella ha sido un tema controvertido. Más allá de toda discusión doctrinaria, cuando en forma palmaria aparece que la notificación de la citación y emplazamiento y todos los actos procesales posteriores han sido cursados a un domicilio que incuestionablemente no es el del demandado, el juez debe pronunciarse.

Si la actuación del notificador no se cumplió en el domicilio real y el notificador no identificó a la persona de la casa, no hay ningún elemento objetivo para tener al demandado por anoticiado de la existencia de este juicio.