marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia contencioso administrativa, empleados públicos, seguros, partes, falta de legitimación para obrar
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Díaz, Julio José c/ Administración de Juegos y Seguros s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-02-17

Debe hacerse lugar a la acción contenciosa administrativa instaurada por el asegurado -empleado público-, rechazando el argumento de la demandada-ente administrativo asegurador-sobre falta de legitimación para obrar, que sostiene que la relación jurídica con el actor es sólo indirecta al estar la relación primaria constituida con la Administración Pública empleadora. Toda vez que en el contrato de seguro, la voluntad del mismo se encuentra mediatizada por el Estado Empleador y neutralizada por la incorporación automática del asegurado al régimen de contratación,constituyendo ésta una verdadera condición para la configuración del status de agente de la administración pública,y cuyo trámite es practicado unilateralmente por el Estado en el origen mismo de la relación de empleo,no alcanzando además para la desvinculación de la demandada la ficción de atribuidas autarquías y descentralizaciones.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, recursos, administración de vialidad provincial, Derecho contravencional y de faltas, multa, procedimiento administrativo, legitimación pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 636-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-17

La actividad administrativa de constatación de la infracción y determinación de la cuantía de la multa ponen al alcance del infractor un modo de resolver la cuestión en forma expeditiva, evitando, si se muestra conforme, la tramitación de un procedimiento, con las consiguientes ventajas que de ello se derivan para el interés de los particulares, y los intereses públicos que titulariza la Administración. Ello no obsta a que el infractor pueda cuestionarla dirigiendo contra ella los recursos previstos. Es de toda evidencia que el adecuado alcance de esa finalidad solo puede obtenerse si en el acta inicial de constatación y aplicación de la multa quedan definidos los elementos necesarios de la sanción, individualizándose en forma precisa quienes serán los obligados al pago,su fundamento normativo y el monto de la multa. En el sub judice, del acta de infracción no surge que haya sido la recurrente la que cometió la infracción, por cuanto allí se consigno que el propietario del vehículo era otra persona. Tampoco precedió la Administración, con posterioridad, a emitir un acto complementario que, en su caso, permitiera hacer extensibles los efectos de la infracción a la empresa en cuestión, por lo que resulta procedente el recurso contencioso administrativo tendiente a anularla.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, regulación de honorarios, perito ingeniero
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Consorcio Riobamba 1190 c/ Comercial Inmobiliaria y Financiera Cinag  S.A. s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

Es inadmisible el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que reguló los honorarios del perito ingeniero (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Acción, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Laquis, Luis María y ot. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

La liquidación adeudada en concepto de cánones en materia de contratos de concesión constituye una cuestión comprendida en las reglas del pago previo consagradas en el art. 30 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, accidentes de trabajo, asegurador, leyes, voluntad del legislador
Materia: LABORAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Angela c/ Swift Armour S.A.A. s/ Daños y perjuicios. ¿Es oponible la defensa post-siniestral de no  denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando  la citación la formúla el asegurado? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

El régimen de la Ley de Accidentes de Trabajo prevé en forma específica la exclusión de toda cláusula de caducidad respecto de la víctima o de sus derechohabientes (artículo 20 inciso D, ley 9688).

Este régimen tiene características especiales, que sin sustraer al accidente de trabajo de lo establecido en la Ley 17418, lo sujeta a limitaciones propias. El seguro de accidente de trabajo tiende a garantizar al beneficiario trabajador la operación de un resarcimiento de naturaleza alimentaria, por lo que con espíritu protectorio la ley ha excluido el derecho del asegurador a invocar contra la víctima del siniestro las cláusulas de caducidad convenidas con el tomador de las pólizas. La protección legal es amplia y la interpretación también debe serlo. (Del Voto del Dr.

García Colombi). En el caso, la cuestión a resolver era ¿es oponible la defensa post-siniestral de no denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando la citación la formula el asegurado?
Prisión preventiva, excarcelación, cómputo de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ABREU MONTERO, Gladys s/ falta de mérito por inf. artículo 299 C.P. y Ley 17.671 Causa nro.  28.760
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-14

Lleva dicho este Tribunal que "La consulta a las disposiciones del segundo supuesto previsto en el artículo 316, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, sólo debe evaluarse en caso de no resultar viable la aplicación de la primera parte de dicha norma". De esta manera, atento el quantum punitivo del delito por el cual el Tribunal dicta el procesamiento de la encausada, no corresponde el dictado de la medida dispuesta por el artículo 312 del ordenamiento formal.
Garantías procesales, debido proceso, validez del acto jurídico
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Moya, Ana s/ Incidente por Nulidad de Notificación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-09-30

La regularidad secuencial del debido proceso impone que el juicio lógico, presupuesto indispensable para tramitar y dirimir válidamente los litigios, no afecte al sujeto en el ámbito de tutela de los intereses comprometidos respecto a la capacidad, legitimación y voluntad, ni a los elementos propios de la actividad, causa, forma y objeto; garantías que el ordenamiento jurídico efectiviza a través de distintos mecanismos de exclusiones de cualquier actividad irregular que se manifieste perjudicial para la vida del proceso.
Sucesiones, sucesión testamentaria, legado de cosa cierta, revocación del legado, fraude, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: MUÑIZ FONSECA, Josefina s/ SUCESIÓN ABINTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-07

1 La venta por parte del curador con autorización judicial del bien legado por el testador interdicto no configura un supuesto de revocación del legado. Ello ante la ausencia de la voluntad revocatoria explícita del testador y al no estar legalmente previsto como un caso de revocación tácita, situación que no encuadra dentro de lo prescripto por el art. 3838 del Código Civil. 2 Es un supuesto claro de caducidad del legado por pérdida de la cosa en su individualidad operada antes del fallecimiento del causante. Pues, aunque el dinero obtenido por la enajenación onerosa se encuentre en el acervo sucesorio cuenta a plazo fijo ya no participa de la misma especie legada. Se trata de un objeto diferente que no puede identificarse con la cosa legada. 3 El órgano jurisdiccional carece de potestad, si la ley no lo habilita, para suplir la voluntad del testador transformando un legado de cosa cierta en un legado de dinero. 4 Si la enajenación de la cosa legada por parte del curador del testador interdicto conformó una maniobra fraudulenta no corresponde negar los efectos de la caducidad del legado, sino habilitar la acción de daños y perjuicios por una eventual conducta jurídicamente reprochable. (Sumario N 17827 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N 2/2008).
Obligaciones del trabajador, buena fe, prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Darío Andrés c/ Frigorífico General Pico S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2013-09-11

Dado que el art. 209 LCT impone al trabajador la obligación de dar aviso de la enfermedad o accidente sufrido que le imposibilite concurrir a prestar servicios, con indicación del lugar en que se encuentre, el principio de la buena fe impone que se actúe de manera análoga cuando el impedimento consista en la detención del trabajador.
Daños y perjuicios, establecimientos educacionales, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL
Carátula: S., P. V. Y OTROS c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

El artículo 1117 del Código Civil (reformado por la Ley 24830) regula conjuntamente ambas órbitas -contractual y extracontractual- , según sea que se trate de los daños que el alumno causa a otro -tercero ajeno o no al sistema educativo- (responsabilidad extracontractual) o de los sufridos por el alumno (responsabilidad contractual) (Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J., op. cit., t. III, Buenos Aires, La Ley, 2005, pp. 262/3; Kemelmajer de carlucci, Aída, "La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997", LL, 1998-B, 1047).

Tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritarias consideran -siguiendo los fundamentos en que se basó la reforma (ver "Antecedentes Parlamentarios", Ley Nro. 24.830, 1997, pp. 1636/7)- que el vínculo obigacional que se establece entre los alumnos o sus padres y los propietarios de los establecimientos educativos se debe ubicar en la esfera convencional, tanto si es oneroso o gratuito, como si es con un ente estatal o con uno privado (Agoglia, María M. - Boragina, Juan C. - Meza, Jorge A., "Responsabilidad de los directores de colegio", en Responsabilidad por daños en el tercer milenio, homenaje al Dr. Atilio Aníbal Alterini, Bueres, Alberto J. - Kemelmajer de Carlucci, Aída (dirs.), Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997, p. 606 y ss.; Mayo, Jorge A., "Sobre las denominadas "obligaciones de seguridad"" LL, 1984-B, 949; Sambrizzi, Eduardo A., "Naturaleza jurídica de la responsabilidad en el supuesto contemplado por el art. 1117 del Código Civil", LL, 2005-F, p. 209; Gregorini Clusellas, Eduardo L., "La obligación de seguridad impuesta a quienes se encomiendan menores", LL, 1989-B, p. 495; CNCiv., Sala C, 6/9/88, Parrás, Norma c/ Arzobispado de Buenos Aires, LL, 1989-B, 491; íd., Sala A, 15/11/90, Mosca de Fink, Carlota E. y otros c/ Det-Am M edinaah, Israel y otro, LL, 1991-E, 418).

Se habla, en tales casos, de la existencia de un contrato bilateral (ambas partes resultan recìprocamente obligadas), oneroso o gratuito (según se trate, respectivamente, de establecimientos privados o públicos), innominado y atípico (en tanto no es mencionado ni regulado en forma expresa por la ley), que se denomina contrato de enseñanza. (Del voto en disidencia del fundamentos del Dr. Esteban Centanaro).
Efectos de la sentencia civil en sede penal, ejecución de sentencia, incidentes, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ENRIQUE ALBERTO VALDIVIEZO Y OTROS s/ DEFRAUDACIONES REITERADAS REITERADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1988-04-11

La ejecución de sentencia que acoge favorablemente las pretensiones civiles, en sede penal, se hará efectiva ante el Tribunal encargado de la ejecución y según las reglas establecidas por las leyes de procedimiento civil (art. 522 del C.P.P.).

El mismo juez o Tribunal de la ejecución de sentencia es también competente para conocer y resolver en los diversos incidentes que se susciten durante el procedimiento ejecutivo.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: Troiani, Pedro Norberto c/ Ford Motor Argentina  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

La misión del intérprete consiste en indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos, que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador, pues sea cual fuere la naturaleza de la norma es necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa.
Viajantes de comercio, personal jerárquico, comisiones
Materia: LABORAL
Carátula: DINIZO, ERNESTO c/ NEUMAYEX S.C.A. s/ COBRO DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-22

Si la función sustancial del actor era cumplir con su labor gerencial y fijar la política empresaria, no puede pretender ser amparado por la ley 14546 toda vez que aunque era remunerado mediante comisiones, éstas eran determinadas sobre la totalidad de las ventas de la empresa, con independencia de que aquél hubiera tenido o no participación activa en la gestión.
Culpa del empleador, pago de la remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires c/ Dirección General de Cultura y Educación s/ Pretensión cesación vía de hecho administrativa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

En principio, el pago de los salarios correspondientes a los días en que se desarrollan medidas de acción directa, en ausencia de precepto legal o convencional explícito que lo contemple, requiere la comprobación de una conducta culpable del empleador (doctor SORIA, sin disidencia).
Juicio sumarísimo, daño moral, indemnización, bancos, títulos públicos
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE MARCO, DARIO SERGIO C/ BANCO SANTANDER RIO SA S/ SUMARISIMO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-25

Corresponde admitir el reclamo indemnizatorio en concepto de daño moral incoado por un cliente contra una entidad bancaria, con motivo del error incurrido por el banco relativo a la adquisición de títulos públicos consignada en el "homebanking" de la cuenta corriente del actor, pero realizadas por un tercero ajeno a la cuenta, toda vez que la entidad bancaria reconoce en sus agravios el error en que incurrió, y asimismo se puede verificar en el intercambio epistolar previo. Ello así, pues el episodio de autos excedió una mera molestia o incomodidad, para tornarse en una situación en la cual el actor vio complicada su cuenta en operaciones no imputables a su propio patrimonio, con el consiguiente menoscabo en su tranquilidad representado por la imposibilidad de clarificar la cuestión, y en los hechos concretos en los numerosos reclamos y gestiones que debió efectuar.
Sobreseimiento provisional, legitimación procesal, prescripción de la acción penal, sobreseimiento definitivo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MOLERO, A. s/ inc. de presc. de acción penal Causa 14.958
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-02

Quien ha sido sobreseído provisionalmente y desprocesado ha dejado de ser parte por lo que carece de legitimación para solicitar su sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal por prescripción, de donde se deduce que tal planteo sólo podrá ser introducido si se produce la reapertura del sumario y aunque volviera a ostentar la calidad de procesado.
Lesiones leves, acción dependiente de instancia privada
Materia: PENAL
Carátula: Sntángelo, Oscar Abelardo s/ Lesiones culposas Buedo, David s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09|1988-03-22

Corresponde anular lo actuado en cuanto al carácter de víctima atribuido a dos de las cuatro personas que aparecían como tales si no obran pruebas que pudieran acreditar que las lesiones que sufrieron fueron graves, ni concurren las circunstancias que el art.

72 del C.P. (texto seg. ley 23.487) contempla a fin de corresponder la formación de causa de oficio y consecuentemente reducir la pena impuesta al procesado, por operarse la disminución de la extensión del daño computable.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, modificación del reglamento de copropiedad
Materia: CIVIL
Carátula: KLIX JUAN F. Y OTRO c/ CONSORCIO PROP. INDEPENDENCIA 2030-32 s/ ORDINARIO - PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-22

Demandado por los propietarios de una unidad la eximición de determinadas cargas comunes, toda vez que la demanda tiende a obtener un cambio en una situación jurídica dada, debe ser dirigida contra todos los que en ella tengan interés, porque en ese caso existe litisconsorcio necesario, que se conforma cuando son varios los sujetos al efecto jurídico de la sentencia, a punto tal, que éste deba necesariamente producirse frente a varias personas conjuntamente, bajo pena de que el pronunciamiento carezca de toda utilidad. No obstante, que el poder conferido al apoderado del consorcio accionado fue extendido por el administrador del consorcio, con el mero aval del consejo de administración, pero no mediante la decisión de una asamblea, no puede entenderse fungible la participación procesal del consorcio con la de las personas titulares de las distintas unidades, ya que los efectos económicos de la sentencia a dictarse, recaerán exclusivamente sobre éstas, sin que previamente hayan sido oídas en juicio. La intervención procesal del consorcio no suple a la de cada uno de sus integrantes, quienes necesariamente debían ser los condenados a la modificación del reglamento en caso de prosperar la tesitura de los demandantes, toda vez que al efecto es insuficiente que la condena alcance al ente consorcial, que no haría factible dicha variación a aquéllos.
Compraventa, mora del vendedor, resolución del contrato, abuso del derecho
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA ARTAL, Hugo c/ ANCEL  S.A. s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-19

La sola mora del vendedor no es suficiente para autorizar la resolución del contrato. Es necesario que el incumplimiento sea importante, no pudiendo fundarse en obligaciones accesorias porque sería un ejercicio abusivo, contrario a la buena fe, si no se acredita que pudo poner en peligro el cumplimiento de la principal o dificultar el cumplimiento de ésta.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, sorteos, menores
Materia: CIVIL
Carátula: MARTÍNEZ,  Marisol  y  otro c/ CARREFOUR ARGENTINA SA s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-30

El otorgamiento de indemnización por daño moral establecida en el art. 522 del Código Civil es facultativo para el juez y depende no sólo de la prueba del efectivo incumplimiento contractual, sino además de la existencia de una lesión espiritual y de la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso.

Es evidente que en el supuesto en el que un menor se creyó con derecho a participar en un sorteo por un viaje a Disney, completó con sus datos el cupón y resultó sorteado y ante la negativa de la empresa a entregarle el premio porque no se ajustaba a las condiciones del concurso debido a su edad, establecida la injusta descalificación que sufrió el niño, la frustración del viaje y las expectativas legítimas que le generaron hacen procedente la indemnización en los términos del art. 522 del Código Civil porque se comprobó tanto el incumplimiento contractual como la lesión espiritual al damnificado.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Procurador General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad arts. de la ley 12.607
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-21

No es exigible al Procurador General de la Suprema Corte la prestación de contracautela (art. 200 del C.P.C. y C.).
Carga procesal, actualización de domicilio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Perstar Corporation S.A. c/ Carbone, Estela y otros -Ordinario- s/ incidente nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-05-31

Si no se cumple con la carga procesal de denunciar el cambio de domicilio en los términos del art. 39 CPCC, es improcedente el planteo de nulidad articulado respecto de las notificaciones cursadas en el domicilio oportunamente denunciado, pues como lo refiere el citado artículo, mientras no se constituyan o denuncien otros, se tendrá por subsistente el anterior.
Medidas cautelares, embargo, Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Materia: PROCESAL
Carátula: GIOVANETTI, Sandra c/ WEH, Enrique s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Si se ha trabado embargo sobre bienes de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, para saldar deudas por honorarios de profesionales cuya actuación data de una fecha posterior al 1º de abril de 1991, tal supuesto no se encuentra contemplado en los arts. 19 y 20 de la ley 24.624, desde que el crédito reclamado no habrá de ser abonado con fondos del Tesoro Nacional ni resulta aplicable el art. 27 de la ley citada.
Acción de amparo, recursos, juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rachid, María de la Cruz y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

El recurso judicial del amparo sirve para que los/as habitantes puedan impugnar aquellos actos de autoridad que consideren vejatorios de derechos o garantías constitucionales. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Lesiones, declaración del imputado, personal penitenciario, apremios ilegales, jerarquía constitucional
Materia: PENAL
Carátula: GALARZA, Ramón Alejandro y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-14

Los hechos investigados en las actuaciones -imposición por un funcionario público de severidades, vejaciones o apremios ilegales a los presos que guarde o custodie (art. 144 bis, inc. 3º, CP)- y cuya autoría le es atribuida a personal penitenciario, imponen su análisis desde las normas convencionales, con jerarquía constitucional, conforme el art. 75 inc. 22 CN.
Excusación, prueba, presunciones
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FINAZZI, Juan M. R. s/ EXCUSACION:IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-23

Los informes de los magistrados mediante los cuales se niegan los extremos esgrimidos por el recusante, no se contraponen con la presentación de éste, huérfana de toda evidencia o al menos de indicios que avalen sus asertos y permitan enmarcar la cuestión en alguna de las hipótesis del art. 55, C.P.P.