Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-10


ANWEG, Roberto Antonio contra Persoglia, René E. y otrosReg.: A y S t 194 p 117-120.Santa Fe, 10 de diciembre de 2.003.

VISTA: la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto porla representante de los co-demandados contra la resolución 125 del 14 de agosto de 2002,dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad deRafaela en autos caratulados "ANWEG, Roberto Antonio contra Persoglia, René E. y otros-Ejecutivo- (Expte. 267/01)", (Expte. C.S.J. nro. 177, año 2003);

y, CONSIDERANDO:

1. La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela,mediante decisorio del 14.8.2002 rechazó los recursos de nulidad y apelación, confirmandode esa manera la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia de Distrito en loPenal Correccional N 10 de la ciudad de San Cristóbal que, a su turno, acogió lapretensión ejecutiva iniciada contra los demandados.

Contra dicho pronunciamiento deduce el representante de la parte co-demandada recurso de inconstitucionalidad con fundamento en que el mismo no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción (fs. 26/30). Aduce, en primer término, que aún cuando se concluya en que el objeto de impugnación resulta una resolución dictada en el marco de un juicio ejecutivo, no obstante la mismadeviene definitiva en razón de que, al haberse discutido en el mismo las excepcionesprocesales deducidas, ellas no podrán ser nuevamente ventiladas en el proceso ordinarioposterior. Señala que la resolución de la Alzada luce teñida de un excesivo rigor formal alapartarse del derecho común, dejando al justiciable expectante de la sustracción de bienesfrente a un proceso y a una sentencia injustos. Más aún, dice, se configura este supuestocuando la causa de la obligación ha sido cuestionada en sede penal. Al respecto, alude a que es evidente y de sentido común que los preceptos procesalesque rigen la ejecución dan por supuesto el origen lícito de los títulos.

Pero, agrega, en casos como el de autos, en que lo que se cuestiona es precisamentela licitud de dicho título y de las acciones que condujeron a concretar el mismo, lainstancia no puede prosperar por falta de un requisito esencial, cual es el de la adecuación al derecho. Luego de citar jurisprudencia relativa al tema en cuestión, sostiene que en sumomento se acreditó la formulación de una denuncia penal por los mismos hechos que dieronorigen al pagaré ejecutado y que dicha denuncia fue acogida, dando lugar a que se indagaraal imputado.

Tal situación, a su entender implicaba, al menos, un estado jurídico de sospecha,que a su turno derivaría en un procesamiento, determinando un alto grado de probabilidaden la comisión del hecho investigado.Postula que se configura en autos un supuesto de sentencias contradictorias, una delas cuales afirma la legitimidad del título y la otra sospecha de la ilicitud del mismo,generando -dice- un verdadero escándalo jurídico que resiente a la administración dejusticia y vulnera el derecho a la jurisdicción de sus representados.

Sostiene seguidamente que los Sentenciantes se apartaron del texto expreso de laley, por cuanto de los artículos 931 y 932 del Código Civil resulta claro determinar quelos actos cometidos dolosamente resultan nulos. Concluye que en la tramitación de la causa lo que hubiera correspondido erasuspender el curso de la acción civil ejecutiva y estarse a lo que en definitiva resolviese el juez penal, ya que el objeto procesal era determinar, precisamente, si eldocumento en cuestión era o no legítimo, y que al no haberse procedido de ese modo generacon el fallo que se ataca una clara cuestión constitucional cuya gravedad excede ellegítimo interés de los involucrados y vulnera la imagen misma de la administración dejusticia.

2. Por decisorio de fecha 23.4.2003 la Cámara resolvió denegar la concesión delremedio extraordinario interpuesto por entender que no se cumplía con el requisito deplanteo oportuno de la cuestión constitucional. Se concluyó también que los reprochesendilgados no ostentan gravamen constitucional como para conceder el recurso (fs.34/35vto.). Tal denegatoria motivó la presentación directa del recurrente ante esta Sede(fs. 42/47).

3. Es preciso señalar, en primer lugar, que tal como lo indicara el A quo en el autodenegatorio, obsta a la admisibilidad de la presente impugnación la ausencia de oportunaintroducción y mantenimiento de la cuestión constitucional exigida por el artículo 1 dela ley 7055.

En efecto, el impugnante debió haber demostrado adecuadamente al interponer elrecurso de inconstitucionalidad la existencia del requisito de oportuno planteo de lacuestión y su mantenimiento, lo que no surge acreditado de la lectura del escritointroductor del recurso.

Y es que, a tenor de lo repetidamente sostenido por este Cuerpo, la cuestión constitucional debió, en el sub judice, haber sido introducida al menos en oportunidad deexpresar agravios, a fin de posibilitar un pronunciamiento expreso respecto de las implicancias constitucionales de las cuestiones que, en definitiva, hoy quiere someter aconsideración de esta Corte (A. y S., T. 82, pág. 39; T. 101, pág. 195; T. 114, pág. 275;T. 116, pág. 163; T. 160, pág. 418). Debe tenerse especialmente en cuenta que la exigencia del planteo oportuno noresponde a un mero ritualismo, sino a nuestro sistema de control constitucional y aldebido respeto a la defensa en juicio. Y a que su fundamento radica en la necesidad de quelas cuestiones traídas por las partes reciban en lo posible la consideración y resoluciónque corresponde dentro de los procedimientos ordinarios establecidos (por todos, A. y S.T. 160, pág. 418).

Y tal cuestión, debe remarcarse, no ha sido rebatida por el impugnante en su recurso directo presentado ante esta Corte, incumpliendo así la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055 de rebatir y neutralizar los argumentos expuestos en el auto denegatoriodel recurso de inconstitucionalidad.

En un segundo orden de consideraciones, puede decirse que, si bien el quejoso exponeen su memorial que en autos el resolutorio impugnado resulta definitivo sorteando así elrecaudo de definitividad exigido por el ordenamiento normativo (crit. de A. y S. T. 83,pág. 116), debe señalarse que el remedio de todas maneras no puede prosperar. Es que, la confrontación de los agravios endilgados al decisorio, con los argumentos que de él se desprenden, permite concluir que, en síntesis, lo expuesto por el impugnantese reduce a una mera disconformidad con los fundamentos de la resolución que a su turnoconfirmó lo resuelto por el Juez inferior en cuanto hizo lugar a la demanda y ordenóllevar adelante la ejecución contra los accionados, hasta que al acreedor se le hagaíntegro pago del capital reclamado, con más los intereses allí estipulados desde la moray hasta el efectivo pago.

En efecto, de un liminar análisis del fallo impugnado, se observa que el Vocal deprimer voto específicamente se avocó al examen del supuesto de prejudicialidad invocadopor el recurrente, concluyendo en que el caso de autos no revestía las característicasnecesarias para que, en razón de lo dispuesto por el artículo 1101 del Código Civil seprocediera a suspender el dictado de la resolución en sede civil hasta tanto no seproduzca lo propio en sede penal.

Así entendió, con apoyo en doctrina y jurisprudencia, que el principio general enesta materia será, entonces, el que alude a que "en los juicios ejecutivos no se aplicael artículo 1101 en cuanto la sentencia penal refiere, por lo común, a la causa de laobligación y ella no se debate en tales juicios donde lo que está en juego son las condiciones extrínsecas del documento".

Agregó luego que por tal motivo "no cabe paralizar el procedimiento hasta que lajusticia del crimen resuelva la denuncia por defraudación deducida por el deudor, desdeque ella hace a la causa de la obligación y no a sus condiciones extrínsecas (Creus,Carlos; "Influencias del proceso penal sobre el proceso civil") (fs. 17/vto.).

Apreció también el Tribunal que un aspecto que no podía pasar desapercibido era el de la duración del proceso, y que en el caso de autos la cuestión de prejudicialidad no podía mantenerse sine die, y que al haber transcurrido "...más de siete años desde que seefectuara la denuncia de estafa, suscripción engañosa de documento y administraciónfraudulenta, y que según surge del expediente penal que tengo a la vista para este caso,la Cámara de Apelaciones Penal revocó el auto de procesamiento..., lo cual permite inferirque no se puede prever una resolución definitiva en un lapso más o menos razonable, lo quelleva a interpretar que debe emitirse el fallo en sede civil, ya que una solución distinta conllevaría prácticamente a la negación del derecho a la jurisdicción..." (fs. 18vto./19).

Tal argumento, debe destacarse, guarda directa relación con los criterios esbozadospor la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 246:87; 272:188; 287:248; esteúltimo con nota favorable de Bidart Campos, en "La duración razonable del proceso", L.L.154-85); como así también por la Corte mendocina (vid, L.L. 1999-A-63; vid Cesano, JoséDaniel ("Cuestiones de prejudicialidad penal"; Alveroni Ediciones; 2001; pág. 79).

Asimismo, debe señalarse que tampoco merece favorable acogida el planteo delimpugnante en el sentido de que el A quo incurrió en apartamiento del texto expreso de la ley, al efectuar una interpretación desvirtuada de los artículos 931 y 932 del CódigoCivil. Ello así, por cuanto se aprecia que en el decisorio impugnado se volcaronsuficientes fundamentos por los que se consideraba que cabía confirmar la resolución que,a su turno, hizo lugar a la ejecución.

Es que sobre el particular precisó la Alzada que tampoco podía prosperar en autosla excepción de inhabilidad de título en razón de que "lo expuesto por la apelante norefiere a lo puramente externo del título, por lo que no es cuestión que correspondatratar en este juicio ejecutivo ya que la excepción de inhabilidad de título sólo puedefundarse en los aspectos puramente externos o materiales del título" (f. 19).

Lo hasta aquí expuesto permite concluir, entonces, que la argumentación recursivaaparece circunscripta a la mera discrepancia del impugnante con el tratamiento deparadoa sus planteos, pero sin lograr demostrar que en tal cometido el Tribunal de grado hayamarginado la sustancia litigiosa de forma que autorice a descalificar su decisorio comoacto jurisdiccional válido.

En esa línea argumental, esta Corte tiene dicho que "la tacha de arbitrariedad noincluye la discrepancia de la parte recurrente con el criterio utilizado por los juecesde la causa en la valoración de la prueba" (Cfr., entre muchos otros, A. y S., T. 99,págs. 102 y 179; T.100, pág. 251; T. 101, pág. 408; en sentido análogo, Fallos: 297:29; 300:1049; 301:1062; 302:1564; 306:143 y 282; 307:234 y 716; etc.); ni puede tampococonfigurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en la decisión decuestiones que les son privativas (A. y S., T. 95, pág. 341; T. 100, pág. 251, entreotros).

Por ello y ante esa mera disconformidad, no se configura cuestión constitucional idónea para habilitar esta instancia de excepción cuyo cometido no es corregir posibleserrores o soluciones opinables.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido el deposito para el recurrente.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)