marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, deber de no concurrencia, concurrencia desleal, autorización del empleador, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: BRITO RICARDO c/ ADAM'S S.A. s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-05

En cuanto se trata de encuadrar una conducta determinada acerca de si el dependiente ha infringido el deber de no concurrencia, la argumentación recursiva plantea cuestiones de interpretación legal, en cuanto a las exigencias del art. 88 LCT.

Sobre el particular la CN Trabajo Sala II, ha dicho que "Para que se configure la concurrencia desleal deben darse los siguientes presupuestos: a) negociación por cuenta propia o ajena ; b) perjuicio real o potencial a los intereses de la empresa y c) falta de autorización del empleador" ( 26/10/82, DT, 1983-A, 119).

Referido a la necesidad del perjuicio es mayoritario el criterio de que el mismo sólo debe ser potencial, pues su inexistencia no incide en la calificación de injuriosa de la conducta del trabajador, por cuanto, la injuria no está constituida por él sino por la violación del deber de fidelidad, concretada como deber de no concurrencia.

Por último, en lo que a la autorización como exigencia legal, se ha dicho que "la prueba de la autorización del empleador que prevé el art. 88 de la ley de contrato de trabajo, debe ser categórica y concluyente, ya que es el trabajador quien con su obrar contrario a los deberes de fidelidad y buena fe, ínsitos en toda vinculación laboral, altera y viola elementales principio del contrato de trabajo".
Daños y perjuicios, delitos cometidos por medio de la prensa, responsabilidad del editor, eximentes de responsabilidad, fuentes de información, libertad de prensa, derecho al honor
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bruno, Arnaldo Luis c/ Sociedad Anónima La Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23

La exigencia de identificar la fuente a los fines de exonerar de responsabilidad al medio, no puede desvirtuarse mediante su ocultamiento al amparo del secreto de las fuentes de información, pues bastaría su simple invocación para conceder a los órganos de prensa una suerte de "bill de indemnidad" para propalar cualquier tipo de noticias sin importar si son verdaderas o falsas o si han afectado el honor o la intimidad de los aludidos en dicha información.
Recurso de casación penal, resoluciones irrecurribles, estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, condena condicional, sentencia no firme, interposición del recurso, facultades del fiscal, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SOBRON, CARLOS MARIA s/ RECURSO DE CASACION Causa 780
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-03

El pronunciamiento que deja en suspenso la pena por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal a las resultas de la medida de seguridad (art. 17 de la ley 23.737), no es sentencia definitiva ni equiparable a ella (art. 457 del C.P.P.N.), es sentencia incompleta. Es posible imponer pena en un momento posterior y será esa la oportunidad para completarla y conocerse si el Ministerio Fiscal está legitimado para impugnar en casación (art.

458, inc. 2° del C.P.P.N.)
Contrabando calificado, agravantes de la pena, estupefacientes, interpretación amplia, destino comercial
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO, JORGE FRANCISCO s/ Contrabando de estupefacientes, incidente de excarcelación, Causa:  36306.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-28

1 - Es constitucional el art. 10 de la ley 24390.- 2 - No corresponde acordar la excarcelación a tenor de los art. 379 inc. 5, CPMP y de la ley 24390 al sujeto condenado entre otros delitos por ser el coautor del delito previsto por los art. 866, 2do.párr. (primera y segunda parte), en función del art. 865, inc.

a) y e) - última hipótesis - y art. 864, inc. a) del CA - primera y segunda hipótesis - en concurso ideal (art. 54 del CP) con el delito previsto en el art. 2, inc. c) de la ley 20771 - dos últimas hipótesis -, esto es contrabando llevado a cabo mediante la introducción al territorio aduanero argentino de mercadería por lugares no habilitados al efecto desviándola de las rutas señaladas para la importación y exportación, calificado por haber intervenido en el hecho más de tres personas en carácter de coautores, por haber empleado un medio de transporte aéreo que aterrizó en un lugar no habilitado por el servicio aduanero para el tráfico de mercadería, por tratarse de mercadería de sustancia estupefaciente en concurrencia con las circunstancias previstas en el art. 865, inc.

a) y e) que, por su cantidad, estaba inequívocamente destinada a ser comercializada, en concurso ideal con transporte y almacenamiento de estupefaciente.- 3 - El obrar reprochado absorbe las conductas descriptas por el art.

10 de la ley 24390, más allá de cualquier interpretación o aplicación rigurosamente formalista y sólo literal y gramatical del art. 10 de la ley 24390 que excluyera la calificación antedicha.- 4 - No media preterición del art. 31 CN con la sanción del art. 10 de la ley 24390 ya que, por el contrario, debe ser considerado reglamentario del Pacto de San José de Costa Rica, pero de su art.

32.2.- 5 - Las exclusiones de los beneficios de la ley 24390 (especificados en su art. 10) sólo pueden se entendidas como una reglamentación razonable y adecuada en defensa de los derechos de los demás, del bien común y del derecho a la seguridad, en los términos del art.

32.2 citado que limita las garantías de dicho Pacto o Convención. No obsta a tal interpretación, la circunstancia de no haberse establecido expresamente que por el art. 10 de la ley 24390 se reglamenta el art. 32.1. del Pacto de San José de Costa Rica.- 6 - La interpretación que del art. 10 de la ley 24390 que adecua su sentido restrictivo a las previsiones de la Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y de Sustancias Psicotrópicas (Viena) ley 24072 no antepone tal Tratado a las garantías individuales consagradas por la Constitución Nacional (principio de inocencia, derecho a la libertad y a la seguridad, derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser liberado) pues éstos tienen su límite en el art. 32.2. del Pacto de Costa Rica y su reglamentación, (el citado art. 10).
Extradición, pedido de extradición, Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carissi Landaburu, Sergio Javier; Bentancourt Trama, Daniel Nicasio s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

Los reparos de fundamentación que se atribuyen al auto de detención importan cuestionar las formas intrínsecas de los documentos acompañados por el país requirente, lo cual excede el objeto propio de los trámites de extradición (art. 34, inc. 2° del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889), máxime si el pedido fue acompañado de copia de las diligencias del sumario actuadas ante el juez y que le sirven de fundamento.
Entidades financieras, control de entidades financieras, banco central, fiscalización estatal, Instituto Nacional de Acción Cooperativa y mutual
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caja de Crédito Alvear Coop. Ltda. -en Liquidación- c/ B.C.R.A. s/ Resol. 183/79
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

La fiscalización pública de la actividad cooperativa, por imperio del art. 99 de la ley 20.337, se encuentra a cargo de la autoridad de aplicación (Instituto Nacional de Acción Cooperativa), pero ello no obsta a la que compete al B.C.R.A. en razón de la índole específica de la actividad que lleva a cabo, consistente en la intermediación habitual entre la oferta y demanda de recursos financieros, tal como lo autoriza el art. 116 de dicho cuerpo legal.

Ello es así, en los términos de la ley 21.526, la cual en su art. 6 limita la fiscalización a aspectos vinculados a la constitución de la sociedad y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y estatutarias pertinentes. En uso de esas facultades de superintendencia el B.C.R.A. valoró la conducta del recurrente y estimó violado el deber de velar porque el consejo de administración cumpla la ley, el estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias conforme al art. 79 inciso 10 de la ley 20.337.
NICARAGUA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, privación de justicia, asesinato, arma de fuego, personal militar, competencia contenciosa del tribunal internacional, reservas a tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Genie Lacayo c/ Nicaragua s/ Excepciones preliminares
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1995-01-27

Puesto que la aceptación que, con carácter general, efectuó Nicaragua de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, fue presentada excluyendo los hechos anteriores al 12 de febrero de 1991, y aquellos por los cuales la Comisión Interamericana demanda al Estado, tuvieron principio de ejecución el 23 de julio de 1991 -fecha en la que se produjo la denegación de justicia por la muerte de un joven menor de edad que se encontró en medio de una caravana de vehículos con efectivos militares quienes, al ver que los trataba de sobrepasar, le dispararon con sus armas-, no existe un supuesto de falta de competencia que impida al Tribunal el conocimiento del caso.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo, agravantes de la pena, robo con armas, arma descargada, simulada o defectuosa, intimidación, bien jurídico protegido, aplicación de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de  fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

En lo que refiere a la cuestión sobre si el arma de fuego, inapta por defecto, encuadra en el art. 166, inc. 2 del Código Penal, lo único que exige la ley de fondo en relación a esa figura agravada, es que se perpetre con armas. El Código no habla de armas de fuego, y cuando el robo se comete con el uso de ellas, entiendo que no es indispensable la acreditación de su poder vulnerante, o sea que esté cargada y sea apta para disparar.

Así, en el extremo de que un arma no funcione o se encuentre descargada, para los efectos legales, será siempre un arma, ya sea arma descompuesta o arma descargada en definitiva tendremos siempre un arma, y amen de ello, no debe dejarse de evaluar que el arma de fuego, puede utilizarse a manera de porra. Sintetizando lo expuesto, es el poder intimidatorio que anula la resistencia de quien sufre el despojo-, lo que prevé la norma para agravar el robo y ello resguarda no sólo el bien jurídico de la propiedad, sino igualmente el de la persona que se vea cometida con un arma, en este caso, las de fuego, sin poder apreciar o advertir, si es o no idónea para disparar o se la utilizará de otra manera.

Así, que ya sea arma descompuesta o inhábil para el disparo, en definitiva, es arma. (Del Voto Del Dr. Sorrentino)
Acto administrativo, vicios del acto administrativo, vicio de incompetencia, defensa de la competencia, concentración económica, televisión por cable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Multicanal SA y otro- INC MED- c/ CONADECO- Dto. 527/05 y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-23

La decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de establecer una auditoria para verificar el cumplimiento del compromiso irrevocable asumido a efectos de obtener la autorización de concentración económica de dos empresas de servicio de televisión por cable, de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.156, no se presenta -en el ámbito de conocimiento reducido de una medida cautelar- acto administrativo que se encuentre viciado en forma manifiesta por incompetencia en razón del grado, por tratarse de un organismo de rango inferior perteneciente a la órbita de la Secretaría de Comercio Interior, en la que se ha dictado la Resolución N° 257/2007. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Principio de congruencia, requerimiento de elevación a juicio, explotación sexual
Materia: PENAL
Carátula: Hohberg, Jorge Alberto recurso de casación - reg. 1343/17 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-08

El voto concurrente agregó que, en relación al agravio referido a la congruencia entre el requerimiento de elevación a juicio y el alegato de la parte acusadora, resulta evidente que los hechos que dan sustento a la condena en orden a la explotación de la prostitución ajena se encontraban incluidos desde el comienzo del debate, por lo que no existió introducción sorpresiva de aquella calificación en el alegato fiscal. (Dres. Gemignani, Mahiques, Slokar).
Ejecución de sentencia, confirmación de sentencia, protección de la vivienda, inoponibilidad a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: Stoessel, Alejandro c/ Tinelli, Marcelo Hugo y otro s/ Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-15

La inoponibilidad resuelta en la causa beneficia sólo al acreedor por causa o título anterior a la constitución, en el caso, al Dr. O. J. P., en tanto la desafectación produce la cancelación de la inscripción en el registro inmobiliario, dejando al bien vulnerable frente al ataque de cualquier acreedor, por cualquier causa o título, pudiendo causar un perjuicio innecesario e injustificado al titular dominial, que exceda el interés del peticionante de la medida (cfr. CNCiv., Sala F, en los autos "R., C. R. c/ U., B. J. s/ Aumento de Cuota Alimentaria", del 2/10/13, F624429). Atento el estado procesal de la presente ejecución, a fin de salvaguardar los derechos del actor y evitar perjuicios innecesarios, corresponde confirmar la inoponibilidad decidida por la señora Juez "a quo" con relación al inmueble objeto de la ejecución al régimen de bien de familia y dejar sin efecto la desafectación dispuesta en la resolución recurrida, con relación a dicho bien. Ello, a fin de que el deudor no pierda dicho beneficio respecto de otros acreedores que no cuenten con un crédito del mismo tipo que el del ejecutante.
Habilitación de instancia, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: BURGOS, JUAN GUALBERTOS c/ ESTADO NACIONAL (MIN. DEL INTERIOR) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-20

La habilitación de instancia constituye una decisión del Juez ante quien se presenta una demanda, que tiene por finalidad establecer si el demandante ha satisfecho o no, los presupuestos procesales requeridos por la ley, para declarar admisible la acción contencioso administrativa. Dado que esos requisitos de admisibilidad están fijados explícitamente en las normas que reglan este particular tipo de procesos y hacen a la vez, a lo atinente al ejercicio de la jurisdicción.
Sentencia, interpretación de sentencias, incongruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Deutsch, Gustavo Andrés s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-17

Una lectura armónica del fragmento de la sentencia cuestionado permite advertir que responde exclusivamente a un error de redacción pero no a la existencia de una real contradicción entre los fundamentos del voto y su decisión final, por lo que no llega a configurarse una autocontradicción para merecer su descalificación como acto jurisdiccional válido. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R., J. R. c/ G., E. C. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

La pretensión resarcitoria que se articula ante el órgano jurisdiccional debe ser clara, con debida indicación de los hechos que sustentan el pretendido daño, de su incidencia concreta en la esfera patrimonial del pretendiente y sin traer promiscuamente el reclamo del daño material y del daño moral, pues con ello se crean verdaderas "emboscadas" dentro del proceso, de las que difícilmente puede salir airosa la contraparte, cuyas objeciones u observaciones quedarán reducidas a meros intentos (arts. 330 incs. 3, 4 y 6: 354 incs. 1 y 2 del Cód. Proc.).
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Luna, Martín L. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-09

Quien roba valiéndose de un revólver, sea que está cargado o descargado, o que incluso su mecanismo no funcione, salvo que estas dos últimas circunstancias sean perceptibles a simple vista (lo que habitualmente resulta casi imposible), objetiva y subjetivamente ha usado un arma porque un revólver está hecho para dañar y atacar a las personas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución de la pena, salidas transitorias
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Ezequiel Martín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-04

Del juego armónico de los arts. 18, 490, 493 inc. 4°, 496 CPPN y arts. 4° y 16 a 22 ley 24.660 surge que son los mismos tribunales los que tienen la facultad de disponer el cumplimiento de la pena y, en consecuencia, la posibilidad de acceder a los beneficios legislados. Corresponde conceder las salidas transitorias sin que obste a ello que el domicilio denunciado para gozarlas -y el núcleo familiar que lo integrase- a el mismo que había referido en la oportunidad en que gozó de la libertad condicional -hasta que cometió el nuevo delito que originó la pena que se encuentra cumpliendo-, pues tal fundamento no tiene base objetiva y encubre una restricción al goce del beneficio con la inclusión de requisitos no contemplados por la ley. La disidencia parcial consideró que si el representante del Ministerio Público entiende que el interés en la ejecución de la pena se satisface ejecutándola bajo una determinada modalidad prevista en la ley, su pretensión en la medida en que se mantenga estrictamente dentro de los límites legales, fija el alcance y límite de la jurisdicción, o si se quiere, el objeto del caso judicial. (Dres. Yacobucci, Mitchell y García -en disidencia parcial-).
Proceso penal, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Córdoba, Mario Alberto s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Alvaro Tomás Molina por la Defensa de Mario A. Córdoba en contra de Sentencia Nº 34/2012 recaída en Causa Expte. Nº 239/11 - Córdoba, Lucas Isaías y otro - Doble Homicidio Calificado Criminis Causa en calidad de coautores - Icaño - Dpto. La Paz
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-11

Si el casacionista denuncia como motivos de casación los previstos en los incisos 1º, 2º y 3º del art. 454 C.P.P., pero ha omitido fundar en forma separada y clara en qué consisten cada uno de los defectos del pronunciamiento, omite así, cumplimentar adecuadamente lo prescripto en nuestra ley procesal penal vigente (art. 460 C.P.P.).

En tal sentido, esta Corte ha sostenido (A.I. Nº 19, 30/06/2010) que: ".el carácter total de la revisión no implica per se que el examen que el tribunal del recurso realice respecto de la sentencia de condena deba ir más allá de las cuestiones planteadas por la defensa.

Ello es así, porque al tratarse de un derecho que su titular ejerce en la medida que la sentencia le causa agravio, resulta incorrecto intentar derivar de la garantía en cuestión una exigencia normativa que obligue a controlar aquellos extremos del fallo que el recurrente no ha sometido a revisión del tribunal examinador " (C.S.J.N., "Casal", 20/09/05, del voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, reordenamiento del sistema financiero, obligaciones en moneda extranjera, pesificación, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. G., A. y Otra c/ C., A. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-28

Ingresando específicamente a la cuestión traída a debate por el recurrente respecto a la aplicación - en el caso - de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen cambiario y de los Decretos 214/02 y cc., no obstante que en autos no se ha planteado la inconstitucionalidad de tales normas, atento a que la cuestión relativa a la pesificación de las obligaciones en moneda extranjera ha generado un verdadero caos jurisprudencial en el país, es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una ley, un tratado, o decreto o acto administrativo, es una decisión de gravedad institucional; es decir el último argumento que solamente debe usarse en casos extremos.

En igual sentido se ha dicho que por su gravedad el control de inconstitucionalidad resulta, entonces, la ultima ratio del ordenamiento jurídico (ver Kemelmajer de Carlucci, A., "El Poder Judicial", 1989, Ed. Depalma, págs. 235, 250) y requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, jubilaciones, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Coan María. s/ JUBILACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que no hizo lugar a la aplicación del régimen jubilatorio y de retiro para los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación que establece la ley 18.464, t.o. 1983, en tanto se cuestiona la interpretación y aplicación de normas de carácter federal.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, principios generales del Derecho, automotores, privación del uso del automotor, procedencia del recurso, mora, lugar de cumplimiento del contrato
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Torres del Frari, Víctor Hugo c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-06

Procede confirmar la sentencia que hizo lugar a la indemnización por "privación de uso". Ello por cuanto, esta Sala ha dicho que la procedencia de la privación de uso del automotor no tiene su fuente en el contrato de seguro, sino en la mora en cumplirlo, en la que la aseguradora ha incurrido, por lo que su exclusión en el mismo resulta irrelevante (esta Sala, "Loianno, Raúl Ángel c/ Aseguradora Federal Argentina SA s/ ordinario", del 11/06/15, y "Flax, Mariano José Pablo c/ Caja de Seguros SA s/ Ordinario", del 28/10/15). Y es que, dicha mora obstó la posibilidad de que el demandante contara oportunamente con la indemnización necesaria para adquirir un vehículo en reemplazo del siniestrado, por lo que es forzoso concluir que la aseguradora, al incumplir el contrato, provocó con su conducta el daño en cuestión, por lo que debe indemnizar a la accionante.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, actos jurídicos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Palester, Andrés E. c/ Calleja, Adriana s/ Escrituración (ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Determinar si está o no acreditada la violencia alegada constituye una cuestión de hecho ajena a la casación salvo demostración de absurdo.
Concurso preventivo, homologación del acuerdo preventivo, facultades del juez, juez del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sciaroni Siro Gil s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

A diferencia de las facultades amplias que los arts. 60 y 61 de la ley 19551 y su doctrina, conferían al juez del concurso en orden a la homologación del acuerdo preventivo, la normativa vigente sólo le permite analizar y resolver sobre el tema si han mediado impugnaciones por parte de los acreedores legitimados al efecto (arts. 49 a 51 ley 24522). En caso contrario, la intervención del magistrado se limita a dictar resolución homologatoria del acuerdo en el plazo de diez días (art. 52 ley citada).