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Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, comercialización ilegal de estupefacientes, prescripción de la pena, derechos y garantías constitucionales, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Flores Lopez, Juan Andrés y Otros Sobre 5 C - Comercio de Estupefacientes o Cualquier Materia Prima para su Producción /Tenencia con Fines de Comercia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-08

Corresponde hacer lugar a la queja porque fue interpuesta en tiempo y forma (art. 33 de la ley n° 402) por la Defensora General y la Defensora General Adjunta y resulta formalmente admisible toda vez que contiene una crítica fundada del auto denegatorio. Sin embargo, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad porque no se advierte que lo decidido en el caso por el a quo haya lesionado las garantías y principios constitucionales expuestos por la defensa. Para rechazar la prescripción de la pena, los jueces de la Cámara sostuvieron que las reglas contenidas en el art. 65, inc. 3 y ss. del CP se aplican solo en supuestos cuyas penas sean de efectivo cumplimiento y hayan adquirido firmeza, en una lectura integrada con el artículo 66 del CP; y que en la condena en suspenso o condicional, al no ejecutarse la pena, rige lo dispuesto en los arts. 27 y 27 bis del CP. Los jueces analizaron en conjunto las normas directamente involucradas en la resolución del caso, lo que no puede equipararse con una interpretación extensiva de las vedadas por imperio del artículo 18 de la CN. El temperamento adoptado se encuentra debidamente fundado y la forma en que la defensa impugna lo decidido no supera una mera discrepancia con el criterio adoptado en la sentencia. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Pena, escala penal, sentencia arbitraria, insuficiencia del agravio, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: R.V.F. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ramón Avila en contra de Sentencia Nº 31/2010 en causa Expte. Letra 'R' Nº 23/10, R.V.F.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-03-21

La Cámara en lo Criminal, por unanimidad, resolvió declarar culpable a al imputado R.V. como autor penalmente responsable de los delitos de Abuso Sexual Con Acceso Carnal - 4 hechos en concurso real-, (Arts. 119 3º párrafo, 45 y 55 del Código Penal), condenándolo a la pena de veintitrés años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias de ley (Arts. 12, 40 y 41 del Código Penal).

Corresponde poner de resalto que la defensa se ha limitado a cuestionar la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P., pero ha omitido denunciar que la individualización de la pena salga de la escala penal aplicable, lo que torna insuficiente la vía recursiva intentada, debido a la falta de especificación del modo en que se compone la sanción (S. nº 17, 07/08/08).

Concretamente, el yerro de los casacionistas consiste en la omisión de demostrar, a través de la vía recursiva intentada, de qué manera hubiese impactado favorablemente en la determinación final del quantum de la condena la consideración de las atenuantes cuya ponderación pretende, como así la omisión de las agravantes consideradas por el tribunal.

En el caso, el a quo estimó justo imponer al acusado la pena de veintitrés años de prisión, por encontrarlo responsable de los delitos de Abuso Sexual con Acceso Carnal (cuatro hechos) -nominados Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto- todo ello en Concurso real.

Ahora bien, siguiendo el criterio fijado por esta Corte en el precedente Manzini (S. nº 26, 23/12/08), en donde se sostuvo la necesidad de partir del punto medio de la penalidad amenazada, y que a partir de allí comiencen a operar las atenuantes o agravantes, en una y otra dirección de la escala sancionatoria, de forma tal que ninguna atenuante y/o severizante tenga el mismo peso relativo, dependiendo su incidencia en la escala correspondiente de las circunstancias del caso, se advierte incluso, que la pena aplicada no se aleja del señalado punto medio.

En efecto, no se advierte que el tribunal haya ejercido su potestad jurisidiccional de fijar la pena de manera arbitraria, máxime cuando se ha omitido denunciar arbitrariedad alguna en el monto de pena atribuido al imputado R. V.; es decir, no han especificado de qué manera las denuncias efectuadas (en relación a la omisión de circunstancias atenuantes y a la errónea interpretación de las agravantes), hubiesen impactado en el quantum de la condena, ni desarrollaron cómo habrían influido en su accionar delictivo a los fines de disminuir la pena aplicable, que se supone, pretenden.

En razón de lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Nayim de Secreto, Petronila s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se sostiene -con base en el art. 238, Código de Procedimiento Penal- que no pudo resolverse que hay "confesión simple" del procesado, pero no se intenta demostrar su afirmación.
Enfermedad accidente, indemnización, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Torrez, Matías c/ Lanera Argentina S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-06

La época en que la enfermedad accidente se manifiesta en su plenitud incapacitante marca la fecha de la exigibilidad del crédito y, por ende, el punto de partido para el cómputo de los intereses.
Violencia de género, violencia familiar, expulsión de extranjeros
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Hatamleh, Ahmad Mahmoud Fayyad c/ EN-M. Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-08

Corresponde confirmar la orden de expulsión del país y la prohibición de su reingreso por el término de 8 años, dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones respecto de un ciudadano extranjero que fue condenado por un tribunal oral a la pena de tres años de prisión en suspenso, en orden a los delitos de amenazas coactivas, desobediencia, lesiones leves y amenazas simples, tras haberse acreditado que el imputado profirió amenazas a su mujer, la golpeó y continuó amenazando, además de violar una prohibición de acercamiento dispuesta por un juzgado civil. Asimismo, cabe destacar que el continuum de violencia delictual del recurrente se perpetúa en la actualidad, dado que si bien los hechos delictivos contra su familia han sido cometidos en el pasado y castigados con la pena descripta, existen elementos obrantes en el expediente que autorizan a inferir que el reproche y la ilicitud se mantienen en el tiempo presente.
Subasta de inmuebles, postor remiso, nueva subasta
Materia: PROCESAL
Carátula: PRADO, ALBERTO c/ GARCIA, JOSE s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-22

No cabe responsabilizar al postor remiso por la totalidad del crédito insoluto del ejecutante, pues las consecuencias de su incumplimiento contempladas por el cpr 584 se refieren a la disminución real del precio obtenido en la nueva subasta. No habiéndose realizado esta, es imposible determinar cuantitativamente cual fue la real disminución a la que alude la norma indicada y por la cual debería responder aquel. Si, en cambio, es responsable por los gastos ocasionados y las costas generadas con su actitud que hizo fracasar la subasta.
Crímenes de lesa humanidad, responsabilidad del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Martel, Osvaldo Benito y otros c/  s/ averiguación de delito
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Existe un doble orden de razones convencionales y constitucionales por las que el Estado argentino tiene el imperativo impostergable de investigar y sancionar las gravísimas violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar que configuran delitos de lesa humanidad y que, a tal efecto, no solo no se pueden oponer normas internas que obstaculicen el enjuiciamiento y eventual castigo de los responsables sino que además está vedada la adopción de cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad de reproche (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Daños y perjuicios, facultades jurisdiccionales, responsabilidad del Estado por actos lícitos, error judicial, bien común
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Robles, Ramón Cayetano c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Las sentencias y demás actos judiciales no pueden generar responsabilidad del Estado por sus actos lícitos ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el cumplimiento de fines comunitarios sino de actos que resuelven un conflicto en particular; los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para dirimir la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia.
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferni Construcciones S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Corresponde desestimar la oposición efectuada por la demandada a la prueba pericial contable ofrecida por la actora, si ésta guarda relación con las cuestiones ventiladas en autos y puede brindar elementos de convicción para resolver el litigio (arts. 359 y 363 del C.P.C.C., 25 del C.P.C.A.). Ello, sin perjuicio de la valoración de las probanzas en la sentencia (art. 384 del C.P.C. y C., 25 del C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Bouyssou, Norma s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

Resulta incorrecta la denegación del recurso de apelación interpuesto por el defensor contra el auto de procesamiento sobre la base de lo dispuesto por el art. 311 del C.P.P. , ya que tal norma debe interpretarse en forma armónica y lógica, complementándola con el art. 434 - segundo párrafo - del mismo cuerpo legal.
Defensa en juicio, proceso penal, debido proceso, patrocinio letrado
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Gutiérrez, Carlos Alberto y otro c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-07

El ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal que le asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio, por lo tanto no basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que aquel haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Patria potestad, menores, usufructo, intereses, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Prille de Nicolini, Graciela Cristina c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-15

Los montos que en concepto de capital por la indemnización correspondan a los menores actores, quedarán depositados a la orden de la Corte en el Banco de la Ciudad de Buenos aires en una cuenta de plazo fijo a 30 días con renovación automática hasta tanto su representante legal, con intervención del asesor de menores disponga su utilización provechosa. En cambio, esa restricción al usufructo legal de los bienes de los hijos autorizada por el art. 287 del Código Civil no se extenderá a los intereses, que quedan disponibles para la madre.
Periodistas, convenios colectivos de trabajo, jornada de trabajo, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: SOLLEIRO, ANGEL ENRIQUE Y OTROS c/ PRODUCCIONES ARGENTINAS DE TELEVISION PROARTEL  S.A. s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-18

El plus por "caseteros y exteriores" no posee carácter salarial, pues, conforme el art. 155 del CCT 131/75, se paga por cada salida a exteriores durante la jornada de trabajo y su determinación no está ligada a pautas temporales
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aflitto, Teresa Herminda c/ Transportes La Perlita S.A. s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Determinar el comienzo del plazo de prescripción es una cuestión de hecho cuya tarea compete exclusivamente a las instancias ordinarias y sólo es revisable en casación cuando se denuncia y demuestra que el camino seguido por el juzgador adolece de absurdo, en franca infracción de las normas que gobiernan la valoración de la prueba.
Recurso extraordinario, trámites judiciales, traslado, caducidad, quiebra, aplicación de la ley, síndico del concurso, facultades del síndico del concurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: FLORENCIA, SACIFES s/ Recurso  Extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la nación-Quiebra-Remoción del síndico-Recurso de apelación y nulidad-Caducidad (Expte.: C.S.J. Nº. 548 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-16

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 310, inc. 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que es el que gobierna la tramitación del recurso extraordinario, corresponde declarar procedente la caducidad de la instancia peticionada por la sindicatura si se encuentran cumplidos los elementos que, objetivamente, tornan procedente su declaración; esto es, el transcurso del plazo de tres meses, allí contemplado, y la inactividad procesal. Además, tampoco puede admitirse el argumento basado en la existencia de un proceso relacionado o conexo con el presente, por cuanto su estado y tramitación no sólo que en nada le impedía al recurrente instar el trámite sino que, además, ello no causa ningún efecto sobre el plazo de caducidad; plasmándose, contrariamente a sus afirmaciones, un claro interés de abandono de la instancia.
Constitución Nacional, real malicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kimel, Eduardo G. y Singerman, Jacobo s/ art. 109 C. P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

El objetivo de la doctrina de la real malicia es procurar un equilibrio razonable entre la función de la prensa y los derechos individuales que hubieran sido afectados por comentarios lesivos a funcionarios públicos, figuras públicas y aún particulares que hubieran intervenido en cuestiones de interés público objeto de la información o de la crónica (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Antonio Boggiano).
Proceso penal, declaración indagatoria, impulso procesal
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Curibanco Carrion,  Elmer Wilman s/ s/ inf. Art. 189 bis del C.P. - Apelación bis del C.P. - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-20

La convocatoria a prestar declaración indagatoria es un acto de inequívoco impulso procesal, pues sin él no podría proseguirse la causa contra persona determinada.
Extradición, Estado requirente, tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Rivero Romero, Eliodoro s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-25

Si dentro del término previsto el Estado requirente manifestó encontrarse en condiciones para recibir a los extraditables pero la entrega se frustró por circunstancias ajenas a él, no parece adecuado equiparar esta circunstancia a un incumplimiento negligente de su parte y cargarle con las consecuencias adversas que el tratado prescribe, esto es, la liberación de los extraditables y la imposibilidad de plantear nuevamente la extradición (art. 13, inc. 4 in fine, del tratado de extradición con Paraguay).

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Tribunal de enjuiciamiento, desinsaculación del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Parrilli, Rosa Elsa s/ recurso en SCD-187/09 s/ denuncia efectuada por el señor Ministro de Justicia y Seguridad del GCBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-15

Cabe distinguir entre la integración permanente del Jurado (hecho que no ha sido modificado) y la desinsaculación de sus integrantes, desde que en especial (dada las características propias del órgano legislativo), la lista de legisladores varía en virtud de la composición de dicho cuerpo como consecuencia del término de los mandatos políticos y su escalonamiento. (Voto del Sr. Juez Carlos F. Balbín).
Alimentos, cuota alimentaria, reducción de cuota alimentaria, cosa juzgada, plan austral
Materia: CIVIL
Carátula: P.M.M. c/ R.O.E. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-25

La adopción de nuevas medidas económicas a raíz de lo que se ha denominado por el alimentante "segunda etapa del plan austral", que complementaba la primera, no puede servir de sustento para justificar una reducción de la cuota que unilateralmente pretende, máxime que esas medidas sólo se refieren a la política económica a adoptarse en el país, pero no pueden tener ninguna influencia sobre el monto de una pensión alimenticia que se encuentra alcanzada por la autoridad de la cosa juzgada.
Lucro cesante, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Bullorini, Jorge Alberto y otro c/ Córdoba, Provincia de s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

No corresponde indemnización por lucro cesante, si éste no ha sido suficientemente acreditado.
Competencia de la Corte Suprema, recurso extraordinario, procedencia del recurso, economía procesal, facultades jurisdiccionales, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rosalía Villarroel de Guzmán - s/ Homicidio-Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

Corresponde a la Corte, por razones de economía procesal, para poner fin al estado de incertidumbre que comporta un proceso penal, cuyo trámite alcanza los diez años de duración, pronunciarse sobre la procedencia del recurso no obstante que la concesión del remedio federal no resulta debidamente fundada, ya que así lo impone el cumplimiento de un adecuado servicio de justicia.
Recurso de apelación (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-SOCIOLOGIA
Carátula: Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

El servicio de gestión en la colocación de los excedentes financieros de los clientes y gestión para la contratación de alternativas de financiación integra el llamado servicio de tesorería según lo indica el punto 2.7 de los "Terminos y Condiciones de la Prestación de Servicio como Agente Financiero" que ofrece la contribuyente. Esta actividad canaliza préstamos y, además, comprende una tarea de intermediación.

En ambos casos la tasa aplicable es la del 4,9%. Por supuesto, esa alícuota también regirá cuando la colocación de excedentes involucre operaciones bursátiles que, según la peritación, SANTMA concretó durante los períodos por los que se reclama una diferencia en el pago del ISIB. La materialización de pagos en el exterior está incluida como una de las prestaciones propias del servicio de tesorería.
Competencia civil, refinerías de petróleo, personas jurídicas de carácter privado
Materia: PROCESAL
Carátula: CORSALMI S.A. c/ INALRUCO S.A. PETROLERA s/ EJECUCION DE ACUERDO LEY 24.573
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-26

En la ejecución de un acuerdo de mediación habido entre dos empresas petroleras, corresponde intervenir a la Justicia Nacional en lo Civil ya que se trata de un litigio suscitado entre dos personas privadas, por un típico asunto privado, en el cual no existe un interés nacional, aunque están comprometidas normas -como la ley de hidrocarburos 17.319- que escapan a la materia que, generalmente, transita ante el fuero civil.-(Del dictamen del Fiscal ante la Cámara)
Jubilaciones, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gitard, Roberto Hipólito s/ pensión de Gitard, Okia Lucina Cieza Rodríguez de.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Debe privilegiarse el carácter sustitutivo del haber de pasiva respecto de las remuneraciones de actividad.
Garantía de evicción, citación por evicción, acciones posesorias
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN DERMIDIO FERNANDEZ c/ RAUL DUMIT s/ INTERDICTO PARA RETENER LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-04-15

La evicción ha sido establecida por la legislación de fondo (artículos 2099 y subsiguientes del código civil), y la citación pertinente no constituye una demanda contra el citado, sino un aviso que se le formula en tiempo y con los requisitos legales para que tome intervención en el proceso, si así lo desea. Corresponde la citación de evicción en las acciones posesorias, es más, la nota de Vélez Sarfield al artículo 2091 del Código Civil es sumamente ilustrativa sobre el tema, al sostener claramente que toda acción real, aún las posesorias constituyen una turbación de derecho, lo que configura el presupuesto de admisibilidad de la citación en garantía.
Actos y diligencias procesales, nulidad procesal, notificación, domicilio legal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: COLMAN GONZALEZ, MAGDALENA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-17

La posible invalidez de los actos del proceso deben juzgarse atendiendo a la finalidad que, en cada caso concreto, están destinados a satisfacer de manera tal que la declaración de nulidad no procede cuando, aún siendo defectuoso, el acto ha logrado cumplir su objetivo. En consecuencia, la circunstancia de no haber sido notificada la demanda en el domicilio legal de la A.N.Se.S.-sito en Capital Federal-no puede llevar por sí solo a privar de los efectos propios al acto, máxime si se considera que los recaudos exigidos tienden a hacer efectiva la garantía que asegura la posibilidad del correcto ejercicio de los derechos, y que tales circunstancias se ven resguardados por el conocimiento real de la existencia del juicio (cfr.

C. N. Cont. Adm. Fed., Sala II, sent. del 29.06.93, "Di Prospero, Mariana c/ Telefónica de Argentina") y que, en el caso de autos, el organismo tomó efectivo conocimiento de la demanda toda vez que compareció en el proceso promoviendo el incidente de nulidad (ver en igual sentido, Falcón, Enrique, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado" T.II, pág. 149).