Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-29


ALANIZ, Aurelia María Felisa ADET de contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 193 p 57-62.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil tres, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la Presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ALANIZ, Aurelia María Felisa ADET de contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 588, año 1992), de conformidad con el acuerdo preparatorio celebrado el día veintidós del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo:

I.1. Aurelia María Felisa Adet de Alaniz interpone recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, con el objeto de que se revoque el decreto nro. 3062 -de fecha 22.9.1992- y, en consecuencia, se la exima de responsabilidad en el expediente nro. 00401-0074779-V y sus agregados, y se deje sin efecto la sanción aplicada.

Relata que, a fines de enero de 1986, cobraron destacado espacio periodístico denuncias formuladas en su contra a raíz de graves hechos producidos en perjuicio de un grupo de alumnos, en el marco de una excursión al Complejo Turístico de Embalse Río Tercero; que se ordenó la instrucción de un sumario; y que se la sancionó por dos cargos: no haber formado el grupo de excursión de conformidad al artículo 4 del decreto 1077/78 y haber discutido acaloradamente con una docente integrante del contingente en presencia de alumnos y personas ajenas al mismo, en el local del Complejo.

Entiende que el recurso debe admitirse por una serie de razones.

En primer lugar, por la trascendencia pública de las cuestiones que motivaron la sanción y porque permitir que la superioridad sancione por sí y sin control -apresurándose a dar razones a las noticias periodísticas- significaría la justificación de un acto injusto. Añade que, durante dos años y medio fue trasladada a otra escuela con funciones auxiliares, lo que implicó una sanción extra.

Además, porque las normas que regulaban los sumarios en el Ministerio de Educación eran, en aquel tiempo, inquisitivas y contenían graves restricciones al derecho de defensa, señalando -en tal sentido- que no se permitía la asistencia letrada, el sumariado debía asistir personalmente a la lectura de las actuaciones para producir su descargo y no podía intervenir en la producción de la prueba. En suma, sostiene que el procedimiento sumarial -que, dice, impugnó oportunamente- aplicado en la investigación de los hechos violaba su derecho de defensa, con lo que no puede fundamentar sanción alguna.

También, en razón de que la resolución sancionatoria se dictó a más de seis años y ocho meses de los hechos, y que las actuaciones estuvieron suspendidas durante alrededor de cuatro años; lo que de por sí invalida -afirma- el procedimiento.

Asimismo, porque la sanción, no obstante su carácter no grave, la relega notoriamente en los concursos y promociones.

Finalmente, con fundamento en que no se trata de simples transgresiones sino que las acusaciones han ido a lo personal y la relación entre el sumario instruido y las sanciones aplicadas es demostrativa de que se puede ver legítimamente afectada.

Con relación al decreto impugnado, se agravia de que se tenga por acreditado el primer cargo -inobservancia del artículo 4 del decreto 1077/78 en la conformación del grupo de excursión-, asegurando que la excursión se programó con todos los recaudos legales y reglamentarios. Expresa que las unidades educacionales que se deseaba beneficiar pertenecen a una comunidad con claras carencias sociales y culturales, y ello motivó que, no obstante las invitaciones, no asistiera nadie de la cooperadora de los establecimientos. Y que esa misma razón explica la modalidad en la constitución de los grupos, que -en definitiva- ninguna incidencia tuvo en el desarrollo de los hechos, los que luego se constató que no existieron y solamente fueron producto de fabulaciones. Completa señalando que la constitución del grupo fue aprobada por el Supervisor Seccional y que suena equivocado pretender que se autorizó la excursión pero no la nómina de los integrantes, porque para aprobar la misma debían reunirse todos los requisitos reglamentarios y dar visto bueno a las excepciones, que ocurren en la generalidad de los casos.

También ataca el acto por incurrir -dice- en evidente contradicción, pues se la eximió de responsabilidad por el cargo número cuatro -no haber dado a los alumnos integrantes del contingente ejemplo de corrección en sus actos y modales, como directora y jefa del grupo- y se le atribuyó responsabilidad en el llamado de atención que formuló "en el lugar y momento que correspondía" a la maestra Kuverling, cuya actitud fue sancionada. Afirma que actuó correctamente en la emergencia, que no hubo exceso ni arbitrariedad de su parte, que el acto era absolutamente necesario y no implicó para los que pudieran haber sido testigos de la reprimenda, un ejemplo de incorrección de su parte. Se pregunta por qué se la sanciona por el cargo número tres -que implicaría un ejemplo de incorrección y malos modales- si los modales que empleó fueron correctos.

Por último, reitera el cuestionamiento a la investigación por el ritualismo empleado, la falta de garantías del procedimiento, la grave afectación a su derecho de defensa y la extensión considerable en el tiempo, agregando que ante esta sede judicial podrá ofrecer las probanzas con las garantías necesarias para lograr un pronunciamiento justo.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 21), comparece la Provincia (f. 27) y contesta la demanda (fs. 31/40).

Luego de negar diversas postulaciones contenidas en dicho escrito, plantea la inadmisibilidad del recurso por cuanto no lo alcanza la excepción prevista por el artículo 12 inciso "c" de la ley 4106. Rechaza la existencia de alguno de los presupuestos que habilitan la revisión judicial de la resolución sancionatoria, sosteniendo que la misma se dictó en ejercicio de atribución legal y fue el resultado de un procedimiento disciplinario sustanciado de conformidad con el Reglamento de Sumarios -decreto nro. 7249/50- y que garantizó a la imputada el debido proceso y la defensa en juicio.

Pone de resalto que no se invocó vicio alguno de ilegitimidad por incompetencia o violación de las formas sustanciales y que carecen de idoneidad para habilitar la revisión de una sanción emergente del ejercicio de la facultad disciplinaria los argumentos vinculados a la restricción del derecho de defensa y al inicio de las actuaciones sumariales más en razón de trascendidos de prensa que por los hechos.

Alega que la recurrente, en ningún momento o etapa de la instrucción disciplinaria impugnó precisa y concretamente el contenido del decreto 7249/50. Señala que en el escrito de foja 220 y siguientes del sumario, sólo formuló reservas de ensayar los remedios pertinentes y que no hizo nueva mención del tema al realizar el descargo de foja 336 y siguientes.

Agrega que, al aplicársele a Alaniz la suspensión, se ponderó el interés público puesto sobre el tapete, al estar involucradas en los hechos docentes santafesinas en viaje a otra Provincia y a cargo de alumnos adolescentes que padecieron trastornos de conducta a causa, entre otras razones, de las maestras que tenían la obligación de brindarles apoyo, asistencia y cuidados.

En otro orden, plantea -para la eventualidad- que el recurso es improcedente.

Expresa que, al margen de las publicaciones periodísticas -ámbito en el que la recurrente formuló declaraciones-, los hechos habían cobrado trascedencia ya en la Provincia de Córdoba, en el Hospital José M. Cullen al regreso de la excursión y en el ámbito familiar de los menores que viajaron. De ello extrae que el Ministerio de Educación tenía la potestad y el deber de poner en marcha el procedimiento disciplinario puesto que en los hechos aparecían, prima facie, involucradas docentes de la Provincia y, en lo que atañe a la recurrente, en razón de que la misma era la organizadora y responsable de la excursión. Aclara que la instrucción sumarial actuó imparcialmente, prescindiéndose absolutamente en la investigación del contenido de las noticias periodísticas, circunstancia que la propia actora reconoció al mencionar que de cuatro imputaciones que se le formularon al inicio, solamente se la halló responsable de dos de ellos.

Argumenta que el relevamiento provisorio del cargo o traslado está previsto reglamentariamente y puede disponerse cuando las particulares circunstancias del caso lo exigen, sin que la medida signifique prejuzgamiento de la conducta de quien resulta imputado. Menciona que el desplazamiento del cargo -de carácter preventivo y no sancionatorio- se ordenó el 31.1.1986 y se reiteró el 4.2.1986, no mereciendo objeciones por parte de la recurrente tras su notificación.

Con relación al primer cargo por el que se sancionó a Alaniz, dice que no hay dudas de su responsabilidad en la conformación antirreglamentaria del grupo de excursión. Tras citar el artículo 4 del decreto 1077/78, indica que en el expediente administrativo obra una nómina de alumnos que debieron permanecer internados en el Hospital Cullen y cuyas edades oscilaban enter los doce y los dieciocho años, y que el curso escolar no podía estar integrado con adolescentes de edades tan diferentes. Añade que existen dudas en torno al real conocimiento por parte del supervisor respectivo de la realización de la excursión y que tampoco hay certeza de que dicho funcionario conociese previamente la nómina y edades de los integrantes del grupo ni que la haya aprobado.

Respecto de la discusión con la docente Kuverling, manifiesta que el hecho se acreditó fehacientemente en las actuaciones administrativas y que ninguna finalidad de utilidad pública se cumplió tras tan reñida discusión, por cuanto en aquél momento lo primordial y relevante era el estado de salud de algunos de los niños, debiendo haberse dejado la cuestión de la relación jerárquica entre las docentes y la razonabilidad o no del proceder de Kuverling una vez superado el incidente. Completa señalando que la imputación número cuatro surgió de las exposiciones o denuncias realizadas por algunos alumnos ante la Comisaría de Distrito Los Hoteles de Embalse, en relación a actitudes de la recurrente que ninguna relación tenían con la controversia protagonizada con Kuverling -cargo respecto del cual se la eximió de responsabilidad por no estar fehacientemente probado-. Y que el error de la recurrente consiste en entender que los cargos número tres y cuatro tuvieron como sustento similitud de causas.

Finalmente, rechaza el agravio consistente en la demora en dictar la decisión sancionatoria, afirmando que la reglamentación no fijaba plazo perentorio dentro del cual la decisión debía ser dictada. Expresa que la resolución se dictó a los cinco años y dos meses de acontecidos los hechos, pero que tratándose de plazos meramente ordenatorios y no habiendo realizado la recurrente ninguna diligencia tendente al dictado de la decisión, no puede endilgársele ilegitimidad a la resolución por esta razón. Ello -advierte- al margen de que, según la propia actora, el traslado provisorio finalizó dos años y medio de haberse ordenado y que no hay prueba alguna en autos que dicha medida, ni el sumario en sí - procedimiento al que están sujetos los agentes públicos-, hayan ocasionado perjuicios en la carrera docente de la actora.

3. Abierta la causa a prueba (f. 41) y producida la que consta en autos, se agrega el informe de la parte demandada (fs. 52/54). Llamados los autos para resolver (f. 55) y consentida dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

II. En el sub judice, la demandada sostiene a foja 33 que el recurso debe ser rechazado por aplicación de lo dispuesto por el artículo 12 inciso c) de la ley 4106, toda vez que la sanción aplicada se habría dispuesto sin ningún tipo de vicio de ilegitimidad por incompetencia o por violación de las formas sustanciales.

Al respecto debe señalarse que, si bien, en principio, los actos que importan el ejercicio de facultades disciplinarias se hallan excluidos del control de este Tribunal, tal exclusión no alcanza -al menos a los efectos de decidir la admisibilidad de la impugnación- a los supuestos en que se invoque -precisamente- la concurrencia de vicios de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales.

En definitiva, es criterio de esta Corte que la referida materia "le ha sido sustraída por la ley salvo que se alegue un vicio de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales (artículo 12, inciso c, ley 4106), sin perjuicio de verificar la presencia en el respectivo caso del presupuesto básico de la acción de la Administración pública, cual es la realización del interés público (cfr. A. y S. T. 37, pág. 313; T. 46, pág. 488; T. 47, pág. 2; T. 48, pág. 486; T. 49, pág. 57; T. 54, pág. 234; T. 66, pág. 148; etc.) y el cumplimiento de la Administración del recaudo implícito de razonabilidad" (A. y S. T. 159, pág. 68).

En el caso, la recurrente aduce, entre otras cuestiones, que se ha lesionado su derecho de defensa, que el sumario estuvo suspendido alrededor de cuatro años, que el decreto impugnado incurre en evidente contradicción y que se la ha sancionado por un cargo sin que el mismo se encontrara acreditado.

La invocación de estos aspectos, cuya efectiva configuración será objeto de consideración al analizarse la procedencia sustancial del recurso, torna admisible la impugnación en estudio.

Por lo expuesto, voto por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco, Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo, y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo:

III. Como surge del relato que antecede, la actora impugna en la presente causa los actos administrativos por los cuales, previa sustanciación de sumario, se la sancionó con cinco días de suspensión.

Entre otras cuestiones, la recurrente se agravia del excesivo lapso transcurrido entre la aplicación de la sanción -por un lado- y los hechos sancionados y el comienzo de la investigación -por otro-; asimismo, de que durante alrededor de cuatro años el procedimiento hubiese estado paralizado, pendiente de la emisión de un dictamen y de la posterior resolución.

Pues bien: le asiste razón en tales aspectos.

En efecto: el examen del expediente administrativo respectivo revela que, por disposición nro. 202/86, el 4.2.1986 se ordenó la instrucción de sumario en relación a "los hechos ... que afectaron al contingente de alumnos ... que concurrió a la unidad turística de Embalse Río Tercero ... durante el período comprendido entre el 21 y el 28 de enero" de ese año (f. 32); que, luego de una serie de diligencias, el 4.12.1986 la instrucción formuló informe (fs. 339/354); que el 9.12.1986 se dispuso el pase de las actuaciones a estudio y resolución del Tribunal Disciplinario del Magisterio (f. 355); y que, luego de la agregación de un informe y de la vista de las actuaciones por el Subsecretario de Educación Primaria, Preescolar y Especial, recién el 21.8.1990 emitió dictamen la Junta de Disciplina (fs. 362/368), para dictar resolución el Subsecretario de Educación el 3.4.1991 (fs. 370/374).

Vale decir, la sanción -cinco días de suspensión- se aplicó a los cinco años y dos meses -aproximadamente- de acontecidos los hechos, y el procedimiento administrativo estuvo paralizado durante alrededor de tres años y ocho meses pendiente de la emisión de un dictamen, sin que la demandada haya expresado motivo alguno tendente a justificar dicha demora, ni se advierta, tampoco, que ésta haya obedecido a causa razonable alguna.

Frente a ello, corresponde tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 10.290 -aplicable al caso en virtud de lo establecido por el artículo 56 de la misma-, según el cual "el docente no podrá estar afectado por la instrucción de un sumario por un plazo mayor a ciento ochenta (180) días hábiles".

Aun de computar en el caso dicho término desde la entrada en vigencia de la ley (esto es, desde el 3.3.1989), forzoso es concluir que en el caso la docente estuvo afectada por la instrucción del sumario por un plazo superior a los ciento ochenta días hábiles, atento a que la resolución sancionatoria, e incluso el dictamen previo de la Junta de Disciplina, se emitieron luego de transcurrido ese lapso; sin que -se insiste- se haya alegado ni se advierta motivo alguno que permita considerar razonable tal demora.

En consecuencia, corresponde considerar -por esa razón y en las circunstancias del caso- ilegítimos los actos impugnados.

Lo expuesto basta para hacer lugar al recurso interpuesto, tornándose inoficioso el tratamiento de los restantes agravios.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco, Gastaldi y Netri coincidieron con lo expuesto por el señor Ministro doctor Vigo, y así votaron.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso, anular en lo pertinente los actos impugnados y dejar en consecuencia sin efecto la sanción aplicada a la recurrente. Costas a la demandada.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco, Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar procedente el recurso, anular en lo pertinente los actos impugnados, y dejar sin efecto la sanción aplicada a la recurrente. Costas a la demandada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)