Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-17


SENT Nro. 794 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 17 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Juárez, José Santos vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Contencioso administrativo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 398/422 vta., la parte actora plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 15 de noviembre de 2002, obrante a fs. 390/394 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 28 de marzo de 2003 (fs. 429/vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 816, in fine, del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, pronunciarse sobre la admisibilidad del remedio casatorio incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

El recurso ha sido incoado en término, conforme surge de lo actuado a fs. 395 y del cargo inserto a fs. 423, contra una sentencia definitiva; se ha efectuado el depósito de ley (cfr. fs. 397), el escrito recursivo se basta a sí mismo y la impugnación recursiva se motiva en infracción a normas de derecho. En consecuencia, el recurso de casación en examen es admisible; voto porque así se declare.

III.- Sostiene la parte actora, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, al rechazar la demanda del actor por nulidad de acto administrativo, pago de indemnización por la cesantía dispuesta por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por reestructuración administrativa, y pago de indemnización por daño moral, ha incurrido en ilegitimidad y arbitrariedad por las argumentaciones que expresa in extenso.

Asimismo pide se tenga presente que no obstante carecer de recursos económicos, se ha visto obligado a oblar el depósito que marca la ley del rito y planilla fiscal, habida cuenta que injustamente le ha sido denegado el beneficio de litigar sin gastos, pues en los informes se le adjudica un inmueble que no es de su propiedad y hace reserva de los daños y perjuicios que le pudieran corresponder.

Solicita costas a la accionada.

IV.- A su turno, la sentencia objeto de recurso, relata que por Decreto municipal Nº 0756 se dio de baja al actor, por aplicación de la Ordenanza Nº 2419, disponiéndose el cese de sus funciones, el que adquiría definitividad en caso de que el agente no expresara su disconformidad en el plazo de 72 horas de notificado, hecho que no aconteció en el caso y el cese quedó firme. La medida se fundó en razones de reestructuración administrativa y abarcaba a todo funcionario que se encuentre en las condiciones del artículo 63 de la Ordenanza previsional Nº 224/84.

Requerido el pago de la indemnización por carta documento de fs. 269, por Decreto Nº 2639/SEH del 23-9-98 se rechaza la pretensión en virtud del informe de Liquidación de Haberes de fs. 14 y de nota remitida por la ex Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones donde consta que se le concedió el beneficio de la jubilación ordinaria. La reconsideración contra este acto es denegada por Decreto Nº 739 SEH del 03-3-99, por no aportar elementos valorativos nuevos que permitan revisar la cuestión.

Contra estos actos se demanda nulidad y el fallo lo circunscribe al análisis del Decreto Nº 2369 por ser el supuestamente lesivo.

Sostiene que la Ley Nro. 6765 (BO del 07-6-96) facultó al PE a emitir títulos de deuda pública llamado BOSO, con destino al pago de las indemnizaciones de los agentes de la administración pública centralizada, descentralizada y autárquica que cesaren en sus cargos por reestructuración y/o cualquier otra causa no imputable al agente, siempre que estuvieren en condiciones de acogerse a la jubilación ordinaria reducida (artículo 40 de la Ley Nro. 6446). De la totalidad de los títulos, el 25 % se destinaría a la Municipalidad de Tucumán y a las restantes, para idéntica finalidad, celebrándose al efecto los convenios respectivos.

La ley fue reglamentada por el Decreto Nº 1090/3-96 y su modificatorio Nº 437/3-97, cuyo artículo 4, dispuso que los agentes que cesen por dichas causas y optaren por percibir las indemnizaciones con BOSO, deberán acogerse en forma expresa y por medio fehaciente a la Ley Nro. 6765 y su reglamentación al tiempo del cese. Para lo que hubieren cesado con anterioridad a la fecha del decreto, se otorgó un plazo de 30 días a partir de su publicación, para acogerse a la ley.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, mediante Ordenanza Nº 2419/96, se adhirió a la ley y a su decreto reglamentario, estableciendo que los títulos serán aplicados al pago de las indemnizaciones de los agentes públicos que cesaren en sus cargos por causas que no les sean imputables, siempre que estuvieren en condiciones de acogerse al artículo 63 de la Ordenanza Nº 224/84. Todo agente que cumpla estas condiciones (las del artículo 63), sería incluido en la misma a sus efectos, salvo expresa disconformidad emitida dentro de las 72 horas de comunicada su cesantía. El silencio sería entendido como aceptación de la cesantía y de la indemnización.

Los agentes en condiciones de acceder a los beneficios de la Ley Nro. 6765 y encuadrados en el artículo 63 de la ordenanza previsional, debían acreditar esta situación mediante certificación o reconocimiento de servicios emanados de la ex Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones. Quienes no obtuvieren resolución favorable al acogimiento al artículo 63, sus ceses quedaban sin efecto y debían reintegrase a sus respectivos cargos (artículo 9 de Ordenanza Nº 2419).

Entiende que la indemnización con título BOSO fue prevista para aquellos agentes que se encontraren en condiciones de acceder al beneficio de la jubilación por cesantía (también llamada reducida o anticipada), cuyo monto se reduce -respecto al de la ordinaria- en un 2 % por cada año de servicio faltante para completar los 30 años y nunca inferior al 60 % del haber del cargo optado. Cumplido 55 años de edad, el beneficio se convierte en ordinario. La indemnización fue prevista por el legislador como un modo de reparar el daño momentáneamente ocasionado por la reducción del haber jubilatorio.

Por Decreto Nº 0756 SG del 11-7-96, se dispuso la baja del actor (juntamente con otros agentes) invocando razones de reestructuración administrativa, por aplicación de la Ordenanza Nº 2419, disponiéndose que la baja será definitiva si en el plazo de 72 horas de notificada no se expresa la disconformidad, por lo que operado el silencio el cese dispuesto se tornó definitivo, procediéndose a liquidar parcialmente la indemnización.

Por Resolución Nº 805 del 17-9-96 la ex Caja Previsional Municipal acuerda, al actor, el beneficio de jubilación ordinaria a partir del 11-7-96 (fecha del cese dispuesto por Decreto Nº 0756), ordenándose que la cesantía dispuesta por Decreto Nº 0756, se considere únicamente a los efectos del cese, por haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 53 de la Ordenanza Nº 224/84 (55 años de edad y 30 años de servicios), con un haber calculado sobre la base del 85 % sobre la remuneración mensual del personal en actividad.

Dicho acto expresa que el actor al momento del cese (11-7-96), contaba con 56 años de edad y 39 años, 5 meses y 29 días de servicios computados.

Tal acto no fue impugnado ni tampoco cuestionadas la Ley Nro. 6765 y Ordenanza Nº 2419/96.

Continúa el fallo relatando que frente al reclamo del actor por carta documento de fecha 11-5-98, que se le continúe abonando la indemnización por cesantía, la Municipalidad rechaza la pretensión mediante Decreto Nº 2369 del 23-9-98, con fundamento en que se le concedió jubilación ordinaria. La reconsideración contra ese acto, fue denegada por Decreto Nº 739 del 03-3-99.

Asimismo destaca que el actor considera que el Decreto Nº 0756 es un acto administrativo regular, del que nacieron derechos subjetivos a su favor que no puede ser modificado en sede administrativa una vez notificado; que el actor consolidó sus derechos y que la denegatoria del pago de la indemnización es un acto nulo violatorio del artículo 169 de la Ordenanza de Procedimiento Administrativo.

El pronunciamiento sostiene que conforme a dicho ordenamiento jurídico, el acto administrativo se presume legítimo, salvo si apareja una nulidad manifiesta (artículo 146), considerando que el acto es nulo cuando la voluntad de la administración resultare excluida en cuanto tenga por existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos, o cuando su objeto viola la ley por no ser lícito o jurídicamente posible (artículo 156) y que el acto nulo debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad (artículo 167).

Luego de efectuar algunas consideraciones en torno al acto anulable y su estabilidad, considera que estando el actor al momento de su cese en el cargo en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, el Decreto Nº 0756, disponiendo la baja en función del artículo 63 de la Ordenanza previsional Nº 224/84, ha incurrido en el vicio de falsa causa, lo que excluye la voluntad de la administración municipal.

Por otro lado, entiende que uno de los objetos del Decreto Nº 0756 es el pago de la indemnización, viola la ley (Ley Nro. 6765 y Ordenanza Nº 2419/96 ésta entendida en sentido material), ya que mal podría ordenar el pago de la indemnización de un agente que no se encuentra en el supuesto de hecho previsto por la norma.

Consecuentemente entiende que el Decreto Nº 0756, viciado en sus elementos esenciales (causa y objeto) es nulo con relación al pago de la indemnización, del cual no puede predicarse el nacimiento o reconocimiento de derecho subjetivo, por ser contrario al ordenamiento jurídico y por lo tanto debe ser revocado o sustituido en sede administrativa.

Por ello estima que el Decreto Nº 2639 (denegatorio de la indemnización) sustituyó uno de los objetos del Decreto Nº 0756 en cuanto ordenaba el pago de la indemnización, acudiendo para ello a la doctrina del contenido implícito del acto. Afirma que sostener lo contrario, implicaría un enriquecimiento sin causa para el actor y ordenar un pago incausado para la administración.

Descarta igualmente que el derecho a la indemnización sea un derecho adquirido en los términos del artículo 17 de la CN pues estos existen cuando se ha cumplido con todos los requisitos formales y condiciones previstas en la norma para ser titular y en autos el actor no cumple con el requisito del artículo 63 de la ordenanza previsional.

Igualmente reputa inaplicable el artículo 22 de la Ordenanza Nº 895/68, ya que exceptúa de ella al personal que percibe jubilación, como en el caso de autos.

En consecuencia rechaza el planteo de nulidad y el indemnizatorio, con costas a la actora.

V.- De lo reseñado infiero que la cuestión de derecho fundamental a debatir consiste en la procedencia o no del pago de la indemnización por la cesantía del actor, motivada en razones de reorganización administrativa, siendo que obtuvo el beneficio de jubilación ordinaria común.

Respecto a los agravios aludidos precedentemente, conviene destacar que el Decreto Nº 909/96, en cuanto omite excluir del Decreto Nº 0756 al actor, carece de la entidad que pretende el recurrente, por lo que resulta insustancial en punto al tema a debatir en el presente recurso.

Igualmente carece de relevancia el agravio referido a que la sentencia hace valer el Decreto provincial Nº 473/3/MH del 21-02-97, pues la Municipalidad no se adhirió al mismo, precisamente porque con anterioridad, con fecha 25-7-96, en el ámbito municipal se había dictado el Decreto Nº 909/INT/96 que perseguía idéntico propósito, cuestión que no hace al tema central en discusión.

Entrando al fondo de la cuestión, al aludir a los hechos en que apoya su derecho, el actor expresa que por Decreto Nº 0756/SG/98 del 11-7-96, conjuntamente con otros agentes que figuran en el anexo, fue dejado cesante de su cargo, por razones de reestructuración administrativa, a partir del 11-7-96, con derecho a indemnización, la que fue abonada parcialmente.

Al respecto, cabe destacar que dicho acto exigía, además, que los agentes se encontraran en condiciones de obtener la jubilación ordinaria reducida, (artículo 63 de la Ordenanza previsional Nº 224/84), ordenando que la indemnización correspondiente sea abonada en la forma prevista en la Ley Nro. 6765.

Posteriormente se dictó el Decreto Nº 909, que excluye personal incorrectamente incluido en el Decreto Nº 0756, no obstante lo cual omite al actor.

Los referidos actos administrativos no fueron revocados.

Ahora bien, producida la baja del actor por Decreto Nº 0756 del 11-7-96, por Resolución Nº 805 del 17-9-96 la ex Caja Previsional Municipal, le acuerda el beneficio de jubilación ordinaria común a partir del 11-7-96, disponiendo que la cesantía dispuesta por Decreto Nº 0756, se considere únicamente a los efectos del cese, por haber cumplido el actor con los requisitos establecidos en el artículo 53 de la Ordenanza Nº 224/84.

Por carta documento del 11-5-98, el actor reclama que le sea abonada la indemnización por cesantía, que fuera dispuesta por el Decreto Nº 0756, lo que es rechazado por Decreto Nº 2639- SEH- del 23 de septiembre de 1998, con fundamento en que el actor accedió al beneficio de la jubilación ordinaria común.

Debo acotar que, a mi juicio, ello significa que se rechaza el reclamo porque el actor no accedió a la "jubilación ordinaria reducida" (artículo 63 de la Ordenanza Nº 224/84) sino a la "ordinaria común" y por lo tanto no estaba comprendido en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 2419. Contra dicho acto se interpone recurso de reconsideración, rechazado por Decreto Nº 739/99.

Sin duda el actor, pretende insistentemente establecer una supuesta independencia jurídica entre el Decreto de cesantía Nº 0756 y su situación de jubilado ordinario común, con el propósito de percibir la indemnización que por cese por cesantía inculpable, establecía dicho acto.

Pone el acento en la vigencia del Decreto Nº 0756, y en la circunstancia que no fuera excluido de sus disposiciones por el Decreto Nº 909, actos no revocados ni modificados por la autoridad municipal, lo que en su criterio ameritaría el pago de la indemnización reclamada, siendo además la resolución jubilatoria un acto posterior, emanado de una autoridad distinta, que no puede incidir sobre aquellos.

Sin embargo, el tema planteado pone en presencia de una primera cuestión. Adviértase que entre las causas de egreso de la función pública, se encuentran la jubilación ordinaria y la supresión de cargo o reestructuración, no pudiendo ambos ceses superponerse, por lo que debe considerarse que habiéndose acreditado que, en realidad, el actor accedió a la jubilación ordinaria, ésta es la real causa de la extinción del contrato de empleo público, sin que corresponda el pago de indemnización. A mayor abundamiento, cabe destacar que la condición ineludible para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria, es justamente que se haya producido el cese del agente público.

Igualmente debe considerarse inaplicable al caso la Ordenanza Nº 2419 del 08-7-96, por no cumplirse las condiciones de su artículo 2º, según el cual, los títulos creados en virtud de la Ley Nro. 6765 (BOSO), al que adhiere la referida ordenanza, serán destinados al pago de las indemnizaciones de agentes municipales que cesaren en sus cargos por razones que no les fueren imputables, siempre que estuvieren en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios, en los términos del artículo 63 de la Ordenanza previsional Nº 224/84.

Desde esta perspectiva, el Decreto Nº 0756 de cesantía, constituía un acto sujeto a la condición -que en el caso no se cumplió- de que el actor al momento del cese se encontrara en la situación prevista por el artículo 63 de la Ordenanza nro. 224/84.

Ante esta circunstancia y de no haberse concedido al actor el beneficio de la jubilación ordinaria común, hipotéticamente hubiera sido de aplicación el artículo 9 de la Ordenanza Nº 2419, que dispone que si no se obtuviere resolución favorable de acogimiento al artículo 63 de la ordenanza previsional, el cese quedará sin efecto debiéndose reintegrar al agente, disposición que tiende a preservar los derechos de carrera y estabilidad de los agentes públicos.

Sin embargo, como dije, en realidad, al momento del cese el actor se encontraba en condiciones de obtener la jubilación ordinaria. Ergo su carrera administrativa se encontraba finalizada al igual que el amparo de la estabilidad previsto constitucionalmente como garantía de aquélla. Adviértase que el artículo 63 de la Ordenanza Nº 224/84, estipula entre las exigencias para acceder a la jubilación por cesantía, que el agente público afectado tenga derecho a la estabilidad.

No existiendo carrera administrativa que preservar ni estabilidad que respetar, y habiéndose configurado uno de los supuestos legítimos de extinción del contrato de empleo público, no existe razón jurídica que abone la procedencia de los reclamos indemnizatorios, cuando éstos hubieran comenzado a ejecutarse antes de verificar el cumplimiento de la condición relativa a la situación prevista por el artículo 63 de la Ordenanza Nro. 224/84.

Desde esta perspectiva, la denegatoria a la pretensión indemnizatoria contenida en el Decreto Nº 2369 con fundamento en que el actor accedió al beneficio de la jubilación ordinaria común, resulta ajustado al ordenamiento jurídico.

Dicho de otro modo, considero que no obstante la inclusión del actor en el Decreto 0756, la indemnización que el mismo establece no puede ser reclamada, atento a que éste no acreditó haber obtenido la jubilación ordinaria reducida, sino la jubilación ordinaria como lo expresa el Decreto Nº 2639, que denegó su reclamo indemnizatorio.

La circunstancia que en los considerandos del Decreto del Intendente Municipal Nº 2639 se aluda a la Resolución Nº 805 de la ex Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones (por la que se acuerda al accionante la jubilación ordinaria común), obra como una de las causas que fundamentan y motivan la decisión contenida en dicho Decreto municipal Nº 2639, por lo que debe descartarse la afirmación del recurrente en el sentido que la resolución previsional no puede modificar el acto administrativo de otra autoridad.

En su mérito, la crítica que el recurrente realiza a la conclusión sentencial de que una solución contraria implicaría un enriquecimiento sin causa para el actor y ordenar un pago incausado para la administración, o que uno de los objetos de la cesantía en cuestión (pago de indemnización) viola la ley, con el argumento que prescinde de valorar los actos a su favor (Decretos 0756 y 909), además de inexacta, desenfoca el meollo central del argumento sentencial, cual es el de la legitimidad del acto denegatorio del reclamo de indemnización (Decreto Nº 2639).

En efecto, pretender que por el solo hecho de haber sido incluido en la nómina de personal cesanteado por reestructuración, deba pagarse la indemnización, sin ninguna otra condición, implica, cuanto menos, una afirmación dogmática sin asidero legal.

Ello así, la cuestión ha quedado circunscripta a la interpretación de los alcances del Decreto Nº 0756 y del denegatorio Nº 2639.

Desde esta perspectiva y ampliando los conceptos, el pago de la indemnización que por el mentado Decreto Nº 0756 se dispone, se encuentra sometido a dos condiciones: a) que la cesantía haya sido dispuesta por razones de reorganización administrativa y b) que el agente se encuentre en condiciones de obtener la jubilación ordinaria reducida, prevista en el artículo 63 de la Ordenanza Nº 224/84. Disponiendo que el pago de la indemnización se efectúe, con los títulos creados por la Ley Nro. 6765, Bonos Solidarios (BOSO), en la forma prevista por el artículo 2º de la Ordenanza Nº 2419.

A su turno, el aludido artículo 2º de la Ordenanza Nro. 2419, manda que los títulos sean aplicados al pago de las indemnizaciones de los agentes públicos de la administración centralizada, descentralizada y autárquica, que cesaren en sus cargos por reestructuración y/o cualquier otra causa no imputable a dichos agentes, siempre que estos estuvieran en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria reducida, en los términos del artículo 63 de la Ordenanza Nº 224/84.

En el caso, se cumplió con la condición a), pero no la b) del Decreto Nº 0756; por lo tanto la indemnización por ella ordenada y su modalidad de pago no podía ser reclamada.

Adviértase que el sistema legal analizado, ha establecido un régimen tarifado de indemnizaciones para aquellos supuestos en que por razones de interés público deba cesar la estabilidad del agente, cuando aún no ha finalizado su carrera administrativa.

Corresponde indagarse, entonces, si el actor, al momento del cese, tenía o no garantizado su derecho a la estabilidad, ya que la vulneración de éste derecho es lo que se satisface con la indemnización.

En dicha oportunidad el actor acreditó haber accedido al beneficio de jubilación ordinaria común.

El derecho a la estabilidad garantiza al agente público a conservar el cargo y nivel escalafonario alcanzado mientras dure su buena conducta y no exista una causa legal que determine la extinción del vínculo. A su vez, la estabilidad garantiza la efectiva realización del derecho a la carrera. Sin el respaldo de la estabilidad, el derecho a la carrera es una declaración teórica. La estabilidad concluye normalmente al finalizar la carrera administrativa del agente.

Sin embargo, la estabilidad garantizada al agente público, puede cesar, legítimamente por extinción del vínculo, en forma anticipada o no, entre otras causas por supresión del cargo, reorganización o racionalización administrativa y por jubilación ordinaria común.

Cuando el egreso del agente se produce, por cualesquiera de las causas mencionadas (cesantía legítima por reorganización administrativa o jubilación ordinaria común), una vez finalizada la carrera, no se vulnera el derecho a la estabilidad y consecuentemente, no debe abonarse ninguna indemnización.

La estabilidad constitucionalmente consagrada, no importa un derecho absoluto a permanecer en el cargo, sino que mediando autorización legislativa basada en causa legal de interés público, si la Administración decide remover anticipadamente, a un agente público por razones de reorganización administrativa, sin culpa de éste, esa estabilidad puede ser sustituida, sin agravio constitucional, por el derecho a una equitativa indemnización.

Vale decir que la garantía de la estabilidad, que normalmente ampara la carrera administrativa hasta su fin, se satisface con el reconocimiento del derecho a una indemnización por eventuales daños y perjuicios derivados de la extinción anticipada de la relación de empleo público que la hace cesar y deja trunca la carrera administrativa, sin que medie culpa del agente.

En el caso, reitero, la cesantía del actor fue dispuesta por reorganización administrativa al final de su carrera; consecuentemente había cesado su derecho a la estabilidad, pues éste obtuvo el beneficio de jubilación ordinaria común. No habiendo estabilidad que tutelar y reparar, no cabe indemnizar.

Ello así no basta, como pretende el recurrente, que la cesantía se haya producido por razones de reorganización administrativa para que, de suyo, proceda la indemnización. Es necesario, además, que el egreso se haya concretado cuando aún no ha concluido la carrera, pues reitero, la indemnización constituye la compensación sustitutiva del cese anticipado de la estabilidad.

Quien ha accedido a la jubilación ordinaria común (sea obligado por la Administración sea voluntariamente) carece de interés jurídico para exigir estabilidad o en su defecto la indemnización.

Distinto hubiera sido el caso si el actor hubiera obtenido la jubilación ordinaria reducida, pues en éste supuesto la garantía de estabilidad que gozaba el actor hasta el final de su carrera, se habría visto truncada, anticipadamente, por razones legítimas de interés general, impidiendo al agente la oportunidad de obtener mejoras en su situación a través de un eventual ascenso en la carrera y obligándolo ha percibir un haber jubilatorio inferior al de la ordinaria común.

Adviértase que la denominada jubilación por cesantía permitía acceder a un beneficio jubilatorio especial, a los agentes con estabilidad que hayan cumplido 25 años de servicios con aportes, con un mínimo de 10 años de servicios en el régimen, sin límites de edad, que el personal afectado goce de estabilidad y que sea dejado cesante por causas ajenas al agente (artículo 63 de Ordenanza Nº 244/84).

Como se advierte, la jubilación por cesantía parte del supuesto que el agente no ha concluido su carrera, por lo tanto está amparado por la garantía de la estabilidad, y que su egreso de la función pública, anticipadamente, sin su culpa, genera la obligación de indemnizar.

Ello así, no resulta indistinto acreditar éste último beneficio o bien la jubilación ordinaria común. Ergo, tampoco existe derecho de propiedad conculcado como lo pretende la recurrente.

En definitiva, si el actor pretendía cobrar indemnización con apoyo en el Decreto Nº 0756, no ha acreditado el cumplimiento del requisito de estar en condiciones de obtener la jubilación por cesantía y por lo tanto la negativa de la Administración a abonarlo, es ajustada a derecho. Si por el contrario, pretende basado solamente en la causa de la cesantía, sin que se aplique el artículo 2º de la Ordenanza Nº 2419, sino la del artículo 22 de la Ordenanza Nº 895/68 (Estatuto del Personal Municipal) como surgiría de la demanda, el pago de dicha indemnización, también el reclamo debe rechazarse por improcedente, pues en este caso, la cesantía fundada en causa legal, no imputable al agente, ha sido dispuesta cuando ha finalizado la carrera administrativa atento a que obtuvo la jubilación ordinaria común y por lo tanto, no existe garantía de estabilidad que preservar, menos aún, que compensar mediante una indemnización.

Por las razones expresadas, el recurso incoado por la parte actora deviene improcedente y debe ser rechazado, con pérdida del depósito en la proporción de ley.

VI.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, por el principio objetivo de la derrota, deben imponerse a la vencida, actora en autos (artículo 106 del CPC y C).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación planteado por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 15 de noviembre de 2002, obrante a fs. 390/394 vta. de autos.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO