Recurso de apelación (procesal), proceso penal, privación ilegal de la libertad, defensa en juicio, debido proceso, situación del imputado, derechos y garantías constitucionales, facultades instructorias, facultades ordenatorias, falta de requerimiento de instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, Oscar Alejandro (PERSONAL POLICIAL) c/ CARRAZANA, Angel Manuel s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-06

Se advierte así la importancia y necesidad de conocer las razones de su detención, razones volcadas en la orden que al Juez en cumplimiento a preceptivas constituciones y normas internacionales con igual jerarquía, se le exige como instrumento necesario para disponer una medida de extrema gravedad como lo es la privación de la libertad de una persona.

Sin embargo, cansados estamos de ver que medidas de tal envergadura, se dictan y se efectivizan con una soltura tal que en extremo llegan a ordenarse sin que obre una disposición de Juez competente, bastando una mera consulta de la policía a la Fiscalía interviniente, para que ésta le transmita su voluntad de que permanezca detenida la persona, deseo que a posteriori se lo transmiten al Juez de Garantías, quien sin más instruye se le haga conocer causa de detención. También se verificó en distintas oportunidades, que supuestos como los comentados que llegaron en revisión a este Tribunal, en muchos de ellos bajo una aparente invocación de ser representativos de un eventual peligro procesal, tal como acontece en autos, la privación de la libertad en rigor de verdad está motivada por causas que nada tienen que ver con los principios que rigen a este instituto, tal como comúnmente acontece que por problemas vinculados a cuestiones de violencia familiar, se decide privarlo de la libertad en aras de preservar la integridad física de los miembros de una familia, fin sin duda loable y digno de ser tenido en cuenta, aunque ello lo debe ser conforme a otros parámetros porque en definitiva esos problemas, normas regulatorias y fines perseguidos, son ajenos al instituto de eximición de detención en análisis.

De igual modo se advierte el uso de argumentos sustentatorios de una eventual privación de la libertad de la persona que tienden sin duda alguna a poner punto final a un raid delictivo, anticipando una futura condena que por el cariz de la falta cometida y la no acumulación de causas y resoluciones de las múltiples que figuran registradas en una planilla prontuarial, sin duda alguna por llevarse a cabo el proceso judicial bajo los parámetros de las normas del procedimiento sumario -que son para delitos inferiores a cinco años- la eventual condena a futuro si es que se hace merecedora de ella, por lo general será de cumplimiento en suspenso, en cuyo caso se pone en evidencia la improcedencia y falta de utilidad práctica de la privación de la libertad para asegurar la suerte de un juicio en el futuro cuando las circunstancias del caso no tienen porqué dar a entender que el imputado tenderá a eludir la acción de la justicia ante la previsión de que de corresponderle condena, está no será de cumplimiento efectivo.

Pero si todo ello fuera poco para poner en evidencia la sin razón de las privaciones de la libertad ordenadas dentro del marco trazado por las normas del procedimiento sumario, sabido es y también se puntualizó por parte de este Tribunal de apelaciones, que tal procedimiento fue concebido y plasmado legalmente para que se lleve a cabo sin persona detenida, concibiéndoselo como aquella etapa de labor policial bajo la supervisión del Fiscal Correccional necesaria para recaudar elementos que evidencien encontrarnos en presencia de una conducta delictuosa atribuible a alguien, en cuyo caso el Fiscal requiere juicio o por el contrario, decide su archivo por no constituir delito el hecho.

Debe tenerse en cuenta que el procedimiento sumario está concebido como una etapa a desarrollarse sin persona detenida, por entenderse que importa la labor policial bajo supervisión del Fiscal tendiente a recolectar pruebas y datos que den sustento a una eventual acusación, de forma tal que si ella aún no se materializó como en el supuesto, toda eventual privación de libertad no sólo es apresurada, sino también, no responde a los principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional en su art. 18, norma que alude al concepto de "juicios" para exigir un proceso judicial, tal como lo afirma Claria Olmedo en tratado de Derecho Procesal Penal, actualización Tomos I a VII, por Roxana Gabriela Piña y Vanesa Alfaro en pág. 152. En el se dice que "Nuestro máximo Tribunal ha sostenido que las garantías consagradas en el art. 18 de la Carta Magna consiste en la observancia de las formas sustanciales del proceso, vinculadas a la acusación, defensa, prueba y sentencia de los jueces naturales del imputado (CSJN, Fallos, 331:1664, 330:5187... entre otros)".

Continua diciendo el autor citado, que "Dicho principio contiene una diversidad de reglas procesales que se encuentran relacionadas entre sí, ha saber: 1) la necesidad de una intervención del imputado; 2) la necesidad de un proceso que asegure el contradictorio; 3) la necesidad de que el proceso se base en una imputación concreta, que en el debate debe estar contenida en una acusación formal; 4) la necesidad de que la imputación sea intimada de manera correcta, incluso en los casos de su ampliación; 5) la necesidad de que exista correlación entre la acusación intimada y el pronunciamiento; 6) la imposibilidad de una condena civil de oficio; 7) la necesidad de que una sentencia encuentre su base en pruebas que fueron incorporadas al debate".	Se advierte fácilmente que todos estos postulados se materializan a partir del momento en que obra acusación, vale decir, aquel momento que da inicio a la etapa correccional, concibiéndose por ende lo que se conoce como procedimiento sumario, una etapa preparatoria que puede llevarse a cabo en ausencia del acusado con el objeto de que en esa etapa se investigue lo sucedido y se identifique al presunto autor del suceso delictual, conceptos vertidos de conformidad a lo dicho por el autor citado en págs. 81 y 213.