Acción de amparo, telefonía celular, derecho a la salud, daño ambiental, prueba, constitucionalidad, LEY DE AMPARO, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTELANI, Carlos edgardo y otros c/ Municipalidad de Oncativo s/ AVVIÓN DE AMPARO- RECURSO DE CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-03-11

El recurso extraordinario local de casación tiene un alcance limitado al control de la correcta aplicación de las normas adjetivas y sustantivas en un proceso dado, no siendo posible revisar la valoración de las circunstancias fácticas que rodean a la causa, ni juzgar sobre el acierto o no de una decisión jurisdiccional, so riezgo de convertirlo en una tercera instancia de todos los juicios, lo que resulta incompatible con su propia naturaleza y función.

De esta forma, la naturaleza limitada del medio de impugnación intentado habilita su procedencia frente al apartamiento de las reglas del derecho sustancial aplicable al caso.

En la medida en que no se encuentre acreditada al lesión manifiesta a la salud, a la vida, al medio ambiente que causaría la exposición a campos eléctricos y magnéticos, toda vez que las probanzas arrimadas al proceso no logran demostrar la electromagnetismo para producir los daños a la salud y al medio ambiente adecuados. Este hecho torna el planteo de amparo meramente conjetural y por ende, carente de base fáctica.

Cualquier actividad impugnable conlleva un riesgo asociado. El simple hecho de conducir un automóvil conlleva un riesgo, sin embargo no por ello se prohíbe su utilización. Del mismo modo no se puede prohibir la instalación de las antenas de telecomunicaciones, las cuales prestan servicios importantísimos a la población, por la mera posibilidad de que éstas configuren un peligro a la salud o al medio ambiente, contrarrestable o neutralizable en la medida que cumpla con las normas de seguridad.

Es por ello que la Organización Mundial de la alud recomienda, que hasta tanto finalicen las investigaciones sobre el tema, se cumplan las normas de seguridad internacional y nacionales.

Limitada la procedencia del amparo a que el acto impugnado sea manifiestamente ilegal y arbitrario...resultan excluidas de su ámbito las cuestiones oponibles que requieren debate y prueba.

Así, la falta de consenso científico a nivel internacional sobre los efectos que producen las radiaciones electromagnéticas demuestra que el tema debatido en el presente escapa a las posibilidades probatorias del medio.

Se impone, sin duda, la necesidad de un proceso que permita mayor amplitud de debate y prueba, constituyéndose dicha circunstancia en in óbice formal insuperable a la admisibilidad de una acción de amparo, según las limitaciones impuestas por el artículo 2, inciso d, de la ley 4915.

El planto de inconstitucionalidad de la ley 4915 formulado, no sólo ha sido interpuesto en forma tardía sino que contraviene los propios actos de los accionantes durante la tramitación de la demanda de amparo. La declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere la articulación de un planteo oportuno, .." desde que sea previsible la aplicación del dispositivo legal que se ataca de inconstitucionalidad.."y en la primera oportunidad procesal, siendo admisible un planteo posterior, sólo en caso que la aplicación surja en la causa de modo absolutamente imprevisible para los litigantes. De este modo deviene inadmisible el cuestionamiento de la ley provincial, toda vez que el expediente ha sido tramitado íntegramente al abrigo de dicha ley.

En efecto, el primer decreto imprime el trámite de la ley4915: Siendo ello así, han consentido su aplicación. Esta circunstancia torna operativa, sin duda, la doctrina de los actos propios a la pretensión de los impugnantes a la medida en que ésta es contradictorias con su conducta anterior desplegada a lo largo del proceso.

El nuevo Art. 43 Constitución Nacional de vigencia operativa para todos los jueces nacionales y provinciales, perfila con un matiz diferencial ah esta vía procesal de obvio carácter iuspublicista, destinada a la tutela de los derechos y garantías fundamentales.

Dicho precepto no obsta a la vigencia de las normas reglamentarias anteriores, en tanto éstas no se opongan a la letra, al espíritu o resulten incompatibles con el remedio judicial instituido en el citado precepto constitucional, como un instrumento ágil, eficaz y expeditivo para asegurar la vigencia cierta de los derechos constitucionales.

Finalmente y en orden al carácter de la acción, interesa destacar que luego de la reforma constitucional no ha perdido carácter subsidiario, dejando en claro el carácter excepcional del instituto.

Las cuestiones referidas a las cuestiones telefónicas interestatales están sujetas a jurisdicción nacional, pues constituyen ejercicio del comercio, forman parte del sistema de correos y tienden a promover la prosperidad adelanto y bienestar general del país. No obstante ello, no se justifica dicha intervención toda vez que, el cuestionamiento realizado se circunscribe a la "ubicación" que van ha tener las antenas las antenas de telefonía dentro del territorio municipal, sin que ello ponga en juego la prestación del servicio de telecomunicaciones.