Fundamentación de sentencias, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Olmedo Abel Armando c/ Federico A. Milocco s/ Ordinario - Recurso De Casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2006-08-04

Entre las diversas normas que regulan la actividad del juzgador, las de mayor trascendencia -por su vinculación inmediata con los intereses en litigio- son aquéllas que imponen el deber de fundamentar lógica y legalmente las decisiones jurisdiccionales. Tal obligación ha sido incluida por el legislador en el elenco de derechos y garantías constitucionales (art. 155, Const. Prov.), y asegurada mediante sanción expresa de nulidad para el caso de incumplimiento (art. 326 del CPCC). Esa exigencia legal de fundamentar el acto sentencial consiste en manifestar -lo más completamente posible- el por qué de una decisión. Implica otorgar las razones que -de un modo suficiente y acabado- justifican la conclusión a la que el juzgador arriba en última instancia. La obligación de motivar las resoluciones judiciales no importa sólo que "externamente" se expresen algunos fundamentos, sino que los mismos deben responder -exactamente- a los términos en que quedó planteada la litis. La exigencia legal importa necesariamente que la motivación que se vierta en el fallo refleje -con la mayor fidelidad posible- las operaciones racionales que han conducido al juez al dispositivo por él adoptado, dándose respuesta a las cuestiones esenciales debatidas y controvertidas por las partes. La aplicación de principios rectores permite descubrir la falla lógica sobre la que se advierte, por ser insuficiente la motivación dada en orden a la pretensión esgrimida por el demandado en la instancia de apelación. Basta cotejar la expresión de agravios y los argumentos vertidos en el fallo para destacar que el vicio invocado apunta a la supuesta falta de motivación porque si bien la sentencia bajo censura resuelve la cuestión sometida a juzgamiento -por el voto mayoritario-, adolece de defecto de motivación toda vez que su estructura reposa en la remisión a la narración fáctica de los antecedentes efectuado por el juez de primer grado, convalidando su decisión y agregando -como único argumento propio- que "...con ser real que el tribunal no provee a la prueba por esta parte ofrecida por las circunstancias anotadas precedentemente, lo cierto es que ante los distintos proveídos del Tribunal, el demandado no utilizó los remedios procesales necesarios a los fines de enderezar el procedimiento y sí por el contrario deja firmes y consentidos los mismos, cohonestando el acuse de negligencia en análisis". Tal línea de argumentación prescinde de las cuestiones expresamente introducidas por el demandado en el recurso de apelación vinculadas con que el prolongado periodo de tiempo que objetivamente se aprecia en la producción de la prueba en cuestión, se presentaría como la natural consecuencia del necesario sometimiento a la dirección del proceso impuesta por el Tribunal -en función de los diferentes proveídos despachados- y no como el efecto de una conducta desinteresada o descuidada respecto de la probanza ofrecida. En oportunidad de expresar agravios el demandado llevó una argumentación idónea, computable y de incidencia relevante en la solución de la contienda que no fue tomada en consideración y la que no encuentra respuesta adecuada en la razón en la que se asienta el temperamento final del Tribunal de Mérito, desde que la determinación de la eventual negligencia en la actividad procesal tendiente a producir prueba, no sólo requiere del hallazgo del hecho objetivo de la conducta procesal inerte, sino que debe verificarse la existencia de condimentos de tipo subjetivo, como la desidia o la falta de interés de la parte respecto de su prueba ofrecida, que determinen la ausencia de algún elemento que justifique la inactividad.