Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-05-17


FORMOSA,	Diecisiete de mayo de dos mil once.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "MAFFONE, EDILMA COLOMBINA C/ PROVINCIA DE FORMOSA S/ ORDINARIO ", Expte. Nº 39 - Fº Nº 52 - Año 2010, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fs. 95, y CONSIDERANDO:

Que se encuentran estos autos en estado de resolver si corresponde admitir la acción contenciosa - administrativa promovida a fs. 82/91 por la Sra. Edilma Colombina Maffone contra el Poder Ejecutivo Provincial y la Caja de Previsión Social de la Provincia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del Código Procesal Administrativo.

Que la demanda se promueve "solicitando la nulidad de la Disposición de la Gerencia Previsional de la Caja de Previsión Social...donde se rechaza el reclamo...y asimismo se declare la inconstitucionalidad de las respectivas partes del Decreto 1207/07, de fecha 23/06/2007, del Decreto 224/08 de fecha 19/04/2008, del Decreto 517/09 de fecha18/09/2009 y del Decreto 427/10, todos del Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa, que determinan como "no remunerativa" a la "asignación especial" que estos decretos establecen (fs.82). Requiere en consecuencia que se rectifique y determine correctamente la liquidación de sus haberes previsionales, condenando a la Caja de Previsión Social a efectuar una nueva liquidación de los haberes del Beneficio de Jubilación por Invalidez Nº 661, para que pueda percibir el 82% de los haberes que por todo concepto percibe en forma mensual, normal y regular un empleado Categoría 18 de la administración pública provincial.

Señala los hechos en los que pretende sustentar su reclamo, y en cuanto al cumplimiento de las cargas que impone el artículo 7º del Código Procesal Administrativo, indica que luego del reclamo formulado por nota el 10 de Noviembre de 2009 (ver copia fs. 57), por toda respuesta recibió la Nota Nº 3/10, del 08 de enero de 2010, donde se le informa que, en cuanto al pedido de revisión del haber previsional, el mismo fue verificado por el área competente de donde surge que ha sido correctamente liquidado (véase copia a fs. 59). No existe otra actuación administración de la demandante, en procura de obtener alguna decisión del órgano de aplicación referida al mismo planteo. Para considerar que con lo mencionado, se ha agotado la vía administrativa previa, la actora señala, al momento de preparar la acción (fs. 5) que la respuesta del "Departamento de Control y Ajuste de la Caja de Previsión Social es una decisión definitiva, ya que resuelve el fondo de la cuestión planteada y causa estado porque cierra la instancia administrativa en el ámbito de la Caja de Previsión Social de la Provincia" (fs. 5/vta.).

Habiéndose corrido vista al Procurador General sobre la admisibilidad de la demanda, el mismo se expide a fs. 23/24 pronunciándose por la inadmisibilidad ante la falta de agotamiento de la vía administrativa, porque aún considerando que la mera comunicación que remite la autoridad administrativa debe considerarse como un acto administrativo (con cita de un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación), en el caso ausente se encuentra el recurso ante el Poder Ejecutivo Provincial, previsto en el artículo 108 del régimen de procedimientos administrativos (Dec. Ley 971). Siendo así, concluye el Sr. Procurador General, no se ha agotado la vía administrativa y no puede accionarse en sede jurisdiccional por el impedimento que expresa el artículo 7 del Código Procesal Administrativo.

Que de las constancias de autos, presentadas por la demandante, surge evidente el acierto del dictamen del Procurador General. Pero no solamente porque no se ha urgido ante el Pode Ejecutivo Provincial el recurso de alzada que exige el artículo 108 del Dec. Ley 971, sino porque tampoco se agotó trámite alguno ante la propia Caja de Previsión Social.

En efecto, a poco se advierte el tenor de la nota presentada por la actora el 10 de Noviembre de 2009, a la máxima autoridad de la Caja de Previsión Social (fs. 57), se comprueba que se limitó a solicitar que se "disponga que se le actualicen sus haberes", además de considerar que "en la actualidad" debe corresponderle "percibir una jubilación ordinaria". Notorio resulta que no hace referencia a porcentaje ni categoría alguna. Ese pedido tuvo un trámite interno que culmina con el informe de la encargada del Departamento de Control y Ajustes, donde concluye (fs. 73) en base a los cálculos que se exponen, que el haber de la demandante ha sido correctamente liquidado. Ese informe es elevado a la Gerencia Previsional, cuyo titular se limita a disponer la notificación que luego se observa (en copia) a fs. 74.

De acuerdo a la legislación vigente, la Caja de Previsión Social de la Provincia se encuentra a cargo de un Administrador General, que reúne en si mismo las atribuciones que el Directorio del organismo - como máxima autoridad de la Caja - confiere el artículo 9 de la Ley 571, (cf. artículo 9ºdel Decreto 7/95) entre ellas, las de resolver todo lo concerniente al otorgamiento, denegación y tratamiento de las prestaciones previsionales en el ámbito provincial (inciso "b"). Dentro del organigrama de la Caja de Previsión Social, la Gerencia Previsional atiende los trámites de otorgamiento de los beneficios jubilatorios y las funciones analíticas serán asignadas por el Directorio (artículo 13, Ley 571). Siendo así, evidente resulta que aún cuando pueda interpretarse, en beneficio de la administrada y como lo hace el Procurador General, que la comunicación de fs. 74 es asimilable a un acto administrativo, el reclamo aún no se había agotado en el propio ámbito de la Caja de Previsión Social, en tanto quien decide en definitiva sobre cualquier aspecto vinculado a alguna de las prestaciones previstas en el artículo 22 de la Ley 571, es el Directorio (ergo, el Administrador General, por aplicación del citado régimen vigente) contra cuyas resoluciones se pueden interponer recurso de revocatoria y apelación en subsidio o apelación directa ante el Poder Ejecutivo (artículo 77, Ley 571).

Notorio resulta entonces que en el caso no se ha agotado la instancia de revisión administrativa, (artículo 7 Código Procesal Administrativo), no encontrándonos tampoco ante un acto impugnable ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, por no concurrir el requisito previsto en el artículo 4º inciso a) y b) del Código Procesal Administrativo, esto es, una decisión administrativa definitiva, que resuelva sobre el fondo de la cuestión planteada, no impidiendo la nota de fs. 74 continuar con el reclamo interpuesto, y que a su vez cause estado, es decir, que hubiera sido dictada por la más alta autoridad competente en la instancia administrativa, lo que conduce inexorablemente a la inadmisibilidad del proceso, por aplicación del artículo 46 inciso b) del Código Procesal Administrativo.

Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros, Dres. Ariel Gustavo Coll, Héctor Tievas, Eduardo Manuel Hang, Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur, que forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el	EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) Declarar la inadmisibilidad del proceso, por aplicación del artículo 46 inciso b) del Código Procesal Administrativo.

2º) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.