Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-15


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 15 días del mes de Junio del año dos mil doce, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Presidida por Alejandro Javier Panizzi e integrada por los señores Ministros Daniel Alejandro Rebagliati Russell y Jorge Pfleger, para dictar sentencia en la causa caratulada "Pcia. del Chubut c/ S. W. R. y M. A. V. s/ impugnación" (Expediente 22.466-67-Año 2011).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 377: Pfleger, Panizzi y Rebagliati Russell.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Breve reseña del caso.

a.- La sentencia de la Cámara Penal que esta registrada bajo el número 1086 al folio 2097/2144 del año de 2011, ha venido a conocimiento de la Sala por medio de dos vías procesales.

La primera resulta del recurso extraordinario deducido por la defensa de W. R. S. (ver las hojas 315 a 320), agraviado en tanto que la recurrida confirmó la decisión del Tribunal penal que lo condenó autor penalmente responsable de los delitos de abuso de armas en concurso real con homicidio simple en concurso real con daño en concurso real con lesiones leves (arts. 104,55,79,55,183, 55,y 89 del Código Penal), y, más tarde, le impuso una pena de doce años de prisión efectiva, accesorias legales y costas (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 40 y 41 del Código Penal y 240 y 241 del Código Procesal Penal del Chubut); ver al respecto las sentencias 1864 al folio 3496/523 del año 2010 y su par registrada al 373 del Folio 616/625 del año 2011, entre las hojas 172 y 198 y 221 y 230, respectivamente.

La otra razón es la aplicación del instituto de la Consulta en virtud del monto de la pena impuesta (arts. 179 ap. 2° de la Constitución Provincial y 377 del C.P.P.Ch.)	b.- En lo que atañe, la sentencia del Tribunal Penal de Esquel, homologada según se ha dicho antes, declaró establecido que el 22 de septiembre de 2008, en el interior del local de expendio de bebidas y comidas denominado "L. F.", ubicado sobre la calle L. L. de la localidad de Cholila, W. R. S. efectuó varios disparos de arma de fuego, uno de los cuáles dirigió hacia I. B. d. H., esposa del propietario del lugar, rozando la mama izquierda e ingresando en la región torácica, herida que por su magnitud le ocasionó la muerte en forma instantánea.

La acción- siempre según la pieza expuesta- derivó de una reyerta que momentos antes protagonizó el imputado y otros parroquianos que allí se encontraban, particularmente, los hermanos P. y M. E., produciéndose una gresca a golpes de puño a partir de una discusión suscitada en un partido de fútbol que había tenido lugar en la localidad horas antes del hecho.

Minutos previos al desenlace fatal, y como consecuencia del entuerto, se asentó, el atribuido fue retirado del lugar. Fue entonces cuando W. S. empuñó un revólver calibre 38 marca Colt afectado al caso que otro le trajo desde el Renault 9, dominio XXX-***, propiedad de Oscar S.

Con el arma en su poder, se expuso, S. efectuó disparos desde el exterior hacia el local donde se habían ocultado los E., atravesando los proyectiles la puerta y la ventana. A continuación S., acompañado, ingresó al comercio con el arma de puño; su consorte de proceso- M. V.- lo hizo con piedras que arrojó al interior. Fue entonces cuando W. S. disparó hacia la víctima provocándole una lesión que por su importancia le ocasionó la muerte instantes después, se declaró.

Consignó la resolución de los Jueces de grado que, antes de alejarse, los agresores produjeron numerosos daños de consideración en el rodado perteneciente a M. E. que se hallaba estacionado próximo a la puerta del local: una camioneta marca Ford F 100, dominio colocado XXX-***.

Pasadas las 20:00 horas del día del hecho, se prosiguió, W. S. se presentó voluntariamente en la Comisaría de la localidad de Cholila, lugar adonde fue notificado por el Oficial C. A. de la detención dispuesta por la señora Juez Penal interviniente, haciéndose presente además el señor Jefe de la dependencia policial, Oficial E. Q., a quién S. agredió con un cabezazo provocándole lesiones de carácter leve, las que fueron certificadas en el Hospital de esa localidad.

La situación determinante acaeció entre las 00:30 y la 01:00 del citado 22 de septiembre de 2008 y las personas comenzaron a ingresar al local a partir de las 21:00 horas del día anterior, se dejó expuesto en la decisión posterior al juicio.

c.- H. A. H., el defensor particular de S., vertió los motivos y fundamentó su postulación en el escrito que está añadido entre las hojas 315 a 320.

Consideró, de partida, que el caso debía encuadrarse ".de acuerdo a las pruebas y justificación de derecho." como homicidio culposo, y por consecuencia fijarse la pena dentro del mínimo legal, a menos que se considerase la necesidad de un nuevo juicio de cesura procediéndose al reenvío.

Estimó que se había inobservado o aplicado erróneamente la ley adjetiva pues sus planteos no habían sido atendidos en la etapa procesal oportuna con afectación al derecho de defensa en juicio, deviniendo la apelada en una sentencia arbitraria por ".carecer de adecuada motivación lógica en los aspectos fácticos y jurídicos puestos en crisis.".

Desarrolló el argumento en los párrafos que siguieron, en los que destacó el tópico atinente a la extemporaneidad de su planteo que decidió la Cámara en lo Penal e insistió en que esto era ilegal, arbitrario y contrario al sentido y fin del doble conforme.

Apuntó a la contradicción que fluía de la calificación de abuso de armas dada a la imputación de tentativa de homicidio en relación con los hermanos E., con la atribución dolosa del homicidio de B. d. H., negándosele el derecho de presentar nuevos motivos de agravio, con posterioridad a la interposición del recurso.

Al respecto, trabajo alrededor del tema de la revisión integral de la sentencia que era el cometido que debe cumplir la Cámara del doble conforme (recurso del imputado sobre la sentencia de condena) sin limitaciones formales o legales, salvo lo que es propio de la inmediación, de acuerdo al nuevo diseño de la casación sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Consideró que la limitación de la última parte del art. 385 del C.P.P.Ch no podía ser interpretada a rajatabla porque este modo implicaba una suerte de rechazo de la impugnación en contravención con lo estipulad por el art. 374 del adjetivo. De allí que el precepto -según su juicio- debía ser interpretado de manera consonante con los principios y los precedentes que enunció, para que no implicara un factor negativo respecto de la amplitud del examen.

Refutó, por lo demás, la idea que la admisión de nuevos recursos podía vulnerar el principio de contradicción y se hizo eco del voto de la minoría del Tribunal apelado.

Avanzado el relato, el defensor de confianza efectuó, en el punto 4, una reseña del caso, crítica de la sentencia recurrida.

En efecto, allí y luego de reivindicar su actitud de colaboración para con la Fiscalía en todo el desarrollo de la investigación preparatoria y de no cuestionar la materialidad y autoría de los hechos puestos en cabeza de su asistido, señaló que hubieron- a su criterio- causales de inimputabilidad que no fueron analizadas correctamente, que a lo sumo el causante había actuado en estado de emoción violenta pero que de ningún modo podía atribuírsele el episodio de la muerte a título de dolo, dando razones a su posición.

Explicó porque causa había desistido de una pericial y se quejó de la Fiscalía y los Jueces de primera instancia porque ellos estimaron doloso el homicidio de la mujer sin haber demostrado que ese elemento existiera, tanto y peor cuando le reprocharon, por otros disparos, el delito de abuso de armas.

Que si acaso así eran las cosas, insistió, S. debía responder como autor del delito de homicidio culposo del art. 84 del C.Penal, en atención a la fórmula acuñada por su par 104, pues con una víctima que nada tenía que ver en el conflicto se tendría que haber comprobado el dolo de matar, que animaba al imputado durante todo el desarrollo de los acontecimientos.

Predicó que los votos de los doctores Rosales, García y Defranco padecían de defectos que inficionaban negativamente la sentencia a lo que dedicó algunos párrafos de la hoja 369 anverso y reverso.

Bajo el acápite de sentencia de segunda instancia, volvió a la carga con su censura en lo que atañe al rechazo de su planteo. Admitió que las cuestiones vinculadas a la inimputabilidad y el estado de emoción violenta ya tuvieron un doble conforme y que el ".reproche es a los efectos de que los Jueces de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut puedan mentalmente situarse, con las pruebas existentes, en la situación que llevó a la lamentable muerte de la Sra. E. D. H." (Textual de la expresión de agravios).

Estimó al respecto que frente a la evidencia de alcoholización, la crisis emocional y el golpe que le profirió M. E., esas circunstancias no podía deslindarse del todo que protagonizó su asistido y por ende variar la consideración acerca del dolo del homicidio endilgado.

Repitió el argumento referido a la existencia del dolo del abuso de armas que es diferente del que exige la figura del homicidio; de allí que -sostuvo- este resultado fue casual ".no premeditado, no querido, no pensado, ni siquiera recepcionado en su mente cuando sucedió." y así tan fue- explicó- que ".como se acreditó en el juicio un primo fue al otro día a decirle lo que había sucedido y juntos fueron a la comisaría de Cholila.".

Por último, el argumentador pidió a la Sala que se considerase la arbitrariedad de la sentencia de primera instancia que condenó por homicidio simple, sin comprender que este es un supuesto de homicidio culposo.

Formuló reserva del caso federal.

d.- Sucedida la audiencia del art. 385 ante esta Sala, el abogado de la defensa se mantuvo en su posición, según puede leerse en el acta que está añadida en la hoja 376.

II. Algunas reflexiones pertinentes. La dimensión del análisis por efectos de la Consulta.

Formulada- del modo visto- una sinopsis del expediente me avocaré a la consideración del asunto, pero- tal el anuncio- formularé algunas precisiones que considero útiles.

La primera tiene que ver con la dimensión del análisis al estar apareadas la impugnación con el instituto de la Consulta.

No diré mucho, por cierto, pues he trillado en el campo atinente desde la constitución misma de la Sala.

Pero la verdad es que, según me parece, este instituto de raíz constitucional es el catalizador de una competencia "sui generis" estatuida en beneficio de la persona, no de la ley, que autoriza- sin constituir un recurso- la aprobación, eliminación o rectificación de la expresión jurisdiccional última en determinados supuestos, irguiéndose como una efectiva garantía adicional en el proceso criminal, a pesar de que sus orígenes encuentren una fuente decididamente ajena de aquella que nutre el modo de actuación jurisdiccional que nos rige.

Entendí que la tarea importa la realización de un estricto escrutinio sobre la sentencia de ambas instancias, pues los Jueces de este Tribunal pueden escudriñar el universo de decisiones para tocar los puntos que les sugieren esenciales a la determinación del caso y sus consecuencias jurídicas, más allá de lo postulado por las partes y de los alcances de la oposición procesal.

De otra manera sería absurda la postulación del art. 377 del C.P.P. en sentido que, aún mediando recurso de parte, el Tribunal conocerá: ".sin las limitaciones previstas en las normas precedentes.".

Es por ello que remito a lo expuesto en otros precedentes.

Un segundo tema es que la única limitación es la reforma perjudicial al imputado. Aún cuando se disintiere con las conclusiones sobre lo fáctico y lo jurídico que han expuesto los que juzgaron antes, nada podrá agravar la situación del atribuido por vía de este examen estricto.

Una tercera cuestión que se me ocurre que es preciso aclarar de entrada es el concepto de sentencia arbitraria, tema sobre el que - también- me he pronunciado y a lo que me atengo.

Por fin he de indicar el concepto de dolo al que adscribo y que nutre el análisis de los litigios que llegan a conocimiento de la Sala.

Al respecto sostengo que por conducta dolosa debe entenderse aquella protagonizada por quien sabe lo que hace y conoce el peligro concreto de la acción, con referencia al tipo objetivo de la norma que se selecciona.

Ese punto de inicio, que es consistente con la opinión de Enrique Bacigalupo resulta el punto de mira a partir del cual se observará el fenómeno de la realidad vital relatada en la sentencia. (ver al respecto al autor citado en su "Derecho Penal" Ed. Hammurabbi) III. Las sentencias, su estudio en el plano de La Consulta.

¿Son ambas sentencias una derivación razonada del derecho vigente atenida a las especiales circunstancias de la causa?, ¿o padecen de defectos que las descalifican como actos válidos de la jurisdicción? Iré por partes.

IV. Análisis de la Sentencia del Tribunal de Mérito.

Un breve repaso sobre las cuestiones de hecho- que no han sido controvertidas en lo esencial- autorizan a consignar que los Jueces de la primera sentencia actuaron con apego a la Ley.

Cada uno de los votos fijó con precisión la secuencia de los hechos que fue compleja, pues consistió en una sucesión dinámica que tradujo cada uno de los elementos probatorios que se analizaron.

El voto que lideró el acuerdo- el dado por el doctor Rosales- formuló esa descripción en el punto I y su par II.a, momento, este último, en el que se aplicó a describir las pruebas que lo justificaban.

Realizaré un breve paneo sobre las pruebas estimadas.

Son eficientes vehículos de convicción el testimonio del médico W. A., explícito a la hora de describir las causas de la muerte de la infortunada mujer; el testimonio del Comisario Ulpiano Grenier, que recrea el secuestro del arma homicida; el testimonio de la licenciada en criminalística N. I. G. y del Licenciado A. E., encargados de las pericias sobre el objeto- medio; y los testimonios de M. H., el propietario del bar, de P. E., de M. E., de M. J. R., de E. H. y de O. Y., contestes en el desarrollo de los acontecimientos; amén de los policías O. E. P., J. O. C. y C. D. S., entre otros, útiles para esclarecer el panorama.

No recrearé lo que se lee en el voto que analizo, pero sí mencionaré- a los fines de este escrutinio- que la ponderación que ha formulado el Juez Rosales de aquella panoplia resulta de la aplicación de la sana crítica racional en la valoración de la prueba.

Si el juicio que ha de hacerse en la instancia no es el de la prueba sino de la conducta del Juez frente a la prueba, digo que el votante ha superado holgadamente el estándar fijado para considerar que su lógica es correcta y la conclusión válida.

Se ha tomado el trabajo, en su afán de perfeccionar el discurso de justificación, de tratar las críticas formuladas por las defensas y lo ha hecho con tino, al menos en lo que atañe a los aspectos materiales del caso en cuestión	Otro tanto vale para la doctora García, quien se destacó- también- por seleccionar y valorar el material probatorio y poner en vilo la prueba conforme los planteos materializados por las defensas.

El Juez Defranco, con proverbial prolijidad, trazó una pintura acabada de los tramos en que ocurrió la sucesión de la que se hablaba más arriba y consideró la prueba del mismo modo en que lo hicieron sus colegas.

No tengo objeciones sobre esa sentencia en esos aspectos.

Sobre la calificación legal me expresaré en otros párrafos.

V. La sentencia de la Cámara en lo Penal Si acaso no fuera procedente el examen amplio por efecto de la Consulta, la vía impugnativa seguida resultaría inaceptable.

Ya se señaló, en otros pronunciamientos, que la hipótesis de error evidente en la decodificación de la prueba que condujo a la fijación de los hechos asentados en la sentencia, como causa eficiente del recurso, implicaba la demostración de un yerro ostensible de los Jueces en ese aspecto.

O en todo caso, la mera discrepancia sobre el valor para convencer de los medios ventilados ante los Magistrados del doble conforme no abre la puerta a un nuevo examen.

También se ha expresado que el repiqueteo argumental en las instancias, sin que en la que corre se expongan críticamente los óbices que provocan al recurrente, no puede justificar el tratamiento excepcional de la cuestión que se somete.

Pero de todas maneras la Consulta barre con estas factibilidades y prescribe la revisión, tal se formula.

En ese sentido principio por afirmar que el procedimiento seguido para la construcción de la sentencia no ha implicado desoír los nuevos argumentos llevado por el defensor ante la Cámara, a pesar de que la mayoría se atuvo a la interpretación literal del art. 385 del C.P.P.Ch. en lo que a ello toca.

Es que aún con esa salvedad en el caso del primero, se pronunciaron acerca de la calificación legal impuesta respecto de la muerte de la mujer(homicidio simple en lugar del pretendido homicidio culposo) los Jueces Sarquis- ver punto II.1.3 de su voto- y Rodríguez- ver al respecto el punto 4 de su voto-.

Si así es, queda zanjada la proposición de arbitrariedad que intentó introducir el Letrado asistente.

Dije en principio que no podía reformarse la sentencia en perjuicio del reo. Esta circunstancia hace que ponga en foco solamente la cuestión atinente al homicidio.

Ya expuso, en las consideraciones preliminares la concepción de dolo a la que adscribía, y es bajo ese prisma que analizaré el caso que, en términos fácticos, tiene la característica que apunté al tiempo de analizar la sentencia de la instancia.

Imposibilitados de horadar en lo que pasa en la interioridad de un sujeto que actúa, no existe otra herramienta analítica que no sea la ponderación de la evidencia para ello.

Hay una relación dialéctica entre la interioridad y lo que se exterioriza. Ello brinda las pautas necesarias para determinar, en cada caso, la categoría jurídica adonde encuadrar la conducta.

Y en este caso está más allá de toda duda razonable que S. disparó sobre la humanidad de la que luego murió sabiendo lo que hacía y conociendo el peligro que el disparo implicaba para la vida de otro.

Se ha dicho, y con razón, que nadie ".puede distanciarse volitivamente de aquellas consecuencias que sabe que su comportamiento habrá de ocasionar. Cuando el autor se enfrenta a la decisión de llevar a cabo un determinado comportamiento y conoce que, como consecuencia de tal acción, no resulta improbable que otra persona resulte muerta, actúa con dolo de homicidio, ello sin importar si la consecuencia prevista le resulta grata, deseable, indiferente o desagradable, pues la norma que subyace al tipo del artículo 79 del Código Penal exige que el autor omita todo comportamiento prohibido a partir del cual él conozca que puede derivarse la muerte de otro; y no se dirige, en cambio, a prescribir con qué actitud anímica debe emprender sus acciones el autor." (del voto del doctor Magariños en autos Causa nº 3652 - "Roda, Juan Ignacio" - TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Nº 23 DE LA CAPITAL FEDERAL - 18/11/2011, en elDial.com- AA7546, publicado el 16 de abril corriente).

Esta opinión de jurisprudencia, que comparto, resulta clara al respecto.

Poco interesa cuál fue la conducta del imputado en la dinámica de los acontecimientos; lo cierto es que frente a la mujer descargó el arma provocando un resultado que, en términos jurídicos, cuadra a la figura seleccionada.

No creo que deba ahondarse más sobre el particular pues huelgan las palabras adonde la explicación es clara.

Igualmente, destaco, se trató cuidadosamente, en la Cámara, el problema de la imputabilidad y de la emoción violenta.

Los Jueces, cada uno, expusieron razones válidas y razonables.

El doctor Sarquis, líder del Acuerdo, expuso en su extenso fundamento (ver página 43 de la sentencia) el porqué consideraba que el causante estaba en capacidad de comprender lo que hacía y encaminarse hacia la puesta en peligro del bien, finalmente vulnerado.

La ejecución de conductas complejas en si mismas, que fueron desplegadas en una sucesión que quedó plasmada en la sentencia de grado, es el gran argumento para la coincidencia.

Más allá del brío o la deshinibición por efectos del alcohol, lo fáctico no permite vislumbrar siquiera un "trastorno transitorio" y, menos aún, un grado de inconciencia que permitiera la declaración de inimputabilidad.

Se ha tenido la gentileza de citar mi opinión al respecto, y señalo que resulta pertinente al caso.

Vale igual concepto para el tratamiento de la pretensión de justificar al causante en la emoción violenta, a ello remito.

El doctor Sarquis ha escrito profusas razones que no pueden menos que compartirse, igualmente. Puso las cosas en su cauce al examinar el contexto de hechos y proyectar sobre él el instituto que se pretendía.

No quedan demasiadas razones para explicar la rectitud de esa ponencia.

La Jueza Rodríguez, ha dado una respuesta jurisdiccional correctísima arribando a una solución valiosa con adecuadas citas doctrinarias y desarrollo propio, que es cualitativamente excelso (voto de la doctora Rodríguez).

Iguales términos merece la ponencia del doctor Luchelli quien, a la par, consideró adecuadamente la tópica de la emoción violenta al no encontrar nexo ente la pretendida causa con el episodio. Esto, efectivamente, fluye nítido del relato reconstruido por la primera sentencia.

Así, juzgo que el encuadramiento legal en este aspecto es correcto y las sentencias deben homologarse.	VI. De la pena	La decisión mayoritaria de la Cámara en lo Penal de confirmar la pena de doce años de prisión es adecuada y debe confirmarse.

El Juez Sarquis efectuó un prolijo trabajo que merece destacarse.

En primer término advirtió que la decisión de la "a quo" no era arbitraria, ni irracional, ni permeable a las consideraciones de las partes, y que siendo materia opinable debía primar la determinación de los Jueces del Juicio, con las salvedades que expuso.

Coincido con sus conceptos.

Es realmente dificultoso revertir la sanción aplicada por los Jueces de la inmediatez cuando no se advierte palmariamente que se han apartado de las reglas mensurativas de los arts. 40 y 41 del C.P.

Si bien el despliegue de la doctora Rodríguez ha significado engalanar la disidencia con razonamientos fundados, me inclino por aceptar que quien terció, el Juez Luchelli, quién con más simpleza argumentativa respetó la justicia del caso al bendecir la sentencia de grado cuya lectura refleja claramente las razones que condujeron a fijar la sanción en doce años. No la muerte, sino el desprecio supino por la vida, las motivaciones que llevaron a la sesgar a la inocente, y el ataque pertinaz y retaliativo, sumado a las reglas del concurso, son base suficiente para apartarse del mínimo de la escala más grave (ocho años).

Los doce años establecidos -sobre un máximo de veinticinco, más el correspondiente a las otras figuras leves- son racionalmente aceptables, pues se ha minorado la sanción en virtud del particular estado del causante, su edad, su manera de vivir y la conducta posterior a los delitos. Repito, no hallo fisura alguna en el razonamiento que condujo a la determinación de la pena y por ende debe mantenerse ese monto.

Propongo entonces, ratificar la condena aplicada al imputado por el Tribunal de Juicio en un todo, con costas.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Compondré mi sufragio sin exponer los antecedentes que motivan la impugnación extraordinaria contra la sentencia de la Cámara en lo Penal, pues la completa relación de los hechos efectuada por mi colega preopinante, resulta lo suficientemente explícita como para poder remitirme a ella.

II. He discrepado del criterio expuesto por la mayoría de esta Sala en punto a que la presencia de la consulta impone el deber de escudriñar exhaustivamente la condena. Sostengo, por el contrario, que el reclamo de revisión impetrado por la defensa, desplaza al instituto en cuestión.

No obstante ello, acataré la postura mayoritaria y efectuaré una revisión amplia e integral de la causa, esto es, sin limitaciones.

III. La materialidad del hecho y la autoría de éste en cabeza de W. R. S. no han sido controvertidas en el debate. La discusión giró en torno a la capacidad de culpabilidad penal del atribuido y, eventualmente, a la respuesta punitiva que el fallo le diera a su accionar.

Los magistrados del debate, primero, y luego los de la Cámara en lo Penal, entendieron que S. evidenció un estado de conciencia lúcido y una capacidad psicomotriz suficiente que le permitieron desarrollar todas las secuencias del hecho, en especial, aquella que terminó con la lamentable muerte de I. B.

Ciertamente, los juzgadores ponderaron la elevada graduación de alcohol en sangre que tenía el imputado al momento del hecho, su estado de aflicción por la reciente e inesperada ruptura sentimental y su irritación por el altercado surgido instantes previos a la muerte de la víctima. Sin embargo, los sentenciadores de ambas instancias juzgaron que el modo de conducirse de S. resultaba incompatible con cualquier tipo de perturbación de su conciencia que pudiera afectar su capacidad de comprensión de la criminalidad de su accionar.

Para arribar a dicha decisión, los jueces reconstruyeron la secuencia del hecho de sangre, desde su comienzo hasta el trágico final, examinando las circunstancias inmediatamente anteriores y posteriores al evento.

Pusieron especial atención en el comportamiento y actitudes del imputado. Así, meritaron que luego de que S. fuera retirado violentamente del comercio "L. F.", éste le requirió a M. V. que le alcanzara el revólver que estaba en el auto; que con el arma disparó en dos oportunidades hacia el interior del local; que luego ingresó al bar y tiró contra la humanidad de la víctima; que posteriormente, provocó graves daños en el rodado de M. E. con quien había protagonizado la reyerta previa y, finalmente, huyó.

También los sentenciadores ponderaron lo manifestado por el doctor A. quien descartó que S. exhibiera un estado de inconsciencia no punible toda vez que de acuerdo al modo en que se habían desarrollado los acontecimientos, el atribuido no perdió capacidad de movimiento y pudo manipular un arma, lo cual es considerado un acto complejo que requiere capacidad de conciencia.

En otro tramo, con nutridos fundamentos, los jueces descartaron el estado de emoción violenta.

Juzgaron que la incidencia que sobre el estado anímico del imputado pudo generar la ruptura con su novia y el consumo de alcohol, debían ser ponderadas al tiempo de cuantificar la respuesta punitiva, pero no excusaban a S. de responder penalmente por su accionar.

En conclusión, tales razones y fundamentos llevaron a los sentenciadores a desechar las figuras traídas por la defensa. Analizaron las circunstancias del evento, el comportamiento del encausado y los requisitos legales y concluyeron que ninguna de las invocaciones defensivas se había configurado en la emergencia.

En función de lo expuesto, la Cámara en lo Penal de Esquel produjo la aprobación judicial duplicada de la condena, para lo cual, valoró todo el material probatorio producido en el debate y analizó cada uno de los puntos de agravio propuestos por la defensa.

VI. Aprobaré el encuadramiento legal del accionar del imputado.

La prueba rendida en el debate y, adecuadamente valorada por los jueces, permite colegir que W. R. S. desplegó una acción voluntaria con un medio eficaz para matar.

En el marco de la revuelta generada, el imputado tomó un arma y disparó contra I. B., provocando la muerte casi inmediata de aquella.

De esta manera, surge evidente que con su accionar S. previó como posible el resultado muerte, máxime si consideramos el lugar hacia el que disparó el encartado y la zona vital donde se alojó el proyectil.

Su conducta es subsumible en la figura de homicidio simple, receptada por el artículo 79 del Código Penal.

A mi juicio correspondía la aplicación de la agravante genérica del artículo 41 bis de aquel cuerpo legal ya que los elementos objetivos de la norma citada estaban cumplidos y su aplicación obligaba a los jueces del debate a fijarla.

Esta Sala tiene dicho que en los tipos penales (incluido el homicidio) cometidos con armas de fuego, la agravante genérica, es correcta y legítima.

No obstante, la consideración previa es sólo obiter dictum, ya que impera la prohibición de la reformatio in pejus.

Los jueces, además, juzgaron que en la conducta desarrollada por el acusado existió abuso de armas, contemplado en el artículo 104 del código sustantivo.

En el caso bajo análisis, se ha acreditado que los hermanos E. soportaron una situación de peligro real y concreto para su integridad física, cuando S. disparó el arma de fuego hacia el sitio donde se hallaban ocultos.

Por otro lado, el accionar de S. quedó encuadrado en los delitos de daño y lesiones leves.

S. junto a V., antes de huir del local "L. F.", tiraron piedras sobre la camioneta de M. E., con el claro propósito de dañar el bien y tomar represalias por la pelea suscitada minutos antes en el interior de aquel bar.

Por último, los sentenciadores subsumieron el ataque físico dirigido contra el Oficial Q. en la figura de lesiones leves.

Así las cosas, postulo también en este tramo la confirmación del pronunciamiento traído.

VI. Por último, resta analizar el monto de la sanción asignado.

En este sentido, juzgo que la pena fue impuesta como lo ordenan las reglas de los artículos 40 y 41 del Código Penal. El a quo no sólo aplicó correctamente aquellas pautas mensurativas sino que también, brindó argumentos específicos del caso para fundar su decisión.

Por la prohibición de la reformatio in pejus no procede analizar la cuestión relativa a la utilización de un arma de fuego.

VII. Como corolario, la sentencia pronunciada por la Cámara en lo Penal de Esquel constituye una decisión jurisdiccional fundada, que aplica correctamente la ley sustantiva y justifica la gravedad de la pena impuesta.

En mérito de lo expuesto, voto por la confirmación de la sentencia y el consecuente rechazo de la impugnación extraordinaria planteada, con costas.

Así voto.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I) La Cámara en lo Penal de la ciudad de Esquel, mediante sentencia protocolizada bajo el número 1086/2011, rechazó la impugnación interpuesta por el defensor particular de W. R. S., confirmando la sentencia respecto del mencionado.

Contra dicha decisión dedujo impugnación extraordinaria el mismo recurrente, doctor H. A. H.

A fin de no fatigar al lector, no creo necesario indicar nuevamente los motivos del recurso a raíz de la prolija enunciación efectuada por el Ministro Pfleger.

II) Aclaro que las condiciones de admisibilidad del recurso, sentadas en el fallo "Comisaría Primera s/ Investigación homicidio r/v F. G. s/ Impugnación" (Expte. N° 21.847/2009), no serán analizadas a raíz del monto de la pena impuesta a S., conforme lo previsto en el artículo 377 del C.P.P.

III) Ahora sí ingresaré al análisis de las cuestiones planteadas.

El recurso se dirige al control que la Cámara en lo Penal hizo de la sentencia de primera instancia.

Sostiene que esta tarea ha sido arbitraria e irracional por carecer de una adecuada motivación lógica en los aspectos fácticos y jurídicos.

Tal como quedara expuesto en los sufragios anteriores, no se ha cuestionado ni la materialidad ni la autoría del hecho en las presentes actuaciones.

La pretensión de la defensa es demostrar que el imputado actuó bajo una causal de inimputabilidad al momento del hecho y, de no ser considerado así, solicita que se trate como un caso de emoción violenta.

Observo que la defensa insiste con este argumento, que resultó ser el eje central, no sólo en la impugnación ordinaria interpuesta, sino que también lo planteo en la oportunidad de formular los alegatos del juicio.

De esta manera, la cuestión fue extensamente desarrollada en el expediente. Se ha respondido con tino cada uno de los puntos propuestos por el defensor particular.

El Tribunal de Mérito analizó todo el contexto fáctico que describe el accionar de S. en el evento, evaluaron las circunstancias ex ante y ex post del suceso y precisaron la serie de actitudes asumidas por el imputado.

Mencionaron que si bien los factores señalados por la defensa pudieron haber afectado a S. en el momento del hecho, los mismos no conformaron el trastorno mental transitorio invocado.

También descartaron, por similares razones, el estado de emoción violenta invocado subsidiariamente.

Luego, la Cámara en lo Penal examinó la tarea, y con mucha atención profundizó el tema, con jurisprudencia y citas doctrinarias que, comparadas con el escenario que se describió en la sentencia, llevaban necesariamente a la confirmación del fallo, no surgiendo de ese análisis arbitrariedad alguna.

IV) En cuanto a la subsunción jurídica, también la estimo correcta.

Los jueces han evaluado tanto el aspecto objetivo como subjetivo de la figura seleccionada, y coincidieron en que el encausado tuvo el conocimiento y la voluntad de provocar la muerte de la víctima.

Coincido con la apreciación efectuada en la sentencia en que resulta jurídicamente irrelevante a quien quiso matar S. Lo importante es que desplegó una acción utilizando un medio idóneo que podía provocar la muerte.

Adhiero a la sugerencia efectuada por el doctor Panizzi respecto a que correspondía en el caso la aplicación de la agravante del artículo 41 bis, pues se daban todos los extremos objetivos para hacerlo. No obstante, dicha consideración es sólo "obiter dictum", pues impera aquí el impedimento de agravar la situación de aquél cuyo recurso sólo puede ser atendido en su favor (prohibición de la reformatio in pejus).

Los demás hechos descriptos han sido debidamente subsumidos en las figuras de abuso de armas, daño y lesiones leves, en concurso real.

V) Por último analizaron la pena impuesta.

Así, el Tribunal de Mérito y luego la Cámara en lo Penal que confirmó la sanción, valoraron adecuadamente las circunstancias agravantes y atenuantes, aplicándose una pena que se amolda cómodamente al injusto investigado.

De esta manera, y teniendo en cuenta los antecedentes del caso, no advierto arbitrariedad en la selección e individualización de la pena escogida contra el imputado.

VII. Por todo lo expuesto voto por rechazar la impugnación extraordinaria interpuesta, con costas, y por confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Mérito y la Cámara en lo Penal. Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A -------------- 1°) Declarar improcedente la Impugnación extraordinaria interpuesta por la Defensa de W. R. S., con costas.

2°) Confirmar la sentencia protocolizada bajo el n°1086, folio 2097/2144, año 2011, dictada el 09 de agosto de 2011 por la Cámara en lo Penal de Esquel.

3°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo. Alejandro Javier Panizzi-Jorge Pfleger-Daniel A. Rebagliati Russell-Ante mi: José A. Ferreyra Secretario.