Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2010-07-28


2º instancia. - General Roca, julio 27 de 2010.

Resultando: Que a fs 112/115, se presenta el Sr. Jorge Miguel en carácter de apoderado de Productores SA, con el patrocinio letrado de los Dres. Edgardo Fabian Rojas y Marcela Bonade, apelando la multa impuesta por la Resolución Nº 1437/2009, de fecha 31 de Agosto, solicitando se dicte la nulidad de todo el proceso y de la resolución, en mérito a las consideraciones de hecho y derecho que expondrá, solicitando a su vez se la deje sin efecto, con costas.

Acorde lo dispuesto por el art. 39 de la ley 3803, ofrece en garantía 15 bins usados de madera, de propiedad de la firma sumariada, cuyo valor de mercado oscila entre las sumas de $130 a $150 cada uno. A los fines de la efectiva traba de la medida se disponga que por intermedio de Oficial de justicia Ad Hoc, se constate los mismos y estime su valor, para lo cual propone como oficial de justicia Ad Hoc al Sr. Horacio Prosetto.- Plantea la nulidad absoluta del trámite, pues aduce que nunca se le dió traslado de todas las actuaciones; no se notificó los hechos, ni las pruebas y las actas que sirvieron de acusación, vulneraron el derecho de defensa de esta parte. Aclara que el traslado de todas las actuaciones que utiliza la Secretaria de Trabajo para infraccionar, deben ser acompañados y fehacientemente notificados al presunto infractor; a su turno estima, que el traslado debe ser completo con todos los elementos acusatorios.-Concluye que si en ese traslado hay vicios, defectos o errores, se produce un estado de indefensión del acusado, cuya violación es flagrante si faltan en ese caso TODOS los elementos acusatorios.- Estima que en el proceso civil o laboral, ante esta situación se podría oponer la excepción de defecto legal (que suspendería el proceso hasta que se supla el defecto), pero que esta opción no esta prevista en el procedimiento administrativo de la ley 3803.- Sostiene que ya ha sido resuelta la notificación del trámite completo, con la nulidad del mismo por la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Gral Roca en autos "TEOREMA SRL Y COOPERATIVA DE TRABAJO SERVIFRUT LTDA C/ SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO S/APELACIÓN" Expte Nº 2CT-17986-05, en el cual se resuelve entre otras cosas conforme lo transcribe "...A tal fin se lo notificará del sumario instruido, y de las imputaciones en su contra, citándolo para que dentro del plazo de 5 días, formule descargo y ofrezca la prueba de que intente valerse bajo apercibimiento de declararse su rebeldía...".

-Afirma que ese traslado no puede ser sustituido, con la puesta a disposición del expediente en la Delegación de Trabajo sin mencionar la causa por las que no se entregan las respectivas copias, siendo que tampoco se justificó que no se entregaron copias porque eran de dificultosa reproducción. Estima que la falta de notificación sólo se debió al afán recaudatorio.- Plantea a su vez, que la notificación del traslado del sumario, debe ser realizado en el domicilio legal (Persona Jurídica), o real (Persona Física), siendo este requisito esencial, no pudiendo suplirse por la entrega a otra persona, o en cualquier otro lugar, siendo que la notificación debe ser realizada en los domicilios indicados, bajo pena de ser sancionada con la nulidad de todo lo actuado.- Asi las cosas, no fue notificado el sumario completo al domicilio de Rivadavia 192 de Villa Regina (Productores SA). tampoco, nunca se dió copia del sumario a PRODUCTORES SA, ni se mencionó cuales son las pruebas y cargos en contra. Por ello deviene en nulo tal lo peticionado. Asigna a dicha falta,como consecuencia la violación del derecho de defensa, el debido proceso y del derecho de propiedad al imponer una multa.- Sostiene que al no poder determinarse quienes eran las personas relevadas en la inspección, ni cuales eran las supuestas inspecciones, ni que era lo que estaba pidiendo o acusando se acompañó altas tempranas de personal de la chacra y formulario RENATRE, siendo que sin los elementos acusatorios fue imposible ejercer la defensa, acompañar documentación o manifestar hechos.

Afirma que la Secretaría nunca notificó a Productores y siendo asi, que si alguna persona invoca un cargo, sin acreditar esa condición, no implica que con ello se cumpla el objetivo de la notificación requerida por la ley 3803, afirmando que de haberse permitido el adecuado derecho de defensa, comunicando el respectivo sumario, en debida forma, se hubiera podido acreditar que no hay violación del Art.60, 128, 137 de la LC; el Art 27 de la ley 24557; los arts. 1 y 5 de la ley 25191; Res. 9/98 CNTA. Es por ello que nunca hubo pedido ni intimación a adjuntar la documentación que ahora es base para aplicar la multa. Subsidiariamente, plantea que el monto de la sanción es excesivo, en caso de que existiera incumplimiento, pues se impuso una multa de un SALARIO BÁSICO, siendo que la supuesta infracción nunca fue catalogada de grave o muy grave. Por todo ello, solicita se tenga por ofrecida la garantía, oportunamente se revoque la resolución 1437/09, en todas sus partes, se disponga la nulidad de todo el proceso por violación del derecho de defensa, por estar viciada la resolución que se apela, y por ser nulos y falsos los hechos en los que se funda. Hace expresa reserva del caso federal, con imposición de costas.- A fojas 119/121 se presenta el Dr. Juan Angel Elizondo, abogado, a fin emitir dictamen en virtud de la apelación introducida por la sumariada, contra la Resolución 1437/09, por la que la Secretaria de Trabajo impuso una Multa,considerando que no asiste razón al Apelante, y solicitando que debe confirmarse la resolución cuestionada.- Afirma que respecto de los bienes dados a embargo, no se ha constatado el estado y valor, ni la traba efectiva del embargo, pues no reúne las garantías de suficiencia previstas en el art. 39 de la ley 3803 (Dto Reglamentario Nº 433/04), siendo así, afirma, que las posibilidades de cobro de la multa se verían francamente disminuidas, cuyo efecto la ley no quiere. Conforme a ello, se incumple la garantía exigida por la ley aplicable, conforme criterio sostenido por este Excmo. Tribunal en autos "Subsecretaría De Trabajo De Villa Regina s/ pedido" (Expte Nº 8586-CT-93), y en autos " SUBSECRETARIA DE TRABAJO DE RIO NEGRO C/ZAVECOM S/APELACIÓN " (Expte Nº 10111-CT-95). Por ello, al ser inobservadas las exigencias del art. 39 de la ley 3803 (Dto Reglamentario Nº 433/04), considera que se habilitaría el rechazo de la apelación, confirmando la resolución atacada, cuestión que solicita, en caso de que el apelante no efectivice debidamente el embargo, en el plazo que el tribunal disponga.

Plantea que no debiera prosperar la nulidad articulada.-En ese sentido, destaca que el Procedimiento para el Juzgamiento de Faltas Laborales, se encuentra legislado en la ley 3803, el cual no prevé el planteo de nulidades, por la propia celeridad que se le asigna a este tipo de proceso en vista a la normativa objeto de control, que incluso prevé un plazo de 150 días para emitir la resolución y notificar al sumariado, contados desde la fecha del acta de inspección/infracción o dictámen acusatorio circunstanciado (art. 38). Sostiene que el derecho de defensa en juicio está ampliamente resguardado en la ley de aplicación expresa y precisamente en el art. 39, que prevé la posibilidad de APELAR, con la consecuente revisión e intervención de la justicia, a través de la Cámara del Trabajo competente, por lo que todo cuestionamiento que quiera introducirse en el marco de un Sumario como el que nos ocupa, debe canalizarse por esta vía, con el cumplimiento de los requisitos correspondientes. De lo contrario, considera que se desvirtuaría el objetivo de la norma. Sostiene esta postura, citando el criterio sentado por este Excmo. Tribunal del Trabajo, que aunque lo hizo en el marco de la anterior ley 1820, sus fundamentos resultan aplicables en un todo a la actual ley 3803, en autos "INSPECTORÍA DE TRABAJO DE VILLA REGINA C/ EL MATRERO SRL S/ INSPECCIÓN 12.940/41/42 S/ INF. ART. 138/139 Y 140 Ley 20744, art. 39 S/APELACIÓN", (Expte 8089-CT-92).- Refiere que la nulidad planteada no puede prosperar, y debe por ello ser rechazada, cuestión que asi solicita. Estima que no se advierte agravio alguno, que pueda menguar la resolución dictada por el Organismo Administrativo, y menos aun, nulificar todo lo actuado. Sostiene que en efecto, el Sumario Administrativo se inició por falta de cumplimiento por parte de la inspeccionada de diversas normas laborales, realizando la enunciación respectiva de las mismas, y realizando la respectiva constatación de trabajadores (fs 1 a 3 Expte Adm.). A su vez, plantea que de todo lo actuado en oportunidad de la inspección, se dejó la correspondiente copia conforme surge del acta (fs 1 y 1vta Expte Adm.), a la persona que atendió la inspección quien firmó la documentación en cuestión.- Continua relatando que, tuvo lugar la instrucción del sumario, del que fue notificada en debido tiempo y forma la Sumariada, en el domicilio sito en Rivadavia Nº 129 de V. Regina, el que fuera denunciado en oportunidad de la inspección. Destaca que con la notificación, se hizo saber a la sumariada que tenía 5 días para efectuar el descargo, ofrecer prueba y que "...se encuentra a su disposición en este Organismo Laboral el expte Nº 78.622/09 en el que tramita el presente sumario...".

Aduce que la jurisprudencia traída por el apelante no se ajusta al caso de autos.- De lo expuesto, estima que carece de explicación la defensa opuesta por el apelante en relación a la falta de traslado de las inobservancias a la normativa respectiva, y la consecuente afectación de su derecho de defensa, pues interpreta que de lo expuesto se advierte que la misma tuvo la oportunidad y elementos para ejercer su derecho de defensa, y que lo hizo plenamente, según la presentación obrante a fs. 6 y 8/100 del Expte Adm.. También establece que lo que la apelante afirma acerca de la falta de notificación en el domicilio de PRODUCTORES SA, no se condice CON LO ACTUADO EN EL SUMARIO, pues en efecto en oportunidad de la inspección/infracción 004406 (donde se denunció el domicilio legal de Fresh Fruit en calle Rivadavia 129 de la ciudad de V. Regina), fue a ese domicilio al que se dirigió la notificación de la cédula con la instrucción del Sumario.- En cuanto a las irregularidades a la normativa laboral, sostiene, que la apelante nada dice, solo realiza una negativa general, lo que a su criterio implicaría la aceptación de encontrarse incursa en la infracción de normas laborales. Dichas inobservancias, por no haber sido desvirtuadas por la apelante, son receptadas en Res. 1437/09, por medio de la sanción de multa que se le impone.- A su turno no advierte el perjuicio que ha sufrido la Sumariada, recordando en ello el criterio mantenido por este Tribunal en la causa "ANGEL MARTINEZ E HIJOS C/ SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ APELACIÓN" (Expte Nº 1CT-17869-05).

Respecto a los agravios referidos al monto de la sanción impuesta, estima, que carecen de la entidad suficiente para hacerlos atendibles, siendo que el máximo de la sanción que se podía aplicar era el de $ 14.000. Ello asi por cuanto las faltas verificadas en el trámite administrativo tienen por si la gravedad y seriedad que da lugar a la sanción impuesta; entonces si se toma en cuenta las faltas, la cantidad de trabajadores involucrados (21) y el salario mínimo vital y móvil, el importe de la multa se ajusta a lo previsto por la ley 3803.-Considera que la apelación introducida solo intenta traer confusión al sumario, pues atribuye incumplimientos formales que afectan el derecho de defensa, siendo que los mismos no tuvieron lugar. Considera que la sanción impuesta por medio de la resolución cuestionada se ajusta al análisis de lo actuado en el Expte Administrativo, por lo cual, se impone necesariamente, estima, su confirmación, con el subsiguiente rechazo de la apelación intentada, a cuyo fin, dando cumplimiento a lo dispuesto por el art. 39 y sgts de la ley 3803, solicita se eleven las actuaciones a la Cámara del Trabajo de ésta ciudad.- A Fs 130/132, se presenta mandamiento de Embargo, y se solicita sea agregado a los presentes obrados.- A fs 135, se ordena el pase de autos a resolver.- Considerando: Las Facultades de la Secretaria de Estado de Trabajo:Dentro de las múltiples figuras utilizadas respecto de incumplimiento a las normas del Derecho del Trabajo, la de las empleadoras es una de las que más en evidencia han quedado demostrada en las decisiones de los tribunales a lo largo y ancho del país.-Como derivación de esa situación de realidad inconstrastable se habilita a los servicios de inspección de trabajo a ejercer el contralor de las violaciones a las normas laborales.- La Secretaría de Trabajo de la Provincia de Río Negro, no solo tiene las facultades por derivación del art. 2 b), e), g) y fundamentalmente el s) de la ley 3803, sino que puede organizar y dirigir la inspección de trabajo en todas sus formas, fiscalizar el cumplimiento de las leyes decretos y convenciones colectivas, resoluciones y reglamentaciones vigentes y las que se dicten sobre la materia instruyendo las actuaciones correspondientes, y aplicar sanciones por la inobservancia de las disposiciones que regulan el trabajo en todas sus formas y por el incumplimiento de las actas y/o resoluciones que dicte.-En función de la normativa señalada, la Secretaria de Estado de Trabajo de las Provincia de Río Negro cuenta con facultades suficientes para realizar todo tipo de inspecciones y aplicar las multas correspondientes, para el caso de constatar infracciones a normas de trabajo vigentes, cada una de las provincias en nuestro caso la ley 3803 integra el paquete de normas referidas a la determinación de las infracciones administrativas laborales y el procedimiento aplicable para su sanción.- En definitiva, cualquiera que sea el carácter que se asigne a la Policía de Trabajo: administrativo o jurisdiccional, encomendado por la ley, su ejercicio corresponde al gobierno local.-En el primer caso porque integra el ámbito del Derecho Público no delegado por las provincias.-En el segundo porque corresponde a una función propia de aplicación de la norma que, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, es facultad de los Estados locales.En cuanto a la facultad de control de constitucionalidad del Poder Judicial, es menester señalar que los tribunales no deciden, en general, de conformidad o disconformidad de las leyes o decretos con la Constitución, sino que , dejando a salvo la independencia y la autoridad de los otros poderes , resuelven si en un caso concreto y definitivo , los preceptos legales o reglamentarios se ajustan o no a los principios constitucionales.-Procedimiento de la Ley 3803:Es preciso realizar algunas consideraciones en relación a la naturaleza de este procedimiento administrativo.-La Ley 3803 estableció un procedimiento breve, sumario y actuado, donde se respalda en forma sustancial el derecho de defensa, para la comprobación y el juzgamiento de las infracciones a las normas que regulan las relaciones de trabajo.- La base del sumario se promueve en forma inicial con el acta de inspección que deberá ser levantada por el agente inspector con competencia para ello y en ejercicio de sus funciones, la que tiene por objeto comprobar el hecho o contravención, la identificación del o de los responsables,"y que debe ser circunstanciada", esto es, describir el hecho verificado como infracción con referencia de las normas.-Ello resulta así, porque es el acta de comprobación la que formará la parte inicial del sumario que se realizará bajo la dirección de la autoridad administrativa competente para la aplicación de las sanciones, la que tendrá además valor presuntivo de legitimidad mientras no se aporten pruebas para destruir su contenido y validez.- La promoción del sumario con el acta de comprobación dará lugar al procedimiento administrativo para que el imputado ejerza su derecho de defensa.- Hay que puntualizar que en el régimen de este recurso, la apelación no configura un nuevo juicio que posibilite que las partes incorporen nuevas pretensiones y oposiciones, constituyendo de ese modo una revisión de la decisión en función de elementos ya "incorporados" a la etapa anterior.-Ello supone la imposibilidad de introducir defensas que debieron ser materia de descargo, ante la categoricidad de las faltas objetivamente imputadas. A) Observamos que la sumariada a fs.06 y vta. ha efectuado y ofrecido prueba, lo que significa que pudo y oportunamente, ejercer el derecho de defensa, frente a las infracciones, que prima facie se le atribuían en la actuación administrativa de marras.-Por el principio de consumación, con dicho descargo, quedó cerrada para la sumariada la posibilidad de ofrecer otras pruebas y/o incorporar nuevos descargos y de cuestionar el trámite administrativo desde su génesis hasta el planteo de fs.6, como el domicilio en que se notificó el mismo, tal como improcedentemente se hace en la apelación judicial de autos.- B) Las infracciones que da cuenta la resolución administrativa apelada no han sido objeto de agravio, limitándose a manifestar el impugnante "que si se le hubiese permitido el adecuado derecho de defensa, comunicando el sumario en debida forma, se podría acreditar que no hay violación del art.128 y 137 de la ley 20744; art. 60 de la ley 20744; art.27 de la ley 24557; art.1 y 5 de la ley 25191; res.9/98 CNTA", de modo que las mismas, tal lo expresado en e punto A), se mantienen inalterables, rechazándose la apelación deducida al respecto, incluso en cuanto al cuestionamiento del importe de la multa, por cuanto amén de resultar dogmático el fundamento utilizado, la sanción, por la cantidad y naturaleza jurídica de las infracciones detectadas, razonablemente se ajustan a derecho.- -En consecuencia, LA Cámara del trabajo sala 1 de la segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de general roca, RESUELVE:1)Rechazar el recurso de apelación deducida, que comprende la nulidad articulada interpuesto por Productores S.A., confirmando la multa impuesta en la Resolución Nº 1437/2009 emanada del Secretario de Trabajo de la Provincia de Río Negro.-Firme que se encuentre la presente, procédase a la devolución del expediente administrativo a la Secretaria de Estado de Trabajo, con copia de este resolutorio, con costas a la apelante a cuyo efecto se regulan los honorarios profesionales del doctor Edgardo Fabián Rojas y de la doctora Marcela Bonade en la suma de $. 65,00.-(M.B $ 1.400,00) (Arts. 6, 7, 9 y 14 de la ley 2212).- -Regístrese, notifíquese, cúmplase con Ley 869. - Carlos O. Larroulet. - Julio C.Passaron. - Emilio O. Meheuech