Proceso penal, indulto
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Tapia, Fabián Gustavo s/ Indulto
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-06-07

El trámite del pedido de indulto de pena solicitado por el condenado, ante la Secretaria Privada de la Gobernación, requiere del informe respectivo de esta Corte de Justicia, conforme lo manda la Constitución Provincial.

En el art. 149 se establecen las atribuciones del Gobernador, entre las que se cuenta la de "indultar o conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, o disminuirlas por la inmediata inferior, previo informe motivado y favorable de la Corte de Justicia." (inc.8).

En esa tarea, nos corresponde poner en conocimiento del órgano ejecutivo los antecedentes relativos a la pena, las modalidades del hecho delictivo y la personalidad del condenado, a fin de que el titular de la facultad de indultar, pueda ejercerla con prudencia y conocimiento del caso.

Aquí, el Juzgado de Ejecución Penal informó que T. fue condenado por la Cámara en lo Criminal como autor penalmente responsable del delito de robo calificado y encubrimiento, en concurso real (arts. 166 inc. 2do. 1er supuesto; 277 inc. 1er. apart. c, y 55 del C Penal), siendo declarado reincidente (art. 50 del C. Penal); a la pena de seis años de prisión más accesorias de ley (arts. 40, 41, 41 bis y 12 del CP).

Resulta que el vencimiento de la condena operará el día 14/09/2013. Por autos interlocutorios Nº 211/10 y 214/11, el tribunal resolvió no hacer lugar a los pedidos de salidas transitorias; y por resolución Nº 141/13, denegó la solicitud de libertad asistida. De la planilla de antecedentes de fs. 12/13 vta., se desprende, entre otras cosas, que T. lleva cumplidos cinco años, un mes y veintidós días al 07/11/2012, con una conducta y concepto malos.

Una vez más, corresponde decir que las reglas fundamentales que rigen la ejecución de la pena privativa de la libertad están contenidas en la ley 24660, cuya anunciada finalidad es la de ".lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social" (art. 1), lo que ya estaba consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5, apartado 6) y en el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 10, apartado 3), con rango constitucional a partir de la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22, segunda cláusula, C.N.).

Desde esa normativa, el rigor que implica el cumplimiento efectivo de la pena privativa de la libertad resulta atemperado por el legislador mediante la institución de mecanismos que, antes del cumplimiento total de la pena, permiten el acceso paulatino del condenado al medio libre.

En este caso, conforme lo resuelto por el Juzgado de Ejecución Penal, todas las solicitudes de T. obtuvieron respuestas negativas por considerar que su liberación implicaba un grave riesgo para sí y para terceros, aconsejando que el interno realice un trabajo, o el aprendizaje de un oficio, comprometiéndose también con el área educativa y que intensifique el tratamiento psicológico.

Entonces, atento a que se encuentra en plena vigencia el régimen que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, respetuosa de las normas internacionales que rigen la materia, y teniendo en cuenta que T. está próximo a cumplir su condena, es que no corresponde emitir opinión favorable respecto de la conveniencia y oportunidad del otorgamiento del beneficio solicitado.