marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reforma de la constitución, poderes del Estado, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LARROSA, ROBERTO JUAN c/ ANSES s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-25

Por el art. 129 de la Constitución Nacional (reformada en 1994) se le concedió a la ciudad de Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo que le permite tener su propia justicia y legislación. Siguiendo esta línea argumental, se podría afirmar que los poderes constituidos que crea el estatuto no se derivan de los órganos que los precedían. Es decir que las instituciones que regían a la ciudad de Buenos Aires hasta la reforma representan a un régimen diferente al actual, por lo que las características de aquellas no guardan similitud con las que representan los poderes constituido con la nueva constitución. Por lo tanto, cabría concluir que la Legislatura de la ciudad no es la sucesora jurídica del Concejo Deliberante, pues éste último se ha extinguido y se ha puesto en funcionamiento otro instituto que conforma uno de los tres poderes de la ciudad, que responde a rasgos propios (cfr. Daniel Sabsay y José Onaindia, "La Constitución de los Porteños, Análisis y Comentarios").
Ejecución de sentencias contra el Estado, liquidación judicial, inembargabilidad de fondos
Materia: PROCESAL
Carátula: PAGLIETTINI S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-11-13

Corresponde desestimar el pedido de embargo con excepción al principio que establece el sistema de ejecución de sentencias contra el Estado -pedido que la incidentista fundamenta en la falta de informe de la fecha de pago, por parte de la Provincia- desde que la demandada ha levantado la carga de demostrar en los términos que exige la ley 12036 que ha procedido a incluir el importe reclamado para ser atendido en el presente año presupuestario -que corresponde al "ejercicio fiscal siguiente" (art. 9, 2do. párrafo, ley 7234, modificada por ley 12036)-, que aún no ha finalizado (Citas: CSJStaFe: Lugli, AyS T 217, p 199; Peralta, AyS T 234, p 22; Malvicino, AyS T 236, p 119)
Actuaciones administrativas, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARCONI DE CASTRO VIVIANA DEL VALLE c/ I.S.S.P. Y GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-07

La Administración puede anular de oficio un acto de ella, pero siempre y cuando del mismo no hayan surgido derechos subjetivos en favor de los particulares.
Daños y perjuicios, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Groisman, Leopoldo Daniel c/ Gonzalez, Mirta y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-20

No parece que la omisión achacada por la demandada (falta de determinación de las fechas a partir de la cual y hasta cuando debe computarse el reajuste por desvalorización monetaria) impide su fijación judicial, pues está visto que la omisión viene a ser suplida por un claro y expreso dispositivo legal; fuera de que el punto en objeción ha merecido una copiosa e inalterable jurisprudencia que, a esta altura de nuestra historia inflacionaria, debe reputarse archiconocida en el mundo forense. Además, tanto la codemandada como la aseguradora citada en garantía pudieron haber invocado la excepción de defecto legal (art. 345 inc. 5º cód.

proc.), y con ello contribuir al ahorro de tareas en el trámite y examen de la cuestión.-
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, responsabilidad del Estado, narcotráfico
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Arriola, Sebastián y otros s/ RECURSO DE HECHO causa n° 9080
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-25

Sin perjuicio de todas las evaluaciones que debe hacer el Estado para mejorar las técnicas complejas de investigación para este tipo de delitos, tendientes a desbaratar las bandas criminales narcotraficantes que azotan a todos los países; respecto de la tenencia para consumo personal, nuestro país, en base a la interpretación que aquí hace de su derecho constitucional, hace uso de la reserva convencional internacional respecto de tal cuestión, descartando la criminalización del consumidor. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Acción de amparo, competencia, competencia contencioso administrativa, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Club Atlético Huracán de Chabas c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 423-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-06

La declaración de incompetencia de los Tribunales ordinarios para entender en la causa de amparo en razón de su naturaleza contencioso administrativa, importa, per se, que la cautelar despachada en su oportunidad quede sin efecto por ser conculcatoria de lo establecido en el artículo 93, inciso 2) de la Constitución de la Provincia.
Prueba de la filiación, prueba biológica, prueba de histocompatibilidad, testigos de Jehová
Materia: CIVIL
Carátula: T., L.C. c/ L., G.E. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

No puede desconocerse la relevancia probatoria que trasunta de la negativa a la prueba biológica en un juicio de filiación, de conformidad con lo dispuesto por el art. 4º de la ley 23.511, sobre todo cuando el motivo que aduce el accionado se fundamenta en sus creencias religiosas como Testigo de Jehová, por cuanto, de acuerdo a los informes producidos por esa Asociación, no existen impedimentos morales ni religiosos para que sus adherentes se sometan a análisis de sangre ni, por ende, a la prueba de histocompatibilidad.-
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Blanco, Alfonso c/ Aeropak S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Fundar o fundamentar la sentencia no es tarea que inexorablemente resulte lograda con la mera cita de un texto legal. (Minoría u opinión personal)
Responsabilidad médica, pericia médica, valor probatorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rozenblat, Alberto c/ Porcella, Hugo y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

La extensión del dictamen de un cuerpo médico no hace a su importancia, por el contrario un dictamen escueto puede ser más claro y preciso (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Adolfo Roberto Vázquez).
Derechos y garantías constitucionales, economía procesal, sanciones administrativas, multa administrativa, pago anticipado
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Frimca S.A. -RQU- c/ resol. infracción Reginave").Resol. 836/97 S.A.G.P. y A. (Ex. 800-00767/97)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-28

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XVIII) se reconoce que toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, algunos de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. La exigencia legal de ingresar previamente la multa no integra, por cierto la sencillez de procedimiento que se exige en el tratado internacional constitucionalizado.
Competencia contencioso administrativa, procedimiento administrativo, silencio de la administración, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-PENAL
Carátula: Mascareño, Oscar Duilio c/ Administración General de Asuntos Previsionales s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-07

El actor, titular de haber jubilatorio interpone Acción de Amparo por Mora en contra de la Administración General de Asuntos Previsionales reclamando, a su criterio, deuda derivada de la incorrecta liquidación de su beneficio por la Autoridad Administrativa.

Ingresando a relación de hechos de la causa, la ocurrente expone, que con fecha 27/10/2011 solicitó al Organismo Previsonal el reconocimiento de deuda generada por liquidaciones erróneas desde febrero de 2009, que ante la falta de respuesta con fecha 09 de marzo de 2012 formula Pronto Despacho, el que corre agregado a estos autos, sin obtener decisión de lo requerido hasta la fecha, por lo que solicita que oportunamente este Alto Tribunal declare la mora administrativa, emplazando a la autoridad administrativa y fijando por cada día de retraso ante incumplimiento, una multa a tenor de lo dispuesto por el Art. 13 inc. e) de la Ley 4795, con costas.

Este Alto Tribunal declara su competencia para entender en autos, intimando por el término de cinco (5) días a la Administración para que presente informe circunstanciado bajo los apercibimientos previstos en el Art.11 de la ley de cita. No habiendo sido evacuado el informe, se dicta el llamado de autos.

Ello así, surge de autos que el amparista ha cumplido con los requisitos contemplados por el Art. 7 de la Ley 4795, y así lo ha declarado esta Corte de Justicia.

Habiendo interpuesto su petición de readecuación de su beneficio jubilatorio con fecha 27/10/011, Pronto Despacho el 09/03/012, y no habiendo obtenido respuesta hasta el presente, surge configurada con claridad la mora objetiva de la Administración en cumplir la obligación ineludible que le cabe ante un reclamo concreto, en tanto la ficción por silencio como presupuesto de actividad procesal, es una posibilidad que la ley otorga al administrado, pero no así a la Administración a la que el presentante expresamente le solicita pronunciamiento acerca de un alegado derecho.

Y a más de ello el Órgano Previsional hizo caso omiso de la intimación de esta Corte de Justicia, omitiendo remitir el informe circunstanciado de ley, por lo que se torna ineludible para este Tribunal la aplicación del Art.11 de la ley en la materia.

Por todo lo expuesto corresponde declarar la mora objetiva en que incurrió la Administración Previsional e intimar bajo apercibimiento de ley (Art. 239 del Código Penal) a la Administración General de Asuntos Previsionales para que en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles emita pronunciamiento en relación a la petición del ocurrente, contado dicho plazo a partir de la notificación de la presente.
Interdicto de recobrar, despojo, utilización de violencia, posesión clandestina
Materia: PROCESAL
Carátula: Salvarezza Sadi, Héctor c/ Bachur, Sara s/ Interdicto de recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-06-25

No procede el interdicto cuando la desposesión ha sido aceptada voluntariamente, o querida por el posible afectado. El actor debe probar que el despojo se realizó con violencia o clandestinidad; la demostración debe ser fehaciente, pese a las dificultades de la prueba, dado que la violencia o clandestinidad son presupuestos básicos de estas acciones de carácter sumarísimo.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Aguilera, Marcelo Baltazar s/ Robo calificado por el uso de armas López, Jorge Alberto s/ Robo calificado Solís, Juan Carlos s/ Robo calificado Figueroa, Ercio Rodolfo; Ruiz Guadalupe, Dante Rubén s/ Robo simple Ortiz, Oscar Antonio s/ Robo en grado de tentativa Pisani, Martín Gustavo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14|1994-12-27|1993-06-08|1999-08-10|2000-04-12|2001-02-07

Si se descarta la concepción subjetiva sobre el elemento típico "arma" resulta inevitable adoptar la doctrina objetiva sobre el riesgo corrido por el sujeto pasivo y, de ese modo, toda construcción que imagine un arma que asusta pero no daña no será apta respecto del concepto legal de "'arma". El "arma" de fuego descargada o inútil no es "arma" en el sentido legal como tampoco lo sería un "cuchillo" de papel por buena que fuese la imitación. Nada de lo dicho se refiere al uso "impropio" de un revólver como objeto contundente pues en tal caso será "arma" en el sentido legal no porque sea un revólver sino porque el usarlo para golpear o como proyectil aumentará el poder ofensivo del sujeto y el peligro real de quien recibe el ataque, como lo sería cualquier otro objeto utilizable en tal carácter.
Ejercicio profesional, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: SEOANE, MARIA BEATRIZ c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES OSPED Y C s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-22

A los efectos de demostrar la existencia de la relación laboral, cuando de profesionales se trata, no cabe exigir la justificación de las notas tipificantes de la dependencia (técnica, económica y jurídica) con la nitidez que se exige para otras actividades ya que, cuanto menos, aparece atenuada en la medida en que disponen de una independencia que no desaparece aun desempeñándose en relación subordinada. Lo que importa es la disponibilidad del trabajo profesional por parte de un tercero para el cumplimiento de los fines propios de su actividad organizada, la que pone a la primera fuera de los limites de ejercicio libre de la profesión y la incluye dentro de los términos de un contrato de trabajo.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, remisión del expediente ad effectum videndi
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonini, Juan Antonio c/ Maluf Pereyra Alejandro y otros s/ ejecución acelerada
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-07-03

No constituye causal de suspensión del curso de la caducidad la remisión del expediente ad effectum videndi et probandi, desde que no impide a la parte instar la devolución. Sólo la resolución judicial denegatoria determinaría la suspensión y constituiría el impedimento de hecho que impediría la marcha del proceso.
Derecho procesal, procesos especiales, rendición de cuentas, juicio ordinario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gómez Castelli, José Alfredo c/ Hsbc Seguros de Vida (Argentina) SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Cuando, como en el caso, ante la dificultad que enfrentó el actor en elaborar la rendición de cuentas, que incluía la confección de cálculos financieros y la exigencia de conocimientos técnicos específicos, el a quo ordenó diferir su realización a un tercero imparcial, seleccionándose al perito actuario que ya había actuado en la causa; y si bien el actor no ha esgrimido un agravio concreto al respecto, sí se observa que se ha quejado en relación a la posibilidad de que ello implique volver sobre etapas precluídas del proceso. Y en este sentido la Sala considera que le asiste razón al apelante, ya que en la resolución atacada se le indicó al perito las pautas a seguir para la rendición de cuentas y se lo autorizó a requerirle a la demandada cualquier respaldo documental necesario para su cometido, lo cual importaría, en este caso en particular, habilitar una nueva e improcedente posibilidad para que dicha parte ofrezca y exhiba prueba en sustento de su posición, oportunidad que precluyó. Es así, que el experto reconstruirá las cuentas pero limitándose a constatar únicamente los elementos probatorios incorporados hasta el momento a la causa, correspondiendo luego al juez su valoración y eventual aprobación. Para el caso de que el perito no cuente con elementos técnicos e informativos suficientes para su elaboración, deberá integrar las presentadas por el actor, con atención a la impugnación de la demandada, pero bajo el ya explicado tratamiento, valor y protección especialmente conferidos en el CPR 652, 2° párrafo. Todo esto se ve reforzado no sólo en el analizado hecho de que la demandada no cumplió con su obligación de rendir las cuentas en tiempo y forma a pesar de la condena dictada en su contra, sino también en que dicha parte fue declarada negligente en la producción de la prueba pericial contable y, a su vez, la falta de exhibición de sus registros contables al perito actuario, lo cual le impuso a este último tener que presentar su dictamen en función de los elementos incorporados al juicio.
Admisibilidad del recurso, enfermedad profesional
Materia: PROCESAL
Carátula: Pistara, Fernando René c/ Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1989-03-02

"Establecer si existe relación causal o concausal entre el trabajo y la enfermedad, es una cuestión de hecho, privativa de los jueces de grado y sólo revisable si se denuncia y demuestra la existencia de absurdo en la apreciación de la prueba".
Demanda, contestación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Prelat, Rubén Carlos c/ Novar S.A. y otra s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-12

El alcance de la causa petendi no constituye cuestión revisable en la instancia extraordinaria toda vez que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso está reservada a los jueces de grado, quienes tienen amplias facultades para establecer el ámbito litigioso.
Juicio de desalojo, intruso, posesión, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAREJA DE BOGGIONE GRISELDA c/ CASIMIRO E. LOIS Y OTRO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-02-09

La acción de desalojo se acuerda no sólo contra el locatario o sublocatario de inmuebles urbanos o rurales, sino también contra cualquier ocupante de los enumerados en el art. 2462 C.C., siempre que no procediera su desocupación por la vía de ejecución de sentencia de otro juicio o que las leyes establecieran otro procedimiento.

Tenedor precario es el que ha entrado a ocupar el inmueble por efecto de la tradición, como consecuencia de un contrato que le acuerda la tenencia de la cosa, quedando por tanto comprendido: el locatario, el colono parciario, el comodatario, el depositario, mandatario, administrador y todo aquel que recibe la cosa con obligación de restituirla una vez que esta obligación se haga exigible, quedando excluido naturalmente los casos en que el ocupante del inmueble pretende la posesión del mismo.

Se llama precaria una posesión, para dar a entender que tal posesión es más que un efecto de tolerancia del propietario, sin que pueda dar derecho alguno al poseedor.

El intruso es quien se introduce en el inmueble contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene su disposición, con el objeto de ejercer actos de uso y goce, o bien de dominio, ya sea con la intención de poseer algo propio o reconociendo en otro la posesión.

El intruso puede llegar a ser tanto un poseedor como un mero tenedor.

Para que proceda la demanda de desalojo a un intruso,debe probarse la precariedad de la posesión,ya que de lo contrario, el hecho posesorio invocado por el demandado hace presumir la intención o animus domini.

En el juicio de desalojo no se discute el mejor derecho de poseer, ni la posesión misma, ni siquiera la tenencia cuando se niega la obligación de restituir, pero es obvio, que la sola afirmación del demandado de ser poseedor no basta para enervar la acción, como igualmente que el demandado en función de las reglas de la distribución de la carga de la prueba demuestre los fundamentos fácticos de su defensa cuando ella constituye una excepción, sea como elemento impeditivo modificativo o extintivo, de la pretensión.
Accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pierini, Oscar Héctor c/ De Masi, Juan Angel s/ Daños y Perjuicios Ostoich, Antonio R. c/ Vallenari, Zélica A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-15|1990-10-02

El carácter de embistente solamente crea una presunción "juris tantum" de culpabilidad, la cual, precisamente por serlo, admite prueba en contrario para desvirtuarla o morigerarla (art. 71 inc.

2º, ley 5800).
Contratos administrativos, validez del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carl Chung Ching Kao c/ La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

La validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales correspondientes en cuanto a la forma y procedimientos de la contratación.
Concursos, recurso de apelación (procesal), desistimiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mellenas Marcelo Joaquín c/ Genín Luis y Támola José s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-02

Si bien el art. 30 de la ley concursal (24522), al legislar acerca del desistimiento del concurso de "oficio", atento el incumplimiento de los recaudos de los incisos 5 y 7 del art. 14 (24522), nada dice acerca de la inapelabilidad de la medida, encontrandonos ante una situación particular nos lleva a soslayar el marco de inapelabilidad consagrado en la norma indicada, teniendo en cuenta, además, que la resolución respectiva es de indole definitiva a los fines de la prosecución del concurso, configurándose una agravio irreparable que necesariamente abre paso a la apelación. (Minoría u opinión personal)
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, secreto fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TRANSPORTES  PERPEN  SA  / S QUIEBRA c/ ERNESTO PERPEN Y OTROS s/ ACCION DE RESPONSABILIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

Cabe desestimar la pretensión de la sindicatura relativa a levantar el secreto fiscal con relación a los sujetos demandados en un proceso ordinario en el cual la quiebra es actora. Ello así, toda vez que el artículo 101 de la ley 11683 establece que las declaraciones juradas, manifestaciones e informaciones que los responsables o terceros presenten a la AFIP son secretos, y que dichas informaciones no serán admitidas como prueba en causas judiciales. De tal modo, resulta improcedente requerirle al Fisco que brinde determinada información cuando, -como en el caso-, no se advierten configurados ninguno de los supuestos de excepción mencionados en dicho artículo.

No es óbice para decidir de este modo el argumento referido a que la propia AFIP es acreedora de la quiebra pues, la télesis de la norma citada impone adoptar una postura restrictiva de modo tal que en caso de duda, debe preferirse el mantenimiento del secreto fiscal, sin forzar la interpretación respecto de las excepciones allí previstas (C.S.J.N., "Genchi Santos c/ Casalini Lituarde" del 1.1.76).

Si bien el proceso concursal se asienta en principios de orden público, también debe tenerse en cuenta que el "secreto fiscal" instituido por la ley 11.683 en igual modo conjuga principios de orden público, que en el caso deben considerarse prevalecientes al orden público concursal, ya que no solo se encuentra en juego aquí la política de privacidad ofrecida por el estado en protección de la garantía de inviolabilidad de los papeles privados consagrada por la CN: 18, sino también el resguardo de la recaudación a través de la confidencialidad de los datos aportados por los contribuyentes (CCom. Sala A in re " Erke SRL s/ Quiebra s/ Inc. de revisión por Zelarrayan María" del 17.10.06).
Acto administrativo, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acastelli, Ana Lía c/ Municipalidad de Colón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

La interposición fuera de término del recurso administrativo ante la autoridad de la que emanó el acto impugnado, hace que éste adquiera firmeza en la esfera que le es propia, tornándolo irrevisable, en consecuencia, en sede judicial.