Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa n° 4.765/2001/CA1 "Albornoz Rosario y otros c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro en liquidac s/ cobro de seguro". Juzgado n° 11, Secretaría n° 21.- Buenos Aires, 24 de junio de 2014.

Y VISTO: el recurso interpuesto por el Estado Nacional a fs. 324 y vlta., fundado a fs. 326/328 vlta., contra la resolución de fs. 317 y vlta., cuyo traslado fue contestado por el perito contador a fs. 330 y vlta.; y CONSIDERANDO:

1°) Mediante el pronunciamiento cuestionado el magistrado a quo desestimó el planteo formulado por el Estado Nacional tendiente a que se revise la liquidación aprobada a fs. 300. Para así decidir tuvo en consideración que aquél había consentido la cuenta practicada por el perito contador a fs. 287/288 vlta., el tiempo transcurrido desde su aprobación y la vigencia del principio de preclusión.

2°) Disconforme con esta decisión, el Estado dedujo la mencionada apelación. En el memorial sostiene que el juez rechazó su planteamiento con un argumento meramente dogmático, sin hacerse cargo de las razones expuestas para pedir la revisión de la liquidación. En este sentido afirma que el cálculo realizado por el experto a efectos de determinar la base regulatoria es erróneo pues parte de un capital básico equivocado que condujo a un monto hipotético de condena de $ 265.434, cuando la demanda no habría podido prosperar por más de $ 18.880 (en autos se demandó por cobro de valor de rescate de seguro de vida colectivo y el reclamo fue rechazado con costas; ver fs. 282). Remarca que los errores aritméticos o de cálculo deben ser rectificados y que lo contrario daría lugar a un evidente enriquecimiento sin causa a favor del perito contador.

Cabe apuntar que el juez reguló honorarios a favor del experto contable en función de la base regulatoria cuestionada (ver fs. 300, tercer párrafo) y que el Estado, al solicitar la revisión de esa liquidación, subsidiariamente apeló dichos emolumentos, por altos (ver fs. 308 vlta., punto III), apelación que fue concedida a fs. 317 vlta.

3°) A juicio de la Sala, la impugnación de fs. 324 y vlta. no satisface los requisitos del art. 265 del Código Procesal.

Es que el recurrente se limita a reproducir la argumentación explicitada en ocasión de peticionar la revisión de la liquidación de fs. 287/288 vlta. (ver fs. 307/309), con total prescindencia del fundamento invocado por el a quo en relación al principio de preclusión y su efecto propio, a saber, impedir nuevos planteos sobre cuestiones ya decididas en forma expresa o implícita (confr. Corte Suprema, Fallos 320:1670).

En tal orden de ideas, este Tribunal tiene dicho que si bien las liquidaciones se aprueban en cuanto hubiere lugar en derecho -y deben ser corregidas en caso de que existan errores en su confección; confr. art. 166, inc. 1, del Código Procesal-, ello no autoriza a volver sobre los actos alcanzados por la preclusión, en tanto de ese modo se estaría permitiendo que se replanteen aspectos del litigio que en su momento no merecieron cuestionamiento (confr. Sala II, causa 5.203/93 del 15/7/04 y su citas, entre otros).

Dicho en otras palabras, las liquidaciones son aprobadas "en cuanto ha lugar por derecho" y, ciertamente, son susceptibles de rectificación en caso de ser comprobada una equivocación material o aritmética (que vale aclararlo, no es el supuesto de autos), pero esa facultad no habilita al juez a cambiar los resultados de actos alcanzados por la preclusión cuando el interesado no formuló, en su momento, las pertinentes observaciones. El demandado invoca ahora una determinada pauta en relación al capital asegurado y pretende que en función de ese dato, que pudo y debió ser suministrado cuando se corrió traslado de la liquidación practicada por el contador, hace siete años, se modifique la base regulatoria aprobada a fs. 300 (ver fs. 287/288 vlta. y cédula de notificación de fs. 291 y vlta.).

En las condiciones expuestas, es claro que el cuestionamiento de fs. 307/309 no es admisible porque implica violentar el citado principio de preclusión, que reviste carácter de orden público y da certeza y estabilidad a los actos procesales ya cumplidos (confr. Fallos 321:1757; Sala II, causa 5.844/97 del 18/2/99 y sus citas de doctrina), y que alcanza hasta los planteos que pudiendo deducirse no se hicieron (doctr. Fallos 326:4909; Sala I, causa 8.831/99 del 17/4/12 y sus citas) Por ello, SE RESUELVE: declarar desierto el recurso de fs. 324 y vlta., sin costas de alzada teniendo en cuenta el fundamento por el que se decide y que el perito al contestar el traslado de la apelación nada dijo sobre la cuestión procesal que decidió la suerte del recurso, por lo que la presentación de fs. 330 resulta inoficiosa a los fines regulatorios (confr. Fallos 312:1816; esta Sala, causa 7.855/08 del 29/4/14; Sala II, causa 6.457/04 del 20/11/08; Sala I, causa 14.989/94 del 6/4/00, entre otras).

Teniendo en consideración el carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito contador Eduardo Enrique Gallego, así como la entidad y mérito de la labor cumplida (ver dictamen de fs. 177/179 y fs. 188/189 vlta., 213/214 vlta., 219 y 247), se confirma la regulación efectuada a su favor a fs. 300, último párrafo.

Hágase saber a los letrados que deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de ley las sucesivas resoluciones y providencias del Tribunal (confr. acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13, B.O. 17/10/13).

El doctor Guillermo A. Antelo no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Ricardo G. Recondo-Graciela Medina