Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-07


Salta, 07 de mayo de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "DIAZ, MARTIN M. vs. CAYON, MONICA MARIANA - EJECUTIVO" - Expte Nº 163.913/06 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 1º Nominación (Expte. N° CAM 297.884/10 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

Que a fojas 85 la parte actora, plantea caducidad de la segunda instancia del recurso de apelación interpuesto a fs. 51, concedido a fs. 54.

Manifestando que desde la última providencia de fojas 84, ha transcurrido el plazo de tres meses que establece el Art. 310 inc. 2º del Código Procesal, sin que la apelante haya realizado acto alguno para impulsar el trámite.

Corrido traslado, la apelante contesta a fojas 88/89 solicitando el rechazo del planteo por los argumentos que allí expone.Del análisis del expediente resulta que, desde el proveído de fojas 78, de fecha 3 de junio de 2009 donde se tiene por contestado el traslado del memorial del tal recurso y hasta la presentación del escrito de fs.85 -el 16 de diciembre de 2009- no hubo actividad alguna de la apelante, lo que hace procedente la caducidad de la instancia recursiva al haberse cumplido el plazo previsto en el inciso 2do. del art. 310 del CPCC.

En el proceso civil el impulso procesal, es genéricamente facultad de todas las partes y específicamente carga de la que promovió el proceso o cuestión incidental (Colombo, Cód.Proc. C. y C. I pág. 270; edic. 1975) quien tiene la obligación de hacerlo avanzar hasta que se encuentre en estado de dictar sentencia. En el caso, a partir de la providencia de fs. 78, el expediente ha permanecido en inactividad. Por lo tanto al haber el apelante abandonado la instancia recursiva por un lapso mayor a los tres meses previstos por el art. 310 inciso 2do. del CPCC., lo que hace procedente el pedido de caducidad.

La obligación de urgir la elevación de los autos y la puesta de ellos en estado de dictar resolución por la Alzada se encuentra a cargo del apelante. Ya que concedido el recurso, es quien tiene interés en la modificación de la decisión recurrida. Ello implica que las partes tienen el deber de cooperar y de impulsar el proceso en todo su contenido y desarrollo en cada una de sus etapas y en todas las instancias.

Por otra parte la jurisprudencia ha señalado que la demora en elevar los autos a la Cámara no impide que se opere la perención, pues no puede asimilarse el caso a la situación prevista en el art. 313 del CPCC.

.Sin embargo la recurrente no averiguó las novedades de la causa, abandonando la instancia recursiva por un lapso mayor a los tres meses previstos por el art. 310 inciso 2do. del CPCC.La perención no es una sanción al litigante por su inactividad procesal sino una consecuencia derivada de la misma: la presunción de desistimiento o abandono del procedimiento. Pues el fundamento de la caducidad radica en el abandono tácito de parte del interesado y de su desinterés exteriorizado en esa inactividad. Y ello así porque cualquiera sea el trámite necesario para que los autos estén en condiciones de resolverse debe concretarse antes que opere el plazo de caducidad, ya que la obligación de control e impulso solo cesa cuando se ponen a despacho en la alzada.

Por lo expuesto se declara la caducidad de la segunda instancia respecto del recurso de apelación interpuesto a fs. 51. Con costas.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.