marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del abogado, cobro de sumas de dinero
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guzmán de Altamirano, María Angela c/ Microómnibus Primera Junta Línea 32 s/ Daños y perjuicios Enrique, Alcides c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Enrique, Alcides c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Enrique, Alcides c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12|2001-02-14

No puede discutirse el sentido sancionatorio y moralizador que contiene el art. 23 del arancel dirigido a desalentar la promoción de aventuras judiciales, pero resulta irritante que ese objetivo se vuelva en contra del vencedor en la contienda, siendo intolerable admitir como conclusión que a la parte demandada le hubiera convenido más perder el pleito que ganarlo.
Recurso contencioso administrativo, recurso de reposición (procesal), caducidad, procurador general, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Lapaz Ojeda, Roberto y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Recurso   de revocatoria (Expte. C.S.J. Nro. 115 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-05

Corresponde rechazar la revocatoria interpuesta por los actores contra el decreto que no hizo lugar a la vista solicitada al señor Procurador General, con sustento en que la técnica legislativa -invocan el art. 30 de la ley 11330 y art. 233 del Código Procesal Civil y Comercial- apunta a repetir las vistas tanto en caso de declaración de oficio de la caducidad como en la caducidad alegada por la parte. Ello, por cuanto en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo (ley 4106) -aplicable en el caso-, se prevé expresamente la "intervención del Procurador" sólo para el supuesto en el cual la perención de instancia se declare de oficio, que no es el caso de autos, sin que ofrezca dudas interpretativas la claridad del texto que alude inequívocamente al supuesto referido.

Así, carece de asidero el argumento que esgrimen los recurrentes en cuanto a que el artículo 30 de la ley 11.330 es copia del artículo 233 del Código de rito, por cuanto la ley 4106 tiene normas propias para el instituto de la caducidad, lo que sólo excepcionalmente haría operativo el artículo 23 de la misma.
Inconstitucionalidad, conversión del proceso previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: SADI de LURO, MATILDE c/ I.M.P.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-14

Planteada por el interesado la inconstitucionalidad del art.

24 de la ley 24.463 conforme el cual la Sala lo intimó a adecuar su presentación al procedimiento en él instituido, corresponde declarar la inconstitucionalidad peticionada (cfr. Sala II, sent. del 27.09.95, "Hussar, Otto" y sent. del 09.10.95, "Murujosa, José") y disponer la continuación regular de la causa.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Basílico, Norberto Emanuel c/ QBE Argentina ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-27

La sentencia de primera instancia, desestimó la pretensión del actor de ser indemnizado en el marco de la ley sistémica, por un accidente in itinere ocurrido en la vía pública cuando se encontraba en tránsito dirigiéndose a su trabajo. Apela el accionante la decisión. El magistrado de grado tuvo por no demostrado el accidente denunciado pues al ser rechazado por la parte demandada, le correspondía al accionante demostrar la ocurrencia del evento traumático, lo que no hizo a criterio del juez. Las circunstancias de hecho relevantes para la decisión, deben ser acreditadas suficientemente, mediante una apreciación realizada conforme a las reglas de la sana crítica, como lo prescribe el art. 386 CPCCN. Quien afirma un hecho, o un complejo de hechos, de cuya acreditación depende el éxito de su pretensión, defensa o excepción, asume la carga de su fracaso, si no resultan acreditados, según las reglas del onus probandi. El informe médico sólo es eficaz como descripción de un estado y asesoramiento acerca de la posible incidencia de ciertos factores laborales, en el desarrollo de determinadas enfermedades. No como demostración de las características del factor en cuestión. Las manifestaciones que esgrime la parte, interpretadas conforme a las reglas de la sana crítica, no constituyen fundamentos suficientes para basar una decisión de condena en el sentido pretendido. La apelación se limita a postular la verosimilitud de su versión, que fue descartada por el sentenciante de grado ante la falta de acreditación del accidente denunciado. Por lo tanto, no se advierte el fundamento de imputación de responsabilidad en el marco legal elegido.

Fuente del sumario: OFICIAL
Destrucción, pérdida, avería y retraso de la carga, prueba, responsabilidad del transportador
Materia: CIVIL
Carátula: La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ Transportes Flecar S.A. s/ Faltante y/o avería de carga transp. terrestre
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-27

De acuerdo a la prueba rendida en autos, se trataba del transporte de un valioso cargamento, con un chofer y su acompañante, sin custodia ni ningún otro medio de seguridad previsto, más allá de la comunicación por Nextel. Frente a los claros y exigentes términos del art. 172 y 176 del Código de Comercio, las condiciones descriptas no son suficientes. Infiero esta conclusión, pues no se organizó una eficiente comunicación entre el conductor del vehículo y la empresa transportista y/o la empresa de seguridad, pues no se previó una clave o contraseña para el supuesto de comunicación en presencia del delincuente. A ello se agrega la conducta negligente del acompañante que no puso seguro a su puerta antes de emprender el viaje. La gran responsabilidad del transportista supone la preparación de las personas en quienes confía el traslado físico de las cargas valiosas. Ciertamente, el estándar de conducta no es el heroísmo ni la resistencia, sino algún despliegue que sea idóneo para avisar en forma oportuna el acaecimiento del siniestro. Nada de esto fue previsto por la empresa demandada, que además no instaló en su camión ningún otro sistema de seguridad o de rastreo.
Alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: Á. Y. A. c/ J. C. D. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-22

Los alimentos debidos a otros hijos no importa necesariamente alcanzar un reparto equitativo de los ingresos del alimentante, toda vez que el derecho a percibir alimentos -y la correlativa obligación de prestarlos- deriva de una relación alimentaria legal, de contenido patrimonial.
Caducidad, mandamientos, notificación, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ García, Gladis s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-03-11

El a quo rechazó el planteo de caducidad por considerar que habiéndose certificado en autos la falta de comparencia de la ejecutada, la falta de oposición de excepciones y constitución de domicilio, debiendo dictarse sentencia, sin efectuar el llamamiento de autos, no es de aplicación el instituto de la caducidad en virtud del estado procesal al que había arribado la ejecución. La Cámara hace lugar y revoca la sentencia.

Si bien la apreciación del a quo es acertada en cuanto no procede la caducidad de instancia una vez certificada en autos la falta de comparencia de la ejecutada a estar a derecho, así como la falta de oposición de excepciones y de constitución de domicilio, y que es propio en el proceso ejecutivo el dictado de sentencia sin efectuar el llamamiento de autos; concurren en la causa circunstancias particulares que aconsejan separarse de esa solución.

Es que la argumentación del inferior opera cuando el mandamiento es aportado por la actora dentro del plazo de vitalidad de la instancia y no, como en el sub lite, después de transcurridos cinco (5) años y dos (2) meses.

Una vez adjuntada dicha instrumental conteniendo el requerimiento, recién entonces y con la certificación del actuario de la falta de comparencia de la accionada, hubiese quedado en manos del Juzgado la prosecución de la causa para el dictado de la sentencia de remate y no habría podido acusarse la perención de la instancia.

Sólo con lograr el diligenciamiento del requerimiento la demandante no se libera de la carga de impulsar el proceso hacia su destino final: la sentencia, como medida de su propio interés. Para ello era indispensable que adjuntara tal pieza para que entonces la causa pudiese avanzar en la dirección indicada.

Si omitió hacerlo en tiempo útil, resulta procedente el planteo de caducidad de la demandada, que articuló temporáneamente el incidente al efecto, planteo que supone el no consentimiento del decreto de a quo.

Se revoca la sentencia imponiendo las costas de ambas instancias a la actora.-
Procedimiento administrativo, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bistolfi, Carlos Esteban c/ Municipalidad de Pinamar s/ Demanda contencioso administrativa Bistolfi, Carlos Esteban c/ Municipalidad de Pinamar s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23|1999-03-23

Si bien la autoridad administrativa dispone de la fuerza probatoria reconocida a las constancias administrativas, tal premisa permanece incólume en tanto no surjan evidencias en contrario.
Reincidencia, inconstitucionalidad, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: E.O.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-11-20

El institutito de la reincidencia es inconstitucional por cuanto la valoración de los antecedentes penales del imputado, a los fines de agravar el monto de la pena a sufrir y el modo de su ejecución, resultan absolutamente extraños al tipo penal infringido (principio de legalidad y tipicidad) e, independientemente que tal consideración haya sido incluida por el legislador en el catálogo punitivo, ello no obsta a la existencia de una contradicción con los principios generales del derecho, de la teoría del delito y de las garantías consagradas en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
Recurso extraordinario local, queja por denegación del recurso extraordinario, enjuiciamiento de magistrados, inadmisibilidad del recurso, selección de causas
Materia: PROCESAL
Carátula: Suprema  Corte  de  Justicia - señor Procurador  General  y señor Subprocurador General s/ acusan.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

El recurso extraordinario contra la sentencia que desestimó la queja por denegación de recursos extraordinarios locales, articulados a raíz de los pronunciamientos del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Trata de personas, explotación sexual
Materia: PROCESAL
Carátula: Calderón, Lucía Myrian y otros, reg. 561 c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-26

Se dan los indicadores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual respecto del otro encausado al sopesar la existencia de una oferta de trabajo engañosa en un país vecino, la compra del pasaje -con la deuda generada a raíz de ello que seguía subsistente mucho tiempo después- y la presión que le ponían a la víctima para que tuviera relaciones sexuales con clientes.
Ordenanzas municipales, acción de inconstitucionalidad, Constitución Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Farroni, Daniel Oscar c/ Concejo Deliberante de la Ciudad de Andalgalá s/ Acción Autónoma de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-04-21

Comparece el Fiscal Municipal de la Ciudad de Andalgalá, en representación del Municipio, articulando acción de inconstitucionalidad en contra de la Ordenanza Nº002/10, sancionada el 11/Marzo/2010 por el Concejo Deliberante del dicha Municipalidad, por considerarla contraria a normas de las constituciones nacional y provincial y otras leyes que cita.

Explicita que la Ordenanza cuestionada establece en su Art.1: "Ordénese al Departamento Ejecutivo Municipal, para que proceda a la ejecución de un Referéndum Facultativo, bajo el carácter de vinculante, para el día 25 de Mayo del presente año, a los efectos de que los ciudadanos andalgalenses mayores de 18 años puedan expresarse por Si o por No, a la ejecución y/o explotación de mega emprendimientos mineros metalíferos -denominados a "cielo abierto"-, en todo el ámbito territorial del Municipio de Andalgala".

Funda la acción de inconstitucionalidad deducida. Conforme a las consideraciones que se expondrán, esta Corte de Justicia debe declarar su jurisdicción y competencia para entender en la acción de inconstitucionalidad interpuesta.

En efecto, para así decidir, se considera que esta acción en el orden nacional ha sido introducida jurisprudencialmente ante la falta de consagración legislativa, bajo el nomen iuris de acción de inconstitucionalidad directa, autónoma o acción declarativa de inconstitucionalidad, llegando la CSJN a efectuar declaraciones abstractas de inconstitucionalidad, mientras que en la mayoría de las provincias ha sido incorporada positivamente, y cuyo alcance, establecido por vía doctrinaria, se encuentra circunscripto a la determinación -o no- de la existencia de un agravio a un derecho reconocido por la Constitución.

Dentro de tales parámetros, la pretensión incoada tiende a desentrañar el conflicto suscitado entre una Ordenanza Municipal -entendida como especie de ley local tanto en sentido formal como material-, reputada como violatoria del orden constitucional vigente.

Demanda que -como en la mayoría de las legislaciones provinciales-, cae bajo la competencia de esta Corte de Justicia en orden a lo preceptuado por el Art.203, inc.2, y Art.259 de la Constitución Provincial.
Suspensión del juicio a prueba, excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CARABALLO, Cesar G. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-14

Una injerencia delictiva suscitada durante el período en el que el imputado se halla sometido a las condiciones del régimen de suspensión del juicio a prueba importa la aplicación del art. 319, C.P.P., y con ello el rechazo de la petición de excarcelación.
Competencia provincial, competencia penal, juez previniente, fraude a la propiedad intelectual
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Figueroa, Miguel Marcelo s/ inf. art. 72, incs. a) y c) -ley 11.723.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-28

Corresponde a la justicia provincial, que previno en la causa, y no a la justicia en lo criminal de la Capital Federal, continuar entendiendo en la investigación del hecho que motivó la calificación "prima facie" del delito previsto en el art. 72, inc. c), de la ley 11.723. Ello así pues si bien en esa ciudad se produjo la publicación de la obra, no lo es menos que -como se destaca en un informe y declaración testimonial- actos de relevancia típica, como comienzo de ejecución del delito, han tenido desarrollo en la ciudad de Santa Fe, lo cual debe considerarse decisivo a los efectos de la determinación de la competencia.
Recurso extraordinario federal, competencia laboral, contrato de trabajo, defectos en la consideración de extremos conducentes, defectos en la fundamentación normativa, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Gómez,  Ricardo  Victerman c/ Consorcio  de  Propietarios  del Edificio O'Higgins 1785. s/ Indemnización laboral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

Los asuntos entre empleados y empleadores que atañen a derechos que emanan de la relación de trabajo, debatidos ante los tribunales del fuero respectivo no dan lugar, por tratarse de dichas cuestiones, al recurso extraordinario, excepto cuando las decisiones atacadas no poseen un análisis razonado de planteos introducidos oportunamente y conducentes para la correcta dilucidación del pleito o se interpreten normas en términos que equivalgan a su virtual prescindencia.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: W., A. A. y otra c/ M., D. O. y otra s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-16

La prioridad de paso no da derecho al conductor a barrer con todo lo que encontrare en su trayecto, como si contara para ello -en virtud de aquella ventaja- con un bill de indemnidad.
Prescripción, daños y perjuicios, daño moral, enjuiciamiento de magistrados
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CARLOS SANTIAGO COULON c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ PRESCRIPCION - DAÑOS Y PERJUICIOS - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

Corresponde hacer lugar a la prescripción planteada, si el perjuicio patrimonial y el daño moral que integran el contenido de la demanda del actor provienen de la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento que dispuso su destitución y a la fecha de iniciación de la demanda el plazo del art. 4037 del Código Civil se encontraba ampliamente cumplido y no resulta posible la dispensa de la prescripción contemplada en el art. 3980 pues no existen dudas que las "dificultades o imposibilidad de hecho" desaparecieron a partir de la asunción de las autoridades constitucionales.
Aplicación de la ley, ley más favorable
Materia: PENAL
Carátula: P., C. s/ Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-09

Frente al claro mandato de la Constitución Provincial no cabe discutir que siempre deberá aplicarse la ley procesal penal mas favorable al imputado, norma que, por lo demás, es directamente operativa y obligatoria sin más para los jueces.
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vall, Fernando y ot. c/ Ojeda, Carlos M. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

La decisión que al regular honorarios deja sin efecto resoluciones firmes y consentidas, con violación al principio de la cosa juzgada, preclusión y las garantías constitucionales del derecho de propiedad y defensa en juicio, causa agravios cuyo análisis excede el marco de admisibilidad del recurso extraordinario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JOSE FOLMER E HIJOS SRL c/ IRIBERRY CARLOS Y FRANCISCO IRIBERRY s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-11

La prescripción se interrumpe con la mera interposición de la demanda y no depende de su ulterior notificación.
Contrato de trabajo, accidente in itinere, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ, HUGO ROBERTO c/ Omega A.R.T
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-26

El concepto de trayecto empleado por el art. 6 de la ley 24.557 para referirse al accidente in itinere es, por esencia, dinámico, ya que se trata del recorrido normal para dirigirse del domicilio del trabajador al lugar de trabajo. Al respecto, cabe señalar que a éste le corresponde la carga de la prueba, por cuanto le incumbe demostrar que el accidente ocurrió en las circunstancias que denuncia
Denegatoria del recurso, prisión perpetua, homicidio calificado por el vínculo, insuficiencia del agravio, aborto, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Guzmán, Cristian Matías s/ homicidio agravado c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua impuesta efectuado si la recurrente sólo fundó sus críticas en la eventual desproporcionalidad de la sanción fijada para el caso con la consecuente afectación del principio de culpabilidad y en su alegado carácter de inhumana, cruel o degradante, y además violatoria de los principios constitucionales de acto, autonomía personal, resocialización y legalidad, pero no ha demostrado por qué el legislador no podría limitar a los jueces en la determinación en concreto de la pena, conforme a los arts. 40 y 41 del Código Penal, en los casos en los cuales, por la índole y gravedad de la conducta incriminada -en el caso, homicidio agravado por ser la víctima una persona con quien ha mantenido una relación de pareja en concurso ideal con aborto-, se estableció la máxima penalidad prevista en el ordenamiento jurídico nacional, a través de una sanción que reviste el carácter de indivisible, rígida o absoluta (voto del juez Huarte Petite).
Honorarios, regulación de honorarios, causa no susceptible de apreciación pecuniaria, juicio, empleados públicos, indemnización, sumario administrativo, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GIMENEZ LASSAGA, RODOLFO LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ REVOCATORIA.    RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 287-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-02-12

Si el juicio tiene por materia, el agravio que le provocó al actor la instrucción y resolución del sumario administrativo una vez dado de baja como agente municipal, corresponde regular los honorarios profesionales en base a tal cuestión, a la que no cabe atribuirle contenido pecuniario.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, asociaciones civiles, nulidad del acto jurídico, actos jurídicos
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Giunti, Guido c/ Club Atlético 9 de Julio de Berabevu s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Cobro de australes (Expte.: C.S.J.  Nro. 358 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-06

No puede prosperar la alegación del recurrente de que en autos no se peticionó en ningún momento que se declarara la nulidad de la Asamblea, sino -en el caso- su inoponibilidad al actor con fundamento de que la misma era nula de nulidad absoluta, no sólo porque dicho planteo llevaría -en definitiva- al análisis de la validez o nulidad de la Asamblea, sino porque lo referente a la determinación del alcance de las peticiones de las partes, como lo relativo a cuales son las cuestiones comprendidas en la litis, suscita problemas de hecho y derecho que son propios de los jueces de la causa y ajenos -en principio- a la instancia extraordinaria. No resultando ocioso, además, destacar que la inoponibilidad se vincula al tópico relativo a la eficacia de los actos jurídicos con relación a terceros, calidad que obviamente no reviste el recurrente, dado su carácter de asociado a la Mutual demandada.
Empresas del Estado, Telecom, convenios colectivos de trabajo, jornada de trabajo, carácter no remuneratorio, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: MORALES, Hugo c/ TELECOM ARGENTINA-STET-FRANCE TELECOM S.A. s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-01

Si bien las partes signatarias de la convención colectiva pretendieron otorgarle al concepto "jornada discontinua" (Cód. 401) - redenominado "art 15" (Cód. 1586)- un carácter no remuneratorio, lo cierto es que la conducta puesta de manifiesto por la demandada entre diciembre de 1992 y junio de 1994 evidencia una intención contraria, al haber transferido el referido concepto al salario básico de la categoría, comportamiento que ciertamente tiñe al rubro de características remuneratorias aun cuando en origen no haya sido ésta su concepción.