Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-14


NEUQUEN, 14 de junio de 2011.- Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "BENEGAS ELVIRA C/ SAAVEDRA PEDRO ALBERTO S/ SUMARISIMO LEY 2268", (Expte. Nº 371989/8), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Nº 2 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia del Secretario actuante Dr. Miguel E. BUTELER y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, dijo:

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 111/113 y vta., que rechaza la demanda deducida por Elvira Benegas, con costas a su cargo, la actora interpone recurso de apelación, a fs. 118, expresando agravios a fs 121/128 vta, de cuyo traslado ordenado a fs. 130, la contraria guarda silencio.

II.- Se agravia la actora, expresando que en la fijación de los hechos el a-quo omite considerar que la demandada no aportó prueba de ninguna índole, ya que en su argumentación, sostiene que concurrió a su taller a los 60 días de entregado el vehículo. No existe prueba que acredite sus dichos y sin embargo, el juez toma como base cierta la fecha de presentación al primer reclamo de su parte, lo que por supuesto es totalmente falso.

Se queja que la a-quo haya considerado que la demandada, reconociendo en forma expresa el contrato de servicios mecánicos, de acuerdo a lo pactado, ofreciera cambiar el motor o repararlo, habiendo optado su parte por la reparación por ser el de menor costo. Expresa que la demandada no dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 9 de la Ley 24.240 y, además, sostiene que; si el demandado consideraba que la reparación del motor resultaría deficiente, para qué la llevó a cabo? Invoca lo normado por el art. 20 de la Ley 24.240, en cuanto a que los materiales a utilizar en la reparación, como lo fue en este caso, resulta obligación a cargo del prestador del servicio emplear materiales o productos nuevos o adecuados a la cosa de que se trate, salvo pacto escrito en contrario.

Manifiesta que no puede dejar de tenerse en cuenta el apercibimiento dictado por la Dirección de Defensa del Consumidor, por la falta de entrega de información a la actora, en la forma prescripta según el art. 4 de la ley 24.240.

También se agravia de que en el considerando II, la magistrada destaque que la normativa invocada por la actora es la ley de defensa del consumidor, haciendo hincapié en la falta de entrega de un presupuesto de acuerdo a sus términos y de la garantía de trabajo y seguidamente efectúa una errónea interpretación del art. 21 de la ley 24.240, calificando como una potestad o decisión unilateral del prestador del servicio (y no una obligación), la entrega de presupuesto.

Expresa que se omite en la sentencia lo prescripto por el art. 23 de la Ley 24.240, en cuanto reglamente que cuando por las características del caso no fuere posible comprobar la eficacia del servicio inmediatamente de finalizado, el mismo empieza a correr desde que se den las condiciones en que aquélla pueda constatarse, norma que modificada por la ley 26.361, agrega que se estará siempre al plazo más favorable al consumidor o usuario.

Alega que es errada la interpretación que efectúa la jueza, ya que sentencia que por aplicación del art. 1467 bis del Código Civil el defecto es oculto y no pudo ser advertido al momento de la entrega, la actora tiene 60 días para denunciarlos a partir del descubrimiento, omitiendo por completo considerar que la ley de defensa del consumidor es de orden público, sin embargo la a-quo, coloca en una misma línea al consumidor con el proveedor del servicio, no considera interruptivo el reclamo efectuado a los 60 días (a pesar de haber acudido anteriormente en reiteradas oportunidades), este plazo de 60 días es reconocido expresamente por la demandada.

Manifiesta que en el considerando III la jueza realiza una errónea valoración de la prueba, cuando merita que "la actora no ha especificado los defecto que advirtió en su vehículo, sino solo que dejó de funcionar", refutando tal consideración, al sostener que se consignó al demandar que el vehículo dejó de funcionar porque levantaba temperatura y según las consultas realizadas, se le había quebrado un aro mecánico al armar, etc.

Asimismo se agravia que la sentenciante haya considerado que las causales de los malos resultados obtenidos con la reparación del motor pueden ser múltiples y que no hay documentación ni registros en el expte. que permitan opinar sobre cuáles fueron las fallas, acusando orfandad probatoria, cuando el perito deja abierta la posibilidad a la sapienza del juzgador.

Califica de escasa la fundamentación del a-quo para rechazar la demanda, exigiendo a la actora consumidora que deba probar lo que le corresponde a la demandada, ante la inversión de la carga de la prueba que existe en el caso de marras, la omisión de la falta de garantía, la cosa que no funciona, y realizado el reclamo en los términos que la legislación vigente exige, ya que no valora ni la absolución de posiciones, ni el expte. Administrativo donde el demandado fue apercibido por falta de entrega del presupuesto, y por falta de información al consumidor, sin otorgarle a este procedimiento ninguno tipo de valor jurídico.

III.- Entrando al estudio de los agravios, adelanto mi opinión en el sentido de que le asiste razón a la apelante, debiendo prosperar la demanda, bien que en forma parcial.

En efecto, se encuentra probado en autos los servicios requeridos al demandado, es decir la reparación del motor de la camioneta que le encargara la actora, atento las facturas 93/96 y presupuesto que en copia luce a fs. 15.

También se encuentra acreditado que el demandado no entregó ni presupuesto por los trabajos realizados, ya que la documental precedentemente mencionada no emana del demandado sino que fue entregada a él, por quienes intervinieron en la rectificación del motor (Patagonia Motores s.h), con lo cual y conforme lo sostiene Farina "la falta de entrega del presupuesto con los datos que exige el art. 21, deberá operar una presunción iuris tantum a favor de lo que afirme el usuario, teniendo en cuenta la naturaleza y características del servicio (clase de trabajo, materiales empleados, precio convenido, etc.) y atendiendo, en lo pertinente a lo dispuesto por los art. 1632, 1635 y consc. del Cód. Civil; pero, a la inversa de lo dispuesto por estas normas, será a cargo del prestador del servicio la prueba en contrario de lo afirmado por el usuario o consumidor (arg. art.37, inc. c).De otro modo este art. 21 estaría de más." (en "Defensa del Consumidor y del Usuario", p. 304).

Asimismo, debe señalarse que el demandado tampoco ha extendido la garantía que prescribe el art. 24 de la ley 24.240. Si bien el inc. f) del art. 21 pareciera calificar de facultativo el otorgamiento de garantía y en su caso alcance y duración. Sin embargo, Fariña sostiene que ".hay que dejar en claro que la garantía siempre es debida al cliente por el prestador del servicio (arts. 519 a 521, Cód. Civil) y con mayor razón en una ley de defensa de consumidores y usuarios.. La no entrega de una constancia escrita de garantía no libera al prestador del servicio de las responsabilidades pertinentes y no impedirá al usuario accionaren tal sentido" (En ob. citada, p. 302/303).

Sentado estos conceptos, debo señalar que discrepo con el razonamiento que efectúa la a-quo, en cuanto endilga a la actora, la falta de especificación de los defectos que advirtió en su vehículo, ya que en primer lugar, quedó demostrado que el automóvil de la actora tuvo desperfectos por los cuales debió ser trasladado con auxilio desde Las Grutas hasta esta localidad (conf. facturas obrantes a fs. 97/100, que no fueron desconocidas por el demandado).

En segundo lugar, y más allá de que la actora accione bajo la ley de defensa del consumidor, no considero que corresponda que se le exija más detalles de los desperfectos técnicos, que los especificados al demandar, ya que la misma es una simple usuaria, no se acreditó que tuviera conocimientos mecánicos, y por si fuera poco, acciona contra un prestador de servicio mecánico, es decir, quien le efectuara reparaciones en el motor de su vehículo y justamente era quien debía desvirtuar que los daños en su motor no le eran imputables a él, ya que repito, se acreditó la contratación del trabajo de reparación, el precio abonado (conforme facturas que no fueron desconocidas por el demandado) y asimismo, que se encontraba vigente la garantía (la magistrada así lo considera y por lo tanto, resulta un tema que se encuentra firme a esta altura).

Tampoco coincido con la valoración de la pericia practicada, ya que la magistrada comienza recogiendo las conclusiones del perito, en cuanto a que el automotor con la reparación efectuada en las condiciones pactadas no debería tener inconvenientes en los siguientes 10.000km o 300 días de reparado, para luego girar en su razonamiento, meritando que como la actora no especifica qué ocurrió con su automóvil, sino que sólo relata cuales fueron las fallas y ante la falta de prueba específica de los asertos sobre lo que dijeron algunos mecánicos consultados, rechaza la acción.

Y sostengo mi disidencia, porque más allá del ámbito de esta acción de la ley 24240 que establece una serie de pautas y directrices que resguardan a la consumidora o usuaria como parte mas débil de la relación, y que en este caso se traduce en presunciones ante la entrega de presupuesto y de garantía tal como ya se expusiera, la prueba exigida a la actora, resulta hasta contraria a la regla contenida en el art. 377 del Código Procesal, ya que la actora como ya lo sostuviera, acredito los hechos constitutivos de la relación (servicios contratados y precio abonado y desperfectos del automotor ), con lo cual pesaba como carga del demandado, acreditar, alguno de los hechos extintivos de la relación y ni siquiera ofreció prueba (conf. escrito de fs. 27/28).

Por lo tanto, juzgo que corresponde hacer lugar a la acción, expidiéndome seguidamente sobre los rubros de condena.

IV.- a) gastos materiales: comprenden los desembolsos realizados en concepto de reparación de motor, repuestos, remolque, alojamiento, comida, que dan cuenta facturas de fs. 12/15, y 93/102: $ 8.282.

b) privación de uso: tengo el cuenta el tiempo que sostiene la actora que duró la reparación (desde abril a julio, conf. facturas), es decir tres meses y dentro de ese lapso, de lunes a viernes (conf. pot. IV, a fs. 19), conforme los días invocados, que estuvo imposibilitada de usar el automotor), y fijo como justa y equitativa la suma de $ 1800.

En cuanto a los intereses, corresponde sean liquidados desde que cada suma ha sido desembolsada para los gastos del inc. a) y en cuanto al importe en concepto de privación de uso, desde la fecha en que fue entregado el automotor al taller (30 de abril de 2006), aplicándose la tasa mix del BPN hasta el 31 de diciembre de 2007 y a partir del 1° de enero del 2008 la tasa activa del BPN (Conf. criterio de esta Sala, en autos "Hobert c/Limkat Servicios SRL y otro s/cobro de haberes", Expte. Nº 348834/7, del 31/08/10).

V.- Distinta suerte correrá la pretensión de daño moral, desde que en casos como el presente en que se reclama por incumplimiento contractual, su acogimiento debe ser restrictivo no siendo suficiente para otorgarlo el mero hecho del incumplimiento del vendedor.

Respecto al tema sostuve en varios precedentes que:"Debe también remarcarse que, tal como la propia actora lo indica en el escrito de demanda, el daño moral reclamado es de naturaleza contractual, razón por la cual la norma específica que rige al caso es la del artículo 522 del Código Civil y no la genérica del artículo 2176 que se refiere a los restantes daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato." "Pues bien, sobre el tema tengo postura tomada desde hace tiempo, que la reparación del agravio moral en materia contractual debe ser interpretada con criterio restrictivo, debiendo exigirse, en todos los casos, la prueba concreta del perjuicio que se alega haber sufrido. Ello por cuanto no cualquier afectación anímica o lesión a los sentimientos de una persona puede ser admitida, sino sólo aquella que, por su gravedad, puede dar lugar a un verdadero perjuicio espiritual en detrimento de los derechos personales. Porque como lo ha precisado la jurisprudencia, si bien el solo obrar antijurídico "puede" hacer surgir de los hechos mismos la demostración del daño moral, no lo es menos que se alude a hechos con virtualidad suficiente para producir lesión en las afecciones legítimas de la víctima, ello en virtud de que el derecho, que toma como cartabón al hombre medio, no puede atender a reclamos que denotan una susceptibilidad excesiva y eminentemente individual, desde que uno de los requisitos para la resarcibilidad del daño es que el mismo sea jurídicamente significativo (CNCom. Sala A, LL-1986-A-132)". (PS: 2009, Nº27- Tº I- Fº 140/148, Sala II, 24/02/09).

En el caso concreto en análisis no advierto elementos suficientes que permitan que me aparte del criterio restrictivo antes expuesto, toda vez que el incumplimiento del demandado y las consiguientes molestias que de ello se derivaron, no constituyen a mi entender, una molestia de magnitud suficiente, que permita la procedencia del rubro en cuestión.

Además, debe recordarse que la prueba de su existencia pesa sobre quien lo reclama, y se requiere que la misma sea clara y categórica y al respecto, advierto que la actora no solo no ha acreditado, ni siquiera ha ofrecido prueba para la procedencia de esta indemnización.

VI.- Por lo expuesto propongo al Acuerdo: 1) Revocar la sentencia dictada a fs. 111/113 y vta., y en consecuencia, hacer lugar a la demanda, condenando al demandado para que dentro de los diez (10) días de notificado, abone a la actora la suma de condena que asciende a $ 10.082 ($ 8.282 + $ 1.800) con mas los intereses a la tasa fijada y a partir de la fecha indicada 2) se desestime el reclamo por daño moral, 3) Por aplicación de lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, dejar sin efecto la condena en costa y los honorarios fijados en la instancia de grado, estableciendo que en ambas instancias serán soportadas por el demandado en su calidad de vencido (conf. art. 68 del Cód. Proc.), procediéndose a una nueva regulación de honorarios y estableciendo los de Alzada en base a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 1.594.

Así lo voto.

La Dra. Patricia M. CLERICI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta SALA II.

RESUELVE:

I.- REVOCAR la sentencia dictada a fs. 111/113 y vta., y en consecuencia HACER LUGAR a la demanda condenando a PEDRO ALBERTO SAAVEDRA para que dentro de los DIEZ (10) días de notificado, abone a ELVIRA BENEGAS la suma de PESOS DIEZ MIL OCHENTA Y DOS ($ 10.082), con más los intereses establecidos en los considerando respectivos.

II.- Costas de ambas instancias al demandado en su calidad de vencido (art. 68 del Código Procesal).

III.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en a instancia de grado, fijándose en su lugar las siguientes sumas: para los Dres. ... y ... -letrados apoderados de la actora- de ... a cada uno y para los Dres. ... y ... -patrocinantes del demandado, el primero hasta fs. 28 y de allí en adelante la restante letrada-, de ... y de ..., respectivamente (conf. arts. 7, 9,20, 35 y ccdtes. de la ley 1594).

IV.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia, en las siguientes sumas: para los Dres. ... y ... -letrados apoderados de la actora- de ... a cada uno (art. 15 L.A).

V.-Regístrese,notifíquese y oportunamente, vuelvan los autos al juzgado de origen.

Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici Dr. Miguel E. Buteler - SECRETARIO REGISTRADO AL Nº 119 - Tº III - Fº 568/573 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2011.