Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-07


Expte. n° 8022/2011 "Arenera Pueyrredón S.A. c/ AUSA S.A. s/amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Arenera Pueyrredón S.A. promovió acción de amparo (fs. 1/30) contra Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (en adelante AUSA) con el objeto de que se dejara sin efecto la Licitación Pública Nº 5/2010 AUSA, relativa al "Proyecto ejecutivo, construcción y mantenimiento del nuevo puente sobre el Riachuelo Puente Roca- Patricios" en virtud de que el proceso licitatorio adolecía de irregularidades que afectaban en forma actual e inminente, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías de la empresa, protegidos por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Constitución Nacional. Solicitó como medida cautelar la inmediata suspensión del trámite licitatorio hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Señaló que es una empresa dedicada a la comercialización de áridos y está emplazada sobre la margen derecha del Riachuelo, a escasos metros de donde se ubicará-según el Pliego de Bases y Condiciones -el puente giratorio 'Roca-Patricios'.

Precisó que los áridos son extraídos del río y trasladados por buques hasta su sede, y destacó que el transporte fluvial a través del Riachuelo es el único medio existente para abastecerse de arena; por lo que es de vital importancia para la empresa mantener las condiciones actuales de navegabilidad.

Sostuvo que en la licitación pública en cuestión no se habían cumplido el procedimiento de evaluación de impacto ambiental contemplado en el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad y en la ley nº 123, vulnerándose además los principios de prevención y precautorio contenidos en la Ley General del Ambiente nº 25.675. Agregó que tampoco AUSA contaba con la "Declaratoria Nacional" -prevista por la Ley General de la Navegación nº 20.094- expedida por la autoridad marítima, Dirección Nacional de Vías Navegables. Adujo, además, la violación de la ley de puertos nº 20.093, la ley nº 18.398 y la falta de intervención de la Prefectura Naval Argentina y del Servicio de Hidrología Naval.

2. La jueza de grado resolvió declararse incompetente y ordenó la remisión de las actuaciones para su ulterior trámite al Juzgado de Primera Instancia en lo Federal de Quilmes, en virtud de lo dispuesto en la sentencia del 8 de julio de 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Mendoza Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/Daños y Perjuicios" (fs. 274/278).

3. Disconformes, la Fiscal en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 2 (fs.

280/283) y la parte actora (286/297) apelaron el decisorio.

El representante del MPF ante la Cámara de Apelaciones sostuvo la apelación de la fiscalía de primera instancia a fs. 301.

La Sala II de la Cámara CAYT confirmó la resolución de la jueza de grado (fs.

310/317 vuelta). Para así decidir, los jueces Esteban Centanaro e Inés Weinberg -que integraron la mayoría- consideraron que la pretensión de la amparista reposaba principalmente en cuestiones de derecho federal, la navegabilidad de aguas interjurisdiccionales, y que sus planteos se relacionaban con el cumplimiento de normas federales como la ley de la navegación nº 20.094, la ley de puertos nº 20.093 y la ley nº 18.398), "extremo que -naturalmente- impide asumir el conocimiento de la causa [ en tanto que.] el supuesto incumplimiento de leyes locales en materia ambiental, no modifica la distribución de competencia" (fs. 311 vuelta).

Afirmaron también que "los eventuales efectos ambientales que interesan al actor [.] se encuentran relacionados con la cuenca Matanza-Riachuelo en sí, y no con otras repercusiones ambientales que la obra puede tener intra Ciudad.

Así las cosas, la cuestión denunciada, específicamente en autos, encuadra dentro de la órbita de la ACUMAR (según ley nº 26.168) y de lo decidido por el Alto Tribunal in re "Mendoza" (fs. 212). Finalmente recordaron lo resuelto por la Cámara CAYT en el fallo plenario "Romero Vera, Hugo c/ GCBA s/ otros procesos incidentales", sentencia del 20/4/2010, que consideraron mutatis mutandi aplicable al caso.

La disidencia expresada por la Dra. Daniele compartió con la mayoría que correspondía "declinar la competencia de este Fuero para el tratamiento de la totalidad de los puntos relativos a la navegabilidad del río [c]omo asimismo las cuestiones ambientales circunscriptas a la gestión de la Cuenca Matanza-Riachuelo y de efectos interjurisdiccionales", pero discrepó al afirmar que era competente el fuero local "para el tratamiento de las cuestiones vinculadas al supuesto incumplimiento de la ley nº 123 y el procedimiento de audiencia pública, como asimismo para los efectos ambientales ajenos a la gestión de la Cuenca Matanza - Riachuelo, como en relación al Plan de Saneamiento" (fs, 217 y vuelta).

4. Frente a este pronunciamiento, la amparista interpuso recurso de inconstitucionalidad fs. 321/336) agraviándose de que la decisión recurrida vulneraba la garantía del juez natural (art. 18 Constitución Nacional), desconocía disposiciones de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en materia ambiental y violaba lo establecido en los artículos 6 y 103 CCABA.

En subsidio y para el caso de que se confirmara la competencia federal, solicitó "el desdoblamiento de la medida cautelar peticionada y de la acción de fondo, de modo que se continúe el trámite de las presentes actuaciones ante la Juez de grado local a efectos del tratamiento y resolución de la totalidad de los vicios de los que adolece el trámite licitatorio y cuestiones ambientales locales, con excepción del vicio formal vinculado a la cuestión ambiental federal, el cual podría ser tratado, junto al pedido de medida cautelar por el Juez Federal de Quilmes.

Adicionalmente, y de considerarlo V.E. procedente, debería también desdoblarse las actuaciones en lo que se refiere a la competencia de la justicia en lo civil y comercial de la Capital Federal en materia de libre navegación de los ríos." (fs. 335 y vueta.) La Sala II concedió el recurso (fs. 341 y vuelta).

5. Radicadas las actuaciones en el Tribunal se corrió vista a la Fiscalía General que se pronunció a través del Fiscal General Adjunto (fs. 347/352) propiciando que se dirimiera la cuestión de competencia suscitada a favor del fuero Contencioso Administrativo y Tributario local, en razón de que AUSA (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria) ejerce potestades públicas al proyectar la obra del "Puente Roca Patricios", que pretende ejecutar a través de terceros (de acuerdo con la facultad que le otorga la ley nº 3060) mediante la Licitación Pública nº 5/2010 en cuestión. Planteó además que la falta de autorizaciones emitidas por autoridades nacionales no modificaba la competencia local toda vez que, la parte actora persigue satisfacer derechos individuales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia dictada el 10/11/2009 in re "Mendoza Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)" aclaró que la litispendencia " está rigurosamente limitada a aquellos procesos en que el bien jurídico ambiental comprometido es colectivo, supraindividual, indivisible, impersonal y no fraccionable en cuotas adjudicables a cada uno de sus titulares· (consid. 4) de modo que cuando los asuntos involucren una 'lesión a este tipo de bienes de incidencia colectivo [que] tuviere repercusión sobre el patrimonio individual' (consid. 6) quedan excluidos de la misma [.] en virtud de que 'hay una diferencia sustancial porque aún existiendo una causa fáctica y normativa homogénea, se pretende la satisfacción de intereses individuales cuyo ejercicio singular se encuentra suficientemente justificado'" (fs. 351 vuelta).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Si bien es cierto que las decisiones que resuelven sobre cuestiones de competencia no revisten el carácter de sentencias definitivas, este Tribunal ha resuelto que dichas resoluciones son equiparables a tales cuando la declaración de incompetencia recurrida sustrae definitivamente la causa de la jurisdicción local (in re:

"Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. n° 726/00, resolución del 21 de marzo de 2001).

Ese supuesto de excepción es el que se presenta en el caso. La resolución de la jueza de grado, confirmada por la Cámara, atribuyó competencia al fuero federal para entender en las actuaciones; decisión que conlleva los efectos indicados.

2. A los fines de dilucidar cuestiones de competencia, como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema, ha de estarse en primer término a los hechos que se relatan en el escrito de demanda y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de su pedido (doctrina de Fallos:

306:368; 312:808; 323:470; 324:4495; 326:86; 327:855 entre muchos otros).

En el caso, se trata de resolver sobre la competencia de la justicia local para decidir en una acción de amparo promovida por Arenera Pueyrredón S.A. orientada a lograr que se deje sin efecto la licitación pública nº 5/2010 convocada por AUSA para la "Obra proyecto ejecutivo, construcción y mantenimiento del nuevo Puente sobre el Riachuelo- Puente Roca Patricios", por distintos defectos que tendría el apuntado procedimiento de selección que individualiza en su escrito de inicio.

3. Para aclarar la cuestión debatida en autos es conveniente analizar el marco normativo de la obra "Puente Roca-Patricios", objeto de la licitación pública cuestionada:

a) Por ley nº 2775 (BOCBA nº 2984 del 1 de agosto de 2008) se aprobaron "Actas de Entendimiento" celebradas entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

En el artículo 1º se aprueba el "Acta de Entendimiento Marco Plan General de Conectividad Vial del Área Metropolitana con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", celebrada el 22 de agosto de 2006 por la cual las partes declaran que es de interés el desarrollo del proyecto y la construcción de las obras de "El Plan", en el marco del "Programa Bicentenario 2010" y en cumplimiento de ese objetivo "se comprometen a gestionar el financiamiento e impulsar la realización de los proyectos y las obras necesarias para concretar los accesos, conexiones, redes viales y obras complementarias en la Ciudad y en los municipios del área metropolitana colindante"; con ese objeto se suscribirán actas complementarias entre las partes y con los municipios que correspondan "a los fines de definir las obras y los organismos intervinientes por cada una de las partes que desarrollarán las acciones necesarias para la realización de El PLAN" (el destacado en negrita ha sido agregado).

En cuanto a la obra que nos ocupa, el artículo 6º aprueba "el Acta de Entendimiento Particular Construcción del Puente Roca Patricios, celebrada entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda, en fecha 22 de agosto de 2006".

En dicho instrumento, registrado como Convenio nº 39/06, entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la Municipalidad de Avellaneda y la Ciudad celebran "el Acta de Entendimiento Particular del Acta de Entendimiento Complementaria denominada 'Reparación del Antiguo Puente Pueyrredón', 'Construcción del Puente Roca Patricios'. 'Reparación del Puente Bosch', 'Reparación integral iluminación y pintura del Puente Victorino de la Plaza', 'Desarrollo del camino de la ribera' y 'Construcción Nuevo Puente La Noria'".

La cláusula 1ª es el "Acta de Entendimiento Particular que tiene por objeto la ejecución de la Obra 'Construcción del Puente Roca Patricios' que une las avenidas Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Gral. Roca en la Ciudad de Avellaneda". Por la cláusula 3ª la "Ciudad se compromete a desarrollar el proyecto, tramitar la licitación y ejecutar la obra, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos resultantes de esas tareas, y financiar la ejecución de la obra [.] por un monto estimado de Pesos Quince millones 15.000.000) en la medida que existan partidas suficientes" b) La ley nº 3060 (BOCBA nº 3196 del 17 de junio de 2009) otorgó a AUSA la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires a título oneroso y por el plazo de veinte (20) años. Su artículo 2 inc. b establece que la concesión tiene por objeto la "ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de aplicación y la ejecución de obras públicas no viales, las que deberán contar con previa autorización de la Legislatura".

El art. 3 autoriza a la concesionaria a "ejecutar las obras objeto de la concesión por sí o mediante la contratación de terceros, quedando a su cargo dar cumplimiento a la normativa vigente en materia ambiental".

El art 7 establece que la Autoridad de Aplicación de la concesión de obra pública es el Ministerio de Desarrollo Urbano del GCBA o el organismo que lo reemplace en el futuro "estando facultada para reglamentar la concesión, definir el plan de obras e inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias que fueran menester." c) La Resolución nº 356 conjunta del Ministerio de Desarrollo Urbano y el Ministerio de Hacienda (BOCBA nº 3396 del 9 de abril de 2010) dispone que Autopistas Urbanas S.A. es la encargada de la ejecución del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones, detalladas en el Anexo, en el marco de la Concesión de Obra Pública dispuesta por la Ley n° 3060. y la autoriza a obtener financiamiento.

En el "Anexo Plan de Obras y Cronograma de Inversiones" de la Resolución nº 356 (publicado en la Separata del referido Boletín Oficial, pág. 159) se detalla, en el parágrafo 3º, la obra puente Roca Patricios con una inversión de $ 33.301.000 (sin IVA).

d) La convocatoria de AUSA a la Licitación nº 5/2010 para la "Obra proyecto ejecutivo, construcción y mantenimiento del nuevo Puente sobre el Riachuelo- Puente Roca Patricios" fue publicada el 14 de junio de 2010 en el BOCBA nº 3440 (fs. 46).

e) La ley nº 3528 (BOCBA nº 3499 del 8 de septiembre de 2010) autoriza al "Poder Ejecutivo a destinar con carácter transitorio el equivalente a la suma de ciento cincuenta millones de dólares estadounidenses (u$s 150.000.000) de los fondos provenientes de la instrumentación de la operación de crédito público autorizada por el Artículo 3° de la ley n° 3380, a un plan de mejoramiento y ejecución de obras nuevas que faciliten la interconectividad entre las distintas áreas de la ciudad, el desplazamiento entre y por las vías secundarias, y la integración de éstas con la red de autopistas y vías interconectadas" y prescribe que debe destinar "la suma del equivalente a 100 millones de dólares estadounidenses (u$s 100.000.000) en carácter de préstamo a la empresa AUSA para la ejecución de algunas obras previstas en el Anexo I, en el marco de la ley nº 3060" (negritas agregadas).

En el listado de las obras previstas en el Anexo de la ley nº 3528 se consigna el "Puente Roca-Patricios".

4. Pues bien, de las normas reseñadas se advierte que en la obra "Puente Roca- Patricios", cuyo proyecto ejecutivo, construcción y mantenimiento constituye el objeto de la licitación pública nº 5/2010 de AUSA cuestionada en el presente amparo, no hay ninguna intervención de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) creada por ley nacional nº 26.168 promulgada el 4 de diciembre de 2006, a la que la Ciudad de Buenos Aires adhirió por ley nº 2217 (BOCBA nº 2613 del 26 de enero de 2007).

Tampoco hay mención de la ACUMAR en el "Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas" de la licitación de marras (fs. 30/ 194), ni en sus circulares aclaratorias (fs. 196/218).

De los mencionados pliegos surge que el puente se localizará continuando la Av Regimiento de los Patricios de la Ciudad, cruzando ortogonalmente al Riachuelo hasta su margen sur, en la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y que el objetivo principal de la obra es "mejorar la conectividad de la Ciudad con la Provincia, particularmente a través del alivio del tránsito sobre los puentes Pueyrredón Nuevo y Nicolás Avellaneda, y la conexión entre los sectores industriales y portuarios ubicados en las cercanías del cruce" (fs. 54, el destacado ha sido agregado).

En definitiva, con los elementos obrantes en autos, no es posible constatar una directa vinculación entre la pretensión ventilada en la presente causa y el programa integral que la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Mendoza" obliga a cumplir a la Autoridad de la Cuenca (punto 17, sentencia del 8 de julio de 2008, Fallos: 331:1622).

En otras palabras, no se trata de una obra enmarcada en el saneamiento de la cuenca, objeto de la intervención judicial de la CSJN y su órgano judicial delegado, el Juzgado Federal de Quilmes.

Cabe aclarar, a todo evento, que lo expuesto en modo alguno implica desconocer las competencias que la ley nº 26.128 pone en cabeza de la ACUMAR, pues en el estado actual del proceso resulta imposible avanzar en la consideración acerca de la pertinencia de dar intervención a la mencionada autoridad en el trámite licitatorio cuestionado o incluso en este juicio, cuestiones que a todas luces exceden el marco de decisión del Tribunal en la cuestión específica que ahora viene controvertida.

Aquí simplemente se concluye que, por el modo en que ha sido planteada la pretensión que origina el juicio, su resolución no se enmarca dentro del amplio cúmulo de competencias que la CSJN ha delegado al Juzgado Federal de Quilmes para dar ejecución a la sentencia definitiva dictada en la causa "Mendoza".

5. Por otra parte es dable señalar, como lo hace el Sr. Fiscal General Adjunto en su dictamen, que la parte actora sostuvo en su demanda (fs. 1 vuelta, 19) -y lo mantuvo en sus escritos recursivos (fs. 291 vuelta/292 y 327 vuelta/330)- que promovía el amparo por entender que la licitación de AUSA afectaba derechos subjetivos de la empresa -vinculados al ejercicio del comercio- y no intervenía en defensa de intereses colectivos.

En este sentido es de aplicación el criterio interpretativo pronunciado por el Alto Tribunal en la misma causa "Mendoza" el 10 de noviembre de 2009 (Fallos: 332:2522), que, a raíz de la competencia atribuida al Juzgado Federal de Quilmes en el pronunciamiento definitivo del 8 de julio de 2008 vino a aclarar el recto alcance de las reglas allí establecidas, al expresar que: ".la litispendencia declarada con la consecuente radicación de las causas ante el juzgado al que se atribuyó competencia, está rigurosamente limitada a aquellos procesos en que el bien jurídico ambiental comprometido es colectivo, supraindividual, indivisible, impersonal y no fraccionable en cuotas adjudicables a cada uno de sus titulares en el sentido concordemente definido por esta Corte en la causa 'Halabi, Ernesto c/ P.E.N. ley 25.873 dto. 1563/04' (sentencia del 24 de febrero de 2009, voto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni) (LA LEY, 2009-B, 259)" (considerando 4º); por ello ". las reclamaciones concernientes a la tutela de derechos individuales está inequívocamente excluida de la competencia atribuida al Juzgado Federal de Quilmes" (considerando 6 in fine, el destacado ha sido añadido).

Por las consideraciones expuestas, entiendo que no corresponde remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Quilmes.

6. Sentado lo expuesto, cabe señalar que no se encuentra controvertido en autos que la demandada, Autopistas Urbanas SA, es una empresa cuyo capital accionario pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y tampoco que ella convocó a la Licitación Pública nº 5/2010 ejecutando el mandato legislativo que le otorgó la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires a título oneroso y por el plazo de veinte años (cf. ley nº 3060).

Se trata, entonces, de una sociedad a la que el Estado local le ha encomendado el ejercicio de determinadas funciones administrativas y, a tal fin, le ha delegado por ley ciertas potestades públicas.

La presente acción de amparo pretende que se deje sin efecto la referida licitación pública llamada por AUSA. En virtud de lo establecido en los artículos 48 de la ley nº 7, 1 y 2 de la ley nº 189 y 7 de la ley n° 2145, el presente amparo es una causa contencioso administrativa en cuyo conocimiento debe entender la justicia local.

7. Resta examinar, finalmente, si por la naturaleza interjurisdiccional del puente Roca-Patricios o por la materia federal sobre la que tratan algunos de los cuestionamientos formulados por la actora a la licitación impugnada, corresponde desplazar la competencia del fuero local a la justicia federal.

En este sentido debe recordarse que la competencia federal surge de los arts. 116 y 117, CN, y de las leyes del Congreso Nacional dictadas en su consecuencia; y, esa competencia es, por su naturaleza, limitada y de excepción, y su aplicación es de carácter restrictivo (Fallos: 310:1930; 312:1220; 313:1218).

Si bien la obra que se pretende ejecutar es interjurisdiccional, a través de los convenios reseñados en el punto 3 a) de este voto, la Nación y la municipalidad de Avellaneda delegaron en la Ciudad de Buenos Aires el desarrollo del proyecto, el trámite de licitación, ejecución y financiamiento de la obra "Puente Roca- Patricios", y acordaron que la Ciudad de Buenos Aires era "responsable exclusiva de todos los efectos resultantes de esas tareas" (cláusula tercera del Acta de Entendimiento Particular Roca- Patricios).

Además, la omisión del estudio de impacto ambiental atribuido por la amparista a AUSA proviene de una exigencia del ordenamiento jurídico local -art. 30 de la Constitución y ley nº 123- que no tienen vinculación directa con el carácter interjurisdiccional de la obra.

En un fallo reciente, en el que se hallaba en debate la contaminación ambiental que producía una planta industrial en el Río Paraná, se suscitó un conflicto negativo de competencia que el Tribunal Cimero resolvió declarando la competencia de la justicia local. La Procuración General de la Nación -a cuyo dictamen se remitió el Alto Tribunal- opinó que "el ambiente es responsabilidad del titular originario de la jurisdicción, que no es otro que quien ejerce autoridad en el entorno natural y en la acción de las personas que inciden en ese medio, máxime cuando no se advierte en el caso un supuesto de problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción (Fallos: 330:4234;; 332:1136) [.], la Corte a través de distintos precedentes ha delineado los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar la procedencia de dicha competencia federal en razón de la materia ambiental, estableciendo que, en primer término, debe delimitarse el ámbito territorial afectado, pues, como lo ha previsto el legislador nacional, debe tratarse de un recurso ambiental interjurisdiccional (Fallos:

327:3880 y 329:2316) o de un área geográfica que se extienda más allá de la frontera provincial. Es decir, que abarque a más de una jurisdicción estatal, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires o internacional, puesto que debe tratarse de un asunto que incluya problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción (Fallos:

330:4234; 331:1679). Asimismo, y como la determinación de la naturaleza federal del pleito debe ser realizada con especial estrictez, es preciso demostrar, con alguna evaluación científica, la efectiva contaminación o degradación -según los términos de la Ley General del Ambiente- de tal recurso ambiental interjurisdiccional, esto es, la convicción al respecto debe necesariamente surgir de los términos en que se formule la demanda y de los estudios ambientales que la acompañen, lo que permitirá afirmar la pretendida interjurisdiccionalidad o, en su defecto, de alguna otra evidencia que demuestre la verosímil afectación de las jurisdicciones involucradas (Fallos: 329:2469 y 330:4234)" -in re: "Rivarola, Martín Ramón c. Rutilex Hidrocarburos Argentinos", causa C. 143. XLV del registro de la CSJN, sentencia del 17/05/2011, publicado en: LA LEY 03/06/2011-.

Tampoco los supuestos déficits en la documentación licitatoria que debieran expedir organismos del Gobierno federal dan apoyo a la mentada incompetencia local.

En esta, como en cualquier otra contratación que efectúan autoridades locales de productos o bienes que requieren cierta habilitación, aprobación, autorización, supervisión o cualquier otra forma de intervención habilitante de la autoridad federal, su defecto o carencia no desplaza la competencia a la jurisdicción federal, sino que es uno de los recaudos de suficiencia o idoneidad que debe ser ponderado por el órgano a cargo de la licitación o por la autoridad judicial que interviniera, si le fuere planteado.

En suma, en el amparo que nos ocupa el escrito de demanda no permite generar la convicción del carácter interjurisdiccional o puramente federal de las impugnaciones planteadas por la actora a la licitación de AUSA, razón por la cual corresponde que continúen interviniendo los tribunales en lo contencioso administrativo y tributario locales, sin perjuicio de reexaminar la cuestión, si se incorporan otros elementos a la causa, teniendo en cuenta que todavía no se ha trabado la litis.

Por las consideraciones expuestas, corresponde: a) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora; b) revocar la sentencia de la Cámara en cuanto confirmó la declaración de incompetencia dispuesta en primera instancia, y c) devolver las actuaciones para que continúen con su trámite en la jurisdicción local.

Así lo voto Las juezas Alicia E.C. Ruiz y Ana María Conde dijeron:

Adherimos al voto del señor juez de trámite.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con el Dr. Casás en que corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia de Cámara, y devolver las actuaciones a su tribunal de originen.

2. Por las razones que señala mi colega en el punto 1 de su voto, a las que me remito, corresponde equiparar a definitiva la decisión que se viene recurriendo, esto es, aquella que acordó competencia al juez federal de Quilmes para entender en las presentes actuaciones.

Por lo demás, la parte recurrente viene controvirtiendo la interpretación que hizo el a quo de las leyes federales: 20.093, 20.094 y 18.398, y de la doctrina sentada por la CSJN en la sentencia publicada en Fallos: 329:2316, "Mendoza", para arribar la solución reseñada; razón por la cual, se halla planteada en el sub lite una cuestión federal cuyo tratamiento atañe a este Tribunal (cf. la doctrina sentada por la CSJN in re Fallos:

311:2478).

3. La pretensión de la parte actora consiste en que se decrete la nulidad de un acto local, el llamado a licitación pública n° 5/2010 efectuado por la AUSA para la realización del '"Proyecto ejecutivo, construcción y mantenimiento del nuevo puente sobre el Riachuelo Puente Roca- Patricios'" (fs. 1 vuelta), porque, sostiene, se ".ha incurrido en diversas irregularidades e ilegalidades durante el procedimiento de." (fs. 1) selección del contratista.

En particular, afirma que no se ha realizado el procedimiento de "Evaluación de impacto ambiental", la audiencia pública y, expedido el certificado de aptitud ambiental que, para la realización de una obra de esas características, requieren, a su juicio, las leyes locales 6, 104, 123 y 303 (cita, también, en apoyo a su postura los arts. 30, 32 y 63 de la CCBA, y las leyes federales 25.675, ley general del ambiente, y 25.831) (fs. 4 vuelta/11 vuelta).

Manifiesta, a su vez, que ese acto se halla en oposición a reglas federales en tanto: (i) no se ha solicitado a la autoridad Nacional las autorizaciones que indican el art. 11 de la ley 20.094 y la Resolución 71/91 de la Administración General de Puertos; (ii) ni dado intervención a la Prefectura Naval Argentina (cf. la ley 18.398, y su decreto reglamentario) y al Servicio de Hidrología Naval (fs. 16 vuelta/17 vuelta). Finalmente, sostiene que el llamado a licitación aquí controvertido viola, también, la ley 2201 (fs. 17 vuelta).

4. En ese marco -esto es, aquel en que se ha impugnado un acto emitido por una sociedad cuyo mayor accionista, con el 95% del paquete accionario, es el GCBA, por hallarse en oposición a las normas reseñadas supra-, resulta aplicable la doctrina de la CSJN con arreglo a la cual es competencia de la justicias provinciales entender en aquellas causas en que se controvierte, con apoyo en lo dispuesto tanto normas locales, como federales, la validez de actos emitidos por las autoridades de esas jurisdicciones (cf. Fallos: 329:5666, entre muchos).

A ese respecto, la Corte ha señalado que "[l]a razón de [esa] doctrina [...] se encuentra en el hecho de que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución Nacional al Gobierno Federal, se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas (arts. 121, 122 y 123 de la Ley Fundamental).

La competencia de la justicia local, en es[os] casos, no es sino consecuencia del ordenamiento constitucional cuya economía veda -como modo de preservar las autonomías de los Estados locales- a los tribunales nacionales juzgar sobre aquellas instituciones, salvo la alegada violación de la Ley Fundamental o de normas de derecho federal, supuesto en cuya ocurrencia las eventuales cuestiones federales que hayan de suscitarse tendrán adecuada tutela [...] por la vía del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48" (cf. Fallos: 319:1063, entre muchos otros).

5. Finalmente, cabe destacar que, por las razones que indica el Dr. Casás en el punto 5 de su voto, a las que me remito, no se encuentra acreditado en el expediente que estén dados los extremos frente a los cuales la CSJN, en la causa "Mendoza", ya citada, ha indicado resulta competente el juzgado federal de Quilmes.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Fiscal General Adjunto, voto por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia de fs. 310/317 vuelta, y devolver las actuaciones a su tribunal de originen.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Arenera Pueyrredón S.A., revocar la sentencia de fs. 310/317 en cuanto confirmó la declaración de incompetencia dispuesta en primera instancia a fs. 274/278 y disponer que las actuaciones continúen con su trámite en la jurisdicción local.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva.