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Hurto de automotor, aplicación de la ley, agravantes de la pena, bien jurídico protegido, interpretación de la ley, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: CASTILLO, J. s/ EXCARCELACION. HURTO. AUTOMOTOR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-29

1) Corresponde conceder la excarcelación por hurto de automotor, pues de ningún modo puede entenderse que ha recuperado vigencia el decreto ley 6582/58, pues establece una agravación penal que contraviene todos los principios que rigen las agravantes en los delitos contra la libertad del Cód. Penal y, en general, de todos los sistemas de agravantes registrados en dicho cuerpo.

Nuestra legislación penal registra agravantes en razón de la mayor entidad del bien jurídico afectado, en la mayor desprotección del mismo, en la mayor fuerza, habilidad, destreza o anormalidad extraordinaria de los medios empleados, encuadrando prácticamente todas las agravaciones legales del Cód. Penal dentro de las mencionadas razones, que son racionales.

2) Las agravaciones en razón del objeto tienen lugar cuando el objeto tiene un particular valor jurídico o social, como sucede con los valores artísticos, con el uso público, con el valor estratégico, capaz de comprometer la seguridad, etc. Ninguna de estas agravaciones racionales abarcan los supuestos comprendidos en las disposiciones penales del decreto ley 6582/58, pues se trata de una agravación en razón del objeto que en modo alguno indica un mayor contenido injusto del hecho.

El automotor no tiene un mayor valor jurídico o social por sí mismo, máxime cuando el concepto de automotor del referido decreto está limitado a los automóviles, excluyendo otros vehículos, cuyo valor puede ser igual o mayor que el de los mismos.

3) Ante esta irracionalidad manifiesta de las agravaciones, y dado que la ley 23077 tiene como objeto la supresión de las agravaciones irracionales, no parece prudente detenerse en una mera interpretación exegética y admitir sin más la renovación de la vigencia de disposiciones que la ley quiso claramente eliminar;

debiendo entenderse, por vía de la interpretación sistemática teleológica, que el alcance del art. 1 de la ley 23077 no abarca la renovación de la vigencia de las escalas penales agravadas del decreto ley 6582/58; resultando además discutible la constitucionalidad de esas agravaciones, en vista de su manifiesta irracionalidad antirrepublicana.
Viáticos, gastos de representación
Materia: PENAL
Carátula: FARACO, RODOLFO s/ FALSIFICACION DE CAUDALES PUBLICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-09

El viático según el decreto 1.343/74, es la asignación que el Estado acuerda a sus agentes para atender los gastos personales que les ocasione el desempeño de una comisión de servicio. Comprende los correspondientes a alojamiento y comida pero también otros gastos menores para satisfacer necesidades propias. También todo lo relacionado con la atención de terceros, tales como la retribución de cortesías, homenajes, etc. Integra otro rubro o concepto denominado "gastos de representación".
Recurso extraordinario, interpretación de normas y actos locales, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Dcia.  formulada  por  los colegiados Dres. I.F. Loza y E.V. Delporte c/ Dres.   Rubén  Makianich  y  Juan  F.  Peire  (Expte.  Nro.  669-T.D) s/ queja por deneg. del recurso de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-26

Es ajena a la jurisdicción apelada de la Corte todo lo relativo a la interpretación de la legislación local en juego, debiendo aceptar la que le han dado los tribunales locales en uso de facultades exclusivas, por lo que corresponde únicamente decidir si tal interpretación se halla o no en conflicto con las disposiciones de la Constitución Nacional que sirven de base al recurso.
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bergonzi, Luis Marcos y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos - S.P.F. s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

El recurso de apelación se encuentra desierto -arts. 265 y 266 del CPCCN-, toda vez que el escrito de agravios no constituye una crítica concreta y razonada del fallo apelado, por el contrario el recurrente reitera lo expresado al contestar la demanda y solicita que de confirmarse la sentencia se apliquen las leyes de consolidación, lo que ya fue contemplado por el Sr. Juez a quo en el decisorio.
Contrato de trabajo, certificado de trabajo, multa laboral, horas extra
Materia: LABORAL-PENAL
Carátula: Baissac, David c/ Mecalux Argentina SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-28

El actor se queja por la decisión de primera instancia que rechazó el reclamo de la multa prevista en el art. 80 LCT: No obstante, el hecho de que la empleadora haya puesto a disposición del trabajador el certificado de trabajo y la certificación de servicios y remuneraciones, sin perjuicio de que fueron confeccionados dentro del plazo legal, lo cierto es que, como surge del fallo de grado, se ha admitido el progreso del reclamo en concepto de horas extras a favor del actor, de modo que los instrumentos que obran acompañados en la causa no reflejaban los reales datos de la relación con respecto a la incidencia de las horas extras en la remuneración mensual, ,por lo cual no podía válidamente tenerse por cumplida la obligación del art. 80 LCT. En consecuencia, resulta procedente la condena en concepto de la sanción prevista en el art. 80 LCT modificado por el art. 45 de la ley 25.345, por lo que se sugiere modificar el fallo anterior en este aspecto. En virtud de ello, debe modificarse parcialmente la sentencia apelada y condenar a la codemandada a que dentro del plazo de diez días entregue al actor nuevos certificados del art. 80 LCT, que contengan los datos verídicos de la relación de acuerdo a las horas extras receptadas que quedaron acreditadas, bajo apercibimiento de astreintes. (Del voto de la Dra. Pinto Varela, en mayoría).
Supresión del estado civil, falsificación de instrumento público
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

La obtención de una partida de nacimiento y de un documento nacional de identidad ideológicamente falsos, valiéndose para lo primero de una constatación de nacimiento falsa, alterando así el estado civil del niño sustraído, configuran un conjunto de actos ejecutados para mantener la retención y ocultación del niño.
Libertad de expresión, libertad de prensa, derecho al honor, fuentes de información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramos, Juan José c/ LR3 Radio Belgrano y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Parece justo, a efectos de garantizar un razonable equilibrio entre la libertad de expresión y la protección del honor personal, exigir que el que propale la noticia acredite judicialmente que ha invocado la fuente y que sus dichos coinciden sustancialmente con aquélla.
Honorarios, abogados, regulación de honorarios, recurso de reposición (procesal), base regulatoria, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción-Recurso de  Revocatoria (Expte.: C.S.J. Nº. 214 Año 1984)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-02

Debe prosperar el recurso de revocatoria interpuesto contra el auto regulatorio de los honorarios profesionales de la demandada, correspondiendo justipreciar la base económica de la presente causa en la cifra que arroje la suma de los períodos transcurridos entre el recurso de revocatoria y la fecha de la demanda (como suma que era factible determinar si se cumplía adecuadamente con lo dispuesto en el inciso 3ro. del artículo 130 del Código Procesal Civil y Comercial, por la vía de lo establecido en el inciso d del artículo 24 de la ley 4.106 complementado según lo indica su artículo 23) y los cuarenta y ocho meses posteriores a ésta, en concepto de proyección económica de la pretensión articulada (reincorporación y salarios caídos). En consecuencia corresponde revocar el auto impugnado y efectuar una nueva regulación de los honorarios profesionales adoptando como punto de partida el último sueldo informado por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto provincial.
Régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación, pago, honorarios, facultades del acreedor, cesión de derechos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: DECAVIAL -INC. - c/ D.N.V. s/ CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-26

Los únicos requisitos que se establecen en el art. 1 de la ley 23 982, para que proceda el ejercicio de la opción respecto de las obligaciones originadas por la actuación profesional desarrollada por los letrados de las partes y, en su caso, por los peritos, son:

que quien ofrezca u oponga la cesión de derechos, revista la condición de titular de un crédito que se encuentre alcanzado por el régimen de consolidación de deudas del Estado, y que ese crédito haya sido reconocido en los mismos autos en los que se devengaron los honorarios que de ese modo se pretenden cancelar. (En igual sentido la misma sala, "Grandval", del 20 de octubre de 1994 y "Paraná Inmobiliaria y Forestal S.A.", del 8 de nov. de 1994).
Pueblos originarios, participación ciudadana, derechos de los pueblos indígenas, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

La elección de la forma en que debe cumplirse con la obligación estatal de permitir la participación de las comunidades en la gestión de los intereses que las afectan no está restringida o limitada por ninguna norma nacional que pueda servir de base a la Corte para imputar a la Provincia del Neuquén el incumplimiento del deber de establecer un cierto mecanismo de participación y, menos aún, para concluir que debió hacerlo antes de sancionar la ley 2439 (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Latrubesse, A. H. c/ Alvarez, S. C. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

Es posible una sentencia civil condenatoria pese a la absolución penal. La absolución penal hace cosa juzgada en lo civil cuando excluye completamente la existencia del hecho, o declara probado que el acusado no fue su autor ni participó en él. Si la sentencia lo absuelve (art. 1103 CC) por razones diversas a éstas, no hay obstáculos a la acción civil de daños.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, celeridad procesal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MURUJOSA, JOSE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ CONSTITUCION NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-09

La garantía de defensa en juicio no es compatible con la posibilidad de que las sentencias retarden sin término la decisión (Fallos 269:131). Su dilación importa una manifestación axiológicamente negativa del sentido con que la C.N. quiere que se preste tan fundamental servicio, y se agrava según sea la naturaleza de los derechos a tutelar. Se trata, en síntesis, de "evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente (cfr. C.S.J.N., voto del Dr.

Boggiano en "Nadei, León", sent. del 06.04.93). La pronta terminación de los procesos hace a la buena salud de la administración de justicia. (Del voto del Dr. Fernández).
Gendarmería Nacional, actos de servicio, retiro militar, incapacidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jonás, Ricardo Aníbal c/ La Nación (Gendarmería Nacional) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

La desigualdad de trato al compensar el daño producido como consecuencia de actos de servicio respecto del personal permanente de la Gendarmeria Nacional y de los alumnos, responde a estados diferentes; en el caso de los primeros se indemniza no solo la disminucion de las aptitudes para el trabajo, sino la frustracion de la carrera ya emprendida, supuesto para el cual el suplemento por antiguedad debera tomarse en su maxima escala, y en en el caso de los alumnos la compensacion se relaciona con el daño que se traduce en una minusvalia en la vida civil. El criterio diferenciado resulta razonable en tencion al perjuicio sufrido.
Marcas, publicidad comparativa, uso de marca ajena
Materia: COMERCIAL
Carátula: LABORATORIOS  BAGO  S.A. c/ BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA S.R.L.S/ s/ ESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-27

En cuanto a la "publicidad comparativa" me inclino, como regla, a considerar que no se adecua a la ley de marcas porque, al cotejar un producto y su marca con otro producto y su marca, se está haciendo uso de esta última por quien no es su titular; situación que no se aviene con los derechos que confiere el registro marcario en los términos del art. 4º de la ley 22.362. Pero esto es así, en mi criterio, como regla y hay que distinguir matices, ya que no se trata de la formulación de un dogma simpliciter sino de un juicio supeditado a las circunstancias del caso, esto es, secundum quid. Al cohibir la "publicidad comparativa" lo que se persigue, es afianzar la competencia honesta y evitar que se cause un daño a otro. Pero si el modo en que aquélla es realizada respeta la lealtad comercial y no ocasiona un ilegítimo perjuicio a terceros, no se alcanza a percibir qué razón podría obstar a su uso (mientras no implique montarse sobre marca de otro, sin la autorización de este otro).
AFJP, intermediación financiera
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Nación  Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. c/ Tucumán, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

Sólo la administración de los fondos de los afiliados podría encuadrar en la actividad genérica de intermediación, sin que pueda predicarse identidad alguna frente a lo dispuesto en el inc. b del art. 59 de la ley 24.241 -otorgamiento a los afiliados, o a sus causahabientes, de las prestaciones previsionales y beneficios que la ley establece-, por lo que el conjunto de las actividades que desempeñan las administradoras excede la mera intermediación a los fines del pago de la alícuota especial fijada en el art. 204, inc. d de la ley 5121 y art. 6°, inc. e, ap. L, de la ley 5636, ambas de Tucumán.
Violencia de género, debido proceso
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de nulidad en autos Benítez, Néstor Sebastián s/ infr. art. 149 bis del CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-19

El criterio sostenido por la Sala, que limitó el actuar del MPF, no sólo desatendió las especiales circunstancias del caso concreto de cara a los estándares convencionales en materia de violencia de género, sino que su interpretación respecto de una posible lesión a la garantía del debido proceso, no encontró fundamento alguno.
Culpa de la víctima, eximentes de responsabilidad, relación de causalidad, causa adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: Stigliani, Jorge c/ Coria, Nicolás y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-17

Para que el hecho de la víctima exonere en cualquier medida al autor material del hecho generador del perjuicio, o al dueño de la cosa causante del daño, debe tener relación de causalidad adecuada con dichos efectos dañosos.
Constitución Provincial, normas operativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-11-09

La operatividad de una norma constitucional local, jamás puede declamarse, si con ello se desconocen derechos individuales garantizados con mayor énfasis. Tales la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. (Dr. Bertolini: En disidencia).
Libertad condicional, contravenciones
Materia: PENAL
Carátula: THOMAS, H. M. s/ EXCARCELACION - FALTA LEVE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-07-15

Las faltas leves y espaciadas no constituyen obstáculo para el otorgamiento de la libertad condicional con base en lo prescripto por el art. 13 C.P.C.
Sentencia penal, conductor, eximentes de responsabilidad, responsabilidad del Estado, trabajos en la vía pública, costas
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: C. M. A. c/ Provincia de San Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-09-21

Los agravios expuestos por el contratista y la Provincia de San Juan en torno a su responsabilidad en la producción del evento dañoso no deben prosperar por compartir argumentos del Sr. juez de grado, porque su alegación en torno a la supuesta responsabilidad del conductor del vehículo -lo que eximiría su responsabilidad- no puede ser analizada en este proceso a la luz de lo dispuesto en la segunda parte del artículo 1777 del C.C. y C. N. como pretenden, habida cuenta que se encuentra expresamente excluida su aplicación según lo establecido por los arts. 1764 y 1765 ibid antes analizado. En segundo lugar, porque el accidente sí ocurrió y la responsabilidad del conductor del vehículo ya fue analizada por el Sr. Juez del 2° Juzgado Correccional. Las conclusiones a las que arriba el sentenciante respecto de la irresponsabilidad del conductor del vehículo en la producción del accidente son decisivas para el juez civil a la luz de lo establecido por el art. 1103 del C.C. De ello se deriva que resulta inadmisible que los apelantes pretendan nuevamente volver sobre la culpabilidad del conductor del vehículo en la producción del accidente, cuando fue sobreseído en sede penal.
Impuestos, exenciones impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Petroquímica Sudamericana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

Las exenciones impositivas deben ser aplicadas para alcanzar los fines tenidos en mira al sancionarlas, siempre que no se exceda el marco de la razonabilidad y la cautela, ni se fuerce el significado preciso de las normas.
Prueba, partes del proceso, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: E.L.M.A.   S.A. c/ Olega  S.A. s/ Cobro de pesos (u$s22.020,78)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-28

A la demandada le basta con efectuar la negativa en los términos del art. 356, inc. 1 del Código Procesal, en tanto que a la actora le incumbe la carga de probar los extremos negados, de conformidad con lo dispuesto por el art. 377 del mismo código. Pretender lo contrario importa invertir los roles y poner en cabeza de la demandada una carga que el ordenamiento procesal coloca en cambio en quien afirma los hechos que pretende sean admitidos.
Resoluciones equiparables a definitiva, caducidad de instancia, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: GFM y otra  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en bkv y otros contra gcba sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-07

En el caso, la sentencia que declaró la caducidad de instancia resulta equiparable a definitiva pues, de quedar firme tal declaración, la parte actora se vería impedida de reiterar eficazmente su reclamo en las instancias ordinarias por haber operado la prescripción. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Constitución Nacional, constitucionalidad, inconstitucionalidad, ley nacional, obediencia debida, amnistía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INCONSTITUCIONALIDAD LEY 23521 s/ PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY 23521
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-12

Debe rechazarse la inconstitucionalidad de la ley 23.521, toda vez que resulta indudable que respecto de las personas comprendidas en el art. 1 párrafo 1, el Poder Legislativo ha decidido clausurar la persecución penal de las acciones ilícitas que aquellas personas puede haber realizado, ejerciendo la facultad que le corresponde en virtud de lo dispuesto en el art. 67, inc. 17 de la Constitución Nacional.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Passaro, María Ester c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-24

El derecho al beneficio jubilatorio con base en los servicios prestados en el ámbito nacional no se genera con el acto de reconocimiento, posterior al de presentación en sede administrativa, sino con el cese en la prestación de servicios.
Principios procesales, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: G., L.I. y L., F. s/Homologación s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-28

"Al decir de Chiovenda, citado por Palacio, la preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal que alcanza a la de renovar las cuestiones que fueron planteadas y decididas ... ".
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, registro de la propiedad inmueble, hipoteca, error registral, transmisión del dominio, dominio libre de gravámenes
Materia: CIVIL
Carátula: Lanfranco, Héctor Pedro y otro c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-27

Cuando se reclaman los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de su obligación por el Registro de la Propiedad, que al posibilitar que se enajenara un inmueble gravado con hipoteca frustró la garantía del acreedor hipotecario, no es necesario agotar otras vías para reclamar el crédito ni demostrar previamente la condición de insolvente del deudor.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Milla, Claudio Jorge c/ Fernández de Alonso, Rosa M. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-23

El perjuicio para que sea resarcible, debe ser cierto, y su prueba corre por cuenta del que lo reclama, debiendo hacerlo fehacientemente aportando a la causa la información necesaria para su determinación por el juzgador, sin que sea bastante la posibilidad de la existencia de un perjuicio, pues no corresponde acordar indemnizaciones sobre la base de simples conjeturas.-
Inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Drlje, Mariano s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

Cuando esta Corte se ha referido a la "primera oportunidad procesal" en que debe formularse el planteo de inconstitucionalidad, ha añadido que aquélla debe ser propicia. Por tal debe entenderse la que permite tanto al interesado desarrollar sus argumentos sobre la pretendida inconstitucionalidad, como a la contraparte la posibilidad de rebatirlos, y no las simples actuaciones de trámite.