Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2011-07-21


La Rioja, veintiuno de julio de dos mil once.- AUTOS Y VISTOS: Los presentes caratulados: "U.C.R.-AMPARO" - - - -- Y RESULTANDO:	El Dr. José Nelson Luna Corzo dijo:

El Presidente y la Vicepresidenta del partido político "Unión Cívica Radical", Distrito La Rioja, Ingeniero Julio César Martínez y Dra. Inés Brizuela Y Doria, promovieron una demanda de amparo para que este Cuerpo deje sin efecto los actos de las Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial de proposición, designación y toma de juramento de los Dres. Mario Emilio Pagotto, Claudio José Ana y Luis Alberto Nicolás Brizuela, como miembros del Tribunal Superior de Justicia, y del Dr. Hugo César Montivero, como Fiscal General del Ministerio Público Fiscal, por entender que la cadena de actos estatales llevados a cabo resultan ilegales y arbitrarios por no adecuarse a las previsiones del Decreto de la Función Ejecutiva Provincial Nº 473/2004, ni de la ley local de ética pública. Solicitaron la concesión de una medida cautelar y la habilitación de los días y horas inhábiles (fs. 47/55 vta.).

Mediante resolución del 12 de julio de 2011, se admitieron las inhibiciones formuladas por los Dres. Mario Emilio Pagotto, Claudio José Ana y Luis Alberto Nicolás Brizuela, y se rechazó la recusación planteada en contra de quien suscribe este acto (fs. 61/62 vta.).

Corrida vista a la señora Fiscal General subrogante (cfr. fs. 64), esta emitió su dictamen de ley a fs. 65/70 vta. y se pronunció por la improcedencia de la acción de amparo articulada, por las siguientes razones: a) la "Unión Cívica Radical" carece de legitimación para deducir la acción; b) la inexistencia de ilegitimidad manifiesta de los actos cuestionados; y c) la intervención del diputado Guillermo Galván, que ocupa la banca del partido "Unión Cívica Radical", en el debate donde se admitió la propuesta del Gobernador y se designaron los miembros que integran este Tribunal Superior.

Cumplidos los trámites de rigor, la causa quedó en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

1. Que, conforme a lo establecido por los artículos 43 de la Constitución Nacional, 28 de la Ley Fundamental de la provincia y 382 del CPC, corresponde que en esta etapa emita pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acción de amparo articulada.

2. Que, sin embargo, atento lo dictaminado por la señora Fiscal General subrogante a fs. 65/70 vta. de las presentes actuaciones, considero que, antes de ingresar en el examen de los recaudos mencionados, resulta necesario determinar si la Unión Cívica Radical goza o no de legitimación para intervenir en el caso.

En este orden advierto que, al deducir la demanda, los señores Julio César Martínez e Inés Brizuela y Doria se limitaron a justificar su personería, diciendo que eran Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la "Unión Cívica Radical", Distrito La Rioja, sin decir nada sobre la legitimación del partido para deducir la acción, y expresando únicamente que ".los actos que se impugnan han sido cometidos en forma ilegal e ilegítima, teñidos de tal arbitrariedad que violentan el Estado de Democracia." (fs. 47 y vta.).

Ante ello, para dilucidar si un partido político ostenta o no legitimación para estar en este juicio, en defensa de los derechos que invoca -esto es, la genérica preservación del orden democrático-, es preciso tener en cuenta, en primer término, que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 38 de la Constitución Nacional, los partidos políticos ".son instituciones fundamentales del sistema democrático". En consonancia con ello, el texto fundamental de la Provincia, en su artículo 77, estableció que "La Provincia reconoce y asegura la existencia y personería de los partidos políticos, los que expresan el pluralismo democrático y concurren a la orientación, formación y manifestación de la voluntad popular". Añadió que "A los partidos políticos les incumbe en forma exclusiva la nominación de candidatos para cargos electivos.".

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que los partidos políticos ".son grupos organizados para la elección de representantes de los órganos del Estado, haciendo posible que este sea, efectivamente, la organización política de la Nación. Los partidos forman parte de la estructura política real. De ahí que la vida política de la sociedad contemporánea no puede concebirse sin los partidos, como fuerzas que materializan la acción política. Reflejan los intereses y las opiniones que dividen a los ciudadanos, actúan como intermediarios entre el gobierno y las fuerzas sociales; y de ellos surgen los que gobiernan, es decir, los que investidos de autoridad por la Constitución y por las leyes, desempeñan las funciones que son la razón de ser del Estado (.)". Agregó que ".resulta constitucionalmente válido el ejercicio del poder reglamentario al establecer controles gubernamentales, con el objeto de garantizar la pluralidad, la acción y el sometimiento de los partidos a las exigencias básicas del ordenamiento jurídico (Fallos: 235:133), y atribuirles la exclusividad de la postulación de candidatos a los cargos públicos" (dictamen del Procurador General de la Nación, que la mayoría de la Corte hizo suyo in re "Ortiz Almonacid, Juan C.", fallo del 16 de marzo de 1999, publicado en Fallos, 322:385 y en LL 1999-C, 153). En este marco, si tenemos en consideración que la carencia de legitimación sustancial se configura cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que esta tenga o no fundamento (conforme Fallos, 311:2725; 312:985, 2138; 317:687, 1598, 1615; entre muchas otras), cabe concluir que la Unión Cívica Radical no se encuentra legitimada para deducir este amparo, pues no alegó, ni menos aún demostró en su demanda, que se hayan desconocido alguno de los derechos que le otorga la Constitución y la ley, para funcionar como partido, sino la defensa del Estado democrático.

En otro orden, estimo necesario reiterar el criterio que expuse en el Expte. Nº 1450 - Letra "B" - Año 2008, caratulado "Barbita, Mariana - Amparo", pronunciamiento del 05 de diciembre de 2008, según el cual la reforma constitucional de 1994, al reglar la garantía del amparo en el artículo 43, amplió los sujetos que se encuentran legitimados para interponer esta acción, a sujetos potencialmente diferentes de los afectados en forma directa por el acto u omisión que, de manera actual o inminente, lesiona, restringe, altera o amenaza, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley. A pesar de lo anterior, se ha interpretado que de esa ampliación constitucional de los sujetos, no se sigue la automática aptitud para demandar en defensa de cualquier derecho (cfr. CSJN, "Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria s/ amparo", fallo del 07 de mayo de 1998; y "Cámara de Comercio, Ind. y Prod. de Rcia. c/ AFIP s/ amparo", sentencia del 26 de agosto de 2003, publicada en Fallos, 326:3007; entre muchos otros).

La limitación señalada surge con claridad de lo dispuesto por el mismo artículo 43 de la Constitución Nacional, que, en su segundo párrafo, estableció que "Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley.".

De acuerdo con estas premisas, también es claro que la "Unión Cívica Radical" carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, por cuanto no ostenta ninguna de las calidades exigidas por la Constitución. Es decir, y expresado en otros términos, no es la persona directamente afectada por la decisión que cuestiona; no es el Defensor del Pueblo; ni tampoco constituye una asociación, en los términos exigidos por la Ley Fundamental. Simplemente, acudió ante esta instancia judicial como partido político y, sobre esta base, reclamó el restablecimiento del orden constitucional que habría sido presuntamente vulnerado. Esta condición, de acuerdo a la interpretación que en forma pacífica elaboró la Corte Suprema de Justicia de la Nación -órgano al que debemos adecuar nuestra actuación, por tratarse del intérprete final de la Constitución Nacional-, resulta insuficiente para justificar la legitimación requerida por la Constitución.	Al respecto, el Máximo Tribunal de la Nación ha manifestado que no es posible admitir la legitimación en un grado tal que se identifique con el generalizado interés de todos los ciudadanos en el ejercicio de los poderes de gobierno, pues ello deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con los otros poderes del Estado y lo conduciría a ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares. Ha expresado, además, que no se puede admitir que, para fundar la legitimación, se invoque el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes; y que el carácter de ciudadano es un concepto de notable generalidad, no siendo suficiente, por regla, su comprobación, para demostrar la existencia de un interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial que permita tener por configurado un caso contencioso (cfr. CSJN, voto de la mayoría in re "Prodelco c/ PEN s/ amparo", sentencia del 07 de mayo de 1998, publicado en Fallos, 321:1252, con cita de jurisprudencia norteamericana; "Zatloukal, Jorge c. Estado Nacional (Ministerio de Economía y Producción)", fallo del 28 de mayo de 2008, publicado en Fallos, 331:1364 y La Ley 2008-C, 695. En el mismo sentido, ver "Gómez Díez, Ricardo y otros c. Congreso de la Nación", resolución del 31 de marzo de 1999, publicada en Fallos, 322:528; y "Iannuzzi, Mario c. Provincia de Entre Ríos y otro", fallo del 21 de octubre de 2008, publicado en La ley Online).

Como corolario de lo expuesto y por imperio de lo establecido en los artículos 43 y 38 de la Constitución Nacional; las disposiciones concordantes que contiene nuestra Ley Fundamental (artículos 28 y 77); la interpretación que, sobre la materia, la Corte Nacional ha elaborado y el criterio al que adherí, juzgo que, tal como postula la señora Fiscal General subrogante en su dictamen, corresponde negar legitimación a la "Unión Cívica Radical" para cuestionar los actos de las Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial de proposición, designación y toma de juramento de los Dres. Mario Emilio Pagotto, Claudio José Ana y Luis Alberto Nicolás Brizuela, como miembros del Tribunal Superior de Justicia, y del Dr. Hugo César Montivero, como Fiscal General del Ministerio Público Fiscal; y rechazar in límine la acción de amparo articulada.

Conclusión:

Que, por todo lo expuesto, estimo que en el caso se impone rechazar la acción de amparo articulada, por los fundamentos expresados en los considerandos precedentes.

Es mi voto.

Por ello, el Sr. Juez del Superior Tribunal de Justicia en Feria, RESUELVE:

I) Rechazar la acción de amparo articulada, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos.- II) Protocolícese y hágase saber.-