Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-24


NEUQUEN, 24 de junio de 2008 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "C.M., C. A. C/ B., A. C. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (EXP Nº 288650/2) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 2 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Enrique R. VIDELA SÁNCHEZ con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO DE GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. VIDELA SÁNCHEZ dijo:

I.- En representación de su hijo menor de edad, C. A. C. M., P. A. C. C. y M. R. M. M., promovieron demanda, pretendiendo se le reconociera la suma correspondiente por los daños y perjuicios causados a aquél por personal policial, en oportunidad de ser detenido, cuando fue herido de bala por el oficial B. La Provincia del Neuquén contestó la acción incoada pretendiendo su rechazo; en su defecto, entiende que la suma reclamada es manifiestamente excesiva y desproporcionada.

Cumplidos los tramos previos, se dictó sentencia. En ésta se toma en cuenta que en la causa penal: "B., Á. C. S/ Tentativa de homicidio en concurso real con lesiones leves", (Expte. Nº 233/1), la sentencia ha condenado al accionado B. a pena de prisión e inhabilitación, por la comisión de los delitos de abuso de armas y lesiones leves en concurso real, por el hecho que afectara a C. A. C. M. Se entendió con ello y lo establecido en el artículo 1.102 del Código Civil la existencia de cosa juzgada sobre la existencia del hecho ilícito como a la culpabilidad del condenado, con lo que B. resulta responsable frente a C.M. De ello devino la responsabilidad en el hecho dañoso de la Provincia del Neuquén, conforme el art. 1.112 del C.C. Por tanto se consideró que la demanda entablada por C. A. C. M., contra Á.C. B. y la Provincia del Neuquén, debía prosperar.

La indemnización solicitada en concepto de gastos de farmacia se admitió, y en virtud de lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C. y C., se fijó en $ 3.000,00. El reclamo por lucro cesante, daño físico, visual -estético- englobado como daño emergente, tomando en consideración que el perito médico otorgara una incapacidad total e irreversible al actor del 24,58%, tanto como su edad al momento del accidente y realizando una estimación prudencial sobre la base del ingreso mínimo vital y móvil, se fijó su indemnización en $32.000,00. El daño psicológico, considerando que no tiene entidad autónoma distinta del daño material y moral, fue rechazado. El daño moral fue establecido en la suma de $15.000,00. En total, la demanda prosperó por $50.000,00.

II.- Apela la parte actora, cuestionando la dimensión de la indemnización discernida. Sostiene que se ha omitido manifestar la ecuación realizada a los fines de determinar el daño emergente-lucro cesante. Se señala que el actor se encontraba cursando los estudios secundarios, con lo que ello implicaba para su futuro, teniendo en cuenta que una excelente salida laboral sería aquélla ligada a la extracción de petróleo, con sueldos muy elevados. El monto fijado resulta insuficiente y arbitrario.

En cuanto al daño moral, atento la magnitud del daño sufrido y por haber vivido una situación de virtual fusilamiento, considera exiguo el monto indemnizatorio fijado por el rubro. El hacerle creer que sería ejecutado es un acto típico de tortura, debiéndose también tener en cuenta el daño estético, ya que el actor posee una cicatriz en el cuello y lóbulo de la oreja izquierda, afectando su rostro, con la importancia que ello tiene.

Contesta el Estado provincial el traslado de los agravios, señalando que su contraria omite concretar una crítica suficiente del fallo, sin lograr de manera alguna demostrar la sinrazón de aquél, con el que meramente se muestra disconforme.

III.- No es la primera vez que llegan a esta instancia causas por daños y perjuicios imputados a personal policial, recayendo condena sobre los mismos, como también al Estado Provincial, como su principal.

En el caso concreto de autos al actor, entonces menor, se le infirió una herida de bala en el momento en que se encontraba demorado, junto a otros, en un móvil policial. Conforme la pericia médico legal practicada en el sumario penal (fs. 56/58), la principal consecuencia física es una herida anfractuosa suturada en lóbulo de oreja izquierda, excoriaciones en la frente y en la parte superior de aquella oreja; un hematoma en el tórax con edema sobre el lateral izquierdo y hematomas en escápula izquierda por golpes romos. Estimó el experto un tiempo de curación de veinte días.

En la pericia médica de autos, anticipada a petición de las propias partes, se arribó a que el actor presenta una incapacidad parcial e irreversible del 24,58% del valor total obrero, tomando en consideración la disminución auditiva que presenta. La impugnación que efectuó la parte demandada fue contestada a fs. 114/16 y, en definitiva, en la sentencia apelada se otorgó a la misma valor probatorio, cosa que a este momento no se cuestiona. Fue en función a tal porcentual de incapacitación que se definió la suma indemnizatoria correspondiente, hoy apelada.

Tomando en consideración el porcentaje a que arribara el experto -como se dijera, no cuestionada la decisión del a quo de respaldarla- la cuestión se reduce a analizar si el monto fijado en la instancia anterior resulta ajustado y, dentro de ello, si cabe admitir que el actor haya visto frustrada la posibilidad de obtener un ingreso mensual muy superior al mínimo al que atiende la sentencia.

Realmente la argumentación de que el actor, de no haberse producido el grave evento que le lesionara, hubiese podido alcanzar un salario como el que se abona a aquellos que trabajan en la extracción petrolífera, aparece como una simple posibilidad, pero no con elementos suficientes que sostengan ello como una concreta probabilidad. Por tanto, en esa extensión no debe ser considerado. Pero no cabe descartar que el actor hubiera podido alcanzar mayores niveles de capacitación y, con ello, muy probablemente, mayores ingresos, como también la incidencia que para este resultado tiene, negativamente, la discapacidad que injustamente se le infirió.

Así las cosas, el primer elemento a considerar es que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, dispuso por Resolución 2/2007, un incremento en el valor mensual del mismo, el que, conforme su artículo 1º, apartado c), es actualmente de $980 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal de trabajo, conforme el artículo 106 de la LCT.

Por supuesto, la indemnización debería alcanzar una suma tal que, aplicando un interés de plaza y un porcentaje de amortización que agote a aquél en el período probable de vida útil del damnificado, signifique un ingreso periódico igual al considerado disminuido.

En definitiva, se merita ajustada como indemnización la cifra actual de pesos sesenta mil ($ 60.000). Esa suma devengará los intereses fijados en la instancia anterior.

En lo que concierne al daño moral, en los autos "Castillo Pablo Ariel C/ Vaca Alberto Alejandro y otro s/Daños y perjuicios" (EXP Nº 269549/1) y en "Benítez Ramón Ernesto C/ Capellary Mario Daniel S/ Daños y perjuicios" (Expte. Nº 280641/2), he tenido oportunidad de reiterar la apreciación de que el rubro daño moral puede superar, y aún ampliamente, la indemnización por incapacidad. Aparece generalmente alguna relación entre ellos. Respecto a ese caso, CASTILLO, entendí, compulsando los antecedentes de este fuero, que no había exageración en el porcentual dado (40% del total).

A su vez en: "Giri Gustavo Daniel C/ Provincia del Neuquén S/ Daños y perjuicios" (Expte. Nº 238022-CA-0) se consideró que el actor fue severamente afectado por un procedimiento investigativo, sin tener relación alguna con el hecho, por lo que, haciendo propios los razonamientos del maestro Bidart Campos, se entendió que el Estado debía indemnizarle los perjuicios causados. Allí el único reclamo lo era por el daño moral causado, y sobre el mismo se estableció el monto reparatorio en $10.000.

En este caso, entiendo que el monto a discernir debe tomar en cuenta adecuadamente las circunstancias del caso, en especial la totalmente presumible apreciación del actor, como víctima de un hecho palmariamente injusto cometido por aquél a quien la sociedad le da un arma para defensa de sus integrantes, entre éstos, obviamente el actor. Es de imaginar un inconmensurable impacto en su ánimo frente al hecho de que se le disparase. No importa aquí que, en lo que hace al proceso penal oral, se considerase no probado que B. haya tenido la intención de dispararle para acabar con su vida, sino que tal percepción es perfectamente posible que la haya tenido C. M. Tal circunstancia aporta un muy particular ingrediente a la determinación -obviamente monetaria, por la absoluta imposibilidad de otra forma de reparación- del daño moral así infligido.

En los autos ya indicados tuve la ocasión de señalar que el daño moral que la producción del hecho generara en los actores aparece sin lugar a dudas enorme. A cualquiera que ello le pase, y sobre todo porque una herida de bala supone distintas consecuencias por sólo el albur de centímetros de diferencia en el impacto en el cuerpo, la posibilidad de haber resultado muerto surge inmediatamente y se mantendrá en forma recurrente y probablemente por toda la vida. En esta causa la perito psicóloga (fs. 152/155) indicó que, para el actor, la agresión sufrida ha modificado y disminuido el desarrollo y potencial de su vida anterior.

Aparece así razonable elevar el monto para daño moral a pesos veinticinco mil ($25.000).

Por todo propongo al Acuerdo admitir la apelación de la parte actora, elevando los montos indemnizatorios en cuestión decididos en la instancia anterior, por daño emergente (lucro cesante- daño físico- visual- estético), a la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000), y daño moral a pesos veinticinco mil ($25.000). Con ello, sumado el rubro no cuestionado de gastos de farmacia, de $3.000, el total por el que prospera la demanda ascenderá a pesos setenta y ocho mil ($78.000), a la que se adicionarán los intereses previstos en la instancia de origen. Con costas a la demandada.

Así lo voto.

El Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 183/188 en lo principal, elevando el monto de condena a la suma de pesos OCHENTA Y OCHO MIL ($88.000), a la que se adicionarán los intereses previstos en la instancia de origen.

2.- Imponer las costas de Alzada a la demandada (art. 68, Código Procesal).

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la anterior instancia los que, adecuados al nuevo pronunciamiento, se fijan en las siguientes sumas: .... Sin regulación para los letrados de la demandada, conforme lo dispuesto por el art. 2 de la Ley Arancelaria vigente.

4.- Regular los honorarios de Alzada. Sin regulación para los letrados de la demandada conforme lo dispuesto por el art. 2, LA.

5.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Enrique VIDELA SANCHEZ - Dr. Lorenzo W. GARCIA Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 73 - Tº II - Fº 337 / 340 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2008.