Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-11


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 11 días del mes de agosto del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "C., H.. c/ N., E. s/ DESALOJO", Expte. nro. 15.653/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución (Expte. nro. 1266/03), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 137), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 108/112? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?	A la primera cuestión la Dra. Melero dice:

I) Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada, por haber interpuesto a fs 113 la parte actora recurso de apelación contra la sentencia nro. 1608 del 11/11/05 de fs. 108/112, habiéndose concedido libremente y en efecto suspensivo a fs. 113.

El fallo, en la parte cuestionada, resolvió: "1º) Rechazar la demanda de desalojo inter-puesta por el Sr. H.. C. contra la Sra. E. N. respecto del inmueble ubicado en el Pasaje***, Departamento ** de la ciudad de Comodoro Rivadavia; 2º) Imponer las costas al actor perdidoso. Regulando los honorarios de los profesionales intervinientes...".

I.A) A fs. 131 vta. obran glosados los agravios expuestos por el apelante actor.

Plantea que se ha probado que es propie-tario de la vivienda cuyo desalojo demanda, así como que al momento de adquirir el inmueble se hallaba casado con la demandada y que se dictó sentencia de nulidad respecto de su matrimonio con la accionada, ambas cuestiones reconocidas por el fallo. Afirma que consta testimonio (fs. 22), certificado de matrimonio y anotación marginal (fs. 100) y certificado de matrimo-nio (fs. 99 y 100) probatorios que la demandada incu-rrió en bigamia al contraer el segundo matrimonio.

Arguye que frente a tales constancias resulta evidente que se encuentra en la situación contemplada por el art. 222 del CC y que puede optar por la 3era. posibilidad que la norma otorga al cónyuge de buena fe, alegando que esta acción de desalojo es una vía idónea para ejercer tal opción ya que tratándo-se de un inmueble que adquirió y cuya titularidad no está discutida, resultaría redundante una acción de disolución de la sociedad conyugal.

Sostiene que la aplicación del art. 222 C.C. es una cuestión objetiva, el cónyuge que incurrió en bigamia causó la nulidad y debe cargar con las consecuencias, siendo diferente la cuestión si se discutiese la responsabilidad penal de una persona imputada de infracción al art. 135 del C.P., donde se jugaría un papel determinante de la disposición subje-tiva del imputado.

Subsidiariamente, y para el caso que se juzgare que debe tenerse en cuenta el elemento subjeti-vo, expresa que resulta contradictorio el razonamiento efectuado por el a-quo en cuanto cita jurisprudencia a fs. 112 -la cual transcribe-, pues justamente los hechos de la causa demuestran que la demandada incurrió en bigamia, lo que implica que para suponer que lo hizo de buena fe debería recurrirse a una artificiosa hipótesis que la demandada sufría de amnesia al contra-er su nulo segundo matrimonio con su parte. Finaliza puntualizando que nada impedía a la accionada venir a invocar su presunta buena fe, sin embargo, no lo hizo, y tal conducta también es prueba de presunción en su contra.	I.A-1) Adentrándome en la cuestión planteada por el apelante actor, observo que a fs. 19/20 interpone demanda iniciada el actor, solicitando el desalojo de la demanda del inmueble ubicado en el Pasaje***, Departamento**, de esta ciudad, en base a los argumentos que la misma fue su esposa hasta la resolución recaída en autos "C., H.. c/ E. N. s/ Nulidad de matrimonio" de fecha 07/04/87 y que por consideraciones humanitarias permaneció la accionada ocupando dicho inmueble con posterioridad a dicha fecha, agregando el actor que cuando los hijos comunes fueron mayores de edad procedió en varias oportunidades a reclamarle la entrega de la propiedad señalada siendo la última CD 383420845 AR 26/12/02, sin que hasta el 20/05/03 (conf. cargo Sría. de Adjudicación de causas - fs. 20), se hubiera procedido a la entrega de la misma, obrando cédula de notificación de demanda a la accionada a fs. 27/28, a la que a fs. 36 se tuvo por presentada, en el carácter invocado por denunciado domicilio real en Pasaje***, de esta ciudad, constitui-do domicilio procesal, devolviéndosele el escrito que había sido foliado a fs. 31/35 por extemporáneo, quedando por dicha circunstancia incontestada la demanda (circunstancia ésta advertida por el a-quo en su considerando 1ero - fs.109/vta), sobre la situación procesal apuntada, es entendimiento de la suscripta tal como lo expresé en autos caratulados: "A Sociedad Anónima c/ L, C H s/ Ordinario (Cobro de Pesos)", expte. nro 10.494/98, sent. def. nro.78 del 01/12/98 -siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 259:564)- que la omisión total de contestación de demanda constituye presunción favorable a los derechos del actor que solo pueden ser desvirtua-dos por prueba en contrario.

En sentido similar ha establecido la doctrina que: "La declaración de rebeldía en juicio civil dispositivo, debe relevar de prueba de los hechos afirmados en la demanda no contestada, siempre que ellos sean verosímiles y de acontecimiento probable (conf. Isidoro Eisner, "Algo sobre Rebeldía", L.L. 144-910). Es que por aquello de que "el que calla otorga", se ha entendido que el silencio cuando hay obligación de expedirse importa admisión tácita (art. 19 C.C.), de valiosos efectos en el proceso en mérito a lo cuál debe tenerse por cierto lo alegado mientras de autos no resulte lo contrario (Conf. mismo autor, en nota al fallo publicada en LL, t. 1.979 - c, pág. 267), es decir, únicamente se rechazará la pretensión si fuere ilegítima por no ajustarse al ordenamiento jurídico vigente o vulnerar el orden público. Esta solución no vulnera el derecho de defensa, sino que el Estado frente al litigante que no hace uso del mismo, en aras de los principios de celeridad y economía procesal, establece que los hechos alegados por el contrario se tengan por admitidos (Pcia. Tucumán, Sentencia nro. 210 - "A B C L c/ R S Y y Otros s/ Cobro Ordinario" (Sala I A), Civil y Comercial Común- Sala 1 - 30/08/1996).

Es de aplicación, conforme las constan-cias de autos que se vienen analizando, la jurispruden-cia que ha dispuesto que la incontestación de la demanda es un elemento formativo de convicción en tanto no esté suficientemente contradichos por otros elementos que formen una convicción distinta (conf. crit. Cám. Nac. Com., sala D, 18/09/1995 - "P S v. R SA s/ Sum.").

Estimo que no es justo cuando la aplica-ción de la regla de la carga de la prueba resultase insuficiente para generar un adecuado convencimiento judicial que esa circunstancia redundase en perjuicio de la parte diligente y beneficiase correlativamente a quien por incomparecencia o abandono, se abstuvo de cooperar en el esclarecimiento de la verdad de los hechos (conf. crit. Dr. Lino enrique Palacio - Alvarado Velloso en "Código Procesal Civil y comercial de la Nación", t.5, pág. 45; CHA CCC Resistencia, 1era- 12/12/79, "A c/ V"; CAP, CNCiv., Sala A, 10/03/81).

En este orden de ideas ha expresado el STJCh que: "Por el juego de los arts. 60 y 356 inc.1 CPC, la ley consagra una presunción favorable a la parte que se beneficia con la rebeldía de su contraria, "que sólo puede ser destruida por otras constancias del juicio que produzcan plena convicción en el juez acerca de la circunstancia de que los hechos no sucedieron en la forma en que fueron afirmados por aquélla". Pero hasta en la duda, la rebeldía declarada y firme consti-tuye presunción de verdad de los hechos invocados por quien obtuvo la declaración (conf. Sumario: 06368 (03-10-97. Causa:000A 000021 Tipo: Definitiva Juez: Royer, Resultado: Unanimidad, Tribunal: STU0, Localidad: RA).

De la prueba documental aportada por el actor -la cual amerito como válida atento lo prescripto por el art. 356 inc. 1ero. del CPCCh por incontestación de demanda- surge: testimonio del 27/04/87 de sentencia declarando la nulidad del matrimonio celebrado entre las partes el 15/10/63; informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia del Chubut en cuanto a que el inmueble se encuentra inscripto a nombre del actor. Escritura nro 901 - Protocolo nota-rial de compraventa de inmueble de fecha 19/09/70 (fotocopia certificada fs. 58/60) donde figura que el actor casado con demandada en primeras nupcias adquiere el inmueble objeto de la acción de desalojo (fs. 58/61); certificados de actas de matrimonio en los cuales consta que la demandada se casó en primera nupcias con el Sr. M S el día 15/09/58, y que contrajo matrimonio con el actor el día 15/10/63, ambos, confor-me Registro Civil de la Provincia del Chubut, constando en esta (última acta anotación registral de nulidad de matrimonio (fs. 98 y 99/vta.).

Se advierte que la sentencia declarando la nulidad absoluta del matrimonio de las partes fue pronunciada por juez civil competente, dictada en un proceso ordinario, promovido por parte legitimada para accionar por nulidad de matrimonio.

Asimismo, el actor intimó por medio de la CD 383420845 AR 26/12/02 (fs. 4) aduciendo su carácter de titular dominial del inmueble de referen-cia, y atento el carácter de ocupante a título gratuito de la accionada a entregar el mismo, en el improrroga-ble término de diez (10) días, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales de desalojo, la que no fuera contestada por la accionada y que acredita lo alegado por el actor en virtud de lo dispuesto por el ya mencionado art. 356 inc. 1ero. del CPCCh con lo cual estimo que la demandada tenía pleno conocimiento de la situación como para inferir que ésta halla sido sorprendida por la acción del actor.

Entiendo, asimismo, que no puede exigir-se del cónyuge que ha sido víctima del engaño de otro, quien, en este proceso, ha quedado en la situación de incontestación de demanda, mayores pruebas que las que adoptaría una persona de común diligencia en situación semejante ya que si bien es cierto que pese a la declaración de nulidad, y aún siendo esta absoluta, el régimen matrimonial contempla diversas hipótesis referidas a los bienes, las que deben ser analizadas respondiendo a la buena o mala fe de los cónyuges, no menos cierto es que la esposa, cuya unión fue nulifica-da, no puede ser considerada cónyuge de buena fe, atento a que antes de casarse con el actor tenía un vínculo matrimonial no disuelto (conf. crit. Pcia. Buenos Aires, "L.A c/ C.K. s/ nulidad de matrimonio" - CC0102 - MP 104365 RSD-176-98 S - 25-5-1998: elDial - WFB21).	Por las razones expuestas corresponde hacer lugar a los agravios del apelante actor de fs. 131/vta. y revocar la sentencia de fs. 108/112. en cuanto fuera materia de agravios, haciendo lugar a la demanda de desalojo interpuesta por el Sr. H.. C. contra la Sra. E. N. respecto del inmueble ubicado en el Pasaje **de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

I.B) Teniendo presente cómo se ha re-suelto la presente cuestión, es de aplicación lo dispuesto por el art. 279 del CPCCh y en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCh) las costas tanto de primera como de segunda instancia se imponen a la demanda vencida. Se difiere la regula-ción de los honorarios profesionales para el momento del acuerdo donde serán fijados teniendo en cuenta, la temática planteada, la tarea desarrollada y el resulta-do obtenido, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 14, 47 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modif. Ley Pcial 4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo, en caso de coincidir, la siguiente:

1) Admitir los agravios del apelante actor de fs. 131/vta. y revocar la sentencia de fs. 108/112., haciendo lugar a la demanda de desalojo interpuesta por el Sr. H.. C. contra la Sra. E. N. respecto del inmueble ubicado en el Pasaje ****de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ordenando el desalojo por parte de la demandada de dicho inmueble en el término de diez (10) días de quedar firme o consentida la presente.

2) Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 279 y 68 del CPCCh). Diferir la regulación de los honorarios profesionales para el acuerdo (arts. 6, 7, 14, 47 y ccdtes. del Dto.Ley Pcial nro.2.200 y su modif. Ley Pcial 4335.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 113) de la sentencia de fs 108/112 que rechaza la demanda de desalojo interpuesta por el Sr H.. C., contra la Sra E. N. respecto del inmueble ubicado en Pasaje ***de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Impone las costas al actor y regula los honorarios.

A fs 131 vta, se agrega la expresión de agravios.

Relata el quejoso que se ha probado en autos y así lo reconoce el fallo que es propietario de la vivienda cuyo desalojo se pretende.

Sostiene que también se acreditó en au-tos que al momento de adquirir el inmueble se encontra-ba casado con la demandada y que posteriormente se declaró la nulidad del matrimonio. Que los testimonios de fs 22, certificado de matrimonio de fs 99 y 100, prueban que la demandada incurrió en bigamia al contra-er el segundo matrimonio.

Resulta evidente, dice, que se encuentra en la situación contemplada en el Art. 222 del CC y que pudo optar por la tercera opción que la norma otorga al cónyuge de buena fe, resultando redundante una disolu-ción de la sociedad conyugal para lograr el desalojo.

Entiende que la aplicación del Art. 222 es una cuestión objetiva, el cónyuge que incurrió en bigamia causó la nulidad y debe cargar con sus conse-cuencias.

Subsidiariamente, si se debe tener en cuenta el elemento subjetivo, alega, que resulta contradictorio el razonamiento del juez con relación a la jurisprudencia que cita, pues son los hechos de la causa los que demuestran que la demandada incurrió en bigamia.

Se inician las presentes actuaciones con la demanda de desalojo entablada por el Sr H.. C. contra la Sra E. N..

Adujo el actor que es titular del inmue-ble que identifica y que se encuentra ocupado por la Sra E. N., quien fuera su esposa hasta que mediante sentencia dictada en de los autos "C. H.. c/ E. N. s/ Nulidad de matrimonio" Expte Nº 2618, Juzgado civil Nº 1, Sec. Nº 2, se declaró la nulidad del matrimonio.

Que ante ello y luego que sus hijos fue-ron mayores solicitó a la Sra C. la devolución del inmueble, sin que hasta la fecha se haya procedido a la entrega del mismo.

Corrido el traslado, y ante la extempo-raneidad de la presentación a fs 36 se devuelve la misma.

Abierta la causa a prueba, a fs 58 se agrega copia certificada de la escritura número nove-cientos uno, donde consta que el Sr E F en representa-ción de C A G vende y transfiere al Sr H.. C., casado en primeras nupcias con la Sra E. N., la unidad cero cero guión cero uno del edificio consorcio de propieta-rios edificio pasaje ****de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

A fs 22 se agregó testimonio de la sen-tencia que declara la nulidad del matrimonio, cuyo original sin foliar se encuentra reservado en caja fuerte del tribunal bajo el Nº 40/06.

A fs 72 como medida de mejor proveer se ordena oficiar al Juzgado civil Nº1 Sec. Nº2 a fin de que remitan los autos caratulados "C., H.. c/ N. E. s/ Nulidad de matrimonio", expte Nº 2618/83 y los inciden-tes que se deriven. Como consecuencia de los informes recibidos se ordena oficiar al Archivo General del Tribunal, a los mismos fines, informándose a fs 95 que dicho expediente no registra ingreso ante el Archivo.

A fs 105 se ordena agregar, las actas de matrimonio de la Sra E. N., presentadas a fs 99/104, constando a fs 101 la anotación marginal de la nulidad matrimonial.

Al dictar sentencia el juez de grado, luego de referirse a los efectos de la falta de contes-tación de la demanda, a la acción de desalojo, genera-lidades, se adentra al instituto de la nulidad y la vinculación en cuanto al derecho del actor de exigir a E. N. el desalojo del inmueble adquirido durante el tiempo en que estuvieron unidos en matrimonio.

Ya concretamente, en referencia a los artículos 222 y 223 del Código Civil considera el sentenciante que el actor no ha acreditado la mala o buena fe de la Sra E. N. con relación al matrimonio declarado judicialmente nulo, cuestión que ante su ausencia, su decisión queda reservada al Tribunal que entendió en la declaración de nulidad, lo que no le permite el reconocimiento del derecho invocado por el actor.

Y es ante esta decisión que el actor se agravia.

Al avocarme al estudio de la presente consideré necesario, solicitar como medida de mejor proveer, copia certificada de la sentencia dictada en el expte 2618/83.

Obtenida la misma es agregada a fs 142/143 vta. Surge en forma clara que la Sra N. alegó que el Sr C. conocía el vínculo anterior. Ante ello procedió la Sra Juez a dilucidar la buena o mala fe de los contrayentes, arribando a la conclusión que la demandada no pudo probar la mala fe del actor y tenien-do en cuenta las consideraciones que efectúa y por aplicación del Art. 84 y 88 de la ley 2393, se debe considerar la buena fe del cónyuge Sr C. y declarar nulo el matrimonio entre ambos.

Los fundamentos de la sentencia son su-ficientes para tener por acreditada la mala fe de la Sra N. al contraer matrimonio con el Sr C..

"Base de toda transacción humana es la buena fe. Se la presume como un principio de alcance general en derecho porque es una máxima de garantía recíproca, de respeto a la dignidad humana, del que proviene tanto el principio civil de la presunción de buena fe como el penalístico de la presunción de inocencia". "La jurisprudencia afirma que la buena fe se presume en materia matrimonial y es la mala fe la que debe ser demostrada, por lo cual el cónyuge con ligamen anterior que alega la mala fe del accionante, al ser demandado por nulidad, debe afrontar la prueba de esa excepción", "Matrimonio Civil", Carlos Vidal Taquini, pág. 696.

Y en el caso de autos, como ya lo seña-lara la Sra N., no probó en la causa sobre nulidad de matrimonio la mala fe del ahora actor y en la presente acción de desalojo incontestó la demanda lo que conlle-va no sólo la admisión de los hechos afirmados por el actor (Art. 354, inc. 1 Código procesal, sino también, en principio, a relevar a éste de la carga probato-ria(Art. 487 del C.Proc.), con la salvedad de que tal admisión ficta de los hechos no resulta sin más vincu-latoria para el juez, pudiendo ordenar de oficio las pruebas que considere necesarios, "Código Procesal Civil", Morillo, T.VII-B-.

No obstante la incontestación de la de-manda, el actor probó ser el propietario del inmueble que reclama, tal lo reconociera el juez de grado, la nulidad del matrimonio y a través de la prueba para mejor proveer, la mala fe de la demandada.

Y es a partir de ello que la sentencia debe revocarse y admitirse la demanda de desalojo.

El Art. 222, no admite interpretación alguna, en el inc. 3º dispone que el cónyuge de buena fe podrá optar por la conservación, por cada uno de los cónyuges, de los bienes por él adquiridos o produ-cidos antes y después del matrimonio, o liquidar la comunidad...; y es la primera opción la que ha elegido el demandado.

Pues la excepción de los efectos re-troactivos de la declaración de invalidez sólo alcanza al cónyuge de buena fe, permitiéndole conservar los bienes que adquirió después del matrimonio anulado.

En efecto, Belluscio afirma que la nuli-dad del matrimonio, produce el mismo efecto básico de la anulación de los actos jurídicos en general, el que la sentencia vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaba antes del acto anulado (art. 1050, cód. civil). Sin perjuicio de que mientras la sentencia no se dicte, el matrimonio debe reputarse válido, y sólo sea tenido por nulo desde el día de la sentencia que lo anule, vale decir, que el acto sea provisional-mente válido hasta la sentencia de anulación... Por tanto, mientras la sentencia no haya sido dictada el título de estado matrimonial, produce efectos erga ommes, pero la sentencia que anula el matrimonio lo priva de eficacia con efecto retroactivo. La sentencia es declarativa y, como tal, retrotrae sus consecuencias al día de la celebración del matrimonio que anula ("Derecho de Familia", t. II, pág. 233/34 y sus citas).

Busso enseña (Código Civil Anotado, t. II, pág. 47, nº 64, ed. 1945) al glosar, el art. 84 de la ley de matrimonio civil, manifiesta que la declara-ción de nulidad del matrimonio tiene, en principio, efecto retroactivo (ob. cit., pág. 295).

En lo relativo al efecto de la nulidad en el tiempo, asegura: La declaración de nulidad de matrimonio tiene en principio efecto retroactivo, por aplicación de la regla contenida en el art. 1050 del cód. civil... Por lo tanto, en materia matrimonial puede decirse que la declaración judicial de nulidad provoca la restitución del status quo ante reputándose el acto inválido desde un comienzo, ab initio excepto en cuanto existe buena fe bilateral o unilateral, en cuyo caso se verifican todos los efectos del matrimonio válido, hasta el día en que se declare la nulidad.

Borda precisa: "La declaración de nuli-dad del matrimonio trae aparejados las consecuencias que son inherentes a toda invalidez: el acto deja de producir sus efectos normales, no ya a partir de la sentencia que lo decide, sino desde el momento mismo de la celebración" ("Tratado de Derecho Civil, Familia", 6ta. edición, t. I, nº 212, pág. 189).

Zannoni adhiere, "En materia de nulidad de los actos jurídicos, el principio general de los efectos de su declaración aparece consagrado en el art. 1050. Establece esta norma que: la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado. La sentencia de nulidad es, pues, declarativa, y proyecta sus efectos, con carácter retroactivo, al día de la cele-bración del acto. Cuando se trata de actos jurídicos patrimoniales ello determina la obligación de los otorgantes del acto anulado a restituirse mutuamente lo que habían recibido o percibido en virtud o como consecuencia del acto anulado (art. 1052, cód. civil) (Derecho Civil-Derecho de Familia, T. 1, ed. 1981, pág. 326, párr. 222).(ED, 188-629). El silencio de la demandada con el al-cance que lo determinara el sentenciante de grado, la Sra camarista preopinante, y en este voto, así como las argumentaciones de hecho y de derecho que expusiera, no sólo impide considerar la posibilidad de probar que existió aportes de ambos cónyuges, sino que permiten revocar la sentencia y admitir los agravios del actor.

Por ello es que la Sra E. N. y/ o quie-nes ocupen el inmueble de la calle, Pasaje*****, de esta ciudad, deberán desocuparlo en el término de diez días de firme o consentida la presente (art.686 del CPCCCh), toda vez que entiendo que la Sra N., ingresó a la propiedad que hoy se reclama mediante lo que se consideró un título legítimo, título que luego desapa-rece.

Por mandato legal las costas y honora-rios deben adecuarse (Art 279 CPCCCh).

Las costas de ambas instancias, estarán a cargo de la demandada vencida.

A fin de regular los honorarios de los profesionales, que los difiero para el momento del acuerdo, tendré presente, la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los Arts. 6, 7, 9, 10, 39, 37, 47 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cá-mara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Receptar los agravios de la parte ac-tora y revocar la sentencia de fs 108/112.

2) Hacer lugar a la demanda y condenar a la Sra E. N. y/ o quienes resulten ocupantes, a desocupar el inmueble ubicado en Pasaje****, de esta ciudad en el término de diez días de firme la presente.

3) Costas de ambas instancias a la de-mandada vencida.

4) Diferir la regulación de los honora-rios para el acuerdo.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. García Blanco no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente	SENTENCIA:

1) Admitir los agravios del apelante actor de fs. 131/vta. y revocar la sentencia de fs. 108/112, haciendo lugar a la demanda de desalojo interpuesta por el Sr. H.. C. contra la Sra. E. N. respecto del inmueble ubicado en el Pasaje ***de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ordenando el desalojo por parte de la demandada de dicho inmueble en el término de diez (10) días de quedar firme o consentida la presente.

2) Costas de ambas instancias a la demandada vencida. Por sus trabajos realizados en Primera Instancia, regúlanse los honorarios profesiona-les del Dr. M A M en la suma de PESOS SEISCIENTOS ($600) y de los Dres. J J E y M G. G, conjuntamente, en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($300). Por los trabajos realizados en la Alzada se regulan los honorarios profesionales del Dr. M A M en la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ ($210).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO - Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 52 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS