marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, remuneración, horas extra, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOLIS, NEDDY HECTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción(Expte.:  C.S.J. Nº. 148 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-16

Del artículo 65 del decreto 2695/83 -cuya legalidad, constitucionalidad y aplicación al caso no ha sido negada- surge que para que un agente provincial pueda percibir el adicional por "hora s extraordinarias", es menester la existencia de una autorización previa emanada del titular de la jurisdicción de la que depende. La intención del legislador es la de someter el reconocimiento de horas extras al cumplimiento de determinadas formalidades, lo cual es coherente con las dificultades que supone el adecuado control de que efectivamente se cumplen tareas en tiempo suplementario. Lo contrario implicaría una irregularidad tal, que volvería caótica toda la organización administrativa con la consecuente incidencia en las arcas públicas.
Juicio sumarísimo, juicio ordinario posterior, tutela sindical
Materia: PROCESAL
Carátula: Urbano, Laura Graciela c/ Grupo GG S.R.L. s/ tutela sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2020-10-25

Debe descartarse la posibilidad de revisión de lo sentenciado por vía del juicio ordinario posterior respecto de las cuestiones que fueron objeto del proceso en tanto la apelante no se halló impedida de introducir toda la argumentación que desarrolló en diversas presentaciones, ni de acreditar en la etapa probatoria correspondiente todo lo concerniente a la impugnación de la elección del representante gremial, la vigencia o no de la tutela sindical al momento del despido y la causa de extinción del vínculo contractual. La impugnación, integró el debate en el sub lite, de modo que resulta impertinente invocar la insuficiencia de la vía sumarísima y por ello corresponde rechazar el pedido de nulidad del proceso.
Acto administrativo, error (civil), negligencia
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Necon  S.A. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

La empresa contratista debió obrar durante la ejecución de los trabajos con pleno conocimiento de las cosas (arg. art. 902 del Código Civil), puesto que la magnitud de toda obra pública y de los intereses en ella en juego, le imponían actuar de modo tal de prever cualquier eventualidad que pudiera incidir negativamente sobre sus derechos, adoptando a esos efectos las diligencias apropiadas que exigían las circunstancias de persona, tiempo y lugar (art. 512 del Código Civil) y si incurrió en un error acerca del método de medición aplicable para el cobro de los trabajos que reclama, éste provendría de una negligencia culpable que impide su invocación (art. 929 del Código Civil)
Agotamiento de la instancia administrativa, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NORA A. DE LUCERO Y OTRAS c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1991-09-06

Otorgarle al silencio de la administración el valor de una decisión denegatoria, es una vía opcional en favor del administrado y una manera que el legislador ideó para facilitarle el agotamiento de las distintas instancias administrativas, ya sea de las intermedias o de aquellas con la virtualidad de causar estado. pero al administrado le queda otra vía,cual es la de esperar la resolución administrativa que aunque se dicte fuera de todo plazo,hace renacer para el administrado la posibilidad de ocurrir a la vía judicial, debiendo computarse el término para demandar desde la fecha de notificación del auto denegatorio.
Acto administrativo, resoluciones recurribles, control de razonabilidad, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 66-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-20

El control judicial suficiente de los actos de los organismos administrativos implica: a) el reconocimiento de los litigantes del derecho de interponer recurso ante los jueces ordinarios, y b) la negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción en que, existiendo opción legal, los interesados hubieren elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial. La mera facultad de deducir recurso extraordinario basado en inconstitucionalidad o arbitrariedad no satisface las exigencias que deben tenerse por imperativas. Una interpretación contraria sería violatoria del artículo 18 de la Constitución Nacional que garantiza a los habitantes del país el derecho a ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, quiebra, incidente de revisión, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: AFIP-DGI c/ PERSONAL SERVICIOS EMPRESARIOS S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-12-09

La regla general que prescribe que son ajenas al recurso extraordinario las cuestiones vinculadas a la caducidad o perención de la instancia, en razón de la falta de definitividad de los autos a ellas referidos, admite excepciones cuando puede verse comprometida la vida misma de la acción por efecto de la prescripción que podría operar, lo que traería aparejado a la recurrente un agravio de imposible reparación ulterior.

En el caso, a la luz de dicha pauta y siguiendo la directiva que nos indica que la Corte debe tener en cuenta las circunstancias existentes a la hora de resolver, corresponde equiparar el decisorio cuestionado- confirmatorio de la caducidad del recurso de revisión pretendido por la AFIP - a sentencia definitiva en los términos de la ley 7055, pues el tiempo transcurrido podría incidir negativamente sobre los intereses de la actora, presentándose esta oportunidad como la ocasión pertinente para la tutela de los derechos que se estiman vulnerados.
Poder de policía, autoridad de aplicación, control sanitario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kraft Foods Argentina S.A. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-10

La autoridad sanitaria local, es plenamente competente para desplegar las facultades que le otorga la Ley Nro. 18.284, a la que la Provincia adhirió por Decreto Ley Nro. 2310, cuyo artículo 2 dispone que las autoridades sanitarias provinciales aplicarán y harán cumplir en su respectiva jurisdicción el Código Alimentario Argentino, la ley y sus disposiciones reglamentarias, expresando su artículo 3 que "los productos cuya producción, elaboración y/o el fraccionamiento se autorice y verifique de acuerdo al Código Alimentario Argentino, esta ley y sus disposiciones reglamentarias, por la autoridad sanitaria que resulte competente de acuerdo al lugar donde se produzcan, elaboren o fraccionen, podrán comercializarse, circular y expenderse en todo el territorio la Nación, sin perjuicio de la verificación de su condiciones higiénico sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial en la jurisdicción de destino". La expresión "sin perjuicio" está indicando concurrencia en la policía de alimentos, entre la jurisdicción autorizante del producto, y aquélla en la que el mismo es comercializado con destino al consumo de la población. Así debe ser por otra parte, si se atiende a la finalidad de las normas en cuestión, protectivas -como se ha prevenido- de la lealtad en las relaciones comerciales, abarcativa de los derechos de los consumidores y competidores, tutelando la libertad, la clara y debida información y la transparencia en las actividades comerciales. La competencia surge además del Dto. Nro. 815/99, que regula el Sistema Nacional de Control de Alimentos, que con el fin de asegurar el fiel cumplimiento del Código Alimentario Argentino, determina la responsabilidad de las autoridades de cada provincia en su aplicación, dentro de su respectivas jurisdicciones.
Recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso, sentencia absolutoria, delitos contra el honor
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Kimel, Eduardo G. y Singerman, Jacobo s/ art. 109 C. P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronuncia miento que absolvió al imputado por la comisión de los delitos de calumnias e injurias (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Fallos de la Corte Suprema, jurisprudencia aplicable, código penal, autoría, reincidencia, salidas transitorias, igualdad ante la ley, derechos y garantías constitucionales, concurso real, portación de armas, armas de uso civil, agravantes de la pena, tenencia ilegítima de armas de guerra, condena penal, robo calificado
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Recuso de hecho deducido por la Defensora oficial de Martín Salomón Arévalo en la causa Arévalo, Martín Salomón s/causa N° 11.835
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-27

Resulta improcedente la declaración de inconstitucionalidad de la reincidencia prevista en el artículo 50 del Código Penal, a solicitud de quien fue juzgado reincidente por la comisión del delito de robo agravado por su comisión con arma de fuego y la intervención de un menor de dieciocho años de edad, mientras se encontraba bajo el régimen de salidas transitorias por haber cumplido parte de la pena de nueve años de prisión a raíz de la comisión de delitos anteriores -robo calificado por el uso de armas reiterado en seis ocasiones en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra-, pues el distinto tratamiento dado por la norma a quienes reiteran la comisión de un nuevo delito y quienes no exteriorizan esa persistencia delictiva, se justifica por el desprecio hacia la pena que les ha sido impuesta. (De "L'Eveque", Fallos: 311: 1451 al que la Corte remite).
Empresas del Estado, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE
Materia: COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ORGANIZACION METALURGICA ARGENTINA SRL c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

En el régimen de la ley 20705, las "sociedades del Estado" tienen patrimonio y personalidad jurídica propia y se caracterizan por ser entes sometidos principalmente al derecho privado; se trata de la incorporación de una actividad comercial e industrial al Estado, sin someterla, sin embargo, a las formas de derecho público.
Interdictos posesorios, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Samperi, Alberto c/ Lofeudo, Ana María s/ Interdicto posesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-04

Cuando el interdicto exhibiere manifiesta verosimilitud en cuanto al derecho invocado y se justificare que existe peligro en la demora, resulta procedente la restitución inmediata del bien, a título de medida cautelar y previo otorgamiento de contracautela suficiente; a tal fin cabe exigir del accionante la justificación de "la posibilidad de un derecho", mas no la "existencia" incontestable de ese derecho, que sólo es posible luego de agotarse el trámite respectivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuenta corriente bancaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Río de la Plata S.A. c/ Germano Roberto Juan s/ Cobro Ejecutivo Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Martinez Edgardo y Otro s/ Cobro Ejecutivo Banco Provincia de Buenos Aires c/ Boschini De Leston Telma Mirtha s/ Cobro Ejecutivo Banco Rio de la Plata c/ Garcia Monica Liliana s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05|1997-02-11|1998-03-18|2000-07-04

Procede la producción de intereses compensatorios desde el mismo momento en que se produce el cierre de la cuenta corriente, los cuales encuentran fundamento en la onerosidad y naturaleza jurídica propia del instituto analizado.(art.777 del Cód. Com).
Asignaciones familiares, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Jorge Oscar y otros s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-05-27

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo que declara la inconstitucionalidad de los decretos 770/96 y 771/96 que suprime las asignaciones familiares. Ello así, ya que la inconstitucionalidad planteada resulta clara y manifiesta, por cuanto los decretos mencionados, contratarían el art.14 Bis de la Constitución Nacional, en tanto y en cuanto desconocen el derecho de protección a la familia y la compensación económica familiar consagrada en dicho dispositivo constitucional, a la vez que repugna al Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales que, como es sabido, reconoce en la familia un elemento natural y fundamental de la sociedad que requiere de la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y educación de los hijos. Los decretos en cuestión son doblemente inconstitucionales, por vulnerar asimismo la garantía de igualdad ante la Ley, según la cual el legislador no puede crear categorías, grupos o clasificaciones que irroguen trato diferente, a condición de que el criterio empleado para discriminar sea razonable.
Recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, inexistencia de otras vías, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: STRINA, MARIA BELEN Y OTROS c/ CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL DR JOSE MARIA CULLEN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-19

En orden al recaudo de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto u omisión de que se trate, la calificación de manifiesta implica que los vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial; es decir, cuando el ataque es tan patente que se manifiesta -podría decirse en forma física, visible, ostensible y notoria-; por ende, la pretensión del amparo no es viable cuando la situación fáctica que le sirve de sustento aparece opinable o discutible y requiere amplitud de debate y prueba, cuestión que se entronca con el requisito de la inexistencia de un medio judicial más idóneo, análisis que fuera del todo omitido por parte de los Sentenciantes, quienes se limitaron a determinar si el caso era subsumible en el texto normativo invocado y a calificar como ilegítima, ilógica y violatoria del principio de progresividad, a la decisión de la Administración de dejar de pagar un adicional a quienes entendió no calificaban dentro de los recaudos que la norma exigía.. - CITAS: CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67/164.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, declaración indagatoria, proceso penal, imputado, derecho a la presencia del defensor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., P. G. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL -APELACION-SENTENCIA CONDENATORIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

En cuanto a la alegación de que en el caso no se garantizó una defensa técnica eficaz por la falta de presencia del abogado defensor al momento de la declaración indagatoria del imputado, la Alzada tuvo en cuenta que el Código de rito vigente prescribía textualmente que el imputado podrá declarar en ausencia de su defensor, siempre que manifestare su voluntad en tal sentido; y destacó que al haber sido una opción que el mismo ejerció, ni se advertía que dicho acto hubiera sido objetado por ninguno de los anteriores defensores, ya sea por cuestionarse su constitucionalidad o por haberse recibido sin las garantías establecidas legalmente. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, sanciones pecuniarias, daño punitivo, responsabilidad objetiva, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Filizzola, Jorge y otro c/ Banco Santander Rio SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

En otras palabras, aunque existan conductas subjetivamente culpables, o incluso si ellas no existieran, la responsabilidad contractual nace de modo objetivo a partir de la no obtención del resultado prometido, esto es, con la simple verificación del incumplimiento y con abstracción de que el obligado haya obrado con culpa o sin ella, sin que incluso exista posibilidad de demostrar la no culpa (conf. Bueres, A, "El acto ilícito", Buenos Aires, 1986, p. 59; entre otros). Más semejante desplazamiento o prescindencia del factor subjetivo tiene sentido y se justifica pura y exclusivamente a los efectos de fijar la imputación objetiva del incumplimiento en cabeza del obligado a la prestación de resultado y al solo fin de establecer, en el marco de su responsabilidad contractual, el deber resarcitorio que le competa, pero no a otros efectos jurídicos distintos a este último que se gobierna por pautas o presupuestos diversos, tal como ocurre con la aplicación de la multa prevista por la LDC 52 bis.
Juicio de desalojo, locación de inmuebles, lanzamiento, menores
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: VALLS, Oscar Narciso c/ DÍAZ, Juan Alberto s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-15

1- Si bien incumbe al Ministerio de la Defensa la intervención en los proceso de desalojo a los fines de adoptar al momento del lanzamiento las medidas de protección necesarias con relación a los menores (conforme Resolución DGN 1119/08 de la Defensoría General de la Nación)es insuficiente para disponer la suspensión del proceso en ese estado, dado que la finalidad de la intervención es la de procurar solución habitacional al menor antes que se efectivice la medida. 2- Ahora bien, una vez que interviene la Sra Defensora de Menores se encuentra expedita la tutela, y resulta una facultad acordada a los jueces la posibilidad de denegar el pedido a una audiencia cuando en la causa no se avizora una posibilidad conciliatoria.
Acción dependiente de instancia privada, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: ALACA, Roberto Ceferino s/ Robo y violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-03

El art. 76 del C.P.P. establece en su último párrafo que "siendo víctima", se considerará hábil para denunciar al menor "imputable", de manera que la denuncia de la persona que se dice víctima de violación y que cuenta con 20 años de edad, es válida para instar la acción, no correspondiendo declaración de nulidad alguna.-
Doctrina de los actos propios, actualización monetaria, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Galvalisi, Ricardo Ramón c/ Mercorelli, Elio Javier. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

La teoría de los propios actos no resulta el sustento adecuado del fallo que desestimó el pedido de reajuste del crédito, ya que el método contractual previsto para cubrir el desfase económico, ajustado a la realidad de su origen y al tiempo de entablar la ejecución, fue desbordado en términos que importan un aniquilamiento del crédito y la afectación de la cosa juzgada.
Abuso sexual calificado, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C. J. de D. c/  s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-25

Corresponde rechazar el recurso de casación formulado contra la condena -a la pena de tres años de prisión en suspenso- por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por ascendiente en forma reiterada, si el tribunal contó con elementos suficientes para arribar a la convicción necesaria respecto de la materialidad de los hechos y la autoría responsable del imputado, por lo que -en suma- la crítica de la defensa sólo revela su disconformidad con el fallo. (Dres. Slokar, Ledesma y David).
Cómputo del plazo, caducidad, días inhábiles
Materia: PROCESAL
Carátula: Del Negro, Mirta Zulema contra Sarrichio, Luis Alberto y otro. Daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

El legislador procesal se ha apartado, respecto del cómputo del plazo por meses de caducidad, de la solución que contempla el art. 156 del Código Procesal Civil y Comercial al disponer que no se contarán los días inhábiles, excepción que encuentra adecuado fundamento en la extensión que revisten los plazos de caducidad.(doctor Soria, mayoría).
Responsabilidad penal, pericia psicológica
Materia: PENAL
Carátula: R. C. M. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-27

Explicaron que, tal como lo postuló la fiscalía, los elementos reunidos eran suficientes para acreditar la responsabilidad penal del imputado con el grado de probabilidad del artículo 306 del ritual y que si bien se trata de hechos que se producen en un contexto íntimo, la versión dada por el damnificado constituye un aporte especialmente valorable si los estudios psicológicos y pisquiátricos demuestran la verosimilitud de su relato, tal como ocurre en el caso a resolver, desvirtuando ello las expresiones de descargo del imputado quien, al ser indagado, dijo no conocer a la víctima.

Fuente del sumario: OFICIAL
Inconstitucionalidad, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Los Mana S.A. c/  s/ 6.1.52 - estacionamiento prohibido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 15 de la ley 451, en cuanto establece una prescripción de 5 años para las multas de tránsito y declarar extinguida la acción de faltas por prescripción, toda vez que la norma atacada no sólo contradice lo que regula el Código Penal, que establece una prescripción de las multas de dos años, sino que agrava la situación del presunto infractor frente a la potestad sancionatoria de la Ciudad de Buenos Aires, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es clara en cuanto a que el poder sancionatorio de la administración de las provincias debe ser analizado bajo los preceptos que el Congreso Nacional y la Constitución Nacional establecen para los procesos penales; y de la jurisprudencia del máximo tribunal no quedan dudas acerca de que la legislatura local no tiene potestad para regular el plazo de prescripción en materia de faltas y que se trata de una competencia exclusiva del legislador nacional.
Procesamiento, denegatoria del recurso, facultades discrecionales del juez
Materia: PENAL
Carátula: Montenegro Gastón Eduardo - Cruz Pablo Darío s/ Homicidio agravado S/ Incid. de apelación - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2011-02-24

Corresponde desestimar el Recurso de Casación interpuesto, toda vez que las resoluciones que desestiman planteos de nulidad, como las que disponen el procesamiento del imputado, no son consideradas por la doctrina y la Corte equiparables a definitiva. Las resoluciones que se dicten por los Tribunales de mérito en el ejercicio de sus poderes discrecionales quedan excluidas del control de la Corte de Casación.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

El reconocimiento contenido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522, de la posibilidad de transferir -previa autorización- una importante proporción del capital social o cuotas partes de licencias de servicios de comunicación audiovisual, determina que el agravio del grupo actor relativo a la lesión indebida del derecho a la libertad de comercio no revista entidad suficiente, máxime considerando que las eventuales consecuencias que la aplicación retroactiva de la ley pudiera generar a su derecho de propiedad podrían dar lugar al pertinente reclamo según los principios que gobiernan la responsabilidad del Estado por su actividad lícita.