Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-10


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100113	SALA II Expediente Nº 20.779/2008	(Juzg. Nº 32) AUTOS: "RIVERA, WALTER MARTIN Y OTROS C/ TOTAL AUSTRAL S.A. Y OTRO S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 10-02-2012, reuni-dos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	La sentencia de primera instancia rechazó en lo principal la demanda interpuesta por los Sres. Rivera, Rodríguez y González, conde-nando a las demandadas Servicios Compass de Argentina S.A. y Total Austral S.A. a abonarles las sumas individualizadas a fs. 524. Contra dicho pronunciamiento se al-zan la codemandada Servicios Compass de Argentina S.A. en los términos del recur-so que luce a fs. 528/530, Total Austral S.A. a fs. 535/537 y la parte actora de con-formidad con la presentación de fs. 539/544 (respondido por Servicios Compass de Argentina S.A. a fs. 553/554). Los recursos de las codemandadas no fueron concedi-dos por considerar, la magistrada de grado, que se daba el supuesto de inapelabilidad por el monto (cfrme. art. 106 L.O.).

Los accionantes, trabajadores contratados por Servi-cios Compass Argentina S.A., empresa dedicada al servicio de alimentación, hotelería y catering, fueron destinados a prestar servicios a los campamentos de Río Cullen y Cañadón Alfa -Río Grande, Pcia. de Tierra del Fuego- de la empresa Total Austral S.A. dedicada a la actividad petrolera. Las partes son contestes en que con motivo de las negociaciones llevadas a cabo, los trabajadores originalmente encuadrados en el convenio celebrado por UTHGRA -por la actividad desarrollada por su empleador- fueron encuadrados a partir de septiembre de 2005 en el CCT 396/04 correspondiente a la actividad petrolera. Reclaman en autos, el reconocimiento de las diferencias salariales presuntamente devengadas desde esa fecha y retroactivamente por el plazo de la prescripción, así como el pago de horas extras y otros conceptos que detallan en su demanda.

La magistrada que me precede consideró que no co-rresponde extender la aplicación en forma retroactiva más allá de lo convenido por la voluntad de las partes. En lo que atañe a las horas extras reclamadas, consideró im-procedente el reclamo señalando que no existen pruebas de que los accionantes hu-bieran laborado una jornada mayor a la liquidada. Reconoció, en cambio las diferen-cias en concepto de coeficiente zona 1 y ropa de trabajo, condenando en forma soli-daria a las demandadas en los términos del art. 30 L.C.T.

II.	El primer agravio de los accionantes cuestiona la de-cisión de grado en cuanto consideró que no resulta de aplicación retroactiva la nova-ción convencional implementada por la empleadora.

En mi opinión, y tal como fuera sostenido en el prece-dente "Julián, Sebastián c/ FST SA s/ despido" (SD Nº 96.116 del 16-10-08), con el voto del Dr. Pirolo al que adherí, este tribunal decidió que "No puede aplicarse a la demandada FST SA (cuyo objeto es dar servicios de alta capacitación en la categoría procesamiento electrónico de datos y centro de computación del CC 130/75) el con-venio 201/92 si no ha suscripto directa ni indirectamente este convenio ya que la cir-cunstancia de que una entidad gremial ejerza la representatividad de cierto grupo de trabajadores no implica que los convenios colectivos que celebra con alguna o algu-nas entidades patronales hayan de valer para cualquier empleador, de cualquier ac-tividad que fuere".

Señaló mi distinguido colega en su voto que, al tratarse el planteo de una cuestión de encuadramiento convencional, no sólo es nece-sario saber si la entidad demandada suscribió el convenio en forma directa o estuvo representada por otra que asumía ese rol (el de representante) en la actividad. Añadió que, como lo han sostenido reiteradamente diversas Salas de esta Excma.Cámara Na-cional de Apelaciones del Trabajo, no puede resultar aplicable a las relaciones de la demandada con su personal un convenio colectivo que no suscribió y en cuya cele-bración no estuvo representada (conf. CNAT, Sala III, 31-10-86, sent. 53359, "Busso C/ Vialco SA"; Sala VI, 27-10-80 "Odear c/ Constructora Salto Grande SA" en T. y S.S. 1981, pág. 24; Sala V, 30-12-87 sent. 40516 "Landaburo, Walter c/ Amadeo Quiroga Transportes SA", esta Sala in re "Magariños Carolina Fernanda c/Galeno Argentina S.A. s/ diferencias de salarios", sent. 95.109, del 10/7/07).

También memoró el Dr. Pirolo que la circuns-tancia de que una entidad gremial ejerza la representatividad de cierto grupo de traba-jadores no implica que los convenios colectivos que celebra con alguna o algunas en-tidades patronales o empresariales hayan de valer para cualquier empleador, de cual-quier actividad que fuere, porque la representación válida de éste es requisito básico para ello, en los términos del art. 9 de la ley 14.250 (conf. CNAT, Sala VII, 29-10-93, "Federación Única de Viajantes de la R.A. c/ Etchart Arnaldo SA", comentado por Jorge Rodríguez Mancini en D.T. 1994-A, pág. 212).

Compartí en dicha causa tales expresiones y, por ende, en autos estimo que -en parte- no resultaba de aplicación el pretendido CCT 396/04, pues la empresa demandada no se encontraba dentro de las signatarias de los conve-nios mencionados, negociados y suscriptos por la Cámara de Exploración y Produc-ción de Hidrocarburos (C.E.P.H.) y Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (C.E.O.P.E.) y la Federación Argentina Sindical de Petróleo y Gas Priva-dos (F.A.S.P. y G.P.).

En tal contexto, resulta evidente que en la suscripción de ese convenio colectivo no intervino la empleadora de los actores (que por cierto, cabe una vez más remarcar, sólo resulta la codemandada Servicios Compass, en tanto Total Austral apenas es responsable solidaria en los términos del art. 30 LCT, mas no reviste dicho carácter) ni ningún organismo público o privado que ejerciera la repre-sentación de empresas dedicadas a brindar servicios de gastronomía (que es la activi-dad que despliega la accionada Servicios Compass), por lo que, evidentemente, el mencionado convenio no resulta aplicable a las relaciones de aquélla con su personal.

Y ello más aun si se considera la existencia del CCT 401/2005 denunciado por la accionada, en el que claramente esta se encuentra representada, por cuanto fue suscripto por Unión de Trabajadores del Turismo Hote-leros y Gastronómicos de la República Argentina (U.T.H.G.R.A.) y Cámara Argentina de Servicios de Comedores y Refrigerios (C.A.C.Y.R.), con aplicación en todo el territorio o ámbito geográfico de la República Argentina, y cuyo ámbito material re-sultan "las empresas concesionarias de establecimientos públicos y/o privados que contraten con éstos, a fin de brindar prestación de servicios gastronómicos de comi-das, bebidas y/o alojamiento ya sea para sus empleados o para clientes de dichos es-tablecimientos contratantes, cualquiera sea la denominación que se le asigne o se le diese", entre las cuales expresamente se prevén las gamelas petrolíferas, mineras y gasíferas (conf. arts. 1, 4, 6 y 7, CCT 401/2005), a lo que -sólo con el propósito de abundar- se adiciona que las tareas prestadas por los accionantes (gastronómicas, la-vandería, etc.) son atinentes a la actividad en que se enmarca este último, y no a la de yacimientos de la industria petrolera correspondientes al CCT pretendido por los de-mandantes.

Y aún cuando sigo manteniendo la misma postura, lo cierto es que llega firme a esta alzada la aplicación de un convenio distinto al que co-rresponde aplicar, desde el mes de septiembre de 2005, correspondiendo determinar, en el prieto marco del recurso articulado por los actores, así como los términos de la demanda y contestación, la vigencia y alcance de la aplicación de un convenio distinto al que rige para la actividad del empleador.

En cuanto a la pretensión de su aplicación retroactiva y ultraactiva del CC 396/04 al caso (en relación a la provisión de ropa de trabajo por el período posterior al dictado de la sentencia), señalo que su vigencia sólo podrá ex-tenderse en la medida en que fue voluntad de las partes mantener la existencia de de-terminadas características del contrato. En efecto, conforme lo dicho, el alcance de la aplicación convencional no es irrestricta sino limitada a las condiciones de los contra-tos individuales o plurindividuales de trabajo que el principal decida mejorar, incor-porando a los mínimos inderogables determinadas condiciones o beneficios previstos en un CCT distinto.

Por ello, y teniendo presente que llega firme a esta Al-zada la aplicación del mentado CCT 396/04, aún cuando el sujeto empleador carece de aptitud para fijar la normativa convencional aplicable por cuanto el respectivo en-cuadre debe necesariamente hacerse según el orden antes expuesto, el principal sólo está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el marco del CCT aplicable al respectivo contrato de trabajo (en el caso, el CCT 401/2005; arts. 8 LCT y 4º ley 14.250) pero, por encima de tales mínimos inderogables, las partes pueden convenir condiciones más favorables, a cuyo efecto nada impide que se incorpore un determinado rubro o concepto previsto en otro CCT, tal como corresponde interpretar la decisión de la demandada.

Sin embargo, ello no implica que la totalidad de las condi-ciones más favorables previstas en un convenio ajeno a la relación resulten aplicables en su totalidad y menos significa el desplazamiento del CCT natural que corresponde a la actividad, sino únicamente debe ser apreciado como una condición laboral más favorable emergente del contrato individual de trabajo, en la medida temporal y mate-rial que las partes acordaron o el empleador reconoció, y en tanto se trata de mejoras.

En razón de todo lo expuesto, en el caso particular de autos sólo corresponde considerar que el empleador se limitó a reconocer durante un período limitado que comenzó en Septiembre de 2005, determinadas prestaciones no previstas en el convenio tales como "coeficiente zona 1" y "compensación por ropa de trabajo", por lo que no existen fundamentos legales que permitan extender tempo-ralmente la obligación, más allá de lo acordado por la libre voluntad de las partes con anterioridad a la fecha referida y con posterioridad a la interposición de la demanda. Respecto de esta última pretensión, corresponderá al actor acreditar, mediante un nuevo proceso, que la demandada prometió mantener el pago del adicional por ropa de trabajo e incumplió la obligación asumida.

Por los fundamentos expuestos, corresponderá desestimar la queja de los accionantes en la medida que pretenden la aplicación re-troactiva de los beneficios derivados del convenio colectivo aplicable a partir del año 2005 así como las sumas reclamadas en concepto de ropa de trabajo.

III.	En lo que respecta a la crítica por el rechazo de horas extras, considero que no asiste razón a los accionantes, no sólo por las razones pre-cedentemente expuestas, sino por las razones que a continuación explicaré.

En primer lugar debo dejar aclarado que no existe controversia entre los litigantes en cuanto a que los actores se desempeñaron para la demandada en los campamentos Río Cullen y Cañadón (los cuales, se hallan ubicados a unos 200 kilómetros de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego), en jornadas que se distribuían en 14 días continuos de prestación de tareas y 7 de des-canso (ver fs. 541 párr 3°). Ello así por cuanto, si bien los recurrentes cuestionan la valoración de la prueba rendida en autos, observo que no brindan ninguna razón que evidencie el desacierto que atribuyen a la magistrada de grado, a lo que se torna for-zoso añadir que, tal como refirió la Sra. Jueza de grado, la demanda adolece de insu-ficiencia argumental en torno a la determinación circunstanciada del lugar de desem-peño de los actores, en tanto manifestaron que se llevó a cabo en Río Cullen y Caña-dón Alfa, campamentos petroleros distintos que adujeron ubicados, respectivamente, a 180 y 200 km de Río Grande, al tiempo que los testigos no pudieron precisar el efectivo cumplimiento de una jornada superior.

Además, comparto con la magistrada que me precede que, por las particularidades de la prestación laboral, era aplicable en el caso la ex-cepción prevista en el art. 3º inciso "b" de la ley 11.544 de trabajo "por equipos", en cuya modalidad el tope semanal es elevado de 48 a 56 horas, de acuerdo a la norma adjetiva citada en el párrafo anterior.

Finalmente, no puedo pasar por alto que de los resú-menes de liquidaciones de haberes de los actores suministrados en el peritaje contable (fs. 438/440) surge que, tal como aseverara la demandada en otra de sus defensas, éstos percibían en forma habitual salarios en concepto de "horas extras", los que no fueron considerados en el planteo de la demanda, y que evidentemente cubrieron el exceso de las horas laboradas por encima del tope convencional o, al menos, nada se argumentó al respecto.

Con apoyo en todas las consideraciones expuestas, pro-pongo mantener lo decidido sobre el punto en la sentencia apelada, y confirmar el re-chazo del reclamo efectuado en concepto de diferencias salariales por horas extraor-dinarias.

Las restantes cuestiones introducidas por los recurren-tes carecen de entidad para modificar la solución que dejo propuesta.

IV.	La confirmación que dejo propuesta me conduce a sugerir, asimismo, lo decidido en grado en materia de costas y honorarios (art. 68 párr. 2 y 71 CPCCN) quedando aquí subsumido la apelación deducida por la parte actora y por la parte demandada (cfr. arts. 38 LO, 6, 7, 9, 19, 37, y 39 de la ley 21.839 y dto. 16.638/57 y ley 20.243).

Las costas de esta alzada, propongo se impongan a cargo de la parte actora atención al resultado del recurso (art. 68 CPCCN).

En tal sentido, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada por los trabajos en esta instancia en un 25% de lo que en definitiva le corresponda a cada una de ellas por sus labores ante la primera instancia (art. 14 ley 21.839).

La Dra. Graciela A. González dijo:

Por análogos fundamentos adhiero a las conclu-siones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el de-cisorio de grado en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio; 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte actora; 3) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada por los trabajos ejecutados en esta instancia en el veinticinco por ciento (25%) respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González Miguel Ángel Maza Juez de Cámara Juez de Cámara