Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03


G., A. E.

Reg.: A y S t 208 p 360-366.

En la ciudad de Santa Fe, a los tres días del mes de agosto del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "G., A. E. -Robo Calificado y portación de arma de fuego- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 440, Año 2004).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Vigo, Gutiérrez, Spuler y Falistocco.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: 1. Conforme surge de autos, mediante sentencia obrante a fojas 560/585, el señor Juez de Distrito en lo Penal de Sentencia Nro. 5 de esta ciudad resolvió condenar a A. E. G. a la pena de diez años de prisión de efectivo cumplimiento como autor penalmente responsable de los delitos de Robo calificado por el uso de arma reiterado en quince oportunidades y Portación no autorizada legalmente de arma de fuego de uso civil, todos delitos que concurren realmente entre sí (arts. 166, inc. 2, 189 bis tercer párrafo y 55 del Código Penal), con más las accesorias de inhabilitación absoluta y de incapacidad civil del condenado por igual término (arts. 12 y 19 del Código Penal) y absolverlo de los delitos que fueran calificados legalmente como autor de Privación ilegítima de la libertad agravada reiterada en quince oportunidades (art. 142 inc. 12 del Código Penal), imponiéndole las costas del proceso (art. 168, C.P.P.) (fs. 560/585), pronunciamiento que fue confirmado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Penal (fs. 603/607).

Contra el fallo de la Alzada, interpuso la defensa técnica del imputado recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción. Se quejó, en ese sentido, de lo aseverado por la Sala en cuanto a que el imputado, en los hechos confesados Panadería "Tentísimo" y Heladería "Don Gerónimo", a pesar de sus deficiencias comprobadas por la pericia (médica) en sus tendones de la mano derecha, pudo igualmente disparar el arma de fuego con la mano izquierda y/o con ambas manos y/o utilizarse como elemento contundente.

Sostuvo que ese hecho no fue intimado en la acusación y no existe una sola prueba que permita realizar esa deducción, lo cual implica un razonamiento arbitrario que violenta la garantía de la defensa en juicio ya que a la defensa le bastaba con demostrar -como lo hizo- que el imputado carecía de movimiento en sus dedos de modo que pudiera efectuar un disparo que pudiera colocar en situación de peligro a las víctimas, para que la carga de la prueba sobre el extremo contrario se traslade en cabeza del Ministerio Público, el que al respecto nada acreditó.

En relación al ilícito que tuviera como víctima a la señora A. B. M., con respecto al cual la supuesta arma utilizada por G. en esa ocasión "no fue habida durante el proceso por ende no (puede saberse) si es plausible la calificante ... puesto que en el caso concreto no se pudo acreditar el peligro efectivo corrido por la víctima", alegó que la sentencia se sustentaba en afirmaciones dogmáticas al concluir en que "... la lógica nos indica que quien va a cometer un hecho delictivo como los que nos ocupan va a ir con un arma en condiciones de efectuar disparos", pues así se fundó en la íntima convicción, resultando arbitraria conforme a nuestro sistema de valoración de la prueba.

Asimismo, invocó carencia de motivación suficiente y/o motivación contraria al principio in dubio pro reo, toda vez que durante el proceso y ante pruebas de descargo objetivas, plausibles y de entidad suprema, como ser que en ninguno de los hechos que detalló se lo pudo reconocer como autor a G., sino a un tal F. por la exhibición de fotografías en prevención, el sentenciante se inclinó por meros indicios de nula relevancia.

Por su parte, bajo la tacha de prescindencia de prueba decisiva, adujo que el juez de primera instancia desestimó los reconocimientos negativos de las víctimas alegando motivos de percepción escasa o disímiles de las mismas, negó la eficacia de la pericia médica -en la que se probó la incapacidad psicomotriz de la mano derecha del imputado-, señaló erróneamente que existía un idéntico patrón de conducta entre los hechos confesados y los demás, lo cual no era real, y desechó los reconocimientos positivos de F., efectuados por numerosas víctimas.

En el punto VII del memorial, solicitó -por las razones que expuso- la "inmediata" aplicación de la nueva reforma al Código Procesal Penal, artículo 402 II, segundo párrafo, pues "... fue condenado a 10 años de prisión siendo que el Ministerio Público había solicitado una pena de 7 años", y "no existió variación de la calificación jurídica de los hechos endilgados". (fs. 1/11, Expte. CAP nro. 469/03).

El A quo denegó el recurso intentado (fs. 17/19, expediente citado), lo que motivó la presentación directa del recurrente ante esta sede, logrando la apertura de esta instancia de excepción mediante resolución registrada en A. y S. T. 200, p. 455 (Expte. C.S.J. nro. 566/03).

2.1. La ley 7.055, en su artículo 11, le impone a este Cuerpo efectuar en esta ocasión un definitivo control de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, y al abordar nuevamente el análisis de la postulación recursiva -ahora con los autos principales a la vista- no cabe sino concluir en que la defensa técnica del imputado no ha logrado perfilar una cuestión constitucional aprehensible que conduzca a la habilitación de esta instancia extraordinaria.

Ello es así, por cuanto el examen de los cuestionamientos efectuados por el recurrente en miras a demostrar la arbitrariedad en que habría incurrido el Tribunal a quo al resolver como lo hizo -rotulados como "afectación de la garantía de la inviolabilidad de defensa en juicio", "sustentar el fallo en afirmaciones dogmáticas o dar fundamento sólo aparente", "carencia de motivación suficiente y/o motivación contraria al in dubio pro reo" y "prescindencia de prueba decisiva"- en relación a las constancias de autos, evidencia una mera discrepancia ineficaz para la admisión del remedio deducido, desde que giran primordialmente en torno al alcance que la Cámara asignara a los medios probatorios de la causa, mas sin que el recurrente hubiera aportado elementos de convicción que permitan apreciar que el razonamiento del órgano jurisdiccional -sin abrir juicio acerca de su acierto o error- merezca objeciones desde el plano constitucional que tornen descalificable el fallo como acto jurisdiccional válido.

En efecto, en lo que concierne a su planteo de violación del derecho de defensa por haber invocado la Sala, en relación a los hechos de panadería "Tentísimo" y heladería "Don Gerónimo", un extremo que no fue acreditado por la acusación y que "no existe una sola prueba que permita realizar esa deducción", cabe señalar que carece de sustancialidad.

La lectura de la sentencia permite apreciar que el recurrente se queja de lo aseverado por el A quo en respuesta desfavorable a su agravio centrado en que, conforme a lo constatado por los médicos forenses a fojas 478 respecto a su lesión en la mano derecha, conservaba movilidad en el dedo pulgar y existía dificultad en el resto de los dedos, de modo que no tenía capacidad para disparar el arma que portaba, no habiendo existido, en consecuencia, peligro alguno para la integridad física de las víctimas, por lo que debía desecharse la calificación del uso de armas, quedando en la figura del robo simple.

En concreto, parece dirigir su reproche contra la afirmación de que "un arma de puño puede dispararse con una u otra mano o con las dos juntas por lo que no obstante la dolencia constatada en la mano derecha de G. no impedía que pudiera disparar el arma utilizada con su mano izquierda o que empuñándola con la derecha accionase la cola del disparador con los dedos de su mano izquierda lo que hace que el peligro para la integridad física de las víctimas siempre existió", pero contrariamente a lo que argumentó el defensor del imputado en sustento de su impugnación, la apreciación realizada por el A quo se reforzó con la pericial balística de fojas 355, en la que se sostuviera que el arma secuestrada en autos "resulta apta para efectuar disparos tanto en simple como en doble acción y esto significa que un revólver (...) puede dispararse apretando la cola del disparador y este accionar hace girar el tambor y levantar el percutor o gatillo y así producirse el disparo, en cambio en lo que el perito denomina de doble acción consiste en levantar el percutor o gatillo con el dedo pulgar dejándolo trabado hacia atrás y para producir el disparo solamente se necesita una leve presión en la cola del disparador". Además, no consigue persuadir de que tales motivos importen una alteración del contenido de la imputación, que vulnere su derecho de defensa. Ello, desde que es dable señalar que a la luz de los antecedentes de mayor relevancia de la doctrina jurisprudencial de esta Corte sobre la materia en examen -donde se consolidara el postulado acerca de que "no se excede la atribución judicial de declarar el derecho que rige el caso sino cuando se juzga respecto de hechos diferentes de los debatidos en la causa" (A. y S. T. 82, p. 98/105; T. 98, p. 317/327; T. 122, p. 140/148; T. 127, p. 1/10, entre otros)-, y frente a las constancias de la causa, el reproche en cuestión no encuentra un mínimo de asidero que permita concluir que el Tribunal hubiese excedido el acotamiento fáctico al confirmar - mediante el fundamento atacado- el pronunciamiento emanado del Juez de Sentencia, en cuanto a la concurrencia de la calificante del artículo 168, inciso 2do. del Código Penal.

Por la vía de la crítica a la motivación invocada por la Sala para desestimar su planteo apelativo, el recurrente procura reabrir el debate sobre una cuestión privativa de los jueces de la causa y ajena, por regla, al ámbito de este recurso excepcional, por encontrarse disconforme con la conclusión arribada por los magistrados respecto a la procedencia de la mentada circunstancia agravante en el sub lite.

No es ocioso traer a colación, al respecto, que "la calificación legal de los hechos materia del proceso es propia de los jueces de la causa y no sustenta el remedio extraordinario, en tanto la condena no se funde en hechos diferentes a los que fueron objeto de debate" (A. y S. T. 82, p. 98/105; T. 127, p. 1/10; T. 135, p. 364/367; T. 142, p. 422/428; T. 187, p. 250, entre otros; CSJN, Fallos 256:416; 265:141; 267:486; 280:135); cuestión ésta que, como se anticipara, no es lo que aconteciera en la sentencia impugnada.

Tampoco resulta idónea para la admisión del remedio intentado, la acusación de dogmatismo en la respuesta de la Alzada al agravio articulado contra lo decidido en primera instancia sobre el ilícito que tuviera como víctima a la señora A. B. M.

De lo alegado por la defensa de G. en el memorial recursivo surge un nuevo intento por desvirtuar la calificación atribuida al mentado hecho, centrado en que "... la supuesta arma no fue habida durante el proceso por ende no sabemos a ciencia cierta si es plausible la calificante de uso de arma puesto que en el caso concreto no se pudo acreditar el peligro efectivo corrido por la víctima ...", sosteniendo que la invocación a la "lógica" realizada por la Sala para la condena es fundarse arbitrariamente en la "intima convicción".

Pero lo cierto es que no alcanza a convencer del vicio enrostrado al decisorio, desde que no se hizo cargo del razonamiento del Tribunal en su totalidad pues, frente a la puntual cuestión de que no se había podido establecer su aptitud para efectuar disparos, el A quo hizo jugar la pauta que cuestiona el recurrente, esto es, "... la lógica nos indica que quien va a cometer un hecho delictivo como los que nos ocupa va ir con un arma en condiciones de efectuar disparos ...", con la necesidad de que exista "... como mínimo algún indicio probatorio en sentido contrario y allí podría fundarse la duda pero en autos no existe ese indicio y la duda no puede tener como base solamente que lo haya alegado la defensa ...", lo que deja en claro que el criterio objetado lejos está de ser expresión del exclusivo arbitrio del juzgador con despreocupación de las constancias de la causa.

Y en lo que concierne a la acusación de falta de motivación o "motivación contraria al principio in dubio pro reo" y prescindencia de prueba decisiva, cabe consignar que las aseveraciones vertidas por el recurrente sólo tienden nuevamente a poner en tela de juicio la labor de selección e interpretación del material probatorio realizado por los Vocales en función de la cual arribaron al pleno convencimiento de la autoría de G. y su consecuente responsabilidad penal en los hechos incriminados, sin conseguir acreditar afectación constitucional alguna.

En efecto, insiste la defensa técnica del imputado en que fueron soslayadas las pruebas de descargo, haciendo especial hincapié en la prueba de los hechos enumerados como 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 y 15 en el fallo de primera instancia, en los que pese a no haberse reconocido al encartado (pero sí a "un tal Fernández por la exhibición de fotografías"), el juzgador se inclinó por indicios de escasa relevancia en vez de aplicar el principio constitucional aludido. Tal planteo propuesto ya en la apelación (v. fs. 593 vto., 594, 594 vto.) fue atendido debidamente por la Sala, la que, con respecto a los elementos de cargo considerados por el magistrado inferior, dio razón del reconocimiento de los mismos por las víctimas, agregando a ello el "reconocimiento positivo que en rueda de persona efectuaron varios de los damnificados como por ejemplo Rotman (fs. 392) que fue quien lo reconoció en la peatonal San Martín el día en que se produjo la detención de G., B. T. (fs. 293) y S. T. (fs. 394)", sin que dicho temperamento logre ser conmovido -siquiera mínimamente- con la queja expuesta por el compareciente que exhibe nada más que su desacuerdo con lo decidido.

Por otra parte, no hay que olvidar que esta Corte ha dicho en reiteradas oportunidades que el principio in dubio pro reo está inexorablemente ligado a la valoración de la prueba, materia indudablemente privativa de los jueces de la causa y, por ende, ajena a esta instancia extraordinaria (Cfr. A. y S. T. 76, pág. 119; T.89, pág. 184; T. 110 pág. 262; T. 111, pág. 494, etc.).

Resta añadir, finalmente, que en lo que atañe a las restantes alegaciones expuestas bajo el acápite "cuarta causal: prescindencia de prueba decisiva", no lucen idóneas -en tanto configuran nuevos achaques a la tarea del Juez de Sentencia- a los efectos de que pueda prosperar esa tacha, a la vez que sólo trasuntan el personal entendimiento del defensor del imputado de que se habrían dejado de lado las pruebas aportadas por su parte.

Empero, esa mera afirmación no es suficiente si no se justifica razonablemente su pertinencia para revertir el resultado del juicio, carga que aquél en modo alguno logra cumplir. Por todo ello, la postulación pretende vulnerar la exégesis que de manera circunstanciada, con exposición de razones y apoyo legal, hiciera el Tribunal, sin haber logrado demostrar que el fallo impugnado adolezca, en definitiva, de insuficiente motivación.

No debe perderse de vista que mediante el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad, se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción y conviertan al pronunciamiento en una no sentencia, pero el remedio no autoriza a sustituir a las instancias ordinarias en la interpretación del derecho sustantivo o procesal o, como en el caso, en la ponderación del material fáctico del litigio.

Y que la referida tacha de arbitrariedad "no incluye la discrepancia del apelante con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba porque en ningún momento habrá que olvidar que la mencionada doctrina de la arbitrariedad no lleva a la sustitución del juicio de dichos magistrados por el de la Corte Suprema, en tanto la sentencia contenga fundamentos jurídicos que impidan su descalificación como acto judicial" (Morello, Augusto Mario, "Prueba, incongruencia, defensa en juicio (el respeto por los hechos)", p. 97).

En consecuencia, la articulación -tal como ha sido presentada en esta sede- no ha de prosperar.

2.2. Cabe, por último, abordar el tratamiento de lo requerido en el ítem VII del memorial recursivo, en el cual el recurrente solicita la inmediata aplicación de la reforma al Código Procesal Penal, artículo 402 II, segundo párrafo.

Resulta criterio de este Cuerpo, en consonancia con el del más Alto Tribunal de la Nación, que al resolver el recurso extraordinario se deben tener en cuenta las circunstancias existentes al momento de dictar sentencia, aunque sean posteriores al escrito de articulación del remedio excepcional (cfr. A. y S. T. 60, p. 407; T. 113, p. 260; T. 130, p. 161; T. 146, p. 32; T. 150, p. 377; T. 201:400; Fallos, 281:117; 304: 1716; 307:2484; 314: 1834; 316:3130, entre otros).

En ese sentido, se advierte que la normativa invocada por el defensor técnico de G., que se encuentra en vigencia a la fecha (ley 12.162), sería susceptible de tener decisiva influencia en la situación de aquél, de resultar aplicable a su caso.

Mas ese aspecto vinculado a la aplicación o no de la reforma procesal al sub judice excede la competencia de esta Corte, abierta al solo efecto de juzgar acerca de la constitucionalidad del fallo en recurso y que no puede resultar ampliada fuera de los supuestos previstos en el artículo 93 de la Constitución provincial.

En razón de lo expuesto, y conforme a lo resuelto por este Cuerpo en situaciones similares, deberán remitirse los autos al Tribunal a quo, a fin de que el órgano jurisdiccional correspondiente se pronuncie sobre la cuestión. Así voto. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta. Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, y disponer la remisión de los autos al Tribunal a quo, conforme a lo dispuesto en el punto 2.2 de la primera cuestión.

Así voto. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler y Falistocco dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIO:

Declarar inadmisible el recurso interpuesto. Disponer la remisión de los autos al Tribunal a quo, conforme a lo dispuesto en el punto 2.2 de la primera cuestión.

Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)