marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, asegurador por riesgos del trabajo, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Albelo, Dario Angel c/ Provincia ART S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-03

Del análisis de la prueba aportada -peritaciones y testimonial- sólo puede extraerse que la dolencia padecida por el actor tuvo su origen en las tareas realizadas en la empresa, mas ello solo resulta insuficiente para tener por cierto que hubiera omisiones imputables a la Aseguradora demandada que guarden un nexo adecuado de causalidad con la enfermedad detectada en el actor; y si bien el impugnante invoca diversas causales de arbitrariedad, los fundamentos brindados por los sentenciantes no han podido ser desmerecidos desde una óptica constitucional, quedando las alegaciones del compareciente reducidas a una mera discrepancia en torno a la valoración de la prueba efectuada por los jueces de la causa en ejercicio de funciones que le son privativas.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Del Blanco, Luis c/ Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-12-21

Por imperio procesal, la prueba documental debe ofrecerse y producirse con la demanda, reconvención y contestación, aún en el proceso ordinario, por lo que tal actividad, se encuentra comprendida en la primera etapa descripta por el art. 38 del Dto. Ley 2200.

Las normas arancelarias deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general, de una manera sistemática, razonable y armónica de todos sus preceptos, en relación con los fines que las informan y conforme las circunstancias particulares de la causa, considerando que asientan en su conjunto, en el principio de retribución por actividad profesional desarrollada, de lo que se sigue, que si no hay labor del abogado, no puede existir honorario.

El cumplimiento de la estimada como segunda etapa del proceso ordinario por el Dto. Ley 2200, no aparece fundada de modo suficiente con base en trabajos profesionales por los presentantes.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, delito reiterado
Materia: PENAL
Carátula: Peres Antonio y otro s/ Atentado a la libertad individual - Amenazas - Abuso armas y rapto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1981-09-03

Si bien la reiteración de delitos generalmente debe ser considerada como agravante por cuanto es un síntoma de mayor peligrosidad, la fuerza moral negativa de los ilícitos actuados por el imputado, no se acrecienta en el caso por su pluralidad, si se tiene en cuenta que entre delito y delito, no existió actuación de la justicia y por ende, una prevención especial que podría haber potenciado el reproche por la insistencia transgresora.
Emergencia habitacional, acción de amparo, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Graña Olivera, Rodolfo Boris c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Graña Olivera, Rodolfo Boris c/ GCBA s/ amparo habitacionales y otros subsidios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

De cara a las obligaciones constitucionalmente asumidas por el Estado local en relación con el derecho de la parte demandante a una vivienda adecuada, no es el amparista el que debe acreditar su situación de emergencia habitacional, sino que es la autoridad demandada la que debe justificar su omisión acreditando que empleó el máximo de los recursos disponibles. Por ello, la sentencia que revoca por insuficiencia de prueba aquella que fuera favorable al amparista, le impone una obligación que colisiona con el régimen general que en materia de derechos humanos exige al Estado demostrar que no tiene posibilidad alguna de remediar la situación de privación de derechos que padece quien acciona. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, acción de amparo, AFIP DGI, regularización impositiva, pago de tributos, plan de pagos
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Curi Hnos. S.A. c/ Dirección General Impositiva. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que hizo lugar al amparo de una empresa tendiente a obtener que la DGI la tuviese por acogida a un régimen de facilidades de pago, por entender que el organismo recaudador - al contestar en forma extemporánea el pedido de la actora para acogerse a dicho régimen - impidió que ésta pudiera acceder a sus beneficios, ya que el encuadre de la presentación como una consulta - que no suspende el transcurso de los plazos - no mereció ninguna objeción.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, improcedencia del recurso, excepciones procesales, resolución de las excepciones
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P, R. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-09

De las constancias obrantes en autos no ha quedado acreditado el gravamen irreparable que produce al recurrente el decisorio de la Judicante, en razón que no se ha rechazado su planteo de excepción por falta de acción sino solamente se ha postergado su tratamiento para la etapa procesal oportuna, por lo que resulta improcedente habilitar la vía recursiva intentada.
Delitos aduaneros, inmunidad tributaria del Estado, interpretación restrictiva
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Safra C.I.F. (T.F. 7052-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

En el art. 910 del C.A. se establece que "salvo el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades y sus respectivas reparticiones centralizadas, las entidades estatales, cualquiera fuere la forma jurídica que adoptaren no gozan de inmunidad alguna en materia de responsabilidad por infracciones aduaneras". Al respecto, cabe precisar en cuanto a la inteligencia de dicha norma, que, como privilegio que es, la inmunidad sólo puede interpretarse restrictivamente. (Consid. IV).
Recurso de nulidad, defectos del procedimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TEPELCO S.A.C.I. c/ FABERTEC S.R.L. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

Si se advierte que la recurrente no ha ensayado cuestionamiento alguno respecto a la sentencia en sí, sino al procedimiento que la ha precedido, se comprenderá la improcedencia del recurso de nulidad.-
Acción de amparo, proceso judicial
Materia: CIVIL
Carátula: DR. MARIO LAVAISSE Y OTRA s/ RECURSO DE AMPARO A FAVOR DE LA FIRMA LOBAR S.A. s/ APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-06-21

Cuando una misma cuestión ha sido planteada en dos vías distintas:

la vía ejecutiva y la vía excepcional del amparo, no es jurídico ni lógico, que lisa y llanamente se pueda recurrir simultáneamente y paralelamente por dos vías de naturaleza procesal distinta: una ordinaria y otra extraordinaria, porque ello es incompatible e importa colocar a una de las partes, el amparista, en una real situación de privilegio o ventaja, con desmedro del principio de igualdad en el ejercicio de los derechos procesales, por lo que deviene improcedente el recurso entablado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, indemnización, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: MORONO SILVIA G. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

La sola privación del uso del automóvil importa para su dueño un daño indemnizable, que a falta de prueba precisa acerca de su magnitud, autoriza al juzgador a fijarlo con sujeción a lo dispuesto en la última parte del art. 165 del Código Procesal, aunque disminuyendo el monto por los gastos lógicos y previsibles de mantenimiento del vehículo que el usuario no debe soportar.
Cosa juzgada, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MASSET JOSE RUBEN c/ ODOL SAN LUIS S.A.C. s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-30

La determinación en cada caso respecto de la existencia o no de cosa juzgada, como la de establecer la significación y alcance de los términos en que fuera promovida y contestada una acción anteriormente sustanciada, a los fines de considerar si existe cosa juzgada con respecto al nuevo pleito, son típicas cuestiones de hecho, ajenas al recurso de casación.
Seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compañia Microómnibus La Colorada S.A.C.I. c/ Jara, Domingo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

Si la aseguradora al contestar la citación en garantía, negó la existencia del seguro a favor del demandado, es a éste quien incumbe la carga de la prueba de acreditar la existencia del referido contrato.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, litisconsorcio pasivo, interpretación de la ley, constitucionalidad
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: AMOEDO, Victor y otros c/ TERMINAL PORTUARIA INTEFEMA DE BUENOS AIRES SA Y OTROS s/ cobro de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

La ley 24522 ha diseñado un trámite atípico para los supuestos de litisconsorcios pasivos, concibiendo la posibilidad de que se bifurque el acceso a la jurisdicción y que coexista la demanda ante este fuero y el pedido de verificación ante el proceso concursal. Si bien esta solución puede ser barroca o equívoca, lo cierto es que no está reñida con ninguna garantía constitucional, porque la verificación ha sido estructurada como un proceso sumario bilateral cuya idoneidad para obtener un pronunciamiento declarativo sobre el crédito litigioso no puede descartarse de manera dogmática y los eventuales conflictos de confluencia de jurisdicción deben ser remediados en base a incidencias de cosa juzgada. En tal sentido, el desistimiento a que alude el art. 133 de la ley citada no implica la abdicación del derecho y, por otra parte, sería perfectamente posible la declaración de incompetencia en lo que respecta a la persona jurídica concursada y la asunción del conocimiento en relación a las restantes co-demandadas.
Estado Provincial, entes autárquicos, agentes de retención, aportes sindicales, Asociación de Trabajadores del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado c/ Mendoza, Provincia de s/ cobro de australes (cuota sindical).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

La Dirección Provincial del Menor de Mendoza es una entidad autárquica, agente de retención de la cuota social destinada a la Asociación de Trabajadores del Estado.
Acción de amparo, derecho a la salud, menores, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: LAMARCA ROSARIO MERCEDES Y OTROS c/ OSDE s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-13

El Tribunal pondera particularmente la grave enfermedad que padece el menor de edad discapacitado (hipoacusia perceptiva bilateral), que en el caso de autos la enseñanza y los tratamientos indicados son los medios en virtud de los cuales se trata de paliar dicha enfermedad. En otras palabras, la continuidad de su asistencia al Colegio -según las pautas indicadas por su médico- es el tratamiento que requiere el menor para enfrentar y morigerar su enfermedad. No se trata en el caso de autos, pues, de elegir discrecionalmente la institución educativa de su preferencia, sino que es el médico a cargo de su tratamiento el que enfatizó la importancia de que el menor continúe asistiendo al mismo. El profesional prescribió que "se hace hincapié en la necesidad de mantener a Santiago Lavalle Cobo en el mismo colegio en el que ha desarrollado un grupo social de crecimiento y en el que ha demostrado logros y avances notables en el último tiempo.". Se trata, de cumplir las indicaciones y pautas de rehabilitación de un menor discapacitado prescriptas por un profesional médico. Y en tal contexto, debe otorgarse supremacía al derecho del menor discapacitado frente a la disconformidad de la obra social. Sobre todo, ponderando los enfáticos términos de la opinión del médico tratante y que la demandada no sugirió una institución educativa estatal que cuente con un plan concreto de atención para el menor discapacitado.
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, suspensión del juicio a prueba, medidas de seguridad educativas, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MOREYRA, Diego s/ susp. del Juicio a prueba Causa 30.465
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

Es procedente la suspensión del juicio a prueba en procesos tramitados por tenencia de estupefacientes para uso personal (art. 14, segundo párrafo de la Ley 23.737) imponiendole al encausado la realización de un tratamiento educativo para que asuma una actitud responsable frente a los estupefacientes a modo de reparación del daño producido.

Esta medida se ajusta a la finalidad de prevención especial, único criterio que debe guardar el Juez en la imposición de las medidas del art. 27 bis del Código Penal.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ABELINO, Luis Enrique s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-13

El indicio de capacidad delictiva transgrede el art. 259 inc. 5º del CPP, que requiere expresamente que los indicios a tener en cuenta, sean directos de manera que conduzcan lógica y naturalmente al hecho de que se trata. Podrá ser computado el antecedente a los efectos de graduar la sanción a imponer, pero no resulta elemento de prueba que reconozca origen en la ley.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos administrativos, prueba pericial, pericia contable
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: LA UNION DEL SUD S.R.L. c/ EJERCITO ARGENTINO Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

Aunque el Estado no es comerciante toda su actuación debe quedar instrumentada. La formación de expedientes administrativos es la forma adecuada para dejar constancia de las relaciones que el Estado mantiene con los particulares. De tal modo entonces que, aún desde esa perspectiva, existía la posibilidad de cotejar los libros de la actora comerciante, por un lado, con los expedientes de la demandada, por otro, pudiéndose obtener de esa comparación, conclusiones válidas en cuanto a la extensión del crédito reclamado y su eventual cancelación, total o parcial.
Plazo, plazos procesales, derechos humanos en la administración de justicia, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PROCESAL
Carátula: J.J.C. s/ Pedido de Sobreseimiento en autos "C., S.L. y Otro p.s.a. Apremios Ilegales-Trelew"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-11

"La decisión de acortar los plazos para lograr a través de ello que, en el futuro, los procesos sean mas breves indica una voluntad del legislador de gratificar en mayor medida el derecho a obtener una finalización del proceso en un plazo razonable, es decir, de mejorar la satisfacción de un derecho fundamental.

Esta decisión no tiene el contenido de declarar simultáneamente, que lo cumplido conforme la legislación previa es ilegítimo. Por el contrario, bien puede ser consecuencia de que el Legislador verifica que ahora cuenta con los medios para enfrentar en menor tiempo las necesidades del sistema, suministra mayores herramientas para cumplir con esas demandas, reduce las demandas a la afección de los bienes jurídicos mas relevantes etc.

Como quiera que sea, aunque lo único previsto para enfrentar el cambio sea un mensaje dirigido a los operadores judiciales con el contenido "dense prisa", lo cierto es que ello sólo puede ser instrumentado hacia el futuro".
Vehículo embistente, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Castaño, Juan Carlos y Otra c/ Folta Jorge D. y Otros s/ Sumario Folta, Jorge D. c/Castro Bravo, Hugo y Otro s/Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-30

Si bien resulta responsable del accidente la parte que no respetó la prioridad de paso y en la bocacalle embistió fuertemente al vehículo que iba a cruzarla, corresponde también asignarle responsabilidad al conductor del vehículo embestido pues, de haber conducido a la velocidad reglamentaria, no habría perdido el control de su automotor y atropellado al menor que se encontraba con su bicicleta cerca de la acera.
Habeas corpus, prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: G.J.G. s/ Habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-22

Cabe hacer lugar a la acción de habeas corpus y ordenar el cese de la prisión preventiva del imputado en orden al delito de homicidio en ocasión de robo, pues se advierte que el encartado se encuentra detenido desde hace más de dos años, lo que supera el plazo previsto en el art. 286 inc. 3 del Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán como límite máximo para la aplicación de la prisión preventiva, máxime cuando la exigencia del plazo razonable para el juzgamiento prevista en instrumentos internacionales son de aplicación obligatoria, y responsabilizan al Estado frente al exceso de los plazos de desarrollo de un proceso.
Derecho laboral, despido, trabajador, discriminación
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: CAMPOS, RICARDO Y OTROS c/ ARGENTAL SA s/ COBRO DE PESOS.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 73-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-05-21

La participación de los trabajadores en una huelga ilícita constituye un incumplimiento contractual, sin embargo la gravedad de éste para apreciar si es suficiente o no para resolver el contrato, no debe juzgarse en abstracto, sino en relación con el comportamiento del trabajador a lo largo de su desempeño anterior en el empleo. Por lo tanto, un mismo ilícito contractual cometido por dos trabajadores, no adquiere la misma gravedad en un caso y en otro, cuando se produce dentro de un marco que no permite equiparar las circunstancias.

Del voto en disidencia del Dr. Barraguirre.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Muñiz, Jorge Alberto Federico y otra c/ Taborda, Manuel Darío y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

Tiene efectos de definitiva la decisión que resuelve la incompetencia de la justicia provincial (art. 278, C.P.C.).
Mediador, funcionarios públicos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Baterías Sil-Dar S.R.L. c/ Barbeito, Walter s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

El mediador no ejerce su labor en dependencias administrativas, sino en oficinas propias cuyas características debe adecuarse a las exigencias del Ministerio de Justicia y que deben ser habilitadas al efecto por la Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (art. 16, inc. 3 del decreto 91/98).
Seguro de responsabilidad civil, citación en garantía, acción subrogatoria
Materia: COMERCIAL
Carátula: García, Dora Gladys y Otro c/ Ruiz, Carlos Alberto y-o Rectificaciones Comodoro y-o Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-02

Siguiendo a Falcón cuya opinión comparto, la compañía aseguradora citada en garantía, en una acción por daños y perjuicios, es un adherente coactivo, creación legal, por ello debe responder de las resultas del juicio, para lo cual debe haber ligamen entre el demandado y la empresa aseguradora. La consecuencia de no presentarse a juicio sólo le hace pesar la presunción que existe el vínculo imperante entre la aseguradora y el demandado, a la luz del alcance y contenido del art. 356 del Código de procedimiento. Por el particular efecto asignado por la ley, la compañía de seguros actúa en un doble carácter de adherente y principal, pero por hechos distintos; el hecho de responder por la sentencia definitiva sólo quiere decir que la ley ha incluido automáticamente en la citación de garantía la acción subrogatoria, en cualquier caso el desistimiento contra la parte responsable del hecho, no permite seguir la acción contra el seguro en forma independiente y exclusiva.
Derecho penal, lesiones, delitos, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/  s/ Art. 89 - lesiones leves s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Corresponde asignar competencia al Juzgado Penal Contravencional y de Faltas ya que las evidencias reunidas sugieren que, por el momento, los hechos se subsumen en el delito de lesiones previsto en el art. 89, CP. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión al dictamen fiscal). "Incidente de competencia en autos NN, NN s/ 89 - lesiones leves s/ conflicto de competencia I", expte. SAPCyF n° 16854/19, sentencia del 1/7/2020. 2. La probabilidad de progreso del encuadre legal en el delito de lesiones determina que el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas sea el competente para intervenir en estas actuaciones. Ello así, en virtud de las evidencias reunidas respecto de las circunstancias que rodearon los hechos y las características de las heridas sufridas por los damnificados, a lo cual no obsta la calificación legal que en definitiva puedan recibir las conductas hasta aquí investigadas y todavía pendientes de juzgamiento. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, agravio concreto, prisión perpetua, leyes, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: CASTAÑEDA, HECTOR FRANCISCO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-10-16

Sin perjuicio de que no puede soslayarse que la pena privativa de libertad, si fuera realmente perpetua, lesionaría la intangibilidad de la persona humana -en razón de que generaría graves trastornos de la personalidad- y resultaría incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el artículo 18 de la Constitución nacional, lo cierto es que la afectación que aduce la defensa no es actual y sólo se produciría en algún supuesto eventual, dado que la invocada lesión sólo se configuraría si el condenado, habiendo cumplido los requisitos legales exigidos para acceder a los beneficios penitenciarios del período de prueba o a la libertad condicional los peticionare y éstos le fueran denegados. Por lo tanto, al no lograr demostrar el recurrente que la resolución atacada le irrogue un gravamen actual y efectivo, teniendo en cuenta que de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte nacional, el fundamento de la exigencia del perjuicio concreto, efectivo, actual e irreparable por otras vías jurídicas, descansa en la noción de que no corresponde al Tribunal emitir pronunciamientos inoficiosos, inútiles, abstractos o innecesarios por ser sustituibles por otros (Citas: CSJN: Fallos 329:2440; disidencia del Dr. Zaffaroni en Fallos 333:866 y 334:1659; Fallos 273:61; 279:322; 300:587; 300:587; 306:1125; 243:146; 286:220) (Del voto del Dr. Er etta)
Derechos sociales, igualdad ante la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MESA, ADELINA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-17

En la etapa acentuadamente liberal de la ciencia jurídica se resolvía la igualdad por la de los casos, es decir por la igualdad de los supuestos de hecho o hipótesis de las normas, las que en el juego de los intereses particulares podían concluir en acentuadas desigualdades. El derecho social constituye una instancia superadora que comienza a transitar por las igualdades de las consecuencias.