Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-14


Poder Judicial de la Nación TS06D 63377 14-10-11 SALA VI EXPTE. N° 10.415/10 JUZGADO N° 76 AUTOS: ROSSI KARINA GABRIELA C/ LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERALES Y OTRO S/ DESPIDO.

Buenos Aires, de de 2011 LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda en lo principal, recurren la parte actora y la codemandada La Economía Comercial SA de Seguros Generales según escritos de fs 305/12 y 320/25 cuyas réplicas lucen a fs 341,334 y la de Mario Guido Bissoni a fs 330.

En relación con los honorarios regulados apela el perito contador por considerarlos reducidos (fs.328).

Por razones de método trataré los agravios expuestos por la demandada La Economía Comercial SA de Seguros Generales, quien cuestiona principalmente que el Sr. Juez "a quo" haya considerado la existencia de vínculo contractual con la actora por la declaración de los testigos de la causa. Reitera en su presentación que Rossi laboraba en forma independiente, que si bien atendía el teléfono y ocupaba oficinas en el mismo edificio no existió vinculo contractual con su parte.

Estimo que la queja interpuesta no tendrá favorable acogida. De los términos del escrito de los agravios se advierte que los mismos no constituyen una crítica concreta y razonada de los fundamentos expuestos en la sentencia de primera instancia (cfr. art.116, L.O.). La agraviada se limita a rechazar el decisorio sin aportar elemento alguno que permita modificar la contundencia de la sentencia pues sostiene, de manera vaga e imprecisa, que las declaraciones de los testigos no pueden ser sustento del fallo. Es por ello que el agravio referido a tener por cierto la existencia de contrato de trabajo con la actora estimo debe ser rechazado.

Se agravia la actora del rechazo resuelto por el magistrado de grado respecto de la procedencia del reclamo contra el codemandado Mario Guido Bissoni sosteniendo que el mismo carece de sustento por cuanto se trata de una manifestación dogmática que no condice con las pruebas aportadas y los hechos expuestos durante el proceso. Adelanto que la queja tendrá favorable acogida. Y ello así pues ha quedado probado en la causa (ver fs 211) que el codemandado ha desempeñado el cargo de Presidente de la demandada entre el 30 de octubre de 2008 hasta el 30 de octubre de 2009. Que el ingreso de la actora a laborar para la empresa presidida por el codemando se operó en el mes de noviembre de ese año y hasta el seis de noviembre de 2009 en que se produjo la desvinculación por despido indirecto.

He de señalar que el apelante confunde el instituto de la inoponibilidad de la personalidad societaria (art. 54 de la L.S.C.) con la responsabilidad de los administradores de las sociedades anónimas como directivos de la misma (art. 59 de la L.S.C.). Y ello así pues como ya he señalado en anteriores fallos dictados como juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo nro. 55, y tal como acontece en el caso de autos, la irregularidad registral, constituye una conducta prohibida que contraviene claras normas tanto de la Ley de Contrato de Trabajo cuanto de la ley 24.013, configurándose además, de esta manera, fraude en los términos del art. 14 del plexo legal citado en primer lugar, destacándose que se considera que el codemandado no pudo desconocer dicha circunstancia. En tal sentido se ha expedido la Jurisprudencia de esta Sala que comparto en los autos ALVARENGA ALDO DANIEL C/ LA BUENOS AIRES ENTERTAINMENT S.A. Y OTRO S/ DESPIDO; Noriega, Rubén Orlando y otros c. Ribasi S.A. y otro; REYNO PATRICIA MONICA C/PIHUE S.A. Y OTROS S/DESPIDO al sostener que los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 disponen que los miembros de los órganos directivos serán solidariamente responsables de la gestión administrativa durante el término de su mandato y ejercicio de sus funciones, salvo que existiera constancia fehaciente de su oposición al acto que perjudique los intereses de la asociación. Es sabido que el art. 59 de la ley 19.550, establece que los administradores y representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con diligencia de un buen hombre de negocios; los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.

Estimo que, al respecto, en el presente caso se verifican circunstancias de gravedad suficiente que resultan encuadrables en los supuestos de excepción que permiten establecer la responsabilidad pretendida (cf.arts.54, 59 y 274 de la ley 19.550, conforme términos de la demanda, fs.8).

En efecto, ha quedado demostrado que la actora fue víctima de la negación la relación laboral por parte de la sociedad empleadora y, en consecuencia, de la falta de registración; que ese hecho motivó su decisión rescisoria, y que el co-demandado estuvo personalmente involucrados en la actuación societaria atinente a esos incumplimientos en sus condiciones de socio y de presidente.

Las circunstancias expuestas, emanadas de los términos en que se trabó y desarrolló la litis, en mi opinión muestran -sin perjuicio de otros eventuales reproches- particularmente una actuación societaria susceptible de ser calificada como encubridora de la "consecución de fines extrasocietarios", y como un medio para violar la ley, el orden publico o la buena fe o para frustrar derechos de terceros" (tales son en -entre otras- las evidentes consecuencias negativas que tienen en el sistema legal las practicas evasivas o elusivas y la violación del derecho -del trabajador y los terceros- a la veracidad ajena). Esa calificación de la actuación societaria, que genera la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios o controlantes que la hicieron posible, por los perjuicios causados, resulta a partir de una interpretación armoniosa de los textos legales con miras no sólo a la preservación del eje -de la personalidad diferenciada- sobre el que asienta el régimen de sociedades, sino también poniendo especial atención en las diversas normas -puestas en vigencia en los últimos años- que, insistentemente, procuran la eliminación del empleo no registrado y apuntan al denominado "trabajo decente" (ley 24.013, arts.2, inc.j, 3, 7 y siguientes y su reglamentación, ley 25.323, ley 25.345, ley 25.877, arts.7, 28 y siguientes y modificaciones a la ley 20.744, entre otras).

Los artículos 59 y 274 coadyuvan, en el sub examine, como preceptos que imponen deberes de lealtad y diligencia y sancionan la violación de normas atendiendo a la actuación personal de quienes ostentan funciones directivas, la cual -como se señaló anteriormente- resultó demostrada. En igual sentido se han pronunciado la Salas I sent. del 11/9/02 in re " Calderón Kusulas, Rafael c/ I.R. Internacional Resort S.A. y otros s/ cobro de salarios; Sala III sent. del 29/8/03 in re Arias Duval, Alejandro c/ Organización SIP BE S.A. y otro s/ despido); Sala IX in re Cantero Melisa c/ Il Gruppo V S.A. y otros s/ despido sent. del 27/06/06);

En consecuencia estimo corresponde modificar el fallo de la instancia anterior condenando en forma solidaria al codemandado Mario Guido Bissoni.

Asimismo se agravia la quejosa del rechazo de las multas de la ley 24.013 sosteniendo en lo que interesa y en síntesis que la intimación al organismo fiscal fue realizado en legal tiempo y forma y en los términos que requiere el art. 11 de dicha norma. Le asiste razón en su planteo. El telegrama obrante a fs c del sobre de prueba incorporado al expíe. en la foja 4 da cuenta de la remisión de dicha pieza telegráfica a la AFIP con los datos que requiere la norma citada supra para que resulte procedente la intimación. La negativa por parte de la codemandada formulada a fs 48 en modo alguno enerva la eficacia de la intimación por cuanto el despacho adjuntado a la causa posee visos de legalidad sin que hiciera falta otra actividad por parte de la actora para que resulte procedente el reclamo (art. 8 y 15 de la ley 4.013). En consecuencia propicio modificar el fallo de la instancia anterior incorporando al monto de condena la suma de $24.573,33.

En cuanto a la apelación del perito contador con referencia al monto de sus honorarios que considera reducidos no encuentro motivos para apartarme de lo decido en la instancia anterior teniendo en cuenta el mérito, alcance y tiempo de la actividad desarrollada, por lo que propongo se confirme la sentencia en este punto.

Atento el resultado de los planteos efectuados, estimo que las costas deben ser impuestas a cargo de las demandadas vencidas (art.68, C.P.C.C.N.), a cuyo efecto propongo que se regulen los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa.

De prosperar mi voto, propongo: 1- Modificar la sentencia de primera instancia incrementando el monto de condena resultando un total de $63.164,38 a la que se le aplicará la tasa dispuesta en la instancia anterior. 2) condenar en forma solidaria a Mario Guido Bissoni. 3- confirmar los honorarios regulados al perito contador. 4) Costas de alzada a cargo de las codemandadas vencidas, a cuyo efecto regúlanse los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada incrementando el monto de condena resultando un total de $63.164,38 a la que se le aplicará la tasa dispuesta en la instancia anterior. II) Condenar en forma solidaria a Mario Guido Bissoni. III) Confirmar los honorarios regulados al perito contador. IV) Imponer las costas de alzada a cargo de las codemandadas vencidas. V) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese y vuelvan bg GRACIELA L. CRAIG JUEZ DE CAMARA LUIS A. RAFFAGHELLI JUEZ DE CAMARA