marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Divorcio, obligación alimentaria, cuota alimentaria, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: B., T.I. c/ N., A.D. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-16

La naturaleza jurídica de la prestación alimentaria prevista en la ley es la asistencia -derivada del deber de solidaridad-, que se deben los miembros de un grupo familiar y que de conformidad a las disposiciones del art. 198 del Código Civil, se ha ubicado a los esposos en un plano de igualdad jurídica en cuanto al deber de asistencia y alimentos, por lo que entendemos que producido el divorcio de los cónyuges, incumbe al peticionante el deber de probar su necesidad tomando como pautas orientadoras las establecidas por el art. 207 del mentado cuerpo legal.
Pena, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: V., M.A. s/ Homicidio simple. Expte. Ppal. N° 20/03
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-27

" ... Corresponde aplicar a los fines de la unificación de las penas impuestas, el sistema de la adecuada composición, pues en el acto de dictarla el magistrado ha de estimar la personalidad del condenado, la gravedad de los hechos y todo cuanto tenga que relacionar con los condicionamientos de la conducta juzgada, con lo cual se permite mitigar en cierta medida, la excesiva gravedad que significaría la acumulación material por mera suma aritmética de las escalas establecidas y seleccionadas por el juez".
Contrato de trabajo, cooperativa de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Tolaba,  Lucio  Normando c/ Cooperativa  de  Trabajo, Seguridad y Vigilancia LTDA. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-01

Las particularidades que revisten las cooperativas de trabajo, en las cuales los socios se obligan a llevar a cabo su prestación personal con el fin de cumplir con el objeto social contenido en sus estatutos, imponen analizar de manera pormenorizada las circunstancias que rodean la relación entre ellos a fin de poder desentrañar si efectivamente se cumplió con las directivas emergentes de la ley 20.337 y no se utilizó dicha figura societaria para violar las disposiciones emergentes del régimen de contrato de trabajo.
Prueba, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A. M. R. c/  s/ ABUSO SEXUAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-13

Respecto de la presencia del imputado durante la entrevista de la declaración testimonial, la Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos, establece que para garantizar el derecho de defensa material, el imputado debe tener acceso a escuchar el relato de la NnyA al momento en que se está llevando a cabo la entrevista con el objetivo de poder formular las preguntas que estime pertinentes a través de su abogado defensor; sin embargo, es imprescindible que se garantice la protección de la NnyA de manera que no se produzcan cruces visuales con el imputado ni exista la posibilidad de que la NnyA lo escuche, motivo por el cual se recomienda que el imputado presencie el desarrollo del acto a través del sistema de CCTV en una sala apartada a la de la toma de declaración; y en el caso, no pasa desapercibido que la modalidad que propone la Judicatura para cumplir con la medida -consistente en la posibilidad de que, luego de serle exhibido el registro de audio y video de la medida, el justiciable pueda sugerir preguntas a través de su Defensa, debiendo en ese caso generarse una audiencia para debatir la pertinencia y admisibilidad de las mismas; y en caso que el Tribunal haga lugar a las preguntas sugeridas por el imputado, se convoque a una nueva Cámara Gesell con idéntica modalidad a la inicial para canalizar las mismas- no sólo impide asegurar el ejercicio efectivo del derecho de defensa del imputado -al existir la posibilidad de que sus preguntas, finalmente, no sean admitidas-, sino que además puede generar -en su caso- un alongamiento innecesario del trámite, el que se evitaría si se le permitiera al mismo escuchar la declaración en forma simultánea. (De la ampliación de fundamentos de los Dres. Falistocco y Erbetta) - Jurisprudencia vinculada: B., M., AyS T 305, p 468/473, sumario J0047592.
Competencia contencioso administrativa, excepción de incompetencia, costas
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: En autos 225/92 Estado provincial plantea inhibitoria del Juzgado Laboral de 1ra. Instancia y 2da. Nominación s/ INHIBITORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-03-10

Corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia del juez laboral planteada por vía de inhibición por la demandada -Estado Provincial- y a la vez cargarla con las costas de los trabajos realizados en sede ordinaria, puesto que resulta criticable su actitud, que ha dejado avanzar un proceso hasta la etapa de prueba, cuando disponía de la posibilidad que le brinda el art. 4 del Código Contencioso Administrativo para recurrir a esta Corte, más aún tratándose de abogados a sueldo del Estado Provincial, que deben poner todo su celo en defensa del interés de su mandante, en cuanto a plazos y presentaciones procesales.
Sociedades comerciales, contrato de trabajo eventual
Materia: COMERCIAL
Carátula: C., J.J. c/ Provincia del Chubut s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad Ley n° 5054
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-04

la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -Sala I- en relación a la norma referida sostuvo "La ley Nº 24.013 ... al regular la actividad de las empresas de trabajo eventual, impuso una serie de requisitos, destinados a controlar su funcionamiento.

La normativa impone garantías patrimoniales que valoren la real existencia de solvencia y de infraestructura. Las empresas de servicios eventuales deben estar constituidas como personas jurídicas de objeto único, que pueden mediar en la contratación de trabajadores bajo la modalidad de trabajo eventual, se impuso la obligatoriedad de cauciones y fianzas y un sistema de sanciones para el caso de incumplimiento de las normas legales (art. 77, 78, 79 y ccdtes., ley citada)" ... "... la ley 24.013 solo intenta el funcionamiento de las empresas con resguardos que garanticen su solvencia"...
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: GALLO HECTOR c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ PRUEBA PERICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-12

En nuestro sistema procesal, el perito de control es un "perito técnico", que actúa en el juicio bajo la supervisión del Tribunal, aún cuando haya sido propuesto por una de las partes. Su opinión divergente con la del perito oficial puede ser tenida en cuenta por los juzgadores para fundar su pronunciamiento, si encuentra que sus razones son más valederas que la que aporta el peritaje oficial. Los peritos de control pueden suscribir el dictámen oficial y si no están de acuerdo con él, producir el suyo, en virtud de que el art.

288 C. de PC. en forma indiscriminada prescribe que se presentarán tantos dictámenes cuantas fueren las opiniones diversas. Luego el Juez valorará dichos dictámenes -si hubiera más de uno- de conformidad con las reglas de la sana crítica racional.-
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rey, Nanci Carina c/ Helanor S.R.L. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-02-04

Cuando se trata de presumir ganancias, pesa sobre el solicitante del rubro la carga de acreditar hechos que permitan deducirlas, con cierto grado de certeza. Esa falencia probatoria conlleva al rechazo de lo solicitado al respecto.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, costas, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villalba, Carlos c/ Mastandrea, Emilio s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-03

En el proceso sumario de usucapión, la imposición de costas no escapa a las normas procesales establecida en el código procesal (art. 68), no cambiando la situación la actuación del defensor oficial, toda vez que a tales fines, es menester que la falta de oposición de este funcionario adquiera un sentido positivo que evite a la contraparte litigar.
Homicidio, prueba, admisión del querellante, revocación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: C., L. E. y otros c/  s/ Pretenso querellante
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-12

Explicaron que, en principio, estaba acreditado que el hijo de los pretensos querellantes falleció como consecuencia de uno de los tantos disparos que efectuó un oficial de policía quien, a su vez, refirió que realizó los disparos debido a que el occiso, junto con otras cuatro personas, instantes antes habían descendido de un rodado y lo habían apuntado con un arma de aire comprimido instándolo a bajar de su coche y efectuando disparos. Precisaron que la doctrina ha postulado que ".la excepción legal se limita al delito con resultado mortal, o sea, al homicidio bajo cualquiera de sus modalidades -doloso o culposo, simple o agravado, preterintencional, etcétera-, así como a todos los delitos con ese resultado." (Navarro, Guillermo Rafael -Daray, Roberto Raúl, "La querella", editorial Hammurabi, 3ª edición, Buenos Aires, 2008, página 143). Agregaron que sin perjuicio de las diligencias que restaban producir, de momento y en virtud del contexto en que se produjo el deceso, debía ser considerado "directamente afectado" por la conducta desplegada por el personal policial, por lo que teniendo en cuenta la partida de nacimiento acompañada, correspondía revocar la resolución y legitimar a los padres.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, incongruencia
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL
Carátula: MARTINO BARETTA Y CIA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO. INCIDENTE DE NULIDAD PROMOVIDO POR COOP.   MINERA Y DE CONSUMO SANTAFESINA LTDA. QUEJA POR DENEGACION DEL   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 394-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-24

La configuración del vicio de autocontradicción requiere la acreditación de la existencia de una irreductible contraposición de fundamentos, de tal manera que torne ininteligible el decisorio y, consiguientemente, falto de fundamentación suficiente y agraviante a los más mínimos niveles del derecho a la jurisdicción.
Delitos militares, infracciones en el desempeño del cargo, abuso de autoridad por calumniar o injuriar a un subalterno
Materia: PENAL
Carátula: Presunta  comisión  de  infracciones  militares  (arts. 702 y 704 del Código de Justicia Militar) s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Debe entenderse que las calumnias o injurias comprendidas en el art. 704 del Código de Justicia Militar son aquellas proferidas en el desempeño del cargo y que por tal razón, quedan restringidas al ámbito interno disciplinario de los ejércitos, por afectar, en primer lugar, la relación entre superior y subalterno, y con ello, la disciplina.
Comuna, personal municipal, nombramiento, personal de planta permanente, personal no permanente, personal de gabinete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barone, Adolfo Osvaldo c/ Comuna de Murphy s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 259-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-17

No es óbice lo dispuesto por el artículo 3 de la ley 9286, -invocada por el actor en el informe de vista de causa y que establece que los nombramientos del personal comprendidos en el Estatuto invisten el carácter de permanente, salvo que expresamente se señale lo contrario en el acto de designación- para darle la razón a la demandada que sostiene el carácter netamente político del ingreso y de las tareas desarrolladas por el recurrente. Ello porque, si bien es cierto que la correspondiente aclaración no consta en el acto, de ello no puede seguirse automáticamente una consecuencia tan trascendental como es la de entender que un agente se halla comprendido en la planta de personal permanente de la Comuna, cuando las circunstancias que rodearon no sólo la constitución de la relación sino su desarrollo indican claramente lo contrario.
Notificación, notificación por cédula, llamamiento de autos
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Rosa Silvestre s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-09-13

Debido a que hay principios generales del orden procesal que garantizan los derechos individuales al debido proceso legal y a la defensa en juicio y cuya observancia en el caso concreto está a cargo de la función del Juez como director del proceso, es que la ley determina los casos en que debe notificarse por cédula cuando puede preverlos y para los casos que no puede prever directamente, remite a la actividad del Juez, a las responsabilidades del Juez que hacen a su función específica. En consecuencia de esta última remisión legal al Juez, es que éste debió disponer en forma expresa la notificación por cédula de un acto que manda sustanciar las pruebas cuando con anterioridad y por error se había hecho conocer por otro acto el llamado de autos a despacho para resolver.- La ley usa aquí como vía dogmática la intermediación del Juez, disponiéndole el deber de decretar expresamente la notificación por cédula (inc. h, 2ª hipótesis, art. 45) en garantía de los derechos a la defensa en juicio y el debido proceso legal.
Derecho procesal, medidas cautelares, embargo preventivo, confesión ficta
Materia: PROCESAL
Carátula: M. A. S. G. c/ DS R. V. S.R.L. s/ medida cautelar embargo preventivo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-22

A efectos de decretar el embargo preventivo, la norma del Art. 212 inc 2° del Cód Procesal (Art 214 inc 2° del CPr. Chubut) considera que de la confesión expresa o ficta del demandado se puede inferir el reconocimiento de la obligación que motiva la promoción de la litis, a fin de demostrar la verosimilitud del derecho. Si bien el examen de mérito de la prueba rendida en la causa se difiere para la oportunidad de dictarse sentencia definitiva, en el caso del Art. 212 inc 2° (Art. 214 inc 2° CPr) se efectúa una ponderación anticipada, en orden a la procedencia o no de la pretensión cautelar"
Superior Tribunal de Justicia, reagravación, pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Criminal c/ Cesáreo S. Bustamante s/ sustracción de dineros públicos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1893-07-13

La Suprema Corte no puede agravar la pena impuesta al procesado, por la sentencia, si esta no ha sido recurrida por el ministerio fiscal.
Hábeas data, derecho a la intimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Es insuficiente concebir el derecho a la intimidad como un derecho destinado a excluir a los terceros de la zona de reserva, sin contar al propio tiempo con un derecho de control sobre el flujo de informaciones que conciernen a cada sujeto (Voto del Dr.

Antonio Boggiano).
Recusación, carácter taxativo, enemistad manifiesta
Materia: PROCESAL
Carátula: MICELI, JUAN CARLOS c/ SALVADOR SALLUSTIO s/ LABORAL (Reg. 13.034)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-11

Las causales de recusación deben ser interpretadas en forma restrictiva, a merito de que la norma general es la competencia para entender en todas las causas, y de que debe apreciarse la hipótesis con rigurosidad, a fin de que en lo posible se satisfaga el objetivo de que los pleitos sean resueltos por los jueces naturales.

Las causales de recusación son de carácter taxativo, y deben entenderse con criterio restrictivo, máxime cuando es un acto grave, frente al respeto que se le debe a la investidura de los magistrados, por lo que se ha considerado intolerable que se la deduzca antojadizamente y con deleznable fundamento.

La causal invocada de enemistad manifiesta debe ser debidamente acreditada, más allá de los dichos de la propia parte recusante.

La causal de recusación por enemistad sólo se considera fundada si el estado de espíritu que esa situación, odio o resentimiento comportan, se ha manifestado por actos externos que le dan estado público, no pudiendo basarse en simples inferencias o imputaciones que no se sustentan en las constancias del proceso ni en las previsiones de la ley en la materia.

La enemistad debe ser la que emane del juez, y no la que pretenda hacer valer la parte o su apoderado, para crearse una causal no prevista en la ley.

Para que se configure esta causal, las circunstancias, alegadas deben vincularse con los justiciables y no con los profesionales que los patrocinan.- La situación prevista en el art. 17 del Código Procesal sólo es admisible cuando se refiere a las partes y no a sus letrados o apoderados.
Defensa del consumidor, aplicación de la ley, autoridad de aplicación, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Cavi S.A. c/ SIC y T. GCBA Resol. 481/01".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-28

La ley 24.240 instituye como autoridades de aplicación en la órbita administrativa no sólo a la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación sino también a los gobiernos nacionales y provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -hoy Gobierno de la Ciudad- "respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción", sin perjuicio de las facultades concurrentes con la autoridad nacional -arts. 41 y 42 de la ley 24.240-.

Ello se refiere al ámbito administrativo ya que en cualquier caso, el juzgamiento judicial de las sanciones que se apliquen se rige por lo dispuesto en el art. 45 de la ley 24.240.
Estafa procesal, abogados
Materia: PENAL
Carátula: S., H. S. y otros s/ Estafa procesal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-19

El letrado que representó al querellante en un proceso comercial, debe ser sobreseído en orden al delito de estafa procesal, pues, a pesar de que es innegable que el recurso en dicho proceso fue declarado desierto y que el querellante no suscribió el documento, nada indica la existencia de un comportamiento deliberado y conciente del abogado dirigido a perjudicarlo, más bien la intención de generar una actividad recursiva en su favor.
Prueba, segunda instancia
Materia: PENAL
Carátula: SPRINTZ Ernesto s/ LESIONES GRAVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

Para establecer la admisibilidad de la prueba ofrecida, el Tribunal no debe ceñirse al análisis objetivo de las circunstancias aludidas por el art.337 del Código de Procedimiento Penal, sino establecer si "prima facie" la misma reviste importancia decisoria para la resolución de las cuestiones debatidas en la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Falta de contestación de la demanda, ofrecimiento de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: TORTI, María Ester c/ Algañaras, Osvaldo Roberto s/ Divorcio Vincular-Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-03-28

Pese a la falta de contestación de la demanda, el demandado puede ofrecer prueba no documental siempre y cuando la misma esté referida a los hechos expuestos en la demanda, debiendo en su caso el Juez, al momento de proveer la prueba, desechar la impertinente, siempre que sobre esa calidad no exista duda alguna, ya que en caso de duda podrá considerarla al momento de resolver.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-12


Reg.: A y S t 280 p 126/127. Santa Fe, 12 de diciembre del año 2017. VISTOS: los autos "GANON, GABRIEL ELIAS HERIBERTO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA RESOLUCION 6/16 DE LA HONORABLE SESION CONJUNTA DE AMBAS CAMARAS LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - sobre QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ: 21-00511060-9); y, CONSIDERANDO: 1.A foja 3014, el presentante recusó a los señores Ministros de este Tribunal (doctores Gastaldi, Netri, Spuler, Gutiérrez y Falistocco) por considerar que en autos "Ganon, Gabriel Elias s/ su presentación ref. certificación de servicios" (expte. 1030/17), ya fue analizada y rechazada la pretensión invocada en estos autos, por los mismos Ministros que aquí recusa. 2. El presente planteo debe ser desestimado. Para así decidirlo, cabe destacar que el presentante funda su pedido de apartamiento de los ministros de este Tribunal en lo resuelto por ellos en el expediente nro. 1030/17, mediante acta nro. 42, punto 6 del 24.10.2017 y en el ejercicio de la competencia atribuida a esta Corte en materia de Superintendencia. En esa oportunidad, se decidió rechazar el planteo formulado por el doctor Ganón, en el que cuestionó el contenido de la certificación de servicios y de los recibos de haberes que le fueron entregados a su requerimiento por la Secretaría de Gobierno de esta Corte en fecha 8.6.2017. Dicha cuestión -tal como se observa- no guarda relación alguna con la discutida en estos autos, por lo que mal puede el recurrente invocar una causal de prejuzgamiento de los integrantes naturales de este Tribunal. Por otro lado, la actuación de la Corte -en lo que respecta al dictado de la resolución invocada como fundamento para solicitar el apartamiento de sus restantes miembros, atento a la excusación formulada por el doctor Erbetta, aceptada a foja 3006- lo ha sido en ejercicio de sus atribuciones específicas y en el marco estricto de la ley vigente, existiendo juzgamiento y no prejuzgamiento de este Tribunal (criterio de A. y S., T. 269, pág. 137). Y nada de ello es causal de apartamiento de sus integrantes cuando intervinieron en el ejercicio de potestades constitucionales y legales dispuestas por el artículo 92 inciso 2 de la Constitución provincial y concordantes de la ley 10160. En ese sentido, corresponde destacar que el cimero Tribunal nacional ha dicho que corresponde rechazar de plano las recusaciones que "se sustentan en la intervención de los jueces del Tribunal en un anterior pronunciamiento, en la medida en que las opiniones dadas como fundamentos de la atribución específica de dictar sentencia comportan juzgamiento y no prejuzgamiento (Fallos: 322:712 y sus citas)" (Fallos: 323:2466). Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar las recusaciones articuladas. Regístrese y hágase saber. FDO.: FALISTOCCO - GASTALDI - GUTIÉRREZ - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, morosidad del proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: AZCOITIA, ROBERTO J. (SUCESION) c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-28

Cabe desestimar lo expuesto por los comparecientes con respecto a que existe una arbitrariedad derivada de la demora en la resolución del caso, pues tal aserto se halla desprovisto de la argumentación indispensable para establecer una mínima conexión con el objeto de resolución de la causa, lo cual quita decisividad al planteo; desde que los recurrentes han omitido por completo explicar de qué manera resultaría arbitraria la sentencia impugnada en función del período que duró la tramitación de la causa y el vínculo de ese lapso con la elección de una de las alternativas previstas en el acuerdo celebrado con la Municipalidad demandada en el caso de mora de la Administración en cumplir con el pago pactado.