marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Atentado terrorista, responsabilidad internacional del Estado, derechos de la víctima, acceso a la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Telleldín, Carlos Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-11

Cuando se trata de delitos como el terrorismo que por su letalidad y magnitud de injusto agravian a toda la comunidad internacional, se impone de manera inexcusable la adopción por el Estado de procedimientos alternativos y complementarios que aseguren la posibilidad de impulsar los procesos y evitar así la impunidad de los autores, instigadores y cómplices. Un recurso de ese tipo que sería útil y adecuado en orden a factibilizar y garantizar el derecho a la verdad y un mejor acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo es el denominado juicio en ausencia.
Aprehensión, flagrancia
Materia: PROCESAL
Carátula: RIOS, ELIAS DAVID c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-21

La aprehensión es una medida coercitiva caracterizada por la urgencia en que es llevada a cabo y por la sospecha vehemente de que una persona está cometiendo o acaba de cometer un hecho presuntamente delictivo, por lo que puede ser dispuesta por la policía sin previa orden fiscal o cualquier particular en casos de flagrancia en la comisión de un delito de acción pública; en consecuencia, el poder de disposición de la policía de la persona privada de su libertad resulta muy acotado en el tiempo, dado que una vez efectivizada la medida -a fin de evitar que la persona sospechada de la comisión de un delito pueda eludir la acción de la justicia- debe ponerla en el menor tiempo posible a disposición del fiscal. (Del voto del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 212, 213, 214 y 268 inciso 4. - DOCTRINA: Erbetta, Daniel; Orso, Tomás; Franceschetti, Gustavo; Chiara Díaz, Carlos: "Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Comentado. Ley 12734", Ed. Zeus, Rosario, pág. 420.
Jurisdicción, competencia, competencia por la materia
Materia: PROCESAL
Carátula: Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ Martínez Echenique, Benjamín s/ cobro de sumas de dinero - sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Al determinar el juez competente para entender en la causa en la que se persigue el cobro de cuotas anuales por parte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, corresponde tener en cuenta que la ley 23.187 atribuyó -sin perjuicio del carácter local de la entidad que creaba- a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo el conocimiento de los recursos contra las sanciones de suspensión y exclusión, medida disciplinaria ésta que puede derivarse de la falta de pago de dichas cuotas.
Daños y perjuicios, trámites judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: Faitini, Gerónimo Agustín c/ Ortiz, Luis Alberto s/ Indemnización de Daños y Perjuicios Indemnización de Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1986-04-28

Si bien es cierto que es conveniente demostrar y probar la extensión del daño, a fin de que el resarcimiento resulte suficientemente retributivo, en defecto de la prueba mencionada, el monto se fijará según el prudente arbitrio judicial, que puede o no coincidir con la totalidad del daño causado, y ello es así porque el art. 165 del Código de Procedimiento alude no a la imputabilidad, sino a la carencia probatoria, y de ningún modo implica la violación de la garantía de defensa en juicio, ni implica conceder al acreedor algo al margen de la ley.
Procedimiento administrativo, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gordillo, Daniel del Valle y otros c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Plena Jurisdicción y Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-03-31

En innúmeras causas se ha señalado que tanto el agotamiento de la vía administrativa como paso previo a la actuación judicial la promoción de ésta dentro de los plazos breves de caducidad, responden a razones de interés público objetiva e imperativamente aprehendidas por el legislador. Así, el instituto de la habilitación de la instancia resulta un mecanismo establecido y fundado en una ley de orden público, a través del cual se le otorga a un Poder del Estado el deber y no la facultad de constatar el cumplimientos de los requisitos y exigencias que la misma ley prescribe para que pueda juzgar a otro Poder del Estado.

De allí que el respeto por las cuestiones formales sea un antecedente insoslayable y tenga especial trascendencia en la solución de cuestiones de fondo planteadas como objeto del proceso contencioso administrativo, pues ello tiene que ver con el carácter de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa y del debido proceso, consagrados en el Art. 18 de la Constitución Nacional, cuya preservación incumbe, aún de oficio, a este Tribunal.
Representación procesal, representación del transportador extranjero, transporte aéreo, aplicación analógica de la ley
Materia: AERONAUTICO - PROCESAL
Carátula: EL SURCO CIA. SEG.  S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS PANALFINA WORD TRANSPORT  L.T.D. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-14

El carácter de "delegado" que ostenta el recurrente le confiere facultad suficiente para representar en juicio al transportador extranjero en un contrato cuyo lugar de cumplimiento es la Argentina. Militan, al respecto, las mismas razones que ponderó la jurisprudencia para atribuir igual facultad -antes de la sanción de la ley 20.094- al agente marítimo: solución aplicable analógicamente, conforme lo dispuesto en el art. 2 del Código Aeronáutico. Por lo demás, el art. 205 del Código de Comercio expresamente autoriza a demandar en el lugar donde el porteador tenga un representante y, desde otro ángulo, Alvarez no ha demostrado que de los términos de la "delegación de facultades" resulte específicamente excluida la de representar en juicio;

facultad ésta que le reconoce el art. 122, inc. b), de la Ley de Sociedades.
Jubilación de magistrados, renuncia al empleo, interpretación de la ley, régimen jubilatorio, actos voluntarios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - LABORAL
Carátula: CICCIARO, EDUARDO PASCUAL NATALIO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

No existe colisión entre las disposiciones de la ley 22.940 y las contenidas en los Decretos 8820/62 y 9202/62, toda vez que éstos instituyen un régimen específico al cual sólo puede acogerse voluntariamente quien así lo expresa, en tanto lo dispuesto por aquella es de aplicación general a todas aquellas personas que no se hayan acogido a esos decretos o a otras normas que consagren alguna excepción a ese régimen común. (Disidencia del Dr. Laclau).
Contrato de obra pública, rescisión del contrato, lucro cesante
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Ingeniero Miglierini Construcciones y J. Mastrobernardino Construcciones c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 564-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-03

La limitación del resarcimiento por lucro cesante encuentra apoyo, cuando se la establece, en razones de distinto orden. La disposición que limita el lucro cesante a un porcentaje de los beneficios correspondientes a la parte de obra que faltare ejecutar igual al porcentaje de monto de obra ejecutada consagra una solución semejante a la prevista en la ley 5188 artículo 92 inciso "e". La valoración legislativa en ese caso, parte reconociendo la procedencia del lucro cesante sólo que el mismo será menor en la medida en que se haya ejecutado menos cantidad de obra contratada.

Tal limitación no aparece como irrazonable ni admite cuestionamientos desde la perspectiva constitucional, ya que el criterio consiste en reconocer mayor ganancia por obra no ejecutada cuando mayor sea la cantidad de trabajos que se realizaron; es decir, se distinguen situaciones diferentes, evaluando el legislador -en el caso, las partes- que en ciertos casos existe una mayor proximidad con la ganancia de la obra que falta por realizar.

También armoniza la cláusula con la solución que al punto se ha establecido en el derecho privado, cuando en el artículo 1638 del Código Civil se autoriza a los jueces a reducir equitativamente la utilidad a reconocer si la aplicación estricta de la norma condujera a una notoria injusticia.
Prisión perpetua, femicidio, concurrencia de agravantes, arma de fuego, código penal, homicidio calificado, violencia de género, prueba confesional, autoría
Materia: PENAL
Carátula: Ito, Ariel Raúl c/  s/ homicidio triplemente agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-03-14

Cabe condenar a la pena de prisión perpetua a quien resulta autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, por femicidio y por el empleo de arma de fuego -artículos 4 y 80 incisos 1 y 11 del Código Penal-, en perjuicio de quien fuera su esposa hasta que aquél le ocasionara la muerte, y cuya autoría fue reconocida por el propio imputado, sin que pueda considerarse la aplicación de atenuantes, pues no se trató de una reacción súbita, sino que los actos que se le imputan fueron cuidadosamente pergeñados, tal como lo evidencian entre otras pruebas, la nota escrita de su puño y letra amenazando a la víctima el mismo día que llevó a cabo el femicidio y el hecho de haber llevado al hijo en común a la casa de su tía, dejándole ropa, juguetes y dinero.
Encubrimiento real con receptación, automotor sustraído, adulteración de la numeración de bienes registrables, autoría, documentación del automotor, patente del automotor
Materia: PENAL
Carátula: FAZZIO, MARCELO V. s/ ENCUBRIMIENTO    ADULTERACION CHAPAS PATENTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-29

1) Para que se configure el delito de encubrimiento real es necesario además de la mera tenencia del objeto proveniente del delito -elemento objetivo-; la voluntad y conocimiento del sujeto activo de concretar la conducta prohibida en el tipo objetivo elemento subjetivo-.

2) Como el acusado tenía en su poder al momento de su detención un vehículo, robado poco tiempo atrás, con sus correspondientes llaves, sin la documentación pertinente y con las chapas patentes cambiadas y no pudo probar como entró en posesión del mismo, todo ello enmarcado dentro de un procedimiento donde se detiene a otras personas y se incautan otros vehículos robados, debe darse por probado el dolo requerido por el inc. 3 del art. 277 del C.P. que se traduce en el conocimiento que tenía sobre el origen ilícito del rodado y su voluntad de ocultarlo, para de este modo, anular o entorpecer la acción de la justicia.

3) En la especie, el comportamiento encubridor del acusado abarca también el delito de adulteración, falsificación y sustitución ilegítima de las chapas patentes del coche, el cual es puesto a cargo, por el art. 33 del decreto-ley 6.582/58, exclusivamente del autor de esa falsificación o sustitución, y no, en cambio, de quien, como el acusado, las recibe y, eventualmente, las utiliza en el coche.
Procedimiento administrativo, validez del acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo, presunción juris tantum
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Quipildor, Lidia Sabina y otros c/ Municipalidad de Antofagasta de la Sierra s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-23

Tal como lo sostiene la doctrina respecto de la teoría de la invalidez administrativa, la presunción de legalidad del acto administrativo, marca un rasgo diferencial con el derecho Civil, ya que por dicha característica -en razón de las garantías objetivas y subjetivas que rodean su emanación- se considera que tal acto se ha emitido de conformidad con el ordenamiento jurídico, y posee validez mientras no exista una declaración en contrario.

En dicha presunción de legitimidad radica la procedencia de la ejecutoriedad o ejecutividad del acto administrativo. No obstante, como toda presunción, no tiene carácter absoluto, es iuris tantum, en la medida en que cede frente a la presencia de una ilegitimidad manifiesta, en cuyo caso, desaparece el deber del administrado de cumplir el acto administrativo, tornando viable la articulación de pretensiones cautelares o la misma acción de amparo, para proteger efectivamente los derechos constitucionales de la persona, siempre que la ilegalidad o arbitrariedad aparezca en forma patente y notoria, sin necesidad de una investigación de hecho. Del voto del Dr. Cippitelli según su fundamento
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C, H J Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -  INFRACCION ARTICULO 261 DEL CODIGO PENAL (CSJ EXPTE N. 811-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-27

Podría configurar una cuestión de gravedad institucional el hecho de que se afecte "la buena marcha de las instituciones" y se comprometan "las instituciones básicas de la Provincia" mediante el quebrantamiento del principio constitucional de la "división de poderes", lo que justificaría la intervención de la Corte Suprema de Justicia Provincial para corregir una anómala situación que exceda el mero interés de las partes.
Depósito bancario, restitución de sumas de dinero, suspensión del plazo, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CIRI, RODOLFO LUIS Y SPINELLI DE CIRI, O. ALICIA c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ AMPARO - DERECHO LESIONADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-05

De las leyes 18924, 19359, 20539 (arts. 3, 4, 38 y 39) y 21526 (art. 4) y D.L. 4611/58, no surge que el Banco Central haya recibido, ni expresa ni implícitamente, la potestad de dispensar moratorias para la devolución de depósitos. Ellos están regidos en primer lugar por las reglamentaciones bancarias, pero subsidiariamente les son aplicables las normas del derecho de las obligaciones (arts. 1 y 579, C.Com.). Si al constituirse el depósito estaba legalmente previsto que a su vencimiento el capital y los intereses serían reintegrados al depositante (arts. 750 y 1197, C Civ.), sin norma bancaria alguna que previese lo contrario, no pudo un reglamento administrativo posterior privar al acreedor de ese derecho.
Simulación, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Blasy de Aguirre Bengoa, Rosa c/ Aguirre Bengoa, Roberto Oscar y ot. s/ Simulación. Acción Pauliana
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

La simulación ilícita de carácter absoluta, tiende indudablemente a obtener la nulidad del negocio (arts. 1044, 1045 C. Civil), desde que se sostiene la ausencia total de veracidad, no en cuanto a la instrumentación en sí del pretendido negocio, sino en lo que hace a la realidad de lo allí afirmado; para lo cual puede utilizarse cualquier medio de prueba, admitiendo presunciones, las que adquieren particular relevancia en este tipo de procesos promovidos por un tercero.
Derecho procesal, intervención de terceros, conducta fraudulenta, despido
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Acosta, Pablo Orlando  c/ AMX Argentina S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-10

El juez de la instancia previa desestimó la citación de tercero solicitada por la demandada, pues consideró que no se encontraba configurado el presupuesto requerido para la procedencia de la citación, por la inexistencia de comunidad de controversia. Por ello se agravia la accionada. Mediante la acción incoada, se reclama en los términos del art. 29 LCT la intermediación fraudulenta del tercero citado, y por tal motivo deviene palmaria la controversia común (art. 94 CPCCN), lo cual justificaría la citación requerida. En consecuencia corresponde hacer lugar al remedio impetrado y revocar lo dispuesto en la anterior instancia.
Derecho a la intimidad, estado de indefensión, Facebook, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Rojas, Eduardo Walter s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-31

No es violatoria de la intimidad la individualización del imputado mediante el acceso a la red social Facebook, en tanto la información y fotografías que el titular de esa cuenta subió voluntariamente a su perfil, al no disponer de ningún tipo de restricción, permitió que tanto sus seguidores como terceros ajenos, pudieran acceder al contenido de su cuenta. Si la víctima, junto a otras personas, se aproximó a la puerta del local con la intención de enfrentarse al grupo integrado por el imputado, éste no actuó sobre seguro, no se aprovechó de la indefensión de la víctima para causar su muerte, motivo por el cual no se encuentran reunidos los elementos necesarios para aplicar la agravante prevista en el art. 80 inc. 2º CP.
Energía eléctrica, generación de energía eléctrica
Materia: PROCESAL
Carátula: Hidroeléctrica Alicurá S.A. c/ Estado Nacional y otros s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

En el marco normativo vigente, los generadores entregan energía y potencia al mercado "spot", sin perjuicio de que la remuneración de esta última se concrete bajo pautas disímiles respecto de las que corresponden a la venta de energía generada, por lo tanto, en este aspecto la resolución 8/94 de la Secretaría de Energía de la Nación no se encuentra en colisión con las normas de rango superior -leyes 15.336, 24.065 y decreto 1398/92-.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, deberes del juez, sentencia, fundamentación suficiente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MOLINA, MARTA ANGELA c/ BRAVO, JOSE EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-06

La Corte nacional, al fundarse en el sistema del "stare decisis" viene a decir que la doctrina del precedente o del leal acatamiento es un deber moral del cual los jueces pueden apartarse en caso de modificación normativa, diferente hipótesis fáctica o introducción de nuevos argumentos, por lo que nada impide que los magistrados en el desarrollo de los fundamentos de sus decisiones puedan apartarse de la jurisprudencia del Máximo Tribunal.

Por ello, en función de la independencia funcional, pueden los jueces apartarse de lo decidido si encuentran nuevas razones o cuestiones no tratadas por la Corte o, siguiendo lo decidido, dejar a salvo su opinión divergente. Es por ello que tratándose de una de las más delicadas funciones que puede encomendarse a un tribunal de justicia, se impone entonces brindar las razones que fundamenten tal extrema decisión. (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Trabajadores algodoneros, aplicación de la ley, apreciación de la prueba, cómputo de servicios, prueba testimonial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SALTO, JUAN SIMON c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-31

Dadas las particularidades de la actividad de carpidor y cosechero de algodón, y de la legislación que la contempla (Res. MBS 1873/73, sustituida por Res. 670/79, Dec. 1021/74, Ley 23.107, Dec. Reg. 95/85 y Res. SSS 191/86) que impone un criterio más flexible en la apreciación de la prueba rendida así como en la forma de constatar el debido cumplimiento con las obligaciones inherentes del empleador - art. 56, ley 18.037- (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, sent. 44111, 30.11.93, "Galeano, Oreste"), cabe concluir que la testimonial en la que las declaraciones fueron precisas y coincidentes en cuanto a las modalidades de la relación de trabajo, períodos en que se desarrolló la prestación y tareas desempeñadas, resulta idónea para tener por acreditados los servicios denunciados.
Contrato de garaje, responsabilidad del garajista
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDUARDO RODRIGUEZ c/ YERANIAN BABKEN s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-25

Quien organiza un servicio de guarda de vehículos es responsable desde el momento en que los mismos ingresan en la órbita de su dirección como consecuencia de la aceptación del contrato, siendo inaceptable la distinción, en orden a la responsabilidad del empresario, según sea el cliente el que estaciona el vehículo o la maniobra se deja librada a los encargados de la playa.

Desde la entrada del rodado al ámbito del garage, sumado a la entrega del ticket al cliente por parte del empleado, quedó configurado el contrato de garage, por lo que el automotor entró bajo la guarda y custodia del garagista, siendo responsable por ello de todos los daños que el rodado pudiera sufrir desde ese preciso instante.
Pena, escala penal, graduación de la pena, violación a menor de doce años
Materia: PENAL
Carátula: Scarcella, José Aníbal s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-19

El monto de la sanción ha sido fijado dentro de la escala penal aplicable al caso, cuyo mínimo es de seis y su máximo de quince años de prisión ó reclusión (Art. 119, párrafo tercero del C.P.), que no aparece como desproporcionado o arbitrario, pues en realidad se ajusta a los antecedentes particulares del caso que surgen del expediente. Así, el tribunal valoró que el procesado se aprovechó de la situación de necesidad extrema del menor, quien para subsistir debía, junto a su madre, alimentarse de aquello que descartaban los restaurantes del lugar, y en esas circunstancias, engañosamente, lo invitó a comer, empero lo condujo al hotel donde residía transitoriamente y lo sometió sexualmente; su edad, personalidad y educación, especialmente sus manifestaciones indicativas para los jueces de cierto nivel cultural y su carencia de antecedentes penales. Contrariamente a lo sostenido por la defensa, debió también computarse como mayoritante de la sanción inflicta, la circunstancia que con la mentida excusa de mitigar la hambruna del menor, no hizo más que saciar su torpe apetito sexual con un niño de casi la misma edad que la de su propio hijo, un varón de diez años, al que dice extrañar. En este marco, la pena seleccionada, dada la gravedad del hecho, no parece arbitraria, excesiva o mortificante, aunque no puedo dejar de señalar que los actos llevados a cabo por el imputado confrontan además con las prédicas de la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 23.849), que reconocen que todo niño debe ser protegido contra toda forma de explotación y abuso sexuales (cfr. art. 34). (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial).