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Responsabilidad del Estado, Corte Interamericana de Derechos Humanos, condiciones de detención, establecimientos penitenciarios, derecho a la integridad física, derecho a la vida
Materia: PENAL
Carátula: Todarello, Guillermo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-20

Según la Corte IDH el actuar omiso y negligente de los órganos estatales no es compatible con las obligaciones emanadas de la Convención Americana, con mayor razón si están en juego bienes jurídicos esenciales de las personas, como son la vida; si ello ocurre cuando el individuo se encuentra bajo custodia estatal, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por dicha Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, y es el Estado quien debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal.
Tributos, telecomunicaciones, servicio público, exenciones impositivas, denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA  c/ GCBA s/ IMPUGNACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

De acuerdo con el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "NSS" los contribuyentes, según la índole de servicios de telecomunicaciones que presten, pueden encontrarse frente a la pretensión de cobro de tributos que graven la ocupación del espacio público local con una determinada infraestructura, en tres situaciones distintas respecto de la aplicabilidad de la exención del art. 39 de la ley n° 19798: a) quienes a través de la infraestructura que da origen al gravamen prestan únicamente el servicio público exento; b) quienes a través de la infraestructura que da origen al gravamen prestan el servicio público de telecomunicaciones exento y también otros no exentos; c) quienes a través de la infraestructura que da origen al gravamen prestan únicamente servicios de telecomunicaciones no exentos. Mientras que en los dos primeros casos los contribuyentes estarían exentos del gravamen local por el uso del espacio de dominio público con la instalación con la que se presta el servicio público -aún si, en el segundo caso, con la misma se prestasen otros servicios no públicos- quienes utilicen una determinada infraestructura para prestar únicamente servicios no públicos de telecomunicaciones no se encontrarían amparados por la exención. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, quiebra, calificación de conducta, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DUBINI, E. s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION    QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-15

El art. 243 de la ley 19.551, no posee un contenido contrario a los arts. 18 y 67 inc. 11 de la C.N.; resultando, por el contrario, tan sustancial como el Cód. Penal.

La garantía de igualdad debe aplicarse a quienes se encuentran en iguales circunstancias de manera que, cuando éstas son distintas, nada impide un trato diferente, siempre que el distingo no sea arbitrario o persecutorio.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, incumplimiento del contrato, contratos, locación, contrato de obra, resoluciones judiciales, industria de la construcción, derecho extranjero, improcedencia del recurso, indemnización, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Asesoramiento y Desarrollos Industriales Adi SA c/ Pecom Servicios de Energía (antes Sade Skanska) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

3 - De lo anterior se colige que el ordenamiento del país vecino, parte del principio de la no resarcibilidad del daño extrapatrimonial, es decir que el mismo solo podrá ser resarcido cuando tal posibilidad esté prevista expresamente por la ley.
Contrato de obra pública, contratista, obligaciones, hechos nuevos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSANICHE HERMANOS Y COMPAÑIA SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 655-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12

En los contratos de obra pública el contratista debe poner de manifiesto del modo más inmediato posible la aparición de circunstancias que -a su juicio- impongan la modificación del pacto, a fin de que el órgano estatal pueda a su vez decidir si, ante la nueva situación, conviene al interés público proseguir con el contrato, proceder a su limitación, o realizar otro tipo de previsión o resguardo.
Seguros, seguro por accidentes personales, contrato de asistencia integral al viajero, rechazo del reclamo, enfermedad preexistente, tarjeta de crédito, contratos conexos, responsabilidad solidaria
Materia: COMERCIAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Marangoni, Carlos Alberto y otro  c/ Assist Card Argentina SA de Servicios y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-05

Corresponde condenar solidariamente a una empresa de asistencia al viajero y a una administradora de tarjeta de créditos, con motivo de la falta de cobertura médica de una crisis de salud que el beneficiario padeció en ocasión de realizar un viaje al exterior. En ese marco, toda vez que los coactores tuvieron acceso al servicio de asistencia por ser titular y adicional respectivamente de una tarjeta de crédito, cabe considerar que los contratos involucrados (de asistencia al viajero y tarjeta de crédito) no pueden ser considerados como relaciones autónomas, en tanto interactúan dentro de un grupo de vínculos que derivarán en el negocio último surgido del conjunto.

Todo ello en tanto la contratación del servicio de asistencia al viajero resultó accesorio al contrato de tarjeta de crédito e incluía al titular y a su grupo familiar. Desde esta perspectiva, corresponde responsabilizar solidariamente a la administradora codemandada en los términos de la LDC 40, pues si ambas coaccionadas prestaron el servicio en conjunto, deben asumir su responsabilidad en la operatoria frente al cliente. Lo actuado por cada demandada afecta a la otra, por cuanto resultan responsables frente al "cliente o consumidor" del servicio ofrecido (CNCom, Sala B in re "Sanfeliu Héctor José c/ BBVA Banco Frances y otro s/ ordinario", del 12/07/19).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Darriba, Telmo René c/ Robbins Argentina S.A.C.I. y F. s/ Indemnización por despido incausado, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se agravia de la imposición de las costas pero omite la necesaria denuncia de infracción de las normas aplicadas en el fallo , deficiencia que no puede ser suplida por la Suprema Corte por inferencias o interpretación ni declarar oficiosamente la violación de disposiciones legales que no fueron invocadas.
Honorarios, juicio de desalojo, tenencia simple, base
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE TRANSITO c/ MIGUEL ANGEL ALEJOS s/ DESALOJO - TENENCIA PRECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-07-27

Si al rechazarse la demanda se sostuvo que el demandado no era tenedor precario -obligado por tanto a restituir-, en cuanto a la regulación de honorarios no hay, ni puede haber, otras alternativas que las de los arts. 64 y 65 Ley 8226, que contempla todas las causales posibles de desalojo; a estos fines lo definitorio es el motivo esgrimido por el actor, de modo que lo que se debe tener en cuenta es la pretensión, y no la oposición a ello. La opción es, si hay locación el alquiler real (art. 64), y si no lo hay, el alquiler presunto (art. 65).

Por alquiler presunto debe entenderse el canon locativo que ese inmueble hubiera obtenido en la plaza, para lo que constituye un elemento importante, entre otros, el precio de venta, pues es público y notorio, que también entre otras pautas, el alquiler implica un cierto porcentaje sobre el precio de venta.-
Tambero mediero, contratos
Materia: RECURSOS NATURALES-AGRARIO
Carátula: Charmandarian, Armo c/ Lieby, Lelio S. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Dación en pago. Lanzamiento (Expte   CSJ Nº 588-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-10

Frente al Estatuto del tambero mediero, resulta estéril la discusión acerca de la posibilidad de ubicar esa figura dentro del esquema tradicional del contrato de trabajo subordinado. El único problema que se plantea se refiere a la posibilidad de aplicar a ellos, en forma integrativa, algunas de las normas dictadas para el amparo de los trabajadores subordinados, problema éste que no puede solucionarse en abstracto y en general, sino teniendo en cuenta la ratio de la norma en cuestión y la naturaleza y la fecha de la ley en que estará inserta, y aplicando los conocidos principios de que la ley especial prevalece sobre la general y la más reciente sobre la anterior.
Auxilio jurídico internacional, videoconferencias, emergencia sanitaria
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández, Cristina Elisabeth y otros c/  s/ inf. arts. 174 inc. 5 y 210 del CP
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

La ley 27162 aprobó el Convenio Iberoamericano sobre el Uso de Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia, orientado a favorecer el uso de videoconferencia entre las autoridades competentes de las partes como medio concreto para fortalecer y agilizar la cooperación mutua en materia civil, comercial y penal y en otras materias que las partes acuerden. Estas herramientas, reconocidas y aceptadas tanto a nivel local como internacional, se presentan en el contexto actual como una alternativa idónea para garantizar la continuidad del servicio de justicia sin poner en riesgo la salud de las personas involucradas en el proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho constitucional, derivación razonada del derecho vigente, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: TEYSSIER, Leopoldo Benjamín c/ SANCHEZ, Marta y Provincia de Salta s/ SUMARIO: Adquisición del dominio por Prescripción - Posesión Veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-22

Si bien el recurso de inconstitucionalidad ha sido deducido en tiempo propio, esto es, dentro del plazo de cinco días previsto por el art. 298 del Código Procesal Civil y Comercial, no existe en autos la cuestión constitucional esgrimida con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, indispensable para habilitar la vía excepcional intentada.

Conforme se ha señalado, no puede pretenderse la utilización de la doctrina de la arbitrariedad para reexaminar cuestiones no federales cuya resolución es de exclusiva competencia de los jueces de la causa, si es que no se demuestra un notorio apartamiento de las leyes aplicables o una total ausencia de fundamentación.- La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en una tercera instancia ordinaria que sustituya a los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que le son propias;

requiere para su procedencia que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley.-
Aplicación de la ley aduanera, ley penal más benigna, tipo penal, mercadería aduanera
Materia: PENAL - TRIBUTARIO
Carátula: Chullmir, Jorge Rolando c/ ANA s/ Nulidad de resolución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

No es aplicable el principio de la ley penal más benigna que consagra el art. 899 de la ley 22.415, a las modificaciones que se sustenten en el cambio de tratamiento aduanero de las mercaderías, entre los que cabe encuadrar a la prohibición instituida por el decreto 319/83, que se encontraba vigente al tiempo de los hechos que dieron lugar a las sanciones cuestionadas, ya que ello no constituye una variación del tipo penal descripto por la norma aplicada.
Despido, reingreso a la actividad remunerada, indemnización por despido, cómputo de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: HOBERTI, OTTO JORGE c/ IGLESIAS DEL PALACIO, MARIA RAQUEL ALEJANDRINA Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

En el caso del empleado que reingresó a la empresa de la cual se había retirado para acogerse al beneficio jubilatorio, la indemnización por despido, debe determinarse computando también los servicios prestados antes de ese retiro.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gorosito, Teléfora c/ Mois Chami S.A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

Cuando la acción es intentada para obtener la reparación del daño constituido por la supresión de la vida humana (en este caso del hijo) en cuanto este hecho redunda en desmedro de la demandante, ya sea porque le proveía total o parcialmente alimentos, o porque pudiera suministrarlos en el futuro (pérdida de chance), la respectiva indemnización es un bien propio suyo y no ganancial.

Ello así pues la indemnización cubre un daño emergente personal y propio del damnificado por la inseguridad en que éste queda a causa de la supresión de una vida humana para él valiosa.
Contrato de obra pública, decretos, reconocimiento de las obligaciones, liquidación final
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Promaco   S.A. c/ Aerolíneas  Argentinas s/ contrato  de  obra  pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

El P.E.N. dictó los decretos 1618/86 y 1619/86, y sus complementarios 1620/86 y 1621/86, para recomponer y aliviar la situación de los contratistas, en base a criterios uniformes.

Estas normas implican un reconocimiento general de eventuales deudas generadas por la situación descrita, y unifican el mecanismo técnico de determinación y cuantificación de aquéllas, dada la extensión de los conflictos de la misma índole entre las empresas contratistas y los organismos estatales. Pero una generalización de esta naturaleza requería asimismo de límites concretos para no frustrar su finalidad; concretamente, que no resultaran beneficiados quienes no hubieran padecido la situación que se tendía a remediar. Es así como las normas excluyeron de su aplicabilidad a los contratos en donde hubiera mediado una renuncia a aquellos reconocimientos, o bien donde las partes hubieran convenido una resolución definitiva de las diferencias. Por lo general, estos acuerdos constituían, en esencia, una liquidación final, e incluían en muchos casos cláusulas acerca de la terminación material de la obra, o de sus rubros pendientes o incompletos. Es así como la normativa unificó a través del término liquidación final consentida todo aquello que pueda considerarse convenido, resuelto, contemplado y cuantificado entre las partes, en virtud de las situaciones planteadas, y que permite dar por cerrada la relación.
Ejecución prendaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Provincial c/ NODO s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

No negada la autenticidad de los contratos base del compulsorio, el desconocimiento de la deuda en cuanto a su extensión y entidad, admitiendo responder por una tercera parte del monto que se reclama, importa -al cuestionarse el modo en que se han obligado o la naturaleza jurídica de la obligación asumida- un intento de discutir la causa de la obligación, cuyo tratamiento excede el limitado ámbito cognoscitivo de la ejecución (art. 542 inc. 4 CPCC).
Trabajadores marítimos, electricista naval, convenios colectivos de trabajo, obligaciones del empleador, derechos del empleador, facultad de dirección, facultad de organización
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO DE ELECTRICISTAS NAVALES c/ SCOMBRUS s/ CUMPLIMIENTO DE CONVENIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Si por medio de un convenio colectivo, los empleadores del sector se obligaron a emplear electricistas navales, esa circunstancia no afecta facultades de organización y dirección, porque no se trata de la determinación de la dotación de seguridad, sino de la de explotación. Para más el dec. 817/92 no derogó la norma convencional tenida en cuenta como fuente del derecho, y la conveniencia o no de tal disposicíon podría ser objeto de debate en un nuevo acuerdo colectivo,pero debe aplicarse si está en vigencia.
Facultades del gobierno provincial, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baliarda S.A. y otros c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

El poder de policía - dejando a salvo el ámbito de la legislación común (art. 67, inc. 11, hoy art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional) y el debido respeto a las garantías constitucionales - corresponde a las provincias.
Eximentes de responsabilidad, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: CACERES, OSCAR CIPRIANO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-04

Los impedimentos de la responsabilidad civil legalmente establecidos , deben ser juzgados y apreciados con criterio restrictivo porque la norma, con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales, sin que se les confiera a éstos desmedida extensión, trascendiendo los límites legales.
Transporte de carga, transporte de contenedores, modalidad house to pier, modalidad pier to pier, prueba, inversión de la carga de la prueba, responsabilidad del armador
Materia: COMERCIAL
Carátula: PERKINS ARGENTINA SAIC c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BUQUE ZIM BUENOS AIRES s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO Y ACUMULADO LA  ESTRELLA CIA. DE SEGUROS C/CAP. Y/O ARM. BUQUE ZIM BUENOS AIRES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-16

Por tratarse de un transporte de contenedores con la modalidad "house to pier" (casa-muelle), podría ser razonable invertir la carga de la prueba pero no ocurre lo mismo en la modalidad "pier to pier" (muelle-muelle), la que es demostrativa de que el armador ve la carga e interviene activamente en la consolidación del contenedor (cfr. Sala I, Causa 329 del 18.8.89).
Cuestiones de competencia, daños y perjuicios, juicios contra el Estado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rivas, Sergio Leandro c/ Estado nacional s/ Daños y perjuicios - Declaración de tribunal competente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-21

Es competencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, entender y resolver en las controversias suscitadas por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los órganos mencionados en el art. 166 de la Constitución provincial y, en particular, las que versen sobre la responsabilidad patrimonial generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, regidas por el derecho público, aun cuando se aplicaren por analogía normas de derecho privado (arts. 166 in fine, Const. prov.; 1 y 2 inc. 4°, ley 12.008 -texto según ley 13.101-). Bajo tal premisa, es posible deducir que el caso en el cual el accionante alega una irregular prestación del servicio de transporte público ferroviario a cargo del Estado, subsume en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa. Se trata, en esencia, de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Provincia, cuestión que debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (art. 2 inc. 4°, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Horas extra, mobbing, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Tejeda Roque Alberto c/ Parada Liniers S.A. s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-10-25

El tema de los pagos en negro y las horas extras no fueron incumplimientos denunciados como causales del despido en las comunicaciones enviadas a tal efecto. Y según estipula el art. 243 LCT, resulta inadmisible modificar los motivos en los que se sustenta la ruptura del contrato. De manera que tales hechos no pueden ser evaluados para juzgar si resulta o no justificada.
Robo calificado, robo con perforación o fractura
Materia: PENAL
Carátula: Quinteros, Horacio David y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

La calificante por fractura no se vincula necesariamente con el grado de violencia empleada -sea o no la ordinaria constitutiva del art. 164 del Código Penal- sino que la acción resulta mentada por la circunstancia agravante en tanto, mediante ésta, el legislador ha venido a exponer ciertas condiciones objetivas, en las que aquella violencia se refleja, en el caso, para vulnerar la protección propia de la morada que fuera objeto de la acción típica. (Minoría u opinión personal)
Juicio de desalojo, defensa en juicio, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL
Carátula: MACCIONE,  Susana  Beatriz c/ GARCÍA  LAWSON,  Susana y otro s/ DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-24

1- El artículo 684 bis del Código procesal no es violatorio de la garantía constitucional de la defensa en juicio, porque al igual que todos los derechos individuales reconocidos está sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio y solo sería observable cuando dicha reglamentación mostrara una notoria inequidad o no se adecuara a los fines que persigue. 2- La normativa contenida en el artículo 684 bis que contempla la desocupación inmediata del inmueble procura simplificar y agilizar el trámite de los juicios de desalojo equilibrando el derecho de ambas partes del proceso y para que proceda es necesario demostrar la verosimilitud del derecho invocado por el pretensor que otorgue previamente una caución real como garantía suficiente para afrontar los eventuales daños y perjuicios. Además contempla la imposición de una multa si oculta hechos o documentos.
Derecho procesal, tribunal de alzada, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GALERIA PROFESIONAL B. CAPUTO c/ BELBRUNO JUANA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-07

El tribunal ad quem es el habilitado para formular juicio de admisibilidad definitivo...no obstante la facultad conferida al a quo para juzgar acerca de la viabilidad del recurso de apelación en cuanto a la legitimación, legalidad del intento -con relación a las resoluciones apelables o no-, plazo y formas de la interposición del recurso, estando dirigido al tribunal de alzada, es este el que decide en definitiva si es o no admisible. Sus poderes le permiten, incluso corregir el criterio con el que el tribunal inferior dio o no curso al medio de impugnación correspondiente.
Accidentes de trabajo, acción civil, cosa riesgosa, terceros, daño
Materia: LABORAL
Carátula: ALMEIDA, FABIANA ELIZABETH c/ MONTAJES ELECTRICOS CASE S.R.L. Y OTROS s/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-30

La demostración más acabada de que el art. 1113 del Cód.Civil no se sujeta a la noción de cosa riesgosa reside en la circunstancia de haber sido aplicado a supuestos en que las cosas no ofrecen en sí mismas ningún peligro sino que el riesgo deriva de su aplicación a ciertas actividades. En el caso, se encuentra acreditado que la muerte de la víctima fue provocada por el hecho de un tercero. Pese al desconocimiento del evento como accidente de trabajo por parte de la apelante, es indiscutible que el hecho criminal ocurrió en ocasión del trabajo de la víctima y en tal sentido es que fue reconocido por la propia aseguradora codemandada. De modo que, si la empleadora y su contratante hubiesen cumplido con designar y hacer respetar estrictamente el lugar de deposito de la poda el evento no habría sucedido.