Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-07-04


Expte. N° 6823 "VALLECILLO PACHECO, Marcela Vanesa c/ Dávila, Emanuel Alejandro -Incidente de ejecución de honorarios S/ Inconstitucionalidad y Casación" --- En la Ciudad de San Juan, a las once horas del día cuatro de julio del año dos mil dieciocho, se realiza el acuerdo definitivo previsto en el artículo 9 de la ley 59-O, según lo convenido en el acuerdo preparatorio. A ese efecto, se reúnen los magistrados que en esta causa integran la Sala Segunda de la Corte de Justicia, doctores José Abel Soria Vega, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados por la parte actora contra la sentencia de fecha 21 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en autos Nº 9762/1 (N° 25.669/1 del 2° Juzgado del Trabajo), caratulados "Vallecillo Pacheco, Marcela Vanesa c/ Dávila, Emanuel Alejandro s/ ejecución de honorarios". Las cuestiones fijadas en el acuerdo preparatorio y que aquí deben resolverse son: ¿Resultan procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados en autos? En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? ------------------ --- EL DR. JOSÉ ABEL SORIA VEGA DIJO: ---------------------- --- Como resulta de la resolución de fojas 72/73, se desestimó el recurso de casación y se admitió formalmente el de inconstitucionalidad. Por ende, reiteraré los antecedentes del caso sólo en lo referente al recurso admitido. ----------------------------------------------------- En lo que interesa a dicho recurso, mediante la resolución impugnada, el tribunal a quo hace lugar a la apelación del doctor Dávila, quien ejecuta sus honorarios. De esta manera, el tribunal revoca la sentencia de primera instancia y declara la inconstitucionalidad del artículo 30 del Código Procesal Laboral en cuanto condiciona la ejecución de honorarios promovida a la previa acreditación de mejor fortuna de la ejecutada. Al fundar su decisión, la Sala expresa que en reiteradas ocasiones ya se ha expedido en el sentido de declarar inconstitucional la norma. Dice que viola el derecho de propiedad y el régimen civil según el cual el patrimonio es prenda común de los acreedores. Que el poder legislativo provincial se ha excedido del marco de sus funciones, al invadir el ámbito del derecho de fondo (art. 75 inc. 12º de la Constitución Nacional). Agrega que el crédito por honorarios está amparado constitucionalmente y también tiene carácter alimentario. ------------------------- La parte actora (en el caso, ejecutada) encuadra su recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 1º del artículo 11 de la ley 59-O. Se agravia de que se haya declarado la inconstitucionalidad de la norma. Dice que el a quo utiliza argumentos erróneos, que prescinde de lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley de Contrato de Trabajo y 242 del Código Civil y Comercial. Que no ha considerado el espíritu de la ley, pues claramente el citado artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo señala la aplicación de sus pautas. Que la sentencia infringe los derechos de propiedad, igualdad y defensa en juicio, y los principios de razonabilidad y legalidad. Agrega que el a quo ha omitido tratar un argumento relevante para la decisión del caso, vinculado con la factibilidad de dictar normas procesales por parte de la Provincia. ------------------------- Como se ha dicho, mediante sentencia de fojas 72/73 se admitió formalmente el recurso de inconstitucionalidad y se desestimó el de casación. Del recurso admitido se corrió traslado al doctor Miguel Sebastián Dávila (ejecutante), quien contestó mediante escrito de fojas 81/84. También se corrió traslado al Fiscal General de la Corte, quien ha dictaminado a fojas 86/89. ------------------------------------ Expuestos los antecedentes del planteo, paso a examinar su procedencia sustancial. Comienzo por enunciar el artículo en cuestión y su contexto normativo. -------------------------- a) La ley 7094 del 2001 reformó el mencionado artículo 30 del Código Procesal Laboral. A las anteriores previsiones (exención de impuestos, tasas y gratuidad de testimonios, partidas y legalizaciones para el trabajador y sus derecho-habientes), se agregó la siguiente: "Quedan totalmente exceptuados del pago de costos y costas causídicas hasta la acreditación de mejor fortuna del trabajador...". El objeto de la reforma, según el miembro informante de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, diputado Alfredo Castillo, fue, entre otros, "...decir que no se configuraría el verdadero acceso a la justicia si aquél trabajador va amedrentado a litigar, por las posibles consecuencias de que su proceso, ante no poder realizarlo, se le vuelva en contra a él en el pago de las costas al no realizarse su derecho y a consecuencia de una quiebra o concurso de la parte obligada al pago de las indemnizaciones" (versión taquigráfica de la 32ª sesión ordinaria, reunión Nº 34, del 14 de diciembre de 2000, pág. 15; disponible en línea: https://diputadossanjuan.gob.ar/versiones-taquigraficas-ano-2000). ---------------------------------------- b) El miembro informante también citó los artículos 62 de la Constitución Provincial y 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, que cabe recordar, en lo pertinente disponen: artículo 62: "...El Estado Provincial (...) concede el beneficio de la gratuidad a las actuaciones administrativas y judiciales de los trabajadores y sus organizaciones..."; artículo 20 de la LCT: "El trabajador o sus derecho-habientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo." "Su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas en caso alguno". ------------ --- c) En el ámbito del proceso civil y comercial, el Código de la materia (ley 988-O) prevé la figura del "beneficio de litigar sin gastos" para aquellos litigantes que "carecieren de recursos" (art. 78). En caso de demostrar esa condición, el beneficiario queda "...exento, total o parcialmente del pago de las costas o gastos judiciales (...) hasta que mejore de fortuna..." (art. 84). ------------------------------ d) La exención de costas al trabajador no es regla en los códigos procesales laborales. Sin embargo, otras provincias también la disponen: Buenos Aires: artículo 22 del CPL y ley 12.200, arts. 1 y 2; Formosa: artículo 24 Código de Procedimientos del Trabajo; Santiago del Estero: art.20 inc. 7º de la Constitución de la Provincia y art. 23 del CPL. ------------------------------------------------------ Tras esta introducción abordo la cuestión a decidir. En línea con lo que dictamina el Fiscal General, entiendo que no hay razones para declarar la inconstitucionalidad del artículo 30 del Código Procesal Laboral. Como dije al adherir al voto del Dr. Medina en el plenario "Chávez" (Protocolo de Fallos Plenarios de la Corte, 2015-82), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido aplicando una serie de pautas para resolver los planteos de inconstitucionalidad de leyes: "a) Que las leyes se presumen constitucionales (Fallos 247:121; 220:1458). b) Que la declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere plena, clara, y precisa prueba de su oposición con la Constitución (Fallos 209:200; 306:655). c) Que tal declaración exige prudencia y cautela en su emisión, es la última ratio y exhibe un caso extremo de gravedad institucional (264:364; 288:325; 306:1597; 328:4542). d) Que en caso de duda se debe decidir por la constitucionalidad de la norma (306:655)." ------------------------------------------ A partir de esas pautas, no advierto pruebas claras y precisas de la oposición de la norma con la Constitución Nacional. En definitiva, el artículo 30 consagra un beneficio de litigar sin gastos presunto para el trabajador, pues produce efectos similares al que, para esta figura, confiere el artículo 84 del Código Procesal Civil. En un caso se favorece de manera automática a todos los trabajadores y en el otro sólo al litigante que solicita el beneficio y prueba carecer de recursos. ----------------------- Esa semejanza es, a mi juicio, decisiva para definir la constitucionalidad del artículo 30. De una parte, la Provincia no ha invadido facultad nacional alguna al legislar sobre el punto; las provincias legislan el beneficio de litigar sin gastos en sus códigos procesales en ejercicio de facultades que no han delegado al gobierno federal (arts. 75 inc. 12º y 121 de la Constitución Nacional); específicamente la de asegurar su administración de justicia (art. 5), y lo mismo ha hecho la Provincia de San Juan al incluir este beneficio presunto en el Código Procesal Laboral. --------------------------------------------- Por otra parte, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "El beneficio de litigar sin gastos encuentra su sustento en dos preceptos de raigambre constitucional: la garantía de la defensa en juicio y la de la igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional)." (CSJN, 9/8/1988, "Siderman, José y otros v. Estado Nacional y otra", Fallos, 311:1372). Esa misma base constitucional sustenta el beneficio del artículo 30, sin perjuicio, obviamente, del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y del citado artículo 62 de la Constitución Provincial. -------------------------------------- Tampoco advierto la violación al derecho de propiedad del abogado que el a quo imputa. Al respecto, destaco que este ha efectuado una declaración de inconstitucionalidad en abstracto, sin considerar las circunstancias particulares del trabajador condenado en costas. Ahora bien, el propio texto legal contiene la solución al problema enunciado: al igual que en el beneficio de litigar sin gastos, la exención de pago se mantiene "hasta la acreditación de mejor fortuna del trabajador". Si, como digo, el propio texto contiene la excepción a la regla que el tribunal juzga violatoria del derecho de propiedad, es preferible hacer una interpretación suficientemente amplia de la excepción antes que declarar la inconstitucionalidad de la regla. En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, y de la manera que mejor se compadezcan con los principios y garantías constitucionales en tanto con ellos no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso (Fallos 303:696, 304:849); que es propio de la interpretación indagar el verdadero sentido y alcance de las leyes mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, teniendo en cuenta su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente" (Fallos 304:1181; 305:1262 y 307:146). ------------------------------------------ Finalmente aclaro, en cuanto a esta interpretación del texto, que no es adecuada la alusión del artículo 30 a la "mejor fortuna del trabajador". A diferencia del beneficio de litigar sin gastos: en el caso no se parte de una situación cierta de escasez de recursos. En definitiva, quien reclame el levantamiento de esta exención, deberá acreditar, simplemente, que el obligado al pago cuenta con recursos para afrontar las costas. ---------------------------- En conclusión, voto por: acoger el recurso de inconstitucionalidad, revocar íntegramente la sentencia impugnada y rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 30 del Código Procesal Laboral. Siendo la primera oportunidad en que esta Corte se pronuncia sobre la cuestión, voto por imponer las costas de todas las instancias en el orden causado. ---------------------------- --- LOS DOCTORES ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ Y ADOLFO CABALLERO DIJERON: ----------------------------------------- --- Por sus fundamentos, adherimos al voto precedente. ----- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Acoger el recurso de inconstitucionalidad, revocar íntegramente la sentencia impugnada y rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 30 del Código Procesal Laboral. ---------------------- II) Imponer las costas de todas las instancias en el orden causado. ------------------------------------------------ III) Ordenar que se protocolice la presente, que se agregue copia al expediente y a los autos principales y que estos bajen al tribunal de origen. Notifíquese y oportunamente archívese. Fdo. Dres. José Abel Soria Vega, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero. Ante Mí, Andrés de Cara, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.- Ef-6823 AL PRE S2° 2018-III-548