Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Corrientes
Fecha: 2009-02-12


2º Instancia. - Corrientes, febrero 12 de 2009.

Considerando: 1. Que a fojas 50/56, el representante del Fisco Nacional interpuso recurso de apelación contra la resolución de fojas 16/18 vuelta por la que, previa declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.453 en lo relativo a la prohibición de los jueces de dictar medidas cautelares, se hizo lugar a la solicitado por el actor, disponiéndose la suspensión del art. 18 párrafo quinto de la ley 25.239 en la ejecución fiscal promovida contra él.

2. La recurrente señaló la arbitrariedad de las afirmaciones del juez a- quo que le habrían ocasionado un perjuicio irreparable, refutaciones que, en lo sustancial pueden ser sintetizadas en criticar: el argumento relativo a la pérdida de actividad cognoscitiva del órgano jurisdiccional el que -advierte- continúa como director del proceso, conservando las partes la facultad de esgrimir oposiciones y defensas y pudiendo, incluso solicitar la sustitución del embargo con lo que, el derecho de defensa se encontraría garantizado; que el principio de igualdad no se halla vulnerado en razón de la finalidad social de favorecer las transacciones comerciales inherentes al juicio ejecutivo genérico; que, por lo tanto la relación fisco -contribuyente no sería de poder, sino de derecho, dentro del ámbito de la jurisdicción, sometida a las directivas de los jueces en el marco de un proceso y con aplicación supletoria del C.P.C.yC.N., por lo que, advierte, tampoco se viola el principio de división de poderes. Cita como aplicables a estas actuaciones un fallo del Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Salta y otro de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas poniendo de resalto que la declaración de inconstitucionalidad que cuestiona, constituye la última ratio del ordenamiento jurídico y la gravedad institucional que reviste la cuestión en cuanto obstaculiza el desarrollo de una de las actividades esenciales del Estado.

A todo evento, hace reserva del caso federal.

3. A fojas 73/ 77 vuelta, el representante del amparista contesta el traslado destacando la idoneidad de la vía escogida atento a la urgencia en evitar la lesión a derechos constitucionales del actor -Arts. 17, 18, 28 y 33 C.N.-en virtud de ser un acto emanado de un funcionario público - traba de embargos-que se proyecta -sin control judicial suficiente-sobre el trámite posterior de las ejecuciones; destaca que la norma legal que cuestiona suprime el Cap. III del Título del Código Procesal que permitían una defensa amplia, eficaz y oportuna al accionante, dándole la única posibilidad de iniciar un control ex post facto a través de un juicio por daños contra el agente fiscal, de indiscutible menor capacidad patrimonial que el Estado Nacional; que la reforma a la ley 11.683 va en contramarcha de las modernas corrientes que propugnan un derecho preventivo y no meramente reparador, lesionando así el derecho a una tutela judicial efectiva -art. 8º punto 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; que vulnera, asimismo, el art. 109 C.N. que prohíbe que un funcionario administrativo se transforme en juez y parte, decretando medidas cautelares contra cuentas bancarias, con la facultad de llevar adelante la ejecución, practicar la liquidación de la deuda y estimar sus propios honorarios; que la medida quita el oxígeno financiero inmovilizar el mayor "capital de trabajo" de la empresa para hacer frente a sus obligaciones, impidiendo también al Estado Nacional, la recaudación del impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes ( Ley 25.413). Cita fallos en autos, en aval de su posición. 4. Verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad formal, corresponde ingresar al tratamiento del recurso que trae la causa a decisión del tribunal, para lo que se llamo al acuerdo por providencia de fojas 84 que, a la fecha, se halla firme y consentida.

En lo que concierne a la inconstitucionalidad declarada respecto del artículo 18 -punto 5º-de la ley 25.239 que sustituyó al artículo 92 de la ley 11.683 -t.o 1998 y sus modificaciones-este tribunal tuvo oportunidad de expedirse por sentencia Nº 228/08 registrada al T. II Fº 532/534 en la que destacó la afectación, por la norma en cuestión, al principio republicano de división de poderes, al habérsele asignado al poder administrador claras facultades jurisdiccionales, asumiendo el juez un rol meramente pasivo y recayendo la mayor parte del proceso en el órgano administrativo con lo cual se viola la prohibición consagrada por el artículo 109 C.N. interpretado de modo armónico con el artículo 116 de la carta magna. Se señaló, asimismo, la afectación de los derechos de defensa y de propiedad consagrados por los artículos 17 y 18 C.N., 8 y 21 del Pacto de San José de Costa Rica.

El expresado en último término, se ve alterado y limitado, a través de una restricción a la libre disposición de los fondos de los contribuyentes, afectando, al mismo tiempo el derecho de defensa en juicio del ejecutado al facultar, al propio órgano que emite el título ejecutivo, a trabar medidas cautelares que afectan el patrimonio de los particulares, careciendo el procedimiento de la necesaria intervención judicial en lo atinente a la valoración de la procedencia, alcance y extensión de la medida decretada, abdicando así, al cumplimiento de su función primigenia de administrar justicia.

Que el nuevo régimen vulnera también la igualdad de trato prescripta por el artículo 24 del referido pacto internacional e impide el acceso a la justicia y el derecho constitucional al juez natural.

Que la inconstitucionalidad declarada por el juez de la instancia de origen surge palmaria, resultando insuficientes los argumentos relativos a la urgencia en paliar el déficit fiscal a través de un procedimiento que priva al justiciable de garantías elementales reconocidas por nuestra Carta Magna y tratados internacionales.

Siendo así, y por la identidad de la materia en debate respecto del precedente sintetizado, corresponde rechazar el recurso de la demandada y confirmar la resolución recurrida, con costas a la apelante vencida (artículo 68 C.P.C.N.).

Los honorarios de los profesionales representantes del actor y demandada se fijan en un 27 y 25 %, respectivamente, sobre la cantidad que deba fijarse en la instancia de origen (art. 14 y concordantes de la ley 21.839).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fojas 50/56, confirmándose el pronunciamiento cautelar de fojas 16/18 vuelta; 2) Imponer las costas a la parte apelante vencida; 3) Fijar los honorarios de los Dres. Se. H. E. C. y R. F. en un 27 y 25%, respectivamente, sobre la cantidad que deba fijarse en la instancia de origen. Regístrese, notifíquese, y devuélvase Dres- Andreau - González Nota: El Acuerdo que antecede fue suscripto por los Sres. jueces que constituyen mayoría absoluta del tribunal (art. 26, Dto. Ley 1285/58 y art. 109 R. J. N.) por encontrarse vacante un cargo de vocal. - Mirta G. Sotelo de Andreau. - Luis González.