Contratos, cesión de créditos, efectos entre partes, cedente, concursado, improcedencia del recurso, competencia
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Policrédito Coop. Ltda. de Crédito y Vivienda  c/ Yamaha Motor Argentina SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-07

Procede revocar la resolución que hizo lugar a la demanda por cobro de cierta suma de dinero, con base en que cierta sociedad había cedido al actor las dos facturas aquí reclamadas y que esa cesión había sido realizada en garantía de cierto préstamo dinerario que la actora había concedido a la cedente. Fuera de controversia se encuentra que la actora es cesionaria de ese crédito que tenía aquella sociedad en contra de la demandada, según transferencia que se produjo mientras tramitaba el concurso preventivo de la cedente y que esa cesión se produjo sin que se hubiera obtenido la autorización del juez que entendía -y lo sigue haciendo- en ese concurso; y también contestes se encuentran las contendientes en cuanto a que la cesión en cuestión fue efectuada "en garantía". Es verdad que, como fue señalado por el juez de primera instancia, solo el juez concursal puede pronunciar la ineficacia de los actos realizados en infracción a las normas concursales. No obstante, esto no significa que los terceros puedan ignorar ese régimen concursal o soslayarlo, como lo exhibe la evidencia de que tal régimen también es aplicable a su respecto y de él resultan actos que, en su caso, pueden ser ineficaces. De esto se deriva que la demandada, que es quien debe pagar en función de esa operación no autorizada, pueda invocar la aludida infracción a las normas concursales, pues, de lo contrario, se la estaría obligando a consumar un acto que, en su caso, quedaría expuesto a ser declarado ineficaz. La cesión que sirve de título al reclamo fue efectuada "en garantía" del préstamo que, de su lado, la actora habría otorgado a la fallida. La transferencia del crédito a favor de la demandante, por ende, no se produjo "en propiedad", sino con la intención de garantizar esa deuda, de lo cual se deriva -o podría derivarse- que la fallida sigue siendo la dueña de ese crédito, sin perjuicio del privilegio que sobre él podría asistir a la demandante, para lo cual esta última hubiera debido verificar esa pretendida acreencia impaga en el proceso falencial. La cuestión tiene sus complejidades: mientras hubo quienes juzgaron que la cesión de créditos en garantía se regía por las reglas de la prenda de créditos, otros la caracterizaron como negocio fiduciario. Así, si se estimara que la cesión aquí invocada debe ser regida por las normas que entonces regulaban la prenda, forzoso sería concluir que la actora hubiera debido obtener en el concurso la admisión de su crédito con el privilegio derivado de la garantía prendaria (CCIV 1464, 3209, 3211, 3212), tras lo cual hubiera podido ejecutar tal garantía en los términos previstos en la LCQ 209 y ante el propio juez concursal. Nada de lo que aquí se ha actuado tiene que ver con eso, por lo que, tratándose de una garantía otorgada en respaldo de una acreencia anterior a la quiebra, su cobro por la vía intentada debe ser rechazado. Ello debe ser así, con mayor razón, si se atiende a que resulta absolutamente inexplicable que, siendo la demandante una cooperativa de crédito que -cabe entender- se dedica en forma profesional a ese objeto, haya aceptado recibir "en garantía" dos créditos cuya cesión se encontraba prohibida en el contrato en cuyo marco se generaron. Es verdad que, como se señaló en la sentencia apelada, esto recién fue invocado por la demandada en el alegato, pero no menos lo es que, si la pretensión hubiera sido canalizada en sede concursal, ese asunto hubiera debido ser examinado por el juez aun de oficio, lo cual, en su caso, hubiera podido llevarlo a la conclusión de que la actora no tiene los derechos alegados.