Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2005-02-24


2º Instancia.- Formosa, febrero 24 de 2005.

I. Relación de la causa:

La doctora Bentancur dijo:

Lidio Miguel Méndez y Concepción Antonia Montiel de Méndez, en su calidad de padres de su fallecido hijo A. M. M., promueven demanda por daños y perjuicios contra Construcciones Davicú S.R.L., Instituto Provincial de la Vivienda, David Gancz, Edefor S.A. y/o contra la persona física o jurídica responsable y/o contra quien resulte propietario de los cables de baja tensión transportadores de electricidad del Barrio Guadalupe de esta ciudad, por la suma de pesos un millón setecientos mil ($1.700.000), con más los intereses desde el momento de la exigibilidad del crédito y hasta el tiempo de su efectivo pago, o lo que en más o en menos surja de las probanzas a producirse en autos, con más las costas judiciales correspondientes. Afirman que la Empresa Contratista Construcciones Davicú S.R.L. se ha adjudicado la licitación pública Nº 01/93 del Instituto Provincial de la Vivienda, siendo el objeto de la obra licitada "Saneamiento Integral Barrio Nuestra Señora de Guadalupe -1ra. Etapa- Ejecución de Red de Baja Tensión y Alumbrado Público", es decir que el Instituto Provincial de la Vivienda llamó a licitación para el saneamiento integral de la red de baja tensión y alumbrado público del Barrio Guadalupe de esta ciudad en el mes de abril del año 1994, surgiendo las relaciones contractuales entre las partes de la documentación que se adjunta. Siguen diciendo que el día ocho del mes de febrero del año 1995, siendo aproximadamente las 1,30 horas, al trepar su hijo A. M. M., de 19 años de edad, a la terraza de su vivienda familiar, hecho que repetía a menudo la familia entera, toma contacto con el hombro derecho con la punta de uno de los cuatro cables de baja tensión de electricidad que se hallaban al descubierto y sin ningún tipo de aislantes colgando hacia dentro de la terraza, a unos 35/40 centímetros aproximadamente del piso de la misma. Sostienen que se ha ocasionado la muerte del joven por la exclusiva imprudencia y negligencia de la empresa contratista Davicú Construcciones S.R.L., que durante la ejecución del trabajo de la concesión ha dejado en total estado de abandono los cableados de baja tensión, con sus puntas totalmente al descubierto, sin ningún tipo de aislantes y a cuarenta centímetros del piso de la terraza de las casas de familia.

Los hechos en que los accionantes fundan la acción y demás alternativas de la causa acaecidas en la inferior instancia hasta llegar a la sentencia se encuentran relatados en los "Resultandos" de la misma, a los que cabe remitirse por razones de brevedad y por reputarse lo allí expuesto suficiente a los fines de la resolución del recurso en análisis. En consecuencia, se hará referencia al fallo apelado y a lo actuado con posterioridad a dicho pronunciamiento.

La sentencia, obrante a fs. 476/486 y 492, resuelve haciendo lugar en forma parcial a la demanda, condenando a la empresa Construcciones Davicú S.R.L., al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma Edefor S.A., a abonar a los accionantes la suma de pesos noventa y tres mil setecientos veintiocho ($93.728), con más los intereses que fija, sin perjuicio que, atento a haberse declarado una responsabilidad compartida, una vez abonada la suma total por cualquiera de los accionados, éstos procedan al reintegro del porcentaje que corresponde abonar por el otro codemandado, no pudiendo perseguirse de Edefor S.A. el pago de más del 40% del monto indemnizatorio total. La responsabilidad por la ocurrencia del hecho se atribuye un 20% a cargo de la víctima y un 80% a cargo de los demandados.

Notificadas las partes del fallo en cuestión el mismo es apelado por el Instituto Provincial de la Vivienda y por Edefor S.A., siéndoles concedidos los recursos libremente.

Elevados los autos a la Alzada son puestos en Secretaría para que las partes apelantes expresen agravios dentro del término de diez días, a cuyos fines presentan los respectivos escritos, que rolan a fs. 506/509 vta. y 511/514 vta. y, corrido traslado de los mismos, son contestados a fs. 516/521 vta. y 523/527 vta. Con dichos recaudos se llama autos para sentencia mediante providencia de fs. 528 que se encuentra firme y, en consecuencia, el recurso en condiciones de resolver.

El doctor Pignocchi dijo:

Adhiero a la relación de la causa que antecede.

II. Cuestiones a resolver:

La doctora Bentancur dijo:

Propongo como cuestiones a resolver las siguientes: ¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

El doctor Pignocchi dijo: Adhiero a dichas proposiciones.

III. A las cuestiones planteadas:

La doctora Bentancur dijo:

I. La empresa Edefor S.A. se agravia de que en Primera Instancia se la condene cuando de las distintas documentales agregadas como de las testimoniales rendidas resulta acreditado que a la fecha del siniestro la firma no era dueña ni guardiana de las líneas dentro del Barrio Guadalupe, ya que las obras no habían sido entregadas, es decir que Edefor S.A. no había tomado posesión de las mismas, sin que hayan existido medidores y/o usuarios particulares en dicho barrio a la fecha del accidente, dado que Edefor S.A. únicamente proveía de energía en línea de media tensión hasta los transformadores, siendo la línea de baja tensión en la que ocurrió el hecho propiedad de Davicú S.R.L. Argumenta que ha quedado probado ampliamente en autos por los términos de la demanda que el accidente ocurrió el día 8 de febrero de 1995, surgiendo de la documental original agregada en la contestación de demanda, la cual no fue impugnada ni desconocida, que a la fecha del accidente los actores no eran usuarios del servicio de energía provisto por Edefor S.A., existiendo orden de inspección y puesta en servicio en el domicilio donde ocurrió el accidente recién en fecha 29 de marzo de 1995, es decir casi dos meses después.

Sostiene que por la licitación pública Nº 01/93 del I.P.V. la obra "Saneamiento Integral Barrio Nuestra Señora Guadalupe 1ra. Etapa - Ejecución de Red de Baja Tensión y Alumbrado Público" fue adjudicada a la Empresa Construcciones Davicú S.R.L., y que a la fecha del accidente dicha obra aún no había sido entregada ni aprobada por el I. P. V., por lo tanto Edefor S. A. no podía ser dueña y menos aún guardiana de una obra que pertenecía a Davicú S.R.L., bajo el control de un organismo estatal. Destaca que se ha demostrado fehacientemente que los cables sujetos al techo de las torres del Bº Guadalupe a la fecha del accidente, esto es 08/02/95 pertenecían a la empresa que tenía a su cargo la construcción (Davicú S.R.L.), y que las estaciones transformadoras que operaban en el barrio Guadalupe a la fecha del accidente pertenecían a la Provincia de Formosa o al Estado Nacional, resaltando que a la fecha del accidente Edefor S.A. no manipulaba la red de baja tensión, como también que la energía era obtenida de las estaciones transformadoras, las cuales pertenecían al Estado Provincial o Nacional. Indica que Edefor S.A. no podía de ninguna manera ser guardiana dado que tomó posesión del servicio en la Provincia de Formosa en fecha 01/02/95, haciéndose el suministro de energía al Barrio Guadalupe en media tensión (no en baja que son los cables que ocasionaron el accidente y que estaban a cargo de la empresa contratista) hasta las estaciones transformadoras, que eran los puntos de medición, facturándose la energía al I.P.V. y llegando la responsabilidad de Edefor S.A. hasta el punto de medición, esto es las estaciones transformadoras, añadiendo que recién a fines del mes de mayo o junio se empezó a atender las viviendas del Guadalupe.

Concluye que según surge de autos Edefor S.A. únicamente proveía de energía en media tensión hasta los transformadores de energía, siendo la línea de baja tensión propiedad y a cargo de la Empresa Davicú S.R.L., línea esta en la cual ocurrió el accidente, por responsabilidad de la persona que trepó a lugares no habilitados para ello. También se agravia de que la atribución de un 80% de responsabilidad en la producción del hecho a su parte no se ajusta a las constancias de autos, dado que el hecho de la víctima aparece como la causa adecuada y exclusiva del daño, operándose de tal manera la causal de exoneración contemplada en el art. 1113 del Cód. Civil. Entiende que el trepamiento por el occiso al techo de la torre, con más de diez metros de altura, a jugar carnaval, no pudo constituir una simple travesura infantil, ni siquiera una imprudencia propia de adolescentes, sino un acto de temeridad de personas con pleno discernimiento, que conocían perfectamente las consecuencias que podía producir el trepamiento a tan peligroso lugar, en un ámbito y horario que convertía la conducta en notoriamente temeraria, revelando las características mismas del ámbito edilicio la peligrosidad del lugar y de la conducta desplegada por la víctima, lo que determina su exclusiva responsabilidad en el hecho acaecido. Solicita que se resuelva el recurso determinando la falta de responsabilidad en el hecho de la Empresa Edefor S.A. e indicando la exclusiva responsabilidad de la víctima.

II. El Instituto Provincial de la Vivienda se agravia de que el a quo parta de un supuesto que según menciona no está controvertido: que el deceso del menor M. se produce por una fuerte descarga eléctrica al tomar contacto con un cable sin aislación, cuando en el conteste de demanda se sostiene que no aparece como indubitado que fueron los cables los que produjeron la electrocución, aduciéndose que pudo ser la antena la que se encontraba electrificada, por lo que el sentenciante, a partir de una premisa falsa, llega a conclusiones erróneas. Cuestiona el valor probatorio del informe en el que sustentan su demanda los accionantes (suscrito por Rufino Silva), resaltando que dicha prueba no fue practicada en el curso del proceso, por tanto tal dictamen tiene el carácter similar a la peritación extraprocesal que carece de mérito probatorio por sí mismo, máxime si se considera que no se ha recibido testimonio del perito que actuó en la instrucción del sumario y que tampoco fue ratificado por éste en el curso del proceso, formalidad indispensable para que la prueba exista y resulte controvertida. Arguye que del mismo modo la pericia realizada por el perito Gustavo Andrés Paulina resulta ineficaz para que el juez haga mérito de ella por su extemporaneidad, resultando entonces inocuas e irrelevantes sus conclusiones, así el mismo perito afirmó en su dictamen que resultaba imposible un examen referente al tendido de cables de baja tensión puesto que el relevamiento fue realizado con posterioridad (3 años después), por lo que no cabe sino concluir que no existe prueba indubitada de que el accidente se produjo por existencia de cables sin aislación, y menos de que éste fuera un hecho no controvertido.

Le causa asimismo agravio de que el a quo pretenda justificar el actuar negligente de la víctima con lecturas parciales y con afirmaciones que no poseen sustento jurídico, además de que el Inferior debió valorar la conducta de la víctima según las circunstancias particulares del caso, así no pudo omitir considerar que no sólo que el acceso es asumiendo riesgos sino que además no podía la víctima ignorar los trabajos de cableado que se realizaban, pues así lo indicaban los carteles de obra, por lo que en tales términos evidente aparece el agravio que irroga la sentencia apelada al razonar como lo hace el sentenciante, pues cae en ostensible autocontradicción al sostener que todos los vecinos tenían conocimiento de la peligrosidad que importaba la existencia en el techo de cables en mal estado para luego restar culpa al damnificado arribando a un porcentaje de culpa del menor del 20% que a la luz de los hechos aparece antojadizo, pues en relación a la responsabilidad que le cupo a la víctima el porcentaje establecido demuestra una errónea apreciación de la prueba rendida. Se indica que las reglas causales implican que la víctima debe soportar el perjuicio que el mismo ha causado, y si se atienden a las circunstancias en que ocurrió el hecho (de noche, sin luz artificial trepa a un lugar inhabilitado, donde se realizaban trabajos de cableado, circunstancia que no le podía ser ajena, con baldes de agua) ello permite concluir que la víctima era perfectamente consciente del riesgo a que se exponía e incurrió en una imprudencia grave, es decir que la causa del daño se encuentra en la conducta del propio perjudicado, entonces más que concurrencia de culpas aparece la responsabilidad integral del menor, que excluye la eficacia causal de la conducta de la Administración, máxime si no quedó acreditado que se haya creado una condición del infortunio.

Se argumenta que particular consideración merece la responsabilidad que se le atribuye al Instituto Provincial de la Vivienda pues según la prueba agregada y los considerandos de la sentencia no existe duda de que la obra estaba "bajo la órbita y responsabilidad de la empresa en mención", y según concluye el sentenciante en virtud de la licitación pública Nº 01/93 se había constituido a la empresa Davicú en "guardián de la red de tendido eléctrico". Se hace hincapié en que el Instituto Provincial de la Vivienda al momento del hecho dañoso no era ni productor ni distribuidor de electricidad ni guardián de los cables productores, añadiéndose que el a quo, incurriendo en un nuevo error y basándose en presunciones, desconoce la ley de Obras Públicas, el pliego de bases técnicas y condiciones particulares y el contrato suscrito por las partes, infiriendo en un inexacto razonamiento que el Instituto no ha cumplido cabalmente su cometido, concluyendo con desacertado criterio que el Organismo no cumplió cabalmente su responsabilidad, sin que de tal argumentación se desprenda en qué pruebas funda tal decisorio y cuál es la conducta reprochable o el actuar ilícito o culpable que conforme el ordenamiento jurídico le haga pasible de responsabilidad, lo que lleva a considerar que el decisorio es injusto y contrario a derecho.

Se agravia asimismo el recurrente de la incongruencia de la sentencia cuando determina que a la Empresa Edefor sólo se le puede reclamar hasta un 40% de la indemnización prevista, toda vez que la deuda es solidaria o simplemente mancomunada, pero no puede declararse la solidaridad para después resolverse un tope a favor de una de las codemandadas, resultando ello un evidente error. También se agravia de que en el rubro lucro cesante el a quo analiza una constancia expedida por el Prefecto Brussain, de la Prefectura de la Ciudad de Formosa, cuando dicha prueba fue impugnada haciéndose lugar a la misma y dándose por decaído el derecho dejado de usar, teniéndose en consecuencia por desistida a la parte de la prueba aportada (conforme resolución obrante a fs. 451 3er. cuerpo), y de que llega a la conclusión de que en concepto de chance debe abonársele la suma de pesos trece mil setecientos veintiocho ($13.728) basándose sólo en presunciones infundadas. Otro de los agravios radica en que se indemnice la vida como valor en sí misma, agraviándose por último de la indemnización del daño moral, dado que éste depende de la existencia del daño, habiéndose demostrado que la sentencia es injusta, errónea y contraria a derecho, por lo que aparece como consecuencia lógica la improcedencia del rubro. Se concluye en que como al Instituto Provincial de la Vivienda no puede atribuírsele responsabilidad en el evento dañoso corresponde la revocación de la sentencia apelada en cuanto condena a dicho Organismo.

III. A los fines de decidir la forma en que aconteció el siniestro resultan de particular importancia los elementos obrantes en el expediente Nº 81/95 del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 que se tiene a la vista, caratulado "S.O.P.E.O.A. s/Remisión Actuaciones s/Muerte p/Electrocución", en el cual el perito electricista interviniente, Hugo Rafael Almeida, informa a fs. 12 vta. que, verificada la instalación eléctrica ubicada en la terraza del Departamento "1" de la torre Nº 36 del Barrio Guadalupe de esta ciudad capital, se constata que se encuentran cables que pertenecen a Agua y Energía, trifásicos, de color negro, con las puntas sin aislantes, cuatro puntas, tres cables positivos y uno negativo, perforándole la piel al occiso el cable positivo, lo cual se observa a simple vista.

Ninguna duda cabe en consecuencia que la muerte del hijo de los actores se produjo al tomar contacto con los cables conductores de corriente eléctrica, que se encontraban sin aislación, por lo que resulta infundado el agravio de que el sentenciante partió de una premisa falsa.

IV. Sentado que se trata de un daño causado por la energía eléctrica a raíz del contacto del occiso con un cable sin aislación cabe dilucidar la naturaleza de aquélla, siendo el Código Civil muy claro, a partir de la reforma de la ley 17.711 de 1968, cuando en su art. 2311 prescribe: "Se llaman cosas en este Código, los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apreciación".

La doctrina enseña que la electricidad es una cosa generadora de riesgo, señalándose sobre el particular que la misma es potencialmente peligrosa, y por tal característica se le deberá aplicar el art. 1113, párr. 2º, parte 2º del Cód. Civil. Se hace hincapié en que "La energía eléctrica en las etapas de generación transporte y distribución, constituye una cosa generadora de riesgo. Esta calidad produce que su dueño y guardián respondan concurrentemente por los perjuicios que originan, quienes podrán excusarse total o parcialmente de responsabilidad con la prueba de la causa ajena al evento nocivo. Al dueño y al guardián de la energía eléctrica se los responsabiliza objetivamente, es decir que la norma prescinde de sus conductas en el acontecimiento ilícito. Sólo la causa ajena al hecho dañoso podrá liberarlos total o parcialmente de responsabilidad" (conf. Fernando Alfredo Sagarna, "Daños causados por la energía eléctrica", nota a fallo, en LA LEY, 1997-E, 986).

Se señala que la energía eléctrica es "cosa" en los términos del art. 2311 del Cód. Civil, como lo es la red o línea que la transporta (línea de baja - LBT -, media - LMT - y alta tensión - LAT-). La energía eléctrica, tanto en las etapas de generación, transporte y distribución, es una cosa generadora de riesgos y potencialmente peligrosa. El dueño y guardián de esa energía deben responder objetivamente ante el damnificado por el factor del riesgo creado. Toda empresa prestataria de este servicio debe supervisar las líneas por las cuales transporta o distribuye la electricidad, deber que implica no sólo mantener las líneas, sino ajustarse a los parámetros internacionales de seguridad. La vigilancia y contralor deben ser rigurosos, más aún cuando las líneas no tienen protección, es decir son redes sin aislación" (conf. "Código Civil Comentado y Anotado", Director Santos Cifuentes, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 896).

A su vez la jurisprudencia sostiene que a los fines de establecer la responsabilidad por un accidente producido por un cable electrizado, debe estarse a lo dispuesto en el art. 1113, párr. 2º, última par. del Código Civil, habida cuenta que a la electricidad le resultan aplicables las disposiciones referentes a las cosas (art. 2311, Cód. Civil), atento su condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias previstas en esa norma (CS, 1987/10/15, LA LEY, 1988-A, 217 - DJ, 988-1-776).

Se dijo al respecto que "La energía eléctrica es susceptible de ser incluida dentro de la conceptualización de cosa que establece el art. 2311 del Cód. Civil, a la cual corresponde adicionar la calidad de peligrosa o riesgosa que su propia naturaleza lleva ínsita. El cable conductor de electricidad y el fluido conducido se integran y constituyen una sola entidad que actúa solamente cuando se encuentra formando un todo que facilita la acción de la energía. La responsabilidad por el daño causado por la energía eléctrica es de carácter solidario y recae sobre quien lo genera y sobre quien la distribuye. En consecuencia, los damnificados podrán dirigir sus acciones contra todos los responsables, sin perjuicio de las acciones que a éstos pudieran corresponder entre sí. El art. 1113, apart. 2º, párrafo final del Cód. Civil es aplicable a los daños causados por la energía eléctrica, bastando que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con aquélla quedando a cargo del dueño o guardián la acreditación de la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder" (CCiv. y Com. Salta, sala IV, agosto 9/996, "Dávalos de Ruiz, Marta c. Dirección Provincial de Energía y otra", LA LEY, 1997-E, 986).

V. Siguiendo la doctrina que admite que la electricidad es una cosa generadora de riesgo, cabe establecer si los recurrentes, Edefor S. A. y el Instituto Provincial de la Vivienda, son legitimados pasivos de la acción por daños entablada por los actores.Con respecto al Instituto Provincial de la Vivienda no está en discusión que adjudicó la obra pública de ejecución de red de baja tensión y alumbrado público del Barrio Guadalupe, donde ocurrió el accidente, a la Empresa Construcciones Davicú S.R.L., que se encontraba ejecutando la obra al momento en que el menor se electrocutó con un cable sin aislación en la azotea del edificio donde se encontraba su vivienda.

Sin embargo, esta circunstancia no excusa de responsabilidad frente a los accionantes al Instituto Provincial de la Vivienda, ya que la jurisprudencia establece, en las relaciones con terceros, la responsabilidad concurrente del estado y el contratista. Así se expresó que "Las responsabilidades concurrentes del dueño y del guardián que surgen del art. 1113 del Código Civil, reformado por ley 17.711, han llevado a concluir que no se trata de un supuesto de responsabilidad alternativa, ya que no se está en presencia de una única obligación resarcitoria que sea a cargo del dueño o del guardián de la cosa, sino de dos obligaciones distintas que no se confunden entre sí, pues, aunque tienen un mismo acreedor, el damnificado y un mismo objeto, la reparación del daño, difieren en cuanto a la causa de deber que en un caso es el título de dominio sobre una cosa dañosa y en el otro la guarda de dicha cosa: es esta disparidad de causa la que hace ver que no se trata de una única obligación, sino de dos obligaciones distintas, cuya concurrencia está dada por la identidad de acreedor y de objeto. En un caso como éste, que puede ser considerado como de excavación, la víctima se encuentra ante dos sujetos responsables: el dueño de la obra (Municipalidad de Las Heras) y el constructor ("Construcciones...S.A."), tratándose de obligaciones concurrentes e indistintas, por lo que si la cosa ha tenido intervención activa en la producción del daño, propietario y guardián deben responder concurrentemente. Cierto es que en grado variable según los contratos de la administración, ésta tiene -en forma expresa o, en ocasiones, razonablemente implícita- cierto poder de dirección y de contralor sobre la ejecución del contrato, siendo en las concesiones de servicio público este poder muy amplio, lo mismo que en el contrato de obra pública, mientras que en los de suministro aparece más limitado y en otros está más reducido todavía. En virtud de esta potestad de dirección, en su caso el co-contratante está obligado a respetar las denominadas 'órdenes de servicio'. Mas ello no excluye la responsabilidad extracontractual del co-contratante en sus relaciones con terceros, por el contrario, en ciertas contrataciones la responsabilidad del contratista excluye la del Estado: así, en materia de concesión de servicios públicos" (Primera Cámara Civil Mendoza, "Osorio Alejandro c. Municipalidad de Las Heras s/Daños y Perjuicios", 1999/08/26, Expediente 24274, el Dial - MC274F).

Con respecto a Edefor S.A., si bien está probado que a partir del 01/02/95 presta en la Provincia de Formosa el servicio de energía eléctrica (ver fs. 249), de la declaración testimonial del ingeniero Juan Carlos Pozo, quien presta servicios en el Instituto Provincial de la Vivienda, y cuyos dichos, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica no merecen reparo alguno, se tiene que los cables de baja tensión sujetos a los techos de las torres del Barrio Guadalupe a la fecha en que ocurrió el accidente eran de propiedad de la empresa contratista de la obra de remodelación de la red de baja tensión y alumbrado público del referido barrio, y que Edefor durante la ejecución de la obra no manipulaba el tendido de baja tensión, lo que era efectuado por la empresa contratista (fs. 138/141 vta.). A su vez, de las declaraciones de Hugo Pastor Pastor, Jorge Luis Viera y Rubén Darío Borgne, cuyos dichos tampoco merecen reparo alguno (fs. 141 vta./143 vta. y 162/163 vta.), surge que durante la ejecución de la obra de la red de baja tensión y alumbrado público del Barrio Guadalupe los cables de baja tensión, que ocasionaron el siniestro que motiva estos autos, eran de propiedad de la empresa que ejecutaba la obra, y que la injerencia técnica de Edefor S.A. durante la ejecución de la obra llegaba hasta la línea de media tensión, incluida ésta y el punto de medición, es decir hasta las tres estaciones de rebaje de media a baja tensión. De ello resulta que, efectivamente, Edefor S.A. al tiempo de la ocurrencia del siniestro no tenía la propiedad ni la guarda de la línea de baja tensión en el Barrio Guadalupe, por lo que, estando probado que a partir de las Sub Estaciones Transformadoras la operación de las redes de baja tensión las efectuaba la empresa contratista de la obra encomendada por el Instituto Provincial de la Vivienda, cabe receptar los agravios de la recurrente, eximiéndola de responsabilidad en el evento dañoso.

VI. Tratándose de un daño causado con el riesgo de la cosa, basta con que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con aquélla, quedando a cargo de la demandada acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (CApel. Concepción del Uruguay, sala Civil y Com., 27/4/95, LA LEY, 1996-C, 149; CS 13710/94, LA LEY, 1995-B, 278, consid. 5º).

Con respecto a la culpa de la víctima, el hecho de que la misma, para arrojar agua jugando al carnaval (y pese a que el vecindario tenía conocimiento que los cables conductores de electricidad se encontraban colgando a baja altura), haya trepado al techo del inmueble donde se hallaban los cables sin aislación que le provocaron la muerte, no es una conducta apta para alterar la cadena causal, de modo de excluir la responsabilidad que les cabe a la Empresa Davicú y el Instituto Provincial de la Vivienda como guardianes y propietario, respectivamente, de la cosa riesgosa.

En tal sentido se ha resuelto que no excusa de responsabilidad a la empresa demandada el hecho de un antenista que subió al techo de un inmueble para arrojar agua en un día de carnaval y que no divisó los cables de alta tensión que le produjeron la muerte, los que se hallaban a tan sólo un metro setenta del techo, porque la propietaria de las líneas eléctricas es responsable y obligada a supervisar las mismas ejerciendo una razonable vigilancia de las condiciones en las cuales se presta el servicio para evitar consecuencias dañosas (CApel. Concepción del Uruguay, sala Civil y Com., 5/6/92, "Antúnez de Sosa, J. L. L. c. Coop. Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda.", JER, Nº 52, p. 518).

VII. Dilucidado lo atinente a la responsabilidad de los recurrrentes cabe entrar al análisis de los restantes agravios, comenzando por el relacionado a lo establecido en la sentencia con respecto al límite de responsabilidad que se determina a favor de la Empresa Edefor, dado que se dispone que la parte accionante podrá perseguir el pago respecto a ésta hasta en un 40% de lo que resulte como monto indemnizatorio.

Este agravio carece de entidad al haberse establecido que la Empresa Edefor no tiene responsabilidad alguna en lo atinente a la propiedad y manipulación de la red de baja tensión, cuyo cableado originó el siniestro de autos.

VIII. Con respecto al agravio de que en el rubro fijado por pérdida de chance el a quo analiza una constancia expedida por el Prefecto Brussain de la Prefectura de la Ciudad de Formosa cuando dicha prueba fue impugnada, el mismo carece de entidad, ya que de los testimonios rendidos a fs. 115/121 por Isabel Ríos, Nicolás Ayala, Fredesvinda Jara, Elda Nelly Princich y Mario Alberto Cardozo resulta que la víctima trabajaba con su padre haciendo fletes, por lo cual, estando acreditada la ayuda que prestaba al progenitor, la indemnización otorgada no se basa en presunciones infundadas.

IX. En lo atinente al agravio que le causa al recurrente la indemnización establecida en concepto de valor vida, fijada en $40.000 (fs. 492), le asiste razón al quejoso, ya que el criterio de esta Alzada es que lo resarcible no es el "valor vida" sino los "valores perdidos" que a algunos reportaba esa vida antes de cesar y que se malogran a partir de este momento, por lo que no se comparte la tesis que afirma el valor intrínseco de la vida humana, debiéndose en consecuencia descontar de la indemnización otorgada lo asignado en este rubro.

Sobre el particular se dijo que "La vida humana no tiene un valor económico en sí misma, sino en consideración a lo que produce o puede producir, por lo que en caso de supresión de una vida, lo que se mide en signos económicos, no es la vida misma, que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios incide, de la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes; y lo que se llama 'valor vida', no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que el extinto producía" (Causa: "López, Antonia", Fallo Nº 3130/94, Boletín del Poder Judicial de Formosa, Nº 6, p. 53). "La vida humana no tiene un valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir. La supresión de una vida, aparte del desgarramiento en el mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudablemente efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental; y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios incide la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes" (Causa: "Rodas, Marina", Fallo Nº 3366/95, Boletín del Poder Judicial de Formosa, Nº 8, p. 27). "La vida humana no tiene un valor económico en sí misma, sino en cuanto productora de bienes y servicios en sí misma, de los que se ve privada la víctima indirecta del hecho, por lo que lo indemnizable sería el lucro cesante o el valor chance, según que la persona fallecida hubiera sido actual productora de bienes o se tratara, por el contrario, de una mera expectativa de tal producción de bienes, como es el caso de los menores de edad" (Causa: "Bareyro, Ubalda, en representación de su hija menor", Fallo Nº 3689/95, Boletín del Poder Judicial de Formosa, Nº 9, p. 48).

X. Por último cabe desestimar el agravio atinente a la fijación de daño moral, ya que es incuestionable la lesión de las legítimas afecciones de los padres, y el consiguiente daño moral, que derivan de la muerte abrupta de un hijo a raíz de un suceso que obliga a otro a responder (conf. Matilde Zavala de González, "Daños a las personas - Pérdida de la vida humana", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1990, t. 2 b, p. 275). El criterio jurisprudencial es que "Cuando se trata de la muerte de un hijo, no es necesario traer la prueba de que los padres han sufrido un agravio moral, porque en el orden natural de las cosas está que la muerte de un ser querido de tan estrecha vinculación biológica y espiritual, ha de herir en lo más íntimo el sentimiento y las afecciones de quienes se dicen damnificados por encontrarse en esa situación" (Cám. 2º Civ. Com. La Plata, sala 1º, 23/2/73, LA LEY, 152-510).

Esta Alzada se ha pronunciado en el sentido de que la muerte de un hijo indudablemente redunda en un daño moral, cuya entidad no requiere de prueba alguna, siendo facultad judicial su determinación en base a lo establecido en el art. 165, CPCC (Causa: "Morales Vda. de Rojas, Carmen R.", Fallo Nº 3309/94, Boletín del Poder Judicial de Formosa, Nº 7, p. 49).

XI. Atento a lo expuesto propongo modificar la sentencia recurrida, revocándola en cuanto establece la responsabilidad de Edefor S. A. y fija una suma en concepto de valor vida, de tal modo que, descontando lo establecido en este rubro ($40.000), la demanda debe prosperar por la suma de pesos cincuenta y tres mil setecientos veintiocho ($53.728).

En cuanto a las costas entiendo que la actora no debe soportar las correspondientes a la citación a juicio de Edefor S.A., que no resulta vencida, dado que para arribar a la verdad objetiva se vio obligada a dirigir su acción contra todos aquellos que pudieron resultar responsables, por lo que en el caso debe ceder la norma que contiene el art. 68 del Cód. Procesal, estableciéndose las mismas en el orden causado. En cuanto a las costas motivadas por el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Provincial de la Vivienda deben serle impuestas a éste, pues no pierde su carácter de vencido (conf. artículo citado precedentemente).

El doctor Pignocchi dijo:

Por los fundamentos expuestos por la Srita. Juez preopinante, adhiero al voto de la misma.

La doctora Canavesio dijo:

Por existir coincidencia entre los Señores Jueces preopinantes, me abstengo de emitir voto (art. 33, ley 521 y sus modificatorias).

A mérito del Acuerdo que antecede, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, resuelve: Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por el Instituto Provincial de la Vivienda, revocándose parcialmente la sentencia apelada en cuanto fija una indemnización por el valor vida, estableciéndose el monto de la condena en la suma de $53.728. Con costas a la parte apelante. En cuanto a Edefor S. A. se deja sin efecto la condena, desestimándose la demanda instaurada en su contra, con costas de ambas instancias por su orden. Los honorarios de los profesionales intervinientes ante esta Alzada se regularán una vez que se fijen los de la anterior instancia.- José L. R. Pignocchi.- Lucrecia M. Canavesio de Villalba.- Telma C. Bentancur.