marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Verdad jurídica objetiva, prueba prohibida
Materia: PENAL
Carátula: MENDEZ, IVAN CARLOS s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-27

El deber de dejar establecida la verdad jurídica objetiva en materia de enjuiciamiento penal, solo autoriza a prescindir por ilícita de la prueba obtenida a través de medios inconstitucionales o ilegales.
Sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castello, Jorge Alberto c/ Marchioni, Santiago y ot. s/ Pago por consignación de alq. y Fijación inicio de locación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

La cesión efectuada por los herederos no justifica la aplicación del fuero de atracción si dicho acto jurídico no ha sido objeto de la demanda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho interno, derecho de propiedad, grupos vulnerables, sentencia de la Corte Interamericana, interpretación de sentencias, pueblos originarios, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado Parte, propiedad comunitaria de la tierra, derechos de los pueblos indígenas
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs.  Argentina S/ Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-11-24

Cuando la Corte Interamericana ordenó al Estado Argentino, en la Sentencia de Fondo Reparaciones y Costas emitida el 6 de febrero del 2020 - Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), Serie C No. 400-, la adopción de medidas legislativas que fueren necesarias para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena, asumió, conforme lo desarrollado en el párrafo 353 de dicho pronunciamiento, que las regulaciones normativas existentes no son suficientes para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena, indicando así la insuficiencia del derecho interno que en relación con el derecho de propiedad comunitaria indígena, advirtió el Tribunal.
Recomendaciones de organismos internacionales, responsabilidad internacional del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carranza Latrubesse, Gustavo c/ Estado Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores - Provincia del Chubut
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-06

La afirmación del a quo adjudicando obligatoriedad a las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aparece en pugna con las disposiciones de convenciones internacionales y la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana cuanto de la Corte Suprema ya que, sin desconocer el indudable valor que cabe asignar a las recomendaciones que pudiera formular la Comisión, como así tampoco el hecho de que al ratificar la Convención Interamericana los Estados Partes se comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus informes, no cabe derivar carácter obligatorio que pueda generar responsabilidad internacional en el caso de incumplimiento (Disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Elena I. Highton de Nolasco).
Excusación, violencia moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez Rigoberto y otro c/ Gutierrez, Maria C. y otro s/ Ejecución Inc. art. 31 del CPC
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Las excusaciones no son viables cuando se fundan en razones de delicadeza personal y no son susceptibles de provocar una situación de violencia moral capaz de torcer la rectitud del juez (en el caso, el juez alegó haber sido compañero de estudio hace 20 años).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Derecho laboral, extinción del contrato de trabajo, gratificaciones, crédito laboral, compensación, principio de irrenunciabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: WAGNER, NESTOR OMAR c/ ACINDAR S.A. (IND. ARG. ACERO S.A.) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO.  113 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-28

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que los razonamientos del A quo para apartarse del precedente nacional se fundan en que en el instrumento evaluado por la Corte federal expresamente se habían incluido los posibles reclamos derivados de la ley 9688, lo cual no habría acontecido en el caso, pero no evalúa por qué particular razón un convenio que incluya una cláusula de compensación " con cualquier suma, que por cualquier concepto, se pueda reconocer por remuneraciones, diferencias, recargos indemnizaciones o por pronunciamientos judiciales, como consecuencia de la relación habida " no resulta comprensivo de los rubros en cuestión.

Más bien, de tales expresiones cabría suponer que se incluía cualquier crédito que se pudiera tener con motivo del vínculo laboral. Además, de la lectura de lo resuelto en "Gatarri", no se advierte que hubiese sido un elemento íntimamente vinculado a la voluntad decisoria del más Alto Cuerpo la inclusión en el acuerdo de los reclamos indemnizatorios basados en la ley 9688, dado que si bien hizo mención de tal circunstancia, en párrafo posterior aludió a que el pago realizado era genéricamente compensable "con todo crédito" que tuviese el actor con motivo de la disolución del vínculo contractual.

De lo antes expuesto, concluyo que no sería derivación razonada del derecho aplicable al caso pensar en términos absolutos, tal como implicaría afirmar que todos los eventuales rubros estarían íntegramente cubiertos por lo acordado o, por el contrario, ningún efecto jurídico podría tener el pago efectuado. Por lo demás, siempre queda el resguardo de la labor jurisdiccional para que en última instancia sea el juez quien decida si lo acordado conculca o no, principios o enunciados legales y constitucionales imposibles de soslayar.

Además, no se advierte que se hubiese en modo alguno limitado la potestad del agente de reclamar lo que creyera pertinente, con lo cual quedarían a resguardo tanto el orden público laboral como la irrenunciabilidad consagrada. Por lo expuesto, entiendo que la decisión del Tribunal de Alzada, que omite considerar lo acordado como pago a cuenta del total adeudado, implica apartarse de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin brindar razones suficientes que pudiesen justificar la ausencia de acatamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, cuestión constitucional, prueba crítica, grabaciones, apreciación del juez, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL PENAL
Carátula: C, P O Y OTROS s/ EXTORSION EN GRADO DE TENTATIVA, RETENCION INDEBIDA Y HURTO. RECURSO   DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N° 460-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-07-02

El planteo recursivo con que se fundamenta la supuesta arbitrariedad de la decisión a quo al juzgar la ausencia de certeza en la autenticidad de las grabaciones -tal como ha sido formulado- no permite demostrar a la Corte que se haya configurado efectivamente el vicio descalificante esgrimido. Así, no obstante que la materia recursiva se centra en que -a juicio del recurrente- la Alzada prescinde valorar de modo integral los elementos de convicción, lo cierto es que no logra persuadir que los Sentenciantes hayan incurrido en una ponderación irracional o ilógica de ellos, ya que ni intenta insinuar la insuficiencia de los argumentos en que la Cámara se funda para desvirtuar cada uno de los enunciados indicios como tampoco consigue justificar que, efectivamente, el valor probatorio de ellos, en su conjunto, revista carácter decisivo para variar la suerte de lo decidido, es decir lo relativo a la autenticidad o no de las cintas magnetofónicas.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, falta de fundamentación autónoma
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Brizuela, José Benito s/ Sucesorio - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-02-05

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia interlocutoria dictada por la Cámara de Apelaciones, que resuelve no hacer lugar a la apelación deducida, y confirmar la sentencia dictada por el juez de grado, que resuelve no hacer lugar a la impugnación sobre la denuncia de bienes del causante de la sucesión, que se tramita en los autos principales.

Relata que se inició juicio sucesorio, que se dictó declaratoria de herederos a favor de los hijos del causante, que los herederos denunciaron los bienes integrantes del acervo hereditario incluyendo dinero depositado por la AGJS en concepto de seguro de vida y que la recurrente, en el carácter de concubina, se opuso a que esta suma forme parte del acervo hereditario y a que se tenga por beneficiarios a los herederos declarados y no a su parte.

Sostiene la recurrente que la sentencia aplica e interpreta erróneamente la ley. Expresa que la suma dineraria debida por la AGJS no integra el acervo hereditario, pues no se percibe por la transmisión mortis causa el derechosino por resultar de una relación contractual anterior, por lo que pueden ser beneficiarias personas que no son herederas.

También cuestiona la competencia del tribunal, en razón de que la prestación del asegurador no pertenece a la herencia y los jueces que intervienen en la sucesión no tienen competencia para entender en el pago que debe el asegurador al beneficiario de un seguro de vida.

Sabido es que en la causal de errónea aplicación del derecho, el recurrente debe demostrar que ha existido un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista por la ley, a través de una critica que rebata directamente los fundamentos que dieron estructura jurídica a la decisión del Ad quem.

En cuanto a ello, se observa que la recurrente no expresa el motivo por el que la norma aplicada por la Cámara - Art. 18 Decreto HF Nº 1536/94, Reglamento de Seguros- es errónea, pues la sentencia claramente expresa que dicha norma establece que, en caso de ausencia de designación de beneficiario del seguro, éste corresponderá a los herederos.

Asimismo el fallo sostiene que ninguna de las normas enunciadas por el apelante son de aplicación al caso por no ser normas especificas, constituyendo ello la base jurídica sobre la que se asienta.

Tales consideraciones no fueron mínimamente rebatidas por el recurrente, efectuando un desarrollo argumental de carácter general sin ninguna vinculación con los argumentos del fallo, pues no rebate ninguno de sus fundamentos, limitándose a sostener que debió hacer una interpretación armónica con otras normas sin establecer qué vinculo guardan aquellas con la cuestión planteada y menos aun demuestra por qué el tribunal -a su criterio- debió apartarse de la aplicación de una norma especifica que regula la situación planteada en autos, por lo que el recurso es claramente inviable por ausencia de fundamentación autónoma.
Periodistas, objeto principal de la empresa
Materia: LABORAL
Carátula: CAPOBIANCO, OSCAR PEDRO c/ FUNDACION  EDITORIAL DE BELGRANO PARA LA EDUCACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-29

Es el objeto principal de la empresa lo que define su ubicación en alguna de las ramas de la actividad económica, por lo que siendo aquél la edición de libros y la difusión de cursos de educación universitaria, la eventual publicación de alguna revista no la convierte en empresa periodística.
Seguro colectivo, seguro de vida, incapacidad total
Materia: CIVIL
Carátula: Vergara Jorge Hugo c/ Caja de Seguros S.A. s/ cobro de seguros por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-04

Adhiero al voto del señor Vocal preopinante, aunque entiendo conveniente efectuar algunas precisiones en atención a la evolución que ha tenido el tratamiento de los riesgos excluidos en el tipo de contrato de seguro como el de autos. Inicialmente la Sala II, en anterior composición, entendió que si la incapacidad que portaba el beneficiario del seguro de vida colectivo era de naturaleza psiquiátrica, y ésta estaba expresamente excluida de la cobertura, resultaba improcedente la demanda que pretendía el cobro del seguro en cuestión (autos "Córdoba c/ Caja de Seguros S.A.", expte. n°332.154/2005, 12/3/2009). (Del voto de la Dra. Patrica CLERICI).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Derecho laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CUELLO, SILVANA PAOLA c/ CABLE Y DIARIO S.A. Y OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-05-09

En relación al reproche consistente en que la Sala arbitrariamente rechazó su planteo de solidaridad entre las codemandadas, no se advierte de la lectura del pronunciamiento que se hayan soslayado las pruebas acompañadas; por el contrario, los juzgadores merituaron que no se había demostrado que ambas empresas hubieran utilizado en forma conjunta o indistinta los servicios de la actora de modo que ambas hubieran asumido el rol de empleadoras -basándose para ello en los propios dichos de la actora en su demanda y en los testimonios vertidos-; conclusión que podrá no satisfacer a la impugnante, pero ello no implica que se encuentre viciada por arbitrariedad cuando se trata del resultado de la ponderación llevada a cabo por el a quo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 31
Conciliación, indemnización tarifada, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Farías, Oscar Arsenio c/ Cometarsa S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo, ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

La imputación a cualquier reclamo resarcitorio fundado en la relación laboral de la suma entregada al trabajador en el acuerdo celebrado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación representa un concepto tan amplio y genérico de pago que de suyo resulta contrario a su naturaleza la pretensión que dicho importe sea útil para imputarlo a indemnizaciones del derecho común.
Condena penal, libertad condicional, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zárate, Gaspar Edgardo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. René Fernando Contreras en causa Nº 088/2013 - Zárate, Gaspar Edgardo s/ Libertad Condicional - Capital; en contra del Auto Nº 360/2013 - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-02-25

Por Auto Interlocutorio, el Juzgado de Ejecución Penal resolvió no hacer lugar a la libertad condicional solicitada por el condenado Z., atento lo señalado en los considerandos II y III (art. 13 del Código Penal ley 11179, art. 501 ss y cc del CPP y 28 ley 24660).

Contra el decisorio aludido, comparece el defensor del penado e interpone recurso de casación.

Adelanto que los argumentos por los cuales el recurrente resiste la resolución atacada no pueden tener acogida favorable. Y es que, a diferencia de lo postulado por la defensa, la juez a quo ha brindado distintos fundamentos que avalan su decisión de denegar la libertad condicional solicitada; argumentos éstos que no condicen con las críticas invocadas por el recurrente; es decir, no han sido rebatidos por éste.

Digo ello, en razón de que el tribunal puntualmente resaltó que, de los informes obrantes en autos, si bien surgen indudables indicadores de peso que permiten considerar que le asiste razón a la defensa en cuanto a que Z. realizó tarea educativa durante veinticuatro (24) días en el ciclo lectivo 2011 y tres (3) meses y medio del ciclo lectivo del 2012, culminando el ciclo primario obligatorio; no obstante ello, valoró que dicho objetivo fue alcanzado debido a las reiteradas exhortaciones que le hizo el tribunal y que no fue más allá de la educación primaria, a pesar de la gran oferta educativa que existe en el penal, ya sea formal o no formal.

Esta apreciación del tribunal, no implica afirmar que se pretenda imponer a Z. la finalización del nivel secundario como requisito determinante para la concesión de la libertad solicitada, como insinúa la defensa.

Por lo dicho, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Responsabilidad civil, daños y perjuicios, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Irurzun, Elsa María c/ Escobar, Juan Carlos y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-10

Reiteradamente he manifestado que el fundamento de la carga probatoria de quien alega la existencia de un perjuicio radica en que el damnificado no debe enriquecerse a expensas del responsable y la reparación debe limitarse a restablecer el equilibrio patrimonial, sin representar fuente de lucro para la víctima. Siguiendo esta línea, entiendo que es necesario calificar la certeza del daño desde el plano causal y constatar la naturaleza y entidad del interés lesionado.
Litispendencia, infracciones penales autónomas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SANGUINETTI, Luis A. s/ INCIDENTE DE EXCEPCION LITISPENDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

No puede prosperar la excepción de litispendencia cuando los delitos investigados en distintos juzgados son dos infracciones penales autónomas que concurren materialmente entre sí, como el robo calificado por el uso de arma y la tenencia de municiones de guerra.
Obligaciones a plazo, plazo indeterminado, buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Rodolfo por "Palo Santo Muebles S.R.L." c/ Poma, René y/o Vipo S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato y/o restitución de sumas pagadas Poma, René y/o Vipo S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato y/o restitución de sumas pagadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-12

Cuando no existiera fijación de plazo para el cumplimiento de una obligación determinada, en los casos en que la exigibilidad de la obligación surge de manera tácita, sólo es necesaria la interpelación por parte del titular del derecho que pretende ejercerlo.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CORGNALI, RAUL ANGEL c/ VICENTIN SAIC Y-U OTROS s/ DECLARATORIA DE POBREZA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   N. 524-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-05

Bien entendida la preceptiva del artículo 7 de la Constitución Provincial, abarca -además de la genérica tutela de los derechos e intereses- el concreto derecho de defensa, que no implica solamente el de ser oído o el de resistirse en todo procedimiento o proceso en términos razonables -de acuerdo con las leyes respectivas- haciendo valer todos los motivos y argumentos jurídicos en el sostenimiento de los derechos e intereses propios y la pretensión de que sean valoradas las circunstancias que invoca en su favor el individuo, sino también el derecho a ser asistido por una persona dotada de capacidad técnica y por él libremente elegida, de modo tal que el experto en Derecho provea de manera técnicamente correcta, pues esa intervención resulta más útil a los intereses de la parte en orden al desarrollo de los procedimientos y de los procesos hasta su conclusión. Pero sentado, todo esto, en que el derecho descripto se ejerce de conformidad a las leyes respectivas, que lo reglamentan; y ha de convenirse en la existencia de un orden normativo de grado inferior, pero no por ello soslayable, que determina las condiciones en que tal derecho puede ejercitarse. Ese marco normativo interrelaciona los distintos derechos fundamentales de manera que coexistan sin que uno implique la merma de otros. DE LA AMPLIACION DE FUNDAMENTOS DEL DR. ULLA.
Revocación de sentencia, medida de no innovar, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL
Carátula: C., E. A. y otros c/  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-26

El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "C., E. A. y otros s/ medida cautelar" (causa nº 26.073/17) resuelta el 26/12/2018, por el cual Ricardo Matías Pinto y Hernán Martín López, revocaron la resolución, dispusieron afectar con una medida de no innovar un inmueble y ordenaron comunicar ello al Registro de la Propiedad Inmueble y al juzgado donde tramita la ejecución hipotecaria.
Expropiación irregular, acto administrativo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PUGLIESE DOMINGO Y OTRO c/ DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA s/ EXPROPIACION IRREGULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-19

La falta del acto administrativo de individualización del bien, no constituye un impedimento para la expropiación irregular cuando ese acto formal se suple por las vías de hecho, es decir por el desapoderamiento y la ejecución misma de la obra en el inmueble.

Las vías de hecho no pueden reemplazar a la calificación de utilidad pública que por exigencia constitucional debe ser efectuada por ley. La ley, acto solemne por definición, no puede ser sustituida por declaraciones tácitas de voluntad, menos aún si estas emanan de autoridades diversas del poder legislativo. Pero la situación es muy distinta tratándose de los actos necesarios para individualizar y expropiar bienes calificados genéricamente por ley Esta individualización no es un acto del Poder Legislativo sino del Ejecutivo o de la administración Pública en general. Y en este ámbito no carecen de eficacia las manifestaciones tácitas de voluntad.-
Jueces, juicio político, nulidad del acto administrativo, funcionarios judiciales, inconstitucionalidad, aplicación de la ley, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Boggiano, Antonio c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social s/ Nulidad acto administrativo - Inconstitucionalidades varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06

Una visión armónica de todo el articulado de la ley 24.018 lleva a considerar que el art. 29 es un requisito fundamental para el acceso al beneficio previsional, pues no sería lógico que un juez pudiera obtener esta prestación especial, pero careciera de la capacidad para ser convocado para cumplir la función que le es propia. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: ARRIGHI, HECTOR ROLANDO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 692-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-04

Esta Corte ha resuelto invariablemente que el acogimiento del recurso en su aspecto formal hecho en la ocasión prevista por el artículo 25 de la ley 4106, no impide volver sobre la cuestión en el acuerdo definitivo. En la especie, la accionada plantea expresamente la inadmisibilidad del recurso por entender que fue interpuesto habiendo vencido el plazo previsto por el artículo 5 de la ley 4106, al considerar que la vía administrativa previa quedó agotada con el dictado de la resolución denegatoria de la reconsideración, comenzando a correr -a partir de su notificación- el término de caducidad. Sin embargo, cabe admitir dicho recurso cuando se hubieran generado razonables dudas en el actor al tomar conocimiento de lo resuelto por el Intendente, por cuanto entendió que este último debía proceder conforme lo establecen los artículos 71 y 72 de la ley orgánica municipal, concediéndole la apelación que subsidiariamente había interpuesto y correrle traslado a tal fin, planteando posteriormente la nulidad del procedimiento. Evaluarlo de otro modo significaría desconocer que, con su accionar, en las particulares circunstancias del caso, la Administración ha coadyuvado a producir la incertidumbre que evidenció el recurrente, quien pudo razonablemente considerar que actuaba conforme a derecho al deducir la nulidad.