Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-20


Reg.: A y S t 280 p 487/490. Santa Fe, 20 de febrero del año 2018. VISTOS: Los autos "DONCRAY S.A. contra ZORZUTTI, Miguel A. y ot. - Consignación - (Expte. 131/10) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ 21-00510717-9) venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia de fecha 07 de febrero de 2017 (fs. 60/63); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que por resolución registrada en A. y S. T. 273 págs. 162/165, en fecha 07 de febrero de 2017, esta Corte resolvió rechazar la queja interpuesta por el doctor Carlos Enrique Almada, por derecho propio, contra la resolución dictada por la Cámara de Circuito de la ciudad de Rosario. Es el pronunciamiento de este Cuerpo el que ahora se objeta a través de la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48, estimando el recurrente que el mismo adolece de arbitrariedad. A fin de sustentar la configuración en el caso de una cuestión federal que habilite esta instancia, alega que la sentencia recurrida se sustenta en un fundamento aparente para ratificar el apartamiento de los integrantes de la Cámara de la ley aplicable, justificando el papel de legislador asumido por los mismos al modificar el artículo 8 de la ley de honorarios profesionales. Expresa que el citado precepto dispone que, tratándose de sumas de dinero, se computarán los intereses devengados a la fecha de la regulación, y que en el sub lite las partes pactaron una tasa de interés del 2% mensual, la que fue considerada por la Cámara de Apelación de Circuito para rechazar la demanda en razón de que la actora no había incluido en el depósito los intereses devengados. Continúa diciendo que el artículo 8 de la ley 6767 no establece una salvedad para el caso de las sumas de dinero en los juicios de consignación judicial, lo que -según su criterio- demuestra que los sentenciantes han creado una excepción a la norma que no se encuentra prevista, convalidada luego por esta Corte. Alega que, de tal forma, se ha violado su derecho de defensa, su garantía a un debido proceso legal, su derecho a la jurisdicción, a una retribución justa y su derecho de propiedad. Califica de incongruente la resolución impugnada, en tanto sostiene que ha soslayado el tratamiento del agravio referido a que la Cámara omitió resolver la arbitrariedad planteada en relación a que se han dejado sin efecto decisiones anteriores firmes, ratificándose así la violación de la cosa juzgada. En cuanto a ello, aduce que este Tribunal yerra al ratificar la decisión de la Alzada que se apartó de su propio criterio, puesto que para rechazar la demanda de consignación esta última se basó en que el actor no depositó los intereses del 2% mensual que se habían pactado. Agrega que los fallos citados por este Cuerpo al señalarse que las cuestiones relativas a honorarios son, como regla, insusceptibles de revisión mediante la vía extraordinaria del recurso de inconstitucionalidad, como así también los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se invocan, constituyen un fundamento aparente en razón de que las circunstancias de hecho son diferentes a las del sub examine. Por otro lado, pone de relieve que la Cámara -y esta Corte, al confirmarlo- se ha apartado manifiestamente del proceso legal, en tanto la parte actora no indicó su disconformidad con la aplicación del artículo 8 de la ley 6767, careciendo su crítica de fundamento normativo. Finalmente, considera que el actor no cumplimentó con lo dispuesto por el artículo 28, inciso g) de la ley de honorarios profesionales, por lo que la Alzada debió declarar mal concedido el recurso de apelación y, al no hacerlo, se ha apartado del texto legal que soluciona el caso. 2. En el examen de admisibilidad que se debe efectuar en esta instancia a fin de conceder o no -según corresponda- el remedio intentado, se advierte que, pese al esfuerzo del presentante por convencer en torno a su postura, el memorial recursivo no cumple con los recaudos establecidos en el artículo 3°, incisos "d" y "e" del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto, el apelante no efectúa una crítica prolija y razonada de la sentencia atacada, refutando debidamente todos y cada uno de los fundamentos que dan sustento a la resolución impugnada en relación con las cuestiones federales planteadas, ni demuestra que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y que la decisión impugnada sea contraria al derecho invocado con fundamento en aquéllas. Ello es así toda vez que, bajo las tachas de arbitrariedad que esgrime, el quejoso se limita a insistir con los planteos vertidos en oportunidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de Cámara que revocó la regulación de honorarios efectuada en primera instancia -fijando los mismos en la suma de $7.500, equivalentes a 10,04 jus-, tratando de imponer su propia postura en cuanto a la solución que correspondería dar al caso, mas sin aportar argumentos con eficacia en orden a demostrar que las consideraciones expuestas por este Cuerpo no contengan razones jurídicas bastantes, como tampoco la arbitrariedad ni la lesión de los derechos constitucionales invocados. En este sentido, cabe apuntar que el recurrente no logra descalificar el núcleo argumental del decisorio atacado, en el cual esta Corte comenzó por destacar que conforme la doctrina acuñada desde antaño, las cuestiones relativas a honorarios son, como regla, insusceptibles de revisión mediante la vía extraordinaria del recurso de inconstitucionalidad y que el máximo Tribunal federal también tiene dicho que los temas referentes a los honorarios regulados en las instancias ordinarias, a la determinación del interés comprometido en el juicio y a las bases consideradas a tal fin, así como la interpretación y aplicación de las normas arancelarias, son ajenas al recurso extraordinario en virtud de su carácter fáctico y procesal. También dijo este Tribunal que, si bien es cierto que dicho principio general debe ceder si lo resuelto importa agravio constitucional, media manifiesta arbitrariedad o pueda generarse una restricción indebida del derecho de defensa, en el caso sólo se advertía la mera discrepancia del compareciente con el criterio sostenido por los magistrados actuantes en lo que hace a la base regulatoria adoptada y a la conclusión de la Alzada referente a que el artículo 8 de la ley 6767 refiere a pretensiones que devenguen intereses, lo que en ningún caso resultaba viable respecto de la acción entablada en estos autos mediante la cual se perseguía la liberación o extinción de una obligación a través del pago de una suma cierta y determinada depositada a la orden del Tribunal, suma que a la postre constituía la "cuantía del juicio" y, por tanto, la base regulatoria sobre la cual debía aplicarse la escala del artículo 6 de la ley de honorarios profesionales. Sentado ello, este Cuerpo destacó que los planteos del presentante respecto de la incongruencia de lo decidido por la Cámara en razón de haberse ingresado a la valoración de la aplicación del artículo 8 de la ley 6767 cuando el mismo no fue materia de cuestionamiento en el recurso de apelación, carecían de sustento a poco que se advierta que es de toda obviedad que si lo que se critica mediante la impugnación es la determinación de la base regulatoria para el cálculo de los estipendios, la cuestión no puede escapar del ámbito del mencionado artículo. Asimismo, la resolución impugnada puso de manifiesto que tampoco podía acogerse el agravio relativo a la supuesta violación del procedimiento contemplado por el artículo 28 de la ley de honorarios profesionales, pues la Alzada sostuvo que la presentación del memorial previsto por dicho artículo en su inciso g) es facultativa, y que el thema decidendum del recurso estaba dado por los cuestionamientos vertidos por el apelante al interponer la correspondiente revocatoria. Tales son los fundamentos principales que cimentaron la resolución de este Cuerpo, y que aún hoy se mantienen incólumes, toda vez que -como se dijo- el recurrente se limita a reiterar los planteos oportunamente expuestos al interponer el recurso de inconstitucionalidad y la queja por denegación del mismo, haciendo hincapié en calificar de arbitraria la decisión de no incluir los intereses devengados en la base regulatoria y a las violaciones que -a su juicio- viciaron el procedimiento de impugnación de los honorarios fijados en la baja instancia, mas sin delinear idóneamente un defecto propio del pronunciamiento ni demostrar siquiera prima facie la configuración de algún supuesto hábil para franquear la instancia intentada, en tanto la crítica del compareciente en relación a tales planteos ha recibido acabada respuesta. Por otro lado, y a diferencia de lo señalado por el quejoso, los precedentes jurisprudenciales citados en relación a las cuestiones objeto del recurso son absolutamente pertinentes, más allá de la diferente base fáctica o de la solución a la que se haya arribado en cada caso concreto, puesto que en todos los supuestos reflejan la doctrina invocada en la sentencia atacada. En consecuencia, al no lograr acreditar la presencia de las causales de arbitrariedad invocadas, y resultando innecesario formular mayores consideraciones de conformidad con lo ordenado en el artículo 11 del reglamento antes citado, al no advertirse la configuración de algún supuesto que permita excepcionar la aplicación de lo dispuesto en dicha acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)