marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Vivienda familiar, protección de la vivienda, embargo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Scavino, Matías Ariel c/ Tosetti, Luis Enrique y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

El antiguo régimen económico familiar no contaba con una norma que garantizara una protección eficaz de la vivienda familiar frente a los ataques de terceros por deudas contraídas por el cónyuge titular del bien que priven al grupo familiar de su uso y goce. La nueva norma persigue evitar que se produzca la pérdida de la vivienda familiar por el endeudamiento de uno de los esposos sin el consentimiento del otro. Dispone que la misma no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio por sólo uno de los cónyuges. Sí puede ser embargada y ejecutada por deudas contraídas con anterioridad o por deudas contraídas por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro (Alterini, Jorge H. "Código Civil y Comercial Comentado", T III, págs. 297/19).
Honorarios del abogado, recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Diez, Marta Beatriz c/ Vallejo, Ignacio s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-06

Si bien la fundamentación es optativa, no lo es el término para interponerla ya que debe ser el mismo que para incoar el recurso. En este sentido, se ha expedido este Tribunal en un caso similar, al sostener que el artículo anteriormente citado corresponde al segundo párrafo del art. 244 del CPCC, que se agregó por haber omitido la ley 21.389 tratar el tema de las apelaciones de los honorarios. Con la incorporación de esa parte, se han cerrado discusiones anteriores, quedando en claro que el recurso contra las regulaciones de honorarios debe ser interpuesto dentro de los cinco días de notificada la resolución que se pretende atacar por vía de aquella.% Asimismo debe destacarse que la presentación de la impugnación y de su fundamentación pueden formalizarse en un mismo escrito o por separado, con la única condición de que se lo haga dentro del plazo de cinco -5- días de notificada la resolución que contiene la regulación de honorarios.
Retiro militar, accidentes de trabajo, actos de servicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARIHUAL CARLOS c/ E.N. (M° de Defensa) s/ Retiro Militar y Fuerzas de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

El derecho del actor al haber y los suplementos generales máximos del grado de cabo que pretende, resultan de los artículos 77, inc.2) y 76, inc.2) de la ley 14.777, en tanto el actor al sufrir una inutilización parcial de su aptitud para la vida civil, revestía la condición de aspirante ( 2° año) de la Escuela de los servicios para apoyo de combate General Lemos.
Marcas confundibles, similitud gráfica, marcas de servicio, nombre comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: DI TOMASO, ALEJANDRO FABIAN Y OTRO c/ TREVI GROUP S.A. Y OTRO s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-02

Los accionados pretenden utilizar el termino para identificar una marca de servicio. Pero esa palabra es una porción del nombre comercial , cuyo derecho de propiedad, la ley reconoce en los actores. De atenerse a la palabra "pizza" es una designación genérica que alude a un tipo de alimento muy común, y que es frecuentemente utilizada integrando el nombre comercial de los establecimientos donde se la vende, el dominante en el nombre comercial de la actora no es otro que el vocablo "piola", y siendo que este es idéntico al único término con que se pretende registrar la marca del servicio de la accionada en la clase 42, la confundibilidad se encuentra probada, afectando cuanto la doctrina de fallos: 249;173 ha querido preservar.
Abogados, sanciones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: Spinedi, Enrique S. s/ Recurso de apelación - Colegio Público de Abogados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

Es inadmisible disculpar graves expresiones vertidas por un abogado en un escrito aduciendo que ellas fueron vertidas en un litigio judicial ya que es precisamente en ese ámbito donde se desarrolla aquella parte de la profesión en la que cabe extremar las exigencias con miras a preservar la dignidad en su ejercicio .
Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordadas, jubilación de magistrados, funcionarios judiciales, adicionales de remuneración, adicional por dedicación exclusiva, incompatibilidades de los funcionarios judiciales, control de constitucionalidad, derecho a la justa retribución, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fabris, Marcelo H. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

Las acordadas 43/85 y 50/85 que subordinan la percepción de la "compensación funcional" establecida por la ley 23.199 por los magistrados y funcionarios jubilados al no desempeño de actividades alcanzadas por el régimen de incompatibilidades que rige para quienes se hallan en actividad, carecen de validez constitucional por apartarse de los derechos consagrados en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, al privar al actor de una parte considerable de su haber, ya incorporada a su patrimonio al momento de ser ellas dictadas, e importan una reducción excesiva y desproporcionada de su monto.
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires s/ Cuestión de competencia art. 6 CCA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

La relación de empleo público existente entre los docentes de la Provincia de Buenos Aires y la autoridad demandada representados en la demanda por el Sindicato que los nuclea (SUTEBA) determina que la causa es de conocimiento originario y exclusivo de la Suprema Corte.

Ello así, sin perjuicio de que entre SUTEBA y la demandada no media una relación de naturaleza administrativa toda vez que en materia contencioso administrativa la jurisdicción no se determina por las naturaleza del órgano actuante sino por la índole del derecho que resulta vulnerado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de nulidad, improcedencia del recurso, fundamentación insuficiente, costas, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: DEHAIS JOSÉ c/ ROSSI ALBERTO ARTEMIO Y OTRO s/ ACCIÓN DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-01

Corresponde declarar improcedente el recurso de Inaplicabilidad de Ley, interpuesto por las letradas condenadas en costas y el obligado al pago de los honorarios contra la sentencia de Cámara, quienes alegan violación a los Arts. 68 y 69 del C.P.C. y C. en función de lo normado en el Art. 24 de la ley arancelaria 1.594, al cuestionar el modo en que han sido impuestas las costas relativas al trámite de determinación del valor del bien objeto de las acciones de nulidad, reivindicatoria y división de condominio, alegando arbitrariedad del desiciorio en dicha distribución de accesorios, pues no logran conmover el fallo recurrido, en tanto la labor valorativa de los sentenciantes se ajusta a las leyes de logicidad y razonabilidad, merituando adecuadamente el cuadro fáctico obrante en autos y subsimiendo, en forma correcta, en la normativa aplicable. Además de esto, la manera en que pretenden los recurrentes comprobar el vicio de infracción legal que denuncian parten de valoraciones propias y de subjetivismos que no satisfacen el tópico de una adecuada prueba de los errores en los que habría incurrido el fallo en crisis.
Recurso de nulidad, facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Branda, Mrcelo c/ Marquez Tapia, Gonzalo y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

El art. 253 del C.P.C.C. establece que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia, entiendo que la misma debió ser planteada en forma clara, cumpliéndose los demás requisitos para la admisibilidad de este medio de impugnación -demostración del vicio y del interés lesionado por el mismo-, quedando así las manifestaciones vertidas como consideraciones generales que distan de constituir un agravio.
Intervención de terceros, interpretación restrictiva, interés legítimo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Acosta, Guillermo José c/ Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-22

Dadas las peculiares características que presenta el litigio, opera plenamente el criterio restrictivo a favor de la denegación en lo que concierne a la intervención como terceros requerida, en tanto no llega a vislumbrarse como es que la presente sentencia pueda afectar de manera inmediata, actual y directa un interés propio de los solicitantes, pues éstos no han demostrado interés propio, más allá de uno harto genérico, referido a su participación en otra causa que nada tiene que ver con esta, y a las cualidades personales y aptitudes profesionales de la parte actora y, menos aún han invocado legitimación sustancial alguna que les habilite su actuación como demandados en esta causa (del voto en disidencia del Dr. Posse).
Cheque sin fondos, interpelación, personas jurídicas
Materia: PENAL
Carátula: CAPANO, ROSANA G. s/ Cheque sin fondos, Causa: 37824.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-06

1 - Si la interpelación del tenedor dirigida a la persona jurídica en cuyo nombre la imputada reconoce haber suscripto los cheques, fue entregada de conformidad por el Servicio de Correos, eso hace presumir la comunicación al firmante, quienquiera que sea que haya atendido al mensajero portador de la misiva..- 2 - Las circunstancias particulares en que se haya encontrado la imputada, que le habrían impedido la inmediata transmisión del mensaje, no pueden ser admitidas sin más y no autorizan a excluir el debate pleno a que tiene derecho la parte querellante..- 3 - El alumbramiento ocurrido un mes antes de la interpelación no es, de por sí, justificación para quien extendió órdenes de pago de cifras cuantiosas, quede desvinculado de lo ocurrido con esas órdenes.
Honorarios, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Miscione  Reinaldo  Osvaldo  y otro c/ DNV -Dirección Nacional deVialidad s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-30

El inciso 1º del art. 4023 del Cód. Civil, es sólo aplicable a aquellos casos en que no existe regulación de honorarios y que el plazo ha de computarse desde que feneciera el pleito o cesara el mandato (Conf. Dictamen de la Fiscal Adjunto en autos "Espinosa Lillo Luis Enrique c/Interlíneas S.A. s/despido", dictamen Nº 31.708 del 23/5/2001). Cuando los honorarios ya fueron regulados, se torna aplicable el plazo decenal previsto en el art. 4023 del Cód. Civil, sin que quepa distinguir entre el supuesto en que el obligado al pago sea el propio cliente y aquél en que el estipendio se reclama al contrario.
Medidas cautelares, recusación con causa, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cinquemani, Rubén Alberto s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad  denegado en/ Incidente de recusación en autos: "Cinquemani, Rubén Alberto  s /infr. art. 9.1.1., obstrucción de inspección -L 451-'", y sus acumulados  expte. nº 8220 "Cinquemani, Rubén Alberto s/ queja por recurso de  inconstitucionalidad denegado en: 'Cinquemani, Rubén s/ infr. art. 9.1.1.,  obstrucción de inspección -L 451-'" y expte. nº 8239 "Cinquemani, Rubén  Alberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:  'Cinquemani, Rubén s/ infr. art. 9.1.1., obstrucción de inspección -L 451-'". "Cinquemani, Rubén Alberto  s /infr. art. 9.1.1., obstrucción de inspección -L 451-'", y sus acumulados  expte. nº 8220 "Cinquemani, Rubén Alberto s/ queja por recurso de  inconstitucionalidad denegado en: 'Cinquemani, Rubén s/ infr. art. 9.1.1.,  obstrucción de inspección -L 451-'" y expte. nº 8239 "Cinquemani, Rubén  Alberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:  'Cinquemani, Rubén s/ infr. art. 9.1.1., obstrucción de inspección -L 451-'".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-12

No hay de sentencia definitiva si el recurso de hecho busca obtener la revisión de la sentencia mediante la cual, el a quo, declaró mal concedida la apelación dirigida a cuestionar el pronunciamiento de primera instancia, que había resuelto mantener la clausura preventiva del inmueble.
Derechos humanos, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

Al momento de tener que emitir un fallo, se debe hacer una evaluación de los intereses jurídicos en juego, debiéndose valorar todas las circunstancias ocurridas en la causa, tratando de impedir que se vulneren derechos fundamentales de la persona, con la finalidad de arribar a una solución objetivamente justa en el caso concreto, por cuanto la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común de la tarea judicial; no debiendo prescindirse además de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo, toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma. (Citas: CSJN Fallos, 249:37; 281:146; 234:482). (Del Voto del Dr. Falistocco)
Acción civil en el proceso penal, costas, principio objetivo del vencimiento
Materia: PENAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Estado Provincial -Actor Civil y Querellante particular s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Marcos José Denett y Tomás Hugo Aibar en su carácter de representantes por parte de la Actora Civil y Querellante Particular en contra de la Sentencia Nº 19/09 recaída en causa Expte. Nº 153/99 caratulado: Moreno, Ricardo Héctor y otros p.ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23

Sobre las costas es preciso recordar que, en una acción de daños y perjuicios, ellas integran el resarcimiento; que el principio general en la materia, como fundamento de la imposición de costas, es el criterio objetivo de la derrota y que el carácter de vencido se configura si la acción prospera, aun cuando sea en mínima parte, por lo que la noción de vencido ha de ser fijada con una visión global del juicio y no por análisis aritmético de pretensiones y resultados.

En ese sentido se ha dicho lo siguiente: que "Las circunstancias de que se desestimen algunos rubros, no le cambia al actor la calidad de victorioso ni a la demandada la de vencida" (SCBuenos Aires, dic 20-980 Gómez Carlos c Swif SAJ DJBA 138-1680).

Pero el principio sobre la imposición de las costas al vencido no es absoluto. Por ello se ha sostenido que puede ceder cuando la solución del conflicto presente serias dificultades, ya sea por su complejidad o por tratarse de temas cuya interpretación encuentra seriamente divididos a la doctrina y la jurisprudencia, o en caso de razonable duda sobre las pretensiones ejercidas.

Por mi parte, en oportunidad de expresar los fundamentos de mi voto en la sentencia Nº Diecisiete, dictada con fecha 12 de junio de dos mil nueve, en autos Corte Nº 61/06 "Bulacios, Indiana del Valle Muñiz de y otros c/Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios -s/Recurso de Casación", señalé también que podía ser revisado dicho principio si la víctima había concurrido a causar el perjuicio cuya reparación reclamaba, porque no parecía justo cargar al demandado con la responsabilidad del damnificado y que, verificada la culpa concurrente de los protagonistas, cada uno debía soportar las costas en la medida en que se hubiera declarado su responsabilidad en el evento.

En esa misma ocasión sostuve que también debía ser revisado dicho principio en caso de reconvención, si se verificaban vencimientos parciales y mutuos, por el acogimiento parcial tanto de la demanda como de la reconvención, en cuyo caso, con arreglo a lo dispuesto en el art. 71 del CPC los jueces podían distribuir las costas en proporción con el éxito de cada pretensión deducida.
Prisión preventiva, apreciación de la prueba, semiplena prueba, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ, DANIEL ANDRES s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

Para la procedencia del dictado de la prisión preventiva, sólo es menester que los elementos probatorios demuestren semiplenamente la existencia del delito y que haya indicios suficientes para creerlo (al procesado) responsable del hecho, difiriendo el examen integral de la culpabilidad a la sentencia definitiva.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galmes, Osvaldo Andres c/ Bernardelli, Felipe I. s/ Ejecución de alquileres García Peregrín c/ Santa Cruz, Jorge y otro s/ Ejecución de alquileres Di Giorgio, Salvador y otros c/ Angelo Po S.A. y otros s/ Preparación vía ejecutiva medidas cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14|1987-09-01|1993-11-02

La vía ejecutiva para el cobro de alquileres no puede ser extendida al cobro del monto de la multa establecida en el contrato de locación, dado que su exigibilidad depende de circunstancias ajenas al contrato, que no podrá ser objeto de comprobación en el juicio ejecutivo, conforme la naturaleza del mismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos administrativos, locación de obra, actualización monetaria, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maipú Inversora S.A. c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

No cabe duda que la demanda debe prosperar, ya que con independencia de lo normado por el decreto 500/86 -que expresamente dispuso que procederían la actualización e intereses previstos en la ley 21.392 sobre los saldos adeudados durante el transcurso del plazo de 30 días hábiles establecido en el art. 4º del decreto 1938/79-, sus disposiciones no trasuntan sino la correcta interpretación que correspondía acordar al régimen vigente, habida cuenta que el referido art. 4º del decreto 1938/79 se limitó a extender a 30 días el plazo que el art. 5º del decreto 2611/78 fijaba en 10 días, el cual -tal como se señaló en sus considerandos- estuvo destinado a permitir a los diversos organismos a realizar los trámites requeridos, y no a limitar la procedencia de la actualización e intereses por mora en el pago, que reconocía íntegramente, ordenando considerar como parcial todo pago insuficiente ; todo ello en concordancia con la norma contenida en el art. 2 de la ley 21.392 que establecía que la actualización abarcará el lapso comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo de pago estipulado contractualmente y la fecha de pago efectivo.
Caducidad de instancia, segunda instancia, cómputo del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coppolino José c/ Jorge María Coni, Carlos A. Arancibia y otros s/ Desalojo (LIBRO: A004 - 086)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-04-06

La segunda instancia se abre con la concesión del recurso, siempre que las notificaciones de la sentencia hayan sido cumplidas.

En caso contrario se produce una suerte de suspensión del plazo de caducidad de la alzada, que recién comenzará a correr a partir de la última notificación.
Corrupción calificada de menores, corrupción calificada por relación de guarda o tutela, conviviente, sentencia condenatoria, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: BAJAROF, NOBERTO s/ CORRUPCION.  MENOR DE 10 AÑOS DAMNIFICADA. PROCESADO: CONCUBINO DE LA  MADRE DE LA MENOR.  EXHIBICIÓN  DEL  MIEMBRO  VIRIL Y EYACULACIÓN CON  FINES  EDUCATIVOS.  VÍCTIMA  QUE PRESENCIABA EL ACTO  SEXUAL  DE LOS  PADRES. CONDUCTA ATÍPICA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

" el hecho materia de este proceso fue correctamente calificado como delito de promoción de la corrupción de una menor de doce años, agravada porque el sujeto activo estaba encargado de su educación o guarda, aspecto que no admite disquisición alguna, dado que en tal sentido concuerdan el enjuiciado,las menores y la madre de ellas, todo los cuales se refieren al rol paternal cumplido por el nombrado. Es entonces encuadrable en al artículo 125 inc. 1 Y último párrafo del código penal." "Teniendo en cuenta que la pena de diez años de prisión que se le aplicara en primera instancia es el minimo contenido en la figura mencionada, propongo su convalidación con costas de alzada."
Accidentes de trabajo, representación procesal, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ALARCON TAMARA RUTH c/ ASOCIART ART S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-05

Cabe admitir la interveción del letrado matriculado en su carácter de apoderado del tercero citado, pues el notario dio cumplimiento a la manda del art. 307 del CCyC y además consignó que de dicho instrumento surge que el representante de la sociedad demandada posee facultades suficientes para apoderar, lo cual, resulta suficiente para acreditar la personería invocada, en atención al carácter de funcionario público que reviste el escribano.
Allanamiento domiciliario, homicidio calificado por el vínculo, autoría
Materia: PENAL
Carátula: Villanueva Alejandro Horacio s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-25

Es válido el ingreso sin orden judicial si no se originó con la intención de invadir el domicilio de alguien que podría ser objeto de una persecución penal, sino que se llevó a cabo -a raíz del aviso de una vecina al Comando Radioeléctrico- con noticia y autorización fiscal, e inmediato judicial, para proteger la vida y seguridad de su moradora, comprobando en ese acto que la víctima estaba muerta, y, en tanto la sentencia se sustenta en pruebas que resultan autónomas a las obtenidas en el registro domiciliario, corresponde rechazar la crítica a dicha medida. El voto concurrente agregó que en el momento en que se produjo el ingreso al domicilio no existía un titular del derecho de exclusión pues el imputado -hijo de la víctima- tenía otra vivienda, máxime teniendo en cuenta que el atentado contra la vida de su madre implica la pérdida de sus derechos hereditarios respecto de la fracción indivisa de la víctima. La pluralidad de pruebas conduce a rechazar la crítica de la defensa en punto a la alegada falta de fundamentación respecto de la autoría del imputado, ya que éste se había comunicado en varias oportunidades y con excusas distintas a explicar las ausencias de la madre, se asesoró acerca de la forma de controlar la putrefacción en cadáveres, con distintos elementos trató de disminuir el olor nauseabundo que provenía del interior de la finca, los informes psicológicos dan cuenta de una desafectación -o anestesia- en el encartado, y era la única persona que ingresaba en la vivienda. El homicidio perpetrado constituye una modalidad de violencia y discriminación que en este caso el encartado ejerció sobre su progenitora. La disidencia postuló declarar la nulidad de lo actuado en la causa desde el origen, y la absolución del imputado, al no configurarse ninguno de los supuestos excepcionales previstos en el art. 227 CPPN, ya que no existió ningún motivo de urgencia para entrar presurosamente a la propiedad, sin contar con la debida orden judicial, en tanto dentro del domicilio había muy probablemente, un cadáver en avanzado estado de descomposición.