marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Actualización monetaria, desindexación, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Paternoster, Emilio Rodolfo c/ Frigorífico Centenario S.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-27

Es sabido que la ley de convertibilidad es según su art. 13, una ley de orden público y que su art. 10 derogó, con efecto a partir del 1º de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precio, actualización monetaria, variación de costos o "cualquier otra forma de repotenciación de las deudas", impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Que también la derogación es de aplicación a los efectos de las relaciones jurídicas existentes impidiendo la aplicación y la invocación de toda cláusula legal, reglamentaria y contractual inclusive -convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior como causa de ajuste en las sumas que corresponda, sino hasta el 1º de abril de 1991.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Suárez, Rubén Darío y otra c/ Vinai Pada s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Los gastos de tratamiento y medicación como cualquier otro exige prueba (arts. 1068, 1069, Código Civil; 375, Código Procesal). Pero no se ha de perder de vista que en este terreno siempre se producen ciertos gastos necesarios, que aunque no resulten acreditados deben ser indemnizados razonablemente, pues lo contrario equivale a ignorar un hecho notorio (art. 163 inc. 5 y 6 Código Procesal).
Acción de amparo, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: GALLO DE ABREGU SILVIA DEL VALLE c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-10-15

Al tratarse de un requisito de admisibilidad del recurso de amparo, el plazo previsto por el art. 2, inc e, de la ley 16.986 es un elemento de relevancia para el éxito del mismo, constituyendo asimismo, un presupuesto de admisibilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Facultades del Poder Judicial, caso concreto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Universidad Nacional de La Matanza y otros  c/ E.N. - M. Cultura y Educación  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-06

La controversia que da lugar al juicio debe subsistir al momento de la decisión puesto que la Corte no puede expedirse en casos en los que el conflicto ha desaparecido (Voto del juez Rosenkrantz).
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Demichelis Pedro A.y otra c/ Vidal Alejandro Daniel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Tal como señala el art.311 del CPCC el plazo de caducidad de la instancia se cuenta desde la fecha de la última actuación que proviniendo del Tribunal o de las partes tiene por efecto impulsar el procedimiento, computándose dentro del mismo los días inhábiles.

En caso de que el último acto impulsor corresponda al Tribunal, no resulta exigible notificación alguna para marcar el comienzo del plazo. Cabe señalar que para asignarle eficacia, dicho acto debió haberse realizado con anterioridad a que la otra parte solicitare la declaración de caducidad o que el juez la declare oficiosamente (art.316 del CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), concurso especial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SINC. DE UNION SOC. COMP. DE CRED. LTDA. EN J: NAVAZO Y OTRO s/ Concurso Preventivo (LIBRO: A074 - 149)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-05-27

En autos se controla la tramitación de un concurso especial, de conformidad a las facultades que la ley falencial acuerda a los acreedores garantizados con hipoteca o prenda con registro. Preceptúa tal disposición que, con vista al síndico, se decidirá sobre la existencia del crédito y del privilegio pretendidos, en base a los cuales se ordenará la subasta de los bienes objeto de la garantía. La norma no prevé apelación de naturaleza alguna en relación a la decisión que recaiga, razón por la cual al caso le resulta aplicable el principio general de inapelabilidad del régimen concursal.-
Mora de la administración, presentación extemporánea
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: González, Abel Valerio c/ Sup. Gob. de la Prov. de E. Ríos s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-08-06

Para determinar la fecha en que el acto pretendido debió haberse producido en el trámite administrativo seguido por el interesado, la propia actitud asumida por el reclamante permite establecer certeramente ese extremo al haber interpuesto un concreto pedido de pronto despacho, en virtud del cual la máxima autoridad administrativa tenía diez días para expedirse; consecuentemente, a partir del día siguiente el afectado por la falta de resolución estuvo en situación de cuestionar la omisión en defensa de sus derechos agraviados mediante la acción de Amparo, pero siempre dentro del límite temporal del artículo 3 inciso c) de la Ley 8369.

Es incontestable que en estos supuestos la propia actitud de la parte que deja transcurrir el plazo legal para interponer el Amparo luego de omitida la decisión del pronto despacho articulado, permite inferir que la situación carece del requisito de la urgencia en la restauración del derecho, cuya presencia actual resulta esencial para la procedencia de la acción intentada.
Recursos, interposición del recurso, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Juan Pelicia c/ Raúl Clara s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-06-14

El recurso-que debió haber sido interpuesto dentro de los diez días desde la notificación del fallo(art.9, Ley 4346)-lo ha sido fuera de término por cuanto la reclamación ante el cuerpo, resuelta negativamente por el a-quo, de ninguna manera resulta idónea para suspender los plazos, ya que dicha reclamación lo es tan solo respecto de las providencias de trámite, no de las sentencias definitivas, atacables tan solo por los recursos de casación y/o de inconstitucionalidad.
Seguros, suspensión de la cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: López, Elizabeth c/ Aletto, Cecilia y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-05-18

La suspensión de la cobertura funciona como una verdadera pena privada por el incumplimiento del asegurado (doctor HITTERS, mayoría).
Recurso extraordinario de nulidad, Constitución Provincial, Constitución Nacional, Pacto de San José de Costa Rica, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cirelli, Fernando G. c/ Bufager Fandi A. y ot. s/ Cobro ejecutivo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

En el caso, si bien se interpuso recurso de extraordinario de nulidad denunciado violación del art. 171 de la Constitución Provincial, los agravios expuestos se sustentan en la eventual errónea aplicación de la ley y transgresión de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, y 8 ap. 1 del Pacto de San José de Costa Rica, al haber rechazado el a quo el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 595 párrafo 1 y 542 inc.4 del Código Procesal Civil y Comercial, temas ajenos al recurso traído y propios del de inaplicabilidad de ley. (Minoría u opinión personal)
Letra de cambio, pagaré, recursos, acción cambiaria, proceso judicial, excepciones procesales, excepción de incompetencia, relación de consumo, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sainfi SA c/ Ricci, Nelson Pascual s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-09

Procede confirmar la resolución mediante la cual el magistrado de grado se declaró incompetente de oficio, con base en que el documento que se ejecuta fue librado como consecuencia de una relación de consumo entre las partes. Ello así, por cuanto en el caso, la circunstancia de que el título haya sido endosado en favor de un tercero ajeno a la relación de consumo originaria, nada modifica, pues tal simple transmisión no puede perjudicar al consumidor, soslayando la protección instituida en su favor. El acotado marco del juicio ejecutivo nunca podría conspirar para eludir la protección de la ley del consumidor, claramente orientada a garantizar los derechos de tales sujetos y, más concretamente en el caso presente, el regular ejercicio de su derecho de defensa. Cabe recordar en este sentido que, siguiendo la tradicional línea sentada en otros precedentes en los que se había sostenido ya que no procede la renuncia consciente a la verdad, pues ello aparece incompatible con el servicio de justicia (CSJN, Collalillo, Fallos: 238-550), el más Alto Tribunal de la Nación ha decidido reiteradamente que, en el juicio ejecutivo, no cabe ampararse cerrílmente en ritualismos extremos para soslayar "hechos notorios"; como sería, en el caso, la notoria práctica disimulada por la conexidad contractual, en cuanto lleva a que se reclamen créditos para el consumo a través de terceros ajenos al negocio o por medio de instrumentos ejecutivos (CSJN, 8/3/83, "Burman c. Alvarez"; LL 1983-B, 445). Pero hay más (y algo más concreto). Disidencia del Dr. Chomer.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Meyer Alberto R. c/ Rial Osvaldo J. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-22

Para demostrar el pago del documento base de la ejecución mediante un recibo, éste debe referir claramente a la obligación de modo que no reste duda acerca de la vinculación entre tal recibo y la obligación que emana de la cartular. El tema reclama ese enfoque puesto que es el que corresponde al reparto de las cargas probatorias, que debe ser asumida en plenitud, por el ejecutado respecto de los hechos en que funda la excepción.
Obstrucción de la vía pública, venta ambulante, justicia municipal de faltas, descripción de los hechos
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B., R. P. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-06

Conforme surge de la declaración del testigo y el croquis realizado por éste, si bien la encartada había colocado un puesto de venta callejera sin la habilitación pertinente, hecho castigado por el régimen de penalidades vigente en materia de Faltas, Ordenanza Municipal Nro. 39.874, éste no obstruía el paso de los peatones, por lo que no se ve afectada la libre circulación que es el bien jurídico protegido por el artículo 41 del Código Contravencional.

En este caso entendemos que no ha sido probado acabadamente que el bien jurídico protegido por la norma en análisis fuera afectado por el accionar de la imputada, toda vez que la conducta desplegada por esta no implicó una agresión a la libre circulación y utilización por parte de los vecinos del espacio público, en los términos del artículo 41 y 1 del Código Contravencional.
Pérdida de la chance, indemnización, daño cierto
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Raquel del Valle y Baca, Hugo c/ Hospital Subzonal de Balcarce y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-28

Respecto de la existencia de un daño cierto como requisito para ser resarcible, se ha ampliado el punto de referencia al abarcar también la certeza de la oportunidad de un beneficio, malograda por un hecho lesivo. En este último caso se habla de pérdida de la "chance", ubicándose el concepto en una zona intermedia entre los daños reales y los daños imaginarios.(doctor Pettigiani, minoría)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, expropiación, propiedad horizontal
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Estrabiz de Sobral, Martha c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-17

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la expropiación fundada en el art. 51, inc. b) de la ley 21.499 sin determinar fehacientemente la situación de indisponibilidad del inmueble en condiciones normales, y no parece que la limitación de no edificar a mayor altura que la señalada por la autoridad administrativa pueda afectar el patrimonio de la actora como para convertirse en causa eficiente de una expropiación irregular, correspondiendo considerar, también, que tratándose de una unidad en propiedad horizontal se halla condicionada por las disposiciones de la ley 13.512 y del reglamento de copropiedad.
Requerimiento de elevación a juicio, elevación en consulta, facultades del juez, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "LOPEZ, María N. s/ consulta".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-04

No hay jurisdicción sin una acción que la requiera con anterioridad, ni posibilidad de que un juez instruya a un fiscal a que efectúe tal requerimiento.

Completada la instrucción, ante un pedido de sobreseimiento fiscal, y en caso de no compartir el criterio del representante del Ministerio Público, el juez está habilitado para elevar en consulta las actuaciones a la Cámara de Apelaciones. En el marco de esa consulta, el tribunal de alzada debe conocer la cuestión en crisis -tal como lo hace en los supuestos enumerados en al art. 24 del C.P.P.N.- y decidir si existe mérito para desarrollar un juicio oral o, por el contrario, si le asiste razón al fiscal.

Esta intervención de la Cámara de Apelaciones cobra trascendencia cuando se repara en que los argumentos vertidos en el pronunciamiento judicial podrían motivar un nuevo análisis, por parte del Fiscal, respecto de los elementos habidos en autos y de su mérito para la prosecución del proceso. Por ello, la decisión del Tribunal de alzada -en caso de oposición al criterio fiscal- deberá serle notificada.La inexistencia de este requerimiento de elevación -acto propio del Ministerio Público Fiscal- importa la indefectible conclusión del proceso.
Prisión preventiva, delitos contra la humanidad, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Etchebarne, Juan Alfredo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-24

Si el imputado fue procesado por el delito de privación de libertad agravada por mediar violencia y amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1°, ley 20.642) reiterada en veintitrés ocasiones, corresponde anular la revocación de la prisión preventiva si lo resuelto es contrario a la doctrina CS "Vigo", conforme a la cual a los fines de fundar el riesgo procesal habilitante de la prisión preventiva de imputados por la comisión de delitos de lesa humanidad en el marco de la última dictadura que sufrió el país, debieron ser al menos considerados en la resolución impugnada, pues ellos son fácilmente extrapolables a otras causas de delitos de lesa humanidad, sin perjuicio de que su aplicación al caso concreto deba ser minuciosamente analizada, de acuerdo a los particulares riesgos procesales y a la concreta imputación que pese sobre el imputado. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos).
Improcedencia del recurso, hurto simple, facultades discrecionales del juez, insuficiencia del agravio, condena anterior
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Robín, Matías Nicolás s/ rec. de casación c/ sent. nº 15/19 de expte. nº 049/19 - hurto simple (dos hechos) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-09-17

El poder discrecional para fijar la pena la tiene el tribunal de juicio, y no puede ser revisada, excepto manifiesta arbitrariedad. Así lo ha entendido esta Corte en su antigua y actual composición, caso (S. n° 11/19; S. n° 39/17, S. nº 4/17, S. nº 58/12; S. nº 14/10; S. 18/09; S. nº 6/09; S. 8/08 entre muchos otros), y dicha arbitrariedad no ha quedado demostrada en el caso, pues la crítica del recurrente, responde a su exclusiva disconformidad con el quantum de la pena impuesta al imputado. En cuanto al agravio vinculado a la adopción del método aritmético por el a-quo, no resulta de recibo, en función de que el tribunal decidió en base al sistema composicional más equitativo, y le impuso una pena única que no aparece como irracional y además es menor a la suma de las condenas. A más de ello. el recurrente no demuestra el error cometido al decidir, ni explica las circunstancias objetivas y subjetivas que considera omitidas de ponderar por el juez, así como su incidencia positiva para revertir lo resuelto sobre el punto. Resulta improcedente. En resumen, la pena fue fijada por el tribunal dentro de los parámetros legales pertinentes y la mera disconformidad del recurrente no alcanza para descalificar la sentencia que impugna. Tampoco aparecen fisuras lógicas en el razonamiento del a-quo y la conclusión a la que arriba para aplicar la pena única es el resultado de una valoración ajena en principio al juzgador al no haberse dado el caso del absurdo o arbitrariedad, motivos todos por los cuales corresponde rechazar el recurso interpuesto.(Del voto del Dr. Cáceres).
Juicios contra el Estado, Lotería Nacional de Beneficencia y Casinos, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ANTONACCI DE SEVERI, MORANA CATALINA TRINIDAD c/ LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD ESTADO s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Por haber sido demandada una entidad estatal, Lotería Nacional Sociedad del Estado, y por resultar clara la prioritaria relevancia que los aspectos propios del derecho administrativo asumen para la solución del caso, resulta justificada la competencia del fuero contencioso administrativo federal para entender en autos.
Ejecución fiscal, resoluciones inapelables, resoluciones apelables, liquidación, Ley de Procedimiento Tributario
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ Cicero, Ricardo Oscar y Persichini, Jorge Eduardo s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

La regla de inapelabilidad establecida en el art. 34, inc. 11, punto 2, de la ley 23.658 que sustituye el art. 92, séptimo párrafo de la ley 11.683 (t.o. y modif.) no se extiende a las resoluciones dictadas durante la etapa liquidatoria.
Prescripción adquisitiva, interversión de título
Materia: CIVIL
Carátula: BALDO LAZARO, RODRIGO c/ HEREDEROS Y/O SUCESORES DE REGINA MANZAN DE BALDO y/o quien o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble  s/ USUCAPIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-22

El mejoramiento del inmueble, sea a través de refacciones, colocación de cerámicos, revocación de paredes o el cambio del techo, no son actos que impliquen una interversión del título, en tanto tales tareas las puede efectuar un poseedor o bien un mero tenedor como compensación del uso de la vivienda.
Régimen Penal Administrativo, Derecho penal, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION (CSJ EXPTE N. 334-92) TRANSPORTE MAXI SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION (CSJ EXPTE Nº 236-92) TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. CONCESION   DEL RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE   LA NACION (CSJ EXPTE Nº 622-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-06|1992-10-21|1993-06-02

Es cierto que se puede recurrir a los principios e instituciones del Derecho Penal para colmar las lagunas del Derecho punitivo administrativo (en sentido amplio), pero el recurso a aquél no se hace, en virtud de la independencia existente, para integrar el primero con el segundo, sino para encontrar principios e instituciones que son propios de todo poder punitivo y que, en consecuencia, pueden ser admitidos en el administrativo como tales.
Comerciante, valor probatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Mellidense S.A. c/ Cirilo Manczur s/ Ordinario. Mellidense S.A. c/ Cirilo Manczur s/ Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-03-07|1994-03-07

Sea que la pretensa relación jurídica subyacente que uniera al actor y demandado se tratara de un contrato de compraventa o de locación de obra, o ambos a la vez, tal relación como lo expresa acertadamente la sentenciante, no ha sido acreditada en autos, no pudiendo tenerse por probada solo con la prueba pericial producida en la causa. Ello porque en la especie estamos frente a un no comerciante, calidad que debe asignarle, toda vez que no fue demandado, en su calidad de socio gerente de una S.R.L. o socio administrador de una S.A. ni se ha acreditado tal extremo y por consiguiente, el litigio se suscita entre un comerciante que lleva los libros y un no comerciante. En consecuencia, y aún utilizando el criterio más amplio, es indudable que la fuerza probatoria de las registraciones contables en un litigio donde sólo una de las partes es comerciante, deben estar respaldadas no solo por la documentación pertinente, sino en el caso por otras pruebas que coadyuven a ese resultado, lo que no ha ocurrido en el sub lite.
Principio de no discriminación, doctrina de la arbitrariedad, empleo público, remuneración, facultades de la administración, división de poderes
Materia: PROCESAL-LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Banchero, Gerardo Luis y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los decretos n° 1442/98, 260/03, 310/04, 483/05, 682/06, 618/07 y 243/08 en cuanto al límite impuesto para el otorgamiento del suplemento salarial implementado y rechazar la demanda. Ello así, toda vez que de las normas cuestionadas por los actores no surgen indicios de atributos o motivos prohibidos de discriminación o una desprotección legal con efecto negativo en las condiciones de trato en el empleo u ocupación. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Córdoba, José Feliciano s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-04

El Tribunal de juicio, en ejercicio de sus poderes discrecionales, y fundado en apreciaciones del hecho juzgado en audiencia oral y pública, evaluó positivamente una única atenuante derivada de la ausencia de antecedentes del encausado como elemento determinador -en conjunto con las agravantes también valoradas- del monto de la sanción penal finalmente aplicada.