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Contratos civiles, facultades de las partes, prórroga de la competencia, contratos de adhesión, nulidad de cláusula contractual, abuso del derecho
Materia: CIVIL
Carátula: DISTRIBUIDORA CORONEL S.R.L. c/ CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-17

Ello así, en el caso, se está en presencia de una facultad que la ley acuerda a las partes (art. 4 y 5 procesal), esto es: la posibilidad de prorrogar la jurisdicción, produciéndose un desplazamiento de la competencia territorial. Pacto de foro prorrogando éste que se reputa válido..

Tal pacto sólo atañe al interés de las partes contratantes, nada impide la estipulación contractual de la prórroga cuestionada la que llega a ser, por efecto del art. 1197 CC, verdadera ley para las partes. De allí que la prórroga pactada opere aunque surja de un documento no auténtico.

Por lo demás, la sola circunstancia de que la cláusula de prórroga de jurisdicción esté incorporada a un contrato de adhesión no es suficiente para desvirtuar su eficacia pues se trata de una declaración de voluntad común ejercida dentro del marco de la ley (y, por ende, constituye el ejercicio regular de un derecho propio) y sujeta a las directivas del art. 1198 CC.

Que el convenio contenga cláusulas predispuestas no determina sin más la nulidad de éstas si no concurren vicios de la voluntad del contratante que las acepta ni se lesionan preceptos o principios generales del derecho.

La cláusula que prorroga la competencia territorial será abusiva cuando importe para el adherente una obstaculización de su derecho a la jurisdicción; pero, claro está, siempre queda a cargo de éste la demostración de los extremos necesarios que lleven a enervar la vigencia de la cláusula cuestionada.
Pacto de San José de Costa Rica, ley formal, ley material, proporcionalidad de la pena, control de razonabilidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Memoli c/ República Argentina s/ Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-22

Conforme lo establece el artículo 13.2 de la Convención Americana, las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión, deben cumplir en forma concurrente con los siguientes requisitos: i) estar previamente fijadas por ley, en sentido formal y material; ii) responder a un objetivo permitido por la Convención Americana, y iii) ser necesaria en una sociedad democrática, cumpliendo con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Revisión judicial de actos administrativos, vencimiento del plazo, excepción de cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LABROUSSE, ANTONIO DE JESUS c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO - PROCEDIMIENTO JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

Procede la excepción de cosa juzgada, cuando la identidad de la causa deriva del hecho de que en dos procesos se persiguió el otorgamiento de los mismos beneficios sobre la base de la misma fundamentación.

En el primer proceso intentado se declaró operada la caducidad por haberse producido la extinción del derecho no ejercido, queriendo si significar que la acción impugnatoria contra el acto administrativo denegatorio de la pretensión caducó por vencimiento del plazo del art. 25 de la ley 19.549.

Dicho acto devino firme o irrevesible, con los atributos propios de la cosa juzgada.
Honorarios del perito, cobro a las partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vacinaletti Rosa Lucia c/ Buttice Carlos Lorenzo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-16

La codemandada citada en garantía, solo pudo haberse liberado del cargo de los gastos de la pericia efectuada, mediante el camino que plantea el art. 476 del C.P.C., sendero que al no haber sido desandado por la aseguradora impide que se la excluya del cargo de los honorarios del perito ingeniero, sin perjuicio de repetir lo abonado contra quien correspondiese. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alurralde, Adela y otra c/ T.A. La Plata S.A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-15

No puede transferirse responsabilidad alguna a la porteadora cuando otros pasajeros transgreden las mínimas normas de convivencia exigibles, con total desprecio de la integridad física e incluso de la vida de sus semejantes, por la sola circunstancia que el hecho ilícito se produzca en ocasión o dentro del ámbito de la unidad de transporte. Es que, no cabe extender la responsabilidad del transportador en relación a la garantía de integridad del pasajero, a extremos tales que obliguen a un control de seguridad social.
Contratos, locación, contrato de obra, construcción de gasoducto, subcontratación de servicios, sociedades comerciales, aplicación de la ley, tratados internacionales, derecho extranjero
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Vitale, Guillermo Augusto c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

1 - Entablada una demanda por una subcontratista contra la contratista, ambas sociedades anónimas de nacionalidad Argentina, vinculadas por un contrato de obra para la construcción de una planta de tratamiento de gas en la República de Bolivia, con motivo de la resolución unilateral pronunciada por la accionada, resulta de aplicación la legislación boliviana. Ello así, de conformidad con lo previsto en el art. 33 del Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1889.
Exceso ritual manifiesto, ejecución fiscal, renta pública
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Banco Privado de Inversiones SA s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Corresponde revocar la sentencia que hace lugar a la excepción de inhabilidad de título sobre la base de un acontecimiento sucedido en otro proceso en el que se dispuso la reliquidación de la deuda. Tal decisión prescinde de las formas al incorporar elementos provenientes del proceso de conocimiento pero luego se vuelve rigurosa al tiempo en que, pudiendo tomar conocimiento del desarrollo completo de dicho proceso de conocimiento y, a sabiendas de que en él se admitió parcialmente la determinación tributaria cuestionada, dispuso como lo hizo. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Docentes, jubilaciones, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bastarrica, Norma Elvira c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-07

La resolución que reconoce un derecho desde la fecha en que se obtuvo el reconocimiento de servicios en el orden nacional no se compadece con el efecto declarativo de la resolución pertinente.
Ley de Punto Final, Ley de Obediencia Debida, división de poderes, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

El principio de división de poderes no se encuentra vulnerado por la Ley 25.779 que declara nulas las leyes de punto final y obediencia debida, pues la misma no priva a los jueces de la decisión final sobre el punto, estando fundada la norma en las obligaciones nacidas a la luz de los tratados y jurisprudencia internacional en la materia y siendo que está en juego la eventual responsabilidad del Estado, resulta oportuno remover los obstáculos para hacer posible la justiciabilidad plena en materia de delitos de lesa humanidad, entendiendo que el Congreso de la Nación no ha excedido el marco de sus atribuciones legislativas como lo hubiese hecho si indiscriminadamente se atribuyese la potestad de anular sus propias leyes.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, denegatoria del beneficio, edad mínima para jubilarse, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SCOTT, MONICA ANGELA MICAELA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 36 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-04

No puede prosperar el planteo de la actora en cuanto endilga a la sentencia arbitrariedad por haber creado un requisito no exigido por la ley, consistente en que para acceder al beneficio jubilatorio pretendido se debe cesar en el ámbito de la Administración pública; desde que no logra convencer a la Corte que su agravio se encuentra efectivamente configurado, pues no surge que la tarea realizada por el sentenciante hubiera traspasado los límites interpretativos que las normas aplicables al caso permiten. En ese sentido no se puede soslayar que la sentencia consideró que la recurrente no reunía el requisito de la edad, no sólo en el momento del cese en la Administración pública provincial, sino tampoco en los dos años posteriores a dicho cese, de manera tal que lo postulado no trasunta más que una reiteración de su particular criterio acerca de que cumplió las exigencias legales para obtener el beneficio pretendido al cesar en los servicios como trabajadora autónoma.
Responsabilidad civil, responsabilidad del Estado, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, culpa de la víctima, culpa concurrente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Navarro, Luis c/ Ejército Argentino s/ Daños
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Por aplicación del art. 1113 del Código Civil cabe reconocer como principio la responsabilidad del Estado Nacional que sometió a su dependiente a una actividad riesgosa, sin contar con los medios de seguridad o los elementos adecuados; pero ello no exime de valorar la conducta de la propia víctima, quien sin estar obligada a realizar esa concreta tarea que acentuaba el riesgo, la encaró imprudentemente. Esta culpa del actor - por ciento significativa - no tiene carácter excluyente y es, comparativamente, de menor importancia que el riesgo a que se encontró sometido por su actividad laboral, de modo que la distribución entre un 60% y un 40% de responsabilidad para el demandado y el actor, respectivamente, constituye una prudente decisión judicial que merece ser confirmada.
Costas, recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICF. c/ Gobierno de la Provincia de San Juan. s/ Recurso de Hecho de la Provincia de San Juan. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Aun cuando el tema de las costas remite al examen de puntos de hecho y de derecho procesal local - ajenos, como regla, a la instancia del art. 14 de la ley 48 -, esa circunstancia no constituye un obstáculo decisivo para su consideración en la vía intentada cuando la decisión impugnada pone de manifiesto un enfoque parcial del asunto y satisface sólo de manera aparente la exigencia de que las resoluciones judiciales constituyen derivación razonada del derecho vigente, con arreglo a los hechos comprobados de la causa.
Cheque sin fondos, interpelación, interpelación a personas jurídicas, interpelación personal, falta de entrega en destino, prueba
Materia: PENAL
Carátula: BASUALDO, JUAN s/ Cheque sin fondos Causa 27209
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-28

Las intimaciones practicadas a los fines de cumplir con el requisito de comunicación establecido por la figura del art. 302, inc. 1) del CP, no se cumplen en forma legal contra el imputado, si no se ha dirigido a éste la comunicación en forma personal sino a nombre de la empresa, y no acreditarse la correspondiente entrega en destino de las intimaciones, no surgiendo de la prueba de autos el conocimiento que pudiera tener de la misma el no intimado en las cartas documentos cursadas (Del voto del Dr. Sustaíta).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, instituto de previsión social, procurador general de la Nación, reajuste jubilatorio, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Santa Cruz, José María. c/ Provincia de Buenos Aires. s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-08

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que, al hacer lugar a la demanda contencioso administrativa,condenó al Instituto de Previsión Social a acordar al actor el reajuste jubilatorio perseguido, de conformidad con los términos de los arts.

3 y 7 de la ley 19.405, y a pagar las diferencias retroactivas debidamente actualizadas. Ello así, pues el a quo hizo mérito de la armónica interpretación de las normas en juego y destacó que la inteligencia aceptada conjugaba los altos fines de la ley, descartando que el hecho de haber computado servicios con posterioridad al cese en el cargo de Procurador General, tuviera entidad para impedir, frente al cumplimiento de todas las exigencias legales y demás razones que se expresan, el reajuste del beneficio en los términos solicitados.
Tenencia de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Torres Pablo Ernesto, Caballero Melanie Alejandra c/  s/ infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Corrientes
Fecha: 2024-06-11

Corresponde confirmar el procesamiento con prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, toda vez que la conducta de los imputados reúne todos los requisitos del tipo penal, ello en virtud del panorama fáctico que rodea la detención, como ser la cantidad de sustancia estupefaciente secuestrada, la forma que se hallaban las mismas envueltas con las características de las "bochitas", existiendo además, amplias tareas investigativas previas que llevaron a solicitar la orden de allanamiento, es decir que lejos de observarse una ausencia de elementos probatorios se advierte que los datos brindados en la denuncia muestran notoria correspondencia con las tareas de vigilancia realizadas, sumado al secuestro de cocaína y marihuana al momento del allanamiento, de manera que se encuentran acreditados tanto el aspecto objetivo como el subjetivo del delito endilgado.
Medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ara, Alfredo Raimundo c/ Tommasi Automotres S.A. s/ Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-09-06

Para establecer la procedencia de cualquier medida cautelar es preciso tener en cuenta que la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora constituyen requisitos específicos de fundabilidad de la pretensión cautelar y, junto a la contracautela, configuran la tutela precautoria en nuestro régimen procesal.

Tratándose de un incumplimiento contractual, el solicitante debe justificar sumariamente el cumplimiento de la prestación a su cargo para que se configure la similitud del derecho; consecuentemente el incumplimiento de ese recaudo impide la concurrencia del presupuesto del fumus bonis iuris.-
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., C.A. c/ M., C.M. s/ Divorcio - Tenencia de hijos y separación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

Si bien el recurso contra la sentencia abre la jurisdicción de la alzada a los efectos de resolver sobre la justicia de dicha sentencia, en manera alguna posibilita fallar sobre las peticiones formuladas en segunda instancia con prescindencia de las cuestiones planteadas ante el juez de primer grado, pues el Tribunal "ad quem" carece de atribución para resolver sobre ningún capítulo que no hubiese sido propuesto a decisión el inferior.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Monsalvo o Monzalvo, Raúl Mauricio y otros. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-09-11

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona la calificación del hecho en los términos del art. 166 inc. 2 del Código Penal si la sentenciante juzgó la potencialidad ofensiva del arma a través de prueba pericial (art.

255, Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-) y el recurrente omite relacionar su agravio con la cita legal de la norma supuestamente infringida (art. 355, C.P.P. cit.).
Derecho a la salud, relación de consumo, competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho constitucional, facultades concurrentes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ASN c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO - SALUD-OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde rechazar la queja porque la recurrente no logra conmover los argumentos de la sentencia denegatoria y traer en consecuencia un caso constitucional o federal que a este Tribunal corresponda resolver. Los agravios -tal como han sido planteados- no critican concreta y fundadamente las razones dadas por la Cámara al denegar el recurso de inconstitucionalidad: que no se verificaba en autos la concurrencia de un caso constitucional, en tanto los agravios esgrimidos remitían al análisis de cuestiones de hecho y a la valoración de la prueba, y se limitaban a disentir con la interpretación asignada a normativa infraconstitucional. Y que no se configuraba un supuesto de arbitrariedad de sentencia, porque la decisión recurrida en último término -aquella por la cual se condena al GCBA a garantizar el derecho a la salud de la actora otorgándole el tratamiento adecuado, entre otras- se encontraba fundada más allá del distinto parecer del recurrente. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Luis Francisco Lozano).
Responsabilidad del Estado, responsabilidad por omisión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A., E.G. c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-04-12

Entre los distintos tipos de responsabilidad que se le puede atribuir al Estado, la que se funda en actitudes omisivas de éste es la más compleja de abordar a los efectos de determinar los requisitos para que la misma se configure.

Ello es así, ya que mientras en la responsabilidad por acción lícita o ilícita del Estado nos movemos predominantemente en el mundo de los actos, en el mundo del ser; en la responsabilidad por omisión estamos inmersos en el mundo del deber ser; es decir, que se lo coloca al juzgador en la necesidad de valorar los efectos que pudo tener una acción, un actuar que en el plano de la realidad no ocurrió. Sostiene Celso Antonio Bandeira de Mello que en este tipo de responsabilidad el Estado no es el autor del daño; en rigor, no se puede decir que lo causó, su omisión o deficiencia habría sido condición del daño, y no causa.

Causa es el factor que positivamente genera un resultado, en cambio condición es el evento que no sucedió, pero que, si hubiera ocurrido, habría impedido el resultado.

Por su parte, el Máximo Tribunal Nacional ha sostenido reiteradamente que resulta relevante diferenciar las acciones de las omisiones, ya que si bien se ha admitido con frecuencia la responsabilidad derivada de las primeras, no ha ocurrido lo mismo con las segundas (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Spuler)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: TECH APPLY S.R.L. c/ ROCCHETTI, IGNACIO MARIO ANTONIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEMANDA ORDINARIA POR EXCLUSION DE SOCIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 84 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09

Es inadmisible la queja sustentada en la improponibilidad de la demanda de exclusión por no haberse intentado el remedio arbitral previsto en el contrato social (cláusula 16 ).

Es que ese procedimiento estaba previsto para "...toda divergencia que se suscite entre socios durante la existencia de la sociedad salvo para las cuestiones que la ley disponga la instancia judicial", poniendo de resalto que, especialmente en este caso, la propia ley de sociedades exigía la promoción de una acción judicial por el procedimiento del artículo 15 para romper aquél vínculo.

Al respecto, el Tribunal ponderó los hechos que configuraron "incumplimientos sociales" que justificaron la promoción de la acción, adunando los Sentenciantes que si bien en la cláusula 11 del contrato societario se facilitaba a los socios poder dedicarse a otras tareas, consagra la obligación de prestar a la sociedad todo el tiempo necesario para la buena marcha de los negocios sociales prohibiéndole a sus integrantes (en consonancia con el art. 133 R.S.C.) dedicarse a actividades que pudieran competir con las de la sociedad.

Y, en el caso, el accionado decidió sustraerse de la obligación de prestar a la actora 'todo el tiempo necesario para la buena marcha de los negocios sociales' el que seguramente hubo de destinar a su par española de idéntico objeto"
Allanamiento, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodriguez Osvaldo c/ Arancedo Pablo s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-08

No corresponde eximir de costas al ejecutante que indebidamente trabó embargo sobre bienes pertenecientes a un tercero, aunque se allanare a las pretensiones de este, ya que la excepción a la imposición de costas prevista en el inc. 1 del art. 70 del Código Procesal no opera si el vencido que se allana a la pretensión del adversario con su conducta ha dado lugar a la reclamación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasa de justicia, base imponible, monto de la demanda, entrega del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: FELICE, HECTOR c/ PLAN ROMBO SA DE AHORRO PARA FINES DET. s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-24

Si la entrega de un vehículo constituyó el expreso objeto de una acción, corresponde tributar sobre ello la tasa de justicia correspondiente a las etapas cumplidas, hasta que se dé cuenta del cumplimiento de la demanda sobre el punto.
Divorcio, malos tratos
Materia: CIVIL
Carátula: GREGORI DE ARDUH NELIDA c/ ARDUH RAFAEL s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-06-27

La dolencia psíquica no es causal de divorcio, sino los actos injuriosos o crueles o irresponsables que se produzcan, de tal suerte que en nada beneficia a la posición del marido argüir la supuesta enfermedad de su esposa.

Ciertamente que una persona injuriada y mal tratada no tiene porque continuar viviendo en el domicilio en que sufre la agresión, de tal suerte que demostradas las causales de divorcio, por parte de la esposa, se debió probar que su abandono fue malicioso.
Caducidad de instancia, segunda instancia, ejecución de sentencia, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Da Rocha Arenor Maciel s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-07

La circunstancia de haberse dictado sentencia definitiva implica que la caducidad de la instancia no se opere en lo principal; pero tal interpretación no puede hacerse extensiva a los incidentes planteados en torno a la ejecución del pronunciamiento.