Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-09-12


Autos N° 22.181 (N° 141685/1 11° J. Civil), caratulados: "ARGAÑARAZ, Agueda Ceferina- Prueba Anticipada- Actuaciones para Elevar" En la ciudad de San Juan, a 12 días del mes de setiembre del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. JUAN JOSE VICTORIA y el señor Vocal, Dr. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación interpuesto por la Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A, (fs. 126 de los autos N° 141685 caratulados "Argañaraz, Agueda Ceferina- Prueba Anticipada") contra la sentencia recaída en autos N° 22.181 (N° 141685/1 11° J.Civil), caratulados: "ARGAÑARAZ, AGUEDA CEFERINA- PRUEBA ANTICIPADA- ACTUACIONES PARA ELEVAR", dictada en fecha treinta y uno del mes de julio de año dos mil quince, obrante a fs. sub 12/14, de estos autos originarios del Décimo Primero Juzgado Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido (fs. sub 31), se han fijado ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSE VICTORIA, dijo:

El caso: Vienen los autos del rubro a estudio por recurso de apelación que interpuso la citada en garantía, por medio de su apoderado, Miguel Dávila Saffe, contra la resolución de fecha 31 de julio de 2015, por la que el Juez a-quo admitió el planteo de nulidad por aquél deducido, exclusivamente respecto del punto f de la pericia presentada, rechazando la nulidad en relación al resto de la prueba rendida. Impuso las costas por su orden y reguló los honorarios de los abogados Carlos Daniel Blanco y Carlos Eduardo Blanco, en forma conjunta y doble carácter en la suma de pesos ochocientos ($800) y los del letrado Miguel Dávila Saffe, por su actuación en doble carácter, en la misma suma de pesos ochocientos ($800).

El recurso fue concedido a fs. sub 31, sin efecto suspensivo.

Los agravios:

El apelante se agravia de la sentencia recaída, por considerar que la misma desestimó el planteo de nulidad por él formulado, en relación al ofrecimiento e incorporación de elementos probatorios en forma improcedente, (historia clínica del actor, informe de dominio, actuaciones policiales y pericial mecánica), ello teniendo en cuenta la finalidad de la prueba anticipada.

Sostiene el recurrente, que el actor eludió de este modo el control que su parte podía realizar sobre las medidas ofrecidas, violando el derecho de defensa en juicio.

Señala que el actor dedujo esta prueba anticipada con el objeto de producir la pericial mecánica, y constatar los daños producidos al motovehículo, a fin de proceder a su reparación. No obstante aquél formuló la petición de otras medidas probatorias que no reunían los requisitos de procedencia de este instituto.

De este modo el nulidicente destaca: 1) que no pudo controlar el ofrecimiento y producción de la prueba, la que se desarrolló sin noticia de su parte, tal como lo establece el art. 323 del C.P.C., violentando su derecho de defensa, el contradictorio y el principio de bilateralidad.

Esta circunstancia, afirma, ha ocasionado un desequilibrio entre las partes, ya que la prueba anticipada será oportunamente incorporada a los autos principales N° 148238 caratulados "Argañaraz Agueda Ceferina C/ Ortega Luis Alberto -Ordinario", y valorada con la restante prueba producida en un pie de igualdad.

En relación a la prueba de informes, dice que no se presentaba urgencia, ni peligro en la demora que justifique su incorporación anticipada al proceso. Además, las actuaciones preliminares e historia clínica son inadmisibles como prueba de informes, porque cuanto resultan verdaderos documentos, si bien se obtienen por oficios. Cita el art. 359 del C.P.C.

Con respecto a la prueba pericial, el apelante señala que se solicitó esta medida con carácter urgente para reparar el motovehículo, sin embargo ofrece sólo las fotografías carentes de autenticidad para que se expida el experto, lo que demuestra la falta de urgencia y de interés para que se practique una pericia verídica.

Además, resalta que los puntos de pericia fueron indicativos de la respuesta que debía dar el perito, por ello se agravia de lo resuelto por el a quo.

Por otro lado agrega, que el actor no ha ofrecido en los autos principales la historia clínica, ni las actuaciones policiales ni el informe de dominio, por ello no ha podido hacer las observaciones indicadas. Lo mismo ocurre en relación a los puntos de pericia ofrecidos, toda vez que no satisfacen las previsiones del art. 422 del C.P.C., de ahí que la nulidad constituye el único medio para impugnarlos.

En segundo lugar, se agravia: 2) por la ausencia de requisitos para la procedencia de la prueba anticipada, destacando la excepcionalidad y la urgencia. Al respecto dice que el actor no ha justificado el peligro en la demora de los pedidos de documentación e informes a las reparticiones públicas, asimismo la urgencia invocada al solicitar la prueba pericial, la que resultó inexistente.

Por último el apelante se agravia: 3) de la incongruencia del fallo en cuanto el a quo anula el punto f) de la prueba pericial practicada, invocando la falta de urgencia, y no lo hace en relación al resto de la prueba producida.

Por todo ello pide se revoque la resolución impugnada y en su lugar admita en su totalidad el planteo de nulidad deducido.

También requiere se revoque la imposición de costas por su orden y se impongan a la parte que causó la nulidad (cfr. art.74 del C.P.C.).

La expresión de agravios es contestada por los apoderados de la parte actora, Carlos Eduardo Blanco y Carlos Daniel Blanco (fs. sub22/23) quienes solicitan su rechazo con costas.

Elevados los autos a la alzada son adjudicados a estudio a fs. sub 51.

Tratamiento de los agravios:

Adelanto que el recurso de apelación interpuesto será admitido parcialmente.

En primer lugar debo señalar, que para arribar a esta conclusión tengo a la vista, los autos N° 141685 caratulados "Argañaraz, Agueda Ceferina- Prueba Anticipada" y N°148238 "Argañaraz, Agueda Ceferina c/ Ortega, Luis Alberto -Ordinario", los que fueron requeridos al juzgado de origen ad efectum videndi, en razón de la insuficiencia de las copias acompañadas en el legajo formado al efecto, para la resolución del recurso.

En relación a las pruebas de informes requeridas a la Policía de San Juan, Hospital Guillermo Rawson y Registro Nacional del Automotor N° 5, la apelación será desestimada.

Ello es así por cuanto los agravios esgrimidos no resultan una crítica concreta y razonada a los fundamentos de la resolución cuestionada en este punto (art. 253 del C.P.C.), sino más bien aparecen como una reiteración y ampliación de las razones que lo motivaron a plantear la nulidad de este medio probatorio.

Sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento considero, que no obstante el pedido formulado por el actor y el encuadre jurídico dado por el a quo, estos informes encuadran en la previsión de "Diligencias Preliminares" (contempladas en el art. 288 del C.P.C. que establece: "Todo proceso podrá prepararse pidiendo el que pretenda demandar, o quien con fundamento, prevea que será demandado..."; art. cit. inc.14: "Cualquier otra medida que a criterio del Juez resulte imprescindible para interponer correcta y útilmente la demanda") y no Prueba Anticipada como se lo calificara.

En este sentido la propia jurisprudencia se ha encargado de distinguir las diligencias preliminares de las medidas de prueba anticipada al concluir que "deben distinguirse las medidas preparatorias de las de prueba: las primeras persiguen como objetivo fundamental asegurar a las partes la posibilidad de promover en la forma más adecuada sus acciones, excepciones y defensas; resultan así indispensables, sean para acceder al conocimiento de ciertas situaciones en que ha de fundarse la exposición de los hechos, sea para determinar con certidumbre la legitimación sustancial, activa o pasiva, de quienes intervienen en el proceso; constituyen instrumentos encaminados a evitar la formación de un proceso que puede resultar eventualmente inútil, mientras que en la prueba anticipada no se trata de diligencias indispensables para el planteamiento mismo de la acción o de la defensa, sino de instrumentos o medios de asegurar una parte fundamental del proceso como es la prueba", (JA; 1986-I-Sínt.).

Desde esta perspectiva, los agravios esgrimidos respecto a la ausencia de los requisitos para la procedencia de la prueba anticipada y la imposibilidad de controlar su ofrecimiento y producción a fin de respetar el contradictorio (principio de bilateralidad) no resultan atendibles y deben ser desestimados.

En efecto, las diligencias preparatorias se dictan inaudita parte. El sentenciante debe limitarse sólo a considerar su viabilidad, no correspondiendo de ninguna manera dar participación en dicha decisión al futuro contradictor (CNCiv., sala C, 19/9/95, JA, 1991-I-Sínt.), ni siquiera se prevé la notificación a la eventual parte contraria, esto es ningún tipo de sustanciación según surge del Cód. de forma.

Por otro lado y como expresa el quo en su resolución, no se ha acreditado a su respecto el perjuicio sufrido, y el interés en su declaración, "principio de trascendencia", que indica que la nulidad sólo puede ser declarada cuando haya un fin que trascienda la nulidad misma, o desde otro punto de vista, que la nulidad no procede si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio (Maurino, Alberto Luis, "Nulidades Procesales", p. 45, ed. Astrea).

Por todo lo expresado, y además en aplicación del principio de amplitud de la prueba, la apelación interpuesta respecto a ésta (informativa) debe ser desestimada.

A otra solución cabe arribar en relación a la prueba pericial, dado que esta sí se trata de una prueba anticipada. De esta manera una vez aceptada por el a quo, el peticionante debió respetar el trámite previsto por el art. 323 citando a la contraria a los fines de su contralor.

El incumplimiento de tal recaudo acarrea la nulidad de esta prueba, dado que sí resulta afectado aquí el derecho de defensa en juicio y el principio de igualdad de las partes en el proceso, razón por la cual corresponde así declararla.

En este sentido se ha expresado, "En principio si no se brinda participación a la eventual contraria, la sanción no es otra que la nulidad; "la hace absolutamente ineficaz para fundar un pronunciamiento judicial", (DJ, 1986-I-459).

No obstante lo resuelto, y en virtud de las constancias obrantes en los autos principales (N° 148238), surge que el actor ofreció la prueba pericial mecánica y accidentológica en el pto. XIV D) de la demanda, a la que se formularon distintas oposiciones que fueron sustanciadas. Sin embargo esta prueba no fue proveída en su oportunidad según consta a fs. 127/128, encontrándose actualmente estos autos en la etapa probatoria sin que haya sido clausurada.

Por lo expresado, en procura de acceder al verdadero esclarecimiento de la causa, sin que ello signifique un retroceso en el proceso principal y conforme las facultades otorgadas por el art. 340 del C.P.C., propicio se provea lo pertinente respecto a la prueba pericial mecánica y accidentológica ofrecida por el actor, y a las oposiciones a ella formuladas.

Por último, de acuerdo al resultado arribado y lo dispuesto por el art. 264 del C.P.C., propicio admitir el agravio referido a las costas, las que considero deben imponerse en ambas instancias a la actora vencida.

Asimismo corresponde adecuar los honorarios regulados en primera instancia y regular los de la etapa recursiva.

El DR. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS, dijo:

Por sus fundamentos, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. JUAN JOSE VICTORIA, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde:

Admitir parcialmente el recurso interpuesto. En consecuencia, declarar la nulidad de la totalidad de la prueba pericial mecánica y accidentológica producida. Ordenar bajen los autos a fin de que se proceda en los autos principales, de conformidad a lo expresado en los considerandos precedentes, en relación a esta prueba. Rechazar el recurso de apelación interpuesto en relación al resto de la prueba rendida. Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida. Regular los honorarios profesionales intervinientes, por la labor desarrollada en primera instancia: al letrado Miguel Dávila Saffe, en doble carácter, y como ganancioso en la suma de pesos mil quinientos ($1500) , a los abogados Carlos Eduardo Blanco y Carlos Daniel Blanco , en doble carácter, forma conjunta y como perdidosos en la suma de pesos mil ($1000) (art. 264 del C.P.C.). Regular los honorarios de los letrados mencionados por su intervención en la etapa recursiva en el 40% del monto antes regulado (art. 21 inc.a) Ley 56-O). Todas las regulaciones a la fecha de la presente.

El DR. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Admitir parcialmente el recurso interpuesto. En consecuencia declarar la nulidad de la totalidad de la prueba pericial mecánica y accidentológica producida. Ordenar bajen los autos a fin de que se proceda en los autos principales, de conformidad a lo expresado en los considerandos precedentes, en relación a esta prueba.

II) Rechazar el recurso de apelación interpuesto en relación al resto de la prueba rendida.

III) Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida.

IV) Regular los honorarios profesionales intervinientes, por la labor desarrollada en primera instancia: al letrado Miguel Dávila Saffe, en doble carácter, y como ganancioso en la suma de pesos mil quinientos ($1500), a los abogados Carlos Eduardo Blanco y Carlos Daniel Blanco, en doble carácter, forma conjunta y como perdidosos en la suma de pesos mil ($1000) (art. 264 del C.P.C.). Regular los honorarios de los letrados mencionados por su intervención en la etapa recursiva en el 40% del monto antes regulado (art. 21 inc.a) Ley 56-O). Todas las regulaciones a la fecha de la presente.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2016; F° 73/77; FECHA:12/09/16 DRES. VICTORIA y RIVEROS