marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Notificación, validez de los actos procesales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ahumada, Luis Alberto y otros c/ S.G.P.E.R. s/ Acción de Amparo-RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-01

El problema convocante es el determinar cuál de las dos cédulas diligenciadas tiene virtualidad para producir la notificación que autorice la interposición del recurso intentado por la accionada ya que, en el caso de expedirnos por la primera, el mismo habría sido correctamente denegado por el inferior, mientras que, en el segundo supuesto, la articulación apelativa resultaría tempestiva.

Cuando se definen los procedimientos y se fijan los trámites que deben ser cumplidos por las partes, su observancia permite preservar la seguridad jurídica y la previsibilidad que emerge del cumplimiento o incumplimiento de las formas. Cuando media una actitud dual, que se trasunta en la emisión de dos cédulas de notificación diligenciadas, una en el domicilio constituido y otra, en el legal de la Fiscalía de Estado, cabe interrogarse sobre el motivo de ambos actos, sin hallar una explicación razonable que lo justifique.

Esa segunda notificación ha creado la persuasión de la parte anoticiada que, de esa forma, estaba habilitada para recurrir, tanto más si se advierte que la primera cédula diligenciada se practicó en el domicilio del letrado que había cesado en la representación de la Provincia, tornando más incierto para la accionada el motivo de la segunda notificación ya que, al no haber tomado intervención, puedo válidamente inferir que el cimiento de tal comunicación se hallaba en el cese del mandato del letrado al que se le revocó el apoderamiento. En estos casos, las reglas de la buena fe procesal deben presidir la decisión a adoptar y las peculiaridades del caso conducen a expedirse por la tempestividad del recurso ya que se creó con la notificación operada en la sede legal de la Fiscalía de Estado -más que una mera expectativa- la convicción de que, a partir de la misma, podía esa parte articular la pretensión impugnaticia.

Un formalismo exagerado concluiría a brindar supremacía a lo adjetivo, haciendo valer una real situación de duda en contra de una de las partes, cayéndose en un exceso de ritualismo que contraría la reiterada doctrina acuñada desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Colalillo". Es preferible, en ese marco, desdeñar todo prurito formal que coarte el arribo del principal -que tiene las características apuntadas- a la decisión del órgano ad quem, para hacer primar el debido criterio de justicia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Segunda instancia, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: RODRÍGUEZ CARLSSON ALBERTO c/ GEREZ H?CTOR ORLANDO Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - CASACIÓN OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-09-30

El replanteo de prueba en segunda instancia (art. 260, inc. 2 CPCCN.) se refiere exclusivamente a los casos en que medie negativa de alguna medida probatoria -art. 379 CPCCN.- o declaración de negligencia -art. 385 in fine- y no cuando la controversia se ciñe al derecho a producir prueba, por haberla declarado el juzgador inoportuna.
Recurso de inconstitucionalidad, prescripción, acción, procedimiento laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JIMENEZ, HECTOR c/ MINETTI Y CIA LTDA SA s/ COBRO DE PESOS     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  NRO 272-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-21

El planteo de arbitrario rechazo de la demanda laboral por considerar la Sala A quo irrazonablemente cumplida la prescripción de la acción para reclamar indemnización por accidente de trabajo, tiene jerarquía constitucional, justificándose la habilitación de la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia, para revisar la adecuación de la sentencia inferior al ordenamiento jurídico fundamental.
Automotores, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROMERO, VICTOR A. c/ PEMAN, CARLOS HUGO s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS-BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-10

La privación de uso de un rodado representa un daño emergente distinto al lucro cesante, que es la ganancia dejada de percibir a raíz de un accidente. La mera privación del uso privado que se reclama por el actor no procede, si el destino al que se hallaba afectado el vehículo era otro -laboral-. Si el demandante manifiesta que el taxi perjudicado era explotado en dos turnos de 8 horas cada uno, y se le reconoce una reparación en concepto de lucro cesante, lógicamente la mera privación de uso sólo puede referirse a la utilización en recreo o esparcimiento, que no puede producirse, por la cantidad de tiempo que el vehículo se encuentra rodando, aplicado al destino natural al que se halla afectado, por lo que no corresponde admitir esa partida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Guasch, Víctor c/ Estado Nacional s/ cumplimiento de transacción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-15

Cuando se trata de un pleito susceptible de apreciación pecuniaria, las argumentaciones relacionadas con la importancia y mérito de la labor no autorizan a fijar un honorario inferior al fijado por la ley.
Instrumentos privados, valor probatorio, firma en blanco
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fleitas, Edgardo c/ I.C.S.A.S.I.  S.A. s/ Cobro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-03

La "condición esencial" para la existencia de un acto bajo forma privada, cual es la firma, está cumplida (art. 1012 Cód. Civil).

Habiendo sido ella reconocida, queda también reconocido el cuerpo del instrumento (arts. 1028 Cód. Civil). En tal circunstancia, si se pretende -como en el caso- desconocer su contenido, en razón de que habría sido sustraído y existiría abuso de firma en blanco, no es suficiente la sola negativa del signatario, sino que debe acreditarse fehacientemente ambos extremos para enervar las consecuencias de aquel reconocimiento (arts. 1016, 1017, 1019. Cód.

Civil; 358, 375, 384 Cód. Procesal).
Juicio de apremio, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO c/ LACTEOS MATILDE SRL s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

El juicio de apremio, cuyo título es de formación administrativa (arts. 1ro. y 2do. de la Ley 9122) no constituye asunto civil, correspondiendo a las provincias la facultad de deducir sus pretensiones por cobro de impuestos ante los órganos judiciales locales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvarez, Carlos Antonio y otros c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo. Medida cautelar (Expte. CSJ Nº   633-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-25

La Corte Provincial, ha desechado reiteradamente que se pueda estar ante una ilegalidad manifiesta de actos administrativos en supuestos en los que los vicios denunciados remitan básicamente a la interpretación de las normas que se dicen violadas, ya que los planteos que exigen una labor interpretativa del derecho aplicable, obstan en principio a que se pueda encuadrar el caso en el tercer párrafo, primera parte del artículo 14 de la ley 11330, el cual enuncia que "el recurrente puede pedir que se decrete la suspensión de la ejecución de la medida administrativa impugnada, que procederá si "prima facie" apareciere verosímil la ilegitimidad de la resolución cuestionada...".
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, cuestión constitucional, omisión de considerar cuestión propuesta, relaciones de familia, asistencia psicológica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., N. Y OTROS c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-28

Se advierte que asiste razón a los recurrentes en cuanto a que no recibieron adecuada respuesta por parte del Tribunal de grado a los constantes pedidos de revinculación realizados a lo largo de todo el proceso pues, desde el inicio de las actuaciones y reiteradamente en todas las instancias, los progenitores de los menores solicitaron se inicie un proceso de vinculación o comunicación asistida y se sometieron a un tratamiento psicológico, que sostuvieron con el tiempo, con la intención de recuperar a sus hijos y superar las situaciones que dieron lugar a la toma de medida de protección; y si bien parecería que el enfoque inicial dado al tratamiento de la problemática, incluyó el fortalecimiento de la familia de origen -en tanto el plan de acción elaborado al momento de adoptar la medida de protección excepcional de derechos indicaba acompañar y fortalecer a la familia, y trabajar con los progenitores a fin que comiencen un espacio terapéutico-, lo cierto es que en el devenir de la causa no se cumplimentó con el lineamiento de trabajo trazado en un principio, pues no se advierte actividad alguna destinada al restablecimiento del vínculo de los niños con sus progenitores.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, derecho a la información, publicidad de los actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramos, Juan José c/ LR3 Radio Belgrano y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

La prensa tiene por función política, mediante la información, transmitir la voluntad de los ciudadanos a los gobernantes, permitir a los ciudadanos vigilar el funcionamiento del gobierno, servir de escudo a los derechos individuales contra los excesos de los funcionarios y hacer posible a cualquier ciudadano colaborar con la acción del gobierno (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Falta de legitimación para obrar, inhabilidad de título
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Papaecononou, Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/ Papaecononou, Jorge s/ ejecución fiscal'.. inconstitucionalidad denegado en GCBA c/ Papaecononou, Jorge s/ ejecución fiscal'..
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-17

La defensa articulada de falta de legitimación pasiva en el ejecutado se conjuga de modo inescindible con la inhabilidad del título con el cual se promueve este apremio. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Estupefacientes, requisa personal, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Esquivel, Fabio Alberto s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-30

La sospecha suficiente que habilitó al personal policial a la realización de la requisa del imputado, en presencia de un testigo civil, y que concluyera con el hallazgo del material estupefaciente entre las ropas del nombrado, surgió a partir de que una vez detenida la motocicleta que conducía para efectuar un control vehicular, el nombrado intentó darse a la fuga. Si al momento de analizar las circunstancias fácticas que rodearon la requisa personal, existían elementos de convicción que hicieran presumir la comisión de un delito por parte del imputado, cabe considerar que los agentes no se extralimitaron en sus funciones, no mereciendo la anulación de la actividad desplegada. Tampoco habrá de prosperar el planteo relacionado con la supuesta vulneración al principio de congruencia, al haber sido condenado en orden al delito de transporte de estupefacientes, cuando se le venía imputando el de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En efecto, frente a la plataforma fáctica que precede al debate, no se advierte de qué manera la calificación de transporte de estupefacientes pudo haber afectado el principio de congruencia cuando es evidente que el Tribunal se expidió sobre el mismo hecho durante el desarrollo del proceso, no variando el sustrato material del reproche. En tal sentido, en las piezas procesales pertinentes la descripción del hecho imputado no evidencia vulneración al referido principio, ni al derecho de defensa en juicio. La identidad que exige el principio de marras no se refiere a la clase de delito imputado y probado sino a elementos de hecho objetivos y subjetivos, siendo que entre la acusación intimada y la sentencia debe mediar una correlación esencial sobre el hecho. Para la configuración típica del transporte de estupefacientes no se requiere de un elemento subjetivo que apunte a convertir al transportista en un engranaje del tráfico ilícito, ergo no resulta necesario que se constate en el autor una ultraintencionalidad comercial del material estupefaciente que es objeto de traslado por éste, que constituya un elemento subjetivo distinto del dolo.

(Dres. Figueroa, Gemignani y Cabral).
Depósito judicial, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ediftar S.A. c/ Lo Giudice de Ortaman s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

Si el interesado practica liquidación de capital e intereses hasta la fecha de su presentación, los pagos efectuados, al ser descontados deben incluir los mismos intereses a fin de que la repotenciación se haga por las mismas pautas, so pena de causar agravio al derecho de propiedad del deudor y al principio de integridad del pago, implicando, al mismo tiempo, un ejercicio abusivo del derecho (arts. 17 C.N.; 740;y 1071 C.Civ.).
Procedimiento laboral, depósito judicial, impulso procesal, actualización monetaria, notificación al acreedor
Materia: LABORAL -PROCESAL LABORAL
Carátula: PIGHI c/ KOPP s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-02-03

El impulso procesal de oficio establecido en el fuero laboral por el art. 27 de la ley 4.163, no autoriza a las partes a desentenderse de la tramitación del juicio, siendo su obligación paralela al deber del Tribunal instar en forma oportuna la realización de aquellos actos que le interesen. Por esa razón si el deudor en el en el pleito, depositó una suma de dinero sin especificar el rubro que pretendía abonar y el dinero, en consecuencia, no estuvo expedito para el acreedor hasta la aprobación de la planilla que efectuaba la determinación , corresponde que el crédito se actualice y los intereses corran hasta la aprobación de la planilla.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Hugo CHRISTOV y otros c/ MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO s/ AMPARO  -  INEXISTENCIA  DE OTRAS VIAS - ZONA INDUSTRIAL - DEFENSA EN  JUICIO - ORDENANZA MUNICIPAL  - PROVINCIAS - FACULTADES NO DELEGADAS-  EXCESO RITUAL MANIFIESTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-20

La garantía constitucional de la defensa en juicio supone la posibilidad de ocurrir ante los tribunales de justicia y obtener de ellos sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes.
Derecho laboral, Derecho civil
Materia: LABORAL
Carátula: Maidana, Juan de Dios c/ S.E.CH.E.E.P. s/ Cobro de seguro de vida
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-09-30

El derecho del trabajo si bien no es derecho de excepción es un derecho singular, especial, que deroga el derecho común, cuando no condice con sus fines. En consecuencia prevalecen las soluciones expresas que se dan en derecho laboral, sobre las de derecho común, habida cuenta el carácter de fuente subsidiaria de este último cuando razonablemente tolera la aplicación de dichas normas subsidiarias, siempre que no resultan éstas incompatibles.
Costas, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Provincia de Misiones c/ Govemen S.A s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-03

Todo planteo referente a la carga de las costas, esto es si han sido pactadas o no en el convenio, en cuanto está relacionado con la posibilidad o factibilidad de cobro de los honorarios, deviene inoportuna, ya que en todo caso ello constituirá una defensa a ser opuesta por el interesado cuando efectivamente se le requiera el cobro de dichos aranceles, de manera que existiendo una sentencia que determina la carga de ellas, su modificación por acuerdo de partes en este estadio, donde recién se trata de determinar la cuantía, resulta inoponible por extemporánea.
Pena de inhabilitación, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: BIONDI, Macarena s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

El ofrecimiento de auto-inhabilitación exigible a la persona imputada aparece como un medio para conciliar el texto del último párrafo del art. 76 bis, CP con los principios interpretativos establecidos por la jurisprudencia, la doctrina y las Resoluciones de la Procuración General, de modo que si en el caso concreto la defensa no la ha ofrecido, corresponde casar la decisión que concedió el beneficio solicitado (voto del juez Sarrabayrouse) Cita de "Sosa" Reg. 129/2016
Bancos, multa, ley de defensa del consumidor
Materia: PENAL-COMERCIAL
Carátula: Arbizu, Adrian Ignacio c/ Banco Santander Río SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-19

Procede imponer a la accionante una multa punitiva. No obstante ello, los daños punitivos previstos en la LDC 52 bis, si bien tienen naturaleza sancionatoria, su finalidad es eminentemente preventiva (cfr. esta Sala, "Villanueva Maximiliano Alberto c/ Fiat Auto de Ahorro Para Fines Determinados y otros s/ ordinario" del 9/05/19). La aplicación de este instituto debe ser de carácter excepcional y debe obedecer más a la gravedad del comportamiento observado por el proveedor que al eventual beneficio que pudo haber obtenido de su incumplimiento. Voto del Dr. Lucchelli
Cuestiones de competencia, secuestro de bienes, automotores, Secretaría de Transporte, contratos administrativos, servicio público, poder de policía
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Marano, Natalio Eduardo c/ Subsecretaría de Transporte de la Nación s/ Amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

Resulta competente la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal - y no el fuero Civil y Comercial Federal - en la demanda en la que el actor peticiona la restitución del vehículo de su propiedad, secuestrado por un inspector nacional de la Secretaría de Transporte Terrestre, para remitir la unidad a inspección técnica "por razones de seguridad", con fundamento en el Decreto 247/92 P.E.N. ya que las consecuencias resultantes del contrato administrativo de concesión de servicio público y del ejercicio del poder de policía de que se halla investido el estado de materia de transportes se enmarcan en la órbita del derecho administrativo.
Intereses, capitalización de intereses, vencimiento del plazo, facultades de las partes
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Banco Comafi S.A. c/ Cardinale, Miguel Angel y otro. s/ cálculo de intereses
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

La prohibición contenida en el art. 623 del Código Civil no es absoluta pues la capitalización de intereses se encuentra autorizada en disposiciones legales que regulan figuras jurídicas diversas; dicha norma reconoce a las partes el ejercicio pleno de su voluntad negocial, en virtud de la cual pueden convenir - aun anticipadamente al hecho determinante del nacimiento de la obligación - la capitalización de los intereses devengados con posterioridad al vencimiento (disidencia parcial del Dr. Antonio Boggiano).
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS: "VACCARI FRANCISCO FERNANDO c/ ESTADO PROVINCIAL POR DIFERENCIA DE HABERES Y REUBICACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-19

El otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos, según su regulación legal, queda librado al prudente arbitrio judicial, razón por la cual el solicitante tiene la carga procesal de acreditar la insuficiencia de sus recursos para hacer frente a las erogaciones del proceso en el cual se lo solicita.
Recurso extraordinario, beneficio de litigar sin gastos, defectos en la fundamentación normativa, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Magdalena c/ Shell C.A.P.S.A.  y otra. s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

Aun cuando los agravios deducidos contra el pronunciamiento que hizo lugar al beneficio de litigar sin gastos remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho procesal, ajenas al remedio del art. 14 de la ley 48, éste es admisible cuando la decisión incurre en defectos graves de fundamentación que redundan en menoscabo de los derechos constitucionales invocados y origina un agravio insusceptible de reparación ulterior, toda vez que ella sólo puede ser modificada por hechos sobrevinientes (art. 82, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda).
Jerarquía de las leyes, conflicto de leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Obispado de Posadas s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1987-06-15

De acuerdo con el principio de la doctrina del "ordenamiento jurídico escalonado", debe arbitrarse el medio de corregir la situación que se crea cuando actos o disposiciones de autoridad competente o una ley, que se sustenten en normas constitucionales, son desconocidos o confrontados por otra norma o acto de menor jerarquía, ya que se produce entonces "la violación indirecta de la constitución".(Fernández: Según su voto.)
Jurisdicción y competencia, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Consejo Departamental Partido Justicialista c/ Unión Popular. s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-15

La prohibición en el régimen legal del amparo, de articular cuestiones de competencia, no impide a los tribunales requeridos sobre el particular, juzgar la procedencia de su intervención con arreglo a las normas sobre competencia por razón de la materia o del lugar, en especial cuando existe el peligro que sobre un mismo punto distintos magistrados dicten pronunciamientos contradictorios.