Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-06


Expte. nº 8739/12 "Gorondon, Juan Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Gorondon, Juan Carlos c/Ministerio de Desarrollo Social y otros s/otros procesos incidentales'" Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. Juan Carlos Gorondon acude en queja ante este Tribunal (fs. 1/25 vta.) contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario (fs. 76/77 vta.) que denegó el recurso de inconstitucionalidad que su parte dedujera contra la sentencia de esa alzada que confirmó la decisión de grado de imponer sanciones conminatorias al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA), pero declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 30 del CCAYT -en cuanto establece que las astreintes son a favor del titular del derecho afectado por el incumplimiento- y resolvió que tuvieran el destino que dispusiera el Consejo de la Magistratura (cfr. art. 28 inc. 3 CCAYT) a los fines de su aplicación para un fin público (fs. 54/55 vta.).

La Sala I no concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto porque consideró que el pronunciamiento atacado no reunía "la condición de definitivo con relación a ninguna cuestión constitucional. Además la recurrente no ha demostrado que la resolución le ocasione un perjuicio irreparable y, por lo tanto, sea equiparable a definitiva" (fs. 76 vta.).

En el recurso de hecho, el amparista afirma que la Cámara rechazó el recurso de inconstitucionalidad de manera infundada puesto que "no ha desarrollado, ni siquiera en forma sumaria, por qué -a su entender- mis planteos referidos al carácter de definitivo del resolutorio eran desechables" (fs. 6 vta.). Insiste en que el decisorio impugnado en el recurso de inconstitucionalidad que viene a sostener, reúne la calidad de definitivo "toda vez que impide el replanteo de la cuestión relativa al destino de las astreintes -en cabeza de la parte perjudicada por el incumplimiento- en ninguna otra instancia, a la vez que el gravamen causado por la pérdida definitiva de la posibilidad de percibir el monto correspondiente a la sanción procesal, tal como lo reconoce el ordenamiento aplicable no puede ser reparado con suficiencia en ninguna otra oportunidad ulterior" (fs. 1 vta.); "lo resuelto por la Sala I ha decidido, en última instancia, sobre el destino de las astreintes y consecuentemente, sobre los destinos constitucionales que en ella se asientan" (fs. 2). Tacha de arbitrario el pronunciamiento recurrido y sostiene que existe caso constitucional porque i) viola la garantía de defensa en juicio al modificar el sujeto acreedor de una sanción firme y consentida por el obligado; ii) afecta el derecho a la tutela judicial efectiva al vulnerar el principio de congruencia y dispositivo pronunciándose sobre tópicos que no fueron materia de agravio, lo que excede la competencia revisora de la Cámara; iii) declara la inconstitucionalidad de oficio de una norma que no es la que sustenta el acto u omisión lesiva sobre el que se basó la acción de amparo; y iv) viola la garantía de igualdad ante las cargas públicas y el derecho de propiedad.

2. En el caso, Juan Carlos Gorondon promovió una acción de amparo, manifestando que se encontraba en situación de calle, a fin de que se lo reincorporara en el programa habitacional vigente en el ámbito del GCBA disponiendo un subsidio acorde con sus necesidades, y solicitó como medida cautelar que se lo incluyera en los programas de emergencia habitacional (fs. 28/40vta.).

El juez de grado con fecha 2 de octubre de 2008 hizo lugar a la medida impetrada y ordenó al Ministerio de Desarrollo Social del GCBA que adoptara las medidas necesarias para garantizar el alojamiento del actor (fs. 41/43).

Posteriormente, por resolución del 12 de mayo de 2009, ordenó al GCBA que "produzca un informe y determine si las condiciones sociales-habitacionales que motivaron la inclusión del actor en el programa implementado en el Decreto Nº 690/06, y justificaron el otorgamiento de la medida cautelar en autos, no han variado sustancialmente, de tal forma que sin el aumento otorgado no podría afrontar el pago de una vivienda adecuada a sus necesidades" (fs. 45 vta.).

Finalmente, en lo que ahora importa, el juez de primera instancia dispuso que "En atención a lo solicitado y no habiendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dado cumplimiento con el requerimiento . hago efectivo el apercibimiento allí dispuesto y le impongo una multa de pesos cincuenta ($50) por cada día de retardo en suministrar la información -informe social ordenada con fecha 12 de mayo y reiterada con fecha 14 de octubre del corriente año- a partir del vencimiento de la prórroga. (conf. artículo 30 del CCAYT) (fs. 47).

3. Disconforme con esta decisión, el GCBA apeló y fundó su recurso (fs. 49/50 vta.). Se agravió de la imposición de la multa, argumentando que "la supuesta resistencia no existe en autos" (fs. 49 vta.). Subsidiariamente planteó la notoria desproporcionalidad e irrazonabilidad del monto de la sanción que, a su criterio, configuraba "un claro exceso de punición antecedido por un evidente exceso de jurisdicción" (ídem).

La parte actora contestó el traslado y solicitó la confirmación de la resolución recurrida (fs. 51/53 vta.) La Sala I de la Cámara CAYT resolvió "1) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada con el alcance dispuesto en el apartado I del voto de la mayoría relativo al destino de las astreintes, con costas; 2) Disponer que las astreintes reguladas en el art. 30 del CCAyT tendrán el destino que disponga el Consejo de la Magistratura (cfr. art. 28.3, CCAyT) --previa comunicación que al respecto se le curse en los términos del art. 6, res. 116/PJCABA/CMCABA/01-- a los fines de su aplicación a un fin público" (fs. 55 vta.).

Para así decidir la mayoría conformada por los jueces Weinberg y Corti, se remitió a "las consideraciones realizadas en el precedente 'Halfon Samuel contra GCBA y otros sobre amparo por mora administrativa", EXPTE: EXP 28975 / 0, del 3 de diciembre de 2010'" y entendió que "el destino de las astreintes establecido en el art. 30, CCAyT resulta irrazonable por no ajustarse a las particularidades propias del proceso contencioso administrativo y tributario. Por lo expuesto, y siguiendo las pautas establecidas por la Corte federal en las causas 'Mill de Pereyra, Rita A. y otros c/Provincia de Corrientes' del 27 de septiembre de 2001, y 'Banco Comercial de Finanzas (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ quiebra', del 19 de agosto de 2004, y por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el precedente 'Comisión Municipal de la Vivienda c. Saavedra, Felisa A. y otros', del 07 de octubre de 2002 (voto de la Dra. Conde), corresponde, en el caso de autos, la declaración de inconstitucionalidad del destino de las astreintes determinado en el art. 30, CCAyT por resultar contrario al principio de razonabilidad que emana del art. 28 de nuestra Carta Magna" (fs. 55).

Por su parte, el juez Balbín propició que las astreintes tuvieran el destino dispuesto en el primer párrafo del art. 30 del CCAYT, porque consideró no aplicables al caso -que no es una acción con objeto procesal colectivo- las consideraciones efectuadas en el precedente citado (fs. 55 vta.).

4. Contra la sentencia de Cámara, el actor interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 58//73 vta.). Sostuvo que el pronunciamiento era arbitrario y violatorio de la garantía de defensa en juicio y del derecho de propiedad, en cuanto modifica el destino de las astreintes que confirma. Planteó que la Cámara había excedido su jurisdicción al pronunciarse sobre cuestiones -el destino de las astreintes- que no habían sido propuestas en los agravios lo que descalifica al decisorio como acto judicial válido.

Por otra parte, manifestó que la declaración de oficio de la inconstitucionalidad del art. 30 del CCAYT "constituye un claro supuesto de desvío de la competencia atribuida a los jueces en la acción de amparo" (fs. 65 vta.) toda vez que la facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma, otorgada por el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad, "está constreñida a que en ella se funde la lesión al derecho que sustenta la acción incoada por la parte actora" (fs. 66).

Con respecto a la remisión a los fundamentos dados en el precedente "Halfon", el recurrente señaló que afecta la validez de la sentencia cuestionada por no ser autosuficiente, en la medida que, al no transcribir ni integrar el pronunciamiento con copia del fallo referenciado, priva a su parte de contar con todos los elementos para ejercer plena y oportunamente su derecho de defensa.

En cuanto al fondo de la cuestión afirmó que afecta la división de poderes pues la "manipulación normativa nos da un nuevo 'instituto jurídico' producto de la combinación forzada entre la multa -prevista en el art. 28 del CCAYT- y las astreintes -previstas en el art. 30 de dicho cuerpo normativo-. El resultado es una figura con ropaje de astreintes y alma de multa. Su consecuencia, en la realidad fáctica es: el beneficiario de los mismos será 'una entidad' a elegir por el Consejo de la Magistratura" (fs. 68 vta.).

Finalmente, se agravió de que la sentencia atacada vulneraba la garantía de la igualdad "colocándome en una situación de vulnerabilidad y desventaja frente a aquellos que logran a su favor percibir la condena económica impuesta al GCBA por el incumplimiento sostenido a sus obligaciones y que sustenta la condena en astreintes" (71 vta.).

El GCBA no contestó el traslado (fs. 75).

La denegatoria del recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora (fs. 76/77 vta.), reseñada en el punto 1, motivó la queja que originó estas actuaciones.

5. Requerido su dictamen, el Fiscal General (fs. 87/89 vta.) propició el rechazo de la queja porque, en su opinión, la decisión impugnada no es una sentencia definitiva ni equiparable a tal, debido al carácter de provisionalidad de las astreintes.

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La queja interpuesta por la parte actora debe ser rechazada en atención a que el recurso de inconstitucionalidad cuya procedencia viene a defender no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, toda vez que no se trata de la que resuelve el pleito ni una que impida su continuación y no se ha acreditado que los agravios que se pretenden traer a conocimiento de este Estrado pongan en vilo un derecho de imposible o tardía reparación ulterior.

2. La recurrente objeta la modificación dispuesta por el a quo del destino de las astreintes, porque importó apartarse de la regla que, a este respecto, establece el art. 30 del CPCAyT; sin embargo, aún cuando aquella invoca afectado su derecho de propiedad, omite expresar por qué el monto resultante de la imposición de astreintes se habría incorporado definitivamente a su patrimonio y, por ello, que la modificación de su destino conlleve el menoscabo de un derecho en condiciones de habilitar la intervención de este Tribunal.

Más allá del acierto o error de la decisión de la Cámara, las astreintes se encuentran reguladas en el CPCAyT -así como también en el art. 666 bis del Código Civil- como un instituto destinado a brindar al juez una herramienta para estimular el acatamiento de órdenes judiciales, con el objeto de asegurar tanto el cumplimiento de las sentencias que resuelvan el pleito como para facilitar que se arribe al dictado de una sentencia útil en tiempo oportuno. Los créditos que puedan surgir de la aplicación de las astreintes, más allá de que el destino dispuesto por las leyes para esos montos sea el titular del derecho afectado, no tienen como objeto la reparación de un perjuicio, ni retribuir con una pena una conducta ilícita del obligado sino que, como se dijo, tienen como fin compeler el cumplimiento de las mandas judiciales. Esa es la razón por la que el artículo 30 del CPCAyT (del mismo modo que el art. 666 bis del Código Civil) expresamente prevé que las condenas al pago de astreintes pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas, dependiendo de la actitud del sujeto pasivo o de los justificativos que pudiera brindar. En otros términos, la imposición de astreintes no causa estado y, por ello, frente a la omisión de la recurrente en realizar un mínimo de desarrollo argumental, no es posible asumir, como lo hace ésta, que el beneficiario adquiera allí un derecho, indubitablemente cuando, como en el caso, éste no ha percibido esos montos. En sentido concordante se ha manifestado la doctrina, con relación a la norma del Código Civil pero con conceptos trasladables a autos, entre los que puede mencionarse el comentario al art. 666 bis del Código Civil realizado por Aida Kemelmajer de Carlucci en Bueres, Alberto J. (dirección) y Highton, Elena I. (coordinación), "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1998, tomo 2 A, págs. 579 y ss. y el de Oscar J. Ameal en Belluscio, Agusto C. (director) y Zannoni, Eduardo A., "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, tomo 3, págs. 247 y ss.; así como también a Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil", Ed. Abledo-Perrot, 6° edición, Buenos Aires, 2005, tomo I, págs. 89 y ss.

Consideraciones semejantes han sido expresadas por la CSJN al señalar que "...uno de los caracteres esenciales de las astreintes es su provisionalidad, como también la ausencia de cosa juzgada derivada de la resolución que las impuso (art. 666 bis del Código Civil), de modo que al no haber decisión con carácter de definitiva sobre el punto en cuestión, aparece inequívocamente aplicable la nueva legislación que veda la imposición de dichas sanciones" (Fallos 320:61).

Por su parte, en sentido similar también se ha expedido la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal al decir que ".mientras la indemnización por daños y perjuicios reconocida en sentencia firme, constituye un elemento del activo patrimonial del acreedor sin posibilidad constitucional de un ulterior desmedro, las astreintes devengadas no configuran, como principio, un derecho patrimonial definitivamente adquirido por el titular del derecho infringido. Estas tienen por causa una decisión judicial que no pasa en autoridad de cosa juzgada, y cuyas derivaciones siguen la suerte que, de hecho, experimente esa misma decisión. Por ello, no es posible objetar que se dejen sin efecto las astreintes, con el argumento de que son un derecho patrimonial amparado por el art. 17 de la Constitución Nacional" (sala III, "E., G. c/ Yahoo de Argentina S.R.L. y otro", 23/06/2011).

3. De lo hasta aquí expuesto surge que los agravios de la quejosa redundan en una cuestión procesal, sin que hubiera mostrado que la sentencia objetada pueda ser equiparada a una definitiva porque no ha brindado un mínimo de razón para afirmar que hay un derecho incorporado a su patrimonio, que da por sentado pero sin demostrar, frente a los obstáculos enunciados, que la interpretación de las normas procesales que hizo la Cámara para concluir que no lo acuerdan definitivamente fuera arbitraria. En orden a lo dicho en último término, resulta acertado reiterar la doctrina sentada en la constante jurisprudencia de este Tribunal que establece que la interpretación de las normas procesales es una cuestión privativa de los jueces de mérito y por lo tanto, como regla, ajena a la competencia de este Tribunal, razón por la cual la CSJN ha entendido que, como principio, las cuestiones relativas a la forma y condición de aplicación de las astreintes resulta ajena al recurso extraordinario federal (in re "Alejandro Buezas v. Edificadora Lezica", Fallos: 289:413; entre otros), criterio, mutatis mutandi, aplicable al recurso de inconstitucionalidad local cuya procedencia viene a defender la presente queja.

Por las razones expuestas, en sentido concordante con lo dictaminado por el Fiscal General, voto por rechazar la queja obrante a fs. 1/25.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Recurso de queja El recurso de queja deducido interpuesto en tiempo y forma, dirige una crítica concreta y suficiente contra la resolución denegatoria de su recurso de inconstitucionalidad.

El actor demuestra que la sentencia contra la que interpuso recurso de inconstitucionalidad es equiparable a definitiva. Ello así, por cuanto la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario cambió el destino de las astreintes al declarar oficiosamente la inconstitucionalidad del art. 30 del CCAyT (esa norma dispone que las sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas son a favor del titular del derecho afectado). La decisión provoca una situación irreversible para el quejoso beneficiario de las astreintes ya que no hay otra alternativa procesal -salvo esta impugnación- que pueda neutralizar la lesión de derechos que invoca.

También acierta cuando aduce que el carácter provisorio de las astreintes no enerva el carácter definitivo de la decisión impugnada, dado que la provisoriedad sólo se mantiene hasta que se efectiviza la sanción y queda firme el apercibimiento, por lo que el tópico no es ajeno a la cuestión que aquí se debate.

Recurso de Inconstitucionalidad 1. El 23/11/2009 el juez de grado hizo efectivo el apercibimiento, decisión que fue apelada por el GCBA. La Cámara, que podía confirmar, revocar o reducir las astreintes, optó por confirmarlas. Simultáneamente modificó de oficio al destinatario de la sanción.

Los agravios de la actora se refieren a la afectación del derecho de defensa, de propiedad, del debido proceso adjetivo y la arbitrariedad de la decisión impugnada.

La cuestión a dilucidar es: (i) si la Sala I de la CCAyT ejerció legítimamente el control de constitucionalidad de oficio cuando alteró la imputación y destino económico de las astreintes, que fueran establecidos por el legislador a favor del titular del derecho afectado por el incumplimiento y si, además, (ii) resulta válido que el tribunal superior de la causa, tras declarar la inconstitucionalidad indicada dispusiera que fuera el Consejo de la Magistratura quien definiera el destino de las astreintes.

2. Dado que en la sentencia bajo análisis y por todo fundamento los jueces de la Sala I remiten a la resolución interlocutoria que dictaran el 3/12/2010 en el expediente n° 28795/0 "Halfon Samule c/GCBA y otros sobre amparo por mora administrativa", debo incluir -para un correcto examen de la cuestión- lo pertinente del fallo citado, tal como consta en la base informática del Fuero CAYT.

Una aclaración más: in re "Halfon.", los tres vocales de la Sala I coincidieron en declarar la inconstitucionalidad parcial del art. 30 del CCAyT y disponer que el Consejo de la Magistratura percibiera las astreintes, pero en este caso el juez Balbín manifestó que su opinión en "Halfon" no era aplicable aquí.

Así pues, me limito a transcribir el voto conjunto de los jueces Weinberg y Corti: "IV.3 Sentado lo anterior, cuadra dejar asentado que el instituto bajo análisis constituye una herramienta fundamental para el ejercicio de la función jurisdiccional, en tanto dota a los jueces de un medio de coacción para lograr el cumplimento de sus decisiones, siendo por ende indiscutible su aplicación en los procesos contenciosos administrativos locales. Sin embargo, este Tribunal entiende que el destino de las astreintes --cuya regulación en el derecho privado ha sido aplicada directamente y sin modificaciones al CCAyT-- no se ajusta a las particularidades propias del proceso contencioso administrativo y tributario. En este sentido, y dada la definición de causa contencioso administrativa plasmada en el art. 2, CCAyT, no debe pasarse por alto que este tipo de proceso presupone una relación regida por el derecho público y conformada por dos partes, el particular, por un lado, y una autoridad administrativa, por el otro. A su vez, en la mayoría de los casos, la autoridad administrativa es la parte demandada y, por ende, el sujeto pasivo de las astreintes. De allí entonces que, en estos supuestos, la imposición de sanciones conminatorias repercuta en la renta pública, pues su pago debe afrontarse con fondos públicos, circunstancia que singulariza el proceso judicial administrativo. En la práctica, entonces, en un número importante de casos, la imposición de astreintes apareja una transferencia de fondos públicos al patrimonio de los particulares, sin que esta traslación guarde relación directa e inmediata con el objeto del juicio, lo cual es antifuncional en el marco de un Estado de Derecho. Ello así, en tanto los fondos públicos resultan necesarios para satisfacer los derechos garantizados por la Constitución Nacional y Local, y no solamente con respecto a quienes revisten el carácter de parte en los juicios que tramitan ante los estrados del poder judicial local, sino en favor de todos los habitantes. En este contexto, la falta de adaptación del destino de las sanciones conminatorias según las características propias del proceso contencioso administrativo y tributario local, impone recurrir a la solución prevista en el artículo 28.3, CCAyT, que guarda cierta similitud con la figura de las astreintes --en tanto ambas constituyen manifestaciones del poder sancionador de los jueces-- y, a su vez, contempla una solución acorde al carácter publicista de aquel proceso judicial. Esa norma regula la facultad de los tribunales de aplicar correcciones disciplinarias para mantener el buen orden y decoro en los juicios, estableciendo que 'El importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido en este código, se aplica al que le fije el Consejo de la Magistratura.' Luego, la resolución 116/PJCABA/CMCABA/01 --que reglamenta el CCAyT-- dispone que 'Mensualmente, y antes de terminar cada mes, todos los magistrados que hayan impuesto multas, una vez firmes las imposiciones y efectivizadas las mismas, las comunicarán por medio de la Secretaría General al Consejo de la Magistratura, para que éste determine el destino que les corresponda' (art. 6). Toda vez que tanto las astreintes como las correcciones disciplinarias constituyen facultades sancionadoras que poseen los jueces tendientes a lograr un mejor servicio de justicia, y que las nombradas en segundo término tienen un destino acorde a las particularidades del proceso contencioso administrativo, corresponde otorgar a las sanciones conminatorias (art. 30 CCAyT) el destino previsto para las sanciones disciplinarias (art. 28.3, CCAyT). Ello así, en tanto no se advierte una razón plausible y razonable para asignar a la especie (astreintes) un tratamiento distinto del resto de los componentes del género (potestad sancionadora reconocida legalmente a los jueces). En este sentido, refuerza la conclusión antedicha la regulación de otra de las especies del género, esto es, las multas que los jueces pueden imponer a la parte vencida cuando se declara maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito, cuyo beneficiario tampoco es la contraparte del juicio (art. 39, CCAYT). En efecto, el artículo citado prescribe que el importe de la multa es a favor de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. IV.4 Por otra parte, cierto es que puede ocurrir, aunque con menor frecuencia, que en ciertos casos el deudor de las astreintes resulte ser un particular, sea la contraparte de una autoridad administrativa o un funcionario público, de conformidad con la última parte del artículo 30, que faculta al tribunal a disponer que la multa se haga efectiva en la persona del funcionario responsable del máximo nivel de conducción del organismo que ha incurrido en incumplimiento. Con relación a estos casos, cuadra destacar que aun en el derecho privado se ha discutido si las sanciones conminatorias deben ser impuestas en favor de la parte o de terceros, tales como entidades de bien público. En este sentido, la doctrina civilista ha propuesto que el sujeto beneficiario de las astreintes no sea necesariamente y en todos los casos la parte, sosteniendo que 'la imposición irremediablemente en favor del acreedor genera difíciles problemas de resolver cuando el acreedor también peticiona daños y perjuicios. Por lo demás, olvida el aspecto publicístico, también consustancial a la figura en estudio. Por eso estimo que la ley debiera ser lo suficientemente flexible para permitir al juez dar uno u otro destino (o parte de él), conforme surja de las circunstancias del caso' (cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída, comentario al artículo 666 'bis' en Bueres, Alberto J (dir.) - Highton, Elena I. (coord.), op. cit., p. 584). Así las cosas, también en estos supuestos (astreintes impuestas a un particular, sea la contraparte de una autoridad administrativa o un funcionario público), corresponde estar al destino que fije el Consejo de la Magistratura. IV.5 En virtud de lo hasta aquí dicho, este Tribunal considera que el destino de las astreintes establecido en el art. 30, CCAyT resulta irrazonable toda vez que no se ajusta a las particularidades propias del proceso contencioso administrativo y tributario" [FIN DE LA CITA].

3. El tratamiento de los agravios del recurrente exige ciertas precisiones para definir el alcance de su procedencia.

En primer lugar, no hay duda acerca de que los jueces están habilitados para aplicar astreintes; ni -como ya dije- del carácter provisorio de aquellas hasta la efectivización y firmeza del apercibimiento que las impone.

Tampoco se sostienen los cuestionamientos de la actora a la facultad del órgano jurisdiccional de ejercer de oficio el control de constitucionalidad en nombre de la violación del principio de congruencia y derecho de defensa. En verdad su postura se inserta en una discusión superada y poco relevante en especial cuando la Constitución local consagra esa posibilidad de manera expresa (cfr. arts. 14, 106, CCBA).

4. La crítica que denuncia la ausencia de razonabilidad de la declaración de inconstitucionalidad de oficio del art. 30 del CCAyT en el caso es en cambio concreta y acertada, por lo que el agravio habrá de ser receptado.

Los argumentos de la mayoría de la Sala I para declarar inconstitucional el destino de las astreintes (art. 30 del CCAyT) apenas expresan un juicio desfavorable respecto al mérito de la norma, pero no alcanzan a poner en crisis su validez.

Los fundamentos de la decisión recurrida se asemejan en este aspecto a una exposición de motivos propia de un proyecto dirigido a modificar el mencionado art. 30 del CCAyT, pero está muy lejos de justificar las alteraciones introducidas por los camaristas. En efecto, ni las referencias a las particularidades propias del proceso contencioso administrativo y tributario, que fueron definidas por el legislador, ni la circunstancia de que la aplicación de las astreintes repercuta en la renta pública alcanza para invalidar el art. 30 del CCAyT. Es oportuno agregar frente a la preocupación que surge del fallo impugnado en lo que hace a la afectación de fondos públicos vía astreintes, que el cumplimiento de los mandatos judiciales sería el mejor camino para evitar estas situaciones. Pero como es obvio, la falta de habitualidad de estas prácticas por parte de los funcionarios si bien es importante, no da razones para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Dicho de otra manera, el acatamiento de las decisiones del poder judicial es la clave para diluir los perjuicios anunciados en el fallo recurrido, mientras que si aquellas son desoídas, la afectación excede la cuestión de la renta pública y se extiende al propio Estado de Derecho y la división de poderes.

5. También es adecuada a derecho la crítica que contiene el recurso a la posición sustentada por la Cámara en cuanto a que la aplicación de astreintes no guarda "relación directa e inmediata con el objeto del juicio".

Si bien las astreintes pueden no estar directamente vinculadas a la pretensión, sí lo están con la efectividad del proceso, y si esta condición no se cumple no hay garantía de tutela del objeto del juicio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en forma pacífica, reiterada y uniforme que la declaración de inconstitucionalidad constituye la más delicada de las funciones de un tribunal de justicia y debe surgir de la ley misma y no de su aplicación irrazonable en el caso concreto. Es un acto de suma gravedad, ultima ratio del orden jurídico, al que únicamente ha de acudirse cuando no haya otra posibilidad de solución adecuada para los derechos en juego. La declaración de inconstitucionalidad de una norma legal impone un examen estricto y acabado que sostenga la convicción plena de que su aplicación al caso conculca o colisiona con preceptos, principios y garantías de la Constitución Nacional (conf. Fallos: 317:44 y 324:920, entre otros).

Desde esta perspectiva, el control de constitucionalidad ejercido oficiosamente por la Sala I parte de premisas erradas, solo expresa diferencias con el criterio sentado por el legislador, no satisface los requisitos exigidos por la Corte Suprema y no logra demostrar una incompatibilidad sustantiva y clara con el sistema de fuentes formales del derecho. En síntesis, el destino de las astreintes previsto en el art. 30 del CCAyT no exhibe una invalidez manifiesta ni incompatibilidad con normas superiores.

6. La desafortunada creación de derecho por el tribunal superior de la causa violenta por cierto el principio de división de poderes, al sustituir sin justificación suficiente una actividad eminentemente legislativa. Nótese que aquí no se suple una omisión para dar tutela efectiva a un derecho, sino que se suprime un derecho (el del actor) y se crea una competencia nueva (la del Consejo). La desprolijidad es relevante.

Por otra parte, es problemática y desafortunada la introducción de lo dispuesto en el art 283 del CCAyT. La analogía que se intenta acreditar deviene no de la similitud de situaciones entre el caso de autos y las previsiones del art 283 citado, sino de la interpretación de la Sala I. En efecto, este artículo, en lo pertinente, dispone que los tribunales pueden "[a]plicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este código y las leyes respectivas. El importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido en este código, se aplica al que fije el Consejo de la Magistratura". Como se observa, (i) el Código expresamente establece que las multas tienen el destino especial fijado por el propio Código. Como excepción, el Código asume la posibilidad de que existan multas sin destino especial; entonces, en este último supuesto (ii) es el Consejo de la Magistratura quien establece el destino. Por lo tanto, la sentencia compromete también al Consejo de la Magistratura que se ve obligado a otorgar destino a una multa que tenía destino especial. Es decir, la decisión otorga al Consejo una facultad que la ley no le reconoce.

7. Es oportuno consignar además, en apoyo de la arbitrariedad de la sentencia, las consecuencias complejas y paradójicas que indica el actor en su recurso proponiendo diversas situaciones en las que la disfuncionalidad de la solución que defiende la Cámara aparece palmariamente. Por ejemplo podría suceder que el sujeto pasivo de las astreintes fuera un particular o, incluso, el propio Consejo de la Magistratura como parte en un litigio determinado (v.gr.: podría concurrir sobre el Consejo de la Magistratura en determinado supuesto la condición de sujeto pasivo de las astreintes y la facultad de elegir quién deba pagarlas, lo que no parece adecuado a derecho). 8. Por todo lo expuesto, la sentencia recurrida no constituye una derivación razonada del derecho aplicable a los hechos de la causa. Media en el caso relación directa e inmediata entre lo debatido y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas; en particular, se encuentra afectado el debido proceso porque se elude cumplir con lo ordenado en el art. 283 CCAyT por vía de una interpretación apoyada en simples razones de mérito, y no en un escrutinio estricto de la regla invalidada.

De lo dicho se sigue que la resolución impugnada es descalificable como acto judicial válido según la conocida doctrina de la Corte elaborada en torno a las sentencias arbitrarias (Fallos: 312:1150; 318:643; 324:2009, entre muchos otros). Corresponde pues, atento a su nulidad parcial (cfr. art. 27, 4, CCAyT), dejar sin efecto el punto 2 de la parte dispositiva del fallo de la alzada cuanto dispone "2) Disponer que las astreintes reguladas en el art. 30 del CCAyT tendrán el destino que disponga el Consejo de la Magistratura (cfr. art. 28.3, CCAyT) --previa comunicación que al respecto se le curse en los términos del art. 6, res. 116/PJCABA/CMCABA/01-- a los fines de su aplicación a un fin público". Sin costas, por no haberse opuesto el GCBA al recurso de la parte actora. Así voto.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Coincido con mi colega la doctora Alicia E. C. Ruiz en que la decisión que se pretende poner en crisis -esto es, aquella que con fecha 15 de febrero de 2011 confirmó las sanciones conminatorias impuestas por el juez de grado al GCBA pero dispuso de oficio que "las astreintes reguladas en el art. 30 del CCAyT tendrán el destino que disponga el Consejo de la Magistratura ."- resulta equiparable a una de naturaleza definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad que aquí se defiende.

Ello es así, pues, aun cuando la imposición de astreintes eventualmente pudiera ser modificada o dejada sin efecto por el tribunal a quo en caso que la demandada justificara fundadamente su proceder, lo resuelto en autos -al establecer de modo definitivo y en un modo distinto al previsto en la prescripción legislativa de marras el destino de las sanciones pecuniarias ya devengadas hasta el presente en el sub examine- determina la suerte de una cuestión incidental que no podrá ser materia de revisión en una etapa o proceso ulterior.

Es que, si bien las astreintes constituyen un instituto procesal de coerción para asegurar el cumplimiento de las medidas dispuestas por el tribunal -con lo cual, en principio, no hay un derecho a la percepción del crédito por la contraparte de la incumplidora- distinta es la situación cuando no se ha dado satisfacción al emplazamiento del tribunal bajo tal apercibimiento; oportunidad en la cual se genera, a partir de la configuración de los presupuestos de la clara prescripción legislativa, un derecho a título de reparación impropia a favor de la parte que ha sido perjudicada por la dilación.

2. Por su parte, el recurrente ha logrado acreditar que el cambio de destino de las astreintes devengadas en el sub lite constituye una decisión que exorbita las competencias que habilitaron la jurisdicción apelada de la que dispuso la Cámara, por lo que la sentencia impugnada no puede considerarse un acto jurisdiccional válido.

2.1. En efecto, es posible advertir que los agravios esgrimidos por el GCBA en la apelación deducida contra la resolución de fecha 23 de noviembre de 2009 -mediante la cual el juez de grado impuso a la demandada la multa de pesos cincuenta ($50) por cada día de retardo en presentar el informe social que se le ordenara en el marco de las actuaciones principales- procuraron resistir aquella decisión alegando la falta de existencia del contumaz incumplimiento endilgado mas en modo alguno cuestionaron el destino fijado por la norma legal para las astreintes ya devengadas (fs. 186/187 vuelta, expte nº EXP 30187/1). En particular, cabe señalar que en su petitorio la demandada solicitó en términos claros y positivos que "se revoque sin más el decisorio en crisis" (fs. 187 vuelta, expte nº EXP 30187/1).

Así pues, asiste razón a la actora cuando señala que la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones CAyT no ha respetado el principio de congruencia, que en la instancia de apelación se resume con el aforismo tantum devolutum quantum appellatum.

Es que también en la apelación el principio de congruencia limita el ámbito decisorio en el que los jueces pueden intervenir válidamente. En palabras de Piero Calamandrei, "el nuevo examen del juez de segundo grado se ejercita sólo en cuanto las partes lo provoquen con su gravamen; en apelación, lo mismo que en primer grado, la mirada del juez se halla limitada, por decirlo así, por la mirilla del principio dispositivo y no está en condiciones de ver sino lo que las partes colocan dentro del campo visual contemplado desde esta estrecha abertura" ("Apuntes sobre la reformatio in peius" en Estudios sobre el proceso civil, p. 301, traducción de Santiago Sentís Melendo, Omeba, Buenos Aires, 1961).

Este exceso de jurisdicción impone la descalificación de lo resuelto pues transgrede los requisitos constitucionales para la validez de la decisión, plasmados en las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio y legalmente desarrollados en los arts. 145, inciso 6, y 147 del CCAyT -que establecen los recaudos que deben cumplir las sentencias de mérito-.

2.2. Por lo demás, para justificar lo decidido por la alzada tampoco podría invocarse que en el proceso de amparo se permite la declaración de inconstitucionalidad de oficio de la norma en que se funda el acto cuestionado -art. 14, CCBA- porque en autos tal declaración se pronunció sobre una norma (en el caso, un segmento del art. 30 del CCAyT) que no obstaba la provisión de la tutela del derecho constitucional invocado por el actor, ni la atención de las defensas planteadas por el demandado.

Finalmente, la cita de un precedente dictado por el mismo tribunal en el marco de un amparo colectivo -conf. sentencia dictada por la Sala I de la Cámara CAyT in re: "Halfon Samuel c/ GCBA y otros s/ amparo por mora administrativa", expte nº EXP 28975/0-, más allá del acierto o error de tal decisorio, constituye un fundamento tan solo aparente frente a la falta de identidad de situaciones como las planteadas en el sub lite.

Las breves consideraciones que anteceden me llevan a admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora; y dejar sin efecto la sentencia de Cámara CAyT en cuanto dispone "que las astreintes reguladas en el art. 30 del CCAyT tendrán el destino que disponga el Consejo de la Magistratura cf. Art. 28.3 CCAyT).". Sin costas, por no haber resistido el GCBA el recurso de la actora.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. La queja interpuesta por el actor cumple los requisitos formales previstos en el art. 33 de la ley 402, y rebate con acierto los fundamentos del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.

La Cámara, al denegar el recurso extraordinario local, consideró que el pronunciamiento impugnado no reunía la condición de definitivo con relación a ninguna cuestión constitucional, y que tampoco se había desarrollado un caso constitucional ni un supuesto de arbitrariedad de sentencia.

Sin embargo, asiste razón a la actora cuando sostiene que el pronunciamiento atacado, al confirmar las sanciones conminatorias impuestas por el juez de grado al GCBA pero modificar su destino -el beneficiario dejó de ser el recurrente-, resulta equiparable a uno definitivo, por cuanto causa un gravamen de imposible reparación ulterior, al tiempo que priva al interesado de otro medio legal para la tutela de su derecho (Fallos: 329:502, 1767 entre muchos otros).

No obsta a lo expuesto el carácter provisional de las astreintes: en primer lugar, porque lo decidido en el fallo en crisis establece de modo definitivo el destino de las sanciones pecuniarias impuestas y, en segundo término, porque se configura una excepción al principio general que indica que las astreintes no se ven afectadas por la cosa juzgada, cuando -como acontece en el sub lite- con menoscabo a la defensa en juicio, el tribunal superior de la causa, al aplicar las medidas conminatorias se apartó de los criterios aceptados en la materia [doctrina de Fallos 322:68; 327:1258, 5850; 331:933 -"Btesh, Nadia c/ Jouedjati José", citado por el Fiscal General a fs. 89 vta. de la queja- y, recientemente, por remisión del Alto Tribunal al dictamen de la Procuradora Fiscal, la causa "Mercado, Florentino c/ ENTEL Residual", sentencia de fecha 13 de marzo de 2012; entre otros].

Por otra parte, contrariamente a lo manifestado por el a quo, la actora ha configurado un genuino caso constitucional en torno a la lesión de su derecho de defensa y la garantía de la defensa en juicio, producto de una sentencia violatoria del principio de congruencia.

Corresponde entonces, admitir la queja y proceder al tratamiento del recurso de inconstitucionalidad subyacente.

2. La actora interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia dictada por la Cámara el 15/02/2011, en cuanto declaró de oficio la inconstitucionalidad de la parte pertinente del art. 30 CCAyT que establece que el importe de las sanciones conminatorias "es a favor del/la titular del derecho afectado por el incumplimiento", y en consecuencia resolvió que las astreintes tengan el destino que disponga el Consejo de la Magistratura a los fines de su aplicación a un fin público.

2.1. En primer lugar, corresponde analizar si la declaración oficiosa de inconstitucionalidad respeta las exigencias para la correcta aplicación de este remedio excepcional.

La declaración de inconstitucionalidad de una norma es una herramienta de la que gozan los magistrados para remover los obstáculos normativos que impiden, en el marco de una causa judicial, la plena vigencia de los derechos, principios y garantías consagrados por el plexo constitucional. Para preservar el principio de división de poderes, esta potestad debe ser ejercida con sumo cuidado, pues implica no aplicar una norma generalmente emanada de los poderes elegidos por el pueblo para desempeñar la función de administrar y legislar: es por ello que esta herramienta es considerada la ultima ratio del ordenamiento jurídico.

Como principio general, la declaración de inconstitucionalidad procede únicamente a pedido de parte, y siempre y cuando la norma respectiva constituya un obstáculo insalvable para la protección del derecho invocado por el interesado. Pero en ciertas ocasiones, aunque el propio interesado no lo haya peticionado expresamente, el magistrado puede declarar la inconstitucionalidad si esa es la única manera de tutelar los derechos debatidos en la causa y preservar la vigencia y plena efectividad de la normativa constitucional, lo cual no ocurre en este caso. Y es que la Cámara, para resolver adecuadamente el recurso de apelación presentado por el GCBA -que delimitaba el alcance de su competencia-, no necesitaba expedirse sobre el destino de las astreintes, pues el Estado local solamente había cuestionado la imposición de las sanciones conminatorias, y no al acreedor de las mismas.

Por lo tanto, existió un ejercicio ilegítimo de la facultad excepcional de declarar la inconstitucionalidad de oficio, pues no existía ningún obstáculo que remover para una correcta resolución de la causa a la luz de la normativa constitucional aplicable. Más bien existió un pronunciamiento, aprovechando la oportunidad ofrecida por la apelación del GCBA, mediante el cual los magistrados que conforman el voto mayoritario sentaron posición sobre la inconstitucionalidad de una norma que no estaba cuestionada en forma expresa ni implícita por ninguna de las partes.

2.2. Lo que se aprecia, entonces, es una decisión de la Cámara totalmente desligada del caso concreto llevado a su conocimiento, una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma por motivos que atañen exclusivamente al parecer de los magistrados y que resultan ajenos al interés de las partes. En el caso, el actor, beneficiario de las astreintes dispuestas en autos, expresó su voluntad, fundada en la ley, de exigir la imposición de esa sanción conminatoria, y el GCBA obligado a pagarlas se agravió, pero no porque el pago beneficiase al actor. La decisión adoptada no tuvo en cuenta la voluntad de las partes, afectó al actor y no benefició al demandado, pues modificó el destino de la sanción, pero no la levantó. Ello implica un exceso en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales, al expedirse extra petita, más allá de las pretensiones de las partes.

Por tal motivo, podemos afirmar que el fallo en crisis vulneró el principio de congruencia y afectó el derecho de defensa y la garantía al debido proceso del amparista. Este exceso de la competencia apelada en que incurrió la Cámara al pronunciarse sobre cuestiones -el destino de las astreintes- que no fueron propuestas al juez de primera instancia ni constituyeron aspectos del fallo objeto del recurso de apelación deducido por el GCBA, impone la descalificación de lo resuelto por aplicación, mutatis mutandi, de la doctrina de la Corte federal en materia de arbitrariedad (Fallos: 312:1612; 313:279; 321:330; 325: 2803; 329:5903 entre otros).

2.3. Por último, y tal como sostiene el Dr. Casás en su voto, tampoco podría invocarse para justificar lo decidido por la alzada, que en el proceso de amparo se permite la declaración de oficio de inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto cuestionado -art. 14, CCBA-, porque en autos la declaración se pronunció sobre una norma (en el caso, un segmento del art. 30 del CCAyT), que no obstaba la provisión de la tutela del derecho constitucional invocado por el actor, ni la atención de las defensas planteadas por el demandado.

La facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma otorgada a los jueces en la Constitución local en el marco de la acción de amparo debe interpretarse restrictivamente, y solo aplicarla en el supuesto previsto: cuando en ella se funda el acto u omisión lesiva que ha motivado el amparo. Lo contrario habilita un peligroso canal en el que los jueces, con el paraguas del proceso de amparo, se pueden convertir en revisores de todo el ordenamiento normativo, con el consecuente peligro para el equilibrio de poderes.

3. En mérito a lo anteriormente expuesto, voto por: a) admitir la queja; b) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora; y c) dejar sin efecto la sentencia de la Cámara CAyT en cuanto dispone "que las astreintes reguladas en el art. 30 del CCAyT tendrán el destino que disponga el Consejo de la Magistratura cf. Art. 28.3 CCAyT).". Sin costas, por no haber resistido el GCBA el recurso de la actora.

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir el recurso de queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por Juan Carlos Gorondon y dejar sin efecto el punto 2 de la sentencia apelada, que establece "2) Disponer que las astreintes reguladas en el art. 30 del CCAyT tendrán el destino que disponga el Consejo de la Magistratura (cfr. art. 28.3, CCAyT) --previa comunicación que al respecto se le curse en los términos del art. 6, res. 116/PJCABA/CMCABA/01-- a los fines de su aplicación a un fin público". Sin costas.

2. Mandar que se registre, se notifique, se agregue la queja al principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.

Expte. nº 8739/12 "Gorondon, Juan Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionali-dad denegado en 'Gorondon, Juan Carlos c/Ministerio de Desarrollo Social y otros s/otros procesos incidentales'"