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Mercadería de despacho directo forzoso, obligaciones del transportador, entrega de la carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAMPI  S.A.C.I.F. c/ ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

Sentada la conclusión de que las autoelevadoras de autos eran mercaderías de despacho directo forzoso, corresponde tener en cuenta que el art. 264 de la Ley de la Navegación establece que el transportista debe entregar la carga en el puerto de destino de acuerdo con lo que disponen las reglamentaciones aduaneras y portuarias y los usos y costumbres. Tratándose de mercaderías de despacho directo, la misma norma prevé que si el consignatario no concurre a recibirlas, con notificación a él, el transportador puede cumplir la entrega -que pone fin al contrato de transporte descargándola en lanchas o a tierra "por cuenta y riesgo del titular de las mercaderías".
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, eximentes de responsabilidad del empleador, culpa grave del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: OLIVERA, MARIO ADRIAN c/ BORELLO, DOMINGO s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-06

Si a la luz de la modalidad de trabajo y la impuesta por la empresa, surge la obligación de aumentar la producción, no puede valorarse como culposa la conducta del trabajador que en su afán de producir más puede incurrir en descuidos y sufrir un daño;

considerar que tal circunstancia configura culpa del obrero significa analizar su conducta con un rigor desmesurado que no tiene en cuenta la naturaleza de la obligación asumida.
Derecho comercial, Internet, derecho a la intimidad, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Dragonetti Hugo Alberto c/ Google Inc s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

Si se invoca como fundamento de la medida la lesión a la intimidad, honor o buen nombre a través de medios electrónicos, la carga de la prueba sobre ese extremo recae sobre quien pretende la restricción cautelar, máxime teniendo en cuenta la especial protección constitucional que ostenta la actividad llevada a cabo por Google Inc. y por quienes resultan responsables del sitio en cuestión (conf. art. 1° de la ley 26.032; esta Sala, in re "Servini de Cubría", causa n° 7.183/08, del 3.6.09; "Bernstein, Luis Marcelo", causa n° 4.718/09, del 8.6.10; "Nara, Wanda Solange", causa n° 8.952/09, del 30.11.10, y las citas efectuadas en ambos precedentes).
Sistema electoral, partidos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRENTE PARA LA VICTORIA s/ Plantea Recurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-16

Según el texto vigente del citado art. 60ª del Código Electoral de aplicación al proceso electoral en curso, no encuentro lugar a duda alguna que resulta vedada la posibilidad de que dos o más partidos oficialicen la misma lista o presenten iguales candidatos en alguna de las categorías sujetas a elección, lo cual solo podría darse si media acuerdo partidario, porque como cada fuerza política postula a aquellos que se disponen a identificarse con su orientación ideológica y tiene la facultad de sustituirlos, corresponde exigir la exclusividad de su representación.

Aclaro que no se debe entender con el posicionamiento que vengo esgrimiendo, que se niega a los partidos políticos la posibilidad de oficializar candidaturas comunes.

Empero, si se pretende la sumatoria de los votos obtenidos por cada uno de los partidos concurrentes al comicio deben estos cumplir con la reglamentación correspondiente respecto a la configuración de alianzas o acuerdos transitorios, que les permita proponer al cuerpo electoral una única lista de candidatos que representen una misma opción política.
Fallos de la Corte Suprema, régimen de garantía de los depósitos, imposición bancaria, restitución de sumas de dinero, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUAYA, Carlos c/ B.C.R.A. s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

La Corte Suprema tiene establecido que la garantía de los depósitos instrumentados por la ley 22.051 se extiende a todas las personas amparadas por el régimen y que el único requisito exigible por el B.C.R.A., además de la acreditación de su imposición, es la declaración jurada mencionada en su texto . Se ha expresado asimismo, que resultan inoponibles a los depositantes los defectos y omisiones en que pueda incurrir el depositario (fallo cit.) y que los fines de índole macroeconómica que pudieran inspirar la sanción del régimen de garantía de los depósitos no podrían alcanzarse si dicho régimen no asegura a los depositantes la real devolución de sus imposiciones, sin exigir más condiciones que las que son habitualmente necesarias para obtener el retiro de los depósitos en condiciones normales, salvo las autorizadas expresamente por la ley.

Tales precisiones no implican, sin embargo, que la garantía establecida por el art. 56 de la ley 21.526 deba ser considerada en términos absolutos o la preparación por parte del ente rector de nuestro sistema financiero, en modo alguno automática. Lo que persigue la norma es que aquellos depositantes que vieron frustradas sus expectativas y en peligro sus ahorros por causas que no le son imputables, puedan recuperar las sumas efectivamente incorporadas en el sistema financiero sin otro requisito que el exigido de funcionar la institución bancaria intervenida con normalidad.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, depreciación monetaria, remuneración del juez, Constitución Nacional, intangibilidad de la remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Almeida Hansen, Jorge A. y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-28

Es evidente y de público y notorio que durante el período que va de abril de 1987 hasta el presente se han producido -en diversos lapsos- desfases salariales de entidad suficiente para entender menoscabada la garantía del artículo 96 de la Constitución Nacional . Es más, tal situación y su gravedad, se observan en el último tramo de dicho período, esto es: el que culmina con este pronunciamiento, de manera tal que la lesión constitucional en juego exhibe tanto la actualidad como el carácter manifiesto que requiere el artículo 1 de la ley 16.986.
Marcas, marcas confundibles, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Occidental   Petroleum   Corporation   y   otros c/ OxipetrolPetroleros  de  Occidente S.A. s/ incidente de apelación art. 250CPCC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-06

En lo que hace al cotejo de las designaciones enfrentadas, y teniendo en cuenta los principios jurisprudencialmente establecidos a esos efectos, estima el Tribunal que las distintas referencias a un punto cardinal contenidas en las aludidas denominaciones (occidental en el caso de las accionantes, occidente en el de la demandada) no impresionan como elemento susceptible de apropiación exclusiva, en tanto se trata de vocablos de uso común, por lo que -en el estado actual del conflicto y a los fines meramente cautelares, con el conocimiento limitado que ello supone- las aseveraciones de las actoras no aparecen dotadas de verosimilitud suficiente para vedar a su adversaria el uso de la palabra "occidente".
Escritos judiciales, firma, recurso extraordinario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández, Norma Rosa c/ Swift Armour S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

Si los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley no han sido firmados por el propio interesado, carecen de toda eficacia y deben tenerse por no presentados dejando sin sustento la intervención de este Tribunal (arg. art.120 y art.292 del Código Procesal Civil y Comercial). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Principio de congruencia, daños y perjuicios, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TORTAROLO, LUIS Y SUCESIÓN ANGELINA VIUDA. c/ GRISANTI HERMANOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-04-25

NO ES LA NORMA O EL MODO DE FIJAR EL MONTO LO QUE INDIVIDUALIZA LA PRETENSIÓN, SINO LOS HECHOS AFIRMADOS EN LA MEDIDA DE SU IDONEIDAD PARA PRODUCIR UN DETERMINADO EFECTO JURÍDICO. DE ALLÍ QUE LA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNA ACCIÓN POR INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS SE HAYA FUNDADO EN LAS NORMAS RELATIVAS A LA CULPA AQUILIANA, NO IMPIDE QUE LA SENTENCIA HAGA LUGAR A LA PRETENSIÓN CON FUNDAMENTO EN EL RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, POR CUANTO EN TAL HIPÓTESIS LA CAUSA DE LA PRETENSIÓN SE HALLA REPRESENTADA POR EL HECHO DAÑOSO, Y NO POR EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO A TRAVÉS DEL CUAL EL ACTOR LO HA INVOCADO.
Personas jurídicas, fundaciones, reunión de consejo, renuncia del consejero
Materia: CIVIL
Carátula: Fundación Nuestra Señora de la Merced s/ Recurso contencioso administrativo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-11

Si se invoca una renuncia verbal efectuada a solas a otra persona por un consejero de una fundación, y si como base de ello se esgrime un acta notarial según la cual al serle requerida se manifestó "que su renuncia estaba a disposición del Consejo, siempre y cuando se procediera previamente al nombramiento de los cargos vacantes del Consejo de Regencia", de esa afirmación no puede extraerse otra conclusión que, lejos de expresar inequívoca e incondicionadamente la voluntad abdicativa, se había supeditado para la oportunidad posterior a la integración de los cargos vacantes. Por ello corresponde confirmar la decisión de la Inspección General de Justicia que declaró irregulares e ineficaces a los efectos administrativos las reuniones del Consejo de Regencia de una fundación realizadas sin la participación de quien consideró renunciado en aquella forma.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, excusas absolutorias, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, intimación a los rebeldes o sediciosos, uso de armas
Materia: PROCESAL
Carátula: Baraldini, Luis Enrique y otros s/ causa  instruida  en virtud  del  decreto 2540/90 del  PEN  por los   hechos  ocurridos  el 3 de diciembre de  1990  -  Causa  n.  1197  -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

Es inadmisible el recurso extraordinario, respecto a la existencia de una excusa absolutoria por falta de intimación en los términos del art. 231 del Código Penal, si el recurso no rebate adecuadamente los fundamentos de la sentencia respecto a que no fue necesaria porque los sublevados hicieron uso de armas.
Carga de la prueba, daño por vicio o riesgo de la cosa, peritos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: A., A. C. c/ F. A. A. S.A. y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2002-08-20

Si fue por su negligencia que no se identificó a las piezas extraídas, y ello impidió que se demostrara, con la certeza y precisión necesarias, su identidad con las examinadas por los peritos, es indudable que ha de ser el fabricante el que cargue con las consecuencias de ese proceder desaprensivo. Al no haber acreditado "F. A. A. S.A." que las piezas en cuestión carecían de defectos, como le correspondía hacerlo, debe concluirse que existía en ellos el vicio que invoca la actora. Así admitido, la relación causal entre el vicio y el accidente resulta evidente, ya que un defecto en una rueda delantera es susceptible de provocar, de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas, el descontrol del vehículo y un posterior vuelco.-
Actualización monetaria, Ley de desindexación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Bolaño, Miguel Angel c/ Benito  Roggio  e  Hijos  S.A.  -  c/ Ormas S.A. Unión Transitoria de Empresas Proyecto Hidra. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

Debe desecharse, con todo el rigor al que hubiere lugar, cualquier planteo que desnaturalice el fin que sostiene el remedio contenido en la ley 24.283 y que, por no fundarse en evidencias manifiestas ni demostrarse la decisión del deudor de cumplir con la obligación que fue objeto de la condena según la cuantía pretendida, sólo tenga en mira un reprochable objetivo dilatorio para obtener un asequible financiamiento a costa de quien es titular de un crédito alimentario.
Medidas para mejor proveer, deberes del juez, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez Nilda Amanda c/ La Caja s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-04-25

La facultad de decretar medidas para mejor proveer es amplia, irrenunciable e independiente de las actividades de los litigantes, ya que el proceso se organiza a fin de lograr rectamente la administración de justicia según Derecho y sobre la base de la verdad averiguada acerca de los hechos, a lo cual no puede renunciarse conscientemente. Al respecto, la parte a quien beneficie la ocultación de la verdad no puede invocar tal situación como un derecho; en esta línea, el más Alto Tribunal de la Nación reiteradamente afirma que es deber de los jueces asegurar la necesaria primacía de la verdad jurídica, que reconoce base constitucional, concorde con el adecuado servicio de justicia y que nada excusa la indiferencia de los jueces respecto de la objetiva verdad en la augusta misión de dar a cada uno lo suyo.
Rol de querellante, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: Bidinost, Luis Rubén y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-20

La limitación que se le impone a la parte querellante por no dar respuesta a la vista corrida en los términos del art. 346 CPPN no acarrea, necesariamente, impedimento alguno para que la parte pueda ejercitar distintas funciones -control de producción de la prueba y, eventualmente, articulación de recursos adhesivos al fiscal-, no la inhabilita para seguir participando del proceso, sino que sólo se encuentra impedida de alegar en la audiencia de debate. La disidencia sostuvo que si la querella no formula un requerimiento de elevación a juicio válido, no podrá continuar con su pretensión punitiva.
Relación de dependencia, prueba, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Cceres Orlando Luis. c/ Cesar Bonzi y/o carpintería y/o propietarios y/o quien resulte responsable. s/ Haberes Adeudados,etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-04-27

No es procedente el recurso de apelación de la parte demandada contra la sentencia del a-quo que reconoce la existencia de la relación laboral, ya que los testimonios de la parte actora nos hablan de una relación continua y permanente durante un período determinado, cumplimiento de horario, tareas que realizaba, estos testigos no cuestionados temporariamente (art. 100 Ley 2383) no incurren en contradicciones que descalifiquen su testimonio como pretende el apelante y si bien como toda testimonial, debe apreciarse a la luz de la sana crítica y con la debida prudencia, hacen nada más que confirmar que el actor prestó servicios, lo que como queda dicho, no probó el demandado es que se hayan dado las circunstancias especiales invocadas, que desvirtúan la presunción creada por el art.23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Retiro policial, jubilaciones, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Viglietti, Carlos Alberto c/ Caja  de  Retiros,  Jubilaciones  y  Pensiones  de la Policía Federal s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

Si el Poder Ejecutivo, al establecer el suplemento de "Trabajo extraordinario y/o actividad crítica", dispuso que sería otorgado por la autoridad facultada para disponer nombramientos (art. 3x , decreto "S" 2841/75), es obvio que dicha autoridad pudo dictar las resoluciones, mediante las cuales persiguió corregir los haberes del personal, como forma adecuada para no perjudicarlos cuando fue superada la situación de emergencia que originó la creación del adicional.
Regulación de honorarios, daños y perjuicios, terminación del proceso, caducidad de instancia, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: LABOULLE DE BENITEZ, CATALINA c/ MARQUEZ MARQUEZ, FRANCISCO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-26

Este Tribunal ha sostenido que para regular honorarios en los juicios de daños que concluyen por un modo anormal, como es la caducidad de la instancia, no corresponde atenerse matemáticamente al monto reclamado en la demanda.
Sociedad conyugal, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Naum, Hugo L. y ot. c/ Garcia, Mario J. s/ Cumplimiento de contrato. Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-17

Si el bien objeto de la compraventa es un bien ganancial de administración reservada, toda vez que el dominio está en cabeza del demandado, salvo prueba en contrario -arts. 375, 384 del CPCC-, ninguna integración es necesaria para autorizar su venta a un mandatario, basta la firma en el documento de autorización del propietario único atento la libre administración y disposición que tiene del bien ganancial de administración reservada conforme al principio de gestión separada que adoptara la reforma introducida al Código Civil por la ley 17711 -art. 1276 y 1277 del C.C.
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aquino, Wenceslao Miguel c/ Iza, Juvenal y Salazar Sartorio de Iza, María Teresa s/ Daños y perjuicios Sartorio de Iza, María Teresa s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-03-25

A la luz del artículo 383 del C.P.C. y C., salvo disposición legal en contrario, los jueces tienen libertar para apreciar las pruebas, formando su convicción con las reglas de la sana crítica. No teniendo el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa.
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: C.S.R.L. c/ A., J. E. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-12

A los fines de la caducidad de instancia, se debe estimar que el impulso procesal está dado por una actividad de las partes o del órgano jurisdiccional que tienda idónea y específicamente, a hacer avanzar el proceso en el cumplimiento de sus diferentes etapas, para obtener así su completo desarrollo y llegar al dictado de la sentencia definitiva.
Prestación básica universal, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Bo, Mario Alberto c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

Resulta improcedente la queja del titular porque no se ordenó la revisión de la Prestación Básica Universal (PBU), cuando el importe fue establecido por el organismo -en atención a la fecha de adquisición del derecho- en concordancia con los dispuesto por el art. 20 de la ley 24.241, según texto sustituido por el art. 4 de la ley 26.517, cuya validez no fue puesta en tela de juicio. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Scotti, Juan G. c/ Química Sudamericana S.A. y ot. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

El valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley está representado para el recurrente por la diferencia entre las costas que establece la sentencia recurrida y las que estima deben ser fijadas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, trabajo inoficioso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mazzona, Antonio c/ Carnavallini, Alfredo Luis s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Corresponde declarar inoficioso a los fines regulatorios, al recurso de inaplicabilidad de ley manifiestamente insuficiente.
Habeas data, historia clínica, tratamiento médico, datos personales, derecho a la salud
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: N., P. G. c/ Centro de Ojos Bs. As. y otro s/ habeas data
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-11

Cabe ordenar a un centro oftalmológico la entrega de la historia clínica de un paciente para que continúe su tratamiento en otro centro asistencial, puesto que a la fecha aún no pudo munirse de su información médica contenida en la historia clínica y que se encuentra en las dependencias de la demandada y dicha circunstancia le impediría continuar con sus posteriores tratamientos médicos. Cabe destacar que en el caso se encuentran en juego dos institutos de raigambre constitucional, precisamente, el derecho a la información personal y el derecho a la salud, y que el art. 14 de la Ley 26.529 reconoce en el paciente la titularidad de la historia clínica, a quien a su simple requerimiento debe suministrársele copia autenticada de la misma, por autoridad competente de la institución, que deberá ser entregada dentro de las 48 horas de requerida, salvo casos de emergencia.
Trabajo por equipos, jornada de trabajo, Obras Sanitarias de la Nación
Materia: LABORAL
Carátula: MINOPRIO, JUAN c/ OSN s/ DIFERENCIAS SALARIALES  RUIZ DIAZ - BOUTIGUE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

El art 3º inc b) de la ley 11.544 dispone que el trabajo por equipos no deberá exceder determinados límites de horas sobre un período de tres semanas, refiriéndose a jornadas legales de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales. Si en el caso concreto, los trabajadores de OSN laboraban turnos de 8 horas diarias durante un lapso de siete días, luego de los cuales se les daba un día de descanso; este proceso, al repetirse por tres lapsos y con el otorgamiento de cinco días de descanso, terminaba el ciclo;sin rebasar el límite legal.

(confr. Sala III sent. 48.978 del 17/12/84 "Garrido, Ricardo C/ Segba").
Demanda, contestación de la demanda, interrupción del plazo, remisión del expediente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PERICH, CARLOS A. c/ JUAN C. PEREZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-04-11

No interrumpe ni suspende el plazo para contestar la demanda, que es perentorio, la circunstancia de que el expediente no se encuentre en el juzgado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, prueba confesional, confesión ficta, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Uezen, María Cristina y otro c/ Empresa Río Grande S.A. y otros. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-04

Si bien la apreciación de la prueba confesional es materia ajena, en principio, a la vía extraordinaria, no puede soslayarse el efecto que el art. 417 de la ley ritual otorga a la confesión ficta, cuando su debida integración y armonización con otros elementos de convicción obrantes en la causa, podría llevar a conferirle la eficacia que según las reglas de la sana crítica corresponde a los medios probatorios.