marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Mesopotámico Cooperativo Ltdo. s/ Hoy Quiebra-Rec. de Queja int. por Cr. J. Fernández
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-26

La resolución de Cámara reserva los honorarios del síndico ad-hoc hasta que se acredite el sueldo correspondiente al delegado liquidador que prevé la Ley 24318 en su artículo 2. Esta resolución es definitiva en la medida en que habiendo sido impugnada por vía del recurso de inaplicabilidad de ley cuyo rechazo motiva la presente queja, y al rechazar la misma los recursos de revocatoria y nulidad interpuestos contra la sentencia, la estaría también dejando firme y esta última resolución, si bien aparecería como no definitiva en cuando difiere la regulación de honorarios del Síndico, sí tiene ese carácter en cuanto fija el marco normativo (que ya fuera objeto de definición jurisdiccional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y consecuentemente por esta Sala) en virtud del cual serían regulados luego dichos honorarios. Siendo así y si el fundamento de la resolución que motiva la queja se vincula precisamente con la anterior, no quedan dudas de que esa relación con su antecedente hace que aquella adquiera la definitividad que hace a la procedencia de la queja y consecuente trámite del recurso de inaplicabilidad de ley. (Minoría u opinión personal)
Honorarios, regulación de honorarios, causa no susceptible de apreciación pecuniaria, contrato de obra pública, moneda extranjera
Materia: PROCESAL CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: IMPRESIT SIDECO SACCIIF c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO DE REPOSICION CONTRA  EL  AUTO  DE  REGULACION DE HONORARIOS       CSJ EXPTE NRO 131-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-29

Corresponde rechazar el recurso de reposición contra el auto de regulación de honorarios, si la Corte al estipularlos, tuvo en cuenta la trascendencia que para la actora revestía la cuestión debatida, así como la posición económica y social de la interesada, el éxito obtenido y la calidad y extensión de la labor profesional;

infiriéndose de ello que el tribunal no aplicó la escala del artículo 6 sobre una base determinada, como sostiene la quejosa, sino las bases estipuladas por el artículo 5 de la ley arancelaria, referida a las causas no susceptibles de apreciación pecuniaria.

En el caso, perención de instancia en sede administrativa en la que se cuestionaba la cotización del dólar estadounidense al que se debía convertir la moneda argentina, para liquidar un certificado de obra (final).
Concurso preventivo, verificación de créditos, crédito por honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: FRIG. Y MATADERO LA FORESTAA  S.C.A. s/ CONCURSO-INC. DE VERIFICACION POR LEGUIZAMON, LUCILA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

El crédito por honorarios profesionales deberá regularse no solo sobre el principal del crédito laboral sino por el total del mismo incluyendo los intereses.
Boletas de sufragio, elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

En uno de sus primeros precedentes en materia electoral (in re "Partido de los Trabajadores Socialistas s/ amparo", expte. n° 314/00 y su acumulado "Partido Humanista Ecologista s/ amparo", expte. n° 316/00; sentencia del 13/04/2000), este Tribunal ha interpretado que la contribución para la impresión de las boletas está incluida en el aporte público establecido por la ley n° 268, lo cual es consistente con el criterio que surge del instructivo aprobado por la resolución n° 197/2021 de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (órgano de control competente, cfr. los artículos 135 de la Constitución de la Ciudad; 136, inciso l) de la ley n° 70 y 17 y 18 de la ley n° 268) para la preparación de los informes previo y final de campaña para las elecciones PASO y generales de este año, que considera a los gastos de impresión de las boletas como "gastos operativos de campaña" (como lo ha hecho también en los procesos electorales de 2019, 2017, 2013) y, en consecuencia, una aplicación posible y válida del aporte público. (Del voto en disidencia de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe)
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Sack, Hugo A. c/ Firestone de la Argentina S.A.I.C. s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Debe descalificarse la decisión que, no obstante considerar aplicable la ley 24.028, fija el resarcimiento según los parámetros de la legislación anterior en la materia.
Apertura del concurso, efectos de la apertura, cesación de pagos, tasa de justicia, multa administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: FARIAS, Saúl c/ FRIGORIFICO PILARO S.A. Y OTRO s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-26

Toda vez que la apertura del concurso preventivo presupone un estado de cesación de pagos, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obligaciones a las que afecte (Cfr. art. 1 de la ley 24522), tal circunstancia constituye suficiente fundamento para eximir a la demandada del pago de la multa establecida por la ley 23898 (art. 11) ante la imposibilidad del pago en término de la tasa de justicia.
Usurpación, usurpación de inmueble, despojo, posesión clandestina, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Argamedo, Golo Wiston y otros s/ usurpación -sobreseimiento-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-20

Debe revocarse el sobreseimiento dictado en orden al delito de usurpación respecto de los imputados, puesto que aun cuando el predio se trate de un espacio donde el público en general pueda tener acceso circunstancialmente y, por ende, su eventual ocupación advertida por terceros, ello no obsta a considerar que el despojo denunciado haya podido llevarse a cabo por clandestinidad.

En efecto, dado que el propietario del inmueble tomó conocimiento por denuncias anónimas de que en el lugar ya estaban asentadas las construcciones precarias a cuya instalación no pudo oponerse por desconocer la intrusión subrepticia, no puede desecharse en este estadio la existencia de alguna acción delictiva.

En este sentido, señala la doctrina que "para que haya clandestinidad se requiere que la posesión haya sido tomada en condiciones tales que el poseedor de la cosa haya podido ignorar los actos de desposesión" (Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte Especial, t. II-B, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2001, p. 738, con cita de Salvat). (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Estado de sitio, suspensión de las garantías constitucionales, suspensión del derecho de huelga, despido con causa, injuria laboral, despido por huelga, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: MORENO, HORACIO c/ EMPRESA SNIAFA. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-04-15

Para que se considere cumplida la notificación prevista por el artículo 243 LCT. Y resulte la conducta del trabajador encuadrada en los términos de la ley 21400, basta que el empleador indique los motivos que fundamentan la ruptura del contrato de trabajo, sin que sea necesario que invoque la norma jurídica en que se apoya su decisión.
Beneficio de litigar sin gastos, alimentado con recursos económicos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CORGNALI, RAUL ANGEL c/ VICENTIN SAIC Y-U OTROS s/ DECLARATORIA DE POBREZA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   N. 524-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-05

En el sistema adjetivo provincial, alguna jurisprudencia y doctrina se ha encargado de distinguir las distintas categorías de "pobres", de las que resulta menester destacar las denominadas "pobreza proporcional" y "pobreza objetiva" (artículos 332 y sig. del Código Procesal Civil y Comercial y 142 de la Ley 10160, respectivamente), aquélla gráficamente denominada como "indigencia comparativa" y ésta, la que pesará sobre un individuo siempre y en todos los casos. (Doctrina: Jurisprudencia Santafesina, N. 26, p 133).
Municipalidad, personal municipal, indemnización, jubilación ordinaria
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: CICCIA, FELIPE JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº  176-94) ASCONA, JUAN RAMON c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 677-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-28|1996-09-18

Cuando la ordenanza de la Municipalidad de Santa Fe Nº 9288-90 establece como requisito para acceder a la indemnización por enfermedad inculposa "que el agente no esté en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio", refiere únicamente al supuesto de jubilación ordinaria.
Daño moral, indemnización, mobbing
Materia: LABORAL
Carátula: VEIRA MONICA PATRICIA c/ EDITORIAL PERFIL S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-12

Conviene recordar que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional dispone: ".El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor.". Según Sagüés esta norma constitucional es plenamente operativa, por lo que, a su criterio, tiene vigencia y exigibilidad por sí misma; por consiguiente, debe asegurarse el respeto a la dignidad del trabajador sin admitir situaciones de hecho que puedan provocar algún desmedro físico o moral o que atenten contra la calidad humana del trabajador (Sagüés, "Constitucionalismo social", en Vázquez Vialard, Antonio (dir) "Tratado de Derecho del Trabajo", t. 2, p. 809). En consecuencia, al haberse acreditado que la actora fue víctima de acoso moral, considero procedente la reparación por daño moral, pues se configuró una situación ilícita por parte de empleados superiores de la empresa que afectó la dignidad de la trabajadora y que le causó un perjuicio moral que debería ser resarcido aun en ausencia de relación de trabajo. (Sumario confeccionado por el Saij)
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, iura novit curia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Bahía Blanca c/ Crivaro, Angel Dionisio y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-07-01

Si las partes habían sometido a juzgamiento el "capítulo" de las costas, la Cámara debía conocer en el mismo (arts. 272 C.P.C.C., 32 "in fine" y 33, ley 5.708), no obstando a ello que no se hubieran debatido las normas jurídicas aplicables (iura novit curia) ya que es imposible sostener que la expresión "capítulos" (art. 272 C.P.C.C.) se refiere a la selección del derecho aplicable al caso, en tanto las normas jurídicas no constituyen pretensión ni cuestión ni "capítulo" en dicho sistema legal. Si lo fueran, nuestro régimen procesal tendría prohibida la regla iura novit curia, y el debate judicial y la sentencia no podrían apartarse de las normas invocadas a voluntad por las partes (con frontal derogación del art. 163 inc.

6º C.P.C.C.), que impone calificar "según correspondiere por ley" aunque "de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio".

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Falsificación de instrumento privado, boleto de compraventa, bien jurídico protegido
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: PEÑALUA, ARIEL s/ ENCUBRIMIENTO  -  ADULTERACION DE NUMEROS DE IDENTIFICACION DE CHASIS  Y MOTOR - FALSIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-06

El boleto de compraventa no es un instrumento que pueda vulnerar la fe pública, entendida como confianza de terceros indeterminados puesta en lo que el instrumento mismo, por las formas y el destino que le asigna la ley, contiene y que les mueva a vincularse con él de modo de comprometerse jurídicamente, con total abstracción de las personas originariamente contratantes, tal y como, por ejemplo, ocurre con los cheques, las cartas de porte, los pagarés, los warrants, las prendas con registro, etc.

Esta suerte de instrumentos civiles, como el boleto de venta, al carecer de una ley especial del Estado que garantice a esos terceros indeterminados las formas esenciales y destinos del instrumento, queda regido por el Código Civil, el cual, a diferencia de como legisla a los públicos, los libera de toda formalidad, más allá de la firma y del doble ejemplar, al punto de poder ser redactados con tinta o con lápiz, en cualquier idioma, con fecha o sin ella, en días hábiles o feriados, etc. (arts. 1015 y 1020 del C. Civil), por lo cual el mismo legislador les quita todo efecto probatorio, inclusive entre las partes firmantes, mientras no sea reconocido o declarado como reconocido en juicio (art. 1026 del mismo Código).

Trasvasar, sin más, este tipo de instrumentos privados civiles a la fe pública que tutela la ley penal, sobre la base del elemento normativo "instrumento privado" que menciona el art. 292, sin, a la vez, estudiar los perfiles que exige el legislador penal para incorporar instrumentos privados a la fe pública, tal y como lo hace desde el mencionado art. 292 hasta el art. 302, inclusive, no significa otra cosa que hacer una ten analógica como ilegal extensión del tipo.
Reajuste jubilatorio, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BADONE, CELINA LUISA TERESA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-07

Para el recálculo del haber inicial del causante (en el caso otorgado bajo el amparo de la ley 18.037) y su movilidad posterior -que habrá de tomarse como base de cálculo para el reajuste del haber de pensión de la peticionante-, deberán aplicarse las pautas fijadas por el Tribunal Cimero en los pronunciamientos recaídos en las causas "Sánchez, María del Carmen" (sent. del 17.05.05) y "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 08.08.06 y 27.11.07); aclarando que estos últimos constituyen una verdadera unidad lógica e inescindible del tratamiento y solución del tema para el período que va del 30.03.95 al 31.12.06, y que habrán de aplicarse tanto sobre el haber de jubilación como posteriormente sobre el haber de pensión. Ello sin perjuicio de la prescripción operada respecto de los créditos devengados más allá de los dos años previos al reclamo por reajuste de haberes que motivó la resolución denegatoria (art. 82 ley 18.037, ahora art. 168 ley 24.241).
Juicio ejecutivo, docentes, Universidad de Buenos Aires, embargo preventivo, remuneración, inembargabilidad del salario
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ, ALEJANDRA c/ PERAZZO ROSSINI, JUAN CARLOS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-24

Resulta improcedente rechazar una petición de embargo preventivo con base en lo normado por el DL 6754/43 cuando -como en el caso-, surge que el ejecutado es profesor de la UBA, toda vez que no es posible extender los beneficios del citado decreto a un docente de esa casa de estudios. Ello pues, el art. 1 comprende solamente a los "empleados y obreros de la 'administración' nacional, provincial y municipal y de entidades autárquicas", reparticiones todas ellas dependientes de los respectivos poderes ejecutivos, lo cual marca una clara diferencia con el accionado que sirve en institución universitaria autónoma (Ley 24521: 29). A más, esa exclusión es reforzada por el DEC. 9472/43: 1 y 2, donde se formula una mayor descripción de las personas comprendidas en el régimen de inembargabilidad. Por tanto, no procede aplicar analógicamente el beneficio al supuesto de autos, pues trátese de una norma de excepción que, como tal, excluye generalizaciones.
Sentencia, acuerdo y voto individual
Materia: PENAL
Carátula: Lemmi, Nello Víctor. López, Raúl s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Siendo que el art. 357 (t.o.) del Código de Procedimiento Penal al estatuir que a los efectos de la procedencia de los recursos también se entiende por sentencia definitiva entre otras, la que resuelva sobre prescripción, debe estar ella revestida de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces contenida en el art. 156 de la Constitución de la Provincia.
Honorarios del perito, perito ingeniero, ley arancelaria, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Mevopal  SA  y otra c/ Banco Hipotecario Nacional s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

A los efectos de regular los honorarios del perito ingeniero, el art. 88 del decreto-ley 7887/55 prescinde del valor determinado en la sentencia o en la transacción.
Sentencia arbitraria, absurdo, sobreseimiento, falta de fundamentación, apreciación de la prueba, contrato de turismo, guías de turismo, turismo estudiantil, deber de información, obligación de seguridad, menores, víctima menor de edad, actividad riesgosa, delito de omisión, muerte, violación al deber de cuidado, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: Comisaría 27° s/ Investigación muertes asfixia por inmersión s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-06-15

En primer término, los imputados son coordinadores estudiantiles de un grupo de jóvenes en un viaje de turismo o de estudios, a un lugar ajeno por completo a la geografía originaria de estos últimos y conocida por aquéllos. En tal carácter, se les reprocha la omisión de ciertos deberes, determinantes - a entender de la acusación - de la muerte de varias víctimas. Entonces, destaco que en dicho delito - en principio - impropio de omisión, aquéllos se encontraban en la posición jurídica de garantes de la integridad del bien jurídico, como empleados idóneos para el cumplimiento, posición de la que se derivan los particulares deberes de actuar que los sujetos tienen. Ahora, ¿cuáles son estos deberes omitidos y que la Cámara del Crimen no puede asegurar irrelevantes para evitar la causación? Entre otros, no informar sobre el peligro de una inmersión en aguas muy frías para la salud y la vida, no haber relevado previamente el lugar donde se desarrollaron los hechos y las características de los lechos de arroyos próximos a la desembocadura en el lago y - en general - consentir que se realizaran conductas disvaliosas a distancia con total pasividad.... Así, digo que la certeza requerida debe surgir del adecuado mérito de la prueba, pues a partir de allí será posible analizar la responsabilidad de los involucrados, que será diferente para cada coordinador. Cada uno deberá responder por sus capacidades y conocimientos personales para determinar si su conducta violó las reglas de la previsibilidad y el deber de cuidado, con lo que se podrá llegar o no a resultados típicos. Con ese análisis, el juzgador debe determinar, además, si hubieran podido actuar de manera diferente a como lo hicieron y también si en cada imputado existía la posición de garante, lo que incluye la conducta precedente, en hipótesis creadora de una situación de peligro para terceros, marco penal este que ha de servir para conjugar la omisión impropia y finalmente la relación causal adecuada o conexión de antijuridicidad, como lo denomina Bacigalupo ("Lineamientos de la Teoría del Delito", ed. Hammurabi, págs. 190, 193), en el marco del contrato y de la ley. Este análisis no figura ni en la sentencia de sobreseimiento ni en el auto que la confirma, por lo que - admitido en la segunda el estado de duda - es dogmática su afirmación respecto de la ausencia de pruebas que le permitan superar tal estadio intelectual; por su parte, la primera tampoco reúne los requisitos mínimos exigidos (art. 200 Const. Pcial.). (Voto del Dr. Sodero Nievas).
Secretarías provinciales, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL
Carátula: L. M. R. Y A. F. F. S/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL VINCULO - LEY 5020 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-03-05

Es clara la regla general que limita el control extraordinario de este Cuerpo a las sentencias absolutorias o condenatorias o a aquellas que dispongan una medida de seguridad. El planteo introduce una cuestión de hecho y prueba, ajena a esta instancia, en la medida en que sería necesario analizar si las actuaciones inquisitorias de la policía o del Ministerio Público Fiscal posteriores a la declaración invalidada podrían tener una fuente probatoria distinta de aquella que también les diera sustento.
Competencia civil, propiedad intelectual, daños y perjuicios, fraude a la propiedad intelectual, venta ilegal de obra intelectual, películas, videocassette
Materia: PROCESAL
Carátula: RADIOCOM  S.R.L. c/ VIDEO ESPAÑA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-03

En la demanda iniciada con el objeto de obtener una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la comercialización indebida de una película de video cassette, fundada en las normas contenidas en la Ley de Propiedad Intelectual N° 11.723 y en los arts. 1096 y concordantes del Código Civil, la causa encuadra en la norma contenida en el art. 43 del Decreto Ley 1285/58 y su modificatoria la ley 22.093, que dispone el conocimiento de la Justicia Civil en los asuntos por indemnización de daños y perjuicios provocados por hechos ilícitos que no sean originados en accidentes de tránsito.
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, planteo oportuno, leyes, constitucionalidad, Municipalidad, personal municipal, escalafón, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso contencioso administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Fosco, Marcelo Agustin y otros c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso extraordinario-Recurso contencioso administrativo de plena   jurisdicción (Expte. CSJ Nro.  742-1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

No cabe hacer lugar a la invocada omisión de considerar cuestiones propuestas para operar la apertura de la instancia por ante la Corte Nacional cuando éstas no fueron planteadas por la recurrente sino por su contraparte, lo cual patentiza la ausencia de agravio de los recurrentes sobre el punto. Así, se advierte que tanto la posible afectación de la existencia del municipio, como la inconstitucionalidad de las leyes 9286 y 9996 fueron temas articulados por la Municipalidad demandada. Pero por fuera de ello, lo cierto es que, en rigor de verdad, en el caso se resolvió que las leyes referidas resultaban aplicables a los Municipios y Comunas de la Provincia, aclarándose que para lograr la descalificación de los ordenamientos normativos de marras, debía demostrarse que su aplicación comprometía la existencia misma del Municipio, circunstancia que no resultaba decisiva en la especie toda vez que el análisis de tal extremo suponía, como paso previo e insoslayable, haber concluido en la procedencia de la pretensión, lo cual no acontecía en la causa. Y bien, realizado tal examen sobre la base de la pretensión ejercida en autos (reubicación escalafonaria retroactiva y pago de las respectivas diferencias salariales) a la luz de las citadas normas que fueron invocadas por los actores como fuente de su derecho, se arribó a la conclusión de que no se encontraban satisfechos los requisitos indispensables para acoger la demanda. Mal puede postularse, entonces, que las cuestiones hubieran sido preteridas.