Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-04-18


NEUQUEN, 18 de abril de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ OCHOA SANDRO FABIAN S/ APREMIO" (EXP Nº 440387/11) venidos en apelación del JUZGADO DE JUICIOS EJECUTIVOS NRO. 3 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I.- La sentencia de fs. 84/86 vta. rechaza las excepciones de pago y espera interpuestas y manda llevar adelante la ejecución. Condena a pagar el capital reclamado que asciende a la suma de $2.734,35, con más intereses desde el 10/11/10, fecha de emisión del certificado de deuda.

Contra ese decisorio se alza el demandado en los términos que surgen del escrito de fs. 88/90.

Respecto de la excepción de pago documentado, señala que opuso dicha defensa en virtud de que la actora reclama una deuda por un período sobre el cual extendió recibos cancelatorios acompañados en su escrito. Agrega que la excepción es respecto de la denominación de lo que se pretende cobrar, no obstante reconocer el reclamo de la suma ejecutada como capital, pero no por deuda, sino por un reajuste realizado por la actora.

Pide se reconozca que el impuesto inmobiliario se encuentra pagado, sin perjuicio de la obligación admitida por su parte por el reajuste realizado por al actora, por errores propios, no motivados ni inducidos por el ejecutado.

En segundo término, se agravia porque la Sra. Jueza no hizo lugar a la excepción de espera.

Sostiene que tal defensa era procedente porque su parte no se encontraba en mora. Hace referencia a la reclamación administrativa interpuesta y a los problemas o que se suscitaron para poder pagar el capital sin los intereses previamente remitidos.

Menciona que el Director de Recaudaciones, vía mail, afirmó que existía un inconveniente que la D.P.R. debía solucionar para poder cobrarle el capital, y por lo tanto debía "esperar" hasta que lo solucionaran.

En tercer lugar, lo agravia que la magistrada condenara al pago de intereses desde el 10/11/10. Afirma que si se remitieron intereses el 18/02/11, como mínimo se remitieron a esa fecha. Insiste que la prueba aportada acredita su voluntad de pago y los inconvenientes que imposibilitaban el mismo, los cuales debía solucionar la actora.

En cuarto orden, y para el eventual supuesto que no se haga lugar al agravio anterior, cuestiona que no se considere el depósito y dación en pago efectuado por su parte.

Por último se agravia de la imposición de costas, en virtud que la actora ha promovido irregularmente esta ejecución, por un impuesto no adeudado, con una certificación que contiene intereses remitidos y cuando existía una clara voluntad de pago, que su parte no pudo concretar por inconvenientes que la administración debía solucionar.

II.- Corrido el traslado pertinente, la contraria contesta agravios a fs. 94/95. Solicita su rechazo, con costas.

III.- A) El análisis del remedio intentado conduce a desestimar el primer agravio invocado por el apelante.

Más allá de que el planteo no se conecta con un agravio o perjuicio concreto, en la sentencia atacada se afirma con claridad que el demandado pagó el impuesto inmobiliario por los períodos reclamados en este proceso. Y también se establece que el certificado en ejecución refiere a una deuda por revaluación fiscal, cuyo importe -capital histórico- el ejecutado reconoce, deposita y da en pago.

Si esa deuda -reconocida por el quejoso- se originó por errores propios de la administración, o sin motivación del contribuyente, no constituye un aspecto que deba dilucidarse en el estrecho marco del juicio promovido, justamente porque remite a un análisis causal vedado en estos procesos, máxime cuando se trata de una cuestión abstracta a los fines del resultado de la causa, como el propio recurrente admite.

III. B).- Otro tanto ocurre con el rechazo de la excepción de espera, contra la cual se alza el demandado.

Aún cuando el caso presenta ciertas particularidades que no pueden ser pasadas por alto, y de las que me ocuparé mas adelante, lo cierto es que la excepción de espera, como tal, no resulta aplicable a la cuestión fáctica que el apelante intenta subsumir bajo tal defensa.

Tal como tiene dicho la Corte Suprema, "para que se configure la excepción de espera, el documento por el cual se instrumenta la espera debe emanar del acreedor en favor del deudor y desprenderse de él -indubitablemente- que se ha otorgado un nuevo plazo para el cumplimiento de la obligación, ya sea a requerimiento del obligado, por convenio de las partes, por voluntad unilateral del ejecutante, o cuando en materia tributaria se establecen prórrogas para satisfacer las deudas fiscales a través de disposiciones legales o reglamentarias." (Fallos: 329:5343).

Ningún documento de estas características se ha acompañado a la causa (las copias de los correos electrónicos y los formularios de pago, aun cuando no estén desconocidos expresamente, no constituyen voluntad administrativa en tal sentido). De modo que este aspecto del decisorio debe ser confirmado.

III. C).- La condena al pago de intereses merece otro abordaje, en virtud de su expresa remisión, resuelta mediante Resolución 054/DPR/11.

Es decir, con anterioridad a la intimación judicial de la deuda -comprensiva de capital e intereses-, la Dirección Provincial de Rentas resolvió "remitir los intereses de la deuda en el Impuesto Inmobiliario de los períodos 01 a 04/2004 y 01 a 08 de los años 2005 a 2008...". De suerte tal que es la propia administración quien ha decidido "perdonar, eximir o liberar" de la obligación al deudor, conforme surge de la documentación agregada a autos.

En otras palabras, el ejecutado ha acompañado con el escrito de oposición de excepciones, el documento del cual resulta, en forma inequívoca, que el acreedor ha remitido la deuda parcialmente -solo el rubro intereses-. Y esa documentación fue reconocida por la contraria (ver nota obrante a fs. 66, adjuntada al contestar excepciones).

Tal remisión, entonces, entendida como aquella especie de renuncia mediante la cual el acreedor se desprende, total o parcialmente, del derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, solo puede conducir a que la ejecución prospere únicamente por el capital histórico reclamado, sin intereses.

III. D).- Por último, considero que la imposición de costas no debe ser modificada.

La distribución se ajusta a lo dispuesto por el art. 558 CPCC, en tanto la ejecución prospera parcialmente, excluyéndose los intereses remitidos. Las pretensiones del acreedor ejecutante han sido admitidas y desestimadas en proporciones similares, todo lo cual justifica la imposición decidida en la instancia de grado.

Las costas de Alzada se imponen de igual modo, por idénticos motivos.

Por todo lo expuesto, propongo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido y, en consecuencia, disponer que la ejecución prospera por el monto de condena determinado en la instancia anterior, sin intereses. MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- Modificar la sentencia de fs. 84/86 vta., disponiendo que la ejecución prospera por el monto de condena determinado en la instancia anterior, sin intereses.

2.- Imponer las costas de Alzada en un 50% a cargo de la actora y un 50% a cargo de la demandada.

3.- Regular los honorarios de Alzada en las siguientes sumas: para los DRES. SANDRO FABIAN OCHOA, letrado en causa propia y ..., patrocinante de la misma parte, de pesos ... en conjunto (arts. 9, 10, LA). Sin regulación para los letrados de la actora (conf. art. 2, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y respecto del demandado, sin perjuicio de las expresas disposiciones normativas (Ley 2801, Acuerdo 4905 punto 8 y Acuerdo 4955), hágase saber que no habiendo denunciado en la causa el domicilio electrónico, las que deban hacerse por este medio, quedarán notificados en los estrados del Tribunal. Oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.