marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Locación de cosas, caso fortuito, incendio de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: W., A. A. c/ S., W. C. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-20

Respecto del caso fortouirto adquiere, el principio de autonomía que se aloja en el art. 1197, una fuerza que trasciende la previsión que surge del art. 1572 del código sustantivo, por cuanto la autonomía de la voluntad que así se consagra, implica que el hombre pueda crear la norma por la que ha de regular su conducta y en virtud de él es permitido elegir los contratantes y determinar con libertad la regulación de su relación, determinando sus respectivos derechos y obligaciones, acuerdo al que deben sujetar su conducta en el marco del devenir del contrato que los une, en la medida que aquellas reglas no lesionen la moral y las buenas costumbres.
Ley penal más benigna, actuación de oficio, delitos contra el honor
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Querella por calumnias e injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

La ley 23.077 restablece el texto originario del art. 109 del C.P.

desincriminando como delito de calumnia la atribución de "una conducta criminal dolosa aunque sea indeterminada" que reprimía el citado precepto según versión del decreto ley 21.338/76 el que fue aplicado al recurrente por estar vigente al tiempo de la sentencia.

Debiendo aplicarse de oficio el primero por resultar más benigno, corresponde modificar la calificación, pues la imputación de tal conducta sólo acarrea su encuadramiento legal como injurias.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: G, A s/ COHECHO (CSJ EXPTE NRO 113-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-21

La falta de definitividad del auto de procesamiento, revocable o reformable durante toda la instrucción (artículo 328 del Código Procesal Penal) es incontestable, y el argumento del recurrente que pretende sortear dicho recaudo formal aludiendo a la imposibilidad de continuar "el proceso atento las anormalidades procesales violadas" debe ser desestimado liminarmente, desde que, más allá de los pretendidos vicios procesales que invoca, de entrañar cuestión constitucional, pueden eventualmente llegar -en su oportunidad-, a conocimiento de este tribunal, ello no importa de ningún modo la paralización del proceso ni impiden su continuación.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, tribunal administrativo, Comisión Federal de Impuestos
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ resolución  n°  21  del  Plenario de la Comisión Federal de Impuestos s/ Impugna imp. a los ingr. brutos locales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Cualquiera que sea la naturaleza del tribunal - en el caso, Comisión Federal de Impuestos - el recurso extraordinario es procedente si en el caso ha ejercido facultades jurisdiccionales que no son revisables por vía de acción ni de recurso.
Tributos, Tribunal Fiscal de la Nación, impuesto a las ganancias
Materia: TRIBUTARIO-ADUANERO
Carátula: Emprendimientos Deportivos S.A. (Tf 32240-I)  c/ Dirección General Impositiva  s/ recurso de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-05

Se rechaza recurso de la demandada y se confirma la sentencia del Tribunal Fiscal, con costas. Club de campo. Donación de inmuebles Partes Comunes. Servidumbre de uso gratuito. Decretos ley n° 8912/77 y 9404/86 de la Provincia de Buenos Aires. Entrega de partes comunes. Impuesto a las ganancias. Arts. 17, 80, 81, 88, inc. i). Limitaciones y topes a las deducciones. Carácter Objetivo. Necesariedad. Transferencia de dominio implica un gasto en el impuesto a las ganancias. Deducibilidad. Fundamentaciones ex post facto.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, ejecución de sentencia, alimentos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: H. de A, C. L. c/ A., J. E. s/ Alimentos - Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-21

Los honorarios devengados en el proceso de ejecución de sentencia deben regularse de acuerdo con las pautas previstas por el artículo 40 de la Ley 21.839, que se refiere a los "procesos de ejecución" contemplados en el Libro III del Código Procesal, y esta cuestión no cambia por tratarse de una ejecución de alimentos, no resultando procedente la aplicación del artículo 25 de la citada norma legal.
Procedimiento laboral, competencia, empleo público
Materia: LABORAL
Carátula: Rubio,   Silvia   Claudia c/ Universidad  de  Buenos  Aires s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

Toda vez que en el caso no se discute que la vinculación entre las partes era de derecho público y que el reclamo gira en torno a la interpretación y aplicación de disposiciones que emanan del Consejo Superior de la UBA y del decreto 2213/87 Escalafón para el Personal no docente, la pretensión de la actora tendiente a obtener el pago de los rubros "reintegro por "estipendio o beca" y "premio anual" corresponde, prima facie, sea tramitada ante la Justicia Contencioso Administrativo ( CSJN Fallos 308:2230).
Cambio jurisprudencial, jurisprudencia contradictoria, recurso extraordinario local
Materia: PROCESAL
Carátula: HURTADO, MANUEL c/ CONTRERA, RUFINA s/ POSESIÓN VEINTEAÑAL
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-06-09

Los recurrentes sostienen que la sentencia es incongruente porque contradice antecedentes fallados por el mismo tribunal.- En este orden, es ineficaz la atribución de contradicción en que habría incurrido la Alzada respecto a otra sentencia recaída en una causa que se dice similar, pues el recurso extraordinario no es la vía apta para atender las pretensiones acerca de las causas y efectos de un posible cambio de criterio de los jueces ordinarios, materializado en contiendas distintas.-
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, nulidad del decreto, ejecución de sentencia, suspensión de la ejecución, suspensión de las garantías constitucionales, derecho de peticionar
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ELKAN, TOMAS TIBERIO PABLO c/ A.N.Se.S s/ CONSTITUCION NACIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-12

La violencia jurídica del Decreto nº 2302/94 no se limita a conculcar el derecho a acceder a los estrados judiciales, sino que, más ampliamente, impide toda petición aún fuera del ámbito judicial. De tal modo el Poder Ejecutivo Nacional ha invadido la esfera legislativa atribuyéndose la solución de un tema de exclusiva incumbencia del órgano parlamentario soberano y, a la par, pretende acceder al campo de actuación de los jueces, impidiéndoles cumplir su función esencial y, peor aún, obstando al cumplimiento de decisiones ya tomadas (ejecuciones de sentencias), olvidando el carácter imperativo de las sentencias y el "imperium" atribuido a los magistrados en franca violación al principio de la seguridad social.

En consecuencia, corresponde declarar nulo de nulidad absoluta e insanable al decreto referido, mediante cuyo dictado el P.E.N.

suspendió el derecho fundamental de peticionar del que gozan -como garantía de calidad constitucional- los habitantes de la Nación, expresamente reconocido en el art. 14 de la C.N.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, autoría, instigación, barras bravas, prueba, presunciones, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OCHOA, DIEGO LUCAS c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO EN CARACTER DE INSTIGADOR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-30

En cuanto al fondo, la quejosa no logra rebatir con sus genéricas alegaciones los fundamentos del Tribunal, que realizó una pormenorizada evaluación partiendo de considerar los aspectos fácticos y circunstanciales -que adquirieron autoridad de cosa juzgada- en la sentencia de condena a los autores materiales; y así consideró que -ya en esa sentencia- la muerte de la víctima se enmarcó en las disputas de las dos barras del club enfrentadas por el dominio de la misma; y confirmó asimismo la Alzada el núcleo sentencial de grado, en cuanto el homicidio cuya instigación se endilgara al justiciable se vinculó a aquella rivalidad por el mando de la barra, como así también la alegada instigación o inducción que determinara al autor material a cometer el homicidio, apuntalando estas premisas con un sinnúmero de elementos indiciarios y los testimonios recabados y vertidos en el debate.
Accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, indemnización, recurso de apelación (procesal), monto del juicio, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olguin Carina c/ Plaza Claudio Andrés s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S145 - 260)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1998-03-04

En principio la pretensión impugnativa no debe prosperar pues si bien en relación al rubro incapacidad sobreviniente se podría aplicar el criterio según el cual es necesario que el apelante al igual que al demandar especifique de modo imprescindible el monto por el cual pretende se aumente o disminuya, según el caso, en la Alzada la suma acordada por el sentenciante, lo cierto es que, de hacerlo se estaría desconocimiento la verdad real y se caería en un extremado rigorismo formal en tanto de las probanzas rendidas en la causa surge con toda claridad la inexistencia del daño cuyo resarcimiento se solicita.
Indemnización por muerte del trabajador, padres, acción civil, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: García,    Santiago c/ ESTADO   DE   LA   NACIÓN   ARGENTINA s/ Accidente-acción civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-23

A los efectos de determinar el "quantum indemnizatorio" que corresponde a los padres en razón de la muerte de su hijo, debe considerarse el tiempo de vida de los reclamantes y no del fallecido, pues de seguirse el criterio contrario se admitiría un enriquecimiento y no una reparación del perjuicio sufrido (arts. 1078 y 1079 del Código Civil)
Honorarios, expresión de agravios
Materia: CIVIL
Carátula: PROVINCIA DEL CHACO c/ MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA s/ APREMIO(LEGAJO DE APELACION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-08-11

En lo que hace a los agravios vertidos respecto a la ley 2868, cabe consignar que el art. 1º de la mencionada norma prevé la reducción a un 25% de la escala establecida por el artículo 5 de la ley 2011 (t.o.) de los honorarios a percibir por los abogados que representen a la Provincia, Municipalidades u otra entidad en que el Estado Provincial sea parte, pero en tanto y en cuanto actúen como parte actora. Siendo así de las constancias de autos surge que los abogados a cuyo favor se regularon los honorarios aquí cuestionados, si bien representan a la Municipalidad de Resistencia, lo hacen en calidad de demandados, y en consecuencia no corresponde la aplicación de la ley en análisis, por lo que el recurso también en esta parcela debe desestimarse.
Extravío del cheque, acción cambiaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Teitelbaum Miguel c/ Abraham Eduardo s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S145 - 241)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1998-02-27

Aún antes del dictado del nuevo ordenamiento legal del cheque, la jurisprudencia ya se había pronunciado sosteniendo la necesidad del procedimiento de cancelación reglamentado por el art. 89 del decreto- ley Nº 5965/63 para las letras de cambio y el pagaré, quitando toda relevancia tanto a la denuncia policial, como al aviso al banco girado, para restarle fuerza ejecutiva al cheque extraviado o robado (CNCom., sala A, 13-3-70, L.L. 139-788, sum. 24.223, CNCom. sala E, 31-5-84, L.L. 1984-D-205, C1º CC Bahía Blanca, I, 9-3-82, DJBA 123-368). Sobre la base entonces que la buena fe y ausencia de culpa se presumen, es al propietario del cheque desposeído que alega la mala fe o culpa grave del poseedor, a quien le incumbe probar los extremos que invoca y que los mismos hayan existido al momento de adquisición del título (confr. CApel. Concepción del Uruguay, Civ. y Com. 3-4-92, JA 1993-II-93, ), lo que aprecio no aconteció en el "sub- iudice".
Acción contencioso administrativa, vacaciones, pericia contable, ofrecimiento de la prueba
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Sosa, Gustavo Alberto c/ Estado Provincial- Ministerio de Educación s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción y de  Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-06-15

La finalidad de la actividad probatoria es crear en los jueces la convicción de la existencia o no de los hechos alegados por las partes, es por eso que nuestro derecho procesal exige que el objeto de la prueba sea pertinente, es decir adecuado a los fines de dirimir el conflicto planteado.

En el caso de autos, el actor interpuso acción contencioso administrativa de plena jurisdicción e ilegitimidad a efectos de que se declare la nulidad de una Resolución Ministerial, por la que se le deniega la solicitud de licencias anuales ordinarias, ofreciendo a su vez prueba pericial contable para determinar el monto indemnizatorio que le correspondería pagar al Estado Provincial, en el hipotético caso de que la acción tuviese acogida favorable. De lo expuesto se desprende que la prueba ofrecida no guarda relación directa con los hechos afirmados en la causa ni con el derecho cuyo reconocimiento se pretende. En esa inteligencia, corresponde hacer lugar a la oposición formulada por la demandada respecto de la prueba pericial ofrecida, por resultar manifiestamente improcedente, si se tiene en cuenta que aún no se ha establecido, a través de la sentencia pertinente, si el actor tiene o no derecho a percibir el pago de las licencias no gozadas.
Fraude a la Administración Pública, falta de prueba, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Zothner, Hugo Jorge y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-08

Corresponde revocar el procesamiento y dictar el sobreseimiento de los imputados si no existen elementos de prueba suficientes que permitan sostener que la concesionaria incumplió con las obligaciones contractualmente asumidas relativas a la provisión y puesta en funcionamiento del sistema informático ofertado, adecuadas a las "nuevas necesidades" planteadas en función de la modificación del marco regulatorio del sector, pues las instancias anteriores restaron eficacia convictiva a las conclusiones de los informes periciales producidos, según las incumbencias propias de los profesionales intervinientes, a partir de una presunta superioridad de las plasmadas en los informes técnicos producidos por distintos organismos del Estado -presentado como querellante-, sin advertir que éstos omiten la integración de los incumplimientos por parte de la CNC de las obligaciones a su cargo con impacto en la satisfacción en tiempo oportuno de los compromisos asumidos por la concesionaria, y, en consecuencia, no se ha demostrado el perjuicio al patrimonio público estatal -requisito típico exigido por la figura endilgada-. La disidencia consideró que, en tanto el auto de procesamiento fue revisado y confirmado por la cámara de apelaciones, no se presentan en el caso las particulares circunstancias en las cuales la CNCP está llamada a intervenir. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo y Hornos -en disidencia-).
Administración fraudulenta, competencia comercial, prescripción, rendición de cuentas, depósito judicial, plazos procesales, vencimiento del plazo
Materia: PROCESAL - COMERCIAL - PENAL
Carátula: MOMPEL, Carlos y otra s/ Causa 4.343
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-03

El término de la prescripción empieza a correr, en el marco de un juicio comercial seguido al administrador infiel, cuando finaliza el plazo de cinco días por el que se le intima al pago judicial del saldo de su gestión, pues allí quedaría consumada la conducta fraudatoria del sujeto activo.
Acceso a la justicia, patrocinante, audiencia, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: M., del S. A. - Tutela c/  s/ incidente (determinación de capacidad progresiva y designación de abogado) s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-10

Si bien el NNA puede proponer su patrocinante por fuera del listado de Tutores Especiales y Abogados Especialistas creado por el art. 20 LPF, esa decisión debe ser confirmada judicialmente previa audiencia con el menor de edad, en donde además de considerar su competencia para la elección, se evalúen las circunstancias de la elección del letrado en cuestión, de modo de despejar cualquier tipo de influencia indebida, nociva o dirigida por alguno de sus representantes o de terceros.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones procesales, proceso judicial, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Caretti, Sebastián Horacio s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-11-12

Debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues si bien la defensa alega errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal por parte del Tribunal de Casación (art. 494, C.P.P.)-en el caso arts. 18 de la Constitución nacional y 10 de la Constitución provincial-, los agravios traídos se vinculan a cuestiones de orden procesal, como lo es la supuesta violación al principio de congruencia, no siendo tal cuestión propia del ámbito de conocimiento de esta Corte (art. 494, cit.) y si ello se entendiera como violación -transitiva- de normas constitucionales lo mismo cabría resolver respecto de la mayoría de las transgresiones legales pues de uno u otro modo siempre la Constitución está instalada sobre la ley, otorgando a ésta su validez jurídica.
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, fundamentación de sentencias, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Khanis,  Pablo s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por Consorcio de Propietarios de la calle Panamá 982/84/86/88.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

La cuestión federal debe introducirse en la primera oportunidad procesal a disposición del recurrente, por lo que corresponde rechazar el recurso extraordinario si los fundamentos de la sentencia de la Cámara no fueron sino reiteración de los que contenía el fallo de primera instancia y tal cuestión no fue formulada al expresar agravios ante el a quo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, calificación legal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TASSONE, LEONARDO GABRIEL c/  s/ PORTACION DE ARMA DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

Las alegaciones de la compareciente aduciendo que al hacerse lugar a la recalificación solicitada por la Fiscal se invirtió la carga de la prueba y se omitió considerar las particulares condiciones personales del autor y del hecho, resultan genéricas e insuficientes para habilitar la apertura de la presente vía, pues -contrariamente a lo sostenido por la impugnante- el pronunciamiento resultó adecuadamente fundado en las constancias de la causa y se explicaron además los motivos por los que se entendía que no podía en esta instancia procesal subsumirse el hecho en la figura atenuada pretendida por la recurrente, sin que se advierta irrazonabilidad o insuficiencia de los argumentos expuestos que habiliten a descalificar el fallo desde la óptica constitucional. (Del voto e la mayoría. En disidencia: Dra. Gastaldi)
Prueba pericial, asistentes sociales, informe ambiental, inimputabilidad, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUILAR, JORGE RAUL s/ DEFRAUDACION Y ADULTERACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

La afirmación de un asistente social sobre la inimputabilidad del procesado, a quien no se le requirió opinión al respecto, no es válida ya que la misma no se halla capacitada en los términos del artículo 324 y concordante del Código de Procedimientos en Materia Penal para resultar válida.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, personal de casas particulares, Derecho laboral, trabajador, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández de Veliz, Nélida E. c/ Merlat, Ana María y/o Cribioli, Pablo A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de   pesos laboral (Expte. CSJ Nº 824-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-02

Sabido es que todo lo relativo a la selección y valoración de la prueba o el reparto de la carga de aportarla queda normalmente detraído del ámbito del recurso de inconstitucionalidad, dado que es una tarea que se reserva a los Sentenciantes ordinarios toda vez que ellos son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en el análisis de los medios de confirmación. Y si bien dicha regla admite excepción, la recurrente en modo alguno persuade que los Magistrados hayan incurrido en un exceso de las facultades propias que reste sustento racional y lógico a lo decidido. Es que, en rigor de verdad, el A quo no fundó el decisorio en la negativa de los accionados en la contestación de la demanda -tal como lo afirma la recurrente- sino que, en virtud de como había quedado trabada la litis, tuvo por sentado que, de acuerdo a las reglas del "onus probandi", correspondía a la actora acreditar los hechos constitutivos por ella invocados, carga que no había sido satisfactoriamente cumplida.
Trata de personas, explotación sexual, tipo penal, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Legajo de Apelación (Autos: G., R. M. por infracción Ley 26.364) c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-09-08

Vale destacar que como en reiteradas oportunidades ha manifestado este Tribunal en relación a los delitos tipificados en los arts. 145 ter y 127 del CP -dada la estructura otorgada al tipo penal de trata de personas- en razón a la relación de medio a fin que presentan cada uno de ellos deben aplicarse las reglas del concurso ideal previsto en el art. 54 del mismo cuerpo legal, por lo que en razón a tal entendimiento se debe revocar la relación concursal escogida por el a quo. Además, debe revocarse la aplicación del concurso aparente del delito promoción o facilitación de la prostitución, pues su mención no se ajusta a una debida técnica jurídica y al no formar parte de la plataforma del encuadre legal, debe dejarse sin efecto.
Acto administrativo, estabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodriguez, Juan Bonifacio y Ciancio de Rodriguez, Nélida Beatriz c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

La defensa de la estabilidad de los actos generadores de derecho significa, necesariamente, la eficaz impugnación del ejercicio de la potestad anulatoria que desconoce tal estabilidad con sustento en la violación de la ley aplicable al caso al momento de dictarse aquellos actos (arts. 25, C.C.A. y 375, C.P.C.C.).
Acción de amparo, carácter excepcional, bien jurídico protegido, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Sin degradar el carácter excepcional del amparo, de lo que se trata es de lograr que no se dejen sin protección situaciones dignas de tutela por esa vía, lo que, desde luego, exige una exhaustiva valoración, a la luz del ordenamiento fundamental, de las realidades comprometidas en cada caso en particular de acuerdo a las pautas referidas, considerando el sentenciante, básicamente, la calidad de la facultad que se quiere proteger y la profundidad o gravedad de la lesión respectiva y la eficacia de la vía del amparo (correlativamente, ineficacia de la alternativa para repararla).

(De la ampliación de fundamentos del Dr. Barraguirre).