Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-12


Reg.: A y S t 280 p 99/102. Santa Fe, 12 de diciembre del año 2017. VISTA: la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la resolución nro. 68, del 18 de mayo de 2017, dictado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe en autos "COMUNA DE GRUTLY contra GODDIO, ERIKA LORENA Y OTROS - APREMIO FISCAL - (CUIJ 21-04910955-2) sobre QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ: 21-00511473-7); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante resolución Nro. 68 de fecha 18.5.2017, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora contra el pronunciamiento dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Esperanza, que a su turno rechazó el recurso de reposición incoado contra el decreto por el cual se tuvo por interpuesto incidente de nulidad por parte de la demandada, imprimiéndosele asimismo trámite sumarísimo y corriéndose traslado del mismo a la aquí recurrente. Contra aquél pronunciamiento, interpuso el interesado recurso de inconstitucionalidad local, con fundamento en la arbitrariedad del pronunciamiento cuestionado (inc. 3, art. 1 de la ley 7055). En su escrito, tras considerar cumplidos los requisitos que hacen a la vía intentada y relatar los antecedentes del caso, afirmó que la decisión del A quo vulnera los derechos constitucionales de propiedad, igualdad ante la ley, debido proceso y defensa en juicio. A continuación, consideró que la Sala resolvió en contradicción con los fundamentos normativos aplicables al caso, al admitir la posibilidad de revisión de un juicio de apremio con sentencia firme por vía incidental y establecer los requisitos necesarios para ello, pero sin que éstos últimos fueran efectivamente demostrados en el presente caso. En ese sentido, aseguró que no se acreditaron debidamente el "fraude a la ley", el planteo temporáneo del recurso, la inexistencia de otras vías o un "supuesto de indefensión que afecte la seguridad jurídica". Asimismo, evaluó que el recurso del A quo de utilizar el artículo 693 del Código Procesal Civil y Comercial local para aplicar analógicamente una solución contenida en el Código homónimo nacional resulta arbitraria, por cuanto dicho remedio solo puede utilizarse en caso de silencio del Digesto local pero no cuando aquel contempla los medios para ejercitar el derecho de defensa que la actora esgrime lesionados. Más aún, cuando las normas aplicadas a través del procedimiento analógico señalado no se diferencian de las dictadas a nivel local ni sirven para justificar la decisión impugnada, ya que también refieren a la nulidad durante el procedimiento y no contra la sentencia. Por otra parte, manifestó que la solución adoptada se aparta del derecho vigente aplicable en autos, en especial de los artículos 124 a 129 y 509 del Código de rito local y 26 de la ley 5066, consagrando por vía pretoriana la revisión de la sentencia de apremio a través de la vía incidental, desinteresándose de los principios de preclusión de los actos procesales y de la seguridad jurídica. Como segundo agravio, aseveró que la resolución discutida carece de fundamentación adecuada y se sustenta en afirmaciones dogmáticas, al juzgar -valiéndose de un único antecedente jurisprudencial- que "hay casos no aptos para considerar intangible la cosa juzgada", entre los que se encuentra el que aquí nos ocupa. Expresó que la apertura de la vía incidental para impugnar la sentencia del apremio altera el contenido de la cosa juzgada formal, más aún al no haberse brindado por parte de la Sala razones suficientes para adoptar ese medio y existir otros procedimientos procesales aptos consagrados en la ley adjetiva. Todo ello, además, evidencia -según su postura- el apartamiento de lo decidido respecto del principio rector de la sana crítica. Encuadró también en este agravio lo dicho en el pronunciamiento debatido, respecto de que en la puja entre el derecho de propiedad y el de defensa en juicio, correspondía que prevalezca este último, basado en una argumentación aparente que giraría en torno de principios y valores jurídicos. Al respectó, agregó que estos no sólo tienen un carácter supletorio con referencia a la ley, sino que son normas de integración y control axiológico. Con ese razonamiento, aseguró que la premisa aportada por la Sala en el sentido de que en caso de no admitirse la vía incidental se impediría a la contraria la posibilidad de hacer valer sus derechos, "no es una propuesta ni respuesta razonable que satisfaga el derecho a la jurisdicción, siendo que el ordenamiento regula otros mecanismos para el resguardo de su derecho que se omitió valorar", afectando de ese modo el principio de preclusión de los actos procesales y, por su intermedio, la seguridad jurídica. En tercer lugar, evaluó que la decisión resulta incongruente, por haberse excedido el A quo de lo que fue la materia propia del debate, al explayarse en su análisis del instituto de la "acción autónoma de nulidad de la cosa juzgada", que no fue propuesto por las partes, como un medio alternativo para impugnar la sentencia del apremio. Alegó que dicha circunstancia constituye una falta de congruencia entre lo pedido por los litigantes y lo resuelto por la judicatura, constituyendo un supuesto relevante para la apertura de esta instancia de excepción. Por otra parte, también descalificó lo resuelto al tener por reconocida la admisión del incidente de nulidad, siendo que ello fue materia de controversia por ante la Alzada y por no brindar una respuesta jurisdiccional válida en relación a la nulidad de la citación y emplazamiento en el apremio, a tenor de lo acontecido en el proceso y lo dispuesto en las normas procesales vigentes. A continuación, apuntó que la Sala omitió el tratamiento de todos los agravios expuestos por su parte, específicamente en lo tocante a la imposibilidad del juez de reabrir el debate de una instancia ya fenecida (artículo 248 del Código de rito local). Añadió, en relación a lo expuesto, que la eventual revisión de una decisión jurisdiccional debe hacerse por la vía de los recursos pertinentes, por un magistrado distinto al que dictó la resolución, lo que debió haber sucedido con la nulidad impetrada en baja instancia. Por último, sostuvo que lo resuelto en autos incurre en autocontradicción al plantear que la presente causa admite más de una solución pero, al mismo tiempo, indicar que no existe en la Sala "margen de indeterminación". 2. A su turno, la Sala, por resolución de fecha 22.8.2017, resolvió denegar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, considerando que no existió oportuno planteo y mantenimiento de la cuestión constitucional, que no se trata de una sentencia definitiva en los términos del artículo 1 de la ley 7055 y que las hipótesis articuladas por el recurrente no pueden encasillarse como un tipo de arbitrariedad. Por ese motivo, el interesado acudió por vía de queja ante esta Sede. 3. Se adelanta que la presente queja debe ser desestimada. En efecto, y aún dando por superados los requisitos de admisibilidad del recurso anteriormente reseñados y que la Alzada considera incumplidos, se advierte que el presentante no levanta la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055 de rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Cámara para apoyar su decisión de denegar la concesión del remedio extraordinario, al no traer razones de peso a fin de neutralizar la referida fundamentación, especialmente en orden a que la arbitrariedad endilgada al fallo cuestionado "no puede resultar de la sola disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de la argumentación jurídica". Es que la lectura del memorial de la queja revela que el recurrente tan sólo se limita a efectuar postulaciones genéricas y a reiterar los planteos esgrimidos en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad local, mas sin hacerse cargo de demostrar, con suficiente entidad, que sus agravios superan el nivel de la discrepancia y poseen sustancia constitucional. Ello, en tanto el impugnante desde su propia óptica, expuesta ya en la instancia ordinaria y que mereció adecuada respuesta por parte del Órgano jurisdiccional interviniente, aún cuando no lo conformara, procura en realidad reabrir el debate sobre la supuesta inadmisibilidad de la vía incidental para discutir la nulidad del procedimiento de un fallo de apremio con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada formal, temática propia del derecho procesal, de corte local y que, conforme reiterada jurisprudencia de este Cuerpo y del Alto Tribunal de la Nación, resulta en principio insusceptible de revisión mediante la vía aquí intentada. En ese sentido, y tal como lo admite el propio recurrente en el recurso de inconstitucionalidad, "la sentencia al emitir la decisión final, es el resultado de la elección de una entre varias soluciones jurídicamente posibles" (f. 15), lo que permite desechar la conformación de un supuesto de arbitrariedad. Por último, el recurrente no demostró de qué forma la Sala omitió el tratamiento de agravios decisivos para la solución de la presente causa e incurrió en un exceso de rigor formal, resultando sus agravios una apreciación distinta al juicio emitido por el Tribunal interviniente, pero sin entidad constitucional alguna. En ese sentido, cabe destacar que "el recurso extraordinario no tiene por objeto revisar decisiones de los jueces de la causa relativas al alcance otorgado a cuestiones de hecho, derecho común y procesal, salvo que medie apartamiento de las constancias comprobadas de la causa o inequívoca y manifiesta omisión de las normas conducentes para la solución del litigio" (Fallos, 331:886; ver también 322:981; 330:4770; 330:4983; 331:147, entre otros). En tal situación, los agravios expuestos por el accionante solo muestran su particular apreciación de lo acontecido en estos autos y de la normativa aplicable, por lo que corresponde declarar improcedente el recurso extraordinario interpuesto contra la resolución del A quo que ha dado razones suficientes de aquella naturaleza (cuestiones de derecho procesal) irrevisables en esta instancia, que le otorgan validez a su sentencia e impiden, por ende, su descalificación como acto jurisdiccional válido. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese y hágase saber. FDO.:FALISTOCCO-GUTIÉRREZ-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Esperanza.