marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, tipo penal, robo con armas, arma descargada, simulada o defectuosa, concepto de arma
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Respecto del concepto que cabe asignarse a la palabra arma acuñada en el tipo descripto por el art. 166 inc. 2° del Cód. Penal, y mas allá de posturas disímiles, una correcta interpretación refiere que la citada norma calificante exige para su aplicación, que la intimidación a la víctima haya sido materializada con un elemento útil para que accionado por el agente, éste se halle seguro del disparo. A mi criterio, no basta la mera intimidación al sujeto pasivo, sino que un arma es tal para la ley penal cuando el efecto que se pretende con su uso, en consonancia con su naturaleza, puede efectivamente lograrse. Es decir, cuando es hábil para matar, herir, etc. o cuando por su destino y naturaleza sea capaz de producir un perjuicio físico para la víctima intimidada, y permitiendo a su vez del agente, el dominio de la situación, sin mengua. En ese lineamiento, un arma inhábil para el disparo, conforma un instrumento distante del concepto de arma que pretende la ley sustantiva, porque aún siendo un revólver o una pistola, su específico fin no puede brindarlo. (De la disidencia del Dr. Pangia). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Extradición, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Servian, Fernando Javier c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-19

Corresponde encomendar a la parte acusadora que disponga las medidas que entienda pertinentes de modo tal que, con extrema urgencia y en forma coordinada con las distintas jurisdicciones que correspondan, se agote -de un modo integral- la investigación de los hechos que puso en evidencia el procedimiento de extradición, en cuanto habrían tenido lugar en la República Argentina, sin desatender la luz que podría arrojar en la solución del caso la existencia de otras operaciones comerciales en las cuales la persona requerida niega haber participado.
Empleados públicos, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rolón, Hilario Angel c/ Provincia de Buenos Aires (Serv. Penitenciario) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

El derecho a la carrera reconocido en el Estatuto para el personal de la Administración Pública, importa destacar en punto al derecho a los ascensos consecuentes, que el cuestionamiento judicial no puede alcanzar a la actividad genérica de organización, permitiendo a los agentes impugnar las facultades que en este aspecto se ejercitan, que, además, tiene facultades para limitar la cantidad de ascensos de acuerdo a las necesidades del servicio, valorando las relaciones más convenientes entre las vacantes disponibles y las supresiones que puedan adoptarse.
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Barragán, Héctor Raúl c/ Ministerio de Economía y Obras Públicas - Subsecretaría de Recursos Tributarios s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-12-18

Corresponde desestimar el planteo de caducidad de instancia, pues conforme lo dispuesto en el art. 293 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz, el demandado purgó la caducidad al operar su consentimiento a los cinco días de quedar notificado por ministerio de la ley la última providencia, máxime cuando existieron actos procesales impulsorios - tales como el pedido de desestimiento de la prueba informativa y la solicitud de declaración de negligencia de la prueba pericial - que impiden que se configure la perención de instancia requerida por la demandada.
Ejecución fiscal, recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en gcba contra gómez luis alberto y otros sobre ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Un escrito que "da carácter de recurso de inconstitucionalidad" a un recurso de reposición con apelación en subsidio, no cumple con el requisito de fundamentación autónoma precisamente porque remite a otro escrito presentado con anterioridad. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Varela García, Enrique Nelson c/ Alicanto S.A. y otra s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

Demostrado que el empleador es guardián de una cosa riesgosa, cuya actuación ha producido daños, procede declararlo civilmente responsable de acuerdo con el art.1113 segunda parte in fine del Código Civil, por el accidente del trabajo que sufrió su dependiente.
Tenencia ilegítima de armas, allanamiento domiciliario, secuestro de bienes, arma secuestrada, sanciones administrativas, delito penal
Materia: PENAL
Carátula: Labonia, Emilio José s/ tenencia ilegítima de arma.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23

Si bien las armas secuestradas en el domicilio en oportunidad de llevarse a cabo el registro domiciliario no se encuentran registradas a nombre del acusado; ello no permite considerarlo autor del delito que se le imputa.- Ello en el entendimiento de que no se advierte vulnerada la seguridad pública, bien jurídicamente protegido en la hipótesis punible del artículo 189 bis, inc.2, párrafo segundo, del Código Penal, pues lo que aquí se trata revela tan sólo una infracción administrativa prevista por el art. 64 del decreto 395/75, reglamentario de la ley nacional de armas, que prevé sanciones ajenas a las estatuídas por el ordenamiento penal de fondo (art.69 ibídem).- (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Retención de aportes previsionales, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez Mario Javier c/ A.R.T. Interacción S.A. y otros s/ Accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-07

El pago por el reclamo de la sanción conminatoria prevista por el art. 132 bis L.C.T. debe operarse a partir de la extinción del contrato de trabajo, pero limitándose la extensión temporal de la condena fundada en dicha norma hasta el mes anterior al del dictado de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio del derecho del trabajador a reclamar en un pleito posterior la ampliación de la sanción en caso de que la empleadora no acredite de modo fehaciente el ingreso de los ondos retenidos. (Del voto de la Dra.Craig al cual adhiere el Dr. Posse).
Expropiación, indemnización, intereses, despojo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ Nueva Pompeya S.R.L. s/ Expropiación (Expte. CSJ Nº 256-82)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-28

Por la privación de la disponibilidad del monto equivalente al valor objetivo del bien, deberá reconocerse a favor del expropiado el pago de intereses desde el momento en que la expropiante tomó posesión. No se trata de una mera actualización de sumas líquidas, sino de la valuación de bienes expropiados. Así lo demuestran diversos precedentes del Tribunal, en los que en tarea de fijar el valor real del bien a la fecha más próxima a la de la sentencia, se apartó de la "utilización matemática" de índices, aumentándolos o disminuyéndolos prudencialmente, según las circunstancias particulares de cada caso.
Acción de amparo, revocación de sentencia, legitimación activa, dictamen fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: En Virtud De La Justicia Fundacion c/ EN y Otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-30

La sala revocó la sentencia única de primera instancia (dictada para dos causas conexas) que había hecho parcialmente lugar a las acciones de amparo interpuestas por la asociación "Fundación En Virtud de la Justicia" y declarado la nulidad "...del Acuerdo Marco formalizado por la Jefatura de Gabinete y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA por resultar contrario al art. 25, inciso d) apartado 8° del decreto 1023/01 que autoriza la contratación interadministrativa directa entre jurisdicciones". Para así decidir, en síntesis, se ponderó que la fundación accionante no había justificado tener -frente a las contrataciones interadministrativas cuestionadas- un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, así como que tampoco podía pretender fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes.

Asimismo, en sentido concordante con lo dictaminado por el fiscal federal, se concluyó que -en los términos que fueron propuestas ambas acciones de amparo- las pretensiones no se hallaban vinculadas ni preordenadas a la resolución de un conflicto concreto entre partes adversas o una colisión efectiva de derechos.
Subasta judicial, resoluciones inapelables, liquidación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Fara, Arturo Eduardo c/ Tecnología Electrónica  S.A. s/ Ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-18

De acuerdo con lo dispuesto por el inc. 4 del art. 560, del Código Procesal, sólo resultan recurribles los pronunciamientos relativos a la liquidación definitiva que contempla el art. 591, lo que sólo puede tener lugar luego de pagado el precio o aprobado el remate. La cuantificación de la deuda, practicada al sólo y único efecto de fijar la base de subasta, con arreglo convenido por las partes en el mutuo hipotecario, traduce un cómputo meramente provisorio, que tiene por objeto establece una de las modalidades de la venta dispuesta, con tales alcances resultando por tanto inapelable.
Sucesiones, colación, cónyuge supérstite, legitimación procesal, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: SPOTA, Eugenio M.G. c/ SPOTA, Gaspar M. s/ COLACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

El cónyuge supérstite no se encuentra legitimado para demandar la colación de donaciones realizadas antes de contraer matrimonio con el causante.
Error (penal), error inculpable
Materia: PENAL
Carátula: KOKOTEC, FRANCISCO s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-27

El error, para que sea admisible, no ha de ser imputable al autor y además debe ser invencible. El error es invencible cuando el autor no se pudo librar de él usando cautamente los sentidos y la razón...el error le es imputable al autor si proviene de su falta de diligencia o prudencia (Núñez, Ricardo. Derecho Penal Argentino, tomo II, p.116) En materia de dolo y error exculpante rige el principio según el cual la duda acerca de la ilicitud deja subsistente el dolo y que para que el error se torne excusante de una conducta delictuosa debe ser esencial, determinante e inevitable.
Competencia, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dulguy de Erripa, Silveria c/ Cruz Bustos, José s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-23

Aún en los casos de competencia improrrogable, la ley procesal fija oportunidades preclusivas para su alegación por la parte o para su declaración oficiosa por el juez (arts.4 y 350 C.Proc.), por lo que luego de pasada la oportunidad, no puede alegarse incompetencia de ninguna especie. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medida de no innovar, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: Administrativo
Carátula: Pugh, Mabel Luben s/ Recurso de Apelación contra Res. 154-Acta 630 del ISSyS de la Pcia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-05-18

Ha de considerarse que la medida de no innovar requiere que se dicte contra un órgano administrativo -y más allá de doctrina y jurisprudencia que aplican a ultranza la presunción de legitimidad de actos administrativos- ha de decirse que en tal supuesto, debe estimarse con la mayor prudencia admitiéndola sólo en aquellos casos en que es indispensable para la salvaguarda de los derechos del peticionante, se haya acreditado la verosimilitud del derecho con fuerza suficiente de convicción que desvanezca aquella presunción, y la demora pueda acarrear un perjuicio grave, inminente e irreparable.
Tributos, Impuesto sobre los ingresos brutos, transporte interno, fallos de la Corte Suprema, incidente de impugnación, servicios de transporte regional, coparticipación federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Rutamar SRL c/ c/ GCBA s/ s/ Impugnación actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-02

De conformidad con la doctrina vertida por la CSJN en la causa "Transportes Automotores La Estrella S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción de inconstitucionalidad", sentencia del 6 de marzo de 2012, si la empresa actora es contribuyente del impuesto a las ganancias durante los ejercicios cuestionados y el tributo pretendido alcanza a sus ingresos por la prestación de servicios de transporte interjurisdiccional de pasajeros -tanto por servicios públicos como por servicios de tráfico libre- que provienen de tarifas reguladas por la autoridad nacional competente que no contempla la incidencia del mencionado tributo, el impuesto sobre los ingresos brutos resulta imposible de trasladar, por no estar contemplada su incidencia en el precio de la tarifa oficial, lo que conduce a que sea inexorablemente soportado por el contribuyente, hipótesis en la que el gravamen queda excluido de la previsión del art. 9° inc. b), párrafo cuarto de la ley de coparticipación federal de impuestos, y encuadrado en el párrafo segundo del mismo artículo -prohibición de establecer impuestos locales sobre la materia imponible sujeta a imposición nacional coparticipable-; mientras que para los ingresos provenientes de aquellos servicios no calificados como públicos; el gravamen resulta susceptible de ser incorporado al precio. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Acuerdo de juicio abreviado, pena, reincidencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: CORIA, RUBEN VICTOR c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-20

El planteo de la recurrente en torno a que en autos se habría configurado una hipótesis de arbitrariedad al haber importado la declaración de reincidencia, en el caso concreto, un extremo sobre el que en definitiva no se había arribado a un acuerdo por las partes -y sin perjuicio de si correspondía o no su dictado conforme la normativa de fondo- ha sido articulado con seriedad suficiente como para determinar su admisibilidad. (Del voto del Dr. Netri).
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Vicente Robles  S.A.M.C.I.F. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

Procede el recurso ordinario, si el monto cuestionado, actualizado a la fecha de su presentación, supera el mínimo establecido por el art. 24, inc. 6, apartado a); del decreto-ley 1285/58.
Inimputabilidad, trastorno psicopático, padecimientos mentales
Materia: PENAL
Carátula: Scheneider, Mario F. s/ Inimputabilidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

No puede incluirse automáticamente al psicópata en las previsiones del art. 34 inc. 1 del C.P., pues para que ello ocurra el elemento psicológico que integra la regla debe aparecer completando el presupuesto de morbosidad que le ha dado nacimiento.

Inimputabilidad y enfermedad mental de modo alguno son conceptos equivalentes, debiendo evaluarse en cada caso la capacidad de valoración y el comportamiento de la voluntad, evitándose una posición apriorística, no dependiendo el Juez exclusivamente de verificaciones psiquiátricas y psicológicas, sino que además debe transitar por otros criterios valorativos de su exclusiva incumbencia a fin de determinar la posibilidad de comprensión del acto o de dirección de las acciones.
Competencia, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Irañeta, Horacio c/ Provincia de Buenos Aires y otro s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

Para determinar la competencia cabe atender de modo principal a la exposición de los hechos efectuada en la demanda.
Tenencia de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, allanamiento domiciliario, prueba pericial
Materia: PENAL
Carátula: Pereyra, Juan Alfonso s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16

La circunstancia de que la noticia anónima se haya dado ante dos fuerzas distintas no acarrea nulidad en el procedimiento, ni convierte a las tareas de investigación en una "excursión de pesca", sino que tan solo podría arrojar cierta desprolijidad en la forma en que comenzó a investigarse la finca y sus habitantes, que fue rápidamente subsanada mediante la acumulación de los actuados. Si dentro de la vivienda se encontraban varias personas e incluso luego de ingresar los testigos se incautaron proyectiles, resulta una precaución lógica que previamente se haya asegurado la zona para evitar que los testigos corran peligro. La falta de notificación de realización de un peritaje no resulta un elemento que conlleve su nulidad, puesto que la parte carece de perjuicio en razón de la posibilidad de reproducción. No caben dudas acerca de la configuración de la comercialización de estupefacientes atento la cantidad de sustancia secuestrada, la forma en que estaba fraccionada, el sitio donde se guardaba, la concurrencia de personas al domicilio y al contenido de las filmaciones efectuadas. Es aplicable la agravante del art. 11 ley 23.737 si el delito se cometió en las inmediaciones de un centro de rehabilitación de adolescentes que se encuentra vigilado por el Servicio Penitenciario Nacional. La edad de treinta y ocho años y el tener un hijo son indicadores de madurez por parte del imputado que pueden ser ponderados como circunstancias agravantes de la pena. La disidencia parcial sostuvo que, en tanto la agravante del art. 11 inc. e ley 23.737 requiere la acreditación de una especial puesta en peligro del bien jurídico tutelado mediante la proyección de la actividad prohibida sobre los ámbitos que enumera, el a quo omitió cualquier consideración al respecto. (Dres. González Palazzo, Hornos y Diez Ojeda -en disidencia parcial-).
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, nulidad procesal, arrepentido, gravamen irreparable, cuestión federal, declaración del imputado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fernández, Cristina Elisabet c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-30

Si bien el pronunciamiento recurrido no constituye una resolución definitiva en sentido estricto, desde que no pone fin al pleito, ni hace imposible la prosecución ulterior, en casos excepcionales resulta equiparable a tal, en tanto ocasiona un grave daño de imposible o tardía reparación ulterior que requiere tutela judicial inmediata, conforme jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso de autos, se hallan reunidos los requisitos de admisibilidad y fundamentación del art. 463 del Código Procesal Penal de la Nación, y los recurrentes han criticado la decisión que los agravia con fundamento en su arbitrariedad y en la violación de derechos y garantías de raigambre convencional y constitucional relacionados con las garantías del juez natural, imparcialidad y debido proceso legal, motivando la existencia de una cuestión federal.
Constitución Nacional, igualdad ante la ley, agentes diplomáticos, nombramiento, acuerdo del senado, Fuerzas Armadas, personal militar, destitución
Materia: CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO
Carátula: OLIVA DAY, ALFREDO AGUSTIN c/ ESTADO NACIONAL (MIN. DE REL. EXT. Y CULTO) s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-16

El principio de igualdad no se quebranta con la circunstancia de que el Poder Ejecutivo "de iure" haya seguido una política diferente que la aplicada a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, mantenidos en su grado sin acuerdo del Senado, pues la propia Constitución Nacional discrimina entre ambos tipos de funcionarios:

los diplomáticos necesitan acuerdo del Senado para su designación y remoción (art. 86, inc. 10) mientras que los militares pueden ser destituidos por la sola decisión del Poder Ejecutivo (art. 86, inc.

16), diferencia razonable pues la designación de representantes internacionales, propia de la jefatura del Estado, no es asimilable a las que el Presidente realiza como jefe de la Administración Militar.
Defensa en juicio, defensor, derechos y garantías constitucionales, participación necesaria, proceso penal, representación y asistencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-CIVIL
Carátula: C/ T.J.R. S/ Lesiones leves agravadas, Amenazas y Abuso sexual (E/P de V.L.B. y R.A.T.) S/ Casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-05-02

La defensa técnica en el proceso penal es necesaria y obligatoria, aún en contra de la voluntad del imputado. Ahora bien, ello no es suficiente para cubrir eficazmente la garantía constitucional, ya que además, ella debe ser efectiva y refutadora de la tesis acusadora. De modo que sólo es válida aquella defensa que esgrima fundadamente la antítesis de la acusación. En efecto, el proceso penal, para ser eficaz y respetuoso de los cánones que lo rigen, debe realizarse efectivamente y ser necesariamente con posibilidad crítica de todos los argumentos acusatorios. Insoslayablemente debe ser un contraste o antítesis de la incriminación; sólo así funciona el sistema adversarial, donde debe existir paridad de armas, igualdad de posibilidades y condiciones.
Medicina prepaga, establecimientos asistenciales, habilitación del establecimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Amparo Villanueva, Silvina Gisela c/ OSDE
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-10-10

Es obligación de la empresa de medicina prepaga constatar que el establecimiento asistencial, propuesto por la amparista para realizar la cirugía bariátrica peticionada, se encuentre registrado en el Ministerio de Salud, atento ella está condiciones de controlar si un establecimiento está debidamente habilitado o no, siendo contrario a la buena fe poner tal obligación en cabeza del afiliado.
Pago, pago indebido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Beica, Aldo Camilo c/ Corporacion Medica de General San Martin s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-17

Habiendo reconocido al contestar la demanda que su contrato con PAMI se encontraba vigente, y no estando probado que el cupo de camas previsto en el mismo estuviera cubierto, hubo por parte de la demandada una ilegítima denegación de la prestación médica sin cargo, en favor del afiliado a la que estaba obligada, lo que torna carente de causa al efectuado por éste, haciendo procedente su repetición (Cód. Civ. arts. 499, 784, 788 y 1162).
Expropiación irregular, declaración de utilidad pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agrin SA c/ Municipalidad de Trelew s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-13

La procedencia de la acción de expropiación "irregular" requiere la concurrencia simultánea de dos requisitos inexcusables: a.- Que el bien o cosa respectivos hayan sido objeto de utilidad pública, a los efectos de su expropiación. Sin esa declaración de utilidad pública no puede haber expropiación de tipo alguno, pues toda expropiación, por exigencia constitucional, requiere dicha declaración.