marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, doble regulación
Materia: PENAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: OLIVER GUSTAVO ROBERTO s/ HONORARIOS - LITIS CONSORCIO PASIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-05-17

No procede el adicional contemplado en el art. 45 de la Ley 7269, en el caso de que un letrado haya actuado en el doble carácter de apoderado (procurador) y patrocinante, pues el treinta por ciento indicado en dicha norma sólo es viable en el caso de que la procuración la ejerza otro profesional, desde que así expresamente lo establece el citado artículo en el segundo párrafo.

Consecuentemente, al letrado que ha actuado en el doble carácter de apoderado y patrocinante sólo le es aplicable lo dispuesto por el art. 34 de la Ley 7269.-
Plazo, falta de denuncia, reticencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILARDO SALVADOR Y OTRO c/ MARIO MATURANO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-09-10

En el caso de rechazo del siniestro, el art. 56 Ley 17418 dispone que el asegurador debe pronunciarse en el plazo de treinta días de recibida la información complementaria que hubiere requerido del asegurado. Sino se solicitó esa información, aunque la ley no lo diga expresamente, es claro que el plazo se cuenta a partir de la fecha de la denuncia del siniestro efectuada por el asegurado.

No puede admitirse el argumento del asegurador que pretende hacer correr el término desde la fecha de la indagatoria realizada en el proceso penal, alegando que hasta ese momento no pudo conocer las circunstancias del siniestro. Precisamente para evitar este inconveniente es que la ley permite exigir al asegurado la información complementaria, de manera que no pudo invocar desconocimiento si no utilizó ese recurso para informarse debidamente. También es inaceptable el argumento de que el asegurado fue reticente en su denuncia por no haber manifestado que conducía en estado de ebriedad. Este si es un hecho que no puede hacerse valer frente a los actores. Así como la omisión de denuncia es inoponible a la víctima, también lo es la denuncia reticente puesto que en ambos casos se trata de hechos posteriores al siniestro que la ley no permite oponerlos al damnificado (art. 118 3er. párrafo Ley 17418). Pero, la reticencia del asegurado es una contingencia previsible que todo asegurador diligente debe calcular por anticipado. Por ello es que la ley le acuerda medios y plazos adecuados para ampliar la información suministrada a través de la denuncia.-
Proceso contravencional, facultades del juez, Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: D, A.G.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-16

Al ordenarle el juez al Fiscal unificar esta causa con la seguida contra el oferente, el Juez está incursionando por fuera de su jurisdicción, y violando la autarquía y la autonomía funcional del Ministerio Público, reconocido por el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 1 de la Ley Nro. 21.
Seguro de responsabilidad civil, culpa grave
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caballero Enrique c/ Comesaña José y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

No obstante que ha existido negligencia al no poder determinar el rodado ni esquivar el obstáculo, la falta cometida no pone de relieve una manifiesta y grave despreocupación o una actitud inexplicable que exceda la simple culpa, es decir, obrar con la diligencia que imponían las circunstancias de tiempo, modo y lugar art. 512 Cód. Civil).
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, título ejecutivo inhábil, certificado de deuda, expensas comunes, barrio cerrado
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Haras San Pablo Club de Campo SA c/ Cedarri, Osvaldo Fabián s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-18

1. Corresponde rechazar la ejecución del certificado de deuda por expensas emitido por el actor, en tanto no ha acreditado su sometimiento al régimen del CCCN 2075. No puede entonces el accionante efectuar su reclamo por vía ejecutiva, hasta tanto ello no ocurra, pues tratándose el presente de un complejo que aún no se habría adecuado al régimen actual, parece razonable que la consecuencia - ante el silencio de la norma- habrá de ser la de mantener subsistente el régimen anterior al que el emprendimiento fue sometido. 2. Pretender el automático reconocimiento de la capacidad de optar por la vía ejecutiva a un complejo que no se ha adecuado a tal tipología, importaría tanto como soslayar las reglas de estructura (que son de orden público) que rigen la materia (conf. en similar sentido CNCom, Sala C, in re: "Altos de los Polvorines SA c/ Castaño, Mariana s/ Ejecutivo" del 13-10-16).
Contrabando de automotores, devolución de objetos secuestrados, automotor decomisado
Materia: PENAL-ADUANERO-PROCESAL
Carátula: ARIENTI, MARIA ALEJANDRA s/ Contrabando, incidente de  apelación interpuesto por el Fiscal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-28

Es improcedente la entrega provisional de un automóvil que fuera secuestrado en una causa por contrabando - art. 238, Código Procesal Penal -, toda vez que el mismo puede ser eventualmente decomisado de conformidad con lo previsto por el art. 876, apartado 1, inc. a) del Código Aduanero.
Modelos y diseños industriales, incidente de explotación
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRIANGULAR SA c/ CALDERAS Y TANQUES LA MARINA SACI s/ INCIDENTE DE EXPLOTACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-05

Debe admitirse la procedencia del incidente disciplinado en el art. 25 del dec.ley 6673/63 aún en supuestos en los que no existe una total identidad entre los modelos enfrentados, sino que, como regla general se admite que alcanza con que se verifique la mera probabilidad de confusión; habida cuenta de que en la materia resulta improcedente un juicio certero acerca de la existencia y medida del derecho invocado por el peticionario, desde que su finalidad no es otra que la de atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético; por otra parte, la actora es titular de los modelos en litigio, lo que ostenta una presunción de legitimidad a su petición.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, trabajadores de la salud, partera, presunción de contrato de trabajo, trabajo por equipos, turnos rotativos, contrato de servicios, prueba, carga
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: PAVIOTTI, GRACIELA RAQUEL c/ SANATORIO MEDICO QUIRURGICO SANTA FE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 336 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-29

Corresponde rechazar la queja desde que no puede ser tildado de arbitrario el alcance asignado por la Sala al artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo para concluir que la relación que vinculó a las partes revistió naturaleza laboral -y no una locación de servicios regida por el derecho civil- generadora de la obligación indemnizatoria. En el caso, el A quo consideró que "es patente la relación laboral de un profesional cuando no determina por sí mismo el tiempo trabajado, está a disposición en forma continua por un sistema de guardias rotativas y pasivas, se somete a directivas técnicas, percibe retribuciones cualquiera sea su forma y no asume ni participa del riesgo de empresa pues ni siquiera interviene en la facturación directa". Dicha respuesta implicó adscribir a uno de los criterios interpretativos en orden al alcance del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo -hay quienes no requieren más prueba que la "prestación del servicio" y quienes exigen la prueba de la "dependencia"- y por ello no puede merecer descalificación desde el plano constitucional. Sobre el punto, sostuvo que "...el contrato de trabajo es un contrato realidad, por lo que ninguna relevancia se l e puede asignar a las declaraciones de las partes relativas a la declaración del contrato, o a la denominación que le asignen a pagos efectuados al profesional,...al silencio guardado por el profesiona l respecto de sus derechos laborales a la ausencia de registraciones en los libros laborales o al cumplimiento por el profesional de obligaciones registrales (realizadas voluntariamente o por acuerdo con el empleador) como la inscripción en la Caja de Jubilaciones para Trabajadores Autónomos o las registraciones en la D.G.I. para el pago de diversos impuestos" Ello se refuerza aun más si se tiene en cuenta que el Sanatorio accionado -sobre quien pesaba la carga de acreditar la autonomía que invocaba- tampoco demuestra cómo, de considerarse existentes, las aludidas inscripciones en los organismos recaudadores pudieran hacer variar las conclusiones alcanzadas con apoyo en las presunciones tenidas en cuenta y dentro de la postura asumida respecto a las características de la dependencia en el supuesto de profesionales.
Contrabando, tentativa, ley penal, aplicación analógica de la ley, remito
Materia: PENAL
Carátula: BOLO, CIRO CRISTOBAL s/ Averiguación de contrabando Causa 29148-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-08

1- Configura tentativa de contrabando simple y no mero acto preparatorio de este delito, el "re-envase" de mercadería depositada en puerto franco, proveniente de país no signatario de convenio (Brasil), consignando falsamente el lugar de procedencia (Paraguay) y la solicitud de trasbordo total de la mercadería (Del voto del Dr.

Hendler).- 2- El art. 863 del Código Aduanero comprende entre su supuestos de aplicación (relativos al control de importación y exportación) las operaciones constitutivas de tráfico internacional de mercaderías, como el caso en que éstas arriban a nuestro país y luego se destinan al extranjero, por lo cual tal hipótesis no implica aplicación analógica de la ley penal ni, por ende, violación de la garantía constitucional de reserva (Del voto del Dr. Hendler).- 3- No es documento, en el sentido del art. 865 "f" Código Aduanero, el "remito" que carece de firma y sólo prueba la adquisición de nuevos envases (Del voto del Dr. Hendler).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Brizuela, Wálter J. s/ Robo agravado, homicidio, abuso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia violación del art. 34 inc. 1º del Código Penal en cuanto la Cámara no declaró inimputable al procesado pero no cuestiona, con el debido apoyo normativo, lo resuelto en contrario por el tribunal en materia probatoria.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Cristóbal A. c/ Bernárdez Lidia Mabel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

El pedido de reiteración de oficio al Juzgado Federal y agregación de su informe con posterioridad al planteo de caducidad, determina su ineptitud a los fines de interrumpir el cómputo del plazo.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Magistroli de Moyano, Edith Guida. c/ Bucci, Nélida Concepción. s/ Cobro hipotecario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

No se puede por vía del recurso extraordinario de nulidad examinar la correcta aplicación de las normas invocadas en la sentencia.
Daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL
Carátula: EL CONDOR E.T.S.A. c/ MICRO MAR S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

El lucro cesante no se presume cuando se trata del retiro de circulación de un vehículo de servicio público de transporte, pues es norma que en tal situación se lo reemplace por otro sin alterarse la eficiencia del servicio y el número de usuarios.

Ello es así en razón de que las empresas de transportes obligatoriamente deben contar con un 15 por ciento del total de su flota de reserva para cubrir eventuales accidentes.
Homicidio culposo, resoluciones irrecurribles, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: MENDOZA MONTECINOS S/ HOMICIDIO CULPOSO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-08-23

La sentencia examinada no es una resolución equiparable a sentencia definitiva, ya que no causa un perjuicio de imposible reparación ulterior. No pone fin al proceso ni impide su continuación, su única consecuencia es que la imputada continúe sometida al proceso penal. Y, si bien durante el desarrollo del recurso ordinario la Defensa sostuvo que para el caso de prosperar sus agravios la solución correcta era el dictado de la absolución de su asistida y no el reenvío del legajo para un nuevo juicio (cfr. fs. 21 vta., 2° párrafo), el Tribunal de Impugnación dio razones que justificaban la consecuencia del reenvió y la Defensa las consintió.
Garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, Estado Provincial, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Carranza, Raúl Ernesto c/ Provincia de Córdoba y otra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23

Establecida en el ámbito local la vigencia de la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, los alcances con los cuales aquélla sea consagrada constituyen materia propia de la zona de reserva provincial e inmune a la actividad de la Corte salvo supuestos excepcionales.
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Chavanne, Juan Claudio (incidente de extensión de quiebra) c/ Graiver, Juan y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Atribuir al listado del art. 13 de la ley 23.898 el carácter de una enumeración taxativa que supuestamente esterilizaría las exenciones consagradas en otras leyes nacionales, viola el art. 1° de dicha ley y desconoce la jurisprudencia de la Corte.
Cuestiones de competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, acción civil, distinta vecindad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Valle, Roxana Edith c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

El carácter de causa civil, debe ser atribuído a los casos en los que su decisión hace sustancialmente aplicables disposiciones de derecho común, entendido como tal el que se relaciona con el régimen de legislación enunciado en el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional.
Títulos ejecutivos, juicio ejecutivo, pagaré, acción cambiaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo (Expte CSJ Nº 713-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-06

Si bien el título de crédito es autónomo, no es un fenómeno autónomo, sino que necesariamente se injerta en una relación de deuda y crédito. Y si se afirma sobre dos relaciones, una causal y otra cartular es porque contempla la posición del tercero poseedor del título, no la del tomador; al existir por su función circulatoria. Por tal razón el Superior Tribunal de Casación de Italia -sobre idénticas bases a las nuestras- ha precisado que "en las relaciones entre emisor y tomador se opera solamente una abstracción procesal" (27.5.1953 citado por Ferri). (De los Fundamentos del Dr. Donati)
Sustracción de menores, padres, interés del menor
Materia: PENAL
Carátula: Pyrih, Luis Aníbal s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-26

De la íntegra lectura de las actuaciones, estimo que los elementos colectados, resultan suficientes para firmar, en esta etapa procesal que, en el particular caso de autos, el accionar desplegado por el imputado excedió notablemente el marco de un mero conflicto familiar, para configurarse como una verdadera sustracción de su hijo respecto de su mamá, generando de esta forma una extensa y gravísima ruptura del lazo materno filial, en evidente detrimento, no sólo de la libertad, sino también del interés superior del niño. (Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, según su voto).
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: PLACENTI, CARLOS c/ P.E.N. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-23

La Corte Suprema ha admitido, por vía de excepción, que se discuta en, juicio de amparo la inconstitucionalidad de leyes o decretos. Si en el caso concreto del decreto 817/92, la parte actora basa su accionar en que el PEN habría desbordado las atribuciones conferidas por la ley 23696, que determina un ámbito de validez que no admite la modificación por decreto de todas las normas relativas a la actividad marítima, sino únicamente la de privatizar la empresa naviera estatal, no corresponde rechazar in límine la acción de amparo intentada.
Quiebra, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, juicio ejecutivo, embargo
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: NAJBI, ALBERTO s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR NELAMED, SAMUEL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-22

No puede pedirse la quiebra con fundamento en los embargos trabados sobre inmuebles del presunto fallido en un juicio ejecutivo en trámite, por considerar insuficientes dichos bienes para satisfacer su acreencia -lo que estaría confirmando el estado de cesación de pagos de la fallida-, y continuar simultáneamente el trámite de subasta. En consecuencia, no puede hablarse de acreditación de estado de cesación de pagos cuando quien lo denuncia ejerce paralelamente acciones individuales, incompatibles con el trámite universal promovido.
Derecho subjetivo vulnerado, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Roncoroni, Antonio S.V. s/ Cuestión de competencia (art. 6, C.P.C.A.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

En la licitación, todas las normas jurídicas que la regulan han sido dictadas en el interés público, (puesto que con ellas sólo se aspira a seleccionar al contratista más conveniente a los intereses de la Administración), en consecuencia, mientras se sustancia tal procedimiento selectivo, los oferentes sólo pueden invocar un interés legítimo para exigir que las respectivas normas sean observadas, por la única razón circunstancial de que su interés individual coincide con el público al cual apuntan, exclusivamente, dichas normas. El derecho subjetivo recién aparecerá al finalizar el procedimiento, cuando sea adjudicada la licitación a quien finalmente sea considerada como al que ha realizado la oferta mas conveniente, por lo que no es competente la Suprema Corte para conocer sobre las impugnaciones expuestas por un oferente desplazado en el procedimiento de licitación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: LORIA, HECTOR. s/ HOMICIDIO CULPOSO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-30

Un hecho es previsible, cuando el autor hubiera podido y debido preveerlo y en tal sentido, la previsibilidad será un criterio que, en definitiva, habrá de ser evaluado ante los acontecimientos que se suceden, en un juicio que no se realiza desde la visión del sujeto incriminado, quien aun después de haberse producido el resultado lesivo, puede asegurar o pensar que el resultado o era imprevisible, sino desde la óptica del juez, quien debe concluir sobre aquello que el autor pudo y debió hacer, esto es, la conducta debida o distinta, adecuada a las exigencias legales y eficaz para evitar el resultado, que será al fin, una de las pautas para determinar la gravedad del injusto y en su caso, la clase y medida de la pena.
Responsabilidad civil, responsabilidad médica, asistencia médica, obligaciones del médico
Materia: CIVIL
Carátula: ALTAMIRANDA, JOSE G. c/ ESTADO NACIONAL (Armada Arg.) s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

Es frecuente que ciertas lesiones pasen desapercibidas cuando se presentan otras más graves. El hecho de que ésto sea habitual no significa que quede excluida la obligación profesional de efectuar una revisación minuciosa y completa al accidentado, para descartar otras secuelas que, aunque de menor manifestación, son también relevantes para un oportuno tratamiento que excluya consecuencias que más tarde no pueden ser corregidas. Es por ello que el hecho de que el paciente no comunique la dolencia, no exime al médico de realizar una adecuada revisación, en oportunidad de practicarse el correspondiente control por el accidente sufrido.
Fundamentación de sentencias, prisión domiciliaria, personas con discapacidad
Materia: PENAL
Carátula: PEREYRA, Silvia Cristina c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-10

Está debidamente fundada la denegatoria de prisión domiciliaria si -analizado el caso a la luz de los arts. 10 del CP y 32 inc. f) de la ley 24.660-, contrariamente a lo sostenido por la defensa, el hijo discapacitado de la encartada no quedaría desprotegido pues ella no es la única persona que puede encargarse de su cuidado, ya que cuenta con el marido de la madre y dos hermanas mayores que se ocupan de él.
Accidentes de trabajo, acción civil, recurso de nulidad, conciliación, homologación del acuerdo
Materia: LABORAL - PROCESAL LABORAL
Carátula: VAZQUEZ, DOMINGO EMILIO c/ LA  FIRMA ING PELL CONSTRUCCIONES SA Y-O LA FIRMA SEGUROMETAL COOP DE SEGIRPS LTDA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-05-05

Habiéndose homologado el convenio, a pesar de los vicios que contiene, más allá del desacierto notorio de dicho acto, no puede ser soslayado como dato objetivo del proceso al que necesariamente hay que remitirse, a pesar de las irregularidades en el trámite de homologación, existiendo la ratificación personal del actor, certificada por el actuario y firmada por el juez, en principio debe tenerse por válida y solo puede ser atacada por los medios recursivos ordinarios o extraordinarios que prevé la legislación para cualquier sentencia dentro de los plazos ordenados en cada caso, de lo contrario, quien arriba a una transacción o acuerdo liberatorio con arreglo al artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo queda expuesto "sine die" a que la contraria arguya su inequidad sustancial, sin posibilidad de oponer la cosa juzgada propia de la intervención homologatoria de la autoridad pública, es decir que los acuerdos alcanzados son revisables por la vía de los recursos pertinentes que no se han usado. Resulta preocupante el criterio favorable a la nulidad del convenio, más por su proyección institucional que por el caso concreto, pues es susceptible de solución en el recurso de apelación por cuanto el a quo ha marcado los alcances que atribuye al convenio, lo que constituye una cuestión de mérito a dilucidar en dicho recurso, por lo cual cabe desestimar la nulidad pretendida.