Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-10-25


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: 172 San Fernando del Valle de Catamarca, 25 de Octubre de 2006.Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 24/06 "RAMIREZ, Mónica c/ Poder Ejecutivo Provincial- Acción de Amparo por Mora de la Administración" y- CONSIDERANDO:

Que a fs. 29 comparece la parte actora, con patrocinio letrado, interponiendo recurso de reposición en contra de la Sentencia Interlocutoria Nro. 96/06, que resuelve regular los honorarios profesionales de las apoderadas del Estado Provincial en la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000).

Argumenta que en la Ley de Aranceles no existen pautas objetivas aplicables a los procesos sin monto como el presente, pero que resulta evidente que esta regulación de los honorarios debe relacionarse con la complejidad de la materia tratada y la calidad de la labor desempeñada por los profesionales.

Que, en respaldo de lo sostenido, cita como antecedente un pronunciamiento dictado por esta Corte de Justicia "MOYA, Rina c/ Ministerio de educación", de similares características en el que se regularon los honorarios profesionales en la suma de Pesos Cuatrocientos Noventa y Ocho ($ 498).

Expresa que la diferencia de criterio existente en los fallos hace necesaria la interposición del presente recurso, a los fines de clarificar cuál es el seguido en este tipo de proceso.

Sigue diciendo que la diferencia en cuanto a las fechas y probablemente a la calidad de la labor profesional desplegada en ambos procesos, no puede justificar la magnitud de la diferencia entre las sumas reguladas.

Que, por lo demás, la sentencia impugnada que se encuentra firme, no determina la parte que debe soportar las costas, lo que hace presumir que fueron impuestas por el orden causado. Finalmente hace reserva del caso federal.- Que corrido el traslado de ley a fs. 29 vta., es evacuado por la contraria a fs. 30/vta., manifiestan que los agravios invocados por la recurrente carecen de sustento jurídico, conforme los argumentos que expresan y solicitan el rechazo de la revocatoria interpuesta por la parte actora, con costas.

2- Que, en efecto, dada la inexistencia de determinación pecuniaria del asunto sometido a decisión de este Tribunal, corresponde que se tengan en cuenta, como efectivamente se ha hecho, las demás pautas valorativas que prevé la ley de aranceles a los efectos de lograr establecer una retribución que resulte equitativa y que, al mismo tiempo, sirva de contención a los fines de evitar que la facultad de ponderar la labor de los letrados que la ley le atribuye a este Tribunal pueda, eventualmente, tornarse arbitraria o mezquina.

Que la pretendida diferencia de criterios existente entre dos sentencias dictadas por este Tribunal que resuelven sobre regulación de honorarios, no es tal a poco que se advierta la diferencia temporal existente entre el presente caso y el citado "MOYA, Ana Rina c/ Ministerio de Educación" pronunciamiento que se remonta al 06/07/04, de allí que resulta lógico, además de justo, que exista una diferencia en el monto regulado.

Que en ese orden de ideas la jurisprudencia sostiene que: "Desconocer los valores económicos subyacentes y la responsabilidad profesional comprometida en esta actividad resulta lesivo del derecho a una justa retribución y profundiza la brecha de arbitrariedad tan frecuente en materia de regulación de honorarios" (Conf.: "Honorarios de los Profesionales del Derecho", Carlos E. Ure- Oscar G. Finkelberg, Lexis Nexis, p. 295).

Que en este sentido, y teniendo en cuenta la prevalencia del aspecto subjetivo del Art. 6º de la Ley de Aranceles en cuanto a la calificación cualitativa, lo que se valora es la labor desarrollada por los profesionales, su mérito, utilidad, resultado obtenido y, de manera referencial, la entidad del interés por el cual se litiga, apreciándose el trabajo en sí mismo, con independencia de su mayor o menor extensión.- Que, por otro lado, resulta imperativo señalar -en orden a los agravios del recurrente- que la actuación en los presentes autos acarrea un costo susceptible de apreciación pecuniaria dado el carácter alimentario que subyace en toda actividad judicial generadora de costas, debiendo precisarse que en materia de regulación de honorarios, en juicios carentes de contenido patrimonial, verbigracia: acciones de inconstitucionalidad y de nulidad, el tribunal ha efectuado regulaciones superiores e iguales a la de autos, (Ej: Sentencia Interlocutoria Nro. 135 del 25/10/05; Sentencia Interlocutoria Nro. 128 del 24/10/05, entre otras), en plena coincidencia con el criterio expuesto en autos.- Por lo demás resulta superflua y manifiestamente improcedente la deducción a la que arriba la actora en relación a las costas, porque el principio objetivo de la derrota y lo dispuesto por el Art. 65 del C.C.A. resultan de aplicación y solamente tienen su excepción en los supuestos contemplados en la ley o cuando el juez encontrare mérito para ello, lo que debe expresarse en la sentencia, situación que no se da en autos.- Por lo precedentemente expuesto, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de reposición deducido.- 2) Imponer costas a la actora recurrente.- 3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívese.