Derechos y garantías constitucionales, allanamiento domiciliario, derecho a la intimidad, allanamiento sin orden, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " Cabail Abad, Juan Miguel s/ rechazo de nulidad ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-15

" según lo expuesto por esta Sala en la causa N° 42.840 ("N.N.

s/ Desestimación", rta. el 30/6/09, Reg. N° 630, con cita de otro precedente de la Sala, "Incidente de nulidad de Machuca, Raúl Orlando" -c/nº 41.270, rta. el 27/5/08, reg. Nº 583), todo medio de prueba que persiga incorporarse a un proceso penal debe haber superado el filtro de legalidad constituido por los medios admitidos por la Constitución y la ley reglamentaria, lo cual constituye una excepción a la libertad de prueba fijada en el art. 206 del C.P.P.N (análisis vinculado con las prohibiciones probatorias). Por otra parte y en forma paralela a este sistema de contralor, rigen las "prohibiciones de valoración probatoria", cuya función es doble, pues persiguen, por un lado, prohibir a los jueces valorar en el proceso elementos ya incorporados pero obtenidos en violación a garantías fundamentales; por el otro, impedir su utilización, fuera del proceso, como fuente de investigación de medios de pruebas (vid.

García, Luis M., La intervención de las comunicaciones telefónicas y otras telecomunicaciones en el Código Procesal Penal de la Nación: un cheque en blanco para espiar nuestra vida privada, segunda parte, publicado en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal", Año 3, N° 7, Ed. Ad-Hoc, 1° Edición, Buenos Aires, diciembre de 1997, ps. 751 y ssgtes.)" (Del voto en disidencia del Dr. Freiler). estas circunstancias son sustancialmente análogas a las analizadas por la C.S.J.N. en el caso "D'Acosta" (Fallos 310:85) en el cual, tras haberse allanado un domicilio sin orden previa, con el fin de aprehender a una persona que se había evadido, la misma comisión policial volvió luego para incautar objetos presuntamente vinculados con un delito. Allí, el Máximo Tribunal sostuvo que "no se trata en el caso de establecer si durante un allanamiento realizado con los fines de aprehender al presunto delincuente la policía judicial se encuentra habilitada para secuestrar elementos que puedan constituir prueba de la comisión de algún delito, sino de determinarse si puede afirmarse que, concluida la diligencia, el domicilio ha perdido la protección constitucional como consecuencia de aquélla, y ha quedado sujeto a cualquier nueva pesquisa que pudieran realizar los agentes de prevención, sin necesidad de requerir una orden judicial. Que la orden de allanamiento que regula la ley procesal, no constituye un acto por el cual el juez delega su imperium en un funcionario de policía u otra autoridad, susceptible de ser utilizado discrecionalmente por ésta, sino que por el contrario, es un mandato singular que se agota con el cumplimiento de la orden, y que no habilita a nuevas entradas. En efecto, la protección constitucional del domicilio no se puede anular absolutamente, porque esto le estaría vedado aun a los jueces, y la orden de allanamiento solo tiene por efecto franquear este domicilio al único fin de realizar una diligencia concreta. En este sentido, no puede sostenerse que la diligencia ha concluido si el juez ha adoptado las medidas de vigilancia o custodia a las que se refiere el art. 406 del Código de Procedimientos en Materia Penal, pero si no han sido adoptadas, cesa con la consecución del objeto al que se refería la orden o con el abandono del domicilio por parte de la autoridad. Así planteada la cuestión, sus términos no pueden verse alterados por el solo hecho de que la autoridad policial pueda haberse encontrado autorizada a introducirse en el domicilio sin orden del juez, porque aunque hubiera mediado orden de allanamiento, la diligencia se habría cumplido con el logro de su objeto, de modo que la concurrencia de la excepción legal no podría acordar a los preventores mayores facultades que las que hubieran tenido en los casos ordinarios, máxime porque después del primer allanamiento no se dictó providencia judicial alguna que dispusiera la custodia policial del inmueble." (Del voto en disidencia del Dr. Freiler)."En el mismo orden, y sobre la base de la cita de este fallo, Alejandro D. Carrió destaca que en materia de allanamientos y registros, en la cual el magistrado se encuentra constreñido a que hubiere motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas pertenecientes a un delito, o que puede efectuarse la detención del imputado (art. 224 del C.P.P.N.), cuando la policía actúa sin orden judicial, está constreñida, como mínimo, por los mismos recaudos que demandan la existencia de motivos previos para actuar. Sostiene que si la policía tuviese un estándar de exigencias menor, es notorio que el principio básico de la preferencia por la intervención de un magistrado, reconocido pacíficamente desde "Fiorentino" (CSJN, Fallos: 306:1752 del 27/11/84), se vería notoriamente desdibujado (Aut. Cit., Garantías Constitucionales en el Proceso Penal, Ed. Hammurabi, 5° Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2008, p. 370)" (Del voto en disidencia del Dr. Freiler)." se trata de la necesaria jurisdiccionalidad del franqueo excepcional de un domicilio que otorga operatividad a las limitaciones establecidas por el legislador en la reglamentación del derecho a la intimidad protegido por la garantía en análisis, y que en el caso, exigía que, al menos, el personal policial solicitara autorización telefónica a tal fin (conf.

esta Sala, Causa n° 43.082, "Incidente de Apelación de Octavio Barva en autos s/infracción ley 23.737", rta. 24/11/09, Reg.

1348)" (Del voto en disidencia del Dr. Freiler)." el precedente aludido [D'Acosta" (Fallos 310:85)] no resulta de aplicación al caso en estudio, por cuanto de lo relatado en el voto que antecede respecto de las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se produjo la detención y secuestro de efectos -entre los cuales se hallan los documentos cuya ilegítima tenencia aquí se le imputa a Cabail Abad-, surge que el obrar policial se ajustó a las previsiones del art. 227 inc. 3° del C.P.P.N. (con los alcances interpretativos que esta Cámara le asignó a análoga disposición del C.P.M.P. en autos n° 19.333, "Gordon, Anibal s/privación ilegítima de libertad", reg. 433 del 26/10/1987), y no se vio interrumpido en ningún momento, siendo que aquello que se asentó en actas formó parte de un mismo evento histórico" (Del voto de los Dres. Ballestero y Farah).