Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-26


AUTOS Nº 20.059 (88.396 - 4° CIVIL) "CASTRO Octavio; Isabel Vildozo Y Nidia del Rosario A. de Castro - Declaratoria de Herederos" L. DE A. T° 168, F° 176/181 SAN JUAN, 26 de octubre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Para resolver en estos autos Nº 20.059 (88.396 - 4° CIVIL) caratulados: "CASTRO OCTAVIO; ISABEL VILDOZO Y NIDIA DEL ROSARIO A. DE CASTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS", el recurso de apelación interpuesto a fs. 130 en contra de la resolución de fecha 12 de noviembre del 2.009.

Y CONSIDERANDO:

1. Por resolución obrante a fs. 128/129 del 12 de Noviembre del 2.008, el juez a quo rechazó el planteo formulado a fs. 76 y vta. por la coheredera Sra. Juana Francisca Pedernera de Castro y su hija Rafaela Margarita Carrizo de Soria, teniendo en consecuencia al bien inmueble denunciado como integrante del acervo hereditario de los causantes y les impuso las costas.

2. Contra esta decisión se alza la coheredera y plantea recurso de apelación. Concedido el recurso a fs. 138 lo informa a fs. 142/144 y solicita que se revoque íntegramente el fallo que ataca. Hace notar que se encuentra legitimado para apelar la sentencia porque, pese al fallecimiento de la Sra. Juana Francisca Pedernera acaecido el 22.03.2000, su hija le otorgó poder suficiente, y el mandato se encuentra vigente.

La resolución es errónea puesto "que se pronuncia ante un remoto llamamiento de autos (fs. 97/vta. in fine) habiendo transcurrido a la fecha, mas de catorce años de su dictado (1-03-1995) y por ende mediado caducidad de la instancia". Añade que "no puede ampararse el resolutorio cuestionado en la ausencia de caducidad de los procesos sucesorios, puesto que se trata de una incidencia y sobre la cual se suscitó una controversia, alcanzada incuestionablemente por la perención de la instancia del art. 294 inc. 1° del C.P.C.".

Resiste la resolución impugnada aludiendo al incumplimiento por parte de Juez de las disposiciones del art. 140 en sus incisos 4° y 7° que imponen la notificación por cédula de las providencias que se dicten entre el llamamiento de autos para sentencia y ésta; y la primera dictada después de que el expediente haya vuelto del archivo de los tribunales o estado paralizado o fuera de secretaría por mas de tres meses. Considera que ninguna de estas disposiciones fueron atendidas por el juez, vulnerando gravemente el derecho de defensa de su parte porque se lo ha sorprendido con una resolución que no esperaba.

Insiste en que la resolución está basada en antecedentes inexistentes y "por ende dista mucho de basarse en la verdad jurídica objetiva y que brinde solución al caso". Agrega que el Juez debió actuar con prudencia, porque la resolución refería a la inclusión o exclusión de un bien hereditario y no se ha acreditado en la causa la titularidad de ese bien.

El fallo cuestionado, es nulo de nulidad absoluta, habida cuenta que, el juez a quo previo a resolver debió ordenar la notificación de la reanudación de los plazos suspendidos y disponer la agregación de un informe de dominio actualizado. Por ello es que solicita se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 110 como lo establece el art. 1050 del C.C..

Concluye afirmando que no se trata de un supuesto de nulidad por la nulidad misma sino que "en forma trascendente se patentiza la violación del debido proceso y derecho de defensa de esta parte al ser sorprendido con un resolución desactualizada y al haberse tornado abstracta la incidencia promovida y erróneamente resuelta por el a quo".

Efectúa reservas de derechos para interponer recursos extraordinarios y plantear caso federal.

A fs. 146/149 es contestado el traslado de los agravios expresados.

2. Con respecto a la nulidad de la sentencia planteada recordamos que es viable cuando ésta no guarda las formas y solemnidades prescriptas por la ley, cuando por ejemplo, se omitió absolutamente la fundamentación de lo decidido, o si se ha violado el principio de congruencia resolviendo cuestiones extrañas a la litis, o elude otras planteadas o conducentes, o se incurrió en error sobre el nombre de las partes que imposibilita la ejecución de lo decidido, que no es el caso que nos ocupa.

Este no puede prosperar cuando los presuntos agravios que lo apoyan pueden hallar adecuada reparación en el recurso de apelación también concedido" (Conf. Palacio Lino T° IV pag. 121/126). Tal como se desprende del art. 258 del C.P.C., el recurso de nulidad está implícito en el de apelación.

La nulidad invocada no tiene fin práctico atendible, por cuanto el tribunal puede conocer de todos los temas propuestos por las partes para su decisión conforme lo disponen los arts. 168, 169, 277 y 278 del C.P.C., en ese sentido enseñan Morello y colaboradores: "si los vicios que precedieron a la sentencia deben compurgarse por el incidente de nulidad y si los de la sentencia son susceptibles de repararse mediante la apelación, la finalidad práctica del recurso de nulidad, es intrascendente" (Cód. Proced. de la prov. de Bs. As. y de la Nación, t. III, pag. 410 y juris. allí indicada).

Ahora bien, la nulidad planteada requiere como condición indispensable, que el apelante señale, no sólo el perjuicio sufrido por el incumplimiento de los requisitos formales de la estructura de la sentencia, sino también el interés que persigue con su declaración.

Comentan Morello-Sosa-Berizonce: "El principio de trascendencia requiere que quien invoca la nulidad alegue y demuestre (carga específica) que el vicio le ocasionó un perjuicio cierto e irreparable, que no puede subsanarse sino con el acogimiento de la sanción (pas de nullité sans grief). No es suficiente la invocación genérica de haberse quebrantado las formas del juicio; debe existir y demostrarse agravio concreto y de entidad.

No hay nulidad en el solo interés de la ley, desde que las formas procesales no constituyen un fin en sí mismas, sino que son tan sólo los instrumentos de que se vale el legislador para asegurar la defensa en juicio de las personas y de los derechos" ("Códigos Procesales." II-C, p.317, Abeledo-Perrot, ed. 1996).

En este caso, el recurrente no ha invocado ni demostrado conforme se exige, no sólo el perjuicio experimentado sino tampoco el interés que intentaba subsanar con la declaración de nulidad, lo que determina la improcedencia de su planteo.

Esta exigencia no se satisface con la mera invocación genérica de que se ha violado el derecho de defensa en juicio, ni puede interpretarse como satisfecha con la argumentación efectuada, toda vez que las afirmaciones contenidas en la presentación aludida conducen exactamente en sentido contrario.

3. El recurso de apelación intenta fundarlo con estos argumentos:

a) El sentenciador se equivoca porque se pronuncia ante un remoto llamamiento de autos habiendo transcurrido a la fecha mas de catorce años y por ende ha mediado caducidad de instancia. Que el tiempo transformó en abstracta la cuestión planteada.

b) Se dice que es apresurado resolver sin que previamente se notificara a los contendientes de la reanudación de los plazos procesales y que el expediente pasaba a resolver la incidencia. Se incumplieron las disposiciones del art. 140 inc. 4° y 7° del C.P.C..

c) No se ha acreditado a nombre de quien está inscripto el bien relicto.

d) El fallo omite considerar que el transcurso del tiempo, mas que originar una caducidad de instancia de la incidencia, hizo desaparecer todo interés en el planteo al fallecer la coheredera.

e) Finalmente, también agrega que se ha vuelto abstracta la incidencia promovida y ha sido erróneamente resuelta por el juez a quo.

La simple lectura de la expresión de agravios deja ver que adolece de una crítica puntual, concreta y razonable sobre el fundamento principal del fallo.

Cuando se persigue la revocación o modificación de una sentencia de primera instancia, la crítica debe ser concreta y, razonada. La mera disconformidad con lo resuelto es insuficiente para sostener el recurso. En los fundamentos del fallo apelado hay una razón puntual por la que se desestima el planteo impugnatorio, la que no ha sido siquiera mencionada en la queja.

Es necesario que en el escrito de fundamentación del recurso de apelación se ataquen los argumentos decisorios de la sentencia impugnada, ya que, de lo contrario, se incumple con lo dispuesto por el art. 265 del C.P.C., que requiere de conformidad con el art. 266, de "la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas".

Por otra parte, ninguna de las proposiciones mencionadas supra evidencia interés en los medios de impugnación que ha intentado el apelante.

Repasando las constancias de autos advertimos que el Juez a quo, ha resuelto una incidencia planteada por el apelante a fs. 76. En esa oportunidad se opuso a la inscripción del inmueble ubicado en calle San José 1923 -oeste- Capital, que fuera denunciado como integrante del acervo hereditario de los causantes en el sucesorio tramitado, en razón de que lo habitaba la coheredera Juana Francisca Pedernera y su hija. Es mas, peticionó la suspensión de cualquier intento de inscripción hasta tanto se dilucidara la verdadera propiedad del inmueble.

Con posterioridad, en la presentación efectuada a fs. 103/104 manifiesta que "estando en trámite la causa de posesión veinteañal que tiene por objeto la adquisición del dominio por parte de la Sras. Juana Francisca Pedernera y su hija Margarita Rafaela Carrizo, la pretensión de inscribir el único inmueble a favor de los herederos declarados en el sucesorio se ha transformado en abstracta e innecesaria, habida cuenta de que dicho trámite se debería efectuar una vez conocido el resultado del juicio de prescripción adquisitiva" y agrega, "si la acción de usucapión resulta favorable se dejará sin efecto la inscripción anterior consolidándose en cabeza de la coheredera Juana Pedernera Vda de Castro el dominio que actualmente ostenta a título de poseedora ánimus dómini. Por el contrario si resulta adversa la acción de usucapión simplemente se ordenará la inscripción como ha sido pedido, prosiguiéndose con la partición y adjudicación conforme a derecho".

A fs. 117/120 se glosa copia de la resolución dictada el 18.10.04 por la cual se desestimó la demanda por prescripción adquisitiva intentada por la Sra. Pedernera y a fs.121/122 el fallo de Cámara dictado el 07.10.05 declarando la caducidad de segunda instancia.

Las constancias de autos a las que nos venimos refiriendo, son congruentes con las afirmaciones efectuadas acerca de la caducidad de instancia del incidente (olvidando que solo lo podría haber planteado la parte contraria), que la cuestión ha devenido en abstracta, que ha perdido vigencia el incidente, que ha desaparecido todo interés en el planteo por fallecimiento de la Sra. Juana Francisca Pedernera, ponen en evidencia la falta de interés jurídico en la impugnación efectuada, y tornan también improcedente al recurso de apelación.

4. Cabe finalmente pronunciarse acerca de la sanción solicitada por la incidentada, aludiendo a que la incidentista "usa un medio procesal que le brinda la ley, para lograr un fin espúreo, que es el derecho ajeno. Por lo que deberá sancionársela con la condigna multa procesal", y agrega, que no solo se ha dilatado en el tiempo el proceso sucesorio en perjuicio de los hijos del causante, sino también que sostuvo la expresión de agravios en claros artificios, utilizando el aparato judicial, con al intención de perjudicar a alguien. "Esta utilización indebida debe ser sancionada, porque es conciente, deliberada y maliciosa".

El art. 44 del C.P.C. establece que "es temerario, el litigante inconsiderado, imprudente, carente de fundamento, razón o motivo". En suma la temeridad procesal es la conducta de quien debe saber que no tiene motivos para litigar, y no obstante lo hace abusando de la jurisdicción.

A su vez, la malicia en el actuar procesal está vinculada a la mala fe, pues es deber de las partes ejercer las defensas con lealtad y probidad. De allí que "la malicia que merece la nota de temeridad es la conciencia de la propia sin razón. El litigante temerario litiga sabiendo bien que no tiene motivos para litigar. No es solo un litigante malicioso; es además, un temerario, vale decir, inconsiderado, imprudente, arrojado a los peligros sin meditar sus consecuencias, carente de fundamento, razón o motivo (Colombo, J.A. 967-VI, pág. 906)..." (L. de A. Tº 126 Fº 55/60 - 29/7/2003).

La conducta desplegada por la incidentista en autos configura un actuar temerario y malicioso, dado que no se puede desconocer la situación procesal que tenía y que le impedía proponer los recursos deducidos. En función de ello, corresponde declarar incursos en el art. 44 del C.P.C. a la parte y su representante, sancionándolos con una multa equivalente a la décima parte de las costas devengadas por la tramitación de los recursos, en favor de la contraria.

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Desestimar los planteos de nulidad y de apelación impetrados a fs. 130.

2°) Declarar la conducta de la recurrente incursa en el art. 44 C.P.C., aplicándosele una multa equivalente al diez por ciento de las costas por la tramitación de los recursos.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.