Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-09


"GOMEZ CASADIDIO MARIA SOLEDAD Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE OTROS PROCESOS INCIDENTALES" , EXPTE: EXP 19539 / 2 Buenos Aires, 09 de octubre de 2006. Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Cuidad --a fs. 53, fundado a fs. 56/60, memorial cuyo traslado fue contestado a fs. 62/4-- contra la resolución obrante a fs. 49/50. VOTO DEL DR. HORACIO G. A. CORTI: I. La parte actora promovió esta acción contra el Gobierno de la Ciudad, a fin de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que aduce haber sufrido como consecuencia de los hechos -de conocimiento público- ocurridos el día 30 de diciembre de 2004 en el local denominado "República de Cromañón" (fs. 1/8 y 25). En su primera presentación, el Gobierno solicitó que se cite como terceros en los términos del art. 88, CCAyT, a las personas que individualizó (fs. 35/8). El pedido fue desestimado por la juez de primera instancia mediante el pronunciamiento apelado, circunstancia que motiva la intervención de esta Alzada. La señora Asesora General Adjunta dictaminó a fs. 69/73, solicitando que se rechace el recurso y, por lo tanto, se confirme el pronunciamiento apelado; en tanto que la señora Fiscal de Cámara se expidió a fs. 75, propiciando que se haga lugar a los agravios y, en consecuencia, se revoque la decisión recurrida. II. Conforme el art. 88, CCAyT, el actor -en el escrito de demanda o al contestar la reconvención- y el demandado -dentro del plazo para oponer excepciones previas o para contestar la demanda- pueden solicitar la participación de aquél a cuyo respecto consideren que la controversia es común. En caso de admitirse el planteo, la sentencia dictada después de la citación y, en su caso, intervención, afecta al tercero igual que a los litigantes principales (art. 90, segundo párrafo, CCAyT; CSJN, 16/04/98, LL 1999-F-761, 42.101-S, precedente citado por Colombo, Carlos J. y Kiper, Claudio M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado, La Ley, Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires, 2006, Tº I, p. 599, cita nº 22). III.1. Habitualmente el proceso tramita entre dos partes (actor y demandado). Pero ocurre que, en ciertos casos, un t ercero puede resultar afectado o tener interés directo en la resolución de la contienda. En tales supuestos, si el proceso está en trámite, el actor y/o el demandado pueden requerir que el tercero intervenga en el pleito. Si ello resulta procedente, el juez debe disponerlo a pedido de parte o de oficio (intervención obligada o coactiva). En cambio, si es el tercero quien postula su intervención en el juicio pendiente, invocando un interés tutelado, se trata de un supuesto de intervención voluntaria. A su vez, si el juicio termina sin la participación del tercero y éste puede ser alcanzado, aún de manera refleja por la cosa juzgada, debe contar con un medio jurídico para oponerse a la ejecución de la sentencia. III.2. La intervención de terceros procura evitar la actividad jurisdiccional múltiple (principio de concentración), impidiendo la promoción de juicios que -por la relación existente entre sus objetos procesales- deberán acumularse y ser resueltos mediante una única sentencia (doctr. arts. 170 y cctes., CCAyT). De este modo se busca asegurar que la decisión judicial produzca el efecto de cosa juzgada con respecto a todos los interesados, cuya participación -efectiva o potencial- es, al mismo tiempo, un medio para garantizar su derecho de defensa en juicio (arts. 18, C.N. y 13, inc. 3, CCBA). Desde esta última perspectiva, el instituto examinado excede el plano formal o adjetivo, pues hunde sus raíces en la Constitución misma, que reconoce y protege derechos y garantías que no pueden ser desvirtuados por las disposiciones procesales (doctr. Fallos, 97:70; 119:251; 121:285; 131:400). III.3. Ahora bien, para que resulte procedente la intervención, la trama de intereses jurídicamente protegidos por la legislación sustancial debe exigir, para la adecuada tutela de todos ellos, el concurso de la actuación de uno o más sujetos además del actor y el demandado, cuyas pretensiones se encuentran vinculadas con las que se debaten en la causa. IV.1. En los casos de intervención coactiva o forzada, la parte que insta la citación del tercero tiene la carga de demostrar que la controversia es común con él, esto es, que la causa petendi u objeto procesal de la contienda puede afectar la relación jurídica que los vincula. Por tanto, es necesario que exista algo más que un mero interés de quien realiza el pedido. En líneas generales, puede afirmarse que el presupuesto de la citación es que la parte tenga la posibilidad de intentar una pretensión de regreso contra el tercero -y en esa hipótesis tiende a evitar que, posteriormente, el tercero alegue la violación del derecho de defensa-; o bien que la situación jurídica que se discute resulte de algún modo conexa con otra existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios, de manera tal que aquél pudiese haber asumido inicialmente la posición de litisconsorte del actor o del demandado. IV.2. La intervención de terceros debe disponerse únicamente cuando resulte indispensable para proteger un interés jurídico, toda vez que la autorización indiscriminada de citacione s origina un serio desorden procesal, que los jueces deben procurar evitar. Por lo tanto, el pedido de citación ha de apreciarse con criterio restrictivo (Fallos, 310:937; 318:539; 322:1470; 325:3023), y cuando es efectuado por el demandado constituye una medida excepcional, en tanto, en caso de prosperar, obliga al actor a litigar contra quien no ha elegido como contrario. V. Aplicado a este caso el criterio de ponderación enunciado precedentemente, se impone concluir que el pedido de citación debe ser acogido. Ello así pues, según se verá, las circunstancias procesales de esta causa difieren de las que se suscitaban en el expediente caratulado "Arias, Carolina R. c/ G.C.B.A. s/ otros procesos incidentales" (EXP nº 17.586/2, cfr. pronunciamiento del día 13 de julio de 2006); y esa diferencia justifica, en mi criterio, una solución también distinta a la adoptada en ese precedente. En tal sentido corresponde poner de relieve que, en este caso, la parte demandada ha cumplido debidamente la carga procesal de acr editar el carácter común de la controversia con respecto a las personas cuya citación solicita (cfr. consid. IV.1.) y el pedido ha sido realizado en términos suficientemente precisos, indicando concretamente la participación que le habría correspondido en el hecho a cada una de las personas que pretende convocar. En efecto, en sustento de su pedido de citación de terceros la codemandada Ciudad de Buenos Aires afirmó que, ante los numerosos procesamientos dispuestos en la causa penal nº 247/05, caratulada "Chabán, Omar E. y otros" -en trámite ante el Juzgado Nacional de Instrucción nº 1, Secretaría 105- y dada la posibilidad de que se resuelva que varias causas concurrieron a la producción del siniestro, se configuraría un supuesto de obligaciones concurrentes. Sostuvo que, en tal caso, correspondería que la responsabilidad se distribuya entre todos los responsables en la medida de la incidencia causal de cada conducta; y consideró que, por tanto, deviene procedente la participación -en carácter de terceros- d e las personas procesadas, a efectos de facilitar el posterior ejercicio de las acciones regresivas que pudieran corresponder. Afirmó que en el estado actual de la causa penal, la autoría del estrago está configurada en las personas del Sr. Omar Emir Chabán, el encargado del local, Sr. Raúl Villarreal, el manager y los integrantes del grupo de rock Callejeros y miembros de la Policía Federal. Manifestó que el auto de procesamiento dictado en sede penal por el juez de primera instancia atribuye la responsabilidad de los hechos y de los daños consecuentes tanto al gerenciador del local (Chabán), como a los integrantes del grupo Callejeros y a los miembros de la Comisaría 7ª de la Policía Federal Argentina, entendiendo que la conducta asumida por todos ellos se encuentra tipificada en el delito de estrago doloso seguido de muerte. En particular expresó, con respecto al señor Omar Emir Chabán -procesado por los delitos de estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo, en concurso real- que le cabe la responsa bilidad como organizador del espectáculo público, atento a que el empresario de esta clase de eventos asume una obligación de seguridad frente a las personas asistentes y también frente a quienes se desempeñan laboralmente a sus órdenes. En cuanto al señor Raúl Alcides Villarreal -procesado como partícipe secundario del delito de estrago doloso seguido de muerte y por el de cohecho activo, en concurso real- señaló que era dependiente de Omar Chabán y se desempeñó como encargado del local Cromañón. En relación con el Estado Nacional (Ministerio del Interior-Policía Federal Argentina) afirmó que su participación en este juicio resulta imprescindible a fin de integrar debidamente la litis, en razón de que se encuentra acreditada su responsabilidad directa por haber cumplido de una manera irregular las funciones a su cargo, es decir, la deficiente prestación del servicio público comprometido, en tanto no cumplió adecuadamente las funciones de policía de seguridad, orientada específicamente a la prevención de las contravenciones. Indicó que está probado en la causa penal que la noche de la tragedia se configuraron, al menos, cuatro contravenciones, a saber: a) exceso de asistencia en el local; b) omisión de recaudos básicos de organización; c) portación de elementos pirotécnicos; y d) obstrucción de salida. Sostuvo que estas circunstancias eran conocidas por los policías, pero que a pesar de ello omitieron todo control y no llevaron a cabo ninguna acción para evitarlas. Individualizó a los siguientes policías: 1) Carlos Rubén Díaz, procesado como coautor penalmente responsable del delito de estrago doloso seguido de muerte, en concurso real con el de cohecho pasivo; 2) Gabriel Ismael Sevald, procesado como coautor penalmente responsable del delito de estrago doloso seguido de muerte, en concurso real con el de cohecho pasivo; 3) Oscar Ramón Sosa, considerado prima facie partícipe necesario penalmente responsable del delito de estrago doloso seguido de muerte, en concurso real con el de incumplimiento de los deberes de funcionario público; y 4) Cristian Angel villegas, considerado prima facie partícipe necesario penalmente responsable del delito de estrago doloso seguido de muerte, en concurso real con el de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Señaló, por último, que los integrantes del grupo Callejeros (Diego Argañaraz, Patricio Santos Fontanet, Juan Carbone, Elio Rodrigo Delgado, Maximiliano Djefry, Cristian Torrejón, Eduardo Arturo Vázquez y Daniel Cardell) han sido procesados por el delito de estrago doloso seguido de muerte, y se les imputa haber actuado como empresarios dada su probada injerencia en los aspectos organizativos del recital. VI. En consecuencia, dado que la parte demandada ha dado cumplimiento a la carga procesal de acreditar sumariamente el carácter común de la controversia con respecto a las personas cuya citación solicita, corresponde hacer lugar a los agravios y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado. VOTO DEL DR. ESTEBAN CENTANARO: 1. Cabe tener en cuenta que en el a rtículo 88 del CCAyT se dispone que el actor en el escrito de demanda y el demandado dentro del plazo para oponer excepciones previas o para contestar la demanda, o la reconvención, según la naturaleza del juicio, pueden solicitar la citación de aquél a cuyo respecto creyeren que la controversia es común. La jurisprudencia y doctrina mayoritarias consideran que la intervención de terceros en el proceso es un instituto excepcional y de interpretación restrictiva (ver Fallos 310: 937; 318: 539; 322:1470; 325:3023; y Carlos Fenochietto, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, anotado y concordado", Astrea, Buenos Aires, 2000, pág. 357). 2. Sin perjuicio de lo expuesto cabe señalar que la citación de terceros en el proceso no obliga a la parte actora a litigar contra éstos, que no pasan a ser demandados, sino solamente darles la intervención imprescindible para que las actuaciones puedan serles opuestas en la eventual acción regresiva que inicie la demandada (Fallos: 313: 1052). En otras palabr as, el alcance que cabe asignar a la intervención de terceros se encuentra limitado a la oponibilidad de la sentencia en un proceso ulterior (Fallos 315:2349). 3. Es preciso destacar también que "...la intervención obligada de terceros a petición de parte es viable cuando la controversia es común, o sea, cuando la relación o situación jurídica sobre la que versa el proceso guarda conexión con otra relación jurídica existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios, de una manera tal que el tercero podría haber asumido inicialmente la posición de litisconsorte del actor o del demandado. Y específicamente en el cuadrante del demandado, cuando éste en el caso de ser vencido, se encuentra habilitado para intentar una pretensión de regreso, sea de indemnización o de garantía contra el tercero" (este tribunal, in re "De la Torre Carlos G y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)", sentencia del 11/8/05). 4. En tales condiciones corresponde hacer lugar a la citación de los terc eros que la accionada individualiza en su presentación, ya que en el caso de que si eventualmente fuera admitida la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad en los sucesos acaecidos y, por lo tanto, resultara vencido en este juicio, contaría con la posibilidad de ejercer contra aquéllos las pertinentes acciones de regreso (art. 1112 CC, confr. Fallos 296:263). Criterio éste que se halla abonado por evidentes razones de economía procesal a fin de evitar que pudieran alegar que la derrota fue consecuencia de una deficiente defensa por parte del Estado (excepcio mala gesti processus). Asimismo corresponde citar como tercero al Estado Nacional atento que las cuestiones que se intenta someter a conocimiento del tribunal exigen su intervención dada la posible eficacia refleja de la decisión. Por todo ello considero que corresponde hacer lugar a los agravios y, en consecuencia, revocar la decisión recurrida, debiendo admitirse la citación de terceros solicitada. DISIDENCIA DEL DR. CARLOS F. BALBIN: I. A fin de evit ar reiteraciones innecesarias, doy por reproducida la reseña de las constancias de la causa que resultan relevantes para resolver (consid. I del voto del Dr. Corti), como también el enfoque procesal con que cabe examinar la cuestión propuesta a decisión de la Cámara (consid. II, III y IV del voto mencionado). No comparto, sin embargo, la solución que allí se propone (consid. VI). II. El rechazo de la citación no comporta un impedimento para que la parte demandada -en el supuesto hipotético de que resultase condenada en este juicio- promueva posteriormente las acciones regresivas que considere pertinentes contra los eventuales corresponsables (cfr. mi voto en el precedente "Arias, Carolina R. c/ G.C.B.A. s/ otros procesos incidentales", EXP nº 17586/2, resolución del día 13 de julio de 2006). Entiendo que es este el modo de conjugar armónicamente todos los intereses en conflicto. El interés de la parte actora -que se opuso a la citación (fs. 41/2)-, pues en caso contrario estaría obligada a litigar contra quie nes no desea hacerlo; el de la demandada, porque tendrá a su alcance los medios jurídicos para debatir -en la oportunidad y el ámbito procesal que correspondan- las eventuales responsabilidades concurrentes, sin menoscabo de su derecho de defensa; y, por último, el de los terceros, por cuanto, en su caso, podrán alegar y probar sus eventuales defensas interviniendo como parte principal en un contexto de debate pleno, observando el derecho de defensa y la garantía del debido proceso. Esta solución en ningún modo supone eximir de responsabilidad a Omar E. Chabán, Raúl A. Villarreal, Carlos R. Díaz, Gabriel I. Sevald, Oscar R. Sosa, Cristian A. Villegas, Diego Argañaraz, Patricio S. Fontanet, Juan Carbone, Elio R. Delgado, Maximiliano Djefry, Cristian Torrejón, Eduardo A. Vázquez, Daniel Cardell y el Estado Nacional (Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina). Ello así, toda vez que: 1) la demandante puede promover contra ellos las acciones que, en su caso, estime procedentes; y 2) en el supuesto de re sultar condenada en este juicio la Ciudad podrá repetir las sumas que, eventualmente, debiese abonar excediendo su cuota parte de responsabilidad en la producción del daño. Por último, la sustanciación de esta causa con la participación de los litigantes principales evita la mayor complejidad procesal -e incluso el desorden en términos procesales- que podría derivar de la intervención de numerosos terceros y, más aún, posibles conflictos de competencia entre tribunales; y ello consulta tanto el interés de las partes cuanto el de la administración de justicia. III. En efecto, puede sostenerse que en este supuesto se configura una colisión entre, por un lado, el principio de concentración -que, mediante la resolución del conflicto jurídico en un solo juicio, procura evitar la multiplicación de procesos vinculados por la causa y/o el objeto- y la administración de justicia en tiempo oportuno. Las situaciones que pueden suscitarse con la multiplicidad de partes pueden originar un desorden susceptible de conspirar contra la tutela judicial efectiva de quien acudió a la jurisdicción con el propósito de resolver el conflicto. Nótese, al respecto, que uno de los derechos instrumentales que comprende el derecho a la tutela judicial efectiva es el de obtener una sentencia que resuelva sin dilaciones, en tiempo oportuno y de manera eficaz, las pretensiones de las partes en el marco del proceso judicial. Sobre esta cuestión ya se ha señalado que el derecho de acceso a la jurisdicción supone que la decisión judicial sea eficaz y oportuna, es decir, comprende -entre otros aspectos- el derecho a que los conflictos sometidos a conocimiento del Poder Judicial sean resueltos en un tiempo razonable (esta Sala, in re "Fernández, María Elena y otros c/ G.C.B.A. s/ Ds. y Ps.", EXP nº 16764/0, pronunciamiento del día 22 de mayo de 2006, disidencia parcial del Dr. Carlos F. Balbín, consid. III.1). Al respecto se ha destacado que el particular tiene el derecho constitucional a una rápida y eficaz decisión jurisdiccional (dictamen del Pro curador General de la Nación en la causa "Tomatti c/ Gobierno Nacional", 31/10/77) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha advertido, por su parte, que la garantía de la defensa en juicio "no se compadece con la posibilidad de que las sentencias dilaten sin término las cuestiones sometidas a los jueces, y restrinjan con igual latitud la libre disposición del patrimonio" (Fallos, 269:131); señalando, además, que la indebida prolongación de la tramitación de los juicios desconoce los derechos de las partes y constituye una situación equiparable a la denegación de justicia (Fallos, 244:34; 246:87; 261:132; 265:147; citados en la disidencia mencionada precedentemente). IV. Por lo tanto, considero que corresponde desestimar los agravios vertidos por la apelante y, en consecuencia, confirmar la decisión recurrida. En mérito a las consideraciones vertidas, doctrina, jurisprudencia y normas legales citadas, y habiendo dictaminado el Ministerio Público; por mayoría de sus integrantes el tribunal RESUELVE: 1) Ha cer lugar a los agravios, revocar la decisión apelada y, en consecuencia, admitir la citación de terceros solicitada por el Gobierno de la Ciudad. 2) Costas por su orden, atento a las peculiaridades de la cuestión examinada (doctr. arts. 62 y 63, CCAyT). Notifíquese a las señoras Asesora General Adjunta y Fiscal de Cámara en sus respectivos despachos y, oportunamente, devuélvase. Encomiéndase al juzgado el cumplimiento de las restantes notificaciones, conjuntamente con al providencia que haga saber la devolución de los autos.-