Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-31


En la ciudad de Trelew, a los 31 días de julio del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut bajo la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Juan Humberto Manino y Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "O., F. M. y otra c/ M., C. y/u otros s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 21.187- año: 2006) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Deben modificarse los honorarios apelados a fs. 462 y fs. 463?, y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 477 .

A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 451/455 vta.) acogió la pretensión entablada, condenando a los codemandados y a la aseguradora citada en garantía -esta última, hasta el límite de la cobertura- a abonar a los actores dentro de los diez (10) días la suma de $ 6.231,39 con más sus intereses, con costas a los vencidos.

II. El fallo es apelado por la representación letrada de los perdidosos a tenor de los agravios vertidos en la pieza obrante a fs. 469/474 vta. Los aspectos que motivan el recurso son, en síntesis, los siguientes: 1) no se ha valorado la declaración de la testigo V. con fundamento en la sana crítica. 2) El accidente de tránsito no sucedió en la forma relatada por los actores, sino según la secuencia que reseña al efecto, corroborada por los dichos de V., T. y E..

3) El valor probatorio de la confesión ficta no guarda relación con la prueba mencionada, la cual le resta eficacia, y el valor de la ficción no puede ser mayor que la realidad. 4) Causa agravio la extensión del daño material reconocido a los actores, establecido en base a presupuestos y tomando como prueba de los mismos el acta policial de fs. 247, la declaración del testigo G. y la prueba pericial de fs. 219, sin tener en cuenta la contradicción existente entre este dictamen y el testimonio ya citado.

El daño reclamado en la demanda ha sufrido una modificación producto de las reparaciones llevadas a cabo y de los repuestos utilizados en las mismas, por lo que el perjuicio está representado por el dinero efectivamente empleado en dichas reparaciones. Dicho daño debió ser valorado en la sentencia teniendo en cuenta esta modificación de las condiciones fácticas o bien requerir del juez que conforme a lo dispuesto por el art. 163 inc. 6° CPCC se acreditara la medida económica del perjuicio mediante la prueba pericial mecánica.

5) La pérdida del valor venal, como todo daño, debe ser cierta y no meramente conjetural o hipotética. Del detalle de los desperfectos y piezas de recambio necesarias para la reparación no surge que se hayan afectado partes estructurales del vehículo. Habiéndose reparado el mismo, nada indica que existan siquiera rastros más o menos visibles del daño.

6) Agravia a su parte que se haya acogido el reclamo por privación de uso, en tanto fue otorgado sin tener presente que los actores no son los propietarios del automotor, y de acuerdo al testimonio de G. , quien usaría dicho vehículo sería persona distinta de aquéllos.

Dentro de este rubro se incluye el reconocimiento de la suma de $ 281,88 emergente de una factura "A" emitida a nombre de un tercero, la que lleva el sello de "pagado", sin que los actores hayan producido ninguna prueba para acreditar su calidad de legitimados activos del daño emergente (dueños, usufructuarios o usuarios del automotor) ni que dicho rodado tuviera el destino específico reconocido en el fallo. 7) Causa gravamen la condena al pago de $ 454.- surgida de una documental a la que se atribuye la calidad de presupuesto para la adquisición de un nuevo bien en reemplazo del dañado por el choque, sin que se haya acreditado la inutilización del aparato ni la adquisición de un nuevo, circunstancias que debían probar los interesados conforme al art. 377 CPCC y que no llevaron a cabo.

8) También agravia la indemnización por daño moral acordada a los actores, sin que nada haga suponer la existencia de un estado de ánimo que pueda ser incluido dentro de la preceptiva del art. 1078 C.Civil, habiéndose invocado a este propósito hechos que no han sido debidamente probados en el proceso. Hace reserva del Caso Federal y solicita la revocación de la sentencia en lo que ha sido motivo de agravios, con costas.

III. La responsabilidad civil controvertida: Por las razones que expondré seguidamente, adelanto que, en mi opinión, este agravio no debe prosperar. La responsabilidad atribuida a los demandados se asienta en primer lugar sobre la presunción establecida con base en el "riesgo creado" (art. 1113, 2do. párrafo, 2da. parte, Cód. Civil) por la puesta en circulación del vehículo que colisionó al rodado de los actores.

Esta regla presuntiva cobró operatividad al constatarse los elementos necesarios al efecto: a) cosa riesgosa ;b) cosa dañada c) relación causal del contacto entre ambas y el perjuicio producido. A ello se le unió la presunción emergente de la confesión ficta del conductor del rodado embestidor, C. M., debido a su incomparecencia a absolver posiciones, habiendo sido citado con las formalidades legales previstas para producir esa consecuencia jurídica.

Así las cosas, queda en claro que estaba a cargo de la parte demandada aportar las pruebas destinadas a contrarrestar la convicción de esta doble convergencia presuntiva y, al propio tiempo, tendientes a demostrar el hecho alegado en su defensa (conf. arts. 1113 in fine, C. Civil; art. 377, 417, 424, C.P.C.C.; su doctrina) consistente en que el choque se debió al obrar de actor, quien al volante del rodado Volkswagen Gol habría "frenado intempestivamente interrumpiendo la marcha que hasta ese entonces se venía dando respecto de los vehículos que transitaban por la calle Belgrano" (conf. contest. demanda, fs. 61).

Como único elemento para corroborar esta afirmación, la parte demandada trajo al proceso la declaración testimonial de M. V. V., acompañante a bordo de la Chevrolet Turbo guiada por M.. Al responder sobre este punto concreto, la testigo expresó: "veníamos cuatro autos por Belgrano marchando, nosotros éramos los cuartos. El semáforo que señaliza la calle Belgrano, estaba verde. Yo supongo que el primer auto de la fila vio rojo el semáforo de la Roca porque inexplicablemente clavó los frenos y quedó parado en la ochava, con la luz del semáforo verde que teníamos para pasar.

El primer auto era un Renault 21, luego un Chevy, que se fue porque no le interesaba que le paguen, ni pagar. Luego el Gol y después la camioneta Chevrolet" (resp. a la 2da. pregunta - fs. 351). Acerca del valor de este testimonio caben varias reflexiones.

En primer lugar, no es un dato irrelevante que la nombrada manifieste estar en pareja con C. M., por más que aclare de inmediato que no lo estaba a la época de los hechos. La apreciación acerca de la idoneidad y eficacia persuasiva del testimonio debe efectuarse en el momento en que él es prestado, porque es en la materialización de ese acto cuando podría operar un factor como el tenido en cuenta por la a quo -comprobación de un lazo afectivo que induzca a impedir o deformar la visión de los hechos o al favoritismo (conf. fallo, fs. 453)- por más que dicho sentimiento no existiera al tiempo de los hechos.

En este orden, bueno es recordar que la valoración por parte del juez acerca de la idoneidad del testimonio en los términos de los arts. 386 y 456 del Cód. Procesal constituye una potestad y a la vez un deber ejercitables aun de oficio. Esta apreciación debe hacerse según las reglas de la sana crítica, a fin de admitir o descartar la prueba si, por las circunstancias, es dable considerar que dicha declaración no aquilata credibilidad suficiente.

Ello puede obedecer a diversos motivos, que van desde los factores subjetivos de idoneidad del declarante hasta los aspectos objetivos del testimonio mismo, en su relación interna y externa con los hechos, por su verosimilitud, coherencia, etc.

En ciertos casos la ponderación de todos esos elementos tiene aptitud para restar convicción a los dichos, y en la especie resulta razonable suponer que, si la declarante acompañaba al conductor del vehículo embestidor y además la une a su respecto un sentimiento amoroso, su testimonio puede -aun de manera inconsciente- tender a una visión parcial acerca de la mecánica del hecho controvertido..

A todo evento, si en hipótesis se tuviera por cierto que es verdad que los vehículos se hallaban circulando y que un tercero frenó en forma intempestiva, provocando el choque en cadena -para lo cual sería necesario inferir que el testigo T. fue mendaz, sin que exista en la causa ningún motivo para autorizar esa conclusión- esta circunstancia tampoco relevaría de responsabilidad a la parte demandada por cuanto, como se dijo, persistiría a su respecto la presunción legal emergente del art. 1113, 2do. párr. 2da. parte, C.C.

En efecto, si M. no atinó a frenar a tiempo para evitar la colisión -como sí lo habrían hecho en cambio los conductores que lo precedían en la marcha- ello significa ni más ni menos que aquél no adoptó las precauciones adecuadas ni tuvo adecuado control sobre el rodado, cual lo impone la legislación de tránsito vigente, por lo que su responsabilidad subsistiría aún en tal supuesto.

En síntesis, el testimonio de V.no aporta una prueba adecuada ni suficiente para contrarrestar las presunciones legales ya señaladas en punto a la responsabilidad civil atribuida por la parte actora. Las consideraciones precedentes me llevan a sostener que la conclusión de la sentencia de primera instancia ha sido correcta, de conformidad con las reglas de la sana crítica racional, por lo que propicio la conformación del decisorio en este aspecto.

IV. Extensión del daño material reconocido a la parte actora:

1) Automotor: La objeción del apelante finca en que el monto indemnizatorio fue acordado en base a los presupuestos acompañados y no a los desembolsos efectivamente realizados con motivo de las reparaciones. Considero que esta crítica es puramente teórica y especulativa, pues no persuade acerca de que tales sumas no se correspondan con el real contenido económico del perjuicio.

2) Como el propio recurrente lo reseña, la juzgadora tuvo en cuenta a este efecto tres elementos conducentes, a saber: el acta policial de fs. 247, la declaración testimonial del mecánico G. (fs. 368/vta.) y el dictamen del perito mecánico interviniente (fs. 219 vta.). La concordancia intrínseca de dichas probanzas permitió establecer la entidad de los desperfectos, la necesidad de reparar y o recambiar piezas, y que el costo de los materiales y de la mano de obra presupuestados se correspondían con los perjuicios mencionados.

Frente a ello, aduce el quejoso que debió tasarse el daño en base a una pericia sobre las reparaciones efectivamente llevadas a cabo y no sobre los costos estimados antes de su realización. Afirma además que existió una contradicción entre los dicho de G. y lo dictaminado por el perito, por cuanto el testigo afirmó que el vehículo no había sido reparado totalmente, en tanto el experto da cuenta de reparaciones que exceden esos mínimos trabajos expresados por aquél.

A mi criterio, las alegadas contradicciones no son tales, por cuanto el testigo y el perito coinciden en que el vehículo fue reparado parcialmente y que restan efectuar arreglos, sin que puedan advertirse diferencias sustanciales entre ambas descripciones. Pero además -y esto es a mi juicio esencial para desestimar el agravio- lo que aquí se procura indemnizar es el daño material causado, con independencia de que su reparación ya se haya hecho o esté pendiente de realización, por cuanto el objeto de la indemnización, en definitiva, es resarcir el perjuicio causado, sea a fin de reponer la cosa dañada a su estado anterior o bien -si ello es imposible o a opción del damnificado- a través de una indemnización dineraria (conf. arts. 1068, 1969, 1083 y conc., C.Civil).

De tal manera, habiéndose demostrado la entidad de los perjuicios y una adecuada valuación pecuniaria de los mismos a través de las probanzas ya indicadas, las objeciones del apelante carecen de consistencia para desmerecer el juicio lógico arribado en el fallo, de manera que votaré por la confirmación del fallo en este aspecto.

2) 2) Pérdida del valor venal: Es cierto que este perjuicio no debe ser conjetural, pero no lo es que de los desperfectos constatados en el caso no surja que se hayan afectado partes estructurales del vehículo. Además de las descripciones tenidas en cuenta al efecto (actas, testimonios, etc.), el perito mecánico tomó contacto visual con el rodado en cuestión, observando que "el impacto recibido en su parte trasera ha afectado parte muy importante como el casco lado izquierdo y traversa", por lo que estimó el disminución de su valor venal en el 4% de valor de reventa (conf. dictamen, fs. 219, infra).

Para efectuar esta apreciación técnica no era imprescindible que el experto tuviera a la vista la unidad completamente reparada, por cuanto es una inferencia razonable dentro de sus conocimientos técnicos y de las máximas de la experiencia.

La prueba pericial, a diferencia del testimonio, puede versar tanto sobre hechos pasados como respecto de los presentes y futuros (conf. Colombo,"Código Procesal...", t. III, pág. 634 - Bs. As., 1975; id. Devis Echandía, "Teoría General de la prueba judicial" t, II, pág. 324 - 3era. ed., Bs. As., 1976) por cuanto la aplicación de las reglas técnicas de la experiencia especializada del perito le permite, a partir de los hechos comprobados en el proceso, deducir de ellos las consecuencias, las causas o las calidades o valores que se investigan (conf. entre otros, Carnelutti, F., "La prueba civil", N° 18, págs. 79-89 - Bs. As., 1979).

En consecuencia, no hallo en la crítica formulada argumentos que permitan refutar ni desmerecer la conclusión expuesta. 3) Privación de uso: El apelante procura asentar sus objeciones al progreso de este rubro aduciendo que no se ha probado la calidad de propietarios del automotor invocada por los actores en su demanda, además de que conforme a la prueba producida, quien usaría el vehículo sería una persona distinta de aquéllos.

Agrega asimismo que este perjuicio no debería establecerse sobre el tiempo hipotético sino sobre el real que insumirían los arreglos y, por último, hace notar que la factura "A" en base a la cual se admite el monto reclamado no pertenece a los demandantes sino a un tercero, sin que ellos probaran haber reembolsado el mismo. Acerca de la propiedad del automotor, lo primero que estimo necesario destacar es que la calidad de propietarios alegada por los actores no constituyó un hecho controvertido, ya que ello no fue objeto de una negativa concreta y categórica por parte de los demandados al responder la demanda, cual lo determina el art. 356, inc. 1° C.P.C.C.

En este orden, debe recordarse que la negativa genérica no suple este requisito, ya que se requiere que "cada uno de lo hechos expuestos en la demanda" (art. e inc. citados) sea objeto puntual de dicha formalidad ritual. Frente a esta comprobación, carece de relevancia que se haya negado la autenticidad de la documental aportada por los actores para acreditar la calidad invocada, ya que si el hecho no estaba controvertido, es obvio que no necesitaba ser abonado por prueba alguna.

Por si ello fuera poco, la propiedad del automotor fue de todos modos acreditada en el proceso a través del informe del Registro Nacional de la Propiedad Automotor en su contestación al oficio oportunamente librado al efecto, cuya respuesta documentada obra a fs. 283, donde se deja constancia que el automotor Volkswagen Gol dominio ... ... pertenece en condominio a M. V. G. y F. M. O..

En cuanto a que el vehículo sería utilizado por otra persona a tenor de los dichos del testigo G., debo decir que la aseveración es cuanto menos audaz por parte del recurrente. Dicho testigo expone el conocimiento que tuvo acerca de los daños del automotor en su condición de chapista, refiriendo que recuerda haberle efectuado reparaciones en el mismo y que quien se lo llevó era otro mecánico de apellido G., mencionando luego que éste "se haría cargo de la reparación mecánica y repuestos" y que es quien circula en ese auto (resp. a las preguntas 3era. a 5ta., fs. 352).

Desde que se probó en autos que los actores residen en la Capital Federal y que luego del accidente el automotor quedó en Madryn para ser reparado, la inferencia acerca de que el rodado no era utilizado por ellos sino por G. carece de seriedad y fundamento, por lo que creo innecesario abundar en este tópico.- Por último, también opino que debe desestimarse la argumentación relativa a que no corresponde incluir el reclamo de $ 281,88 por cuanto dicha erogación figura como efectuada por un tercero.

Dicho gasto corresponde a dos pasajes aéreos a Buenos Aires extendidos a nombre de los actores y la autenticidad de la factura fue validada por la empresa respectiva (ver fs. 278/vta.). La circunstancia de que la erogación haya sido facturada a un tercero (D. C. C.) no afecta la comprobación acerca de la realidad del hecho (viaje aéreo a Buenos Aires) motivado por la indisponibilidad del automotor.

De tal manera, si los actores se vieron en la necesidad de utilizar este medio de transporte alternativo, ello prueba la existencia del perjuicio invocado, sin que se a óbice al progreso del reclamo la circunstancia ya señalada, por cuanto la extensión de la factura a nombre de un tercero puede deberse a múltiples y desconocidas circunstancias (ej. delegación del trámite, mutuo dinerario, etc.) que no tiene caso aquí investigar, pues lo que interesa, en definitiva, es la constatación del efectivo perjuicio causado. - Voto entonces por la confirmación del decisorio acerca de este rubro. 4) Otros daños materiales: Se cuestiona el progreso del reclamo por reposición de un horno microondas valuado en $ 454.- conforme al presupuesto presentado al efecto (fs. 23). Expresa que no se ha probado la relación de causalidad, esto es, que el choque provocara la inutilización del aparato, ni la lesión a un interés propio de los actores.

Estimo que el agravio no debe prosperar. Está debidamente comprobado que los actores portaban un horno microondas en el baúl del auto porque llamó incluso la atención de un testigo (conf. test. T, resp. a la 7ma. preg., fs. 330 vta.); cabe reputar asimismo que ello fue visto por el demandado M., en virtud de su confesión ficta respecto de la 10ma. posición (conf. pliego de fs. 449). Por otra parte, dada la violencia del impacto que llegó a afectar el vehículo en lo estructural, las máximas de la experiencia permiten inferir, según la sana crítica racional, que dicho elemento sufrió daños de entidad suficiente como para justificar el reclamo de su valor de reposición (art. 386, C.P.C.C.; su doctrina).

En cuanto a su valuación, no hallo motivos plausibles para apartarme de la estimación basada en el presupuesto acompañado, cuya autenticidad fue validada en autos por el comercio emisor (conf. constancia de fs. 276/vta.), ya que se trata de un elemento de suficiente valor persuasivo para la estimación económica de este menoscabo patrimonial. Voto entonces por la confirmación del fallo también en este aspecto. V. Daño moral:

Los fundamentos brindados por la sentenciante para acoger este rubro no han sido superados por la crítica expuesta en la pieza recursiva. - Las circunstancias alegadas, lejos de ser "simples molestias, angustias o frustraciones" tuvieron auténtico peso para mortificar espiritualmente a los demandantes, ya que se vieron en la necesidad de afrontar una serie de inconvenientes que van más allá de la simple necesidad de reparar el automotor a raíz del choque, y que han sido debidamente acreditados en la causa con las constancias de fs. 25, 278, 300, 306, 336/339, que documentan la veracidad de los hechos alegados.

En mi opinión no cabe, pues, ninguna duda acerca de la provocación de tales aflicciones y que las mismas se encuentran dentro del marco previsto por el art. 1078 C.Civil. Al respecto, bien se ha expresado que una vez sufrido, el daño moral es imborrable, de manera que la única reparación jurídicamente posible es la dineraria (conf. Zavala de González, M., ob. y tomo cit., pág. 588).

En este ámbito, la doctrina es conteste en que se trata de un modo imperfecto de compensar el perjuicio, y que la determinación la cuantía no depende mayormente de la sapiencia jurídica cuanto de un criterio de prudencia según la singularidad de cada caso y sus características, a fin de equilibrar el propósito legal -la compensación del daño sufrido- con el medio imperfecto con que se cuenta- el dinero- procurando evitar el riesgo posible de un indebido enriquecimiento de la víctima.

Ha de acudirse para ello, con las palabras del maestro Mosset Iturraspe, a apreciar el perjuicio moral causado por el incumplimiento que nos ocupa según el standard de "la intensidad del justo dolor del hombre medio" (autor cit., "Responsabilidad por daños", t. IV, pág. 197 - Ediar, 1986). También es útil atender a las indemnizaciones otorgadas por el Cuerpo para atender este rubro en diversas ocasiones y por variados motivos, que sirven como pauta comparativa a fin de sopesar en términos pecuniarios la situación aquí planteada.

En este cometido, pues, puede apreciarse entonces que la suma de $ 700.- otorgada en la anterior instancia es más que moderada para compensar razonablemente los padecimientos y mortificaciones infligidos a los actores conforme a los parámetros ya citados, por lo que también me inclino por confirmar el decisorio en este aspecto, lo que así dejaré votado en este Acuerdo.

VI. CONCLUSIONES: De compartirse la postura sustentada hasta aquí, corresponderá entonces confirmar la sentencia en todo cuanto ha sido materia de recurso, con costas a los apelantes (art. 68, C.P.C.C.) fijándose la retribución del Dr. L A. N. por sus tareas ante esta Alzada, considerando la extensión y eficacia de las mismas, en el 27% de las que le correspondieron por su actuación en la anterior instancia, con más el I.V.A. correspondiente (conf. arts. 6, 14, 47 y conc., Ley 2.200.

Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.

A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso: En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos realizara el ponente.

Concuerdo con la solución confirmatoria del fallo en crisis propuesta por el colega y para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), basta con formular las consideraciones siguientes.- I.- Subsumible el caso ocurrente, como todo accidente de tránsito protagonizado por automotores en circulación, en la norma del art. 1113 párr. 2° parte 2da. Cód. Civ., admitida en las contestaciones a la demanda la guarda por los accionados de la camioneta generadora de riesgo, así como el contacto de ella con el vehículo de los actores (fs. 42/47 vta., 60/63, 69/vta, 176/vta.; arts. 330 inc. 4° y 356 inc. 1° C.P.C.C.) y acreditados los daños (fs. 50/54, 247, 449, pos. 3era. y 5ta.; arts. 386, 417 cód. cit.), corresponde por imperio legal presumir la existencia de relación causal entre éstos y aquel riesgo (confr.: Alterini - López Cabana, "Presunciones de causalidad y de responsabilidad", L.L. 1986-E-985, n° 5, "a"; Alterini,"Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores", L.L. 1988-D-296; mis votos en c. 19.477 S.D.C. 23/04, c. 20.304 S.D.C. 38/05, c. 20.620 S.D.C. 10/06, c. 21.197 S.D.C. 32/06).

Desde luego, por tratarse de una presunción "iuris tantum", ella puede resultar destruida mediante la acreditación del concurso de alguna de las eximentes legales previstas, en la especie la de la denominada "culpa de la víctima" que alegaran los demandados al oponerse a la pretensión.

Mas no advierto que ellos lograran demostrar la intempestiva frenada del coactor O. en que fincaran la culpabilidad de éste en el evento. La única probanza referida a ello ha sido la declaración testifical de M. V. V. y, en mi concepto, bien hizo la Señora Magistrada "a quo" en separarla del cuadro probatorio, visto su reconocimiento de vivir "en pareja" con el codemandado M. (fs. 351, resp. a la 1era. preg.).

Que los actores no hayan promovido el incidente de idoneidad previsto en el art. 456 C.P.C.C., no priva al juez de apreciar el mérito de la declaración según las reglas de la sana crítica al momento de dictar sentencia (confr.: C.N. Civ., sala "B", E. D. 73-445; Cám. 1era. Apel. La Plata, sala I, J. A. 1971-sec. reseñas-171, n° 179; Cám. 2da. Apel. La Plata, sala III, reg. sent. 50/89, cit. por Morello y otros, "Códigos Procesales...", 2da. ed., V-B-312).

Y en verdad las reglas de la sana crítica conducen a prescindir del mentado testimonio. Ante el vínculo amoroso de la deponente con la parte que ofreció su testimonio -elemento harto relevante para apreciar la eficacia probatoria del mismo, pues lo torna sospechoso (confr.: Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", 5ta. ed., II- 268, "d")-, una mínima cuota de prudencia aconseja desechar la declaración. Sabido es que en la apreciación de esta especie de prueba ha de tomarse en especial consideración el factor afectividad del declarante, de cuya concurrencia depende su credibilidad, por lo que es prudente marginar la declaración de quien es parcial o sospechoso de parcialidad, circunstancia que puede traicionar su objetividad aun de manera inconsciente (arts. 386, 456 C.P.C.C., su doc.; confr.: S.C.B.A., Ac. y Sent. 1957-IV-144 y 198, 1964-I-666; esta alzada, c.17.549 S.D.C. 12/02, c. 20.152 S.D.C. 21/05). A ello no empece que la relación de "pareja" entre la testigo y el codemandado haya nacido luego del hecho si existía ya al instante de la declaración, pues en ese momento en que la parcialidad del deponente debe ser apreciada.

Por otra parte, la discrepancia entre la declaración de esa testigo y la de G. O. T. acerca de si el automóvil de los actores se hallaba o no detenido cuando fue embestido desde atrás (fs. 330 resp. a la preg. 3era. y fs. 351, resp. a la preg. 2da.), no es dirimente para el fallo de la causa. Cual bien señalara el Señor Magistrado antes sufragante, así el rodado de los demandantes estuviera en movimiento, la embestida del de los demandados -que otros automovilistas integrantes de la "cadena" de transito consiguieron evitar- demuestra una pérdida de control por parte de quien lo guiaba, infracción al deber genérico impuesto a los conductores por el art. 39 inc. "b" de la ley 24.499 que redunda en la presunción de su responsabilidad sentada por el art. 64 párr. 2° del mismo ordenamiento.

II.- Cierto es que el juez al sentenciar debe atender a la posible variación intrínseca del daño -el contenido o extensión de los perjuicios- y que, de haber la víctima procedido a la refacción a su costa de la cosa deteriorada, la estimación de la medida del daño queda limitada a las sumas empleadas para ello, sin consideración de variantes extrínsecas posteriores -a salvo el particular fenómeno de la depreciación monetaria, de admitirse su cómputo- (confr.: Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil", 2da. ed., págs. 241, 245, 258 y sgts.). Pero tales conceptos no resultan aplicables en el subexamen.

El perito mecánico dictaminante en autos y el testigo S. A. G. fueron contestes en que al vehículo le fue efectuada una refacción sólo parcial y provisoria. (fs. 219 y 368 resp. a la preg. 3era.). No es pues que el daño subsistente en el patrimonio de los demandantes sea hoy menor que en el momento del accidente, sino que en parte perdura "in natura" (en la fracción aún pendiente de reparación) y en parte se ha transformado en dinero (disminución patrimonial en la medida del desembolso realizado para ejecutar los arreglos ya efectuados).

Mas no es lícito que los deudores intenten prevalerse de ello para eludir su obligación de resarcir ambos menoscabos patrimoniales. Lo contrario, permitirles que sólo soporten el costo de las reparaciones ya llevadas a cabo, importaría liberarlos de responsabilidad por las todavía pendientes, privando a los damnificados del derecho a la indemnización plena reglada en el art. 1094 parte 2da. Cód. Civ.

III.- No comparto que la indemnizabilidad del daño configurado por la pérdida de valor venal del vehículo colisionado dependa en exclusiva del deterioro de porciones estructurales del mismo. Por el contrario, he sostenido en varios precedentes de este cuerpo que la desvalorización de la unidad en el mercado de los automotores usados se opera, no obstante la no afectación de partes vitales y la correcta reparación, cuando se vislumbra a "ojos de buen adquirente" que el rodado tuvo un impacto.

El eventual interesado en adquirirlo, por sus conocimientos propios o por hallarse asesorado por quien los posee, notará, si ello es advertible, que el automotor sufrió una colisión y ante el temor de secuelas ocultas que afecten el funcionamiento de la máquina, es harto presumible que desistirá de la operación u ofrecerá un precio menor (c. 11.938 S.D.C. 1/97, c. 17.226 S.D.C. 23/01, entre otras).

Que las huellas del accidente serán notadas y ellas disminuirán el valor de reventa del móvil de los actores, son circunstancias demostradas en el caso por el dictamen pericial mecánico de fs. 219, del que no encuentro razones para separarnos (art. 477 C.P.C.C.), más allá de que el experto haya tenido a su vista el automotor cuando todavía no había sido completada la refacción. Es que, por sus conocimientos técnicos, al experto le es dado extraer anticipadamente conclusiones y consecuencias de los datos caídos bajo la percepción de sus sentidos (arts. 457, 464 cód. cit.).

Justamente la posesión por el perito de tales conocimientos técnicos y científicos es la que permite definir la prueba pericial como la actividad humana mediante la cual se verifican hechos y se determinan sus características, relaciones con otros hechos y sus efectos, a la luz de los principios de una ciencia o técnica, actuando en ocasiones el experto como perito "percipiendi", esto es verificando la existencia o características de hechos técnicos, y en otras como perito "deducendi", es decir deduciendo por aplicación de dichos principios las causas y las consecuencias de hechos acreditados mediante otros medios probatorios (confr.: Devis Echandía, ob. ind., II-305/306).

IV.- Alegado concretamente por los actores su derecho de dominio sobre el automotor Volkswagen Gol, esa circunstancia no fue negada por los codemandados y la citada en garantía de la forma categórica y particularizada que la ley procesal exige (fs. 42 vta., cap. III, pto. "a"; fs. 60/vta., cap. I; fs. 69/vta., cap. II; fs. 176, cap. II), operando en consecuencia al respecto la figura procesal de la admisión, que puede presentarse no sólo bajo la forma expresa, configurada por el reconocimiento de los hechos manifestado por el demandado explícitamente, sino igualmente bajo su forma tácita, derivada del silencio, la respuesta evasiva o la negativa meramente general (arts. 330 inc. 4°, 356 inc. 1° C.P.C.C.; confr.: Alsina, "Tratado...", 2da. ed., III-246, nº11).

Tal admisión tiene por característico efecto el de relevar a la parte de la carga de acreditar los hechos por aquélla recogidos, ya que la necesidad de probar acaece en relación a los hechos acerca de los cuales no hubiese conformidad entre los litigantes (art. 360 cód. cit.; Guasp, "Derecho procesal civil", 3era. ed., I-329, n° II, "b"; Morello y otros, ob. ind., V-A-11; S.T.J., S.D. 2/96, Pág. Web del P. J. del Chubut, Jurisp. on-line, sum. 4.060).

Por tanto, intrascendente ha sido el desconocimiento por los demandados de la autenticidad de los documentos anejados a la causa por los actores para demostrar esa propiedad del automotor, pues ellos eran sólo la probanza documental de un hecho no controvertido, que quedó acertado en autos por la admisión. A mayor abundamiento, y hasta de modo redundante, tal dominio de los demandantes fue acreditado a través del informe del Registro Nacional de la Propiedad Automotor obrante a fs. 283.

El razonamiento con que los apelantes intentan atribuirle el uso del rodado a persona distinta a los actores no pasa de ser una excesiva sutileza discursiva, un espejismo lógico o retorcimiento argumental. Bien ha señalado el colega preopinante que no es eso lo que se desprende de la declaración testifical de C. D. G. a fs. 352.

Domiciliados los demandantes en la ciudad de Buenos Aires, donde tras el accidente debieron volver, dejaron en el móvil en manos de S. A. G. -aparentemente su cuñado- para que él se encargara de hacer ejecutar las reparaciones. De allí que este último lo llevara al chapista G., sin por ello constituirse en usuario del rodado.

Atinente a que la tasación del rubro indemnizatorio "privación de uso" debiera hacerse atendiendo no al tiempo hipotético insumido por las refacciones a criterio del perito mecánico, sino al que efectivamente fuera empleado para llevarlas a cabo, basta recordar que las averías fueron reparadas de modo únicamente parcial y que las aún pendientes también abarcarán jornadas durante los cuales el vehículo estará inmovilizado. Ambos lapsos deben tenerse en cuenta al momento de liquidar el importe resarcitorio del daño.

Si en vísperas de un viaje de estudios al exterior (fs. 335/338) los demandantes se vieron privados del móvil con el que se trasladarían a Buenos Aires para desde allí iniciar aquella marcha (fs. 449, pos. 8va.; art. 417 C.P.C.C.), justo es que se les indemnice con el monto del gasto de un medio sustitutivo, que aquí tuvo que ser el avión ante el tiempo perdido a consecuencia del accidente.

Que ellos obtuvieron los pasajes aéreos lo acredita el documento de fs. 278, sin que lo afecte que esa factura fuera extendida a nombre de una tercera, pues de ello no se deduce que haya sido ésta quien sufragara el gasto, toda vez que ni allí consta quién hizo el pago, ni la factura es el instrumento mismo del contrato de compraventa mercantil, sino solamente una de sus pruebas posibles (confr.: Zavala Rodríguez, "Código de Comercio comentado", Depalma 1976, II-147).

V.- Demostrado fue en el subexamen que los actores portaban en el baúl de su automóvil un horno microondas que a consecuencia de la colisión fue dañado (fs. 25; fs. 330 vta., resp. a la preg. 7ma.; fs. 449, pos. 10ma.; arts. 386 y 417 C.P.C.C.).

En punto a la extensión de esos daños, la violencia del impacto revelada por las fotografías de autos y la pericia mecánica de fs. 219, así como la conocida fragilidad de esos aparatos electrónicos -hecho este público y notorio del que cabe hacer mérito sin probanza directa, porque entra en el conocimiento, en la información al alcance de todos los individuos de la comunidad (confr.: Devis Echandía, opus cit., I-219/221, n°3)-, torna presumible la imposibilidad o, al menos, lo antieconómico de afrontar su arreglo (art. 163 inc. 5° párr. 2° cód. cit.).

Asiste pues derecho a los actores a percibir el monto necesario para el reemplazo del artefacto por otro similar (art. 1094 párr. 1° Cód. Civ.). Por lo demás, el relativamente bajo precio del aparato nuevo (v. presupuesto de fs. 278), conduce a concluir, de acuerdo a las reglas de la sana crítica (art. 386 cód. cit.), que incluso de existir alguna diferencia entre el valor de reposición y el de refacción, la misma sería escasa.

Y a cuento viene recordar que en la reparación de los daños no puede pretenderse una equiparación absoluta entre el perjuicio y el resarcimiento; han de tolerarse algunas diferencias y tener en cuenta que más consideración debe merecer el perjudicado que el responsable del daño, porque éste ha violado un precepto jurídico: el del "alterum non laedere"(confr.: Cám. Apel. C. y C. Junín, 16/3/88, cit. en Manuales de Jurisprudencia La Ley n° 8, "Daño Patrimonial y Daño Moral", La Ley 1993, pág. 25, sum. 174; este cuerpo, c. 15.095 S.D.C. 53/99).

VI.- Con el último de sus agravios nos plantean los recurrentes la cuestión del daño moral indirecto, esto es el menoscabo a un interés no patrimonial de la víctima a consecuencia del ataque a un bien patrimonial suyo; expresado de otra forma, el daño moral sufrido como derivación del hecho lesivo a un interés patrimonial.

En algunos precedentes de esta cámara ( v. gr., c. 11.217 S.D.C. 6/96, c. 12.294 S.D.C. 32/97, c. 13.876 S.D.C. 3/99) tuve oportunidad de ocuparme de tal tema, señalando que, aunque acotada por ciertas limitaciones, existe la posibilidad de indemnizar ese rubro. Sostuve en dichas oportunidades, y lo reiteraré en ésta, que la reparación de los llamados sentimientos de afección vinculados con objetos patrimoniales es posible en principio.

El texto del art. 1078 Cód. Civil anterior a la reforma de la ley 17.711 -precepto que, aunque derogado, conserva interés como fórmula de análisis dogmático- aludía a "afecciones legítimas", denotando de algún modo no a cualquier sentimiento de afección, variable según cada persona y conforme su especial carácter o susceptibilidad, sino a aquellos derivados de la circunstancia de que, a través del bien patrimonial, la víctima satisfacía un bien jurídico distinto de carácter no patrimonial que no se restituye o restablece con la mera reposición o resarcimiento del valor económico o pecuniario.

En esas condiciones es razonable plantear el resarcimiento del daño moral indirecto provocado por el menoscabo de bienes patrimoniales con valor de afección. El valor de afección no es, en principio, el que se sufre ante el daño patrimonial en sí, sino el que es tutelado en virtud de un interés extrapatrimonial, jurídicamente relevante, que existe además del interés pecuniario.

En su juzgamiento ha de privar, desde luego, un criterio restrictivo, pues aunque no cabe ignorar que todo ser humano sufre ante el daño experimentado en los bienes patrimoniales, no es ese sufrimiento en sí lo que se resarce, sino en tanto cuanto se advierta la lesión a un interés extrapatrimonial digno de tutela (confr.: Zannoni, ob. ind., págs. 436/439, nº 120).

Y digno de tal tutela creo el interés legítimo, en absoluto reprobado por la ley, de disfrutar un viaje de estudios utilizando para transportarse en la primera etapa -Puerto Madryn a Buenos Aires- el vehículo propio, que en la especie resultara dañado e inmovilizado por el lapso de la reparación en consecuencia. El riesgo de demoras o de frustración de ese viaje al exterior hubo de producir desasosiego en el espíritu de los actores.

Para evaluar si tal circunstancia pudo tener entidad suficiente para resultar resarcible a título de daño moral, ha de acudirse al parámetro del "hombre medio" (confr.: Stiglitz-Echevesti, "El daño moral", en "Responsabilidad civil" de Mosset Iturraspe, Kemelmajer de Carlucci y otros, Hammurabi 1997, págs. 243/244) y en esta especie la índole de los hechos torna presumible la afectación. Es que partiendo de la relativa similitud de las reacciones humanas ante los infortunios, puede el juez inferir el grado aproximado del menoscabo anímico.

No me parece dudoso que personas promedio se sientan desazonadas y con su paz espiritual alterada cuando corre riesgo un viaje al exterior programado, máxime si éste tenía por objeto la adquisición de conocimientos en un instituto de estudios extranjero (fs. 335/338), lo que repercute, claro está, en su proyecto de vida. El daño no es menor si atendemos a la trascendencia que para la persona tiene ese proyecto. Cual se ha expresado con acierto, "en él se juega su destino, se centran sus más caras aspiraciones, su más íntima vocación. El proyecto le otorga sentido a su vida.

En el proyecto de vida se hace realidad la libertad: es el ejercicio mismo de la decisión libre. De ahí que un daño que atente contra el proyecto de vida, que lo frustre, lo retarde o lo menoscabe, incide en el hontanar mismo de mi ser. Es, por ello, un daño radical... en cuanto es un daño a la libertad ..." (Fernández Sessarego, "Daño moral y daño al proyecto de vida", Revista de Derecho de Daños, Rubinzal-Culzoni 1999, VI-40, n° VII).

La lesión a la libertad objetiva, es decir al proyecto de vida, puede consistir en un retardo en su realización, en la pérdida de chances u oportunidades existenciales que inciden en el mencionado proyecto (confr.: autor y opus cit., pág. 42, n° VIII; mi voto en c. 17.420 S.D.C. 39/01 de esta alzada). VII.- Tales son las razones, coincidentes con las brindadas por el ponente, por las que considero que el fallo en crisis merece confirmación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a los apelantes vencidos en ella (art. 68 C.P.C.C.).

Participo igualmente de la opinión del Señor Magistrado prevotante atinente a los honorarios que propiciara regular, pues hallo los mismos adecuados a la extensión, eficacia y resultado de las tareas profesionales cumplidas en la alzada (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200). Consecuentemente, me expido en esta cuestión por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: Considero que le asiste razón al Dr. V. A. F. al reputar bajos los estipendios regulados a su favor en la anterior instancia, por cuanto la extensión y complejidad relativa de la causa, las meritorias tareas y diligencias realizadas en beneficio de sus representados en su doble carácter de patrocinante y mandatario justifican una mayor retribución, por lo que propicio que dicho honorario sea elevado al 22,4% del monto del proceso debidamente liquidado..

En cuanto a las demás regulaciones, no advierto que las mismas resulten elevadas a tenor de las pautas ya referidas y teniendo en cuenta las respectivas actuaciones profesionales, por lo que considero que la apelación articulada a su respecto no debe prosperar.-. Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A ESTA SEGUNDA CUESTION el Dr. Velázquez contestó: Por aplicación de las ya referidas pautas arancelarias, relativas a la amplitud, calidad y resultado arrojado por las labores profesionales desplegadas en el grado de origen, juzgo que los emolumentos allí regulados distan de ser elevados, con lo que la apelación de honorarios por esa causal deducida a fs. 462 debe ser desestimada (arts. 6, 7, 9, 19, 47, 61 del dec.-ley 2.200). - Corresponde en cambio acoger el recurso que, por bajos, dedujera el Dr. V A. F a fs. 463, pues efectivamente los honorarios que fueran fijados en su favor, equivalentes al 19,5 % del monto total del proceso, no condicen con sus trabajos como letrado apoderado de la parte actora en orden a su dilatación, importancia y éxito obtenido.

En trance de elevar dicho importe, creo justo el propiciado por el preopinante, ya que el 22,4 % del monto total del asunto resulta más ajustado a los aludidos parámetros mensurativos. He de pronunciarme entonces en esta cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A ESTA ÚLTIMA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, modificándolo única y exclusivamente en punto a los honorarios fijados a favor del Dr. V. A. F., que deberán ser elevados al 22,4% del monto del proceso debidamente liquidado. 2) Con costas en la Alzada los apelantes, fijándose la retribución del Dr. L. A. N. por sus tareas ante esta Alzada, en atención a la extensión y eficacia de las mismas, en el 27% de las que le correspondieron por su actuación en la anterior instancia, con más el I.V.A. correspondiente. Así lo voto A ESTA CUESTION FINAL el Dr. Velázquez respondió: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre las cuestiones precedentes Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la Ley 1130 y 271 del C.P.C.C., To. Ley 4550).

Trelew, 31 de julio de 2006 En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; por mayoría, pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A:

CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, modificándolo única y exclusivamente en punto a los honorarios fijados a favor del Dr. V A. F, que deberán ser elevados al 22,4% del monto del proceso debidamente liquidado. IMPONER las costas en la Alzada los apelantes, fijándose la retribución del Dr. L. A. N. por sus tareas ante esta Alzada, en atención a la extensión y eficacia de las mismas, en el 27% de las que le correspondieron por su actuación en la anterior instancia, con más el I.V.A. correspondiente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: CARLOS DANTE FERRARI - CARLOS A. VELAZQUEZ REGISTRADA BAJO EL Nº 36 DE 2.006 - SDC.- Conste.-