Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-10-27


Expte. Nº 6312 "INCIDENTE de Suspensión de Juicio a Prueba iniciado por Ortega Dardo Eber Casación".

En la Ciudad de San Juan, a veintisiete días del mes de octubre del año dos mil catorce, se reúnen los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores José Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal.

No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal ante la inexistencia de cuestiones incidentales se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJO:

Contra la resolución dictada por la Sala Tercera de la Cámara en lo Penal y Correccional, en fecha 22 de abril de 2.014, interpone recurso de casación el Dr. Ricardo Esteban Moine, en su carácter de defensor de Dardo Eber Ortega.

El decisorio atacado (fs. sub. 120/126) dispuso no hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba que fuera formulado a favor del encartado Ortega.

Por su parte, en el recurso articulado por el letrado (fs. sub 129/137) se sostiene que con tal sentencia se habrían inobservado normas constitucionales (artículos 18, 16 y 1 de la Const. Nac. y 30 y 33 de la Const. Pcial.), de igual modo que se habría aplicado erróneamente el artículo 76 bis del Código Penal, como así también desoído preceptos de la ley adjetiva (artículos 155 y 7) relativos al deber de fundamentación y la igualdad entre las partes.

Básicamente se esgrime violación del debido proceso al haberse denegado la suspensión del juicio a prueba en base a una oposición fiscal arbitraria, carente de todo fundamento y/o sustento tanto fáctico como jurídico, por estar basada en meras consideraciones generales y abstractas, como son la convención de los derechos del niño e instrucciones impartidas (no para este caso concreto) por el Sr. Fiscal General.

A partir de allí, se considera que la oposición de la Sra. Fiscal de Cámara resultaría infundada y no vinculante.

De igual modo, se sostiene que se habría conculcado el debido proceso, la defensa en juicio y la igualdad ante la ley toda vez que la Sra. Fiscal de Cámara ya se había expedido al momento de la primera audiencia realizada sobre este mismo asunto; de manera que con lo actuado se le dio la posibilidad de corregir su posición o agregar nuevos argumentos que en su momento no se expusieron.

De esa manera, entiende el letrado que se habría ido más allá de lo que oportunamente dispuso esta Sala de la Corte, que tan solo había ordenado dictar nuevo fallo, pero no así mejorar la postura fiscal. De esta forma entiende que, al realizarse una nueva audiencia, se habría vuelto a transitar por etapas procesales ya precluídas.

Considera el recurrente que, si el único argumento por el que se rechazó el pedido anterior era arbitrario, debió haberse dictado sentencia concediendo la probation, sin la realización de una nueva audiencia donde se le diera la posibilidad al ministerio público de mejorar su dictamen.

Finalmente se solicita que la sentencia sea revocada y en su lugar se conceda la suspensión del juicio a prueba. A fs. sub. 139/140 fue concedido el recurso por el A quo. Una vez radicada la causa en esta instancia superior, al ser citadas las partes, compareció la defensa reiterando su pretensión (fs. sub. 145/151 vta.). La parte querellante no presentó escrito alguno. Y el Sr. Fiscal General de la Corte se pronunció motivadamente por el rechazo del remedio intentado (fs. sub. 156/158 vta.). Así las cosas, cabe dar respuesta al asunto traído a despacho. En primer lugar corresponde destacar que a tenor de lo resuelto por esta Sala de la Corte, en fecha 20 de noviembre de 2.012 (PRE S.2ª 2.012 V 856), se anuló la anterior denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, dictada por la Sala Tercera de la Cámara Penal, disponiéndose el dictado de una nueva resolución.

Tal anulación obedeció al hecho de haber admitido como válida una oposición fiscal arbitraria e infundada, que por ende resultaba nula. Adviértase que dicha sentencia fue consentida por la defensa y el resto de las partes. En ese contexto resultaba improcedente y antijurídico disponer, acerca de la procedencia o no de la probation, sin contar con un dictamen fiscal válidamente emitido (cfr. artículos 76 bis C.P. y 522 C.P.P.), por parte de quien es el titular de la acción penal. Téngase en cuenta que de ningún modo la decisión de esta Corte sugería tal proceder, sino todo lo contrario.

De manera que la decisión del tribunal A quo de fijar audiencia a través del decreto de fs. sub. 78, confirmado por el interlocutorio de fs. sub. 87/102 vta. , para que las partes expusieran su posición, resultó atinada y ajustada a derecho. No es correcto hablar así de preclusión procesal, como lo hace la defensa, con respecto a la viciada actuación del ministerio público fiscal. Puesto que su dictamen por resultar ajeno a la materia que debió versar y sin fundamento válido alguno debió reputárselo inexistente y carente de toda eficacia, al igual que fue considerada la resolución que lo asintió.

La existencia de actuaciones nulas impide hablar de preclusión, puesto que ésta presupone la pérdida de la posibilidad de cumplir un acto procesal dentro de un procedimiento sin vicios. Cuestión aquí no acaecida. Así nunca pudo decidirse acerca del beneficio peticionado sin oír motivadamente al fiscal interviniente (cfr. artículo 522 ibid.).

Este tribunal, en el caso "Mestre", sostuvo que la omisión de escuchar al Ministerio Público en el trámite de la suspensión del juicio a prueba es configurativa de nulidad (PRE S.2ª 2012 III 425).

Con lo hasta aquí referido y actuado, en modo alguno puede esgrimirse válidamente conculcación alguna del debido proceso legal, la defensa en juicio o la igualdad de partes. Repárese que el Sr. Dardo Eber Ortega había peticionado la concesión de la probation, de manera que inexcusablemente debía someterse a la normativa procesal y sustancial que rige la materia.

En el sub judice no se trató de dar oportunidad a las partes de corregir o mejorar su postura, sino de cumplimentar el trámite respectivo. Así, perfectamente el tribunal A quo ostentaba la legítima potestad de resolver el asunto con apego a derecho, sin más condicionamiento que el fijado por la ley.

Resulta oportuno destacar que el presente caso dista notoriamente del asunto "Espejo", fallado en PRE S.2ª 2014 II 302, en tanto aquí la originaria oposición fiscal debió reputarse inexistente por ser "carente de toda sustancia".

Finalmente, considero que la oposición manifestada por la Sra. Fiscal de Cámara en la audiencia celebrada el 11 de abril de 2.014 (véase fs. sub. 115/119) circunscripta al interés superior de los niños presuntas víctimas de las conductas delictuales atribuidas a Ortega y las instrucciones impartidas por el Sr. Fiscal General, relativas a la preferente atención de causas donde se tramitan delitos vinculados al abuso sexual infantil, y, en general, contra la integridad sexual, procurando la sanción de los responsables resulta plenamente válida y suficientemente motivada, ceñida a los requerimientos de su debida actuación, fundada en razones de política criminal y del principio de oportunidad procesal.

Además, dicha posición negativa resulta vinculante para la jurisdicción, a tenor de lo fijado plenariamente por esta Corte en el caso "Molini" (Acuerdo Plenario Nº 80/10 de fecha 13/5/2.010).

Precisamente los motivos que fundamentaron la oposición fiscal que son tildados por el recurrente de arbitrarios por genéricos y abstractos resultan abarcativos de un sinnúmero de situaciones o casos, por lo que así se logra mantener indemne la igualdad de los justiciables dentro de los procesos penales. Exigir otras características o precisiones a una oposición fiscal, en el trámite de la suspensión del juicio a prueba, constituiría un despropósito.

Así entonces la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba dispuesta merece plena convalidación. Tal es mi voto.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON: Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Dardo Eber Ortega a fs. sub 129/137. 2) Confirmar la resolución dictada por la Sala Tercera de la Cámara en lo Penal y Correccional en fecha 22 de abril de 2.014. 3) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen las actuaciones al inferior para la ulterior tramitación que corresponda.

Si ///guen las firmas: Fdo. Dres.: José Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Héctor Fabián Meló, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Cp 6312 E.B.T.

PRE S.2ª 2014 III 459