Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de julio de 2006.- Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por la actora contra la resolución de fs. 39/40; y CONSIDERANDO: 1. Que la señora jueza de grado resolvió rechazar in limine la acción de amparo deducida por el Presidente y el Secretario de la Asociación Civil "PROCONSUMER" contra el Gobierno de la Ciudad a efectos de que tome las medidas y acciones correspondientes para que cesen de inmediato las conductas ilegales, contaminantes y perjudiciales para la salud que, a su criterio, desplegarían los denominados "carritos" de la zona del Aeroparque Metropolitano "Jorge Newbery" (fs. 39/40). Para así decidir, sostuvo que no se advierte, ni el amparista lo indica, cuál es el acto u omisión del Gobierno de la Ciudad que lesiona un derecho con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Sobre el punto destacó que los actores refieren que "se ignora si [los carritos] cuentan con algún tipo de autorización". Señaló que tampoco se vislumbra la afectación de la salud de la población ni del medio ambiente, pues simplemente se hace una mención genérica a ellos sin siquiera intentar demostrar mínimamente el daño alegado, pues refiere que "las condiciones de higiene reñidas con el más elemental criterio de sanidad y salubridad" se notan "a simple vista para cualquier observador" lo cual exime de "mayores comentarios". 2. Que contra el reseñado pronunciamiento la parte actora interpuso recurso de apelación. En síntesis, sostiene como agravios que: a) El recorte periodístico acompañado menciona la conducta atípica, ilegal, manifiestamente arbitraria, dañosa al ambiente y la salud. Y que "en el caso denunciado se ha puesto de resalto conductas ilícitas que afectan A LA SALUD DE LA POBLACIÓN EN GENERAL más que al conflicto entre CAYO Y TICIO". b) A simple vista a través de un reconocimiento judicial se puede observar la violación descripta. c) Invita a los Sres. Jueces "como toda prueba (...) que concurran con sus familias a merendar a cualquiera de dichos carritos. Si es acompañado de menores, mejor aún." d) Si la situación pudo haber sido advertida por un periodista, "una conclusión mucho más efectiva desde el punto de vista jurídico, podría obtener un juez, investido del ejercicio de la jurisdicción". e) No se ha permitido siquiera que el Gobierno de la Ciudad exprese y explique para conocimiento público el modo en que ejerce su poder de contralor. f) "La función de juzgar, cuando de proceso ambiental se trata, difiere de la milenaria conocida de tradición y cuño románico liberal". En esta línea, con cita de Pigretti, afirma que "las nuevas cuestiones no le permiten al juez ser imparcial. El juez es parte, porque le interesa que el agua que bebe siga siendo fresca, cristalina, pura ...". 3. Que a fs. 49/vta. se expidió la Sra. Fiscal de Cámara que consideró que la parte actora no ha logrado desvirtuar los fundamentos de la sentencia apelada por lo que sus agravios deberían desestimarse y confirmarse la sentencia en crisis. 4. Que esta Sala ha señalado en numerosas oportunidades que e l rechazo de la acción de amparo sin sustanciación debe reservarse para casos de manifiesta inadmisibilidad. Ello es así toda vez que a la luz de la normativa vigente, la Constitución Nacional en sus artículos 43 y 75 inc. 22, y la Constitución de la Ciudad -arts. 10 y 14- abren una instancia nueva en la interpretación sobre la viabilidad del instituto de amparo. Así, la facultad de rechazar un amparo in limine debe entenderse en sentido restrictivo en virtud de la consagración constitucional de la garantía de obtener un rápido acceso a un tribunal imparcial e independiente (esta Sala en autos, "Diyon S.A. c/GCBA s/Amparo (art. 14 CCABA)" y "González, Eva Teresa c/Secretaría de Educación (GCBA) s/Amparo (art. 14 CCABA), falladas el 16/11/00 21/11/00 respectivamente, entre otros). 5. Que sentado ello, corresponde abocarse al tratamiento de los agravios de la apelante. De la lectura de la demanda y del recurso de apelación se desprende que los actores se han limitado a presentar de modo general una situación a la que asignan rasgos de "ilegitimidad manifiesta", refiriendo que afecta al medio ambiente, la salubridad pública y los derechos de los consumidores. Adviértase que más allá de tales vagas referencias no se ha precisado en forma detallada cuáles serían las conductas que habilitan la procedencia de la acción de amparo, ni qué normas concretas se estarían vulnerando. En este orden, recuérdese que el artículo 6 del decreto-ley 16.986/66, vigente en la Ciudad en el marco del artículo 14 de la CCABA (cfme., TSJ al resolver en autos "Rodríguez Barrios, María Sixta c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo s/recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", del 31 de mayo de 2000), establece los contenidos de la demanda de amparo requiriendo la individualización, en lo posible, del autor del acto u omisión impugnados (inciso "b") y la relación circunstanciada de los extremos que hayan producido o estén en vías de producir la lesión del derecho o garantía constitucional (inciso "c"). No se trata de requisitos en extremo puntillosos que afecten de modo irrazonable la operatividad del instituto, sino que revisten particular importancia por cuanto hacen a la exactitud y claridad de la demanda. Lo expuesto adquiere suma relevancia pues dicha pieza establecerá la materia del proceso y los puntos sobre los cuales habrá de decidir el juez. Asimismo involucran el derecho de defensa del accionado, pues éste deberá expedirse respecto de un planteo que necesariamente debe ser explícito y preciso. Al respecto se ha afirmado que en materia de amparo, "dada la sencillez del trámite, es obligado que el actor contribuya con la mayor exactitud, minuciosidad, concreción y claridad, en la descripción de las situaciones que originan el amparo que plantea. La ausencia de alegatos y de vistas o incidencias (salvo las excepciones que la misma ley 16.986 prevé), imponen, en su consecuencia, un mayor cuidado en la articulación de esta demanda" (cfme. Sagüés, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional - Acción de amp aro, Buenos Aires, Astrea, 1995, 4ª. Ed, p. 396). En resumen, no deben admitirse acciones con pretensiones vagas que vulneren el derecho de defensa de los demandados e impidan el ejercicio de la función jurisdiccional (cfme. voto del Dr. Lozano en autos "Selzer, Ernesto O. s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'R., B. c/GCBA y otros s/amparo [art. 14 CCABA]"). Insistimos, no se trata de sobrecargar al amparista con el cumplimiento de engorrosos ritos formales que se constituyan en un valladar para acceder a la tutela judicial, sino de exigirle un mínimo de certeza y precisión en su planteo y en las pruebas de que intenta valerse, a efectos de delimitar los alcances del litigio y permitir al demandado ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Nótese que en el caso la actora remite gran parte de su planteo al artículo periodístico publicado en La Nación del día 17 de febrero de 2006 (obrante a fs. 35), sin que dicha nota consista en una investigación que detalle con precisión y elementos de convicción la situación revelada. Se trata de sólo tres o cuatro párrafos dentro de una editorial que, si bien resultan de encomiable utilidad en el marco de la noble labor de la prensa de denunciar y alertar a las autoridades y ciudadanía en general respecto de problemas de interés común, resultan a las claras insuficientes para fundar una acción judicial de amparo en la que se cuestione un actuar u omitir manifiestamente ilegítimo del Gobierno de la Ciudad. Es dable señalar al respecto que si bien los jueces gozan de amplias facultades para el esclarecimiento de la verdad, asegurando una decisión conforme a justicia, ello no implica abandonar el principio de que el material de cognición debe ser proporcionado principalmente por las partes (cfme. esta Sala al resolver en autos "ANTONIO ELIO BRAILOVSKY c/ GCBA (Legislatura Ciudad de Bs. As.) s/ MEDIDA CAUTELAR", Expte. Nº 2636, octubre de 2001). Asimismo la materia ambiental del planteo no subvierte la las características básicas del proceso contencioso admi nistrativo, mutándolo en uno diferente donde rija la impulsión e instrucción de oficio y en el cual, por ende, la producción de los elementos de prueba recaiga principalmente en cabeza del órgano en cuestión, como podría ser una denuncia ante un juzgado de instrucción o una fiscalía contravencional. En este orden, obsérvese que a fs. 42 el recurrente señala que "en el caso denunciado se ha puesto de resalto conductas ilícitas que afectan A LA SALUD DE LA POBLACIÓN EN GENERAL más que al conflicto entre CAYO Y TICIO" (las negritas no corresponden al original). El actor se limita a poner vagamente en conocimiento del tribunal una conducta a la que califica de modo génerico de ilícita, y ofrece como toda prueba, un escueto recorte periodístico, la realización de una inspección judicial y el propio "informe" que deberá producir el Gobierno de la Ciudad. En conclusión, la orfandad del planteo determina la confirmación de lo decidido en primera instancia. Es que, más allá de las facultades ordenatorias del proceso d e que disponen los jueces del fuero las presentaciones de este tipo deben reunir un mínimo de actividad probatoria y precisión en su objeto a efectos de poder admitir su procedencia. 6. Que lo expuesto no implica abrir juicio en modo alguno respecto de la cuestión de fondo que trasluce una elogiable actitud por parte de los actores de preocupación por los temas ambientales que, como bien sostienen, atañen a la sociedad en su conjunto. Por las razones expuestas, y de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación de fs. 41/43 y confirmar la sentencia apelada. Costas por su orden (art. 14 CCABA). Regístrese, notifíquese -a la mencionada funcionaria en su despacho- y, oportunamente, devuélvase.