marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración de inconstitucionalidad, medidas cautelares, suspensión provisional de la ley, poder de policía, derecho a la salud, criterio de razonabilidad, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOCORRO MEDICO PRIVADO SA c/ GCBA s/ OTRAS DEMANDAS CONTRA LA AUT. ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-27

En el caso, corresponde revocar la sentencia dictada por el aquo en cuanto rechaza la medida cautelar peticionada por la actora, respecto a la suspensión de los incisos g) y o) del artículo 10 de la Ley 1850, que regula la prestación del servicio de ambulancias en la Ciudad.

La exigencia de colocar vidrios esmerilados en "todas" las ventanillas de una ambulancia, parecería indicar, literalmente, que los vidrios laterales y el parabrisas del conductor deberían poseer semejantes características. Esto parece conspirar contra la visibilidad de quien conduce la ambulancia, lo cual parecería contrario al fin general de la ley.

De este modo, conviene suspender, hasta el dictado de la sentencia de fondo o hasta que nuevos elementos justifiquen una postura en contrario, la aplicación de esta norma -inciso g)-, sólo en cuanto se vincula a los vidrios laterales de la cabina de conducción del vehículo y el parabrisas.

Sin embargo, es dable destacar que resultaría harto improbable que la norma en cuestión exigiese que el parabrisas del automotor poseyera un tipo de vidrio que dificulta la visión del conductor. Tal interpretación podría incluso considerarse absurda.

Pero, dado que hasta aquí la causa tramita inaudita parte y el inciso g) del citado artículo contiene la voz "todas", conviene, hasta la posible aparición de nuevos elementos de convicción, acceder a la tutela requerida en lo que hace a este punto de la discusión.

Igual suerte deberá correr la obligación de poseer camillas trabajadas en acero cromado. Hasta que nuevos elementos de convicción así lo justifiquen los propios argumentos del veto del poder ejecutivo darían cuenta de que este material no es el único en plaza ni tampoco necesariamente el mejor o más resistente.

Por ello, atendiendo al gasto que podrían insumir los cambios que, tal vez, en definitiva resultasen innecesarios, torna prima facie conveniente suspender la aplicación de tal requisito.
Comité de Derechos Humanos, PERÚ, embarazo de riesgo, aborto no punible, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - Karen Noelia Llantoy Huamán Vs. Perú - Aborto terapéutico no punible  - Derecho a las medidas de protección que la condición de menor requiere c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2005-10-24

El Comité de Derechos Humanos declara responsable al Estado Peruano por violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en perjuicio de la adolescente embarazada que tuvo que soportar el dolor de dar a luz a su hija anencefálica, debido la negativa de las autoridades médicas a efectuarle el aborto terapéutico al que tenía derecho por ley, pues sufrió mortificaciones innecesarias y evitables, tratando de amamantarla durante los cuatro días que vivió, quedando posteriormente sumida en una profunda depresión.
Fiador, principal pagador liso y llano, locación, prórroga del plazo, inoponibilidad a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez Hernández, Lorenza c/ Garde, Augusto Carlos y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

Es inoponible al fiador que asumió su obligación como "principal pagador" la prórroga del contrato de locación.
Accidentes de trabajo, monto del juicio, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Vázquez, Maria Laura c/ Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-12

Procede aplicar al monto de condena -debido a la trabajadora accidentada- el índice RIPTE en la etapa de ejecución y a la fecha del efectivo pago, conforme lo previsto en los incisos 5° y 6°, art. 17 de la ley 26.773, pues aun cuando el accidente ocurriera con anterioridad a la vigencia de dicha ley, las normas aplicables se encuentran incluidas en el denominado "régimen de reparación", por lo que las indemnizaciones de dicho régimen deben ajustarse por aplicación del índice mencionado, en tanto fuesen debidas y no satisfechas al momento del dictado de la norma.
Accidentes de trabajo, instancia administrativa previa, comisiones médicas, constitucionalidad
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cortes, Iván Marcelo c/ Prevención ART S.A. s/ Accidente-Ley Especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-31

Corresponde que en el marco de un reclamo por accidente de trabajo fundado en la ley especial se declare la constitucionalidad del Art. 1 de la Ley 27.348, toda vez que del texto de la norma citada resulta entonces la obligación de transitar el trámite previsto ante las comisiones médicas y la exclusión de todo otro procedimiento de índole administrativo.
Impuestos, principio de legalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Scania Argentina S.A. s/ apelación -I.V.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-09

"...Ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones, de conformidad con los arts. 4, 17, 44 y 67 -texto 1853/60- de la C.N...." (confr.

C.S.J.N in re "Video Club Dream c/Instituto Nac. de Cinematografía s/ amparo", del 6/6/95, y sus citas en el considerando 12). (Consid.

XII).
Accidente de tránsito, transporte benévolo, responsabilidad extracontractual, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Vera, Flavia c/ Sucesión Eloy Pulgar s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-26

Respecto a la naturaleza de la responsabilidad que corresponde determinar en el caso de transporte benévolo, es pacífica la doctrina y jurisprudencia versada en la materia en que la misma es extracontractual o aquiliana, prevista en el art. 1109 del Código Civil, siendo extrañas las normas propias del contrato de transporte, siendo a cargo del damnificado la prueba de la culpa o el dolo del transportador para que le indemnice el daño.
Aplicación errónea de la ley, recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Córdoba, Gustavo Vicente s/ en autos Expte Cámara Nro. 325/01: "Córdoba, Gustavo Vicente c/Asociación de Trabajadores de la Sanidad (A.T.SA) s/ Beneficios laborales-Reconstrucción s/Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-11-16

La aplicación "ante tempus" de la ley Nro. 23.660 configura, en el caso, el vicio tipificado en el inc. "a" del art. 298, toda vez que la sentencia se basa fundamentalmente en una norma que no debía aplicarse al litigio por razones cronológicas, es decir, una ley que no había entrado todavía en vigencia, con lo que incurre en ausencia de fundamentación normativa válida.

Ello ha inducido, sin lugar a dudas, a fijar y calificar erróneamente el material fáctico a considerar, partiendo de una premisa equivocada -que el trabajador prestó servicios para la Obra Social y para el Ente Sindical-, cuando en realidad, si se hubiera subsumido correctamente la cuestión en el marco normativo que correspondía aplicar, el resultado hubiera sido aceptar que el trabajador prestó servicios como médico auditor de la Obra Social perteneciente a A.T.SA., atendiendo asimismo las consultas que le formalizaban los afiliados al gremio. En conclusión, debe revocarse la sentencia en recurso y confirmarse, en consecuencia, la decisión de primera instancia que hizo lugar a la demanda, por haberse configurado las causales previstas en los incs. "a" y "c" del art. 298 del C.P.C.C.
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, sanciones procesales, apercibimiento, automotores, pedido de quiebra, modificación de la tasa de interés, multa, emergencia sanitaria
Materia: COMERCIAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Corporate Corp SA c/  s/ quiebra s/incidente art 250 apelación de apercibimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-17

La demora incurrida por la sindicatura no justifica el mantenimiento de la sanción, máxime si se tiene en cuenta que según lo manifestado por el funcionario, se trata de una persona de riesgo, con las consiguientes restricciones que limitan su actividad e incluso a pesar de ellas realizó las actuaciones necesarias para lograr la puesta a disposición de los bienes falenciales, pese a la falta de colaboración de la fallida, sobre quien pesa el imperativo legal de realizar tales actos (conf. LCQ 88-3° y 102).
Sistema previsional, obligaciones del empleador, certificado de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: F., N. c/ P.S.I. SA s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-19

La procedencia de la indemnización contemplada en el último párrafo del art. 80 de la L.C.T. queda supeditada a que el trabajador intime de modo fehaciente la entrega de los certificados mencionados en el mismo artículo. Esta intimación para que cobre virtualidad jurídica debe hacerse extrajudicialmente ante el incumplimiento del empleador de extender los certificados de trabajo al tiempo de la extinción de la relación laboral por cualquier causa que fuera; y formularse en términos precisos y claros.

Por ello, la intimación extrajudicial cumplida en forma deficiente, no cumplida; o formulada en sede administrativa no tiene la virtualidad de ser suplida con el reclamo que en tal sentido se efectúe en sede judicial en ocasión de la interposición de la demanda o con el requerimiento que en tal sentido ordene el Juzgador al despachar la demanda. En estas condiciones no es posible ingresar en la aplicación de la indemnización establecida por la Ley de Evasión Fiscal.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARCIA, MAXIMO c/ TANZI SA s/ COBRO DE AUSTRALES. RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO PARA ANTE LA   CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. QUEJA POR DENEGACION DEL   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 787- 96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-04

Para cumplir con la exigencia formal del análisis de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad -tras analizar si se ha dado cumplimiento a las cuestiones formales- la Cámara debe analizar si el recurrente articuló, en su escrito de interposición del recurso una hipótesis abstracta de arbitrariedad y demostró su aplicabilidad al caso de autos, para luego señalar de qué manera concreta una solución distinta haría cambiar la suerte de la litis y redimiría el agravio constitucional que le causa el decisorio que ataca.
Propiedad intelectual, dolo eventual, reproducción ilegal de obra intelectual
Materia: PENAL
Carátula: GELBLUNG, Samuel. s/ INFRACCION LEY 11723
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-27

Dolo eventual. Insuficiencia.

Para la configuración de las infracciones previstas en los arts. 71 y 72, incs. a) y c) de la ley 11.723 resulta insuficiente la posibilidad de dolo eventual -es decir la representación del tipo como posible, el asentimiento de la posibilidad y el desprecio por su posible producción-, hipótesis que se abre ante la descripción someramente efectuada por el incusado de la mecánica de la producción y la confianza que le dispensaba su colaborador.
Responsabilidad objetiva, daño causado por animales, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Concha Mera, Héctor Orlando c/ Lafeuillade, Juan y Lafeuillade, Miguel Angel s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-03

El art. 1113 del Código Civil establece que: "...si el daño hubiese sido causado por el riesgo... el dueño..., sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima a un tercero por quien no debe responder...". En concordancia los arts. 1124 y 1128 del Código Civil disponen que: "el propietario de un animal...es responsable del daño que causare...", cesando "...en el caso en que el daño causado por el animal hubiere provenido de fuerza mayor o de una culpa imputable al que lo hubiese sufrido".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, exención de depósito
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: S.A. Pampa Cía. de Seguros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -  Liquidación forzosa - Recurso de Revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro.  265 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-10

No puede prosperar la solicitud de exención en el pago del depósito previo previsto en el artículo 8 de la ley 7055 -que el recurrente funda en el hecho de que por encontrarse en estado de "liquidación judicial", estaría sujeto a la ley 24522 que establece el principio de celeridad procesal, el que se traduciría, a su juicio, en el permiso para que se realicen algunas actuaciones con el beneficio de gratuidad- si reiteradamente la Corte Suprema de Justicia Nacional, ha sostenido que la obligación de cumplir con el depósito no reconoce otras excepciones que las expresamente comprendidas en la legislación pertinente; y la Corte local, que la ley regulatoria en el ámbito provincial del recurso de inconstitucionalidad, en cuanto dispone en su artículo 8, segundo párrafo, que "...estarán eximidos del depósito los que gozaren de exención del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia", es una norma que, como toda excepción, debe ser interpretada de manera restrictiva.
Instrumentos públicos, error material
Materia: CIVIL
Carátula: GERIC JULIO FRANCISCO c/ GUZMAN JUAN s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-07-26

Si en la copia del auto interlocutorio que se impugna, se ha omitido completar la fecha del mismo, del original que obra en el protocolo de auto interlocutorios de la correspondiente secretaría del tribunal surge la indicación correcta de la fecha en que fue dictado, de tal manera que la omisión o error material en que se ha incurrido en la copia que obra en autos, no es suficiente para invalidar la resolución como acto jurisdiccional.
Daño moral, prueba, accidente de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vargas Oscar Raúl c/ Armando Crespillo y Ot. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S143 - 058)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-06-24

Necesidad de probar los parámetros en los que se funda el daño moral, cuando éste es negado por el demandado.
Recurso extraordinario, resoluciones equiparables a definitiva, juicio ejecutivo, ejecución fiscal, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Agencia Marítima Takis N. Contogeorgis  S.R.L. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-09

No obstante haber sido dictada en un juicio ejecutivo, la sentencia es equiparable a un pronunciamiento definitivo, si lo aseverado por el tribunal obsta a la posibilidad de plantear nuevamente la cuestión constitucional que constituye el sustento de la oposición de la recurrente al pago del tributo.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Peluso, José Luis c/ Escobar, Eduardo H. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-17

Si la accionante no gozaba de su favor de prioridad de paso en la contigencia en cuestión por "circular a la izquierda", ante la prioridad que gozaba quien con él concurría al cruce de la encrucijada, debió en forma previa como se dijo, frenar su marcha casi hasta la detención, y sólo continuarla si no circulaban vehículos con la asignación reglamentaria de esa prioridad.
Mutuo en moneda extranjera, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: Maurizio, Julio Vicente  c/ Selaez Aliaga, Armando Saúl s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-10

Las relaciones jurídicas de contenido patrimonial quedan sometidas en su regulación a la autonomía de la voluntad consagrada en el artículo 958 del Código Civil y Comercial de la Nación, ello es así en tanto no se agreda al orden público. Es que la decisión sobre el límite de los accesorios exige tener en cuenta que la materia a resolver no consiste en determinar una tasa de interés sino sólo en limitar la pactada, en la medida en que resulte violatoria de la regla moral establecida por las normas antes señaladas. Y la determinación de ese punto es esencialmente contingente, pues la judicatura debe decidir teniendo en cuenta las tasas del mercado para supuestos similares, tal como expresamente lo dispone el artículo 771 del Código Civil y Comercial de la Nación al referir al "costo medio del dinero para deudores".
Excarcelación, situación del imputado, escala penal, cómputo de la pena, caución real
Materia: PENAL
Carátula: TAMAGNON, Víctor s/ Incidente de excarcelación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-21

Corresponde revocar el auto dictado por el a quo y conceder la excarcelacion al encartado dado que la escala penal prevista para el delito que se le imputa -robo simple (arts. 45 y 164, Código Penal)-, torna viable la excarcelación del nombrado, por adecuarse su situación procesal a las previsiones del art. 317, inc. 1°, en función del art. 316, segundo párrafo, Código Procesal Penal de la Nación. Asimismo, surge de las constancias de autos que se constató el domicilio real del incriminado, dónde residiría junto a sus padres, y que éste no registra antecedentes condenatorios. Por otra parte, el instructor entendió que la instrucción se hallaba completa y ordenó la correspondiente vista al agente fiscal en los términos del art. 346 del código adjetivo, lo cual obsta a considerar, entonces, que de accederse a su soltura, vaya a entorpecer la investigación.

No obstante ello, atento a que el imputado registra otros procesos en trámite, a fin de asegurar su futura comparecencia, resulta apropiada la imposición de una caución de tipo real. (Del voto de los Dres. Alberto Seijas y Julio Marcelo Lucini, en mayoría. - Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, excepciones procesales
Materia: LABORAL
Carátula: De la Fava, Daniel c/ Mogrovejo, W. s/ Despido Pavón, Juan Ramón c/ La Metalgráfica Argentina SCA s/ Enf. prof.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17|2002-06-19

La excepción prevista en el art. 55 de la ley 11.653 que invoca el recurrente, se refiere exclusivamente a la doctrina legal establecida por esta Corte en la interpretación de las normas de fondo que rigen las relaciones laborales, supuesto este que no es el de autos en que se trae a consideración una cuestión de hecho, como es la referida a los efectos de la declaración de rebeldía y la del absurdo en la valoración de la prueba. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación suficiente, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BARTOMIOLI, ALICIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-12

Los planteos de la quejosa no justifican la modificación del fallo pues no logran desvirtuar los fundamentos de los Sentenciantes al tener por configurados en el caso los extremos exigidos por el amparo. Es que del espíritu del decisorio no puede inferirse derechamente el desconocimiento de la posibilidad de establecer requisitos de ingreso al empleo público, antes bien, su fundamentación se ve atravesada por la importancia de poner la mira en la necesidad de verificar la razonabilidad de los mismos y de que aquéllos sean constitucionalmente tolerables, máxime cuando el acceso al empleo público queda sujeto únicamente a la condición de idoneidad valuada a partir de criterios objetivos y verificables y que, precisamente, no involucren prejuicios sobre el mal rendimiento presunto que recaiga sobre categorías enteras de personas. Por tanto, no puede reputarse idóneo para revertir lo decidido el argumento de la accionada referido a que las mayores exigencias a la hora de ingresar al sistema de educación pública deba necesariamente traducirse en prueba fehaciente de la mayor idoneidad frente a un postulante que, por el solo hecho de no haber concursado antes se ve privado de ese presupuesto, haciendo que arranque en desventaja en la demostración de la idoneidad que a través del concurso se aspira a demostrar. (De la disidencia del Dr. Gutiérrez, a la que adhirieron los Dres. Spuler y Falistocco)
Sentencia, nulidad de sentencia, contestación de la demanda, defectos en la consideración de extremos conducentes, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: AMICONE DE DECIMA MIRTA c/ OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS DE TUCUMAN s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-25

Es nula la sentencia que decide la cuestión litigiosa omitiendo considerar la postura adoptada por la accionada en la contestación de demanda.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, administración de la sociedad, representación de la sociedad, directorio, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Eleta, Francisco Antonio y otros c/ Imágenes Diagnósticas y Tratamiento Médico SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-12

Cuando el art. 255 admite que el directorio esté integrado por uno o más miembros, sólo regula la licitud genérica de ese proceder, pero no descarta que sea obligatorio integrarlo con tres -o con el número que sea- cuando lo contrario conduzca a vulnerar otros derechos que la ley también reconoce y cuyo ejercicio depende de esa decisión. La permisión -nombrar uno o más directores- contenida en esa norma, por ende, no implica consagrar una facultad siempre discrecional de la asamblea, sino subrayar la legitimidad de tal posibilidad, que cederá cuando la necesidad de un directorio con cierta cantidad de miembros sea el único temperamento posible para preservar esos otros derechos inequívocos (en ese sentido, interpretando el art. 202, ver CNCom, Sala B, "Lurie, Jorge A. c/ Ponieman Hnos. SA s/ sumario" del 19/5/97). Esa conclusión se impone, por lo demás, a la luz de lo dispuesto en el art. 262 de la misma ley, que, podríamos decir, es "la restante norma" que regula la cuestión. De ella resulta que el estatuto puede prever el derecho de cada clase de acciones a elegir uno o más directores, supuesto en el cual, claro está, mal podría sostenerse que sigue vigente la viabilidad de establecer un directorio unipersonal. El sistema se integra, en ese marco, con esas tres normas que, previstas en los arts. 255, 262 y 263, se encuentran intrínsecamente relacionadas y deben ser interpretadas con la coherencia que se supone inherente a la unidad implícita en un sistema.