marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trasplante de órganos, parentesco por afinidad, donante con vida
Materia: CIVIL
Carátula: C.,  J.J.  y otro. c/ I.N.C.U.C.A.I. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-23

Aunque el transplante de un riñón entre vivos no sea el de los expresamente previstos en la ley, por cuanto dador y receptor no guardan el grado de parentesco previsto por el art. 13 de la ley 21 541 por ser afines en segundo grado colateral, no existe impedimento para otorgar la respectiva autorización judicial si el donante es persona capaz, mayor de edad, si dispone voluntariamente la ablación, si existe dictamen médico favorable y si el ofrecimiento parece basado en intenciones altruistas al no haberse detectado motivaciones patológicas, lo que excluye peligro alguno de comercialización.
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, Poder Judicial, prestación de servicios
Materia: PROCESAL
Carátula: SORIANO, DIEGO ALBERTO Y OTRO c/ ROYAL CANIN SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

Toda vez que el hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa de justicia es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión deducida y pesa sobre quien inicia las actuaciones la carga de afrontarla (CSJN, fallos 319: 139), si tal servicio fue efectivamente prestado, aunque solo haya consistido en interpretar cierta cláusula contractual y en concluir que, de acuerdo a la misma, el planteo debía efectuarse ante el tribunal arbitral de la bolsa de comercio de Buenos Aires, no corresponde reintegrar la tasa de justicia abonada.
Responsabilidad civil, responsabilidad indirecta
Materia: CIVIL
Carátula: D., E. E. y otro c/ CONSORCIO DE PROP. EDIF. "L. T." s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02

Se ha dicho jurisprudencialmente que "La responsabilidad civil indirecta no es extensible a cualquiera: alcanza sólo a aquellos que la ley hace responsables en razón de cierta situación jurídica (dueño o guardián de la cosa, padres, patrón, etcétera)".
Sentencia, acuerdo y voto individual
Materia: PENAL
Carátula: Bernuzzi, Edgardo Osvaldo s/ Querella por calumnias e injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-01

Transgrede el art. 156 de la Constitución Provincial la decisión que constituyendo sentencia definitiva en el sentido del art. 348 -n.a.- del C.P.P. no ha observado la forma de acuerdo y voto individual de los jueces.
Condena condicional, proceso en trámite
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GONZALEZ, Mario s/ PRESUNTO ROBO Y TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-04

Con este instituto el legislador ha querido dar un beneficio al hombre que, con carácter ocasional ha tenido la desgracia de caer en el ámbito del derecho penal.

El hecho de registrar el enjuiciado distintos procesos en trámite en los que se imputan graves delitos como la regular impresión que le causara al sentenciante en la audiencia prevista en el art. 41 y su total falta de colaboración a lo largo del juicio, hace aconsejable no conceder tal beneficio.
Robo con armas, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ahumada, Darío E. y otro s/ Recurso Extraordinario interpuesto por el Dr. Cerezo, Juan Mariano en Expte. Corte Nº 24/12 - Rec. de Casación de Sentencia Nº 09/12 (...) - Ahumada, Darío E. y otro - p.ss.aa. Robo Calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-02

La Cámara en lo Criminal, sala unipersonal, resolvió declarar culpable al imputado como coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por ser cometido con armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por cuya violencia resultaron las lesiones previstas en el art. 90 del C. Penal, condenándolo a sufrir la pena de nueve años de prisión.

Contra esa resolución, el abogado defensor del imputado interpuso Recurso de Casación al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el defensor interpone el presente remedio federal.

Los agravios subsidiariamente expuestos, vinculados con la pena impuesta, tampoco son de recibo, por no haber sido planteada esa cuestión en la carátula que precede al recurso (art. 2º. i de la acordada de la Corte Suprema Nº 04/2007) y, además, debido a que sólo expresan el desacuerdo del recurrente con las ponderaciones del tribunal en el cálculo efectuado pero sin demostrar la defectuosa valoración que denuncia de las circunstancias pertinentes previstas legalmente para la determinación de la pena justa.

Por una parte, no desvirtúa las razones dadas en la instancia anterior para rechazar su crítica por la supuesta omisión de consideración de la juventud (33 años de edad, a la fecha del hecho) y falta de antecedentes penales del imputado, con arreglo a que la concurrencia de esas circunstancias sí fue valorada expresamente en la sentencia condenatoria y así fue consignado en ella.

Además, la sanción fue discernida en 9 años de prisión, y ello indudablemente evidencia el efectivo mérito de circunstancias atenuantes debido a que ese monto se encuentra más cercano al mínimo que al máximo (no obstante la concurrencia de circunstancias agravantes) de la escala penal de 5 a 15 años, prevista en el art. 166 inc.1º del Código Penal y aplicable al caso de conformidad con la calificación legal asignada al hecho de la causa y no discutida en esta oportunidad: Robo calificado por ser cometido con armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por cuya violencia resultaron las lesiones previstas en el art. 90 del Código Penal.

En las condiciones referidas, esta Corte considera que el recurso carece de fundamento suficiente en los términos del art. 15 de la Ley 48, lo que obsta a su concesión.
Modelos y diseños industriales, registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAZZARELLA, VICTOR LUIS c/ LOTERIA NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

La "novedad" del diseño debe ser examinada desde un punto de vista intrínseco, o sea, considerando el diseño o modelo industrial en si, y desde un punto de vista extrínseco que concierne al sistema de la novedad absoluta, espacial y temporal, adoptado por nuestra ley. Desde la primera perspectiva, debe tratarse de una creación de su autor, pero una creación que tenga una finalidad de ornamentación pues debe cambiar las cualidades estéticas del objeto al que se aplica. Desde el segundo enfoque no hay novedad cuando se trate de diseños que ya hayan sido publicados o explotados públicamente en el país o en el extranjero con anterioridad al deposito, cuando carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia con respecto a modelos o diseños anteriores, o cuando consistan en un mero cambio de colorido de diseños, o modelos ya conocidos. La doctrina nacional comparte, básicamente, esta enunciación de la exigencia de la ley.
Concursos, nulidad de la subasta, falta de perjuicio, acreedores del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGRONORTE SAACIFEI s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-27

Resulta improcedente decretar la nulidad de remate extrajudicial realizado por el acreedor prendario cuando, -como en el caso-, se verifica que la mentada nulidad no reportara beneficio a los intereses del concurso y en cambio existe la probabilidad de que se originen mayores gastos y dilaciones cuya incidencia negativa repercutirá directamente sobre la masa. Máxime con las condiciones actuales del mercado, y, si el crédito prendario insinuado oportunamente fue verificado, así como que el nulidicente ni siquiera invocó que fuera pertinente la suspensión de venta por resultar necesario el rodado objeto del remate para su giro comercial o bien perjudicial a los acreedores, derivados de la eventual obtención de un precio vil o irrisorio.
Restricciones al dominio, camino de sirga
Materia: CIVIL
Carátula: IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ACESUR S.A. y otro c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

El camino de sirga pertenece al dominio privado de los particulares, pero se encuentra sometido a las restricciones que le imponen los arts. 2639 y 2640 del Código Civil, destinadas a facilitar la circulación por las calles y caminos públicos, en mira a las necesidades de la navegación, no pudiendo efectuar en él ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existan, ni deteriorar el terreno de manera alguna, debiendo soportarlas el propietario sin derecho a indemnización.-
Estupefacientes, tráfico de estupefacientes, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: "MARTINO, Daniel y otros...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

La traslación de una cantidad de marihuana con un peso total de 7,660 Kg., la posesión de similar sustancia en el domicilio particular de uno de los imputados y las referencias testimoniales sobre su actividad en el comercio de una ellas, son características que permiten calificarla como parte de una cadena de tráfico propia del transporte de estupefacientes.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, leyes, retroactividad de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., R. F. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - HOMICIDIO  Y LESIONES CULPOSAS (EXPTE.: NRO. 540 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-11

Corresponde admitir la queja - sin que implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación- desde que la postulación del recurrente sustentada en que la sentencia impugnada aplica retroactivamente una ley reglamentaria y viola el principio de culpabilidad, estableciendo un parámetro absolutamente objetivo de atribución de responsabilidad, desnaturalizando la función jurisdiccional e imponiendo pena sin fijar parámetros disvaliosos advertibles en la conducta desplegada por el condenado- importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción. ( del voto de la mayoría)
NICARAGUA, derechos de las niñas, niños y adolescentes, violencia sexual, violencia institucional, domicilio en el extranjero, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso V.R.P., V.P.C. y Otros Vs. Nicaragua S/ Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-03-08

Puesto que Nicaragua desde el momento en que tomó conocimiento de los hechos de violencia sexual sufrida por la niña a manos de su padre, demostró a lo largo de todo el proceso su total incapacidad para otorgarle una protección adecuada tanto a ella como a su familia, posicionándose como un agente intensificador de la violencia sufrida frente a situaciones concretas que exigían su protección, resulta razonable y adecuado considerar que la decisión de su madre de salir con su familia del país, se encontraba sólidamente fundada en temores ciertos basados en situaciones de desprotección equiparable a persecución, pues el hostigamiento y la estigmatización social sufrida por su hija y los hermanos de ésta -quienes debieron abandonar la escuela-, se intensificaron tras la impunidad obtenida por el denunciado a raíz del veredicto del Tribunal de Jurados, provocando el propio Estado la vulneración de su derecho de residencia y protección de la familia -artículos 22.1, 17 y 19 del Pacto-, lo que en modo alguno, puede ser tomado como una decisión libre ya que tal determinación fue forzada ante el sinnúmero de factores que generaron un aumento constante de su situación de vulnerabilidad.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DECAVIAL  S.A.I.C.A.C.  Y ALICURA  S.A. c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE TUCUMAN s/ CADUCIDA  DE  LA  INSTANCIA - RECURSO DE QUEJA - TRAMITE - PROCURADOR  GENERAL DE LA NACION  -  CORTE SUPREMA - IGUALDAD - DEFENSA EN JUICIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

La igualdad de posibilidades de las partes es consecuencia del derecho constitucional de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional)
Legitimación procesal, facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cáceres, Zunilda Ramona y otros c/ Municipalidad de la ciudad de Formosa y otros s/ Indemnización tarifada ciudad de Formosa y otros s/ Indemnización tarifada
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-07-06

El órgano judicial se encuentra facultado para pronunciarse en punto a la legitimación para demandar "ex oficio", pues no obstante que el demandado no hubiese opuesto excepción alguna en tal sentido, constituye un deber del magistrado verificar si, de acuerdo con las normas vigentes, quienes accionen se encuentran legitimados para pedir.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guardans, Nilada c/ Blanco, Justo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-28

El principio que gobierna el derecho a ser reparado en los perjuicios sufridos (doct. art. 1083 del C. Civil) es el de abonar la cantidad de dinero necesaria para la restitución de la cosa dañada al estado inmediato anterior al hecho ilícito si es que tal restitución no fue realizada por el responsable, y no una porcentualidad del valor actual o histórico en relación al automotor.
Competencia contencioso administrativa, orden de allanamiento, obligación tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: D.G.I. c/ AADEE Desarrollo e Investigación S.R.L. s/ ALLANAMIENTO DE DOMICILIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

Por haberse declarado la competencia del fuero para el tratamiento de las solicitudes de orden de allanamiento formuladas con fundamento en lo dispuesto en el art. 41 de la ley 11.683 para la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de una empresa, resulta inconveniente y antifuncional dividir la competencia e inhibirse para el conocimiento de idéntica solicitud para la verificación del cumplimiento de las obligaciones previsionales, formulada en la misma oportunidad y con el mismo fundamento normativo (el art. 41 de la ley 11.683). (En primera instancia se atribuyó la competencia Civ.y Com. Fed., para entender en la orden de allanamiento para revisar el cumplimiento de las obligaciones previsionales).
Facultades del juez, facultades ordenatorias, facultades instructorias, declaración de puro derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: Cons. Corrientes 1180-86. c/ Building Glass. s/ Cobro.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-08

La declaración de puro derecho decretada por el juez en el proceso seguido en rebeldía del accionado, constituye un juicio de valor de no haber hechos controvertidos que no decide, sin más, la suerte de la pretensión y que no obsta a que el órgano judicial ordene las medidas de prueba que juzgue necesaria, haciendo uso de las facultades ordenatorias e instructorias que contempla el art.

36, inc. 2o., del Código Procesal.
Excarcelación, pena
Materia: PENAL
Carátula: INC. EXCARCELACION de BOJ, Roberto Oscar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-03

Corresponde conceder la excarcelación con caución suficiente para garantizar la permanencia a derecho del imputado, si la pena prevista para el delito endilgado no supera los ocho años de prisión, además de resultar factible la imposición, eventualmente, de una sanción de carácter condicional atento su carencia de antecedentes penales.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Pereyra, M.B. s/ Violación calificada y robos calificados reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-17

No se configura el delito de robo agravado por uso de armas (art.

166 inc. 2º C.P.), cuando se haya llevado o portado arma a la vista, si no fue empleada en una acción violenta o intimidatoria para doblegar o evitar la resistencia de la víctima de esa acción, ni fue utilizada en la comisión del hecho, al ejecutarse el apoderamiento.

La utilización del arma con anterioridad o con posterioridad no sirven para calificar, dejando subsistente a la figura del art. 164 C.P.
Medida cautelar innovativa, administración judicial, contracautela, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, modificación de medidas cautelares, medidas autosatisfactivas
Materia: PROCESAL
Carátula: ALAVILA, MYRIAM SUSANA c/ BBVA CONSOLIDAR ART S.A., MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-01

Toda medida cautelar requiere el cumplimiento de dos requisitos fundamentales cuales son la acreditación de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. El primero "prima facie" acreditado, como una mera posibilidad, pero debe surgir de las constancias existentes en la causa, sin necesidad de ahondar en probanzas que hagan al fondo de la cuestión a decidir y que impliquen, por ello, adelantar opinión sobre el resultado de la acción intentada.- Y el segundo, como el peligro inminente y cierto, el que no puede surgir de las apreciaciones personales del peticionante y tampoco con la mera invocación a la duración que pueda llevar la sustanciación del proceso. Habiendo sostenido ésta Sala que no es suficiente la mera acreditación de la verosimilitud del derecho sin el segundo requisito, pues de lo contrario, deberían decretarse medidas cautelares en todos los procesos que se inicien.-	No revistiendo tampoco la presente petición las características de una medida autosatisfactiva, la cual, a diferencia de las medidas cautelares, se agota en sí misma con un despacho favorable, no siendo necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento.- A todo evento se recuerda que, las medidas cautelares, por ser esencialmente provisorias y mutables, y que el Juez las decreta conforme el mérito que arrojen los autos (art. 27 del C.P.L.), puede ser solicitadas en cualquier etapa del proceso, cuando hayan variado las circunstancias de hecho o de derecho que aconsejen su provisión, supresión o modificación.-
Recurso de casación, reservas
Materia: PENAL
Carátula: Brett, Eduardo s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-20

Resulta inadmisible el recurso de casación interpuesto sin acompañar copia de la reserva de recurrir. La exigencia de que el recurrente acompañe al recurso copia de la reserva de recurrir en casación tiene su razón de ser en que, debiéndose decidir la admisibilidad del recurso sin tener los autos principales a la vista, su adjunción posibilita conocer si tal reserva fue efectivamente interpuesta, y, en su caso, si lo fue en término y, por consiguiente, evaluar si la sentencia es aún pasible de recurso o, por el contrario, debe reputarse firme y consentida de conformidad con el art. 451 del C.P.P.
Auto de procesamiento, nulidad procesal, declaración testimonial, abstención de declarar
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: N., J.J. s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-25

Es nulo el auto de procesamiento dictado en consecuencia del testimonio de una prima hermana del imputado que habría declarado sin tener conocimiento de la facultad de abstención que prevé el art. 243, C.P.P., y que se sustenta principalmente en esa testimonial anulada, no existiendo otros medios de prueba suficientes para acreditar la intervención del imputado en el hecho.
Procesos de familia, debido proceso, personas con discapacidad, patrocinio letrado, Ministerio Público
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: N., J. s/proceso de capacidad s/casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2023-03-13

Los arts. 36 del CCyC y 188 del Código Procesal de Familia establecen la necesaria intervención del beneficiario del proceso con patrocinio letrado, los arts. 35 del CCyC y 184 del CPF prevén la entrevista con el interesado y su consulta previo a dictar cualquier resolución, con la presencia del Ministerio Público y de al menos un letrado que lo asista. Ninguno de estos recaudos son suficientes de manera aislada, en tanto ambos deben verificarse para garantizar el debido proceso de la persona beneficiaria del trámite de capacidad. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia).
Caducidad de instancia, remisión del expediente, interrupción de la caducidad, suspensión de la caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: SAYANCA INCA EN J.: RAGUSA RAFAEL c/ MARIA E. SAYANCA s/ Escrituración Casación (LIBRO: S243 - 052)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-23

La remisión de la causa a primera instancia por cuestiones vinculadas a una medida precautoria, no interrumpe el curso de la caducidad abierta con el recurso de apelación, ni constituye una causal de suspensión, porque el interesado pudo requerir tempestivamente la devolución de los autos a la alzada, y sólo ante la negativa del juez, pudo eventualmente considerarse la existencia de causal de fuerza mayor.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, monto del juicio, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Saidman de Waldman, Celia c/ Waisman de Nosovitzky, Nilda Juana y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que confirmó el monto de la condena de la decisión de primera instancia, modificando el cálculo de la depreciación monetaria.
Juicio, partes, carga procesal, impulso procesal, caducidad de instancia, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: VITA, ZOE NELIDA c/ REGUNASCHI, FRANCISCO C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-03-18

Si bien la parte que promueve un proceso asume la carga de urgir su desenvolvimiento en virtud del principio dispositivo, queda relevada de dicha carga procesal cuando sólo al Tribunal le concierne dictar una resolución o realizar alguna actividad que la ley de rito estableciera a su cargo, que es precisamente lo que acontece en el "sub examine", en tanto estando firme el llamamiento de autos para sentencia, existieron numerosos pedidos de sentencia por parte de los litigantes con los autos en condiciones de resolver, sin que el Tribunal a quo dictara la correspondiente resolución, resultando conveniente recordar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a que "...no cabe extender al justiciable actividades que no le son exigibles en tanto la ley adjetiva no se las atribuya, sin riesgo de incurrir en una delegación no prevista legalmente" y que "cuando la parte queda exenta de su carga procesal de impulso, su inactividad no puede ser presumida como abandono de la instancia, pues ello importaría imputarle las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones legales por parte de los funcionarios judiciales responsables". Es consecuencia de lo expuesto que encontrándose el juicio a despacho para resolver la modificación de dicha situación mediante el requerimiento del resto de los cuerpos del expediente debió comunicarse por cédula a la parte, para poder después cargarla con las consecuencias de una inactividad por un trámite que de otra manera le era desconocido, al menos, hasta el retiro de las actuaciones . En este sentido, no debe perderse de vista que la caducidad de instancia no está prevista en el interés de la parte contraria a la que tiene la carga del impulso procesal, sino en el interés de la eficiencia del poder judicial y que la suspensión del curso de la caducidad no opera para las partes, sino para el proceso.(De la disidencia del Dr.

Erbetta a la que adhiere el Dr. Netri).