marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Castro Roberts, Oscar Alberto s/ robo  de  automotor  en concurso real con tentativa de robo -causa N.  8786
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

Todo lo relativo a la forma en que los reconocimientos en rueda de personas se llevaron a cabo remite a cuestiones de hecho y prueba y de derecho procesal, propias de los jueces de la causa y extrañas, como regla, a la vía extraordinaria, sin que la exhibición tiempo antes de una fotografía, con evidentes diferencias físicas, del imputado, justifique apartarse de tal principio.
Derecho administrativo, adjudicación de viviendas, actos de administración
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz Castro, Rufino y otra c/ Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Neuquén s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-17

Corresponde rechazar la pretensión de los accionantes de obtener la restitución de la posesión de un lote y su adjudicación definitiva por parte del Instituto de la Vivienda, toda vez que éste último entregó un lote y los actores se obligaron a ocuparlo, a abonar las cuotas y a no transferir o ceder su uso, obligaciones que, como ha quedado patentizado, no fueron cumplidas, desnaturalizando el fin social tenido en cuenta al momento de la adjudicación, por lo que, en esas determinantes circunstancias, no hay modo de imponer a la cuestión un distinto recorrido de análisis. No hay razón que justifique volver sobre lo actuado por el organismo, sea en relación con la caducidad de la adjudicación dispuesta respecto del Lote 16, o sobre el rechazo de la pretendida restitución de la posesión a los accionantes en relación con el Lote 9; menos, la pretensión de que éste les sea adjudicado definitivamente a ellos, existiendo -a la par- un acto administrativo estable que otorgó derechos a un tercero. En definitiva, los incumplimientos de los accionantes a las obligaciones impuestas en el boleto de compraventa, aun cuando no se considere que no se ocupó el lote efectivamente adjudicado, sumado a que no se ha logrado acreditar que haya existido un compromiso del derecho de defensa en el trámite administrativo llevado a cabo, alcanzan para legitimar la actuación del IPVU que ha sido puesta en crisis. Por consiguiente, del análisis de las actuaciones administrativas agregadas a la causa, surge de modo claro que las razones de hecho y de derecho que dieron fundamento a los actos cuestionados, en el aspecto examinado, han sido apreciadas con criterio de razonabilidad, circunstancia que conlleva a desestimar la existencia de vicios pasibles de la sanción de nulidad que fue solicitada por los actores.
Tasa de justicia, desistimiento de la acción
Materia: PROCESAL
Carátula: S. de L., J.E. c/ N. o N., M.L. s/ NULIDAD DE MATRIMONIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-17

Toda vez que deducida una pretensión debe tributarse la tasa de justicia correspondiente, el posterior desistimiento de la acción por un rubro contenido en la demanda no opera retroactivamente.
Ejecución de alquileres, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LOSADA MARIA c/ MONTENEGRO NESTOR s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-12

Para que proceda el cobro ejecutivo de alquileres es necesario acreditar: primero, la existencia del contrato; y segundo, el monto de la deuda.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, voto en disidencia, costas, interés concreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALTAMIRANO, JOSE LUIS c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

Los reparos tendentes a la participación de los justiciables y a la determinación de la pena impuesta no configuran cuestiones federales a tenor de lo dispuesto por el artículo 3, incisos d) y e) del reglamento aprovado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; mas distinta suerte ha de correr la postulación referida a la imposición causídica, en tanto al tratarse de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la decisión de la Cámara de confirmar la condena del imputado a una pena privativa de libertad de 20 años, se configuraba -en principio y atendiendo a las circunstancias particulares de la causa- la aplicación de la excepción prevista en el inciso 2 del artículo 448 del Código Procesal Penal, esto es, razón plausible para actuar en el procedimiento, no correspondiendo la imposición de costas, por lo que debe concederse parcialmente el recurso extraordinario federal a tenor de la doctrina de la arbitrariedad. (De la disidencia parcial del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 295, p 112. - REFERENCIAS NORMATIVAS: CSJN, Acordada 4/2007, artículo 3, incisos d) y e); Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 448, inciso 2
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, memorial
Materia: PROCESAL
Carátula: Magdalena de León, Laura c/ Obra Social para la actividad Docente s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

El recurso ordinario requiere ser debidamente mejorado mediante el pertinente memorial, con una crítica concreta y razonada en cuanto a los agravios que expone.
Recurso de apelación (procesal), auto de procesamiento, situación del imputado, rebeldía
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ZWEIG, Sebastían s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23

De acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no corresponde que la Cámara se pronuncie acerca del recurso de apelación impetrado contra el auto de procesamiento mientras no se modifique la situación de rebeldía dictada a su respecto.
Incapacidad, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Mosqueira, Félix R. c/ Siderca S.A. s/ Indemnización por incapacidad ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

No corresponde responsabilizar al empleador por la incapacidad que ocasiona al trabajador una dolencia cuya relación causal o concausal con el trabajo no ha sido acreditada.
Jueces, deberes del juez, actuación de oficio, prescripción, acción penal, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: F., L. J. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- LESIONES GRAVES CULPOSAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 120 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-10

Es deber de este Tribunal considerar las circunstancias existentes al momento de fallar, aunque las mismas sean sobrevinientes a la interposición del recurso examinado. En el caso, la acción punitiva podría encontrarse prescripta a la luz de lo dispuesto por el artículo 62 del Código Penal.

Por ello, y atendiendo a que la prescripción de la acción penal se produce por el solo transcurso del tiempo, es de orden público y debe declararse de oficio en cualquier instancia por resultar consustancial con la garantía de la defensa en juicio, corresponde verificar si efectivamente la misma se ha producido, pues de ser así existiría un obstáculo insalvable para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Sin embargo, el aspecto vinculado a la eventual prescripción de la acción excede la competencia de esta Corte, abierta al solo efecto de juzgar acerca de la admisibilidad del recurso extraordinario, por lo que debe remitirse la causa al Juzgado de origen, a fin de que -previo traslado a las partes- se pronuncie al respecto según lo que legalmente corresponda y, en caso de que considere no prescripta la acción, eleve los autos nuevamente a fin de que este Cuerpo resuelva el remedio federal deducido . (De los Fundamentos de los Dres. Falistocco y Navarro)
Desestimación de la denuncia, dictamen fiscal, nulidad procesal, elevación en consulta, actuación de oficio
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: STABIO, Adriana s/ PROCEDIMIENTO DE CONSULTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Es nulo todo lo actuado a partir del dictamen fiscal que postuló la desestimación de la denuncia, ya que de no compartir el criterio, el juez de grado, debió llevar la causa a la Alzada en consulta, por aplicación analógica del art. 348 del C.P.P., más no proceder de oficio, ya que la impulsión inicial de la acción en los supuestos de denuncia, corresponde al Ministerio Público.
Buena fe, Pacto de San José de Costa Rica, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, supervisión de cumplimiento de sentencia, CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico c/ Argentina s/ supervisión de cumplimiento de sentencia de cumplimiento de sentencia de cumplimiento de sentencia de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2015-09-01

Conforme lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Convención Americana, los Estados Parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana en todo caso en que sean partes, lo que resulta impuesto no sólo por la norma convencional sino que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional conforme lo estipula el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en atención al principio "Pacta sunt Servanda".
Adopción, guarda preadoptiva, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: O., A. B. y F., L. M. s/ GUARDA CON FINES DE ADOPCION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-10-04

En cuanto a la duración de la guarda preadoptiva, la tendencia actual es reducirla a seis meses; la ley vigente, en el art. 316 dispone: "El adoptante deberá tener al menor bajo su guarda durante un lapso no menor de seis meses ni mayor de un año, el que será fijado por el juez. El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurrido seis meses del comienzo de la guarda ...".

No coincido con este criterio que sólo puede responder a considerar la ansiedad de los padres adoptantes; no corresponde atender otro interés que el del menor de edad; el tiempo de la guarda preadoptiva cumple la importantísima función de evidenciar la real integración familiar del menor y, así debe constarle al magistrado, esto es fundamental.

La abreviación del plazo de un año previsto en la derogada ley 19134 y de dos años a la anterior ley 13252 obedece al fin de no desalentar a los pretensos adoptantes, quienes posiblemente han estado esperando tres años o más hasta ser llamados por el juzgado, transcurridos desde su inscripción en el mismo como futuros adoptantes; pero esto tampoco es razón suficiente para abreviar el plazo de un año de guarda.

Nada importante en la vida humana arraiga sin cumplir su propio tiempo de esclarecimiento. Un año, no más, es una buena medida. Lo fundamental, es que habiéndose cumplido los recaudos judiciales pertinentes con anterioridad a la concesión del menor en guarda preadoptiva, nada ensombrecerá el tiempo de los primeros cuidados al hijo tan esperado. Considero que por su importante cometido, no debe durar menos de un año.

Tampoco más; es de resaltar en la evolución de éste instituto, la casi increíble exigencia de seis años de cuidados previos a los que se recuerda como principal obstáculo que se había observado en Francia en la práctica de la adopción previa a la ley de 1923; la que, a su vez, se excedió y suprimió el requisito de los cuidados previos a la adopción.
Robo con armas, prueba pericial, pericia balística, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: PUPELIS, MARIA s/ ROBO. ARMAS. REINCIDENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

1) El arma utilizada en el caso de autos califica el robo en los términos del art. 166 inc. 2 C.P. relacionado con el art. 38 del dec ley 6582/58, no ofreciendo dudas, en base a la opinión de los técnicos, su aptitud para el disparo, máxime que se trata de un arma de repartición pública, entregada a servidor público para protección de la comunidad, o sea sometida al mantenimiento cuidadoso de su aptitud, a lo que se añade que se hallaba cargada con proyectiles intactos, los que no deben ser sometidos a prueba alguna de efectividad concreta.

2) Cuando el arma está cargada y presenta aspecto de lo que es normal y acomodado a la experiencia, esto es, que es apta para disparar las balas que tiene, debe correr por parte de quien lo invoque la demostración del excepcional hecho de que es en realidad ineficaz.

3) La condición de reincidente de un condenado no es tema que deba ser materia de declaración en el decisorio del fallo, ya que no constituye derivación del objeto del proceso y no constituye cosa juzgada. Esa declaración por su inocuidad es insusceptible de causar agravio.
Contrato de turismo, servicios aéreos, Derecho aeronáutico, responsabilidad solidaria, responsabilidad de la agencia de viajes, deber de información
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Orsi, Ana María y otro c/ Despegar.Com.Ar SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-16

Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto admitió una demanda incoada por el adquirente de un pasaje aéreo contra la aerolínea comercial y un agente de turismo aeronáutico, con motivo de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la cancelación de un vuelo previsto. En ese marco, cabe señalar que aún cuando la actividad del agente de turismo sea valorada como un simple caso de intermediación, resulta evidente su responsabilidad en tanto no cumplió con la obligación a su cargo, pues ante la imprevista cancelación del tramo de ida, no acreditó haber informado adecuadamente las condiciones de la contratación (respecto a la posibilidad de utilizar el tramo de regreso o no), o que lo hubiera hecho con anterioridad a la compra.

Ello la responsabiliza aun cuando efectivamente fuera la aerolínea la que estableció las condiciones de contratación o quien decidió cancelar el vuelo con destino a Mar del Plata, pues fue indudablemente la encargada de comercializar las plazas y debió haber asesorado e informado a los pasajeros en su carácter de agente de viajes, tanto en la etapa precontractual, como con posterioridad a la venta de los tickets.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, exceso ritual manifiesto, preclusión, cosa juzgada, jueces, deberes del juez, verdad jurídica objetiva, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MASTROGIOVANNI, HAYDEE c/ CO, OSVALDO EVARISTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 861 AÑO 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-01

Traduciendo el espíritu de "Colalillo", la Corte ha insistido en que no se puede conceder a los principios de preclusión y cosa juzgada una relevancia tal como la que le ha asignado en autos el iudex a quo, atento a la primacía que exhibe la determinación de la verdad jurídica objetiva, cuyo esclarecimiento no puede resultar turbado por un desmedido rigor formal en la interpretación de normas procesales lesivo del adecuado servicio de justicia.

Y es así que se han dejado sin efecto, por excesivo ritualismo, pronunciamientos que extienden el valor formal de la cosa juzgada más allá de límites razonables, o que so pretexto de un supuesto respeto al principio de cosa juzgada, adoptan soluciones que equivalen a un despojo del deudor por imponerle obligaciones que transponen los límites de la moral y buenas costumbres (arts. 656, 953 y 1071 del Código Civil).

En el mismo sentido, se ha explicitado también que no puede mantenerse la decisión que desestimó un incidente de revisión con el argumento de un supuesto respeto al principio de cosa juzgada, si el procedimiento de ajuste de la condena condujo a un resultado que excedió notablemente la razonable expectativa de conservación patrimonial del demandante, violentando los principios de los arts. 953 y 1071 del Código Civil.

Tales ideas directrices se han extendido al problema de la preclusión, señalándose que merecen idéntico reproche constitucional aquellos pronunciamientos que sobredimensionan el referido instituto procesal extendiéndolo más allá de su finalidad específica, la cual no es otra que impedir nuevos planteos sobre cuestiones ya decididas definitivamente en forma expresa o implícita.
Persona jurídica pública estatal, Municipalidad, costas en el orden causado, medidas cautelares, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: SANDOVAL FERNANDO DARIO Y OTROS s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2007-11-20

Ateniéndonos a la justicia del caso particular (al carácter público del ente demandado y a las características de la medida tramitada en el incidente), corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

Ante falta de previsión en la normativa dispuesta por la ley 1.117 y su modificatoria 1.118 respecto a la imposición de costas en los incidentes sustanciados durante la tramitación de la causa, como en el caso de las medidas cautelares, corresponde sólo en este tópico, remitirnos a los principios generales del derecho procesal civil, esto es la aplicación de lo dispuesto por los arts. 68 y 69 del cuerpo normativo mencionado.

Disponiéndose que la imposición de costas -respecto del incidente de apelación a la medida cautelar dictada en auto sean por su orden. Por idénticas razones a las señaladas corresponde imponer las costas, en esta instancia casatoria, también por su orden (art. 68, 2 párrafo, C.P.C. y C.).-
Daños y perjuicios, daño moral, carácter sancionatorio, carácter resarcitorio, muerte de un hijo
Materia: CIVIL
Carátula: YOLANDA LILIA ZERRISUELA DE FIGUEROA c/ SILVERIO ROMUALDO LESCANO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-02-19

Sobre el tema la doctrina aún no ha arribado a la determinación de las pautas o criterios necesarios para fijar la cuantía numérica del da/o moral. Y eso depende de muchas circunstancias, si se lo conceptúa simplemente resarcitorio del da/o moral por la muerte de un hijo jamás alcanzará a resarcirse económicamente. El dinero no puede venir, en lugar de, porque el profundo dolor de la pérdida no podrá jamás ser sustituído por dinero. La ley no puede hacer que la tristeza se cambie por la alegría. Entonces ¿Qué es el resarcimiento del da/o moral?. Será ejemplarizador: una sanción en contra del autor del ilícito, dirá otra parte de la doctrina. Pero eso impone la necesidad de examinar la gravedad de la falta, de la negligencia del responsable. Y francamente se exhibe como desorbitada y desproporcionada, por lo que no cabría acogerla. Acaso, entonces, la solución estáen combinar ambos extremos: la sanción con el resarcimiento. Pero, en la determinación de este ingrediente desde el punto de vista económico tropezamos con otras dificultades pues resulta imposible adentrarse en el alma de la madre que perdió a su hija en el hecho ilícito y según eso determinar el monto con el probable riesgo que hasta la cifra resulta demasiado poca...Más, habida cuenta que el resarcimiento del da/o moral debe llevarse a cabo en base a pautas objetivas y subjetivas que enmarcan la cuestión en cada caso, cabría que lo hicieramos en éste.
Personal municipal, cargos electivos, suspensión del agente, derecho a ser oído, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Apaza, Natividad c/ Comisión Municipal de Caspalá s/ Acción de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 45, Fº 202/206, Nº 121) Acción de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 45, Fº 202/206, Nº 121)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-07-17

El actor fue suspendido y acordado su desafuero sin ser oído, lo que nulifica lo actuado a partir de la citación defectuosa, ya que la Comisión Municipal no respetó el debido proceso que prevé el artículo 54 de la ley 4466 (L.O.M.) ni menos aún, la garantía de la defensa en juicio que contempla el artículo 29 de la Constitución Provincial y artículo 18 de la Constitución Nacional.-
Reincidencia, sentencia definitiva, presunción de inocencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Correa, Jorge Alberto y otros s/ Recurso de casación - Causa:1434
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

A los fines de la declaración de reincidencia, el tiempo que el inculpado permanezca en detención o prisión preventiva no es susceptible de considerarse como cumplimiento parcial de la condena, ello así, toda vez que en virtud del principio de inocencia del que goza toda persona, sólo puede cumplir pena y ser considerado culpable quien resulte condenado por sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada; esto es, la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia cuando contra ella no proceda ningún recurso que permita modificarla, ya sea por haber consumido los recursos posibles o por no haberlos deducido en tiempo oportuno. (Voto del Dr. Riggi).
Subasta judicial, acreedor hipotecario, compensación del ejecutante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Urtizberrea, María S. c/ Penela M. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-30

La autorización para compensar otorgada al actor como comprador no lo exime de depositar la parte del precio necesaria para cubrir los créditos con preferencia a su privilegio (arts. 590 del C.P.C.C. y 3879 C.Civil), y que pueden encontrarse en cabeza de quienes no son parte en el juicio. En este sentido, los impuestos, tasas o contribuciones anteriores al registro del gravamen, mediando venta forzosa se trasladan al producto de la subasta y mantienen su preferencia frente al acreedor hipotecario.

Corolario de ello es que la hipoteca tiene preferencia por sobre el privilegio de las entidades acreedoras de dichas deudas para el período comprendido entre la constitución de la hipoteca y la toma de posesión del comprador en subasta.
Prueba, libre convicción
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OLGUIN, CARLOS RAMON s/ NULIDAD - SENTENCIA - IMPUTADO - PERITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1961-10-30

El sistema de libre convicción no se singulariza solo en que la ley no preestablece el valor de las pruebas, ocupándose de regular la forma de su ingreso y consagrando la libertad del juez para apreciarla conforme a las reglas de la sana crítica, tampoco se caracterizaba porque la ley no limita la prueba del cuerpo del delito; no exige que la existencia material de un delito se demuestre de un modo determinado y no por otros medios.

Cuando rige el principio de libertad probatoria, salvo expresas prohibiciones o limitaciones legales (C.P.P., ley 3831, art. 217), todo se puede probar y por cualquier medio.

Esto no significa afirmar que el juez de instrucción quede liberado de su deber genérico de investigar la verdad mediante los medios probatorios presuntivamente m as eficaces para lograr la finalidad inmediata del proceso; solamente se afirma que la pérdida de los mejores, cualquiera que haya sido la causa que la determino, no implica la imposibilidad de que los demás ingresen en el proceso, siempre que esto se haga con arreglo a las previsiones legales, ni tampoco la nulidad de los que se hayan incorporado legítimamente.-