Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-08


SENT Nro. 658 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 08 DE SEPTIEMBRE de 2003 Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala IIa. del 03/4/2003 (fs. 674/676), que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 16/5/2003 (cfr. fs. 714 y vta.). En esta sede, el impugnante presenta memoria sobre el recurso (fs. 718/730 vta.), mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo del recurso intentado (cfr. fs. 732/735). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana. Luego de la pe rtinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado en contra de la sentencia de la Sala IIa de la Cámara en lo Penal de fecha 3 de abril de 2003 que condenó a Luis Adolfo Herrera a la pena de nueve años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de homicidio en perjuicio de Josefa del Valle Díaz. El recurso fue concedido por la misma Sala en fecha 16 de mayo de 2003.

2.- Se debe recordar que en el auto de elevación a juicio se determinó que el día 23 de febrero de 2000 en el domicilio ubicado en calle Marcos Paz 1265 de esta ciudad el acusado Luis Adolfo Herrera tomó un elemento punzo penetrante con el que hirió a su concubina, Josefa del Valle Díaz, en la cara anterior del cuello y otra en el abdomen, zona umbilical. Como consecuencia de estas lesiones la víctima murió al producirse un shock hipovolémico.

3.- En su recurso casatorio la defensa técnica ataca en primer término la sentencia de fecha 16 de agosto de 2002 obrante a fojas 575 por la cual no se hizo lugar a los planteos de nulidad del acta policial como de la declaración del imputado. En este sentido, se agravia de que el acta policial de fojas 1 fte. y 2 vta. resulta evidentemente nula puesto que hubo una flagrante inobservancia de los arts. 986 y 988 del CC. Que la Cámara omitió expresar las razones por las cuales la pieza preprocesal cuestionada era válida. Agrega que tampoco el decisorio del tribunal hizo referencia a los artículos del CC arriba citados a pesar de que debieron ser tenidos en cuenta por su supremacía jerárquica. Concluye, en relación a este punto, que el instrumento público impugnado debe declarárselo nulo en razón de que carece de un requisito fundamental cual son las firmas del señor fiscal, del señor secretario, del señor Luis Adolfo Herrera, del personal del comando radioeléctrico móvil 26 a cargo del cabo primero Amaya y de los integrantes de un móvil de la guardia de infantería U.R.C. a cargo del subcomisario René Antonio Aguirre. Que estas falencias descalifican la expresión contenida en el último párrafo obrante a fojas 2 vta. cuando indica " firmo para constancia junto al personal interviniente".

Señala que el tribunal en el citado pronunciamiento sostiene un criterio errado respecto al alcance del art. 137 al afirmar que "funcionario actuante" hace referencia al funcionario policial actuante (fs. 575).

Que es un absurdo argumentativo indicar que "el digesto procesal no exige para la validez del acto la firma del que fuere denunciante" cuando en verdad no existió tal denuncia. Que el acto fue nulo puesto que el tribunal no advierte que al momento en que se dispone una medida de coerción personal el Ministerio Público entendió que existía una imputación concreta por lo que desde ese mismo momento el señor Herrera se hallaba revestido de todos las garantía constitucionales y procesales; por lo tanto, continúa, no había razón para que el imputado no firmara el acta policial del 23 de febrero de 2000.

En relación a la declaración del imputado señala que la sentencia del 16 de agosto de 2002 es autocontradictoria puesto que a fojas 575 vta. afirmó, por un lado, que la falta de exhibición de los elementos secuestrados y la descripción detallada de las pruebas de cargo no eran omisiones que hagan nulo el acto o acta; para luego sostener que, como consta a fojas 8 vta., al imputado se le informó sobre las pruebas obrantes en su contra, declarando en presencia de su defensa técnica, con las garantías constitucionales que lo amparan. Manifiesta que el fallo resulta descalificable puesto que el pronunciamiento sienta dos bases incompatibles entre sí para resolver el mismo problema. Cita jurisprudencia y propone doctrina legal.

Desde otra perspectiva, afirma que también se debe descalificar la declaración del imputado en razón de que la exigencia de detallar al imputado las pruebas existentes no queda subsanado por el silencio o la actitud omisiva de la defensa técnica oficial ni por la declaración del imputado. Agrega que se vieron menguadas las posibilidades del acusado de su defensa al no exhibírseles los elementos supuestamente secuestrados ya que sus dichos fueron utilizados como elementos incriminatorios. Señala que la falencia de este acto tiene carácter absoluto e incluso específica al estar contenida en el art. 261 del CPPT y formula doctrina legal.

En segundo término el recurrente impugna la sentencia del 18 de septiembre de 2002 obrante a fojas 579, la cual tampoco hizo lugar a las nulidades interpuesta en contra de la autopsia como contra el requerimiento de elevación a juicio. Sobre este punto, el recurrente señala que es descalificable el fallo puesto que, contrariamente a lo expresado en su resolución el requerimiento de elevación a juicio es nulo en tanto no guarda congruencia con la intimación originaria obrante a fojas 8 vta. Indica que esta situación provocó un estado de indefensión en el plano material como técnico que impidió que la defensa tuviera un ejercicio real, cierto, útil e idóneo. Expresa que dicha sentencia es el corolario de la alteración de la plataforma fáctica que emerge del requerimiento de elevación a juicio puesto que el propósito del acusado de quedarse con el dinero del préstamo no surge ni en la intimación originaria de fojas 8, ni al prestar declaración el señor Herrera, ni en el auto de prisión preventiva.

Señala que también es descalificable el fallo por cuanto omitió exteriorizar las razones por las cuales considera que el señor fiscal realizó el requerimiento de acuerdo a las formalidades de los arts. 354 y 355 del CPPT. Que el sentenciante incurrió en una motivación aparente o meramente dogmática. Expresa que se inobservaron los arts. 142, 154, 184, 185 inc. 3, 186, 187, 261, 354, 355, 408 inc. 2 y 413 del CPPT. Cita jurisprudencia y propone doctrina legal.

Manifiesta que en la sentencia citada se equivocó al afirmar que la autopsia practicada no es una pericia a la cual se refiere el art. 236 del CPPT, sino que se trata un informe técnico establecido en el art. 243 del CPPT.

Por otra parte, remarca que la autopsia esta viciada de nulidad absoluta debido a que la falta de notificación de la misma al imputado afecta el derecho de defensa puesto que se impidió el control del acto. Agrega que no se produjeron ninguno de los supuestos de excepción previstos en el digesto procesal para tal omisión. De este modo, continúa, debe declararse nulo el fallo. Propone doctrina legal.

En tercer término, la defensa técnica impugna la sentencia condenatoria de la Cámara de fecha 3 de abril de 2003 en el que expresa que la misma es nula puesto que se omitió exteriorizar su argumentación respecto a cómo sucedió el hecho. Que esta falencia ocasionó un perjuicio al imputado porque desconoció la construcción intelectual del tribunal de juicio afectando las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso. Cita jurisprudencia y propone doctrina legal.

Manifiesta que se produjo una alteración de la plataforma fáctica por cuanto la Cámara estableció como móvil la disposición de dinero, hecho que no fue descripto en la intimación originaria. Afirma que esta conclusión arbitraria privó a la defensa material y técnica de efectuar un adecuado despliego argumentativo violentando las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso. Cita jurisprudencia.

Se agravia de que el fallo no observó los principios de la sana crítica racional con respecto a elementos probatorios decisivos. Primero, que omitió valorar la existencia del mismo grupo sanguíneo "A" del imputado como de la presunta víctima, concluyendo erróneamente que la escasa sangre encontrada en las prendas del imputado le pertenece a ella. Que la única forma de determinar a quien le pertenecía la sangre era a través de un análisis de ADN que ni el Ministerio Público ni el Tribunal en uso de las facultades del art. 400 se produjo en el proceso. Segundo, que tampoco se acreditó la existencia de los prestamos de dinero invirtiendo la carga de la prueba y transgrediendo el estado jurídico de inocencia. Tercero, que deja paso al derecho penal de acto para ingresar peligrosamente en el derecho penal de autor. Cuarto, que nuevamente invierte la carga de la prueba cuando asevera que el imputado no tiene prueba de que haya salido o adonde. Quinto, que prescindió considerar lo que era la hemiplejia. Sexto, que tampoco valoró debidamente la existencia del shock hipovolémico desde un punto de vista científico de lo cual hubiera concluido que el personal policial armó la escena del hecho. Séptimo, que no consideró que fue el mismo imputado el que se realizó el corte en la mano izquierda. Octavo, que se soslayó las numerosas contradicciones en que incurrieron los testigos y el personal policial interviniente.

Afirma que la sentencia es autocontradictoria en razón de que en un momento señaló que "Herrera solo necesitaba cambiarse de ropa para salir a caminar. No lo hace y sale con su ropa llena de salpicaduras", luego sostuvo que "pero no hay pruebas de que haya salido o adonde".

También el recurrente indica que el fallo omitió valorar debidamente la individualización de la pena correspondiente a la tercera cuestión, incurriendo en vaguedades y generalizaciones que no se satisface con la escueta mención de los arts. 40 y 41 del CP.

Como último agravio señala que se configuró una situación de gravedad institucional por existir un pronunciamiento contradictorio sobre una idéntica cuestión. Mantiene la cuestión federal.

El recurrente remarca que considera violentadas por el fallo los arts. 142, 184, 185 inc. 3, 186 segundo párrafo, 408 incs. 2, 3, y 4, 413 incs. 4 y 5 del CPPT; art. 28 de la Constitución de la Provincia y arts. 17, 18 y 33 de la Constitución Nacional.

4.- En relación a los planteos referidos sobre la sentencia de fecha 16 de agosto de 2002 obrante a fojas 575 considero que la supuesta nulidad del acta policial debe ser desestimada.

En primer lugar, exigir que para el adecuado cumplimiento del CPPT, es decir, para que el acta policial no incurra nulidad, se requieran las firmas del señor fiscal, del señor secretario, del señor Luis Adolfo Herrera, del personal del comando radioeléctrico móvil 26 a cargo del cabo primero Amaya y de los integrantes de un móvil de la guardia de infantería U.R.C. a cargo del subcomisario René Antonio Aguirre; no sólo aparece como desmesurado sino que no se ajusta a lo expresado por nuestro digesto procesal. Considero, en coincidencia con lo expresado por el tribunal, que con las firmas de los oficiales Miguel A. Alanis, Ramón Alberto Miranda, el subcomisario Rodolfo R. Domínguez y el comisario principal Jorge Salvador Capraro se observan suficientemente los requisitos establecidos por el art. 137 del CPPT en dicho acto. Por otra parte, podemos señalar que el contenido de lo declarado por el acusado fue confirmado en la declaración del imputado en sede judicial (fs. 8). No debemos olvidar que las nulidades del acta policial tienen carácter relativo y son, por ello, subsanables dentro del proceso.

De igual manera, resulta evidente que tampoco era posible la firma del imputado en la acta de fojas 1 y 2 en razón de que, como lo expresó esta Corte con anterioridad, la firma del imputado en este caso significaría ir contra de sus derechos fundamentales, ya que se le estaría exigiendo que firmara una documentación que luego es empleada en su contra. (cfr. CSJT, sent. nº 359 del 18/5/2001).

También corresponde rechazar el agravio referido a la autocontradicción de la sentencia al rebatir los planteos sobre la nulidad de la declaración del imputado. Como señalamos precedentemente, para el recurrente los sentenciantes elaboraron una fundamentación autocontradictoria al indicar en primer lugar que la falta de exhibición de los elementos secuestrados y la descripción detallada de las pruebas de cargo no eran omisiones que hagan nulo el acto o acta; para luego sostener que, como consta a fojas 8 vta., al imputado se le informó sobre las pruebas obrantes en su contra, declarando en presencia de su defensa técnica, con las garantías constitucionales que lo amparan.

Considero que la defensa técnica no alcanzó al comprender el criterio sostenido en el fallo impugnado. En efecto, no se configura la contradicción alegada puesto que entre ambos párrafos no hay una relación de continuidad. Los sentenciantes expusieron a fojas 575 vta. una aclaración sobre la cuestión propuesta al señalar, en un primer párrafo, que no son nulos la exhibición de elementos secuestrados y descripción detallada de las pruebas a su cargo puesto que consideraban que la descripción detallada del art. 261 hace referencia sólo a los hechos y no de las pruebas, requisito que, como lo expone en el párrafo siguiente, se encuentra cumplido a fojas 8.

No obstante quedar zanjada la cuestión debemos remarcar que el recurrente también realizó una razonamiento errado al realizar su planteo de autocontradicción puesto que, aún considerando el texto de la sentencia como lo interpretó la defensa, tampoco aparece viciada la resolución del tribunal. Se debe recordar que para que una afirmación sea contradictoria sus elementos deben negarse mutuamente, situación que no ocurre en autos. En el fallo, el tribunal rechaza las razones por las cuales el incidentista exige la nulidad de acto (exhibición de elementos secuestrados y descripción detallada de las pruebas a su cargo) y luego hace referencia en el párrafo posterior acerca de la legalidad recordando que a fojas 8 consta que hubo informe sobre las pruebas obrantes en la causa. Si consideramos, como lo hizo el recurrente, que el segundo párrafo hace referencia a la descripción de la prueba tampoco podemos decir que sea autocontradictora en sus términos en tanto que resulta evidente que este párrafo refuerza su argumentación contra el agravio pero no lo contradice puesto que afirmaría que aún en el supuesto de que tales requisitos fueran imprescindibles, los mismos fueron cumplidos a fojas 8. En este punto el recurrente sólo se pod ría oponerse a la resolución atacando la primera y la segunda afirmación pero de ningún modo decir que son contradictorias puesto que la segunda refuerza su argumentación en contra.

En relación al cumplimiento de los requisitos del artículo citado debemos señalar que no sólo se encuentran cumplidos los requisitos del art. 261 en la declaración del imputado sino que, en el caso que se considere que la fórmula utilizada en el tribunal ( "...se le informa respecto de las pruebas obrantes en su contra" fs. 8 vta) sea insuficiente, una lectura integra del expediente da cuenta que el acusado como su defensa conocían adecuadamente los elementos probatorios existentes. Por ello se considera que en concreto supuesto en análisis la garantía de defensa en juicio del imputado no se vio vulnerada al recibírsele su declaración indagatoria.

En igual sentido, esta Corte ya señaló que no se debe anular la declaración del imputado, y todos los actos que sean su consecuencia, incluida la elevación de la causa a juicio, cuando de su lectura se desprende con total claridad y sin lugar a dudas que de las respuestas y la defensa material ejercida por el acusado tuvo pleno conocimiento de los hechos que se le atribuyeran, y de las pruebas existentes en su contra; resultado de ello que se dio cumplimiento a la exigencia de informar detalladamente al imputado, quien declaró con significación jurídico-penal (cfr. CSJT, sent. 415 de fecha 04/6/98).

En relación a los planteos realizados en contra de la sentencia de fecha 18 de septiembre de 2002 obrante a fojas 579 respecto a la falta de congruencia del requerimiento de elevación a juicio, considero que deben rechazarse en tanto que no se rebaten todos los fundamentos en que se sostiene la resolución de la Cámara.

Sobre tal cuestión debemos recordar que la doctrina indicó que la correlación entre acusación y sentencia debe versar sobre el hecho y debe exigirse respecto de los elementos materiales del delito coincidiendo la acción u omisión y el resultado imputado, las condiciones de lugar y tiempo al igual que el elemento subjetivo. De la correlación que debe verificarse entre los términos en que quedó sustanciada la acusación y el contenido de la sentencia, surge la formulación del principio de congruencia. Sin embargo queda excluido de dicha exigencia el aspecto jurídico, toda vez que la congruidad no alcanza al título o calificación legal del hecho imputado, pues el tribunal de mérito tiene plena libertad para "elegir la norma" que considera aplicable al caso en virtud el principio iura novit curia. En definitiva lo único realmente valioso para la actividad defensiva es que la sentencia recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de acusación, y que tanto el imputado como su defensor pudieron tener presente (Cfr. Vélez Mariconde - "Derecho Procesal Penal", Tomo II, pág. 236).

Una lectura completa del caso en autos nos permita afirmar que el hecho materia de juzgamiento, ha sido el mismo en las distintas etapas procesales y con respecto a él la defensa no sólo tuvo ocasión de ejercer de manera efectiva el derecho a oponerse a la requisitoria de elevación a juicio, sino también a solicitar instrucción suplementaria y ofrecer prueba en favor de su defendido. En lo que al señor Herrera refiere, abierta la audiencia de debate el Secretario del Tribunal dio lectura total al requerimiento fiscal, con lo cual quedó debidamente impuesta del hecho cuya responsabilidad se le atribuía -y por el que en definitiva resultó condenada- con carácter previo a su declaración frente al tribunal y, por tanto, en situación de ejercer efectivamente su defensa.

En el caso particular del escrito casatorio, debemos remarcar que el recurrente omite hacer referencia alguna a la los fundamentos referidos a las facultades de los tribunales que surgen de los arts. 388 y 400 del CPPT y que, en tales circunstancias no se vería afectado el derecho de defensa del imputado. Podemos recordar que a fojas 212 el juez de instrucción frente a la oposición de la elevación a juicio de la defensa señaló con claridad que "...la normativa exige un cuadro probatorio básico o probabilidad sobre la procedencia del reproche penal al imputado reunidos, el cual procederá necesariamente la apertura de la etapa plenaria, a fin de que por su amplitud discusoria y probatoria, se pueda arribar a una declaración de certeza sobre la responsabilidad penal del mismo...Que en la referida inteligencia y analizado el requerimiento fiscal a la luz de las constancias de autos, entiende el Proveyente que de la actividad probatoria llevada a cabo en la presente etapa surge la reunión de un cuadro suficiente para sostener el grado de probabilidad exigido por el Art. 354 del C.P.P.T...".

Otra vez se debe reiterar que no se encuentra en el caso en autos una violación a las garantías del imputado. La doctrina, coincidentemente, ha indicado que "La indicación de las probanzas que sustentan el requerimiento de elevación a juicio -'los motivos'- se exige para posibilitar su refutación a través del ofrecimiento de prueba para el debate (art. 354 párrafo primero). Tal facultad -producir pruebas- integra una cabal defensa (art. 18 CN)" (Francisco D'Albora, "Código Procesal de la Nación", Ed. Abeledo-Perrot, tercera edición, pág. 492).

Igualmente, tampoco es certero el planteo que señala que la Cámara realiza una afirmación dogmática sobre el requerimiento de elevación a juicio de fojas 90 puesto que en el párrafo inicial indica que se evidencia una relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos tal como lo prescribe el CPPT.

Respecto al agravio referido a la autopsia el escrito del recurrente es insuficiente puesto que, al igual que en la cuestión arriba expuesta, no se realiza una impugnación a todos los argumentos que sostienen el decisorio. El recurrente omite fundamentar porqué continúa la nulidad cuando los sentenciantes señalan que si bien no se realizó la notificación, la misma ya se encuentra subsanada de acuerdo a la cédula de notificación dirigida al defensor (fs. 109). Tampoco nada dice el porqué no se realizó una nueva autopsia estando firme la misma desde fecha 14/4/2000. De este modo, el escrito carece de una determinación que fundamente en forma acabada en qué sentido su derecho a la defensa quedó afectado y lleva adelante solo una alegación vacía de sus privaciones reiterando cuestiones ya planteadas en etapas previas.

En relación a los agravios que atacan la sentencia que condena al señor Herrera corresponde indicar que la misma cumple con los requisitos formales referidos a la necesaria congruencia que debe existir entre la enunciación del hecho y el objeto de la acusación. Esta congruencia evidencia la identidad y correlato conformado entre el hecho descripto y el núcleo de la decisión a la que se arriba. En este sentido, podemos señalar que el requerimiento de elevación a juicio se encuentra transcripto al inicio de la sentencia y es alrededor de éste que determina los eventos delictuales. No resulta adecuado señalar la falencia del tribunal en este punto, indicando la insuficiencia formal de esta modalidad puesto que, como ya lo expresó esta Corte, la exigencia que la sentencia cuenta con la enunciación del hecho que ha sido objeto de acusación y la determinación del hecho que el Tribunal considere acreditado, ha sido ya objeto de decisión por este Tribunal como de otros tribunales del país, sosteniendo que la obligación se encuentra cumplida, cuando el Tribunal estima probado el hecho que fue objeto de acusación y este haya sido descripto en forma clara, aunque sea breve o sencilla. También la obligación se encuentra cumplida cuando se transcribe la parte respectiva del requerimiento de elevación a juicio en el texto de la sentencia. Lo que sucede en autos. Lo que se sanciona es la falta de enunciación del hecho objeto de la acusación o la falta del hecho acreditado, por cuanto no se puede controlar su congruencia o sea verificar la concordancia que debe existir entre el hecho que se requiere en la pieza acusatoria y el hecho que se tiene por acreditado, extremos que no se observan en el caso a estudio. Exigir que el hecho imputado e n la requisitoria de elevación a juicio volcado en la sentencia, vuelva a ser transcripto textualmente como el hecho acreditado por el Tribunal en la misma, representa una sujeción absurda a la forma (cfr, sentencia nº 118, "Gerez, Néstor Rafael s/homicidio" del 11/3/2002; sentencia nro. 355, "Vallejo Carlos Luis s/violación" del 22/5/2002).

En igual sentido, se indicó que "se ha admitido que es posible ceñirse al hecho objeto de la acusación, siempre que la parte respectiva de la requisitoria o auto de elevación a juicio se haya transcripto en el texto de la sentencia (TS Neuquén, sentencia del 19/IV/91, 'Rodríguez, Juan Carlos')". (Francisco D'Albora, "Código Procesal de la Nación", Ed. Abeledo-Perrot, tercera edición, pág. 595).

De igual manera, debe desestimarse el agravio referido a la supuesta alteración de la plataforma fáctica puesto que, como ya se expresó en el agravio referido a la nulidad del requerimiento de elevación a juicio al cual remitimos, el recurrente efectúa una incompleta y vacía enunciación de los derechos conculcados en la que no se advierte una violación de las garantías constitucionales. Debemos recordar el hecho del préstamo de dinero se encuentra en el acto policial (fs. 2 vta última parte), la declaración indagatoria (fs. 9) y por supuesto en el requerimiento de elevación a juicio. Coincidentemente, la jurisprudencia ha indicado que "No puede prosperar la casación si se respetó la correlación entre el hecho comprendido en la indagatoria, el acusado y el considerado en la sentencia final (CNCP, Sala I, J.A , 1996, pág. 202).

Los planteos que se encuentran bajo el título de inobservancia de la regla de la sana crítica racional también deben ser desestimados. En efecto, de la enumeración expuesto solo surge una posición valorativa diferente a la que sostuvo el tribunal, argumentos que, como ya lo señalo esta Corte, no son materia del recurso casatorio. La revisión del juicio valorativo de las pruebas de la causa efectuado por la Cámara, es extraña a la casación, cuya exclusiva finalidad es asegurar la corrección jurídica del fallo impugnado a través de su control de legalidad. La admisibilidad de este recurso con relación a las cuestiones de hecho, exige la demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del raciocinio -que no se configuró en autos-, lo que debe ser apreciado con criterio restrictivo.

En relación a la supuesta incongruencia alegada por la defensa técnica no puede prosperar en tanto que la misma es inexistente. El recurrente toma en forma incompleta los dichos de la sentencia referidos a si el imputado salió o no de su casa. El fallo no afirma como un hecho producido que el señor se marchó a caminar, por el contrario, debe entenderse que la Cámara duda que lo hubiera hecho y que en el caso de hacerlo no se cambió de ropa para hacerlo, es por ello que afirma al final del punto c obrante a fojas 675 que "Es incongruente además que salga a pasear al centro con la ropa indicada con sangre". Las dudas que presenta el tribunal en este punto se reafirman al señalar, en el punto g, que no existen pruebas de la salida del imputado.

En el escrito casatorio, la defensa omitió reproducir la totalidad lo expresado por la Cámara en el punto c en razón que una adecuada y completa transcripción de los fundamentos sentenciales hacen caer por sí solos los planteos de autocontradicción.

Finalmente, los agravios referidos a la violación de los artículos 40 y 41 del CP como a la existencia de gravedad institucional corren la misma suerte que los precedentes. Los argumentos que los sostienen no logran cumplir con los requisitos mínimos de fundamentación, en tanto que solo realiza afirmaciones genéricas e inconsistentes. Podemos señalar en el particular supuesto de los artículos del código penal que al desarrollar la tercera cuestión (fs 675 vta) la Cámara realizó una valoración de las cuestiones particulares como la relación con la víctima y los antecedentes y la educación de la víctima. Respecto a la situación de gravedad institucional, se puede inferir del conjunto argumentaciones precedentes que en el caso en autos no se dan las condiciones para su configuración.

Por lo expuesto, el recurso de casación en examen debe desestimarse al no encontrarse en sus planteos ninguna razón que habilita su pretensión casatoria, con costas a la vencida.

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Adhiero al voto del Sr. Vocal Presidente, Dr. Antonio Gandur, y me permito agregar lo que sigue en relación al planteo de nulidad de la declaración del imputado. Al respecto, se advierte también que el mismo no puede ser recepcionado toda vez que similar planteo ya se efectuó en la etapa instructoria y fue resuelto por el juez de instrucción con fecha 29/9/2000 (fs. 209/213, punto I de la resolutiva), y tal decisión quedó firme, por lo que al respecto existe resolución jurisdiccional, y la cuestión queda definida. Por otra parte, cuando el imputado presta declaración indagatoria hace alusión a elementos que han sido tenidos como prueba, lo que revela que se le proporcionó la información pertinente.

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, en cuanto a las cuestiones propuestas, vota en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado en contra de la sentencia de la sala IIa de la Cámara en lo Penal de fecha 3 de abril de 2003.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA