marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acceso a la información pública, sentencia no firme
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en asesoría tutelar n°1 (oficio n° 520/18) contra gcba sobre incidente de apelación - acceso a la información (incluye ley 104 y ambiental)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, contra la sentencia de la Cámara que confirmó la resolución del juez de grado. En ella, se había dispuesto el secuestro de la información que el GCBA (Ministerio de Educación) debía proveer a la asesoría tutelar amparista, en el marco de la acción iniciada con sustento en la ley n° 104 de Acceso a la Información Pública. Ello así, toda vez que la recurrente no rebate el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad en tanto sostuvo que el pronunciamiento cuestionado no era una sentencia definitiva. Asimismo, en su recurso, el Gobierno no demostró que la referida resolución se apartara de lo decidido en la sentencia de fondo, ni que le provocara un gravamen de imposible reparación ulterior. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Contrato de trabajo, nulidad del despido, reingreso a la actividad remunerada, salarios caídos, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud SA s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-25

Al nulificar los despidos y rdenar la reinstalación de los actores, debe ordenarse el pago de los salarios caídos, como derivación de lo resuelto en torno al acto extintivo que implica considerar la subsistencia del vínculo de trabajo y su presupuesto, la disposición generadora de los salarios, en los términos de los normado en el art. 103 de la LCT. Si como en el caso, la demandada había depositado las sumas correspondientes a la indemnización por los despidos, al resultar éstos ineficaces, no habilitan el pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, por lo que tales sumas deberán computarse como pago a cuenta de los salarios devengados desde el acto nulo y hasta la efectiva reincorporación. (del voto de la Dra. González, en mayoría).
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ortega, Daniela Sandra c/ Mongilardi, Delfín Omar y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

Las conclusiones de un dictamen pericial poseen fuerza de convicción suficiente cuando el experto se expidió sobre una cuestión técnica y no fue impugnada por la parte con interés en hacerlo.
Prisión preventiva, aplicación de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ VICTOR HUGO Y OTROS s.d. HOMICIDIO, ROBO CALIFICADO, ASOCIACION ILICITA Y ENCUBRIMIENTO e.p. de ELEAN WALTER FRANCISCO s/ RECURSO DE APELACION A DENEGATORIA DE CESE DE PRISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-08-06

La ley 24.390 ha modificado el art.24 del Código Penal en uso de las atribuciones que al Congreso de la Nación le confiere el art.75 inc.12 de la Constitución Nacional, es por ello que la misma resulta de aplicación obligatoria en el ámbito fijado en el texto constitucional citado y en el art.1 del Código Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, acto administrativo, presunción de legitimidad, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Correa de Basañes, Elena Concepción c/ O.S.S.E s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-17

Para que el acto administrativo pierda la presunción de legitimidad, debe estar viciado por su arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

Requisitos de admisibilidad que también exige la norma constitucional al indicar que el amparo procederá frente al acto u omisión que "en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley..." (art. 43 de la Constitución Nacional).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mutual  de  Residentes  del  Barrio  de  Tais  de la ciudad de El Trébol c/ Superintendencia de Seguros de la Nación. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

La declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la última ratio del orden jurídico y su determinación sólo procede en aquellos supuestos donde se advierta una clara, concreta y manifiesta afectación de las garantías consagradas en la Constitución Nacional. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Nulidad de oficio, apartamiento del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Administración General de Rentas c/ Bustos, Rafael Alberto s/ Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-04-06

En el caso, es procedente la nulidad de la sentencia recurrida y ello por cuanto el vicio que contiene el decisorio y que afecta la construcción del fallo, no es otro que la falta de congruencia en el resuelvo.

En efecto, si lo que se encontraba con llamamiento de autos era el proveído que ordenaba correr el traslado del incidente de levantamiento de embargo por caducidad de plazo, contra el que interpuso recursos de reposición y nulidad la embargante, recursos a los que la incidentada se allanó, surge evidente entonces que el thema decidendum en el caso no era el levantamiento del embargo, sino la validez del trámite impreso por el Iudicante al recurso de caducidad, cuestionado por la contraparte, cuestionamiento al que se allana la embargada.

En esa inteligencia, el A quo debió resolver primariamente la cuestión del recurso de reposición interpuesto y recién, después del trámite correspondiente en etapa procesal posterior necesaria a los fines de garantizar la defensa en juicio e igualdad de las partes, luego de sustanciarlo, resolver el nuevo planteo-otros argumentos para solicitar el levantamiento del embargo-. A pesar de ello, omitiendo resolver lo que se encontraba en discusión y supliendo etapas procesales ineludibles, ya que llevan en sí nada menos que la garantía de defensa en juicio, el juez resuelve intempestivamente sobre el levantamiento del embargo, receptando los nuevos argumentos de la demandada cuando la cuestión a resolver era otra y sin dar lugar al contradictorio en el punto.

Por ello corresponde declarar la nulidad de oficio de la Sentencia Interlocutoria apelada y de todos los actos que fueran consecuencia de ella, dejar sin efecto los oficios librados a los organismos respectivos, debiendo el Inferior librarlos nuevamente, ordenando la cautelar conforme al estado de las actuaciones anterior al decisorio cuya nulidad se declara, y habiendo el Iudicante emitido opinión en la sentencia anulada, proceder a su apartamiento de la causa, sin que ello signifique menoscabo a su investidura, debiendo girarse el expediente al Juzgado de Ejecución Nº 2.
Accidentes de trabajo, acción civil, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad civil, responsabilidad por omisión
Materia: LABORAL
Carátula: Busto, Juan Alberto c/ QBE Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. y otros s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-13

Corresponde extender solidariamente a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo la responsabilidad por el accidente sufrido por un trabajador, en los términos de los arts. 512, 1074 y concord. del Cód. Civil, dado que se ha demostrado su inobservancia a la hora de implementar un plan de mejoramiento y control de las condiciones laborativas, como así también la omisión del control de seguridad que le competía.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Liniers Sudamericano S.A. c/ Carlone Oscar y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

El pacto de vía ejecutiva en sí mismo no puede ser considerado como una cláusula abusiva en contra de los intereses del usuario de la tarjeta de crédito desde que éste conserva el ejercicio de todas las defensas previstas por la ley procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acceso a la información pública, interés público, terceros
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y.P.F. S.A. s/ Amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-10

Si el art. 2° del Anexo VII del decreto 1172/03 identifica en forma clara y precisa a los sujetos obligados a garantizar el acceso a la información pública, no corresponde dar intervención a un tercero que ninguna alegación podría formular en un pleito en el que se debate el derecho de una persona a acceder a información de interés público, máxime cuando, al momento de suscribir el contrato materia de la litis, conocía o debió conocer el régimen de publicidad al que se encontraba sometida la actuación de la sociedad con la que concluyó el negocio jurídico.
Contratos, resoluciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scott de Delicatti, Florentina c/ Ocupante finca calle Salta 926 s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

Es "jus variandi" previsto en el párrafo final del art. 1204 del CCI puede ejercitarse al entablarse la demanda (pese a haberse intimado previamente al cumplimiento), o después de interpuesta siempre y cuando aún no se haya notificado la demanda (art. 331 del CPC).

Después de dicha oportunidad, ya no es posible cambiar la pretensión deducida en el juicio. La única excepción a dicho principio sería el caso de la "pretensión subsidiaria". En este supuesto, la sentencia establece la condena en base a la pretensión principal (por ejemplo, pago del precio) aclarando asimismo que para el caso de incumplimiento de la misma se acogerá la pretensión subsidiaria (por ejemplo, la resolución del contrato). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intereses, intereses convencionales, convertibilidad, fijación judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: YELIN NESTOR EDUARDO c/ LOGGIO CELSO FERNANDO s/ EJECUTIVO -HOY EJECUCION DE CONVENIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-10-31

El a-quo no puede modificar lo pactado por las partes cuando los accesorios pactados aparecen razonables máxime teniendo en cuenta que al derogarse la Ley de Convertibilidad -por Ley Nro. 25.561- se produjo una fuerte depreciación de la moneda y con ello un aumento considerable de las tasas de interés. Se ha señalado que el Tribunal no se halla habilitado, en principio, para modificar el pacto escrito de intereses (art. 1197 y 21 del CC.) so riesgo de alterar el equilibrio del negocio subyacente, excepto en supuestos de manifiesta irrazonabilidad incursos en violación de los arts. 502, 953, 954, 1071 y cc. del C.C..-
Prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Salomón, Hugo Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-15

La presentación espontánea del descendiente de la cual necesariamente se desprenden datos que indican un rumbo investigativo, no puede ser motivo de una invalidez de actuaciones.

No se ingresa al proceso prueba alguna que pueda ser ulteriormente utilizada contra el acusado, sino que tales datos exclusivamente serán empleados para encaminar la investigación del hecho que se pretende establecer. La investigación es similar a la del interrogatorio del imputado de conformidad con lo establecido en el art.434 inc.5° del Código ritual, del que no puede emerger prueba de cargo, pero sí ser utilizado al sólo efecto de la indagación sumaria".
Municipalidad, personal contratado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ, EDUARDO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 469-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-03

Atento al carácter excepcional de la disposición contenida en el artículo 134 Anexo I de la ley 9286, dicha norma debe ser interpretada restrictivamente, por cuanto altera el normal régimen de ingreso que prevé el Escalafón (Capítulo II), negando el derecho a la estabilidad a quien había sido contratado por un lapso continuo de tres meses; y tratándose de un contrato celebrado por el plazo de tres meses, no puede entenderse que al cumplirse el último día de éste y, por tanto, de extinguirse el vínculo contractual, nace concomitantemente el derecho a ser reincorporado a la planta permanente.
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: FALCON Beatriz Estela y Otros s/ Beneficio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-31

No cabe considerar al beneficio de litigar sin gastos como a un proceso voluntario, sino que el mismo constituye un incidente donde la contraparte no sólo se encuentra facultada para fiscalizar la prueba, sino que también puede oponerse a su concesión o a su mantenimiento acreditando en este último supuesto, que la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio.

No es tampoco exacto que en un beneficio de litigar sin gastos no exista contrario pues mientras la instancia se encuentre abierta lo es quien resulta demandado o a quien se pretenda demandar por cuanto el mismo es parte en el incidente autónomo de que se trata, en tanto debe ser citado a los fines de fiscalización de la prueba (art. 80, Cód. Procesal), pudiendo ofrecer la que considere necesaria y debe corrérsele el traslado que establece el art. 81 del mismo cuerpo legal, por lo cual nada obsta para que el mismo se presente espontáneamente notificándose personalmente (art. 135, Cód. Procesal) y deduciendo la caducidad.
Pago, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fucile, Domingo José c/ Bellani, Enrique Alberto s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

El simple depósito bancario de fondos no constituye pago, teniendo en cuenta que éste es un acto bilateral, si no se alega y demuestra que ha mediado aceptación por el acreedor.-
Competencia federal, declaración de incompetencia, coronavirus, establecimientos geriátricos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, competencia contravencional y de faltas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Residencia Geriátrica Oldman S.A. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-13

Debe ser confirmado el fallo que resolvió no aceptar la competencia de la justicia en lo criminal y correccional federal, en el marco de varias denuncias dirigidas contra las autoridades de una institución geriátrica por la presunta violación de protocolos de control establecidos en virtud de la pandemia del virus Covid-19, dado que el accionante no logra demostrar razones suficientes que determinen la intervención del fuero federal, habida cuenta que las cuestiones de la causa versan sobre aspectos relativos a la jurisdicción local, en la medida en que los hechos habrían acaecido íntegramente en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y guardarían vinculación con medidas dispuestas y aplicadas por la autoridad local. El cumplimiento de normas dictadas por las autoridades locales debe ser examinado por la justicia penal contravencional y de faltas, dado que se encuentra en mejor situación para establecer si efectivamente se incurrió en una infracción al Protocolo de actuación destinado a regir en residencias geriátricas de la Ciudad de Buenos Aires mientras dure la emergencia sanitaria.
Actualización monetaria, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Errondasoro, Nilda L. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

Las diferencias por reajuste de haberes previsionales relativos al beneficio ya acordado, está alcanzado por el plazo de prescripción de dos años, contados a partir del reclamo del ajuste del haber.
Derecho a la vivienda digna, subsidio estatal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ponce, Alberto Darío. c/ GCBA. s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-19

Los subsidios para vivienda no constituyen la política a que hace referencia el art. 31 de la CCABA, sin embargo, forman parte de ella, como medidas transitorias tendientes a paliar la urgente necesidad habitacional de ciertos grupos que se encuentran, objetivamente, en desventaja para procurarse por sí un lugar donde vivir (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Relación de dependencia, prueba, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Gimenez, Mario Antonio c/ Tía S.A. s/ Indemnización por Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-05-30

No resulta muy probable que una persona generalmente de muy poca cultura, con un nivel de inteligencia y sagacidad escaso, pueda crean una relación laboral, totalmente inexistente, habiendo sido negada en forma categórica la existencia misma de la relación por su empleador, carga éste básicamente con las consecuencias de no haber probado los hechos sobre los cuales debió excepcionar. Es que la suma crítica racional enseña que es prácticamente imposible conocer detalles, circunstancias, hechos o situaciones inherentes al quehacer habitual del negocio, donde se alega haber trabajado si realmente no se ha participado de las actividades propias del lugar y conocido a las personas que allí trabajan.
Banco Central de la República Argentina, querellante, admisión del querellante, perjuicio directo, Ley de Entidades Financieras
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "Incd. de excep. de falta de acción del B.C.R.A. s/ INC. EXCEP. FALTA DE ACCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-24

El Banco Central de la República Argentina posee legitimación activa para ser querellante en causas donde se investiga la comisión de delitos dentro del ámbito financiero nacional -perpetrados por quienes hayan perjudicado o no, el patrimonio del Estado Nacional.

No es inconstitucional la facultad conferida por la Ley de Entidades Financieras al Banco Central de la República Argentina, de ser parte querellante aún ante la ausencia de daño o peligro que el delito pueda generar.

La calidad de ofendido directamente por el delito debe acreditarse con carácter meramente hipotético.
Relación de dependencia, telegrama
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos, Elio Daniel c/ Limpianort S.R.L. s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-12-20

La Ley de Contrato de Trabajo establece en el art. 240 que la renuncia exige, como requisito para su validez, la formalización mediante despacho telegráfico colacionado cursado personalmente por el trabajador, o ante la autoridad administrativa del trabajo.
Sucesiones, cuestiones de competencia, juicio de desalojo, competencia por conexidad
Materia: CIVIL
Carátula: GROSSO,  Francisco c/ GROSSO, Pascual Carlos s/ DESALOJO: OTRASCAUSALES s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-10

Ante el fallecimiento del que pretende el desalojo de su hijo del inmueble ganancial -componente del acervo hereditario de la cónyuge- corresponde que el desahucio se radique ante el juzgado que entiende en la sucesión en trámite, ello por razones de celeridad, seguridad y la conveniencia de tratar en conjunto las cuestiones relacionadas con los bienes del acervo sucesorio común a ambos esposos.

(Sumario N°20550 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Riesgos del trabajo, alta médica
Materia: LABORAL
Carátula: GESLOWSKI, ALEJANDRO ELIZABETH. c/ PREVENCION ART S.A. s/ RECURSO ART. 46 LEY 24557.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-16

[...] ni el pago ni la sentencia determinan el derecho aplicable, sino -y tomando para ello la formulación efectuada por la CSJN [in re: "Calderón Celia Marta c/ Asociart ART s/ accidente" del Dictamen de la Procuradora Fiscal, compartido por la CSJN, en mayoría]- el momento en que haya sido exigible el crédito.

Si estamos a estos términos, la Comisión Médica emitió su dictamen y se confirió el alta médica con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 1694/9, desde donde ésta es la normativa aplicable. (Del voto de la Dra. Pamphile, en minoría.).
Intereses, intereses usurarios, orden público, moral y buenas costumbres, tasas de interés, Banco Nación, cuenta corriente bancaria, resumen de cuentas, impugnación del resumen de cuentas, falta de impugnación
Materia: COMERCIAL
Carátula: MADEMAT SRL c/ BANCO MERCANTIL ARGENTINO SA Y OTRO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-16

Si el banco en cuestión adquirió un conjunto de créditos del Banco Rural Argentino SA, por un deber de prudencia elemental (art. 512, CCIV.) debió examinar el contenido de las cuentas de las que se hacía cargo y su proyección económica, tanto individual como colectivamente, pues no hacerlo lo exponía a tener que enfrentar el cambio del saldo de una cuenta corriente, como aquí aconteció. Por su parte, al mediar una transgresión al orden público y a las buenas costumbres (art. 953, CCIV.) consistente en el cobro de tasas de interés usurarias, se está en presencia de una conducta insusceptible de convalidación y relativamente a la cual, carece de relevancia jurídica el hecho de haberse omitido la impugnación u observación de los extractos o resúmenes mensuales emanados del banco. Yendo al tema de los intereses, aún interpretando que existió una autorización tácita para un "eventual" reajuste, es indiscutible a la luz del sentido común que ella no podía tener el alcance de otorgar a la institución crediticia la facultad de traspasar las fronteras de la razonabilidad y dar conformidad para el cobro de tasas contrarias al orden público y a las buenas costumbres o, dicho en otros términos, para que incurriera en "usura" insusceptible de cuestionamiento. Así las cosas, si no se pactó tasa, correspondía aplicar la del BNA (art. 565, CCom); y si se estipuló tasa, ella no debe ser contraria a la moral, al orden público y a las buenas costumbres (arts. 21, 953 y cc. del CCIV.). En el caso se hizo mérito de la notable diferencia, en exceso, de las tasas que aplicó el Banco Rural Argentino SA, comparadas con las que percibía el BNA: septiembre de 1984: 67,49%; octubre de 1984: 85,08%; diciembre de 1984: 101,8%; julio de 1985: 52,44%; abril de 1986: 73,60%; mayo de 1986: 91,67%; julio de 1986: 87,10%.