Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-26


EXPEDIENTE N°581: "JOFRÉ Omar y Otro C/ Prov. de San Juan - Contencioso Administrativo en Civil".

PROT.: L. DE SENTENCIAS - T° 1 - F° 12/19 - AÑO 2018.- En la Ciudad de San Juan, a los 26 días del mes de febrero de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo el presidente de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería Dr. Juan Jesús Romero y los Dres. María Josefina Nacif y Roberto Mariano Pagés LLoveras como vocales, a fin de resolver los recursos de apelación interpuestos; a fs. 278, 280, concedidos a fs. 279 y 288 respectivamente en los términos del art. 53 de la Ley 56-O; y el planteado a fs. 282, concedido a fs. 288 con efecto suspensivo, contra la sentencia definitiva dictada a fs. 266/277 vta. en fecha 04 de junio de 2014 por el Sr. Juez titular del 1º Juzgado Civil, en los Autos Nº 74851 (C.C. Sala IV Nº 581) caratulados "JOFRÉ, OMAR y OTRO c/ PROV. DE SAN JUAN -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en CIVIL".

Los recursos deducidos son formalmente admisibles, siendo su tratamiento y resolución de la competencia de esta Sala IV, cuya integración se encuentra consentida y firme como se certifica a fs. 321 de autos. Razones por las que se procederá a su consideración.	LA DRA. MARIA JOSEFINA NACIF DIJO: Habré de determinar en autos si la resolución dictada es ajustada a derecho; y, en su caso, qué pronunciamiento corresponde emitir. Por razones de orden metodológico se procederá en primer lugar a analizar el recurso de apelación planteado por la actora contra la sentencia que rechaza su pretensión y le impone las costas. Definido ello, se procederá al tratamiento de las apelaciones interpuestas por los letrados contra los autos regulatorios contenidos en dicho decisorio.	Antecedentes del caso	a) Surge de las constancias de autos que los Sres. Omar Jofré y Víctor Hugo Marín interponen Demanda Contencioso Administrativa a fs. 06/08 -la que amplían a fs. 12/18 vta.- contra la Provincia de San Juan a efectos que se revoquen los Decretos Nº 1509-G-01 y Nº 0440-6-04 dictados por el Poder Ejecutivo Provincial por los cuales se los deja cesante de las filas de la Policía de la Provincia y se rechaza el Recurso de Reconsideración, respectivamente. Piden se ordene su reincorporación a las filas de la Policía de San Juan con el correspondiente reintegro de sus salarios caídos desde la suspensión de sus funciones hasta la efectiva reincorporación. Asimismo solicitan el cómputo a los efectos jubilatorios del período transcurrido hasta la efectiva reincorporación, y una indemnización en concepto de daño moral por la suma de $20.000 para cada uno de ellos o lo que en más o en menos fije el Tribunal. Formulan reserva para interponer los recursos extraordinarios de la Ley N° 2275 -hoy Ley Nº59 O- y del caso federal del art. 14 de la Ley N° 48.

b) Mediante la sentencia apelada el Sr. Juez de grado rechazó la demanda, mantuvo la plena validez y eficacia de los decretos impugnados, impuso las costas a la actora fundado en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7675 -hoy ley 883 A- y reguló los honorarios de los letrados y del perito intervinientes en el proceso.

Para así resolver, en primer lugar analizó si el proceso sumarial llevado adelante ante la autoridad administrativa fue legítimo, destacando que se respetó en debida forma el derecho a ser oído y a producir pruebas de descargo de los demandados, efectuando un minucioso análisis de lo actuado en el expediente administrativo, concluyendo que el Sr. Jofré en su descargo no ofreció prueba alguna, mientras que el Sr. Víctor Marín produjo la ofrecida.

En segundo lugar expresa que la sanción impuesta encuentra sustento fáctico y jurídico en la prueba rendida en el sumario administrativo, encontrándose acreditado los hechos imputados a los actores -participación en un asado en dependencia policial y consumo de bebidas alcohólicas; utilización del único patrullero para provecho personal del Sr. Marín; etc.-, lo que condujo inevitablemente a proponer la cesantía de los actores.

Puntualiza que no existe arbitrariedad en el Decreto Nº 1509/91, dado que se probaron las diferentes faltas graves imputadas a los actores, como tampoco se violó su derecho a la igualdad, considerando que no se puede revertir vía judicial la sanción impuesta en tanto que acreditados los hechos o faltas endilgadas, corresponde al poder administrador determinar la graduación de la sanción, reservándose a la jurisdicción el control de su legalidad y legitimidad.

Califica a la acción como una aventura judicial iniciada por los actores, imponiéndoles las costas conforme lo dispuesto por el art. 21 de la Ley 7675 -hoy Ley 883 A- por haber litigado sin razón alguna, haciendo incurrir a la demandada y al juzgado en un desgaste jurisdiccional innecesario. Regula los honorarios de los letrados en virtud de lo dispuesto por el art. 188 de la Ley 2150 -hoy art. 13 de la Ley 56 O-, teniendo en cuenta la labor, eficacia, mérito, tiempo y resultado, considerando además en relación a los letrados de los actores la sin razón con la cual litigaron. Al Dr. Claudio Marcelo Álvarez, por lo actuado en doble carácter como apoderado de la demandada, las tres etapas cumplidas y ganancioso, le regula la suma de $7.000. A los letrados de los actores, Dres. Rosana Marsiglio y Carlos Rueda, por su actuación en doble carácter, media etapa (demanda) y perdidosos la suma de $200; al Dr. Ángel Daniel Peña, por lo actuado en simple carácter, etapa y media (ampliación de demanda y prueba) la suma de $400; y a la Dra. Yanina Olmos Bustos por lo actuado en simple carácter en la presentación del alegato la suma de $300. Por último regula en favor del Perito Contador, Dr. Julio N. Daroni la suma de $1.000; calculando todas las regulaciones a la fecha de la sentencia.	Dicho pronunciamiento fue resistido por el apoderado de la Fiscalía de Estado y el letrado renunciante de la actora, Dr. Ángel Daniel Peña, sólo en lo atinente a la regulación de honorarios; y por la parte actora mediante la interposición del recurso de apelación obrante a fs. 282 que fuera concedido a fs. 288 con efecto suspensivo.

A fs. 290/293 se incorpora el memorial de agravios; agregándose su contestación a fs. 298/300.

A fs. 321 vta. el actuario certifica el pase de los autos a resolver.

Agravios	A fs. 290/296 la actora expresa los agravios que le causa la sentencia dictada por el Sr. juez de grado, los que serán subsumidos del siguiente modo:

I) Les agravia que el sentenciante considere que se respetó su derecho a la legítima defensa en el sumario administrativo, siendo que no se les permitió producir prueba ofrecida fundándose la autoridad policial en que era meramente dilatoria. Tampoco se les realizó examen médico para dejar constancia del estado de embriaguez que les atribuyeron al momento del suceso por falta de movilidad, lo que no les es imputable, concluyendo que no existe prueba fehaciente del estado de embriaguez que se les endilgó.

II) Consideran que existe falta de proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción aplicada, ya que en la reglamentación policial es la máxima sanción, cuando no se les permitió ofrecer prueba que haga a su defensa ni tampoco se acreditó que se encontraran en estado de embriaguez prestando funciones. Consideran que existen faltas mayores, como es la comisión de un ilícito, las que siguen impunes en su accionar; y si lo que se quiere es un acto ejemplificador debieron ser cesanteados todos los partícipes del asado, recordando que el Comisario Flores era su superior jerárquico, por lo que los actores le debían obediencia para trasladarlo; sanción que les causa perjuicio evidente.

Desarrollan las pautas a tener en cuenta a la hora de valorar la graduación de una sanción a un agente público, y que consideran que en su caso no se valoró. Transcriben jurisprudencia que consideran aplicable y los arts. 45, 47, y 64 del Régimen Disciplinario de la Policía de San Juan - Ley 5421, concluyendo que debieron sancionarlos con una pena menor a la impuesta, lo que solicitan que la Cámara así resuelva, declarando nula la resolución de cesantía por exceso de punición.

Por último peticionan para el supuesto que se considere que no se agotó la vía administrativa que por motivos de congruencia se aplique el criterio jurisprudencial que declara estéril el cumplimiento de ese recaudo cuando de los términos de la contestación de la demanda se convierte en un inoperante ritualismo.

III) En tercer lugar se agravian de la imposición de costas dispuesta por el a quo con fundamento en el artículo 21 de la Ley 7675, ya que es clara la disposición del art. 20 ibid que las impone por su orden, dado que los actores se vieron obligados a la revisión judicial de la decisión que les impuso la cesantía en sus funciones en tanto no se les respetó las garantías mínimas del procedimiento disciplinario, como también le impuso la sanción máxima excediéndose la administración en sus facultades disciplinarias en razón a la acción cometida, antecedentes de los actores y la sanción resuelta, por lo que sí hubo razón para litigar y reclamar porque se creían con derecho.

Contestación de los agravios: En primer lugar contesta el apoderado de la Fiscalía de Estado que el recurso debe ser rechazado por no reunir las exigencias mínimas del artículo 253 del C.P.C. y porque no se refutaron ninguno de los argumentos utilizados por el Sr. Juez de grado para fundar su decisión.

Del primer agravio afirma que no se ocupa de rebatir ni explicar porqué afirma que no se respetó su derecho de defensa ni cuál es la situación que varía respecto de la realización de las pruebas de alcoholemia. Destaca que los actores en sede administrativa produjeron sus descargos sin ofrecer prueba, lo que tampoco hicieron en sede judicial; reconociendo además que su actitud merece sanción pero no la que se les aplicó.

Del segundo agravio les resulta llamativo que los actores no hayan manifestado en la demanda ni en la ampliación que no se les permitió producir prueba ni se les hizo la alcoholemia. Por los argumentos expuestos en dicha presentación solicita el rechazo del recurso, con costas. Deja introducida la reserva constitucional.	Tratamiento de los agravios.

Ingresando al estudio del recurso concedido a la actora, previo a todo, estimo oportuno referirme al contenido del memorial de agravios según lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 253 del C.P.C.

Dicho dispositivo prevé expresamente que el memorial de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la apelante considere equivocadas. Asimismo establece que la recurrente debe refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación a las cuestiones planteadas.

De los términos expuestos por la apelante al momento de fundar el recurso de apelación surge que no ha dado cumplimiento a la manda legal referida. No ha impugnado los fundamentos fácticos, ni jurídicos, en los cuales el juez a quo ha sustentado el fallo emitido; advirtiéndose -de la detenida lectura del memorial- que la apelante manifiesta una disconformidad con lo resuelto por la juez a quo; llevando a cabo un razonamiento paralelo al que efectuó la sentenciante en el pronunciamiento impugnado.

"La expresión de agravios no debe ser una fundamentación paralela al razonamiento del juez, sino que debe cruzar tal razonamiento, demostrando el error del juez" (Código de Procedimientos Civil, Comercial y Minería, comentado por el Dr. Jaime A. Velert F. y colab., Tomo 2, volumen "A", pág. 144).

"La apelación padecerá de insuficiencia, si la parte se limita a reiterar argumentos anteriores sin hacerse cargo de las razones vertidas en la sentencia..." (Cám. 2 Civ. y Com. de la Plata, Sala III, 21/2/91, "Sierra Héctor C/ Ruiz Julián - Cita efectuada en el Código de Procedimientos Civil, Comercial y Minería, comentado por el Dr. Jaime A. Velert F. y colab., Tomo 2, volumen "A", pág. 145).

Considero que no rebatió el argumento central -en el cual el juez a quo fundó el fallo luego de realizar un exhaustivo análisis del sumario administrativo- relativo a que la sanción de cesantía dispuesta por la autoridad administrativa responde a la prueba colectada en el sumario respectivo que corroboran las gravísimas faltas que se les imputan a los actores, haciendo hincapié el sentenciante que las pruebas debieron ser rendidas y aportadas en la etapa oportuna, esto es, durante la tramitación del expediente administrativo.

También advierto que el memorial reitera cuestiones ya planteadas al contestar la demanda, como que no fue respetado el derecho a la legítima defensa en el sumario administrativo, sin aportar nada nuevo, dado que si les fue denegada prueba en sede administrativa como afirman, debieron en tal caso interponer los recursos administrativos pertinentes a efectos que la misma se produzca. En este punto debo además señalar, como precisa el Sr. Juez de grado, que el Sr. Omar Jofré al formular su descargo no ofreció prueba alguna -ver fs.147/148 del Expte. Administrativo 206-542-00 que tengo a la vista- y respecto del Sr. Marín, la prueba por él ofrecida se encuentra rendida en esas actuaciones; todo lo cual afecta la apelación de insuficiencia e improponibilidad.	"En ausencia de fundamentos específicos referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada (LL, 1983-C-221); debiendo reiterarse que resulta imperativo satisfacer la carga procesal de demostrar los agravios respecto de las motivaciones básicas de la sentencia, la cual no puede ser suplida haciendo hincapié en aspectos secundarios y en circunstancias que carecen de relevancia, pues de lo contrario quedan firmes" (LL, 1993-A-404)" (Código de Procedimientos Civil, Comercial y Minería, comentado por el Dr. Jaime A. Velert F. y colab., Tomo 2, volumen "A", pág. 146). (Autos N° 124663/CA - C.C. Sala IV Nº 814 - Juzgado Contencioso Administrativo, caratulados "Arias Dora Mercedes C/ Provincia de San Juan - Amparo por Mora (en cont. adm)" Prot.: L. de Autos T°II F° 58/61 año 2016).

Criterio que ya ha sido sostenido por esta Sala en diversos pronunciamientos, como en autos Nº 531, Sala IV, del juzgado Contencioso Administrativo, caratulados "PAEZ JESUS ARIEL RAÚL C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO".- PROT.: L. DE SENTENCIAS - T° I - F° 149/156 - AÑO 2016.-	También consideró concienzudamente el juez de primera instancia toda la prueba aportada a la causa, relativa a las faltas graves que se les imputan a los actores, no logrando el apelante con las explicaciones dadas conmover la decisión adoptada en la sentencia apelada. En cuanto al planteo que formula el apelante sobre la falta de proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción aplicada, comparto la apreciación del Sr. Juez de grado, al considerar que "tampoco se puede revertir, vía judicial, la sanción impuesta en tanto que, acreditados los hechos y/o faltas que se les endilgaron a los actores, corresponde al Poder administrador determinar la graduación de la sanción". (sic fs. 276, punto VIII, apart. 2º).

"Si el accionante incurrió en las faltas imputadas por la autoridad administrativa, guardando correspondencia el acto impugnado con los datos reunidos por la Instrucción cuando, como en el caso, los mismos no fueron rebatidos en modo alguno por el interesado. Siendo ello así, no resulta contraria a derecho la decisión que teniendo tales antecedentes aplicó la sanción de cesantía y la legitimidad con que la autoridad administrativa dictó el acto sancionatorio, integrándolo con los antecedentes reunidos por la instrucción sumarial y subsumiéndolo en la norma legal que tipifica la falta" SCBA, B 56305 S Fecha: 29/09/1998 Juez: GHIONE (SD) Carátula: Merguin, Osvaldo Héctor c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa PUBLICACIONES: DJBA 155, 414; A. y S. 1998 V, 358 Mag. Votantes: Ghione-Pettigiani-Laborde-de Lázzari-Hitters.

En el caso no puede soslayarse que los actores incurrieron en las faltas que se les imputan, violación al deber de "mantener en la vida pública y privada el decoro que corresponde para poder cumplir eficientemente las funciones policiales" (art. 28 inc. d y g de la Ley 298-R) en oportunidad de encontrarse prestando servicio, conductas que tomaron estado público, y constituyen un desprestigio para la institución policial. Dice la jurisprudencia que: "Atento a las circunstancias que dieron lugar a la sanción de cesantía si la conducta del actor era susceptible, objetivamente, de justificar la desconfianza de sus superiores y afectar el prestigio de la institución, la cesantía dispuesta no puede ser calificada de arbitraria ni irrazonable (Fallos: 305:102) (Del voto del juez López Castiñeira, cons. VIII). Auto: "Y barra, Eduardo Horacio c/ E.N. -PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg". - C.NAC.CONT.ADM.FED. - Sala: Sala II. - Mag.: Márquez, López Castiñeira. - Fecha: 06/07/2010 - Nro. Exp. : 17.802/05.

"La inconducta notoria constituye un grado más acentuado de la mera inconducta que se revela de manera manifiesta como un vicio moral en el modo de gobernar su vida y conducir sus acciones y, en cuanto a aquellas faltas que perjudiquen material o moralmente a la Administración, la gravedad de la sanción tiende a evitar el descrédito de la función administrativa." SCBA, B 50433 S Fecha: 13/05/1988 Juez: LABORDE (SD) Carátula: Gómez, Ricardo Héctor c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda Contencioso Administrativo PUBLICACIONES: A. y S. 1988-II, 208 Mag. Votantes: Laborde - Negri - Cavagna Martinez - Vivanco - San Martín. Motivos que me llevan a la convicción de pronunciarme por el rechazo de los dos primeros agravios.

Corresponde ahora el tratamiento del tercer agravio que formula el apelante en contra del decisorio apelado, en cuanto el a quo le impone las costas del proceso fundado en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 883-A., entendiendo que debe aplicarse el principio general que consagra el art. 20 ibid.

Al respecto, estimo oportuno citar lo resuelto por la Sala Primera de la Corte de Justicia de la Provincia en Autos N° 6564 caratulados "Atampis Hugo Ángel C/ Provincia de San Juan - Daños y Perjuicios S/ Inconstitucionalidad" en fecha 20/09/16 (PRE S. 1º 2016-II 264). Allí, nuestro máximo Tribunal sostuvo que ".....debiendo el litigio ser resuelto por sentencia, las costas se imponen en el orden causado por voluntad de la ley (art. 20), ya que en esta etapa la voluntad de las partes no impera como en la primera secuencia del proceso. Esta regla general reconoce excepciones para aquellos supuestos en que las partes incurren en conductas reprochables y lesivas para el orden del proceso (art. 21). Vale decir, se adopta el criterio de imposición de costas según elementos subjetivos configurativos de responsabilidad por los que el autor debe responder: debe cargar con las costas quien viole los principios de lealtad, buena fe, ética y moralidad, que instituyen los códigos procesales, o bien quien actúe con negligencia o notorio desconocimiento del derecho."	En el sub lite, a mi criterio, no se configura esta hipótesis de excepción tal como lo ha sostenido nuestro máximo tribunal, ya que el argumento del juez de grado estriba en la circunstancia que -según entiende- los actores litigaron sin razón alguna "haciendo incurrir a la demandada y en especial al Juzgado en un desgaste jurisdiccional innecesario" (sic punto X) fs. 277). Además los actores acudieron a la jurisdicción en resguardo de los derechos que consideraron conculcados con la decisión administrativa que ordenó su cesantía, sin que ello importe incurrir en ninguna de las conductas que tipifica el artículo 21, por las que se admite su aplicación. No empece a esta conclusión el resultado al que se arriba respecto de la sanción aplicada; lo contrario importaría vulnerar la garantía de la defensa en juicio que es deber de la jurisdicción tutelar.

Por los argumentos vertidos precedentemente me pronuncio por la admisión del tercer agravio, y en consecuencia opino debe ser revocado el punto 2) del resolutorio apelado, debiendo ser impuestas las costas en el orden causado, conforme lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 883-A.

Atendiendo al resultado arribado y en virtud de las previsiones del art. 20 de la Ley 319-E también corresponde revocar los honorarios regulados en el punto 3) del resolutorio, al apoderado de la Fiscalía de Estado, Dr. Claudio Marcelo Álvarez ; deviniendo en abstracto el tratamiento del recurso de apelación planteado por dicho letrado a fs. 278.

Costas y Honorarios: Respecto de las costas de la alzada entiendo que deben ser impuestas en el orden causado, por resultar de aplicación al caso el principio general consagrado en el art. 20 de la Ley 883-A. En relación a los honorarios de la letrada de los actores, Dra. Yanina N. Olmos Bustos, estimo que corresponde regular a su favor el 30% de la totalidad de los honorarios regulados en la instancia de grado {cfr. art.21 inc. a) de la Ley 53-O}; no correspondiendo regular honorarios al letrado de la Fiscalía según lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 319-E.

Finalmente en cuanto al recurso de apelación deducido por el Dr. Ángel Daniel Peña por considerar bajos sus honorarios considero que, atendiendo la labor realizada por el letrado, circunscripta a la etapa de ampliación de demanda y actuaciones de prueba, el carácter simple en que intervino, los parámetros que al respecto fija el art. 13 de la Ley 56-O, dado que la cuestión en sí misma carece de contenido económico, el éxito obtenido -como perdidoso (art. 15 ibid)- y lo dispuesto en el artículo 22 primer apartado de la ley arancelaria, los emolumentos fijados por el Sr. Juez de grado deben ser confirmados, razón por la que me pronuncio por el rechazo del recurso. No debiendo regularse honorarios por su labor en esta instancia atento lo dispuesto por el art. 53 de la Ley 56-O.- Así Voto.

EL DR. JUAN JESÚS ROMERO DIJO: Por razones análogas voto en el mismo sentido.

EL DR. ROBERTO MARIANO PAGÉS DIJO: Por compartir plenamente los fundamentos vertidos por los miembros preopinantes, adhiero a lo resuelto en el presente recurso.

Por el mérito de la votación que antecede: SE RESUELVE: I) Hacer lugar parcialmente el Recurso de Apelación planteado a fs. 282. Revocar el punto 2) de la sentencia de fs. 266/277 vta. imponiendo las costas del proceso en ambas instancias en el orden causado (cfr. art. 20 de la Ley 883-A). II) Revocar la primer parte del punto 3) de la sentencia que regula honorarios en favor del Dr. Claudio Marcelo Álvarez (cfr. art. 20 Ley 317-E), deviniendo en abstracto el tratamiento del recurso de apelación planteado por dicho profesional. III) Rechazar el recurso de apelación impetrado por el Dr. Ángel Daniel Peña contra los honorarios regulados a su favor los que se confirman. IV) Regular los honorarios profesionales del apelante -Dra. Yanina N. Olmos Bustos-, por su actuación en esta instancia, en el 30% de los honorarios regulados en la primera instancia (cfr. arts. 21 inciso "a" y 47 de la Ley n° 56-O). No regular honorarios a favor del apoderado de la accionada -Dr. Claudio Marcelo Álvarez- por la actuación llevada a cabo en la Alzada en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley n° 319 -E.

Protocolícese, notifíquese, y bajen los autos al juzgado de origen.