Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-07


Autos N° 22.015 (N° 137282 - 3 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "CAMILLERI Mario Humberto C/ Camilleri Eduardo Emilio S/ Cumplimiento de Contrato" En la Ciudad de San Juan, a 07 días del mes de agosto del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el señor Presidente, Dr. PASCUAL ALFERILLO y el señor Vocal, Dr. GILBERTO RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 85 de los autos N° 22.015 (N° 137282 - 3 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "CAMILLERI MARIO HUMBERTO C/ CAMILLERI EDUARDO EMILIO S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", contra la resolución dictada en fecha treinta de mayo de dos mil catorce, obrante a fs. 78/83, de estos autos originarios del Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. PASCUAL ALFERILLO dijo:

Vienen en apelación estos autos donde el juez a quo resolvió: 1) Tener presente el allanamiento formulado por la demandada; 2) Hacer lugar a la presente demanda y fijar como fecha de inicio de cumplimiento de la primera cuota el 20 de julio de 2014 con vencimiento las 19 restantes cuotas, los días 20 de cada mes subsiguiente y consecutivos; 3) Aclarar que en caso de incumplimiento en el plazo y en la forma dispuesta, se continuará la causa conforme lo dispuesto por el art. 475 del C.P.C; 4) Imponer las costas por el orden causado por las razones expuestas supra; 5) Regular los honorarios en los términos expuestos en los considerando de la presente. Protocolícese, déjese copia en autos y notifíquese.

Contra dicho pronunciamiento se alzó el actor a fs. 85, y expresó agravios a fs. 90/92.

Señala que le agravia la sentencia dictada en relación a la imposición de costas. Centra su crítica en que si no hubiera remitido carta notarial, no habría logrado la entrega de la cosa debida por la demandada. Señala que el sentenciante se equivoca al señalar que el allanamiento efectuado por las herederas del demandado fue liso y llano, ya que estaba condicionado a la aceptación por parte del actor de una cosa distinta a la que se había obligado.

Agrega que la propuesta de pago que formularon al contestar la demanda es distinta a la obligación asumida en el convenio cuyo cumplimiento se solicitó.

Solicita se impongan las costas a la demandada.

En segundo lugar critica el monto fijado por el juez aquo al fijar los honorarios en la suma de $5000, al indicar que la cuestión carece de contenido económico. Entiende que es equivocado el criterio al aplicar el art. 188 de la ley 2150.

Los agravios fueron contestados a fs. 98/100 y adjudicados a estudio los autos a fs. 117.

Tratamiento de los agravios:

1-Primer agravio: Está referido a la imposición de costas.

Principio por sostener que el allanamiento es un instituto contemplado en el art. 271 de la ley ritual el que, producido y dictada la correspondiente sentencia consecuente, implica un modo anormal de terminación del proceso.

Sin ninguna duda que este instituto resulta aplicable a todos los procesos normados en la ley formal, pues fácil es colegir que es tratado en su parte general bajo el Título V Capítulo II art. 271.

El demandado, en cualquier proceso judicial, puede tomar una particular actitud, cual es la de someterse a las pretensiones esgrimidas por la parte actora.

Ahora bien, resultando el allanamiento un "acto unilateral voluntario del demandado, ello no implica que admita la verdad de los hechos expuestos en la demanda, ni siquiera reconocer su derecho. Con él se quiere evitar la contienda judicial" (Cód. Procesal Civil, Comercial y Minería de San Juan, comentado, Jaime Velert F.; Roberto Pagés Lloveras, Gustavo A Velert B., Tomo 2 A pág. 277).

Es decir que, formalizado el allanamiento, debe considerarse por el Juez cual es el comportamiento procesal del accionado, además de merituar los requisitos exigidos por el Instituto como para dictar la sentencia consecuente.

En autos a fs. 15/17 la parte actora inició demanda de fijación de plazo y de cumplimiento de contrato, de conformidad a lo dispuesto en el art. 509 del C.Civil), contra el señor Eduardo Camilleri, en fecha 15 de marzo de 2013, allanándose a fs. 48/55 las demandadas (herederas del Sr. Emilio Camilleri)y ofreciendo también una propuesta de pago en fecha 9 de octubre de 2013.

El allanamiento analizado, no está sujeto a condición alguna, pues manifiesta en términos claros y precisos que se allana en forma "lisa e incondicionada" a la pretensión actora de entrega de 8946 mts 2 de 3/4 pulgadas de machimbre, situación que fue reconocida a fs. 61 por la parte actora. El hecho de que también haya efectuado una propuesta de pago diferente, no le priva del carácter de liso e incondicionado al allanamiento efectuado como pretende el agraviado.

Conforme lo exige la ley, el A-quo dictó la sentencia correspondiente (art. 271 C.P.C)(988-O) (fs. 78/83), teniendo por allanada a la parte demandada en autos a las pretensiones del actor, fijando como fecha de inicio de cumplimiento de la primera cuota el día 20 de julio de 2014, con vencimiento las restantes 19 los días 20 de cada mes subsiguiente y consecutivo e impuso las costas en el orden causado. Adquirió así el carácter de efectivo.

El allanamiento, para eximir del pago de las costas, debe ser real, oportuno y efectivo, siendo preciso además, que el deudor no hubiere incurrido en mora ni hubiese dado lugar por su culpa a la reclamación.

Esta Sala ha sostenido que "Jurisprudencia y doctrina están contestes en que para que el allanamiento tenga la virtualidad de liberar de costas al allanado, debe reunir ciertos recaudos tales como: ser REAL -que extinga el proceso tornando procedente la prestación reclamada por el adversario-; INCONDICIONAL -que no se somete al cumplimiento de ningún acto sustancial ni procesal de la otra parte-, OPORTUNO -que importe una sumisión el primer requerimiento idóneo del acreedor, judicial o extrajudicial, EFECTIVO -ir seguido del cumplimiento de la prestación debida- y debe ser realizado por quien no está incurso en mora ni hubiere dado lugar con su actitud culpable a la reclamación." (autos Nº 17.413 (N° 56.517-8° CIVIL) "Consorcio Barrio Los Olivos c/ Lafont, Omar Luis - Escrituración - Sumario" L. de S, T° 86, F° 86/90 - Fecha: 31/10/03).

Dicho esto, corresponde analizar si la parte demandada efectuó las tratativas correspondientes , en la inteligencia de evitar un pleito.- Ahora bien, puede inferirse de los antecedentes reseñados en autos, que el señor Emilio Camilleri,(demandado en autos) fue invitado en fecha 18 de septiembre de 2012, a dar cumplimiento al acuerdo celebrado en fecha 1 de noviembre de 2011, en la que se obligó a compensar los derechos sucesorios y cancelar el crédito de legítimo abono, con el material referenciado precedentemente.

Si bien en el convenio celebrado no se fijó fecha de cumplimiento, por lo que de conformidad al art 509 del C.C tercer párrafo, el juez es quien debe señalar el tiempo en el cual debe cumplir con su obligación, de la naturaleza del convenio celebrado se infiere que tratándose de compensación de bienes sucesorios, su cumplimiento era inmediato.

En consonancia con lo dicho, y teniendo en cuenta que el art. 1198 del Código Civil estatuye que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y previsión, se infiere que el contrato celebrado entre los hermanos Camilleri era de cumplimiento inmediato, por lo que el demandado no podía diferir la postergación de hacer efectivo el pago en forma indefinida.

Esta Sala ha sostenido que: "este mandato legal permitió a este tribunal precisar que "para descubrir el verdadero sentido y finalidad de la contratación resulta relevante para la jurisdicción, no solo la letra y contenido de los instrumentos que se presenten sino las conductas de éstas en punto a la ejecución del convenio. Además de ello, la declaración de voluntad debe ser interpretada con criterio profano, como lo haría una persona razonable que no sabe de leyes pero si de la vida que le permite conocer la manera usual de obrar de la gente en determinado círculo y conforme las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, las contrataciones deben ser interpretadas en un sentido llano, ordinario, lato sin argucia hermenéutica que pretendan modificar el sentido final del convenio..." (L. de S. Tº 77 Fº 53/58 - 3 de marzo 2000; P.E.A., "Introducción al Derecho Civil", Univ. Nac. San Juan, 2000, pág. 200). Reitero que tratándose de un convenio en el que se pretendía compensar derechos sucesorios, si bien no estaba fijado la fecha de cumplimiento, y siendo que el señor Camilleri no colaboró a los fines de fijar la fecha de inicio de cumplimiento, a pesar de haber sido invitado a ello, (luego de transcurrido 10 meses desde la celebración) entiendo que el demandado Camilleri, con su actuar dio lugar a la iniciación de la presente causa.

Habiendo fallecido el señor Emilio Camilleri, se operó la transmisión de los derechos y obligaciones a sus herederas forzosas en forma inmediata y automática, sin mediación de tiempo alguno, conforme la doctrina que se desprende de los arts. 3262; 3263; 3265 y 3282 del Código Civil, en especial la nota a éste último.

Ellas se encuentran investidas de la posesión hereditaria por la ley automáticamente y las legitimadas para ser demandadas por las deudas del causante; y las consecuencias emergentes del patrimonio relicto.

Teniendo en cuenta lo antes dicho, entiendo que el demandado (Sr. Camilleri) ha dado lugar a la reclamación efectuada en autos, por lo que propicio este agravio debe prosperar. Si bien las demandadas tuvieron la clara intención de allanarse, el causante pudo evitar la contienda judicial, dando cumplimiento a lo pactado, por lo que se evidencia una demora injustificada en ellas, que impide eximirla de las costas.

"Para que el allanamiento habilite la eximición de costas deben cumplirse diversos recaudos: ser expreso, sin reticencias, categórico y terminante; y además, es preciso que el demandado no hubiese dado lugar por su culpa a la reclamación, o se encontrare incurso en mora al tiempo de conocer la pretensión judicial". CC0000 TL 10083 RSD-20-95 S. Fecha: 20/08/1991. Juez: MACAYA (SD). Carátula: Pieres, Enrique c/ Lapena, José Ernesto s/ Preparación vía ejecutiva. Mag. Votantes: Macaya - Casarini - Lettieri. (Lex Doctor, Voces: Allanamiento + costas).- Por ello considero errada la solución dada por el sentenciante, y propicio este agravio debe prosperar e imponer las costas a las demandadas.

2- Segundo agravio:

Cuestionan los recurrentes el importe regulado en concepto de honorarios por su actuación profesional, por cuanto entienden que la acción intentada tiene contenido económico.

Habiéndose allanado la demandada a las pretensiones de la actora, debe estarse a la demanda, para determinar cual es el monto del juicio.

La actora optó al interponer la demanda por demandar conjuntamente la fijación de plazo y cumplimiento de contrato.

En el caso de estudio, la opción efectuada por el recurrente no puede influir por su sola voluntad en darle a la causa contenido económico. Efectivamente, el hecho de ejercer la opción prevista por el art. 509 del C.Civil, no puede serle perjudicial al recurrido.

Entendiendo que el proceso de fijación de plazo no pretende la incorporación de bienes materiales al patrimonio del apelante, sino determinar y fijar el día de plazo para el cumplimiento de lo acordado por las partes.

A fin de dilucidar si el importe fijado por el a quo resulta bajo, las actuaciones efectuadas por la profesional deben ser analizadas a la luz de las pautas dadas por el art. 188 de la ley 2150 ya que carecen de contenido económico.

Así lo ha entendido esta Sala al expresar: "... el art. 188 de la Ley 2150, que da las pautas para la regulación de trámites sin contenido patrimonial, vinculan el trabajo realizado, con la naturaleza, la complejidad del asunto o proceso, el resultado obtenido, la calidad, la eficiencia y la extensión del trabajo desarrollado, la relación de esta labor con el principio de celeridad procesal y la trascendencia jurídica, moral y económica que el asunto o proceso tuviera para casos futuros, para el cliente y para la situación económica de las partes. (Autos N° 20.203 (N° 19.070 - 3º Civil) "Paez, Santos Marino c/ García, Juan Antonio y otra - Escrituración", L. de A. T° 169, F° 153/154 - Fecha: 23/11/09).

Lo apuntado, no significa desconocer, la trascendencia económica que para la interesada reviste la cuestión debatida (art. 188 inc. "c" ley 2150).

No puede tener contenido económico las actuaciones realizadas por los abogados de la parte actora, desde que su principal actuación fue la de lograr que el juez aquo fijara el plazo de cumplimiento, y desde el vencimiento de esas fechas se ejecutaría el cumplimiento del contrato.

Por lo tanto, las actuaciones realizadas no han tenido por virtualidad producir consecuencias patrimoniales directas, vale decir, cuando por imperio de esa actuación profesional se integra un bien, se incorpora directa e inmediatamente una suma de dinero o se reconoce un crédito a favor de quien representara o, a la inversa, queda liberada de una concreta pretensión de contenido patrimonial, que puede constatarse y cuantificarse con miras a la regulación de honorarios extrajudiciales.

Opino que la valoración cuantitativa realizada por el a quo es acertada y adecuada a los trabajos llevados a cabo por los profesionales y ajustado a las pautas señaladas en la norma arancelaria citada (el tiempo probablemente insumido en las tareas efectivamente realizadas, la trascendencia moral y la posición económica de la parte obligada al pago), por lo que debe ser confirmada.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde hacer lugar parcialmente al recurso e imponer las costas a la parte demandada y confirmar los honorarios regulados en primera instancia. Regular los honorarios al Dr. Marcelo Navas y Miguel Davila, por lo actuado en segunda instancia, en doble carácter y en forma conjunta en el 40% de lo regulado en primera instancia, y al Dr. Roberto Tabachnik, por lo actuado en esta instancia, en doble carácter en el 30% de lo regulado en primera instancia.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar parcialmente al recurso e imponer las costas a la parte demandada y confirmar los honorarios regulados en primera instancia. II) Regular los honorarios al Dr. Marcelo Navas y Miguel Davila, por lo actuado en segunda instancia, en doble carácter y en forma conjunta en el cuarenta por ciento (40%) de lo regulado en primera instancia, y al Dr. Roberto Tabachnik, por lo actuado en esta instancia, en doble carácter en el treinta por ciento (30%) de lo regulado en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A; T° I-2015; F°192/196; FECHA:7 de agosto de 2015 DRES.ALFERILLO-RIVEROS