Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-12


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 12 de 2007.

Considerando: I. Contra la resolución de fs. 112/113, en cuanto concede el beneficio de litigar sin gastos requerido por el actor en forma parcial -en un 50%- se alza tanto éste último como el co-demandado Osvaldo Alfredo Brea, expresando agravios el primero a fs. 116/117, cuyo traslado fuera contestado a fs. 121/122, en tanto los expuestos por el segundo a fs. 125/126, no fueron replicados por la contraria, obrando a fs. 140 el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara.

II. Esta Sala ha expuesto en anteriores ocasiones que quien afirma no poder afrontar los gastos del juicio debe explicar claramente cuál es su situación económica, indicando fehacientemente sus ingresos o medios de subsistencia y la integración de su patrimonio ya que tales explicaciones resultan necesarias para valorar la veracidad de lo afirmado en orden a obtener la dispensa en el pago de la tasa judicial y, eventualmente en las costas del pleito (conf. expte. nº 101.079, 28/2/92; 80.035, 18/11/2005, 5.733, 13/07/2007, entre otros).

Se puede agregar que peticiones como la presente dependen de la actividad probatoria de quien las requiere, la que puede ser fiscalizada y controvertida mediante el ofrecimiento de prueba por su oponente, por lo que no reviste el carácter de mera información sumaria en la cual el sentenciante se limita a aprobar los dichos de los testigos. Por el contrario en procesos de esta naturaleza el magistrado resuelve según el mérito de la prueba aportada la que debe evaluar y considerar en su eficacia convictiva para arribar a la conclusión concesoria que, por sus consecuencias en el orden patrimonial de los intervinientes del pleito, requiere plena convicción en tal sentido.

El art. 78 del Código Procesal exige, como recaudo para que proceda el beneficio de litigar sin gastos, que quien lo solicita carezca de recursos, aunque no obsta a su concesión la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera sea el origen de sus ingresos.

La procedencia del beneficio debe juzgarse en relación directa con la importancia de la demanda en la que intervendrá el peticionario, pues está destinado a asegurar la defensa en juicio, que se vería frustrada si no se contara con los medios necesarios para afrontar los gastos que comportan. De allí que el legislador haya delegado en el prudente arbitrio judicial la apreciación de la prueba pudiendo el Juez acordar el beneficio total o parcialmente o en su caso, denegarlo, según la cuantía de los ingresos, si los hay, y en función de la importancia económica del juicio (CNCiv., Sala E, junio 26-995 "Silva, Carmen L. c. Silva, Carlos A").

Además cabe advertir que cuando la situación económica del peticionario no aparece tan apremiante que le impida soportar, por lo memos en parte, los gastos del proceso, el beneficio de litigar sin gastos debe ser concedido en forma parcial. Tal el caso de autos.

Consecuentemente, la resolución en crisis merece su confirmatoria pues del cotejo de la prueba colectada en este incidente, la entidad de los juicios iniciados y lo dictaminado por el Sr. Representante del Fisco a 105 vta., ponen en evidencia que el actor -Edison Dario Soffita Larrama- es casado y vive con su esposa y dos hijas en un departamento que denuncia ser alquilado.

Que asimismo y en relación a la composición de su patrimonio, el actor informa a fs. 12 que no tiene ningún bien inmueble ni mueble registrable ni automotor, como asimismo no posee titularidad en cuentas o inversiones bancarias o financieras.

Ahora bien, con respecto a la situación relativa a los bienes inmuebles, corresponde puntualizar, que si bien es cierto, que el actor resultó -conforme surge del informe rendido a fs. 16/19., propietario de un departamento con una superficie total de 116 m2, ubicado en Avda. Cabildo 510/12 -entre Maure y Gorostiaga- Unidad Nº 24, Piso 13, de esta Capital Federal, no lo es menos, que de conformidad con lo que resulta del informe expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, obrante a fs. 40/44, (asiento nº 9) tal inmueble fue objeto del negocio jurídico "compraventa" en agosto de 2001 por la suma de dólares estadounidenses ciento ocho mil (U$S 108.000).

Va de suyo entonces, que tal circunstancia descripta precedentemente, esto es, -la venta de una propiedad que estaba en cabeza del aquí peticionario- hace presumir lógicamente el ingreso a su patrimonio de una masa de dinero con su consiguiente disponibilidad, pero no puede dejar de soslayarse sobre este punto, la manifestación formulada por el recurrente en su memoria a fs. 117 punto d) en el sentido del destino que habría tenido la suma cobrada por dicha operatoria "al pago de deudas pendientes", y lo que surge a su respecto del informe obrante a fs. 95/97.

Por último y en relación a las actividades laborales que desempeña el actor, cabe destacar, tal como surge del escrito de inicio, manifestación de fs. 12, -en cumplimiento con lo ordenado a fs. 11- y declaraciones testimoniales rendidas por Miguel Angel Vattuone (fs. 28) y Hugo Omar Masitto (fs. 29), que el mismo se dedica a la venta de diarios, revistas y afines en un Kiosco sito en la Avda.Pueyrredón frente al Nº 1425 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Ahora bien y siempre con respecto al trabajo del accionante, cabe poner de manifiesto, que por las características propias de dicha actividad , la misma no lleva libros de comercio y la ganancia del "kioskero" es un porcentaje de los montos que vende y lo que no se vende se devuelve a la distribuidora que lo abastece o provee de material; de allí que resulta factor útil para determinar la cuantía de las entradas resultantes de dichas labores, como así también las eventuales deudas que se pudieran contraer por mercaderías entregadas, el informe rendido por la "Cooperativa de Trabajo Distribuidora de Diarios y Revistas La Recova Ltda" obrante a fs.95/97, de donde surge entre otros ítems, tanto el movimiento diario del vendedor, los pagos realizados, como así también la deuda acumulada dentro del período 15/08/2000 hasta el 23/10/2000 que ascendió a la suma de $14.588,77, saldo negativo éste, que fuera puesto de manifiesto por el anterior sentenciante en el interlocutorio impugnado y que constituye un extremo de particular relevancia a la hora de decidir la capacidad económica del solicitante de la franquicia de litigar sin gastos, pues en la materia que nos ocupa es importante considerar tanto el importe que se deberá pagar por la tasa de justicia como también los demás gastos que se devenguen durante el trámite de los procesos principales y las posibilidades reales con las que cuenta el solicitante para hacer frente a dichas erogaciones, máxime, si se tiene en cuenta, que en el caso a estudio y tal como se expusiera en los párrafos precedentes y surge de las constancias probatorias arrimadas al presente, la actora ha denunciado y tenido que afrontar la deuda antes reseñada.

En mérito a lo expuesto, pareciera que del material probatorio colectado en la causa, el peticionante no estaría en condiciones de afrontar la totalidad de los gastos que se deriven de los procesos principales, pero ello por sí solo, no es suficiente para otorgarle al accionante el beneficio en su totalidad, toda vez, que no existen elementos de juicio que permitan a los suscriptos considerar que el mismo no esté en condiciones de asumir, aunque sea en parte, los riesgos de sus pretensiones, máxime si se tiene en cuenta, que el instituto de que se trata comprende un privilegio restrictivo y excepcional y el actor no ha demostrado que se encuentre absolutamente imposibilitado de obtener recursos para enfrentar las contiendas judiciales (doct. art. 79 del ritual).

Por lo tanto, compartimos el correcto análisis efectuado por el magistrado en su sentencia, como así también lo dictaminado por el organismo de determinación y recaudación de la tasa de justicia a fs. 105 vta, lo cual lleva a concluir, que tan injusto sería rechazar el pedido de litigar sin gastos como pretende la demandada en su memoria de fs. 125/126, como concederlo en forma total como aspira la actora a fs. 116/117, pues sin perjuicio de destacar que los argumentos sostenidos por ambas partes, en apoyo de sus respectivas pretensiones, no logran conmover los sólidos fundamentos tenidos en mira por la anterior sentenciante al dictar el interlocutorio cuestionado, forzoso resulta concluir, que en el caso a estudio, su denegación tornaría sumamente gravoso para el actor los gastos que irrogare la tramitación de los dos procesos principales seguidos entre las mismas partes sobre daños y perjuicios, teniendo en cuenta la entidad del monto reclamado en el -expte. nº 73.939/2001- ($34.700) y en el expte. nº 48.876/2.003 ($40.000) lo que totaliza la cantidad de $74.700, lo que importaría tener que sufragar en concepto de tasa de justicia por ambos pleitos la suma de$ 2241 y en el caso de concesión total, se estaría soslayando los derechos de la parte demandada, si a un limitado beneficio -como lo es el de litigar sin gastos- se lo transforma en un indebido privilegio (CSJN in re "García de Leonardo, A c. Prov. de Formosa" del 9/10/90).

Lo precedentemente expuesto, conduce a concluir que la Sra. Juez "A quo" al fundar su decisión concesoria parcial del 50% para litigar sin gastos, en base a las pruebas producidas, el dictamen del Sr. Representante del Fisco de fs. 105 vta., y el monto reclamado en las demandas principales, en modo alguno, incurre en auto contradicción ni viola la garantía de defensa en juicio, ni principio constitucional alguno, pues por un lado, el magistrado de grado, efectuó consideraciones generales en punto al instituto en estudio y por otro ha hecho -en base a lo expuesto precedentemente- una prudente aplicación de la facultad que le confiere el art.81 del ritual de otorgar parcialmente el beneficio que le fuera requerido, criterio que habrá de recibir confirmatoria en esta instancia, debiendo desestimarse tanto la pretensión de otorgamiento total como la de rechazo sustentada por la actora y demandada respectivamente.

En mérito a lo antedicho, el Tribunal Resuelve: Confirmar la resolución recurrida. Con costas en el orden causado en atención a la suerte corrida por los agravios formulados (arts. 68 y 71 del Cód. Procesal).- Oscar J. Ameal.- Lidia B. Hernández.- Silvia A. Díaz.