Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-20


Salta, 20 de Mayo de 2010.

Y VISTOS: estos autos caratulados "PROVINCIA DE SALTA vs. LOPEZ SÁNCHEZ, Roque -Incidentes" , Expte. n° INC 193.810/07 del Juzgado de 1ª. Inst. de Concursos, Quiebras y Sociedades de 1ra. Nominación, Expte. n° CAM -304.393/10 de esta Sala III, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

I) La sentencia de fs. 228/229, con su aclaratoria de fs. 234, es apelada a fs. 237 por el apoderado de la actora, y a fs. 241 por el letrado de la concursada. Concedidos sendos recursos, el planteado por el primero es declarado desierto a fs. 269.

A fs. 245/249 el Dr. Gaspar Solá Figueroa, por el deudor, dice que la decisión impugnada participa de la confusión generalizada de conceptos jurídicos elementales con que se ha introducido este incidente de verificación tardía y no distingue ni percibe que es lo que efectivamente se está discutiendo, es decir si el Banco Macro S.A. puede ejercer constitucional y legalmente la representación de la Provincia de Salta. Si se examina las normas e instrumentos en que se sustenta la decisión se advierte que no tiene el Banco facultad alguna para hacerlo, pues en ninguna parte el Escribano de Gobierno dio fe de que Oviedo y Yakúlica sean representantes de la Unidad Ejecutora Provincial y menos surge del Decreto 488/96 que los mismos puedan actuar en juicio u obligar a la Provincia. Su parte no ha negado que hubiere recibido el crédito por parte de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de la Producción. Tampoco que le haya sido liquidado por el agente financiero del Gobierno Provincial. Lo que si niega categórica y enfáticamente es que las garantías hipotecarias y prendarias se hubieran constituido válidamente, y por eso las considera nulas, convirtiendo tales créditos en meramente quirografarios. Se trata no del crédito sino de su garantía. Sostiene luego que no resulta claro de que el Banco Macro S.A. sea el continuador del Banco de Salta y si bien está acreditada la representación del Banco Macro Bansud S.A., no consta que éste o que el Banco Macro S.A. puedan ser considerados continuadores del Banco de Salta S.A. que sería, eventualmente, el único mandatario de la Unidad Ejecutora Provincial del Programa de Dinamización Productiva Regional.

Tampoco aparece claro la cuestión de la existencia del crédito que se reclama y la pericia que se ha llevado a cabo participa de la confusión general que embarga a la entidad actora y al Juez pues se hizo sobre unas cuentas y documentación del Banco Macro y no sobre la contabilidad de la Provincia de Salta, siendo que no se trata de una misma persona jurídica. Reitera que no desconoce Roque López Sánchez que es deudor de la Provincia sino lo que cuestiona es que pueda serlo del demandante.

Igualmente falso es lo que sostiene el Juez sobre las facultades de la Unidad Ejecutoria Provincial para actuar en juicio o representar a la Provincia. Se trata de una mera oficina de coordinación con otra oficina nacional (Unidad Ejecutora Central) para la aplicación de un programa nacional por lo que no es ni siquiera una desconcentración administrativa, careciendo de personalidad jurídica por lo que no puede otorgar mandato. El único representante de la Provincia es el gobernador y en la defensa del patrimonio del fisco la única parte legítima es Fiscalía de Estado, por expreso mandato constitucional.

A fs. 257/258 luce la réplica de la síndico C.P.N. Lila Antonelli.

A fs. 262/265 obra la respuesta del apoderado del Banco Macro S.A.. Dr. Pablo De la Merced. Dice que la Provincia de Salta otorgó dos créditos a la Sociedad Producción y Servicios S.A. con la garantía solidaria, hipotecaria y prendaria del concursado; y lo fue a través de la Unidad Ejecutora Provincial, representada por el Banco Macro S.A., en su carácter de agente financiero. Encontrándose impago el crédito, solicitó su verificación, en representación y como agente financiero de la Provincia. Dice que la personería se encuentra suficientemente acreditada con los mandatos de fs. 31/ 34 otorgados por el Ministerio de la Producción, en donde expresamente se faculta al Banco a iniciar las acciones judiciales. Afirma que si los créditos fueron otorgados por la Provincia de Salta, el mandato otorgado por el Ministerio a favor de su mandante se ajusta a derecho. La personería se encuentra además acreditada en la escritura de fs. 47/54, habiendo sido constituida tanto la hipoteca como las prendas, a favor de la Provincia de Salta, en virtud de los mandatos obrantes en autos (fs. 31/34). Sin perjuicio de que no es cierto que no se probara que el Banco Macro S.A. sea continuador del Banco de Salta S.A., el mandato otorgado a este último fue ratificado por el Ministro de la Producción y del Empleo. Señala que el concursado no desconoció las garantías reales por lo que no puede alegar nulidad alguna cuando además admite que su acreedor es la Provincia.

A fs. 267 se agrega el escrito presentado por el Procurador Fiscal abogado Juan Antonio Gálvez.

A fs. 277/279 luce el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara.

A fs. 280 se pasan los autos a Despacho.

II) Tiene dicho la Sala que el pedido de verificación constituye un verdadero proceso de conocimiento legalmente impuesto para quien intente insinuarse en el concurso o quiebra de su deudor (arts. 32, 126 y 200 de la Ley 24.522. Quien solicita la verificación de un crédito no acciona contra el deudor sino ante el concurso; no pide al juez que condene al concursado (como para deferir a este último la carga de defenderse), sino que persigue su inclusión en la masa pasiva, y sobre ese pedido la ley otorga oportunidad de pronunciarse al síndico y a los demás acreedores, por lo menos en la medida del control de legalidad. En otras palabras, el acreedor concurre a un trámite con pluralidad de interesados, confrontando con todos ellos. Según FassiGebhardt (Concursos y Quiebras, Astrea, 1996, pág. 108) partimos de la idea de que los concursos y las quiebras son los medios de regular en un solo proceso el cobro de sus créditos, o de una parte de ellos, por todos los acreedores del concursado. Por el acto de apertura del concurso o declaración de la quiebra, se determina al deudor. Falta luego establecer quiénes son los acreedores: para ello se exige que el deudor los denuncie, pero tal remedio es insuficiente, pues éste puede omitir acreedores reales o incluir acreedores ficticios. Se requiere entonces la citación de todos aquellos que invistan o pretendan la calidad de acreedores e intenten cobrar sus créditos. Además, se deben considerar los títulos invocados y acordarles la calidad pretendida. Esto es lo que persigue la normativa concursal con el trámite de verificación de créditos, en tanto con ello consigue en la ejecución colectiva cada acreedor su título, con el respectivo privilegio, adquiriendo, por esta vía, la calidad de acreedor "concurrente", habilitado por tal razón para participar en el concurso preventivo o en la quiebra de su deudor, ejercitando los derechos que la normativa concursal le acuerda en tal carácter (CApel.CC. Salta, Sala III, año 2002, f°. 935).

La ley entonces establece un verdadero proceso para la comprobación de los créditos y su inclusión en el pasivo, el que ha sido delineado como necesario y típico. Necesario, por cuanto todos los acreedores deben concurrir sin diferenciación alguna; y típico, porque desplaza a otros que pudieren corresponder según la naturaleza del derecho invocado por el tercero (C.N. Com. Sala C, L.L. 1975-A-421). Se trata de una demanda judicial que requiere la legitimación procesal activa de quien se insinúa. Ahora bien, es preciso aclarar que no se está en presencia de una "obligación" sino de una "carga", puesto que deben solicitar la verificación en la medida en que quieran participar del proceso colectivo (conf. Tonón - Derecho Concursal" Tomo I "Instituciones GeneralesDepalma - Bs. As. 1988, pág. 252).

Más, si la verificación ha sido formulada en el concurso después del plazo señalado para presentarse al síndico, la misma es tardía (art. 56 de la Ley 24.522). Dice al respecto el art. 56 que el pedido deberá deducirse por incidente mientras tramita el concurso y serán parte el acreedor y el deudor, debiendo el Síndico emitir un informe una vez concluido el período de prueba.

II) Ello sentado, cabe reparar que la objeción que formula el deudor en autos -y que reitera en su memoria- apunta a señalar lo que entiende se trata de un supuesto déficit de legitimación en tanto quien acciona carece de título para hacerlo (ver párrafo cuarto de fs. 121 vta.). Para así razonar niega que el Banco Macro pueda ser considerado como el continuador del Banco de Salta S.A.; que el Banco Macro represente o pueda representar a la Unidad Ejecutora Provincial del Programa de Dinamización Productiva Regional y que el Banco Macro S.A. represente o pueda representar a través de la misma a la Provincia de Salta.

Ello no obstante, al formular su memorial de agravios sostiene que en ninguna parte ha negado que hubiera recibido un crédito de parte de la Provincia de Salta, ni que el mismo le haya sido liquidado a través del Banco Macro Bansud, agente financiero de la Provincia (textual de fs. 245 vta.). También afirma que la nulidad que afecta la constitución de las garantías reales, transforma los créditos en quirografarios.

III) Por escritura n° 1.554, de fecha 4 de noviembre de 1996 y por ante el entonces Escribano de Gobierno (ver fs. 33/34), el representante de la Unidad Ejecutora Provincial del Programa de Dinamización Productiva Regional confiere poder especial a favor del Banco de Salta Sociedad Anónima para que a través de sus apoderados firmen toda documentación de operaciones crediticias que se otorguen, las correspondientes para la constitución de las garantías que se requiera y las acciones judiciales tendientes al recupero de las acreencias, todo dentro de la línea implementada en virtud de los convenios suscriptos con fecha 28 de agosto de 1996. Y por escritura 628 del 13 de marzo de 2000 (ver fs. 32), dicho representante ratifica el poder especial otorgado al Banco de Salta, a efectos de que el mismo pueda ser utilizado por el Banco Macro S.A., continuador de aquél, con la misma amplitud de facultades conferidas.

Luego, en fecha 10 de junio de 2003 se celebra el contrato de préstamo de fs. 39/42, entre la Provincia de Salta, a través de su Unidad Ejecutora Provincial, representada por su agente financiero, el Banco Macro S.A. y la Sociedad Producción y Servicios S.A., por el que se le otorga a ésta un préstamo de $140.000. En su cláusula séptima se precisa que el mutuo se otorgaba con la garantía hipotecaria en primer grado a favor de la Provincia de Salta, sobre el inmueble catastro 8.663 de Rosario de Lerma, de propiedad de los Sres. Roque López Sánchez y María Ester Angulo de Sánchez, quienes se constituyen en codeudores solidarios, lisos llanos y principales pagadores. Así, el 11 de julio se instrumenta la escritura n° 1.245 por la Escribana de Gobierno -interina- (fs. 47/54) entre el Banco Macro S.A. (antes Banco de Salta S.A.) y la razón social Producción y Servicios S.A., aclarando los representantes de la institución de crédito que intervienen en representación de la Unidad Ejecutora Provincial del Programa de Dinamización Productiva Regional, otorgando en tal carácter el préstamo por la suma de $ 140.000.

Otro tanto acontece con el mutuo acordado el 21 de noviembre de 2005 (ver fs. 103/105) por la suma de $ 110.000 en los términos del convenio celebrado por la Provincia de Salta, a través de su Unidad Ejecutora Provincial, representada por su agente financiero Banco Macro Bansud y la Sociedad de Producción y Servicios S.A. en que se pacta en su cláusula séptima una garantía prendaria en primer grado a favor de la Provincia de Salta sobre una serie de automotores (camiones, tractores y camionetas) todos de propiedad del Sr. Roque López Sánchez, quien se constituye en codeudor solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión. En cumplimiento de dicho convenio se instrumentan los contratos de prenda con registro que en copias rolan a fs. 57/102.

Está demostrado entonces que el concursado Roque López Sánchez asumió la calidad de codeudor solidario, debiendo en tal caso repararse que la naturaleza solidaria de una obligación traduce para el acreedor la facultad de demandar la totalidad del objeto de ella a cualquiera de los deudores. De allí que destaque Llambías (Obligaciones, Tomo II -A, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. pág. 454) que la estructura de la misma hace surgir un frente común de acreedores o deudores, por lo que cada individuo de ese frente puede comportarse, en principio, como un acreedor o deudor singular con respecto a la totalidad del objeto, pues ello está impuesto por la virtualidad del título de la obligación, que imprime a ésta la estructura unitaria que la caracteriza.

De igual modo, debe tenerse presente que el fallido celebró los contratos de mutuo con la Provincia de Salta, representada por su agente financiero el Banco Macro S.A., quien es el acreedor insinuante del crédito en representación de la Provincia, y cuya calidad y derecho a hacerlo no pueden ser cuestionados judicialmente con éxito -como se pretende so riesgo de violentar el principio de los actos propios, que de manera reiterada ha venido invocando el Tribunal para dar respuesta a situaciones como la que nos ocupa.

La doctrina de los propios actos, que acuñara la doctrina extranjera y que fuera admitida de manera uniforme por los tribunales tanto nacionales como provinciales y por este Tribunal de manera constante, ya que nadie puede ejercer una conducta incompatible con un anterior proceder deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (CApelCC Salta, Sala III, año 1993, f° 1.023). En otras palabras, la parte debe respetar aquella posición suya que ganó una configuración técnica u operativa en el ámbito del debate y de la respuesta judicial, sin que pueda alterarla o contradecirla en perjuicio de otro (CApelCC Salta, Sala III, año 1994, f° 181; íd. íd. año 2003, f° 110).

Es que, cuando una persona, dentro de una relación jurídica, ha suscitado en otra con su conducta una confianza fundada, conforme a la buena fe, en un obrar determinado, según el sentido objetivamente deducido de su conducta anterior, no debe defraudar la confianza suscitada y es inadmisible toda situación incompatible con ella (Diez PicazoPonce de León: La doctrina de los propios actos, Barcelona, 1963, pág. 142), habiendo sostenido Simón P. Safontás (Doctrina de los propios actos, pág. 21) que se trata de una de las más rendidoras aplicaciones específicas, de personalidad acabada, del principio de la buena fe, ya que refuerza la seguridad en el área negocial, si bien tiene virtualidad en muy diversos cuadrantes. Si una conducta anterior ganó una configuración técnica u operativa definitiva, es imprescindible con posterioridad seguir respetándola, a no ser que se demuestre que el mantenimiento de la misma traduce resultados injustos, desproporcionados o alejados de la realidad, lo que no puede afirmarse haya acontecido en el sub examen (CApel.CC.Salta, Sala III, año 1997, f° 446; íd. íd. año 2004, f° 937).

Y asimismo, puede invocarse en el caso el principio de la buena fe, que juega en materia contractual al ser elevado a la jerarquía de norma (art. 1.198 del Código Civil), lo que permite que el dispositivo jurídico se nutra de estos nuevos criterios de cooperación y ayuda mutua entre los hombres, lo que obviamente se debe traducir también en materia negocial (CCivyCom. Junín en J.A. 980-II563; CApel.CC. Salta, Sala III, año 2003, f° 1186).

La buena fe jurídica -de su parte consiste en la convicción de actuar conforme a derecho; en esa noción se unifican sus diversos aspectos: el psicológico o creencia en el propio derecho y el ético o voluntad de obrar honestamente (S.C. Buenos Aires D.J.B.A., 119-706). Para reconocer valor a la buena fecreencia como fuente de derechos es necesario que haya fundamento real y serio para la formación de tal convicción, debiéndose constatar el valor de los factores externos que provocaron la apariencia del derecho. Asimismo, aquél a cuyo cargo produce efectos la apariencia debe haberla originado de un modo que le sea imputable, y la parte beneficiada debe haber confiado razonable y normalmente, observando la diligencia del tráfico (CNCiv. Sala H en L.L. 1994-D, 320, con nota de José W. Tobías).

En concreto, se puede afirmar que la buena fe, consistente en la ignorancia de actuar lesionando un interés ajeno debido a la creencia de la legitimidad del derecho adquirido sobre una cosa, es fuente de derechos en el campo de las relaciones jurídicas reales (CNCiv. Sala L en L.L. 1993-D-407). En tal orientación se sostuvo que el concepto de la buena fe creencia, dentro del campo jurídico, se ofrece a través de la adquisición de derechos que si adolecen de vicios, al provenir de actos cumplidos de buena fe, se cubren sus deficiencias: v. gr. en la representación, en beneficio de quien lo posee: la buena fe reemplaza en su potencia creadora los elementos objetivos considerados necesarios para la validez del acto. La buena fe tiene la energía de dar al hecho la fuerza del derecho mismo (CNCom. Sala B en L.L. 1989-A, 51 con nota de Osvaldo Blas Simone y J.A., 1987-III107; CApel.CC. Salta, Sala III, año 2006, f° 636; CApel.CC. Salta, Sala III, 15-5-07, Herrera, expediente de Sala n° 94837, tomo año 2007, f° 5252).

Por tal motivo, entonces, y tal como lo señala la sentencia en crisis, si la Provincia de Salta actuó en la especie a través de su Unidad Ejecutora Provincial, siendo representada por el Banco Macro S.A. en su calidad de agente financiero, teniendo presente que dicha Unidad fue creada para instrumentar un sistema de ayuda para emprendimientos mercantiles como el que concreta el deudor, es innegable que la legitimación para el reclamo se encuentra cumplida. Máxime cuando en el caso, el apelante no ha negado la deuda y hasta dijo que es la Provincia su acreedora, si bien quirografaria.

No se puede desconocer -obvio que el Banco Macro S.A. y la Provincia no son la misma persona jurídica pero en la especie lo que debe tenerse prioritariamente en cuenta es que en la singular negociación concluida, tiene ésta la calidad de acreedora de la concursada pues fue quien suministró los fondos, habiendo liquidado el Banco su importe, tal como consta en la causa. Y los contratos hipotecarios y prendarios fueron instrumentados dentro del marco aludido, a punto tal que tanto la Dirección General de Inmuebles cuanto el Registro de Créditos Prendarios proceden a inscribirlos consignando a la Provincia de Salta como el acreedor con garantía hipotecario y prendario.

No hay -concluyo déficit de legitimación ni nulidad contractual que atender.

Voto por el rechazo del recurso. Con costas.

El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Domínguez.

Por lo que resulta del acuerdo a que se arriba, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA, I) RECHAZA el recurso de apelación interpuesto a fs. 237, en contra de la sentencia de fs. 228/229, con su aclaratoria de fs. 234. CON COSTAS (art. 67 del Código Procesal).

II) COPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.