Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-05


RAWSON, 05 de Junio de 2.007.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "Dr. Gustavo L. H. TOQUIER, Titular del Juzgado de Ejecución Nº 1 s/ Incidente de Competencia Negativa en Expte. Nº 1.441/06" (Expte. Nº 20.875D2.007).

DE LOS QUE RESULTA:

J O y D R P representados por los Dres. Helio Guillermo ÁLVAREZ y María Candela RECIO, Defensor Público y Abogada Adjunta de la Defensoría Pública, respectivamente, iniciaron a fs. 04/06 Incidente de Redargución de Falsedad contra el Sr. Carlos Alberto CERBINO y la Dra. Silvia ALTOMARE, respecto de la firma atribuida al Sr. J O P y la certificación efectuada por la Dra. ALTOMARE en la constancia obrante a fs. 367 de la causa penal "M, R D s/ Vejaciones agravadas" (Expte. Nº 15/1.996).

La causa le fue adjudicada al Juzgado de Primera Instancia de Ejecución Nº 1, Secretaría Nº 2, tras las sucesivas excusaciones de los Magistrados, Dres. José LEONARDH y Alberto Gustavo SANCA ambos por encontrarse incursos en el art. 17, inc. 9 del CPCC respecto de la Dra. Silvia ALTOMARE.

A fs. 13/15 vta. luce la Sentencia Interlocutoria Nº 35/06 por la cual el Dr. Gustavo TOQUIER, titular del Juzgado de Ejecución declara la incompetencia del Juzgado para entender en el incidente en cuestión.

Sostuvo el "iudicante" que no coincidía con el previo dictamen del Ministerio Público Fiscal; que éste omitió considerar cuál era el instrumento público refutado como falso, quién era la funcionaria interviniente en el acto y las posibles implicancias o efectos que conlleve e importe para un proceso que ha sido sustanciado en el fuero penal, en caso de prosperar esta presentación incidental.

A juicio del Magistrado, no es un hecho menor que el instrumento argüido de falso sea una notificación personal realizada ante la Secretaria de la Excma. Cámara Primera en lo Criminal en el año 1.996, que forma parte de los actos procesales sustanciados e incorporados en un expediente judicial que tramitó ante el tribunal colegiado del fuero penal, y que si bien el incidentista optó por ocurrir por la querella de falsedad dentro del marco de un proceso sumario en sede civil, toda vez que la notificación en cuestión se presentó como prueba; ello no implica que se tenga que producir un desplazamiento anómalo de la competencia que se le reconoce a todo Tribunal de cualquier grado o fuero para entender y continuar entendiendo en aquellas actuaciones sustanciales en los expedientes que ante el mismo órgano judicial se han dirimido.

A partir de la asunción de la competencia por parte de un tribunal dice el iudicante existe una razón de atribución de aquélla basada en el órgano que ha intervenido en el proceso y que ha sido receptado a partir de las denominadas reglas especiales que recoge el inc. 1º del art. 6 del CPCC, norma que atribuye la competencia al Juez que intervino en el proceso principal y ello, basado en principios que inspiran el texto formativo, tal como la conveniencia de unificar causas ante el mismo Juez y coadyuvar así a la congruencia de sus decisiones desde el conocimiento de la causa que éste tenga y la consideración y mérito de todos y cada uno de los actos procesales llevados a cabo en los expedientes que derivan del caso principal.

Renglón seguido, diferencia el Magistrado la redargución de falsedad de un instrumento público de los enumerados en el inc. 2º del art. 979 del CC y la que corresponde a la de un acto procesal que forma parte de un expediente judicial que adquiere el carácter público en virtud de lo dispuesto en el inc. 3º del mismo artículo, diferencia que se acentúa desde que ese instrumento público no es copia de un acta obrante en ese expediente, sino que ese instrumento argüido de falso forma parte de una actuación incorporada en dichos actuados. Agrega que existe una doble alegación de falsedad, ya que es tanto ideológica como material, habida cuenta que se ha desconocido una firma al igual que el contenido de la atestación de la Secretaria actuante. En ese contexto advierte que un eventual acceso a la petición de los incidentistas conllevaría a la anulación de un acto procesal llevado a cabo en otra causa, que tramita ante un Tribunal distinto, con efectos y consecuencias en dicha causa penal.

Indica que tanto razones de economía procesal, seguridad jurídica y fundamentalmente cuestiones de vinculación jurídica sumadas al principio de concentración, gravitan para que el incidente tramite por ante el mismo Tribunal y Secretaría donde lo hace el proceso principal.

Como se expresara "supra" el Magistrado declara la incompetencia del Juzgado para entender en incidente de redargución de falsedad y dispone remitir los actuados a la Excma. Cámara Primera en lo Criminal.

Recepcionadas las actuaciones por aquel Tribunal, ése también declara su incompetencia.

Expresa que a partir de los mismos principios referidos por el Juez del fuero civil es posible argumentar en forma completamente diferente, así poco célere o concentrador resultaría exhumar una causa penal finiquitada por el sólo hecho de que en ésa y en sus actos preparatorios en lo atinente a un acción civil ejercida en aquél, se efectuara una notificación señalada ahora como falsa.

Agrega que el incidentista optó por la vía prevista en el art. 395 del CPCC para dilucidar una cuestión accesoria de trámite por ante otro fuero y ello deja a las claras hacia dónde la vinculación jurídica inclina la decisión respecto de la incumbencia.

Por otro lado señala que no existe razón para pensar que ese Tribunal estaría en mejores condiciones para resolver el conflicto que el Magistrado que declina su intervención, tampoco comparte el argumento de que al tratarse de una notificación personal realizada por un Secretario, el instrumento compromete otros valores distintos o preferentes a la credibilidad que debe emerger del mismo, distinción que ni las leyes de fondo, ni las rituales prevén por lo que en principio tampoco deben hacerla los Magistrados.

A fs. 27 y vta. emite dictamen el Señor Procurador General. Opina que por expreso imperativo legal, las cuestiones planteadas en un incidente, deben ser resueltas por el Magistrado que entiende en el proceso principal pendiente (art. 6, inc. 1 del CPCC) y concluye que es el Juez interviniente en los autos principales en trámite ante el fuero civil, caratulados: "P, D R y otro c/ C, C A s/ sumario" quien debe conocer el incidente de redargución de falsedad que dio motivo a la contienda negativa de competencia.

CONSIDERANDO:

Que por imperio del art. 179, inc. 1.1.2 de la Constitución Provincial, este Cuerpo debe conocer originaria y exclusivamente de las cuestiones de competencia que se susciten entre Tribunales inferiores que no tienen superior común. Tal supuesto es el que se configura en la ocasión ya que los magistrados que declinan su competencia actúan en instancia y fuero distintos.

Que conforme lo señala autorizada doctrina, como principio general, está fuera de discusión que debe intervenir el Juez del proceso principal en la tramitación de todos los incidentes que se deriven de él. A título ejemplificativo: nulidad de las actuaciones, levantamiento de embargo sin tercería, y la redargución de falsedad. (HIGHTON, Elena y AREÁN, Beatriz, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº I, Ed. Hammurabi, pág. 302).

Con lo dicho no hay duda que el Juez competente para conocer en el presente incidente debiera ser el Magistrado que lo hace en los autos principales, esto es, quien previno en la causa, mas su excusación de fs. 07, efectuada en virtud de encontrarse comprendido en la causal del art. 17, inc. 9º, resulta lógico impedimento para extender su jurisdicción al presente incidente.

Ahora bien, las razones dadas por el Juez de Ejecución para apartarse del conocimiento del presente incidente no son, a juicio del Tribunal, suficientes. En efecto, la referencia al "forum connexitatis" sólo tendría motivo si la contienda de competencia fuese con el Magistrado que entiende en la causa principal, pero no con la Cámara del Crimen que tan sólo es la depositaria de los autos en donde obra el material procesal que se reputa de falso.

El fundamento y razón de ser de la competencia por conexidad se configura cuando dos o más procesos se vinculan o relacionan entre sí por la comunidad de algunos de los elementos que integran las relaciones jurídicas trabadas en cada litis. Ello determina un desplazamiento de la competencia hacia un mismo órgano jurisdiccional para que sea éste quien tome conocimiento y resuelva las cuestiones que se ventilen en dichos litigios. Su fundamento y razón de ser, es no dividir la continencia de la causa y evitar resoluciones contradictorias, facilitar la solución de la litis, utilizando el material acumulado y satisfacer exigencias de carácter práctico y de economía procesal. De allí que mediante su aplicación por causa de hallarse vinculadas con el objeto principal de la litis, son llevadas al mismo Juez cuestiones que en atención a su monto, o naturaleza, pudieran ser de la competencia de otros jueces. Y ha de entenderse por cuestiones conexas no sólo las incidentales dentro del proceso principal, sino asimismo las anexas o estrechamente relacionadas con el proceso que primero ha tenido existencia o son su consecuencia.

Que fenecida la acción penal, el reclamo civil acollarado y archivadas las actuaciones, ninguna razón justifica la intervención de la Cámara del Crimen en este incidente de redargución de falsedad, por lo que en todo caso ha de respetarse la voluntad de los litigantes, quienes más allá de desconocer que a la postre sendos Jueces Civiles, optarían excusarse por razones de decoro y delicadeza, eligieron el fuero civil para que un Juez de ese ámbito se pronuncie respecto de la falsedad endilgada y si se trata de establecer alguna vinculación jurídica es indudable que ninguna existe entre la causa que tramitara en sede penal y la iniciada por ante el fuero civil, caratulada: "P, D F y Otro c/ C, C A s/ Sumario" (Expte. Nº 352/06). La vinculación jurídica sólo puede estar presente entre el incidente de marras y la causa principal pues los efectos de la resolución podrán repercutir en aquélla y no en la causa penal fenecida, más allá del ofrecimiento del expediente penal a los efectos "videndi y probandi". En definitiva la pretensión incidental, lo es en el marco de una reivindicación principal propia del fuero civil, y donde lo que resulte tendrá incidencia en ese proceso que tramita en esa jurisdicción y con consecuencias, en principio, ajenas al fuero penal. De allí que no corresponde detraer la competencia atribuida por sorteo al Juzgado de Ejecución Nº 1 de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Que por todo ello el Superior Tribunal de Justicia en pleno, R E S U E L V E :

1º) DECLARAR la Competencia del Juez Titular del Juzgado de Ejecución Nº 1 de la ciudad de Comodoro Rivadavia para entender en estos autos (art. 6 del CPCC).

2º) REGÍSTRESE. Por Secretaría comuníquese lo resuelto a la Cámara del Crimen de la ciudad de Comodoro Rivadavia, reenvíense los presentes autos al Juzgado declarado competente.

La presente Resolución se dicta con cinco Miembros, por encontrarse ausente, en comisión de servicio, el Sr. Ministro Dr. José Luis Pasutti.

Fdo.: Dr. Juan Pedro CORTELEZZI Dr. Alejandro Javier PANIZZI Dr. Daniel Luis CANEO Dr. Jorge PFLEGER Dr. Fernando S. L. ROYER.

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 05 DE JUNIO DEL AÑO 2007	REGISTRADA BAJO EL N° 06 S.R.O.E. CONSTE.