Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-06-22


En la ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los Veintidos.días del mes de Junio.del año dos mil once, se reúnen Ss. Ss. los Señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Cristina Irene Leiva, Manuel Augusto Márquez Palacios, María Laura Niveyro, Jorge Antonio Rojas, Sergio César Santiago, Hum-berto Augusto Schiavoni, Ramona Beatriz Velázquez y Froilán Zarza, bajo la Presidencia del Dr. Roberto Rubén Uset, a fin de considerar los autos caratulados: "EXPTE. N° 275-STJ-2009 - ÁVALOS, MARTA S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN AUTOS: "EXPTE. Nº 1798/96 - ÁVALOS, MARTA C/ COOP. AGRÍCOLA MTE. CARLO S/ DEMANDA POR ACCIDENTE LABORAL".- De acuerdo con el sorteo realizado correspon-de votar a los Señores Ministros en el siguiente orden: 1) Dr. Humberto Augusto Schiavoni, 2) Dra. María Laura Niveyro, 3) Dra. Cristina Irene Leiva, 4) Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, 5) Dra. Ramona Bea-triz Velázquez, 6) Dr. Roberto Rubén Uset, 7) Dr. Jorge Antonio Ro-jas, 8) Dr. Froilán Zarza y 9) Dr. Sergio César Santiago.- Concedida la palabra al Dr. Humberto Au-gusto Schiavoni, dijo:

Por Resolución N° 700 obrante a fs. 507/509, este Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora contra el pronunciamiento dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial obrante a fs. 458/462 y vta.- El fallo de mención resuelve desestimar el re-curso de apelación deducido por la accionante, confirmando en todas sus partes la sentencia apelada de fs. 297/302.- A fs. 519 y vta. dictamina el Sr. Procurador Subrogante, opinando que puede declararse improcedente el recurso extraordinario interpuesto por la actora.- En el memorial de fs. 469/488 vta., la quejosa atribuye al fallo de Cámara violación de doctrina legal. A su juicio, la Cámara ha violado una orden y una resolución judicial dictada por el Superior Tribunal de Justicia que había ordenado -dice- al inferior jerárquico la constitución de una nueva Sala y el dictado de un nuevo fallo de conformidad a los considerandos, teniendo en cuenta los fundamentos de la Resolución N° 189-STJ-05.- En segundo término, la sentencia ha violado la ley, dejando sin reparación el daño sufrido por la actora produciendo la violación de diversos artículos del Código Civil que enumera, y disposiciones de la Ley 22.248, la LCT, art. 33 del C. de Comercio, la ley de accidentes laborales y Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene del Trabajo.- Asimismo, denuncia el riesgo en la utilización de la cosa, a partir del peso extremo (80 kg.) y el gran tamaño (1/2 m3) de raído de yerba. Analiza la norma legal aplicable -art. 1113 del CC-, y afirma que el titular de la cosa riesgosa y/o peligrosa demandada en autos, debe responder por haber determinando causalmente y en forma directa el daño ocurrido en la salud e integridad psicofísica de la trabajadora.- También denuncia el método de trabajo imple-mentado por la empleadora a los efectos de cargar raídos de yerba de 80 a 100 kg. a los camiones, método propio de la Edad Media.- Afirma que la demandada está incursa en culpa grave por omisión, en cuanto ha violado su deber de tutelar en forma activa la seguridad del trabajador -arts. 512 y 1109 del CC-, además de violar el fallo de Cámara los arts. 97 y 100 de la Ley 22.248, 8 de la Ley 19.587, Ley 24.028 y 52 de la LCT.- También endilga a la sentencia haber con-culcado derechos esenciales consagrados en la CN, al dejar sin repa-ración el daño sufrido por la actora. El fallo -prosigue-, afecta el art. 14 bis CN, que consagra el principio protectorio del derecho laboral, y los derechos a la seguridad social con carácter de irrenunciables.- Asimismo -agrega- viola el art. 19 C.N. "El principio general que prohibe perjudicar los derechos de un tercero -al terum nom laedere-, que se encuentra vinculado a la idea de reparación. Cita el "Caso Aquino".- A continuación, afirma la sentencia recurrida vulnera también el art. 19 de la CN, puesto que lesiona el principio de no dañar, altera la justicia conmutativa; también afecta el pronunciamiento el derecho de propiedad de la actora al impedir la reparación del daño sufrido, como asimismo viola los arts. 16 y 18 de la CN. Y el principio de razonabilidad que hace a la esencia de todos los actos jurisdiccionales (art. 28 CN).- Califica seguidamente de arbitraria la sentencia de Cámara, ya que ha prescindido de dar tratamiento adecuado a las controversias objeto del juicio, según normativa aplicable y constancias de la causa.- Enrostra también al pronunciamiento en cues-tión, incorrecta valoración de los dichos de los testigos, omite valorar y no tiene en cuenta la pericial contable, ni los contenidos de las docu-mentaciones laborales en poder de la demandada; tampoco valora la Cámara la inexistencia de exámenes médicos pre-ocupacionales y periódicos y las presunciones legales que genera el hecho.- Dice también agraviarse de la ligereza y parcialidad con que la Cámara analiza constancia del expediente y que no haya valorado las condiciones particulares de la actora, además considera arbitraria la interpretación de las constancias médicas, e informes médicos y psicológicos.- Por último, pide se haga lugar al recurso impe-trado modificando el fallo, previo a su declaración de nulidad, dictando uno nuevo acorde a las pautas legales establecidas por este mismo Superior Tribunal de Justicia a fs. 430/435, ordenando se reparen los daños y perjuicios suficientemente acreditados en autos, y se tenga presente el caso Federal introducido en anteriores instancias, con costas.- Ahora bien, examinadas las actuaciones se observa que la controversia mayor se suscita acerca de la existencia del hecho del accidente laboral, invocado por la actora.- Al respecto, es dable señalar que la demanda fija como fecha de ocurrencia del infortunio el 20 de Enero de 1994 (fs. 12), mientras que la denuncia ante la autoridad administrativa es presentada con patrocinio letrado el 15 de Julio de 1996 (fs. 7 y vta., 124/125), en la que no consta el nombre y apellido de testigos. También acompaña la demandante lo que denomina "Informe médico laboral" (fs. 9), en el que se manifiesta que la Sra. Avalos fue atendida en el Servicio de Clínica Médica del Hospital SAMIC de Eldorado el 20.01.94 "por desorientación temporo-espacial, alucinaciones visuales y auditivas lo que constituye un cuadro de descomposición psicótica". No se comenta acerca de ningún accidente de trabajo. Agrega el informe que a partir del 28.07.94, es nuevamente atendida por un cuadro similar al anterior. A su vez, los testigos que dicen haber presenciado el accidente a fs. 112/113 vta., prestan declaración en Noviembre de 1998, es decir 4 años y 9 meses después. La perito psicóloga en informe presentado el 10 de Agosto de 1999 (fs. 198/203), afirma que la psicosis que padece la actora "pudo haberse desencadenado por el accidente sufrido". Estima entre el 80% y el 100% de incapacidad permanente.- De conformidad a los elementos de juicio analizados, no surge con claridad si el hecho denunciado ocurrió, y en su caso, si se lo puede calificar de "accidente de trabajo". Juegan en contra de la presunción de su existencia: 1) la demora de la actora de más de dos años y medio en dar poder a sus letrados (12.7.96, fs. 1/2) y en radicar la denuncia en la instancia administrativa.- 2) Asimismo lo escueta de la denuncia, la que no menciona testigos ni la hora aproximada en que ocurrió el episodio.

3) El lapso transcurrido entre la deposición testimonial de Martínez y de Ramírez, (éste no recuerda siquiera dónde tuvo lugar el episodio).

4) La orfandad de circunstancias fácticas hábiles para tener por probado el acaecimiento del suceso; a lo que cabe agregar que los certificados presentados por la actora glosados a fs. 36/42, nada aportan respecto al accidente laboral denunciado.- Tampoco contribuye a ello la pericia de la Lic. en Psicología Carolina Arias (fs. 204/208 vta.), que se refiere a un cuadro de psicosis, que no es de origen traumático, ni secuela de accidente de trabajo, sino que responde a un mecanismo denominado forclusión del nombre del padre o del significante paterno, y agrega que en 1993, Avalos ya presentaba sintomatología de afecciones psíquicas y físicas que coinciden con alguno de los trastornos que padece actualmente. Por su parte, el Psicólogo Vetter (fs. 248/251) asegura que el evento traumático ha incidido de manera gravitante en el curso y evolución de la enfermedad epiléptica de la paciente. Por último, el Perito Médico Dr. Porterrieu (fs. 252/255), previa entrevista con la actora, contesta los puntos de pericia, aseverando la existencia de una psicosis post-traumática cráneo encefálica, cuya evolución es desfavorable e irreversible, agravándose a partir de Enero de 1994.- A su vez, el perito contador informa -fs. 184 vta.- que la actora durante los días que señala de los años 1993 y 1994 percibió haberes, según detalle, por enfermedad inculpable.- Si bien hay referencias de un accidente por parte de peritos, no aportan dato alguno de que se trate del hecho denunciado como tal en la demanda.- No empece la falta de acreditación del acci-dente laboral invocado por la actora, la contestación del representante de la accionada a la posición 16 (fs. 109), en atención que no se encuentra salvada al final del acta la enmendadura de la redacción de la respuesta del absolvente. Como dice Alsina el acta constituye un instrumento público, y por consiguiente, no puede alterarse, pero puede testarse o enmendarse salvando al final (Cód. Civ. Art. 1001) -autor cit. Derecho Procesal, pág. 364, t. III ed. EDIAR,1961.- Igualmente nada evidencia para el caso el incumplimiento de la realización del examen pre-ocupacional previsto en el art. 7, inc. c de la Ley 24.028.- Dado la negativa de la demandada en reco-nocer la existencia del accidente de trabajo invocado en el escrito promotor, competía a la actora -que optó por la acción del derecho común- demostrar su existencia.- En consecuencia, habiendo optado la tra-bajadora por la acción del derecho civil, siendo ambos sistemas de responsabilidad -en especial de la ley- y aquél excluyentes (art. 16 Ley 24.028), vigente en esa época, ello implica la renuncia a los beneficios que pudiere corresponderle en virtud del otro.- En definitiva, no dimana de los elementos de juicio aportados al proceso, la efectiva existencia del accidente laboral denunciado en autos que sustenta la demanda.- Por lo tanto, dadas las consideraciones verti-das, voto por el rechazo del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora a través de apoderado, con costas, con el alcance del art. 84 del C.P.C. y C.- Concedida la palabra a los Dres. Cristina Irene Leiva, Manuel Augusto Márquez Palacios, Ramona Beatriz Ve-lázquez, Roberto Rubén Uset, Jorge Antonio Rojas, Froilán Zarza, Sergio César Santiago y María Laura Niveyro, dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.- Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General Subrogante, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA R E S U E L V E:

I).- RECHAZAR el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley planteado en autos, con costas, con los alcances del art. 84 del C.P.C. y C.- II).- REGISTRESE, cópiese, notifíquese y opor-tunamente bajen los autos a origen, oficiándose a tales efectos.- sv.-