marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, ingreso base mensual, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VERA, LUIS NICOLAS c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-17

La recurrente no logra introducir una cuestión constitucional en lo que atañe al modo de ajuste del Ingreso Base Mensual -IBM- y la tasa de interés que determinaron los Magistrados conforme a las pautas otorgadas por la ley 27348, advirtiéndose que el Tribunal para así decidir, en una interpretación que hizo sobre el momento de la liquidación dispuesto por la norma a los fines del cómputo de los intereses sobre el IBM, arribó a la conclusión de que no podía aplicar en el sub lite el criterio que venía adoptando en sus precedentes que citó, puesto que el actor no había recurrido el rubro y no era posible reformar la sentencia de grado en perjuicio de la recurrente, argumento que luce razonable si se tiene en cuenta que el período de aplicación del mentado interés determinado en primera instancia -desde el accidente hasta el alta con incapacidad- resultaba más escueto -y, por ende, más beneficioso para la recurrente- que el plasmado por la Alzada en sus antecedentes -desde el siniestro hasta el dictamen médico-, sin importar el porcentaje sino la existencia de incapacidad resarcible. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 27348, artículo 11 y 12, inciso c; Ley 24557, artículo 12
Compraventa, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ENZO LEONIDAS MIRANDA BARRIA Y OTRA c/ ROTISERIA "VIA APIA" Y/O SERANTES, CARLOS ALBERTO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-08-23

Quien se dedica a la elaboración y venta de comidas en comercio habilitado para tal fin, como es el caso de la rotisería demandada, contrae una obligación de resultado o determinada, para cumplir con su pretensión debe entregar alimentos en perfecto estado y no causar daÑo a la salud de su cliente por los vicios propios de la cosa, de modo que si el resultado no querido se produce, a ella corresponde acreditar la concurrencia de una causal de irresponsabilidad (arts.

511, 512 Código Civil) y ello así porque las obligaciones determinadas, quedan incumplidas por el solo hecho de no haber alcanzado el resultado previsto.
Procedimiento tributario, pago de tributos, compensación, código civil, aplicación supletoria de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Industria Metalúrgica Sud Americana S.A.I.C. -T.F. 4306-I- c/ D.G.I. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Si bien el instituto de la compensación ha sido contemplado en los arts. 34 y ss. de la Ley 11.683, ello no es óbice para que se apliquen supletoriamente las normas del C.C. en todo aquello que no resulte regulado por las normas tributarias. Así lo ha dispuesto la C.S.J.N. in re "Tacconi y Cía. S.A." fallo en el que se estableció:

"...el carácter supletorio instituido por el art. 11 de la ley 11.683, de las normas contenidas en el C.C., no rige cuando la literalidad de las normas fiscales excluye a los principios civiles o éstos no devienen adecuados para dilucidar problemas impositivos" (Fallos: 312:1241). A "contrario sensu" debe entenderse correcta la aplicación de las normas contenidas en el C.C. cuando se trate de cuestiones no reguladas por las normas fiscales.
Prueba testimonial, testigo único, valor probatorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Simonetti, Pedro Luis c/ Embotelladora Polar SA s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-03

La exclusión del valor probatorio del testigo único no tiene fundamento, porque si bien no existe la garantía que supone la concordancia entre las declaraciones de varios testigos, ella puede hallarse compensada por la calidad del testigo único y la existencia de que, en tal caso, el juez aprecie el testimonio con mayor severidad.
Competencia, procedimiento administrativo, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARIAS LUIS DEL VALLE Y GERBINO OSCAR ANTONIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-16

A efectos de determinar la competencia en materia contencioso administrativa, se reconocen dos criterios: a) Por su naturaleza: cuando el caso reúne los caracteres que la ley señala como pautas determinantes sobre la materia, objeto o contenido del proceso administrativo; b) Por determinación excepcional de la ley: en casos que si bien pueden o no concurrir pautas o criterios teóricos de determinación que prevé la doctrina, legislación y jurisprudencia, por motivos prácticos señalados por la costumbre administrativa, o de interés público en otras oportunidades, se fijan excepciones, por ejemplo, el proceso expropiatorio.
Sistema acusatorio, impulso procesal, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ullua, daniel antonio y otros sobre 183 - daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-24

El escenario constitucional que plantea la implementación del sistema acusatorio y los artículos 124 y 125 de la CCABA, debe conjugar las distintas esferas de competencia funcional de fiscales y jueces, en un marco en el que debe prevalecer la autonomía de criterio de los primeros en el modo de impulsar o hacer cesar la acción, sin perjuicio de los controles de las garantías constitucionales que a su cargo tienen los segundos, de acuerdo a los diferentes cometidos constitucionales confiados a cada uno. Así, a los fiscales les compete la promoción de la actuación de la justicia, mediante la investigación y el ejercicio la acción penal, y a los magistrados se les atribuye el juzgamiento y decisión de las causas (planteos), a partir del conocimiento otorgado -art. 106 de la CCABA -, atendiendo siempre a la consolidación de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio y del debido proceso (art. 18 CN). (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor, cómputo del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reinaldi Mojica Segundo c/ Gabriel Coz Hidalgo y Ot. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S139 - 250)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-11-11

"...para la determinación del lapso de indisponibilidad del vehículo, además del plazo en días laborables estimado por el Perito, deben adicionarse razonablemente otros, para la elección del taller, por ser de aquellos durante los cuales no se realicen tareas por razones climáticas, etc.", como que: "... debe aplicarse el tiempo real de reparación aunque supere el estimado teóricamente, ya que es usual que todo coche que entra en un taller mecánico debe respetar un turno de reparación"
Tierras fiscales, dominio público, adjudicación de tierras, Constitución Provincial, carta orgánica municipal, acta de tenencia, validez del acto jurídico, responsabilidad del portador, revocación del acto administrativo, reintegro de gastos, daño emergente, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Pereira, Paula Fernanda c/ Municipalidad de Centenario s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-31

Deberá el municipio abonar a la actora en concepto de daño emergente los gastos que le ocasionó cumplir con las obligaciones impuestas por la entrega, instrumentada en un acta de tenencia precaria, de una fracción de tierra ubicada en el Barrio Sarmiento de la localidad de Centenario y que se encontraba sujeta al refrendo del Consejo Deliberante -acto que posteriormente no aconteció-. Ello es así, ya que tal como surge del Acta de Tenencia Precaria (...), la actora debía "a) Ocupar el lote limpiándolo e iniciando las mejoras a partir del momento de la entrega (10/12/07). b) Aceptar contribuir con el pago de las tasas retributivas. c) El Tenedor Precario queda comprometido a la construcción de material sólido. d) El mínimo de la construcción será de 27 m2 (metros cuadrados) cubiertos, techo de cinc, loza, fibro-cemento o teja". [...] En este contexto, (...) se ha acreditado que la actora ha construido en el lote en cuestión, conforme era su obligación en los términos del acta de tenencia precaria. Así, el perito ha tasado las mejoras introducidas en la suma de $15.000 (...), con lo cual será ésta la suma que se reconocerá atendiendo a los gastos en los que ha incurrido la reclamante en cumplimiento de la obligación asumida.
Recusación con causa, prejuzgamiento, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Zapettini, José María s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1985-07-01

El prejuzgamiento que el art. 31 inc. 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla como causal de recusación, solo se produce con la emisión intempestiva de opinión, respecto de cuestiones que aún no se encuentran en estado de ser resueltas;

dicho innecesario e inadecuado anticipo de criterio, no se configura en aquellas resoluciones que aprecian "prima facie" una situación jurídica, a fin de dictar una medida precautoria.
Concurso preventivo, acreedor quirografario
Materia: CIVIL
Carátula: MAUD, ELIAS s/ CONCURSO PREVENTIVO-INCIDENTE DE REVISION DEL BANCO HIPOTECARIO S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-08-20

Los créditos eventuales (que son aquellos que aún tienen una condición pendiente o circunstancias aún no cumplidas que impide el ejercicio actual de su derecho -créditos bajo condición suspensiva o que dependen de un pronunciamiento judicial previo, fiadores o garantes del fallido que aún no han pagado al acreedor del fallido y con derecho de repetición contra éste, etc.) ingresan al concurso, pero el ejercicio de sus derechos como acreedores concurrentes está sujeto a la consolidación definitiva de su acreencia, por la desaparición de la condición o circunstancia determinante de la eventualidad.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cómputo del plazo, código aduanero, prescripción de la acción penal, ley penal, responsabilidad penal, personas jurídicas, contrabando, sentencia arbitraria, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: JETS MARIVENT IBEROAMÉRICA S.R.L c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-05

Al respecto he expresado que "El Código Aduanero no prevé en sus disposiciones indicación alguna respecto del cómputo de los plazos para determinar la prescripción de la acción penal emergente de los delitos por aquél descriptos, sin perjuicio de ello, se entiende que aquella pretendida dificultad podrá sortearse mediante una adecuada remisión conforme lo prevé el art. 890 de aquel cuerpo normativo a las disposiciones que rigen el instituto en el Código Penal que, por su art. 4° y respecto de las leyes penales especiales, también establece su propia aplicación cuando ciertos aspectos no se encuentren específicamente regulados en aquéllas". A lo mencionado se añade a que el art. 1 de la ley 27.401 establece que su "Objeto y alcance" se limita al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en lo relativo a determinados sucesos delictivos, entre los cuales no se halla el delito de contrabando; motivo por el cual el a quo no logra fundar adecuadamente su interpretación. En tal contexto, debe tenerse en cuenta que las operaciones de importación se oficializaron entre los meses de octubre de 2008 y marzo de 2009; que el 3 de julio de 2012 el representante de la sociedad fue citado a prestar declaración indagatoria; y que el 28 de octubre de 2014 y el 6 de noviembre de 2014 la querella y la fiscal de grado presentaron -respectivamente- los requerimientos de elevación a juicio respecto de la persona jurídica. Por lo expuesto, a contrario de cuanto se afirmó en la resolución recurrida, no transcurrió el plazo (computable en diez años), desde el último acto con entidad para interrumpir la prescripción de la acción penal instada en contra de la sociedad. procesada. Dres. Borinsky y Carbajo
Recurso de queja (procesal), notificación, notificación por cédula, copias, falta de copias
Materia: PROCESAL
Carátula: Bossi de  Morales, Adelma Haydée c/ Municipalidad  de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

Es improcedente el reclamo de notificación por cédula del requerimiento de acompañar copias en el trámite del recurso de hecho ante la Corte Suprema, puesto que no se encuentra comprendido entre los casos del art. 135 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Medidas cautelares, embargo preventivo, levantamiento del embargo, entidades financieras
Materia: PROCESAL
Carátula: Océano  Cia  Argentina de Seguros SA c/ Transportes JVC y otro s/ faltante y/o avería de carga transp. terrestre.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-08

Cabe precisar que - atendiendo el carácter provisional de toda medida precautoria - el magistrado habrá de disponer el inmediato levantamiento de los embargos eventualmente trabados en entidades financieras, una vez que se halle cubierta la suma por la cual se decretó la cautelar. Tal solución despeja la posibilidad de generar perjuicios innecesarios al demandado, y huelga señalar que cualquier demora en el procedimiento pertinente compromete la responsabilidad inexcusable del embargante (conf. Sala 1, causa n° 13.280/02 del 17.12.02)
Contrato de trabajo, indemnización por despido, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: ALFONSO    RICARDO    DANIEL c/ CELMA    S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16

Resulta inconstitucional que el recargo del 80% se calcule únicamente en relación con la indemnización del art. 245 L.C.T.. Si bien el decreto 2014/04 adicionó que ese porcentual "comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo" (art. 2º), tal disposición no resulta constitucionalmente válida a poco que se tenga presente que la norma legal que interesa solo apunta a la indemnización por antigüedad ("por sobre la indemnización). Por lo tanto, el decreto excedió la ley y el marco del art. 99 inc. 2º de la Constitución Nacional, y por ello, corresponde desplazar, en cuanto a su aplicación al caso, el texto del art. 2º y calcular el agravamiento indemnizatorio con base en el 80% de la indemnización del art. 245 L.C.T..
Procedimiento administrativo, prescindibilidad, contrato de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Maidana, Oscar Luis c/ E.F.A. s/ ordinario / ley 18.345).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

Si no se solicita la reincorporación del demandante ni se cuestiona ni impugna la legitimidad del acto administrativo que dispuso la prescindibilidad, sino el monto de la reparación patrimonial conferida según lo dispuesto por la ley 21.274, el actor estaba habilitado para promover directamente la acción judicial (art. 32 de la ley 19.549) habida cuenta que su pretensión es independiente de la existencia de un acto administrativo denegatorio.
Legitimación procesal, litisconsorcio, homologación del acuerdo, Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia SA
Materia: CIVIL
Carátula: MARÍN, Gladys Yolanda c/ UGOFE S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-03

Es procedente la homologación de un acuerdo celebrado entre la actora y un codemandado por cuanto resulta para otro res inter alios acta, es decir, en principio, no puede oponerse a terceros (arts. 1197 y 1199 del Código Civil). Con este enfoque, en la medida que nada se reclame al Estado Nacional, éste carece de interés y legitimación en formular su oposición, pues no se advierte que la homologación del acuerdo transaccional le cause perjuicio. Es que el alcance de las normas que regulan la relación del Estado con el operador del servicio concesionado Unidad de Gerenciamiento Operativo de Ferrocarriles (UGOFE), excede el ámbito de este incidente en los términos del planteo de legitimación. (Sumario N°20974 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Accidente de tránsito, transporte benévolo
Materia: CIVIL
Carátula: S., N.F. c/ M.CH., R. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-24

El utilizar un transporte "amigable" significa para el transportado una opción circunstancial de vida, al prescindir de la alternativa -siempre presente- del transporte oneroso, comercial o profesional. Es claro para mí que esa opción implica la plena asunción de los riesgos a que se encuentra expuesta, como sucede con todas las que adoptamos en nuestras vidas. El transportado se hace partícipe, asume un rol activo en el "hecho del transporte", en contraste con la pasividad que caracteriza al papel del "pasajero" en los transportes públicos.
Acción de amparo, plan para la vivienda
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Salas, AbeL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-07

Los jueces de la causa consideraron que la actora formaba parte del universo de personas con prioridad para ser incluida en un plan habitacional, con sustento en la valoración de cuestiones de hecho, y el GCBA no mostró que aplica los recursos estatales a subsidiar a personas que están en una situación preferente a la de la actora ya sea por padecer una mayor necesidad, o porque estando en igual situación la medida del beneficio acordado es menor al que el a quo le reconoció. (Voto del Sr. Juez José O. Casás. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Luis F. Lozano y Ana María Conde).
Declaración indagatoria, derecho a conocer las pruebas en contra, sumario administrativo, declaración en sede administrativa, declaración testimonial, nulidad procesal, debido proceso adjetivo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PORTILLO, Miguel A. s/ NULIDAD- CAUSA 15.687
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Si en oportunidad de recibírsele declaración indagatoria al imputado se le enumeran, como prueba obrante en su contra, las actas correspondientes a sus declaraciones efectuadas ante funcionarios del Registro Nacional de las Personas, que advirtieron una falsedad documental, este acto resulta nulo en cuanto importan una efectiva violación a principios procesales de raigambre constitucional.

Así se ha sostenido, en análogo sentido, que constituye motivo suficiente para decretar la nulidad de la declaración indagatoria, la enumeración como prueba de cargo de los dichos que, previamente, había vertido el imputado en forma testimonial, aún cuando se lo relevó del juramento que oportunamente prestara (conf. Voto en disidencia del Dr. Cattani en causa 20.087 Stolte del 27.9.94.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, agravio concreto, crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL
Carátula: C., O. G. c/ V., P. C. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-08-31

Se ha dicho que "la sustentación exige indicar razonada y explicadamente los cuestionamientos que respecto de la decisión, bien en sus fundamentaciones jurídicas o fácticas, hace el recurrente. La sustentación tiene por finalidad hacer un cuadro comparativo entre las razones aducidas por el fallador, y las del recurrente, para demostrar desde allí, el agravio, la lesión que esa decisión causa".
Banco central, resoluciones, pago, decreto de necesidad y urgencia, competencia administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Coego, Oscar c/ B.C.R.A. s/ Juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-13

Al adoptar el procedimiento de pago fijado por la Resolución 150/93 del B.C.R.A. trascendió la esfera propia de su competencia al alterar lo previsto en el decreto 36/90 (conf. Sala II, in re: Interguglielmo del 13/2/95; Sala III, in re: Coego Aldo Severino del 5/10/95).
Despido, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Duete, Alejo c/ Cattorini Hnos. S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28

Si el trabajador no recibió el telegrama de despido cursado por su principal, no habiéndole sido comunicadas, en consecuencia, la o las causales de su cesantía, el despido debe juzgarse injustificado (art 243, L.C.T.).
Alimentos, cuota alimentaria, pago en especie
Materia: CIVIL
Carátula: B.S.E. Y OTRO c/ B.A.R. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-07

La pensión alimentaria que se traduce en una suma periódica se subordina a la condición de convivencia de la madre con los alimentados.

Si los menores son entregados al padre para que permanezcan con él un lapso de tiempo, ello conlleva, en un orden natural, a la aceptación implícita de que el cumplimiento de parte del deber alimentario en el período en que los beneficiarios se encuentran con su progenitor, se llevará a cabo en especie, lo cual implica también que no se lo hará en dinero en forma simultánea, pues la pretensión de un doble pago carecería de fundamento.

Durante el tiempo en que el menor se encontraba vacacionando con el alimentante es de suponer que a falta de prueba al respecto, la madre debió afrontar gastos fijos fundamentalmente referidos al rubro vivienda -luz, gas impuestos, etc. que debe solventar parcialmente aquél.
Participación criminal, participación secundaria, actitud pasiva
Materia: PENAL
Carátula: AGUIRRE, LUCIA M. s/ PRUEBA  TESTIMONIAL  -  MENOR  -  ACTA  DE  SECUESTRO - PARTICIPACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-17

"El hecho de acompañar al delincuente al lugar del delito y presenciar como actúa será la mayoría de las veces - a pesar de constituir una actividad claramente criminal - sólo complicidad. A no ser que el juez llegue a la conclusión que ha sido este apoyo moral el que decidió al ejecutor a actuar".

Si la contribución de los procesados no es de aquéllas que puedan llamarse escasas, y las conductas no aparecen como irrelevantes al orden jurídico, su participación se reputa secundaria.
Licitación pública, adjudicatario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Eco Sistemas -Empresa de computación- c/ Municipalidad de Santo Tomé s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nº   168-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-23

Frente a una hipótesis de incorrección de una disposición del Pliego de Bases y Condiciones ha de privilegiarse aquella conducta que exterioriza un proceder leal frente a la Administración, en busca de la clarificación y dilucidación del equívoco presuntamente incorporado en la norma. Es claro que, en situaciones tan excepcionales, exigir el respeto de la norma contractual cuando se es consciente de su desajuste con la realidad importaría exigir a la contratista una renuncia a la verdad material, en homenaje a una adecuación normativa puramente formal.
Concursos, privilegios (civil)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COPESA s/ Quiebra-Incidente impugnación promovido por SOMISA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-25

Si bien es cierto que no solicitado tempestivamente por el acreedor el reconocimiento del privilegio (art.33 Ley 19551) el juez no puede conferirlo, ya que ello importaría incursionar en el ámbito propio de un derecho subjetivo sólo disponible para su titular, también lo es que tal omisión no puede interpretarse como una renuncia a tal privilegio cuando aún no se habían dado en el proceso actos significativos que enervaran la rectificación. La interpretación restrictiva que merece la abdicación de los derechos, así lo sugiere (art.874 Código Civil).