marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Orona, Elfa c/ Monez Cazón, Adolfo y otros s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-29

Como la prescripción adquisitiva tiende a prevalecer sobre el título de propiedad, debe producirse la prueba en forma clara y convincente, sin dejar lugar a dudas de que realmente se ha tenido la posesión continua del bien durante el lapso de la usucapión larga de un modo efectivo, en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y con ánimo de dueño, de modo que el proceso de reconstrucción de los hechos demuestra de manera inequívoca: a)la existencia de actos posesorios; b)la continuidad de esa posesión; c)la inexistencia de actos turbatorios; d)el carácter público de la conducta desplegada; y e)la antigüedad de la posesión que exceda al lapso exigido por la ley, o sea, el de veinte años.-
Fertilización asistida, derecho a la vida, salud reproductiva y sexualidad, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL
Carátula: M. V. M. c/ I.S.S.N. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-21

Para resolver el caso planteado se debe recurrir a los principios consagrados en las normas convencionales y constitucionales citadas teniendo presente que la norma involucrada (artículo 8 del Decreto Reglamentario N°956/2013) es parte integrante de un sistema jurídico, al que pertenece desde el momento de su creación, generándose entre todas las normas de un sistema acciones y reacciones. La interpretación de este precepto debe conjugarse como un todo coherente, con la totalidad de las normas y de los institutos jurídicos que le sirven de base. Es decir, debe efectuarse una interpretación de la norma con miras al contexto en que está situada, conjugando los demás preceptos que integran el plexo normativo y del cual forman parte. Pues, sus distintos fragmentos forman una unidad coherente: en la inteligencia de sus cláusulas debe cuidarse de no alterar el equilibrio del conjunto y en este sentido no puede dejar de valorarse que el derecho a la salud reproductiva constituye un bien fundamental que resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal. Asimismo, por tratarse el derecho a la salud reproductiva de un derecho humano, debe ser analizado de acuerdo al principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Este principio se contempla directamente en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Prueba confesional, coprocesado, imputaciones recíprocas, valor probatorio, retractación de la confesión
Materia: PROCESAL
Carátula: COBO, Jaime s/ PRUEBA. PRUEBA DE CONFESION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-22

1) Las confesiones de los procesados, donde se imputan recíprocamente el delito, son legalmente admisibles para demostrar la realidad objetiva sobre la que ha fincado la pretensión fiscal, siendo irrelevante la posterior rectificación, al no haberse dado cumplimiento a los extremos del art. 319 CPC para que sea admisible la retractación, siendo suficiente que las sendas confesiones estén apuntaladas por otros elementos de convicción, dado su carácter de prueba 'condicionada' para que permitan aseverar la sinceridad y cordura con que se ha expresado el confidente sobre los hechos enjuiciados y adquieran así pleno valor convictivo (Del voto del Dr.

Ledesma) (Conf. Ledesma 'El Proceso Penal', I-145; Sala II, 'Motto, R.' 10/5/77, 'fallos CCC', t. II, 2da. serie, 1977, pág. 77).

2) Las imputaciones que formulan los coprocesados en la propia confesión de su quehacer delictivo se conjugan con los elementos de juicio obrantes en la causa, que resultan con suficiente solvencia para fundar un reproche penal. (Del voto del Dr. Madueño) (Conf.

Sala V, 'Cacace, R.', c. 10.028, 4/7/78; c. 9852, 'Mecuzi, J.A.', 28/3/78).
Despido, indemnización por despido, despido del delegado gremial, indemnización agravada, opción del trabajador, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZA TABARELLI, EUSTACIO c/ DELECO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-31

Corresponde se abone la indemnización establecida por el art. 52 de la ley 23551, pues si bien dicha norma alude a la opción del trabajador a reclamar la indemnización agravada cuando se considere indirectamente despedido, en el caso concreto, la empleadora había despedido al trabajador en modo directo sin hacer uso del procedimiento de exclusión de la tutela sindical. De otro modo se estaría violentando todo el sistema de tutela sindical contrariando el fin perseguido en la ley de asociaciones sindicales, cual es el de garantizar el ejercicio de la representación gremial.
Actualización monetaria, índice de precios al consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: D'Amario, Vicente c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Recurso Contencioso-Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1980-10-30

"El aumento del monto nominal en función de los índices oficiales de precios al consumidor no hace la deuda más onerosa que en su origen;

sólo mantiene el valor económico real".
Energía eléctrica, contaminación ambiental
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: RICOBELLI, HORACIO J. c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA (EPE) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-02

No puede prosperar la queja interpuesta desde que no se logra acreditar irrazonabilidad en la decisión de la Cámara - confirmatoria del rechazo de su pretensión dirigida contra la Empresa Provincial de la Energía con el objeto de que se proceda al retiro de los cables aéreos del tendido eléctrico que rodean su vivienda, o bien el embutido subterráneo de los mismos, en virtud de los elevados índices de contaminación electromagnética que -a su juicio- constituían un grave riesgo de la salud- ; ya que no consigue demostrar, por un lado, que los jueces en su tarea de determinar si se estaba en presencia del daño invocado, hayan soslayado valorar la naturaleza proteccionista de la salud del mencionado del Anexo II de la Resolución 77/98 de la Secretaría de Energía; y por otro, que los límites que allí se disponen no sean científicamente los que correspondan.
Subcontratación laboral, contrato de franquicia, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Chazarreta Héctor Edgardo c/ Emparte SRL y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-26

Cuando existe un contrato de franquicia no resultan aplicables -en principio- las disposiciones del art. 30 LCT toda vez que las dos partes son independientes una de otra, los franquiciados actúan en su propio nombre y a su propio riesgo, y el franquiciante no ejerce ningún control sobre los dependientes de aquél. En estos contratos no se cede un establecimiento ni se subcontrata la realización de obras o servicios que hagan a la actividad principal o accesoria del franquiciante, tampoco hay cesión de derechos y de obligaciones. (En el caso, el actor demandó con fundamento en el art. 30 LCT a Franquicias Argentinas SA, Sólo Empanadas SA y a Emparte SRL, alegando que constituían un grupo económico con una unidad técnica de ejecución).
Sentencia firme, cosa juzgada, derecho de propiedad, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: PERALTA  HECTOR  FABIAN c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMIAS/ s/ ROCESO DE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

La reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema que postula que los derechos emergentes de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada quedan incorporados al patrimonio y se encuentran protegidos por el art. 17 de la Constitución Nacional (conf. Fallos: 209:303, 237:563; 307:1709; 308:916 y 319:3241). Y que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales es uno de los presupuestos del ordenamiento social cuya ausencia o debilitamiento pondría en crisis a la íntegra juridicidad del sistema, por constituir un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica (conf. Fallos: 315:2406 y en fecha reciente, in re "Grillo Vicente c. Sparano Claudio Rafael" (G.88.XLII-R.H.), del 3.7.07, considerando 16).
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Agosti, Orlando Ramón s/ incidente de excarcelación-causa N 20.129.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-11

La jurisdicción de la Corte se encuentra limitada a la revisión de aspectos contenidos en la sentencia apelada.
Inimputabilidad, estado de inconsciencia, ebriedad, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Samperi, C. D. s/ Inimputabilidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-29

La mera invocación de una supuesta ebriedad del procesado, sin sustento probatorio alguno y desmentida por su relato coherente y detallado, es insuficiente para considerar la existencia de una causal de inimputabilidad.
Contratos, locación, contrato de obra, construcción de gasoducto, subcontratación de servicios, sociedades comerciales, aplicación de la ley, tratados internacionales, derecho extranjero
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Vitale, Guillermo Augusto c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

2 - Ello así, pues si bien en la definición de "servicios" que determina la ley de impuesto al valor agregado como hecho imponible, no está comprendida una indemnización por daños y perjuicios, ya que el pago que reviste naturaleza indemnizatoria no se encuentra alcanzado por el impuesto al valor agregado; sin embargo, distinta es la solución cuando el pago tiene por causa remunerar una actividad onerosa. Tal es la situación de los rubros que prosperaron (el pago de la deuda originada en el aumento del volumen de obra, desmovilización y trabajos adicionales) en tanto son prestaciones efectivamente ejecutadas, y por tal razón son alcanzadas por el tributo. 3 - La ley prevé como hecho imponible la realización de obras, locaciones y prestación de servicios a los que hace alusión la ley 23349:
Quiebra, costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: LA  FORRAJERA  DEL  CENTRO  S.R.L  CONCURSO  PREVENTIVO (HOY QIEBRA) EXPEDIENTE LETRA "D" NRO 1 s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-07-28

Si planteada una cuestión cualquiera el órgano judicial guarda silencio a su respecto, y el decisorio deviene firme, no puede concluirse sino que resulto denegada. Algo semejante es lo que ocurre con las costas, que si no hay pronunciamiento al respecto, se entiende impuestas por su orden.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, omisión de considerar cuestión propuesta, daños y perjuicios, indemnización, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hernández, Victor y otros (Acumulado: Bertinetti, Teresa Dora Bravin Vda. de y otros) c/ Comuna de Santa Clara de Buena Vista y/u otros (Acumulado: Dirección Provincial de Vialidad y/u otros) s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Quejas admitidas). Indemnización de  daños y perjuicios (Expte. CSJ Nº 379-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-29

La sola condena en costas a la parte actora, despojada de toda fundamentación que la explicite y la sustente, al no brindar la Sala razón alguna en apoyo de su decisión -ni siquiera ante los concretos planteos que los actores le formularon en materia de reparaciones por daños y perjuicios- no satisface las exigencias constitucionales que derivan del artículo 95 de la Constitución provincial y torna descalificable en esta instancia lo decidido, debiendo acogerse la postulación de los recurrentes de que el fallo cuestionado aparece sorpresivamente "infundado e inmotivado, resultando arbitrario...en cuanto dispone sobre el modo que habrán de soportarse las costas", al contar con suficiente asidero en las constancias de la causa y provocarle un agravio que justifica la intervención de esta Corte como Máximo Tribunal de garantías constitucionales.
Contrato de obra pública, revocación de sentencia, modificación del contrato, aplicación temporal de la ley, Ferrocarriles Argentinos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Desaci S.A. c/ E.F.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-23

Corresponde revocar la sentencia que rechazó la demanda deducida con apoyo en los decretos 1725/85, 1726/85 y 2050/85 si del examen de las comunicaciones intercambiadas se desprende que las empresas constructoras solicitaron de modo inequívoco la adecuación del contrato en el marco de dichos decretos y Ferrocarriles Argentinos no se opuso al reclamo con fundamento en la falta de realización de las tareas en el plazo previsto en las normas, sino en "aspectos jurídicos de no fácil resolución" (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES c/ WILCO  S.C.P.A  LAVEZZANI HNOS.  S.R.L s/ RECURSO  ORDINARIO  DE  APELACION - HONORARIOS - MEMORIAL - DESERCION  DEL RECURSO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-06

Si los términos en los que se encuentra redactado el memorial ponen de relieve que no contienen una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia, tal circunstancia de acuerdo con lo dispuesto por el art. 280, apartado 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, trae aparejada su deserción.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEA OSSOLA, Julio Abelardo c/ ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-02-18

La pretensión amparista involucra a la concesionaria de la prestación de un servicio público y la solicitud de reubicación de un elemento utilizado para el cumplimiento del objeto del contrato el cual se aprobó en el marco de la normativa dictada por la Secretaría de Energía de la Nación y el Ente Regulador de la Energía en el orden provincial.

Se advierte prima facie que el actor tenía a su alcance otros procedimientos para obtener la tutela de sus derechos en relación a la demanda, a través de los distintos procedimientos previstos constitucional y legalmente para este tipo de reclamos relacionados con la prestación de servicios públicos, los que se canalizan a través de los organismos previstos para la Defensa del Consumidor.
Desmonte de bosque nativo, nulidad de la resolución, evaluación del impacto ambiental, audiencia pública
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa "Mamani, Agustín Pío y otros c/ Estado Provincial - Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Empresa Cram S.A. s/ recurso" c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-05

Debe declararse la nulidad de las resoluciones 271-DPPAyRN-007 y 239-DPPAyRN-2009 de la Dirección de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy, mediante las cuales se había autorizado el desmonte de 1470 hectáreas de bosques nativos, en la finca La Gran Largada ubicada en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, de la provincia mencionada, dado que las irregularidades del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que caracterizaron el pedido de desmonte revisten carácter de suficiente gravedad para justificar la nulidad de las autorizaciones. Asimismo el permiso de desmonte comprende una superficie mayor a la detallada en el estudio de impacto ambiental y tampoco surge de las constancias de la causa que se hayan celebrado las audiencias públicas correspondientes antes del dictado de las resoluciones cuestionadas.
Lesiones, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: FARIAS, JUAN ANTONIO c/ POLICIA DE LA PROVINCIA, GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y/O RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-08-20

Las lesiones sufridas por un empleado no se prueban solamente por medio de la pericia o examen de los expertos médicos que han intervenido sino que es necesario tomar en consideración las testimoniales de compañeros de trabajo, y la misma absolución de posiciones del demandante y hasta las propias explicaciones del médico.
Sanciones conminatorias, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iturriaga de Diez Lucila Celia c/ Iturriaga Ezequiel s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

La facultad de imponer sanciones pecuniarias, que la ley procesal ha otorgado a los órganos jurisdiccionales, no está sujeto en su operatividad al previo anoticiamiento de su potencial aplicación, por lo cual la sentencia que lo contiene se exhibe acusando tal enunciada innecesariedad, quedando ella expedita cuando se da el supuesto fáctico que es al mismo tiempo el extremo que la justifica y el obstáculo a remover: el incumplimiento del mandato jurisdiccional.
Derecho de enseñar y aprender, medidas cautelares, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: ADMINISTRATIVO-EDUCACION
Carátula: Kestelboim, Mario Jaime y Otros c/ G.C.B.A. y Otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

La medida cautelar peticionada tendiente a que se deje sin efecto la aplicación del nuevo sistema de inscripción "en línea", aprobado por Resolución 3337/MEGC/13 y su consecuente Res. 1129/SSEGC/13, a implementarse en las escuelas públicas de distintos niveles en la Ciudad de Buenos Aires, a partir del período lectivo 2014, es improcedente, pues en lo que respecta al invocado derecho a la información oportuna, veraz y completa, quedaría demostrado que no existe una violación manifiesta, es que, existiría además de la publicidad legalmente establecida de la resolución cuestionada, una información adecuada en el sentido de no constituir en forma manifiesta una negligencia de la administración educativa o falta de servicio.
Reajuste jubilatorio, cosa juzgada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bingert, Juan Donaldo Mackenzie c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-19

En materia de previsión social el régimen de la cosa juzgada respecto de las sentencias al jubilado, no debe ser restrictivo, ya que lo que importa es el reconocimiento exacto de los derechos acordados por las leyes, no pudiendo el Juez desoír un reajuste que fue otorgado a otros agentes que se hallaban en su misma condición, con fundamento en que la pretensión no podía ser objeto de un nuevo pronunciamiento. (Cfr. C.S.J.N. "Foussats, Horacio Néstor", sent. de fecha 05.12.83, Fallos: 305:2220). (Del voto de la Dra. Dorado)
Acción de amparo, prestación educativa, presentación de las ofertas, educación a distancia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Escuela de Psicología Social  c/ En - M Educación - Consejo Federal de Educación (Dictamen 2273/22)  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

Se admite -con remisión al dictamen fiscal, con excepción del punto 7- los agravios ofrecidos por la parte demandada, y se revoca la decisión de primera instancia que ordenó al Ministerio de Educación de la Nación (por medio de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia) que vuelva a evaluar el proyecto de la parte actora y a expedirse acerca de su aprobación, en caso de resultar procedente, a efectos de que aquélla pueda adecuar su oferta educativa presentada. En el dictamen al que remite la sala en su decisión, el fiscal general señaló que la "autoridad local -el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires- sometió nuevamente a evaluación de la Comisión el proyecto y lo juzgó viable, tras lo cual dio intervención a la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia que mediante le dictamen [...] impugnado consideró que correspondía su no aprobación. Ante ello, finalmente, el Ministerio de Educación de CABA dictó la Resolución n° 2279/23 por la que rechazó la implementación del plan de estudio e inhabilitó" a la parte actora "a matricular". Consideró que la "la actuación de la Comisión pueda tacharse de arbitraria o irrazonable, conforme lo requiere, para su procedencia, la acción intentada [pues] el dictamen en crisis se encuentra suficientemente fundado". Y remarcó que "los reparos esgrimidos" por la parte actora "revelan, en rigor, una mera discrepancia con los criterios vertidos" por la comisión y que "tampoco tiene asidero la invocación de la denominada confianza legítima a los efectos de controvertir lo actuado por la accionada".
Delitos contra el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, libertad de elección de AFJP, prescripción de la acción penal, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RIBEIRO, ROBERTO CARLOS s/ Cheque sin fondos, incidente de  apelación de prescripción y sobreseimiento total del imputado (Sic)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-11

1 - Corresponde revocar la resolución mediante la cual se dejó sin efecto el auto de procesamiento del imputado declarando extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyéndolo, toda vez que del exámen de las actuaciones surge que no se habría agotado la investigación tendiente a dilucidar si la AFJP pagó al imputado, o no, alguna comisión por la incorporación cuestionada. Ello es así, si se tiene en cuenta las diferencias existentes entre lo informado por la administradora de fondos, los datos contenidos en las planillas obrantes en autos y lo manifestado por el imputado.- 2 - En consecuencia, hasta tanto se determine con certeza si existió o no el pago de la aludida comisión a favor del imputado corresponde estar a los límites de la imputación efectuada en la que no puede descartarse la concurrencia de los tipos penales previstos por el Art. 135 de la ley 24241 y 172 y 292 del Código Penal.- 3 - A los efectos de determinar el monto de la pena para el cómputo de la prescripción, debe tenerse en cuenta que por el Art. 172 CP se sanciona con un máximo de pena superior al previsto por el Art. 135 de la ley 24241, siendo aquel máximo al que deba acudirse a efectos de establecer si se ha producido la extinción de la acción penal por prescripción.
Fundamentación de sentencias, ley vigente
Materia: PENAL
Carátula: Gallardo, Laura Rosana y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

La decisión puesta en crisis constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias que surgen de la causa, debiéndose por ende descartar la existencia de algún supuesto de arbitrariedad (arts. 123 y 404 inc. 2° del catálogo instrumental).