Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-13


REGISTRO Nº 60/13 ///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de febrero del año dos mil trece, reunidos los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Liliana Elena Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Mariano Hernán Borinsky, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor Walter Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa nº 16.114 caratulada "Errante, César Augusto; Pérez, Javier; Iriarte, Matías y Canal Bustos, Alberto s/recurso de casación". Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General ante esta Cámara, doctor Raúl Omar Pleé y ejerce la representación de Myriam Andrea Gentilezza, el pretenso querellante Alejandro Sánchez Kalbermatten.

Efectuado el sorteo para que los señores Jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden siguiente: Eduardo R. Riggi, Liliana E. Catucci y Mariano H. Borinsky.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

PRIMERO:

1.- Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto a fs. 75/93 por el doctor Alejandro Sánchez Kalbermatten, pretenso querellante actuando en representación de Myriam Gentilezza, contra la resolución de fs. 68, dictada por la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en la que se dispuso confirmar la resolución que dispuso no hacer lugar al pedido de ser tenido como parte querellante.

2.- El Tribunal de mérito concedió el remedio impetrado a fs. 67 y el mismo fue mantenido a fs. 72	3.- El recurrente encauza sus agravios bajo los dos supuestos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

Entiende que la resolución puesta en crisis adolece de inobservancia de la ley sustantiva ".pues no obstante esta parte haber demostrado un irrefutable interés en participar como parte querellante en la causa, y la arbitrariedad incurrida en sendos resolutorios de 1era Instancia [el que desestima la denuncia por inexistencia de delito y el que rechaza su pretensión de ser tenido como parte querellante], la Alzada dispone confirmar una de las decisiones impugnadas, manteniendo silencio sobre la restante, avasallando flagrantemente las garantías procesales más elementales, y dejando impune los delitos endilgados a los imputados sin un mínimo de respeto hacia la denunciante y pretenso querellante de impulsar una investigación seria." (fs. 78 vta.).

Destaca que ".el poder respectivo no era un simple poder especial para querellar, que como se sabe tiene como único propósito ser utilizado en la causa para lo cual se ha expedido, sino un Poder General Judicial con facultades especiales para querellar, con doble propósito, ser usado para la causa comercial y además para la causa penal." (fs. 75 vta.).

Sostiene que ".al haber soslayado semejante circunstancia en una actitud displicente y desaprensiva con la garantía del debido proceso legal, omite por arrastre considerar la hipótesis de la intimación que, naturalmente, frente a una circunstancia especial, debía necesariamente cursar el Juez a quo para permitir su subsanación." (fs. 75 vta.).

Asimismo entendió que ".el fallo dictado en estos actuados por la Sala IV es nulo de nulidad absoluta, ya que se encuentra viciado en tanto ha sido emitido por solo dos. de sus tres. integrantes." (fs. 77).

A fs. 76 hizo reserva del caso federal.

4.- A fs. 89, el Dr. Kalbermatten, en su calidad de pretenso querellante presentó breves notas. Habiéndose superado la etapa prevista por el artículo 468 del ritual, conforme constancia actuarial de fs. 90, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

1º.- En primer término hemos de ingresar al tratamiento del agravio relacionado con la pretendida nulidad de la resolución recurrida en virtud de la falta de firma del Dr. Julio Marcelo Lucini, planteo que, por ser relativo a la génesis de la causa, corresponde analizar de manera preliminar.

Debemos destacar que las nulidades son de interpretación restrictiva, siendo condición esencial para que puedan declararse que la ley prevea expresamente esa sanción, que quien la pida tenga un interés jurídico en la nulidad y además que no la haya consentido expresa o tácitamente, ya que si dichos requisitos no se encuentran presentes en la especie, la declaración de nulidad se llevaría a cabo en el solo beneficio de la ley, vale decir no respondería a ningún fin práctico, real y positivo que efectivamente la justifique.

Asimismo, cabe recordar que hemos tenido oportunidad de señalar que ".para que la declaración de invalidez de un acto procesal resulte procedente es indispensable que se verifique un perjuicio real y concreto, esto es, que se haya producido una efectiva limitación de un derecho. Y esto así, más allá de que se trate de una nulidad relativa o absoluta." (cfr. nuestro voto in re "Carruego, Gustavo Manuel s/ recurso de casación", causa nº 9830, reg. nº 35/09, rta. el 5/02/2009).

En punto a ello, y en primer lugar, hemos de destacar que de la simple lectura del recurso interpuesto surge que el recurrente no se ha hecho cargo de demostrar la efectiva lesión que le produjo la misma.

Por otro lado, se advierte que a fs. 36 luce una copia del acta por medio de la cual se le notifica al pretenso querellante que el tribunal ".estará integrado por los Dres. Alberto Seijas y Carlos Alberto González, no así por el Dr. Julio Marcelo Lucini en razón de que se encuentra en uso de licencia. El compareciente refiere no tener objeción alguna con ello como tampoco a que el Presidente de la Cámara, de ser necesario, previo a escuchar la grabación pertinente, delibere con sus colegas y formule su voto si es que no tiene preguntas que realizar."; estando suscripta la misma por el Dr. Alejandro Sánchez Kalbermatten y por el prosecretario de Cámara, Javier R. Pereyra.

Así las cosas, entendemos que no corresponde hacer lugar al planteo en tanto que, según las constancias de la causa, el recurrente resolvió no ejercer su derecho de defensa al firmar el acta mencionada supra, lo que nos lleva a concluir que el pretenso querellante, en aquella oportunidad procesal, consintió la circunstancia aquí cuestionada.

2º.- Cabe ahora dar tratamiento a la cuestión vinculada con la resolución del a quo por la cual se confirmara la denegatoria de ser tenido como parte querellante por haber adjuntado -al momento de requerir su legitimación en los términos del art. 82 y 83 del C.P.P.N.- tan solo una copia simple del mandato.

Así las cosas, el a quo, en primer lugar, sostuvo que el agravio de la recurrente ".radica en que el señor juez de grado incurrió en un excesivo rigorismo formal al rechazar el pedido de legitimación pues, de considerar insuficiente dicha constancia para acreditar la representación invocada, debió haberlo intimado para que incorporara el instrumento correspondiente." (fs. 68).

Frente a ello, entendió que ".la falta de aporte de un poder en los términos del art. 83 del Código Procesal Penal impedía que el Dr. Sánchez Kalbermatten pudiera asumir el rol de querellante, aspecto éste no controvertido en la audiencia por el nombrado, siendo que el emplazamiento reclamado en el párrafo anterior no se encuentra regulado por norma procesal alguna que así lo demande." (fs. 68).

Así las cosas de la atenta lectura de la resolución impugnada, entendemos que el pronunciamiento se encuentra exento de vicios o defectos en su fundamentación, los que además no han resultado demostrados por el impugnante en su recurso, y tampoco advertidos por este Tribunal.

En efecto, el recurso impetrado en las presentes actuaciones debe ser desestimado, ya que consideramos que la decisión recurrida se encuentra sustentada razonablemente, como así también evidenciamos que los agravios del recurrente sólo ponen de manifiesto una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta en forma adversa a sus pretensiones (C.S.J.N., Fallos 302:284; 304:415; entre otros).

En este sentido, consideramos que el resolutorio cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido (Fallos 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888; entre otros), por lo que concluimos que la resolución impugnada debe ser convalidada y el recurso incoado, desestimado sin costas.

Sin perjuicio de ello, solo nos resta adunar que el planteo referido a que la Cámara a quo omitió pronunciarse en relación a la resolución por la cual se dispusiera la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito (fs. 25vta./27), tampoco habrá de tener favorable acogida.

En efecto, de fs. 48 surge que el recurso de apelación interpuesto fue solo concedido en punto a la denegatoria del pedido de ser tenido como parte querellante -es decir, nunca se concedió respecto de la resolución que dispuso la desestimación de la denuncia-, y que el recurrente no presentó recurso alguno contra ello, circunstancias por las cuales podemos afirmar que el a quo no se encontraba habilitado para el tratamiento de dicha cuestión.	Por todo lo expuesto, votamos por rechazar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fs. 68, dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, con costas (artículos 456, 470 y 471 a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).	Tal es nuestro voto.

La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo:

El error en que incurriera el recurrente al acompañar el poder necesario para ser reconocido como acusador particular al momento de introducir el recurso de apelación, cuando debió haberlo hecho valer ante el juez de instrucción para lograr su legitimación cierra toda posibilidad de modificar ese pronunciamiento denegatorio de su carácter, a la vez que deja al descubierto la inviabilidad de llegar con esa pretensión a esta sede.	En lo restante adhiero al voto que lidera el Acuerdo.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

Que por compartir los fundamentos del voto del distinguido colega que lidera el presente acuerdo, doctor Eduardo R. Riggi -que ya cuenta con la adhesión de la doctora Liliana E. Catucci-, habré de adherir a la solución allí propuesta, en cuanto rechaza el recurso de casación interpuesto contra la resolución de fs.68, dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, con costas.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fs. 68, dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, con costas (artículos 456, 470 y 471 a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Regístrese, hágase saber, y devuélvanse las presentes actuaciones al tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.- Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: Walter Daniel Magnone. Prosecretario de Cámara.