Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-19


CARBALLO DE GARNERO, Juana contra CONSOLIDAR A.R.T. Reg.: A y S t 202 p 61-64. Santa Fe, 19 de octubre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia 109 del 2 de octubre de 2003, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto en autos "CARBALLO DE GARNERO, Juana contra CONSOLIDAR A.R.T. -Cobro de Pesos-Indemnización por muerte-(Expte. 283/02)" (Expte. C.S.J. nro. 289, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Contra la sentencia 109 del 2.10.2003 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto que desestimó la nulidad impetrada, receptó el recurso de apelación de la demandada sólo en lo atinente a la imposición de costas a la actora en la incidencia que se suscitó en la audiencia del artículo 51 del Código Procesal Laboral resuelta por la "A quo" en la sentencia y rechazándolo en todo lo demás, confirmando la resolución 85 del 8.07.2002 emanada del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Firmat -que en lo que resulta de interés en el "sub examine", hizo lugar a la demanda instaurada y condenó a la accionada Consolidar A.R.T. a abonar a la actora la suma de Pesos noventa y un mil ciento treinta y ocho con cincuenta como indemnización por muerte de Rubén Pedro Garnero, con intereses y costas-, dedujo el apoderado de la demandada el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055 (fs. 25/29).

En el memorial recursivo (fs. 33/44), se agravió acerca de que el Tribunal confirmara el decisorio de primera instancia alegando que debido a la incomparecencia del representante legal de la demandada se habían tenido por ciertos los dichos de la actora en su demanda.

Asimismo, reprochó al fallo el monto estipulado en la condena como así su forma de pago; en lo que respecta al monto, sostuvo que el tope indemnizatorio de la ley 24557 era inferior al momento del suceso que lo decidido en la sentencia ($55.000.-) y, en cuanto a la forma de pago, porque la ley mencionada dispone que se debe abonar en forma de renta y no en un pago único.

Por lo demás, tildó de arbitrario al resolutorio en cuanto a la atribución de responsabilidad por una enfermedad inculpable -no prevista en el sistema de la ley de riesgos del trabajo 24557-, toda vez que la demanda se encuentra basada en la ley de riesgos del trabajo y se reclama por una muerte ocurrida en el mes de septiembre de 1997, no se hace ninguna consideración en cuanto a la inconstitucionalidad del régimen de la ley por lo cual el sistema de la ley es plenamente aplicable en su totalidad y en especial su listado de enfermedades dispuesto por el decreto 658/96 donde no se encuentra contemplado el infarto de miocardio. Alegó que no se daba en el caso la necesaria relación de causalidad que debe existir entre el agente de riesgo laboral y las enfermedades que se invocan, estándose en presencia de típicas enfermedades inculpables totalmente independientes del trabajo y que escapan al ámbito de la ley 24557.

Reputó arbitrario al fallo también en virtud de haber aplicado en autos la teoría de la indiferencia de la concausa, abolida por la ley 24028, atribuyéndole la exclusiva causalidad al supuesto accidente de trabajo, siendo que de las constancias de autos surgía claramente que el occiso poseía una enfermedad preexistente y que en gran medida ello fuera la causa de su deceso.

Aseveró que ha quedado evidenciado con el deber de fundar adecuadamente la resolución y por haberse prescindido de las pruebas aportadas a la causa; consumándose un exceso ritual manifiesto incompatible con un adecuado servicio de justicia en menosprecio de la verdad jurídica objetiva; revistiendo -a su juicio- el caso "gravedad institucional".

La Cámara "a quo", mediante auto 85 del 23.06.2004 denegó la concesión del remedio intentado (fs. 45/48), motivando ello la presentación directa del compareciente ante esta sede (fs.58/68).

2. Cabe señalar que, pese al esfuerzo desarrollado en su presentación directa, no pueden tenerse por debidamente desvirtuados los fundamentos brindados por la Cámara en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, quedando así incumplida la carga que exige el artículo 8 de la ley 7055.

En efecto, aún de reputarse superado con los argumentos expuestos la acusada falta de oportuna introducción de la cuestión constitucional, lo cierto es que no logra rebatir la respuesta dada a sus reparos en torno al monto de la condena y a la forma de pago en el auto denegatorio, que consistiera en que "esos temas no se pusieron a consideración ni del juez de primera instancia y mucho menos de la Alzada cuando se propusieron los agravios siendo que los mismos estaban reconocidos en el decisorio de primera instancia" (f. 47vto.).

Tampoco conmueve en su presentación directa la réplica explicitada en la denegatoria al ac Si bien con lo hasta aquí expuesto se sellaría por sí sola la suerte de la impugnación, cabe destacar también que no obstante el impugnante invoca arbitrariedad, de la confrontación de los agravios vertidos en la pieza introductora con la decisión impugnada, surge que toda la argumentación esgrimida, pese al matiz constitucional que el recurrente aspira a otorgarle, se vincula con el criterio con el que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos y con el que valoró las pruebas y en función de ello, interpretó las normas comunes pertinentes, ámbito éste que resulta por cierto ajena a la instancia del recurso extraordinario deducido.

Por cierto, como se dijera, el "A quo" tomó en cuenta la actitud de la demandada de no haber comparecido sin justa razón a la audiencia de trámite, y por aplicación concreta y efectiva del apercibimiento previsto en el Código de rito, entendió que correspondía tener por cierto el andamiaje fáctico expuesto en la demanda, en desmedro de las pretensiones negatorias del demandado.

Así, reputó ciertos los hechos narrados por la actora en su demanda, en cuanto a que el hecho desencadenante de la crisis cardíaca había acaecido y que había sucedido con motivo o en ocasión del trabajo; atento esa conclusión, en tren de determinar si había existido conexión causal entre el suceso dañoso laboral y la muerte de Garnero, esposo de la accionante, ponderó la pericia médico legal efectuada por el doctor Schiappa Pietra, que concluyera que si hubiesen existido exámenes clínicos rutinarios y estudios complementarios -que permiten el diagnóstico en el 96% de los casos- se habría detectado la hipertrofia miocárdica del trabajador y se hubiera podido evitar el desenlace trágico que ocurrió al permitirse u obligarse al trabajador a realizar un gran esfuerzo con una deteriorada salud.

Consideró asimismo que, frente a la obligación que impone la ley 24557 a la aseguradora de verificar el cumplimiento del mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad para poder reducir la siniestralidad laboral, no surgía comprobado que la hubiese realizado.

Y, ante la queja formulada en torno a las cargas probatorias como acerca de que las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral quedaban excluidas de la ley en el artículo 6 punto 3 , respondió que la propia disposición continúa diciendo "y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación", y que, en autos, no se habían presentado ni el examen preocupacional ni los controles periódicos que podrían haber permitido excluir de la responsabilidad de la demandada en el suceso "sub examine".

A esa línea conceptual opone el compareciente su propio enfoque del caso, insistiendo en ocasión de interponer el recurso extraordinario en el indebido alcance que a su juicio se otorgara a la incomparecencia de la accionada a la audiencia y en cuya virtud se tuvieran por ciertos los dichos de la actora en su demanda, afirmando que el deceso de Garnero no constituía una contingencia indemnizable en los términos del artículo 6 de la ley 24.557, dado que se había producido por causas no vinculadas al trabajo -y no resultando de aplicación al caso la teoría de la indiferencia de la concausa-, y cuestionando el monto de la condena como así también la forma de pago establecida por el Juez de baja instancia. Mas lo cierto es que con tales argumentos no alcanza a demostrar que los miembros del Tribunal al decidir como lo hicieran -de acuerdo a lo reseñado más arriba-, se hubiesen apoyado en argumentaciones inmotivadas.

En suma, pues, la impugnación -tal como ha sido presentada- no logra traspasar el limite de la disconformidad de la recurrente en torno a la solución que alcanzaran los juzgadores con sustento en las pruebas arrimadas a la causa y en el derecho que reputaran aplicable al caso, aspectos propios de las instancias ordinarias y por ello excluidos de este control al no haberse demostrado que esas apreciaciones resulten ilógicas o irracionales, en cuyo caso sí justificaría la apertura del remedio intentado.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)