marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, honorarios, abogados, acreedor laboral, pretensión, improcedencia del recurso, incidente de verificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRODUCTOS  LA  VASCONGADA SA s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE APELACIONART 250 CPC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

Siendo que -en el caso- el letrado del acreedor pide regulación por su actuación en un incidente de verificación tempestiva (cfr. artículos 32/36 LCQ), donde se obtuvo el reconocimiento parcial de lo insinuado y se cobró a resultas del proyecto de distribución de fondos en el que tuvo intervención, cabe señalar que la ley falimentaria no contempla la hipótesis de los abogados de los acreedores como sujetos a quienes se le regulan los honorarios a cargo de la quiebra (arg, artículos 265/270, LCQ), salvo en aquellos casos en que la actuación redunde en beneficio del concurso. Excluido ese supuesto y no habiéndose tampoco invocado la existencia de costas impuestas a la quiebra, parece claro que no corresponde la regulación de honorario alguno a cargo de la masa. Véase que la actuación del recurrente fue cumplida en interés exclusivo de su cliente a fin de resguardar sus derechos sobre el dividendo concursal, supuesto que, como se dijo, habilita a que sea la quiebra la obligada al pago de sus emolumentos, aún cuando la actuación del abogado no se presume gratuita (cfr. esta CNCom, esta Sala A, in re:

"Algodonera Lomas SA Textil e Inmobiliaria s/ quiebra", del 06.03.00). Sin embargo, y aun cuando la etapa extrajudicial de la verificación tempestiva de créditos carece de previsión normativa en la ley concursal acerca de la regulación de honorarios que pudiera corresponder a los letrados intervinientes; tampoco se advierte óbice para que se regulen estipendios en favor del letrado a cargo de su cliente, cuantificación esta que estará regida por el derecho común, esto es por las disposiciones arancelarias locales (cfr. artículo 287 LCQ, vrg. artículo 33 LA). Ello así, ante el derecho con que cuenta el profesional para dirigirse contra su mandante, lo cual encuentra fundamento por vía analógica en el artículo 48 de la Ley 21839 (mod. por Ley 24432).
Acción de amparo, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: M., D. R. c/ Swiss Medical S.A. s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-23

No resulta pertinente negar la cobertura de salud requerida por un paciente oncológico con fundamento en que la falta de detección de la afección fue motivada por el silencio del actor al momento de contratar los servicios de salud, pues resulta también imputable a la obra social ya que era ésta quién disponía de los medios técnicos para obtener un diagnóstico certero, respecto del estado de salud al momento de la afiliación, de modo que no puede pretender dar de baja al amparista rescindiendo el contrato respectivo, máxime teniendo en cuenta la condición de parte dominante que detenta la empresa en la contratación. (Del voto del Dr. JIMENEZ EDUARDO PABLO)
Trabajadores de la construcción, contrato de trabajo, Gas del Estado, subcontratación laboral, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: VILLARREAL, Daniel c/ MARTINEZ MICHELET SA s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-08

Más allá de que no es aplicable a las empresas comprendidas en le ley 22250 la solidaridad expresada por el art 30 LCT, la propia naturaleza de la empresa Gas del Estado determina que ésta nunca podría haber contratado o subcontratado trabajos o servicios propios de un establecimiento suyo, lo que excluye la posibilidad de ser responsable en los términos del art 30 LCT.(Del voto del Dr.

Morando).
Modalidades no promovidas, contrato de trabajo de temporada
Materia: LABORAL
Carátula: C., M.N. c/ E.T. SA y otros s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-24

La normativa vinculada a la configuración de la modalidad de trabajo por temporada exige tres requisitos, a saber: a) necesidad permanente de la empresa o explotación -y el servicio de limpieza e incluso el de cocina lo sería en el supuesto-; b) que la tarea se cumpla en determinadas épocas del año -lo cual no es cíclico y repetido en la especie aún cuando ello no evade totalmente la naturaleza estacional de la explotación-; y c) que la tarea esté sujeta a repetirse por un lapso dado en cada ciclo, en razón de la naturaleza de la actividad.
Contrato de seguridad privada, rescisión del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SERVI-CAN Seguridad Privada S.R.L. c/ La Jirafa Azul S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

El art. 1638 del CC confiere, en su parte final, un claro poder morigerador de las utilidades a reconocer, que el juzgador podrá actuar si su aplicación condujera a una notoria injusticia. Ello es una expresión más, si bien particularizada, de las facultades de equidad que el legislador de 1968 -liberándose de las atadura racionalistas y positivistas del siglo pasado- confirió a los jueces, en búsqueda de una aplicación de la ley más acorde con la justicia y ceñida al caso concreto.
Sentencia arbitraria, honorarios, actualización monetaria, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: Delpech, Fernando Francisco c/ Heller, Juan Sebastián y otra. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

Es arbitraria la sentencia que aceptó el criterio de cálculo utilizado por el demandante sin atender a que, por las circunstancias del caso, la aplicación del fallo plenario conducía a un resultado irrazonable que prescindía de la realidad económica que tuvo en mira determinar y alteraba la relación entre el monto originalmente reclamado en concepto de honorarios y la cuantía de la condena establecida por la sentencia definitiva.
Protección de la vivienda, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROMAGNOLI NULVIO c/ FERNANDO CARIS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-11

La afectación de un inmueble como "bien de familia" lleva consigo su inembargabilidad solamente por deudas posteriores a la inscripción correspondiente (art. 38, ley 14.394). Ahora bien, es necesario ahondar en la peculiar naturaleza jurídica del vínculo que engendra la condena en costas. Mientras de un lado, mirado en sí mismo con abstracción del contexto donde emerge y se desenvuelve, constituye propiamente una obligación, figura típica del derecho sustancial; del otro, no puede desconocerse, al propio tiempo, su naturaleza procesal, no tanto porque nace de la actividad procesal, como porque tiende también a la justa composición de la litis.

Tal circunstancia comunica una particular fisonomía a la relación jurídica derivada de la condena en costas,la que debe tenerse especialmente en cuenta para una justa y adecuada solución de la cuestión de derecho planteada. Justamente, por virtud de esta especial índole procesal de la condena en costas, es de estimar que la causa última, verdadera razón de ser, de la obligación que ella genera, reside en el proceso mismo que la motiva.

Así quien inicia un juicio bien conoce el riesgo patrimonial, para nada remoto, que afronta; sabe que su pretensión puede ser a la postre rechazada; sabe que puede sucumbir en un planteo puramente incidental; entiende, en suma, que puede resultar obligado a abonar las costas del proceso. Vale decir que asume a conciencia una cierta responsabilidad patrimonial que no puede ulteriormente eludir. Por lo demás este temperamento hermenéutica, reconduce la causa de la obligación urgente de la condena en costas a momentos anteriores al de su estricto pronunciamiento y destaca su carácter accesorio.

En definitiva, por virtud de lo expuesto, es dable concluir que el crédito, cuya realización compulsiva se persigue, es anterior a la afectación del inmueble del deudor como bien de familia.-
Recurso extraordinario, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COLUSSI, ALEJANDRO DANIEL c/ ONDAFE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (REVOCATORIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-25

Si bien la perentoriedad de los plazos procesales aplicable al recurso extraordinario no excluye la posibilidad de suspensión cuando mediare acuerdo de partes o declaración judicial en los supuestos de fuerza mayor o causas graves que hicieren imposible la realización del acto pendiente, lo cierto es que puesto que el recurso extraordinario se sustancia ante el superior tribunal de la causa -quien deberá concederlo o denegarlo- ese órgano es, en principio, el competente para suspender el plazo del art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la nación, que resulta aplicable en el trámite del recurso extraordinario federal que el interesado pretende interponer; por lo que la suspensión de plazos solicitada en baja instancia, en modo alguno puede influir en el cómputo del plazo para la interposición del remedio federal ante este Tribunal. - CITAS: CSJN: Fallos 310:1013, considerando 3; Fallos 315:1586. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículos 157 y 257. - Jurisprudencia vinculada: Federación Agraria Argentina Cooperativa de Seguros Ltda., AyS T 223, p 448/449, sumario J0035497.
Error judicial, cosa juzgada írrita, acción autónoma de nulidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Credil S.R.L. c/ Gomez, Ernesto Omar s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

Si la violación al orden público resulta patente en el acto jurisdiccional cuestionado, siendo innecesaria la producción de prueba al respecto, el magistrado no puede diferir la cuestión a una acción independiente por cosa juzgada "írrita", sino que -por lo contrario- corresponde su inmediata modificación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor, daño material, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: FERRARI, CESAR JULIO J c/ BERNARDINO RIVADAVIA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-09

Para establecer la desvalorización de un vehículo a consecuencia de un accidente de tránsito, aunque el accionante haya desistido de la pericia mecánica que hubiese permitido establecer de una manera cierta y objetiva que acarreará para su propietario, debe contarse al efecto con el valioso aporte de fotografías, documentación y declaración testimonial que aquél acerque a la causa, correspondiendo otorgarle validez a ese tipo de constancias porque las mismas muestran las huellas que el impacto ha dejado en la unidad y constituyen una prueba evidente para la reconstrucción del suceso.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, violencia de género, extracción de sangre
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Ernesto Rubén s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-25

No sólo es necesaria sino también idónea para los fines perseguidos la extracción de muestras de sangre del imputado en los términos del art. 218 bis CPPN, si se lo acusa del delito de abuso sexual con acceso carnal, reiterado, en concurso real con privación ilegal de la libertad, agravado por su comisión con violencia y lesiones leves, a fin de cotejar las muestras con los patrones obtenidos en la causa y para determinar si aquél es portador del síndrome de SIDA/HIV que padece la víctima. El derecho a la verdad, en un proceso de naturaleza penal seguido por un hecho de violencia contra una mujer en los términos del art. 1 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer -ratificada por ley 24.632- justifica que se deba tolerar la medida dispuesta. La garantía contra la autoincriminación no exime la producción de prueba que no requiera una expresión de su persona. (Dres. Slokar, David y Catucci).
Cuestiones prejudiciales, sentencia interlocutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: HOUSTON DE OTAEGUI MARIA C. c/ SANATORIO SAN LUCAS s/ Medidas precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

Un proceso penal pendiente no impide la tramitación de un proceso civil, hasta el dictado de la sentencia definitiva en este último, por lo que no adolece de nulidad una providencia interlocutoria dictada durante su trámite. Lo contrario determinaría la paralización del proceso civil toda vez que las interlocutorias son, por su definición, aquellas que resuelven cuestiones que se plantean durante su tramitación (art. 161 del Código Procesal). Si éstas se vieran alcanzadas por la prohibición dispuesta por el art. 1101 del Código Civil, el proceso quedaría paralizado.-
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: ANDINO,MARTA MABEL Y OTRA c/ FAS PICO S.A.C.I. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-04-24

La circunstancia de que la actora padezca de alguna dolencia relacionada con el trabajo, en principio no implica necesariamente que proceda la acción común fundada en las disposiciones del Código Civil, ya que para su progreso se requiere acreditar el cumplimiento de los recaudos previstos por las disposiciones de ese cuerpo legal.
Ejercicio profesional, abogados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alonso, Daniel Edgardo s/ Apelación  Resolución  del  17/03/99 Tribunal de Conducta del C.P.A. 17/03/99 Tribunal de Conducta del C.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-08-26

El artículo 29 de la Ley 936 dispone que el Tribunal de Conducta del Consejo Profesional de la Abogacía estará integrado por cinco miembros y el artículo 32 admite su recusación de alguno de sus miembros, el Tribunal funcionará con los presentes. Esta interpretación se impone porque de lo contrario en la práctica muchas veces se vería totalmente impedido de funcionar y no cabe atribuir a la ley el sentido de crear un Tribunal inoperante.
Recurso de casación, intereses, tasa pasiva, aplicación errónea de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARRANQUERO, NORBERTO c/ A.P.E. Y/O PROP. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-05-17

La desvalorización monetaria no puede ser corregida através de mecanismos que la alteren, y que den lugar a importantes incrementos de los valores adeudados en perjuicio de los deudores y en injustificado beneficio de los acreedores, por lo que existiendo una errónea aplicación del derecho en la sentencia corresponde la modificación de la tasa de interés aplicable sobre el crédito condenado por la misma, que será la pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina hasta su efectivo pago.-
Empleados públicos, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ponce Oscar Alberto y otros c/ Municipalidad de Puerto Vilelas s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-01-27

Es improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del juez a-quo que califica de legal la resolución 622/99 que revoca la N. 434/99. Ello así, ya que interpretando a contrario imperio la norma del art. 125 de la ley 1140, la autoridad administrativa se encuentra habilitada para revocar sus propias resoluciones con fundamento en que el acto no es formalmente perfecto o adolece de vicios que lo hagan anulable aunque se encuentre notificado al interesado. Examinados los términos de la resolución N.622/99, el Intendente Municipal efectúa una evaluación sobre la procedencia legal, presupuestaria y reglamentaria de la resolución N. 434/99 donde advierte que existen vicios fundamentales que producen su invalidez y la legalidad de la revocación del acto administrativo citado por entender que se apartó y prescindió de normas específicas vigentes en materia de emergencia económica a la que se encontraba adherido el municipio. Por ello no se advierte que el intendente prescindió de personal. Ello no es así, toda vez que lo que atacó administrativamente es el acto de designación contenido en la resolución N. 434/99 conforme facultades que enuncia en la resolución N.622/99 prevista en los arts. 124 a 126 de la ley 1140, no siendo necesario para ello una ley de prescindibilidad administrativa como se pretende en el escrito de demanda, ni se erige en valla alguna la notificación del acto a los interesados, presupuesto tácito tomado por los apelantes que carece de operatividad en la presente como para obtener la nulidad de la resolución atacada.
Jerarquía de los Tratados Internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal -causa Nº 24.079-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

La Corte Suprema debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (art. 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

-Del precedente "Espósito" (Fallos: 327:5668, al cual remitió la Corte)-.
Homicidio calificado por el vínculo, estado de inconsciencia, trastorno mental transitorio, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: S., A. s/ Homicidio calificado por el vínculo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-07-13

Jiménez de Asúa advierte que el trastorno puede ser padecido aun por quien obra de modo consciente, pero la selectividad evidenciada en autos y el control mantenido hasta dar muerte sólo a la víctima permite descartar la causal del inc. 1 del art. 34 del Código Penal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones procesales
Materia: PENAL
Carátula: Gigena, Luis Angel s/ Recurso de casación. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de  ley extraordinario de inaplicabilidad de  ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-21

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta inadmisible en virtud de lo establecido por el art. 494 del Código Procesal Penal, toda vez que si bien se alega la errónea aplicación de la ley sustantiva o documental legal por parte del Tribunal de Casación -en el caso arts. 18 y 75 inc. 22º de la Constitución Nacional, art. 8 del pacto de San José de Costa Rica y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, los agravios del recurrente se vinculan a cuestiones de orden procesal, como sería la de la aplicación del art. 451 del Código de Procedimiento Penal. En relación a lo expresado por el recurrente en cuanto a que este Tribunal debe revisar la sentencia impugnada por haberse planteado cuestiones de índole federal, reiteradamente se ha sostenido que la competencia de esta Corte para dictar sus sentencias definitivas no queda habilitada ante cualquier reclamo que las partes deseen someterle, sino que previamente es necesario que la misma se abra conforme a derecho. Las instancias existentes en el orden local, son las previstas en el derecho aplicable y no otras (así: recursos inadmisibles) que en cada proceso puedan imaginarse, con derogación de la ley respectiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Renta vitalicia, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, asegurador, teoría de la imprevisión
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PETROLI, AMALIA SUSANA c/ Poder Ejecutivo Nacional". s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

El contrato de renta vitalicia solo puede celebrase -en el marco del SIJP- con una compañía de seguros de retiro autorizada para actuar como tal, cuyas pautas de funcionamiento, contratación e inversión de activos se encuentran regulados legalmente, y a las cuales deben someterse obligatoriamente las partes. Es precisamente por tener pautadas y acotadas las formas de invertir los activos, por lo que no cabe el rechazo de la llamada teoría de la imprevisión, con sustento en que la alteración en el valor de la moneda pactada en el contrato constituye un riesgo o alea propio del contrato de seguro. (Disidencia del Dr. Díaz).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, archivo del expediente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BARCESAT, Eduardo Salvador, s/ Archivo, Causa nro. 29.084
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Este Tribunal entiende que la fórmula "causar agravio" constituye un presupuesto de toda apelación que no equivale a la específica indicación de motivación exigida por el ordenamiento procesal, lo demás, resulta evidente que el archivo no importa clausura de la instrucción. Conforme enseña Clariá Olmedo, la motivación es "la expresión de censura que exhibe el o los vicios atribuidos a la resolución, vale decir las razones que la hacen injusta o ilegal".
Proceso judicial, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ JUAN GERONIMO s/ SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL S/RECURSO DE QUEJA POR CASACION  DENEGADA INTERPUESTA POR EL DR. REMIGIO CAROL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-08

Debe darse plena operatividad judicial a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que en su art. 8 inc. h prevé como garantía en el Proceso Penal "el derecho de recurrir ante el juez o Tribunal Superior" por sobre nuestro ordenamiento procesal que establece la instancia única en el proceso penal. Con ello, además de ampliar su facultad revisora, el Tribunal Casatorio está habilitado a conocer en el proceso en el cual se recurre un fallo de condena de instancia única, de tal modo que se garantice y concilie junto a la garantía mencionada el principio del juez natural.
Mandato oculto, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Sperperato de Hacher, Leticia Benedicta Delia y otros. c/ Aime, Oscar Raúl. s/ Reivindicación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Probado el mandato oculto quien lo confirió o su heredero tiene derecho a que se le reintegre lo adquirido en cumplimiento del mismo.
Derecho electoral, partidos políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de control patrimonial del partido Unión Cívica Radical distrito Capital Federal s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

Si bien es cierto que en el proceso de control y fiscalización patrimonial cuyo fin último es la búsqueda de la legalidad en la administración partidaria deben extremarse las medidas tendientes a alcanzar la verdad jurídico objetiva, no lo es menos, que ello no debe constituirse en un obstáculo insalvable para que las agrupaciones cumplan con el rol institucional que les encomienda la Constitución Nacional
Contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, subcontratación laboral, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: LABORAL
Carátula: MADEO, ANTONIO JORGE c/ PARAMEDICAS S.A. Y OTRO s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-10

No corresponde hacer extensiva la responsabilidad solidaria fundada en el art. 30 L.C.T. reclamada por el actor, quien llevaba a cabo el servicio de traslado de pacientes, pretendida respecto dl Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Ello se debe a la naturaleza y funciones del INSSJP, que es un ente público que administra el sistema de atención de la contingencia de enfermedad de los jubilados y pensionados en el sistema estatal de reparto. Como tal, no presta directamente servicios médicos ni asistenciales.

Administra un patrimonio afectado a esa prestación, que es realizada por efectos contratados. Carece, en consecuencia, de establecimientos médicos asistenciales, circunstancia que excluye la concurrencia de los presupuestos de operatividad de la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y previsionales de terceros: la cesión de un establecimiento propio, o la contratación o subordinación de trabajos o servicio propios de un establecimiento tal. Y, sobre el concepto de establecimiento, modula la extensión de responsabilidad establecida por el art. 30 L.C.T..