marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Dictamen pericial, defensa en juicio, nulidad procesal, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Cornejo Torino, Jorge Antonio y otros c/  s/ recurso de casación registro 1673
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-19

Corresponde descartar la impugnación referida a la falta de control por parte de las partes de los peritajes llevados a cabo. En efecto los profesionales Mahle y Cuesta actuaron como peritos de control de las defensas y durante el trámite de los peritajes se observa que el Tribunal dio la debida intervención a las partes interesadas de las medidas que se iban ordenando. Asimismo se destaca que el dictamen pericial oficial, además de la opinión de los expertos, contiene las respuestas dadas a los pliegos de preguntas oportunamente presentados por las partes.

A lo expuesto corresponde agregar que los profesionales que llevaron a cabo la pericia química brindaron sus informes también durante el debate oral y público de modo que los recurrentes tuvieron la concreta posibilidad de interrogar y contradecir sus conclusiones. Descartada la afectación al derecho de defensa en juicio y al requisito de bilateralidad y control que debe existir en la producción de medidas de prueba, debe señalarse que más allá de las críticas formales sobre las cuales las defensas apoyan la nulidad pretendida, no ha sigo objetada ninguna circunstancia, conclusión o resultado puntual de los resultados de los peritajes cuestionados.
Recurso de casación, error judicial, defectos del procedimiento
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: RA A HECTOR H. c/ BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Y OTROS s/ RECURSO    DE    CASACION:  SEDE  LABORAL:  INOBSERVANCIA  O  ERRONEA  APLICACION DE LA LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-10-29

El art. 99 de la ley 7987 establece dos categorías en relación a los motivos de casación, el inc. 1 contempla el error in iudicando y el inc. 2 el error in procedendo. En ambos casos existe violación de la ley, es decir una genérica desobediencia al mandato del legislador. Pero esa violación se refiere, en un caso, a la ley que regula el fondo del asunto (ley sustantiva), y, en el otro, a la ley que regula la actividad del Juez y de las partes en procura de la sentencia (ley procesal).

Cuando la infracción versa sobre la determinación del hecho en relación a su subsunción en la norma, el error es in iudicando. Si el error recae sobre el hecho, por su falta de coincidencia con la verdad histórica, será in factum (por lo tanto no revisable en casación), si en cambio, ha incidido en la inteligencia o sea en la interpretación de la norma aplicable al hecho, será in iuris. En otro plano, cuando la infracción afecta la actividad procesal, el error es in procedendo.

En el art. 99, el inc. 1 capta la violación a la ley sustantiva y el inc. 2 la violación a la ley procesal. En el régimen de la nueva ley, una infracción a la ley procesal no puede configurar un vicio in iudicando (contemplado en el inc. 1 ) porque ella se ejecuta, se cumple y es la que señala el procedendo de la actividad realizadora.

De igual modo, la infracción a la ley sustantiva no será error in procedendo, porque su aplicación supone siempre un iuditio de subsunción del hecho en la norma.
Costas, exención de costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lapierre, Victor O. c/ Arturo R. Marchini C.E.I. SRL s/ Consignación de Cuotas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-06

Si bien es cierto que el principio en materia de imposición de las costas judiciales es el objetivo, proveniente de la situación de perdidoso en la contienda, también lo es que tal principio no es absoluto desde que el juez está legalmente habilitado para eximir total o parcialmente al litigante vencido cuando encuentre mérito para ello (art. 68 primer y segundo párr. del CPCC.).
Gastos del proceso, costas, costas al vencido
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BLANCO ROBERTO R. SCIGLINO JUAN Y RUTIGLIANI ANA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-20

Las costas son las erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir integramente las mismas al vencedor (Podetti, Tratado de los actos procesales, p.111, nro 30).
Recurso extraordinario federal, improcedencia del recurso, Poder Judicial Provincial, interpretación de normas y actos locales
Materia: PROCESAL
Carátula: Massaccesi, Edgar s/ incidente de nulidad de la elevación a juicio en la causa: denuncia  s/ presuntas irregularidades en el Banco de la Provincia de Río Negro  - causa n 979/92.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Lo atinente a las facultades de los tribunales provinciales, al alcance de su jurisdicción y la forma en que ejercen su ministerio, regulado por las constituciones y leyes locales es, como regla, materia irrevisable en la instancia del art. 14 de la ley 48, en virtud del debido respeto a las atribuciones de las provincias en darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Voto del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J.S. s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-15

Aquellas providencias o decretos judiciales que postergan la resolución sin denegar definitivamente lo peticionado, no causan agravio y por ende no resultan apelables.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, exceso ritual manifiesto, prueba testimonial, información de abono
Materia: PENAL
Carátula: Del Valle Vázquez, Julián R. Silva, Julio A. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

Constituiría exceso ritual considerar que cuando en la expresión de agravios la defensa manifestó que la denunciante "nunca concurrió en el plenario" y que el recurrente "mantuvo su observación" al respectivo testimonio sumarial, no se planteó la cuestión referida al art. 246 del Código de procedimiento penal -según ley 3589 y sus modif.- y que por ello el planteo no puede ser traído a conocimiento de la Corte. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Rodríguez, Vicente Jacinto y otros c/ Zuccoli, Carlos Alberto. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que consideró que la conducta de la víctima de un accidente de tránsito había interrumpido en un 50% el nexo causal en la producción del hecho: art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, falta de fundamentación, empleados públicos, servicios de inteligencia, remuneración, diferencias salariales, jurisprudencia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Cima, Pablo Abel c/ Estado Nacional (Secretaría de Inteligencia del Estado) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

Adolece de una decisiva carencia de fundamentación que la descalifica como acto jurisdiccional válido, la sentencia que hizo lugar al reclamo del actor tendiente a obtener el pago de las diferencias de las remuneraciones que como agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado dejó de percibir por aplicación de las leyes 21.350 y 22.480 si se remitió a los fundamentos de precedentes cuyas circunstancias fácticas no guardaban analogía con la presente.
Letra de cambio, pagaré, pago, moneda extranjera, moneda de curso legal, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cataldo, Gerardo Javier c/ Botazzi, Guillermo César s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-22

Tratándose el caso de una ejecución de un pagaré no resulta de aplicación la disposición del CCCN 786, sino aquélla contemplada en la normativa especial aplicable a dicho título de crédito -decreto ley 5965/63: 44 (conf. art. 103)-. Siendo que en la especie, el pagaré que se ejecuta estableció la moneda en dólares estadounidenses, más allá de la interpretación que pudiera realizarse respecto de la obligación asumida de entregar dólares "billete", no puede desatenderse que hoy rige una imposibilidad legal y fáctica de acceder al mercado libre de cambios para obtener la cantidad de dólares estadounidenses necesarios para cancelar la obligación involucrada en el sub lite. Ello conduce necesariamente a la aplicación al caso, de las disposiciones del CCCN 765. En suma, la moneda extranjera como principio, no es dinero en nuestro país, sino simple cantidad de cosas fungibles, sin embargo, a esa clase de deudas (en moneda extranjera), les resulta aplicable la disposición especial receptada en el CCCN, que admite para el deudor la posibilidad de desobligarse dando el equivalente en moneda de curso legal al tiempo del vencimiento de la obligación, siguiendo el criterio general que rige respecto de cosas fungibles, que permite que puedan ser sustituidas por otras equivalentes, a costa del deudor. Es claro que, tratándose de una deuda de "valor", el CCCN prevé como expresa solución legal, que la valuación de la moneda extranjera puede efectuarse en moneda de curso legal, en términos pecuniarios actuales. Ello, dado que participa de la peculiaridad de las cosas fungibles, respecto de las cuales, como son cosas eminentemente reemplazables, cabe obtener la reposición de igual cantidad, en moneda de curso legal (véase sobre el tema: Llambías Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", T° II, p. 192 y ss.).
Recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Saccomani, Oscar Rubén s/ Recurso de casación De Jesús, Silvio Martíniano s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-12|2000-02-23

La resolución dictada por el Tribunal de Casación que rechaza por extemporáneo el recurso previsto por el art. 448 del Código Procesal Penal reviste carácter definitivo en el concepto del art. 482 del Código citado pues su efecto es dejar firme la sentencia condenatoria dictada por la Cámara de Apelación y Garantías por lo que resulta admisible a su respecto, el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la defensa del procesado (arts. 483, 484 y 491, Código citado). Y habiendo sido dictada la resolución recurrida sin cumplir con el requisito del acuerdo y voto individual de los jueces, se la anula (art. 168, Constitución provincial). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámaras de casación, errónea apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Voss, Carlos Federico s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-04-17

El Tribunal de casación (que no está en principio facultado para rever las circunstancias fácticas administradas por el a quo) puede y debe verificar en caso de adecuada estimulación recursiva, si existe concordancia entre la verdad histórica que surge del proceso y la reconstrucción contenida en el fallo, para inspeccionar luego, si estos hechos (correctamente descriptos) autorizan la aplicación del derecho en que se funda el decisorio. La revisión entonces tiene carácter restrictivo y cuando se lo procura por el carril del inc. 3º del art. 257 del C.P.C. que configura errónea apreciación de la prueba, exige que: a) se trate de prueba documental consistente en instrumento público o privado debidamente reconocido en juicio y b) que el error se manifieste en forma evidente por el simple cotejo entre el contenido del instrumento y las afirmaciones de la sentencia.
Prueba pericial, dictamen pericial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Bonfanti, Juan Carlos c/ Junta Nacional de Granos s/ Accidente de trabajo art. 1113 Codigo Civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-01

Cuando se trata de resolver cuestiones que resultan ajenas al conocimiento de los jueces, una vez producidos los informes técnico científicos, y siempre que el sentenciante comparta la conclusiones vertidas en aquellos bastara con que así lo exprese y la decisión se ajuste a el; como también que para apartarse de dichas apreciaciones deberán oponerse argumentos de la misma naturaleza y debidamente fundados en la opinión de otros expertos, ya que si bien el informe carece de fuerza vinculante para el órgano judicial, la prescindencia de sus conclusiones debe provenir de fundamentos objetivos demostrativos de que la opinión del idóneo se encuentra reñida con principios lógicos y máximas de experiencia.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, quiebra, leyes, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: XX s/ ¿Corresponde aplicar los porcentajes del artículo 267, ley 24522, a   las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia   conforme al régimen del artículo 290, ley 19551, elevadas a la   Cámara en función del artículo 295, ley 19551, o del artículo 272,   ley 24522? (Tribunal pleno). Observaciones: dejado sin efecto por   acuerdo Nro. 12 de fecha 03-12-1997
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-04

La pendiente distribución del activo falencial de una quiebra "vieja" debe hacerse hoy con las reglas de la ley nueva, que se aplica a aquélla como "consecuencia de relaciones jurídicas existentes", no "consumadas". Para poder cumplir la nueva directriz legal de repartir -al menos- el ochenta y ocho por ciento a los acreedores no "profesionales o funcionarios concursales", es ineludible ajustar las remuneraciones de éstos al nuevo tope del doce por ciento (máximo del artículo 267, ley 24522). La coherencia del reparto en un supuesto de escasez como el de la quiebra liquidativa, impone ajustar las regulaciones al nuevo régimen para poder -simultáneamente- repartir conforme al mismo la cuantía del producto que la nueva ley quiere asignar al resto de los acreedores. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Ratificación de actos procesales, acreditación de la personería
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Mendoza Fernández José Gilberto c/ Cuesta Luis Bruno s/ Recurso de Casación  (L.A. Nº 36, Fº 65/63 Nº 33) Recurso de Casación  (L.A. Nº 36, Fº 65/63 Nº 33)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-02-24

Nuestro régimen procesal, no siempre exige el otorgamiento del mandato por escritura pública para que un abogado represente a su cliente en pleito; tal es el caso de la ratificación de las actuaciones cuando se ha solicitado personería de urgencia, pues en este caso, basta un simple escrito que lleve la firma del representado.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, honorarios, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ANNOVAZZI, FRANCISCO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y COMUNA DE THEOBALD s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LEY 10.000 - CONDENACION EN COSTAS Y  REGULACION DE HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 270 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-20

Debe rechazarse la queja interpuesta por la parte actora, ya que frente a la postura sostenida por la mayoría del Tribunal -que decidió cargar el cincuenta por ciento de las costas a la Provincia y comuna demandadas, y el otro cincuenta por ciento en el orden causado-, los recurrentes intentan oponer su particular apreciación del caso, apoyándose para ello en lo que postulara la minoría de los miembros del Tribunal integrado, en punto a que la configuración de la causa como no susceptible de apreciación pecuniaria a los fines regulatorios, no dispensaba de tener en consideración los parámetros de los artículos 4 y 5 de la ley 6767 y en función de ellos es que los estipendios debían ser elevados. Empero, lo cierto es que tal postulación -como refiriera el A quo en el auto denegatorio- no traspasa el límite de su mera discrepancia "de criterios pero no demuestra que los sentenciantes (bloque mayoritario) hayan incurrido en arbitrariedad", ni que, en definitiva, con la interpretación acordada a las disposiciones en juego, el Tribunal hubiese desbordado las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el punto de vista constitucional que ofrecía la normativa en cuestión.
Transporte aéreo, responsabilidad del transportador, indemnización, plazos procesales
Materia: NAVEGACION
Carátula: Ganadera Argentina  S.A. c/ Aerolíneas Argentinas s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-24

El plazo del Art. 29 de la Convención de Varsovia es de caducidad y no de prescripción, lo que surge de los trabajos preparatorios de la Convención que en el texto originario reemplazaron la palabra "prescripción" por el vocablo "de chéance" (caducidad); no jugando a su respecto las causales de suspensión o interrupción de la prescripción.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Prieto, Jorge Omar c/ Lazo, Julián Martín y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-17

La indemnización por la incapacidad de la víctima tiene por finalidad cubrir no sólo sus limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el ensombrecimiento de sus perspectivas futuras, etc.; de ahí que su magnitud debe ponderarse en función de las particularidades que la causa presente, sin sujeción a fórmulas matemáticas.-
Litisconsorcio, recursos, asegurador
Materia: PROCESAL
Carátula: SAVIANO, ANGELA c/ TEJEDURIAS HOMERO  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Los recursos deducidos por algunos de los litisconsortes no aprovechan a los demás, por lo tanto, si la demandada principal no apeló la sentencia de primera instancia aunque lo haya hecho la aseguradora citada en garantía, el fallo quedó firme a su respecto.
Empleo público, ingreso a la función pública, idoneidad para la función
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara  de Diputados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

Para ocupar empleos o cargos públicos la Constitución Nacional impone la condición de idoneidad (art. 16, primer párrafo), es decir, exige que la persona que pretenda ingresar a la administración tenga las aptitudes físicas y técnicas necesarias para desempeñar las tareas que se le asignen, y tal concepto no excluye la imposición de requisitos éticos, como son los atinentes a la integridad de la conducta (Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y Enrique Santiago Petracchi). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Excepciones procesales, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JULIO NOYA Y OTROS c/ NICOLAS AJIS FERNANDEZ Y OTROS s/ EJECUCION DE SENTENCIA - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1987-02-19

Es condición fundamental para la viabilidad del recurso de casación, que la resolución atacada sea de aquellas que revisten el carácter de sentencia definitiva, entendiendo por tales las que aun cuando hayan recaído sobre un incidente, termine la litis o haga imposible su continuación (artículo 1 ley 1.687). La resolución de la Cámara en cuanto trata y decide sobre las excepciones planteadas en la causa, al abrirse la instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 487 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, reviste el carácter de definitividad que exige la Ley y es susceptible del recurso interpuesto dado que la cuestión en debate no puede volver a considerarse en una etapa posterior.
Remuneración, diferencias salariales, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: FLURIN Miguel Angel c/ DREWANS Guillermo s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-07-31

En el caso, el actor en la demanda señaló concretamente cuál era la suma mensual que le abonaba, hecho que debe tenerse por reconocido en virtud de lo establecido en el art. 64 del C.P.L., que remite a los efectos previstos para la incontestación de la demanda en el art. 342 del C.P.C.C. Ello así, la ley impone al sentenciante determinar cuantitativamente las diferencias reclamadas, mediante el cálculo entre lo percibido por el trabajador y los montos que las leyes, convenciones colectivas o acuerdos con fuerza de tales, establecen como niveles salariales de la categoría. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Expropiación, avenimiento (administrativo), trámites judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: M.C.B.A. c/ OCUP. AV. MONTES DE OCA 2023-2031 s/ EJECUCION DE SENTENCIA - EXPROPIACION - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-24

Si bien la ley 21.499 no contempla específicamente la actuación de los terceros o de la expropiante frente a ellos, en los casos en que mediare adquisición por avenimiento, lo cierto es que la expropiación por este medio queda legítimamente formalizada como si emanara de una sentencia judicial. De tal manera, las previsiones atinentes a esta última deben regir aquéllas, por ser el único modo en que la causa que le dio lugar alcance su satisfacción adecuada (arts. 1, 7, 28 y concordantes de la ley citada).

Tomada la posesión por la adquirente, procede seguir el trámite prescripto por el art. 26 del mismo cuerpo legal aunque ella hubiese sido consecuencia de un avenimiento (arts. 13 y 14), sin perjuicio del oportuno análisis de los presupuestos de admisibilidad de la pretensión y de las medidas que correspondieren disponerse para su tramitación, por imperio de las normas que le son aplicables de acuerdo a lo que resulta de las actas notariales cuyas copias se acompañaron. No empece a ello la circunstancia de que en las escrituras que se otorgaran se hubiere dejado constancia del estado desocupado de los inmuebles y que luego se contradice, puesto que a la luz del ya mencionado art. 26 y del 27 de la ley de expropiaciones, esa manifestación sería simplemente enunciativa toda vez que de no habérsela hecho o de suprimírsela no cambiaría el objeto del acto.
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Sucesión de Bobadilla, Higinio. c/ Guardia Lopez Antonio H. s/ Cumplimiento de Contrato y Escrituración. Antonio H. s/ Cumplimiento de Contrato y Escrituración.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-10-29

Si el demandado niega pura y simplemente los dichos que sirven de fundamento a la demanda, no tiene obligación de producir prueba alguna; pero si los admite y al mismo tiempo alega otros en su descargo, está obligado a acreditar los que invoca en su favor. Es que la carga de la prueba en este último supuesto recae sobre quien quiere innovar en la posición del adversario; porque cuando el accionado reconoce el hecho de la demanda y alega en su favor una afirmación neutralizante de su gravitación jurídica, debe traer la prueba de la misma.
Ejecución previsional, competencia, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: REGUERA, SARA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-05

Si bien la C.S.J.N. en autos "González Pómez, Matilde Pía" (22.10.96) entendió que, atento el dictado de la ley 24.655, resultan competentes para el conocimiento de las ejecuciones en materia previsional los Juzgado Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, no hizo referencia alguna al problema de la entrada en vigencia de la citada normativa procesal. Por esa razón, y a fin de hacer compatible el fallo con la Acordada 45/96 del Alto Tribunal, no encontrándose en vigencia la referida ley 24.655, la causa deberá continuar tramitándose de acuerdo con las pautas procesales anteriores. (Disidencia del Dr. Laclau).