Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-21


SENT Nro. 256 San Miguel de Tucumán, 21 DE ABRIL de 2003.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación deducido por la parte ejecutada en autos: "Asociación de Cooperativas Argentinas vs. Ruiz Marcelo s/Cobro ejecutivo"; y C O N S I D E R A N D O:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso extraordinario federal interpuesto por el letrado apoderado de la parte ejecutada contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia del 04/12/2002, que declara mal concedido el recurso de casación deducido por aquélla contra la sentencia de fecha 26/3/2002, con costas a la misma.

II.- El recurrente entiende que el fallo en crisis es contrario a la CN, arbitrario y de suma gravedad institucional; transgrediéndose el art. 18 y el art. 31 de la CN y el Pacto de San José de Costa Rica -que imponen a los estados signatarios la obligación de adecuar su legislación de manera tal que en la misma no existan preceptos que establezcan impedimentos de orden económico para el acceso a la justicia-, habiéndose actuado arbitrariamente en la interpretación de los textos legales que se involucran en la solución del caso.

Sostiene el carácter de equiparable a definitiva de la sentencia que ataca argumentando que, de conformidad a lo dispuesto en el art. 544 del CPCCT, las defensas de las cuales se vio privado de producir en razón de lo dispuesto en la resolución recurrida no podrán ser articuladas en un eventual juicio de conocimiento posterior, con lo que quedarían irremediablemente perdidas, sin posibilidad de reparación posterior.

Luego de relatar los antecedentes de la causa, intenta demostrar la admisibilidad del recurso incoado. Para ello intenta dar embate, en primer lugar, al aserto de esta Corte Suprema de Justicia según el cual la sentencia de Cámara no es definitiva ni equiparable a tal, mentando jurisprudencia que reconoce el carácter de definitividad a las sentencias anteriores a definitivas que por su índole y consecuencias puedan llegar a frustrar el derecho federal invocado, acarreando perjuicios de imposible o tardía reparación ulterior.

Manifiesta que en autos se está cercenando el derecho de defensa en juicio, toda vez que el fallo de este alto Tribunal pone fin al proceso confirmando el decreto del juez de primera instancia que resuelve no dar trámite a la excepción legal de falsedad material prevista por el art. 534 inc. 5°, y ello en virtud de lo dispuesto por el art. 544 del CPCCT. Agrega que la CSJN no ha dejado duda en cuanto a otorgarle el carácter de equiparables a definitivas a sentencia que, como la de autos, importan un agravio que no es susceptible de reparación ulterior.

Discrepa igualmente con lo dispuesto en la sentencia en embate en tanto ésta no advierte la existencia de gravedad institucional. Afirma el recurrente que la cuestión excede el interés particular ya que al quedar firmes las sentencias de Cámara y Corte se vulneran derechos de honda raigambre constitucional, vulnerándose abiertamente los arts. 35 inc. 9) CP y los arts. 18 y 28 de la CN y art. 8 inc. 1° del PSJCR, corolario de los cuales surge que para el acceso al derecho a ser oído -entre otros- no pueden ponerse óbices de tipo fiscal y que cualquier violación a ello reviste gravedad institucional al colocar a la comunidad toda en una verdadera situación de incertidumbre ante el dictado de resoluciones que abiertamente contraían normas constitucionales.

Le agravian las consideraciones del fallo referidas al hecho imponible del tributo, sosteniendo que la tasa de justicia se debe pagar recién al momento previo al fallo o -como en otros casos- recién al final del juicio. Cita los arts. 39, 40 de la ley 5121 y alega que el depósito de la primera presentación es un mero pago a cuenta o anticipo de lo que deberá tributarse por todo el proceso, pues el verdadero hecho imponible es la prestación del servicio de justicia, lo que supone una prestación íntegra, no parcial, que debe pagarse una vez finiquitado el juicio, pues hasta ese momento no existe hecho imponible. De allí que si bien no se discute la obligatoriedad fiscal de efectuar un pago a cuenta con la primera presentación en juicio, no puede denegarse la prestación del servicio de justicia a un litigante que no ha sido ni siquiera intimado a su pago bajo apercibimiento de procederse, recién en caso de incumplimiento, a negarle tal servicio.

Señala la arbitrariedad sentencial en tanto -dice- dos de los integrantes de esta Corte emitieron votos con consideraciones diametralmente opuesta a los que fundamentan la sentencia atacada. Cita la sentencia nro. 1134 de fecha 28/12/2000 de esta Corte Suprema en que se admitió la existencia de gravedad institucional, sosteniendo la semejanza con el presente y entendiendo que ello trasciende también en la existencia de cuestión federal en razón de la arbitrariedad del decisorio.

Ataca luego tanto el decreto de primera instancia como el fallo de Cámara, argumentando, esencialmente, con que de acuerdo al art. 99 de la ley 5121 se debió haber retenido el escrito, dando inmediata intervención a la autoridad de aplicación, manteniendo dicha situación hasta tanto aquella informara que se regularizó la obligación impositiva pues el hecho de no haber efectivizado el pago de la tasa de justicia en su primera presentación, únicamente permite dar nacimiento a un vínculo con la autoridad de aplicación encargada de llevar adelante su cobro, pero bajo ningún punto de vista permite desvincular la relación procesal existente con la contraparte, tal como lo dispone el decreto de primera instancia de fecha 03/10/2001. Añade que, de seguirse el mismo criterio, la demanda debió ser rechazada in limine pues tampoco se acreditó, al interponerla el cumplimiento de los requisitos tributarios exigidos, lo que no sólo no se dispuso sino que se ordenó, sin plazo alguno, que se complete la reposición fiscal. Todo ello, a su criterio, violenta la igualdad de las partes en el proceso.

Señala que el a quo debió haber intimado, a los fines de garantizar la igualdad procesal, al ejecutado a acreditar el cumplimiento de los requisitos tributarios y que la intimación previa a la reposición de los requisitos tributarios exigidos fue tratado por esta Corte Suprema de Justicia, citando la doctrina legal que la misma sentara en sentencia nro.286 del 24/4/2001.

Cita jurisprudencia y solicita se conceda el recurso tentado.

Corrido el traslado de ley, la parte actora contesta según los términos que obran en su memorial de fs. 102/104.

III.- En orden al juicio de admisibilidad que compete efectuar a este Tribunal en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 257 CPN, cabe efectuar algunas consideraciones generales a fin de analizar, en la especie, si procede admitir el recurso interpuesto. En cuanto a los requisitos de admisibilidad cabe decir, primeramente, que el recurso ha sido deducido en término, por quien está legitimado para interponerlo, habiéndose efectuado reserva oportuna del caso federal y constitución de domicilio en Capital Federal.

Ahora bien, el recurrente sostiene su recurso en la existencia de gravamen irreparable, gravedad institucional y definitividad (equiparable a tal) de la sentencia recurrida. Alude también a la arbitrariedad y a la violación de normas de derecho sustancial y formal que afectan derechos constitucionales. No obstante, no se advierte que la sentencia en embate adolezca de los caracteres ni de los vicios que abrirían la instancia extraordinaria federal.

En efecto, en autos, esta Corte declaró mal concedido al recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Sala Ia. de la Cámara en Documentos y Locaciones, destacando la falta de definitividad del pronunciamiento como así también descartando que el punto debatido (si corresponde o no dar curso a un escrito que no satisface las exigencias de pagar las tasas fijadas en la ley tributaria) asuma gravedad institucional en tanto, se dijo, la cuestión no supera el interés individual del recurrente. Se expresó que lo resuelto -respecto a que no corresponde dar trámite a la presentación del demandado al no haberse acreditado el pago de los aportes tributarios- no resuelve el fondo del asunto, ni pone fin al pleito, ni impide su continuación; que es solo ese escrito el que se inmoviliza, no el proceso; que pagar el tributo correspondiente es un presupuesto de admisibilidad de contenido económico del acto procesal insinuado en el escrito en cuestión.

En relación a esta cuestión -ausencia de definitividad sentencial- de la simple lectura del memorial del impugnante se advierte que éste contiene, en el punto, una crítica que se reduce a la mera discrepancia de la tesitura adoptada por esta Corte, toda vez que el impugnante sostiene que la sentencia es equiparable a definitiva pues le ocasiona un gravamen de imposible reparación ulterior, es frustratoria de un derecho federal invocado al privarla del derecho de defensa en juicio, sobre un tema que no podrá ser discutido por la vía de conocimiento posterior.

Sin embargo, y en primer lugar, cabe destacar que es principio de esta Corte local y la del máximo Tribunal de Justicia del país que los autos que se refieren al escrito de demanda o de su contestación no constituyen sentencia definitiva, pues no ponen fin al juicio ni impiden su continuación, a menos que confluyan circunstancias excepcionales que habilitarían la instancia extraordinaria, que no se dan en el caso de autos (CSJT, sentencia nro. 866 "González Antonio Domingo vs. Fuentes Pascual y otro s/Indemnización por despido y otro" del 01/10/2002). Así, no son definitivos los autos que determinan la pérdida del derecho a contestarla (Fallos 243:498; 246:135; 277:9; 302:237); declara vencido el término para hacerlo (Fallos 292:573;302:768); el que ordena devolver el escrito de contestación a la demanda (Fallos 245:391) o dispone -en contra de lo decidido en primera instancia- el desglose y devolución del escrito con que se contestó la demanda (Fallos 302:1174), el que tuvo por no presentada la contestación de la demandada por no haberse acompañado copia de todos los documentos agregado a ella, pese a estar consentido el auto que así lo disponía (Fallos 244:86), etc..

En segundo lugar, el pronunciamiento no es susceptible del recurso de casación, cuando al haber sido dictado en un procedimiento ejecutivo, existe la posibilidad de enmendar los eventuales errores en el juicio declarativo posterior (arg. art. 544 CPCC). Ello incumple el dispositivo del art. 813 CPCC inc. "a" respecto al recaudo de definitividad del fallo. Es que la resolución dictada en un proceso ejecutivo no importa pronunciarse sobre la cuestión de fondo materia de la demanda, ni es un obstáculo para que el recurrente pueda lograr el reconocimiento de sus derechos a través de un nuevo proceso.

De otro lado, y de acuerdo a lo expuesto, del mero hecho de no tenerse por presentado el escrito de oposición de excepciones en el juicio ejecutivo no puede deducirse, sin más, la existencia de violación al legítimo ejercicio del derecho de defensa en juicio, el cual, en la especie, no se encuentra afectado, tal como se expresara en la sentencia en embate.

Por lo expuesto, el recurso extraordinario deducido contra el fallo que declara mal concedida la casación por no atacar una sentencia definitiva ni equiparable a tal deviene inadmisible ante la ausencia de la definitividad del decisorio impugnado, requisito éste autónomo que no se satisface ni se suple con la mera existencia de cuestión federal, ni por alegación de arbitrariedad (Fallos: 252:141; 267:484; 269:148; 298: 95; 308:1202; y CSJTuc. sentencia nro. 227 del 10/04/96; sentencia nro. 625, del 24/10/99; sentencia nro. 677, del 8/9/99; sentencia nro. 723, del 21/9/99) puesto que el rechazo de la instancia extraordinaria deriva no de la materia en juego, sino -esencialmente- por lo prematuro del recurso extraordinario (CSJTuc.., sentencia nro. 510 "Montero Edgar Julio vs. Robert Bosch Argentina S.A. s/Accidente de trabajo", sentencia nro. 495, del 30/6/98).648/2000 En cuanto a la gravedad institucional, no se ignoran los precedentes de la CSJN o de esta misma Corte local en los cuales se deja sentado que reviste tal carácter los casos en que se ha afectado directamente la defensa en juicio mediante la aplicación irrazonable de normas procesales; o cuando se ha alterado la estructura esencial del procedimiento. Sin embargo este alto Tribunal ha interpretado y decidido que precisamente ello no acontece en la especie; y de ahí la inexistencia de gravedad institucional en el sub judice. El pronunciamiento impugnado expresamente menciona que la misma no existe en el caso, toda vez que se trata del interés particular del recurrente, exponiendo, por lo demás, plurales razones por las cuales cabe desestimar la pretendida violación a los arts. 35 inc. 9 de la CP y 18 y 28 de la CN; razones éstas que permanecen incólumes a pesar de las consideraciones que respecto al hecho imponible del tributo (punto VII-1-c.- del libelo recursivo) expone el impugnante, pues las mismas no alcanzan a dar embate -entre otros motivos-a la exposición sentencial según la cual las tasas y aportes se deben abonar al momento en que se requiere la actuación del órgano jurisdiccional pues tal requerimiento constituye el hecho imponible que origina la obligación de pagar (conf. CSJT, sent. nro. 286 del 24/4/ 2001). El pago de la tasa de justicia debe oblarse en las oportunidades legalmente establecidas (leyes nro. 6059 y 5121: en la oportunidad de la introducción de las actuaciones por Mesa de Entradas de Tribunales, o en la primera intervención, sin perjuicio de su reajuste posterior al tiempo de practicarse la liquidación definitiva -arts. 26,27, 90 ley nro. 6059; arts. 42 y ccdtes. ley 5636).

Asimismo, y todavía en orden a la gravedad institucional, alude el impugnante a precedentes de esta Corte -supuestamente contradictorios con el presente- en donde se admitió el recurso casatorio, sin embargo, ellos no tienen similitud con lo acontecido en la especie, ni fueron de tal modo relacionados por el recurrente. Así, el recurrente menciona -fundamentando en ello, entre otros motivos la arbitrariedad sentencial- la sentencia nro.1134 del 28/12/2000. No obstante, cabe aclarar que en dicho precedente existió efectivamente gravedad institucional -y no definitividad sentencial- toda vez que lo resuelto por el tribunal inferior -autorizando la devolución del escrito de oposición de excepciones en una ejecución fiscal- contrariaba lo dispuesto expresamente por las normas (art. 308 inc. h) del Código Tributario Provincial, alterando así la estructura esencial del proceso lo que, a todas luces, no acontece ni tiene similitud con el sub examine.

A idéntico resultado se llega con lo expuesto por recurrente en el sentido de que esta Corte Suprema a través de otro de sus precedentes, habría dejado establecido la necesidad de intimación previa a la reposición de los requisitos tributarios (sent. nro. 286 del 24/4/2001) toda vez que no es esto lo que se resuelve en tal pronunciamiento, amén de que aquel caso citado no presenta analogía con el presente (solicitud de beneficio para litigar sin gastos posterior a la interposición de la demanda y luego de haberse devengado con anterioridad la tasa de justicia y los aportes previsionales, disponiéndose que no pueden reanudarse los términos procesales hasta tanto se de cumplimiento al decreto que dispone el previo pago de los mismos).

Por último, cabe hacer notar que el cumplimiento del requisito de definitividad del fallo impugnado, en orden a la habilitación de la instancia casatoria, es una cuestión de índole procesal, por lo que falta en el caso el requisito de la relación directa o inmediata, que concurre cuando la solución que deba acordarse a la causa, dependa necesariamente de la interpretación que se asigne a cláusulas constitucionales o a normas o actos federales cuestionados en aquéllas. Cabe destacar al respecto, que no basta con la mera invocación de garantías constitucionales, ni de existencia de gravedad institucional, para que se cumpla el requisito de la existencia de cuestión federal (CSJT, sent. nro.346/98).

Entonces, en orden a los requisitos del recurso extraordinario federal intentado, el mismo no observa uno que le es propio, referido a la existencia de cuestión federal, dada la naturaleza procesal local del planteo, toda vez que el mismo esta dirigido a una resolución que denegó la concesión del recurso extraordinario local por incumplimiento de uno de los recaudados de admisibilidad de la casación (el de definitividad del pronunciamiento), previsto en el art. 813 de la ley procesal civil y comercial. En este sentido se ha expresado que cuando la legislación procesal aplicable al caso ha sido no federal queda excluida como regla, la posibilidad de la existencia de la cuestión federal siendo abundante la jurisprudencia que así lo decide (Fallos: 305:2058) y que la excepción aplicada con parsimonia, pero no muy aisladamente concierne a los supuestos de decisiones arbitrarias tanto de las cuestiones procesales en general (Fallos: 306:851) como a las relacionadas a la oportunidad del planteo de la cuestión constitucional y que también corresponde exceptuar de la regla general de improcedencia del recurso extraordinario en cuestiones regidas por el derecho procesal local, las hipótesis en que haya mediado un cuestionamiento adecuado de la constitucionalidad del precepto ap licado (Fallo: 307:1932) (Guastavino, Elias P."Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad", T. 1 pág. 394) (C.S.J.T. Sentencias 393 del 3/8/95, 792 del 13/10/97; 862 del 28/10/97; 946/97), todo lo cual no se advierte que suceda en el caso.

Consecuentemente y conforme lo dictaminado por el Ministerio Fiscal (fs. 105/106) corresponde denegar, con costas al recurrente, el recurso extraordinario interpuesto.

Por ello, se R E S U E L V E :

I.- DENEGAR el recurso extraordinario federal interpuesto por el letrado apoderado de la parte ejecutada contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia del 04/12/2002, con costas (art. 106 CPCCT).

II- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA