marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción adquisitiva, animus domini, prueba testimonial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BARBOSA, LUCIA c/ GONZALEZ, MARIO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-09-20

Las restricciones establecidas por el artículo 24 de la ley 14159 no rigen cuando la prescripción adquisitiva es opuesta como defensa, siendo admisible en este caso todo medio de prueba según los principios generales, y si bien es cierto que por desconfianza hacia la prueba testimonial, dicha ley exige que se presente otra prueba corroborante, aquélla seguirá siendo fundamental en este tipo de juicios, dada la naturaleza de los hechos a probar, en tanto los actos puramente posesorios (cultivo de la tierra, habitación, etc.) no siempre se pueden documentar, sobre todo cuando se trata de hechos realizados durante varios años; y que bastaría que las evidencias corroborantes de la testimonial exteriorizaran la existencia de la posesión o de alguno de sus elementos durante buena parte de ese período.
Mediación, mediación obligatoria, Poder Ejecutivo, facultades del Poder Ejecutivo, inconstitucionalidad, facultades del Poder Judicial, limitaciones a los poderes públicos, independencia del Poder Judicial, orden público, mediador, Cuerpo de Mediadores
Materia: COMERCIAL
Carátula: BATERIAS SIL-DAR SRL c/ BARBEITO, WALTER s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

La mediación, en cuanto es "obligatoria" y está ubicada en la órbita del poder ejecutivo, es inconstitucional, pues, si bien el establecimiento por Ley de la Nación de un régimen de mediación previa en el orden de la justicia nacional, no es inconstitucional de por si; sin embargo, la obligatoriedad y la pertenencia del órgano mediador a la órbita del poder ejecutivo, a través del Poder Ejecutivo Nacional, es pasible de observación, toda vez que resulta insoslayable tener en cuenta el carácter de orden público que reviste la cuestión. Distinto sería el tema, si el enclave de quienes ofician de mediadores tuviera su función en la jurisdicción del propio poder judicial; pero al estar el cuerpo de mediadores imbricado en la esfera organizaciones del poder administrador, crea una situación de tensión entre tal dimensión y el aspecto no menos importante de su función específica, que esta insoslayablemente unida a la "función judicial" (que no es mero "servicio" ni simple "administración" como se suele confundir en el lenguaje lego). La C.N.

art. 109, prohíbe al Poder Ejecutivo toda incursión en la actividad judicial, lo cual es coherente con su congénere, el art. 116 que atribuye al poder propiamente dicho el "conocimiento" y "decisión" de "todas" las causas que revisten esa naturaleza. En consecuencia, la mediación -que no es, ni puede ser un tribunal de los denominados "administrativos"- solamente seria una etapa constitucional del juicio o del proceso, si sus órganos competencias formaran parte del poder judicial o fueran designados por el juez competente. Mas, al depender su nominación del Ministerio de Justicia, ellos incursionan en terreno ajeno a su incumbencia e invaden por pertenencia jerárquica y dependiente el ámbito específico de la justicia, sustrayendo al juez competente lo que a éste pertenece o corresponde con carácter privativo y excluyente. En conclusión, únicamente el juez del poder judicial podría acudir a tal auxiliar, pero por decisión de su órbita competencia, y no por imperio de una injerencia de otro poder, aunque ésta sea previa a la substanciación de la causa.
Retención indebida, locación de inmuebles
Materia: PENAL
Carátula: OBAYA, M.T. s/ DEFRAUDACION - APROPIACION INDEBIDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

Mientras que en los arrendamientos de cosas muebles, la apropiación de las mismas por el arrendatario cumple el tipo legal del art. 173 inc. 2 C.P., el problema se plantea cuando se trata de arrendamientos de cosas inmuebles, que en principio no dan lugar a la posibilidad de aplicación de la apropiación indebida, por la naturaleza de las cosas.

La cuestión se presentaría respecto a cómo calificar la apropiación por parte del arrendatario de elementos o partes que pudiera separar de la misma. En ese sentido, al apropiarse, como en el caso de autos de muebles inventariados, la conducta queda atrapada por el tipo legal mencionado, debiendo se responsabilizada la acusada como autora del delito de defraudación por apropiación indebida.
Indemnización por accidente de trabajo, base indemnizatoria del accidente, salario diario, fondo de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: ALBORNOZ, Jacinto c/ LAS TORRES S.A. Y OTROS s/ accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-10

A los fines del cálculo de la indemnización (art. 9 incs. a) y c) de la ley 24028 el salario diario se integra sobre la base de lo que el trabajador gana y debe percibir durante su desempeño. Por ello no corresponde que sean computadas prestaciones de cobro futuras como el fondo de desempleo, pues el aporte obligatorio a cargo del empleador contemplado en el art 15 de la ley 22250 no es sino un modo de constituir progresivamente una suerte de indemnización que el trabajador percibirá sólo con motivo de la extinción de la relación de trabajo.
Régimen penal tributario, evasión fiscal, liquidación de impuestos, período fiscal de liquidación
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: García Dos Santos, Raúl A. y otro s/ recurso de casación". Causa n. : 1144.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-23

Teniendo en cuenta que el tipo penal en cuestión refiere que la evasión debe haberse perpetrado "durante un ejercicio o período fiscal". El "ejercicio" siempre es anual, y corre entre las fechas de apertura y cierre para las personas jurídicas, mientras que es el año calendario para las personas físicas y sucesiones indivisas; y diferente es el "período fiscal" que es aquel espacio temporal al que el legislador le atribuye o imputa la producción de uno o varios hechos imponibles y la consecuente generación de una obligación tributaria que puede tener una extensión anual, y también mensual, lo cual -sostuvo el "a quo"- ocurre por ejemplo con el I.V.A. (Voto del Dr. Hornos -en mayoría-).
Acción declarativa de inconstitucionalidad, ley derogada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Natacha SA c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción declarativa de Inconstitucionalidad Acción declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-18

Por las particularidades reseñadas precedentemente "el control concentrado de constitucionalidad, dado su carácter abstracto y su alcance derogatorio, tiene por finalidad esencial depurar el ordenamiento jurídico de las normas aplicables a una serie indefinida de hechos futuros, pero no comprende a las normas derogadas, resultaría incongruente una sentencia cuyo efecto fuera hacer perder vigencia a una norma ya derogada". (Del voto del Dr. Muñoz).
Recurso de queja (procesal), inhabilidad de título, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-01

Cabe rechazar el recurso de queja desde que el ejecutante no explica por qué el análisis efectuado por la Cámara respecto de la excepción de inhabilidad de título opuesta en el marco de un juicio de ejecución fiscal le impide iniciar un juicio de conocimiento contra el propietario anterior y debatir allí la procedencia de la deuda. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Multa, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa Oscar Ernesto c/ Guaraní S.A. y otros s/ Cobro de Pesos y Entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-04-18

El actor nunca efectuó el fehaciente "requerimiento" que la normativa pone en su cabeza para que la accionada le hiciere entrega de las constancias y del certificado que contempla el art. 80 de la LCT. Él fue categóricamente despedido mediante CD, y en respuesta a esa comunicación remitió TCL en el que nada expresó respecto de aquélla documentación. Frente a esto, y aun sin haberle sido requerido, la demandada concurrió a la audiencia fijada por la Policía del Trabajo y acompañó certificación de servicios y remuneraciones pero la asistencia letrada del actor la rechazó por considerar que no correspondía en razón de que el trabajador había concurrido en tres oportunidades al estudio contable de la primera habiéndosele negado la entrega. Sin embargo, sobre dicha circunstancia de la que no existe absolutamente ninguna prueba que la acredite -Voto del Dr. Ronconi (mayoría en la cuestión: Dr. Ronconi, con adhesión del Dr. Welp)
Grupo económico, impugnación de la declaración jurada, impuesto a las ganancias, determinación de impuestos, actualización monetaria, tasas de interés
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BJ Services SRL (TF 22.368 - I) c/ DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

Cabe confirmar la sentencia que ratificó la resolución por la cual el organismo recaudador impugnó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas por la actora, determinó de oficio su obligación por tal tributo, liquidó intereses e intimó al pago- aplicando una multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683, pues el agravio de la recurrente acerca de que no resulta aplicable al caso la tasa de interés contenida en el art. 73 de la ley del impuesto, sino la contemplada en el art. 155 del mismo ordenamiento debe desestimarse, dado que no concurren en el caso los presupuestos de hecho previstos en la norma citada en último término, y según ha quedado establecido en el pleito, se trata de fondos que reconocían su origen en las utilidades obtenidas por la sociedad actora en el país, cuya disposición se efectuó en éste, aun cuando en forma inmediata hayan sido transferidos a una cuenta en el exterior.
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: García Balastegui, Gines s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-12-02

A través del motivo de violación de la ley sólo se puede intentar una revaloración jurídica del material fáctico establecido en la sentencia; ya que el recurso de casación por este carril tiene por finalidad la revisión por parte del Tribunal Superior de la interpretación que de la ley hagan las Cámaras de juicio definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en consideración puramente jurídica, en consecuencia rige el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida.

Existen tres modos de infringir la ley: Violación propiamente dicha, que consiste en no aplicar a un hecho la regla que corresponde;

interpretación errónea cuando no se da a la disposición su verdadero sentido; y aplicación errónea (o indebida) cuando ha habido una incorrecta calificación de los hechos, a los que se les aplica una regla que no corresponde, a causa de una defectuosa subsunción.
Resolución del contrato, contratos bilaterales, mora
Materia: CIVIL
Carátula: K., R.O. y Otro c/ T. D.O.SA s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-10

Quien es un incumplidor de obligaciones que debía cumplir por no estar condicionadas o supeditadas a circunstancias no existentes, no puede pedir y menos decidir la resolución del contrato. El motivo del principio es obvio; no puede aceptarse que aquél que ha incumplido sus obligaciones en un contrato con prestaciones recíprocas pueda resolverlo aduciendo incumplimiento de la otra parte; incumplimiento que no se presenta en el caso de obligaciones recíprocas por imperio del artículo 510 del C.C., cuando preceptúa que uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple la obligación que le es respectiva; con la sola salvedad que ofrezca cumplirla, supuesto éste que ni siquiera se configuró en la causa a tenor de la sentencia contra la demandada con firmeza ganada.
Delitos contra la integridad sexual, violación con fuerza o intimidación
Materia: PENAL
Carátula: Asesoría Civil de Familia e Incpaces s/ Dcia. Abuso Sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-01-20

"Los conceptos de fuerza, intimidación o resistencia ínsitos a la violación son revisados y ampliados para dar un lugar predominante al libre consentimiento y nuevos factores coactivos o intimidatorios que puedan anularlo.". "Es preciso garantizar que al examinar judicialmente un acto para determinar si un crimen sexual fue cometido no se exija que la víctima pruebe haber ofrecido suficiente resistencia al ataque, sino sólo que su voluntad fue quebrada".
Partida de nacimiento, rectificación de partida, cambio de sexo
Materia: PROCESAL
Carátula: Prunello, Federico Norberto s/ información sumaria .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

En procesos en que los intereses de una parte se oponen a los de otra es lícito, por el orden que requiere el trámite de las causas, que las falencias atribuidas a una de las partes generen derechos en favor de la otra mientras que la pretensión de quien pide la rectificación de su partida de nacimiento para adecuarla al sexo que correspondería a su actual configuración física no se proyecta como un proceso de contenido patrimonial, de modo adverso al interés de una contraparte, que no sería sino la sociedad toda, cuyo sólo interés no sino el de la ley.
Acción de amparo, obras sociales, contratos de adhesión, defensa del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: " G.A.G. y L.C.A. c/ SWISS MEDICAL S.A. s/ AMPARO - MEDIDA CAUTERLAR INNOVATIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-10-17

En el caso puntual no podemos pasar por alto, que además existe una relación contractual que vincula a los amparistas con el demandado, la cual configura un supuesto de un contrato predispuesto, de adhesión y además obligatorio, en la medida en que el afiliado no pudo discutir las condiciones de la contratación, por lo cual debe primar en caso de duda el criterio de favorecer al consumidor de los servicios de salud y no a la prestadora, para lo cual toda disposición contractual que aparezca como limitadora de derechos del consumidor a favor de este prestador del servicios, deber ser interpretada en el sentido más favorables para el consumidor.
Medicamentos, expendio de medicamentos, ley provincial, Salud pública, protección de consumidores y usuarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

La ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires pretende proteger la salud de quienes consumen medicamentos, que constituyen un grupo especialmente vulnerable (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti).
Facultades del Poder Legislativo, comercialización, impuestos, facultades tributarias, facultades tributarias provinciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dinel  SA c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

El alcance del principio contenido en el art. 67, inc. 12 de la Constitución Nacional debe ser fijado en relación a otro principio que es el del poder de las provincias de crear impuestos a la riqueza que se halle dentro de sus fronteras, ya que lo condenado, lo ilegal, es el gravamen con fines económicos de protección o preferencia, a fin de manejar la circulación económica y, al interpretar y aplicar ese objeto esencial de la Ley Fundamental, no puede menoscabarse el derecho primario de las provincias a formar el tesoro público con la contribución de su riqueza y cuya forma más evidente es, sin duda, su población y su capacidad de consumo.
Excepción de incompetencia, juicio de apremio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION GENERAL DE RENTAS c/ ESPIN HNOS. S.R.L. s/ Apremio (LIBRO: S153 - 032)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-27

Serán competentes para entender en los juicios de apremios los Tribunales Tributarios de la Provincia correspondientes al domicilio del organismo recaudador o sus delegaciones. En armonía con el art. 5 CPC. El ejecutante puede optar ante el domicilio del organismo recaudador o del domicilio de sus delegaciones.
Libertad de prensa, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: Jardines José Antonio y otra c/ Nuevo Diario de Santiago del Estero y José Cantos s/ Daños y Perjuicios - Casación Civil".
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-02-20

En los casos concretos de conflictos que se suscitan entre la libertad de expresión y otros derechos protegidos se produce una tensión cuyo equilibrio debe ser buscado sin preconceptos ni fórmulas rígidas, con la prudencia propia que debe caracterizar a la labor judicial, pero siempre obrando con valentía y temple, de modo de proteger a las personas cuando su honor, su intimidad, su imagen, etc., fue objeto de agravio injusto e ilícito por parte de la prensa, pero también, sin dubitaciones de privilegiar a la prensa cuando la información que ha suministrado tenga un fin lícito y se ajuste a la verdad, moleste a quien sea.
Excepción de prescripción, trámites judiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Silva, María Angélica c/ Toneguzzo, Hugo Mario y Otra s/ Acción de Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-09-23

El Código Procesal, en miras a la correcta composición del litigio y el aseguramiento de la bilateralidad del contradictorio, impone correr taslado al actor de la excepción o defensa de prescripción que pudiere oponer el accionado, integrando así la litis con la constestación del actor.
Honorarios, actualización monetaria, convertibilidad, intereses, tasa pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: OCAMPO CELMIRA ISABEL c/ PETROSERVICE S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-04-22

Toda sentencia fija los emolumentos considerados con el trabajo profesional y las normas arancelarias vigentes, pero no corresponde que fije pautas, ya sea de actualizacion o tasa de interes a aplicar, pues ellas están previstas en las leyes que rigen la materia. El art. 49 de la ley 1.594 hasta la vigencia de la ley 23.928, brindaba la opción de exigir los honorarios indexados (inc. a) o los intereses fijados en el inciso b. (Tasa Activa).

A partir de la ley de convertibilidad desaparece esta opción y sólo subsiste la posibilidad de reclamar los honorarios con un interés que se considera debe fijarse en tasa pasiva.
Juicio ejecutivo, intimación de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Michele, Ana y otra c/ Varela Duarte, Luis s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

El tema del Plenario sometido a decisión de los miembros de esta Cámara -referido a si el mandamiento de intimación de pago y embrago en la ejecución de obligaciones constituidas en moneda extranjera que se encuentren en mora con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25561- debe interpretarse que está referido a la circunstancia de que el actor, en su demanda, pretenda el pago en la moneda extranjera pactada; en ese caso y ante la disposición legal ley 25820 -art. 3 que reemplaza el texto del art. 11 de la ley 25561 -), actualmente el juez puede librar el mandamiento en esa moneda pues tiene el deber de "examinar cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución" (art. 529 Cód. Proc.) y sólo si cumple con los requisitos legales librará el mandamiento de embargo.

Al establecerse por la ley la conversión del crédito, el título no es hábil para procederse ejecutivamente en la moneda de origen pero tampoco podría el juez cambiar la pretensión, librando el mandamiento en una moneda distinta a la pedida, pues es el actor quien debiera adecuar su demanda si desea el trámite del juicio ejecutivo (doc. art. 518, Cód. Proc.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, responsabilidad civil, daños al automotor, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GUTIERREZ DE SANCHEZ, MARIA EUGENIA c/ ATENCIO, ROBERTO s/ DAÑOS Y PERJUICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-30

Estando acreditados los daños, es procedente la indemnización por privación del uso del vehículo, ya que puede efectuarse un calculo aproximado del tiempo que demandaría su reparación.

La privación del uso del automotor a que se haya obligada la víctima durante el tiempo necesario y razonable para realizar en aquel las debidas reparaciones, constituye un perjuicio que debe reparar el agente del daño y para cuya fijación los jueces están facultados.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-12-21

La sola remisión a escritos de una de las partes, no satisface la exigencia de la debida fundamentación de la sentencia,resultando una mala práctica, que no cumplimenta la exigencia del art. 168 inc.5º del c.P.C, que exige la expresión de los fundamentos y la aplicación de la ley.
Locación de inmuebles, rescisión del contrato, vicio oculto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TIBALDI OSVALDO c/ JUAN O. VERA Y OTRO s/ Cobro Alquiler (LIBRO: S129 - 238)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-24

Por ello si esos vicios quedan probados, la rescisión de la locación resulta procedente y debe computarse a partir del momento en que el locador toma conocimiento fehaciente de la voluntad de rescindir por parte del locatario.-
Contrato de obra pública, mayores costos, prueba, Impuesto sobre los ingresos brutos, alícuota
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: BUSANICHE Y CIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 77-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-02-14

Es a cargo de la demandante demostrar que el alegado perjuicio producido por el incremento de la alícuota del impuesto a los ingresos brutos posterior a la celebración del contrato de obra público, tiene tal entidad que hace procedente el reconocimiento solicitado de mayores costos.
Apremios ilegales, competencia por el turno, plazos procesales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL Unidad N° 20 s/ CONFLICTO DE COMPETENCIA SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL Unidad N° 20 s/ CONFLICTO DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-04|1997-02-04

En cuanto el delito de apremios ilegales debe ser investigado por un Juez distinto de aquel ante el cual se produjo la declaración no resulta aplicable el plazo de 24 horas estipulado para las cuestiones de turno, establecido en los arts. 348 y 349 del R.J.C.C.
Trabajador, sanciones disciplinarias, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: LEAL DARDO MARINO c/ CREDIMAS S. A. s/ HABERES CAÍDOS, ETC. - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-27

El cuestionamiento o impugnación que el art. 223 de la LCT prevé, importa el no consentimiento del afectado de las sanciones que le fueran impuestas a los fines de posibilitar, en el caso de que el empleador no acreditase la existencia de una justa causa, el cobro de los salarios dejados de percibir durante su cumplimiento.

Esto no traslada al trabajador la carga de probar que las sanciones no respondieron a justa causa, mucho más si en la impugnación -etapa previa al proceso- y en el escrito constitutivo de demanda se limitó a rechazarlas sin dar su propia versión de los hechos o de las conductas que se le atribuyeron como razón de las suspensiones.