Sanciones disciplinarias, inadmisibilidad del recurso, fundamentación de la resolución, defensa en juicio, infracciones formales, procedimiento administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Vilchez, Marcelo Exequiel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-08

Debe declararse inadmisible la vía intentada, pues la defensa no introdujo argumentos ni una crítica razonada que logre conmover la decisión adoptada, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes para rechazar el planteo de nulidad articulado y confirmar la sanción disciplinaria impuesta a su asistido. Para así resolver, la jueza de ejecución, en primer lugar, destacó que su intervención se encontraba ".dirigida a verificar la legalidad de un procedimiento administrativo concluido y no la de producir prueba". Luego de analizar - como instancia de revisión- las actuaciones administrativas, concluyó que ".de la lectura de la totalidad del expediente se desprende que el procedimiento administrativo fue llevado a cabo regularmente, observando en cada paso la regulación del Decreto 18/97, con un encuadre legal sustentado en prueba válida, con estricto cumplimiento de las etapas y plazos procesales estipulados, observancia al derecho de defensa y oportuna comunicación de la sanción impuesta a la Defensoría Oficial. Y que, el procedimiento de secuestro fue realizado en presencia de testigos, que suscribieron el acta en cuestión, todo de conformidad con lo establecido en el Decreto mencionado." Por otro lado, en cuanto a los planteos formulados por la defensa oficial, sostuvo ".que no resulta necesario verificar la funcionalidad del teléfono secuestrado, ni de la tarjeta SIM, ni de la batería, ya que la sanción aplicada al interno encuadra dentro de las previsiones del art. 18 inciso c) del Decreto 18/97, cuya modalidad consiste en 'poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos', y dicha norma nada dice respecto a la verificación de la idoneidad o a la realización de estudios de los elementos hallados en el interior del SPP. Asimismo, del análisis efectuado, no surgen dudas de que dichos elementos se encontraban dentro de la esfera de posesión de Vílchez, escondidos debajo del 49 colchón de su cama. En definitiva, el mero hallazgo de dichos elementos en poder del interno configura la falta que prevé el artículo 18 del Decreto 18/97, esto es 'infracción grave'.". Con relación a la falta de individualización y tipificación del hecho atribuido, señaló que ".se encontraba presente el Defensor Oficial, por lo que lejos se está de una violación al derecho de defensa toda vez que el interno se encontraba asistido legalmente." Por último, en punto al reconocimiento de Vilchez, en oportunidad de procederse a la requisa y secuestro de los elementos, se remitió a la exposición de la sumariante Lucila Álvarez y a la resolución administrativa, en el entendimiento de que ".las garantías requeridas en los procedimientos administrativos se respetan en el marco regulatorio del decreto [18/97], y lo han sido también en el caso concreto [...]". . Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña.