marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fundamentación del recurso, falta de fundamentación, voto de los jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos: Bergondo, Ricardo Christian  s/inf. art. 149 bis, amenazas  -CP (p/L 2303) Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos: Bergondo, Ricardo Christian  s/inf. art. 149 bis, amenazas  -CP (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-19

La defensa no demuestra que los votos de los jueces exhiban unacontradicción insalvable que impida sustentar el pronunciamiento, pues se trata de argumentaciones que, si bien contienen fundamentos diversos, no resultan autoexcluyentes y arriban a una misma conclusión: que, en el caso, debe confirmarse la resolución que no hizo lugar al planteo de nulidad del dictamen Fiscal que descartó la posibilidad de convocar a una audiencia de medicación; ello tal cual se predica en la parte resolutiva común de la sentencia. (Voto del Sr. Juez José O. Casás. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Incapacidad laboral, cambio de tareas, cambio de categoría, reducción salarial
Materia: LABORAL
Carátula: BENITEZ, FELIX RODOLFO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

La mera falta de justificación económica no es por sí sola motivo suficiente para negar el cambio de tareas. La causa no imputable a que alude el segundo párrafo del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo debe ser más grave que la simple inconveniencia, consistiendo fundamentalmente en la inexistencia de tareas razonables útiles que el trabajador pueda desempeñar sin perjuicio para su salud, debiendo llegarse en situaciones límite, a ofrecerle una justa disminución en la categoría de la tarea a cumplir, sin mengua de la remuneración.
Responsabilidad médica, deber de información, intervención quirúrgica, mutilación
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHEZ DE VILLAROEL, Miriam Jenny c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-27

El deber de advertir al paciente constituye un principio que rige la actividad del profesional de la medicina, porque cuanto mayores sean los peligros y riesgos de secuela que pudiere implicar la intervención quirúrgica aconsejada, tanto más necesaria es la información a cargo del profesional, quien puede llegar a ser responsable en la medida que callare o atenuare los riesgos de aquélla. Y en los supuestos de operaciones que pudieren derivar en mutilación y/o esterilización, según lo disponen los artículos 19, inc. 3º y 20, inc. 18º, de la ley 17.132 y sus modificatorios, el mencionado deber de información adquiere especial relevancia, debiéndose, aún, requerir la expresa conformidad del enfermo.-
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, prueba, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: OLIVA SORIA DE AHUMADA, CLOTILDE c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS  E.F.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-14

Debe responder la accionada y no basta para eximirla de responsabilidad cuando en el escrito de responde tan sólo sostuvo la ausencia de culpa de su parte e imputó culpa a la víctima y a un tercero y no acreditó tal conducta.

Resulta inidónea para acreditar la eximente invocada la sóla remisión a las actuaciones administrativas acerca de que el objeto que lesionó a la actora fue arrojado por desconocidos, ya que ninguno de sus agentes presenció el suceso, el propio dependiente de la demandada contradice la versión de las actuaciones administrativas y no resulta posible establecer fehacientemente la existencia de un tercero culpable y, que además, se trate de una persona por quien no debe civilmente responder.

No corresponde ceñirse rígidamente al porcentaje que hayan asignado los peritos para determinar la indemnización por incapacidad, ya que éste se debe contemplar con la proyección que dicha incapacidad pueda tener en el futuro para la víctima, apreciado desde un punto de vista general, valorando a este efecto su edad, sexo, estado de salud, actividad habitual, condición social, familiar y económica anterior al hecho, para luego determinar cuál es su gravitación en todos los aspectos de su vida y de allí establecer la indemnización.

No es pertinente considerar a fin de determinar la incapacidad derivada de la limitación funcional del brazo afectado, las secuelas físicas no vinculadas con el accidente si no se expresa de qué manera incidirían en la incapacidad que sufre la actora.
Insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ardiles , Jerónimo Rogelio c/ Barrotto , José María s/ ordinario - cobro de pesos - (expte. Nº 391345)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2016-04-04

Resultan insuficientes los agravios expuestos por el apelante, dado que no logran conmover los fundamentos de la sentencia impugnada en cuanto al valor tomado para justipreciar las labores realizadas por el accionante, resultando una mera discrepancia de las conclusiones arribadas en la resolución, las que no verifican como arbitrarias ni faltas de razón como lo consigna el mismo, sino que se encuentran debidamente fundadas en el análisis del material probatorio rendido en la causa, con el cual sólo reclama una diferente valoración.
Acción de amparo, protección del menor y la familia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fantin, Clelia Susana s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-23

La asignación por Ayuda Escolar Primaria incluída en la Ley Provincial 790 es un beneficio creado para instrumentar la protección social y económica de la familia, que como derecho social de los habitantes del Chubut el art.25 de su Constitución consagra. Pero el tal derecho, como todos los de esa índole social reconocidos y establecidos por la Carta Magna Provincial, si bien han de informar la legislación positiva, "sólo pueden ser alegados ante la jurisdicción conforme las leyes que reglamenten su ejercicio y teniendo en cuenta las prioridades del Estado y sus disponibilidades económicas", conforme reza el art.21º, parte 2da., de la misma Constitución.
Competencia contencioso administrativa, empleados públicos, adicionales de remuneración, acción de amparo, presunción de legitimidad, prueba, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Agüero, María Marcela y Otros c/ Municipalidad de Valle Viejo s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-26

Las actoras invocando el carácter de agentes de la administración publica, incoan acción de amparo en contra de la Municipalidad de Valle Viejo, con el objeto que se declare ilegítimo, lesivo y arbitrario el acto de Poder Público, a través del cual se omitió liquidar y pagar el ítem "Título y Responsabilidad Profesional".

En el marco legal vigente aplicable al caso concreto, faculta al Poder Administrador para liquidar los haberes de los agentes de la Administración Pública Municipal, de conformidad a los preceptos normativos y pautas establecidas en la legislación aplicable.

Tal actividad contable-administrativa impone un análisis profundo y exhaustivo de actos emitidos en ejercicio de atribuciones propias, cuya revisión excede el estrecho margen cognoscitivo asignado a este proceso excepcionalísimo evidenciando que -como cuestión jurídica opinable-, requiere de mayor amplitud de debate y prueba para lo cual existen vías previas y paralelas ordinarias donde podrá discutirse y probarse la ilegitimidad -o no-, del actuar administrativo.

Que resulta pertinente resaltar que la parte actora no logra demostrar de manera clara e indubitada la lesión a derechos constitucionales que le causen un perjuicio de imposible reparación ulterior, por cuanto mediante el debido cuestionamiento en el propio ámbito de la actividad administrativa, que reputa ilegítima y arbitraria, en el supuesto de resultar contrario a derecho, su reparación puede perseguirse mediante la articulación de las acciones pertinentes, pero no resulta hábil para provocar la apertura de este proceso de excepción.

Conforme a ello, lo previsto por los Arts.1, 2, 3 y 17 de la Ley 4642 y jurisprudencia de esta Corte de Justicia sentada en numerosos precedentes (SI Nº67/11; SI Nº68/11; SI Nº71/11, entre otras), corresponde declarar inadmisible la acción de amparo deducida.

En consecuencia, deben imponerse las costas a la parte actora
Robo calificado, armas, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: PENAL
Carátula: Ballesteros, Enrique Daniel; Décima, Agustín Humberto s/ Robo calificado Hang, Guillermo Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22|2000-08-30

Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en favor de la doctrina objetiva con presunción del poder ofensivo del "arma" de fuego, lo ha hecho sin agregar argumento novedoso alguno sobre la cuestión ni considerar los expuestos en contrario.
Teoría de la imprevisión, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carino, Roberto Oscar c/ Rastelli, Luis Antonio s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-06

Es del caso acotar que, sin perjuicio de su extemporaneidad en la expresión de agravios, la excesiva onerosidad sobreviniente no podría tampoco considerarse como una defensa de fondo, ya que la misma debe encausarse por demanda y en este caso específico por vía de la reconvención.
Municipalidad, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Garnica, Pedro Lázaro c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 625-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-22

La Provincia de Santa Fe pudo, aun a la luz del nuevo artículo 123 de la Constitución Nacional, establecer como derecho de los agentes municipales la percepción de una indemnización por incapacidad inculposa, sin que ello signifique la automática violación del postulado de la autonomía municipal, el que sí podría verse lesionado en supuestos en que se invoque y demuestre que la respectiva norma pondría en peligro la subsistencia del municipio como entidad con vida propia.
Accidente de tránsito, peatón distraído
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sain Sergio c/ Tomei Gustavo s/ Modificación de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-28

Cabe exigir celoso cuidado y precaución a todo automovilista en la vía pública. Cabe también que esté advertido de los peligros que entrañan los peatones distraídos. Pero, es igualmente cierto que no puede imponérsele una conducta tan excepcional, que transforme a cada conductor en una deshumanizada computadora, que prevea por anticipado y sin falla alguna, cualquier conducta irresponsable de un peatón, por inesperada o sorpresiva que resulte. Al viandante también le corresponden similares deberes de cuidado y protección.

No cabe, pues, indemnizar la desaprensión, ni el incumplimiento del mínimo de conducta social debida y esperada.
Pena, conmutación de penas
Materia: PENAL
Carátula: González Victor Hugo s/ Violación y abuso deshonesto reiterado, etc. (s/ Conmutación Ley 3979/93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-02

El artículo 1° del decreto 3979 (B.O. 29-12-93), dispone una conmutación de las penas temporales impuestas por los Tribunales de la Provincia a internos primario, reduciéndolas en las proporciones que resultan de la escala obrante en el Anexo I. Dicho Anexo, determina para los internos, según el grado de progresividad alcanzada y calificación de concepto, un determinado porcentaje de rebaja, atendiendo, a que el mismo sea "bueno", "muy bueno" o "ejemplar".

El eje sobre el que se estructuró este decreto lo constituye la intención de beneficiar con gracias a los internos alojados en establecimientos carcelarios de la Provincia, en cumplimiento de penas impuestas por nuestros tribunales, en mérito al buen comportamiento observado.

Como condición se establece que las calificaciones de conducta y concepto a considerar a los fines de su aplicación, así como el estadio del tratamiento penitenciario alcanzado, serán los correspondientes al mes de octubre de 1993, fecha que constituye el límite temporal hasta el cual deben analizarse aquellas.
Recurso de queja (procesal), queja por denegación del recurso extraordinario, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Motta, José María c/ Establecimientos Metalúrgicos de Poli S.A.y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

El recurso de hecho debe interponerse directamente ante la Corte, que es el Tribunal llamado a decidir sobre su viabilidad, dentro del plazo de cinco días posteriores a la notificación del auto denegatorio del recurso extraordinario, siendo inválida - a esos fines- la presentación que se haga del escrito ante la cámara.
Daños y perjuicios, daño resarcible, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: P., M. B.  c/ B., R. D. y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-27

El daño cuya reparación se pretende debe estar en relación causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción, y es necesaria la existencia de ese nexo de causalidad, pues de otro modo se estaría atribuyendo a una persona el daño causado por otro o por la cosa de otro. La relación causal es el factor aglutinante que hace que el daño y la culpa, o en su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligación a indemnizar. Resulta indispensable determinar si las consecuencias fueron producidas por actos o hechos imputables a la demandada, vale decir, la relación causal cuya demostración incumbe a la actora en todos los casos, no como un vínculo solamente posible, sino la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho.
Competencia federal, prueba pericial, propiedad intelectual
Materia: PENAL
Carátula: Farías, Diego Alejandro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-27

Si el peritaje efectuado determina que parte de los discos compactos poseen impresas marcas pertenecientes a las empresas discográficas editoras, sus portadas son copias de los originales y los soportes de los discos son grabables, el caso resulta aprehendido por dos disposiciones penales -leyes 22.362 y 11.723- que concurrirían en forma ideal, pues ambas infracciones habrían sido cometidas simultáneamente y mediante una única conducta, por lo que corresponde declarar competente a la justicia federal. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scicolone, Manuel c/ Prantera, Omar Alberto y otro s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

Actúa con menoscabo de los límites de su propia competencia y de las garantías de la propiedad y la defensa en juicio (arts.17 y 18 de la Const. Nac.; 242, 266, 272 -su doctrina- y conc. del C.P.C.C.), la cámara que examina un aspecto del fallo de primera instancia que, por consentimiento del único legitimado para impugnarlo, había pasado en autoridad de cosa juzgada.
Divorcio, demanda, reconvención, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: T., M. DEL C. c/ P., A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-03-06

Con relación a la posibilidad de decretar el divorcio vincular por la causal prevista en los artículos 204 y 214 inciso 2 del Código Civil, cuando ésta no fue invocada expresamente en la demanda y en la reconvención, rechazando las causales subjetivas en las que los cónyuges postularon sus pretensiones, la jurisprudencia no es unánime. En tal sentido, la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió -por mayoría- en sentido negativo, entendiendo que el juez tiene vedada la posibilidad de recalificar las causas de divorcio y tan sólo debe limitarse a rechazar las pretensiones en los términos en que fueron propuestas; en tanto numerosos antecedentes jurisprudenciales sustentaron la tesitura contraria, es decir que acreditada la ruptura de la convivencia por el lapso de tres años se debe decidir el divorcio por la causal objetiva (Citas: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil: MIL c OJO s/divorcio, acuerdo plenario del 28/10/2010; Sala B, YAM c VD, del 29/9/06; CMH c VAE del 4/12/06; CC c RBL del 20/5/08; Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial de San Isidro: G de B, LE c BR del 26/5/99; Cámara 1ra Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II: BVM c FCF del 19/11/09; Cámara Civil y Comercial de Rosario, Sala 4ta: CW c AG del 10/10/08; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2da nominación de Santiago del Estero: MNM c AAM del 14/2/07)
Juicio de desalojo, fiador, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SERRANO DANIEL c/ PALERMO CARLOS ALBERTO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-24

En el juicio de desalojo que en la demanda se pide la citación del garante como tercero interesado debe tenerse inicialmente en cuenta que ha sido mal traído a juicio,y, por lo tanto la demanda ha sido mal dirigida contra él,ya que, siendo un tercero, no debió ser citado coactivamente.

Esto hubiera sido suficiente para llegar a una nulidad en esta parte del pronunciamiento recurrido.

Así, siendo el garante un tercero que se ve involucrado en esta situación de condena en costas, aunque se piense que después hubiera sido posible ventilar este rubro en juicio aparte, por no ser esta carga solidaria, en el supuesto de que el desalojado no pagara esta deuda en su momento, hay que destacar que él en ningún instante se opuso al desalojo, sino que su postura fue la de negar la responsabilidad que se le asigna. En conclusión: no hay razón para imponerle las costas en el trámite del desalojo por no resultar vencido en nada.-
Prueba testimonial, notificación por telegrama
Materia: PROCESAL
Carátula: OBREGON, ALEJANDRO c/ SALATINO, CARLOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-31

Notificar a los testigos por telegrama es una vía que el Juzgado puede disponer, pero no se torna obligatoria al existir otro medio cédula conforme la ley 22172- que resulta idóneo para alcanzar el fin perseguido y que se encuentra amparado en las disposiciones legales vigentes.
Recurso de casación, violación de las formas procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación de Maestros y Profesores (A.M.P.) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-04-18

No toda infracción a normas procesales es susceptible de ser denunciada por conducto del art. 257 inc. 2º del C.P.C. -Violación de las formas procesales-. Resultando menester ajustarse a lo que sobre el tema de las nulidades establece el Código Procesal Civil en el capítulo respectivo, porque siendo la consecuencia del acogimiento del recurso cuando se invoca violación de formas, la nulidad del decisorio cuestionado, sólo las infracciones que el Código autoriza a descalificar con tan grave sanción, y en las condiciones que establece para que ello proceda, pueden determinar la procedencia del recurso.
Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, excusación, recusación, integración del tribunal, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: VERA, FERNANDO SEBASTIAN s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

En el ámbito de la incompetencia subjetiva que generan las causales de recusación y excusación de magistrados integrantes de un cuerpo colegiado, tanto los artículos 53 y 56 del Código Procesal Penal de la Provincia como el artículo 25 de la ley 10.160, refieren a sujetos particulares ('el Juez que forme parte de un Tribunal', 'un juez que forma parte de un Tribunal', 'alguno de sus jueces') sólo en la medida de la individualidad con que deben ser analizadas las causales invocadas, por ser, justamente, subjetivas e individuales". El hecho de que, en casos atípicos, la inhibición sea sostenida por los tres integrantes naturales de la Cámara en nada enerva el rigor del trámite legalmente dispuesto para la suplencia (art. 25, cit.).Bajo tales parámetros en la especie -a diferencia de lo sostenido por los Jueces de Cámara- no se presenta un conflicto de competencia entre jueces o tribunales que habilite la intervención que atribuye a este Supremo Tribunal el inciso 5to. del artículo 93 de la Constitución provincial, antes bien, se plantea un tema de integración del Tribunal de segunda instancia que debe ser decidido conforme el procedimiento establecido por el legislador local. En este sentido, y sabiendo que los magistrados deben procurar una rápida administración de justicia dentro de lo razonable y en el marco normativo, evitando que el proceso se prolongue indefinidamente por pliegues y repliegues procesales que afecten la defensa en juicio, la segunda parte del artículo 58 del Código Procesal Penal provincial estipula las dos variantes que pueden presentarse al decidirse la separación de los miembros de un Tribunal: la primera, resuelta afirmativamente dicha inhibición deben seguir interviniendo en el proceso los Jueces que lo integraron para resolverla; y la segunda, si el pronunciamiento desestima el apartamiento, el titular o los titulares originarios vuelven a intervenir, cesando la participación de quien o quienes fueron convocadas a decidir la incidencia.
Revocación de sentencia, suspensión del juicio a prueba, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Mendez Mourelle, N. L.  c/  s/ suspensión del juicio a prueba (Causa Nº 24.157/2022)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-14

Suspensión del juicio a prueba revocada.

Imputado que si bien cometió un delito durante el plazo establecido para la suspensión del proceso a prueba, la sentencia condenatoria que así lo declaró adquirió firmeza con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo por el cual se le había otorgado el instituto. Imposibilidad de aplicar la causal prevista en el artículo 76 ter del Código Penal a los fines de revocar el derecho otorgado. Situación que haría pesar sobre el imputado los efectos de una sentencia condenatoria de forma retroactiva y las consecuencias en la demora por parte del Estado en concluir el segundo proceso en su contra.Revocación.