Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-27


En la ciudad de Trelew, a los27días de julio del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr.

Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "R, L I c/ V, M y otro s/ cobro de pesos - Laboral" (Expte. N° 22.206 año 2007) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 220.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por ambos codemandados a fs. 200 y 209, que fueran concedidos a fs. 201 y 210, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 194/198 que hizo lugar a las demandas laborales instauradas por L I R y E R D P y condenó a M de los Á V y S D G al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $7.065.- y 8.177.- y sus intereses, y asimismo dispuso la entrega de las certificaciones de servicios y remuneraciones (art. 80 de la L.C.T.) en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, con imposición de costas a los vencidos.

Los informes previstos por el art. 62 de la ley 69 lucen a fs. 202/207 y 211/214 y los traslados conferidos a fs. 210 y 216 no fueron evacuados por los accionantes.

Señala básicamente el codemandado G que la parte actora debió responsabilizarse de la producción de la prueba a fin de acreditar la dependencia laboral y al no aparecer acreditada debe recibir una resolución desfavorable.

Los actores iniciaron sendas demandas indicando que eran poseedores de una cartonera dedicada al acopio de cartón y quedó acreditado en autos que la explotación y titularidad de dicho establecimiento se encontró siempre en cabeza de la codemandada V.

Más aún, se probó que el señor G realiza una actividad laboral y comercial independiente desde el año 2003 comprando materiales de rezago, realizando tareas de limpieza en empresas, y transportes y fletes dentro y fuera de la provincia.

Desde el inicio de estas actuaciones negó vinculación laboral alguna con los actores, por lo que resulta errónea la premisa del a quo al expresar que cada una de las partes corría con la carga de acreditar sus dichos. Ante la negativa absoluta se desplaza con exclusividad en cabeza de quien afirma la existencia de un contrato de trabajo la carga de su prueba, la cual se satisface acreditando, en primer lugar, que se prestó servicios y, en segundo lugar, que éstos se emparentaban con las tareas bajo la subordinación jurídica, técnica y económica que caracterizan y dan contenido tipificante al contrato de trabajo.

Ninguna prueba han producido los actores que demostrara que prestaron servicios en relación de dependencia para su parte. Los actores solo se limitaron a meras afirmaciones. No se aportó prueba alguna que pudiera siquiera inferirse que se abonó remuneración, cualquiera fuera su cuantía, y mucho menos que las tareas desarrolladas se correspondieran con las categorías denunciadas.

Ni siquiera se acompañó o solicitó las escalas salariales aplicables. Resulta sugestivo que durante el lapso de duración de la relación laboral jamás se hubiera documentado el pago de monto alguno a los trabajadores. No se aportó prueba alguna de la subordinación técnica y jurídica, y por el contrario se acreditó que G no era titular de la explotación y carecía de empleados.

No resultan concluyentes, ni creíbles, las declaraciones de los testigos a fin de acreditar la dependencia invocada. Pondera las declaraciones testimoniales y considera que la duda se proyecta sobre la naturaleza controvertida por los litigantes de la relación en virtud de la cual se prestaron tareas en el comercio RECICLAR.

Existe una porción fáctica sobre la cual no avanza el grado de duda, cual es que los actores hayan prestado tareas en relación de dependencia para G dentro de la cartonera. Desde otro punto de vista, el hecho de que los actores concurrieran a la cartonería a vender cartón fue invocado por la codemandada V y no por el Sr. G.

Se puede afirmar que no se probó que los actores trabajaran bajo relación de dependencia de G y tampoco se probó que resultara poseedor, por cualquier título, de la cartonera. Peticiona se revoque la sentencia apelada, con costas.

A su turno, la codemandada V sostiene que la sentencia omitió fundar la dependencia declarada. En el caso de los denominados cartoneros el análisis radica en evaluar con criterio jurídico y económico la realidad planteada al contestar demanda.

En autos, la única directiva era la que indicaba donde debía dejarse el material para su acopio y el abono de los kilos de dichos elementos, previo pesaje en la balanza a disposición de los cartoneros.

No encontramos una organización jerarquizada, ni deber de obediencia. La potestad de dar órdenes y la obligación de someterse a esas órdenes surge de la actividad misma. La tarea no requería de empleado alguno. D P en su absolución de posiciones reconoce que el Sr. V era el encargado de la cartonera. Y en su calidad de testigo aseguró conocer la operatoria del comercio.

El testigo G nos ubica en una realidad empresarial bien clara: una actividad realizaba V en su cartonera y otra muy distinta G en su tarea de compraventa de materiales en las pesqueras. S confunde la relación laboral con la tarea de cuentapropista de cartonero.

El número de dependientes indicados escapa a lo razonable y en el planteo de demanda no se hizo referencia a otros empleados. La contestación de O a la segunda pregunta nos da idea concreta de la cantidad de gente que circulaba por la cartonera a diario. También denota vaguedad la imposibilidad de referirse a personas que pudieran encontrase en el comercio no ya como cartoneros, sino como compradores de los materiales.

G aseguró no constarle que el comercio contara con empleados. V es categórico en afirmar que las tareas de entrega del cartón consistían en la recepción por la Sra. V o su padre y que personalmente el cartonero pesaba el material. C asegura haber visto a D P trabajando y también a S, N, J, G, la señora de G y otro chico. Este testigo asegura que trabajaban nueve personas aunque no efectúa referencia alguna a la Sra. L R lo que permite concluir que se refiere exclusivamente a cartoneros. Se probó la existencia de tareas pero no la dependencia laboral.

Los dichos de los testigos pueden relacionarse al trabajo autónomo. La prestación de servicios voluntaria y retribuida no es suficiente para caracterizar acabadamente el trabajo asalariado.

Si bien existieron concretas tareas no se acreditó en forma contundente que lo fueran en relación de dependencia. Estos trabajadores cartoneros no dependen jurídicamente del titular del fondo de comercio. No están comprometidas en virtud de un contrato de trabajo.

La sentencia le agravia ya que por aplicación de las presunciones derivadas de lo reglado por los arts. 55 y 42 de la ley 69 tuvo por acreditada las fechas de ingreso, egreso, tareas, y remuneración denunciadas al inicio.

Pero al hacer propias las cifras insertas en la liquidación practicada en la demanda se introduce una determinación discrecional que impide desentrañar el criterio con el que estas sumas fueron adoptadas, no pudiendo la falta de fundamentos ser suplida mediante la invocación de los arts. 55 y 56 de la L.C.T.

Solicita se impongan las costas conforme al principio objetivo de la derrota, y se rechace la demanda en todas sus partes.

2. Tocante a las manifestaciones del codemandado G de fs. 204, si bien negó que los actores ingresaran a trabajar bajo sus órdenes y en relación de dependencia, lo cierto es que previamente negó "ser copropietario o tener algún tipo de ingerencia en el comercio sito en calle P *** del P I L de esta ciudad de Puerto Madryn ." (acápite III, fs. 36 vta.).

A su vez, respecto de esta última negativa también alegó que los materiales que recolecta y compra los provee a la señora V sin que "implique en modo alguno que participe de su negocio, que por cierto gira de manera totalmente independiente", agregando que suele "concurrir de manera frecuente al comercio de la señora V a efectos de venderle los materiales recolectados", y que "NO participo en sus beneficios, muy por el contrario en ocasiones resulto acreedor de la nombrada" (p. II, fs. 35 vta./36).

En tales condiciones, no le asiste razón a esa parte cuando sostiene que frente a su negativa corría en cabeza exclusiva de los actores la carga de la prueba. Es que, si una de las partes alega la existencia de una relación de dependencia y la otra lo niega pero al mismo tiempo invoca una relación jurídica distinta -en el caso falta de ingerencia en el comercio por ser proveedor de materiales y acreedor de la titular de la explotación-, lo cierto es que ambas partes deberán probar los presupuestos de hecho de las normas que consideran aplicables y que sirven de sustento de su pretensión.

Así, cada parte soporta la carga de la prueba sobre la existencia de todos los presu-puestos, aun los negativos, de las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito su pretensión procesal; en una palabra, sobre los presupuestos (de hecho) de las normas que le son favorables.

Texto prácticamente calcado por el art. 377 del C.P.C.C. Concretamente y realmente soportará la carga de la prueba una u otra parte, según sea su posición respecto del efecto jurídico perseguido. La responsabilidad probatoria en suma, no depende de la condición de parte actora o demandada, sino de la situación en que se coloca el litigante en el juicio para obtener una determinada consecuencia jurídica. (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, págs. 324 y 325, con cita de Rosenberg, Micheli y Sentis Melendo, respectivamente).

3. En atención a la ponderación fragmentada de la prueba testimonial que efectuaran ambos apelantes (fs. 205 vta./206 y vta., y fs. 212/213), cabe precisar que ello no es modo idóneo de expresar agravios, ya que las pruebas han de apreciarse en su conjunto, relacionándolas unas con otras como integrantes de un plexo, y no escindiéndolas en comportamientos estancos, desconectadas entre sí (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.532, S.D.L. 124/95; c. 11.831, S.D.L. 19/96).

Como también que la prueba testimonial debe valorarse en su conjunto y no atomizando las declaraciones (art. 386 del C.P.C.C.; esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.251, S.D.C. 10/95; c. 11.863, S.D.L. 61/96; c.

11.978, S.D.L. 75/96; sala "A", c. 15.546, S.D.L. 89/99; c. 15.768, S.D.L. 11/2000; sala "B", c. 21.409, S.D.L. 32/06, c. 21.842, S.D.L. 51/2006, entre otros pronunciamientos).

La prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 386 del C.P.C.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unascon las otras y todas entre sí. Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que la parte que las invoca aproveche lo que le es útil y deseche lo que la perjudica (conf. Fenochietto-Arazi, obra y tomo citado, pág. 357).

Y al ponderar en con-junto la prueba rendida conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), aprecio que J R O en su declaración de fs. 149/150 y vta., en su calidad de cartonero, precisó que "S", marido de V, le compraba el cartón cuando iba a la cartonera y entregaba (por las generales de la ley y contestación a la 1a. pregunta), circunstancia reiterada al señalar que "el que me pagaba era S" (contestación a la 9a. pregunta), indicando también respecto de las personas que daban indicacionesque "Primero estaba el hombre S, y después mandaba la Sra." (contestación a la 8a. pregunta). Conocimiento adquirido en forma directa ya que iba todos los días y lo sabe por la tarea que realiza (contestación a la 10a. pregunta y razón de sus dichos).

Nótese que sobre tales circunstancias nada señaló el apelante G a fs. 206 pues se limitó a considerar que no supo dar referencias concretas en cuanto al tiempo, fechas y horarios.

En cuanto a la pretendida contradicción en que incurriera S al prestar declaración a fs. 147/148, según expusiera el recurrente a fs. 205 vta./206, lo cierto es que no la hay pues al mencionar nombres y apellidos lo fue por cuanto previamente se le indicó cuales eran las partes al ser preguntado por las generales de la ley.

Obsérvese que incluso manifestó que "No conoce (al) actor D P por nombre, si lo ve seguro que lo conoce", y si alguien no conoce a una persona mal puede saber su apellido, lo que demuestra la previa individualización efectuada por el tribunal, ya que posteriormente al ser requerido el testigo si se encontraba presente en la sala el actor E R D P lo identificó como el prensero (contestación a la 8a. pregunta).

Por eso, si se integra la respuesta a las generales de la ley con las restantes contestaciones puede concluirse que al aludir a los dueños de la cartonera y expresar el testigo S que eran "El G y la Sra. M", esa primera persona no es otra que S, pues a continuación señaló que quienes daban las indicaciones de las tareas a R eran la Sra. M o el G, diferenciándolos de una tercera persona ya que también las daba "a veces el papá de la Sra.", para agregar que la persona que le daba las indicaciones a D P era "el G" (contestación a la 2a., 6a., y 12a. pregunta, fs. 147 vta./148).

Conocimiento adquirido también en forma directa ya que vendía cartones e iba todos los días a la cartonera (razón de sus dichos). Y estos dichos también se corroboran con la declaración de A al expresar que los propietarios "era la dueña y el marido" (contestación a la 7a. pregunta, fs. 157 vta.), y "el g" o "el marido" no era otro que G ya que V y G son matrimonio de hecho y tienen un hijo (R, contestación a la 8a. pregunta, fs. 159 vta.).

Y descarto las declaraciones prestadas por G y R pues nada aportan sobre la presencia del codemandado G en la cartonera.

El primero nada sabe de ese comercio pues su conocimiento lo es por haber visto a G en H y también por entrar al muelle, ya que antes de trabajar en la Prefectura, hace once años, trabajaba en H (contestación por las generales de la ley, 2a. pregunta, 3a. repregunta, y razón de sus dichos, fs. 146 y vta.).

En tanto que el restante no sabe quien trabajaba en la cartonera, a quien pertenece, si tenía empleados, y si trabajaba de noche (contestación a la 2a., 3a., 5a. y 10a. pregunta, fs. 159 y vta.).

Asimismo, se revelan como manifiestamente insuficientes las declaraciones de fs. 151/152 y 153/154, ya que expresaron, a saber: a) no le consta si G tiene empleados ya que el trato lo tenía directamente con él (G, contestación a la 5a. pregunta, fs. 151 vta.); b) lo atendían la Sra. V y el padre (V, contestación a la 2a. pregunta, fs. 153 vta.).

A ese respecto, las declaraciones positivas de O, S y A, quitan toda relevancia a las prestadas por G y V, ya que sabido es que frente a los dichos de quienes aseveran haber presenciado o percibido hechos positivos concretos, quita relevancia a los de quienes deponen en forma negativa, puesto que la circunstancia de que ellos no hayan visto o sentido aquellos no significa que no hayan ocurrido (CNCiv., sala "B", noviembre 29-974, "M, M c. O, O L.", L.L. 1975-A, 719).

Y es mayor la fuerza de convicción resultante de afirmar un hecho que se dice caído bajo la impresión de los sentidos (O, S, y A) que negar su existencia (G y V). Se trata de la clásica diferencia entre la prueba de los hechos positivos y de los hechos negativos.

Las declaraciones positivas de testigos que afirman conocer un hecho dado no pueden ser enervadas por los testimonios de quienes sostienen que ese hecho nunca ha ocurrido, pues la circunstancia de que estos últimos lo ignoren no significa que el hecho no se haya producido (CNCiv., sala F, setiembre 29-966, L.L. t. 125, 118).

Por lo demás, nada impide considerar los dichos de D P y R. ya que aun cuando tengan interés en el pleito no corresponde descalificarlos, sino valorar la eficacia de sus declaraciones de acuerdo con las reglas de la sana crítica (Fenochietto-Arazi, obra y tomo citado, pág. 482).- Y en ese marco, las tachas a esos testigos (fs. 39 vta.) no impide apreciar el valor de sus declaraciones al dictar sentencia (arts. 35 de la ley 69 y 456 del C.P.C.C.), ya que corresponde al juez apreciar según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones testimoniales (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1992, T. V-B, pág. 324, y cita de fallos).

En ese contexto, los dichos de O y S en lo que hace a que el codemandado G daba indicaciones en la cartonera, pagaba, y era uno de los dueños, en este último aspecto también A, se ven corroborados por los testigos D P (contestación a la 2a. y 6a. pregunta, fs. 142) y R (contestación a la 5a. y 7a. pregunta, fs. 155 vta.

De tal modo, analizada en forma integral la prueba testimonial producida de acuerdo a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.) aprecio que los actores acreditaron que el codemandado G era uno de los dueños de la cartonera ya que daba indicaciones y pagaba, dando por tierra el argumento esgrimido a fs. 35 vta./36, reiterado en la pieza de agra-vios a fs. 204, en el sentido que no tenía participación ni ingerencia alguna en el negocio.

En lo que hace a la manifestación efectuada a fs. 204 respecto a la realización de una actividad laboral y comercial totalmente independiente, ya señaló el juzgador a fs. 197 sin que el hecho de que las actividades descriptas respecto del codemandado G, puedan excluir su participación en la explotación.

Es que, la actividad de recolectar y comprar materiales no impide que al mismo tiempo tuviera participación en una explotación comercial.

Por eso, ante la postura del quejoso basada en que se trataba de un trabajador autónomo (fs. 205 vta.) y que resultaba sugestivo que jamás se hubiera documentado, siquiera de manera informal, el pago de monto alguno a los trabajadores (fs. 205), cabe señalar que la primacía de la realidad es una regla de interpretación para el juzgador según la cual por sobre la ficción que puedan haber montado las partes se impone la realidad resultante de los hechos cumplidos durante la relación.

La simulación implementada por las partes y el fraude por el cual el empleador utilizando un camino desviado, pero legal, busca violar la ley laboral deben encontrar en las formas procesales y en la posibilidad de apreciación del juzgador, las vallas que eviten la frustración del principio protectorio, que afirmen la irrenunciabilidad de los derechos y en definitiva consoliden el orden público laboral (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 2000, T. I, par. 2.7.15., págs. 310/311).

En ese direccionamiento, en todos los ámbitos del derecho, y no exclusivamente en el del trabajo, se ha impuesto la teoría de la primacía de la realidad, pero debe destacarse que, en este derecho, se presenta con caracteres más nítidos.

Es que la realidad tiene que prevalecer sobre la apariencia (conf. Martínez Vivot, "Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad social", Astrea, 1999, pág. 82).

De tal modo, el análisis de la totalidad de la prueba rendida en la causa permite concluir sin lugar a duda alguna, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 45 de la ley 69), que el codemandado G actuó en los hechos participando con la restante codemandada V en la explotación del comercio denominado "C R", lo que lleva a desestimar el agravio vertido por dicho apelante en tal aspecto. - 4. Sostiene el codemandado G que no se acreditó la relación de dependencia laboral ya que la misma se manifiesta en el plano económico, técnico y jurídico. Por su parte, la codemandada V considera que no se fundó ni acreditó la dependencia laboral, que en el caso de los cartoneros el análisis radica en evaluar con criterio jurídico y económico esa realidad, y entiende que debió diferenciarse la potestad de dar órdenes y la obligación a someterse a las mismas, ya que se indicaba en cada caso "dónde se depositaba el material, cómo se pesaba, cómo se incorporaba a la prensa para su posterior pesaje".

Y es en este último aspecto que cabe hacer una distinción pues nada tiene que ver el pesaje del material y el lugar de su depósito con la tarea de prensado.

Así, V precisó que la Sra. V y su padre lo atendían y pesaban el cartón, para luego el declarante depositarlo en el lugar que le indicaban (contestación a la 2a. pregunta, fs. 153 vta.).

A su vez, C señaló que en el comercio se llegaba sólo hasta el portón donde estaba la balanza, ya que la modalidad era bajar los cartones y ponerlos arriba de la balanza y después le traían el dinero de lo que había pesado (contestación a la 8a. y a la 5a. pregunta, respectivamente, fs. 168 vta.).

También cabe señalar que entre las tareas que se realizaban en la cartonería se encontraban, a saber: a) la limpieza y la selección del material, separando el cartón del plástico, para luego pesarlo; y b) la del prensado del mismo (S, contestación a la 3a. y 8a. pregunta, fs. 147 vta.).

Nótese que no sólo se pesaba el material cuando se compraba (testigos V y C) sino también cuando se vendía. Así, el testigo G compraba polietileno, para lo cual llegaba y pesaba ("yo me dedico a reciclar polietileno", "yo esperaba que me llamen . ellos sabían que a mi me servían y yo le podía comprar", "a ellos les pagaba", "mi trato era llegar (y) pesar"; contestación a la 1a. pregunta, 2a., 3a. y 4a. repregunta, fs. 151 y vta.).

Por eso, bien destacó S que la actora R "juntaba plásticos, hacía generalmente la limpieza de lo que era el terreno, descartaba el cartón del plástico y pesaba la mercadería", en tanto que D P "era el prensero", "en la cartonera, era prensero" (contestación a la 3a., 8a. y 9a. pregunta, fs. 147 vta. y 148).

Tareas corroboradas por los dichos de O al precisar con referencia a D P que "él estaba de prensador ahí que prensaba", para agregar respecto de R "igual que la señora también sabía estar juntando plástico y también por ahí prensaba cartones", "Si la vi trabajando la vi enbolsando plástico, juntando naylon y también la vi trabajando en la prensa" (sic).

Para ampliar con relación a ambos actores que "Sí lo ví junto con ella con L trabajando los dos haciendo fardos de cartones, prensando (contestación por las generales de la ley, 3a. y 4a. pregunta, fs. 149 y vta.).

También declaró A acerca de la realización de tareas por ambos actores dentro de la cartonera (contestación a la 2a. pregunta, fs. 157).

Y como ya se señalara al punto 3 que antecede, en ese contexto y ante las declaraciones de S, O, y A, no cabe descartar las declaraciones prestadas por los actores al precisar las tareas que desarrollaban en ese comercio: R "clasificaba cartón" (D P, contestación a la 3a. pregunta, fs. 142), y D P "primero limpiaba y juntaba .Y después lo pusieron en la prensa" (R, contestación a la 2a. pregunta, fs. 155).

De tal modo, analizada en su conjunto la prueba testimonial rendida (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.) ninguna duda cabe que ambos accionantes prestaron tareas dentro del comercio denominado "R". R limpiando el terreno y clasificando el material a fin de separar el cartón del plástico, y a veces en la prensa; y D P primero limpiando y luego como prensero, recibiendo indicaciones sobre las tareas a realizar dentro de esa explotación comercial por el Sr. S G y la Sra. M V, o a veces por el papá de esta última persona (S, contestación a la 6a. y 12a. pregunta, fs. 147 vta./148; O, contestación a la 8a. pregunta, fs. 150; A, contestación a la 5a. pregunta, fs. 157 vta.; corroborado por D P y R, contestación a la 6a. pregunta, fs. 142, y a la 5a. pregunta, fs. 155 vta., respectivamente).

En tales condiciones, se dieron las notas que caracterizan la dependencia, pues es de la esencia de la relación laboral que los actos realizados y servicios prestados lo sean en favor de la otra parte y bajo su dependencia (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 12.450, S.D.L. 93/97; c. 11.817, S.D.L. 104/96 y c. 12.092, S.D.L. 110/96).

Se trata de que una persona que necesita utilizar su capacidad de trabajo para participar en el sistema general productor de bienes y servicios realiza esa participación a través de una organización empresaria total o preponderantemente ajena (conf. CNTrab., sala IV, 20/12/1976, "V, G A. c. P-F S.R.L." DT. 1977-278).

Esto es, prestación de servicios a favor de una organización empresarial ajena bajo la subordinación económica, técnica y jurídica de los demandados.

Con tales alcances, se desestiman las quejas vertidas por ambos apelantes en cuanto a que no se probó la dependencia laboral.- 5. Aun cuando el codemandado G negó la relación de dependencia por no tener ninguna ingerencia en la explotación del comercio, lo cierto es que sugestivamente señaló que no se aportó ninguna prueba de la que pueda inferirse que se abonó remuneración, menos que las tareas desarrolladas se correspondieran con las categorías denunciadas, y que no siquiera se acompañaron o solicitaron las escalas salariales aplicables.

A su vez, la codemandada V entiende que la sentencia, al hacer propias las cifras insertas en la liquidación introduce una determinación discrecional, no pudiendo la falta de fundamentación ser suplida mediante la aplicación de los arts. 55 y 56 de la L.C.T. - Al respecto, no advierten los apelantes al desarrollar su queja que rige en el caso una presunción, más severa que la prevista en el art. 55 de la L.C.T., cual es la contenida en el art. 44 de la ley 69. Así: "En los juicios donde se controvierte el monto por cobro de salario, sueldo u otras formas de remuneración en dinero o en especie, la prueba contraria a la recla-mación le corresponderá a la parte patronal demandada" (el subrayado me pertenece). - En ese contexto, R alegó percibir una remuneración de $979.- por una jornada de 10 horas dia-rias de lunes a sábados, y D P de $780.- por ocho horas diarias (fs. 7 vta. y 20 vta., respecti-vamente).

En tales condiciones, ante esos datos fácticos invocados por los trabajadores y alcance de la citada normativa de la ley de procedimiento laboral, la prueba en contrario respecto del monto de tales remuneraciones pesaba sobre los empleadores, por lo que el déficit incurrido recae en cabeza de los demandados.

Máxime si se considera, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), la extensa jornada cumplida por R, que en ambos casos trabajaban de lunes a sábados, y a veces en horario nocturno (S, contestación a la 4a., 5a., y 11a. pregunta, fs. 147 vta./148; O, contestación a la 6a. y 7a.

pregunta, fs. 149 vta./150; A, contestación a la 3a. pregunta, fs. 157; corroborado por D P, contestación a la 4a. y 5a. pregunta, fs. 142, y por R, contestación a la 3a. y 4a. pregunta, fs. 155 y vta.).

Con tales alcances se desestima esa porción de la queja.

6. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a los apelantes vencidos, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, entiendo que resulta prudente regular los honorarios de los Dres. G A C y S E. L de C, letrados apoderados de los codemandados G y V, en las sumas equivalentes al 25%, en ambos casos, de las cantidades establecidas para los emolumentos de primera instancia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA PRIMERA PREGUNTA el Dr. de la Fuente dijo:

I.- Vienen a esta Alzada los presentes actuados, con motivo de los recursos de apelación que a fs. 200 y a fs. 209 deducen las codemandadas, concedidos que fueran a fs. 201 y 210, respectivamente, contra la sentencia de primera instancia que obra a fs. 194/198, por la que se hace lugar a las demandas promovidas por las Sra. L I R y E R D P, condenando a los Sres. M de los A V y S D G, para que en el plazo de que determina abonen a los actores la suma de $ 7.065,00 y $ 8.177,00, con más los intereses fijados, y ordena que en plazo de diez días se les haga entrega de los certificados de servicios y remuneraciones que contempla el artículo 80 de la L.C.T., bajo apercibimiento de aplicar astreintes, imponiendo las costas a los demandados.

A fs. 202/207 y fs. 211/214, respectivamente, se hallan agregados los informes que prevé el artículo 62 de la Ley 69, y corrido el traslado pertinente a fs. 210 y fs. 216, los mismos no fueron respondidos por la contraria.

A fs. 219 pasan los autos a despacho a fin de dictar sentencia.

La relación de los agravios volcados por los apelantes, ya han sido adecuada y suficientemente desarrolladas por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual, y en homenaje al principio de economía procesal, omitiré su reiteración, y en el tratamiento de las cuestiones a debatir intentaré seguir en aquello que estime procedente, el orden secuencial ya perfilado por mi colega preopinante.

II.- a) Así, pues, en primer lugar, e ingresando a las quejas expuestas por el codemandado S D. G, esencialmente apuntala su oposición en dos negativas sobre circunstancias que dejó sentadas en su escrito de responde: por una de ellas negó que el ingreso de los trabajadores se haya producido bajo sus órdenes y en relación de dependencia, y también negó tener ingerencia o algún tipo de vínculo societario o de copropiedad con el comercio R, cuya titular es la Sra. V, ya que la actividad por ella desarrollada gira de manera totalmente independiente a la suya propia.

Sostuvo que suele concurrir con frecuencia al comercio de la codemandada a fin de venderle los materiales recolectados, no participando en los beneficios, y en ocasiones resultando acreedor de la Sra. V.

Afirma que al formular las negativas que hemos examinado, corría por cuenta exclusiva de los actores la carga de la prueba.

En este punto, pues, nos encontramos en presencia de la afirmación de un hecho positivo por la parte actora (que el Sr. G detentaba la calidad de empleador), contrapuesto a una negativa de tal hecho formulada por el codemandado.

Y así, dentro de las distintas reglas sobre la carga probatoria, cabe recordar que, conforme ya lo hemos expresado en otros pronunciamientos de esta misma sala, desde distintas vertientes se ha recogido el moderno criterio interpretativo que postula una percepción más flexible y funcional de las clásicas reglas de distribución de la carga probatoria, enfatizando la satisfacción del deber de colaboración que incumbe a cada una de las partes en función de su postura en la relación o situación jurídica que se dilucida en el proceso, y que se resume en una visión más solidarista del problema (conf., Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales", Librería Editora Platense, año 1991, T. V-A, p. 140 y sgts.).

Se ha expresado por prestigiosos autores que, cuando existen abundantes medio de prueba que sirven para formar la convicción judicial, pierde trascendencia entrar a elucidar sobre cuál de las partes recae la carga probatoria.

En cambio, cuando la prueba es magra o han quedado hechos o afirmaciones sin acreditar, reviste importancia determinar cuál de los sujetos que actúan en el proceso tuvo que asumir (tenía la necesidad de) la tarea de demostrar la existencia de hechos controvertidos o la verdad de las proposiciones afirmadas que fueren desconocidas (conf. Alsina, Hugo, "Tratado de Derecho Procesal", Ediar, año 1961, T. III, p, 254 y sgts.; idem, Palacio, Lino, Ed. Abeledo- Perrot, año 1972, T, IV, p. 365 y sgts.).

Sentado esto, cabe señalar que los dos codemandados al introducir sus agravios, toman en forma disgregada y parcializada la valoración de las pruebas testimoniales producidas, incurriendo con ello en un déficit de ponderación evaluativo, por cuanto la prueba de testigos debe tomarse como formando parte de un todo, y es deber del juzgador valorarla cotejándola con el resto de los elementos del proceso, pues la atomización de cada contestación conduce al polo opuesto (conf., Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales", Librería Editora Platense, año 1991, T. V-A, p. 249 y sgts.).

Así, con similar criterio se ha dicho que el análisis particularizado y atómico de los hechos puede llevarnos a confusiones (Falcón, Enrique M., "Tratado de la Prueba", Ed. Astrea, año 2003, T. I, p. 545 y sgts.).

El material probatorio debe ser apreciado en su conjunto mediante la concordancia que ofrezcan los distintos elementos de convicción arrimados al proceso, pues es la única manera de crear la certeza necesaria para dictar la sentencia.

Declaraciones de testigos que individualmente consideradas pueden ser objeto de reparos, débiles o imprecisas, en muchos casos se completan entre sí, de tal modo que, unidas, llevan al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos (conf., Arazi- Rojas, "Código Procesal Comentado", Ed. Rubinzal- Culzoni, T. II, año 2001, p. 426 y sgts.).

En el contexto señalado, cabe ponderar que existen testimonios que afirman que el codemandado G pagaba y también deba indicaciones (v. fs. 149/150 - J.R. Ortiz-; fs. 147- O.E. SIMO -, respuesta a la segunda pregunta), cuestiones éstas no atacadas concretamente por el apelante.

Tampoco se advierte que de los dichos del testigo que depusiera a fs. 147/148, surjan las contradicciones a que hace referencia el quejoso en su libelo impugnatorio, pues lo que se desprende de la lectura del testimonio es que el testigo no conocía por nombre a D P, pero si lo veía podría conocerlo. Y este hecho se da cuando identifica al actor como "el prensero" (respuesta a la octava pregunta).

Asimismo no resultan relevantes las deposiciones de R.A. G a fs. 146 vta., y de M.R. R a fs. 159 vta., que, en general, no aportan mayores elementos sobre las calidades que detentaba S G en el comercio R, y en la misma dirección apuntan los testimonios respectivos de fs. 151/152 y de fs.153/154.

Nos encontramos así, en presencia de declaraciones que afirman un hecho positivo que otras niegan.

Y en este aspecto se recalca así que, enfrentados testimonios antagónicos, sólo es una solución extrema el de excluirlos a ambos, pues deberán privar aquellos que afirman algo, verbigracia "han visto"; esto es se pronuncian en sentido positivo sobre quienes declaran acerca de hechos negativos: "no han visto" o bo conocen, o no han tenido una percepción directa (en igual sentido, Jofré- Halperín, "Manual de Derecho Procesal", T. III, p. 312, N° 345; idem, Morello, Sosa y Beri-zonce, op. cit.).

En este punto, es verdad que resultan más convincentes los testimonios de carácter positivo de S, A y O, que diluyen de manera notoria los aportados por V y G.

Tampoco ha de dejar de tenerse en cuenta que si bien los actores R y D P depusieron como testigos, dicha prueba no puede descartarse sin mayores fundamentos, ya que, no obstante que su análisis debe practicarse con mayor rigorismo por tratarse de parte interesada, la misma puede resultar válida en tanto sus dichos resulten concordantes, serios y coherentes (en igual sentido, Arazi- Rojas, op. cit.; idem, CNCom., Sala B, LL, 16-4-99, p. 7).

Es decir, que conforme surge de las pruebas arrimadas, a mi leal saber y entender resulta acer-tada la decisión del fallo en crisis que tiene por probada la calidad del codemandado G como uno de los propietarios del comercio R, compartiendo asimismo los fundamentos del pronunciamiento apelado cuando sostiene que el hecho de las otras actividades autónomas que dice G que desarrollaba, impidieran su participación como dueño del comercio (v. fs. 197, Considerandos, Punto I), ya que no resultan contrapuestas en absoluto las circunstancias de realizar más de una actividad laboral y comercial.

En tal sentido, y conforme lo expresa el pronunciamiento apelado (fs. 196/vta), a la luz de las reglas de la sana crítica que postulan los artículos 386 y 456 del código de rito, y conforme las pautas directrices que emanan del principio de primacía de la realidad que contenidas en el artículo 14 de la ley laboral de fondo N° 20.744, ha de tenerse en cuenta que el contrato de trabajo es un contrato realidad, donde más interesan los hechos que ciertamente ocurren que el simple formalismo o la formalidad documental.

Los hechos son preferentes a las formulaciones contractuales cuando éstas no reflejan precisamente la realidad (en igual sentido, Sardegna, Miguel A., "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. Universidad, año 1999, p. 94 y sgts.).

Así, por las reglas procesales y de fondo referenciadas, y las establecidas en el artículo 45 de la Ley 69, ha de tenerse por acreditada la calidad de copropietario del Sr. S G, juntamente con la Sra. V, razón por la cual corresponde desestimar el presente agravio.

b) Ambos codemandados niegan que en el curso del proceso se haya acreditado la existencia de la relación laboral invocada por los actores, y según lo dicen empleando distintas expresiones, por ausencia de dependencia ya sea desde el plano económico, técnico o jurídico, y que debe diferenciarse por un lado la potestad de dar órdenes y por el otro el deber de someterse a dichas órdenes, haciendo un distingo entre las distintas tareas que se desarrollaban en la cartonería.

En este aspecto, sin perjuicio del análisis que formulara la sentencia recurrida con relación a la prueba testimonial que sirviera de base a la juzgadora para dar por válida la pretensión del vínculo laboral reclamado, y como asimismo complementando dicha tarea evaluativa con el prolijo y amplio examen de apreciación que de las mismas probanzas realizara el Sr. Vocal presufragante, respecto de las tareas que los actores desarrollaban en el comercio de los codemandados, y a las cuales me remito por razones de brevedad procesal, considero que ha quedado sobradamente demostrado el lazo contractual laboral que uniera a ambos actores con los codemandados.

En efecto, de las distintas declaraciones testimoniales se desprende sin mayor esfuerzo que, por ejemplo, R clasificaba cartón y material, como así también que D P limpiaba y juntaba material, y luego ejercía como prensero, como así también que los codemandados impartían órdenes y daban directivas (v. declaraciones de S en respuesta a las preguntas tercera, octava, décimo segunda de fs. 147 vta y 148; v. declaraciones de O a las preguntas tercera, octava, novena, de fs. 149 vta. y 150).

Desde este posicionamiento, ha de tomarse en su integralidad el concepto de trabajador que contiene el artículo 25° de al Ley de Contrato de Trabajo, con remisión a los artículos 21° y 22° del mismo cuerpo normativo, que lo define como el sujeto (persona física) que se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra persona y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración.

Y precisamente la prestación de los servicios en las condiciones de los artículos 21° y 22° mencionados, requieren la dependencia o subordinación, es decir, la sustitución de una voluntad por otra.

De tal manera la ley caracteriza al trabajador por los elementos de la "dependencia jurídica" hacia el empresario en la realización del trabajo, y por la "ajenidad en los riesgos" de la em-presa en función del salario que percibe (conf., Ackerman, Mario, "Tratado de Derecho del Trabajo", Ed.

Rubinzal- Culzoni, año 2005, T. II, p. 91 y sgts.).

De los antecedentes habidos en la causa, como asimismo de todo lo que se viene de decir, no abrigo la menor duda que se encuentran nítidamente identificados los factores habilitantes que la norma legal exige para tener por configurado el contrato de trabajo invocado por los accionantes.

Por tales motivos corresponde desestimar este tramo de las apelaciones deducidas, en cuanto afirman que la dependencia laboral de los actores no fue probada.

c) Finalmente, cabe señalar que la Sra. V califica como de discrecionales la determinación de la cifras indemnizatorias que practica la sentencia y que se sustentan en la liquidación efectuada con la demanda, sosteniendo que al no fundar sobre qué elementos se apoya su decisión, tal omisión no resulta suplida por los alcances de los artículos 55° y 56° de la Ley 20. 744.

Por su lado, el Sr. G, si bien negó la existencia de relación laboral alguna que lo uniera con los actores, en razón de desarrollar una actividad propia, independiente de la C R, no obstante indicó la falta de prueba por parte de los demandantes de que se abonara remuneración, como tampoco las tareas cumplidas, categoría denunciada o las escalas salariales correspondientes.

Desde este enfoque, es evidente que ambos recurrentes no han tomado en cuenta para el ca-so, lo normado en el artículo 44° de la Ley 69, que dispone que en los casos que se controvierta el monto del cobro del salario, sueldo u otras formas de remuneración en dinero o en especie, la prueba contraria de ello corresponde a la patronal demandada.

Así, según se constata de los respectivos escritos de demanda, a fs. 20 vta., D P sostuvo que percibía un remuneración mensual de $ 780,00 por ocho horas diarias de trabajo, mientras que R, a fs. 7 vta, afirmó que su remuneración mensual era de $ 979,00 por una jornada de diez horas diarias de lunes a sábados.

Así, tales circunstancias, en cuanto a las tareas desempeñadas y el horario cumplido por los actores , han sido declarados en los testimonios de fs. 147/148 vta, fs. 157, fs. 142, fs. 155 y vta.), y ante las pautas mencionadas del artículo 44 de la Ley 69, resulta indudable que los codemandados no cumplieron con la carga correspondiente de desarticular las afirmaciones actorales referidas a los montos remuneratorios pretensos.

Por tal motivo, ha desestimarse este tramo del recurso.

d) Por los fundamentos de hecho y de derecho, he de proponer al Acuerdo la confirmación del fallo recurrido en todo aquello que fuera materia de agravios, imponiendo las costas de segunda instancia a los codemandados perdidosos, por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).

Con tales alcances, y en consideración a la calidad, eficacia, extensión y resultados obtenidos por los trabajos desplegados en esta Alzada, se regularán los honorarios de los profesionales intervinientes, fijándolos en un 25% para el Dr. G A C, apoderado del codemandado Sr. G, y en un 25% para la Dra. S E. L de C, apoderada de la codemandada, Sra. V, porcentuales que serán tomadas de las sumas equivalentes que les fueran reguladas en la anterior instancia, conforme los parámetros dados por los artículos 6, 14 y 47 de la ley arancelaria, a los que se añadirá el IVA pertinente.- Doy por concluida mi intervención, y a esta primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA. - A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia a los apelantes vencidos; y c) regular los honorarios de los Dres. G A C y S E. L de C, por sus tareas de Alzada, en las sumas equivalentes al 25%, en ambos casos, de las cantidades establecidas para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. correspondiente.

Así lo voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente expresó:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Vergara, en razón de constituir el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en todas las cuestiones venidas a su consideración.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios;

IMPONER las costas de segunda instancia a los apelantes vencidos; REGULAR los honorarios de los Dres. G A C y S E. L de C, por sus tareas de Alzada, en las sumas equivalentes al 25%, en ambos casos, de las cantidades establecidas para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. correspondiente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

DE LA FUENTE VERGARA REGISTRADA BAJO EL NRO. 43/07 Rawson, dede 2007.

NOTA n°/07 S.I.J.