Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-12


SENT Nro. 37 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 12 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado Julio Rougés, por derecho propio, en autos: "Pereyra, Carlos Alberto vs. Provincia de Tucumán s/Contencioso Administrativo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- El letrado Julio Rougés, a fs. 229/240 de autos, por derecho propio, plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 01, de fecha 4 de febrero de 2002, dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, obrante a fs. 222/223, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 30-4-2002 (cfr. fs. 246 y vta.), habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Sostiene el recurrente, para fundar su recurso de casación, que la sentencia atacada conculca los artículos 28 de la Constitución Provincial, 34 del CPCC, y 14 bis, 17 y 18 de la Constitución Nacional.

En esta dirección alega que la Excma. Cámara, una vez más, prescinde de toda fundamentación respecto del porcentual adoptado para regular sus honorarios, incurriendo en el mismo vicio que fuera sancionado por esta Corte al revocar la sentencia Nº 394, del 19-9-2000; agrega que se omitió pronunciarse nuevamente sobre su segundo agravio, relativo a la irrisoriedad del porcentaje aplicado, que fuera acogido por sentencia de este Tribunal Superior de fecha 26-6-2001, lesionándose el principio de congruencia.

Manifiesta que el porcentaje tomado por el tribunal a fin de evaluar su labor profesional es del 10,99%, que no es ni siquiera el mínimo fijado por el artículo 39 de la Ley Nº 5480, el que resulta irrazonable y traduce un menoscabo a su labor profesional, por las razones que expone a fs. 236/238 de autos.

Considera que se viola el artículo 40 del precitado digesto legal, al omitirse adicionar los intereses a la base regulatoria. Puntualiza que la planilla de fs. 131 fue aprobada por decreto del 29-9-98, sin haber sido actualizada, por lo que todo el tiempo transcurrido por la interposición exitosa del recurso de revocatoria y luego de la casación, en vez de ser neutro, lo perjudica, al punto que con dos o tres victorias similares se convertirá en deudor de la provincia.

Por último, arguye que la anterior regulación no fue recurrida, con lo que quedó firme -para los obligados al pago-, el porcentaje aplicado sobre la base tenida en cuenta; esto es, el 11,98%, que es bajo, pero constituye un piso, lo que no fue respetado por la sentencia impugnada, incurriendo de esta forma en reformatio in peius.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Sobre el particular ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 224 y del cargo actuarial inserto a fs. 240; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 813, inciso a) y 814 a contrario sensu; se dio cumplimiento con el depósito que marca la ley del rito (cfr. fs. 228); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrinas legales; y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por tales motivos juzgo que el recurso interpuesto resulta admisible; voto porque así se declare.

IV.- Aduce el recurrente, como primer agravio, que el pronunciamiento impugnado, sin fundamentación, adoptó para la valoración de su labor profesional el porcentaje del 10,99%, al que también tacha de arbitrario.

Preliminarmente, conviene tener presente lo considerado por el tribunal sobre el particular. Así, luego de conformar la base regulatoria con el monto de los daños y perjuicios conforme a la planilla de fs. 153 y el monto correspondiente al rubro "reincorporación" del actor, según liquidación de fs. 131, dijo: "Teniendo en cuenta que la actuación del profesional en la causa a la luz de las pautas regulatorias fijadas en el art. 16 de la ley arancelaria 5480 (en especial, la calidad e importancia de la labor cumplida y el resultado arribado), se entiende ajustado a derecho fijar sus emolumentos profesionales por su intervención como patrocinante del actor en la primera etapa del principal, en la suma de $3.357, y por su actuación en igual carácter en forma conjunta con el letrado Alberto José Martínez en las etapas segunda y tercera del juicio, en el monto de $3.347" (cfr. fs. 222 vta.).

De lo que antecede se desprende que la Sala a quo, en orden a la nueva regulación de honorarios practicada en favor del letrado Julio Rougés en la resolución recurrida en casación, se circunscribió únicamente a hacer referencia de manera genérica a las pautas regulatorias del artículo 16 de la Ley Nº 5480 -destacando en especial y de la misma forma, la calidad e importancia de la labor cumplida y el resultado arribado- para, a continuación, y sin ninguna otra consideración, fijar los honorarios del aludido letrado en las sumas vistas.

Por lo tanto, queda claro que, en la especie, la sentencia atacada no se encuentra debidamente fundada, en la medida que no se advierte que el resultado a que arriba, en lo que ha sido motivo de agravio, se haya visto precedido del suficiente análisis en punto a la actuación profesional que le cupo al doctor Rougés en la causa, que justifique el monto que se determina, ya que era deber del juzgador explicitar adecuadamente las circunstancias fácticas que han servido de sustento a la regulación de honorarios practicada. Ello así, teniendo en cuenta que se procedió a regular el 11% de la base regulatoria al abogado patrocinante del actor que resultó amplio vencedor en la contienda, y que dicho letrado, al momento de deducir el recurso de revocatoria contra el primer acto regulatorio de honorarios (sentencia Nº 194, del 4-5-2000), exteriorizó una serie de conceptos con relación a su desempeño profesional en la causa (cfr. fs. 184 y vta.), todo lo cual no hace sino evidenciar, en el sub examine, la insuficiencia de las consideraciones efectuadas por la Excma. Cámara a la hora cuantificar los honorarios aludidos, sin que esta conclusión signifique, en modo alguno, adelantar juicio sobre el fondo del asunto.

Concordantemente, ha dicho esta Corte en sentencia Nº 412, del 4-6-98, que "No resulta jurídicamente idónea la mera mención de los supuestos descriptos por la ley de honorarios sino, además, es necesario que el juez los evalúe explícitamente con relación a la actuación que cupo al profesional en la causa, a los fines de dar razón bastante del monto que regula. No debe olvidarse que las pautas a las que hace referencia el artículo 16 de la Ley Nro. 5480, apuntan a lograr una regulación justa y equilibrada, que dignifique el ejercicio profesional lo que supone ponderar, en el caso concreto, dicha actividad desarrollada conforme a dichos parámetros, dando razón suficiente de los motivos justificantes del porcentaje regulatorio que se adopta. Desde esta perspectiva el a quo, no puede omitir explicitar los elementos fácticos que, apreciados conforme a la disposición legal, han sido tenidos en cuenta para la determinación del quantum regulatorio, sin incurrir en arbitrariedad (cfr. CSJN 'Volco c/ Fisbein', 17-9-87), máxime cuando como en el presente caso, tales omisiones fueron objeto del recurso de revocatoria contra el originario auto regulatorio (cfr. CSJN, LL 1.995-B, pág. 287, punto 9 del sumario)".

Lo precedentemente considerado torna inoficioso hacerse cargo del agravio relativo a la "reformatio in peius".

Finalmente, en cuanto al último agravio vinculado a los intereses del capital, interesa poner de relieve que en la sentencia impugnada no existe ninguna referencia con relación a los intereses de los distintos montos que conforman la base regulatoria, habiéndose procedido a regular los honorarios del letrado Rougés sin explicitar la fecha a la cual se los regulaba -contrariamente al temperamento adoptado en el primer auto regulatorio del 4-5-2000, en el que se los determinó al mes de octubre de 1995 (cfr. fs. 175 y vta.)-, lo que da lugar a un vicio que también legitima la descalificación del fallo, en este aspecto y por este motivo, como acto jurisdiccional válido. Por consiguiente, el nuevo pronunciamiento a dictarse deberá hacerse cargo expresa y fundadamente de esta cuestión, atendiendo a las pautas indicadas y a las circunstancia fácticas de la causa.

Por lo expuesto, corresponde acoger el recurso de casación deducido por el letrado Julio Rougés, por derecho propio, contra la sentencia Nº 01, del 4 de febrero de 2002, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, obrante a fs. 222/223 de autos. En consecuencia, casar la misma, en la medida que fue materia de agravios, conforme a las siguientes doctrinas legales: "Teniendo en cuenta las constancias de autos, debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que procede a cuantificar los honorarios profesionales del letrado patrocinante del actor, sin explicitar adecuada y suficientemente las circunstancias fácticas tenidas en consideración a tal fin". "Debe dejarse sin efecto el fallo que, en lo que se refiere a la base regulatoria, no contiene referencias expresas a los intereses del capital, guardando silencio acerca de la fecha a la que se regulan los honorarios". Por consiguiente, disponer la devolución de los presentes actuados a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo a fin de que, por intermedio de la Sala que corresponda, dicte nueva sentencia con arreglo a lo considerado, debiéndose limitar la intervención de dicho tribunal únicamente a este tópico, por lo que la presente causa, a posteriori, deberá seguir siendo tramitada por la Sala I de la referida Cámara.

V.- Las costas de esta instancia casatoria, atento al resultado a que se arriba, se imponen por el orden causado (artículos 106, inciso 1º, del CPCC y 89 del CPA).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito, al recurso de casación incoado por el letrado Julio Rougés, por derecho propio, contra la sentencia Nº 01, del 4 de febrero de 2002, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, glosada a fs. 222/223 de autos. En consecuencia, casar la misma, conforme a las doctrinas legales enunciadas en los considerandos, en la medida que fue materia de agravios, y disponer la devolución de los presentes actuados a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo a fin de que, por intermedio de la Sala que corresponda, dicte nueva sentencia con arreglo a lo considerado, debiéndose limitar la intervención de dicho tribunal únicamente a este tópico, por lo que la presente causa, a posteriori, deberá seguir siendo tramitada por la Sala I de la referida Cámara.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO