marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Imputado, declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: PAZ, GUIDO GUSTAVO c/ MEDINA, VICTOR HUGO s/ ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-12

Si la defensora del encartado a su vez ha realizado el papel de órgano acusador por excelencia como es el papel que desempeña el Ministerio Fiscal, ello ocasiona una absoluta incompatibilidad que tiñe de Nulidad todo lo actuado desde la declaración indagatoria, donde nace el derecho inviolable del imputado a tener abogado defensor. Todo ello ha llevado a que el imputado se vea privado de defensa técnica, requisito indispensable para la tramitación de un proceso penal regular y legal. Razón esta que genera un perjuicio irreparable a raíz de la falta de defensa técnica en el momento de la indagatoria, debido a que el acto practicado -indagatoria- por su naturaleza y características y siendo un acto de defensa para el imputado, debe guardar todas las formalidades y garantías para no vulnerar el debido proceso.
Jubilación por invalidez, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hermoso, Roque Silvestre Cardozo c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Se debe valorar especialmente la capacidad de ganancia que le permita al causante - aún cuando tuviera un porcentaje elevado de disminución física- realizar los últimos trabajos y en mérito a ellos ha puesto de manifiesto que la incapacidad que lo invalidó de manera total sólo se produjo durante su actividad laboral.
Recurso contencioso administrativo, contrato de obra pública, rescisión del contrato, excepción de incumplimiento contractual
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 150 AÑO 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-29

Es procedente el recurso contencioso administrativo tendente a que se declare rescindido el contrato por culpa de la Administración, al haberse configurado el caso del artículo 90, inciso "e" de la ley 5188, esto es, demora en el pago de certificados por más de cuatro (4) meses después del término señalado en el artículo 71 por parte de la Administración, sin que medie culpa o negligencia del contratista ni caso fortuito ni fuerza mayor. Es que, sin alentar la libre posibilidad de plantear excepciones de incumplimiento de contrato -aspecto que esta Corte analizó con particular estrictez en el ámbito de los contratos de obra pública- la intención, por el contrario, consiste en intentar explicar los hechos que integran la litis en un marco de estricta realidad, en el cual la sostenida y creciente demora con que la Administración venía pagando los trabajos ejecutados constituye sin lugar a dudas un elemento de convicción importante para comprender la situación fáctica que llega a conocimiento del Tribunal, habiéndose afirmado en aquellos precedentes la excepcional posibilidad de que en determinadas circunstancias la contratista pueda oponer como defensa la "exceptio non adimpleti contractus" e inclusive pedir la rescisión del contrato cuando el incumplimiento oportuno de sus obligaciones por parte de la Administración torne imposible, razonablemente, la ejecución de las suyas.
Hurto simple, tentativa, inmuebles por accesión
Materia: PENAL
Carátula: CACERES DA SILVA, H. D. s/ HURTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-17

La acción del procesado, que intentó apoderarse de una antena de televisión mediante el previo trabajo de eliminar los soportes y fijaciones que la adherían, constituye el delito de hurto en grado de tentativa, pues se encuentra comprobado que el procesado logró separar la antena, de modo tal que ésta recuperó su condición de cosa mueble, por lo cual el comienzo del apoderamiento, no obstante su falta de consumación, constituye una acción adecuada al tipo del hurto, en su forma ampliada de tentativa.

No es del caso, por lo tanto, examinar la debatida cuestión acerca de si el art. 162 se refiere exclusivamente a las cosas muebles conforme al carácter del Cód. Civil, o si quedan incluídas en tal referencia las cosas muebles adheridas a un inmueble, pues, por obra del imputado, la antena había recuperado su condición de mueble.
Recurso de apelación (procesal), embargo
Materia: LABORAL
Carátula: Patt, Carlos Javier c/ Autotransporte 1º de Agosto S.R.L. s/ Rubros adeudados, Despido, Leyes 24013, 25013 y 25323 y  Certificaciones - Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-19

Habiéndose ofrecido a embargo un automotor modelo 1985, al efectuarse la transferencia al actual titular del dominio, como observación al mismo se dejó constancia que el titular debería obtener la baja impositiva en Capital Federal. No habiéndose acreditado la misma, como tampoco el pago de los impuestos en esta provincia a partir de octubre de 2000, ello implica que el vehículo podría tener una importante deuda por impuestos, lo cual diferencia la situación resuelta por esta Sala en autos "Rodríguez, M. c/ Petrorivas S.A.C.I.F.I. y A - Horas extras, diferencias haberes", 25 -08-00. Tampoco existe una diferencia entre el monto a caucionar y el valor de tasación lo suficientemente importante en relación a la deuda que podría existir por impuestos impagos, en su caso.
Libertad de expresión, real malicia, derecho a la intimidad, funcionarios públicos, jurisprudencia, jurisprudencia extranjera
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RAMOS JUAN JOSE c/ LR3 RADIO BELGRANO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

Conforme con la doctrina de la "actual malice", la protección dispensada al honor y al buen nombre del funcionario público es mucho menos acentuada que la que se proporciona a un particular (fallos: 310:508), pues ella pone en cabeza del funcionario u hombre público -actor o querellante- la carga de la prueba de que el informador tenía conocimiento de la falsedad de la noticia o que actuó con importante negligencia para averiguar la verdad. Recuerda barra que el juez Kennedy propuso reemplazar la expresión "real malicia" por "temerario desinterés acerca de la verdad o falsedad" (in re "Jeffrey M. Masson V. New Yorker Magazine", del 20.6.91; Confr. LL. Del 20.5.94). La influencia que tuvo la primera enmienda de la Constitución de Norteamérica sobre la nuestra no justifica trasladar simpliciter a nuestro medio la jurisprudencia de los EE.UU., porque las valoraciones ético jurídicas y las costumbres de nuestro pueblo muestran marcadas diferencias con las que imperan en el país del norte (léase "aborto", "pena de muerte", "eutanasia", "fecundaciones in vitro", "intervenciones quirúrgicas para el cambio de sexo", etc.) y porque en la argentina no se aplica la teoría de los daños punitivos -componentes de las condenas multimillonarias a los medios- ni el "discovery period", que facilita la posición probatoria de la victima (conf. R.D. Pizarro, responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación, Bs.As., 1991, Ps. 226/ 227; M. Muñoz Machado, "Libertad de prensa y procesos por difamación", Barcelona, 1988, p. 146).
Despido, responsabilidad del empleador, subcontratación laboral
Materia: PENAL
Carátula: Pérez Jorge Damián c/ Sach Alejandro y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-08

Cuando el legislador en el art. 30 L.C.T. hace referencia a que un empresario debe responder por los contratos de trabajo que celebre con otras empresas con quienes establece contratos comerciales, está indicando una interpretación por la cual quedan aprehendidas tareas que, a primera vista, parecen accesorias pero en realidad se tornan imprescindibles para la obtención del objetivo empresario. En otras palabras, la empresa no puede concretar su objetivo sin la realización de dichas tareas. Y en el caso, la función que cumplía el actor para uno de los codemandados, no encuadra en el supuesto legal ya que éste no realizaba la distribución directa de los productos de La Serenísima S.A. y Mastellone Hermanos S.A.. El actor era empleado de uno de los codemandados, quien le compraba productos a un distribuidor de "La Serenísima", para luego revenderlos a sus clientes.
Demanda, competencia contencioso administrativa, reclamo administrativo previo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Electroingeniería S. A. c/ Dirección de Energía de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción E  ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-01

Los presupuestos procesales consagrados legislativamente como exigencias de admisibilidad de la demanda contencioso administrativa son el reclamo administrativo previo y su debido agotamiento mediante el pronunciamiento expreso o tácito de la autoridad administrativa de última instancia que cause estado -art. 5 del C.C.A.-, los que resultan de cumplimiento imperativo por cuanto la reclamación y decisión previas determinan la oposición de las pretensiones que fijan los límites de la contienda que debe conocer el tribunal en lo contencioso administrativo. Con el debido cumplimiento del proceso administrativo previo se tiende a una conciliación que evite el pleito y como consecuencia de ello, la petición sólo puede versar sobre lo que fue materia de la instancia administrativa y objeto de la resolución gubernativa, por ser esa gestión previa la medida de la acción que haya de entablarse ante la denegatoria.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: RUSSO, Hugo Norberto s/ Tentativa de robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-05

Si el acusado portaba un arma al momento de consumar el despojo nocturno a un transeúnte, emerge una presunción de que se sirvió de ella, puesto que resultaría insólito que quien puede con el auxilio de la intimidación concluir más rápido y eficazmente el despojo, no emplee el medio idóneo para infundir miedo y lograr su propósito.-
Fiscales, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, legitimación procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " Incd. de apel. de la FISCALIA DE INVESTIGACIONES...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-03

La participación de la FIA como parte coadyuvante (punto II. b y II. c. i) emerge, por un lado, de la última parte del artículo 45 inciso "c" de la ley 24.946, a través de la cual se dispone que los fiscales de las causas iniciadas por denuncia de la FIA tendrán a cargo el ejercicio de la acción penal con la intervención necesaria del fiscal nacional de investigaciones administrativas. Estos preceptos legales que envisten a la FIA con funciones coadyuvantes para desarrollar en cualquier causa penal -sea cual fuere su forma de inicio- en la que se investiga a un agente público por la comisión de un delito en el marco del ejercicio de su función, se encuentran claramente reglamentados en el Reglamento Interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Cámara de Senadores, sesiones legislativas, facultades del Poder Legislativo, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta del Honorable Senado de la Nación c/  s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-24

La realización de las sesiones del Senado bajo una modalidad remota en lugar de la tradicional forma presencial, se encuentra dentro de las atribuciones propias del Poder Legislativo referentes a la instrumentación de las condiciones para crear la ley, y tal posibilidad no configura, per se, riesgo alguno de interferencia en las atribuciones de los demás poderes del Estado. Esto es, sesionar de forma remota o presencial no supone en sí misma una posible invasión del Poder Legislativo al ámbito de competencias que la Constitución asigna a los demás poderes del Estado.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, empleados públicos, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: Marotta, Ricardo Norberto c/ Y.C.F. s/ despido - prueba anticipada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-17

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó al pago de la indemnización prevista por el art. 4x de la ley 21.274 y su importe no reúne los recaudos de adecuación, suficiencia y equidad
Cambio de calificación legal, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

El cambio de calificación legal no vulnera el principio de congruencia, pues el requerimiento de juicio constituye una pretensión provisional y no definitiva, carácter que sólo se alcanzará después de realizado el juicio cuando estén producidas las pruebas que constituyen el fundamento de la pretensión definitiva.
Notificación, validez de los actos procesales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ahumada, Luis Alberto y otros c/ S.G.P.E.R. s/ Acción de Amparo-RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-01

El pronunciamiento de grado se notificó en el domicilio procesal constituido al efecto habiéndose interpuesto la vía impugnaticia de la apelación dentro del plazo establecido por el art. 16 de la Ley 8369. La cuestión versa acerca de principios elementales y básicos del derecho procesal vinculados a la constitución del domicilio ad litem y la validez de las notificaciones efectuadas en el mismo. La accionada constituyó domicilio procesal, el que es mantenido a lo largo del proceso sin que, hasta después de notificada la sentencia de primera instancia, haya sido objeto de variación.

La constitución del domicilio cobra trascendental importancia en orden a la validez de las notificaciones que se efectúen en consecuencia, siendo una garantía de la eficacia de aquél acto de comunicación y cuando no se realiza en el domicilio constituido compromete la vigencia del debido proceso y la defensa en juicio.

No habiendo controversia acerca de que efectivamente el acto sentencial fue notificado en el domicilio ad litem de la accionada, no obstaculiza su eficacia y validez la circunstancia que, por cuestiones ajenas al juicio, la parte recurrente en forma concomitante con el pronunciamiento de grado, haya resuelto revocar el mandato de sus apoderados, ya que no procedió a sustituir o modificar el domicilio procesal constituido, sino que el mismo se mantuvo incólume hasta que hizo su presentación tres días después de haber quedado firme el pronunciamiento que intenta impugnar.
Hurto, robo simple, robo con intimidación en las personas
Materia: PENAL
Carátula: RAGO, Fabián G. s/ ROBO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Debe descartarse la figura del hurto, habida cuenta que la simulación que induce en error a la víctima para lograr el desapoderamiento, convierte la mencionada figura en la de robo, en razón de la amenaza mediante la cual domina psíquicamente a la víctima.
Plazo, prescripción, procedimiento de impugnación de deuda previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Magan, Manuel O. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-26

El organismo fiscal tiene amplias facultades de verificación, control y formulación de cargos (art. 35 , ley 11.683 y cctes.) respecto del reclamo de deudas por la falta de registración de trabajadores, con pres-cindencia de la causa judicial que promovieran los mismos. Por consiguiente, si bien la determinación de autos se originó como consecuencia de la comunicación cursada por oficio judicial librado en una causa laboral (arts. 44 de la ley 25.345 y 17 de la ley 24.013), el plazo de la prescripción correrá recién desde el momento en que el organismo puso en conocimiento del contribuyente el resultado de la verificación efectuada, liquidando deuda, intereses y multa. Ello así, por no encuadrar el caso en ninguno de los su-puestos que taxativamente el legislador ha querido preservar de los efectos de la prescripción (art. 4019 Cód. Civ.), motivo por el cual no corresponde justificar judicialmente la liberación de la A.F.I.P. de las consecuencias de aquella.
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yavico, Olga c/ IOMA s/ Art. 212 L.C.T. Cuestión de Competencia art. 6 C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Surgiendo de los dichos de la actora y de la documentación acompañada a la demanda, el carácter administrativo de la relación jurídica que la unió al IOMA, la cuestión sometida a juzgamiento se encuentra regida por el derecho público laboral, por lo que corresponde declarar que es de la competencia originaria de la Corte, no obstante la norma de derecho laboral en que funda su pretensión indemnizatoria (art. 212 LCT). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Peña Freytes & Asociados c/ Los Lagartos Country Club S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Si bien las cuestiones atinentes a los honorarios regulados en las instancias ordinarias son, por su naturaleza, ajenas a la apelación extraordinaria, corresponde hacer lugar al reclamo cuando se omitió manifiestamente la indispensable fundamentación conforme a las circunstancias de la causa (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Policía Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Actuaciones iniciadas por el Sr. Juez Federal s/ psa.   incumplimiento   a  los  deberes  de  funcionario  público  y  encubrimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

Compete a la justicia federal la investigación de los delitos que se atribuyen a los miembros de las fuerzas de seguridad provinciales que actúan en auxilio de autoridades de la Nación.

A0018562
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Collante, Carlos c/ Farías, Omar s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

No produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la culpa del penalmente imputado, la sentencia absolutoria dictada allí, pues el art. 1103 del C.C. alude al hecho principal y no a la culpa, de distinta consideración en sede penal.-
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, costas, pluspetición inexcusable
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Calleri, Marcelo Daniel y otros c/ Municipalidad de Coronel Brandsen s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

Para el litigante inescrupuloso que promueve demandas excesivas, están la condena en costas y el instituto de la pluspetición inexcusable de aplicación -este último- siempre que se den las condiciones de "punibilidad" que el art. 72 del Código Procesal Civil y Comercial establece.

Y de esta manera -demás está decirlo- se deja de beneficiar al letrado de tal demandante -que no supo o no quiso poner coto a la demasía de su cliente- y que bajo los rígidos parámetros del art. 23 de la ley arancelaria resultaba a la postre premiado con honorarios que podía reclamar de su cliente, en correspondencia con las abultadas sumas de la demanda que él patrocinara o interpusiera como apoderado del primero. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, asamblea de consorcistas, nulidad de asamblea de copropietarios
Materia: CIVIL
Carátula: PIERRI, ALFREDO PEDRO c/ CONSORCIO PROP.URUGUAY 1350/1358/1368/1376 s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-22

En la vida del consorcio, en principio, rige lo decidido en la Asamblea. El consorcista que pretende apartarse de ella, no lo puede hacer -salvo casos de absurdidez- por su exclusiva voluntad, sino que debe procurar, por la vía correspondiente, la invalidez de lo decidido. Si así no fuere, se conmovería el orden que debe regir en el consorcio, puesto que la voluntad de un solo copropietario podría desconocer la decisión general.

La declaración de nulidad de una Asamblea es una decisión extrema que solo puede ser dictada mediante precisos requisitos y cuando no existe remedio posible en la vía interna del consorcio. Es decir, que hay que considerar la posible o imposible revisión por la vía consorcial.
Síndico del concurso, deberes y facultades del síndico del concurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Piñero, Fernando s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

Intimada la síndico a instar el procedimiento en un plazo de tres días, ese plazo es una facultad judicial a la luz de lo dispuesto por el art. 273 inc. 1º de la ley 24522, últ. párrafo, y la única conducta que pudo y debió adoptar la contadora era la de responder clara y categóricamente al mandato judicial. La conducta contraria, sumada a la falta de inscripción de una medida precautoria, de incautación de los bienes del fallido y el incumplimiento de lo normado por los arts. 180, 181 y 182 del mismo cuerpo normativo, conlleva un peligro potencial para los intereses de la masa. El impulso de tales medidas le cabe sin duda al síndico, quien administra y conserva los bienes a su cargo (arts. 178 y 179 de la Ley de Quiebras). Tal comportamiento justifica la sanción del art.

255, párrafo tercero de la misma ley.
Acción de amparo, medida de no innovar
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Dakota SA o Dakota SACII y A Juan c/ Municipalidad de la Ciudad de San Juan s/ Amparo-Actuaciones  Relativas  a  la  Apelación concedida con efecto  Devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-05-28

Al posibilitar la medida de no innovar, mientras se sustancia el juicio de amparo, reviste "prima facie" el carácter de necesaria para mantener la vigencia del principio de la igualdad jurídica de las partes y ha sido dictada en el adecuado ejercicio de los deberes-poderes de la jurisdicción.
Sistema acusatorio, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Kruger, Roberto Orlando c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-12

Debe rechazarse la alegada violación del principio acusatorio, pues si bien la defensa alega que el colegiado anterior valoró indicios con argumentos sorpresivos y con afectación al derecho de defensa, no expuso ningún argumento tendiente a poner en cuestión la aptitud probatoria de los elementos de cargo ponderados por el *a quo* ni ha desplegado ninguna defensa concreta en aras de rebatir los razonamientos del sentenciante que cuestiona en su presentación ante esta instancia.