marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Orden público, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, hospitales públicos, mala praxis
Materia: PROCESAL
Carátula: García Acosta, Haydeé Dolores c/ Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía y otros s/ Daños y perjuicios - resp. médicos y aux. s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-05

Si con arreglo a la exposición de los hechos de la demanda surge que la parte actora pretende atribuirle responsabilidad patrimonial al GCBA por los daños y perjuicios derivados de la alegada falta de servicio en la que habría incurrido un órgano local, materia propia del derecho público local y del resorte exclusivo de los gobiernos locales, aunque eventualmente se invoquen o se apliquen de manera subsidiaria disposiciones de derecho común o principios generales del derecho, la causa debe ser resuelta por el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con las previsiones de los arts. 1° y 2° del Código Contencioso Administrativo y Tributario. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia definitiva, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SLEIBE MOISES c/ FIGUEROA ELIAS MIGUEL s/ COBRO DE AUSTRALES-INCIDENTE DE CADUCIDAD-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-08

La sentencia interlocutoria que admite un incidente de caducidad de instancia no exterioriza los rasgos de definitividad suficientes para acceder a la sede casacional; máxime si el mismo actor reitera su voluntad concurrente sobre el fenecimiento de la instancia.-
Patrimonio cultural, acción de amparo
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Travi, Federico y Otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-23

Cabe confirmar la sentencia que rechazó la acción de amparo interpuesta contra el GCBA -Ministerio de Ambiente y Espacio Público- a fin de que se decrete la nulidad de los actos administrativos que autorizan las tareas de remoción de adoquines del barrio de Palermo, pues el escrito de expresión de agravios no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia de grado en los términos del artículo 236 del CCAyT, en tanto no rebate puntual y fundadamente los aspectos que, comportan un error en la decisión, ni alude a prueba que pueda determinarse como preponderante a los efectos que persigue. (Del voto en disidencia del Dr. Centanaro)
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Brito, Ignacio A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-09

El sistema de control constitucional concreto supone que el tribunal de la causa asuma jurisdicción para dar certeza a una situación jurídica controvertida y su pronunciamiento tiene por efecto inmediato reconocer el derecho de una de las partes en litigio frente a otra. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prueba testimonial, ratificación de testigos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jiménez Leticio Anacleto c/ Microómnibus N.Avellaneda S.A. Línea 271 s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-07

No se requiere ratificación del testigo declarante en sede penal, si el expediente tramitado ante ese fuero resulta ofrecido como prueba en el expediente civil.
Haber jubilatorio, reclamo del haber jubilatorio, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, Poder Ejecutivo Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Dorado, Víctor c/ Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-183783/08
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-12-21

La Provincia de Jujuy tiene una obligación de garantía prevista en el Decreto local 454-E-96 que deberá hacerse efectiva mediante el pago de una prestación equivalente al haber previsional que correspondería al actor de resultar titular de una jubilación otorgada de oficio, con más sus intereses desde la mora de cada uno de los períodos adeudados y hasta su efectivo pago, siendo una prestación equivalente al beneficio jubilatorio que el actor que hubiera percibido en razón del régimen previsional provincial al que efectivamente no accedió, que comprende todas las prestaciones que le hubieran correspondido y, en su caso, a sus derechohabientes, incluyendo el mantenimiento de su afiliación -y la de los socios adherentes que tuviere- en la obra social respectiva.
Accidente de tránsito, culpa
Materia: PROCESAL
Carátula: Delpech, Estela y Otro c/ Pizutti y CompaÑía SRL y Otro s/ SUMARIO S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-04-26

Determinar la culpa de la actora en un accidente de tránsito o eventualmente la inexistencia de razones para que el demandado responda por el hecho de otro, quien se insiste no era su dependiente, es una cuestión de hecho, propia del mérito e irrevisible -en principio- por vía del recurso de casación, salvo absurdo.
Contrabando, importaciones, funcionarios públicos, delito doloso, sobreseimiento, falta de prueba, costas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: LOVELI S.A.-BRUCK'S S.A.-ROSEMBLAT, LUIS. s/ Contrabando.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-09

Corresponde confirmar el sobreseimiento de los imputados por no constituir delito los hechos referidos a la gestión de las importaciones de artículos de óptica despachados a plaza con la intervención de la autoridad aduanera ante la cual se presentaron certificaciones del organismo de fiscalización de productos médicos autorizando la importación, puesto que el cuestionamiento del juez al acierto, la oportunidad o la legitimidad de la autorización otorgada por la autoridad sanitaria resultan enteramente ajenas a lo que es materia del proceso penal: la supuesta presentación al servicio aduanero de una autorización especial para obtener un tratamiento más favorable al que correspondía. Las razones de mérito que incumben a esa autoridad en cuanto a permitir o no la importación de ciertos productos no pueden ser materia de discusión en un proceso penal por el delito de contrabando, no encontrándose tampoco cuestionada la autenticidad de las certificaciones suscriptas por uno de los imputados en calidad de subinterventor del organismo de fiscalización ni la autoridad ejercida por éste, así como tampoco la autenticidad de la suscripción de otros certificados por parte del director del organismo, y las afirmacione s relativas a que los imputados obraron en connivencia con los funcionarios están desprovistas de todo sustento, lo mismo que la alegación de que esos funcionarios hubieran dictado resoluciones contrarias a la ley encuadrables en el delito del Art. 248 del CP.
Recurso extraordinario, escrito deficiente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Transporte Maxi S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso   Extraordinario (Expte. CSJ Nº 161-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-09

La generalidad con que la recurrente ha planteado la existencia de cuestión federal, sin indicación de cuáles serían en concreto las colisiones que la configurarían, impide tener por cumplidos los recaudos vinculados al recurso extraordinario federal.
Honorarios, perito calígrafo, regulación de honorarios, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Suárez, Jorge Raul  c/ Suárez, Pedro Héctor y otros  s/ ordinario s/incidente de honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-14

Procede confirmar la resolución del juzgado de tomar como base regulatoria para establecer los estipendios del perito calígrafo, el 25% del valor de los inmuebles que fueron objeto del convenio homologado en los autos principales. Ello por cuanto, en el caso, contrariamente a lo sostenido por la coaccionada, las labores desarrolladas por el perito en el presente incidente no pueden evaluarse sino teniendo como referencia los intereses pecuniarios que se encontraban en juego hasta el dictado de la resolución que puso fin a la controversia. En tal sentido, estímase que lo argumentado por ella en punto a que los términos del convenio de honorarios invocado por su ex letrada no pueden tener efectos en la determinación de los honorarios del auxiliar caligráfico -cuando, de hecho, su firma no pudo serle atribuida a aquélla- equivaldría a sostener que, en los casos de las demandas íntegramente rechazadas, el interés pretendido por la parte peticionante no puede ser tenido como referencia regulatoria. Mas lo cierto es que la legislación arancelaria establece que cuando un derecho invocado no es reconocido por el juzgador, el valor del pleito sigue estando dado por dicha pretensión, sin perjuicio de la disminución que, prima facie, cabría efectuar en esos casos (ley 27423: 22, segundo párrafo).
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, exceso de velocidad
Materia: CIVIL
Carátula: ARAOZ c/ ALMAFUERTE s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

Las se/as con las luces efectuadas por el conductor de un transporte de pasajeros, implica que dicho conductor observo al peatón detenido en el medio de la ruta y si a pesar de aplicar los frenos no logro detener el rodado ni impedir embestir a la víctima, debe concluirse que no tenía sobre el vehículo el dominio suficiente o que conducía a una velocidad excesiva que las características del lugar tornaban imprudente.
Decreto de necesidad y urgencia, constitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Maggio, Italo Francisco c/ Línea 18 S.R.L s/ Daños y perjuicios perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

El decreto número 260/97 del poder Ejecutivo nacional, sobre "seguros de autotransporte público de pasajeros" (B.O. del 21/III /1997), carece de los requisitos constitucionales propios de los decretos de necesidad y urgencia (no se dieron los recaudos que establece el art. 99, inc. 3, de la Constitución Nacional vigente y también falla por ausencia de razonabilidad de las medidas restrictivas a los derechos personales que adopta (arts. 16, 17, 75 inc. 22, constitución nacional; 3, 1083, 1113, Código Civil).
Prenda con registro, excepción de nulidad, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Valente, Gilda Mariel c/ Vargas, Benedicto E. y Otros s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-29

Conforme al régimen establecido por la ley de prenda con registro, en el procedimiento de ejecución de ella la excepción de nulidad del contrato de prenda debe resultar de las constancias de autos o del contrato mismo, resultando en consecuencia improcedente la apertura a prueba que se pretende en virtud de la alegación de hechos relativos a la causa de la obligación.
Juicio de apremio, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Musante Alberto Higinio s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-15

El Código Fiscal (arts. 75 y 84 último párrafo ley 10.397) establece que el título que abre la posibilidad del apremio refiere a la "deuda de gravámenes, intereses y multas no abonadas..." por lo que el crédito tiene una composición inclusiva de los intereses y conforma, en suma, la obligación que por tal vía se ejecuta.
Impuestos, ley tributaria, aplicación analógica de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Nación  Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

El silencio o la omisión en una materia que, como la impositiva, requiere ser restrictivamente aplicada, no debe ser suplido por la vía de la interpretación analógica.
AFIP, tasas de interés, repetición de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Compañía Mega SA c/ EN - AFIP - DGI - resol 93/04 y 94/04 (RDEX) y otros s/ Dirección General Impositiva c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-11

La AFIP es el órgano encargado de la recaudación fiscal a nivel nacional y, en el ejercicio de sus funciones, puede aplicar los intereses y accesorios previstos por las normas de fondo pero ello no significa que tenga competencia para suplir el vacío legal y establecer los intereses que la norma legal para el caso de la repetición de impuestos ha omitido fijar (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cosentino, José Enrique c/ Podestá, José Luis y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

Oponiéndose la excepción de falsedad de título no basta el desconocimiento de la firma sino que hay que afirmar su falsedad y ello no puede provenir del examen de una copia simple del instrumento.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, daño resarcible, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: S., J.J. c/ VW C. F. SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-05

Quien alega un daño cuya reparación procura, debe acreditar fehacientemente su existencia conforme las normas que rigen la carga de la prueba (Art. 377, su doct., CPCC.). Porque no basta con acreditar la posibilidad del daño y es necesario acreditar su existencia cierta ya que no cabe acordar indemnizaciones por daños presuntos, meras posibilidades o conjeturas.
Derechos y obligaciones de los padres, administración de los bienes de los hijos
Materia: CIVIL
Carátula: M, D B s/ Autorizaciones - Recurso De Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-08-23

Siendo que la pretensión de la progenitora de utilizar de los fondos pertenecientes a los niños constituye un acto de disposición, que provoca una modificación sustancial del patrimonio, es claro que se requiere la pertinente autorización judicial, la que no puede ser conferida sino en caso de absoluta necesidad o de ventaja evidente (arts. 297, 2do. párrafo y 136 del Código Civil), pues el juez sólo autorizará el negocio si se prueba su conveniencia patrimonial para los niños.
Indemnización tarifada, multa laboral, interpretación y aplicación de la ley, indemnización por despido, reducción de la multa
Materia: LABORAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Chaparro, Santiago Nicolás  c/ Frigorífico de Aves Soychú S.A.  s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-07

La morigeración o eximición es la excepción a la regla conforme surge del último párrafo del art. 2º de la ley 25323, no por ello debe interpretarse que al ser injustificado el despido, se autoriza sin más la aplicación de la sanción, pues tal posición implica contradecir o pulverizar directamente, la facultad otorgada a las jueces por la propia norma, la que requiere no obstante, que se efectúe a través de una resolución debidamente fundada. En dicha tesitura, el hecho de que los trabajadores tengan derecho a las indemnizaciones por despido -sea directo o indirecto-, no autoriza por si solo a la aplicación en su totalidad de tal indemnización prevista por el dispositivo sub-examine, o no imposibilita a la reducción y hasta su eliminación por el juez interviniente si así lo considera, ya que la misma fue concebida precisamente, para aquellos casos justamente en que el fallo resulte adverso al empleador, pues de lo contrario carecería de sentido dicha facultad (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo, agravantes de la pena, robo con armas, intimidación, bien jurídico protegido, vicios de la voluntad, jurisprudencia
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de  fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

Quienes sostienen que únicamente en el peligro corrido por la víctima está el bien jurídico protegido por la ley, afirman que allí ha debido ser encontrado puesto que el poder intimidante del arma como anulador de defensas está ya previsto en la figura básica del robo -como intimidación expresa en la anterior redacción, y como violencia física a la que resulta equiparable en la actual- y por ende no puede construirse una figura agravante en base a un elemento ya comprendido en el tipo básico.

Sin perjuicio del cúmulo de argumentos existentes para refutar esa forma de conceptuar el robo y trasladar las sustracciones cometidas con intimidación a la extorsión, en el comentario hecho por Carlos Creus al fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe del 29-03-1994 en autos "Miranda", se pone en crisis que los conceptos de violencia e intimidación contenidos en la ley civil y en el art. 34 inc. 2 Cód. Penal sean equiparables a los contemplados en los arts. 164 y 168 del Cód. Penal, puesto que los primeros pertenecen a las excusas, mientras los segundos atañen a las afirmaciones típicas de punibilidad.

Se pregunta dónde encuadrar bajo ese presupuesto que critica, al supuesto de quien obliga a otro a entregar algo bajo amenaza de un mal futuro, dado que en el concepto de la ley civil y del art. 34 inc. 2 C. Penal la intimidación requiere la inminencia del mal prometido. (Del Voto Del Dr. Jukic)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, juicio de desalojo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González Beron, Rubén Néstor c/ Bulla, Sebastián y otros s/ Desalojo. rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-08

En aquellos casos, en que el demandado recurrente alega la calidad de poseedor, el valor del litigio es de monto determinado y está representado por la valuación fiscal del inmueble objeto de la litis. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia definitiva, acción de amparo, gravedad institucional
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: GIMENEZ, JUAN C. s/ AMPARO S/ CASACION. NEBBIA, ALBERTO s/ RECURSO DE AMPARO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-04-16|1993-04-27

Si bien en principio la resolución que rechaza un amparo, no constituye sentencia definitiva a los fines del recurso de casación, se le concede a la decisión recurrida ese carácter dada la notoria vinculación de ésta con aspectos que hacen al orden institucional y la necesaria vinculación entre los Poderes del Estado y los distintos estratos administrativos de la Provincia.-
Honorarios del escribano, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS Y OTRA c/ SCHIMPF DE FOLMER, BEATRIZ s/ SUMARIO POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-17

El artículo 1627 del Código Civil que consagra la libertad de contratación por la prestación de servicios, sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales, en síntesis, estaríamos ante una medida confiscatoria y una flagrante violación al derecho de propiedad consagrado por el artículo 17 de la Constitución Nacional.
Deberes y facultades del juez, vistas y traslados
Materia: PROCESAL
Carátula: C.P.E. Santa Rosa Ltda. c/ Monteiro, Ramón s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-12-19

El juez está habilitado para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias vinculadas previo a la autorización de actos de allí que previo al archivo de las actuaciones que le fuera solicitado pueda reclamar el pago de las tasas adeudadas en razón del trámite.
Cuestiones de competencia, economía procesal, pluralidad de imputados
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Gorriarán Merlo, Enrique y otros s/ incomp. en la causa 499/96 investig. de los hechos acaecidos el 23 y 24  de enero de 1989 en el Reg. de Inf. n° III de la Tablada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Existen razones de economía procesal derivadas de su efectiva intervención en la causa, que determinan la conveniencia de que sea el mismo tribunal que intervino definiendo la situación de la mayoría de los procesados, el que juzgue a dos imputados que en la actualidad se hallan a derecho, si dos de los jueces que continúan desempeñándose en el tribunal, fueron quienes dispusieron y receptaron la prueba y en lo esencial, juzgaron a la casi totalidad de los procesados.
Control de constitucionalidad, Poder Judicial de la Nación, facultades del Poder Judicial, gravedad institucional, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Biosystems S.A.  c/ EN - M° Salud - Hospital Posadas  s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

El control de constitucionalidad de las normas es uno de los fines supremos del Poder Judicial de la Nación, y, en especial, la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico y debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad es inconciliable. Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Lesiones graves, recurso extraordinario federal, insuficiencia del agravio, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Espinosa, Diego Sebastián s/ Recurso Extraordinario deducido en Expte. Corte Nº 72/10 caratulado "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra del Auto Interlocutorio Nº 28/10 en relación con el Expte. "E" 030/10 "Espinosa, Diego Sebastián"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-04-15

La Cámara Penal, mediante Auto Interlocutorio, no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada por el defensor del imputado, al que se le atribuye la supuesta comisión del delito de Lesiones Graves.

En contra de esa resolución, el asistente técnico había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el defensor interpone el presente remedio federal.

Es inadmisible, por tardío, el agravio referido al carácter vinculante del dictamen fiscal, no negado por el recurrente en oportunidad anterior.

Es que, en la instancia de la casación, el recurrente no discutió el carácter vinculante que el Juez de Cámara le había otorgado al dictamen fiscal.

Además, después de examinar las situaciones juzgadas y las resoluciones recaídas en los mencionados precedentes invocados por el recurrente, este Tribunal dio razones para considerar que, contrariamente a lo constatado en aquellos, en estos autos, tanto el dictamen fiscal como la resolución del Juez de Cámara estaban debidamente fundados, y señaló que el recurrente no había demostrado que se presentaran en el caso las deficiencias observadas en aquellos que él había citado.

En lugar de rebatir los fundamentos de esas conclusiones el recurrente opta por decir que, así como en el plenario el tribunal puede acoger o rechazar la acusación fiscal, en esta materia, como en cualquier otra cuestión del proceso, la opinión fiscal no ata al tribunal.

Y, así, el recurrente deja subsistentes, por falta de crítica específica, los motivos propios invocados por el Juez como respaldo de su criterio y que le dan sustento suficiente a su negativa a la suspensión del juicio.

Por todo ello, corresponde no conceder el recurso extraordinario interpuesto.
Libertad de prensa, censura previa, Comunicaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo. (S. 303- S. 292).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Tratándose del derecho constitucional a difundir las ideas sin censura previa, no corresponde distinguir entre los distintos medios de difusión que el mundo moderno y los avances tecnológicos han generado.