marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, gastos de sepelio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montiel, Felicita Sofía y otros c/ Scarponi, Claudio Marcelo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-14

Cabe añadir la erogación derivada de una ofrenda floral, pues está dentro de los usos y costumbres rendir ese homenaje póstumo, tratándose de un familiar al cual se hallaban tan íntimamente vinculados, como es la madre. Claro está, que cabe actuar con suma circunspección al ejercitar la potestad que confiere el art. 165 del ordenamiento procesal, pues en la actualidad todo gasto, en virtud de los controles de la Dirección General Impositiva debe estar documentado. De allí, que no habiendo acompañado el pertinente recibo, me limito a postular, con la prudencia del caso, que se amplíe el rubro reclamado a la cantidad de $ 100 (arts. 1083 y 1084, C. Civil; 165, 375, 384, C. Procesal).
Desistimiento, obras sociales, homologación judicial, interpretación del contrato
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: LEWIN GREGORIO FERNANDO c/ OBRA SOC PERS ESTAC SERVIC GARAG PLAY ESTAC Y LAV AUTOM s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-20

La demandada es una obra social y las prestaciones de salud que realiza son consideradas servicio de asistencia social de interés publico. De tal manera, así como se examino la pertinencia del acuerdo que celebraran las partes y se llego a la conclusión de que no debía ser homologado, no cabe elaborar una interpretación que otorgue a ese convenio el alcance que la actora pretende asignarle, pues -aparte de que el desistimiento no se presume (cfr. Arg. Art. 306 del Código Procesal)- el art. 308 in fine del mismo código establece que, en el supuesto de que el juez no haga lugar a la homologación, continuaran los procedimientos del juicio.
Medicina prepaga, derecho a la salud, derecho a la vida
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Superintendencia de Servicios de Salud c/ OSDE y otros s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-03

Cabe destacar que las accionadas son empresas de medicina prepaga y que el Alto Tribunal ha puntualizado que no cabe prescindir de la función social que tienen tales contratos, en virtud de los bienes en juego, como son los relacionados con la salud y la vida de las personas, protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Conflicto de poderes, conflicto interno municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Hernández, Mónica Deolinda (Intendente de la Municipalidad del Distrito San José - Dpto. Santa María) c/ Concejo Deliberante de San José - Dpto. Santa María s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-15

La acción de conflicto de poderes ha sido materia de numerosos precedentes de esta Corte de Justicia a través de sus distintas conformaciones, conceptualizando la pretensión prevista en el Art.204 de la Constitución Provincial de conformidad a las disposiciones contenidas en los Arts.623 bis de la Ley 4702, incorporada al CPCC. Conforme a la doctrina legal sentada a partir de autos "Albarracín", de fecha 23/06/92, publicada en "Derecho Municipal Argentino", (Brugge Juan y Mooney Alfredo, p.658), reiterada en abundante jurisprudencia de esta Corte de Justicia, la acción de que se trata se tipifica cuando la controversia se suscita entre o en el seno de los Órganos de Gobierno Municipal, afectando el normal funcionamiento del Municipio conforme a las previsiones constitucionales y legales. En el caso, de la reseña fáctica del escrito postulatorio se infieren prima facie satisfechos los requisitos que tipifican la acción, por lo que corresponde se admita la misma, imprimiéndose el trámite previsto en la ley adjetiva, habilitando la actividad jurisdiccional de este Superior Tribunal en los términos del Art.623 bis del CPCC. Por ello, corresponde declarar prima facie la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en estos autos y declarar la admisibilidad formal de la presente acción, que deberá tramitarse como conflicto de poderes.
Recursos, rechazo del reclamo, certificado de discapacidad, sentencia condenatoria, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-DERECHOS HUMANOS
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Asesoría Tutelar N°3 contra G.C.B.A. y otros sobre Amparo - Salud- Otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-13

Corresponde rechazar parcialmente la queja en cuanto viene a sostener un agravio vinculado a la pretendida falta de legitimación de la Asesoría Tutelar que promovió la acción de amparo en representación principal y provisoria de la actora -quien padece de un trastorno mental grave, con deterioro del comportamiento de grado no especificado- y principal por su hija menor de edad. Ello así, en tanto el G.C.B.A. recurrente no demuestra la existencia de un caso constitucional que habilite la jurisdicción revisora de este Tribunal. En efecto, el punto ha sido resuelto por los jueces de mérito en base a la interpretación de los hechos del caso a la luz de normativa infraconstitucional (ley n° 1903 y artículo 103 del CCyCN) y el G.C.B.A. no ha logrado demostrar que la sentencia impugnada carezca de defectos de lógica o fundamentación tales que impidan su subsistencia como pronunciamiento judicial válido. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).
Constitución Nacional, sistema republicano, principio de publicidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Fundación  Poder Ciudadano c/ EN -Presidencia Provisional del H.Senado s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-29

La regla en que las normas jurídicas son de acceso público, principio que no nace sino a la forma republicana de gobierno (art. 1 C.N.) en la medidad en que no se restrinjan por ser ellas secretas o reservadas (Cons. 8).
Daños y perjuicios, filiación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., M. D. c/ A., E. s/ Filiación e indemnización por daños y perjuicios D. M., R. c/ S., A. F. s/ Reclamación de estado de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28|1998-11-10

La acción de indemnización de daños y perjuicios causados al hijo por la falta de reconocimiento de parte de su padre es diferible en el tiempo y esencialmente personalísima, porque el derecho mismo que se tiende a vehiculizar es personalísimo, y no media ninguna razón de urgencia que imponga su promoción.

El hijo no podrá ejercerla durante su minoridad -en razón de alcanzar su capacidad recién a los 21 años- ni tampoco su representante legal, dada la falta de extensión de la representación a los actos personalísimos.

Excepcionalmente podrá hacerlo el menor de 14 años cumplidos o más con autorización judicial (arts. 264 quater, párrafo final, 282 y 285 Cód. Civ.), del restante progenitor que conserve el ejercicio de la patria potestad (art. 264 inc. 3 Cód. Civ.) y con intervención del Ministerio de Menores. (Minoría u opinión personal)
Trasplante de órganos, ablación de órganos, donación de órganos, interpretación de la ley, deberes del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Saguir y Dib, Claudia Graciela
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-11-06

Al autorizar a una menor a que se le practique la ablación de uno de sus riñones para ser implantado en su hermano, no se trata de desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios axiológicos enunciados, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias concretas notoriamente disvaliosas. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea inorgánica incompatible con la naturaleza del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de administrar justicia.
Acumulación de procesos, morosidad del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: ENRIQUE SILVESTRINI c/ CARLOS CARBONE s/ ACUMULACION DE PROCESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

No corresponde la acumulación de dos procesos de consignación de distintas cuotas de una venta, si dictada en uno de ellos sentencia desfavorable al actor el otro se inicia posteriormente a tal evento, aún cuando, en la mejor hipótesis para el actor, se configurara la situación excepcionalísima en que cupiera prescindir del CPR 188-1, la acumulación estaría vedada por el inc. 4 del precepto citado, porque la tramitación conjunta produciría una demora perjudicial e injustificada en el primero que eventualmente se vería reiterada con el vencimiento de cada cuota futura.
Procedencia del recurso, medidas autosatisfactivas, despido, decreto de necesidad y urgencia, salarios caídos, reinstalación en el puesto de trabajo, aislamiento social preventivo y obligatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Sosa, María Carla c/ Operaciones Hoteleras Express S.A. s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2020-07-15

Resulta procedente el recurso de apelación articulado por la trabajadora para que se dicte una medida autosatisfactiva que disponga la nulidad del despido y ordene su inmediata reinstalación en el puesto de trabajo, más el pago de salarios caídos, ello pues los arts. 265 y 266 del CPCC provincial deben ser interpretados armónicamente con las reglas del debido proceso e integrados a un ordenamiento jurídico complejo. La urgencia que caracteriza a la situación de autos, hace que el análisis de la vía deba ponderar adecuadamente el valor eficacia, en torno al compromiso de aspectos vitales del peticionante en un contexto acuciante como lo es la situación de emergencia legalmente declarada en el país; es decir, debe tratarse de un remedio extraordinario tendiente a paliar las consecuencias inéditas derivadas de la necesidad de confinar a los ciudadanos a sus hogares, con una significativa parálisis de la actividad económica y social en general. Ha de tenerse presente el dictado del DNU 329/2020 prorrogado en su vigencia por el DNU 487/2020, ya que dispone la prohibición de los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor; siendo suficiente plafón para obtener una medida autosatisfactiva, la demostración de la existencia de un contrato de trabajo vigente al momento de la entrada en vigencia de dicho DNU y la realización por parte del empleador de un acto unilateral que pretende alterar la vigencia del negocio jurídico, sin haber demostrado previamente, ante un tercero imparcial la existencia de justa causa. (Del voto en disidencia del Dr. Ghisini)
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Zalatel, Salvador Oscar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-10

Si el examen efectuado por el representante del Ministerio Público Fiscal, consistió en la eventual concurrencia de un requisito negativo de procedibilidad de la probation (pena de cumplimiento efectivo) no deriva de un juicio conjetural, sino que, encuentra fundamentos en los elementos de la causa, la opoaición fiscal cuenta con fundamentos que permiten reputarla como acto jusrisdiccional válido. La disidencia sostuvo que la opinión fiscal no resulta de carácter vinculante. (Borinsky, Gemignani y Hornos -en disidencia-).
Personal municipal, inconducta notoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Verdún, Rodolfo Avelino Juan c/ Municipalidad de Capitán Sarmiento s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-03-20

La inconducta notoria, constituye un grado más acentuado que la mera inconducta, no pudiendo encuadrarse en esa figura cualquier falta aún grave- del agente, sino tan sólo aquellas que revelen de un modo manifiesto un vicio moral en el modo de gobernar su vida o conducir sus acciones.
Seguros, póliza, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lapadula, Jorge c/ Carpintero, Jorge s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-25

De conformidad con lo previsto por el art. 4 de la ley 17.418, el contrato de seguro es consensual, naciendo los derechos y obligaciones para ambas partes desde que se ha celebrado la convención, aún antes de emitirse la póliza. Y si bien dicho instrumento es el documento probatorio por excelencia del contrato de seguro, no es el único, toda vez que la ley misma autoriza a probarlo, además de por escrito (conf. art. 11 de la ley citada), lo que es lógico, en tanto dicho acuerdo no es formal, ni solemne, desde que para perfeccionarlo basta el simple acuerdo de voluntades, con prescindencia de la firma de la póliza o de su entrega al asegurado, por lo que, a falta de póliza es admisible toda clase de prueba.

El principio recogido por los arts. 53 y 55 de la ley 17.418 no debe ser entendido de manera absoluta en razón de que, habiéndose confeccionado el certificado de cobertura y los recibos de pago en formularios con membrete de la compaÑía aseguradora, el asegurado fue inducido a creer que el agente tenía calidad para obrar en nombre de la aseguradora, máxime cuando hubo principio de ejecución del contrato y no una simple propuesta ya que aquél efectuó pagos.
Prescripción, compraventa de mercaderías, falta de documentación, pago, remito, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAXDAN SA c/ TERMOLANA SRL s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

Toda vez que: a) el ccom: 849 se refiere a la acción para demandar el pago de mercaderías fiadas sin documento escrito, fijándose en dos años el plazo de prescripción y b) dicha disposición legal no precisa la naturaleza del documento escrito sino solo su efectiva carencia; si -como en el caso-, existen remitos suscriptos y sellados por dependientes del accionado, en los que consta fecha de entrega, cantidad y descripción de la mercadería, tal situación no es la prevista en la citada norma, sino que el plazo de prescripción se rige por el art. 847 inc. 1 del cód. de comercio, que fija el término de cuatro años.
Asociaciones sindicales, prácticas desleales
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación Bancaria Sociedad de Empleados de Banco c/ Banco Supervielle s/ práctica desleal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-13

El hecho de que la demandada haya manifestado públicamente su descontento o repudio al modo en que uno de los representantes sindicales de la entidad actora ejerciera actos reivindicativos o de protesta no puede erigirse en causal de sanción en los términos solicitados por cuanto ello es corolario lógico de la puja propuesta por las partes a nivel colectivo y no implica "injerencia" en la vida interna del sindicato si, como acontece en autos, no se ha demostrado la adopción de medidas positivas que implicaran claramente favorecer alguna otra facción sindical o entorpecer el desarrollo de actividades propias de la organización gremial. Por otro lado, tampoco la tercerización de actividades o el recurso a la contratación de personal eventual puede catalogarse como "práctica antisindical" aún cuando pudieran derivarse de esas modalidades de contratación indirecta perjuicios para los trabajadores afectados. La vinculación interempresaria y el eventual grado de influencia de una empresa sobre otra, resultan cuestiones en principio ajenas a la relación que vincula a la asociación sindical con el Banco demandado y, al no haberse demostrado acabadamente que las decisiones adoptadas por éste en relación al personal contratado hubieren tenido claramente como objetivo impedir la sindicalización de los dependientes afectados, tampoco puede evaluarse tal alegada circunstancia para la configuración de la tipificación de la figura.
Competencia federal, servicio público, distribución de gas, sujetos imponibles, tasas, contribuciones especiales
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Gasnor  S.A. c/ Municipalidad  de Salta s/ acción declarativa deinconstitucionalidad y nulidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

La justicia federal es la única competente para determinar si la empresa licenciataria del servicio público nacional de distribución de gas natural por redes en las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, debe asumir o no la condición de sujeto imponible respecto de la tasa y contribución establecida en el Código Tributario Municipal de la Ciudad de Salta.
Recurso de queja (procesal), declaración indagatoria, resoluciones inapelables, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CHAVERO, Muriel Susana. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-28

La decisión del juez de instrucción en lo atingente a la convocatoria de un imputado a rendir indagatoria, no es cuestión apelable. Por ello, debe rechazarse la queja que por apelación denegada interpuso la fiscalía.
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso, prórroga de la querella, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: LAMBERTI, ATILIO EUGENIO s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Pese a la existencia de jurisprudencia contradictoria, no es procedente el recurso de inaplicabilidad de ley contra la resolución que no hizo lugar a la excepción de nulidad de la prórroga solicitada por el letrado patrocinante de la querella y de todo lo actuado en su consecuencia, pues no se trata de sentencia definitiva, ni interlocutoria que equivalga a aquélla, ya que no impide la prosecución del juicio, ni priva al quejoso de la posibilidad de ejercer sus derechos procesales.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, juicio de desalojo, legitimación procesal, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Franco, Mariela Elva c/ Di Paolo, Sara Laura s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Desalojo-Honorarios-Recusación (Expte. CSJ Nº 545-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-08

No incurre en arbitrariedad el decisorio del A-quo que estimó que versando el caso sobre el desalojo de un inmueble por falta de pago, el depósito de las llaves efectuado por la demandada a disposición de la actora, resultaba con la actitud que la recurrente desarrolló durante todo el juicio cuestionándole la falta de legitimación, y que tal conducta se encuadraba dentro de la teoría de los actos propios, por cuanto dicho proceder revelaba el reconocimiento del carácter invocado, no teniendo sentido tratar los agravios expresados por la demandada, dado que los mismos referían exclusivamente al rechazo de las excepciones de falta de personería y falta de personalidad resuelto por el Juez inferior al considerarlas extemporáneas.
Instrumentos privados, reconocimiento de firma, reconocimiento tácito
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIEZ, Angel Alonso s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-03-15

Toda persona contra quien se presenta en juicio un documento privado que se le atribuye, tiene la carga procesal de declarar si la firma es o no suya. Dicha carga debe cumplirse atento a la imperatividad de la norma, por lo que su silencio o evasivas configuran un reconocimiento tácito. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Minería, minas, mineral abandonado, mineral despoblado
Materia: MINERO
Carátula: CHEDRESE OSCAR DANIEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-11-07

Es necesario distinguir entre mineral abandonado y mineral despoblado, ya que el instituto del abandono necesita del transcurso de tres años sin que se hayan efectuado trabajos formales o trabajos a los que no ha precedido una concesión. El despueble en cambio, establece que la concesión de una pertenencia impone la obligación de trabajarla con cuatro operarios durante doscientos treinta días en cada año. Asimismo, es dable diferenciar entre el abandono fáctico y el de derecho. Por lo tanto acreditado el derecho del abandono, resulta factible restaurar ese mineral
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Garnero, Orfelio s/ Quiebra -Inc. de Liquidación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-31

La nulidad del remate podrá plantearse por la parte afectada, mediante un incidente en el mismo expediente de ejecución, aunque el remate se hubiere realizado fuera de la jurisdicción por delegación al juez del lugar de ubicación de los bienes.
Recurso de apelación (procesal), competencia correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: D., R. G. s/ Lesiones leves y amenazas s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

El "recurso ordinario de apelación" se presenta así como compatible con los fallos dictados por organismos jurisdiccionales "unipersonales" y permite discutir cuestiones de hecho y de derecho, contexto en el cual es considerado "como el más importante y frecuente de todos los recursos desde el punto de vista del interés de los litigantes... y es la vía impugnativa tradicional, de la más antigua trayectoria histórica".
Recusación sin causa, oportunidad procesal
Materia: Procesal
Carátula: Perez, Javier Fabián y otros c/ Provincia del Chubut - Superior Tribunal de Justicia s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-06-17

En principio y de conformidad a lo prescripto por el art. 14 del Código Procesal Civil y Comercial, la recusación debió plantearse al día siguiente de la notificación de la primera providencia que se dicte.
Riesgos del trabajo, accidente in itinere, trayecto, prueba de informes, valor probatorio, desvío del recorrido, familiar enfermo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PÉREZ, JOSÉ LUIS c/ Provincia A.R.T. y otro s/ Ley 24.557".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-16

Corresponde descartar tanto los hechos como las conclusiones de la información probatoria emanada de un estudio al servicio del mercado asegurador, por tratarse de una mera manifestación unilateral, y no haber sido objeto de control en su producción por la contraparte.