marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, sentencia, recurso de apelación (procesal), plazo, plazo de gracia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ireba, Angel Alberto y otros c/ Poder Ejecutivo de la Provincia y/o Sr. Gobernador s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-11-23

Corresponde declarar mal concedido el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia que rechazó la acción de amparo, dispuso el cese de la cautelar decretada e impuso las costas por el orden causado, por resultar manifiestamente extemporáneo.

La doctrina, sin controversia, ha interpretado que el plazo debe contarse por horas y que no es aplicable el término de gracia en los amparos. Asimismo, doctrina y jurisprudencia entienden que el plazo corre hora por hora en forma continuada a partir del momento en que es notificada la resolución, con la sola excepción del caso en que el oficial notificador omite puntualizar la hora, en el cual el plazo debe computarse a partir de la medianoche del día en que practicó la notificación. También se ha establecido que si se interpone un feriado, deberán descontarse las horas del mismo.

En autos, la sentencia fue notificada el día viernes 8 de octubre a las 19, por cuanto el lunes 11 de octubre fue inhábil.

Dado que el recurso fue interpuesto el día 14 a las 7:40, se había vencido holgadamente el término de ley, por lo que la concesión que realizó el Iudicante resulta errónea.
Derechos y garantías constitucionales, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, protección internacional de los derechos humanos, obligaciones internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recursos de hecho deducidos por la demandada y por Julia Nelly Acher Mizraji (codemandada), en las causas Cancela, Omar Jesús c/ Artear S.A.I. y otros s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

Cuando las convenciones internacionales mencionadas en el art. 75, inc. 22 de la Ley Suprema, que cuentan con jerarquía constitucional, reconocen el derecho de expresión e información contemplan también la posible colisión con los derechos personalísimos también consagrados en esos tratados, imponiendo responsabilidades para el caso de su afectación.
Denegatoria del recurso, juicio ejecutivo, pagaré, intimación de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pesavento Sergio Fernando c/ Agro Precisión S.A.  s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

Tratándose de pagarés a la vista y no habiendo el ejecutante manifestado que los presentó al cobro en lugar y día determinados, la fecha de la mora no puede establecerse en un momento anterior a la intimación de pago efectuada en estos autos; forzando así el rechazo del recurso a este respecto (arts. cits.; Gómez Leo, Osvaldo, Tratado del pagaré cambiario, Lexis Nexis, 2002, pág. 591/596; García Arnó, Oscar M., "Pagaré a la vista 'sin protesto'..."; ED, 2017-273, pág. 459/460).
Recurso extraordinario, honorarios del abogado, segunda instancia, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: SAMMARONE A.R. Y OTRO c/ EMPRESA DE FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-27

No existiendo previsión expresa sobre la forma en que se debe regular los honorarios correspondientes al recurso extraordinario, es apropiado tomar como pauta referencial la establecida en el art.

14 de la Ley 21.839, es decir, al valorar esta actuación profesional, análogamente se fijarán los emolumentos ente el 25% y el 35% de los honorarios fijados en la Alzada, los cuales representan la base computable para merituar las tareas cumplidas en esta Instancia, por lo que corresponde regular los honorarios del Dr. N.N., al haber contestado el traslado del recurso extraordinario interpuesto por la parte accionada.
Acción de amparo, aclaratoria (procesal), costas, allanamiento
Materia: CIVIL
Carátula: LEGUIZAMON, PEDRO NOLASCO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-09-29

La eximición de las costas a cargo de la parte demandada sólo pudo y puede tener lugar en el caso de haber mediado por parte de la misma, un allanamiento o satisfacción oportuna de la pretensión, entendiéndose que un plazo prudencial puede considerarse hasta la contestación de la demanda o presentación del informe circunstanciado. Se instaura una especie de beneficio legal o sobreseimiento, en favor de quien extingue unilateralmente la cuestión litigiosa, o en pro de quien realiza una especie de allanamiento, situación que no se da en autos; lo que conduce a la procedencia de la aclaratoria articulada e imponer las costas de la demandada.-
Derecho a la intimidad, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Z., F. N. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-06-27

"La Constitución nacional, al "reconocer" como un derecho esencial y primordial la libertad personal, también regula y modera esta libertad de acuerdo con los principios generales del derecho, imponiéndole, en su virtud, las consiguientes limitaciones".

Añade que del art. 19 de la Constitución Nacional se pueden separar "dos esferas de la libertad personal: a) la una "privada" o propia, a la cual no alcanza la ley; b) la otra común, es decir, la esfera de libertad del hombre dentro de la comunidad jurídica en que vive y en donde lo alcanza la ley, o sea, las normas jurídicas positivas mediante las cuales el Estado regula la convivencia de las personas que lo componen.

Y es precisamente en esta última esfera donde se desenvuelven las atribuciones del poder público para dictar leyes, reglamentos y mandatos que, teniendo por objeto la subsistencia armónica del conjunto de todas las libertades individuales, importan restricciones mas o menos amplias de la libertad de cada uno."
Ejecución fiscal, desindexación
Materia: PROCESAL
Carátula: O.S.N. c/ ARENALES 2467 s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-02

No resultando de los certificados de deuda que se haya practicado actualización alguna, no resulta aplicable a la ejecución fiscal la ley 24.283.
Vacunación obligatoria, Salud pública, paciente niño
Materia: SALUD PUBLICA
Carátula: M., G. L.  c/  s/ situación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2024-06-19

Corresponde ordenar a los padres de un recién nacido aplicarle las vacunas obligatorias contra la Hepatitis B y Vitamina K, como así también cumplir con el plan de vacunación nacional obligatorio otorgando un plazo de cinco días para su acreditación, toda vez que la responsabilidad parental que la ley pone en cabeza de los padres, debe ser ejercida en consonancia con los principios rectores del art. 639 del CCyC, en cuanto los padres de menores de 13 años, ejercen la representación legal siempre y cuando sus decisiones no pongan en riesgo al niño, ya que se trata de un derecho pero fundamentalmente de un deber, y cuando se involucran derechos personalísimos, aparece un límite dado que ningún derecho es absoluto.
Derecho de habitación, derecho de habitación del cónyuge supérstite
Materia: CIVIL
Carátula: PIÑEIRO J. c/ LIMONTA E. s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

El derecho real de habitación, reconocido al cónyuge supérstite por el art. 3573 bis del Código Civil, resulta oponible al coheredero a quien el inmueble perteneciera en condominio conjuntamente con el causante.-
Accidentes de trabajo, intervención de terceros
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: DURE, INES GUADALUPE c/ BAGNAROLI, JOSE s/ ACCIDENTE DE TRABAJO      EXPTE NRO 230-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-01

La Empresa Provincial de la Energía, citada como tercero en el juicio derivado de la muerte del trabajador por un accidente de trabajo por vía de la acción común, no es responsable en forma ni exclusiva ni solidaria por el daño causado, pues se ha desvirtuado el nexo causal en cuanto está probado que el daño es imputable al demandado y que de parte de aquélla no hubo culpa, como prestataria del servicio público provee energía eléctrica y es propietaria de la instalación, siendo su obligación la supervisión y el correcto suministro. La red, evidentemente riesgosa, fue pedida por el propietario del campo y luego no modificó la instalación.
Expropiación irregular, indemnización expropiatoria, aumento de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: BONINO RAMON DIOGENES Y OTROS c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-13

Corresponde el incremento del 10% (arts.13 ley 21.499), no solamente en "cesiones amistosas", sino también en los litigios judiciales con tal que el expropiado lo reclama por daños "en todo concepto" o sea, no pretenda acumular el beneficio legal a otros rubros (conf. Marienhoff "la nueva ley nacional de expropiación su contenido", J.A. 1977-II p. 948; CN.Civ Sala F,L. 272.211 del 24-8 81, L. 271.883 del 25-8-81, E.D. 100-147; L.287.429 del 6-5-83; L 288.142 del 11-7-83 y L. 15.127 del 21-11-85).
Sanciones aduaneras, graduación de la pena, atenuantes de la pena, facultades del juez
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: Centro S.A. (T.F. 8763-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

La aplicación de la previsión contenida en el art. 916 del C.A. requiere necesariamente la existencia de circunstancias que permitan ejercer la facultad que ella prevé. Es decir deben concurrir "motivos suficientes de atenuación" para poder reducir la sanción por debajo del límite legal.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, tercera instancia, abogados, sanciones disciplinarias, ejercicio profesional, expresiones incorrectas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., R. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso de Apelación interpuesto   ante el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados (Expte. CSJ Nro.   55-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-27

La defensa de los intereses del cliente debe ser ejercida con energía y denuedo, si es necesario, pero con la indispensable mesura que salvaguarde la majestad de la justicia, tornándose imprescindible conservar el debido equilibro, evitando los desbordes de palabras. Precisamente esa pauta ha sido receptada por el A quo en su sentencia, agregando que "...para defender los intereses de un cliente, no resulta necesario menoscabar ni a las partes ni al colega que actúa como adversario. Si la razón asiste a su cliente, el abogado puede exponer motivos y argumentos que así lo hagan ver sin recurrir a terminología impropia. Dable es exigir a los abogados, siempre y en todos los casos, un adecuado uso del lenguaje, circunscribiéndose el tenor de los escritos judiciales a lo que es estrictamente técnico, abandonándose la crítica mordaz, irreverente, innecesariamente cáustica o plagada de subjetividades...". Al no haberse demostrado que tales apreciaciones resulten ilógicas o irracionales, el recurrente no logra transponer el límite de la discrepancia hermenéutica, de modo que autorice a tener por configurada una cuestión constitucional idónea para abrir la instancia excepcional, cuyo propósito no es enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.
Derecho procesal, debido proceso, actos y diligencias procesales, obras sociales
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educacion c/ Colegio Fray Luis Bolaños s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-09

Corresponde admitir la excepción de incompetencia opuesta por el colegio ejecutado toda vez que se domicilia en Baradero, Provincia de Buenos Aires, por lo que resulta aplicable en la especie lo resuelto por la CSJN, in re, "Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación c/ Instituto Secundario Municipal Esteban Ancarani s/ ejecución fiscal" (21/6/18), donde se declaró la incompetencia de la Justicia Nacional en virtud de lo previsto en la ley 24642
Trata de personas, apreciación de la prueba, prueba testimonial, delitos contra la integridad sexual
Materia: PENAL
Carátula: Iñigo, David Gustavo y otros s/ privación ilegítima de la libertad y corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-12-17

Corresponde revocar la sentencia que absolvió a los imputados por el delito de retención y ocultamiento agravado de personas para el ejercicio de la prostitución, con sustento en que si bien se acreditó que los acusados formaban parte de una red de trata de personas existía incertidumbre con relación a la presencia de la víctima en la provincia de La Rioja a partir de la valoración de la declaración de las "testigos víctima", es que, tal sentencia no resulta arreglada a derecho, ya que prescinde de una necesaria perspectiva que contemple las características y prácticas que involucra el fenómeno de la trata de personas en la ponderación de la prueba producida, lo que se traduce en un pronunciamiento con fundamentación meramente aparente como consecuencia de una valoración arbitraria, irrazonable y fragmentada de las declaraciones testimoniales, y que además, exhibe severos déficit en su proceso lógico de razonamiento interno, dado que no respeta el principio de no contradicción cuando, sobre una misma declaración testimonial, sostiene que no tiene valor pero luego le adjudica valor para descalificar a una nueva declaración testimonial invocando contradicciones con la anterior.
Facultades de la alzada, voto de los jueces, voto de adhesión
Materia: PROCESAL
Carátula: B.Z., J.A. y Otros c/ E.P.F.S. SA s/ Demanda Laboral -Haberes e Indemnizaciones de Ley-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-30

El artículo 271 CPCCCh otorga la facultad de no emitir el voto ya que basta para adoptar decisión "los votos en sentido coincidente de quienes se expiden en primero y segundo término", y avocarse al estudio de los agravios tomando decisión no modificará el resultado del fallo.
Competencia federal, competencia criminal, secuestro de personas, amenazas, secuestro extorsivo, tenencia ilegítima de armas, incitación a la violencia colectiva, agrupación para la coerción ideológica
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Botta, Jacinto Enrique Simón y otros s/ privación ilegítima de la libertad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Si bien las causas en las que se investiga la comisión de alguno de los delitos previstos y reprimidos en el art. 3°, inc. 5°, de la ley 48 - según leyes 20.661 y 23.817 - deben tramitar ante la justicia federal, la competencia ordinaria surge en aquellos casos en que lo actuado revela inequívoca y fehacientemente que los hechos tienen estricta motivación particular y que no existe posibilidad de que resulte afectada directa o indirectamente la seguridad del Estado Nacional o de alguna de sus instituciones.
Mediación, suspensión de la prescripción, juicios contra el Estado, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: JUÁREZ,  Susana  María c/ DOÑA  SANTA  SA  y  otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-22

1- La suspensión del plazo de prescripción determinada por la ley de mediación y conciliación debe alcanzar con sus efectos a todos los demandados, lo cual incluye a los órganos estatales demandados. De lo contrario debería iniciar dos acciones idénticas desdoblando el procedimiento, porque la ley impone la mediación prejudicial obligatoria. Es que no obstante que el art. 2° de la ley de mediación, exima del trámite de la mediación cuando el demandado es el Estado Nacional y las entidades descentralizadas, y en modo alguno ello puede erguirse en argumento bastante para extender por dicha causa la previsión del art. 3981 del Código Civil. 2- La Ley de mediación, impide temporalmente el ejercicio de la acción, y por tanto, tratándose de una acción única que abarca la prestación íntegra, el mantenimiento de su vigencia o la afectación hasta la caducidad, no puede sino beneficiar o perjudicar en su totalidad a los involucrados sin posibilidad de hacerlo en forma parcial.
Competencia por conexidad, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL
Carátula: COSTAS,  Dante  Omar y otros c/ FORNASARI, Norberto Luis s/ DAÑOSY PERJUICIOS s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

No existe conexidad entre un proceso donde se habrán de dilucidar los daños y perjuicios que habría ocasionado un letrado al iniciar el trámite de mediación correspondiente a un expediente por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, en el cual habría denunciado erróneamente los hechos y los perjuicios ocasionados, y las mencionadas actuaciones en que se persigue el cobro de daños y perjuicios contra quienes serían responsables del accidente acaecido. Ello en virtud que no puede haber contradicción entre ambos pronunciamientos y, tampoco, se verifica identidad de partes, objeto y causa.
Honorarios, actualización monetaria, pago, aceptación sin reserva
Materia: CIVIL
Carátula: FELMAN DAVID c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

Si bien el art. 61 de la ley 21.839 contempla los alcances del crédito por honorarios en caso de mora del deudor, no puede prescindirse para determinar los de su pago de lo dispuesto por el art. 624 del Código Civil. De tal manera, si se recibe el capital sin reservas o protestas, la extinción de la obligación es incontestable para el futuro, toda vez que en ese acto el acreedor consintió con carácter definitivo la liberación del deudor, que representa un derecho adquirido que impide la renovación de cuestiones relacionadas con los alcances de tal extinción.
Mandato, mandato oculto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sperperato de Hacher, Leticia Benedicta Delia y otros. c/ Aime, Oscar Raúl. s/ Reivindicación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Actuar por cuenta ajena o en intereses ajeno significa actuar para satisfacer fines o intereses de otro, aunque la actuación se realce en nombre propio. Puede haber actuación en nombre propio y en interés ajeno, como ocurre en el caso del comisionista, que contrata dando su propio nombre y sin indicar el de su comitente; pero las consecuencias jurídicas del contrato que realice recaerán luego sobre este último. Este caso tiene su equivalente en el ámbito civil en el "mandato oculto" del art. 1929 del Código Civil, que algunos también han llamado comisión civil.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, superintendencia, actos jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia s/ reglamento. Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia s/ reglamento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05|1995-04-05

La jurisdicción de Superintendencia de la Corte Suprema no es, como principio, vía hábil para la revisión de actos jurisdiccionales, en cuanto a su acierto y validez, y los pronunciamientos de índole jurisdiccional sólo pueden resolverse en la causa concreta en que la cuestión se debate.
Cuestión abstracta, recurso por retardo de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Yagüe, Clara Esther y otros s/ queja por privación denegación o retardo de justicia en Yagüe, Clara Esther contra GCBA sobre amparo por mora c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-29

Corresponde declarar abstracta la queja por retardo de justicia promovida ante este Tribunal, si el denunciante realizó una presentación informando que se había dictado la resolución requerida. Ello así, la queja por retardo de justicia ha quedado sin objeto. (cfr. este Estrado in re:"Bucheli Escobar, Carlos Alberto s/ queja por retardo, privación o denegación de justicia en: GCBA c/ Arias Tomasa y otros s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)", expte. n° 13777/16, sentencia del 9/11/2016 y sus citas; "Kingston, Patricio s/ queja por retardo, privación o denegación de justicia en: GCBA c/ Laurenzana, Aldo Francisco s/ Ej. fisc. - ABL", expte n° 15733/2018, sentencia del 5/11/2018, entre otros). (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Daño resarcible, daño material, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: C., G.F. c/ C., R.O. y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-22

Sostengo al igual que lo hace parte de la jurisprudencia que el daño psicológico no constituye una categoría autónoma, ya que el Código Civil sólo alude al daño patrimonial (comprensivo del perjuicio efectivamente sufrido y de la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito, artículo 1096).
Recursos, elevación en consulta
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C., R. s/ Declaración de Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-09-09

El marco de conocimiento de la consulta, autoriza la revisión del decisorio en toda su dimensión. En la consulta, el Tribunal de Alzada no se encuentra limitado para fallar por el marco fijado por los artículos 271 y 277 del CPCC, que restringen su actuación a lo que ha sido materia de agravios y a las capítulos propuestos a la decisión del Juez de Primera Instancia. Por el contrario, la consulta provoca la intervención obligada del Tribunal de Segunda Instancia sin limitación alguna en la revisión del debido cumplimiento de las formas del proceso y del fondo del asunto, lo que permite decretar nulidades revocar la sentencia.
Participación criminal, coautoría, dominio del hecho
Materia: PENAL
Carátula: Zaccaría, Juan Antonio y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-20

La coautoría no requiere la comisión de todas las acciones típicamente consumativas, pues resulta suficiente a tal fin haber tomado parte en la ejecución del hecho, lo cual puede darse de las más diversas maneras según las particulares circunstancias de cada caso, y tener el codominio del hecho.
Contrato de trabajo, indemnización, indemnización por despido, jubilaciones, reingreso a la actividad remunerada, interpretación de la ley, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Barros Ramón Héctor c/ Cía. Azucarera Concepción S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-07-31

La limitación al cómputo de la antigüedad del trabajador jubilado que continúa prestando servicios, establecida en el art. 253 de la Ley de Contrato de Trabajo, resulta aplicable tanto en el caso de cese efectivo y reingreso, como cuando no existe solución de continuidad entre el inicio del goce del beneficio jubilatorio y la reanudación de las tareas a las órdenes del mismo empleador (del voto del Dr. Gaona).
Emergencia económica, hipoteca, moneda extranjera, opción, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DOMINGUEZ, HORACIO DANIEL EN J° 29.407 DOMINGUEZ HORACIO (EXPTE. N° 87.659 ) c/ BANCO HIPOTECARIO s/ ACCIÓN DE AMPARO S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-12-26

Es constitucional el art. 6 de la ley 25.798, en cuanto establece un régimen diferente a los créditos hipotecarios pactados en moneda extranjera, según sea el acreedor una entidad financiera o un acreedor no financiero, estableciendo que la opción la puede hacer sólo la entidad financiera, si es la acreedora o el deudor y el acreedor si éste es un particular.

Estas opciones, no conculcan el principio de razonabilidad, ni generan desigualdades, ya que el art. 16 de la Constitución Nacional no impide que la legislación contemple diferentes situaciones, siempre que no implique una discriminación arbitraria.