Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-28


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100898 SALA II Expediente Nro.:22889/09 (Juzg. Nº60 ) AUTOS: "OVIEDO CRISTINA DEL VALLE C/ CLUB ATLETICO RIVER PLATE ASOCIACION CIVIL S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	28/8/12	, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia rechazó las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte actora, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios (fs. 335/341). A su vez, el perito contador, cuestionó la regulación de honorarios efectuada en su favor, por baja (fs. 332); y, la representación letrada de la parte actora y de la parte demandada -por su propio derecho-, criticaron la regulación de honorarios efectuada en su favor, por reducida (fs. 335 y fs. 334) Al fundamentar el recurso, la parte actora se agravia porque la a quo consideró que no estaba demostrada la relación laboral invocada en el inicio. Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicita que se revoque la sentencia recurrida, con costas. Se agravia la accionante porque la Sra. Magistrada de grado consideró que no estaba demostrada la relación laboral invocada en la demanda. Critica los fundamentos del fallo y el modo en que fuera valorada la prueba producida en la causa y sostiene que existen pruebas que evidencian que entre las partes existió claramente de un contrato de trabajo.

Los términos en que fueran expresados los agravios imponen memorar que la actora manifestó en el escrito de demanda que ingresó a trabajar para el club demandado el día 2 de junio de 2003, como vendedora de gorros, banderas, vinchas, llaveros, remeras y todo tipo de souvenirs oficiales representativos de la institución, en todos los partidos de fútbol en la que la entidad deportiva tenía condición de local. Sostuvo que el lugar de trabajo siempre fue dentro del estadio de fútbol conocido como "Estadio Monumental" y que los días de trabajo podían variar en función de los días en los que el equipo profesional mantuviera un encuentro futbolístico. Indicó que lo propio ocurría con el horario de trabajo que también variaba según el día y comienzo del partido y que debía concurrir siempre con una anticipación de cuatro horas antes del inicio del juego.

Destacó que, tanto al ingreso como al egreso, era revisada por el personal de seguridad del club quien además registraba su ingreso en una planilla de control interno y le colocaba una pulsera que la identificaba. Describió pormenorizadamente la modalidad de trabajo dentro del club y cómo era la entrega y devolución de la mercadería que se vendía y la que no podían vender y que, en el mismo acto de rendición de lo vendido, se le practicaba un descuento en concepto de comisión por venta que alcanzaba un 20% de todo lo recaudado. Indicó que, dicha comisión, implicaba para ella un ingreso mensual de $ 1.000.- por mes. Precisó que la relación laboral se mantuvo sin registrar, por lo que con fecha 12/3/09 intimó al club demandado para que registre el vínculo de trabajo de acuerdo a la real fecha de ingreso, remuneración y categoría laboral; pero, como en numerosos telegramas que luego se intercambiaron, la accionada negó permanentemente la relación invocada, no le quedó otro camino que considerarse despedida mediante c.d. del 16/4/09.

El club demandado contestó la acción a fs. 83/105 y negó la relación laboral invocada por la accionante. Destacó que, a su modo de ver y, para el caso de que Oviedo demostrase que trabajó en la venta de "elementos partidarios", la empresa Xsports S.A. es la responsable directa de las consecuencias derivadas de esta causa.

De acuerdo a los términos en que quedara trabada la litis, y teniendo en cuenta la expresa negativa de la demandada, a cargo de la parte actora se encontraba acreditar la existencia del contrato de trabajo invocado en el inicio (cfr. art. 377 CPCCN); y, a la luz de la prueba producida, estimo que lo ha logrado.

La testigo Caballero (fs. 179) dijo que conoce a la actora porque trabajaron juntas en la cancha de fútbol del club demandado. Indicó que comenzó a trabajar allí en el año 2001 y que la accionante lo hizo "un tiempo después". Explicó que la actora realizaba las tareas los días que había partido o aquellos en los que había eventos que realizaba la demandada. Señaló que debían presentarse 4 horas antes del partido o del evento que hubiera, para vender banderas o indumentaria. Precisó que si era un partido de River, les daban "cosas de River"; y, si era un evento, por ejemplo un recital, les daban larga vistas u otras cosas para vender. Señaló que eran los encargados de River los que les daban las cosas para vender y que esto lo sabe porque tenían ropa identificatoria que los identificaba como del club. Indicó que la venta de esos productos se realizaba dentro del estadio y que los encargados les indicaban en dónde y a qué precio tenían que vender la mercadería. Manifestó que a todas a las personas que vendían en la cancha se les daba una tarjeta identificatoria, como una tarjeta de entrada, que decía River Plate y del otro lado "vendedor autorizado". Indicó desconocer cuánto ganaba la actora pero aclaró que el porcentaje que percibía podía depender de lo que vendía y que variaba entre el 10% o el 20% pudiendo llegar a la suma de $ 900.- o $ 1000.-. Agregó que esta suma de dinero se les pagaba en el mismo depósito en el que dejaba la mercadería dentro del estadio. Añadió que se comunicaban con los encargados a un teléfono del club demandado.

El testigo Sánchez (fs. 183) dijo conocer a la actora porque trabajaron juntos como vendedores en el club demandado. Precisó que ambos vendían productos oficiales del Club River Plate, como por ejemplo, camisetas, banderas y gorros. Indicó que ingresó a trabajar en noviembre del año 2002 y que la actora lo hizo al año siguiente, más o menos a mitad de año. Señaló que trabajaban los días en que había partido y River jugaba de local y que tenían que presentarse 4 horas antes en "la vigilancia" del estadio. Agregó que, si estaban registrados en las planillas, podían ingresar y que era un empleado del club el que les daba la mercadería que debían vender. Indicó que esto lo sabía porque así se presentaban los encargados y porque, además, tenían una identificación del club demandado. Agregó que los productos que debían vender les eran entregados en el depósito del club y que podían obtener entre un 10% o un 20% de las ventas que realizaban y que alcanzaba entre $ 900.- y $ 1000.- mensuales. Dijo que el lugar de venta y el precio los fijaba el encargado y que, una vez que culminaba el evento, debían devolver la mercadería en el depósito y se contaba la que habían vendido. Agregó que, en caso de que no pudieran concurrir, debían avisar por teléfono al club. Aclaró que los vendedores estaban en todos los partidos y eventos que organizaba River y que, por ejemplo, si era un recital de Madonna , les daban la mercadería acorde a ese espectáculo y que lo mismo ocurría cuando jugaba Argentina.

El testigo Mamay Rodríguez (fs. 260) dijo que era vendedor en el club demandado al igual que la actora. Señaló que comenzó a trabajar en el año 2003 pero que no sabía exactamente cuándo lo había hecho la actora. Indicó que vendían gorros, vinchas, camisetas y que en el estadio les asignaban a cada uno el lugar de venta. Relató que tenían que estar 4 horas antes de cada partido, que ingresaban por seguridad y que adentro eran convocados por los encargados -que trabajaban para la accionada- quienes les daban la mercadería y determinaban el precio de su venta. Precisó que percibían un porcentaje de las ventas que hacían y que podìa oscilar entre $ 900.-, $ 1000.- o $ 1.200.- de acuerdo a lo que se vendía y que se les pagaba sin recibo. Explicó que, cuando terminaban el evento, tenían que ir a rendir cuentas de lo que habían vendido y entregar la mercadería sobrante y el dinero. Señaló que, en caso de inasistencia, debían llamar por teléfono al club demandado.

El testigo Valenzuela (fs. 265) dijo que trabajó vendiendo productos junto con la actora en la cancha del club demandado. Señaló que ingresó en el año 1997 y que la actora lo habrá hecho en el año 2003. Precisó que vendían gorros, vinchas, remeras, todo de River Plate y que esta mercadería se las daba un encargado -quien especificaba los precios- dentro de un depósito que había en el estadio. Manifestó que ingresaban a la cancha por el sector de seguridad y que había una lista con todos los vendedores, que los revisaban y les daban "un ingreso" para ir al depósito a buscar la mercadería. Señaló que cobraban "a porcentaje" y que el salario de la actora podía alcanzar los $ 1.200.- Agregó que, cuando había recitales, también vendían productos relacionados con el artista que estaba presente en el evento y que la mercadería era repartida por los mismos encargados que les daban los productos en los partidos de fútbol. Indicó que se repetía el mismo procedimiento y que tenían que hacer algún reclamo debían dirigirse a los encargados.

De las concordantes declaraciones de los testigos antes mencionados se desprende claramente que la actora realizó tareas de vendedora de productos representativos de la institución en los partidos en el que el club fuera local y también de otro tipo de souvenirs en los eventos artísticos o deportivos que también se organizaban dentro del establecimiento de la demandada.

Valorados los testimonios reseñados a la luz de las reglas de la sana crítica (cfr. art. 90 LO y 386 CPCCN) acreditan que la actora era vendedora de productos del club River Plate dentro del estadio; que debía estar cuatro horas antes de cada partido o evento que organizara la accionada y que debía ingresar a través de la "vigilancia" de la entidad, en donde había una lista con los vendedores del club y aprobaban su ingreso. También fueron coincidentes en declarar que, cuando ingresaban al estadio, debían concurrir al depósito ubicado dentro del club, en el cual estaban los encargados del club accionado pues tenían credenciales que así los identificaban y que eran ellos quienes les daban la mercadería que debían vender y les fijaban sus precios. Señalaron también los productos que se vendían en otros eventos que se efectuaban dentro del club (recitales) también se los daban los mismos encargados que les daban la mercadería para los partidos. Asimismo, precisaron que, cuando finalizaba el evento o el partido, debían concurrir al depósito a rendir cuenta de lo que habían vendido, devolver los productos que quedaron sin vender y el dinero y que recibían un porcentaje de venta que podía variar de acuerdo a lo vendido. También fueron coincidentes en que la actora podía percibir en forma mensual entre $ 900.- o $ 1.200.- y que esto podía variar de acuerdo a las ventas. Señalaron también que, si se ausentaban, debían dar aviso al teléfono del club.

En consecuencia, no cabe duda que la actora prestó servicios dentro del marco de la actividad institucional desplegada por Club Atlético River Plate y en el ámbito de su establecimiento. Esta última circunstancia, aún para la posición doctrinaria más restrictiva respecto del alcance que corresponde otorgar a la presunción del art. 23 LCT, implica la prueba directa de la subordinación de tal prestación pues, en definitiva, se llevó a cabo en un ámbito sujeto a un poder jurídico de organización y de dirección ajeno (Cfr. Justo López, "La presunción del contrato de trabajo, Art. 23 LCT", en L.T. XXIX, pág. 481).

De los elementos de juicio antes reseñados se desprende inequívocamente que la prestación de la actora constituyó uno de los medios personales que el club demandado organiza y dirige para llevar a cabo su actividad institucional (arg.art.5 LCT). Por otra parte, observo que el accionado no ha acreditado que los productos o souvernirs que vendía la accionante, ya sea en los partidos o en los recitales, hayan sido provistos por terceros ajenos al club. Tampoco se demostró que los souvenirs correspondientes a eventos no riverplatenses (por ejemplo, recitales, selección argentina, etc.) fueran provistos por terceros ajenos al club o a la licenciataria que este invoca (X Sport S.A.) Aún en el caso de que XSport S.A. haya sido licenciataria y/o concesionaria de los logos y marcas de los productos que se vendían dentro del estadio, lo cierto es que, más allá del vínculo que X Sport S.A. pudo haber mantenido con la actora, es evidente que, sólo habría intermediado para llevarla a trabajar al establecimiento perteneciente al club, con sujeción a las facultades de organización y dirección de la entidad deportiva, por lo que, de todos modos, se verifica el 1er. párrafo del art. 29 de la LCT ya que el Club Atlético River Plate se comportó como usuario de los servicios de Oviedo a través de X Sport S.A.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, además de usuario de los servicios, el club accionado, en el plano económico, fue también "beneficiario" directo de la actividad desplegada por Oviedo en su establecimiento. En efecto, del contrato de licencia que adjunta la propia entidad demandada (ver fs. 52/63) se desprende que " la licenciante otorga a el licenciatario en los términos del presente contrato y por todo el plazo del mismo, una licencia para usar las marcas pertenecientes al club, el cual es parte integrante de este contrato, con el único fin de proceder a la comercialización y venta de productos de merchandising del El Club bajo licencia del El licenciante" (cláusula primera); " el licenciatario se compromete a realizar la explotación comercial de los productos de merchandising únicamente a través de dos locales exclusivos de venta los que serán instalados en el estado de El Club (en adelante los locales), la ubicación de uno de ellos será en la calle interna del Estadio Monumental debajo de la escalera de acceso a la Tribuna General San Martín..mientras que la ubicación del segundo local será con frente a la Av. Figueroa Alcorta." (cláusula segunda). "Toda publicidad de los locales y de la venta de los produtos de merchandising que efectúe el licenciatario deberá ser previamente aprobada por escrito por el licenciante. Asimismo el licenciatario sólo podrá utilizar marcas licenciadas en publicidad si cuenta con la previa aprobación efectuada en forma escrita por el licenciante y en todos los casos deberá respetar la precisión en la reproducción del color, diseño y apariencia de las marcas y le estará prohibido adicionarle a las ... adornos de ningún tipo" (cláusula sexta). "Como contraprestación por los derechos cedidos por el licenciante a el licenciatario, el licenciatario abonará al licenciante una regalía del 15% calculada sobre la facturación neta que se realice por la comercialización de los productos de merchandising e indumentaria oficial del club. Por la venta de otros productos el licenciatario abonará una regalía del 10% calculada sobre la facturación neta." (cláusula séptima, el destacado me pertenece). "El personal actual o futuro del que disponga el licenciatario en el desarrollo de su actividad se desempeñará por su cuenta y orden, siendo a su exclusivo cargo responder por el estricto cumplimiento de las cargas sociales, sueldos, bonificaciones, seguros y contribuciones que correspondan." (cláusula décima tercera). "El licenciante no posee ningún tipo de obligación y/o responsabilidad respecto de cualquier persona que se haya desempeñado o alegare haberse desempeñado como vendedor y/o distribuidor de productos de merchandising del Club River Plate en cualquiera de los lugares cedidos al licenciatario".

Como puede observarse, el contrato de licencia antes descripto, evidencia inequívocamente que la asociación civil demandada era "beneficiaria directa" de los servicios de la accionante pues participaba de los porcentajes de facturación neta de X Sports S.A.. Asimismo, quedó demostrada la injerencia directa y decisiva que tenía el club demandado en la política de comercialización de los productos que se vendían, en la medida que determinaba el lugar de venta de aquéllos y el modo en que debía efectuarse la publicidad. Obsérvese, además, que la entidad demandada participaba del 15% calculado del importe de la facturación que se realizara por la comercialización de los productos de merchandising e indumentaria oficial del club y, a su vez, participaba de un 10% calculada sobre la facturación neta de "otros productos", lo cual indica claramente que, por los productos vendidos en los recitales u otros eventos deportivos no riverplatenses, también se beneficiaba en forma directa. En igual sentido, se expidió esta Sala en una causa de aristas similares (Cfr. "Gómez Alberto D. c/Club Atlético River Plate Asociación Civil y otros s/ despido"; S.D. Nº 94.278, del 14/6/06). No empece la conclusión que se viene sustentando las cláusulas de responsabilidad estatutaria que destaca la magistrada de grado anterior ( ver fs. 330 vta.) pues, está claro que, se trata de previsiones que resultan inoponibles al trabajador frente a las normas imperativas que regulan el contrato de trabajo (Cfr. art. 12,, 13 y 14 de la LCT).

Por otra parte, observo que la accionada no ha acreditado que Oviedo contara con una auto-organización económica que permita calificarla como una empresaria de los servicios que prestó en su favor por lo que, a mi entender, no cabe sino concluir que tal prestación tuvo por causa la existencia de un contrato de trabajo (conf.arts. 21, 23, 25 y 26 LCT).

No modifica la conclusión arribada la invocación de la jurisprudencia de esta Sala citada en la contestación de agravios (ver fs. 381 vta.) pues en dichos actuados se analizó la venta de bebidas y comidas y la posible responsabilidad solidaria pretendida por el trabajador de conformidad con lo establecido en el art. 30 LCT, circunstancias éstas que -claramente- no coinciden con las ventiladas en esta causa, en la que Club River Plate Asociación Civil, fue demandado como empleador directo de servicios dirigidos a la comercialización de productos cuyas marcas y/o patentes pertenecen a la propia entidad deportiva.

El demandado no ha exhibido haber llevado debido registro de la relación habida (ver fs. 245 pto. 2); y ello genera la presunción del art. 55 de la LCT en favor de la fecha de ingreso denunciada en el escrito inicial. Uniendo el efecto de dicha presunción a la evidencia que surge de los testimonios de Sánchez y Valenzuela (fs. 179 y fs. 265), debe tenerse por suficientemente acreditado que la relación comenzó en la fecha invocada en la demanda, es decir, el 2 de junio de 2003.

No está acreditado el monto al que ascendió la remuneración devengada por la accionante por lo que haré uso de las facultades que me acuerdan los arts. 56 L.O. y 56 y 114 de la LCT. En orden a ello, observo que el valor remuneratorio mensual denunciado en el inicio ($ 1.000.- por mes), corroborado, asimismo, a través de las declaraciones concordantes de Sánchez, Caballero, Mamay Rodríguez y Valenzuela (fs. 179, 183, 260 y 265, respectivamente), cuenta con la presunción favorable que emerge del art. 55 de la LCT (ver fs. 245 pto. 2) y resulta razonablemente adecuado a la índole y extensión de los servicios prestados por lo que, en ejercicio de las facultades indicadas, lo he de aceptar a los fines de este decisorio. Del intercambio telegráfico transcripto en el escrito inicial se desprende que, mediante carta documento del 12/3/09 (ver fs. 33) la actora intimó para que se registre la relación laboral de acuerdo a su real fecha de ingreso y remuneración y reclamó el cumplimiento de diversas obligaciones de índole laboral y previsional. El club demandado respondió mediante carta documento del 25/3/09 (ver fs. 33vta./34) negando la existencia del vínculo laboral. La actora rechazó la misiva enviada por la asociación demandada y reiteró los términos de su intimación mediante c.d. del 30/3/09 (ver fs. 34 vta./35); pero el club demandado mediante c.d. del 14/4/09 (ver fs. 35) ratificó todos y cada uno de los términos de su contestación anterior. Ello, a mi juicio, evidencia claramente que la entidad empleadora no sólo se sustrajo injustificadamente a sus deberes esenciales (arts. 62, 63, 78 LCT y art. 7 y ss. de la ley 24.013) sino que, además, no tenía la más mínima intención de cesar en esos graves incumplimientos. En tales condiciones, creo indudable que existía una injuria patronal que no admitía el mantenimiento del vínculo (art. 242 LCT), por lo que concluyo que la decisión resolutoria adoptada por Oviedo el 16/4/09 (ver fs. 35/vta. y fs. 75/76) se basa en causa legítima; y, en esa inteligencia, cabe admitir su derecho a las indemnizaciones que pretende con fundamento en los arts. 232, 233 y 245 LCT.

La entidad demandada no acreditó haber abonado a la actora los salarios del mes de enero y febrero de 2009; la incidencia del SAC sobre dichos haberes; tampoco el SAC 2007 y 2008, ni las vacaciones 2008, mediante la exhibición del correspondiente recibo (cfr. art. 138 LCT), o de otros elementos eficaces a tal fin (cfr. art. 125 LCT). En consecuencia, de conformidad con los establecido por los arts. 103, 121, 123, 156 LCT, estimo que corresponde viabilizar la pretensión por tales conceptos.

A su vez, considero que el reclamo efectuado con fundamento en los arts. 8 y 15 de la LNE debe tener favorable acogida. En efecto, es indudable que Oviedo cumplimentó con las exigencias del art. 11 de la Ley 24.013, porque el 12-3-09 (ver fs.33, adjuntada también por el demandado a fs. 70) intimó fehacientemente al club demandado para que registre la relación laboral de acuerdo a su real fecha de ingreso y remuneración y remitió la respectiva comunicación a la AFIP (ver fs. 33 vta. y oficio a Correo de fs. 160/161). Transcurrido el plazo previsto en dicha norma y en el art. 3ro. del Dec. 2725/91, sin que la entidad demandada se aviniera a regularizar la anómala situación que implicaba no tener registrada la relación que mantenía con la accionante, es evidente que resulta procedente la indemnización establecida en el art. 8 de la LNE. Por otra parte, el despido indirecto se produjo -entre otras razones- con motivo de la falta de regularización reclamada; y, desde esa perspectiva, también resulta procedente la duplicación contemplada en el art. 15 de la LNE.

Asimismo, observo que la actora por medio de la c.d. del 16/4/09 (adjuntada también por la entidad accionada a fs. 75/76), intimó fehacientemente al club demandado para que le abone las indemnizaciones correspondientes al despido incausado. Ahora bien, el club demandado no acreditó haberle abonado las indemnizaciones que por derecho le correspondían y, es evidente, que colocó a la accionante en situación de tener que promover eta acción para procurar el cobro de las indemnizaciones que le adeudaba; y, como no se han esgrimido causas que justifiquen la conducta omisiva de la asociación civil demandada, resulta procedente el incremento indemnizatorio reclamado con base en el art. 2º de la ley 25.323.

Por otra parte, Oviedo cumplió con los recaudos previstos en el art. 3 del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345 -ésta última norma modificatoria del art. 80 de la LCT- porque, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato acaecida el 16/4/09, el 21/5/09 intimó en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT, conforme la modificación que introdujo esta norma el art. 45 de la ley 25.345 (ver fs. 36, rec. a fs. 79), por lo que ante el requerimiento de la actora en forma concreta del cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT, (conf. art. 45 de la ley 25.345), sin que la entidad requerida se aviniera a cumplir con la obligación a su cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores, corresponde hacer lugar a la sanción que prevé el art. 80 L.C.T. , modificado por el art.45 de la ley 25.345.

En cambio, no encuentro procedente el reclamo basado en el art. 132 bis de la LCT introducido por el art. 43 de la ley 25.345 porque entiendo que no se han acreditado los presupuestos de hecho contemplados en esa norma. En efecto, en primer lugar cabe señalar que no puede perderse de vista que la disposición en análisis, en la medida que establece sanciones de carácter penal, debe interpretarse con carácter restrictivo y sólo puede considerarse procedente el reclamo de su aplicación en los casos en que se demuestre cabalmente la configuración de la conducta tipificada como ilícita (CNAT, Sala X, 30/04/02, S.D. 10.598, autos "Novik, Esther c/ Heredia, Justina s/ despido").

Por otra parte, de los hechos expuestos en la demanda y de la prueba producida en esta causa, no surge evidenciado que la entidad empleadora haya omitido ingresar a los organismos de seguridad social ni a otras entidades, importes que haya retenido de la remuneración de la trabajadora en concepto de aportes (conf.CNAT, Sala VII, 16-5-03, S.D.Nº 36.702, "Fernández, Manuel A. c/ Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas"). Por el contrario, es obvio que, si la relación estuvo sin registrar, no es lógico ni verosímil que se hubieran efectuado retenciones.

Además, de los términos expresados en el escrito inicial no se desprende que se hayan cubierto las exigencias del art. 1 del Dec. 146/01. En efecto, la citada disposición reglamentaria establece que, para que sea procedente la sanción que contempla el art. 132 bis, el trabajador, "previamente", debe intimar al empleador para que "dentro del plazo de treinta días corridos" a partir de la recepción de la intimación, proceda a ingresar los importes adeudados. De la exposición de motivos del decreto se desprende, además, que la sanción prevista en la norma reglamentada sólo se devengará a partir del vencimiento del plazo conferido en la intimación. En el caso de autos, la intimación no se concretó por el plazo previsto en la norma sino por uno mucho menor (por cinco días, ver fs. 36), por lo que dicha riquisitoria carece de virtualidad en los términos del citado art. 1 del decreto 146/01.

Por ello, corresponde no hacer lugar al rubro reclamado (cfr. art. 499 del Código Civil) De acuerdo con lo que llevo dicho, entiendo que se adeudan a la accionante las siguientes sumas y conceptos: $ 2.166,66.- en concepto de indemnización sustitutiva del preaviso, computada la incidencia del SAC (art.232 LCT); $ 505,55.- en concepto de integración del mes de despido, computada la incidencia del SAC (art.233 LCT); $ 6.000.- en concepto de indemnización por antigüedad (art.245 LCT); $ 4.336,10.- en concepto de incremento art.2, ley 25.323; $ 17.250.- en concepto de indemnización art.8 de la LNE; $ 8.672,21.- en concepto de duplicación prevista en el art.15 de la LNE; $ 3.000.- en concepto de indemnización art.80 LCT; $ 466,66.- en concepto de haberes devengados en abril 2009 (hasta el día de ruptura); $ 2.166,66.- en concepto de salarios adeudados del mes de enero y febrero 2009 computada la incidencia del SAC -como fuera reclamado en el inicio-; $ 1.000.- en concepto de SAC 2007; $ 1.000.- en concepto de SAC 2008; $ 910.- en concepto de vacaciones proporcionales/2008, computada la incidencia del SAC. Todo ello, hace un total de $ 47.473,84.- que entiendo se debe diferir a condena con más los intereses que -en la oportunidad prevista en el art.132 L.O.- se calculen desde la exigibilidad de cada crédito y hasta su cancelación definitiva, a cuyo efecto se aplicará la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que difunda la Prosecretaría General de la Excma. Cámara del Fuero (conf.ley 23.928 modif.por ley 25.561, art.622 del Código Civil y CNAT Acta Nº2.357/02 modif.por Res.CNAT Nº 8/02). En consecuencia y por las razones antes expuestas, corresponde revocar la sentencia de grado, hacer lugar a la demanda y condenar a Club Atlético River Plate Asociación Civil a abonar a Cristina del Valle Oviedo, dentro del plazo de cinco días de notificada la liquidación que prevé el art. 132 de la LO, la suma de $ 47.473,84.-, con más los intereses dispuestos en el considerando que antecede.

Asimismo, se debe condenar a la entidad accionada a hacer entrega del certificado de trabajo previsto en el art. 80 LCT, dentro del plazo de 5 días de notificada de la liquidación prevista por el art. 132 de la LO., bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiere imponer la Sra. Juez de Primera Instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (cfr. arts. 37 CPCCN y 666 bis del Código Civil).

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación.

En orden a ello, y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art.68 del CPCCN, estimo que las costas de ambas instancias deben quedar a cargo de la parte demandada.

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que e dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6° y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la LO y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%; los de la representación y patrocinio letrado de la demandada en el 11%; y, los del perito contador en el 6%, porcentajes, éstos, que, en la oportunidad prevista en el art. 132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -con más intereses-.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 35% y 30% de lo que corresponde a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Revocar la sentencia de grado, hacer lugar a la demanda y condenar a Club Atlético River Plate Asociación Civil a abonar a la actora Oviedo Cristina del Valle, dentro del plazo de cinco días de notificados de la liquidación que prevé el art. 132 de la L.O., la suma de $ 47.473,84.-, con más los intereses dispuestos en el considerando respectivo. 2°) Condenar a la asociación demandada a hacer entrega del certificado de trabajo previsto por el art. 80 de la L.C.T., dentro del plazo de cinco días de notificada de la liquidación prevista por el art. 132 L.O., bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiera imponer la Sra. juez de primera instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (cfr. arts. 37 CPCCN y 666 bis del Código Civil). 3°) Imponer las costas de ambas instancias a la asociación demandada. 4°) Dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada por los trabajos realizados en la instancia anterior, y fijar los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la demandada y del perito contador, por dichas tareas en el 15%, 11% y 6% respectivamente; porcentajes, éstos, que, en la oportunidad prevista en el art. 132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -con más intereses-; 5°) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 35% y 30%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza	Miguel Ángel Pirolo	Juez de Cámara	Juez de Cámara