Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-27


En la ciudad de Trelew, a los 27 días de noviembre del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B. , J. A. c/ G. , A. y otro s/ sumario" (Expte. Nº 19.718 - año: 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Debe prosperarla apelación fundada a fs. 470/472?, TERCERA: ¿Se ajusta a derecho la decisión sobre costas y honorarios apelada a fs. 177 y fundada a fs. 484/485?, y CUARTA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 546. A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: I. Con el dictado de la sentencia definitiva de primera instancia (fs. 458/462 vta.) se decidió no hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta y al propio tiempo, rechazar la acción revocatoria intentada, con costas a la parte actora. II. El fallo es apelado: a) por la parte actora, quien sostiene su recurso a través de la pieza glosada a fs. 490/503, respondida por los codemandados a fs. 514/521 vta. y fs. 522/526 vta. b) por la representación letrada de los codemandados A. y A. G. , a tenor de la expresión de agravios de fs. 486/488 vta., respondida por la parte actora a fs. 506/509. Asimismo, a fs. 470/472 apelan sus honorarios las Dras. M. R. C. , M.V. B. N. y E. M. R. , fundando su recurso en la misma pieza. Por otra parte, a fs. 484/485 la representación letrada de los codemandados A. G. y P. A. funda el recurso concedido en trámite diferido a fs. 218; pieza respondida por la actora a fs. 505/vta..

III. Agravios de la parte actora: Esta apelante plantea, en síntesis, los siguientes motivos de agravio: 1) el fallo ha transgredido el principio de congruencia, apartándose de los límites de la pretensión propuesta y omitiendo resolver cuestiones esenciales; 2) se ha incurrido en arbitrariedad en la apreciación de la prueba; 3) se ha omitido considerar que el planteo involucra el fraude a una ley de orden público (la porción legítima de los herederos forzosos) y no al derecho creditorio de acreedores comunes o quirografarios; 4) ha mediado un error conceptual entre actos de gestión y actos de disposición; 5) en cuanto a los alcances y límites de la persona jurídica, la diferenciación entre esta última y la de sus socios se mantiene en tanto y en cuanto no exceda el marco de la normativa creada o se logren fines extraños a ella, sin que puedan legalizarse actos abusivos que burlen el derecho a participación en los bienes gananciales o afecten la porción hereditaria legítima; 6) ha mediado error en la subsunción jurídica de los hechos, pues no estamos ante una actio pro creditori sino ante una actio pro comunitate; 7) la debida citación a todos los otorgantes del acto de disposición que se predica en el fallo es vacua, transgrede lo prescripto en el art. 89 C.P.C.C. y el principio de preclusión. Efectúa finalmente una serie de conclusiones, hace reserva del caso federal y solicita la revocación del fallo a fin de hacer lugar a la demanda en todas sus partes, con costas. IV. Agravios de los codemandados A. y A. G. : Es motivo concreto de agravio por parte del recurrente el rechazo de la prescripción opuesta como defensa de fondo. Afirma que el sentenciante a quo no ha identificado bien frente a qué acción nos encontramos, para determinar así su encuadre a los efectos del plazo de prescripción computable. Afirma que se trata de una típica acción revocatoria del art. 1298 C.Civil, que la acción revocatoria promovida es de prescripción anual (art. 4033 C.Civil) y que, sea que se compute la fecha de fallecimiento de los cónyuges o la de toma de conocimiento del acto impugnado, en cualquier caso dicho término ha transcurrido con anterioridad a la promoción de la demanda. Solicita por tanto la revocación del fallo en tal sentido, a fin de que se haga lugar a la excepción de prescripción deducida, con costas V. La prescripción liberatoria opuesta: Un elemental principio metodológico conduce a abordar en primer término esta cuestión, en tanto lo que se decida a su respecto podría proyectar eventualmente un peso decisivo respecto de la suerte del litigio. A dicho propósito, como paso previo, resulta imprescindible calificar jurídicamente la pretensión entablada a fin de establecer, en consecuencia, cuál es a su respecto el plazo computable para la prescripción liberatoria. En este orden, conforme al principio iura novit curia (art. 163, inc. 6° C.P.C.C. - su doctrina) y con independencia de las citas legales invocadas por la parte actora, los hechos expuestos en la demanda y la petición formulada revelan con toda claridad que se trata de una acción destinada a declarar la nulidad de actos que afectarían la porción legítima de la heredera menor de edad L. G. . Nos hallamos, pues, sin duda alguna, en el marco de una pretensión destinada a tutelar la intangibilidad de la legítima hereditaria por un acto simulado e hipotéticamente fraudulento, subsumible en la norma del art. 3284, inc. 1° del Código Civil, y así ha tenido ya ocasión de expresarlo la Sala en estas mismas actuaciones (conf. S.I.C. 104/07 - del 06/07/07 - fs. 510/vta.). En este contexto, según el principio "actio non nata non proescribitur", la situación bajo examen está atrapada, para el caso bajo examen, por las disposiciones de los arts. 955 y ss., 3282, 3410, 3421, 3953 y conc. del Código Civil, por cuanto recién al abrirse la sucesión los herederos incorporarán a su patrimonio particular los derechos de ascendiente y su inacción, por tanto, ha de ser tenida en cuenta desde entonces para el cómputo de la prescripción. - A partir de esta comprobación, puede observarse que el hecho denunciado como violatorio de la porción hereditaria legítima de la menor aquí representada por su tutor legal consistiría en un acto simulado en fraude a sus derechos de enajenación de inmueble a una sociedad. Dicho supuesto es de aquellos contemplados en el art. 4030 C.Civil, de prescripción bienal, cuyo cómputo ha de hacerse a partir de la apertura del sucesorio de los causantes (arts. 3953, 3954, C.Civil - conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C o 29/12/1978 o Ignacia de Brito, Lucía c. Fernández, Miguel N. o LA LEY 1979-B, 63; id. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires o 22/04/1980 o Bobba de Larravide, Cecilia y otra c. Bobba, Aquiles y otro -Ac. 28.773 o id. CNCiv. en pleno, Ac. 31.760 - 10/9/82 - J.A. 1982-IV-443 o entre muchos otros). Por consiguiente, un simple cotejo de la fecha del óbito de los causantes (29/09/2002) permite comprobar que al momento de promoverse esta demanda (25/06/2004), el plazo bienal del art. 4030 C.Civil no había transcurrido, por lo que la defensa de prescripción ha sido ajustada a derecho y el fallo debe confirmarse en tal sentido, lo que así dejo votado. --- --- VI. La insuficiente integración de la litis: La pretensión actoral está enderezada a cuestionar la validez de un negocio jurídico que comprometió la actuación de los progenitores de la menor -aquí representada por su tutor legal- y de una sociedad comercial regularmente constituida, denominada "R. S.A.", la que posteriormente modificó su razón social para girar bajo el nombre de "L. E. S.A.", según surge del relato efectuado en la demanda y las constancias registrales allí citadas (fs. 13/17 vta.). -- Sin embargo, puede observarse que la litis se dirigió única y exclusivamente contra el coheredero A. G. y los menores coherederos G. y A. G. , en la persona de su madre y representante legal, C. P. A. , quien fuera la primera esposa del causante (conf. demanda, fs. 12). La demanda fue respondida por las partes codemandadas mediante las piezas glosadas a fs. 109/119 (contestación de G. G. ) y fs. 151/161 (contestación de A. G. y C. P. A. en representación de su hija menor A. ). De esta manera quedó trabajada la litis, sin que fuera debidamente citada y emplazada a estar en juicio la sociedad hoy denominada "L. E. S.A., supuestamente involucrada en el negocio jurídico fraudulento. Al dictar sentencia definitiva, el a quo, advirtiendo la señalada omisión, señaló que la litis no había sido debidamente integrada por considerar, en síntesis, que el art. 54 L.S. no permite identificar al socio con la sociedad, y en tales condiciones, la acción debía haberse entablado contra todos los otorgantes el acto de disposición atacado, incluyendo la sociedad ya mencionada (fallo, fs. 462). A mérito de todo ello, optó por el rechazo de la demanda entablada. Al cuestionar este aspecto, la parte actora apelante sostiene la vacuidad e improcedencia de la citación mencionada, por cuanto los únicos socios de dicha sociedad eran S. A. B. y A. M. G. (los padres de L. ). Agregan que en todo caso se trataría de un consorcio facultativo y no necesario, pues los efectos de la sentencia se limitarían a las relaciones patrimoniales entre los herederos declarados en el juicio sucesorio y la actora, que ve menguada su legítima, ello sin comprometer el patrimonio social de R. S.A. (hoy L. E. S.A.), por lo que dicha sentencia no produciría efectos contra la sociedad. Por último, afirma a mayor abundamiento que si la citación no fue efectuada por las partes ni de oficio en el término señalado por el art. 89 C.P.C.C., ha mediado preclusión procesal a su respecto. En primer lugar, estimo conveniente señalar que la calidad de únicos socios que la actora atribuye a los fallecidos G. y B. constituye una afirmación unilateral que no ha tenido ocasión de ser debidamente debatida en autos, precisamente por cuanto la sociedad comercial en cuestión no ha sido citada ni compareció a juicio a fin de poder ser oída acerca de dicho aspecto. A ello se agrega la seria y concreta probabilidad de que tal hecho resultaría controvertido, por cuanto la propia actora mentó en su demanda la existencia de otras actuaciones en las que una tercera persona se arroga el carácter de socia de la misma (autos "S., S. B. s/Pedido Asamblea Ordinaria" - Expte. 366 - Año 2003 - conf. demanda, fs. 14). Del expediente citado surge la invocación del carácter de socia por parte de la actora a tenor de elementos documentales acompañados a su demanda, como asimismo, de las anotaciones del libro "Depósito de Acciones-Registro de Asistencia-Asambleas Generales" (fs. 6) acompañado como prueba instrumental, que en este acto tengo ante mi vista. Esta circunstancia, de la cual la parte actora tenía manifiesto conocimiento al promover la demanda, además de indicar la necesidad ineludible de traer a juicio a la citada sociedad comercial como litisconsorte necesario a fin de esclarecer su participación como persona jurídica en el negocio atacado, pone en vilo la argumentación acerca de que la sociedad no vería afectados sus intereses, precisamente cuando, a tenor de la pretensión entablada, puede observarse que está en discusión la participación real de los socios dentro de la conformación del capital social. Dicha comprobación demuestra la clara subsunción del caso dentro de lo establecido en el art. 89 C.P.C.C., en tanto lo que aquí hubiere de decidirse sobre la cuestión de fondo planteada tendría efectos directos e inmediatos respecto de una persona jurídica que no tuvo oportunidad siquiera de ejercer su debido derecho a ser oída en juicio, al no haber sido citada a comparecer a este proceso. Las demandas que, como la presente, atacan un acto por simulación fraudulenta, implican un caso típico de litisconsorcio necesario que reclama la necesidad de convocar a todas las personas a quienes puedan alcanzar las consecuencias económicas y efectos jurídicos de la decisión judicial. Dicho litisconsorcio nace del interés procesal del actor y de la unidad lógica y jurídica del acto impugnado, que constituye una relación sustancial única e inescindible (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H o 31/10/1996 o P., A. c. P. de C. , C. y otros. o LA LEY 1998-A, 397 - DJ 1998-2, 27 - id. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E o 16/11/1979 o Pareja de P. , E. E. c. Pena, Juan R. y otro o LA LEY 1980-B, 23; id. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D o 07/10/2005 o Sutton, A. R. c. Díaz, Silvia N. y otro o DJ 15/02/2006, 396 - id. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I o 10/09/1998 o C. de B., M. c. P., J. o LLGran Cuyo 1998, 949 - LA LEY 2000-B, 830 - entre muchos otros). -- - Por otra parte, esta integración, sea a pedido de parte o aun de oficio, puede realizarse hasta antes de dictar la providencia de apertura a prueba (art. 89, Cód. Procesal ya citado). Y si bien es cierto que, luego de esa etapa, precluye la posibilidad de hacerlo en lo futuro -como bien lo expresa la misma actora apelante- no menos cierto es que, en caso de haberse omitido dicha citación, el juez, advertido de tal circunstancia al momento de dictar sentencia, debe absolver a las demandadas, por tratarse de un acción infundada, toda vez que en los casos de litisconsorcio necesario se está ante una acción única en la que la legitimación para obrar o para oponerse corresponde a varias personas (conf. Morello-Sosa-Berizonce - "Códigos Procesales...", t. II-B, pág. 354/355 y sus citas). -- En este orden, se ha sostenido que en los supuestos en que deben demandar o ser demandados todos los participantes en la creación del acto, si se ha omitido citar a juicio a alguno de los litisconsortes necesarios, corresponde el rechazo de la pretensión ejercida en la demanda (conf. CNCiv., sala "E", 19/6/79 - E.D. 84 -230). Mas este modo de decidir la cuestión no produce el efecto de cosa juzgada que impida reeditar en otro proceso la nueva acción con un litisconsorcio activo inicial debidamente integrado (art. 89 del Cód. Procesal). -- En el mismo sentido, también nuestro Superior Tribunal de Justicia provincial ha expresado que "la necesidad del litisconsorcio es de índole constitucional, ya que se trata de resguardar el derecho de defensa en juicio" ( conf. JUBA Chubut, sumario N° 01962 - conf. mi voto en Expte. 16513 - S.D.C. N° 32/2000 C.A.N.E.). A mérito de lo expresado, opino que corresponde absolver a la accionada, rechazándose la demanda por indebida integración de la litis, sin hacer mérito sobre el fondo de la cuestión (arts. 89 y 163, inc. 6°, C.P.C.C. - id. Morello y otros, "Códigos Procesales...", T. y páginas ya citadas, Ed. Platense, 1985). V. Lo expresado hasta aquí pone de manifiesto que no procederá pronunciarse sobre los restantes aspectos apelados, toda vez que -de compartirse la postura expresada- ellos se convierten en cuestiones abstractas, acerca de las cuales el Tribunal no debe expedirse. VI. Conclusiones: Como síntesis de las consideraciones precedentes, propiciaré, en base a los fundamentos vertidos precedentemente, la confirmación del fallo en lo que ha sido materia de agravios acerca del fondo del litigio, con costas de Alzada en el orden causado (art. 71, C.P.C.C.) fijándose las retribuciones de los letrados actuantes en esta sede como sigue: a) para los Dres. J. O. D. y R. G. W. , en conjunto, en el 3,85%; b) para el Dr. S. D. , en el 3,85%; c) para los Dres. R. D. y M. V. B. N. , en conjunto, en el 4,2%. IV) En todos los casos, deberá adicionarse a los honorarios regulados el I.V.A. correspondiente Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.

A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso: En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada y los agravios vertidos por los recurrentes realizara el Señor Magistrado ponente. Concuerda mi opinión, en sus lineamientos generales, con la del colega y para fundar mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), basta con formular las consideraciones siguientes. I.- En torno a la defensa de prescripción opuesta, arribo a conclusión similar a la que llegara el preopinante, bien que sobre la base de fundamentos diversos, los que, sin embargo, no resultan incompatibles con los brindados por él. - n	Desde el año 1968, en que la ley 17.711 reemplazara el primitivo texto del art. 1277 Cód. Civ. -que preveía especialmente la enajenación fraudulenta de bienes por el marido en perjuicio de la esposa-, se ha formado consenso doctrinario y jurisprudencial acerca de que la disposición el art. 1298 ídem comprende tanto la acción la pauliana relativa al específico fraude a los acreedores, cuanto la del fraude a la ley o genérico e incluso la de simulación cuando ésta fuera la forma empleada para defraudar (confr.: Fassi- Bossert, "Sociedad conyugal", Astrea 1978, II181 y sgts.; Zannoni, "Derecho de familia", 3era. ed., I-731 y sgts.; Borda, "Tratado...- Familia", 5ta. ed., I-304, n° 408; Belluscio y otros, "Código Civil...", Astrea 1986, VI-233, n° 7; Bueres - Highton, "Código Civil...", Hammurabi 1999, III-C-218; Méndez Costas, "Visión jurisprudencial de la sociedad conyugal", Rubinzal - Culzoni 1998, pág. 261; Santiso, "Fraude a la sociedad conyugal", en Ghersi y otros, "Nulidades de los actos jurídicos", Ed. Universidad 2005, págs. 347 y sgts.). - Las dos acciones de fraude entre cónyuges son perfectamente distinguibles una de otra. La una es la típica pauliana, a la que expresamente se refiere el art. 1298 Cód. Civ., que entra en la liza cuando un esposo es acreedor del otro, en razón de alimentos adeudados por el último o por motivo de recompensas o compensación que pudieren corresponder, etc. La restante es la que atañe a un cónyuge como partícipe en la comunidad de los gananciales, destinada a protegerlo contra los actos defraudatorios que frustren sus expectativas sobre bienes partibles que se encuentran en la masa de gestión del adquirente de ellos (confr.: autores y obras cits.; C.N. Civ., sala "A", L.L. 1979-B-93; ídem, sala "C", E.D. 62-148; íd., sala "D", E.D. 36-705; íd., sala "E", E..D. 86-754; Cám. Apel. C. y C. San Isidro, sala I, L.L.B.A. 2002-145). --- La supresión de la acción de fraude en el texto actual del art. 1277 cód. cit. no dejó sin sustento a la última indicada -la del fraude a la ley o genérico-, pues aun ante el silencio de la ley el fraude, que todo lo corrompe, no puede quedar impune así sea por aplicación del principio general del derecho que lo repudia y al que el art. 16 Cód. Civ. nos remite a falta de palabras expresas de las normas (confr.: Zannoni, opus cit., I-749, n° 583). - -	El Señor Juez antes sufragante interpreta que en autos ha sido atacado un acto simulado en fraude a la legítima de la actora y sobre esa base subsumió la cuestión de la prescripción en la normativa aplicable a la acción de simulación, de modo que computando el plazo bienal del art. 4030 Cód. Civ. desde la apertura de los sucesorios de los cónyuges halló que tal acción no se encontraba perjudicada al momento de instarse. De mi lado noto que, incluso si entendiéramos que la acción deducida no fue la de simulación sino la de fraude -pues no se impugnó una apariencia de negocio destinada a ocultar la violación de la ley, sino un acto real fraudulento (confr.: Ferrara, "La simulación en los negocios jurídicos", 3era. ed., R.D.P. 1953, pág. 105-, la conclusión sobre la no prescripción de ella permanecería incólume. --- Liminarmente hemos de descartar que en la especie haya sido incoada la acción pauliana, esto es la relativa al fraude en perjuicio de la cónyuge en su condición de acreedora del esposo. La lectura del escrito de demanda revela con claridad que la actora, en la calidad de sucesora de aquélla, se emplazó en la posición de la copartícipe de la sociedad conyugal, procurando en verdad defender el capital ganancial de ella -cuya mengua repercutía indirectamente en su legítima hereditaria- y no la posibilidad de cobro de un crédito quirografario, distinción esta esencial para identificar estas acciones (confr.: Fassi - Bossert, opus cit., II-184, n° 6). -- Pues bien, reconocida la acción deducida como la del fraude a la ley o genérico, ingreso ahora sí en el tópico del plazo aplicable a su prescripción propiamente dicho. He de discrepar aquí con la opinión de los dos doctrinarios que acabo de citar, quienes entendieron atrapado este supuesto por el lapso anual reglado en el art. 4033 Cód. Civ. en virtud de la remisión que a las normas de la acción pauliana hace su igual n° 1298 (ob. ind., II-200, n° 28). --- En mi concepto, la remisión del art. 1298 de nuestro ordenamiento civil a los preceptos que rigen el fraude a los acreedores está restringida a los típicos casos de fraude pauliano, es decir a los supuestos en que uno de los cónyuges acciona en su carácter de acreedor del otro. Por lo contrario, tratándose de la acción por el fraude a la ley, que acarrea la nulidad absoluta del acto fraudulento cuando está por medio una norma imperativa integrante del orden público, cual lo es la que rige el destino de los bienes gananciales de la sociedad conyugal (arts. 1044, 1045, 1047, 1058 bis, 1272, 1315 cód. cit.), resulta de aplicación el plazo decenal del art. 4023 párr. 2° cód. cit., pues no se halla previsto un lapso menor en tanto, vengo de expresarlo, el del art. 4033 íd. no le alcanza (confr.: Mosset Iturraspe, "Contratos simulados y fraudulentos", Rubinzal - Culzoni 2001, II-161 n° 2 y págs.166/167, n° 5). - Puesto que el tal plazo comienza su curso con la muerte de uno de los cónyuges -momento en que cesa la suspensión establecida en el art. 3969 Cód. Civ.- y en la especie ambos fallecieron el 29/9/02, también por esta vía de razonamiento paralela a la del colega preopinante arribo a que al día ser promovida la demandada (25/6/04) la acción no se hallaba prescripta. n	II.- No cabe en la especie reprochar al juzgador de origen la violación del principio de congruencia por no haber considerado cuestiones como la de la calidad ganancial o no de los bienes incorporados a R. S.A. -luego L. E. S.A.-, las pruebas que demostrarían esa condición -a criterio de la actora-, la pretensa violación a normas de orden público que ello habría importado, la diferencia entre actos de gestión y de disposición por el cónyuge, los límites a la distinción entre los socios y la personalidad jurídica de la sociedad cuando se abusa de ésta para burlar el derecho a la participación en los gananciales de un cónyuge y la legítima de sus herederos, así como el carácter de "pro comunitate" y no "pro creditorie" de la acción entablada aquí. El sentenciante del anterior grado concluyó que faltó en autos la integración de la litis con la indicada sociedad, la que revestía la calidad de litisconsorte pasiva necesaria. Es ese un supuesto de falta de legitimación (confr.: Areal y Fenochietto, "Manual...", La Ley 1970, II-178; Morello y otros, "Códigos Procesales...", 1era. ed., IV-315; Micheli, "Curso de derecho procesal civil", trad. Sentís Melendo, EJEA 1970, pág. 24) y ante tal falencia la jurisdicción debe abstenerse de emitir decisión sobre el mérito (confr.: Arazi, "La legitimación como elemento de la acción", en "La legitimación - Homenaje al Profesor Doctor Lino Enrique Palacio", Abeledo-Perrot 1996, pág. 24,n° III), no puede ingresar siquiera en la "pura sustancia del asunto" al decir de Fairén Guillén ( "Estudios de derecho procesal", Reus 1955, pág. 229). --- III.- Es deber insoslayable del juez examinar, antes de aplicar el derecho sustancial, si concurre el requisito de la legitimación de las partes de la pretensión procesal, en tanto ésta debe ser deducida por y frente a persona procesalmente legitimada. La falta de legitimación autoriza desde luego a oponer la defensa o excepción pertinente, pero el juzgador en el fallo definitivo debe declarar la inexistencia de ella cuando la advierte, aun en el caso que no la haya sido opuesta (este cuerpo, c. 18.524 S.D.C. 15/03, c. 19.073 S.D.C. 17/04, c. 19.678 S.D.C. 34/04, c. 21.435 S.D.C. 46/06). Es que la titularidad de la relación sustancial es indefectible requisito, de modo que su ausencia no precisa de denuncia expresa para ser declarada, porque "los presupuestos procesales no necesitan excepción y pueden hacerse valer de oficio por el juez" (Couture, "Fundamentos...", 3era. ed., 18va. reimpresión, pág. 112, n° 74; confr.: Chiovenda, "Instituciones...", trad. Gómez Orbaneja, Rev. De. Priv., Madrid 1936, to. I, págs. 82, 196 n· 39 y 281 n· 41; Morello y otros, opus cit., IV-B-221, "f"; Arazi, ob. ind., pág. 33, n° VI). - -	Y en esta especie faltó evidentemente legitimación pasiva, uno de cuyos supuestos es, lo he señalado antes, el de un litisconsorcio necesario no integrado. -- La pretensión deducida por la actora versa sobre la eficacia o no de un acto que fue llevado a cabo no sólo por el causante de los codemandados, sino también por R. S.A. (hoy L. E. S.A.). Se conforma así un litisconsorcio necesario en sentido propio, pues los sujetos pasivos se hallarían legitimados sustancialmente de forma inescindible, de manera que la sentencia de mérito habría de pronunciarse indefectiblemente frente a todos ellos (art. 89 C.P.C.C.; confr.: Podetti, "Tratado de las tercerías", 2da. ed., págs. 381/382, nº 71). Puesta en tela de juicio una relación jurídica común e indivisible para una pluralidad de sujetos, su modificación o extinción no tolera un tratamiento procesal por separado y solamente puede logrársela a través de un pronunciamiento judicial único para todos los interesados (confr.: Palacio, "Derecho procesal civil", Abeledo-Perrot 1970, III-208). Cual he puesto de resalto en anteriores casos traídos a conocimiento de este cuerpo (c. 11.997 S.D.C. 36/96, c. 14.640 S.D.C. 28/99, c. 16.519 S.D.C. 35/00, c. 16.522 S.D.C. 34/00), la demanda tendiente a impugnar una relación jurídica con pluralidad de partes imponía la unidad de la relación procesal mediante la inicial acumulación subjetiva de las pretensiones, omitida en el caso al demandar incompletamente a los herederos del A. M. G. y no a la recordada sociedad, pues por tratarse de un complejo indivisible, el reclamo debía ineludiblemente intentarse con la participación procesal de todos los sujetos que en él intervinieron, a fin de que la decisión surtiera, respecto de todos, los efectos de la cosa juzgada. De lo contrario, el pronunciamiento devendría inútil -"inutiliter datur"- por inoponible a quienes no fueron sujetos procesales (confr. Podetti, opus y loc cit.). Hace ya varias décadas enseñaba Acuña Anzorena, trayendo a colación el pensamiento de Chiovenda, que cuando una acción tiende al cambio de un estado jurídico en el que participan más de uno, no puede ella proponerse sino frente a todos los participantes, porque lo que ha existido como unidad de varios, no puede dejar de existir como unidad sino respecto de todos ("La acción de simulación y el litisconsorcio...", J.A. 1942-I-833), concluyendo que una sentencia que hiciese lugar a una demanda en inobservancia de la citación de todas las partes carecería de validez, puesto que una relación jurídica compleja no puede ser dejada sin efecto ni modificarse sin la intervención de todos los que participaron en la misma (ob. ind., pág. 834). En el caso debió el juez ordenar la integración de la litis, fuere a solicitud de cualquiera de las partes, fuere de oficio, antes de la providencia de apertura a prueba y al no hacerlo así la situación se ha tornado ya insalvable para esta alzada. Cierto es que alguna corriente doctrinaria y jurisprudencial ha sostenido que la norma contenida en el art. 89 parte 2da. C.P.C.C. representa sólo una directiva de orden y es franqueable, admitiendo entonces la citación de los litisconsortes necesarios omitidos con posterioridad al dictado del auto de apertura a prueba, pero aun quienes sustentan tal posición -que no comparto en absoluto, en tanto no resguarda en adecuada medida el derecho de defensa de dichos citados, quienes tomarían intervención en la causa cuando ya existirían pruebas aportadas cuya producción no habrían podido controlar, con grave mengua de los principios de bilateralidad y legalidad probatoria- reconocen como valla temporal insalvable para ello el llamamiento de autos para sentencia en primera instancia (confr.: Palacio, ob. ind., III-212; C.N. Civ., sala "F", E.D. 98-709). Es decir que si, como en el subexamen, la causa se tramitó y llegó a estado de sentencia sin que el magistrado ni las partes acudieran al remedio previsto en el art. 89 de nuestro ordenamiento adjetivo, no cabe sino el rechazo de la pretensión por carecer ella de un requisito intrínseco de admisibilidad, como es la legitimación (confr.: C.N. Civ., sala "F", J.A. 1982-III-116). -	-- Hoy intenta la actora superar el insalvable escollo que ante ella se presenta echando mano de dos argumentos. Por un lado, el de la vacuidad de llamar al proceso a una sociedad disuelta por el fallecimiento de sus dos únicos socios; por el otro, el de la innecesariedad de ello, aun cuando la sociedad existiera, dado el alcance de inoponibilidad del acto impugnado que persigue, ya que sólo procura que los efecto de la sentencia alcancen las relaciones patrimoniales entre los herederos del extinto A. M. G. . , sin comprometer el patrimonio de la sociedad de marras. No lleva razón la recurrente en ninguno de esos dos argumentos. Tocante al primero, bien ha señalado ya el Señor Magistrado antes sufragante que la inexistencia de otros socios del ente al margen de los dos fallecidos no pasa de ser una manifestación unilateral de la demandante, cuestión que no es dado debatir en este pleito sin intervención de la sociedad precisamente y que, por lo demás, parece harto borrosa ante la presentación en el expediente agregado por cuerda de una tercera reclamando derechos sociales. Atinente a la segunda argumentación, cierto es que cuando la acción de fraude es apuntada sólo a lograr el cómputo del valor de los bienes sustraídos en el haber ganancial, por operar ella exclusivamente en las relaciones internas de los cónyuges o sus derechohabientes, no será menester enderezarla también contra los terceros que fueron parte en el acto atacado. Pero cuando con la acción de fraude se pretende la reposición de los bienes o derechos fraudulentamente dispuestos, ella debe entablarse contra todos los otorgantes del acto de disposición, conformándose el litisconsorcio pasivo necesario (confr. Zannoni, opus cit., I-760, n° 587). Este último es precisamente el caso aquí ocurrente, porque la actora peticionó en su escrito de demanda no sólo la declaración de inoponibilidad del acto, sino asimismo la restitución en especie, y su incorporación a la correspondiente hijuela, de los bienes fraudulentamente sustraídos de la sociedad ganancial (fs. 12 vta., párr. 1°, renglones 5° a 8°), reiterando todavía lo del "reintegro en especie" a fs. 19 vta., párr. 4°. -- La defectuosa constitución de la litis, imposible de enmendar a esta altura del trámite, debe pesar sobre la demandante. Al respecto indicaba Redenti que "corresponde como sabemos al actor (casi como 'condictio iuris' procesal de éxito de su función introductiva) constituir bien (legítimamente) el proceso si es que quiere llegar a una decisión de fondo...De lo contrario, aunque dé igualmente vida al proceso, corre el riesgo de ir (en daño suyo) hacia una sentencia procesal declinatoria" ("Derecho procesal civil", EJEA 1957, trad. de Sentís Melendo, I-267, n° 38). IV.- Tales razones, concordantes con las vertidas por el ponente, me conducen a concluir que la sentencia apelada debe ser confirmada. - Desestimados los agravios de ambos recurrentes, las costas de segunda instan cia deben imponerse en el orden causado (art. 71 C.P.C.C.). Los honorarios que el preopinante propusiera regular para retribuir las labores profesionales de alzada los encuentro adecuados a la extensión, calidad y resultado de ellas (arts., 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200). Me expido entonces en esta cuestión por la AFIRMATIVA.

--- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: Las letradas de la parte actora objetan las regulaciones de honorarios fijados a su respecto por considerarlos bajos, señalando que no se hizo debido mérito de sus labores y que, por otra parte, al decidirse el rechazo de la prescripción -aspecto en el que fueron vencedoras- se dispuso dicha resolución "sin costas", todo lo cual les causa gravamen. --- En primer término, he de destacar que el recurso impetrado por derecho propio-y no en representación del actor- veda legitimación a las recurrentes para cuestionar la imposición de las costas, pues carecen de un interés personal en ese aspecto que, a lo sumo y en hipótesis, podría afectar eventuales intereses de su representado. Ahora bien, sin perjuicio de lo expresado, considero necesario añadir que la poco feliz expresión "sin costas" empleado en el punto 2 de la parte resolutiva ha sido además innecesaria y sobreabundante, por cuanto en los supuestos en que se interponen de defensas de fondo, como ha sucedido en la especie con la prescripción opuesta, no corresponde separar las cargas en costas, sino atender al resultado global del pleito, que en la especie coloca como vencedor a los codemandados, por lo que este accesorio debe pesar sobre quien ha sido vencido en lo principal (conf. art. 68 C.P.C.C.; su doctrina - conf. mi voto en Expte. 22356 CANE.; entre otros) tal como en definitiva se ha resuelto en el fallo, de manera que solo corresponde hacer mérito de las tareas realizadas respecto de dichas defensas y los resultados obtenidos en cada caso por los letrados intervinientes en autos a los fines regulatorios, quedando incluidas dentro de la regulación de honorarios por las actuaciones profesionales cumplidas en la totalidad del proceso. - Hecha esta salvedad, considero que les asiste razón a las recurrentes en su quejas acerca de la exigüidad de las retribuciones fijadas a su respecto, las que, en mi opinión, merecen ser elevadas. Así, considerando los trabajos realizados, su extensión, calidad y demás pautas ya señaladas (art. 6°, Dec. Ley 2.200 - su doctrina), opino que las retribuciones fijadas para las Dras. M. R. C. , M.V. B. N. y E. M. R. son visiblemente exiguas y por tanto deben ser modificadas. A tal efecto, propongo que dichos honorarios, en conjunto, sean elevados al 16,8% del monto del proceso debidamente liquidado, con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 39, 47 y conc., Dec. Ley 2.200). - Voto entonces a esta cuestión por la PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

--- A DICHA CUESTIÓN SEGUNDA el Dr. Velázquez manifestó: I.- Debe desecharse el agravio que las letradas patrocinantes y apoderadas de la actora -quienes apelaran "por sus derechos arancelarios" propios (fs. 470, párr. 1°)- expresaran a propósito del pronunciamiento sobre costas recaído en el tópico de la prescripción. Acerca de tal cuestión las apelantes carecen de interés, porque el soportar los desembolsos atinentes a las costas es carga que no pesa sobre los letrados, sino sobre litigantes, quienes no incluyeron en sus respectivas expresiones de agravios queja alguna a tal respecto (v. fs. 486/488 vta., 490/503). Por lo demás, en esta particular especie la expresión "sin costas" utilizada por el juzgador en el pto. 1 de fs. 462 vta. no tuvo otro alcance que el de remitir a la decisión general acerca de ese tema contenida en el pto. 2 de la misma foja, donde impuso las costas en su totalidad a la actora. Con ello el "a quo" se atuvo al criterio predominante en la materia, de acuerdo al cual si es rechazada la prescripción opuesta como defensa de fondo -así fue planteada en autos (fs. 115 cap. V y fs.157 cap. V)- no cabe un pronunciamiento específico y separado sobre las costas motivadas por la misma, sino que corresponde emitir una única decisión genérica adecuada al resultado concreto del litigio; es que si una de las defensas del demandado no prospera, pero otra es acogida y sobre esa base la demanda es desestimada, la primera queda subsumida en la cuestión principal y la actora resulta ser la vencida en el pleito que debe soportar las costas íntegras (confr.: Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Astrea 1998, págs. 322/323). Mas lo dirimente en cuanto a este punto es la ausencia la carencia de interés de las apelantes que abastezca de causa a su recurso. La existencia de un interés jurídico nacido de un gravamen, que debe ser personal, objetivo y directo del recurrente y no de terceros, constituye indefectible presupuesto subjetivo de la apelación, a la vez que requisito de toda especie de acto procesal; sin él no hay acción, pues el derecho mismo no es, según la feliz expresión de Ihering, sino el interés protegido por la ley y nada lleva a concluir que en la especie de las apelaciones se configure una excepción a tal primordial regla. Conviene en ello la doctrina toda, de antaño y de hogaño (confr.: Podetti, "Tratado de los recursos", EDIAR 1.958, pág. 123; Alsina, "Tratado...", 2da. ed., IV-191, n°3, "b"; Palacio, "Derecho procesal civil", Abeledo-Perrot 1970, IV-31 n° 335 y V-47, n° 527 y págs. 85/86 n° 546; Morello y otros, ob. ind., III-24, n° IV; Hitters, "Técnica de los recursos ordinarios", L.E.P. 1985, págs. 42/47 nros. 14 y 15, pág. 336 n° 191 y pág. 347 n° 199; De Santo, "Tratado de los recursos", 2da. ed., I-284 n° 43; Arazi - Rojas, "Código Procesal...", Rubinzal-Culzoni 2001, I-777, n° 2). II.- Tocante a que no le fueron regulados honorarios a las recurrentes por la sustanciación de la prescripción opuesta, sí cabe considerarlas asistida de interés que abastece de causa a su recurso...mas no de razón que conduzca a acoger el planteo. Cuando la prescripción fue opuesta como defensa de fondo -cual en el subexamen aconteció, vengo de señalarlo- y es resuelta en la sentencia definitiva juntamente con la pretensión, no corresponde regulación o fijación de gastos autónomos por la gestión profesional, a lo que no es óbice la circunstancia de que la cuestión fuera sustanciada con un traslado pese a no ser el caso del art. 350 C.P.C.C. (confr.: Loutayf Ranea, opus y loc. cit., nota n° 294). Menos aún corresponde fijar emolumentos por los planteos de la representatividad del tutor de la actora (fs. 109/vta., cap. II y fs. 151 vta., cap. II), que ni siquiera recibieron sustanciación (v. fs. 162).

III.- Nuevamente topamos con la ausencia de interés de la apelantes que de sustento a su recurso al atender el agravio que nominaran "d", relativo a los honorarios fijados en beneficio de los letrados de los codemandados, que las recurrentes tacharon de excesivos. En nada las perjudica esa pretendida demasía, toda vez que no son ellas quienes habrán de sufragar tales emolumentos. Valen aquí idénticas consideraciones a las formuladas en torno a la cuestión de las costas. IV.- Donde sí acompañaré a las apelantes es en su queja apuntada contra el monto de los honorarios que le fueran regulados, que, como ellas, hallo exiguo en comparación con las tareas que desarrollaran. Vista la amplitud y calidad de las mismas, así como su eficacia, concuerdo con el Dr. Ferrari en que la retribución por ellas, en conjunto para todas las letradas, debe ser elevada a la suma equivalente al 16,8 % del monto del proceso (arts. 6, 7, 9, 19, 47 del dec.-ley 2.200). Me pronuncio pues en esta cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

--- A LA TERCERA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari dijo: Contra la decisión sobre costas y honorarios de fs. 171/172 vta. (auto interlocutorio n° 256/2004) que distribuyó las costas de la incidencia en un 70% a cargo de los codemandados y en el 30% restante por cuenta de la actora y reguló honorarios "sobre el monto que resulte" (textual - fs. 172 vta.), la representación letrada de los codemandados A. G. y la Sra. C. P. A. en representación de su hija menor A. interpuso apelación, recurso que finalmente le fue concedido en relación y con efecto diferido (conf .S.I.C. 250/04 C.A.N.E. - fs. 218). Al fundar dicho recurso en esta Alzada (fs. 484/485) la parte apelante se queja en primer lugar por la distribución de las costas y objeta asimismo la base tenida en cuenta para la regulación de los honorarios respectivos. Acerca del primer tópico, objeta la medida de distribución de las costas por considerar que las mismas debieron ser soportadas en el orden causado, atendiendo a los vencimientos parciales y mutuos que recayeron en relación a los respectivos planteos de las partes. En este sentido, entiende que el a quo confundió el término "caducidad" mencionado en el art. 323 C.P.C.C. con un planteo de caducidad de la instancia de las medidas preliminares, lo cual se tradujo en una desproporción en la condena parcial en costas a su parte. Si bien es cierto que el pedido de caducidad de las medidas preliminares fue fundado en el supuesto contemplado en el art. 323 C.P.C.C. (ver contest. de demanda - fs. 114 vta./115) y no como un pedido de caducidad de la instancia, de aquellos previstos en el art. 310, ss. y conc. del C.P.C.C., de todos modos se trató de una incidencia relacionada con el objeto principal del pleito (conf. arts. 175, ss. y conc. del C.P.C.C). De tal manera, dada la trascendencia jurídica y económica del planteo y su resultado, opino que la distribución de costas ha sido adecuada a dichos parámetros, por lo que propondré la confirmación del decisorio en este aspecto. En cuanto a la base regulatoria, si bien la expresión "el monto que resulte" adolece de cierto grado de imprecisión, la cita del interlocutorio S.I.C. 167/02 de la Sala "B" CANE permite establecer que el monto aludido, a tenor de dicho decisorio, alude al "monto de la sentencia o transacción" que recaiga en definitiva sobre el fondo del litigio. Y siendo ello así, el criterio aplicado para esta incidencia, así como los porcentajes fijados para retribuir las actuaciones letradas atendiendo a las labores respectivamente realizadas y a sus correspondientes resultados, se aprecian adecuados conforme a las escalas arancelarias vigentes (arts. 6, 7, 33 y conc., Dec. Ley 2.200), por lo que a mi juicio merecen ser confirmados, con costas a la parte apelante (art. 69, C.P.C.C.). Por lo demás, propicio regular las tareas letradas por esta articulación en los siguientes porcentajes sobre el monto del pleito debidamente liquidado: a) para el Dr. J. O. D. , en el 0,48% y b) para los Dres. R. D. y M. V. B. N. , en conjunto, en el 0,85% (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec. Ley 2.200). - En consecuencia, mi voto a esta cuestión será por la AFIRMATIVA. - --- A TAL TERCERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez contestó: - Dos cuestiones fueron resueltas por el juzgado entonces interviniente a fs. 171/172 vta.: la caducidad de las diligencias preliminares acusada por los codemandados y la oposición a la designación del consultor técnico propuesto por éstos que la actora formulara. Ambos planteos fueron desestimados. Patente fue así el vencimiento parcial y mutuo de los litigantes, lo que dio lugar a la distribución de las costas (art. 71 C.P.C.C.). - Hoy pretenden los codemandados apelantes que las costas sean declaradas en el orden causado (fs. 484 vta., párr. 5°), esto es que peticionan la compensación de ellas, pues tal es el significado de esa clásica expresión (confr.: Palacio, opus cit., III-379). No lo comparto y entiendo que bien hizo la Señora Jueza "a quo" en inclinarse por el otro término de la opción que entre compensar y distribuir prudencialmente las costas ponía a su disposición el art. 71 C.P.C.C. Es que la compensación de costas -el imponerlas en el orden causado, lo reitero- corresponde sólo cuando la derrota recíproca resulta equivalente; caso contrario lo procedente es la distribución de las mismas según la importancia relativa de las fracciones de vencimiento y fracaso cosechadas por las partes (confr.: Loutayf Ranea, ob. ind., pág. 126; C.N. Civ., sala "F", L.L. 1983-B-204).- --- En esta especie no veo dudoso la superior importancia que para la decisión del litigio tenían las diligencias preliminares cuya caducidad los codemandados acusaron infructuosamente, pues a través de ellas la actora procuró poner en claro el estado y administración a que se hallaban sometidos los bienes incorporados a L. E. S.A. De mucha menor trascendencia fue la oposición al nombramiento de un consultor técnico, tema respecto al cual la demandante cayó vencida. No medió entonces equivalencia en los vencimientos mutuos y correspondía pues la distribución prudencial en porcentajes de las costas. Y prudente creo fue la decisión adoptada de imponerlas a los codemandados en un 70 % y a su adversaria en el restante 30 %, pues esas alícuotas representan aproximadamente las porciones de éxito y derrota experimentadas por dichos litigantes. En cuanto a la base regulatoria seleccionada por la magistrada para determinar los honorarios, tampoco la encuentro errada. Si según el art. 33 del dec.-ley 2.200 los honorarios en los incidentes deben regularse en un porcentaje "de lo que correspondiere al proceso principal"; si, a su vez, los emolumentos por el trámite de éste han de fijarse atendiendo al "monto del asunto o proceso" (art. 6 inc. "a" ídem); y si por tal monto debe considerarse "la suma que resultare de la sentencia o transacción" (art. 19 íd.) o bien el valor de los bienes comprometidos en el asunto que sea determinado mediante el mecanismo previsto en el art. 23 de la normativa arancelaria, no parece que la juzgadora haya caído en yerro al establecer los emolumentos apelados en porcentajes del aludido monto del proceso, porcentajes esos que, además, resultan ajustados a la extensión y calidad de las labores desarrolladas por los letrados. --- Por ello considero que la resolución recurrida merece ser confirmada, con costas de alzada a los apelantes (art. 69 C.P.C.C.) y regulando los honorarios profesionales por sus tareas en este grado en la forma propuesta por el ponente que es conforme al mérito de ellas (arts. 6, 7, 9, 14, 33 dec.-ley cit.). -- Consecuentemente, voto en la cuestión tercera por la AFIRMATIVA.

--- A LA CUARTA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari opinó: En vista del resultado que han merecido las cuestiones precedentes, propongo dictar la siguiente resolución: I) Rechazar la apelación fundada en efecto diferido respecto de la resolución dictada a fs. 171/172 vta., con costas a la demandada apelante, fijándose los honorarios letrados como sigue: a) para el Dr. J. O. D. , en el 0,48% y b) para los Dres. R. D. y M. V. B. N. , en conjunto, en el 0,85%. II) CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, modificándolo única y exclusivamente en cuanto a los honorarios de las letradas de la parte actora, Dras. M. R. C. , M.V. B. N. y E. M. R. , en conjunto, que deberán ser elevados al 16,8% del monto del proceso debidamente liquidado. III) Imponer las costas de Alzada en el orden causado, fijándose las retribuciones de los letrados actuantes en esta sede como sigue: a) para los Dres. J. O. D. y R. G. W. , en conjunto, en el 4,2%; b) para el Dr. S. D. , en el 2,1%; c) para los Dres. R. D. y M. V. B. N. , en conjunto, en el 4,2%. IV) En todos los casos, deberá adicionarse a los honorarios regulados el I.V.A. correspondiente. Así lo voto.

--- A ESTA CUESTIÓN FINAL el Dr. Velázquez respondió: -- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, reflejo exacto del acuerdo alcanzado al expedirnos sobre las cuestiones precedentes. - --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haber coincidencia de opinión y hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (art. 8 de la Ley 1130, To. Ley 4550). --- Trelew, 27 de noviembre de 2007. -- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A:

RECHAZAR la apelación fundada en efecto diferido respecto de la resolución dictada a fs. 171/172 vta., con costas a la demandada apelante, fijándose los honorarios letrados como sigue: a) para el Dr. J. O. D. , en el 0,48% y b) para los Dres. R. D. y M. V. B. N. , en conjunto, en el 0,85%. CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, modificándolo única y exclusivamente en cuanto a los honorarios de las letradas de la parte actora, Dras. M. R. C. , M.V. B. N. y E. M. R. , en conjunto, que deberán ser elevados al 16,8% del monto del proceso debidamente liquidado. IMPONER las costas de Alzada en el orden causado, fijándose las retribuciones de los letrados actuantes en esta sede como sigue: a) para los Dres. J. O. D. y R. G. W. , en conjunto, en el 4,2%; b) para el Dr. S. D. , en el 2,1%; c) para los Dres. R. D. y M. V. B. N. , en conjunto, en el 4,2%. - En todos los casos, deberá adicionarse a los honorarios regulados el I.V.A. correspondiente. --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 40 DE 2007 - SDC.- CONSTE.-