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Privación ilegal de la libertad calificada, abuso deshonesto, violación, concurso ideal, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: PAFUNDO, JORGE. s/ PRIVACION  ILEGAL  LIBERTAD  CALIFICADA.  Violencias. Amenazas. ABUSO  DESHONESTO. VIOLACION. CONCURSO IDEAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-07

Corresponde absolver al procesado del delito de privación ilegal de la libertad en concurso ideal con abuso deshonesto y violación, por resultar difícil de aceptar que dos mujeres mayores de edad subieran a un auto porque el procesado las tomara de un brazo aún mediando amenazas, puesto que de haber resistido, al menos una de ella hubiera podido escapar o pedir ayuda; no estando acreditadas tampoco las amenaza o violencias que caracterizan el delito de privación ilegal de la libertad calificado. Por otra parte, teniendo en cuenta que el consentimiento de la víctima excluye el último delito mencionado, la duda al respecto habría de interpretarse en favor del procesado.
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio, índice de corrección, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "VÁZQUEZ, RENÉ ETHEL c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31

El Alto Tribunal, en autos "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 08.08.06), estimó que a partir del año 2003 se dio en nuestro país un proceso de recuperación económica que se tradujo en aumentos salariales, pero no en un aumento para la totalidad de las prestaciones jubilatorias, y efectuó diversas consideraciones que fueron comunicadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación a fin de que, en un plazo razonable, se adoptaran las medidas a las que se alude en los considerandos, esto es, hacer efectiva la movilidad de las prestaciones jubilatorias. Posteriormente, por el art. 45 de la ley 26.198 (presupuesto para el año 2007), se estableció una movilidad del 13% a partir del 1 de enero de dicho año. Sin embargo, cabe señalar que en esta oportunidad, el Congreso de la Nación sólo se ha expedido fijando la movilidad para el año 2007, omitiendo tratar la correspondiente a los años anteriores. Por ello, a fin de tornar operativo el criterio asumido por la Corte Suprema de Justicia y careciéndose de otras pautas objetivas fuera de las consideradas en el Presupuesto de 2007, el 13% de aumento del monto de los haberes provisionales allí fijado debe ser trasladado a los años que corren entre 2003 y 2006 inclusive, quedando subsumidos dentro de ese porcentaje todos los aumentos que se hubiesen efectuado a la prestación del titular durante el referido período -inclusive el concedido en 2006 con carácter general por Dec. 764/06, puesto que esa normativa no emanó del Congreso de la Nación, tal como lo prescribe el art. 7, inc.2, de la Ley 24.463, con lo cual dicho aumento no se efectuó conforme a derecho, debiéndose elevar el 11% allí acordado al 13% dispuesto ahora por el Congreso-. En consecuencia, corresponde, respecto al período posterior a 1995, acordar un reajuste del haber del accionante, por el período comprendido entre 2003 y 2006, equivalente al 52%, quedando subsumido en dicho porcentual todos los aumentos que se hubiesen acordado al mismo durante ese lapso, debiendo aplicarse, a partir del 1/1/07, el aumento dispuesto por la Ley 26.198. (Disidencia del Dr. Laclau).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, honorarios, aplicación de la ley, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ZEIMA S.A. c/ MINA, SUSAN LICE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-11

En relación a la tacha de arbitrariedad por apartamiento de lo normado en el artículo 7, inciso 2, subinciso a), de la ley 6767, cabe destacar que el mismo prevé la aplicación del 70% de la escala del artículo 6 a los juicios en que, independientemente del medio de extinción que sobrevenga, se den por terminados sólo con la demanda y/o contestación, lineamiento genérico que no hace alusión a una clase de juicio en particular, convirtiéndose en una categoría residual que entra en vigor cuando concurre algún modo anormal de extinción del proceso no previsto por la ley 6767, ocurrido en esa etapa; por lo cual al no encontrarnos en presencia de un litigio normalmente desenvuelto y concluido -pues, más allá de lo actuado en torno a las excepciones dilatorias y demás incidencias, lo cierto y relevante es que luego de contestada la demanda y antes de que se hubiese podido avanzar hacia la etapa subsiguiente sobrevino la declaración de extinción del proceso-, la argumentación empleada por la Alzada para desechar la aplicación de la norma bajo examen no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi, Falistocco y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículos 6 y 7, inciso 2, subinciso a). - DOCTRINA: García Solá, Marcela y Eguren, María C., en "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario y jurisprudencial", dir. Jorge W. Peyrano, coord. Roberto Vázquez Ferreyra, Juris, Rosario, 1999, página 162.
Consignación judicial, consignación de llave, bienes inmuebles
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: ONS, OLGA OFELIA c/ SOLAR DE COFMAN, SUSANA RAQUEL s/ CONSIGNACION DE LLAVES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

El art. 764 del C.Civil, que se refiere exclusivamente a cosas muebles, puede aplicarse analógicamente respecto de inmuebles cuya consignación puede hacerse en forma simbólica, como en el caso del art. 1611 del cuerpo legal citado por actos materiales, art. 2379, o consignando judicialmente las llaves es decir entregándolas en el juzgado que corresponde con la demanda de consignación.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ELEODORO TOMAS DURANTE c/ RIGOLLEAU  S.A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - CONTRATO DE TRABAJO - DESPIDO -   INDEMNIZACION - ENFERMEDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

La tacha de arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de fallos que se juzguen equivocados en la apreciación de los hechos y las pruebas ni tiende a sustituir el criterio de los jueces de la causa por el de la Corte Suprema en materias que, por su naturaleza, les están reservadas.
Valor probatorio, declaración espontánea
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ASAMBLEA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS APYME c/ MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL s/ /Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-10

Las declaraciones rendidas por los trabajadores a partir de una inspección en la cual se realiza el relevamiento de datos, se prestan en forma espontánea y libre de influencia del empleador. Los dichos de los trabajadores afectados que avalen el reclamo del empleador, vertidos con posterioridad a la inspección y una vez intimado el pago de la deuda o multa determinada, en el sentido que ha habido un error de su parte al referir a la fecha de ingreso o remuneración gozada, importa desdecirse de lo manifestado, por cuya razón las originales declaraciones prevalecen sobre las rectificativas posteriores (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 29.05.06. "Arcos Dorados. c/ A.F.I.P. - D.G.I."). Por ello, las manifestaciones vertidas luego de la declaración espontánea que no se ajustan a lo declarado y firmado por la relevada -de puño y letra- de conformidad, no alcanza para desvirtuar el contenido de las actas cuestio-nadas.
Recurso de queja (procesal), gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Jorge Amado Gallardo y Bernardita Aroca s/ Guarda con fines de adopción plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-05-27

La existencia de gravamen irreparable no está condicionada a la adecuación de lo decidido con la Ley, sino a que lo decidido impida o tenga extinguido el ejercicio de una facultad o de un derecho procesal o imponga cumplimiento de un deber legal o aplique una sanción.

Por ello, en la medida que lo resuelto importó la negación a una pretensión no subsanable con ulterioridad en estos actuados, corresponde acoger favorablemente la queja traída.
Juicio ejecutivo, embargo
Materia: CIVIL
Carátula: SUELDO, VICTOR c/ BABINI, OSVALDO ITALO s/ EJECUTIVO - EMBARGO DE SUELDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-29

Los términos del art. 11 Dec. Ley 6.754/43, son suficientemente claros y no dejan lugar a dudas, ya que en síntesis dispone que las deudas que tengan origen en préstamos en dinero o en suministro de mercaderías, sólo podrán hacerse efectivas en juicio ordinario y no darán lugar a embargos, salvo que exista sentencia firme que condene al deudor al pago de la deuda. Es, por tanto, evidente la exclusión de esta facultad cuando se trata de embargos de sueldos de personal de la administración pública, en virtud de sentencias dictadas en juicio ejecutivo. Ello torna irrelevante las reflexiones de la recurrente respecto a la embargabilidad de las remuneraciones del accionado, a mérito de la naturaleza de la acción impetrada, ya que de aceptarlas, implicaría extender indebidamente el alcance del dispositivo en cuestión .
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, parada de diarios y revistas, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: FIASCO DE BURKHARDT, MARGARITA c/ BURKHARDT, EDMUNDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-09-22

La resolución 43/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -sin perjuicio de las modificaciones introducidas por el decreto 1025 del año 2000 y su reglamentación a través de resolución 434/01 del Ministerio de Trabajo y de la reforma de dicho dispositivo por decreto del P.E.N. nro. 1693/09, reforzando el espíritu de la disposición primigenia- fija el régimen a seguir para el reconocimiento del derecho de parada y/o reparto de diarios, revistas y afines, como así también las condiciones y requisitos que se deben cumplir para adquirir, conservar y transferir ese derecho.

Precisamente, el artículo 3 establece que el derecho de parada y/o reparto es personal e intransferible, salvo las excepciones que se iteran en el artículo 4; previéndose en este último dispositivo los tres únicos supuestos en que se admite la transferencia del derecho: a) en caso de muerte del titular a los que tengan vocación hereditaria de acuerdo con el Código Civil; b) terceros propuestos por el titular siempre que ambos acrediten una permanencia de cinco años consecutivos en la parada y/o reparto; c) en caso de jubilación o incapacidad permanente que lo imposibilite para el trabajo, al cónyuge o a los consanguíneos hasta el cuarto grado.

Correspondiendo reparar en que para el supuesto del inciso a) la normativa prescribe como condición para conservar el derecho desarrollar en forma personal la actividad; considerándose que existe abandono cuando los sucesores no la ejerzan en el plazo de 90 días contados a partir del fallecimiento del titular.

Y es en el marco de estas puntuales disposiciones normativas que pierde todo sustento la lisa y llana adjudicación del carácter de "propiedad" y de "heredable" a este particular derecho que efectúa el Sentenciante; pues, más allá de las discusiones en punto al carácter laboral o a la naturaleza de actividad comercial que pueda adjudicársele, y por cierto también de las prácticas corrientes a la hora de transmitirlo, no puede admitirse -al menos desde la perspectiva constitucional que vela por la adecuada fundamentación de las decisiones judiciales- aquella genérica simplificación. Antes bien, el contexto fáctico y legal en que se desarrollaba el debate exigía a los Juzgadores una fundada explicitación que otorgara un marco de logicidad adecuada a la conclusión alcanzada que se encuentra ausente en el pronunciamiento. ( Del voto del Dr. Erbetta que hace mayoría).
Seguros, póliza
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACIAR Carlos Enrique y Otra c/ Vargas Sebastián y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-08-10

Respecto a las cláusulas contenidas en la póliza, la doctrina distingue entre cláusulas de caducidad y de exclusión de cobertura. Las primeras constituyen una sanción que normalmente se establece en el contrato de seguros para el caso de incumplimiento de los deberes de conducta requeridos al asegurado y no es oponible a terceros.

Las segundas excluyen el riesgo contractualmente convenido, no existiendo seguro, es decir, que delimitan el riesgo excluyendo o restringiendo los deberes del asegurador, quien no asume alguno o algunos riesgos.

Las cláusulas de exclusión, tienen fuente normativa o convencional y describen circunstancias de que el siniestro se encuentra fuera de la cobertura asegurativa. Por lo tanto, en el contrato de seguro se determina e individualiza el riesgo cubierto y no cubierto.
Derechos y garantías constitucionales, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas c/ Dirección  Nacional de Migraciones - disp. DNM. 4783/96 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Así como la Constitución Nacional confiere al Congreso la atribución de reglamentar los derechos, ella manda que sea ejercida razonablemente, de modo de no alterar ni desnaturalizar los derechos que somete a regulación (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Radicación de extranjeros, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MONZON, IDILIO DANIEL c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DEL INTERIOR s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

No afecta el derecho a la igualdad consagrada por la Constitución Nacional el hecho de que los entrados a partir de determinada fecha al país sean tratados en forma diferente o que se determinen categorías de admisión para la radicación de los extranjeros en la Argentina, pues la garantía constitucional de la igualdad sólo comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio nacional sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones, igualdad jurídica, y que las distinciones establecidas por el legislador entre supuestos que estime distintos sean valederas en tanto no sean arbitrarias.
Régimen penal tributario, excarcelación, personas jurídicas, sociedad anónima, responsabilidad de los directores
Materia: PENAL
Carátula: CABBANI, RONALDO M. s/ Incidente de excarcelación Causa 31284 -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-03

Si el beneficiario de la excarcelación figura en las actuaciones como presidente de la sociedad anónima cuyas obligaciones tributarias habrían sido el objeto de las maniobras en averiguación, su eventual responsabilidad debe apreciarse en función de la norma que establece el castigo de los directores de personas jurídicas y sociedades (Art. 12 de la ley 23771).
Derechos y garantías constitucionales, orden público
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: P, R A Y OTROS s/ PRIVACION EXTORSIVA DE LIBERTAD PERSONAL AGRAVADA, ROBO CALIFICADO   POR EMPLEO DE ARMA, PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD CALIFICADA EN  FORMA REITERADA Y ROBO DE AUTOMOTOR EN CONCURSO REAL. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 159-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-08-11

Al encontrarse en juego superiores intereses que afecten al orden público, corresponde otorgar prevalencia a principios constitucionales como ser el debido proceso y la libertad personal, amenguando las exigencias formales de introducción del recurso.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, incapacidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Basualdo Pedro Rudecindo. c/ Decavial S.A. s/ Indemnización por Accidente.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-07-02

Cuando se acciona con fundamento en las normas del derecho común -art.17 Ley 9688- por el accidente de trabajo sufrido, es preciso demostrar entre otras cosas, la existencia misma del daño, de donde se sigue que la fijación del porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador lo es a efectos de la plena acreditación de la entidad misma del daño, que se habrá de resarcir. Es decir es el sustento en que se basa la cuantificación del daño. La fijación del resarcimiento indemnizatorio es facultad privativa del Juez del trabajo, que se ejercer en relación a un daño objetivamente demostrado por lo que la determinación del porcentaje de incapacidad reviste carácter esencial.-
Excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Herrera, Darío Iván s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-06

Cabe considerar que en atención a la condena dictada por el tribunal por el delito de homicidio simple a doce años de prisión -aun cuando no se encuentre firme- que de recuperar la libertad el condenado intentará eludir el accionar de la justicia. Dres. Hornos, Diez Ojeda y González Palazzo.
Daños y perjuicios, derecho a la integridad física
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viedma Galarza c/ Salvadori, B. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18

En los casos de Incapacidad física sobreviniente la suma indemnizatoria debe ser suficiente para restañar todo el menoscabo sufrido, que es como decir, tratar de reubicar al damnificado en una posición patrimonial equivalente a la que hubiera tenido de no haber ocurrido el evento dañoso.
Presentación de las ofertas, oferta condicionada, procedimiento licitatorio, agravio extemporáneo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: VENETO AUTOMOTORES S.A. Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-05-07

La oferta presentada con alguna reserva tampoco tendría aptitud impugnatoria, por su extemporaneidad. En la práctica licitatoria se suele incluir un numeral en el que queda claro que la sola presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de todas las cláusulas del pliego.

El llamado a licitación es una decisión unilateral del ente público a través de la cual se decide realizar un contrato. Este acto, determina la convocatoria a los interesados para que formulen propuestas u ofertas; es decir, que al presentar sus ofertas los particulares responden al llamado del Estado y éste es quien acepta al resolver la adjudicación del contrato.

El anuncio de la licitación es una invitatio ad offrerendum y la propuesta no es otra cosa que una auténtica oferta de contrato, y quien la presenta atiende la invitación que ha hecho la Administración.

La licitación pública es un procedimiento administrativo pre-contractual dirigido a obtener la oferta más favorable al interés público, que se logra a través de una competencia en la que pueden participar en igualdad de condiciones todos aquellos que así lo deseen y que cumplan con una serie de requisitos exigidos en el pliego de condiciones. Ello encuentra fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 760, o "Ley de Contabilidad".

Existiendo irregularidades de los actos administrativos que resultan irrelevantes respecto de su validez o su eficacia, como sucede con la inobservancia de ciertas formas, que no constituyen defectos o vicios del acto administrativo.
Daños y perjuicios, daño moral, indemnización, menor damnificado, discernimiento, falta de discernimiento
Materia: CIVIL
Carátula: Di Benedetto, Jorge Daniel c/ Ricardo Ulevicius y Emp. Remolc. Guaraní  S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-27

Si bien está probada la herida cortante de la región frontal que invoca la actora, está acreditada la caída y el consiguiente traumatismo craneano que sufrió el bebe y, por lo tanto, no puede descartarse que, pese a la falta de discernimiento de la víctima, no haya padecido dolor y una fuerte impresión de temor.
Abandono de personas, muerte de un menor, violencia de género, violencia contra menores
Materia: PENAL
Carátula: G. Y. s/ Abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-11

La madre de una menor que falleció a causa de las golpizas propinadas por su concubino, debe ser absuelta en orden al delito de abandono de persona, pues, dentro de sus limitaciones intelectuales y socioculturales fue a pedir ayuda y, más allá de no haber hallado a familiar alguno en la zona, acudió al centro comunitario que era su lugar de pertenencia, justamente donde podía atenderse una conflictiva vinculada a violencia hogareña.
Acción de amparo, gravamen actual, existencia de otras vías
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C., B. N. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. s/ Acción de Amparo Aires. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-01-31

Frente a la ausencia de acto u omisión actual o inminente supuestamente lesivo, no resulta posible al Tribunal dilucidar en el principal la existencia o no de la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta denunciada. Sin perjuicio de ello, siempre conserva la amparista la posibilidad de ocurrir ante la vía administrativa y/o judicial que sea pertinente, en caso de entender que el acto administrativo en cuestión le ha irrogado un perjuicio y demuestra tener un interés legítimo en su reparación. Pero esto en modo alguno habilita a suponer que sea el remedio excepcional del amparo, a la luz de la normativa constitucional vigente (arts. 43 CN y 14 CCBA), la vía idónea para materializar un reclamo de esa naturaleza.
Expropiación, indemnización, depreciación monetaria, mejoras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ Kahr Wolff, Feliza y/o Carlos y Ninon Wolff Forest y/o quien resulte propietario s/ Expropiación (Expte.: C.S.J. N  184 año 1970)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-27

La suma a abonar por la actora a los expropiados, fundada en el principio de justa y previa indemnización, debe ser actualizada y sobre ella liquidarse intereses. Para la actualización de los importes respectivos, se aplicarán los siguiente índices: al monto fijado para el terreno, se lo debe proyectar mediante la aplicación de los índices de precios mayoristas no agropecuario nacional; en tanto que el correspondiente a las mejoras, por los índices del costo de la construcción; utilizados ambos por la Corte Suprema local cuando, como en el caso, se trata de terrenos urbanos y de sus mejoras, y a falta de elementos ciertos que demuestren la evolución real del valor de esos bienes.
Despido por matrimonio, trabajador varón
Materia: LABORAL
Carátula: DONATI, RICARDO LUIS c/ SADE  S.A.C.C.I.F.I.M. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-30

Si bien la ley 22248 hace extensiva la protección del matrimonio al trabajador varón la misma obedece a la necesidad de proteger a la familia rural y evitar el éxodo hacia las grandes ciudades, tal como surge de la exposición de motivos, no siendo por lo tanto posible su aplicación analógica a quienes no se encuentran alcanzados por dicha norma legal.
Accidente de tránsito, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mastandrea, Augusto c/ Pratto, María Elena y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

Sin perjuicio de puntualizar que la atenuación de la indemnización es una facultad discrecional del órgano jurisdiccional es lo cierto que importa requisito esencial que el interesado no sólo denuncie en la etapa procesal pertinente una situación patrimonial de relativa penuria que le impida hacer frente al resarcimiento del daño, sino que además acredite el recaudo inexcusable que da sustento a la norma.