marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio oral, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Labonia, Roberto s/ Lesiones leves, corrupción calificada y homicidio calificado por  alevosía, ensañamiento y criminis causa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-08

Existe violación del art. 286 del Código de Procedimiento Penal en el razonamiento del sentenciante si en las fotografías a que se refiere en el fallo se recogen los proyectiles objeto de pericia de una manera tan indefinida en cuanto a sus similitudes o diferencias recíprocas, que la afirmación (no fundada) sobre "las similitudes entre las señales de ambos objetos comparados resultan elocuentes apenas se observen con detenimiento las fotografías tomadas mediante el auxilio del microscopio" implica, en sí misma, la "falta de lógica" constitutiva de la denunciada transgresión legal.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, exceso ritual manifiesto, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: IEH s/ adopción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Si bien la resolución que deniega el recurso extraordinario por falta de oportuno planteamiento de la cuestión constitucional no es, en principio, revisable por la Corte, cabe hacer excepción a dicho criterio cuando, como en el caso, el auto respectivo incurre en un exceso de rigor formal al exigir que se invoque la inconstitucionalidad de una ley que al tiempo de responder a los agravios de los ministerios públicos de cámara - aunque se había publicado- aún no había alcanzado vigencia (art. 2°, in fine del Código Civil).
Superior Tribunal de Justicia, relaciones de familia, violencia familiar, menores
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A., R. s/ Conflicto negativo de competencia. Denuncia malos tratos a menor   (Expte. CSJ Nº 557-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-11-03

En la causa "González" la Corte precisó el alcance del concepto de abandono y la atribución de competencia en materia de cuestiones de protección contra la violencia familiar a los órganos jurisdiccionales con competencia en materia de familia. Aquéllas conclusiones resultan aplicables a la especie no obstante que mientras en aquélla causa los guardadores de hecho requerían consolidar esa situación para sacar al menor del ámbito familiar presuntivamente violento, en la actual se aduce que el trato violento proviene justamente de quienes ostentan de hecho la guarda de la menor. Sin embargo, de conformidad a las constancias de la causa, no puede afirmarse se trate de una menor "abandonada" con los alcances que ha precisado el Tribunal a partir del antecedente "Domínguez", siendo menester poner en funcionamiento -por parte del órgano jurisdiccional con competencia en materia de Familia- todos los medios educativos, terapéuticos y asistenciales que prevé la ley 11529 en prevención de la eventual situación de violencia familiar.
Prueba pericial, notificación
Materia: PENAL
Carátula: Lezcano, Luis Ricardo s/ Robo calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

La renuncia genérica efectuada por el procesado detenido a lo preceptuado por el art. 167 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- en el mismo día en que se realizó la pericia en cuestión -atento la temporaneidad de ambos actos- adquiere entidad suficiente como para colegir que el imputado estuvo en condiciones de ejercitar los derechos que el mencionado artículo le confiere.
Caducidad de instancia, segunda instancia, demora en la elevación de los autos
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ ALBERTO c/ TEMPONE FRANCISCO s/ CADUCIDAD DE LA INSTANCIA - INACTIVIDAD DE LAS PARTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1956-10-05

La inactividad de las partes, finalizada la substanciación del recurso en primera instancia y vencido el plazo a que se refiere el art. 1, inc. 2, de la ley N. 14.191, determina la caducidad de la segunda instancia.
Filiación, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P., M. c/ A., E. s/ Filiación indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-16

No obstante la especialidad de los actos jurídicos familiares (lo que en mi opinión, torna convincente una norma específica, las disposiciones legales internacionales incorporadas efectivamente a nuestra legislación (art. 75 inc. 22 Const. Nac.) y la regla contenida en el art. 1078 del Cód. Civil, excluyen cualquier hesitación acerca de que el resarcimiento del daño moral a favor del hijo, en caso de negativa infundada de su padre a reconocerlo como tal, recibe concreta recepción normativa en nuestro derecho positivo vigente (arts. 31 Const. Nac.; 1, 3, Cód. Civil; 163 inc. 6 Cód.

Proc.).
Daños y perjuicios, espectáculos deportivos, responsabilidad contractual, eximentes de responsabilidad, ciclista, cosa riesgosa, teoría de la aceptación del riesgo
Materia: CIVIL
Carátula: SUÁREZ,  Enrique Damián c/ BICICLUB DE RICARDO SILVETI y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-12

Si el participante en una competencia ciclística de la especialidad "mountain bike" dio su consentimiento para exponerse y someterse a los riesgos inherentes al deporte que practicaba, el riesgo no debe ser soportado por quien facilitó el ámbito para su desarrollo, a menos que demuestre un vicio en la cosa que haga peligrosa su utilización.
Contratos, reordenamiento del sistema financiero, coeficiente de estabilización de referencia
Materia: CIVIL
Carátula: P., G.D. c/ A.S. SA s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-08

Las normas que establecen el CER y el CVS son normas de emergencia económica, que implican una intervención del Estado en los contratos celebrados entre particulares y hacen al orden público económico. Las leyes que establecen el CER y el CVS no son normas suplementarias, porque no respetan la voluntad de los particulares, ni establecen una voluntad complementaria para el caso que las partes no hayan exteriorizado su voluntad, sino que sustituyen lo ya pactado.
Daños y perjuicios, daño moral, monto de la indemnización, padres, muerte de un hijo
Materia: CIVIL
Carátula: ROJAS Rolando Rufino y Otra c/ Ruiz Rodolfo y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-16

Entiendo ampliamente justificada la procedencia del rubro y conforme precedentes de esta Sala coincidentes con el criterio expuesto en el considerando que antecede, en cuanto a que el daño moral procede aun sin prueba en casos en que causa la privación de los afectos legítimos paterno filiales y la seguridad sobre los cuidados y asistencia recíprocos de que gozan todos los integrantes de una familia normal voto para que en el presente donde los reclamantes son ambos progenitores, el monto indemnizatorio por daño moral se fije en la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000) calculada al momento del hecho dañoso, de la cual la demandada deberá pagar el porcentaje correspondiente a la atribución de culpabilidad establecida supra (20 %) con más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago.
Daños y perjuicios, establecimientos educacionales, accidente en establecimiento educacional
Materia: CIVIL
Carátula: IBAÑEZ,  Margareth c/ ARZOBISPADO  DE  BUENOS  AIRES s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

1- Resulta responsable el Arzobispado de Buenos Aires por los daños provocados a una alumna menor de edad a raíz de una caída dentro de una Parroquia mientras cursaba sus clases de catequesis. Es que, la institución religiosa al haber asumido el cuidado de la niña, se obligó no sólo a contribuir a su pleno desarrollo cristiano, sino también a otorgarle una apropiada y conveniente vigilancia y observación de su conducta en el lugar en el que se desarrolla la actividad de catequesis, con la intención de preservar su integridad física. 2- Tanto las autoridades como los docentes de un establecimiento educativo deben ser considerados guardadores in jure, de forma tal que su situación tiene similitud a la de los progenitores, en lo que se refiere a su deber de cuidado, por lo que tal extremo, torna su responsabilidad inexcusable. 3- La expresión "establecimientos educativos" prevista en el art. 1117 del Código Civil alcanza a todas las organizaciones establecidas para impartir enseñanza, sin que sea procedente limitar su alcance a aquellas que estén encuadradas en la Ley Federal de Educación, y sin perjuicio que la educación o enseñanza se realice contra el pago de un precio en dinero o sin contraprestación alguna.
Daños y perjuicios, daño resarcible, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rego, Juan Carlos c/ Labor Agencia de Viajes y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-24

Es admisible que ante un incumplimiento contractual pueda reclamarse la perdida de la chance de obtener un beneficio. Para ello la prueba exigida debe estar dirigida a demostrar la existencia de una probabilidad suficiente de que el daño se haya producido y no una simple posibilidad, para que racionalmente podamos pasar de la mera suposición del daño a la probabilidad de su existencia, tal como lo requiere la norma (arts. 519, 520 del CCI).
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, calidad de parte, honorarios, regulación de honorarios, sucesiones, carácter alimentario, trámites judiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BURGOS, Obdulio s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-22

El art. 19 del Dcto. Ley 324/63, según texto de la Ley 5323/78, aplicable a los procesos sucesorios, dispone entre otras cosas que: "Cuando intervienen varios abogados, ya sea como letrados, apoderados o procuradores, se regulará por separado lo que a cada uno de ellos corresponda, según fuere la labor realizada en interés de la masa, del heredero, del legatario o del acreedor".

La jurisprudencia tiene expresado que son a cargo de la masa los trabajos profesionales cumplidos en beneficio común. Para considerar comunes los trabajos realizados en el sucesorio es menester que se traduzcan en una eficaz iniciativa de impulso procesal con beneficio para todos los interesados, y que tiendan -en definitiva- al cumplimiento de las necesarias etapas para lograr la terminación del juicio.

Lo que interesa es que la labor cumplida por el letrado sea oficiosa a los fines de la marcha del sucesorio y de interés común de todos los herederos, es decir de la masa. De allí que, la remuneración del trabajo por el profesional cumplido se encuentre a cargo de la masa hereditaria.
Caducidad de instancia, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: JOSEFA MEDINA DE TOLABA s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1990-03-30

En algunas legislaciones procesales se prevé la caducidad de instancia de pleno derecho, pero no es ese el régimen que surge del código procesal de Tucumán, ni el de la Nación, ya que en nuestro Código la caducidad no se opera de pleno derecho sino que es necesaria la resolución judicial que la declare y tal declaración no tiene efecto retroactivo, sino que la perención se opera a partir del momento en que el órgano judicial la declare. Por eso se prescribe que las partes puedan pedir la declaración antes de haber consentido ningún trámite del proceso; que si consienten la perención se purga, lo que está diciendo que no opera de pleno derecho.
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARCAROLO, María c/ OBRA SOCIEDAD ANONIMA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-24

Los índices de ajuste financiero elaborados por el banco central no guardan relación alguna con la desvalorización de la moneda -o al menos guardan una relación muy remota-.

El índice de la circular RF 687 es claro al decir que el índice se elabora sobre la base del promedio ponderado del costo financiero por unidad de capacidad de préstamo que informa cada entidad del sistema financiero. O sea que la pauta de ajuste no se relaciona con la desvalorización de la moneda sino con el costo de la actividad financiera.

El sentido de toda cláusula de ajuste monetario queda así desnaturalizado: el sistema de la RF 687 preserva al prestamista de sus costos futuros, cualquiera sean éstos.

De tal modo, las entidades componentes del sistema financiero podrán captar depósitos a cualquier costo, pues éste será en definitiva volcado sobre el prestatario que suscribió un contrato de mutuo con aquélla.
Competencia federal, competencia por el territorio, economía procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: INSTITUTO FORESTAL NACIONAL s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-26

Cuando están ubicados en la Capital Federal o en sus proximidades, el domicilio del profesional certificante, el contrato correspondiente y demás constancias de la causa, no existe motivo alguno de orden práctico, o de economía procesal que resulten suficientes como para apartarse de la regla que rige la competencia en razón del lugar.
Jueces, deber de imparcialidad, recusación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: M., J. C. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - HOMICIDIO SIMPLE - INCIDENTE DE RECUSACION PLANTEADO POR LA DEFENSA (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 427 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-17

No cualquier temor o sospecha de parcialidad puede fundamentar un apartamiento del juez natural. En los precedentes emanados del máximo Tribunal de la Nación y de los tribunales europeo e interamericano de Derechos Humanos siempre se alude a un "fundado temor", a una "duda razonable", a "dudas legítimas", "razones legítimas", a una "desconfianza justificada" o una "sospecha ... según una valoración razonable", fórmulas que imponen la necesidad de apreciar la seriedad de los motivos esgrimidos por el impugnante.

Respecto de la distinción entre una y otra faz de la garantía ( objetiva y subjetiva), se ha dicho que "el primer enfoque ampara al justiciable cuando éste pueda temer la parcialidad del juez por hechos objetivos del procedimiento, sin cuestionar la personalidad, la honorabilidad, ni la labor particular del magistrado que se trate; mientras que el segundo involucra directamente actitudes o intereses particulares del juzgador con el resultado del pleito".

La aclaración resulta relevante, además, en la medida de que "si la imparcialidad personal de un tribunal o juez se presume hasta prueba en contrario, la apreciación objetiva consiste en determinar si independientemente de la conducta personal del juez, ciertos hechos que pueden ser verificados autorizan a sospechar sobre su imparcialidad".

En el caso, atento a que la recusación se basó en la existencia de una relación personal entre el juez de instrucción y la víctima y su grupo familiar, así como en el tenor de los actos procesales desarrollados por el magistrado y que revelarían el interés particular del mismo con el resultado del pleito, no resultan trasladables estas pautas, en las que se ventila la pérdida de imparcialidad -o de la imagen de imparcialidad- por actos objetivos del procedimiento o la participación sucesiva del mismo juez en distintas etapas o instancias del proceso.

Y tampoco tienen nada que ver con lo acontecido en la especie los restantes precedentes invocados que aluden a temas que comprometían la imparcialidad subjetiva del juzgador, a cuestiones de competencia o a excepcionales situaciones de gravedad institucional.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, desistimiento de la acción, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Tartaglia, Néstor Raúl y otra c/ Baquero, Eduardo José. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

Es inadmisible el recurso extraordinario deducido por el ejecutado si la resolución impugnada no le ocasiona agravio, en la medida en que el proceso concluyó como consecuencia del desistimiento efectuado por los ejecutantes ante el pago del crédito que se reclamaba realizado por el obligado principal.
Nulidad del acto jurídico, rechazo in límine
Materia: LABORAL
Carátula: Saldaña, Guillermo Raúl c/ Del Valle, Gustavo y otros s/ Diferencias salariales y otros-Rec. de queja interp. por  Larrechart, C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-06

Ante el rechazo "in límine" de un incidente de nulidad no se advierte la existencia de la necesaria disposición que altere la regla contenida en el artículo 122 del Cód. Procesal Laboral respecto a la procedencia de la vía recursiva intentada. Por ello, debe revocarse el auto cuestionado y admitirse el recurso de apelación interpuesto contra el mismo, el que -al poner fin a la cuestión planteada- debe concederse con efecto suspensivo y no diferido.
Accidente de tránsito, culpa civil, presunción de culpa, accidentes de trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: NEVES ANTUNES DE HENRIQUES, LILA c/ BOZIO, ENRIQUE Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-10

Si el accionante no pudo frenar de inmediato y detenerse, dada la presumible escasa distancia que lo separaba del automóvil que circulaba delante suyo, era porque no tenía el pleno dominio sobre su rodado en los términos del art. 32 inc. b) del C. de Tránsito para la ciudad de Buenos Aires corroborante de lo establecido en el art. 65 de la ley general de tránsito 13893, lo cual es demostrativo de la omisión de las diligencias exigidas por las circunstancias del caso, que es, precisamente, lo que caracteriza la culpa, art. 512 del C.Civil.
Designación de perito, notificación, oportunidad procesal, pericia médica, nulidad procesal, declaración de oficio, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: A., P. s/ Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-06-21

No habiéndose notificado al imputado de la designación de los peritos integrantes del Cuerpo Médico Forense al prestar declaración indagatoria, se ha visto conculcado el derecho de defensa en juicio establecido en los arts. 18 de la Constitución Nacional, 32 de la Constitución Provincial y 330 del C.P.M.P.. Por lo tanto, corresponde declarar de oficio la nulidad de la pericia indicada supra y al no poderse comprobar el cuerpo del delito debe absolverse de culpa y cargo al encartado.
Empleados públicos, sanciones disciplinarias, cesantía
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MOLINA, OSCAR RUBEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-04-06

El presente recurso no puede prosperar, ya que mediante la postulación de arbitrariedad por prescindencia del texto legal aplicable y de arbitrariedad en la valoración del dictado del auto de sobreseimiento definitivo en sede penal, el impugnante no hace sino insistir con su particular enfoque acerca de la desproporción de la pena y arbitrariedad de la sanción de cesantía; mas sin hacerse cargo de que -como ya señaló la Cámara al rechazar el recurso- no se advertía que el hecho impugnado sustente la sanción impuesta en un hecho distinto al que originó el procedimiento, ni que ese achaque, sea suficiente para considerar producidos los vicios que le son atribuidos a ese acto expulsorio. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Erbetta y Gastaldi)
Procedimiento administrativo, informalismo a favor del administrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Persoglia, Sergio Damián c/ Provincia de Buenos Aires (Honorable Senado) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

En virtud del principio de formalismo moderado o atenuado vigente en el procedimiento administrativo, si el actor denominó al escrito que presentó en sede administrativa como "solicita revisión", pero de las circunstancias apuntadas surge claramente que se trató de un recurso de reconsideración o revocatoria, el principio en cuestión exige que sea tratado como tal.
Cuestiones de competencia, delitos comunes, personal penitenciario, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ROSSINI, Héctor Rubén y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-10

El carácter excepcional y estricto que se debe reconocer a la justicia federal exige que en el radio de la ciudad de Buenos Aires el funcionario, autor o víctima de un delito cumpla funciones específicamente federales (*).

Los agentes del Servicio Penitenciario Federal que se desempeñan en establecimientos ubicados en la Capital Federal, donde se alojan detenidos a disposición de magistrados federales, no cumplen, por ello, funciones específicamente federales(**).

En consecuencia, debe intervenir la justicia nacional.
Contrato de trabajo, cooperativa de trabajo, fraude laboral, socio empleado, primacía de la realidad
Materia: LABORAL
Carátula: Barchietto   de   Diaz,   Adriana c/ Sociedad   Italiana   deBeneficiencia  en  Buenos  Aires  Hospital  Italiano  y  otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-12

Cuando la única finalidad de la cooperativa consiste en proveer servicios a terceros, los interesados recurren a ella con el fin de obtener empleo. Están obligados a asociarse, y en tal carácter son enviados a terceros quienes les asignan trabajo efectivo. Se trata del caso más común de fraude que puede enmascararse bajo la forma de "cooperativas de trabajo". Las personas enviadas por las cooperativas a prestar esos servicios se encuentran ligadas a ésta por una relación de tipo laboral (art. 27 LCT) y no pueden ser considerados simples socios de aquélla pues se trataría de una formalidad sin contenido real. Es que en realidad, no efectúan ningún aporte de trabajo para ella sino que lo hacen para otra persona física o jurídica y como contraprestación, reciben un pago de carácter salarial (más allá de la denominación que se le asigne), que responde a la efectiva prestación de tareas como trabajador y no a su condición de socio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Maduri, Antonio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-29

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no hace más que disputarle al tribunal del trabajo el ejercicio de facultades privativas en la selección y ponderación del material probatorio, a la vez que no evidencia que, aún dentro de la amplitud que confiere el sistema valorativo del fuero, hubiera incurrido en vicio alguno que invalide el decisorio.
Honorarios, regulación de honorarios, presentación al cobro
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Banco Hipotecario SA c/ Puchulo, Patricia Laura s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

Salvo para procesos cuyo objeto concierna a bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, no es causal de nulidad la falta de sustanciación de los guarismos propuestos por una parte, pues la fijación de la base regulatoria es una atribución propia del magistrado que no comporta una etapa procesal autónoma ni exige bilateralidad (conf. esta Sala, 8/7/10, "Langiotti, Mabel c/ Fernandez Antonio y otros s/ med. precautoria". Expte. 47084/09). Emparentado con lo anterior, también se ha dicho que no puede derivarse agravio para la actora cuando la mecánica empleada en el grado coincide con la aplicada por aquella para el cálculo de la tasa de justicia, ya que la liquidación de la base imponible para tributar la gabela importa manifestación suficiente acerca de la tasa de interés pretendida (v. esta Sala F, mutatis mutandi, 1/12/09, "Banco Macro SA c/ Diaz Luis Alberto s/ ejecutivo", íd. 21/4/15, "Mercoop Coop. de Créd. Cons. y Viv. Ltda. c/ Plus Plastic SA y otros s/ ejecutivo"; íd. 10/9/15, "Banco Patagonia SA c/ Huerta, Olga Beatriz s/ ejecutivo", Expte. N° COM 35664/2014, entre otros).