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Cláusula penal, rescisión del contrato, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Seguridad Hibou SRL c/ Cemepla SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

Procede rechazar el cobro de la cláusula penal por la rescisión anticipada del contrato de prestación de servicio de seguridad que vinculaba a las partes litigantes. Ello puesto que los incumplimientos alegados por el personal de la demandante justificaron la adopción de la solución rupturista por la aquí demandada. Así ésta señaló que el vigilador asignado se retiraba de su lugar de trabajo antes del horario del cierre de la clínica, conducta reiterada informada en varias oportunidades mediante correos electrónicos, corroborados por peritaje informático no cuestionado y por carta documento, la que no mereció respuesta de su contraria. De ello se infiere que la demandada notificó de los incumplimientos a la empresa de seguridad, dándole la posibilidad de cumplir correctamente con sus obligaciones; y, ante su silencio, resolvió el contrato en forma legal. La extinción del vínculo no se produce de pleno derecho por el mero incumplimiento del contratante inocente, sino que es necesario que declare su voluntad de extinguir, haciéndolo saber a la contraparte pues nada se da por sobreentendido, al punto que ni siquiera cuando las partes han previsto expresamente que el incumplimiento ha de causar la extinción, el contratante inocente es relevado de esa comunicación -CCCN 1086-. En este orden de ideas, resulta imposible, como pretende la apelante, analizar si corresponde la aplicación de la cláusula penal por resolución anticipada, con independencia de los motivos que llevaron a su contendiente a resolver el contrato.
Verificación de créditos, fianza, codeudor solidario
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Cencosud SA c/ Dayan, Celia y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-01

Si bien no se comparte el argumento de que las recurrentes resultarían igualmente obligadas por la deuda aquí reclamada, aún en el caso de que no se hubiese verificado -o de algún modo reconocido- en el proceso concursal el crédito aquí esgrimido en relación al deudor afianzado; en tanto de acuerdo con el criterio sostenido en diferentes antecedentes, la responsabilidad del principal pagador, pese a la mayor intensidad que le confiere el CCIV 2005 (hoy CCCN 1591), no deja de ser en última instancia un fiador, en el sentido de que su responsabilidad es accesoria y condicionada a la existencia de un crédito válido contra el deudor principal. Ello es así, porque la mayor intensidad del compromiso asumido por el fiador liso y llano principal pagador en comparación con la del fiador, strictu sensu, no proviene de la eliminación del principio de accesoriedad -inherente a todo tipo de fianza- sino de la del principio de subsidiariedad, dado que lo característico de ese tipo de garantía es la posibilidad de demandar, frente al crédito exigible, directamente al fiador, independientemente de la acción contra el afianzado, cual si se tratara de un verdadero codeudor solidario (CCIV 2005, hoy CCCN 1591). Más, sin embargo, como el crédito de que aquí se trata fue finalmente verificado en el proceso concursal del deudor afianzado, ésta última divergencia a la que se viene haciendo referencia carece de real trascendencia en este caso, ya que, al estar regularmente reconocido como válido dicho crédito por ante al deudor principal, no se encuentra óbice para adherir a la solución plasmada en ella y, consecuentemente, propiciar también la confirmación del fallo en cuanto condenó al recurrente en su condición liso y llano principal pagador de la obligación contraída por la sociedad. Voto del Dr. Kolliker Frers
Personal militar, policía de seguridad aeroportuaria, personal civil de la policía de seguridad aeroportuaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C., M. J.  c/ E N. - M° Seguridad - P.S.A.  s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-19

La sala confirma la sentencia de grado en cuanto declaró el carácter bonificable del "suplemento por grado", y el carácter remunerativo y bonificable de la "compensación por zona", creados por el decreto 1190/09. Respecto al suplemento de grado es imprescindible producir prueba que acredite la disociación entre el texto reglamentario y la realidad. Carácter remunerativo y no bonificable. Aplicación del fallo de la CSJN "Lalia, Oscar" y "Franco Ruben". Generalidad del suplemento con informe de la fuerza. De la letra del decreto 1190/09 (cfr. especialmente artículos 22 y 30/34), así como de lo informado por la Dirección de Recursos Humanos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria es dable advertir que, el personal civil que percibe el "suplemento por grado", independientemente de que sea promovido o no, continúa percibiéndolo mes a mes. El "suplemento por grado" se percibe por el solo hecho de integrar la planta permanente de personal civil de la P.S.A., de revistar entre los grados uno (1) a diez (10), en cualquiera de los cuadros A, B, o C, hasta su egreso de la Institución. Compensación por zona. No obstante el carácter no bonificable que le asigna el decreto 1190/09, este rubro es abonado a la generalidad del personal que integra la P.S.A., no solamente al personal civil, sino incluso al personal policial, cuya actuación profesional se rige por el decreto 836/08, anexo 8 (cfr. esta sala, in re: "Mercado" del 13/20/20).
Juicio ejecutivo, capitalización de intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Macro SA c/ Curtume Cbr SA  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-20

Cabe admitir la capitalización trimestral de los intereses derivados del saldo deudor en cuenta corriente (en los términos del CCCN 1398), desde la mora y hasta el efectivo pago.
Ley vigente, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Furman, Isaac Norberto  c/ Swiss Medical SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-26

Resulta inaplicable el CCCN 2562-c). Voto de la Dra. Vásquez
Acreedor prendario, subasta
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Toyota Compañía Financiera de Argentina SA c/ Magual Pergamino SA s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-22

En la prenda común, el acreedor puede ejercer directamente la facultad de cobrarse con privilegio sobre el producido de la subasta de bienes, pues tiene el bien mueble objeto del privilegio; en tanto que en la prenda "sin desplazamiento" se requiere no sólo el registro del gravamen para conceder efectos frente a terceros, sino un procedimiento ágil para poder colocar a este acreedor prendario en iguales condiciones con el que posee como título una prenda común. Disidencia de la Dra. Ballerini
Habeas data, ley de protección de los datos personales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Andrade, Eliana y otro  c/ EN- Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-06

La sala revocó la sentencia apelada que había rechazado la acción deducida atento a que la vía elegida por la parte actora no resultaba formalmente admisible. Para así decidir, sostuvo que más allá del "nomen iuris" asignado por los actores a la acción judicial, la pretensión podía ser subsumida en la figura del habeas data. Respecto del fondo del asunto, afirmó que la propia demandada había considerado que en la actualidad los datos de salud de las personas no cumplían una función necesaria, de modo que correspondía ordenar la eliminación integral de los datos almacenados con motivo de la pandemia.
Tarjeta de crédito, dólares, impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria PAIS
Materia: BANCARIO
Carátula: González, Carlos Oscar  c/ Banco Santander Rio  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-18

Corresponde rechazar la pretensión tendiente a otorgarle efectos extensivos -erga omnes- a la declaración de nulidad de la leyenda incluida por el banco demandado en los resúmenes de tarjeta de crédito, en cuanto dispone que si el pago de los consumos en el exterior es realizado en dólares antes del cierre de la liquidación o después del vencimiento de la fecha de pago se aplica el Impuesto PAIS y la percepción de la resolución general 4815/20.
Ley de defensa del consumidor, ley de prenda con registro, relación de consumo
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Toyota Compañía Financiera de Argentina SA c/ Magual Pergamino SA s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-22

Resulta procedente la necesidad de generar una articulación entre las normas prendarias, la ley de defensa del consumidor y la protección que corresponde al sujeto pasivo de la relación de consumo. Y, a efectos de satisfacer dicha especial protección, es acertada la disposición de un trámite mediante el cual se le permita al demandado expresar sus defensas de manera previa al secuestro del bien que garantiza su crédito. Voto del Dr. Bargalló
Ley de defensa del consumidor, ley de prenda con registro
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fca Compañía Financiera SA c/ Yglesias Rodrigues, Carlos Rubem  s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-01

En tanto el sistema previsto en la LPR 39 es incompatible con la vigencia de varias de las disposiciones que rigen la defensa del derecho de consumidor, en la medida de esa incompatibilidad, esa ley debe entenderse modificada por la ley 24240, desplazando en su caso, a toda disposición que disponga lo contrario, por ser ella fuente constitucional, extremo que denota que la solución de conflictos normativos no puede guiarse por la aplicación de las reglas tradicionales que autorizan a fundar la prevalencia de una norma en la circunstancia de que sea anterior, o especial (cfr. Ricardo Lorenzetti, "Consumidores", p. 49, ed. 2009), sino que debe buscarse en las pautas que rigen la jerarquía constitucional de las disposiciones enfrentadas, en tanto el estatuto consumerista surge de lo dispuesto por la CN 42 (cfr. CNCom, Sala C, en autos "HSBC Bank Argentina SA c/ Génova, Mario Oscar s/ secuestro prendario" del 21/09/17).
Tarjeta de crédito, dólares, impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria PAIS
Materia: BANCARIO
Carátula: González, Carlos Oscar  c/ Banco Santander Rio  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-18

En el marco de una acción tendiente a obtener la declaración de nulidad de la leyenda incluida por el banco demandado en los resúmenes de tarjeta de crédito, en cuanto dispone que si el pago de los consumos en el exterior es realizado en dólares antes del cierre de la liquidación o después del vencimiento de la fecha de pago se aplica el impuesto y la percepción de la resolución general 4815/20, es dable señalar que el proceder de la entidad bancaria carece de fundamento normativo que justifique la retención del Impuesto PAIS y la percepción del adelanto de Impuesto a las Ganancias o del Impuesto a los Bienes Personales cuando el pago es realizado por el usuario en moneda extranjera.
Control de razonabilidad, confianza en las instituciones, efectos del acto administrativo, derechos subjetivos, compensación económica, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Química True S.A.C.I.F.  c/ Municipalidad de Esteban Echeverría  s/ Inconstitucionalidad ordenanza 9.264/19 (decr. 1.804/19)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-09-24

El principio de confianza legítima significa que la autoridad pública no tomará medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad de sus actos y en función de las cuales los particulares adoptan sus decisiones, de allí que bajo determinadas condiciones podría admitirse la anulación de un acto administrativo o la invalidación de una ordenanza local siempre que se pruebe la alteración de las circunstancias que generaron las esperanzas fundadas en su mantenimiento, pues si bien no constituye un derecho subjetivo la creencia acerca de que el Estado cumplirá con las obligaciones a su cargo y que no dañará los intereses de sus habitantes integra una expectativa legítima y representa un interés que genera en el particular aquella confianza, la que si resulta quebrantada debe ser resarcida.
Acción meramente declarativa, exenciones impositivas, IVA
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-ADUANERO
Carátula: Unión Argentina de Rugby  c/ EN- AFIP-DGI  s/ proceso de conocimiento [Juzgado nº 1]
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-27

La sala, por mayoría, desestima los agravios ofrecidos por la parte demandada y confirma la sentencia apelada que había admitido la demanda. Señala que la cuestión debatida no tiene un carácter consultivo ni consiste en una indagación especulativa ya que la parte actora demuestra tener un interés serio y suficiente en la declaración de certeza pues busca dilucidar su situación frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos y evitar incurrir en un incumplimiento pasible de sanción. Indica que la limitación a las exenciones subjetivas introducidas por las sucesivas modificaciones en la ley del impuesto al valor agregado ha dado lugar a controversias entre el fisco y los contribuyentes sobre la prevalencia de las leyes especiales sobre la ley del gravamen. Expresa que toda vez que la ley 25.920 dispuso la aplicabilidad de las exenciones establecidas en las leyes entonces vigentes y no efectúa distingos en relación a la actividad, la franquicia establecida para las asociaciones deportivas y de cultura física alcanza también al impuesto al valor agregado. Concluye en que la parte actora se encuentra exenta de tributar el impuesto al valor agregado dado que es una asociación civil sin fines de lucro, debidamente constituida e inscripta y dedicada a dirigir y fomentar el juego del rugby. El juez Rodolfo Eduardo Facio, en disidencia, admite los agravios ofrecidos por la parte demandada, y propicia revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda dada su inadmisibilidad. Expone que no se advierte la configuración de una situación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó con independencia de la existencia de una determinación de oficio o de una intimación de pago, para fundar la admisibilidad de una acción declarativa de certeza. Señala que más allá de la inexistencia de un acto en ciernes, la nota emitida por el director de asesoría técnica de la Administración Federal de Ingresos Públicos, hace más de 5 años, en modo potencial, en respuesta a la consulta no vinculante efectuada por la actora, no comporta una conducta semejante. Concluye en que las argumentaciones exteriorizadas por la parte actora no acreditan la existencia de una situación de incertidumbre que le causa un agravio actual y concreto que la jurisdicción está obligada a resolver de forma inmediata.
Interpretación restrictiva, prescripción, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja de Previsión Social para abogados de la Provincia de Buenos Aires c/ B. M. A.  s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-09-24

Conforme los principios consagrados por la doctrina y la jurisprudencia relativos a la prescripción, ésta debe ser tratada siempre con prudencia y en términos de interpretación restrictiva, por lo que en caso de duda corresponde sostener la subsistencia de la acción sin que ello contraríe la importante función que el instituto cumple en el marco del ordenamiento jurídico como factor ordenador de las relaciones sociales jurídicamente relevantes.
Medicina prepaga, prescripción, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: Furman, Isaac Norberto  c/ Swiss Medical SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-26

No entra aquí en juego ni se erige como el tópico principal del reclamo el pago periódico de un servicio, sino la eventual existencia de un avasallamiento de las normas de orden público que rigen la materia (CNCom, Sala E, "Barbour, Daniel Rubén c/ Swiss Medical SA s/ ordinario" del 07/04/22). Por ello, el artículo invocado por la demandada no resulta aplicable al caso.
Revocación de sentencia, acreedor prendario, prevención del delito
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-PENAL
Carátula: Fca Compañía Financiera SA c/ Alvarado Colina, Alejandra Verónica  s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

Cabe revocar la resolución que denegó el libramiento de ciertos oficios tendientes a requerir la colaboración de las fuerzas de seguridad para la ubicación y secuestro del bien pignorado. Es que requerir sólo la colaboración de las fuerzas de seguridad para que en sus procedimientos habituales de control vehicular proceda a retener la unidad prendada para efectivizar el secuestro ya ordenado por el juez, no implica distraerla de sus funciones específicas de velar por la seguridad y la prevención del delito, ni suplir o relevar al acreedor prendario de las tareas de impulso de la medida por parte de quien la solicitó.
Derechos del consumidor, acreedor prendario, ley vigente
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Toyota Compañía Financiera de Argentina SA c/ Magual Pergamino SA s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-22

Ello así, resulta inconducente que a través de un argumento teórico de defensa de derechos del consumidor, se pretenda invalidar un mecanismo respecto del cual no se acreditó en momento alguno, que en su utilización mediara un abuso de parte del acreedor prendario (CNCom, Sala, in re, "HSBC Bank Argentina SA c/ Fría, Lorena de los Ángeles s/ secuestro prendario" 22/12/16); la ley especial está vigente, no fue tachada de inconstitucionalidad y facilita el acceso al crédito prendario con las garantías del caso.
Acción de amparo, medicina prepaga, cobertura médica, juicio sumarísimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Sundblad, Sergio Eduardo  c/ Cobensil SA  s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-07

Cabe admitir la demanda de amparo tramitada por la vía sumarísima contemplada por el CPR 321-2°, contra la empresa de medicina prepaga accionada con el objeto de obtener el cambio de cobertura denominado "Plan OV" por el "Plan B2" superior y más adecuado a las necesidades del actor. Ello por cuanto, si bien la empresa demandada no rechazó la posibilidad de un cambio de plan, pero sí lo condicionó a dos requisitos, a saber, por una parte "...abonar la cuota que corresponda..." y, por otra parte, concurrir personalmente a la sede de la entidad para "...completar la documentación respectiva...". En ese marco, cabe señalar que la empresa demandada persistió en su silencio acerca de cuál sería en concreto la cuota aprehendida en el "Plan B2", mostrándose incluso ambigua en ello si ambos planes tienen las mismas prestaciones y los mismos costos, aspectos ambos que no puede ignorar. Y respecto al segundo requisito, no se aprecia cuál fue el sentido de exigirle al contratante (paciente) consumidor, el complemento de una nueva documentación que, en sustancia, nada aportaba a la prestadora médica en cuanto al régimen contractual preexistente.
Restitución de sumas de dinero, retiro voluntario, trámite jubilatorio
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Honorable Senado de la Nación  c/ Solte Wilde Oscar José  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-04

Se desestiman los agravios ofrecidos por el Honorable Senado de la Nación y se confirma la sentencia apelada que rechazó la demanda. La sala indica que el plazo de treinta días establecido en la resolución conjunta n° 4/2017 del Congreso Nacional comenzó a correr cuando el demandado finalizó el pago de la moratoria a la cual había adherido voluntariamente ya que desde ese momento cumplió con la doble exigencia prevista por la ley para el otorgamiento del beneficio jubilatorio. Concluye en que el demandado inició el trámite jubilatorio en tiempo y forma y en que, por tanto, no se haya incumplido el régimen de retiro anticipado.
Derechos y garantías constitucionales, derechos del consumidor, defensa en juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Toyota Compañía Financiera de Argentina SA c/ Magual Pergamino SA s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-22

En ese marco, corresponde, a fin de asegurar los derechos previstos en la CN 18 y 42, otorgar al consumidor una oportunidad previa al secuestro prendario para ejercer su derecho de defensa en juicio.
Facultades jurisdiccionales, ley de prenda con registro
Materia: COMERCIAL
Carátula: Toyota Compañía Financiera de Argentina SA c/ Magual Pergamino SA s/ secuestro prendario
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-22

Frente al sustento constitucional de la tutela judicial efectiva de los consumidores, corresponde adoptar una interpretación de la Ley de Prenda con Registro que no desconozca las garantías constitucionales.
Colegio Público de Abogados, sanciones disciplinarias, competencia por el territorio, tribunal de disciplina
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Villarreal, David Efraín  c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal (EX. 29993/17) s/ ejercicio de la abogacía - Ley 23.187 - Art. 47
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-04

El actor interpuso recurso directo, en los términos del art. 47 de la ley 23.187, a fin de cuestionar la legitimidad de la sanción disciplinaria de multa que le había sido impuesta por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). En esencia, objetó su competencia territorial para intervenir en el pleito, dado que los hechos denunciados -esto es, la retención de una suma de dinero que le había sido transferida por una clienta a fin de procurar el levantamiento de la ejecución fiscal que yacía sobre un inmueble del acervo hereditario, en el marco de la sucesión de su abuela- hacían referencia a dos litigios en trámite ante juzgados civiles y comerciales sitos en la Provincia de Buenos Aires. La sala interviniente desestimó su pretensión, en el entendimiento de que -si bien asistía razón al recurrente en sus afirmaciones respecto de estas dos causas que dieron inicio al sumario administrativo- el propio actor manifestó que el monto dinerario en cuestión había sido imputado a la cancelación de un crédito por honorarios que su clienta le adeudaba por un tercer pleito, tramitado ante un juzgado en lo comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tales condiciones, interpretó que esta tercera causa aludía a la actuación profesional del letrado en la jurisdicción de la Capital Federal, presupuesto habilitante para la intervención del CPACF en el caso, según lo normado en el art. 17 de la ley 23.187.