Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-03-09


RESOLUCION INTERLOCUTORIA Nº 6722 NEUQUEN, 9 de marzo de 2009.

V I S T O S:

Los autos caratulados "MANIERO HECTOR DANIEL C/ ESTADO PROVINCIAL DE NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", expte. n° 1140/4, en trámite ante la Secretaría de Demandas Originarias del Tribunal Superior de Justicia, venidos a conocimiento del Cuerpo para resolver, y CONSIDERANDO:

I.- A fs. 222, el actor acompaña comprobante de pago de la tasa de justicia por la suma de $15,00 y de la contribución al Colegio de Abogados por la suma de $115, correspondiente a un juicio de monto indeterminado.

Asimismo, interpone recurso de reposición contra la providencia que determina el pago de la tasa y la contribución, con carácter de previo. Solicita que las cuestiones relacionadas con dichos conceptos se deriven al incidente que se forme de conformidad a lo dispuesto en el artículo 175 y ss. del Código Procesal.

Sostiene que la garantía constitucional del acceso a la justicia determina que todo ciudadano tenga derecho a la tramitación completa de la causa y que los tratados internacionales de derechos humanos, incorporados a la Constitución Nacional, han dejado en claro que el servicio de justicia no puede denegarse -y, menos detenerse- porque el justiciable no abona las tasas pertinentes.

Reitera que el constituyente reconoce como garantía fundamental al acceso a la justicia, bajo la fórmula "tutela judicial efectiva". Indica que de mantenerse el previo, se conculcaría tal garantía, al verse privado de obtener un pronunciamiento justo.

Cita jurisprudencia de la CSJN, hace referencia al caso "Cantos" y sostiene que, por aplicación de los principios allí consagrados, en el ámbito nacional, el beneficio de litigar sin gastos no contiene condicionamientos temporales.

En consecuencia, solicita que se adecue el trámite de estas actuaciones a dichos principios y que se deje sin efecto el previo.

II.- Sin lugar a dudas, el acceso a la justicia constituye una garantía constitucional receptada en el ámbito de los tratados de los derechos humanos (art. XVIII, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos), en el ámbito constitucional nacional (art. 18 y 75, inc.22) y también local.

Pero la accesibilidad de la justicia no debe confundirse con su gratuidad o con la inexigibilidad del pago de las tasas y contribuciones en la oportunidad debida; la obligación de abonar la tasa de justicia y la contribución al Colegio de Abogados en oportunidad de iniciar la demanda, no constituye por sí sola una denegación al acceso a los tribunales jurisdiccionales, siempre y cuando exista una previsión que lo posibilite en términos razonables.

En esta línea, es necesario destacar que la directiva constitucional que asegura la gratuidad de los trámites judiciales no ha sido dada en general, sino para quienes carezcan de recursos. Justamente, en aras de hacer efectivos los postulados de igualdad ante la ley y defensa en juicio de los derechos, a escala legislativa se ha regulado el beneficio de litigar sin gastos.

Este instituto posibilita que se garantice el acceso a la justicia, al decir de la CSJN, "no ya en términos formales sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes".

III.- Ahora bien, en este caso concreto, el actor inició un incidente tendiente a obtener el beneficio de litigar sin gastos. Dicho incidente no fue impulsado por el actor y ante su omisión -solamente a él imputable- se declaró la caducidad del trámite.

Producida la caducidad, cesa la causal de dispensa temporal para el pago de la tasa y, siendo que la obligación de pago -conforme a lo establecido por el Código Fiscal- debe ser cumplimentada al promover la demanda, su cumplimiento se torna exigible.

Así lo ha sostenido este Tribunal al indicar: "El artículo 298 establece: "Los juicios que se inician ante las autoridades judiciales estarán sujetos al pago de una tasa proporcional que fijará la Ley Impositiva ..." El Artículo 299 dispone:" Las partes que intervengan en los juicios responden solidariamente del pago de la tasa proporcional de justicia, conforme a la siguiente regla: a) En los juicios ordinarios de cualquier naturaleza la parte actora deberá hacer efectiva la tasa de justicia al iniciar el juicio, sin perjuicio de su derecho de repetir de la parte demandada...". En el título referido a las normas comunes a las actuaciones administrativas y judiciales, dentro del cual se encuentra inserto el artículo 135 invocado por la actora, también se encuentra establecido en el artículo 309 que: "No se dará curso a los escritos que infrinjan las anteriores disposiciones, ni tampoco se tramitará expediente alguno sin que previamente sea repuesto el sellado y foja del mismo.". De las normas transcriptas, resulta acertado señalar entonces, que una correcta interpretación de los artículos en cuestión lleva a considerar contemplada en el código la obligatoriedad del pago de la tasa cuando no se configuren las causales legales de exención, pudiendo suspenderse el proceso hasta que no se haya satisfecho la misma." (RI. 4312/04, 5499/6, entre otras).

Lo expuesto concuerda con las disposiciones de la ley 1971 de Autarquía del Poder Judicial. El art. 3º de dicho cuerpo legal, define a las tasas de justicia como "recurso específico" que le posibilita a este Poder afrontar parcialmente el costo del servicio. Por su parte, el art. 5º se le otorga al Tribunal la facultad de reglamentar la percepción, administrar, controlar y ejecutar dicho recurso, en caso de incumplimiento de pago.

Y ello es lo que ha hecho el Tribunal al interpretar que la falta de cumplimiento de la obligación tributaria impide la continuación de las actuaciones principales hasta tanto se satisfaga la misma.

IV.- En este punto cabe reafirmar que tal suspensión no afecta los derechos de defensa en juicio, debido proceso y acceso a la justicia, como afirma el litigante.

Tal como lo define Giuliani Fonrouge "La tasa es una prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado, en virtud de ley, por la realización de una actividad que afecta especialmente al obligado, siendo de notar al respecto que la última parte del concepto no significa que la actividad estatal debe traducirse necesariamente en una "ventaja" o "beneficio" individual, sino tan sólo, que debe guardar cierta relación con el sujeto de la obligación, por cualquier circunstancia que lo vincule jurídicamente con el servicio público instituido (desarrollo de alguna actividad, propiedad o uso de bienes, realización de gestiones o trámites, etc.)" (Giuliani Fonrouge, Carlos M. "Derecho Financiero", Tomo II, 9º Edición, Ed. La Ley, pág. 865).

La tasa de justicia, entonces, en cuanto imposición legal emergente del poder tributario del Estado, constituye una relación obligatoria para la parte, quién no puede rehusarse a su satisfacción una vez organizado el servicio respectivo.

La ley ha establecido que la oportunidad de su percepción de este tributo sea al iniciarse la demanda (art. 299 y 309 del C.F. citados) y ello no puede interpretarse como una negación del derecho a acceder al servicio de justicia: Por un lado, el mismo ordenamiento fiscal prevé exenciones (art. 306 C. F). Por el otro, la normativa procesal prevé medios idóneos que posibilitan la utilización del servicio de justicia en forma totalmente gratuita, con procedimientos sencillos, tal como el beneficio de litigar sin gastos (art. 78 CPCC).

El actor conocía a las claras la obligatoriedad del pago del tributo al promover su demandada. Por ello, eligió transitar una vía procesal alternativa para sortear el pago inicial. Interpuso el incidente tendiente a obtener el beneficio y gozó de la exención provisional durante su tramitación. V.- Es por estas circunstancias que el proveído se ajusta a derecho y los planteos del recurrente no pueden tener acogida.

El actor es conciente de que los efectos del beneficio provisional cesaron como consecuencia de su inactividad; también es conciente de que por aplicación de reiterada doctrina de este Tribunal, el inicio de un nuevo beneficio no lo dispensará del pago de los gastos ya devengados.

Frente a ello, intenta este planteo que desde el inicio no puede prosperar en cuanto carece de sustento fáctico concreto; se limita a decir que la exigencia del pago de la tasa le cercena el acceso a la justicia pero no existe ningún elemento que permita aventurar siquiera, que no se encuentra en condiciones de afrontar el importe debido en tal concepto ($26.914).	Tampoco alega -siquiera- la imposibilidad de afrontar el pago en cuotas, de conformidad a los términos del Acuerdo Nº 4251/08, Pto. X, anexo Plan de Facilidades de Pago de la Secretaría de Superintendencia, por el cual se aprobó un Plan de facilidades de pago de Tasa de Justicia (Mediante el mencionado plan, los contribuyentes pueden acceder a un régimen de facilidades de pago de obligaciones fiscales en concepto de tasa de justicia, con más sus recargos y actualizaciones para las deudas originadas en procesos judiciales, en cualquier etapa del trámite, siendo la autoridad de aplicación la Administración General de este poder judicial. Se concede un máximo de 24 cuotas mensuales consecutivas, siendo aplicable la tasa promedio del BPN vigente para los depósitos de plazo fijo. Indefectiblemente deberá integrarse un anticipo que se considerará como primera cuotas, del 10% de la deuda acogida para planes de hasta 12 cuotas y del 20% para planes de más de 12 cuotas).

Todas estas circunstancias determinan que el planteo carezca de la seriedad y concreción necesarias para dejar de lado la regla general de la exigibilidad de las tasas y contribuciones.

En otros términos, el planteo efectuado por la parte, se muestra como una afirmación dogmática en tanto se limita a la enunciación de una serie de principios y citas de normas constitucionales presuntamente infringidas, pero no fundamenta ni acredita, la imposibilidad concreta que su parte tiene para afrontar el pago de la tasa y contribución (cfr. CSJN, Andrada Roberto Horacio y Otros C/ Buenos Aires, Provincia de y Otros S/ Daños y Perjuicios -incidente de beneficio de litigar sin gastos Luis Alberto Andrada, A. 901. XXXVI, 10/05/2005). Desde esta perspectiva y ante la ausencia de elementos que permitan acreditar que el pago de los conceptos indicados se presente como una exigencia insuperable que indirectamente frustre el acceso a la jurisdicción, SE RESUELVE:

1°) RECHAZAR el recurso de reposición interpuesto por la actora, debiendo integrar los importes correspondientes a la tasa de justicia y contribución al Colegio de Abogados.

2°) Regístrese, notifíquese. DR. OSCAR E. MASSEI - Presidente. Dr. ANTONIO GUILLERMO LABATE - Dra. GRACIELA M. DE CORVALAN - DR. EDUARDO FELIPE CIA - Dr. RICARDO TOMAS KOHON Dra. CECILIA PAMPHILE - Secretaria.