marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procesamiento, falta de mérito, prueba pendiente
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: L., E.N. s/ Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-12

La existencia de prueba pendiente de producción no impide que el Juez -vencido el plazo previsto para resolver la situación procesal- proceda a decidir en base a la prueba obrante, no violándose con ello ni el debido proceso ni el derecho de defensa en juicio, toda vez que -ha de recordarse una vez más- la decisión esboza un mérito provisorio que es reformable aún de oficio en cualquier etapa del proceso si surgieran nuevos elementos para valorar.
Enfermedad profesional, personas con discapacidad auditiva
Materia: LABORAL
Carátula: Goñi, Raúl V. c/ Molinos Río de La Plata s/ Ley 9688 Llinas, Juan c/ S.O.M.I.S.A. s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05|1988-09-27

La intensidad del ruido en el lugar de trabajo puede probarse por otros medios de convicción, al margen de la prueba pericial.
Acceso a la información pública, derecho a la información, información ambiental
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y.P.F. S.A. s/ Amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-10

Si la empresa demandada exclusivamente se limitó a invocar la concurrencia de las causales de excepción contempladas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03 y en el art. 7 de la ley 25.831 para justificar el rechazo de la solicitud de información que se le formulara, sin apoyar mayores precisiones al respecto, convalidar dicha respuesta significaría dejar librada la garantía del acceso a la información al arbitrio discrecional del obligado y reduciría la actividad del magistrado a conformar, sin ninguna posibilidad de revisión, el obrar lesivo que es llamado a reparar.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Esuco S.A. c/ Conet -Mº de Educación- s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

De acuerdo con el régimen de la ley 12.910, los mayores costos se reconcen y liquidan según la variación ocurrida durante el lapso en que los trabajos que son materia de certificación debieron ser cumplidos, conforme con el plazo contractual y la consecuente curva de ejecución y si mediara prórroga del plazo contractual y se viera modificada la curva de ejecución cabría el reconocimiento teniendo en cuenta el período de extensión del plazo. (Del voto de la Dra.

Garzón de Conte Grand, consid. VI).
Sucesiones, privilegios (civil), gastos del proceso, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: RELLAN, Luis María c/ GALLEGO, Mónica Beatriz Hortensia s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-23

Constituyen gastos de justicia, en los términos del art. 3879 del Código Civil y, por tanto, gozan de privilegio, los honorarios de los abogados que tramitaron la protocolización y posterior aprobación de un testamento ológrafo, si la sucesión resultó necesaria para establecer la legitimación pasiva de los herederos para perfeccionar los actos de transmisión de los inmuebles que se vendieron forzadamente.
Cuestiones de competencia, competencia federal, daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, transporte aéreo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Mitchell, Diego Javier c/ Latam Airlines Group SA y otro s/ incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-08

Es competente la justicia federal para entender en la acción por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato de transporte aéreo, pues la cuestión debatida se vincula con el comercio aeronáutico, desde que se controvierte la regularidad del proceder de la línea aérea tanto en lo relacionado con la adquisición originaria del boleto y la falta de devolución del dinero, como en lo relacionado con la baja posterior del travel voucher. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Registro de marca, oposición al registro de marca, desistimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAS Consultores de Empresas  S.A. c/ Dirección Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria Infundada de Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

No es suficiente, en caso de marcas idénticas o muy semejantes destinadas a cubrir iguales productos o servicios, la autorización o desistimiento de la oposición del titular de la marca registrada;

pero si la especialidad de los destinatarios, la limitación del ámbito de los servicios a cubrir por el signo del solicitante, la diferencia, aunque sea reducida, de las designaciones contrapuestas, la antigüedad del uso de aquélla cuya inscripción se pide, permiten inferir que no hay peligro para la lealtad de la competencia y para la seguridad de los consumidores, el desistimiento del oponente constituye un elemento de juicio decisivo.-
Plazo de gracia, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarado Valenzuela, Federico Hernan c/ Jure Molina S.A.C.I. y otra s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-02-16

Dada la clara y terminante disposición de los artículos 152 y 156, en cuanto a que las actuaciones y diligencias judiciales se practicaran en días y horas hábiles bajo pena de nulidad por un lado, y que los plazos en su computo no se contaran los días inhábiles, es dable concluir que la interpretación del articulo 125 in fine, resulta errónea y extraña al instituto procesal previsto en el art. 125 del CPC.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos, bien jurídico protegido, paseos públicos, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MAMANI, Norberto César s/ s/inf. ART. 81 C.C. (ley 1472) -  Apelación 1472) -  Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-14

En virtud de la reforma efecruada por la Ley 1472 el bién jurídico tutelado en el artículo 81 es el uso del espacio público y no la tranquilidad pública, la que fue trasladada al Título IV, provocando ello el desdoble de bienes jurídicos protegidos: por un lado, el uso del espacio público, y por el otro, la seguridad y la tranquilidad públicas. El epígrafe anterior -tranquilidad pública- fue reemplazado por la mera mención de la conducta: "Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos".
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, jubilaciones, ley vigente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: NOEMI VICTORIA CIEZA c/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL s/ DEMANDA.    JUBILACION Y PENSION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

La impugnación atinente a que el a quo habría prescindido de las normas que rigen el punto -arts. 1ro y 2do del decreto-ley 8603-76- sin dar razón plausible al efecto, carece de entidad para habilitar la vía intentada, pues en el fallo se ha tratado la cuestión al considerar que la actora -que cesó en el cargo con anterioridad a su vigencia- había adquirido el derecho con carácter previo a la derogación de la ley, circunstancia que basta para sustentar lo resuelto en punto a la aplicación intertemporal de las leyes y a su vigencia a los fines de resolver el caso planteado, máxime si no se advierte que la argumentación de la Corte local respecto de la ley que hace regir traduzca defectos de fundamentación o se aparte de conocidos principios en materia previsional que imponen no llegar al desconocimiento de derechos sino con extrema cautela; sobre todo cuando se trata de leyes de reparación motivadas por situaciones políticas conflictivas.
Enjuiciamiento de magistrados, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., C. c/ Juez de Cámara en lo Criminal de Comodoro Rivadavia s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-29

El "debido proceso" consiste en acusación, defensa, prueba y sentencia. La acusación es el acto formal que actúa la acción tendiente a la separación del cargo del funcionario; de modo que la promoción de la acción de destitución es una facultad que el ordenamiento legal no reconoce más que a los sujetos que la ley 4461 menciona: el Consejo de la Magistratura, el Superior Tribunal de Justicia y los titulares del Ministerio Público, quienes, en el caso, no la ejercieron.
Defensa del consumidor, competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO MACRO S.A. c/ PROVINCIA DE SALTA. s/ SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte Nº CJS 34.474/11).
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-18

Si bien en una hermenéutica literal la resolución cuya nulidad se pretende en autos, por la cual la Secretaría de Defensa del Consumidor declaró su competencia para conocer en una denuncia efectuada en el marco de servicios bancarios relativos a depósitos y pago de órdenes judiciales, no constituye una "resolución condenatoria" en los términos del art. 19 de la ley 7402 de Procedimientos para la Defensa de los Derechos del Consumidor que determine la competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, la cuestión debe ser abordada, como toda tarea interpretativa que emprende el operador judicial, con un criterio sistémico de las normas en debate, computando la totalidad de los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional.
Ley arancelaria, honorarios, pago, jus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c/ BERGAGNA, EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-01

La alusión de la norma arancelaria al momento del pago -razonable y contextualmente interpretada- supone que el pago habrá de coincidir con el momento en que se hubieran finiquitado todas las divergencias y controversias respecto de la regulación de honorarios misma; por lo que en dicha oportunidad las unidades Jus que se hubieren fijado deberán convertirse por su equivalente en pesos o moneda de curso legal, estableciéndose de tal modo la suma líquida y exigible que corresponda, que de no ser cancelada producirá el devengamiento de los intereses que en cada caso se fijen. (Del voto de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículo 32, segundo párrafo, texto según ley 12851
Corte Suprema de Justicia de la Nación, facultades delegadas, jueces, adicional por dedicación exclusiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martiré, Eduardo  F.A. c/ Poder Judicial de la Nación s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

El art. 3, párrafo 2, de la ley 23.199, efectúa una clara delegación en la Corte Suprema para reglamentar la compensación funcional para magistrados y funcionarios, facultad a la que sólo impone dos límites: que no supere el tope del 25% de la remuneración total sujeta a aportes y que no se compute dicho adicional a los fines de la aplicación de las escalas porcentuales fijadas por la ley 22.969.
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, Cámara de Apelaciones, fallo plenario, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: F., R.; D., C.; P., R. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -  DENEGATORIA PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL - HOMICIDIO CULPOSO  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 514 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24

Nuestra Suprema Corte de justicia provincial ha señalado que determinar qué actos del proceso deben reputarse como "secuela de juicio" es una cuestión eminentemente interpretativa. Sobrada cuenta de ello son los dos plenos reunidos al efecto, uno de la Cámara en lo Penal de Santa Fe y otro de la Cámara en lo Penal de Rosario con resultados diametralmente opuestos: el primero sostiene, en esencia, que sólo hay "secuela de juicio" en la etapa del plenario o juicio propiamente dicho, mientras que el segundo entiende que es posible considerar como secuela de juicio con entidad interruptiva de la prescripción de la acción penal a determinados actos de la instrucción previos a la requisitoria de elevación. La bifurcación conceptual entre las dos tesis propuestas sobre la misma cuestión es ciertamente profunda pero ambas son ampliamente sustentadas, circunstancia que permite sostener que cualquiera de las adoptadas quedan enroladas dentro de aquellas interpretaciones posibles u opinables.
Prestación de servicios, presunciones, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Pincini Luis Daniel c/ Da Dalt Clelia y/o Sanchez Belcuore Paula y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-03-27

Debe rechazarse el agravio del demandado en cuanto, a la interpretación que da el a-quo al art.23 de la L.C.T., en el caso se ajusta a la jurisprudencia y a la ley, pues resulta probada la prestación de servicios en favor de las demandadas, los que no pueden presumirse sean gratuitos y probada como surge de autos la relación, negada ésta, la inversión de la carga de la prueba es elemental en derecho del trabajo.
Acción de amparo, amparo por mora, costas, costas en el orden causado, deberes de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, Roberto Isidro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

Si la administración cumplió su deber de resolver, al evacuar -dentro del plazo fijado- el informe contemplado por el artículo 8 de la Ley Nro. 16.986, no corresponde imponerle las costas devengadas para la defensa de la parte actora.

Por lo demás, el amparo por mora no puede obrar como fuente de perjuicio contra la Administración que no contradijo en juicio las pretensiones de la accionante.

En consecuencia -si bien por los fundamentos precedentes- comparto la conclusión del voto de la Dra. Inés M. Weinberg de Roca, esto es, que las costas han de ser soportadas en el orden causado por cada parte. (Del voto en disidencia de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro).
Cheque, endoso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SARUIZ, GASTON JAVIER c/ YOCCA, LIVIO NORBERTO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-11

En el endoso en blanco cualquier tenedor queda legitimado como portador legítimo.
Recurso extraordinario, adhesión al recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Cruz de Menna, Blanca c/ Sejzer, Rosa y otro s/ Cobro de haberes, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-01

Es inoperante la ratificación formulada por el síndico de la quiebra de los recursos extraordinarios deducidos por el fallido, si éste no invoca la representación de la masa ni el carácter de gestor oficioso por motivos de urgencia que pudiera dar lugar a su ratificación en los términos del art. 24 del dec. ley 7718/71.
Prueba, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Wendling Duarte, Víctor Antonio y Otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-02

No cabe admitir el agravio fundado en el rechazo de la pretensión de excluir del acervo probatorio diversos legajos elaborados por personal de la SEDRONAR que fueron valorados como prueba de cargo en contra de éste, y sobre los que no habría podido ejercer un control efectivo, pues ante la negativa fundada del a quo, las defensas no ofrecieron nuevos argumentos tendientes a desvirtuar ese pronunciamiento.
Accidentes de trabajo, hernia de disco
Materia: LABORAL
Carátula: Duarte, Antonio c/ Pindapoy S.A.A.I.C. s/ Accidente de Trabajo Ley 24.028
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-13

En la etiología de las hernias de disco se encuentran tanto la acción de fuerzas como la combinación de éstas con trastornos degenerativos.
Concursos, recurso de queja (procesal), resoluciones inapelables, proyecto de distribución
Materia: COMERCIAL
Carátula: NEUMANN, EDUARDO s/ QUIEBRA S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

La decisión que rechaza por extemporánea la observación contra un proyecto de distribución de fondos aprobado, al no previsionarse - presuntamente- los gastos causídicos que irrogarían dos acciones de ineficacia concursal en pleno trámite, escapa el marco de inapelabilidad de la ley 24522: 273-3°. Por ello, visto además que la oposición fue vertida en tiempo y forma, habrá de admitirse la queja en tanto se verifica en la especie un caso potencial de daño grave, susceptible de causar gravamen irreparable en los términos del cpr: 242
Convención sobre los derechos del niño, ESPAÑA, interés superior del niño, Comité de los Derechos del Niño, grupos vulnerables, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, responsabilidad internacional del Estado Parte, violación de derechos humanos, personas migrantes, protocolo facultativo, reparación integral, deportación
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de los Derechos del Niño - D.D. Vs. España- Expulsión sumaria de niño no acompañado c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2019-02-01

Conforme lo normado por el artículo 10, párrafo 5, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de Comunicaciones, el Comité de los Derechos del Niño declara violados por España los derechos consagrados en la Norma Convencional -artículos 3, 20, 37 y concordantes-, en perjuicio del menor que fue deportado en forma sumaria a Marruecos, debiendo proporcionarle una reparación integral y adecuada que incluya una indemnización financiera y rehabilitación por el daño que tal devolución ocasionara, llevando a cabo todas las medidas que fuesen necesarias a fin de evitar la reiteración de tales violaciones.
Recusación, impugnabilidad objetiva, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: CHARLIN, José Antonio c/  s/ MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (art. 260) Registro Nro.1612/16.4
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-14

La disidencia parcial consideró que el rechazo "in limine" de la recusación no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto en el art. 457 CPPN, sin que la parte haya demostrado el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión. (Dres. Hornos, Gemignani, Borinsky -disidencia parcial-).
Principio de insignificancia, hurto, lesividad, situación de vulnerabilidad, proporcionalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Fleitas, Nelson Daniel s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

No hay en la estructura de la teoría del delito una necesidad instrumental de incorporar una regla tal como la del principio de insignificancia. Por el contrario, las eximentes penales con las que ya se cuenta, por caso la categoría de la antijuridicidad material como filtro del principio de lesividad, o bien el estado de necesidad disculpante que resuelve sin dificultades los supuestos de los hurtos famélicos y hasta incluso la inexigibilidad del cumplimiento de la norma y, por ende, la ausencia de culpabilidad por imposibilidad de formular un juicio de reproche en supuestos de personas en situación de extrema vulnerabilidad, revisten al acto de imposición de la pena estatal con una debida proporcionalidad y con una razonabilidad que un Estado de libertades demanda (voto del juez Días)
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: BUIGUES, HECTOR c/ GUTIERREZ, PEDRO H. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-25

La estimación de los daños ocasionados en accidentes de tránsito esta librada al prudente arbitrio de los jueces no siendo indispensable pruebas directas y concluyentes, bastando al efecto que la parte interesada aporte simple índices o pautas que faciliten la labor judicial.
Medidas cautelares, embargo, bienes inembargables, Instituto Nacional de Previsión Social
Materia: PROCESAL
Carátula: Villalba Jorge Luis c/ Hotel de Turismo de Posadas e I.P.S s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-03-13

El embargo abarcó las sumas que la ejecutada - Instituto de Previsión Social - pudiera tener en diversas cuentas corrientes en el Banco de la Provincia de Misiones. No aparece como repugnante a las disposiciones constitucionales la preservación de este tipo de bien a la agresión de los acreedores, desde que el dinero presumiblemente (la presunción sería legal pues surge implícita del texto) se destinará a solventar las erogaciones dinerarias del instituto (prestaciones jubilatorias y pago a prestadores de la obra social). Ello así porque se perjudicaría gravemente a la generalidad exclusivamente de su haber previsional para subsistir (como jubilados y pensionados) o de quienes precisan de la obra social, lo cual supone la emergencia de una enfermedad. El interés particular de los acreedores debería ceder, tal la ratio legis, ante este tipo de intereses comunitarios.
Instrumentos privados, impresiones digitales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Milogis, Jorge Orlando s/ Incidente de exclusión de bienes del inventario
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-11-11

La impresión digital es sólo un signo que, independientemente de su valor de identificación, no traduce adecuadamente la voluntad del acto.
Requisa personal, facultades de la autoridad de prevención, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corituma Malache, José Luis s/ Procesamiento y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

He tenido ocasión de señalar que la mera circunstancia de que un agente policial realice controles poblacionales no es, de por sí, violatorio de ninguna garantía constitucional, en tanto ello constituye un medio para llevar adelante las funciones que le han asignado en el decreto-ley 333/58 (entre otras, "velar por el mantenimiento del orden público", cfr. art. 4). En este sentido, coincido con la opinión del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, Dr. González Warcalde, en el sentido de que los procedimientos de identificación personal en lugares públicos o de acceso público, en ejercicio del poder de policía estatal, por razones de seguridad general o con miras a la prevención de contravenciones y delitos no merecen, en principio, reproche alguno (vid. dictamen de la PGN del 10/4/08, en C. 224, L. XLIII y el presentado en la causa "Ciraolo" -Fallos 332:2397-)" (Del voto en disidencia del Dr. Farah).
Derecho penal, apreciación de la prueba, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL
Carátula: CH., Juan Antonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-04-27

Sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del impugnante con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba (Sumario confeccionado por Saij).
Honorarios del abogado, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kosinski, Bernardo y otra c/ Dra. Elsa R. López D'Angelo s/ Prescripción de intimación y Cobro de honor
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-05

Es correcta la distinción entre honorarios devengados y honorarios regulados, siendo la aplicación la prescripción bienal a los primeros y la decenal a los segundos.