marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, cuestiones procesales, admisibilidad del recurso, dictamen fiscal, condena penal
Materia: PENAL
Carátula: "Caparroz, Oscar Leandro s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-03

Corresponde hacer al recurso de la defensa, anular la decisión recurrida y reenviar para que se dicte un nuevo pronunciamiento, pues en el presente caso no se verifica controversia entre lo solicitado por la Defensa Pública Oficial de Oscar Leandro Caparroz y lo dictaminado fundadamente por el Ministerio Público Fiscal respecto del nombrado. En ese sentido, ya he tenido oportunidad de señalar en reiteradas ocasiones que la ausencia de contradictorio entre la defensa y el dictamen fundado del representante del Ministerio Público Fiscal impide, como en este caso, la convalidación del fallo impugnado. El voto concurrente destacó que atendiendo a las específicas constancias de lo especialmente obrado en el presente proceso resulta que tanto en la instancia anterior como en la presente, el Ministerio Público Fiscal se ha manifestado de manera favorable a conceder el beneficio en cuestión toda vez que se consideró que se encontraban reunidos en autos las condiciones objetivas estipuladas en la Acordada 9/20 de esta Cámara Federal de Casación Penal; y en particular que en el marco de la crisis sanitaria actual, Caparroz estaría en condiciones de acceder inminentemente al instituto de la libertad condicional. En efecto, cierto es que en el documento invocado por los representantes del Ministerio Público Fiscal en sustento de su postura, esta Cámara recomendó que en las respectivas evaluaciones que requiriese cada caso relativas al estudio del modo de cumplimiento de la ejecución de una pena o de la detención en el contexto de la Pandemia por Covid-19, se considere, entre otras circunstancias, las situaciones de aquéllos que se encontraren en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional (conf. el punto 2. y d) de las recomendaciones efectuadas en la Acordada 9/20 de esta C.F.C.P.); condición objetiva, ésta última, que en autos se encontraría verificada conforme ha sido referido por los acusadores públicos. Dres. Borinsky y Hornos -voto concurrente-.
Contratos, locación, bienes inmuebles, alquileres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAADA HASAN MUSTAFA SAADA c/ AURORA LADINO s/ Cobro Alquileres (LIBRO: S068 - 029)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-04-10

Si vencido el contrato el locatario permanece en el uso y goce de la cosa, no hay táctia reconducción sino continuación de la locación concluída. Si el oponente no prueba la existencia de un nuevo contrato verbal, la continuación en la ocupación deriva del contrato anterior escrito y vencido, y los pagos posteriores se consideran recibidos en virtud de dicho convenio.
Resoluciones judiciales, revisión judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: S., G.F. c/ S., E.A. y/o E.T. y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-20

Ha declarado nuestro Superior Tribunal de Justicia Provincial que el control judicial de constitucionalidad no debe ser ejercido de oficio sino a instancia del interesado, de lo que prescindió el hoy recurrente en la ocasión debida. Desde que el actor ofreció esa prueba en su demanda, cual se lo exigía el art. 46 inc. 5º de la ley 69, el acto de contestar el traslado que de ella le fuera conferido fue la primera y evidente oportunidad procesal en que hubo el demandado de formular el planteo de inconstitucionalidad, a fin de que el juez de la causa pudiera tratarlo.
Empleados públicos, renuncia al empleo, aceptación de la renuncia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carpaneto, Juan Carlos c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de San Luis s/ contencioso administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

La notificación de la aceptación de la renuncia al interesado al igual que la publicación de los decretos en el órgano oficial, pueden tener el efecto de fijar el comienzo de los plazos para eventuales reclamaciones o recursos en el ámbito administrativo o judicial, pero carecen de incidencia en lo concerniente a la consumación del acto extintivo de la relación de empleo público.
Solve et repete, admisibilidad del recurso, doctrina de la arbitrariedad, inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Figueroa, Sergio Fernando c/ Secretaría de Trabajo s/ recurso de queja - recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-05

La exigencia de depósitos dinerarios como requisitos de viabilidad de los recursos de apelación no es contraria, como principio, a los derechos de igualdad y de defensa en juicio. Tal regla debe ser atemperada por ese Tribunal ante supuestos de excepción que involucraren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que ese pago previo se traduzca en un real menoscabo de los derechos.

Al analizarse la procedencia de la exigibilidad previa del pago de la multa, deberá confirmarse la imposibilidad de la parte de afrontarla, en cuyo supuesto se estaría afectando la defensa en juicio caso contrario, al no constatarse el obstáculo para afrontar el costo del porcentual de la multa, debe descartarse la lesión constitucional que argumenta el amparista.

El agravio fundado en la imposibilidad de ejercer la adecuada defensa de los derechos en juego a causa de la exigencia del pago del porcentual de la multa aplicada por la Secretaria de Trabajo se presenta como una afirmación dogmática por parte del demandante, quien no ha brindado los elementos de juicio necesarios para tener por cierto su reclamo.

Dado que es atribución de este Tribunal ejercer su competencia positiva, sin acudir al trámite del reenvío, cuando razones de economía, celeridad y certeza así lo aconsejan, como en este caso, en atención a la naturaleza de la cuestión suscitada y al tiempo transcurrido, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 49 de la Ley 6291 y, en su mérito, desestimar la queja por apelación denegada. (Del voto de Dres. Posadas, Samsón, Vittar, Dra. Bonari, Dr. Catalano. Mayoría)
Medidas cautelares, Internet, contenido de sitios de Internet
Materia: PROCESAL
Carátula: Amado Atilio Francisco c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

Y si bien es cierto que la medida precautoria se acotó al bloqueo de las vinculaciones -y los contenidos almacenados en cache- que Google efectúa con el nombre del actor y los sitios web denunciados en el escrito de demanda (que superan los treinta), no se puede soslayar que la pretensión deducida es que se "ordene a la demandada a bloquear cualquier tipo de información referida a mi persona". Las diferencias que se advierten en los contenidos de los resultados o de las URLs que se denuncian -los cuales no fueron objeto de una pormenorizada ponderación para dictar la orden cautelar-, determinan que la medida decretada pueda tener por consecuencia tal efecto (el bloqueo de toda información sobre el accionante), lo cual en las circunstancias fácticas descriptas es inadmisible. (Si se mantiene la medida con el alcance decretado nada impediría que se extendiera a otras direcciones con cualquier información sobre el actor).
Accidente de tránsito, giros
Materia: PENAL
Carátula: R, J M; R, E P s/ LESIONES CULPOSAS      EXPTE NRO 165-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-27

Existe imprudencia en la iniciación del giro a la izquierda pese a divisar con anticipación el avance del otro rodado por la mano contraria. Dada la peligrosidad ínsita en la maniobra, el conductor estaba exigido a agotar su deber precaucional que llegaba hasta ceder espontáneamente el paso e iniciar el cruce recién después de que se encontrara absolutamente expedita la intersección.

Contrariamente el imputado, errando el cálculo de posibilidades existentes para superar la calzada sin riesgo, se aventura al cruce, con lo que se constituye en un factor determinante del resultado de donde su responsabilidad aparece palmariamente, pero el comportamiento de éste no excluye que también advirtamos que el otro interviniente compartió con su conducta la generación del daño provocado. En su caso, el deber de cuidado vulnerado es haber conducido su unidad a velocidad que por exceder la reglamentaria impedía cualquier maniobra tendiente a lograr el dominio de su rodado al arribar a una encrucijada, lugar donde el deber de prever una contingencia o riesgo aparece como inexcusable.

La huella de frenado que dejara marcada sobre el pavimento su unidad, a lo que debe añadirse el tiempo denominado "de reacción" durante el que debe consumir una distancia proporcional antes de la realización de la maniobra de frenado, pone en evidencia que pudo observar anticipadamente la iniciación del giro por parte del otro conductor sin poder realizar conducta alguna como no fuera la de embestir violentamente el otro rodado, producto de un ritmo de marcha desproporcionado para arribar a una intersección aun cuando se trate de una avenida de un especial trazado en la que los conductores suelen exceder los niveles autorizados de velocidad.

Cabe puntualizar también que la referida marca de derrape por 17 metros comienza antes y concluye después de producido el impacto y teniendo en cuenta el peso de ambos automóviles colisionantes, dos unidades grandes, es evidente que la energía consumida por los roces y deformaciones de los vehículos, pese a ser de gran magnitud, no fue suficiente para detener el desplazamiento del conducido del imputado, constituyéndose en un corroborante indicio de la peligrosidad asumida.

La velocidad es una relación témporo espacial, de modo que su exceso reduce sensiblemente la relación que debe existir entre el espacio recorrido y el tiempo que se emplea en hacerlo, a punto tal que puede comprimirse hasta perder el dominio del rodado. En tales circunstancias, nadie puede ignorar el enorme factor de riesgo que se introduce en la circulación y quien voluntariamente se somete al mismo está creando una situación de alto peligro de la que, de producirse un resultado, debe ser responsable.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de leyes federales, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL
Carátula: López Quintero, Adriana Sonia Patricia y otros c/ EN - Dirección de Inteligencia del Ejército Argentino s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg. c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

El recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible, toda vez que se halla en juego la interpretación y aplicación de normas de carácter federal (entre ellas, leyes 19.101 y 25.520; decretos 1081/73, 1088/03 Y 1305/12, con sus respectivas modificaciones) y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido adversa a las pretensiones que la apelante funda en ellas. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Modificación de la cláusula penal, intereses punitorios
Materia: CIVIL
Carátula: De Almeida, Manuel y Carreño, María del Carmen c/ Bernatta, Javier Adrián y otra s/ Incumplimiento de contrato de compraventa y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

El artículo 656 del Código Civil faculta al magistrado, bajo ciertas circunstancias, a morigerar los intereses punitorios pactados y constituye una norma de fondo imperativa destinada a garantizar el ejercicio regular de los derechos del acreedor, compatible con los mandatos de la moral, el orden público y las buenas costumbres, por lo que no puede ser renunciada o limitada por la voluntad de las partes (conf. arts. 12, 962 y concs., Cód. Civ. y Com.).(del voto del doctor Pettigiani) Fuente del sumario: OFICIAL
Procedimiento administrativo, admisibilidad del recurso, falta de firma
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GONZALEZ, TIMOTEA s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-05-29

Habiéndose presentado sin firma el escrito por el que se interpone el recurso previsto por el artículo 14 de la Ley 14236, debe admitirse la firma puesta fuera del plazo para interponerlo (en razón de un criterio amplio en materia de admisión de recursos, que en caso de duda mueve a estar por el peticionante del beneficio) toda vez que el presentante haya sido intimado a suplir la omisión, sin fijar un plazo para ello.
Juicio ejecutivo, obligaciones, juicio ordinario posterior
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Vía Bariloche SRL s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'GCBA c/ Vía Bariloche SRL. s/ ejecución fiscal- Ing. brutos convenio multilateral'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-27

Las sentencias recaídas en juicios ejecutivos no son la definitiva y la ejecutada no ha demostrado que la decisión de la Cámara en cuanto rechazó las excepciones de defecto legal y espera documentada constituya una excepción a esa regla por haberse expedido acerca de la obligación de fondo, impidiendo, de esa manera, que haya un proceso ordinario ulterior. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
In dubio pro reo, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Echegaray, Emiliano Cristian  c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 71.983 del Tribunal de Casación Penal, sala V
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-21

Es insuficiente el RIL deducido ya que los juzgadores han descartado fundadamente las críticas esgrimidas en el recurso, sin que la parte ponga en evidencia que las conclusiones fácticas del tribunal recurrido sean arbitrarias ni constituyan una transgresión del principio in dubio pro reo. Pues, cabe recordar que en palabras de esta Corte, si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el examen de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el estudio razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, error de hecho (civil)
Materia: PROCESAL
Carátula: De La Vega Humberto Cayetano s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-12-18

El art. 495 del Código Procesal Civil en su inciso 4º incluye como causal casatoria el error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba. Pero el primero de ellos impone como recaudo que el error resulte de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador. Es decir, que no todo error puede corregirse, sino el que surge, con carácter de evidente, esto es, sin posibilidad de discusión o de una interpretación distinta, el que es palmario, verificable a simple vista, por el simple cotejo entre lo que dice el documento o se desprende del acto auténtico, únicas pruebas susceptibles de ser invocadas a través del error de hecho en la apreciación de la prueba. Conforme al claro texto de la ley, quedan excluidos la prueba testimonial, los dichos del imputado en la indagatoria y cualquiera otra prueba oral, aunque de ellas se haya dejado constancia en actas, porque no adquiere por esa sola circunstancia el carácter de prueba documental, ni esa transcripción le confiere autenticidad jurídico procesal. Tampoco revisten autenticidad jurídico procesal los croquis, actas que puedan haber realizado la policía o el Juez, ni las pericias rendidas en autos.

Ello por cuanto todos estos elementos se valoran en conjunto con las demás probanzas acumuladas, conforme a las reglas de la sana crítica, según lo impone el Código en su art. 432.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AVENI, JUANA GRACIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-08-27

Corresponde rechazar por inadmisible el planteo de la impugnante consistente en que habría operado una purga por renuncia de la prescripción por parte de la demandada, desde que la recurrente no logra justificar la irrazonabilidad de los fundamentos expuestos en el fallo, donde se recordó que la demandada opuso la prescripción ya en sede administrativa, en el primer decreto dictado luego de producida, y mantuvo dicha posición en sede judicial, lo que resulta ajustado a lo dispuesto en el articulo 3962 del Código Civil, invocado por la recurrente. REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 3962
Depósito previo, plazos procesales, desistimiento del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Lapadula, Pablo Víctor c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Lapadula, Pablo Víctor sobre 9.1.1 - obstrucción de inspección
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-03

Habiendo vencido el plazo conferido en la intimación cursada al recurrente sin que haya cumplido con la integración del depósito en tiempo oportuno, corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 33, 3° párrafo de la ley n° 402, declarar desistido el recurso de queja articulado y ordenar la devolución del depósito integrado de forma extemporánea. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba documental
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Esteban, José c/ Appia Argentina S.A. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

La interpretación de la voluntad de las partes plasmada en un documento es una típica cuestión de hecho, ajena a la instancia extraordinaria, salvo absurdo.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, sociedad prestadora de servicios médicos, células madre, acción de responsabilidad
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Bruno, Marcela Paola y otro  c/ Matercell SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

En tal sentido, resulta inadmisible la defensa intentada por la accionada, quien sin negar la falta de entrega, alega que hubo una omisión de terceros o bien inoperancia de los actores en orden a posibilitar la recogida de la sangre fetal. Ello así, pues la demandada se había comprometido contractualmente a comunicarse con el galeno designado por los actores dentro de las 72 hs. hábiles posteriores a la firma del contrato. Sin embargo, el obstetra interviniente asentó en el resumen de historia clínica que lleva su firma y de cuya eficacia probatoria no cabe dudar, que "...ni durante el seguimiento del embarazo, ni con posterioridad a la finalización del mismo, ninguna empresa de recolección de células madre tomó contacto con los profesionales actuantes...".
Procedencia del recurso, sentencia condenatoria, tenencia de estupefacientes, ultraactividad de la ley
Materia: PENAL
Carátula: OBREGÓN, ARIEL SEBASTIAN c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-22

Corresponde hacer lugar al recurso de revisión interpuesto por la defensa del condenado toda vez que corresponde aplicar las disposiciones del art. 29 ter de la Ley 23.737, en función del principio de ultractividad de la ley penal más benigna y se encuentran reunidos los requisitos para la procedencia del beneficio pues el arrepentido reviste la calidad de imputado -hoy condenado- por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, brindó información que resultó significativa, permitió laidentificación y posterior procesamiento de personas sindicadas por delitos contemplados y reprimidos por la Ley 23.737, y permitió el secuestro de material estupefaciente.Dres. Barroetaveña, Petrone y Figueroa.
Abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, víctima menor de edad, Convención de los derechos del niño, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Materia: PENAL
Carátula: Cruz, Angel Adán s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-11

Superan ampliamente la degradación propia de un abuso sexual simple, las maniobras en las cuales el imputado besó los genitales de la menor y le apoyó el pene en el ano, y en las que se quitó la ropa e intentó penetrarla, ya que implicaron una gravísima afectación de su indemnidad sexual, que superó con creces los límites del ultraje que se requiere para la figura base. El voto concurrente recordó que el hecho debe ser analizado desde los estándares y lo preceptuado por la Convención de los Derechos del Niño y, asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará). (Dres.

Gemignani, Cabral y Figueroa -voto concurrente-).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIANA, EDUARDO PEDRO c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-01

El sub exámine evidencia clara similitud con el planteo formulado in re "Paz", por lo que más allá de no desconocer que in re "Jukic" esta Corte ha sostenido que no cabe acordar carácter obligatorio para casos sucesivos a los términos contenidos en un precedente, ya que ellos no pueden entenderse sino con relación a las circunstancias del caso que los motivó, siendo, como es, una máxima de derecho, que las expresiones generales empleadas en las decisiones judiciales deben tomarse siempre en conexión con el caso en el cual se usan, lo cierto es que las citadas coincidencias entre in re "Paz", y el sub lite, ameritan la aplicación del criterio sentado por este Máximo Tribunal en la materia, conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia Nacional en reiterados precedentes, correspondiendo por tanto la desestimación del recurso de queja interpuesto por la demandada. (Del voto del Dr. Giuliani. En disidencia: Dr. Spuler y Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Fallos 340:1084; 183:409; 192:414; 209:431; 212:325; 303:1769; 307:1094; 340:257; CSJStaFe: Paz, AyS T 231, p 56/59 y Jukic, T 301, p 410/424.
Regímenes jubilatorios especiales, empleados públicos, fallos de la Corte Suprema, aplicación de la ley previsional, ley derogada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PERRAULT, ALDA AMALIA c/ A.N.Se.S. s/ Reajuste varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-06

Si al cese el titular no alcanzaba la edad mínima de 60 años exigidos por la ley 22.955 para su aplicación -inc. a) de su art. 3- y cuando arribó a la misma, la norma ya había sido derogada, corresponde aplicar la doctrina sentada por la C.S.J.N. en Fallos 324:4364; 326:1442; y en las causas "Jaume, María Elena" (sent. del 11.06.02) y "Redondo de Negri, Irma Haydée" (sent. del 08.11.05), según la cual, si a la fecha del cese sólo se habían reunido las condiciones exigidas en el régimen general de la ley 18.037 y la edad requerida por la ley 22.955 fue alcanzada con posterioridad a su derogación, queda excluida "la existencia de derecho adquirido a la jubilación que se pretende con sustento en la ley vigente al tiempo de la desvinculación laboral", no pudiéndose "sostener la aplicación de la ley 24.019, porque ésta no había restablecido la vigencia de la ley especial invocada y, en consecuencia, no podía ser aplicada por vía de una interpretación extensiva que abarcase supuestos excluidos por el legislador". (Del voto del Dr.

Fasciolo).