Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-07-31


Autos N° 4.712 (J.P.L. de Pocito N° 7.964), caratulados: "ORELLANO, Cristina E. c/ Araya, José Rosario y otros Desalojo Abreviado".

San Juan, treinta y uno de julio de dos mil catorce.

Y VISTOS:

Para resolver el recurso de apelación articulado a fs. 137 por las demandadas, Sras. Ángela Adelina Echenique (vda. de Araya) y Noelia Yohana Araya Echenique, quienes actúan por medio de sus apoderados, contra la resolución de fs. 116/122.

Por decreto de fs. 138 el Inferior concedió el recurso de apelación con efecto suspensivo.

Y CONSIDERANDO:

I. Que por medio del auto interlocutorio cuestionado, el a quo rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 301 del C.P.C.; desestimó el incidente de nulidad por falsedad material de las cédulas de notificación obrantes a fs. 13 y vta. y 24 y vta., en virtud de los fundamentos plasmados en los respectivos considerandos; e impuso las costas a cargo de las incidentistas vencidas.

II. Contra dicho pronunciamiento se alzaron estas últimas, fundando el recurso con el escrito de fs. 140/150. En tal pieza, sostuvieron:

Que les causa agravio la escueta referencia que efectúa el a quo respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 301 del C.P.C., citando jurisprudencia que no es de aplicación al caso particular. Añaden que resulta contradictoria con lo consignado en el primer párrafo de fs. 119 (sentencia). Sostienen también que el control de constitucionalidad de normas y actos que están implicados en el derecho aplicable a la causa debe ser efectuado por el Juez, conforme el art. 11 de la Constitución Provincial, sin necesidad de pedido de parte interesada.

Que a fs. 29/41 explicaron los motivos por los cuales plantearon la nulidad de las cédulas, su falsedad ideológica y material. Agregan que frente al hecho de no estar previsto en la norma impugnada el aviso citatorio quedan en estado de indefensión, pues no se garantizó la legítima defensa, ya que no se las buscó para notificarlas de la acción de desalojo y el oficial de justicia no tomó los recaudos necesarios.

Que consideran no era conveniente (para la actora) que las recurrentes tomaran conocimiento del proceso y aunque admiten que el oficial de justicia fue obediente con el C.P.C. (fs. 142), opinan que no lo fue con el "Reglamento Orgánico de la Oficina de Notificaciones", particularmente con el "art. 6" (sic, id. folio).

Que el actual art. 301 del C.P.C. permite que se produzca un quiebre en el derecho de ejercer la legítima defensa en juicio, y deja a cualquier ciudadano en manos del demandante. Indicar que, en un análisis erróneo, el Inferior manifiesta que al momento de plantear la inconstitucionalidad lo hicieron en forma generalizada, destacando las apelantes que los fundamentos fueron dados con una simple compulsa de autos y que se planteó la inconstitucionalidad basándose en lo detallado al deducir la nulidad. Añaden que el Sentenciante cita un comentario del art. 301 del C.P.C. vigente, en el que se expresa el porqué de la exclusión del aviso citatorio, cuestión de la que discrepan puntualizando que dicho aviso sería un freno al desequilibrio de los litigantes.

Que les causa agravio que el a quo sostenga que no hay colisión alguna con las normas constitucionales del derecho de defensa y debido proceso, desde que el citado artículo bajo ningún punto de vista resguarda estos derechos, toda vez que la parte demandada se encuentra frente a la actora en una desigualdad total al momento de ingresar a la Justicia mediante la contestación de demanda, por cuanto la accionante deja librado al oficial de justicia realizar la cédula como le guste, ante la inexistencia de aviso citatorio.

Que los arts. 140 y 141 del C.P.C. no se cumplen acabadamente por el oficial de justicia, toda vez que las cédulas "han sido redargüidas de falsas ideológicamente" (fs. 145 vta.) por haber insertado manifestaciones inexactas en un instrumento público. Agregan que resulta apresurado manifestar que son válidas sobre la base de esos artículos, cuando existe una 'acción autónoma de nulidad', en donde se cuestiona la falsedad ideológica de las mismas.

Que el juzgador realiza una interpretación errónea del Acuerdo General N° 3 de la Corte de Justicia, Capítulo II, ap. 30 [Anexo I], del "Reglamento Orgánico de la Oficina de Notificaciones y Mandatos Judiciales", por cuanto otorga validez a las cédulas que obran a fs. 13 y vta. y 24 y vta., al mediar en la primera autorización del subjefe Carlos Antonio Atampiz y en la segunda, de la jefa de la Oficina de Notificaciones, Dra. Edith Colombero, por cuanto tal disposición establece que no sólo debe existir una orden fundada, expresada por escrito y archivada, sino que además, en concordancia con el ap. 10, ibíd., las diligencias deben tener carácter de urgente.

Que, contrariamente a lo manifestado por el a quo respecto a que no existe indicio alguno de que las cédulas atacadas no se hicieron en el domicilio de las accionadas, entienden que de una compulsa del expediente surgen señales de que no se les quiso notificar, mencionando ?entre otras circunstancias? que se trata de una demanda de desalojo en la que se acompaña una copia certificada de un contrato de comodato, cuyo original está agregado en Autos N° 8.064, caratulados: "Rubio, José Isidro y otro c/ Araya, José del Rosario y otra Desalojo", que también tramita ante el mismo Juzgado y que fue desistido por el actor luego de que su parte se opusiera interponiendo como defensa la posesión. Sostiene que la "ligereza" (sic, fs. 148) con la que se diligenció la notificación con autorización de zona sin mediar orden fundada del a quo; el desistimiento de la accionante a la prueba confesional; la evasiva a realizar una mediación; su confesión de haber realizado ventas; y los hechos y ataques violentos que sufrió una de las demandadas; constituyen indicios de que "no se quiso notificar a la demandada" (fs. 137 vta.).

Que les causa agravio que se fundamente el decisorio en que denunciaron el domicilio en Calle 12, entre Mendoza y Ruta 40, Pocito, San Juan, el que coincide con el indicado en los poderes. Manifiestan que en los poderes generales para juicios son los escribanos los que, documento en mano, detallan el domicilio y que al ser zona rural se limitan a denunciar la calle sin indicación de número y entre qué calles se encuentra, realizando la transcripción textual, tal como surge del D.N.I.

Corrido el pertinente traslado de la fundamentación del recurso a la actora (fs. 151), ésta lo evacua por derecho propio y con patrocinio letrado a fs. 152/155 vta., solicitando el rechazo del recurso con costas.

III. Elevado el expediente a la Alzada (fs. 157 y vta.), en su ámbito se dispuso remitirlo nuevamente al Juzgado de origen a fin de que se procediera a la correcta foliatura del expediente; se diera cumplimiento a lo dispuesto en el art. 256, in fine, del C.P.C.; se aplicara lo dispuesto en el punto 3) del Instructorio elaborado por el Departamento de Auditoría Interna del Poder Judicial; se completara el certificado de elevación con respecto al domicilio constituido por la parte demandada a fs. 140/150, y se intimara a la demandante a constituir domicilio para actuar en la Alzada. Cumplido todo ello, se reenviaron los actuados a la Cámara (ver decreto de fs. 165 y certificado de fs. 166).

Ya en el ámbito de este Tribunal, a fs. 167 se determinó que todos sus miembros intervendrían en la resolución del recurso intentado, y a fs. 170 se ordenó el pase de los autos a resolver, previo sorteo; decisión que quedó consentida por las partes (anoticiadas por medio de las cédulas de fs. 171 y vta. y 172 y vta.).

A fs. 173 se corrió vista a la Fiscalía de Cámara del planteo de inconstitucionalidad articulado por las recurrentes, suspendiéndose el pase de autos a resolver dispuesto a fs. 170, lo que fue debidamente notificado a las partes (fs. 174 y vta. y 175 y vta.).

A fs. 176/177 obra el dictamen de la Titular de la Fiscalía de Cámara N° 2, Dra. Leticia Ferrón de Rago, quien concluye su informe manifestando que el hecho de que el legislador en el art. 301 del C.P.C. no haya previsto el mecanismo del aviso citatorio responde a un lineamiento de política legislativa, que de ningún modo torna inconstitucional la norma.

A fs. 178 se dispuso reanudar el procedimiento para la resolución del recurso, ordenándose la notificación por cédula, lo que se cumplió según constancias de fs. 179 y vta. y 180 y vta. Posteriormente, se procedió al sorteo de la causa y a su adjudicación a estudio (fs. 181).

IV. Comenzando con el análisis de la cuestión sobre la que corresponde expedirnos, adelantamos nuestro criterio contrario al progreso del recurso planteado. Ello, en mérito a las consideraciones que pasamos a exponer.

1. Preliminarmente, cabe señalar que de una lectura del memorial se advierte su insuficiencia técnica, toda vez que ?en puridad? aquél muestra una repetición de los argumentos expuestos en oportunidad de plantear la nulidad de las diligencias notificatorias.

Se aprecia que las recurrentes han omitido rebatir todos los fundamentos esgrimidos por el a quo para sustentar la resolución. En ese sentido, y sólo ejemplificativamente, no han atacado críticamente lo sostenido en punto a que la cédulas objetadas cumplen con todas las exigencias procesales en relación con su contenido, firmas del instrumento y diligenciamiento, forma de entrega de ellas, etc. (ver fs. 120/121).

En el fondo, el extenso memorial sólo revela una disconformidad que no es crítica, además de prolongadas consideraciones sobre el control de constitucionalidad que casi exclusivamente se limitan a aspectos generales del mismo (sin enfocar directamente los elementos argumentales centrales del a quo), por ejemplo sobre el contralor de oficio, apreciaciones que no resultan de aplicación a esta causa ya que en ella medió un planteo específico de inconstitucionalidad por parte de las accionadas. En consecuencia, el memorial carece de virtualidad para enervar los argumentos expuestos por el a quo para fundar su resolutorio.

Es que disentir de la interpretación judicial sin dotar de soporte idóneo a su oposición y reiterar consideraciones ya expuestas en otros segmentos de autos, supone que el escrito de agravios carezca de verdadera relevancia y sustentabilidad procesales y resulte inviable para conmover el decisorio que intenta impugnar (vid. arts. 253 y ccds. del C.P.C.).

2. Lo precedentemente afirmado bastaría para declarar la deserción del recurso. De cualquier modo, y si por vía de hipótesis se soslayara la carencia técnica aludida, aquél resultaría igualmente inviable, conclusión que pasamos a fundamentar.

A) En primer lugar, cabe señalar que a este proceso se le impuso el trámite del juicio abreviado, el que atendiendo a la naturaleza de la materia que está en juego, requiere una tramitación expedita y tiene un ámbito de aplicación restringido.

No puede soslayarse que, en general, las legislaciones modernas tienden a estructurarse teniendo como uno de sus propósitos la abreviación de los procesos, tesitura adoptada al reformarse el C.P.C. local. De tal forma vemos que su art. 451 establece que el trámite de aquéllos se ajustará a lo establecido en el proceso ordinario, resultando de aplicación el artículo 301, ibíd. En esa línea, el C.P.C. vigente no exige como recaudo para practicar la notificación de la demanda el requisito del aviso citatorio, de acuerdo con lo estipulado por el art. 141 del mismo cuerpo legal.

Más aún, en el código comentado dirigido por uno de los integrantes de la Comisión Reformadora, el Dr. Jaime A. Velert Frau, se hace referencia a que el art. 301 del C.P.C. es en general similar al art. 339 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (C.P.C.C.N.), pero con una diferencia trascendental, en tanto en el Código local no se prevé el aviso citatorio, que sí lo prevé el nacional. Allí puede leerse que esta exclusión obedeció a cuestiones de índole práctica, pues es sabido que en la generalidad de los casos, el aviso citatorio no se produce, ya que el aviso y la notificación se realizan en el mismo momento, consignando fechas distintas. La práctica ?sigue diciendo el autor de tales puntualizaciones en el libro que infra se individualizará? ha demostrado que la disposición, en la mayoría de los casos, no se cumplía. Además, el aviso citatorio no agregaba nada a la notificación, careciendo de relevancia (cfr. Velert B., Gustavo A., "Citación del demandado", en Velert F., Jaime A. y otros, Código Procesal Civil, Comercial y Minería San Juan Comentado y Concordado, T° 2B, Ed. Nuevo Enfoque Jurídico, Córdoba, 2010, p. 563).

Más allá de lo sostenido en la obra citada, que hemos traído a colación al solo efecto referencial por tratarse hasta el momento del único libro que comenta el nuevo C.P.C., lo cierto es que si en la oportunidad en que se lleva a cabo la diligencia no se encuentra persona alguna con quien practicar la notificación, el oficial de justicia debe fijarla en la puerta de acceso correspondiente al domicilio denunciado, o bien introducirla por debajo de la puerta de la casa, departamento u oficina, de todo lo cual debe dejar constancia en el instrumento notificatorio, firmando el oficial interviniente. En sentido concordante, mutatis mutandis, se ha resuelto que de acuerdo con lo prescripto por el art. 141 del C.P.C.C.N. (íd. n° de art. del C.P.C. local) es hábil la notificación que fija la cédula en la puerta de acceso si del acta surge que no se halla la persona a quien se va a notificar, u otra persona de la oficina, ni el encargado del edificio (causa N° 15.788/94, Cám. Fed. Civ. y Com., "Banco de la Nación Argentina c/ Romero, Osvaldo Luis y otros s/ Proceso de ejecución, 240295, Mag. votantes: Amadeo Vázquez Bulygin; Fuente: Lex Doctor 8.0, Jurisprudencia de la Nación, Civil).

Esta circunstancia es la que precisamente tuvo lugar en el caso particular respecto de la cédula de notificación obrante a fs. 13 y vta., de la que surge que el día 30 de mayo de 2012, a las 8:30 hs., el oficial de justicia actuante, Sr. Eduardo Tapia, se constituyó en el domicilio de Calle 12, entre Ruta 40 y Mendoza, Pocito, San Juan, y al no acudir persona alguna ante sus reiterados llamados, la dejó fijada en la puerta con copia de demanda y documental, dirigida a los demandados Sres. José Rosario Araya, Ángela Echenique y Noelia Yohana Araya, firmando al pie la diligencia y colocando el sello aclaratorio.

En lo que respecta a la cédula que luce a fs. 24 y vta., de su compulsa se observa que el día 3 de julio de 2012, el notificador interviniente dejó copia de la diligencia a una persona de sexo femenino, quien se negó a firmar y dar nombre, situación que se encuentra contemplada por el citado art. 141 del C.P.C.

De allí que, tal como se ha sostenido, si de la diligencia de la cédula surge que fue recibida por una persona de la casa y que el requerido vive allí, mientras no se demuestre lo contrario, no procede la nulidad (cfr. Cám. Nac. Civ., sala E, 070982, La Ley, 1982, v. D, p. 436; ídem, sala F, 020975, La Ley, 1976, v. A, p. 73). Al respecto, nada han probado las accionadas.

Es que las afirmaciones del notificador estampadas en la cédula no pueden ser desvirtuadas por la sola afirmación en contrario de las impugnantes, máxime cuando los actos realizados por aquél gozan de una presunción de regularidad, especialmente si concuerdan con la letra y el espíritu de la ley ritual. Sobre el particular, se ha decidido que la previsión del art. 149 del C.P.C.C.N. [art. 150 del C.P.C. local] es de interpretación restrictiva, sólo aplicable cuando resulte fehacientemente que la parte no ha tenido conocimiento de la providencia, de manera que si de la diligencia de la cédula, que tiene carácter de instrumento público surge que el requerido vive allí, no procede declarar su nulidad. La ausencia momentánea del demandado no obsta a que la notificación cumpla con su objetivo; una interpretación contraria llevaría a que bastase con ocultarse o ausentarse para impedir el cumplimiento de la misma (Autos "Fernández de Souto, Celina y otro c/ Migliore, Rodolfo Enrique s/ Desalojo", Cámara Civil, Sala 3ra, N° Sent.: C. 079254, 160388; Fuente: Lex Doctor 9.0, Jurisprudencia de la Nación, Civil).

A lo expuesto debemos añadir que, en principio, las constancias que se asientan con motivo del diligenciamiento de las cédulas, por revestir la naturaleza propia de los instrumentos públicos, hacen plena fe, con el alcance del art. 993 del Código Civil, acerca de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiere enunciado como cumplidos por él mismo, o que hayan pasado en su presencia.

Debe reiterarse que la declaración de nulidad de un acto notificatorio constituye un remedio excepcional, al que debe recurrirse solamente cuando el vicio no puede subsanarse en forma alguna, sino con el acogimiento de la sanción.

Siendo así, dado que en la especie las cédulas de notificación fueron diligenciadas de conformidad con la normativa ritual vigente (tal como las propias quejosas admiten expresamente a fs. 142), y que la cuestión por dirimir se circunscribe a la falsedad material, según lo que se desprende del ap. I de la parte resolutiva del auto interlocutorio obrante a fs. 44/46 vta., pronunciamiento que quedó consentido por las partes al no haber sido objeto de impugnación ulterior; y no advirtiéndose en tales diligencias adulteraciones, supresiones o modificaciones en su texto, no resulta apresurada ni desenfocada la decisión del a quo de acordarles validez, como improcedentemente alegan las demandadas.

B) Por su parte, tampoco es viable el planteo de las recurrentes por el que tildan de inconstitucional al citado art. 301 del C.P.C. por el hecho de que no contemple el aviso citatorio como requisito para practicar la notificación de la demanda, dado que tal circunstancia no trae aparejada per se la violación al derecho de defensa en juicio y al debido proceso. Es que la normativa procesal exige que la demanda sea notificada, comunicada al accionado con observancia de las formas que establece expresamente la ley, lo que, en el caso puntual, ha sido cabalmente respetado en las notificaciones impugnadas al abastecer los recaudos exigidos por la ley procesal aplicable.

Además, la garantía de defensa en juicio se vincula con el principio de contradicción, llamado también de bilateralidad o de controversia, que deriva de la cláusula constitucional que asegura la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (arts. 18 de la Constitución Nacional y 33 de la Constitución Provincial), cuya vigencia requiere, fundamentalmente, que las leyes procesales acuerden a las partes una suficiente y razonable oportunidad de ser oídas. No exige la efectividad absoluta de tales derechos (pues, en principio, todo derecho está sujeto a las normas que reglamenten su ejercicio), razón por la cual aquel principio no resulta vulnerado cuando las interesadas no hicieron valer los medios de defensa, las pruebas o los recursos que pudieron utilizar en la respectiva oportunidad procesal, sobre todo, cuando las diligencias notificatorias que se les cursaron son respetuosas de las exigencias contenidas en el C.P.C. vigente y, por tanto, obligatoriamente aplicable.

En otras palabras, la garantía de la defensa en juicio no impide la reglamentación de los derechos de las partes en beneficio de la correcta sustanciación de las causas. Por tanto, no comporta lesión a dicha garantía lo preceptuado por el art. 301 del C.P.C., por tratarse de una disposición razonable y sustentable (arts. 18 y 28 de la Carta Magna Federal), dado que ella no se muestra arbitraria, ni constituye en sí misma una rémora para el despliegue del debido proceso. En otras palabras, no se observa desborde anticonstitucional de parte del legislador al aprobar la disposición procesal cuestionada.

En síntesis, ni la norma objetada ?visualizada genéricamente? se exhibe per se contraria a las Constituciones Nacional y Provincial, ni tampoco se ha demostrado cabalmente que resulte in concreto lesiva de derechos y garantías fundamentales de las accionadas.

Cabe resaltar que éste es, también, el criterio expresamente sostenido por la Fiscal de Cámara N° 2 ?interviniente en autos? en su dictamen de fs. 176/177.

C) Por su parte, el agravio referido a que en las cédulas cuestionadas no obra ningún párrafo de la providencia que allí se transcribe que manifieste otorgarles el carácter de "urgente", y que el jefe o subjefe de la Oficina de Notificaciones y Mandatos Judiciales no pueden autorizar su diligenciamiento sin orden fundada por escrito, resulta inviable.

Ello porque, contrariamente a lo afirmado por las recurrentes, el a quo ha efectuado una correcta interpretación del Acuerdo General N° 3 de la Corte de Justicia Provincial, del 26 de febrero de 2008, que aprobó el "Reglamento Orgánico de la Oficina de Notificaciones y Mandatos Judiciales".

En primer lugar, corresponde señalar que conforme a lo dispuesto en el Anexo I, sector de "Disposiciones finales", ap. 30, segundo párrafo, del aludido reglamento, para que los oficiales de justicia realicen diligencias en domicilios ubicados fuera de las zonas asignadas, se requiere autorización fundada, expresa, por escrito y archivada en la Oficina de Notificaciones y Mandatos Judiciales de la Jefa de esa Oficina, o su reemplazante, la que deberá constar en la cédula respectiva. En el sub lite, el recaudo de la autorización está debidamente cumplido en ambas cédulas, tal como se advierte de la atestación, firma y sello aclaratorio de la autoridad competente, colocados en el costado superior izquierdo de dichos instrumentos públicos impugnados por las demandadas (ver específicamente fs. 13 y 24).

Así, a fs. 13 figura la leyenda "Autorizado a notificar Zona" con la firma y el sello del Sr. Carlos Antonio Atampiz, subjefe de la ya mencionada oficina. Y a fs. 24, obra la constancia que "autoriza zona", suscripta por la Dra. Edith S. Colombero, en su carácter de jefa de la Oficina de Notificaciones.

Por último, estimamos que en el sub exámine no resulta de aplicación el ap. 10 del citado reglamento, ya que el mismo se refiere a una hipótesis distinta de la de autos. En efecto, en el ap. 9 se indican los distintos plazos a cumplir para el diligenciamiento de cédulas y en el citado ap. 10 se regula la tramitación de las cédulas y mandatos calificados de urgentes, por resolución de la autoridad que los remite, situación que ?como se anunciaba? no se configura en la presente causa.

III. En suma y con arreglo a las consideraciones jurídicas y fácticas expuestas, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido contra el resolutorio de fs. 116/122, e imponer las costas de la Alzada a cargo de las apelantes vencidas (cfr. arts. 66, primer párrafo, 67, primer párrafo, y ccds. del C.P.C.).

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

1. Rechazar el recurso de apelación articulado por las demandadas a fs. 137, contra la resolución de fs. 116/122.

2. Imponer las costas de esta instancia a cargo de las apelantes vencidas.

3. Protocolícese, déjese copia fiel en autos, notifíquese y oportunamente bajen al Juzgado de origen, previa reposición de sellado si correspondiere.

P. de S. N°13, fs 16/23 Fdo.:María Esthela Tonelli Presidente; Víctor Bazán Vocal; Alicia R. de Bustos Cano Vocal