Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-25


SENT.DEF.Nº: 19.940	EXPTE.Nº 11.563/2010 (29.197) JUZGADO Nº 78	SALA X AUTOS: "OLIVA, CARLOS LUIS C/ CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE- LEY ESPECIAL" Buenos Aires, 25/06/2012	El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO, dijo:

El sentenciante de grado, luego de analizar las pruebas rendidas en autos, hizo lugar a la demanda interpuesta y condenó al pago de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apart 2º inc. a) de la Ley 24.557, previa declaración de inconstitucionalidad del tope establecido en el segundo párrafo de dicha norma.

Dicha resolución motivó los agravios de la accionada a tenor del memorial obrante a fs. 199/200 vta., que mereciera réplica de su contraria a fs. 207 y vta.. Asimismo, a fs. 198 y fs. 201 apelan sus honorarios la representación letrada de la parte actora y la perito contadora, por entenderlos exiguos.

Se agravia la demandada porque -según aduce- el sentenciante de la anterior instancia, declaró la inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 14, apartado 2 inc. a) de la LRT, sin respaldo argumentativo que acredite perjuicio al actor.

En primer lugar, es dable destacar, que llega firme a esta instancia la ocurrencia del siniestro denunciado en el inicio y la existencia de relación causal entre aquél y la incapacidad padecida por el actor (esto es: 15,51% de la T.O.), así como el pago efectuado a Oliva por la aseguradora demandada de la suma de $27.918.

Sentado ello, en lo que hace al agravio referido al tope previsto en el art. 14, apart.2.a) de la LRT, señalo que, de sus términos se advierte que el recurrente no se hace cargo de los fundamentos traídos por el Sentenciante de grado para resolver como lo hizo (art. 116 LO) toda vez que, contrariamente a lo manifestado, el fallo de la anterior instancia analizó debidamente la solicitud oportunamente planteada por la parte actora en torno a la declaración de inconstitucionalidad respecto del tope indemnizatorio referido, y resaltó que es inconstitucional en varios aspectos, lo que motivó al Poder Ejecutivo Nacional, ante la carencia de reformas legislativas, suplir las lagunas que presentaba aquella y compensar de alguna manera, dichas deficiencia, por medio de decretos de necesidad y urgencia, surgidos como consecuencia de los reclamos en los que se cuestionaron sus garantías constitucionales en el sistema de la ley 24.577, decisión que comparto y que no logra -a mi ver- ser rebatida por las manifestaciones efectuadas por la accionada en sus agravios.

Es que, tal como lo ha sostenido esta Sala en otras oportunidades, una norma es inconstitucional cuando pierde razonabilidad al verse alteradas las condiciones de hecho con base en las cuales fue dictada. Si bien el legislador tiene la facultad de establecer una limitación dineraria en el respectivo monto del crédito un cambio en el contexto dentro del cual fue sancionada la norma autoriza al juez a desplazarla en su aplicación al caso por resultar irrazonable ya que la solución legal, al margen de si fue o no correcta al momento en que fue dictada, se tornó descalificable desde el punto de vista constitucional por el transcurso del tiempo (SD de esta Sala X en autos "Masia c/ Mapfre Argentina " del 30/6/11; SD 18.758 "Gutiérrez Leonardo c/ CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A" del 15/7/11; SD 18960, del 26/09/11 en autos: "Aleman Angel Salvador c/ Consolidar ART S.A. y otro s/ accidente-acción civil", entre otros).

Asimismo, cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal en autos "Ascua, Luis Ramón c/ SOMISA s/ cobro de pesos" Recurso de Hecho A.374 XLIII del 10/8/2010 consideró que ".es necesario concluir que la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado -al cual apuntan los textos transcriptos-, no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima". (cfr. Considerando 8º). Ello encuentra sustento en reiterada doctrina del más Alto Tribunal, en cuanto tiene expresado que ".el trabajo humano exhibe características que impone su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, también normativamente comprendidos en la Constitución Nacional (ver "Mansilla", Fallos: 304:415, 421 y su cita). Continúa la Corte Suprema expresando que "Más todavía; dicha justicia no es otra cosa que la justicia social, vale decir, aquella por la que se consigue o se tiende a alcanzar el "bienestar", esto es, "las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad" (Bercaitz", Fallos: 289:430, 436 -1974-; v., entre otros, además del ya citado caso "Aquino": "Prattico c. Basso y Cía", Fallos:246:345, 349; "Roldán c/ Borrás", Fallos: 250:46, 48/50 y citas, y "Pérez c. Disco SA", Fallos :332:2043, 2057/2058 y sus citas -2009).

Señaló también que "En el campo de los derechos humanos, asimismo, el principio pro homine, exige que aquéllos sean interpretados con la mayor amplitud que permita la norma que los reconozca, y censura, por ende toda exégesis restrictiva"("Madorrán", Fallos: 330:1989, 2004-2007), cuanto más que , de acuerdo con reiterada y conocida doctrina, el trabajador es sujeto de "preferente tutela constitucional" ("Vizzoti", cit., ps 3689 y 3690; "Aquino", cit., ps. 3770 y 3797, y "Pérez c. Disco SA", cit., ps 2054/2055).

Por todo ello, no caben dudas en cuanto a que la aplicación al caso del tope que establece la norma cuya inconstitucionalidad ha sido decretada en autos, resulta confiscatorio y pulveriza de manera diáfana el crédito que según la propia ley correspondería percibir al actor ($81.621,22) sin la limitación que dispone el art. 14 de la Ley 24.557, por lo que sugiero confirmar en este aspecto el fallo apelado.

Respecto de los honorarios que fueran regulados en origen a la representación letrada del accionante y demandada, considero que los mismos no resultan elevados, por el contrario, los emolumentos fijados a la representación letrada de la parte actora (cuestión que motivó la apelación de fs. 198), de acuerdo al mérito e importancia de los trabajos cumplidos (esta parte alegó) lucen reducidos, por lo que corresponde su elevación al 16% del monto definitivo de condena (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. ley 21.839 y 24.432).

Sin embargo, y considerando similares pautas, estimo que los honorarios regulados en la instancia anterior a la perito contadora, no lucen reducidos por lo que propicio su confirmación en esta instancia (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57).

Propongo imponer las costas de alzada a la demandada vencida en lo principal (art. 68 CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25%, a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 38 LO).

En virtud de lo expuesto y de compartir mi criterio, sugiero: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fue materia de recurso y agravios; 2) Elevar los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora por su labor en la anterior instancia, al 16% del monto de condena; 3) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida en lo principal (art. 68 CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25%, a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 38 LO).

El Dr. DANIEL E. STORTINI, dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Dr. GREGORIO CORACH, no vota (art. 125 LO).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fue materia de recurso y agravios; 2) Elevar los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora por su labor en la anterior instancia, al 16% del monto de condena; 3) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida en lo principal (art. 68 CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25%, a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 38 LO).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

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