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Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, autosuficiencia, daños y perjuicios, monto de la indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GIMENEZ, DORA LOPEZ VDA. DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -  INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 143 AÑO  2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-12

Sella la suerte adversa del recurso de inconstitucionalidad intentado el incumplimiento de recaudos formales de admisibilidad.

En efecto, si bien la compareciente divide su exposición en admisibilidad y procedencia, ésta carece de un claro y preciso relato de la base fáctica y de los antecedentes relevantes de la causa, especialmente, de lo resuelto por los jueces del Tribunal Colegiado a la hora de especificar y fundar los distintos rubros que ordenó indemnizar -efectuando, por ejemplo, las transcripciones pertinentes de la sentencia confirmada por la Alzada-, por lo que sus planteos presentan lagunas que no pueden ser llenadas ni aún por vía inferencial. Máxime si tenemos en cuenta que el escrito introductorio del recurso de inconstitucionalidad no puede ser mejorado en la queja. De tal modo, al no brindar a la Corte los antecedentes necesarios para evaluar la efectiva configuración de la arbitrariedad imputada, vinculada a la supuesta superposición de rubros y exceso en los montos acordados, sus cuestionamientos -por cierto genéricos e imprecisos- quedan reducidos a una mera expresión de agravios, propia de una apelación ordinaria.
Competencia, contienda negativa de competencia, juicios contra el Estado, competencia laboral, acción de repetición, daños y perjuicios, indisponibilidad de fondos, competencia civil y comercial federal
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSARIO DIFUSION SA c/ ESTADO NACIONAL SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION s/ REPETICION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

La pretensión deducida consiste en obtener la repetición de las sumas que el actor habría pagado en el juicio laboral, en la porción que le correspondería satisfacer al Estado Nacional, y la reparación de los daños y perjuicios que la indisponibilidad de esos recursos le habría ocasionado, que ha sido fundada en normas del derecho civil.

Este reclamo tiene como antecedente inmediato la condena solidaria que dictó contra las partes aquí enfrentadas (a pesar de que el Estado Nacional aún no integró la litis, es el destinatario de la acción) un Magistrado de la Justicia del Trabajo, como consecuencia de una relación laboral. El juicio laboral se encontraría agotado y aquí solo se trata de obtener la satisfacción de un crédito con fundamento en normas del derecho civil, y si bien su origen fáctico se enlaza con las alternativas del otro expediente, esto no es suficiente para justificar la competencia del fuero laboral, porque la conexidad en que se intenta apoyar sólo tiene contenido temporal o histórico, pero carece de las notas imprescindibles que sugieren el conocimiento de un magistrado distinto del que es llamado naturalmente para entender en él. Es decir, no se trata de un supuesto de cumplimiento de acuerdo, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en el proceso o de acción accesoria que reclame la intervención del juez del proceso principal (cfr. art. 6, inc. 1, del Código Procesal). Esta es una causa autónoma, para cuya decisión será suficiente con consultar las constancias del expediente laboral y el derecho invocado en apoyo de su pretensión.
Leyes, interpretación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, crédito fiscal, título ejecutivo hábil, prescripción, plazo
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Nidera S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ recurso de inconstitucionalidad (queja parcialmente admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-07-11

La interpretación armónica y constitucional de las disposiciones en juego revela que se trata de dos ámbitos diferentes de actuación del Estado: uno, en el cual el Fisco opera como autoridad estatal encargada de determinar la deuda tributaria; y el otro, en el cual el Fisco, ya como acreedor de una deuda ejecutable (pero incapacitado a hacerlo por sí al igual que un particular), debe acudir ante el Poder Judicial para perseguir su cobro mediante la ejecución de ese título; y en ese sentido se ha respetado la interpretación de la Corte nacional -anterior a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial-, exigiéndose al Estado local aguardar para la ejecución judicial del título hasta que éste adquiera firmeza, respetando el derecho del contribuyente de ejercitar los recursos que le asigna la normativa aplicable para cuestionar el acto en sede administrativa, toda vez que con anterioridad (sea por inacción o consentimiento del administrado o por el rechazo de los recursos ejercidos) el título del Fisco es inhábil para accionar, lo que así se declarará si acude prematuramente a sede judicial; en consecuencia, si la acción judicial de cobro no nació aún para el Estado, no puede comenzar a correr el plazo de prescripción. - CITAS: CSJN: Municipalidad de Arroyo Seco c. Shell, del 9.3.2010; CSJStaFe: AyS T 259, p 276; T 264, p 74; T 269, p 322; T 289, p 283; T 308, p 373 y 378; T 224, p 339.
Accidente de tránsito, vehículo en movimiento, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: Microomnibus Norte  S.A.  Línea 60 c/ Ramini, Jorge s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

Cuando se está en presencia de una colisión entre dos rodados que se encontraban en movimiento y bajo la conducción humana, juega la presunción de responsabilidad que emana del art. 1113, 2da. parte, 2do. parágrafo del Código Civil, pues la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de dicha norma legal que regula lo atinente a la responsabilidad civil por intervención de dos cosas riesgosas.
Competencia por el territorio, bandera del buque, contrato de ajuste, ejecución del contrato
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: MONETA, ROBERTO c/ LA GIOCONDA SRL Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-26

La nacionalidad del buque la determina el país donde fue registrado, elemento que también enmarca la ley aplicable al contrato de ajuste, independientemente del lugar de su celebración (art. 616 L.N.). Tal nacionalidad se prueba con el certificado legítimamente expedido por las autoridades competentes del Estado que otorga el uso de bandera (art. 597 L.N.). Tal situación no arrastra la competencia de sus tribunales, toda vez que si el lugar de ejecución del contrato fueron las aguas territoriales de la República Argentina, y la sociedad demandada tenía su domicilio legal en este país, tales circunstancias determinan la competencia de los jueces nacionales (art. 24 de la L.O.), que es improrrogable (art. 19 de la L.O.).
Revocación de la prisión preventiva, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Izzi, Raimundo Oscar s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-14

Corresponde revocar el decisorio que dispuso el cese de la prisión preventiva del encausado toda vez que en el caso se advierte que la gravedad de los delitos imputados, el modo de comisión y la calificación de delitos de lesa humanidad, otorgan protagonismo a las pautas trazadas por nuestro Máximo Tribunal y que el a quo no las ha tenido en cuenta debidamente.

(Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos).
Empleados públicos, cesantía, aplicación de la ley, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alcácer, Miguel Angel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 243-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

Habiéndose reconocido al recurrente el derecho a una indemnización sustitutiva del derecho al reintegro, que repare el perjuicio sufrido por el agente; corresponde abonarle el monto correspondiente a la indemnización prevista en el artículo 26 del al ley 8525, debiendo efectuarse el cálculo según el sueldo que le hubiera correspondido percibir a su cargo al 31.3.1991 y descontarse lo oportunamente percibido en concepto de indemnización por despido, actualizado por el índice resultante de dividir el sueldo correspondiente a ese cargo al 31.3.1991 por el sueldo correspondiente a ese cargo al momento en que se le pagó aquella indemnización.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal, boleto de compraventa, cesión de boleto
Materia: CIVIL
Carátula: GANDOLFO, Rodolfo Hugo c/ LEONARDI, Egidia Beatriz s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

Importa una sanción excesiva, frente a la recuperación de la posesión del inmueble, la cláusula penal pactada en la cesión de un boleto de compraventa, que impone la pérdida de todas las sumas entregadas en concepto de precio por incumplimiento del cesionario, si éste ha pagado una importante porción del total estipulado (en el caso el 77 por ciento) y resulta reducido el valor locativo del bien durante el tiempo que estuvo ocupado por el accionado.
Convocatoria a audiencia pública, COLOMBIA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representante de la víctima
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Isaza Uribe y otros Vs. Colombia S/ Convocatoria a Audiencia Pública c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-12-13

Resulta procedente convocar a audiencia pública al estado de Colombia -cuya responsabilidad internacional se pretende-, a los representantes de la presunta víctima y a la Comisión Interamericana, sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas a realizarse en la sede de la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, para recibir sus alegatos y observaciones finales orales, debiendo dicho Estado facilitar la salida y entrada de su territorio de todos quienes, encontrándose en él, hayan sido citados a rendir declaración en la referida audiencia pública, conforme los términos del artículo 26.1 del Reglamento del Tribunal.
Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2014-03-19


REGISTRADO AL TOMO 2014 FALLO 4196 del Libro de Sentencias FORMOSA, 19 de marzo de dos mil catorce.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "AGUAS DE FORMOSA S.A. S/QUEJA EN AUTOS: "GONZÁLEZ, VIRGILIO Y OTROS C/AGUAS DE FORMOSA S.A. S/ACCION COMUN -INCIDENTE DE EJEC. DE SENTENCIA- DR. SANTIAGO JUAN VOLTA", Expte. Nº 160 - Fº 128 - Año 2.013 del registro de la Secretaría de Recursos del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto por Presidencia a fs. 35, y;

CONSIDERANDO:

Que a fs. 26/34 se promueve Recurso de Queja contra la providencia de fs. 25, dictada por la Señora Juez de Trámite del Excmo. Tribunal del Trabajo, mediante la cual se rechaza por improcedente el Recurso Extraordinario oportunamente planteado por la parte.

Que a poco que se analice el escrito recursivo que nos ocupa, se advierte que la queja debe ser inmediatamente rechazada, toda vez que el interesado no agotó la vía recursiva que le impone el Art. 74 del Código de Procedimientos en Materia Laboral. En el caso, la decisión unipersonal de la Juez de Trámite, debió ser recurrida ante la Sala en pleno, quien podía ratificar o derogar la providencia. Sólo en este caso nos encontraríamos ante una resolución de carácter definitivo que permitiría la apertura, en su caso, de la vía extraordinaria, como lo señala el Art. 75 del mismo cuerpo legal.

Siendo así, corresponde desestimar sin más trámite el Recurso de Queja planteado.

Por ello, y con las opiniones concordantes de los Señores Ministros, Dres. Ariel Gustavo Coll, Ricardo Alberto Cabrera y Guillermo Horacio Alucín se forma la mayoría que prescribe el art. 25 de la ley 521 y sus modificatorias y artículo 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, suscribiendo el presente los Señores Ministros Dres. Eduardo Manuel Hang y Marcos Bruno Quinteros sin emitir opinión personal, por lo que el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) No hacer lugar al Recurso de Queja promovido.

2º) Regístrese, notifíquese y oportunamente ARCHIVESE.

DR. ARIEL GUSTAVO COLL - DR. RICARDO ALBERTO CABRERA - GUILLERMO HORACIO ALUCIN - DR. EDUARDO MANUEL HANG - MARCOS BRUNO QUINTEROS
Alimentos, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: L. DE S.M.C. c/ S.C. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-29

Si la cónyuge no solicitó ni expresa, ni implícitamente al tiempo de practicar la liquidación de alimentos, la aplicación de intereses su admisión respecto de las pensiones adeudadas a ella importa transgredir el principio de congruencia, desde que la petición no integró los términos de la litis (conf. arts. 34, inc. 4, 161, inc.

2 y 163, inc. 6, del Código Procesal; C.N.Civ. Sala E, c.259.941 del 24/6/80; Sala F, E.D. 74-400), pero si los réditos fueron pedidos oportunamente por el Ministerio Pupilar en su carácter de representante promiscuo del menor beneficiario (conf. art. 59 del Código Civil), corresponde aceptarlos en favor de éste.-
Deuda pública, títulos de deuda pública, emergencia económica, pago diferido, persona de edad avanzada
Materia: ECONOMIA
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Balbiani, Carlos Ignacio c/ PEN ley 25.561 dtos. 1570/01 214/02 (Bontes) s/ proceso de conocimiento ley 25.561
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-27

Atento al largo tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones, a la edad avanzada y delicado estado de salud del titular de los bonos, acreditados en la demanda, y a fin de evitar la degradación de la sustancia de sus derechos, propósito que la propia normativa de emergencia tuvo en vista al exceptuar del diferimiento de pagos de la deuda pública tales casos, corresponde que la Corte haga uso de la facultad conferida en el art. 16 de la ley 48 y resuelva el fondo del asunto, ordenando al Estado Nacional la inclusión de los títulos reclamados en las excepciones al diferimiento de los pagos de la deuda pública, en los términos del art. 47, inc. d, apartados I y II de la ley 25.967 (Voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, embargo, improcedencia del recurso, aplicación de la ley, vivienda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Garantizar SGR c/ Chernitsky, Andres Normando y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

Procede confirmar la resolución que, a pedido de la ex cónyuge del demandado, prohibió llevar adelante la ejecución de la vivienda familiar que la peticionante ocupa con su hijo discapacitado, que en un 50% corresponde al deudor ejecutado; ello con base en lo dispuesto en el CCCN 456, último párrafo, a cuyo fin estimó que, aunque esa disposición no existía al tiempo en que la deuda había sido contraída, el supuesto quedaba atrapado por el efecto inmediato atribuido a las normas por el art. 7 del código citado. En ese marco, cabe señalar que no es necesario, a estos efectos, pronunciarse acerca de si el referido art. 7 fue o no bien aplicado; pues, aun si no se compartieran los fundamentos que condujeron al magistrado a resolver del modo en que lo hizo con tal sustento, la aplicación de esa norma al caso vendría de todos modos impuesta por razones constitucionales que impiden aceptar que la actora haya adquirido bajo aquella otra ley el derecho a ejecutar el bien. Esa solución podría cuestionarse con sustento en que se trata de un derecho que resulta de normas programáticas, pero, aunque así se admitiera, sería irrelevante a los efectos que aquí interesan. Es decir: cuando, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, el Estado adopta leyes "...para lograr progresivamente la plena efectividad de esos derechos..." (art. 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica), las normas respectivas, que otorgan fisonomía concreta a esos derechos, permiten su ejercicio con la operatividad propia de la regla supralegal que ya los había reconocido. Que esas normas constitucionales sean operativas, no impide que en algunos casos requieran reglamentación (Bidart Campos, "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", T. I, pág. 110, edit. Ediar, 1994), que es lo que hizo aquí el legislador mediante la norma cuestionada, lo cual explica por qué su aplicación no puede ser desechada con sustento en que su sanción fue posterior al nacimiento de la relación jurídica que motiva el pleito. Por su fuente constitucional, el derecho en cuestión tiene carácter ius fundamental, lo que significa que, para solucionar los conflictos normativos que a su respecto se presenten, no deben aplicarse las reglas que rigen las antinomias legales tradicionales -que otorgan prevalencia a la ley que sea anterior o especial-, sino que esos conflictos deben resolverse a la luz de la CN 31, del que resultan cuáles son las reglas para solucionar colisiones ius fundamentales (ver, en tal sentido, Lorenzetti Ricardo Luis, Consumidores, Segunda edición actualizada, año 2009, pág. 49, edit. Rubinzal - Culzoni).
Recurso extraordinario de nulidad, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: López Vinader, Pedro. s/ Recurso Extraordinario de Nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-04-15

La mera alegación de arbitrariedad y por ende a su juicio de nulidad, no solo carece de autosuficiencia, de indicación de normas específicas que entiende ha sido erróneamente aplicadas o violadas, sino de explicitación de por qué los errores no son reparables por el recurso de inaplicabilidad.
Seguro de responsabilidad civil, cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cipoletta, Dina c/ Borovik, Vicente s/ Daños y pejuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-12

No queda cubierto por el seguro, quién emprende el manejo de un vehículo sin poseer carnet habilitante, lo cuál es lógico pues queda abierta la presunción de que no es hábil para el manejo o no reúne las condiciones de edad, etc. y bien puede decirse que culpa lata dolo equiparatur, previendo inclusive la ley de Seguros el caso de quién por dolo o culpa grave provoca el hecho del que nace su responsabilidad. Pero diverso es el caso de quién poseía su carnet pero había caducado días antes del evento,siéndole otorgada la renovación y ampliación por la comuna respectiva.-
Nulidad de sentencia, principio de congruencia, acusación fiscal, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: MANTIÑAN, OSCAR O. s/ ACUSACION - NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-03-25

Articulada por la defensa la nulidad parcial de la acusación fiscal, si sobre tal petición nada ha resuelto la sentencia condenatoria, ésta adolece de incongruencia por defecto al no haber dado previo tratamiento a dicha cuestión, planteada en la debida oportunidad, sobre la validez de un acto procesal que resulta decisiva para fundar el veredicto condenatorio, afectando por ende el derecho de defensa.
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL
Carátula: Sosa, Angela M. del Valle c/ Colegio de Obstétricas Distrito V San Isidro s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-08-14

Cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis no basta con presentar la propia versión del recurrente sobre el mérito de las mismas. Es menester realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en aquél y demostrar que padecen de un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
Potestad disciplinaria, Administración Pública, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Malla, Calixto Fernando c/ Provincia de Córdoba s/ Plena jurisdicción - Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-06-03

El instituto de la prescripción de la sanción disciplinaria consiste en el no ejercicio por parte de la Administración de la potestad sancionatoria que le compete, durante el transcurso de un tiempo legalmente determinado, al término del cual, se extingue dicha prerrogativa estatal.

Su finalidad se orienta hacia la tutela de la seguridad jurídica, y en especial, tiende a superar el estado de incertidumbre de quienes han sido imputados por una conducta supuestamente antijurídica.
Registro de marca, seudónimo, exclusividad
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA Y GARCIA OVIDIO ANTONIO c/ TELEVISORA FEDERAL SOCIEDAD ANONIMA TELEFE s/ CESE DE USO DE MARCAS, DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

Con respecto al seudónimo, se trata de la elección voluntaria de un nombre, como dice Rivera, Julio c. ("La tutela del seudónimo", ed 56-817), "es la designación que el sujeto voluntariamente se da a si mismo, con intención de dar realce a su personalidad, que sustituye parcial o íntegramente al nombre civil cumpliendo su función individualizadora, salvo en las relaciones del portador con el Estado y que constituye un derecho de propiedad -en el sentido que la Constitución Nacional entiende este término- protegido por las acciones tutelares del nombre frente a la impugnación, usurpación o uso impropio que de el hagan los terceros". De lo cual se infiere que el nombre Susana no constituye un seudónimo susceptible de ser registrado como tal y amparado por las leyes.
Deuda pública, títulos de deuda pública, emergencia económica, pago diferido
Materia: ECONOMIA
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Balbiani, Carlos Ignacio c/ PEN ley 25.561 dtos. 1570/01 214/02 (Bontes) s/ proceso de conocimiento ley 25.561
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-27

Las exigencias registrales para acceder a determinadas excepciones al diferimiento de pagos de la deuda pública tienen por objeto, centralmente, aventar la posibilidad de manejos fraudulentos de los títulos de la deuda pública, y que ellas deben considerarse satisfechas si se ha acreditado fehacientemente la adquisición en fecha anterior a la de corte y la permanencia ininterrumpida de los títulos en el patrimonio de quien invoca la excepción (Voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).