marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Corrupción, corrupción de menores
Materia: PENAL
Carátula: H., J.A. s/ Abuso Sexual de Menor de Trece Años con Acceso Carnal Calificado por Ser Gravemente Ultrajante, por el Vínculo, por el Grave Daño en la Salud, por la Convivencia Preexistente en concurso Real con Corrupción Calificada por el Vínculo, sobre Victimas F., S. s/Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-15

"El delito de corrupción se consuma con actos que requieren objetivamente idoneidad para despertar prematuramente desviados o perversos deseos de prácticas sexuales contrarias al natural instinto.- Es un delito formal, no requiere que se produzca la efectiva corrupción de la víctima, sólo es suficiente la entidad corruptora del acto en sí, pero por tratarse de un delito doloso, debe existir conciencia por parte del sujeto que está ejecutando actos capaces de promover la corrupción del menor".
Robo de automotor, Constitución Nacional, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Pupelis, María Cristina y otros s/ robo con armas -causa nx 6491.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

El art. 38 del decreto-ley 6582/58, que reprime el delito de robo de automotor cometido con armas, incurre en un ostensible e irrazonable desconocimiento del derecho constitucional, fundado en los arts. 28 y 33 de la Ley fundamental, a ser sancionado con una pena cuya severidad sea proporcional a la gravedad del delito cometido y al bien jurídico tutelado.
Daños y perjuicios, plan de ahorro previo, competencia contencioso administrativa y tributaria, relación de consumo
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Lugieri, Gustavo Adrián c/ Fca SA de Ahorro para Fines Determinados s/ contratos y daños - rc - planes de ahorro y concesionarias
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-01

Corresponde declarar la competencia del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo local porque la competencia jurisdiccional para entender en la reparación de los daños ocurridos con motivo u ocasión de una relación de consumo, ha sido acordada por el Congreso Nacional a la Ciudad de Buenos Aires de modo expreso, en la ley n° 26361 que reforma la ley n° 24240. Esa norma contiene disposiciones que acuerdan a la Ciudad la jurisdicción para entender en pleitos donde se ventilen los alcances o la existencia de relaciones de consumo. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg por remisión a sus votos en: "Benítez, María Fernanda CONTRA FCA S.A. de ahorro para fines determinados Y OTROS SOBRE RELACIÓN DE CONSUMO", expte. n° 238316/2021-0, sentencia del 22-12-2022).
Prueba del contrato, principio de prueba por escrito, principio de ejecución del contrato, presunciones
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Luis Maurette y Asociados  S.R.L. c/ Asociación Japonesa en la Argentina  A.J.A. s/ Cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

Aún excediendo de la tasa legal, puede recurrirse a la prueba testimonial y de presunciones cuando se dan los supuestos de los arts. 1191 y 1192 del Código Civil, esto es, en los casos en que media principio de prueba por escrito, imposibilidad de obtener o presentar el instrumento, o principio de ejecución. El mismo código (art. 1192) prevé que se considerará principio de prueba por escrito cualquier documento público o privado que emane del adversario, de su causante, o de parte interesada, o que tendría interés en el asunto si viviera. Si emana de un tercero ajeno, es eficaz sólo cuando ese tercero tenga facultades para obligar a la parte y previa comprobación de esta circunstancia. También exige el citado artículo que el documento haga verosímil el hecho litigioso.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: Dimensión   Integral   de   Radiodifusión  S.R.L. c/ San  Luis,Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

La jurisdicción de la Corte Suprema responde al propósito de garantir a los litigantes una justicia imparcial que acaso no siempre pueda ofrecer un tribunal de provincia cuando ésta sea parte.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, contrato de obra pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. c/ COMUNA DE ROLDAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-06-04

La recurrente invoca arbitrariedad en la selección y análisis de la prueba, mas sin lograr traspasar el límite de la mera discrepancia en torno al análisis de la documentación licitatoria, los hechos y las demás probanzas de la causa por los Sentenciantes, para juzgar legítimo el accionar de la Administración en tanto el acto administrativo -que dispuso rescindir por culpa exclusiva de la contratista el contrato para la ejecución de la obra pública de extensión de la red domiciliaria de gas natural- se ajustaba a derecho y tenía fundamentación contextual y motivación suficiente. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto 1323/07 de la Municipalidad de Roldán.
Derechos de incidencia colectiva, derechos del consumidor, legitimación procesal, ombudsman, asociaciones de consumidores
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Unión de Consumidores Argentina UCA c/ AMX Argentina SA y otros s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-01-26

Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos son ejercidos por el Defensor del Pueblo, las asociaciones que concreten el interés público y el afectado. En estos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan prevalentes: la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna; y la pretensión debe estar focalizada en la incidencia colectiva de este derecho.
Declaración testimonial, insuficiencia del agravio, sentencia condenatoria, declaración de la víctima, defensa en juicio, situación de vulnerabilidad, explotación sexual
Materia: PENAL
Carátula: LEIVA, Gustavo Daniel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Uno de los votos concurrentes agregó que se ha reconocido la validez de la incorporación al juicio por lectura de las testimoniales prestadas durante la instrucción. En ese sentido, se ha señalado que el derecho constitucional de interrogar a los testigos acordado por vía de los artículos 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no reconoce restricción en las disposiciones del artículo 391 del ordenamiento procesal penal, toda vez que el primero de los pactos citados establece que regirá respecto de los testigos presentes en el tribunal. En el caso, la defensa no ha logrado demostrar que la sentencia condenatoria se base exclusivamente en la declaración testimonial de la víctima incorporada por lectura, sino que, por el contrario, lo cierto es que aquélla también reposa en otros elementos que analizados en conjunto hacen al plexo cargoso que funda la condena del encausado. El otro voto concurrente señaló que el agravio planteado por la defensa, en lo que concierne al interés del imputado por controlar la declaración de la víctima, se concilia con la protección adecuada de la testigo en su condición de víctima vulnerable y en la necesidad de que ésta no se vea revictimizada en el juicio. En este sentido, se ha garantizado adecuadamente el derecho de defensa, en tanto la imposibilidad de interrogar a la testigo no generó una iniquidad inaceptable; y fue efectivamente compensado por otras pruebas en las que se fundó la sentencia para formular el juicio de culpabilidad del acusado, que la defensa pudo fiscalizar y que confirmaron el relato de la testigo en las distintas instancias y circunstancias en las que se manifestó. Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña -votos concurrentes-.
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, interdicto de obra nueva
Materia: CIVIL
Carátula: FRANCONE, Fernando Mario y otro c/ CITTADINI, Paula s/ INTERDICTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-11

Cuando el interdicto de obra nueva es interpuesto por el consorcio de copropietarios, no es requisito de su progreso la prueba de un perjuicio real derivado de la violación de la prohibición de edificar, o de toda otra pretensión que haga valer dicho ente en resguardo de la observancia de las normas estatutarias o legales establecidas para preservar la estabilidad, salubridad, seguridad o estética del edificio, su óptimo aprovechamiento común, la utilización de todos los copropietarios en la medida de sus derechos y la armónica convivencia
Personas jurídicas de carácter privado, asociaciones civiles, acta de asamblea, falta de firma, sanciones civiles
Materia: CIVIL
Carátula: SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL BLANCO s/ RESOLUCION DE LA I.G. DE JUSTICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-08

Corresponde confirmar el apercibimiento previsto en el art. 14, inc. a), de la ley 22.315 que impusiera la Inspección General de Justicia a una sociedad por no haberse firmado las actas de las asambleas con la necesaria diligencia, puesto que si bien conforme a sus estatutos no hay plazo para hacerlo, por aplicación analógica del art. 73 de la ley de Sociedades Comerciales, según el cual "Las actas de las asambleas de las sociedades por acciones serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco días, por el presidente y los socios designados al efecto", en las asociaciones civiles ello también debe hacerse dentro de los cinco días.
Responsabilidad objetiva, culpa de la víctima, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Bullorini, Jorge Alberto y otro c/ Córdoba, Provincia de s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

El criterio regulador del art. 1113 del Código Civil autoriza a graduar el factor de imputación en función de la posible eficiencia de la culpa de la víctima en conjunción con el riesgo creado, al disponer que el dueño o guardián podía eximirse total o parcialmente de responsabilidad si se acredita la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Prescripción adquisitiva, accesión de posesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MALATO ANDRES Y OT. s/ tit - Supl (LIBRO: S085 - 091)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-08-17

A los efectos de que resulte viable la accesión de posesiones, resulta indispensable que entre ambas posesiones exista un ligamen jurídico, esto es "que procedee la una de la otra" como indica el art. 2476 in fine, o que "las dos sean legales" tal como prescribe el art. 4005.-
Viajantes de comercio, relación de dependencia, rendición de cuentas
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAL THAMES SA c/ VARELA, JUAN s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-17

La relación de dependencia laboral y la obligación de rendir cuentas no son incompatibles. En el caso del viajante de comercio empleado, siendo la realización de ventas por cuenta y en interés de la empleadora -dato típico del mandato- el objeto del contrato de trabajo, la efectivización de tales actos trae como consecuencia el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas impuesta por el cciv 1909.
Municipalidad, personal municipal, sanciones disciplinarias, acto administrativo, negativa a notificarse, ley derogada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lobos, José Ernesto c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 124-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-27

El decreto 3197/68 de la Municipalidad de Rafaela (Reglamento del Trámite Administrativo) no efectúa distingo en cuanto a los sujetos pasivos de la función administrativa destinatarios del mismo; es más, su único considerando alude genéricamente a "los administrados". Es por ello que no podría interpretarse que excluye, de su ámbito subjetivo de aplicación, al personal público que se desempeña en la Municipalidad de Rafaela, frente a la cual aquéllos también aparecen como "administrados" a los fines de la relación jurídica de empleo público; interpretar lo contrario, por lo demás, no se ajustaría al cometido que se propuso satisfacer con el dictado de ese reglamento en términos de "unificación de procedimientos" (ver considerando único). Conclusión de ello es que dicho decreto, al permitir que el destinatario del acto se niegue a firmar una notificación en diligencia, sin distinción del sujeto interesado, importó la derogación del decreto anterior Nº 1031/46, por lo que la Administración no puede revivir una norma antigua y aislada para sancionar a quien no ha querido cumplir con esa norma que -se reitera- ha desaparecido del mundo jurídico, y prescindir -sin razón plausible alguna- del texto normativo que regía el caso (decreto 3197/68), cuya existencia no podía ignorar por cuanto fue dictado por ella misma.
Homicidio culposo, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Chura Condorí, Víctor F. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Rodrigo L. Ovejero en contra de Sentencia Nº 34/13, de Expte. Nº 100/10: Chura Condorí, Víctor F. - Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-06-30

El Juzgado Correccional declaró culpable a C. C. como autor penalmente responsable del delito de Homicidio culposo calificado por el que viene incriminado, condenándolo en consecuencia a sufrir una pena de dos años y tres meses de cumplimiento efectivo y a una inhabilitación especial de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores.

Contra la citada resolución, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

Si bien la regla general sobre el modo de cumplimiento de las penas privativas de la libertad ambulatoria es que sea de manera efectiva y, por ende, la aplicación del Instituto de la condena de ejecución condicional es facultativa para el tribunal, en casos donde la condenación condicional es susceptible de ser aplicada, ese ejercicio de la facultad jurisdiccional de otorgar o denegar el beneficio, para no ser arbitrario debe sustentarse en razones adecuadas y no en meros criterios discrecionales de los magistrados que las disponen (CS, Fallos:329:3006, considerando 61). Sin embargo, en la sentencia apelada, la decisión sobre el cumplimiento efectivo de la leve pena impuesta al condenado carece de fundamento suficiente; por ello, estimo que los agravios del recurrente son de recibo.

Considero que el tribunal a quo resolvió la cuestión con prescindencia de los fines del Instituto de la condenación condicional, y sin la adecuada consideración de las pautas a las que se refiere el art. 26 del CP y que habilitan la concesión de dicho beneficio.

Por todo lo expuesto, no obstante el irreparable daño causado y la acreditada y no discutida imprudencia que sustenta válidamente la condena, opino que el agravio del recurrente, por la decidida modalidad de cumplimiento efectivo de la pena, debe ser acogido.

(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, por la mayoría)
Exenciones impositivas, servicio público, pactos federales, recursos, cupos de producción
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: EDESUR S.A. s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SA c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde rechazar la queja debido a que las críticas del recurrente al auto denegatorio se centran en insistir en que se encuentra exento de la tasa de estudio, revisión e inspección de obras en la vía pública y/o espacios de dominio público (TERI), pero no aporta fundamentos que permitan desvirtuar los argumentos de la Alzada que, a partir de la ponderación de la jurisprudencia de la CSJN en los autos "NSS SA c/ GCBA s/proceso de conocimiento" del 15/07/2014 (Fallos: 337:858) concluyó que dicho gravamen no estaría -prima facie- comprendido dentro de los supuestos de exención previstos en el art. 12 de la ley n° 15336 y los arts. 19 y 21 del decreto nacional n° 714/92. Tampoco la quejosa logra rebatir con éxito lo sostenido por la Cámara en cuanto a que el compromiso adoptado por los Estados locales en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento tendiente a derogar gravámenes municipales no alcanzaría a la TERI porque esta constituye una tasa que retribuye un servicio efectivamente prestado. (Del voto de las juezas Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Inhibitoria, fiscales, deber de imparcialidad, nulidad procesal, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, Aníbal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-24

La designación de un nuevo fiscal sin intervención de la Cámara, atento la inhibitoria planteada por razones de imparcialidad de quien naturalmente debía intervenir, hecho del cual se agravia la representante del Ministerio Público que resultara desinsaculada, no constituye un acto viciado pues previene futuros planteos de nulidad y mantiene las garantías constitucionales, más cuando tal decisión no afecta derecho alguno de las partes y es tomada en consonancia con lo dispuesto en el art. 120, C.N., ley 24.946 y resoluciones de la Procuración General de la Nación.
Excusación, jubilación de magistrados
Materia: PROCESAL
Carátula: Muñoz, Guillermo Andrés - incidente y otros c/ Estado Nacional PEN. s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

Sólo los magistrados mayores de 45 años están relevados del conocimiento de las causas en que se presenta el tema del régimen de jubilaciones y pensiones de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
Acto administrativo, revisión judicial, acción de amparo
Materia: LABORAL
Carátula: CORTEZ RAMON ENRIQUE c/ RIVADAVIA HOGAR S,R,L, s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.- RECURSO DE QUEJA  INTERPUESTO POR DR. AGUIRRE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-11-30

Frente al ejercicio de facultades administrativas propias de la autoridad, la declaración de invalidez de dichos actos por parte del órgano jurisdiccional, sólo puede tener cabida frente a una previa y cabal comprobación de que ha existido una conducta arbitraria o bien cuando aquel se presenta con visos de ilegalidad manifiesta.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bravo, Dante Edgardo c/ Paladea de Bravo, Yolanda Noemi s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-07-14

La causal de injurias graves es una causal facultativa, pues el magistrado debe valorar los hechos que se acrediten para determinar si ella se configura, no siendo suficiente la prueba del hecho en sí, sino que éste debe ser merituado de acuerdo a las circunstancias y factores que caracterizan al matrimonio y al medio ambiente en que él se desenvuelve.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nuñez, Marcelina Dolores c/ Centro de Medicina Integral Center 2000 s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-19

Cuando se trata de la apreciación de pruebas, el juez ha de proceder a efectuar con los elementos aportados a los autos una reconstrucción de lo sucedido y en esa tarea lógico-jurídica es probable y legítimo que acepte algunos elementos y desestime otros cuando, mediante el pertinente juicio de valor asentado en la sana crítica, aquéllos creen convicción (art. 456 CPCC).
Contrato de trabajo, viajantes de comercio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramírez Ríos, Hugo c/ Laboratorio  Apolo  S.A.  y/o  persona física o jurídica que resulte responsable s/ Reclamo laboral persona física o jurídica que resulte responsable s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-05-05

Teniendo en cuenta los precedentes obrantes en la causa y lo probado en la misma hay un elemento fundamental del que careció la relación y que impide acoger el planteo de la actora, cual es la habitualidad, teniéndose en cuenta para ello el elemento cuantitativo. Entiendo que en el caso en análisis es la medida de la intensidad de la prestación, elemento esencial de la profesionalidad laboral entendida como principal fuente de recursos del trabajador junto a la coexistencia de un vínculo diferente y la inexistencia de pruebas sobre directiva alguna respecto al itinerario, días en que debía concurrir al I.A.S.E.P., ni otro elemento que indique aunque sea tibiamente el ejercicio del poder de dirección y disciplina económica y técnica, que es la esencia del trabajo dependiente.
Comerciante, tribunales arbitrales, admisibilidad del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAPIL SA c/ MARFRIG Argentina SA s/ ordinario - MARFRIG Argentina SA c/ CAPIL SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-25

Resulta admisible el recurso de apelación incoado contra un laudo arbitral, toda vez que la expresión "definitivamente" que figura en la cláusula compromisoria sólo puede ser entendida como una prórroga de la competencia de los Jueces naturales hacia el Tribunal de Arbitraje elegido por las partes, en forma exclusiva. Lo que implica la prohibición de promover cualquier acción ante la Justicia ordinaria, o de recurrir a otros medios alternativos de solución de disputas.

Sin embargo, tal elección no puede ser entendida como una renuncia al derecho de recurrir el laudo, derecho que reconoce el propio Reglamento del Tribunal al que se sometieron las partes. Pues una renuncia en tal sentido debió ser acordada de manera expresa e inequívoca, supuesto que no se verifica en la especie (arg. conf. CNCom, Sala A, in re, "Reich Rolando Martin c/ Bapro Mandatos y Negocios SA y otro s/ organismos externos", del 13/9/16).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), responsabilidad penal, doctrina de la arbitrariedad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DAVID, SERGIO LUIS c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL MARTINEZ AGUIRRE, ALBERTO Y OTROS -HOMICIDIO SIMPLE-FALSIFICACIÓN IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO PUBLICO AGRAVADA Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-16

En cuanto a los múltiples reproches por arbitrariedad en la que habrían incurrido los Sentenciantes al confirmar la responsabilidad penal del encartado, cabe señalar que la apreciación de los hechos, pruebas y derecho común constituye, en principio, facultad de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria; y si bien dicha regla admite excepciones en supuestos con base en la arbitrariedad, en el sub examine la impugnante no demuestra las causales endilgadas, como tampoco se advierten circunstancias que justifiquen la intervención de esta Corte en cuestiones que, como se dijo, en principio son ajenas a la jurisdicción extraordinaria, por lo que, no luciendo demostradas las alegaciones recursivas, permanece incólume el pronunciamiento impugnado. - CITAS: CSJN: Fallos 264:301; 269:43; 279:171; 279:312; y 301:909.
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Pcia. de Bs. As. c/ Venturino, Mariano y otro s/ Ejec. hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

El art. 556 del CPCC en el segundo párrafo, que en el supuesto de admisión de la excepción de pago parcial, al ejecutado se le impondrán sólo las costas correspondientes al monto admitido en la sentencia.