marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajadores azucareros, choferes, ius variandi, reducción salarial
Materia: LABORAL
Carátula: ALBERTO PAEZ   BERNARDINO REGULON   JUAN ACOSTA   OCTAVIO PAREDES c/ INGENIO LA ESPERANZA  S.A. s/ CASACION - COBRO DIFERENCIA DE HABERES. ACOSTA OCTAVIO PAREDES c/ INGENIO LA ESPERANZA  S.A. s/ CASACION - COBRO DIFERENCIA DE HABERES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1985-09-23

Cuando la patronal decide reducir los salarios de los trabajadores, so color de cambio de actividad, esta ejerciendo abusivamente su derecho de modificar las modalidades del contrato, pues con tal modificación produce un perjuicio al trabajador, detrimento expresamente prohibido por la ley.

El trabajador azucarero que llegó a la categoría de chofer, cumplidos reiterados ciclos, debe ser considerado como permanente en esa categoría; la circunstancia de que en épocas de no zafra su fuerza de trabajo deba ser utilizada en otras tareas no puede significar en absoluto, la pérdida del salario que corresponde a la categoría superior.

La potestad de disminuir las remuneraciones de conformidad a la ley está cerrada y prohibida. Si al empleador no le es posible mantener la jerarquía debe al menos respetar la remuneración del trabajador.
Relación de dependencia, trabajador, interpelación, silencio, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Teresa Stael c/ Teresa Dolores Morales y/u otro y/o quien resulte responsable s/ Despido Injustificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-12-19

Resulta aplicable la normativa del artículo 57 de la Ley de Contrato de trabajo que crea una presunción en contra del empleador ante el silencio de éste, por un tiempo razonable opuesto a los telegramas en que formula intimaciones el trabajador, constituyendo una manifestación tácita de consentimiento respecto de la reclamación o intimación efectuada. Además corresponde en tal circunstancia considerar el silencio del empleador como violatorio del principio de buena fe.
Delegación legislativa, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Compañía Azucarera y Alcoholera  Soler S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

No puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida.
Sentencia, nulidad de sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Duarte, María c/ Luporini Mario denuncia s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

Si el juez declara la nulidad parcial de la requisitoria fiscal, en relación a uno de los delitos por los que se acusa, y luego se pronuncia condenando por ese mismo hecho punible, al que le atribuye distinta calificación legal, infringe el principio de congruencia, pues la nulidad decretada vedaba tal tratamiento.
Jubilación por invalidez, trabajador autónomo, incapacidad laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGO GAINZA DE KRISTAL, ANA MARIA c/ I.N.P.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-17

El régimen para trabajadores autónomos no hace referencia en forma concreta al requisito de capacidad al reinicio de tareas, para la obtención del beneficio de jubilación por invalidez. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la resolución que denegó la prestación fundándose en que el peticionante se encontraba incapacitado al reiniciar el desempeño de tareas, y ordenar al organismo el dictado de una nueva, contemplando dicha circunstancia.
Honorarios, costas, carga
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSSANIGO TULIO EDSEL c/ LA CAPILLENSE  S.R.L  Y OTROS s/ NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-10-17

La norma del segundo párrafo del art. 102 de la ley 7269 debe ser interpretada en consonancia con el art. 268 del C.P.C donde se establece que el Juez debe determinar la carga de las costas de los peritos contraloreadores teniendo en cuenta la circunstancia del caso.

La facultad de designar perito contraloreador integra el derecho de defensa cuando se trata de cuestiones eminentemente técnicas ajenas al conocimiento de las partes y sus letrados.-
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, daños y perjuicios, resoluciones equiparables a definitiva, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROMERO, MARCELINA Y OTROS  c/  s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ROMERO MARCELINA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MÉDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-08

Corresponde equiparar a definitiva la sentencia de Cámara que confirmó la declaración de caducidad dispuesta por el juez de grado, toda vez que la caducidad discutida, aunada a la prescripción, implica la pérdida del derecho. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere la juez Inés M. Weinberg).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, prescripción, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Almara, Alejandro Francisco c/ Supercemento S.A.I.C. y/u otra s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral   (Expte. CSJ Nº 561-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-17

No autoriza a descalificar la decisión impugnada el reparo del demandado recurrente que le endilga a la Alzada sustentar el rechazo de la prescripción en una postura jurisprudencial y doctrinaria sin efectuar una adecuada referencia a los hechos comprobados en la causa. Ello así por cuanto si bien le imputa al Tribunal falta de motivación, con su formulación, no logra demostrar que aquel haya incumplido con la exigencia constitucional contemplada en el artículo 95 de la Carta Magna local ni que haya omitido articulaciones substanciales de la defensa opuesta. al aducir que el curso de la prescripción de la acción por accidente de trabajo comenzó a correr a partir del conocimiento de la magnitud del infortunio y de la certeza de la víctima, de su comprensión del grado de incapacidad laboral que lo aqueja y de su secuela definitiva, y/o permanente y además de la vinculación de la afección con el trabajo, concluyendo que el actor adquirió razonable certeza y conciencia de su minusvalía recién con la junta médica, no mediando otro punto de arranque de la prescripción del accidente de trabajo distinto al adoptado por la Sala.
Materia: PENAL
Carátula: PAZ, ARISTOBULO VICTOR s/ S.D.HOMICIDIO CULPOSO E.P.MARIA MARTA CARRIZO (CASACION).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-21

Las distintas finalidades de los procesos penal y civil, conllevan a tener una distinta apreciación de la culpa. Esto es así, por que el objeto del juicio penal es imponer una sanción, en tanto que el del civil es condenar a una reparación. De ahí que, ciertas conductas que son insuficientes para fundar la primera son en cambio suficientes para dar fundamentación a la segunda, por que la culpa penal es más estricta que la civil.-
Mandato aparente, terceros, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: CIA. ARGENTINA DE SEGUROS MINERVA  S.A. c/ LABUNIA, CARLOS M. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-08

El mandato, por ser un contrato consensual, no está sometido, en principio, a formalidad alguna; puede ser expreso o tácito, escrito o verbal (conf. art. 1873 del Código Civil). Se ha admitido también el mandato aparente desde que con frecuencia una persona obra en nombre de otra sin poderes suficientes y, sin embargo, las circunstancias que rodean su gestión hacen razonable suponer que obra en ejercicio de un mandato, pues en el conflicto entre el interés de quien no dio poderes suficientes y el tercero de buena fe, la ley frecuentemente se inclina por éste, protegiendo de este modo la seguridad jurídica.-
Haber jubilatorio, asignaciones familiares, asignación por cónyuge, asignación por preescolaridad, suspensión del beneficio, interpretación de la ley, medidas cautelares
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VILLARREAL, HUGO ELLAURRI c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

Las medidas cautelares son, básicamente, instrumentales y subsidiarias, ya que su finalidad consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia definitiva. Por ello, si la medida de no innovar deducida por el titular apunta únicamente a que se ordene la suspensión de los efectos de la resolución administrativa que le revocó, con fundamento en el art. 15, 2do. párrafo de la ley 24.241, el beneficio acordado (que se relaciona con lo establecido por el art. 48 de la ley 18.037 -cfr. C.N.A.S.S. S: I, sent. 37062, 22.12.92, "Chaca, Eduardo Maximino c/ C.N.P.E.S.P." y C.S.J.N., Fallos 305:307-) y, por consiguiente, se le continúe abonando el haber jubilatorio con más las asignaciones por cónyuge, hijos, ayuda escolar primaria preescolar y cobertura integral de obra social hasta tanto se dicte sentencia en la causa, deben tenerse por configurados los caracteres de instrumentalidad y subsidiaridad. En consecuencia, corresponde confirmar la medida cautelar a la que, bajo caución juratoria, hizo lugar el "a quo", ordenando continuar pagando el beneficio jubilatorio al actor hasta tanto se resuelva la causa y proceder a abonar las sumas adeudadas que le correspondía percibir. Ello así toda vez que, dado el carácter eminentemente alimentario que posee el beneficio jubilatorio, la falta del mismo puede llegar a insolventar o menguar de tal manera el patrimonio de aquél que puede hacer ilusorio el derecho de los alimentos.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, transacción, costas, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SANCHEZ GRANEL INGENIERIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO (CSJ EXPTE Nº 472-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-11

Si la carga de las costas del juicio constituye una de las cláusulas de la transacción, no puede subsistir agravio al derecho de propiedad luego de la decisión denegatoria del tribunal a homologar el convenio. No cabe hacer lugar al argumento de que al regularse honorarios se habría homologado implícitamente la transacción, puesto que la regulación de honorarios es consecuencia de la exigencia legal de justificación del pago de las costas o su afianzamiento (artículo 231 ley 5531) para dar curso a la transacción, y de cumplimiento previo al tratamiento de ésta, no aparece, por ende, ni siquiera "prima facie" configurada la cuestión constitucional que se invoca, lo que obsta a la apertura del recurso extraordinario.
Ejercicio de la acción pública, requerimiento de instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ríos, Nelson Gerardo y otro s/ nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

En la tarea que aquí examinamos, corresponde al Fiscal de primera instancia, tras analizar exhaustivamente la denuncia que motivó la formación del legajo, valiéndose de todas las circunstancias fácticas pertinentes allí contenidas y descartando todas aquellas que no lo sean, elaborar la descripción de un hecho que, en tanto encuadre -al menos, a priori- en un delito penal, pueda constituirse como el objeto procesal de un sumario.

Se ha dicho que "no cualquier hecho es el que contiene la requisitoria fiscal, sino un hecho que constituye un determinado delito. Un hecho que será la base de investigación del juez de instrucción y que ha de limitarlo a la vez, pero ese hecho ha de encuadrar en una norma penal sustantiva" (Washington Abalos, Raúl, "Código Procesal Penal de la Nación", Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2006, tomo IIA, pág. 252).
Competencia, personal embarcado
Materia: LABORAL
Carátula: TRIBERTI c/ ANTOLIN FERNANDEZ s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-03

La relación entre las partes provoca un problema de competencia por encuadrar en las previsiones de la ley 20.094 (cfr. "Castaño c /Gallego", 8/7/96). Se discute en autos la categoría del actor (patrón baqueano o patrón de segunda). Según la CSJN, en casos similares es de aplicación el artículo 616 Ley 20.094 (cfr.

"Pozzobón c/De Marzi Hnos. y Cía.", 26/6/76; "Esquibel c/D'Alessio Hnos.", 4/8/77; "Rey c/SCA Ventura", 8/11/77; "Gordon c/Incorvaia", 20/5/80; "Lescano c/Emp. de Navegación Samuel Gutnisky", 17/5/63).
Funcionarios públicos, delitos, corrupción
Materia: PENAL
Carátula: Moschini, Roberto Mateo y Otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-16

Cuando se investigan delitos donde estarían imputados funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, en los que se encuentra involucrado el derecho de la sociedad, como víctima indirecta de este tipo de delitos, su impunidad pone en riesgo la estabilidad de las sociedades democráticas. Los instrumentos convencionales imponen el inexorable deber de investigar en forma rápida y exhaustiva hechos de corrupción, so pena de incurrir en responsabilidad internacional.
Abogados, actuación por derecho propio, costas, honorarios, juicio de apremio, interpelación, plazo, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CIA  DE  ESTUDIOS  Y  CONSTRUCCIONES  INGENIERO  RODOLFO  CORNERO SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   ACLARATORIA  SOBRE  COSTAS  INTERPUESTA  POR  LA MUNICIPALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 287-79
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-29

Surgiendo de las constancias de autos que los curiales de la actora, actuaron por derecho propio, corresponde imponerles las costas de la revocatoria a dichos profesionales perdidosos.

En el caso, los profesionales solicitaron que se intime a la demandada a pagar, en el plazo de cinco días, la liquidación por honorarios aprobada en autos, y la Corte resolvió la revocatoria interpuesta por la municipalidad, declarando que el plazo de intimación no pudo ser inferior a sesenta días hábiles, antes de quedar expedita la vía de apremio, imponiendo las costas a la vencida.
Prescripción adquisitiva, pago de tributos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dolagaray de Dalponte, Manuela y otros c/ Trejo, Broglio s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Si bien el abono de los gravámenes debe ser "especialmente considerado" (art. 24 inc. "c", ley 14.159 ref. por dec. ley 5.756 /58) su prueba no es ineludible ya que tiene un valor meramente complementario.
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Coop. de Caseros Ltdo. c/ Metalúrgica Romano Bossi de Carlos Romano y ot. s/ Ejecutivo - Rec. de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-10

El precepto constitucional que consagra el debido proceso judicial y que en el caso implica la necesidad de posibilitar el contradictorio, tiene expresa consagración legal en el cuerpo del Código de forma y, en especial en el estadio en que se encuentran los presentes obrados (arts. 135 inc. 8°, 557 y 589 del CPCC.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Texeira, Claudia B. c/ Bolsa de Comercio de Mar del Plata s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

La resolución que resuelve el beneficio de litigar sin gastos no es definitiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de desalojo, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: CABALLERO, José Alberto c/ Ramona Pérez s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-07-29

Si bien es cierto que no basta con invocar la calidad de poseedora para que se rechace la acción de desahucio, también lo es que, cuando en el proceso se incorporen elementos que prima facie otorguen verosimilitud al derecho de tener la cosa con ánimo de dueña por parte de la accionada, el actor debe acudir a las acciones de conocimiento pleno en ejercicio de su eventual derecho. Debe repararse que el ejercicio de la acción de desalojo -con las particulares características del caso aquí analizado- no corresponde -al menos ab initio- contra los poseedores, pues por su naturaleza u objeto no es la vía idónea para obtener la recuperación del inmueble, cualquiera sea el vicio que pudiere afectar esa posesión, sea legítima o ilegítima, de buena o mala fe, ya que no cabe discutir dentro de la órbita de este proceso el mejor derecho de poseer ni la posesión misma; pues todo este debate es extraño al juicio de desalojo.
Pago, efecto extintivo del pago, aportes previsionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dozo, Fabio A. c/ Villordo, Jorge O. y otras s/ Cobro ejecutivo de alquileres Beamonte de De Tomas, Lucía c/ Cirone, Ismael s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09|1997-02-25

Conforme lo normado por el art. 20 de la ley 6716, texto según art. 10 de la ley 10268, las libranzas judiciales quedan supeditadas al previo pago de los aportes previsionales de los profesionales intervinientes, para lo cual es necesario que exista regulación de honorarios firme, constituyendo una etapa insoslayable del proceso para la disponibilidad de las sumas depositadas en la cuenta de autos. Ante ese impedimento legal, que imposibilita el retiro de los fondos, el depósito carece de virtualidad cancelatoria.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jáuregui, Juan Ignacio c/ Aramburu, Daniel Jorge s/ Preparación vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

Desperdiciada por el demandado la oportunidad procesal puesta a su alcance con todas las garantías legales en amparo de su legítimo derecho de defensa (arts. 524, 338 y 339 CPC), es injusta la sentencia que haciendo mérito de las alegaciones tardíamente introducidas por aquél, rechazó la demanda (arg. art. 525 CPC).-
Derecho de registro e inspección, contadores públicos, ejercicio profesional, empresa
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: RIGHI, LUIS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 543 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

El artículo 119 ( actual 124) del Código Fiscal de la Provincia dice que: "...se presumirá el ejercicio de la profesión liberal organizada en forma de empresa cuando se configuren alguna de las siguientes situaciones: a) cuando para el ejercicio de la actividad se recurra al concurso de otros profesionales que actúan en relación de dependencia, o a retribución fija, o que su remuneración no se encuentre directamente relacionada con los honorarios que se facturen al destinatario final de los servicios prestados...". En el caso, corresponde que el actor sea incluido en las prescripciones del artículo 89 inciso m) del Código Tributario Municipal en cuanto lo exime del pago del Derecho de Registro e Inspección desde que del análisis de la prueba producida, surge que el mismo ejerció la profesión de manera individual. Ello en virtud de que la habilitación del estudio contable fue solicitada a título personal, y la exención lo fue en su nombre y no en representación; del informe del Consejo Profesional de Ciencias Económicas surge que está matriculado como contador público nacional con ese domicilio, en el que no hay constancia de que ejerzan actividad otros contadores; que no está inscripto en el Registro de Sociedades de profesionales, como socio o asociado de otros profesionales; que no existe norma que prohíba que el matriculado sea representante de empresas o consultora internacional, no siendo necesario que se encuentre organizado en forma de empresa para hacerlo; la Dirección de Fiscalización Tributaria afirma que no existe constancia de: empleados que trabajen en el lugar; concurso de otros profesionales que actuaran a retribución fija a cargo del actor; retribución a terceros por parte del actor, con relación a honorarios profesionales facturados por él; organización jurídica de la ley 19.550; que el actor desarrolle otra actividad comercial o industrial complementaria; ni de aportes de capital por parte del actor que supere lo que razonablemente puede para el ejercicio liberal de la profesión. Si a lo expuesto se suma que no está inscripto en "Ingresos Brutos" de la API; que está inscripto en la DGI como persona física; que no se encuentra inscripto como agente de retención y/o percepción, ni en ART alguna; y que las facturas que exhibe son de tipo "A", no cabe sino entender que el ejercicio de su profesión fue desarrollado de manera individual.
Embargo, bienes embargables, televisor
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUERSCHUNY, RICARDO c/ KAZSDAN, ERNESTO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-02

La función de un televisor, sea blanco y negro o de color, se vincula más al esparcimiento que a las funciones didácticas. Es cierto que ese aparato integra el ajuar habitual de todo hogar, sin embargo, el código procesal 219 sólo permite el desembargo de aquellos elementos necesarios para la subsistencia decorosa de la embargada, pues de otro modo podrían tornarse ilusorios los derechos de todo acreedor.
Indemnización sustitutiva de preaviso, sueldo anual complementario, facultades del juez, sentencia ultra petita
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: MORLIO, Luis c/ COMENT S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

La indemnización establecida por el art 232 de la LCT debe ser equivalente a la remuneración que le hubiere correspondido percibir al trabajador durante el lapso del preaviso omitido, por lo que debe tenerse en cuenta la incidencia del aguinaldo, aunque el actor lo haya omitido en su liquidación. Esto es así, toda vez que el art 56 de la LCT faculta al magistrado a fallar "ultra petita"esto es integrando matemáticamente el reclamo efectuado por el dependiente de conformidad con el ordenamiento vigente cuando el interesado por error o ignorancia individualice sumas inferiores a las legalmente debidas.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Natalini, Carlos. c/ Lorente, Héctor. s/ Prescripción.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-10-18

El Tribunal de Alzada podrá decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de Primera Instancia siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios. Es el mismo legislador quien suprime en tal supuesto la doble instancia sin que de ello se siga agravio a la garantía de defensa. La doble instancia no es requisito constitucional y, por otra parte, se conforma con que el capítulo haya sido propuesto en ambas instancias, aunque no sea resuelto también por ambas.
Delito culposo, prueba
Materia: PENAL
Carátula: F., V. J. s/ Lesiones culposas agravadas s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-07-03

"Deberá acreditarse, en el delito culposo, además, que el resultado es una consecuencia de la infracción de la norma de cuidado; la conducta contraria al deber de cuidado y el resultado debe hallarse en una 'relación fundamento - consecuencia' como 'causalidad de la evitabilidad', en el sentido de la imputación objetiva del resultado a la infracción de la norma de cuidado".