Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19


CALLEGARI, Domingo Julio contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 93-95. Santa Fe, 19 de mayo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la accionada contra la sentencia 268 del 27 de diciembre de 2001, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "CALLEGARI, Domingo Julio c. PROVINCIA DE SANTA FE -Ordinario- (Expte. 115/01)" (Expte. C.S.J. n 313, año 2002); y, CONSIDERANDO:

1. La resolución atacada a través del recurso de inconstitucionalidad confirmó la del Inferior que, a su turno había rechazado la excepción de incompetencia opuesta por la Provincia accionada, en el entendimiento que correspondía a la justicia ordinaria en lo civil y comercial el conocimiento de la causa.

La impugnante sostiene que el pronunciamiento deviene arbitrario desde que la resolución carece de fundamentos por resolver, equivocadamente, que el reclamo debe ser tratado como si fuera una locación de servicios propia del derecho privado.

Afirma que el conocimiento del conflicto corresponde a la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe, por medio del recurso contencioso administrativo desde que la naturaleza contractual de la relación posee notas definitoras en ese sentido: por su objeto, tiene relación directa e inmediata con la recaudación de la renta fiscal como función exclusiva, excluyente, esencial y específica del Estado; y por el marco normativo que le sirve de base que es de naturaleza reglamentaria, exorbitante y superior a la mera voluntad de las partes.

En este último sentido, recalca que es esencial tener en cuenta que los ejecutores fiscales son designados por decreto del poder ejecutivo para ejercitar la función administrativa tendente a atender los fines de la Provincia.

Refuerza dicha inteligencia destacando -como ejemplo de la apuntada exorbitancia y sujeción a reglamentos- la subordinación del contrato como instrumentación de una designación anterior por decreto del Poder Ejecutivo; subordinación de la gestión y percepción de honorarios a una norma reglamentaria no contractual.

Finalmente, sostiene que lo decidido por el A quo vulnera las disposiciones del art. 93, inc. 2) de la Constitución provincial y las normas reglamentarias contenidas en la ley 11330 en cuanto atribuyen competencia contencioso administravia a la Corte o a las Cámaras según el caso.

La Sala denegó la concesión del remedio intentado lo cual motivó la presentación directa de la quejosa por ante esta sede.

2. Sabido es que los pronunciamientos que resuelven excepciones de incompetencia no son -en principio y en relación a ello- sentencias definitivas ni equiparables, conforme lo exige el artículo 1ero. de la ley 7055; como así también que esta Corte ha establecido que tal regla debe ceder cuando está en juego la competencia contencioso administrativa prevista en la Constitución y en la ley 11330 (Cfr. "Bozzi", A. y S. T. 184, pág. 333).

Sin embargo, no se advierte que el presente caso -en donde la impugnante se agravia, esencialmente, porque los jueces de las instancias ordinarias no acogieron favorablemente su planteo de incompetencia de la justicia civil y comercial para entender en el reclamo tendente al cobro del 15% en concepto de retribución del actor como consecuencia de su gestión profesional como ejecutor fiscal- pueda ser encuadrado en dicha excepción.

En efecto, a pesar de invocar arbitrariedad por falta de fundamentación y afirmar que el conocimiento de este conflicto corresponde a la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe -por la vía del recurso contencioso administrativo- violando lo previsto por el artículo 93, inc. 2) de la Constitución provincial y de la ley 11330, sus alegaciones al respecto no logran persuadir que en verdad estemos ante un caso que autorice a superar el limitado campo del remedio previsto en la ley 7055.

De la lectura del pronunciamiento impugnado surge que la Sala, en ejercicio de funciones propias, al resolver sobre la cuestión de competencia tuvo en cuenta las concretas circunstancias del caso, concluyendo -luego de valorar la naturaleza del contrato vinculante con el actor, las normas aplicables, el examen objetivo de la pretensión y la efectiva naturaleza del litigio- que el contrato celebrado con el actor escapa a la competencia material establecida en el artículo 93, inc. 2) de la Constitución provincial y refiere a cuestión civil.

Por lo demás, el criterio consagrado por la Sala resulta concordante con el adoptado por este Cuerpo en la causa "Lusardi, Juan José contra Provincia de Santa Fe" A. y S. T. 195, pág. 219, voto de la mayoría).

Frente a ello la recurrente se empeña en insistir con sus genéricos planteos de arbitrariedad y violación de normas constitucionales, mas sin aportar elementos suficientes, ni argumentos idóneos que autoricen a descalificar constitucionalmente lo resuelto por los juzgadores al respecto. No se advierte, pues, que estemos ante un caso que justifique la intervención de este Tribunal como custodio último de la ley y la Constitución.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI (en disidencia)-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI:

La postulación de la recurrente cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de autos, e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Fdo.:GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)