marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Injurias, querella, daño moral, compensación económica
Materia: PENAL
Carátula: Bustamante, Juan Florencio s/ Injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-09-27

Corresponde hacer lugar a la acción civil articulada por el querellante, en busca de lograr el resarcimiento del daño moral sufrido y condenar en consecuencia al pago de 30.000$; toda vez que amén de resultar probado en autos el daño infringido, el demandado obró en la comisión del hecho-injurias-con cabal conocimiento del efecto lesivo que sus palabras y frases publicadas en un medio periodístico producirían en el honor, reputación o crédito del querellante. En este orden de cosas y sin perjuicio de que en materia de la estimación del monto resarcible queda librado al exclusivo criterio judicial, no puede desconocerse como principio que dicho monto reparatorio no debe implicar un beneficio para el accionante. En mérito a ello cabe tener en cuenta a los fines de dicha determinación en primer lugar, la personalidad de la víctima, y en especial en éste caso el hecho de tratarse de un funcionario público, que como tal se presume debe gozar de buen crédito, asimismo considerar el título a nivel terciario de que goza la víctima y su preocupación constante en mantenerse actualizado en su especialidad, desempeñando conjuntamente la docencia y en este caso considerar el sentido ejemplarizante de la conducta del educador, y sin perder de vista por último, la naturaleza del interés moral afectado, toda vez que la ofensa se dirigió contra muy caros y protegibles sentimientos y valores humanos tales como el honor, la dignidad, la moral y la honestidad.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fleitas, Carlos A. c/ Los Dos Amigos S.R.L. y otros s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28

Cualquier medida de cuidado supone -en mayor o menor grado- dificultades, demoras o incomodidades. Pero ninguno de estos inconvenientes perfectamente tolerables dispensa del deber de prudencia.-
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, contenido de la demanda, indicación de la causa, certificado de deuda, procedencia del recurso, obras sociales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: OPS SACI c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por obra social del personal de la construccion
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-06

Procede declarar verificado un crédito de la Obra Social del Personal de la Construcción. Ello por cuanto, en el caso, si bien la ley 23660: 24 es clara en cuanto a que el certificado, en su carácter de título ejecutivo, se emite con el fin de habilitar la vía de apremio; empero éste no es un requisito sine qua non para demostrar la existencia del crédito en un juicio de conocimiento pleno como es el que nos ocupa. En los procesos de verificación el crédito puede ser demostrado con otros documentos distintos al certificado de deuda tales como las actas de inspección o la documentación contable de la empleadora obligada a realizar la retención del aporte. Ello es precisamente lo que sucedió en la especie, en tanto la empleadora no desconoció la deuda reclamada al contestar la demanda y la sindicatura cotejó que la misma surgía de su contabilidad. En ese marco, la existencia del crédito se encuentra suficientemente evidenciada.
Enfermedad accidente, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Del Santo, Marcelino c/ Sevel S.A. s/ Enfermedad accidente.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

En el supuesto de enfermedad accidente para la determinación del tope máximo de la indemnización establecida en el art. 8 de la ley 9688 debe estarse al salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha en que el trabajador adquiere conocimiento de su incapacidad derivada de la dolencia.
Estabilidad del delegado gremial, compraventa de buque
Materia: LABORAL
Carátula: PANSINI, OSCAR VICENTE c/ EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-21

La venta de un buque configura un supuesto de transferencia de establecimiento mercantil encuadrable en las previsiones de la ley 11867 y del artículo 225 del RCT. (to.). En ese caso, el delegado gremial despedido a causa de la venta tiene derecho a reclamar las indemnizaciones por violación de la estabilidad sindical, garantía que debe ser mantenida y no turbada por decisiones del empleador y respetada por la empresa adquirente del establecimiento.
Jubilaciones, Corte Suprema de Justicia de la Nación, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARRAGUIRRE, DIONISIO LUJAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 52-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-18

La ley 8233 introdujo modificaciones en las normas jubilatorias estableciendo que a partir del 30-04-78 el Poder Ejecutivo fijaría el máximo del haber que no debía ser menor a diez veces ni mayor a quince veces el haber de la jubilación ordinaria mínima. Esta situación se mantuvo hasta que a partir de la ley 8618, se restableció el sistema de determinación legislativa, disponiéndose que el haber máximo sería igual al 82% de la remuneración del Presidente de la Corte Suprema de Justicia con treinta años de antigüedad (artículo 11 inciso c).
Daños y perjuicios, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ DE PIZARRO Y OT. c/ INES ORTEGA Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S083 - 367)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-10-27

La herida (superficial en la piel) la sufrió (el actor) por haber estado calzado con ojotas, calzado no idóneo para la conducción de cualquier vehículo, hecho que hace encuadrar su conducta en lo normado por el art. 1111 CCI.
Desindexación, Ley de desindexación, aplicación de la ley, oportunidad procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: MINISTERIO DE ACCION SOCIAL DE LA NACION c/ ASOCIACION CIVIL JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRES s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

La oportunidad procesal para articular la aplicación de la ley 24.283 es aún más amplia, se extiende hasta el momento del pago.
Regímenes jubilatorios especiales, empleados de banco, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rivero, Felicitas c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco dela Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

Si bien no puede desconocerse que el desamparo no implica un estado de extrema pobreza, no puede obviarse tampoco que, para evitar manejarse exclusivamente con datos de naturaleza subjetiva, se ha estimado razonable tomar como pauta objetiva el importe mínimo que los ordenamientos previsionales han fijado para las pensiones, estimándose así que los ingresos de una persona son insuficientes cuando no alcanzare a aquél, salvo el caso en que deba interpretarse que el legislador lo ha considerado una cuestión fáctica, apreciable en cada circunstancia en el momento de discernir el beneficio pensionario.
Recurso contencioso administrativo, interés legítimo, interés público, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gallo, Eugenio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte CSJ Nº   801-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

El interés legítimo supone la existencia de normas jurídicas dictadas en consideración del interés general de la colectividad y que se preocupan solamente de asegurar su satisfacción. Trátase de normas que protegen el interés público, o, si se quiere, el de una multitud indiferenciada de individuos, pero, en todo caso, no individualizable, como entidad jurídica diversa del interés individual. Son, en suma, aquellas normas de "acción" de carácter jurídico, reguladoras de la acción de la Administración, que le imponen deberes en el interés general sin que correspondan a ellos derechos en los administrados. Supone también la existencia de intereses individuales simples, en el sentido de carentes de tutela jurídica directa, mas, por una parte, "diferenciados" con respecto a los de la generalidad y, por la otra, "calificados" por su coincidencia con el interés público protegido por las normas reguladoras de la acción administrativa, situación determinante de una peculiar relación del interés individual con la Administración, en el sentido de que la realización o satisfacción de dicho interés depende de la observancia por esta última de aquellas normas, por lo que no es indiferente a su titular que la Administración obre ilegalmente o no.
Condena condicional, concurrencia de penas, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: GIMENEZ PIERES, JORGE s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1924-11-28

No procede suspender la pena principal y hacer efectiva la complementaria de inhabilitación. Cuando corresponda otorgar el beneficio del art. 26 del Cód. Penal debe aplicarse a ambas penas y no separadamente a una de ellas.
Imputado, defensa, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: WALKER MARCELO FABIAN s/ LESIONES LEVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-29

Surge de la compulsa del expediente judicial, conforme las probanzas que fueron ingresando al proceso, que el imputado podría resultar posible autor de las lesiones producidas al menor, lo que no quita valor al principio de inocencia o a la posibilidad de que su proceder encuadre en alguna causal de justificación. Pero el tratamiento a dichas cuestiones deberán ser materia de plenario, ya que el auto de prisión preventiva se limita a establecer indicios de responsabilidad difiriendo al exámen integral de la culpabilidad a la sentencia definitiva.
Competencia federal, personal militar, calumnias, injurias
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Polosecki, Claudio Pablo y otros s/ calumnias e injurias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-11

La circunstancia de que el ofendido revista como oficial del Ejército Argentino resulta insuficiente para sostener la aplicación del artículo 3°,inciso 3°, de la ley 48, toda vez que en el texto que sirve de base a la querella por calumnias e injurias se atribuyen al querellante conductas y vinculaciones ilícitas o inmorales que resultan ajenas al ejercicio propio de sus funciones federales.
Concursos, trámites judiciales, jueces
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: POLICHINO JOSE s/ Quiebra Voluntaria Recurso Directo (LIBRO: A070 - 451)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-03

Invocando el principio de conservación de la empresa, no se puede excluir otros como el del derecho de los acreedores sobre el patrimonio del deudor, cuando aquellos no aceptaron el acuerdo resolutorio propuesto. No puede el Juez en ese caso ejercer sus facultades inquisitorias en contra de la ley, ya que ésta da pautas para pilotear un procedimiento donde el resguardo del bien común armonice con el de los intereses en juego, y lo logra a través de los distintos institutos que establece: por ejemplo la Junta de Acreedores respecto de los intereses de éstos. No es posible para el Juez obviar esa instancia, y tampoco el principio de conservación de la empresa permite hacerlo.
Desindexación, oportunidad procesal, pago, depósito previo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Millan, Ruperto c/ Municipalidad  de  la Ciudad de Posadas y/o Instituto Provincial del Seguro y/o quien resulte responsable s/ Laboral por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-05-29

En cuanto a la aplicación de la ley 24.283, no considero que sea necesario el depósito previo para habilitar la incidencia, dado que la ley no prevé tal requisito.
Honorarios, regulación de honorarios, peritos, recurso de apelación (procesal), juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrasana, Pablo Daniel y otro c/ Zabala, Marcelo Alejandro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-27

Procede rechazar la apelación del actor, a la decisión de contribuir con el pago de los honorarios del perito calígrafo. Siendo que, por sobre cualquier consideración la ley 27423, dispone en el art. 11 que "...la obligación de pagar honorarios por trabajo profesional, en principio pesa solidariamente sobre los condenados en costas u obligados al pago, pudiendo el profesional exigir y perseguir el pago total o parcial a su elección, de todos o cualquiera de ellos". Por su parte el CPR 77, "in fine", dispone que "los peritos intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el 50 % de los honorarios que fueran regulados, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 478". En el caso, no se verifica cumplida la excepción contenida en esta última norma. Es que no surge de la causa que la actora haya manifestado su desinterés en participar en la pericia. Es más, ha sido a su solicitud que la prueba se ha producido en función del desconocimiento de la firma de la demandada al contrato de contraventa que se le atribuyó. En el marco apuntado y en tanto la norma no contempla como requisito previo a su reclamo que el perito haya intentado que sus honorarios sean satisfechos por aquélla parte que ha sido condenada en costas, la decisión cuestionada debe mantenerse.
Juicio, caducidad, arraigo, costas al demandante
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Néstor Santos c/ Benavídez, Heduerd G. y/u otros s/ Ordinario (Expte Nro.  447-01, Resolución Nro.  217, Tomo 09, Folio  176/177)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-31

Cuando la caducidad del juicio principal se declara por no haber prestado caución el actor a raíz de lo decidido en el incidente de arraigo, cabe imponerle las costas devengadas en todo el juicio, puesto que, cuando la caducidad se produce por una causa imputable solamente a la actora, como lo es el no prestar la caución ordenada en el incidente de arraigo, el art. 241 C.P.C. deviene inaplicable en razón de que la demandada se halla imposibilitada de realizar actos impulsorios, los que por otra parte no le pueden ser exigidos toda vez que ellos devengarían costas cuyo pago no estaría garantizado precisamente por la falta de caución.
Embargo, levantamiento del embargo
Materia: LABORAL
Carátula: Covato, Angel Guillermo s/ Incidente de Levantamiento de embargo sin tercería
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-20

La norma del artículo 101 del Código Procesal Civil y Comercial establece que el boleto de compraventa de inmuebles inscripto en el Registro Público de Comercio autoriza a su tenedor a solicitar el levantamiento de embargos posteriores a la fecha de inscripción del boleto, al objeto de escriturar y el artículo 82 de la Ley provincial 3.687, otorga al boleto inscripto el carácter de embargo.De ello surge que el boleto invocado por el incidentante sólo lo habilitaba a pedir el levantamiento de embargos posteriores al efecto de obtener la escrituración del inmueble, por lo que la resolución que hizo lugar al levantamiento de embargo sin tercería debe ser revocada.
Contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, inhabilidad de título, tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: HSBC BANK ARGENTINA c/ TAIARIOL, VICTOR s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-03

Cabe rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta a la ejecución de una constancia de saldo deudor en cuenta corriente que cumple con los requisitos previstos por el ccom: 793; toda vez que, si bien alegan que se trataba de una cuenta corriente subsumible en la ley 25065: 42, de las constancias de la causa surge que no sólo podría ser utilizada para operaciones concernientes, exclusivamente, a tarjetas de crédito, sino que además se incluían en ella otras prestaciones; asimismo, tampoco puede invocarse la ley 24240, pues si bien esta reconoce en el consumidor su situación de debilidad estructural en el mercado y construye un sistema de soluciones que lo eleva a una posición de igualdad real y de seguridad jurídica a la hora de informarse sobre los productos o servicios ofrecidos (ley 24240: 4 y 37), ello no lo excusa de actuar y realizar las indagaciones con diligencia pues tiene el deber de informarse; en este contexto, no se advierte que la excepcionante hubiera exteriorizado disconformidad previa con los resúmenes de cuenta remitidos por el banco actor en los términos del ccom: 793; por lo demas, la aplicación del principio consagrada por el art. 37 de la ley de defensa del consumidor, excede ampliamente el marco de conocimiento del proceso ejecutivo; por cuanto no resulta el ámbito procesal para analizar la validez e interpretar las estipulaciones contractuales.
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, falta de entrega del automotor, privación del uso del automotor, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARAVANO,  EDUARDO  DANIEL c/ PLAN ROMBO SA P/F DETERMINADOS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-27

No corresponde hacer lugar a la reparación de los intereses por la inmovilización del capital aportado al plan de ahorro, en caso de mora en la entrega del bien, toda vez que en tales contratos la prestación principal a cargo de la administradora del plan es la entrega de una cosa determinada, el automotor, no pudiendo en consecuencia pretender intereses por las cuotas aportadas, cuando no se trata de un rubro que sea lógica derivación del incumplimiento, máxime cuando se ha fijado el alcance de la indemnización por privación de uso, con lo cual acceder a tal pretensión importaría otorgar una doble indemnización de un mismo ítem resarcitorio, lo cual es inadmisible.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: LEIVA HUGO HORACIO c/ PERETTI HNOS. Y CIA. S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-08-23

Los hechos han sido debidamente corroborados, y es cierto que le restan credibilidad y crean indudablemente una sospechada parcialidad en los testimonios del testigo ya que -como acertadamente lo refiere el A-quo- no existe cierta coincidencia con el horario de trabajo que refiere al actor.
Cambio de nombre, atributos de la personalidad
Materia: CIVIL
Carátula: R. F. T. c/  s/ cambio de nombre
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-12-01

Corresponde hacer lugar a la supresión del apellido de un hombre que no tenía contacto alguno con su progenitor, desconocía su paradero y nunca le había pasado alimentos desde su nacimiento, toda vez que si bien el nombre como atributo de la personalidad e institución de policía civil, estaba caracterizado por la inmutabilidad como principio general por diferentes razones de organización social, seguridad jurídica y comercial, ese principio admitía excepciones cuando se daban justos motivos para habilitar el cambio.
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villegas, Carlos Adolfo c/ Provincia de Buenos Aires (Min. Salud y Acc. Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La buena-fe lealtad es un principio rector en las relaciones profesionales que se dan entre autoridades y empleados de la Administración. Casi intangible a la valoración de quienes no pertenecen a la misma, hace a su esencia.
Reciprocidad jubilatoria, ley provincial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mahli de Ciarlotti, Haydée c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social). s/ Jubilación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

El art. 41 de la ley 9650, que regula el modo de calcular la jubilación del afiliado que hubiere desempeñado dos o más cargos simultáneos, exige reunir un lapso mínimo de tres años en esas condiciones para tener derecho a sumar los haberes respectivos en forma proporcional, sin requerir que dicha simultaneidad sea total.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, sentencia, sentencia de trance y remate, canon locativo, allanamiento, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Galdeano Alvarado, Liliana Rita c/ Buriel Gastronomica SRL y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

En el marco de un proceso ejecutivo en el que se dictó sentencia de trance y remate a fin de ejecutar los cánones impagos de un contrato de locación, no corresponderá exonerar a los ejecutados del pago de las costas, pues se allanaron y abonaron la suma reclamada con fecha posterior a la promoción de la demanda. Consecuentemente, la exoneración deberá desestimarse, pues al momento de incoarse la presente acción, los ejecutados ya se encontraban en mora (conf. CCCN 886) lo que descarta la dispensa prevista en el CPR 71
Actos y diligencias procesales, proceso judicial, homologación del acuerdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ ARMANDO c/ MIGUEL ERIOZAIN Y OTS. s/ Homologación Conven (LIBRO: A072 - 003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-05-04

El incumplimiento de exhibir el instrumento original y la observación que hace la contraria de la fotocopia certificada, determinan la invalidez de esta última en cuanto base de la homologación que se intenta. Ello así ya que nuestro régimen procesal en casos de convenio de desocupación de inmueble exige la autenticación de firma por el actuario, mientras que las fotocopias no pueden ser sometidas a reconocimiento forzoso como ocurre con los originales del instrumento privado.

La deficiencia estructural no autoriza a declarar hábil un instrumento carente de validez a los fines propuestos, ni puede ser suplida por otros actos, como la suscripción estampada en un poder especial para escriturar.
Derecho procesal, procesos especiales, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, embargo, bienes inembargables, vivienda, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Alejandro Gabriel c/ Petraglia, Noelia Y. y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-01

Procede confirmar la resolución mediante la cual el juez de primera instancia declaró inaplicable al caso la ley 14432 de la Provincia de Buenos Aires. Ello por cuanto, si bien la obligación cambiaria reclamada se originó de una relación jurídica preexistente a la ley provincial y el embargo fue trabado una vez vigente la misma; no obstante ello, a juicio de este Tribunal, la norma resulta inaplicable porque, es contraria a la constitución (CSJN, "Banco del Suquía SA c/ Juan Carlos Tomassini s/ PVE - ejecutivo" del 19/03/02 y, más recientemente, en los autos "Romero, Carlos Ernesto c/ Andrés Fabián Lema s/ desalojo" del 23/06/09). Por lo demás, señálase que la ley 14394: 38, que reglamentaba el régimen de protección del bien de familia (vigente al trabarse el embargo cuestionado), tornaba operativa la garantía consagrada en la Constitución Nacional respecto de la "vivienda familiar" y los Tratados Internacionales a ella incorporados, que se refieren a la dignidad de la persona y de su hábitat (SCBA; "Klemensiewicz Ricardo Daniel s/ quiebra" del 02/07/10). Y, en el caso, nada obstaba a que la ejecutada protegiera su inmueble recurriendo a ese régimen con anterioridad a la traba del embargo dispuesto en autos; situación que se repetiría con el nuevo régimen instaurado por el CC0M 244 y siguientes.