Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30


AQUILINO, Gladys Delia contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 203 p 293-303.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cuatro se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "AQUILINO, Gladys Delia contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. nro. 672, año 1994), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veinticuatro del corriente mes y año. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Presidente doctor Falistocco dijo: 1. Gladys Delia Aquilino promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe con Relata que por Orden 3 del 24.8.1992 el Director Provincial de Promoción de la Salud le asignó las funciones de Jefe del Departamento Administrativo de Educación para la Salud (categoría 21) por traslado de su titular, Norland Meyer de Ghío.

Indica que su situación de revista se encuentra totalmente comprendida y avalada por el artículo 61 del decreto 2695/83, dado que se han cumplimentado todos y cada uno de los requisitos exigidos por el mismo, a saber: a) resolución del titular de la jurisdicción indicando el cargo y la función que se subroga; b) Orden 3/92 del Director Provincial de Promoción de la Salud; c) atribución hecha sobre un cargo vacante; d) designación recaída en personal con méritos fundados que acreditan su idoneidad para el desempeño de las funciones.

Sostiene, desde otra óptica, que el caso encuadra perfectamente en la excepción del inciso c) del artículo 3 del decreto 3959/92, al ser ella la máxima responsable administrativa del sector de trabajo que guarda relación directa e inmediata de dependencia con autoridades superiores, conforme queda acreditado con el Organigrama aprobado por decreto 3377 del 26.9.1977 que aprobó las estructuras para la Dirección Provincial de Atención Médica.

Aprecia que las tareas de Jefa de Departamento Administrativo de Educación para la Salud fueron efectivamente desempeñadas, creando a su favor una expectativa real de trabajo, función e intereses, y por lo tanto un efectivo derecho, sin que jamás se le haya otorgado la correspondiente contraprestación funcional y retributiva.

En definitiva, plantea que lo que se debe tener en cuenta es si la actividad de la agente fue útil o no para el Estado, y que al serlo originan efectivos derechos retributivos que se van incorporando a su patrimonio y por consiguiente se perfilan amparados por garantías constitucionales.

Agrega que el cargo que ha venido desempeñando desde 1992 se encuentra vacante, sin que en ningún momento se disponga la retribución acorde con las tareas efectuadas, lo que constituye un verdadero enriquecimiento ilícito para la Provincia y un empobrecimiento para su patrimonio personal. Solicita, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 20), comparece la Provincia (f. 27) y contesta la demanda (fs. 30/39 vto.).

En su escrito de responde, luego de formular una negativa genérica a lo postulado por la contraria, pasa a analizar los aspectos relativos a la admisibilidad del recurso interpuesto.

Señala que el decreto 1396/94 rechaza el recurso jerárquico interpuesto por la actora por inadmisible. Dicha decisión -añade- se fundamenta en el hecho de que, al momento de la presentación del recurso jerárquico, los autos no se encontraban en estado de dictar resolución definitiva, por cuanto faltaba la opinión que sobre la problemática debía efectuar la Asesoría Letrada pertinente.

En ese orden, consigna que de las constancias del expediente administrativo surge que la actora, luego de efectuar el reclamo solicitando se le otorgue la subrogancia de la Jefatura del Departamento de Educación para la Salud en el tramo administrativo (categ. 21) ante el Director Provincial de Promoción de la Salud, no efectuó otra presentación que impulsara el citado trámite, hasta la interposición del recurso jerárquico, con lo que en principio no se cumpliría lo estipulado en el artículo 57 del decreto 10204/58, en el que se expresa que a los efectos del recurso jerárquico, la parte interesada deberá solicitar por escrito la resolución.

Respecto del pronto despacho presentado por la recurrente en fecha 20.8.1992, advierte que la copia agregada a foja 6 de estos autos es una fotocopia sin certificar, por lo que su autenticidad quedará supeditada a la agregación del original y al posterior reconocimiento de la firma puesta al pie por parte de la persona a quien se le atribuye la recepción de la misma.

Sostiene que, aún comprobándose la efectiva presentación del aludido pronto despacho en la fecha mencionada, tampoco resultaría admisible el recurso jerárquico puesto que el expediente no se encontraba en "estado de dictar resolución definitiva" por cuanto faltaba la opinión del Asesor Letrado, ello, aduce, de conformidad con el antecedente de esta Corte "Minetti", en el que se expresó que "...el plazo fijado por el artículo 6, 2do. párrafo de la ley 4106, que comenzó a correr desde el día del dictamen del Fiscal Municipal".

Indica que lo hasta aquí expuesto demuestra que al momento de presentación del recurso jerárquico no existió la aludida denegación tácita y, por ende, no podía entenderse concluido el trámite administrativo, por lo que tampoco se inició el plazo de treinta días previsto en el artículo 56 del decreto 10204/58, razón por la cual, la vía administrativa no se encuentra agotada.

Desde otro punto de vista, manifiesta que tampoco sería admisible el recurso de plena jurisdicción incoado, por cuanto de conformidad a lo sostenido por este Cuerpo en el precedente "Ziemsky", "...la posibilidad y el consecuente interés de un agente a ser designado subrogante con derecho a percepción del suplemento pertinente... no recibe del ordenamiento jurídico tutela directa e inmediata, como interés propio y exclusivo... sino sólo como intereses legítimos en favor de aquellos empleados que reúnan las condiciones previstas en la ley".

Dice que, al tratarse de una facultad discrecional de la Administración, que debe ejercerse con miras al interés público, la elección debe recaer en el reemplazante natural del titular del cargo o en un agente del nivel inmediato inferior dentro del área al cual corresponda.

Por lo tanto, enfatiza que al no existir en juego un derecho subjetivo de la actora sino sólo un interés legítimo, lo que hubiera correspondido es haber impetrado un recurso contencioso administrativo de ilegitimidad y no uno de plena jurisdicción como lo hizo.

En otro orden, advierte que en sede administrativa, la recurrente no solicitó en ningún momento las diferencias salariales que ahora reclama, sino que sólo se limitó a peticionar la subrogancia y la asignación de funciones en el lugar referido, situación que se repite en el escrito de recurso jerárquico, agregando que ello no puede inferirse de la mera petición de la subrogancia.

En síntesis, concluye que, en lo que refiere al cobro de diferencias salariales entre el cargo que la recurrente ostentaba y el de Jefa de Departamento Administrativo de Educación para la Salud, debe ser declarado inadmisible, al igual que la pretendida actualización, atento a la vigencia de la Ley de Convertibilidad. Considera que tampoco resulta admisible el rubro relativo a cobro de diferencias salariales con fundamento en el enriquecimiento sin causa, ya que en sede administrativa no planteó tal pretensión, razón por la cual y -citando doctrina-, arguye que el reclamo administrativo determina el objeto de la resolución definitiva, cuyas cuestiones motivan la demanda y son las únicas que pueden llevarse a conocimiento y decisión de la Corte.

En consecuencia, expone que se ha impedido a la Administración expresarse en relación a dicho tema, habiendo quedado delimitada la pretensión con lo solicitado en el reclamo administrativo.

Consigna que, si bien con lo hasta aquí expuesto el recurso resultaría inadmisible, en caso que la Corte así no lo considere, entiende -por las razones que a continuación detalla- que sería improcedente. En ese aspecto, deacuerdo a la demanda las diferencias salariales pretendidas lo son "desde el momento de su prestación (del servicio de mayor jerarquía)", lo cual es de suma importancia porque no puede tomarse como presunto inicio del cumplimiento de tales funciones la fecha del reclamo administrativo, atento a que de dicho escrito -que data del 20.5.1992-, surge que en ese momento no prestaba la función cuya subrogancia pedía, a tal punto que en el mismo peticiona "...la asignación de funciones en la Jefatura del Departamento de Educación para la Salud...", tras afirmar que se encontraba "...ostentando a la fecha (la de dicho reclamo) revista en categoría 19 como Jefe División Trámite y Despacho...".

Expresa que de autos no surge que la actora hubiese ejercido las funciones cuya subrogancia reclama, y menos que las hubiese efectuado cumpliendo con los requisitos exigidos por la reglamentación aplicable -decretos 2695/83, 3959/92, 870/90, 3924/87 y 88/87-, agregando asimismo que tampoco le confiere derecho a la recurrente la Orden 3/92 por cuanto la misma emanó de un órgano absolutamente incompetente para ello. Consigna que el artículo 30 de la ley 8525 confiere el derecho a percibir diferencias por el desempeño de un cargo de mayor jerarquía, siempre y cuando se cumplimenten las condiciones que se determinan en el artículo 61 del decreto 2695/83, cuya legalidad y constitucionalidad no cuestiona la reclamante.

Afirma que a la fecha del reclamo -20.5.1992-, además de que no caben dudas de que Aquilino no desempeñaba las funciones cuya subrogancia reclama, se encontraban vigentes el decreto 3924/87 y sus modificatorios 88/87 y el 877/90 por el cual se dispuso el congelamiento de todos los cargos de la Administración Pública y organismos descentralizados, estableciéndose la prohibición de todo tipo de asignación de funciones y de otorgamiento de subrogancias, como así también la suspensión de los llamados a concurso, agregando que toda excepción debía ser dispuesta por el Poder Ejecutivo.

Entiende que del artículo 2 del decreto 88/87 -que incorpora el artículo 3 al decreto 3924/87-, surge que para que sea válida la resolución del titular de la jurisdicción que asigna funciones, debe estar posteriormente avalada por el Poder Ejecutivo, añadiendo que esta normativa se encuentra vigente por cuanto el decreto 3279/94 no deroga dicho artículo.

Acota que el artículo 18 del decreto 877/90 establecía la prohibición de efectuar todo tipo de promociones, revalorizaciones funcionales, o el otorgamiento de subrogancias, salvo que, cuando por razones operativas resulte necesario garantizar ciertas tareas, se asignarán las responsabilidades de un cargo superior vacante al agente de mayor jerarquía en el sector de trabajo y cuando ello resulta imposible determinarlo, la decisión será adoptada por el titular de la Jurisdicción bajo cuya órbita se encuentra el cargo vacante, que de conformidad al decreto 3377/77 -que estableció la estructura orgánica del hoy Ministerio de Salud y Medio Ambiente-, recae en el Ministro del área.

Opina que, en un todo de acuerdo con el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ausencia de norma legal o reglamentaria que autorice el pago, no procede el derecho a percibir diferencias salariales por desempeñar funciones de mayor jerarquía que las correspondientes a su situación escalafonaria cuando fueron designados irregularmente, agregando que ese es el criterio de la mayoría de la doctrina. Destaca que con el decreto 3959 -dictado el 25.11.1992-, es decir con posterioridad no sólo al reclamo administrativo, sino también al dictado de la Orden 3/92, se agrega a lo dispuesto por decreto 877/90, que el otorgamiento de funciones de mayor responsabilidad no genera en favor del agente en quien recaiga derecho al cobro de diferencias salariales, salvo que encuadre en lo previsto en el artículo 3 de dicho decreto, en el cual se enuncian diversas categorías de agentes de la Administración, entre las cuales no figura la de la actora.

Desde otra óptica, aduce que el artículo 61 del Escalafón para el Personal de la Administración Pública requiere el cumplimiento de determinadas condiciones para el otorgamiento del suplemento por subrogancia, y que en el caso de la recurrente no se configuraban. Agrega que, de conformidad a lo previsto en el último párrafo de dicho artículo del decreto 2695/83, la subrogancia caducará si dentro del plazo de 90 días de otorgada, no se llama a concurso, contándose ello desde la resolución que la acuerda (y si se toma en cuenta la Orden 3/92), el plazo habría caducado a fines de noviembre de 1992.

Respecto del alegado enriquecimiento para la Provincia y un empobrecimiento para la accionante, indica que, aunque ya se expresara con anterioridad que el mismo resulta inadmisible, no obstante ello tampoco sería procedente.

En este aspecto, apunta que más allá de que tal situación no se encuentra demostrada en autos, el Máximo Tribunal de la Provincia señala como requisito para la procedencia del mismo, que la recurrente no haya tenido a su disposición ninguna otra acción por medio de la cual pudiera obtener la reparación que pretende y en el caso, la actora fundó su pretensión en normas precisas de derecho administrativo como son las expuestas en la demanda.

Concluye diciendo que más allá de que las funciones que dice haber cumplido han sido acordadas por un acto irregular, ello no significa un verdadero desempeño de funciones superiores porque ellas pueden estar ínsitas entre aquellos deberes que son inherentes al cargo titular que desempeña y que se encuadran dentro "del juego normal y cotidiano que exige el buen funcionamiento de los distintos sectores de la Administración pública... sin que dicha asignación de tareas involucren diferencias de haberes paralelas y automáticas".

Solicita, en definitiva, se rechace el recurso, con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 40) y producida la que consta en el expediente, informan las partes sobre el mérito de la misma (fs. 67/68 vto. y 69/77). Dictada (f. 78) y consentida la providencia de autos, se encuentra la causa en estado de ser resuelta.

3. Esta Corte ha resuelto invariablemente que el acogimiento del recurso en su aspecto formal hecho en la ocasión prevista en el artículo 25 de la ley 4106, no impide volver sobre el punto en el acuerdo definitivo (A. y S., T. 12-13, pág. 35; T. 14, pág. 372; T. 16, págs. 19, 30, 47 y 290; T. 42, pág. 228; T. 44, pág. 84; T. 51, pág. 382; T. 56, pág. 177; T. 67, pág. 81; T. 110, pág. 42).

La demandada sostiene que el presente recurso contencioso administrativo es inadmisible, fundamentando su posición en diversos argumentos: en primer lugar considera que la vía administrativa no fue correctamente tramitada por cuanto, antes de la interposición del recurso jerárquico, debió haber deducido pronto despacho a los fines de que -si correspondía- se dicte la respectiva resolución. En este aspecto, aduce que lo argüido por la accionante, en el sentido de que la misma impetró el pertinente pedido de resolución, carece de veracidad por cuanto ello no obra en el expediente administrativo, y la constancia adjuntada a foja 6 de los autos principales no resulta válida por cuanto se trata de una fotocopia sin certificar.

En segundo término plantea que, aún en el supuesto de considerar que el aludido pronto despacho haya sido efectivamente interpuesto, el recurso jerárquico tampoco resultaba admisible por cuanto el expediente no se encontraba en estado de dictar resolución. En un tercer aspecto aduce que, de conformidad con antecedentes de este Cuerpo, lo pretendido por la actora no reviste el carácter de derecho subjetivo, sino sólo un interés legítimo, razón por la cual lo que debió haber deducido es un recurso contencioso administrativo de ilegitimidad y no uno de plena jurisdicción como lo hizo.

Por último, señala que el rubro correspondiente a diferencias salariales no fue peticionado en sede administrativa, lo que obsta la posibilidad de ser evaluado en esta instancia, agregando que idéntico análisis debe merecer el alegado enriquecimiento sin causa de su parte. En tales condiciones, corresponde efectuar un examen de las constancias administrativas, de las cuales se desprende que: El 22.5.1992 la señora Gladys Delia Aquilino solicitó al Director Provincial de Promoción de la Salud se le otorgara la subrogancia en el cargo de Jefa del Departamento de Educación para la Salud, categoría 21 (f. 1, Expte. Ministerio de Salud y Medio Ambiente nro. 00501-0168547, del año 1992).

A foja 2 obra informe de fecha 25.6.1992, de la Dirección de Personal sobre la situación escalafonaria de la actora. Según allí se expresó, la agente había sido reubicada escalafonariamente por decreto 3815/91, con retroactividad al 1.1.1991, como Jefa de División Trámite y Despacho (categoría 19).

Por proveído de fecha 14.7.1992 la Dirección de Promoción de la Salud envió el reclamo a la Comisión creada por Resolución Ministerial 431 a fin de que emitiera su consideración al respecto (f. 2, in fine, expte. cit.).

A fojas 3/6 obra copia del informe de la Comisión 431 de fecha 10.11.1992, reunida con el fin de efectuar un "...mejor tratamiento de los expedientes derivados para su análisis...".

En fecha 23.11.1992 la actora interpuso recurso jerárquico ante el Gobernador de la Provincia (f. 1, Expte. de Gobernación, nro. 00101-0044384-7, año 1992).

Del sello que se encuentra al pie de la foja 8 del expediente citado, se desprende que en febrero de 1993 la recurrente dedujo pronto despacho tendente a obtener el dictado de resolución dentro del recurso jerárquico.

El 15.3.1993 emitió su dictamen la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Medio Ambiente (f. 14/vto., expte. adm.).

En fecha 31.3.1993 la accionante acompañó copia de la Orden 3 del 24.8.1992 (fs. 17/18, expte. cit.).

A foja 25 obra informe del Director Provincial de Promoción y Protección de la Salud.

En fecha 9.11.1993 la Dirección de la Función Pública informó sobre las exigencias requeridas para el otorgamiento de subrogancias (f. 38, expte. adm.).

El 15.3.1994 la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud entendió que el recurso jerárquico debía ser declarado inadmisible (f. 43 vto., expte. cit.), dictaminando en similar sentido Fiscalía de Estado en su dictamen de fecha 26.4.1994 (f. 45).

Por decreto 1936 del 18.7.1994 el Gobernador de la Provincia rechazó por inadmisible el recurso jerárquico interpuesto (fs. 47/51, expte. adm. cit.).

4. A la luz de tales antecedentes corresponde analizar las objeciones formuladas por la accionada. a. En primer lugar, cabe desestimar lo afirmado tanto en el decreto 1936/94 como en la contestación de la demanda en cuanto a que el expediente administrativo no se encontraba en estado de dictar resolución (por cuanto no había dictaminado aún el Asesor Letrado del Ministerio), razón por la cual no podía impetrarse el recurso jerárquico tal como lo hizo la accionante.

En efecto, si se considera que tal argumentación implica entender que el recurso jerárquico previsto por el decreto acuerdo 10204 sólo es admisible si el expediente (en trámite por ante una autoridad administrativa inferior al Gobernador) se encuentra en estado de dictar resolución definitiva, correspondería señalar que, en rigor, ello no es así.

Este Tribunal en el precedente "Alarcón" (A. y S. T. 151, pág. 293) ha tenido oportunidad de señalar que el artículo 55 de aquél decreto claramente contempla dos supuestos de hecho: en primer lugar, la denegación tácita del derecho postulado por parte de la autoridad administrativa "que deba resolver"; en segundo lugar, la "retardación en la resolución", retardación ésta que puede recaer -contrariamente a lo que parece entender la demandada en el caso- sobre cualquier "acto de trámite".

Que eso es así, lo confirma el artículo 56 del mismo cuerpo normativo que también claramente refiere a estos dos supuestos, aunque, esta vez, con las expresiones "denegación tácita" y "retardación en el trámite...".

Para los dos casos, el artículo 57 dispone que, a los efectos del recurso jerárquico, la parte interesada deberá solicitar por escrito la resolución, y si transcurren treinta días desde la presentación del escrito sin que se dicte la resolución definitiva, "la parte interesada quedará habilitada para interponer el recurso jerárquico, como si la resolución se hubiese dictado y fuera contraria a sus derechos".

Vale decir que, en el régimen del precitado decreto acuerdo, dos son los supuestos de hecho que pueden configurar la "denegación tácita" que habilita la deducción del recurso jerárquico: la retardación por la autoridad que deba resolver en definitiva, y la "retardación en el trámite".

Por lo tanto, para fundar un planteo de inadmisibilidad del recurso jerárquico previsto en el decreto acuerdo 10204/58, no basta con alegar que el procedimiento administrativo no se encuentra en estado de dictarse el acto final -o sea, que no haya completado todas las etapas del trámite anteriores a dicho acto-, pues este recurso es igualmente admisible en los supuestos en que existe una demora injustificada en cualquiera de las secuencias anteriores del procedimiento administrativo.

b. Respecto de la alegada ausencia de la solicitud de resolución con anterioridad a la interposición del recurso jerárquico, puede señalarse que la actora acompañó a foja 6 de estas actuaciones copia simple de la presentación efectuada en fecha 20.8.1992 ante el Director Provincial de Promoción de la Salud, donde se expresa que "...en virtud a lo dispuesto por el art. 57 del decreto 10204/58, vengo por éste a solicitar la debida RESOLUCIÓN a la fecha no operada". Si bien es cierto que las fotocopias simples carecen de valor probatorio como prueba instrumental (ver "Shatsky", A. y S. T. 202, pág. 113, entre otros), lo cual quitaría fuerza convictiva al instrumento invocado por la actora, tampoco es menos cierto que el resto de los elementos obrantes en la causa permiten concluir que no le asiste razón a la demandada en el punto.

En primer lugar debe destacarse que a la Provincia le resultó imposible acompañar a estos autos el original del escrito invocado por la actora en razón de "en el año 1993 se disolvió la Dirección Provincial de Promoción de la Salud, por lo que ha desaparecido todo documento de la misma" (informe del Director Provincial de Promoción y Protección de la Salud, obrante a foja 61).

Sin perjuicio de ello, de las distintas constancias de la causa se desprende que la Administración procedió a dar trámite al recurso jerárquico interpuesto por la actora sin que se advirtiera en momento alguno la ahora invocada supuesta ausencia de la solicitud de resolución. Así, la recurrente en sucesivas oportun En tales particulares condiciones, la defensa esgrimida por la Administración al contestar la demanda no se condice con la tramitación que ella misma imprimió a las actuaciones en sede administrativa y su eventual acogimiento consagraría una solución excesivamente formal. Por todo ello, y de conformidad con constante doctrina sentada por este Cuerpo, resulta aplicable el principio "in dubio pro actione" (vid. "Rojas", A. y S. T. 115, pág. 16; "Bordereaux", T. 125, pág. 496) y, por lo tanto, no puede hacerse lugar a la inadmisibilidad postulada. c. En lo que concierne al aspecto referido a que la accionante no sufrió la lesión de un derecho subjetivo, sino contaba con un interés legítimo -citando en apoyo de su postura el antecedente de esta Corte "Ziemsky"-, considero que dicha argumentación no puede prosperar.

En tal sentido, no debe perderse de vista que si bien la impugnante había peticionado originariamente en sede administrativa el otorgamiento del suplemento por subrogancia un tiempo antes del dictado de la Orden 3/92 del Director Provincial de Promoción de la Salud, con posterioridad a dicho acto la petición adquirió el carácter de reclamo administrativo y, posteriormente, ante esta sede jurisdiccional precisó su pretensión aclarando que solicitaba la concesión del referido suplemento "desde la efectiva prestación de las tareas" (f. 13).

Consecuentemente, el precedente traído a colación por la accionada refiere a un supuesto de hecho distinto al aquí analizado, por cuanto en aquél la actora pretendía impugnar un decisorio que acordaba una subrogancia a otro agente cuando él la pretendía para sí. En el presente caso, en cambio, la pretensión de la actora se encamina al reconocimiento del suplemento por subrogancia de una función que -según alega- venía desempeñando desde el año 1992. Por esto, al tener la agente Aquilino un interés directo e inmediato en que se le conceda dicho suplemento, basado en haber ejercido desde el dictado de la Orden 3/92 el cargo de Jefa de Departamento Administrativo de Educación para la Salud (categ. 21), se concluye que fue correcta la elección de la vía del recurso de plena jurisdicción para la interposición del recuso contencioso administrativo.

d. Por último y en relación a la pretensión de diferencias salariales como a lo referido al enriquecimiento sin causa, que la Provincia juzga inadmisibles por entender que no fueron planteados en sede administrativa, debe rechazarse la inadmisibilidad postulada.

En efecto, en cuanto al pedido de pago de diferencias salariales cabe razonablemente entender que aquél se encuentra ínsito en el reclamo administrativo de otorgamiento de la subrogancia con fundamento en la efectiva prestación de mayores tareas supuestamente no remuneradas. En lo concerniente al invocado enriquecimiento sin causa debe también desecharse la oposición de la Administración por cuanto no se trata, en rigor, de una "pretensión" diferente sino de un nuevo fundamento jurídico al cual acude la actora para fundar el progreso de la misma pretensión que viene esgrimiendo desde sede administrativa. Al respecto es oportuno recordar que, de acuerdo a la constante jurisprudencia de este Tribunal, la ley exige que en sede jurisdiccional no se planteen pretensiones distintas de las invocadas en sede administrativa -lo que no ha ocurrido en el sub examine-; pero en modo alguno prohíbe que se aduzcan nuevos argumentos jurídicos (criterio de "Laraia", A. y S. T. 93, pág. 294, entre muchos otros).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Netri y Vigo, expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso ¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Presidente doctor Falistocco dijo: 5. La pretensión deducida -tal como la formula la actora en el escrito de demanda- consiste en el reconocimiento y pago del suplemento por subrogancia correspondiente a la categoría 21 con fundamento en el desempeño de funciones en el cargo de Jefa del Departamento Administrativo de Educación para la Salud, a partir del 24.8.1992.

De las constancias de autos surge que por Orden 3/92 del Director Provincial de Promoción de la Salud, le fueron asignadas a la actora las funciones antes aludidas, ello con fundamento en que la Jefatura del Departamento Educación para la Salud se encontraba "vacante por traslado de su titular, Sra. Norland Meyer de Ghío" (f. 18, expte. adm.). Asimismo, de otros elementos obrantes en las actuaciones administrativas surge que Aquilino venía cumpliendo dichas funciones durante el tiempo reclamado (ver informe de f. 36, expte. adm.).

La recurrente entiende que esas funciones deben ser remuneradas mediante el suplemento por subrogancia, mientras que la Provincia postula su improcedencia con base en diversos argumentos.

Sobre el punto -se adelanta- asiste razón a la demandada. Para así concluir resulta oportuno reseñar las disposiciones del derecho objetivo relativas a la materia en cuestión.

En esa tarea, debe en primer lugar recordarse que el adicional pretendido por Aquilino se halla previsto por el artículo 61 del decreto acuerdo 2695/83, que establece como requisitos para su pago los siguientes: "1) que medie resolución del titular de la Jurisdicción acordando el reemplazo e indicándose en la misma el cargo y función que se subroga y el número de decreto que aprueba la estructura orgánica funcional; 2) que el cargo se encuentre vacante o que su titular se encuentre ausente por un lapso de treinta o más días, cualquiera fuere el motivo, salvo el caso de licencia ordinaria en que no procede el suplemento; 3) que la designación recaiga en el reemplazante natural del titular del cargo o en un agente del nivel inmediato inferior dentro del área al cual corresponda, o en personal con méritos fundados, que acrediten su idoneidad para el desempeño de las funciones".

De lo transcripto se desprende que para el otorgamiento del suplemento por subrogancia se requiere el cumplimiento de diferentes condiciones.

En primer lugar, resulta dable destacar que si bien el requisito consistente en que el cargo a subrogar se encuentre vacante, situación que atento lo manifestado por la accionante, como lo alegado por el Director Provincial de Promoción de la Salud en los "vistos" de la Orden 3/92, aparecería En el caso bajo examen, se observa que la asignación de funciones fue efectuada mediante Orden 3/92 del Director Provincial de Promoción de la Salud, es decir, según las normas aludidas, por quién no tenía competencia para ello, a lo que debe agregarse que la actora tampoco acreditó la existencia de una resolución del Ministro de Salud y Medio Ambiente -titular de la jurisdicción conforme al criterio seguido en "Talenti" y "Martínez", A. y S. T. 182, pág. 397 y T. 201, pág. 298, respectivamente- que apruebe la asignación de funciones realizada en favor de la agente Aquilino, razón por la cual, los argumentos invocados no pueden tener cabida, correspondiendo, por ende, desestimar tal planteo.

6. Sin perjuicio de lo recién expuesto, tampoco tendría mejor suerte el reclamo de la actora con fundamento en el artículo 3 del decreto 3959/92.

En efecto, tal como se reseñó en diversos antecedentes (entre otros: "Cervera", A. y S. T. 171, pág. 380 y "Martínez", supra citado, a los que cabe remitir por razones de brevedad), durante el período en que la recurrente pretende el otorgamiento del suplemento por subrogancia, se encontraban vigentes diversos decretos (3924/87, 88/87, 107/87 y 877/90) que sometían su concesión a expresas y rigurosas condiciones. En el caso del invocado decreto 3959/92 -inciso "c"-, lo dicho en el punto anterior también obsta a su aplicación al sub examine.

En efecto, no surge de autos que se haya observado el procedimiento -particularmente estricto- que preveía el decreto 3959 para disponer, en los casos de agentes que a la fecha de su dictado venían cumpliendo funciones previstas por el artículo 3, el pago de las pertinentes diferencias salariales, esto es, revalidación de la asignación de funciones por acto expreso y fundado del titular de la Jurisdicción, previa y necesaria intervención y opinión favorable de la Subsecretaría de la Función Pública.

Así lo establecía el artículo 4, el cual, además, ordenaba que "en ningún caso y bajo ningún concepto podrá asignarse a dicho reconocimiento efecto retroactivo...".

A ello cabe agregar que tampoco procedería, en el marco del invocado decreto, el pago del referido suplemento por cuanto de conformidad a lo informado por la Dirección Provincial de Promoción y Protección de la Salud y por la Dirección General de la Función Pública (fojas 30 y 38, respectivamente, de las actuaciones administrativas), las situación descripta no encuadra en la invocada excepción del inciso "c", artículo 3, en razón de que la actora no era la máxima responsable administrativa del sector de trabajo.

7. Tampoco por los cauces de la "actio in rem verso" corresponde hacer lugar a la pretensión de la recurrente.

En efecto, en cuanto al alegado enriquecimiento sin causa, debe recordarse que, en razón de su carácter subsidiario, es menester que quien la invoca no haya tenido a su disposición ninguna otra acción nacida de la relación, del contrato o de norma alguna, por medio de la cual pudiera obtener el emolumento que pretende.

En el caso, tal recaudo no se cumple, pues el derecho postulado tiene un régimen severamente establecido por el ordenamiento (que, como se ha analizado, no se agota en el mencionado artículo 61 del decreto 2695/83), razón por la cual la aplicación del instituto que invoca resulta inviable (criterio de "Porretti", A. y S. T. 144, pág. 41; "Pignata", A. y S. T. 147, pág. 427; "Alarcón", A. y S. T. 151, pág. 293; etc.).

Conforme a todo lo hasta aquí expuesto, voto por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Netri y Vigo, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Presidente doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde rechazar el recurso interpuesto. Costas a la actora (art. 84, ley 4106).

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Netri y Vigo, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Falistocco y así votaron.

En mérito de los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Rechazar el recurso interpuesto, con costas a la actora.

Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)