Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-15


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 15 días del mes de abril del año dos mil trece, se reunió en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia en pleno, integrado con los señores Ministros Daniel Luis Caneo, Alejandro Javier Panizzi, Jorge Pfleger, José Luis Pasutti, Raúl Adrián Vergara y Sergio Rubén Lucero, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "R., J. E. s/ Legajo de Evaluación Nº 10/09 C. M." (Expediente N° 39 - Año 2009).

El orden para la emisión de los votos que resultó del sorteo practicado a fojas 406, es el siguiente: Caneo, Pfleger, Pasutti, Panizzi, Vergara y Lucero.

El Juez Daniel Luis Caneo dijo: I. El doctor J. E. R. impugnó la sentencia N° 01/2010 dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia, que lo destituyó en el cargo de Defensor Público Penal de la circunscripción judicial de Trelew, por la causal establecida en el artículo 15, inciso "A" de Ley V N° 80, y en los artículos 165 y 192 inciso "5" de la Constitución Provincial.

Los argumentos recursivos lucen en el escrito agregado a fojas 305/318 vta., a cuyos términos me remito en mérito a la brevedad y por razones de economía procesal.

II.- Brevemente puedo señalar, que los agravios planteados por el recurrente son los siguientes: 1) Falta de integración del Tribunal de Enjuiciamiento e inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley V N° 80, por haber reconocido el Dr. Ricardo Gerosa Lewis ser socio del presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Martín Eduardo Iturburu Moneff, responsable éste de haber enviado la causa a consideración del cuerpo que destituyó al Dr. R.

2) Falta de integración por incompatibilidad del Dr. Rebagliatti Russell, pues participó en la primera sesión del Consejo de la Magistratura que trató el caso del Dr. R.

3) Violación del derecho de defensa en juicio por el Consejo de la Magistratura, al no haber realizado un sumario administrativo previo a la destitución del recurrente.

4) Ausencia de fundamentación en la sentencia de destitución, por constar en ella la integración y participación de los Dres. Gerosa Lewis y Caviglia en la redacción del pronunciamiento impugnado, sin que ambos hayan suscripto la decisión.

5) Violación al non bis in ídem, al haber sido el Dr. R. juzgado y destituido por cargos que ya habían sido investigados y tratados por el Consejo de la Magistratura -con anterioridad a su destitución- y sobre los que el impugnante fue liberado.

6) Subsidiariamente contestó todos y cada uno de los cargos que se le imputaron, por lo que -además- denunció una "total orfandad probatoria" y una "valoración absurda de la prueba ofrecida por la defensa".

III.- Cabe comenzar el estudio de la impugnación extraordinaria deducida por el Dr. J. E. R., con un análisis sobre la admisibilidad del remedio interpuesto, pues la labor que nos concierne en el caso es de índole excepcional.

El Tribunal de Enjuiciamiento es un órgano político, cuya decisión es irrecurrible por imperio del artículo 45 de la Ley V N° 80, bajo el criterio rector del artículo 115 de nuestra Carta Magna provincial. Existe un supuesto de excepción para lograr la revisión de esa clase de pronunciamientos, que se da únicamente cuando la sentencia de aquél cuerpo hubiera transgredido principios y derechos de raigambre constitucional. Solo así el impugnante obtendrá un nuevo examen del fallo atacado.

Este ha sido el lineamiento básico determinado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que señaló ".ni la subsunción de los hechos en las causales de destitución ni la apreciación de los extremos fácticos o de derecho que han llevado al jurado al juicio de remoción e inhabilitación, constituyen materia de pronunciamiento dado que no se trata de que el órgano judicial constituya un tribunal de alzada y sustituya el criterio de quienes por imperio de la ley están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política del magistrado" (318;2266 y 330;452).

Por este tamiz pasará la impugnación del Dr. R. que -adelanto- en mi opinión no tendrá acogida favorable, no obstante haberse fundado en razones que refieren a la afectación de las reglas del debido proceso y la garantía de la defensa en juicio (artículos 18 C.N. y 44/45 de la C.Prov.).

IV.- Analizaré los planteos recursivos, conforme el orden expuesto en el punto II de este, mi sufragio.

Con poca claridad en su exposición y una interpretación bastante forzada de lo ocurrido, el recurrente se agravió por la sociedad de trabajo preexistente entre quien presidía el Consejo de la Magistratura, el Dr. Martín Eduardo Iturburu Moneff y uno de los miembros del Tribunal que lo destituyó, el Dr. Ricardo Gerosa Lewis que habría reconocido esta circunstancia.

Entendió que ello obligaba a apartarse de la causa a quien luego lo juzgó, por aplicación de lo dispuesto en los incisos 4° y 6° del código procesal penal no obstante la letra de Ley V N° 80, que en su artículo 11 determina que los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento no son recusables. Para ello tachó de inconstitucional la norma, en breves párrafos.

Resulta inadmisible que la supuesta sociedad entre un miembro del Consejo de la Magistratura y uno del Jury -distinto sería el caso con un litigante del proceso-, pudiera haber comprometido la imparcialidad del Dr. Gerosa Lewis en la decisión de la controversia sometida a su conocimiento. Esa vinculación no solo carece de valor a los efectos de este proceso, sino que además no se proyecta de modo alguno sobre el recurrente.

La comunidad de intereses que pudieran haber tenido los Dres. Iturburu Moneff y Gerosa Lewis, no tuvo trascendencia sobre la destitución del ex defensor penal público por lo que no hubo afectación al derecho de defensa y al debido proceso del Dr. R., ni se comprometió la aptitud del juzgador.

El recurrente, además, en su intrincado análisis omitió señalar el perjuicio de raíz constitucional que la situación denunciada le habría ocasionado. De sus líneas no he podido obtener un verdadero agravio, no ha señalado el derecho que en nuestra Carta Magna o en la Constitución Provincial tuviera amparo y se hubiese violentado.

El recurrente se limitó a relatar lo sucedido, con una hermenéutica compleja sobre la aplicación supletoria del ordenamiento adjetivo penal y la norma regulatoria del procedimiento en el jury, que le impedía apartar del caso al Dr. Gerosa Lewis, para tachar de inconstitucionalidad esta última con escasos fundamentos de derecho.

Dentro del acotado marco de análisis que la revisión en el caso me permite, la ausencia de tal requisito esencial no permite avanzar siquiera en el análisis de la cuestión planteada, por ellos desestimaré el planteo sin más trámite.

V.- El segundo agravio correrá la misma suerte que el anterior, en tanto ha sido planteado sobre una plataforma fáctica que no se ajusta a lo efectivamente sucedido.

El recurrente plateó una violación al debido proceso y a su derecho de defensa en juicio, porque el Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, el Dr. Daniel Rebagliati Russell había intervenido en la sesión del Consejo de la Magistratura en la que se habría tratado la denuncia del Sr. C. C., con el ex Defensor Penal Público. Imputación que -en su opinión- fue un de los argumentos de base para la posterior destitución.

En el acta del Consejo de la Magistratura registrada bajo el N° 178, de fecha 26 de febrero de 2009 -a la que hace alusión el recurrente- observo que el cuerpo se reunió bajo la presidencia del Consejero Martín Eduardo Iturburu Moneff, con la participación del Dr. Daniel Rebagliati Russell, puso a consideración la presentación del Sr. C. C. sobre el desempeño del Dr. J. R.	Sin embargo, por unanimidad se decidió postergar el tratamiento de la cuestión hasta tanto arribara la documentación requerida por presidencia.

Por otra parte, en la acusación formulada por el Sr. Procurador General de la Provincia, Dr. Jorge Luis Miquelarena, cosida a fs. 79/90 puede leerse en los puntos 1.7 y 1.8 que la denuncia formulada por el Sr. C. J. C. fue desestimada por el pleno de aquel cuerpo, junto con otras quejas presentadas por otros defendidos del Dr. R.

Con esos fundamentos esos hechos no fueron materia de acusación y, por lo tanto, tampoco fueron juzgados por el Tribunal de Enjuiciamiento. De manera que, únicamente sobre la base de una errada interpretación de lo sucedido, pudo el recurrente considerar al Dr. Rebagliati Russell juez y parte del proceso.

Ha quedado demostrado que lo efectivamente ocurrido, difiere de la situación planteada por el impugnante y la trasgresión constitucional aludida no existió. Por ello, corresponde desestimar sin más este segundo motivo de agravio.

VI.- En tercer lugar, el Dr. R. denunció otra violación a su derecho de defensa pero, en el marco de las actuaciones realizadas en el seno del Consejo de la Magistratura, por no haber existido un sumario administrativo previo a su destitución.

Lo acaecido en el interior de aquél cuerpo no es materia de juzgamiento en esta instancia, reitero, solo el proceso ante el Tribunal de Enjuiciamiento y siempre que el recurrente haya demostrado la existencia un agravio constitucional.

La Ley V N° 80 establece la instrucción previa de un sumario en el que se le garantice al acusado el derecho de defensa (artículo 23 inciso b), procedimiento que fue aplicado al proceso por el que atravesó el Dr. R. y sobre el que no existe en sus planteos recursivos agravio alguno.

Todas las limitaciones que el ex Defensor Penal Público pudo haber sufrido en el ejercicio de sus derechos ante el Consejo de la Magistratura, pudieron subsanarse durante la instrucción del sumario posterior ante el jury, en el que tuvo la posibilidad real de rebatir la acusación, ofrecer y producir prueba de descargo, impugnar la de cargo y alegar sobre el mérito de esta, en su favor.

Por lo expuesto, deberá desestimarse este tercer planteo sin más trámite.

VII.- El citado artículo 23, inciso b de la Ley V N° 80 establece expresamente que ".Durante la instrucción (del sumario).serán aplicables en forma supletoria las normas sobre la materia del Código Procesal Penal", lo que luego reitera el artículo 51 para el procedimiento ante el Jury cuando establece "Son aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal, en cuanto resulten compatibles con el presente régimen".

El cuerpo que llevó a cabo el enjuiciamiento del Dr. R. aplicó el artículo 331 del ordenamiento adjetivo penal, que autoriza a un miembro del Tribunal a no suscribir la sentencia por impedimentos posteriores a la deliberación y fundamentación del pronunciamiento. Con esa justificación legal, los Dres. Gerosa Lewis y Caviglia omitieron firmar la Resolución N°3/2010.

Esta circunstancia fue interpretada por el recurrente como una ausencia de fundamentación en la sentencia, ya que la falta de firmas le habría otorgado dudosos basamentos a la decisión atacada.

El permiso que el código de procedimiento le brinda a 1 de los 3 miembros que componen los Tribunales Penales es, proporcionalmente, igual a la autorización que asumieron 2 de los 5 integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento. Es decir, que la norma penal fue empleada correctamente en el caso.

El Tribunal de Enjuiciamiento en pleno se reunió en acuerdo el día 22 de junio de 2010, bajo la presencia de su Secretario el Dr. José Hugo Osvaldo Maidana, que se constituyó en fedatario de lo ocurrido y certificó la participación de todos sus miembros en la deliberación y formación de la decisión final. La suscripción del pronunciamiento por el Secretario en todas sus páginas y bajo los datos de registro de la sentencia, así lo prueban.

La ausencia denunciada por el Dr. R. contaba con autorización legal y con la correspondiente certificación sobre los votos de los miembros que, por impedimentos posteriores a la deliberación, no pudieron suscribir el fallo. Por lo tanto, la duda que extiende sobre los fundamentos de la sentencia resulta injustificada lo que conlleva el rechazo de su planteo recursivo.

VIII.- La violación al non bis in idem, denunciada por el recurrente tiene los mismos fundamentos que la alegada incompatibilidad del Dr. Rebagliati Russell, pues el Dr. R. manifestó haber sido destituido por cargos investigados y tratados por Consejo de la Magistratura con anterioridad, y sobre los que había sido liberado.

Para evitar caer en reiteraciones ociosas, habré de reconocer que le asiste razón al recurrente cuando manifiesta que las denuncias hechas por los Sres. C. C., C. V., M. U., S. D. V., V. L. fueron tratados y rechazados por el Consejo de la Magistratura el día 8 de octubre del año 2007, conforme surge del acta N° 162.

Pero no menos cierto es que el Procurador General de la Provincia, Dr. Jorge Luis Miquelarena, a fs. 86 del escrito que contiene la acusación reconoció que tales cuestiones fueron tratadas y desestimadas por el Consejo en pleno.

Razón por la cual el Tribunal de Enjuiciamiento, en la decisión registrada bajo el N° 01/2010, señaló que las cuestiones expresamente apartadas por el acusador público no habían sido tratadas por jury, lo que da por tierra con la violación al non bis in idem que invocó el impugnante. Por ello, también habré de desestimar este planteo recursivo.

IX.- Al final su impugnación, el ex Defensor Penal Público, denunció una "total orfandad probatoria" y una "valoración absurda de la prueba ofrecida por la defensa", circunstancias que escapan al acotado análisis que corresponde hacer en esta etapa del proceso, máxime cuando sus argumentos no demuestran la trasgresión a derecho constitucional alguno, sino que se limitan a refutar los elementos colectados durante el proceso.

En la S.D. 9/2012 S.P. dictada el 3 de febrero del corriente año, señalé la doctrina de Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene desde el precedente "Graffigna Latino" (fallo 308:961 del 19/06/86), la doctrina que tanto en los juicios políticos como en los enjuiciamientos de magistrados en esfera provincial, las decisiones de los órganos ajenos a los poderes judiciales locales, son cuestión justiciable cuando se invoca violación del debido proceso.

Pero impetrar simplemente un agravio no es suficiente para abrir esta vía recursiva. Es necesaria la demostración cabal de un perjuicio de índole constitucional, para obtener la atención de este cuerpo sobre la decisión que ataca, circunstancia ausente en el último planteo del recurrente que se presenta como una disconformidad del impugnante con lo resuelto.	X.- Por todos los argumentos expuestos, propongo al acuerdo rechazar la impugnación extraordinaria deducida por el Dr. J. E. R. y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento el día 22 de junio de 2010, registrada bajo el N° 01/2010, con costas al recurrente.

XI. Por último, juzgo prudente regular los emolumentos profesionales del Dr. G. J. H., en su calidad de letrado patrocinante, en la suma de quince (15) jus (artículos 5, 7, 13, 44 y 46 de la Ley XIII - Nº 4).

Así voto.-	El Juez Jorge Pfleger dijo:

I.- Breve prólogo	a.- Concita la atención del pleno el recurso deducido por el doctor J. E. R. en desmedro de la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, órgano que el 22 de Junio del año de dos mil diez dispuso la destitución del recurrente ". del cargo de Defensor Público en la Especialidad Penal de la Circunscripción de Trelew, por la causal establecida en la Ley V, N° 80, art. 15 inc. A y en la Constitución Provincial, art. 165 y 192 inc. 5°." (El texto entre comillas es parte del dispositivo de la resolución que, registrada bajo el número 01/ 2010, está adosada entre las hojas 194/297 de los autos).

b.- El señor Ministro que me ha precedido en el orden de votación ha realizado un exhaustivo trabajo de recopilación de los antecedentes y de los agravios que abastecen el intento, de suerte que, en honor a la brevedad, no reproduciré pues, de hacerlo, incurriría en el defecto de la redundancia.

Doy así por reproducidos estos ítems y me permito pasar, sin más, a la solución del asunto.

II. El abordaje y la solución del asunto.

a.- En sintonía con el método que tan bien ha desarrollado el señor Ministro Caneo, penetraré en las cuestiones planteadas de la misma manera, adelantando, por lo demás, mi coincidente postura respecto de la respuesta que el caso merece.

b.- Es verdad que, como se ha aludido, la ley de Enjuiciamiento Provincial de aforados establece que las decisiones del Tribunal que organiza y regula no son recurribles.

En ese sentido el art. 45 de la Ley V N° 80 (antes Ley 4461) declara expresamente que ". Todas las Resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento serán irrecurribles, salvo el recurso de aclaratoria, que deberá interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas de la notificación.".

Empero, y de partida, esta regla no resulta compatible con los estándares de control fijados por la propia Constitución Federal en su originalidad (cuyos alcances delineó la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y, con posterioridad, con el cartabón que nutren los Tratados Internacionales que, luego de 1994, integran el bloque constitucional federal, y por consecuencia existen aspectos de las decisiones de los organismos de aquella naturaleza que pueden ser materia de inspección judicial.

En efecto, la geografía de la mencionada vigilancia ha sido delineada por el Máximo Tribunal que ha sostenido, de manera constante, un criterio proclive, criterio que, por otra parte, expuse detalladamente en la sentencia que admitió el recurso de queja y a la que remito.

Solamente reiteraré que, por regla, las decisiones de los Tribunales de Enjuiciamiento no son susceptibles de impugnación, pero que esa incolumidad cede ante la denuncia de una nítida, inequívoca y ostensible violación del debido proceso legal.

Si bien la Judicatura no ha de penetrar en el terreno de los hechos y de la adecuación legal de la conducta de los Jueces, que es materia privativa del Jurado, sí deviene en deber inexcusable verificar que la conducta de éste se adecue a las normas estatuidas como garantía de todo procedimiento, para evitar el peligro que importa el ejercicio ilegítimo del poder.

b.- Sentada esta premisa, ingreso al primer agravio que, desde ya, juzgo inaceptable.

La intrincada reflexión acerca del vínculo profesional entre quien fuera el Presidente del Consejo de la Magistratura Provincial (Martín Iturburu Moneff) y miembro del Tribunal de la destitución (Ricardo Gerosa Lewis) y su incidencia -potencial o efectiva- en el resultado final del juicio, no tiene sustento alguno.

Desde una perspectiva normativa la Ley V N° 80, art. 11, resulta lapidaria respecto de las recusaciones. Y si algún reparo cabría, y razono hipotéticamente, las causales de excusación (y pongo sobre el foco el inciso 4° del C.P.P, aplicable por remisión) no contemplan la situación que se denuncia; los tipos procesales de mención conciernen a la vinculación entre el Juez y los ".interesados." que la propia ley define con precisión: ". el imputado,. la víctima, y. quienes pudieren intervenir en el procedimiento, aunque no se hubieren constituido en él, a sus representantes y defensores.".

Repito, estas normas pretenden asegurar la parcialidad de los Jueces en particulares situaciones tomando en cuenta su posición en lo que atañe a las partes, conceptuadas en el texto, mas no contemplan situaciones como las que el recurrente plantea.

La lógica del sistema se encuentra plasmada en el principio que sintetiza el vocablo "temor a la parcialidad" del art. 76 del rito procesal penal local. Pero esa condición espiritual, cuando se denuncia, ha de estar fundada, ser razonable y seria, con base cierta o comprobable; y no es bastante una especulación sin sentido que sólo toma nota de una circunstancia objetiva que ha sido ya explicada -como veremos luego- y que exorbita, otra vez, las hipótesis legales.

¿Cuál es la concreta infracción al principio? No se sabe, ni se nota.

Y se desconoce porque, al respecto, nada se ha explicado como no sea el arabesco argumental que no logra sobrepujar lo que el intelecto indica luego de un análisis detenido de la cuestión; no fluye con evidencia -no se nota- pues difícil es sostener el galimatías sobre el que se construyen los efectos sobre el caso de la relación Iturburu - Gerosa, aducida en demérito de la sentencia.

Por último, y a esto me refería párrafos arriba, resalto el escrito que está añadido en la hoja 141 introducido por el doctor Gerosa Lewis, explícito a la hora de denunciar -honorable manera- su vínculo laboral con el doctor Iturburu y de resaltar la ausencia de inhabilidad para intervenir.

Reivindico también la consecuente decisión del Tribunal de Enjuiciamiento de dar por tierra la articulación para recusarlo, con base en el art. 11 de la Ley V N° 80.

Esto, creo, es suficiente para reflejar la opinión que merece la censura.

c.- En lo que concierne a la descalificación procesal del doctor Rebagliati Russell, sobre quien se predica inhabilidad para emitir sentencia porque participó en una sesión del Consejo de la Magistratura en la que el litigio "R." se había tratado, no puedo menos que coincidir con el Ministro del primer voto.

No hay otra solución posible a poco que se perciba la atención que concitó al Magistrado el tema debatido ante el Consejo que a la sazón integraba.

Para que un Juez natural sea apartado de un caso -y tornamos a las causales de excusación- recusación- ha menester que haya emitido opinión sobre la sustancia del asunto antes de fallar.

Es obvio que, como toda disposición jurídica atinente, quien se ha pronunciado sobre el nudo de un caso, sobre el objeto mismo de la relación procesal, no podrá imparcialmente volver sobre ello. Este presupuesto, de allí la imposición de la ley para el apartamiento, condensa la clave para definir la capacidad de quien participa en la toma de decisiones jurisdiccionales en el plano en que el apelante ha demarcado.

Y no ha sido el caso del señor Juez tildado.

El doctor Rebagliati integró el órgano constitucional en la sesión en que se consideró el caso "C.". Pero en esa sesión se decidió, nada más, que la postergación del tratamiento del tema hasta el arribo de documentación.

Como se observa, ningún prejuicio vulnerador de derechos, emerge de esa actividad; un mero trámite inocuo a los fines de la protección constitucional respecto de la imparcialidad de los Jueces.

Fútiles serían mayores comentarios.

d.- En lo que toca al planteo de nulidad por afectación al derecho de defensa en juicio durante el trámite en el Consejo de la Magistratura, volveré a asentir la propuesta del doctor Caneo.

Ya el Órgano Enjuiciador resolvió con tino la cuestión en el decisorio de las hojas 136/137, sin que se hubiera formulado protesta o reserva.

Pero aun así, el repaso de los antecedentes que precedieron al debate evidencia una realidad palpable: la capacidad del recurrente de desplegar toda su potencia defensiva, sin restricción de ninguna naturaleza.

Esto se tradujo en el conocimiento de la hipótesis atributiva de cargos en la etapa preliminar (nótese el orden secuencial a partir del escrito que fija la posición del Ministerio de hojas 79 a 90, la resolución de la hoja 92 y véanse los arts. 26 y 27 de la Ley V N° 80), en la deducción de incidencias (recusación, planteo de nulidad), en el diligenciamiento y producción de la prueba estimada de descargo y, por fin, en el juicio mismo sobre el que no hay objeción alguna.

La nulidad por inobservancia de las formas, y en particular una alegación que involucre menoscabo al ejercicio de la defensa, ha de ser palmaria, ostensible, grotesca, para tener viento a favor.

No hay sanción procesal por el sólo beneficio de la ley; ésta exige una concreta afectación a los derechos que se denuncie y compruebe, o que surja sin contradicción posible a los ojos de quien juzga.

El principio de trascendencia es el que preside toda consideración al respecto y, tal lo expuesto, la reivindicación de derechos que han sido ejercidos implica no solamente la ausencia de una hipótesis plausible para fundar el correctivo que se postula, sino también una severa trasgresión a las reglas del recto pensar: nada puede ser y no ser al mismo tiempo.

Esta es mi idea de las cosas.

d.- La explicación dada en el sufragio que lidera este Acuerdo para desestimar la nulidad de la sentencia por ausencia de firmas de todos los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, es absolutamente correcta a mi criterio.

La decodificación del art. 331 del C.P.P, aplicable por remisión, no admite demasiadas vueltas.

Si el Secretario dio fe del Acuerdo que construyó la sentencia y el texto fue signado por los Jueces presentes al formalizarse, dejándose nota del porqué de la ausencia de algunos (en este caso dos), la protesta articulada inmediatamente de conocida (hoja 298) y traída a estos estrados es inaceptable.

Si la norma, adecuadamente interpretada, contempla una hipótesis autorizante, pues la mayoría suscribe el documento y las ausencias son reconocidas y justificadas, y nada ex post autoriza a atisbar, siquiera, que la opinión de los ausentes ha sido malversada (lo que por otro lado pondría al fedante en el terreno de un delito de la Ley Penal), importa la exacerbación farisaica de los ritos la proposición que se hizo valer aquí.

Así me pronunció al respecto.

f.- El quebrantamiento del principio del doble juzgamiento tampoco tiene entidad suficiente para prosperar.

Que nadie pueda ser juzgado dos veces por el mismo hecho es un precepto inconmovible, en cuyos meandros no penetraré.

Un caso cerrado por decisión de un Tribunal competente para hacerlo, no puede ser reabierto o debatido nuevamente; esto como expresión práctica del concepto basal.

Una imputación que el órgano requirente no formula, no puede, en los términos del sistema acusatorio, ser materia sobre la que opere el órgano sentenciador; nueva manifestación empírica del postulado aludido.

En el caso, el Ministerio Fiscal alegó nítidamente: ". quiero apartar expresamente de la acusación el hecho que fuera enunciado bajo el numeral 1.8 de la acusación referido a las quejas de los imputados C. V., M. U., S. D. V. y V. L., ocurridas en el trascurso del año 2006 tratadas por ante el Consejo de la Magistratura previo sumario a cargo del Consejero Dr. Ramón Mairal, por cuanto la resolución del pleno, por mayoría, según constancias del Acta N° 162 del 8 de Octubre de 2007, fue la desestimación de la denuncia. Es por ello que retiro esos hechos de la acusación y propongo al Tribunal que los sustraiga del análisis de imputación, toda vez que los mismos han sido tratados en la sede del Concejo (sic) y han sido desestimados." (Ver el texto que está entre las hojas 268-reverso- y 269 de este expediente).

El Titular de la acción aclaró, por lo demás, fue la singular atribución atinente al llamado "caso C." acerca de la cual deslindó ". las presentaciones de los meses de Agosto y Noviembre del año 2008." de aquellas por las que el doctor Mairal había postulado la desestimación ante el Consejo de la Magistratura, el 8 de Octubre de 2007 (ver la hoja 269 de la sentencia).

El Tribunal de Juicio limitó su actividad al ". juicio de disvalor efectuado por el Consejo de la Magistratura y que ha hecho suyo el señor Procurador General en su acusación." y en especial, durante el tratamiento de la tercera cuestión, consideró los casos de J. H. L., E. V., R. R., R. S. G., J. W. y C. J. C. (en lo que era materia debatible) añadiéndose, por vía traslativa, las quejas de H., F., C. y C. R. (ver el texto de la sentencia en la hoja 287/289 la alusión al testimonio del doctor Sergio Rey, en la hoja 289, todas parte de la sentencia).

Así las cosas, queda vacía de contenido la queja expuesta pues resulta patente la exclusión de los supuestos oportunamente exonerados.

g.- En trance de dar fin a mi voto, abordaré la postrera queja que llama a atender el caso en lo que a hechos y prueba concierne.

Ya en el introito se circunscribieron los lindes de la inspección posible por la vía extraordinaria y se consignó, expresamente, que la lupa sólo se dirigiría a escrutar el cumplimiento de las reglas del debido proceso, pero que no ingresaría en el distrito de los hechos fijados ni en el modo en que la prueba en que se fundó la aplicación de la ley fue valorada.

Al respecto puedo consentir en que la arbitrariedad, como ingrediente que abastece el concepto "debido proceso", permite transitar estas dimensiones, pero con suma cautela. Es claro que aún un Tribunal de naturaleza política no puede cometer "exceso" o "desvío" de poder, inaceptables en el Estado de Derecho; pero claro es también que sólo puede atenderse al razonamiento de los Jueces o, para mejor decir, a su discurso de justificación.

En ese sentido, y con estos límites, juzgo que los Magistrados del Tribunal de Juicio sistematizaron su exposición de manera inteligente, dieron contesto a todas las misceláneas planteadas por quien recurre, analizaron los hechos, fundaron su opinión en los medios de prueba que se produjeron en el debate, y aplicaron la ley que cabía imponer.

La estructura de la sentencia es adecuada y cuadra al concepto de ". derivación razonada del derecho vigente con especial atención a las constancias de la causa." que es el nivel de exigencia para validarla.

Todas las demás objeciones que componen los agravios están excluidas, por lo señalado arriba.

III. Epílogo Por cuanto acabo de exponer voto por la desestimación del recurso extraordinario y la consecuente confirmación de la sentencia venida a estudio, con costas al recurrente.

Suscribo la fijación de los estipendios profesionales del Dr. H. fijada por el Ministro del primer voto.

Así voto.- El Juez José Luis Pasutti dijo:

1. La claridad y suficiencia del relato de los antecedentes de la presente causa que desarrollara el señor Ministro Dr. Caneo me exime de realizar repeticiones innecesarias por lo que a dicha reseña me remito por razones de brevedad procesal a fin de abordar de modo directo las cuestiones sometidas a decisión.

2. En primer lugar, mi opinión será coincidente con la de mis colegas en cuanto a la interpretación que merece la limitación recursiva contenida en el art. 45 de al ley de enjuiciamiento V N° 80, que dispone: "Todas las Resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento serán irrecurribles, salvo el recurso de aclaratoria, que deberá interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas de la notificación." La única excepción, de acuerdo a la más calificada jurisprudencia, es la revisión de los pronunciamientos dictados en el marco de un proceso en donde se encuentren comprometidas garantías constitucionales -Fallos 308:961-.

Este punto lo desarrollé en la sentencia dictada en estos autos el 22 de marzo de 2012, cuando se hizo lugar a la queja impetrada por el recurrente. Me remito a lo expuesto en esa oportunidad.

3. Ahora sí, y siguiendo el orden dado por el doctor Caneo en su voto, comenzaré con el primer agravio esgrimido: falta de integración del Tribunal de Enjuiciamiento e inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley V N° 80.

Entiendo que la sociedad conformada por los doctores Iturburu Moneff y Gerosa Lewis, Presidente del Consejo de la Magistratura Provincial y miembro del Tribunal de la destitución, respectivamente, en nada afecta la imparcialidad que menciona el artículo 76 del ordenamiento adjetivo.

Además, la ley de enjuiciamiento dispone claramente que los miembros del Tribunal no son recusables, salvo el caso de que alguno de ellos sea el que haya formulado la denuncia que motivo el juicio -Ley V N° 80, artículo 11-.

Así, la situación que indica el recurrente no se encuentra contemplada en las disposiciones legales concernientes al tema, por lo que habré de rechazarse el planteo.

4.- En segundo lugar denuncia violación al debido proceso y derecho de defensa en juicio. Argumenta que el Dr. Rebagliati Russell intervino como Presidente del Consejo en la denuncia formulada por C. C., la cual, continúa diciendo, fue utilizada como base de la destitución.

Quienes me preceden en orden de votación han agotado el tema, y nada me queda por agregar.

Sólo reitero que la denuncia que formuló Carreras fue desestimada y no formó parte de la acusación.

Siendo ello así, la vulneración constitucional esgrimida desaparece y el motivo denunciado deberá desestimarse.

5.- El otro punto que ataca el doctor R. es la inexistencia de un sumario administrativo previo a la destitución.

Sin embargo advierto que ninguna garantía constitucional se vio afectada. Desde el inicio de la causa se le informo a R. los derechos que le asistían, y se cumplió con la designación establecida en el artículo 13 de la Ley V N° 80. Además se observa que ejerció efectivamente sus derechos, así, designó defensor de su confianza, presentó recursos contra las decisiones adoptadas por el Tribunal, ofreció pruebas en su descargo, etc.

De esta manera, no evidenciándose afectación alguna al debido proceso, deberá desestimarse el planteo esbozado.

6.- La nulidad planteada por ausencia de firmas de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento ya ha sido debidamente resuelta a fs. 301/3 vta.

No aportó ningún nuevo argumento que modifique el criterio allí sentado.

El artículo 331 del C.P.P., que supletoriamente se aplica a este procedimiento, dispone expresamente que si uno de los miembros del tribunal no pudiere suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la lectura de su parte dispositiva, éste se hará constar y aquélla valdrá sin su firma. Por otro lado, y como bien lo indican quienes me preceden en orden de votación, el Actuario es quien dio fe de lo sucedido y certificó que todos los integrantes del Tribunal concurrieron a deliberar y tomar la decisión final.

Por lo expuesto, también habrá de rechazarse este motivo de recurso.

7.- Otra de las denuncias se relaciona con la violación al principio del doble juzgamiento.

Tampoco puede agregarse mucho a lo ya dicho.

El Procurador General apartó expresamente la acusación de uno de los hechos denunciados, enunciado bajo el numeral 1.8 de la acusación, y relacionado con las quejas de los imputados C. V., M. U., S. D. V. y V. L. El motivo de no formular acusación ha sido que, según constancias del acta n° 163 del 8 de octubre de 2007, la denuncia fue desestimada.

Siendo ello así, la queja instaurada en este sentido deberá rechazarse.

8.- El último motivo indicado se relaciona con cuestiones de hecho y prueba.

Este tema ya sido debidamente tratado al abordar el primer punto de la queja.

La inspección solicitada en esta instancia deberá circunscribirse a cuestiones que vislumbren una evidente violación al debido proceso o derecho de defensa.

No advierto en el relato de este punto cuál sería el agravio constitucional que le causara perjuicio.

9.- A raíz de todo lo expuesto, voto por rechazar la impugnación extraordinaria deducida y confirmar la sentencia registrada bajo el número 01/2010, con costas.

10.- Adhiero a la fijación de honorarios profesionales efectuada por el Ministro Caneo, por ajustarse a las pautas mensurativas de la ley arancelaria.

Así voto.-	El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Los Ministros que me precedieron en el voto han dado cuenta del tema a resolver. Por tal motivo, eludiré los detalles y pasaré directamente al tratamiento del asunto.

II. Antes de todo, advertiré que la Ley V Nº 80, que rige el Tribunal de Enjuiciamiento, en su artículo 45 dispone la irrecurribilidad de las resoluciones de ese organismo (salvo el recurso de aclaratoria).

Sin embargo, ese precepto cede cuando se vislumbra la violación al principio de defensa y al debido proceso legal (así es la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia y ha quedado claro en la sentencia que admitió la queja).

III. Hecha esta aclaración, contestaré el primer motivo de agravio enarbolado.

El impugnante alegó la falta de integración del Tribunal de Enjuiciamiento por incompatibilidad del doctor Ricardo Gerosa Lewis.

Con respecto a ello, apunto que la mera circunstancia de que el nombrado profesional estuviera asociado con el doctor Martín Eduardo Iturburu Moneff, Presidente del Consejo de la Magistratura -quien elevara el caso a consideración del Tribunal de Enjuiciamiento-, no constituye per se un supuesto de parcialidad.

A más de ello, anoto que el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento no prevé como causal de excusación la circunstancia alegada por el quejoso, sino que claramente señala que los miembros del organismo no son recusables, salvo el caso de que alguno de ellos sea el que haya formulado la denuncia que motiva el enjuiciamiento. Pero tampoco correspondería aceptar el planteo, a la luz de lo normado por el código penal adjetivo, de aplicación supletoria al proceso de remoción, tal como lo explicaron mis colegas que votaron antes, a cuyos fundamentos, por razón de brevedad, remito.

Por lo expuesto, corresponde dar respuesta negativa a este agravio.

IV. En otro orden, el recurso cuestionó la intervención del doctor Rebagliati Russell en la sesión del Consejo de la Magistratura donde se trató la denuncia del señor C., la que -a su criterio- sirvió de base para la posterior destitución.

Alegó que esa circunstancia violentaba el debido proceso y el derecho de defensa.

Juzgo que la aseveración del impugnante deberá desecharse, desde que tal denuncia fue desestimada por el pleno del Cuerpo y por tal motivo, no integró la acusación ni menoscabó garantía constitucional alguna.

V. El agravio relativo a la inexistencia de un sumario administrativo previo a la destitución de R., correrá la misma suerte que los anteriores.

Es que, en los presentes se cumplieron las disposiciones del artículo 23, inciso "b" de la Ley 80 Nº V, que ordena la instrucción de un sumario en el seno del Consejo de la Magistratura.

Luego, se desarrolló el enjuiciamiento ante el Tribunal correspondiente, donde no se observa vulneración alguna al derecho de defensa desde que el enjuiciado pudo resistir debidamente la acusación y ofrecer la prueba a favor de su interés.

Por tal motivo, corresponde también desestimar este planteo introducido.

VI. La queja dirigida a invalidar la sentencia de destitución por omisión de las firmas de dos miembros del Tribunal, fue oportunamente resuelta mediante la resolución Nº 03/2010.

Allí se dijo que la falta de suscripción de la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y fundamentación no afectaba en modo alguno la validez del acto, en tanto y en cuanto se había dejado la constancia de tal circunstancia en la misma resolución (artículo 331, in fin del Código Procesal Penal). Lo cual es razonable, dada la integración del Tribunal de Enjuiciamiento con miembros con residencias lejanas a la ciudad de Rawson, donde tiene su sede.

Así las cosas, la reiteración del embate, sin introducir argumentos que permitan variar aquella decisión, provoca el rechazo del agravio.

VII. La alegada violación a la garantía del ne bis in ídem, no recibirá acogida favorable desde que, tal como analizaron mis distinguidos colegas que me precedieron en el sufragio, las denuncias efectuadas por los señores C., V., U., V. y L. contra el defensor destituido, fueron expresamente excluidas de los cargos por el Procurador General de la Provincia.

De esta manera, al retirarse de la imputación aquellas denuncias que habían sido desestimadas, no se ha configurado la mentada violación a la garantía del doble juzgamiento.

VIII. La última cuestión introducida por el recurrente pretende que este Cuerpo revise el valor asignado por los sentenciadores al plexo probatorio arrimado.

Sin embargo, esta pretensión excede los límites de la jurisdicción de este Tribunal que sólo puede intervenir con el objeto de reparar afectaciones a las garantías de la defensa en juicio y debido proceso penal.

En su presentación el enjuiciado no ha demostrado en forma nítida, inequívoca y concluyente un grave menoscabo a sus derechos, que permita adentrarse al fondo del asunto, por lo que, debe rechazarse esta objeción.

IX. En mérito de lo enunciado, corresponde rechazar la impugnación extraordinaria deducida y ratificar la sentencia traída a consideración, con costas.

X. Adhiero a la regulación de honorarios efectuada por el Ministro Caneo, por ser justa y estar basada en la normativa arancelaria vigente (artículo 44 y concordantes de la Ley XIII - Nº 4).

Así voto.

El Juez Raúl Adrián Vergara dijo:

1. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este pleno en virtud del recurso interpuesto por el Dr. J. E. R. contra la sentencia Nº 01/2010 del 22 de junio de 2010 dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento de esta Provincia que dispuso su destitución del cargo de Defensor Público Penal de la circunscripción judicial de Trelew por la causal establecida en el art. 15, inciso "A"de la Ley V Nº 80 y en los artículos 165 y 192, inciso 5, de la Constitución Provincial. El relato de los antecedentes de la presente causa y de los agravios vertidos que realizara el señor Ministro Dr. Daniel Luis Caneo me permite por razones de brevedad dar por reproducida la reseña que efectuara para así abordar la solución del caso, sin perjuicio de precisar que el recurso deducido al punto I del escrito que luce a fs. 305/318 y vta. fue declarado inadmisible por el Tribunal de Enjuiciamiento según resolución Nº 04/2010 del 29/07/2010, obrante a fs. 320/322, y que ante el recurso de queja interpuesto a fs. 324/333 y vta. de estos actuados este Tribunal declaró admisible el mismo a fs. 374/386 por sentencia Nº 29/2012 del 22/03/2012.

2. Al iniciar el análisis de las cuestiones traídas por el recurrente debo reiterar lo ya expuesto en la sentencia del 22 de marzo de 2012 en el sentido que el art. 45 de la Ley V Nº 80 prescribe que todas las resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento serán irrecurribles, salvo el recurso de aclaratoria, y que a su vez el art. 115, primer apartado del segundo párrafo, de la Constitución Nacional, también dispone que el fallo del jurado de enjuiciamiento será irrecurrible. A ese respecto, nuestro máximo Tribunal Federal al interpretar el art. 115 de la Constitución Nacional en el caso B.450.XXXVI, "Brusa, Víctor Hermes s/pedido de enjuiciamiento" (Fallos: 326:4816) entendió: "Que, en consecuencia, una interpretación rígidamente literal de la "irrecurribilidad" consagrada en el art. 115 de la Constitución Nacional resultaría incompatible con las normas internacionales de igual jerarquía que en forma contemporánea incorporó la Reforma Constitucional de 1994, y que, junto con dicha Constitución, configuran el bloque de la constitucionalidad argentina (considerando 2º del voto del juez Petracchi en Fallos: 323:2659). Es lo que advirtió con toda claridad el convencional Iván Cullen en la reunión de Coincidencias Básicas del 12 de julio de 1994 (Op. cit., Tomo IV, pág. 3298). En este sentido esta Corte ha expresado que la Constitución (y lo mismo vale para normas que tienen igual jerarquía) "debe analizarse como un conjunto armónico dentro del cual cada parte ha de interpretarse a la luz de las disposiciones de todas las demás. Ha declarado también (Fallos: 181:343), considerando 2º 'que la interpretación del instrumento político que nos rige no debe hacerse poniendo frente a frente las facultades enumeradas por él para que se destruyan recíprocamente, sino armonizándolas dentro del espíritu que le dio vida'. La ley fundamental es una estructura sistemática, sus distintas partes forman un todo coherente y en la inteligencia de una de sus cláusulas ha de cuidarse de no alterar el equilibrio del conjunto. Es posible (...) que el significado de un texto constitucional sea en si mismo de inteligencia controvertida, pero la solución se aclara cuando se lo considera en relación con otras disposiciones de la Constitución" (Fallos: 240:311). Desde esta perspectiva, la mentada "irrecurribilidad" del art. 115 de la Constitución Nacional sólo puede tener el alcance señalado en la doctrina del caso "Nicosia" (Fallos: 316:2940) que resulta aplicable mutatis mutandi. En efecto, no podrá la Corte sustituir el criterio del jurado en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, esto es, el juicio sobre la conducta de los jueces. En cambio, si será propio de su competencia, por vía del recurso extraordinario, considerar las eventuales violaciones nítidas y graves a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio" (considerando 9º).

Ese criterio fue reiterado posteriormente por la C.S.J.N. al señalar que: " ... sólo es posible la intervención judicial en la medida que se aduzca y demuestre inequívocamente por el interesado, la violación de alguno de los derechos o garantías establecidos en el art. 18 de la Constitución Nacional. ... ", y que "... con posterioridad a la reforma de 1994 en el caso B.450.XXXVI. "Brusa, Víctor Hermes s/pedido de enjuiciamiento", del 11 de diciembre de 2003, de Fallos: 326:4816 con relación a los fallos del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, y lo viene extendiendo al ámbito de los enjuiciamientos de magistrados provinciales hasta sus pronunciamientos más recientes (causas P.1163.XXXIX "Paredes, Eduardo y Pessoa, Nelson s/queja e inconstitucionalidad" (Fallos: 329:3027) y A.139.XXXIX "Acuña, Ramón Porfirio s/causa Nº 4/99" (Fallos: 328:3148), (sentencias del 19 de octubre de 2004 y del 23 de agosto de 2005, respectivamente), quien pretenda el ejercicio de aquel escrutinio deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa (art. 18 de la Constitución Nacional, antes citado; arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)" (C.S.J.N., "Freytes, Daniel Enrique s/acusación del Procurador General - causa Nº 53.906/03", F. 1855.XL., del 12/08/2008, Fallos: 331:1784, considerando 3º). Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya en la causa "Graffigna Latino" (Fallos: 308:961) admitió la revisión de las decisiones en materia de enjuiciamiento de magistrados provinciales en la medida que se demuestre de modo inequívoco la violación de derechos o garantías establecidos en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Por ello, a pesar de la irrecurribilidad prevista por el art. 45 de la Ley V Nº 80 y art. 115 de la Constitución Nacional, resulta posible la revisión judicial de las decisiones adoptadas en materia de destitución de magistrados (o como en el caso de un defensor, ver la distinción que efectúa el art. 209 de la Constitución Provincial) en la esfera provincial en aquellos supuestos en los cuales eventualmente se configure una violación grave de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio.

Con ese encuadre, la revisión debe ceñirse a verificar si la actuación del Tribunal de Enjuiciamiento se ajustó a tales garantías pues no le es dado al órgano judicial analizar los hechos en los que se encuadró la causal de destitución y tampoco apreciar los datos fácticos o jurídicos que permitieron al jurado formar su criterio por encontrarse a su cargo de modo excluyente el juicio de responsabilidad. Así se pronunció la C.S.J.N. en los autos caratulados "Torrealday, Ignacio Eduardo s/ queja por recurso denegado", T. 110. XXV, al señalar en su considerando 6º: "Que ... ni la subsunción de los hechos en las causales de destitución, ni la apreciación de los extremos fácticos o de derecho que han llevado al jurado al juicio de remoción e inhabilitación, constituyen materia de pronunciamiento dado que no se trata de que el órgano judicial constituya un tribunal de alzada y sustituya el criterio de quienes por imperio de la ley están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política del magistrado (doctrina de Fallos: 314:1723" (Fallos: 318:2266). Criterio posteriormente reiterado en la causa "Murature, Roberto Enrique s/ pedido de enjuiciamiento -causa Nº 8/2003-", Recurso de Hecho, M. 2278 . XXXIX (Fallos: 330:452).

Así, frente a la decisión del tribunal de enjuiciamiento corresponde deslindar cual es el aspecto judicialmente revisable. Por ello se expresa que " ... hay cuestiones que, mediante una interpretación correcta de la constitución, admiten reputarse como atribuidas por la propia constitución a la competencia y a la decisión exclusivas y definitivas -o finales- de un órgano ajeno al poder judicial. Una de estas cuestiones se configura en el enjuiciamiento político cuando la constitución federal -o las constituciones de provincia- adjudican al órgano habilitado a tal efecto la facultad de evaluar si hay o no causal de destitución, para ponderar los elementos probatorios y para, conforme a ello, destituir. 3. De tal modo, lo que cae bajo el control judicial puede resumirse así: a) verificar si el asunto es o no es de competencia de tal o cual órgano, o si siéndolo se ha sobrepasado dicha competencia; b) interpretar si la decisión adoptada en ese espacio competencial reviste carácter final y definitivo de acuerdo con la constitución, o si -a la inversa- tipifica una cuestión susceptible de control judicial de constitucionalidad. En otros términos, hay una periferia en cuyo centro se sitúa la decisión definitiva del órgano ajeno al poder judicial, y en esa periferia queda bajo control judicial todo lo referido a requisitos, formas, condiciones y competencia de aquel órgano, más lo ya dicho acerca de los derechos y garantías que en el procedimiento están discernidos a favor del juez acusado. Con este panorama, la decisión final que escapa a toda interferencia del poder judicial y que no pertenece a su competencia tiene que conceptuarse así: no ha de afirmarse que es una cuestión no justiciable, porque tal expresión puede dejar entrever -equivocadamente- que el Poder Judicial la esquiva y la detrae: ha de decirse, al contrario, que está fuera de la competencia revisora del Poder Judicial porque la constitución ha encomendado a un órgano que es extraño a él la competencia para adoptar en instancia única y definitiva la decisión final (Bidart Campos, Germán J., "Dos caras del enjuiciamiento político: lo que es decisión definitiva del órgano competente y lo que es judicialmente controlable" (La Ley, t. 1996-C, 535). 3. Con la perspectiva antes delineada ingresaré a las quejas formuladas.

3.1. Se agravia el quejoso por la vinculación profesional existente entre quien se desempeñara como Presidente del Consejo de la Magistratura Provincial, Dr. Martín Eduardo Iturburu Moneff, y el miembro del Tribunal de Enjuiciamiento, Dr. Ricardo Gerosa Lewis. Afirma que este último reconoció ser socio del primero y sustenta su queja en el art. 77, incisos 4º y 6º, del C.P.P. (sociedad o comunidad y amistad íntima con alguno de los interesados).

Adelanto que si bien el Código Procesal Penal resulta de aplicación supletoria al proceso de destitución, lo cierto es que la situación denunciada no encuadra en ninguna de las causales contempladas por el art. 77 del C.P.C.C.

En efecto, no observo que de la relación profesional entre un integrante del Consejo de la Magistratura y un miembro del Jurado de la destitución pueda inferirse que la imparcialidad del Dr. Ricardo Gerosa Lewis se proyecte de algún modo en el resultado alcanzado en el proceso de destitución. En tales condiciones, el vínculo profesional existente careció de toda incidencia sobre el hoy apelante, por lo que no hubo afectación de la imparcialidad. No existe entonces un motivo serio o razonable que pueda fundar el temor de parcialidad, en los términos previstos por el art. 76 del C.P.P., ya que omitió el quejoso indicar cual es el gravamen constitucional que la situación invocada le ocasionó. Descarto también la causal invocada de amistad pues la impugnación se formula de modo potencial ("... estaría incluido ..."), sin perjuicio que dicha causal requiere que se trate de amistad íntima, aspecto que no se configura en el caso.

Además, resulta dirimente señalar que dichas causales (incisos 4º y 6º) aluden a sociedad o comunidad, y amistad íntima o enemistad manifiesta " ... con alguno de los interesados ...", y ello con referencia "al imputado, a la víctima y a quienes pudieren intervenir en el procedimiento, aunque no se hubieren constituido en él, a sus representantes o defensores" (art. 77, último párrafo, del C.P.P.), sujetos que no se encuentran contemplados en la situación planteada por el quejoso.

Por otra parte, el recurrente intenta excluir la aplicación del art. 11 de la Ley V Nº 80 mediante su tacha de inconstitucionalidad con argumentación carente de un debido fundamento pues se limita a enunciar de modo genérico que con la actuación del Dr. Ricardo Gerosa Lewis se afecta el principio de juez imparcial (art. 18 de la Constitución Nacional y art. 44 de la Constitución Provincial), formula situaciones hipotéticas, y reitera que el tribunal está mal constituido ya que uno de sus miembros es socio del denunciante.

Respecto a esta última crítica es reiteración de lo que ya expusiera en su primer agravio y tal cuestión ya fue desestimada. En cuanto al juicio hipotético realizado se expresa que señala la Corte, por un lado, que para que exista un gravamen es necesario que éste resulte actual y real y no meramente conjetural o hipotético (Falcón, Enrique M., Director, "Tratado de Derecho Procesal Constitucional", Rubinzal - Culzoni Editores, 2010, T. I, pág. 643). Tocante a la enunciación genérica debe considerarse que la C.S.J.N. tiene decidido que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es un acto de suma gravedad institucional, última ratio del orden jurídico, ejerciéndose únicamente cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (C.S.J.N., Fallos: 285:322; 286:76; 288:325; 290:85; 292:190; 295:455; 296:117; 303:626). La declaración de inconstitucionalidad de un precepto es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerado como la última ratio del ordenamiento jurídico, y que su procedencia requiere que el pedido pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos de igual carácter (ver doctrina de Fallos 329:4135; 316:842) (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte Suprema hizo suyo en autos caratulados "Homberger, Víctor v. Estado Nacional", 04/12/2012 (http://www.abeledoperrotonline2.com/).

Por ello, al no darse tales presupuestos, se rechaza el planteo de inconstitucionalidad efectuado.

Desechada tal inconstitucionalidad resulta dirimente precisar que el artículo 11 de la Ley V Nº 80 (Reglamentación del Funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento) no establece como causal ninguna de las circunstancias invocadas por el apelante pues dicha normativa de modo categórico prescribe que los miembros del tribunal no son recusables, salvo el caso de que alguno de ellos sea el que haya formulado la denuncia que motiva el enjuiciamiento.

Tales fundamentos conducen a la desestimación de los tres primeros agravios.

3.2. A continuación el recurrente impugna la actuación del Dr. Daniel Rebagliati Russell por haber participado en la primera sesión del Consejo de la Magistratura en la que se había tratado el tema de la denuncia del señor C. C.

Al respecto, el Dr. Rebagliati Russell integró dicho órgano en esa oportunidad pero en esa sesión sólo se resolvió la postergación del tratamiento de la referida denuncia hasta el arribo de la documentación que fuera requerida por presidencia, tal como resulta del acta Nº 178.

Por otra parte, esa denuncia fue desestimada por el pleno y al no integrar la acusación los hechos denunciados no hay agravio constitucional alguno, por lo que se rechaza la queja.

3.3. Como tercer agravio el apelante sostiene que existió violación del derecho de defensa en juicio ya que el Consejo de la Magistratura debió instruir previamente, ante una denuncia, un sumario administrativo. Considera por ello que lo resuelto es nulo de nulidad absoluta.

Destaco en primer lugar que el Tribunal de Enjuiciamiento no hizo lugar a ese planteo de nulidad conforme surge de la Resolución Nº 02/2010 del 25 de febrero de 2010 que luce a fs. 136/137, y que frente a ese rechazo el hoy apelante no formuló cuestionamiento alguno. Con ese alcance, ya se señaló al punto 2 que antecede con cita de fallos de la Corte Suprema que no corresponde al órgano judicial constituirse en tribunal de alzada, sustituyendo el criterio de quienes por imperio de la ley están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política, salvo que se acredite una violación grave de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio.

Y es del caso poner de relieve que el Consejo de la Magistratura dio cumplimiento a la exigencia establecida por el art. 23, inciso b, de la Ley V Nº 80 al disponer la instrucción de un sumario, y en ese aspecto todos los cuestionamientos vinculados a que se violó su derecho de defensa ante ese órgano pudieron subsanarse con posterioridad ante el Tribunal de Enjuiciamiento. En ese direccionamiento, la compulsa de las actuaciones cumplidas ante ese Tribunal permite señalar que el recurrente ejerció plenamente su derecho de defensa. Así, notificado a fs. 93 de la decisión adoptada a fs. 92/vta. en el sentido de disponer la formación de causa de enjuiciamiento en su contra, tuvo oportunidad de formular recusaciones, plantear nulidad, ofrecer y producir prueba de descargo, y finalmente intervenir en la audiencia de debate.

Por tales razones se rechaza la queja.

3.4. Tocante a la nulidad de la sentencia planteada por ausencia de las firmas de los Dres. Ricardo Gerosa Lewis y Miguel Ángel Caviglia, cabe señalar que el Tribunal de Enjuiciamiento rechazó este planteo según Resolución Nº 03/2010, obrante a fs. 301/303 y vta., con sustento en que la falta de suscripción de la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y fundamentación de dos miembros del Tribunal no afecta la validez del acto por haberse dejado constancia en la misma resolución, y ello así está autorizado por el art. 331 "in fine" del C.P.P. (ver fs. 302, último párrafo).

Y ante la reiteración habida sin expresar nuevos argumentos debe señalarse que el art. 331, último párrafo, del C.P.P. (de aplicación supletoria, art. 51 de la Ley V Nº 80) resulta por demás claro al contemplar la posibilidad que alguno de los miembros del tribunal -en el caso dos de ellos- no suscriba la sentencia por impedimento ulterior a la lectura de su parte dispositiva, en cuyo caso se dejará constancia y aquella tendrá validez sin su firma.

En ese marco, el Acuerdo celebrado a fs. 245/297 lleva la firma de tres de los jueces presentes, dejándose constancia al último párrafo de fs. 297 que los Dres. Gerosa Lewis y Caviglia no lo suscriben por no poder concurrir con posterioridad a la deliberación y fundamentación (art. 331 del C.P.P.), debiendo asimismo considerarse que el Secretario actuante dio fe de ese Acuerdo y también del veredicto que luce a fs. 244/vta. y fuera suscripto por todos los integrantes del Tribunal.

De ese modo, al interpretar de modo armónico la citada normativa, si el veredicto resultó firmado por todos los integrantes del tribunal, y si la mayoría de sus miembros suscribieron la sentencia y en la misma se dejó constancia de la ausencia de dos de ellos por razones justificadas, de lo que dio fe el Secretario, nada permite inferir que el criterio de los ausentes fue distorsionado o modificado. Agrego que el art. 331 del C.P.P. si bien alude en forma singular a la ausencia de uno de los integrantes ("... Si uno de los miembros ..."), lo cierto es que el tribunal penal se compone de tres miembros, por lo que considero que esa norma requiere sólo la presencia de la mayoría, y ese es el caso de autos ya que el órgano de enjuiciamiento está integrado por cinco miembros y tres de ellos suscribieron la sentencia obrante a fs. 245/297.

Por tales razones, el planteo resulta inadmisible y debe desestimarse.

3.5. Denuncia el quejoso la violación del principio non bis in idem por entender que los cargos que se le imputan ya han sido juzgados. Alude a los hechos que ya fueron objeto de tratamiento y rechazados por el Consejo de la Magistratura tal como surge del acta nº 162 del 8 de octubre de 2007. Concretamente se refiere a los casos C. V., M. U., S. D. V., V. L., y C.

Es cierto que las denuncias efectuadas por dichas personas, salvo el caso C., fueron rechazadas por el Consejo de la Magistratura, pero debe puntualizarse que de este expediente resulta que al momento del dictado de la sentencia el Procurador General apartó expresamente de la acusación " ... el hecho que fuera enunciado bajo el numeral 1.8.- de la acusación referido a las quejas de los imputados C. V., M. U., S. D. V. y V. L., ocurridas en el transcurso del año 2006 tratadas por ante el Consejo de la Magistratura previo sumario a cargo del Consejero Dr. Ramón Mairal, por cuanto la resolución del pleno, por mayoría, según constancias del Acta Nº 162 del 8 de octubre de 2007, fue la desestimación de la denuncia. Es por ello que retiro esos hechos de la acusación y propongo al Tribunal que los sustraiga del análisis de imputación, toda vez que los mismos han sido tratados en la sede del Concejo y han sido desestimados." (ver fs. 268 vta., último párrafo; y fs. 269, dos primeros párrafos). Asimismo, con relación al caso C. manifestó: "La única aclaración que debo hacer tiene relación con la queja del Sr. C. C. a que acabo de hacer mención. La misma refiere a presentaciones de los meses de agosto y noviembre del año 2008, que nunca pudieron ser tratadas en el Acta 162, del 8 de octubre de 2007. Por lo tanto, se puede haber generado una confusión cuando el Dr. R. indica en su escrito a fs. 121 "... y el caso C..." ... ciertamente el acta no se puede referir a este hecho que es posterior y respecto del cual la acusación se mantiene." (fs. 269, tercer párrafo).

Tales extremos fueron puestos de relieve por el Tribunal de Enjuiciamiento en su Resolución Nº 4 del 29 de julio de 2010 para así señalar que " ... no trató aquellas cuestiones que expresamente el Procurador General apartó de la acusación, que no son otras que las que el Dr. R. indica como ya tratadas ..." (ver p. 5, fs. 321 vta.). Ello así resulta de la sentencia dictada al circunscribir su actividad al material acusatorio mantenido por el Procurador General (ver en particular el tratamiento a la tercera cuestión, casos de J. H. L., H. E. V., R. R., R. S. G., J. W., y C. J. C., fs. 287 vta./fs. 289 vta.).

En consecuencia, desde que no formó parte de la acusación las denuncias a las que alude el apelante, con la salvedad que el denominado caso "Carreras" nunca pudo desestimarse por el Consejo de la Magistratura en Acta Nº 162 del 8 de octubre de 2007 pues refiere a hechos acaecidos con posterioridad (agosto y noviembre de 2008), el agravio queda sin sustento alguno, y ello conduce a su desestimación.

3.6. Finalmente, el recurrente contesta los cargos que se le imputaran y entiende que existió una total orfandad probatoria y una valoración absurda de la prueba ofrecida por la defensa.

Tales cuestionamientos se refieren a hechos y apreciación de la prueba que como ya se señalara al punto 2 que antecede, con cita de fallos de la C.S.J.N., no deben ser materia de pronunciamiento de este tribunal, pues su actuación se limita a verificar el cumplimiento de las reglas del debido proceso. Por eso se expresa que la "irrecurribilidad" sólo puede tener el alcance otorgado en la doctrina "Nicosia", por lo tanto la Corte Suprema no podrá sustituir el criterio del Jurado en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, en cambio sí podrá revisar por vía del recurso extraordinario las violaciones -nítidas y graves- a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio" (Gelli, María Angélica, "Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada", Buenos Aires, La Ley, 2006, pág. 954).

Con esa pauta cabe considerar que una sentencia arbitraria viola el debido proceso, pero debe entonces fijarse los límites que hacen a la doctrina de la arbitrariedad.

En este aspecto, la Corte Suprema a partir de mediados de los años 50 y a mérito de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias se permitió conocer y revocar determinadas sentencias, extraordinarias por cierto, dictadas por la justicia ordinaria en aplicación del derecho común y, más tardíamente, local, que resultasen apeladas ante sus estrados en los términos del art. 14 de la ley 48. Y tanto la doctrina cuanto la jurisprudencia de la Corte Suprema se han encargado de ofrecer una clasificación de las diversas e incontables causales de arbitrariedad (Alberto Antonio Spota (h), "Recurso Extraordinario Federal y Arbitrariedad de Sentencia", en "Derecho Procesal Constitucional", Manili (coordinador), Editorial Universidad, 2005, págs. 372, 374 y sig.).

Así, las sentencias que no constituyen una derivación razonada del derecho aplicable constituyen sentencias arbitrarias (C.S.J.N. Fallos 236:27; 261:263; SCBA, Ac. y Sent. V. III, p 358). Para que la sentencia sea descalificable por arbitrariedad debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas, no siendo suficientes las meras discrepancias subjetivas (SCBA, Ac. y Sent., 1977, v. II, p. 193 y 198; 1978, v. I, p. 340; 1978, v. II, p. 374). Y con referencia al recurso extraordinario federal, la Corte Suprema precisó que la tacha de arbitrariedad reviste carácter estrictamente excepcional y no tiene por objeto corregir en tercera instancia decisiones equivocadas o que se reputan de tales, sino que atiende a supuestos de gravedad extrema en los que media un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos 307:74; 302:189; 303:890). Por eso, las discrepancias con respecto a la valoración de la prueba y a la interpretación del derecho por los jueces de la causa no comportan impugnación atendible de arbitrariedad (Fallos 262:140). La doctrina sobre arbitrariedad de sentencias no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideren tales sino que atiende solamente a supuestos de excepción en los que, fallas en el razonamiento lógico en que se sustenta la sentencia o una manifiesta carencia de fundamentación normativa, impiden considerar al pronunciamiento apelado como un acto jurisdiccional válido (C.S.J.N. Fallos 304:279 y 1546). La doctrina de la arbitrariedad sólo tiende a cubrir defectos realmente graves de fundamentación o razonamiento que impiden considerar a la sentencia recurrida como acto jurisdiccional (Fallos 304:375). Una sentencia equívoca sólo será arbitraria si es tan grosera que aparece como algo inconcebible dentro de una racional administración de justicia (C.S.J.N. Fallos 247:713).

En ese contexto, de la lectura de la sentencia no se observa que los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento incurrieran en arbitrariedad pues su razonamiento fue debidamente estructurado al dar una respuesta en cada caso adecuada a las circunstancias planteadas, brindando un correcto análisis de los datos fácticos aportados, fundando debidamente su opinión con ajuste al material probatorio aportado, y aplicando la ley al caso sometido a juzgamiento.

En síntesis, la sentencia recaída se ajusta a las circunstancias comprobadas de la causa y es derivación razonada del derecho vigente, por lo que no hay violación a las reglas del debido proceso.

Por tales fundamentos se rechaza el agravio.

4. En consecuencia, también propicio al pleno el rechazo del recurso extraordinario interpuesto por el Dr. J. E. R., confirmando la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento el 22 de junio de 2010, registrada bajo Nº 01/2010, con costas al apelante vencido, de conformidad con lo previsto por el art. 241 del C.P.P., de aplicación por remisión del art 51 de la Ley V Nº 80.

Asimismo, atendiendo a la naturaleza del presente proceso, resultado obtenido y mérito de la labor profesional cumplida, y también a la trascendencia de la cuestión, considero prudente regular los honorarios del Dr. G. J. H., en su calidad de letrado patrocinante, en la suma de quince Jus equivalente a pesos cuatro mil ciento dieciocho con setenta centavos ($4.118,70.-) (arts. 5, 7, penúltimo párrafo, 13, 44, y 46 de la Ley XIII Nº 4).

Así lo voto.

El Juez Sergio Rubén Lucero dijo:

Este Tribunal reunido en pleno ha de expedirse en relación a la impugnación deducida por el Dr. J. E. R. en contra de la sentencia N° 01/2010 emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia, por la cual se lo destituyera de su cargo de Defensor Público Penal de la Circunscripción Judicial de Trelew por considerarlo incurso en la causal de mal desempeño (Conf. art. 165, 1er. párrafo "in fine" de la C.P.), con sustentáculo -de dicha causal genérica- que es particularizado en la caracterización específica contemplada por el art. 15, inc. "a" de la Ley V - N° 80.- I.- La reseña de las cuestiones planteadas en pretendido sustento de la impugnación ha sido suficientemente realizada ya por los magistrados que me preceden en la votación por lo cual, en tren de evitar repeticiones estériles y por razones de brevedad y economía procesal, a ellas me atendré.- No obstante, sí resultará útil identificar aquellos motivos del cuestionamiento que se efectúa al fallo y en los que se intenta sustentar el recurso interpuesto, a saber: 1) falta de integración del Tribunal de Enjuiciamiento; 2) inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley 80 (antes 4461 1er párrafo); 3) violación del derecho de defensa en juicio; 4) ausencia de fundamentación; 5) Non bis in ídem; y, 6) subsidiariamente, efectúa su descargo respecto de los cargos que se le imputan denunciando "orfandad probatoria" y una "valoración absurda de la prueba ofrecida por la defensa".- Aclaro que inmersos en los agravios individualizados precedentemente se insertan otros aspectos de crítica que son distintos a los nominados por el recurrente en sus escrito de sostenimiento que, en verdad, importan un ataque específico y autónomo que será menester analizar de manera particular al hacerlo respecto de aquellos que sí fueron específicamente nominados por él.- Asimismo, por último, advertiré desde ya, lo siguiente: en primer lugar, que considero que me encuentro eximido de emitir opinión sobre la significación con la cual se ha interpretado el término "irrecurrible" contenido en el art. 45 de la Ley V N° 80, puesto que tal tópico fue materia del examen y decisión del recurso de queja ya resuelto por éste mismo Tribunal (Vide: resolutorio obrante a fs. 374/86); y, en segundo lugar, que me ceñiré en la evaluación de procedencia del recurso planteado focalizando exclusivamente al análisis de aquellos aspectos en los que pudieren estar involucradas garantías constitucionales, esto es, la violación del debido proceso legal o el debido resguardo de la garantía de defensa en juicio, quedando fuera del presente examen aquellas cuestiones que, por fuera de tal marco, se pretendiera introducir en tanto se encuentren vinculadas a la apreciación de los hechos y/o de la prueba de la causa en la que se funda la destitución contra la cual se alza el recurrente (Conf.: mi voto, en S.P., N° 53/2010, S.T.J.Ch.; id., doctrina establecida por la C.S.J.N. en casos: "Graffigna", Fallos, 308:961; "Nicosia", Fallos, 316:2940; "Magín Suarez", Fallos, 308:2609; "Lamonega", Fallos, 311:200, "Torrealday", Fallos 318:2266, "Vicat", Fallos, 324:1932; "Brusa", Fallos, 326:4816, "Paredes", p.1163.XXXIX, Fallos 329:3027; "Acuña", Fallos, 328:3148, "Marature", Fallos, 330:452, "Freytes", Fallos, 331:1784).- Es que, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes citados, corresponde interpretar que las disposiciones que prevén la inexistencia de recursos contra la decisión final adoptada por el Tribunal de Enjuiciamiento -como acontece en la especie, aunque en términos más generales, con lo normado en el art. 45 de la Ley V N° 80- sólo tienen virtualidad respecto de los pronunciamiento dictados en forma regular -por los órganos y según los procedimientos previstos en la ley fundamental-, de modo que no pueden invocarse para superar defectos o transgresiones a derechos y garantías constitucionales (Conf.: C.S.J.N., 30/04/1996, in re: "Neller, Juan C.", en L.L., 1996-D, 785, con nota de Birdart Campos, Germán; "La revisión judicial de las decisiones destitutorias en el enjuiciamiento de magistrados".- Hay, por ende, dos caras del enjuiciamiento de responsabilidad política, sea el realizado mediante un juicio político o un jury de enjuiciamiento de manera indistinta, lo que el Poder Judicial no puede revisar es la subsunción de los hechos imputados en las causales previstas para la destitución, y la valoración de las circunstancias de la causa (hecho y derecho). Todo lo demás lo puede revisar, esto es, si el órgano ha actuado con competencia, si se han observado los límites impuestos por la Constitución y si se han respetado los derechos y garantías constitucionales del enjuiciado (básicamente el derecho de defensa) durante el procedimiento aplicable para su remoción está sujeto al control por parte de la judicatura ante la petición expresa de la parte interesada (Conf.: Bidart Campos, Germán, "Dos caras del enjuiciamiento político: lo que es decisión definitiva del órgano competente y lo que es judicialmente controlable", en L.L., 1996-C, 535; id., Sagües, Néstor P., "Revisión judicial de las sentencias destitutorias dictadas en el juicio político", en L.L., 2006-C, 535).- Es decir, evitaré involucrar mi juicio en toda cuestión en la que esté interesado el criterio del jurado, en cuanto refiera a lo sustancial del enjuiciamiento, o bien, respecto de la valoración que mereciera la conducta funcional del defensor, la que fuera evaluada por dicho tribunal como mal desempeño en el cargo, para terminar concluyendo como lo hiciera, esto es, destituyéndolo.- II.- Efectuadas tales disquisiciones previas, las que persiguen o tienen por principal objeto clarificar, mediante su individualización, cuáles son los agravios a resolver; como también, propiciar un mejor orden expositivo que permita, a la par, una fácil ubicación y lectura del análisis que merezcan en el sufragio que emitiré, paso ahora al tratamiento puntual respectivo.- 1).-; 2).- Falta de integración del Tribunal de Enjuiciamiento- inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley 80 (antes 4461 1er párrafo): Los agravios nominados en el epígrafe se los examinará en conjunto dada su íntima conexión existente entre uno y el otro.- Se postula en relación a uno de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento, Dr. Ricardo Gerosa Lewis que ".tengo firmes razones para suponer que .careció de la objetividad necesaria que las circunstancias merituaban." (Sic)(Vide: escrito de agravios -fs. 305 vta. "in fine"-).- Se arguye para ello que dicho letrado es socio del Dr. Martín Eduardo Iturburu Moneff, quien como integrante del Consejo de la Magistratura provincial votó -en su contra- a favor de la remisión del tribunal de enjuiciamiento cuyo fallo ahora impugna.- Para ello, seguidamente, denuncia de inconstitucional el art. 11 de la Ley 80, que en su primer párrafo establece que los miembros del Tribunal de enjuiciamiento no son recusables con excepción de que fuera el denunciante quien diera motivo al enjuiciamiento. Por razones de orden lógico, entonces, corresponderá afrontar en primer lugar el cuestionamiento constitucional dirigido en contra de la proscripción contenida en el citado art. 11 de la Ley V N° 80 en tanto establece que "Los miembros del Tribunal no son recusables,." (Sic).

Hago notar desde ahora que el planteo por el cual se postula que el Tribunal no estuvo "integrado" se encuentra fundado en idénticas razones a las expuestas en el escrito de fs. 144/146, de fecha 23 de marzo de 2010. Dicha recusación así formulada fue desestimada por el Tribunal de Enjuiciamiento en los siguientes términos: ".No encontrándose reunidos los extremos del Art. 11, y no habiendo el integrante del Tribunal deducido excusación alguna, ni existiendo elementos que así lo ameriten, al apartamiento solicitado del Dr. Ricardo Gerosa Lewis: NO HA LUGAR." (Sic) (Vide: resolución de fs. 147 y vta.).- Se aduce estrictamente, como fundamento de la susodicha inconstitucionalidad de la citada norma de la Ley V N° 80, las siguientes alegaciones, a saber: ".si tomásemos al pié de la letra este artículo, nos encontraríamos ante situaciones absurdas, imaginémonos un tribunal de enjuiciamiento con uno o varios de sus miembros que fueran hermanos del denunciante y decidieran no excusarse, evidentemente se trataría de un tribunal mal constituido integrado conforme una norma inconstitucional y por lo tanto no aplicable, lo mismo sucede en el presente caso donde uno de los miembros del Tribunal es nada menos que el socio del denunciante." (Sic)(Vide: escrito de agravios, punto 2º -fs. 306 "in fine" y vta.-). Observo inicialmente que del párrafo transcripto sólo puede extraerse que el impugnante se remite a exponer una mera hipótesis totalmente ajena a la situación que expusiera en su tiempo y que, ahora, reitera como fundamento de la recusación que reivindica para su pretensión tendente a postular que, de tal manera, el Tribunal del enjuiciamiento no estuvo debidamente integrado. Pero, lo dirimente para resolver este planteo consiste en advertir que en tales afirmaciones no se identifica en concreto cuál sería la lesión constitucional vigente que supuestamente tal norma le acarrearía ni tampoco explica, de manera clara y pormenorizada, las razones en las que se sustenta la dicente tacha de inconstitucionalidad al artículo de mentas.- Sabido es al respecto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye una medida de extrema gravedad institucional, por lo que corresponde extremar la exigencia de que, quien pretenda obtenerla, exponga un sustento argumental sólido que contenga la propuesta de un debate constitucional serio y fundado. No hecho así, solo queda propiciar su lisa y llana desestimación por carecer de la materia indispensable que le permita a este tribunal revisor adentrarse siquiera a la consideración de un verdadero agravio constitucional, por encontrarse huérfano de dicho esencial elemento argumental para hacerlo.- Por lo demás, la aislada aseveración de falta de objetividad derivada de tal "sociedad" o "comunidad", que le atribuye a los mencionados profesionales del derecho tampoco alcanza a reunir más que la naturaleza de un parecer meramente subjetivo y distinto al que expresamente expusiera el letrado sospechado de tal mácula al explicitar en el escrito obrante a fs. 141 de autos que la participación del Dr. Martín Eduardo Iturburu Moneff, como integrante del Consejo de la Magistratura de la provincia, no lo inhibía de actuar conforme a la ley y de acuerdo con lo que le dictara su conciencia.- Y, a fuerza de ser sincero, arriesgaré opinión, en el sentido que no abrigo duda ni reparo alguno en cuanto que efectivamente ello fue así por cuanto no encuentro elemento alguno del que pudiera dar pié a que se induzca lo contrario. Prefiero creer en la debida objetividad e imparcialidad que tal miembro del Tribunal de enjuiciamiento declamara conservar para intervenir en el caso y no ingresar en la sospecha que se intenta alzar infructuosamente por el impugnante, quien solo se apoya para ello en la circunstancia de que dichos profesionales comparten un estudio jurídico situación que, cabe precisar, no es la que se encuentra prevista estrictamente como causal de apartamiento de los jueces cuando refiere la norma a "sociedad" o "comunidad".- Y digo así, por cuanto la así prevista en el inciso 4º del art. 77 del C.P.P.P. (Ley XV N° 4, de aplicación en la especie por vía del art. 51 de la Ley V N° 80), Código del rito que por vía de supletoriedad se invoca, en realidad alude a la sociedad o comunidad con alguno de los interesados, calidad ésta última que no es atribuible, a mi ver, a ninguno de los mencionados profesionales quienes solo fueron llamados a cumplir un rol institucional como integrantes del Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Enjuiciamiento, sea en el tramo correspondiente a su evaluación funcional o bien ya en el juicio de responsabilidad política.- Por otra lado, el supuesto contemplado en el indicado inciso 4º del art. 77 del C.P.P.P., cabe interpretarlo como aquel que refiere a un interés -derivado o presumido por la ley de dichas situaciones de sociedad o comunidad- que debe estar vinculado de un modo directo, inmediato y actual, al resultado del proceso de enjuiciamiento. Es decir, solo podría fungir dicha causal si algunos de los letrados hubiera sido el denunciante (y apunto que el Dr. Iturburu Moneff no puede ser considerado tal por la circunstancia de haber concurrido con su voto a formar la voluntad de la mayoría en la votación de dicho organismo por la cual se decidiera remitir lo actuado al Tribunal de enjuiciamiento); o, el bien el denunciado en el proceso en el que debiera intervenir el otro socio o comunero como integrante del jury de enjuiciamiento.- Ello es dicho, por supuesto, allende del común y coincidente interés personal y social, relativo a recto y satisfactorio cumplimiento de su función como consejero del organismo constitucional que integrara el Dr. Iturburu Moneff, que tiene como trascendente función, entre otras, la de evaluar el desempeño y aptitudes personales de los magistrados y funcionarios de la justicia provincial al cabo de sus primeros tres años de función (Conf. art. 192, inc. 5º de la C.P.). Ningún otro interés encuentro que pueda atribuirse, al menos con los elementos de juicio con los que se cuenta, al Dr. Iturburu Moneff como integrante del Consejo de la Magistratura como tampoco, igualmente, al Dr. Gerosa Lewis como integrante del Tribunal de enjuiciamiento, con respecto al resultado de los respectivos procesos seguidos ante dichos organismos constitucionales, en relación a la actuación funcional del Dr. R.; y, por consonancia, ningún interés común, que desorbite el interés personal antes referido, existe con respecto el funcionario judicial, que vuelvo a poner de resalto, torna en la especie en el único verdaderamente "interesado", en la recta interpretación de la norma de cita.- Hago notar que esta inteligencia es enteramente compatible con la propia precisión que se efectúa en la misma norma cuando indica textualmente lo siguiente: ".Se considerará interesados al imputado, a la víctima y a quienes pudieren intervenir en el procedimiento, aunque no se hubieren constituido en él, a sus representantes o defensores." (Sic).- Dicho más linealmente, la única comunidad o sociedad que pudiera invocarse como causal de recusación y/o excusación sería aquella que pudiere existir entre los integrantes del Tribunal de enjuiciamiento con el funcionario juzgado o con el que -eventualmente- fungiera como denunciante del mismo (esta última situación es totalmente ajena al supuesto examinado). Esto es, la sociedad de hecho que pudieren integrar los letrados pre-individualizados no es en la especie la que se contempla como causal de recusación en el mentado inciso 4º del art. 77 del C.P.P.P.- Por idénticas razones expuestas para advertir que los Dres. Iturburu Moneff y Gerosa Lewis no reúnen la calidad de "interesados" en el resultado de los procedimientos llevados a cabo en los distintos órganos constitucionales que integran respecto al Dr. R., corresponde descartar de plano que pudiera invocarse también a su respecto la amistad o el trato habitual o frecuente. Ello así, reitero, toda vez que dicha relación de amistad o situación de trato en todo caso lo es entre sujetos no interesados, tal y como se ha delimitado tal calidad en la propia norma que se cita y que se ha transcripto precedentemente. Ello es dicho, sin perjuicio de lo cual, esta causal que está contemplada en el inciso 6º del art. 77 de mentas, es la única que habilita a que, quien la informa -como lo hiciera el Dr. Gerosa Lewis (fs. 141)-, se exima de apartarse por tal circunstancia si es que estima que no le impedirá actuar con ecuanimidad e imparcialidad debida en el ejercicio de su función.- En lo concerniente a la predicada incompatibilidad para integrar el Tribunal de enjuiciamiento arrogada al Dr. Rebagliati Russel, por la circunstancia de haber participado de una reunión del Consejo de la Magistratura donde se habría tratado la denuncia que formulara en su contra el Sr. C. C., ha sido suficientemente concluyente y lapidario el señalamiento efectuado por los magistrados que me precedieron en esta votación para dar por tierra "in limine" con este fundamento pretensamente impugnativo.- Y digo así, habida cuenta que bastará con poner nuevamente de resalto, tal como lo hicieran al unísono los sufragantes anteriores, que en la susodicha sesión del Consejo de la Magistratura -en la que efectivamente participó como uno de sus integrantes el Dr. Rebagliati y en la que se planteó a consideración el denominado caso "Carreras"- sólo se decidió la postergación de su tratamiento hasta tanto se contara con la documentación necesaria para hacerlo.- Esto es, no puede aseverarse que hubiera "participado" como se aduce, ni menos aún, integrado con su voto la conformación de la voluntad de dicho cuerpo colegiado, al menos la dirigida a expedirse en relación a lo sustancial de tal denuncia.- Es más, añadido a ello, que el Dr. Rebagliati Russell no integró tampoco la reunión plenaria del Consejo de la Magistratura en la cual se decidiera declarar insatisfactorio el desempeño del Dr. R. y remitir las actuaciones al Tribunal de enjuiciamiento (Acta N° 185 -particularmente véase las fs. 49 y 59 vta. de las copias de la citada acta agregadas en autos-).- 3).- Violación del derecho de defensa en juicio: El núcleo argumental expuesto para sostener este puntual agravio centra en postular que el Consejo de la Magistratura, luego de evaluar su desempeño y declararlo insatisfactorio, debió haber instruido un sumario administrativo que le permitiera ejercer, en ese ámbito, su derecho de defensa en juicio. Ello, con carácter previo a la remisión de lo actuado al Tribunal de Enjuiciamiento.- Principio por compartir con el Dr. Caneo, el que estimo es un correcto, concreto y dirimente señalamiento, en cuanto basta por sí solo para desestimar a este planteo, cual es, que aquello que se encuentra bajo revisión de este Tribunal Superior de Justicia es lo actuado en el trámite procesal seguido por ante el Tribunal de Enjuiciamiento y, por ende, resulta ajeno a la materia de éste análisis y decisión todo aquello que hubiera acaecido o que se hubiera omitido en el trámite de lo actuado en el ámbito del Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, me permito plantear algunos de los interrogantes que se generan de ello, por caso: ¿ante quién, cuándo y de qué forma habría de plantearse tal trascendente cuestión?. Confieso que no tengo respuesta cierta a dichos interrogantes y no creo que nadie la tenga, dando lugar a la consiguiente incertidumbre que se genera ante la posible repetición de supuestos análogos -evaluación del desempeño con resultado negativo y con remisión al Tribunal de Enjuiciamiento- lo que promoverá, seguramente, que se produzcan diversos procedimientos "in proptum" en cada caso similar que se presente, lo cual en nada ayuda a la deseable previsibilidad y, en definitiva, al valor seguridad jurídica, al que es tributario del derecho al debido proceso legal.- Y vuelvo a arriesgar opinión poniendo en la palestra que tal incertidumbre emana del vacío legal que se produce a partir de la lectura del texto del art. 24 de la Ley V N° 80, el cual derechamente indica que si el Consejo de la Magistratura, luego de la evaluación del desempeño y aptitudes del funcionario o magistrado, resolviera declararla insatisfactoria "... enviará los antecedentes del caso al Tribunal de Enjuiciamiento." (Sic).- A más de observar que tal indicación normativa -de remisión unidireccional- vulnera la opción alternativa, que a favor de dicho cuerpo dispone el Art. 192, inc. 5º de la Constitución provincial, en tanto que la Carta Magna prevé la posibilidad de que se pueda remitir los antecedentes tanto al Superior Tribunal de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento, soslaya contemplar el necesario paso previo a tal proceder. Es decir, estimo ineludible que se reglamente un procedimiento que provea mínimamente la posibilidad de que el funcionario o magistrado, que habiendo sido evaluado y que se declare insatisfactoria su actuación, tenga la oportunidad de ser oído -en la significación más amplia posible de tal derecho constitucional- con carácter previo y antes de concretar la remisión al organismo que se considere menester, en cuanto, en ello, también se encuentra interesado el resguardo al debido proceso. Tal reglamentación del derecho a ser oído aventaría en mucho la necesidad de iniciar acciones en sede judicial dirigidas a enmendar posibles ilegitimidades en las que pudiere haber incurrido el acto administrativo que contiene tal decisión, permitiendo al funcionario o magistrado involucrado plantear y agotar por vías procedimentales internas todos los argumentos, elementos probatorios y/o cuestionamientos que se quisieran efectuar y que satisfagan esa finalidad con mayor eficacia y rapidez.- Obviamente que, con lo que vengo diciendo, queda claro que no considero suficiente para tal fin la previsión contenida en el Reglamento de concursos de antecedentes y oposición y de evaluación de ingresantes al Poder Judicial, que en su art. 15 establece textualmente lo siguiente, a saber: "Recepcionados los informes dispuestos en el artículo anterior, el Presidente incluirá en el orden del día de la siguiente sesión plenaria la evaluación del Magistrado o Funcionario de que se trate, quién será citado a fin de ser escuchado, a solicitud de cualquiera de los Consejeros. El pleno declarará la evaluación satisfactoria o insatisfactoria, y comunicará su resultado al Superior Tribunal de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento, notificando la decisión al evaluado."(Sic) (Lo destacado en negritas me pertenece). Es que, no puede depender de la inquietud o mera voluntad personal de alguno de los integrantes del Consejo la citación del evaluado para ser escuchado, tal como lo indica la norma reglamentaria de mentas. Esta previsión, claro está, no satisface la exigencia de un debido proceso en el cual el involucrado pueda ejercer oportuna y acabadamente su derecho de defensa ante una resolución que puede dar lugar, nada más ni nada menos, que a la apertura del procedimiento destitutorio a tramitar por ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Por lo demás, podrían ensayarse los siguiente argumentos para sostener, por ejemplo, que tal decisión puede ser impugnada en sede judicial. El fundamento de esta postura podría tener anclaje en los siguientes argumentos, a saber: a) la imposibilidad de recurrir una decisión del Consejo de la Magistratura atenta contra los derechos de defensa y a la tutela judicial efectiva que gozan todos los habitantes de un Estado Constitucional de Derecho; b) los actos de dicho órgano constitucional son actos de naturaleza administrativa, y por lo tanto ellos pueden ser impugnados desde la óptica de la invocación de vicios concretos de ilegitimidad; c) las facultades de los Consejos de la Magistratura pueden ser discrecionales pero no arbitrarias. Por ende, no hay obstáculo alguno para que el Poder Judicial ejerza el control de cualquier acto que se presenta como arbitrario o irrazonable; d) un sistema recursivo negado o restringido no se compadece con la finalidad de asegurar la transparencia que exige el sistema republicano de gobierno; y, e), el principio de irrevisibilidad atenta contra el sistema de control de constitucionalidad instituido en nuestro país y contra la principal función del Poder Judicial, que consiste precisamente en asegurar las garantías y derechos de los justiciables contra todo acto ilegítimo que pudiera afectarlos.- Obsérvese, por caso, que en el Acta N° 185 de fecha 16 de noviembre de 2009 del Consejo de la Magistratura provincial, consta que, al tratar el punto 15° del orden del día, el pleno, ponderando el informe producido por la comisión evaluadora, decidió unánimemente declarar insatisfactorio el desempeño y aptitudes personales del Dr. R. y enviar las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento (Ver: fs. 50 y vta.).- Como consecuencia de lo cual, se dicta la Acordada N° 1141/09 C.M., de fecha 19 de noviembre del mismo año, en la cual en sus considerando se concretan las razones por las cuales se declarara insatisfactorio el desempeño del ahora defensor impugnante ordenándose la remisión del legajo de evaluación, sin más trámite, al Tribunal de Enjuiciamiento. Y, adviértase, que así se hizo de inmediato por nota del 25 de noviembre de 2009 (fs. 75), convocándose rápidamente a los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento por providencia de fecha 7 de diciembre del mismo año para dar trámite al procedimiento de responsabilidad política de tal manera iniciado (fs. 76).- Pero lo más notable es que el Dr. R., quien no se hallaba presente al momento de decidir el Consejo de la Magistratura declarar insatisfactorio su desempeño, ni tampoco fue anoticiado de ello con posterioridad a dicho acto según constancias de autos, fue recién notificado por primera vez de la Resolución N° 01/2010 del Tribunal de Enjuiciamiento, que data de fecha 04 de febrero del 2010, la que fuera emitida luego de dar vista al Procurador General de la Provincia, por la cual se dispuso la formación de la causa de enjuiciamiento, la composición del Tribunal, la suspensión en sus funciones y la designación de un defensor de oficio.

He dicho, antes de ahora, que las garantías interiores del proceso podrán exigirse con mayor o menor intensidad, pero nunca pueden estar ausentes; más cuando el interés tutelado excede lo meramente individual. Por lo demás, en relación a este tópico, es el propio Pacto de San José de Costa Rica que recepta en forma expresa que las garantías del debido proceso deben ser observadas en todo tipo de proceso (Conf. art. 8º, inc. 1º del Pacto). Esta es la interpretación de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en el caso "Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú" (31/1/2001) (Ver: en especial el considerando 70ª) (Ver: Sagües, Néstor Pedro, en "División de poderes y revisión judicial de las sentencias destitutorias dictadas en el "juicio político" (impeachment), en "Derecho procesal constitucional. Logro y obstáculos", Ed. Ad Hoc, Cap. XI, págs. 159 y sgtes.; trabajo publicado también en L.L., 2006-C, 135, sección doctrina) (Ver: mi voto, en S.P., N° 53/2010, S.T.J.Ch.).

No sobreabunda destacar que tal encomienda es un imperativo constitucional en la provincia del Chubut, a partir de que es impuesto de manera clara y concreta de tal manera por el art. 44 de la Constitución de la provincia. Pero, además, es compatible con el recto sentido hermenéutico, abarcador y progresista, del principio aludido y que se derivada de las previsiones contenidas explícitamente en los Tratados internacionales que cuentan con rango constitucional en nuestro país (Conf. arts. 44 y 45 de la Constitución del Chubut; Arts. 18 y, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; y, arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 2, apartados "a" y "b" de la parte II del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).- Ahora bien, de hecho, el Dr. R. ante la circunstancia antes apuntada, optó por una de las vías posibles -aunque, quizás, no fuera la mejor y eficaz-, al plantear tal cuestión por medio de la denuncia de una dicente nulidad ante el mismo Tribunal de Enjuiciamiento, siendo resuelto dicho planteo el 25 de febrero de 2010, por Resolución N° 02/2010 (Vide: fs. 136/137 de autos), acto decisorio por el cual se lo rechazó. Y, he dicho que dicha vía no era la mejor de las posibles toda vez que, resulta fácil advertir que el Tribunal de Enjuiciamiento no es un organismo que tenga facultades de revisión de lo actuado y decidido por el Consejo de la Magistratura de la provincia.- Téngase presente que los jurados o Tribunales de Enjuiciamiento son cuerpos colegiados de naturaleza política conformados por diversos estamentos, que tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad política de los magistrados y funcionarios con acuerdo legislativo (comprende otros funcionarios que no pertenecen al Poder Judicial pero que requieren para su designación dicho placet legislativo). Es decir, este Tribunal no integra el Poder Judicial ni constituye un Tribunal de justicia, de aquéllos con jurisdicción para resolver conflictos ni controversias. Su magna misión consiste en el juzgamiento de ciertos magistrados y funcionarios por las causales previstas en el art. 165 de la Constitución de la provincia y por el art. 15 de la Ley V N° 80 (Conf. art. 209 de la Constitución del Chubut), con el objeto de preservar la función, resguardándola incólume de quienes, por su conducta, la desnaturalicen. De allí que, reitero, mal podría haber ingresado siquiera al tratamiento de los vicios ocurridos durante el trámite de evaluación funcional y personal seguido por ante el Consejo de la Magistratura que se denunciara como sustento de la pretendida nulidad incoada por ante dicho Tribunal de Enjuiciamiento, por cuanto no es de su competencia revisar lo actuado en el Consejo de la Magistratura.- Asimismo, a la par, es de ver que, ante tal respuesta desestimatoria, el ahora impugnante no efectuó observación, impugnación o reserva alguna, consintiendo su rechazo y remitiéndose a reeditarlo, ahora, por ante este Tribunal judicial revisor. Ello es dicho magüer que tal posibilidad recursiva le estaba vedada a tenor de lo dispuesto por el art. 45 de la Ley V N° 80.- Destaco que, merced a la índole y trascendencia institucional de la materia bajo juzgamiento, no es predicable que opere en este tipo de procedimiento el sistema preclusivo, máxime cuando éste no es el que rige en el trámite del proceso penal, que es aquel que, por vía de remisión, debe observarse en cuanto resulte compatible (Conf. arts. 23, inc. "b" y 51 de la Ley V N° 80).- Tal parecer explica, si se quiere, que el Tribunal de Enjuiciamiento al abordar en sus primeras consideraciones el presente caso indicara que no se encontraba vinculado por la decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura y que en su actuación no podía ni debía convalidar automáticamente lo dicho por ese Consejo, siendo el Tribunal que en ".exclusividad quien debe resolver, garantizándole al magistrado o funcionario cuestionado, todos y cada uno de sus derechos constitucionales." aunque tamizando tal señalamiento luego con la siguiente consideración ".tal circunstancia de ninguna manera significa negarle a la decisión del Consejo de la Magistratura la importancia que tiene. No debemos olvidar, en tal sentido, que por mandato constitucional este organismo es quien selecciona a los magistrados y funcionarios judiciales de la provincia, y quien tiene a su cargo el contralor de la actividad y el desempeño profesional de los ingresantes al Poder Judicial por el término de tres años. Por lo tanto, debe admitirse -salvo prueba en contrario- que ésta se ha efectuado con la mayor seriedad y rigurosidad posible y, por consiguiente, que la decisión adoptada por el pleno de ese cuerpo aparece como la más razonable entre todas las posibles." (Sic)(Ver: considerando de la Sentencia N° 01/2010, de fecha 22/06/2010 -fs. 285 y vta.-) (Lo destacado me pertenece).- El énfasis se justifica por cuanto pone en el tapete la relevancia que ostenta una reglamentación efectiva y eficaz -ausente desde mi óptica a la fecha-, de un procedimiento que dé una verdadera oportunidad de ser oído al funcionario o magistrado involucrado en la evaluación por la cual se declara insatisfactorio su desempeño funcional. Ello, precisamente, daría la posibilidad de aportar la aludida prueba en contrario e incorporaría, eventualmente, otros elementos que sirvan para sumar a la mayor seriedad y rigurosidad que requiere la decisión final que se adopte. Lo dicho, además, de que tal procedimiento concierne y es indispensable para cumplir como la manda constitucional de proveer al resguardo del debido proceso en toda actuación, cualquiera fuere su naturaleza (art. 44 de la C.P.Ch.), incluido -no abrigo duda alguna-, el procedimiento de evaluación del desempeño en la función judicial contemplado por el art. 192, inc. 5° de la Carta Magna de la provincia.- No obstante, vuelvo a ponerlo de resalto, todo lo expuesto precedentemente solo es vertido a título "obiter dicta", por cuanto no alcanza a ser más que una mera reflexión personal sobre la imperiosa necesidad de poner en su verdadero valor y trascendencia a dicha instancia final en la evaluación del desempeño judicial realizada por el Consejo de la Magistratura provincial de quienes habiendo ingresado o, estando ya dentro de la estructura personal del Poder Judicial, cambian de cargo o en su función, y con el único fin de poner de resalto y en alerta sobre la necesidad de una reglamentación más adecuada a la necesidad de resguardar, de manera mínima pero suficiente, el adecuado ejercicio del derecho de defensa de los funcionarios o magistrados que son los sujetos pasivos de la evaluación y, eventualmente, ante una declaración negativa en relación a su desempeño u aptitudes personales, de la remisión para la apertura de un jury de enjuiciamiento en su contra con fines de destituirlos de su función judicial.- Lo determinante para desestimar el presente agravio centra en lo indicado al comienzo del presente análisis, esto es, que este Tribunal Superior de Justicia solo se encuentra habilitado a verificar la observancia de las formas exigidas en resguardo del debido y pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio del Dr. R. en el trámite seguido por ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Y en tren de efectuar tal examen, encuentro "in limine" que no tuvo menoscabo alguno, sino por el contrario, tuvo oportunidad de plantear las incidencias que estimó menester -de recusación de los miembros del tribunal y al denunciar de nulidad el procedimiento previo a la apertura del procedimiento de enjuiciamiento-, de contestar la acusación, ofrecer y producir prueba de descargo, impugnar la de cargo y alegar sobre el mérito de plexo probatorio aportado, en su favor.- Es esta verificación la que conlleva la desestimación del presente agravio en tanto es la materia de revisión por parte de este Tribunal jurisdiccional. Así lo dejo propuesto al acuerdo.- 4) Ausencia de fundamentación: Este agravio se apoya en aseverar que por la circunstancia de no encontrarse suscripta por los Dres. Gerosa Lewis y Caviglia la sentencia por la cual el Tribunal de Enjuiciamiento expresara los fundamentos del veredicto que antes se emitiera, daría lugar a dudas que la fundamentación hecha pueda ser atribuida a dichos integrantes que no la suscribieron.- Cabe precisar que en razón de la esencia no jurisdiccional del Tribunal de Enjuiciamiento, en puridad, éste debe emitir un veredicto y no una sentencia. En dicho veredicto se limita a resolver si corresponde o no la destitución del magistrado o funcionario juzgado. Es decir, el jurado debe declarar comprobadas o no las causales atribuidas al acusado; y, en consecuencia, según sea el caso, destituyéndolo o absolviéndolo (Confr. Art. 213 de la Constitución Provincial). Y respecto a ello, nótese que el veredicto en la especie fue suscripto por la totalidad de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento.- Lo dicho de por sí resta todo posible interés que pudiera dar andamiento al dicente agravio el que es vertido apontocado el recurrente exclusivamente en postular que la falta de suscripción de los fundamentos de dicho veredicto, que data de una fecha posterior, por parte de dos de los cinco miembros que componen el Tribunal de Enjuiciamiento, quienes por circunstancias sobrevinientes no pudieron concurrir a firmarlo ".con posterioridad a la deliberación y fundamentación.", tal como se precisara en dicho acto, pondría en duda la participación que les cupiera en su elaboración.- Se ha dicho con en este mismo sentido que, dada la especificidad del proceso de enjuiciamiento, el criterio de revisión debe ser francamente riguroso y sólo patentes violaciones a aspectos esenciales de tales derechos podrían tener acogida ante los estrados judiciales y siempre y cuando sea acreditado por el recurrente no sólo ello, sino también que la reparación del perjuicio es conducente para variar la suerte del proceso. Esta tesitura hermenéutica deja expuesto lo antes expresado, en tanto que el veredicto suscripto por la totalidad de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento es inconmovible, máxime cuando la suscripción posterior de la fundamentación -no así respecto de su deliberación y elaboración tal como explícitamente fuera indicado en dicho acto (Vide: fs. 297 "in fine")- fue de un número de miembros suficientes para validarla.- Es que lejos se encuentra de afrontar y, menos aún, confutar las razones expuestas por dicho Tribunal de Enjuiciamiento para rechazar idéntico planteo efectuado por el Dr. R. el mismo día de su lectura (Ver: Resolución N° 03/2010 -fs. 301/303 vta.-).- En esta dirección, no se hace cargo de manera concreta y razonada del fundamento normativo aludido por dicho Tribunal al justificar la no suscripción de dos de sus cinco integrantes, ausencia que es aproximadamente similar a la proporción prevista para Tribunales colegiados cuya composición es de tres miembros por el art. 331 del C.P.P.P. (de aplicación supletoria al caso por vía de la previsión contenida en los arts. 51 de la Ley V N° 80), pero que principalmente no obsta a la conformación válida y eficaz de la voluntad expresada por el cuerpo, principalmente antes al suscribir el veredicto; y, luego, mediante la suscripción de un número de sus integrantes representantes de la mayoría de tres del total de cinco que lo conforman.- Las dudas, que son apenas sugeridas por el impugnante desde la perspectiva evidente de un mero parecer subjetivo, no alcanza a ser una especulación que no alcanza para menoscabar la fe pública que otorga a la fidelidad del acto del que se trata, la presencia y suscripción del Sr. Secretario de dicho Tribunal de todas y cada una de los fojas que integran la susodicha fundamentación del veredicto. De manera que, no encuentro en verdad óbice alguno para considerar que en la conformación y sustentación del juicio vertido por el Tribunal concurrieron la totalidad de los miembros que deliberan y emitieran el veredicto, primero; y que, luego, expresaran sus fundamentos, con oportuna y justificada falta de suscripción de dos de sus miembros, tal como expresamente lo autoriza la citada norma de aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Provincia.- 5) Non bis in ídem: Se sostiene que los cargos que se le imputaran en este expediente ya habían sido juzgados y rechazados por el Consejo de la Magistratura tal como consta del acta N° 162, del 8 de octubre de 2007. Se refiere a los casos C. V.; M. U.; S. D. V.; V. L.; C.; la denuncia que dirigiera en contra de la Dra. Mónica Rodríguez; y, la supuesta mala relación con el personal de la Defensa Pública.- Bastará con poner de resalto que el Ministerio Fiscal, al tiempo de alegar en la audiencia de debate, expresamente apartó de su denuncia el hecho que fuera enunciado en el numeral 8.1. (Ver: fs. 86 y vta. y fs. 227 vta./228) solicitando que no se consideren las referencias a las quejas de los imputados defendidos por R., Sres. C. V., M. U., S. D. V. y V. L., ocurridas en el transcurso del año 2006 y que ya fueran tratadas por el Consejo de la Magistratura, desestimándolas según constancia del Acta N° 162 del 8 de octubre de 2007. En tal sentido, reitero que dicho ministerio público fiscal solicitó que se las excluya de su denuncia originaria expresándolo textualmente en los siguientes términos, a saber ".Es por ello que retiro esos hechos de la acusación y propongo al Tribunal que los sustraiga del análisis de imputación, toda vez que los mismos han sido tratados en la sede del Consejo y han sido desestimados." (Sic) (Ver: fs. 227 "in fine").- Asimismo, el titular de la acción precisó en relación al "caso C." que las presentaciones de los meses de Agosto y Noviembre del año 2008 no pudieron haber sido objeto de la desestimación referida precedentemente puesto que datan de una fecha posterior a la misma.- Pues bien, en tal contexto el Tribunal de Enjuiciamiento ciño su juicio durante el tratamiento de la tercera cuestión a los casos de J. H. L., E. V., R. R., R. S. G., J. W. y C. Carreras, este último en aquello que fuera posterior a lo ya tratado y desestimado por el Consejo de la Magistratura, añadiendo en su ponderación la corroboración que extrae de los dichos de los Dres. Sergio Rey y Damián D Antonio, en relación a las quejas que éstos recibieran de los presos e imputados Sres. H., F., C. y R., los que les habrían manifestado que no querían ser defendidos por R. (Ver: fs. 287/289).- Es decir, queda en claro con todo lo expuesto que de tal manera el presente agravio ha quedado vacío de contenido por cuanto tal dicente doble juzgamiento no ha acontecido en el caso bajo examen.- En consecuencia no cabe más que desestimar el presente agravio. Así lo voto.- 6) Subsidiariamente, efectúa su descargo respecto de los cargos que se le imputan denunciando "orfandad probatoria" y una "valoración absurda de la prueba ofrecida por la defensa": Respecto al dicente agravio nominado de tal manera por el recurrente, me remitiré a lo ya expuesto el efectuar las aclaraciones preliminares al tratamiento de los agravios formulados, en cuanto se encuentra vedado para éste Tribunal jurisdiccional ingresar siquiera a la consideración de los aspectos sustanciales de la decisión adoptada por el Tribunal de Enjuiciamiento.- En tal sentido debe recordarse que la Corte Suprema de la Nación ha señalado que corresponde mantener una extrema prudencia y un estricto criterio restrictivo al momento de resolver la revisión de las decisiones definitivas de los órganos destinados por la Ley Fundamental para juzgar la conducta de funcionarios públicos, pues es imprescindible que en los juicios de responsabilidad política, el control judicial destinado a verificar el respeto al derecho de defensa no se convierta en una forma de penetrar en el ámbito de lo que debe seguir siendo reservado a la exclusiva competencia de dichos órganos. En esta hermenéutica, pues, debo rememorar también que la revisión judicial no puede constituirse en un medio para convertir a la justicia en una suerte de tribunal de alzada con posibilidad de reemplazar el criterio de quienes tienen, en forma excluyente, el juicio de responsabilidad política (Conf. C.S.J.N., 11/12/2003, voto del Dr. Maqueda, en el caso: "Brusa", Fallos 326:4816; ídem, in re: "Bulcourf", Fallos 317:1098).- Desde otra óptica, considero que la debida motivación de lo decidido integra el concepto "debido proceso", en tanto que la motivación actúa como un elemento de racionalización del sistema, constituye un presupuesto o garantía por la cual se persigue la certidumbre, no solo del funcionario o magistrado involucrado en el jury de enjuiciamiento, sino también, del ciudadano interesado en la preservación del acabado y recto cumplimiento de la función desempeñada por el mismo; como así también, provee a la necesaria confianza institucional que la justificación de lo decidido promueve en la comunidad. Tal exigencia, además, constituye un adecuado valladar contra toda posible arbitrariedad, permitiendo ad eventum su revisión jurisdiccional integrando aquello que Linares denominó como garantía innominada del debido proceso.- No omito considerar el amplio campo casuístico que posibilita la cuestión ni tampoco, por consiguiente, que a partir del dilema que presenta la extrema dificultad de identificar la propiedad común que poseen todas las sentencias que reciben el rótulo de arbitrarias, a fin de hacer posible develar en su esencia en qué consiste la "arbitrariedad", se impone atenerse casi prioritaria y excluyentemente a las causales que de común han sido admitidas como de arbitrariedad las cuales, en principio, se acotan al resguardo del principio de congruencia o bien aquellas que lisa y llanamente no son una razonable derivación del derecho aplicable al caso o prescinde de los hechos u omiten prueba decisiva.- En tal sentido el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, aunque refiriéndose al recurso extraordinario de casación fundado en arbitrariedad, ha sostenido que hay arbitrariedad cuando lo decidido comporta un acto irracional o de palmario apartamiento del cuadro normativo que rige el caso, siendo indispensable condición que la arbitrariedad que se reprocha aparezca claramente evidenciada, vinculada con la valoración absurda de los hechos por el juzgador que convierta la sentencia en un acto de mera voluntad (Conf. S.T.J.Ch., sent. 20/99 SER del 1/11/99).- Puntualmente, lo resalto entonces, la finalidad de esta vía de revisión extraordinaria es realizar un control del resguardo de la debida motivación y congruencia que ha de respetarse en el acto decisorio. Esto es, básicamente cuando un fallo se expide en más, en menos o por fuera de lo pedido, controvertido y probado por las partes (Conf. Carrió, Genaro R. y Carrió, Alejandro D., en "El recurso extraordinario por sentencia arbitraria", ed. Abeledo Perrot, 3ra. ed., año 1983, T. I ; E. de Midón, Gladis, en "La casación. Control del Juicio de Hecho", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2001; Sagües, Néstor P., en "Recurso extraordinario", Ed. Depalma, ed. año 1984, T. II, cap. XV).- Pues bien, en la especie desde ya descarto que tal situación hubiera acontecido.Y, a tal efecto, siempre en los límites antes precisados, pondero que la motivación expuesta luego del veredicto que fuera emitido por el Tribunal de Enjuiciamiento, respetó un adecuado orden crítico, analizando los hechos y la prueba de los hechos atinente a la causal sobre la cual debía expedirse y con el adecuado resguardo de respetar la necesaria adaptación lógica entre la razones de hecho y de prueba invocadas para sostener la conductas atributivas de la causal de mal desempeño, en la cual se basara la petición de destitución, y la decisión final que se adoptara en el veredicto destitutorio. Y, en tal inteligencia, entonces, tengo para mí, que el pronunciamiento responde a la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente con asiento en las constancias de la causa y, por lo tanto, es perfectamente válido.- Por tales razones me pronuncio respecto al dicente agravio propiciando su desestimación. Así lo voto.- III.- Conclusión:

Por todo lo dicho, propondré al pleno el rechazo del recurso extraordinario planteado por el Dr. J. E. R., confirmando el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Enjuiciamiento como fundamento del veredicto destitutorio, con costas a su cargo (Conf. art. 242 del C.P.P.P., de aplic. por vía del art. 51 de la Ley V N° 80).- Atento al modo en que se propicia resolver, los honorarios del letrado patrocinante del funcionario destituido, Dr. G. J. H., apreciando particularmente la trascendencia social, extensión y calidad de su labor y eficacia de la misma, estimo adecuado fijarlos en la suma equivalente a quince (15) Jus, esto es, en el importe de $ 4.118,70 con más el I.V.A. correspondiente (Conf. arts. 5, 7, 13, 44 y 46 de la Ley XIII N° 4; y, leyes 23.349 y 23.871).- Finalizo mi intervención de tal manera, pronunciándome en ella en el modo antes expuesto.

ASÍ LO VOTO.- Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A --------------- 1º) Rechazar la impugnación extraordinaria interpuesta por el doctor J. E. R. (obrante a fojas 305/318 vta.), con costas.

2º) Confirmar la sentencia N° 01/2010 dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia del Chubut el día 22 de junio de 2010.

3º) Regular los honorarios profesionales del Dr. G. J. H., en su calidad de letrado patrocinante, en la suma de quince (15) jus (artículos 5, 7, 13, 44 y 46 de la Ley XIII - Nº 4).

4º) Protocolícese y notifíquese.- Fdo. Jorge Pfleger-José Luis Pasutti-Alejandro Javier Panizzi-Daniel Luis Caneo-Raúl Adrián Vergara-Sergio Rubén Lucero. Ante Mí: José A. Ferreyra- Secretario