Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-27


SENT Nro. 951 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 27 de noviembre de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Albarracín, José Roberto vs. Lois, Antonio Horacio s/Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 275/277, plantea recurso de casación en contra de la sentencia Nº 192, de fecha 15 de noviembre de 2002, y su aclaratoria del 26-02-2003, dictadas por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, obrantes a fs. 262/263 vta. y 273/274, respectivamente, de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 23-4-2003 (cfr. fs. 281/282). Ninguna de las partes presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137, primera parte, del CPT, conforme surge del informe actuarial de fs. 288.

II.- Sostiene el recurrente, en sustento de su pretensión impugnativa, que la sentencia atacada quebranta los artículos 210 y 211, del CPCC, y 28 del Código Civil.

En esta dirección alega que el último acto impulsorio del proceso fue del órgano jurisdiccional, y data de fecha 08-02-2001, y consiste en la puesta a la oficina del decreto del 05-02-2001 que tiene por contestada la demanda, se retiran las copias para traslado y se consigna, por parte del actuario, la diligencia que se dan por notificadas las partes en la oficina.

En su criterio, la diligencia del Juzgado para hacer conocer a las partes que se ha trabado la litis por contestación de la demanda en tiempo y forma, con el correspondiente retiro de la copia para traslado constituye un acto impulsivo, puesto que sin esta diligencia este hecho no llegaría a conocimiento de las partes.

Aduce que el tribunal debía fijar en el fallo en recurso los días de suspensión de los plazos, lo cual era de vital importancia, porque si eran 41 días, la perención se habría producido el día 18-3-2002, y si eran 45, el plazo habría vencido el día 22 del mismo mes y año y, por ende, no se habría operado. Afirma que la diferencia entre uno y otro caso está dada por la forma de contar los plazos de la feria de julio, esto es, si son hábiles o corridos. En la sentencia que deniega la aclaratoria deducida por su parte, considera que el tribunal aclara esta cuestión, en el sentido que se contaron 41 días corridos y no 45.

Afirma que la Sala a quo habría sentado una posición diferente en los autos "Gallozo, Juana de la Cruz vs. Farmacia ST. Cristo S.C. y otros s/Cobros" (confirmado por esta Corte, dice, al rechazar el recurso de casación) a la sostenida en la sentencia impugnada incurriendo, de este modo, en contradicción.

Arguye que siguiendo el primer criterio, debe prevalecer el artículo 28 del Código Civil, que establece que los plazos se contarán en días corridos, salvo disposición expresa de la ley que prevea lo contrario; agrega que el artículo 210 del CPCC prescribe el cómputo de los días inhábiles.

Señala que si bien la Acordada de este Tribunal expresa que la feria de julio es por 10 días hábiles, esto no significa que se esté estableciendo una norma procesal de excepción acerca de cómo se deben contar los plazos de suspensión de la caducidad, no sólo porque debería decirlo expresamente, sino también porque se excedería en sus facultades; añade que el plazo de 10 días hábiles es solamente a los efectos administrativos, por ejemplo, licencias.

Finalmente, resalta que siguiendo un razonamiento lógico no se puede pensar que en los plazos de caducidad se cuenten los días inhábiles, los de la feria de enero en la misma forma, y sólo en la de julio los hábiles, formulando a renglón seguido -a fs. 276 vta.-, un silogismo sobre el particular en apoyo de su punto de vista.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso de casación, la de revisar si el mismo ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 264, 266 vta., 277 y 279); el acto judicial atacado constituye una sentencia equiparable a definitiva; no corresponde efectuar el afianzamiento previsto en el artículo 133 de la ley del rito en razón de que la sentencia no resulta condenatoria para el recurrente; el escrito casatorio se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por tales motivos, juzgo admisible el presente recurso; voto porque así se declare.

IV.- Según el recurrente, el plazo de caducidad se debe comenzar a contar desde el 08-02-2001 y no desde el 05-02-2001, debido a que estima que posee carácter impulsivo la diligencia del juzgado por la que se puso en la oficina el decreto de esta última fecha que tiene por contestada la demanda y consigna, por parte del actuario, que se tiene por notificadas a las partes en secretaría.

A mi juicio, no le asiste razón al agraviado en lo que respecta a esta cuestión, toda vez que resultan aplicables en el tópico las consideraciones expuestas por Roberto G. Loutayf Ranea y Julio C. Ovejero López, en su obra "Caducidad de la instancia". Allí ambos autores sostienen que "Los plazos de caducidad corren desde la fecha del acto interruptivo, no desde su notificación, no requiriéndose que se trate de actuaciones firmes (...) Los actos que marcan el comienzo del curso del plazo de caducidad son los mismos que los actos interruptivos del plazo o que resultan idóneos para la subsanación de la caducidad. El requisito indispensable es que el acto tenga la eficacia de impulsar el procedimiento; y puede tratarse tanto de actos que realicen las partes, el tribunal o los auxiliares. Lo que determina, entonces, el comienzo del curso del plazo de perención es el acto de impulso del procedimiento; y no la fecha de la notificación automática, ni la de su consentimiento, porque no se requiere que se trate de actuaciones firmes" (cfr. ob. cit. págs. 75/77). Por consiguiente, me pronuncio en el sentido que el plazo de caducidad comienza a correr a partir del 05-02-2001, a las 24 hs. (es evidente que el simple retiro de copias del responde no constituye un acto impulsivo del procedimiento), fecha ésta del decreto por el que se tiene por apersonada a la letrada de la accionada, constituido domicilio legal, se le da intervención de ley, se tiene por contestada la demanda, se la exime de presentar copias de la documentación para traslado y se tiene por denunciado el lugar de ubicación de la documentación laboral y contable (cfr. fs. 228 vta.).

No obstante lo dicho, el recurso debe prosperar, por cuanto considero que el fallo recurrido ha computado incorrectamente el plazo de caducidad legalmente establecido.

En efecto; el artículo 210 del CPCC, luego de referirse a los diferentes plazos de caducidad -que en el sub iudice, en razón de tratarse de un caso de naturaleza laboral resulta aplicable el previsto en el artículo 40, inciso a, de la Ley Nro. 6204-, dispone que "En el cómputo de estos plazos se contarán los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales...". Es decir que claramente se desprende de este dispositivo la voluntad legislativa de excluir del cómputo del año previsto en el mencionado inciso a) del artículo 40 del CPT, a todo el período o días correspondientes a cada una de las dos ferias judiciales.

A su turno, la Ley Orgánica del Poder Judicial Nro. 6238, en su artículo 102, inciso a), preceptúa que la feria judicial de enero se extiende desde el 1 al 31 de dicho mes, vale decir que insume 31 días corridos; y en el inciso siguiente establece que la segunda feria anual será de "Diez días hábiles entre los meses de julio y/o agosto, en fecha que determinará la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la que procurará que coincida con las vacaciones escolares".

Ahora bien; cabría aclarar, preliminarmente y aunque ello sea una verdad de perogrullo, que aunque esta última norma hable de días hábiles en lo que se refiere a la feria de invierno, ello no significa que los días correspondientes a dicha feria sean hábiles, por cuanto deviene indiscutible que todo el lapso de tiempo que la misma abarca no corren los plazos procesales y se encuentra paralizada toda actividad tribunalicia, salvo en lo que respecta a la atención de las cuestiones de urgencia que no toleran demora y requieren tratamiento inmediato, como lo destaca expresamente la Acordada Nº 220 de este Tribunal, del 22-5-2001, que refiere a la determinación de la feria de invierno de dicho año. Y tanto ello es así, que el mismo artículo 210 del CPCC prescribe que son los días "inhábiles" correspondientes a las ferias, los que no se computan, en el sub lite, en el plazo de un año previsto en el artículo 40, inciso a), del CPT.

Sentado lo anterior, viene al caso preguntarse acerca de la duración o extensión de la feria judicial de julio de 2001, porque justamente de eso es lo que se trata en la especie, ya que según sea la respuesta que se brinde a dicho interrogante, será la solución que se prodigue a la presente pretensión impugnativa.

Al respecto, se puede sostener con razón, en coincidencia con lo dispuesto en la Acordada anteriormente mencionada, que la feria judicial de invierno del año 2001 en el Poder Judicial de Tucumán abarcó14 días corridos, esto es, desde el 10 al 23 de julio, inclusive, con lo cual queda claro que debe adicionarse al plazo de un año (que corre a partir de las 24 hs. del día 05-02-2001 y vence a las 24 hs. del 05-02-2002) 14 días corridos correspondientes a la feria del mes de julio de 2001, y 31 días corridos correspondientes a la feria del mes de enero del año 2002, de tal forma que el vencimiento del plazo de caducidad se sitúa en el día 22 de marzo de 2002, a hs. 24, esto es, con posterioridad a la diligencia impulsiva del 21-3-2002, consistente en el escrito presentado por la parte actora solicitando la apertura a prueba de la causa (cfr. fs. 229). Y ello no podría ser de otro modo, porque de lo contrario habría que aceptar que los dos fines de semana -léase 2 sábados y 2 domingos- comprendidos entre las fechas indicadas (10 y 23, inclusive, de julio de 2001) el Poder Judicial no estuvo de feria y, por ende debieron actuar tribunales distintos a los de feria, lo que resulta verdaderamente inadmisible. Es que con este criterio, en el sub examine, el Poder Judicial habría estado en feria los días 10, 11, 12 y 13, cesando la misma el sábado 14 y el domingo 15, para reanudarse nuevamente el día lunes 16 hasta el viernes 20, inclusive, suspendiéndose nuevamente el sábado 21 y el domingo 22, volviendo empezar una vez más el lunes 23 de julio, todos del mes de julio, fecha ésta última en la que finalizaría.

Esta interpretación que propugno, que ya ha sido receptada por este Tribunal en sentencia Nro. 159, del 20-3-2002, se ve también confirmada por la última parte del inciso b), del artículo 102, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al expresar que esta Corte debe procurar hacer coincidir la feria de invierno con las vacaciones escolares, siendo que, sabido es, la duración de estas últimas es de 14 días corridos, por lo menos, lo que representaría una razón más, que pone de manifiesto el verdadero sentido y alcance que corresponde atribuir al dispositivo de marras.

En suma, soy de opinión que la correcta hermenéutica del artículo 102, inciso b), de la Ley Orgánica de Tribunales indica que lo que ha querido establecer al referirse a 10 días "hábiles", no es que la feria de invierno sea solamente de 10 días, sino que también deban incluirse los días sábados y domingos y cualquier otro día feriado que resulten abarcados (o estrechamente vinculados) por aquellos 10 días "hábiles". Es que, en definitiva, en mi criterio, por las razones precedentemente consideradas, y en lo que se refiere a la presente causa, decir 10 días "hábiles", es lo mismo que decir 14 días corridos.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación planteado por la parte actora en contra de la sentencia Nº 192, de fecha 15 de noviembre de 2002, y su aclaratoria del 26-02-2003, dictadas por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, obrantes a fs. 262/263 vta. y 273/274, respectivamente. Por consiguiente, casar las mismas, dejándolas íntegramente sin efecto, conforme a la siguiente doctrina legal: "No resulta arreglada a derecho la sentencia que, a los efectos del cómputo del plazo de caducidad de la instancia, restringe la duración de la feria judicial de invierno a sólo 10 días corridos". Dictar como sustitutiva: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la accionada en contra de la sentencia Nro. 232, del 11-6-2002, del Juzgado de Conciliación y Trámite de la II Nominación. II.- COSTAS, a la recurrente, vencida en autos (artículo 106, primera parte, del CPCC y 49 del CPT). III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios".

V.- Atento al resultado a que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia casatoria se imponen a la vencida, demandada en autos (artículos 106, primera parte, del CPCC, y 49 del CPT).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y oído el señor Ministro Fiscal a fs. 289, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora en contra de la sentencia Nº 192, de fecha 15 de noviembre de 2002, y su aclaratoria del 26-2-2003, dictadas por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, glosadas a fs. 262/263 vta. y 273/274, respectivamente. Por consiguiente, casar las mismas, dejándolas íntegramente sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos. Dictar como sustitutiva: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la accionada en contra de la sentencia Nro. 232, del 11-6-2002, del Juzgado de Conciliación y Trámite de la II Nominación. II.- COSTAS, a la recurrente, vencida en autos (artículo 106, primera parte, del CPCC y 49 del CPT). III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios".

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO