Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-13


Comodoro Rivadavia, TRECE febrero de 2007 VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "S C DE S LTDA. c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVA-DAVIA s/ APELACION Art. 7º Ley 4219", Expte. Nro. 16.173/2006.

I.- Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada por haber apelado S C de S Ltda., en los términos del art. 7º de la Ley 4219, la resolución Nro. 063/06 de fecha 21 de noviembre de 2006 dictada -en el Expediente Administrativo Nro. 307/05- por la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

En dicha resolución se le impone una multa de pesos ocho mil quinientos ($ 8.500), por infracción a los arts. 10 bis y 19 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

El apelante expresa agravios a fs. 68/74.

En su libelo recursivo, impugna la resolución en crisis por entender en primer lugar, que la ley 24.240 no resulta aplicable al ámbito del contrato de seguro y, en consecuencia peticiona la nulidad de la resolución.

Subsidiariamente, y con invocación del art. 260 inc. 2 del CPr., solicita la apertura a prueba en esta instancia a fin de ordenar la prueba informativa ofrecida, que fuera arbitrariamente denegada en sede administrativa y se hallaba dirigida a probar el argumento defensivo esgrimido por la apelante -la consignación judicial promovida-. En segundo lugar y previo a efectuar un resumen de los antecedentes del caso, se agravia, por considerar que la resolución dictada carece de fundamentos.

Subsidiariamente solicita se disminuya el monto de la multa dictada.

II.- Con relación a la queja del apelante respecto a la improcedencia de la aplicación de la ley 24.240 al contrato de seguro, se adelanta que no puede prosperar.

Ello es así, pues la ley de defensa del consumidor sanciona la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios, que fueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario-consumidor.

La aseguradora, como prestadora de bienes y servicios se encuentra sometida a la normativa de referencia (Conforme CNac Ap. Contencioso administrativo Federal Sala II. 7/3/2006. G C CÍA A de S SA. MJJ7312. Otros : B C SA c/ D...... Disp. 296/2003 y S G SA c/ G....). La autoridad de aplicación local, sólo sanciona a la aseguradora en tanto incumple con los deberes que la ley 24240 le impone respecto a su relación con el cliente.

A dicha autoridad administrativa se le ha atribuido el control de policía del consumo, independientemente de la repercusión que la actividad aseguradora tenga dentro del mercado.

Se centra en la relación directa de la empresa -como prestadora de servicios- y cliente - como consumidor, por lo que se controla la actividad en aquello que se relacione con la atribución conferida de velar por los derechos del consumidor,(arts 1, 2 y 41 ley 24.240).

Se advierte que las leyes 17.418 y 20.091, al contener normas relativas a la defensa del asegurado en materia de condiciones generales de contratación ya constituían una agrupación de disposiciones configurativas de un nuevo orden, las que resultan actualmente integradas al microsistema creado por la ley de defensa del consumidor, razón por la que los conflictos que se susciten entre las diferentes jerarquías de normas deberán ser solucionados en base a los principios consagrados en el nuevo sistema; es decir, la ley de defensa del consumidor (Fresneda Saieg-Esborraz-Hernández, "Las cláusulas abusivas en el contrato de seguro", JA, 1994-III-944, cit. por Farina Juan "Defensa del consumidor y del usuario", ED. Astrea, 3ra edición, Pág. 112 y SS.).

La Superintendencia de Seguros de la Na-ción controla y aprueba la redacción de las cláusulas de las condiciones generales de póliza de los contratos de seguros previo a su aplicación y fiscaliza la situación económica financiera de dichas compañías, en cambio la ley 24.240 determina su ámbito de aplicación a la protección del consumidor en cuanto a su condición de cliente, como ya se adelantara.

Son ámbitos distintos y uno no excluye el otro, sino que por el contrario se complementan, sobretodo si se tiene en cuenta la inferioridad de condición en que se encuentra el cliente-asegurado con relación a la empresa-aseguradora quien es la que redacta las cláusulas contractuales e impone las condiciones de cumplimiento de las mismas en forma masiva y, por lo general sin la participación activa del cliente.

Se destaca que la propia parte con la conducta desarrollada resta fundamento a sus argumentos pues de las constancias de las actuaciones surge que, la aseguradora se sometió voluntariamente a la instancia administrativa al tomar activa participación en el sumario labrado en el expediente 307/05, con lo cual reconoció y aceptó la competencia de la autoridad de aplicación local y la aplicación de la ley 24.240 que recién es esta etapa procesal cuestiona.

En consecuencia, debe rechazarse el planteo nominado por la recurrente como de incompetencia material.

III.- Idéntica suerte correrá la solicitud de apertura a prueba en los términos del art. 260 del CPr.

Es que resulta improcedente la apertura a prueba en esta instancia, en atención a la concesión del recurso en relación (art. 275 2do. párr. CPr. y art. 7 in fine Ley Provincial Nro. 4219).

No empece a esta solución, la sola invocación de un estado de indefensión.

De las actuaciones administrativas no surge la efectiva producción de prueba que el recurrente tenía a su alcance, esto es, no acompañó la que hace a la defensa de su derecho, puntualmente, copia de la boleta de depósito de la consignación que dice haber efectuado, del escrito de promoción de demanda con el debido cargo del juzgado interviniente, lo que permitiría considerar la seriedad del planteo y su viabilidad.

Al respecto, se ha señalado que "Si constitucional es la garantía del debido proceso, no lo es menos la de protección de los derechos del consumidor.

No se trata de consagrar la absoluta primacía de una de ellas sobre la otra, sino de armonizarlas y, puesto a tal labor, el legislador logró conciliarlas, pues al dar protección a los derechos del consumidor resguardó suficientemente la garantía del debido proceso del productor de bienes y del prestador de servicios, pues les aseguró oportunidad de defensa, esto es de alegar y probar en su favor, como la tuvo aquí el recurrente al ser citado para formular su descargo y ofrecer pruebas, sin que se configure violación alguna cuando el interesado no utilizó el medio de que en su momento dispuso.

Viene a cuento recordar, también con palabras del más Alto Tribunal de la Nación, que la defensa en juicio no ampara la negligencia, ineficiencia o incuria de los litigantes" (Cám. De Apelaciones, Trelew, Sala A, 21/8/03 "F.I.L. c/ F.P.C.S. Ltda.. y/o R.M. s/ Denuncia Ley Defensa del Consumidor").

IV.- Decidido lo anterior, corresponde ingresar en el análisis de los agravios expresados.

Se impuso multa a la recurrente por considerar acreditada infracción a los arts. 10bis y 19 de la ley 24.240.

Las citadas normas prevén el incumplimiento por parte del proveedor de la obligación contraída por la oferta efectuada, o el contrato, en lo términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas convenidas.

La autoridad administrativa, sostuvo que de acuerdo a la falta de formalidad para la designación de beneficiario que prescribe el art. 146 de la ley 17.418 y lo informado por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio Local, -en el sentido que la Sra. E del C U A, ha sido designada beneficiaria en el formulario provisto por la firma y que el mismo se encontraba en el legajo del agente asegurado- la aseguradora se había negado al pago de las pólizas.

De esa manera restó entidad a la duda razonable que adujo la aseguradora y por la cual argumentó, sin lograr probar, haber efectuado consignación judicial.

En efecto, al efectuar su descargo, la aquí recurrente, manifestó que además de la aquí denunciante, existirían una mujer (Sra. I P) y tres hijos (E G A, F D A Z y M A A Z) que también reclamaban el pago de la póliza, por lo que la concurrencia de los presuntos herederos con la actora, la determinaron a efectuar la consignación judicial de las sumas correspondientes al seguro contratado.

Tal defensa, no resulta idónea a los fines de acreditar la ausencia de incumplimiento y evitar así la sanción impuesta.

Ello, porque si bien es cierto que de las constancias de la causa surge que la propia Municipalidad, -quien informa que la única beneficiaria resulta ser la denunciante, Sra. U A-, remite a la recurrente, documentación para el pago de seguro familiar a favor del hijo y primer esposa de O A P, no menos cierto es, que la apelante reconoce haber recibido la notificación de la designación como beneficiaria del seguro de vida en el mes de septiembre, esto es, con anterioridad a la remisión de la documentación que aduce, indujo a duda respecto de los beneficiarios.

Entonces, su obligación de pagar a la Sra. U A, se impuso sin dudas, al recibir la notificación en el mes de septiembre, comenzando a partir de ese momento, a correr el plazo de quince días previsto en el art. 49 de la ley 17.418 y sin que revista importancia por tanto, la posterior recepción de la petición de la Sra. I P (el 17 de octubre de 2005 ver sello de recepción fs. 46/51).

Dijo la doctrina "que el asegurador no puede alegar la posible existencia de otros beneficiarios, porque si bien se le puede notificar la designación con posterioridad al evento (art. 46 2da. parte) paga bien si al momento del pago lo ignoraba"..."queda suficientemente protegido con la validez del pago hecho de buena fe a quien el conocía como titular del derecho al capital (arts. 731 y ss. C.C.)"(Conf. Halperin, Seguros, Ed. Depalma 3era. Ed. actualizada y ampliada, Bs. As. 2001, p. 839 y 849).

A todo lo dicho, además se debe tener en cuenta que doctrina y jurisprudencia coinciden en que la designación de beneficiario es un acto unilateral del tomador, que no está subordinado a la conformidad del asegurador y que es, además un acto personal, en cuyo ejercicio no pude ser sustituido, resultando de la esencia del contrato su revocabilidad (art. 143 2° y 3er. párrs. Ley de seguros) la pretendida incertidumbre por parte de la aseguradora para justificar su incumplimiento, carece de respaldo frente a la información brindada por la Municipalidad Local, como empleadora del de cujus.

En virtud de tales razones es que la defensa que ensaya la aseguradora no resulta idónea para justificar el incumplimiento del pago del seguro a la aquí reclamante.

La presente falta se trata de una infracción de las denominadas formales, que se configura por la simple constatación y no se advierte en el presente elemento alguno que justifique un apartamiento de la regla general.

Variando la situación en cuanto el monto determinado como multa.

No se puede soslayar que la graduación de las mismas tiene relación con el hecho denunciado, la infracción cometida y la existencia de antecedentes o no al respecto.

En el presente, se ha determinado que la infracción es formal y no constan anteriores de la aseguradora, por lo que todo ello debe ser tenido en cuenta al momento de establecer el monto de la multa, asistiendo razón al apelante en cuanto lo excesivo de la misma, por lo que corresponde se adecue dicha sanción conforme las pautas establecidas por los artículos 47 y 49 de la ley 24.240.

Esto es, perjuicio resultante, posición en el mercado del infractor, gravedad de los riesgos y perjuicios sociales derivados de la infracción, entre otros, por lo que se adecua el monto de la multa en la suma de pesos dos mil ($2.000), artículo 47 inc b) ley citada.

No resultando suficientes los agravios del apelante para desvirtuar las constancias de autos, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución Nro. 63/06 de la Oficina de Defensa del Consumidor, con excepción del monto de la sanción establecida. Por como se resuelve, las costas se imponen al recurrente vencido, por el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPr.).

Se regulan los honorarios profesionales de acuerdo a las pautas orientadoras de la ley de aranceles (arts. 14 y 33 ley 4335 t.o).

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1) Rechazar parcialmente el recurso de apelación interpuesto a fs. 68/74.

2) Modificar el monto de la multa impuesta a S C de S Ltda., imponiendo la misma en la suma de pesos dos mil ($2.000).

3) Costas de la Alzada a la parte vencida.

Regular los honorarios profesionales del Dr. M H P D en la suma de pesos trescientos ($300).

4) Regístrese, notifíquese, devuélvase.

Fdo.

Graciela Mercedes García Blanco, Presidente.

Marta Susana Reynoso de Roberts, Juez de Cámara.

Nélida Susana Melero, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 21DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS