Homicidio simple, recurso extraordinario, inimputabilidad, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrientos, Julio César s/ Recurso Extraordinario deducido por el Dr. Víctor Manuel Pinto contra Sentencia Nº 12/13 de Expte. Corte Nº 147/ - /Recurso de Casación interpuesto (...) en causa Nº  - Barrientos, Julio César - Homicidio Simple en grado de tentativa calificado por el uso de arma de fuego - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-09

La Cámara en lo Criminal condenó al imputado B., como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa, a sufrir la pena de nueve años con más accesorias de ley.

Contra esa resolución, el defensor del imputado, había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, interpone el presente remedio federal.

En lo esencial, los agravios del recurrente se vinculan con la imputabilidad del condenado B.

El recurrente no refuta -tampoco en esta oportunidad- el criterio de la Cámara juzgadora, abonado con acertada cita doctrinaria, sobre la necesidad de valorar, además de los informes periciales, los otros elementos de juicio incorporados al proceso, reveladores de la capacidad psíquica del imputado al tiempo del hecho, ni demuestra la inutilidad o insuficiencia de los ponderados en el caso como soporte de lo decidido.

Así, no desvirtúa las razones de la sentencia con relación a que, sin perjuicio del respeto que merecen las opiniones de los especialistas en la materia, éstos sólo son auxiliares del tribunal, por lo que sus dictámenes están destinados a ilustrar al tribunal y no a resolver los hechos controvertidos; a que, como sobre todas las cuestiones del proceso penal, el pronunciamiento en torno a si el imputado pudo comprender la criminalidad de sus actos o dirigir las acciones también está legalmente a cargo del tribunal; y a que, esa faena, más allá de la imprescindible consulta a los expertos, no se agota en recabar los informes respectivos sino que exige su valoración particular y conjunta con los demás datos de la causa con relevancia sobre el punto; por lo que, en el caso, el tribunal del juicio estaba obligado a fundar su convencimiento en la apreciación racional de la totalidad del plexo probatorio.

El recurrente no indica qué regla de la sana crítica tiene por inobservada o erróneamente aplicada por el Tribunal en la apreciación de los hechos de la causa y en la de los resultados periciales meritados, o en la confrontación de los primeros con las condiciones psicológicas predicadas del imputado en los segundos, ni el desarreglo lógico de lo decidido con las conclusiones y razones plasmadas en el fallo.

De tal modo, no se ocupa de la motivación que sustenta lo resuelto y sus argumentos sólo trasuntan mera discrepancia con el mérito probatorio que respalda la condena.

Por ende, no pone en evidencia la falta de correspondencia de lo resuelto con las constancias comprobadas en el juicio ni defectos graves en el razonamiento del tribunal o que haya éste prescindido de la consideración de prueba esencial para la solución del caso, ni demuestra la relación de lo decidido con la invocada afectación a los principios constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa.

En las condiciones señaladas, los agravios carecen de idoneidad a los fines de suscitar la apertura de la instancia extraordinaria (art. 15 de la ley 48) debido a que no cabe habilitar ésta si, como acontece en el presente, no es demostrada la efectiva vulneración de las garantías constitucionales denunciadas como tales (Fallos 326:613, 621,1458) ni el grosero apartamiento por el tribunal de la solución prevista por la ley para el caso.