marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cosa juzgada, preclusión, sentencia, sentencia interlocutoria, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: BAGGIO, ANGEL s/ QUIEBRA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 017-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

La cosa juzgada es la eficacia propia de la sentencia que acoge o rechaza la demanda, y consiste en que, por la suprema exigencia del orden y de la seguridad de la vida social, la situación de las partes fijada por el Juez respecto del bien de la vida (res) que fue objeto de discusión, no puede ya ser posteriormente discutida; el actor que ha vencido no puede ya ser perturbado en el goce de aquel bien; el actor que ha perdido no puede ulteriormente, reclamar su goce. La eficacia o autoridad de la cosa juzgada, está pues por definición, destinada a obrar en el futuro, frente a los futuros procesos. Por el contrario, la resolución dada por el Juez a cuestiones lógicas singulares que se presentan en el proceso, ya esté la misma contenida en sentencias interlocutorias o en la sentencia definitiva, ya contemple cuestiones procesales o sustanciales, de hecho o de derecho, precisamente porque es distinta del pronunciamiento de aceptación o de rechazo, no tiene el efecto propio de este último pronunciamiento; la misma tiene solamente una eficacia más limitada, impuesta por exigencias de orden y de seguridad en el desarrollo del proceso, que consiste en la preclusión de la facultad de renovar la misma cuestión en el mismo proceso.
Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lucila Hernández c/ Empresa    Provincial  de  Servicios  Públicos  Sociedad  del  Estado s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1988-10-12

Los Tribunales de Justicia deben abstenerse de imponer la jurisdicción a través de la inmotivada remisión de autos antes bien, tienen la obligación de preservar la jurisdicción atribuida por el art. 130 inc. 2 de la Constitución Provincial al Tribunal Superior de Justicia, circunstancia que impone que se pronuncien fundadamente, con la seriedad que el justiciable merece y el orden normativo reclama, respecto de su competencia cuando estiman que el litigio puede corresponder a la instancia única y exclusiva de este cuerpo.
Impuestos, ahorro obligatorio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS EDIVAL S.A. (TF 11698-I) c/ D.G.I. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24

La capacidad económica del ahorro, para la ley 23.549, se mide sobre la situación fiscal que corresponde a ejercicios anteriores
Tribunal Fiscal de la Nación, tasa de justicia, exención de tasa de justicia, recurso de apelación (procesal), multa tributaria
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Teogrande S.A. (T.F. 14.264-I) Incidente c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-20

El dispositivo contenido en el inciso c) del art. 2º de la ley de tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación nº 22.610 -texto modificado por la ley 23.871- es suficientemente claro en punto a que sólo se encuentran alcanzadas por la exención allí prevista las apelaciones relativas a multas, sin perjuicio de su pago en caso de condena definitiva .
Cuota alimentaria, reducción de cuota alimentaria, medio hermano
Materia: CIVIL
Carátula: Ayala Ramón Arnaldo c/ Guevara Esther Inés s/ Incidente de Reducción de Cuota Alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2001-11-13

La reducción de la cuota alimentaria peticionada por el progenitor por la formación de una nueva familia extramatrimonial y el nacimiento de un nuevo hijo fruto de dicha unión, no constituye andamiaje fáctico que autorice acoger favorablemente su pretensión.
Recurso de apelación (procesal), desistimiento de la acción, fiscal de Cámara
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: D, L. N. y otro s/ Artículo 42, 43bis y 48. Sobre apelación apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-08

El Señor Fiscal de Cámara posee la facultad de desistir respecto a la intervención asumida por el Ministerio Público Fiscal en las instancias anteriores, mediante dictamen fundado, circunstancia que se da en el presente caso, con basamento en lo que expresamente dispone el artículo 22 inciso 1ro. de la Ley Nro. 21 (Ley Orgánica del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires).

(Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Poder Legislativo, control de constitucionalidad, leyes, ley derogada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GAGGIAMO, HECTOR JOSE CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO      EXPTE NRO 280-89 GIACOMINO, ROBERTO DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CAPELLA, HUGO VICTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO BUSANICHE, DORA ESTHER TEJERINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CARDOZO, JACINTA INES VILLA LARROUDET DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO D'AGOSTINO, JOSE ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION LUCENA, ENRIQUE ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-30|1990-09-19|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1990-12-12

La Legislatura puede derogar la norma institucional que ella misma dictó. Se trata de una opción no solamente factible sino también recomendable que tiende a sanear el ordenamiento normativo, aboliendo (el mismo órgano que lo elaboró) reglas jurídicas violatorias de la Constitución. En tal sentido es de recordar que de vez en cuando el poder legisferante ha derogado por sí normas dictadas por él, juzgadas inconstitucionales por el Poder Judicial.
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEÑA WENCESLAO R. c/ EMP. DE TRANSPORTE DEL OESTE S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-11

El párrafo final agregado al art. 1113 del C. Civil por la Ley 17711, al establecer que si la cosa riesgosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, éstos no serían responsables, significa por inferencia que se reconoce la responsabilidad en las demás situaciones. Por tanto, si el daño causado a un pasajero fue ocasionado por el disparo efectuado por un policía contratado por la empresa transportadora para realizar un servicio de vigilancia, durante un asalto dentro del colectivo, no se puede situar al mencionado agente como asumiendo tal conductismo en contra de la voluntad expresa o presunta de la transportadora, por lo que no puede protagonizar el rol a que se refiere la norma al establecer la eximente de responsabilidad.-
Prueba confesional, apremios ilegales, delito de acción pública, denuncia, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Montes, José Carlos; González, José Horacio s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

Si se han adoptado las medidas para que se formara el proceso por los delitos supuestamente cometidos para obtener la confesión desaparece la base de la doctrina sentada al respecto y ya no puede sostenerse que se hayan transgredido los arts. 69 y siguientes, 73 y concordantes -n.a.- del C.P.P..
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, sentencia arbitraria, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Acevedo, Ramona Aída c/ Policía de la Provincia, Estado Provincial, Banco de Catamarca y Leiva Luis A. s/ Daños y Perjuicios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-10-09

La actora, en representación de sus dos hijos menores de edad -uno discapacitado-, promueve acción de daños y perjuicios en contra de la Policía de la Provincia, Estado Provincial, Banco de Catamarca y un agente de policía, reclamando, en forma solidaria, indemnización por la muerte del progenitor de los representados, hecho acaecido mientras conducía un vehículo en el que - previamente contratado para ello-, trasladaba a un empleado del Banco con el fin de realizar pagos domiciliarios, oportunidad en la que el agente - quien cumplía función de custodio-, realizó accidentalmente un disparo con su arma reglamentaria, que impactó en el cuerpo de la víctima y le ocasionó la muerte.

Contra el fallo de Alzada -que confirma el de primera instancia- deduce recurso de casación, pretendiendo que se eleven los montos otorgados por los rubros daño emergente y daño moral.

Ataca la sentencia basándose en la ausencia de un análisis profundo y pormenorizado de las pruebas aportadas en la causa, que determinó la denegación arbitraria de algunos de los rubros reclamados y haciendo lugar a solo dos de ellos por un monto ínfimo.

En el caso, con los montos fijados en primera instancia -veinte mil pesos en concepto de daño emergente para el menor discapacitado y veinticinco mil pesos en concepto de daño moral para ambos menores- luego confirmados en la Alzada, se ha obrado dentro del prudente arbitrio judicial, valorando las pruebas relevantes para fundar sus conclusiones, por ejemplo que no se sabe con certeza cuánto ganaba el causante al no poseer ingresos fijos, y las circunstancias personales de quienes reclaman la reparación por su progenitor, quien además tenía otros dos hijos menores fruto de su matrimonio, cuyo reclamo tramita por ante un juzgado civil de primera instancia, entre otras consideraciones.

En conclusión, el fallo recurrido es el resultado de un razonamiento coherente y se encuentra suficientemente fundado en el material probatorio al que, en ejercicio de su facultad legal, le ha dado preeminencia el Tribunal, razón por la cual el recurso de casación debe rechazarse por improcedente.
Despido con causa, sobreseimiento
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Di Silvestre Oriel Marcelino. c/ Héctor Ricardo Bodach. s/ Indemnización por antigüedad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-08-31

Si bien el actor fue sobreseído en la causa penal por el delito de amenazas por aplicación de los artículos 316 y 318,inc.1 del Código Procesal Penal, y que ello en principio importa una particularísima restricción al Juez de otro fuero por operar en cuanto a la existencia del hecho la prejudicialidad prevista en los artículos 1102 y 1103 del Código Civil, en el presente caso la sentencia penal no hace cosa juzgada por cuanto la decisión del Juez penal emerge por la falta de acreditación en esos autos de los extremos configuratorios del delito imputado, concretamente en esa sede los testigos que declararon no alcanzaron a escuchar las palabras proferidas por el empleado a su patrón, en cambio en ésta causa, los testigos ya analizados sí tuvieron oportunidad de oír las mismas, que independientemente que hubieran sido o no verdaderas las amenazas, sí comportan agresiones verbales de un tenor obstativo a la continuidad laboral.
Empleo público, sumario administrativo, prescindibilidad, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: BARRIONUEVO, ARISTOBULO c/ PAMI  -  INSTITUTO  NACIONAL DE  SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-29

Si el derecho al cobro de la indemnización por prescindibilidad, artículo 4 de la ley 21274, quedó sujeto al sumario administrativo que se formalizó al trabajador, resulta aplicable el artículo 3975 del código civil, pues la suspensión del pago del resarcimiento por encontrarse abierto el sumario, si bien no reviste estrictamente el carácter de una condición en el sentido del artículo 528 del citado cuerpo legal, debe juzgarse de conformidad al artículo 529 del mismo texto, y por lo tanto entenderse que la exigibilidad de la obligación solo se produjo con la conclusión de aquél, ya sea favorable o desfavorable al afectado.
Mandato, poder general, poder especial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAGNOLO ABELARDO c/ SUSANA LEDESMA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-05-09

Acorde con lo previsto por el art. 1184, inc. 7º del C. Civil, deben ser hechos por escritura pública los poderes generales o especiales que deben presentarse a juicio. En cambio según lo normado por el art. 27, última parte del C.P.C., los poderes especiales para actuar en juicio pueden ser otorgados "apud acta" o por carta poder con firma autenticada por escribano de registro, juez de paz o secretario judicial. En suma, tratándose de un poder especial para actuar en juicio, la ley procesal permite resortes formales diferentes de la escritura pública.

Ahora bien, no existe un verdadero conflicto entre tales normas que autorice la descalificación por inconstitucional de una u otra norma.

Después de la supresión en el art. 1184, por la ley 17711, de la expresión "bajo pena de nulidad", existe general consenso en el sentido de que el requerimiento de la escritura pública no reviste carácter "ad solemnitatem", sino "ad probationem"; los actos allí previstos no son solemnes, sino formales no solemnes. En consecuencia, la falta de escritura pública no afecta la validez del acto.

Si el defecto de escritura pública no causa la nulidad del otorgamiento del mandato, significa que legítimamente la ley procesal ha podido establecer otras formas alternativas, que revistan similares características o efectos. Esa decisión normativa es legítima a pesar del principio de supremacía de la leyes nacionales sobre las provinciales (art. 31 Constitución Nacional) porque él no puede perjudicar las facultades reservadas por las provincias (art. 104 C. Nacional), entre las que se encuentra la de legislar en materia procedimental. Y las normas de los poderes para actuar en juicio, son materia procesal.

No existe verdadera oposición entre la norma del C.P.C. y la del C.

Civil, sino una simple complementación, desde que el poder apud acta y la carta poder son instrumentos públicos (art. 979, inc. 2º C.

Civil) y producen los mismos efectos jurídicos (arts. 993 a 995 C.

Civil).-
Verificación de créditos, cosa juzgada material
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dirección General Impositiva c/ Inc. de Revisión en autos "Servicoop s-Concurso Preventivo" s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-21

Ha de admitirse como premisa de la ley, fuertemente apoyada por la doctrina y jurisprudencia, que la verificación del crédito en la etapa procesal oportuna, produce los efectos de la cosa juzgada material.
Cesación de cuota alimentaria, revocación de sentencia, fundamentación de sentencias, defectos en la fundamentación normativa, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bianculli, Víctor José c/ Lotito de Bianculli, María Rosa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que dio por finiquitado el derecho de la actora a una cuota por alimentos, si para ello aplicó la ley en forma inadecuada y de manera extraña a sus fines específicos lesionando derechos constitucionales.
Sucesiones, cargas de la sucesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schillaci, José s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

En el proceso sucesorio, debe considerarse comunes todos aquellos trabajos que favorezcan a los demás herederos, cuando ellos hayan sido necesarios para el progreso de las etapas inexcusables para avanzar hacia la conclusión del sucesorio y que benefician a la masa. Por el contrario son trabajos particulares aquéllos que se refieran a cuestiones incidentales o de interés particular de algún heredero o bien los que devienen inoperantes.
Principio de congruencia, rendición de cuentas, defensa en juicio, carga de la prueba
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Anchubidart  o  Auchubidart  o  Auchuvidart  de  Ibar,  María Apulina s/ SUCESIóN S/ RENDICIóN DE CUENTAS S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-05-12

Si el demandado expresó que rendía cuentas documentadas y nunca invocó encontrarse frente a aquellas partidas respecto de las cuales no se acostumbraren a pedir recibos, y el actor remarcó reiteradamente la ausencia de documentación en apoyo de las pretendidas cuentas, es incongruente y violatoria del derecho de defensa la sentencia que fundándose en la previsión contenida al final del art. 655 CPC., entendió suplidas las omisiones de respaldo contable por el solo listado explicativo de gastos y erogaciones originados en la explotación recriminándole al recurrente no haber cuestionado la razonabilidad de dichos gastos.
Daños y perjuicios, denuncia, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: RIVERO, Gerardo Ignacio c/ CALIARI, Raúl Mario s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-03-15

En cuando al alcance de la indemnización, el hecho material de la detención sufrida por el actor genera la posiblidad cierta de los daños consecuentes tanto en lo que se relaciona con las ganancias dejadas de percibir en el interín como las referidas a las originadas en las dificultades posteriores para encontrar empleo y asimismo el daño moral que debe ser reparado en todo hecho ilícito.
Intendente, recurso de apelación (procesal), concejo deliberante, inexistencia del acto jurídico
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: SERRANO, Mirta Estela - Intendente Municipal de Santa Victoria Este c/ CONCEJO DELIBERANTE DE SANTA VICTORIA ESTE s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-06-24

Carece de entidad para ocacionar agravio, por ser inexistente, el pretendido acto destitutorio que resulta el producto del procedimiento unipersonal seguido por el Presidente del Concejo Deliberante, en ejercicio de atribuciones que corresponden al cuerpo, y se halla desprovisto de sustento normativo orgánico y de formalidad alguna.
Impuestos, acción de amparo, medidas cautelares
Materia: PENAL
Carátula: OTERO SOBRADO, F. s/ Recurso de Amparo, incidente de apelación de medidas de no innovar  Causa 32100
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-20

Debe confirmarse la providencia que como medida cautelar en el trámite de una acción de amparo, dispuso el levantamiento de la clausura de un local comercial pues es la única manera de asegurar que la decisión definitiva que se dicte no resulte ilusoria y meramente abstracta; aquella medida de ninguna manera obstruye el poder de policía del Estado ni interfiere con las atribuciones del Poder Ejecutivo, ni impide la fiscalización impositiva.
Licencia por enfermedad, empleo público, certificado médico
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Campos, Fabian Gustavo c/ Municipalidad de Plaza Huincul s/ Acción Procesal-Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-10-29

El control médico se limitará a determinar si el estado de salud del trabajador le impide prestar servicios, sin que corresponda la indicación del tratamiento que el trabajador debería seguir y se realiza en el domicilio del trabajador o en el lugar que este refirió encontrarse. El horario oportuno para realizar el control no está limitado por el de la jornada de trabajo que debía cumplir el trabajador, pero deberá ser realizado en un horario razonable del día. (Del voto en disidencia del Dr. Massei)
Sobreseimiento, principios procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: E., R. s/ Homicidio Resulto Víctima
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-23

Siempre una prudente interpretación del artículo 294 inc. 6 del C.P.P. -que atienda simultáneamente los objetivos y resguardos que iluminan al procedimiento penal, la libertad individual y la justa aplicación del derecho sustantivo presuntamente conmovido- aconsejará considerar que el sobreseimiento es obligatorio para el juez cumplido el mismo antecedente que la norma prevé:

que no hubieran elementos suficientes para fundamentar la elevación a juicio de la causa y tal estado fuera explicitado por una resolución jurisdiccional firme que no haya sido contradicha después por otros datos que muten el ánimo del Juez en un sentido incriminador. Ausente la merituación judicial comentada nada obsta a que ordene el procesamiento.
Gestor, representación procesal, preclusión, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Maggi, Armando. c/ Transportes Automotores Mercedes SRL. s/ Gestor.    Representación   en  Juicio.  Preclusión.  Orden  Público. Werner, E. y otro. c/ Zaniuk, Nicolás. s/ Preclusión.  Orden Público. Gestor. Representación en Juicio. Nulidad  Acto  Jurídico   y  Cobro  de  Pesos.  Recurso  de  Queja.  Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-08-21|1987-02-13

La tardía acreditación del poder sanea la nulidad cuando la agregación del poder o de la ratificación ha sido admitida -expresa o tácitamente- por la contraria y no ha mediado hasta entonces decisión judicial que la declare.
Expropiación, proceso expropiatorio, indemnización expropiatoria, valuación del bien
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Universidad Nacional de Rosario c/ Berretta Moreno, José Manuel y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

El expropiado no debe experimentar lesión alguna en su patrimonio, que no sea objeto de cumplida y oportuna reparación;

ello sólo se logra con el adecuado reconocimiento de la depreciación monetaria sobreviniente a la que tuvo en cuenta la sentencia, lo que no importa establecer una indemnización mayor a la concedida sino mantener constante su valor adquisitivo real.
Sobreseimiento, Código Procesal Penal de la Nación, tráfico de medicamentos o mercaderías peligrosas, código penal, procesamiento, tipo penal, farmacias, farmacéuticos, delito de peligro abstracto, delitos contra la salud pública
Materia: PROCESAL
Carátula: Locatelli Mónica Leonor c/  s/ tráfico de mercaderías peligrosas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-09

Corresponde revocar el sobreseimiento dictado por el a quo en los términos del artículo 336, incs. 2 y 3, del Código Procesal Penal de la Nación, respecto del procesamiento a una farmacéutica por tráfico de medicamentos -artículo 201 del Código Penal-, pues incurrió en las conductas requeridas para configurar la acción típica, esto es: vender, entregar o distribuir sustancias vencidas, conociendo su nocividad o peligrosidad y callando u omitiendo advertir sobre el carácter nocivo del medicamento o mercadería, poniéndola en circulación.
Contratos administrativos, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Humbertmann Soc. Res. Lim. c/ Municipalidad de Colón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-06

La preadjudicación es un acto de la Administración de índole preparatoria de la manifestación de voluntad contractual.
Obras sociales, derechos de las niñas, niños y adolescentes, parentesco por afinidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: M. F. F. E. F. c/  s/ determinación de la capacidad jurídica
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-07-13

Es la obra social, al negar la afiliación como familiar a cargo del actor del joven, amparándose en una interpretación sesgada del plexo normativo vigente, quien interpone un obstáculo al derecho humano a la salud y trato no discriminatorio del joven.