marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ordenanzas municipales, trámites judiciales, procedimiento contencioso administrativo, acción de amparo, competencia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Velazco, José; Velazco Neri y Morales, Raul c/ Municipalidad de Valle Viejo y/o Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Valle Viejo s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-06-22

Puesto que la accionante reclama sus derechos por vía de acción de amparo, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de una Ordenanza Municipal y no a través de la vía dispuesta por art.259 de la Constitución Provincial, que contempla los casos de acciones que se dirigen a cuestionar las ordenanzas municipales, indicando que el pleito será contencioso administrativo y, por lo tanto, su fallo corresponderá a la Corte de Justicia, la norma constitucional no es aplicable al caso, pues la misma alude a los supuestos en que se cuestiona la legalidad del instrumento, mientras que la presente está dirigida a lograr la declaración de inconstitucionalidad.

Esta Corte, en autos 122/92"Romero Nicolás Ramón.." ha expresado que las ordenanzas deben ser parangonadas a la ley en sentido formal y material y no ha actos de naturaleza administrativa; en tal sentido la Constitución Provincial incurre en un error en su art.259, cuando establece la jurisdicción contencioso administrativa para cuestionar la legalidad de las ordenanzas, cuando el medio impugnaticio de esta especie de ley local debería ser una acción de inconstitucionalidad...".

Por lo expuesto este Tribunal no resulta competente para entender en estos autos, puesto que lo central de la disputa remite directa e inmediatamente a desentrañar la constitucionalidad de la Ordenanza en relación a las normas constitucionales que se consideran comprometidas, cuyo tratamiento resulta esencial para la solución del litigio.

Por lo tanto, corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal y remitir las actuaciones a la Cámara de Apelaciones de origen.
Nulidad de sentencia, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Almafuerte Coop. Ltdo. s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-23

Las sentencias que omiten considerar las cuestiones oportunamente propuestas por las partes y conducentes para la decisión del juicio, carecen de fundamentos suficientes, lo que acarrea su nulidad. Ello queda contenido en el deber de expresar el derecho que rige el caso, razonadamente derivado del ordenamiento jurídico vigente y correspondiente a los hechos de la causa.
Procedimiento administrativo, desistimiento de la acción, sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: OSORIO, Elsa Alicia c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-08

No corresponde emitir una sentencia de carácter abstracto contra un particular que ha desistido expresamente del proceso administrativo y de su reclamo de pensión. El desistimiento del proceso importa la clausura de las actuaciones en el estado en que se hallaren (art.

67, dec. 1759/72), pudiendo las restante partes interesadas continuar con el trámite de la causa hasta obtener resolución fundada sobre su derecho (art. 69 del decreto citado), pero tal extremo no justifica que se les reconozca derecho a llegar a la sede judicial para obtener resolución contra un adversario cuando no demuestra la existencia de un derecho propio que se vea perjudicado.
Emergencia sanitaria, juicio de menores, personas con discapacidad, suministro de medicamentos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAVANNA, ANA MARGARITA C /OSUTHGRA S/ AMPARO (l) (APELACION) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-10-09

En modo alguno la situación de emergencia sanitaria imperante, ni el aislamiento dispuesto por las autoridades -ASPO- pueden obrar como justificativo genérico e indeterminado de eventuales atrasos en la provisión de la prestación por parte de la obra social, sino que debe ser la requerida la encargada de extremar los recaudos tendientes a una provisión oportuna, eficaz, y continua, a fin de evitar riesgos en la salud del niño y de asegurar la protección debida a las personas con discapacidad a quienes el derecho a la salud debe serles garantizado según mandato convencional. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, costas, juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Laguzza, Rodolfo A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Concurso   preventivo. Incidente de revocatoria (Expte CSJ Nº 606-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-26

La materia de costas, por ser procesal, en principio, no admite el recurso de inconstitucionalidad. A este respecto, el más Alto Tribunal de la Nación tiene dicho que "...la cuestión de costas implica una materia procesal, de hecho y de derecho no federal, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria contemplada por el artículo 14 de la ley 48..." (Fallos: 240:28); que "...lo atinente a la imposición de las costas en las instancias ordinarias es una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48..." (Fallos:

308:1076); que "la imposición de las costas no es tema que quepa abordar en la instancia extraordinaria, máxime cuando la decisión al respecto aparece fundada y acorde con el resultado del pleito" (CS, febrero 11-988, "Avenida Santa Fe 1818 S.A. c. Petit Bar"); que "los agravios vinculados con el orden de la imposición de costas no suscitan cuestión federal bastante (Disidencia de los doctores Fayt y Moliné O'Connor (CS, septiembre 28-993, "Banco Roberts S.A. s/rec.

de rev. en los autos caratulados "Martínez Saravia, Miguel Angel s/conc. prev.") Si bien dicha regla general reconoce excepción en los casos que tal aspecto procesal ha sido resuelto con arbitrariedad, lo cierto es que en el sub judice no cabe hacer lugar a ella, toda vez que de la lectura de la decisión en este aspecto no se advierte que el a quo se haya apartado del sistema objetivo que preside en nuestro ordenamiento procesal la imposición causídica, en virtud del cual, habiendo un perdidoso o vencido en el litigio, deba ser él quien deba soportar el pago total de las costas.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Nintzel, Sergio Fabián y Otros c/ García, Alejandro Angel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-01

Corresponde confirmar la sentencia que responsabilizó de forma exclusiva a un automovilista por la muerte de un ciclista con el que colisionó en una calle, pues se tuvo por cierto que asumió la calidad de embistente, que no guardó la debida distancia respecto de la bicicleta en que circulaba la víctima ni una velocidad que le permitiera evitar el choque, máxime si no existe elemento probatorio alguno que acredite la mala maniobra adjudicada al ciclista y el propio conductor admitió que el siniestro ocurrió un día soleado con buena visibilidad, que divisó el desplazamiento y lo embistió cuando intentaba sobrepasarlo sin invadir el otro, lo que evidencia que fue él quien realizó la maniobra imprudente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Vargas, Ramón Martín c/ Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por daños y perjuicios Rodríguez, Mario y otro c/ Petruzziello, Antonio y otro s/ Accidente de trabajo, art. 1113, C.C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14|1995-08-01

El reconocimiento y el resarcimiento del daño moral dependen del arbitrio judicial.
Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio, corretaje inmobiliario, exenciones impositivas, Impuesto sobre los ingresos brutos, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-26

Una decisión acerca de la inclusión o no inclusión de los corredores inmobiliarios en la exención del impuesto sobre los ingresos brutos implica la asunción de una tarea meramente interpretativa de la norma en cuestión, ajena, en principio, al objeto de la acción prevista en el art. 113 inc. 2° de la CCBA. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Impuestos, agentes de retención, responsabilidad de los agentes de retención
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Costa Brava S.R.L. c/ SAGIP Y A -DISP 645/06 (Expte 805624/93)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

El art. 45 de la ley 11.683, según la reforma introducida por la ley 20.046, reprimía a los agentes de retención que mantuviesen fraudulentamente en su poder el tributo retenido después de vencer los plazos para su ingreso, sin que la circunstancia de haberse suprimido por la ley 20.658 el adverbio "fraudulentamente" en el artículo citado (48 en el t.o 1998), signifique que la mera situación objetiva pueda bastar para que se configure el tipo de infracción previsto en la norma. Ello es así toda vez que lo declarado por la Corte Suprema de Justicia en Fallos 271:297 en cuanto a la personalidad de la pena y a la consecuente necesidad de poder atribuirse la conducta punible, tanto objetiva como subjetivamente, consagra principios que constituyen esenciales tributos del derecho penal- fiscal, cuyo abandono no cabe inferir de una norma susceptible de interpretarse en armonía con aquellos, en el sentido de conferir al juzgador un más extenso poder de apreciación en punto al elemento subjetivo, al despojar a éste de connotaciones específicamente penales (Cons. III).
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Lea Place, Jorge Ricardo c/ Aronson, Sandra Beatriz y Piazza, Elio Federico s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-08-13

No resulta de recibo el argumento de la apelante en el sentido de que no guarda relación adecuada la condena que aquí se decide por "lesión", con la que habitualmente en los tribunales locales se dictan para los casos de muerte de las personas. Es que el resarcimiento derivado de la pérdida de productividad económica anexa a una incapacidad grave supera normalmente la indemnización que hubiere correspondido en caso de muerte. Ello en virtud de que en la hipótesis de incapacidad, el resarcimiento debe cubrir la totalidad de los ingresos expectables o el valor integral de las "chances" productivas frustradas.
Aplicación supletoria de la ley, proceso contravencional, código procesal penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Juarez, Daniel Angel s/ 83 - usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Corresponde descartar la arbitrariedad de la sentencia que confirmó la declaración de nulidad del acta de un agente del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte por recoger una declaración del presunto contraventor, por entender que éste habría hecho declaraciones autoincriminante al margen de lo previsto en el art. 89 del CPPCABA. Ello así, toda vez que la quejosa no expone argumentos en concreto que justifiquen sostener que la sentencia que impugna se exhiba como una decisión desprovista de fundamentación o que se aparte de las constancias probadas de la causa. Más allá de su acierto o error, la sentencia aparece como una interpretación razonada y posible del derecho vigente y de los hechos del caso. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Leyes, ley derogada, carrera hospitalaria, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Curto, Nélida Norma c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-03-13

Es sabido que la ley -en sentido amplio- puede perder vigencia en forma expresa cuando aquella que la deroga lo dice concretamente o, también en forma tácita si las nuevas disposiciones son inconciliables con el régimen normativo anterior.
Principio dispositivo, facultades del juez, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Sideco Americana SACIIF c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-03-14

"Pese a la amplitud de las facultades instructorias acordadas a los jueces y contempladas en el art. 36 inc. 2º del Código Procesal, sigue vigente el principio dispositivo conforme al cual corresponde a las partes aportar la prueba para acreditar los hechos que invocan, siendo en este aspecto la actividad de aquél meramente complementaria". Aún cuando la demora sea atribuible a la conducta de los jueces o de terceros, la parte no queda liberada de la carga de instar oportunamente la medidas demoradas.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: CERESA JORGE ALBERTO c/ SANTA REGINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES s/ DAMANDA LABORAL - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-15

No declarada la incapacidad o inhabilitación del actor en vida (arts. 141 y 152 bis del C.C.) sus actos una vez fallecido (supuesto de autos) sólo podrían ser impugnados por causa de incapacidad cuando ésta resulte de los mismos actos o que se hayan consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad (art. 474 C.C.).

No es posible encuadrar las circunstancias de la causa en el segundo supuesto, por lo que ceñidos al primero -que la demencia resulte del propio acto- debe verificarse si ello ocurrió en el caso.

Si, en el caso, la demandada, no intentó siquiera acreditar que del instrumento surgía la disminución de la capacidad mental de su firmante (cláusulas absurdas, redacción incoherente, ventaja excesiva o injustificada para la otra parte) y pese a que esta circunstancia resulta suficiente para la validez del documento, cabe resaltar que de las constancias del expediente penal (por el que se le imputó al actor el delito de circunvención de incapaz) se desprende que el sobrino del otorgante del acto y sucesor del actor en la administración de los campos de la demandada, reconoció en su declaración, que el accionante en esta causa tenía un sueldo básico y otros, "...éste tenía un porcentaje aparte", a lo que corresponde agregar el pronunciamiento del Juez Penal acerca de la validez del contrato de habitación cuando expresa "forma de retribución permitida por el derecho laboral que es usual en el tipo de administración que llevaba el prevenido".

Si bien fue a otros fines (delictivo), el acto jurídico (habilitación) era el mismo por el que se lo denunció penalmente y respecto del cual se plantea la nulidad ante el juez Laboral. Por este último motivo corresponde también desvirtuar la posibilidad de que en el caso se trate de una excepción que contempla el art.414,in fine,C.C.es decir la mala fé del actor para obtener la firma del contrato.Ello es así, porque sobre este aspecto también se pronunció la justicia penal al afirmar "no se acredito la existencia de maniobra por parte del imputado para perjudicar patrimonialmente".

Para la justicia criminal no se logró probar el elemento subjetivo dolo. La última parte del art. 474 C.C. reza "salvo que se probare la mala fe intención de perjudicar la persona o los derechos de otro (art. 1072 C.C.).-
Sanciones disciplinarias administrativas, responsabilidad del funcionario público, pérdida del expediente, apercibimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fox, Eduardo María y Gómez, Claudia Mariana s/ avocación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

Corresponde dejar sin efecto la sanción de apercibimiento impuesta a un secretario a raíz de la desaparición de efectos correspondientes a una causa si, tratándose de un hecho ocurrido fuera del horario de funcionamiento del tribunal y en la ausencia justificada del funcionario, no le cabe reproche de no haber previsto una solución alternativa para evitar el suceso, pues el deber de previsión exigible en abstracto no puede ir más allá de lo que razonablemente puede acaecer -según el curso regular de las cosas- en el devenir de la actividad judicial.
Manifestación de la voluntad, silencio
Materia: CIVIL
Carátula: C., C. J. c/ Z. L. y/o F., W. M. s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-29

La regla general de interpretación del art. 919 del C. Civil explica que el silencio no puede ser considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, a excepción de los supuestos que la misma ley establece , pudiendo configurar admisión cuando el deber de contestar tenga evidencia directa y distinta, pero el silencio por sí solo no implica que existiera ese deber de responder.
Jueces, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Entidad Binacional Yacyretá c/ Misiones, Provincia de s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Al no mediar interés legal que contemple una situación son los jueces los que deben determinar lo que corresponde abonar en tal concepto (art. 622 del Código Civil).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, bancos, contratos bancarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: VALUED SA c/ BANCO RIO DE LA PLATA SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-12

Cabe rechazar la acción intentada contra un banco por uno de sus clientes, en reclamo de la suma de $13.200 -equivalente al 40% del importe que se intentó transferir de acuerdo a la paridad u$s1= $ 1.40- por los daños y perjuicios que le causara el rechazó de apertura de una cuenta corriente en dólares a los efectos de transferir a esta los fondos que tenia en una cuenta corriente en pesos y cancelación anticipada de una carta de crédito, por un importe en dólares, con vencimiento dos meses mas tarde -23.2.02-, solicitada con fecha 20.12.01, toda vez que, no encontrándose obligado el banco a abrir una cuenta corriente, el rechazo de la solicitud no le acarrea a la entidad accionada ninguna consecuencia o responsabilidad patrimonial; ya que, estando la operación de cuenta corriente, sujeta a la reglamentación establecida por el BCRA (ley 24452 art. 66 y circular opasi-2), el contrato recién se perfecciona cuando, una vez efectuados los estudios técnicos pertinentes, el banco presta el respectivo acuerdo, y solo entonces las autoridades bancarias abren la cuenta corriente de que se trate, de manera que la carta documento enviada por el banco al día siguiente de presentada la solicitud, a través del "oficial de empresas " de dicha entidad, comunicándole la imposibilidad de la apertura de la cuenta y la consiguiente transferencia de divisas, acredita que la convención no llegó a concluirse por falta de consentimiento de la entidad financiera -no obstando a ello la nota inserta por el mismo oficial en la solicitud de apertura de cuenta corriente en dólares en la que reza "el n será 25 mil... ", pues se trata de un empleado del banco que carece de facultades legales para celebrar contrataciones bancarias en nombre de la entidad financiera empleadora-; ello así, no resultando abusivo el rechazo , máxime cuando tal decisión fue adoptada al día siguiente de presentada la solicitud y en el marco de una grave situación institucional, económica y financiera -cabe recordar que el 20.12.01 el titular del poder ejecutivo presentó su renuncia, a partir del día siguiente el banco central dispuso sucesivos feriados bancarios y cambiarios, hasta que reanudada la actividad fue dictada la ley 25561 que derogara el decreto 1570/01 art. 1-, el accionar del banco no merece sanción o reproche alguno.
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: SOLUCCI SANTIAGO s/ SUCESION - BIEN DE FAMILIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

La ley 14.394 que en sus artículos 34 y siguientes ha organizado la afectación de un inmueble como "bien de familia" tiene como fin fundamental la protección del núcleo familiar que vive bajo un mismo techo. La intención del legislador al consagrar este instituto ha sido la defensa del grupo familiar frente a las vicisitudes económicas de los malos negocios y el sustento mismo del grupo.

Cumple un doble objetivo: económico, para la protección y conservación del patrimonio y social, ya que propende al mantenimiento de la familia bajo un mismo techo.

Este régimen es provisional y su eficacia no puede perdurar indefinidamente. Los fundamentos de su institución y su misma naturaleza determinan la necesidad de que cese al producirse situaciones que revelan la ausencia de alguno de los elementos constitutivos esenciales o que evidencien hechos incompatibles con la subsistencia del bien de familia.
Derechos personalísimos, derecho a la imagen, daño moral, indemnización, publicación de fotografía, reproducción ilegal de obra intelectual
Materia: CIVIL
Carátula: POLINO, MARCELO A. c/ LISICA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

La invasión de la esfera reservada del individuo para ser expuesta ante terceros, sin un interés legítimo o un derecho constituido al efecto, configura "per se" la violación de su intimidad.

El derecho a la imagen, autónomo y esencial, no es ilimitado, aunque absoluto por poder ser opuesto "erga omnes" cuando tiene vigencia- sólo cede ante el interés general, de la sociedad, como por ejemplo cuando se "relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales.

Para que la publicación de un retrato, sin consentimiento del retratado, pueda ser publicado libremente bajo el amparo del art. 31 de la ley 11.724, no basta que ella haya sido obtenida en un acontecimiento desenvuelto en público, sino que la cuestión debe provocar un notable interés. Si no hay un verdadero acontecimiento peculiar, que representa un interés informativo serio, importante y útil para la sociedad, debe mantenerse enhiesto el bien individual, pues caso contrario, y con diversos motivos simulados o aparentes, se vería fácilmente violado.

El acontecimiento que se publica, debe respetar la histórica realidad, pues si en lugar de ello se altera la crónica, no persigue el fin que la ley contempla para admitir la limitación al derecho de la imagen.

Cabe admitir el reclamo indemnizatorio del daño moral si la reproducción no tuvo el fin teleológico previsto por la ley, cuando las fotografías se emplearon con un fin netamente comercial, y la imagen de un hombre sin ropas en la playa no fue presentado como un hecho de interés general o informativo para la sociedad, sino que se incorporó en revistas eróticas, como un artículo más, sin trascendencia. No modifica esta decisión, el hecho que la impresión fue efectuada en un lugar público, si se concretó en horas en que la playa permanecía desierta y sin la presencia de mirones y curiosos.

Aunque un hombre haya posado desnudo para un fotógrafo, ello no obsta a que pueda oponerse a la reproducción de esa imagen en revistas. La tutela legal impide las injerencias y desmedro de la vida privada, la revelación de hechos del pasado sin que exista una necesidad de orden superior.

Cualquiera haya sido la conducta del fotografiado antes del hecho o el medio que lo rodeaba (que trabajara en un cabaret, por ejemplo), éste gozaba del derecho a mantenerlo en reserva, es decir en resguardo del conocimiento de los demás no interesados. Sólo pueden tener injerencias esas circunstancias al momento de calcular la indemnización.

Para fijar la indemnización se debe tener en cuenta ciertas circunstancias relacionadas con la personalidad del afectado, el ámbito en el que se desenvuelve la naturaleza de la intrusión, la finalidad perseguida, el medio empleado, el grado de difusión que adquirió y la incidencia futura que puede acarrear en la vida familiar, de relación o en la función o empleo del damnificado.