marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tutela sindical, reinstalación en el puesto de trabajo, personal no permanente
Materia: LABORAL
Carátula: Sarasibar, Jorge Héctor c/ Municipalidad de Guaminí s/ Pretensión de restablecimiento o reconoc. de derechos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-12

Es procedente la acción de reinstalación interpuesta en los términos del art. 52 de la ley 23.551  por un trabajador temporario a quien la Municipalidad de Guaminí no le renovó el contrato mientras ejercía funciones como secretario general del sindicato de trabajadores municipales, pues antes de declarar extinguido el vínculo debió requerir ante el órgano judicial la exclusión de tutela sindical, ya que mal pudo quedar enervada en la especie la estabilidad sindical del accionante en virtud del carácter temporario del vínculo de empleo público, si la accionada no formuló objeción alguna respecto de la designación, ni mucho menos cuestionó la extensión temporal del mandato con el que fue investido el actor.
Derecho laboral, traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: GODOY JOSE RENE c/ EMPRESA  S.A.D.E. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-06-07

La quejosa expresa que la carga de practicar el traslado de la citación del tercero, pesaba en la actividad e impulso oficioso del Juez "a-quo" de conformidad a lo establecido en el art. 30 de la Ley 1444. Principio este que no puede ser entendido con la amplitud que se pretende alterando la carga que pesa sobre quién "optó" para citar a un a supuesta aseguradora en su propio beneficio, máxime que ello no comprometía la eficacia de la tutela jurisdiccional con la posible frustración de un derecho.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: ORLANDO D. TABARI c/ RODOLFO J. VINELLI (H)  S.A.I.M. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-22

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que, al modificar lo resuelto en la instancia anterior, hizo extensiva la condena a la codemandada. Ello así, pues no se advierte que la Cámara haya incurrido en arbitrariedad al admitir la responsabilidad solidaria de todos aquellos que "de algún modo" pudieran haber actuado para "inducir" a "los compradores a tener fe en la operación principal", ya que esa interpretación contempla las finalidades propias de la ley y la protección de los adquirentes en este tipo de operaciones, sin que aprecie falencia en la fundamentación del fallo que torne admisible el recurso federal.
Juicio abreviado, pena más grave
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Benedetti, Maximiliano Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-06

La imposición de una pena superior a la acordada con el representante del Ministerio Público Fiscal, vicia, al ser introducida intempestivamente ex post facto, la voluntad del justiciable ante la modificación de las condiciones que dieron lugar al convenio de juicio abreviado. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo y Hornos).
Recurso de inconstitucionalidad, gravamen irreparable, cuestiones procesales, sentencia no firme, defensa en juicio, recusación, proceso penal, jueces, juez de instrucción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C, R s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO.    INCIDENTE DE RECUSACION.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 146-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-22

Si bien la cuestión traída a conocimiento del Alto Cuerpo separación del Juez de la causa- acusa carácter procesal, y la Cámara deniega el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por no tratarse de una sentencia definitiva, lo cierto es que el decisorio puede causar un agravio de imposible o insuficiente reparación posterior y se vincula a la garantía constitucional de la defensa en juicio, toda vez que se pone en entredicho la idoneidad del Juez respecto de su imparcialidad conforme a su propia afirmación.

De los fundamentos del Dr Iturraspe.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: S., E. y Otra c/ M.I. SRL y/o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-12-23

La doctrina en materia de accidentes de tránsito donde los protagonistas son un automotor y un peatón, ha mantenido un criterio basado estructuralmente en las diferencias de cuerpos o de masas una frente a la otra, la verdadera inferioridad física del ser humano ante la máquina, así como también el carácter de cosa riesgosa de los vehículos.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIDELA ROBERTO c/ MIGUEL GIRALA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S084 - 110)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-07

Es el actor quien tiene interés en determinar el carácter de civilmente responsable del demandado, y debe en consecuencia acreditar en éste la propiedad del automotor interviniente.
Derechos y garantías constitucionales, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sueldo de Posleman, Mónica R. y otra. s/ Acción  de  Amparo  -  Medida  de  no  innovar - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

En la primera parte del art. 18 de la Constitución Nacional se ha establecido el principio de que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales al margen del Poder Judicial; en la segunda, se ha reforzado ese principio, eliminando la posibilidad de que se viole en forma indirecta tal prohibición, mediante la remisión de un caso particular a conocimiento de tribunales a quienes la ley no les ha conferido jurisdicción para conocer en general de la materia sobre la que el asunto versa.
Juicio ejecutivo, falsedad de título, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: RIEL Stella Maris y Otra c/ Herederos de García Rosendo s/ Ejecutivo - Actuaciones por Separado para Elevar al Superior
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-07-28

El trámite establecido para las excepciones interpuestas en el juicio ejecutivo es el de dar traslado al ejecutante de las mismas debiendo éste al contestarlo ofrecer la prueba de que intente valerse.

Proceder del modo en que pretende la apelante sería atentar contra el debido proceso, restituyendo plazos ya vencidos, retrogradando el trámite y vulnerando así el principio de preclusión que informa nuestro derecho. Es sabido que la firma de los títulos en ejecución debe tenerse por auténtica mientras no se demuestre lo contrario.

Por ende, en el juicio ejecutivo la carga probatoria se invierte, ya que corresponde al ejecutado demostrar fehacientemente los hechos en que funda sus defensas. En el caso que nos ocupa incumbía a los herederos la acreditación de la falsedad que alegaron al oponer excepciones ofreciendo la prueba respectiva a los fines de que sus alegaciones no queden sin sustento.

El debido proceso ha sido cumplido siendo la apelante la que pretende apartarse del mismo con la ampliación de pericia que postula incorporando nueva documental cuando su derecho ya ha precluido.

A mayor abundamiento téngase en cuenta que al contestar el traslado pertinente la hoy recurrente manifestó desinterés en la pericia contenida en el art. 441 del C.P.C. por lo cual y en términos del mismo artículo "se abstiene de participar en ella".
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, Banco de la Provincia de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: LAMINACION ARGENTINA DEL COBRE S.C.A. c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

La ley 22.016 derogó todas las disposiciones de las leyes nacionales, ya sean generales, sociales o estatutarias, en cuanto eximen o permiten capitalizar el pago de los tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos, tasas y contribuciones), a todo organismo nacional, provincial o municipal que venda bienes o preste servicios a terceros a título oneroso, supuesto éste en el que, claramente, se encuentra comprendido el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de donde no cabe considerarlo eximido del pago de la tasa de justicia.-
Deber de imparcialidad, coautoría, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Di Bella, Diego Martín y otro c/  s/ homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

Cabe descartar la violación de la garantía constitucional de juez imparcial invocada sobre la base de la intervención de uno de los jueces al inicio de la investigación del caso, como defensor oficial de uno de los coimputados en las actuaciones, que luego fue sobreseído, si más allá de no tratarse de una de las partes juzgadas en el debate, la declaración de este último -ocurrida diez años atrás- y la relación que tuvo con los condenados en las actuaciones en examen no revisten la trascendencia que le asigna la defensa pues las pruebas que valoró el tribunal para condenar carecen de vinculación con el acto donde intervino como defensor público el juez cuestionado. Asimismo, la defensa tuvo múltiples oportunidades de plantear el temor de parcialidad previo a la realización del juicio oral y público y no lo hizo. Por lo demás, tampoco se advierte una actividad parcial en cuanto a las pruebas que ordenó realizar, esto es, uno de los actos demostrativos de su parcialidad, de acuerdo con lo dicho en la audiencia, el juez se atuvo a lo que solicitaron las partes y tampoco se aprecia que durante su actividad en el debate se haya comportado de manera parcial (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Morin)
Juicio por delitos de acción privada, delitos contra el honor, acusación, acusación defectuosa, requerimiento de pena, falta de requerimiento de pena, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Palazuelos, Ramón s/ Defensa en Juicio - Acusación - Calumnias e Injurias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-15

1) La falta de determinación en la acusación de las expresiones que deben considerarse calumniosas o injuriosas no torna de imposible cumplimiento la labor de la defensa.

2) "Lo que se debe tener en consideración es la especificación del hecho contenido en la imputación y no en la enunciación del título del delito, y menos aún la indicación de las disposiciones de la ley que pueden incluso ser erróneas sin que su rectificación modifique el hecho notificado... modificación que en todo caso sería exclusivamente jurídica".

3) No es nula la acusación formulada en un proceso por un delito de acción privada que carece del requerimiento punitivo; cuando se dejan libradas las penas al órgano jurisdiccional a cuyo cargo está en definitiva la selección.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, religiosos profesos
Materia: LABORAL
Carátula: GRANATA, MAFALDA c/ INSTITUTO    RELIGIOSAS   DE  SAN  JOSE  DE  CULTURA  Y  BENEFICENCIA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-03-23

Una religiosa que ha profesado, ha efectuado votos de obediencia, pobreza y castidad y se ha integrado a una comunidad religiosa, no puede (por sus tareas docentes) ser considerada trabajadora en los términos del artículo 27 de la LCT., toda vez que el voto de pobreza, con su esquema de comunidad de bienes, reemplaza a la dependencia económica, así como el de obediencia a la dependencia jurídica personal, debiendo regirse tal relación por el derecho Canónico y no por las normas del Derecho del Trabajo.
Honorarios, regulación de honorarios, monto del juicio, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: DUHALDE, RUBEN LUIS c/ ASOCIACION GREMIAL DE SANIDAD FERROVIARIA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

Los intereses no integran el monto del proceso a los fines regulatorios.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gemo, Gerardo c/ Acerbo, Pedro y otro s/ Daños y perjuicios Torres, José R. y otros c/ Contreras, José R. y otros s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-28|1995-11-17

No hay agravio en el sentido técnico-procesal si respecto del rubro daño material el apelante sostiene que el mismo por elevado, debería morigerarse. Semejante afirmación no constituye crítica concreta y razonada del fallo, como lo requiere la ley, por lo que el recurso interpuesto resulta inidóneo.-
Aclaratoria (procesal), cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Paloschi de Baltar, Myriam Mabel c/ Baltar, Roberto Axel. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

El principio jurídico según el cual los errores aritméticos o de cálculo en que incurra una decisión deben ser necesariamente rectificados por los jueces, a pedido de parte o de oficio, si se sustenta en el hecho de que el cumplimiento de una sentencia informada por vicios semejantes, lejos de preservar, conspira y destruye la institución cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, pues aquella busca amparar, más que el texto formal del fallo, la solución real prevista en él.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, interrupción de la prescripción, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, PASCUAL ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE s/ C.P.L.- RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 313 AÑO  2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la Sala apoya su decisión en el precedente de esta Corte "Leones" soslayando las diferencias sustantivas con el caso de autos: la configuración de la interrupción de la prescripción.

A lo largo del proceso seguido en baja instancia la actora hizo particular hincapié en que en el procedimiento administrativo se habían ejecutados actos con idoneidad suficiente para interrumpir o suspender el curso de la prescripción. Sin embargo, dicho planteo de la accionante no mereció respuesta jurisdiccional alguna por cuanto la Sala solo se limitó a trasladar mecánicamente la jurisprudencia emanada de esta Corte in re "Leones" sin reparar en todo el iter procedimental seguido en sede administrativa.

Y bien, siendo que los Jueces de la causa no ponderaron, pese a la decisividad que podrían tener en la resolución de la defensa de prescripción, el cúmulo de instancias, dictámenes y actos administrativos acompañados, corresponde la descalificación constitucional de la sentencia a tenor de la doctrina de la arbitrariedad.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rea, Luis Daniel c/ Vega, Luis Enrique y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-15

Quien no ha cumplido mínimamente con sus deberes de padre no puede reclamar daños por la muerte de su hijo. (MINORIA u opinión personal)
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías
Materia: ADUANERO
Carátula: CIA ERICCSON S.A.I.C. s/ APELACION - MULTA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-30

El art. 167 de la Ley de Aduana (texto ordenado en 1962, modifica por la ley 17.138) sólo reprimía las declaraciones falsas o incorrectas sobre la cantidad, valor, naturaleza, calidad o especie de la mercadería introducida, es decir, únicamente el acto consistente en una manifestación "positiva incorrecta", razón por la cual no podía fundarse en esa norma la pena aplicada a quien, habiendo dado a conocer un valor no susceptible de ser tachado de falso, omitió declarar ciertas particularidades capaces de llevar al organismo fiscal a practicar a aquél determinados ajustes (arts. 8 y 9 de la ley 17.352.
Competencia desleal, marcas, envase semejante, responsabilidad del infractor, defensa del consumidor, lealtad comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Carrefour Argentina S.A. s/ ley 22.802
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-26

La infracción al art. 5 de la ley 22.802 no requiere la comprobación de un perjuicio concreto al consumidor, ya que basta con que se incurra en alguna de las conductas descriptas en la norma, con aptitud para inducir a error, engaño o confusión, para que se configure la infracción, con prescindencia de la producción de un resultado.(Sumario confeccionado por el SAIJ).
MÉXICO, medidas de seguridad y protección, víctima del delito, familiares de la víctima, amenazas, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 27/2018 - Medida cautelar No. 1014/17 -- Niña indígena U.V.O. y familia respecto de México c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-05-05

Corresponde que la Comisión Interamericana declare beneficiarios de las medidas de protección que el Estado de México debe llevar adelante, al grupo familiar ampliado de la niña integrante de la comunidad indígena de Chiapas que a la edad de cuatro años fue víctima de violación, pues tanto su padre, madre, abuelo paterno, abuela paterna como así también sus tíos sufrieron amenazas, intimidaciones y señalamientos de la comunidad luego de haber denunciado la violación sexual padecida por la menor.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, jubilaciones, cosa juzgada administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OMAR LUCINI s/ JUBILACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-17

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que estableció como fecha inicial de pago de los haberes la correspondiente a la solicitud del beneficio; de acuerdo con lo prescripto por los arts. 43, tercer párrafo, y 44 de la ley 18.037 -t.o. 1976-, si los agravios del recurrente suscitan al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho previsional materia cuya decisión compete a los jueces de la causa y resulta ajena, por naturaleza, a la instancia del art. 14 de la ley 48, máxime cuando lo resuelto se sustenta en razones suficientes de igual carácter que, al margen de su acierto o error, eliminan la tacha de arbitrariedad invocada, y, por otra parte, no se advierte que la sentencia vulnere la cosa juzgada administrativa o infrinja lesión patrimonial al interesado, ya que el dictamen interno que éste aduce en apoyo de su pretensión, amén de contener un evidente error material subsanado posteriormente, no importa resolución alguna capaz de otorgar derechos.
Empleados públicos, actuaciones administrativas, excepción de prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: DASSARO, HECTOR c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS AS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

Si el actor, dependiente de un organismo público, peticionó el cobro de un crédito debido por su empleadora, sustanciando un expediente interno, no puede ésta - una vez iniciadas las acciones judiciales - ampararse en la excepción de prescripción pues tal defensa implica valerse del transcurso del tiempo que se originó en su propia conducta, la cual pudo persuadir al trabajador respecto de que su pedido sería considerado sin necesidad de acudir a los tribunales.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, ejecución fiscal, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional (DGI.) c/ Instituto    de  Previsión,  Seguridad  y  Asistencia  Social  de  la Provincia de La Rioja s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Las decisiones recaídas en los juicios de ejecución fiscal no son susceptibles de recurso extraordinario, salvo en los casos en que medie gravedad institucional.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, aplicación de la ley, reparación integral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, MARIA B. c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-09-23

Debe declararse inadmisible el recurso interpuesto, en tanto no se advierte que la Cámara, al referir a las pautas indemnizatorias a aplicar, se hubiera desentendido de las prescripciones normativas establecidas en la ley 26773 y en el decreto 1694/09 ante la morosidad del deudor, ámbito en el cual la Sala destacó que lo resuelto se enmarca en el principio de reparación integral que rige en la materia, conforme las garantías constitucionales involucradas y el criterio emanado del Máximo Tribunal de la Nación. (Del voto de la Dra. Gastaldi).
Libreta cívica, tenencia ilegítima de libreta cívica, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL
Carátula: DUPONT, RODOLFO HUGO Y OTROS s/ FALSIFICACION    DE   DOCUMENTO  PUBLICO  ACREDITANTE  DE  DOMINIO  Y  HABILITACION PARA CIRCULAR CON AUTOMOTORES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-24

La tenencia de libreta cívica ajena es una conducta atípica dentro de nuestro ordenamiento legal, pues el art. 28 de la ley 11 386, contempla en modo exclusivo a la libreta de enrolamiento.

Por otra parte, la ley 13.010, de enrolamiento femenino, no contiene disposiciones penales ni efectúa remisión alguna a los tipos acuÑados por la ley 11.386. y tampoco resuelve el vacío la ley 20 974, modificatoria del decreto ley 17.671/68, puesto que si bien crea figuras penales, incrimina la tenencia ilegítima tan sólo de documentos nacionales de identidad, que son aquellos que de acuerdo a la propia ley extiende el Registro Nacional de la Personas (art.

2, inc. c]).

Por lo demás, la ley 13.482, por la que se creo el Registro Nacional de las Personas, derogada por el decreto ley 17.671/68 en sus disposiciones referentes a los delitos, tampoco previó siquiera la conducta examinada en tal carácter.

En tales condiciones la punición de tal acontecer, a través del art.

28 de la ley 11.386, implica una interpretación analógica de la ley penal, violatoria del principio de legalidad que consagra el art. 18 de la C.N., con la que se procura llenar su verdadero vacío ante la falta de previsión expresa que, a la luz de la "ratio legis", debería estar acuñada como delito.

Los argumentos vertidos por esta Cámara con distinta integración, en sentido contrario, para extender la punibilidad no resultan decisivos. La circunstancia de que la ley 13.010 en su art. 3 disponga que para la mujer regirá la misma ley electoral que para el hombre, en modo alguno implica que se trate de una remisión a las disposiciones penales de la ley 11.386 que trata de enrolamiento.

Tampoco surge de la inclusión que formula el art. 5 de la misma ley 13.010, que sólo se limita a declarar inaplicables, obviamente, las sanciones de carácter militar, sin que quepa inferir de ello que se sean extensivas las vinculadas con los delitos, dado que eso no lo dice la norma.

Está claro que las razones por las cuales se ha de castigar la tenencia de la libreta cívica ajena, son idénticas a los que llevaran a la sanción de la de homólogos documentos, mas ello, en todo caso, supone cubrir el vacío por analogía y esto es precisamente lo que veda el principio de legalidad que consagra el art. 18 de la Const. Nacional.
Daños y perjuicios, damnificado indirecto, conviviente, pérdida de la chance, mala praxis
Materia: CIVIL
Carátula: HURTADO, BLANCA c/ Y.P.F. SOCIEDAD DEL ESTADO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-17

La concubina como damnificada indirecta por mala praxis, está legitimada para demandar el pago de los daños y perjuicios que por la muerte del causante -su compañero- o la pérdida de la "chance" de la vida, ha sufrido.