Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-28


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Pro-vincia del Chubut, a los 28 días del mes de noviembre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "R. Vda. de I., A. S. c/ SUCESORES de I. I. s/ ORDINARIO (Legítimo Abono)", Expte. No. 15.534/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución nro. 2 (Expte. No. 171/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 260), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Fernando Nahuelanca, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y Dr. Julio Antonio Alexan-dre.

Acto seguido se resolvió plantear y vo-tar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 229/231? y SE-GUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia aprueba las cuentas rendi-das por la administradora judicial de la sucesión S. R., desde dic/99 hasta set/2004, por la suma de $17.677,60. Dispone en el punto segundo que G. G. I., abone a la administradora judicial el valor de la sexta parte de los gastos rendidos, la suma de $2946. Impone las costas por el orden causado y re-gula honorarios del profesional actuante.

Los agravios se formulan a fs. 255/256. Transcribe los textos del fallo que la agravian, de fs. 230vta., 2do. párr., en cuanto el fallo tiene rendidas las cuentas hasta que se cumple el ciclo de gestión en-comendado, por el monto de $17.677,60, con lo que ex-trae saldo a favor del administrador por la suma de $2.946, que deberán ser abonados por la heredera G. G. I., en razón que todos los herederos deben contribuir a los gastos de administración de la sucesión.

Se agravia al respecto la apelante, por-que su parte rindió las cuentas por la suma de $27.764,03, comprendiendo los gastos efectuados desde dic.99 hasta set.2004, que, en consecuencia, el saldo a favor de la administradora debería ser de $4.627,34.

Peticiona la revocatoria de la sentencia en cuanto ha sido materia de agravio.

En principio corresponde confirmar, como se funda el decisorio, que la ausencia de impugnación a las cuentas no impide la intervención oficiosa del sen-tenciante, ya que la aprobación es si "correspondiere", pero a ello, paralelamente, debe asimismo advertirse con la obra "Procedimiento Sucesorio" del autor H.R. Goyena Copello, que no habiendo observaciones a las cuentas, la resolución que se dicta "es cuanto hubiere lugar en derecho" (obra cit., Ed. Astrea, 5ta. Ed. Año 1987, pág. 226 ).

En dicho marco, luego de transcribir la apelante los textos del fallo que la agravian y su pre-tensión, sostiene que el pronunciamiento judicial no le permite ejercer el derecho de defensa, al aprobarse so-lo hasta $17.677,80, evidenciando una diferencia de $10.086,43. Se queja asimismo que el sentenciante orde-ne un reembolso de $2.946, que en todo caso debió ser de $4.627,34.

El examen de la sentencia revela que tiene presente la incontestación de la demanda y con sentido limitativo señala que el Juez las aprobará si correspondiere (fs. 229 vta.). Determina a continuación (fs. 230) las funciones del administrador, la naturale-za de los actos que puede realizar, de conservación de los bienes, los ordinarios que emanan de la propia na-turaleza de la función, otros que dejando de ser ordi-narios resultan apropiados según las circunstancias y de disposición de fondos que resulten propios de la ad-ministración.

Refiere asimismo que se acompañó docu-mentación original con referencia a pagos con especifi-cación de su causa concreta, se describieron ventas de bienes automotores justificando los valores que ingre-saron y egresaron, conforma asimismo que los pagos co-rresponden a gastos y que estarían comprendidos dentro de las funciones del administrador e inherentes a las mismas, pero en definitiva, con tales evaluaciones, concluye que corresponde aprobar las cuentas por la su-ma de $17.677,60, correspondientes a la gestión de dic/99 a set/2004.

Desde que la accionante peticionaba la aprobación de las cuentas por la suma de $27.064,03, que resulta rebelde la demandada por incontestación de la demanda, aparece notoria la ausencia de fundamenta-ción del fallo para solo aprobar las mismas hasta la suma de $17.677,80 (fs. 230), sin señalar con precisión los documentos rechazados para alcanzar dicha reduc-ción. Es que la sentencia contiene otra conclusión, que de las cuentas presentadas y conceptos desarrolla-dos por los gastos efectuados, estarían comprendidos entre las funciones inherentes a las funciones del ad-ministrador.

El demérito del fallo resulta evidente como la violación del fallo del principio de defensa en juicio e incongruente a su propia oficiosidad: "...la observación de oficio de las cuentas presentadas", como se lo propone a fs. 229 vta. "in fine". Así resulta, al aprobar parcialmente las cuentas por suma global y rechazo implícito de otras en la misma forma por la su-ma de $10.086,83, sin identificar cuáles son y a qué fojas corresponden. No puede "adivinar" la accionante, frente a una parcial aprobación pero en la forma seña-lada, qué cuentas, facturas de gastos u otros documen-tos quedaron rechazados.

Por ello, en razón de los agravios res-pecto a las cuentas en sí mismas, corresponde hacer lu-gar parcialmente al recurso, aprobando las discrimina-das en el punto II de fs. 210 de la rendición, por la suma de $27.764,03, con la limitación resultante de la razón por la que procede la aprobación, la ausencia de impugnación. El mismo autor citado así lo refiere: "...se necesita un acto jurisdiccional que las apruebe, lo cual se logra después de la sustanciación correspon-diente a las impugnaciones que hubiere habido. No habiéndolas, la resolución que se dicta es en cuanto hubiere lugar por derecho y en consecuencia, no reviste autoridad de cosa juzgada, por lo cual puede ser recti-ficada si se hubieren deslizado errores al practicar-la..." ("Procedimiento sucesorio", H.R. Goyena Copello, pág. 226, Ed.Astrea, año 1987, 5ta.ed., ampliada y ac-tual.).

En cuanto como agravio impugna el monto de $2.946 como sexta parte a la que se encontraría obligada la heredera y que en función de la cuenta de gastos sostenida pretende la suma de $4.627,34, la re-currente pone en juego el derecho aplicable, por lo que deben señalarse los siguientes reparos. Tanto como la recurrente invoca y se le reconoce la afectación del principio de defensa en juicio, el fallo asimismo lo afecta en perjuicio de la heredera citada, adoptando premisas ajenas al debido proceso en el marco de la de-claración de rebeldía del art. 59 CPCCCh. Ello es, in-timando por un porcentual hereditario no declarado en el juicio sucesorio ni peticionado en la rendición de cuentas de fs. 210/211, por lo que no pudo ingresarse a un pronunciamiento como reconocido por vía del art. 59 CPCCCh, por franca violación del principio de defensa aludido, que el Juez debe preservar (Art.18 C.N.). Co-rrelativamente la administradora carece de agravio, ya que nunca contuvo la rendición de gastos pretensión de declarar porciones hereditarias, lógica postura por en-contrarse pendientes los actos idóneos en el juicio su-cesorio, la partición determinante de las mismas (Conf. arg. C.Nac. Civ., Sala B., dic.3-970- Gil, Dora I., suc.: "No es posible determinar la parte proporcional que corresponde a cada heredero sobre sumas devengadas por la locación de un bien, si en la sucesión no se ha efectuado aún la partición" (E.D. 37-53). Es claro que los herederos deben contribuir al pago de los gastos de la administración en la proporción de lo que recibie-ren, pero tales proporciones no se encuentran determi-nadas conforme a derecho, siendo la partición la opor-tunidad de separar "...los bienes suficientes para el pago de las deudas y cargas de la sucesión" (art.3474 C.C.).

Por todo lo expuesto, el recurso prospe-ra parcialmente, aprobando la rendición de cuentas de fs. 210/211, en cuanto hubiere lugar en derecho, con-forme a la rendición de gastos del cuadro de fs. 210 por la suma de $27.764,03 y revocando en cuanto resuel-ve el abono de la sexta parte de los gastos rendidos por la suma de $2.946.

Las costas de la primera instancia de-vienen impuestas por su orden, habiéndose regulado los honorarios con aplicación de los arts. 6, 7, 19, 33 y 47 de la Ley 2200 y ref. Ley 4335, advirtiendo en con-secuencia la naturaleza incidental asignada al juicio, sin observaciones.

En consecuencia, a los fines del art. 279 CPCCCh, considerando que el proceso no se declaró de puro derecho ni se abrió a prueba, por los trabajos y mérito de lo realizado, si por una parte se conforma la aprobación de las cuentas por el monto solicitado, por la otra se revoca otro punto de la sentencia, esti-mo que deben confirmarse los honorarios regulados.

En esta Alzada, por las mismas circuns-tancias procesales de la primera instancia y principio de congruencia con lo resuelto en lo principal, las costas deben imponerse asimismo por su orden (art. 68, 2da.parte CPCCCh.). Atendiendo al mérito del trabajo realizado y su resultado, propongo los honorarios de la Dra. M. C. M. C., en la suma de $600.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora A. S. R. Vda. de I., fundado a fs. 255/256, contra la sen-tencia de fs. 229/231, confirmar parcialmente la sen-tencia de fs. 229/231 y revocar en la forma que se ex-pone a continuación.

2) Confirmar parcialmente el punto 2) de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 229/231, en cuanto aprueba la rendición de cuentas, revocar en cuanto a la suma de $17.677,60 y aprobar la rendición de cuentas de fs. 210/211, en cuanto hubiere lugar en derecho, por la suma de $27.764,03.

3) Revocar el punto 2) de la parte reso-lutiva del fallo aludido en cuanto dispone que la here-dera G. G. I. abone a la administradora judicial el valor de la sexta parte de los gastos ren-didos, por la suma de $2.946, lo que se deja sin efec-to.

4) Confirmar el punto 3) de la parte re-solutiva del fallo aludido, en cuanto a la imposición de las costas por su orden y regulación de los honora-rios.

5) Costas de la Alzada por su orden, proponiendo la regulación de los honorarios de la Dra. M. C. M. C., en la suma de $600.

A la primera cuestión la Dra. Alonso de Ariet dijo:

1. Desde que comparto plenamente la pos-tura del magistrado preopinante para la solución del caso venido en apelación, es pertinente que me remita a su reseña del pleito, fallo dictado y síntesis de los agravios de la recurrente.

2. Tratamiento de los agravios.

La queja tiene como eje central la falta de fundamentos adecuados de la sentencia en orden al monto de la rendición de cuentas y su necesaria proyec-ción en la determinación de la suma que debe ser abona-da por la heredera G. G. I. como contri-bución por los gastos realizados.

Tal como lo ha señalado mi colega pre-opinante, es procedente la misma; ello desde que el ra-zonamiento del juez de grado aparece trunco. Así, se ajusta a derecho el primer tramo del mismo en cuanto señala que la falta de observación de la cuentas no im-pide la actuación oficiosa del juez al momento de apro-barlas; ahora bien, tal facultad no lo exime de fundar la decisión que adopte en ejercicio de la misma.

Ese déficit de motivación da sustento a la impugnación ya que evidencia un claro impedimento al adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio. Repárese que del monto menor reconocido se infiere aprobación de algunas partidas y el consecuente rechazo de otras; pero la falta de especificación de cuáles son éstas últimas y de las razones que fundaron tal proce-der tornan arbitraria la decisión. Más aun, al efectuar la actividad ofi-ciosa de contralor, no advierto la posibilidad de no justificar alguna de las partidas desde que aparecen vinculadas con la sucesión y tienen sustento documen-tal; en tal marco y dada la falta de impugnación por parte de la otra heredera es procedente su aprobación por la suma de $27.764,03 en cuanto hubiere lugar por derecho, tal como lo propone mi colega preopinante.

El restante agravio se vincula la dispo-sición de pago de un sexto de tal suma por parte de una de las herederas. La queja si bien aparentemente proce-dente desde el punto de vista formal nos obliga a aden-trarnos en el fondo de la cuestión. Es que la decisión de ordenar el pago no puede prosperar porque, como bien se puntualiza en el voto que me antecede, la decisión del juez de grado en la materia afecta también el dere-cho de defensa en juicio -en este caso de la demandada- por incongruente; es que tal declaración nunca fue so-licitada. Tal flagrante vulneración al principio de congruencia habilita la actuación de oficio de este Tribunal.

Se ha señalado que el principio de con-gruencia está dirigido "a delimitar las facultades re-solutorias del órgano jurisdiccional, por imperio del cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo con-trovertido oportunamente por los litigantes, y en rela-ción con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico" (Aragone-ses citado por Sagües en "Recurso extraordinario", T 2, 4º edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Bs. As. 2002, p. 219).

De lo expuesto resulta que los escritos de demanda y su contestación fijarán el objeto litigio-so ya que son las partes, exclusivamente, quienes de-terminan el "thema decidendum". El órgano judicial debe limitar su pronunciamiento tan sólo a lo que es pedido por aquéllas, no debiendo, al fallar, apartarse de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y en la oposición de la demandada que constituyen límites in-franqueables a los cuales deberá atenerse, so pena de incurrir en violación del principio de congruencia y con ello afectar la garantía constitucional de defensa en juicio (cf. Cámara 2ª en lo Civil y Comercial de Córdoba - 12/12/2002 elDial - AA189B, entre otros). Por lo expuesto y atendiendo además a la naturaleza del trámite sucesorio aún no finalizado por estar pendiente la partición, corresponde la revocación del punto 2º de la resolución en crisis.

En definitiva, el recurso prospera par-cialmente aprobando la rendición de cuenta del modo propuesto.

3. Costas y honorarios.

Las costas de ambas instancia se imponen en el orden causado atento el modo en que se resuelve la cuestión. Los honorarios de ambas instancia se regu-larán de conformidad con las pautas generales previstas en el artículo 6 de la ley arancelaria y por aplicación de las escalas específicas de los artículos 7 y 33 para el caso de los de primera instancia y 14 para los co-rrespondientes a esta instancia. La aplicación de la normativa citada me permite arribar a la cuantificación de los honorarios de los profesionales que han interve-nido en la primera instancia en la suma de pesos dos mil y de pesos seiscientos para la segunda instancia. A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Por todo lo expuesto adhiero a la fórmu-la decisoria propuesta por el Dr. Nahuelanca. En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (re-forma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Alexandre no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora A. S. R. Vda. de I., fundado a fs. 255/256, contra la sen-tencia de fs. 229/231, confirmar parcialmente la sen-tencia de fs. 229/231 y revocar en la forma que se ex-pone a continuación.

2) Confirmar parcialmente el punto 2) de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 229/231, en cuanto aprueba la rendición de cuentas, revocar en cuanto a la suma de $17.677,60 y aprobar la rendición de cuentas de fs. 210/211, en cuanto hubiere lugar en derecho, por la suma de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SE-SENTA Y CUATRO PESOS con TRES CENTAVOS ($27.764,03).

3) Revocar el punto 2) de la parte reso-lutiva del fallo aludido en cuanto dispone que la here-dera G. G. I. abone a la administradora judicial el valor de la sexta parte de los gastos ren-didos, por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($2.946), lo que se deja sin efecto.

4) Confirmar el punto 3) de la parte re-solutiva del fallo aludido, en cuanto a la imposición de las costas por su orden y regulación de los honora-rios.

5) Costas de la Alzada por su orden, a cuyo fin se regulan los honorarios de la Dra. M. C. M. C., en la suma de SEISCIENTOS PESOS ($600).

6) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FERNANDO NAHUELANCA - Presidente SILVIA N. ALONSO de ARIET - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 85 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS