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Sociedad anónima, modificación del estatuto social, compromiso previo de fusión, transmisión de acciones, autorización del Poder Ejecutivo, Comisión Nacional de Valores, denegatoria de la solicitud, sociedad controlante, control de sociedades, take over, derecho de voto, derechos adquiridos, derechos en expectativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMISION NACIONAL DE VALORES c/ SA GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN s/ APELACION RESOLUCION DE ORGANISMO EXTERNO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

SI en una asamblea general extraordinaria de una SA se aprobó por unanimidad un compromiso previo de fusión por absorción, la reforma de un artículo del estatuto social y la incorporación al mismo de otro nuevo, el cual, por su parte, procura evitar "formas hostiles de control" (Take-Over Hostil), previendo al efecto un procedimiento por el que cualquier accionista que, con posterioridad a la absorción, mediante nuevas adquisiciones de acciones, detente una tenencia accionaria superior al 20% del capital social, no podrá ejercer ciertos derechos políticos correspondientes a la cantidad de acciones que excedan ese porcentaje, hasta tanto efectúe una oferta pública de compra al resto de los accionistas y, para no afectar con tal limitación de voto a quiénes ya poseen una tenencia superior al 20%, se los excluyó de la misma, resulta improcedente que la C.N.V.

deniegue la conformidad a la reforma estatutaria solicitada, fundando su dictamen negativo en la circunstancia de que "...las cláusulas de restricción de la transmisibilidad de acciones pueden ser incorporadas al estatuto por vía de reformas (LS: 214) pero deben ser analizadas con criterio restrictivo; ya que no pueden modificarse "derechos adquiridos" por los accionistas con anterioridad a la reforma; por ello, se afirma, dicha decisión deberá ser adoptada por unanimidad". Ello así, pues en la especie la cuestión a dilucidar consiste en determinar si los inversores que verían modificadas las condiciones tenidas en mira al comprar las acciones, cumplieron bajo la vigencia de la norma derogada o modificada (estatuto originario) "todas" las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en aquél para ser titular del derecho de marras. En tal sentido, es de ponderar que no se trata de un derecho consolidado y por tanto, puede alterarse el estatuto social (conf. LS: 235) sin que ello implique desmedro de la garantía constitucional que protege el derecho de propiedad. Es decir, que no se está frente a derechos adquiridos, sino en expectativa que -como tales- son susceptibles de ser modificados por la sociedad a través de su órgano de gobierno, con aplicación del régimen de "quorum" y mayorías de la LS: 244.
Recurso de casación penal, imputado, efecto extensivo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Morales, Oscar Adolfo s/ recurso de casación". Causa n. : 1986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-08

Impetrado un recurso por un imputado en una causa donde existieran varios, y los demás, por determinadas circunstancias no hubieran recurrido, corresponderá, si el remedio prospera en favor del imputado recurrente, extender el beneficio a que éste tenga derecho a gozar a todos los que se encontraban afectados por la resolución impugnada.(Voto del Dr.

Mitchell).
Sentencia, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIACION DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2010-10-05

Los efectos de una sentencia, por más que haya pasado en autoridad de cosas juzgada, reconocen límites. Es decir, si se dicta una norma que establece un nuevo régimen general de retribuciones, la sentencia que se ha referido solamente al régimen porcentual anteriormente vigente, no pueda primar o continuar aplicándose, intentando desconocer la nueva legislación vigente. Ello implicaría la alteración de las facultades que el artículo 99 de la Constitución Provincial confiere al Poder Legislativo
Daños y perjuicios, asegurador por riesgos del trabajo, higiene y seguridad del trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Altamirano Ángel Alberto c/ Provincia ART SA s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-25

En el caso, el accionante persigue la reparación de los daños y perjuicios padecidos con motivo de la modalidad y condiciones de las tareas realizadas para su empleador, imputándole exclusivamente a la A.R.T. demandada haber omitido adoptar las medidas de seguridad en el lugar de trabajo, como así también controlar la entrega de elementos de seguridad. Ésta, como defensa, aseveró que en su demanda el actor no expresó los fundamentos por los cuales debería progresar la acción. De acuerdo a la forma en que ha quedado trabada la litis, no se advierte ninguna controversia en común en los términos del art. 94 CPCCN respecto de quien se pretende traer como tercero (el empleador del actor), porque no se le endilgó al mismo responsabilidad alguna a sus deberes de empleador, como para suponer o inferir alguna acción de repetición. Tampoco se estaría frente a un supuesto de obligaciones solidarias sino de las denominadas "concurrentes", en las que si bien existe identidad de acreedor y de objeto debido, las causas y consecuentes deudas son distintas e independientes entre sí, con lo cual no dan lugar a ninguna acción de repetición porque cada uno responde por la parte de la eventual responsabilidad que pudiera corresponderle.
Bienes públicos del Estado, agravantes de la pena, establecimientos educacionales
Materia: PENAL
Carátula: Marinaro, Miguel Angel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-20

El uso público al que el art. 184, inc. 5° refiere debe encontrarse en latente potencialidad de utilización colectiva, que esa disposición pública, una vez en acto, se define directa, ordinaria y habitual, y que, de acuerdo a esa naturaleza, su aprovechamiento resulta incondicionado a la ciudadanía, la que está facultada a ejercerlo al margen de cualquier atribución legal y sin más requisito que la observancia de las disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas por la autoridad correspondiente. Nada de ello conforma la esencia propia del instituto escolar en cuestión pues su específica función de albergar a los componentes de la relación educativa estatal ya transmite una proposición negativa en cuanto a los caracteres de irrestrictividad señalados, a lo que debe adunarse el esencial servicio que en su seno se desarrolla, del que no participa sino esa comunidad de educandos y educadores, tópico que no se condice tampoco con una utilización general y frecuente como la que se ha definido. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en minoría-).
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, sujetos de derecho, derechos y garantías constitucionales, Derecho laboral, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRÍGUEZ, ALDO SEBASTIÁN c/ DISTRIBUIDORA MOISÉS S.R.L. y/o MOISÉS, ABRAHAM  JUAN  y  OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-12

Entiendo que el recurso resulta insuficiente, para dar lugar a la revocatoria que aspira.

Además de tener mucho más la forma y el contenido de un alegato, que el de una crítica concreta del fallo, se limita a analizar en varios agravios presuntamente distintos, una sóla línea de pensamiento, relativa al modo como la señora juez a quo valoró la prueba testimonial, ya sea como defectuoso análisis, como otorgamiento de eficacia a prueba inverosímil o carente de credibilidad objetiva o como apreciación de prueba contradictoria.

Cabe consignar, que la posición de la recurrente es contradictoria, en vista de que después de ocupar carillas enteras efectuando transcripción de declaraciones, llega a la conclusión de que "ante tal contradicción correspondía que la jueza a quo prescinda de la totalidad de la prueba testimonial producida en autos".

Resultando evidente, que agrede la doctrina de los actos propios, aspirar a que se deje sin efecto lo largamente argumentado, o bien que formule largas consideraciones sobre prueba que según su propio criterio debe ser dejada de lado.
Industria de la construcción, despido discriminatorio
Materia: LABORAL
Carátula: MAQUIEIRA JOSE LUIS c/ EQUIMAC S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-30

Corresponde hacer lugar al reclamo por despido discriminatorio por causas de salud incoado por un trabajador de la industria de la construcción que padeció un "accidente isquémico transitorio" contra su empleador, quien invocó "reestructuración" como motivo de rescisión contractual, toda vez que el principal adoptó una actitud distinta al resto del personal del mismo nivel jerárquico que el actor sin que acreditara una causa objetiva que justifique tal proceder, la que sólo aparece relacionado con su enfermedad; máxime cuando tiempo después de su desvinculación cubrió su puesto con otra persona, todo lo cual termina por evidenciar una clara e injustificada actitud de discriminación arbitraria hacia el accionante.
Prueba, omisión de pronunciamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE GALICIA c/ FERNANDO VILLEGAS Y OT. s/ Ejecutivo (LIBRO: A071 - 348)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-26

Es nula la resolución dictada respecto al fondo, sin haberse resuelto la admisión o rechazo de la prueba de la cual aquella dependía, por afectar el derecho de defensa del oferente.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL
Carátula: Lafuente, Susana del Carmen c/ Baduna, Roberto N s/ Separación personal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-07-01

La causal de divorcio por injurias graves ha sido tipificada como todo hecho u omisión imputable a uno de los cónyuges que signifique un agravio para el otro, o como toda especie de acto intencional o no, ejecutado de palabra, por escrito o por hechos y la estimación de su gravedad toma en consideración elementos subjetivos nacidos de las circunstancias del caso, educación y posición social de los protagonistas del hecho injurioso. Al no definir la ley la injuria como causa de separación personal y divorcio, su calificación se ha desarrollado a través de la doctrina y jurisprudencia, habiéndose señalado que tres son los caracteres que presentan las injurias graves a tales fines: a)imputabilidad; b)gravedad y c) suficiencia de un sólo hecho injurioso.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, recursos, improcedencia del recurso, agravio concreto, prueba, medios de prueba, prueba documental, prueba de informes
Materia: LABORAL
Carátula: CRUZ, MARCOS ANTONIO c/ ASPEN S.R.L. Y/O CERMIGNANI, LUIS Y/O QUIEN RESULTE LEGALMENTE RESPONSABLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-04

Sin perjuicio de que, evidentemente la prueba subsidiaria debió peticionarse juntamente con la documental, para el supuesto de desconocimiento del firmante, no es menos cierto que, en virtud del principio iura novit curia y de amplitud probatoria, de la simple lectura del libelo de contestación surge inequívoca la manifestación de la accionada.

En caso de incorrecta denominación de la prueba solicitada, si la misma ha sido pedida en tiempo y forma, corresponde proveerla de conformidad y es por tanto, admisible. Y esta salvedad se realiza en atención a que el principio de amplitud probatoria y iura novit curia se aplican en orden a la búsqueda de la verdad real, respetando el derecho de defensa de las partes, a fin de no convertir este instituto en un medio de eludir las reglas de la prueba. En un pronunciamiento de esta Sala se ha decidido la procedencia de una prueba informativa aún en caso de incorrecta denominación de la misma. Esta Sala ha sostenido reiteradamente que el desconocimiento de la documentación debe ser específico y concreto, acerca de cuáles son los elementos constitutitos del documento que se repudia, porque de lo contrario, el rechazo genérico dejaría a la otra parte en inferioridad de condiciones al no poder conocer y por lo tanto, defenderse o demostrar, cuáles son las partes del documento a las que considera sin valor alguno o viciados...debe apoyarse en alguna razón que la justifique, pues la negación debe ser fundada, mediante la alegación de un hecho contrario o incompatible con el afirmado o a través de un argumento relativo a la verosimilitud de ese hecho.
Excarcelación, caución real
Materia: PROCESAL
Carátula: Félix Marcelo Curtti s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-04-03

El grado de peligrosidad aumenta cuanto mayor sea el eventual reproche al que se halla amenazado el procesado de ahí que uno de los parámetros a tener en cuenta para la graduación de la caución real sea precisamente la "gravedad del delito", y evidentemente ésta aumenta cuanto más hechos se le enrostren a un individuo, por lo que, un aumento de los montos no configuraría de por sí una desvirtuación de la finalidad del Instituto de caución real, siempre que éstos sean razonables y ajustados a las pautas que el referido art. 383 del C.P.M.P. prevé.
Confirmación de sentencia, incidentes, astreintes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Zuvela, Marcelo Antonio  c/ Cari, Carmen Elizabeth  s/ incidente de apelación e/a 540220
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-03-29

La red social se agravia de las astreintes que le fueron impuestas en razón del incumplimiento al pedido de informes, sin embargo continúa sin brindar la información requerida, y dado que no existe ninguna imposibilidad material para responder la requisitoria con la información peticionada, correctamente abastecidos los restantes recaudos imprescindibles para la aplicación, corresponde confirmar la sanción conminatoria aplicada.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Cámara  Federal  de  Apelaciones de Rosario -Avocación- Rodríguez Vallejo, Miguel y otros -sec. de 1ra. inst. s/ avocacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-16

La avocación de la Corte Suprema sólo procede en casos excepcionales, cuando se evidencia arbitrariedad en el ejercicio de las facultades disciplinarias, o razones de superintendencia general la tornan pertinente (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Poder de policía, Municipalidad
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CANILLA, AURELIO FRANCISCO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-28

El poder de policía de la Comuna y la actividad policial, en modo alguno constituyen potestades absolutas o ilimitadas.

El ejercicio del poder de policía hállase condicionado por el derecho, se encuentra sujeto a limitaciones que surgen del orden jurídico del Estado. De ahí que el principio de legalidad se aplique a la actividad policial lo mismo que a la restante actividad del Estado.

Una limitación básica del poder de policía consiste en que éste no debe contrariar en su ejercicio con norma o principio constitucional, otra en que se debe respetar el principio de razonabilidad, o sea, que no puede ejercerse arbitrariamente.

La valoración de la razonabilidad consiste en la adecuación de los medios utilizados por el legislador a la obtención de los fines que determinan la medida a efectos de que tales medios no aparezcan como infundados o arbitrarios. Es decir no proporcionados a las circunstancias que lo motivan y a los fines que se procura alcanzar con ellos. Establecer pues si en un caso dado se observó o no el principio de razonabilidad constituye una cuestión de hecho, que en definitiva se resuelve en una cuestión de "buen criterio", de "recto juicio" aplicable al caso concreto. Vale asimismo, como limitación al ejercicio del poder de policía el requisito de una obvia, verdadera y efectiva conexión entre la norma reglamentaria de policía y el fin aparente que se persigue con ésta.
Directores de SA, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Vaqueros SA c/ DGI s/ impugnación de acta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-10

La jurisprudencia de nuestros tribunales, en causas en las que se trata el vínculo que une a una empresa con sus directores, se ha pronunciado en forma invariable en favor de la necesidad de demostrar fehacientemente la realización de tareas subordinadas, vale decir, sujetas al poder de dirección y control del principal (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 09.07.96, "Sierra y Alessio S.A.").
Propiedad participada, Telecom, acción de nulidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alperin David Eduardo y otros c/ E.N. -Mº de Economía y Serv. Públicos- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

Debe confirmarse la sentencia de la anterior instancia que rechazó, la demanda promovida por los actores contra el Estado Nacional -Mº de Economía y Obras y Servicios Públicos-, en cuanto pretendían la nulidad del Acuerdo General de Transferencia, Convenio de Sindicatura de Acciones y Contratos de Fideicomiso, correspondiente al Programa de Propiedad Participada de la Empresa Telecom Argentina Stet France Telecom S.A.; como así también de la convocatoria a elecciones dispuesta por la Resolución Conjunta 1259/93 del Mº de Trabajo y Seguridad Social y 1593/93 del Mº de Economía y de Obras y Servicios Públicos. (Ver, idem esta Sala in re "Barrios", del 6/10/98).
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C.J.G c/ I.S.S Y S s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-10

Toda decisión administrativa que afecte derechos de los particulares debe responder a una motivación suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes, de modo tal que se encuentren cabalmente a resguardo de las garantías constitucionales en juego. Así lo exigen las normas de procedimiento administrativo - y lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia... Y esta exigencia es establecida como elemento condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos. Así se considera, en tanto se vincula en forma inseparable con el sistema republicano de gobierno adoptado constitucionalmente... se conecta estrechamente con valores ponderables que aseguran la juridicidad del quehacer de la Administración como certeza, responsabilidad del funcionario, facilidad para hacer efectivo el contralor de legitimidad y oportunidad.
REPÚBLICA ARGENTINA, imprescriptibilidad, crímenes de lesa humanidad, pueblos originarios, violaciones masivas de Derechos Humanos, homicidio con ensañamiento, violación del derecho a la vida, genocidio, derecho de gentes, terrorismo de Estado, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, torturas
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Masacre de Napalpí  c/  s/ Juicio por la Verdad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2022-05-19

La Masacre de Napalpí llevada a cabo por el Estado Argentino el 19 de julio de 1924, en el marco de un proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la matanza masiva contra unas quinientas personas pertenecientes a las familias Moqoit y Qom, consumada por policías y gendarmes, contra las comunidades que se encontraban desarmadas -motivo por el cual los represores no tuvieron baja alguna-,a una distancia extremadamente cercana que les garantizaba el éxito, asesinando por igual a hombres, mujeres -algunas embarazadas-, niños, abuelos y abuelas, y rematando a machete a quienes quedaban heridos, consagró una violación expresa al derecho de gentes, por lo que debe ser considerada como crimen contra la humanidad, criterio reiteradamente sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al afirmar que los delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos, pueden considerarse como tales en tanto atentan contra el derecho de gentes contenido en el artículo 118 de la Constitución Nacional.
Regímenes jubilatorios especiales, abogados, cancelación de la matrícula
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Losa, Miguel c/ Caja de previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Losa, Miguel c/ Caja de previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23|1991-12-23

Como consecuencia necesaria de la inconstitucionalidad del decreto ley 9978/83 corresponde declarar la ilegitimidad de los actos de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia que requirieron para la efectivización del beneficio jubilatorio concedido la cancelación de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Roccatti, Rosa Haydee c/ Bruscagin, Sergio G. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-15

El art. 1078 del Código Civil, a través de la reforma introducida por la ley 17.711 establece que cuando del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción por daño moral los herederos forzosos.
Daños y perjuicios, citación en garantía, recurso de apelación (procesal), legitimación del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grosso Carmelo c/ Barbalace Antonio y otr. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Si el asegurador, siendo citado en garantía, no opuso defensas nacidas con anterioridad al siniestro, no es procedente su apelación contra la sentencia que lo condenó como al asegurado, si éste la consintió. En efecto si el asegurado consintió la sentencia adversa, resulta estéril el recurso autónomo de su asegurador porque, estando éste constreñido a cumplir con su obligación de indemnidad, y no siendo un litisconsorte necesario de aquel, un eventual o hipotético éxito en su recurso no beneficiaría al asegurado ni -mucho menos- podría conducir a liberarlo de la antedicha obligación. Siendo una de las funciones de dicho tribunal superior la de unificar la jurisprudencia dentro del ámbito provincial (art.149 inc.4º ap."A" de la Constitución), es conveniente -por motivos de economía procesal y seguridad jurídica- desestimar el recurso de apelación en estudio.
Proceso penal, prisión preventiva, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: LÓPEZ, Marcos Damián s/ Infr. Art. 189 bis C.P
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-26

En el caso de autos, se evidencia fundadamente que en caso de recuperar la libertad el imputado podría intentar evadir la acción de la justicia, porque ya intentó hacerlo al pretender ser identificado por el personal policial. Esta conclusión no resulta desvirtuada por la constatación policial del domicilio del imputado, atento que el domicilio es un dato relativo frente al peligro constatado de fuga, porque el imputado fue detenido luego de intentar eludir su identificación por personal policial, apuntó con un arma a un policía, y por último intentó deshacerse del arma.