marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, comunicación del despido, invariabilidad de la causa
Materia: LABORAL
Carátula: MENDEZ, Arístides Omar c/ TELECOM ARGENTINA STET y/o FRANCE TELECOM S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-10-07

El requisito que establece el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la notificación del despido se deberá formular por escrito, con expresión suficientemente clara de las razones que los motivan, no obedece a formalismo exagerado o a la intención de satisfacer un capricho legislativo sino a la necesidad de preservar la clara configuración de la norma y evitar, que no descripta con claridad la conducta y no dado los pasos para que se respete el último párrafo (ante la demanda que promoviere la parte interesada no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas) el telegrama de ruptura se transforme en cheque en blanco que se pueda llenar en la medida de las necesidades de los empleadores demandados.-
Interpretación de la ley, ejecución de sentencia, opción del trabajador, convertibilidad, régimen de consolidación de deudas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: AVILA, LUIS c/ EMPRESA FLOTA FLUVIAL ESTADO ARGENTINO s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-12

Mediante el dictado de la res. 1146/93 que impide la revocación o modificación de la opción libremente efectuada, no se está vulnerando en modo alguno la teleología de la ley 23982 ni de su decreto reglamentario en tanto en las mismas no se da lugar al cambio de opción, arts. 10 de la ley 23928 y 14, 16 y 18 del dec.

2140/91, constituyéndose tal resolución en una mera aclaratoria o complementaria que sin vulnerar el espíritu legal hace expreso un contenido ínsito de la regulación legal.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho administrativo, empleo público, cesantía, salarios caídos, daños y perjuicios, in dubio pro operario
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Angrigiani, Claudio Horacio c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Angrigiani, Claudio Horacio c/ GCBA s/ recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Corresponde admitir la queja si contiene manifestaciones que permiten advertir que determinadas garantías del derecho laboral han sido restringidas en perjuicio de la parte trabajadora, cuya cesantía fue revocada por aplicación del instituto de la prescripción. La referencia al bloque constitucional respecto del derecho al trabajo y, en particular, a la cuestión remuneratoria -para este caso en concreto- es suficiente para satisfacer la carga de fundamentación que el recurso directo debe contener para su admisibilidad, en tanto se advierte una posible afectación constitucional derivada del tratamiento que realizó la alzada en referencia a los haberes no percibidos. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Régimen de garantía de los depósitos, obligación principal, régimen de consolidación de deudas, honorarios del abogado, obligaciones accesorias
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: Cardinale, Miguel Angel c/ Banco Central de la República Argentina s/ demandas contra el BCRA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Si el crédito principal -originado en la garantía de los depósitos por el Banco Central -resulta alcanzado por el régimen de consolidación de deudas regulado por la ley 23.982, igual suerte debe correr la obligación de pagar los honorarios en virtud del principio de accesoriedad al cual se encuentra sujeta y a la época en que se realizaron los trabajos remunerados (Voto de los Dres, Augusto César Belluscio y Enrique Santiago Petracchi y del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Responsabilidad médica, daño moral, responsabilidad de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: MENENDEZ, ROSA H. c/ O.S.P.I.T. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-05

Demandado daño moral contra la obra social a la que pertenece la demandante como consecuencia de los daños derivados de la cesárea a que fuera sometida, a la que siguió otra intervención extrayéndole el útero, para concluir en una tercera cuando se le explicó que era la única salvación por la gran infección que padecía, corresponde hacer lugar al mismo ya que el hecho generador de la responsabilidad, los padecimientos por los que ha debido atravesar en el lapso de la internación y la angustia que representa para la demandante saber que no podrá ya concebir otros hijos por razones ajenas a su voluntad, permiten considerar a ese daño como una consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento, en los términos de los arts. 519 y 522 del Código Civil. Para establecer el resarcimiento tiene que valorarse la especial repercusión que debe haber tenido en una mujer joven la pérdida de sus órganos reproductores, ya que los daños morales no tienen porqué guardar relación con los materiales.-
Prueba, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CABRERA MONICA BEATRIZ s/ COHECHO ACTIVO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-03-04

La prueba magnetofónica es un medio probatorio que no cabe desechar de plano, ni tampoco valorárselo plenamente como prueba directa y dotada de un valor indubitable y fuerza convictiva equiparable al resto de los medios de prueba directa regulados por el C.P.P., sino más bien, asimilarlo a un indicio más que, por sus características de indirecto, debe gozar de las notas que le son propias a su esencia como convergencia, gravedad, precisión, y corroboración con el resto del material de prueba, lo que entonces sí le imprime el verdadero rol cargoso.

En el caso, la prueba magnetofónica en cuestión -la conversación mantenida con el empleado policial por la imputada- fue examinada con el carácter de prueba indiciaria que le es propia, y formó convicción incriminatoria para la imputada, corroborando testimonios obrantes en la causa, poniéndose de resalto la celeridad con la que el empleado policial comunicó la situación a quienes revisten a su respecto superior jerarquía dentro de la institución policial (los testigos). Asimismo, asumen relevancia las actuaciones sumariales labradas dentro del organismo en el que revista la imputada, instrucción que revela la cronología de la investigación interna realizada, inscribiéndose la grabación dentro de ese marco institucional, con directivas que -conforme los postulados de la sana crítica racional- cabe inferir tuvieron una reserva y secreto especial, atento la naturaleza de aquélla.

Finalmente, la existencia y acreditación de la orden o autorización para efectuar la grabación, no es requisito indispensable para su valoración como indicio, sin perjuicio de la relevancia que pudiera asumir en el contexto probatorio. En el caso y en reiteradas oportunidades, ya sea en el expediente administrativo como en las declaraciones receptadas en sede judicial, se ha mencionado el cumplimiento de "órdenes de la superioridad".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BARREYRO, ALVARO NESTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-17

Los reproches de apartamiento de jurisprudencia de esta Corte carecen de decisividad en tanto se trata de supuestos donde las materias en debate son distintas (el precedente citado refiere a un litigio civil y los presentes autos resultan de naturaleza contencioso administrativa) por lo que, tal como la misma Cámara lo señalara, la solución aplicable también es diferente.
Doctrina legal, depósito previo, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: L., J. A.  c/ G. A. D. R. D. T. S.A.  s/ accidente de trabajo (sistémico)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-07

La doctrina legal de este Superior Tribunal dice que la exigencia de depósito no vulnera la garantía constitucional de la defensa en juicio y su suficiencia no puede suplirse después de vencido el plazo para recurrir. Además es criterio ya arraigado que el control de las formas impuestas por el Art. 292 del C. P. C. C. es riguroso, porque la casación es un remedio extraordinario y debe evitarse que en la práctica se lo desvirtúe.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, sentencia suficientemente fundada
Materia: PROCESAL
Carátula: LA MERIDIONAL CIA. ARG. DE SEGUROS .S.A. c/ AGUILERA, OSVALDO O. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE  PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 428 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-10

Si bien es cierto que resulta un criterio afincado de esta Corte que, en razón del reconocimiento de la autoridad que inviste el Máximo Tribunal, resulta necesario que los tribunales y jueces inferiores conformen sus decisiones a aquellos, también se ha sostenido que la interpretación judicial no es intangible ni obligatoria, incluso la de la Corte nacional; por lo que si la sentencia apelada se encuentra suficientemente fundada y aporta argumentos serios que justifiquen su decisión, no resulta susceptible de revisión por la vía excepcional del recurso de inconstitucionalidad. (De la Disidencia del Dr. Netri)
Pacto de San José de Costa Rica, grupos vulnerables, interés superior del niño, control de razonabilidad, protección internacional de los derechos humanos, Convención sobre los derechos del niño
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por L.A.R. y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-06

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los niños tienen derecho a medidas especiales de protección. Con miras a ese cuidado, la Convención sobre Derechos del Niño consagra la noción del interés superior del niño, como un principio rector de la normativa particular y como una consideración primordial en la adopción de las medidas que deban ser tomadas por los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, proporcionando un parámetro objetivo que permite resolver cuestiones en las que están comprometidos los menores atendiendo a aquella solución que les resulte de mayor beneficio (arts. 3° de la referida Convención y 3° de la ley 26.061). (Disidencia del juez Rosatti).
Poder Judicial, política salarial, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pegassano, Jorge Alberto Francisco y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 32-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-05

No cabe hacer lugar a la pretensión de los demandantes -Secretarios del Poder Judicial-, que solicitan que el pago de determinadas sumas reconocidas a los magistrados por los decretos provinciales 3912/91 y 4010/91 les sean trasladadas -en la proporción correspondiente- en función de lo normado por la ley 9379 que estableció un sistema de porcentualidad para todos los integrantes del Poder Judicial vinculado con el sueldo del Ministro de la Corte Suprema de Justicia, cuando de la mecánica del ordenamiento legal que se invoca como fuente de su derecho (artículos 1 y 2 de la ley 9379), se advierte que dicho planteo parte, formalmente, de una base incorrecta. Ello así, por cuanto es claro que el punto referencial tomado como base para la aplicación de los distintos porcentajes fijados en el "Anexo 1" de la ley bajo análisis, está constituido por el total de la asignación atribuida a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no a los Ministros de la Corte de esta Provincia, como pretenden los recurrentes. Y si bien en la demanda se aduce que las diferencias salariales referidas en el decreto 3912/91 provienen de períodos anteriores a la ley 10512, de lo cual extraen que se generaron durante la vigencia de la ley 9379 y que, por imperio de ésta, debían liquidarseles también al resto del Poder Judicial, lo cierto es que el decreto 4010/91 sólo reconoció el pago del monto fijado a favor de los miembros de la Corte local y de otros magistrados y funcionarios también locales.
Recurso de inconstitucionalidad, inhabilidad de título, regulación de honorarios, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DEL FAVERO, ARMANDO c/ BAMBOSSI, HUGO BENJAMIN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-18

En primer término, es de ver que el apremio intentado fue iniciado sin encontrarse cumplimentados los requisitos de su admisibilidad, puesto que al momento de interponerse la demanda el apremiante aún no había notificado al accionado de la regulación de honorarios realizada seis años antes, pudiendo observar este hecho el magistrado de baja instancia cuando, al requerir la cédula de notificación de aquéllos, el actor acompañó la misma, de la cual surgía que había sido diligenciada casi un mes después de iniciado el apremio; y pese a ello, luego de que el accionante pidiera la continuación del proceso, el magistrado requirió se practique nueva notificación, con transcripción de los artículos 24 y 31 de la ley 6767, la que fue diligenciada dos meses exactos posteriores a la demanda. Sin embargo, luego de estas oportunidades, que denotan la falta de habilidad del título -lo que hubiera sellado la suerte adversa de la acción-, el juez dictó sentencia desestimando las excepciones interpuestas y mandando a llevar adelante la ejecución solicitada, con cita de jurisprudencia donde menciona que el título que permite acceder al apremio debe ostentar los requisitos que hacen a ello (legitimación sustancial activa y pasiva, causa lícita, objeto cierto y determinado, plazo vencido y obligación pura condicional cumplida) y el juez debe verificar aún de oficio en dos momentos: al ordenar la sustanciación del juicio y al dictar la sentencia de remate, verificación que, en el caso, estuvo ausente. (Del voto del Dr. Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículos 24 y 31
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la intimidad, Comunicaciones, violación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA. En j: 28016 "Albornoz M.F." Expediente Nro. 79325 c/ H.D.S. Hector Sánchez Y.P.F.S.A. y otr.- s/ Acc. Inc. Casación Expediente Nro. 79441 - MENDOZA 21 S.A. Y OTROS EN Jº 152.393/36.005 MONTEAGUDO, MARÍA c/ MENDOZA 21 Y OTROS s/ ORD. P/ D. Y P. S/ INC. CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-02-28|2004-12-29

La intimidad puede violarse a través de la difusión de la correspondencia (art. 1071 bis C.C.). la expresión correspondencia se entiende a otros contenidos simbólicos similares operados mediante diferentes soportes, como es el teléfono.

Esas comunicaciones se tutelan por lo que representan espiritualmente como proyecciones de la persona, ya que la libertad exige el derecho de mantener reserva sobre lo que se piensa, hace, tiene o padece. Estas nociones no son exclusivas del derecho argentino, están ampliamente difundidas en el derecho comparado.
Falta de legitimación para obrar, división de poderes, Constitución Nacional, caso concreto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Gil Domínguez, Andrés c/  s/ formula petición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

Si la Corte -o cualquier otro tribunal nacional- interviniese en asuntos donde el peticionario carece de legitimación transgrediría el severo límite al poder judicial que surge del artículo 116 de la Constitución y que es propio del esquema de división de poderes que ella organiza propone (Voto del Juez Rosenkrantz).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Brizuela, Wálter J. s/ Robo agravado, homicidio, abuso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no se relaciona con texto legal alguno.
Querellante, facultades del querellante
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GAGLIARDO, Ulises s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-17

La calidad de denunciante impide ejercitar ciertos derechos que sólo están reservados a quien ha sido investido de la condición de querellante.
Quiebra, extensión de la quiebra, acción de responsabilidad, terceros, responsabilidad de representantes, plazo, prescripción, excepción de prescripción, declaración de puro derecho, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: NEGOCIOS FIDUCIARIOS SA C/ TERMINALES RIO DE LA PLATA SA Y OTROS S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-04

Cabe rechazar el planteo de los recurrentes a fin de que la excepción de prescripción sea resuelta de puro derecho. Ello asi, cabe señalar que la caducidad de tres años del plazo de la LCQ 124 aplicable a las acciones de la LCQ 120 o, en su caso, la prescripción de dos años de la LCQ 174, aplicables a las acciones de la LCQ 173 ambos plazos, a contar a partir de la fecha del decreto de quiebra, son cuestiones, en todo caso, previas a la prescripción de la acción de fondo relativa a la inoponibilidad, o no, del acto que se invoca como sustento material de la acción revocatoria planteada y es, de señalar que -en el caso- es, precisamente respecto de esta acción que, prima facie, los demandados deducen la excepción de prescripción (anual) como defensa de fondo, en los términos del CCIV 4033. En este marco, si bien algunos de los encuadramientos de la acción, no aparecerían prescriptos en las condiciones del inicial planteo, sin embargo, no cabe concluir con certeza lo mismo, con la excepción respecto de la acción de fondo, cuyo dies a quo, según la norma de aplicación se contaría desde el día en que el acto tuvo lugar o desde que los acreedores tuvieron noticia del hecho. Con ese alcance y ante el encuadramiento concursal del caso, estima esta Sala que la cuestión no aparece susceptible de declaración de puro derecho para su tratamiento de previo y especial pronunciamiento, sino que se torna necesaria la comprobación de los extremos de hecho que permitirán encuadrar adecuadamente la relación establecida entre las partes.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, liquidación
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez, Silvina Laura c/ Asociación Mutual de Farmacéuticos Florentino Ameghino s/ Despido Farmacéuticos Florentino Ameghino s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

Las discordancias entre el acuerdo y la liquidación practicada por secretaría no son subsanables a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Escritos judiciales, falta de firma
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BARBIERI, EMMA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-20

La falta de firma de parte no es subsanable porque es de la esencia del acto, y su ausencia de lugar a tener por no presentado el escrito porque lo torna ineficaz (cfr. arts. 1012 C.C., 118 C.P.C.C. y 46 R.J.N.).
Medidas cautelares, embargo, cuentas bancarias, asegurador
Materia: PROCESAL
Carátula: SANDOVAL,  Tania c/ MARÍA, Viviana Laura y otro s/ ART. 250 DELCÓDIGO PROCESAL - INCIDENTE CIVIL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

No corresponde decretar embargo preventivo sobre las cuentas bancarias de una compañía de seguros aunque exista procesamiento firme en sede penal y ésta hubiera pedido la suspensión de juicio a prueba, porque si bien podrían considerarse elementos de apariencia suficiente, lo cierto es que tratándose de una compañía de seguros con reconocida solvencia, solo el estado de peligro específico justifica la traba de cautelares. No basta con la mera invocación de una sospecha sobre la imposibilidad futura de responder por la obligación que se le imponga en la sentencia, máxime cuando el embargo de cuentas puede afectar la liquidez de la empresa o su giro comercial. (Sumario N°20811 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, rechazo in límine, homologación del acuerdo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCHUTH PAULA ANABELLA c/ FIDEICOMISO LLERENA STUDIO APARTS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

Procede revocar la resolución que, de oficio, rechazó la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial. Ello por cuanto, en el caso, desestimó la solución preventiva antes de disponer la publicación de edictos que abre la instancia impugnativa del acuerdo; razón por la cual, a juicio de esta Sala, resultó prematuro el rechazo de la homologación por la descalificación de los elementos de información aportados. No se desconoce la potestad que el juez de grado tiene, en virtud de sus facultades de investigación (LCQ 274), de requerir cierta información que juzgue adecuada que exorbite el estricto marco de la norma citada. Pero toda exigencia que el juez imponga más allá de lo establecido en la ley debe respetar el principio de razonabilidad; y debe ser especialmente prudente cuando dispone las consecuencias de la supuesta insuficiencia de la información complementaria requerida. Resulta que, contrario a lo que sucede con el concurso preventivo, en el APE no existen plazos inexorables, y por ello es discutible si el juez puede fijar un plazo perentorio para integrar documentación bajo apercibimiento de rechazar la homologación del acuerdo dado que esa circunstancia restrictiva e impeditiva de derechos no está prevista en la ley (v. Barreiro, Marcelo; "Naturaleza Jurídica del Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Reglas interpretativas. Función Judicial", en "Derecho Concursal Argentino e Iberoamericano. Quinto Congreso Argentino de Derecho Concursal y Segundo Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia", Tomo I, pág. 30; citado por: Ton, Walter Rubén; "Acuerdo Preventivo Extrajudicial", pág. 156, año 2005).
Mandatario, honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Nardelli, Sergio Marcos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/ Tolosa, Estela Maris s/ ej. fisc.- ABL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-02

Dada la situación peculiar del letrado recurrente, que denota especial vulnerabilidad, y ponderando que ya han transcurrido cerca de 5 años desde que se extinguió el mandato que el Fisco le otorgara, la aplicación del régimen que determina la postergación en el tiempo del cobro de sus honorarios profesionales impacta en forma relevante en su derecho de propiedad y genera un resultado irrazonable. (Voto en disidencia del Sr. Juez José O. Casás).