Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-05


Salta, 05 de Octubre de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "BANCO RIO DE LA PLATA vs. ALE, Marcelo; ELÍAS de ALE, Laura -Ejecución Hipotecaria" - Expte. n° 8886/00 del Juzgado d 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos de 3ª. Nominación, Expte. n° CAM - 308.565/10 de esta Sala Tercera C O N S I D E R A N D O I) A fs. 256/266 los Sres. Marcelo Ale y Laura Elías de Ale, actuando con el patrocinio letrado del Dr. Federico J. Carrizo, interponen recurso de inconstitucionalidad de conformidad a lo normado por los arts. 297, 298 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y el art. 153, apartado III incs. a) y b) de la Constitución de la Provincia de Salta, en contra de la resolución de esta Sala glosada a fs. 252/253, por la causal de arbitrariedad, por entender el Cuerpo se ha desviado deliberadamente de las normas federales invocadas por su parte, de las constancias de la causa y de cuestiones esenciales, y ha prescindido de prueba decisiva obrante en la causa, incurriendo así en fundamentación sólo aparente. Sostienen que los fondos depositados en autos provienen del precio de la venta del inmueble hipotecado y retenidos del mismo, por lo que autos nunca existió subrogación alguna que permita considerar alguna relación entre el deudor primigenio y la sociedad compradora depositante; sino simplemente el depósito de fondos del deudor originario -los recurrentes - retenidos del precio de venta del inmueble hipotecado; lo que, según los impugnantes, surge palmariamente del propio escrito del tercero de fs. 188. Que no se advierte resolución alguna que tenga por realizada o concretada la supuesta subrogación del tercero en autos, pues a la fecha, y tal como surge de las constancias de la causa, la actora continúa siendo el Banco Río de la Plata S.A. Afirman que es en este punto que el razonamiento de este Tribunal resulta evidentemente arbitrario y direccionado, en tanto omite toda consideración respecto de la manifestación formulada expresamente en autos por el tercero comprador depositante. Es el propio tercero el que dice que no depositó fondos propios, sino de los demandados; también soslaya considerar la inexistencia de un acto jurisdiccional por el cual se tenga por subrogante al mismo; y éste dice que no depositó fondos propios sino de los demandados. Por otra parte, sostienen que el crédito reclamado en autos ha quedado cancelado con la planilla aprobada en pesos (fs. 108) y la providencia de fs. 133 que ordena el libramiento de fondos en pesos; y tanto la primera como la segunda tuvieron como causa la propia petición del banco accionante, que en ningún momento cuestionó las providencias mencionadas. Es decir, que el crédito reclamado en autos y sobre el cual se basa la relación sustancial que motivara las presentes actuaciones, ha quedado cancelado conforme la propia disposición del Tribunal, con la planilla aprobada en pesos. Dicen luego que llama la atención que la sentencia aluda a la grave crisis económica padecida por nuestro País a partir de diciembre de 2001 y luego se desentienda de sus efectos y lo cierto es que el banco solicitó la aprobación de la planilla en fecha 26 de febrero de 2002, es decir cuando la normativa de emergencia estaba ya vigente.

II) El recurso de inconstitucionalidad local que autoriza el art. 297 del Código Procesal, participa de los caracteres esenciales y de la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de la Ley Nº 48, y consiste en una vía impugnaticia de interpretación restrictiva, reservada para objetar sentencias definitivas que lesionen derechos constitucionales o que, por su irrazonable fundamentación, se califiquen como arbitrarias. Debe reunir los recaudos procedimentales y de fondo para tornarse admisible y procedente, es decir, obliga a un doble juicio, no contemporáneos: el de admisibilidad formal y el de procedencia o fundabilidad (Cf. CJSalta, Tomo 20, fº 1469; Tomo 23, fº 501; Tomo 25, fº 1505; Tomo 43, 1º parte, fº 475/479; Tomo 44, fº 1219, entre otros).

Al respecto, es reiterado criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como de la Corte Provincial, que uno de los requisitos ineludibles para la admisibilidad formal del recurso lo constituye el temporáneo como adecuado planteo del caso constitucional (CSJN, Fallos 303:171, 659, 1135 y 2091; 304: 1478; 305:50; CJSalta, Fallos, Tomo 41-2º parte, fº 1631/1635; tomo 43, 1º parte, fº 469; Tomo 44, fº 543/550 y 1219; Tomo 50, fº 135, entre tantos otros). Ello implica no sólo denunciarlo oportunamente, esto es la primera oportunidad posible en el curso del procedimiento sino, además, hacerlo adecuadamente, es decir, demostrando la existencia de la cuestión constitucional, especificando la forma en que resultarían conculcadas las garantías invocadas, y acreditando el nexo directo entre lo resuelto y la supuesta conculcación. La mera enunciación de los principios constitucionales o la sola indicación de los artículos supuestamente violados, no resultan suficientes para tener por satisfecho el recaudo de admisibilidad formal del recurso (CJSalta, Fallos Tomo 42,2º parte, fº 1233/ 1235, 1631/1635; Tomo 43, 1º parte, fº 467/472; Tomo 51, fº 235/246; Tomo 55 fº 267/274; Tomo 47 fº 157/162, 237/246; Tomo 49, fº 201/206; Tomo 52, fº 535/542.) En orden a tales consideraciones, se dijo que la cuestión constitucional debe ser introducida antes del fallo de la alzada, pues tanto el acogimiento como el rechazo de las pretensiones de las partes son eventos previsibles que obligan a su oportuno planteo (cf. CSJN. Rep. L.L. XXXIX, J-Z, 1899, Sum 119 ; Id. 1978, Rep. L.L. XLIII, J-Z, 2001, Sum 323 ; Id. Rev. L.L. 1983-C,619, sec. Jurisp. Agrup., caso 4894 ; CJSalta, Fallos, Tomo 42, 2da. Parte, f° 1233/1235 y 1631/1635 ; Id. Tomo 51, f° 235/246 ; Id. Tomo 55, f° 267/274 ; CApel. CC. Salta, Sala II, Fallos Año 1993, f° 120 y 138 ; Id. Sala III, Fallos Año 1998, f° 644/650).

Puesto que frente a una pretensión existe siempre la posibilidad de que la misma sea rechazada, así como que la sentencia desfavorable de primera instancia sea confirmada en la Alzada el resultado nunca puede ser "sorpresivo".

III) Asimismo, se ha expresado que el recurso que nos ocupa sólo procede contra sentencias definitivas, teniéndose por tales aquellas que ponen fin al litigio o impiden su prosecución (CSJN, Fallos 244:279; 234:52; 242:462; Sagüés: Recurso Extraordinario Bs. As. Tomo 1, págs. 150, 151 y 337 y 340).

Pero, a más de ello, como se verá, sobre la base de los agravios que sustentan la presentación, no existe en autos la cuestión constitucional esgrimida con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, indispensable para habilitar la vía excepcional intentada. Conforme se dijo, no puede pretenderse la utilización de la doctrina de la arbitrariedad para reexaminar cuestiones no federales cuya resolución es de exclusiva competencia de los jueces de la causa, si es que no se demuestra un notorio apartamiento de las leyes aplicables o una total ausencia de fundamentación (CJSalta, Fallos, 1988, Tomo 39, fº 1133). Es que, lo referido al modo en que los jueces de la causa valoran las constancias de hecho y prueba, o las divergencias respecto de las normas comunes que rigen el caso, no son cuestiones susceptibles de revisión en esta instancia excepcional (CSJN, Fallos 253:345;269:250), porque la tacha de arbitrariedad no cubre las discrepancias en cuanto al criterio como fueron decididos los extremos de hecho, prueba y derecho no federal, cuya solución es opinable (CSJN. E.D. 71-520), ni alcanza a las resoluciones que no prescinden, sino aprecian los hechos de la causa y aplican el régimen legal vigente con el alcance que, a juicio del Tribunal, corresponde (CApel.CC Salta, Sala III, Tomo 1994, fº 160/161; Id. Id. Tomo 1997, fº 729; Id. Id. Tomo 1998, fº 644/650).

En tal orden de consideraciones, los agravios de los recurrentes trasuntan sólo discrepancias con la normativa aplicada y con el criterio adoptado para resolver la cuestión traída a nuestro conocimiento. Podrá discreparse con lo resuelto por la Sala; y aún considerarse desacertado, pero de manera alguna puede sostenerse que sea arbitrario el fallo. No se observa vulneración alguna a derechos que tutela las Constituciones, tanto de la Nación como de la Provincia de Salta, pues las partes han tenido la posibilidad de hacer sus planteos y la decisión recurrida ha dado respuesta a cada uno de ellos.

IV) El agravio en torno a la aplicación del art. 768 inc. 4° y demás normas del Código Civil que hiciera este Tribunal, conduce al examen de temas de derecho común, privativo de los jueces de mérito y ajenos al recurso extraordinario intentado. La Corte de Justicia de la Provincia se ha expedido de manera reiterada en el sentido de que el recurso de inconstitucionalidad no procede en los supuestos de simples discrepancias con la meritación del derecho aplicable, considerado en la sentencia, así como en la conclusión a la que se arriba en ella (CJSalta, L. 42, 1ra. Parte, f° 397).

La sentencia de la Sala ha realizado también una adecuada valoración de las circunstancias fácticas. Así, se dijo que en la presente ejecución se ha dictado sentencia de trance y remate mandando llevar adelante la misma hasta el íntegro pago del capital reclamado, en la moneda originaria (ver fs. 41). Luego de ello se presenta a fs. 84 el tercero informando haber comprado el bien gravado con hipoteca y dando en pago la suma de $ 10.238 de capital, pidiendo se le tenga por subrogada en los derechos y acciones del ejecutante. Y el escrito de fs. 89 de la actora no deja lugar a dudas en cuanto que no consiente la dación en pago hasta tanto la misma no se efectúe en la moneda adeudada o sea dólares estadounidenses, tal como lo establece la sentencia obrante a fs. 41.

Las consideraciones expuestas en los parágrafos precedentes descartan la tacha de arbitrariedad y dejan sin soporte la invocada existencia de cuestión constitucional y la supuesta vulneración a las garantías del debido proceso y al derecho de propiedad, siendo que los quejosos han tenido amplia oportunidad de plantear y debatir las cuestiones que generan el planteo revisor, que deviene a todas luces inconsistente Denotan no otra cosa que un evidente y ostensible dispendio jurisdiccional al soslayar los efectos de actos procesales cumplidos, cuyo desconocimiento patentiza un abuso en el ejercicio del derecho de defensa en juicio. Todo ello, inviabiliza el recurso planteado (C Apel.CC. Salta, Sala III, 8-5-06, "AFIP vs. Del Pilar", expediente de Sala n° 115736, tomo año 2006, f° 381).

Por ello, _ LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA, I) DECLARA la INADMISIBILIDAD FORMAL del recurso de inconstitucionalidad planteado por los demandados a fs. 256/266 por las razones expuestas en los considerandos.

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJEN.