Tribunal: CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-15


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 15 de 2009.

Considerando: I.- Que no resultan de recibo los endebles argumentos que emplea la recurrente en su presentación 162/165, cuando pretende demostrar que la condena al pago de intereses habida en origen resulta contraria a derecho. Debe destacarse, por lo reprochable de la actitud actora que, con la disposición del bien aceptado como garantía por éste Tribunal, frustró el objeto del procedimiento de ejecución provisional de la sentencia (Art. 258 C.P.C.C.N.) que oportunamente instara, obrar que generó un inadmisible dispendio jurisdiccional y provocó un perjuicio pecuniario a la contraparte, consistente en la indisponibilidad transitoria de las sumas dadas en pago con motivo de la prosecución e impulso del incidente.

Que, frente a la frustración (desvanecimiento) de la condición (garantía real) a la que se supeditó la ejecución del crédito litigioso (cfse. cons. III de la sentencia interlocutoria nº 65.680 dictada por la Sala con fecha 15/VIII/2007, obrante a fs. 124), resulta operativo lo normado por el art. 793 del Código Civil, que establece que "[e]l pago debe ser considerado hecho sin causa, cuando ha tenido lugar en consideración (...) de una causa existente pero que hubiese cesado de existir". Por consiguiente, las sumas depositadas deben ser devueltas a la ejecutada conforme el principio general que rige en materia de pago sin causa, cristalizado en el art. 784 del citado cuerpo normativo.

Que, en orden a ello, la condena al pago de intereses cuenta con apoyo legal en lo dispuesto por el art. 788 Cód Civil: "Si ha habido mala fe en el que recibió el pago, debe restituir la cantidad o la cosa, con los intereses o los frutos que hubiese producido o podido producir desde el día del pago. Debe ser considerado como el poseedor de mala fe". Al respecto, la mala fe imputable al actor obedece al desbaratamiento de la caución previamente ofrecida y su carácter de poseedor del crédito surge de la tenencia por parte del órgano judicial -en carácter de depositario- de la cantidad dada en pago por la contraria.

II.- Que, ante la conclusión del trámite de la ejecución provisional por falta de garantía suficiente, la ampliación de la mal llamada medida cautelar que se peticiona en la parte final del escrito en examen resulta inadmisible, debiendo procederse en origen a la devolución de las sumas depositadas con sus respectivos intereses, a tenor de los fundamentos explicitados en el acápite precedente.

Por lo expuesto, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar la decisión recurrida en cuanto ha sido materia de agravios; 2) Imponer las costas de alzada derivadas de la sustanciación del incidente a la ejecutante, sin perjuicio de las costas oportunamente impuestas a fs. 124, como resultado del trámite de la incidencia promovida por la actora con motivo de la traba del embargo dispuesto a fs. 111 (Aras. 68 y 69 C.P.C.C.N.); 3) Regular los honorarios de las representaciones letradas de la parte actora y demandada correspondientes por su actuación ante la alzada en el 25% y 25% -respectivamente- de la cantidad que le corresponda por su desempeño profesional en origen, frente a la sustanciación del presente incidente (Arta. 14 y 33 de la ley 21.839, mod. por ley 24.432). - Nora Carmen Dorado. - Luis René Herrero. - Emilio Lisandro Fernández.