Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-04-26


SALTA, 26 de Abril de 2.014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "SCOTIABANK QUILMES S.A. c/ MARTINEZ, Ana Delia - EJECUCIÓN DE SENTENCIA", Expte. Nº 137.078/05 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 11ª Nominación, Expte. Nº CAM 1-239.317/08 de esta Sala Primera, y _ CONSIDERANDO:

I.- Que contra la sentencia que a fs. 441/443 acogió el recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 423 y aprobó por la suma total de $ 31.855,85 al 3/12/12 la planilla de liquidación formulada a fs. 398, a fs. 446/451 interpuso recurso de inconstitucionalidad la demandada, en los términos del artículo 297 inciso 3º del Código Procesal Civil y Comercial.

Sostiene el impugnado que es un pronunciamiento que pone fin al proceso en lo que respecta a la planilla adeudada, que fue dictado arbitrariamente, violando los derechos de defensa en juicio y propiedad y la garantía de debido proceso. Afirma que lo resuelto es erróneo porque, contrariamente a lo afirmado en la sentencia, la actora al formular la planilla de fs. 398 incurrió en anatocismo; dice que el de autos no constituye un supuesto comprendido en el artículo 623 del Código Civil, pues el monto de la sentencia ejecutada en autos es de $ 10.855,05 y -en su criterio- el hecho de que se haya confeccionado una planilla de liquidación de intereses y gastos no autoriza que estos rubros puedan capitalizarse y generar intereses. Alega haber pagado ya más de $ 30.000, incluyendo intereses moratorios y punitorios, entendiendo que el monto aprobado por este Tribunal no se condice con el originalmente reclamado. Invoca jurisprudencia y pide se conceda el recurso extraordinario.

II.- Que el remedio extraordinario, de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, lejos de constituir la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y por ello no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien vicios de entidad grave como para producir una lesión a un principio constitucional, o su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito preciso de la doctrina de la arbitrariedad (CJSalta, Tomo 64:855; 72:581; 100:139).

En este orden, se ha sostenido reiteradamente que la correcta deducción del recurso extraordinario exige la crítica concreta de la sentencia impugnada, desde el estricto punto de vista constitucional, para lo cual el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el "a quo" para arribar a las conclusiones que lo agravian (CSJN, Fallos, 304: 1127; CJSalta, Tomo 68:719).

III.- Que, para conceder o denegar el recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal de Alzada debe fundamentar adecuadamente su decisión precisando si el recurrente dio cumplimiento con los requisitos formales correspondientes, si se trata de sentencia definitiva dictada por el superior tribunal de la causa, si existe relación directa con la cuestión federal invocada o si de un análisis circunstanciado de la causa se desprende el supuesto de arbitrariedad alegado por el recurrente (cfr. Sagües, Néstor Pedro; "Recurso Extraordinario", Tomo 2, ed. 1992, p. 498 y ss).

Este examen debe hacerse, además, valorando los agravios desde la óptica del recurrente, efectuando un juicio de probabilidades sobre la afectación de derechos o principios constitucionales (Corte de Justicia de Salta, Tomo 143:953).

IV.- Que, bajo las premisas señaladas, se constata en primer término que el recurso fue interpuesto dentro del término de ley, conforme constancias de fs. 445 y 451.

Es dable afirmar, además, que lo resuelto es asimilable a sentencia definitiva y puede ser impugnado mediante este remedio procesal, atento que decide definitivamente sobre el monto debido por la apelante.

No obstante, es menester destacar lo reiteradamente dicho por la Corte de Justicia local en cuanto a que no basta para demostrar la existencia de una situación de inconstitucionalidad la mera invocación de derechos constitucionales si -como aquí acontece- no se acredita su efectiva afectación (cfr. CJSalta, Tomos 66:389, 113:501). Es que la correcta deducción de este recurso excepcional impone que se critique concretamente la decisión impugnada, desde el estricto punto de vista constitucional, requiriéndose del apelante el rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el a quo asentó las conclusiones que lo agravian (CSJN, Fallos, 304:1127), requisito incumplido en la especie, lo que impide la concesión del recurso.

Para así concluir es menester considerar, desde el limitado marco de análisis que cabe a esta Alzada, que los agravios de la demandada constituyen en definitiva una discrepancia con la solución a la que arriba el fallo, al no haber demostrado una lesión a los derechos constitucionales por ella invocados porque, aunque afirma que en el caso no se aprecia una situación que pueda ser incluida en el supuesto de excepción del artículo 623 del Código Civil, no discute puntualmente el argumento esgrimido por el Tribunal respecto a que concurre en el caso una de las situaciones previstas expresamente en esa norma -deuda reconocida judicialmente en etapa de ejecución de sentencia, mora del deudor-, siendo que aquí se trata de ejecutar la sentencia de fs. 51 que ordena llevar adelante la ejecución por la suma de $ 20.434,45 con más intereses y costas (v. fs. 119).

En tales condiciones, además de tratarse la discutida de una cuestión referida al derecho común aplicable al caso, ajena por tanto al recurso de inconstitucionalidad, tampoco se verifica la argüida arbitrariedad.

Por lo tanto, al no visualizarse la posibilidad de vulneración de los derechos y garantía invocados por la recurrente, no existe mérito para disponer la apertura de la vía extraordinaria pretendida.

V.- Que, en razón de lo expresado en los párrafos precedentes, corresponde denegar el recurso bajo análisis.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, RESUELVE:

I) DENEGAR LA CONCESION del recurso extraordinario interpuesto a fs. 446/451.

II) MANDAR se copie, registre, notifique y baje.