Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-23


--- En la ciudad de Trelew, a los 23 días de setiembre del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Marcelo López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "A. , S. A. c/ S. , H. y otro s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. n° 22.806 - año: 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y, SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 285.------------------------------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. López Mesa expresó: -------------------------- Que a fs. 71/74 se presentó iniciando esta causa el Sr. S. A. A. , por intermedio de letrado apoderado, quien demandara a los Sres. H. S. y G. M. , refiriendo que ingresó a trabajar para los demandados el 1/12/99, para diseñar, diagramar y armar facturas, folletos, volantes, afiches, etc. además de retocar y restaurar fotografías y realizar el mantenimiento de equipos informáticos. Alega que se lo registró como ayudante de fotocromía, cumpliendo un horario de 9 a 12 y de 15 a 20 hs. y los sábados de 9 a 13 hs., percibiendo como salario la suma de $ 372.10.-------------------------------------- Sigue diciendo que la categoría en la que se encuadraban las tareas efectivamente efectuadas por él era la de diseñador gráfico, fotocromista, dentro del CCT 52/89. Relata que a fines del 2002 el actor exigió que se regularice su situación de registro y que se abonara el salario correspondiente a la real categoría laboral desempeñada.-------------------------------------------------------------------- --------- Indica luego que el 23/8/03 intimó la regularización de la registración y que se consigne la real fecha de ingreso y categoría laboral, bajo apercibimiento de considerarse despedido, remitiendo asimismo despacho a la AFIP. Refiere después que el 26/8/03, el codemandado M. contestó su misiva rechazando las manifestaciones vertidas en ella y ratificando los datos de registración, categoría y sueldo básico abonado e intimando al actor a reintegrarse al trabajo bajo apercibimiento de considerarlo en abandono de trabajo.------------------------------------ Refiere seguidamente que el 29/8/03 el actor hizo efectivo el apercibimiento cursado a la demandada, dando por terminada la relación laboral por considerarse gravemente injuriado y que el mismo día los codemandados le enviaron despacho telegráfico notificándole una suspensión por 4 días por ausencias injustificadas.------- Sigue relatando que el día 2/9/03 los codemandados le remitieron despacho telegráfico rechazando las manifestaciones de su misiva poniendo la liquidación final a su disposición, atento el despido indirecto, aclarando que solo se le abonó el mes en curso, vacaciones no gozadas y SAC, sin los rubros indemnizatorios del despido indirecto. -------------------------------------------------------------------------------- Prosigue su alegación indicando que después de conversaciones mantenidas con los codemandados el 14/4/05, inició ante la Subsecretaría de Trabajo un reclamo, presentándose el demandado a declinar la vía con fecha 2/5/05. Fundó en derecho, ofreció prueba, cuantificó su reclamo y solicitó el oportuno acogimiento de la demanda, con intereses y costas.------------------------------------------------------------- --- Que corrido traslado de la demanda a fs. 91/94 se presentan los demandados, H. S. y G. M. , por su propio derecho, negando los principales hechos expuestos en la demanda, afirmando ser propietarios de la imprenta I. G. N. S.H. y refiriendo que el actor ingresó en el mes de diciembre de 1999, en la categoría de Ayudante- fotocromía, no modificándose su categoría en todo su desempeño laboral.--------------------------------------------------- Manifiestan luego que el actor nunca reclamó modificación en su categoría laboral, ni verbal ni por escrito y que éste fue debidamente registrado y así se le abonó por las tareas realizadas. Indican después que su despido fue causado por el propio actor, no adeudándosele ninguna diferencia salarial ni indemnización por ningún concepto. Ofrecieron prueba, fundaron en derecho y solicitaron el rechazo de la demanda, con costas.-------------------------------------------------------------------- --- Que a fs. 256/258 la Sra. Juez de grado rechazó la demanda deducida por S. A. A. contra H. S. y G. M. , imponiendo las costas a la parte actora, y regulando los honorarios correspondientes al perito contador y a la representación y dirección letrada, en forma conjunta, de la parte demandada en el 3% y 18%, del monto reclamado con más los intereses de práctica (tasa activa B. C. S.A.). En cuanto a la representación letrada de la parte actora no se le regularon honorarios, en virtud del pacto de cuota litis homologado a fs. 164, todo ello de conformidad con lo dispuesto por las leyes 2.200 y 4.335 (arts. 6, 7, 8, 9, 39 y conc.), el mérito e importancia de la labor desarrollada, así como el monto del asunto.--------------------------------------------------- Que contra dicha sentencia la actora interpuso recurso de apelación a fs. 262, el que fue concedido a fs. 263 y fundado a fs. 264/270.---------------------------------------- Se agravia la accionante de que se impusiera a su parte la carga de la prueba de la categoría de revista del actor, afirmando que correspondía a su contraria tal prueba, a mérito de lo dispuesto por el art. 377 CPCyC. En segundo lugar, cuestiona la falta de fundamentación de la sentencia que recurre. Luego adjudica a la sentencia de grado error en la aplicación de las reglas de la sana crítica, omisión injustificada de considerar prueba pericial esencial para el proceso, errónea valoración de los hechos y la prueba producida en la causa. Cuestiona que la sentencia apelada ha omitido considerar la prueba confesional brindada por el codemandado Sr. M. G. . Le imputa asimismo a la sentencia en crisis errónea valoración de la prueba testimonial rendida en autos, y el rechazo indebido de la multa establecida por el art. 45 ley 25345. Solicita la revocación de la sentencia apelada, con costas.------------------------------------------------------------------- Que corrido traslado de los agravios a la contraria a fs. 271 es contestada la vista a fs. 272/vta., solicitándose la confirmación del decisorio apelado, con costas.------------------------------------------------------------------------- ---------------------- Ingresaré al análisis de los agravios de la actora, pero no manteniendo el orden en que ella los expusiera, pues el mismo es asistemático. ---------------------------------- Debo manifestar previamente que la apelante ha sido enfática en la asignación de yerros a la sentencia de grado; el problema es que analizada con detalle la sentencia, la prueba reunida en la causa y los términos de la apelación, existe una grave discordancia entre las dos primeras y la última. Los agravios de la actora adoptan un estilo tremendista, grandilocuente que, desafortunadamente para ella, no se compadece con las pruebas colectadas en la causa ni logra demostrar en lo más mínimo los graves desaciertos que adjudica a la sentencia apelada. En lo que sigue fundaré estas manifestaciones liminares en detalle.----------------------------- ---1) Cuestionamiento de la imposición de la carga de la prueba de la categoría desempeñada por el actor.-------------------------------------------------------- La actora apelante yerra en su primer agravio, el que además es tan leve que bien merecería que se lo declare desierto. Pero no obstante su déficit argumental, ingresaré a su análisis, en aras del principio de amplitud de la defensa.------------------ La apelante reconoce inicialmente (fs. 264 segundo párrafo) que su parte cargaba con la prueba de su desempeño como diseñador gráfico, pero luego pretende revertir sobre su contraria la carga de la prueba del desempeño de tareas distintas, alegando que la asignación de la carga de la prueba por parte de la juez de grado viola lo dispuesto en el art. 377 CPCyC. ------------------------------------------- No estoy de acuerdo en absoluto con tal afirmación ni con el agravio que ella pretende sustentar. Creo que este agravio se basa en un desconcepto inicial: el desconocimiento o la incomprensión del alcance verdadero del art. 377 CPCyC. Dicha norma establece que "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer.--------------------------------------------------------- Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.".---- A poco que se miren las declaraciones testimoniales de fs. 169 (testigo R.), fs. 175 (testigo W.), el informe de fs. 192/193 de autos y la falta de exhibición de título habilitante alguno de diseñador por parte del actor y los recibos de sueldo de fs. 2/49bis, surge claro que está probado el desempeño por parte del actor de la categoría de ayudante de fotocromía. Al intentar éste revertir esa situación debió hacer un esfuerzo probatorio, que no ha sabido o podido realizar, motivo por el cual ha perdido el litigio.--------------------------------------------- Esta Sala ha sostenido con anterioridad, a través de un voto de mi autoría, que la carga de la prueba es un imperativo del propio interés, que pesa sobre cada uno de los litigantes para que acrediten la verdad de sus afirmaciones respectivas, mediante su propia actividad, si quieren evitar la pérdida del proceso, pues ella no es otra cosa que la necesidad de probar para vencer, y el riesgo de no probar es perder el litigio (esta Sala, mi voto, en sentencia del 13/8/08, in re "M., R. G. y otro c/ S. s/ cobro de pesos laboral"; registrada bajo el Nro. 52 de 2008 SDL; en igual sentido, Cám. CC Neuquén, Sala 1ª, 15/2/96, "F., O. E. c/ A. D. G. e Hijos S.R.L.", en Juba sum. Q0000027; ídem, 18/5/95, "C., A. M. y otro c/ H., D. O. y otro", en Juba sum. Q0000902).------------------------------------------- --- La parte actora parece no haber comprendido que en un litigio judicial no tienen tanta trascendencia los hechos como las afirmaciones procesales de dichos hechos y su acreditación. Por ello los hechos no afirmados no ingresan a la litis y los no probados tampoco pueden tener virtualidad en ella. Y verdad es que el actor no ha conseguido probar ninguna de sus afirmaciones procesales negadas por la contraria. -------------------------------------------------------------------------------- ---------- El demandado no tenía la carga probatoria de hechos que se hallaban reconocidos, como el desarrollo de labores por el demandante. Era éste quien había alegado o afirmado en autos el ejercicio de un trabajo distinto del que percibiera y, por tanto, de acuerdo a las normas procesales tenía sobre sí la carga de acreditar ese hecho, que no está cubierto en autos por ninguna presunción aplicable a él.----------------------------------------------------------------------------- ------ --- El demandado tenía en su favor la situación existente, la que está de sobra probada en autos, tanto por prueba documental (recibos de fs. 2/39), declaraciones testimoniales, etc. Quien quería modificar la situación establecida, para que se le reconozca otra categoría de revista y otro salario, era el actor y éste tenía sobre sí la carga de acreditar los hechos base de su reclamo.-------------------------------------- --- No habiendo cumplido la carga de la prueba, que correctamente la juez de grado le asignara a su parte, debe juzgarse que la actora no ha satisfecho la carga probatoria que tenía sobre sí en este aspecto, pretendiendo revertirla sobre su contraria, lo que no puede aquí admitirse. Siendo ello así, debe considerarse que la recurrente ha dejado insatisfecha la carga probatoria y debe padecer las consecuencias de ello, que es la suerte adversa del planteo carente de apoyatura probatoria. Su disconformidad con el fallo que así resolviera no ha germinado en un agravio atendible, debiendo tenerse por firme la decisión de grado en lo atinente a la asignación de la carga probatoria a la actora, debiendo rechazarse el primer agravio del apelante.----------------------------------------------------------------------- --- --- 2) Agravio sobre la falta de fundamentación de la sentencia que recurre. ------ La actora se agravia de la falta de fundamentación de la sentencia de grado. No comparto el criterio en absoluto. La sentencia de grado es escueta en sus razones, pero no infundada o deficientemente fundada. Tengo para mí que si hubiera tenido que fallar esa causa, tal vez le hubiera dedicado algunos párrafos más, pero en ninguno de los aspectos resueltos hubiera fallado distinto de cómo lo ha hecho la Sra. Juez de grado.-------------------------------------------------------------------------- ------ En un decisorio reciente esta Sala, aunque actuando como Tribunal de Apelación en materia penal, tuvo ocasión de analizar con detalle la cuestión de la fundamentación adecuada de los decisorios judiciales. Con fecha 5 de Septiembre de 2008, en el decisorio dictado en la causa caratulada "G., J. G. D. s/ lesiones graves- Puerto Madryn" (Carpeta 960, Legajo 6214 - (Expte. Nro. 22930/08, Sala A CANE) integrada por quien aquí vota, el Dr. Carlos Dante Ferrari y el Dr. Aldo De Cunto -incorporado al Tribunal ante la licencia del aquí juez de segundo voto, Dr. Carlos Velázquez-, esta Sala sostuvo -en decisión interlocutoria unánime- que el requisito de la motivación de los actos judiciales y administrativos tiene por finalidad trasladar de manera sucinta al conocimiento del interesado los fundamentos de hecho y derecho de la decisión estatal para darle la oportunidad de aceptarlos o combatirlos en los recursos pertinentes (con cita del Tribunal Supremo de España, Sala 4ª, 23/3/81, ponente: Sr. Díaz Eimil, RAJ, 1981, 1312).-------------------------------------------------------------------------- ------------- Indicamos luego que la justificación objetiva de todo juicio de valoración o estimación de hechos o datos es el presupuesto formal que separa la discrecionalidad de la arbitrariedad y constituye garantía imprescindible del correcto, congruente y adecuado ejercicio de las facultades jurisdiccionales (en similar sentido, Tribunal Supremo de España, Sala 4ª, 9/6/83, ponente: Sr. Díaz Eímil, RAJ 1983, 3497).------------------------------------------------------------------------- Y que la motivación de los actos jurisdiccionales o administrativos tiene como fundamento proteger al justiciable o al administrado contra el arbitrio de los poderes públicos, aportándole las razones en que sus decisiones se basan, a fin de que pueda, con conocimiento de causa, impugnarlas si así lo cree oportuno (Tribunal Supremo de España, Sala 4ª, 25/2/87, ponente: Sr. Gordillo García, LA LEY (España), t. 1987-2, p. 866 (8979-R).---------------------------------------------------- Hacer constar los fundamentos en virtud de los que se dicta un decisorio judicial por el que se deniega una petición formulada por un justiciable, no sólo es deber de cortesía hacia él, sino el medio que le posibilita criticar las bases en que tal acto se apoye, permitiendo a los Tribunales de alzada llevar a cabo el control de su legalidad y de su adecuación a los fines que justifiquen su contenido, que es al que han de ajustarse tales actos (en igual sentido, Tribunal Supremo de España, Sala 3ª, Secc. 2ª, 20/4/89, ponente: Sr. Sánchez-Andrade y Sal, La Ley (España) t. 1989-3, p. 379).--------------------------------------------------------------------------- -------- La motivación del acto cumple diferentes funciones, ante todo, y desde el punto de vista interno, viene a asegurar la seriedad en la formación de la voluntad del órgano estatal; pero en el terreno formal -exteriorización de los fundamentos por cuya virtud se dicta un acto- no es sólo una cortesía, sino que constituye una garantía para el justiciable, que podrá así impugnar, en su caso, el decisorio con posibilidad de criticar las bases en que funda; además, y en último término, la motivación facilita el control jurisdiccional de las instancias superiores (Tribunal Supremo de España, Sala 3ª, Secc. 1ª, 18/4/90, ponente: Sr. Delgado Barrio, LA LEY (Esp.), t. 1990-3, p. 666 (12917-R); ídem, 13/7/91, ponente: Sr. Delgado Barrio, Archivo La Ley, 1991, 11643).----------------------------------------------------- --- Y aclaramos en el decisorio citado que la motivación de los actos jurisdiccionales, es decir, los motivos de hecho y de derecho del acto, puede ser sucinta, pero debe ser suficiente, de suerte de explicitar las razones esenciales o fundamentales del proceso o iter lógico y jurídico seguido por el sentenciante y que lo llevaran a tomar la determinación que tomara sobre el asunto sub discussio.---- De todo lo expuesto se concluye sin dificultad que el verdadero sentido y alcance de la motivación de un acto, es el de ser expresión formal de los factores determinantes de la decisión adoptada, por lo que la falta de motivación o su insuficiencia constituye en nuestro ordenamiento jurídico un defecto que trasciende la órbita de lo formal y afecta la legalidad y validez de fondo del acto (cfr. esta Sala, sentencia interlocutoria de fecha 5/9/08, in re "González, José Gustavo David s/ lesiones graves- Puerto Madryn" (Carpeta 960, Legajo 6214 - (registrada bajo el Nro. 07 de 2008, Sala A).---------------------------------------------- --- Analizados con detenimiento los fundamentos de la sentencia y las constancias de autos no encuentro que nada relevante de la causa haya sido pasado por alto ni que se haya resuelto la litis en forma arbitraria, antojadiza o descabellada. Sí ha sido breve la fundamentación, pero no encuentro que la misma vulnere los derechos de las partes ni que infrinja las pautas de fundamentación mínima que he dado supra, siguiente el precedente citado de esta Sala.------------------------------------- En tal caso, bien analizada la fundamentación de la sentencia de grado no encuentro que la misma esté infundada. La Sra. Juez de grado analiza con suficiencia los hechos de la causa, las pruebas colectadas -las que debo decir analizó en forma sintética pero incuestionable-, la inacogibilidad de las pretensiones de la actora, etc. ------------------------------------------------------------------- En su sentencia lucen los postes indicadores del iter lógico que ha seguido al decidir. Las partes no están inermes ante el decisorio ni carecen de bases suficientes para cuestionar sus afirmaciones. Pueden compartirse o no los fundamentos dados, pero los mismos están presentes en la sentencia y no es cierto que el litigante carezca de pautas para advertir cómo se llegó al decisorio apelado.---- En su decisorio la Sra. Juez de grado descarta prueba testimonial, dice por qué la descarta, analiza con precisión las declaraciones de los testigos que juzga relevantes para la correcta resolución del caso, analiza correctamente la obligación del actor de probar que había concurrido a retirar el certificado de trabajo que se pusiera a su disposición, no mereciéndome tal afirmación ningún reparo, toda vez que dicho criterio se enmarca en la tesitura que esta Sala consagrara respecto de las llamadas "obligaciones querables o de recogida", las que han sido analizadas en detalle y con precisión en el precedente de esta Sala de fecha 20/8/08, conforme mi primer voto, en el caso "A. de R., A- c/ P- , R. C. s/ Sumario", registrada bajo el Nº 15 de 2.008 - SDC).-------------- En tal situación, me parece que la actora apelante no ha diferenciado la fundamentación escueta de la sentencia, con la motivación insuficiente de la misma. Encuentro la primera pero no la segunda plasmada en la sentencia que aquí revisamos. Por ello, el agravio relativo a la falta de fundamentación suficiente del decisorio debe rechazarse, lo que propongo al Acuerdo.--------------------------------- ---3) Omisión de considerar la prueba confesional brindada por el codemandado Sr. M. G. . -------------------------------------------------- --- La actora apelante manifiesta al respecto que si la a quo hubiera valorado debidamente la prueba confesional de este codemandado "hubiera convencido a la sentenciante de que el actor afirmaba la verdad en su libelo de inicio" (cfr. fs. 266 último párrafo). Luego prosigue diciendo que el absolvente ha mentido en su respuesta a la primera posición y de ello saca importantes consecuencias como que ello debió haber convencido a la juez de grado de la veracidad de los dichos del actor.-------------------------------------------------------------------------- ---------------------- Verdaderamente sorprende el tenor del agravio. La actora pretende extraer de una respuesta dudosa del absolvente, casi una conspiración. La construcción que intenta es de una levedad insoslayable. Se apoya su agravio en una contestación dudosa, no necesariamente falsa, a la primera posición, cuando el absolvente ante una pregunta sobre la fecha de ingreso del actor, manifiesta que "No es cierto, no recuerdo la fecha, figura en los recibos de pago". No veo verdaderamente cuál puede ser la gravedad de esta contestación, ya que aún aplicando al absolvente lo normado por el art. 413 CPCyC igualmente en los recibos de pago figura esa fecha de ingreso. Tener por reconocido un hecho ya reconocido, pero olvidado, carece de toda importancia en autos. Pero lo que sigue es peor: la apelante pretende que de esa primera respuesta -falsa a su criterio, dudosa en el mío- se extraiga una convictividad insólita respecto de la veracidad de los dichos del actor. ------------------ Hay un óbice definitivo a esa pretensión: lo dispuesto en el art. 424 CPCyC, que edicta: "ALCANCE DE LA CONFESION. En caso de duda, la confesión deberá interpretarse en favor de quien la hace".De tal modo es insostenible pretender establecer una especie de presunción, contraria al absolvente de una primera respuesta, que a lo sumo podría afectar o tener por reconocido el hecho puntual que se le preguntara en esa posición, pero no alcanzaría aún así a las restantes.------ --- Tengo la sensación de que la apelante en un exceso de celo recursivo ha pretendido sacar más jugo de esa respuesta que el que, en el más optimista de los sentidos, pudiera pretenderse. Por tanto el agravio deviene descaminado y debe rechazarse.--------------------------------------------------------------------- ---------------- --- 4) Errónea valoración de la prueba testimonial rendida en autos.------------ --- Según se puede apreciar hasta aquí todos los agravios que venimos analizando carecen de asidero y se basan -al parecer- en meras opiniones de la apelante, quien pretende convencer a esta Cámara del desacierto de la sentencia apelada, sin demostrar acabadamente los errores de ésta y expresando simplemente una opinión distinta, sin siquiera fundar en derecho tal opinión o fundándola erróneamente, lo que resulta a la postre perjudicial para los intereses de la propia apelante. -------------- Pero, de todos los agravios expresados por la apelante -todos insustanciales desde ya- éste se destaca por su fragilidad. La actora apelante carece de toda objetividad y proporción al imputar a la sentencia apelada una errónea valoración de la prueba testimonial obrante en autos. ---------------------------------------------------- He repasado una y otra vez cada uno de los testimonios colectados en autos y mi conclusión invariable es que un juez profesional solo puede evaluar las declaraciones obrantes en esta causa como lo ha hecho la Sra. Juez de grado. Podrán ponerse más o menos palabras, ser el análisis más o menos severo, más o menos detallado; pero, igualmente, en cualquier análisis serio y desapasionado de la prueba colectada en esta causa surge de toda evidencia la carencia de apoyatura de las afirmaciones del actor en prueba testimonial sólida y admisible producida aquí.--------------------------------------------------------------------------- --------- La Sra. Juez de grado expone en su sentencia textualmente que "I) Reconocida la relación laboral, fecha de ingreso y egreso, deberá determinarse las tareas que realizaba el actor y verificar el encuadre en la categoría convencional. A tales efectos se recibieron las declaraciones testimoniales de: R. (fs. 168), compañero de trabajo, quien declaró desempeñarse como tipógrafo para la demandada, respondiendo al cuestionario "B", declaró que veía al actor trabajar en computación, tenía como especialidad que el testigo sepa armador, tipeado, armado. W. (fs. 175), conoce al actor de trabajos que hizo, algunos facturados como I. G. N. . Declara que el actor hizo para el dicente folletería, desde el pedido hasta la entrega, destacando que exactamente que trabajo hizo A. en la folletería, no sabe. Afirma que para tal trabajo contrató al actor en su taller. El actor le ofreció folletería, le dijo el precio y el testigo contató el trabajo, sin haber ninguna firma ni nada, fue todo verbal. L. (fs. 177), conoce a las partes porque trabajan en el mismo rubro, Declara saber que el actor realizaba tareas de diseñador o diagramador, diseñador gráfico. G. , (fs. 199) quien trabajó para los demandados durante poco más de dos años, a partir del febrero de 1994, manifestó que luego de irse de la empresa lo han llamado para a tomar personal de diseño, sabe que básicamente los requisitos que normalmente pide la imprenta es título, más que nada de diseño y después tener conocimientos de lo que es una imprenta y como trabaja. Sabe que el actor armaba formas para facturación, para tamaños de facturas, rótulos para pesqueras, lo que normalmente se hace en la imprenta, toda la parte gráfica. No le consta que dentro de la imprenta el actor realizara tareas de diagramador o diseñador. S. B. (fs. 201), conocido de ambas partes, sabe que el actor trabajaba para la demandada y que hacía tareas de diseño gráfico". ------------ La magistrado a quo luego concluye que "Las declaraciones testimoniales que he reseñado, analizadas a la luz del principio de la sana crítica no logran formar convicción respecto a que las tareas efectuadas por el actor , respondan a la categoría pretendida. Ello así porque los testigos R. y G. , describen las de armado y computación. W. , si bien contrató trabajos de folletería con el actor no sabe a ciencia cierta que trabajos efectuaba personalmente el actor. En cuanto a los testigos L. y S. , la absoluta falta de razón de sus dichos o de descripción de las tareas a las que califican como de diseño gráfico, no permite tenerlas en cuenta".------------------------------------------------------------------------ ------ La apelante imputa a esta evaluación de testigos toda una serie de defectos, haciendo luego una evaluación propia de tales testimonios y llegando a conclusiones favorables a su postura, pero desapegadas de la verdad plasmada en la causa.-------------------------------------------------------------------------- --------------- --- La apelante no se ha hecho cargo en su versión subjetiva del resultado arrojado por la prueba testimonial en autos. Su versión de la declaración de los testigos no se sostiene en pie y cae por su propio peso. No toma en cuenta la recurrente que la declaración de los dos testigos que abonan su postura es, lisa y llanamente, inverosímil y me generan serias dudas sobre si no habría que haberlos inquirido con mayor severidad, porque el fantasma del falso testimonio ronda seriamente sus declaraciones. -------------------------------------------------------------------------------- - --- La razón de los dichos de los testigos L. y S. B. descalifica absolutamente sus testimonios, de por sí imprecisos y nada convincentes; uno porque no dice por qué sabe lo que imprecisamente declaró previamente y manifiesta que la razón de sus dichos es que es conocido del actor. Por otra parte el testigo S. da un testimonio absolutamente genérico e impreciso, lo que es contradictorio y hasta incompatible con quien dice ser empresario del rubro de la imprenta. A un imprentero no se le puede dejar pasar semejante nivel de vaguedad en una declaración en sede judicial como testigo y sea porque no es realmente imprentero o porque ha mentido y no tiene idea del desempeño del actor, su declaración en cualquiera de ambos casos no puede ser considerada válida en autos ni puede generar convicción.-----------------------------------------------------------------<#LI NE> --- Bien se ha resuelto que la razón del dicho exigida por el art. 443 del Código procesal (Pcia. de Buenos Aires, 445 del Chubut) tiene especial gravitación para la apreciación del testimonio, y su existencia o inexistencia es determinación reservada al tribunal ordinario, salvo arbitrariedad (SCBA, 21/6/00, "L., I. O. y T. C., H. J. s/ Beneficio de litigar sin gastos", en Juba sum. B25393).------------------------------------------------------------------------ --------- --- La razón del dicho es la explicación lógica que debe dar el testigo para fundar la credibilidad de sus declaraciones, abonándolas con el cómo, cuándo y con motivo de qué ha percibido los hechos sobre que depone. Su atendibilidad estará en relación directa con su generosidad y robustez. Consecuentemente, si se ignora cuál es la razón del dicho del testigo, que dé sustento a lo que afirma, pierde atendibilidad la testimonial vertida (Cám. CC Quilmes, Sala 2ª, 30/3/01, "D. G. E. s/ Beneficio de litigar sin gastos", en Juba sum. B2950922).------------------------------ La razón de los dichos del testigo se vincula a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que conoció el hecho sobre el cual depone o, en otras palabras, la explicación de la forma en que ha adquirido el conocimiento de los hechos sobre los que depone y, por tanto, si de la declaración emana que tal conocimiento lo adquirió por haber presenciado los hechos, ello es suficiente para avalar su testimonio o fundar la credibilidad de sus declaraciones (Cám. CC 2ª La Plata, Sala 3ª, 8/6/99, "P., R. c/ Policía de la Provincia de Bs. As. s/ Daños y perjuicios", en Juba sum. B352894).---------------------------------------------------------------------- --- La principal tarea valorativa del juez en la apreciación de la prueba testimonial, radica en establecer si el deponente pudo o no adquirir el conocimiento de un hecho, para lo cual resulta imperioso que éste explique cómo y porqué pudo percibirlo. Si no se expide sobre tales modalidades, o de las circunstancias de tiempo, modo y lugar relatadas, resultare que la ciencia de su dicho no deriva de una percepción personal y directa de los hechos, la declaración se resiente y su eficacia probatoria desaparece (Cám. CC 2ª La Plata, Sala 2ª, 15/4/04, "M. L., D. c/ Empresa M. S.A. s/ Dañso y perjuicios", en Juba sum. B301260).- -------------------------------------------------------------------------------- ----- --- Ergo, debe concluirse en la ineficacia de la prueba testimonial, cuando la misma carece de suficiente razón del dicho o ella brilla por su ausencia, así como cuando ésta, vertida, aparece como inverosímil conforme a las circunstancias que rodean al caso y el conocimiento del declarante (Cám. CC 1ª La Plata, Sala 2ª, 23/10/97, "P., E. A. c/ G. C., R. s/ Nulidad de contrato", en Juba sum. B152003) y, verdad es, que la razón de los dichos de los testigos L. y S., en un caso falta y en otro es inverosímil, lo que inhabilita sus testimonios.

--- La Sra. Juez de grado no ha infringido en su apreciación de la prueba testimonial en este caso las mandas del art. 456 C PCyC, pues no encuentro que no haya evaluado a las declaraciones según la sana crítica, habiendo además consignado en la sentencia de grado los motivos que disminuyen la fuerza convictiva de los testimonios favorables al actor, pareciéndome inobjetable lo allí manifestado por la a quo.--------------------------------------------------------------------- --- Por si alguna duda pudiera quedar, repare la recurrente que en su declaración de fs. 201/vta., el testigo J. S. B. contesta a la segunda pregunta (Para que diga."conoce cuáles eran las tareas que realizaba el actor en dicha empresa") contestó lacónicamente que "Diseño gráfico". Luego, a la tercera pregunta ("Si puede precisar en que consisten las tareas de diseño gráfico") respondió también escuetamente que "Si, en hacer diseño gráfico, es muy amplio el diseño gráfico". Luego a la primera repregunta (Para. qué conocimientos tiene de lo que es diseño gráfico") respondió el testigo que "porque soy gráfico, tengo una imprenta, el diseño es algo muy amplio". Finalmente preguntado por la razón de sus dichos contestó que "soy conocido de A." (cfr. Fs. 201vta.). Esa fue toda su declaración.-------------------------------------------------------------------- - En el mejor de los casos puede juzgarse su declaración de irrelevante para la correcta decisión de estos autos. Peor aún es el caso del testigo L. . Solamente en broma puede pensarse que un testigo ateste que alguien realiza determinadas tareas porque lo ha visto realizarlas cuando iba a la empresa demandada "a consultar a otra persona sobre el manejo de una máquina y andaba por ahí y veía a quienes trabajaban, conozco a varias personas de ahí que me consta que trabajaban ahí y lo que hacían" (cfr. fs. 177vta, primer párrafo).----------------- Aquí ya el testimonio no solo personalmente me parece irrelevante sino que tengo serias dudas sobre su mendacidad. Es inverosímil que una persona concurra en más de una oportunidad a un comercio a preguntar a una persona que no identifica sobre el manejo de una máquina y que al hacerlo deambule libremente por una empresa, constándole de esas recorridas inexplicables o inexplicadas quienes trabajaban allí y qué hacía cada uno. Francamente creo que este testimonio es inadmisible, al faltarle una razón convincente de sus dichos.--------------------------- Nuevamente, por si alguna duda pudiera quedar (a mi no me queda ninguna), repasaremos en detalle el testimonio. En su declaración de fs. 177, el testigo C. E. L. , carente de toda precisión a la primera pregunta ("Para. dónde trabajaba el actor en el año 2000"), contestó que "En la imprenta G. N., creo". Luego, a la segunda pregunta ("Para que.. "cuáles eran las tareas que realizaba el actor en dicha empresa" contestó que "era diseñador o diagramador, yo conozco como diseñador el trabajo que él hacía ahí, diseñador gráfico". Y luego preguntado por la razón de sus dichos manifiesta "porque yo iba a Impresora G. N. a consultar a otra persona sobre el manejo de una máquina y andaba por ahí y veía a quienes trabajaban, conozco a varias personas de ahí que me consta que trabajaban ahí y lo que hacían" (cfr. fs. 177vta, primer párrafo).------------------------------------------------------ El testimonio es objetable desde todo punto de vista, pero sobremanera si se piensa que al ser preguntado por las generales de la ley manifestó que conoce al actor porque trabajaban en el mismo rubro. Para quien se desempeña en el rubro de la imprenta no es admisible una liviandad, imprecisión y vaguedad así en un testimonio sobre un tema que debe conocer por sus ocupaciones. Repito, el testimonio es decalificable, por varios motivos: 1) porque es general e impreciso; primero no es asertivo ni concluyente sobre dónde trabajaba el actor (la expresión "creo" para terminar la frase agrega más dudas que certezas a su deposición); 2) luego misteriosamente el testigo recupera la memoria y, pleno de confianza, manifiesta sin dudarlo que el actor realizaba trabajos que él conoce como diseño gráfico, sin explicar en qué consistían esas labores, cuándo vió efectivamente al testigo hacerlas, en qué condiciones, en qué máquinas, etc. A una persona del rubro ese tipo de detalles no pudieron pasarle desapercibidos; 3) luego, para peor, brinda una razón inverosímil de la razón de sus dichos; y 4) Aún soslayando esa circunstancia que torna inverosímil al testimonio, si ello fuera cierto que concurrió a preguntar por el funcionamiento de una máquina ¿cuántas veces se puede preguntar tal cosa? ¿cuántas veces pudo concurrir a una empresa ajena a preguntar tales detalles? Y ¿en esas ocasiones pudo tomar debida nota de quiénes laboraban allí y qué hacía cada uno? Verdaderamente el don de la observación del testigo impresiona. Pero no convence, pues se trata claramente de una declaración insólita, inverosímil, que por ello es inatendible y debió merecer de quien la tomó alguna mayor concentración, para intentar que el testigo sea preciso y su testimonio sea tomado en consideración o, en caso contrario, se contradiga abiertamente y se lo procese por falso testimonio. En lo que aquí interesa, este testimonio es descartable de plano y no puede ser seriamente considerado.-------------- Esos dos testimonios eran las únicas pruebas en autos que daban algún matiz sobre la posición del actor. Todos los demás testimonios y probanzas no agregan nada a su cosecha. Por eso me llama la atención la presencia de ánimo que demuestra la apelante que en un escrito enfático y altisonante pretende negar lo evidente para así tildar a la apreciación de la prueba realizada por la juez de la instancia anterior de irregular, errónea, equivocada, etc. ----------------------------------- En mi opinión, no hay una sola incorrección en las manifestaciones de la a quo sobre la prueba testimonial obrante en autos. Hasta creo que se ha quedado corta en lo que ha escrito. Y entonces, directamente no puedo justificar algunas manifestaciones de la apelante a su respecto.------------------------------------------------- Máxime cuando el resto de la prueba le da la espalda a la postura de ésta. Pruebas al canto. A fs. 168/169vta., en su declaración el testigo J. R. manifiesta que A. se desempeñaba como armador, que hacía tipeado y armado; que nunca vio un título comprobable de que A. era diseñador gráfico. Y la razón de sus dichos es por haber sido compañero de trabajo del actor en la empresa demandada, a la que ingresó en 1998 según dice. No me explico por medio de qué sortilegio la apelante convierte a este testimonio en uno favorable a ella. No comparto tal postura, la que es descartable de plano al compás de una observación criteriosa y desapasionada del testimonio.------------------------------------- A fs. 200/vta. el testigo G. D. G. , también es terminante respecto de negar lo afirmado por el actor. Dicho testigo manifiesta a la cuarta repregunta que dentro de la imprenta le consta que el actor no realizara tareas de diseñador o diagramador (cfr. Fs. 200 última línea y 200vta. primera línea). La razón de sus dichos es atendible: él seleccionaba el personal que la demandada le requería para ocupar determinado puesto, con lo que conocía la estructura de funcionamiento de la empresa demandada. Obviamente este testimonio no arrima ninguna ventaja probatoria al actor, sino muy por el contrario, descalifica sus alegaciones y con razón fundada y probable de parte del testigo.--------------------------------------------- --- Tampoco suma nada a su favor el testimonio rendido a fs 175/vta. por el testigo H. W. , quien manifiesta que el actor le hizo trabajos de folletería facturados para impresora G. N. ; luego dice que "exactamente qué trabajo hizo él en la folletería no sabe" y que tiene entendido que el trabajo del actor es el de diagramador "o algún trabajo similar a eso" (cfr. Fs. 175vta., respuesta a la cuarta pregunta) y agrega que contrató al actor estos trabajos en su taller (cfr. Fs. 175vta., respuesta a la segunda repregunta).--------------------------------- De su testimonio se desprende que el testigo no concurrió al local de la demandada, sino que el actor concurrió a su taller a contratar con él, de lo que surge que no sabe concretamente qué función cumplía el actor para la demandada. Manifiesta expresamente el testigo que no sabe exactamente qué trabajo hizo el actor y que tiene entendido que el trabajo del actor era el de diagramador "o algún trabajo similar a eso", lo que puede significar varias cosas, incluida la labor de ayudante de fotocromía. Ergo, el testimonio no es preciso y no puede fundarse sobre él una convicción sobre lo alegado por el actor en su reclamo, como correctamente resolviera la juez de grado en su sentencia.---------------------------------- Con lo ya visto, alcanza para comprobar que las afirmaciones tremendistas, descalificadoras y terminantes de la apelante sobre los yerros cometidos por la a quo en la apreciación de la prueba testimonial en autos no sólo no se configuraron, sino que su agravio es insustancial. Lo expuesto hasta aquí alcanza para descartar el agravio, pues ninguna solidez tiene el mismo y carecen de apoyatura en las constancias de la causa sus palabras, las que deben juzgarse desafortunadas.-------- ---5) Agravio fundado en el error en la aplicación de las reglas de la sana crítica, omisión injustificada de considerar prueba pericial esencial para el proceso, errónea valoración de los hechos y la prueba producida en la causa.---- Verdaderamente este agravio me resulta abstruso. Basta analizar el contenido de la pericia de fs. 229/237 para darse cuenta que sus términos en nada favorecen la posición del actor. La perito contable dictamina que la demandada lleva sus libros de acuerdo a lo establecido por el art. 53 LCT (fs. 229); que la actora figura inscripta en el Libro especial, que se le han hecho sus aportes debidamente (cfr. fs. 230), que el actor no se encontraba en condiciones de obtener una recategorización automática según el convenio aplicable a su caso (cfr. Fs. 231) y cuando la perito liquida las diferencias salariales, se limita a calcular las diferencias habidas entre lo que reclama el actor y lo que se le pagara, aclarando luego que queda "a criterio de V.S. los puntos por los que prospere la demanda" (cfr. Fs. 232 primer párrafo).-------- La apelante denuncia que la a quo ha soslayado indebidamente los términos de la pericia contable practicada en autos. O se trata de una aguda ironía de su parte o su razonamiento es tan elevado que no alcanzo a comprenderlo, pues a mi ver nada en esa pericia favorece la postura del actor ni incita a receptar su reclamo.-------- En cuanto a la errónea valoración de los hechos y la prueba, ya he analizado en detalle la prueba testimonial, pericial y confesional y me parece que no va quedando nada por referir de lo colectado en autos. Y los hechos de la causa, tal como fueron acreditados en este proceso, han recibido un correcto tratamiento de la a quo, resultando a mi ver endebles, antojadizas e inacogibles las manifestaciones innecesariamente airadas de la actora en sentido contrario.------------- La actora apelante, no ha sabido o no ha podido demostrar el desacierto del pronunciamiento recurrido en ninguno de los items que atacara. Su recurso adolece de una innecesaria afectación y, paradojalmente, de falta de precisión y de apoyatura en las constancias de la causa, debiendo sin más ser rechazado, en especial en lo atinente a la apreciación de la prueba por la magistrado de grado, la que juzgo acertada y razonable.----------------------------------------------------------------- Por si alguna duda pudiera quedar -que no queda-, es criterio reiterado de esta Sala que la apreciación de la prueba efectuada por los jueces de grado constituye una decisión tomada por el juzgador en el centro o núcleo mismo de sus facultades, que constituye el ámbito de mayor discrecionalidad y legítimo arbitrio que le concede el ordenamiento, no bastando impugnarlas sobre la base de una opinión distinta sino que debe ensayarse, a su respecto, un ataque frontal, fundado en argumentos hábiles y conducentes, que demuestren el desacierto manifiesto de la resolución (mi voto en sentencias de esta Sala, 19/6/08, in re "F., R. D.c/ B. H. S.R.L. y otros s/ Indem. de ley" (registrada como SDL 38/08); ídem, 18/6/2008, "V., L. N. y otro c/ L. D. J. S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley", registrada bajo el Nº 36 DE 2.008 - SDL); ídem, 7/8/08, "G., N. F. c/ P., R. L. y/o q. rte. resp. laboral de Electrónica Trelew s/ Indem. de ley", registrada al Nro. 50 de 2008 SDL; ídem, 8/9/06, "S., J. G. c/ S. I. A. S.R.L. s/ cobro de pesos - laboral", registrada bajo el Nro. de 2008-SDL; en igual sentido, Cám. Civ. y Com. Neuquén, Sala I, 29/2/96, "A. B., F. c/ U. s/ Accidente", en Juba, base Neuquén, sumario Q0000046).---------------------------------------------------------------------- --------Y analizando el fallo apelado y el recurso que cuestiona la apreciación de las probanzas en la instancia de grado, surge claro, patente, manifiesto, ante mis ojos que el ataque no ha podido demostrar absurdo o irrazonabilidad en el segmento del fallo relativo a la apreciación de la prueba por parte del juez de grado.-------------- De tal suerte, si lo que se cuestiona fundamentalmente es la apreciación de la prueba confesional y testimonial por parte del juzgador, debió el apelante ser particularmente certero en demostrar el desacierto del iudex a quo, poniendo de resalto sus deficiencias, demostrando cómo resulta arbitraria en los hechos concretos esa apreciación, qué otras constancias de autos ha soslayado, en dónde radica el desacierto concreto del razonamiento, etc. La apelante no ha podido lograr ninguno de estos objetivos, quedándose en la mera queja basada en opiniones personales y en citas generales volcadas sin relacionarlas con una conclusión concreta y sustentable en las constancias de la causa. En tal situación, la apelante no ha podido o sabido demostrar el desacierto de la sentencia y su agravio debe ser descartado sin más.-------------------------------------------------------- --- 6) Rechazo indebido de la multa establecida por el art. 45 ley 25345.------------ Respecto de este punto, la Sra. Juez de grado resolvió que "Tampoco puede prosperar la multa prevista por el art. 45 ley 25.345. Tengo en cuenta para asi decidir que, conforme documental acompañada por la propia parte actora, frente a la intimación realizada en sede administrativa la demandada expresamente manifestó que la documental en cuestión se encontraba a disposición del actor en el domicilio que indicó (ver fs. 70 ). Al iniciarse la presente acción se reclama la mencionada multa sin siquiera aducir que el actor se presentara a retirar la documental y se le haya negado. Por ello y teniendo en cuenta que ni siquiera se ha alegado que el actor haya concurrido infructuosamente a retirarla, el rubro en cuestión no puede prosperar. Es que frente a la puesta a disposición de la demandada, era condición indispensable para la admisión del rubro la afirmación de una conducta positiva de parte actor (concurrencia a retirar la documental) y de una negativa de la parte demandada (falta de entrega)".------------------------------- La apelante sigue con su estilo severo cuestionando la sentencia de grado, imputándole también en este punto la comisión de graves desaciertos y la carencia de razonabilidad y apoyo en bases y principios del derecho laboral, los que empero no identifica ni desarrolla.--------------------------------------------------------------------- -- Pero nada dijo la recurrente de que este reclamo de su parte se había tornado inacogible por sus propios desaciertos. Dos actuaciones de la actora constituyen un valladar infranqueable para que prospere este reclamo suyo: ---------------------- --- 1) La actora no incluyó en su liquidación del reclamo contenida en la demanda ninguna suma por la multa del art. 80 LCT y 45 ley 25345, y en el párrafo que le dedica luego al tópico tampoco es claro lo que peticiona, terminando por manifestar que "intimo que junto a la contestación de demanda acompañe el certificado de cese de actividades, y constancia de aportes y contribuciones, bajo apercibimiento de aplicar las astreintes hasta la efectiva fecha de entrega" (cfr. Fs. 74 primer párrafo). En tal situación, tengo por no reclamado debida e idóneamente la aplicación de la multa del art. 80 LCT, pues el reclamo ha sido deficientemente deducido en la demanda. Pero, además, existe un yerro de la actora, que cierra definitivamente la posibilidad de concederle este reclamo, el que analizaremos en el siguiente numeral; y ---------------------------------------------------------------------- --- 2) la falta de prueba de la concurrencia de su parte a buscar el certificado que en sede administrativa se le pusiera a disposición, lo que implica que: ------------------ --- 2.a) cualquiera sea la excusa que su parte ponga, lo cierto es que no ha prestado su colaboración indispensable para que el accionado cumpla con su obligación; - --- 2.b) Al ponerse a disposición de la actora el certificado en sede administrativa y ésta no concurrir a buscarlo quedó purgada cualquier situación anterior y cualquier negligencia atribuible al accionado; ----------------------------------------------- 2.c) A partir de la puesta a disposición no aceptada ni demostrada insincera o ineficaz, la pretensión del actor de cobrar una multa como la que establece el art. 80 LCT deja de ser regular y se convierte en la búsqueda de un lucro carente del sentido que le confirió el legislador a esa multa, lo que no puede soslayarse ni convalidarse la actitud del actor; y ------------------------------------------------------------ 2.d) que su contraparte no estaba en mora, porque en este tipo de obligaciones, técnicamente conocidas como obligaciones querables o de recogida, la mora automática no existe y si no se prueba que el acreedor puso en juego su colaboración y concurrió al domicilio de cumplimiento de la obligación, su contraria no está en mora. ------------------------------------------------------------------ --- En autos estamos en presencia de una obligación querable o de recogida; en una sentencia anterior de esta Sala he desarrollado con profundidad y detalle el régimen jurídico de estas obligaciones. Creo que merecen recordarse algunos párrafos de la sentencia dictada por esta Sala, a través de un primer voto de mi autoría, con fecha 20/8/08 in re "ARTERO de REDONDO, Amelia c/ POLACCO, Ricardo César s/ Sumario", registrada bajo el Nº 15 de 2.008 - SDC.)-------------- Dije allí en un comienzo que en las obligaciones querables la mora se produce por constitución, sin que sea conceptualmente aplicable en este campo la mora automática. Las obligaciones querables son aquellas que deben cumplirse en el domicilio del deudor o en algún domicilio de cumplimiento que éste señale, al que debe concurrir el acreedor en procura de recibir la prestación que se le adeuda.-------- Agregué en mi voto de la causa "Artero c/ Polacco" que respecto de la distinción entre deudas querables y portables, la cuestión ha quedado perfectamente esclarecida merced a los aportes de la doctrina y jurisprudencia francesa, en especial, y europea, en general (cfr. DERRIDA, Fernand, "Résolution dun plan de continuation, sans réclamation préalable, pour non paiement dimpôts portables et non querábles", en Dalloz, t. 1995, sec. Somm. Comentes, p. 5; DADOUCHE, Joseph, "A propos de la non quérabilité des créances fiscales et de linexecution du plan de redressement ", en " Petites affiches ", 1993, número del 4 de Diciembre, comentario al fallo de la Corte de Casación franesa, Sala Com., 2/2/93; DROZ, Georges A. L. "Delendum est forum contractus?, en Dalloz, t. 1997, sec. Chroniques, p. 351; y sentencias de la Corte de Casación francesa, Sala Soc., 17/1/95, en Dalloz, sec. Inf. Rapidez, p. 45; ídem, Sala Com., 2/2/93, en Dalloz, t. 1995, sec. Somm. Comentés, p. 5 y en "Petites affiches", ya citado; Corte de Apelaciones de París, 4ª Sala B. 16/5/91, en Dalloz, t. 1992, sec. Somm. Comentés, p. 167; DÍEZ PICAZO, Luis, "Fundamentos del Derecho Civil patrimonial", 5ª edic., Edit. Cívitas, Madrid, 1996, volumen segundo titulado "Las relaciones obligatorias", p. 343).--------------------------------------------------------- Dije luego allí que DÍEZ PICAZO ha sido especialmente claro al trazar la diferencia entre ambas categorías, por lo que merecen recordarse sus desarrollos: "en la doctrina francesa ha sido tradicional establecer una distinción entre dos tipos de obligaciones, de acuerdo con el lugar en el que deben ser cumplidas. Utilizando un galicismo de muy difícil traducción, ambos tipos de obligaciones pueden ser denominados "obligaciones querables" y "obligaciones portables". Las primeras imponen al acreedor la necesidad de buscar él mismo la prestación (del latín quaero, que significa buscar). Las segundas, en cambio, presuponen que es el deudor quien tiene que llevar a cabo el transporte o el desplazamiento de la prestación y son por eso "portables". Dicho de otro modo: el lugar de prestación en las obligaciones de dar, según la forma en que haya quedado determinado, puede entrañar, o bien una especial prestación adicional del deudor, quien además de ejecutar la datio rei debe procurar el desplazamiento de las cosas, o bien una especial carga de colaboración del acreedor, cuando es éste el que tiene que desplazar los instrumentos necesarios para buscar y recibir las cosas debidas" (Cfr. DÍEZ PICAZO, Luis, "Fundamentos del Derecho Civil patrimonial", cit, vol. 2º, p. 343).--------------------------------------------------------------------------- ------------------ La categoría de las deudas querables ha sido traducida por los juristas alemanes a una categoría equiparable, la de las prestaciones de puesta a disposición o de recogida (denominadas "holschuld" en alemán). En estas prestaciones el deudor cumple simplemente teniendo las cosas a disposición del acreedor, que es quien ha de ir a recogerlas. Es la obligación "querable" de los franceses y significa, para el acreedor, una especial carga de colaboración en el cumplimiento y para el deudor que cumple mediante una puesta a disposición al acreedor (Cfr. DÍEZ PICAZO, Luis, "Fundamentos del Derecho Civil patrimonial", cit, vol. 2º, p. 343).--------------- Seguí luego mis desarrollos recordando que en un interesante caso nacional, se declaró que en las obligaciones "de recogida" o "querables", esto es aquellas que deben ser satisfechas en el domicilio del deudor, es menester una prestación accesoria del acreedor del dinero, consistente en presentarse para cobrar en la sede del deudor (CNCom., sala D, 29/8/95, "Berenstein, Adolfo c. Omega Coop. de Seguros Ltda. y otros", LL 1996-A, 596 y DJ 1996-1-666).-------------------------------- Y se expresó luego en el mismo fallo que tratándose de una obligación de recogida o querable, ante el incumplimiento del acreedor de concurrir a cobrar no puede sostenerse que pesa sobre el primero una obligación implícita de diligencia consistente en interpelar al acreedor para que concurra a cobrar; en efecto, dado que el débito del deudor se agota en aguardar la concurrencia del acreedor para efectuar el pago, la circunstancia de no haber cursado la referida interpelación no le es imputable como base de una atribución de mora (CNCom., sala D, 29/8/95, "Berenstein, Adolfo c. Omega Coop. de Seguros Ltda. y otros", LL 1996-A, 596 y DJ 1996-1-666).-------------------------------------------------------------------- --------------- Indiqué luego que en este tipo de obligaciones designadas en francés como "dettes querábles" y castellanizadas como "obligaciones de recogida", es esencial la colaboración del acreedor para que el deudor se libere, motivo por el cual la mora automática no juega, al requerirse para la extinción de las mismas una colaboración del acreedor consistente en presentarse a cobrar en el domicilio del deudor.------------------------------------------------------------------------- ----------------- --- Y que como bien dicen los maestros TERRÉ, SIMLER y LEQUETTE, " cuando el pago debe hacerse en el domicilio del deudor ., las deudas son querables (dettes querábles); ellas obligan al acreedor a buscar su deuda ante el deudor. En la práctica, esta regla significa en estos días que el acreedor no puede válidamente perseguir a su deudor o colocarlo en mora si él no le ha reclamado el pago, por ejemplo por correo dirigido a su domicilio" (TERRÉ, François - SIMLER, Philippe - LEQUETTE, Yves, "Droit civil. Les obligations", 6ª edición, Edit. Dalloz, Paris, 1996, p. 1002, Nº 1247).---------------------------------------------- --- Coincido con prestigiosa doctrina, entre ella, el Académico de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, Dr. Mariano GAGLIARDO, sobre que ". la mora automática no funcionaría mientras el acreedor no realice la actividad a su cargo, consistente en la concurrencia al domicilio del deudor en busca de la prestación que le es debida" (GAGLIARDO, Mariano, "La mora en el derecho civil y comercial. Su estructura y alcances", Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1979, p. 63).---------------------------------------------------------------------------- ----------- Prosigue diciendo el Dr. GAGLIARDO que ".entendemos que el art. 747 del Código Civil no ha sido derogado ni expresa ni tácitamente, lo cual se infiere claramente del articulado de la ley 17711. Con carácter previo, debe recordarse que son innumerables las situaciones en las que el deudor tiene plazo y lugar para efectivizar su pago. Por el contrario, en ausencia de estas pautas, el lugar de pago al vencimiento de la obligación, será su domicilio. Resulta claro que el vencimiento del plazo se produce temporalmente tanto en el domicilio del acreedor como en el del deudor. Sin embargo, en este último supuesto, existe una discriminación entre su exigibilidad y la mora, mientras que en el primero, promedia una coincidencia, por lo que la mora, salvo acuerdo en contrario, será automática" (GAGLIARDO, Mariano, "La mora en el derecho civil y comercial. Su estructura y alcances", cit, p. 64).----------------------------------------------------------- Sus desarrollos continúan expresando que "La exigibilidad es presupuesto del estado de mora, pero para que se produzca ésta, será necesaria la concurrencia del acreedor o quien lo represente al domicilio del deudor a recibir el pago. El distingo del domicilio del acreedor y deudor, como el lugar de pago, recepta en cierta medida, la distinción de la doctrina francesa entre dettes querables -cuyo pago debe ser buscado por el estipulante-, a diferencia de las dettes portables, que deben ser entregadas por el promitente. La solución debe enfocarse desde el ángulo de la actividad probatoria que constituye un imperativo del propio interés. Todo deber implica una restricción a la libertad jurídica o bien un sacrificio y no puede por ello trasladarse al deudor la prueba de un hecho negativo -extremadamente difícil-, pues no sería equitativo exigir que el deudor estuviera aguardando las 24 horas del día del vencimiento a su acreedor, o bien que debiera probar que así lo hizo, o que aquél no compareció. En consecuencia, parece más razonable -acorde con los principios de buena fe-probidad-, la concurrencia al domicilio del deudor a percibir su crédito, adecuándose a la directiva procesal que impone a cada parte la carga de la prueba respecto de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende" (GAGLIARDO, Mariano, "La mora en el derecho civil y comercial. Su estructura y alcances", cit, p. 64).--------------------------------------------- En similar sentido, valiosa jurisprudencia ha dejado sentado que "el principio de la mora automática no es absoluto. Tratándose de obligaciones que deban cumplirse en el domicilio del deudor (o deuda querable), -que representa la regla supletoria aplicable en defecto de estipulación contraria (arts. 747 y 748, Cód. Civil), - no bastará el simple vencimiento del término fijado, sino que será necesaria la constitución en mora del obligado mediante la interpelación correspondiente a los efectos de que el acreedor acredite la negativa del pago, pues, de lo contrario, le bastaría a éste no concurrir al domicilio del deudor para hacerle incurrir en mora. Lo mismo, en todos los demás casos en que el cumplimiento de la obligación requiera la cooperación del acreedor. Esta doctrina también regía antes de la reforma al Código Civil, cuando era indispensable para la constitución en mora el requerimiento del acreedor" (Cám. Civ. Com. Córdoba, 3ª Nom., 15/7/77, "Ortíz, Pedro c. Bechara, Antonio", en "Comercio y Justicia", XXVIII-J-152).------------------------------------------------------------------ ------------------ En el caso de autos no tengo que expresar cuál es mi opinión sobre quien debe probar si el acreedor concurrió o no a percibir su acreencia (la recepción del certificado reclamado) a la casa del deudor o domicilio de cumplimiento fijado por éste, tema espinoso y que ha merecido pronunciamientos judiciales y doctrinales a favor del acreedor y del deudor, puesto que no habiéndose alegado que el acreedor concurrió a cobrar (cfr. fs. 71/74 y 264/270 de autos), directamente tengo por probado que no ha concurrido a hacerlo, pretendiendo hacer valer la mora automática, sin advertir que ella no juega en este tipo de obligaciones.------------------- La puesta a disposición en sede adminitrativa (cfr. Fs. 70) del certificado por parte de la aquí demandado y la falta -ya no sólo de prueba- sino siquiera de alegación de que la actora concurrió a retirarlo y se le negó la entrega, hace que no exista mora del demandado, lo que sumado a la falta de claridad del reclamo en la demanda, hagan que el reclamo de este rubro no pudiera ser acogido, como correctamente resolvió la Sra.- juez a quo.---------------------------------------------------- Sin mora del empleador no existe posibilidad de imponer la multa del art. 80 LCT y en este caso, si hay mora, en todo caso es del aquí actor y no de su contraria. En tal situación, carecen de asidero las manifestaciones realizadas por la apelante en su recurso de fs. 364/370 sobre este agravio.----------------------------------- En casos como el que aquí nos ocupa incluso la doctrina menos favorable al deudor en las obligaciones querables, entiende inacogible una pretensión así. Prueba de ello es que Ernesto WAYAR, quien sostiene un criterio muy restrictivo en esta materia, afirma que "Si la deuda es "querable", y el acreedor no concurre habrá dejado de cooperar, pero ello no exonera al deudor de la carga de probar su inculpabilidad. Si la inejecución se debe a la inconcurrencia del accipiens, la falta de culpa del deudor fluye nítida, mas, para verse libre de responsabilidad deberá probar esta circunstancia. En sustancia: la colaboración del acreedor es siempre necesaria, cuando se niega a prestarla impidiendo el cumplimiento (y consiguiente liberación) del deudor, éste no incurre en mora por ausencia de culpa. Y si es el elemento culpabilista el que resuelve el problema, debe regir sin restricciones el "in fine" del art. 509" (WAYAR, Ernesto, "La mora del deudor cuando su domicilio es lugar de pago", en LA LEY 1980-C, 1129).----------------------------------- Qué decir de la doctrina favorable a la postura del deudor en las obligaciones querables, posición en la que nos encolumnados, y que sostienen autores de prestigio tales como: GRECO, Roberto Ernesto, "La mora del deudor en la reforma de 1968", separata del núm. 716 de la "Revista del Notariado", p. 7; LLAMBIAS, Jorge Joaquín, "Tratado de derecho civil. Obligaciones", Ed. Perrot, Buenos Aires, 1978, t. I, p. 131; MOISSET de ESPANES, Luis, "La mora y la reforma...", J.A., 1968-V, p. 794; ALTERINI, Atilio A., "El derecho de las obligaciones en el IV Congreso...", J.A., Doc.-1970, p. 210; RAMELLA, Anteo, "La mora...", Rev. LA LEY, t. 140, p. 1027; GAGLIARDO, Mariano, "La mora...", cit, p. 65; PIANTONI, Mario A., "La mora...", Ed. Lerner, Córdoba, p. 115; CAZEAUX, Pedro N. y TRIGO REPRESAS, Félix A., "Derecho de obligaciones", Ed. Platense, La Plata, 1979, t. I, ps. 220 y sigts.; BELLUSCIO, A. C. - ZANNONI, E. A., "Código Civil", Edit. Astrea, Buenos Aires, 1979, t. 2, p. 602; RACCIATTI, Hernán, "Mora en las obligaciones a plazo que deben cumplirse en el domicilio del deudor", J.A., 1978-IV, p. 635; TRIGO REPRESAS, F. A., "Los requisitos de la mora del deudor en las Segundas Jornadas Provinciales de Derecho Civil de Mercedes", Rev. LA LEY, t. 1983-D, p. 1112.-------------------------------------------- --- Obviamente para esta postura no procedería una pretensión como la de autos, al no acreditarse la colaboración del deudor en el cumplimiento de la prestación. Lo cierto es que se adopte una u otra postura, la pretensión actora no puede prosperar, justamente por la falta de colaboración del acreedor para que el deudor se desobligue, lo que resulta esencial para su cumplimiento en este tipo de obligaciones.------------------------------------------------------------------- ---------------- --- El último agravio de la actora apelante, también resulta inacogible, lo que sella la suerte de su recurso, el que debe por tanto rechazarse.----------------------------------- A mérito de todo lo expresado, soy de la opinión de que debe confirmarse el decisorio apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios, con costas de alzada a la actora apelante (art. 59, Ley N° 69). ------------------------------------------ De compartir esta solución los distinguidos colegas de Sala, propongo regular los honorarios por las actuaciones profesionales cumplidas en esta instancia en términos porcentuales a calcular sobre el monto de la condena debidamente liquidado -atendiendo a su extensión, calidad, eficacia y a los resultados respectivamente obtenidos- como sigue: 1) para la Dra. V. R. P., letrada apodera del actor, en el 2,8%; 2) para la Dra. M. M. P., apoderada de la demandada, en el 5,3% (arts. 6, 7, 9, 14, 19 y 47, Ley 2.200).------------------------------------------------------------------------- ------------------ --- Por lo expuesto hasta aquí, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA -------------------------------------------------------------------------------- --- A ESA MISMA CUESTIÓN PRIMERA el Dr. Velázquez expresó: --------------- En acatamiento del principio procesal de economía, en su vertiente de tiempo, me remito a la reseña que de los antecedentes del caso, la decisión atacada y los agravios vertidos por el apelante realizara el colega ponente. Pasaré entonces a ocuparme directamente de esas críticas.------------------------------------------------------- I.- Al margen debe quedar el ataque de nulidad que contra el fallo y por pretensa falta de fundamentación trajera el recurrente en su informe de agravios. Deducido exclusivamente por el actor a fs. 262 recurso de apelación, resulta inaudible ese planteo que incluyera luego en la pieza con que sustentara su impugnación. Es que en el campo del proceso laboral el recurso de apelación no comprende al de nulidad, cual acontece en la órbita del procedimiento civil y comercial (art. 253 C.P.C.C.), sino que se ha legislado el último manteniéndole su antigua autonomía, de modo que debe ser interpuesto "juntamente con el de apelación en el mismo término y se substanciará por los mismos trámites", según reza el art. 66 de la ley 69. Así pues, los fundamentos expuestos ante la alzada para motivar un planteo nulitivo no pueden ser atendidos si faltó la previa articulación de la pertinente vía recursiva que abriera la competencia del cuerpo para tratarla.------ Por lo demás, no se advierte que la juzgadora de origen haya incumplido los requisitos impuestos al decisorio por el art. 163 incs. 4° y 5° C.P.C.C.. La fundamentación habrá sido escueta o concisa, pero no estuvo ausente. La sentenciante consideró la cuestión esencial en los autos de la categoría laboral en que el actor se desempeñara y la decidió apoyándose en la apreciación de la prueba que realizara. Podrá el recurrente discrepar con esa valoración de las probanzas, mas no sostener que la misma faltó o que no se dieron razones para negar poder convictivo a determinadas probanzas.---------------------------------------------------------- Los yerros que pudieran haberse cometido en este aspecto no son idóneos para sustentar un recurso de nulidad -aquí ni siquiera deducido, lo reitero, y que se halla limitado a las sentencias dictadas "con violación de las formas y solemnidades que prescriben las leyes" (art. 65 de la ley 69)-, porque tal circunstancia no se vincula con la validez del fallo sino con su desacierto, con su injusticia en suma, lo cual conforma el agravio que hace el objeto del recurso de apelación, dentro del cual la alzada queda habilitada para revisar la apreciación del material probatorio. Concuerda en ello la doctrina toda (confr.: Couture, "Fundamentos...", 3era. ed., págs. 344/347; Palacio, "Derecho procesal civil", Abeledo-Perrot 1975, 136/137, n° 562; Colombo, "Código Procesal...", Abeledo-Perrot 1969, II-477, n°5; Fenochietto-Arazi, "Código Procesal...", Astrea 1986, I-790/791, n° 1; De Santo, "Nulidades procesales", Ed. Universidad 1999, pág. 271, n° 59; Loutayf Ranea - Virgili, "Recurso de nulidad", en Revista de Derecho Procesal", Rubinzal - Culzoni, 2007-I-184/185, "b"; J.A. 1970-7-298, L.L. 139-345; este tribunal, c. 12.706 S.D.C. 12/98, c. 12.764 S.D.L. 28/98, c. 22.198 S.D.L. 46/07).------------------- II.- No asiste razón al apelante en su crítica relativa al "onus probandi". Pesa sobre el trabajador que invocara una injuria del patrono para justificar su denuncia del contrato -en el caso, la asignación de una categoría de revista inferior a la del real desempeño- la carga de acreditarla, por ser ella el supuesto fáctico de aplicación de la norma a cuyo amparo puede progresar su pretensión indemnizatoria (arts. 377, párr. 2° C.P.C.C. y 246 L.C.T.).--------------------------------- Los demandados no tenían porqué demostrar la actuación del actor en un cargo de jerarquía inferior al que éste pretenden le correspondía, por la sencilla razón de que la tal categoría menor la habían reconocido tanto en los recibos de pago cuanto en su responde a la demanda. Por el contrario, al demandante, quien quería innovar en esa situación, era al que tocaba probar el hecho modificativo de que en rigor cumplía tareas propias de un rango superior.------------------------------------------- III.- No cabe reprocharle a la Señora Magistrada de la anterior instancia el que omitiera mencionar su apreciación de la absolución de posiciones rendida por el codemandado M. G. a fs. 162/vta.--------------------------------------------- Comenzaré recordando que los jueces no tienen "el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa" (art. 386, parte 2da. C.P.C.C.). A partir de ello es explicable que la juzgadora del anterior grado no hiciera referencia alguna a la probanza mentada, pues la misma no fue en autos esencial ni decisiva. En efecto, la respuesta a la primera posición careció de toda relevancia y hasta hubiera podido la magistrada eliminarla por manifiestamente inútil (art. 411 "in fine" cód. cit.), toda vez que versaba sobre un punto no controvertido de la causa (mismo artículo, párr. 1°, parte final), cual lo era la fecha de ingreso del actor a la labor. Súmese a ello que, como señalara el colega antes sufragante, la contestación dada por el absolvente fue sólo dudosa y debe entonces interpretarse en su favor (art. 424 ídem).------------------------------------------------------ Añadiré aún que no es "colegible" -cual pretende el recurrente- que la contratación del trabajador haya acontecido a consecuencia de un aviso solicitando diseñadores gráficos publicado en un diario, pues el absolvente respondió negativamente a la posición tercera que así lo afirmaba.------------------------------------ IV.- Nada nuevo ni distinto me es dado añadir al cuidado análisis que de la prueba testifical rendida ha hecho el Señor Vocal preopinante. Sólo para cumplir con la manda del art. 169 de la Const. Prov., que me impone fundar individualmente mi voto en los hechos y el derecho, destacaré que los testimonios aportados a la causa no brindan sustento a la versión de los hechos dada por el demandante por las siguientes razones, sintéticamente expuestas: ------------------------ A) H. W. , que ni tan siquiera visitó el establecimiento de los demandados -contrató verbalmente con el actor una impresión de folletos en su propio domicilio (fs. 175 vta., resps. a la 2da. preg. y 1era. y 2da. repregs.) -, nada concreto expresó sobre el punto debatido de las labores cumplidas por el trabajador, pues manifestó ignorar qué trabajo realizó el actor en relación a la folletería que le encargara (resp. a la 3era. preg.) y respecto de la profesión de aquél expresó tener "entendido" que es diagramador o algún trabajo similar (resp. a la 4ta. preg.). Allende la impresión -" diagramador o algún trabajo similar a eso"-, a cuento viene recordar que la función del testigo consiste en comunicar los hechos que conoce "proprio sensibus" y no expresar apreciaciones subjetivas, suposiciones, creencias o "entendimientos" propios sin explicar la base de ellos; lo contrario, el enjuiciar los hechos -en la especie, atribuir una categoría laboral a un sujeto sin conocer las tareas específicas que él cumple-, importa la invasión por el testigo de una zona procesal reservada al juzgador (confr.: Gorphe, "De la apreciación de las pruebas", EJEA 1955, pág. 381; esta cámara, c. 20.371 S.D.L. 30/05, c. 21.535 S.D.L. 39/06, c. 22.374 S.D. L. 7/08, c. 22.688 S.D.L. 29/08, etc.).---------------------------------------- B) El declarante J. R. , al que corresponde tener por bien informado sobre el asunto por haber sido compañero de trabajo del demandante, expuso que éste se desempeñaba en calidad de armador (fs. 168/169, resps. a las grales. de la ley y a la 6ta. preg. del interrogatorio "B").--------------------------------------------------------------- C) G. D. G. , igualmente bien empapado de los hechos en tanto seleccionaba el personal de diseño para la empresa, manifestó que el demandante estaba dedicado al armado de formas de facturas y rótulos y que no le constaba que dentro del establecimiento de los demandados realizara labores de diagramación (fs. 199 vta./200 vta., resps. a la 3era. preg., 4ta. repreg. y a la razón de los dichos).------------------------------------------------------------------------ ------------- D) Atinente a la declaración de C. E. L. concuerdo plenamente con el Señor Magistrado ponente en que la razón de los dichos del dicente resulta inverosímil, pues no es comprensible que al concurrir a la imprenta buscando explicaciones sobre el funcionamiento de una máquina deambulara libremente por el local y pudiera observar la labor desarrollada por cada uno de los trabajadores. Forzado es entonces apartar dicha declaración del plexo de las pruebas, pues "si parece inverosímil que efectivamente el testigo haya podido adquirir ese conocimiento de los hechos, su testimonio carecerá de mérito probatorio" (Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", 5ta. ed., II-270/271 y II-122/123). Por otra parte, el deponente atribuyó al actor la categoría de diseñador o diagramador apoyándose en que él conocía "como diseñador el trabajo que él -el demandante- hacía ahí", pero sin indicar en concreto cuáles eran las tareas cumplidas. Nuevamente topamos aquí con el caso de un testigo que cimienta sus dichos en apreciaciones subjetivas suyas y asigna una calificación jurídico-laboral al puesto de labor de la parte que toca realizar no al declarante, sino al juez sobre la base de las faenas en verdad cumplidas, que en el subexamen el dicente no describió.----------------------------------- E) Con toda razón la "a quo" resaltó que el testigo J. I. S. B. no dio razón de sus dichos, en tanto no la constituye el manifestar que era conocido del actor (fs. 201 vta., respuesta respectiva), pues ello no explica cómo supo de las tareas que éste desempeñaba. Sobreabundante casi es enfatizar la importancia que para la apreciación de esta especie de prueba reviste la razón de los dichos, en tanto es ella la que informa acerca de las circunstancias de lugar, tiempo y modo de adquisición del conocimiento por el testigo de los hechos sobre los que depone, elemento esencial entonces para la adecuada crítica del testimonio (art. 445 "in fine" C.P.C.C., su doc.; este cuerpo, c. 20.663 S.D.L. 53/05, c. 20.950 S.D.L. 1/06, c. 21.157 S.D.L. 20/06, c. 22.374 S.D.L. 7/08). Agregaré todavía a lo expresado, así sea a mayor abundamiento, que las respuestas del deponente a las preguntas 2da. y 3era. que le fueran formuladas constituyeron una auténtica tautología en sentido retórico: interrogado acerca de si sabía cuáles eran las tareas que realizaba el demandante, contestó con un escueto "diseño gráfico" y requerido a continuación para que precisara en qué consistían esas labores de diseño gráfico, expresó que consistían "en hacer diseño gráfico, es muy amplio el diseño gráfico", sin hacer siquiera una enumeración ejemplificativa de las labores, sobre lo que bien pudo extenderse en alguna medida, toda vez que por ser gráfico y tener una imprenta es presumible que las conocía.------------------------------------------------------- V.- A propósito del dictamen pericial contable diré, concordando con el prevotante, que ese elemento nada arrima para acreditar que al actor le correspondía una categoría laboral superior a la de su revista. El experto constató que en el libro especial del art. 52 L.C.T. el trabajador figuraba como ayudante fotocromista y que en la nómina de la empresa aparecía un fotocromista y ningún diseñador (fs. 231, punto 6 "a" y "b" y punto 7), mas de ello no se sigue que el demandante desarrollara en verdad funciones propias de la última categoría mentada. Verificó igualmente el perito que, en razón de su antigüedad en el empleo, el actor no estaba a la época de su egreso en condiciones de obtener la recategorización automática prevista en el art. 58 del C.C.T. (fs. 231 pto. 7).----------- VI.- Tocante a la indemnización prevista en el art. 80 últ. párr. L.C.T., entiendo improcedente hacer lugar a ella en el subexamen.-------------------------------------------- La de entregar al ex-dependiente, tras la extinción del contrato laboral, un certificado de trabajo es obligación del empleador que tiene por lugar de cumplimiento el domicilio del deudor (arg. art. 129 L.C.T.), de modo que requiere la colaboración del acreedor, quien ha de constituirse allí para requerir el pago (doc. de los arts. 747 y 748 Cód. Civ.) y hete aquí que en la especie el actor ni siquiera alegó en su demanda haber concurrido a recibir el certificado, factor este impeditivo de la constitución en mora del deudor.------------------------------------------- Aunque tengo desde antiguo tomada posición en ella (mis votos en c. 19.398 S.D.C. 23/04, c. 19.686 S.D.L. 44/04, c. 20.164 S.D.L. 11/05, c. 22.274 S.D.L. 58/07, c. 22.282 S.D.L. 62/07, entre muchas otras anteriores), no ingresaré en la debatida cuestión de sobre quién pesa la carga de probar esa falta de colaboración del acreedor por resultar innecesario en esta especie. En efecto, no se trata en autos de un asunto de prueba -son los datos fácticos alegados los que deben comprobarse y no los no invocados (confr.: Guasp, "Derecho procesal civil", 3era. ed., I-328, nº 5)- y de las consecuencias procesales de la falta de ella, sino de la lisa y llana ausencia de alegación de dicho elemento esencial para la constitución en mora y consecuente procedencia del reclamo indemnizatorio, omisión no suplible a esta altura del trámite de la causa.-------------------------------------------------------------------- Es que de acuerdo a los principios dispositivo y de contradicción y su consectaria la teoría de la sustanciación, a los que nuestro ordenamiento procesal adhiere, es a la parte actora a quien toca proporcionar los datos fácticos que delimiten su pretensión (confr.: Guasp, opus cit., I-227). Mas esa actividad está sometida a un requisito temporal: ha de verificarse en ocasión de promover la demanda (art. 330 inc. 4º C.P.C.C.) y pasada esa oportunidad la alegación se torna inaudible dentro del vigente procedimiento preclusivo. Superado tal momento preciso, la relación procesal ya no resulta susceptible de modificaciones y al juzgador no le es dado exceder el marco que ella traza sin incurrir en el vicio de incongruencia (arts. 34 inc. 4º y 163 inc. 4º cód. cit.).--------------------------------------- En cuanto atañe a la posibilidad que los empleadores tuvieron de consignar en sede administrativa o judicial el aludido certificado de trabajo, diré que la invocación de ello constituye un argumento erróneo del recurrente, por cuanto, como es bien sabido, el acudir al pago por consignación no es una obligación sino una facultad del deudor ("puede", no debe, reza el art. 757 Cód. Civ.; confr.: Salvat - Galli, "Obligaciones en general", 6ta. ed., II-362, nº 1.316; Lafaille, "Tratado de las obligaciones", EDIAR 1950, I-340, n° 389 "d"; Busso, "Código Civil anotado", EDIAR 1956, V-566, nº 11; Cazeaux - Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", 2da. ed., III-205, "B"; esta sala, c. 12.964 S.D.L. 22/98, c. 19.090 S.D.L. 55/03, c. 22.142 S.D.L. 48/07). La conducta del trabajador, que al no prestar su colaboración para que el pago se hiciere efectivo concurriendo al lugar donde había de hacerse faltó a su deber de liberar al deudor, dio nacimiento a la mora del acreedor (arts. 505 párr. 5° y 509 Cód. Civ., su doc.; confr.: Busso, ob. ind., III-253, n° 44) y los deudores entonces no precisaban consignar en pago para no caer en mora, pues la morosidad "accipiendi" evitó se configurara la "debitoris" (doc. del art. 510 Cód. Civ.; confr.: Galli, en Salvat, opus cit., I-124, nº 113 "a").- --- VII.- Por las razones expuestas, coincidentes con las brindadas por el ponente, concluyo que la sentencia apelada merece ser confirmada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia al recurrente vencido en ella (art. 59 de la ley 69).---------------------------------------------------------------------------- -- Participo igualmente de la opinión del colega sobre la regulación de honorarios de alzada, pues encuentro la propuesta ajustada a la extensión, calidad y eficacia de las labores desplegadas en ella (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200).------------- Me expido en esta cuestión en consecuencia por la AFIRMATIVA.------------------ A LA SEGUNDA CUESTION, el Dr. López Mesa dijo: ------------------------- --- Los desarrollos realizados respecto de la primera cuestión planteada, convencen de la pertinencia del rechazo del recurso de fs. 264/270, y correlativamente de confirmar la sentencia de fs. 256/258 en cuanto fuera materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas de alzada al apelante vencido (art. 68 CPCyC).----- En cuanto a la regulación de honorarios por las labores de Alzada, se fijan los siguientes emolumentos: 1) a) para la Dra. V. R. P. , letrada apodera del actor, en el 2,8% del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia; 2) para la Dra. M. M. P. , apoderada de la demandada, en el 5,3% del referido monto del proceso (arts. 6, 7, 9, 14, 19 y 47, Ley 2.200), lo que así propongo al Acuerdo.-------------------------------------------------- Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------- --- A ESTA CUESTIÓN FINAL EL Dr. Velázquez respondió: ------------------------- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. López Mesa, reflejo fiel del acuerdo antes alcanzado.------------------------------------------ --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por excusación del Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos Dante Ferrari haber coincidencia de opinión (art. 8 de la ley 1130, Textos ley 4550).-------------------------------------------------------------------------- ----------------- Trelew, 23 de Setiembre de 2.008.------------------------------------------------------ --- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:------------- -------------------------------- S E N T E N C I A: ---------------------------------- --- 1) CONFIRMAR en cuanto fuera materia de recurso y agravios la sentencia de fs. fs. 256/258.------------------------------------------------------------------------ ------------- 2) IMPONER las costas de alzada al apelante vencido.--------------------------------- 3) REGULAR los honorarios de Alzada de la Dra. V. R. P. , letrada apodera del actor, en el 2,8% del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia; y regular los honorarios de alzada de la Dra. M. M. P. , apoderada de la demandada, en el 5,3% del referido monto del proceso.--------------------------------------------------------------------- 4) Regístrese, notifíquese y, firme la presente, devuélvase.-------------------------- Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - MARCELO J. LOPEZ MESA REGISTRADA BAJO EL Nº 59 DE 2.008 - SDL.- Conste.- c.