Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14


SENT Nro. 720 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana -por excusación del doctor Antonio Gandur-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte codemandada en autos: "Abregú de Sandez, Julia I. y otro vs. Sociedad Sirio Libanesa y otros s/Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo el 17/4/2002 (fs. 322/324 vta.), la codemandada Sociedad Sirio Libanesa de Tucumán dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante resolución del 30/12/2002 (fs. 374). Consta en informe de fs. 395 que la actora y la entidad recurrente han presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- El fallo considera que el contrato de concesión de servicio del Restaurante, bar y confitería que habría suscripto el Sr. Anan con la Sociedad Sirio Libanesa, además de que no llegó a autenticarse por cuanto cfr. fs. 205 no se respondió al requerimiento del oficio, carece de relevancia ante lo establecido por el art. 30 LCT.

Sostiene el pronunciamiento que independientemente de que la entidad no contestó la demanda haciéndose pasible de las presunciones del art. 58 CPL, al no haberse acreditado la existencia de los contratos de fomento aludidos, unidos a la circunstancia de que trabajaron en el restaurante de la entidad desde 1992, y siendo el servicio prestado por la Sirio Libanesa una de sus actividades normales y habituales que forma parte de su función social, declara que le alcanza la responsabilidad solidaria del art. 30 LCT.

3.- Expone el recurrente que el fallo consideró que el contrato de concesión no está autenticado porque la Sociedad Sirio Libanesa no respondió al requerimiento efectuado por oficio, siendo que el mismo fue contestado a fs. 209 indicando que el contrato es auténtico y adjuntando copias, de allí que denuncia que lo afirmado en la sentencia no se funda en las probanzas producidas.

Sostiene que otra afirmación carente de sustento fáctico es la referente a que el servicio de restaurante es una de las actividades normales y habituales que forma parte de la función social de la sociedad. Asevera que de ninguna prueba agregada a la causa surge que la gastronomía sea una actividad que forma parte de su función social, sino que la misma tiene como bases fundamentales procurar la unión y solidaridad de sus asociados, procurarles asistencia médica, editar una revista, proporcionar un campo de deportes, pero no dar de comer a los socios.

Señala que la circunstancia de que el Tribunal considere que la relación laboral de las actoras con quien explotaba el restaurante se ha originado en el año 1992, no puede llevar a la conclusión de que haya sido su parte quien explotaba dicho servicio en aquella época, si no existe una prueba concluyente en ese sentido. Afirma que por el contrario, los testimonios dan cuenta de que quien prestaba el servicio eran terceras personas y no la sociedad en forma directa.

Manifiesta que tampoco puede invocarse la presunción del art. 58 CPL ante la incontestación de la demanda, ni el Tribunal lo hace en su fallo, porque el trabajador no ha acreditado prestación de servicio alguna a favor de la institución.

Entiende que la interpretación que el fallo impugnado efectúa del art. 30 LCT es contradictoria con la doctrina de esta Corte expresada en sentencia nº 177 del 24/3/2000. Asevera que la doctrina sentada en aquella oportunidad resulta aplicable en la especie, atento a la similitud de circunstancias fácticas, siendo que en aquel caso la actora Mustafá Díaz era empleada de una cantina de un club explotada por un particular, y la sentencia se fundaba en el mismo fallo que en el presente caso.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT) y se ha cumplido con el afianzamiento del art. 133 del ritual laboral.

La Cámara, en miras a declarar que a la Sociedad Sirio Libanesa le alcanza la responsabilidad solidaria prevista por el art. 30 LCT, consideró que el servicio de restaurante prestado por la Sirio Libanesa constituye una de sus actividades normales y habituales que forman parte de su función social, lo que intenta ser rebatido por el recurrente con el argumento de que no está probado ni es exacto que el servicio de gastronomía forme parte de la función social de la entidad codemandada.

De ello, surge que los agravios del recurrente se dirigen a cuestionar la valoración de la prueba y consecuente fijación de los hechos efectuada por el Tribunal de grado, que condujeron a tener por cumplidos los presupuestos fácticos que permiten la aplicación del art. 30 LCT, lo que resulta en principio materia ajena al recurso intentado, a menos que se invoquen argumentos suficientes que demuestren arbitrariedad en el pronunciamiento.

Tales argumentos han sido expuestos con suficiencia por el recurrente, por lo que encontrándose además cumplidos los restantes requisitos de admisibilidad, corresponde abordar el análisis de procedencia del recurso.

5.- A los fines de dilucidar la existencia o no de arbitrariedad fáctica en el pronunciamiento de la Cámara, corresponde repasar brevemente la doctrina delineada por la Corte de la Nación acerca de la responsabilidad solidaria prevista por el art. 30 LCT.

En autos Luna c/ Agencia Marítima Rigel S.A. (CSJN, sent. del 2/7/93, DT Año 1993 B, pág. 1407), dicho Tribunal estableció que el art. 30 LCT se refiere específicamente al establecimiento, esto es, la unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones (art. 6 LCT), en aquellos casos en que se complete o complemente su real actividad, y que la solidaridad está impuesta ex-lege a las empresas que teniendo una actividad propia, normal y específica, o habiéndose encargado de ella, estiman conveniente o pertinente no realizarla por sí en todo o en parte, sino encargar a otro u otros esa realización de bienes o servicios, estableciendo sobre tal base que no corresponde una interpretación lata del art. 30 LCT que extienda desmesuradamente su ámbito de aplicación por la cesión de tareas que no hacen a la actividad normal y específica del establecimiento comercial explotado.

En la misma línea, la Corte de la Nación ya se había expedido en autos Rodríguez c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. (CSJN, sent. del 15/4/93, DT y SS 1993-417), en donde sostuvo que el art. 30 LCT comprende las hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento, en referencia no al objeto ni a la capacidad societaria, sino a la actividad real propia del establecimiento, destacándose que debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita remisión que hace la norma en cuestión al art. 6º del mismo ordenamiento laboral.

Por último, es importante destacar que el Tribunal sostuvo categóricamente en este precedente que las gravísimas consecuencias que derivan de la extensión de responsabilidad patrimonial a terceros ajenos en principio a la relación sustancial que motivó la reclamación de autos, requiere la comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos establecidos en el art. 30 LCT.

A la luz de tales conceptos, se advierte que la sentencia ha extendido la solidaridad prevista por el art. 30 LCT a la codemandada Sociedad Sirio Libanesa, sin examinar la concurrencia de los extremos requeridos por la norma con el alcance asignado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que torna a la sentencia carente de la debida fundamentación.

En efecto; el fallo determina que el servicio prestado por la Sirio Libanesa es una de sus actividades normales y habituales que forma parte de su función social, sin analizar estrictamente si los servicios prestados por el restaurante donde trabajó el actor, corresponden o no a la actividad específica propia de la sociedad. En el análisis de la cuestión, el pronunciamiento omitió considerar una circunstancia relevante para la resolución de la causa, que reside en que la Sociedad Sirio Libanesa es una entidad sin fines de lucro, en contraposición a quien explotaba el restaurante de la entidad. En relación a ello, esta Corte ha dicho en autos "Mustafá Díaz María Isabel vs. Barrionuevo de Ferez Berta Elena y otros s/ indemnización por despido", sent. del 24/3/2000, que se añade una circunstancia computable al tema cuando se hace referencia a la noción de lucro de quien subcontrata, la que es válida y razonable cuando se trata de empresas que delegan parte de su proceso productivo y no de las ganancias de una asociación civil sin fines de lucro, pues ésta no se ve beneficiada por la concesionaria, ya que tal actividad -en el caso citado, la de una confitería- no forma parte de su actividad principal ni de su objeto social, pues el carácter lucrativo de la actividad concesionada se contrapone con el objeto no lucrativo de la asociación.

En concordancia con el fallo citado, cabe destacar finalmente que la aplicación de la doctrina de la CNAp. del Trabajo del año 1981 no podía imponerse tan categóricamente, sin examinar los criterios posteriores y más recientes sobre esa normativa, ya que las gravísimas consecuencias que derivan de la extensión de la responsabilidad patrimonial a terceros ajenos, en principio, a la relación sustancial, requiere la comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos establecidos por el art. 30 LCT.

Las razones expuestas explican el déficit de fundamentación que contiene el pronunciamiento en infracción a los arts. 32, 33 y 272 CPCC, y determinan la procedencia del recurso.

En mérito a lo expuesto, corresponde CASAR parcialmente el fallo, conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y por ende nula, la sentencia que sin fundamentos suficientes apoyados en las constancias de la causa, tiene por acreditados los extremos del art. 30 LCT", debiéndose remitir los autos al referido Tribunal a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento.

6.- Atento a que el vicio que ocasiona la nulidad proviene del órgano jurisdiccional, corresponde imponer las costas de este recurso por su orden (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1°| CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte codemandada Sociedad Sirio Libanesa, en contra la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 17 de abril de 2002 (fs. 322/324 vta.) y en consecuencia, CASAR la misma en base a la doctrina legal sentada en los considerandos, debiéndose remitir los autos al referido Tribunal, para que, por la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA