Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17


N., D. S. y C., M. M. Reg.: A y S t 203 p 28-45.

En la ciudad de Rosario, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "N., D. S. y C., M. M. -Robo Calificado por el uso de arma- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 242, año 2002).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores: Netri, Gastaldi, Falistocco, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S., T. 179, pág. 423 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el señor Fiscal de Cámaras de Apelación Número Tres de Rosario, doctor Danilo Imhoff, contra la sentencia n 152 dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, por entender que la postulación de la recurrente contaba -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria.

En el nuevo examen de admisibilidad que contempla el artículo 11 de la ley 7055 - realizado con los principales a la vista- no encuentro razones para apartarme de dicha conclusión de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 19/20.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. En autos, la Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción Número Dos de Rosario, por auto n° 371 del 06.02.1999 procesó a D. S. N. y a M. M. C. por la presunta comisión del delito de robo calificado (art. 166, inc. 2, Cód. Penal), atribuyéndoles haber tomado parte junto a otro sujeto no identificado en la sustracción a M. D. P. de la suma de veinte pesos ($20.-), tras intimidarlo con un cuchillo (fs. 32/36).

Impugnado ese decisorio por la defensa técnica de los imputados a través del recurso de revocatoria, la Juez actuante -por resolución n° 604 del 01.12.1999- mantuvo el procesamiento dispuesto (fs. 64/67).

Ampliada la indagatoria a pedido de ambos procesados (fs. 70/72), se corrió traslado al señor Fiscal a tenor de lo dispuesto por el artículo 369 del Código Procesal Penal (f. 78).

Formulada la requisitoria de elevación a juicio (fs. 79/80) y agregados los informes del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, la causa fue remitida al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia Número Cinco de Rosario (f. 84).

Ya en esa sede (f. 89) se corrió traslado a la defensa de los imputados, quienes optaron por ser juzgados en instancia única y en juicio oral (fs. 93/94, respectivamente), prerrogativa que fue admitida por el Juez en lo Penal de Sentencia en los términos del artículo 447 de Código de forma (f. 96).

Contestada por la defensa la requisitoria (f. 97) la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario también tuvo por admitida la opción ejercitada por los imputados de ser juzgados en juicio oral y en instancia única y además, abrió la instrucción suplementaria prevista en el artículo 453 del digesto procesal penal (f. 117).

Considerada agotada la referida instrucción suplementaria, la Sala, actuando como Tribunal de instancia única, revocó el procesamiento de D. S. N. y M. M. C., dispuso en su lugar su sobreseimiento (art. 356, inc. 2, C.P.P.), y ordenó la inmediata libertad de los imputados (art. 359, C.P.P.).

Contra tal pronunciamiento dedujo el señor Fiscal de Cámaras recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad y por reputarlo lesivo de derechos y garantías constitucionales. Sostuvo que el Tribunal se apartó de Asimismo, se agravió acerca de que se le privó a su parte de probar con grado de certeza la responsabilidad penal de los encartados, toda vez que -según expresara- tenía en miras interrogar a los testigos propuestos tanto por su parte como por la defensa, como así también a la presunta víctima del ilícito, formular preguntas a los imputados y esperar el resultado de los careos que se practicaran en caso de subsistir las contradicciones entre los dichos de los declarantes y de esa forma acreditar la veracidad de los dichos del damnificado y la mendacidad de las declaraciones de los encausados.

Continuó diciendo que si bien no le alcanza la prohibición de sobreseer, establecida en el artículo 414 último párrafo, sólo para el Tribunal de la Alzada, el artículo 356, sí se lo prohíbe en el estado en que se encontraba la causa, a no ser que hubiese escogido las causales del inciso 1 ap. "a" de dicho artículo.

Por lo demás, adujo que los motivos que diera el Tribunal no justifican la creación pretoriana de un trámite que desvirtúa la esencia que el legislador ha querido otorgar al juicio oral "por más loables que sean las aspiraciones del Tribunal, máxime cuando a ello se llega 'suprimiendo' etapas fundamentales".

Evacuado que fuera el traslado respectivo, la Sala denegó la concesión del recurso interpuesto (auto n° 226 del 12.09.2000), ocurriendo el impugnante ante esta Corte por vía de queja.

Mediante resolución registrada en A. y S., T. 179, pág. 423 esta Corte admitió el recurso directo y, en consecuencia, concedió el de inconstitucionalidad, por entender que la postulación del recurrente contaba -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria.

2. En el nuevo examen de admisibilidad que contempla el artículo 11 de la ley 7055 -realizado con los principales a la vista-, he de propiciar la rectificación del criterio que sustentara el Cuerpo en oportunidad de admitir la queja, no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 19/20. Ello es así por cuanto el estudio de los autos me persuade que el recurso intentado no alcanza a demostrar que los Sentenciantes al decidir como lo hicieran, se hubieren basado en criterios o principios contrapuestos a las garantías constitucionales del proceso penal o hubiesen desbordado las posibilidades hermenéuticas de las normas procesales aplicables al sub caso. Y anticipo desde ya que las argumentaciones vertidas en pro de demostrar la afectación de garantías constitucionales o el vicio de no constituir derivación razonada del derecho vigente, en realidad solo traducen su disconformidad con lo resuelto.

En efecto, la sustancia impugnativa se dirige derechamente a cuestionar la inteligencia asignada por la Sala -constituida como Tribunal Oral- a la disposición contenida en el artículo 453 del Código Procesal Penal, en referencia a las atribuciones del Tribunal de Juicio Oral en la instrucción suplementaria. En tal sentido, y pese a la restringida revisión de las Como se anticipara, el compareciente no alcanza a demostrar la irrazonabilidad del pensamiento del Tribunal al precisar, en la resolución puesta ahora en tela de juicio (fs. 1/8, Expte. C.S.J. nro. 736/00), cuál era el marco delimitativo de la instrucción suplementaria, y expresar, en esa línea de razonamiento, que: "no es más que un complemento, continuación o extensión de De ello debe necesariamente inferirse también que -en tal carácter- no le alcanza la prohibición de dictar sobreseimiento establecida en el art. 414, último párrafo C. Pr. P., puesto que la misma es operativa exclusivamente cuando la Sala actúa como tribunal de alzada, y no en este caso donde lo hace -vale reiterarlo una vez más- como tribunal originario y continuador de la instrucción anterior" (fs. 4/4vto.).

De lo reseñado supra, se evidencia que el Tribunal, partiendo del análisis del juego de normas procesales (arts. 453 y 328 C.P.P.) fundamentó que no le estaba vedado revocar el auto de procesamiento y en dicho marco juzgó el alcance que asignaba a la instrucción suplementaria, como así y en consonancia con ello que estaba habilitado para dictar el sobreseimiento. La línea argumental de tal razonamiento, no se exhibe como ilógica de por sí, y cabe acotar, más aún si se repara en que el auto de elevación a juicio exige el procesamiento mismo (art. 369 del C.P.P.). Por lo cual, el pensamiento sentencial, en referencia al carácter de suplementaria de la instructoria que asignaron a la instancia, no parece contravenir las disposiciones legales y su consecuencia inferencial en pro del dictado del auto de sobreseimiento.

Esta línea de razonamiento, cabe acotar, no parece contraponerse a la doctrina cuando en referencia a la disposición del artícu Por lo demás, lo argumentado por el recurrente al cuestionar la revocación del auto de procesamiento alegando el cercenamiento para impugnar la decisión por recursos ordinarios, no exterioriza que hubiere dogmatismo en el razonamiento del A quo En punto a lo mismo y yendo a las concretas razones que hizo mérito el Tribunal para revocar el procesamiento -esto es, que la originaria versión incriminante carecía de todo apoyo-, de las genéricas alegaciones del representante del Ministerio Público no puede inferirse bajo qué circunstancias podía entenderse esto como desmerecido. Quedando incólume así, lo afir Tal juicio inferencial, por el que se revocara el procesamiento, basándose en puntualizadas constancias de la causa, no ha sido puesto en crisis en orden a su razonabilidad y motivación, y conforme a ello anticipo que -no puede merecer favorable acogida el agravio centrado en que se le privó a la recurrente- de probar con grado de certeza la responsabilidad penal de los encartados. Pues se impone destacar que, tal consideración supondría la demostración de la falta de motivación y arbitrariedad de la revocación del procesamiento, desestimando para ello la conducencia de las constancias de que hizo mérito el Tribunal, así como rebatir las razones que se brindaran para ello.

Ahora bien, no obstante lo anterior y en En efecto: en el caso de autos, como se dijo, tras el dictado del auto de procesamiento de los imputados, formulada la requisitoria de elevación a juicio, mediante auto n° 103 del 16.05.2000, el Tribunal admitió la opción ejercida por los imputados de que la causa tramitara por juicio oral de instancia única y dispuso abrir la "instrucción suplementaria" a tenor de lo normado por el artículo 453 del digesto de forma para practicar diversas medidas -sin perjuicio de aquéllas que las partes pudieran también proponer para esta etapa- tales, ampliación de la indagatoria de ambos imputados, ampliación de testimonio al denunciante, examen forense psico- Ante ello, a foja 196 el ahora recurrente -al igual que el defensor- hizo saber "que no considera oportuno proponer nuevas diligencias de prueba para la instrucción complementaria que se abriera en este proceso penal, como tampoco ofrecer nuevas pruebas para la audiencia del debate, ni ampliar las consideraciones y fundamentos de la requisitoria de elevación a juicio formulada oportunamente por la actora penal en baja instancia".

Y esto fue tenido en cuenta por el Tribunal cuando al explayarse acerca de los motivos por los cuales, tras la incorporación de las medidas probatorias aportadas durante la instrucción suplementaria, aquél se formaba convicción desincriminante que debía traducirse en la revocación del auto de procesamiento, también debía considerarse que "como sucede en este caso al serles corrido traslado de lo incorporado las partes no ofrecen prueba nueva y distinta a la ya colectada" y que "tampoco la Sala advierte oficiosamente la posibilidad de ampliación de la pesquisa" (f. 201).

Tampoco puede receptarse el reparo acerca de que en el estado en que se encontraba la causa le comprendía al Tribunal la prohibi En ese orden de ideas, cabe recordar que la contingencia objetiva de orden temporal prevista en el mentado inciso 2 del art 356 C.P.P. comprende la causal vinculada a un estado espiritual del órgano jurisdicente referido a la insuficiencia de elementos de convicción que implica descartar la certeza referida a la carencia de convicción para mantener el auto de procesamiento o para revocar el auto de falta de mérito, y al vencimiento del plazo que corresponde de acuerdo a la hipótesis que se aplique a tenor de lo previsto en el artículo 208 (vid, Büsser, Chiappini, Iturralde, Op. cit., T. II, pág. 366).

Conforme a todo lo previamente señalado, se desvanece el presunto agravio de que se estaría creando pretorianamente un trámite y desvirtuando la esencia del juicio oral, o la supresión de "etapas fundamentales", toda vez que tales expresiones no alcanzan a desmerecer la justificación dada por la Cámara en la interpretación de los textos procesales y su apoyo además en criterios tutelares del proceso penal en que tal solución además se imponía por cuanto "se vería groseramente contrario al espíritu de la norma tuteladora del art. 306 C. Pr. P. el seguir adelante con trámites formales hasta llegar a la instancia procesal prevista para el dictado de una sentencia definitiva; pues en tales condiciones se deslegitima la continuidad de la detención en cualquier medida y por breve que sea, y se priorizaría indebidamente lo formal sobre lo sustancial"(fs. 5/5vto.).

De allí que, como puede verse, el A quo al escudriñar el alcance de las normas en relación con las circunstancias fácticas de la causa, hizo primar en dicha hermenéutica un principio que consideró de ostensible superior jerarquía -tal el establecido en el artículo 306 del Código de rito-, para interpretar y aplicar las normas que establecen las medidas preventivas de coerción personal de naturaleza procesal que pueden imponerse al imputado durante el proceso, que se justifican "únicamente con un doble designio: a) Lograr el descubrimiento de la verdad; b) Asegurar la posibilidad de aplicar la sentencia si ésta declarara procedente la pretensión" (Büsser, Chiappini, Iturralde, op. cit., T. II, pág. 184).

En definitiva, la cuestión traída a conocimiento no involucra un planteo por afectación de garantías constitucionales, y no excede a un problema del alcance de las normas, reservado a los jueces de la causa y por tanto ajena al recurso de inconstitucionalidad.

Y esto -de acuerdo a lo desarrollado anteriormente- es lo que acaece en el "sub judice", en que el Tribunal Oral -interpretó- en el contexto de las disposiciones legales, las facultades que le concede la instrucción suplementaria prevista en el artículo 453 del Código Procesal Penal en orden a la solución qu A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Spuler y Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Sucintamente, el caso.

1.1. El Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción Número Dos de Rosario por auto n 371 del 6.2.1999 procesó a D. S. N. y M. M. C. por la presunta comisión del delito de robo calificado (art. 166, inc. 2 Cód. P.), atribuyéndoles haber tomado parte junto a otro sujeto no identificado en la sustracción a M. D. P. de la suma de veinte pesos ($20), tras intimidarlo con un cuchillo (fs. 32/36).

Impugnado ese decisorio por la defensa técnica de los imputados a través del recurso de revocatoria, la Juez actuante -por resolución n 604 del 1.12.1999- mantuvo el procesamiento dispuesto (arts. 325 y c.c., C.P.P.) (fs. 64/67).

Ampliada la indagatoria a pedido de ambos procesados (fs. 70/72), se corrió traslado al señor Fiscal a tenor de lo dispuesto por el artículo 369 del Código Procesal Penal (f. 78).

Formulada la requisitoria de elevación a juicio (fs. 79/80) y agregados los informes del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, la causa fue remitida al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia Número Cinco (f. 84). Ya en esa sede (f. 89) se corrió traslado a la defensa de los imputados, quienes optaron por ser juzgados en instancia única y en juicio oral (fs. 93/94, respectivamente), prerrogativa que fue admitida por el Juez en lo Penal de Sentencia en los términos del artículo 447 del código de rito (f. 96).

Contestada la requisitoria (f. 97) la Sala también tuvo por admitida la opción ejercitada por los imputados de juicio oral en instancia única y además, abrió la instrucción suplementaria prevista en el artículo 453 del código de rito (fs. 117).

Considerada agotada la instrucción complementaria, la Cámara revocó el procesamiento de D. N. y M. C., dispuso en su lugar el sobreseimiento (art. 356, inc. 2, C.P.P.) y ordenó la inmediata libertad de los imputados (art. 359, C.P.P.).

2. Contra este pronunciamiento interpuso el señor Fiscal de Cámaras de Apelación su recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3) de la ley 7055 y por lesionar derechos y garantías constitucionales.

Sintéticamente. Sostiene que el Tribunal se aparta de los preceptos que gobiernan el proceso oral y se arroga facultades que corresponden únicamente a los jueces de instrucción al disponer el sobreseimiento de los imputados, menoscabando, además, la preclusión procesal al retrotraerse a estadios procesales ya transcurridos.

3. Sabido es que, en principio, las cuestiones atinentes a la interpretación de las normas jurídicas resultan materia extraña al recurso de inconstitucionalidad, puesto que se encuentran reservadas a los jueces de la causa salvo caso de arbitrariedad, vale decir, cuando se efectúa una exégesis irrazonable de las pertinentes disposiciones normativas. Esto último ha acontecido en la presente causa puesto que la Cámara ha incurrido en un defecto exegético, más puntualmente ha propiciado una interpretación equivocada del texto legal aplicable que inficiona a la sentencia como acto jurisdiccional válido, conforme se expondrá seguidamente.

De acuerdo a la sucesión de actos procesales realizados en esta causa, una vez dictado el auto de procesamiento de los imputados, formulada la requisitoria de elevación a juicio y admitida la opción ejercitada por los imputados de que la causa sea tramitada por juicio oral en instancia única, el Tribunal dispuso abrir la "instrucción suplementaria" consagrada por el artículo 453 del Código Procesal Penal.

Esta apertura de la "instrucción suplementaria" -a juicio de la Sala- situaba a la causa nuevamente dentro de la etapa instructoria ya cumplida (art. 173, C.P.P.).

En palabras del Sentenciante, la ("...) instrucción suplementaria no es más que un complemento, continuación o extensión de la instrucción originalmente realizada conforme a los artículos 173 y siguientes del Código Procesal Penal, y le son aplicables - consecuentemente- todas las disposiciones que regulan y atañen a esta última (...") (f. 200).

La hermenéutica propuesta -como ya se dijo- es arbitraria. En efecto: La instrucción suplementaria inserta en el juicio ordinario de debate oral (art. 453, C.P.P.) se ocupa de la actividad probatoria omitida y de anticipos de pruebas a recibir antes del debate; consiste en agregar al proceso otros elementos de comprobación diversos de los seleccionados en el período instructorio y en anticipar la recepción de algunas pruebas para ser posible su producción en el debate por medio de la lectura; tiende a sanear la omisiones en las cuales haya incurrido la fiscalía en su actividad impulsora del proceso o el juez de instrucción en la formación del sumario (vid. Clariá Olmedo, J., "Tratado de Derecho Procesal Penal", T. VI, pág. 229, Bs. As., 1966; Iturralde, Norberto Juan; Büsser, Roberto A.; Chiappini, Julio "Código Procesal Penal de Santa Fe Comentado", T. III, pág. 68 y sgtes., Santa Fe, 1989).

De manera entonces que la norma en comentario actúa como medida para mejor proveer tendente a suplir alguna omisión probatoria y asimismo anticipa la producción de pruebas que no pueden cumplirse en el debate oral. Solo eso, en modo alguno autoriza el precepto a retrotraerse a estadios procesales ya cumplidos.

Es que la interpretación efectuada por los Jueces a la instrucción suplementaria contemplada en el artículo 453 del Código Procesal Penal implica no solo pasar por alto la regla de la preclusión procesal sino, lo que es más grave aun, desestructura todo el procedimiento instituido para el juicio oral con la consiguiente alteración de competencia que la ley le asigna el Órgano juzgador: de tribunal colegiado o sala de crimen (arts. 24, inc. 4, C.P.P. y 47, L.O.P.J.) a juez instructor (arts. 25, C.P.P. y 84, L.O.P.J.).

Siendo ello así, ningún poder jurisdiccional tenía la Sala para revocar el procesamiento de los imputados y disponer su sobreseimiento, pues -a fuerza de reiterarlo- en este proceso tenía competencia para actuar como sala "del crimen" o "del juicio" o "de enjuiciamiento" y no como juez instructor.

En síntesis, el artículo 453 del código de forma penal autoriza la "instrucción suplementaria" al órgano que ha de juzgar como sala del juicio oral, mas esa vía procesal no le otorga competencia propia de los jueces instructores.

Igual acontece con el juicio común ante el juez en lo penal de sentencia toda vez que la norma ritual no contempla la posibilidad de superar la preclusión procesal de la etapa de la instrucción original.

Es más, si se establece un parangón entre la estructura del procedimiento común y el oral se advertirá que no existen diferencias sustanciales en orden a las actividades de complementación de la prueba como medidas para mejor proveer. A esos fines corresponde recordar que la apertura de ambos procedimientos ante los órganos jurisdiccionales competentes (juez de sentencia y sala del crimen) contiene el mismo presupuesto: la producción de la requisitoria fiscal.

En uno y en otro existen normas que autorizan a producir medidas probatorias -aún de oficio- durante el juicio: 1) las "nuevas pruebas" en el común (art. 393) y la "instrucción suplementaria" en el oral (art. 453); 2) la "reapertura de la causa a prueba" (art. 400) para el común y las "nuevas pruebas" (art. 472) como la "reapertura del debate" (art. 476) para el oral.

En consecuencia, no habiendo diferencias sustanciales con relación a estas medidas tendentes a complementar la prueba, constituye una hermenéutica irrazonable de las normas en cuestión sostener que en el juicio oral -por el camino del artículo 453 del Código Procesal Penal- se permite a volver a la instrucción originaria con todas sus implicancias, cuando esa posibilidad de retorno de manera alguna se encuentra contemplada en el procedimiento común.

Téngase en cuenta además las consecuencias que trae la adopción de la postura de la Cámara, que no es otra que la desestructuración del procedimiento instituido para el juicio oral con innegable restricción al derecho de defensa de las partes en tanto posibilitaría la revocación de un procesamiento disponiendo el sobreseimiento del imputado fuera de las hipótesis en que la norma procesal lo autoriza en cualquier estado y grado del proceso tanto al juez en lo penal de sentencia como a la sala de juicio oral o al tribunal de apelación (art. 356, inc. 1 a) C.P.P.).

Avalar constitucionalmente esa interpretación, esto es, facultar a la sala del juicio oral a cerrar la causa a través del sobreseimiento del encartado por cualquiera de sus causas, supone prescindir de esta última disposición procesal -que solo prevé su dictado para los casos de causales extintivas del ejercicio de la acción o perentorias-, cercenar su posibilidad de impugnación con grave afectación al acceso a la instancia revisora y negar directamente la posibilidad de sostener y afirmar la validez y convencimiento de las pruebas ya rendidas en el proceso y de las que puedan llegar a producirse.

El déficit enunciado se patentiza aun más si se considera que una vez que los imputados -en la presente causa- hicieron uso de la facultad de ser procesados en instancia única y en juicio oral y admitida la opción por el Tribunal, aparece como un presupuesto inexorable del procedimiento reglado en el Título IV - Juicio Oral del Código Procesal Penal, la realización de la audiencia de debate (art. 462).

El Juicio Oral impone "el debate" siendo el momento de mayor importancia de este proceso sin cuya realización resulta imposible el dictado de la sentencia. Y en el caso, culminada la instrucción suplementaria correspondía designar día y hora de audiencia por el Presidente del Tribunal conforme lo dispone el artículo 454 del Código Procesal Penal y no el dictado de un auto de sobreseimiento, a menos -como ya se dijo- que concurra alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 356, inciso 1 a) de ese cuerpo legal, por lo cual la supresión de aquel estadio procesal supone un ostensible quebramiento al debido proceso.

Por lo demás, la solución del Tribunal de sobreseer por estar agotados los plazos de instrucción original no satisface el parámetro de la razonabilidad, pues es de toda lógica suponer que una causa que ha arribado a juicio oral y en el estadio procesal de la instrucción suplementaria se encuentra por demás de avanzada y en algunos casos con aquellos plazos vencidos, por lo cual la apertura de una instrucción suplementaria impondría -en esas hipótesis- el sobreseimiento por la causal enunciada (art. 356, inciso 2 C.P.P.). Finalmente, resta agregar que el caso de autos difiere sustancialmente con lo decidido por esta Corte en A. y S., T. 196, pág. 228.

Ello así, por cuanto en el precedente mencionado la apertura de la causa a prueba en la Alzada tenía como antecedente la apelación interpuesta por el Ministerio Público de un auto de sobreseimiento a favor del imputado, arribando la Cámara, con los nuevos medios de confirmación que había ordenado producir, al mismo resultado propuesto por el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción, es decir, el sobreseimiento del imputado, circunstancia que descartaba de plano cualquier perjuicio al apelante por la reapertura de la causa a prueba en instancia de grado.

Mientras que en el caso de autos la Alzada consagra una interpretación arbitraria del artículo 453 del Código Procesal Penal, habida cuenta que la exégesis propuesta implica un volver atrás a la etapa instructoria ya fenecida con la consecuente desestructuración del procedimiento del Juicio Oral contemplado en ese ordenamiento legal. Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento impugnado no satisface el derecho a la jurisdicción y debe ser anulado, habida cuenta que consagra una interpretación equivocada y errónea de la norma penal en cuestión que lesiona el debido proceso y el derecho de defensa de la recurrente.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión la señora Ministro doctora Gastaldi dijo:

Adentrándome en la procedencia del recurso en estudio, considero que un análisis detenido de la materia bajo examen me lleva a propiciar la improcedencia del remedio extraordinario, conforme lo expondré seguidamente.

Ello es así por cuanto el estudio de los autos me persuade de que el recurso intentado no alcanza a demostrar que los Sentenciantes al decidir como lo hicieran, se hubieren basado en criterios o principios contrapuestos a las garantías constitucionales del proceso penal o hubiesen desbordado las posibilidades hermenéuticas de las normas procesales aplicables al sub caso. Y anticipo desde ya que las argumentaciones vertidas en pro de demostrar la afectación de garantías constitucionales o el vicio de no constituir derivación razonada del derecho vigente, en realidad solo traducen su disconformidad con lo resuelto.

En efecto, la sustancia impugnativa se dirige derechamente a cuestionar la inteligencia asignada por la Sala -constituida como Tribunal Oral- a la disposición contenida en el artículo 453 del Código Procesal Penal, en referencia a las atribuciones del Tribunal de Juicio Oral en la instrucción suplementaria. En tal sentido, y pese a la restringida revisión de las dis Como se anticipara, el compareciente no alcanza a demostrar la irrazonabilidad del pensamiento del Tribunal al precisar, en la resolución puesta ahora en tela de juicio (fs. 1/8, Expte. C.S.J. nro. 736/00), cuál era el marco delimitativo de la instrucción suplementaria, y expresar, en esa línea de razonamiento, que: "no es más que un complemento, continuación o extensión de De ello debe necesariamente inferirse también que -en tal carácter- no le alcanza la prohibición de dictar sobreseimiento establecida en el art. 414, último párrafo C. Pr. P., puesto que la misma es operativa exclusivamente cuando la Sala actúa como tribunal de alzada, y no en este caso donde lo hace -vale reiterarlo una vez más- como tribunal originario y continuador de la instrucción anterior" (fs. 4/4vto.). De lo reseñado supra, se evidencia que el Tribunal, partiendo del análisis del juego de normas procesales (arts. 453 y 328 C.P.P.) fundamentó que no le estaba vedado revocar el auto de procesamiento y en dicho marco juzgó el alcance que asignaba a la instrucción suplementaria, como así y en consonancia con ello que estaba habilitado para dictar el sobreseimiento. La línea argumental de tal razonamiento, no se exhibe como ilógica de por sí, y cabe acotar, más aún si se repara en que el auto de elevación a juicio exige el procesamiento mismo (art. 369 del C.P.P.). Por lo cual, el pensamiento sentencial, en referencia al carácter de suplementaria de la instructoria que asignaron a la instancia, no parece contravenir las disposiciones legales y su consecuencia inferencial en pro del dictado del auto de sobreseimie Iturralde, Norberto; Código Procesal Penal Comentado, T. III, p. 233/234, Ed. Jca. Panamericana S.R.L., Sta.Fe, octubre 2002).

Por lo demás, lo argumentado por el recurrente al cuestionar la revocación del auto de procesamiento alegando el cercenamiento para impugnar la decisión por recursos ordinarios, no exterioriza que hubiere dogmatismo en el razonamiento del A quo En punto a lo mismo y yendo a las concretas razones que hizo mérito el Tribunal para revocar el procesamiento -esto es, que la originaria versión incriminante carecía de todo apoyo-, de las genéricas alegaciones del representante del Ministerio Público no puede inferirse bajo qué circunstancias podía entenderse esto como desmerecido.

Quedando incólume así, lo afir Tal juicio inferencial, por el que se revocara el procesamiento, basándose en puntualizadas constancias de la causa, no ha sido puesto en crisis en orden a su razonabilidad y motivación, y conforme a ello anticipo que no puede merecer favorable acogida el agravio centrado en que se le privó a la recurrente de probar con grado de certeza la responsabilidad penal de los encartados. Pues se impone destacar que, tal consideración supondría la demostración de la falta de motivación y arbitrariedad de la revocación del procesamiento, desestimando para ello la conducencia de las constancias de que hizo mérito el Tribunal, así como rebatir las razones que se brindaran para ello.

Ahora bien , no obstante lo anterior y en En efecto: en el caso de autos, como se dijo, tras el dictado del auto de procesamiento de los imputados, formulada la requisitoria de elevación a juicio, mediante auto n° 103 del 16.05.2000, el Tribunal admitió la opción ejercida por los imputados de que la causa tramitara por juicio oral de instancia única y dispuso abrir la "instrucción suplementaria" a tenor de lo normado por el artículo 453 del digesto de forma para practicar diversas medidas -sin perjuicio de aquéllas que las partes pudieran también proponer para esta etapa- tales, ampliación de la indagatoria de ambos imputados, ampliación de testimonio al denunciante, examen forense psico-físico del denunciante y del imputado N. para establecer si presentaban signos de homosexualidad o bisexualidad, y requerimiento de informe a la Unidad Regional II acerca de si el denunciante P. registraba antecedentes.

Por su parte, el Fiscal de Cámaras ofreció a foja 154 las pruebas de su parte, consistentes en documental, testimoniales e informativa, haciendo lo propio la defensa a foja 172 -en su caso, documental, testimoniales Y esto fue tenido en cuenta por el Tribunal cuando al explayarse acerca de los motivos por los cuales, tras la incorporación de las medidas probatorias aportadas durante la instrucción suplementaria, aquél se formaba convicción desincriminante que debía traducirse en la revocación del auto de procesamiento, también debía considerarse que "como sucede en este caso al serles corrido traslado de lo incorporado las partes no ofrecen prueba nueva y distinta a la ya colectada" y que "tampoco la Sala advierte oficiosamente la posibilidad de ampliación de la pesquisa" (f. 201).

Tampoco puede receptarse el reparo acerca de que en el estado en que se encontraba la causa le comprendía al Tribunal la prohibici En ese orden de ideas, cabe recordar que la contingencia objetiva de orden temporal prevista en el mentado inciso 2 del art 356 C.P.P. comprende la causal vinculada a un estado espiritual del órgano jurisdicente referido a la insuficiencia de elementos de convicción para mantener el auto de procesamiento o para revocar el auto de falta de mérito, y al vencimiento del plazo que corresponde de acuerdo a la hipótesis que se aplique a tenor de lo previsto en el artículo 208 (vid, Büsser; Chiappini; Iturralde; Op. cit., T. II, pág. 366).

Conforme a todo lo previamente señalado, se desvanece el presunto agravio de que se estaría creando pretorianamente un trámite y desvirtuando la esencia del juicio oral, o la supresión de "etapas fundamentales", toda vez que tales expresiones no alcanzan a desmerecer la justificación dada por la Cámara en la interpretación de los textos procesales y su apoyo además en criterios tutelares del proceso penal en que tal solución además se imponía por cuanto "se vería groseramente contrario al espíritu de la norma tuteladora del art. 306 C. Pr. P. el seguir adelante con trámites formales hasta llegar a la instancia procesal prevista para el dictado de una sentencia definitiva; pues en tales condiciones se deslegitima la continuidad de la detención en cualquier medida y por breve que sea, y se priorizaría indebidamente lo formal sobre lo sustancial" (fs . 5/5vto.).

De allí que, como puede verse, el A quo al escudriñar el alcance de las normas en relación con las circunstancias fácticas de la causa, hizo primar en dicha hermenéutica un principio que consideró de ostensible superior jerarquía -tal el establecido en el artículo 306 del Código de rito-, para interpretar y aplicar las normas que establecen las medidas preventivas de coerción personal de naturaleza procesal que pueden imponerse al imputado durante el proceso, que se justifican "únicamente con un doble designio:

a) Lograr el descubrimiento de la verdad;

b) Asegurar la posibilidad de aplicar la sentencia si ésta declarara procedente la pretensión" (Busser; Chiappini; Iturralde, op. cit. T. II, pág. 184).

En definitiva, la cuestión traída a conocimiento no involucra un planteo por afectación de garantías constitucionales, y no excede a un problema del alcance de las normas, reservado a los jueces de la causa y por tanto ajena al recurso de inconstitucionalidad.

Y esto -de acuerdo a lo desarrollado anteriormente- es lo que acaece en el "sub judice", en que el Tribunal Oral -interpretó- en el contexto de las disposiciones legales, las facultades que le concede la instrucción suplementaria prevista en el artículo 453 del Código Procesal Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Spuler y Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa.

Así voto.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Spuler y Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)