Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-04


SENT Nro. 845 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 04 de NOVIEMBRE de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de los imputados, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Correccional, del Centro Judicial de Concepción, de fecha 15/4/2003 obrante a fs. 371/381, el que es concedido por el referido tribunal mediante decreto del 14/5/2003 (cfr. fs. 395). En esta sede, la defensa del imputado no presentó memoria sobre el recurso casatorio, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo del recurso intentado (cfr. fs. 403/405). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de los imputados, contra la sentencia del Juzgado en lo Penal Correccional del CJC, de fecha 15/4/2003 que condena a Julio Eduardo Díaz, Jorge Eduardo Díaz y Walter Omar Díaz a la pena de un año de prisión de ejecución condicional, con más las costas procesales por ser autores del delito de usurpación de propiedad (arts. 181 inc. 1°, 26, 40,41 del CP y arts. 412, 550 y 551 del CPP).

II.- El recurrente entiende que la sentencia es arbitraria por errónea aplicación de la ley sustantiva y adjetiva y por ausencia de motivación al no explicar porqué se desestimó el argumento defensista. Solicita la declaración de nulidad parcial del proceso desde fs. 230 en adelante y, en subsidio, solo la de la sentencia en embate, dictándose la sentencia sustitutiva absolutoria.

Luego de reseñar los hechos del caso; de transcribir el pronunciamiento en crisis y de exponer la teoría del derecho de retención, el recurrente concreta sus agravios respecto del mismo, manifestando que en el sublite no existe necesidad de la actuación represiva del Estado; que el derecho penal es mal utilizado pues la cuestión que se ventila es netamente civil; que se trata de una disputa sobre tierras que tanto el vendedor Troncin como el comprador Rodríguez Ribet sabían que estaban ocupadas por los imputados; que se trata del legítimo ejercicio de un derecho (de retención) por parte de los encartados originado en el reclamo de una deuda por razón de esa misma cosa retenida. Siendo así, sostiene que es absurda la interpretación sentencial que definió el tema del delito de usurpación, que existió un claro voluntarismo incriminatorio al apreciar los hechos y al tiempo de escoger los argumentos utilizados para justificar la solución punitiva final, sin que la Juez a quo explicara los motivos por los cuales consideró que no se daban los supuestos previstos por la ley que autorizan el ejercicio del mentado derecho de retención, máxime habiendo sido un tema reiterad o hasta el cansancio por los imputados y la defensa técnica, tratándose entonces, de una cuestión jurídica conducente que debió obligadamente ser merituada en la sentencia.

Expresa que de los hechos fijados por el Juez a quo surge con claridad que los acusados pretendieron ejercer derecho de retención sobre el fundo debido a una deuda con el francés Jean Paul Marie Troncin -anterior propietario- para el cual habían trabajado, y que éste termina vendiendo el fundo cansado de los imputados quienes habían ingresado al predio (año 1986) durante su ausencia del país. Da por acreditado un litigio anterior entre el francés Troncin y el padre y el abuelo de los acusados que fue ventilado por la Justicia Federal por idénticas causas que en el sublite y que los imputados conocían de la venta a Rodríguez Ribet. Que el recurrente adhiere a estos aspectos resaltando únicamente que los encartados tenían la justa creencia de estar en el legítimo ejercicio del derecho de retención, destacando que el Juez es contradictorio pues alertada que una cuestión anterior se ventiló en la Justicia Federal mediante acciones posesorias aplica ahora el derecho penal a todas luces inadecuado. Cita doctrina de esta Corte Suprema al respecto.

En este contexto, le causa gravamen también que la sentencia exprese que el comprador no estaba obligado a exhibir su título a los imputados pues éstos estaban dentro del predio con conocimiento tanto del vendedor como del comprador -como en la misma sentencia se expresa- reclamando una deuda por la cual "habían sido infructuosas las gestiones de cobranzas con el anterior dueño...", ejerciendo entonces el derecho de retención y excluyendo a quienes quisieran ilegítimamente turbarlos (art. 2362 CC).

En relación a que existieron actos posesorios del comprador Rodríguez Ribet y que los acusados sólo disponían de una pequeña porción de tierra para vivir, no contaban con la capacidad operativa para sembrar el resto, explicita que aquí no interesa la capacidad económica u operativa del detentador, y sí la forma en como se han comportado las partes. Que en todo momento los imputados actuaron como poseedores retenedores de la tierra; que la retención legítima continúa con éste y con la misma autoridad impidiéndoseles cumplir con la medida ordenada por ser legítimos poseedores y que, para más claridad, el policía Maldonado mencionó que "los dueños de casa no les dejaron realizar la medida ordenada..." según lo refleja la misma sentencia.

Obrando conforme a derecho, entonces, son cuestiones abstractas, dice, si el comprador y sus peones entraron por delante, por detrás, si cortaron el alambre o no, o si los estaban esperando o si les avisó Navarro o si se enteraron por casualidad. Igualmente discrepa con la apreciación sentencial referida a que existe apropiación sin derecho dado que de existir la deuda con el anterior propietario, el medio intentado no era el idóneo para cobrarla, debiéndose ocurrir por la vía pertinente, pues, se pregunta, ¿es que el ejercicio del derecho de retención no era la vía pertinente?. Agrega que el Juez a quo al mencionar que la antijuridicidad existe cuando no concurra una causal de legítima defensa, estado de necesidad o ejercicio de un derecho, ejemplificando con el constructor por facultad de retención por pago, no hace más que ejemplificar sobre las mismas cuestiones que propusiera la defensa técnica.

En definitiva, sostiene que si el Juez considera que no se da el derecho de retención debió haber explicado porqué motivos y con qué fundamentos el mismo no operaba pues se trataba de una medida de defensa conducente opuesta por la defensa y la misma parte. Que al fallar como lo hizo, se incrimina una conducta autorizada por la Ley, sin reconocer la atipicidad de un accionar desprovisto de dolo, actuando en ejercicio de un derecho que la Ley civil concede a ciertos acreedores bajo ciertas circunstancias por lo que el perjuicio no sólo resulta de la injusta aplicación de una pena de prisión sino que el fallo cercena la posibilidad de ejercer un derecho que asegura el cobro de una suma de dinero debida en razón de la cosa retenida, con clara afectación del art. 17 de la CN.

Concreta las normas violadas en los arts. 18 y 19 CN, 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14 inc. 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 9 del PSJCR; 22 y 28 de la CP y arts. 3939 ss. y cc. del CC.

Propone doctrina legal y hace reserva del caso federal. Solicita, finalmente, que se conceda el recurso tentado.

III.- El recurso ha sido concedido mediante providencia del 14/5/2003. La defensa del imputado no presenta memorial. El Ministerio Fiscal se pronuncia por el rechazo del recurso, conforme los términos vertidos en su dictamen de fs. 403/405; correspondiendo, en esta oportunidad, el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia en recurso, en cuanto a la existencia del hecho y sus autores responsables, en base a lo acontecido en el debate -cuyas testimoniales y conclusiones de Fiscalía, de la letrada del querellante y de la defensa repasa- y a las instrumentales glosadas, infiere que los acusados pretenden ejercer derecho de retención sobre el fundo, atento a la deuda que el anterior propietario mantiene con los mismos; que ello surge constante de los dichos de los encartados quienes manifiestan haber desmontado a mano las noventa hectáreas limpias, entre otras tareas, pero, el ciudadano francés para quien trabajaban manifiesta que al llegar al predio había sesenta hectáreas limpias, este testigo relata que vende el fundo cansado de esta gente, los que ingresan al lugar encontrándose éste ausente, siendo propietarios de tierra al frente de la finca en cuestión. Que en la causa se encuentra acreditado un litigio anterior referido por Troncin, por causas idénticas a las de marras, quien manifiesta haber recorrido el fundo con el comprador, confirmado por éste último; relata también haber comunicado a los acusados de la venta y proceder a retirar sus máquinas del lugar. Que sin embargo los acusados dicen que nadie les dice nada, pero sí reconocen que el francés s e llevó las máquinas, agregando Jorge Díaz que su madre le comenta que el denunciante compró la finca, pero éste no presenta papel alguno. Se pregunta entonces la sentenciante si no sabían de la venta y por qué debía el comprador presentarles papeles a ellos.

Afirma que en autos se acredita, mediante documentación, la comercialización de soja por parte del denunciante, lo que conjuntamente con lo declarado por éste y los peones permite dar por cierto que sembró el fundo el año anterior, ejerciendo actos posesorios sobre toda la propiedad. Que, contrariamente, los acusados sólo disponían de una pequeña porción de tierra para vivir, no contando con capacidad operativa para sembrar el resto. Agrega el fallo que resultan determinantes los dichos de Navarro, pues los acusados dicen haber sido avisados por este del ingreso por el fondo, por donde no hay pasada, cortando alambres, sin embargo, este testigo modifica su primigenia declaración aseverando que nunca ve el ingreso, que nunca les dice a los Díaz, de los que se deduce que efectivamente estos estaban en el lugar esperando el ingreso para repelerlo, como bien dice también el representante del Ministerio Público, habiendo resultado infructuosas sus gestiones de cobranzas con el anterior dueño. Navarro finalmente manifiesta ingresar al fundo por una puerta existente en el fondo, confirmando la existencia de esta entrada negada por él antes y por los acusados. Sostiene que esta conducta es reiterada frente a la comisión policial que concurre al predio a efectuar una medida, según relata el personal policial, y a ello suma lo manifestado por los encartados sobre que arriendan la finca a otro agricultor con lo que concluye en que su actuar doloso continúa produciendo efectos, poniendo de manifiesto esta situación la intención de apropiación sin derecho alguno, toda vez que de existir la deuda denunciada con el anterior propietario, de ninguna manera éste es el medio idóneo para cobrarla, debiendo ocurrir por la vía pertinente.

Analiza luego las enseñanzas de la doctrina sobre el delito en estudio: consumación, tipo objetivo y subjetivo, medios de comisión, antijuridicidad excluida por las causas de justificación, tales como legítima defensa, estado de necesidad o ejercicio de un derecho, ej. El constructor por facultad de retención por pago. Cita a López de Zavalía para señalar que la posesión subsiste durante el tiempo en que el poseedor se comporta respecto de la cosa como lo haría regularmente el propietario; que se consuma incluso en la ausencia, e inactividad mientras no haya un "animus in contrarium actus" y que a éste no cabe inducirlo por abandono por el no ejercicio de actos posesorios. Expresa el pronunciamiento que, aunque la legitimidad de los títulos resultan indiferentes en principio, la abrumadora prueba insturmenal colectada y apoyada por las testimoniales reseñadas generan en la proveyente el estado de certeza necesario para tener el hecho denunciado como existente y los acusados como autores voluntarios del hecho que se les imputa, encontrándose acredi tado tanto el tipo objetivo cuanto el tipo subjetivo del delito de usurpación por despojo, entendiendo que el medio comisivo empleado fue violencia por cuanto hubo energía física consumada. Por todo ello encuadra el hecho en la figura del art. 181 inc. 1° del CP.

Fija la pena en un año de prisión de ejecución condicional teniendo presente que los imputados son jóvenes, que desplegaron un actuar doloso pero que se trata de rudos hombres de campo, carentes del debido asesoramiento legal; todo con costas procesales pues la parte querellante tuvo razón atendible para litigar (arts. 181 inc. 1°, 26, 40, 41 del CP y arts. 412, 550 y 551 del CPP).

V.- De un examen de los considerandos sentenciales puestos en relación con los expresos agravios casatorios, se concluye en que el recurso debe prosperar.

Liminarmente cabe efectuar algunas consideraciones doctrinarias sobre el delito que nos ocupa. Así, la acción típica de la usurpación gira en torno al verbo despojar, el cual significa privación de la posesión de la tenencia o de la cuasiposesión; el presupuesto del delito es que el sujeto pasivo se encuentre en el goce efectivo de esos derechos. La usurpación exige despojo, vale decir, privación de la cosa a quien goza de ella en el momento en que la acción se verifica, no bastando que se le impida reintegrarse a su goce, aunque el impedimento sea injusto. A su vez, la acción de despojar, por la naturaleza intrínseca del delito, sólo es punible a título de dolo, destacando González Roura, III, 292; CCC, J.A, 3,849, que no comete usurpación el que cree ejecutar un derecho (ver Código Penal Anotado de Oderigo, Edición Depalma 1965, págs. 286/287). Emilio C. Díaz (en su obra "El Código Penal para la República Argentina") dice que para la existencia de este tipo de delito se hace necesario que se llegue al efectivo despojo de la posesión o tenencia del inmueble, poniendo de resalto que muy cuidadoso ha de ser el estudio previo del asunto; pues es fácil confundir con otros hechos de carácter puramente civil. Continúa afirmand o este autor que las apariencias explotadas por personas hábiles, pueden hacer suponer, en unos casos la legitimidad de los actos de usurpación, y en otros, dar por existente el delito, cuando en realidad sólo se trata de una oposición de intereses a ventilarse ante la jurisdicción civil (conf. CSJT, sent. nro.298 del 30/4/2002).

De lo expuesto corresponde retener especialmente que el presupuesto del delito radica en que el sujeto pasivo se encuentre en el goce efectivo de esos derechos; que la usurpación exige la privación de la cosa a quien goza de ella en el momento en que la acción se verifica, no bastando que se le impida reintegrarse a su goce aunque el impedimento sea injusto; que el delito sólo es punible a título de dolo y que no comete usurpación el que cree ejecutar un derecho.

Ahora bien, el recurrente menciona que el obrar de los acusados lo fue en miras a preservar un derecho de retención que creían razonablemente tener. Al respecto, la sentencia condenatoria describe el hecho como el haber impedido a Javier Rodríguez Ribet mediante la fuerza el ingreso a una propiedad rural de pertenencia de éste último alegando derechos de tenencia. A su vez, infiere de lo acontecido en el debate que los acusados alegan ejercer derecho de retención sobre el fundo, atento a la deuda que el anterior propietario mantiene con los mismos; que ello surge constante de los dichos de los encartados quienes manifiestan haber desmontado a mano las noventa hectáreas limpias, entre otras tareas, pero, el ciudadano francés para quien trabajaban manifiesta que al llegar al predio había sesenta hectáreas limpias; que en la causa se encuentra acreditado un litigio anterior referido por Troncin, por causas idénticas a las de marras. Es decir que el fallo en crisis, si bien reconoce y parte de la premisa de la alegación del derecho de retención por parte de los imputados por las razones que se indican, y si bien considera el pleito civil mantenido con el abuelo y padre de los imputados, guarda absoluto silencio en la ponderación y solución de esta expresa causal de justificación alegada. Como menciona el recurrente, al tiempo de escoger los argumentos utilizados para justificar la solución punitiva final, la Juez a quo deja de explicar los motivos por los cuales consideró que no se daban los supuestos previstos por la ley que autorizan el ejercicio del mentado derecho de retención, lo que, por sí sólo bastaría para casar la sentencia en crisis.

De otro lado, cabe considerar que, de las constancias de autos y de los propios dichos sentenciales, surge que los imputados se hallaban efectivamente ocupando el terreno y habían entrado al mismo en virtud de una relación previa con Troncin (el que dice que por bueno les permitió pasar); que tanto el vendedor Troncin como el comprador Rodríguez Ribet sabían que las tierras estaban ocupadas por los imputados; que existía una causa civil anterior entre Troncin y el padre y abuelo de los imputados. Entonces no se advierte la tipificación del hecho delictivo desde que no hay privación de la posesión o tenencia mediante el despojo a quien la está ejerciendo al momento del acto pues, en el caso, los imputados nunca dejaron de permanecer en el inmueble y ello, más allá de lo que se estima en el fallo en crisis sobre la posesión del denunciante derivada de la cosecha de soja por su parte en el año anterior al acto (y más allá también del hecho de que las facturas agregadas por éste no dicen para nada que la soja comercializada haya sido sembrada y cultivada y extraída del campo de autos y que, si bien existen testigos al respecto, hay otros que dicen que nunca lo vieron trabajar en el campo). Nótese que la esfera de custodia o poder sobre el terreno -aunque sea parcial- la tuvieron en todo momento los imputados, así como la posibilidad de ejercer el poder de hecho sobre el inmueble, lo que llevó a negar la restitución del mismo, en base a la alegación del derecho de retención.

De la ponderación y relato efectuados -y, aunque no sea ésta la oportunidad de pronunciarse sobre la existencia efectiva del derecho de retención, conforme lo manifestado supra- no aparece absurda o arbitraria, conforme las circunstancias de la causa, la alegación de tal defensa ni se advierte -al menos no con la prístina claridad o con la certeza que exige la convicción del juzgador que condena- la existencia de dolo en los imputados. En efecto, la alegación de los acusados de creer estar ejerciendo un derecho de retención sobre la cosa no aparece, en las particularidades del caso, como arbitraria por lo que al menos cabe la duda sobre si ellos creyeron estar ejecutando un derecho que les correspondía.

Se ha dicho que la sentencia debe basarse en la certeza, es decir en la convicción razonada y positiva de que los hechos existieron y ocurrieron de cierta manera, la duda o probabilidad sólo operan a favor del imputado (Fernando De la Rúa "La Casación Penal" pág. 151/152). Y que la duda se evidencia "cuando los motivos que conducen a afirmar y a negar se presentan en paridad de volumen" (cfr. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, Tº I, pg. 446); representando la oscilación entre la certeza positiva y negativa. Tal incertidumbre no exige la convicción de la inocencia del imputado, toda vez que presume respuestas positivas y negativas en torno a uno de los elementos esenciales de la imputación penal, que resultan de un análisis de mérito vinculado exclusivamente a las pruebas producidas; sin que a criterio del magistrado puedan prevalecer unas u otras. Basta la duda para fundar la absolución; y ello de ningún modo exige la convicción de inocencia, pues nada decide sobre la real culpabilidad del imputado. A ello se agrega lo adelantado supra en el sentido de lo cuidadoso que se ha de ser en el estudio de este tipo de casos; pues es fácil confundir con otros hechos de carácter puramente civil.

A la luz de lo expuesto, surge claro que en el caso debe aplicarse el beneficio de la duda a favor de los imputados.

Por ello, dejando a salvo los derechos de las partes a ventilarse en sede civil, corresponde casar la sentencia en crisis en cuanto condena a los imputados, disponiéndose su absolución, a tenor de la siguiente doctrina legal: "Si no está acreditado con absoluta certeza el hecho tipificante del despojo, ni el dolo requerido por el tipo, atento la razonable alegación del derecho de retención, no se configura el delito prescripto en el art. 181, inciso primero, del Código Penal".

Atento a las razones por las que se decide el caso, las costas de todas las instancias se imponen por su orden.

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de los imputados, contra la sentencia del Juzgado en lo Penal Correccional del CJC, de fecha 15/4/2003, de acuerdo a la doctrina legal considerada, revocándose en consecuencia la condena impuesta a los mismos.

II.- DICTAR la correspondiente sustitutiva, absolviendo de culpa y cargo a Julio Eduardo Díaz, Jorge Eduardo Díaz y Walter Omar Díaz, de las condiciones personales que constan en autos, como autores del delito de usurpación de propiedad (arts. 181 inc. 1° y 479 del CPP).

III.- COSTAS de todas las instancias por su orden.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA