Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-18


2º Instancia.- San Miguel de Tucumán, abril 18 de 2012.

Considerando:Que en primer término cabe tratar la excusación formulada por el señor Juez de Cámara Doctor Ernesto C. Wayar a fs. 302 la cual por estar fundada en causal legal debe ser admitida.

Que contra la resolución de fecha 3 de Agosto de 2010 (fs. 256/261) que en su parte pertinente dispone no hacer lugar al pedido de exclusión probatoria articulado por la defensa del imputado Anselmo Damián Conde a fs. 191/192 y 247/252; apela su defensa a fs. 263/265 y se adhiere a fs. 271 y vta. la defensa del imputado Ramiro A. Moreno.

Que en esta instancia, en oportunidad de la audiencia fijada a los fines del art. 454 C.P.P.N. la defensa de Anselmo Damián Conde presenta memorial de agravios a fs. 285/295 donde solicita la exclusión como prueba de la grabación efectuada mediante cámara oculta y se declare la nulidad de todos los actos que se hayan ordenado y cumplidos en virtud de la misma.

Previa reseña de los hechos que dieran origen a estas actuaciones, expresa que fue solicitada la exclusión probatoria por cuanto la conducta de quienes filmaron el video fue en franca violación a derechos personalísimos (imagen, intimidad, honor) y que al ser utilizado como soporte de instrucción de un proceso penal, sin control judicial previo ni orden que avalara el procedimiento, se afectaron otros derechos constitucionales de su defendido como la prohibición de autoincriminación.

Señala que por el hecho de haber sido filmado su defendido y Ramiro Moreno con cámara oculta sin su consentimiento expreso o previa orden judicial, existe una clara violación a la regla general de la ley 11.723 que exige tal consentimiento para poder captar, publicar o reproducir su retrato. Que por ello no podría ser receptada por el a quo para sustentar un requerimiento de instrucción y menos aún de imputar hechos que surgen del video obtenido en violación de sus garantías constitucionales de privacidad y prohibición de auto incriminación que detalla en extenso.

Señala que la difusión del diálogo mantenido en privado con los denunciantes sin aviso previo sobre su futura divulgación importa una violación al derecho a la intimidad del interlocutor cuestionando la validez de la dicha grabación que no fue consentida y se produjo clandestinamente ocultándose la existencia de la cámara oculta con el propósito de obtener mediante ardid una confesión; por lo que todo lo charlado en esa reunión, los dichos, preguntas, respuestas, propuestas, etc. de su representado y Moreno son el resultado de una voluntad viciada, pues de haberse conocido la existencia de la cámara y que la conversación excedía el ámbito privado nada de lo que se dijo se hubiera dicho (sic).

Que en tal sentido resulta irrazonable otorgar valor procesal a la conducta del Estado, cuanto ésta resulta exitosa sobre la base de la comisión de actos ilegales (léase allanamientos ilegales, apremios ilegales) o admitiendo pruebas obtenidas en franca violación a la ley (cámara oculta violando derecho a la imagen), por más el objetivo sea descubrir la verdad o perseguir el delito, ya que el fin no justifica los medios y la admisión de tales pruebas importaría desconocer la función ejemplar que el Estado tiene para la comunidad ya que no puede ni debe aprovecharse de un delito para verificar otro delito.

Que por ello se agravia que el a quo haya referido a que en nuestro sistema penal impera el principio de libertad probatoria para justificar la introducción a este proceso de pruebas adquiridas violentando garantías constitucionales y sin que se presente la situación de excepción que habilita a una víctima de un delito la utilización de una cámara oculta. Añade que la circunstancia de tanto Conde como Moreno hayan asistido a la reunión voluntariamente y consentido conversar con personas con las cuales no existía amistad, resulta aceptable que hayan asumido el riesgo de que dicha conversación pudiera trascender a otros ámbitos, pero de ello no se desprende que hayan aceptado el riesgo de que la conversación sea grabada sin su consentimiento y menos aún transmitida por las redes sociales o la televisión como ocurrió; en violación de una de las libertadas más sagradas del texto constitucional consagrada en su art. 19 que subraya la existencia de una zona de reserva dentro de la cual no puede penetrar la acción estatal o de terceros, en tanto lo que allí ocurra no perjudique a nadie ni ofenda el orden y la moral pública.

Se agravia que el a quo sostenga como relevante el carácter de funcionarios públicos de los imputados que asistieron a dicha reunión para abordar temas electorales relacionados con la vida institucional y política de la universidad, es decir, vinculados al ejercicio de su función, por lo que existe sobre el asunto un interés público que trasciende el interés meramente individual. Ello por cuanto Conde, lejos de ser funcionario público, en su condición de empleado no docente declaró haber asistido a la reunión en calidad de estudiante de la Facultad de Artes; Gallo es solo consejero estudiantil y Pedraza, aunque ocupe un cargo que podría asimilarse a funcionario público, no tendría sentido ofrecerle contratos si él no votaba en la elección, lo que a criterio jurisprudencia impediría la configuración del ilícito del art. 258 CP si aquel a quien se ofrece la dádiva no tiene facultades o medios para hacer o dejar de hacer lo que se le pide.

Se agravia finalmente que sea sostenido en el resolutivo en crisis que la filmación cuya incorporación se impugna no constituya una prueba de confesión o una confesión encubierta, ya que sólo reproduce manifestaciones efectuadas libremente por el imputado a terceros sobre los que no pesaba la obligación legal de guardar secreto. Que su defendido se abstuvo de prestar declaración indagatoria en todo lo que concernía al video por haberse planteado previamente su exclusión probatoria. Reitera que no se trata aquí de la víctima de un delito que necesita prueba de la conducta criminal de su interlocutor para llevarla a la autoridad judicial, sino que Pedraza asistió a la reunión ocultando sus propósitos pero con la clara y determinada intención de tratar específicamente temas relacionados a la elección de rector de la universidad y con el conocimiento de la lista que propiciaba a la Lic. Hernández para dicho cargo. Que por ello mal podría sostener el a quo que no existió engaño o inducción a concretar los ilegales ofrecimientos ya que de saber que se estaba grabando va de suyo que no se hubiera concretado la oferta ilegal. Pide en definitiva la exclusión como prueba de la grabación efectuada mediante cámara oculta y sea declarada la nulidad de todos los actos que se hayan ordenado y cumplido en virtud de la misma. Cita doctrina y jurisprudencia en aval de su postura.

A su turno, la defensa de Ramiro A. Moreno a fs. 296/300 vta. presenta memorial de agravios donde solicita se anule o revoque la resolución en crisis, se excluya la grabación efectuada mediante cámara oculta como prueba y se declare la nulidad de todos los actos que se hayan ordenado y cumplido en consecuencia.

Señala en primer término que la prueba que se trata de excluir en esta causa fue producida por particulares y sin el debido control jurisdiccional, habiendo adquirido difusión pública antes de que existiera requerimiento de instrucción o inicio de investigación.

Que las supuestas víctimas ubicadas políticamente en la antípodas de su defendido, concertaron una reunión con el Sr. Conde para que éste los reuniese su defendido quien tenía a su cargo la Secretaría de Bienestar Universitario del Rectorado de la UNT. Que el denunciante Pedraza actuó en la preparación y ejecución de sus actos movido por el odio y resentimiento hacia su defendido y junto a sus instigadores y secuaces obtuvieron clandestinamente una ilegal filmación para de manera espuria editarla y subirla a la red virtual con el claro propósito de torcer mediante el escándalo el resultado de la por entonces inminente elección del Rector de dicha universidad.

Expresa que en el supuesto caso de tener conocimiento de se iba a cometer un injusto debieron concurrir inmediatamente al juez o fiscal y anoticiarlos ofreciendo los medios técnicos con que contaban para colaborar con el esclarecimiento del hecho, habida cuenta que la justicia es la única que puede garantizar las verdaderas investigaciones.

Que debe tenerse en cuenta que toda actividad procesal o no que pretenda interferir en la esfera privada del individuo requiere autorización judicial previa debidamente fundada y contralor judicial en su realización y posterior análisis de un magistrado de la forma y/o cumplimiento de la misma. Ello por cuanto el derecho tutela al ser humano en esa intimidad o privacidad protegiendo las molestias, indiscreciones, pesadumbre o desazón que le produce el hecho de que otro u otros tomen conocimiento de hechos personales que desea mantener ocultos para que a consecuencia de ello su integridad moral y anímica no se vea perturbada.

Expresa que la filmación se realizó sin haber anoticiado a la justicia primero porque las víctimas sabían que en esa reunión no se cometería ningún delito y fueron con el claro propósito de generarlo, inducirlo, para obtener un resultado mediático.

Que Ramiro Augusto Moreno concurre a la reunión en el ámbito de su competencia funcional a los fines de consensuar con miembros de una agrupación política adversaria, la futura gestión en la facultad en la que los otros militaban. Que por ello Pedraza y Gallo procuraron la entrevista y provocaron los diálogos con la aviesa intención de registrar clandestinamente una inconducta que perjudicando a su defendido los posicione como salvadores de sus instigadores (sic). Que instigar a una persona a la comisión de un delito hace que dicha grabación no pueda ser valorada como prueba de cargo ya que el nuestro es un derecho penal de acto pero no de acto inducido; contrario a lo normado por los arts. 18 y 19 del texto constitucional.

Que no esta cuestionada la validez de la obtención de una prueba grabada o filmada de un delito en proceso de ejecución, según entiende el a quo en la resolución en crisis, sino de instigar a la comisión de un delito, grabarlo y pretender construir a partir de ello un caso penal.

Añade que los actos realizados por Pedraza y Gallo tienen en todo caso una idoneidad solamente aparente ya que el resultado al cual se dirigen es del todo irrealizable; ya que su actividad si es inicial y preconstruida, supone y contiene un obstáculo que impide la consecución del resultado y produce por consiguiente la insubsistencia del delito; siendo por tanto la consumación imposible y la tentativa inidónea.

Que faltarían así los elementos objetivo y subjetivo del tipo legal endilgado a los imputados en este caso. Que además y siendo ello así, no podría la justicia aprovecharse de ningún acto contrario a la ley por violatorio de garantías constitucionales.

Concluye que en la obtención de la prueba debe verificarse si se ha respetado un estándar de legalidad por parte del Estado, que constituye un límite infranqueable en la actividad persecutoria y que si no fue respetado dicho estándar debe aplicarse la regla de exclusión de la prueba obtenida en forma ilícita y si de ellas derivaron otras pruebas deben también éstas caer y ser nulificadas por aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado que impide aprovechar las pruebas así obtenidas pues ello compromete la administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria de un hecho ilícito, violando el principio de eticidad del Estado. Pide en definitiva se anule o revoque la resolución en crisis, se excluya la grabación efectuada mediante cámara oculta como prueba y se declare la nulidad de todos los actos que se hayan ordenado y cumplido en consecuencia.

Que este Tribunal, tras analizar las constancias de autos y de la causa principal tenida a la vista, se pronuncia por la confirmación de la resolución venida en apelación de fs. 256/261 que dispone no hacer lugar al pedido de exclusión probatoria articulado por la defensa del imputado Anselmo Damián Conde a fs. 191/192 y 247/252.

En efecto, entendemos que correctamente el señor Juez a quo, en una resolución de muy destacada factura técnica, denegó acertadamente el pedido de exclusión probatoria del DVD aportado por Jorge Gustavo Pedraza, en oportunidad de la presentación de su denuncia en fecha 10/05/10 (v. fs. 01/07 vta. de estas actuaciones; fs. 02/08 vta. de la causa principal) cuando expresó: "Acompaño copia de un video, en crudo (sin editar), que se tomara mediante cámara oculta en la oportunidad, del cual surge el ofrecimiento de dádivas para comprar y torcer la voluntad electoral del consejero, tanto en la elección del decano, como en la elección del rector".

Que dicho elemento, subrayamos, aportado por el denunciante, fue considerado entre varios otros más, como una prueba para sustentar el requerimiento de instrucción fiscal que, en los términos del art. 181 del C.P.P.N., formulara el Sr. Fiscal Federal Nro. 1 de Tucumán, según constancias de fs. 60/61.

Allí sostuvo el Sr. Fiscal que la prueba en que se sustenta el requerimiento eran: 1. La denuncia efectuada por Jorge Gustavo Pedraza; 2. Su declaración testimonial rendida ante la Fiscalía General (fs. 11/12) en donde en esos momentos recibe una llamada telefónica de Damián Conde (imputado) que le informa que "los contratos están garantizados por el Rector" (en negrita en el original); 3. Una filmación efectuada en el bar del Hotel Catalinas Park en donde se ve y escucha a Damian Conde y Ramiro Navarro sobre la "propuesta" (en negrita en el original) realizada; 4. La declaración testimonial de María Luisa Rossi de Hernández (fs. 55 y vta.) donde consigna sobre rumores que se favorecían y entregaban prebendas para votar a determinados candidatos; y 5. Declaración testimonial de Esteban Alejo Gallo de fs. 56 y vta. que confirma la filmación y los dichos de Pedraza.

Que dicha referencia probatoria tenida en cuenta por el Ministerio Fiscal interviniente, nos resulta relevante para sostener que no fue requerida dicha instrucción fiscal teniendo como único basamento probatorio dicha filmación realizada en forma encubierta; probanza ésta cuya exclusión del plexo probatorio denegara el a quo; sin que pueda ser obviado además que esta cuestión, a más de polémica, resulta compleja y muy discutida por la doctrina procesal penal contemporánea.

Así tenemos que ya el reconocido maestro Julio B. J. Maier en su reconocido Derecho Procesal Penal, II. Parte General, p. 134 y ss. Ediciones del Puerto, llega a sostener que "...Dentro de esta problemática (limitaciones probatorias) desarrollada históricamente sobre la base de los métodos de investigación tradicionales, aparece hoy agregado a ella un problema nuevo, perteneciente a la llamada "postmodernidad" y de la mayor gravedad, pues el avance veloz y, al parecer, arrollador, de las ciencias naturales y de la técnica -frente a los tiempos de la ciencias culturales (una de las cuales es la ciencia jurídica), verdaderas tortugas en comparación con aquellas- ha concebido medios de indagación de la verdad y de información que superan geométricamente las posibilidades antiguas, desde escuchas a distancia con transmisores supersensibles, transmisiones audiovisuales o grabaciones ocultas, hasta el cruzamiento de informaciones almacenadas en bancos de datos, posible en tiempo útil sólo por ordenadores. Por lo demás ciertos métodos que antes no eran utilizados o, al menos, no eran utilizados procesalmente, han sido revalorizados y legitimados por reglas jurídicas, a la vista de las dificultades que sufre la investigación de ciertos delitos, cuya forma de comisión también es tributaria del empuje técnico científico actual, por ejemplo, al amparo de las posibilidades enormemente ampliadas de los métodos de agresión a distancia o de la facilidad de comunicaciones modernas: me refiero al uso del engaño para evitar la garantía del nemo tenetur se ipsuam acusarme o el correcto funcionamiento del derecho a la intimidad (informante confidencial y agente encubierto). Todo el tema es, sin dudas, uno de los más complejos y polémicos de la dogmática procesal penal".

Que a efectos de meritar la pertinencia de la incorporación de una probanza al proceso, habremos de tener presente que trátase la misma en el sub lite de un aporte de un denunciante quien, no siendo parte del proceso penal (art. 179 del C.P.P.N.) tiene no obstante facultades para denunciar, como toda aquella persona que se considere lesionada de un delito cuya represión sea perseguible de oficio o que, sin pretender ser lesionada, tenga noticias de él, que puede denunciarlo al juez, al agente fiscal o a la policía conforme lo habilita el art. 174 del C.P.P.N.

En tal sentido, y habiendo elegido el denunciante presentarla ante la fiscalía, cabalmente cumplimentó la debida forma establecida por el art. 175 C.P.P.N. (texto según ley 26.395) haciéndolo por escrito y presentando un documento válido de identidad. Que cumplimentó también con el contenido de la misma estipulado por el art. 176 C.P.P.N. ya que contuvo: la relación del hecho, con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución, y la indicación de sus partícipes, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal. Dentro de estos demás elementos que menciona la norma procesal, aportó el soporte digital de la filmación realizada de una conversación que mantuvo con los denunciados Ramiro Moreno y Damián Conde.

A más, cabe señalar que el denunciante Jorge Gustavo Pedraza, a tenor del lo dispuesto por el art. 177 C.P.P.N. tenía obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio, ya que cumplía por entonces la función de Secretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Artes de una Universidad Nacional (UNT), encontrándose por tanto comprendido en la normativa citada que impone la obligación de denunciar tales ilícitos a todos los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. No podríamos dejar de mencionarse aquí que también los denunciados se encontraban comprendidos en dicha normativa como funcionario y empleado de dicha universidad, Moreno y Conde respectivamente; como bien se destaca en el resolutivo bajo examen referenciando, la Ley 25.188 de Etica Pública regulativa de su proceder y a cuya lectura remitimos.

Ahora bien, teniendo presente que a la prueba, como una acreditación de la verdad de cada uno de los aspectos, circunstancias y modalidades que rodean, tanto al hecho que se afirma como delictivo, cuanto al o los sujetos a quien se les imputa la responsabilidad del mismo, esto es, no siendo ésta mas que un método legalmente regulado de adquisición de conocimiento; habremos de analizar respecto de la aquí cuestionada, si corresponde o no ser admitida como tal, frente a los planteos defensivos que solicitan su exclusión de este proceso penal en trámite.

No podría evitarse recordar en esta oportunidad que en nuestro vigente digesto procesal, el fin a alcanzar en el proceso penal es la verdad real; lo que crea un tajante diferencia con el proceso civil, que se satisface con el arribo a una verdad meramente formal. Así el art. 193 inc. 1) del C.P.P.N. claramente señala que "La instrucción tendrá por objeto: 1) comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad". Asimismo resulta de suma relevancia para la dilucidación de este caso tener presente que ese mismo digesto establece con meridiana claridad que: "No regirán en la instrucción las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas" (art. 206 C.P.P.N.).

Así, la búsqueda de la verdad, objetivo del proceso penal, se afianza con la disposición del artículo, por el cual se eliminan con respecto a la prueba las limitaciones de las leyes civiles. Y con el mismo criterio son suprimidas las casuísticas normas correspondientes al cuerpo del delito y forma de probarlo, que si bien pueden tener razón de ser en un sistema de pruebas legales, como es el código anterior, no la tienen en uno que se enrole en el sistema de la sana crítica, como lo hace el presente (Levene-Casanovas, C.P.P.N. Comentado y Concordado, Ed. Depalma, p. 168 y ss.).

Que cabe ahora considerar si tal elemento probatorio, cuya exclusión pretenden los apelantes, adolece o no de ilegitimidad, conforme los alcances de la regla de exclusión probatoria en materia penal que en nuestro país han sido delineados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto sostuvo que otorgar valor al resultado de una actividad ilegal y apoyar sobre ella una sentencia judicial no sólo es contradictorio con el reproche formulado, sino que compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito (Fallos 303:1938 "Montenegro"; 306: 1752 "Fiorentino"; 317:1985 "Daray" entre otros).

Que para ello habremos de distinguir respecto de las probanzas acopiadas si son incorporadas durante el curso de un proceso por alguna de las partes, respecto de la cuales qué duda podría caber de la proscripción de obligar al imputado a brindar información en su contra, no sólo en el marco normativo constitucional sino también en los precedentes jurisprudenciales antes reseñados de nuestro Máximo Tribunal y que impiden obligar al imputado a brindar elementos en su contra en violación del principio nemo tenetur ipsum prodere.

Distinto el caso del supuesto de autos, de una probanza obtenida antes del proceso y con la especial circunstancia fáctica de haber sido los denunciados (reiteramos funcionarios públicos) que concertaron en reunión al denunciante y otra persona más (también funcionario público), sin que se evidencie que haya sido coaccionado para hablar con sus interlocutores. Como bien lo refiere el Sr. Juez a quo al señalar que: "...cuando Conde definió su participación en la reunión lo hizo en ejercicio de su libertad personal y, con tal determinación, prestó su consentimiento para dialogar con terceros ajenos a la esfera de amistad, sobre actos propios que podrían comprometerlo (el ofrecimiento de dádivas), en un lugar público y conociendo que estos terceros no tenían obligación de guardar secreto. Con ello redujo voluntariamente su expectativa de privacidad, asumiendo en forma consciente el riesgo de que alguno de sus interlocutores pueda reproducir y hacer público el contenido de la conversación". Es decir, sabía que estaba manifestando algo que podría comprometerlo, lo que no sabía es que se lo estaba registrando y sabe además que quien recibe esa información no tiene obligación legal de guardar el secreto o la discreción acerca de sus dichos. Siendo ello así, carece de asidero jurídico o ético aceptable lo sostenido por la defensa de Conde al expresar en su memorial de agravios que "...de haberse conocido la existencia de la cámara y que la conversación excedía el ámbito privado nada de lo que se dijo se hubiera dicho" (sic).

En igual sentido, pero ampliando su marco de validez, Jauchen, Eduardo M. en "Tratado de la Prueba en Materia Penal", Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 218 y ss. afirma que: "Con relación a la segunda objeción que se efectúa a estos medios de obtención probatoria (medios ocultos de obtención de pruebas practicados por particulares), referida a que con ello se violaría el derecho a la autoincriminación, cabe destacar liminarmente que dicha garantía constitucional entra en funcionamiento y, por ende, sólo resguarda al ciudadano cuando ya está frente a cualquier autoridad oficial del Estado, pero no antes. Es un absurdo sostener que la persona pueda invocar el derecho a no declarar contra si misma pretendiendo con ello invalidar una confesión que ha efectuado en el cotidiano trajinar en sus relaciones con los demás particulares, totalmente ajenos a la actividad estatal".

Que esta postura que se comparte y que nos lleva a la confirmación del decisorio apelado denegatorio del pedido de exclusión probatoria, tuvo además respaldo jurisprudencial en diversos pronunciamientos de la Cámara Nacional de Casación Penal. Así, en la causa "Peyrú, Daniel O. y otro" del 7/9/99 (J.A. 6/12/00) tuvo oportunidad de señalar respecto de la cuestión bajo examen que: "La exclusión como prueba de toda grabación de una conversación furtiva de una conversación, tratándose de conductas particulares con las que se pretende corroborar con los medios que la ciencia y la técnica ponen a sus alcances aquello que denuncian ante la autoridad pública, comporta una demasía en la inteligencia que cabe asignar a las normas constitucionales y legales que gobiernan la prueba, en tanto que es deber de los magistrados extremar los recaudos en la búsqueda de la verdad, conforme a principios de justicia que deben primar en todo procedimiento judicial".

En el fallo "Stalislawsky" del 9/6/96, también citado por el a quo, fue revocado un decisorio que restaba valor probatorio a una grabación magnetofónica obtenida sin intervención judicial, señalando allí que corresponde privilegiar la situación de quien se dice víctima de un delito, sin perjuicio de la entidad probatoria que en el transcurso del la investigación pudiera asignársele.

En tal oportunidad incluso se llegó a afirmar que "...comporta una demasía en la inteligencia que cabe asignar a normas de rango constitucional, y a la vez es incompatible con una razonable aplicación de los principios constitucionales que gobiernan la prueba, la decisión que excluye como medio probatorio, toda grabación furtiva de una conversación, sin atender a las particularidades del caso concreto, tratándose de conductas de particulares con las que se pretende corroborar (con los medios que la ciencia y la técnica ponen a sus alcances) aquello que denuncian ante la autoridad pública".

Que por ello, y con basamento en todas estas consideraciones nos pronunciamos, consecuentemente, por la confirmación en todos sus términos de la resolución apelada de fs. 256/261; lo que así se dispone.

Por lo que, se resuelve: I- Aceptar la excusación formulada por el señor Juez de Cámara Doctor Ernesto C. Wayar, conforme se considera. II- Confirmar la resolución de fecha 3 de Agosto de 2010 (fs. 256/261) que dispone no hacer lugar al pedido de exclusión probatoria articulado por la defensa del imputado Anselmo Damián Conde a fs. 191/192 y 247/252; conforme lo considerado. Hágase saber. Se hace constar que la señora Jueza de Cámara Doctora Marina Cossio de Mercau, no suscribe la presente resolución por encontrarse en uso de licencia.- Ricardo M. Sanjuan.- Ernesto C. Wayar.- Raúl D. Mender.- Graciela N. Fernández Vecino.