marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajador, sueldo anual complementario, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CABRERA DE RONDOLETTO SONIA c/ FANA QUIMICA  S.A.I.F.I. Y OTRA s/ DOCUMENTACION LABORAL - RELACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-02-19

La actora goza de la presunción favorable a sus dichos generada por la falta de exhibición del libro especial del art.52 de la Ley 20744 t.o., en el que debía figurar la individualización integra actualizada del empleador, las remuneraciones asignadas y percibidas y demás datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo, cuestiones éstas que indudablemente incluyen la actividad desarrollada por la accionada, la convención colectiva que le sería aplicable, la categoría de la actora y sus remuneraciones y tal presunción no ha sido desvirtuada por prueba alguna. También por estos motivos debe estarse a lo manifestado por la actora en cuanto a la convención aplicable, y a las remuneraciones asignadas y percibidas, haciéndose lugar a su reclamo por diferencias de haberes, que incluyen la diferencia en el sueldo anual complementario y en las vacaciones proporcionales.-
Prueba, carga de la prueba, instrumentos públicos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lotería Chaqueña c/ Raúl Vicente Pierroni y Cía. S.R.L. s/ Cobro de Pesos. Lotería Chaqueña c/ Raúl Vicente Pierroni y Cía. S.R.L. s/ Cobro de Pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-09-30|1996-09-30

Devis Echandía señala que, para conocer el resultado de la prueba, no basta examinar los diversos medios que concurren a producir el convencimiento en un sentido positivo o negativo sobre la existencia de un hecho, es indispensable también tener en cuenta los medios aportados por la parte contraria, para tratar de desvirtuar el valor de convicción de los primeros. La demandada no ha traído a juicio prueba que logre desvirtuar la documental arrimada a juicio por Lotería Chaqueña, en la que los originales se encuentren suscriptos por funcionarios públicos y las fotocopias debidamente legalizadas por el Gerente General del mencionado organismo. Estamos en presencia de documentos públicos firmados y certificados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y dentro de la esfera de su competencia, por lo que la impugnación genérica efectuada debe desestimarse, ya que no se ha demostrado, conforme principios de la carga de la prueba, que se encontraban a cargo del impugnante (por la naturaleza de los instrumentos adjuntados); es que las constancias de los libros y registros oficiales tienen como principio, valor de prueba en juicio, correspondiendo reconocer igual valor a las actuaciones cumplidas por las empresas estatales.
Competencia de la Corte Suprema, Constitución Nacional, cuestión justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cámara  de  la  Industria  del  Petróleo  y  Cámara  de Empresas Petroleras  Argentinas s/ impugna  ley  290 de la Provincia de Tierra del Fuego -  instrumentalidad en el impuesto de sellos-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-27

Si bien la Corte Suprema ejerce su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescribe el Congreso, la potestad legislativa para regularla, según expresa referencia del art. 117 de la Constitución Nacional, está limitada a los "casos" que menciona el art. 116.
Locación de cosas, resoluciones
Materia: CIVIL
Carátula: AMAT  SA c/ UNISYS SUDAMERICANA  SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

Si en un contrato de locación de equipos de computación e instalación de programas, la locataria comunica a la locadora su decisión de dar por resuelto el contrato sin exigir la instalación previa de los programas faltantes, no puede demandarla luego, por incumplimiento contractual, pues ella misma dejo de cumplir con las obligaciones estipuladas (ccom 216 y cciv 1204).
Procedimiento contencioso administrativo, medidas cautelares, suspensión del acto administrativo, recurso de apelación (administrativo)
Materia: PROCESAL
Carátula: Medina, María Soledad c/ Instituto Provincial de Vivienda (I.P.V.) s/ por contencioso administrativo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-05

El objeto de las medidas cautelares es evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien las solicita, ante la posibilidad de que se dicte una sentencia favorable. Es decir, se trata de evitar la eventual frustración de los derechos de las partes, con el objeto de que no resulten inocuos los pronunciamientos que den término al litigio. Están destinadas, más que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su obra.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, procedimiento laboral, cuestiones de competencia, excepciones procesales, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRETO, JUAN c/ LAMINFER S.A. s/ Demanda obligación de hacer (Expte.: Nº 559 Año 1998) (Tribunal  Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-27

Las cuestiones de competencia deben plantearse y substanciarse como de previo y especial pronunciamiento, con lo cual la norma del art.

8 Código Procesal Laboral que así lo decide determina un trámite propio y no aprehendido como la generalidad de otras excepciones que tratan lo normado por arts. 47 y 51 del mismo Código. (Del Voto del Dr. Rodrigañez). En el caso la cuestión a resolver es: ¿En el procedimiento reglado por el Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe, Ley 7945, corresponde que la excepción de incompetencia se substancie como de previo y especial pronunciamiento?.
Recurso de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Páez, Alejandro J. c/ Municipalidad de La Plata s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-28

Denota insuficiencia (art. 279 inc. 2 del C.P.C.C) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y correctamente desechadas por la alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado.(doctor Pettigiani, mayoría)
Juicio de desalojo, intimación previa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barraza, Delia Ester c/ Mazza, Carlos s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-21

En lo que concierne a la argüida inobservancia de la intimación previa que edicta el art. 5º de la ley 23091, dicho presupuesto no se encuadra en la excepción dilatoria de defecto legal, lo que en modo alguno puede conjugar con un desalojo por intrusión carente, por consiguiente, de presupuesto contractual. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Montañez, Angel Eduardo s/ Recurso de inconstitucionalidad  Causa n. : 1918.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-11

El tribunal de ningún modo pudo apartarse de la jurisprudencia sin haber aportado al menos un fundamento, igual o distinto, a los sostenidos por la Corte en sus fallos. A no olvidar que si bien las sentencias del Supremo Tribunal sólo deciden en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos,los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (Fallos 307:1094). Ello es así por cuanto por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República. (Voto del Dr. Mitchell).
Recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, aplicación de la ley, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Subelza, Marcelo Gustavo c/ GCBA s/ amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-04

La determinación del salario que corresponde a la jornada reducida de la actora debe respetar el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis de la CN) que impone la necesidad de establecer una razonable y equitativa correlación entre el salario que en definitiva se establezca para el trabajador franquero que desarrolla una tarea insalubre y el que percibe el resto de los trabajadores afectados al mismo servicio durante los días de semana. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).
Accidente de tránsito, reglas de tránsito, prioridad de paso, vehículo de tracción a sangre, bicicleta
Materia: CIVIL
Carátula: AGUILAR Gloria Cristina c/ Pastran Maria de los Ángeles y Otros s/ Ordinario - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-13

Puede afirmarse entonces que la ley determina dos clases diferenciadas de vehículos a) aquellos propulsados por motor a combustión o eléctrico y b) aquellos propulsados por el esfuerzo de quien lo conduce o mediante propulsión animal.

La reglamentación de tránsito tiene previsto un ordenamiento de las vía pública que determina diversas prioridades que tienden a no solo a la organización armónica sino a preservar el normal fluido del tránsito vehicular permitiendo su desplazamiento y la traslación con la mayor seguridad para todos los habitantes, los transeúntes, los ciclistas y los conductores.

En particular no se trata en la hipótesis bajo análisis de llegar al absurdo de comparar al ciclista con un semoviente, sino que, en la categorización que emerge del plexo de la reglamentación ha de distinguirse los vehículos cuya tracción proviene de una propulsión generada por un motor interno (que se alimenta de combustión o fuente de energía eléctrica u otra etc) la cual, naturalmente desarrollan una velocidad mayor que aquellos que cuya fuente de propulsión resulta la "tracción animal" o "el esfuerzo de su conductor". En este último caso, es decir cuando el vehículo no posee fuente impulsora propia a combustión eléctrica o mixta, aparece correcto, tal como lo hace la doctrina y jurisprudencia mayoritaria del País englobar al "vehículo bicicleta" en la hipótesis de exclusión de la prioridad de paso del que viene por la derecha que prevé el artículo 41 inc. g, apartado 4 de la ley 24.449 Fuente del sumario: OFICIAL
Poder Judicial, jueces, responsabilidad civil
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ ECHENIQUE, J A M c/ CORTI, BEATRIZ GLADYS s/ RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA MAGISTRADOS JUDICIALES.    RECURSO DE REVOCATORIA.    CSJ EXPTE NRO 196-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-03

La circunstancia de que el enjuiciamiento de un magistrado por "mal desempeño" de sus funciones, pueda dar lugar eventualmente, a un ulterior juicio de responsabilidad civil, no implica que necesariamente, en todos los casos, se requiera un "juri" como antejuicio, para poder entablar contra el juez la demanda resarcitoria que prevé el artículo 93 inciso 7 de la Constitución Provincial.

Y menos aún, si de la lectura de la demanda surge tan sólo la imputación de error judicial, ya que si bien se habla de "arbitrariedad", dicha expresión técnica de ningún modo puede interpretarse como atribución de inconducta incompatible con el ejercicio de la magistratura.
Ejecución prendaria, cláusula de actualización
Materia: PROCESAL
Carátula: Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c/ Pequera, Alan Ezequiel s/ ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-12-18

En uso de las facultades establecidas en el art. 771 CCC, y teniendo en cuenta que en operaciones similares donde se encuentra garantizada la incólumnidad de la cuantía de la obligación por factores como la inflación, se ha resuelto una tasa del 12% anual (Expt. Nº 5789/C, del 25/10/2017; Expt. Nº 6012/C, del 14/11/2018) de acuerdo al tope dispuesto por el citado art. 6º de la Ley 21309, corresponde la aplicación del 4% anual, desde la mora y hasta el efectivo pago.
Recurso contencioso administrativo, medida cautelar autónoma, daño irreparable, verosimilitud del derecho invocado, Poder Judicial, jueces, jubilaciones, jubilación por invalidez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bazet, Rene Miguel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   autónoma (Expte. CSJ Nº 618-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-06

Corresponde hacer lugar a la pretensión cautelar instaurada, atento que -en el caso- el modo en que se constituye la relación de servicio propia de la magistratura judicial incide, indudablemente, en las posibilidades ciertas de reincorporación en "el cargo que desempeñaba o en otro con tareas y remuneraciones similares" (artículo 20, ley 6915); ello, sumado a las dificultades de naturaleza presupuestaria, torna verosímil la posibilidad de que el peticionario se vea privado de todo tipo de ingreso mientras se substancia el procedimiento administrativo, y que, por ende, el tránsito por la vía administrativa previa pueda producir un perjuicio de difícil reparación. A esos efectos no puede soslayarse que el acto impugnado no corresponde a la más alta autoridad administrativa ; y que está en juego un beneficio ordinario de naturaleza previsional, cuya regularidad en el otorgamiento no ha sido cuestionada por la Administración, ni, por tanto, integra la presente litis, por lo que corresponde considerar la solicitud de tutela cautelar, aunque ella haya sido ejercida sin que la instancia esté habilitada para el conocimiento de la pretensión anulatoria.
Excepción de pago, recibo, pago en cuotas, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: RIBEIRO S.A. c/ CASTRO, MIRTA ESTER s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-12-11

Las concordancias en autos son relevantes, ya que si la actora no desconoció la autenticidad de los recibos, limitándose a negarles genéricamente valor por no contener una imputación precisa al título que da sustento a la demanda, resulta llamativo que reconozca haber emitido los recibos y al mismo tiempo no precise y acredite el concepto u origen de los mismos cuando está en mejores condiciones para hacerlo.

La omisión de la actora y las constancias documentales que obran en el proceso, se interpretan como un indicio en contra de su postura, ya que frente a las probanzas arrimadas por la accionada, resultaba relevante que señalara a que obligación correspondían esos pagos, puesto que esos datos eran esenciales para dilucidar la controversia y estaban fácilmente a su alcance.

En ese contexto, la omisión de la accionante de no cumplir con la carga procesal que se deriva, mutatis mutandi, del art. 342 del C.P.C., en cuanto a los documentos acompañados por su adversaria y que se le atribuyen, es una circunstancia que autoriza a tenerlos por auténticos
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Cuevas, Rubén Oscar s/ Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación del art. 259 "in fine" del Código de Procedimiento Penal si las impugnaciones del recurrente a los distintos elementos no se relacionan con las normas legales referidas a la naturaleza de ninguno de los que el sentenciante invocó -con las citas legales pertinentes- para integrar la prueba compuesta.
Honorarios, costas, recurso de queja (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alonso, Daniel Edgardo s/ Queja en autos ...
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-06-05

En materia de honorarios y costas la admisión de la vía excepcional es sumamente restringida, la cual solo se habilita cuando se omite toda referencia a los fundamentos tenidos en cuenta para su determinación o se omite toda referencia legal. (Fundamento del Dr.

C. González)
Actualización monetaria, mora del deudor, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Segura Olivera, Domingo José c/ Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

El reconocimiento del reajuste monetario que deriva de la variación de la moneda y se da con independencia de la situación de mora de la deudora, se fundamenta en la inviolabilidad de la propiedad tutelada por el art. 17 de la Constitución Nacional.
In dubio pro operario, igualdad ante la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GIL HUGO OSCAR c/ SIGEL INGENIERIA S.R.L. CONSTRUCTORA Y/O QUIEN CORRESP. s/ DEMANDA LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2006-06-27

El dependiente es la parte supuestamente más débil en la relación frente a la patronal, no lo es en el proceso en que el Estado ha creado normas de fondo y forma para poner en plano de igualdad a las partes.

Cada parte debe cumplir sus cargas y el hecho que el dependiente inicie su reclamo no significa "per se" que el resultado del proceso le será favorable, si no cumple las cargas impuestas. Nadie duda del principio general "in dubio pro operario", pero una cosa son principios generales y otra cosa muy distinta son reglas generales. Las primeras como normas morales y las segundas como imperativos legales.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Hereñu, Domingo Arnoldo s/ Robo calificado - Asociación ilícita
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

En cuanto al concepto legal de "arma" la doctrina subjetivista, que atiende a la intimidación que haya podido sufrir el sujeto amenazado, deriva en la necesidad lógica de demostrar que un revólver descargado es cosa distinta de uno de juguete; o -más difícil aún- que un revólver de juguete es un "arma". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Orígenes AFJP S.A. c/ EN - PEN - dto. 863/98 s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

Corresponde dejar sin efecto la declaración de caducidad de la segunda instancia si, habiéndose adelantado a las partes que las vistas y traslados se notificarían por cédula, se notificó de oficio la puesta de los autos en la oficina, pues no cabía exigir al recurrente que concurriera a secretaría los días de nota subsiguientes a su expresión de agravios, máxime cuando se tuvo en cuenta expresamente "la dificultad para la consulta de expedientes" y el traslado pertinente -de no haber mediado la medida de excepción- se habría notificado por ministerio de la ley (conf. art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-27


Salta, 27 de abril de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ANGEL, CECILIA PAOLA EN REPRES. DE S/HIJAS MENORES: VACA, KAREN CAMILA; VACA, KARIN CELESTE; VALDEZ, MIRTA HORTENSIA vs. CORREGIDOR, FERNANDO ROBERTO - DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO" - Expte Nº C50.415/0 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 9º Nominación (Expte. N° CAM 135.252/5 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

Frente al recurso de apelación del Defensor de Incapaces a fojas 383, la demandada interpone incidente de caducidad de instancia a fs. 401, el que es contestado a fs. 403, donde el apelante solicita el rechazo del incidente por los argumentos que allí expresa.

De las constancias de autos surge que la causa fue remitida con fecha 13/8/09 al Ministerio Público luego de dictarse el decreto de radicación en esta Sala, notificándose el 14/8/09, conforme consta a fojas 398 vta la Asesora de Incapaces Nº 8. Dicha providencia debió ser notificada a la contraria por la Defensora y en consecuencia confeccionar las respectivas cédulas, no obstante lo cual la apelante no ha completado los trámites para que el expediente se encuentre en estado de dictar la correspondiente sentencia.

En tal caso, el plazo de caducidad que de conformidad al art. 311 del CPCC se computa desde el último acto de impulso procesal, corre para todas las partes, incluido el Ministerio Público al que ya se había notificado la radicación en su Despacho.

En el caso, tenía la carga de realizar todos los trámites necesarios para impulsar el procedimiento del mismo hasta su fin. A los efectos de la perención, debe entenderse como regla general que la instancia comienza con la interposición del recurso de apelación (CApelCC Salta, Sala III, año 1992, fl. 242), por cuanto desde ese momento cobra virtualidad el contenido fundamental de la interposición del recurso de apelación que consiste, según Guasp ("Derecho Procesal Civil", 3ª edición, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968, Tomo II, págs. 745/46), en "dar vida al proceso de apelación, o segunda instancia". Ahora bien, abierta la segunda instancia, existe la posibilidad de que se produzca la caducidad (CNApel voto de la mayoría, J.A., 1956 - III - 556; CApelCC Salta, Sala I, año 1993, fl. 278 y 679; íd., Sala II, año 1985, fl. 29), en el plazo del art. 310, inc. 2º, del C.P.C.C., aunque el procedimiento se cumpla en primera instancia (CApelCC Salta, Sala II, año 1985, fl. 29; Id., Sala III, Banco Hipotecario vs. Chamale, expediente de sala n° 128851, tomo año 2005, pág. 957/958).

En virtud de todo lo expuesto, y siendo que desde la notificación del decreto de fojas 398(14/8/09) hasta el planteo del incidente de caducidad de fs. 401(10/2/10) ha transcurrido en exceso el plazo establecido por el art. 310 inc. 2ª del CPCC., corresponde hacer lugar al incidente deducido y declarar la caducidad de la instancia abierta con el recurso de apelación interpuesto a fs. 382.REGISTRESE, notifíquese y baje.
Empleados públicos, régimen disciplinario administrativo, procedimiento administrativo, acto administrativo, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CARLOS ALBERTO RAMIREZ ARAGON c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL s/ REINCORPORACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-29

La potestad del Poder Judicial de revisar los actos disciplinarios emanados de la Administración sólo comprende, como principio, el control de su legitimidad -que no excluye la ponderación del prudente y razonable ejercicio de las facultades de que se hayan investido los funcionarios competentes-, pero no el de la oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas por éstos adoptadas; y dicho control de legitimidad supone el de la debida aplicación de las normas estatutarias, de manera que los hechos se clarifiquen adecuadamente y que las sanciones se ajusten al texto legal.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, Constitución Provincial, interpretación de la constitución, Poder Legislativo Provincial, sanciones disciplinarias administrativas, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Viaña, Roberto s/ habeas corpus en favor del ciudadano Pablo Calvetti.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Es inadmisible el recurso extraordinario si, dado la amplitud con que está redactado el art. 61 de la Constitución de Tucumán no es posible concluir que la interpretación según la cual habilita la aplicación de una sanción por la legislatura la publicación de una carta de lectores, carece de todo fundamento jurídico, única circunstancia que permite la intervención de la Corte en cuestiones no federales (Disidencia parcial de los Dres. Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi).
Caducidad de instancia, recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Lowe SACIFI de cinematografía y televisión s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado cinematografía y televisión s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-03

La decisión del tribunal a quo, que confirmó la declaración de caducidad de instancia que había decretado el juez de primera instancia a solicitud de la ejecutada, no es susceptible de revisión por la vía del recurso de inconstitucionalidad, por no constituir sentencia definitiva o equiparable a tal.