marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad del acto jurídico, Derecho procesal, defensa en juicio, derechos y garantías constitucionales, acta de choque
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ham, Ricardo Luis s/ infr. art. 78 CC, obstrucción de la vía pública'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-20

La omisión, sin razones atendibles que la justifiquen, de las exigencias previstas en el art. 37, LPC, en orden a la notificación y lectura de derechos, implica una lesión al derecho de defensa y acarrea la nulidad de lo actuado desde la fecha de realización del acta (cf. art. 6 de la LPC y art. 72 inc. 3, CPPCABA), de modo que le asiste razón al imputado por cuanto siendo el procedimiento inicial violatorio de las garantías constitucionales -y lo es el labrado del acta sin la firma, sin la puesta en conocimiento del imputado y sin la entrega de la copia correspondiente- tal ilegalidad se proyecta a todos aquellos actos que sean su consecuencia y que se ven alcanzados o teñidos por la misma ilegalidad. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, doctrina de la arbitrariedad, pago, efecto extintivo del pago
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C. c/ GIRARDI, ANGEL Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE AUSTRALES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 303 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la impugnante no ha logrado acreditar que el pronunciamiento que ataca incurriera en los vicios que le endilga ni en un excesivo apego a las formas, toda vez que, no obstante entender el Tribunal que el escrito de la apelante no cumplía con los requisitos procesales, tal como se advierte examinó los hechos en el marco establecido por el juez de baja instancia, interpretando los fundamentos brindados en el decisorio inferior y las normas en juego, y descartando, en definitiva, los cuestionamientos recursivos por considerar que no rebatían adecuadamente aquéllos.

Así, el planteo de la quejosa referido a que los sentenciantes no analizaron sus razones conforme las cuales dice que atacó el efecto cancelatorio del pago efectuado por el demandado y afirmó la unicidad de la cuestión -recepción de los cheques y emisión de recibo- abarcativa de las normas de los artículos 505 in fine y 624 del Código Civil, deviene insustancial desde que no logra demostrar que la Sala hubiera incurrido en causal alguna de arbitrariedad al conceptuar sus reproches como "desvinculados" de los fundamentos que sustentaron el fallo inferior, frente a lo cual pierde toda base el invocado gravamen de indefensión.
Leyes, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, jueces, valor justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A, J. M. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo calificado de automotor (Expte.  CSJ Nº 187-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

Si bien es cierto que, como expresión del respeto debido al sistema de división de poderes organizado por la Constitución, la declaración de inconstitucionalidad de las normas se ha visto desde siempre como un acto de suma gravedad institucional, verdadera ultima ratio del orden jurídico y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, no es menos cierto que una vez verificada la transgresión del estatuto iusfundamental, y resultando imposible la conciliación de la norma con la Constitución, aparece el deber de los jueces de declarar su invalidez a fin de restaurar la coherencia que debe exhibir el sistema jurídico -el cual no tolera lógicamente la existencia de reglas que contradigan otras de jerarquía superior-, desplazando así en el caso la presunción de legitimidad de que aquéllas gozan en su condición de actos del poder público, pues tal presunción -si bien representa un "principio cardinal de la división, limitación y coordinación de los poderes en nuestro régimen institucional"- es meramente iuris tantum, admitiendo la posibilidad de su prescindencia cuando concurren razones suficientes en sentido contrario. (Del Voto del Dr. Ulla).
Leyes, facultades del Poder Judicial, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cook,  Carlos  Augusto  -  Vocal  Cámara  de  Apelaciones  del C. del Uruguay s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-05

El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse. Sólo casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la intervención de los jueces.
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, padres biológicos, interés superior del niño, protección a la familia, derecho a la convivencia familiar, impedimento de parentesco, responsabilidad internacional del Estado, garantías procesales, REPÚBLICA ARGENTINA, Convención sobre los derechos del niño, derecho a conocer la identidad de origen, error judicial, ENTRE RÍOS, Superior Tribunal de Justicia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fornerón en Hija vs. Argentina s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-04-27

Si bien la Corte Interamericana determinó que los procesos judiciales que culminaron en la República Argentina con la decisión de dar en guarda y posterior adopción a una beba que había sido previamente entregada por su madre a un matrimonio mediante escritura pública y contra la voluntad de su padre biológico, violaron los derechos a las garantías y protección judiciales, el derecho a la convivencia familiar y al conocimiento de la verdadera identidad -entre otras violaciones a los derechos de la menor y de su padre, todos reconocidos por la Convención Americana y la de los Derechos del Niño-, correspondiendo, por lo tanto, que el Tribunal deje sin efecto aquellas decisiones judiciales, se encuentra imposibilitada de hacerlo en orden a las normas internacionales que rigen la materia, puesto que transcurridos doce años -durante los cuales la justicia argentina entorpeció permanentemente los procedimientos-, resulta imposible suponer que una sentencia pueda provocar el restablecimiento inmediato de la relación entre el padre y su hija después de más de una década.
Prueba confesional, confesión ficta, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: TRANSPORTES JOSE BERALDI S.A. c/ D.N.V. s/ CONTRATO ADMINISTRATIVO"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-26

Si bien la confesión ficta produce, en principio, los mismos efectos que la confesión expresa -esto es, resulta suficiente para tener por probados los hechos consignados en el pliego-, ella no reviste, como la segunda, el carácter de prueba tasada. No debe olvidarse que la ley faculta al juez a tenerla por configurada, respecto de "hechos personales" y "teniendo en cuenta las circunstancias de la causa" (art. 417 del C.P.C.C.N.), por lo cual ella podría ser desvirtuada mediante prueba en contrario producida por la otra parte (confr. Palacio, L.E. "D. Proc. Civil", T.IV, p.

549, y ss.; art. 423 inc.3 del C.P.C.C.N.).
Contravenciones de juego, bien jurídico protegido, seguridad pública, medidas cautelares, clausura preventiva
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: R, N.S. s/ Incidente de clausura
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

En el caso, la clausura preventiva del local por probable infracción a la Ley Nro. 255 ha sido impuesta por el Juez a quo en el marco del artículo 29 de la Ley de Procedimiento Contravencional, razón que permite analizar si en este supuesto se dio el inminente peligro para la salud o la seguridad pública que la norma ritual requiere.

Respecto el primer supuesto, no se trata de un local que almacene o expenda alimentos o bebidas presuntamente contaminadas, ni tampoco existe la posibilidad de la venta de esas mercaderías que puedan ser nocivas para la salud de la población y tampoco se ha insinuado que puedan existir elementos químicos que liberados al medio ambiente puedan afectar dicho bien jurídico.

Queda entonces por considerar la probable afectación de la seguridad pública. Aquí, el análisis es más complejo. No falta razón a quien manifieste que la recaudación proveniente de la explotación de los juegos de azar constituye uno de los ingresos con que cuenta la Ciudad de Buenos Aires para conformar sus propios recursos presupuestarios, así lo refiere el artículo 9 inciso 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en cuyo entendimiento el Gobierno de la Ciudad detenta un verdadero monopolio regulando, administrando y explotando los juegos de azar, sin admitir competencia de la actividad privada, salvo para la instalación de agencias de distribución y expendio de juego, según el texto del artículo 50 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, destinando el producido a la asistencia y al desarrollo social.

La transcripción de las normas constitucionales, permite con algún fundamento, decir que el juego clandestino significa un perjuicio doble para la administración pública: no proporciona rentabilidad directa pues no tributa y además, en forma indirecta, le resta recursos propios al captar apostadores que podrían intervenir en el circuito legal del juego. La merma de esos potenciales ingresos, afecta eventualmente a las personas y entidades que debieran ser las beneficiadas con la asistencia y el desarrollo social, situación que incide sobre el bienestar común de un número indeterminado de personas, comprometiendo la seguridad pública. (Del voto en disidencia del Dr. Ventureira).
Sentencia, contenido de la sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SALVATIERRA ELIO ENDOR c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-18

La parte dispositiva debe contener decisión expresa y precisa, total o parcialmente positiva o negativa, sobre cada una de las acciones y defensas deducidas en el proceso. Con ello, la resolución sobre costas y regulación de honorarios, puede agotar el fallo, si la sentencia fuese totalmente desestimatoria, y en general, cuando no se trata de sentencia de condena. Pero en ciertas hipótesis, la parte dispositiva debe contener un plus, la condena al pago de una suma de dinero, que, en todo caso debe fijar el juez en su monto. O la fijación de las bases para hacer la liquidación, si se tratara de frutos, intereses o daños y perjuicios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Remuneración, actualización monetaria, actualización mensual, reducción salarial
Materia: LABORAL
Carátula: MEYER, ALFREDO c/ MANNESMANN REXROTH  S.A. s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-21

Si la demandada abonó pacíficamente incrementos mensuales según el índice de costo de vida, esa actitud de acatamiento supuso para el dependiente la incorporación de la cláusula remunerativa a su contrato individual, creándolse la expectativa cierta de su perdurabilidad, por lo que no puede ser dejada sin efecto sin ostensible violación negocial y afectación del principio de intangibilidad salarial.
Honorarios, principios generales del Derecho, actos a título oneroso, presunción legal, monto del juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Olivares, Pedro Fernando c/ Chiquitti, Cristina María s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

Cuando, como en el caso, ha quedado acreditado que el monto por el reclamo de los honorarios regulados al letrado reclamante, y los convenidos en el acuerdo, ha sido pagado, en la parte correspondiente, fuera de plazo, y toda vez que ello importó el despliegue de actividad profesional por parte del profesional, cabe efectuar un reconocimiento de estipendios por dichos labores adicionales. Es que si bien no se agotaron todos los pasos previstos para la ejecución (cfr. CPR 499 y sgtes.), lo cierto es que existió en el caso el desarrollo de los actos preparativos e iniciales de tal proceso, lo cual justifica que esas labores, que de haberse atendidos los estipendios en tiempo y forma no hubiesen sido necesarias formalizar, deban ser remuneradas. En definitiva, ante la negativa de cumplir con aquello a lo que estaban obligados, el profesional involucrado debió acudir a los órganos de la jurisdicción para viabilizar su cobro; y las tareas vinculadas con la efectivización del pago de los honorarios convenidos con el actor no pueden considerarse remuneradas conforme los intereses pagados, puesto que ellos sólo responden a la mora en la que incurrió dicha parte. Tal es, por lo demás, la solución que mejor armoniza con el principio según el cual la labor profesional no puede presumirse gratuita (ley 21839: 3).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Juan Ramón c/ Fernández Hnos. y otro s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

Para ser acreedor al pago de la indemnización que establece la ley 9688 es necesaria la existencia de una secuela incapacitante.
Libertad de expresión, libertad de prensa, publicidad de los actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Emisiones Platenses S.A. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

La prensa actúa con mayor legitimidad cuando menos dependiente sea de los intereses del gobierno, por lo que no es posible asimilar - sin justificación suficiente - el derecho especialmente protegido a la libre expresión de las ideas con el acceso irrestricto a una información gubernamental retribuida.
Empleados públicos, acción, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Diarte, Eligio c/ Dcto. Pcial. Nro. 1.399/88 s/ Acción Contencioso Administrativa Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-07-06

Respecto al término de la prescripción de la acción de un empleado público por cobro de haberes, jurisprudencialmente se ha establecido que comienza a correr desde que ha nacido el derecho que ejerce, es decir, desde el momento en que se le debió efectivizar la asignación mensual correspondiente y no se hizo. Resultando de aplicación lo dispuesto en el C.C. en su art. 4027 inc. 3ro.: 5 años.
Derecho a la vivienda digna, programa de asistencia integral para personas en situación de calle
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Contreras Atarima, Carmen Rosario c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-03

En atención a aquello que antecede, resta establecer si la parte actora "hombre de aproximadamente 30 años y en situación de calle" está en situación de prioridad para acceder a las políticas sociales que brinda el GCBA; para lo cual hay que analizar si está en la situación de _"vulnerabilidad" a que se refiere el artículo 6 de la ley 4.036, y cumple con los demás requisitos allí previstos. Dado que la determinación de tales circunstancias depende de la valoración de cuestiones de hecho y prueba que los jueces omitieron tratar, corresponde devolver las actuaciones a la Cámara para que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto (cf. voto de los Sres. Jueces Conde y Lozano, puntos 1 a 15).
Cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Piaza y Piana  S.A.I.C.I.A.F . y Rimoldi  S.A.C.I.C.F. c/ Instituto de la Vivienda s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

Es facultad de la corte otorgar el conocimiento de las causas a los jueces realmente competentes para entender en ellas, aunque no hubiesen sido parte en la contienda.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Kestner S.A.C.I.F.I. s/ INCIDENTE  DE  INOPONIBILIDAD  DE  PAGO DENUNCIADO POR FINVERCON S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

El recurso ordinario de apelación es formalmente procedente, si se trata de una sentencia definitiva y el valor cuestionado, actualizado a la fecha de interposición del recurso, supera el mínimo establecido en el art. 24 inc. 6 apartado a) del decreto ley 1285/58, modificado por la ley 21708 y resolución de la Corte 487/86.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, prueba, relaciones de familia, filiación, demandado
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: A., M. c/ L., C. L. s/ FILIACION - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJAS ADMITIDAS) (CSJ  EXPTE N. 703-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

Si bien desde el punto de vista de la eficacia probatoria, el método H L A (Human Lymphocyte Antigen) para determinar la inclusión o exclusión de la paternidad, no admite discusión -pues abundante bibliografía hace justicia a la idoneidad del mismo, incluso, la Corte Suprema de Justicia le ha dado particular relevancia por la importancia de las investigaciones en que se apoya y por la índole de los análisis que requiere-, los cuestionamientos de los recurrentes -dentro del alcance limitado con el que se concedieron las impugnaciones extraordinarias-, comprometen la validez de la prueba que se quiera hacer valer cuando ha mediado negativa de la parte a prestar su colaboración para realizar el peritaje.
Unión transitoria, responsabilidad solidaria, daño ambiental, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: F., J. E. c/ CIA. NAVIERA PEREZ COMPANC SACIFI y Otros s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-15

En lo que respecta a la responsabilidad de la UTE, no desconozco la normativa que rige la organización jurídica de este tipo asociativo en nuestro sistema; esto es, que no tienen personalidad jurídica propia; que por ende no tienen capacidad jurídica para ser titulares de derechos y obligaciones, pero existen numerosas excepciones a estos principios que ha consagrado la jurisprudencia, por ejemplo lo concerniente a las obligaciones tributarias, en las que se reconoce el interés prevaleciente del fisco en la materia que trata.

Por ende, mucho menos pueden desconocerse las que tienen como título la propia Constitución a la que Bidart Campos llamó obligaciones constitucionales y que están dirigidas en beneficio de toda la sociedad y comprometen como vimos sucintamente una responsabilidad intergeneracional que excede el marco de la justicia conmutativa o la resolución del caso concreto.

Por ello comparto la posición de quienes se manifiestan a favor de la existencia de excepciones al principio de la "no solidaridad" (supuestos de: estipulación o cláusula contractual en el acuerdo constitutivo; solidaridad acordada con el comitente; indivisibilidad de las obligaciones contraídas; acaecimiento de hechos ilícitos; Obligaciones tributarias que gravan a la UTE; solidaridad frente al consumidor; solidaridad laboral; solidaridad prevista en otros regímenes legales.
Recurso extraordinario federal, cuestiones de competencia, sentencia definitiva, telefonía celular, competencia civil y comercial federal, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrionuevo, Norma Beatriz c/ GTE PCE S.A. y ot. s/ amparo s/impugnación denegatoria med. cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Si bien las cuestiones de competencia no constituyen sentencias definitivas recurribles por la vía del art. 14 de la ley 48, excepcionalmente debe habilitarse esta instancia cuando media denegatoria del fuero federal, ya que al verse comprometido el servicio telefónico celular empleado a nivel interprovincial o internacional, ello afectaría intereses que exceden los encomendados a los tribunales provinciales y se encuentran reservados a la jurisdicción federal.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL
Carátula: Monges, Augusto. c/ Molina Severiana Lucila. s/ Divorcio -Separación de Cuerpos y Bienes- Divorcio -Separación de Cuerpos y Bienes-
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-03-30

Las injurias graves a veces no es necesario que se den a través de hechos estridentes como pueden ser las agresiones físicas o verbales, sino que la desatención, el descuido, la indiferencia, etc. en la convivencia diaria pueden según las circunstancias, provocar las injurias requeridas por la ley como causal de divorcio.
Obligaciones, actualización monetaria, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: JUARROS  S.A.I. c/ ALUS  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-01

No cabe denegar la indexación solicitada sustituyendo períodos de actualización por el devengamiento de intereses bancarios, pues: a) en caso de resultar negativo el interés, sería de aplicación el plenario que admite el reajuste según índices de precios, y b) en caso inverso, el acreedor estaría resignando derechos creditorios suyos.
Partidos políticos, sistema electoral, elecciones, votantes, sufragio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ventura, Magín s/ Presentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-06

La forma representativa de gobierno consagrada por los artículo 1 y 22 de la Ley Fundamental, el pueblo, como entidad política es la fuente originaria de la soberanía, y el modo de ponerla en ejercicio es la elección de los representantes por el cuerpo electoral sobre la base de la representación libre; de ese modo, el sufragio, es la base de la organización del poder y el derecho que tienen los ciudadanos de formar parte del cuerpo electoral, y a través de éste, constituir directa o indirectamente a las autoridades de la Nación. La función electoral del sufragio se realiza mediante las elecciones, que son técnicas o procedimientos mediante los cuales el pueblo elige sus autoridades. Se realiza así la relación entre quienes aspiran a ser designados y quienes con su voto realizan la designación.