marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Vera, Juan s/ Privación ilegal de la libertad, asociación ilícita, robo, robo automotor y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Deben descartarse, por ilegítimos, los métodos interpretativos basados en los precedentes legislativos o en las opiniones, dictámenes o informes parlamentarios carentes de naturaleza legal, ya que reemplazan el objeto normativo a interpretar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, concurso preventivo, concurso en caso de agrupamiento, garante del concursado
Materia: COMERCIAL
Carátula: KRAUSSE, JAVIER ERNESTO s/ CONC. PREV.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-20

Del Dictamen Fiscal 97346:

Resulta improcedente hacer lugar a la petición de quien invocando su calidad de directivo y avalista de una sociedad anónima - cuyo concurso tramita ante otro tribunal-, con base en lo dispuesto por la LC art. 68, solicitó la remisión de la causa al citado juzgado a los fines de su ulterior tramitación cuando, -como en el caso-, se verifica cumplido el plazo citado por dicha norma y, a mas, en el concurso del afianzado fue homologado el acuerdo, toda vez que tal situación impide que los fines de conocimiento de cuestiones comunes a ambos procesos puedan lograrse. En tal sentido cabe precisar, que la ocasión de alcanzar el citado objetivo de unidad de apreciación intelectual mediante el conocimiento por un mismo juez de los elementos comunes a ambos procesos hubiese sido aquella en que los sujetos se presentaran simultáneamente o con pequeña diferencia temporal a solicitar la apertura de su concurso, pero no habiéndose configurado dicha hipótesis.
Tercería de dominio, honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL
Carátula: CONTE PAOLA ANDREA S/ TERCERIA DE DOMINIO EN AUTOS: "CACERES ANIBAL OMAR Y OTROS c/ CONTE RICARDO Y/O RESPONSABLE s/ HABERES IMPAGOS, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-25

En la tercería de dominio de bienes sujetos a embargo, la base regulatoria está constituida por el valor de los bienes cuya propiedad se pretende, y no por el monto por el que se ordenara trabar la medida cautelar.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, jubilaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: VICTOR FRANCISCO ROLON ZAPPA s/ JUBILACION  Y  PENSION  -  MOVILIDAD - PODER JUDICIAL - JUECES - LEY   INTERPRETACION - DIVISION DE LOS PODERES - ARBITRARIEDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Carecen de validez constitucional las normas legales y reglamentarias cuya aplicación conduce a una desproporcionada reducción de los haberes previsionales con claro apartamiento de los derechos consagrados en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional: en el caso, arts. 1 y 4 de la ley 21.864 e índices elaborados al amparo del art. 53 de la ley 18.037.
Prescripción adquisitiva, prescripción veinteñal, legitimación activa, sentencia
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: PAREDEZ ZARZA, Ricardo y otro s/ Causa 2.265
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29

La acción iniciada con sustento en la normativa del art. 4015 del C. Civil, omitiendo la consignación de otros supuestos poseedores del predio a usucapir, dirigida contra quienes resultan propietarios del inmueble, no puede inducir al juez a sentenciar erróneamente - quien reconocerá o no el derecho del demandante-, ni causar daño a quienes ningún título podrán invocar sobre el lote.
Prescripción, interpretación restrictiva, accidentes de trabajo, incapacidad permanente, obligaciones del empleador, obligación de seguridad, in dubio pro operario
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: MERCADO, CARLOS ERNESTO c/ DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES s/ ACCIDENTE DE TRABAJO ART. 1113 C.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-19

Cuando el daño que se reclama (incapacidad permanente) sobreviene después de algún tiempo del incumplimiento patronal del deber de seguridad, la acción empieza a correr desde que aparece el perjuicio con notas claras, desde que es cierto, susceptible de apreciación, conocido por el afectado (cfr. Causa 5727 del 8.4.88., Consid. III y sus citas). Y como la defensa de prescripción que se opone es de interpretación restrictiva y en caso de duda corresponde inclinarse por la subsistencia del derecho (causas: 5563 del 11.7.77;

7896 del 3.7.79; 5727 citada, entre muchas otras; cfr. G. A. Borda, "Tratado de Derecho Civil Argentino -Obligaciones", Bs. As., 1967, 2da. Ed., T. II, N° 1001; Salvat -Galli, "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones en General", 6ta. Edición, T. III, N° 2054, p. 400; L.

Rezzónico, "Estudio de las Obligaciones", 9na. Ed., Pág. 1010, etc.), en el caso, se da esa situación de duda que justifica admitir el reclamo resarcitorio por el daño cierto; solución que adquiere particular relevancia en el campo del derecho laboral, habida cuenta de la indiscutida vigencia del principio "in dubio por operario" (causa 5727, cit.).
Accidente de tránsito, prueba testimonial, testigos, idoneidad del testigo, valor probatorio, dependientes, Ferrocarriles Argentinos
Materia: CIVIL
Carátula: CARRIZO DE CUELLAR BENIGNA c/ FF.AA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-18

La circunstancia de que el testigo sea dependiente de ferrocarriles argentinos, no constituye razón alguna que impida valorar sus dichos y acordarles eficacia probatoria, pues la relación que lo une con la empresa estatal no es la misma que la que existe entre cualquier subordinado en cruda relación de dependencia con su empleador.-
Delitos contra la humanidad, declaración testimonial
Materia: PENAL
Carátula: MIGNO PIPAON, Dardo y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-31

Habida cuenta que las manifestaciones de la investigadora fueron percibidas en forma directa por sus sentidos, en el marco de entrevistas personales mantenidas con varios de los altos mandos militares, resulta claro que no puede sostenerse lo afirmado por la defensa en orden a que aquella no revistió el carácter de testigo, sin que tampoco pueda ser considerada como prueba dirimente toda vez que la materia sobre la cual depuso -la existencia de un plan sistemático de persecución y exterminio de los opositores políticos por parte de las fuerzas armadas, diseñado a partir de la experiencia de militares franceses- constituye un hecho notorio.
Concurso de delitos, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PERASO, Humberto s/ inc. de excepción de prescripción de cosa juzgada, Causa nro. 27.003
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

La prescripción de la acción se opera separadamente para cada uno de los delitos y no existe unificación de acciones.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Burgos, Eduardo Fortunato s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-15

Es insuficiente el agravio en el que sólo se atacan dos indicios dejando en pie elementos que exceden lo necesario para mantener indemne la plena prueba compuesta invocada por el juzgador (arts.

259 in fine y 359, C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.-).
Lealtad comercial, sanciones administrativas, multa
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: "Cris   Morena   Group  SA c/ DNCI  -Disp.  737/08  (Expte.  S01:302416/00)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-26

La encartada no da cumplimiento al art. 8 de la resolución (ex S.C.D. y D.C.) 7/02, sustituído por el art. 8 de la resolución 2/05, reglamentaria de la ley 22.802, si en la publicidad omite indicar la razón social y el domicilio (Cons. IV).
Inconstitucionalidad, ombudsman, cohecho, in dubio pro reo, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Villarreal, Raúl Alcides y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-21

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la segunda y tercera disposición del art. 12 del CP y dejar sin efecto la sentencia en cuanto a la imposición de las accesorias dispuestas en dicha normativa. Las disidencias parciales sostuvieron, por un lado, que la pena de tres años y seis meses de prisión impuesta a una de las funcionarias públicas resultaba ajustada a derecho, toda vez que, conforme surge de la sentencia en crisis, además de su paso concreto por cada una de las instancias administrativas del GCBA, con altas responsabilidades y atribuciones, su desempeño ha sido hallado como totalmente objetable en todo su desarrollo, aunque mayormente cuando lo hizo como Coordinadora General de la Unidad Polivalente de Inspecciones y abdicó de desplegar a pleno sus atribuciones para atender la denuncia de la Defensoría del Pueblo, así como también la evaluación global de las circunstancias atenuantes y, en el convencimiento que el disvalor del injusto y disvalor sobre el estado de cosas es una pauta relevante para determinar la pena a imponer; y por el otro, que correspondía absolver a los integrantes del grupo "Callejeros" por el delito de cohecho activo en virtud del principio "in dubio pro reo" y hacer lugar parcialmente a los recursos interpuesto por los funcionarios públicos en punto a la individualización de la pena por entender que hubo afectación al principio nen bis in ídem.(Dres.

Hornos, Gemignani y David -en disidencias parciales-).
Defensa en juicio, deber de imparcialidad, producción de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Telleldín, Carlos Alberto y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-19

Habida cuenta que en la garantía del debido proceso la imparcialidad del juez es condición necesaria para una correcta administración de justicia, dichos principios deben operar desde el inicio mismo de la instrucción. Esta fase se centraliza, dentro del esquema del Código Procesal Penal de la Nación, en la figura del juez de instrucción encargado de disponer las medidas encaminadas a preparar el juicio -con excepción de lo establecido por los arts. 196, 196 bis y 353 bis del mencionado cuerpo legal. Como en la práctica se llevan a cabo medidas cuyas ejecuciones implican serias restricciones a derecho expresamente garantizados por la Constitución, el principio de proporcionalidad ocupa en la etapa instructoria una posición fundamental, toda vez que se deberá ponderar la gravedad de la intervención con el beneficio que de ella se pueda obtener. Por lo tanto, las medidas dispuestas sólo serán legítimas si el interés en la persecución del hecho punible concreto tiene una importancia adecuada para justificar la limitación de los referidos derechos y si se ha observado, asimismo, el principio de subsidiariedad. En el análisis, al no haberse glosado a la causa declaraciones prestadas por testigos, tal procedimiento utilizado por el juez para introducir indirectamente la prueba en el proceso, entre otras violaciones a garantías constitucionales, impidió a las partes ejercer el derecho de conocer, controlar y contradecir la prueba producida, lo que constituye una franca infracción al principio de defensa en juicio. (Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell).
Recurso contencioso administrativo, Administración Pública, acto administrativo, causas de justificación, Municipalidad, personal municipal, ascenso laboral, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FASANO, ARMANDO LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nº. 497 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-07

Corresponde rechazar el recurso interpuesto por el actor contra el acto administrativo de la Municipalidad demandada que dispuso revocar el ascenso que el Intendente anterior le había otorgado, si el acto impugnado cuenta con motivación, sus fundamentos quedaron plasmados en el texto del mismo y fueron notificados al actor, con lo que éste pudo conocerlos y, si estaba disconforme, tuvo la carga y la oportunidad de contradecirlos, lo que no ha hecho sino de manera defectuosa, limitándose a señalar la falta de fundamentación, planteo insuficiente para acoger la pretensión.
Contrato de obra pública, Administración Pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONFANTI DI BIASIO SC -ENRIETO EC- c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 247-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-10

En los contratos de obra pública (cuando se pacten sistemas de ajuste alzado relativo, unidad de medida) el precio pactado es, en principio, inmodificable, por lo que tampoco puede modificarse la metodología para el reajuste de los precios originales, a menos que se produzcan distorsiones significativas que provengan de hechos sobrevinientes ajenos a las partes. En cambio, cuando estas fórmulas dejan de cumplir la finalidad esencial de reconocer los mayores costos que preserven el precio pactado originariamente, porque uno o unos de los índices considerados representativos para servir de referencia, no reflejan adecuadamente el verdadero precio existente, la fórmula se torna irrepresentativa y autoriza su revisión.
Recurso de inconstitucionalidad, orden público laboral, conciliación laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: COSANO, JOSE c/ CENTRO S.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-09-08

La respuesta jurisdiccional de la Sala no reúne la condición exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial, toda vez que la vulneración al orden público laboral sostenido por la mayoría del Tribunal no se corresponde con prueba de suficiente convencimiento para afirmar contundentemente que los actores contaban con derechos irrenunciablemente adquiridos y constitucionalmente amparados, por lo que lo acordado en la conciliación administrativa y luego homologado por la autoridad de aplicación careciera de efectos jurídicos vinculantes; es que proponer que siempre y en todos los casos lo pactado en acuerdos homologatorios -cuando exista negociación entre las partes- ha de resultar violatorio de la garantía de irrenunciabilidad, implicaría que la seguridad jurídica quedase siempre relegada como un derecho de segundo rango en una suerte de jerarquización de mandas constitucionales que no es tolerada por nuestro ordenamiento jurídico. -
Impugnabilidad objetiva, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Machado, Pablo Damién c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-04

El voto concurrente expresó que más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, toda vez que la parte se limita a alegar su disconformidad genérica con el 'a quo', sin expresar razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido, el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación requerida por el artículo 463 del C.P.P.N.. Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos -según su voto-.
Responsabilidad del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Diago, Rubens y ot. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Según lo dispuesto por el art. 3º de la ley 8132 -de Reparación Económica por la Provincia a Todo Condenado Erróneamente, B.O.P. del 3-IV-74-, serán jueces competentes para entender en las actuaciones originadas por ésta, los magistrados ordinarios del fuero civil.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido, deber de fidelidad, violación
Materia: LABORAL
Carátula: Llamas, Jorge Enrique c/ Telecom Argentina S.A. y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-09-08

Debe revocarse la sentencia del a-quo que hizo lugar al reclamo indemnizatorio del art.245 de la Ley de Contrato de Trabajo (20744), ya que la sugerencia y el consejo brindado por el empleado perjudicaría económicamente a la empresa demandada y en definitiva dañó su imagen empresaria, poniendo al cliente en un dilema, presionándolo. El actor jamás debió apartarse de sus concretas funciones y menos aún como lo hizo, sugiriendo que el beneficio de su obrar desleal sea compartido, asumiendo así una conducta objetivamente maliciosa y violatoria a la fidelidad y lealtad debidas al principal, imprescindibles para que éste a su vez pueda poner en su empleado la máxima confianza. El deber de fidelidad aparece violado con la conducta asumida por el actor, no requiriéndose un perjuicio real para ello, porque esta obligación no sólo está direccionada a proteger patrimonialmente a la empresa, sino que también se orienta al deber ético de la relación, a la confianza, lealtad y probidad, al respecto de la buena fe que regula su conducta.
Falsificación de instrumento público, falsificación de instrumento privado, falsedad ideológica, estafa, credenciales falsas, trabajadores ferroviarios, Ferrocarriles Argentinos
Materia: PENAL
Carátula: QUIROGA, VICTOR HUGO s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-02

La circunstancia de pertenecer la empresa Ferrocarriles Argentinos al Estado Nacional, no es suficiente para atribuir carácter de públicos a todos los documentos que suscriban sus autoridades como por ejemplo las credenciales, que sólo tienen el valor de acreditar la condición de empleados de la empresa a sus titulares, en las relaciones internas con ellos.

Por eso, aún cuando se piense que el concepto de "documento público" del derecho criminal excede el marco estricto del art. 979 del Código Civil, de todos modos dicha amplitud no alcanza a abarcar la documentación en cuestión.

La falsedad realizada, al estar a la prueba colectada en autos, es de tipo ideológico y el documento espurio no es público, razón por la cual debe caer la calificación efectuada por el "a quo", en el sentido de considerar a las credenciales cuestionadas como documentos públicos, por resultar ese hecho atípico frente a las exigencias del art. 293 del C.P. .

El uso de las credenciales para provocar engañosamente una disposición patrimonial, importa una forma de estafa.
Caducidad de instancia, incidente de caducidad, prueba pericial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SAVIO, GUILLERMO A. EN Jº 17.589/1.329 SAVIO GUILLERMO ANTONIO c/ Dirección Provincial de Vialidad. s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-06-28

La declaración de caducidad del primer incidente, no puede convertir por sí solo en útil el acto de presentación de pericia y su notificación, como se pretende, máxime cuando de ella se infiere que ha quedado purgada la caducidad, sin previo analizar si la nueva incidencia de caducidad de la instancia principal, resultó tempestivamente interpuesta. Debe advertirse que la interposición del primer incidente de caducidad, suspendió los procedimientos en el principal y que tal suspensión debía culminar, con la resolución "firme " de la incidencia. Por el contrario, se verifica que el resolutivo que declaró la caducidad del primer incidente de caducidad, nunca quedó firme, interponiéndose nuevo incidente de caducidad en uso del art. 61C.P.C.. Por tanto si la resolución carecía de firmeza, los efectos suspensivos de la incidencia no habían cesado cuando se interpone la nueva caducidad y por tanto ningún plazo había transcurrido a la demandada para incidentar nuevamente la incidencia. A más de ello, no estando acreditada la existencia de causal de suspensión de los procedimientos en los términos del art. 79-II C.P.C. que impidiera la prosecución del trámite, se verifica en el caso que correspondía tal como se hizo, declarar la caducidad de la instancia principal abierta con la demanda. (VOTO DR. ROMANO)
Renuncia de derechos, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lobera Vda. de Aquino Teresa c/ Ricardo Manuel Canesa y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-09-26

La intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzca a probarla es restrictiva (art. 874 Cód.

Civil) porque se trataría de un acto o título gratuito, desde que el deudor ninguna ventaja obtendría a cambio de su abdicación a oponer la prescripción. (Dr. Diblasi: según su voto).
Daños y perjuicios, proceso judicial, juicio sumario, juicio sumarísimo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salvador, Jorge c/ Sanatorio Panamericano s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Es aconsejable que los Jueces de primera instancia hagan uso de la facultad de tramitar el proceso donde se discute la responsabilidad médica bajo el régimen del proceso ordinario, ya que, precisamente, una de las diferencias esenciales entre este y el proceso sumario es la referida a la amplitud y garantías con que se sustancia la prueba pericial, teniendo las partes en el ordinario, la posibilidad de proponer los propios peritos. Justamente en un tipo de conflicto en que la solución depende de la determinación de circunstancias de tipo eminentemente científico como el presente, los magistrados deben recurrir a la aplicación de normas legales que den la mayor firmeza y posibilidad de contradicción a la prueba pericial.
Pesca, Recursos naturales, Derecho internacional
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO - MEDIO AMBIENTE
Carátula: Harengus  S.A. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ inconstitucionalidad (ley prov. 2144).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

En el estado actual de las relaciones internacionales es cada vez mayor la importancia que tienen para el estado ribereño los recursos vivos a los efectos de establecer su jurisdicción.
Recurso de casación, doctrina legal
Materia: CIVIL
Carátula: ALBORNOZ, LINDAURO ROLANDO c/ DIAZ, MARIA TERESA s/ DESALOJO POR INTRUSO-RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES  Y MORALES S/CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-12-04

Debe rechazarse el recurso de casación, si el casacionista omite mencionar en su memorial, cuál es la doctrina legal de éste Superior Tribunal que estima violada o erróneamente aplicada, ya que sólo el apartamiento de los propios precedentes puede fundamentar esta vía extraordinaria de impugnación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)