Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2010-04-19


En la ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los Diecinueve Días del mes de Abril del año dos mil diez, se reú-nen Ss. Ss. los Señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Cristina Irene Leiva, Manuel Augusto Márquez Palacios, Jorge Antonio Rojas, Sergio César Santiago, Humberto Augusto Schiavoni, Ramona Beatriz Velázquez, Froilán Zarza, bajo la Presidencia del Dr. Roberto Rubén Uset, a fin de considerar los autos caratulados: "EXPTE. Nº 395-STJ-2.008 - RICO HAUBL, FERNANDO FAUSTINO C/ CONCEJO DELIBERANTE DE SAN PEDRO - MISIONES S/ DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DE ARTS. 1, 2 Y 3 DE ORNENANZAS Nº 33/08; 17/07; 22/06; 25/05; 29/04; 02/04; 13/02 Y 25/01".- De acuerdo con el sorteo realizado corresponde votar a los Señores Ministros en el siguiente orden: 1) Dr. Humberto Augusto Schiavoni, 2) Dra. Ramona Beatriz Velázquez, 3) Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, 4) Dr. Mario Dei Castelli, 5) Dra. Cristina Irene Leiva, 6) Dr. Roberto Rubén Uset, 7) Dr. Jorge Antonio Rojas, 8) Dr. Froilán Zarza y 9) Sergio César Santiago.- Concedida la palabra al Dr. Humberto Augusto Schiavoni, dijo:

El Sr. Fernando Faustino Rico Haubl, a través de apoderados, solicita se declare la inconstitucionalidad de las Ordenanzas Impositivas N°s 33/2008; 17/2007; 22/2006; 25/2005; 29/2004; 02/2004; 13/2002 y 25/2001, dictadas por el Honorable Concejo Deliberante del Municipio de San Pedro. Expresa que dichos instrumentos conculcan la legalidad constitucional al violar los arts. 39 y 167 de la Constitución Provincial, y 16, 17, 31 y 28 de la Constitución Nacional. Dichas ordenanzas estatuyen como tributo al Derecho de Inspección, Registro y Servicios de Contralor.- Sostiene que la Provincia de Misiones se ha reservado en forma exclusiva y excluyente la regulación de todo lo atinente al ejercicio de la Odontología por expreso mandato del art. 39, in fine, de la Constitución Provincial. Agrega que la creación del Colegio de Odontólogos se dispuso por Decreto Ley N° 169 del 25 de Enero de 1957, que regula la creación, funcionamiento, órganos, atribuciones, etc, de dicho cuerpo. El Colegio dictó su propio estatuto y el Reglamento de Habilitación de Consultorio a los efectos de controlar la sanidad, idoneidad y correcto funcionamiento del consultorio del profesional de la salud, pues tales circunstancias sólo pueden y deben ser controladas por los profesionales entendidos de la materia.- Afirma que toda ordenanza municipal que pretenda imponer tasas para la habilitación de consultorios y su funcionamiento resulta nula e inconstitucional, ya que la regulación de todo lo concerniente al ejercicio de la profesión, es facultad exclusiva de la Provincia y no delegada a las municipalidades.- De esto -continúa- surge la inconstitucionalidad de toda norma municipal que pretenda la aplicación de tasas por habilitación e inspección de seguridad e higiene, ya que la Provincia se ha reservado ese derecho, otorgando al Colegio de Odontólogos, la facultad de fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión.- Prosigue diciendo que la ilegalidad de las ordenanzas surge también de la contraposición con la Ley N° 257, en cuanto dispone el tributo contrario a lo normado por el art. 121 de la misma, pues es establecido en forma contraria a la Constitución Provicial.- De ello -dice- que las pretensiones de los organismos municipales resulten violatorias de la Constitución Provincial y del Decreto Ley 167/57, que establecen que la Provincia se ha reservado un derecho que no lo ha delegado en las municipalidades legales, por lo cual éstas no pueden ejercer tales facultades.- Afirma, que la habilitación de los consultorios odontológicos, solamente puede ser realizada por el Colegio de Odontólogos de la Provincia de acuerdo al reglamento de habilitación de consultorios dictado por el mismo. Consecuentemente el Municipio de San Pedro mal puede pretender investir una facultad que no posee y consecuentemente aspirar a percibir en base a una infundada, ilegal e inconstitucional ordenanza una suerte de tributo por desempeño de la actividad profesional.- Refiere que el hecho imponible mencionado en el art. 101 de la ordenanza 33/08, en igual sentido de las otras ordenanzas mencionadas emitidas por el Concejo Deliberante del municipio de San Pedro, se refiere a las actividades que se encuentran alcanzadas por tal tributo y en su inciso o pto. 3°, textualmente dice: "Estar alcanzada por los gravámenes que la ordenanza impositiva establezca, las actividades detalladas seguidamente ... c) Actividades Profesionales ... " Destaca también la ilegalidad de las ordenanzas impugnadas que carecen de respaldo normativo, afectando los dere-chos de trabajar y de propiedad. Añade que la Constitución ha borrado para siempre del Código Penal con confiscación.- Tilda al Estado Municipal de exceso en el ejercicio de facultades, encontrándose afectados los principios constitucionales de legalidad, jerarquía normativa y razonabilidad. Agrega que en el marco de la inseguridad jurídica desplegada por tal normativa se deben arbitrar judicialmente las medidas tendientes a revocar las consecuencias dañosas de la misma.- El quejoso hace hincapié en el principio de igualdad y del trabajo, del derecho de propiedad, la inaplicabilidad de ta-les ordenanzas y además plantea la prescripción de la deuda anterior al plazo de prescripción de 5 años establecida por el Código Civil.- Acompaña prueba documental y concretamente se tenga por presentada solicitud de declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas referidas supra, y la inaplicabilidad de los arts. 1, 2 y 3 de las mencionadas Ordenanzas. Por planteado el Caso Federal.- A fs.135/141, la Municipalidad de San Pedro, mediante apoderados contesta la demanda, manifestando que la potestad tributaria del ente municipal tiene estrecha vinculación con la autonomía consagrada en el art. 5 de la CN. Cita fallos de la Corte Federal y los arts. 161, que garantiza la autonomía política, administrativa y financiera de los municipios de Misiones; 167, que determina en el inc. 2 que son recursos municipales las tasas y el 171, que establece como atribución del Poder Municipal el establecimiento de tasas, contribuciones (inc. 4).- Prosigue diciendo que cuando el municipio inspecciona el lugar donde se ejerce una profesión liberal, no lo hace para verificar las condiciones, aptitudes, conocimientos y capacidades de los profesionales; sino para determinar, controlar y garantizar el cumplimiento de la normativa municipal vigente de ese lugar abierto al público. Invoca la ley 257, art. 62 inc.10.- Refiere que el actor desde que inició su actividad profesional en San Pedro -1993- fue un buen contribuyente abonando habitualmente sus obligaciones tributarias municipales. En cambio, desde el mes de septiembre de 2008, cuando el municipio realiza una primera intimación por la deuda existente y cuando en Noviembre del mismo año se niega a firmar la segunda, y es a partir de ese momento que remite la carta documento que adjunta. Invoca la teoría de sus propios actos.- Afirma que la demanda no puede prosperar y que son válidas y constitucionales las normas cuestionadas. Funda en derecho y ofrece prueba.- A fs. 148/150 vta. el Sr. Procurador dictamina que deben rechazarse los recursos intentados.- A fs. 151 se llama a autos para dictar sentencia.- Este Superior Tribunal tiene establecido que la demanda de inconstitucionalidad reglada por los arts. 785 y ss. del CPC y C, tiene raigambre constitucional. La acción está prevista en el art. 145, inc. 1° de la Carta Provincial, que autoriza al Superior Tribunal a conocer y resolver por vía originaria sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos ordenanzas, resoluciones o reglamentos que estatuyan sobre la materia regida por ella. Por tal razón, uno de los aspectos que hacen a su procedencia es que dicha acción se circunscriba exclusivamente a temas regidos por la Constitución Provincial, no siendo idónea para perseguir declaración de inconstitucionalidad en relación a la Constitución Nacio-nal. También es requisito indispensable la identificación del precepto constitucional que se considera infringido. Por último, la petición debe efectuarse en términos claros y concretos (cfr: Res. N° 344-STJ-99).- Examinadas las actuaciones, se observa que el accionante a fs.144 y vta. consiente expresamente la prueba documental acompañada por la parte demandada.- En los referidos instrumentos se verifica, a fs. 48, un certificado de inscripción en el Registro General de Comercio del consultorio odontológico del actor, con fecha 29 de Abril de 1994.- A fs. 52, obra solicitud del demandante de la habilitación municipal de su consultorio odontológico dirigida al Intendente Municipal de San Pedro con fecha 14 de Febrero de 1994.- A fs. 54, obra acta de inspección de fecha 17 de Noviembre de 1993 de la Municipalidad de San Pedro al consultorio odontológico de Fernando F. Rico.- A fs. 56/58, figuran asentados en el padrón de Comercio e Industria de la Municipalidad los pagos realizados por el con-tribuyente Rico Haubl, referidos a su consultorio odontológico correspon-dientes a los años 1994 y siguientes hasta el 15 de Mayo de 2001.- A fs. 59/113, constan comprobantes de pagos realizados por el actor por el mismo concepto.- A fs. 115/134, se agregan comprobantes de pagos que figuran realizados por el accionante entre 1999 y 2001.- La documentación indicada, pone de manifiesto la voluntad del actor de inscribir su consultorio y abonar el derecho de inspección correspondiente.- En tales condiciones, y no demostrándose re-serva alguna al realizar los pagos registrados, indica que el actor aceptó someterse al régimen impositivo municipal por lo que su planteo de in-constitucionalidad de las ordenanzas posteriores referidas al mismo tema, cede ante la doctrina de los actos propios. Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha reiterado desde antiguo que, "El sometimiento voluntario y sin reserva expresa, a un régimen jurídico, obsta a su ulterior impugnación con base constitucional" (Fallos: 285-329; 293-221; 294-220; 320-1985; 285-410; 310-1623, entre otros). A su vez, la SC Buenos Aires reiteradamente ha sostenido que: "La doctrina de los actos propios, torna en efecto, inadmisible toda pretensión que importa ponerse en contradicción con su anterior conducta, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (Causas Ac. 33.658 del 20.11.84; Ac. 33.692 del 23.12.85; Ac. 36.111 del 24.6.86, entre muchos).- Por lo expuesto, voto por el rechazo de la presente demanda de inconstitucionalidad promovida, a través de apoderado por Fernando Faustino Rico Haubl, con costas.- Concedida la palabra a los Dres. Ramona Beatriz Velázquez, Manuel Augusto Márquez Palacios, Cristina Irene Leiva, Roberto Rubén Uset, Jorge Antonio Rojas, Froilán Zarza y Sergio César Santiago, dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.- Por Secretaría se deja constancia que no emite opinión el Dr. Mario Dei Castelli, por encontrarse en uso de licencia al momento del pase (art. 44 de la Ley IV - Nº 15 - Antes Ley Nº 1.550).- Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 41 de la Ley IV - Nº 15 - Antes Ley Nº 1.550);

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA R E S U E L V E:

I) RECHAZAR la acción de Inconstitucionali-dad planteada en autos, con costas, por los fundamentos expuestos en los considerandos.- II) REGISTRESE, cópiese, notifíquese y opor-tunamente archívese.- g.r.