Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2010-02-15


2º Instancia. -Resistencia, febrero 15 de 2010.

I.- Relación de la causa, La doctora Marta Ines Alonso de Martina, dijo: La efectuada por la Sra. Juez A-quo se ajusta a las constancias de la causa, por lo que en mérito a la brevedad a la misma me remito, dándola por reproducida en este acto.

Por lo demás, la sentencia de fs. 115/120 vta. decidió rechazar la demanda de daños y perjuicios interpuesta por los actores contra Servicios Energéticos del Chaco (S.E.CH.E.E.P). Impuso costas y reguló honorarios a los profesionales intervinientes.

Contra dicho decisorio se alzan los accionantes interponiendo recurso de apelación a fs. 121, el que fue concedido a fs. 126, libremente y con efecto suspensivo. Dicho remedio fue fundado a fs. 127/129 vta., siendo contestado por S.E.CH.E.E.P. a fs. 134/136.

Elevado el expediente, quedó radicado a fs. 141 ante esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, lo que se notificó a los interesados a fs. 144/146 vta.

A fs. 148 se dictó la pertinente providencia de Autos, por lo que practicado Sorteo a fs. 149, la presente causa ha quedado en estado de ser resuelta.

II.- La doctora Maria Delfina Denogens, dijo: Que presta conformidad a la relación de la causa efectuada por la Sra. Juez de Primer Voto.

III.- Seguidamente: El Tribunal en la opinión coincidente de sus integrantes plantea como cuestión a resolver la siguiente: 1) ¿Debe ser revocada, modificada o confirmada la sentencia dictada a fs. 115/120 vta.? IV.- A la única cuestión planteada la doctora Marta Inés Alonso de Martina, dijo: 1.- Se agravian los recurrentes de la decisión recaída en cuanto rechaza la demanda por considerar que el Sr. Acuña no fue sujeto de daño moral por parte de la demandada. Que el yerro insalvable radica en fundar la decisión en la circunstancia de que el Sr. Viccencio no acusó directamente al actor y no existió injuria ni daño para éste.

Luego de referirse a la causa penal advierte que si el mismo resultó sobreseído del delito de hurto de energía eléctrica investigado en la misma es porque estuvo involucrado como consecuencia de la actitud asumida por el personal de la demandada. Dice que ello lo perjudicó psíquica y moralmente.

Hace consideraciones al respecto y aduce que el dependiente de Secheep obró culposamente, lo que, reitera, le produjo el daño reclamado.

En segundo lugar se agravia del rechazo del reclamo pretendido por la Sra. Dellamea, sin considerar las testimoniales rendidas en autos de donde surge que fue el mismo personal de la demandada quien había estado revisando el suministro en cuestión días antes de la inspección y que procedió a desconectar el suministro sin la presencia de alguna persona de la casa. Que sólo después de haber sacado el medidor se hizo presente el Sr. Acuña.

Alega que de las documentales acompañadas surge que el consumo de energía eléctrico comparando con iguales meses de años anteriores era el mismo o muy similar, lo que significa que nunca fue tocado por los actores. Por lo tanto de haber habido alguna irregularidad, fue producto de la misma gente de Secheep.

Por último impugna la condena en costas, finalizando con petitorio de estilo.

2.- Inicialmente corresponde examinar el planteo esgrimido por la parte demandada al contestar el memorial de agravios presentado por la actora en cuanto solicitan el rechazo de la articulación recursiva -concretamente su deserción- con fundamento en que ésta carece de suficiencia técnica.

Cabe precisar al respecto que este Tribunal se ha inclinado en reiteradas oportunidades por un criterio amplio de apreciación de tales cuestiones, en cuya virtud si el recurrente ha individualizado, aunque sea en mínima medida, los motivos de su disconformidad, no procede declarar la deserción del recurso. Ello en tanto que los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de agravios, hace aconsejable que éstos sean considerados con criterio amplio favorable al recurrente, de manera de garantizar el ejercicio de su derecho de defensa (Conf. Sent. Nº 119/07, entre otras).

Analizado desde tal óptica el escrito de expresión de agravios, se verifican en el mismo los motivos por los cuales se apela. En consecuencia, corresponde desestimar el pedido de deserción e ingresar al tratamiento de la queja sostenida por la apelante.

3.- Ingresando al análisis de lo que constituye materia de crítica debo señalar inicialmente que, como lo advierte Matilde Zavala de González, el tema de la prueba en el juicio de daños, se caracteriza por una íntima conexión entre el derecho procesal y el derecho de fondo. Ello es así porque la necesidad de prueba se subordina a los requisitos condicionantes del crédito indemnizatorio (presupuestos sustanciales de la responsabilidad civil resarcitoria). Dentro de dicha perspectiva, el eje de la responsabilidad está constituido por la producción de un daño injusto. Ese daño debe lesionar un interés del actor y haber sido causado adecuadamente por un hecho, y éste tiene que ser jurídicamente atribuible al demandado, por mediar un motivo que torne justa su responsabilidad.

A lo expuesto cabe agregar que ningún perjuicio se indemniza en el vacío, sino en vista de un concreto antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad (por ejemplo: si el hecho ha lesionado un interés del actor, si es antijurídico, si su autor lo ejecutó culpablemente, si tiene idoneidad suficiente como para haber causado adecuadamente el daño...) (Resarcimiento de daños, 3, -El proceso de daños-, 2da. edición, Hammurabi, p. 135 y 155).

En tal tarea destaco que el coactor Sr. Acuña reclama de la contraria el resarcimiento de la suma de $ 20.000, con fundamento en las consecuencias que le aparejara el procedimiento que reputa injustificado realizado en su domicilio. Alude a los daños moral y psicológicos sufridos.

De conformidad a los términos en que fuera deducida la demanda, las constancias incorporadas a autos y las obrantes en el Expte. Penal Nº 1583/03, considero que el pronunciamiento en crisis es ajustado a derecho.

Ello así por cuanto el accionante hace puntual hincapié en haber sido imputado de hurto de energía eléctrica por culpa de un empleado de la empresa demandada (S.E.CH.E.E.P), siendo los presupuestos condicionantes de la aplicación del art. 1090 del Código Civil los siguientes: a) Denuncia, b) Contra una persona determinada, c) Ante autoridad competente, d) De un delito de acción pública, e) Falsedad de la denuncia y por último f) Factor de atribución (Conf. Kemelmajer de Carlucci, en "Código Civil", Belluscio (Dir.) - Zannoni (Coord.) v. 5, Ed. Astrea, 1990, págs. 255 y sgtes.).

En el sub lite no se dan los presupuestos aludidos, básicamente no medió denuncia contra persona determinada.

Por otra parte el simple hecho de haber sido investigado por residir en el immueble en el que se constatara la irregularidad no amerita el resarcimiento pretendido.

Es más, incluso mediando denuncia concreta, la simple existencia de una decisión judicial que sobresea o absuelva al imputado es insuficiente para que éste pueda reclamar daños y perjuicios. Este delito requiere un factor subjetivo de atribución; por eso, basta con que existan algunos antecedentes que justifiquen moralmente la denuncia, para que se declare la improcedencia de la acción de daños y perjuicios. En el Código Penal este factor de atribución es exclusivamente el dolo (directo o eventual). Sin embargo en el ámbito civil rige el principio general contenido en el art. 1109 del Código en la materia, según el cual todo aquél que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a su resarcimiento. Es decir, que puede darse el supuesto de que aunque la demanda no halle sustento en el art. 1090, pueda ser factible la reparación con fundamento en el art. 1109 (autora, ob. y t. cit., págs. 258/259).

En sentido concordante sostiene Parellada que: "A la vera de la jurisprudencia exigente en cuanto a los recaudos necesarios para la configuración del delito civil de acusación calumniosa, surge otra serie de pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinarios que basados en el art. 1109 CC. sostienen la responsabilidad del denunciante o acusador imprudente o negligente. La previsión legislativa de los arts. 1089 y 1090 CC. no puede interpretarse como enervante del principio general según el cual "todo aquél que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio". (Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente, JA. 1979-III, págs. 687 y sgtes.) (Cit. por esta Sala en Sent. Nº 33/07, entre otras).

En el sub lite debe descartarse que la accionada haya actuado con dolo, esto es con malicia, con pleno conocimiento de la inocencia del actor. Ello así por cuanto no existe en autos elemento convictivo alguno que avale tal hipótesis.

Ahora bien y como lo señalara precedentemente, ello no obsta a la acción resarcitoria en los supuestos en que la denunciante obrare con temeridad o ligereza, esto es, culposamente.

Sin embargo y como lo sostiene la Dra. Kemelmajer de Carlucci, por ser imprescindible preservar el interés social en la investigación y represión de los delitos penales, debe exigirse la existencia de una culpa grave o grosera, sin que se pueda requerir al denunciante una diligencia mayor que la que normalmente y según las circunstancias del caso corresponda a una situación semejante. No rige, en este caso, el axioma latino in lege Aquilia etiam levissima culpa venit. Díez Picazo llega a la misma conclusión pese a que rechaza la calificación de la culpa grave: "Hay culpa siempre que el proceso se desvía de su función social para tratar de alcanzar por él otras finalidades diferentes: quien así actúa incurre en culpa; el ejercicio de los derechos de naturaleza procesal debe ser realizado diligentemente y la diligencia impone que las pretensiones que se formulen, posean una normal probabilidad de ser acogidas y el que la formulación haya sido precedida de una prudente preparación de los medios de prueba. En este sentido es culpable del daño quien formula una pretensión que carece de toda probabilidad de que sea acogida y quien formula su pretensión sin haber preparado diligentemente las alegaciones y las pruebas. El carácter temerario de la litis está determinado por la falta de diligencia en el previo enjuiciamiento sobre la probabilidad de que sea acogida la pretensión y en la falta de diligencia en la preparación y en el desenvolvimiento de la actividad procesal. La culpa o el dolo deben ser probados por quien los alega (el demandante de los daños y perjuicios); pero, lo mismo que en toda clase de hechos ilícitos, a veces se los puede inferir de las propias circunstancias del caso, como cuando no existe ninguna razón, ni legal ni fáctica, que justifique la denuncia. Será a cargo del denunciante probar la existencia de un error no imputable, en cambio, la mera circunstancia de que la denuncia no prospere no revela sin más la culpa (Conf. ob. y t. cit. págs. 259/260 y en Sents. Nros. 65/96 y 33/07, de esta Sala).

Merituada la conducta de los dependientes de S.E.CH.E.E.P. en base a los principios precedentemente reseñados, en concordancia con las pruebas arrimadas al proceso y concretamente las actuaciones obrantes en la causa penal arribo a la conclusión de que el actuar de los mismos no reviste los aludidos caracteres de culpabilidad que hagan pasible a la empresa demandada del resarcimiento pretendido.

Efectivamente, no puede obviarse, atento las constancias incorporadas a la causa: "Empresa Secheep s/eleva actuaciones hurto energia eléctrica", Expte. Nº 1583/03, que las mismas fueron originadas como consecuencia de la exposición policial -reitero no denuncia- formulada por el Sr. José Luis Viccencio en su carácter de empleado de S.E.CH.E.E.P que se desempeña en el sector Fraude Eléctrico. La misma fue realizada ante la Unidad Regional Primera Seccional Octava, en razón de que en oportunidad de encontrarse realizando control de medidores, al llegar a la vivienda identificada como Dodero Nº 354, constató que el medidor allí instalado posee el puente que alimenta la bobina de tensión suelta, por lo que se libró acta de constatación. Ello provocó la intervención del Juzgado de Instrucción, en el que luego de que el Sr. Juan Carlos Acuña prestara Declaración explicativa no jurada el 15/05/03 (fs. 10/11) el magistrado interviniente resolvió sobreseerlo total y definitivamente por aplicación de lo normado en el art. 318 inc. 1º del C.P.P. en fecha 20/05/03.

En tales condiciones la sola molestia derivada de la investigación no habilita la procedencia de la indemnización reclamada.

En efecto, no puedo dejar de advertir que conforme surge del Acta de Constatación (fs. 2 y vta. de las actuaciones penales), se verificó que el "Medidor marca "Galileo Argentino" tipo-E 90B de 10/50 ampers, Nº 84759 con una lectura de 99623, el cual a simple vista se observa que el disco rotor indicador de consumo se halla "Parado" observándose que el puente que alimenta a la bobina de tensión se halla desconectado y sus dos tornillos de sujeción flojos, por lo que se procede a tomar carga con una pinza voltiamperométrica a la fase de salida, la cuál arroja un consumo interno instantáneo de 3,5 ampers de consumo -lo que no es registrado por el medidor, debido a la anomalía detectada. Se procede a normalizar el Puente y ajustar sus dos tornillos de sujeción observándose que el discorotor indicador de consumo, comienza a girar, registrando la carga anterior mencionada".

La circunstancia apuntada justifica el obrar del agente de la empresa demandada quien puso en conocimiento de la autoridad policial la situación verificada.

Por otra parte, la simple citación deviniente del hecho de habitar en el domicilio de marras, de ser citado a prestar declaración explicativa no jurada (no indagatoria), no puede sustentar el agravio moral reclamado, máxime ante la rapidez con que se decidiera el sobreseimiento.

En este punto no es ocioso señalar que tanto la irregularidad constatada como el retiro del medidor se formalizó en presencia del Sr. Acuña como surge del Acta respectiva.

No puede de soslayarse que el procedimiento en cuestión, pese a las críticas formuladas al respecto por el apelante, fue llevado a cabo por La Policía Del Chaco Unidad Regional Primera Con La Presencia De Un Testigo Y Los Empleados de Secheep, revistiendo carácter de instrumento público, el que al no haber sido redargüido de falsedad conserva plena validez como tal, no bastando para destituirlo de fuerza convictiva que dos testigos que declararan a instancias de la recurrente afirmaran que en el momento en que se procedió al retiro no se encontraban presentes los habitantes de la casa.

Ante la situación constatada cabe señalar que en modo alguno aparece como imprudente que se investigue el hecho citando a los moradores del inmueble.

En tales condiciones considero razonablemente justificada y de ninguna manera excesiva la actitud asumida por el Sr. Viccencio, quien en atención a las tareas que desempeña en la empresa accionada y en cumplimiento de sus obligaciones específicas procedió a formular la exposición pertinente, por lo que ello no implica -remarco- la calificación de imprudente, grave o grosera.

Por lo tanto propongo desestimar la queja del Sr. Acuña, lo que me lleva a ingresar a la formulada por la Sra. Dellamea.

Los argumentos expuestos precedentemente al valorar la situación del coactor también resultan aplicables a la misma, quien habitaba con aquél el inmueble de marras.

Además cabe destacar que el procedimiento se llevó a cabo de conformidad a lo dispuesto por el art. 2º de la Resolución 1720/90, que reglamenta la prestación del servicio eléctrico en cuyo inciso a) se prevé que comprobados los hechos que hagan presumir irregularidades en la medición y/o apropiación de energía eléctrica no registrada, se levantará un Acta de Comprobación en presencia o no del usuario, notificándose el tenor de la misma.

Por su parte la Reglamentación General para la prestación del Servicio Eléctrico, luego de prever en el art. 8º "Ninguna persona ajena a la Empresa deberá maniobrar en las derivaciones y ramales del servicio, medidores, interruptores o cualquier material o aparato de pertenencia de ésta", establece en el art. 9º que "La Empresa podrá suspender el suministro de energía eléctrica en los casos de fraude de energía eléctrica que aparezcan en principios probados. Ello sin perjuicio de las acciones penales y civiles pertinentes. El suministro se restablecerá una vez desaparecida la causa que determinó la suspensión y satisfecho el pago de indemnización correspondiente que exigiera la Empresa en base al consumo probable que se hubiere defraudado según la carga conectada y tiempo presumible de la defraudación. Asimismo la Empresa podrá suspender la prestación del servicio eléctrico cuando el usuario hubiere modificado, si previa autorización las condiciones técnicas del suministro, como ser potencia instalada (que es declarada al anverso del presente reglamento), demanda máxima de potencia, factor de potencia, sistema de protección, etc. En cada caso la Empresa comunicará al usuario las prevenciones que en tal sentido estime corresponder, sin que pueda hacérsele posible el pago de imdemnización alguna por la suspensión del suministro.

Con arreglo a lo expuesto y no encontrando en la empresa o sus agentes un obrar negligente o imprudente, no puedo sino concluir en que no se da el supuesto que autoriza la indemnización reclamada.

En definitiva, en relación a las consecuencias personales que la recurrente endilga al accionar de la demandada -cuya merituación pretende-, al no ser el mismo imputable a culpa grave conforme a los argumentos explicitados supra, tampoco pueden serle atribuidas.

Consecuentemente propicio la confirmación del pronunciamiento impugnado.

4.- Las costas en la Alzada, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C. y C.) -de compartirse el sentido de mi voto- deben imponerse a la apelante vencida.

A los fines regulatorios corresponde tomar como base el monto reclamado en la demanda ($30.740) y aplicar en atención a la labor desplegada merituada en su extensión y calidad lo normado en los arts. 5 (14%), 6 (40%) y 7(70%) en función del art. 11 (30%) de la ley 2011 (t.o).

Consecuentemente propicio fijarlos en los siguientes guarismos: Dra. F. S. P. en $1291,10 como patrocinante; Dr. H. J. B. $516,45 como apoderado y Dr. A. J. $903,80 como patrocinante. Así voto.

V.- A la misma cuestión planteada, la doctora Maria Delfina Denogens, dijo: Que en atención a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por la Sra. Juez preopinante al analizar la cuestión sometida a consideración de este Tribunal y compartiendo las conclusiones a que arriba adhiere al voto precedente y emite el suyo en idéntico sentido. Así voto.

Por los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en el Acuerdo que antecede, esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, resuelve:

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 115/120 vta. en cuanto fuera materia de recurso.

II.- Imponer las costas en la Alzada a la actora vencida, a cuyo fin regulanse los honorarios de los profesionales intervinientes de la siguiente manera: Dra. F. S. P. en pesos un mil doscientos noventa y uno con diez centavos ($1291,10) como patrocinante; Dr. H. J. B. en pesos quinientos dieciséis con cuarenta y cinco centavos ($516,45) como apoderado y Dr. A. J. en pesos novecientos tres con ochenta centavos ($903,80) como patrocinante. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con los partes de ley.

III.- Notifíquese, regístrese, protocolícese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. - Marta Inés Alonso de Martina. - María Delfina Denogens