Delitos contra la humanidad, gobierno de facto, prueba testimonial, reclusión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Albornoz, Roberto Heriberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-13

Los delitos que se imputan en la causa -muerte de una mujer que llevaba su bebé en brazos en el marco de un operativo con despliegue de vehículos y personal uniformado y de civil en el que se efectuaron disparos de armas de fuego y posterior allanamiento del domicilio de la víctima- cometidos en el marco de un ataque generalizado contra la población, encuadran en la categoría de lesa humanidad. El diferimiento de la decisión sobre la modalidad de cumplimiento de la condena impuesta para la etapa de ejecución concuerda con el derecho del que goza todo imputado a recurrir la sentencia y que impide considerar firme el pronunciamiento. La decisión del tribunal de continuar con el juicio sólo respecto de uno de los imputados resulta ajustada a la normativa de forma que rige nuestro procedimiento, ya que la imposibilidad de continuar el proceso -por las razones que la ley establece- respecto de alguno de los incriminados no debe inhibir la averiguación del hecho y la continuación del proceso respecto de los demás imputados en la causa. Los hechos que se investigan en autos se condicen con el sistema criminal implementado por el último gobierno militar a partir del 24 de marzo de 1976. De allí, la existencia y organización del aparato de poder estatal que, a partir de un plan criminal sistemático fundado en una doctrina de actuación, utilizó la fuerza pública del estado en su conjunto para el logro de los propósitos ideológicos y políticos que la inspiraban. Las circunstancias del hecho que pudieran haberse omitido al disponer el procesamiento pueden agregarse o variarse mientras no lo desvirtúen o alteren en grado de mostrar un hecho diverso, sin que en el caso se advierta que el imputado haya sido sorprendido por la acusación a lo largo del proceso, habiendo tenido numerosas oportunidades para ser oídos respecto de los elementos probatorios en que se apoyaba la imputación. La veracidad de la prueba testimonial producida en la audiencia de debate fue evaluada -y confrontada con el resto del material probatorio- por los jueces del tribunal oral otorgándosele fuerza convictiva suficiente para sustentar la conclusión a la que se arribó, por lo que en función del principio de inmediación no corresponde efectuar una valoración distinta a las otorgadas, máxime si la defensa la defensa tuvo oportunidad de repreguntar los testigos y de plantear las discrepancias que surgieran durante el debate. Es autor mediato quien actúa mediante la utilización de un agente que actúa como un mero instrumento. Si se corroboró que, a la fecha de los hechos, el imputado se desempeñaba como Inspector Mayor Jefe Departamento de Inteligencia D2, dependencia policial que se encontraba también bajo supervisión militar y que, entre otras funciones, tenía la de desarrollar los operativos que se disponían en el marco de la compleja interacción que para el desarrollo de las actividades de inteligencia existía entre el SIC y la Comunidad Informativa -estructura de inteligencia integrada por miembros de fuerzas policiales, militares e inclusive por personal civil-, no podía ser ajeno a la órdenes que tuvieron como resultado los fallecimientos investigados en la causa. Debe rechazarse la tacha de inconstitucionalidad de la prisión perpetua pues, según ha sido legislada en nuestro Código Penal (tanto en su texto aplicable al caso como en el actual), no es perpetua en sentido estricto, ya que posee características temporales, toda vez que es pasible de tener un tiempo límite que, -bajo determinadas condiciones- permite a los condenados acceder, en un primer momento, a la libertad condicional, y, más adelante, a una plena libertad.