Vivienda única, bienes inembargables, constitucionalidad, protección de la vivienda, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GRENNI CARLOS Y OTROS s/ EJECUTIVO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-12-19

Conforme a los arts. 31, 121 y conc. de la Const. Nacional, tanto el art. 58 de la Constitución de nuestra provincia, cuanto la ley 8067 que lo reglamenta, han excedido claramente la competencia legisferante del estado provincial. Ello es así, aún desde el encuadre de la seguridad social, no sólo porque el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional confiere competencia al Congreso de la Nación para legislar en materia de seguridad social, sino además por las razones que a continuación se exponen.

Por aplicación del art. 104 (hoy 121) de la Const. Nacional se reconoce en principio reservado a las provincias el poder de policía y, con ello, la facultad de reglamentar los derechos acordados por la Constitución Nacional. Pese a esto, tal potestad reguladora dista mucho de ser absoluta, frente a la regla del art. 31 de la Const.

Nacional y la facultad conferida al Congreso para dictar los códigos de fondo. Así pues, está vedado a las constituciones o leyes provinciales alterar lo normado por el Congreso de la Nación en los códigos de fondo, vallado éste que ha sido obviamente traspasado por el art. 58 de la constitución local cuando incursiona en el derecho de las obligaciones y, más claro aún, cuando la Ley 8067 acuerda la protección propia del bien de familia en condiciones distintas de las previstas en la Ley 14394.

Los efectos de la norma local van mucho más allá de una tímida incursión en materia de obligaciones. La inembargabilidad de que se trata altera el sistema registral, conforme al cual la situación jurídica de los bienes inmuebles es la que resulta del registro creado al efecto (art. 2, 22 y conc. Ley 17801). Porque -bueno es advertirlo- conforme a la norma discutida toda constancia registral quedará condicionada a una equívoca situación de hecho (la condición de vivienda única) con el consecuente quebranto de la seguridad del crédito y los negocios inmobiliarios. Resulta imposible admitir que tal normativa sea compatible con la legislación nacional.

Es más, el camino elegido por el ordenamiento jurídico para superar el déficit de vivienda, no ha sido el de la inseguridad del crédito que genera la norma discutida, sino el que se insinúa, entre otras, en la Ley 24441, tendiente a asegurar un mercado creditorio fluido y seguro.

Más allá de los encomiables motivos que han inspirado al constituyente y al legislador provinciales, y a despacho de lo mucho que el constitucionalismo social aporta en la materia, resulta claro que sólo podrá sostenerse la constitucionalidad de la inembargabilidad de la vivienda única, encontrándole sustento en la legislación de fondo, a la cual la norma provincial debe ajustarse.

La ejecución de la vivienda del deudor puede, en muchos casos, presentarse como una muestra de insensibilidad judicial. No se duda, tampoco, que la inembargabilidad cuestionada se inspira en principios de solidaridad social que el derecho puede y debe rescatar. Pero ocurre que nuestro régimen institucional ha acordado la potestad para atender esos requerimientos al Congreso de la Nación, no a las provincias, ni tampoco a los jueces, obligados a respetar la voluntad de la ley como premisa ineludible del estado de derecho. El bien común, fin último de la organización estatal, requiere inclinarse ante la norma, aún al precio de la crueldad de una condena, a cambio de la certeza de estar gobernado por leyes, no sujeto a la voluntad de los magistrados.-