marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, amenazas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en González Orellano, Carolina Natalia Sobre 149 Bis - Amenazas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Corresponde rechazar la queja toda vez que la defensa de la condenada no rebate los argumentos conforme los cuales los jueces del a quo denegaron el recurso de inconstitucionalidad (mera discrepancia interpretativa, insistencia con el tratamiento de cuestiones ya debatidas, incapacidad para vincular el caso con los agravios constitucionales que plantea, y ausencia de arbitrariedad), e insiste con argumentos propios del fondo de la cuestión debatida, que no son los requeridos para la procedencia del recurso intentado. Ello así, la queja incumple con el requisito de contener una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (cf. este Tribunal en "Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa n° 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. n° 865, sentencia del 9/4/01; y "Ricciardelli, Diego César s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Ricciardelli, Diego César s/ 128 1 párr. - delitos atinentes a la pornografía (producir/publicar imágenes pornogr. c/ menores 18)", expte. n° 17213, sentencia del 14/5/2020). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Querellante, constitución de parte, oportunidad procesal, facultades del querellante
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Poveda, Estela María y otro s/ recurso de casación". Causa n. : 1596.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

Atento a que la constitución en parte querellante puede tener lugar en cualquier estado del proceso hasta la clausura de la instrucción (artículos 84 y 90 del C.P.P.N.), corresponde retrotraer la causa hasta el decreto en el que se estimó completa la instrucción y se corrió vista a la "querella" -considerada tal pese a no haberse cumplido con el dispositivo que ordena la ley- por aplicación del artículo 346 del Código Procesal Penal, a fin de que, previo a ello y a la localización del testimonio del poder especial presentado por los denunciantes, el señor juez de instrucción resuelva en concreto sobre el pedido expresamente formulado de ser tenido por parte.

Porque la constitución en parte querellante, presupuesto indispensable para la válida intervención en el proceso, no sólo acuerda facultades para los actuantes (art. 82 del C.P.P.N.) sino también conlleva la asunción de responsabilidades (art. 419 del mismo ordenamiento) cuya eventual articulación encontraría obstáculos en virtud de que los actores no fueron tenidos por parte en el proceso. (Voto del Dr. Casanovas).
Locación, locación de cosas, mora, indemnización, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: ENAS  SA c/ DALLO CONSTRUCCIONES  SRL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-18

Si bien en un contrato de locación de cosas muebles, el locador según lo convenido allí- una vez vencido el período máximo de aquel tendrá derecho, con carácter indemnizatorio, a percibir los valores de arrendamiento pactados correspondientes a los bienes pendientes de devolución, reajustados mensualmente de acuerdo a cierto índice de precios, tal derecho no puede extenderse sine die, habida cuenta que la vida útil de los mismos es limitada, debiendo estimarse al efecto el uso a que estaban destinados. Ello así en virtud de que uno de los presupuestos esenciales de la responsabilidad civil esta constituido por la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño (en el caso, locaciones de materiales destinados a la construcción se condeno al pago de un importe equivalente a los arriendos actualizados devengados durante los dos años siguientes a la ultima facturación).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, competencia federal, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ZAMUDIO, NADIA SOFIA BEATRIZ Y LOZA, FRANCO MAXIMILIANO c/  s/ CUESTION DE COMPETENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-30

Resulta ineludible considerar la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -seguida por este Tribunal- en el sentido de que las resoluciones que resuelven cuestiones de competencia no constituyen en principio sentencia definitiva, salvo cuando medie denegatoria del fuero federal, configurándose en este caso precisamente tal excepción, desde que la Alzada revocó la decisión de la magistrada de grado -que había aceptado la excepción incoada por la defensa, la cual pretendía que la causa se tramite ante la justicia federal-, manteniendo la competencia provincial para seguir entendiendo en el proceso; por lo que debe tenerse por satisfecho tal presupuesto de admisibilidad de la vía intentada. - Jurisprudencia vinculada: Tobal, AyS T 302, p 122/127, sumario J0047130; Acosta, AyS T 305, p 241/245, sumario J0047708.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rojas, Edmundo c/ Smith, Julián s/ Ds. y Ps.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-07-08

Si bien el art. 58 de la ley 8904 establece que la regulación judicial firme constituye título ejecutivo contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario de los trabajos, la posibilidad de perseguir el cobro de los honorarios por la vía de la ejecución de sentencia sólo es admisible cuando aquellos se encuentran impuestos en concepto de costas, puesto que el art. 58 mencionado debe conjugarse con la exigencia contenida en los arts. 497 y 498 inc. 3 del C.P.C.C.. Ello así, no encontrándose comprendidos en el concepto de costas los honorarios cuya ejecución se persigue, la vía procesal que corresponde está dada por el art. 521 inc. 7 del C.P.C.C. y no por la de la ejecución de sentencia pretendida.
Imputado, auto de procesamiento, estafa
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: M., C. s/ Denuncia Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-14

Desde que la certeza en sentido y calidad de sentencia definitiva no es de la esencia de esta etapa instructoria, la resolución apelada tiene los extremos necesarios de probabilidad suficiente para su confirmación, sin perjuicio que en el debate respectivo pruebe la apelante el menor grado de responsabilidad que pretende. Por el momento en esta etapa instructoria resulta evidente la configuración objetiva delictuosa de la responsable que habiendo recibido el precio de los objetos vendidos, por conducta suya antecedente, incumple la devolución del documento entregado como garantía.
Contratos de adhesión, deberes del juez
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Losada, Cesareo c/ Lotería Nac. s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

En los contratos por adhesión el adherente se encuentra en la imposibilidad de discutir e intentar modificar las cláusulas predispuestas, siendo que sólo puede aceptarlas o no en su integridad.

El juez pues, debe sustituir al adherente y soslayar con su autoridad jurisdiccional aquella imposibilidad cuando la actitud del predisponente impone un ejercicio abusivo de su "poder de decisión" o un irracional o injusto privilegio de su parte (C.Nac.Com., Sala B, autos "Sacarrat, Gustavo A. c/ Banco de Galicia y Bs.As. S.A.", del 26/3/93). Ello no significa de modo alguno que al haberse impedido la discusión de las condiciones el acuerdo de voluntades resulte excluido del marco contractual, dado que la esencia del contrato no es la discusión, sino que las partes coincidan en la oferta y la aceptación, es decir, en la declaración de voluntad común (C.N.Fed. Civ. y Com., Sala III, in-re "Elio Cavallaro S.A. c/ Empresa Ferrocarriles Arg.", del 22/12/93).

En tales condiciones el juzgador debe valorar la naturaleza, las circunstancias del contrato, la buena fe y de acuerdo con lo que verosimilmente las partes entendieron o pudieren entender obrando con cuidado y previsión (art. 1198 C.C.), precepto aplicable al ámbito de los contratos administrativos (Fallos 305:1011); por lo que tratándose de acuerdos por adhesión, deberá buscarse el equilibrio de las prestaciones en toda su dimensión, no perdiendo de vista las limitaciones de "bargaining power" de la parte débil.
Administración Pública, deberes del funcionario público, incumplimiento de los deberes del funcionario público
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: C/ Padilla Gustavo Adolfo por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público E/P de la Administración Pública  c/  s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-02-01

El deber del funcionario público es de carácter extrapenal, es decir, ese deber debe tener su fuente en una ley de carácter no penal que regula sus obligaciones funcionales. Se trata de una omisión que consiste en la inobservancia de la ley: no hacer, no ejecutar, no cumplir lo que la ley manda expresamente hacer al funcionario dentro de su autoridad funcional. Lo que se intenta proteger es la inejecución de las leyes cuya obligatoriedad es impuesta al conjunto de los agentes de la administración pública en general.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, cuestión de derecho común, daños y perjuicios, derecho a la intimidad, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bruno, Arnaldo Luis c/ Sociedad Anónima La Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23

Los agravios vinculados con la afectación del derecho a la intimidad y la imposición de costas por unas partidas indemnizatorias que fueron desistidas después de la notificación de la demanda, remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho común y procesal, materia propia del tribunal de la causa y ajena -como regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, máxime cuando la decisión apelada se sustenta en argumentos suficientes que, más allá de su acierto o error, bastan para excluir la tacha de arbitrariedad.
Locación, vencimiento del plazo, continuación de la locación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OCAMPO, PEDRO JOSE c/ RETAMAL, RODOLFO MIGUEL Y OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-06-17

Encontrándose vencido el contrato de locación originario, si el locador ha consentido la permanencia del locatario en el inmueble, debe interpretarse, aún cuando haya aumentado el canon locativo, que con posterioridad a la expiración del plazo previsto, ha mediado una continuación de dicha locación, que cesará cuando el primero solicite la restitución y no que se ha celebrado un nuevo contrato, conforme surge de la aplicación del artículo 1622 del Código Civil.

El requerimiento se debe efectuar mediante acción judicial, o sea, mediante la interposición de una demanda, pues de esta manera resulta de las notas a los artículos 3433 y 3986 del Código de fondo.-
Robo calificado, robo con armas, lesiones graves
Materia: PENAL
Carátula: VILLARREAL JORGE OSCAR; VILLARREAL, JUAN MANUEL Y DIAZ, MANUEL ALEJANDRO S.D ROBO CALIFICADO DOBLEMENTE AGRAVADO Y ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD AGRAVDA EN CONCURSO REAL E.P VILLALBA, JUAN RAMON Y AUTORIDAD POLICIAL. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-15

Entre el robo con lesiones graves resultantes, el robo calificado por el empleo de armas y el robo cometido en poblado y en banda, no existe concurso de ninguna especie, sino uno aparente que se gobierna por el principio de mayor gravedad punitiva, y en cuanto a la paridad del reproche de las primeras alternativas, el hecho del juicio termina ingresando en el supuesto del Art. 166 inc. 1 del Código Penal, pues en ella el mayor riesgo para la vida de la víctima dejó de ser una mera expectativa para convertirse en mal.
Costas, vencimiento parcial y mutuo, costas en el orden causado
Materia: LABORAL
Carátula: Rath, Ernesto Roberto c/ Renzi, Luis s/ Diferencia de sueldos Gerez, Esteban c/ Gurmendi S.A. s/ Incapacidad absoluta, ley 9688 Alvarez, Faustino Antonio c/ Empresa Libertador General San Martín S.A. de transporte s/ Despido Mansilla, Marcelo Daniel c/ Arce, Amanda C. y otros s/ Despido Massimilla, Mario Francisco c/ F. y D. Morrone S.A. s/ Despido Laciar, Julio Enrique c/ Siterco S.R.L. s/ Indemnización por despido Méndez, Julio Héctor c/ Toulouse Bar S.R.L. s/ Despido Ciminari, Néstor R. c/ OCA s/ Cobro pesos, horas extra Martínez, María Elena c/ Servicios Integrados S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-27|1988-10-18|1985-03-12|1994-05-17|1993-03-09|1990-12-18|1991-12-23|1999-04-06|2001-10-03

Si la demanda fundada en peticiones independientes ha sido acogida parcialmente procede la aplicación de la regla del art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial, en correlación con la atribución que a la judicatura otorga el art. 19 del dec. ley 7718/71.
Recurso de inconstitucionalidad, empleados de banco
Materia: LABORAL
Carátula: OYARZABAL, JULIO c/ BANCO PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ RECLAMO S/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-08-04

No se advierte una lesividad a los principios constitucionales cuando: 1ro.) la ley 287 -estatuto para el personal del banco de la provincia- autoriza el procedimiento 2do.) la ley de contrato de trabajo no preve otro mecanismo y 3ro.) cuando la previsión constitucional invocada esta referida a una relación de naturaleza distinta, cual es la de empleo publico, que por tal, resulta ajena a la ley de contrato de trabajo, de conformidad a lo normado por el art. 2 de la misma.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, excepciones procesales, admisibilidad del recurso, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguilera, David Edgardo c/ Consorcio de Propietarios de la calle Maturin 2237 Caba y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-13

Procede reconocer legitimación al actor para demandar los daños sufridos en su departamento a causa de un incendio acaecido en una unidad funcional vecina, aunque el tomador del seguro haya sido el Consorcio del edificio. Es que si bien es cierto que una cosa es tener legitimación para demandar y otra es tener razón en lo que concierne al fondo de la cuestión, no se puede dejar de señalar que, en el caso, ambos extremos aparecen interconectados, es decir, el actor tiene legitimación porque el Consorcio, quien contrató el seguro, no cobró la indemnización que la demandada adeudaba, a lo que cabe decir que la aseguradora no sólo otorgó cobertura respecto de las partes comunes del edificio asegurado, sino que la extendió a los daños que el siniestro pudiera causar sobre "...las partes exclusivas de cada uno de los consorcistas en proporción a sus respectivos porcentajes dentro del consorcio". En consecuencia y sin perjuicio de que como principio quien se beneficia con la prestación derivada de un contrato celebrado por otro, no reemplaza a su titular en la legitimación que le corresponde para reclamar, ese principio cede cuando el derecho es declinado por ese contratante en términos tales que demuestran la persistencia de un interés subjetivo en ese tercero, que no se confunde con el del principal y que es, por ende, susceptible de dar nacimiento a una acción propia.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, cheque, cheque de pago diferido, bien jurídico protegido, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: H, E A s/ Recurso de Inaplicabilidad doctrina legal (Expte.. Nro. 8-86) -Tribunal  plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-15

La llamada fe pública, es en realidad y para el artículo 302 del Código Penal, confianza pública para la hipótesis de que, con la presentación del cheque ante el banco girado, y cumplidos los recaudos de ley, será atendido. Al emitirse el título y darlo al tomador se suscita aquélla. En las hipótesis de infracciones con cheques el bien jurídico atacado en la confianza social o buena fe, del que es titular aún el receptor del título post-datado. Emitido el cheque y dispuesta su dación, si media el cumplimiento de los recaudos de ley, es decir los requeridos por la norma cambiaria, genera la expectativa de cobro, y ello no es una mera entelequia, sino que es legítima y concreta para el propio tomador, como para los eventuales partícipes en la circulación del valor. Que aquél lo reciba con fecha post-datada, ello no le inhabilita per se para ser titular de la "Confianza" que suscita el cheque. (Del Voto del Dr.

Lara). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿Constituye el objeto típico contemplado por el artículo 302, inciso 1 del Código Penal el cheque que habiendo sido recibido por su originario tenedor, desnaturalizando su finalidad jurídica, es presentado por él mismo al banco girado para que sea atendido?
Principio de congruencia, calificación jurídica, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rivero, Jorge H. y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-05

Siempre que se mantenga la identidad fáctica -es decir, se observe el principio de congruencia- el tribunal tiene plena facultad para modificar el encuadre jurídico penal del hecho recogido en la acusación, es deber de los magistrados, cualquiera fueren las peticiones de la acusación y de la defensa o de las calificaciones de carácter provisional, precisar las figuras delictivas juzgadas con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, sin otro límite que restringir el pronunciamiento a los hechos constitutivos de la materia del juicio; satisfecha esta exigencia no hay violación de la defensa en juicio. Las nulidades no tienen por finalidad satisfacer caprichos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que hubieren surgido de la desviación de los métodos de debate, cada vez que ésta suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes, de ahí el carácter restrictivo con el que opera la declaración de invalidación de un acto procesal por la vía de las denominadas nulidades procesales (art. 2 del C.P.P.N.). (Voto de los Dres. Riggi, Ledesma, Tragant).
Juicio ordinario, seguros, seguro colectivo, porcentaje de incapacidad, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Capra, Liliana Beatriz  c/ Caja de Seguros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-20

La determinación del estado de incapacidad será obtenida del siguiente modo: i) se realizará una evaluación cuantitativa, de los porcentajes correspondientes a cada una de las incapacidades físicas permanentes e irreversibles padecidas por el asegurado, en función de las pruebas, diagnósticos y demás estudios efectuados al asegurado; ii) una vez obtenidos los porcentajes de todas las incapacidades se procederá al ordenamiento decreciente de los mismos; iii) al cien por cien (100%) de la capacidad física se restará el porcentaje de la incapacidad parcial que del ordenamiento establecido en el inciso 2 precedente, resulte ser la mayor, obteniendo la capacidad física remanente; iv) al porcentaje de capacidad física remanente obtenido en el inciso 3 precedente, se aplicará el porcentaje correspondiente a la segunda incapacidad parcial y el cálculo resultante establecerá el porcentaje que será restado a dicha capacidad, obteniendo de este modo una nueva capacidad física remanente. El mismo criterio se practicará en forma sucesiva a las demás incapacidades parciales que pudieran presentarse; v) el porcentaje de incapacidad del asegurado, surgirá de restar a la capacidad total mencionada en el inciso 3 (100%), la última capacidad física remanente obtenida. Las cláusulas transcriptas no solo regulan el porcentaje mínimo de incapacidad que debe padecer la asegurada para que proceda la indemnización sino que también refiere la forma en que se obtendrá la incapacidad definitiva a partir de las incapacidades específicas.
Facultades del querellante, derecho al recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Olivera, Sergio Gabriel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

Corresponde revocar la resolución que, incurriendo en una denegación arbitraria de acceso a una instancia judicial expresamente prevista por la ley, no concedió el recurso de apelación que el pretenso querellante había interpuesto contra el auto desestimatorio, pues la habilitación de la instancia de apelación no implica reconocer al querellante un poder autónomo de promoción del proceso y se entiende limitada en los términos del art. 180 C.P.P.N. La disidencia consideró que si quien pretendía ser querellante no impugnó debidamente el auto que denegó la legitimación para actuar como tal, no puede impulsar la intervención de la Cámara de Apelaciones para conocer en el fondo del asunto. (Dres. Mitchell, García y Yacobucci).
Juicio ejecutivo, aval
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Bs. As. c/ Tello de Meneses Olga s/ ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-22

El aval es un acto jurídico cambiario, con características propias y particulares que no permiten confundirlo con otros institutos regulados por el derecho común. Es decir es una garantía típicamente cambiaria cuyas características y formalidades están determinadas por la ley cambiaria, de carácter autónomo, objetivo, unilateral, abstracto y completo. Resulta válida la fianza, aunque no se limite al monto de la garantía y el crédito fuera de carácter incierto y futuro. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Regulación de honorarios, base regulatoria, rechazo de la demanda, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: PETCOFF, María c/ TRANSPORTE GRAL. DE PASAJEROS MICROOMNIBUS LINEA 6 Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-14

Cuando se rechaza la demanda interpuesta por quien obtuvo el beneficio de litigar sin gastos, para regular los honorarios de los abogados y de los peritos que debe afrontar el demandado vencedor, corresponde apartarse del desmesurado monto reclamado y tener en cuenta el máximo que habría representado la indemnización en caso de prosperar la acción, debiendo acudirse no sólo a las pautas generales del arancel (incs. b) a f), art. 6 de la ley 21.839), sino de ser factible, a las constancias objetivas de la causa que permitan mensurar la entidad de los daños objeto del resarcimiento.-
Despido con causa, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: D. C. A.  c/ Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

La ruptura de la relación laboral por pérdida de confianza debe derivar de un hecho que conculque las expectativas acerca de una conducta leal y acorde con dichos deberes creadas con el devenir del vínculo, frustrado a raíz de un suceso que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable, pues cabe esperar la reiteración de conductas similares.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Soñéz, Héctor Bartolomé c/ Municipalidad de Paraná y otro s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-04-27

Si bien la resolución dictada por la Juez del Trabajo adolece de un defecto formal en cuanto no fundamenta adecuadamente su solución en el precepto legal del artículo 3 de la Ley 8369, no deja de ser cierto que a poco que se analice la documental acompañada y las propias manifestaciones vertidas por el amparista tanto en su libelo introductorio como en la pieza recursiva, surge manifiesta la inadmisibilidad de la acción intentada; la circunstancia que la parte haya declarado que ocurrió a la vía administrativa no purga el obstáculo contenido en la ley.