Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-24


MIRANDA, Elba Luisa AGHEM de y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 203 p 92-94.

Santa Fe, 24 de noviembre del año 2004.

VISTOS: los autos "MIRANDA, Elba Luisa AGHEM de y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 660, año 1992); y, CONSIDERANDO: 1. Contra el auto regulatorio obrante a foja 469 interpuso la actora recurso de revocatoria.

Se agravió del procedimiento seguido para la determinación de los honorarios en razón de que la cuantía del litigio no se corresponde con la estimada por el apoderado de la demandada y que contrariamente a ello, sus pretensiones se limitaron al porcentaje que establecía la ley 9379 respecto de la suma que se reconoció a los Señores Ministros de la Corte y que con anterioridad se había fijado para los cargos de Vocales de Cámara de Apelación, Jueces de Primera Instancia y Agente Fiscal, que al haber sido extendida a los Secretarios de la Corte, originó el presente recurso contencioso administrativo.

A continuación, transcribió partes del escrito de demanda en sustento de su postura.

Dijo que ello no fue ignorado por el solicitante del justiprecio quienes contestaron la demanda oponiéndose a la percepción de las sumas proporcionales respecto de las asignadas y recalcó que reconocida una suma a una categoría salarial se pretendió la aplicación de los porcentajes establecidos en la ley 9379.

Expresó que esa posición se reiteró tanto al alegar como al plantearse el recurso extraordinario.

Asimismo, cuestionó que la determinación de la cuantía económica la haya efectuado la Administración del Ministerio de Gobierno siendo que el organismo habilitado para liquidar aspectos relacionados con los sueldos del Poder Judicial es la Dirección de Administración de ese Poder.

Reiteró que la estimación se refiere a una situación fáctica extraña al pleito al realizarse sobre la base del cargo de secretario de primera instancia, siendo inaplicable a cada uno de los actores ya que debe realizarse la regulación en la medida del interés de cada litis consorte.

Evaluó que el cálculo supera en más de tres veces el reclamo para esa categoría en virtud de que la ley 9379 fijaba para secretario de primera instancia un porcentaje del 62,5 % sobre el cargo de Ministro, lo que arroja un capital de A 13.125.000 y calculada sobre esta suma el interés a la tasa pasiva desde octubre a diciembre de 1991, arroja el importe de A 15.000.000.

Continuó diciendo que traducidas esas cantidades alcanzarían, en el mejor de los casos $ 29.000 y no $ 90.000 que arroja la estimación.

Ofreció pruebas y pidió, en definitiva, la reducción de sus emolumentos profesionales y los justipreciados por la labor en el recurso extraordinario denegado en autos.

2. Corrido el pertinente traslado, los doctores Salva y Carbone lo contestaron solicitando el rechazo del remedio interpuesto (fs. 480/483); y, cumplimentados los trámites de rigor, queda la incidencia en condiciones de ser resuelta.

3. Corresponde diferir el pronunciamiento de la revocatoria de honorarios interpuesta.

Efectivamente, deben formularse una serie de aclaraciones que justifican la solución propiciada.

En primer lugar, cabe destacar que las partes son contestes en que el presente es un proceso de los llamados "susceptibles de apreciación pecuniaria", y en tren de determinar su cuantía y sin perjuicio de que los contendientes han manifestado su distinto parecer con la medida para mejor proveer dispuesta por el Oficio, de ella surge claramente que los actores, en caso de sentencia favorable, habrían percibido diferencias económicas derivadas directamente de la falta de efectivización de la política salarial pertinente.

Diferencias que se habrían devengado, como ellos mismos lo solicitaron y explicaron en su presentación, "a consecuencia de incumplimientos originados durante la vigencia de la ley 9379, es decir, con anterioridad al 31 de agosto de 1990" (ver f. 140).

De esta manera, debe observarse que: en primer lugar, surge tanto de las actuaciones administrativas reservadas en Secretaría (ver por ejemplo fojas 4, 6, 7, 10, 13 del expediente 0001008V, acumulado al expediente administrativo n 00101-0040817-6; etc.) como de las constancias obrantes en autos (ver fojas 175, 183, 187, etc.) que no todos los demandantes detentaban el cargo de Secretario de Primera Instancia desde el comienzo de la vigencia de la ley 9379; en segundo lugar, que solo algunos accionantes ostentaban el cargo mencionado (vgr. Secretarios de Segunda Instancia, Perito Oficiales); y en tercer término, surge patente que los montos reclamados se originaron en fecha anterior al 31.8.91, ya que, por un lado y como se adelantó, de tal forma fue solicitado en la demanda, y por el otro, que de no ser así, no podría haber peticionado el pago de las diferencias, por ejemplo, el accionante Mario Daniel Holand, quien accedió al cargo mencionado en fecha 31.8.87 y renunció el 1.2.88 (ver f. 175).

De estas observaciones se extrae que la estimación efectuada por el profesional solicitante de la regulación no prevé esas contingencias, que la Dirección General de Administración no informó la totalidad de las diferencias devengadas en el período de vigencia de la ley 9379, y que la postura de la actora tampoco se condice con lo solicitado en su demanda.

Llegado a este punto, en las particulares circunstancias que presenta la causa, y teniendo en cuenta también la posterior y eventual determinación del importe de los emolumentos que a cada litis consorte le corresponderá afrontar, ya que entre ellos no existe solidaridad sino que cada uno responde en función de su respectivo interés, se juzga razonable oficiar, con las respectivas copias de los presentes autos y las actuaciones administrativas reservadas en Secretaría, a la Dirección General de Administración de este Poder Judicial a los fines de ampliar el informe obrante a fojas 585/636 a todo el período de vigencia de la ley 9379, debiéndose detallar las diferencias salariales que le habrían correspondido percibir a los actores por aplicación de la política salarial pretendida hasta el 31 de agosto de 1990.

Por ende y en tanto no se diligencie la medida ordenada precedentemente, corresponde diferir la resolución relativa a la impugnación de los honorarios regulados en autos.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Así disponerlo.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)