Acción de amparo, personas con discapacidad, cobertura médica, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: Rojo Rouviere, Rogelio Enrique c/ Caja de Seguridad y Previsión Social de Abogados y Procuradores de la Provincia s/ amparo - recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-04-12

Conforme el régimen legal que la regula, la entidad accionada es una "persona de derecho público no estatal" (art. 1 Ley 6468, T.O. por Ley 8404). El objeto de su existencia es el de "administrar el sistema previsional de asistencia y de prestaciones de servicios de los sujetos comprendidos" (art. 1° antes citado), y dentro de tales prestaciones el art. 34 inc. e del texto legal referenciado prevé una "Asistencia médica integral". En cumplimiento de esta última disposición es que la entidad dicta y aprueba -como texto final el Reglamento del "Servicio de Salud Solidario" a los fines de la organización, regulación y planificación de la prestación médica a su cargo. Dicha Reglamentación contiene el marco jurídico que regirá todas las relaciones contractuales entre asociados al servicios de salud y la Caja de Abogados. Entre las principales disposiciones allí establecidas cabe destacar: 1) Que la asociación al servicio de salud es "voluntaria" (art. 4 del Reglamento), 2) Que el Servicio de Salud (como entidad) "no tiene fines de lucro" (art. 20 íb), 3) Que el pago de la cuota mensual no se descuenta obligatoriamente del salario de los asociados, sino que debe ser abonado por éstos últimos (art. 11). De tal caracterización, aparece claro entonces, que la demandada no puede de ningún modo ser calificada como "obra social". Ello así por cuanto la misma, a más de no encontrarse comprendida en el elenco legal (art. 1 Ley 23.660) ni haber adherido a tal régimen, no cuenta con una clientela cautiva que quede obligatoriamente incluida en calidad de beneficiaria. Tampoco se verifican el resto de caracteres que tipifican a la obra social como agente natural del Seguro de salud. En efecto, la Caja accionada no está obligada a destinar sus recursos en forma prioritaria a prestaciones de salud (art. 3 Ley 23.660) ni a destinar como mínimo el ochenta por ciento de sus recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo Solidario de Redistribución creado en jurisdicción de la ANSSAL, a la prestación de los servicios de atención de la salud establecidos por el seguro, a sus beneficiarios (art. 5º del mismo cuerpo normativo). Tampoco se sostiene con aportes y contribuciones obligatorias a cargo del empleador y del trabajador (art. 16, incs. a y b, íb), de sociedades o empresas del Estado, de jubilados y pensionados (misma norma, inc. c). Por el contrario, el soporte de financiación de la demandada está limitado al aporte a cargo del afiliado inscripto en dicho servicio, para refuerzo de la partida destinada a la asistencia médica que pueda prestar la Caja (ley 6488, t.o. ley 8404, art. 17, inc. i) y la asociación al Servicio de Salud es voluntaria (Capítulo 2, art. 4º del Reglamento). Igualmente, tampoco puede ser calificada como una entidad de medicina prepaga. Ello así por cuanto, el servicio de salud prestado por la Caja carece de todo fin de lucro (Capítulo 11, art. 20 del Reglamento), y no se ejerce con carácter empresarial o comercial (atendiendo a su objeto de creación, art. 1, Ley 6468, T.O. Ley 8404). De igual modo, la naturaleza "pública" de la Caja, impide calificarla como una prepaga desde que ésta última es en esencia una persona jurídica de naturaleza privada o particular. En este estado de cosas, la entidad demandada sólo puede ser encuadrada dentro del tercer grupo de prestadores del servicio de salud. Es decir, como aquellas asociaciones o entes que -sin fines de lucro, y sin haber adherido al Sistema del Seguro de Salud prestan un servicio médico asistencial. Siendo así, no le resultan aplicables a la accionada las Leyes 23.660, 23.661, 24.754, 24.455 y normas complementarias, toda vez que tales normativas expresamente disponen un ámbito de aplicación que excluye al ente que ahora nos ocupa. Consecuentemente, las obligaciones de la Caja en cuanto al alcance de los servicios y prestaciones de salud debidas deberán regirse por los parámetros y normas predispuestas en el Reglamento del Servicio de Salud Solidario por ella instituido que, constituye "el contrato innominado que vincula a los asociados" con la Caja (Cap. I, art. 1 del Reglamento, fs. 91) y que -al momento de la afiliación debe ser aceptado por el asociado (Cap. 2, art. 3 del Reglamento. (Voto de los Dres. Andruet (h) y Blanc de Arabel, por sus fundamentos).