Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-11


Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.

Y VISTOS:

1. La fallida apeló la resolución de fs. 1166/7, que denegó la atención prioritaria de los honorarios regulados a su favor por la actuación desarrollada como letrada en causa propia en los términos previstos por la LCQ. 240.

El recurso fue fundado con la pieza de fs. 1187/9, respondida por la sindicatura en fs. 1194.

2. La prelación establecida en la LCQ. 240 tiene su razón de ser en el hecho de que los titulares de estos créditos han desarrollado una actividad útil en beneficio de la totalidad de los acreedores concurrentes en la quiebra (v. Grispo, "Tratado sobre la Ley de Concursos y Quiebras", T. VI, p. 117, Ad-Hoc, 2002). Se trata de gastos que los acreedores, a efectos de gozar de sus derechos, no habrían podido dispensarse de pagar, si otros no hubiesen hecho la anticipación o los trabajos indispensables a tal fin (cfr. nota al art. 3879 del Código Civil).

Pero si el gasto no es útil, desaparece el sustento de la prelación, que no es otro que el enriquecimiento sin causa de los acreedores que se vieron beneficiados por la actuación generadora del crédito.

Ahora bien, aun cuando se prescinda del resultado obtenido por la gestión desarrollada por la fallida en su condición de letrada en causa propia, no advierte la Sala que la intencionalidad perseguida por ella en casi la totalidad de este proceso tuviera como finalidad facilitar el trámite de la quiebra, hacer ingresar más bienes al activo o cualquier otro objetivo que redundara en beneficio de la masa que es, en definitiva, la que debería postergarse frente al crédito esgrimido.

Recuérdase que en la quiebra, no es bastante el beneficio indirecto producido a la masa, sino que es necesaria la relación directa e inmediata entre el gasto de justicia realizado y el interés de los acreedores (cfr. esta Sala, con anterior integración, "Sudamtex S.A. Textil Sudamericana s/ Quiebra s/ inc. transitorio de adjudicación por licitación", del 16/4/93).

Por el contrario, la actuación de la letrada se llevó sustancialmente a cabo en su exclusivo interés y no aportó, ni intentó aportar nada útil para la masa de acreedores.

Es que, tal como señaló la Sra. Representante del Ministerio Público en su dictamen de fs. 1199/1200, la distintas labores desarrolladas -vgr. pedido de propia quiebra y de suspensión de una subasta (fs. 1/3), actuación en el anterior concurso que se tuvo por desistido por no haberse publicado los edictos (fs. 2vta.), agregado de documentación y denuncia de sus propios bienes (fs. 124/5), participación en las diligencias de constatación y entrega de posesión del bien (fs. 367 y 1079) y presentación de distintos requerimientos para que la sindicatura continúe con la prosecución del trámite de los autos "De la Cámara Patricia Elisabeth c/ Consorcio de Propietarios Avellaneda 2639/43/45 y otro s/ daños y perjuicios" (fs. 632 y 988/9)- no pueden reputarse que tengan siquiera una relación indirecta con el interés de la masa que pretende postergarse.

Sin embargo, cabe destacar que esta profesional logró mediante la presentación de fs. 742/3 el aumento de la base propuesta por el martillero -que ya se encontraba fijada por la juez y conformada por la sindicatura en $ 52.500- para la subasta del inmueble a la suma de $ 100.000 (v. fs. 759 y 862), debiéndose agregar que finalmente el bien fue comprado en el remate por la cifra de $ 153.200 (v. fs. 929).

Y siendo que esta actuación claramente aportó un beneficio económico para la masa, corresponderá que un 20 % de los honorarios regulados a favor de la fallida por su actuación como letrada en causa propia sean atendidos como gastos del concurso en los términos de la LCQ. 240.

Frente a ello, la pretensión será parcialmente admitida.

3. Por lo expuesto, se resuelve: admitir parcialmente los agravios de la fallida y en consecuencia modificar el pronunciamiento apelado con el alcance supra señalado, con costas en el orden causado en atención a la posición asumida por la sindicatura.

Notifíquese a la señora Representante del Ministerio Público en su despacho y, con su resultado, devuélvase, encomendándose al juez de la primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr.: 36, 1) y las notificaciones pertinentes.

Los doctores Miguel F. Bargalló y Bindo B. Caviglione Fraga actúan de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de esta Cámara del 22/7/08 pto. III y del 27/8/08 pto. VI, respectivamente.

ÁNGEL O. SALA MIGUEL F. BARGALLÓ BINDO B. CAVIGLIONE FRAGA Francisco J. Troiani Prosecretario de Cámara