marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Libertad de prensa, doctrina de la real malicia
Materia: CIVIL
Carátula: D., C. c/ E.J. SA s/ Dañoso y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-12-16

La duda científica atinente a la aplicación de la doctrina, también se extiende en materia de carga probatoria. Se expone que con la aplicación de la real malicia -insisto, en los términos de la recepción de la CSJN- el afectado debe probar que la noticia es falsa y que el periodista conoció la verdad o pudo conocerla fácilmente habiendo prescindido de actuar con la mínima diligencia exigible. Esta prueba de que el periodista actuó con total desconsideración hacia la verdad es harto difícil, y en la práctica importará -en la mayor parte de los casos- la absolución del medio de prensa o del periodista involucrado, con el consiguiente desamparo del honor de las personas afectadas por una noticia falsa.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Nelson, Alfredo y otro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Es insuficiente el agravio en el que se alega que debió calificarse el hecho en los términos del art. 164 del Código Penal si ha quedado probado y firme que en el desapoderamiento se ha empleado el arma de modo impropio.
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lorente, Norberto y ots. c/ Aranguiz, I. L. y ots. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Si el daño estético, por sus características no provoca una disminución de las posibilidades productivas del damnificado, ni constituye una categoría independiente que merezca consideración autónoma, distinta de las características ya enunciadas, debe ser incluida la ponderación de los padecimientos espirituales que provocan las secuelas cicatrizales descriptas, en el tratamiento del llamado daño moral.
Infracciones aduaneras, valor de aforo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AVICOLA DE COL  S.A. s/ ADUANA - REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

Si no se verifica el supuesto de resultar artículo de especie, calidad o cantidad inferior a lo manifestado, -previsto por el art.

129 de las Ordenanzas- toda vez que se trató de cajas faltantes, pero no con relación al manifiesto de carga - lo que tornaría aplicables los arts. 905 de las OOAA y 154 y 155 de la ley de Aduana y no se enmendó la falta de correspondencia entre el pedido para despacho y aquél manifiesto del medio transportado, no puede considerarse perdido el derecho a repetir la diferencia pagada de más.

Tampoco lo impide el art. 148 de las OOAA, que ha sido interpretado por la jurisprudencia como que tiende a evitar las reclamaciones, cuando es impracticable la comprobación, circunstancia que no se da en la causa, en la que existen datos suficientes para acreditar la cantidad real de los bultos que resultan, aún de los documentos a que de modo directo remite el cuerpo del despacho, por lo que resulta factible apartarse de lo que se declaró (art. 153 de la ley de aduana, t.o. 1962 y modificaciones).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, fundamentación suficiente, expresión de agravios, costas, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: DIALISIS MEDICA S.A. c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE MAESTRANZA s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-17

Aunque la demandada aluda a la "imposición de costas", es indudable que su queja está dirigida a cuestionar, por altos, los honorarios regulados a los profesionales de la actora y al perito contador. Para habilitar la instancia de revisión relativamente a ese tema no se requiere un desarrollo mayor y nunca lo ha exigido este Tribunal en situaciones análogas. Invariablemente se ha seguido un criterio de amplitud para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios, máxime en cuanto se relaciona con la aplicación de los aranceles profesionales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, menores, albacea
Materia: CIVIL
Carátula: C. G., M. I. c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-20

El Tribunal descartó el reproche que refiere a que el albacea es el único sujeto en condiciones de velar por los intereses de la heredera menor de edad, arguyendo que, más allá de la mirada del impugnante, los órganos que ejercen la representanción legal y promiscua de los menores y los órganos jurisdiccionales actuantes, surgen del plexo legal, constitucional y convencional, siendo de su competencia velar y exigir la conclusión del trámite mediante la inscripción registral; y dicho razonamiento podrá o no ser compartido, pero no puede descalificarse por inconstitucional toda vez que, pese a sus alegaciones, no demuestra el impugnante la configuración de los vicios esgrimidos, debiéndose tener presente que la tacha de arbitrariedad no procede si la inteligencia asignada por el A quo no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJN: Fallos 304:1826.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Ramos, Daniel F. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-03

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no es vía apta para formular reclamos relativos a la supuesta omisión de tratamiento de planteos llevados ante el Tribunal de Casación pues constituyen materia propia del recurso extraordinario de nulidad (art. 491, C.P.P.).
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Amado, Walter Héctor c/ Rifourcat, Jorge Salvador y demás ocup. s/ Desalojo U., C. F. c/ G. y L., C. A. y otros s/ Acción de reclamación de estado y petición de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22|1991-05-09

No es indispensable el examen particular y pormenorizado de cada una de las pruebas, bastando que en un análisis integral -que debe presumirse efectuado-, los jueces indiquen las piezas en las cuales hacen descansar sus conclusiones.
Injurias, animus injuriandi
Materia: PENAL
Carátula: M., H. O. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-08-22

Carece de relevancia la manifestación del querellado respecto de que no era para que nadie se moleste, o que lo había dicho sin intención de agraviar. Lo primero, pues mas allá de su deseo de que no se reaccione ante sus palabras, no puede pretender condicionar la reacción del destinatario de las mismas. El malestar de Miranda es una cuestión de su exclusivo fuero, que no puede ser relevado por la manifestación del querellado. Lo segundo, pues manifestar que no se intenta agraviar y formular expresiones agraviantes, no retractarse ante la intimación extrajudicial y reiterar las expresiones en un programa radial subsiguiente, dan cuenta que esa mentada falta de intencionalidad no pasaban de ser un pretexto (del voto del Dr. Hutchinson).
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Abdala, José Miguel c/ Cooperadora E.N.E.T. Nº 1 s/ Cumplimiento de contrato y Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

Cuando se trata de la interrelación entre las obligaciones de los autores del delito y las de quienes resultan responsables indirectos no puede sostenerse la existencia de solidaridad. Es un supuesto de obligaciones independientes, indistintas, concurrentes o "in solidum" ya que cada uno responde por un título distinto frente al damnificado.
Accidentes de trabajo, responsabilidad médica, mala praxis, responsabilidad del empleador, relación de causalidad, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, MIGUEL c/ COSECHA COOP. DE SEG. LTDO. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-18

Si al habérsele suministrado la anestesia, a causa de un accidente, el trabajador resultó lesionado, neumotorax, tal daño no puede ser imputado a la demandada al no poder aplicarse al caso la teoría de la indiferencia de la concausa en tanto se rompió la cadena causal, pues la lesión física debida a un error médico no guarda ninguna vinculación previsible con el accidente de trabajo cuya indemnización se persigue.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, medidas preparatorias, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL
Carátula: ZUCCHINI, SUSANA DE c/ DAVALLE, ENZO s/ EJECUTIVO      EXPTE NRO 131-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-10-15

El no haberse dictado el auto declaratorio del reconocimiento ficto respecto a uno de los coejecutados, resta habilidad al título, porque en el caso, media reconocimiento expreso del recurrente respecto de la firma y de la deuda, formulado al obrar excepciones, por lo que no existe el documento privado reconocido judicialmente que trae aparejada ejecución, y por consiguiente, no procede la acción ejecutiva respecto del apelante.
Feria judicial, habilitación de feria, debido proceso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: F.A.V. c/ F.T.C. y P. s/ Acción declarativa (art. 322 Cod. Procesal)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-01-29

La habilitación de la feria judicial tiene como finalidad garantizar durante el receso judicial la tutela judicial efectiva que exige la garantía del debido proceso a partir del derecho constitucional y convencional -art. 18 de la Constitución Nacional, art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes Humanos, art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporados en el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna-.
Despido por falta o disminución de trabajo, prueba, procedimiento de crisis de empresas
Materia: LABORAL
Carátula: Chávez de Pilahg, Nilda Corina y otro c/ Gane, Francisco y otros s/ Laboral Francisco y otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-02-19

La falta o disminución de trabajo no imputable al trabajador y la fuerza mayor, se caracterizan por la ajenidad del evento causante de alguna de las situaciones señaladas, y por ello deben estar debidamente comprobadas, ya que la mera circunstancia de hacer más onerosos los contratos, no justifica la imposibilidad del cumplimiento del deber de dar ocupación (art. 78 L.C.T.).

Al referirse a "debidamente comprobadas", significa que en caso de sobrevenir una excesiva onerosidad en los contratos o tratarse de impedimentos insuperables, la empleadora deberá por ello respetar las disposiciones que al respecto legisla la Ley 24.013 sobre el Procedimiento Preventivo en Crisis (art. 98 a 105) por los principios protectorios del derecho laboral consagrados en dicha normativa legal, que gozan de la jerarquía de orden público, por ser su objetivo evitar abusos en los derechos del obrero, razón por lo que son de aplicación obligatoria independientemente de la voluntad de las partes.

Se trata de un procedimiento administrativo previo de observancia obligatoria que impide efectivizar suspensiones o despidos hasta que se haya agotado el trámite administrativo, encontrándose de la misma manera vedadas durante ese período, las medidas de acción directa. Fundamento de la Dra. Niveyro.
Contrato de obra pública, falta de pago, interposición de la demanda, tasa de justicia, monto indeterminado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Planobra S.A. c/ Universidad Nacional de Buenos Aires s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-10

Si la actora inicia demanda por incumplimiento de pago en la ejecución de distintas obras, y no pudo estimar un monto, debido a que se vio compelida a iniciar la acción en los términos de los arts. 25 a 27 de la ley 24.447; el cual solamente podría ser determinado con posterioridad al 30 de junio de 1995, fecha conforme al ordenamiento citado caducan las acciones y prescriben los derechos contra el Estado Nacional, corresponde que abone la tasa de justicia por monto indeterminado.
Transporte aéreo, cambio jurisprudencial, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECO  S.A.C.I.F.I. c/ AEROTRANSPORTES ENTRE RIOS. s/ TRANSPORTE AEREO: DEFENSA DE FALTA DE PROTESTA. CAMBIO   JURISPRUDENCIAL. COSTAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

Asistía razón a la transportista al tiempo de contestar la demanda (y durante casi toda la etapa probatoria), respecto de la falta de protesta que opusiera, estando destinada al fracaso la pretensión resarcitoria de la actora. Sólo por el cambio jurisprudencial provocado por fallo de la Corte, que alcanzó al proceso al filo de la tercera etapa, es que la actora ha vencido.

En tales condiciones, resulta razonable disponer que las costas sean soportadas por su orden y las periciales por mitades, desde que era claro el derecho de la demandada a resistir, con éxito, las pretensiones de su contraria y en consecuencia, el caso debe ser encuadrado en la segunda parte del art. 68 del Código Procesal, como lo ha resuelto esta sala en circunstancias que son relativamente análogas.
Remuneración, adicionales de remuneración, reducción salarial, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: SCOCO NAZAR, ALBERTO EDUARDO c/ ENTIDAD BINACIONAL YACIRETA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-30

El fallo plenario 161 se refiere a la rebaja o supresión de premios o "plus" acordados al margen del salario establecido por ley o convenio colectivo, mientras que el 177 alude a la rebaja unilateral de categoría, por lo que tratándose de temas distintos este último fallo no modifica la doctrina fijada por el anterior.
Presidente de la corte interamericana, representante de la víctima, reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictamen pericial, violación de derechos humanos, defensor, COLOMBIA, Pacto de San José de Costa Rica, desestimación de la recusación, deber de imparcialidad
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Yarce y Otras c/ Colombia s/ Resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2015-05-26

No resulta admisible, en la interpretación del Presidente de la Corte Interamericana, la recusación efectuada por el Estado Colombiano de los peritos ofrecidos por los representantes de las víctimas, con base en los artículos 48.3 y 48.1.f) del Reglamento de la Corte, sosteniendo su falta de imparcialidad por haber integrado la Comisión Internacional de Esclarecimiento sobre Graves Violaciones de Derechos Humanos de la Comuna 13 de Medellín -en el caso en que se demanda a dicho Estado por la presunta violación a la Convención Americana en perjuicio de cinco defensoras de derechos humanos, en el marco de un conflicto armado interno-, pues se trata de un organismo independiente, que carece de funciones judiciales, resultando irrelevante a los efectos de la causal de recusación, su intervención en aquel organismo.
LEY DE CONCURSOS, ley procesal, aplicación supletoria de la ley, notificación, notificación automática, notificación por cédula
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: INGENIERO SPIRANDELLI S.C.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -CONCURSO PREVENTIVO-RECURSO REVISIO N D.G.I.- (EXPTE.: C.S.J. NRO. 39 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-25

En el análisis de la disposición cuestionada en su aplicación por el recurrente (art. 273, inc. 5, ley 24522), no es intrascendente atenernos a la sustancia normativa que la teoría jurídica asigna a los principios, y diferenciable de una regla en estricto sentido. Cabe considerar que la caracterización como principio se aviene a la disposición concursal en tratamiento. Ello por una parte, desde que el propio legislador indica su carácter de principios procesales. Y no cabe suponer en ello inadvertencia. A más de ello, la coincidencia con las notas apuntadas por la teoría jurídica en torno a los principios, se visualizan en el enunciado del artículo 273 inciso 5) de la ley 24522 al establecer: "salvo disposición en contrario" en "todos los demás casos" rige la notificación por nota o tácitamente. Texto desde el cual se exterioriza la generalidad en los casos posibles y la doble directiva notificatoria no exenta de objeciones. No compadeciéndose en puridad con una regla. En abono de esta afirmación, es dable diferenciar la precisión particular del artículo 26 de la citada ley para las notificaciones al deudor. (Del Voto de la Dra. Gastaldi)
Procedimiento laboral, plazo
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: FEDERICO EUGENIO c/ SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ LABORAL  EXPTE. N. E-4828-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-06-21

La perentoriedad e improrrogabilidad de los plazos procesales que dicta el art. 37 de la Ley 1.444 tiene por efecto natural y propio la pérdida del derecho dejado de usar, sin necesidad de petición de parte ni declaración expresa alguna.
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Toloza, Reyna C. c/ Marcelo A. Robles y/u otros s/ Daños y perjuicios ALBARRACIN ARNALDO MARINO c/ VERA, RAUL ORLANDO Y/O ESP. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-07-14|2002-05-31

El a-quo, al conocer la existencia del proceso penal, debe suspender su pronunciamiento hasta tanto se decida en sede penal la cuestión pendiente.
Compraventa, automotores, obligaciones de las partes, transferencia del automotor, intervención de terceros, extensión de la responsabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: PECCI, JUAN MARTIN PANTALEON c/ AIROX SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

1 - Cabe admitir la demanda incoada por la vendedora de un automóvil contra el comprador del mismo, a fin de obtener la inscripción registral del vehículo a nombre del demandado. Ello así, en tanto se verifica de las constancias de autos, que se produjeron sucesivas ventas de un mismo automotor sin inscripción del cambio de dominio. Esto implica, que si el sujeto que enajena no tiene la titularidad del automóvil debe obtenerla de su antecesor y éste del suyo, para a su vez cumplir con la normativa dispuesta en el Decreto-Ley 6582/58. 2 - En ese contexto, corresponde también tener por acreditada la comunidad de controversia que exige el ordenamiento procesal para que proceda la extensión de responsabilidad a los terceros citados, quienes a su vez compraron y enajenaron el rodado, sin tramitar la inscripción registral correspondiente. De tal manera, la condena alcanzará a los terceros como al litigante principal, pues la documentación y el formulario 08 que permitirían la inscripción del rodado ya no se encuentran en poder de la defendida. Voto de la Dra. Díaz Cordero:. 1 - Respecto de la extensión de la responsabilidad a terceros, resulta adecuado destacar que el artículo 96 del Cpr (texto según Ley 25488) dispone "En todos los supuestos, después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso, la sentencia dictada lo alcanzará como a los litigantes principales". 2 - Dicho artículo ha adoptado el criterio sostenido reiteradamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación "Resulta un inútil dispendio de actividad jurisdiccional diferir la consideración de la responsabilidad de un tercero citado en los términos del Cpr 94, cuando éste ha ejercido en plenitud el derecho constitucional de defensa en juicio, de modo que no existe óbice para que, como lo dispone el art. 96 del mencionado cuerpo legal, la sentencia dictada después de su citación o intervención lo afecte como a los litigantes principales. En tales condiciones, su posición durante todo el curso del proceso resultó equiparada a la de la parte principal. por lo que no existe agravio a las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio." (CSJN in re "Gandolfi de Vanetta, Mercedes c/ Dirección Nacional de Vialidad", del 16/04/98, LL 1985-A-394). 3 - Ergo, siendo que: i) los terceros fueron debidamente notificados de la citación, y dos de ellos hicieron uso de su derecho de defensa contestando traslado y ofreciendo prueba, y ii) existen constancias que determinan la sucesiva falta de inscripción registral del vehículo, mediando incumplimiento de cada uno de ellos, corresponde admitir la extensión de responsabilidad a los terceros citados.
Juicio ejecutivo, liquidación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs.As. c/ Rodríguez, Rubén José s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

Las ejecuciones sólo deben llevarse adelante por el capital que surja del título que ha sido su base, sin perjuicio de que el cobro de los intereses devengados desde la mora, una vez liquidados, también se perciban por esta misma vía. (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, relación de causalidad, mala praxis
Materia: CIVIL
Carátula: V., A. J. Y OTROS c/ B., A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

Si tenemos dos o más teorías, todas ellas consistentes y bien sustentadas con los datos de los que disponemos y de igual valor explicativo, hay razón para preferir la más simple o sencilla, que no dependa de la confluencia de varios sucesos, máxime cuando la probabilidad de cada acontecimiento se revela como extraordinaria.
Contravenciones, delito penal, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: H. O. D. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 51 Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

Resulta necesario recalcar lo anteriormente dicho por este Tribunal en la causa 270/CC/2000 caratulada "M, L R s/ incidente de competencia", con respecto a la diferencia entre delito y contravención. Tanto si aceptáramos la tradicional clasificación francesa, la cual divide las conductas reprochadas según su gravedad en contravenciones, delitos y crímenes, o bien según el sistema bipartito, que sólo distingue entre contravenciones y delitos; nos encontramos frente a dos ordenamientos (el delictual y el contravencional) cuya reprochabilidad no se fundamenta con base en una categorización distinta de las conductas por ellos previstas y reprimidas, derivados de una diferencia ontológica entre ambos.

En efecto, todas las teorías que han tratado de diferencias ontológicamente la contravención del delito, no pudieron hallar base suficiente de sustento; lo cierto es que, las circunstancias que separan a una de otro no son de aquel carácter, sino que provienen de su diverso origen legislativo, de su ámbito de aplicación territorial y de los bienes jurídicos que ambas protegen.

Según este análisis, mientras el orden delictual, proviene de la conjunción de leyes nacionales, el sistema contravencional, proviene de la sanción de leyes de orden local, cuestión que a su vez, determina los diferentes ámbitos de aplicación de ambos sistemas represivos. Finalmente, y en lo que a este análisis respecta, si bien, tanto delitos como contravenciones protegen bienes jurídicos, en estas últimas la conducta reprochable aparece como menos peligrosa respecto de los derechos individuales, pero sí, sumamente gravosa para la normal convivencia social, sin olvidar que también los derechos subjetivos hallan protección a través del régimen contravencional.