Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-04-09


ì¥Á 5@	ð ¿ h/ bjbjÏ2Ï2	"P ­X ­X h' ÿÿ ÿÿ ÿÿ ^ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ s "R "R "R "R es resuelve el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el Sr. Defensor Público contra el auto de fs. 52 y vta. que dispone remitir las presentes actuaciones al juicio por los hechos que se le imputara a Gerardo Saúl Núñez y Marcelo Antoniotti Severo, en orden al delito de hurto en grado de tentativa (arts. 162 y 42 del C.P.), de acuerdo a lo establecido por el art. 322, segundo párrafo, del C.P.P. (redacción conforme el art 5º de la ley 351).

En dicha resolución, declara la inconstitucionalidad de los arts. 4º y 5º de la ley provincial nº 351 (modificatoria del Código Procesal Penal, ley 168), de conformidad a lo dispuesto por los arts. 154 último párrafo, 34, 35 y ss. y cctes. de la Constitución de la Provincia y art. 18 de la Constitución Nacional (parte dispositiva, punto I). Expresa:

1. En primer lugar, indica que el juez de instrucción debió señalar entre cuál de los tres criterios interpretativo optaba frente a las normas introducidas por la ley 351. Resume éstas del siguiente modo (fs. 60 in fine):

a) que el dictado del procesamiento establecido por el art. 278 del C.P.P. queda sólo limitado a los casos dispuestos por el art. 284 (prisión preventiva);

b) que el art. 278 no fue eliminado, siendo el nuevo art. 322 de aplicación sólo en algunos supuestos;

c) que los arts. 4º y 5º de la ley 351 son contrarios a las normas constitucionales contenidas por los arts. 34 y 35 de la Constitución Provincial y art. 18 de la Constitución Nacional.

2. A continuación, reiterando en sus lineamientos generales los fundamentos sostenidos en los precedentes "Giménez Carranza, Vivian Pamela y otro s/ Denuncian robo" -expte. nº 158/97 SR- y "Vélez, Roberto Isidro s/ Denuncia presunta defraudación" -expte. nº 159/97 SR- descarta las interpretaciones señaladas como a) y b), para concluir que los arts. 4º y 5º de la citada ley "...afectan la garantía del debido proceso y la defensa en juicio, porque conllevan a eliminar el auto de procesamiento en algún caso como requisito de elevación de la causa a juicio, el cual dentro del esquema procesal adoptado por la Provincia, resulta esencial para fijar la situación del imputado" (fs. 65vta/66 in fine).

3. Por ello, resuelve:

a) declarar la inconstitucionalidad de los arts. 4º y 5º de la ley 351 (parte dispositiva, punto I);

b) declara la nulidad del auto de elevación a juicio glosado a fs. 52 (parte dispositiva, punto II);

c) Mediante aclaratoria glosada a fs. 68, establece que la nulidad dictada alcanza al decreto de fs. 50, el requerimiento de remisión a juicio de fs. 51 y del auto de fs. 52.

II.	A fs. 69/76, el Sr, Agente Fiscal interviniente, Dr. Luis Giménez, interpone recurso de casación contra el punto I de la parte dispositiva de la decisión de la Alzada (petitorio, punto 2) :

Reproduce en lo sustancial el criterio expuesto por el Sr. Fiscal ante el S.T.J. en los autos "Giménez Carranza":

1. A los fines de la admisibilidad del recurso, pone de resalto la trascendencia de la cuestión en trato, pues como la jurisprudencia de la Cámara no resulta obligatoria para los jueces de grado (art. 37 de la ley 110), éstos pueden tomar distintos caminos procesales, situación que alcanza una gravedad tal que hace imprescindible su tratamiento en esta instancia (punto 2, fs. 69vta/71 in fine).

2. En cuanto a la cuestión central, sostiene que las modificaciones introducidas por los arts. 4º y 5º de la ley 351 no vulneran principios constitucionales y se ajustan -sistemáticamente- al cuerpo legal en que se inscriben. Refiere que la posición asumida por el a quo parte de una errónea interpretación de las normas señaladas lo que conduce a la asunción por parte del Tribunal de facultades legislativas (fs. 69 in fine).

3. Ello, en virtud que dicha reforma no prescinde del auto de procesamiento; antes bien, admite que tal pronunciamiento sea sustituido por un auto que guarde similares requisitos, apelable y a dictarse en un plazo sustancialmente similar al dispuesto por el art. 278 del C.P.P.. Entiende que la interpretación asumida por la Cámara -que concluye en que la reforma suprimió, como regla, el dictado del procesamiento- resulta equívoca. Expresa la interpretación que propicia, reafirmando la posición sistemática de las normas modificadas e indicando que el auto de remisión a juicio cumple, acabadamente, la etapa de crítica de las probanzas arrimadas al proceso.

4. Agrega, también, que la Cámara incurre en lo que Claus-Wilhem Canaris denomina "contradicciones valorativas" y que los requisitos del art. 322 modificado surgen de la lectura del art. 319, segundo párrafo, que establece, bajo pena de nulidad, los extremos del requerimiento fiscal de remisión a juicio.

5. Por todo lo expuesto, solicita se revoque el punto I de la parte dispositiva del auto recurrido y se siente la doctrina legal correcta, en relación a la interpretación de los arts. 318 y 322 del C.P.P..

III.	A fs. 78/80, la Cámara, en función del criterio fijado por este Tribunal en el recurso de queja sustanciado en relación a la causa "Giménez Carranza" -expte. Nº 408/97 SDO-, concede el recurso interpuesto.

IV.	Radicadas las actuaciones ante este Tribunal (fs. 82), se le confiere intervención al Señor Fiscal ante este Superior Tribunal con arreglo a lo dispuesto por los artículos 64, incisos a), b), f) y 65, inciso a), produciendo su dictamen a fs. 84/93. En él, remite al escrito de interposición del recurso y acompaña copia del recurso interpuesto en los autos "Giménez Carranza".

V.	Llamados que fueron los autos al acuerdo (fs. 94), se encuentra la causa en estado de ser resuelta.

CONSIDERANDO:

Los Sres. Jueces Dres. Hutchinson y González Godoy dijeron:

I.	En orden a las formas que rigen el dictado del pronunciamiento en la especie, corresponde expresar que de las conclusiones a que se arribará en el estudio de estos actuados, surge que el decisorio no ha de ser de aquéllos que finiquitan el proceso, por lo que cabe que la decisión se emita de manera impersonal (conf. este tribunal, in re "Gerlos, Mabel Beatriz y Xamena, Liliana Amanda c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Recurso de Amparo" del 11.05.95 -expte. nº 30/95-SR, registrado en el T. I Fº 21/23-; entre muchos otros).

II.	El tema traído a estudio presenta -sustancialmente- un planteo similar al expuesto en los autos "Giménez Carranza". En virtud de ello, y atento lo resuelto en el recurso de queja correspondiente a aquellas actuaciones (expte. nº 408/97 SDO), la materia de estudio de este Tribunal se ciñe al examen sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los arts. 4º y 5º de la ley 351.

En autos, el proceso se encuentra en estado más avanzado que en el precedente indicado: el juez de instrucción indagó a los imputados Marcelo Antoniotti Severo y Gerardo Saúl Núñez (fs. 26/27 y 28/29, respectivamente), dictó auto de falta de mérito en el término de diez días a partir de aquéllas (fs. 30), realizó las diligencias probatorias que consideraba necesarias para agotar la investigación del hecho y las circunstancias que lo rodearon (informe social de fs. 33, testimonial de fs. 49), estimó completa la instrucción y remitió la causa al fiscal (art. 322 modificado del C.P.P., fs. 50), el fiscal formuló requerimiento de remisión a juicio (fs. 51) y el juez cumplió esa remisión por auto (fs. 52, art. 322).

Contra dicha resolución el Sr. Defensor Público deduce apelación (fs. 55), siendo resuelto el recurso por la Cámara mediante el auto impugnado por el Fiscal a través de esta vía casatoria.

En este caso, la alzada ingresa correctamente a evaluar si son o no constitucionales los arts. 4º y 5º de la ley 351, pues ello resulta indispensable para establecer la adecuada actuación del juez de instrucción.

III.	La problemática involucra pautas de interpretación de las normas, razón por la cual, reviste características de relevancia, máxime cuando requiere el examen de una confrontación relacional entre una norma infraconstitucional con la Constitución misma.

Como una primera aproximación al tema, diremos que la actividad del tribunal debe tender a la búsqueda de una conciliación armónica y compatible entre todas las normas que integran el ordenamiento jurídico, en concordancia con las cláusulas constitucionales.

Esta posición fue sostenida en numerosas oportunidades por nuestro más Alto Tribunal Federal: "La determinación del alcance de la ley, de manera concordante con los principios y garantías constitucionales, constituye correcto ejercicio de la facultad interpretativa -Fallos, 247:387; 248:398-" (Fallos, 250: 427); "Es principio jurisprudencial que debe preferirse la interpretación de los preceptos legales que mejor concuerde con los derechos y garantías constitucionales, en tanto ella sea posible sin manifiesta violencia a su texto -Fallos 250:427 y sus citas" (Fallos, 253:205); "La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero, además, la misión judicial no se agota en ello, ya que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma; todo esto, a su vez, de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional" (Fallos, 305:538); entre muchos otros.

Con certeza, puede afirmarse que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes debe considerarse la "última ratio" del orden jurídico (Fallos, 311:394) por cuanto "...constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, sólo practicable como razón ineludible del pronunciamiento a dictarse" (Fallos, 264:364).

Así, se ha dicho que "...la Corte presupone lo tantas veces expresado en su jurisprudencia: la declaración de inconstitucionalidad es la 'última ratio' del orden jurídico, a la que sólo se ha de llegar cuando el esfuerzo interpretativo no logra coordinar la norma aparente o presuntamente opuesta a la Constitución. Hasta arribar a ese extremo, el itinerario deja margen a la interpretación conciliadora, y busca el sentido que permita entender a la norma infraconstitucional con un alcance 'no inconstitucional', o sea, a la inversa, con un alcance que engarce congruente y satisfactoriamente en y con la Constitución" (Germán Bidart Campos, "La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional", Ediar, 1988, p. 210)	En este orden de ideas, coincide Juan Francisco Linares cuando expresa que es función de los jueces otorgar a las leyes una interpretación que sea compatible con la Constitución -lo que denomina "interpretación constructiva"-. Agrega que es necesario que la contradicción entre la ley y nuestra Carta Magna sea absoluta, palmaria y clara para que su tacha no exceda las potestades propias del Poder Judicial ("Razonabilidad de las leyes", Ed. Astrea, 1989, p. 137 y sus citas). Para este autor, esta tesis encuentra fundamento en la presunción de constitucionalidad que ampara todo acto del Poder Legislativo y Ejecutivo, situación que conduce -asimismo- a establecer su presunción de racionalidad.

IV.	Establecido ello, corresponde ingresar al estudio de la presente cuestión.

Este Tribunal comparte el criterio del a quo en cuanto sostiene, siguiendo a distinguidos representantes de la doctrina nacional, que el auto de procesamiento representa una expresa decisión jurisdiccional que contribuye a fijar la relación jurídica entre el imputado y el proceso penal.

En ese sentido, es claro el art. 280 de nuestra normativa procesal en cuanto dispone los extremos necesarios para su dictado: "los datos personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo; una somera enunciación de los hechos que se le atribuyan y de los motivos en que la decisión se funda, y la calificación legal del delito, con cita de las disposiciones aplicables.". Nótese que la falta de uno de ellos, lleva -irremediablemente- a la nulidad de su dictado.	Se advierte, pues, su importancia dentro del sistema procesal actual, elegido por el legislador fueguino al promulgarse el Código Procesal Penal de la Provincia (ley 168).

La declaración de inconstitucionalidad de la Cámara se funda, esencialmente, en que las modificaciones introducidas por los arts. 4º y 5º de la ley 351 al Código Procesal autorizan el paso a la etapa ulterior del proceso ("juicio") sin que sea necesario el dictado del procesamiento.

Así, el art. 4º modifica el art. 318 del Código admitiendo que cuando el Juez estime completa la instrucción, corra vista al querellante -si lo hubiere- y al fiscal sin que se hubiera ordenado el procesamiento del indagado.

En forma concordante, el art. 5º modifica el art. 322 del Código, agregando -como segundo párrafo- que, en caso del fiscal requerir la remisión de la causa a juicio sin que el Juez hubiese dispuesto el procesamiento del imputado, la remisión procederá por auto, el cual será apelable por el imputado, el Ministerio Público Fiscal y el querellante en el término de cinco días.

Es cierto entonces, en virtud de las modificaciones señaladas, que el dictado del procesamiento dejó de ser un presupuesto para ordenar la vista dispuesta por el art. 318 y, en consecuencia, para el cierre de la etapa instructoria del proceso.

Sin embargo, asiste razón al recurrente cuando afirma que esta conclusión no representa la orfandad del imputado frente a un órgano jurisdiccional que no define su situación procesal; antes bien, dicha aseveración es fruto de un análisis parcial de la problemática.

En efecto, como se expresara, el nuevo segundo párrafo del art. 322, establece que la remisión de la causa a juicio será dispuesta por el Juez por auto.

Es decir, este paso -cierre de la instrucción- impone requisitos distintos a los presentes en el Código (ley 168) -en donde la remisión a juicio procede por simple decreto-, pero ello no altera la línea troncal del proceso: antes de la conclusión de la etapa preparatoria del juicio, el órgano jurisdiccional correspondiente debe expedirse sobre la procedencia -conforme las constancias probatorias reunidas- del avance a la etapa ulterior del proceso, en el auto de procesamiento -siguiendo las disposiciones no modificadas por la ley 351 (art. 278 y ss.)- o al momento de disponer, por auto, la remisión de la causa a juicio -de acuerdo a las normas modificadas (arts. 318 y 322)-.

V.	Lo esencial es, en definitiva, que, en ambos supuestos, el órgano jurisdiccional llamado a dirigir la investigación (juez de instrucción) debe, necesariamente, expedirse sobre la procedencia de la remisión a juicio, siendo irrelevante -dentro del sistema procesal elegido por el legislador (leyes 168 y 351)- que esta tarea se realice en el dictado del procesamiento del indagado o al momento de disponerse la remisión a juicio, cuando ambas presentan características similares.

Jorge A. Clariá Olmedo define al procesamiento, como "...la declaración jurisdiccional que, haciendo mérito de las constancias reunidas en los primeros momentos de la investigación sumarial, acepta provisionalmente la imputación ante la posibilidad de que aquel contra quien va dirigida sea penalmente responsable del delito que se investiga" ("Derecho Procesal Penal" T. IV, Ed. Ediar, 1964, p. 351). En tal sentido, cualquiera sea la denominación empleada por el legislador, resulta claro que, tanto el procesamiento establecido en el art. 278 como el auto de remisión del art. 322 -segundo párrafo-, quedan comprendidos dentro de este concepto.

De ello se desprende también que, si bien el nuevo art. 322 no enumera los requisitos para el dictado del auto de remisión a juicio, éste reviste similares características que el auto de procesamiento, debiendo guardar sus mismos requisitos: "los datos personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo; una somera enunciación de los hechos que se le atribuyan y de los motivos en que la decisión se funda, y la calificación legal del delito, con cita de las disposiciones aplicables".

Así fluye naturalmente, pues éstos representan los extremos mínimos que constituyen la determinación "prima facie" de la responsabilidad penal del imputado, propia de esta etapa procesal y que da paso al juicio, propiamente dicho. Constituyen, en esencia, los extremos rectores de la actividad jurisdiccional en la instrucción, de acuerdo con lo establecido en el art. 161. De esta forma, el control jurisdiccional sobre la investigación del hecho -"crítica instructoria", en palabras de Clariá Olmedo, acertadamente citado por el casacionista- se mantiene, pacíficamente, en la figura del juez.

En este sentido, el principio de congruencia no se ve alterado. El objeto procesal al cual se circunscribe la actividad jurisdiccional permanece incólume: es fijado en la indagatoria del imputado y -siempre sobre la misma plataforma fáctica- enmarca su sujeción al proceso, ya sea en el auto de procesamiento o, cumplida la vista dispuesta por el art. 318, en el auto de remisión a juicio.

Asimismo, la reforma mantiene el principio de la doble instancia, propio de esta etapa preparatoria del proceso. Expresamente, el segundo párrafo del art. 322 dispone que el auto de remisión será apelable por las partes llamadas a intervenir en el proceso: el imputado, el Ministerio Público Fiscal y el querellante.

VI.	Por otra parte, debe advertirse que nuestra normativa procesal se enrola entre aquéllas que garantizan, desde un primer momento, los derechos y garantías consagrados en nuestro ordenamiento jurídico a toda persona que sea indicada -de cualquier forma- como partícipe de un hecho delictuoso (art. 58). En forma conteste, el artículo siguiente prevé la posibilidad que la persona a quien se le imputare la comisión de un delito, aún cuando no hubiese sido indagada, se presente ante el tribunal -personalmente con asistencia letrada- aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.

Ello responde al mandato contenido en el primer párrafo del art. 35 de la Constitución Provincial: "Todo procesado tiene derecho a la defensa profesional, desde el primer momento de la persecución penal...", en donde el término "procesado" es usado como sinónimo de "imputado", apartándose de su estricto sentido técnico.

Dicha asistencia letrada se torna indispensable al momento de ser oído en declaración indagatoria (art. 35, último párrafo, de la Constitución Provincial y arts. 179, 267 y cctes. del C.P.P.), constituyéndose el letrado en defensor del imputado, correspondiéndole -a partir de entonces e, incluso, con anterioridad (art. 59 )- todos los derechos y obligaciones que el Código le acuerda.

Ese cuerpo legal impone como disposición general de la instrucción, la asistencia de los defensores a los actos de instrucción, siempre que ello no ponga en peligro la consecución de los fines del proceso o impida una pronta y regular actuación o las actuaciones estuviesen bajo reserva (art. 184). Asimismo, durante esta etapa, éstos podrán proponer las diligencias probatorias que consideren útiles (arts. 181 y 185). Todas estas atribuciones a fin de garantizar al imputado las mismas facultades, para influir sobre la reconstrucción fáctica, que aquéllas que se le reconocen al Ministerio Público Fiscal, es decir, "idénticas posibilidades para la recepción y valoración de la prueba", o sea, "idénticas posibilidad de influir en la decisión" (confr. Julio B.J. Maier, "Derecho Procesal Penal Argentino", T. 1b, Ed. Hammurabi, 1989, p. 355).

En consecuencia, nuestra normativa procesal no establece ninguna distinción entre indagado y procesado a los efectos del control de los actos instructorios. En otras palabras, para este fin, el carácter de "procesado" no otorga mayores atribuciones que el de "indagado"_ain .

La razón de esta regla emerge -sin hesitación- del hecho que la persona que es citada a prestar declaración indagatoria -situación que presupone un estado de sospecha en su contra, de conformidad con el art. 267- posee, sin duda, el derecho de controlar la recolección y producción de las pruebas que -eventualmente- servirán para fundar una resolución judicial que le impute responsabilidad penal en la comisión de un hecho ilícito.

Enseña Maier que "...todas las garantías constitucionales se ponen en acto desde el momento en que una persona es indicada como autor o partícipe de un hecho punible ante cualquiera de las autoridades competentes para la persecución penal, pues desde ese momento peligra su seguridad individual en relación a la aplicación del poder penal estatal; puede, entonces, desde ese momento ejercer todas las facultades tendientes a posibilitar la resistencia a ese poder penal " (ob. cit., p. 312 y sus citas); sintetizando el autor esta actividad en la facultad de ser oído, la de controlar la prueba de cargo, la de probar los hechos que él mismo invoca para excluir o atenuar la reacción penal, la de valorar la prueba producida y exponer las razones fácticas y jurídicas para obtener del tribunal una sentencia favorable según su posición, que excluya o atenúe la aplicación del poder penal estatal (p. 311, con cita de Vélez Mariconde).

De allí que la defensa del imputado puede ejercer -con la amplitud que la normativa procesal le otorga- su función de control de la actividad instructoria con independencia del dictado de un auto -llámese "procesamiento" o no- que manifieste expresamente, "prima facie", la decisión jurisdiccional sobre la comisión de un ilícito, el mérito de las probanzas recolectadas y la participación del indagado en el mismo, a fin de posibilitar el paso a la etapa plenaria del proceso (única, oral, actuada, pública y esencialmente contradictoria).

En autos, Marcelo Antoniotti Severo y Gerardo Saúl Núñez prestan declaración indagatoria a fs. 26/27 y 28/29, respectivamente, habiéndose, en un primer momento, este último negado a declarar, según consta a fs. 24/25. En todas las oportunidades contaron con la asistencia de un defensor técnico (encargado de examinar el valor jurídico-procesal de los elementos allegados a la causa), quien -a partir de ese instante- dispuso de todas las facultades que le otorgan los arts. 181 y ss. de la normativa de forma; atribuciones limitadas, en la especie, a la interposición del recurso de apelación de fs. 55.

Por todo lo expuesto, las reglas del debido proceso y de la inviolabilidad de la defensa en juicio no se ven lesionadas.

VII.	En consecuencia, concluimos que las modificaciones introducidas por los arts. 4º y 5º de la ley 351 no atentan contra los arts. 34, 35 y ss. de la Constitución Provincial y 18 de la Constitución Nacional.

En virtud de ello, corresponde casar el auto de fs. 59/68 en su totalidad pues, si bien el recurrente restringe -en principio- la materia del recurso al punto I de la parte dispositiva del auto de fs. 59/68 (petitorio, punto 2º, fs. 76 in fine), lo resuelto en el punto II, alcanzado por la aclaratoria de fs. 68 (nulidad del decreto de fs. 50, del requerimiento fiscal de remisión a juicio de fs. 51 y del auto de fs. 52), surge como consecuencia directa de la declaración de inconstitucionalidad, razón por la cual, revocada ésta, deben cesar, también, sus efectos. De lo contrario, se mantendría una decisión (en el sub lite, la nulidad) carente de sustento normativo.

Por tal motivo, lo aquí resuelto se extiende a la totalidad de la resolución impugnada, sin que ello represente un avasallamiento a los principios que rigen la competencia de los tribunales de alzada en relación a los recursos en general (art. 415, primer párrafo, del C.P.P.).

VIII.	Atento los alcances dados a la intervención de este Cuerpo al abordar esta problématica (consid. II.), la misma se encuentra ceñida, ahora, al examen realizado, correspondiendo que la interpretación adecuada de las citadas normas sea establecida por la Alzada.

Al respecto, cabe recordar la enseñanza del maestro uruguayo Eduardo Couture, quien afirma que "la interpretación de las leyes procesales no se agota en la operación de desentrañar el significado del texto particular puesto que ese texto no es normalmente otra cosa que la revelación de un principio de carácter general vigente; esos principios son a su vez desenvolvimientos particulares de grandes mandamientos o preceptos básicos consignados en la Constitución para asegurar la justicia, la igualdad, la libertad, la dignidad de la persona humana, etc." ("Código...", pág. 283).

"Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión; se interpretan las expresiones para descubrir lo que significan: Interpretar la ley es descubrir el sentido que encierra, desentrañar el contenido que el texto tiene con relación a la realidad, es poner de manifiesto su significado, indagar su verdadero contenido, ´lo que se traduce desde un punto de vista interno, en la norma misma, en la determinación de lo que quiere decir, traducción explícita, aclaración de la fórmula legal; desde un punto de vista externo, en cuanto la norma como regla de conducta se establece para una práctica aplicación, a determinar su alcance, su delimitación genérica¨" (Enrique Vescovi, "Código General del Proceso", Ed. Abaco, Montevideo, Uruguay, pág. 273).

"Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente; en esta indagación no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiere" (C.S.J.N., 28.4.81, "Ghiano, Juan C. c/ Nación Argentina, Ministerio de Bienestar Social", ED 95-553).

Y es razonable que ello sea así, la labor intepretativa debe alcanzar un resultado que concilie a todo el sistema y, dentro de éste, muy especialmente debe tender a resguardar el orden jerárquico de las normas que lo componen. Así, ha podido decirse que "la interpretación de la ley comprende, además de la armonización de sus preceptos, su conexión con las otras normas que integran el ordenamiento jurídico vigente" (C.S.J.N., 23.4.81, "Montoto, Carlos E. c/ Alvarez, Ricardo y otros", ED 95-552) y que se ha admitido "aquélla interpretación de la ley que evalúe la totalidad de sus preceptos y los propósitos finales que la informan de manera que armonice con todas las normas del ordenamiento jurídico vigente y del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional" (Fallos 263:63, 309, 460; 267:478; 281:146; 284:9; 296:22) (citados por el Dr. Hutchinson, in re "Banco de la Provincia de Santa Cruz c/Crespo, Adolfo Bernardo, Weis, Héctor Enrique y Alioto, Carlos Alberto s/ejecutivo", del 17.04.97 -expte º 139/96 SR, registrado en el Tº III Fº 129/139-) .

Se ha sostenido que: "...Interpretar no es más que investigar el sentido adecuado de una disposición a fin de su aplicación a un caso de la vida real. La interpretación no va a buscar extra legem, sino intra legem; no se trata con ella de buscar y descubrir una voluntad extraña a la ley misma, para encontrarla, por ejemplo, en sus antecedentes, sino que se trata de servirse de todos esos antecedentes y medios para entender cuál es la voluntad que vive autónoma en la ley. No se investiga, propiamente hablando, la voluntad del legislador, sino la de la ley (...) La interpretación es una operación lógico-jurídico consistente en verificar el sentido que cobra el precepto interpretado, al ser confrontado con todo el ordenamiento jurídico concebido como unidad, y especialmente ante ciertas normas que le son superiores o que sencillamente limitan su alcance, con relación a una hipótesis dada: interpretación sistemática" (Sebastián Soler, "Derecho Penal Argentino", T.I., Ed.TEA, 1994, p. 170).

En esta línea argumental, el maestro Jiménez de Asúa enseña que la forma más moderna de interpretación legal sigue un método lógico-sistemático, que adquiere su mejor forma con la interpretación teleológica. "Ésta es la que mejor descubre la íntima significación de los preceptos, la verdadera voluntad de la ley, deduciéndola no sólo de las palabras, sino de los múltiples elementos que contribuyen a formar las disposiciones legislativas" ("Tratado de Derecho Penal", T.II, Ed. Losada, Bs. As., 1977, p. 448). Enuncia, a continuación, los elementos de los cuales debe valerse el intérprete (p. 449/457).

IX.	En reiteradas oportunidades, este tribunal ha sostenido que: "...la inconsecuencia no se supone del legislador, sino que es reconocido como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que oponga sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; por lo que es criterio adecuado para la interpretación de las normas, seguir aquél que las concilie y deje a todas con valor y efecto" (CSJN, fallos 305:538,657; citado en los autos "Gerlos, Mabel Beatriz y Xamena, Liliana Amanda s/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Recurso de Amparo del 11.05.95 -expte. nº 30/95 SR, registrado en el Tº I Fº 21/23-; entre otros).

De lo expuesto, es nuestra opinión que un conflicto no debe ser resuelto con la aplicación aislada de una norma, máxime cuando conduce a soluciones disvaliosas o reñidas con el ordenamiento jurídico en su totalidad.

Así, la interpretación de la modificación al Código Procesal Penal deberá conducir a su inserción sistemática dentro del cuerpo legal en que se inscribe, sin alterar los principios fundamentales que rigen el proceso ni menoscabar los derechos que le asisten al imputado y manteniendo la vigencia de todas aquellas normas no derogadas por el legislador.

En tal sentido, el Código Procesal Penal le otorga al Juez de instrucción la función de definir tempranamente la situación procesal del imputado que fue sometido a declaración indagatoria, de cuatro maneras diferentes: 1) procesándolo sin prisión preventiva (art. 278); 2) procesándolo con prisión preventiva (art. 284); 3) dictando auto de falta de mérito (art. 281); y 4) disponiendo su sobreseimiento (art. 309).

Todas estas resoluciones deben ser dictadas medianto auto motivado (arts. 110, 278, 280, 281, 282, 284 y 310), las tres primeras en el plazo de diez días (arts. 278 y 281) y el sobreseimiento en cualquier estado de la instrucción (art. 307). Cabe destacar que el vencimiento del plazo señalado no importa caducidad alguna -pues no es perentorio-; pudiendo si originar reclamo por retardo de justicia y la consecuente responsabilidad disciplinaria para el Magistrado (conf. Francisco J. D'Albora, "Código Procesal Penal de la Nación, Anotado-Comentado-Concordado", Abeledo-Perrot, 1994, p. 295, comentario al art. 306, similar al 278 de la normativa provincial).

Como se ve el sistema establecido por el Código Procesal (ley 168) no fue alterado por la reforma. La innovación que incorpora la ley 351 al art. 318 al suprimir la frase "hubiere dispuesto el procesamiento del imputado" (art. 4º) -que concuerda con el párrafo añadido al art. 322 por la misma ley (art. 5º): "...sin que el juez hubiese dispuesto el procesamiento..."-, está dirigida al supuesto en que el Magistrado hubiese optado -dentro de las cuatro posibilidades antes señaladas- por el dictado del auto de falta de mérito (art. 281). En ese supuesto, al no haber mediado auto de procesamiento, el Juez de instrucción que haya reunido nuevos elementos de prueba antes de remitir la causa a juicio debe dictar un auto de similares características al de procesamiento (confrontar arts. 280 y 319, párrafo segundo), garantizando de ese modo el derecho de defensa del imputado.

X.	Por último, atento a que la inconstitucionalidad declarada por la Alzada dejó sin tratamiento los restantes agravios expresados por la Defensa en su recurso de apelación de fs. 55 contra el auto de fs. 52, corresponde devolver las actuaciones a la Cámara de Apelaciones a los fines del pronunciamiento sobre ellos.

El Sr. Juez Dr. Hutchinson dijo:

A lo expresado cabe agregar:

I. -	El pronunciamiento que amerita el caso sub-exámine, de trascendencia institucional, por tratarse de la concordancia de un conjunto de normas con la ley fundamental provincial y nacional, requiere el planteo de una serie de contenidos que, a mi juicio, complementan la problemática a resolver. Por ello, la importancia no sólo surge de las razones esbozadas por el Ministerio Fiscal sino también de estos contenidos que, merituados según lo propongo, darán pistas sólidas, para la decisión final.

En tal sentido sostengo que la complejidad del presente asunto radica en que aparecen imbrincadas múltiples cuestiones, a saber: a) de interpretación (y, dentro de éstas, del adecuado método interpretativo de la normativa adjetiva vigente frente a las recientes proposiciones de la ley 351, artículos 4º y 5º); b) la de la garantía del debido proceso (su alcance y requisitos básicos exigidos por la Constitución Nacional y Provincial para que dicha prerrogativa sea efectiva); c) como juega el auto de procesamiento en ella; d) la necesidad de la congruencia entre las normas en un cuerpo orgánico y, finalmente; e) la cuestión de si la asistematicidad producida por la reforma en el ordenamiento adjetivo tiene entidad suficiente para tornar aconsejable su declaración de invalidez. Para desentrañar este último punto, también será necesario investigar algunas particularidades que presentan las normas atacadas en relación con las vigentes del código procesal y, sin duda, con el caso concreto en particular.

II. -	Merece con carácter previo, antes de abocarme a la tarea propuesta, no dejar pasar las afirmaciones realizadas a fs. 69 vta. por el Ministerio Fiscal sobre la actitud de la Cámara calificándola como que "importa un error de magnitud que comienza por encontrar afectaciones inexistentes a nuestra Carta, para finalizar en una decisión que priva de validez a normas legales constitucionales, a partir de interpretaciones equivocadas cuando bien resultan entendibles-las nuevas normas- de modo tal que es posible preservar la vigencia de las mismas y del conjunto normativo que la integran. Asumiendo los jueces facultades legislativas, actuación que contraría el necesario equilibrio de los poderes públicos que conforman nuestra organización política, y desconoce, por ende, el imperio de la ley, a la que el magistrado debe sujetar sus resoluciones, impuesto por el art. 153 de la Constitución Provincial ".

Que las normas de un sistema institucional estén dictadas por la autoridad competente del mismo, es decir los órganos legislativos, no implica de forma incontestable que gocen de garantía de constitucionalidad. Lejos de ello, el control de constitucionalidad es una herramienta dispuesta justamente para pronunciarse sobre la adecuación de las normas a la ley fundamental y para ello el ordenamiento nacional y el provincial lo arbitran y tipifican.

Esta afirmación conlleva a otra y es la que postula que no debe confundirse validez de las normas jurídicas con vigencia. El primer término hace referencia al precepto legal, dictado de acuerdo a un procedimiento legítimo que el mismo sistema arbitra y el segundo, implica normatividad justificada es decir verdadera adecuación a la ley fundamental del sistema y por lo tanto vigencia material. (Conf. Nino Carlos, La validez del derecho, edit. Astrea, pág. 24, citando también a Kelsen).

III.-	Finalmente debe decirse que la Cámara no sólo ejercita el control con las características descriptas sino que también cumple con las normativa vigente, artículo 154 de la Constitución Provincial, situado en la sección III referida al Poder Judicial, que al delimitar su competencia se refiere a la verificación de la constitucionalidad de las normas a pedido de parte o de oficio. Este Superior Tribunal ha sentado jurisprudencia, en correspondencia con la de la Corte Suprema de la Nación, en esa dirección, afirmando la importancia de tal función y de la viabilidad de tal cometido cuando sea razón ineludible del pronunciamiento a dictarse en el caso que se examina ( Fallos: 264-364) IV. -	Llamado a resolver el contenido central del presente litigio es necesario, para su abordaje conceptual, acometer el tratamiento metodológico de distintas cuestiones que están relacionadas con el contenido central del caso, a las que he hecho referencia en el punto I. Propongo su examen con la convicción, a mi criterio, que arrojarán claridad a la decisión que sostendré.

1) Sobre la interpretación adecuada y el criterio rector para llevarla a cabo:

Es indudable en el presente caso, la necesidad de realizar un examen acerca de la correcta adecuación de los preceptos reformados en relación con el ordenamiento adjetivo vigente y, si de dicha evaluación se coligiera el rompimiento de la armonía normativa, estaríamos frente a un serio problema de validez de los artículos reformados.

Esta tarea de interpretación requiere cierto rigor conceptual. Es cierto, y la jurisprudencia es profusa acerca de ello, que tal actividad debe ejercitarse de manera concordante con los principios y garantías constitucionales y, en ese sentido, debe considerarse un ejercicio correcto de tal facultad (CS, Fallos 248:398; 247:387). También es rigurosamente cierto que el primer paso en esta tarea de desentrañar el verdadero significado, su claro contenido, es el análisis literal de la norma a la que coadyuva la intención del legislador.

En tal sentido, reitero las expresiones de Soler en cuanto sostiene que: "...Interpretar no es más que investigar el sentido adecuado de una disposición a fin de su aplicación a un caso de la vida real. La interpretación no va a buscar extra legem, sino intra legem; no se trata con ella de buscar y descubrir una voluntad extraña a la ley misma, para encontrarla, por ejemplo, en sus antecedentes, sino que se trata de servirse de todos esos antecedentes y medios para entender cuál es la voluntad que vive autónoma en la ley. No se investiga, propiamente hablando, la voluntad del legislador, sino la de la ley (...) La interpretación es una operación lógico-jurídico consistente en verificar el sentido que cobra el precepto interpretado, al ser confrontado con todo el ordenamiento jurídico concebido como unidad, y especialmente ante ciertas normas que le son superiores o que sencillamente limitan su alcance, con relación a una hipótesis dada: interpretación sistemática"("Derecho Penal Argentino", tomo I, ed. Tea, 1994, pág. 170).

El más alto Tribunal del sistema institucional argentino, se ha pronunciado en el sentido de interpretar las normas del modo que mejor consulten con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 263:63, 309, 460; 267:478; 281:146; 284:9; 296:22).

Debe tenerse presente que esta confrontación relacional de las nuevas normas con la norma fundamental y con las restantes del ordenamiento tiene una peculiaridad o rasgo distintivo que pocas veces se resalta. En efecto, la nueva norma no debe alterar el contenido de las ya vigentes, tornarlas ambiguas o confusas o, en otras palabras, quebrar la armonía de las ya existentes. Esto parece fundamental porque de lo contrario la innovación que produce torna disfuncional el sistema. La armonía debe entenderse de las normas ya vigentes a la nueva y no al contrario. (Conf. Nino, Carlos S., Introducción al análisis del Derecho, edit. Astrea, pág. 295).

2) El debido proceso como garantía que se ve involucrada y puesta en entredicho por la reforma, a juicio del Tribunal recurrido.

Nadie puede negar la importancia del debido proceso. Carnelutti consideró, ya en 1948, en el Congreso Nacional de Derecho Procesal, como un manifiesto progreso que en el procedimiento se proyectara el principio constitucional de la legalidad y el debido proceso.

Al hablar de esta prerrogativa reconocida en el artículo 18 de la Constitución Nacional y del artículo 14 de la Constitución Provincial es menester aclarar que implica técnicamente dos aspectos, el del debido proceso adjetivo y sustantivo. Este último se refiere a la necesidad de que las sentencias sean valiosas en sí mismas, mientras que el primero, que nos interesa para el presente caso, se trata de la exigencia de cumplimentar ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para definir una litis a través de una sentencia.

Las normas del debido proceso adjetivo, obligatorias para todo tipo de procesos (C.S., Fallos 310:1797) tienen por objeto reglamentar y hacer efectivas todas las garantías fundamentales y son sancionadas en favor de los justiciables para desechar, en el ámbito penal específicamente, cualquier circunstancia que lo coloque en indefensión, desprotección frente al ejercicio de la facultad punitiva. También es cierto, que la Corte Suprema, en jurisprudencia habitual ha dicho que el cambio de las leyes procesales es un "derecho que pertenece a la soberanía" (Fallos: 163:231) y que nadie tiene un derecho a ser juzgado por un determinado procedimiento (Fallos 249:343). Sin embargo esta última observación no debe ser ajena a la producción de un perjuicio o menoscabo en los derechos del sometido a proceso.

Cabe mencionar también que la legislación procesal adjetiva puede establecer razonables restricciones formales a los involucrados en el proceso en razón de compatibilizar el ejercicio de los derechos de los intervinientes en el proceso con el interés social que demanda una justicia eficaz.

El límite violatorio de tal garantía, se expresa en un directo menoscabo en el ejercicio o padecimiento de alguna circunstancia que implique indefensión o pérdida de garantías que no puedan demandar su cumplimiento, y coloque a quién lo padece en desventaja manifiesta.

3) El auto de procesamiento, su importancia en el proceso penal y su incidencia en la garantía del debido proceso.

Este acto procesal se define genéricamente como una garantía para el imputado, que desde ese momento se trasformará en procesado con todos los derechos que la ley le otorga. Jorge A. Clariá Olmedo define al procesamiento, como "...la declaración jurisdiccional que, haciendo mérito de las constancias reunidas en los primeros momentos de la investigación sumarial, acepta provisionalmente la imputación ante la posibilidad de que aquel contra quien va dirigida sea penalmente responsable del delito que se investiga" ("Derecho Procesal Penal" T. IV, Ed. Ediar, 1964, p. 351).

En este orden de ideas, Ricardo Levene (h) expresa que tal acto procesal convierte al justiciable en sujeto del proceso (conf. Manual de Derecho Procesal Penal, ed. Depalma, pág. 445), lo que significa direccionar de manera efectiva la pretensión punitiva del Estado ante la convicción de responsabilidad por la comisión de actos típicos.

Esto lleva a la doctrina a considerar que constituye una garantía primaria en orden a la defensa en juicio porque con este acto se concatenan otros que inciden en los derechos de los procesados y de allí su imprescindibilidad en el proceso. Implica una estricta y razonada valoración jurídico-penal del hecho atribuible al justiciable. En tal sentido, Velez Mariconde dice que es "la declaración jurisdiccional de la presunta culpabilidad del imputado como partícipe de un delito concretamente verificado". Desde la óptica del justiciable debe apreciarse cualitativamente un cambio muy importante que significa la concreta atribución de la infracción penal y el momento en que se determina una vinculación directa de responsabilidad.

De esto se desprende, que la mayoria de los códigos de procedimiento penal contemplen la declaración de nulidad de los autos, cuando éstos adolecen de los requisitos fijados por la ley en razón de la importancia del acto y su contenido esencial frente a los derechos que se comprometen.

V. -	El presente caso a resolver debe ser abordado desde el prisma de las consideraciones anteriores, y presenta como nota distintiva que el juzgador atuvo su proceder a lo que establece la nueva legislación adjetiva.

En tal sentido, indagó a los imputados, dictó el auto de falta de mérito en el término de los diez días (fs. 30), realizó las diligencias probatorias que consideraba necesarias para agotar la investigación del hecho y las circunstancias que lo rodearon (fs. 33 y fs. 49), estimó completa la instrucción y remitió la causa al fiscal que formuló requerimiento de remisión a juicio (fs. 51) y el juez cumplió esa remisión por auto (fs. 52).

En primer lugar hay que decir que, a mi juicio, no debe considerarse eliminada por la reforma la exigencia del procesamiento del artículo 278 ni tampoco desechada su importancia en el procedimiento penal que la ley 168 le otorgó; de hecho el artículo 280 vigente fulmina con la nulidad cuando este carezca de los requisitos formales necesarios. El juzgador puede disponerlo cuando la resolución acarree privación de libertad o haya que fijar otras garantías o cuando, simplemente, amerite a su criterio pronunciarlo. No debe desprenderse la interpretación, ya que no deriva ni de la exposición de motivos ni de la letra de la ley, que dicho instituto procesal ha sido dejado de lado, por el contrario, sigue vigente, incluso en el plazo establecido para dictarlo.

VI. -	Retomando el caso sub-exámine, se debe destacar que el artículo 318 del Código, según la redacción del art. 4º de la ley 351, admite que cuando el Juez estime completa la instrucción, correrá vista, si lo hubiere, al querellante y al fiscal sin que hubiese dictado el procesamiento del imputado. Se trata de un caso de falta de mérito en toda la fase instructoria. En concordancia con este precepto, el artículo 5º del mismo precepto legal, agrega al segundo párrafo del art. 322 que el Ministerio Fiscal puede requerir la remisión de la causa a juicio sin que el Juez hubiese dispuesto el procesamiento y ésta, procederá por auto que, según el párrafo tercero del mismo artículo, será apelable por el imputado, el Ministerio Público Fiscal y el querellante en el plazo de cinco días.

De esto se concluye que el auto de procesamiento no es un presupuesto necesario, en este caso, para ordenar la vista al agente fiscal que establece el artículo 318 y en consecuencia para concluir el proceso en su etapa instructoria.

No cabe duda de la importancia del auto de procesamiento al que me he referido y, lo que debe investigarse en el asunto que nos convoca, es si con la reforma este instituto procesal no sólo ha perdido gravitación en el ordenamiento jurídico sino que su eliminación, en el supuesto, se traduce en un menoscabo de derechos del justiciable y, frente a la pretensión punitiva en movimiento. De ser ello así será palmariamente írrita a la Constitución.

A la reforma no hay que minimizarla, muy por el contrario, no es poca cosa lo que ha modificado esta ley 351, ya que se trata de un nuevo equilibrio entre los derechos fundamentales y la facultad punitiva del Estado.

La Cámara ha sostenido, de forma indubitable, que se afecta la garantía del debido proceso en razón de que el esquema procesal adoptado por la provincia se asienta en el instituto procesal garantista del auto de procesamiento que "resulta esencial para fijar la situación del imputado" (fs. 65vta/66 in fine). Se advierte meridianamente que importa una garantía donde anidan los derechos individuales. Expone críticamente, que no debe dejarse con carácter facultativo el dictado o no del auto, pues de él dependen con posterioridad decisiones que conllevan conculcaciones legítimas de derechos, que involucran a personas que los sufren.

VII. -	El argumento central de la tesis defensora de la constitucionalidad radica en que el auto de procesamiento podría equipararse al auto de remisión de la causa a juicio, ya que poseen iguales requisitos, igual control y las garantías de los derechos fundamentales, incluidas las del debido proceso, tienen vigencia desde la indagatoria.

En tal sentido, el nuevo segundo párrafo del art. 322, establece que la remisión de la causa a juicio será dispuesta por el Juez por auto entendiéndose que éste reúne los mismos extremos que los del procesamiento: "los datos personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo; una somera enunciación de los hechos que se le atribuyan y de los motivos en que la decisión se funda, y la calificación legal del delito, con cita de las disposiciones aplicables".

Considero que la dirección del procedimiento penal en la reforma, muy a pesar del traslado al agente Fiscal para la solicitud de la remisión a juicio, se mantiene en el órgano jurisdiccional que reserva para sí la potestad de la investigación en el proceso y la necesaria y excluyente apreciación en la procedencia de la remisión a juicio.

Estos rasgos implican los requisitos mínimos, entre otros, del debido proceso, y son los que constituyen prima facie la determinación de la responsabilidad penal del imputado, propia de la fase instructoria y que da paso al juicio, propiamente dicho. Constituyen, los extremos rectores de la actividad jurisdiccional en la instrucción, de acuerdo con lo establecido en el art. 161. La crítica instructoria se mantiene bajo control jurisdiccional lo que implica que no hay esencialmente pérdida de potestades sobre la investigación del hecho.

No se aprecia una indefinición procesal que desprotege a quién soporte la pretensión punitiva. Resisten por otra parte, los principios de la congruencia y de la doble instancia. El primero porque el objeto procesal es fijado en la indagatoria y siempre sobre la misma plataforma fáctica se ventila el proceso instructorio sujeto a la potestad del juez y, cumplida la vista al agente fiscal, adquiere nuevamente su relevancia en el auto de remisión a juicio. La segunda garantía de la doble instancia se asegura , al existir la apelación de las partes en el proceso, el imputado, el Ministerio Público Fiscal y el querellante ante la decisión jurisdiccional.

El cierre de la instrucción según la ley 168, ameritaba que la remisión a juicio procedía por decreto en razón de que el órgano jurisdiccional correspondiente se expedía sobre la procedencia del avance a la etapa ulterior en el auto de procesamiento, según el artículo 278 y siguientes. Tal procedimiento continúa vigente aunque distinto al anterior, regulado por los artículos 318 y 322, que disponen la remisión de la causa a juicio cuando el juez así lo considere según las condiciones del caso .

Desde el punto de vista de la defensa del imputado, ésta en su actuación, reglada por la normativa procesal, podrá ejercitar el control de la actividad instructoria independientemente de que se trate de un auto de remisión a juicio o procesamiento y de control de la decisión jurisdiccional sobre la comisión de un ilícito, sobre el mérito de las probanzas producidas y la participación del indagado en el mismo, a fin de posibilitar el paso a la etapa plenaria del proceso.

VIII. -	También debe expresarse que el ordenamiento jurídico provincial nació como fuertemente garantista respecto de la situación de toda persona que sea indicada como partícipe de un hecho delictivo. Desde la ley fundamental provincial aparecen contenidos claramente protectores como el primer párrafo del art. 35 de la Constitución Provincial: "Todo procesado tiene derecho a la defensa profesional, desde el primer momento de la persecución penal...", en donde el término "procesado" es usado como sinónimo de "imputado", apartándose de su estricto sentido técnico.

En mi opinión, con la "enmienda" puede apreciarse un cierto aminoramiento en el carácter proteccionista de la legislación adjetiva. El equilibrio impuesto por la ley 168 entre la potestad punitiva del Estado y el justiciable se rompe apreciándose un franco retroceso que acrecienta la facultad inquisitiva que, no cabe duda, en cabeza del Agente Fiscal, gravita en el ordenamiento. Sin embargo, en consideración a lo expuesto, con el abordaje teórico propuesto entiendo que no resultan violadas las reglas del debido proceso y de la inviolabilidad de la defensa en juicio por la reforma de la ley 351, artículos 4º y 5º.	La reforma no trae inseguridad jurídica (lo que ameritaría su declaración de inconstitucionalidad), ni produce consecuencias imprevisibles en desmedro de los justiciables al punto de tornar a la "enmienda" en inconstitucional porque el plexo normativo resultante no produce indefensión aunque sí cierta desprotección desde el punto de vista del imputado. Más el nuevo "equilibrio", que por cierto no es de mi agrado, ha sido producto de una nueva política legislativa.

IX.-	Por ello considero que las modificaciones introducidas por los arts. 4º y 5º de la ley 351 no atentan contra la ley fundamental de la provincia,los arts. 34, 35 y 18 de la Constitución Nacional, y por ende no amerita su declaración de inconstitucionalidad, pues esta consecuencia debe considerarse la "última ratio" del orden jurídico, como ya se ha dicho con cita de nuestro más alto Tribunal federal.

En autos el no dictado de auto de procesamiento no ha agravado la posición del actor. En la situación anterior, ante el pedido del Fiscal, el Juez debía dictar el auto de procesamiento para enviarlo a juicio, auto que era apelable; en el caso, el Juez entendió, a mi juicio erróneamente, que no debía dictar el auto para enviarlo a juicio y ante el pedido Fiscal lo elevó. Ante esta decisión el recurrente pudo apelar. No ha habido cambio sustancial al respecto. Por otra parte, todo ello ocurrió dentro del plazo de cuatro meses previstos.

X.-	A mi parecer, hubiera sido deseable que el legislador no rompiera la sistematicidad creada. Mantener los caracteres y principios del Código primitivo tenía como ventajas, entre otras, la uniformidad del procedimiento adjetivo, que permitía encardinar y armonizar todas las garantías y derechos frente a la potestad punitiva del Estado, haciendo de ello un sistema de frenos y contrapesos que se conformaban en un todo orgánico sistemático, armónico y no contradictorio.

El Sr. Juez Dr. Carranza dijo:

I.	Tal como ha sido estructurado nuestro sistema procesal penal provincial -asentado o inspirado en el Código Procesal Penal de la Nación-, en el cual tuvo inicio la presente causa, el auto de procesamiento constituye una etapa fundamental que debe llevarse a cabo en la coyuntura procesal prevista por el ordenamiento: supone una decisión sobre la situación legal del imputado y una valoración jurídica del hecho tematizado por la instrucción. Dice De Elía, a este propósito, que con el procesamiento se abre la posibilidad concreta de la elevación a juicio; es el puente que une el sumario -donde sólo hay imputados- con el juicio -donde hay procesados- (Carlos M. De Elía, "Manual de Derecho Procesal Penal", t. II, ed. Librería El Foro, pág. 91). Así, para la indagatoria basta la sospecha (art. 267 C.P.P.Pcial.) para individualizar al sujeto de la imputación; cuando se llega al procesamiento la sospecha se transforma en elemento de convicción. Propone una situación jurídica definida y califica el hecho desde la óptica del derecho sustancial, define la utilidad y pertinencia de la prueba que concurre en autos y el valor que esta tiene en cuanto a la futura actividad de las partes en tanto que acusación y defensa deberán concurrir a ella para apoyar sus respectivos argumentos.

Similar pensamiento exponen Donna y Maiza al comentar el artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación -idéntico a nuestro 318 originario- subrayando la insistencia de la norma en el valor del auto de procesamiento de forma tal que a esta etapa del proceso -estimar completa la instrucción y correr vista- no se puede arribar si no se ha dictado dicho auto. Y citan jurisprudencia del Tribunal Oral Nº 3 que expresa: "...siendo el auto de procesamiento el presupuesto formal necesario del requerimiento de elevación a juicio... ". Y en su comentario al artículo 347 expresan que el fiscal debe señalar qué hechos son lo que atribuye al imputado y que vale la pena reiterar que deben ser los mismos sobre los que versó la indagatoria y el auto de procesamiento (Edgardo A. Donna-María C. Maizal, "Código Procesal Penal comentado, anotado y concordado", págs. 393 y 395, ed. Astrea).

En respaldo de lo que se lleva expresado podemos traer la opinión de Torres Bas, quien subraya que en nuestro sistema de enjuiciamiento penal, el procesamiento es el presupuesto ineludible o "antecedente indispensable" de la acusación que permite o posibilita la elevación de la causa a juicio. Es de tanta relevancia que el hecho objetivamente descripto en el procesamiento como cometido por el o los imputados, debe en lo fundamental respetarse en la requisitoria fiscal de elevación a juicio, a riesgo de hacer nulo el procedimiento por violación a la defensa. Esto último es lo que se ha llamado el valor del procesamiento para desenvolver en el futuro la relación jurídica procesal, pues corresponde reiterar que el requerimiento fiscal de elevación a juicio debe necesariamente circunscribirse al hecho delictuoso que lo determinó. Esto lo explica con toda claridad Vélez Mariconde cuando enseña que así como ha de existir una identidad objetiva entre la acusación y la sentencia -porque ambos pronunciamientos deben tener por objeto un mismo hecho- no pudiendo la segunda referirse a uno diverso del que determinó el primero, también debe existir una correlación semejante entre el auto de procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio. Lo contrario, fuera de acarrear un desorden procesal, vulnera la defensa de quien es sometido a juicio plenario por un hecho distinto del que motivó su procesamiento. Este tiene la virtud de fijar, aunque sea provisionalmente, el hecho sobre el cual debe incidir la actividad defensiva durante la instrucción. Teniendo esto último en cuenta, la relación fáctica, o descripción objetiva del hecho entre el procesamiento y la acusación, debe mostrar una correlación fundamental sobre el hecho delictuoso, todo lo que asegura una indudable garantía de defensa y que el proceso se desarrolle lógicamente (Raúl E. Torres Bas, "El procedimiento penal argentino", t. I, pág. 277, ed. Lerner).

Teniendo presente esa línea de ideas -seguida por la mayoría de las legislaciones procesales argentinas- el Dr. Torres Bas afirmó: que por ningún motivo y de ninguna forma los procesos penales pueden omitir el "auto de procesamiento", para cuya derogación se han concretado argumentaciones falaces y fuera de toda realidad judicial -como consta en la exposición de motivos de la Ley 8123 de Cba. y en la del Código de Tucumán-, sosteniendo la falta de necesidad del instituto, basados en motivaciones totalmente distintas a la verdad. El procesamiento, aparte de ser un presupuesto indispensable, para dictar en su caso la prisión preventiva, incide en modo directo en bases esenciales que deben respetarse siempre en toda investigación instructoria, permitiéndose asegurar garantías a toda defensa material y técnica en el proceso, al resolver, en el más breve plazo, la situación jurídica del imputado. Ello de por sí, ya tiene una importancia innegable. Sin embargo, lo esencial del instituto -como se ha reconocido con amplitud en doctrina- está en significar con auténtica verdad y respeto, que el mismo tiene incidencia directa y fundamental en la vida del proceso, lo que puede ejemplificarse en las siguientes cuatro razones bien diferenciadas: 1º) modifica la situación denominativa y en particular el sentido y alcance que ello tiene, de la persona sometida a proceso, que de "imputado" pasa a ser "procesado", lo que hace a una denominación distinta y determina entre otros efectos, de que aquél pueda ser objeto de medidas limitativas en orden a su coerción personal; 2º) perfecciona "la relación jurídica procesal penal", estableciendo y concretando la existencia y participación de los tres sujetos esenciales del proceso -juez, fiscal e imputado-, permitiendo en adelante la regulación precisa sobre esa base, como exigencia de todo enjuiciamiento penal; 3º) permite fijar -en respaldo total a la inviolabilidad de la defensa en juicio- el hecho objeto o materia del proceso, que luego fundamentalemente debe respetar la "requisitoria fiscal" que insta la elevación de la causa a juicio, técnicamente denominada "acusación", y es base insustituible de toda sentencia; y 4º) posibilita un encuadramiento legal correcto y exacto hasta ese momento de los hechos que serán motivo del proceso, o sea: precisa la calificación jurídica que corresponde en cada caso, en consideración a la actividad punible cumplida por el imputado.

Como conclusión de estos razonamientos, el autor citado señala que los propugnantes del sistema acusatorio total, al entregar toda la investigación instructoria al Ministerio Fiscal, que es un simple funcionario judicial que carece de la potestad pública y soberana de la jurisdicción, de ningún modo pueden ni han podido dejar subsistente el procesamiento, que como instituto esencial exige que la resolución en tal sentido sea dictada por un órgano jurisdiccional. Porque únicamente el juez de instrucción puede dictar el procesamiento y realizar la investigación instructoria en los delitos de acción pública como lo impone el debido proceso en un sistema de filiación mixta. Es básico en este sistema que las funciones de imputación, investigación, acusación y juzgamiento definitivo sean realizadas por órganos judiciales distintos. En tanto, en el sistema acusatorio las tres primeras son cumplidas por un mismo funcionario, inhabilitado para ordenar o disponer el procesamiento, pues carece de potestad jurisdiccional (Vid. "Bases dogmáticas fundamentales y examen crítico al Código Procesal Penal de Salta", ed. Gerardo Wilhem, 1995).

También Levene trae sobre el punto un fallo sosteniendo: que debe haber correlación entre el auto de procesamiento y la requisitoria fiscal de elevación a juicio a fin de asegurar el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio (Ricardo Levene (h), "Códigos procesales penales argentinos", t. 5, pág. 373).

Podrá aducirse que el auto de remisión a juicio previsto por el segundo párrafo agregado por la reforma al artículo 322 viene a sustituir el auto de procesamiento -que deberá ser dictado con iguales recaudos-; empero, en el caso, de esa manera se modifica la estructura procesal -y su función garantizadora- a la que estaba sometido el imputado. En efecto, conforme con el proceso organizado por la ley 168, una vez dictado el auto de falta de mérito de fs. 30 (de fecha 14-NOV-96), sólo podía llegarse a la instancia prevista por el artículo 318 -vista al fiscal- si previamente el juez revocaba y reformaba de oficio dicho auto -en cualquier momento de la instrucción y siempre que surgiesen nuevos elementos probatorios que modificaren la situación de hecho que llevó a su dictado- disponiendo el procesamiento.

Resulta que ahora, tras la reforma efectuada por la ley 351, el juez estima completa la instrucción y corre la vista del 318 (fs. 50) sin haber hallado hasta ese momento ningún elemento de convicción para revocar y reformar aquél auto de falta de mérito (arg. art. 283). ¿Cómo es posible que sin encontrar elementos de convicción suficientes a objeto de procesar en el plazo previsto por el art. 278, ni de advertirlos previo a estimar completa la instrucción para revocar y reformar el auto de falta de mérito (art. 283), ni de haberse solicitado o practicado nuevas diligencias probatorias luego de aquélla instancia prevista por el artículo 318, con el requerimiento de remisión a juicio efectuado por Fiscalía encuentre que existe mérito para elevar la causa a juicio?	Aunque según el recurrente este resolutorio sustituye al procesamiento, evidentemente se produce una alteración sustancial de la situación procesal del imputado, en detrimento de sus garantías constitucionales, puesto que estando sometido a un proceso dentro del cual el requerimiento fiscal debía necesariamente circunscribirse al auto de procesamiento, a resultas de la reforma traída por la ley 351 el antecedente inmediato del requerimiento es el auto de falta de mérito y el procesamiento viene a ser consecuencia de aquél.

Es cierto que un sistema que permita la acusación sin auto de procesamiento no es necesariamente inconstitucional, así como tampoco se han reputado inconstitucionales aquellos ordenamientos que dejan en manos del fiscal la investigación para determinados delitos -de donde el procesamiento ya no resulta obligado- pero ocurre que en el caso el imputado quedó sometido a un sistema dentro del cual la investigación se halla a cargo del juez de instrucción (art. 22, C.P.P.) y donde el procesamiento resulta decisivo, no sólo para la acusación, sino también para correr la vista prevista por el artículo 318.

Por ello se explica que en el caso, el auto de remisión no puede quedar nunca equiparado al auto de procesamiento. Porque por más que tenga que reunir idénticos requisitos y que también resulte apelable, la verdad es que su dictado ya no queda al arbitrio del juez de instrucción -como ocurría por la vía de los arts. 278 y 283-, pues -aunque sea él quien lo dicte-, sólo procede a requerimiento del Agente Fiscal interviniente o de aquél que lo reemplace cuando la Cámara de Apelaciones entienda que así corresponde (art. 320 CPP).

En suma, en el proceso a que estaba sometido el imputado su procesamiento únicamente podía ordenarse por el juez dentro del plazo del artículo 278 o antes de estimarse completa la instrucción, mediante la revocación y reforma de oficio del auto de falta de mérito (art. 283). Con la reforma de los artículos 318 y 322, no obstante no concurrir ninguna de estas situaciones hasta el dictado del decreto que estima completa la instrucción, el imputado resulta igualmente procesado -si es que se entiende que en el auto de remisión a juicio queda comprendido el de procesamiento- quedando sometido a la etapa de juicio.

No se trata, como se ve, de asumir facultades legislativas ni de revisar los actos de los otros poderes en desmedro de su equilibrio. Se trata de la incuestionable facultad que tienen los jueces para declarar la inconstitucionalidad de aquellas disposiciones que alteran los principios, garantías y derechos consagrados por la ley suprema de la Nación (art. 31, C.N.; art. 154, C.P.). En ese rumbo, cobra singular trascendencia la garantía del debido proceso instituida por el artículo 18 de la C.N. y por el artículo 34 de la C.P., del cual se infiere que la organización legal del proceso debe ser también anterior al hecho que motiva el proceso. Por lo tanto, una ley procesal que permite la vista fiscal y el requerimiento de elevación a juicio pese haberse dictado auto de falta de mérito no puede tener efecto retroactivo sobre el proceso ya iniciado por cuanto desnaturaliza su sentido político-criminal de considerar el procesamiento como presupuesto formal necesario para ello y como garantía del proceso en curso.

Como ha señalado la Cámara Nacional de Casación Penal "el principio de indispensabilidad del juicio previo se refiere al procedimiento jurídico definido por el derecho procesal. En el se establecen los actos que lo integran y el orden que debe observarse al cumplirlos, siendo así el único medio de descrubrir la verdad y de actuar efectivamente la ley penal" (Sala I, "Ferreyra, Julio -Casación-", E.D., t. 164, pág. 797)	II.	En orden al análisis planteado en el sub lite, cabe consignar que el Estado democrático de derecho, supone enaltecer el valor de la legalidad y el principio de la subordinación a la ley por parte de los poderes públicos y de los ciudadanos; consolidar el control de legalidad en el ejercicio de la jurisdicción penal, implica evitar los riesgos de que se deforme la jurisdicción y de que su misma legitimación entre en crisis, riesgos que pueden provenir del sostenimiento en el curso de las investigaciones, de un modelo de intervención judicial marcadamente inquisitivo.

Por lo cual la política criminal no debe traspasar el límite del Derecho penal liberal garantista; y en esos presupuestos políticos criminales debe destacarse el principio de la dignidad de la persona humana concebido como uno de los límites del ius puniendi del Estado de Derecho moderno y los principios del Derecho Penal liberal; ello nos ubica en el plano de ciertas exigencias al Estado democrático de Derecho que impone el respeto por sus derechos fundamentales, en su inviolabilidad y autonomía; y referidos, por lo tanto, a los derechos de diferente carácter que deben reconocérsele al inculpado: principio de legalidad, derecho penal del acto, principio de culpabilidad, penas proporcionadas y adecuadas al carácter y gravedad de la infracción, derecho a la libertad provisional, etc., a fin de garantizar al delincuente algo que puede invocar con éxito frente al poder punitivo del Estado, (cf. Mera Figueroa, Jorge, Hurto y Robo - Estudio Dogmático y Político Criminal, Cuadernos de Análisis Jurídico, Ed. Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Chile, pág. 16).

Indica además el Profesor Mera Figueroa, que los objetivos de política criminal proclamados por el Estado deben tender a la protección de los bienes jurídicos vitales comprometidos por el delito y también al aseguramiento de los derechos humanos y constitucionales de los inculpados. (ob. cit., pág. 7).

Y en esa idea continua el autor citado diciendo que existe, pues, una íntima vinculación entre derecho penal y derechos humanos. Los derechos humanos son un límite al ius puniendi, que es una de las manifestaciones del poder del Estado. En efecto, puede decirse que dicha rama del derecho representa un aspecto de aquellos derechos. Desde luego, las garantías penales constituyen derechos humanos. Esta circunstancia tiene gran importancia para la interpretación de las normas penales (Ob. cit., pág 18).

Por lo tanto, si las normas que regulan la actividad punitiva del Estado desequilibran o enervan la protección de los derechos de cualquier inculpado, las garantías que están consagradas en el sistema legal desaparecen y de ese modo el proceso y la sentencia se distorsionan transformándose en un falso modelo encubridor de la realidad.

Si la Ciencia del Derecho es la ordenación consciente de la vida social (Ernst Hirsch) y conforme a ello, la política jurídica representa el esfuerzo sistemático en pro de la mejor configuración posible de tal ordenación (Mera Figueroa, Julio, ob. cit., pág. 11), debemos evitar la producción caótica, aluvional y asistemática de leyes, reglamentos e institutos que se injerten sobre las estructuras jurídicas ya establecidas, deformándolas.

Ello genera una situación de creciente incertidumbre del derecho; así la ley pierde capacidad regulativa, dejando de ser una garantía para el ciudadano. Hay que evitar legislaciones que consagren pautas de poder ilimitado e incontrolable completamente incompatible con el modelo garantizador de la jurisdicción penal que una sociedad ha establecido.

El ejercicio de la jurisdicción penal implica la salvaguardia del sistema de garantías sobre el cual se basa la legitimidad del poder de los jueces; poder esencial del control de la legalidad y valla garantista como un rol indispensable del estado de derecho.

Al respecto, el profesor Luigi Ferrajoli nos señala que "la Magistratura penal puede, precisamente, enfrentar en forma creíble sus viejas y nuevas funciones, solamente si el sistema de garantías penales y procesales se respeta como fuente primaria e insustituible de su propia legitimación" (pág. 117) ... "evitar caídas y carencias de garantías que amenazan con comprometer la credibilidad y simultáneamente, con deformar en un sentido fuertemente inquisitorio el paradigma garantizador de la jurisdicción penal" (pág 117) ... "Son precisamente los poderes judiciales impropios los que debemos identificar y a los que debemos oponernos si queremos que sean preservados los poderes propios de la jurisdicción" (pág. 123). "El Poder Judicial, es legítimo sólo si se encuentra rígidamente sometido a la ley. Por el contrario, se convierte en poder impropio e ilegítimo todas las veces que le amplían espacios de discrecionalidad, con la pérdida de las técnicas idóneas para minimizarlos, como son las garantías penales y procesales (pág. 124) (Pena y Estado, nº 1, Revista Latinoamericana de Política Criminal, pág. 123/124, Ed. del Puerto, 1995).

De modo que, como afirma Hassemer, la finalidad político criminal y la voluntad del Juez tienen sus límites en la ley. La ley no sólo es, para el condenado, fundamento de su condena, sino también protección ante los excesos, garantía de equidad y control. (cit. por Mera Figueroa, J., ob. cit., pág. 12).

De lo expuesto, debe entenderse que no se deben perder límites sustanciales que tornen vanos los alcances garantistas de la estricta legalidad penal, el cual es ante todo una garantía de certeza, que pueden conducirnos a soluciones disvaliosas o reñidas con el ordenamiento jurídico en su totalidad. Así, la modificación al Código Procesal Penal nos lleva a advertir una inserción asistemática dentro del cuerpo legal en que se inscribe, que altera los principios fundamentales que rigen el proceso ideado originariamente por el legislador, al menoscabar los derechos que le asisten al imputado en el caso concreto que se trae a decisión del Tribunal y manteniendo la vigencia de todas aquellas normas no derogadas por el legislador.

En tal sentido podemos decir que la actividad judicial debe ser, en buena parte, reformular algunos preceptos normativos, precisando su interpretación, pero cuando los problemas interpretativos arrojan una asistematicidad de orden considerable, no es posible que los jueces acometan la tarea de corregir las disfuncionalidades legislativas (ver los problemas de interpretación en Introducción al Análisis del Derecho, Carlos S. Nino, pág. 296).

Finalizando podemos expresar que los magistrados cuentan con instrumentos suficientes para interpretar la ley penal en un sentido acorde con los derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico positivo y no en contradicción con ellos. Los derechos humanos nos proporcionan valiosos elementos para una interpretación teleológica, en cuanto la función y finalidad protectora del sistema penal consiste en salvaguardar los bienes jurídicos esenciales con respeto de los derechos del inculpado; como también, cabe agregar, de las víctimas y de la sociedad en general.

III.	En virtud de lo expuesto, propongo el rechazo del recurso de casación interpuesto a fs. 69/76.

Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º)	HACER lugar al recurso de casación interpuesto y, en su consecuencia, casar el auto de fs. 59/68.

2º)	DECLARAR la constitucionalidad de los arts. 4º y 5º de la ley provincial nº 351 (modificatoria del Código Procesal Penal, ley 168).

3º)	DISPONER que vuelvan los autos a la Cámara de Apelaciones para que se pronuncie sobre los agravios expresados por la Defensa -ver recurso de apelación de fs. 55- contra el auto de fs. 52.

4º)	MANDAR se registre, notifique y cumpla.

Fdo.: Omar A. Carranza - Félix A. González Godoy - Tomás Hutchinson Secretario: Jorge P. Tenaillon Registro: Tº III, Fº 289/306