Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


A.P.I. contra Reynoso, Carlos Eduardo y otra Reg.: A y S t 212 p 125-129.

Santa Fe, 8 de marzo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado contra la resolución N 47 del 22 de febrero del año 2005, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, en autos "A.P.I.

contra Reynoso, Carlos Eduardo y otra -Ejecución Fiscal-" (Expte. C.S.J. nro. 171, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. El pronunciamiento impugnado confirmó el de primera instancia que, a su turno, había desestimado las excepciones de inhabilidad de título y litispendencia por conexión planteadas por la parte ejecutada y, en consecuencia, ordenó llevar adelante la ejecución (fs. 1/3).

Contra dicho decisorio interpone la perdidosa su recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario, por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia, como lesivo de la garantía de defensa en juicio, debido proceso y del derecho de propiedad (artículo 1, inciso 3, ley 7055).

Relata los antecedentes de la causa afirmando que la inhabilidad de título se fundó en el incumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 6 del Código Fiscal, que establece que el título deberá contener nombre y firma del funcionario que lo emita, en tanto faltaba el sello aclaratorio de la identidad de uno de los dos firmantes.

También expone que se argumentó la falta de discriminación en el título de los importes y/o porcentajes correspondientes a intereses y recargos, impidiéndole de esa forma ejercer las defensas y denunciar la improcedencia de la deuda.

Finalmente, manifiesta que la inhabilidad del título se motivó en la falta de consignación en él de los caracteres identificatorios del inmueble que constituye la base de cálculo del tributo en tanto el importe que liquida la A.P.I. no corresponde al inmueble de propiedad del recurrente sino a un conjunto de tres unidades de viviendas, de las que sólo una le pertenece, lo que importa la falsedad de los datos sobre los que dicho organismo practicó la liquidación.

En punto a la litispendencia, sostiene que se sustentó en la existencia de un proceso iniciado anteriormente caratulado "Administración Provincial de Impuestos c/ Reynoso, Carlos E. s/ Ejecución fiscal" (Expte. N 1545/96) también tendente al cobro de importes correspondientes al Impuesto Inmobiliario de finca de igual partida y subpartida, pero por períodos anteriores (1995/1996). Con ello entendió reunidas las identidades en sujetos y objeto que darían cabida a la mencionada conexidad, agregando que en dicho proceso también opuso excepción de inhabilidad de título, entendiendo que el acogimiento de la excepción planteada evitaría el dictado de sentencias contradictorias.

Considera que el fallo atacado es arbitrario y que adolece de las siguientes falencias: a) Omisión de tratamiento de planteos propuestos oportunamente y consideración de una cuestión no sometida a pronunciamiento de la Cámara.

Sostiene que la excepción de litispendencia planteada y no resuelta fue "por conexidad" (por identidad de sujetos y objeto), siendo que el pronunciamiento denegatorio se fundó en la inexistencia de identidad en la causa, puesto que los períodos reclamados en ambos juicios eran diferentes.

b) Asimismo le reprocha a la Alzada error al reputar la valoración de la desproporción de los intereses y recargos aplicados como parte del ejercicio de la facultad de morigeración de que dispone el sentenciante, en tanto el principio de literalidad asigna al crédito consignado en el título una ejecutividad que, de no impugnarse, no puede cuestionarse con posterioridad a la firmeza de la sentencia que manda llevarla adelante. Ello, agrega, en el sentido de que no se puede fraccionar el título ni las obligaciones emergentes de él, desde que la obligación debe tener causa lícita y, en tanto fueron reducidos por el Juez de baja instancia por entenderlos contrarios a la moral y buenas costumbres, tal requisito no se configura.

c) Omisión y apartamiento de prueba conducente.

Le endilga a los Sentenciantes no analizar debidamente los alcances de la partida de Impuesto Inmobiliario en que se generó la deuda ejecutada respecto de la que dijera que "el tributo liquidado corresponde a tres unidades funcionales de vivienda de las que sólo una es propiedad de los demandados, fundados en "el informe producido por la propia actora donde se señala que eso responde a que no se efectuó la subdivisión de la partida pertinente, tributando el inmueble como uno solo en su totalidad" (f. 29 vto.).

Siendo ello así, afirma, los Juzgadores arribaron a una conclusión carente de fundamentación al sostener que la cuestión es de neto corte administrativo, claramente ajena a este proceso de ejecución fiscal por referir derechamente a la causa de la obligación, lo que habrá de dirimirse en otro ámbito.

Afirma que lo que la Sala no tuvo en cuenta fue que no existe partida a subdividir ya que la partida corresponde exclusivamente a su propiedad, lo que -destaca- surge del Reglamento de Copropiedad y de la escritura traslativa de dominio del inmueble a su favor.

A modo de conclusión, alega que no existe legitimación pasiva respecto de las otras dos unidades de vivienda de las que no es propietario, no obstante lo cual la Cámara ratificó la condena a pagar impuesto inmobiliario de unidades con las que, enfatiza, no tiene nada que ver.

2. El Tribunal a quo denegó la concesión del remedio intentado con fundamento en que la resolución atacada carecía del requisito de definitividad estatuido en el artículo 1 de la ley 7055, lo que motivó la presentación directa de la quejosa ante esta Sede, en la que se hace cargo de dicha argumentación con el propósito de rebatirla.

3. En primer lugar, es dable mencionar que el artículo 1 de la ley 7055 establece que procederá el recurso de inconstitucionalidad -siempre que también se configure al menos uno de los casos enunciados en los tres incisos del citado artículo-, contra sentencias definitivas dictadas en juicios que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación.

Conforme a su naturaleza, el pronunciamiento que motiva la presente queja -recaído en un juicio de apremio- es, por regla general, insusceptible de recurso de inconstitucionalidad, pues carece del carácter de definitivo exigido por la anteriormente mencionada norma de la ley 7055, en la medida en que, por no tener fuerza de cosa juzgada sustancial, puede ser objeto de revisión en juicio ordinario posterior. En otras palabras, tratándose de un proceso de ejecución, éste se cierra con una sentencia contra la que la ley 5066 abre la vía ordinaria prevista en el artículo 26 y, por ende, no reviste en principio calidad de definitiva (cfr. A. y S., T. 36, pág. 229; T. 48, pág. 289; T. 84, pág. 222; T. 110, pág. 231, etc.).

Mas, cabe precisar que tal enunciado no es absoluto, desde que cede cuando no existe la posibilidad del aludido ordinario posterior, circunstancia que se da cuando se trata de excepciones procesales relativas al proceso ejecutivo y de cualquier excepción o defensa que se haya deducido, sustanciado y decidido en aquél sin limitación de prueba (cfr. A.

y S., T. 60, pág. 1, T. 65, pág. 185; T. 74, pág. 205; T. 75, pág. 312; T. 95, pág. 132, T. 114, pág. 23, etc.), por lo que el obstáculo formal señalado queda así superado.

3.a. En el particular, y con relación a la excepción de litispendencia, la recurrente se agravia de que la Cámara no consideró la "conexidad" dada por la existencia de un proceso iniciado anteriormente en el que participaban los mismos sujetos y por el cual se pretendía el cobro del mismo impuesto sobre el mismo inmueble, y que ello podría generar sentencias contradictorias.

En cambio, sostiene, rechazó la excepción por entender que no se encontraba configurada la "identidad" en la causa, en tanto los títulos que servían de base no eran los mismos porque correspondían a períodos diferentes, resolviendo una cuestión que no había sido planteada.

Lo cierto es que, la sentencia atacada concluyó en que "...frente al reconocimiento de la propia recurrente acerca de que no se ha demandado en su contra en esta causa por las mismas deudas reclamadas en un anterior juicio en trámite, cabe arribarse a que no luce configurado el extremo que autorice a la invocación de esta defensa. En efecto, aún mediando identidad de partes y de la propia naturaleza de los créditos demandados, es claro que, correspondiendo éstos a períodos diferentes como lo ha reconocido la nulidicente, no se advierte en la especie la concurrencia entre ambas acciones de la triple identidad de sujetos, objeto y causa necesaria..." (f. 1 vto.).

Al respecto es menester destacar que, si bien el Código Procesal Civil y Comercial santafesino no menciona expresamente la excepción de litispendencia dentro de las oponibles en un juicio ejecutivo, la doctrina y jurisprudencia contemplan unánimemente la posibilidad de admitirla.

Pero ello, teniendo presente el carácter restrictivo con el que debe ser analizada en el específico caso del juicio ejecutivo, lo que torna de comprobación necesaria la reunión de los tres requisitos idénticos: sujeto, objeto y causa, con especial énfasis en la comunidad de título ejecutivo, esto es, cuando las mismas partes sean vinculadas en función de la misma causa (ver por todos: Podetti, Ramiro J., "Tratado de las ejecuciones", Ed. Ediar, Bs.As., 1952, págs. 197/199).

De este modo, la recurrente no logra acreditar de qué manera se vería configurado el supuesto riesgo a la seguridad jurídica que invoca, sin llegar a demostrar en qué modo podría arribarse al dictado de sentencias contradictorias siendo que los títulos fundantes de sendos juicios ejecutivos son diferentes.

3.b. En lo atinente a la excepción de inhabilidad de título, la recurrente se agravia del error de la Cámara al reputar la valoración de la desproporción de los intereses y recargos aplicados como parte del ejercicio de la facultad de morigeración de que dispone el juzgador, en tanto -sostiene- importó violación del principio de literalidad y falta de configuración del requisito de causa lícita exigido a tales títulos.

Asimismo, le endilga a los Sentenciantes no analizar debidamente los alcances de la partida de Impuesto Inmobiliario en que se generó la deuda ejecutada y concluir, en cambio, a su modo de ver sin fundamentación, en que la cuestión es de neto corte administrativo, claramente ajena a este proceso de ejecución fiscal por referir derechamente a la causa de la obligación, aspecto a dirimirse en otro ámbito.

Afirma que lo que la Sala no tuvo en cuenta fue que no existe partida a subdividir ya que la partida corresponde exclusivamente a su propiedad, lo que -destaca- surge del Reglamento de Copropiedad y de la escritura traslativa de dominio del inmueble a su favor, de lo que entiende surge clara la falta de legitimación pasiva respecto de las otras dos unidades de vivienda de las que no es propietario, no obstante lo cual la Cámara ratificó la condena a pagar Impuesto Inmobiliario de unidades con las que, enfatiza, no tiene nada que ver.

Respecto de las afirmaciones antes expuestas, no podría pasarse por alto la trascendencia que, en su caso, pudieran las mismas revestir. Pero en verdad, no surge de los antecedentes de la causa -los que han sido remitidos a esta Corte en cumplimiento de la medida para mejor proveer dispuesta- que tales circunstancias hubieran estado efectivamente acreditadas.

Lo cierto es que, a pesar del despliegue argumentativo de la quejosa al esgrimir su agravio relativo a la restricción probatoria que la afectaría, el mismo aparece como un enunciado abstracto mediante el cual no logra demostrar que efectivamente se le haya denegado la procedencia de algún medio probatorio en concreto, tendente a la verificación de la ausencia de los requisitos del título que permitan acceder al apremio.

A ello se suma que la recurrente no se hace cargo de lo argüido por el Sentencia Finalmente, y no obstante haberse superado el óbice formal precedentemente señalado, la queja no puede prosperar, toda vez que en una aproximación a lo sustancial, es dable advertir que los agravios expuestos por la recurrente no logran traspasar el límite de la mera discrepancia interpretativa con el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional al tratar los temas sometidos a su consideración, cuestión que -al margen de su mayor o menor acierto- y en la medida en que no se haya excedido del marco propio de sus atribuciones -que no se muestra haya acontecido- resulta ajena a la instancia extraordinaria.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria).