Tribunal: JUZGADO DE FAMILIA Nro 11
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-11-03


///MA, 22 de octubre de 2014.

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Sergio M. Barotto, Liliana Laura Piccinini, Ricardo A. Apcarian, Adriana Cecilia Zaratiegui y Eduardo A. Roumec, con la presencia de la señora Secretaria doctora Elda Emilce Alvarez, para pronunciar sentencia en los autos caratulados:

?GAVENNY COMPANY S.A. c/URBANIZACION PARQUE ENTRE LAGOS S.R.L. s/ INCIDENTE DE NULIDAD s/CASACION? (Expte. N* 26171/12-STJ), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación deducido por la incidentada a fs. 662/681, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria.

Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

- - - - - - - - - - C U E S T I O N E S 1ra.- ¿Es fundado el recurso? 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde? - - - - - - - - - - V O T A C I O N A la primera cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:

1.-Antecedentes de la Causa: Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido por la incidentada a fs. 662/681, contra la Sentencia Interlocutoria N* 172 de fecha 16 de abril de 2012, dictada a fs. 646/649 de autos, que hizo lugar al recurso de fs. 586 y declaró la nulidad de la///.

///2.-ejecución, ordenando reiterar en debida forma la intimación de pago correspondiente.

2.-Agravios recursivos: La recurrente en primer lugar alega que la sentencia de Cámara viola flagrantemente una norma de orden público como la contenida en el art. 170 del CPCyC., afectando el principio de igualdad procesal, avasallando el principio de preclusión procesal y tirando por la borda, todo el andamiaje sobre el cual se construyen los actos procesales. También advierte que se transgrede el art. 155 del CPCyC., al omitir considerar la perentoriedad e improrrogabilidad de los plazos procesales.

Afirma que la Cámara receptó el pedido de nulidad en exceso de los plazos previstos para ello, al omitir considerar el momento en el cual la firma nulidicente tomó efectivo conocimiento del acto supuestamente viciado.

Advierte que se desprende de los distintos antecedentes en estos autos y en los relacionados con la presente causa, que la firma Urbanizadora Parque Entre Lagos, tuvo numerosas oportunidades para conocer la existencia del proceso principal, no sólo por las presentaciones que aquélla realizó personalmente en expedientes vinculados (?Boné, Rafael s/Usucapión?), sino también, por la expresa referencia que ella misma hiciera en el recurso de revisión promovido en aquella causa, ofreciendo tales actuaciones como prueba.

Continúa expresando que la nulidicente no sólo pudo haber conocido la existencia del vicio por las nulidades planteadas en el expediente de Boné, sino que efectivamente conoció la existencia de este proceso que impugna, cuando ofreció dichas actuaciones como prueba, lo cual a su///.

///3.-criterio- acaeció en el mes de septiembre de 2009, nueve meses antes de que planteara la nulidad.

Concluye en este punto que ello demuestra un conocimiento inequívoco y cierto del proceso que se ofreció como prueba; y que tal dato no ha sido tenido en consideración por el Tribunal, por lo que la sentencia en análisis resulta absurda y arbitraria, desprovista de los elementos objetivos que surgen de estas actuaciones.

Seguidamente, señala que la Cámara pretende proteger el derecho de propiedad de la incidentista con los argumentos constitucionales, cuando ellos no fueron esgrimidos como defensa por dicha parte.

Asimismo, sostiene que la Cámara al permitirle ejercer a Urbanización un derecho en forma irregular ya que no lo ha ejercido de manera oportuna- incurre también en la violación de la doctrina del abuso del derecho (art. 1071 del Código Civil).

Por último se agravia de que la Cámara viola la doctrina de los actos propios (art. 163, inc. 5* del CPCyC.); ello por cuanto considera el casacionista que la incidentista hubo tomado conocimiento acabado del juicio ejecutivo principal en varias oportunidades, muy anteriores a la que intenta hacer aparecer como primera, para allí computar el plazo legal que define la promoción útil del incidente, por tal razón no puede ahora defender la temporaneidad de la nulidad impetrada (actos propios).

3.-Contestación del traslado: A fs. 692/702, obra contestación de traslado del recurso por parte de la incidentista (Urbanizadora Parque Entre Lagos S.R.L. en liquidación-) quien luego de rechazar formalmente el recurso///.

///4.-en examen, señala que no se vislumbra en el desarrollo del libelo, cual es la causa jurídica que sirve de sustento a la contraparte para pretender un cambio en la jurisprudencia o bien cual es el fallo o precedente en el que la postura del recurrente se apoya en ese sentido.

Sostiene que la claridad de los conceptos vertidos en los votos que conforman la mayoría contradice lo referido por la recurrente, quien sustenta su postura sólo en el cómputo de los días en los cuales el expediente ha salido a la letra; y que yerra al considerar que la disposición del art. 170 del CPCyC. es una norma de orden público, de preeminencia sobre las normas y principios constitucionales expuestos por el Tribunal al momento del dictado de la sentencia.

También considera erróneas las afirmaciones de la recurrente, en el sentido de que la firma ?Urbanizadora? se haya desentendido de los bienes inmuebles de su propiedad, ya que conforme documentación oportunamente aportada, se ha acreditado el pago de los impuestos provinciales de los mismos.

Concluye que, el fallo cuestionado tiene suficiente motivación, fundamento, sustento legal, análisis de la causa y una interpretación del derecho aplicable al caso, con sustento y desarrollo de los tres votos explicitados por los integrantes del Tribunal.

Que a fs. 708/710 obra contestación de traslado del recurso por parte del Sr. Boné quien luego de rechazar formalmente el recurso en examen, advierte que tal como surge en los autos caratulados: ?Boné Rafael s/Usucapión? (Expte. N* 792-3-96) se ha dictado sentencia la que se encontraría firme y consentida por las partes y pasada en autoridad de cosa juzgada-, por///.

///5.-medio de la cual se ha otorgado a su parte, la propiedad de la totalidad de los inmuebles cuyo dominio se encontraba inscripto a nombre de Urbanizadora Parque Entre Lagos S.R.L.. Alega existencia de cosa juzgada. (Considero oportuno señalar que al momento de la emisión de mi voto ello no es así en virtud de haberse declarado la nulidad del procedimiento de la usucapión).

4.-Análisis y solución del caso: Ingresando ahora en el análisis de las cuestiones traídas a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia, en primer lugar es necesario determinar si la sentencia sub examine se encuentra debidamente fundada, o si por el contrario, como sostiene el casacionista se halla desprovista de los elementos objetivos que surgen de estas actuaciones (arbitrariedad por falta de fundamentación).

A tal efecto me permitiré realizar una suscinta descripción de los presentes autos.

Así tenemos que, Urbanizadora Parques entre Lagos S.R.L. (en liquidación) plantea la nulidad de la intimación de pago y citación de remate y consecuentemente de todos los actos procesales siguientes a la misma, acaecidos en el expediente principal (GAVENNY COMPANY S.A. c/URBANIZACION PARQUE ENTRE LAGOS SRL. s/Ejecutivo). Señala que:

a)la correcta legitimación pasiva de la presente ejecución fiscal corresponde a Urbanizadora Parques entre Lagos S.R.L. (en liquidación) y no a URBANIZACION PARQUE ENTRE LAGOS S.R.L.; b)que el domicilio legal donde GAVENNY COMPANY S.A. debió notificar la cesión del crédito Fiscal que le hiciera Rentas de la Provincia (fs. 215/216 de autos principales) y luego el mandamiento de intimación de///.

///6.-pago y citación de remate (fs. 219/220 de autos principales) era el de Avenida Córdoba Nro. 3621 de Capital Federal y no el de Moreno 187 Piso 3ro. Dto. ?C? de San Carlos de Bariloche; c)deja expresa constancia de que su parte ha tomado conocimiento del vicio que revela la intimación, el día 2 de junio del 2010, fecha en la que su apoderado solicitó la vista del expediente en la mesa de entradas del juzgado.

Por su parte, a fs. 551/555 y vta., contestó el traslado Gavenny Company, quien, en lo que al presente examen importa, hizo hincapié en la extemporaneidad de la promoción del incidente (art. 170 del CPCyC.) en base a que:

a)la firma Urbanización Parque Entre Lagos S.R.L., tomó conocimiento de la existencia del proceso principal que pretende impugnar a partir de la presentación que realizó el 18 de agosto de 2009 en los autos caratulados: ?Boné Rafael s/Usucapión? y no falsamente en fecha 2 de junio de 2010;

b)que en aquella oportunidad la firma Urbanización realizó un planteo de nulidades procesales que fue rechazado in limine mediante providencia del 2 de septiembre de 2009, por lo que al haber tomado conocimiento de dicho expediente y teniendo en cuenta que su parte se presentó en las referidas actuaciones como compradora en subasta en función del expediente ?Gavenny Company c/Urbanizadora Parque Entre Lagos s/Ejecutivo?, va de suyo que desde aquel entonces pudo conocer la existencia del expediente cuya nulidad de notificación plantea en los presentes.

Fijada la litis en estos términos el Juez de Primera Instancia, rechaza el incidente de nulidad, porque: 1)el acto que se dice viciado quedó consentido por la falta de///.

///7.-promoción del incidente de nulidad dentro del plazo legal del art. 170 CPCyC.; 2)Urbanización tomó conocimiento de las actuaciones principales mucho antes de la oportunidad en la que dice que supo de la existencia de la causa, en las siguientes circunstancias que surgen de: a)las constancias obrantes en la causa ?Urbanización Parque Entre Lagos SRL s/Recurso de revisión en: autos Boné, Rafael s/Usucapión Revisión- (Expte. N* 24020/09-STJ- fs. 36), ofrecida de modo expreso por la propia incidentista como prueba en este incidente e iniciada por ella en fecha 15-09-09, donde se aprecia que (ya con poder otorgado por los liquidadores en fecha 8/07/09 a favor del doctor Pastoriza), Urbanización ofreció como prueba precisamente la causa ?GAVENNY COMPANY S.A. c/URBANIZACION PARQUE ENTRE LAGOS S.R.L. s/Ejecutivo?, es decir justamente la ejecución principal, haciendo incluso expresa referencia a que la misma debía solicitarse a ese Juzgado; b)de la causa Boné, Rafael s/ Prescripción Adquisitiva (Expte. N* 792-3-96 Juzgado Civil), de la cual surge también que a posteriori de la presentación efectuada por Urbanización, planteando allí la nulidad de la notificación de la demanda (en fecha 18-08-09), se presentó la Sra. Rodovitsky adquirente en subasta- ofreciendo como prueba (fs. 489 y 523), el ejecutivo principal y acompañando incluso las constancias pertinentes para acreditar su interés en la usucapión; c)del expediente ?GAVENNY COMPANY S.A. c/URBANIZACION PARQUE ENTRE LAGOS S.R.L. s/Ejecutivo?, fs. 631 y 632, donde consta que ese expediente fue remitido en fecha 1/07/09 al Juzgado Civil N* 1, para ser agregado a la causa ?Boné, Rafael s/Prescripción Adquisitiva? y devuelto en fecha 26/09/2009;///.- ///8.-etc..

Apelada dicha sentencia, la Cámara hizo lugar al recurso de URBANIZADORA PARQUE ENTRE LAGOS S.R.L., declarando la nulidad de la ejecución y ordenando reiterar en debida forma la intimación de pago correspondiente.

El Vocal preopinante (Dr. Camperi), consideró que prevalece el derecho de Propiedad (art. 17 C.N.), por sobre la norma procesal (art. 170 CPCyC.), y en relación con ello, observa que el mandamiento de intimación de pago y embargo se hubo diligenciado en un domicilio por completo ajeno al que corresponde a la sociedad demandada. También juzgó que se afectó el derecho de defensa de la demandada (art. 18 C.N.) al privarla, subasta mediante, de valiosos inmuebles.

Por el contrario, en el segundo voto, en disidencia (Dr. Salaberry), se sostiene que dichos principios y garantías constitucionales, no pueden erigirse en argumentación válida para justificar la renuente o tardía presentación de la incidentista; y seguidamente comparte el criterio sustentado por el Juez de Primera Instancia, de que dicha parte tomó conocimiento del supuesto vicio mucho antes de lo que manifiesta, razones por las cuales el planteo de nulidad resulta en su opinión extemporáneo.

Por último el tercer voto, dirimente (Dr. Lagormasino), adhiere en forma expresa al voto del Dr. Camperi, y agrega argumentos mediante los cuales rebate los brindados por el 2do. votante en disidencia-, sosteniendo que el conocimiento que pudo haber tenido la incidentista, del acto viciado, por su intervención en otra causa distinta, sin duda no se trata de un conocimiento cierto e inequívoco del acto, que permita concluir con certeza en el consentimiento del vicio cuya nulidad ahora reclama,///.

///9.-y que la sentencia de Primera Instancia transgrede lo dispuesto en los arts. 913, 917 y 918 del Código Civil.

De lo expuesto surge palmario el déficit motivacional de la sentencia en examen, la que en mi opinión no logra conformar la ?mayoría jurídica acumulativa? requerida para que la decisión de un tribunal colegiado pueda considerarse una sentencia válida.

Ello ocurre porque mientras el voto ponente afirma que ante la posible conculcación de garantías constitucionales (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional), éstas deben prevalecer frente a las normas rituales, como en el caso el art. 170 CPCyC.; señala que el mandamiento de intimación de pago y embargo habría sido diligenciado en un domicilio distinto al que corresponde a la sociedad demandada y silencia toda consideración acerca de cuál ha sido el momento de la toma de conocimiento, por parte del nulidicente, de la existencia del acto que impugna; siendo esta la discusión que, a los fines de determinar la correcta aplicación del plazo establecido en el art. 170 CPCyC., atraviesa todo el proceso. El segundo voto, disintiendo con el primero, rechazó la prelación de la normativa constitucional sobre la norma ritual e hizo suyos los argumentos del Juez de Primera Instancia, todo ello con notoria exigüidad argumentativa.

Frente a este cuadro de situación, el tercer votante, cuyo deber era dirimir fundadamente la disidencia entre los dos primeros, se limitó a adherir expresamente al voto ponente y rebatir los argumentos del segundo votante en disidencia (arg. arts. 913, 917 y 918 del Código Civil), omitiendo fundar la adhesión al primer voto, a fin de conformar la mayoría decisoria requerida para que una sentencia sea///.- ///10.-válida como tal e incumpliendo el deber de motivar impuesto por el art. 200 de la Constitución Provincial cuya traslación a la norma ritual está regulada en el art. 163, inc. 5* del CPCyC..

Con relación a este tema tiene dicho el S.T.J. que: ?... PROCEDE EL RECURSO DE CASACION CON FUNDAMENTO EN LA ARBITRARIEDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACION Y DEBERA DECRETARSE LA NULIDAD DE LA SENTENCIA ATENTO QUE EL TERCER MAGISTRADO EN ORDEN DE VOTACION, LLAMADO A DIRIMIR LA CUESTION, SE LIMITO A UNA DESMOTIVADA ADHESION AL CRITERIO DEL PREOPINANTE, CRITICADA ESTA POR LOS DEMANDADOS POR CONSTITUIR UNA HIPOTESIS, SIN DEMOSTRAR LAS RAZONES QUE LO MOTIVARON A ADOPTAR CRITERIO COINCIDENTE CON LA ANTERIOR, INCURRIENDO TAMBIEN EN FALTA DE FUNDAMENTACION, MAS AUN SI TENEMOS EN CUENTA QUE SE TRATABA DEL DIRIMENTE.

SI BIEN ESTOS ULTIMOS VOTANTES HARIAN MAYORIA FORMAL EN CUANTO A LO DECIDIDO, NO SURGE QUE PARA LLEGAR A TAL DECISION HAYAN PARTIDO CONCRETAMENTE DE LAS CONSTANCIAS Y PRUEBAS EMANADAS DE LA CAUSA ...? (STJRNS1 - Se. N* 55/99, in re: ?NUÑEZ c/BOOCK?, y STJRNS1- Se N* 23/05, in re: ?BANCO DE LA PAMPA c/DOMINGUEZ, Fabiana RODRIGUEZ PEREZ s/SUCESION Y OTRA s/EJECUCION HIPOTECARIA s/CASACION?).

Así también: ?En ?LANTSCHNER c/BOOCK? (Expte. N* 13760/99-STJ-), precisamente llegados del mismo ?a quo?, el S.T.J. dijo: ?... DE LO EXPUESTO, SURGE SIN HESITACION LA TRANSGRESION A LAS FORMAS SENTENCIALES, PUES EL ULTIMO SUFRAGANTE SE HALLABA CONTREÑIDO A ?FUNDAR? SU VOTO EN VIRTUD DE LA FALTA DE CONCORDANCIA ENTRE LOS ARGUMENTOS Y CONCLUSIONES ANTERIORES.- SU VOTO DETERMINABA LA SUERTE DEL LITIGIO Y DICHA CIRCUNSTANCIA/// ///11.-EXIGIA UNA CONSIDERACION MAS DESARROLLADA Y PROFUNDA, QUE UNA SIMPLE ADHESION Y REMISION A UN FALLO ANTERIOR.- EN TAL SENTIDO, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION HA DICHO QUE ?...LA SOLA REMISION A LO RESUELTO EN PRONUNCIAMIENTOS ANTERIORES, SIN REFERENCIA CONCRETA A LOS AGRAVIOS PROPUESTOS Y A LOS HECHOS DE LA CAUSA, ES INSUFICIENTE PARA CONVALIDAR LO DECIDIDO ...? (C.S., 27-8-93, BANCO HISPANO CORFIN).

POR OTRA PARTE, ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE HA EXPEDIDO REITERADAMENTE ACERCA DE LOS EXTREMOS QUE DEBE CUMPLIMENTAR EL TERCER VOTO EN EL CASO DE DIRIMIR UNA DISIDENCIA.- ASI SOSTUVO, CITANDO A MORELLO (?CODIGOS PROCESALES ...?, T° I, pág. 131) ENTRE LAS DIVERSAS PAUTAS CONSAGRADAS POR EL XI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL, REFERIDAS A LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA LAS SENTENCIAS EMANADAS DE ORGANOS COLEGIADOS QUE ?EN LOS CASOS DE DISIDENCIA, EL VOTO QUE RESULTA DECISIVO DEBE SER FUNDADO?.

TAL CRITERIO HA SIDO MANTENIDO EN REITERADOS Y SUCESIVOS PRONUNCIAMIENTOS A SABER ?DEGEOVANI?, Se. N* 53 del 23.04.85; ?NAUMAN?, Se. N* 81 del 19.06.86; ?SALGADO PEREZ?, Se. N* 38 del 08.04.92; ?ACUÑA?, Se. N* 190 del 29.11.93; ?LUNA?, Se. N* 76 del 03.06.96; ?BERTORELLO?, Se. N* 16 del 31.03.99, ENTRE OTRAS...?, PRECISANDO AUN MAS EN QUE CONSISTE LA EXIGENCIA DE FUNDAR EL VOTO DIRIMENTE, SE SOSTUVO LA NECESIDAD DE QUE EL TERCER VOTANTE DIRIMENTE-, SUPERE EL ENFRENTAMIENTO CONCEPTUAL DE SUS ANTECESORES, EXPRESANDO LAS RAZONES QUE LO DETERMINARON A ADOPTAR TAL DECISION (CONF. ?LUNA?, Se. N* 76, 03.06.96). EN EL CASO, ANTE LA CIRCUNSTANCIA Y/O EXISTENCIA DE DOS VOTOS DISIMILES EN CUANTO A LA DETERMINACION ..., EL TERCER JUEZ CUYO VOTO TENDRIA CARÁCTER DIRIMENTE DE LA CUESTION- DEBIO HABER///.

///12.-EXPRESADO POR QUE ADHERIA A UNO U OTRO VOTO CON SUFICIENTE FUNDAMENTACION, PARA DAR ACABADO CUMPLIMIENTO A LA EXIGENCIA LEGAL CONTENIDA EN LOS ARTS. 163 Y 164 DEL CPCC.? STJRNS1 - Se. N* 23, in re: ?BANCO DE LA PAMPA c/DOMINGUEZ, Fabiana RODRIGUEZ PEREZ s/SUCESION Y OTRA s/EJECUCION HIPOTECARIA s/CASACION?; en igual sentido: STJRNS1 - Se. N* 62/06, in re: ?CARDENAS, Ignacio y CONTRERAS c/PCIA. DE RIO NEGRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS s/CASACION?; Se. N* 07/10, in re: ?PROVINCIA DE RIO NEGRO (DIRECCION DE TIERRAS Y COLONIZACION) c/ PICCICO, Alfredo y Otros s/DESALOJO s/CASACION? y Se. N* 03/06, in re: ?VIDAL, Modesto s/QUEJA EN: \'VIDAL, Modesto c/GONZALEZ, Héctor s/DAÑOS Y PERJUICIOS?).

Una cuestión más se observa en relación con la fundamentación del fallo, y es que la Cámara ha omitido efectuar el análisis de los planteos desarrollados en autos, integrantes del binomio apelación-oposición, en relación con las constancias aportadas al proceso por las partes, desentendiéndose de los argumentos contenidos en el memorial de apelación y su contestación, a fin de determinar si, aún con la prelación normativa que asigna a los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, en relación con el art. 170 del CPCyC., existió o no- consentimiento tácito por el nulidicente, del acto que pretende nulificar (notificación de la intimación de pago y citación de venta), cuestión esta central a dirimir en la presente causa, a cuyo efecto era indispensable analizar los hechos y pruebas articulados por ambas partes, de conformidad a los distintos actos procesales realizados, y esclarecer entonces cuál fue///.

///13.-el momento en que la incidentista tomó conocimiento cierto del acto que pretende nulificar y en base a ello definir la temporaneidad o no de la promoción del presente incidente de nulidad.

En orden a ello, se observa que la sentencia de Primera Instancia analizó las actuaciones -señaladas por los incidentados-, donde supuestamente el incidentista habría tomado conocimiento de la errónea notificación de la intimación de pago y citación de remate efectuada en los autos principales.

En cambio, la Cámara (1* y 2* voto), se apartó del examen de dichos extremos, limitándose a hacer prevalecer las garantías constitucionales por sobre las normas procesales, pero sin analizar los hechos de la causa en relación con las normas procesales que rigen el trámite de este incidente (art. 170 y sgtes. del CPCyC.) aún dentro del marco de la prelación normativa que asigna a las normas constitucionales.

Cabe recordar que la tutela procesal tiene su base en el imperio de preceptos constitucionales que la garantizan expresamente, y que no es pertinente una interpretación que termine, en definitiva, por introducir la anarquía en el procedimiento, con lesión de otros derechos y garantías de igual rango como son la igualdad de las partes en el proceso y la seguridad jurídica.

En ese sentido se ha dicho que son los Jueces quienes, casuísticamente, deben decidir cuándo puede suspenderse la aplicación de una regla procesal positiva en aras del mantenimiento de la defensa en juicio de alguno de los litigantes, a partir del análisis de la complejidad del caso individual, desde que no es posible, a priori, establecer un límite preciso entre el exceso ritual y el respeto por las///.

///14.-normas procesales; entre rito (concepto razonable) y ritualismo (concepto irrazonable) (conf. LINARES QUINTANA J. F., ?Recurso Extraordinario y Ritualismo?, JA Doctrina 1975-461; Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Sala 1º, ?Sileoni, N. A.?, del 30-06-93).

Tampoco pasa inadvertido, que en el voto dirimente se trata de analizar la cuestión debatida en la instancia anterior (conocimiento de la incidentista del acto que pretende nulificar, por su intervención en otra causa), pero ello no basta para configurar la coincidencia sustancial requerida para constituir la mayoría jurídica acumulativa que el acto sentencial requiere, puesto que este argumento no formó parte del voto ponente.

Al respecto, este Superior Tribunal de Justicia ha dicho que: ?...la ausencia de coincidencia sustancial en la fundamentación de los votos de los Jueces que conforman la mayoría decisoria del fallo impugnado, determina la procedencia del recurso extraordinario local interpuesto, con sustento en la causal de arbitrariedad por falta de motivación, correspondiendo en consecuencia decretar la nulidad de la sentencia de fs. (conf. art. 296, inc. 3* del CPCyC.),...? (conf. SJRNS1 - Se. N* 70/13, in re: ?ANCAPICHUN?).

De manera que la ausencia de fundamentación en el voto dirimente, que sustente su coincidencia sustancial con la posición del voto al que adhiere, sumada al déficit motivacional de la sentencia, impiden tener por cumplidos los extremos requeridos por el art. 200 de la Constitución Provincial y el art. 163, inc. 5* del CPCyC., y determinan la nulidad del pronunciamiento que se revisa por medio de la presente por///.

///15.-cuanto la observancia del recaudo de la motivación constituye el modo más idóneo para controlar la actividad decisoria y verificar el efectivo respeto de los derechos y garantías constitucionales (conf. Morello Sosa - Berizonce, ?Códigos Procesales en lo Civil y Comercial?, T. II-A, com. al artículo 163).

5.-Decisión: En conclusión, cabe sostener que, en autos, no resulta satisfecho, el requisito de que los fallos constituyan derivación razonada del derecho vigente, aplicable a los hechos probados del caso, pues la sentencia en crisis no se halla en modo alguno dotada de la mayoría decisoria y la fundamentación suficiente que es dable exigir como condición de validez de los fallos judiciales. MI VOTO por la AFIRMATIVA.

A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini dijo:

ADHIERO a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Barotto, VOTANDO en IGUAL SENTIDO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Ricardo A. Apcarian y Adriana Cecilia Zaratiegui dijeron:

ADHERIMOS en lo medular a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Barotto, haciendo la siguiente observación, respecto a la valoración que se le efectuara al voto dirimente de la sentencia sub examine.

En tal sentido consideramos que el voto del doctor Lagomarsino, en la cuestión que debió ser materia de análisis obligatorio en estos autos, no incurre en falta de fundamentación, sino que por el contrario ha dado tratamiento a dicho extremo.

Para ser más preciso, la cuestión a resolver///.- ///16.-en estos autos de conformidad a la puntual descripción del iter procesal efectuada en el voto ponente-, consistía en determinar si existió o no- consentimiento tácito por el nulidicente del acto que pretende nulificar (notificación del pago y citación de venta); y evidentemente, más allá de lo acotado de los argumentos expuestos en dicho voto dirimente, cierto es que el mismo expresa los motivos por los cuales entiende en base a la valoración normativa que efectúa (arts. 913, 917 y 918 del Código Civil), que Urbanización no ha consentido la notificación realizada por la intervención en otro expediente.

En cambio, como ya se señalara en el voto al cual adherimos, lo que si se advierte claramente en autos, es que en la sentencia de Cámara en examen, existe respecto a la cuestión señalada- una absoluta ausencia de coincidencia sustancial en la fundamentación de los votos de los Jueces que conforman la mayoría decisoria; pero, entendemos que ello no es consecuencia de la falta de fundamentación del voto dirimente, sino de la ausencia de tratamiento de la cuestión objeto del reclamo en autos por parte del votante en primer lugar (doctor Camperi).

En suma, más allá de la observación efectuada precedentemente, coincidimos con el voto ponente en que la mencionada ausencia de coincidencia sustancial en los votos de los Jueces que conforman la mayoría decisoria determina la procedencia del recurso en examen con sustento en la causal de arbitrariedad, correspondiendo decretar la nulidad de la sentencia sub examine. ASI VOTAMOS.

A la misma cuestión el señor Juez Subrogante doctor Eduardo///.- ///17.-A. Roumec dijo:

ADHIERO a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Barotto, VOTANDO en IGUAL SENTIDO.

A la segunda cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:

Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo:

I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 662/681 de las presentes actuaciones; y en consecuencia declarar la nulidad de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial obrante a fs. 646/649.

II) Remitir las actuaciones al Tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (art. 296, inc. 3* del CPCyC.).

III) Imponer las costas de esta instancia por su orden, atento al modo como se resuelve la cuestión (art. 71 del CPCyC.). ASI VOTO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Liliana Laura Piccinini, Ricardo A. Apcarian, Adriana Cecilia Zaratiegui y Eduardo A. Roumec dijeron: ADHERIMOS en un todo a la solución propuesta en el voto que antecede.

Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 662/681 de las presentes actuaciones; y en consecuencia///.- ///18.-declarar la nulidad de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial obrante a fs. 646/649.

Segundo: Remitir las actuaciones al Tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (art. 296, inc. 3* del CPCyC.).

Tercero: Imponer las costas de esta instancia por su orden, atento al modo como se resuelve la cuestión (art. 71 CPCyC.).

Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.

FDO. SERGIO M. BAROTTO JUEZ - LILIANA LAURA PICCININI JUEZA - RICARDO A. APCARIAN JUEZ - ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI JUEZA - EDUARDO A. ROUMEC JUEZ SUBROGANTE - ANTE MI: ELDA EMILCE ALVAREZ SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.-