marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: Uñate, Rubén Antonio s/ Lesiones culposas en perjuicio de Silvia Susana Guevara (art. 94 CP)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-10-21

Corresponde absolver a quien fue condenado por el delito de lesiones culposas al protagonizar un accidente de tránsito, toda vez que no se ha verificado una violación reglamentaria en la velocidad desarrollada por el encausado al momento del hecho, ni se ha comprobado el nexo causal entre la misma y el resultado, no advirtiéndose tampoco violación al deber de cuidado genérico de conducir el rodado con total dominio, y teniendo presente que la velocidad impresa a al vehículo no configure un peligro a si mismo, ni cree riesgos a los otros ocupantes ni a los restantes usuarios de la vía pública.
Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-03-20


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Cuarenta y uno.- San Fernando del Valle de Catamarca, 21 de marzo de 2012.- Y VISTOS :

Estos autos Corte N° 117/2011: "ROMERO, Emilio Félix c/ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS PREVISIONALES - s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración", y CONSIDERANDO:

1- Que a fs. 04/05vta. comparece la parte actora Sr. Emilio Félix Romero, con patrocinio letrado, interponiendo acción de amparo por mora de la administración. Invoca el carácter de peticionante en gestión administrativa que tramita por ante la Administración General de Asuntos Previsionales, mediante actuaciones administrativas Gestión Nº 25270, de fecha 08/Agos/11, respecto de la cual no se ha dado cumplimiento a la continuidad del tramite administrativo por reclamo de pago del item antigüedad en su haber jubilatorio, que ha dejado de percibir desde Mayo/11 y que continúa hasta la fecha, no obstante a que el 12/Set/11 formuló pronto despacho. Relata los antecedentes fácticos de la cuestión, justifica los presupuestos de la acción, ofrece prueba. Peticiona en definitiva se ordene pronto despacho para que concluya el procedimiento administrativo, imposición de multa y que se haga lugar a la acción, con costas.- 2- Que otorgada participación procesal, se corre vista al Ministerio Público a fin de que emita dictamen sobre la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en la causa, evacuado en sentido afirmativo a fs.07.- 3- Que la Ley 4795 - modificada por la Ley 4850- en sus Arts. 5 y 6, establece que esta Corte de Justicia tiene competencia originaria e improrrogable para entender en la acción de amparo por mora de la administración.- Que conforme se desprende del memorial de demanda se encuentra acreditado el presupuesto fáctico de admisibilidad de la acción, mediando una situación objetiva de demora administrativa en pronunciarse ante el requerimiento del administrado. Asimismo satisfechos los requisitos exigidos por el Art.7 del ordenamiento adjetivo.- Por ello y de conformidad a lo dictaminado por el Sr. Procurador General, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Declarar la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en la presente causa.- 2) Notifíquese al Titular de la Administración General de Asuntos Previsionales.- 3) Conforme lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley 4795- modificada por Ley 4850- fijase el término perentorio de cinco días para que la autoridad administrativa de que se trata, informe los antecedentes del caso y la causa de la demora, bajo los apercibimientos previstos en el Art.11 del mismo cuerpo legal.- 4) Protocolícese y hágase saber.- Fdo: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva (Presidente), Luis Raúl Cippitelli (Ministro), María Cristina Casas Noblega (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).-
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Herrero, Nelly Olga s/ inf. art. 41 CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-24

En cuanto a las impugnaciones dirigidas, en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa, contra los artículos 312 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación, cabe distinguir centralmente dos temas para entender el alcance de la revisión constitucional en esta instancia. Por un lado, no corresponde a este Tribunal revisar la interpretación concreta de las circunstancias fácticas o del contexto real del caso efectuada por el juez de grado o los tribunales de mérito.

Se trata de típicas cuestiones de hecho y prueba, ajenas por naturaleza a la competencia de este Tribunal y para las que el imputado cuenta, en el régimen procesal local, incluso con la garantía de revisión judicial en doble instancia. Más allá del acierto o desacierto de la solución, la competencia del Tribunal es limitada y no se extiende a esas cuestiones (cf. el Tribunal in re "Rodríguez, Paulo Federico y Ball, Gustavo Matías s/art. 78 CC s/recurso de queja", res. Del 22/10/99, consid. 3, expte. nº 110/99 en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Buenos Aires, 1999, t. I, ps. 570 y ss.), pues ni la CCBA, ni la ley (LPTSJ, nº 402) pretenden convertir al Tribunal en una tercera instancia ordinaria (cf. el Tribunal in re Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", res. Del 23/2/00, expte. Nº 131/99 en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Buenos Aires, 2000, t. II, ps. 20 y ss).

Por contraste, el ámbito de competencia de este Tribunal en el caso está demarcado claramente por el art. 27 de la ley Nro. 402. El recurso de inconstitucionalidad procede "cuando se haya controvertido la interpretación o aplicación de normas contenidas en las constituciones nacional o de la ciudad, o la validez de una norma o acto bajo la pretensión de ser contrarios a tales constituciones siempre que la decisión recaiga sobre esos temas.

(TSJ, Exptes. Nº 3070 y 3071 "Ministerio Público -Defensoría Contravencional y de Faltas Nº 2- s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Ruiz, Pablo Roberto o Ruiz, Félix Gastón s/ infracción art. 189 bis CPN", del voto del Dr. Maier, 2/7/04).
Excarcelación, monto de la pena, gravedad y repercusión social del hecho
Materia: PENAL
Carátula: Vega Lecich, Graciela s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-20

Las referencias a la gravedad de los hechos y a la severidad de las penas no alcanzan para determinar la existencia de riesgo procesal, sin que se advierta que de la repercusión social del delito de evasión fiscal pueda presumirse el peligro de fuga. El voto concurrente agregó que, aunque se considerase plausible la inferencia del peligro de fuga o entorpecimiento a partir de la existencia de una organización criminal, no se ha explicado cómo en el caso concreto se justificaría tal inferencia. La disidencia sostuvo que resulta en principio oportuno el análisis de pertenencia a una organización criminal para inferir la existencia de peligros procesales. (Dres. Mitchell, García, Yacobucci -en disidencia-).
Trabajadores de la construcción, servicios de instalación, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: BANDI, VICTOR MANUEL c/ F.H.  GUERRERO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-08

Los trabajadores dedicados a la instalación de aparatos de aire acondicionado y calefacción se hallan comprendidos dentro del estatuto de la industria de la construcción (conforme artículo 1 inciso a) de la ley 22250 que incluye a los empleadores que ejecutan obras de instalación de partes ya fabricadas). Pero en cuanto se refiere a la fabricación de esos aparatos, resulta aplicable el artículo 1 en su inciso b), el que no comprende a aquellos trabajadores que (como en el caso) jamás laboraron en obra.
Emergencia económica, ley de emergencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires s/ solicita intervención urgente en autos: "Smith, Carlos  Antonio c/ Poder Ejecutivo Nacional o Estado  Nacional s/ sumarísimo"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-01

Para que la sanción de una ley de emergencia esté justificada es necesario: 1) que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad, 2) que la ley tenga como finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos; 3) que la moratoria sea razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias; 4) que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Ejecución fiscal, bien de familia, embargo por deuda anterior
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL (D.G.I.) c/ Perez Hugo Libertario s/ medida precautoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-20

El art. 38 de la ley 14.394 (modif. por las leyes 17.711, 22.278, 23.264 y 23.515), establece que el bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal. Corresponde el embargo del bien, pues como dice la señora juez a quo, la presunta deuda fiscal que se intenta garantizar con la medida cautelar, corresponde a un período anterior a la aludida inscripción y a la traba del embargo.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, choque frontal, indemnización por muerte, valor vida, culpa concurrente, empresa de transporte, conductor no titular, asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROSSI,  ENRIQUE c/ VEDOYA,  JUAN s/ ORDINARIO  Y SU ACUMULADO CLAVERO, MANUEL C/ EMPRESA LINIERS SA S/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-25

Si a causa de una colisión frontal entre un ómnibus y una pick-up que circulaban por una ruta (en la que fallecieron todos los ocupantes de la camioneta), se estableció la culpa concurrente del 50% en la influencia causal del siniestro a cada uno de los conductores de los rodados intervinientes, procede -como en el caso-, el reclamo indemnizatorio deducido por los padres de dos de las victimas fatales (de catorce años y once años) contra el conductor del ómnibus, la empresa de transportes que era su empleadora y la citada en garantía; en concepto de valor vida por perdida de asistencia futura en su etapa de vejez, daño moral y reintegro de los gastos de servicios fúnebres sufragados.
Proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González, Elba Beatríz c/ Lima, Jorge Horacio s/ Cobro de pesos y daños y perjuicios Pazos, Angel Armando c/ Olasagarre, Néstor Fabián y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28|1994-09-20

Si la prueba de que se trata fue ofrecida en su oportunidad, produciéndose su incorporación de manera irregular -lo que no fue objetado-, constituye un supuesto de exceso ritual manifiesto la negativa a su consideración por tal circunstancia.
Impugnabilidad objetiva, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Miguel, Julio César c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-27

El voto concurrente señaló que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, el recurso intentado se presenta en el caso inadmisibile por carecer de la debida fundamentación requerida por el art. 463 CPPN. (Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos -voto concurrente-).
Tasas, exenciones impositivas, Agua y Energía Eléctrica
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: Municipalidad de Chajarí c/ Agua y Energía Eléctrica s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

El art. 12 de la ley 15.336 no libera a Agua y Energía Eléctrica del pago de tasas municipales sino, antes bien, excluye de la exención dispuesta en su primer párrafo, a las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local.
Prueba confesional, ausencia del absolvente
Materia: PROCESAL
Carátula: Bosiak, Nancy Karina c/ Sanatorio Stella Maris S.A. s/ Cobro de Haberes  Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-31

La incomparencia injustificada del absolvente a la audiencia de prueba confesional acarrea que los hechos expuestos en la demanda o en el responde se tienen por ciertos salvo la existencia de prueba suficiente que los contradiga.
Acción de amparo, legitimación activa, interpretación de la constitución, derechos de incidencia colectiva
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

La Constitución Nacional en sus arts. 42, 43 y 86, reconoce legitimación para promover la acción de amparo a sujetos potencialmente diferentes de los afectados en forma directa (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Trabajador autónomo, régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores autónomos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: A., B.D. c/ C., G.L. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-23

"El carácter de autónomo se presenta cuando existe independencia del trabajo o ausencia de subordinación, incompatible con la posición del trabajador en el sentido del art. 25 de la LCT y quien presta los servicios desenvuelve su actividad en una organización propia, de la cual el mismo sujeto es el organizador, de modo que no queda sometido a poderes directivos de una organización de los cuales él mismo no sea titular. A ello precisamente se refiere la última parte del artículo cuando declara aplicable la presunción laboral 'en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio'".
Regulación de honorarios, intereses, tasas de interés, depósito judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GODOY DE D'ANGELO, ROSA GRACIELA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-25

Los recurrentes sostienen que la tasa de interés fijada no salvaguarda la naturaleza alimentaria y el poder adquisitivo del honorario profesional destacando especialmente la probable dilación en el cobro atento el sistema de pago que prevé la ley 12510 y concordantes; mas tal argumento, que invoca una situación no acontecida, ha quedado vacío de contenido desde que la previsión presupuestaria, conforme surge de las constancias de autos, fue efectivizada, se depositó y dio en pago, sin que los profesionales recurrentes formularan ninguna observación respecto del carácter parcial del mismo o supeditando su alcance a las resultas del remedio excepcional incoado, máxime teniendo en consideración que la accionada le atribuyó efecto cancelatorio de la acreencia. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Falistocco).
Divorcio contradictorio, alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: A., M.T. c/ V., O.B. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-30

Procede la fijación de alimentos para la cónyuge que habita el mismo inmueble que el alimentante, durante la tramitación del juicio de divorcio si el accionado no cuestionó el hecho de ser el principal sostén económico del hogar.-
Obligaciones solidarias, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: C., A. M. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-09-04

Necesariamente las partes no pueden ser más de dos: actora y demandada (principio de dualidad de partes). Pero el proceso puede desenvolverse con la actuación de más de un sujeto en la misma posición de parte. Lo que significa que esa pluralidad de voluntades independientes se desenvuelve en la misma posición de parte con unificación de la personería. Sin embargo, la actuación de una pluralidad de sujetos en la posición de la parte actora no configura por sí misma la existencia de una obligación solidaria. Así lo dispone, el art. 76 del CPCC de la provincia establece que, en los casos de litisconsorcio las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria.
Recurso de inconstitucionalidad, non bis in ídem
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MERLO, HECTOR RAUL Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - NON BIS IN IDEM
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1974-11-06

El principio "non bis in idem" consagrado en la Constitución Provincial en su art. 7, supone una identidad de persona, identidad de objeto e identidad de causa.

La identidad de persona supone que se trata de la misma persona física nominalmente considerada, en tanto la identidad de objeto significa que en ambos procesos se esté ventilando el mismo suceso considerado en su materialidad.

Si todo el accionar del imputado, conforme a la acusación que surge del sumario policial, estaba enderezado a violaciones de primordiales derechos individuales, esos hechos, con todas sus circunstancias, son de competencia penal propiamente dicha, sin quedar remanente contravencional. Entonces, si el derecho de acción fue ejercido en su totalidad ante los órganos judiciales que podían conocer también en su totalidad (agente fiscal: información sumaria previa a la citación directa) es de toda evidencia que no puede abrirse otra causa con invocación del mismo derecho de acción, por existir identidad de causa petendi.

Debe aplicarse el art. 7 de la Constitución provincial si el hecho imputado al recurrente y cuya competencia se arrogó al juez de instrucción, actuando como juez de faltas, presenta una identidad con el que sirvió de base al agente fiscal para efectuar la información sumaria, ya que, además de la identidad de causa petendi y de objeto, existe identidad de persona.-
Prueba, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Adrover, Carlos Gabriel y otra c/ Delgado, Héctor Rolando y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-12

Parece contrario a la doctrina de los propios actos -la cual impide ponerse en contradicción con comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces-, que la misma persona que firmó el acta policial obrante en el expediente penal -en pos de obtener la entrega del tractor y su acoplado-, pretenda ahora en esta causa (frente al reclamo indemnizatorio que le formulan los actores), que la atribución del carácter de propietario de tales bienes que se le hiciere entonces fue falsa, cuando en aquella oportunidad nada había observado al respecto.-
Tipo penal, agravantes de la pena, declaración de la víctima, responsabilidad penal, explotación sexual
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SÁNCHEZ RIVERA, Fernando Cristian c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

La disidencia parcial asentó su desacuerdo con la relación a la acreditación del episodio enmarcado bajo el tipo penal previsto en el artículo 127 agravado del Código Penal, en tanto consideró que las contradicciones e inexactitudes en que incurrió la víctima en sus sucesivas manifestaciones (tanto en Cámara Gesell como frente al Tribunal de Juicio) sobre dicho episodio, apuntadas con precisión en el voto mayoritario que fijó la responsabilidad del acusado y desarrolladas aún más en el que quedó en minoría, impiden arribar a la certeza necesaria que requiere un juicio de condena. Esas dudas se trasladan necesariamente a la conducta por la que sí fue encontrado responsable el encausado en tanto el voto de la mayoría, para arribar al juicio de responsabilidad y saltear esas dudas que reconoció, se apoyó esencialmente en que el acusado no había podido demostrar tener un trabajo estable para la fecha de los hechos y, por ende, solo podía obtener su sustento explotando la prostitución de la víctima. Dres. Gemignani, Riggi y Catucci -en disidencia parcial-.
Honorarios del abogado, convenio de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito c/ Crespo, F. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-14

Aún cuando la voluntad de las partes para finiquitar el juicio por un monto inferior al de la condena, moviéndose dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad puesto en la Ley de fondo -arts. 868 y ss. del C.C.- se integrara con la voluntad y asentimiento de los profesionales beneficiarios de la regulación, al pacto de honorarios que ello supone lo alcanza la disposición contenida en el art. 2º de la ley 8904.
REPÚBLICA ARGENTINA, cementerios, denuncia de venta, condena penal, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preclusión, injurias, reforma legislativa
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Caso Memoli c/ República Argentina s/ Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-22

Resulta improcedente la excepción preliminar deducida por la República Argentina alegando la falta de agotamiento de los recursos internos en el caso de las condenas penales impuestas a quienes denunciaron públicamente la venta supuestamente irregular de nichos en un cementerio, pues si bien la modificación legislativa relativa al delito de injurias fue en noviembre de 2009 y, por ende, posterior a la petición efectuada por el Estado en la etapa de admisibilidad ante la Comisión, transcurrieron más de diez meses sin que aquél realizara ninguna observación sobre la referida reforma, resultando extemporáneo su planteo ante el Tribunal en el escrito de contestación, operando así el principio de preclusión procesal.
Despido, despido con causa, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: BARRIONUEVO ANA MARIA Y OTRAS c/ A.S.I.C.A.N.A. s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC, - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-24

Como la justa causa ha de ser siempre un hecho grave, que hace aparecer como inexigible la continuación del contrato, prevalece la opinión de que el derecho de despido debe ejercerse inmediatamente o por lo menos dentro de un plazo prudencial. De lo contrario, el derecho de despido podría considerarse como perdido porque la demora en hacerlo valer implica el reconocimiento de que el hecho no fue considerado como suficientemente grave, o bien, aún habiéndolo considerado así, la renuncia a invocarlo.-
Jubilaciones, cargo, retiro voluntario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORTIZ ROBERTO c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Y OTRO s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-10-15

La presente acción en el fondo más que de "ilegitimidad del acto administrativo" es de "retención de las sumas percibidas por el retiro voluntario que se torna sin causa ante la caducidad de la indemnización anteriormente percibida por el retiro voluntario, operada por el acogimiento al beneficio jubilatorio".