Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-17


A., R.

Reg.: A y S t 213 p 292-295.

Santa Fe, 17 de mayo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de R. A. contra la sentencia de fecha 15 de abril de 2004, dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Venado Tuerto en autos "A., R. -Abuso sexual con acceso carnal reiterados, agravados por el vínculo en concurso ideal con corrupción calificada de menores- (Expte 19/03)" (Expte. C.S.J. Nro. 244, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 15 de abril de 2004, la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Venado Tuerto resuelve revocar el resolutorio de la sentencia impugnada y en su lugar condenar a R. A. como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, reiterados, agravados por el vínculo parental, en concurso ideal con el delito de corrupción calificada de menores, a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso -artículos 45, 54, 119, 1º, 3º y 4º párrafo inc. b, y 125, 3º párrafo del Código Penal- (fs. 53/69 vta.).

Contra dicha resolución, la defensa técnica interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 72/78).

Relata que la Fiscalía, habiendo apelado la absolución declarada en primera instancia, solicitó la apertura a prueba de la causa en segunda instancia en virtud de obrar en su poder fotocopias simples de dos cartas que el enjuiciado habría remitido a una de sus hijas mientras se hallaba detenido, que calificó como hecho nuevo.

La Presidencia de la Cámara -continúa- dispuso, previo a todo trámite y a fin de determinar la procedencia de la petición fiscal, la citación de la progenitora de las menores, acompañada de las mismas, munida de los originales de las cartas.

Manifiesta que, tras incorporarse las testimoniales de las comparecientes y dejarse constancia que en ese acto se hizo entrega de los originales, la Presidencia del cuerpo dictó un nuevo proveído disponiendo -de acuerdo con lo normado en el inciso 1º del artículo 430 del Código de forma- la apertura de la causa a prueba y la citación del imputado a efectos de reconocer las cartas y casetes.

Agrega que notificada de este proveído, interpuso recurso de reposición contra el mismo, que -en lo que aquí es de interés- fue rechazado por la Cámara.

Sostiene que el auto que dispuso el rechazo del recurso de reposición es arbitrario por la introducción unilateral de material probatorio, excediendo las formalidades exigidas por la ley que regula el procedimiento de las pruebas en todas sus fases.

Señala que la falta de notificación a su parte del proveído que mandó citar a la progenitora de las menores, acompañada por éstas y munida de los originales de las cartas -en contradicción con la actitud asumida respecto de la fiscalía, que sí fue notificada- importa un claro menoscabo al principio de bilateralidad y a la garantía del debido proceso.

Niega que la Cámara logre fundamentar por qué se dispusieron tales citaciones y se llevaron a cabo las audiencias -oportunidad en la que las comparecientes no se limitaron a entregar los originales sino que abundaron en detalles respecto del hecho objeto de juzgamiento-.

Añade que no le consta que las manifestaciones de aquellas no integraran la prueba a evaluar por la Alzada puesto que, si así hubiera sido, no se habría incorporado en actas.

Expresa que se opuso a la apertura a prueba atento que los hechos nuevos no fueron tales, desde que las cartas escritas por el imputado lo fueron en fecha anterior o, a lo sumo -según lo admitió la Sra. G. al hacer entrega de las mismas-, durante la vigencia del período probatorio de la primera instancia, pero nunca después; y si su existencia fue ignorada por el Ministerio Público Fiscal, ello se debió exclusivamente a su inactividad.

Advierte que la etapa procesal para el ofrecimiento de pruebas y su producción se encontraba precluida y que el decisorio de la Alzada deviene arbitrario pues constituyen vicios de procedimiento producir pruebas en segunda instancia sin la debida notificación a la defensa y previo a la apertura a prueba prevista por la normativa procesal, así como disponer luego dicha apertura intentando suplir la omisión o inercia del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, indica que si bien la vocal preopinante en la sentencia impugnada se esfuerza por dejar sentado que las pruebas producidas en segunda instancia no fueron determinantes para resolver el caso, es indudable que han sido valoradas, al punto que se analiza el contenido de las misivas y la declaración ampliatoria del imputado, y es dable colegir que incidieron razonablemente en el fallo emitido.

2. La Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Venado Tuerto, por auto de fecha 9 de junio de 2004, resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 83/89 vta.).

Tal denegatoria motiva la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs.

92/100).

3. El cumplimiento de la carga impuesta por el artículo 8 de la ley 7055 -de rebatir todos y cada uno de los fundamentos del auto denegatorio emitido por el Tribunal a quo al efectuar el examen de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad- no ha sido idóneamente asumido por el quejoso en su presentación directa ante esta Corte, lo que impide el franqueamiento de la instancia excepcional.

En efecto, en el auto denegatorio, el A quo rechazó el agravio vinculado con la falta de notificación del proveído que ordenaba la citación de la madre y las menores, munidas de los originales de las cartas en cuestión, pues dicha medida fue ordenada sólo para determinar la procedencia de la petición de la fiscalía de abrir la causa a prueba y, una vez despejada la cuestión, se cumplimentó con la debida notificación a las partes, que tomaron su correspondiente intervención, con lo que no puede predicarse la vulneración del principio de bilateralidad.

Respecto del planteo de arbitrariedad relacionado con lo que -a criterio de la recurrente- no constituyó un hecho nuevo, le atribuyó el constituir una mera discrepancia con la inteligencia asignada -en ejercicio de funciones propias- a normas de derecho común, concretamente la que regula los supuestos en que la apertura a prueba de la causa en segunda instancia es admisible.

Y, en general, achacó a las hipótesis de arbitrariedad articuladas carecer de la necesaria conexión con la realidad del caso -aun estimada en una apreciación mínima y provisional-, desde que no se correspondían con las consideraciones desarrolladas en la sentencia impugnada, explicando que ese Cuerpo había valorado el conjunto de los datos probatorios colectados en las etapas de instrucción y juicio como eficientes para arribar a la plena certeza jurídica exigible para la condena, independientemente de las probanzas producidas en la segunda instancia.

Frente a ello, la recurrente se limita -en el escrito introductorio del recurso de queja- a reiterar sus planteos iniciales pero, como se adelantó, sin contradecir adecuadamente los motivos en los que se apoyó la declaración de inadmisibilidad -antes reseñados-, no resultando suficiente para ello la mera negación -ahora sí, dogmática y genérica- de las consideraciones contenidas en el auto denegatorio ni la alegación de una supuesta carencia de fundamentos concretos de dicha resolución.

Si bien lo expuesto basta para rechazar el remedio intentado, el examen de los agravios contenidos en el recurso de inconstitucionalidad, en contraste con la resolución impugnada y los antecedentes incorporados en autos, revela que aquél ha sido bien denegado por el A quo.

Así, con relación a las actas en las que consta la entrega de los originales de las misivas y las manifestaciones que las comparecientes creyeron conveniente formular con motivo del acto -las que, en verdad, no pueden ser tenidas como declaraciones testimoniales, desde que no se recibieron con las formalidades exigidas en tales casos-, el órgano jurisdiccional señaló en la resolución atacada que la providencia que ordenó la medida fue dictada al solo efecto de valorar el pedido hecho por el órgano de la acusación, sin que las manifestaciones integren la prueba a evaluar, producida en la Alzada.

Tal acotado alcance surgía, además, del propio decreto de la Presidencia.

La afirmación de la defensa de que no le consta que los dichos de las comparecientes no fueron objeto de valoración en la resolución impugnada carece de asidero cuando el estudio del fallo no permite avizorar que los mismos hayan trascendido -siquiera mínimamente- en sus fundamentos.

En suma, la impugnante no logra convencer de que se viera expuesta a un disímil trato procesal en violación al "principio de igualdad de armas" que, como parte del derecho al debido proceso y a la defensa en juicio, asiste a toda persona inculpada de delito (artículos 8.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Respecto de la negación de la existencia de un hecho nuevo que justificara la apertura a prueba en la segunda instancia, la Cámara especificó -al resolver el recurso de reposición contra el decreto de Presidencia- por qué entendía que el pedido de la Fiscalía encuadraba en lo normado en el artículo 430 inciso 1º del Código Procesal Penal, estimando decisivo que la existencia de las cartas fuera desconocida para la parte, que era el Ministerio Público Fiscal, al momento de la etapa probatoria en la baja instancia; respuesta que no traduce una interpretación irrazonable de la norma procesal en relación con el caso.

Finalmente, la lectura de la motivación de la sentencia impugnada revela que a la conclusión condenatoria se llegó tras el exhaustivo análisis de los elementos de prueba introducidos en la baja instancia.

Sólo a partir de la valoración de los mismos es que la Cámara arriba "al estado intelectivo de certeza, que conduce a la conclusión que el imputado es autor del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el parentesco".

La Alzada -como se indicó- excluyó expresamente a las manifestaciones de las menores y la madre, plasmadas en las actas labradas con motivo de la entrega de los originales, de la prueba producida en la segunda instancia, aunque sí incluyó a las misivas y a la declaración ampliatoria prestada por el acusado, advirtiendo previamente acerca de su falta de decisividad.

De todos modos, no habiéndose demostrado la arbitrariedad de la apertura a prueba en la segunda instancia, el análisis del grado de influencia ejercido por los elementos incorporados por las cartas y la declaración ampliatoria propuesto por el recurrente pierde relevancia.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.