marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, juicio, sellado judicial, partes, obligaciones, tasa de justicia, principio de solidaridad, leyes, interpretación de la ley, CÓDIGO FISCAL DE SANTA FE
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: XX s/ Sellados judiciales. Pago. Obligación (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver   es: ¿qué interpretación ha de darse a los artículos 226 y 227 del   código fiscal en cuanto a la obligatoriedad, o no, respecto de la   parte actora y al momento de arribarse al dictado de la sentencia,   de satisfacer el 50% restante del sellado judicial no pagado con   anterioridad?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

No existe ninguna norma que autorice la detención del proceso en perjuicio de la parte contribuyente que ha cumplido con su obligación tributaria. Y, no obsta a esta conclusión las solidaridades establecidas por la ley fiscal que sólo entrarían a jugar en el momento de la ejecución fiscal y constituye un derecho facultativo para el acreedor de la obligación tributaria. En suma:

acordar al adverbio "solidariamente" la potencialidad de desvanecer -hasta aniquilar- todas las restantes y decisivas expresiones de la ley, importaría una objetable exégesis: es doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las leyes deben interpretarse siempre evitando acordarles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; al contrario, debe adoptarse como verdadera la que concilie y deje a todas con valor y efectos. (De la Disidencia de la Dra. García)
Excarcelación, libertad provisional
Materia: PENAL
Carátula: Peralta, Jorge Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-24

Si de los agravios del recurrente resulta claro que se ha lesionado el derecho a permanecer en libertad durante el proceso ello implica que se encuentra involucrada una cuestión de naturaleza federal, que impone su tratamiento. No obstante no encontrarse firme la sentencia de condena por estar pendiente de resolución el recurso de casación, la presunción de acierto y validez de que goza todo pronunciamiento judicial impone tomar en cuenta dicha etapa procesal como elocuente parámetro para resolver la cuestión vinculada con la soltura anticipada en el sentido propuesto y -habida cuenta que se impuso una pena de más de cuatro años y que el imputado no se encuentra en las situaciones descriptas en los incs. 4 y 5 del art. 317 CPPN corresponde rechazar el recurso contra la denegatoria de excarcelación. El voto concurrente consideró que en el caso se dan por reunidas las pautas suficientes de riesgo procesal a tenor de las cuales se advierte el acierto del pronunciamiento recurrido.
Pequeña y mediana empresa, contribuciones patronales, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vía Bariloche S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-22

Siendo que el fundamento para elevar el tope de los montos a fin de la configuración de una empresa como PYME fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001 -como es de público conocimiento-, surge que el organismo actuante debió actualizar la Res. Gral. A.F.I.P. 1095/01 en similar medida, para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PYME, pero no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como Pymes en la actividad comercial. En virtud de ello, y toda vez que según resulta de los valores que surgen de las actuaciones -y que no merecieron observaciones de parte de la A.F.I.P.- las ventas totales anuales de la empresa im-pugnante para el período cuestionado (en el caso, enero 2005 a diciembre 2007) arrojó un monto inferior al límite fijado por la Res. 675/02 de la S.P. y M.E. para la tipificada como mediana empresa con actividad comercial, ha de concluirse que resulta alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Dec. 814/01 (cfr. Dictamen nº 25486/09 de la Fiscalía de Cámara nº 2 a la que adhiere la C.F.S.S., Sala III, sent. del 11.05.09, "Codimat S.A."). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fernández al que adhiere el Dr. Fasciolo. La Dra. Dorado votó en disidencia. El Dr. Herrero declaró desierto el recurso por incumplimiento del depósito previo).
Divorcio, deber de fidelidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: I., H. N. c/ C., L. S. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

El cese de los deberes conyugales, entre ellos el de fidelidad, no se produce sino a partir de la sentencia firme que decreta el divorcio vincular, cuya naturaleza es constitutiva de estado, por lo que aún cuando el adulterio se hubiese consumado luego de tres años de la separación ello carece de significado porque el transcurso de ese plazo constituye sólo un presupuesto de la acción, pero en manera alguna importa atribuirle a la sentencia efectos retroactivos al vencimiento del mismo (art. 198 y 217, Cód. Civ. -texto ley 23.515).
Falta de acción, Obra Social Bancaria Argentina, régimen penal tributario, interpretación de la ley, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: I.S.S.B. s/ falta de acción, Causa nro. 11.589
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

Las circunstancias apuntadas por el incidentista, no son de aquellas que tornarían viable la excepción, puesto que la decisión a tomar depende, teniendo en cuenta los argumentos de las partes, de un profundo análisis acerca de la naturaleza jurídica del Instituto de Servicios Sociales Bancarios y de la interpretación que se le asigne al artículo 12 de la Ley 23.771, en cuanto a la posibilidad de incluir o no en el a las personas jurídicas de naturaleza pública, respecto de lo cual no cabe aquí pronunciarse puesto que ello excedería largamente el marco de esta vía admitida jurisprudencialmente.-
Derecho de registro e inspección, multa, pago, código tributario municipal, Municipalidad, procedimiento tributario
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Peters Hermanos Compañía Comercial e Industrial Sociedad Anónima c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ  Nº 161-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-23

En los artículos 59 y 60 del Código Tributario Municipal se prevé un procedimiento para los contribuyentes que pretendan repetir las sumas que hubieran, a su criterio, abonado indebidamente en concepto de tributos, multas o accesorios, determinándose, entre otros aspectos, la autoridad administrativa ante quien se deberá tramitar, los plazos para dicha tramitación y las impugnaciones que pueden interponerse. Asimismo, en el último párrafo del artículo 58 se establecen los supuestos en los que es posible intentar la repetición en sede administrativa, excluyéndose expresamente la aplicación del instituto en análisis a las deudas determinadas mediante un procedimiento que concluye en el dictado de una resolución que adquiere firmeza.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mendez Nora Patricia c/ Orsini Ricardo Luis s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30

En virtud del carácter asistencial de la prestación en análisis los gastos generados con motivo del juicio de alimentos deben, por definición, ser soportados por aquel a quien la ley llama a costearlos, no obstando a ello que la cuota finalmente establecida sea inferior a la pretendida en la demanda, toda vez que de lo contrario se vería contrariado el principio objetivo de la derrota que informa el artículo 68 de la ley ritual, cuanto más que en el particular no se advierte motivo alguno para justificar una eximisión total o parcial en favor a quien resulta compelido a enfrentarlos.
Contrato de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ, NORA MARIELA c/ DATA ON LINE S.R.L. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-30

De la simple lectura del art. 30 LCT en su actual redacción se desprende con toda claridad que el segundo párrafo contiene un agregado que se suma a la responsabilidad prevista ya en el primer párrafo. No puede ser otro el sentido de las palabras ".deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas.". Es decir, que la codemandada debía exigir el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social, lo que obviamente incluye el debido registro de la jornada cumplida y el pago de la remuneración acorde con la jornada efectivamente cumplida. Además de ello la codemandada debía exigirle a la empleadora las constancias establecidas en el segundo párrafo del art. 30 LCT. Pero la responsabilidad solidaria establecida en el cuarto párrafo del art. citado corresponde al incumplimiento de cualquiera de los requisitos previamente mencionados.
Desistimiento del recurso, sobreseimiento, despojo, coacción calificada, pluralidad de intervinientes
Materia: PENAL
Carátula: Carriqueo, Orlando Javier c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-14

Corresponde tener por desistido el recurso de casación si el representante del MPF consideró que la resolución que sobreseyó a los imputados por los delitos de usurpación por despojo y coacción agravada -un grupo de personas pertenecientes a los gremios de ATE y SECAFPI (o que se identificaban como tales) cortaron el suministro de energía eléctrico y ocuparon una oficina de la ANSeS- tiene fundamentos suficientes en los hechos y el derecho aplicable, al considerar que las conductas descriptas no habilitan la intervención del derecho penal pues se trató de conflictos en el ámbito de relaciones de trabajo, diferencias entre empleadores y trabajadores que se suscitan con frecuencia y que hacen al derecho colectivo del trabajo y la intensidad o gravedad de las lesiones a los bienes jurídicos protegidos por las figuras penales fue de escasa entidad y que el tiempo en que esos lesiones duraron fue escaso, menor. (Dres. Riggi, Catucci).
Acción de amparo, tutela sindical
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silguero, Olga c/ Junta  Electoral del Sindicato de Trabajadores Estatales de la Salud de Formosa (SITEF) s/ Acción de amparo Trabajadores Estatales de la Salud de Formosa (SITEF) s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-11

El amparo sindical no es sino un caso particular del genero amparo, remedio extraordinario para efectivizar garantías o derechos establecidos en la constitución nacional cuando las vías procesales ordinarias resultan inidoneas para evitar oportunamente su lesión o desconocimiento.
Elecciones provinciales, derecho de voto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Acuerdo para el Bicentenario c/ Provincia de Tucumán s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2015-09-20

Resuelve exhortar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán a fin que convoque a elecciones complementarias en las mesas que hubiesen sido anuladas, pues resulta necesario asegurar el efectivo ejercicio del derecho a voto por parte de aquellos ciudadanos que se vieron privados de ello producto de los hechos vandálicos a los que refiere la sentencia impugnada.
Derecho procesal, competencia, competencia federal, competencia originaria, competencia de la Corte Suprema
Materia: COMERCIAL
Carátula: BORRAS CEDRUN, SEBASTIAN DANIEL C/ COMISION DE FOMENTO DE LOVENTUEL, PROV. LA PAMPA Y OTROS S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-25

La competencia originaria de la Corte Suprema proviene de la CN y dado que por su naturaleza es restrictiva y de excepción, la misma no puede ser ampliada y extendida a otros supuestos no comprendidos en ella. En aplicación del criterio expuesto -en primer término-, se ha establecido que es ajena dicha competencia originaria, cuando el juicio en el cual la fuente del crédito y el título que lo instrumentan, se hallan referidos a normas de derecho común y de índole local, lo cual impone la competencia territorial de los tribunales provinciales (CSJN Fallos 275, pág. 76; Fallos 278, pág. 82). En esa línea se ha sostenido que no es de competencia originaria de la Corte Suprema la demanda deducida por el cobro ordinario de pagarés negociables emitidos por la provincia demandada a favor de una empresa contratista de obra pública, que los endosó al actor, ya que el crédito reclamado tuvo nacimiento como consecuencia de un contrato de obra pública en el que se pactó expresamente la prórroga de jurisdicción en cuanto a las cuestiones de aplicación e interpretación que al respecto pudieran originarse (CSJN, LL, 1981, T. B, pág. 319). En efecto, las provincias sólo pueden ser demandadas por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de conformidad con la CN 117, o en su defecto, ante sus propios jueces, según lo establecen los arts. 121, 122, 124 y concordantes de la ley fundamental, ello con la finalidad de resguardar las autonomías provinciales reservándose a sus jueces el conocimiento de causas que versen, en lo sustancial, sobre aspectos propios de la jurisdicción provincial (CSJN Fallos 255:256; 258:116; 283:429).
Ejecución de honorarios, emergencia económica, Municipalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: MASSIN, OMAR Y OTRA c/ H.C.D. DE LA LOCALIDAD DE PALO SANTO s/ ACCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (Inc. Ejec. Hon.Dr. S. Norberto Silva) SANTO s/ ACCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (Inc. Ejec. Hon.Dr. S. Norberto Silva)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-02-07

Dado que la Municipalidad de Palo Santo se encuentra adherida al Régimen de Emergencia Económica y Financiera prorrogado por Ley Nº 1544 de la Provincia de Formosa, resulta improcedente habilitar la ejecución de los honorarios y disponer la traba de embargo peticionada en contra de dicha comuna, ya que ello conspira contra la normativa emergencial en vigencia, cuya aplicación es de orden público (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Procesamiento, prisión preventiva, confirmación de sentencia, tráfico de estupefacientes, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: González López, Osmar F. c/  s/ procesamiento y pp
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-07

Cabe confirmar el procesamiento con prisión preventiva del imputado, en orden al delito de tráfico de estupefacientes en forma organizada (arts. 5 inc. C, y 11 inc. C, de la Ley 23.737), acusado de integrar una organización criminal, compuesta por más de tres personas, que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes en el interior de los Barrios 31 y 31 bis de la Ciudad de Buenos Aires, habida cuenta que, frente al rol de relevancia que tenía el imputado en el grupo, su libertad implicaría un peligro para el desarrollo normal de lo que resta por hacer en la instrucción, como concretar la captura de otros supuestos miembros. Asimismo, ello tiene implicancias directas en la situación de las personas que han dado información y datos sobre los hechos en las inmediaciones del barrio, ámbito en el que aparentemente operaba y se domiciliaba el imputado.
Excepciones procesales, inhabilidad de título, rechazo del reclamo, jerarquía constitucional
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Compañía Sudamericana de Gas SRL s/ 23 - ejecución multa determinada por controlador
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

La sentencia que confirmó la de primera instancia en cuanto dispuso rechazar la excepción de inhabilidad de título formulada por la demandada y adecuar el certificado de deuda en cuanto a su monto; encontró apoyo en la interpretación de normas de jerarquía infraconstitucional, esto es, el art. 3 de la ley n° 451 y las leyes n° 5903 y n° 189, materia propia de los jueces de mérito y ajena, por regla, a la competencia de este Tribunal. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Derecho penal, falso testimonio, auto de procesamiento, sobreseimiento
Materia: PENAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bresco, S. M.  c/  s/ falso testimonio (Causa Nº 43.411/2022)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-11

- Argumento de la defensa en cuanto a que el principal interés de la imputada al momento de declarar era no resultar involucrada en el mismo hecho por el cual su pareja era juzgado en el debate que debe tener acogida favorable. Actuaciones y fundamentos de la sentencia por la que se condenó a la pareja que permiten concluir que la imputada no pudo deponer propiamente como testigo del hecho y que podía concebir el riesgo de ser sometida a una imputación penal, a partir de la prueba obtenida en la instrucción y de aquella que se iba produciendo en razón de haber quedado claro que, cuanto menos, estuvo en las cercanías del lugar del hecho y al corriente de lo que sucedía con su concubino. Situación que permite concluir que pudo encontrarse en la disyuntiva de pronunciarse con la verdad y aportar un inexorable perjuicio a sus intereses, o bien faltar a ella con el afán de evitar una autoincriminación. Sujeto activo del delito de falso testimonio que sólo puede ser quien tenga la calidad de testigo en sentido propio, esto es, un tercero ajeno al juicio que depone sobre hechos que caen bajo la acción de sus sentidos y respecto de los cuales no participa.

- Revocación. Sobreseimiento.
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral, porcentaje de incapacidad, baremo
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Seva, Franco Gabriel c/ Asociart ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-05

La conclusión de que el baremo del decreto 659/96 tendría un carácter meramente indicativo no se compadece con las disposiciones del régimen legal de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales conformado por la LRT y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, si la ley 24.557 subordinó su aplicación a que previamente se aprobara un baremo para la evaluación de las incapacidades laborales y la obligatoriedad de dicha tabla fue expresamente ratificada por la ley 26.773. -Del precedente "Ledesma" (Fallos: 342:2056) al que la Corte remite-
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, juicio ejecutivo, ley de cheques
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Credisur S.R.L. c/ Municipalidad de Algarrobo del Águila s/ ejecutivo y medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-05-12

Se rechaza el recurso de apelación incoado por la actora, dado que la sola firma del tesorero insertada en el cheque en cuestión, no obliga al Municipio, el funcionario es responsable en forma personal por el importe librado -art. 10 de la Ley del Cheque, 24.452-. Asimismo, la recurrente basa su recurso tanto en jurisprudencia como en su propia fundamentación sobre la situación de las sociedades comerciales, pero no es el caso. Estas entidades tienen un régimen propio estipulado por la propia Ley de Sociedades Comerciales -específicamente el art. 58-, y dicha norma no es de aplicación ni en forma directa ni análoga a un ente público como es la Municipalidad demandada.
Control de constitucionalidad, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guadalupe Hernández, Simón Fermín s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Sólo cuando haya mediado alguna violación normativa que ubique los actos de los otros poderes fuera de las atribuciones que la Constitución les confiere o del modo en que ésta autoriza a ponerlos en práctica, puede hacerse la revisión judicial de los mismos (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Indemnización, prescripción, prescripción decenal, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: SEDRONAR c/ Municipalidad de 25 de mayo s/ cobro de sumas dedinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-05

El plazo de prescripción se computa desde que la acción puede ser ejercida (conf. Fallos: 299:149 y sus citas; 320:2289), es decir, cuando la actora tomó conocimiento de que la acción indemnizatoria quedó habilitada a su favor (conf. Fallos 320: 2539; esta Sala, causa n° 10.084/93 del 29.03.99 y sus citas; Sala 1 causa n° 8.437/93 del 26.11.98). También se ha juzgado que se trata de un instituto de interpretación restrictiva, por lo que en caso de duda se debe preferir la solución que mantenga vivo el derecho y no el que conduce a su extinción (conf. Fallos 318:879). Ambas partes se encuentran contestes en que resulta de aplicación al caso de autos el plazo decenal previsto en los arts. 4023 del Código Civil y 846 del Código de Comercio; discrepan en la forma de computarlo.
Medidas cautelares, buque de bandera nacional, embargo de buque extranjero, interdicción de navegar
Materia: NAVEGACION - PROCESAL
Carátula: Secretaría de Transporte Fluvial y Marítimo c/ Fluvialco Navegación  S.A.C. s/ Ejecución Fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-02

La ley de navegación justamente intenta evitar perjuicios innecesarios cuando se puede garantizar el crédito mediante el solo embargo, cosa que no sucede con los buques de bandera extranjera, ya que al no llevarse registros por la autoridad administrativa de aplicación, tal medida lleva implícita la interdicción de navegar (arg. art. 539, ley 20.094). En ese mérito, tampoco existen elementos que permitan apartarse de la discriminación dispuesta por la normativa legal para los buques de bandera nacional, cuyas deudas quedan normalmente garantizadas con el embargo (conf. voto del Dr.

Vázquez en la causa 9359/92 del 13/1/93, al integrar la Sala de Feria).
Acción de amparo, revocación de sentencia, derechos de las niñas, niños y adolescentes, cáncer, hospitales públicos
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE N° 2 c/ PROVINCIA DE NEUQUEN Y OTRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-02

Corresponde revocar la sentencia de Primera Instancia y, en consecuencia, declarar admisible la acción de amparo deducida por la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente, con el objeto que se condene a la Provincia demandada a tomar acciones concretas para la ampliación del espacio físico del sector del servicio oncológico de pediatría del Hospital Público en un plazo de 10 meses, toda vez que, con la con la provisionalidad propia de esta etapa procesal, y por no realizarse dicho mantenimiento, el derecho de los niños y niñas que se atienden en el aludido nosocomio al disfrute del máximo nivel posible de salud, esta en crisis, y si bien es cierto que, de la documental adjuntada no surge con claridad cuál ha sido el tratamiento concreto que las autoridades han dado a la problemática, justamente, tal circunstancia podrá evaluarse al momento de dictar sentencia: insisto, dada la importancia de los derechos en juego y vulnerabilidad de sus titulares. (del voto de la Dra. Pamphile).