marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: Goyena, Blas c/ Peumar S.A. s/ Dif. por antiguedad, etc. Rivas, Mario c/ Cervecería Bieckert S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05|1988-08-02

La inversión de la carga de la prueba que establece el art. 39 del dec.ley 7718/71 sólo es aplicable al monto o al cobro de las remuneraciones, y no a la demostración del hecho mismo que le diera nacimiento y que constituye su causa jurídica.
Procedencia del recurso, abuso de armas, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Gastón Gabriel c/  s/ robo de automotor con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-08

Corresponde casar la sentencia que imputó la comisión del delito de abuso de armas si la evidencia valorada en el caso resulta insuficiente para tener por acreditado con el grado de certeza que requiere esta instancia procesal que los disparos efectuados por los imputados durante la persecución policial fueran dirigidos contra los funcionarios y, en consecuencia, que se creara un peligro efectivo para aquellos, puesto que los relatos de los policías que repelieron la agresión no son específicos y no se encuentran acompañados por otra evidencia que permita sostener tal extremo y no otro. En ese sentido, cabe considerar que el bien jurídico que protege la norma es la integridad física de la persona y establece como requisitos objetivos de procedencia que se haya utilizado un arma de fuego; que haya sido disparada; que el disparo haya sido dirigido materialmente hacia una persona; que esa dirección haya sido querida por el autor sin que haya tenido intención de matar o lesionar gravemente; y que no resulte la muerte o graves lesiones a la víctima; y en cuanto a la dirección del disparo, que éste haya sido contra una persona o a un lugar donde se encuentren una o más personas reunidas (voto del juez Jantus).
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, recurso extraordinario federal, falta de fundamentación autónoma
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Segura, Luis Eduardo s/ Recurso Extraordinario deducido en Expte. Corte Nº 100/09 caratulado "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luis Guillermo Segura en Expte. Nº 182/06, Segura, Luis Eduardo s.a. Homicidio Culposo - Valle Viejo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-06-09

El defensor del imputado interpone el recurso extraordinario federal contra la sentencia por la cual esta Corte rechazó el recurso de casación deducido por su parte contra la resolución que no había hecho lugar a su pretensión para que suspenda el juicio a prueba, y fundó su decisión en la concurrencia del obstáculo formal a la admisibilidad del Instituto reglado por el art. 76 bis octavo párrafo del Código Penal, según el cual la suspensión del juicio a prueba no procede si el delito tiene prevista pena de inhabilitación -en el caso, homicidio culposo-.

El recurso se presenta con la carátula y las enunciaciones indispensables exigidas por el art. 2 del Reglamento de la Corte Federal (Acordada Nº 4/2007), en tiempo y forma, contra una resolución dictada por esta Corte, el superior tribunal de la causa, cuyas decisiones son insusceptibles de ser revisadas por otro tribunal en la provincia, y por parte legitimada, por cuanto la decisión ha sido contraria a los intereses que el recurrente funda en las normas constitucionales que denuncia como violadas (arts.16 y 18 de la Carta Magna, y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).

Sin embargo, el recurso es inadmisible por no existir agravio federal suficiente que suscite la apertura de la instancia extraordinaria.

Por una parte, los planteos que se formulan son de derecho común, y por ende, ajenos a la vía establecida por el art. 14 de la ley 48 (C.S.J.N., "Fallos", 325:2192 y 1145), sin que el recurrente haya ofrecido razones suficientes para tener por configurada en el caso una excepción a dicha regla.

Por otra parte, el recurso no satisface la exigencia de fundamentación autónoma, en tanto no se hace cargo el apelante de rebatir las razones expuestas en el pronunciamiento impugnado para rechazar las críticas que formuló en la instancia anterior y que reitera en ésta (art.15 de la ley 48 y art. 3 d) de la Acordada Nº 04 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), vinculadas con el espíritu de la ley y las valoraciones del legislador.

Y también es inadmisible por la insuficiencia de su argumentación, que no logra demostrar la irrazonabilidad de lo resuelto con fundamentos suficientes que excluyen la arbitrariedad que el recurrente predica del fallo.

Por ello, corresponde no hacer lugar al Recurso Extraordinario deducido.
Eximentes de responsabilidad penal, estado de necesidad
Materia: PENAL
Carátula: GALLEGOS DE GOMEZ, NELIDA s/ HURTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-02

El estado de necesidad sólo puede excluir la punibilidad de un hecho típico cuando el autor ha enfrentado la insalvable disyuntiva de cometer el delito o provocar un mal mayor que el que la infracción supone -caso en que su acción se torna ilícita- o al menos de una intensidad tal que no quepa efectuarle un reproche suficiente para justificar la imposición de una pena.
Propiedad intelectual, reproducción de fonogramas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SADAIC c/ Apart Hotel Cariló Village y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-01

El texto del artículo 33 del decreto 41.233/34 prescinde de la "finalidad" (lucrativa o no) de la transmisión o emisión (es "representación o ejecución pública aquella que se efectúe cualquiera que fueren los fines de la misma" dice la norma), "lo familiar" del ámbito de ejecución está más íntimamente ligado a una reproducción espacial de la obra en privado, donde el acceso al lugar deviene limitado o restringido por la existencia de un "entorno de privacidad". Una casa particular o una habitación de un hotel son ámbitos donde se establece, bien que con diferencias entre sí, ese "entorno de privacidad". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, delito reiterado
Materia: PENAL
Carátula: Vivas, Rey Segundo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

El art. 55 del Código Penal -al que remite el art. 58 del mismo texto legal- conforma una nueva escala que no resulta más gravosa para el acusado, en cuanto no pena más severamente los hechos que integran el concurso, con motivo o causa de la reiteración. El incremento de la sanción penal resulta, exclusivamente, de la pluralidad de delitos cometidos y el número de hechos traduce una repetición de decisiones delictuales reveladora también de mayor peligrosidad.
Radiodifusión, licencia de radiodifusión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Comité  Federal  de  Radiodifusión c/ Video Cable ComunicaciónVictoria S.R.L. s/ ejecución fiscal".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-16

La licencia de radiodifusión constituye un objeto inmaterial susceptible de valor que, conjuntamente con los objetos materiales afectados a un servicio de radiodifusión constituyen bienes de la persona jurídica y concurren a conformar su patrimonio (art. 2312 del Código Civil).
Recurso extraordinario federal, sentencia definitiva, improcedencia del recurso, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Paszkowski, Andrés Pablo y otros s/ infracción ley 23.592 (causa 214/97).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

El recurso extraordinario sólo puede quedar habilitado contra sentencias definitivas emanadas de los tribunales superiores de provincia o de las cámaras federales y nacionales de apelaciones, requisito que no puede eludirse so pretexto de la violación de garantías constitucionales, entre otras razones porque cualquier afectación a las normas fundamentales que pudiera producirse durante la sustanciación de los juicios podría ser corregida por la Corte en ocasión de intervenir frente a la decisión final (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio y Adolfo Roberto Vázquez).
Compraventa, convertibilidad, reajuste de precios, emergencia económica, compraventa de acciones
Materia: CIVIL
Carátula: Toledo Jiménez, Manuel Jesús c/ Toledo, Juan Antonio s/ cumplimiento de contratos civiles y comerciales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-05

El valor real y actual del bien al que se refiere el art. 11 de la ley 25.561 es el que se tiene al momento del pago, según indica la propia ley y lo que referencia la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el caso fallo"Ohaco" -C.100.180 Acuerdo del 2-3-11-.
Recurso extraordinario, plazo de gracia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marin, Carlos Enrique c/ Aranda, Rubén C. s/ Daños y perjuicios. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

El art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial concede el término de gracia al solo efecto de posibilitar la entrega del escrito que no ha podido presentarse dentro del horario judicial del día en que vence el plazo respectivo, por lo que su ejercicio no puede modificar las normas que regulan los requisitos de admisibilidad de los recursos extraordinarios aplicables al tiempo del vencimiento del plazo legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia contencioso administrativa, concesión administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Turisur   S.R.L. c/ Estado  Nacional  -Administración  Parques Nacionales- Resolución 146- 216/96 s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

Es válida la cláusula, establecida en un contrato de concesión, por la cual se pactó la competencia de la justicia en lo contencioso administrativo de la Capital Federal, en tanto exterioriza la voluntad de las partes de someterse a esos tribunales en una materia que no afecta el orden público, dado que no se discute la intervención de la justicia federal en la causa (art. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Cuestiones de competencia, contratos administrativos, seguro de caución
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Secretaría de Turismo  E.N. c/ Cía. Argentina de Seguros Anta  S.A. s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-08

La accesoriedad del seguro de caución a un contrato sujeto a normas de naturaleza preponderantemente administrativa, de cuyo cumplimiento o no por parte del concesionario dependerá la configuración o no del "siniestro" cuya reparación se persigue, justifica el conocimiento de la causa por el Juez en lo Contencioso Administrativo Federal que sería competente para intervenir en la cuestión principal (confr. C.S.J.N. in re: " E.N.Tel c/ Aseguradoras Industriales S.A. s/Cobro de pesos", del 23 de oct.

de 1986, que lleva a considerar que debe prescindirse de la divergencia suscitada sobre la materia en los autos "Entidad Binacional Yaciretá c/ La Rectora s/cobro de pesos", del 11 de diciembre de 1984).
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, pericia caligráfica, apreciación de la prueba, remisión del expediente, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Giovanetti, Marcos Ignacio c/ Gianolini, Raúl Héctor s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-16

Cuando, como en el caso, el demandado requirió la realización de una nueva pericia caligráfica, juzga la Sala que la complejidad de las cuestiones en debate, el tenor de las impugnaciones vertidas al dictamen y el particular hecho de que una de las firmas que se tomó en la pericia como "indubitada" no pertenecía al accionado, sino a su letrado y que ese erróneo material fue expresamente ponderado por la experta para la elaboración de sus conclusiones finales, tornan aconsejable la producción de un nuevo estudio. La producción de esta prueba complementaria sólo tiende a que el tribunal cuente con un elemento más de ponderación en el marco de un tópico que exorbita en mucho lo estrictamente jurídico y requiere, por ende, de apoyo en fundadas consideraciones técnicas. Por tanto, los autos deberán remitirse al Cuerpo de Peritos Calígrafos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que dictamine en orden a la autenticidad de las firmas del demandado. Destácase, por fin, que esta medida encuentra apoyo no sólo en lo dispuesto por el CPR 36-4° ("Ordenar diligencias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos"), sino también en el art. 2 del Reglamento General del Cuerpo de Calígrafos Oficiales de la Justicia Nacional.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Villalba, María E. y otro c/ Municipalidad de Quilmes s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-11

Ante un ilícito resulta necesario establecer los límites del deber de reparar bastando la prueba de que existió culpa o imprudencia por omisión de deberes legales, siendo menester demostrar además que existió daño y relación de causalidad.
Pena de muerte, ESTADOS UNIDOS, suspensión de la ejecución, violación al debido proceso, padecimientos mentales, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 32/2014 - Medida cautelar No. 37-14 - Asunto de Samuel Moreland con respecto de Estado Unidos de América - Improcedencia de la pena de muerte frente a violaciones al debido proceso c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2014-10-24

Resulta inapropiada la aplicación de la pena de muerte a quien fue condenado por el delito de homicidio sin la intervención de un jurado, pues padece un daño cerebral grave que afecta significativamente sus habilidades de resolución de problemas y razonamiento, situación agravada durante el desarrollo del juicio al inyectársele pentotal sódico horas antes que renunciara a su derecho a un jurado, imponiéndose una consideración exhaustiva de su estado de salud mental por no haberse observado adecuadamente la protección de sus derechos amparados por el derecho internacional de los derechos humanos, nulificando lo actuado por deficiencias en el cumplimiento de la garantía del debido proceso.

Fuente del sumario: SAIJ
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, indemnización
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: SAVIO, ALFREDO ROMANO c/ BODEGAS Y VIÑEDOS SANTIAGO GRAFFIGNA LTDA. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-16

La cuestión se centra en ubicar la adecuada valoración de la conducta del trabajador, según las características de la prestación, por cuanto la aplicación de la normativa civil a raíz de la opción que brinda la ley, no altera el hecho objetivo de que la consecuencia dañosa proviene de un accidente producido por el hecho u ocasión del trabajo, circunstancia que no permite hacer abstracción de las características de la relación que mantienen las partes en virtud del contrato de trabajo. La subordinación técnica, jurídica y económica que caracteriza la vinculación laboral, debe hacerse en cada caso concreto para profundizar el análisis de la respectiva conducta de las partes, como paso previo a la atribución de responsabilidad, teniendo siempre en cuenta el especial ámbito en que se produjo el evento dañoso. Ello significa la no transpolación de las normas laborales, sino la aplicación de la propia normativa civil que ordena las conductas de acuerdo a la naturaleza de la obligación a las circunstancias de personas tiempo y lugar al deber de previsión que le es exigible a los sujetos de la relación laboral.
Violación, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Cano, Roberto de Jesús s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-07-30

Toda vez que la víctima carezca de la libertad para consentir el acto, sea en razón de su edad, sea por encontrarse en las condiciones del inc. 2º, o se den las circunstancias del inc. 3º del art. 119 del Código Penal, y se consume o se tiente el acceso carnal, nos encontraremos en presencia del delito de que se trata o de su tentativa.

Conforme al inc. 3º del art. 119 del Código Penal, se entiende configurado el delito de violación cuando el victimario usare de fuera -acción física directa o intimidación- coacción psicológica o amenaza de violencia.
Hipoteca, inmueble hipotecado, inmuebles por accesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Provincial S.A. s/ Concurso especial por ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-01

Teniendo en consideración que la balanza para pesar camiones, dado su adhesión física al suelo, debe ser considerada como un inmueble por accesión, la misma integra la garantía hipotecaria correspondiente.
Prueba, principio pro homine, funcionarios públicos, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Cantarero, Emilio Marcelo s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-04

El plexo probatorio incorporado al expediente, no se ha tratado de indicios ciertos, precisos, concordantes, ni que hubieran permitido arribar a una única conclusión, sino que muchos de ellos han sido meramente hipotéticos o conjeturales, que no han derivado de otras pruebas directas ni inmediatas que hubieran permitido acreditar el hecho constitutivo del delito, simplemente porque se carece de pruebas de este tenor, ya que los acusadores pretendieron presentar como indicios incriminantes, situaciones que daban lugar a múltiples interpretaciones y en algunos casos, ni siquiera se hallaban acreditadas. Esos elementos no bastan para fundar un reproche penal, ni formar la certeza a la que deben arribar los magistrados a la hora de dictar un pronunciamiento condenatorio. La aplicación del principio "pro homine" impone no extender más allá de lo permitido el campo de las regulaciones, el de las restricciones legítimas del ejercicio de los derechos, y mucho menos el de las suspensiones extraordinarias o bien aplicar criterios interpretativos en materia probatoria que alejen al juzgador de la verdad material de los hechos en el afán de construir una certeza positiva o negativa a fin de dictar sentencia. La calidad de funcionario público de una persona imputada de un delito, presenta en nuestro ordenamiento jurídico consecuencias concretas que recaen en institutos determinados tales como la prescripción de la acción penal, o bien en agravamientos en la pena, o en la tipificación de delitos específicos; mas nunca en el análisis de la prueba incorporada al expediente, o en la aplicación judicial de la ley procesal, o en la protección de los derechos fundamentales que asisten a los encausados.
Acción de amparo, clausura preventiva, abastecimiento, medidas cautelares, razonabilidad tributaria, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
Materia: PENAL
Carátula: TAWIL, MARCOS s/ Acción de amparo Causa 32328
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-18

1- La Ley 20680 de Abastecimiento, en su Art. 12 inc. e) faculta a los funcionarios actuantes para clausurar con carácter preventivo y hasta por tres días, los locales en que se constaten infracciones.

2- El ejercicio de la facultad de clausurar preventivamente a locales comerciales por infracción a la Ley de Abastecimiento importa una cautela susceptible de adoptarse antes de ser escuchado o juzgado el presunto infractor y tiene consecuencias irreparables, por lo que debe rodearse a la misma de elementales resguardos de razonabilidad y prudencia, tanto más cuando se trata de una facultad que la ley delega indiscriminadamente en los funcionarios actuantes, comprendiendo de ese modo a inspectores que obran por delegación de los funcionarios de mayor responsabilidad.- 3- Si las explicaciones de la Secretaría de Industria y Comercio, a la que el Juez "a quo" dispuso escuchar antes de resolver, no da razones que en el caso justifiquen la adopción de una cautela semejante, y dado que en la ley hay otras maneras para tratar de evitar que la infracción continúe cometiéndose, disponer la clausura preventiva por setenta y dos horas no aparece como un remedio eficaz ni indispensable para evitarla. (Del voto del Dr. Hendler).- 4- La vía del amparo es la única apta en el caso para evitar la lesión irreparable de un derecho de rango constitucional sin perjuicio de lo cual no existe ningún obstáculo para que, en el caso de juzgárselo responsable de la infracción que se le imputa y habiéndoselo escuchado y dado oportunidad de probar sus posibles descargos, se le impongan las sanciones legales correspondientes, entre ellas y de resultar apropiada, la de clausura temporal del comercio (2). (Del voto del Dr. Hendler).
Bienes públicos del Estado, ley provincial, ley nacional, ordenanzas municipales
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Rosario s/ Orden de allanamiento calle Lima (frente a Plaza Chiodi) y Camino de  los Granaderos (a la altura de Palestina). Recurso de   Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 681-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-06

Corresponde exclusivamente al Congreso determinar qué bienes constituyen el dominio público natural en razón del principio de unidad de la legislación civil que consagra el mencionado artículo de la Ley Fundamental; empero, la determinación de cuáles son los bienes del dominio artificial, dado que la facultad de construir obras públicas para utilidad común o comodidad común, corresponde tanto a la Nación como a las Provincias y a los Municipios; en una palabra, es materia de ley nacional, provincial y ordenanza municipal o acto administrativo fundado en ley o acto administrativo autónomo, de dichos entes, según el ámbito territorial pertinente.

Consecuentemente, la autoridad (nacional, provincial o municipal) crea o construye el bien y lo destina, consagra o afecta al fin previsto, pero su condición jurídica de bien dominial o público deriva de la determinación del legislador nacional.
Concurso preventivo, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco del Iguazú S.A. en autos: Mara Hogar S.A. s/ Incidente de Revisión. Banco del Iguazú S.A. en autos: Mara Hogar S.A. s/ Incidente de Revisión.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-03-08|1994-03-08

La regulación de honorarios se efectuar tomando como base el monto del crédito cuestionado por este incidente de revisión, actualizado desde el nacimiento de cada obligación, que en su conjunto constituyen el capital reclamado, -habida cuenta de la petición formulada en autos y lo dispuesto por el art. 5 de la Ley arancelaria 2011-, conforme al Indice de Costo de Vida de esta ciudad, mes de proceso 3/91 (Ley 23928).
Fondos comunes de inversión, cuotapartes de fondos comunes de inversión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Pardo  Helena c/ PEN  Ley 25.561 Dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparoley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-09

Conforme surge de la ley 24.083 los fondos comunes de inversión son patrimonios carentes de personería jurídica que pueden estar integrados por valores mobiliarios, metales preciosos, divisas, derechos y obligaciones derivados de operaciones de futuro, opciones, instrumentos emitidos por entidades financieras, dinero perteneciente a diversas personas a las que se les reconocen derechos de copropiedad representados por cuota partes. (Consid. 3°).