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Homicidio culposo, error de hecho (penal), médicos, mala praxis, responsabilidad médica, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: ABELENDA, ELOY. s/ HOMICIDIO CULPOSO. ERROR DE HECHO. MEDICO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-26

...El núcleo central del tema a resolver en el subjudice es la determinación si el médico Eloy F. Abelenda actuó con negligencia omitiendo el deber objetivo de cuidado al indicar un calmante que su paciente por su condición de alérgico no podía soportar y en este orden de ideas cabe preguntarse qué conducta era la exigible en particular teniendo en cuenta la edad de Pérez y los riesgos que podrían provenir de todas estas circunstancias.

A poco que se analice la actuación del inculpado en la emergencia surge que debió extremar cuidados en la elección del calmante y en las indicaciones en que se lo debía aplicar, pues las prescripciones que aparecen en su prospecto -vid fs. 129-130- se aclara que debe hacerse lentamente y además que "debe emplearse con precaución en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a analgésicos de este grupo" lo que demuestra que pese a lo afirmado por el procesado, existía riesgo en su uso.

Considero que en la emergencia el actuar del imputado ha sido negligente porque ha omitido adoptar los recaudos adicionales que exigían las circunstancias, frente a un paciente alérgico a determinada droga que aparece como se señalara en más de un producto medicinal de uso como calmante, en otras palabras no ha quedado demostrado que debiendo necesariamente extremar su cuidado en la indicación del remedio, recetara aquel que usara habitualmente sin ahondar en la pesquisa de sus efectos ante un paciente que había alertado suficientemente su condición de alérgico más aún cuando se trataba de un septuagenario con mayor grado de riesgo...

...el evidente error en la elección del específico para su aplicación a Pérez como indicación de su médico de cabecera no es exculpante en tanto que no se ha demostrado que aún cuando lo pudiera llevar a equivoco por no ser sincera la información que proporciona el laboratorio fabricante del referido producto medicinal, la edad y condición de alérgico de Pérez a una droga que aparece en más de un producto medicinal-vid fs. 118-, aclárase que nada dice que lo fuera a un particular grupo de antibióticos-exigió extremar cuidados y por lo que está a la vista no se ha cumplido con los recaudos que la situación reclamaba, como la adopción de medidas precautorias adicionales antes de la aplicación del calmante.

El hecho ha sido correctamente tipificado como constitutivo del delito de homicidio culposo previsto en el artículo 84 del Código Penal y la sanción impuesta responde adecuadamente a los índices legales para su razonable individualización por lo que no cuadra modificación alguna...
Superior Tribunal de Justicia, recurso de casación, tribunal oral, sentencia condenatoria, reenvío
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Agrícolo, Alexis Fabricio Nieto, Félix Adrián s/ Homicidio en  grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2002-04-26

Corresponde casar parcialmente la sentencia y corregir el pronunciamiento dictado por el Tribunal de Juicio en lo Criminal respecto de la calificación legal que mereció la muerte de N.N., modificando la tipificación legal de homicidio doloso consumado (art. 79 del Cód. Penal) a homicidio culposo (art. 84 del mismo cuerpo legal), a cuyo fin, corresponde ordenar el reenvío de las actuaciones a dicho Tribunal para la individualización de la sanción dentro del marco brindado por el concurso ideal comprendido por los delitos de tentativa de homicidio y homicidio culposo, de acuerdo a los arts. 79, 84, 42 y 54 del Cód. Penal.

Esta solución garantiza al imputado la doble instancia, al permitirles -eventualmente- recurrir la imposición de esta sanción, si se quebrantaran los límites con que la legalidad y la razonabilidad condicionan el pronunciamiento punitivo en cuanto a este punto. La solución propiciada no vulnera tampoco principios constitucionales ni procesales, sino que los fortalece, propiciando que la individualización de la pena sea llevada a cabo por el tribunal que mayor conocimiento directo tuvo del imputado.
Procedimiento administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, recurso de reconsideración, acción de lesividad, rechazo de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: NOGUES, JORGE ARTURO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION JACOBS, GRACIELA SUSANA c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION Y ANULACION DOMINGUEZ, JUAN CARLOS c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION Y ANULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-08-27|2007-08-27|2007-08-27

Constituye doctrina legal de esta Corte de Justicia, la que sostiene que cuando lo impugnado en el proceso contencioso administrativo es un acto administrativo originario del Poder Ejecutivo Provincial, es indispensable la articulación del recurso de reconsideración a los fines de agotar la vía administrativa previa, lográndose de ese modo la habilitación de la instancia judicial.

Precisamente en el caso lo que se impugna es un decreto originario del PEP, respecto del cual el actor no ha deducido recurso de reconsideración, razón por la cual en el marco de la doctrina aludida supra la vía administrativa previa no se encontraría debidamente agotada.

Sin embargo, y sin que ello implique modificar la doctrina legal mencionada, el Decreto en cuestión no se encuentra firme y consentido, ya que el plazo para interponer el recurso de reconsideración se encuentra suspendido.

En efecto, el Poder Ejecutivo a partir de una investigación practicada de oficio, detecta una serie de irregularidades en tramite administrativo y emite el Decreto que se impugna, declarando la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección de Producción y Extensión Rural, mediante la cual se le adjudicaban parcelas al actor, resolución que estaba firme y consentida, al momento de declarar su nulidad. Pero además de declarar nula de nulidad absoluta la Resolución Interna, por ilegitimidad ordena iniciar acción de lesividad .

En esa inteligencia, al ordenarse en el mismo Decreto iniciar acción de lesividad, no comenzará a correr plazo alguno para impugnarlo, pues esa decisión no causará estado, al carecer de efecto definitivo respecto del derecho subjetivo del administrado, ya que con dicha orden, la administración está reconociendo su incompetencia para declarar la nulidad en su propia sede, razón por la cual el interesado podrá ejercer su derecho de defensa cuando se le corra traslado de la demanda. En consecuencia, debe rechazarse la acción contencioso administrativa articulada por carecer de habilitación la instancia judicial al no existir un acto definitivo sujeto a revisión. (Del voto del Dr. Oviedo-Por la Mayoría)
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, médico cirujano, mala praxis, intervención quirúrgica, oblito quirúrgico
Materia: CIVIL
Carátula: HELGUERO, HUGO c/ SANATORIO GÜEMES SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-23

El acaecimiento del oblito -en el caso, permanencia de una gasa en la cavidad torácica del paciente con posterioridad al by pass que se le efectuara- compromete la responsabilidad del cirujano que dirigió el acto quirúrgico, con base en los art. 511, 519 a 522 y 902 del C. Civil, pues aun cuando el recuento del instrumental y demás elementos que se utilizaron en esa intervención, no era probablemente incumbencia propia del cirujano, sino de algún ayudante o auxiliar del equipo, desde la óptica legal, y dentro de los limites de la litiscontestatio, sólo es dable tomar en cuenta la actividad del equipo en su conjunto y la imputabilidad de quien lo dirigió, sin perjuicio de las acciones recursorias que este pueda eventualmente intentar.
Proporcionalidad de la pena, agravantes de la pena, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Chung, Leonardo Esteban c/  s/ homicidio simple
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-02

No existe obstáculo a que el legislador, guiado por los principios de proporcionalidad y determinación, tome en cuenta los medios empleados no sólo para definir como delictivo un acto que de otro modo no lo sería, sino también para tratar de un modo más grave un hecho que ya lo era aun sin emplear ese medio. No puede sostenerse que el legislador incurre en una infracción a la doble valoración cuando incluye entre los medios de ejecución que agravan el homicidio el empleo de violencia o intimidación con un arma de fuego, pues en principio, tiene cierta discreción para agravar el hecho según el medio empleado (voto del juez Luis García).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: IGEA, JUAN JOSE. s/ PRESUNTA INFRACCION LEY 20.840.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-09

Es competente la justicia provincial y no la federal, para entender en la causa en la que quien se desempeÑó como presidente de una empresa, denunció la responsabilidad que podría caberle a funcionarios del Banco de la Provincia de Río Negro, por el abuso en dos contratos de prenda flotante firmados en blanco por aquél, y su posterior ejecución ante la justicia provincial, a raíz de lo cual se produjo la imposibilidad de llevar adelante la explotación de la empresa, lo que en definitiva llevó a la declaración de quiebra de la sociedad y de otra vinculada a aquélla. Ello así, pues el perjuicio económico que se habría ocasionado no parece exceder -por ahora- el interés propio de los damnificados por la falencia de la empresa.
Contrato de trabajo, contratos onerosos, presunciones, principio protectorio
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez Hernán Jesús c/ Muñoz José Santiago y/o quien resulte responsable s/ Despido indirecto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-03-18

Teniendo en cuenta la presunción de onerosidad que establece el art. 115 de la LCT, lo cierto y real es que en el sub-lite, con independencia de la habilitación del actor como chofer, los servicios por el prestados al demandado deben ser remunerados, de acuerdo a las tareas efectivamente realizadas en función de lo que disponen expresas normas inderogables de orden público inspiradas en el principio protectorio que informa al derecho laboral, arts.7, 12, 13 de la LCT.
Robo con armas, idoneidad del arma, reincidencia, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Guerra, Sergio Gabriel s/ recursos de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-07

Sólo quedan excluidas de la figura agravante las que resultan "burdamente ajenas al término 'armas', en tanto no generan un mayor poder vulnerante, ni ejercen un mayor efecto intimidatorio. Sin perjuicio de que el objeto pudiese ser utilizado como un "juguete", no se desvirtúa con ello que se trata de un arma de utilería con aptitud para ejercer el poder intimidatorio contemplado por el legislador al sancionar la ley n° 25.882. La declaración de inconstitucionalidad constituye un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable; y que cuando conoce en la causa por la vía del art. 14 de la ley 48, la puesta en práctica de tan delicada facultad también requiere que el planteo efectuado ofrezca la adecuada fundamentación que exigen el art. 5 de esa norma y la jurisprudencia de ese Tribunal.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, responsabilidad de la provincia, responsabilidad extracontractual del Estado, falta de servicio público
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Barreto,  Alberto  Damián  y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Es ajeno a la competencia originaria de la Corte Suprema lo atinente a la responsabilidad extracontractual de una provincia por la presunta "falta de servicio" en que habría incurrido un órgano del estado local, derivada del cumplimiento irregular de las funciones estatales que le son propias.
Nulidad de sentencia, sentencia condenatoria, remisión del expediente, dictamen fiscal, fallos de la Corte Suprema, apreciación de la prueba, tenencia de estupefacientes para consumo personal
Materia: PENAL
Carátula: CONTURSO ÁLVAREZ, José Adam c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

Corresponde anular la resolución que condenó al encausado por considerarlo autor penalmente responsable de la infracción al delito previsto y reprimido por el artículo 14 primera parte de la ley 23.737 y reenviar las actuaciones al tribunal para su sustanciación, toda vez que la existencia de un dictamen fiscal, debidamente fundado, dirigido en un sentido idéntico al de la impugnación interpuesta por la defensa contra una sentencia condenatoria, revela la ausencia de contradicción entre las partes y determina la suerte favorable del presente recurso. Ello así, en tanto corresponde hacer extensiva a la etapa recursiva la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a la ausencia de acusación (cfr. Fallos 325:2019 y 318:1234). Debe tenerse en consideración, al respecto, que si la existencia de una parte acusatoria que proponga y examine la prueba en el juicio es un elemento indispensable para asegurar el principio contradictorio y la posibilidad misma de juzgar, debe interpretarse que si el Fiscal General ante esta Cámara declina de esa pretensión al peticionar que se haga lugar al recurso de la defensa, el órgano jurisdiccional no puede suplantarlo en su rol sin romper el equilibrio entre las partes (cfr. esta Sala, con diferente integración. Dres. Carbajo, Ledesma y Borinsky.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, error judicial, faltas del servicio, factores atributivos de responsabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARAGON, VICTOR GUSTAVO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 510 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-25

Bustamente Alsina, destaca el principio general de derecho público que impone la responsabilidad objetiva del Estado por falta de servicio que implica la irregular prestación de la Administración de Justicia.

Aquellas deficiencias, comprobadas que están en los hábitos del servicio, no pueden separarse de éste, se entienden constitutivas de una falta de servicio y hacen surgir la obligación indemnizatoria a cargo del Estado responsable del servicio de que se trate.

Este factor de atribución objetivo no precisa indagar acerca de la culpa o negligencia del agente público para su configuración, bastando la verificación del cumplimiento irregular de las misiones que el ordenamiento jurídico le impone a la actividad, o un cumplimiento defectuoso, o un incumplimiento; constituye, pues, un funcionamiento defectuoso del servicio apreciado el carácter correcto o defectuoso de aquél pura y simplemente en relación con lo que debe ser el funcionamiento del servicio en aplicación de las leyes y reglamentos que lo definen, es decir, contrario al derecho objetivo. La piedra de toque, la clave del arco de la doctrina de la falta de servicio se asienta en la antijuridicidad del funcionamiento del servicio.
Daños y perjuicios, contrato de transporte, ferrocarriles, policía federal, prevención del delito
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GUIÑEZ,  Víctor  Hugo c/ TRANSPOERTES METROPOLITANOS GENERAL ROCAS.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-16

Del voto de la mayoría (Dres. Bellucci y Areán): 1- La función de policía y de seguridad para la prevención de delitos producidos con motivo de la prestación del transporte ferroviario está a cargo de las fuerzas policiales federales y provinciales, de las de superintendencia del tráfico ferroviario (art. 27 bis de la ley orgánica de la Policía Federal)y de la prefectura naval en una lógica derivación de la indelegable facultad -obligación del Estado-. En consecuencia no debe recaer sobre la empresa explotadora del ferrocarril ese servicio público estatal cuya prestación tiende a la adecuada operatividad, mantenimiento de las vías, estaciones y señalamientos para el correcto desplazamiento del material rodante y sus pasajeros. 2- Desde este enfoque, no está a cargo de la empresa evitar la acción delictiva de varios miembros de una barra de fútbol que desde una estación efectúan un disparo de arma de fuego contra un pasajero, pues la transportista adoptó las precauciones al dividir en dos vagones a la hinchada, pero no es razonable exigirle que al descender y recomenzar su viaje revise a cada uno de los vándalos para comprobar que portaban armas, menor aun ante la prohibición de ejercer violencia sobre las personas para determinarlo.(Sumario N°20283 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Arma defectuosa, robo con intimidación en las personas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Manni, Héctor D. s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-26

Aunque el arma utilizada fuera de "funcionamiento anormal" pero apta para el tiro, al igual que los cartuchos de bala que contenía, sigue siendo en esencia un arma que tiene poder intimidatorio con respecto a la víctima y al victimario.
Poder Ejecutivo, facultades del Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, exceso en las facultades reglamentarias, decretos, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "ESSO  Petrolera  Argentina  SRL c/ AFIP DGI s/ Dirección General Impositiva".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-26

Los decretos que en su origen se hallan viciados de inconstitucionalidad por haber sido dictados por el Poder Ejecutivo con exceso de sus facultades reglamentarias no son susceptibles de purga o subsanación mediante la ratificación parlamentaria posterior. Es que la Constitución Nacional impide a ese poder ejercer funciones legislativas sin contar con base legal cierta y suficiente, y la oportuna observancia de tal requisito no depende de la gracia del Congreso (Fallos: 322:1868) (Del voto del juez Argento, cons. X).
Responsabilidad del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Schoret, Berta c/ De la Vega, Luis y otros s/ Daños y perjuicios -cuestión de comp. art. 6º del C.C.A. Lima, Hilda Esther c/ Ministerio de Gobierno y Justicia de la Pcia. de Bs. As. y ots. s/ Daños y perjuicios. Cuestión de comp. art. 6º del C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-20|1997-05-27

No son casos contencioso administrativos aquellos en los que se pretende actuar la responsabilidad aquiliana del estado con fundamento en las disposiciones del Código Civil que la reglan. En el caso, la actora persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios que aduce haber sufrido como consecuencia del obrar negligente de quienes, actuando como funcionarios de la Administración provincial, llevaron a cabo un procedimiento de clausura absolutamente irregular. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Eximición de prisión, caución real, calificación legal, in dubio pro reo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CHACOMA, Ruben Alberto. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-04

Frente a la momentánea imposibilidad de descartar la subsunción de los episodios en una calificación legal de menor entidad, debe tenerse en cuenta la solución más favorable al imputado.

Por ello, procede conceder la exención de prisión solicitada bajo caución real.
Acción de amparo, cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: CLUB ATLETICO APRENDICES CASILDENSE c/ MUNICIPALIDAD DE CASILDA Y/U OTRO s/ AMPARO - COMPETENCIA- CUESTION DE COMPETENCIA SUSCITADA ENTRE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIRCUITO DE LA LA CIUDAD DE CASILDA  Y LA CAMARA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO UNO DE SANTA FE  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 154 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-23

Atento la reiteración de conflictos de competencia entre Juzgados de Primera Instancia y las Cámaras de lo Contencioso Administrativo en acciones de amparo donde la materia debatida se relaciona con el derecho administrativo corresponde hacer algunas precisiones.

A partir de la causa "Bacchetta" este Tribunal admitió a la luz del nuevo artículo 43 de la Carta Fundamental nacional que cuestiones contenciosas administrativas también pueden judicializarse por la vía de la acción de amparo, si bien haciendo algunas consideraciones en cuanto a los requisitos de admisibilidad de la misma.

Con posterioridad, en el precedente "Domínguez" se dijo expresamente que las acciones mencionadas debían tramitarse y resolverse ante los Jueces de distrito de acuerdo al artículo 4 de la ley 10.456.

Siendo ello así, la decisión del Juez de Primera Instancia que interviene en un juicio de amparo no puede concluir en la incompetencia de dicho órgano por tratarse la materia en debate de una cuestión contenciosa administrativa y remitir los autos al Tribunal especializado, sino que deberá analizar los recaudos de admisibilidad de la acción a los efectos pertinentes.

Ahora bien, en supuesto de concluir el magistrado interviniente en la inadmisibilidad del amparo -en su caso- la competencia del órgano judicial para el proceso posterior se desplaza hacia las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, pero ya no para que entiendan por la vía excepcional sino a través del único recurso en que pueden ellas: el establecido en la ley 11.330.

Concluyendo: la inadmisibilidad de la acción de amparo por el Juez de Primera Instancia no impide que el recurrente vuelva a la carga con su pretensión si bien no mediante un proceso de excepción sino a través de uno con mayor amplitud de debate y prueba, y es en ese proceso donde debe intervenir por la materia involucrada la Cámara de lo Contencioso Administrativo.
Licitación pública, adjudicatario, cláusula de actualización, adjudicación, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Eco Sistemas -Empresa de computación- c/ Municipalidad de Santo Tomé s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nº   168-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-23

No puede cuestionarse el sistema de ajuste propuesto por la adjudicataria -variación real de costos soportados por la empresa- con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 2756, ya que tal disposición determina la aplicación del índice de precios mayoristas del INDEC sólo para el caso de actualización de los "límites" previstos en la norma. Es más, se desprende de la disposición mencionada el reconocimiento a los entes municipales de la facultad de fijar las condiciones generales y particulares para las licitaciones públicas.