Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16


Expte. nº 7541/10 "Wiedmer Cabrera, Nélida Noemí c/ GCBA y otros s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Buenos Aires, 16 de marzo de 2011 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Nélida Noemí Wiedmer Cabrera planteó una demanda contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante GCBA), para que se declare la nulidad absoluta de las resoluciones nº 1082/2002 y nº 3107/2003 de la Secretaría de Educación, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la LPA, y se condene al Estado local a abonarle los salarios no percibidos por el período de disponibilidad correspondiente a uno de los dos cargos docentes de los que fuera titular en el Centro de Educación Física n° 1 (fs. 1/8).

2. El GCBA contestó la demanda y solicitó su rechazo (fs. 71/74). Afirmó que en tanto la actora se encontraba con licencia sin goce de haberes en tal cargo y prestaba servicios interinos en el Instituto Superior de Deportes devengando haberes "inclusive en mayor monto, durante cinco años y cuatro meses", carecía de sentido "reconocerle sueldos por el cargo suprimido, cuando con motivo de ese mismo cargo ya los estaba cobrando en otro destino y en mayor monto" (fs. 73 vuelta).

3. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda, declaró la "nulidad absoluta e insanable de la resolución SED Nº 1082/02, en cuanto rechaza el reclamo efectuado por la actora en sede administrativa en relación al cobro de los haberes de disponibilidad por el término de dos años" y condenó al pago "de los haberes de disponibilidad desde el 01/05/2000 al 30/04/2002"; además, declaró "la nulidad absoluta e insanable de la resolución SED Nº 3107/03, en cuanto dispone la baja de la actora a partir del 01/05/2002, debiendo dictarse un nuevo acto administrativo que disponga la baja de la agente WIEDMER CABRERA..."; todo con costas a la demandada vencida (fs. 121/131).

El magistrado consideró que la licencia otorgada a la actora con anterioridad a la declaración de disponibilidad en el cargo suspendió ciertos efectos de la relación (prestación de tareas y pago de la remuneración), por lo que no le resultaban aplicables los efectos de la declaración de disponibilidad hasta tanto no cesara la licencia otorgada. Señaló que la licencia y la disponibilidad resultan institutos incompatibles "por ser de distinta naturaleza y regular situaciones diversas" (fs. 127 vuelta) "que se diferencian también por la obligatoriedad de pagar los salarios en la disponibilidad, mientras que la licencia acordada en este caso fue sin goce de sueldo" (fs. 128).

Tomando en cuenta que el art. 22 inc. c) del Estatuto del Docente dispone que en caso de accederse a una suplencia o interinato durante la disponibilidad con goce de haberes, el término de la disponibilidad se amplía por el mismo tiempo de desempeño de la suplencia, el juez dispuso aplicar analógicamente la solución al caso, en que la Sra. Wiedmer Cabrera estaba ejerciendo la suplencia en forma previa a la declaración en disponibilidad. Invocó a tal fin la garantía de igualdad ante la ley (fs. 129 vuelta).

4. Apelada la sentencia por la actora (fs. 142/147) y por el demandado (fs. 150/154 vuelta), la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario dispuso: "1) revocar la sentencia de primera instancia rechazando la demanda; y 2) imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 62 CCAyT)..." Para así decidir, el Tribunal, expresó que: "La situación de la actora no exigió la compensación de la ausencia de ingresos por el cargo suprimido mediante el abono de haberes de disponibilidad, pues no sufrió el efecto perjudicial típico de la clausura del establecimiento donde prestaba tareas: si bien no fue reubicada en quince de las horas cátedras de su titularidad, respecto de estas mismas gozaba de licencia sin goce de haberes por encontrarse prestando servicios en otra dependencia y percibiendo efectivamente la remuneración que por estos últimos le correspondían." Más adelante concluyó que: "Consecuentemente -y dado que con posterioridad a la supresión de sus horas base y durante más de dos años percibió los haberes correspondientes al cargo interino que detentó- no corresponde el pago de los haberes de disponibilidad reclamados en autos.

Ello así pues ha operado el vencimiento del plazo por el que el Estatuto Docente reconoce ese derecho sin que la accionante necesitara recurrir a la protección prevista" (fojas 172).

5. La parte actora interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia con sustento en las doctrinas de la arbitrariedad y de la gravedad institucional, y por considerar que el fallo afectó los derechos y garantías establecidos en los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 33 de la Constitución Nacional y 43 de la Constitución de la Ciudad.

6. La Cámara declaró admisible el recurso de inconstitucionalidad en cuanto se puso en debate el alcance de la garantía de la estabilidad del empleado público y el principio de igualdad ante la ley, y lo denegó en lo que se refiere a la doctrina de la arbitrariedad y gravedad institucional (fs. 195/196).

7. El Fiscal General Adjunto consideró en su dictamen que "la Cámara efectuó una serie de precisiones de orden constitucional relacionados con el caso de autos, brindando fundadas razones para justificar que la aplicación del Estatuto Docente y su decreto reglamentario, no conculcan los derechos y garantías constitucionales que la actora invoca. // De esa manera, estimo que los argumentos vertidos en el recurso no logran rebatir, en los términos que exige el artículo 27 de la Ley Nº 402, aquellos fundamentos ya que, en ningún momento demuestra que la decisión recurrida no se encuentra en armonía con las normas constitucionales en cuya virtud se le concedió el recurso de inconstitucionalidad (artículo 16 de la Constitución Nacional; 11 y 43 de la Constitución de la Ciudad). // En verdad, encuentro que los agravios de la recurrente, con la limitación recursiva antes señalada, sólo se refiere a cuestiones de prueba y de derecho común (infraconstitucional) local, que la sentencia criticada determinó y aplicó, conforme a su propia valoración e interpretación.

El recurso no expone otra cosa que su desagrado con esa valoración y con esa interpretación, razón por la cual no advierto configurada la existencia de lesión constitucional, esgrimida por la actora, frente al análisis efectuado por la Cámara para decidir la cuestión. // (...) Por las consideraciones señaladas, propicio un pronunciamiento por parte de V.E. que declare mal concedido el recurso de inconstitucionalidad articulado por la parte actora".

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

El recurso de inconstitucionalidad planteado por la Sra. Wiedmer Cabrera fue correctamente concedido pues, como lo señala la Sala I, se ha puesto en debate el alcance de la garantía de la estabilidad del empleado público, y se ha cuestionado la afectación del principio de igualdad ante la ley.

En verdad los reparos que el Fiscal General Adjunto efectúa a la concesión dispuesta por la Cámara resultan inconsistentes pues, como bien lo afirma, "la Cámara efectuó una serie de precisiones de orden constitucional relacionados con el caso de autos, brindando fundadas razones para justificar que la aplicación del Estatuto Docente y su decreto reglamentario, no conculcan los derechos y garantías constitucionales que la actora invoca.".

Cualquiera que sea el mérito que advierta en las consideraciones constitucionales efectuada por la alzada, su enunciación en la sentencia pone de manifiesto que el fallo trató cuestiones directamente enraizadas en la Constitución de la Ciudad.

El recurso de la actora discute, a mi modo de ver con buenas razones, la interpretación constitucional efectuada por la alzada. La cuestión constitucional, entonces, ha sido adecuadamente propuesta y debe ser examinada por el Tribunal.

2. El fallo de Cámara confunde la naturaleza del salario de disponibilidad, y a partir de allí equivoca la decisión.

La compensación económica de dos años más la permanencia a la espera de una nueva asignación funcional por tres años más constituye el mecanismo de compensación, normativamente establecido, por la supresión del empleo del agente. Se trata del ejercicio de una potestad estatal, que aunque en principio legítima, genera el deber de satisfacer, de algún modo, la afectación singular del derecho fundamental del agente cuyo cargo se suprime.

Por tal razón, no es intercambiable el salario por el cargo interino que desempeñaba la actora con la reparación debida por la puesta en disponibilidad en el segundo cargo docente de aquellos de los que fuera titular en el Centro de Educación Física n° 1.

3. Ahora bien, la legitimidad, en el caso, de la puesta en disponibilidad no ha sido siquiera cuestionada por la actora. Lo que reclama, y lo hace con todo derecho, es que esa actividad del estado, que genera en ella un sacrificio especial al extinguir su derecho al empleo, sea correctamente reparada en la forma que establecen las normas.

La decisión de la Cámara de considerar que no le correspondían los dos años de salarios porque se encontraba cumpliendo un interinato en otro cargo (de mayor jerarquía), pierde de vista que el salario, en cada caso, responde a una obligación diferente: el salario del interinato, es la contraprestación por el trabajo cumplido; el salario de la disponibilidad es la reparación por la extinción de su cargo titular.

El fallo debe entonces ser revocado pues la interpretación del derecho efectuada por la Cámara afectó directamente la garantía de la estabilidad del empleo público (arts. 14 bis, CN, arts. 10 y 43, CCABA).

Lo expresado hasta aquí no importa avanzar ningún criterio de aceptación lisa y llana acerca la constitucionalidad del régimen de reparación por puesta en disponibilidad desde que ese aspecto concreto no ha sido objeto de controversia ni se han alegado agravios que posibiliten ventilar ese punto y tampoco aparecen incontrastablemente notas que permitan oficiosamente el examen de su validez.

Por las razones expuestas voto por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por la Sra. Nélida Noemí Wiedmer Cabrera, revocar el fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y dejar firme el de primera instancia. Con costas al GCBA en todas las instancias. Así voto.

Los jueces Ana María Conde, Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás dijeron:

1. El recurso de inconstitucionalidad obrante a fs. 176/185 fue correctamente concedido por la alzada, pues la actora ha logrado demostrar que en el caso se encuentra en juego el derecho a la estabilidad en el empleo público consagrada en el art. 43 de la CCABA y art. 14 bis de la CN y la garantía de igualdad ante la ley establecida en el art. 16 de la CN y el art. 11 de la CCBA.

2. La decisión de la Sala I de la Cámara CAyT que aquí se cuestiona revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazó las pretensiones de la Sra Wiedmer Cabrera consistentes en que: a) se declarara la nulidad de las resoluciones nº 1082/2002 y nº 3107/2003 de la Secretaria de Educación y b) se le abonaran los salarios no percibidos a partir del 1/05/2000 y durante el plazo de dos años, con motivo de haber sido declarada en disponibilidad.

Cabe señalar aquí que la actora fundó la nulidad de esas resoluciones en que esos actos no se ajustaron a las previsiones del art. 22 del Estatuto Docente ni a las de su reglamentación (ordenanza nº 40.593 y decreto nº 611/86, con sus respectivas modificatorias), por lo que se la habría excluido infundadamente del régimen de disponibilidad que regula esa norma para los docentes titulares cuyos cargos son suprimidos.

La alzada sostuvo que no correspondía hacer lugar a las pretensiones de la actora en atención a que ya había operado el vencimiento del plazo por el que el Estatuto Docente reconocía el derecho a ser puesto a disponibilidad sin que la accionante hubiese necesitado recurrir a la protección allí prevista.

Ello así, pues en la oportunidad en que se declaró la disponibilidad de tal cargo, la actora se encontraba en uso de licencia para ejercer un cargo de mayor jerarquía por el cual, durante más de dos años, había percibido los haberes correspondientes al cargo interino.

En este sentido, afirmó que una solución contraria desvirtuaría el espíritu de las normas relativas a la disponibilidad pues exigiría al GCBA un injustificado doble esfuerzo.

3. En primer lugar, es menester poner de resalto que la cuestión planteada en el sub examine no encuentra solución expresa en el régimen infraconstitucional aplicable -esto es, el Estatuto Docente y su correspondiente reglamentación- pues, si bien allí se contempla el supuesto de aquellos docentes que acceden a suplencias o interinatos luego de haberse declarado la disponibilidad de sus cargos, no hay una respuesta singularizada en la norma para el caso del personal que se encontraba gozando de la licencia prevista en el art. 71 del Estatuto Docente al momento en que se declara la disponibilidad de su cargo titular, licencia que, conforme lo establece tal disposición, se concede sólo para desempeños transitorios.

Así entonces, como puntualizaran los jueces de la causa, lo que corresponde decidir es si la negativa del GCBA a incluir a la accionante dentro del régimen de disponibilidad del art 22 del Estatuto Docente y su posterior baja resultan legítimas.

4. En este contexto, entendemos que para la correcta dilucidación del caso no puede perderse de vista una circunstancia que ha quedado debidamente comprobada en autos: en el año 2000, luego de que el GCBA dejara sin efecto la licencia otorgada a favor de la actora para ejercer un cargo interino de mayor jerarquía, la accionante no pudo volver a desempeñarse en su cargo titular -sobre el cual tenía derecho a la estabilidad mientras no incumpliese con las obligaciones inherentes a su profesión-, ya que el mismo había sido suprimido.

Por otro lado, de las constancias de la causa surge que la actora no fue incluida en el régimen de disponibilidad previsto en el art. 22 del Estatuto Docente.

Conforme consta en la sentencia de primera instancia y no fue modificado por la de Cámara, en su contestación de demanda, el GCBA sostuvo que ".al suprimirse el cargo del cual la actora era titular, no percibió los haberes en las formas que establece el Estatuto del Docente ni le fue ofrecido otro cargo porque se encontraba desempeñando un cargo de superior nivel remunerativo".

Sostuvo el GCBA que por encontrarse gozando de una licencia en los términos art. 71 del Estatuto Docente el régimen de disponibilidad no resultaba aplicable y que al momento en que la actora pretendió acceder, los beneficios se encontraban agotados por el vencimiento de los plazos legales (fs. 124).

A partir de ello, sólo podemos coincidir con la señora jueza de trámite, doctora Alicia E. C. Ruiz, cuando señala que la decisión del tribunal a quo resulta descalificable en la medida que priva a la actora del mecanismo tuitivo del derecho de estabilidad en el empleo público -conforme se encuentra regulado- mediante una justificación aparente, al identificar las contraprestaciones recibidas por la actora por las tareas que interinamente cumpliera en un cargo de mayor jerarquía con la compensación temporaria legalmente prevista para la situación excepcional que se verifica cuando de manera definitiva se suprime el cargo titular de un docente y no se lo reubica en un cargo similar.

Por otra parte, el criterio adoptado por la Cámara, aunque -como se dijo- remite al examen de una situación peculiar que no se encuentra prevista de manera expresa por el ordenamiento -caso del agente que al momento de la declaración de disponibilidad en su cargo se encuentra con goce de licencia por encontrarse ejerciendo en forma interina otro de mayor jerarquía-, no armoniza con la reglamentación del propio art. 22 del Estatuto Docente, norma que amplía el plazo de disponibilidad con goce de haberes durante el tiempo en que los docentes que se encuentran en dicha situación de disponibilidad cubran suplencias o interinatos -inc. c)-.

Tampoco se advierte que la concesión del beneficio provoque un costo mayor a la Administración si se tiene en cuenta que la actora no pretendió cobrarlo en forma simultánea con el salario correspondiente al interinato que desempeñaba.

El GCBA no ha mostrado que las consecuencias económicas para el erario público sean distintas a las que pueden surgir de un caso en que se concede un interinato o una suplencia mediante el régimen de disponibilidad.

En definitiva, la solución dispuesta por el a quo implica realizar una distinción en los derechos asignados por el art. 22 del Estatuto Docente entre aquellos que se encuentran efectivamente ejerciendo el cargo del que son titulares y aquellos que, autorizados por la Administración, se encuentran gozando de una licencia en los términos del art 71 de ese cuerpo legal.

Esa distinción no se ajusta al texto de la norma y desafía una lectura de esos preceptos realizada a luz de las garantías de igualdad y de estabilidad del empleo público.

5. Los argumentos brindados llevan a hacer lugar a las pretensiones de la actora y declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas. En cuanto a los salarios no percibidos, el GCBA deberá abonar a la actora una suma equivalente a los salarios que le habrían correspondido durante el período de dos años contados desde el cese de su licencia por cargo de superior jerarquía (30/04/2000).

En materia de intereses estése a los fijados en la sentencia de primera instancia, habida cuenta que esa cuestión no ha sido traída a conocimiento de este Estrado.

Con relación a la nulidad de la resolución nº 3107/2003 que dispuso la baja de la actora en su cargo titular, podrá ésta requerir lo que entienda le corresponda en derecho para que el GCBA resuelva su petición, sin perjuicio de lo que la Administración pueda disponer de oficio en ejercicio de las facultades que le son propias y privativas, siempre sin desconocer los lineamientos fijados por este pronunciamiento.

6. Por las razones expuestas, votamos por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia de Cámara y hacer lugar a la acción interpuesta y, en virtud de ello, declarar la nulidad de las resoluciones nº 1082/2002 y nº 3107/2003 de la Secretaria de Educación y condenar al GCBA a abonar la suma establecida en el punto 5 precedente. Costas a la demandada vencida.

Así lo votamos.

Por ello, emitido el dictamen por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia de Cámara.

2. Hacer lugar a la acción interpuesta y, en virtud de ello, declarar la nulidad de las resoluciones nº 1082/2002 y nº 3107/2003 de la Secretaria de Educación y condenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abonar la suma establecida en el punto 5 del voto conjunto de los jueces Ana María Conde, Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás.

3. Imponer las costas a la demandada vencida.

4. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva.