marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretación de la ley, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Losa, Miguel c/ Caja  de  Previsión  Social  para  Abogados de la Provincia de Buenos Aires. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Es ajeno al ámbito cognoscitivo de la Corte todo lo relativo a la interpretación de los arts. 39 y 40 de la ley 6716 de la Provincia de Buenos Aires, debiendo aceptarse - en principio - la que han dado los tribunales locales en uso de sus facultades propias y exclusivas, por lo que corresponde únicamente decidir si tal hermenéutica se halla o no en conflicto con las disposiciones constitucionales que sirven de base al recurso.
Competencia por conexidad, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Lineas Delta Argentino S.R.L. c/ Bagattin, Américo Atilio s/ Medida Precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-28

La sala que intervino anteriormente en el expediente principal, resulta competente para resolver sobre la medida precautoria, ello en virtud del principio de prevención -art. 6 inc. 4 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-, siendo además este supuesto uno de conexidad automática según el Reglamento para la Justicia en lo Comercial.
Inadmisibilidad del recurso, extinción de la acción penal, recurso extraordinario, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Lanusse, Máximo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-02

Corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por los defensores contra la resolución que no hizo lugar a la queja deducida contra la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones que confirmó el rechazo del planteo de extinción de la acción penal por aplicación del art. 59, inciso 6º del Código Penal -reparación integral-, toda vez que no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable por sus efectos y la sustancia del planteo en que se funda no implica el debate de una cuestión federal. Dres. Borinsky- Gemignani y Hornos.

Fuente del sumario: OFICIAL
Sociedades comerciales, prueba, prueba testimonial, presunciones
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: TAVERNA DE ANTUÑA, ROSA MARIA ANTONIETA c/ CELESTINO VICTOR ANTUÑA s/ RECURSO DE SOCIEDAD DE HECHO Y SU LIQUIDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-13

La doctrina nacional y la jurisprudencia del fuero comercial están firmemente orientadas por la exigencia del principio de prueba por escrito para la admisibilidad de la prueba testimonial, entendiéndose aplicable la limitación contemplada en el art. 209 del CCOM, -salvo que exista imposibilidad moral de preconstituir la prueba escrita, como en el supuesto de existir concubinato- y que este requisito es inaplicable a los terceros que invocan el contrato social.

Pero aún, con prescindencia de tal elemento, no se aportó prueba de la existencia de los elementos específicos de todo contrato de sociedad; los aportes efectuados por cada uno de los socios para la formación del capital social, participación de los beneficios y soportación de las pérdidas y affectio societatis. Tampoco se ha aportado prueba de los actos concretos que como pautas orientadoras y a título meramente enunciativo suministra el derogado art. 298 del CCOM, que explicitaba que se supone que existe o ha existido sociedad siempre que alguien ejercite actos propios de sociedad y que regularmente no hay costumbre de practicar sin que la misma exista. Es indudable que los ejemplos que da la norma citada como prueba presuncional de la existencia del ente societario, tienen aún plena aplicación y validez a los casos que se sometan a decisión judicial.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, admisibilidad del recurso, admisibilidad formal, regulación de honorarios, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional c/ N.N. y/o Varela, Juan Pedro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

Es formalmente viable el recurso ordinario de apelación en tercera instancia en causa en que la Nación directa o indirectamente reviste el carácter de parte, si, según surge del memorial, la diferencia entre la cantidad regulada y la que a juicio del apelante correspondía adjudicar, actualizada a la fecha de interposición del recurso, supera el mínimo establecido en el art. 24, inc. 6°, apartado a) del decreto-ley 1285/58, modificado por las leyes 21.708 y 22.434 y resolución de la Corte N° 445/85.
Prescripción, indemnización, daño, delito penal, cuasidelitos
Materia: CIVIL
Carátula: GONZÁLES, REMIGIO EUDORO c/ SANSO, GABRIEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-11-04

Se debe distinguir entre la acción por resarcimiento del daño causado por el delito o cuasidelito que prescribe conforme al art. 4037 del C. Civil, de la acción por devolución de la cosa causa del delito o su equivalente en dinero que se rige por la prescripción más larga que regla el art. 4023 del mismo cuerpo legal.

Así las demandas entabladas para alcanzar este doble fin son independientes una de otra y pueden tanta ejercerse aislada o simultáneamente.
Retiro militar, conscriptos, modificación de la ley, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KHIN, JORGE ANDRES c/ E.N.  (E.M.G.A.) s/ REGULARIZACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-14

El art. 20 de la ley 22.511, modificatorio del art. 78, inc. 3 de la ley 19.101, no vulnera la garantía de igualdad del art. 16 C.N .
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, cónyuge culpable, injurias graves, daños y perjuicios, indemnización, daño moral, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: L. DE P.M.S. c/ P. Y C.D. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-17

Si bien la objeción más vigorosa al resarcimiento de los daños materiales y morales que produjeren los hechos que dieron lugar al divorcio, es la de la especialidad del derecho de familia, no es desacertada la base interpretativa de la tesis positiva en cuanto a que si los propios hechos imputables a uno de los cónyuges que merecen las sanciones propias del derecho de familia (divorcio por su culpa, separación de bienes, pérdida de la vocación hereditaria, obligación alimentaria, etc.), también reúnen los elementos de los hechos ilícitos, de acuerdo con los arts. 1066, 1067, 1072, 1077, 1078, 1109 y conc. del Código Civil, no han de ser excluidos como fuente de la obligación de reparar los daños materiales y morales que tengan relación de causalidad adecuada. Una invocación tan general, como la especialidad de las normas del derecho de familia, que es principalmente didáctica, no sería suficiente para ceñir las sanciones a ese ámbito exclusivo.

Es verdad que muchas veces las injurias -causal más frecuente- se infieren en la intimidad sin provocar una afrenta que menoscabe seriamente la persona del cónyuge ofendido, pero si el hecho se aprehende como causal de divorcio es porque causó agravio al inocente, y por lo tanto es ilícito. Si fuere entuerto de muy poca entidad, la indemnización del daño moral que cause será reducida.

Podría llegarse a no acordarla por la máxima "de minimun non curat praetor".

Lo decisivo para sostener la procedencia de la indemnización es que todo hecho que encuadre en una causal de divorcio es contrario a la ley por causar daño, de donde se presentan los recaudos de los arts.

1066, 1067 del Código Civil, por dolo (art. 1077) o por culpa (art.

1109). Así como no está vedado al cónyuge víctima denunciar o querellar penalmente al culpable de delitos de lesiones, injurias, adulterio, tentativa de homicidio, etc. (arts. 89, 110, 118, 42 y 80 inc. 1 del Código Penal) y no se vedaría la indemnización correspondiente, en sede civil o en la jurisdicción criminal (art.

29 del mismo Código), tampoco puede concebirse un obstáculo legal para la indemnización de los daños provenientes de hechos que sean solamente delitos o cuasi-delitos del derecho civil, ante los tribunales correspondientes.
Club de campo, subcontratación laboral, servicios de vigilancia, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: SALEGAS, JORGE OMAR c/ GIMENEZ JOSE PEREZ Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-31

La actividad desarrollada por los vigiladores en la sede de la demandada que funcionaba como Country Club, en el caso Fundación Hind Club no hizo a la actividad normal y específica de la entidad, motivo por el cual no resulta procedente la condena solidaria en los términos del art. 30 LCT.
Sentencia, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Cagni, Miguel Angel. Villar, Pablo s/ Asociación ilícita - Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

El examen obligatorio de las cuestiones esenciales no constituye un mero prurito formal pues la Constitución y la ley 3560 imponen formas destinadas a que las sentencias judiciales posean una estructura que, "per se", les otorgue un mínimo de garantías de solidez lógica y jurídica, objetivo que, según nuestro sistema requiere la expresa consideración y resolución de las cuestiones que condicionan el resultado del proceso; y de no seguirse tal coherente itinerario lógico se privaría a la sentencia de dicha relativa pero computable garantía de solidez.
Inexistencia de cuestión federal suficiente, fundamentación insuficiente, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Saba, Ricardo Gassan c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-07

La defensa no ha logrado demostrar un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de esta Cámara, sino que se ha limitado a cuestionar una fundamentación que no se comparte sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dados por el a quo en el pronunciamiento que confirmó el rechazo de la excarcelación, el cual se ajustó a los parámetros establecidos en el plenario "Díaz Bessone". (Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos).
Recursos administrativos, actuaciones administrativas, traslado, acto administrativo, recurso de reposición (procesal), in dubio pro actione
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: BILICICH, MARIA ISABEL PONZONE c/ COMUNA DE WEELWRIGHT s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 287-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

La concesión del traslado solicitado por la recurrente al momento de interponer el recurso de revocatoria contra el acto administrativo, es una exigencia para la administración, tendiente a resguardar el derecho de defensa del administrado, y resulta normativamente impuesto en algunos reglamentos de actuaciones administrativas, (artículo 44 decreto 10204/58). Y si la administración entiende que no debe correrlo, por no existir actuaciones administrativas diversas de la fundamentación de la resolución que se recurre, tiene al menos, que hacércelo saber a la recurrente. Por ende, no es motivo atribuible a la parte la no fundamentación del recurso de revocatoria, si solicitada que fuera la vista de los antecedentes administrativos, que motivaron la medida, a efectos de ejercer adecuadamente su derecho de defensa, la administración no dictó el pertinente acto administrativo. Esta solución se compadece con el principio "in dubio pro actione".
Conflicto de poderes, gobierno municipal, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Contreras, Aldo E. c/ Concej. Delib. de La Matanza s/ Conflicto Municip.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

La falta de pronunciamiento acerca de las costas implica que éstas se imponen en el orden causado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Municipalidad, personal municipal, asignación de funciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ, PEDRO IRINEO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 303-84) ROSSI, GUIDO MARTIN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 473-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26|1996-10-02

El cambio de funciones marcadamente diverso de las que cumplía el agente dentro de la Administración Municipal, y respecto de las cuales había acreditado una idoneidad específica, implica una violación a su derecho y resulta una descalificación con relación al ejercicio del cargo que desempeñaba desde hacía años.
Hábeas corpus, proceso en trámite
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Aebi, María Eva s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-14

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto contra el pronunciamiento que desestimó la acción de habeas corpus, si la efectividad de la libertad dispuesta por la C.N.C.P. en su oportunidad, respecto de la imputada, ha sido recurrida por la vía del art. 14 de la ley 48, con efecto suspensivo, y se encuentra en trámite ante la Corte Suprema, por lo que es en este Tribunal donde el recurrente debe instar los medios procesales pertinentes para la decisión del caso. (Dres. Mitchell, García y Yacobucci).
Homicidio culposo, negligencia, trabajadores de la salud, deber de obrar con prudencia, responsabilidad objetiva, muerte del paciente
Materia: PENAL
Carátula: Galván, J. E.  c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-17

Es atribuible al camillero el deceso de un paciente que cayó desde una camilla que no se encontraba en condiciones, puesto que el imputado creó un riesgo jurídicamente desaprobado. Un resultado causado por el agente solo se puede imputar al tipo objetivo si la conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por un riesgo permitido y ese peligro también se ha realizado en el resultado concreto.
Competencia por la materia, información sumaria, titularidad del dominio
Materia: PROCESAL
Carátula: RENTAUTOS  S.A. s/ INFORMACION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-04

Corresponde entender a la Justicia Civil, conforme a la competencia residual establecida por el art. 43 del decreto-ley 1285/58 mod. por ley 22.093, en la información sumaria promovida con el fin de obtener que por vía judicial se determina la titularidad del motor correspondiente a un vehículo y su regrabación en los asientos administrativos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, no obstante que el contrato base de la relación jurídica existente versa sobre "cosas muebles".
Prueba pericial, pericia mecánica
Materia: PENAL
Carátula: CASTIGLIO, Roberto Domingo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

La calidad de mecánico del perito llamado a expedirse sobre la causalidad de un accidente, resulta más que suficiente cuando se trata de examinar el grado de desgaste de las piezas de un automotor y el origen de tales anomalías.-
Responsabilidad civil, eximentes de responsabilidad, eximentes de responsabilidad penal, derecho a la información, publicación o reproducción de ofensas, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL
Carátula: RAMOS JUAN JOSE c/ LR3 RADIO BELGRANO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

La Corte Suprema ha establecido que cuando se trata de noticias con evidente potencialidad calumniosa o difamatoria, el periodista o el medio quedan libres de responsabilidades civil y penal observando el prudente deber de difundir el informe atribuyendo directamente su contenido a la fuente, utilizando un tiempo de verbo potencial o guardando reserva sobre la identidad del implicado (Fallos 308: 789;

310:508; Causa Abad, Manuel y otros", del 7.4.92).
Notificación, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: BRAVO, CLAUDIO c/ OBRAS ARGENTINAS SA. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-08

El art. 149 2da. Parte del Código Procesal -nulidad de la notificación-, es una norma de interpretación restrictiva e inaplicable en caso de duda, sin que pueda considerarse ocurrida la convalidación cuando ella resultare de hechos o actos que simplemente pudieran hacerlo suponer, como única forma de evitar que el derecho de las partes pudieran resultar lesionado.
Menores, Ministerio Público
Materia: PROCESAL
Carátula: M.MB c/ H.C.F. s/ CUOTA ALIMENTARIA-TENENCIA-REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-04-13

Se entiende por representación promiscua, la intervención que con carácter necesario y complementaria le incumbe al ministerio público de menores, quien lo ejerce en forma conjunta con los representantes necesarios de los menores e incapaces (art. 57 inc.2º c.c.) sin excluirlo.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, excusación
Materia: PENAL
Carátula: Raimundo, José Alberto s/ Interpone recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

No media incompatibilidad de defensas si en autos existe al momento un solo imputado -a partir del sobreseimiento definitivo de otro que se halla firme- y no es óbice para asumir su defensa el asesoramiento previo que brindara anteriormente al sobreseído quien en su indagatoria sólo reiteró los dichos vertidos ante funcionario policial y no incriminó al actual procesado. (Minoría u opinión personal)
AFJP, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, sanciones administrativas, campaña publicitaria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  DE  ADMINISTRADORAS  DE  FONDOS  DE  JUBILACIONES Y PENSIONES c/ CONSOLIDAR AFJP SA. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-25

Es improcedente la aplicación de multa (en el caso, de 300 ampos) y la intimación a cesar toda actividad publicitaria a una sociedad, realizada en base a una relación mantenida con unicef, impuesta por la superintendencia de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones a una sociedad, al no hallarse configurada la transgresión a las reglas de publicidad impuestas por la ley 24241: 64 e instrucción n. 17, pto. 4, si lo que se promovió fue la participación en una maratón -organizada por la AFJP con fines publicitarios- ofreciendo una remera de regalo y la posibilidad de participar de un sorteo, pues esta conducta difiere de la contemplada por la norma reglamentaria (inst. 17, P. 4), Que esta referida a la entrega de beneficios distintos de los establecidos en la ley 24241 con el objeto de captar afiliados y la publicidad de referencia se baso en la realización de un acto deportivo en beneficio de una entidad benéfica, con lo que se procuro el doble propósito de producir una buena imagen al publico.
Acción de amparo, impulso de oficio, impulso de parte, caducidad, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., J. L. c/ Medife Asociación Civil s/ Amparo de Salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-06

Como es sabido, el principio de impulso de oficio (art. 31 inc. 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) opera en forma concurrente con el de impulso de parte. Por lo tanto, sin perjuicio de las facultades conferidas al órgano judicial, la parte que inicia un proceso debe asumir la carga de urgir su desenvolvimiento y decisión (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, tomo IV, pág. 218; Fallos 329:3611). El fundamento de la institución estriba en la presunción de abandono de la instancia ante la inactividad procesal prolongada y en la conveniencia de que, en tales circunstancias, el órgano judicial quede liberado de los deberes que, eventualmente, le impone la subsistencia indefinida de la instancia. Por lo demás, es necesario evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales (Palacio, obra y pág. cit.). La inacción procesal que registra la causa en el período relevante supera todos los plazos de caducidad previstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 310). La providencia del 16 de febrero de 2023 calificada por el apelante como impulsoria (ver memorial, punto II, tercer párrafo) no lo es: se trata del despacho de la contestación del acuse, lógicamente posterior a aquél (escrito del 14/2/23) y por eso ineficaz a los efectos pretendidos. Las consideraciones relativas a la naturaleza del proceso y al derecho que se pretende hacer valer tampoco son determinantes para resolver la incidencia como pretende el actor. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha apuntado que la caducidad es aplicable a los procesos de amparo en que se ventila la tutela del derecho a la salud (Fallos 329:4372 y 5826).
Recusación, legitimación activa, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

El titular del Ministerio Público Fiscal carece de aptitud para deducir la recusación, pues su actuación está inequívocamente limitada (art. 33, inc. a), ap. 5 de la ley 24.946) a determinar si corresponde a la competencia de la Corte la cuestión federal articulada en el recurso extraordinario, sin asumir la condición de parte como, en cambio, prevé dicho texto legal para otro tipo de situaciones (art. 40, inc. b) y 41, inc. a).
Recurso de inconstitucionalidad, Impuesto sobre los ingresos brutos, actividad industrial, operaciones con consumidores finales, establecimientos minoristas
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Vicla S.A. c/ DGR (Res. Nro. 4412/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR" Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Vicla S.A. c/ DGR (Res. Nro. 4412/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-02

Las sucesivas ordenanzas fiscales que rigen los períodos fiscales involucrados en este proceso, no definen el concepto de consumidor final sino a partir de 1997. La ordenanza fiscal nro. 40.731, art. 149, considera consumidor final a los sujetos que hagan uso o consumo de los bienes adquiridos. (Del voto de la Dra. Ruíz).
Período fiscal de liquidación, impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Generación 2010 SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

No se trata de imponer al contribuyente la carga de probar un hecho negativo (la ausencia de actividad durante el período referido), sino la de aportar indicios que permitan inferir razonablemente que no desarrolló actividad alguna durante determinado período. (Del voto de la jueza Ana María Conde, al que adhiere la jueza Inés M. Weinberg).