marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia arbitraria, declaración de inconstitucionalidad, haber jubilatorio, suspensión del beneficio, pena accesoria, inhabilitación absoluta
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ legajo de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

La sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 19, inciso 4, del Código Penal es arbitraria pues no se advierte ningún fundamento -ni lo aporta el a quo en su pronunciamiento- con base en el cual quepa postular razonablemente que la restricción cuestionada tenga la carga infamante que la cámara le endilga, de modo que pueda válidamente concluirse en virtud de ella que, al imponerla como parte de la inhabilitación absoluta que es inherente a toda pena de prisión mayor a tres años, el Congreso de la Nación ha violado algún derecho que la Constitución garantiza. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Contrato de trabajo, despido del delegado gremial, intimación a jubilarse, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: INVESTI  FRAMA S.A. c/ PASSANITI, RUBEN PABLO s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-30

Existen razones de política laboral protegidas por el ordenamiento jurídico vigente (art. 14 de la C.N.), que explican y justifican la permanencia y estabilidad en el empleo del delegado durante el ejercicio de sus funciones. El empleador no puede prescindir por cierto lapso de los servicios del dependiente mientras ejerza una función gremial. El acceso a un cargo amparado por la estabilidad sindical implica una prórroga del plazo establecido en el art. 91 LCT, y pospone el ejercicio de la facultad conferida al empleador por el art. 252 de la ley citada hasta el vencimiento del período de tutela.
Regulación de honorarios, juicio ejecutivo, monto del juicio, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Tresnal Agropecuaria SA c/ Mp10 Sicilia Group SRL s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-26

La regulación de honorarios profesionales no depende exclusivamente del monto del juicio, de la base regulatoria que se determine y de las escalas dispuestas en la ley de aranceles, sino también de un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos que deben ser evaluados por los jueces y entre los que se encuentran la naturaleza, complejidad y novedad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, de manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso. Cuando el establecimiento de los honorarios profesionales mediante la aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley arancelaria diera por resultado sumas exorbitantes y desproporcionadas en relación con las constancias de la causa, cabe desechar aquel resultado disvalioso para dar lugar a la estimación prudencial que habilita el CCCN 1255 (conf. esta Sala F "Bahisa SRL c/ Araucaria Energy SA s/ ejecutivo" Expte. COM N° 4791/2020, del 26/8/20").
Indemnización por muerte, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CHAVEZ DE  ILLANES, FRANCISCA FLORINDA Y OTROS c/ MENACHES, JUAN BAUTISTA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-13

Prevalece en doctrina y jurisprudencia el criterio de que la acción por indemnización en caso de muerte está abierta a cualquier damnificado, sea o no heredero forzoso de víctima (art. 1079 del Cód. Civil) con una diferencia en cuanto a la prueba. A los primeros se les reconoce el beneficio de la presunción del daño (Juris tantum), en cambio los segundo deben acreditar concretamente el daño sufrido.
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ SILVIA ROXANA Y OTROS c/ GCBA Y OTROS s/ QUEJA POR APELACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-28

Debe hacerse lugar a la queja cuando una cuestión es de dudosa resolución, pues las limitaciones al derecho a recurrir deben interpretarse de forma restrictiva.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Roberts S.A. c/ Marcilese, Orlando F. y ot. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-03

La excepción de inhabilidad de título, sólo puede referirse a las formas extrínsecas del mismo, sin que se pueda incursionar en la causa de la obligación.
Indemnización agravada, empleo no registrado, despido sin causa, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CORRALES, RAUL c/ MAPA VIRULANA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-15

La ley 25323 apunta a dos objetivos, al establecer la duplicación de las indemnizaciones derivadas del despido en caso que el contrato de trabajo no se encontrara registrado o lo estuviese en forma parcial, y por otra parte sanciona al empleador que ejerce abusivamente el derecho de despedir sin causa al no pagar en tiempo y forma las correspondientes indemnizaciones, conclusión que se desprende sin hesitación en los arts. 1 y 2 de la norma citada. Ambos artículos nos ubican frente a la existencia de un despido incausado, contemplando cada uno un supuesto fáctico distinto, que se sanciona con una duplicación de las indemnizaciones en el caso del art. 1º y con un incremento del 50% rn la del art. 2º.
Domicilio procesal, incidentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Agropecuaria de Granja y Consumo Lobos s/ Quiebra. Incidente Extensión de Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

El domicilio constituido en el juicio principal rige también para los incidentes; no solo tratándose de incidentes propiamente dichos sino también de juicios incidentales. A la inversa el domicilio constituido en un incidente vale como constituido para el juicio principal en eventuales intervenciones.
Plazos procesales, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: A., C. J. Y OTROS. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-07-03

El plazo previsto en el art. 794 del CPCyC. no es "procesal", ya que el proceso no ha sido iniciado durante su transcurso. Nótese que el mismo título de la norma reza "Plazo para demandar", dando cuenta de la naturaleza que le atribuye.

En eso se diferencia del plazo previsto en el art.

797 del rito por cuanto el proceso ya se ha iniciado y entonces sí se trata de un término "procesal" al que le resultan de aplicación las disposiciones del art. 156 del CPCyC.

Con anterioridad se aplican las normas "civiles" para computar los intervalos y no las "procesales". (Voto del Dr. Mansilla por la mayoría)
Contrato de trabajo, depósito en sede administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: NAVAS, MARCELO ROLANDO Y O. c/ CHINCUL S.A s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-03-23

El depósito en el ministerio de trabajo no puede en modo alguno producir los efectos del pago acuerdo con lo dispuesto por el art.

756 del Código Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, recurso de apelación (procesal), plazo, ley procesal, interpretación de la ley, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GHIRARDOTTI, DANIEL ANTONIO c/ AMBROSI, PEDRO DAVID s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-23

La respuesta dada por la Alzada para considerar extemporáneo el escrito de expresión de agravios de la parte demandada -hoy recurrente-, permanece aún incólume, pues fue clara al efectuar una interpretación que además de ser razonable, es la única posible, toda vez que cualquier decisión contraria -como por ejemplo la postulada por los recurrentes, de equiparar el vocablo lugar al domicilio, a efectos de determinar el término legal aplicable para apelar- importaría otorgar el mismo plazo a quienes cuenten con un Tribunal de Alzada en esa misma localidad e incluso a metros del A quo que a quienes lo tengan a cientos de kilómetros, lo que se traduciría en una notoria desigualdad inconstitucional. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 378
Reajuste jubilatorio, solidaridad previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Bellido, Vicente José Máximo c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

Si bien es principio fundamental del régimen previsional argentino que exista una proporcionalidad entre los aportes efectuados y los beneficios acordados, el mismo no reviste una naturaleza absoluta, sino que, por el contrario, se halla limitado al principio de solidaridad social, de acuerdo al cual los beneficios más altos son reducidos con la finalidad de lograr una adecuada cobertura para los sectores de más bajos recursos, todo ello dentro de un sistema redistributivo de la renta que hállase implícito en las bases mismas de la moderna previsión social. Por ello, el monto o porcentaje de la quita determinada por aplicación del art. 55 de la ley 18.037 es materia de política legislativa, en cuyo ámbito no puede inmiscuirse el Poder Judicial, toda vez que la misma es resultante de cálculos y estimaciones que pueden variar en las diversas épocas, en base a datos que no siempre maneja el juzgador. La intromisión en esta materia, sea eliminando el sistema de topes establecido por la ley o fijando judicialmente otro porcentaje al mismo, podría afectar seriamente las posibilidades financieras del sistema, quitando fondos necesarios para abonar los beneficios mínimos, jubilaciones por invalidez, pensiones, etc. Por otra parte, cabe destacar que, como bien lo expresara la C.S.J.N., "existiendo la facultad de legislar en el Congreso, corresponde a éste apreciar las ventajas e inconvenientes de las leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiese obrado el cuerpo legislativo ajeno al Poder Judicial, que no tiene misión sino para pronunciarse de conformidad a lo establecido por la ley, y aún en la hipótesis de que se arguyera o pretendiera que la ley es dura e injusta" (Fallos 68:227). En consecuencia, corresponde declarar la procedencia del tope del haber jubilatorio fijado de conformidad al art. 55 de la ley 18.037, debiendo adoptarse igual temperamento respecto al art. 9 de la ley 24.463. (Disidencia del Dr. Laclau).
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Becker, Leandro Faustino c/ Fuhr, Adolfo Ricardo y/o otra y/o quien resulte responsable s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-04-23

Para que exista relación laboral es necesario probar que la prestación de servicios se efectuó y que estos fueron bajo la dependencia o subordinación jurídica del principal.
Sentencia, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, sufragio, DEBER DE ABSTENCIÓN
Materia: PROCESAL
Carátula: MAZZA, ALICIA DEL CARMEN c/ AVIAZZI, ANA MARIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 34 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-23

El Alto Tribunal provincial ha ido puliendo con sus antecedentes el artículo 26 de la ley 10160 de manera tal de encajar sin forzamiento alguno tanto en el sistema constitucional como en el ordenamiento procesal'.

De tal manera que la sentencia suscripta por los tres jueces pero con una abstención no contradice lo dispuesto por el artículo 84 de la Constitución provincial, desde que la facultad que confiere la norma de la ley orgánica -abstención de votar- es expresa y se encuentra personalmente acreditada, en consonancia con la naturaleza de ese deber-potestad.

En el sub lite, el voto pronunciado en primer término cuenta con la adhesión del segundo Juez de Cámara al que se le adjudicó el expediente por sorteo, el tercer camarista cumplimentó el deber legal de estudiarlo (conforme lo dispuesto por el artículo 372 del Código Procesal Civil y Comercial) y tuvo la posibilidad de votar en igual sentido que los otros colegas -ampliando o no los fundamentos-, votar en sentido contrario o abstenerse de votar, como concretamente lo hizo, lo que se documentó debidamente, por lo que queda sin sustento constitucional la tacha alegada.

En definitiva, la decisión impugnada no compromete el principio de seguridad jurídica que se dice vulnerado.
Recursos administrativos, caducidad, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO. PROCESAL
Carátula: DONAYO, OSCAR FEDERICO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 449-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-19

En el trámite administrativo, la pasividad del administrado no se produce cuando a éste ninguna diligencia le queda por realizar porque la Administración se encuentra en condiciones de pronunciarse. Por lo tanto, resulta irrazonable que se aplique la norma del artículo 65 del decreto 10204/58, cuando la Administración no cumple con su obligación de resolver y los interesados no urgen la decisión si a existido una manifestación inequívoca y expresa de los recurrentes de impugnar el acto administrativo, suficiente para determinar la medida y el alcance de su reclamo sin necesidad de requerir ni quedar obligados a la producción de prueba u otra diligencia, y encontrándose -por ende- las actuaciones pendientes del pronunciamiento del órgano administrativo.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solá, Roberto y Otros c/ E.N. (Poder Ejecutivo) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Es necesario repetir la doctrina de Santo Tomás de Aquino recordando a San Agustín, en cuanto a que: "En las leyes temporales, aunque los hombres las discuten al instituírlas, sin embargo, después de instituídas y confirmadas, no les será permitido juzgar de las mismas, sino según ellas" (Suma Teológica, q. 60, a 5). Coincidente con ello, y dentro de la economía de nuestra estructura constitucional, la C.S.J.N. ha sostenido reiteradamente que la interpretación de la ley debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu, por lo que resulta excluída una interpretación que equivalga a la prescindencia cierta de la norma aplicable en tanto no medie respecto de ella explícito debate y declaración de inconstitucionalidad (Fallos: 257:295, entre otros). (Del voto del Juez Galli, consid. 6º).
Juicio ejecutivo, bienes inembargables, televisor, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL
Carátula: SUCESION IDA SGUALDINO DE MAZZONI c/ FASCE JORGE s/ DERECHO PROCESAL. JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-19

No existiendo una interpretación judicial uniforme referente a la inembargabilidad o no del televisor, corresponde a quien solicita el desembargo, demostrar que le resulta de un uso indispensable para el mantenimiento de su bienestar y el de su grupo conviviente. Por tanto, se debe decidir en cada caso particular el levantamiento del embargo de un televisor teniendo en consideración las circunstancias del caso.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, daño por vicio o riesgo de la cosa, riesgo recíproco, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CRUZ, ALFREDO CLAUDIO c/ MANLIBA S.A. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

En el caso de una colisión entre dos rodados en movimiento es de aplicación lo dispuesto por el art. 1109 del Cód. Civ., por tratarse de dos cosas generadoras de riesgo y debe aplicarse el principio que regula la demostración de los hechos en virtud del artículo 377 del Cód. Proc., pues ambos dueños o conductores tienen la misma obligación de demostrar su falta de culpa, ya que así como la actora tiene la carga de demostrar los hechos que alega para atribuir responsabilidad a la contraria, la accionada que admite la existencia del evento dañoso, pero da una versión diferente de la forma en que ocurrió, no queda eximida de aportar los elementos que tornen verosímiles sus dichos.
Locación, juicio de desalojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BREDANINI DE CANCLINI ANGELA c/ FERNANDEZ JOAQUIN Y OTRO s/ LOCACION - PREPARA VIA EJECUTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-12

El art. 1581 C. Civil dispone con absoluta claridad que la vía ejecutiva es acordada al acreedor (locador, en función del art. 1578 del mismo Código) no solo para el cobro de alquileres o rentas, sino también "por cualquier otra deuda derivada de la locación", concepto en que se incluyen los impuestos y tasas de servicios correspondientes al inmueble arrendado, cuando por el contrato se ha obligado a pagarlos al locatario.

Estando inequívocamente autorizada la acción ejecutiva para el cobro de esas deudas derivadas del arrendamiento, la cuestión se reduce a determinar en cada caso la existencia de un título idóneo para habilitar ese procedimiento, para lo cual es menester que la obligación sea exigible, que consiste en el pago de una cantidad líquida, y que conste en un documento auténtico o que haya sido declarado tal en sede judicial.-
Competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MISKOV, BRUNO Y OTRA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ DAÑO EMERGENTE - INDEMNIZACION - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 516-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-23

Cuando el reclamante pretende lograr la indemnización del daño que la actividad legítima del Estado le habría causado y no impugnar un acto administrativo por la ilegitimidad de que pudiera adolecer, la pretensión no encuadra en los supuestos determinados por la ley 4106, que habilitan la instancia revisora de la Corte en materia contencioso administrativa.
Facultades discrecionales, régimen disciplinario administrativo, cesantía, debido proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Figueroa de Bazán, Antonia del Carmen c/ Poder Ejecutivo de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción y nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-10-13

Ejercida de hecho la facultad discrecional de la Administración de aplicar la sanción de cesantía del agente público, no se revela que la misma haya incurrido en vicio de ilegitimidad. Toda vez, que detectada las irregularidades, se efectuó denuncia ante la Justicia Federal y se solicitó al Ejecutivo Provincial el pertinente sumario administrativo-donde la ex empleada ejercitó sus derechos en el marco del debido proceso garantizado por la C.N-, y habiendo dictaminado la Junta Disciplinaria, no se observan omitidos ninguno de los pasos procesales administrativos, ni vulnerados derechos ni garantías constitucionales. Es en esa inteligencia que no luce arbitrario ni irrazonable la sanción de cesantía, toda vez que de las constancias de la causa se llega a determinar una conducta del agente susceptible de justificar la desconfianza de sus superiores en lo atinente a su conexión en la prestación de servicios.
Querellante, falta de legitimación para obrar
Materia: PENAL
Carátula: De la Serna, Facundo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

Debe rechazarse el recurso de casación si no se hizo cargo de las razones expuestas por el a quo, que consideró que la circunstancia de que el pretenso querellante resultara lesionado es insuficiente para legitimarlo activamente, máxime si no puede descartarse de plano algún tipo de responsabilidad en el hecho y sin perjuicio de la calidad de imputado que detentaba al momento de su solicitud de ser tenido como parte querellante, que justificaba el rechazo a la pretensión. La disidencia sostuvo que las argumentaciones acerca de la eventual responsabilidad del pretenso querellante en el acaecimiento de la colisión, además de arbitrarias por contradictorias, son impertinentes para decidir la cuestión, porque implican incursionar en determinaciones sobre el hecho objeto del proceso que exceden la comprobación prima facie de los presupuestos del art. 82 CPPN. (Dres. Yacobucci, Mitchell y García -en disidencia-).
Falta de contestación de la demanda, rebeldía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carrizo Ramón Abel c/ Moricci Balducci Ramón José s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S143 - 109)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-07-29

La falta de contestación de la demanda guarda sustancial analogía con el instituto de la rebeldía -no así con el de la confesión o la falta de negación de ciertos hechos en el responde-, ya que tanto en uno como en otro caso el silencio será o no susceptible de obrar sus efectos de acuerdo a la naturaleza de la pretensión, su legitimidad y los elementos de convicción aportados, conservando, el sentenciante, plenas facultades para determinar el derecho aplicable y pudiendo rechazar la acción si ella no se ajusta a derecho , o no existen otros elementos de juicio favorables a la existencia del hecho necesarios par obtener plena convicción
Daños y perjuicios, propiedad horizontal, estacionamiento, deber de vigilancia, encargados de casas de renta, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente
Materia: CIVIL
Carátula: BAIGORRI,  María José c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. PUEYRREDON 1663 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-29

1- Si bien el deber de guarda y vigilancia son obligaciones propias en los supuestos de estacionamiento y conservación de automotores bajo la forma de organización empresaria, éste no puede considerarse cuando se ocupan cocheras de edificios divididos en propiedad horizontal, pues ni el consorcio ni los copropietarios en forma individual asumen las obligaciones y responsabilidades del garagista. Por ende, la obligación de custodia corresponde a sus propietarios más allá del deber general de vigilancia que pueda atribuirse al encargado. Condenar al consorcio a resarcir el daño sufrido por un copropietario por el hurto de su automotor cometido por un tercero, significaría imponerle una obligación de garantía que la ley no autoriza. Ello, aunque el edificio se encuentre casi en su totalidad destinado a cocheras, cuente con servicio de encargado las veinticuatro horas del día y el consorcio hubiera contratado un seguro contra el robo de los vehículos estacionados en ellas.

2- Sin embargo, la responsabilidad del consorcio en estos casos encuentra fundamento en el art. 1113, primer párrafo del Código Civil, en razón del hecho de su dependiente, pues aunque las tareas del encargado no consistan en el cuidado y vigilancia de los vehículos ubicados en las cocheras, al tener a su cargo un deber general de vigilancia del edificio este incide en la seguridad de los automóviles estacionados. Máxime, si no cumplió con las instrucciones dadas por la administración del consorcio respecto de la identificación y autorización escrita que debía requerir a los desconocidos que ingresaran en las cocheras, facilitando con su conducta la sustracción del rodado.

(Sumario N° 17413 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°13/2007).
Propiedad intelectual, patentes, interpretación de tratados internacionales, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: PFIZER INC. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-21

El Acuerdo ADPIC fue concebido como un cuerpo jurídico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlación con el espíritu que se plasma en el preámbulo y en la parte I relativa a "disposiciones generales" y "principios básicos", particularmente los arts. 7° y 8°, que comportaban un nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologías (Voto del Dr. Antonio Boggiano).