Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-31


SENT Nro. 547 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 31 de JULIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Maldonado, José Lorenzo vs. CAR MOVIL SRL y otros s/Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo el 19/10/2000 (fs. 203/206 vta.), la parte actora dedujo recurso de casación, el que fue concedido mediante pronunciamiento del 09/10/2002 (fs. 243 y vta.). Consta en informe actuarial de fs. 258 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- La Cámara rechazó la demanda promovida en contra del Sr. Fernando Mercado y de la firma Car Móvil SRL, y admitió la excepción de falta de acción deducida por el codemandado Héctor Godoy.

Como fundamento de la absolución del Sr. Mercado, consideró que la relación laboral se trabó con una persona jurídica distinta según la propia confesión del actor, sin que se haya reclamado ni acreditado en autos que hubiera existido un exceso en la representación o fraude laboral.

Por otro lado, interpreta que como quedó planteada la cuestión, estaba a cargo del actor demostrar que Godoy era titular del inmueble donde residía como sereno-vigilante y que además realizaba tareas en relación de dependencia para aquél, pero según surge del análisis de las constancias de la causa efectuado por la Cámara, no se ha acreditado ninguno de tales extremos, señalando que el actor en la demanda confesó haber sido contratado por Car Móvil SRL por intermedio de su socio gerente para trabajar en el cuidado de 40 viviendas, lo que enerva ab-initio su pretensión indemnizatoria contra Godoy.

Finalmente, el rechazo de la demanda respecto de Car Móvil SRL se funda en que no surge de las testimoniales que la parte actora haya trabajado para la empresa demandada.

3.- Denuncia el recurrente que el fallo tergiversó lo dicho en la demanda, pues su parte no afirmó que el actor contrató con Car Móvil SRL a través de su socio gerente, sino que Mercado fue traído al juicio por ser la persona física bajo la cual se manifestaba la relación de dependencia, y que lejos de atribuirle el mero carácter de representante legal de la entidad societaria, se dejó en claro su calidad de responsable directo como empleador.

Afirma que la Cámara supone sin motivo alguno que Car Móvil SRL es una sociedad regularmente constituida al considerar que es una persona distinta al Sr. Mercado. Explica que los codemandados no han probado la inscripción en el Registro Público de Comercio para que opere el art. 39 CC, y que ante la ausencia de tal constancia, los socios y quienes contrataron con la sociedad resultan solidariamente obligados de acuerdo a los arts. 7 y 23 LS.

Destaca que el fallo omitió valorar la constancia de fs. 31 que da cuenta de la tradición del inmueble de calle Estrada 3277 de Car Móvil SRL a favor de Godoy, de la que surgiría su calidad de poseedor. Añade que dicha documentación es decisiva, en tanto avizora la responsabilidad de Godoy por vía de la solidaridad legal que impone el art. 32 de la ley 22.250, habida cuenta de que Godoy no demostró la inscripción de ninguno de los constructores, resultando por ende responsable como propietario o poseedor del inmueble.

Refiere que los testimonios de Ibarra e Isa describieron el hecho de la prestación de servicios del actor, avalando el acta administrativa de la inspección laboral de fs. 8 y 9 cuya consideración también fue omitida.

Sostiene que se desconoció la calidad de instrumento público de las copias del acta de inspección, sin advertir que son de autenticidad certificada por la oficina de Certificaciones de la Dirección Provincial del Trabajo. Entiende por otro lado que se tergiversa el informe de fs. 82 al confundir registración con existencia, obviando que la Administración Pública produce innumerables instrumentos públicos sin registrarlos, sin que por ello pierdan su valor.

Respecto de las consideraciones efectuadas por la sentencia al absolver a Car Móvil SRL, repara en que la prestación de servicios se encuentra acreditada mediante las copias del acta de inspección, señalando que no fueron observadas y que la contraparte aportó un juego de copias idénticas a fs. 42/43.

Concluye en que si todas las partes están contestes con las actas de inspección laboral que aportó el actor y reconocieron expresa o implícitamente la prestación de servicios, el Juez debió encarar la investigación de quién es el sujeto empleador de la relación de trabajo, pero en lugar de hacerlo, desconoció el hecho no controvertido de la prestación de servicios.

4.- El recurso ha sido interpuesto tempestivamente (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT), y no es exigible el afianzamiento del art. 133 CPTT al ser la parte actora quien recurre.

En orden al motivo y suficiencia de la casación intentada (arts. 131 y 132 CPTT), los agravios del recurrente se dirigen sustancialmente a cuestionar lo decidido por la Cámara en torno de la inexistencia de relación de trabajo que hubiere vinculado al actor con alguno de los codemandados, lo que constituye una típica cuestión de hecho que escapa de la vía casatoria, ya que no se está frente a una violación o errónea aplicación de la ley, sino que en definitiva se objeta la valoración y análisis de las pruebas que efectúa el Juzgador.

De allí que lo decidido no resulta atacable en principio por la vía intentada por el hoy recurrente, salvo que invoque y demuestre suficientemente que la ausencia de razonabilidad en la estimación de las probanzas o la omisión de valorar las mismas, produzcan como consecuencia una sentencia arbitraria.

Los planteos efectuados por el actor no cuentan con argumentos bastantes que evidencien que el fallo resulta arbitrario al absolver a Fernando Mercado y a Héctor Godoy.

En efecto; como elemento fundamental a considerar, surge de los términos del fallo que la prueba de la relación laboral del actor con los codemandados Mercado y Godoy resulta enervada por su confesión sostenida en el escrito de demanda acerca de que la relación laboral se trabó con la empresa Car Móvil SRL, argumento que resulta determinante en la solución arribada por la sentencia en ambos casos.

Es decir que la Cámara parte de una interpretación del escrito de demanda de donde colige que el actor admitió que la relación laboral se trabó con la empresa demandada (Car Móvil SRL), debiéndose señalar que el sentido asignado a dicho escrito por el Tribunal de grado no resulta revisable en esta instancia si no se advierte arbitrariedad en el fallo.

Lo invocado por el recurrente acerca de que se habría tergiversado lo dicho en la demanda, ya que Mercado fue traído a juicio por ser la persona física en la cual se manifestaba la relación de dependencia dejándose en claro su calidad de responsable directo, constituye una mera discrepancia con la interpretación del escrito de demanda efectuada por la Cámara que no alcanza para desvirtuar el fallo, y que además resulta incompatible con lo manifestado expresamente por el actor a fs. 2 vta. al explicar la relación de trabajo: 'Mi mandante ingresó a trabajar en relación de dependencia para la empresa constructora demandada en fecha 15-09-95 y egresa por despido indirecto por culpa exclusiva de aquella en fecha 13-06-96'.

A mayor abundamiento, tampoco logra demostrar arbitrariedad en el fallo lo expresado respecto de que la Cámara supuso inmotivadamente que Car Móvil SRL es una sociedad regularmente constituida y que los codemandados no han probado la inscripción en el Registro Público de Comercio para que opere el art. 39 CC, pues el propio actor reconoció en su demanda la personalidad jurídica de la demandada (ver. fs. 4 penúltimo párrafo) por lo que ello no resulta un hecho controvertido, además de que la irregularidad de la sociedad no fue invocada ni acreditada en el proceso.

En relación a la absolución del codemandado Godoy, corresponde añadir que la denuncia de que se habría omitido valorar la constancia de fs. 31 que daría cuenta de la tradición efectuada por Car Móvil SRL del inmueble donde el actor habría residido como sereno-vigilante, no cuenta con fundamentos suficientes que habiliten la apertura de esta instancia extraordinaria local, toda vez que dicha constancia únicamente hace referencia a que se transfiere una vivienda situada en calle Estrada nº 3200, sin surgir con precisión que la mentada transferencia corresponda al mismo inmueble donde el actor manifiesta haber residido situado en calle Estrada nº 3277. Máxime si se tiene en cuenta lo considerado respecto de la prueba de inspección ocular, acerca de que el inmueble es habitado por Noemí Herrera de Aybar y su esposo y que de acuerdo con su declaración, el titular del inmueble sería Angélica del Carmen Nieva.

Asimismo, la solicitud de aplicación del art. 32 de la ley 22.250 basada en que Godoy es el propietario o poseedor de la obra debe ser desechada, por cuanto tales extremos permanecen indemostrados, sumado a que el recurrente no rebatió lo considerado respecto de que la figura del sereno que cuida una vivienda particular en construcción se encuentra excluida de la ley nº 22.250, ni se refutó lo sostenido por la Cámara respecto de que ello no configura relación laboral con el propietario o poseedor.

Corresponde señalar por último que frente a los argumentos que abonan el rechazo de la demanda incoada contra Godoy y contra Mercado, en especial el referente a la confesión del actor que surge del escrito de demanda acerca de que la relación laboral se trabó con Car Móvil SRL, el recurrente no demuestra suficientemente la relevancia del acta de inspección para modificar lo decidido por la sentencia.

En mérito a lo expuesto, corresponde declarar inadmisible el recurso de casación en cuanto se dirige a cuestionar la absolución del Sr. Fernando Mercado y la admisión de la excepción de falta de acción deducida por el codemandado Héctor Godoy, atento al carácter fáctico de la cuestión y a la insuficiencia de la arbitrariedad invocada.

El agravio dirigido contra la sentencia en cuanto absuelve a Car Móvil SRL, basado en que la sentencia habría despreciado el valor probatorio del acta administrativa de inspección laboral que acreditaría el hecho de la prestación de servicios, cuenta con fundamentos bastantes que habilitan a analizar la procedencia del recurso.

5.- La sentencia prescindió de las actas de inspección obrantes en fotocopias a fs. 8/9 de autos, basándose en que la Secretaría de Trabajo de la Provincia informó a fs. 82 que no existe actuación oficial alguna con relación a las mismas, por lo que considera que no existe instrumento público ni una actuación administrativa que pueda ser valorada como tal; y analizando únicamente las declaraciones testimoniales de Carlos Alberto Paliza y del cuaderno de pruebas nº 3 de la actora, dispuso el rechazo de la demanda promovida contra Car Móvil SRL.

Resulta importante destacar que en el proceso se acompañaron copias autenticadas de las actas de inspección de fechas 29 y 31 de mayo de 1996, sobre las cuales la oficina de certificaciones de la Dirección Provincial del Trabajo da cuenta que son copias fieles de los originales tenidos a la vista. Dicha documentación, lejos de ser cuestionada por las partes, fue aceptada por la codemandada Car Móvil SRL quien en el responde expresamente hizo suyas las dos actas de inspección aportadas por el actor como prueba documental.

Acerca del acta de inspección, este Tribunal dijo que "coincido con el recurrente en que el acta de inspección de la Secretaría de Estado de Trabajo es un instrumento público (art. 979, inciso 2º del Código Civil) suscripto por un funcionario público (porque expresa la voluntad en materia de policía laboral, del órgano administrativo del trabajo) siempre que fueran realizadas en ejercicio de funciones y dentro de las atribuciones acordadas legalmente por la ley 5650" (CSJTuc., in re "Villavicencio Carlos Rafael y otros vs. Construcciones Karamaneff s/indemnizaciones", sent. nº 668 del 28/8/98).

El valor de las copias autenticadas de las actas de inspección acompañadas con la demanda debe ser equiparado al de las originales atento a que son su copia fiel según lo certifica el funcionario interviniente de la oficina de certificaciones de la Dirección Provincial del Trabajo, no pudiendo desconocerse su carácter de instrumento público sobre la base del informe evacuado por la Secretaría de Trabajo a fs. 82, pues de la falta de registración de actuaciones en la fecha indicada en el requerimiento no puede inferirse la inexistencia de actuación oficial en relación a las mismas, cuando existen acompañadas al juicio copias certificadas de los originales de las referidas actas en las cuales consta la intervención de dos inspectores de la Secretaria de Trabajo, sumado a la circunstancia de que la demandada Car Móvil no desconoció los referidos documentos sino que los hizo suyos al contestar la demanda.

Desde esta perspectiva el fallo debe ser nulificado, por cuanto negándole arbitrariamente su existencia como instrumento público, prescindió de las copias certificadas de las actas de inspección (fotocopias a fs. 8/9) en el análisis de la prueba de la relación laboral invocada por el actor respecto de Car Móvil SRL.

Por las razones expuestas, y sin que ello signifique emitir juicio acerca de la procedencia o no del reclamo del actor, corresponde CASAR la sentencia en recurso, conforme a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable jurídicamente, y por ende nula, la sentencia que omite valorar las copias certificadas de las actuaciones administrativas (actas de inspección), al negarles existencia como instrumento público sobre la base de una arbitraria interpretación de un informe de la Secretaría de Trabajo"; debiéndose remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo, a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte en lo pertinente un nuevo pronunciamiento.

6.- Atento al resultado arribado, corresponde imponer las costas de este recurso del siguiente modo: Las generadas en relación a los codemandados Héctor Godoy y Fernando Mercado serán soportadas por el actor, y las generadas en relación al codemandado Car Móvil SRL se distribuyen por el orden causado por cuanto el vicio que provoca la nulidad proviene de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1 CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conforme con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo el 19/10/2000 y en consecuencia, CASAR la misma en base a la doctrina legal enunciada en los considerandos, debiéndose remitir los autos al referido Tribunal, para que por la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento acerca de la pretensión entablada contra el codemandado Car Móvil SRL.

II.- COSTAS conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO