Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-02


SENT Nro. 404 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 02 de Junio de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por la Sra. Fiscal de Cámara en lo Penal de la Ia. Nominación en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala Ia. del Centro Judicial de Concepción del 06/6/2002 obrante a fs. 323/326, el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 13/8/2002 (cfr. fs. 345 y vta.). En esta sede, no se presentó memoria sobre el recurso casatorio, mientras que el señor Ministro Fiscal sostiene el recurso que se intenta y se expide por la procedencia de la impugnación casatoria. Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 339/343 por la Sra. Fiscal de Cámara Penal, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala Ia. del Centro Judicial de Concepción del 06/6/2002, que rechazó el acuerdo de juicio abreviado propuesto a fs. 313/314.

Expresa que el sistema previsto en el art. 442 bis del CPP, incorporado por ley provincial 7.108/01, tiene como punto de partida que el imputado reconozca circunstanciada y llanamente su culpabilidad en el hecho que se le atribuye, asistido por su defensa técnica Pone de relieve que la decisión jurisdiccional involucra un juicio de probabilidad y no de certeza, pues se prescinde del debate y producción de pruebas; y que en el sublite, la confesión del acusado versó sobre el delito de lesiones graves, atento a la calificación obrante en la pieza acusatoria.

A su entender, la mayoría de la Sala a quo interpretó erróneamente el inc. c), párrafo cuarto de la norma aludida, a tenor del cual el acuerdo podrá ser rechazado cuando el Tribunal considere necesaria la producción de pruebas en el debate. Le agravia la motivación de lo resuelto, al considerar la sentenciante que el hecho no puede ser reconstruido intelectualmente en la forma que lo hace el Fiscal, dada la distinta versión proporcionada por otras personas en la etapa de investigación; que valora como creíble e imparcial. Según afirma, esta apreciación en nada modifica la calificación del hecho expuesta en la pieza acusatoria, donde se acusa al imputado por lesiones graves, con referencia a que la víctima fue emboscada y se le propinó una paliza, produciéndole traumatismos múltiples y una grave herida en el cuero cabelludo.

Sostiene que de acuerdo a la disposición legal, la valoración de pruebas refiere a la ya producida en la investigación. De allí que cuestiona el aserto sentencial, relativo a que las dos versiones existentes aparejarían consecuencias penales muy disímiles, por lo que deberían ser aclaradas en la realización del debate penal, para establecer con mayor certeza la cuestión relativa a la pena. Como solución jurídica, postula que "en todos los casos se deben merituar las pruebas procuradas en la instrucción, fundamento del requerimiento fiscal, y, en la medida en que el Ministerio Fiscal y el Tribunal concuerden en la calificación del hecho descripto congruentemente en la imputación y pieza acusatoria (cualquiera sea el alcance que uno u otro otorgue a las pruebas contradichas), en ningún caso el Tribunal podrá recurrir al debate para producir pruebas que sólo tiendan a modificar la pena en el sentido de su agravamiento, atento a la prohibición expresa de la ley." La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 13/8/2002 (fs. 345). A fs. 355/357 corre agregado dictamen del Sr. Ministro Fiscal, quien se pronuncia por la procedencia de la impugnación casatoria, conforme a la doctrina sentada de este Tribunal en la sentencia Nº 823 del 03/10/2001, ante la falta de motivación de la sentencia en recurso.

Esta Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre la definitividad de las resoluciones que rechazan la propuesta de juicio abreviado previsto en el art. 442 bis del CPP, dado que ponen fin al procedimiento especial incorporado por la ley 7108 (arg. art. 469, CPP; cfr. CSJTuc., sentencia del 03/10/2001 en autos "Lemos, Juan Carlos y otro s/robo"). Encontrándose reunidos los restantes recaudos de admisibilidad de la vía intentada, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios expuestos.

2.- El juicio abreviado previsto en el art. 442 bis del CPP, con prescindencia del debate oral, será procedente cuando el imputado reconozca, circunstanciada y llanamente, su culpabilidad en el hecho que se le atribuye, asistido por su defensa técnica (cfr. inc. a). La norma exige que la prueba haga evidente la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado, conforme a la calificación legal dada en el requerimiento de elevación a juicio ( inc. b). A su vez, el inc. c) regula las exigencias formales del acuerdo; destacándose que, a diferencia de otros ordenamientos procesales, la ley 7108 permite la presentación del acuerdo reglado, hasta el momento de la apertura del debate oral.

Examinadas las constancias de la causa, se verifica que en oportunidad de celebrar el acuerdo en cuestión, el acusado manifestó reconocer circunstanciada y llanamente su culpabilidad en el hecho que se le atribuye, descripto en el requerimiento de elevación a juicio. En el punto II se expresa que la prueba reunida en la etapa de instrucción -luego reseñada-, hace evidente la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado, conforme a dicha calificación legal. De común acuerdo, las partes solicitaron la declaración de responsabilidad penal del imputado, y la imposición de una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones graves; dentro de la escala retributiva prevista para dicho delito, art. 90 del C.P., que oscila entre 1 y 6 años. Corrida vista de ley, a fs. 321/322 el letrado apoderado del querellante manifestó su oposición, alegando que en el caso concurrirían los elementos tipificantes del delito de lesiones gravísimas.

La mayoría del Tribunal rechazó el acuerdo, por considerar necesaria la producción de la prueba en el debate según lo previsto en el parágrafo quinto de la misma norma. Mas tal como lo expresa la sentencia, el argumento es desacertado, pues la decisión sólo aparece fundada en la graduación de la sanción propuesta, ante la eventualidad de que pueda corresponder una pena mayor a la acordada. Por lo contrario, la decisión no exhibe dudas acerca de la existencia del hecho y la participación culpable del acusado, conforme a la calificación legal efectuada en la requisitoria fiscal.

Cabe poner de relieve que dicha pieza procesal, obrante a fs. 172/177, concluye en definitiva que los extremos acreditados en autos, sitúan el accionar desplegado por el imputado dentro de las previsiones del art. 90 CP -lesiones graves-, sin que existan circunstancias atenuantes, eximentes ni agravantes. Al respecto, el Tribunal a quo interpretó que el requerimiento se basa principalmente en la versión del imputado, y a través de ella casi lo coloca en una situación justificada; supuesto en el cual parecería proporcional la pena solicitada por el acuerdo. No obstante, según su criterio existe otra versión de los hechos, proporcionada por diferentes testigos, que aparejaría consecuencias penales muy disímiles; lo cual debe ser aclarado en el debate oral, para establecer con mayor certeza y justicia la cuestión relativa a la pena.

De este modo, el juicio de mérito se aparta del contenido de la pieza acusatoria, de la cual emerge inequívoca la calificación legal de lesiones graves. La reseña de la declaración del imputado, no impide advertir que el Sr. Fiscal de Instrucción ha fijado los hechos, "particularmente a través de las declaraciones de la víctima a fs. 35/36 y del imputado a fs. 155/156 vta., corroboradas por los testimonio supra analizados", estableciendo que "el 1º de mayo de 1995, en la localidad de Lamadrid, el encartado Díaz habría atacado a Ramón Enrique Suárez y le habría inferido las graves heridas en la cabeza, probablemente con la hebilla de un cinto, que refieren las historias clínicas y los informes médicos, lo que acreditaría la responsabilidad penal del causante" (cfr. fs. 176). La misma requisitoria muestra que el Ministerio Público no receptó atenuantes ni eximentes a favor del acusado; lo que resta entidad a las razones expuestas por la Sala a quo, en cuanto argumentaron su calificación como "casi exculpatoria".

En el sistema legal, corresponde al Tribunal de juicio decidir si se cometió o no un delito y si procede o no la imposición de pena. No ha sido prevista la alternativa de desestimar el acuerdo, con el solo argumento de que podría caber una pena mayor, dentro de la escala que corresponda al mismo tipo legal. Es del caso señalar que la misma norma impide al Tribunal que admite el juicio abreviado, establecer una sanción más grave que la pedida por el Fiscal. A fortiori, no le es dado rechazar el acuerdo, sobre la base de que en el caso concreto podría corresponder una pena mayor, dentro de la escala legal aplicable.

El art. 442 bis del CPP, autoriza al Tribunal de juicio a rechazar el acuerdo, cuando considere necesario la producción de la prueba en el debate. Tal valoración se vincula a la constatación de los presupuestos de aplicación de la figura, previstos en el mismo artículo; y no cabe interpretarla extensivamente, al punto de constituir en sí misma una razón para rechazar la propuesta. La consideración sobre la necesidad de transitar el plenario, se vincula a un mejor conocimiento de los hechos, o al eventual desacuerdo del Tribunal con la calificación otorgada, y en tanto fuera más gravosa para el procesado. En el sublite, la decisión se sustenta en la hipótesis de una pena mayor a la acordada; advirtiéndose -como señala la impugnante-, que la propuesta encuadra en la escala prevista para el delito de lesiones graves por el que se ha formulado acusación.

3.- De lo expuesto resulta que la resolución cuestionada cuenta con fundamentación aparente; pues en el sublite la necesidad de ingresar a la etapa oral se basa, exclusivamente, en la posibilidad de que la conducta del acusado pudiera merecer una pena mayor, dentro de la escala prevista en el mismo tipo legal. Tal déficit de motivación hace descalificable al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, pues el modo de resolver la cuestión exhibe razones no contempladas en la ley adjetiva.

El deber de fundamentación de la sentencia es particularmente relevante en los supuestos del art. 442 bis, habida cuenta de la innegable trascendencia que adquiere para el imputado el rechazo de la vía abreviada; que es precedido por su confesión lisa y llana. Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia que la insuficiencia de motivación vicia el acto sentencial, toda vez que ella implica la inobservancia del deber de apreciar razonadamente los hechos y las pruebas expuestos dentro del contexto del procedimiento de juicio abreviado. En consecuencia, el fallo en recurso resulta nulo por transgredir los arts. 142 y 442 bis del CPPT y art. 28 de la Constitución de la Provincia, correspondiendo su casación (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 823 del 03/10/2001).

A mérito de lo considerado, procede hacer lugar al recurso en examen, de conformidad con la siguiente doctrina legal sentada en el precedente antes citado, y a la que se establece en este pronunciamiento: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que infringe el deber de adecuada motivación. Es insuficiente para fundar el rechazo de la propuesta de juicio abreviado prevista en el art. 442 bis, CPP, la consideración sobre la posible imposición de una pena mayor a la acordada, dentro de la escala correspondiente a la calificación legal dada en el requerimiento de elevación a juicio". Los autos serán restituidos a la Excma. Cámara Penal, a fin de que provea la integración que corresponda para un nuevo análisis del acuerdo de fs. 313/314.

Dado el modo en que se resuelve el presente recurso, y no siendo imputable a las partes la nulidad que se declara, las costas se imponen por el orden causado (arg. art. 551, CPP).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 339/343 por la Sra. Fiscal de Cámara Penal de la Ia. Nominación, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala Ia., del Centro Judicial de Concepción, del 06/6/2002, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos precedentes. En consecuencia, remitir los autos a la Excma. Cámara Penal, a fin de que provea la integración que corresponda para un nuevo estudio del acuerdo propuesto en autos.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA