Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-27


SENTENCIA DEFINITIVA Nº	96.589 CAUSA Nº 31.066/2009 SALA IV "BETTETINI DANIEL BARTOLOME ROBERTO C/ COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ DESPIDO" JUZGADO Nº63 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia se alzan las partes actora y demandada en los términos de sus respectivas presentaciones de fs. 276/281 vta. y 283/vta.

La parte actora apela porque se desestiman sin adecuado fundamento, según dice, la indemnización que correspondería al accionante con sustento en el artículo 83 del acuerdo de partes de fecha 25/03/87, así como la vinculada al daño moral y la prevista en el artículo 2º de la ley 25323.

La demandada, por su parte, cuestiona los honorarios regulados por considerarlos elevados y solicita la aplicación de la limitación que, en materia de responsabilidad por costas, establece el artículo 8 de la ley 24432.

II) Llega firme que el despido del actor fue injustificado y que el trabajador cumplió oportunamente los recaudos que condicionan la viabilidad de la indemnización del artículo 2º de la ley 25323 (ver fs. 271, último párrafo). En tales condiciones, y dado que ni siquiera surge de la prueba un esfuerzo medianamente destacable de la demandada por intentar acreditar las vagas imputaciones que se formulan al actor en la comunicación de despido, no encuentro motivos que justifiquen en el caso eximir a la accionada de la referida indemnización, por lo que cabe incluirla en la condena por la suma de $16.694,35 (50% de la suma de las indemnizaciones reconocidas en el fallo de grado con sustento en los artículos 232, 233 y 245 LCT).

III) Me referiré en este punto al reclamo indemnizatorio fundado en el artículo 83 del convenio de empresa suscripto por Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y el Colegio de Escribanos de la Capital Federal, aprobado por la autoridad de aplicación "en cuanto ha lugar por derecho" mediante resolución del 19/11/87 (ver fs. 102/133), que dice: "Todo trabajador está amparado por una estabilidad permanente mientras dure su buena conducta e idoneidad en el cumplimiento de sus funciones, estabilidad que no se perderá sin causa legalmente comprobada por la Comisión Mixta de Interpretación creada por este Convenio (art. 69º) y autoridades competentes. En caso de que judicialmente se resolviera que no hubo justa causa en el despido que pudiera efectuar el Colegio, corresponderá abonar la indemnización legal y la que eventualmente fije el juez, pero en ningún caso corresponderá la reincorporación del trabajador despedido".

Si bien la redacción de esta cláusula convencional no es muy clara, su correcta interpretación lleva a entender que la demandada tiene vedada la posibilidad de despedir sin invocación de causa, de modo que solo está habilitada a denunciar el contrato con justa causa, que deberá ser previamente comprobada por la Comisión Mixta de Interpretación que el propio convenio crea (art. 69) y por las autoridades competentes (serían, según creo, las autoridades de la demandada con funciones directivas y competencia para decidir sobre despidos del personal) y que solo quedaría configurada si implica una transgresión a las pautas que, en el ámbito de la accionada, definen nociones tal laxas como la buena conducta y la idoneidad en el cumplimiento de las funciones. Como lo relativo a la justificación o arbitrariedad de la causa invocada por la empleadora para despedir a un empleado suele ser objeto de controversias entre las partes que, en última instancia, son resueltas por el juez competente, la cláusula en consideración también prevé que, si en la instancia judicial se resolviese que el despido careció de justa causa, no procederá la reincorporación del trabajador despedido, sino que éste tendrá derecho a percibir la indemnización legal (esto es la que la ley de contrato de trabajo prevé para el supuesto de despido injustificado) "y la que eventualmente fije el juez".

El caso de autos se encuadra en esta última previsión, pues no está controvertido que el despido decidido por la demandada fue injustificado y tampoco se cuestiona el derecho del trabajador a percibir las indemnizaciones que la ley de contrato de trabajo establece para tal supuesto. La controversia se centra en si, además de esos resarcimientos tarifados, corresponde al actor una indemnización adicional con sustento en la frase del citado artículo 83 que he transcripto en el párrafo inmediato anterior.

Es criterio unánime en la jurisprudencia que la ley de contrato de trabajo presume, con efectos "iure et de iure", que el despido injustificado del trabajador, decidido luego de transcurridos tres meses desde el inicio del vínculo, produce a aquél un perjuicio, que la propia ley procura resarcir con la indemnización tarifada que contempla en su artículo 245, sin perjuicio de la procedencia de sumas adicionales, también tarifadas, si el trabajador se halla en alguna situación fáctica específica que el legislador ha estimado merecedora de una protección más intensa (arts. 178, 182 LCT y 52 de la ley 23551). Y se ha considerado, también mayoritariamente, que esos resarcimientos tarifados cubren o contemplan la totalidad de los perjuicios derivados del despido injustificado, incluso los de índole moral, en cuanto tengan por causa o sean derivados del contrato de trabajo. Solo se ha admitido la procedencia de una indemnización adicional por daño moral en aquellos casos en los que la conducta del empleador (la vinculada con el despido en sí mismo o alguna anterior o posterior a él) resultase civilmente resarcible aun en ausencia de un vínculo contractual, tal como ocurriría, por ejemplo, si se imputasen falsamente al dependiente irregularidades que pudiesen configurar ilícitos penales o si se le dispensase un trato denigrante, discriminatorio u ofensivo.

Ahora bien, el referido artículo 83 del convenio de empresa implica una alteración de las referidas pautas generales, ya que ha sido concebido para mejorarlas en beneficio de los trabajadores. Concretamente, entiendo que la adecuada articulación de las normas de orden público laborales con la cláusula convencional en consideración lleva a entender que, en caso de despido sin justa causa, y con independencia de cuál hubiese sido la magnitud del daño al trabajador derivado de esa circunstancia, éste no podrá percibir menos de lo que para tal caso prevén las normas respectivas de la ley de contrato de trabajo; pero si (y aquí radica la diferencia sustancial que la cláusula convencional introduce en las pautas generales explicadas) se comprobase que, por las circunstancias específicas del caso, la indemnización tarifada resulta insuficiente para resarcir íntegramente el perjuicio sufrido por el empleado como consecuencia del despido, incluido el eventual daño moral de origen contractual que la decisión rescisoria pudo haber provocado, el juez debe fijar una indemnización adicional que compense el perjuicio no cubierto por la tarifa legal.

Lo expuesto implica que la indemnización adicional prevista en la mentada cláusula convencional no procede automáticamente y en todos los casos, sino que su viabilidad depende de que la indemnización legal no compense íntegramente los daños producidos al trabajador por el despido injustificado, y su cuantía deberá ser equivalente al monto del perjuicio no cubierto por la tarifa legal. No desconozco la dificultad que para el juzgador implica la determinación de estas circunstancias, ya que muchas veces no existen pautas objetivas que den cuenta, de modo más o menos preciso, de la medida del perjuicio, pero, desde ya, ello no obsta a la aplicación del dispositivo acordado entre las partes de la mencionada convención, sino que exige al sentenciante un prudente ejercicio de valuación de los daños derivados del despido, para lo cual resultan de utilidad las pautas que con ese fin ha sugerido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en el caso "Fanciullo, José Américo c/ Colegio de Escribanos de la Capital Federal" (sentencia del 15/04/93, Fallos: 316:699), tales como "la edad del actor, la existencia y constitución de su grupo familiar y el desempeño de roles dentro de este núcleo, la mayor o menor posibilidad de reinserción en el mercado laboral -en un puesto similar al que ocupaba, según especialidad y jerarquía- durante el tiempo de vida laboral útil restante, la pérdida -o no- de los servicios de obra social; entre otras" (cons. 7º del citado fallo).

Considero que, en el caso, la indemnización del artículo 245 LCT, equivalente a un solo mes de la mejor remuneración mensual, normal y habitual ($12.719,50), resulta insuficiente para compensar íntegramente el perjuicio que, es de presumir, el despido injustificado de la accionada produjo al trabajador. En efecto, se trata de una cantidad relativamente reducida frente a los daños que, es de suponer, implicaron para el actor quedar injustificadamente sin trabajo a los 59 años, cuando, en general, resulta especialmente difícil encontrar empleo de modo más o menos rápido y con condiciones similares a las que regían en la demandada, a lo que se suma la frustración de la presumible y legítima expectativa del trabajador de alcanzar en la demandada, a la que había ingresado por concurso tan solo un año antes, las condiciones necesarias para acceder al beneficio jubilatorio y, con ello, la posibilidad cierta de asegurarse la pertenencia a la obra social de la entidad durante su período de pasividad (ver art. 89 de la convención de partes).

La desproporción se hace aún más notoria si se tiene en cuenta el perjuicio que, en el orden moral, razonablemente produjo al actor la imputación, en la comunicación de despido, de numerosos incumplimientos laborales (15 exactamente; ver fs. 25), expuestos de modo impreciso y carentes del más mínimo sustento probatorio. En efecto, es de suponer que ello generó al trabajador un padecimiento moral evidenciado, tal vez, por una injusta disminución de su autoestima (ya que los términos de la comunicación ponían en duda su eficiencia para el correcto cumplimiento de tareas vinculadas a su profesión y para las que había sido específicamente seleccionado, por concurso, un año antes) y por la angustia y la preocupación propias del efecto difamatorio que un despido en tales términos normalmente tiene en el ambiente laboral, con previsibles repercusiones, también negativas, en las posibilidades de conseguir otro empleo, especialmente si se trata de la misma función (auditoría médica).

De acuerdo con lo expresado, considero adecuado establecer la indemnización adicional a la que el artículo 83 del referido convenio de partes se refiere en $200.000, comprensiva del daño moral cuyo resarcimiento el actor reclama de modo separado.

IV) En virtud de lo expuesto, propongo elevar el monto de condena a la suma de $250.083,04 (monto de condena establecido en primera instancia $33.388,69 + $16.694,35 en concepto de indemnización art. 2º de la ley 25323 + $200.000 en concepto de indemnización adicional fundada en el artículo 83 de la convención de partes ya referida). Dicha suma devengará los intereses establecidos en el pronunciamiento de grado, que no ha sido objeto de cuestionamiento en este punto, con la aclaración de que la mencionada indemnización especial del artículo 83 resulta exigible desde el momento del despido, es decir desde el 15/11/07.

V) Por lo establecido en el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de las costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y proceder a su determinación en forma originaria, por lo que deviene abstracto el tratamiento del agravio de la demandada.

Dado el modo de resolver, las costas de primera instancia deben ser soportadas por la demandada, vencida en lo sustancial (art. 68, primer párrafo, CPCCN), solución que también procede, por la misma razón, respecto de las costas de la alzada.

En atención al mérito y a la importancia de los trabajos realizados por los profesionales intervinientes, así como a las pautas regulatorias previstas por las normas arancelarias vigentes, estimo prudente fijar los honorarios de primera instancia para la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para el perito contador en 16%, en 12% y en 6%, respectivamente, a calcular sobre el monto total de condena (capital más intereses).

Asimismo, propicio fijar los emolumentos de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, por sus trabajos en la alzada, en 25% de lo que a cada una corresponda percibir por sus actuaciones en la instancia anterior.

VI) Por lo expuesto, propongo: 1) Modificar la sentencia de primera instancia y elevar el monto de condena a la suma de $250.083,04 más los intereses precedentemente indicados; 2) Dejar sin efecto lo decidido en el pronunciamiento de grado en materia de costas y honorarios; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada; 4) Regular los honorarios de primera instancia para la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para el perito contador en 16%, en 12% y en 6%, respectivamente, a calcular sobre el monto total de condena (capital más intereses) y 5) Fijar los emolumentos de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, por sus trabajos en la alzada, en 25% de lo que a cada una corresponda percibir por sus actuaciones en la instancia anterior.

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de primera instancia y elevar el monto de condena a la suma de $250.083,04 más los intereses precedentemente indicados; 2) Dejar sin efecto lo decidido en el pronunciamiento de grado en materia de costas y honorarios; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada; 4) Regular los honorarios de primera instancia para la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para el perito contador en 16%, en 12% y en 6%, respectivamente, a calcular sobre el monto total de condena (capital más intereses) y 5) Fijar los emolumentos de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, por sus trabajos en la alzada, en 25% de lo que a cada una corresponda percibir por sus actuaciones en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. SILVIA E. PINTO VARELA	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria