Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-11-03


Salta, 3 de noviembre de 2016 Y VISTOS: estos autos caratulados: "SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO (SRT) vs. SARAVIA, César Salvador - Ejecución Fiscal. Apremio. Embargo Preventivo"; Expte. Nº 401.824/12 del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 3° Nominación; Expte. Nº 401.824/12/16 de esta Sala Tercera, y ;

____________________ C O N S I D E R A N D O La Dra. Nelda Villada Valdez, dijo:

I.- Que contra la sentencia de fs. 81/85 y su aclaratoria de fs. 87, el demandado con el patrocinio letrado del doctor César Alejandro Austerlitz interpone a fs. 89 recurso de apelación y a fs. 91/94 formula el memorial. Expresa que la sentencia que rechaza la excepción de falta de personería y que le impone las costas, es injusta por cuanto le agravia que la señora Juez considere subsanada la omisión de la contraria al haber adjuntado recién al contestar la excepción el poder inscripto y la Resolución SRT N° 743/10, que dispuso su designación, siendo que era deber del profesional acompañar dicha documentación en su primer escrito, conforme a lo dispuesto por el artículo 46 del Código Procesal Civil, sin que ni siquiera haya presentado el poder general, sino solamente un testimonio. Agrega que pese ha admitirse que se había subsanado el defecto, la señora Jueza optó por rechazar la excepción impetrada, más aún si se tiene en cuenta que transcurrieron dos años desde que se dedujo la demanda. También se agravia de que en la sentencia se hayan impuesto las costas por el orden causado, incurriendo en una contradicción pues se cita casos jurisprudenciales en los cuales se las cargan a la parte excepcionada. En cuanto a la excepción de prescripción se queja de que se tenga presente el allanamiento de la parte actora por los períodos 5 al 12 del año 2.002 y 1 al 3 del año 2.003, imponiéndose las costas por su orden. Refiere que solicitó la prescripción de las mensualidades que van desde el 2002, 2003 y 1 al 4 del 2004, habiéndose allanado la actora parcialmente, quedando en discusión los restantes períodos, a más de que a fs. 37 cuestionó el "cálculo efectuado por el ejecutado", por lo que las costas deben aplicarse al ejecutante. Con respecto a la prescripción por los lapsos de abril de 2003 a marzo de 2004, el recurrente se agravia por considerar que ante el desconocimiento efectuado por su parte, resultaba necesario que la actora demostrara el requerimiento de pago categórico e inequívoco en cuanto al objeto, modo y tiempo, al que la ley le da un efecto determinado, pero en el caso de autos jamás se intimó el pago por algún período ni se indicaron los importes reclamados, discriminándolos, como para configurar "una constitución en mora, en forma auténtica" en los términos del artículo 3.986 del Código Civil. Sostiene que la accionante no acompañó intimación fehaciente para que opere la suspensión de la prescripción, no bastando el acuse de recibo por cuanto no otorga seguridad alguna del contenido y al no haberse producido la suspensión del plazo de la prescripción de diez años, debe hacerse lugar a la excepción planteada. Pide se acoja la defensa de prescripción opuesta, con costas a la contraria.

Corrido traslado, a fs. 97/100 contesta el memorial el doctor Ernesto M. Aráoz, en su carácter de apoderado de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, solicitando el rechazo del recurso interpuesto. Con relación a la excepción de falta de personería, sostiene que el apelante no ha formulado una crítica concreta y razonada de los fundamentos dados en la sentencia, limitándose a reiterar argumentos vertidos al plantear la excepción, por lo que pide se declare desierto el recurso. Sin perjuicio de ello, afirma que su parte procedió a subsanar el defecto, después de ser advertido el mismo, por lo que resulta procedente el rechazo de la falta de personería como así también la imposición de costas por el orden causado. En cuanto a las costas por el allanamiento formulado por su parte, conforme a lo estatuído por el artículo 70 del Código Procesal, deben declararse por el orden causado. Y por último, con respecto a los ciclos por los cuales no prosperó la defensa de prescripción, reitera que al contestar el traslado de la defensa, manifestó que su mandante remitió carta certificada intimando el pago de la deuda, la que fuera recepcionada en fecha 21 de febrero de 2.010, conforme el aviso de recibo de la carta certificada, con lo cual quedó reconocida de conformidad a los términos del artículo 356, inciso 1° del Código Procesal Civil y en lo referente al contenido de la intimación, considera que debe tenerse en cuenta lo dispuesto por la Resolución SRT N° 141/2002 y siendo que se ha diligenciado en el domicilio denunciado por el ejecutado y resultando evidente que la misiva tenía algún contenido sin que nada se haya dicho con respecto a ello, se debe concluir que ha sido debidamente interpelado, resultando aplicable el artículo 3.986 del Código Civil, encontrándose solamente prescriptos los periodos anteriores al mes de abril del año 2.003. Pide costas.

A fs. 108 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra consentida por las partes.

II.- 1.- En primer lugar se debe meritar la suficiencia de los agravios presentados por el apelante, atento el cuestionamiento formulado por la contraria.

El artículo 255 del Código Procesal Civil y Comercial dispone que el escrito de expresión de agravios "debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.". Es decir que el acto procesal debe refutar total o parcialmente la apreciación de los hechos o de las pruebas o bien, la aplicación de las normas jurídicas al caso concreto por parte del Juez de Primera Instancia, debiendo efectuar el recurrente un análisis de la sentencia exponiendo los motivos por los cuales considera que el fallo apelado es erróneo. El fundamento de la impugnación "constituirá lo que se ha denominado la personalidad de la apelación, a través de la cual se delimitará el conocimiento de la Alzada" (Roland Arazi, Jorge Rojas, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal-Culzoni Editores, año 2.007, p. 997).

Pero, tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en sostener que debe adoptarse un criterio amplio en cuanto a su admisibilidad a efectos de no lesionar el derecho de defensa, derecho éste de raigambre constitucional, siendo criterio de ésta Sala que aún cuando el memorial no reúna en forma acabada los recaudos legales, basta que contenga una motivación mínima para fundar el recurso y se merite el mismo. Además, también se ha sostenido que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad (CApel. CC. Salta, Sala III, Fallos año 1993, fl. 901; año 2001, fl. 415; año 2003, fl. 49 y 232/234, tomo 2016, fl. 12/19, entre otros).

Si bien el memorial formulado por el apelante no ha indicado en forma precisa las deficiencias que atribuye al fallo de primera instancia, surge del mismo una crítica al insistir tanto en la procedencia de las defensas opuestas por su parte como en lo concerniente a las costas impuestas en la sentencia venida en revisión, por lo que aún cuando la crítica sea mínima debe analizarse la procedencia o no del recurso interpuesto. Y, en este sentido esta Sala ha dicho: "Si la parte apelante individualiza, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, no procede declarar la deserción del recurso, por cuanto la gravedad de los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios, hace aconsejable aplicarla con criterio amplio favorable a la recurrente. Aún en el supuesto de que existieran dudas sobre si la expresión de agravios reúne o no los requisitos para tenerla por tal, corresponde estar por la apertura de la segunda instancia que implica una garantía más para el que tiene o cree tener un derecho legítimo para hacer valer en justicia" (CApel. CC. Salta, Sala III, año 2004, fl. 256/259; id. id. tomo año 2.005, fl. 576; id. id. tomo año 2.005, fl. 544; id. id. tomo año 2.006, fl. 513; id. id. tomo año 2.007, fl. 230; id. id. tomo 2012, fl. 606/609; id. id. tomo 2013, fl. 606/609 y fs. 523/530; id. id. tomo 2014, fl. 554/557; id. id. tomo 2015 fl. 42/47; id. id. tomo 2015, fl. 50/53, entre otros).

2.- En el sub-lite se reclama el cobro de la suma de $ 24.304,59 en concepto de capital por cuotas omitidas y adeudadas al Fondo de Garantía, creado por la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo correspondientes a los períodos junio de 2002 a noviembre de 2007, conforme surge del Certificado de Deuda N° 753/2011 incorporado a fs. 3/5 de autos, en tanto que el demandado interpone excepción de falta de personería y de prescripción. La sentencia rechaza la primera de las defensas, tiene presente el allanamiento formulado por el ejecutante y hace lugar parcialmente a la excepción de prescripción por las mensualidades 05 del 2.002 hasta el 03 del 2.003, imponiendo las costas por su orden y manda llevar adelante la ejecución por la suma de $ 22.778,10 en concepto de capital, con más intereses, IVA si correspondiere y gastos, con más las costas.	3.- Como ya lo manifestara en otros precedentes (CApel. CC. Salta, Sala III, tomo 2014, fl. 237/240 y fl. 561/564; id. id. tomo 2015, fl. 52/57) debe destacarse que el caso de autos se trata de un juicio ejecutivo, proceso éste que se encuentra sometido a trámites específicos que otorgan mayor celeridad. Constituye un privilegio que la ley procesal otorga a los titulares de ciertos documentos, autorizando a presumir la certeza del derecho del acreedor. No se trata de obtener un procedimiento sobre un derecho discutido, sino de actuar, de traducir en hechos reales un derecho que, pese a la circunstancia de haber sido judicialmente declarado, voluntariamente reconocido o creado por ciertos acreedores, ha quedado insatisfecho (Palacio, Derecho Procesal Civil, t. 7, p. 221). Y Falcón dice: "En el juicio ejecutivo la función jurisdiccional no se ejerce para declarar el derecho, sino para reconocer el ya establecido en un título y proceder a su realización, por necesidades del tráfico, especialmente el mercantil" (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Editorial Astrea, año 2.006, t. 2, p. 325); en tanto que Arazi y Rojas señalan que el Código instaura "un mecanismo compulsivo de cumplimiento de una obligación de dar una suma de dinero, en tanto esté instrumentada en un título que por sí mismo traiga aparejada ejecución" (Arazi- Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal-Culzoni Editores, t. II, p. 777).

Para que una pretensión tramite por la vía del juicio ejecutivo, resulta indispensable la existencia de un título ejecutivo. Sin título ejecutivo no hay acción ejecutiva, "nulla executio sine titulo". Así se ha dicho que "El título ejecutivo, entonces, es la constatación fehaciente de una obligación exigible, que autoriza la vía procesal del juicio ejecutivo y debe reunir los presupuestos de legitimación sustancial, causa lícita, objeto cierto, plazo vencido y obligación pura o condición cumplida (CApel. CC. de Junín, E.D. 109-633; CApel. CC. Salta, Sala III, tomo año 1997, pág. 249).

El artículo 530 indica que "Se procederá ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución, se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables."; en tanto que el artículo 533 enumera una serie de títulos ejecutivos que traen aparejada ejecución, mencionando en el inciso 7° "Los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial". La ley 24.557, en el artículo 46, apartado 3 dispone: "El cobro de cuotas, recargos e intereses adeudados a las ART así como las multas, contribuciones a cargo de los empleadores privados autoasegurados y aportes de las ART, se harán efectivos por la vía del apremio regulado en los códigos procesales civiles y comerciales de cada jurisdicción, sirviendo de suficiente titulo ejecutivo el certificado de deuda expedido por la ART o por la SRT.", por lo que el certificado adjuntado con la demanda deviene hábil para deducir el proceso ejecutivo, resultando competentes en la provincias, los tribunales con competencia civil o comercial.

III.- 1.- Tratándose de un procedimiento especial, las defensas que puede oponer el ejecutado están limitadas a las contempladas en el artículo 554 del Código Procesal Civil, entre las cuales se encuentra la de falta de personería (inciso 3), la que resulta procedente ante la ausencia de capacidad procesal en el actor o en el demandado, y ante la falta, defecto o insuficiencia de la representación de quiénes comparecen al proceso en nombre de aquéllos. Esta excepción sólo puede fundarse en la falta de capacidad de las partes, en la ausencia de mandato otorgado a favor de quienes invocan la representación de aquéllas o en las deficiencias de que adolezca la representación.

El artículo 46 del Código de forma, dispone que "La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste" y el artículo 47, dispone que "Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad, desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder. Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia o certificación firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte, podrá intimarse la presentación del testimonio original".

Además, en la Provincia de Salta, la Ley 758 dispone la inscripción de los poderes en el Registro de Mandatos. Pero, la falta de tal recaudo no enerva la validez del poder ni perjudica la capacidad procesal del apoderado y ello por cuanto la forma y prueba del mandato se rige por la ley de fondo, sin perjudicar la capacidad procesal del profesional (CApel. CC. Salta, Sala IV, t. XIII, fl. 97/99). Esta Sala ha dicho ".no debe tenerse por perdido el derecho cuando lo que no consta en la copia presentada es la inscripción del poder en el Registro de Mandatos, siendo que el original sí estaba inscripto con anterioridad a su presentación al juicio" (CApel. CC. Salta, Sala III, Fallos año 1984, fl. 325) En el caso de autos, al deducir la pretensión, el apoderado de la ejecutante acompañó un instrumento que titula "Testimonio" y en el cual se transcribe la Resolución mediante la cual se autoriza al letrado para ejercer la representación y patrocinio jurídico de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, confiriéndole atribuciones para presentarse a juicio (ver fs. 2). No obstante, ante el cuestionamiento formulado por el apelante, adjuntó fotocopias de la Resolución N° 743, que da cuenta que a la fecha de presentación de la demanda, el poder ya se encontraba inscripto en el Registro de Mandatos, con lo que se aventó cualquier duda que podía tener el ejecutado de la actuación del apoderado de la ejecutante. Cabe destacar que en los supuestos de representación del Estado Nacional, la ley 24.946, en su artículo 66, dispone que "Cuando situaciones excepcionales o casos especiales lo hagan necesario, tal representación, podrá ser ejercida por otros abogados contratados como servicio de asistencia al Cuerpo de Abogados del Estado, previo dictamen favorable del Procurador del Tesoro de la Nación".

Siendo que al momento de resolverse la defensa en cuestión, no existía defecto de personería que corregir, resultaba inoperante que la sentencia acoja la excepción y conceda un plazo para que se subsane una deficiencia inexistente, por lo que la queja no resulta atendible.

2.- Se agravia también el apelante por cuanto la sentencia impone las costas por su orden y sostiene que las mismas debieron cargarse a la excepcionada por haber dado motivo a la defensa procesal. Si bien el recurrente señala como una contradicción en el fallo donde se citan casos jurisprudenciales que imponen las costas a la excepcionada, debe destacarse que de su lectura surge que los mentados antecedentes no constituyeron el fundamento de la imposición de las costas, dado que la decisión de establecerlas por el orden causado se fundó en "la existencia de vencimientos parciales y mutuos" por la forma en que se resuelven las excepciones planteadas -falta de personería y prescripción-.

Para analizar el tema de las costas, de acuerdo al principio objetivo de la derrota es quien resulta vencido, el que, como regla general, carga con ellas (artículo 67 del Código Procesal). Excepcionalmente, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al derrotado, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.

Teniendo en cuenta que al presentar la demanda el letrado adjuntó un instrumento en el cual se transcribe la Resolución que lo autoriza a intervenir en juicios, omitiendo no sólo dejar constancia de su inscripción en el Registro de Mandatos sino también el número de dicha resolución, dando así lugar a la interposición de la excepción, estimo que debe acogerse el agravio e imponerse las costas de primera instancia, al ejecutante por la excepción de falta de personería.

3.- Las costas en esta instancia se deciden por el orden causado al haber prosperado parcialmente los agravios formulados.

IV.- 1.- También el artículo 554 del Código Procesal Civil contempla entre las defensas que puede oponer el ejecutado, la de prescripción, en su inciso 7.

El artículo 3497 del Código de Vélez establecía que "Los derechos reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción. La prescripción es un medio de adquirir derechos o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo"; y el artículo 3949 hacía referencia concreta a la prescripción liberatoria cuando decía que "es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entable ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere", es decir es una defensa que el deudor puede oponer ante la pretensión del cobro que intenta el acreedor luego de haber caducado la acción correspondiente a su crédito.

Asimismo, el artículo 4017 del Código de Vélez disponía que "por el solo silencio o inacción del acreedor por el tiempo designado en la ley, queda el deudor libre de toda obligación".

La prescripción funciona como un medio de orden a los efectos de fijar un límite de tiempo al ejercicio de los derechos y encuentra su fundamento en la presunción de renuncia por parte del acreedor de ejercitar ese derecho, brindando así seguridad en las relaciones jurídicas (Pedro N. Cazeaux, Félix A. Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, Ed, Platense, 1972, t. II, p. 440). Esta Sala dijo: "De modo coincidente, esta Sala tuvo oportunidad de señalar que la prescripción liberatoria es una de las instituciones más útiles para la sociedad. En la generalidad de los casos, el legislador ha tenido en cuenta que durante los plazos señalados para la prescripción, tuvo el acreedor tiempo suficiente para hacer valer sus derechos; si no lo hizo, el deudor ha podido pensar que él renunciaba a reclamarlos. En todos los casos la prescripción funciona como un medio de orden, tranquilidad y seguridad social, porque evita que después del tiempo que la ley prescribe, puedan suscitarse pleitos y controversias de difícil solución (Salvat: Tratado. Obligaciones, Tomo III, n° 2054). De su parte, Boffi-Boggero (Tratado de las Obligaciones,Tomo 4-610), delineando los fundamentos de la institución en análisis, manifiesta que el Estado tiene organizada la protección de los derechos por un plazo determinado. Si el titular lo deja vencer, no interesa precisar si lo abandona o lo que al respecto piensa. Lo esencial es que tal derecho queda desprovisto de protección. Desde luego que no repugna al orden público que el deudor cumpla su obligación. La ley se limita a no proteger como antes al acreedor y hasta defiende al deudor de los ataques que aquél le pueda dirigir. La prescripción extintiva no es una sanción o una pena; tampoco puede concebirse como una presunción de que el derecho quedó satisfecho. El motivo decisivo, en general, consiste en la necesidad de fijar las relaciones inciertas de derecho susceptibles de dudas y controversias, encerrando dicha incertidumbre en un lapso determinado. En suma, y desde la óptica de la necesidad del aseguramiento del orden y la paz social, al derecho le interesa finiquitar las situaciones inestables, y ello se logra impidiendo que puedan ser objeto de revisión pasado cierto tiempo y es así como el artículo 4.017 del Código Civil velezano dispone que por sólo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación y que para esta prescripción no es preciso justo título ni buena fe, lo que engarzamos con el pensamiento de Vélez plasmado en la nota al artículo 3.961 en donde se pone de relieve que "la prescripción de las acciones personales está fundada únicamente en la negligencia del acreedor para perseguir su derecho, pues el deudor no puede ignorar la existencia de la obligación (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 1993, fº 765)" (CApel. CC. Salta, Sala III, tomo 2015, fl. 618/621).

Los requisitos para que tenga lugar la prescripción liberatoria son fundamentalmente dos: que haya mediado inacción por parte del titular del derecho y el transcurso del tiempo señalado por la ley para que se produzca la pérdida del derecho creditorio. En cuanto a los plazos de prescripción, son de los más variados y según sea la causa de la obligación será el término establecido por la ley para que ella se produzca y cuando no exista un plazo determinado, el artículo 4023, 1º parte, del Código Civil disponía que "toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial", en tanto que el Código Civil y Comercial, en el artículo 2560, fija el plazo genérico de cinco años, excepto que se prevea uno diferente.

Siendo que se reclama el cobro de cuotas omitidas y adeudadas al Fondo de Garantía, resulta aplicable el artículo 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 que en su apartado 2° dispone que "Prescriben a los 10 (diez) años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago, las acciones de los entes gestores y de los de la regulación y supervisión de esta ley, para reclamar el pago de sus acreencias".

Cabe puntualizar que el Código Civil y Comercial contiene una norma específica del derecho temporal referida a los plazos de prescripción que es el artículo 2537. El precepto incorpora como regla que los plazos que están corriendo se rigen por la ley que estaba en vigencia cuando comenzaron a correr. Sin embargo, establece dos excepciones: a) se regirán por la ley nueva si son más breves pero se computan a partir de la entrada en vigencia de ésta y b) los plazos que están corriendo aún más largos, se rigen por la vieja ley si aplicando la nueva ley, desde su entrada en vigencia, el cómputo final es más extenso que si se hubiese aplicado la antigua (Aída Kemelmajer de Carlucci, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ed. Rubinzal-Culzoni Santa Fe, 2015, pág. 71). Y, como bien lo ha sostenido la señora Jueza, en el sub-lite, resultan de aplicación las normas del Código Civil de Vélez Sarsfield.	También se ha señalado que la prescripción, institución jurídica que conduce a la aniquilación de un derecho, es de interpretación restrictiva. Esta regla lleva a admitir como contrapartida una comprensión amplia de los actos tendentes a preservar la subsistencia del derecho y que aconseja, en hipótesis de reflexiva duda, volcar la solución en favor del damnificado (CNFed.Civ.y Com., Sala III, en L.L., 1997-C, 6; CApel. CC. Salta, Sala III, 28-4-05, AFIP vs. Baterplac, expediente n° 98564, tomo año 2005, f° 404; id. id. tomo 2015, fl. 618/619).

El principio general en cuanto al comienzo del cómputo de la prescripción es que el mismo nace desde el momento en que la deuda se hace exigible.

2.- Sentados estos principios corresponde meritar si en el sub-lite se ha producido la prescripción del crédito reclamado, pero al mismo tiempo es necesario determinar si en el transcurso de ese plazo se ha producido algún acto que tienda a suspender o interrumpir el curso de la prescripción.

Ahora bien, la suspensión de la prescripción consiste en la detención o paralización del curso de la prescripción por la existencia de causas concomitantes o sobrevivientes a su inicio, establecidas por la ley; pero no ataca ni destruye los efectos que ésta venía produciendo hasta entonces. Por eso, el período transcurrido hasta la aparición de la causal de suspensión no se pierde, sino que se computa cuando la misma cesa y la prescripción se reanuda, hasta completar el lapso faltante de su duración (Pedro N. Cazeaux - Félix A. Trigo Represas, ob. citada, Ed. Platense, t. II - Vol. 2, pág. 457, 458). La suspensión de la prescripción abre un compás de espera originada en situaciones previstas por la ley, en tanto que la interrupción descarta el tiempo transcurrido dando origen a un nuevo plazo.

El artículo 3986, 2º párrafo del Código de Vélez, establecía que "la prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción", habiéndose criticado la redacción de la norma, ya que no debió decir "constitución en mora" sino que debió usar la palabra "interpelación". Esta causal de suspensión tiene efectos limitados en el tiempo, siendo necesario para que ella se produzca un requerimiento auténtico al obligado. Al respecto se ha sostenido que "no es la mora lo que suspende el plazo de prescripción sino la interpelación auténtica que demuestra la inconfundible intención del acreedor de mantener vigente su derecho" (Adolfo A. N. Rouillon, Código de Comercio Comentado y Anotado, La Ley, año 2005, T. II, pág. 912). En igual sentido, la jurisprudencia tiene dicho que "El curso de la prescripción de la acción entablada por una empresa prestadora del servicio de salud por cobro de facturas impagas por gastos de internación realizados por el demandado, se suspende mediante la intimación cursada al demandado, pues demuestra claramente la intención de no dejar prescribir la deuda (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A - 29/08/2006 - Amsa Asistencia Médica Social Argentina S.A. c/ Mizrahi, Ernesto - DJ 2007-I, 36-AR/JUR/6267/2006 - La Ley On Line).

El Código Civil y Comercial en el artículo 2541 contempla la causal de suspensión por interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor, la que tiene efecto durante seis meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción.

En el caso de autos, el apelante invocó la prescripción de los períodos fiscales por los años 2.002, 2003 y 1 al 4 del 2.004. El ejecutante se allana reconociendo que se encuentran prescriptos los ciclos comprendidos entre el mes de junio de 2002 y marzo de 2003; en tanto que, afirma, en los restantes no ha operado la prescripción con fundamento en que su curso se ha suspendido el 21 de febrero de 2.010, fecha de recepción de una carta certificada intimando el pago de la deuda.

El apelante se agravia por cuanto sostiene que jamás se le intimó el pago de período alguno, sin que resulte suficiente el acuse de recibo acompañado para cumplir con el artículo 3986 del Código Velezano.

Cabe, entonces, preguntarse si el acuse de recibo de una carta certificada resulta suficiente para tener por cumplimentado el presupuesto necesario para que se suspenda el plazo de prescripción. Aún cuando el ejecutado se haya limitado a negar la autenticidad y validez de la copia del Aviso de Recibo, no cabe duda que tal instrumento no resulta apto para acreditar el presupuesto que torna procedente la suspensión del curso del plazo de prescripción y ello por cuanto el artículo 3986 exigía que la constitución en mora - o la interpelación - debía ser efectuada "en forma auténtica", esto es mediante "algún procedimiento que aleje toda duda sobre su efectividad y fecha" (Pedro N. Cazeaux - Féliz Trigo Represas, "Compendio de derecho de las obligaciones", Librería Editora Platense, año 2003, tomo 2, pag. 257).

Es más, mediante distintas Resoluciones, la Secretaría estableció los procedimientos necesarios a efectos de expedir los Certificados de Deudas y para ordenar los trámites de cobro por ante los deudores que registren deudas por cuotas omitidas (artículo 1 de la Resolución 260/99), ordenando que se remitan a los empleadores que registren deudas. Además, se crea el Registro de Certificados de Deuda, que "contendrá información sobre los certificados expedidos, su número y fecha, la C.U.I.T y la denominación del empleador, el detalle de la deuda", los pagos y otros datos (artículo 4, reformado por Resolución 141/2002), determinando el procedimiento para la elaboración y suscripción de los certificados, que deberán expedirse por triplicado, una de las copias se debe archivar, otra copia se adjuntará en las actuaciones administrativas y la tercera, es la que se utilizará para el cobro de la deuda (artículo 5, reformado por Resolución 141/2002).

Asimismo a través de distintas Resoluciones, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo estableció la metodología para la determinación de la deuda por cuotas omitidas al Fondo de Garantía y los modelos de Formularios Tipo denominado Certificado de Deuda. Por su parte, la Resolución 260/99 en su artículo 3 pone a cargo de la Subgerencia de Operaciones de Superintendencia la "intimación de pago por medio fehaciente, conforme lo previsto en el inciso 6° del artículo 32 de la LRT".

La Resolución 141/2002 reglamenta el procedimiento para hacer efectiva la intimación al pago de cuotas omitidas, entre otras cosas, estableciendo que "se emitirán por sistema, original y duplicado, y se registrarán un número correlativo asignado automáticamente", las que deberán ser suscriptas por el Subgerente de Procesos e Información. Y agrega que "los empleadores serán intimados a que dentro de un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la recepción de la notificación procedan a regularizar la situación abonando el importe adeudado por cuotas omitidas", y que "La intimación de pago contendrá el detalle de la determinación de la deuda y la propuesta de adhesión al plan de pago para el caso de empleadores afiliados o autoasegurados. Para el caso de empleadores no afiliados, sólo contendrá el detalle de la liquidación", ordenando que la intimación se dirija "al domicilio declarado ante la AFIP-DGI, mediante carta certificada con aviso de retorno", de acuerdo a los modelos que establece la misma Resolución.

Como ya anticipara, siendo que la normativa impone la necesidad de una intimación por medio fehaciente, la sola recepción de un acuse de recibo de una carta certificada no resulta suficiente para configurar el presupuesto que imponía el artículo 3986 del Código de Vélez, esto es una interpelación en forma auténtica de la deuda que se reclama, desde que se desconoce totalmente el contenido la misiva, sin que pueda suponerse que se intimaba el pago de los períodos cuyo cobro se persigue en autos, más aún cuando la reglamentación establece que las intimaciones deben efectuarse por duplicado, quedando una copia en poder de la ejecutante, copia ésta que no fuera adjuntada en autos, por lo que los agravios resultan atendibles.

En conclusión y teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el día 23 de abril de 2.014, conforme cargo de fs. 9, debe declararse prescriptos las Cuotas Omitidas al Fondo de Garantía por el período abril de 2003 a marzo de 2004 y por ende se modifica el monto del capital por el cual se lleva adelante la ejecución determinándolo en la suma de $ 19.420,71.

3.- Las costas se imponen al apelado en virtud del principio objetivo de la derrota (artículos 68, 69 y 568 del Código Procesal Civil y Comercial).

El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Nelda Villada Valdez.

Por el acuerdo que antecede, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I.- HACE LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto a fs. 89 por el señor César Salvador Saravia y, en su mérito, MODIFICA la imposición de las costas por la excepción de falta de personería del Punto II de la sentencia de fs. 85 y su aclaratoria de fs. 87, estableciéndolas a cargo de la ejecutante. COSTAS POR EL ORDEN CAUSADO en esta instancia.

II.- HACE LUGAR a la excepción de prescripción y DECLARA prescriptos los períodos reclamados por Cuotas Omitidas al Fondo de Garantía correspondientes a los meses de abril de 2003 a marzo de 2004 y MODIFICA el monto del capital por el cual se ordena llevar adelante la ejecución en la sentencia de fs. 81/85, fijando el mismo en la suma de $ 19.420,71 (diecinueve mil cuatrocientos veinte pesos con setenta y un centavos). COSTAS al perdidoso en esta instancia.

III.- CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.

CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DELAPROVINCIA DE SALTA SALA III, T. 2016-S, fº 548/555, 03/11/16. VOCALES: Dra. Nelda Villada Valdez - Dr. Marcelo Ramón Domínguez. SECRETARIA: Dra. María Alejandra Gauffin