marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Oviedo, Agustín s/ Sucesorio. Oviedo, Agustín s/ Sucesorio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-10-06|1988-10-06

Aunque la resolución por la que se concede la apelación en relación no haga expresa mención al art.246 del Código Procesal Civil y Comercial, por el sólo hecho de la concesión del recurso, nace para el apelante la carga de presentar el memorial de agravios en el perentorio término de cinco días, contados desde la notificación del auto respectivo. En consecuencia corresponde declarar la deserción del recurso por la actora.
Leyes, aplicación de la ley, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Luxhogar S.A. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-24

No habiendo sancionado la norma contenida en el artículo 290 de la ley 24522, el Poder Ejecutivo Nacional ha dejado sin derecho transitorio específico a gran parte de la legislación concursal, con los consiguientes inconvenientes que ello genera. No obstante allí, no puede sostenerse que resulta de aplicación la norma contenida en el art. 3 del Cód. Civil, por así haberlo establecido el decreto presidencial en sus considerandos.
Peculado, peculado de trabajos o servicios, peculado de uso
Materia: PENAL
Carátula: ZAMBIANCHI, CARLOS s/ AVERIGUACION HURTO Y DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-11

La primera parte del art. 261 del C.P. castiga al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada.

La acción reprimida es la de sustraer, que significa extraer o quitar los bienes de la tenencia efectiva o simbólica en que en el ámbito administrativo han sido colocadas por las leyes, reglamentos u órdenes. La sustracción no se satisface con el simple uso del bien, sin que sea separado de la esfera pública de custodia; el bien debe ser consumido, destruido, transformado u ocultado, de tal modo que implique quebrar la tutela pública en que se halla.

El 2 párrafo del citado precepto legal, denominado por la doctrina, peculado de trabajos o servicios, aplica la misma pena al funcionario público que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

La autorización para el uso por parte de un tercero de un vehículo afectado a un servicio público, de haber existido, encuadraría en el peculado de uso o de residuo, hoy no contemplado por nuestra legislación penal.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, pautas, monto del juicio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: MAYORGA, ABEL ANDRES c/ MORENO, JUAN CARLOS Y OTROS s/ DESALOJO POR CESACION DE COMODATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-09-20

Corresponde hacer lugar a la apelación deducida en contra de la resolución del a-quo que difirió la regulación de honorarios del apelante para cuando se proporcione base para ello, ya que la acción deducida, deriva de una cesación de comodato, y en atención a que su ejecución -lanzamiento- no produce prima facie una ventaja dineraria al ejecutante, debe, en consecuencia el inferior, proceder a regular los honorarios aplicando las pautas contenidas en los art. 6 Y 8 de la ley 3.956, De aranceles profesionales.
Incidente de nulidad, recurso de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: URIARTE CARMEN ROSARIO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA s/ INCIDENTE DE HOMOLOGACION DE CONV. DE HONORAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

La doctrina jurisprudencial moderna es prácticamente uniforme:

el incidente de nulidad no es la vía apta para enmendar las irregularidades intrínsecas del fallo susceptibles únicamente del recurso de nulidad, comprendido en el de apelación. Dicho incidente sólo procede con relación a los vicios formales que precedieron a la resolución (sean estos actos, omisiones o irregularidades), más no es remedio para provocar una instancia de revisión relativamente a los vicios formales de la sentencia, cuya solución debe ser buscada a través del recurso de nulidad o, en su caso, mediante la apelación del art. 14, Ley 48. De tal modo, quedan claramente delimitados los diferentes campos de esos institutos jurídico-procesales:

a) el incidente de nulidad procede respecto de vicios formales que preceden a la sentencia; y b) el recurso de nulidad, sólo con referencia a los vicios formales integrantes del decisorio.
Contrato de suministros, recepción de la mercadería
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa de Electricidad General Balcarce Ltda. c/ Provincia de Buenos Aires -DEBA- s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Cuando las normas del pliego de bases y condiciones contemplan la necesidad de la entrega total de los elementos requeridos, debe entenderse que dicha oportunidad coincide con la última de las recepciones que pudieran revestir el carácter de parciales. Ello por cuanto recién con ésta se brinda cumplimiento definitivo de la prestación acordada.
Venta de bebidas alcohólicas, prohibición de venta a menores, competencia contravencional, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: A, L. A. s/ Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-24

La normativa aplicable en el ámbito de la Ciudad, respecto al suministro de alcohol a menores, es la consagrada en el artículo 51 de la Ley Nro. 10; por ende, resulta juez natural de la causa el juez contravencional y no, como afirma el a quo, el juez correccional. Y así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la Competencia Nro. 850.XXXVI in re "Irala Jara, Alba Rosa s/art. 51", resuelta el 17/4/2001 (Fallos: 324:1307), respecto de una cuestión idéntica a la que se debate en el sub lite, atribuyendo la competencia a la Justicia Contravencional. (Del voto de la Dra. Robledo)
Accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calvo, Julio c/ Garcia, M. y Giambrone, C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

La presunción de culpabilidad del embistente no es indestructible, de suerte que el interesado en desvirtuarla puede eximirse total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la exclusiva o concurrente culpa del otro protagonista (arts.375 Cód.Proc. y 1111 Cód.Civil).-
Sistema de gobierno, sistema republicano, ingreso a la función pública, idoneidad para la función
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara  de Diputados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

De la Ley Fundamental se deriva un reproche ético para toda persona que infrinja la ética republicana, pues se entiende que las conductas prohibidas por el art. 29 de la Constitución Nacional no resultan valiosas para el programa constitucional, ese reproche abarca no sólo al autor del delito previsto por dicha cláusula, sino también para aquél que operó con un alto grado de responsabilidad en el marco de esa organización de poder estatal que se originó en la asunción de la suma del poder público, dado que los actos realizados por estas personas en ese contexto institucional de poder de facto, también implican el ejercicio de esas facultades extraordinarias vedadas constitucionalmente (Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y Enrique Santiago Petracchi). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Excepciones procesales, cosa juzgada, omisión de considerar cuestión propuesta, empleo público, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Dicelio, Silvia Marta c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Dicelio, Silvia Marta c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

Para saber si existe o no cosa juzgada, la ley exige una indagación y estudio de todos los elementos que comprendan las dos contiendas. Esto es especialmente así cuando es declarada de oficio, porque con ello, precisamente, se disminuye el debate en perjuicio de ese "examen integral". (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Competencia, competencia federal, competencia por la materia, cuestión federal, Banco Hipotecario Nacional, Derecho administrativo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Noailles Durrieu, Bárbara María c/ Noailles, Luis Vicente y otros s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Si el estudio y dilucidación de la causa remite directa e inmediatamente a la consideración de temas reglados por el derecho administrativo, naturaleza que revisten las normas que regulan la actividad del Banco Hipotecario Nacional en el ejercicio de las funciones que le competen como administrador y ejecutor de la operatoria de créditos para la adquisición de inmuebles, el juicio puede considerarse comprendido entre las causas contenciosoadministrativas a que se refiere el art. 45, inc. a) de la ley 13.998, no obstando a ello la circunstancia de que también se tengan que aplicar institutos de derecho común para la solución del caso.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Burgos, Enrique Ernesto s/ Violación calificada, robo agravado Ballesteros, Enrique Daniel; Décima, Agustín Humberto s/ Robo calificado Godoy, Marcelo Alejandro s/ Robo y privación ilegal de la libertad Figueroa, Ercio Rodolfo; Ruiz Guadalupe, Dante Rubén s/ Robo simple Ortiz, Oscar Antonio s/ Robo en grado de tentativa Chara, Américo Lucio y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-21|1997-04-22|1998-08-25|1999-08-10|2000-04-12|2000-12-13

Para tomar posición por una u otra corriente -la subjetiva o la objetiva- lo que en puridad de verdad hay que dilucidar es cuál es el fundamento de la agravante a que se refiere el artículo 166 inc. 2º del Código Penal. En definitiva lo que se necesita saber es si la norma de referencia tiene en miras el peligro o riesgo para la víctima (tesis objetiva) o la disminución de la potestad defensiva que a ésta le produce la situación apuntada (tesis subjetiva). No cabe duda que la razón de esta contundente tipificación, es el poder intimidante. Téngase en cuenta que el citado ordenamiento habla de "armas" sin ningún aditamento, además, un revólver descargado, o con proyectiles ineptos, puede ser utilizada como arma impropia, lo que sin duda influye en el ánimo del sujeto pasivo, facilitando la comisión del delito al ofrecer menor resistencia. La postura expuesta no deja de ser "objetiva" en tanto asume estrictamente lo señalado por la ley al considerar como agravante la sola circunstancia de que se trate de un "arma", sin más, sea o no sea de fuego, esté cargada o descargada, funcionando o inutilizada. No puede decirse que el arma de fuego descargada o inútil, no es arma, del mismo modo que no es posible acotar que un automóvil sin combustible, o sin ruedas, no es un automóvil, aunque mal pueda en esas condiciones cumplir su función de transporte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasa de justicia, hecho imponible, obligación tributaria
Materia: CIVIL
Carátula: Esterzi, Angela María s/ Sucesorio testamentario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-27

En relación a la tasa de justicia, la obligación fiscal nace por la sola existencia del hecho imponible, o sea, de la situación jurídica prevista en la ley fiscal y no por un acto administrativo del fisco, tendiente a la determinación o aplicación concreta del tributo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Bozzo, Jorge Alberto c/ Darex S.A.I.C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no logra conmover las conclusiones decisivas sobre las que se asienta el pronunciamiento objetado.
Derechos humanos, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: ROJAS, VICTOR NICOLAS SEBASTIAN PEDRAZA c/  s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-22

Es necesario recordar que la prisión preventiva constituye una excepción a la regla de libertad que no colisiona con el bloque constitucional siempre que con su dictado se persigan fines estrictamente procesales y partan de parámetros de esa naturaleza que las tornen idóneas, necesarias y proporcionales a los perjuicios que se pretenden soslayar.

Es así que sólo proceden si persiguen evitar daños al proceso, sea por peligro de obstaculización a la investigación o de fuga del imputado.	En esos términos, que en definitiva supeditan la validez de las medidas a un examen de razonabilidad que debe efectuarse en cada caso concreto, la restricción cautelar de la libertad es incluso reconocida tanto por el plexo constitucional como legal aplicable (arts. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 7.3 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 19 de la Const. Prov.; 1° inc. d), 368, 386 ss y cc del C.P.P.).
Indemnización tarifada, multa laboral, interpretación y aplicación de la ley, indemnización por despido, reducción de la multa, defensa en juicio, Constitución Nacional
Materia: LABORAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Chaparro, Santiago Nicolás  c/ Frigorífico de Aves Soychú S.A.  s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-07

La sanción bajo estudio debe ser aplicada sin más a los casos de despidos sin causa -pues generan desde dicho momento la obligación de pago de la indemnización-; como también en las situaciones de despidos directos con causa no acreditadas en juicio pero sin debate judicial serio en tal sentido, de igual forma que a los despidos indirectos justificados, en los cuales la accionada no opusiera defensas fundadas o razonables que ameriten el mismo debate indicado, y que por ende solo traslucen una conducta o ánimo dilatorio en el pago de las indemnizaciones respectivas. Ahora bien, en los casos donde existe un razonable y fundado debate judicial propuesto por la demandada (como entiendo sucede en este caso), la sanción debe ser aplicada con cierta prudencia -cuando no corresponde su eximición misma como propongo en este caso puntual-, por cuanto su aplicación indiscriminada y por el solo hecho de ser injustificado el despido del demandante, resultaría limitativa para el empleador del legítimo derecho de defensa en juicio -art. 18 CN-, pues debería de lo contrario, de abstenerse de oponer defensas y someter la cuestión a la consideración de los jueces, (pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema), frente al riesgo de que se incrementen sin más, las indemnizaciones correspondientes (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Banco central, facultades del banco, poder de policía, policía bancaria y financiera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco Alas Cooperativo Limitado (en liquidación) y otros c/ Banco Central de la República Argentina. Resol. 154/94
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

En general, se ha admitido la delegación en el Banco Central de la República Argentina del llamado "poder de policía bancario o financiero", con mayor intensidad en las últimas décadas, con las consiguientes atribuciones para aplicar el régimen legal específico:

dictar normas reglamentarias que lo complementen, ejercer funciones de fiscalización de las entidades bancarias y aplicar sanciones por transgresiones a dicho régimen. Nuestro Alto Tribunal ha fundamentado la compatibilidad de esa delegación con la Ley Fundamental, declarando que "las razones de bien público y de necesario gobierno a que responde la legislación financiera, en cuanto reguladora y ordenadora de la actividad bancaria, encuentran base normativa en las cláusulas del art. 67, incs. 5, 16 y 28 (actual art. 75, incisos 6, 18 y 32 de la Constitución" (Fallos:

256:241, 366; 303:1776, L.L. 1982-A, 503; 310:203).
Remuneración, pago
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Medrano, Lastenia Daniela c/ C.J.P.E.R. s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-09-30

La actora interpuso demanda de amparo a los fines de que se declara la inconstitucionalidad del Decreto Nro. 2033/02 MHOSP y se le abonen los haberes jubilatorios como beneficiaria del régimen de las amas de casa -Ley 8107-. Conforme lo dispuesto en el art. 1 del Decreto Nro. 1033/86 MEOSP, el pago de los haberes mensuales de los agentes públicos se debe llevar obligatoriamente a cabo el último día hábil del mes calendario. El art. 2 estableció como excepción que cuando las circunstancias singulares determinaran la necesidad de fijar una fecha especial para el pago de los haberes, debiendo en tal caso el Poder Ejecutivo dictar el pertinente decreto. Al tiempo de comenzar la vigencia del Decreto 2033, ya se había generado para la demandante el derecho subjetivo, incorporado a su patrimonio, de percibir los haberes reclamados por imperio del art. 1 del decreto 1033. Ese derecho no puede entenderse suprimido por un acto administrativo que tardíamente estableció una excepción a la normativa aplicable. Teniendo en cuenta que los efectos del acto administrativo se producen a partir de su publicación, no puede el mismo ser invocado para alterar hechos y situaciones consolidadas con anterioridad a su emisión.
Recusación, recusación por interés en el proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Pastore, María c/ P. E. N. ley 25.561 dtos. 1570/01 214/02 s/ amparo s/ ley 25.561
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

No puede decirse que exista interés en las resultas del pleito por haber suscripto la promulgación de una ley discutida en la causa, así como no existe interés ni opinión comprometida por haber resuelto otros análogos, dado que las leyes son aplicadas con arreglo a las peculiaridades del caso sometido a la decisión judicial. -Del precedente "Dolz" al que remitió la Corte Suprema-.
Acción de amparo, mandamiento de ejecución, astreintes
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ, JOSE SIXTO; JIMENEZ, SEGUNDO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-09

Dado que la Municipalidad demandada, ha cumplido con el "mandamus" impuesto por la sentencia al abonar a los amparistas la bonificación por riesgo de vida de perfecta equivalencia primaria al hecho objeto de la litis, se advierte que la medida administrativa ha preservado sin mengua la masa salarial con lo cual no se verifica en la conducta de la misma, la injuria y negligencia alegada que permitan la aplicación de astreintes.-
Beneficio de litigar sin gastos, defensa en juicio, acceso a la justicia
Materia: PENAL
Carátula: HERRERA, Miguel Ángel c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-15

Si bien la resolución que no hace lugar al beneficio de litigar sin gastos no es la sentencia definitiva de la causa lo cierto es que, de los fundamentos expuestos en el recurso de casación, surge que el recurrente explicó suficientemente el perjuicio que le irroga la resolución recurrida, que podría ser de imposible reparación ulterior, en tanto se encontraban afectados el derecho de defensa en juicio y el derecho a acceder a la tutela judicial en igualdad de condiciones toda vez que implicaba una privación de justicia en una clara situación de vulnerabilidad.
Indemnización por muerte del trabajador, acción civil por accidente de trabajo, valor vida, beneficiarios de la indemnización civil, herederos forzosos
Materia: LABORAL
Carátula: ESPINOLA DE AMARILLA, MARIA ANGELICA c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-29

El hecho de que el trabajador haya perdido la vida no constituye un daño sufrido por este que sus derechohabientes puedan percibir en razón de su vocación hereditaria siendo, en cambio, resarcible el daño indirecto que ellos sufrieron por la supresión de ingresos aportados por el dependiente para el mantenimiento del hogar.
Competencia, competencia por el territorio, juez previniente, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Huck, Fernando Alberto s/ estafa en tentativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

Si de los elementos de convicción reunidos en el expediente no surge el lugar en el que se produjo la entrega del documento, sin que de las pruebas reunidas pueda considerarse por tal el lugar donde éste fue depositado para su cobro, corresponde al juzgado preventor profundizar la investigación, en punto a determinar dónde, cuándo, en qué concepto y en que circunstancias el cartular fue entregado.
Testigos, idoneidad del testigo
Materia: PROCESAL
Carátula: H., E. c/ D. P. S.R.L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-27

No basta con impugnar la idoneidad del testigo sino que las tachas deben probarse en la instancia de origen.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rada s.c. c/ Pcia. de Bs. As. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

Cuando la resolución ministerial aprueba la tabla de costos origen y la tabla de valores provisorios de índices para un mes en especial y por otra parte establece que las ofertas deberán tomar como base la tabla de costos origen, no es admisible luego pretender que para el cálculo de la variación se tomen en cuenta los precios del mes de ejecución y los de la tabla de valores provisorios de licitación pues los precios en su base estan fijados o en la tabla de costos de origen o deben ser fijados por el oferente conforme su costo comercial (res. 114/80 m.o.p. 4, 4.1., 6.1., reguladora régimen de variaciones, ley 6021, modif. 8781, dec. 5488/79, mod. 1329/78).
Contrato de trabajo, fletero
Materia: LABORAL
Carátula: TREVERSET, ADOLFO ANTONIO c/ TRANSPORTES SANCHEZ  S.A.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-14

El hecho de que el fletero se encuentre afiliado en la Caja Nacional de Trabajadores Autónomos no es por sí, nota tipificante de la existencia de un trabajo autónomo. (Conforme C.N.A.T. Sala VIII, 13 de septiembre de 1984, 'Sosa, Juan María c/ Cunnington S.A ', D.T. 1984-B 1822).
IVA, evasión fiscal, período fiscal de liquidación, cómputo del plazo
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: FERROCCHIO, ROBERTO s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 947
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-12

En definitiva, si bien la ley que establece el impuesto al valor agregado contempla el pago por mes calendario, obliga, como vimos, a presentar una declaración jurada anual ante el fisco.

Es este lapso -el de un año- el que debe entenderse como el aludido por el ordenamiento legal, en cuanto a la referida evasión durante un ejercicio o período fiscal, cuando se trate del impuesto de mención.

Por otra parte, el período de un año es el que deben observar los administradores de las sociedades por acciones para presentar los estados contables a consideración de los accionistas (conf. Art.

62 de la ley 19.550), Por lo que no es pertinente interpretar otro término -como "período o ejercicio fiscal"- que no sea el anual. (Voto del Dr. Mitchell).