Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-12-23


AUTOS 108096 (C.C.Nº20417) DEL Juzgado Contencioso Administrativo, CARATULADOS: "ROSALES Juan Domingo C/Municipalidad de San Martin - Amparo por Mora".- PROTOCOLIZADO:L. de Autos -Año 2009- del Tº IV- Fº55/57.- San Juan, 23 de diciembre de 2009.- VISTO: Estos autos Nº 20417, caratulados "ROSALES JUAN DOMINGO C/MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN - AMPARO POR MORA", para resolver el recurso de apelación deducido en subsidio del de reposición contra el decreto de fs. 31, concedido por resolución de fs. 34/35.

CONSIDERANDO:

En el aludido decreto de fs. 31 no se hace lugar a la solicitud del amparista de fs. 30 de que se reanude la sanción conminatoria contra la Municipalidad de San Martín que se impone a fs. 26, en atención a que el Decreto nº 85 del Intendente de aquel Departamento (fs. 28) no se pronuncia sobre el reclamo de diferencias salariales que fuera planteado en los Expedientes Administrativos respecto de los cuales se libró la orden de pronto despacho, expidiéndose sólo sobre la petición de reescalafonamiento. Expresa el a-quo para fundar la denegatoria, que "con el dictado de la Resolución Nº 85 de fecha 10/6/09 (ver fs. 28), pronunciada en el marco de los Expedientes Administrativos 1071/R/02, 7540/R/05 y 1913/S/08 -tal como se desprende de las constancias de fs. 27- queda agotado el objeto de la presente acción, excediendo de su marco jurídico la pretensión del amparista que se reanude la imposición de astreintes por sostener que la Administración requerida no resolvió la totalidad de sus postulaciones". Agrega que ello es sin perjuicio de que el administrado deduzca en sede administrativa las recursos o remedios que estime corresponder.

La actora se alza contra el referido decreto, por entender que en el caso la sentencia no se encuentra cumplida y aquél desconoce la verdadera finalidad del instituto del amparo por mora, cual es obtener un pronunciamiento positivo de la administración por oposición al silencio. Agrega que la remisión a la vía administrativa contenida en el decreto recurrido, lo obliga a interponer dos demandas con identidad de objeto y transitar el mismo camino por el viene desde hace diez años.

Sobre el amparo por mora este tribunal tiene dicho que "Cabe recordar: a) que todo administrado tiene derecho a que sus peticiones ante la Administración se resuelvan mediante una decisión expresa. Ello está implícito en el derecho constitucional de peticionar y surge también de la propia Ley de Procedimiento Administrativo al reconocer el derecho a una decisión fundada (art. 1, f, 3) y al fijar el deber correlativo de la Administración para que decida (art. 3, 7, c, etc.). Además este deber es de la naturaleza de la Administración (cf. L.S. 1990 - II - 226/235); y b) que ante la falta de decisión expresa de la Administración el administrado tiene, entre otras alternativas, la de obligarla judicialmente a que decida mediante el amparo por mora (art. 22 y 23 de la ley 3784). "Este instituto no es otra cosa que una orden judicial de pronto despacho de las actuaciones administrativas. Por medio de él se posibilita que quien sea parte en el procedimiento administrativo acuda a la vía judicial, a fin de que se emplace a la administración a que cumpla con su cometido: decidir las cuestiones sometidas a su resolución, el un plazo que el juez fije. La decisión final de éste no puede ser otra que "despache la Administración las actuaciones en forma expresa", no pudiendo ampararse esta última en el "silencio", pretendiendo que decidió el asunto en esa forma" (Cfr. Hutchinson, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (19549), Tº I, pag. 510). También se puede agregar que el amparo por mora no es propiamente un proceso judicial (juicio) ni el marco para debatir el fondo de la pretensión articulada en el trámite cuya mora se trata de subsanar (cfr. L.A. 1997 - II - 334/335)" (L.S. 2009, Tº I, Fº 110/111).

En consecuencia, se coincide con la a-quo en que el objeto del amparo queda satisfecho con el dictado de la resolución pertinente por parte de la Administración, con independencia de la forma en que resuelva la pretensión que estaba pendiente de resolución. Esto así, porque lo que se quiere es solamente una resolución positiva o expresa sobre lo que estaba pedido y pendiente. Sin embargo no se coincide con la a-quo que en el caso y con el dictado del Decreto Municipal Nº 85 (fs. 28) haya quedado agotado el objeto del amparo por mora, y no se coincide porque resolver sólo sobre una de las cuestiones pendientes (reencasillamiento) y no sobre todas (reencasillamiento y pago de diferencia salariales) es no resolver sobre la última cuestión con lo cual el actor respecto de ella queda como al principio y burlado el fin del amparo por mora.

Por lo dicho corresponde admitir el recurso propuesto, revocar del decreto de fs. 31 y su confirmatorio de fs. 34/35 y disponer hacer lugar a la reanudación de sanciones conminatorias (astreintes) solicitadas por la actora a fs. 30 hasta que la Municipalidad de San Martín se pronuncie sobre la totalidad de las pretensiones pendientes promovidas por el actor en los Expedientes Administrativos mencionados en la Comunicación Nº 033 de fs. 27.

Costas de alzada en el orden causado porque la decisión recurrida no se produjo a instancia de la Municipalidad de San Martín, quien tampoco resistió el recurso.

Por todo ello, SE RESUELVE:

I- Hacer lugar al recurso de apelación concedido por resolución de fs. 34/35 contra el decreto de fs. 31 de fecha 12 de agosto de 2009, que se revoca, disponiendo en su lugar acoger el pedido de reanudación de sanciones conminatorias (astreintes) solicitadas por la actora a fs. 30 a la Municipalidad de San Martín hasta que se pronuncie sobre la totalidad de las pretensiones promovidas por el actor en los Expedientes Administrativos Nº 1071/R/02, 7540/R/05 y 1913/S/08 que se mencionan el la Comunicación Nº 033 de fs. 27.

II- Imponer las costas de alzada en el orden causado, regulando los honorarios de la Dra. Cecilia Mut Russo en la suma de Pesos: Ciento cincuenta ($ 150).

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.