Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-06


RAWSON, 6 de Febrero de 2007.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "E. I. J. c/Provincia del Chubut s/ Sumario (Daños y Perjuicios) (Expte.20.668E2.006).

DE LOS QUE RESULTA:

Que por los mismos, a fs. 118/123 vta. la Sra. J. I. E., con domicilio real en la Provincia de Córdoba, a través de su apoderado, intenta Demanda sumaria por daños y perjuicios contra la Provincia del Chubut, ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Comodoro Rivadavia.

Reclama la suma de Pesos ciento noventa y cuatro mil ciento veintisiete con cuarenta y cuatro centavos ($194.127,44.) y lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse en autos, en concepto de daño patrimonial y daño moral.

Relata que el día 24 de Junio de 2.003, personal de Gendarmería Nacional procedió a la detención de un vehículo de su propiedad que realiza transporte de carga hacia diferentes lugares del ///país por presunta infracción a la Ley Nacional N° 24.051 "por no contar con el correspondiente Manifiesto, identificación como transporte de sustancias peligrosas del vehículo y carga, licencia especial para operar unidades de transporte de sustancias peligrosas".

Aclara que ello ocurrió en oportunidad que el mismo era conducido por el Sr. S. E. C. por la Ruta Nacional Nº 3 a la altura del Bº N. R. P. de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Refiere que se dio intervención inmediata a la Dirección General Provincial de Protección Ambiental, siendo en ese momento su Directora la Ing. J. O., informándole en "la nota de remisión" que se le hacía entrega de las actuaciones, vehículo y semiremolque a la Ing. B. P., Profesional de la Delegación de Comodoro Rivadavia, informándole que estos dos últimos quedaban en la Subunidad hasta tanto la Dirección determinara un lugar apropiado o su destino.

Manifiesta que también intervino la Subsecretaría de Medio Ambiente del Municipio de Comodoro Rivadavia a través de sus dependientes, los Sres. R. A. y E. E., labrando las Actas Nº 706, 707 y 708 adjuntas a fs. 48/50 por presunta infracción a la Ordenanza Nº 7.002/00.

Aduce que de ese modo, el camión permaneció retenido bajo la responsabilidad Dirección General de Protección Ambiental, decisión ésta ilegal acusa por no estar prevista como sanción en esa Ordenanza el secuestro del rodado, pues la no inscripción en tiempo y forma como ///generador de residuos peligrosos es una contravención entiende que se pena con apercibimiento y multa. Y aclara que asimismo, la Ley N° 24.051 invocada por Gendarmería prevé otras sanciones las enumera pero no dicho secuestro o retención.

Advierte la accionante que teniendo su domicilio en Córdoba, a miles de kilómetros del lugar donde sucedían los hechos, no estando previsto el incidente y no contando con dinero suficiente para permanecer en el lugar, el Sr. C. era la única persona de confianza, y le encomendó hacer lo posible por recuperar el camión y regresarlo a los efectos de cumplir con los compromisos de transporte asumidos.

Recuerda que esa persona el día 27 de Junio de 2.003 remitió CD .......... adjunta copia a fs. 53/55 intimando a la devolución del camión a la Dirección General de Protección Ambiental, y que ésta le informó por CD Nº........ .. del 4/07/03 que las actuaciones habían sido remitidas a la Unidad de Residuos Peligrosos dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, dándole su número de teléfono. Aduce que nada se dijo sobre los daños y perjuicios ni sobre la detención del vehículo, y que el Sr. C. no tenía dinero para hacer llamadas a larga distancia.

/// Ante tal situación, manifiesta que inició reclamos administrativos y judiciales.

Primero, ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que le informó no haber labrado Acta de Constatación y que le dio intervención al Tribunal de Faltas Nº 3.

Luego ante este último, donde se le informó no haber dispuesto la medida de restricción y/o secuestro del vehículo, indicándole que debía accionar contra la Dirección de Protección Ambiental.

Que inició un reclamo administrativo ante este último Organismo provincial el 28 de Agosto de 2.003, solicitando la restitución del camión y el semiremolque. Refiere que se le respondió por CD N°.......... el 10 de septiembre siguiente, que el Acta de Infracción había sido labrada por Gendarmería Nacional, no por esa Dirección, que no se mantenía convenio con aquélla, y que se habían girado las actuaciones a la Unidad de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, por lo que se declaraba incompetente para entender en tal reclamo administrativo.

Que además interpuso una Medida Autosatisfactiva: "E.... c/Dirección General de Protección Ambiental..." (Expte.N°949/2003) ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de ///Comodoro Rivadavia, y que de esas actuaciones se desprende, por una contestación efectuada por Gendarmería Nacional, que el rodado fue retenido por esa Delegación por infracción a la Ley N° 24.051, dándole posterior intervención al Juzgado de Instrucción N°2 a cargo del Dr. Herrera.

Que éste concluyó en que se trataba de una infracción y no de un delito penal, por lo que dio intervención a "Medio Ambiente" de la Provincia en la persona de la Ing. P., en representación de la Dirección de Protección Ambiental en Comodoro Rivadavia. Aduce que el Jefe de la Seccional de Gendarmería en esa ciudad afirmó que la Ing. J. O. se comunicó telefónicamente solicitando la guarda de la carga y del vehículo por no contar con un lugar para tal fin.

Recuerda que esa fuerza nacional le informó "en la nota de remisión" que tanto el camión como el semiremolque quedaban en esa Subunidad sólo hasta tanto la Dirección determinara un lugar apropiado o su destino, dejando constancia de la entrega de las actuaciones y esos bienes a la Ing. P. de la Delegación Comodoro Rivadavia.

Transcribe parte de una respuesta de la nombrada funcionaria por Nota N° 813/DGPA/2003 (adjunta copia a fs.103). También acompaña Sentencia Juzgado Federal (a fs. 45/46 vta.) y Acta de Restitución Rodado (a fs. 18).

Finalmente atribuye responsabilidad al Estado Provincial en virtud de la que le cabe entiende a la "Dirección General de Protección Ambiental". A fs. 120 y vta. se la endilga por ser el ///órgano competente para la aplicación de la Ley N° 3.742, conforme su art. 2, y aclara como fundamento de su pretensión que "desde el día 25 de Junio de 2.003 fecha en que Gendarmería Nacional remite todas las actuaciones y hasta tanto el Juez Federal el día 30 de Enero de 2.004 dicta sentencia ordenando la devolución del camión quien tuvo la responsabilidad sobre el mismo fue la Dirección General de Protección Ambiental".

Funda la responsabilidad del organismo en una afectación a su derecho de propiedad art. 17 CN y derechos individuales reconocidos por la misma Carta en sus arts. 14, 28 y 75 inc. 22 destaca el derecho de trabajar y de ejercer industria lícita y su derecho a una indemnización en sus arts. 14, 19 y 28. Alude que en el caso de autos, el "acto emana de la actuación de funcionarios públicos ... que representan la voluntad del Estado".

A fs. 216/222 se presenta la demandada Provincia del Chubut y opone excepción de incompetencia, manifestando que la misma es la originaria y exclusiva de este Superior Tribunal de Justicia, en virtud de lo normado por el art. 32, inc. 3, de la Ley 37.

Ello, desde que se ha cuestionado la actuación del Estado Provincial en el ámbito del Derecho Público Provincial, de índole "administrativa" se apoya en doctrina desde que interpreta se le imputa a la Dirección de Protección Ambiental la "retención" irregular del vehículo por haber obrado sin facultades.

Afirma que no empece a la competencia invocada que la endilgada sea la responsabilidad extracontractual del Estado, aunque no se aclare, ni que corresponda dirimir la cuestión ///acudiendo a normas del derecho privado en forma subsidiaria. Estima que la jurisprudencia de este Cuerpo es pacífica y cita un fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en autos "S. G. S.A...".

Plantea como cuestión subsidiaria la falta de reclamo administrativo previo en los términos del art. 138 del Dto.Ley 920, para el caso que se considere que se trata de un caso de responsabilidad del Estado Provincial en el ámbito del derecho privado.

En el punto V del responde opone como defensa la Falta de Jurisdicción para el caso que prospere la excepción de incompetencia. Aduce que la pretensión concreta demanda que se declare la ilegalidad o ilegitimidad de lo actuado por el Estado Provincial o su omisión, como presupuesto para que el Tribunal pueda entrar a considerar la eventual responsabilidad estatal.

Interpreta que la demanda debió contener como pretensión concreta y expresa la revocación o anulación del acto administrativo "que dispuso (si es que existe)" la retención o detención del vehículo o también la omisión en disponer su liberación.

Desde que no se planteó la misma, ello obsta intelige la procedencia de la demanda, cualquiera fuera el Tribunal competente; pues es menester "la declaración" como presupuesto de procedencia ///de la acción intentada, que no puede ser resuelta de oficio. Se apoya en jurisprudencia de este Cuerpo.

Asimismo plantea como defensa de fondo "por no ser manifiesta"aclara la Falta de Legitimación Pasiva, y remite a lo desarrollado en el capítulo VIIB de la Contestación de demanda (fs.219/220) donde relata los hechos. Sostiene que la detención y retención del vehículo se produjo en un procedimiento efectuado por Gendarmería Nacional en la intersección de la Ruta Nacional N° 3 y la Ruta Provincial N° 39, por presunta violación a la Ley 24.051 y la Ordenanza N° 70/02; y que en ese mismo acto se dio intervención a la autoridad municipal en materia de medio ambiente, labrándose Acta de Intervención N° 685 del 23/06/03 (agregada a fs.132 y vta. acta sin número de esa fecha) y al día siguiente se tomaron muestras de la mercadería transportada (a fs. 133 Acta de Apertura).

Refiere que de allí en más, el vehículo quedó retenido en dependencias y bajo jurisdicción de la Gendarmería Nacional, girándose las actuaciones "a distintos organismos". Que actuó la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el Juzgado de Faltas y la Dirección de Protección Ambiental.

Y que "las actuaciones finalizaron en dependencias de la autoridad nacional (la Unidad Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) por ser la competente en la materia por tratarse de un transporte ///interjurisdiccional (provincial)" en tanto la mercadería tenía como destino final la ciudad de Córdoba.

Aclara que aún cuando en el acta del 23/06/03 se expresa que la unidad automotor quedó secuestrada por el Juez de Instrucción en turno, no consta en las actuaciones orden alguna en tal sentido, ni que haya intervenido ese Tribunal.

Aduce que la autoridad provincial Dirección General de Protección Ambiental, no impartió orden alguna para que el vehículo en cuestión fuera secuestrado y retenido "siendo evidente que carecía de facultades para ello".

Acusa que el autor o responsable del secuestro y ulterior retención del rodado y "el semi" es la Gendarmería Nacional, aclarando que entre ésta y la autoridad provincial no existe convenio de cooperación mutua. Sostiene que esta fuerza es la responsable, por lo que carece de legitimación para imputar el daño al Estado Provincial y demandarlo.

Insiste en que la detención del vehículo o "su no liberación" no fue ordenada por ningún funcionario provincial o por el que el que el Estado Provincial tenga que responder aclara "siendo evidente la falta de legitimación pasiva", y sostiene que no existe norma legal alguna de la que se derive la responsabilidad de la Provincia.

/// Advierte que la liberación de la unidad fue dispuesta por el Juzgado Federal con asiento en esa ciudad de Comodoro Rivadavia por fallo del 30/01/04, dictado en autos: "E....c/Dirección de Protección Ambiental" (Expte. N°43.726). Entiende que ello evidencia que el rodado luego de su secuestro quedó a disposición de la autoridad nacional, de lo contrario dice debió ser ordenada por la justicia o funcionario Provincial.

Sostiene que no hay "autoría del hecho" en cabeza de ningún funcionario de la provincia por el que tenga la accionada el deber legal de responder. Concluye que entre el daño invocado y la actuación de los funcionarios u órganos provinciales no hay nexo causal, porque la detención y retención no fue ordenada por funcionario provincial ninguno, ni tampoco la Gendarmería Nacional actuó en cumplimiento de orden emanada de autoridad de la Provincia, siendo que además "carece de competencia (a falta de convenio de cooperación)" para dar órdenes a la fuerza de seguridad de la Nación.

Acompaña copia certificada del Expte. Adm. N° 4227/03Ministerio de la Producción: "Dirección General de Protección Ambiental s/detención de un vehículo, por presunta infracción a la Ley de Residuos Peligrosos" (agregado a fs. 130/208).

Corrido traslado de rito, la actora solicita que se rechace dicha excepción, con fundamento en el art. 1112 del CC. Aduce que la responsabilidad por el dependiente es de derecho privado y no ///administrativo público; que el acto así se encuadra, pues se trata de una decisión unilateral de la Sra. B. P. y de la Sra. J. O. "esta última telefónicamente" conforme acredita con la documentación agregada en autos, por lo que no se trata de un acto administrativo de Derecho Público.

Dice que basta remitirse a las respuestas de oficios por parte de Nación y que Medio Ambiente de la Nación y de la Provincia han reconocido no tener facultades para secuestrar ni que impartieran orden alguna. Resalta que la propia demandada confirma las consideraciones suyas: que la detención del vehículo no fue ordenada por ningún funcionario provincial.

Y aclara que se produjo la relación de hechos que genera responsabilidad de la Provincia por el art. 1.112 CC en razón de que la Sra. P. es funcionaria provincial y dependiente de la DGPA de esa ciudad, ha recibido de GN bajo su firma y en depósito "el tractor y semiremolque con la carga, sea por negligencia, error de hecho o de derecho...".

Respecto de la Falta de Legitimación Pasiva opuesta, la accionante sostiene que debe ser diferida su tratamiento hasta tanto se ordene la producción de pruebas y se dicte sentencia, pues se acompaña a la demanda documentación que acredita "la entrega del bien secuestrado ilegítimamente de la GN a la Sra. B. P. (empleada de la Dirección General de Protección Ambiental)"; y que lo contrario deberá demostrar la demandada estima porque de otra ///forma no surge cómo determinar la responsabilidad de partes y por ende, el planteo de excepción.

Corrida vista al Procurador Fiscal de la excepción de incompetencia (fs. 229), se expide a fs. 230, estimando que resulta competente este Superior Tribunal de Justicia en virtud del art. 32 inc. 3° de la Ley 37.

Por Sentencia Interlocutoria Nº 74/06 (fs. 234/235), el Señor Juez resuelve hacer lugar a la excepción. Interpreta con fundamento en esta última norma que la causa resulta de competencia originaria de este Superior Tribunal de Justicia, porque lo es entiende cuando además de intervenir el Estado Provincial o alguna entidad autárquica, la materia está regida por el Derecho Constitucional o Administrativo; y en tanto el objeto de la demanda lo constituye el resarcimiento de daños y perjuicios contra el Estado Provincial, fundado en la responsabilidad de la Dirección de Protección Ambiental por la detención del camión .... ..., se declara incompetente elevando los actuados a éste.

Arribados los autos al Tribunal, pasan al Señor Procurador General, que emite su dictamen a fs. 240 y dice que lo hace atendiendo a la exposición de los hechos que desarrolla en el punto I del mismo al que se remite.

Entiende que es competente este Superior Tribunal para dirimir la causa, que califica como de naturaleza contencioso administrativa, pues importa el juzgamiento ///de una "operación administrativa, presuntamente imputable a la Dirección General de Gestión Ambiental", en cuanto ejerce actividad administrativa. La funda en el art. 32 inc.3 de la Ley 37.

CONSIDERANDO:

Que la doctrina de este Superior Tribunal indica que para discernir la competencia, debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídicoprocesal (S.I. N° 175/90, 79/91, 118/91, 84/95, entre otras), así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, y la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda.

Más allá del derecho que se invoca en el reclamo, el criterio determinante es el del derecho aplicable, habiéndose resuelto que frente a la exposición de los hechos, "el juez debe decidir sobre la competencia con abstracción del régimen normativo alegado" (CNFed. En pleno in re "B. ..." LL 1978C5).

Que en cumplimiento del deber de verificar la propia atribuida por el juez inhibido, analizadas las constancias arrimadas en particular la copia legalizada del Expte. Administrativo N° 4227/MP/03 caratulado: "DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL s/detención de un vehículo, por presunta infracción a la Ley de Residuos Peligrosos" fs. 130/208 ///(muchos de sus folios coinciden con originales y copias traídos por la actora) éstas dan cuenta de que la Gendarmería Nacional autoridad dependiente del Estado Nacional efectuó el procedimiento en la intersección de una ruta provincial y una nacional de detención de un vehículo de su propiedad que realiza transporte de carga hacia diferentes lugares del país, por presunta infracción a la Ley Nacional N° 24.051 según fue glosado, el día 23 de Junio de 2.003.

Del "Acta Circunstanciada de Procedimiento" (a fs. 132 y vta.) emerge que fue la Gendarmería quien retuvo el vehículo en su asiento para peritación de la carga, dándose comunicación al Dr. Herrera, Juez de Instrucción, quien "orientó" a su secuestro, y se menciona que se dio intervención a la Subsecretaría de Medio Ambiente de la ciudad de Comodoro Rivadavia por presunta infracción a la Ordenanza N° 7.002/00 y a la Ley N° 24.051, autoridad que labró un "acta de intervención". La peritación se efectuó el día 24 de Junio.

Por Nota del 25 de Junio siguiente fs. 137 aquella autoridad nacional dio intervención a la Dirección General de Protección Ambiental, por estimar que era competente para intervenir por aplicación de la Ley N° 3742 (prácticamente en forma simultánea al juez de Instrucción) haciéndole entrega en tal "nota de remisión" de "las actuaciones, vehículo y semiremolque" a su Delegada en Comodoro Rivadavia e informándole que ellos quedaban en la "Subunidad pero ///sólo hasta tanto la Dirección determinara un lugar apropiado o cual sería el destino del mismo".

Ante ello, previa consulta legal fs. 138 y vta. la Direción General aludida por estimarse incompetente, gira las actuaciones a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que entiende es la que corresponde intervenir en el caso, el 27 de Junio de 2003 fs. 140. No inicia procedimiento ninguno de infracción en virtud de la norma local Ley N° 3742.

Ante el reclamo por la retención que formula el conductor por Carta Documento el mismo 27 de junio, la Dirección Provincial da cuenta de esa remisión fs.144. La misma respuesta merece el que formalmente la actora efectuó ante el organismo provincial fs. 174175 y vta. 177 y la nota que ante requerimiento judicial responde el Órgano provincial fs. 182 en el que aclara que ante el envío de las actuaciones por causa de incompetencia a la autoridad nacional, no puede disponer o tomar alguna decisión sobre el vehículo cuya "disposición" le fue deferida por la Gendarmería y de estar a lo informado por ésa se encontraba en la subunidad de su asiento porque Protección Ambiental carecía de lugar apto a tal fin, prueba evidente de lo cual es el acta de Restitución fs.18.

/// No consta que la actora haya gestionado en la sede administrativa nacional la devolución. En un informe dirigido a área legal del Ministerio de Salud (aunque refiere a un Oficio Judicial) que luce en el Expte. antes referido a fs. 189 (y 196), la Dirección Nacional de Protección Ambiental (a más de admitir su competencia), manifiesta que "no ha tenido intervención" con la decisión de retener el vehículo, y sugiere "al Juzgado..." remita consulta a la Secretaría de Transporte de la Nación....

Así aunque es claro, la conocía, pues la propia remisión de las actuaciones al Organismo nacional (fs. 144) refiere la carátula del Expediente que da cuenta de la "retención", amén de contener las Actas, y la deferencia de Gendarmería a la Dirección General Provincial de fs. 137.

La restitución del vehículo y el semiremolque, se produce finalmente por orden del Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia copia simple de sentencia a fs. 101/102 vta. y 214/215 vta. Se observa que el Juez Federal interviene luego de declararse incompetente Provincial en lo Civil y Comercial N°1 de Comodoro Rivadavia, ejerciendo su competencia en virtud del art. 2 inc. 4° de la Ley 48 que refiere a "Los Jueces Nacionales de Sección conocerán en primera instancia de las causas siguientes:

4.Todo pleito que se inicie entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del Gobierno Nacional." Consta que en relación con la carga transportada durante el hecho en conflicto se ordenó que sería puesta a disposición del requirente, previo cumplimiento de "la legislación nacional, provincial o municipal, que corresponda según el transporte que ///corresponda realizar, sea éste interjurisdiccional, provincial o municipal...".

Tales los hechos documentados, la Sra. E. demanda a la PROVINCIA DEL CHUBUT en virtud de la responsabilidad que entiende le cabe a la Dirección General de Protección Ambiental según arguye a fs. 120 vta. porque "desde el día 25 de Junio de 2.003 fecha en que Gendarmería Nacional remite todas las actuaciones y hasta tanto el Juez Federal el día 30 de Enero de 2.004 dicta sentencia ordenando la devolución del camión" quien tuvo la responsabilidad sobre el mismo fue ese órgano, y luego, a fs. 120 y vta. se la endilga por ser el competente para la aplicación de la Ley 3.742, conforme su art. 2. A fs. 224/225 vta., insistirá en encuadrarla en el art. 1112 del Código Civil, y aducirá "negligencia, error de hecho o de derecho..." Esto es, y en definitiva, que la actora atribuye responsabilidad a la Provincia por lo actuado por funcionarios dependientes de la Dirección General de Protección Ambiental desde el día posterior al procedimiento efectuado por la Gendarmería Nacional, durante la retención del vehículo y su carga hasta su restitución...al margen de cualquier procedimiento que ese organismo hubiese cumplido... pues no desarrolló ninguno.

/// Retenido y secuestrado por Gendarmería, que le defirió la "disposición" del vehículo por la Ley Provincial N° 3742 que nunca aplicó, la Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia ni siquiera "tuvo" el mismo en depósito o guarda, aunque ante aquélla "deferencia" de "disposición" de Gendarmería Nacional es insistida al restituirlo y varias veces la fuerza solicitó dispusiera su retiro, recibiendo como respuesta la incompetencia. Debe destacarse que el fallo del juez Federal no sindica responsables.

Que este Tribunal ha admitido, que para discernir la competencia en materia de Responsabilidad del Estado, en particular la extracontractual, doctrina y jurisprudencia no han podido establecer reglas rígidas, más aún en situación en que la relación jurídica debatida está sometida en parte al Derecho Administrativo, y en parte al Derecho Civil.

Que la Ley Nº 37 en su art. 32 inc. 3º, acuerda competencia originaria a este Cuerpo en aquellos casos en que además de intervenir el Estado Provincial, o alguna entidad autárquica, la materia del juicio está regida por el Derecho Constitucional y/o Administrativo.

Muchos Códigos en lo ContenciosoAdministrativo, legislación de la que carece esta Provincia, han procurado deslindar las materias y competencias estatuyendo adjetivamente que no son de tal naturaleza los juicios en que se reclame la reparación de daños ocasionados por ///hechos, cosas o agentes de la Administración Pública, cuando no se produzcan por incumplimiento o en relación a una vinculación especial de Derecho Público contractual o reglamentaria establecida entre la Administración y el reclamante ( v.g. Pcias. De Corrientes, Formosa, Buenos Aires Ver Revista de Derecho Público Proceso Administrativo I 20031).

Roberto Enrique LUQUI, historia sobre la dificultad subsistente de determinar en estos casos la competencia, siendo la singularidad de la materia litigiosa la que en cada caso ha de conducir a su establecimiento, bajo la égida de estimar si la cuestión está principalmente o preponderantemente regida por el Derecho Público Constitucional o Administrativo, o bien por el Derecho Privado (Revisión Judicial de la Actividad Administrativa Astrea 2005 págs. 106 a 113, 130 a 133).

Señala el autor, que decidir cuándo predominan las normas de Derecho Público sobre las de Derecho Privado no es un tema simple, y por tanto ésta no es pauta suficiente.

Y para que un litigio sea de competencia contenciosoadministrativa, es preciso que importe el juzgamiento de una operación administrativa, esto es de un acto, conducta, omisión, imputable a la Administración, en cuanto ejerce actividad administrativa. Lo relevante, es la cuestión sustancial y en ///caso de duda, la competencia será del Juez Ordinario por ser residual (Ob.cit. pág.110/112).

Que aún en el marco del ejercicio de funciones administrativas, hay supuestos cuya dirimencia se dará en virtud de normas de derecho común, y la responsabilidad estatal devendrá subjetiva, u objetivamente en el marco del concepto de "falta de servicio", que indefectiblemente de allí la dificultad que se viene señalando se verá teñida de "pública" ante la presencia del sujeto estatal.

No obstante, según se adelantó, en tanto no es el criterio subjetivo el que a juicio de esta Sala y en ausencia de pautas rituales debe dilucidar la cuestión, sino el objetivo dado por los elementos ya descriptos, ha de efectuarse en cada caso un análisis riguroso para desbrozarlos.

De lo contrario se corre el riesgo de so pretexto de la naturaleza del sujeto y la índole de su función, siempre presente estimar que en todos los casos en que se atribuya responsabilidad al Estado, la competencia debe ser contenciosoadministrativa.

Que en el caso es claro, que atentos los hechos que derivan de la relación procesal dada y de las constancias agregadas la responsabilidad pretendida se presenta ajena al Derecho Administrativo.

La conducta endilgada a la demandada en que reposa es un hecho no un acto administrativo que ni la actora ni la Provincia encuentran y aunque tiene relación con un procedimiento de esa naturaleza que lleva a cabo la autoridad nacional, no se da en ///cumplimiento de la función administrativa del órgano provincial Dirección General de Protección Ambiental.

No empece a lo dicho se le haya "puesto a disposición" el bien en consideración a esa función. Lo hace por encomienda, y en un marco de colaboración natural de las autoridades nacionales, provinciales y municipales al objetivo de protección, propósito común, e interés concurrente ínsito en las normativas sobre Residuos Peligrosos.

La supuesta retención "indebida", no deriva del incumplimiento de normas específicas de Derecho Público Provincial que deban analizarse para su discernimiento.

Tampoco el resarcimiento pretendido.

Ninguna de las partes ha aludido a incumplimiento o cumplimiento de norma administrativa determinada para el encuadre del hecho, o de la situación, aunque la actora alude a una "decisión ilegal" o bien a una "omisión" que no hace emerger de ningún deber reglamentario violentado o soslayado que se cite, y la demandada se afana en buscar falta de jurisdicción por algún acto administrativo que se hubiera dictado "si existiere".... Ergo, la cuestión no debe discernirse principalmente en el marco del Derecho Público.

A todo evento la responsabilidad demandada encontrará fuente o no en la circunstancia de que el daño reclamado haya sido ///provocado por los funcionarios del órgano que actuaron en el ámbito del vínculo que se establece con la función asignada, valoradas sus conductas según pautas de razonabilidad que deberán examinarse esencialmente a la luz de las normas civiles que regulan los hechos o actos que sustentan las obligaciones.

Siendo así, sin dejar de considerar que aún cuando en el caso un vecino de otra Provincia es el demandante y el tránsito fue interjurisdiccional, teniendo en cuenta las limitaciones a su propia competencia impuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Barreto..." y "Aguilar..." del 21 de marzo y del 30 de Mayo de 2.006 respectivamente, la del caso es materialmente en la Provincia, la propia del Juez Civil de Comodoro Rivadavia que fue requerido.

Que la competencia "ratione materiae" es de orden público, absoluta e improrrogable y puede ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso (ALSINA Tomo II EDIAR 2° Ed. pág. 514/518 STCH SI N° 24/88, 132/94 y otras). Y desde que corresponde al Juez Civil y Comercial de Comodoro Rivadavia, así debe declararse devolviéndolo en tanto no emitió pronunciamiento de fondo, anulando el fallo de fs. 234/235.

Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;

R E S U E L V E :

1°) DECLARAR LA COMPETENCIA MATERIAL del Juez Civil y Comercial N° 1 de Comodoro Rivadavia para entender en estos autos.

2°) DECLARAR LA NULIDAD del fallo que luce a fs. 234/235.

3) REGÍSTRESE. Remítanse los autos al Juzgado que se declara competente, el que procederá a notificar a las partes de la presente (art. 34 inc. 5 ap. e) CPCC).

Fdo. Dres. ROYER, PASUTTI y CANEO.

Recibida y registrada por Secretaría el 08/02/07 bajo el nro. 4.