Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04


Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I) Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fojas 117 y 121 por los defensores de Juan Carlos Ureta, Joaquín Abentín y José Bartolucci y, el recurso de apelación y nulidad de fojas 119 articulado por la defensa de Luis María Gotelli, contra la resolución del Magistrado actuante que decidiera no hacer lugar: al planteo de inconstitucionalidad del párrafo 4° del artículo 67 del Código Penal, y a la petición de extinción de la acción penal por prescripción......" "II) Como en todo proceso penal, se hallan en juego dos intereses que aunque persiguiendo propósitos diversos, no por ello, deben apreciárselos necesariamente como opuestos, sobre todo en cuanto atañe específicamente el objetivo común de obtener un pronunciamiento jurisdiccional: de una parte, la necesidad de respuesta estatal ante los delitos cometidos, para que no queden impunes. Por la otra, el respeto de los derechos individuales que garantiza la Constitución Nacional.

Tales intereses, materia de evaluación en los casos concretos del poder estatal jurisdiccional, deben confluir ambos en la idea de realización de justicia, de cuyo mandato expreso también se encarga la Constitución Nacional en su preámbulo, al establecer el afianzamiento de aquélla como finalidad.

Aquellos intereses de que hablamos, ínsitos como principios en la Carta Fundamental, se reflejan en las leyes procesales reglamentándolos. De ahí la aseveración de que el Derecho procesal puede ser apreciado como derecho constitucional reformulado (cfr. Maier, Julio B. J., Derecho procesal penal, Tomo I, Fundamentos, Ed. Del Puerto, Bs. As., 1.996, p. 163).

Y así es que se puede afirmar que la finalidad del procedimiento penal en nuestro sistema de enjuiciamiento se rige por el juego dialéctico de un triplo de fines: la averiguación de la verdad, la actuación de la ley penal y la protección de las garantías que les asisten a los sometidos a proceso.

III) Sentado lo que precede, corresponde evaluar si en el presente proceso resulta justificable su duración hasta el momento y legítima su continuación.

Dejando de lado la problemática que rodea al tiempo del encarcelamiento preventivo, no resulta fácil - ni recomendable quizás en este tópico, puesto que no deben soslayarse las características propias de cada caso - establecer una regla abstracta que imponga un límite temporal de duración del proceso a partir del cual se la pueda considerar irrazonable o conduzca sin más a la afirmación de la existencia de una dilación indebida.

Por otra parte, aún teniendo en cuenta el principio de legalidad procesal que fija la necesidad estatal de enjuiciamiento de todos los delitos que a conocimiento del pertinente órgano jurisdiccional llegan, aparece como cuestionable en nuestro contexto constitucional la dedicación de un tiempo sine die a su solución.

Especialmente si se tiene en cuenta la recepción en la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22) de normas concretas en tal sentido (arts. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) En tal dirección, el Código de Procedimientos en Materia Penal establece en su artículo 701 el término de dos años para la completa finalización del caso, exceptuando de tal cómputo los trámites que no dependan de la actividad del Juzgado interviniente.

También el artículo 206 del mismo ordenamiento, al reglar el mandato dirigido al juez instructor en punto a informar los motivos por los cuales no fue concluido el sumario del que se trate, luego de seis meses de su iniciación, está fijando este término como plazo basal para la actividad de la etapa preliminar.

Asimismo, en dicho Código se hallan regulados los plazos de cumplimiento de algunos de los distintos actos procedimentales hasta la finalización del proceso.

Por último, en su artículo 442 el ordenamiento instrumental establece en forma expresa el deber de diligencia del juez interviniente, mandándole a poner todo su empeño para evitar demoras en el desarrollo del sumario y urgir constantemente a las autoridades u otras personas encargadas del diligenciamiento de oficios o exhortos, realización de peritaciones, o cumplimiento de otros trámites, con lo que de algún modo se relativiza la excepción mencionada del artículo 701.

Sentado lo precedentemente expuesto y aunque resulta patente que en el sub caso se han excedido los plazos previstos para el procedimiento, ello no puede pensárselo apriorísticamente como una afectación al derecho a un juicio en un plazo razonable o al derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas.

Estos dos últimos aspectos imponen el respeto a un plazo razonable de juzgamiento que supone un equilibrio entre la realización de toda actividad indispensable para la buena administración de justicia y el tiempo que aquélla demande, que debe ser el más corto posible. La noción de "retardo indebido" es indeterminada y abierta y designa una cierta ruptura de tal equilibrio, pero que no se debe simplemente al no respeto de los plazos, sino que es menester que se encuentre dotada de un contenido preciso en cada caso (cfr. Tribunal Constitucional de España, 1/12/94, 3/1994, p. 243 y 12/11/96, 3/1996, p. 365, citados en Investigaciones, publicación de la Secretaría de Investigación y Derecho Comparado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, T. 3 (1997), pp. 521/522. En este sentido ver asimismo la variada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el análisis relativo al art. 6.1 de la C.E.D.H. en los casos König [28/6/78], Buchholz [6/5/81], Eckle [15/7/82], Foti y otros [10/12/82] y Zimmermann y Steiner [3/7/83], compendiado en el Boletín de Jurisprudencia Constitucional [años 1959-1983], Madrid, Cortes Generales).

Corresponde entonces analizar si en el trámite de la presente causa en la que, como quedara explicado, se han excedido los plazos previstos por el ordenamiento ritual para su finalización los jueces intervinientes han actuado o no con la debida diligencia, siguiendo por motivos meramente pragmáticos el siguiente orden:

a) A la conducta procesal de los imputados y a la actuación de sus defensores técnicos no es dable atribuirles la morosidad de la tramitación. De la lectura del voluminoso expediente no pueden extraerse elementos que permitan responsabilizarlos de ello.

Al respecto, no es evaluable la circunstancia de si han colaborado positivamente o en forma contraria con la averiguación de la verdad, toda vez que sus actividades en tal sentido hallan dentro del margen de libertad que ampara la garantía de defensa así como también el principio "nemo tenetur".

No se ha constatado, de otra parte, que hayan abusado intencionalmente del sistema o hayan ejercido actos de obstrucción deliberada o de mala fe (cfr. al respecto el criterio de distinción efectuado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Giménez", Informe anual..., cit supra). b) En cuanto a lo dificultoso del caso, es indudable que el presente es uno de aquellos que pueden ser calificados de gran complejidad, tanto por la cantidad de hechos objetivados procesalmente, cuanto por el número de personas que fueron implicadas inicialmente.

Pero en especial, por la calidad de los hechos materia de investigación, de índole defraudatoria, que habrían acaecido en el marco del funcionamiento de una importante entidad bancaria y en una época de dificultades económico-financieras de cierta magnitud para la República.

Sin embargo, para el examen que nos convoca, esto es, si la morosidad en el trámite del juicio ha sido o no injustificada y en su caso, si su continuación afecta - o no - garantías individuales relativas al proceso penal, la mera complejidad del litigio no basta por sí para la extracción de conclusiones razonables, sino que ello debe ser evaluado junto a otras circunstancias, tales como el tiempo ordinario de juicios de características similares, la actuación de las autoridades de persecución y los medios a los que se ha tenido acceso.

En esta dirección, la duración de más de trece años de proceso, tiempo que podría calificarse de alarmante para la solución de causas poco complejas e incluso -quizás- para la evaluación de hechos de mediana dificultad, no puede ser considerado de tal modo en la presente en que la complejidad del asunto es excepcionalmente alta, cuantitativa y cualitativamente.

Tan sólo repárese en la cantidad de hechos por los que se ha acusado a los imputados: a Ricardo Gotelli, ochenta y ocho; a Luis María Gotelli, setenta y uno; a Alfredo Lisdero, ciento ochenta y cinco; a Juan Carlos Ureta, ciento veinte, y dos hechos más por Bartolucci y Abentín.

Pero el carácter excepcional con que se puede calificar este proceso podría ser afirmado en la medida en que se evalúe la por cierto descomunal cantidad de hechos materia de la acusación con la calidad de los mismos.

Y sin duda, el tenor de los hechos de la pesquisa avalan la aseveración de excepcional complejidad del asunto.

Se encuentran en la rueda de evaluación las actividades relacionadas con la administración de una persona jurídica, en que, por las características de atomización funcional propias de una entidad de determinada magnitud, se hace dificultosa la apreciación de responsabilidades en el circuito de funcionamiento.

Pero aún aparece como más complejo el asunto cuando se trata -como en este caso concreto- del examen de la administración presuntamente fraudulenta de una importante entidad bancaria, como lo fue el Banco de Italia, en que la aparente dilución de responsabilidades en su funcionamiento en un contexto de emergencia económica, conllevó la necesidad en este proceso de un análisis de los hechos pausado - aunque nunca interrumpido - y de mucha prudencia en la fijación procesal de sujetos, respecto de los que existe alta probabilidad de responsabilidad, tal como lo requiere la etapa procesal en que se encuentra el caso.

Puede sostenerse que la complejidad del asunto es tal que, como se dijo, puede ser caracterizado este caso como excepcional en su comparación con otros de género similar.

c) A pesar de lo dicho precedentemente, se está en condiciones de afirmar que los medios con que se han tenido al alcance para afrontar semejante asunto no han sido proporcionales a su alta complejidad.

Si bien es cierto que han sido designados en la presente causa dos fiscales ad-hoc, ello no puede ser tenido como factor equilibrante, toda vez que su esencial actuación fue la realizada en la formulación de la acusación y el mayor tiempo que fue necesario en este caso para la determinación concreta de hechos y sujetos comprometidos fue la profusa e ininterrumpida actividad instructoria en manos de los distintos jueces intervinientes, sin que en supuesto alguno hayan dejado de atender los otros asuntos sustanciados en sus juzgados.

d) Aunque el trámite de la presente causa lleva un tiempo de duración preocupante, no existen elementos en autos que sugieran la afirmación de que los sucesivos jueces instructores que han intervenido hayan actuado con falta de diligencia.

Sin duda alguna han existido vaivenes en la tramitación que han operado en contra de su celeridad, pero debe tenerse en cuenta que mucho tiempo ha sido consumido en la sustanciación de articulaciones de las defensas de los imputados o de los querellantes. Si bien tales intervenciones siempre fueron parte de la legítima facultad de actuación que, como se dijo, resguarda el derecho de defensa y el principio nemo tenetur, el tiempo que fue necesario para las mismas tampoco puede ser tenido en cuenta para la consideración de falta de diligencia de los instructores; no se constata que los magistrados hayan ejercido actividades enervantes sino que, por lo contrario, han actuado de acuerdo a las reglas que la ley procesal ofrece para las sustanciaciones recursivas.

Conque no ha existido, a criterio de este Tribunal, morosidad en la tramitación de la presente causa en que, si bien el tiempo que hasta ahora se consumió resulta excesivo en relación al plazo previstos en el artículo 701 del código de forma, aparece como razonable en relación al caso, no pudiéndose, por otra parte, calificar las dilaciones de indeindebidas.

Esta Cámara no ignora -ni ha ignorado- las garantías invocadas y es así que en otros casos se ha expedido en sentido contrario al del presente - y análogo al peticionado - (v. S.I, C.25.680, reg. 207 del 13/3/95 y sus citas; "Canda, A", reg. n° 268 del 30/4/97; "Soto, L.", reg. n° 301 del 13/5/97).

Sin embargo, no corresponde asimilar automáticamente tales supuestos al presente en que, como se dijo, la excepcional complejidad propia del caso, analizada de acuerdo a las pautas ya mencionadas, permiten afirmar que el añejo trámite de este proceso se halla justificado y su continuación no resulta irrazonable a la luz de los principios constitucionales (art. 75 inc. 22 de la C.N.), que establecen el derecho de toda persona acusada de un delito a ser juzgada sin dilaciones indebidas (art. 14.3.c] del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) como así también el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella (art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Cabe entonces la afirmación de que hasta el momento no se han quebrantado las garantías invocadas y que, dado el avanzado estado procesal en que se encuentra la causa, aparece como razonable su continuación hasta su finalización, en la medida en que se respeten los tiempos previstos en la ley ritual para lo que resta de la etapa de plenario.

Corresponde entonces el rechazo del planteo defensista en tal sentido.

IV) a) Lo dicho anteriormente evidencia la posición de este tribunal sobre la legitimidad de la continuación de la causa y deja entrever la que asimismo se asume en relación al planteo de inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 67 del Código Penal.

Aún habiéndose admitido que ha transcurrido un tiempo de trámite en este proceso excesivo de los plazos previstos por la ley de forma y que posee entidad tal que puede ser calificado de preocupante, lo que supone la recomendación de que se urja la tramitación mediante la adopción de medidas prácticas que permitan dar viabilidad a las distintas articulaciones sin que impliquen el enervamiento del trámite principal, se ha afirmado que en este caso concreto no han existido dilaciones indebidas por parte de las autoridades de persecución y que aparece como razonable, dado el avanzado estado procesal de la causa, su continuación.

En este entendimiento, en el caso concreto, mal puede considerarse inconstitucional la norma del artículo 67, párrafo 4° del Código Penal, que establece la secuela de juicio como una de las causales de interrupción del tiempo de prescripción.

El instituto no hace más que proteger el interés que posee toda la sociedad de que, a través de los órganos estatales competentes, se cuente con un tiempo razonable -según cada caso- para la investigación y eventual reacción penal; de modo contrario, se tornarían ilusorias las expectativas comunitarias de que los hechos socialmente más intolerantes no queden impunes.

Al respecto se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que la "garantía de la defensa en juicio no requiere que se asegure a quien la ejercita la exención de responsabilidad por el sólo transcurso del tiempo...si bien consideraciones relacionadas con la seguridad jurídica y la economía procesal fundan las normas legislativas que determinan la prescripción...no puede negarse la existencia de situaciones en las cuales la aplicación del instituto aludido redundaría en desmedro de valores fundamentales para la conservación del cuerpo social y de su ordenamiento constitucional. También son razones vinculadas al interés general las que llevan al legislador a determinar el efecto interruptivo de la comisión de un nuevo delito, o de la secuela de juicio" (Fallos, 307:1466).

Lo expuesto lleva a rechazar el planteo de inconstitucionalidad articulado en la incidencia.

b) Descartados por este Tribunal los argumentos elaborados por los incidentistas que les permite llegar, por distintas vías de razonamiento, a la conclusión de que la acción penal se encuentra prescripta, cabe afirmar que aquélla no se ha extinguido por el paso del tiempo.

Desde la fecha de las declaraciones indagatorias de los recurrentes (12/3/86, 20/2/87 y 1/12/87) y hasta el dictado de prisión preventiva (9/5/89), de acuerdo a las calificaciones legales efectuadas, no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 62 del Código Penal; tampoco entre el último acto mencionado y el de la acusación del Ministerio Público de fecha 7 de abril de 1.995.

Existe reiterada jurisprudencia de esta Cámara en que se ha reconocido calidad interruptiva del término de la prescripción a los actos mencionados, a cuyos argumentos se hace remisión (V. S. II, "Perillo", del 9/3/93; "Ostrowiescki", del 29/5/84; S. I, "Manuele", del 22/11/93; "Rinaldi", del 26/12/89, "Sotomayor", del 20/5/92; "Jarzún"; "Gotelli", del 24/10/95, entre muchos otros ) Por todo lo expuesto, corresponde la confirmación total del auto recurrido de fojas 106/115 de esta incidencia.

En cuanto a las costas generadas por esta incidencia, corresponde que su pago lo sea por su orden, toda vez que, las cuestiones jurídicas que motivaron los planteos pueden ser consideradas razón plausible para litigar (art. 144, 2° párrafo del C.P.M.P.) En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal, RESUELVE:

I) CONFIRMAR el punto I. de la resolución de fojas 106/115 de la presente incidencia, en que no se hace lugar al planteo de inconstitucionalidad del párrafo 4° del artículo 67 del Código Penal, articulado por la defensa del acusado Luis María Gotelli, con costas por su orden.

II) CONFIRMAR el punto II. del mencionado interlocutorio, por el cual no se hace lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción efectuado por las defensas de los acusados Luis María Gotelli, Juan Carlos Ureta, Joaquín Abentín y José Bartolucci, con costas por su orden....."