Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-20


Ciudad de Buenos Aires, de mayo de 2006. VISTOS: Estos autos, para resolver el recurso de apelación interpuesto a fojas 206/206 vta. por la parte demandada, contra la resolución de fs. 203/204; y CONSIDERANDO: 1. Que de las constancias de autos resulta que Emepa S.A. promovió demanda contra Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado por el cobro de facturas impagas correspondientes a la Orden de Compra Nº 50.177 y el Contrato Nº 385, más sus intereses, y de los gastos de conservación y de estadía de ocho vagones y diverso material de la demandada, que permanecían en la planta industrial de su propiedad. A fs. 164/183, Subterráneos de Buenos Aires S.E. dedujo las excepciones de incompetencia y de prescripción. 2. Que, a fs. 203/304, el señor juez de primera instancia rechazó los planteos efectuados. Para decidir de ese modo, sostuvo -basándose en el dictamen fiscal de fs. 153- que no había dudas en cuanto al carácter de autoridad administrativa que detentaba Subterráneos de Buenos Aires S.E. en los términos de los artículos 1º y 2º del CCAyT. En cuanto al plazo de prescripción aplicable a la especie, indicó que dado que en el sub examine se pretendía el cobro de un supuesto incumplimiento de obligaciones emergentes de un contrato, resultaba aplicable el plazo genérico de diez años previsto en el artículo 846 del Código de Comercio y en el artículo 4023 del Código Civil. Por último, entendió que el cómputo del referido plazo debía efectuarse desde que el demandado había sido constituido en mora por la demandante, circunstancia que se había producido, a su criterio, el 28 de marzo de 1995 (fecha en la que se le había comunicado la rescisión del contrato). En consecuencia, añadió, la demanda incoada el 28 de febrero de 2004 era anterior al vencimiento del precitado plazo. 3. Que, contra esa decisión, se alzó la demandada, fundando a fojas 208/235 su recurso, el que mereció la réplica de fojas 237/246 vta. de la actora. A fs. 250/251 vta., dictaminó la Sra. Fiscal de Cámara, propiciando la confirmación del decisorio apelado. 4. Que, tal como lo pone de manifiesto la Sra. Fiscal en el aludido dictamen de fs. 250/251 el memorial de la sociedad demandada, en lo atinente a la excepción de incompetencia rechazada, no cumple con lo dispuesto en el artículo 236 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, en cuanto en él se exige que "debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el/la apelante considere equivocadas". En efecto, a lo largo de esa presentación no se advierte ningún argumento encaminado a cuestionar la conclusión del a quo, no pudiendo considerarse como tal la reiteración casi textual del escrito y de los argumentos esgrimidos al deducir la excepción a fs. 164/183. Por otra parte, la línea argumental basada en la inconstitucionalidad de algunas normas locales, no enerva la solución propiciada dado que su tratamiento fue diferido por el magistrado de grado para el momento de dictar la sentencia definitiva y esta circunstancia fue consentida por la apelante. Por lo demás, cabe señalar que esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que "...la demandada integra el amplio género señalado por el Código, dada su indudable pertenencia al aparato administrativo de la Ciudad, como Sociedad del estado (vid. García de Eneterría, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Civitas, t.I, Madrid, 10ª edición, págs. 29 y ss.; y Marienhoff , Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Ab-Perrot, t.I, Bs. As., págs. 449 y ss.). Asimismo, la titularidad exclusivamente estatal de su patrimonio determina su carácter público (vid. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, t.I, 5ª edición, cap. XIV). Por último, atendiendo a un criterio funcional, y tal como se verá, la actividad de la demandada que concretamente se trae a examen se vincula con cometidos claramente públicos, de dirección y control del servicio público, por lo que desde tal perspectiva también cabe atribuirle el carácter de autoridad administrativa demandable ante este fuero" (confr. esta Sala, "Boyacá Comercial e Inmobiliaria S.A. c/ Subterráneos de Bs. As. Soc. del Estado s/ daños y perjuicios", expte. Nº 1897, del 14 de febrero de 2002). En consecuencia, corresponde hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 237 del citado ordenamiento legal, y declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandada, en cuanto a la competencia. 5 . Que, ello asentado, corresponde examinar el planteo de prescripción incoado. Al respecto, debe tenerse en cuenta que él será abordado desde dos tópicos diferentes. En primer término, debe dilucidarse cuál es el plazo de prescripción aplicable a la especie y, posteriormente, definir desde cuándo debe computarse. Respecto de la primera cuestión -plazo aplicable- debe señalarse que este Tribunal, si bien respecto de supuestos de hecho distintos al acaecido en el sub examine, por mayoría sostuvo que lo relativo al instituto de la prescripción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debía regirse aplicando normas de derecho público local (confr. esta Sala, "Roldán Norma Beatriz y Otros c/ GCBA", del 07-10-04). En ese orden de ideas, no se advierte cuál sería el motivo para adoptar un criterio distinto para el caso de autos por la mera circunstancia de que la responsabilidad que es materia del proceso derive de una relación contractual. En consecuencia, si la cuestión planteada (contrato administrativo ) se encuentra regida por principios propios de derecho público, se debe examinar si existen normas que se refieran ala prescripción en estos casos o bien si, a falta de disposición específica, se encuentra vigente alguna norma local cuya aplicación subsidiaria permita resolver el conflicto. Por lo demás, esta pauta interpretativa es la que otorga coherencia a la autonomía reconocida por la Constitución Nacional, en su artículo 129, a la Ciudad de Buenos Aires (confr. casa cit.). 6. Que, por ello, se impone como razonable acudir a todas las normas de derecho público local para analizar el asunto. Ellas prevén diversos plazos de prescripción, entre los que se encuentran en materia tributaria, el previsto para las acciones del Gobierno que, como regla, prescriben en el plazo de cinco años. La acción de repetición (aquella que, justamente, entabla el particular contra el fisco para obtener lo pagado en forma indebida) también expira en ese plazo. Este criterio ha sido reiterado en los códigos fiscales de los año s 1999 al 2005. A su vez, en la ley de expropiaciones, la acción por retrocesión por prescribe a los cinco años y la caducidad de la declaración de utilidad pública se produce si el expropiante no promueve el juicio dentro de los tres años de entrada en vigencia de la ley (cuando se trate de bienes individualmente determinados), o de los cinco años de entrada en vigencia de la ley (cuando se trate de bienes determinados de modo genérico). Por último, la ley 466 del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, establece la prescripción de las acciones disciplinarias a los cinco años de producido el hecho que las motive (Art. 31). Un régimen diferente es el que prevalece, por lógica, cuando se trata de faltas y contravenciones, cuyo plazo es de dos años. Esto resulta razonable, dado que en razón de la especificidad de esta materia la intención del legislador ha sido, sin duda, la mayor brevedad de este tipo de términos. Puede concluirse entonces que en el ámbito del derecho público local (no penal ni contra vencional) el legislador ha optado por un plazo general de cinco años. 7. Que, independientemente de cuál sea el momento a partir del cual se decida que el mentado plazo de prescripción ha comenzado a correr, lo cierto es que aun en la mejor de las hipótesis para la demandante, de adoptarse la postura antes esbozada, los cinco años se encontraban vencidos al interponerse la demanda. Ahora bien, no le resulta ajeno al Tribunal que la solución que debe adoptarse en el caso debe estar revestida de especial prudencia, pues lo que se encuentra en juego no es ni más ni menos que la pérdida del derecho material de los litigantes por la imposibilidad absoluta de volver a plantear el caso ante la justicia. Ello, evidentemente, conduciría a una situación conculcatoria de su derecho constitucional de defensa, desvirtuándose así la necesidad de que las partes conozcan de antemano las reglas claras de juego a las que atenerse, en aras de la seguridad jurídica (confr. arg. CSJN, doctr. de Fallos xxxxxxxxxx). En tal intelig encia, cabe concluir que declarar que la acción se encuentra prescripta al aplicar un plazo de prescripción que en la materia no ha sido postulado con anterioridad, basado en una doctrina elaborada y plasmada luego de interpuesta la demanda (la cual, se admite, se aleja de lo sostenido por la jurisprudencia tradicional), traduciría un excesivo rigor formal que frustraría el derecho de los litigantes a obtener una sentencia fundada en ley. Por consiguiente, si bien hacia el futuro la doctrina expuesta resultará de total aplicación, no parece adecuado considerarla para el sub lite. 8. Que solamente en orden a las específicas consideraciones efectuadas en el parágrafo anterior, cabe señalar que no parece inapropidado lo decidido por el a quo, en cuanto a que el plazo de prescripción aplicable al caso sería el de diez años previsto en los artículos 846 del Código de Comercio y 4023 del Código Civil. Avala lo expresado lo sostenido por esta Sala en el sentido de que la noción de "cuenta liquidada" prevista en el a rtículo 474, tercer párrafo, del Código de Comercio (al que hace remisión el art. 847 del referido Código, cuya aplicación postula la demandada) se refiere al concreto supuesto de aquella cuenta originada en facturas emitidas en ocasión de una compra venta mercantil y en modo alguno resulta aplicable a un contrato administrativo (confr., esta Sala, "Orrico S.R.L. c/ GCBA s/ otras demandas contra la aut. adm.", del 05 de julio de 2002). 9. Que, por último, resta pronunciarse acerca del inicio del cómputo del aludido plazo de prescripción. En esa inteligencia, tampoco resulta inapropiado el criterio adoptado por el magistrado de grado en cuanto consideró como fecha de la definitiva constitución en mora de la demandada la de comunicación de la rescisión del contrato que vinculaba a las partes. En efecto, tal interpretación se condice con las estipulaciones contractuales pactadas por las partes. Repárese en que en el artículo 18 del Contrato anejado a fs. 81/88 vta., se estableció que "[s]in perjuicio de lo expre sado precedentemente" -en alusión a la rescisión del contrato- "las partes se obligan a arbitrar todos los medios para solucionar las dificultades tendientes a la prosecución y continuidad del Contrato". En consecuencia, dado que la conducta de la actora se dirigió a cumplir esas premisas (tal como surge de las reclamaciones previas a la rescisión obrantes en la causa) otorgándole a la aquí demandada, inclusive, la posibilidad de atender los reclamos para continuar con la vida del acuerdo, deben desestimarse los agravios de la accionada. Es que, además, una solución distinta dañaría el principio de buena fe que debe estar presente en todo contrato. Por las consideraciones expuestas, el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 206/206 vta. por la sociedad demandada en lo atinente a la excepción de incompetencia. 2) Confirmar, por las razones aducidas en los acápites 6 a 8, la resolución de fs. 203/204 en todo lo demás que decide. 3) Imponer las costas de ambas instancia s en el orden causado, atento los argumentos tenidos en miras para resolver la cuestión (confr. art. 62 del CCAyT). Regístrese, notifíquese -a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho- y, oportunamente, devuélvase.