Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-18


///nos Aires,18 de mayo de 2006 VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción incoada y declaró al nulidad de la disposición impugnada y, CONSIDERANDO: 1. Que la señora juez de grado hizo lugar a la acción planteada. Fundó su decisión, en síntesis, en que el artículo 44 de la Ordenanza 41815 no establece que el plazo que prevé sea improrrogable, ni determina la sanción de caducidad sin margen para evaluar una prórroga. Concluyó que la resolución 1052-SIyP-2004 era nula por importar un exceso de punición y debía ser revocado por razones de ilegitimidad. Destacó que dicho acto administrativo se encontraba viciado en su finalidad, puesto que evidenciaba meramente un castigo sin traducir debidamente una satisfacción del interés general subyacente. Agregó que la coyuntura histórica y social que atraviesa el presente exige una ponderación de circunstancias que tienda a evitar agregar más trabajadores desposeídos de su fuente de trabajo. En consecuencia, ordenó que en el plazo de diez días el actor se presente ante la autoridad administrativa a efectos de regularizar la situación de la licencia de taxi 34.850, a su nombre, previo cumplimiento de los restantes requisitos legales previstos a tal fin. Impuso las costas a la demandada vencida. 2. Que la demandada apeló la decisión reseñada. Sostuvo que la resolución impugnada se dictó con ajuste a lo establecido en el artículo 44 de la ordenanza 41815. Contrariamente a lo afirmado por la jueza de grado, el acto que declaró la caducidad de la licencia se dictó con arreglo a la normativa vigente y teniendo en cuenta la conducta del amparista, que permite presumir un deliberado propósito de no acatar las reglamentaciones dictadas por la administración. Señaló que el caso de fuerza mayor alegado por la parte actora no se encuentra previsto en la ley ni ha sido probado. Afirmó la improcedencia de la imposición de costas establecida por la a quo, pues se trata en autos, indicó, de la determinación de una situación concreta en una actuación administrativa, en la cual las partes asumen el rol de "colaboradores" y no de adversarios. Solicitó, por ello, la distribución de las costas en el orden causado. 3. Que, a fs. 133/134, obra dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, quien, tras exponer pormenorizadamente los hechos del caso y la normativa de aplicación a la causa, sostuvo que en el sub examine corresponde valorar la prueba producida, de modo que escapa al análisis de su intervención. 4. Que resulta de las constancias de autos que el actor solicitó en sede administrativa la renovación de la licencia de taxi a su nombre, número 34.850. El 5 de junio de 2003 fue intimado a regularizar la licencia en el plazo de treinta días, bajo apercibimiento de dar de baja la habilitación del rodado. El 5 de setiembre de 2003, vencido el plazo, el amparista solicitó una prórroga, alegando que el vehículo sufrió un siniestro que impidió su presentación ante la controladora SACTA S.A. En tal sentido, a fs. 35 de estas actuaciones obra copia del acta de choque, ocurrido el día 19 de julio de 2003. Posteriormente se declaró la caducidad de la licencia, sin merituar de manera expresa la prórroga requerida. 5. Que el artículo 44 de la ordenanza 41.815 establece que "En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta días para regularizar la situación. Caso contrario se procederá a la baja de la habilitación". 6. Que tal como señaló la juez de grado, el artículo 44 de la ordenanza 41.815 no prevé que el plazo allí establecido sea improrrogable.

El inciso e) del artículo 22, determina la obligatoriedad de los plazos. Esto se aplica tanto a la Administración como a los interesados. Pero ello no obsta a que los plazos puedan ser prorrogados, dado que no son perentorios ni revisten el mismo carácter que el correspondiente al derecho procesal (Ver Julio Rodolfo Comadira, Procedimientos Administrativos, La Ley, p. 66 y especialmente nota 243). En este sentido, el artículo 22, inciso e, apartado 5 prevé que antes del vencimiento de un plazo, de oficio o a pedido del interesado puede disponer su ampliación, por el tiempo razonable que se estime procedente, mediante decisión fundada y siempre que no resulten perjuicios a terceros. La denegatoria debe ser notificada por lo menos dos día antes al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiere solicitado. El criterio opuesto al del apelante es el sostenido por la legislación y por la doctrina. El principio es, en consecuencia, el de la prorrogabilidad de los plazos o términos en el procedimiento administrativo . Se ha señalado que todos los términos del procedimiento administrativo -sin perjuicio de lo que corresponda para la interposición de recursos- que fueran establecidos por las normas vigentes para los particulares, son prorrogables, e incluso ha de considerarse limitada la facultad de negar las prórrogas (Ver Procedimiento Administrativo, Obra Colectiva. Agustín Gordillo, Director, Lexis Nexis; Depalma, p. 28). Por lo demás, coinciden Cassagne y Gordillo en que la Administración puede disponer la prórroga tanto antes de operarse el vencimiento como así también después (Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo, Séptima ed. p. 552; Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo", t. 4, ed. 2000, p. VIII-10). Cabe disentir con la postura de la apelante quien a partir de una rigurosa prioridad de lo instrumental -alejada del régimen legal aplicable al procedimiento administrativo- y sin preocupación con las consecuencias de su criterio, da por decaído el derecho del actor, sin siquiera haber cumplido su deber inexcusable de motivar la negativa de la prórroga solicitada. 7. Que por lo demás, cabe adelantar que la aplicación de la sanción cuestionada no es compatible con los principios de la Constitución Nacional y Local, y en particular con el principio de razonabilidad y proporcionalidad (art. 28 de la CN y 13, inc. 3, de la C.C.A.B.A.) En efecto, aun admitiendo que las normas que reglamentan la actividad tienen un espectro mucho mayor que el control de delito, ya que también se valoran todos los recaudos referidos a las características técnicas del automóvil y la situación previsional de los choferes, no puede pasarse por alto que la sanción impuesta al actor es equivalente a la que se aplica al titular de licencia que facilite la utilización de su taxímetro a un tercero que carezca de toda documentación. Es la más grave sanción de las alternativas previstas en la norma. En tales circunstancias el control judicial de la disposición atacada se dirige a valorar la proporcionalidad entre la medida y la finali dad de prevención y punición de la ley. De lo que se trata es de corregir en esta sede el exceso en la punición, lo que no implica descalificar las facultades de la administración en la materia. Tal exceso surge de la confrontación de la falta cometida con su consecuente sanción. ¿Cuál fue la falta que cometió el Sr. Noval? Superó el lapso previsto en las normas para la realización de un trámite administrativo destinado a renovar la licencia de taxi de un vehículo que no se encontraba en funcionamiento. Cabe resaltar -como acertadamente lo hace la a quo- que fue el propio actor quien se presentó en sede administrativa y solicitó una prórroga para realizar tales trámites (no se juzga en el caso la comisión de una violación al régimen de la prestación del servicio en la vía pública), y fundó las razones de su demora. Tales motivos ni siquiera fueron evaluados. ¿Cuál ha sido la sanción impuesta? La caducidad de su licencia de taxi, lo que equivale a la pérdida de capital, fuente de ingresos, y herramienta fundam ental de trabajo. En síntesis, teniendo en cuenta que la aplicación al caso de la sanción prevista en la ley, a la luz de las constancias del expediente administrativo, aparece claramente desproporcionada, y atento a que las razones dadas al momento de apelar no logran demostrar el error de la fundada sentencia dictada por la señora juez de grado, cabe rechazar el recurso interpuesto. Por las razones expuestas, habiendo dictaminado la señora Fiscal ante la Cámara, el tribunal por mayoría RESUELVE: confirmar la sentencia apelada. El Dr. Eduardo Ángel Russo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese en el libro de amparos y medidas cautelares, notifíquese y a la citada funcionaria en su despacho. Oportunamente, devuélvase.