Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-13


SAN JUAN, Stella Maris contra NACION A.F.J.P.

Reg.: A y S t 215 p 449-455.

En la ciudad de Santa Fe, a los trece días del mes de setiembre del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la Presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "SAN JUAN, Stella Maris contra NACIÓN A.F.J.P.

-Cobro de Pesos-Declaración de Inconstitucionalidad- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 174, año 2005). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Falistocco, Spuler y Vigo.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. En lo que al presente recurso interesa, la materia litigiosa puede resumirse así: 1.1. Stella Maris San Juan interpuso demanda contra Nación A.F.J.P., pretendiendo se diera en pago la suma integrada y depositada por Liberty A.R.T. S.A. en concepto de reparación por el fallecimiento de su cónyuge, Víctor Aquiles Schiaretti, que sufriera un accidente "in itinere".

Asimismo, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los apartados primero del artículo 18, segundo del artículo 15, y primero del artículo 19, todos de la ley 24557. En su demanda, cuestionó el sistema de renta periódica previsto en el mencionado articulado de la ley de riesgos del trabajo, y estimó que si bien la suma reclamada nunca sería suficiente para cubrir la ausencia de su esposo ni representaría su salvación económica, si dicho monto fuera abonado en una única vez surgiría la oportunidad de invertirlo en forma directa y familiar en algo útil, a la vez que destaca distintos inconvenientes y riesgos en acceder a las prestaciones dinerarias periódicas.

Expresó distintas razones por las que entendía que el sistema previsto por la ley sobre riesgos del trabajo era violatorio del Preámbulo y de los artículos 14 bis, 17 y 19 de la Constitución nacional, y de los tratados internacionales a ella incorporados.

1.2. La demandada resistió la pretensión y -en lo que aquí concierne- afirmó que la ley sobre riesgos del trabajo se inserta como un subsistema de la seguridad social que se integra armónica y complementariamente con otros institutos -fundamentalmente, con la legislación de higiene y seguridad en el trabajo y con el sistema de jubilaciones y pensiones-, con el objeto de proveer al trabajador de una protección integral frente a los riesgos del trabajo.

Añadió que por tal motivo el sistema creado por la ley no vulnera principios constitucionales. 1.3. Al dictar sentencia, el juez de primera instancia se pronunció a favor de la postura de la actora por entender, entre otras razones, que el monto a abonar en cuotas periódicas -sea como renta vitalicia o como seguro de retiro- desnaturaliza el fin reparatorio perseguido y lo convierte en un resarcimiento absurdo, a la par que se aparta de satisfacer las efectivas necesidades del grupo damnificado, máxime en situaciones emergentes de una economía devaluatoria del poder adquisitivo de la moneda nacional y de la pérdida de la entidad resarcitoria originada como resultado de la salida de la convertibilidad. Señaló que por propia administración los derechohabientes lograrían percibir un ingreso mensual mayor que el producido por las modalidades que se impugnan, manteniendo la integridad del capital y, con ello, la posibilidad de afectarlo a otro tipo de inversión que les produzca mayores o mejores beneficios.

Finalmente, declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados de la ley sobre riesgos del trabajo y condenó a la demandada a abonar a la actora la suma reclamada, imponiendo las costas en el orden causado.

1.4. Apelada dicha resolución por ambas partes, la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y receptó el de la actora y, en consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia únicamente en lo resuelto sobre costas, las que deberían ser soportadas íntegramente por la accionada.

Para así decidir, estimó en primer lugar que la demandada no había efectuado una crítica concreta y razonada de los argumentos expuestos por el juez de primera instancia, especialmente de su afirmación de que la renta desnaturaliza el fin reparatorio perseguido y la convierte en una reparación absurda que no alcanza para satisfacer las efectivas necesidades de subsistencia. Posteriormente, efectuó distintas citas jurisprudenciales y concluyó que debía confirmarse la sentencia apelada con excepción de la imposición de costas. 2.1. Contra dicha resolución interpuso la perdidosa el recurso regulado por la ley 7055, tildándola de arbitraria y violatoria de derechos y garantías de índole constitucional.

Afirmó que la cuestión constitucional era clara por cuanto -impugnados por la actora los artículos 18 apartado 1, 15 apartado 2, y 19 apartado 1, de la ley 24557- la sentencia recurrida ha declarado la inconstitucionalidad de una disposición contenida en dicha ley nacional por considerarla contraria a la Constitución nacional (arts. 14, 14 bis, 19 y 28).

Manifestó que tanto la sentencia alzada como el fallo de primera instancia, han cuestionado la congruencia de la ley 24557 con la Constitución nacional con argumentos que a todas luces carecen de entidad suficiente como para declarar la inconstitucionalidad del aludido dispositivo, máxime cuando tal descalificación debe ser el último recurso al cual echar mano, exclusivamente cuando su irrazonabilidad sea evidente.

Criticó a la Sala por entender que la renta como forma de pago de daños laborales institucionalizada por la ley de riesgos del trabajo es inconstitucional por dejar al beneficiario inmerso en un negocio jurídico económico de la empresa; y afirmó que dicha posición constituye una incorrecta visión de los preceptos constitucionales porque la ley no sólo reafirma los derechos de ese rango que se dicen violentados sino que también resguarda los intereses de los derechohabientes.

Destacó que la nueva ley, sin apartarse de la Constitución nacional, pretende asegurar a los derechohabientes una prestación alimentaria que complemente la pensión por fallecimiento del régimen previsional y este objetivo es el de asegurar al núcleo familiar la restitución del ingreso perdido por la contingencia de la muerte de uno de sus miembros.

Achacó a la Sala equivocarse al afirmar que la forma de reparación prevista por el sistema no supera en el caso el test de constitucionalidad por resultar insuficiente para alcanzar el fin perseguido por la norma.

Dijo que en el punto, el error del Tribunal radica en considerar que esa prestación dineraria establecida por la ley de riesgos del trabajo es la única que otorga el sistema pese a que también prevé otras prestaciones dinerarias -sistema previsional, L.C.T., seguro colectivo de vida obligatorio, y las previstas en los C.C.T.- que sumadas, vienen a sustituir el ingreso que el núcleo familiar perdió con el deceso.

Por ello, considerar sólo uno de los mecanismos (el sistema de riesgos del trabajo) previstos en el marco normativo de la seguridad social para hacer frente a una contingencia (muerte) es un grave error de derecho.

Afirmó que la Sala realiza una interpretación errónea de la ley vigente (L.R.T.) cuando considera que la prestación complementaria a la pensión por fallecimiento tiene un fin resarcitorio, pues el pago mensual, junto con la pensión, persiguen una finalidad tuitiva, que tiende a evitar el riesgo de la dilapidación del beneficio en caso de ser pagado en una única vez.

Alegó que no es cierto que las prestaciones previstas en forma de renta menoscaben las garantías emergentes de los tratados incorporados a la Constitución, señalando como pauta el artículo 5 de la Comisión 17 de la Organización Internacional del Trabajo.

Reiteró que la sentencia es arbitraria desde que "arremete contra la ley" al omitir interpretarla armónicamente y prescindir de considerar que la suma depositada por la A.R.T.

es sólo una de las prestaciones dinerarias previstas por la seguridad social.

Ello también implica -dijo- desconocimiento de la normativa.

Adujo -finalmente- que la falta de fundamentación del pronunciamiento implica para su parte una restricción al derecho de defensa y que la interpretación de la ley efectuada por la Sala es arbitraria por elusiva, ineficaz y temeraria y también por improcedente al arrogarse el Sentenciante el papel del legislador.

2.2. La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario intentado por la demandada (fs. 155/157), decisión que motivó su presentación directa ante este Cuerpo, logrando la apertura de esta instancia mediante resolución registrada en A. y S. T. 206, pág. 374 (fs. 63/64, Expte. C.S.J. nro. 163, año 2004, agregado por cuerda).

3. En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, ha de propiciarse una rectificación del criterio adoptado en esa oportunidad, no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 202/203).

En primer lugar, debe aclararse que la mera invocación de los incisos 1ro. y 2do.

del artículo 1ro. de la ley 7055 (f. 132), sin el sustento argumental suficiente en orden a explicar por qué se configurarían en el "sub lite" las causales en ellos estatuidas, impide a este Cuerpo ingresar al tratamiento de las mismas, quedando delimitado el ámbito impugnativo a la hipótesis prevista en el inciso 3ro. de dicha norma, cual es "violación al derecho a la jurisdicción".

Desde esa óptica, ha de señalarse que la confrontación de la imputación a la Sala de error en la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la ley 24557 en cuestión, con los fundamentos vertidos por el Tribunal para así resolver, conduce sin hesitación a concluir en que el planteo no tiene cabida en esta instancia, desde que sólo trasluce la disconformidad con lo decidido por el órgano jurisdiccional en el ejercicio de funciones propias, en un intento infructuoso de persuadir de que el sistema de renta periódica previsto por la ley sobre riesgos del trabajo se ajusta a la normativa constitucional. En efecto, la recurrente criticó a la Sala por entender que la renta como forma de pago de daños laborales institucionalizada por la ley sobre riesgos del trabajo es inconstitucional por dejar al beneficiario inmerso en un negocio jurídico económico de la empresa; y afirmó que dicha posición constituye una incorrecta visión de los preceptos constitucionales porque la ley no sólo reafirma los derechos de ese rango que se dicen violentados sino que también resguarda los intereses de los derechohabientes; destacó que la nueva ley, sin apartarse de la Constitución nacional, pretende asegurar a los derechohabientes una prestación alimentaria que complemente la pensión por fallecimiento del régimen previsional y este objetivo es el de asegurar al núcleo familiar la restitución del ingreso perdido por la contingencia de la muerte de uno de sus miembros; consideró que el error de la Sala radica en considerar que la prestación dineraria establecida por la ley de riesgos del trabajo es la única que otorga el sistema pese a que también prevé otras prestaciones dinerarias (sistema previsional, Ley de Contrato de Trabajo, seguro colectivo de vida obligatorio, las previstas en los convenios colectivos de trabajo) que, sumadas, vienen a sustituir el ingreso que el núcleo familiar perdió con el deceso; agregó que considerar sólo uno de los mecanismos previstos en el marco normativo de la seguridad social para hacer frente al fallecimiento del trabajador es un grave error de derecho; señaló que el pago mensual junto con la pensión persiguen una finalidad tuitiva, que tiende a evitar el riesgo de la dilapidación del beneficio en caso de ser pagado en una única vez; finalmente, expresó que la ausencia de fundamentación del pronunciamiento restringe su derecho de defensa, y que la interpretación efectuada por la Sala es arbitraria por elusiva, ineficaz y temeraria y por arrogarse el sentenciante el rol del legislador.

Pero esas aseveraciones -tal como han sido expuestas- no exhiben aptitud para poner en tela de juicio el razonamiento del "A quo", a poco que se repare en que, en primer lugar, señaló la Alzada que la apelante no había efectuado una crítica concreta y razonada de los argumentos del juzgador de primera instancia, sin que alcanzase a configurar una verdadera expresión de agravios, sobre todo en punto a lo afirmado por el sentenciante respecto de que la renta desnaturalizaba el fin reparatorio perseguido y la convertía en una reparación absurda que no alcanzaba a satisfacer las efectivas necesidades de subsistencia, lo que hacía que tal conclusión se mantuviese incólume.

Agregó seguidamente la Sala que las entidades a que la ley 24557 atribuye la administración e inversión del capital no son asociaciones sin fines de lucro y que para su funcionamiento además necesitan de una importante infraestructura general de elevado costo, todo lo cual hace que el beneficio o renta que pueda proporcionar el capital correspondiente a los derechohabientes sufra una merma en detrimento de estos últimos.

Citó jurisprudencia de distintos tribunales que considera contrario a la Constitución el sistema de renta periódica; reiteró luego que habiendo quedado firme que en el caso de autos la suma a percibir en forma de renta resulta insuficiente como efectiva reparación del daño originado por la muerte del esposo de la actora, los restantes cuestionamientos carecían de entidad para variar la suerte del pleito, además de ser reiteración de lo debatido en primera instancia.

Y, como necesaria derivación de lo expuesto, coligió que el sistema de la ley 24557 atenta contra lo dispuesto en los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional, por afectar la protección del trabajador, la igualdad y el derecho de propiedad.

La reseña precedente es demostrativa de que bajo ningún aspecto se presentó en el caso un error hermenéutico capaz de dar curso al medio impugnatorio previsto en el referido inciso 3ro. del artículo 1ro. de la ley 7055, siendo evidente que, se compartan o no, los motivos brindados por la Sala sirven para sostener eficazmente la declaración efectuada en el caso.

Por lo demás, no habiendo la recurrente fundado su afirmación de que esa decisión en torno a la inconstitucionalidad de la norma impugnada "...por sus características pone en juego un interés constitucional grave, en cuanto por sus implicancias puede afectar atribuciones de los otros poderes del estado...", el planteo queda reducido a una mera conjetura -insuficiente para la habilitación del remedio-, amén de que tampoco se observa en autos la concurrencia de las condiciones que permiten reputar configurado un supuesto de esa índole.

Por otra parte, no resulta ocioso recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos "Milone" se pronunció en 26.10.2004, por mayoría, sobre que la norma contenida en el artículo 14 [...] 2. de la ley sobre riesgos del trabajo "...debe ser interpretada en el sentido de que el régimen indemnizatorio de renta periódica, dentro del ámbito en que rige, no hace acepción de personas ni de circunstancias, vale decir, ha sido impuesto de manera absoluta, impidiendo que la reparación pueda ser satisfecha mediante un pago único".

Agregó el más Alto Tribunal que "el régimen indemnizatorio de renta periódica, dado su antes indicado carácter absoluto, puede conducir a resultados opuestos a los 'objetivos' legales a los que debe servir, y a un apartamiento de la tendencia a aproximarse a las 'efectivas necesidades que experimentan los damnificados'"; y concluyó expresando que la renta periódica es merecedora de reproche constitucional por no establecer excepción alguna para supuestos en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura. Tal criterio de la Corte nacional resulta aplicable, "mutatis mutandis", al "sub lite", en razón de que en autos tanto la pretensión del actor y la resistencia del demandado, como lo resuelto por los juzgadores, pasando por lo debatido en autos, se circunscribió a la opción entre la renta periódica o el pago único del resarcimiento derivado del fallecimiento del causante en accidente "in itinere".

Bueno es en este aspecto tener en especial consideración la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que, no obstante que ella "...sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos..." (Fallos: 25:364; 212:51 y 160), toda vez que "...por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (arts. 100, C.N. hoy 116 y 14, ley 48; Fallos: 212:51).

Este deber de los tribunales no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento (doctr. de Fallos: 212:51; 312:2007), de suerte tal que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen la posición adoptada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (Fallos: 307:1094; en idéntico sentido, Fallos: 311:1644 y 2004; "Lloyds Bank Limited c. Okecki, Juan J.", del 19 de octubre de 1995, DJ, 1996 I, 609; también de esta Corte, "Gutiérrez", A. y S., T. 119, pág. 119; "Vallejos", T. 119, pág. 483; "Parón", T. 120, pág. 374; "Dutto", T. 123, pág. 272; "Airasca", T. 139, pág. 22). Los considerandos precedentes conducen inevitablemente a juzgar inadmisible la presente impugnación, toda vez que no concurren en el "sub lite" motivos que determinen la invalidación de la respuesta brindada por la Sala, la que cumple satisfactoriamente con la exigencia consagrada en el artículo 95 de la Constitución provincial.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas (artículo 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso, con costas a la recurrente.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)