Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03


MARTORELL BALAGUE DE CUELLO, María Mercedes Reg.: A y S t 208 p 401-404. Santa Fe, 3 de agosto del año 2.005.

VISTOS: Los autos "MARTORELL BALAGUE DE CUELLO, María Mercedes -Quiebra-Incidente de Inembargabilidad y/o Inejecutabilidad de bien inmueble- (Expte. 272/00) s/ QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 531, año 2001), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuesto por la fallida María Mercedes Martorell Balague de Cuello, contra la sentencia de este Tribunal de fecha 19 de noviembre de 2003; y, CONSIDERANDO: 1. Surge de estas actuaciones que la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad resolvió desestimar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar el auto apelado por el que se desestimó la pretensión de inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble de copropiedad de la recurrente fallida.

La denegación del recurso de inconstitucionalidad que contra el fallo de Alzada dedujera la fallida, motivó su presentación directa ante esta Corte (fs. 39/45 vto.), la que corrió la misma suerte adversa que la anterior impugnación (A. y S. T. 193, pág. 250).

Es este último pronunciamiento el que se impugna a través de la vía prevista por el artículo 14 de la ley 48.

2. En el memorial introductorio del recurso extraordinario (Fs. 60/72) afirmó que se encuentra configurado el supuesto tipificado en el inciso 3 del artículo 14, de la ley 48, como asimismo estamos en presencia de lo que pretorianamente se ha concebido como sentencia arbitraria.

Dijo que la cuestión planteada, tal como lo señaló esta Corte, se vincula con la interpretación y aplicación de las normas contenidas en la ley 22.232 y a la jurisprudencia que el Máximo Tribunal nacional ha elaborado en torno a ella, lo que nos pone en contacto con una cuestión federal.

Al referirse a sus agravios constitucionales analizó las distintas resoluciones recaídas en la causa, contrarias a sus intereses. Dijo que la sentencia de Primera Instancia se apartó de toda la normativa vigente específica en la materia y de la jurisprudencia de la Suprema Corte recurriendo a principios generales del derecho, con lo que se vulnera el orden público contenido en las leyes aplicables, como así también el derecho de propiedad, de defensa -al hacerse alusión a una suerte de preclusión procesal sin asidero legal- y acceso a una vivienda digna contenidos en la Constitución nacional y tratados internacionales.

En cuanto a la sentencia de Segunda Instancia dijo que obvió la existencia de la documental acompañada a fs. 20/36 del legajo de copias de los autos principales. Agregó que no obstante existir fallos que no requieren la publicidad de la cláusula de inembargabilidad, en autos dicha publicidad estaba contenida en el mismo título acompañado y también en el informe previo obtenido por el martillero y que las pruebas arrimadas por la Sindicatura solo ponen de manifiesto una negligencia de las Entidades Financieras.

Luego se refirió al fallo de esta Corte, quejándose de la alusión que se efectúa a lo resuelto por la Sala en cuanto ponderó la presentación del inmueble ante bancos como libre de gravámenes, dado que dicha conducta fue efectuada por su esposo y no por ella, por lo que entiende no puede imputársele las consecuencias de dicho acto.

Dijo que mientras subsistan los requisitos legales: que se la única vivienda y que la familia habite en él, resulta imposible alegar 'circunstancias particulares del caso' para desconocer un derecho que está expresamente contemplado en el artículo 14 bis in fine de nuestra Constitución nacional. Agregó que lo que está en discusión es una normativa de orden público, la que no puede ser dejada de lado.

Por otra parte, afirmó que la arbitrariedad está configurada porque ni en la sentencia originaria, ni en la sentencia de cámara se ha aplicado la legislación vigente almomento del dictado de éstas, como además se ha omitido considerar pruebas fundamentales.

Por último luego de citar jurisprudencia en apoyo de su postura y referir nuevamente a las sentencias dictadas en las instancias inferiores, sostuvo que el fallo de esta Corte no se expidió sobre el fondo de la cuestión, al señalar que no obstante existir cuestión federal el escrito presentado por la quejosa no cumple adecuadamente con el recaudo de autosuficiencia, efectuando un análisis de admisibilidad con resultado negativo.

3. En el examen de admisibilidad que debe efectuar este Tribunal a fin de conceder o no -según corresponda- el remedio excepcional intentado, aparecen descalificados en un plano formal los argumentos expuestos por el recurrente.

Es que la mera interposición del recurso, aunque se funde en alguna causal prevista por el artículo 14 de la ley 48 o en la supuesta arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S. T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 276; T. 77, pág. 439, por todos).

A tales efectos, es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por este Cuerpo para fundar su decisión, con argumentos encaminados a revertir lo decidido en el fallo impugnado.

Ello es así por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48 demanda que el recurente impugne el pronunciamiento que objeta, demostrando, asimismo, ante la Corte porqué considera que el decisorio atacado no satisface el derecho federal invocado.

Realizando el análisis a que se hiciera referencia en los párrafos anteriores, se advierte que la recurrente en el memorial introductorio del remedio extraordinario federal -bajo la tacha de arbitrariedad y configuración del supuesto previsto en el inciso 3, del artículo 14, de la ley 48- insiste fundamentalmente con los argumentos que desarrollara a lo largo del proceso, intentando una vez más hacer prevalecer su propio criterio acerca de la solución que correspondería dar al presente caso, lo que resulta insuficiente para lograr acreditar la configuración de algún vicio que autorice la concesión del recurso planteado.

En efecto, ante todo cabe señalar que la impugnante ha omitido observar en debida forma la exigencia contenida en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto a su deber legal de efectuar una crítica prolija, concreta y razonada de la sentencia atacada, así como refutar todas y cada una de las motivaciones enunciadas por el Tribunal Superior de la causa.

De la lectura de la pieza recursiva se deriva sin dificultad que los argumentos expuestos por la compareciente resultan insuficientes en orden a trasponer la admisibilidad de la vía extraordinaria intentada, desde que ésta con la reiteración insistente de las críticas efectuadas a las sentencias emitidas por los jueces ordinarios y la escasa referencia a los motivos por los cuales esta Corte rechazó la queja, no logra insinuar razones valederas demostrativas de que este Tribunal, al fallar, lo hubiese hecho sin fundamentación bastante, de modo arbitrario o lesivo de principios y garantías constitucionales.

Al repecto resulta oportuno recordar que el argumento central brindado por esta Corte a la hora de desestimar el recurso directo consistió en considerar insuficiente al recurso de inconstitucionalidad en orden a persuadir que estemos en presencia de un decisorio que merezca ser anulado en la instancia excepcional prevista en la ley 7055.

También recordó los fundamentos brindados por la Sala en el fallo atacado y dijo que frente a dicho decisorio, fundado teniendo especialmente en cuenta las circunstancias particulares del caso que lo alejarían de los precedentes que se citan y por ende, de la aplicación automática y sin más trámite de los mismos, la recurrente en su presentación extraordinaria se limita a argumentar en forma genérica acerca de las características de inembargabilidad e inejecutabilidad de que gozaría, a su entender, el inmueble en cuestión, pero sin aportar argumentos que persuadan que la Sala haya incurrido en las violaciones constitucionales o legales invocadas.

Máxime si se tiene en cuenta que se omitió un relato detallado de los fundamentos utilizados por la Jueza a quo para desestimar la pretensión del fallido y que si bien afirma que conforme surge de la respuesta del Banco Quilmes que no era ella titular de cuenta alguna, nada dice respecto de la otra entidad bancaria mencionada en la sentencia.

Destacó finalmente que en atención a las particulares circunstancias del caso, los planteos esgrimidos en el memorial introductorio resultan insuficientes para descalificar en la instancia extraordinaria lo resuelto por los juzgadores en el decisorio cuestionado.

Como puede apreciarse, este Tribunal dio respuesta suficiente en orden a fundar el rechazo de la queja, sin que la recurrente logre ahora demostrar con su insistente y tardía referencia a lo sucedido en las instancias ordinarias que lo resuelto por la Corte en el fallo cuestionado no satisfaga debidamente la exigencia constitucional vinculada a la motivación suficiente de los pronunciamientos judiciales. Y, en relación a ello cabe especialmente destacar que es la propia quejosa, luego de afirmar que esta Corte rechazó el recurso por considerarlo insuficiente, quien nada dice en orden a intentar rebatir dicho fundamento, incumpliendo claramente la carga que -como se señalara supra- surge del artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Así pues, la impugnante no ha logrado aportar en el memorial del recurso federal argumentos que dirigidos a atacar el pronunciamiento de esta Corte, logren demostrar verdaderamente que ésta al decidir declarar inadmisible la queja, lo hubiere hecho con una fundamentación inadecuada, que fuera en desmedro de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe desestimarse.

En definitiva, al no traer la perdidosa argumentos con entidad suficiente como para revertir lo sostenido por este Cuerpo al decidir la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, ni demostrar que se dé alguna circunstancia excepcional que autorice la concesión del remedio federal ahora intentado, la cuestión queda reducida a un mero desacuerdo con la solución del caso, lo que resulta insuficiente para operar la apertura de la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)