Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-25


2º Instancia.- Buenos Aires, marzo 25 de 2008.

El doctor Recondo dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia (fs. 335/340 vta.), mediante la cual se hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por María Rosario Lanzara de Escaño y se condenó a EDESUR S.A. al pago de $ 9.554, con más sus intereses y costas, la demandada interpuso recurso de apelación a fs. 352, que fue concedido a fs. 354, fundado a fs. 359/365 y replicado a fs. 367/373 vta.

Median asimismo recursos de apelación por los honorarios regulados en la instancia de grado, los que serán tratados -de así corresponder- por la Sala en conjunto al finalizar el presente Acuerdo.

II. La recurrente cuestiona la sentencia apelada en dos aspectos: en un primer orden de ideas, considera inadmisible la procedencia del reclamo por lucro cesante, así como también el monto reconocido por dicho concepto; asimismo, se queja de que no se haya descontado del monto de condena la suma percibida por la actora en cumplimiento de diversas resoluciones del ENRE.

III. A los fines de tratar el primer agravio, tengo por probado que el 15 de febrero de 1999 se produjo un incendio en la Subestación Azopardo, perteneciente a EDESUR S.A., a consecuencia del cual se interrumpió el suministro de energía eléctrica en el comercio sito en la Av. Belgrano 2988 de Capital Federal. En dicho local funcionaba un laboratorio de revelado y análisis fotográfico de titularidad de la actora.

Asimismo, está acreditado que el corte en cuestión duró 119,06 horas (ver informe emitido por el ENRE a fs. 220 y 318). Sentado ello, debo aclarar que lo que reclama la actora bajo el concepto de lucro cesante consiste tanto en las sumas que dejó de percibir como consecuencia del corte, para lo cual estima que aquéllas "resultan similares a las facturadas en idéntico período del año anterior" (fs. 63 vta., segundo párrafo), como en la pérdida de clientela (fs. 63 vta., párrafos tercero y cuarto).

Con respecto a la primera cuestión, esto es, las sumas dejadas de facturar por la accionante a raíz del corte de energía, tengo en cuenta que a fs. 216 la perito contadora informa que "se produjo cierta inactividad del comercio dentro del período 15 de febrero al 1 de marzo de 1999, teniendo en cuenta idéntico período del año 1998" (punto 2). A fs. 275, la experta da cuenta de que dicha inactividad surge de comparar el Importe Neto Gravado correspondiente al mes de febrero de 1998 por $ 10.052,04 y al mes de febrero de 1999 -período donde se produjo el incumplimiento de EDESUR- por $ 4.777,21 (punto I- a). Los referidos guarismos arrojan una diferencia entre los dos meses comparados de $ 5.274,83. Sin embargo, no puede perderse de vista que el corte de energía duró -como quedó dicho- 5 días, mientras que el período de inactividad informado por la perito es de 15 días. Debo traer aquí a colación el informe elaborado por el perito ingeniero electrónico, quien informa -en lo que aquí interesa- acerca de la imposibilidad de utilizar adecuadamente las maquinarias de la actora "durante el período del litigio" (fs. 253); y al no haber prueba concluyente en cuanto a la deficiente prestación del servicio por parte de la demandada con posterioridad a la normalización del aquél -esto es, una vez transcurridos los cinco días que duró el corte- debo concluir que por "período del litigio" el experto hace referencia a las 119 horas en que fue interrumpido el suministro de energía. Incluso las declaraciones testimoniales difieren en este sentido, toda vez que a fs. 191 la testigo Dumont manifiesta que la actora no pudo trabajar por "veinte días aproximadamente" (respuesta a la pregunta cuarta), mientras que la testigo García relata que la actora recomenzó la actividad comercial "cuando vino la luz" (fs. 191 vta., respuesta a la pregunta sexta).

En punto a la alegada "pérdida de clientela", no puede soslayarse que esta cuestión no ha sido materia de probanza alguna, más allá de las manifestaciones unilaterales de la demandante en cuanto a que diversos clientes "han optado por dirigirse a nuevos centros de revelado" (fs. 63 vta., cuarto párrafo). Ni una sola declaración testimonial ha sido aportada en dicho sentido; por otra parte, cuesta creer que un cliente habitual de determinado comercio que le ofrece confianza lo abandone definitivamente a raíz de un corte de luz de cinco días, más aun si -como alega la actora- "gran parte de la clientela constante del comercio resultan ser profesionales, tanto del ramo de la fotografía, como de evaluaciones de diagnóstico médico" (fs. 63 vta., tercer párrafo).

Por lo dicho, considero excesivo el monto de $ 7.000 otorgado por el a quo por el concepto que nos ocupa, el cual estimo prudencial disminuirlo a $ 3.000.

IV. Distinta suerte debe correr el segundo agravio de la recurrente. En este aspecto, es clara la sentencia en cuanto a que para establecer la suma final de la indemnización a cargo de la demandada, se tuvo en cuenta y -en consecuencia- se descontó el monto percibido extrajudicialmente por la actora (ver fs. 339 vta., último párrafo).

V. Por lo expuesto, considero que debe modificarse la sentencia apelada, en los términos que surgen del considerando III. En consecuencia, la demanda prospera por la suma final de $ 5.554 ($ 3.000 por lucro cesante y $ 2.554 por daño emergente, punto este último respecto del cual no medió agravio). Las costas de primera instancia se imponen a la demandada. Por la instancia de Alzada, las costas se distribuyen en un 80% a cargo de la actora y el 20% restante a cargo de la demandada (arts. 68, 71 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Así voto.

Los doctores Medina y Antelo por análogos fundamentos adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, marzo 25 de 2008.

Y Visto: Lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal resuelve: modificar la sentencia apelada, en los términos que surgen del considerando III. En consecuencia, la demanda prospera por la suma final de pesos cinco mil quinientos cincuenta y cuatro ($ 5.554). Las costas de primera instancia se imponen a la demandada. Por la instancia de Alzada, las costas se distribuyen en un 80% a cargo de la actora y el 20% restante a cargo de la demandada (arts. 68, 71 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En atención a la naturaleza del asunto, la calidad e importancia de los trabajos realizados y a las etapas cumplidas por cada una de las partes, se regulan los honorarios de la dirección letrada de la parte actora, en la suma de pesos seiscientos noventa ($ 690), y los de la dirección letrada de la parte demandada -que no alegó- en la suma de pesos trescientos cuarenta ($ 340). En virtud de las cuestiones sobre las que debieron expedirse los peritos actuantes, de la amplitud de sus dictámenes y de la proporcionalidad que deben guardar sus emolumentos con los de los restantes profesionales intervinientes, se regulan los honorarios de la perito contadora M. A. C. y del perito ingeniero electrónico E. T. B., en la suma -para cada uno de ellos- de pesos ciento setenta ($ 170). Por la instancia de Alzada, se regulan los honorarios de la dirección letrada de la parte actora, en la suma de pesos ciento ochenta ($ 180), y los de la dirección letrada de la parte demandada, en la suma de pesos ciento treinta ($ 130) (arts. 9º y 14 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 en lo pertinente). Se deja constancia de que los emolumentos regulados se incrementarán en la medida en que se incremente el capital de condena (conf. plenario "La Territorial" -DJ, 1997-3-946-).- Ricardo G. Recondo.- Graciela Medina.- Guillermo A. Antelo.