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Derecho procesal, medidas cautelares, subsidiaridad, medicina prepaga, aumento de cuota, acción de reintegro
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Burgio, Damian c/ Dellatorre Balestra, Santiago Enrique y otros s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-28

1. Corresponde confirmar la resolución que admitió la medida cautelar solicitada por la actora, y ordenó a la empresa de medicina prepaga demandada que se abstenga de aplicar incrementos de cuota, y/o cambio de categoría, y/o adoptar cualquier medida que implique alterar el monto de las cuotas por razones de edad, como así también el reintegro de las sumas abonadas en exceso. Ello así, en tanto, se trata de una acción promovida a efectos de obtener una sentencia que condene a la demandada a cesar en la facturación y cobro del adicional por edad, que motivó el aumento de la cuota del servicio de medicina prepaga que aquélla le brinda y para que se retrotraiga su valor. 2. En ese marco, se considera que el incremento decidido por la accionada habría resultado prima facie excesivo a la luz de las cuotas que habría abonado el actor durante los anteriores períodos de vinculación contractual con la demandada. Ello, sumado a la disposición de la Superintendencia de Servicios de Salud, que intimó a la demandada a que se abstenga de aplicar aumentos no autorizados por la autoridad de aplicación; el reintegro de las sumas abonadas en exceso; la adecuación de los importes facturados; y c) la fijación de un límite máximo de las cuotas. Razones suficientes para tener por acreditada la verosimilitud del derecho necesaria para la admisión de la pretensión cautelar. 3. Asimismo, en lo que refiere al peligro en la demora y su acreditación, cuando se cuestionan decisiones que tienen directa relación con la salud de las personas, es suficiente para tener por cumplido este recaudo la incertidumbre y la preocupación que ellas generan en el ánimo de las personas (CNCom, Sala B in re "Aguilar Pinedo, Carlos Alberto c/ Swiss Medical SA s/ Ordinario", del 16-8-18).
Prescripción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DI VITO MARIA ISABEL c/ COGO DE CARCAGNO ISABEL s/ SUC. S/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

La prescripción sólo puede ser opuesta por la vía de excepción, pero se la debe admitir también por vía de acción cada vez que sea necesario para remover un obstáculo al ejercicio de un derecho.-
Acción de amparo, rechazo in límine, derechos y garantías constitucionales, licencia de conducir, REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bulacio, Miguel Angel c/ G:C.B.A: s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-20

Cualquier ciudadano que requiera licencia profesional deberá acompañar el certificado de antecedentes del Registro de Reincidencia y ello, en modo alguno, autoriza a tener por configurada una lesión a un derecho o garantía constitucional, y de ese modo, intentar el trámite del amparo para sortear tal requisito.
Recursos, recurso de apelación (procesal), trámites judiciales, quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUBIO VALENTIN s/ Quiebra Necesaria (LIBRO: A072 - 071)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-05-28

Corresponde disponer la suspensión de los trámites del recurso y remitir los autos al Juez de la causa para que proceda a la designación de nuevo síndico, si éste ha sido removido. Ello en razón de la participación necesaria del mencionado funcionario del concurso.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima, peatón embestido
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ, DOMINGO ALBINO c/ DASSON S.A.C.I s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-27

Cabe considerar que la víctima de un hecho ilícito circulaba en condiciones poco prudentes si lo hacia en el caño de la bicicleta, lo que denota su contribución a la ocurrencia del hecho, máxime cuando lo hacía en un camino de cintura de tránsito ligero y donde los vehículos circulan a mayor velocidad.
Concursos, quiebra, acreedor en moneda extranjera, crédito en moneda extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANATORIO LINIERS s/ INCIDENTE DE VERIFICACION POR MARIO RECIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-24

Los acreedores de las prestaciones contraídas en moneda extranjera concurren a la quiebra por el valor de sus créditos en moneda de curso legal en la república calculado a la fecha de declaración de falencia, o, a opción del acreedor, a la del vencimiento de la obligación, si este fuere anterior, siendo ello de aplicación tanto a los acreedores quirografarios como a los privilegiados, sin que quepa efectuar distinciones fundadas en el origen de los créditos o el particular régimen jurídico de que determinados privilegios especiales pudieran estar dotados.
Recurso de apelación (procesal), representación procesal, personería
Materia: PROCESAL
Carátula: Chareun, Raúl Emilio y otro c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

Al haberse invocado la representación de la demanda y no haberse justificado ese extremo, la alzada debió haber intimado - dentro de un plazo perentorio - a que la presentante subsanara esa deficiencia y no declarar mal concedido el recurso de apelación ya que dicho recaudo era compatible con las atribuciones del tribunal (arts. 34, inc. 5°, ap. b; 46, segundo párrafo; 354, inc. 4° y 354 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Morales, Crespo c/ Zárate, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Las perplejidades, titubeos, detenciones bruscas, retrocesos, apresuramientos, son comportamientos fácilmente previsibles en el peatón, así como también bajar de la vereda en cualquier lugar para intentar el cruce de la calzada; de donde el automovilista debe anticipar esas conductas. El "principio de confianza" no es eximente para el conductor, puesto que tales hechos escapan al mismo, no cabe depositar confianza en la marcha o circulación del peatón.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, transporte de carga
Materia: LABORAL
Carátula: TABOADA,  Armando  Antonio  y  otros c. TABOADA,Valeria Soledad y otro s. Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-05

No es procedente la solidaridad en los términos del art. 30 de la LCT de la empresa 3M, dedicada a la importación, exportación y fabricación de una varieda línea de productos entre los cuales se encuentran las cintas adhesivas, adhesivos industriales, etc. quien había celebrado un contrato de transporte con la empresa para la cual laboraba el trabajador demandante. Ya lo sostuvo así la CSJN en el precedente "Rodriguez, Juan c/ Cía Embotelladora Argentina S.A.", cuya doctrina responde adecuadamente a la estructura de los contratos de colaboración empresaria en los cuales no concurre el presupuesto de operatividad de la norma: la contratación o subcontratación de trabajos o servicios propios de un establecimiento, ya que no concurre la unidad técnica o de ejecución que, según el art. 6 de la LCT, caracteriza el concepto de establecimiento a los fines de la misma ley. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).
Despido indirecto, prueba, presunción legal, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Quintana, Pablo Alba c/ Empresa Interlagos Turismo s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-02-17

El trabajador invoca como motivo de injuria varias causales y no solo la sanción de suspensión impuesta, sino los aspectos que hacen a las reclamaciones por diferencias salariales adeudadas en concepto de antiguedad, y que ante la no presentación por parte de la demandada de la respectiva documentación requerida a los fines de la pericial, tornó aplicable la presunción establecida en el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, presunción esta última que no fuera desvirtuada por prueba en contrario. Ello lleva al convencimiento que dichas reclamaciones e intimaciones por tales conceptos resultan suficientes para justificar la situación de despido indirecto en la que se consideró incurso el actor de conformidad a lo establecido en el art. 246 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo.
Municipalidad, personal de planta permanente, igualdad ante la ley, violación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUSARDI, JUAN JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 465-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-02

No contraviene el derecho de igualdad ni puede sostenerse que el actor resultó discriminado respecto de los restantes Asesores Legales de Secretarías, por cuanto no se configuró identidad de situaciones por que aquellos que no accedieron al cargo por ascenso en su carrera administrativa, ingresaron en épocas en las que el Estatuto del Personal Municipal, ley 9286, no regía, es decir, ya revistaban en planta permanente desde hacía varios años. Por lo tanto, sostener lo contrario, implicaría extraer de meros ascensos -cuya legitimidad no puede analizar el Tribunal- un derecho de muy distinta naturaleza, cual es, nada menos, que el ingreso mismo a la planta de personal permanente.
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Jiménez Pereira, Fulgencio c/ E.N.-DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-11

Los tribunales inferiores deben conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte cuando estas fijan la interpretación de una norma federal, pero pueden apartarse de la doctrina fijada cuando acercan nuevas y fundadas razones, no consideradas por el Tribunal, para demostrar claramente el error grave del precedente y la inconveniencia de mantener su aplicación y en ese supuesto, existe una rigurosa carga argumentativa para justificar la inobservancia del deber de seguimiento de los fallos de la Corte Suprema en su carácter de intérprete máximo de todo el derecho federal, incluida la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional (Voto del juez Rosenkrantz).
Acta de secuestro, acta de apertura, falta de firma, nulidad procesal, estupefacientes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DUARTE, Silvina s/ infr. ley 23.737, Causa nro. 11.362
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

El acta obrante que se relaciona tanto con la aceptación del cargo como con el juramento de los peritos intervinientes, muestra la ausencia de la firma del oficial de policía que venía desempeñándose como instructor, lo cual equivale a decir que en el caso se ha omitido cumplir con lo que claramente establece el artículo 326 del código ritual. La señalada anomalía se vuelve a repetir en estos actuados, en punto a que tampoco el acta de apertura del envoltorio que se dice contenía la sustancia estupefaciente exhibe la rúbrica del funcionario policial ante quien debió formalizarse el acto cuestionado, no siendo posible subsanar en una etapa posterior de la causa, por lo que corresponde ineludiblemente proceder a invalidar todo lo actuado a "posteriori".
Recurso contencioso administrativo, aplicación de la ley, recursos, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: DE LARA S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ MEDIDA CAUTELAR- RECURSO DE QUEJA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 213 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-01

La ley que regula el proceso contencioso administrativo establece que contra las sentencias definitivas proceden los recursos de nulidad (art. 31), revisión (art.32), inconstitucionalidad y casación (art.37); como así también prevé un recurso de apelación contra los pronunciamientos que resuelven sobre el pedido de cese de medidas cautelares (art.15).

Como se advierte, el legislador provincial no omitió regular los recursos susceptibles de interponerse ante las distintas resoluciones dictadas por las Cámara de lo Contencioso Administrativo, sino que estableció un sistema de recursos propios adaptados a la especial circunstancia de ser un órgano colegiado que interviene en instancia única.

Y en ese cometido, reservó el recurso de apelación únicamente para el supuesto en que se debate sobre si el cumplimiento de la medida cautelar produce grave daño para el interés público y no para las resoluciones que las desestiman.

Si distinta hubiera sido la intención del legislador, lo hubiese previsto expresamente, por lo que no cabe interpretar a su silencio como olvido o imprevisión, que , como principio, no se presume. Por lo que, estando diseñado el sistema recursivo en la ley 11.330, no es posible recurrir al Código Procesal Civil y Comercial a los efectos de acceder a este Tribunal mediante el recurso de apelación.

Ello, sin perjuicio de que los reparos que se pretendan esgrimir contra las resoluciones que rechazan medidas cautelares, puedan eventualmente, habilitar la competencia de ésta Corte por la vía del recurso de inconstitucionalidad, en la medida que se cumplimenten los requisitos propios del mismo en cuanto a su admisibilidad.
Circunvención de incapaz o menor, responsabilidad penal, personal de casas particulares, donación
Materia: PENAL
Carátula: Murúa, María del Carmen s/ circunvención de incapaces
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-28

Incurre en el delito de circunvención de incapaces previsto en el art. 174 inc. 2 del Código Penal, quien valiéndose de una relación laboral de cuidado, asistencia y servicio doméstico indujo a una anciana que padecía de un trastorno cognitivo a que realice la donación de un inmueble a su favor, pues la necesidad de la que se aprovechó fue la franca necesidad de cuidados en virtud de su avanzada edad que la hacían vulnerable y dependiente a terceros, y no obsta a tal conclusión, que las necesidades de la incapaz se encontraran satisfechas por otros ingresos o por haber reservado el usufructo de la vivienda, dado que el interés que la llevó a firmar el documento no era patrimonial y residió en la necesidad imperiosa de cuidados.
Demanda, ampliación de la demanda
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: OVIEDO NILSO ERNESTO c/ PANEDILE ARGENTINA  S.A.I.C. s/ RECURSO DE CASACION - COMPAÑIA DE SEGURO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-22

El actor accionó en contra de su empleadora y la o las compañías aseguradoras que ésta denunciara. La demandada denunció a quienes en calidad de compañías de seguros tienen subrogados sus derechos.

Dichas aseguradoras comparecieron a la audiencia de conciliación y se les acordó participación, pero no a requerimiento del actor sino por la citación que le formula la demandada.

El actor no aplió su demanda en forma nominada respecto a las aseguradoras que comparecieron a la audiencia mencionada ut supra, no puede considerarse que el pedido realizado en el escrito inicial de demanda, de que se condene en forma solidaria a las aseguradoras que cite la demandada o a las que la Cámara considere responsables configure una verdadera demanda en los términos del art. 53 ley 4163 -
Verificación tardía, costas, mora del deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUZMAN  DE  LEDESMA  CANDIDA  AZUCENA  EN  AUTOS:  "BANCO REGIONAL DE CORDOBA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. -QUIEBRA PEDIDA-" s/ INCIDENTE DE ESCRITURACION - COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-04-05

El acreedor debe concretar su pedido de reconocimiento de crédito ante el sindico, para lo cual ni siquiera es menester firma de letrado. Si opta por presentarse con patrocinio o representación de abogado, los honorarios serán a su cargo. Y si le asiste razón en su pretensión, ninguna otra costa deberá sufragar. Pero al haber intentado la vía incidental, que ostensiblemente no correspondía, por encontrarse en término para hacerlo ante el sindico(art. 33 Ley 19551), generando un desgaste procesal superfluo y eludiendo el contralor de los restantes acreedores; la imposición de costas se rige por los principios de verificación tardía, y en esta el principio es que son a cargo del acreedor, regla que solo se atenúa en casos excepcionales como cuando el sindico o el fallido se oponen maliciosamente o en forma manifiestamente injustificada. Tampoco puede esgrimirse, a fin de evitar las costas, la mora del deudor, puesto que esta es la constante en los procesos concursales frente a los acreedores concurrentes.
Caducidad de instancia, litisconsorcio pasivo
Materia: PROCESAL
Carátula: GERARDI, Humberto c/ IBAÑEZ, Fernando Adrián s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-19

El rechazo del acuse de caducidad de la instancia formulado por una codemandada no obsta a la procedencia del formulado por la restante, si es que concurren los recaudos legales de esa pretensión.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable, habeas corpus, resoluciones apelables
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINEZ SALIBA, JUAN MANUEL c/  s/ APELACION DEL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS DR. SALIBA c/ RESOLUCION DEL 07.04.19, HACE LUGAR AL HABEAS CORPUS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-27

La situación que enmarca el precedente citado por el Colegio de Jueces no era igual a la aquí acontecida, dado que en aquel caso se analizó -en el ámbito de un recurso contencioso administrativo- la capacidad del Servicio Público de Defensa Penal para ser demandado, concluyendo esta Corte que al carecer éste, por su condición de órgano, de personalidad jurídica, la demandada debía ser la Provincia; afirmando que el Fiscal de Estado es quien tiene a su cargo la defensa de tales intereses; y así es que, ante tal disparidad, la Cámara debía motivar por qué entendía que el fallo citado se trasladaba a los presentes, considerando que la cuestión aquí debatida versaba sobre la concesión de una acción de hábeas corpus -decisión que resulta expresamente apelable en función del artículo 379, C.P.P.- y que el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe pretendía sea revisada por estimar -en esencia- que implicaba una intromisión en facultades propias del Poder Ejecutivo; máxime cuando este Tribunal en diversas oportunidades ya había admitido la posibilidad del Servicio Penitenciario de recurrir por las vías ordinarias y extraordinarias resoluciones referidas a acciones de hábeas corpus, tanto colectivas como individuales, y tal circunstancia imponía un mayor esfuerzo argumental en torno al rechazo de la apelación interpuesta en virtud del extremo que la Alzada entendió configurado.. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Netri) - CITAS: CSJStaFe: Ganón, AyS T 266, p 379; T 287, p 335; Dr. Juan Manuel Martínez Saliba, T 300, p 130. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 379
Sociedad anónima, derecho de preferencia (comercial), demanda, calidad de accionista, prueba, caja de valores
Materia: COMERCIAL
Carátula: PELUSO, NORBERTO c/ IVA SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-15

Si bien para ejercer el derecho de suscripción preferente de acciones la ley 20643: 47 establece la necesidad de que la caja de valores expida -a pedido del depositante- un certificado en el que deben constar determinados requisitos, no pudiendo ser suplido por una simple constancia; a los efectos del ejercicio de acciones judiciales tendientes al reconocimiento de aquel derecho, la calidad de accionista de los pretensores queda suficientemente acreditada por la constancia "movimiento de custodia" expedido por la referida entidad -depositaria de los títulos-, máxime si ella fue luego corroborada, mediante la agregación a la causa del certificado antes aludido.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, dictamen fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: SWCHINDT, MARIA DEL CARMEN c/  s/ ESTAFA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-28

Las postulaciones de la quejosa se diluyen a poco que se analice el fallo del que surge que el Sentenciante, para confirmar la resolución de grado y atendiendo a los planteos de la defensa, señaló que sea cual fuere el momento en que la petición de suspender el procedimiento a prueba se formulara, siempre debían concurrir los presupuestos exigidos por la ley de fondo, entre ellos el relativo a la oferta reparatoria de daños -cuya razonabilidad correspondía valorar el juez- afirmando en tal sentido, la ausencia de toda oferta (la que no necesariamente debía ser de contenido económico) y merituando además la existencia de un dictamen fiscal desfavorable a la concesión del beneficio; argumentos que podrán o no ser compartidos, pero no se ha demostrado ni advertido que la respuesta dada excediera los límites hermenéuticos de las normas en juego o fuera irrazonable. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Caducidad, contratos, denuncia del siniestro, exclusión de la cobertura, ley de seguros, obligaciones del asegurador, seguro de responsabilidad civil, silencio del asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL-SALUD PUBLICA
Carátula: Recio Antonia Alicia y otros c/ Omati, Silvia y otros - Ordinario  s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-04-12

La recta interpretación de la norma del artículo 56 de la 17.418, al no establecer diferencias en los casos de caducidad con relación a los de exclusión de cobertura, en seguros de responsabilidad civil, implica que ante la existencia de cláusula de exclusión de cobertura en un contrato vigente, se vuelve inoponible al asegurado, al conductor autorizado y a los terceros víctimas, en la medida que no haya cumplido la compañía aseguradora con la carga de pronunciamiento que el legislador le ha establecido.
Trabajo artístico, trabajadores de televisión, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: MONTERO, CARLOS c/ C.A.S.F.E.C
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-29

La sujeción a directivas de un director de cine o de televisión no implica por sí subordinación. En cambio, se presenta esta situación jurídica cuando al empleado no se le permite disponer -dentro de ciertos límites- cuándo y dónde debe prestar su actividad. Al trabajador independiente no se le manda, se le pide que concurra.
ESPAÑA, Convención sobre los derechos del niño, interés superior del niño, Comité de los Derechos del Niño, expulsión de extranjeros, MARRUECOS, deportación, grupos vulnerables, recomendaciones de organismos internacionales, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de los Derechos del Niño - D.D. Vs. España- Expulsión sumaria de niño no acompañado c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2019-02-01

Conforme el artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño y la Observación General No 6 sobre Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen - 01/09/2005-, deben los Estados Parte proveer protección y asistencia especiales a niños no acompañados que pretendan entrar en sus territorios, obligación de protección que incluye asimismo el deber de adoptar todas las disposiciones que sean necesarias para identificar lo antes posible a los menores que se encuentran en tal situación, muy especialmente si están en las fronteras.