Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-08


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 08 días del mes de mayo del año dos mil siete, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia Presidida por Juan Pedro Cortelezzi; integrado con los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Jorge Pfleger, Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando Salvador Luis Royer, para dictar sentencia en la causa caratulada "V, P F R s/ Abuso sexual con acceso carnal de menor de doce años continuo calificado por haber sido cometido por un ascendiente en concurso formal con corrupción de menores de doce años de edad, calificada por haber sido cometido por un ascendiente - Abuso sexual con acceso carnal de menor de trece años continuo calificado por haber sido cometido por un ascendiente en concurso formal con corrupción de menores de trece años de edad calificada por haber sido cometido por un ascendiente con intimidación - Abuso sexual con acceso carnal por haber sido cometido por ascendiente todo en concurso real" (Expediente 20.584-V-2006).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 384: Panizzi, Pfleger y Cortelezzi, Caneo, Passuti y Royer.

El Juez Alejandro J. Panizzi dijo:

I) La Cámara en lo Criminal de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Esquel elevó las actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia por disposición de los artículos 179, inc. 2º de la Constitución de la Provincia del Chubut y 391 del Código Procesal Penal, abriendo así la competencia de esta Sala Penal para conocer el proceso en el que, con fecha 7 de julio de 2006 y mediante sentencia N° 61 - F° 465/482 - T° I , se condenó a P F R V como autor penalmente responsable de los delitos de violación agravada por el vínculo (artículo 119 incisos 1° y 3° y 122 del Código Penal, texto según ley 11.179) en la modalidad continuada, cometidos en esa ciudad, en perjuicio de M S V, desde que tenía ocho años de edad y hasta los catorce (1989 a 1995) y de F J V, desde que tenía ocho o nueve años de edad y hasta los doce (entre 1998/99 y 2002); imponiéndole por ambos hechos (o conjunto de hechos), en concurso real (artículo 55 del CP), la pena de diecisiete años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y las costas del juicio (artículos 12, 29 inc. 3°, 40 y 41 del Código Penal).

De acuerdo con la norma constitucional citada, la revisión del mecanismo legal denominado "consulta" debe contemplar la sentencia completa, sin prescindir de ninguna de sus partes, y debe efectuarse una ponderación de un segmento con otro.

II) Los hechos que juzgó el Tribunal de mérito fueron tres, imputados por el órgano acusador de la siguiente manera:

1°) El primer hecho ocurrió en la ciudad de Esquel, en el interior de la vivienda familiar sita en calle B N° **, desde que M S V, nacida el 10/12/19**, tenía 9 años de edad y hasta el mes de diciembre de 1995, oportunidad en la que F R V, padre de la menor, haciendo un uso intimidatorio de la relación de dependencia de la nombrada, de su autoridad paterna y mediante el uso de amenazas al anunciarle que "la mataría a ella, a su madre y a sus hermanos" abuso sexualmente de la niña en forma continua y reiterada, sin que ella haya podido consentir libremente la acción debido a su minoría de edad -desde los 9 a los 14 años- sometiéndola a tocamientos de clara significación sexual y obligándola a mantener relaciones sexuales mediante la introducción de su pene en la vagina de la menor, lo que constituyó un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima, accionar mediante el cual promovió la corrupción de la misma, sabiendo que conforme su menor edad, inmadurez sexual y la depravación de la conducta desplegada aumentaba en ella el desarrollo precoz de su psiquismo sexualmente alterado, habiendo ocurrido dichos accesos carnales en una habitación de la vivienda mencionada, reiterándose siempre que estaban solos y con las conminaciones arriba mencionadas.

2°) El segundo hecho ocurrió en la misma ciudad, desde que F J V, nacida el **/09/**, tenía ocho años de edad y hasta el mes de noviembre del año 2002, el nombrado F R V, padre de la menor, haciendo un uso intimidatorio de la relación de dependencia de la nombrada, de su autoridad paterna y mediante el uso de amenazas anunciándole que "mataría a su madre y a sus hermanos si contaba lo que le hacía", abusó sexualmente de la niña en forma continua y reiterada, sin que ella haya podido consentir libremente la acción debido a su minoría de edad -desde los ocho y hasta los doce años- obligándola a realizar tocamientos de clara significación sexual en sus genitales y accediéndola carnalmente mediante la introducción de su pene en la vagina de la menor, lo que ha constituido un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima, accionar mediante el cual promovió la corrupción de la misma, sabiendo que conforme su menor edad, su inmadurez sexual y la depravación de la conducta desplegada, aumentaba en ella el desarrollo precoz de su psiquismo sexualmente alterado. Accesos carnales que también ocurrieron en una habitación de la vivienda mencionada, reiterándose siempre que se encontraban solos y con las conminaciones arriba mencionadas.

3°) El tercer hecho imputado ocurrió el día 29 de septiembre de 2004, en horas de la tarde en un lugar no establecido pero en las cercanías de un camping y el hogar donde estuviera internada la menor F V y en el interior del automotor en que se conducía, F R V, haciendo un uso intimidatorio de la relación de dependencia de la nombrada y de su autoridad paterna, abusó sexualmente de su hija menor de edad (14 años) accediéndola carnalmente, abusando coactivamente de su autoridad paterna.

III) Como quedó dicho, tres fueron los hechos imputados por el Procurador Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio pero, en el final del debate, mantuvo su acusación por los hechos atribuidos en primer y segundo lugar.

Sin embargo, por razón de la prohibición que rige a favor del acusado(reformatio in peius), por cuanto el amplio examen de la sentencia no podrá perjudicarlo, no trataré el hecho ocurrido el día 29 de diciembre de 2004, en perjuicio de F J V, ya que Tribunal de juicio absolvió al acusado por ese suceso (artículo 391 del código de rito).

IV) Por tratarse de un delito de instancia privada, la jueza que votó primero verificó correctamente el cumplimiento de los requisitos de procedencia para, luego, establecer que la acción fue instada correctamente por la Sra. J S C en representación de la menor F J V, y por M S V quienes realizaron sendas denuncias ante el Ministerio Público Fiscal.

V) En cuanto a la valoración que de la prueba realizaron los magistrados, es la primer votante quien se extendió con detenimiento sobre cada uno de los testimonios recibidos en la causa, la declaración del imputado, de las menores, los informes psicológicos realizados sobre las víctimas y también sobre el acusado.

Así, la doctora J, con el propósito de verificar la materialidad y la autoría de los hechos juzgados, realizó una exposición precisa de la declaración que brindó V iniciado el debate, resaltando el esfuerzo efectuado por el inculpado para demostrar que era víctima de un ardid de su ex esposa -S C- y de sus hijos, al revelar frases como "todo esto sucedió cuando él quiso blanquear a su actual pareja y S C quería ser la "señora de", no quería quedarse sola, por eso "todo esto" es por una bronca muy grande de su ex mujer contra él y ella está usando los chicos contra él", o ". Todo esto es una historia armada por ellos", o ". Sabe que la misma (C) ha dicho que no va a parar hasta destruirlo".

Finalizado este análisis, la magistrada abordó el estudio de la declaración brindada por la menor F J V, en Cámara Gesell, donde fue interrogada por la Lic. M del cuerpo Médico Forense. De ese testimonio rescató como sustancial para elucidar el hecho, su constante nerviosismo y evidente emotividad, el llanto que le generó relatar las situaciones de sometimiento sexual y lo trabajoso que resultó obtener de la menor la descripción con sus propias palabras del abuso, expresando que para ella abuso sexual era violar.

Además, la magistrada reveló en su pronunciamiento -con habilidad- que F declaró con los ojos cerrados: "F abusó de mí" y dijo que su padre la tocaba y la besaba, que le pedía que tuviera relaciones con él, que le ponía el pene en la vagina y en la boca pero nunca atrás, en la cola.

Uno de los puntos centrales de esta declaración, fue con respecto a la retractación que -durante el proceso- efectuó la menor. Afirmaciones como ". Esa fue la mentira más grande que se mandó en su vida", o "F la llevó a su casa. y ahí le hicieron escribir una carta de su puño y letra, dirigida a F diciendo que la perdonara que ella le había echado la culpa, pero que había tenido relaciones con un chico y que luego la llevó cerca del correo y le dio plata para que la despachara"; fueron destacadas por la doctora J para revalidar los dichos iniciales de la menor.

A continuación, equivalente labor intelectual desarrolló la jueza concerniente a la declaración de M S V, resaltando las apreciaciones despectivas que sobre su padre -el imputado- exteriorizó la víctima en toda su deposición. Definiciones como "este hombre", "el tipo" o "el caballero" pueden leerle a lo largo de la exposición.

Y calificó al relato como altamente conmovedor reproduciendo fragmentos como éste: ". Cuando se indispuso, a los once años, el imputado le prohibió que le dijera a su mamá, que él le compraba las toallitas y se las escondía en el cielorraso", o "Cuando su Mamá se enteró un día al ver una mancha, la llevó al ginecólogo y el la amenazó para que no contara nada y si le preguntaban que dijera que se había metido los dedos" -evidenciando la violencia moral que sobre M ejercía su padre- o ". Él la accedía cuando quería, con una frecuencia que fija en cada dos semanas, agregando ". Fue de Dios que no quedé embarazada".

Al momento de valorar estos testimonios, la magistrada los calificó como absolutamente veraces, y encontró su validación a través de la restante prueba producida en la causa, procediendo a analizar el informe elaborado por la Lic. S M acerca de F J V, sobre el que se pronunció como confirmatorio de la existencia de trastornos específicos derivados del abuso sexual, y de la presencia del síndrome postraumático calificado por esa profesional como reacción emocional habitual en situaciones como en el caso, donde la menor había develado un secreto de la trama familiar. Secuela psicológica, que halló corroborada por el informe que sobre la víctima realizara la Lic. R, en el Servicio de Protección de Derechos.

La misma consecuencia psíquica se acreditó en M S V, según lo explicara la Lic. M D en la audiencia de debate, otorgándole la magistrada a esa circunstancia entidad confirmante de los hechos denunciados por la víctima, para luego referirse a la aserciones profesionales emitidas al respecto por la Lic. M, quien verificó en M síntomas de permanente insatisfacción, sensación de inutilidad, autocrítica exacerbada, auto culpabilización, crisis de llanto repentino, estado de ansiedad y sentimientos de impotencia derivados de un grave cuadro de violencia familiar con situaciones abusivas de origen sexual.

VI) El pronunciamiento bajo análisis, contiene un párrafo dedicado a rebatir -de manera apropiada- los argumentos alegados por la defensa tocantes a la falta de informes médicos sobre las lesiones físicas que podrían haber presentado las damnificadas.

Con claridad, la votante en primer término calificó este argumento como irrelevante, por considerar que esa clase de prueba no es comparable con la fuerza probatoria que -a su juicio- cupo otorgar a la secuela psíquica descripta, que sí es específicas del abuso sexual y del trauma irreparable sufrido que, conforme se desprende de los diferentes informes psicológicos glosados en la causa, aún hoy subsisten en la víctimas.

Por último, y luego de una meritoria labor intelectual, la doctora J valoró como prueba indiciaria de cargo la personalidad del imputado, descripta por la Lic. Mosquera y el Lic. S, poseedora de indicadores de características narcisistas, con ausencia de conciencia reflexiva y disociación extrema de afectos, lo que la llevó inferir que el imputado fue capaz de cometer los hechos que se le atribuyeron y de adaptarse a la vida cotidiana como si nada hubiera sucedido.

Con los testimonios de la denunciante J S C y de los hermanos de las víctimas J L, F R y D A V, los votantes en mayoría (fs 323 y 329) tuvieron por confirmado el perfil psicológico del acusado, informado por los profesionales en la causa, y por ratificados los dichos de las víctimas respecto a la realidad de la violencia y la humillación a la que los sometía V.

La vocal J, finalizó su ponencia expresando convicción sobre la existencia de los hechos, fijados por fiscal, y la autoría del acusado.

Conclusión ésta, que fue abonada por el Juez Criado, a fs. 328 vta., que encontró suficientemente acreditada con la prueba colectada en la causa la ocurrencia material de los hechos imputados y la responsabilidad del encartado en carácter de autor.

VII) En cuanto a la calificación legal propiciada por el doctor R, la magistrada entendió correcta la propuesta de aplicar en ambos casos los tipos penales previstos por la Ley 11.179, por resultar más benigna respecto de los requisitos legales previstos, ya que los montos sancionatorios se mantuvieron iguales. Pero rechazó la imputación del delito de promoción de la corrupción de menores, por no encontrarlo configurado en ninguno de los casos, dando fundados argumentos al respecto que encuentro acertadamente razonados.

Puesto que la ley vigente antes del suceso es distinta a aquella en vigor al momento de la sentencia, corresponde -en práctica de la revisión amplia, como quedó por supuesto más arriba- revisar la ley más benigna y, por ende, aplicable al caso (artículo 2 Código Penal).

Como se sabe, la ley 25.087 que reformó el Título tercero de la Parte Especial o Libro II de dicho código, entró en vigor el día 14 de mayo de 1999; en tanto que los hechos juzgados son anteriores a esa fecha.

La ley posterior -N°25087- no puede considerarse más benigna que su preliminar, ya que no fija una escala penal más leve a la anterior y tampoco genera un beneficio en orden a la estructura de los tipos penales aplicables: violación agravada (artículos 119 y 122 del Código Penal según ley 11.179), en comparación con el abuso sexual con acceso carnal agravado (artículo 119, Párr. 1º y 3º ap. B) de la ley nueva).

Es preciso puntualizar que los hechos probados en la causa contienen una particularidad que concurre a su agravación, de acuerdo a las previsiones del art. 122 del Código Penal (vigente con anterioridad a la reforma puesta en efecto por la ley Nº 25.087). Esto es que las víctimas son hijas del acusado, tal como quedó probado.

Esta circunstancia, claro, no cambian ni la pena ni la calificación, pero corresponde su atención al momento de la verificación de la ley aplicable.

La nueva redacción del artículo 119 del Código Penal (texto según ley 25087) determina el abuso sexual de persona de uno u otro sexo cuando ésta fuera menor de trece años, es decir, aumentó la edad de la víctima en un año con respecto a la redacción anterior. Como ello podría afectar al acusado en virtud de las edades de las niñas perjudicadas por sus acciones, sería suficiente aplicar al caso la vieja norma, por regulación del artículo 2º del Código Penal.

No obstante, en el caso no se advierte perjuicio, ya que los elementos que requiere el tipo penal elegido por el a quo son los mismos que los que exige la nueva norma (acceso carnal cometido por el ascendiente). Y la escala penal también es equivalente (de ocho a veinte años de reclusión o prisión) en una y otra norma.

La nueva ley incorpora otros supuestos de hecho que no son aplicables al caso.

El artículo 2º del Código Penal, reza que "Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna". La conjunción condicional "si" con la que se inicia el artículo, denota la suposición en virtud de la cual en el caso de que al tiempo de ocurrido el hecho, la ley en vigor fuere diferente de aquella que exista al emitirse la sentencia, se aplicará siempre la más beneficiosa para el reo.

Por lo tanto, es correcto aplicar, como lo hizo la Cámara de juicio, la ley vigente al momento de la comisión de los hechos.

VIII) El grave e irreparable daño producido a las víctimas y al grupo familiar involucrado, la corta edad de las damnificadas, la reiteración del abuso por años y el marco de intimidación ejercido para asegurar su impunidad fueron las agravantes consideradas en el fallo para medir la pena a imponer mientras que la falta de antecedentes penales de P F R V fue la atenuante que culminó el análisis de la primer votante, para aplicar la pena de diecisiete años de prisión al imputado.

IX) Por todo ello estimo que el pronunciamiento dictado por el a quo, obrante a fs. 314/330, es una decisión motivada, correctamente razonada que ha establecido con certeza la existencia de los hechos acusados y la participación en ellos del atribuido. También juzgo adecuada la calificación legal efectuada en el fallo y justa la pena que se aplicó en él. En definitiva, el fallo me ha persuadido de que la decisión de la Cámara tiene que ser confirmada en todos sus términos porque se ajusta a derecho.

Propicio, entonces, la confirmación de la sentencia obrante a fs. 314/330.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I.- La Excma. Cámara del Crimen de la ciudad de Esquel, por sentencia emitida el siete de julio del año dos mil seis, condenó a P F R V a sufrir la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas por estimarle autor penalmente responsable de los delitos de Violación agravada por el vínculo, cometidos en esa Ciudad, en perjuicio de M S V cuando la misma tenía entre ocho y catorce años (1989 a 1995) y en perjuicio de F J V cuando esta tenía entre los ocho o nueve años y los doce años (entre 1998/99 y 2002), ambos en concurso real.

En virtud de la pena aplicada en la especie, se elevó el expediente en consulta, acorde el artículo 179 párrafo segundo de la Constitución de la Provincia del Chubut y su reglamentario artículo 391 del C.P.P.

II. Si bien en este caso no existe recurso de parte, consecuente con la opinión que he emitido en cada ocasión en que la situación fuera planteada, desarrollada en una memoria presentada a cada uno de los Ministros de este Tribunal a la que me remito, he de repetir que, en el procedimiento de consulta, la situación debe atenderse por el pleno.

Así he dicho y, sin perjuicio de la remisión formulada, pondré nuevamente sobre el tapete mi punto de vista al respecto, suscintamente esta vez.

Sostengo que literalmente interpretado, el art. 179 punto 2° de la Constitución no parece dar lugar a dudas en punto a la tesis que yergo.

La atribución de tratar a la consulta lo es al pleno, según mi inteligencia acerca de la norma, y como tal debe entenderse el número completo de miembros del Superior Tribunal que, otra vez desde una perspectiva literal, la propia Constitución establece en no menos de tres y no más de seis, consagrando el vocablo "pleno" aún cuando previera la división en salas.

Si al solo fin explicativo construyéramos el precepto constitucional del caso bajo el modo de composición del Tribunal hoy, éste prescribiría que: los seis miembros del Superior Tribunal conocen y resuelven, sin sustanciación, en las causas criminales en las que se prive de libertad por más de diez años.

En clave sistemática, la Ley reglamentaria vigente (el Código de Procedimientos en lo Criminal del Chubut) confirma, a mi entender, esa conclusión, también considerada la letra de su texto que no admite ir más allá de lo estrictamente lingüístico.

El digesto es claro al respecto pues: a. da un sitio especial a la Consulta, art. 391. b. reconoce su autonomía cuando estatuye que resulta indiferente la actividad impugnativa de las partes. c. postula la inexistencia de limitación alguna en cuanto a la amplitud del conocimiento y el alcance de la resolución, salvo la "reformatio in peius", exista o no impugnación de partes d. prescribe que: d.1 si no existe impugnación de parte el Superior Tribunal dicta sentencia sin más trámite (sin sustanciación) d.2 cuando co-exista impugnación de parte se aplica, en lo que concierne, el procedimiento del recurso.

Desde una perspectiva progresiva (y aún cuando deba aceptarse que la reglamentación no pueda alterar la esencia constitucional) se tiene que el codificador del porvenir procesal ha mantenido la norma del código adjetivo vigente sin casi hacer modificaciones. Fluye claramente la intención de dejar al instituto en su actual dimensión tanto en lo formal-funcional cuanto en la extensión.

Mirado desde una óptica "pro homine", una manera de ver las cosas que favorece con intensidad la vigencia de los derechos humanos, es mi opinión que asegura (garantiza) la más eficaz protección para los casos graves el examen del caso por seis antes que por tres jueces, justificando la existencia del instituto, que el reformador constituyente del ´94 mantiene virtual, como lo comentara antes. La división del Superior Tribunal en salas es, a mi juicio, un mero recurso o mecanismo de distribución de tareas que no puede erguirse para sustraer a los miembros del Cuerpo de la competencia adjudicada constitucionalmente, tanto y más cuanto el pensamiento esbozado al principio resiste el análisis desde diversos puntos de mira.

Los vocablos conoce y resuelve con que el constituyente prodiga la capacidad a este Cuerpo envuelven la idea de examen y decisión; la locución causas criminales extiende el sentido de aquella tarea a todo cuanto envuelva al caso y, me atrevo a señalar, con la sola limitación de lo que resulte de la inmediación de los jueces del juicio oral y público en relación con la prueba.

Creo que, en este sentido, la consulta viene a tener una vinculación simbiótica con la casación en términos de "Casal", con la diferencia que, vuelvo insistir, carecerá de las limitaciones que impongan los recursos, porque el interés trascenderá al de la parte en la medida en que prevalecerá el del imputado.

La limitación de la "reformatio in peius" es otro vallado que impedirá empeorar la situación del atribuido a pesar de la amplitud del examen; un comentario que es de perogrullo por cuanto está específicamente previsto en la ley reglamentaria, como se ha visto.

Estas consideraciones, estimo, son útiles para aventar cualquier óbice que pudiera hacerse al instituto en relación con lo que se viene tratando, pues queda claro que la pena sólo cumple la función habilitante, pero no es la que condiciona la intensidad del examen.

No debe perderse de vista que el art. 391 de C.P.P. utiliza la expresión "...conocerá del proceso..." lo que habla a las claras que el análisis podrá involucrar tanto a los hechos cuanto al derecho, en todos sus aspectos, con los contornos expuestos anteriormente. Creo que una recta inteligencia de la norma constitucional y de la locución usada en el digesto adjetivo conduce a identificar (a considerar sinónimos) "causa criminal" y "proceso".

No creo que pueda desdoblarse el tratamiento de las cuestiones de hecho y derecho (formal o sustancial) y la pena tal se ha esbozado en el pleno, sin riesgo de transgresión o inobservancia de expresas normas legales.

Significaría romper la lógica del discurso -fundado en el sistema legal- si se aceptara la virtualidad del instituto y la forma de realizarlo y se le recortara limitándolo al tratamiento de la cuantía de la sanción impuesta.

No debe olvidarse que dentro del régimen de nulidades, las de orden general refieren al nombramiento, capacidad y constitución del Tribunal (art. 149 inc. 1° del C.P.P.) de suerte que cualquier ponderación que se formule debe precaverse de incurrir en el precitado defecto, por la grave sanción que apareja.

Por estas razones que he expuesto lo más brevemente posible soy del criterio de que en los casos en que una sentencia aplique una pena superior a los diez años y sea recurrida en casación, el tratamiento de la cuestión, más allá del trámite del recurso, debe aplicarse el procedimiento decisorio reservado a la consulta por el pleno, con los alcances que se han delineado en esta memoria.

Va de suyo que el mismo criterio, por efecto extensivo, ha de seguirse cuando se trata de múltiples imputados y sólo uno de ellos haya sido sancionado con una pena que motive la aplicación del procedimiento de consulta.

III.- Que una vez dicho esto continuaré en el desarrollo de este, mi voto, verificando los extremos que la sentencia ha fijado y las razones dadas a ese proceder.

Mi distinguido colega de sala ha realizado un minucioso examen de la cuestión y con él coincido en todos sus términos, por lo que mi ponencia se limitará a ratificar los puntos de coincidencia, sin agregar demasiado.

Sólo haré memoria de que los hechos que fueran materia de juicio implicaron: a. la atribución a P F V de haber abusado sexualmente, en forma continua, de M S V, su hija de él, en el interior de la casa familiar sita en B ** de Esquel, desde que la niña tenía nueve años de edad (su fecha de nacimiento fue el ** de Diciembre de 19**) y hasta el mes de Diciembre de 1995, haciendo un uso intimidatorio de la relación de dependencia, de su autoridad paterna y mediante uso de amenazas al anunciarle que "...la mataría a ella, a su madre y a sus hermanos..." sin que la menor pudiera consentir libremente la acción debido a su condición etaria. El abuso consistió -según la Fiscalía- en tocamientos de clara significación sexual y en el forzamiento a relaciones sexuales por vía vaginal mediante la introducción de su pene, lo que constituyó un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima, accionar mediante el cual promovió la corrupción de la misma, sabiendo que su minoridad, inmadurez sexual y la depravación de la conducta desplegada, aumentaba en ella el desarrollo precoz de su psiquismo sexualmente alterado. El Ministerio Público consideró al respecto que los accesos carnales sucedieron en una habitación de la vivienda señalada, reiterándose siempre que estaban solos, poniendo énfasis en las conminaciones. b. el endilgue al imputado de haber abusado sexualmente de su hija de él, F J V, desde que ella tenía ocho años de edad (había nacido el ** de septiembre de 19**) hasta el mes de noviembre del año 2002, de modo continuo y reiterado, sin que la niña hubiera podido consentir libremente la acción debido a su minoría de edad; el enjuiciado, acorde la plataforma de discusión, la obligó a realizar tocamientos con clara significación sexual en sus genitales y la accedió carnalmente mediando la introducción del miembro viril en la vagina, lo que constituyó un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima, accionar mediante el cuál promovió la corrupción de la menor, sabiendo que, conforme la edad, su inmadurez sexual y la depravación de la conducta desplegada, aumentaba en ella el desarrollo precoz de su psiquismo sexualmente alterado. Aprovechó el padre, acorde la acusación, su condición de tal, haciendo un uso intimidatorio de la relación de dependencia y a través de amenazas anunciándole que "...mataría a su madre y a sus hermanos si contaba lo que hacía..." y c. se puso en cabeza de F R V que el 29 de septiembre de 2004, en horas de la tarde en un lugar no establecido pero en las cercanías de un camping y del hogar adonde estuviera internada su hija F V, en el interior del automóvil que conducía, la accedió carnalmente; abusó, otra vez, de su condición de padre y la intimidó con ello.

Empero el titular de la acción penal replegó los argumentos acusatorios en lo que concierne al hecho c. (o tercero) por entender que no podía recrearse ideológicamente con certeza la hipótesis planteada, pues ésta encontraba cimiento sólo en los dichos de la niña y en la presunción que se derivaba de los anteriores episodios.

IV. Siendo como es que resulta imposible, por la naturaleza del instituto de que se trata, realizar cualquier modificación que empeorara la situación del atribuido, sólo escrutaré, como lo ha efectuado el señor Juez preopinante, los temas que he identificado mediante las letras a y b (primero y segundo, según se mire) y sobre ellos expresaré opinión.

V. La señora Juez sufragante del primer voto admitió la propuesta fiscal en lo que a los hechos atañe y lo hizo específicamente en la foja 324 de la sentencia luego de valorar la prueba recogida, que reseñó con prolijidad En justificación de su aserto hizo hincapié, principalmente, en la impresión recogida desde los testimonios brindados por las víctimas que consideró de mejor calidad en confronte con los argumentos expuestos por el incuso en defensa, en la medida en que adosó, para validar opinión, otros datos que certificaron la convicción de hallarse en posesión de la verdad, en especial los informes de los psicólogos forenses respecto de las secuelas dejadas por el abuso en la psiquis de las niñas, el dictamen de la psicóloga tratante de M V, el informe forense denotativo de la personalidad del acusado y los testimonios de J S C y de sus hijos F R, J L y D A V y aún de terceros que, sin conocer directamente acerca de la cuestión, le significaron eslabones para reconstruir el acontecer que estableciera como verdadero.

No menos elocuente resultó el señor Juez del segundo voto. Metódicamente hizo crítica, en principio, de los testimonios que pretendieron poner en vilo la fiabilidad de los dichos de F V y los desconsideró; luego, en cambio, validó la versión de la mujercita con mentas de la opinión de la licenciada V R y de la Licenciada S M.

Analizó los dichos del imputado y los desdeñó como justificación exitosa, al ponderar como carente de asidero la denuncia de una conspiración en su contra prohijada por su ex pareja, poniendo en confronte que estimó cualitativamente superior a los dichos de J S C, y los hijos del imputado: J L, F R y D A V "...quienes confirmaron el perfil psicológico del encartado informado por los profesionales en la causa, como así también ratificaron los dichos de las víctimas M S y F J, respecto de la realidad de violencia y humillación en que P F V sumía a la familia..."( textual del voto del doctor Criado).

Se justificó así la condena, por encuadrarse la conducta probada en los términos que fueran consignados al principio, con la pena que los sentenciantes fundaron en el epílogo de sus respectivas ponencias.

VI. Sabido es que los delitos de esta naturaleza presentan dificultades en materia probatoria.

A menos que exista inmediatez entre el acceso carnal y la investigación, supuesto en el que es factible encontrar estigmas de los episodios en el cuerpo o ropa de los menores abusados o en el sitio adonde se hubieran producido, los elementos de convicción han de ser analizados con extrema precaución cuando -como en el caso- ha transcurrido un largo tiempo entre el abuso y su determinación.

No siempre es cierto, no obstante, el viejo dicho: "...tiempo que pasa verdad que huye..." pues creerlo a pie juntillas implicaría resignarse a la impunidad por el mero transcurrir.

Y extrema precaución es la calidad del análisis ocurrido en la sentencia pues, con firmeza, la Cámara ha dado fundamentos adecuados para declarar la existencia de los hechos probados y la autoría y culpabilidad del acusado.

Veamos.

Impedido por la ausencia de una relación inmediata con los testigos -una de las dificultades que apareja el fallo Casal- el Tribunal de la casación sólo puede verificar la racionalidad del discurso del a quo, cuando predica la fiabilidad de un órgano o, por el contrario lo desecha.

Esa inspección procurará horadar en el discurso en sí mismo y en su relación con la demás evidencia, para establecer que los jueces hubieran actuado con ecuanimidad.

Creo que lo hicieron al ponderar las manifestaciones de F J V y M S V, en el debate, en la medida en que -ya como juicio de esta instancia- ellas son coherentes con las determinaciones de las profesionales de la psicología que trataron a la niñas.

En lo que atañe a la Licenciada M, es notable que, a fs. 16 y respecto de F V, ya hubo de detectar trastornos específicos del abuso sexual, disociativos y de acomodación, añadiéndose stress post-traumático. También su palabra escrita que menta la presión vivida por la mujer que desde "...los ocho años viene vinculándose con un papá en lo cotidiano, quién también por otro lado la despertaba manoseándola primero, para violarla y amenazarla...".

Nuevamente destaca M -ver fs. 43- en su informe y luego de describir y reflexionar acerca del cuadro de F, concluyó en la existencia del abuso sexual paterno y en que "...No surge de la evaluación que F V presenta tendencia a la fabulación y en lo referente a la presente causa la retractación no debe tomarse como que F fabuló o mintió cuando develó el abuso. Sino que la retractación confirma el abuso sexual sufrido. Ya que como se ha expuesto forma parte del circuito del abuso sexual..." El acta de debate es elocuente de las explicaciones de la psicóloga forense en justificación de sus asertos y coincido en plenitud con la evaluación que de ellos hicieron los sentenciantes, sin olvidar la expresión de fs. 75, también incorporada al debate.

En torno de M S V, ha de añadirse en soporte de las manifestaciones testimoniales referenciadas arriba, el trabajo pericial de la misma Licenciada M que en el informe de fs. 173, incorporado por su lectura, que, con prolijidad encomiable, analizó a la mujer y concluyó en que se develaba "...la presencia de Síndrome de Stress post traumático derivado de un grave cuadro de violencia familiar con situaciones abusivas de origen sexual..." El acta de debate ha tomado dejado asentado el testimonio vertido por la psicóloga M D, que, como bien se dice en la sentencia, importa un escalón más en el proceso analítico que confirma certeramente la opinión fiscal. Leo en las notas la permanente referencia desde M al hecho del abuso por su padre y la apreciación de la profesional respecto de esos síntomas, que en el contexto de las pruebas, se me ocurren convincentes.

Otro tanto se ha hecho con la concurrencia al juicio de la licenciada M V R, quien atendió a F V.

Puede inferirse de esa glosa la traducción de abuso evidenciado por la exponente a partir del relato de F V. Tengo especialmente en cuenta la expresión "...En su opinión F no es una chica fabuladora por que es una adolescente y segundo que las situaciones que vivió en la casa, la han afectado, en su opinión las contradicciones en que ha caído o, a veces se evidencia cierto infantilismo en lo que ella dice, tiene que ver más con su edad, con su vivencia o con su medio social, más que con una cuestión de fabulación..." consignada en el acta que me permite arribar a la convicción, fuera de toda duda razonable, de la realidad del hecho atribuido al imputado en lo que fuera materia debate.

Demás está decir que los testimonios de S C y de F R y de D A V vienen a cerrar el cuadro de cargos que la sentencia trató, como lo dijo el señor Juez del primer voto, de modo adecuado.

La pena establecida ha sido razonablemente fundada en las características de los hechos y en la calidad personal del sujeto hallado autor y no exorbita la escala ni es manifiestamente irrazonable. Bien aplicados están los estándares de los artículos 40 y 41, de suerte que nada puede objetarse.

Así, en cuanto al mérito que ha de hacerse por imperio de la consulta, los conceptos vertidos con anterioridad son elocuentes para propiciar la confirmación en un todo de la sentencia en examen.

Así lo voto.

El Juez Cortelezzi dijo:

En sus votos, los jueces que me preceden han poco menos que agotado, con sus sólidas consideraciones, el tratamiento del hecho, prueba y autoría.

Viene al caso reiterar las consideraciones que condujeran en la causa "Leiva" a sostener que la consulta estatuida en el artículo 179 de la constitución local ha de hallarse siempre desplazada por el recurso de casación con la amplitud que la doctrina sentada por la Corte Federal le otorga.

Sostuve entonces que el instituto de la consulta ha sido pensado e implementado por el constituyente sólo en beneficio del imputado sujeto a una condena de más de diez años y que no la hubiera recurrido, dicho en otros términos, existiendo reclamo de revisión ejercido por la defensa, la consulta pierde su razón de ser, y en tales casos, será la Sala Penal la que sustanciará y decidirá en la cuestión, con la generosidad que demanda la nueva doctrina, quedando por tanto perfectamente correspondidos los estándares fijados por la constitución y por los Pactos, a los que se encuentra sometida la Nación, y acorde con la doctrina nacional y supranacional que los interpreta, la revisión de este modo decidida es completa y satisface las exigencias propias de la revisión integral por un tribunal especializado en la materia.

Sentado ello, la sanción decidida contra P F V obliga la Consulta (Constitución provincial, art. 179 inciso 2° y C.P.P., art. 391).

La sentencia dictada por la Cámara Primera en lo Criminal de Esquel afirmó la existencia de los hechos perpetrados en contra de las niñas M S V y F J V y la participación responsable en los mismos del imputado. Los señores Vocales fundaron la autoría del imputado de acuerdo al siguiente plexo probatorio:

- denuncia efectuada por J S C, madre de una de las menores, quien no sólo reconstruye los sucesos motivo de imputación, sino que también dá cuenta del contexto familiar en el que nos ubicamos;

- declaraciones de las Licenciadas S M; M V R; que además de sostener que los relatos de las víctimas no poseen indicadores de fabulación o tendencia a mentir, permiten inferir la existencia de los abusos señalados;

- testimonio de la licenciada M D, profesional a la que acudió espontáneamente la menor F V, y a quien le contó los hechos cometidos por su padre;

- testimonios de los hermanitos de F y M (J L; F R y D A V), quienes tomaron conocimiento de lo sucedido a través de las propias víctimas y de la madre;

- los testimonios brindados por las niñas en Cámara Gessell, en donde relatan pormenorizadamente los hechos que la damnificaran;

- declaraciones de los licenciados S M y D S, que dan cuenta de la personalidad del imputado.

Estimo pues que el fallo pronunciado por la a-quo es una decisión jurisdiccional fundada, que ha establecido con certeza la existencia de los hechos delictivos y la participación en los mismos del imputado.

Los testimonios brindados por las niñas, su madre y por los distintos profesionales arrimados al conflicto, fueron contestes, coherentes y precisos en cuanto a los datos aportados.

Dichas declaraciones, junto al resto de los elementos valorados por los Vocales del debate, me convencen de que la decisión de la Cámara tiene que ser confirmada en todos sus términos.

Siendo ello así, entiendo que corresponde confirmar la sentencia fs. 314/30 vta.

Así voto.

El Juez Daniel Luis Caneo dijo:

Comparto plenamente el sufragio del señor Ministro, doctor Alejandro Javier Panizzi. La sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la ciudad de Esquel es una decisión jurisdiccional fundada que aplica correctamente la ley sustantiva en aras de justificar la grave pena.

El imputado P F R V negó los hechos que le atribuyó la acusación fiscal en perjuicio de sus hijas M S V y F J V. Según el incuso los delitos que afectaron la integridad sexual de las víctimas nunca existieron; P V afirmó que él mismo fue objeto de una venganza familiar urdida por J S C, movida a causa del despecho que le produjo la elección que hizo V por otra mujer.

Sin embargo los testimonios de M y de F V son terminantes a la hora de confirmar los hechos del proceso. Ambas fueron muy explícitas cuando describieron la violencia que imponía su padre al grupo familiar. Mediante amenazas y explosiones de furia P V estableció un férreo régimen con base en el terror y el silencio.

Así estuvo en condiciones de acceder carnalmente a sus hijas durante un tiempo considerable sin que las menores pudieran resistir los penosos ultrajes o buscar ayuda dentro o fuera del hogar. Todo ello fue confirmado además por las profesionales que debieron actuar luego de ocurridos los sucesos investigados, las licenciadas S M, V R y M D, quienes haciendo pie en su ciencia expusieron seguros indicadores de violencia sexual hallados en las hijas del procesado.

Estimo que la sentencia venida en consulta debe ser confirmada en todos sus términos.

Así voto.

El Juez José Luis Pasutti dijo:

En mi opinión el fallo de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Esquel dio solución correcta a cada cuestión planteada. La posición asumida por P F R V ha sido desvirtuada por la prueba legítima que los Jueces del debate valoraron en su contra.

La existencia de las acciones ultrajantes perpetradas por el nombrado en perjuicio de dos de sus hijos, las niñas M S V y F J V, fue establecida con la certeza que exige una resolución condenatoria. Los testimonios de las víctimas son muy elocuentes en tal sentido, y ambas versiones recibieron confirmación en los dichos del resto de los integrantes de la familia damnificada, como así también en las conclusiones de las psicólogas actuantes, las licenciadas S M, V R y M D.

Por otro lado, los Magistrados ponderaron el perfil que exhibe el acusado. Leo a fojas 324 que "...P F V posee indicadores de características narcisísticas, con ausencia de conciencia reflexiva y disociación extrema de afectos, reaccionando con una sobreadaptación intelectual y disociación afectiva, lo que permite inferir a mi juicio, la posibilidad de que el mismo pueda realizar su aparente normalidad, pues en el caso que no hubiera tal disociación, es impensable que pudiera convivir con la conciencia de ser autor de los hechos enrostrados".

Estimo, en fin, que el fallo venido en Consulta tiene que recibir confirmación íntegra.

Así voto.

El Juez Fernando S. L. Royer dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Alejandro Javier Panizzi, Jorge Pfleger, Juan Pedro Cortelezzi, Daniel Luis Caneo y José Luis Passuti existe mayoría de votos para conformar la voluntad de este Superior Tribunal de Justicia; de modo que haré uso de la facultad que prevé el art. 357 del CPP (texto según ley 4550).

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

- S E N T E N C I A 1°) Confirmar la sentencia protocolizada bajo el N°61 - Folio 465/482 - Tomo I - Año 2006, de la Cámara Criminal de Esquel, cosida a fs.314/330;

2°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Dres. Cortelezzi, Panizzi, Pfleger.-