Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-01


ACUERDO N° 50. En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, al primer (1°) día de diciembre de dos mil quince, se reúne en Acuerdo la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, integrada con los señores vocales doctores RICARDO T. KOHON y OSCAR E. MASSEI con la intervención de la sub-secretaria Civil de Recurso Extraordinarios doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, para dictar sentencia en los autos caratulados: "PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ VÍA BARILOCHE S.R.L. S/ APREMIO" (Expte. N° 159-año 2009), del Registro de la Secretaría actuante.

ANTECEDENTES: A fs. 119/136 vta. se presenta la demandada -VÍA BARILOCHE S.R.L.- a interponer recurso por Inaplicabilidad de Ley contra la sentencia dictada a fs. 110/115 vta. por la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Sala II, de la Primera Circunscripción Judicial, que confirma el fallo de grado en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios.

Corrido el traslado de ley, la contraria contesta a fs. 140/149. Solicita se rechace el recurso incoado, con costas.

A fs. 153 se notifica el Sr. Fiscal General.

A fs. 164/166, por Resolución Interlocutoria Nro. 213/11 este Cuerpo declara admisible el recurso de Inaplicabilidad de Ley incoado por la demandada.

Firme la providencia de autos, efectuado el pertinente sorteo, se encuentra la presente causa en estado de dictar sentencia, por lo que esta Sala Civil resuelve plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES: a) ¿Resulta procedente el recurso de Inaplicabilidad de Ley impetrado? b) En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? c) Costas.

VOTACIÓN: Conforme al orden del sorteo realizado, a las cuestiones planteadas el Dr. RICARDO T. KOHON, dice:

I. 1. Que a fs. 6 y vta. la PROVINCIA DE NEUQUÉN, mediante apoderado, inicia formal demanda de apremio contra VÍA BARILOCHE S.R.L. por la suma de $166.483,91, que se reclaman en concepto de capital, con más sus intereses, gastos y costas del juicio.

Señala que su crédito surge de la boleta de deuda acompañada, expedida (el 14/09/2007) por la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén, de conformidad con las previsiones contenidas en el Art. 88, inciso 1º y concordantes del Código Fiscal, de la que surge el importe por el que se demanda.

Que se ofrece subsidiariamente -para el caso de desconocimiento- el expediente administrativo 2753-13006/2001 en el que recayó Resolución Administrativa nro. 713/DPR/01, notificada a Vía Bariloche S.R.L. el 18/12/2001.

2. A fs. 25/33 vta. se presenta la demandada y opone al progreso de la acción excepción de inhabilidad de título y prescripción. Respecto de la primer defensa opuesta, expone que la presente boleta de deuda no fue emitida el 11/10/2002 sino el 14/09/2007. Y aclara que la boleta de deuda del 11/10/2002 fue ejecutada en los autos caratulados "PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ VÍA BARILOCHE S.R.L. S/ APREMIO" (Expte nro. 29.2131/03), decretándose la caducidad de instancia mediante resolución del 19/11/2007 que se encuentra ejecutoriada.

De ahí que -aduce- hay dos boletas de deuda, dos títulos ejecutivos distintos, por los mismos conceptos tributarios, devengados en iguales periodos (01/1996 al 09/1998) y que tramitaron en juicios paralelos por dos meses (hasta que en el primero se decretó la perención de la instancia). Agrega que dichos certificados tienen montos diferentes, el del 11/10/2002 por $102.280,21 y el del 14/09/2007 por un monto de $166.483,91 pero con fecha de cierre al 14/09/2002 (es decir anterior al primer certificado consignado).

Considera que la segunda boleta es falsa en tanto no puede librarse estando pendiente de ejecución la primera y, además, porque se duplicó la deuda.

Acompaña cuadro explicativo con las semejanzas y diferencias de las dos boletas de deuda. Y finaliza aseverando que la segunda es inexistente.

En punto a la excepción de prescripción, alega que tratándose de ingresos brutos de los años 1996, 1997 y 1998 y que la demanda se interpone el 19/09/2007, por aplicación de los Arts. 125 y 126 del Código Fiscal las obligaciones correspondientes a dichos periodos se encuentran prescriptas.

Además, aclara que la interrupción de la prescripción causada por la demanda se tendrá por no sucedida si ha tenido lugar la deserción de la instancia. Y que, aun tomando la fecha en que se notificó la determinación impositiva (18/12/01) hasta la de interposición de la demanda (19/09/2007) transcurrieron más de 5 años.

3. A fs. 39/50 contesta la Provincia de Neuquén las excepciones opuestas.

En prieta síntesis, sostiene que las boletas de deuda son instrumentos públicos abstraídos de la causa que le da origen y que las objeciones relativas a esta última deben ser planteadas en otro tipo de proceso. Opina que no resultan de interés -en la presente- los motivos que llevaron a la emisión de la segunda boleta, intereses que contiene, periodos que comprende, etc. Cuestiones que -dice- deben ser tratadas en el ordinario posterior.

Expresa que el dilema para su parte no es determinar si hay una o dos boletas de deuda sino en que la deuda existe y la elaboración de una boleta de deuda es un acto interruptivo, así como lo es la interposición de la demanda, y que a la fecha de esta última no se encontraba aún decretada la caducidad de instancia en el otro expediente.

Considera que si la boleta fue elaborada en octubre de 2002, lo cual es un acto interruptivo de la prescripción, ello implica que dicha boleta resulta exigible hasta octubre de 2007.

4. A fs. 52/56 vta. obra el fallo de Primera Instancia por el cual se rechazan las excepciones de prescripción e inhabilidad de título articuladas y, por consiguiente, se sentencia de trance y remate la presente causa, mandando llevar adelante la ejecución por la suma de $166.483,91.

En primer término, el judicante de grado analiza la excepción de prescripción.

Expone que el Art. 126, cuarto párrafo, del Código Fiscal, fija que el término para la prescripción de la acción para el cobro judicial de impuestos, tasas, contribuciones, accesorios y multas, comenzará a correr desde que se notifique la determinación impositiva (ésta ha sido notificada en los presentes al demandado el 18/12/2001).

No obstante ello, analiza si, como lo sostiene la actora, existen causales de interrupción del curso de la prescripción, de conformidad al Art. 127, inciso 2°, del C.F.

Primeramente, destaca que, conforme lo sostenido en anteriores pronunciamientos ("PROVINCIA DEL NEUQUÉN CONTRA BAGGIO HORACIO HAROLDO S/ APREMIO" Expte. N° 344994/6, "PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ FERRARI JORGE ALBERTO S/ APREMIO", EXPTE. N° 346198/6), encontrándose la confección del certificado de deuda que se ejecuta -en las presentes- dentro de la finalidad señalada por la citada norma, aquél resulta interruptivo del curso de la prescripción.

Por tanto, entiende que el término de prescripción no se encontraba cumplido al 11/10/2002, al tiempo de liquidarse la deuda, ni al de la emisión del certificado de deuda (15/10/2002).

Añade que dicho certificado fue reclamado en autos: "PROVINCIA DEL NEUQUÉN contra VÍA BARILOCHE s/ APREMIO" (Expte. 292.131/03), del registro del Juzgado de Juicios Ejecutivos n° UNO, iniciado el día "7/02/2003" [en rigor, 5/02/2003]. Que, en dicho trámite, fue planteada la caducidad de instancia por la "actora" [en rigor, ejecutada], la cual se sustancia mediante providencia del 07/09/2007.

Que la actora expide nueva boleta de deuda el 14/09/2007, considerando la liquidación efectuada al 14/09/2002. También relata que dicha boleta es la que se reclama en las presentes actuaciones promovidas el 19/09/2007 y que el planteo de caducidad fue resuelto en forma favorable a la parte demandada el 19/11/2007.

Luego, considera que si bien se encuentra cuestionado el segundo certificado emitido, por considerar que él es inhábil, resulta imprescindible determinar, si el nuevo reclamo judicial efectuado con posterioridad al planteo de la caducidad de instancia pero con anterioridad al pronunciamiento judicial acerca de dicho planteo, posee efectos interruptivos de la prescripción.

Al respecto, expone que teniendo en cuenta que la caducidad de instancia debe ser interpretada en forma restrictiva a favor de mantener vivo el proceso y que no se produce de pleno derecho sino que requiere pronunciamiento judicial (Cfr. T.S.J.N. "Price c/ Robles"), concluye que el efecto interruptivo de la primer demanda subsiste en tanto no sea declarada la caducidad de instancia.

Para reafirmar su postura cita a Toribio SOSA, quien postula que el efecto interruptivo de la prescripción producido por la demanda subsiste mientras no medie la declaración judicial de perención de instancia.

Por lo que -a su entender- toda la actividad desplegada por la actora con la finalidad del cobro de sus acreencias ha resultado interruptiva del curso de la prescripción y, por ello, no hace lugar al planteo de la demandada.

Respecto de la inhabilidad de título, expresa que por tratarse de un instrumento público, el crédito allí contenido y reclamado posee especial certeza (que es de origen legal), y ello responde a su naturaleza estrictamente administrativa, por ser creado por un organismo público dentro del marco legal correspondiente y en uso de sus atribuciones, con la finalidad de percibir tasas o gravámenes indispensables para el funcionamiento de la administración pública.

Agrega que el certificado acompañado con el escrito inicial, suscripto por el funcionario competente, constituye título ejecutivo suficiente sin que sea posible revisar su proceso de formación, máxime si se tiene en cuenta que la ejecutada no argumenta que se trate de deuda inexistente, cuestión ésta que de haber sido invocada y acreditada hubiera merecido la admisibilidad de la excepción de inhabilidad de título.

Por tanto, entiende que el cuestionamiento dirigido a discutir la legitimidad del crédito del fisco no resulta atendible en esta sede judicial, principalmente si se ha respetado el proceso administrativo para su formación y no se ha menoscabado el derecho de defensa del administrado. Pues -añade-, el ámbito del proceso ejecutivo no resulta ser el adecuado a fin de analizar la composición del certificado y los intereses en él incluidos; y entenderlo de otro modo, significaría habilitar al accionado a discutir la causa de la obligación, circunstancia expresamente vedada en este tipo de procesos por imperio del Art. 544, inc. 4, del C.P.C. y C.

Finalmente, expresa que la limitación de las defensas en esta clase de procesos a los aspectos externos del título, determina que la misma naturaleza de la cosa juzgada formal de la sentencia a dictarse deje abierta la vía para la contradicción amplia en un eventual juicio ordinario en el que el accionado podrá ventilar su pretensión.

5. Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada apela. Expresa agravios a fs.71/89. Controvierte el rechazo de la excepción de prescripción porque la nueva demanda se entabló cuando el pedido de declaración de caducidad de la instancia en el anterior juicio deducido entre las mismas partes (Expte. N° 292.131/03) ya había sido notificado a la Fiscalía el 13/09/07, conforme surge de la cédula obrante a fs. 53 de aquellas actuaciones.

Asimismo, sostiene que el A-quo al referenciar el fallo del T.S.J. recaído en "PRICE C/ ROBLES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. N° 134/02), confunde prescripción con caducidad, extrayendo consecuencias de él que no se condicen con su texto y que la única referencia a este último instituto es la que contiene el considerando 3 del fundado voto en minoría del Dr. Federico Gigena Basombrío que justamente, es diametralmente opuesto a lo sostenido por el fallo en crisis.

También se agravia respecto del rechazo de la excepción de falsedad, alegando que el A-quo consideró que su parte no invocó la inexistencia de la deuda, cuando la negó y demostró la presencia de otra boleta por iguales conceptos y también que la segunda era falsa, elaborando un cuadro de comparaciones y diferencias, y el magistrado no dice nada en cuanto a que los intereses difieran en una y otra no ya a la misma fecha, sino a un mes antes (14/09/2002), arrojando un mayor monto.

Por último, se queja de que el A-quo haya meritado que la boleta es un instrumento público, y que por ende, solo redarguyéndolo de falso se lo puede poner en duda, ya sea -dice- alegando que dicho instrumento como acto administrativo lo único que posee es una presunción de legitimidad. 6. La actora en su responde reafirma que, en el presente caso, se está ante una evasión fiscal y que no se puede privilegiar a quien no honra el pago de sus obligaciones.

Además, expresa que es muy difícil afirmar la inexistencia de la deuda, si a la vez se dice que hay dos boletas por la misma deuda, reconociendo su existencia.

7. A fs. 110/115 vta. la Cámara de Apelaciones local, Sala II, -por mayoría- confirma la resolución de grado, con costas al recurrente vencido.

Resuelven, en lo que aquí interesa, que al haberse decretado la caducidad de la instancia en el expediente N°292131/3 no se interrumpió la prescripción de la deuda, siendo aplicable a tal fin lo dispuesto por el Art. 126 primer apartado, del Código Fiscal.

Luego razona que, comenzando con la deuda más antigua, surge que la prescripción correspondiente al pago de ingresos brutos por el período 1996, comenzó a computarse desde enero de 1997, operando en enero de 2002.

Sin embargo -aduce-, la notificación efectuada el 18/12/2001 conforme surge de fs. 218 y vta. del expediente administrativo N° 2753-13006/01, encuadra en la situación de autos, en interrupción de la prescripción, conforme lo dispuesto en el inciso 2° del Art. 127 del Código Fiscal, ya que en dicha normativa se enuncia cualquier acto administrativo tendiente a obtener su pago.

Añade que la misma suerte correrá la prescripción de la deuda conformada por los períodos 1997 y 1998, ya que aplicando el Art. 126 del Código Fiscal, el plazo de prescripción, corre desde el 1 de enero siguiente al año al cual se refieran las obligaciones fiscales, y para el caso, computando el plazo quinquenal, la deuda expiraba el 1 de enero del año 2003 (para la del año 1997) e igual fecha del año 2004 (para la de 1998).

Así considera que dado que la boleta de deuda fue liquidada al 14/09/02, no existe deuda prescripta.

Con relación al agravio referido al rechazo de la excepción de inhabilidad de título, concuerda con el apelante que la boleta de deuda no es un instrumento público sino, un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad. Por ello, entiende que este ámbito no es el propicio para discutir la composición de los intereses resarcitorios aplicados, ni su comparación con los consignados en otra boleta de deuda que aquí no se pretende ejecutar.

En efecto, sostiene que están vedadas en el ámbito de este juicio las controversias relativas sobre el origen del crédito ejecutado, más aún -dice- si del expediente administrativo N° 2753- 13006/01 surge de manera indudable la intervención del demandado en las actuaciones administrativas.

Manifiesta que mal puede hablarse de desconocimiento de una deuda, cuando las constancias del expediente administrativo señalan una extensa tramitación en la conformación del crédito fiscal, y dichas cuestiones -todas- debieron haberse planteado en sede administrativa, o bien deducirse en un proceso de conocimiento.

Por último, considera que el agravio debe rechazarse, sin perjuicio de la posibilidad del apelante de ventilar lo atinente a la conformación de la boleta de deuda, o a la duplicidad con otra que no ha sido título ejecutivo en estas actuaciones, en un adecuado marco de debate, que otorga un juicio de conocimiento.

8. A fs. 119/136 vta. la empresa demandada interpone recurso de Inaplicabilidad de Ley contra dicho pronunciamiento.

Manifiesta, la recurrente, que el decisorio en crisis quebranta los Arts. 4027, inc. 3º, del Código Civil (V.S.), 605 del C.P.C. y C., 70 y 71 de la Ley 1.284 y 125 del Código Fiscal (T.O. 1997), además de contradecir -expresamente- fallos de la Corte Suprema de Justicia citados oportunamente.

Luego, sostiene, en punto a la excepción de prescripción, que la sentencia atacada es auto-contradictoria y absurda porque para el cómputo del plazo prescriptivo menciona a la anterior boleta de deuda, otorgándole validez interruptiva, siendo ella un elemento ajeno a este juicio. Y reflexiona que, para el voto mayoritario, la acción se encuentra prescripta, pero en forma ilógica dicen que no lo está.

Por otro lado, respecto de la defensa de inhabilidad de título, alega que al momento de interposición de la presente demanda la deuda no era exigible desde que otro título -por iguales conceptos- se encontraba en ejecución. Hace suyo el voto minoritario y agrega que la justicia no puede cerrar sus ojos a la realidad amparada en las formas del título ejecutivo cuando ha sido probada su falsedad, aunque extrínsecamente fuera perfecto.

Por último, considera que el presente caso reviste gravedad e interés institucional en virtud de que se expidieron -por el mismo ente- dos certificados de deuda para purgar su ineficiencia, lo que aniquila con trampas el instituto de la prescripción.

II. Que reseñados los antecedentes de la causa, y circunscrito el debate, se iniciará el análisis por la causal de absurdidad, en tanto, su procedencia, sellará la suerte del recurso en trámite. Ello, por cuanto un correcto encuadre normativo descansa en una adecuada fijación y caracterización de los hechos.

1. Que, conforme doctrina de este Cuerpo, la causal de arbitrariedad, prevista por vía de Inaplicabilidad de Ley, debe ser entendida en torno a la figura del absurdo en la valoración de los hechos y pruebas. Y dicho motivo refiere a un vicio descalificante, en la especial hipótesis en que la judicatura de grado al sentenciar, lejos de ser coherente, incurre en una operación intelectual que lo lleva a premisas o conclusiones que transgreden las leyes de la lógica o del raciocinio (cfr. Acuerdos Nros. 50/92, 115/95, 43/06, 39/15, entre muchos otros del registro de esta Secretaría). Por ello, resulta un instituto excepcional y de interpretación restrictiva, circunscripto al supuesto en que se acredite la violación a las reglas que rigen la materia.

En este sentido, se lo ha caracterizado como: "[.] el error grave y ostensible que se comete en el juicio o raciocinio, al analizar, interpretar o valorar pruebas o hechos tergiversando las reglas de la sana crítica, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal o insostenible en la discriminación axiológica" (cfr. Acs. N° 47/06, 39/15 ya cit.). Este vicio (error) por hallarse en la base misma del proceso mental del juez o -o jueza- (y cualquiera sea la lógica del itinerario seguido y la corrección formal de las conclusiones en definitiva aceptadas), lleva necesariamente a apartarse de la verdad cuyo esclarecimiento se busca. Y lo garrafal de la desinterpretación finca en que las propias constancias del proceso desmienten el sentido que el juzgador atribuye a un determinado elemento probatorio y en la trascendencia que esa premisa visiblemente equivocada tiene para la ulterior decisión sobre los hechos controvertidos" (Cfr. Heberto A. BAÑOS en su obra La prueba en conciencia, pág. 27, cit. por Augusto M. MORELLO, La Casación, pág. 335; y Acuerdos. Nros.18/2000 "Pentak"; 27/2001 "Coca" y 39/2015 "TEMPESTI").

2. En autos, la recurrente denunció que el razonamiento de la Alzada derivó en conclusiones contradictorias incurriendo, de tal modo, en el vicio de absurdo.

Y, efectivamente, tal defecto se advierte patente en el pronunciamiento del Ad-quem cuando efectúa el cómputo de los plazos legales para determinar si se ha extinguido por el transcurso del tiempo la deuda pretensa y concluye en la desestimación de la excepción de prescripción opuesta por el demandado.

En ese pasaje de la motivación, el voto mayoritario determina que para la deuda por ingresos brutos correspondiente al periodo 1996, el cómputo del plazo prescripto comienza a computarse desde enero de 1997 y opera su prescripción en idéntico mes de 2002. No obstante, a renglón seguido, aclara que la notificación efectuada el 18 de diciembre de 2001 (cfr. fs.218 y vta. del expediente administrativo) se debe considerar como una causal interruptiva del curso de la prescripción en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 127, inc. 2°, del Código Fiscal -T.O. 1997-.

Luego, añade que la misma suerte correrán los periodos respectivos a los años 1997 y 1998, en cuanto el dies a quo para ellos es el 1 de enero siguiente al año al cual se refieran las obligaciones fiscales, expirando el 1 de enero de 2003 y 2004, respectivamente. Pero, de nuevo, hace la salvedad respecto de que la boleta de deuda fue liquidada al 14 de septiembre de 2002 y, por tal razón, se interrumpe el curso de la prescripción, sin que en ninguno de los periodos reclamados exista deuda prescripta (Cfr. fs. 111).

3. La contradicción denunciada como vicio del razonamiento se advierte en el discurso, puesto que, si tomamos las fechas consignadas por el Ad quem como causales de interrupción de la prescripción (18 de diciembre de 2001 y 14 de septiembre de 2002) y, desde allí computamos nuevamente el plazo de cinco años establecido por el Art. 125 del C.F. (T.O. 1997) -en tanto en la mentada situación interruptiva no se computa más el tiempo transcurrido antes del acto obstativo, empezando a correr un nuevo plazo-, tenemos que la deuda expiraba el 18 de diciembre de 2006 y el 14 de septiembre de 2007, respectivamente. Ergo, si se hace el cotejo con la fecha de interposición de la presente demanda (19 de septiembre de 2007) no puede llegarse a otra conclusión más que la obligación fiscal reclamada en las presentes se hallaba prescripta.

4. En consecuencia, asiste razón a la recurrente en cuanto propugna que la solución impugnada es el resultado de un razonamiento incorrecto. Pues, de la inferencia de las premisas aportadas se llega a una conclusión distinta a la arribada por la Cámara. En otras palabras: se advierte, en forma meridiana, que hay infracción a los principios y reglas lógicas que rigen el recto pensamiento, en tanto el pronunciamiento en crisis se basa en un razonamiento que llega a conclusiones que no son consecuencia lógica de las premisas. Por esta razón, deviene indispensable la corrección de tales argumentos -que forman parte de la sentencia como producto final- pues esta última debe ser fundada, así como también correcta desde el punto de vista lógico.

De esta forma, a través de la figura del absurdo y de la arbitrariedad, el órgano de casación inspecciona en forma oblicua o indirecta la motivación de la sentencia y se mete en el entramado de los hechos (Cfr. Juan Carlos HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, 2da. Edición, Librería editora Platense, La Plata 1998, pág. 444).

5. Por todo lo expresado, considero que, en el caso, la sentencia de Cámara ha incurrido en el vicio previsto por el inciso c) del Art. 15° del Ritual. Por lo que propicio se case el decisorio cuestionado y se recomponga el litigio de conformidad con lo dispuesto por el Art. 17° inciso c) de la Ley 1.406.

En consecuencia, deviene abstracto el análisis del resto de los motivos alegados (Cfr. Ac. 50/06 del registro de la Actuaria) III. Que sentado lo anterior, corresponde analizar la segunda de las cuestiones propuestas. A tal fin se analizará la sentencia de Primera Instancia a la luz de los agravios planteados por la empresa demandada a fs. 71/89.

1. Recientemente este Alto Cuerpo en la causa: "PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ BAGGIO HORACIO HAROLDO S/ APREMIO" (Acuerdo Nro. 22/15 del registro de la Secretaría Civil), con primer voto de quien suscribe, propugnó que la prescripción liberatoria es un instituto del derecho en el cual se encuentra interesado el orden público, con el fin de liquidar situaciones inestables, al generar la liberación del deudor por la inacción del acreedor, durante cierto plazo determinado por la ley y, con ello, contribuir a la pacificación social. Su efecto jurídico es la liberación de una obligación por el transcurso del tiempo, en que existió la posibilidad de reclamar el auxilio a los órganos jurisdiccionales para la ejecución del crédito y no lo hizo.

También se dijo que en materia tributaria ocurre lo propio. Es un modo de extinción de la exigibilidad de la obligación de igual naturaleza, ante la falta de ejercicio de la acción por parte del Fisco. Por tanto, tal proceder conlleva el efecto de liberar al deudor (contribuyente, responsable, etc.) de la obligación pretendida [.] (Cfr. Tratado de la Prescripción Liberatoria, Edgardo LÓPEZ HERRERA -director-, T. II, LexisNexis, Bs. As. 2008, pág. 1072).

Luego, se señalaron los dos requisitos de la prescripción liberatoria: el transcurso del tiempo y la inactividad del titular del derecho durante el plazo fijado por la ley para que aquélla opere. Además de agregar otros tres recaudos: a) que se trate de derechos o acciones susceptibles de prescribir, ya que existen casos en que son imprescriptibles; b) que el derecho sea exigible y el titular esté, por ende, en condiciones de ejercitarlo, haciendo valer la respectiva pretensión, en tanto recién desde entonces puede computarse la inactividad; y c) que la prescripción sea opuesta o hecha valer por la parte a quien interesa su declaración, puesto que los tribunales no pueden decretarla de oficio.

Sentado ello, se definieron los fines o fundamentos de esta institución.

Así, se expresó que la doctrina afirma que este instituto se funda en:

"la necesidad de preservar principios como el orden, la seguridad jurídica y la paz social con el objetivo que se liquiden situaciones inestables que, de lo contrario, podrían prolongarse indefinidamente con su secuela de incertezas. Y para ese fin, la prescripción juega un papel verdaderamente relevante, al punto que se llegó a decir de ella que es la institución más necesaria para el orden social" (cfr. Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI, Claudio KIPER y Félix A. TRIGO REPRESAS, Código Civil Comentado -Artículos 3875 a 4051- Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, Santa Fe, pág. 284).

En este sentido, se apuntó que su finalidad es: "mantener la paz de las familias, que no debe ser alterada por la repercusión de hechos ocurridos con mucha antelación. Dar seguridad y fijeza a los derechos y aclarar la situación de los patrimonios, que se ven descargados de las obligaciones prescriptas (LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil, Parte General, 5a. ed. actualizada Ed. Perrot, Bs. As. 1973, t. II, pág. 672, n° 2100).

Posteriormente, se sintetizó que la prescripción liberatoria reposa sobre un mismo fundamento y presenta la misma utilidad social que la prescripción adquisitiva: la consolidación de los derechos adquiridos. Su finalidad no es otra que la certidumbre de las relaciones jurídicas que se resentiría gravemente si no se pusiese un límite a la existencia de derechos y pretensiones cuando su titular se abstiene de ejercitarlos. También interesa al orden social que luego de un cierto tiempo, se elimine toda incerteza en las relaciones jurídicas y se suprima la posibilidad de litigios y controversias.

En este punto, se efectúo una aclaración: si bien la finalidad de este instituto está asociada a la negligencia o inacción del acreedor, en puridad la esencia y razón de su existir en el derecho viene dada por la necesidad de otorgar seguridad a las relaciones jurídicas y ese esencial fundamento dimana de una de las finalidades del Estado de Derecho, que hace al interés general por mantener incólume el orden y la paz social.

En materia fiscal -se dijo- cobra relevancia la facultad temporal del acreedor (Fisco) de exigir la deuda, cuyo alcance consiste en la determinación, la exigencia de tributos, el aplicar sanciones y hacerlas efectivas.

Además, se consideró que esta visión objetiva resulta de entender a las normas sobre prescripción liberatoria de una manera orgánica y sistémica, tendencia a nivel mundial que ha modificado los viejos paradigmas que marginaban el mentado instituto a un mero debate sobre su naturaleza jurídica o a un ejercicio de memorización de plazos.

Bajo este prisma, se estableció que, en la actualidad, la prescripción liberatoria está concebida como un instituto que cumple funciones, que tiene finalidades y que no es neutral en términos de distribución económica y de justicia conmutativa.

La pérdida de un derecho por el mero transcurso del tiempo es una situación anómala en términos de justicia; de ahí que se puntualizó que el equilibrio y la coherencia del sistema debía buscarse en otro de los valores del ordenamiento no menos importante: la seguridad jurídica, remarcándose que solo en resguardo de dicho valor se explica y justifica el sacrificio del derecho a la tutela judicial efectiva del acreedor negligente en beneficio del deudor remiso.

Puesto que, en sus consideraciones tradicionales, la prescripción se erige en la piedra de toque de la certeza, de la tranquilidad, de la paz social; en esta lógica se rememoró a Josserand que la consideraba "patrona del género humano y de todas las instituciones del derecho civil, la más necesaria para el bien social" y a Cicerón que la calificaba como "protectora del género humano y término de inquietudes y litigios".

2. Todos los conceptos vertidos en el mencionado precedente conforman un marco de referencia útil a efectos de resolver la cuestión traída a juzgamiento, y de los cuales se desprenderá si la conducta desplegada por la actora extiende irrazonablemente el plazo de ejercicio de la acción más allá del establecido legalmente.

3. Como primer medida, debe señalarse que no se comparte el juicio relativo a tener por no prescripta la obligación si se ha iniciado una nueva demanda cuando todavía no se hallaba perimida la instancia y borrados los efectos interruptivos de la anterior.

El Art. 3986 del Cód. Civil de Vélez Sarsfield -actual Art. 2546 con diferente redacción- disponía que "la prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio [.]".

En el sub-examine, se configuró el supuesto contemplado en la norma invocada, o sea la interrupción de la prescripción, con la interposición de la demanda en febrero de 2003 conforme da cuenta el Expediente Nro. 292131/3 caratulado de idéntica forma al presente. Pero, resultó que en dichas actuaciones fue decretada la caducidad de la instancia mediante Resolución Interlocutoria del 19 de noviembre de 2007, la cual se halla firme y consentida.

De ahí que, si bien con la caducidad del primer proceso intentado se tendría por no sucedida la interrupción de la prescripción (Art. 3987, Cód. Civil de Vélez Sarsfield, actual 2.547, segundo apartado del C.C. y C.N.), lo cierto es que dos meses antes (19 de septiembre de idéntico año) se había iniciado la presente causa.

La apelante se queja porque entiende que la obligación prescribió antes de que la actora iniciara esta demanda y no como entiende el juzgador que considera que toda la actividad desplegada por la actora con la finalidad del cobro de sus acreencias ha resultado interruptiva del curso de la prescripción.

De acuerdo con el Art. 3987 del Código de Vélez Sársfield -actual Art. 2547 del C.C. y C.N.- "la interrupción de la prescripción, causada por la demanda, se tendrá por no sucedida, si el demandante desiste de ella, o si ha tenido lugar la deserción de la instancia, según las disposiciones del Código de Procedimientos, o si el demandado es absuelto definitivamente".

Por ende, la perención decretada el 19 de noviembre de 2007 en la causa Nro. 292131/3 borra la interrupción operada por la promoción de la demanda, lo que significa que retrotrae sus efectos al momento inicial del cómputo del plazo prescriptivo. No coexisten dos interrupciones pues la propia ley declara no sucedida la primera.

No empece lo expuesto el argumento de que se haya deducido la presente causa antes de que se decrete la perención en las actuaciones primitivas con basamento en que la caducidad no opera de pleno derecho (Art. 316, Cód. Procesal), porque lo que sella la suerte adversa de tal postura es que el actor conocía tal circunstancia e inicia la nueva demanda luego de acusada la caducidad de instancia (véase al respecto nota al Director Provincial de Rentas obrante a fs. 232 del expediente administrativo Nro. 2753-13006/01 agregado por cuerda; cargo de fs. 6 vta. de las presentes; cédula de notificación de fs. 53 y vta. y resolución de caducidad de fs. 67/68 vta. del Expte Nro. 292131/3).

Esta actitud de la administración pública importa un ejercicio abusivo del derecho que no puede ser acogido. Porque sería permitir indefinidamente las posibilidades de interrumpir la prescripción con nuevas demandas y ello atenta contra el principio de seguridad jurídica que -como se dijo- es el fundamento y pilar del instituto que se analiza.

Además, como la declaración jurisdiccional de caducidad tiene efecto retroactivo, la segunda demanda no puede interrumpir un plazo ya cumplido.

Porque para que pueda haber interrupción tiene que haber un plazo vigente (Cfr. Efecto de la caducidad de la instancia respecto de la interrupción de la prescripción por demanda, Zinny, Jorge Horacio, Publicado en: LA LEY 1996-B, 324, Fallo Comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala J (CNCiv) (SalaJ) ~ 1995/05/31 ~ Szczupak, Miguel J. c. Silvero, Francisco. Cita Online: AR/DOC/5912/2001).

4. Hecha la aclaración, corresponde puntualizar que no existe controversia en torno a que el plazo de prescripción aplicable al caso es de cinco años conforme lo determinaba el Art. 125° del Código Fiscal, (T.O. 1997) -vigente al momento de la determinación del tributo- actual Art. 141 del nuevo Cod. Fiscal -Ley 2680 y sus modificaciones-.

"Las acciones y poderes de la Dirección Provincial para determinar y exigir el pago de los impuestos, tasas y contribuciones y sus accesorios, regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectiva la multa en ella prevista prescriben:

"1. Por el transcurso de cinco (5) años [.]" 5. Al ser la prescripción un medio de extinción de la obligación, su cómputo comienza a correr desde que la pertinente acción puede ejercerse.

Por ello, para determinar el inicio del plazo de tal medio extintivo, corresponde precisar cuándo el sujeto pasivo de la relación tributaria estuvo obligado al pago y, consiguientemente, cuándo el Fisco pudo iniciar el proceso de cobro.

Estos extremos surgen con claridad de la Resolución Administrativa Nro. 713/DPR/01 que obra en el Expediente Nro. 2753-13006/01 agregado por cuerda a los presentes actuados.

Allí se estableció en su Art. 3°:

"Los importes determinados conforme el Art. 1° de la presente Resolución deberán ser ingresados dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la misma. Vencido dicho plazo se iniciarán las acciones tendientes a obtener el cobro por vía de apremio a cargo de la Fiscalía de Estado".

En otras palabras, la deuda que se reclama en los presentes se tornó exigible el día del vencimiento para el pago, que está dado a los 10 días hábiles contados desde la notificación de dicha determinación el 18 de diciembre de 2001 (cfr. fs. 218 y vta. del expediente administrativo).

En consecuencia, si se computan cinco años desde aquella fecha -enero de 2002- al momento de interponer la demanda en el presente proceso judicial (19 de septiembre de 2007), la deuda se encontraba prescripta.

6. Por otra parte, no se coincide con el efecto interruptivo que la judicatura de grado le asigna a la boleta de deuda Nro.9080 que obra a fs. 2/3 del expediente nro. 292131/3 -agregado por cuerda a los presentes-.

Es que, conforme doctrina de este Tribunal en el precedente citado al principiar este acápite ("PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ BAGGIO HORACIO HAROLDO S/ APREMIO" -Ac. Nro. 22/15-), la causal de interrupción que preveía el Art. 127, inc. 2°, del Código Fiscal -T.O. 1997- vigente al momento de la determinación del tributo (a saber: "Por cualquier acto [.] administrativo tendiente a obtener el pago" -en el caso concreto se entendió por tal a la generación de la boleta de deuda-) deviene irrazonable por duplicar el plazo de ejercicio de la acción y afectar con ello la seguridad jurídica y el equilibrio del sistema.

Que, en los argumentos allí reseñados se expresó que la Administración pública, con sólo generar la boleta de deuda, prolonga, de manera unilateral e inconsulta, el plazo prescriptivo, atribuyéndose un nuevo periodo para ejecutar judicialmente su crédito.

De ahí que se estableció: este incremento en el plazo, aplicado de modo unilateral por una de las partes -en este caso el Estado-, crea una práctica en la que el acreedor va postergando sine die su finalización. Ello trae inseguridad y genera incertidumbre en el contribuyente que no sabe si dejó de ser deudor, por lo que se ve obligado a conservar por un extenso periodo los recibos y la documentación, burlando su "legítima expectativa" de que el derecho ha decaído, ha sido renunciado o no va a ser ejercido finalmente.

También, se agregó que con dicho proceder se soslaya la tendencia mundial a reducir los plazos en materia de prescripción de derechos patrimoniales, tal como fuera receptado en el nuevo Código Civil y Comercial, el que acorta el plazo genérico en cinco años y el especial de dos años para aquellas obligaciones que se devengan por años o plazos periódicos más cortos -Art. 2562, inc. c) del cód. cit.

Consiguientemente, se concluyó que importa una actitud desmedida de la Administración pretender con solo generar la boleta de deuda, que por otra parte ni siquiera se notifica al particular afectado, se otorgue, a sí misma, un nuevo plazo para la interposición de la demanda de apremio, cuando el avance tecnológico permite conocer al instante la situación de miles de contribuyentes. Esto último, más allá de la dudosa exactitud de asignarle a dicha operación el carácter de "acto administrativo". Ello en atención a los recaudos que para su validez enumera y describe la Ley Nro. 1.284 -Ley general de procedimiento administrativo para toda la Administración Pública provincial-.

Este proceder -se dijo- no solo atenta contra la seguridad jurídica, el orden y la paz social, sino que le otorga a la Administración pública un privilegio que se contrapone con las disposiciones del Art. 3951 del Código Civil de Vélez Sarsfield -actual 2534 del C.C. y C. N.-.

Finalmente, se expuso que de acuerdo a la modificación llevada a cabo por el legislador neuquino, mediante la Ley 2.680 (Sancionada el 27/11/09), se sustituyó el antiguo Art. 127 por el Art. 144, que en su inciso 3°, dispone: la prescripción de las facultades y poderes de la Dirección para determinar las obligaciones fiscales y exigir el pago de ellas se interrumpirá por el inicio del juicio de apremio contra el contribuyente o responsable y por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado.

Si bien se aclaró que no se trata de aplicar la nueva ley a una situación preexistente en contra de lo dispuesto por las disposiciones del Código Civil, es dable interpretar la antigua, frente a un problema tan conflictivo, en resguardo de los principios que el legislador más próximo en el tiempo considera los más razonables.

Por las razones antecedentes es que, en el precedente citado, se declaró la inconstitucionalidad de la norma del Código Fiscal (Art. 127, inc. 2, T.O. 1997) y se computó el plazo de la prescripción liberatoria a partir de la fecha de caducidad del Plan de Regularización Impositiva y Facilidades de Pago, concluyendo, en definitiva, que la deuda reclamada se encontraba prescripta.

7. En el sub-lite, conforme la postura fijada por este Alto Cuerpo mal puede otorgársele efectos interruptivos a la boleta de deuda generada el 15 de octubre de 2002 por contravenir abiertamente los fundamentos y fines máximos que sustentan el sistema de la prescripción liberatoria y establecer plazos extintivos de las obligaciones tributarias superiores a los cinco años; debiéndose declarar -aquí también- a la invalidez del Art. 127, inciso 2, del C.F. (T.O. 1997).

Por consiguiente, al no haberse demostrado algún otro supuesto de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, los periodos reclamados por impuesto a los ingresos brutos -como ya se dijo supra- se encuentran prescriptos.

Sumado a esto, se advierten ciertas particularidades que derivan en una conducta impropia por parte de la Administración Pública, que suponen un modo de burlar indefinidamente los términos legales fijados al efecto por el legislador y con total olvido de que la prescripción es una figura legal cuya finalidad es dar firmeza y estabilidad a los negocios jurídicos, disipar incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos, evitando la acumulación indefinida de las deudas.

No resulta razonable que por una misma deuda se inicien -y tramiten en forma paralela por exactamente dos meses- pretensiones en las que concurre la triple identidad (sujetos, objeto y causa), como salvaguardia para el caso de frustración del proceso ya iniciado. Y que, no obstante ello, el ente estatal haya expedido un nuevo certificado de deuda -análogo al librado con anterioridad pero con un notable yerro en la fecha de corte del cómputo de los intereses (Cfr. fs. 227/228 y 235/236 del expediente administrativo agregado por cuerda), lo que implica un ejercicio abusivo del derecho que no puede ser acogido toda vez que -como con acierto lo pone de resalto el voto en minoría de la Cámara- el procedimiento administrativo concluyó con la determinación impositiva y la expedición del primer título de deuda.

Además, no puede presumirse que exista voluntad del Fisco de mantener vivo su derecho por la sola circunstancia de interponer nuevamente una demanda cuando, por otro lado, existe la presunción contraria de abandono por la declaración de perención de la instancia del primer juicio, por haber trascurrido más de cuatro años sin haber instado el procedimiento (cfr. fs. 67/68 vta. del Expte. Nro. 292131/3).

En virtud de propiciarse la prescripción de la deuda reclamada en autos, carece de virtualidad el tratamiento del agravio relativo a la inhabilidad de título.

IV. Por todas las consideraciones vertidas, se propone al acuerdo declarar PROCEDENTE el recurso de Inaplicabilidad de Ley interpuesto por VÍA BARILOCHE S.R.L., a fs. 119/136 vta. y CASAR el decisorio dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería -Sala II- de esta ciudad, obrante a fs. 110/115 vta. -en lo que respecta al rechazo de la defensa de prescripción opuesta- por haber incurrido en la causal de absurdidad denunciada.

Atento lo dispuesto por el artículo 17°, inciso c), de la ley ritual, corresponde acoger la apelación deducida por la demandada y, en consecuencia, REVOCAR el decisorio de Primera Instancia, obrante a fs. 52/56 vta., haciendo lugar a la excepción de prescripción incoada por dicha parte, conforme lo considerado respecto de la inconstitucionalidad del Art. 127, inciso 2° del Código Fiscal (T.O. 1997), lo que así se declara en el caso de autos.

VII. Por último, resta dirimir la tercera cuestión planteada.

Con respecto a las costas, propicio que sean impuestas, en todas las instancias, a la actora vencida (Arts. 558 del C.P.C. y C. y 12 de la Ley 1.406), difiriendo la regulación de honorarios, en todas las instancias, hasta el momento de tener pautas para ello. Asimismo, corresponde disponer la devolución del depósito efectuado según constancias obrantes a fs. 118 y 160, conforme a lo establecido por el Art. 11º de la Ley Nº 1.406. MI VOTO.

El señor Vocal doctor, OSCAR E. MASSEI dice: Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor RICARDO T. KOHON y la solución a la que arriba en su voto, por lo que expreso el mío en igual sentido. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, oído el Sr. Fiscal ante el Cuerpo, por UNANIMIDAD SE RESUELVE: 1°) Declarar PROCEDENTE el recurso de Inaplicabilidad de Ley impetrado por la demandada -VIA BARILOCHE S.R.L.- a fs. 119/136 vta. contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones del Fuero local -Sala II-, obrante a fs. 110/115 vta., CASANDO dicho fallo en virtud de la causal de absurdidad invocada -Art. 15°, inciso c) de la Ley 1.406-. 2°) De conformidad con lo dispuesto en el Art. 17°, inciso c), del ritual casatorio, acoger la apelación deducida por la demandada y, en consecuencia, REVOCAR el decisorio de Primera Instancia, obrante a fs. 52/56 vta., haciendo lugar a la excepción de prescripción incoada por dicha parte, conforme lo considerado respecto de la inconstitucionalidad del Art. 127, inciso 2° del Código Fiscal (T.O. 1997), lo que así se declara en el caso de autos. 3°) Imponer las costas de todas las instancias a la actora vencida (Arts. 558 del C.P.C. y C. y 12 de la Ley 1.406). 4°) Diferir la regulación de la totalidad de los honorarios hasta el momento de tener pautas para ello. 5º) Disponer la devolución del depósito efectuado según constancias obrantes a fs. 118 y 160, conforme a lo establecido por el Art. 11 de la Ley Nº 1.406. 6°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos.

Con lo que se da por finalizado el acto, que previa lectura y ratificación, firman los Sres. Magistrados por ante la Actuaria, que certifica.

Dr. RICARDO T. KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI Dra. MARIA ALEJANDRA JORDÁN - Subsecretaria.