Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-24


SALTA, 24 de Abril de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "CLUB DE GIMNASIA Y TIRO -FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN c/ SARAVIA, Carlos Enrique; DE VITA, Vicente Adolfo -DESALOJO; MEDIDA CAUTELAR", Expte. Nº 296.889/10 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 2ª Nominación, Nº CAM 2-350.236/11 de esta Sala Primera, y, CONSIDERANDO I.- Que en contra de la sentencia de fs. 154/156, que acogió la defensa de falta de legitimación activa opuesta por los demandados y rechazó la demanda de desalojo, la accionante interpuso recurso de apelación a fs. 160, el que fue concedido en relación y con efecto suspensivo a fs. 161.

En su memorial de fs. 164/18 vta., la apelante sostiene que el decisorio impugnado trasunta consideraciones meramente dogmáticas para declarar su falta de legitimación para accionar por desalojo, al afirmar que no se puede pretender la restitución de algo que nunca se ha tenido, lo que -asevera- contradice la prueba rendida en la causa. Expresa que se encuentra demostrado y reconocido el carácter de comodataria que la habilita a promover las acciones necesarias para cumplir con el cargo impuesto; invoca los términos del Decreto 3.400/07 y el artículo 2266 del Código Civil, afirmando que la Provincia de Salta le transmitió la facultad de usar el inmueble dentro de los límites del contrato y de ejercitar las acciones para asegurar ese préstamo.

Encuentra contradictoria la sentencia porque si bien le reconoce legitimación para demandar, se niega que pueda pretender el desalojo con fundamento en que nunca tuvo la tenencia efectiva del inmueble.

Agrega que en autos se produjeron numerosas pruebas que dan cuenta de la efectiva tenencia del inmueble por parte de la institución, como la absolución de posiciones del Sr. Osbaldo Montaldi y la testimonial del Sr. Biaggini.

Aduce que los demandados son intrusos y sostiene que, al ponderar como prueba instrumental el expediente donde tramitó el interdicto de retener la posesión, el Sr. Juez a quo omitió una cuestión relevante que es la demostración de numerosos actos posesorios -por parte del club- sobre el inmueble objeto del desalojo, que se vieron interrumpidos por esa acción judicial. Relata que en esa causa los Sres. Saravia y De Vita pretendían que se paralizasen las obras lo que, en su criterio, demuestra ocupación por parte del club constatada por escritura pública y nota dirigida al Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.

Agrega que tampoco es el desalojo una acción de restitución, como a su entender erradamente se afirma en la sentencia impugnada. Dice que tal aseveración surge de una interpretación antojadiza del artículo 691 del código adjetivo; entiende que se trata de un proceso tendiente a lograr el uso y goce de un inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título para ello.

Manifiesta que una resolución contraria a su pretensión implicaría convalidar una intrusión ilegítima en tierras fiscales, en contra de quien es titular del derecho de usar y gozar la cosa. Cita doctrina y jurisprudencia en abono de su postura.

Se agravia también porque el Sr. Juez en grado consideró que la litis no se encuentra debidamente integrada porque no fue citada la Provincia de Salta porque, a su entender y de acuerdo a la ley orgánica de Fiscalía de Estado Nº 6.831, debió concederse adecuada oportunidad al Sr. Fiscal de Estado para que intervenga, a riesgo de que se declare nulo todo lo actuado. Destaca que en el proceso de interdicto de retener la posesión al que aluden los demandados, la Provincia de Salta intervino como tercero interesado y adhirió a la posición jurídica del club.

A fs. 174/176 vta. contesta agravios el co-demandado Vicente Adolfo De Vita. Expresa que del artículo 691 del Código Procesal Civil y Comercial surge que quien tiene legitimación para solicitar la recuperación es aquél a cual lo une un vínculo jurídico con el bien inmueble que comprenda la obligación de restituir, situación que -afirma- no se comprobó en autos porque el Decreto 3400/07 establece que se otorgó el comodato "sin perjuicio del derecho de terceros", en alusión a los poseedores que se encuentren en el predio al momento de celebrar el convenio. En su criterio, dichos términos implican un reconocimiento de la Provincia de Salta del derecho posesorio en cabeza de terceros, como es su caso, ya que posee pacífica, pública e ininterrumpidamente desde hace más de cuarenta (40) años.

Asevera que no existe la intrusión pretendida sino una verdadera posesión con animus domini debidamente acreditada. Sostiene que si bien el demandante se atribuye la calidad de comodatario, ello no es cierto según lo establecido por el Código Civil pues de la demanda y de la absolución de posiciones de la actora quedó claro que ningún funcionario público hizo entrega del predio. Agrega que los testigos no pudieron describir el predio y que no puede considerarse que lo hayan conocido o frecuentado, máxime considerando su extensión.

Dice que si la Provincia de Salta no consintió la entrega efectiva del inmueble al supuesto comodatario éste no puede pretender hallarse legitimado a obtener la recuperación del bien mediante la acción de desalojo por lo que, afirma, los actos de la demandada son de intrusión pues la única legitimada es la Provincia de Salta.

Hacen referencia a la naturaleza y efectos del interdicto de retener y considera que su rechazo no implica que él y Saravia no sean poseedores a título de dueños y menos que deban abandonar su posesión. Considera que sólo queda la posibilidad de la acción reivindicatoria a favor de la Provincia de Salta como titular registral del bien, sin perjuicio de la prescripción adquisitiva que pueda operar sobre éste.

Adhiere a los fundamentos expresados por el Sr. Juez A quo en relación a la legitimación de la actora y a los caracteres de la posesión.

Expresa que a fs. 16 se dio intervención a la Provincia de Salta.

Por todo lo expuesto, solicita la confirmación de la sentencia, con costas.

A fs. 181 el codemandado Enrique Saravia contesta el memorial de la apelante, solicitando el rechazo del recurso de apelación.

Expresa que la apelante se equivoca al afirmar que esta acción, que es de restitución, puede proceder sin tenencia anterior; que la litis no se encuentra integrada conforme a Derecho pues la Provincia de Salta -que, según afirma, es mera titular registral y no propietaria del bien- no ha participado porque la actora no cumplió con su carga de notificarla; que en el expediente Nº 221.461/08 se rechazó la solicitud de intervención y que la Provincia de Salta se presentó voluntariamente; que el objeto del juicio se relaciona con la ocupación del predio y no con su titularidad; que incluso con su intervención la acción no es procedente debido a que la sentencia dictada en expediente Nº 221.461/08 no causa estado; que se encuentra acreditado que él se comporta y es poseedor a título de dueño en el predio objeto de autos; que sólo la acción reivindicatoria hubiera sido apta, pero el supuesto de no haber transcurrido más de veinte (20) años de su posesión ininterrumpida, la que se extendió por treinta (30) años.

En su criterio, la apelante pretende inducir a error al Tribunal cuando le imputa ser un intruso y luego intenta justificar como posesorios actos que no lo son, pues él es el verdadero propietario por el transcurso del tiempo, aunque carezca de la titularidad registral, de acuerdo al artículo 2.524 del Código Civil.

Alega que su posesión no puede ser desconocida teniendo en cuenta que presentó planos para el proceso de adquisición de dominio por prescripción, obtuvo asignación de catastro provisorio y pagó el respectivo tributo, todas ellas conductas típicas del poseedor, explica, y no del tenedor. Agrega que también defendió su posesión en distintos procesos judiciales.

Finalmente aduce la precariedad del contrato de comodato invocado por la accionante, teniendo en cuenta que allí se preservó el derecho de terceros, aspecto que según esta parte evidencia que la Provincia de Salta no poseía el bien, por lo que no se perfeccionó el comodato al no haber sido entregado.

A fs. 198 se llaman autos para sentencia, encontrándose la causa a Despacho por providencia firme de fs. 199.

II.- Que a fs. 237/238 comparece el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Salta, quien en la representación que inviste señala que se omitió en estas actuaciones citarlo a juicio como parte legítima, como lo establecen los artículos 149 de la Constitución Provincial y 1º de la ley 6831, pese a que a fs. 16 vta. se ordenó la remisión de autos a su público despacho.

Ello no obstante, manifiesta tomar intervención en autos, adhiriendo en lo pertinente a la posición jurídica asumida por la actora en razón del comodato otorgado mediante Decreto 3400/07 con cargo del inicio de obras dentro del año de su vigencia, lo que la legitima -afirma el Sr. Fiscal de Estado- para reclamar la desocupación del inmueble.

Alega la ilegitimidad de la permanencia de los demandados en el predio, niega que sean poseedores de la fracción discutida o que cuenten con título alguno que los habilite a permanecer allí, imputándoles la calidad de intrusos.

Como consecuencia de lo dicho, solicita se revoque la sentencia en crisis y se ordene el desahucio.

Integrada la Sala Primera conforme lo resuelto a fs. 284 y vta., los autos son puestos nuevamente a Despacho a fs. 289, proveído que se encuentra firme.

III.- Que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo correspondiente, conforme surge de constancias de fs. 156 vta. y 160.

Para resolver como lo hizo, el Sr. Juez A quo analizó en primer término la defensa de falta de legitimación opuesta por ambos demandados.

Precisó que en el proceso de desalojo cuenta con legitimación activa quien tiene la titularidad de un derecho sobre bienes que autorice a disfrutarlos en concepto de propietario, poseedor, locador, usufructuario, usuario, comodante, comodatario u otro título análogo pero que, como el desalojo es una acción de restitución según el artículo 691 del Código Procesal Civil y Comercial local, constituye un requisito sine qua non que el actor haya gozado previamente de la tenencia del bien que se reclama.

Bajo dicha premisa, concluyó en la inviabilidad del desalojo solicitado pues "si bien no se acredita fehacientemente la posesión de los demandados, los actores nunca tuvieron la tenencia efectiva de las fracciones del inmueble que aquí se reclaman, por lo que la parte actora, no puede pretender la restitución de algo que nunca ha tenido".

Asimismo, consideró que la litis no se integró debidamente con la Provincia de Salta, titular registral del inmueble, sin perjuicio de la sentencia dictada en el interdicto de retener la posesión tramitado bajo expediente Nº 221.461/08; invocando las constancias instrumentales y elementos probatorios de autos, hizo lugar a la excepción planteada y rechazó la acción de desalojo.

IV.- Que, como bien los señaló el sentenciante a fs. 154, en concordancia con jurisprudencia de esta Cámara, el proceso de desalojo es aquél que tiene por objeto una pretensión tendiente a lograr el uso y goce de un inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título para ello, situación que acaece cuando pesa sobre el ocupante la obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter de simple intruso aunque sin pretensiones a la posesión (CACCSalta, Sala III, Tomos 1994:607; 1995: 25, entre otros).

En lo referente a la legitimación activa para accionar contra intrusos, el criterio es el de la concesión amplia a favor de quien tenga derecho al uso y goce del inmueble ocupado por intrusión, cualquiera sea el título del que nazca aquél (Álvarez Alonso, Salvador; "El desalojo por intrusión, precario, comodato y usurpación"; ed. Abeledo Perrot-Bs.As.-1966, p. 66; CACCSalta, Sala III, Tomo 1989:361).

Debe quedar claro que la pretensión de desalojo implica la invocación por parte del actor de un derecho personal -y no un derecho real erga omnes- a exigir la restitución del bien, es decir que excede el ámbito de conocimiento de este proceso toda controversia o decisión relativa al derecho de propiedad o de posesión que puedan arrogarse las partes. Es quien tiene derecho al uso, goce o disposición del inmueble el que goza de legitimación activa en el juicio de desalojo; procede, en definitiva, contra quien precariamente ocupa un bien y no demuestra título alguno válido para que se le deba respetar su tenencia (cfr. CACC Salta, Sala I, 1990:138; 1993:650), pero si el accionante no acredita su legitimación o la situación que invoca en el período de prueba, la acción debe rechazarse; asimismo, es inviable la acción contra el poseedor que ha acreditado prima facie su posesión, cualquiera sean los vicios de ésta (cfr. CACCSalta, Sala V, Tomo XIII:1495; Sala I Tomo 1995:185; cf. SCJBA, Ac. 97416, 13-2-2008; CACC Sala I, tomo 2010-2:909), debiendo en tal caso el afectado recurrir a las acciones reales o posesorias, de las que el desalojo no constituye una vía sucedánea.

Al respecto se tiene dicho que en protección de las relaciones posesorias -tanto del poseedor legítimo con derecho de poseer (ius possidendi) como del ilegítimo que solamente tiene derecho a la posesión (ius possessionis)- la ley instituye las acciones posesorias que tienen por objeto obtener la restitución o manutención de la cosa (Art. 2487 Cód. Civ.), de acuerdo a cuál sea la lesión sufrida: despojo o turbación (v. Highton, Elena I.; "Posesión", ed. Hammurabi-Bs.As.-1984, págs. 207 y ss.).

De conformidad con lo señalado, el demandado debe acreditar que ocupa el inmueble en mérito a algún título jurídico que le da derecho a ampararse en la tenencia o posesión del inmueble y negando la condición de intrusión, que es aquèlla que reviste quien "no puede alegar en su favor una posesión, aunque sea viciosa, y cuando en su intromisión en el inmueble no medió conformidad del propietario o poseedor" (SCBA, LL, 70-363; CNCiv., Sala H, 5/7/94, SJ de la C. Nac. Civ., sum Nº 3832). La acreditación que se exige no es definitiva o determinante; debe -como ya se dijo- prima facie probar esa calidad, que posee a título de dueño; si no, resulta aplicable el artículo 2352 del Código Civil, según el cual el que tiene efectivamente una cosa pero reconociendo en otro la propiedad es simple tenedor (CACC Salta, Sala 1 1990:138); la simple tenencia no se transforma en posesión animus domini por la sola voluntad de quien detenta la cosa (principio de inmutabilidad de la causa).

Por el contrario, en caso de verificarse la seriedad de la defensa invocada con sustento en la posesión del demandado, la demanda debe ser rechazada (CACC Salta, Sala I, 1995:185; Sala III, 1994:607; 1995:579).

Concretamente, en el juicio de desalojo por la causal de intrusión -que es la alegada en este caso- es el ocupante del inmueble quien corre con la carga de probar que detenta bajo un título o un derecho en particular. Se dijo así que "iniciada la acción de desalojo contra un intruso, es éste a quien incumbe probar el derecho a la permanencia en la ocupación, si no acepta la calificación de la actora y, con indicaciones de la norma que favorezca su pretensión, cargar con las probanzas de los hechos que lo introduzcan en el marco legal invocado" (CACCSalta, Sala III, tomo 1989: 696, 361; id. Sala II, Fallos año 2012, fs. 771/3, 3º parte). V.- Que bajo las pautas señaladas y en el contexto demarcado a partir de lo decidido por el Sr. Juez A quo, corresponde dejar establecido que más allá de las consecuencias de la falta de cumplimiento de lo dispuesto a fs. 16 vta., pto. IX, la presentación efectuada por la Provincia de Salta a fs. 237/238 subsana dicha omisión en resguardo de los intereses de la Provincia, fijando su posición en el proceso, además de la postura por ella asumida en el interdicto de retener la posesión iniciado por los aquí demandados en el Expediente Nº 221.461/08, expresamente invocado como prueba en este desalojo (fs. 44 y 55 de estos autos; fs. 173/177 Expte. citado).

VI.- Que, por lo demás, la calidad que alega la accionante, a raíz del comodato otorgado mediante Decreto 3.400/07 (B.O. Nº 17.766, p. 56/57, 12/12/07), se encuentra debidamente acreditada no sólo con dicha decisión administrativa sino con la prueba según la cual la entidad comodataria ingresó al predio a los fines de dar inicio a las obras cuya realización debía -en virtud del cargo impuesto en el mismo decreto citado- iniciar en el primer año de vigencia del comodato (art. 2º).

De la compulsa del Expediente Nº 221.461/08 surge que en la zona litigiosa, demarcada debidamente tanto en ésa como en esta causa, el 5 de Mayo de 2.008 los identificados en denuncia cuya copia corre a fs. 17 se apersonaron en el predio en calidad de "por orden de los directivos del Club Gimnasia y Tiro" a plantar carteles y que el día anterior se habían cavado pozos.

También que el 13 de Mayo de 2.008 se constató actividad por parte de operarios que ingresaron con maquinaria pesada aparentemente "alquilada por la Club Gimnasia y Tiro" con la presencia de "asesores del Club" (fs. 12) y de socios a quienes se menciona en acta de fs. 14/15 vta., quienes manifestaron haber comunicado el inicio de obras al Ministerio de Hacienda y Obra Pública.

Dichos actos fueron admitidos y calificados como "turbatorios de su posesión" por los Sres. De Vita y Saravia al presentar el interdicto. Sin embargo, tal imputación fue desestimada por sentencia de fecha 29/10/08 (fs. 195/199 vta.), confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el 23 de Junio de 2009 (fs. 271/275), sin que un nuevo examen de la prueba de ese juicio -teniendo en cuenta que lo decidido no reviste calidad de cosa juzgada- lleve a otra conclusión; se consideró allí que no se puede hablar de actos turbatorios si no se acredita la posesión que se pretende defender de tales actos, lo que precisamente los nombrados no lograron concretar con su prueba.

De tal modo, esos actos implican precisamente la demostración de la entrega efectivamente realizada por la Provincia de Salta, habiendo ésta consentido la ocupación del predio con los trabajos mencionados, de los que fuera notificada mediante notas recibidas por el Ministerio de Finanzas y Obras Públicas los días 24 de Abril y 6 de Mayo 2.008 (cuyas copias corren a fs. 91 y 93 del Expte. 221.461/08). Tales actos configuran uno de los modos de efectuar la tradición de los bienes inmuebles previsto en el artículo 2379 del Código Civil, el cual prescribe que la tradición queda realizada "por actos materiales del que la recibe, con asentimiento del que la entrega".

En cuanto a su prueba, "No siendo la tradición otra cosa que la instalación en la relación posesoria, con la prueba de ésta queda acreditada aquélla. Es pues suficiente que el interesado, que acreditará el título suficiente con el instrumento respectivo, pruebe que se halla en posesión del inmueble o que lo estuvo en cualquier momento a partir de la fecha del título, pues basta su alegación para que se tenga por cierto, salvo prueba en contrario, que la posesión que tiene o que tuvo fue adquirida del autor del título en cumplimiento de la obligación de dar emergente del acto jurídico instrumentado" (Gatti, Edmundo; "Teoría General de los Derechos Reales", p. 337, ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1984).

En definitiva, cabe concluir que lo aducido por la accionante como sustento del desalojo peticionado, sobre la base de su condición de comodataria del predio, con derecho a su uso y goce y, más aún, con obligación de realizar en él las obras indicadas por la Provincia comodante, resulta suficiente para legitimarla y para acreditar el presupuesto exigido por el artículo 691 del Código Procesal Civil y Comercial respecto al derecho que tiene a exigir que los demandados desalojen el inmueble.

Los agravios expresados por la apelante en este sentido deben, por ende, ser admitidos.

VII.- Que, así las cosas, es menester precisar que a fs. 155 el Sr. Juez A quo puntualizó que la prueba aportada en estas actuaciones es insuficiente para fundar la argüida posesión "animus domini" ("no se acredita fehacientemente la posesión de los demandados", dijo).

De la compulsa del material probatorio de esta causa no surge elemento alguno que contradiga la mención efectuada en primera instancia o que desvirtúe las conclusiones al respecto de la magistrada que resolvió el interdicto de retener la posesión (Expte. Nº 221.461/08).

Los demandados en este juicio alegan, para justificar su la ocupación, la posesión que con ánimo de dueños ejercerían desde hace "casi treinta años" (Saravia, al contestar demanda, fs. 49/56), "más de 40 (cuarenta) años" (De Vita, contestación de demanda, fs. 66 vta./67), extremo que quedó desvirtuado en el juicio interdictal entre las mismas partes, a tenor de las sentencias de primera y segunda instancia allí recaídas. En el fallo, que luego quedara confirmado por la Sala IV de este Tribunal, se ponderó que los señores Saravia y De Vita no habían demostrado la realización de actos posesorios sobre la fracción del terreno en cuestión, pues no surge que ellos hayan colocado el alambrado existente, constatado en la medida de inspección ocular (los testimonios rendidos lo contradicen), ni que la conexión de luz, sin actividad alguna del medidor, constituya prueba de la habitación en dicho predio por parte del señor De Vita. No se advirtió, en la mentada prueba, rastros de siembra o la presencia de animales. Se puso de relieve, respecto de la declaración de dos testigos y del certificado de residencia aportado, que no permitían establecer que aludieran al inmueble objeto del juicio; mientras que los expedientes Nº 35187/01 (prescripción adquisitiva promovida por De Vita) y Nª 136091/05 (interdicto de retener promovido por Saravia) se refieren a otras matrículas. Asimismo, se consideró significativo el reconocimiento que de la propiedad y posesión efectuó el señor Saravia en el expediente Nº 154.121/06 respecto de terrenos correspondientes a la matrícula 138.378 de origen de la Nº 149.887. Cabe agregar que el plano agregado a fs. 23 corresponde a la matrícula Nº 122.301. Y si bien el letrado de Carlos Enrique Saravia manifiesta a fs. 184 que se trata del mismo predio con diversa matrícula por el trazado de la ruta y otras desmembraciones, no se ha producido prueba alguna -ni en el juicio interdictal ni en éste- que demuestre tal aseveración.

Por ende, resulta claro que de las constancias del expediente citado -ofrecido por los propios accionados a fojas 54 vta.- y de la prueba allí colectada no es dable inferir el hecho de la posesión animo domini invocado por éstos a efectos de enervar el desalojo.

En este proceso, tampoco se advierte que los demandados hayan producido prueba idónea y conducente que pueda llevar a una conclusión diferente. Los únicos testigos que declararon manifestaron, entre otras cosas, que no había alambrados ni cadenas antes de la adjudicación del comodato (v. fs. 129 testigo Biagini); por su parte, los accionados omitieron producir la prueba testimonial ofrecida al formular su responde. En cuanto a la prueba informativa de la Dirección General de Inmuebles (fs. 106/110) y de la Municipalidad de Salta (fs. 135), ella está referida en ambos casos a la matrícula Nº 131.818 la cual, a tenor de lo informado por la misma Dirección de Inmuebles, constituye una matrícula asignada provisoriamente a una fracción de terreno del inmueble de mayor extensión Nº 127.724; mientras que el inmueble de autos constituye una fracción perteneciente a la matrícula Nº 149.887.

Con respecto a la constancia de la Cámara del Tabaco obrante a fojas 59 y el certificado de residencia de fojas 61, no resultan idóneos y eficaces como prueba de la invocada posesión puesto que no hacen referencia precisa al inmueble de autos, por lo cual resultaría incorrecto inferir de la primera que la producción de tabaco por parte del señor De Vita se haya llevado a cabo en el predio objeto de este juicio; y con relación al certificado de residencia, le cabe la misma deficiencia, sin que los demandados, pudiendo hacerlo, hayan aportado la declaración de quienes lo suscriben como testigos, en aras de aclarar tal necesaria circunstancia.

Por último, las fotografías acompañadas a fojas 62/63 no muestran trazas identificables de cultivos y otras actividad de explotación del predio, mientras que tampoco los expedientes ofrecidos como prueba al contestar la demanda -la mayoría de los cuales ya fue analizada en el trámite del interdicto- aportan elementos de convicción conducentes en apoyo de la posición de la parte demandada; en efecto, no surge vinculación con la matrícula 149.887 que afirme la posesión invocada de los expedientes Nº 18-10.155/99 (prescripción veinteañal promovida por Saravia sobre matrícula provisoria 131.818), Nº 065.821/05 (c/c Tolaba y Avila p. Robo), Nº 91.895/04 (c/c Saravia), Nº 136.091/05 (Saravia c. Rivero - Interdicto referido a matrícula 131.818), como tampoco del Acta Nº 34/05, vinculada con matrículas 131.818 y 123.545).

En síntesis, de la prueba recabada, en consonancia con la prueba producida en el expediente de interdicto y demás prueba instrumental ofrecida, no cabe inferir con algún grado de verosimilitud y seriedad la alegada posesión animo domini sobre la fracción del inmueble objeto del presente juicio de desalojo. Al respecto, se ha puesto de relieve que "a fines de acreditar el carácter de poseedor, es insuficiente que quien es demandado en un juicio de desalojo demuestre que habitó el inmueble durante un largo tiempo, o que acompañe a la causa comprobantes de pago de ciertos servicios, pues esto sólo demuestra la calidad de ocupante" (CNCiv., sala G, Guerrero, Guillermo y otros c. Ocupantes Balcarece 1350/54, 11/04/2011, La Ley, 2011-C, 462, AR/JUR/12673/2011).

En síntesis cuando, como ocurre en el caso, se promueve una demanda de desalojo fundada en que el demandado carece de título para ocupar, no le basta a éste entonces negar la precariedad sino que debe invocar y probar una causa legítima para continuar en la ocupación. Sobre él pesa la carga de afirmar y probar un título para la ocupación, como ya se señaló (CACC Salta, Sala I 1990:138), condición que los demandados no cumplimentaron.

Al no haberse logrado desvirtuar la intrusión alegada por los accionantes ni demostrado verosimilmente el derecho a mantenerse en la ocupación que ejercitan los demandados, no es posible reconocerles el derecho a continuar ocupando el inmueble, sin perjuicio de que lo aquí resuelto no hace cosa juzgada material entre las partes a tenor de lo dispuesto por el artículo 699 del Código Procesal Civil y Comercial, de conformidad con doctrina de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala III, Fallos 1997:56; Sala III 1996:187).

VIII.- Que todo lo expuesto lleva a revocar la sentencia impugnada, con imposición de costas a los demandados en ambas instancias(arts. 67 y 68 C.P.C.C.).

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FALLA I.- HACER LUGAR al recurso interpuesto a fs. 160 y, en su mérito, HACER LUGAR a la demanda de desalojo promovida a fs. 2/5, intimando a los demandados Carlos Enrique Saravia, Vicente Adolfo De Vita y demás ocupantes a desalojar el predio objeto de este juicio en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de desahucio. Con costas.

II.- DISPONER se copie, registre, notifique y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.