marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Exposición de los hechos, cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Bellavich, Noelia Solange  c/ Club Atlético Platense y otros  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Si de la exposición de los hechos de la demanda -los cuales deben ser considerados a fin de resolver las cuestiones de competencia (Fallos: 328:1979, 330:628 y sus citas)- surge que uno de los demandados es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano"-, la causa debe ser resuelta por el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con las previsiones de los arts. 1° y 2° del CCAyT. (Del voto de la jueza Alicia E. C Ruiz).
Acto administrativo, vicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Negro, Fausta Inés c/ Municipalidad de Ensenada s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

Un acto padece de desviación de poder cuando la atribución del órgano administrativo ha sido usada con una finalidad distinta a la prevista por las reglas o la naturaleza de la cosa, vicio este que debe probarse razonablemente dada la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos.
Acción de amparo, Consejo de la Magistratura, jueces
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Espinosa  María Cristina c/ EN Consejo Magistratura-Resol 392/06(Concurso 127) s/ Amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-08

Las decisiones que se adopten siempre ofrecerán márgenes de opinabilidad, que no permitirán arribar a un criterio indubitablemente verdadero o justo. En esos casos, el juez debe aceptar los juicios que, cuando no aparece la nota de la arbitrariedad o ilegalidad, deben ser tolerados o aceptados, puesto que si pretende ir más allá de ese margen de tolerancia el juez invadiría la zona de reserva de los órganos estatales a los que se les confirió, como es el caso del Consejo de la Magistratura, una competencia específica, y que, entre otras cosas, cuando se trata de la observancia de las exigencias que impone el régimen respectivo (como en el caso ocurrió en una inobservancia formal), dicho órgano tiene el deber de cumplir, y el juez en la vía impugnatoria, debe respetar lo decidido, salvo, lógicamente, que hubiere existido arbitrariedad (Sesín, Domingo Juan: Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos mecanismos de control judicial, 2a ed., edit. Lexis nexis, Buenos Aires, 2004, p. 274) (Del voto del juez Coviello, cons. 10) 1.
Confirmación de sentencia, excepción de prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Picallo, Guillermo Daniel y Otro c/ Banco Bansud S.A. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-16

Procede confirmar la sentencia que hizo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la demandada, dado que en lo referente a la incidencia de la mediación, cabe señalar que el art. 29 de la ley 24.573 establece que ésta suspende el plazo desde que se formaliza la presentación ante la mesa general de entradas del fuero que corresponda, y conforme a la normativa imperante, descontando la suspensión que operó a partir de la mediación, se advierte que a la fecha de promoción de la demanda, transcurrió en exceso el plazo del art. 4037 del Código Civil y la prescripción se encontraba cumplida.
Contienda negativa de competencia, competencia por el territorio, prórroga de la competencia, interdicto de recobrar
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTRO Vanesa Virginia c/ Pérez Natalia y otros s/ interdicto de recobrar S/ Conflicto de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-28

El Juzgado de Paz de Pocito resulta competente para entender en un interdicto de recobrar la posesión respecto de un inmueble ubicado en ese departamento (art. 5, inc. 17 y 800 inc. 12 del CPC).

Si bien la competencia territorial puede ser prorrogada por acuerdo de partes cuando se trata de asuntos exclusivamente patrimoniales (art. 1 del CPC), dicha regla no se aplica a los juzgados que no integran el agrupamiento denominado "Gran San Juan" en virtud de lo expresamente dispuesto por el artículo 78 inc. b de la ley 358-E.
Competencia, juicio sumarísimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto Independencia  S.R.L. c/ Telefónica de Argentina  S.A. s/ Incumplimiento de Servicio de Telecomunicac.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-21

La actora persigue la restitución del servicio telefónico correspondiente a las líneas 88-2720, 88-7082 y 862-7392. Se advierte que el hecho expuesto afecta, de modo concreto, la prestación del servicio público de telecomunicaciones de la que es usuaria la accionante, sometida por ley a la jurisdicción nacional, por lo que cabe la intervención del fuero federal, con arreglo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Chiacchio, Adriana Isabel s/denuncia infr. art. 197 del Código Penal, del 1 de Octubre de 1991.

En consecuencia, corresponde atribuir el conocimiento de las actuaciones al señor juez federal, sin que quepa indagar aquí si la causa podría resultar de la competencia del fuero en lo contencioso administrativo federal, habida cuenta de que en el marco del proceso sumarísimo se debe apreciar con estrictez lo relativo a la procedencia de las cuestiones de competencia que se planteen para evitar la prolongación de conflictos que solo deriven en demoras incompatibles con la urgencia que caracteriza a las cuestiones que autorizan esta vía.
Recurso de casación, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: OZUNA RAMON s/ P/SUPUESTA VIOLACION.COL.LIEBIGS"EXPTE. N10336/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-12-20

En la especie se procede a revisar los hechos de la causa, pretendiendo sustituir al Juez de mérito (la Cámara) en una función que, conforme nuestro régimen procesal,es intransferible, bajo pretexto de ejercer el control de logicidad del fallo.La casación es el procedimiento dirigido a confrontar la sentencia con la ley sustantiva o procesal, para descalificarla si de tal confrontación resultare que éstas han sido inobservadas o aplicada falsa o erróneamente.Los hechos solo son aprehendibles en casación si mediare reproche de arbitrariedad,reproche que debe ser lo suficientemente grave como agredir la Constitución.Por eso se ha dicho que la doctrina de la Corte en la materia tiende a evitar la transformación de la instancia extraordinaria en ordinaria:"no contempla el error, sino el error judicial"(Conf. Novillo-Figueroa-La Corte Suprema y las cuestiones penales-pág.32)Nada de eso ocurre en la especie: el Tribunal ha escuchado a los testigos, ha visto a la denunciante y al acusado, y sus conclusiones -erradas o no- aparecen como derivación lógica del derecho aplicable a los hechos de la causa: especialmente en lo que concierne al reconocimiento del acusado, efectuado en condiciones tales que no garantizan en absoluto el derecho de defensa.Si es en base a tal reconocimiento que se ha de condenarlo, estaremos sin duda frente a gravísima infracción a las reglas del debido proceso"
Empresas del Estado, trabajadores de Luz y Fuerza, modificación del sistema remunerativo, fallo plenario
Materia: LABORAL
Carátula: JORQUERA, AMORES c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-28

La Corte decidió, en el caso Soengas que no es posible trasladar la doctrina del caso Nordensthol a situaciones de naturaleza salarial, las que deben ser analizadas teniendo en cuenta circunstancias en concreto. En tal sentido, y tratándose en el caso de la modificación de un sistema de cálculo de una remuneración complementaria que de ninguna manera resultó abrogada, los demandantes debieron acreditar la disminución concreta de sus remuneraciones a los fines de que prospera su reclamo.
Notificación, domicilio procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BANKBOSTON N.A. c/ GARCIA JUAN ANTONIO s/ EJECUCION HIPOTECARIA (Incidente de Nulidad Prom. por GARCIA, Juan  A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1904-03-05

Aunque los demandados no hayan respondido al llamado del notificador la invalidez de la intimación de pago no puede ser -por eso sólo- atendida ya que la notificación resultó diligenciada en el domicilio constituido en la escritura pública glosada en autos -cfr. fs. 6/15 y 42/43.- Es que, abandonar el domicilio constituido en el contrato sin comunicar a la otra parte el establecimiento de uno nuevo implica negligencia grave -Cfrt. ED, 3-516- siendo válidas las notificaciones practicadas en dicho domicilio especial. -cfr. ED,3 -467-.-
Regulación de honorarios, depreciación monetaria
Materia: PENAL
Carátula: DERCHI, PABLO s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-06-24

Si bien procede reajustar honorarios por desvalorización de la moneda cuando hay, por ejemplo, nueva tasación, dicha actualización de valores debe ser al tiempo de la sentencia ("Grela, E., su suc.", 19/X/76, rec. de hecho, C.S.J.N.), y la petición, durante la tramitación del pleito (C.S.J.N., Fallo del 20/12/74, cit. por Cám.

Civil, Sala B, el 11/6/75, ver J.A., T. 29, pág. 61, año 1975). En el caso se regularon los honorarios, y al fundarse la apelación por los recurrentes, pidieron se considerase la devaluación monetaria, recayendo resolución definitiva con mención del plenario "Rueda", lo que quedó firme y precluído, sin que las partes solicitaran aclaración o lo impugnaran mediante los recursos ordinarios o extraordinarios que tuvieron a su alcance; por todo lo cual corresponde confirmar la resolución que rechazara "in limine" la solicitud de indexación de honorarios planteada.
Seguro de responsabilidad civil, recurso de apelación (procesal), asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ghiglieri, Héctor Jorge y otro c/ Provincia de Buenos Aires y/o D.E.B.A. s/ Daños y perjuicios Domínguez, Agustín J. c/ Mainardi, Alcides s/ Daños y perjuicios Centeno, Julio C. c/ Ponzio, Horacio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17|1996-04-23|1997-06-10

No puede ser el asegurador un convidado de piedra en el pleito, dado que si bien su obligación principal es mantener indemne al asegurado (art. 109, Ley de Seguros) no lo es menos que en paralelo tiene que tener la posibilidad de defender su propio patrimonio (art. 17 de la Constitución nacional), para evitar que una actitud dispendiosa o dolosa del asegurado pueda perjudicarlo. Por vía de ejemplo: salta a la vista que se violaría el derecho de defensa si se le impidiese impugnar a la aseguradora, en el caso que el asegurado entre en una connivencia fraudulenta con el tercero; o si simplemente ejercita una actitud negligente en el proceso.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, recursos, fundamentación del recurso, procedencia del recurso, acción de repetición
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Salta c/ Morón Jiménez, Francisco
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-29

Si el acto por el cual se le otorgó la jubilación por incapacidad al demandado fue declarado nulo, este debe restituir los montos recibidos en tal concepto por haber quedado sin causa.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no federal, cuestión de derecho común, sentencia de primera instancia, fundamentación de sentencias, aplicación de la ley, Derecho laboral, indemnización por incapacidad, prescripción, enfermedad accidente, enfermedad profesional, exteriorización de la incapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: La Palma, Juan Francisco c/ Austral Líneas Aéreas y/u otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Cobro de  pesos (Expte.: C.S.J. Nro. 451 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que, no obstante invocarse arbitrariedad, bajo las diversas tachas que endilga a la sentencia, en definitiva, el compareciente discute lo resuelto por el Tribunal a quo al juzgar operado el término extintivo de prescripción de acuerdo a lo preceptuado por la ley 23643, legislación que aplicó, en cuanto las partes consintieron el encuadre normativo formulado por el iudex a quo (sin perjuicio del principio de "iura novit curia"), más allá de dejar expresamente aclarado que no comparte tal criterio. La Sala explicitó las razones por las que disiente con el inferior respecto a dicho encuadre, expresando que en autos se está ante un reclamo derivado de enfermedades accidente (de naturaleza evolutiva) cuyas consecuencias no habían ocurrido (o no fueron probadas) al momento de dictarse la nueva ley, por lo que las mismas quedan atrapadas por ella. Pero aún, afirma rotundamente, de aplicarse la ley 24028, igualmente la causa estaría prescripta. De ahí entonces, que de conformidad a la ley 23643 (modificatoria de la ley 9688), el Tribunal de Alzada consideró que aún cuando el actor denunció en el escrito inicial haber sentido dolores de columna, limitación de movimientos, falta de fuerza y disminución de agudeza auditiva vigente la relación laboral, el mismo no promovió acción alguna tendente a determinar su incapacidad, pues recién demandó casi tres años después del cese, lo que demuestra que el lapso de ley para formular el reclamo indemnizatorio había largamente transcurrido. (De Los Fundamentos Del Dr. Spuler)
Caducidad de instancia, inactividad procesal, ampliación de la demanda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CASTAÑO, Gustavo Hugo c/ YANCO, Liliana Alicia s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-24

No interrumpen la perención las sucesivas ampliaciones de la demanda no sustanciada, por no ser objetivamente una diligencia útil para la marcha del proceso.

Es claro que, para evitar que se produzca la caducidad de la instancia debe formularse una petición adecuada para impulsar el desarrollo del procedimiento, y aún tratándose de ampliaciones de demanda, que reiteran prueba ya ofrecida, no configuran situaciones que puedan generar duda.
Compraventa mercantil, factura, actualización monetaria, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONTERO HNOS. c/ FELIPE CLEMENTE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-05-18

Tratándose de una compraventa mercantil, lo que se desprende de las facturas presentadas, el acto queda sujeto a la ley mercantil (arts. 7, 8 inc. 2do. y 451 del C. de Comercio).

Por consiguiente, el deudor no debe las diferencias por reajuste y los intereses desde que él contrajo la obligación de pago, sino desde el vencimiento del plazo de diez días posteriores a la fecha de cada factura conforme a lo que dispone el art. 464 del C. de Comercio.-
Procedimiento judicial de la seguridad social, tasa de justicia, exención de tasa de justicia, celeridad procesal, economía procesal
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION c/ Arlecal S.A
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-02

Sin perjuicio de dejar a salvo la opinión personal sobre la procedencia de la eximición del pago de tasa de justicia a las obras sociales -reiteradamente expuesta-, por razones de celeridad y economía procesal corresponde hacer aplicación del criterio adoptado por el Alto Tribunal, invariablemente sostenido hasta el presente, según el cual lo dispuesto por el art. 39 de la ley 23.661 no exime a las obras sociales del pago de la tasa de justicia. (Del voto del Dr. Fasciolo)
Información ambiental, remisión del expediente, copias, informe ambiental
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Asociación Ecológica Social de Pesca, Caza y Náutica c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-11

Si bien una norma infraconstitucional de carácter procesal no puede constituir impedimento para el acceso a la información ambiental, en particular cuando no se advierte que la medida pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial, en el marco de las facultades conferidas al tribunal por la ley 25.675 y por los arts. 36, 330 y sgtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, teniendo en cuenta la finalidad de la medida requerida por la actora, corresponde limitar el requerimiento a la remisión de fotocopias certificadas de los peritajes atinentes a la información ambiental agregados a la causa (Disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
Ejecución prendaria, prenda con registro, recurso de apelación (procesal), plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: DI FOTO  S.A. c/ GARCIA ROBERTO F. s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

La discrepancia con la interpretación asignada al plazo fijado por el art. 30 de la ley 12.962 de prenda con registro para apelar de las resoluciones que desestiman las excepciones opuestas, no saca a la cuestión del ámbito del derecho común y procesal, cuya inteligencia está reservada a los magistrados del proceso y no incumbe a la Corte revisar. El término de días para apelar que establece la ley de prenda con registro, si bien se refiere solamente a la sentencia, debe entenderse que se aplica a todos los recursos que pudieran concederse para evitar el contrasentido de que las cuestiones incidentales puedan apelarse en un plazo mayor por aplicación de los principios generales.
Acción meramente declarativa, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ANDERSON MARIA T.M c/ MOLINARI CARLOS A. s/ JACTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-09-06

La corte Suprema ha entendido que la acción de jactancia lejos de contrariar u ofender a cláusula constitucional alguna, tiende a garantizar la integridad y plenitud de los derechos acordados por ésta. Nuestros Tribunales vienen sosteniendo que sólo en caso de jactancia, puede una persona ser obligada a demandar, afirmando la constitucionalidad de la acción siempre que ella se ha suscitado y al establecer con toda claridad la Corte Suprema, que no son contrarias al Cód. Civil las disposiciones del de Procedimientos que reglamentan el referido instituto, las cuales no se hayan en pugna con el sistema general del derecho, razón por la cual su regulación adecuada está en el Derecho Procesal, y sólo cuando éste lo prevea, tendrá existencia en el derecho positivo.

Consistiendo el juicio de jactancia , diferente y autónomo del que con él se trata de inducir, en que el demandado jactancioso promueva mediante éste la pretensión de la cual se ha jactado, con el apercibimiento de perderlo, si no cumple con lo ordenado, bajo tales condiciones fácil se comprende que el pronunciamiento que sobre el particular se emita no anticipa opinión sobre los derechos del jactancioso, pudiendo irrogarle perjuicio en caso dependiente de su sola voluntad,y así considerado no vulnera ninguna garantía reconocida por la constitución ni ninguna acción ni derecho consagrado por la ley civil.Deviene incuestionable así que el derecho intervenga mediante la reglamentación de la jactancia (arts.

944 y ss. del C.P.C.), para quien produce manifestaciones adjudicándose derecho de propiedad sobre la finca de otro, que pueden originar menoscabo sensible a sus intereses siendo de toda equidad que aquél niegue o afirme la exposición que se le atribuye (art. 946 C.P.C.) sin que por ello se lesionen los derechos de nadie y sí se protejan los perjuicios que pueden irrogarse a otro.

El art. 22 del C.C. es inaplicable a leyes de procedimiento, desde que él se contrae a materias propias del derecho civil sin extenderse a las primeras, que son de incumbencia de las provincias (arts. 5, 67 inc. 11,104, 105 y correlativos de la Constitución Nacional); ya que la acción de jactancia tiene su lugar propio en las leyes procesales, y constituye un medio de defensa, en lo que a la propiedad concierne, de las amplias facultades de uso, goce y disposición inherentes a la misma, pues es manifiesto, que esas facultades pueden ser entorpecidas por la acción de los jactanciosos originándose de ellos perjuicios de mayor o menor consideración Finalmente y en lo que vincula a la vulnerabilidad del precepto constitucional de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, esa garantía es instituida específicamente para el juicio o proceso criminal.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, sentencia arbitraria, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Miglino, Domingo y Miglino, José s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

Cabe hacer excepción al principio según el cual las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos planteados por ante los tribunales locales no justifican el otorgamiento de la apelación extraordinaria, cuando frustran la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación idónea suficiente, lo que se traduce en una violación de la garantía del debido proceso consagrada por el art.

18 de la Constitución Nacional.
Embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gil, Juan Carlos c/ Avedaño, Luis Angel s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

Producido el embargo, el bien queda afectado al pago del crédito respectivo y sometido a la potestad real del Juez que decretó la medida, por lo que la enajenación posterior es inoponible al embargante ya que embargar no quiere decir sino afectar un cierto bien a un proceso, ligarlo o trabarlo de tal modo que no pueda más tarde desviarse de las resultas del mismo. La medida procesal de referencia afecta a la cosa en sí, de modo que se transmite siempre con el gravamen constituido en beneficio del acreedor embargante.
Acción de amparo, amparo colectivo, improcedencia del recurso, plan de ahorro previo, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Díaz Federico Gustavo y otro c/  s/ amparo colectivo art. 250 CPCC) s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-11-05

La diversidad de situaciones y supuestos disímiles respecto de los usuarios que integran el colectivo, vinculadas a los contratos de planes de ahorro previo suscriptos, sus cláusulas específicas y las particularidades en la contratación con las diferentes sociedades demandadas -en cuanto a modalidades de planes, vigencia, valores de alícuotas, etc.- impiden dar igual trato a situaciones heterogéneas. (Voto de la Dra. Piccinini por la mayoría)
Cuestiones de competencia, competencia por la materia
Materia: PROCESAL
Carátula: TERRILE ANDREA CLAUDIA s/ USURPACIÓN - CUESTIÓN DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-10-23

A raíz de las divergencias que suscita el orden de sustitución que debe observase ante el apartamiento del titular de un Juzgado de Control y Faltas, cuando no existe dentro de la respectiva sede judicial otro Tribunal con idéntica competencia material, corresponde resolver la diferencia por aplicación de los términos previstos por el Acuerdo Reglamentario n° 593, Serie "A", de fecha 20 de abril de 2001, el que establece que debe avocarse al conocimiento de la causa el órgano jurisdiccional más cercano con la misma competencia material dentro de la Circunscripción Judicial.
Recurso extraordinario, cuestión de derecho común, cuestión no federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Cardinal Cia. de Seguros S.A. y Otra s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Bencharsky, Andrés Hugo y Otra s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1989-02-24|1989-02-24

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que no cabe admitir recursos basados en cláusulas constitucionales, pero referidos a cuestiones no regidas de modo directo por normas federales, pues de esta forma sería ilimitado el acceso de causas a sus estrados, ya que no existe derecho que en definitiva, no tenga fundamento en la Constitución Nacional, aunque sea regido directa o indirectamente por el derecho local.