Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09


SENTENCIA DEFINITIVA: 100097 SALA II Expediente Nro.: 18497.08 (Juzg. Nº ) AUTOS: "VILLALBA GERMAN AGUSTIN C/ SALDAR S.A. Y OTRO S/DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 9 DE FEBRERO DE 2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda entablada en lo que ha sido materia principal de reclamo y, contra tal decisorio se alzan la parte actora y ambos demandados.

El demandante se agravia por la decisión adoptada en torno a la defensa de prescripción opuesta por la accionada y porque se desestimó la indemnización especial prevista en el art. 80 de la LCT (conf. ley 25.345), en los términos y con los alcances que explicita a fs. 687/688.

Saldar S.A. y el codemandado Abad Álvarez a fs. 691/706 deducen recurso de apelación en forma conjunta cuestionando la desestimación de las excepciones opuestas; que se hubiere hecho lugar a las indemnizaciones especiales previstas en la ley 24013 y en el art. 2 de la ley 25323; que se considerara ajustado a derecho el despido indirecto dispuesto por Villalba; la valoración de la prueba rendida al respecto y lo decidido en materia de costas y honorarios.

En atención a los términos que planteara la parte demandada y a fin de alcanzar una mayor claridad expositiva, cabe referir que, en el caso, el trabajador se consideró despedido el 29/5/08 a tenor del telegrama obrante a fs. 65 al no habérsele permitido el ingreso al establecimiento luego de cumplida la suspensión disciplinaria impuesta por la accionada y toda vez que le fue desconocida la antigüedad en el empleo por la que reclamara en sus anteriores despachos (ver fs. 279/303). Según indicó el demandante en el inicio, su ingreso al establecimiento gastronómico, sito en la Calle Nazca N° 7, se produjo en el año 1996 bajo la titularidad de la firma Nari S.A y la responsabilidad de Saldar S.A. que se deriva de su carácter de continuadora en la explotación , por lo que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 225 y 228 de la L.C.T, reclamó a la accionada el reconocimiento de su real antigüedad (ver fs. 63). A su vez sostuvo que la suspensión disciplinaria dispuesta por la demandada no se encontró justificada y que al intentar retomar tareas no se le permitió el ingreso al local.

En tal contexto, y con relación al despido de autos, se impone referir que, del análisis detenido de la prueba testimonial producida en autos (conf. arts. 386 CPCCN y 90 LO) corresponde tener por suficientemente acreditada la negativa de tareas en la que el actor sustentó su despido indirecto puesto que, aún cuando no hubiere podido demostrar que al día siguiente de vencerse la suspensión no se le permitió tomar tareas, lo cierto es que a través de los dichos de los testigos José Luis López y Moyano Romero surge que ante la intimación cursada por la empleadora con posterioridad, el actor se presentó en el local y no se le permitió el ingreso.

En efecto, Moyano Romero a fs. 531 señaló que el día 29 de mayo de 2008 en horas del mediodía acompañó al actor hasta el local de la demandada ("Clapton") y que, en presencia de otro testigo (que identifica como el Sr. José Luis López y que, a su vez describe físicamente), una persona identificada como "Néstor" -que en apariencia sería el encargado del negocio- no le permitió entrar.

Si bien el testimonio precedentemente referido fue objeto de las impugnaciones formuladas por la accionada (básicamente, por poseer juicio pendiente en su contra al tiempo de la declaración), los hechos y circunstancias detalladas por Moyano Romero con relación a la negativa de tareas del 29/5/08 se encuentran corroborados por los dichos de José Luis López, quien a fs. 534 puntualizó que "el actor le pidió al dicente que lo acompañe y en la puerta había un encargado que no lo dejó ingresar al actor diciéndole que no había más trabajo para él. Que esto ocurrió el 29 de mayo del año pasado (la declaración es de octubre de 2009). Que el actor le pidió al testigo que lo acompañe porque le había dicho que tenía un problema, que no lo dejaban ingresar. Que la persona que no dejó entrar al actor se llama Néstor, el testigo lo sabe porque trabajó con él. Que lo relatado ocurrió más o menos a las 12 del mediodía. Néstor es una persona morocha, pelo negro con un poquito de canas, de 1,80 más o menos y de alrededor de 50 años. Que esa persona estaba vestido con pantalón negro y camisa blanca y una casaca color café con leche. Que se presentaron por la entrada de Nazca 7. Además del dicente y el actor estaba el Sr. Oscar Moyano, que es un señor que también trabajaba con ellos en el sector cocina. estaba acompañando al actor. Moyano es un morochito de 1,70 más o menos, pelo negro.." .

En contraposición a lo que surge de las declaraciones testimoniales referidas no obra elemento objetivo de juicio alguno puesto que quienes sostuvieron que el actor no concurrió al establecimiento, sustentan sus dichos en el hecho de no haberlo visto en el local o trabajando con posterioridad, lo que resulta ineficaz a fin de demostrar que efectivamente Villalba no intentó retomar el servicio (ver dichos de Romerdo de los Santos a fs. 590 y Viola a fs. 577).

Consecuentemente, a mi juicio, corresponde tener por acreditada la negativa de tareas en la que el actor sustentó -en parte- su decisión resolutoria.

En cuanto al desconocimiento de la antigüedad en el servicio, la defensa ensayada por la demandada en orden a la inexistencia de un vínculo de sucesión directa entre la firma Nari S.A y Saldar S.A. no merece a mi juicio mayor análisis en tanto la accionada no explicita el modo en que a mediados del año 2003 aparece como titular de "Clapton" (nombre de fantasía de local gastronómico en cuestión) y en la causa ha prestado declaración como testigo un empleado del estudio contable que liquidaba los haberes del personal de Saldar S.A. y de sus predecesoras y, al respecto ha sostenido que la demandada en autos (Saldar S.A.) se hizo cargo de la explotación encontrándose ésta en marcha bajo la titularidad de Nari S.A..

Frente a ello y al surgir de la historia previsional del actor que entre 1996 y 2003 estuvo registrado a nombre de Nari S.A. y que, inmediatamente después fue Saldar S.A. quien registró la relación, el argumento ensayado por la demandada a fin de eximirse de responsabilidad por la antigüedad anterior debe ser desestimado porque ninguna prueba produjo a fin de demostrar que no se tratara de la misma explotación o establecimiento y lo cierto es que la prestación de servicios del actor para "Clapton" desde el año 1996 hasta mayo de 2008 se encuentra también acreditada a través de los testimonios de Moyano Romero a fs. 531 y de José Luis López a fs. 534.

En consecuencia, al haberse demostrado la continuidad de la explotación (incluso bajo el mismo nombre de fantasía) como así también la subsistencia del contrato de trabajo del actor, corresponde tener por configurado el presupuesto previsto en el art. 225 de la LCT por cuanto es de toda evidencia que Saldar S.A. ha resultado sucesora "por cualquier título" de la explotación en cuestión. Al respecto, la circunstancia de que ante las autoridades municipales haya tramitado la habilitación del local a su nombre, no altera la conclusión que antecede puesto que ello no implica de por sí la inexistencia de la explotación con anterioridad. Por lo demás, la falta de coincidencia en las fechas de inicio de trámite (año 2002) y de obtención de la habilitación (año 2005) -ver fs. 306/312- valida lo antedicho en torno a la continuidad de un negocio en marcha (ya habilitado) puesto que de otra manera no se explica que se asumiera la actividad en fecha anterior a la obtención de la autorización municipal.

En cuanto a la justificación de la suspensión disciplinaria dispuesta por la empleadora para los días 19 a 21 de mayo de 2008, las críticas esgrimidas por las demandadas resultan ineficaces para revocar la decisión adoptada en origen puesto que Bertotto a fs. 563 y Viola a fs. 577 solo habrían tomado conocimiento de la pelea con el compañero Molina por dichos o comentarios de terceros y el testimonio de Romero de los Santos a fs. 590 no aporta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría verificado el suceso, lo que impide tener por suficientemente acreditada la causal de suspensión invocada en el telegrama de fs. 459, por lo que de prosperar mi voto corresponde confirmar también la sentencia apelada en cuanto admitió el reclamo por los salarios del mes de mayo 2008.

En cuanto a la defensa de prescripción opuesta por la demandada respecto de las indemnizaciones previstas en los arts. 9 y 15 de la Ley 24012, ambas partes dedujeron recurso de apelación.

Evidentemente la parte actora ha desinterpretado la decisión adoptada en primera instancia porque, contrariamente a lo puntualizado en el escrito de fs. 687/688, la Juez de grado no admitió la defensa de prescripción e incluyó en los rubros de la liquidación de condena los importes correspondientes a las multas establecidas en los arts. 9 y 15 de la LNE y ello en el entendimiento de que el derecho al cobro de tales acreencias nace luego de practicada la intimación prevista en el art. 11 de la LNE, que en el caso se llevó a cabo en mayo de 2008, por lo que al mes de julio de ese año (fecha de iniciación de la demanda) no se encontraba prescripta la acción -art. 256 LCT- (ver tercer párrafo del apartado 5- de los considerandos a fs. 682). En consecuencia, no advirtiéndose agravio o perjuicio para la parte actora al respecto, corresponde desestimar el cuestionamiento por ella formulado.

Con referencia al planteo vertido por las demandadas en cuanto sostienen que el plazo para intimar comienza a correr desde que el trabajador habría tomado conocimiento del error registral que invoca (en el caso, desde su registro por parte de Saldar S.A. en el año 2003) pues desde ese momento se encontraba en condiciones de requerir la regularización; creo necesario referir que tal como lo he sostenido entre otros in re "Sequeira, Gloria Viviana c/Zanoni Dario Claudio y otro" -SD 94537 del registro de esta Sala- "los términos del planteo llevan a reflexionar no en torno a la aplicación del plazo prescriptivo bianual contenido en el art. 256 de la L.C.T., sino respecto del momento en que el mismo debe empezar a computarse, y en tal sentido, un nuevo y detenido análisis de la cuestión, me lleva a coincidir con el dictámen del Sr. Fiscal General ante la Cámara en cuanto puntualiza que, las multas previstas en la Ley Nacional de Empleo, se encuentran dirigidas a sancionar la clandestinidad laboral, y en el mejor de los casos, a obtener por vía indirecta la regularización de los vínculos no registrados, pero no resultan identificables con una deuda salarial o una diferencia emergente de la antigüedad en el empleo, sino que se trata de sanciones tarifadas, cuya obligación de pago nace de un acto complejo, materializado por la confluencia de tres requisitos. a) la antijuricidad registral. b) la intimación del empleador y la denuncia a la AFIP, c) el no cumplimiento total por parte del empledor de sus cargas registrales en el plazo de treinta días. En tal contexto entonces, cabe concluir que el pago de las multas de la ley 24.013 recién resulta exigible, luego de la intimación del trabajador, sin que el empleador se hubiera avenido a adecuar su conducta a los requerimientos formulados".	En consecuencia, por lo expuesto y de conformidad también con lo sostenido en idéntico sentido por esta Sala entre otros in re "Gimenez, Ruben c/Asociación del Futbol Argentina" (SD 96316 del 22/12/08) e in re "Castagnino, Pablo c/ Asociación del Futbol Argentina" (SD 96063 del 29/9/08), corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto desestimó la defensa de prescripción opuesta por los accionados.

Respecto de la procedencia de las indemnizaciones derivadas de la errónea registración del vínculo, la queja vertida por la accionada se centra en la inexistencia de aviso a la AFIP de conformidad con la reforma introducida por la ley 25345 al art. 11 de la ley 24013.

La desestimación del agravio a mi juicio se impone a poco que se advierta que a fs. 98 obra la copia del telegrama remitido a la AFIP el mismo día en que se intimó a la empleadora (24/5/08) y a fs. 159/160 el correo oficial informa sobre su autenticidad, envío y recepción, lo que lleva a tener por cumplidos los recaudos formales a los que la ley sujeta la procedencia de las indemnizaciones reclamadas.	El hecho de que no se hubiere dejado transcurrir el plazo de 30 días para disolver el vínculo no impide hacer lugar al reclamo puesto que lo cierto es que el trabajador tuvo otras razones para considerarse despedido (conf. arts. 62, 63, 242 y concordantes de la LCT) y que, la accionada le negó expresamente al reclamante el reconocimiento de los derechos derivados de la antigüedad pretendida y guardó total silencio en cuanto a su situación registral anterior a julio de 2003 (fecha de ingreso por ella reconocida).

Consecuentemente, analizados los agravios en los concretos términos en que han sido formulados (conf. arts. 163 y 277 CPCCN), de prosperar mi voto corresponde también desestimar las críticas formuladas en torno a las indemnizaciones diferidas a condena con sustento en lo dispuesto en los arts. 9 y 15 de la L.C.T.

En cuanto a la obligación a hacer entrega de las certificaciones previstas en el art. 80 de la L.C.T. creo conveniente referir que tal como lo sostuviera en un caso de aristas similares (ver SD 9918 del 29/4/11 in re "Turri, Silvia Carolina c/Wal Mart Argentina S.R.L.") la sucesora o adquirente del establecimiento en los términos del art. 225 de la L.C.T. resulta responsable por la totalidad de las obligaciones emergentes del vínculo original, entre las cuales se encuentra la de otorgar un certificado en los términos del art. 80 LCT, con la real antigüedad y la totalidad de las remuneraciones abonadas durante toda la vigencia del contrato, por lo que no cabe considerar cumplida dicha obligación con la documentación que en copia obra a fs. 72/73, máxime cuando la misma no cumple la totalidad de los recaudos de contenido previstos en el art. 80 de la LCT antes citado. En consecuencia, y dado que la demandada acompañó certificados incompletos, no cabe eximirla del cumplimiento de la obligación en debida forma.

Se agravia la parte actora porque no se ha hecho lugar a la indemnización especial prevista en el último párrafo del art. 80 de la LCT. Si bien la demandada habría puesto a disposición del trabajador los certificados reclamados -ver fs. 468 y 463-, no puede soslayarse que la documentación presentada por la obligada no cumple siquiera mínimamente los recaudos previstos en la normativa en cuestión, por lo que al no constar en la documentación que en copia obra a fs. 72/73 la real antigüedad en la empresa, la capacitación adquirida y los aportes y contribuciones efectuados, la negativa a recepcionarlos formulada por Villalba en la oportunidad de celebrarse la audiencia ante el SECLO (ver fs. 3) no resulta irrazonable o injustificada, por lo que al no haberse satisfecho la obligación con posterioridad y de conformidad con la intimación formulada el 3/7/08 en los términos de que da cuenta la misiva de fs. 468, corresponde admitir la queja formulada por la parte actora con sustento en lo dispuesto en el último párrafo del art. 80 de la L.C.T. Consecuentemente, de compartirse mi voto, corresponde diferir a condena la cantidad de $ 5.049,84, por lo que propicio elevar el monto total debido al actor a la suma de $ 84.270,59, la que devengará intereses de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de grado (no cuestionada en tal aspecto).

En cuanto a la responsabilidad atribuída al codemandado José Abad Álvarez en su calidad de presidente del directorio de Saldar S.A. cabe considerar que la condena se ha sustentado en el art. 274 de la LSC y que en la alzada no se cuestiona la gestión y representatividad del Sr. Abad Álvarez respecto del ente societario.

En dicho contexto, cabe reconocer que, cada vez con mayor frecuencia, se presentan ante los tribunales casos en que se pone en tela de juicio la actuación personal de los administradores de los entes societarios por su obrar doloso o culposo y en los que, entiendo que debería evaluarse su responsabilidad, no ya conforme lo previsto en el art. 54 de la LSC, sino a la luz de las normas comunes de imputación subjetiva de responsabilidad. Me explico: la ausencia de contrato o relación jurídica preexistente entre el tercero damnificado (trabajador) y el administrador del ente social, obstaculiza, frente a la constatación de un ente real y no ficticio, la extensión de responsabilidad pretendida (conf. arg. art. 54 LSC), pero advierto que ello no impide considerar las causas de atribución de responsabilidad, no ya desde la lógica del contrato, sino en función de la participación personal del codemandado en la dirección de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59 y 274 de la LSC (en este sentido, ver fallos de la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala B, "Eduardo Forns c/Uantu S.A. s/ ordinario" del 24/6/03 -J.A. 21.12.03, 2003-IV- y CNCOM., Sala E "Nougues Hnos S.A. s/incumplimiento en la presentación de estados contables).

Sobre tal base considero que en los supuestos de trabajo no registrado, no se verifica un mero incumplimiento aislado, como podría ser el retraso en el pago de los salarios o su adeudamiento, existe un verdadero concilio de fraude destinado a ocultar hechos y conductas con la finalidad de sustraer al empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales. Entonces, si bien la responsabilidad de socios, directores y accionistas por actos de la sociedad resulta ser una cuestión que requiere un análisis particular, debiendo en cada caso examinarse las circunstancias particulares en que su desenvolvimiento dentro del seno social se configuró, considero que el presidente de una Sociedad Anónima no puede ignorar la seria maniobra defraudatoria que se lleva a cabo a efectos de ocultar parte de la antigüedad de los trabajadores, ya que integra la sociedad, la administra y representa.	En consecuencia y, ceñido el planteo revisor a los concretos términos en que ha sido propuesto, de prosperar mi voto, corresponde confirmar también en tal aspecto la sentencia de grado.

En orden a la forma de imponerse las costas en la instancia previa, cabe considerar que, como lo señala la parte demandada en sus agravios, el actor no ha resultado vencedor en la totalidad de sus pretensiones puesto que se ha desestimado su principal reclamo salarial vinculado a la realización de horas extraordinarias. La circunstancia apuntada debe ser considerada a fin de distribuir los gastos causidíacos, por lo que teniendo en cuenta la índole del planteo desestimado, el modo de resolverse la cuestión en primera instancia y lo dispuesto en los arts. 68 y 71 del CPCCN, propicio modificar la imposición de costas efectuada en la instancia previa e imponer las mismas en un 80% a cargo de los demandados y en el 20% restante a cargo de la parte actora.

En atención al resultado propuesto en la Alzada, al haber resultado vencidos los demandados en lo que ha sido materia sustancial de controversia, considero que cabe imponer las costas de segunda instancia a cargo de los mismos (art. 68 CPCCN).

No obstante la modificación que se propicia en cuanto a las costas, cabría mantener la regulación de honorarios practicada en primera instancia puesto que los porcentajes atribuídos a las partes en conflicto y al perito contador resulta ajustados a las pautas establecidas en las normas arancelarias vigentes (conf. ley 21839, dec. Ley 16638/57 y art. 38 L.O.) y no se advierten irrazonables o desproporcionados en atención a la índole y extensión de las tareas desarrolladas y al valor económico involucrado en el presente litigio.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la ley 21839, corresponde regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y los de la representación y patrocinio de los demandados, por su actuación en la Alzada, en el 25% de lo que en definitiva resulte para cada uno de ellos por su intervención en la instancia previa.

Miguel Ángel Pirolo dijo: Por análogos fundamentos, adhiero a las conclusiones del voto precedente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma de ($ 84.270,59) OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS, 2) Dejar sin efecto la imposición de costas practicada en primera instancia e imponer las mismas en un 80% a cargo de las demandadas y en el 20% restante a cargo de la parte actora, 3) Declarar las costas de la Alzada a cargo de las demandadas en forma solidaria, 4) Confirmar las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y regular los de la Alzada en la forma dispuesta en el considerando pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Graciela A. González Juez de Cámara Juez de Cámara