Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-24


Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

1. El juez de primera instancia, a fs. 157/62 dispuso la aplicación a la sindicatura de un apercibimiento. Consideró al efecto que dicho funcionario no instó el trámite de las presentes actuaciones como consecuencia de lo cual desaparecieron parte de los bienes prendados a favor del Banco Ciudad de Buenos Aires aquí incidentista, indicados a fs. 9 anexo I.

Respecto de éste señaló que el trámite de la presente causa revela la inactividad evidenciada para procurar la realización de los bienes que constituyen la garantía de su acreencia, por lo que dispuso poner en conocimiento de tal situación al señor presidente de la citada entidad bancaria.

2. El funcionario sindical apeló la mentada resolución en relación a la sanción que le fue impuesta. Expresó agravios a fs. 171/4. Señaló que fue quién consiguió todos los domicilios denunciados en autos como posibles lugares en que se encontraban los bienes. Asimismo, consideró que como la máquina faltante nunca fue ni inventariada ni puesta a disposición por la fallida no resultan aplicables las normas referidas por el 'a quo'. Añadió que al tratarse en la especie de un concurso especial (art. 209 LC), el impulso del procedimiento está a cargo del acreedor hipotecario y no de su parte. Indicó que su actuar ha sido correcto y que existió una actitud de ocultamiento permanente por parte de la fallida tanto en este incidente como en el proceso principal. La fallida contestó los agravios a fs. 187/89.

Asimismo, apelaron la resolución el banco incidentista y su letrado.

El primero fundó su recurso a fs. 184/85. Se agravió en tanto la resolución señaló que existió inconducta de todas partes involucradas y, por parte del banco, inactividad en procura de la realización de los bienes garantía de su acreencia. Indicó que impulsó el trámite del expediente dentro del marco de razonabilidad que la situación de la quiebra permitió.

De su lado, el letrado de la institución bancaria fundó su recurso a fs. 177/79. Señaló que el juez juzgó su conducta profesional sin que ello sea el objeto de este proceso y que sancionó la misma desde el punto de vista ético sin que haya podido ejercer su derecho de defensa. Agregó que aquél carece de atribuciones para informar a las partes sobre los presuntos errores de los letrados que las representan.

La sindicatura contestó ambos fundamentos a fs. 191/92.

3. En lo que concierne a la sanción impuesta a la sindicatura, cabe señalar inicialmente que en forma reiterada ha sostenido esta Fiscalía que, si bien el proceso civil y comercial, normalmente se estructura sobre un sistema de cargas, el concurso, en particular, ostenta una connotación eminentemente publicista que determina que el síndico revista la condición de funcionario público (ley 24.522:251), que ha de obrar en interés de la justicia, como un órgano judicial actuante al lado del juez (cfr. CNCom. Sala D, "Cía. Aceitera s/ conc. Prev. s/ inc. de suspensión de remate art. 250 LC", del 22.7.80).

Además, cabe imputarle ausencia de diligencia si omitió hacer aquello a lo que está obligado por la ley o por el juez, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que debía efectuarse.

De tal modo, importa también destacar que la debida diligencia del síndico en el cumplimiento de sus funciones no está supeditada a las conminaciones que el juez deba dirigirle a tal efecto. Antes bien, sin perjuicio de lo que éste decida para impulsar el procedimiento concursal, el funcionario debe tomar la iniciativa peticionando lo conducente a tal efecto y, con mayor razón, dar puntual cumplimiento a las resoluciones del juez del concurso, coadyuvando así, con su tarea de rápida tramitación (conf. CNCom., Sala C, "Fábrica Argentina Anahí SA").

La demora incurrida a fin de procurar el secuestro y la ubicación de una de las máquinas de propiedad de la fallida sobre las que recayó la garantía prendaria a favor del incidentista, no fue justificada por el funcionario y queda evidenciada a través de los hechos pormenorizadamente referenciados por el magistrado de primera instancia en la resolución recurrida.

En efecto, de las constancias de autos surge clara la falta de impulso para lograr ubicar los bienes en cuestión lo que configura un conducta negligente por parte del síndico que justifica la aplicación de la sanción.

La circunstancia de que se trate el presente de un concurso especial promovido por el acreedor prendario no constituye una razón válida para omitir el cumplimiento de un deber.

De tal modo que la conducta reseñada no guarda relación con el cumplimiento de los deberes fijados por el art. 275 LC.

En este marco, a mi entender, cabe desestimar el recurso y mantener la sanción aplicada.

4. Recursos interpuestos por el Banco Ciudad de Buenos Aires y su letrado.

Las cuestiones traías a conocimiento de ese Tribunal en los recursos de marras versan, en principio y en el caso, sobre cuestiones de hecho vinculadas con intereses particulares del acreedor prendario y su letrado. Por ende son ajenas a los intereses cuyo reguardo tengo encomendado.

En consecuencia, concluyo que no se encuentra comprometido en el sub lite el interés general cuya tutela me incumbe (art. 120 C.N.).

5. Por las razones expuestas, considero que V.E. debe confirmar la sanción impuesta, rechazando el recurso deducido por el síndico. Dejo así contestada la vista conferida. Buenos Aires, febrero 2 de 2009.- Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia.- Buenos Aires, febrero 24 de 2009.

Considerando: 1. a) La sindicatura apeló en fs. 165 contra la resolución de fs. 157/162 en cuanto le impuso sanción de apercibimiento con base en la conducta detallada en el decisorio (memorial en fs. 171/173, contestado en fs. 187/189 por la fallida).

b) El letrado P. M. L. apeló en fs. 169 contra la resolución de fs. 157/162, en cuanto interpretó que los cuestionamientos levantados por el Juez a quo respecto al actuar -que reputó displicente- del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en este incidente de concurso especial, valora y critica su propia labor profesional en autos (memorial en fs. 177/179).

2. a) El síndico M. U. cuestionó la sanción que se le impusiera en la resolución atacada, en cuanto sostuvo que no fue intimado previamente por el Juzgado ni se le requirieron explicaciones acerca de la invocada inactividad.

Expuso que su desempeño en esta quiebra ha propiciado avances sustanciales en el recupero de activos, y que la carga de impulsar este incidente de concurso especial pesa sobre el acreedor privilegiado.

Los fundamentos vertidos en el dictamen de la señora Fiscal General de Cámara que precede a este decreto, que esta Sala comparte, son suficientes para confirmar la resolución impugnada.

Sólo añádese que la perentoria actividad liquidatoria impuesta por la LC 203 y 217 no se encuentra sujeta al particular accionar de acreedores privilegiados que hubieren promovido un concurso especial, pues, salvo lo dispuesto por el art. 184 LC, la ley 24.522 no discrimina qué tipo de activos deben ser rápidamente realizados y cuáles no, objetivo al cual debe propender la conducta prevista en la LC 275.

Por lo demás, de la detallada secuencia de actos y omisiones efectuada en la resolución apelada, así como de la lectura objetiva del expediente, se desprende la existencia de dilaciones que carecen de justificación, lo cual sustenta el apercibimiento impuesto.

b) Respecto de los agravios formulados por el doctor Lorenti, adelántase que ellos serán desestimados.

Es que el Juez a quo no se ha referido expresamente a la actuación específica del abogado apelante, ni puede arribarse a conclusiones mediante una mera proyección de los cuestionamientos que hubiere efectuado el Magistrado respecto a las dilaciones que se imputa al Banco de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de acreedor incidentista en este concurso especial.

Así, siendo que las críticas parten de la interpretación efectuada en fs. 177, apartado 2, esta Sala juzga que el profesional carece de legitimación para formular el planteo sub examine.

3. Por ello, y de conformidad con lo propiciado por la señora Fiscal de Cámara, se confirma la resolución de fs. 158/162.

Notifíquese a la señora Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente, devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes.-Pablo D. Heredia. - Juan José Dieuzeide. - Gerardo G. Vassallo.