Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-01


Salta, 01 de junio de 2010.- Y VISTOS: los autos caratulados "FERNANDEZ, Betina c/EUROFRANCIA S.A. s/Sumario Daños y Perjuicios y Cobro de Pesos", Expte. nº 160.602/06 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 10ma. Nominación; Expte. nº 267.520/09 de Sala III, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Guillermo F. Díaz, dijo:La sentencia de fs. 172/176 que rechazó la demanda con costas, ha sido apelada por la actora a fs. 180. Concedido el recurso a fs. 181, expresó agravios a fs. 191/194, los que fueron contestados por la demandada a fs. 197/199 vta..- Dice la actora que la sentencia resulta arbitraria, incongruente, auto contradictoria y, por lo tanto, contraria a derecho. Señala que el argumento básico de la misma es equivocado pues el presupuesto del art. 1.638 del Código Civil es el desistimiento que hace el dueño de la obra de continuar ejecutándola por medio de aquel a quien se la hubiera encargado. En el caso de autos, la obra encargada a la demandada estaba terminada y defectuosamente ejecutada luego de cuatro intentos; y bajo esa circunstancia decidió hacerla reparar por un tercero. Entiende irrazonable que se exigiese al acreedor que cursase una nueva intimación al deudor, dándole una nueva oportunidad de reparación, luego de cuatro intentos fallidos y abonados enteramente. Invoca a su favor los derechos de los consumidores consagrados por la Constitución Nacional y la ley de defensa del consumidor, en particular los arts. 19 y 23, éste último en cuanto establece la obligación del prestador del servicio de corregir deficiencias o defectos o reemplazar materiales o productos si dentro del término de treinta (30) días de concluido el servicio se evidenciaran deficiencias o defectos en el trabajo. Considera que el mecanismo para determinar dichas deficiencias o defectos del trabajo realizado por Euro Francia SA. se concretó con la operación de desarme del motor por un tercero, ante un escribano público y con la intervención de los mecánicos de la demandada. Señala también la responsabilidad del prestador del servicio en materia de daños y perjuicios, afirmando con apoyo en el art. 40 de la ley de defensa del consumidor que la demandada no demostró la que causa del daño le ha sido ajena. La misma Jueza afirmó en la sentencia, dice, que la responsabilidad de la demandada estaba demostrada, pues se acreditaron los daños y la relación de causalidad, de allí que resulte irrazonable la interpretación que hace el fallo del art. 1638 del Código Civil. Hace reserva del caso federal. Pide se revoque el fallo, con costas.

A fs. 197/199 vta. responde los agravios la demandada. Que su parte, a tenor de las normas legales mencionadas en la demanda, interpretó en el responde que la acción era de rescisión unilateral del contrato y la indemnización de los supuestos daños y perjuicios, circunstancia que motivó su defensa de fondo, acogida por la Sra. Juez quien afirma en la sentencia que la actora desistió unilateralmente de la ejecución de la obra, por lo que no cabe hacer cargar a la demandada con los daños y perjuicios. Que no existió denuncia ni intimación previa para la constatación y eventual reparación de desperfectos, ni constitución en mora, habiendo procedido la actora unilateralmente a encargar el arreglo de su automóvil a un tercero. Que su parte fue citada a concurrir a ese taller cuando el motor se encontraba ya desarmado, hecho que implica la rescisión unilateral del contrato por parte del propietario del automóvil. La conducta de la actora que procedió a la apertura del motor sin la presencia de su mandante y de haber hecho reparar el automotor en otro taller, es un caso típico e indiscutible de desistimiento de la obra conforme a lo establecido en el artículo 1638 del Código Civil. Aclara que si bien su mandante tuvo conocimiento que el motor de la actora fue "fundido", no resulta suficiente para imponerle la responsabilidad que se pretende, porque no tuvo oportunidad de controlar el desarmado del motor, la causa que motivó el fundido y si esa causa pudo serle imputable a su parte todo lo cual debió estar suficientemente acompañado del requerimiento formal y constitución en mora que exigen las normas legales aplicables. El "opus final" del primer arreglo fue la reparación integral del motor, que su poderdante debía efectuar por intermedio de un tercero, rectificando el motor y rearmándolo sin cambiar las piezas complementarias que, aunque vetustas, funcionaban. Los ingresos posteriores del automóvil fueron por rotura de una de las patas del motor que producía rozamiento con una correa, trabajo que fue realizado y abonado por la actora y que como se observa no tiene la mas mínima relación de causalidad con el trabajo originario. Posteriormente el vehículo ingresa nuevamente a los talleres de su mandante, esta vez por recalentamiento, originado por la ruptura de una manguera de agua y posibles fallas en el testigo de temperaturas del tablero o negligencia del conductor. Tampoco aquí existe relación de causalidad entre el "florecimiento" de un pistón por deficiencia de combustión, y el primer arreglo. Agrega que la conclusión de la sentencia acerca del desistimiento unilateral del contrato por parte del actor, no ha merecido crítica ni fundado agravio del apelante por lo que debe considerarse una cuestión firme insusceptible de ser revisada por la Alzada. Por otra parte el artículo 1638 del Código Civil señala claramente que ese desistimiento puede efectuarse antes o después de iniciada la obra, sin exigirse requisito alguno respecto del estado de ejecución en que la misma se halle. Sostiene también que su parte discrepa con la opinión de la Jueza en cuanto insinúa la responsabilidad de su poderdante con base en presunciones, en la confección ficta de su mandante, y en un parcial análisis de la prueba testimonial cuando en rigor estaba a cargo de la actora probar la relación de causalidad entre las distintas reparaciones. A mas de ello y de que su parte acreditó mediante testigos que el problema mecánico se encontraba en el desperfecto de la bomba inyectora, sin relación de causalidad con el primer arreglo, aduce que la accionante recién se acuerda de la Ley de Defensa del Consumidor al expresar agravios, siendo que según el artículo 271 del Código Procesal, el tribunal de apelación no puede fallar sobre capítulos no propuestos al juez de primera instancia, principio que significa que la jurisdicción de Alzada se encuentra limitada por las pretensiones y oposiciones de hecho y de derecho que fueron sometidas al juez de primera instancia. Habiendo quedado firme la consideración que hizo el Juez acerca de la rescisión unilateral del contrato, resulta extemporánea la invocación de la Ley de Defensa del Consumidor. Sin perjuicio de ello advierte que a la fecha que su mandante toma conocimiento que el desarmado del motor por un tercero, se encontraban totalmente vencidos los plazos del artículo 23 de la ley 24.240 y los del artículo 1647 bis del Código Civil. Hace reserva del caso federal. Pide se confirme la sentencia con costas.

II. En orden a la cuestión señalada por la demandada en su contestación a la expresión de agravios, referida al contenido u objeto de la litis recursiva, es necesario precisar que, conforme se ha dicho en reiterados precedentes, el procedimiento de apelación se caracteriza por ser una revisión dentro de los límites ya fijados en la instancia de origen, y no como un replanteo de los trámites que le precedieron. Por regla, se examina el material de conocimiento acumulado en primera instancia y se decide sobre los errores en que puede haber incurrido el juez de la causa (CApel.CC.Salta, Sala III, año 1999, f° 275). En otras palabras, tanto la decisión de primera instancia como la de alzada, deben serlo atendiendo a los términos en que quedara trabada la litis, por lo que no puede entender el órgano superior de aquellas cuestiones que no hubiesen sido sometidas a conocimiento de la instancia anterior (CApel. Salta, Sala III, 1982, f° 1069; Fallos año 1981, f° 1219; Fallos año 1985, f° 459/466; íd. íd. año 2004, f° 785; CApel.CC. Salta, Sala III, año 1996, f° 787; íd. íd. año 2004, f° 785; íd. íd. año 2006, f° 27). Sin embargo, se ha aclarado que así como el Juez no puede apartarse de los hechos alegados ni de las peticiones formuladas, sí tiene amplia libertad en la aplicación del derecho en virtud del principio "iura novit curia". Como enseña Clemente Díaz, en virtud de este principio, el magistrado aplica el derecho no alegado por las partes o erróneamente invocado, o cambia el punto de vista jurídico, esto es, califica la relación jurídica, siempre partiendo de los hechos presentados por aquéllas ("Instituciones de Derecho Procesal", Bs. As., Abeledo - Perrot, t. II - B, págs. 218/220). El principio en cuestión autoriza al Juez a aplicar el derecho que se adapta a las impetraciones de los litigantes, aunque éstos denominen o califiquen mal el derecho o las acciones que intentan (CNCiv., Sala B, 28-6-79, E.D. 85-455; Jorge W. Peyrano: "El Proceso Civil", Bs. As., Astrea, 1978, págs. 95 y sigs.; CApelCC Salta, Sala III, año 2003, f° 219). Y no afecta el principio de congruencia el hecho de que los sentenciantes decidan el pleito con arreglo a razones jurídicas distintas de las invocadas por las partes (CJBs. As., 1-8-78, E.D. 83-190; CNCiv., Sala A, 13-5-75, E.D. 68-159; CApelCC Salta, Sala III, año 1991, f° 741). La aplicación del principio "iura novit curia" no es sólo una atribución propia del juzgador, sino un deber irrenunciable (CNCom., Sala B, 24-9-80, E.D. 91-492). (CApel.CC. Salta, Sala III, 13-10-05, Citibank vs. Escobar, expediente n° 132245, tomo año 2005, pág. 1109/1110).- De modo que a los fines del juzgamiento, es indiferente la calificación jurídica de la acción que hayan hecho las partes, o el derecho que hayan alegado o hayan dejado de alegar, porque es deber irrenunciable de los jueces el saneamiento jurídico de la litis, de acuerdo a su leal saber y entender.- III. Trata el presente caso de un supuesto de reparación defectuosa del motor de un automóvil. El actor ha demandado los daños que el defecto o vicio de reparación, oculto al momento de la recepción del trabajo pero manifestado con posterioridad a consecuencia del uso, le han causado. De modo que queda claro, en mi opinión, que estamos frente a un caso enmarcado en el contrato de locación de obra y en la responsabilidad del empresario frente al dueño de la obra, después de entregada; supuesto absolutamente distinto del desistimiento de la obra no acabada que señala el art. 1638 del Código Civil.- En efecto, enseña J. Mosset Iturraspe, explicando los alcances de la caracterización del contrato de locación de obra o de empresa, definido por el art. 1493 del código civil (Responsabilidad por Daños, Tomo II, El incumplimiento contractual, EDIAR, págs. 171 y ss.) que en este tipo de negocio (a diferencia de la locación de servicios) el trabajo es un medio y que el objeto propio del contrato es la utilidad abstracta que se puede obtener de una determinada cantidad de trabajo o energía; el empresario se compromete a obtener el resultado concreto estipulado, "opus" u "obra", y es responsable del mismo hasta la entrega y recepción definitiva por el dueño. Agrega que la esfera de este contrato de empresa o locación de obra es tanto la de las obras corporales o materiales (fabricación, construcción, reparación, etc.) cuanto la de las intelectuales.- Comentando el art. 1647 bis del Código Civil, dice Noemí Nicolau (en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial. Alberto J. Bueres, dirección; Helena I. Higthon, coordinación; Tomo 4ª Contratos; Hammurabi, págs. 659 y ss.) que "...La responsabilidad por los vicios de la obra es un efecto natural del contrato...La fuente de la responsabilidad es contractual; y el factor de atribución, objetivo...". Y agrega, más adelante (pág. 664) "...La recepción definitiva de la obra no libera al empresario de los vicios ocultos. Se consideran tales aquellos que no pueden ser advertidos por una persona que utilice la diligencia adecuada al caso, valorada según las circunstancias de tiempo, lugar y persona....De estos defectos no se libera el empresario ni cuando la recepción definitiva haya sido precedida de la provisoria, porque el dueño de la obra no tuvo posibilidad de conocerlos, precisamente, por su carácter oculto. El comitente tiene derecho a la reparación del daño que le produce la aparición del vicio oculto...".- En el sentido apuntado por la doctrina trascripta se han expedido los tribunales, en cuanto se ha dicho que "...El cumplimiento deficiente de la obligación de ejecutar la obra da nacimiento al derecho de obtener el resarcimiento de los daños ocasionados..." (CNCiv., Sala B, mayo 27-974; ED 56-485).- Ahora bien, agrega Noemí Nicolau (ob. cit. pág. 666) que el art. 1647 bis "dispone que el comitente debe denunciar el vicio dentro de los sesenta días de su manifestación, a fin de que el empresario pueda verificar el vicio y sus causas o darle solución. Esta denuncia debe formularse al empresario o a persona autorizada por éste...La denuncia es un presupuesto de la acción. Si el empresario no cumple con su obligación de reparar el vicio, podrá ser demandado. En la acción de reparación de los daños gozan de legitimación activa el propio dueño de la obra y sus sucesores universales. También pueden ejercerla los sucesores singulares de la cosa...El sujeto pasivo de la acción es el empresario, quien responde también...por el hecho de sus dependientes...".- Por su parte, J. Mosset Iturraspe apunta que los vicios graves pueden ser 'ocultos' o bien 'aparentes'. Los primeros son los que no pueden ser descubiertos sin ensayo o prueba de la cosa y los segundos los que pueden ser advertidos, por ser visibles o reconocibles, por quien ejerce una profesión u oficio, art. 2170 del código civil. Esos vicios 'ocultos' o 'aparentes', deben existir al momento de la entrega por el empresario y recepción por el dueño de la obra. La recepción en la locación de obra equivale a la adquisición -art. 2164- en el contrato de compraventa. La recepción de la obra, aludida en los arts. 1646 y 1647 bis, es el acto mediante el cual el dueño de la obra acepta la entrega ejecutada por el empresario. Es, a la vez, una manifestación de voluntad que declara extinguida, por el pago, la obligación de hacer a cargo del empresario. A partir del momento del 'descubrimiento' de estos defectos no advertidos a la época de la recepción o del momento en que el vicio oculto se vuelve aparente, sigue explicando Mosset Iturraspe, se le acuerda al dueño un término de sesenta días "para denunciarlos", plazo considerado de caducidad de su derecho a reclamar indemnización, sin perjuicio que la prescripción de la acción se opere al año (ob.cit., Pág. 199).- IV. De las constancias de autos (ver particularmente la actuación notarial Escritura nº 33 de la Esc. Alejandra Paulina Acosta agregada en copia a fs. 24/26 y original reservado en Secretaría) surge claramente la existencia de un vicio oculto de reparación, denunciado a la demandada en el mes de febrero de 2005, es decir, dentro de los sesenta días de advertido a consecuencia del uso dado al automóvil con posterioridad a la cuarta entrega, ocurrida en el mes de diciembre de 2004. Cabe hacer notar que si bien no se ha practicado en autos una pericia mecánica que determinase la relación causal entre el trabajo encargado y el defecto comprobado, queda claro que el problema de inyección en que habrían coincidido los mecánicos como causa de los desperfectos, lejos de ser ajeno a la reparación encargada, se encuentra estrechamente ligado al armado del motor posterior a la rectificación y, principalmente, a su puesta en funcionamiento. Debe hacerse notar que de conformidad a los hechos admitidos por la propia demandada, el automóvil fue llevado a esa agencia Peugeot para ser reparado; esto es, para realizar el trabajo que correspondiera, con el fin de devolver al automóvil su buen funcionamiento. No cabe duda que cualquier problema referido al funcionamiento del motor quedaba comprendido, entonces, en la responsabilidad del empresario de la obra. Es que no se concibe, por sentido común y máximas de experiencia, que el trabajo se limitase a la rectificación del motor (cuestión que Euro Francia encargó a un tercero) y no incluyera su armado posterior y, sobre todo, su puesta en condiciones de funcionar correctamente. La sola constancia (señalada por la Escribana en la mencionada escritura) de haberse efectuado cambios de partes correspondientes a los inyectores, demuestra que la demandada evaluó el funcionamiento de ese mecanismo de alimentación de combustible.- De modo que con independencia de otras cuestiones mecánicas (rotura de mangueras o de soporte del motor) que, en rigor, impidieron usar el automóvil lo suficiente como para descubrir el defecto oculto mucho antes, debe concluirse en la responsabilidad de Euro Francia SA. con relación a los daños que pudieran haberse causado a la actora, pues el defecto ha sido anoticiado o denunciado al empresario y a sus dependientes dentro de los sesenta días de descubierto.- V. En cuanto al problema de la mora que señala el fallo recurrido, es necesario señalar que tratándose del régimen del art. 1647 bis del Código Civil, debe entenderse que la denuncia misma del vicio oculto constituye en mora al empresario deudor que, si no procede a la reparación, puede ser demandado por daños y perjuicios. Ya lo he señalado más arriba con cita de Noemí Nicolau (ob. cit. pág. 666): "...la denuncia es un presupuesto de la acción. Si el empresario no cumple con su obligación de reparar el vicio, podrá ser demandado...". Y ello así porque con la denuncia ya ha sido constituido en mora de la obligación de reparar a satisfacción. Pero además señala la misma autora (ob. cit. pág. 664) "...el comitente tiene derecho a la reparación del daño que le produce la aparición del vicio oculto...". En tal sentido, y con relación a la pretensión de daños (distinta a la pretensión de reparación), la carta documento remitida al empresario, que éste contestó conforme surge de las constancias de autos, configuró suficiente interpelación.- V. Hemos señalado que el encuadre jurídico del caso lo hace el Juez con independencia de los criterios expuestos por las partes. De modo que aun en el supuesto que no se hubiese invocado la ley de defensa al consumidor, deben los jueces aplicarla si fuera el caso. Sin embargo, en este supuesto, lo dispuesto por el art. 23 de la ley 24.240 no empece el ejercicio de las acciones comunes de responsabilidad contractual por daños y perjuicios (Conf. Farina Juan M., Defensa del Consumidor y del Usuario. Bs. As. Astrea, 4ta. Edición actualizada y ampliada, 2008, pág. 307).- VI. Con relación a los daños, 1. Cabe admitir los siguientes:

a) El costo final de reparación del automóvil en la suma de $ 6.967,11 que se integra con lo pagado tanto a Euro Francia SA. como al taller del Sr. Prado quien fue el encargado del arreglo definitivo del automóvil. Coincide dicha suma con las facturas emitidas por ambos talleres y que se encuentran reconocidas.- b) También han sido fehacientemente demostrados los gastos de traslado del automotor, actuación notarial, y carta de intimación en la suma de $ 1.770.- c) Respecto de lo demandado por privación del uso del automotor, se reclama la suma de $ 4.240 que surge de multiplicar la suma de $ 20 que se calcula como de gasto diario de trasporte, por la cantidad de 212 días de inmovilidad del rodado.- La actora no explica cómo calcula los días de indisponibilidad de su automóvil. Sin embargo, ha mencionado algunas fechas que dan una idea aproximada acerca del tiempo que cada ingreso del automóvil al taller de Euro Francia SA pudo haber insumido. Tomando entonces un tiempo de 20 días por cada ingreso, se tiene un total de 80 días. Si a ello se suma el tiempo presunto de reparación en el taller del Sr. Prado, se alcanza la cantidad de 100 días. Ninguna otra prueba directa, presunta o indiciaria permite valorar cualquier otro tiempo de indisponibilidad. De modo que multiplicando la cantidad de 100 días por un promedio de $ 20 por día de gastos de movilidad, se alcanza la suma de $ 2000 que deben reconocerse por este rubro.- d) En cuanto al daño moral, se ha señalado que así como el daño material entraña siempre una lesión patrimonial, el daño moral se mantiene, en cambio, en el terreno de lo subjetivo, en el mundo de las afecciones y su consecuencia más notable es el dolor (Dassen: "Estudios de Derecho Privado y Procesal Civil", Bs. As., pág. 161 y ss.). Es daño moral todo sufrimiento o dolor que se padece; y por ello se han considerado tal a los sufrimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser la consecuencia del hecho perjudicial (Llambías: "Obligaciones", Bs. As., Edit. Perrot, tomo I, 1978, pág. 297/298; CApel. CC. Salta, Sala III, 22-9-92; tomo año 1992 fº 484). Dice Matilde Zavala de González que el daño moral, por su parte, es una afectación del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (Matilde Zavala de González: "El concepto de Daño Moral", J.A. 1985-I726; Capel. CC. Salta, Sala III 22-9-92 tomo 1992 fº 484; id. Id. Tomo año 2000 fº 696). Y si bien no es exigible una prueba plena y total de su existencia o extensión, basta su verosimilitud (Alicia Gannio de Rognoni: "Accidentes de Automotores", pág. 143, nº 809; Capel. CC. Salta, Sala III, año 2001 fº 585). Si bien es cierto que el daño moral no siempre puede ser acreditado de modo directo, ha de surgir de los antecedentes del hecho, sus circunstancias y sus consecuencias, las que deben ser valoradas por el Juez prudencialmente.- En este sentido, considero que debe entenderse verosímil el daño moral en atención a los recurrentes trastornos que debió la actora soportar, estimándose adecuada la suma de $ 2.000 reclamada.- 2. Por el contrario, entiendo improcedente el reclamo de lucro cesante fundado en una supuestamente frustrada negociación de venta del automóvil en un determinado precio y su posterior venta en un precio inferior, debida a la absoluta falta de prueba de esos hechos.- 3. En consecuencia, aprecio que la demanda debe prosperar en contra de la firma Euro Francia SA por la suma total de $ 12.737,11 en concepto de capital, con más los intereses que correspondan a la tasa activa proporcionada por el Banco de la Nación Argentina, siguiendo el criterio del plenario "Samudio de Martínez" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal (Diario La Ley del 22/04/09), que ha sido adoptado por esta Sala en recientes pronunciamientos (CApel, Salta, Sala III, año 2010, f° 153, entre otros). Los mismos serán computados desde la fecha de mora, acaecida el 6 de mayo de 2005, y hasta el momento del total y efectivo pago de la condena.

VII. Las costas deben ser impuestas a la demandada en ambas instancias, por resultar vencida (art. 67 del Código Procesal del Código Procesal).- VIII. Con relación a la citación de la firma "Rectificaciones Cartrack", pedida por la demandada Euro Francia SA, no habiéndose demostrado que el defecto que causara el mal funcionamiento del motor respondiera a un problema de rectificado (que la propia demandada constató como correctamente realizado, antes de proceder al armado del motor, según sus propias manifestaciones vertidas al contestar la demanda), su intervención debe ser rechazada, con costas a quien la solicitara.- Ello así, toda vez que de acuerdo al principio de congruencia, no es posible rechazar una demanda que no ha sido planteada (Conf. Arazi Roland: "Pluralidad de partes en el proceso civil -Litisconsorcio e intervención de terceros", La Ley 1998-E1120).- IX. Por todo lo expuesto, voto por hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora a fs. 180 y, en consecuencia, por revocar la sentencia de fs. 172/176 y condenar a la demandada Euro Francia SA a pagar a la actora, dentro del término de diez días de notificada del cúmplase de la presente sentencia, la suma de capital e intereses que se indica en el considerando VI. 3, con costas a Euro Francia en ambas instancias; y rechazar la intervención del tercero citado por la demandada, con costas.- El Dr. Marcelo R. Domínguez, dijo:

Por sus fundamentos adhiero al voto del Dr. Guillermo Díaz.

LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I) HACE LUGAR al recurso de apelación deducido a fs. 180 por la actora. En su merito, REVOCA la sentencia de fs. 172/176 y HACE LUGAR a la demanda en contra de la firma Euro Francia S.A. a quien se condena a abonar a la accionante la suma de $ 12.737,11 (Pesos Doce Mil Setecientos Treinta y Siete, con Once Centavos), de capital, con más los intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la mora, acaecida el 6 de mayo de 2005, dentro del término de diez días de notificada del cúmplase de la presente sentencia. CON COSTAS en ambas instancias a la demandada (art. 67 del Código Procesal).

II) RECHAZA la intervención del tercero citado por la demandada. CON COSTAS.

III) CÓPIESE, notifíquese y oportunamente BAJE.