Procedencia del recurso, homologación judicial, nulidad de sentencia, Ministerio Público Fiscal, ley vigente, principio de legalidad, extinción de la acción penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Loyola, Verónica. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-14

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, anular la resolución recurrida -homologación del acuerdo conciliatorio y sobreseimiento por aplicación del art. 59, inc. 6 CP- y remitir la causa al tribunal de origen a fin de que se emita un nuevo fallo de acuerdo con los lineamientos expuestos precedentemente. Ello así, por cuanto el a quo dictó la resolución impugnada soslayando la remisión a la ley procesal correspondiente contenida en la última parte del inc. 6 del art. 59 del CP; y, por el otro, que la mencionada decisión ocurrió cuando no se había iniciado aun el proceso de implementación del CPPF. No obstante lo anterior, cierto es también que las decisiones de esta Cámara deben atender a las circunstancias existentes al momento de su pronunciamiento aunque sean distintas a las verificables en oportunidad de la interposición del recurso respectivo (Fallos: 312:555 y 315:123; entre otros). A ello se agrega que más allá de que la implementación del mencionado código -a excepción de los arts. 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222- se encuentra supeditada al cronograma progresivo que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación (cfr. ley 27.150, decreto 257/2019 y resol. 2/19; de momento, aquél es aplicado desde el 10/06/2019 en la jurisdicción de Salta y Jujuy), tanto dicha normativa como la ley de fondo en cuestión se encuentran vigentes y las partes pueden invocar los derechos allí consagrados. Es que, aun antes del dictado de la resolución 2/19, una interpretación distinta a la aquí sostenida -por la que se sostenga que la operatividad del inc. 6 del art. 59 del CP depende de que el CPPF se encuentre implementado en la jurisdicción de que se trate-, habría afectado el principio de igualdad ante la ley. La acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en el CPPF. Sin embargo, se advierte también que la regulación del acuerdo conciliatorio se enmarca en la Sección 2° del Capítulo 1, Título II, Libro Primero, Primera Parte del CPPF, en la que se establecen las reglas de disponibilidad por las cuales se autoriza al representante del Ministerio Público Fiscal, a modo de excepción al principio de legalidad, a prescindir del ejercicio de la acción penal pública ante la posible comisión de un delito. En ese contexto, la expresa oposición del Ministerio Público Fiscal a la extinción de la acción por conciliación impone al juez una acabada valoración al respecto, debiendo pronunciarse acerca de la legalidad y razonabilidad de tal dictamen, cuestión omitida en el pronunciamiento en crisis. Por ende, a partir del marco desarrollado, en la particular situación de autos se observa que en el fallo se prescinde del análisis de normas específicas que regulan el asunto, soslayando lo establecido por el art. 59, inc. 6, última parte del CP, y exhibe un vacío argumental en punto a la expresa oposición de la parte acusadora, manifestada en autos. Al haberse producido un apartamiento de las normas específicas cuyo examen y armónica comprensión es indispensable para decidir la suerte del pleito (Fallos 314:1043), el pronunciamiento atacado configura un supuesto de arbitrariedad que lo priva de efectos e impone su anulación.