Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-21


- En la ciudad de Trelew, a los 21 días de noviembre del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Edgar María de la Fuente, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "K, N G c/ A S.A. s/ demanda sumaria" (Expte. Nº 21.736 - año: 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse de conformidad al sorteo efectuado a fs. 147. A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: - 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 136, que fuera concedido libremente a fs. 137, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 128/134 que hizo lugar parcialmente a la demanda por pesificación del contrato de prenda y rechazó la misma en cuanto a la revisión judicial y cancelación del gravamen prendario instaurada por N G K contra A S.A., y asimismo hizo lugar a la reconvención por reajuste equitativo del contrato promovida por la sociedad antes citada y condenó al accionante reconvenido al pago de la suma de $3.044,41.- dentro del plazo de diez días, con imposición de las costas de la demanda en el orden causado y de la reconvención en un 70% a la actora y en un 30% a la demandada. Los agravios del accionante lucen a fs. 143/145, el traslado conferido a fs. 146 no fue evacuado por su contraria, y el quejoso señala básicamente que: a) discrepa con el monto al que arriba el a-quo para determinar el saldo adeudado por el CVS, y confecciona un cuadro demostrativo, tomando como base un importe mensual de $190.-, calculando el índice de ajuste por CVS y el valor de la cuota reajustada a la fecha de vencimiento, determinando el saldo deudor y calculando asimismo los intereses a una tasa anual del 16,41%; b) así se obtiene una deuda de $284,45.-, con más sus intereses por $128,10.-, lo que arroja un monto de $412,55.-, destaca que acompañó depósito por $1.281,32.- para aplicar al pago del saldo resultante de la aplicación de la normativa de emergencia, y también que el mismo no fue tenido en cuenta y su monto cubre sobradamente el saldo deudor obtenido; c) solicita se impute la suma depositada hasta su concurrencia, a la cancelación del saldo insoluto, y se disponga la cancelación del contrato prendario; d) la pesificación es una consecuencia necesaria de la devaluación de la moneda y frente a la derogación de la convertibilidad y la ruptura peso-dólar la equidad juega un papel esencial pues permite controlar o reducir la inestabilidad del contrato facilitando su conservación; e) las nuevas medidas económicas se tradujeron en las leyes 25.561 y 25.713, decretos 214/02, 320/02, 410/02, 762/02 y 1242/02, y leyes 25.713 y 25.820, y el nuevo instrumento que la legislación de emergencia puso a disposición de los contratantes para revisar el negocio es el principio del esfuerzo compartido, distinto a la teoría de la imprevisión; f) quien recibió moneda extranjera y se obligó a reintegrarla no debe devolver más de lo recibido, sino exactamente lo mismo, pero cuando una de las partes no se obligó a entregar moneda extranjera como moneda esencial sino que se trató de una medida de valores de otros bienes dentro del mercado interno, el sensible desequilibrio de las prestaciones producido por el hecho extraordinario e imprevisible hará posible la aplicación de la teoría de la imprevisión; g) no sería razonable que a raíz de esta crisis el acreedor reciba una contraprestación muy superior a la que convino ya que el valor actual de la cosa no se incrementó en la misma proporción que el precio de la moneda extranjera sino que por el contrario es menor en esa moneda; h) considera que para comparar el precio de u$s 9.500.- que tenía la unidad al momento de la compra y el valor promedio actual de $24.100.- que le atribuye el a-quo, debe utilizarse una misma unidad de medida; i) $24.100.- representa u$s 7.774,19.-, con lo que se obtiene que en la actualidad el mismo vehículo vale en dólares menos que cuando se adquirió; j) el criterio para reajustar el valor de las prestaciones responde a la equidad que pretende adecuar el contenido económico del contrato a las particulares circunstancias, adecuando el valor final de las prestaciones en función al valor de intercambio entre las mismas conforme pautas del mercado, y si como se ha demostrado el valor actual del bien en dólares es menor que el precio de esa misma cosa al momento de su adquisición, no alcanza a entender porque pretende la accionada un reajuste en más de una cosa cuyo precio ha disminuido en términos de poder adquisitivo; k) no se trató de un préstamo de dinero, y en el análisis del reajuste equitativo del precio del bien, efectuar una comparación utilizando el valor actual del dólar no es válida, por lo tanto la referencia comparativa a tener en cuenta es la disminución o aumento del poder adquisitivo del dinero; l) si bien el art. 8 del decreto 214/02 permite reajustar equitativamente el monto, sólo el análisis del caso particular permite verificar si la conversión dispuesta en las normas de emergencia realmente desvirtúa la sustancia económica del crédito en la magnitud suficiente como para generar una violación del derecho de propiedad; m) medir el daño exclusivamente con relación al valor del dólar constituye un grave error, pues el valor de los bienes no siempre acompañó a las variaciones de la moneda extranjera; n) la pesificación no beneficia al deudor, pues todos pierden, un dólar es igual a un peso, pero a ello debe sumarse el reajuste emergente de la aplicación de los coeficientes correctivos dispuestos por el Poder Ejecutivo (CER o CVS) para atemperar los efectos producidos por la devaluación; ñ) el supuesto fáctico que establece el art. 11 de la ley 25.561 (art. 3 de la ley 25.820) para la procedencia de la revisión del precio contractual, es que su monto reajustado por la aplicación del coeficiente resulte superior o inferior al valor de plaza del bien al momento del pago; y o) entiende que no corresponde reconocer importe alguno en concepto de reajuste del valor de reposición de la unidad, por lo que solicita se revoque la sentencia rechazándose la reconvención deducida por la demandada.- 2. Pretende el apelante que el depósito judicial de fs. 67 -acompañado con el escrito de fs. 68/71 mediante el cual se contesta el traslado conferido de la reconvención deducida por la demandada- se aplique al pago del saldo resultante de la aplicación de la normativa de emergencia.Al respecto, la parte actora al promover demanda aludió a que "una vez caratulada la presente litis acompañaría depósito judicial por la suma de $1.281,32 para ser eventualmente aplicado al saldo obtenido precedentemente por ajuste del C.V.S. ." (acápite IV, fs. 46 vta.). Y a pesar de tal manifestación, lo cierto es que el referido depósito resultó tardío al realizarse e incorporarse con posterioridad a la notificación de la demanda. Para ello, debe tenerse en cuenta que: a) la demanda fue promovida el 17/11/2004 y proveída el 22/11/2004 (cargo de fs. 48 y providencia de fs. 49); b) la notificación del traslado de la demanda acaeció el 24 de febrero de 2005 (cédula de fs. 50 y vta.); y c) el depósito lleva fecha 8 de marzo de 2005 y se agregó con el escrito de fs. 68/71 presentado el 29 de marzo de 2005 (boleta de fs. 67 y cargo de fs. 71, respectivamente). Por otra parte, cabe destacar que las pretensiones acumuladas al promover demanda fueron la revisión judicial del contrato prendario, la declaración de pesificación, y la cancelación del monto de los contratos prendarios (p. II del escrito inicial de demanda, fs. 41), como también que el accionante no hizo uso del derecho de ampliar la demanda antes de su notificación (art. 331 del C.P.C.C.). De tal modo, no fue objeto de pretensión el pago por consignación, motivo por el cual el simple depósito no constituye una consignación judicial (art. 759 del Código Civil), por lo que mal puede atribuirse al mismo el alcance pretendido por el recurrente a fs. 143 vta. al formular el primer agravio. Y el pago por consignación se lleva a cabo iniciando un procedimiento judicial. La doctrina y la jurisprudencia entienden que un simple depósito judicial no es suficiente para constituirse el pago por consignación, para lo que es necesario inexorablemente iniciar la pertinente demanda judicial (conf. Belluscio-Zannoni, "Código Civil .", Astrea, 1981, T. 3, pág. 532). Para consignar en pago, el deudor debe iniciar un proceso especial, proceso que concluye -si existe justa causa- con la sentencia judicial que declara válida la consignación (Santos Cifuentes, Director, "Código Civil .", La Ley, 2003, T. I, pág. 549). El pago por consignación es un pago efectuado con intervención judicial. En general, este dispositivo funciona mediante una demanda que pone el objeto debido bajo la mano de la justicia para que el magistrado, a su vez, lo atribuya al acreedor dando fuerza de pago al desprendimiento del deudor, que queda liberado (conf. Llambías, "Código Civil .", Abeledo-Perrot, 1979, T. II-A, pág. 661) (el resaltado me pertenece).- En tales condiciones, no habiéndose deducido expresa y formalmente una pretensión en tal sentido, el depósito no constituyó un pago por consignación judicial.- Es ya criterio sentado por esta Cámara, por su sala "A", c. 21.236, S.D.C. 38/2006; y c. 21.415, S.D.C. 44/2006. Sin perjuicio de ello, señalaré que resulta incorrecto el saldo de la deuda a la que arriba el apelante y que se origina en el ajuste por aplicación del C.V.S. En efecto, el método de ajuste empleado a partir de considerar cada cuota es erróneo por la sencilla razón que de ese modo no se cubre el deterioro del poder adquisitivo de la moneda desde la fecha de aplicación del C.V.S. (01/10/02, art. 3 del decreto 762/02) hasta el día de vencimiento de cada cuota. Y el perjuicio que se le ocasiona al acreedor con tal sistema se agrava a medida que se aleja la época de vencimiento de la cuota respecto a la fecha de inicio del ajuste.- Desde ya que el procedimiento adecuado consiste en ajustar la totalidad del saldo de la obligación pesificada, y una vez que se obtiene el mismo se lo divide por el número de cuotas pendientes, con lo que se arriba al monto de la nueva cuota. A su vez, abonada la misma, se deduce su monto del saldo total antes referido, y el remanente se ajusta a la fecha correspondiente al pago próximo, y así en forma sucesiva hasta alcanzar la cancelación de la última cuota. Ese es el procedimiento que resulta de la forma de cálculo publicada por el Ministerio de Economía de la Nación bajo el interrogante "¿Como se aplica el Coeficiente de Variación Salarial? Un ejemplo numérico" (en http: //w.w.w.mecon.gov.ar/secdef/revista/rev61/educa-cvs.pdf). Es además criterio ya sentado por esta Cámara, por su sala "A", c. 21.415, S.D.C. 44/2006. Por tales fundamentos, se desestima el primer agravio. 3.1. Considera el apelante que no corresponde reconocer importe alguno en concepto de reajuste del valor de reposición de la unidad y para ello efectúa una comparación de valores en dólares estadounidenses, tomando el precio de la unidad al momento de la compra de u$s 9.500.-, y el valor actual atribuido por el a-quo de $24.100.- equivalente a u$s 7.774,19.-, conforme a una tasa de cambio de $3,10.- por cada dólar estadounidense (acápite b.-, fs. 144 vta.).- Al mismo tiempo adopta una posición contraria al considerar que en el análisis del reajuste equitativo del precio del bien no es válido efectuar una comparación utilizando el valor actual del dólar (p. c.-, fs. 144 vta.). En tales condiciones, si bien le asiste razón en esa última porción de la queja ante la "pesificación forzada" impuesta legalmente, por igual fundamento resulta inaudible la conclusión a la que arriba a fs. 144 vta. en el sentido que en la actualidad el vehículo vale menos que cuando se adquirió, pues dicha comparación la efectuó el recurrente a valor dólar. Y tal como ya lo señalara en anteriores votos, a partir de la entrada en vigencia del régimen previsto por el art. 8 del decreto 214/02 la cuestión referida al tipo de cambio vino imperativamente impuesto por la citada normativa. El decreto 214/2002 impuso lo que dio en llamarse la "pesificación forzada", con el añadido a la manda genérica legal de una suerte de "seguro contra la injusticia": la cifra resultante de esa pesificación uno a uno podía "reajustarse", por los jueces a instancia de parte interesada, si el valor de la cosa bien o prestación fuere superior o inferior a aquella cifra en el momento del pago. Conforme al régimen del dec. 214/2002 ya no hay más pesificación negociada (conf. Casiello, "La pesificación retaceada", L.L. 2004-E, 292 y 297). A su vez, las normas que establecen el CER y el CVS son normas de emergencia económica, que implican una intervención del Estado en los contratos celebrados entre particulares y hacen al orden público económico. Las leyes que establecen el CER y el CVS no son normas suplementarias, porque no respetan la voluntad de los particulares, ni establecen una voluntad complementaria para el caso que las partes no hayan exteriorizado su voluntad, sino que sustituyen lo ya pactado (CCivyComSan Isidro, Sala I, 03/12/2002, "Romano de Di Pace, Rosa y otros c. Santorio, Carolina G.", LLBA 2003 (abril), 306). Este es el régimen también adoptado por el art. 3 de la ley 25.820 que diera al art. 11 de la ley 25.561 su nueva redacción y que resulta aplicable al caso (ver Casiello, "La reforma del artículo 11 de la ley 25.561: La "pesificación" reafirmada", La Ley 2004-C, 1468). Dicha norma en su actual redacción (art. 3 de la ley 25.820 que sustituye al citado artículo 11) entró en vigencia el 5 de diciembre de 2003 (art. 5 de la ley 25.820, publicación en el Boletín Oficial del 04/12/2003) y rige el caso de autos por ser de orden público (art. 4 de la ley).- Con tales alcances, ante la pesificación forzada impuesta en forma imperativa por la citada normativa y toda vez que la sentencia de la anterior instancia concluyó a fs. 131 que el régimen de pesificación es aplicable al caso "sub exámine" (primer considerando), lo cierto es que el reajuste equitativo del precio en función al "valor resultante de la cosa" (primer apartado del segundo párrafo del art. 11 de la ley 25.561, sustituido por el art. 3 de la ley 25.820) no puede alcanzarse tomando a los fines de la comparación el valor actual del dólar estadounidense, tal como lo efectúa el juzgador a fs. 132 vta. (tercer considerando) y también el quejoso mediante los cálculos que desarrolla a fs. 144 vta. De tal modo, el abandono de la convertibilidad y la pesificación impuesta no permiten tomar como parámetro la citada divisa extranjera. Se trata de un modo por demás singular de reajuste respecto a las cuotas pesificadas que no se compadece con la finalidad prevista por el legislador y que se orienta al valor que la cosa tiene en el mercado interno, pues el perjuicio del acreedor al percibir el pago en pesos y no en dólares estadounidenses consiste en el aumento que el valor del bien registra como consecuencia de la evidente pérdida del poder adquisitivo del peso en nuestro mercado interno a partir del año 2002.- Así, al derogarse la convertibilidad por la ley 25.561, el peso sin la paridad del dólar, pierde valor o poder de compra en el mercado interno en relación con el que tenía cuando estaban las dos monedas a la paridad. Es ésa la pérdida de poder adquisitivo del peso en el mercado interno, y por ende, tal es el daño que sufre el acreedor que cobra pesos en lugar de los dólares que le eran debidos. No puede admitirse que el daño que resulte de la pesificación equivalga a la suba del valor del dólar con relación al peso (C.S. Tucumán, Sala Civil y Penal,01/10/2004, "Spuches, Antonio M. c. Zapata, Beatríz S.", LLNOA 2005, marzo-468, citado en: http://w.w.w.laleyonline.com.ar).- Por tales fundamentos, se desestima el agravio en cuanto pretende el apelante demostrar el valor actual del bien medido en dólares estadounidenses. 3.2. Asimismo, aun cuando le asiste razón al quejoso al señalar que para el reajuste equitativo del precio no puede utilizarse el valor actual de esa divisa extranjera, lo cierto es que ello no incide en el resultado final pues el juzgador utilizó dos parámetros de comparación, uno con referencia al dólar estadounidense, pero el restante -que no fuera objeto de agravio- en pesos.- Y la falta de agravio concreto por el apelante permite precisar que el fallo en crisis adquirió firmeza sobre los siguientes aspectos desarrollados a fs. 132/133 (considerando tercero), a saber: a) En la especie, la demandada ha acreditado que un rodado similar al adquirido por la actora, esto es, con características parecidas y con la misma antigüedad -alrededor de cuatro años- tiene un valor promedio de $24.100 (ver informes de fs. 98, 102, 111 y 113), siendo de resaltar que se toma el valor de cotización a la fecha actual, ya que se ha visto que el actor al abonar la última cuota no cumplió con el total debido ya que adeudaba el importe correspondiente al cvs (conf. arg. "contrario sensu" CANE, Sala A, SDC N° 09/06 del 17/03/06); b) El valor en pesos en que fue adquirido el rodado -$9.500 (ver fs. 58), más el cvs a marzo/04 -dada la fecha del último pago de fs. 32 y que marzo/04 es el último mes de cálculo del coeficiente-, asciende a $11.305,65, por lo que la diferencia entre ambos valores asciende a $12.794,35.; c) la parte financiada fue del 47,59%. Si se toma dicho porcentaje de la diferencia del valor actual con el de adquisición ($12.794,35), el mismo resulta de $6.088,83.; y d) En consecuencia tomo el valor inmediatamente superior de $6.088,83 el que sí distribuyo por mitades, por lo que acojo la reconvención por la suma de PESOS TRES MIL CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($3.044,41). De tal modo, las consideraciones vertidas por el recurrente al punto c. de fs. 144 vta./145 omiten hacerse cargo que las cifras antes señaladas y a las que arriba el juzgador fueron tomadas en pesos y no por su comparación con el valor dólar, por lo que resulta evidente la falta de crítica concreta y razonada a ese aspecto del decisorio. Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "Cufré, Héctor N. y otro c. Bravo, Julio J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia. Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "Persiani e Hijos, José c. Productos Pulpa Moldeada S.A.", L.L. 1985-A, 309). De tal modo, ante la ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos). Así, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ( C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538). Desde otra perspectiva, las expresiones del recurrente solo denota su particular punto de vista al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión sin hacerse cargo de los fundamentos reseñados precedentemente, por lo que esa parte incumplió la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C. - En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 371, y cita de fallos). En consecuencia, en este tramo de la queja el apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).- 4. En consecuencia, propicio al Acuerdo la confirmación del fallo venido en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.). Asimismo, atendiendo al mérito, extensión, calidad y eficacia de las tareas cumplidas en esta instancia, propicio regular los honorarios del Dr. Roberto Jorge Castro, letrado apoderado de la parte actora, en la suma equivalente al 25% de las cantidades fijadas para los emolumentos de la anterior instancia (arts. 14 y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente. Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo:

- I.- Vienen a esta Alzada los presentes actuados con motivo del recurso de apelación promovió la parte actora a fs. 136, concedido que fuera a fs. 137, contra el pronunciamiento de la instancia precedente que corre a fs. 128/134, por la cual se hizo lugar parcialmente a la demanda por pesificación del contrato de prenda, rechazándola en lo atinente a la revisión judicial y cancelación del gravamen prendario que incoara el accionante, Sr. N G K, contra la accionada, A S.A., y haciendo lugar a la reconvención por reajuste equitativo del contrato que dedujera la demandada, condenando al actor reconvenido para que en el plazo determinado en la sentencia, abone el pago de $ 3.044,41, imponiendo las costas de la demanda en el orden causado, y las de la reconvención en un 70% a cargo de la actora y en un 30% a la demandada.

- A fs. 143/145 se halla agregado el escrito de expresión de agravios del recurrente, y corrido el traslado pertinente que prevén las normas rituales, el mismo no fue contestado por la contraria.- - La descripción de las quejas vertidas por el apelante ya ha sido adecuadamente desarrollada por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual y en mérito al principio de economía procesal, omitiré su reiteración.

- A los fines de una mayor claridad expositiva procesal, en las cuestiones a dilucidar y en la medida que resulte apropiado, seguiré el mismo orden de tratamiento ya delineado por mi colega preopinante.

- II.- a) Manteniendo, pues, la secuencia de análisis propuesta, e ingresando al primer punto a resolver, el mismo consiste en su desacuerdo en lo que hace al monto arribado por el a- quo para determinar el saldo adeudado, y la suma de $ 1.281,32 que depositara judicialmente ( fs. 67) a los efectos de ser destinados al pago de la eventual cifra que surgiera por aplicación de las normas dictadas como consecuencia del régimen emergencial.- - Sobre este aspecto, en primer lugar ha de partirse de la base que en su escrito promocional el accionante señaló que dicho depósito sería efectuado una vez caratulada la causa.

- En segundo término, y a poco que se adentre al examen de los antecedentes habidos en el expediente, se advierte que en la realidad de los hechos, tal promesa recién queda cumplida al contestar el traslado que le fuera conferido de la reconvención deducida por la demandada ( fs. 68/71).

- Desde este posicionamiento, hay también dos situaciones que quiero destacar.

- La primera de ellas es que, como se viene de decir, con relación a las expresiones vertidas en la demanda por el actor, evidentemente el mismo resulta extemporáneo. Pero más allá de esto, deviene cuestionable la eficacia cancelatoria de dicho pago atendiendo a la forma y la etapa procesal en el que tuvo lugar.- - Y digo esto, por cuanto es del todo cierto que, por un lado tal pago no constituyó ninguna de las pretensiones de las litis, y por el otro que tampoco el actor efectuó una ampliación de la demanda, conforme lo habilita el artículo 331° del código adjetivo.

- En consecuencia, tampoco puede atribuirse a dicha suma depositada judicialmente la calidad de una consignación judicial, que sabido es se rige por reglas autónomas que le son propias, especialmente las establecidas en los artículos 756° a 763° del Código Civil.

- Y esto así, por cuanto ha de entenderse que el pago, en los términos del artículo 725 del Código Civil, supone consumir el vínculo obligatorio mediante la realización de la finalidad para la cual había sido constituido, pues el efecto liberatorio del pago sólo se deriva del cumplimiento exacto y serio de la obligación.

- Es decir entonces, que el depósito judicial invocado, no asumió el carácter de una auténtica consignación judicial, pretensión que exige la deducción expresa y formal en ese sentido, y que no puede suplirse por el depósito judicial, según las pautas del artículo 759 del Código Civil (conf. Cazeaux- Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", 2da. Edición., III-206, "C"; Belluscio- Zannoni y otros, "Código Civil.", Astrea 1981, III-532, "d"; Bueres- Highton y otros, "Código Civil.", Hammurabi 1998, II-B-118, "b"). En igual sentido se ha pronunciado esta Alzada en situaciones similares (S.D.C. N° 38/06). Por otro lado, no puede soslayarse tampoco el error en que incurre el quejoso al practicar el cálculo del saldo de la deuda derivada por aplicación de los coeficientes legales, como en este supuesto el CVS, al tomar este coeficiente desde la fecha de vencimiento de cada cuota.

- Y ello así, teniendo en cuenta que dicho coeficiente comenzó a regir a partir del 01/10/02 (Dto. 762/02, art. 3), y con la finalidad de reponer adecuadamente la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, por lo tanto el procedimiento correcto para su determinación es el publicado por el Ministerio de Economía de la Nación (v. "¿Cómo se aplica el Coeficiente de Variación Salarial?. Un ejemplo numérico", en http://www.mecon.gov.ar./secdef/revista/rev61/educacvs.pdf), y que ya ha sido aplicado en otras sentencias de esta Cámara .- - Con fundamento en los argumentos expresados, corresponde desestimar el presente agravio.

- b) El agravio siguiente se halla enderezado a la falta de reconocimiento por parte del recurrente, al reajuste del valor de reposición de la unidad. Para basar su criterio impugnatorio sobre esta cuestión, efectúa un análisis comparativo de valores en dólares estadounidenses. Para ello toma el valor que tenía el rodado al momento de efectuarse la operación de compraventa, y que era de u$s 9.500,00, con el valor actual del vehículo, y que el pronunciamiento impugnado establece en $ 24.100,00, cifra que traduce a dólares estadounidenses a un valor $ 3,10 por unidad de dólar, y que significaría u$s 7.774,19.- - Pero he de compartir el criterio sustentado con el Sr. Magistrado antes sufragante, en el sentido de señalar que el actor quejoso adopta una posición contradictoria al considerar en el análisis del reajuste equitativo del precio del bien, que no resulta válido realizarlo utilizando el valor actualizado del dólar.- - Y es del todo cierto esta última afirmación que formula el apelante, atendiendo a las normas emergenciales que regularon la pesificación forzada, pero no puede luego, por otro lado, pretender tomar en dólares la aludida diferencia entre los valores de compra y el actual. Es decir tomar un parámetro de evaluación cuando lo beneficia, y luego rechazarlo cuando puede perjudicarlo.

- De la ármónica interpretación de las normas de emergencia económica que dimanan a partir del la Ley 25.561 (art. 11), y luego de la Ley 25.820 (art. 3), y del Decreto 214/02, queda en claro que por tratarse de reglas de orden público económico, las mismas dejan de lado la voluntad de los particulares en las condiciones regulatorias de las convenciones que oportunamente celebraran, para someterse a la decisiones adoptadas por el Estado en su empeño de lograr de la manera más equilibrada posible un efecto equitativo en las consecuencias derivadas de una crisis socio-económico generalizada, y que conmueve a toda la comunidad.

- Desde este enfoque, y partiendo de la base que el pronunciamiento aquí recurrido expresó que el presente caso se hallaba alcanzado por el régimen de pesificación, y tomando en cuenta que no puede adoptarse como pauta de valoración el dólar estadounidense pretenso para esta situación, debe concluirse que ha de desestimarse la pretensión del actor recurrente en lo que respecta a tomar el valor actual del rodado adoptando como patrón de medida la divisa extranjera aludida.

- c) En cuanto al agravio siguiente, y retomando el aceptado argumento del actor recurrente, en el sentido ya indicado que no puede adoptarse el dólar como unidad de medida para el reajuste equitativo del precio, no obstante ha de señalarse que el fallo en crisis empleó dos sistemas comparativos diferentes: uno en dólares estadounidenses, y el otro en pesos, con la característica que éste último no fue materia de agravios por parte del quejoso.

- En efecto, sin bien cuestiona con extensos argumentos el uso del dólar como valor de cambio, nada dice en su libelo impugnatorio con relación al sistema de comparación efectuado en pesos, y en virtud del cual se arriba a la suma de $ 3.044, 41 y que la sentencia atacada pone a su cargo, y como consecuencia de haber acogido la reconvención deducida por el demandante, y que surge de distribuir por mitades el monto de $ 6.088,83, que el que Sr. Juez de grado establece como diferencia entre el valor de adquisición del bien y el valor actual.

- Así, pues, ha de entenderse que la crítica concreta y razonada del pronunciamiento en recurso que debe contener la expresión de agravios, ha de consistir en la indicación, punto por punto, de los pretendidos errores u omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen.- - En ausencia de fundamentos especiales referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las aspiraciones del recurrente, no hay agravio que atender en la Alzada.

- Las afirmaciones genéricas, sin precisarse el yerro o desacierto en que incurre el juzgador en sus argumentos, las impugnaciones de orden general y la remisión al alegato de bien probado no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener a la apelación (conf., CNCiv., Sala E, in re "Guberman, Pedro A. c/ Discos C.B.S."; idem, DJLL, T. XI, p. 43 y sgts.).- - Por tales fundamentos, corresponde declarar la deserción de este tramo del recurso por insuficiencia técnica de su expresión de agravios, (arts. 265 y 266 del código adjetivo).- - d) En virtud de las motivaciones argumentadas en los puntos precedentes, he de proponer la Acuerdo la confirmación del pronunciamiento venido en apelación en todas aquellas cuestiones que fueran materia del recurso deducido, con imposición de costas de segunda instancia al actor recurrente vencido, y según el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC), del que no encuentro razón para apartarme.

- De acuerdo a ello, y tomando en cuenta la calidad, extensión y eficacia de las labores desplegadas en esta Alzada por el profesional interviniente, se han de regular los honorarios del Dr. R J C, apoderado del actor, en el monto equivalente al 25% de los honorarios que le fueran determinados en la instancia anterior , con más el IVA que pudiera corresponder, y de acuerdo a las pautas dadas por los artículos 14 y 47 de la ley arancelaria.

- Doy por concluida mi intervención y a esta primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia al apelante vencido; y c) regular los honorarios del Dr. R J C, por sus trabajos profesionales de Alzada, en la suma equivalente al 25% de las cantidades fijadas para los emolumentos de la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente. Así lo voto.

- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó:

- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Vergara, por constituir la voluntad del Cuerpo en las cuestiones traídas a su decisión.- - ASÍ LO VOTO.

- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Sergio Rubén Lucero (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del CPCC., To. de la ley 4550), pasándose a dictar: - S E N T E N C I A:

- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, RESUELVE:

- CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios; IMPONER las costas de segunda instancia al apelante vencido; REGULAR los honorarios del Dr. R J C, por sus trabajos profesionales de Alzada, en la suma equivalente al 25% de las cantidades fijadas para los emolumentos de la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 61 DE 2.006 - SDC.- Conste.- c.

CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA