Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-22


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.382 CAUSA N° 17.297/2008 SALA IV "ROLON JOSE RUBEN C/ ANTONIO ESPOSITO S.A. S/ INDEMNIZACION ART. 212" JUZGADO N°73 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 22 DE JUNIO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 312/315 que hizo lugar a la demanda, se alzan la demandada (fs. 324/329), su letrada (fs. 329) y los peritos médico (fs. 319) y contadora (fs. 316).

II) La demandada se agravia porque el fallo tuvo por probada la existencia de incapacidad absoluta (en los términos del art. 212 de la LCT sobre la base del dictamen pericial médico que, a juicio de la recurrente, carecería de eficacia suasoria).

Anticipo que la queja no merece trato favorable.

Digo esto, en primer lugar, porque, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, el perito contestó, punto por punto y a lo largo de cinco fojas, el pedido de explicaciones de la demandada (cfr. fs. 245/250).

En segundo término, observo que las discrepancias de la apelante con la labor pericial se centran en la ausencia de relación causal o concausal entre las afecciones detectadas por el perito y el factor laboral, y en el hecho de que dichas afecciones no estarían contempladas en la ley de riesgos del trabajo. Ello revela un grave error de concepto de la recurrente, porque la incapacidad a la que refiere el art. 212, cuarto párrafo, de la LCT (ubicado dentro del capítulo "De los accidentes y enfermedades inculpables") se apoya en presupuestos disímiles a la que se encuadra en la ley especial de accidentes del trabajo, en tanto no exige demostración alguna sobre la vinculación de la dolencia con el trabajo (CNAT, Sala VIII, 31/12/87, S.D. 11.227, "Cruz, Elvesio Conrado c/ Ferrocarriles Argentinos s/ accidente - cobro de pesos").

Desde esta perspectiva, resultan por completo inoficiosas las argumentaciones de la apelante acerca del presunto origen congénito (o, al menos, extraño al trabajo) de las afecciones que presenta el actor (disminución de la capacidad auditiva, hernia umbilical, obesidad, flebopatía varicosa e hipertensión arterial), dado que -insisto- el citado art. 212, cuarto párrafo, de la LCT no establece que la incapacidad que sufre el trabajador deba guardar relación causal o concausal con las tareas que venía desempeñando, ni pretende castigar al empleador por incumplimiento alguno de sus obligaciones; la norma mencionada sólo determina una compensación al trabajador por la incapacidad que éste haya sufrido y que le impida continuar no ya con la relación individual, en particular, sino su incorporación genérica al mercado de trabajo (CNAT, Sala IX, 24/9/01, S.D. 9.009, "Burlato, Salvador c/ ABB Medidores SA s/ despido".

Esta situación se configura en la especie, en atención al elevado grado de incapacidad (84,29% de la total obrera) establecido por el peritaje médico.

Por ello, corresponde confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide.	III) La demandada apela por altos los honorarios de la representación letrada del actor y los de los peritos médico y contadora. A su vez, estos peritos y la abogada de la demandada cuestionan sus respectivos emolumentos por bajos.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los honorarios regulados a la representación y patrocinio del actor no lucen excesivos, y los de los peritos contadora y médico resultan equitativos, por lo que propongo confirmarlos; en cambio, los fijados a favor de la representación y patrocinio de la demandada (en su conjunto) parecen reducidos, por lo que sugiero elevarlos al 13% del monto total de condena, incluidos los intereses (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57).

IV) En síntesis, voto por: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso, a excepción de los honorarios de la representación y patrocinio de la demandada, que se elevarán al porcentaje precedentemente indicado. 2) Imponer las costas de la alzada a la demandada (art. 68 Cód. Procesal) y regular los honorarios de los profesionales de ambas partes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso, a excepción de los honorarios de la representación y patrocinio de la demandada, que se elevarán al porcentaje precedentemente indicado. 2) Imponer las costas de la alzada a la demandada (art. 68 Cód. Procesal) y regular los honorarios de los profesionales de ambas partes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. SILVIA E. PINTO VARELA	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI: