Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20


AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C. contra GIRARDI, Angel y otros Reg.: A y S t 206 p 295-299.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C. contra GIRARDI, Angel y otros -Cobro de Australes- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J.

nro. 303, año 2000). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Vigo, Gutiérrez, Spuler y Falistocco.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: 1. Conforme surge de las constancias de la causa, Agricultores Federados Argentinos S.C.L. promovió demanda ordinaria contra Angel Fernando Girardi y/o Angel Fernando Girardi S.C. (posteriormente delimita la acción contra la firma "Angel Fernando Girardi Sociedad Civil", exclusivamente) pretendiendo el cobro de la suma de A 3.978.949,55 -con más sus intereses y costas- en concepto de capital actualizado correspondiente a las notas de débito nros. 24842 y 24841(con menos la nota de crédito nro. 7804), emitidas en fecha 16/05/89 con motivo del almacenaje de cereal en sus instalaciones, las que fueron abonadas por el demandado mediante cheques de fecha 29/09/89.

En esta presentación la actora aclara que tras cuestionamientos formulados por el deudor ante la Junta Nacional de Granos, su parte suspendió el cobro de las notas de débito mencionadas, y que al recibir los cheques extendió los recibos correspondientes aceptándolos como pago a cuenta de las respectivas deudas, atento a que sus montos debían ser actualizados para compensar la desvalorización monetaria por el período comprendido entre la fecha de los débitos (16/05/89) y la de los pagos (29/09/89) en el cual se había operado un notable desfasaje.

Al contestar la demanda, el accionado entre otras cuestiones destacó que la actora aceptó los valores que le remitiera al depositar los cheques y acreditarlos, extendiendo los respectivos recibos, no incurriendo, por ende, su parte en mora alguna, debiéndose a la culpa exclusiva de la accionante el tiempo transcurrido de mayo a setiembre ya que no contaba con una liquidación definitiva de la que surgiera lo que realmente adeudaba. En suma, alegó que no corresponde la actualización monetaria de una obligación extinguida por pago. Al resolver, el juez de primera instancia consideró que el objeto de la litis consistía en analizar si el demandado podía pagar en setiembre de 1989 la suma que efectivamente pagó o si la actora tenía derecho a la actualización. Fundándose en el artículo 505 in fine del Código Civil estimó innecesario determinar si Girardi había o no incurrido en mora al momento de librar los cheques, toda vez que el deudor conserva el derecho a pagar y a obtener la liberación correspondiente. Agregó que "...siendo el pago el modo natural de extinguir obligaciones, a fortiori, resulta innecesario recordar que la fuerza cancelatoria del pago destruye los efectos de la mora..." Por otro lado, apreció que en autos quedó acreditado y reconocido que cuando el deudor conoció la comunicación de su deuda, "...inmediatamente libró dos cheques imputados al pago de las notas de débito, los que fueron recibidos por la actora, depositados y cobrados, todo ello sin reserva alguna.." y que fue a posteriori que se pretendió imponer al demandado los recibos. También consideró el magistrado que en el caso el deudor realizó la imputación en los mismos cheques, por lo que fue al momento en que la acreedora recibió los valores y que los cobró que se perfeccionó el pago quedando, por ende, el deudor liberado. Concluyó que la extensión posterior de recibos donde se formula una reserva por actualización resulta extemporánea.

Apelada tal resolución por Agricultores Federados Argentinos S.C., en su expresión de agravios comenzó por sostener que el a quo, tras delimitar la cuestión a resolver -esto es, si la actora tiene derecho a la actualización por el período comprendido entre el 16/05/89 y el 29/09/89 o si, por el contrario, el pago hecho por Girardi en setiembre contó con fuerza cancelatoria-, recurrió a la aplicación e interpretación del artículo 624 del Código Civil, norma que a su criterio no resulta aplicable al caso, agregando que aún de entenderse lo contrario, la interpretación debería ser distinta a la efectuada.

Destacó que tal normativa dispone claramente que el recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna sobre los intereses extingue la obligación del deudor respecto de ellos, y en ese sentido argumenta que, toda vez que de la norma surge una renuncia de derechos, su interpretación en la duda debe ser la de limitarla sólo al fruto civil y no extenderla al capital, citando doctrina y jurisprudencia que han distinguido entre intereses y actualización monetaria.

En orden a lo que considera debe ser una correcta interpretación afirmó que la reserva que debe realizar el acreedor tiene que ver con el término "recibo", el que debe entenderse como "resguardo escrito" y no como referido a la conjugación del verbo "recibir", por lo que el artículo 624 debe complementarse -a su criterio- con el resto de los artículos del Código de fondo que regulan el pago (artículos 776 y 778). Aseveró que al tratarse de una renuncia de derechos la exigencia del resguardo escrito aparece como forzosa.

Citó también aquí doctrina que considera mayoritaria la que, según advirtió, parte del presupuesto de la existencia de un instrumento y se funda en las fuentes del Código Civil (el artículo 1908 del Código de Napoleón no deja dudas de que el "recibo" es el documento y no el "hecho" de la percepción): Llambías, Borda, Cazeaux-Trigo Represas y Salvat.

Explicó entonces que conforme tales términos, en el caso el "recibo" efectuado contenía la reserva por actualización monetaria no abonada, pero, aclaró además que el deudor entregó los cheques para realizar un pago que era parcial (capital sin actualización), y en materia mercantil la presunción del artículo 624 del Código Civil debe interpretarse restrictivamente, más aún, cuando se reciben valores para acreditar una vez hecho efectivos.

Concluyó sosteniendo que la sentencia, en definitiva, consagró una evidente injusticia.

La Sala por sentencia nro. 35 de fecha 09/05/97 resolvió confirmar el fallo apelado.

Para arribar a esta decisión el Tribunal consideró que la expresión de agravios no cumplía con la exigencia del artículo 365 del C.P.C. y C. en tanto no controvirtió el recurrente la línea argumental del fallo al referirse a una errónea aplicación, o eventualmente interpretación, de una disposición legal que no es la que sustentó el decisorio inferior. Apreció también la Sala que resultaba incuestionable que el pago fijó de manera irrevocable la situación de las partes, por lo que quien lo recibió no pudo pretender luego que lo pagado no respondía a lo debido en orden a accesorios como el reajuste por la depreciación monetaria, teniendo plena eficacia para ello la imputación hecha por el deudor en los cheques recibidos y efectivizados por la acreedora sin reserva alguna. 2. Contra dicho pronunciamiento interpuso la actora recurso de inconstitucionalidad, agraviándose puntualmente por cuanto consideró que la sentencia dejó sin tratamiento la cuestión central planteada, esto es, la aplicación e interpretación del contenido y alcances del artículo 624 del Código Civil al caso de autos.

Afirmó que, contrariamente a lo sostenido por la Alzada, su parte al expresar agravios atacó el efecto cancelatorio que el juez de baja instancia otorgó al pago efectuado por el deudor, por lo que es incorrecto que no haya controvertido la aplicación y análisis del artículo 505 in fine.

Expresó que la unicidad de la cuestión (porque abarca ambas normas) es clara y, por ende, es indebido su desmembramiento, deviniendo arbitraria la sentencia. Se agravió asimismo en tanto entendió que la Sala se apartó de las constancias de autos toda vez que el pronunciamiento, a su criterio, incorrectamente afirmó que la reserva ha sido posterior al depósito de los cheques, cuando la fecha de los recibos es la misma que la del depósito bancario.

Ello así, consideró la recurrente que en base a afirmaciones puramente dogmáticas se dejó de valorar elementos probatorios que cambiarían la suerte del litigio en tanto se concluiría en la insuficiencia del pago. De tal modo, el fallo es inequitativo por cuanto hizo lugar a un enriquecimiento indebido del deudor, vulnerándose asi sus derechos de defensa y propiedad.

Habiendo la Sala denegado la concesión del recurso interpuesto, la impugnante ocurrió en queja ante esta Corte, obteniendo el franqueamiento de esta vía por resolución registrada en A. y S. T. 161, págs. 188/189.

3. En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055, he de propiciar la rectificación del criterio oportunamente adoptado por esta Corte al admitir la presentación directa de la recurrente, toda vez que del pormenorizado examen de los autos principales, el decisorio impugnado -más allá del grado de acierto o error en que pudiera haber incurrido- ha resuelto la cuestión llevada a revisión con suficientes fundamentos, por lo que, no obstante el matiz constitucional que la impugnante pretende otorgar a sus planteos, su proposición no traduce más que la mera disconformidad para con la decisión adoptada, lo que de ningún modo puede permitir el franqueamiento de esta instancia extraordinaria.

Y si bien esta Corte reiteradamente ha sostenido (A. y S. T. 110, pág. 141; T. 112, pág. 90; T. 121, pág. 444; T. 164, pág. 1, entre otros) que su función no es apreciar la suficiencia técnica de la expresión de agravios, sino controlar que en la valoración de dicho extremo no se incurra en arbitrariedad por vía de aplicarse un criterio que, por irrazonablemente formalista conspire con el escrupuloso respeto que merece el derecho de defensa, tal flexibilización no implica dejar de lado las exigencias que imperan para la fundamentación del recurso de apelación, esto es, la obligación del apelante de exponer una crítica seria y razonada del fallo inferior, inteligible en los cuestionamientos que efectúa, congruente con los argumentos desarrollados en aquél.

En efecto, consideró la Sala que en los límites de la cuestión litigiosa establecida por el juez inferior y no cuestionada por el recurrente, el planteo por él enderezado respecto a la inaplicabilidad o la interpretación errónea que, a su criterio, se habría efectuado del artículo 624 del Código Civil aparece totalmente desvinculado de los fundamentos que sustentaron el fallo de baja instancia, en el que claramente se estableció que la situación se encontraba regida por el artículo 505 in fine del mismo Código, conforme el cual mediante el pago el deudor obtiene la liberación correspondiente, y la fuerza cancelatoria del pago destruye los efectos de la mora. Aseveró también el Tribunal a quo que en el pronunciamiento se destacó que habiendo la actora recibido y cobrado los cheques que el deudor remitió imputándolos a la cancelación de la deuda originaria, sin formular reserva alguna, el pago había quedado perfeccionado y, por ende, el deudor liberado, concluyendo el juzgador que devenía extemporánea la pretensión de la acreedora de extender luego recibos haciendo reserva por actualización.

Por ende, y tal como se advierte, el planteo de la quejosa referido a que los sentenciantes no analizaron sus razones conforme las cuales dice que atacó el efecto cancelatorio del pago efectuado por Girardi y afirmó la unicidad de la cuestión -recepción de los cheques y emisión de recibo- abarcativa de las normas de los artículos 505 in fine y 624 del Código Civil, deviene insustancial desde que no logra demostrar que la Sala hubiera incurrido en causal alguna de arbitrariedad al conceptuar sus reproches como "desvinculados" de los fundamentos que sustentaron el fallo inferior, frente a lo cual pierde toda base el invocado gravamen de indefensión. En suma, las postulaciones de la impugnante quedan así limitadas exclusivamente al disenso para con lo resuelto por la Alzada, sin que pueda entenderse que la recurrente haya logrado acreditar que el pronunciamiento que ataca incurriera en los vicios que le endilga ni en un excesivo apego a las formas, toda vez que, no obstante entender el Tribunal que el escrito de la apelante no cumplía con los requisitos procesales, tal como se advierte examinó los hechos en el marco establecido por el juez de baja instancia, interpretando los fundamentos brindados en el decisorio inferior y las normas en juego, y descartando, en definitiva, los cuestionamientos recursivos por considerar que no rebatían adecuadamente aquéllos.

Por ello, voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente Ministro doctor Gutiérrez, y los señores Ministros doctores Spuler y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente Ministro doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas (artículo 12, ley 7.055).

A la misma cuestión, el señor Presidente Ministro doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler y Falistocco dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito de los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIO: Declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas al recurrente.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIERREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)