Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-08-11


Salta, 11 de agosto de 2016.	______( Tomo 206:977-1004) Y VISTOS: Estos autos caratulados "CALVO GARCÍA, VICENTE ROLANDO VS. GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº CJS 37.944/15), y	____________________________CONSIDERANDO:	Los Dres. Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo, Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón y Sergio Fabián Vittar, dijeron:	1º) Que contra el pronunciamiento de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial corriente a fs. 374/377 vta., la demandada interpone recurso de inconstitucionalidad a fs. 379/388.	Le atribuye arbitrariedad al reprocharle su fundamento en afirmaciones dogmáticas; omitir considerar pruebas conducentes; tener por acreditados hechos no probados y valorar incorrectamente los elementos colectados, afectando lo decidido el debido proceso, la defensa en juicio, el principio de igualdad y el derecho de propiedad.	Aduce que contrariamente a lo resuelto, en el caso no se ha producido evidencia alguna que acredite de manera concluyente la efectiva posesión con ánimo de dueño sobre las heredades en litigio, ya que sólo median indicios insuficientes para la adquisición del dominio por usucapión.	Señala que las declaraciones testimoniales de los señores José Alfonso Rivas, Camilo Mariano Díaz, Mario Daniel Saravia, Miguel Víctor Pérez y Carlos Roberto Aima nada expresan acerca de la supuesta posesión de los Catastros Nos. 45.949 y 45.952 del Departamento Capital, pues si bien aluden en forma genérica a la finca comprendida por 24 lotes adquiridos por los padres del actor, luego donados a éste y que colindan con los que se pretende tener por adquiridos por prescripción, aquéllos nada refieren respecto de los citados inmuebles en particular, de sus dimensiones ni que el accionante hubiera ejercido sobre ellos actos posesorios.	En lo que concierne a la prueba documental analizada por la Cámara, destaca que no obran en la causa constancias de pago del impuesto inmobiliario de los fundos durante la posesión invocada y que, pese a haber asegurado el actor en su demanda que ello se debía a una imposibilidad, éste omitió explicitar las razones que fundaban tal impedimento.	Precisa que los comprobantes de pago por canon de riego no corresponden a los mencionados catastros sino al Nº 5231 que constituye la matrícula de origen de la que derivaran los Catastros 45.798 a 45.955, entre los que se encuentran los que donara al accionante su padre. En ese contexto, interpreta que aquél abonó tal canon en carácter de titular registral de los predios donados y que, por lo demás, no lo hizo durante un período de nueve años (1997 a 2005).	Recalca la ausencia de prueba en torno a la objetada posesión con "animus domini" argumentando que los escasos comprobantes de pago, las imágenes satelitales y la respuesta de la Municipalidad de la Ciudad de Salta en lo que atañe al impuesto inmobiliario no constituyen pruebas o indicios suficientes para acreditar tal extremo, como así tampoco la constatación de que el Catastro Nº 45.952 estuviese arado y sembrado y el Nº 45.949 alambrado, ya que siendo la usucapión -afirma- un medio excepcional de adquisición del dominio, la comprobación de los requisitos exigidos por la ley debe ser clara e insospechable, quedando acreditado, en todo caso, la existencia de actos materiales de ocupación sin demostrarse quién los realizó, desde cuándo ni con qué ánimo.	Alega que la sentencia recurrida vulnera el debido proceso al considerar que frente a meros indicios cedía la prueba incorporada al expediente administrativo iniciado a requerimiento del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas de la Provincia por un pedido de inspección de la Matrícula Nº 45.952 en septiembre de 2008, para la construcción de un predio deportivo.	Expresa que en dichas actuaciones, el topógrafo Humberto Chalup informó, el 05/12/08, que en oportunidad de consultar al señor Vicente Rolando Calvo García sobre la ocupación que ejercía sobre los inmuebles de propiedad de la Provincia, éste le manifestó "estar dispuesto a entregar la misma cuando se lo solicitase y que lo hacía con el objeto de preservarla de asentamientos ilegales". Añade que también allí consta que en virtud de la verificación del inmueble Matrícula 45.952, se comprobaron diversos actos ocupacionales como la presencia de alambrados nuevos y avances de los titulares de las parcelas vecinas, sugiriéndose la mensura y replanteo a través de técnicos de la Dirección General de Inmuebles; que durante octubre y noviembre de 2010, funcionarios de distintos organismos efectuaron mensuras en los dos catastros y que las diligencias administrativas llevadas a cabo en el curso de los años 2008 y 2010 no pueden perder su valor probatorio ante pruebas indiciarias, sobre todo si se tiene en cuenta -asegura- que sus constancias no fueron controvertidas por el actor; que el topógrafo ratificó su informe en la declaración testimonial prestada en autos, y que tales instrumentos se emitieron con anterioridad a la fecha en la cual, según la sentencia recurrida, se habría producido la adquisición del dominio por prescripción, es decir, el 13 de febrero de 2011.	Finalmente descalifica la imposición de costas a su cargo en atención a las peculiaridades de este tipo de procesos, donde el actor -dice- debe tramitar el juicio para adquirir el dominio acreditando los presupuestos necesarios para ello.	Argumenta que el principio procesal contenido en el art. 67 del C.P.C.C. cede cuando el litigio no depende de un hecho del demandado o de un hecho por el cual deba responder, y que, por lo tanto, la presente acción no puede ejercitarse sino a expensas del interesado.	Concedido el recurso por el tribunal "a quo" a fs. 391/392, a fs. 408/411 y 412/415 se agregan los memoriales presentados por las partes.	A fs. 417/419 dictamina la señora Fiscal ante la Corte Nº 2, quien se pronuncia por la admisión del recurso por los motivos que allí expone, encontrándose ahora los autos en estado de resolver.-	2º) Que la doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo 59:527; 61: 743; 70:987; 71:1; 77:619; 87:769; 96:521).	En consonancia con ello, corresponde determinar si lo decidido importa un tratamiento inadecuado y dogmático del planteamiento propuesto, es decir, si adolece de defectos que lo invalidan como acto jurisdiccional (cfr. CSJN, Fallos, 301:1002; 310:1638).	3º) Que al hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, la Cámara revocó la sentencia anterior y declaró adquiridos por prescripción los inmuebles de la Provincia de Salta identificados como Matrículas Nos. 45.949 y 45.952 del Departamento Capital.	Para así decidir y no obstante la fecha de inicio de la posesión denunciada en la demanda, partió su razonamiento de considerar que habiéndose ésta presentado el 05/10/11, los requisitos previstos en el art. 4015 del Código Civil entonces vigente y la Ley 14159, debían acreditarse desde el 05/10/91.	Con relación al pago de canon de riego por los períodos 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 del Catastro Nº 5231, postuló que al sostener el juez "a quo" que éste se correspondía con las Matrículas derivadas 45.798 a 45.955 con base en recibos vinculados al Catastro 5231, también había tenido por acreditado el pago por igual concepto de los años 1989 a 1996 y 2006 a 2009.	En cuanto a las imágenes satelitales invocadas por el apelante y mencionadas en el informe pericial, sostuvo que ellas permitían observar que a partir del año 1970 y con continuación en los años 2003, 2007, 2009, 2011 y 2012, la Matrícula 45.952 había recibido un tratamiento conjunto con la Nº 45.937, esta última incluida en la escritura pública Nº 13. Agregó que a igual parecer cabía arribar a partir de la constatación de fs. 136, con arreglo a la cual el oficial de justicia verificó que el Catastro 45.952 se encontraba arado y sembrado aunque sin construcciones, que al entender de los vecinos sería de propiedad del señor Calvo García y que si bien no se comprobó la existencia de construcciones en el Catastro 45.949, ambas propiedades estaban alambradas. De tales circunstancias infirió el ejercicio de la posesión en forma integral._____________________________________________________________	Tuvo en cuenta, además, que a fs. 156 se hizo saber que el impuesto inmobiliario de los Catastros 45.949 y 45.952 se encontraba abonado desde el 01/2001 al 05/2012.	A la luz de los elementos descriptos, la alzada tuvo por acreditada la posesión del actor a partir del año 1991 dado que, por lo menos, a su criterio, desde 1970 las Matrículas 45.952 y 45.937 habían tenido idéntico tratamiento; que esa unidad no se había interrumpido entre los años 1991 a 2003, momento a partir del cual recién las imágenes satelitales darían plena prueba de la explotación conjunta, contándose con indicios suficientes -a su criterio- de que dicha posesión también se ejercitó sobre el Catastro 45.949 mucho antes del año 1991, mínimamente desde 1989 a 2009, lo que implicaba el ejercicio de la posesión "animus domini", sin que a ello obste lo afirmado por el señor Chalup en el expediente administrativo reservado.	En este último aspecto la Cámara destacó que el informe del citado agente, emitido en el ámbito de sus competencias y en el marco de un procedimiento administrativo, gozaba de veracidad y legalidad, y que la mera negativa de la contraria expresada a fs. 116 carecía en principio de efectos a los fines de su desvirtuación. No obstante ello, valoró que frente al resto de las pruebas e indicios analizados sus manifestaciones perdían relevancia, pues no era lógico pensar que el prescribiente delimitara, sembrara y cultivara el terreno para luego negar su calidad de dueño, siendo que además en el año 2006 ya se encontraba en trámite la confección del plano de mensura para la prescripción adquisitiva de ambas matrículas.	De tal modo concluyó que de la prueba colectada se desprendían extremos bastantes para considerar que a partir de la donación del inmueble Catastro 45.937 efectuada por el señor Vicente Calvo mediante escritura Nº 13 de febrero de 1991, a favor de su hijo Vicente Rolando Calvo García, éste había comenzado a poseer con ánimo de dueño los Catastros vecinos Nos. 45.952 y 45.949.	4º) Que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (cfr. CSJN, Fallos, 295:135; 296:445; 302:269, entre muchos otros; esta Corte, Tomo 85:677; 88:607; 112:819; 119:413, entre otros). Tampoco los magistrados están forzados a tratar todas las cuestiones expuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados por ellas que, a su juicio, no sean decisivos (cfr. CSJN, Fallos, 297:222).	Sentado ello, cabe recordar que cuando se pretende adquirir el dominio por la ocupación persistente, ella debe revestir todos los caracteres de una posesión verdadera, en los términos del art. 2351 del Código Civil (art. 1909 del Código Civil y Comercial de la Nación). El interesado debe proceder "animus domini" respecto de la cosa y al cabo del tiempo, la ley no hace más que consagrar por medio del título aquello que ha ocurrido en el hecho de una manera pública y prolongada (cfr. CSJN, fallo del 3/06/14 "in re" "Mímica, Ricardo Juan y otro c/Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/usucapión", M. 3353. XXXVIII). Por tales motivos y dado el carácter excepcional que reviste la adquisición del dominio por el medio previsto en los arts. 2524, inciso 7º y 4015 del Código Civil antes vigente (arts. 1899 y 2565 de la actual normativa), se ha dicho desde antiguo que la realización de los actos comprendidos en el art. 2373 del C.C. y el constante ejercicio de esa posesión deben comprobarse de manera insospechable, clara y convincente (cfr. CSJN, Fallos, 284:206 y sus citas; 300:651 y sus citas; 302:955; 316:871, entre otros). Los elementos probatorios deben ser analizados con suma prudencia, pues este modo excepcional de adquirir el dominio también implica, correlativamente, la extinción del derecho para su anterior titular.______________________________________________________________	5º) Que el Máximo Tribunal de la Nación ha señalado que si bien es cierto que en el juicio por prescripción adquisitiva el tribunal que tiene por acreditada la posesión invocada por el actor con la prueba que reseña, resuelve cuestiones de hecho, prueba y de derecho común irrevisables, en principio, por la vía del recurso extraordinario, cabe apartarse de dicha regla general, en especial atendiendo al criterio restrictivo antes expuesto, cuando -como sucede en el caso- la sentencia omite la consideración de elementos de juicio relevantes, atribuyendo a su vez importancia a otros, inconducentes para la correcta solución del litigio (cfr. Fallos, 300:110; 308:1699).	En efecto, para que se configure la posesión en el concepto legal de esta palabra, es necesario que el poseedor no sólo tenga la cosa bajo su poder sino que esa posesión se manifieste con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad o, mejor dicho, con la intención de comportarse respecto a esta cosa como propietario de ella (art. 2351 del Código Civil y art. 1909 del C.C.C.). Este elemento subjetivo importa no reconocer la titularidad del dominio en otro, y cuando ese reconocimiento se exterioriza, es evidente que no existe posesión sino tenencia -arts. 2351, 2352 y 913 del Código Civil antes vigente- (cfr. CSJN, Fallos, 311:2842).	6°) Que en el "sub lite", las constancias del expediente administrativo Nº 18-24330/09 y su agregado Nº 308-70/08 de la Dirección General de Inmuebles evidencian la exteriorización de tal reconocimiento, particularmente el informe del topógrafo de esa dependencia Humberto R. Chalup, de fecha 5 de diciembre de 2008, quien estuviera a cargo del replanteo de las Matrículas Nos. 45.952 y 45.949 a pedido del Fondo de Administración y Disposición de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Provincia (FADMI).	Justamente, del expediente Nº 308-70/08 surge que en razón del informe cursado por el Jefe del Programa Técnico del FADMI dando cuenta de la inspección del inmueble Matrícula Nº 45.952 y la constatación de la existencia de actos ocupacionales, tales como la presencia de alambrados nuevos, vestigios de que la tierra había sido arada y sembrada, un supuesto avance de las propiedades vecinas y la sugerencia allí realizada (v. fs. 1), la Presidencia del aludido organismo remitió las actuaciones a la Dirección General de Inmuebles -en septiembre de 2008- solicitando que, a través del Área de Topografía, se practique un replanteo de los títulos en el terreno y se verifique la situación real de la Matrícula 45.952 y de la Matrícula 45.949 del Dpto. Capital, en virtud de que ambas habían sido donadas y aceptadas por Decreto Nº 1678/66 (v. fs. 8 y vta.). En ese marco, el topógrafo Humberto Chalup emitió el informe que obra a fs. 9/10 del citado expediente, que motivó incluso la confección de un plano de mensura rectificatorio -aprobado bajo el Nº 14503- por advertirse diferencias de mediciones (v. fs. 31 y 32).	7º) Que en orden a la credibilidad de un informe administrativo respecto de los hechos a los cuales se refiere y su consecuente eficacia probatoria, se ha postulado que éste tiene que ser una manifestación de lo que el propio funcionario ha visto con sus propios ojos o sentidos (cfr. Hutchinson, Tomás, "Derecho Procesal Administrativo", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2009, Tomo III, pág. 116)._	En la especie, en lo que aquí ocupa, el topógrafo informó en el año 2008, esto es, tres años antes de que se promoviera la presente acción, que "en el lugar donde se encuentra la propiedad en cuestión, parte de la misma está siendo ocupada con cultivo de hortalizas, por el Sr. Vicente Rolando Calvo García, consultado el mismo sobre la ocupación manifiesta estar dispuesto a dejar la misma cuando se lo solicitara; además informa que fue ocupada con el fin de preservarla de los asentamientos ilegales".	Tales manifestaciones fueron ratificadas y ampliadas por dicho funcionario al prestar declaración testimonial en autos acerca de lo que pudo constatar en su carácter de agente público. Ciertamente, aquél admitió que en esa calidad se constituyó en tres oportunidades en los inmuebles cuya prescripción aquí se procura, sitos en la localidad de San Luis, con el objeto de practicar su medición.	Aseguró que la primera vez no se encontraba en el lugar el señor Calvo García y uno de los empleados le dio su teléfono para que se comunicare con él; que en la segunda se presentó expresando ser empleado de Inmuebles y que por expediente debía realizar la mensura de las matrículas que estaban siendo ocupadas, las que eran de la Provincia, expresando el señor Calvo García que estaba ocupándolas momentáneamente porque tenía miedo de que gente ocupa ingresare en los terrenos, estando de acuerdo en retirarse cuando se lo solicitaren, y que en la tercera oportunidad concluyó con su tarea. Aclaró que los trabajos se realizaron a fines de 2008 y precisó constarle que la persona entrevistada era el señor Vicente Rolando Calvo García porque primeramente había tenido con él contacto telefónico por indicaciones de los empleados de la finca y al día siguiente lo hizo de manera personal, señalándole el entrevistado que él era el señor Calvo García y fue quien autorizó su ingreso (v. fs. 148/150). Dichas aserciones no fueron controvertidas por el actor.	A las citadas actuaciones se adjuntó el Expte. Nº 18-24330/09 iniciado tiempo después por el ingeniero agrimensor Enrique Galarza solicitando el visado de un plano de mensura para prescripción adquisitiva de las Matrículas Nos. 45.952 y 45.949 (v. copia certificada de fs. 72 del mencionado expediente reservado).	A raíz de tal pedido y lo manifestado por el topógrafo Chalup en el referido informe del 5/12/08, el Jefe del Programa Técnico del FADMI, Ing. Héctor Gustavo Rodríguez, aconsejó el visado del citado plano aclarando que dicho acto administrativo se realiza con observaciones, lo que bajo tales condiciones la administración realizó, sin que conste en autos que ello hubiera sido objeto de cuestionamiento alguno por parte del interesado (v. copias certificadas de fs. 87, 90, 97 y 104 del Expte Nº 18-24.330/09 y plano de mensura para prescripción adquisitiva y unificación reservados)._____________________________________________________________	8°) Que respecto de la documentación administrativa y su valor probatorio se ha dicho, en razón del carácter formal de la realización de la voluntad administrativa, que si la Administración es pública, no puede concebirse la existencia y la creación por parte de ella de instrumentos privados, pero es equívoco sostener que cada agente público interviniente actúa como fedatario. La existencia del procedimiento administrativo, que no puede exhibirse en la actividad jurídica privada, marca la diferencia para conceptuar la presencia de documentos administrativos sin necesidad de que sean instrumentos públicos, pero tampoco privados, por no ser privadas sus actuaciones; de allí que las actuaciones administrativas, de cualquier clase que fueren, constituyen pruebas escritas que pueden ser destruidas con cualquier clase de probatoria (cfr. Fiorini, Bartolomé A., "Derecho Administrativo", Ed. Abeledo-Perrot, 1976, Tomo II, págs. 673/675).	En orientación similar se ha sostenido que los documentos expedidos o elaborados por agentes públicos en ejercicio de sus funciones se presumen auténticos mientras no se demuestre lo contrario. Hacen fe de su otorgamiento, de la fecha y de las declaraciones que haga el funcionario que los suscribe, mas es innecesaria la tacha de falsedad para desvirtuarlos, pudiendo ser contrarrestados por todo tipo de prueba. Así, los documentos administrativos gozan de una presunción "iuris tantum" de veracidad susceptible de ser destruida, la que opera cuando ciertos funcionarios exponen, en los documentos legalmente previstos y en forma determinada, hechos y no valoraciones, deducciones o calificaciones que haya comprobado de modo directo o incluso indirectamente si se precisa en el acta la fuente de conocimiento gracias a la cual los hechos han sido aprehendidos. No se les concede el valor probatorio de un instrumento público; simplemente se otorga valor probatorio en el proceso judicial a las afirmaciones documentadas de ciertos funcionarios que se benefician con la presunción "iuris tantum" de veracidad, aunque desde luego, no con carácter general (cfr. Hutchinson, ob. cit., págs. 105/107).	El Superior Tribunal Federal ha sostenido que las constancias del expediente administrativo resultan útiles para esclarecer el caso y constituyen un elemento de prueba incuestionable (cfr. Fallos, 271:96, 275:436; 276:274; 293:470; 324:1249).	Desde esa perspectiva, es innegable que, en el caso, la valoración de los elementos de juicio debe estar guiada por un escrutinio aún más estricto que en el resto de los procesos de igual naturaleza, pues al interés público comprometido en toda adquisición del dominio de inmuebles por prescripción, se suma en autos la inversión en la carga de la prueba tendiente a desvirtuar la presunción de veracidad y fuerza de convicción del informe del topógrafo corriente a fs. 16/17 del Expte. 308-70/08 reservado en Secretaría y del resto de las evidencias obrantes en dichas actuaciones y sus agregados.	Bajo tales pautas corresponde entonces determinar si las pruebas analizadas por la Cámara cuentan con idoneidad suficiente para ello, teniendo en cuenta también que el expediente administrativo, a más de gozar de todo el valor de la prueba documental, constituye un medio indirecto de introducción de los hechos al proceso (cfr. Hutchinson, ob. cit., pág. 115).	9º) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que si bien el pago de impuestos es revelador del "animus domini" del usucapiente, no consiste en un acto posesorio, ya que no se trata de un acto material sino jurídico, de allí que no constituya un acto que demuestre por sí solo que quien lo hizo es poseedor del inmueble a que esos gravámenes se refieren. Además, para que el pago de impuestos adquiera fuerza probatoria considerable, se requiere la oportunidad de la erogación, la periodicidad regular, mientras que los pagos simultáneos de muchos períodos y la intermitencia larga y esporádica entre ellos hace perder entidad a la prueba si no están corroborados por otras evidencias (cfr. fallo del 3/06/14 en la causa "Mímica" citada).	En particular, el canon de riego constituye una contribución económica que se determina en función del uso que se confiere del agua y se abona con independencia de la explotación o aprovechamiento que se haga del dominio sobre el cual se otorga el derecho. Por lo tanto, un simple tenedor también puede pagarlo y ello, por sí sólo, no lo convierte en poseedor.	En el caso, las copias certificadas de las boletas por canon de riego no constituyen elementos de convicción eficaces. Ello es así, porque al referirse al Catastro Nº 5231 del cual procedieron no sólo los que se pretenden prescribir sino también alrededor de otros 155 (v. fs. 273/275 vta.), entre los que se incluyen los donados a favor del accionante mediante las escrituras públicas Nos. 116 y 13 (v. fs. 34/47), no es posible establecer una relación directa y exclusiva entre aquéllas y los predios concretos en disputa._______________________________________________________________ _____Aun en el supuesto de que se entendiese innecesaria tal relación de exclusividad, de igual manera dichas boletas carecen de virtualidad probatoria por dos razones adicionales. En primer lugar, porque tal como se desprende del cotejo de datos del instrumento obrante a fs. 8 y vta. y la escritura pública Nº 13 de fs. 39/47, el plan de regularización de deuda por canon de riego correspondiente al Catastro 5231 -realizado ante la ex AGAS en 1993- no fue suscripto por el actor sino por su padre Vicente Calvo, C.I. Nº 129.746, junto con quien expresamente aquél denunció en su demanda poseer los fundos en cuestión desde el 15 de mayo de 1979 (v. fs. 59 vta., apartado IV.1).	En el formulario de la citada presentación se reconoció en Juan Ortiz Vargas el carácter de propietario del Catastro Nº 5231, siendo justamente esa persona quien en 1966 había donado a favor de la Provincia de Salta los Catastros derivados Nos. 45.949 y 45.952 (v. fs. 48). Dicha conducta que el actor intenta hacer valer implicó en los hechos reconocer en otro la calidad de dueño de los predios que se procuran usucapir; por consiguiente, los pagos efectuados en el marco del referido plan -Decreto Nº 912/93- deben desecharse (v. fs. 9).	En segundo término, el análisis secuencial de tales boletas y de los sellos de recepción estampados en ellas, permite inferir la irregularidad de las erogaciones realizadas por tal concepto durante el tiempo necesario para prescribir, ya que de las copias agregadas a fs. 12, 13, 14, 17, 18 y parte de la corriente a fs. 19 no surge con grado de certeza que tales boletas hubieran sido efectivamente abonadas.	10) Que el impuesto inmobiliario de cuyo pago por el período 01/2001 a 05/2012 da cuenta la Municipalidad de la Ciudad de Salta a fs. 156, tampoco es de utilidad para demostrar el controvertido "animus" del accionante, pues no obrando en autos las constancias de dichos pagos, no es posible determinar con qué periodicidad se realizaron y, menos aún, quién los hizo; datos no menores si se advierte que el propio actor en su demanda alegó, expresamente, que abonó "el impuesto inmobiliario urbano de los inmuebles colindantes, no así de los Catastros Nos. 45.949/45.952 por su imposibilidad" (v. fs. 60 vta., 2º párr.), dejando inexplicados los motivos por los cuales no pudo hacerlo, tal como lo observara el juez de primera instancia.	11) Que en cuanto a las imágenes satelitales y el informe pericial de fs. 164/206, la alzada soslayó tener en cuenta que ninguna de las impresiones digitales a las que alude el perito en su informe corresponden a la Matrícula Nº 45.949; que la carta de fotografía aérea del año 1970 obtenida del área ingeniería agronómica de la U.N.Sa. respecto de las Matrículas 45.937 y 45.952, no comprueba la posesión directa y con ánimo del dueño del accionante, quien a más de no haber invocado la accesión de posesiones con su antecesor, a esa fecha recién contaba, a lo sumo, con escasos 8 años de edad (v. fs. 95); que la información satelital de utilidad práctica recién comenzó a visualizarse a partir del año 2003 (v. fs. 204/205, pto. VI.5.2) y que la información digital disponible sólo da cuenta del tratamiento y manejo conjunto de las Matrículas 45.952 -a prescribir- y 45.937 durante los años 2003 (v. fs. 177), 2007 (v. fs. 178), 2009 (v. fs. 179), 2011 (v. fs. 180) y 2012 (v. fs. 181), tiempo insuficiente para adquirir el dominio por usucapión._____________________________________________________________	Por lo demás y conforme los datos cotejados del sitio web de la Dirección General de Inmuebles (http://www.inmuebles-salta.gov. ar/gri_dpto_Cata.asp), el Catastro Nº 45.937 fue vendido por el actor a un tercero pocos meses antes de iniciar la presente acción el 06/10/11 -mediante escritura pública Nº 49 de fecha 25/07/11-, por lo cual toda referencia posterior vinculada a un tratamiento conjunto de los citados predios carece de relevancia a los fines del presente juicio.	12) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que si bien es cierto que por principio debe reconocerse plena validez a la prueba pericial que recae sobre los hechos controvertidos que resultan ser de naturaleza esencialmente técnica y para cuya apreciación se requieren conocimientos especiales -antigüedad de signos posesorios-, no deja de ser menos cierto que resta valor a la pericia el hecho de que sus conclusiones no se funden en prueba analítica ni en principio científico alguno. Resulta, pues, insuficiente dicha prueba pericial para acreditar la pretensión que sustenta el accionante si, tal como sucede en la especie, a-quélla contiene conclusiones simplemente estimativas, sin fuerza asertiva y de soporte objetivo y en cuanto a las razones que da el perito para expedirse como lo hace, lejos de ser concluyentes, no pasan de ser conjeturales e indiciarias. Y no otra cosa cabe sostener cuando -además- no se ha recurrido por parte del perito a procedimiento alguno para determinar la antigüedad de las construcciones existentes en el lugar, como no sea el que resulta de la experiencia que pueda tener de casos similares al sometido a su examen (cfr. Fallos, 291:139).	Desde la óptica de esta regla jurisprudencial pierden entidad los razonamientos de la alzada para descalificar lo considerado por el juez de primera instancia en cuanto a que el informe pericial producido en autos no justifica el tiempo que debió haber transcurrido para que las cosas alcancen el estado actual que allí se indica.	13) Que en lo que atañe a la constatación realizada en el año 2012 por el oficial de justicia (v. fs. 136), luce irrazonable la conclusión que el tribunal de apelación deduce de ella, pues si bien describe las condiciones en que se encontraban los inmuebles comprobando la existencia de actos ocupacionales a esa fecha, tal medida de prueba carece de aptitud para ampliar sus verificaciones a un tiempo más o menos remoto; consecuentemente, no aporta mayores datos a los fines del cómputo del tiempo legalmente exigido para usucapir.	14) Que la reseña efectuada comprueba de manera evidente que el tribunal "a quo" trató de inferir de pruebas insuficientes la realización de los actos comprendidos en el art. 2373 del Código Civil anteriormente en vigor y su constante ejercicio, sin advertir la orfandad de elementos conducentes para desvirtuar las constancias de los expedientes administrativos y en concreto, las declaraciones realizadas por el agente Chalup en ejercicio de sus funciones públicas; asertos que, en definitiva, aparecen corroborados con la documentación aportada por el propio interesado al reconocerse la titularidad del dominio en otro con la solicitud de acogimiento al plan de regularización especial de canon de riego corriente a fs. 8 y vta.	Es que si bien quedó inconcuso el hecho de la ocupación de los predios que el actor intenta usucapir, la falta de prueba inequívoca acerca de la argumentada posesión "animus domini" por el término de ley, no lleva más que a inferir su condición de simple tenedor.	En tales condiciones, la decisión cuestionada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, por lo que al afectar en forma directa e inmediata las garantías constitucionales invocadas, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado y, en tal virtud, revocar la sentencia de fs. 374/377 vta. en cuanto hace lugar al recurso de apelación de fs. 324 y revoca la sentencia de fs. 319/322 vta., con costas.	15) Que es atribución de esta Corte no adoptar el camino del reenvío y sí decidir sobre el fondo del asunto cuando, como en este caso, así lo aconsejan razones de economía, celeridad y certeza, atendiendo a la naturaleza de la cuestión suscitada y al tiempo transcurrido (cfr. Sagüés, "Recurso Extraordinario", Ed. 1992, Tomo 2, págs. 560/561 y citas de la CSJN; esta Corte, Tomo 98:355; 116:699, entre otros).	Sobre tales bases y dado que la prueba testimonial quedaría como único elemento de convicción a ponderar, cabe decir al respecto que ella, por sí sola, no es eficiente para que pueda acogerse la demanda en razón de lo dispuesto por el art. 24 inc. c) de la Ley 14159, que señala que en esta clase de juicios "se admitirá toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial", lo cual determina la innecesariedad de su consideración pormenorizada. Por lo demás, resultan descalificables los testigos del accionante a raíz de las generalizaciones en que incurren en sus dichos, las cuales se traducen en la falta de precisión y coincidencia en el relato referido a los actos posesorios que acreditarían la continuidad "corpore" y "animo" (cfr. CSJN, Fallos, 291:139), máxime si se tiene en cuenta que el oficial de justicia constató la ausencia de vivienda o construcción de algún tipo (v. fs. 136).	16) Que en consecuencia, al hallarse suficientemente debatida la cuestión y a fin de evitar una mayor dilación de la causa, corresponde que en el "sub judice" este Tribunal ejerza su competencia positiva y emita pronunciamiento rechazando el recurso de apelación del actor deducido a fs. 324 y en su mérito, confirme la sentencia de fs. 319/322 vta. Con costas.	Los Dres. Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman, dijeron:	1º) Que damos por reproducido lo manifestado en los considerandos 1º a 5º y adherimos a la solución propiciada en el considerando 16 del voto que antecede, por los fundamentos que a continuación se exponen.	2º) Que analizadas las pruebas arrimadas a la causa cabe concluir que no constituyen elementos de convicción suficientes para acreditar la alegada posesión del actor a título de dueño, exigida como presupuesto de procedencia de la acción deducida en autos.	3º) Que es del caso recordar que la posesión no debe confundirse con la simple tenencia de las cosas que contempla el art. 2352 del Código Civil (art. 1910 del C.C.C.). Para que se configure la posesión en el concepto legal de esta palabra es necesario que el poseedor no sólo tenga la cosa bajo su poder sino que esa posesión se manifieste con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad, o mejor dicho, con la intención de comportarse respecto a esta cosa como propietario de ella (art. 2351 del Código Civil y art. 1909 del C.C.C.). Este elemento subjetivo importa no reconocer la titularidad del dominio en otro y cuando tal situación se exterioriza es evidente que no existe posesión sino tenencia (arts. 2351, 2352 y 913 del Código Civil antes vigente) (CSJN, "Mímica, Ricardo Juan y otro c/Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/usuca- pión", M. 3353. XXXVIII, fallo del 3/06/14).______________________	En la misma línea se ha dicho que cuando se pretende adquirir el dominio por la ocupación persistente, ella debe revestir todos los caracteres de una posesión verdadera, en los términos del art. 2351 del C.C. El interesado debe proceder "animus domini" respecto de la cosa y al cabo del tiempo, la ley no hace más que consagrar por medio del título aquello que ha ocurrido en el hecho de una manera pública y prolongada (CSJN, en la citada causa "Mímica").	Sobre tales bases y entrando al tratamiento de la cuestión que se somete a examen cabe determinar si la prueba producida reviste la suficiencia necesaria para acreditar los presupuestos delineados en los párrafos que anteceden.	4º) Que en ese orden de ideas, coincidimos con las afirmaciones del voto que abre el presente acuerdo en cuanto señalan lo que sigue, con más los agregados que se formulan.	5º) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que si bien el pago de impuestos es un elemento revelador del "animus domini" del usucapiente, no consiste en un acto posesorio, ya que no se trata de un acto material sino jurídico; de allí que no constituya un acto que demuestre por sí solo que quien lo hizo es poseedor del inmueble a que esos gravámenes se refieren. Además, para que el pago de los impuestos adquiera fuerza probatoria considerable, se requiere la oportunidad de la erogación, la periodicidad regular, mientras que los pagos simultáneos de muchos períodos y la intermitencia larga y esporádica entre ellos hace perder entidad a la prueba si no están corroborados por otras evidencias (cfr. citada causa "Mímica").	En particular, el canon de riego constituye una contribución económica que se determina en función del uso que se confiere del agua y se abona con independencia de la explotación o aprovechamiento que se haga del dominio sobre el cual se otorga el derecho. Por lo tanto, un simple tenedor también puede pagarlo y ello, por sí sólo, no lo convierte en poseedor.	En el caso, las copias certificadas de las boletas por canon de riego no constituyen elementos de convicción eficaces. Ello es así, porque al referirse al Catastro Nº 5231 del cual procedieron no sólo los que se pretenden prescribir sino también alrededor de otros 155 (v. fs. 273/275 vta.), entre los que se incluyen los donados a favor del accionante mediante las escrituras públicas Nos. 116 y 13 (v. fs. 34/47), no es posible establecer una relación directa y exclusiva entre aquéllas y los predios concretos en disputa. Asimismo, el análisis secuencial de tales boletas y de los sellos de recepción estampados en ellas permite inferir la irregularidad de tales erogaciones realizadas por tal concepto durante el tiempo necesario para prescribir, ya que de las copias agregadas a fs. 12, 13, 14, 17, 18 y parte de la corriente a fs. 19, no surge con grado de certeza que tales boletas hubieran sido efectivamente abonadas.	7º) Que en lo atinente al impuesto inmobiliario de cuyo pago por el período 01/2001 a 05/2012 da cuenta la Municipalidad de la Ciudad de Salta a fs. 156, tampoco es de utilidad para demostrar el controvertido "animus" del accionante, pues no obrando en autos las constancias de dichos pagos, no es posible determinar con qué periodicidad se realizaron y, menos aún, quién los hizo; datos no menores si se advierte que el propio actor en su demanda alegó, expresamente, que abonó "el impuesto inmobiliario urbano de los inmuebles colindantes, no así de los Catastros Nos. 45.949/45.952 por su imposibilidad" (v. fs. 60 vta., 2º párrafo).	8º) Que en cuanto a las imágenes satelitales y el informe pericial de fs. 164/206, la alzada soslayó tener en cuenta, por un lado, que ninguna de las impresiones digitales a las que alude el perito en su informe corresponden a la Matrícula Nº 45.949 y, por el otro, que tales imágenes sólo dan cuenta del tratamiento y manejo conjunto de las Matrículas 45.952 -a prescribir- y 45.937, mas no la posesión directa y con ánimo de dueño del accionante.__	9º) Que el informe pericial producido en autos tampoco arroja certeza y precisión sobre el tiempo en el que fueron realizadas las obras que allí se detallan, ni permite atribuir su realización al actor, por lo que resulta insuficiente para dar sustento a los requisitos necesarios para que la acción intentada pueda prosperar.	10) Que en lo que atañe a la constatación realizada en el año 2012 por el oficial de justicia (v. fs. 136), luce irrazonable la conclusión que el tribunal de apelación deduce de ella, pues si bien describe las condiciones en que se encontraban los inmuebles comprobando la existencia de actos ocupacionales a esa fecha, tal medida de prueba carece de aptitud para ampliar sus verificaciones a un tiempo más o menos remoto; consecuentemente no aporta mayores datos a los fines del cómputo del tiempo legalmente exigido para usucapir.	11) Que respecto a las manifestaciones del ingeniero Humberto Raúl Chalup vertidas en sede administrativa y ratificadas en la testimonial rendida en autos, sólo hemos de reparar en dos aspectos._	Por un lado, las conclusiones de la alzada por las que tiene por desvirtuada la fuerza de convicción de esa prueba reposa en yerro al tener por acreditado que con anterioridad al informe del ingeniero de referencia el actor ya tenía iniciado y en trámite el plano de mensura de los inmuebles a prescribir, toda vez que además de no gozar de fecha cierta el mes de noviembre del año 2006 que se consigna en el margen superior de los planos presentados, surge del Expte. administrativo Nº 18-24330/2009-0 agregado al Expte. Nº 0308-70/2008-0, que el Ing. Galarza solicitó la aprobación del plano de mensura para prescripción adquisitiva el 11/12/2009, es decir, con posterioridad al mentado informe.	Por el otro, a raíz de tal pedido y de lo expresado por el topógrafo Chalup en el referido informe -del 05/12/08-, el Jefe del Programa Técnico del FADMI, Ing. Héctor Gustavo Rodríguez, aconsejó el visado del citado plano aclarando que dicho acto administrativo se realiza con observaciones, lo que bajo tales condiciones la administración realizó, sin que conste en autos que ello hubiera sido objeto de cuestionamiento alguno por parte del interesado (v. copias certificadas de fs. 87, 90, 97 y 104 del Expte. Nº 18-24330/2009-0 y plano de mensura para prescripción adquisitiva y unificación reservados).	12) Que la reseña efectuada comprueba que si bien quedó inconcuso el hecho de la ocupación de los predios que el actor intenta usucapir, la falta de prueba inequívoca acerca de la argumentada posesión "animus domini" por el término de ley, no lleva más que a inferir su condición de simple tenedor. En efecto, el actor no ha logrado acreditar, de la manera insospechable que le era exigible (CSJN, Fallos, 284:206), la posesión cuyo reconocimiento es pretendida. La prueba al respecto ha sido deficiente.	En tales condiciones, la decisión adoptada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, por lo que al afectar en forma directa e inmediata las garantías constitucionales invocadas, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado y, en tal virtud, revocar la sentencia de fs. 374/377 vta. en cuanto hace lugar al recurso de apelación de fs. 324 y revoca la sentencia de fs. 319/322 vta., con costas.	13) Que es atribución de esta Corte no adoptar el camino del reenvío y sí decidir sobre el fondo del asunto cuando, como en este caso, así lo aconsejan razones de economía, celeridad y certeza, atendiendo a la naturaleza de la cuestión suscitada y al tiempo transcurrido (cfr. Sagüés, "Recurso Extraordinario", Ed. 1992, Tomo 2, págs. 560/561 y citas de la CSJN; esta Corte, Tomo 98:355; 116:699, entre otros).	Sobre tales bases y dado que la prueba testimonial quedaría como único elemento de convicción a ponderar, cabe señalar, liminarmente, que por sí sola no es eficiente para que pueda acogerse la demanda en razón de lo dispuesto por el art. 24 inc. c) de la Ley 14159, con lo que a la luz del análisis hasta aquí efectuado, pierde virtualidad su consideración "in extenso". Sin perjuicio de ello, es dable advertir la falta de coincidencia y precisión que surgen de la lectura de los testimonios rendidos en autos, en lo que atañe al tiempo de la posesión, a los actos posesorios y al carácter en el que el actor se relacionaba con los inmuebles involucrados. Incluso, se desprende del relato de quienes comparecieron a fs. 158/162, referencias a construcciones que estarían asentadas en el terreno de titularidad del actor, Matrícula 45.937, lo que puede concluirse confrontando el informe pericial practicado a fs. 164/207 y la constatación de fs. 135/136.	14) Que en consecuencia, al hallarse suficientemente debatida la cuestión y a fin de evitar mayor dilación de la causa, corresponde que en el "sub judice" este Tribunal ejerza su competencia positiva y emita pronunciamiento rechazando el recurso de apelación del actor deducido a fs. 324 y en su mérito, confirme la sentencia de fs. 319/322 vta. Con costas.	Por lo que resulta de la votación que antecede,	_______________________LA CORTE DE JUSTICIA,	____________________________RESUELVE:	I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 379/388 y en su mérito revocar la sentencia de fs. 374/377 vta. Con costas.	II. RECHAZAR el recurso de apelación deducido por el actor a fs. 324 y, en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 319/322 vta. Con costas.	III. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Abel Cornejo, Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).