Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-04-03


Córdoba, abril 3 de 2009.

1º ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación al artículo 19 bis, inc. 4 de la Ley 8802? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Los doctores Aída Lucía Teresa Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli, Domingo Juan Sesín, Armando Segundo Andruet (h.), M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel y Pilar Suárez Abalos de López, en forma conjunta, dijeron:

I.- A fs. 255/264 los representantes legales de la parte demandada -Provincia de Córdoba- interponen recurso de inconstitucionalidad fundado en el art. 391 inc. 1 del C.P.C. y C., en contra de la Sentencia Número Ciento trece dictada por la Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial con fecha cinco de octubre de dos mil siete (fs. 346/354 vta.).

La impugnación planteada fue debidamente sustanciada ante el Inferior, al haberse corrido traslado a la parte actora (cfr. proveído de fs. 265) como así también al Señor Fiscal de Cámara (cfr. proveído de fs. 271) quienes evacuan el mismo a fs. 269/270 y 272/276, respectivamente.

Mediante Auto Número Quinientos cuarenta y dos, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, la Cámara a-quo dispuso la concesión del recurso interpuesto (fs. 279/280 vta.).

Radicadas las actuaciones ante esta sede (cfr. fs. 286/287) se corre traslado al Señor Fiscal General de la Provincia (fs. 288) quien lo evacua a fs. 289/294 vta., pronunciándose en sentido desfavorable al recurso por resultar la norma en cuestión inconstitucional.

Dictado el decreto de autos (fs. 295) y firme el mismo (fs. 295 y 296) queda la causa en estado de ser resuelta.

II.a.- La parte demandada deduce recurso de inconstitucionalidad por la causal prevista en el inc. 1º del art. 391 del C.P.C. y C., el cual admite el siguiente compendio.

Sostiene que es verdad, como afirma la Cámara a-quo, que la cláusula legal considera un antecedente negativo el sobreseimiento y ello es evidentemente una mancha disvaliosa en su currícula, y es justamente por ello que no se lo admite para concursar y esta conducta es legal por estar comprendida en la ley aplicable, la cual ha sido dictada por el Poder Legislativo en atribución de sus facultades.

Dicho órgano, luego de un extenso debate, ha concluido en que el acceso a la magistratura requiere de condiciones superiores a la media para el ejercicio de cualquier otra profesión, lo cual resulta de una lógica elemental.

Considera que la afirmación de la Cámara en el sentido de que "... se le impide precisamente ejercer derechos que hacen a la actividad profesional de aquél, como es concursar un cargo para magistrado, lesionando su derecho a trabajar y ejercer industria lícita...", no encuentra sustento legal, pues al actor no se le impide trabajar, ni ejercer cualquier industria lícita; lo que se le impide por mandato de la ley es ser admitido en un concurso para magistrado por el hecho de presentar antecedentes que el Poder Legislativo considera disvaliosos para ser aceptado como magistrado.

Esgrime que la Cámara a-quo ha fallado "extrapetita" pues en el fallo realiza consideraciones que ni siquiera han sido propuestas por las partes y en anticipos de opinión que no se condicen con un fallo objetivo y limitado por el principio de congruencia. Los razonamientos brindados por la Cámara otorgan fundamento a un acto que la misma considera reparatorio ante todas las injusticias sufridas por el actor y que el mismo no ha invocado, dejando de lado el elemental principio de bilateralidad y de congruencia, afectando el debido proceso.

Insiste en que el Tribunal no puede utilizar argumentos extrínsecos para fundar un acto que considera de justicia, menos aún otorgando un verdadero alegato en defensa de la magistratura, de la que el actor formó parte en algún momento, no pudiendo erigirse dicha postura en un argumento dirimente para la declaración de inconstitucionalidad de una ley.

Adita que el Inferior equipara un requisito legal para aspirar a magistrado a una condena, argumento que resulta absolutamente forzado, dice, ya que es muy distinto una ley, que reglamentando un artículo constitucional (157) establezca requisitos y condiciones de idoneidad para ser aspirante a magistrado y que el mismo no se encuentre en condiciones de cumplimentar. Sin embargo, añade, en el caso, a simple vista puede observarse que el actor goza de todos sus derechos constitucionales, por cuanto el único impedimento que encuentra es para presentarse a un concurso para magistrado de la Provincia y ello no vulnera derecho constitucional alguno.

Postula que el sobreseimiento por prescripción no ha sido desconocido, sino que el mismo por haber sido considerado causal de exclusión para el aspirante, ha tenido un peso determinante en la resolución administrativa denegatoria al accionante.

Resalta que el requisito de admisibilidad para concursar, establecido en el art. 19 bis, inc. 4 de la Ley 8802 y modificatorias, constituye un criterio de selección fijado por el legislador y que delimita claramente cuáles deben ser las condiciones de los aspirantes a magistrado; es cierto que no cualquier ciudadano puede cumplirlas, pero no por ello está habilitado para deducir una acción de amparo, ni para descalificar constitucionalmente la ley que así lo establece.

Sostiene que el impedimento para concursar no significa que se ha encontrado culpable al actor, ni se lo ha condenado dos veces, sino que simplemente se trata de que el amparista no cumple con un requisito legal para presentarse al concurso y éste no es inconstitucional. Se erige sí, en un presupuesto de extrema rigurosidad, pero justificada por la exigencia misma del cargo al que se aspira. Por ello, reafirma el concepto de que la condición prevista en el art. 19 bis, inc. 4 de la Ley 8802 constituye un requisito de admisibilidad y no una sanción.

Subraya que los fundamentos en que basa el a-quo su sentencia no son tales, sino verdaderos sofismas utilizados para otorgar una supuesta fundamentación al decisorio de la que carece. En este sentido, resalta que la declaración de inconstitucionalidad constituye la "ultima ratio" del orden jurídico y su utilización debe realizarse con extrema cautela dado que están en juego intereses que afectan el bien común y que en el caso que nos ocupa, se refiere a las condiciones que debe satisfacer una persona que se presenta a concursar un cargo de magistrado.

Añade que la sentencia del Inferior reviste gravedad institucional, por los efectos nocivos que intrínsecamente conlleva para con el objetivo buscado por la normativa en cuestión, que no es otro que la selección de personas intachables en su conducta para ser designados magistrados, pues la sociedad espera que los cargos más importantes, ni más ni menos que los que disponen sobre los bienes, libertades y situaciones familiares de los ciudadanos, sean ocupados por personas inobjetables desde todo punto de vista.

Pone de manifiesto que conforme lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, en el sistema constitucional argentino no hay derechos absolutos y todos están subordinados a las leyes que reglamenten su ejercicio y ese ha sido el criterio seguido por el legislador al elaborar la normativa de selección de magistrados.

En definitiva, pide se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad, se revoque el fallo dictado por el Inferior y se declare la constitucionalidad del art. 19 bis, inc. 4 de la Ley 8802 y sus modificatorias, rechazando la acción de amparo, con costas en cada instancia.

III.- La instancia extraordinaria local ha sido deducida en tiempo oportuno, en contra de un decisorio que ostenta el carácter de sentencia definitiva (cfr. "Cataldi...", A. 191/97) y por quien se encuentra procesalmente legitimado a tal efecto (arts. 384 y 385 C.P.C. y C.).

Por ello, corresponde analizar si la vía impugnativa intentada satisface las demás exigencias legales atinentes a su procedencia formal y sustancial.

En ese sentido, es menester precisar que de conformidad a lo dispuesto por el art. 392 en concordancia con los arts. 384 y 391 del C.P.C. y C. el recurso de inconstitucionalidad es susceptible de ser interpuesto contra las sentencias definitivas o autos que pongan fin al proceso, hagan imposible su continuación o causen un gravamen irreparable, dictados por la Cámara, cuando se cuestione la constitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o resolución que estatuyan sobre materia regida por la Constitución de la Provincia, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones del impugnante.

En el sub examen, las objeciones esgrimidas por la parte recurrente al decisorio del Tribunal a-quo procuran revertir la conclusión esencial arribada por el mismo, en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 19 bis, inc. 4 de la Ley 8802 por ser violatorio del "principio o estado de inocencia" y del principio "non bis in ídem" consagrados en el art. 39 de la Constitución Provincial y 18 de la Constitución Nacional, en cuanto el Consejo de la Magistratura resolvió en base a dicha normativa, la "inadmisibilidad" del amparista para postularse como aspirante al cargo de Juez de Familia. Consecuentemente, dispuso dejar sin efecto los Acuerdos 5/2007 y 6/2007 emanados del Consejo de la Magistratura y condenó a la demandada a no inadmitir al actor como aspirante al cargo de Juez de Familia en el marco del concurso convocado por dicho organismo.

IV. La naturaleza de la cuestión a dilucidar torna atinado efectuar un compendio de los antecedentes relevantes obrantes en la causa a los fines de resolver la materia objeto del recurso venido ante esta instancia.

1. El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba mediante Acuerdo Número Cinco de fecha veintiséis de febrero de dos mil seis (fs. 17 y vta.) resolvió "Declarar Inadmisible la postulación del Dr. V. C. M. para el concurso de Juez de Familia...", con fundamento en lo dispuesto por el art. 19 bis, inc. 4 de la Ley 8802, por cuanto el peticionante de la inscripción fue destituido de su cargo de Magistrado, conforme a los mecanismos constitucionales previstos, no habiendo sido sobreseído por alguna de las causas autorizadas expresamente como excepción por el artículo citado.

Luego, el órgano encargado de asistir al Poder Ejecutivo en la selección de magistrados y funcionarios inferiores del Poder Judicial, al rechazar el recurso de reconsideración interpuesto mediante Acuerdo Número Seis de fecha dieciséis de marzo de dos mil seis, especifica que el Dr. M. luego de destituido y sometido a procesos, en uno de ellos fue "sobreseído por prescripción", supuesto que no encuadra en las excepciones a la regla de inadmisibilidad establecidas en el párrafo sexto de la norma antes citada, en la medida que tales previsiones permiten la admisión de funcionarios destituidos siempre que -por sentencia firme- se los hubiera absuelto o se hubiera declarado su sobreseimiento con fundamento "exclusivamente en que el hecho investigado no se cometió, o no lo fue por el imputado o porque el hecho no encuadró en figura penal".

2. Interpuesta acción de amparo por el peticionante con el fin de que se declare la invalidez por inconstitucionales e ilegítimos de los Acuerdos antes referidos y la inconstitucionalidad del art. 19 bis, inc. 4 de la Ley 9305 por ser básicamente arbitrarios e irrazonables y contrarios a los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional el Tribunal de primera instancia rechazó la pretensión.

3. Interpuesto recurso de apelación por la parte actora, la Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar a la impugnación deducida, declaró la inconstitucionalidad del art. 19 bis, inc. 4 de la Ley 8802 y ordenó al Consejo de la Magistratura "no inadmitir" al actor como aspirante en el concurso convocado para el cargo de Juez de Familia de esta capital.

El decisorio del Tribunal a-quo se cimienta en los siguientes razonamientos:

a.- Sin sentencia condenatoria firme el actor goza de los beneficios del estado de inocencia, por lo que se lo presume inocente de todos los cargos que se le imputaban (arts. 17 y 18 C.N. y 39 C.P.). Si la causa penal instaurada en su contra prescribió -cualquiera haya sido la etapa en que ello ocurrió- se presume que la actividad investigativa y punitiva del Estado no ha sido eficaz para sancionar la supuesta comisión del delito endilgado al accionante.

b.- La normativa cuestionada considera aquel antecedente como una mácula, una mancha disvaliosa en la honorabilidad del mismo, estableciendo una especie de efecto colateral, con efecto infamante hacia el actor que lo invalida a postularse para el cargo que se pretende concursar por la sola circunstancia que el sobreseimiento en sede penal fue por prescripción.

c.- No resulta razonable que el mismo Estado, ahora a través del dictado de una ley, impida concursar a quién no ha sido encontrado culpable, pues ello implica desconocer la presunción o estado de inocencia.

d.- Se cometería una triple y flagrante injusticia: primero, por destituir a un magistrado de un cargo que legítimamente desempeñaba sin que haya sido declarado culpable del delito que se le imputaba. Segundo, porque una vez sobreseído por la Justicia del Crimen, no sólo que no se lo reincorpora a su cargo, como hubiera correspondido, aunque sea considerada la cuestión "de lege ferendae" (toda vez que se mantiene intacta la presunción de inocencia) sino que por el contrario, no se lo presume inocente y -en cierta manera- se lo juzga nuevamente en violación del principio "non bis in ídem" al impedírsele concursar para un cargo en la justicia, en violación de toda la normativa de superior jerarquía. Tercero, porque el juez de primer grado no obstante lo dispuesto por el art. 349 del C.P.P., se introduce en el análisis de la sentencia que ha extinguido el proceso penal y sobreseído al imputado por prescripción de la acción penal, para concluir que el delito existió y que en consecuencia, ese hecho atrapado por el Derecho Público Provincial, justifica la manda de inadmisibilidad del art. 19 bis, inc. 4 de la Ley 8802.

e.- La sentencia del Inferior desconoce que el sobreseimiento, aún por prescripción, cierra definitivamente la persecución penal, por lo que la Justicia Civil no podía "revivir" aquellos hechos de la causa penal prescripta. Si bien el principio "non bis in ídem" rige en el ámbito de la política criminal del Estado, las otras ramas del Derecho también tienen un régimen de prescripción que otorga seguridad y certeza a las relaciones jurídicas. Por lo tanto, no se violaría tal principio si se sancionara al imputado sobreseído por prescripción de la acción penal en una causa disciplinaria administrativa, porque los órdenes normativos ofendidos son diversos.

f.- Sin embargo, la atribución de responsabilidad con asiento en principios propios de una determinada disciplina jurídica, debe estar precedida por un proceso enmarcado en esa rama del derecho, en donde se acrediten los presupuestos fácticos y legales que permitan predicar una consecuencia jurídica, con plena vigencia de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, todo lo cual se ha omitido en la especie.

g.- El art. 19 bis, inc. 4 de la Ley 8.802 denomina "inadmisibilidad" lo que en realidad constituye una "inhabilitación" para acceder a la Magistratura, atento su carácter definitivo y perpetuo, por lo que se está frente a una verdadera sanción que tiene todas las características de una pena.

h.- La norma cuestionada contradice la manda contenida en el art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que consagra el derecho de igualdad en el acceso a la función pública, al establecer que la ley puede reglamentar el ejercicio de este derecho, basado exclusivamente en razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal, por lo que respeta el principio o estado de inocencia, al exigir la existencia de condena penal por parte de juez competente.

i.- El art. 86 de la Constitución Provincial, al legislar respecto a las inhabilidades de los legisladores, establece un parámetro distinto sobre la base del principio de inocencia y la jurisdicción penal, advirtiendo que la desigualdad e irrazonabilidad de la norma cuestionada con relación a aquélla, es evidente, pues mientras conforme al inc. 1º de aquel artículo una persona que ha sido condenada por un delito, si ha cumplido la pena puede ser legislador, ello es diferente de lo que sucede con relación al amparista, a quien en momentos en que ostentaba legítimamente un cargo en el Poder Judicial se lo destituyó por la causal de supuesta comisión de delitos -art. 154 Const. Prov.- y habiendo prescripto la causa penal por el transcurso del tiempo, ni siquiera se le permite postularse a ocupar un cargo en el Poder Judicial, inhabilitándolo de por vida, en virtud de la norma estigmatizada de inconstitucionalidad.

j.- La organización de la República y uno de sus ejes fundamentales como es la división de poderes, es resorte del Poder Constituyente, por lo que a fin de garantizar la independencia de poderes es imperativo que las inhabilidades y/o incompatibilidades para acceder a cada una de las esferas de poder sean impuestas originariamente por el Poder Constituyente, ajeno a la estructura tripartita, con el fin de evitar injerencias inútiles y peligrosas al esquema republicano trazado.

k.- Conforme al principio de que la soberanía reside en el Pueblo, éste es el que ha puesto en manos del Poder Constituyente la diagramación del organigrama de los tres poderes, por lo que sus funciones, sus formas de elección/designación, incompatibilidades e inhabilidades, han quedado sustraídas del Poder Legislativo, en procura de la independencia de Poderes.

V.- Previo a adentrarnos en el examen de la cuestión constitucional sometida a consideración de este Tribunal Superior, corresponde destacar que como es sabido el recurso de inconstitucionalidad tiene como objeto la alegación de un vicio in iudicando, por lo cual cuando se trata del recurso de quien pretende defender la regularidad constitucional de una disposición se debe procurar demostrar que el Tribunal de Apelaciones la ha desechado erradamente.

El impugnante ha sorteado esta carga procesal pero como ha argüido que el a-quo ha fallado extra petita introduciendo argumentos fundantes de la irregularidad constitucional diferentes a los invocados por el apelante, cabe desechar este argumento en tanto se trata de una cuestión propia del principio iura novit curia.

Del mismo modo, cabe señalar que este Tribunal entiende que en la medida que se atenga a los hechos de la causa y a los límites propios de cualquier recurso, tratándose de una cuestión de derecho y de la mayor importancia por fincar en una cuestión constitucional para la cual ejerce la función nomofilática a través de la intervención en pleno, es posible que pueda ceñir la argumentación al contenido que se entiende como central.

Por ello es que se aludirá muy brevemente al caso concreto, la individualización de la disposición legal defendida en su regularidad constitucional por el impugnante; después se abordará el significado de la destitución por supuesta comisión de delitos y el sobreseimiento o absolución por prescripción y luego se realizará el contralor constitucional de la norma.

VI.1.- El caso concreto El amparista se desempeñaba como Vocal de Cámara del Fuero de Familia y se solicitó su destitución por supuesta comisión de delitos cometidos antes de su desempeño. El Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó por esa causal y en el proceso penal fue absuelto por prescripción.

2. La disposición defendida en su regularidad constitucional.

Entre las condiciones de inadmisibilidad para ser aspirante a un concurso ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, se contempla en lo que aquí específicamente interesa que no podrá ser admitido quien haya sido "destituido, cesanteado por mal desempeño o exonerado -conforme a los mecanismos constitucionales y/o legales- en cargos de cualquier nivel correspondientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sean del orden nacional o provincial o a nivel municipal", salvo que "la denuncia, acusación o causa de destitución, cesantía o exoneración hayan tenido, como única hipótesis de imputación, la supuesta comisión de delitos y la justicia -por sentencia firme- hubiera declarado la absolución del imputado o su sobreseimiento, fundado -exclusivamente- en que el hecho investigado no se cometió, o no lo fue por el imputado o porque el hecho no encuadró en una figura penal" (art. 19 bis, 4º y último párrafo, ley nº 8802 y sus modificatorias).

3. La causal de destitución por supuesta comisión de delitos.

Como lo sostuviera este Tribunal en pleno, en oportunidad que el ahora amparista recurriera en queja la destitución del Jurado de Enjuiciamiento por supuesta comisión de delito, esta específica causal no es una pena o sanción.

Es que a diferencia de las demás causales de destitución que en definitiva son modalidades especiales del mal desempeño en la función (vgr. negligencia grave, morosidad, inhabilidad física o psíquica) y en las que la destitución tiene un significado sancionatorio, la destitución por supuesta comisión de delito no es una sanción sino que se trata de "la condición indispensable para que el magistrado pueda ser sometido a la jurisdicción", en tanto cuenta con una inmunidad procesal en el modo como ella ha sido prevista y recién podrá ser enjuiciado y en su caso penado por un delito "luego de removido del cargo por el órgano competente según la Constitución Provincial (arts. 154 y 159)" (TSJ, AI nº 156, 6/12/1996).

Tal como se encuentra contemplada en la Constitución de la Provincia y entonces estaba reglada en el procedimiento penal, éste no podía avanzar en contra de un magistrado luego que el Fiscal de Instrucción requiriese la investigación judicial porque implicaba una persecución penal que sólo era posible legalmente luego de la destitución pues antes por expresa regla constitucional "el Poder Judicial carece de competencia para el conocimiento y decisión de las causas que se susciten en su contra (art. 160 C. Pcial.)".

De tal modo si la propia Constitución le ha restado todo significado punitivo, en tanto su sentido es otro consistente en derribar la inmunidad de proceso para que el Juez quede en igual condición jurídica que cualquier ciudadano, obviamente las leyes inferiores deben encontrarse en armonía con aquélla y, por tanto, si le otorgan un sentido contradictorio y punitivo podrán ser cuestionadas en su regularidad constitucional.

4. La prescripción como causa de sobreseimiento o absolución.

La prescripción, como es sabido, constituye un impedimento para continuar ejerciendo los poderes de acción y de jurisdicción en procura de un pronunciamiento sobre el fondo.

Cuando es la prescripción la que fundamenta la sentencia de sobreseimiento o absolución, ha sostenido reiteradamente este Tribunal Superior a través de la Sala Penal, que en lo que a la responsabilidad penal concierne, no corresponde distinguir entre las distintas clases de sobreseimiento o absolución estableciendo entre ellas una categorización de primer y segundo orden "pues todas tienen el mismo valor y acarrean la misma consecuencia, esto es, cerrar definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta" (TSJ, Sala Penal, "M. Alberto", s. nº 116, 8-6-2007). Por ello es que si la prescripción cancela la posibilidad de continuar investigando o juzgando, esta causal de desvinculación "en modo alguno afecta el derecho al buen nombre y honor de toda persona, ni acarrea un menoscabo a su dignidad" (TSJ, Sala Penal, "Moreno Gladys", s. nº 20/3/2007).

A su vez, la sentencia de sobreseimiento o absolución, en la medida que no imponga consecuencias tales como medidas de seguridad, condenas civiles, costas, desde que se trata de una resolución que beneficia, no puede ser recurrida por el imputado (CPP, 472). Y si la causal es la prescripción, la defensa del imputado no puede centrar un agravio en que correspondía que el sobreseimiento o absolución se dictara por otra causal (vgr. inexistencia del hecho, participación, atipicidad, etc.), por cuanto como la Sala Penal ha sostenido en reiterada jurisprudencia, atento a la naturaleza sustancial de las distintas causales de sobreseimiento, las causales extintivas de la acción -como lo es la prescripción- deben ser de previa consideración (T.S.J., Sala Penal, A. nº 26, 19/2/99, "Rivarola"; A. nº 201, 20/6/02, "Pérez"; S. nº 105, 11/9/06, "González" -entre otros-).

Asimismo, en cuanto a las diferencias entre la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa, este Tribunal Superior a través de su Sala Contencioso-Administrativa, ha sostenido en pacífica jurisprudencia que una y otra "sancionan antijuridicidades que se refieren a bienes jurídicos de contenido distinto" (TSJ, Sala Contencioso Administrativa, "Temporini, Rubén Edgardo", S. nº 56, 30/5/2002), por lo cual "pese al paralelismo que eventualmente pueda plantearse en el procedimiento llevado a cabo en una y otra de dichas jurisdicciones, las resoluciones definitivas a las que se arribe, no necesariamente resultan interdependientes".

Por ello es que "la absolución judicial, la prescripción del delito o el perdón del particular damnificado, no eximen la aplicación de la sanción disciplinaria, salvo el supuesto excepcional descripto claramente por el Consejo de Estado Francés, comentado por Claude Durand (Les rapports entre les jurisdictions administrative et judiciaire, París, 1956, p. 286 y ss.) en el sentido de que "no puede la Administración en ejercicio de su potestad disciplinaria imponer una sanción basada en la existencia de unos hechos que la sentencia penal consideró inexistentes", descartó la participación o bien consideró que concurría una causa de justificación que eliminaba la antijuridicidad para todo el orden jurídico (TSJ, Sala Contencioso-Administrativa, "Rabinsky c. Provincia de Córdoba", s. nº 120, 24/11/1998).

Desde luego que esta directriz jurisprudencial supone la existencia de un hecho que genera responsabilidad tanto en el ámbito penal como en el disciplinario, única situación en la que propiamente puede plantearse cuáles son los efectos que irradia hacia la órbita disciplinaria, la absolución o sobreseimiento por prescripción.

5. El contralor de constitucionalidad de la disposición legal Los contenidos hasta aquí desarrollados en relación a la singularidad de la causal de destitución por supuesta comisión de delitos, la irrelevancia de las diferencias entre la prescripción con las otras causales de sentencias de sobreseimiento o absolución para la responsabilidad penal y la trascendencia de ellas cuando existe responsabilidad administrativa permitirá simplificar la respuesta en relación a la regularidad de la disposición legal que inadmite postular ante el Consejo de la Magistratura a quien fue destituido por aquélla causal atribuyéndosele hechos anteriores a la función y luego desvinculado por prescripción.

Es que deviene objetable constitucionalmente por el principio de supremacía que rige tanto en el ámbito de las cartas constitucionales de la Nación y Provincia (C.N., 31, C. Pcial., 161), que en lugar de tener esa primacía las normas constitucionales la tenga una disposición legal inferior que la contraríe. Esta pugna deberá siempre ser resuelta a favor de la irregularidad constitucional de la disposición de menor rango normativo.

Las reglas constitucionales provinciales son coincidentes en diferenciar para la destitución de magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial diferentes causales, entre las cuales la supuesta comisión de delitos se vincula con la inmunidad y consiguiente imposibilidad jurídica para ser sometido plenamente a la justicia penal mientras mantenga su cargo. Por ello es que la remoción no tiene otra consecuencia que posibilitar la actuación de la justicia penal pues hasta tanto el magistrado o funcionario no sea destituido, según la letra expresa de una regla constitucional, el Poder Judicial sólo interviene decidiendo en las causas que "se susciten contra empleados o funcionarios que no estén sujetos al juicio político ni enjuiciamiento ante el Jurado" (C. Pcial., 160). Ergo, si se trata de magistrados o funcionarios sujetos a estos procedimientos constitucionales, la intervención plena de la Justicia Penal es posible sólo posteriormente a la destitución.

De allí que si para la propia Constitución esta causal de destitución carece de carácter sancionatorio, una ley que se lo asigne no supera el control de constitucionalidad porque otra conclusión invertiría el principio de supremacía. Y se dice que la disposición en análisis tiene un carácter sancionatorio porque en definitiva al inadmitir la postulación de quien ha sido destituido por supuesta comisión de delito cuando haya sido sobreseído o absuelto por prescripción significa que le ha asignado a tal destitución un demérito impeditivo con proyección temporal incancelable. Y este demérito luce prístino en cuanto se repara en que conforme al contenido de la disposición defendida por el impugnante, se analoga en cuanto a los efectos impeditivos al postulante que fue destituido por otras causales de claro significado sancionatorio con quien lo fue por la causal de supuesta comisión de un delito a pesar de la sentencia de sobreseimiento o absolución por prescripción. Ergo, si se los analoga es porque a esta destitución y a esta forma de sobreseimiento se le ha asignado un carácter sancionatorio.

Se ha visto que las diferencias entre las causales de las sentencias de sobreseimiento o absolución para la responsabilidad penal carecen de trascendencia y que incluso se ha remarcado jurisprudencialmente que la desvinculación por prescripción no implica un demérito al "buen nombre y honor" del imputado, ni convierte a estas decisiones en pronunciamientos de segundo orden. Asimismo, se ha examinado que conforme a la jurisprudencia la causal de sobreseimiento o absolución interesa para la responsabilidad administrativa, en tanto no expande hacia esta órbita sus consecuencias eximentes cuando se basa en la prescripción. Pero es de toda evidencia que esto es posible sólo cuando el mismo hecho es capaz de generar responsabilidad en ambos órdenes. Y en el caso concreto los hechos que motivaron el enjuiciamiento penal del amparista fueron anteriores al desempeño de la magistratura, por lo cual de ningún modo alguno hubieran podido generar consecuencias administrativas.

Entonces es claro que la disposición cuya regularidad constitucional aquí se examina ha trazado diferencias inadmisibles jurídicamente entre las causales de sobreseimiento o absolución por supuesta comisión de delitos, asignándole a la prescripción un minus inatendible que contraría la igualdad abiertamente y decanta en una consecuencia irrazonable consistente en la equivalencia del sobreseimiento o absolución por prescripción con una condena.

En coincidencia con destacada doctrina comparada, el principio de igualdad "... no implica que en todos los casos se otorgue un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. Toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación, siempre que la diferencia de tratamiento esté justificada legal y constitucionalmente y no sea desproporcionada con el fin que se persiga. En definitiva, la protección del derecho de igualdad, del derecho constitucional a la no discriminación se apoya en dos elementos que han de ser objeto de análisis: si la diferencia de trato está dotada de una justificación objetiva y razonable, es decir si posee una justificación legal y constitucional suficiente; y si existe la debida proporcionalidad entre la distinción de trato que se efectúa y los objetivos que con ella se persiguen..." (López González, José Ignacio, "El principio general de proporcionalidad en Derecho Administrativo", Ediciones del Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla, Nro. 52, año 1988, pág. 67).

En ese mismo sentido, el principio de igualdad del art. 16 de la Constitución Nacional y del art. 23, punto 1ro., inc. "c" del Pacto de San José de Costa Rica, obsta al legislador a que establezca diferencias entre situaciones semejantes o similares, que no guarden una razonable adecuación de los medios con el fin legítimo que se procura. Así se ha pronunciado el Máximo Tribunal de la Nación al declarar que el concepto contenido en el art. 16 de la Constitución Nacional "... importa el derecho de todos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias" (C.S.J.N. Fallos 16:118; 101:401, etc.).

No es dable al legislador crear regulaciones normativas que establezcan mandatos diferentes o consecuencias jurídicas distintas, para quienes están en condiciones idénticas.

Y precisamente es lo que en este caso concreto ocurre, en cuanto la norma aquí examinada traza diferencias entre sobreseimientos y absoluciones por prescripción y otras causales, pese a que todas tienen jurídicamente idéntico significado tanto para descartar la responsabilidad penal como para la responsabilidad administrativa atendiendo a la muy relevante situación que se trata de hechos anteriores al desempeño de la magistratura impropios para generar consecuencias disciplinarias en esa órbita.

Con ello, si un Juez es destituido con la única finalidad de posibilitar que pueda ser sometido plenamente a la jurisdicción penal como cualquier ciudadano por supuestos delitos anteriores y luego es sobreseído o absuelto, es tratado por la norma de modo diferente que el ciudadano que también fue enjuiciado y obtuvo idéntica desvinculación por prescripción. Al momento de esas resoluciones el amparista había dejado de ser magistrado y aún así se lo diferencia sin que concurra ninguna razón que lo justifique como se ha podido evidenciar.

Esta desigualdad no puede sostenerse como constitucionalmente aceptable con el argumento que se requiere para los postulantes a jueces un plus de exigencias, en tanto la que aquí se examina contraría el sentido que la propia Constitución de la Provincia asigna a la inmunidad y a la destitución por supuesta comisión de delitos (principio de supremacía), ni tampoco establecer diferencias entre las causales de la resolución que desvinculó definitivamente al postulante de responsabilidad penal cuando estos distingos carecen de base legal ni se encuentran justificados por la existencia de consecuencias en otras esferas de responsabilidad.

La irrazonabilidad entre el fin pretendido (mayores exigencias por la función judicial a la que se aspira) y el medio utilizado (inadmisión de postulantes que hayan sido destituidos para ser juzgados y fueron desvinculados por prescripción), se patentiza en que pese a las apreciables diferencias jurídicas puede sin embargo postular quien haya sido condenado cuando haya vencido el plazo de caducidad de la sentencia condenatoria (CP, 51). Es que mientras las condenas solo impiden la presentación mientras no haya fenecido el plazo previsto en el Código Penal en miras al atendible fin de evitar la estigmatización perpetua de quien ya ha cumplido la pena y no ha vuelto a reincidir, la causal de inadmisibilidad examinada crea un impedimento perpetuo para una resolución diametralmente diferente ya que se insiste que no hay diferencias en orden a la responsabilidad penal entre el sobreseimiento y la absolución por prescripción que la fundada en otras causales.

Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada.

En cuanto a las costas no existiendo mérito para apartarse del principio consagrado en el art. 130 del C.P.C. y C., corresponde imponerlas a la demanda vencida. Así votamos.

El doctor Carlos Francisco García Allocco dijo:

1. El recurso de casación Comparto la reseña realizada por los vocales preopinantes y la ponderación acerca de que el recurso de casación reúne las condiciones de admisibilidad subjetivas y objetivas previstas (arts. 384 y 385 del C.P.C. y C. por remisión del art. 17 de la Ley Nº 4915).

Sin embargo, estimo que, en pos de verificar si se dan los demás requisitos necesarios para su procedencia deben tenerse en cuenta ciertas circunstancias relevantes que rodean al caso que aún a riesgo de redundar voy a remarcar.

2. Los antecedentes de la causa La sentencia de primera instancia La Sentencia Número Ciento noventa y nueve de fecha catorce de junio de dos mil siete emanada del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de esta ciudad de Córdoba rechazó el planteo de inconstitucionalidad deducido por el Dr. V. C. M. respecto del art. 19 bis inc. 4 de la Ley 8802 (reforma Ley 9305) y, por ende, su pretensión de amparo constitucional en cuanto perseguía su inclusión como aspirante al cargo de Juez de Familia en el Concurso convocado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba (fs. 257/282).

Sus fundamentos admiten la siguiente síntesis:

1) La cuestión se enmarca en la concurrencia de dos esferas del derecho público y, por ende, son dos las políticas del Estado involucradas: la criminal y la de acceso a la función pública.

2) Las distintas áreas específicas de la ciencia jurídica ponen en juego valoraciones distintas y, por ello, tienen principios absolutamente diferentes.

3) El principio de inocencia sólo consiste en una situación jurídica de no culpabilidad que el orden jurídico estatuye a favor de un imputado de un delito y en relación a ese delito, hasta que se pruebe lo contrario, pero no es un tamiz por el que deban pasar todas las instituciones jurídicas extra criminales.

4) La prescripción en otras áreas del derecho importa la pérdida de la pretensión, aquí de la potestad represiva del Estado. Ello no autoriza a que el dato del sobreseimiento por prescripción se soslaye en otras áreas del derecho como persigue el amparista. Aún desde el principio "non bis in ídem" que rige en materia penal se admite la segunda o posterior persecución basada en el mismo hecho cuando contiene una pretensión de naturaleza jurídica no penal. Ello se patentiza en el instituto de la prejudicialidad penal donde en virtud del art. 1101 y ccs. del Código Civil recaído el pronunciamiento penal absolutorio sobre aquel hecho que no fue delito puede ser nuevamente revisado por el juez civil para verificar si constituye o no presupuesto de imputación de consecuencias patrimoniales.

5) Por encima de la garantía individual que opera específicamente en el ámbito del derecho penal está otro precepto constitucional involucrado cual es afianzar la justicia y, en este contexto, el artículo 19 bis. Ley 8802, ref. Ley 9305, no es irrazonable.

El estándar de exigencia superior a los magistrados en modo alguno repugna las bases liberales de nuestro derecho punitivo, porque no se trata de un juicio de responsabilidad penal sino un juicio cuyo fin último es la correcta administración de justicia.

6) Las apreciaciones del legislador en la elección de la conducta frente a un magistrado destituido por supuesta comisión de un delito y que luego es sobreseído entran dentro de la oportunidad, mérito o conveniencia, donde la valoración es político discrecional.

7) Los legisladores pueden calibrar la existencia o no en los sujetos que aspiran a la judicatura de la condición de "detentar un antecedente de supuesta comisión de un hecho que fue considerado delito, sobre el que luego recayó sentencia de sobreseimiento por prescripción" como distinta de la de aquellos que "detentan un antecedente penal en el que como imputados fueron absueltos o que su sobreseimiento fue dictado porque el hecho investigado no se cometió o no lo fue por ellos como imputados, o porque no encuadra en una figura penal".

8) No es posible la interpretación analógica de este principio del derecho penal. El cardinal que preside esta rama del derecho público provincial acerca del sistema de selección y remoción está determinado por valores supremos y exigencias puntuales tendientes a afianzar la justicia en búsqueda del bien común.

9) De las constancias de la causa llevada en contra del actor y la sentencia de la Cámara del Crimen se concluye que en las tres hipótesis juzgadas, no obstante verificarse los hechos y su calificación delictiva, funcionó la manda constitucional cuando estuvo en juego la libertad del amparista.

10) Se encuentra resguardada la irretroactividad toda vez que las condiciones para participar de los concursos se actualizan en cada convocatoria.

Como corolario de tales conceptos, juzga que el art. 19 bis inc. 4 Ley 8802 reformado por la Ley Nº 9305 no resulta irrazonable y que ninguna incidencia tiene en ese análisis el principio de inocencia.

Agravios de la apelación:

Al apelar tal resolutorio la parte actora esgrime los siguientes agravios (fs. 284/291):

1) El derecho es uno solo y por tanto, si el fuero específico llevó adelante un proceso con un resultado y sus consecuencias, no puede so pretexto de que se trató de otra sede, hacer cumplir ahora consecuencias no previstas en aquella.

2) El fallo sostiene que si bien no existió cumplimiento de la pena en razón de la prescripción, nada impide que como castigo independiente se le inhiba de acceder a la magistratura.

3) El sobreseimiento existe o no existe y no tiene distintas acepciones ni consecuencias según el área o disciplina del derecho.

4) El hecho de que el sobreseimiento obedezca a distintas causales no implica que sus efectos deban ser diferentes.

5) Excediéndose en la materia objeto de su decisión la inferior vuelve a juzgar los hechos generadores de la acción penal, cuya prescripción fue dictada por el Alto Cuerpo de Justicia de la Provincia, sobreseyendo por ende, en forma definitiva.

6) Si ese sobreseimiento tuvo por efecto el agotamiento de la facultad punitiva del Estado, lo es en todos sus aspectos, no parcialmente como lo sostiene la juzgadora.

La decisión del tribunal de apelaciones.

A su turno, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación de esta ciudad, mediante Sentencia Número Ciento trece de fecha cinco de octubre de dos mil siete resuelve acoger la acción de amparo por encontrarse configuradas en autos las circunstancias previstas en los arts. 43 de la C.N. y 1 de la Ley Nº 4915 (fs. 346/354vta.).

Para así resolver desarrolla los siguientes argumentos:

1) No existiendo en el "sub examine" sentencia condenatoria firme, resulta evidente que el actor goza de los beneficios del principio, presunción o estado de inocencia, en la órbita penal.

2) Para justificar la validez constitucional de la sentencia de sobreseimiento por prescripción la sentenciante se ve obligada a interpretarla, procurando desentrañar si hubo o no juzgamiento a los fines de determinar la existencia material de los hechos ilícitos y las consecuencias que de allí pudieran derivarse, alzándose contra la autoridad de cosa juzgada del sobreseimiento.

3) La atribución de responsabilidad con asiento en principios de una determinada rama jurídica debe estar precedida por un proceso enmarcado en esa rama jurídica, en donde se acrediten los presupuestos fácticos y jurídicos que permitan predicar una consecuencia jurídica, con plena vigencia de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, todo lo cual se ha omitido en la especie.

4) El artículo 19 bis inc. 4) Ley 8802 y modificatoria nomina bajo el velo de la inadmisibilidad lo que, en rigor, constituye una "inhabilitación" para acceder a la magistratura, atento a su carácter definitivo y perpetuo. Se está así frente a una verdadera sanción.

5) La sanción siempre requiere de juzgamiento con plena vigencia del derecho de defensa del acusado. La presunción de inocencia se transforma así en presunción de culpabilidad.

6) Convalidar un régimen semejante equivaldría a colocar a todos los magistrados en una situación de estabilidad precaria en sus cargos en contra de la inamovilidad prometida por las Cartas Magnas Federal y Local.

7) El actor fue destituido por la causal de supuesta comisión de delitos habiendo prescripto la causa penal por el transcurso del tiempo, conforme la norma estigmatizada de inconstitucionalidad, ni siquiera se le permite postularse a ocupar un cargo en el Poder judicial inhabilitándolo a tales efectos de por vida.

3. El caso judicial y el paso del tiempo.

I. Durante la secuela del juicio el amparista por la medida cautelar pudo concursar pero no aprobó. Tal circunstancia torna innecesario abordar la temática de fondo como lo desarrollaremos a continuación.

II. Colombo recordando a Scialoja memora la divergencia entre los sabinianos -según quienes debía tenerse en cuenta las condiciones de las cosas en el momento de dictar sentencia en cualquier proceso- de los proculeyanos, que postulaban algunas distinciones, entendiendo que en los juicios personales de estricto derecho el momento decisivo era el de la litis contestatio. En aquella oportunidad triunfaron los sabinianos y en opinión del citado autor, la regla debe valer también en el derecho actual "aunque no esté escrita en ninguna parte" (Scialoja, "Procedimiento Civil", pág. 256 citado por Colombo, Carlos J., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Abeledo Perrot, 1969, pág. 46 y sgts.).

III. Es esencia de la vida de las personas el cambio, por tanto, en la medida que ellas son las que están involucradas en los procesos judiciales es lógico que éstos lo reflejen.

Frente a dicha realidad, aunque no se trate de hechos aducidos por las partes el pronunciamiento judicial puede hacer mérito de los ocurridos durante la sustanciación del juicio que guarden vinculación con la cuestión que se ventila y que tengan por virtud consolidar, transformar o extinguir derechos (Highton, Elena I. y otros, "Código Procesal Civil de la Nación concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Depalma, 2005, pags. 486 y sgts.).

IV. Tiene dicho este Tribunal Superior de Justicia que los jueces deben decidir colisiones efectivas de intereses, más no hacer declaraciones generales o abstractas (T.S.J., Sent. Nº 10, 30/05/95, in re "Acción de amparo incoada por Rubén Atilio Remiggio...").

Ello en tanto, el Poder Judicial interviene ante la existencia de un "caso, causa o controversia" (C.S.J.N., Fallos 322:528). En éstos se pretende, de modo efectivo, la determinación del derecho debatido entre partes adversas, el que debe estar fundado en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante (C.S.J.N., doctrina de Fallos: 156:318 mantenida en "Brito, Ignacio..." Sentencia del 9/10/2007).

V. Frecuentemente sucede que un caso que era originariamente justiciable, con el transcurso del tiempo puede dejar de serlo si se suceden acontecimientos que lo tornan abstracto, esto es carente de interés judicial (Bianchi, Alberto B., "Control de Constitucionalidad", T. I, Abaco, 2002, pág. 303 y sgts.).

La Corte Norteamericana ha dicho que la cuestión de los casos abstractos es la doctrina de la "legitimación temporal". Es el requisito del interés personal que debe existir desde un comienzo del pleito que debe subsistir a lo largo de toda su existencia (United States Parole Community v. Geraghty", 445 U.S. 388, 397 (1980) citado por Bianchi, Alberto B., "Control de Constitucionalidad", T. I, Abaco, 2002, pág. 303 y sgts.).

Entre nosotros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido desde siempre el criterio de que no procede el control judicial sobre casos abstractos, estimando que los pronunciamientos judiciales deben atender a las circunstancias imperantes en el momento de dictar la sentencia (C.S.J.N. 182:276, 189:245, 323:3284, entre otros).

VI. El caso de autos VI.a. La presente acción de amparo procuraba la participación del actor en el concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para la cobertura del cargo de Juez de Familia de la Provincia de Córdoba, durante el año dos mil siete.

De ello dan cuenta los términos de la demanda por la cual se cuestionan el Acuerdo Número Cinco del veintiséis de febrero de dos mil siete y el Acuerdo Número Seis de fecha dieciséis de marzo de dos mil siete, actos en virtud de los cuales el órgano mencionado declaró inadmisible su postulación para el mismo.

Asimismo pide que se declare inconstitucional el art. 16 bis inc. 4, Ley 9305, que era la norma en la que se fundaban aquellos, al establecer como condición de inadmisibilidad no haber sido destituido, cesanteado por mal desempeño o exonerado -conforme los mecanismos constitucionales y/o legales- en cargos de cualquier nivel correspondiente a los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sea en orden nacional o provincial o a nivel municipal, aclarando la disposición que las condiciones establecidas en los incs. 3 y 4 precedentes no resultaran aplicables cuando la denuncia, acusación o causa de destitución, cesantía o exoneración hayan tenido, como única hipótesis de imputación, la supuesta comisión de delitos y la justicia -por sentencia firme- hubiera declarado la absolución del imputado o su sobreseimiento, fundado -exclusivamente- en que el hecho investigado no se cometió, o no lo fue por el imputado o porque el hecho no encuadró en una figura penal.

Durante la sustanciación de estos obrados, con carácter cautelar al actor se le permitió participar del mismo y lo hizo, tal como pretendía en su demanda, el que a la fecha, fue completado a punto tal que ya se ha publicado el orden de mérito alcanzado por Acuerdo Número Veintiocho dictado por el Consejo de la Magistratura con fecha veintisiete de junio de dos mil ocho (B.O. del 23/07/2008) en el que no se lo incluyó por no haber alcanzado el puntaje legalmente exigido.

Siendo de esta manera y tal como se anticipara debe declararse abstracto el recurso de casación.

VI.b. Si no se compartiera la postura que sostengo la acción de amparo debería ser rechazada.

En efecto, el llamado a concurso se hizo bajo las condiciones legales que ahora cuestiona, de modo que si lesionaba algún derecho constitucional debió plantearlo judicialmente a partir del momento que tomó conocimiento del mismo con la publicación oficial (computado desde el término más generoso a su postura) y no cuando el Consejo, admitiendo que el postulante no reunía las condiciones de admisibilidad, así lo declaró por Acuerdo Nº 5 del 26/II/2007 haciendo aplicación de un dispositivo legal que el interesado hasta ese momento había aceptado no sólo por su silencio sino por manifestación expresa. Es que, tal como consta en la solicitud de juez de familia de capital, el postulante manifestó: "... No estar comprendido en las causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al que aspira y que acepta expresamente en las condiciones fijadas por la ley 8802 y su decreto reglamentario nº 1471/03", y siendo así, en el futuro no podía colocarse en una postura contradictoria. Como regla el acto propio es una limitación al derecho de defensa y definitorio a la hora de juzgar la improcedencia de la acción intentada.

En situación análoga la Sala Civil tiene decidido "... resultan extraños al recurso de inconstitucionalidad los agravios provocados u ocasionados por el propio comportamiento del quejoso. Esta solución deviene como lógica aplicación del aforismo de que 'nadie puede alegar su propia torpeza', lo que importa la improcedencia de una pretensión manifiestamente contradictoria e incompatible con una conducta anterior voluntaria. En consonancia con la doctrina que se explica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente se ha pronunciado desestimando impugnaciones cuando los agravios de índole constitucional que las sustentan derivan de la propia conducta discrecional del recurrente". En este sentido el Alto Tribunal ha entendido que el sometimiento voluntario de una parte, sin reservas expresas a un régimen jurídico determinado, implica un acatamiento inequívoco a sus disposiciones y excluye la procedencia de su impugnación ulterior, con base constitucional. En conclusión, tratándose de derechos patrimoniales, el acatamiento sin reservas a una regulación o régimen determinado impide su objeción posterior. Esta solución se impone por razones de seguridad jurídica que es imperiosa exigencia del régimen de la propiedad privada y que se vería resentida o lesionada si fuera admisible la conducta de quien primero acata una norma contribuyendo a producir importantes efectos inmediatos en orden a la distribución de los bienes- y luego desconoce, esto es, pretende cancelar aquellos efectos inmediatos y los que de ellos derivaron, ocasionando un grave trastorno en el campo de las relaciones patrimoniales. Asimismo se justifica en el principio de buena fe y encuentra sustento en la doctrina de los actos propios según la cual nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz..." ("Fisco de la Provincia de Córdoba...", Auto Nº 216 del 11/08/2003).

En sintonía con tal precedente, la citada Sala precisó que variar la voluntad manifestada con antelación "se encuentra prohibido por el orden jurídico consagrado en la teoría de los actos propios por lo que de ese modo se contraviene lo previsto por el art. 1071, CC que establece un principio general, cual es la prohibición de abusar del derecho cuyo ejercicio debe adecuarse a la buena fe... el sometimiento voluntario a un régimen legal que establece la exclusión de la inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda para el negocio jurídico, no sólo impide a quien lo aceptó el planteo de inconstitucionalidad, sino que también veda la declaración de oficio habida cuenta de la aquiescencia del afectado" ("Ortiz Minaya Herminio...", Auto Nº 287 del 17/12/2002).

4. Conclusión.

Siendo que la parte actora participó del concurso sin éxito, carece de sentido práctico pronunciarse en torno a la cuestión de fondo ventilada en autos, toda vez que la sentencia a la que se arribara no podría tener ya eficacia real, y tendría un efecto general e indeterminado, privando a este Tribunal Superior de Justicia por esta razón de materia litigiosa respecto de la cual deba expedirse.

5. Costas.

Las costas se imponen por el orden causado a mérito de la manera como se decide (por una cuestión ajena a la litis).

Así me expido.

Los doctores Aída Lucía Teresa Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli, Domingo Juan Sesín, Armando Segundo Andruet (h.), M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel y Pilar Suárez Abalos de López, en forma conjunta, dijeron:

Corresponde: I.- Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada y en su mérito confirmar la Sentencia Número Ciento trece dictada por la Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial con fecha cinco de octubre de dos mil siete. II.- Imponer las costas generadas en esta instancia a la demandada, vencida (art. 130 C.P.C.C.). III.- Disponer que los honorarios profesionales del Dr. V. C. M., por los trabajos efectuados ante esta Sede, con motivo del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, sean regulados por el Tribunal a-quo, si correspondiere, y previo emplazamiento en los términos del art. 27 de la Ley 9459, en el treinta por ciento (30%) del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria, teniendo presente, asimismo, las reglas establecidas en el artículo 39 ib., todo ello en el marco de lo dispuesto por los arts. 92 y 93 de la Ley 9459.

Así votamos.

El doctor Carlos Francisco García Allocco dijo:

Corresponde: 1) Declarar abstracto el recurso de casación articulado por la parte actora en contra de la Sentencia Número Ciento trece de fecha cinco de octubre de dos mil siete dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación de esta ciudad.

2) Costas por el orden causado.

Así voto.

Por ello, y oído el Señor Fiscal General de la Provincia, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en pleno y por mayoría, Resuelve: I.- Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada y en su mérito confirmar la Sentencia Número Ciento trece dictada por la Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial con fecha cinco de octubre de dos mil siete. II.- Imponer las costas generadas en esta instancia a la demandada, vencida (art. 130 C.P.C.C.). III.- Disponer que los honorarios profesionales del Dr. V. C. M., por los trabajos efectuados ante esta Sede, con motivo del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, sean regulados por el Tribunal a-quo, si correspondiere, y previo emplazamiento en los términos del art. 27 de la Ley 9459, en el treinta por ciento (30%) del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria, teniendo presente, asimismo, las reglas establecidas en el artículo 39 ib., todo ello en el marco de lo dispuesto por los arts. 92 y 93 de la Ley 9459. - Aída Lucía Teresa Tarditti. - María Esther Cafure de Battistelli. - Domingo Juan Sesín. - Armando Segundo Andruet (h.). - M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel. - Carlos F. García Allocco. - Pilar Suárez Abalos de López.