Tribunal: CAMARA DE TODOS LOS FUEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2012-02-07


ACUERDO: En la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, a los siete (7) días del mes de febrero de dos mil doce, se reúnen en el Salón de Acuerdos de la Cámara en Todos los Fueros de la IV Circunscripción Judicial, los señores jueces titulares del organismo, Doctores María Julia Barrese, Federico Augusto Sommer y Mabel Folone, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Mariel Lázaro, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en estos autos caratulados "CHÁVEZ PAOLO Y OTRO CONTRA DURAN MARIANO GABRIEL S/DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. Nº 22441/2008), Expte. CSM Nro. 533/2011, del Registro de la Secretaría Civil de este Tribunal, originario del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nro. 2 de Junín de los Andes.

De acuerdo al orden de votos sorteado, el Dr. Federico Augusto Sommer:

I. A fojas 271/278 se dictó sentencia de primera instancia haciendo lugar parcialmente a la demanda impetrada por los actores PAOLO ANDRÉS CHÁVEZ y ALICIA CELIA HERNÁNDEZ en representación de sus hijas menores C. A. C. y P. M. C., condenando a MARIANO GABRIEL DURAN a pagar a PAOLO ANDRÉS CHÁVEZ y ALICIA CELIA HERNÁNDEZ la cantidad de PESOS DIECINUEVE MIL CIEN ($19.100), con más los intereses reclamados. En la misma sentencia se hizo extensiva la condena a la aseguradora SEGUROS RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA -citada en garantía en el proceso en los términos del art. 118 de la Ley Nacional Nro. 17.418-, imponiéndoles las costas a las demandadas vencidas y regulando los honorarios de los profesionales intervinientes.

II. Contra el fallo citado interpusieron sendos recursos de apelación: a) A fojas 285 luce el interpuesto por el demandado y la citada en garantía, y b) A fojas 286 obra el interpuesto por los actores.

III. A fojas 295/299/ vta. expresaron agravios los actores con patrocinio letrado, y a fojas 300/304, ejercieron el mismo derecho la codemandada y la citada en garantía por medio de sus apoderados legales.

Por su parte, a fojas 306/307 vta. y 308/313 vta., obran agregados los escritos por medio de los cuáles contestaron los agravios la parte actora y las partes demandadas, respectivamente.

Por su parte, a fojas 316/317 luce dictamen del Sr. Defensor de Cámara -Dr. Amilcar Areco-, conforme lo dispuesto por el art. 59 del Código Civil y art. 65 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Neuquén (Ley 1436).

A su turno, a fojas 319 se dictó la providencia que ordena el llamamiento de autos para sentencia y, a fojas 321 se constata el cumplimiento de la diligencia prevista en el art. 268 del ritual. En consecuencia, encontrándose reunidos los requisitos legales que autorizan el dictado del pronunciamiento definitivo de esta Alzada, corresponde avocarse al tratamiento de los agravios articulados por las partes.

IV. De los agravios de la parte actora.

Seguidamente se exponen las quejas que los actores esgrimen contra la sentencia definitiva recurrida:

1) El monto determinado en concepto de agravio moral respecto de C. C. por resultarles exiguo, por considerar que se integra en el mismo el daño estético, y por resultar contradictorio -en opinión de los recurrentes- que los intereses se devenguen desde la notificación de la sentencia recurrida. Indican que teniendo en cuenta el concepto del daño moral, la suma que resulte debería abonarse con intereses desde la fecha en que C. sufrió el hecho dañoso.

2) Que el juez de grado no se haya pronunciado acerca del pedido de malicia procesal de la contraria, en virtud de las dilaciones que tuvieron por objeto impedir la clausura del período de prueba y que culminaron con la declaración de negligencia de la prueba en extraña jurisdicción referida al testigo Aravena. Agregan que tal conducta procesal se evidencia con las constantes impugnaciones de pericias llevadas a cabo en autos. Citan doctrina.

3) Cuestionan luego el rechazo a los rubros incapacidad sobreviniente y daño estético en la sentencia de primera instancia, y que el daño estético haya sido incluido en el rubro daño moral, en oposición a las conclusiones de la pericia odontológica que da cuenta de la amputación de un elemento dentario permanente. Indican que el juez de grado incurre en contradicción cuando incluye el daño estético en el daño moral y falla que dicho rubro -cuyo quantum se establece a la fecha de la sentencia-, devengará intereses desde la fecha de la sentencia hasta su efectivo pago a la tasa activa que aplica el BPN. Sostienen que el juez de grado no tuvo en cuenta que el referido daño lo viene soportando la menor desde la fecha del accidente.

4) Se agravian asimismo los progenitores de la menor, por cuanto refieren como contradicción lo referente al ítem reeducación fonética, dado que si bien se afirma que se ha determinado la existencia de lesiones y por ende la procedencia de tratamiento fonoaudiológico, gastos médicos y de farmacia, se rechazan luego dichos rubros con fundamento en que el progenitor de la víctima es empleado público que cuenta con obra social. Refieren que la Obra Social del progenitor no cubre dichos costos del tratamiento de C. por no contar con prestadores en la ciudad de San Martín de los Andes de dicha especialidad, conforme resultaría de los informes requeridos a la Policía Federal Argentina.

5) En igual tenor, tachan de caprichosa la decisión de rechazar el rubro gastos médicos y de farmacia que se utilizaran para la recuperación de las lesiones de C. con base en que debió ser medicada con analgésicos, desinfectantes y antiinflamatorios. Citan Jurisprudencia.

6) Por último, refieren como agravio el rechazo del rubro daño psicológico reclamado en favor de C. cuando de la pericia surge -en su entender- la necesidad de un tratamiento, y del rechazo del rubro daño moral reclamado para P. M. con base en la misma pericia practicada cuatro años después del hecho. Indican que fue dicha hermana menor de la víctima quien presencia el accidente y debió soportar ver a su hermana herida y luego en un proceso de recuperación.

V. Agravios de la parte demandada y de la citada en garantía.

Tal como se ha indicado, a fojas 300/304 formulan sus agravios las demandadas.

1) En primer lugar, se quejan de las consideraciones del magistrado de grado respecto de la mecánica del accidente, solución que se aparta de los argumentos por ellos vertidos en la contestación de demanda, cuando se sostuvo que fue la menor C. C. quien cruzó corriendo sin ningún tipo de cuidado y embistió al automóvil y fue ello la causa eficiente del resultado dañoso.

2) En segundo término, se agravian por la forma en que se valoró la prueba pericial accidentológica realizada, ya que en su opinión, el perito informó que no resultaba posible determinar la mecánica del accidente. Indican que el magistrado de grado solo valoró una parte del dictamen, descartando las restantes cuestiones introducidas por el experto que conllevarían a la existencia de circunstancias exculpatorias suficientes que no fueron tenidas en cuenta al resolver.

3) En el tercer punto de la pretensión recursiva, se quejan los apelantes de la forma en que el juez de primer grado analizó la conducta de la víctima a la luz de la valoración de la prueba testimonial rendida. Se agravian de la forma en que se valoró el testimonio del ciudadano Sánchez pero se descartaron los dichos de los testigos Barril y Chupitea, refiriendo que si fueran valorados los tres testimonios se concluiría en la causa o concausa de la conducta de la víctima en la materialidad del accidente. Cuestionan la conclusión del juez en cuanto a que el lugar del accidente se trata de un sitio en que se debe circular con rigurosa prudencia, y que luego descarta la conducta negligente de la menor con sustento en que la parte demandada ha quedado huérfana de pruebas. Postulan que la valoración de las pruebas conduce a concluir en la culpa de la propia víctima como causa eficiente de la producción del hecho dañoso, o al menos coadyuvante del mismo, por lo que requieren la revocación de la sentencia dictada. Citan doctrina y jurisprudencia.

Si bien postulan que frente a establecimientos educativos se debe extremar la precaución atento posibles conductas imprevisibles de parte de menores, dan cuenta de que las autoridades de la escuela debían extremar los controles en el cruce de la calzada.

4) Por último, cuestionan la imposición de la totalidad de las costas procesales a las partes demandadas, por cuanto la demanda prosperó por menos del Cuarenta por Ciento (40%) de lo reclamado y sería de aplicación el artículo 71 del cuerpo legal adjetivo por existir un vencimiento parcial y mutuo. Indican que no excluye tal premisa que su parte no hubiera reconvenido, por cuanto ha impugnado la liquidación de la actora. Citan Jurisprudencia.

VI. Examen de los agravios de las demandadas y citada en garantía.

Por razones de orden metodológico, corresponde, en primer lugar, que se le de tratamiento a los agravios expresados por la coaccionadas y la citada en garantía.

1) Atendiendo a las quejas de las recurrentes y al orden expositivo de las mismas, en primer término, examinaré la crítica referida a la mecánica del accidente que determinara el juez de grado y que se relaciona con la atribución de responsabilidad civil y la obligación de reparar los daños y perjuicios derivados del evento.

Adelanto mi opinión en el sentido de que el cuestionamiento no tendrá favorable acogida.

Resulta prístino de los fundamentos que sustentan el pronunciamiento recurrido, la ponderación efectuada por el judicante de grado, tanto para evaluar los testimonios rendidos como la prueba pericial producida en autos. Sin perjuicio de que la contestación del referido agravio por parte de la actora se circunscribe a la interpretación de las presunciones legales del art. 1113 del Código Civil, lo cierto es que no luce fundado el agravio de las codemandadas en cuanto a que fue la víctima quien embistió aquel día 27 de noviembre de 2006 a las 12:55 horas al vehículo Fiat Palio Dominio EHM 747 conducido por el codemandado Mariano Gabriel Duran.

Por el contrario, encuentro acertada la postura del sentenciante en valorar los extremos que resultan acreditados por medio del informe accidentológico y de los testigos que depusieran en autos. Lo cierto es que aun el testigo propuesto por la parte demandada a fs. 75 y vta. -Carlos Barril- no fue testigo directo del accidente por tener entorpecida la visión del lugar del impacto. A su vez, el restante testigo de la demandada -Julio Amilcar Chupitea- da cuenta que no presencia el accidente, pero que una persona de la cual desconoce sus condiciones personales le manifiesta que la víctima de autos cruzó de improvisto entre los autos estacionados fuera del establecimiento escolar (fs. 108 y vta.). En suma, resulta acertado lo resuelto por el Sr. Juez en cuanto a que, conforme a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 (a la que adhiriera la Provincia del Neuquén mediante ley 2178), cabe concluir que en la conducción de la cosa riesgosa el demandado ha infringido el art. 39 inc. b) del referido cuerpo normativo, en cuanto establece que en la vía pública se debe circular con cuidado y prevención "conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito". Ello se complementa con el art. 51 inc. e, punto 3 del mismo digesto normativo, en cuanto establece la velocidad precautoria aplicable al transitar frente a una escuela, máxime cuando en ese momento estaban saliendo los alumnos del turno mañana del establecimiento.

De la explicación brindada por el perito Miguel Ángel Contreras (fs. 133/136), se puede concluir que el conductor del vehículo no pudo evitar el accidente a raíz de la velocidad a la que circulaba en la emergencia. Así el perito en su nueva presentación de fs. 169 y vta. dictamina que si el demandado hubiera adoptado la velocidad precautoria que tipifica el artículo 50 de la ley Nacional de Tránsito el incidente no se debería haber producido por cumplir con el mandato de "tener siempre el dominio de su vehículo" (el entrecomillado me pertenece). En suma, pese a los esfuerzos realizados por la apoderada de las partes demandadas no se han logrado desarticular las conclusiones del juez en orden a la responsabilidad que aquél le atribuyera, por haber perdido el dominio del vehículo que conducía, circunstancias que resultaron ser la causa del siniestro.

Se ha dicho que la velocidad excesiva no se califica esencialmente por el kilometraje alcanzado, sino ante la imposibilidad del conductor de tener el debido control del vehículo para prevenir las contingencias que pudieran suceder (CNCiv., Sala B, 05/12/05, "Lemes, Hector M. C/ Rosi, Emilio s/ Daños y perjuicios", cit. por Hernán Daray en "Derecho de daños en accidentes de tránsito" T. 1, Ed. Astrea, año 2008, pág. 173). También la jurisprudencia ha sostenido que: "La persona que dirige un automotor deberá tener siempre presente que la velocidad máxima impresa a su vehículo no debe significar un peligro para sí mismo, para los otros ocupantes del vehículo y para todos los usuarios y vecinos de la vía pública. Por lo demás, no sólo ha de reducir la velocidad para conformarse a lo estrictamente dispuesto en el reglamento, sino que deberá extremar la precaución y aún detener por completo el movimiento, cada vez que su vehículo, en razón de las circunstancias o de la disposición del lugar pueda ser causa de accidente" (CNCiv., Sala A, 12/07/96, "Cederma, Rosario L. c/ Refinerías de Maíz y otro s/ Daños y perjuicios", cit. por Hernán Daray en "Derecho de daños en accidentes de tránsito" T. 1, Ed. Astrea, año 2008, pág. 170).

Resta considerar la impugnación referente a la atribución de culpa a la propia víctima del siniestro, lo que eximiría o morigeraría la responsabilidad de los accionados. Lo cierto es que como bien argumenta el sentenciante, las demandadas no han aportado ni producido prueba que permita apartarse de la presunción legal que recae sobre quien circula con la cosa riesgosa -vehículo automotor-, por lo que en autos las razones esgrimidas por las recurrentes, resultan a mi modo de ver, insuficientes. Es dable recordar que la responsabilidad del propietario o guardián del vehículo que embiste a un peatón, sólo puede ser excusada total o parcialmente si acredita que el daño se ocasionó por culpa de la víctima -art. 1113 del Cód. Civil-, mientras que solo basta al damnificado probar el hecho y su contacto con la cosa, mientras que recae en el primero acreditar alguna de las causales de exoneración.

En consecuencia, tendré por acreditado que el conductor del vehículo automotor no circuló con la debida precaución frente a la salida escolar de aquel mediodía, por lo que deben rechazarse los agravios introducidos por las demandadas vencidas.

2) En cuanto a la imposición de la totalidad de las costas procesales a las partes demandadas que dispusiera el juez de grado, con fundamento en que la demanda prosperó por menos del Cuarenta por Ciento (40%) de lo reclamado (agravio identificado bajo Nro. 4), me he de remitir a lo que sostuviera recientemente la Dra. Mabel Folone en autos "SAINZ, Jorge Aníbal c/ Empresa Transportes Urzua y otra s/ Daños y Perjuicios", Expte. CSM Nro. 540/11). En dicho pronunciamiento se sostuvo que ".toda vez que en materia de daños y perjuicios ocasionados por delitos y cuasidelitos, como un derivado del principio de la reparación integral del daño causado, las costas forman parte integrante de la indemnización y deben ser impuestas al vencido, aun cuando la demanda prospere en proporción inferior al reclamo originario." (Reg. Int. 151/2010 del 9/8/2010). En igual tenor, ha sostenido la Suprema Corte de la Provincia de Bs. As. (SCBA C 87938S del 5/8/2009) que ".la imposición de costas al vencido tiende a lograr el resarcimiento de los gastos de justicia en que debió incurrir quien se vio forzado a acudir al órgano jurisdiccional en procura de la satisfacción de su derecho." (conf. C.N.Civ., sala M, in re "Álvarez c/ Cordero", sent. de 3II1997, "La Ley", 1997 D, 872; íd. in re "Rodríguez c/ Gómez", sent. de 21XI2006, "La Leyonline.

VII. Agravios de la parte actora.

1) Que el primer agravio referido a que el monto determinado en concepto de agravio moral respecto de C. C. resulta exiguo, advierto que asiste razón a las demandadas en su contestación de agravios (fs. 308/313 vta.), en cuanto no luce una crítica razonada y concreta del fallo recurrido por lo que resulta conducente su rechazo (conf. art. 265 del C.P.C.C.).

Respecto al agravio referido a la inclusión del daño estético en el rubro daño moral atento su calidad de rubro autónomo, entiendo como principio que aquel tipo de lesión que repercute y se manifiesta como sufrimiento y mortificación en la víctima, integra el agravio moral y forma parte en su determinación atento el natural agobio y desasosiego que genera en la víctima menor de edad la secuela estética provocada por la lesión. Y refiero como principio que admite excepciones, por cuanto en determinados supuestos extraordinarios dicho daño estético puede considerarse como autónomo del daño moral. Ahora bien, de la valoración de la prueba rendida en autos no cabe concluir que las secuelas de la niña resulten considerables desde el punto de vista estético ni que den cuenta de una cicatriz que provoque rechazo o repugnancia por su aspecto (cfr. Pericia y fotografías de fs. 114/118). Así las cosas, comparto el criterio adoptado por el a quo en cuanto a que corresponde su inclusión al momento de estimar las partidas atinentes al resarcimiento del daño moral por no representar un aspecto indemnizatorio autónomo. A ello agregaré que, en igual sentido, se ha pronunciado prestigiosa jurisprudencia (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C, el 03/12/2008 en autos "Verdecchia, Roberto y otro c. Fernández, Cipriano y otros s/ daños y perjuicios", base de datos: laleyonline.com.ar) al resolver que: "Las lesiones estéticas deben ser evaluadas según incidan en la esfera patrimonial de la víctima, como incapacidad sobreviniente, o extrapatrimonial, como daño moral, sin brindarle tratamiento autónomo". Recientemente se postulo que: "No corresponde otorgar una indemnización en concepto de daño estético si el accidente de tránsito tan solo dejó como secuela a la víctima una cicatriz a nivel axilar que carece de mayor entidad, pues a los efectos indicados es menester que las circunstancias personales de aquella sean reveladoras de que la lesión tiene entidad suficiente para configurar, con independencia de la incapacidad sobreviniente o del daño moral, un daño resarcible" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, "Leiva, Ilda Liliana c. Volkswagen Argentina y otros s/ daños y perjuicios"; 24/08/2011, publicado en la ley online: AR/JUR/50948/2011).

Por ello, considero que debe desestimarse la impugnación relativa al quantum indemnizatorio establecido en la sentencia de primera instancia, en lo que hace al monto del daño moral padecido por la menor C. A. C..

En cuanto al agravio referido a que resulta contradictorio -en opinión de los recurrentes- que los intereses compensatorios se devenguen desde la notificación de la sentencia recurrida y no desde el momento del hecho dañoso, lo cierto es que la sentencia hace lugar al rubro daño moral ($ 6000) "que fuera estimado a la fecha de este pronunciamiento, desde la notificación de la sentencia, hasta el efectivo pago a la tasa activa que aplica el Banco de la Provincia del Neuquén, dentro de los diez días de notificada la presente, bajo apercibimiento de ejecución".

Habida cuenta de ello, habré de proponer al Acuerdo el acogimiento del referido agravio atento a que si bien la suma dineraria determinada en concepto de reparación del daño moral fue estimada por el juzgador a la fecha del dictado del pronunciamiento y a valores actuales, entiendo que no resulta acertada la modalidad establecida para el cómputo de los intereses compensatorios. En tal sentido, este Tribunal viene pronunciándose reiteradamente, por la procedencia de la tasa activa en los créditos reconocidos por sentencia con fundamento en que "...la reparación que debe otorgarse a las víctimas de un daño injusto tiene que ser integral a fin de dar cumplimiento a lo que dispone la norma del art. 1083 del Código Civil. Entonces, para que aquélla sea realmente retributiva los intereses tienen que compensar la indisponibilidad del capital durante el transcurso de la mora, además de cubrir la pérdida de su poder adquisitivo..." (CNCiv. en pleno, "Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios", 20/04/2009, www.laleyonline.com.ar). En tal sentido, me remito al voto de la Dra. Barrese en autos "Santana Cardo Carmen Rosa Ester y otra c/ Stubrin Darío Fabián s/ Daños y Perjuicios" (Expte. CSMA: Nº 177/10, R.I. Nro. 72/2010 de fecha 27/07/2010).

En función de lo expuesto y siguiendo la doctrina establecida por esta Cámara y el precedente citado, corresponde hacer lugar a la pretensión de los recurrentes, y en consecuencia modificar lo resuelto en el fallo apelado, debiendo aplicarse al crédito indemnizatorio reconocido por daño moral a valor actual por el sentenciante, intereses desde la fecha del accidente (27/11/2006) y hasta la fecha de este pronunciamiento a la tasa pura del 6% anual; y en adelante y hasta el efectivo pago a la tasa activa que publica mensualmente el Banco de la Provincia del Neuquén (cfr. CTF SMAndes, 18-11-2010, "Siracusa, Lorenzo y otro c/ Landini, Jorge Carlos s/ cobro ordinario de pesos", Expte. CSM Nro. 235/2010, SD N° 95/2010). En suma, si bien el monto indemnizatorio fijado en concepto de daño moral ha sido calculado a valores actuales por el juez de grado, y esta metodología permite salvaguardar el capital de la desvaloración monetaria causada por la notoria inflación que afecta la economía nacional en un contexto en que la indexación o actualización monetaria se encuentra expresamente vedada por la vigencia de las leyes número 23.928 y 25.561, sus prórrogas y normas complementarias, lo cierto es que los montos indemnizatorios establecidos a valores actuales devengan desde la mora una tasa anual pura del seis por ciento (6%) hasta la fecha del pronunciamiento, y luego la tasa activa que publica el Banco de la Provincia del Neuquén que, "además de cumplir una función resarcitoria, compensa en la medida de lo posible el efecto negativo que genera sobre el capital, el proceso inflacionario que afecta la economía local" (confr. este Tribunal, autos "Montecinos Cortez Pedro A. c/ Gómez Hoffman S.R.L. s/ Daños y Perjuicios", Expte. CSM N° 21/2009, SD-N° 13/2009 del 13/10/2009; "Prestisimone Josefina y otro c/ Horkla S.A. y otra s/ Rescisión de contrato y cobro de honorarios profesionales", Expte. CSM Nro. 203/2010, SD-75/10 del 18/08/2010, entre otros).

2) Que lo referido a que el juez de grado no se pronunció acerca del pedido de malicia procesal de las partes demandadas, debo rechazar dicho agravio por cuanto es improcedente aplicar una sanción por temeridad y malicia a los demandados de autos, pues, éstos, más allá de resistir el reclamo de los demandantes invocando una postura adversa a sus derechos, no han evidenciado una conducta obstruccionista o dilatoria que configure una inconducta procesal que haga aplicable la sanción. Por lo tanto, dicho agravio será rechazado sin más.

3)	En tercer término, respecto del rechazo a los rubros incapacidad sobreviniente y daño estético en la sentencia de primera instancia, reitero lo sostenido en oportunidad de abordar dicha temática en el Punto 1 del presente Capítulo VII. En cuanto al primer tema, si bien la pericia odontológica rendida en autos da cuenta de la amputación de un elemento dentario permanente, no luce fundado el agravio de la actora por el cual de dicha pérdida se derivaría una presunta incapacidad que debe ser indemnizada como autónoma del daño físico.

4) Lo referente al rubro reeducación fonética o tratamiento fonoaudiológico que fuera reclamado en virtud del presupuesto expedido por la fonoaudióloga TISSERE (fs. 111), reseño que la procedencia del referido agravio requiere ponderar previamente la entidad y características del evento dañoso y la prueba rendida en tal sentido. Repasando entonces que el perito odontólogo establece que el traumatismo cráneo facial sufrido por la menor produjo como único daño permanente la pérdida del incisivo referenciado, a la que clasifica como un "un traumatismo de bajo impacto según las definiciones actuales de la A.O. Internacional" (fs. 171/172); también, habré de proponer al Acuerdo que sea rechazado en esta instancia, dicho agravio.

5) Por el contrario, habré de hacer lugar a la procedencia del rubro gastos médicos y de farmacia que se utilizaran para la recuperación de las lesiones de C. C. con base en que debió ser medicada con analgésicos, desinfectantes y antiinflamatorios. Conforme surge del certificado médico de fojas 7 firmado por el médico Marcelo PARADA del Hospital Zonal Ramón Carrillo de San Martin de los Andes, la menor C. C. fue asistida el día 27 de noviembre de 2006 como consecuencia del accidente de tránsito, presentando trauma en rodilla izquierda y hombro izquierdo, más trauma macizo facial con pérdida de pieza dentaria de maxilar superior. Atendiendo a la razonabilidad del reclamo, las circunstancias de la causa, que se ha determinado la existencia de lesiones, habré de hacer lugar a la procedencia del reclamo por gastos médicos y de farmacia. Entiendo que no resulta razonable el razonamiento desarrollado por el sentenciante para el rechazo de dichos gastos con fundamento tanto en la falta de prueba como en que el progenitor de la victima es un empleado público que cuenta con una obra social que debía cubrir dichos gastos. En dicho inteligencia, se ha pronunciado la Cámara de Apelaciones de la I Circunscripción Judicial determinando que "la procedencia de este rubro, será admitido aunque no en la cuantía pretendida, teniendo en cuenta que si bien no se requiere prueba fehaciente en cuanto a los gastos que se reclaman, ya que cabe presumirlos en razón de las lesiones sufridas, habiendo omitido la parte actora detallar cómo se compone el monto reclamado, se encuentra que la estimación de los mismos deberá hacerse con un criterio razonable y equitativo" (autos "ROGA JULIAN C/ SIGLIANO NAHUEL RICARDO S/ DAÑOS y PERJUICIOS"; Expte. Nº 292716-CA-3).

En suma, corresponde admitir el rubro gastos de atención médica y farmacéutica aun cuando el paciente haya sido asistido en el hospital público Dr. Ramón Carrillo de San Martin de los Andes y cuente con obra social de la empleadora del progenitor, pues en tales circunstancias la atención no resulta absolutamente gratuita, y no cabe exigir la presentación de los comprobantes de cada una de las erogaciones que se llevaron a cabo ya que la razonabilidad del gasto juega como prueba suficiente. En tal sentido, admitiendo que si bien el derecho a la reparación de la víctima nace el día de producción del daño, se ha dicho que tratándose de una deuda de valor, la fijación de su cuantía debe hacerse en el día en que recaiga la condena (cfr. López Mesa, Marcelo J.-Trigo Represas, Félix A., "Tratado de la Responsabilidad Civil", Cuantificación del daño, Buenos Aires, La Ley, 2006, ps. 34/36). En vista que la fijación del monto del presente rubro debe practicarse conforme las facultades determinadas por el art. 165 del C.P.C.C., estimo justo y razonable establecerlo "a valor actual" en la suma de Pesos DOSCIENTOS ($200). Al respecto, este tribunal de alzada ha señalado con relación al art. 165 del CPCC, que la atribución judicial para fijar prudencial y fundadamente el importe respectivo siempre que su existencia esté debidamente comprobada aunque no resulte justificado su monto. En las presentes, la parte actora no ha producido prueba concreta sobre la cuantía del daño cuya reparación reclama, por lo que conforme ya se ha pronunciado este tribunal, propongo ejercer prudencialmente esta facultad con parquedad, pues "en el ámbito de esa defección que se produce, no puede posibilitarse que acaezca un indebido enriquecimiento para el acreedor y una carga indemnizatoria excesiva para el deudor (...) máxime cuando ello es de fácil producción´..." (CTF SMAndes, 08-06-2010, "Green S.A. c/ Vargas, Jorge Luis y otro s/ daños y perjuicios", Expte. CSM N° 192/2010, SD N° 62/2010).

Por ello, teniendo en cuenta que no se acreditó la magnitud de los gastos abonados, conforme la facultad acordada por el artículo 165 in fine del CPCyC, estimo razonable el monto ut-supra referido para dicha partida resarcitoria, pues quien pretende mayor resarcimiento en estas partidas debe aportar la prueba documental que respalde una pretensión en tal sentido, máxime si no surge del escrito de demanda base específica alguna que permita hacer una estimación de lo que fue realmente gastado en los distintos ítems que integran el rubro; ni se acompañó una sola factura o recibo de los gastos.

Respecto de los intereses que devenga la referida suma, los mismos se calcularán desde la fecha del accidente de transito (27/11/2006) y hasta la fecha de este pronunciamiento a la tasa neta del SEIS POR CIENTO anual (6%); y en adelante y hasta el efectivo pago a la tasa activa que publica mensualmente el Banco de la provincia del Neuquén (cfr. CTF SMAndes, 18-11-2010, "Siracusa, Lorenzo y otro c/ Landini, Jorge Carlos s/ cobro ordinario de pesos", Expte. CSM Nro. 235/2010, SD N° 95/2010).

6) Por último, refieren como agravio el rechazo del rubro daño psicológico reclamado en favor de C. cuando de la pericia surge -en su entender- la necesidad de un tratamiento, y del rechazo del rubro daño moral reclamado para P. M. con base en la misma pericia practicada cuatro años después del hecho. Indican que fue dicha hermana de la víctima quien presencio el accidente y debió soportar ver a su hermana herida y luego en un proceso de recuperación. Al respecto, refiero que dicho agravio no habrá de tener favorable acogida, por cuanto, tal como lo señala en la sentencia el magistrado interviniente, el mencionado perjuicio no se encuentra demostrado conforme surge de la pericia psicológica de fs. 185/187. Asimismo, se expide en igual sentido el perito Fittipaldi a fs. 187 vta./190 respecto de C. A. C. al expresar que no puede establecerse un daño psíquico, y no surge del libelo recursivo una crítica razonado a dicha parte de la sentencia recurrida (art. 265 C.P.C.C.). En consecuencia, teniendo en cuenta que no se acreditó que las hijas de los accionantes -P. y C.- padezcan impedimento físico o psíquico permanente que incida negativamente en su vida de relación, habré de desestimar este agravio.

VIII. Atento el resultado arribado respecto de los agravios deducidos por las partes, habré de proponer que las costas de esta instancia se impongan solidariamente a la demandada y citada en garantía, objetivamente vencidas (art. 68 del C.P.C. y C.).

IX. Conclusión: En virtud de lo hasta aquí expuesto propongo al Acuerdo: 1) Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los actores PAOLO ANDRÉS CHÁVEZ y ALICIA CELIA HERNÁNDEZ en representación de sus hijas menores C. A. C. y P. M. C. y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia en tanto rechaza la procedencia del reintegro de los gastos de atención médica y farmacéutica reclamados, fijando las indemnizaciones correspondientes a dicho rubro en la suma de PESOS DOSCIENTOS ($ 200), cuyos intereses se calcularán desde la fecha del accidente (27/11/2006) y hasta la fecha de este pronunciamiento, a la tasa neta del SEIS POR CIENTO anual (6%); y en adelante y hasta el efectivo pago a la tasa activa que publica mensualmente el Banco de la provincia del Neuquén (cfr. CTF SMAndes, 18-11-2010, "Siracusa, Lorenzo y otro c/ Landini, Jorge Carlos s/ cobro ordinario de pesos", Expte. CSM Nro. 235/2010, SD N° 95/2010). 2) Acoger el agravio de los demandantes en lo que refiere a la impugnación de la tasa de interés por daño moral, y en su consecuencia modificar lo resuelto en el fallo apelado, debiendo aplicarse al crédito indemnizatorio reconocido por daño moral a valor actual por el sentenciante, los intereses desde la fecha del accidente (27/11/2006) y hasta la fecha de este pronunciamiento a la tasa pura del 6% anual; y en adelante y hasta el efectivo pago, a la tasa activa que publica mensualmente el Banco de la provincia del Neuquén. 3) Rechazar la apelación deducida por la parte demandada y citada en garantía. 4) Imponer las costas de esta instancia en forma solidaria entre la demandada y citada en garantía, objetivamente vencidas (art. 68 del CPCyC). 5) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cuente con pautas para ello (Art. 47 de la Ley 1594). MI VOTO. A su turno, la Dra. Gladys Mabel Folone, dijo: por compartir los fundamentos y conclusiones vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo. Así lo voto.

La Dra. María Julia Barrese, dijo: Comparto las consideraciones y conclusiones a las que arriba el colega que emitiera su voto en primer término, por lo que adhiero al mismo. Aduno que en lo que atañe a la apelación formulada por las codemandadas, quienes cuestionan la obligación de soportar en su totalidad las costas de este proceso, ya este Cuerpo, en anteriores integraciones ha tenido oportunidad de expedirse al respecto, en idéntico sentido al propiciado en el punto 2) del considerando VI del voto emitido por el Dr. Sommer. En tal sentido, me remito a la jurisprudencia sentada en la R.I. Nro. 151/2010, en autos "Rodríguez Serruys María Verónica y otros c/ Stubrin Darío Fabián s/ Daños y Perjuicios", reiterada en Ac. Nro. 144/2011 en autos "Tolnai Carlos Gustavo y otros c/ Provincia de Neuquén y otros s/ Daños" y Ac. Nro. 146/2011 en autos "Cortes Kutscher Patricia Hayde c/ Rincón de los Andes S.A. s/ Daños y Perjuicios" Expte CSMA Nro 451/2011, entre otros. Siendo tal el criterio que viene siguiendo este Cuerpo hasta el presente, propicio, también, el rechazo del agravio aludido. Mi Voto.

Por todo lo expuesto, constancias de autos, y de conformidad con la legislación, artículos, doctrina y jurisprudencia citadas, esta Cámara en Todos los Fueros,	RESUELVE:

1) Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los actores PAOLO ANDRÉS CHÁVEZ y ALICIA CELIA HERNÁNDEZ en representación de sus hijas menores C. A. C. y P. M. C. y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia en tanto rechaza la procedencia del reintegro de los gastos de atención médica y farmacéutica reclamados, fijando las indemnizaciones correspondientes a dicho rubro en la suma de PESOS DOSCIENTOS ($ 200), con más intereses, que se calcularán desde la fecha del accidente (27/11/2006) y hasta la fecha de este pronunciamiento, a la tasa neta del SEIS POR CIENTO anual (6%); y en adelante y hasta el efectivo pago a la tasa activa que publica mensualmente el Banco de la provincia del Neuquén.

2) Acoger el agravio de los demandantes en lo que refiere a la impugnación de la tasa de interés por daño moral, y en su consecuencia modificar lo resuelto en el fallo apelado, debiendo aplicarse al crédito indemnizatorio reconocido por daño moral a valor actual por el sentenciante, los intereses desde la fecha del accidente (27/11/2006) y hasta la fecha de este pronunciamiento a la tasa pura del 6% anual; y en adelante y hasta el efectivo pago, a la tasa activa que publica mensualmente el Banco de la provincia del Neuquén.

3) Rechazar la apelación deducida por la parte demandada y citada en garantía.

4) Imponer las costas de esta instancia a las demandadas vencidas, conforme lo resuelto en el considerando VIII del presente Acuerdo (art. 68 del CPCyC).

5) Difiriendo la regulación de honorarios hasta tanto se cuente con pautas para ello (Art. 47 de la Ley 1594).

6) Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.

Dra. María Julia Barrese - Dr. Federico Augusto Sommer - Dra. Gladys Mabel Folone Dra. Mariel Lázaro - Secretaria Registro de Sentencias Definitivas Nro.: /2012.