Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-04


En la ciudad de Pergamino, el 04 de octubre de 2011, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino,para dictar sentencia en los autos N°895 caratulados "SCIARRA, FERNANDO J. C/ ELICECHE, MARCELO B. Y OTROS S/ NULIDAD DE TESTAMENTO (70) ", Expte. 41.996 del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1, habiendo resultado del sorteo correspondiente que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. Hugo Alberto LEVATO y Graciela SCARAFFIA encontrándose vacante el tercer cargo Dr. José Carlos Gesteira, estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes: C U E S T I O N E S:

I) ¿ Se ajusta a derecho la sentencia apelada? II) ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la PRIMERA CUESTION el señor Juez, Dr. Hugo Alberto LEVATO dijo:

El Señor Juez de Primera Instancia falló en las presentes actuaciones, rechazando la demanda de nulidad de testamento promovida por Fernando J. SCIARRA, cargando las costas al actor perdidoso.

Apelaron la letrada apoderada de la codemandada Josefa Hernández (fs. 900) y el demandante (fs. 971), habiendo sido concedido el primer recurso en relación y el segundo, libremente (fs. 972), fundados por intermedio de sendos escritos obrantes a fs. 973/vta y 1028/49, obrando los respectivos respondes a fs. 981/vta. y 1046/50.

Corresponde comenzar con el tratamiento del recurso deducido por el actor.

Se duele del rechazo de su pretensión de que se declare judicialmente la nulidad del testamento de fecha 30/7/1996 cuyo texto revoca uno anterior de fecha 15/11/93, este último otorgado a su favor y del codemandado Guillermo Hernández. Discrepa con la conclusión del sentenciante relativa a la no demostración de su parte de la falta de perfecta razón de la testadora, afirmando que "hubo desequilibrio en la conducción del proceso", y que ello ocasionó "una visible mutilación" a su prueba. Asevera que se afectó el principio de bilateralidad y debido proceso legal, y con ello su derecho de defensa en juicio. Dice que ha demostrado la maniobra de manipulación y acoso psicológico sobre la anciana valetudinaria, mediante indicios suficientes que no fueron valorados por el juzgador.

En resumen, el apelante indicó dos circunstancias que, a su juicio, tornarían nulo el testamento: la firma forzada y/o "ayudada" del mismo y la eventual adulteración de su fecha, sosteniendo que no se otorgó en el año 1996 sino en el año 1999 o 2000, esto es, cuando se habría ya manifestado la enfermedad mental de la testadora. Dice hallarse convencido que la causante no llegó a desheredarlo entre los años 1996 y hasta el año 1998, pues hasta este último año su relación con la misma fue "normal". Indica que recién entonces comenzaron a evidenciarse signos de "chochera", y se inició el "entornamiento" de la familia Eliceche, a quien atribuye la autoría de la supuesta manipulación, junto con la hermana de la causante Josefa Pepa Hernandez, y que también empezó el enfriamiento paulatino de su relación con la causante, aseverando que se "apoderaron de la desvalida anciana a la que alrededor de un año después se sacaron de encima .....abandonándola hasta su muerte en un lugar que no puede llamarse con propiedad geriátrico en donde le habrían obligado a estampar su firma".

Procede a detallar las probanzas producidas que a su entender demuestran el mal estado de salud mental de la testadora a la hora de otorgar el testamento objeto de autos y que no fueron consideradas en la sentencia, haciendo especial hincapie en la diferencia de color entre las tintas utilizadas por un lado, para la firma del testamento y por el otro, para la confección del resto del documento, de lo que infiere que la firma no se efectuó en la fecha consignada en el mismo, sino en un momento posterior. Además, la diferencia entre la grafía de dicha firma y la de otras firmas indubitadas de la causante, especialmente pues faltan en la primera las iniciales "M.H.", que se hallan presentes en las restantes. Y procede a compararla con otras y a efectuar una crítica de las pericias caligráficas efectuadas en autos. Refiere luego a las circunstancias por las cuales no pudo realizarse la pericia caligráfica en el organismo técnico de la Suprema Corte, el que sostiene "hubiese aportado revelaciones sorprendentes".

Aduce que se obstaculizó la prueba de su parte especialmente la confesional de Josefa Hernández, cuya importancia destaca. Critica la valoración de las probanzas efectuadas por el a quo.

Los apelados afirmaron que el memorial es inidóneo pues no contiene la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo que exige el ritual (art. 246 del CPCC), rebatieron las argumentaciones vertidas en el mismo, e impetraron la desestimación del recurso.

Corresponde entonces primeramente analizar la suficiencia técnica de la expresión de agravios presentada por el apelante.

El ordenamiento procesal exige que dicho escrito debe contener la "...crítica concreta y razonada del fallo..." (art. 260, C.P.C.) y la no satisfacción de ello conduce a la deserción (art.261, C.P.C.). Aún cuando gran parte de la extensa pieza presentada por el recurrente está constituída por expresiones que manifiestan la disconformidad personal del apelante con lo resuelto por el juzgador, también contiene la crítica concreta de los fundamentos que sostienen el fallo impugnado, así como acerca de la valoración de las pruebas efectuada por el a quo, correspondiendo entonces abrir la competencia revisora de esta Cámara, a fin de garantizar adecuadamente el derecho de defensa de la parte (art. 18CN y 15 CPcial).

Resulta también oportuno precisar en relación al planteo del quejoso relativo a que este Tribunal declaró desierto el recurso deducido por el mismo contra la resolución del a quo que consideró agotada la prueba pericial por haberse presentado el escrito de interposición del recurso extemporáneamente pero con una demora de sólo tres minutos, y que el término había vencido cuando cuando el presentante se encontraba en la Mesa de Entradas del Juzgado, que tal afirmación no se compadece con las constancias de la causa.

Es que según surge de estas actuaciones, la apelación interpuesta por el actor a fs. 895 contra el decisorio de fs. 894 -que da por concluída la prueba pericial- fue declarada mal concedida por este Tribunal a fs. 905, por haberse presentado el escrito respectivo el 12/05/2009, a las 12,03 minutos. Es decir el día siguiente de vencido el plazo previsto en el art. 244, y a los treinta y tres minutos de haber vencido el plazo de gracia de cuatro horas contemplado en el art. 124 del CPCC, con que contaba el apelante a tal fin. Ello pues el horario de atención al público vigente en esa fecha se extendía en ese momento desde las 7,30 hasta las 13,30 hs, desde que el horario actual comenzó a regir a partir del 1º de junio de 2009, por haberlo así establecido la SCBA por Acuerdo Nº 3433 del 06/05/2009. Y en la resolución de esta Alzada de fs. 910 -erróneamente citada por el apelante cuando surge de sus dichos que alude al decisorio de fs. 895-, se desestimó el recurso de revocatoria interpuesto por el actor contra la mencionada resolución de fs. 895 por ser improcedente tal remedio recursivo contra una decisión de este Tribunal. Por tal motivo, tampoco resulta ahora procedente revisar por el Tribunal el decisorio de fs. 905 (arts. 238, 241 y 268 CPCC), que ha sido alcanzado por los efectos de la preclusión.

Comenzando por la consideración de la crítica dirigida contra el aspecto del fallo anterior que no atiende al cuestionamiento ensayado relativo a que la firma inserta en el testamento ológrafo que motivara la promoción de la acción no "era de la testadora, o bien al ocurrencia de distintas hipótesis, indicativas de un grado de anormalidad muy importante de su autora al momento de estamparla" -ver fs. 1034 vta.-, cuadra decir que el resultado de las pruebas periciales caligráficas producidas a su instancia por parte de las peritos calígrafas oficiales de este departamento judicial y del de San Nicolás, no se compadece con lo afirmado .----------------------------- Debe partirse para su evaluación, atendiendo a la competencia de las expertas, los principios científicos en se fundan y su imparcialidad derivada de la condición de funcionarias públicas. La reiteración en esta sede de lo volcado en escritos presentados en la anterior , no alcanza, puesto que sin perjuicio de exhibir una discrepancia, no demuestra científicamente la existencia de un error, ni afeblece el resultado sustentado tanto en el conocimiento como en las prácticas necesarias a tal fin, verbigracia el cotejo con documentos indubitados. Es decir el a quo obró dentro de sus atribuciones, de modo correcto al hacer mérito de dicha prueba.

Se ha dicho desde esta Alzada en distintas oportunidades: "la libertad con que cuentan los jueces para apreciar el dictamen pericial y apartarse de sus conclusiones no implica reconocer a aquellos una absoluta discrecionalidad. Si bien, por un lado, por categórico y unánime que sea el dictamen carece de valor vinculatorio para el órgano judicial, el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquél debe encontrar apoyo en razones serias, es decir en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia" -cfr. Palacio-Alvarado Velloso "Código procesal...", T. 8º p. 535/6; C.A.P., expte. C-1940/96.-- Es que, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, la sana crítica aconseja aceptar el resultado alcanzado en sus determinaciones por los peritos dictaminantes -arts. 384, 474, del C.P.C.-." Cierto es como lo indica el a quo, que las expertas han sido contestes en cuanto a que el texto -el contenido- del testamento y la firma inserta en el mismo pertenecen a la grafía de Juana Hernández de Bermejo.

La perito Carmen Curcio presentó sus informes y contestaciones a las impugnaciones en las piezas agregadas a fs.724/31, 740/2, 801/27 y 835, detallando los elementos peritados, el desarrollo del estudio pericial, cotejo de firmas, dictaminando que las firmas obrantes en la carpeta de ANSES, acta de matrimonio, escritura pública n° 175 y en el testamento de fecha 30/07/96 "fueron realizadas por un mismo puño y letra, es decir corresponde al patrimonio escritural de Juana Matilde Hernández de Bermejo" -fs. 727-; "la persona que confeccionó el testamento es la misma que firma, habiendo modificado el modo acostumbrado de firmar, atribuyéndose ello a modificaciones naturales que habrían influído sobre la Sra. Juana..." -fs. 728 vta.-; " la firma del testamento... y los textos superior e inferior a ella fueron estampados en la misma época" - fs. 729 vta-; "la confección y firma del testamento ológrafo se encuentra dentro de las condiciones de espontaneidad esperada" -fs. 730 vta.-; "la escritura y firma del testamento no muestra signos de una disfunción del órgano rector de la escritura que es el cerebro" ; "la escritura y firma del testamento tienen signos de haber sido confeccionados en tiempos contemporáneos" -fs. 731 vta-, ratificando su dictamen luego de las impugnaciones -fs. 742 vta-; " los cuatro elementos (dos textos y dos firmas) de los testamentos del año 1993 y 1996 corresponden al puño y letra de la misma persona" -fs. 823-, ratificando la ampliación a fs. 835/vta-.

A fs. 840 tras petición actoral, se dispone la realización de una nueva pericia y a fs. 867/79 la perito calígrafa Adriana María Alonso, concluyó: "la caligrafía correspondiente al texto del testamento propiamente dicho y la correspondiente a las leyendas de aclaración del nombre, así como la propia aclaración del nombre, pertenecen a la misma persona...y con respecto a si pertenecen a la misma época, no es posible determinarlos por no contar en la actualidad con método que permita determinar la antigüedad de las tintas bolígrafo y no contando con superposición de trazos entre las mismas, ni diferencia en la tonalidad de las tintas, sólo se podría realizar un estudio de las tintas de dichas grafías con una cromatografía en capa delgada que la realiza la Sección Laboratorio Químico de la Asesoría Pericial de La Plata, a fin de analizar los avances de cada una de las siembras y poder determinar si se corresponden o se trata de tintas de diferente composición química, lo que delataría en éste último caso, diferentes tiempos escriturales de confección... en todo el documento se advierten dos tintas de bolígrafo de diferente tonalidad...la conducta escrituraria (de la segunda parte de la firma estampada en el testamento de 1996, se advierte en la firma inserta en el recibo aportado a fs. 356 en donde en el apellido se produce un descenso de caja muy notorio, pero en la firma aportada para cotejo resulta semilegible "Bermejo", mientras que en la dubitada es ilegible, encontrándose el mismo simplificado con carencia de la última sílaba "jo", pudiendo deberse a una modificación por un causa externa de posición de la mano, de posición del elemento escritor, o un cambio en la modalidad de la firma por el transcurso del tiempo, no pudiendo precisarse en este caso, ya que esta perito ha solicitado el aporte de firmas indubitadas fechadas en diferentes años a fin de realizar una historia gráfica sobre la evolución y cambios de la firma por el transcurso del tiempo y poder así determinar a qué época o año aproximado correspondería la modalidad de firma estampada en el documento indubitado", aclarando a fs. 890 "que no hay método en la actualidad que permita establecer antigüedad de las tintas como se expresa en el informe al cual se remite".

Es decir, se aprecia claro que Juana Hernández redactó con su puño y letra el testamento y lo firmó, y si bien puede inferirse la posibilidad del uso de dos bolígrafos distintos -uno para la confección y otro para la firma-, no es posible establecer antigüedad de las tintas, por lo que pudo haberlo redactado y firmado en distinta o en la misma época, aún el mismo día, lo que no pone ni quita al no demostrarse la existencia de un problema físico o mental en oportunidad de la firma -arts. 375, 384, 474 C.P.C.-. O sea, el matiz diferencial de las pericias no constituye en modo alguno una presunción que indique que la testadora al momento de la firma no se hallaba en su completa razón -art. 163 inc. 5) del C.P.C.

Sentado ello, es menester ahora efectuar algunas precisiones sobre el restante tema de análisis, reiterando lo expresado desde aquí con anterioridad y que posee plena aplicación al particular.

En los expedientes C-5923, sentencia del 28-02-07 y 804, sentencia del 20-05-2011, se dijo: " ... debe partirse señalando que resulta incuestionable que la fatiga probatoria encaminada a acreditar que la testadora no se hallaba en su completa razón al momento de testar, indudablemente carga sobre las espaldas del impugnante, carga que emana tanto de las prescripciones de la ley fondal como del régimen procesal".

Así, el artículo 3616 del Cód. Civil parte de la presunción de que toda persona está en su sano juicio mientras que no se pruebe lo contrario; este principio general de la validez del testamento es aplicable en supuestos como el que nos ocupa de un demente no declarado; además quien reviste la calidad de demandante afirma que el acto es nulo y por ende le incumbe la prueba de tal afirmación contraria a la presunción legal -art. 375 Cód. Procesal-, y la prueba del estado mental del testador debe ser decisiva, seria y contundente.

Ha dicho la SCBA "quien tiene la carga de probar los extremos de su demanda es el actor (art. 375, C.P.C.) y en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés.( SCBA, Ac 82245 S 1-4-2004, Ac 91961 S 20-12-2006, AC 100570 S 29-4-2009, C 94338 S 16-9-2009, JUBA B21621).

No obstante ello, cuadra apuntar que la presunción es "juris tantum"; que se admiten todo tipo de probanzas y, finalmente, que "si se probara que en la época cercana a la firma del testamento el testador se hallaba habitualmente afectado por una demencia notoria, quien quiere sostener la validez del testamento deberá demostrar que el causante lo hizo en un intervalo lúcido" -cfr. Bueres-Highton, "Código Civil...", T. 6 a, p. 808 y sgtes.; Llambías-Méndez Costa, "Código", V-C. p. 158 y sgtes.; Ferrer-Medina, "Código", T.II, p. 226; Medina, G. "Nulidad de Testamento", p. 276; Fassi, "Tratado de los Testamentos", T. 2, p.379-".

Establecidas las premisas precedentes, es menester evaluar el mérito de los elementos probatorios reunidos en el expediente, y al así hacerlo, concluyo del mismo modo que lo hiciera el a quo, dado que no se extrae del material obrante en la causa la acreditación en la forma requerida por la ley, de que la causante no se hallaba en su cabal juicio al confeccionar el testamento cuya nulidad se persigue, esto es, no ha mediado aporte contundente, decisivo, fehaciente, sobre el presupuesto del hecho a probar, lo que sella la suerte del recurso -cfr. Couture, "Manual de Derecho Procesal", p. 242-.

Es que, en esta materia testamentaria, en razón de que el principio es la voluntad del causante, la interpretación de la prueba debe ser rigurosa y, en caso de duda debe resolverse en favor de la validez del acto -cfr. Medina, ob. cit. p.290; Llambías-Méndez Costa, ob. cit. p. 166- .

No se ha logrado a través del memorial de agravios enervar las razones explicitadas por el sentenciante anterior apoyadas en el material reunido, que lo llevaron a decidir la desestimación de la demanda intentada.

El examen de los dichos de los testigos arrimados por las partes, y de la documental agregada a la causa, no autoriza a presumir que la testadora no comprendió lo que hizo al otorgar el testamento cuya nulidad se persigue.

Por otra parte, debe tenerse especialmente presente, que la fecha que consta en el testamento data del año 1996, cuatro años antes de su fallecimiento y que los beneficiarios fueron dos sobrinos y una hermana; que los testigos que comparecieron a la citación pedida por los demandados, han sido precisos y concordantes en punto a que la testadora se hallaba en pleno uso de sus facultades mentales más de dos años después de la fecha consignada en el testamento y hasta poco antes de su fallecimiento, habiendo sido afectada por problemas físicos en dos oportunidades, fractura de cadera en el año 1998 e infección seudo artrósica en el fémur en diciembre de 1999, pero mantenía la lucidez mental. No puede obviarse que quienes declararan en ese sentido se trata de los médicos -Ureta y Noiseaux- que la atendieron en las circunstancias narradas, la escribana -María Mercedes César- que tenía en su poder el testamento y la asesoró en los aspectos técnicos, la persona que la cuidó tras la operación de cadera -Ester María González-, la arquitecta -María Otero- que se encargó de refacciones verbigracia del proyecto de un baño en la planta baja de la vivienda para facilitarle el acceso tras los problemas físicos, y una cuñada de la causante y tía de las partes -María Rago- (ver fs. 439 y sgtes.), o sea todas personas que dieron suficiente razón de sus dichos por poseer conocimiento cabal de los hechos sobre los que depusieron, y que se aprecian desprovistas de parcialidad.

Los testigos arrimados por el demandante Juan José Ceballos, Martha Gorini y Hugo Ernesto Bordenave no ha efectuado referencia alguna sobre problemas mentales de Juana Hernández; por el contrario, de sus dichos se desprende que siempre comprendió lo que se le preguntaba y lo que hacía; los restantes deponentes Eduardo Ivano Paladini -hermano de la esposa del actor- y Mónica Patricia Bueno, en sus contestaciones sugieren haber advertido algunas conductas que denotaron ciertas confusiones en sus actitudes, pero no alcanzan a enervar lo atestiguado por los demás, ni resultan categóricos o convincentes para concluir de modo inequívoco que en virtud de una enfermedad mental la testadora al momento de redactar y firmar el testamento ológrafo no se hallaba en perfecta o completa razón para entender o querer el acto. -arts. 3606/7, 3613/16 del C.C.; 375, 384, 356 C.P.C.-.

Tampoco se ha siquiera invocado alguna internación en institución siquiátrica o episodios que exhiban que se encontrara afectada de un estado habitual de demencia en fechas cercanas al acto, o el otorgamiento contrario a los sentimientos de la testadora.

Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A la misma cuestión la Dra. Graciela SCARAFFIA por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.

A la SEGUNDA CUESTION el señor Juez, Dr. Hugo Alberto LEVATO dijo:

De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es: Desestimar el recurso de apelación interpuesto, y en su mérito, confirmar en todas sus partes el decisorio atacado. Con costas de Alzada al apelante perdidoso -art. 68 C.P.C.-.

ASI LO VOTO.

A la misma cuestión la Dra. Graciela SCARAFFIA por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.

Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto, y en su mérito, confirmar en todas sus partes el decisorio atacado. Con costas de Alzada al apelante perdidoso -art. 68 C.P.C.

Regístrese. Notífiquese. Devuélvase.

Graciela SCARAFFIA - Presidenta de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Dpto. Judicial Pergamino Hugo Alberto LEVATO -Juez Stella Maris ALBANI- Secretaria