Recurso de revisión (procesal), sentencia, principio de congruencia, daños y perjuicios, falta de legitimación para obrar, cónyuge, honorarios, honorarios del abogado, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Astudillo de Guidice Transito c/ E.P.O.S. Ordinario s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-24

1- Con la demanda y su contestación queda definido el thema decidendum sobre el que deberá recaer la resolución, la que deberá ajustarse a la cuestión litigiosa para respetar el principio de congruencia.

El sistema dispositivo impone al Tribunal un respeto por la forma cómo quedó trabada la litis, de la que no puede apartarse, so riesgo de provocar una nulidad en el procedimiento, fundada en la indefensión en que habría colocado a una de las partes.

Este principio contiene excepciones relativas, en general, a normas de órden público o en aquellas otras en las que es de aplicación el adagio "iura novit curia".

2-La excepción de falta de legitimación ad causam de la actora, constituye estrictamente una "defensa" de índole sustancial, por lo que debe ser opuesta por parte interesada y en la oportunidad legal prevista para ello.

Si recién en los alegatos, y actuando la demandada con una nueva representante, se cuestiona la legitimación activa de la actora, esta forma de proceder sólo puede ser reconocida como el fruto de una reflexión tardía, que pretende introducirse extemporáneamente al proceso, contrariando el derecho de defensa de la contraparte que, de ese modo, vería frustradas sus posibilidades probatorias al respecto.

3-Debe tenerse en cuenta la distinción existente entre la legitimación procesal de la sustancial. La primera está vinculada con la capacidad de las partes para estar en juicio, y obsta a la correcta constitución de la relación jurídico-procesal. En cambio, la segunda constituye un requisito de procedencia sustancial de la pretensión, y requiere de expreso planteamiento, reitero, en ocasión de contestar la demanda.

La legitimación procesal puede y debe ser suplida de oficio por el Tribunal, aún el de segunda instancia el que, en su caso, deberá "actuar ex officio en pro de la subsanación de los defectos de personería". En cambio, si la falta de legitimación sustancial no formó parte de la litis contestatio, tanto el juez de primera instancia como el Tribunal de alzada verán restringidas sus facultades para ponerlo de manifiesto oficiosamente.

4- Tiene legitimación activa el usuario del inmueble para reclamar el resarcimiento de los daños causados a este último aunque el dominio lo ostente el marido, quien aparece como titular legítimo del derecho de propiedad sobre el inmueble.

La vivienda sede del hogar conyugal queda sometido a administraciones separadas; es un bien de aquellos que la ley califica de gananciales (art. 1272, 2 párrafo del C.C.) y que ingresan en estado de indivisión al momento de la disolución de la sociedad conyugal. Sobre dichos bienes se cierne la vocación a la mitad ganancial que tiene el cónyuge sobre los bienes de titularidad del otro.

Aparece incuestionable que la condición jurídica de la mujer no puede sufrir menoscabo alguno porque se convierta en esposa. Tal condición tampoco puede desarticular un sistema jurídico diseñado para proteger a cualquier persona que considere necesario un interés legítimo, aún cuando sea un damnificado indirecto (art. 1079 del C.C.).

Desde los intereses legítimos, hasta comprender los intereses simples, el perjuicio sufrido debe ser reparado; lo contrario aparecería antijurídico y notoriamente injusto, permitiendo que la víctima soporte la incidencia disvaliosa del hecho dañoso, al que es totalmente ajena en su génesis.

La reparación del daño, puede ser solicitada por el usuario, el usufructuario, tenedor, etc, (art. 1110 C.C.). Si puede declararse indemnizable el daño efectuado al damnificado indirecto al amparo del art. 1079 del C.C., pretender que no lo pueda hacer la dueña del hogar es realmente un despropósito, incompatible con una sana teleología de las normas en cuestión.

6- (*) En relación a los honorarios, el derecho a percibirlos se origina con motivo de los trabajos efectuados por el profesional a lo largo del juicio, y sometidos al imperio de la ley vigente al tiempo de la realización de cada tarea. No obstante, el cuantum definitivo de tales honorarios -cuando no están firmes- debe determinarse mediante la aplicación de la ley nueva, en este caso la ley 8226, porque el art. 120 contiene una norma de orden público y prescribe su inmediata aplicación. Su naturaleza imperativa es insoslayable ya que expresa la auténtica intención legislativa dirigida a que los jueces la apliquen inmediatamente a todas las causas y actuaciones profesionales en trámite, o pendientes de regulación y a las terminadas donde no se hubiere practicado la misma.