marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Comuna, contratos administrativos, contrato de obra pública, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONGIOVANNI, VICTOR RAMON c/ COMISION DE FOMENTO DE CARLOS PELLEGRINI Y/O COMUNA DE CARLOS PELLEGRINI s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 428-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-16

En el caso, si bien se han considerado distintos elementos para determinar el carácter administrativo de la relación jurídica (objeto, condición pública de uno de los sujetos, forma de contratación, potestades de la Administración), resulta preponderante la manifiesta finalidad de la obra y la naturaleza de la Comuna (gestora de intereses colectivos), de suerte tal que no puede menos que considerarse aquélla como una relación remitida a la órbita ius administrativa; y sin perjuicio de considerar -a mayor abundamiento- el principio según el cual, en caso de duda -extremo que, incluso, no concurre en el sub lite- la decisión debe ser en favor de la existencia de "contrato administrativo". Es más, cualquiera sea la naturaleza de la relación que vinculó a las partes (empleo, locación de obra, etc.) no surge que el ente público haya actuado con su capacidad de derecho privado.
Recurso de apelación (procesal), multa procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ZACUR EXENI, Abraham c/ HOLMQUIST, Oscar Federico s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-14

Tocante a la multa por temeridad y malicia, cabe hacer notar que la sanción prevista para tal caso por el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (arts. 45 y 561), debe interpretarse restrictivamente, porque de lo contrario se podría lesionar el derecho de defensa en juicio.

Lo que la ley busca es apercibir a los litigantes cuando hacen un malicioso uso de los instrumentos de defensa en juicio, por lo que el mero vencimiento o rechazo de una articulación no permite, por sí solo, calificar necesariamente la conducta del perdedor como temeraria o maliciosa, ni determina la aplicación de la multa; se requiere la mala fe del litigante o de su letrado, exteriorizada en actos realizados a sabiendas que se causa un daño al adversario , o en maniobras que traducen objetivamente ánimos dilatorios, abusando de la jurisdicción .

Y en referencia a la sanción contemplada por el art. 561 del Código de rito la jurisprudencia tiene expresado que aquélla no es consecuencia del vencimiento, pues en el caso, la derrota supone la condena accesoria de las costas, sino que reconoce por causa la "malicia", sea por litigar sin razón valedera obstruyendo el curso normal del proceso, o bien demorando su trámite con maniobras que traducen objetivamente ánimos dilatorios.

Bustos Berrondo (Juicio Ejecutivo, 6ª Edición, La Plata, Edit. Platense, 1993, pág. 417) señala que lo que se castiga con esta norma no es el ejercicio del derecho de defensa sino el exceso malicioso de ese derecho.

Se ha expresado que la temeridad se configura frente a la conciencia de la propia sin razón, por lo que no basta para calificar una conducta como temeraria el elemento objetivo representado por la falta de fundamento o por la injusticia de la pretensión o de la oposición.

Es necesario, además, el elemento subjetivo, el afán de perjudicar. Y en lo que concierne a la malicia, la misma se manifiesta en peticiones destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso.

Se dijo que, en caso de duda, debe resolverse siempre a favor de quien ha ejercido legítimamente un poder jurídico.
Herederos forzosos, testamentos, circunvención de incapaz o menor, acervo sucesorio, fallo plenario
Materia: PENAL
Carátula: M., M. E. c/  s/ Excepción de falta de acción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-21

Conforme la doctrina sentada en el plenario "Guichandut" -Cámara Civil y Comercial en pleno, plenario N° 19, 9/4/87-, el heredero legítimo o testamentario es el "otro" que puede resultar ofendido por el delito de circunvención de incapaz, en razón de la disminución del acervo hereditario que implica el abuso.
Denegatoria del recurso, fallos de la Corte Suprema, inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Brunchi, Patricia Edith c/  s/ robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-31

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 del Código Penal formulado si el recurrente no se ha hecho cargo de ofrecer argumentos concretos y razonados que superen el criterio de la doctrina de la Corte Suprema sentada en "González Castillo", circunstancia que tampoco se subsana con las alegaciones hechas en el plazo de oficina por la defensa pública pues ellas se reducen a proponer que los términos empleados en los arts. 702, inc. c y 700, inc. 2, del Código Civil y Comercial de la Nación tienen un significado distinto al que le ha asignado la Corte Suprema, lo que en todo caso no remite a una cuestión constitucional, sino a un argumento legal sobre la subsistencia de la decisión político criminal del legislador.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Perrone, Mario c/ Rigolleau S.A. s/ Daños y perjuicios Pella, Mirta Lucía c/ Textil Hilandur s/ Enfermedad accidente Gómez, Pedro Ricardo c/ Delga S.A. s/ Diferencia de salarios Nievas,Rodolfo Ricardo c/ Volonté, Carlos Arturo s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-06|1985-04-02|1988-05-10|1989-07-07

Es ineficaz el recurso de inaplicabilidad de ley que no impugna el razonamiento del Tribunal del Trabajo, y lejos de acreditar el error palmario o la contradicción lógica que autorizan -en supuestos excepcionales- a revisar la apreciación de la prueba hecha por esos órganos judiciales, se limita a exponer su mera discrepancia subjetiva con el criterio del juzgador en orden a las conclusiones que estructuran la sentencia, argumentos de por si inidóneos para abrir la casación.
Síndico del concurso, deberes y facultades del síndico del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dies, Ernesto s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Habida cuenta que en los concursos preventivos el órgano sindical no cumple una función de administración del patrimonio del concursado como en la falencia donde media desapoderamiento pleno- sino una labor de control y vigilancia del deudor que queda al frente de la administración de su patrimonio, es fácil advertir que las atribuciones del síndico en el proceso preventivo no se compadecen con aquellas a las cuales hace referencia la ley 11683 en los arts.

16, 17 y 18 (v. arts. 16, 111, 113, 170, 282 y conc. de la L.C.).-
Depreciación monetaria, actualización monetaria, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Asistencia Médica Privada SAC. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos CMDP.) y otros s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-19

El reconocimiento del reajuste monetario deriva de la variación del poder adquisitivo de la moneda, doctrina que se funda en la inviolabilidad de la propiedad tutelada por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Arce, Claudio Rubén c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-17

La valoración de las pautas atenuantes no puede medirse en sí misma exclusivamente sino también en su relación con las agravantes ponderadas (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirieron los jueces Morin y Días).
Acción de amparo, huelga, docentes, rechazo in límine
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sotomayor, Rafael Gustavo y Otros s/ AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-05-04

Corresponde rechazar in límine el amparo -prohibimus- interpuesto a efectos de evitar que el Gobernador de la Provincia concrete su anunciado propósito de invertir en obras de infraestructura para la educación, los importes de dinero dejados de pagar por la Administración a quienes adhirieron a la huelga docente. Ello así, en tanto no resultan acreditados los excepcionales presupuestos exigidos para la admisibilidad del amparo, en orden a urgencia, irreparabilidad del daño e ilegalidad manifiesta.
Sentencia, fundamentación de sentencias, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, cuestiones de hecho y prueba, tercera instancia, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: K, O O s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - QUERELLA  POR INJURIAS (CSJ EXPTE NRO 27-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-06

La doctrina de la arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a circunstancias de la causa. Dicha doctrina no tiene por objeto constituir a la Corte Suprema en una tercera instancia ordinaria que sustituya a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que le son propias, sino que requiere -para su procedencia- que la solución recurrida prescinda inequívocamente de la solución prevista en la ley o adolezca de una manifiesta falta de fundamentación.
Recurso de inconstitucionalidad, crédito laboral, intereses, moneda extranjera
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTRO, ANDREA MARCELA c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-04

Resulta descalificable desde una óptica constitucional recurrir al dolar estadounidense con el fin de que el crédito laboral mantenga su valor, de conformidad a los precedentes de esta Corte que reconocen en la tasa de interés un remedio jurídico adecuado para mantener el valor de los créditos laborales a través del tiempo; y destacando, en particular, la necesidad de recurrir a tasas bancarias -lo que fue reconocido por la propia Sala en el auto de concesión-; a lo que cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Massolo" puntualizó que la intención de estabilizar el valor de una deuda vinculándolo a una moneda extranjera tiene un inequívoco propósito indexatorio, contrario a la prohibición de indexar que surge del artículo 4 de la ley 25561. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJN: Massolo, Fallos 333:447; CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295; Ojeda, T 280, p 313; Mansilla, T 280, p 323; y Argüello, T 286, p 351.
Uniones convivenciales, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: La Segunda Aseguradora De Riesgos Del Trabajo S.A. c/ Migueles, Brisa Nicole Y Otros  s/ consignacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-14

En autos, no se acompañó ni ofreció ninguna documental, instrumental u otro elemento de entidad que acrediten los largos cinco años y dos meses de convivencia que la apelante invocó, cuando las reglas de la experiencia y la lógica indican, que cuando se reside tanto tiempo en un domicilio, surgen distintos elementos, como por ejemplo el alta de servicios por dar un ejemplo (cable, luz, gas, internet, telefonía) entre tantas otras cuestiones, que respaldan y complementan la declaración unilateral, y permiten generar convicción suficiente sobre tal extremo (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Omisión de cuestión esencial, nulidad de sentencia, Constitución Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: A. ,G. s. c/ A. G. M. s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-09-19

La omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del fallo no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con la nulidad del fallo el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de tratamiento de una cuestión esencial y no la forma en que ésta fue resuelta (art. 168, Const. prov.).(doctora Kogan, sin disidencia)
Régimen jubilatorio, ejercicio profesional, médicos, relación de dependencia, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CENTRO DE EDUCACION MEDICA E INVESTIGACIONES CLINICAS NORBERTO QUIRNO (C.E.M.I.C.) c/ D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

Debe tenerse por inexistente la relación de dependencia entre los profesionales médicos y la entidad recurrente, si de la prueba obrante en autos se desprende, de manera coincidente, que ninguno de los médicos recibe órdenes o directivas de personal jerárquico, que los horarios y días de las guardias se establecen de comén acuerdo entre quienes van a prestar el servicio y que no perciben aguinaldo ni vacaciones pagas. (Del voto del Dr. Laclau)
Prestaciones básicas para personas con discapacidad, atención médica domiciliaria, peligro en la demora
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Q.C.J.A. c/ CEMIC s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-03

El peligro en la demora, cuando se trata de analizar la procedencia de medidas cautelares peticionadas para lograr la inmediata cobertura de prestaciones de salud para personas con discapacidad, se configura frente al riesgo que genera la privación del tratamiento médico de que se trate (en el caso, prestación de asistencia domiciliaria prescripta en el art. 39, inc c) de la ley 24.901).
Ius variandi, cambio de lugar de trabajo, cambio de horario, despido indirecto, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: COFFEY, JORGE ROBERTO c/ MERCEDES BENZ ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Si el trabajador pretende justificar su actitud rescisoria en la incompatibilidad horaria que le ocasiona el traslado dispuesto por el empleador con otras tareas profesionales que desarrolla, debe invocar claramente la injuria al pedir la revisión de la medida y al comunicar su decisión de considerarse despedido (artículo 243 Ley de Contrato de Trabajo), pues no cabe considerar cumplida dicha exigencia con referencias genéricas insertas en las comunicaciones telegráficas.
Ley de emergencia económica, prescindibilidad, estabilidad del empleado público, razones de servicio, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieva, Darío E. c/ E.N. -Sub. de Planificación s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-09

Las razones de servicio bajo las cuales la ley 23.697 autoriza a dar de baja a ciertos empleados del Estado no son sino las superiores razones de interés público que habilitan el sacrificio del interés privado de dichos agentes. Por ello, y considerando que el derecho a la estabilidad no es de carácter absoluto, sino que se encuentra sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio, no resulta prima facie que la ley 23.697 exceda dicho marco reglamentario (Sala I, 16/4/98, ED. 17/7/98).
Depósito judicial, pago parcial, sustitución de medidas cautelares
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: FISCO NACIONAL (D.G.I.) c/ APOLO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

Los fondos depositados, en tanto no representan -prima facie- el monto total y líquido del crédito que se ejecuta no pueden producir, sin el concurso del acreedor, efecto cancelatorio, debiendo reputarse que han sido dados a embargo. El pedido de levantamiento de la cautela implica, por tanto, un pedido de sustitución de embargo que debe sujetarse al procedimiento bilateral prescripto (art. 203. in fine, Cód. Proc.). Ello, naturalmente, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caber en el supuesto de ejercicio abusivo de los derechos del embargante, (art. 208 CPR).
Seguros, cobertura, responsabilidad del asegurado, falta de licencia de conducir
Materia: COMERCIAL
Carátula: GIULIANI, Mario y otro c/ KHAFIF, Isaac y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-23

La falta de la licencia para conducir es una cuestión administrativa de importancia y en determinados casos puede vincularse con una actitud de infracción reglamentaria, pero no excluye la cobertura de la compañía aseguradora.-
Proceso contravencional, remisión del expediente, unidad administrativa de control de faltas, archivo del expediente
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MIRANDA VERA, Ramón s/ S/inf. art. 83, ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-14

Carece de sustento el agravio de la Fiscalía en el sentido que la resolución que dispuso la remisión a la Unidad Administrativa de Control de Faltas le causa gravamen irreparable en tanto "no permite el ejercicio de la acción por la falta".

Contrariamente, el principio de subordinación del procedimiento administrativo al judicial penal como medio de evitar la superposición de castigos, confirman la necesidad -o quizás la obligatoriedad- de clausurar definitivamente la investigación contravencional, circunstancia que, no afecta el principio ne bis in idem, pues ello no bloquea las posterioes actuaciones administrativas, ya que no está prohibida la existencia de dos pronunciamientos sobre los mismo hechos, sino de dos sanciones (confr. Alejandro Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, Ed. Tecnos, 2ª edición ampliada, Madrid, España, 1993, págs. 422/434).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, imputado, falta de mérito, ley procesal, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: XX s/ Primera cuestión: ¿Es constitucional la disposición del artículo 28   De la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en   "Defecto de caso concreto"? Segunda cuestión: ¿Es aplicable el   artículo 308 del Código Procesal Penal (libertad por falta de   mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el  procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del   plenario? La presente causa, a raíz de un empate en las votaciones,   se integra nuevamente con un vocal de Rosario, Dr. Bernardini en   fecha 10-12-1992, en fallo registrado en el L.A. Nro. 2, Res. 6, F.   321 -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

Nada indica que el principio constitucional de inocencia se vulnere por no aplicar el artículo 308 del Código Procesal Penal (Libertad por Falta de Mérito) a todos los estadios del proceso, máxime cuando su operatividad ha sido contemplada por la ley que reglamenta su aplicación (v.gr. artículos 5, 68, 319, 320, 321, 322, etc. Código Procesal Penal). Es claro, si en algún momento llegara a desearse que nadie sea detenido o permanezca privado de libertad mientras no se dicte en su contra sentencia condenatoria a sufrir pena de prisión en firme, ello deber implementarse a través de reformas por el Poder Legislativo. Por lo expuesto, no existir mérito para mantener la detención del imputado, en el supuesto de no hallarse sustento para ello, cuando no corresponda procesarlo o excepcionalmente, cuando sea inminente la revocación o la reforma del auto que lo mantenía en prisión preventiva. (Del Voto del Dr. Sobrero -Tesis Negativa-). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad del artículo 308 del Código Procesal Penal (Libertad por falta de mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del plenario.
Divorcio, injurias graves, injurias recíprocas (civil), menosprecio al cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: M. de V., M.F. c/ M.P., D.A. s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-10

1- Si las injurias no son susceptibles de ser compensadas, tampoco puede eximirse de responsabilidad a quien resultó envuelto en la discusión, en especial, cuando a raíz de ello emplea calificativos insultantes. Asimismo, es agraviante para el esposo ordenar a la empleada doméstica que lo excluyera de las tareas de limpieza y atención, como la preparación de comidas o el planchado de la ropa. La actora, aun cuando demostró el obrar ofensivo del contrario, incurre en la misma causal si procede en la forma indicada, dado que ello importa un notorio menosprecio para el cónyuge reconviniente ante la dependiente de la casa, lo cual no resulta justificado en modo alguno por la separación virtual que existiera entre los esposos, que no autorizaba tal conducta.

2- También configura un trato injurioso lo actuado por el cónyuge que dio de baja a la actora y a su hijo menor del sistema médico que los amparaba.
Estatuto para el Personal Civil de Fabricaciones Militares, remuneración, jornada de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Canelo José Luis -Franeff Antonio Lozano- c/ Dir. Nac. de Fabricaciones Militares s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

El art. 45 del Estatuto del Personal Civil de la Dir. Nac. de Fabricaciones Militares preceptúa que el personal mensualizado cuyas horas semanales de labor superen en forma regular y permanente las cuarenta horas, tendrá derecho a la percepción de un dos con cincuenta por ciento de su Renta Función, por cada hora que exceda los cuarenta. En ningún caso el horario regular y permanente podrá superar las 48 horas semanales.
Derecho tributario, interpretación de la ley, ley tributaria, contribuyentes, doctrina de los actos propios, inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Casa Pepe S.R.L. c/ Municipalidad de la Capital s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-06-23

Articulada la inconstitucionalidad del título del Código Tributario Municipal que rige la contribución de inspección a comercios, industrias y actividades civiles y de dos ordenanzas impositivas anuales modificatorias de aquél, la administración alega que el contribuyente está imposibilitado de tal planteo en tanto consintió aquel régimen jurídico que rige sus obligaciones fiscales mediante diversos actos de acatamiento.

En relación a este tema, la CSJN sentó en reiterada jurisprudencia que quien se ha sometido voluntariamente a un régimen jurídico determinado no puede luego plantear su inconstitucionalidad, fundando su criterio, en un primer momento, en la renunciabilidad de los derechos patrimoniales, para apelar con posterioridad a la doctrina de los actos propios.

A mi criterio -siguiendo el criterio crítico de los Ministros Fayt y Belluscio- el problema que se presenta para la recepción abstracta de la doctrina aludida es la imperatividad coactiva que pesa sobre el contribuyente en sus relaciones fiscales con el Estado, porque no existe posibilidad alguna de consenso en la fuente originaria de la imposición lo que, obviamente, torna más que relativo el consentimiento como acto voluntario libre emanado de un ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad.

Estamos entonces en un ámbito de imperio unilateral y de derecho público, donde la constitucionalidad de las normas no puede purgarse por acto subjetivo, en tanto la lesión al orden constitucional es objetiva, jerarquía imperativa de orden público que no puede ser objeto de consentimiento o negocio jurídico alguno. Por ello, la actora está habilitada procesalmente para cuestionar la constitucionalidad de las normas tributarias municipales aludidas supra. (Del voto en disidencia de la Dra Sesto de Leiva)
Concursos, actos ineficaces
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Domingos, José M. (su quiebra) c/ Transportes Almirante Brown S.A. s/ Revocatoria concursal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

El art. 128 de la ley 19.551 pone un límite temporal a la actuación oficiosa del Juez reglada en el art. 122 de la misma, pero ello no autoriza a sostener que incoada la demanda judicial tendiente a obtener la declaración de ineficacia dentro de ese plazo, no pueda ésta dictarse si ha vencido, durante la tramitación del proceso, el aludido plazo.