marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jueces, equidad, valor justicia, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DEL GROSSO JOSE c/ PERLA DE BELFER s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INDEMNIZACION- RECONSTRUCCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 134 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Como se reconoce desde antiguo, el derecho no es sólo lógica sino también experiencia, entendiendo por tal la comprensión del sentido último que anida en cada caso, y que por ello es exigencia elemental de los pronunciamientos judiciales la de que los mismos se encuentren orientados por la prudencia y el buen sentido (sentido común o good sense), que exigen siempre respuestas ajustadas a las particularidades de cada caso: "hacer justicia, misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo in concreto; y ello sólo se puede lograr ejerciendo la virtud de la prudencia animada con vivo espíritu de justicia en la realización efectiva del derecho en las situaciones reales que se le presenten, lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso, cuyo consciente desconocimiento no se compadece con la misión de administrar justicia".
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., B. C. c/ F., L. s/ Alimentos O., E. B. c/ L., R. E. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-02|1997-03-25

El hecho de la ruptura de la convivencia en sí, no constituye factor de atribución de culpas e inocencias, y mientras estas no fueren declaradas en un proceso que analice y juzgue la conducta de los cónyuges, ninguno de ellos pierde el derecho a ser asistido por el otro. Por lo tanto, mientras no medie sentencia de divorcio o separación, el deber alimentario entre cónyuges se mantiene en toda amplitud, sin que deba limitarse a aquellas necesidades primarias del que recibe la prestación, pues ello significaría tanto como colocarlo en la misma situación que el cónyuge declarado judicialmente culpable del divorcio o la separación.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, quiebra, resolución denegatoria, costas, recurso de apelación (procesal), LEY DE CONCURSOS, aplicación supletoria de la ley, ley procesal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Roque Vasalli SA s/ Quiebra. Cuestión a resolver: 1) ¿Es apelable la cuestión de costas   contenida en el auto denegatorio de la quiebra? 2) Imposición de las  costas del proceso de quiebra solicitado por el tenedor de un pagaré, cuando el deudor aduce la inversión de la carga de la prueba  de su presentación al cobro, porque ésta se realizó con posterioridad  a la fecha de vencimiento. (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1983-06-28

Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto que deniega la declaración de quiebra solicitada por acreedor, toda vez que no puede hablarse de la existencia de un juicio concursal precisamente por haberse denegado su apertura, y por lo tanto, las disposiciones procesales previstas por los artículos 296 y siguientes de la ley 19551 no son aplicables, siéndolo en cambio las contenidas en las leyes procesales locales. Tal conclusión está de acuerdo, además, con lo dicho en la exposición de motivos por los miembros integrantes de la comisión redactora de la ley, quienes al referirse a las reglas formales contenidas en ella expresan que su incorporación es un complemento necesario de la unidad y eficacia de sus instituciones y es evidente que ello es aplicable si se trata de un juicio concursal abierto, mas no cuando ello no ha ocurrido.

Por lo tanto, tratándose de una sentencia definitiva sobre lo principal, el recurso de apelación es procedente de acuerdo a lo prescripto por el artículo 346 inciso 1 del Código de Procedimiento, y, siendo apelable el auto denegatorio de un pedido de quiebra, la decisión sobre costas que el mismo contiene también es apelable. (Del Voto del Dr. Crespo).
Recurso de casación laboral, admisibilidad del recurso, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: FIGUEROA, MARIO JOAQUIN c/ CHACHARA BAR-JOSE B. CORIA Y/O RESPONSABLE s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-20

La censura del casacionista se refiere a las conclusiones fácticas del fallo, no encuentra sustento en el régimen legal de la casación, pues ésta es control jurídico y no revalorización de la prueba efectuada en las decisiones jurisprudenciales.-
Proceso contravencional, prueba, apreciación de la prueba, facultades de la Cámara de Apelaciones
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ A, O. A s/ artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-08

En el caso, objeta el Sr. Defensor Oficial la manera en que esta Sala ha tratado el material probatorio que obra en autos, diciendo que él resulta insuficiente para condenar a su pupilo; se trata entonces de objetar la valoración de la prueba, materia ajena a revisión por parte de la Alzada, ya que se encuentra reservada a los jueces de mérito; "el tribunal de mérito aprecia libremente la eficacia de los elementos de prueba reunidos en el expediente para llegar a la calificación de los hechos; en esto es soberano y mientras que este material esté correctamente enunciado en la sentencia y constituido por elementos legalmente admisibles, la casación tiene vedado el contralor de su juicio".
Terminación del proceso, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: O., J. L. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-06-05

Satisfecha su pretensión de condena con el allanamiento establecido antes, ya no existe interés real en el dictado de una decisión, y los tribunales no son llamados a dictar fallos meramente teóricos allí donde la contienda ha perdido vigencia.
Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VILLAR, NESTOR LINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

La Administración no tiene otra actuación ni otra vida psicológica que la estrictamente legal, de modo que no puede haber para ella motivos impulsivos de su acción marginales al Derecho. A través de los motivos que mueven a la Administración ha de aparecer, por una parte, la realidad del presupuesto normativo de hecho a la que el acto se aplica y, por otra parte, el servicio al interés público específico que constituye el fin propio de la potestad administrativa que se ejercita.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, cinturón de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: S., C. O. c/ H., W. y/u otros s/ Daños y Perjucios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-05-13

Es un dato de la realidad ya incuestionable a partir de la imposición legal contenida en el art. 40, inc. "k" de la Ley Nacional de tránsito, que la omisión de llevar colocados los cinturones de seguridad apareja potenciar el riesgo propio derivado de un automóvil en circulación.

En tal sentido se ha dicho que tal elemento contempla la seguridad pasiva, pues su función consiste en atenuar los efectos del siniestro vial en lo referente a las eventuales lesiones de los ocupantes. En tal dirección pues, el cinturón tiene por objeto impedir la proyección de la masa del cuerpo por el efecto de la inercia para el caso de frenado brusco, colisión o como en la especie vuelco.
Guarda preadoptiva, revocación de la guarda, menores
Materia: CIVIL
Carátula: C.P. y Otro c/  s/ Guarda preadoptiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-21

Debe ser confirmada la decisión de revocar la guarda preadoptiva. [...] Puntualmente, no puedo desconocer que es el propio Sr. V. quien reconoce que experimentó sensaciones y pensamientos inapropiados para con la niña. [...] Pero, justamente, si comprende la gravedad de la situación y asume la responsabilidad, sabrá que la consecuencia es la imposibilidad de reconocerle aptitud para ser adoptante, en tanto los hechos reconocidos, y por él mismo revelados, impiden considerarlo como apto para desempeñar un rol que exige la protección de los niños a su cargo, lo cual se presenta incompatible con el hecho de erigirse él mismo en un riesgo del cual deben ser resguardados.
Prescripción, interpelación, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Goyeneche, Norberto Raúl c/ García, Ulises Horacio s/ Cobro de pesos, dif. de sueldos y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-09-30

El telegrama mediante el cual el trabajador intimó a su empleador el pago de diferencias por aportes al fondo de desempleo desde el 28 -10-97, es plenamente eficaz para suspender el curso de prescripción del credito reclamado, de conformidad con la dispuesta en el segundo apartado del artículo 3986 del Código Civil.

Del tenor literal de dicho despacho, surge que se trata de una efectiva interpelación en relación al crédito de que se trata, consitituyendo una inequívoca manifestación de voluntad del trabajador de mantener vivo el derecho a cobrar diferencias de dicho rubro no pagadas en el curso de la realación laboral. No empece a ello que se refieran al primero de los dos contratos sucesivos que mediaron entre actor y demandada, toda vez que conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo a los fines de la vinculación laboral y de los derechos que emergen de la misma no cabe diferenciarlos y el pago insuficiente del fondo de desempleo al tiempo de la extinción de la primera vinculación consituyo solamente un pago a cuenta artículo 260 de la referida ley, debiendo señalarse que las normas legales mencionadas no resultan incompatibles con la naturaleza y modalidades del régimen juridico establecido por la ley 22250 (cftar. artículo 35 de dicha ley y S.C.B.A., 6-6-89, "Lúquez c/ Techint S.A", TySS 1989, pág. 872).
Seguros, denuncia del siniestro, plazo, efectos entre partes
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Virto Nusch, Patricia Elizabeth y otro c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-10

En cuanto a la vigencia del plazo establecido en la LS 49 y 56 esto es, los 30 días previstos en el último de los artículos para que la aseguradora se pronuncie, comienzan a correr desde que fuera recibida la información complementaria y la inscripción y posterior baja registral no encuadran dentro de los supuestos de información complementaria o prueba instrumental, como sí puede ser: la declaración del asegurado o conductor, el resultado de un examen de alcoholemia o laboratorio, las indagaciones a efectuar por el liquidador, la visualización de una causa penal o administrativa, etc.
Competencia, competencia por conexidad, competencia federal, violación de correspondencia
Materia: PENAL
Carátula: FABRICA DE ACCESORIOS TEXTILES  S.R.L. s/ COMPETENCIA - CONEXIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-21

Incumbe conocer en los delitos de hurto y falsificación de cheque a la Justicia Federal, pues si bien se trataría de hechos independientes, guardan una íntima conexidad con el delito de violación de correspondencia.
Prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: PEDRO JUSTO JOSE IGLESIAS y MARIA INES ALEM DE IGLESIAS s/ FALSO TESTIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-15

A la fecha, ha transcurrido holgadamente el plazo de cuatro años, máximo de duración de la pena señalada para el delito imputado, con lo que operó la prescripción de la acción en el caso, conforme lo norma el Código Penal a través de su artículo 62 inciso 2º, debiendo consecuentemente resolverse el sobreseimiento de ambos encausados, de acuerdo a los artículos 333, 335 inciso 1 y 367 del Código Procesal Penal, recogiendo el temperamento expuesto por la Sala Penal del Excmo. S.T.J. en el sentido de que los actos instructorios no constituyen secuela de Juicio a los fines interruptivos previstos en el artículo 67 del Código Penal.
Acusación, suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, política criminal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Luisio, Pablo Javier s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-27

El juicio de oportunidad y conveniencia que efectúa la acusación pública sobre la posibilidad de suspender la persecución penal en un caso concreto debe sustentarse en criterios de política criminal legalmente establecidos; criterios que en el marco de la estructura funcional del Ministerio Público Fiscal, son definidos por su máximo jefe -Procurador General de la Nación-. Caso contrario, el derecho del imputado de acceder a una solución alternativa al ejercicio de la pretensión punitiva estatal se encontraría supeditado a la mera discrecionalidad del fiscal de intervención, ya que bastaría la invocación de genéricas razones de política criminal para justificar la improcedencia del instituto sometido a examen.

En el caso no se advierte ni la fiscalía esgrimió la existencia de criterios de política criminal que expresamente instruyen a los fiscales a formular un dictamen negativo en virtud de la naturaleza del delito investigado, por lo que la oposición fiscal expresada carece de la debida fundamentación, vicio que se traslada a la resolución del Tribunal en cuanto acogió la opinión negativa fiscal, pero sin efectuar adecuadamente el control de fundamentación y logicidad que tiene asignado.
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: LABORAL
Carátula: Feito, Omar César c/ S.N.I.A.F.A. S.A.I.C.E. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Constituyendo la sentencia la consecuencia final -directa o inmediata- de la opinión que los jueces del tribunal del trabajo se han ido formando a través de la realización de todos los actos -vista de causa, veredicto y sentencia- mal podría forjarla quien no participó en el primero de ellos.
Abogados, honorarios, IVA
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ DE SORIA JOSEFA Y OTROS c/ CONCEPCION JUAN s/ SUMARIO - EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-08-29

Por aplicación de las normas arancelarias locales, el monto del juicio es el resultante de la sentencia o transacción (art. 19 Ley 1519), en el presente juicio se ha cumplimentado la primera de las dos etapas en que se divide (art. 39 Ley citada) y se ha trabado embargo (art. 27). En función de tales pautas, sumadas a la eficacia e importancia de la labor desarrollada, el éxito obtenido, el doble carácter en que intervinieran los letrados recurrentes (arts. 1, 6, 7, 9 y ccs. de la citada ley) corresponde confirmar la regulación recurrida. Sin perjuicio de lo expuesto y atento al carácter denunciado por los letrados en cuanto a su situación frente al IVA, corresponde adicionar el respectivo porcentual, conforme a la escala vigente.
Responsabilidad médica, mala praxis, prueba documental, historia clínica, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Plá, Silvio   Roberto   y  otros c/ Clínica Bazterrica S.A. y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-04

El carácter incompleto y por tanto irregular de una historia clínica constituye presunción en contra de una pretensión eximitoria de la responsabilidad médica, pues de otro modo el damnificado por un proceder médico carecería de la documentación necesaria para concurrir al proceso en igualdad de posibilidades probatorias.
Recurso de inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Centro Unión de Empleados de Comercio (CUEC) de San Carlos Centro c/ Municipalidad de San Carlos Centro s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

Los argumentos formulados por la Corte nacional en el precedente "Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito", más allá de la opinión que pudiera tenerse sobre ellos, justifican suficientemente, por razones de seguridad jurídica y respeto institucional, apartarse de la conclusión a la que este Tribunal -integrado- arribó, por mayoría, en las citadas causas "Castets y Tanino S.R.L", "Coto C.I.C.S.A" e "INC S.A.", no obstante lo cual resulta oportuno destacar, que dos de los Ministros, en el caso referido, han expresado sólidos fundamentos en disidencia, los que se hallan en línea con los argumentos centrales sostenidos por la mayoría de esta Corte en los mencionados precedentes. (Del voto del Dr. Spuler) - CITAS: CSJN: Shi, Jinchui, Fallos 344:1151; CSJStaFe: AyS T 132, p 67; Castets y Tanino S.R.L., Foschiatti, M. R. y Supermercado Reconquista S.R.L., T 279, p 142; Coto C.I.C.S.A., T 279, p 237; e Inc S.A., T 279, 319.
Reordenamiento del sistema financiero, fondos comunes de inversión, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, cuotapartes de fondos comunes de inversión
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Jakim  Diana  Mabel  Zoraida c/ PEN  -Ley  25.561  Dtos. 1570/01214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

El fondo común de inversión -conforme surge de modo explícito de la solicitud de suscripción y de acuerdo a lo previsto también expresamente en las normas que regulan el funcionamiento de dicho fondo (Ley 24.083  y decreto 174/93)- no constituye un depósito bancario y, consecuentemente, no goza de las garantías de tales depósitos no concurriendo -prima facie- el requisito de verosimilitud del derecho exigido para la concesión de medidas cautelares, sin perjuicio del derecho que podría asistirle a la actora, con la necesaria intervención de las sociedades "gerente" y "depositaria" del fondo, así como también las entidades financieras en el caso de integrarse la cartera de inversiones realizadas con depósitos bancarios, de pretender, ante el juez en lo comercial competente (arg. art. 33, ley 24.083), la entrega -a título cautelar- de la articipación que correspondiera a su cuotaparte sobre las inversiones realizadas de ese modo. (El Dr. Galli coincide con sus colegas en lo referente a las sumas invertidas en el fondo común de inversión).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Seluro, Emilse Haydee c/ Karavell S.A.I.C. s/ Enfermedad accidente Luque, María Alicia c/ Labore, Gregorio s/ Daños y perjuicios (acción civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12|1997-07-01

El incumplimiento de la carga que impone el art.279 del Código Procesal Civil y Comercial de citar la norma que presuntamente y en relación al agravio que se expone se habría transgredido en el pronunciamiento, determina la insuficiencia técnica del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Jueces, recusación sin causa, herederos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VALOT OSCAR H. c/ DAPARO FRANCISCO s/ Sumario (LIBRO: A075 - 096)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-06-02

La facultad de recusar, sin manifestar la causa se encuentra limitada por el art. 13 del CPC a una sola vez por cada litigante.

Si el causante ya había ejercido esa facultad, no podían volver a hacerlo sus sucesores, ya que no son sino continuadores de las facultades y cargas procesales que su causante tenía.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva, nulidad procesal, fallos del Superior Tribunal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de nulidad en autos Lavin, Gabriel; Reitovich, Saúl P.; Lavin, María Noe y otros. s/ inf. arts. 116 y 117 ley 1472- Apelación (García del Río 4119)  -Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-21

En el caso, la decisión impugnada a través de un recurso de inconstitucionalidad, en cuanto confirma el rechazo de un planteo de nulidad, no puede ser equiparada, por sus efectos, a definitiva toda vez que se advierte que continuado el trámite y si se arribara eventualmente a una sentencia condenatoria, el defensor podría introducir los agravios esgrimidos, conjuntamente con el resto de los que oportunamente pretendiese invocar.

No hay que olvidar que el recurso de inconstitucionalidad está previsto, por regla, para revisar todos los agravios una vez que se obtenga la sentencia definitiva de modo que se pueda, eventualmente, ocurrir una única vez ante el Tribunal de excepción (TSJBA in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 3- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Herrera, Juan s/ art. 189 bis CP -apelación'", Expte. nº 4750 rto. el 24/10/06).

A mayor abundamiento, nuestro Máximo Tribunal Local refirió que las decisiones que se expiden sobre nulidades procesales y acarrean la consecuencia de que el proceso continúe su trámite no revisten el gravamen requerido para la procedencia del recurso de inconstitucionalidad (TSJBA in re Expte. nº 3193/04 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de faltas nº 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Beatriz, Cristian Alberto y otros s/ art. 189 bis CP", rta. el 16/12/04).
Ministerio Público Fiscal, incumplimiento de los deberes del funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: Braga, Rafael Mariano y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-03

La disidencia parcial sostuvo que -luego de un acabado análisis de las disposiciones judiciales en juego (arts. 5, 6, 11 y 33 inc. g) ley 24.946 y las resoluciones PGN 13/98 y 35/98)- la resolución PGN 67/12 es ilegal, ya que no encuentra amparo en ninguna de las normas de la ley de referencia para designar a un fiscal del MPF, sin embargo la intervención del fiscal en la causa no importó apartamiento del fiscal subrogante, cuya actuación "avaló" los actos cumplidos, y asimismo, recordó que la calidad de funcionario público de los autores no cualifica especialmente un hecho que hubiere podido ser cometido por un particular, transformándolo en una especie de los denominados "delicta propia", sino que directamente el hecho merece ser considerado -y valorado para su imputación- como hecho funcionarial, como hecho de infracción a la institución funcionarial. (Dres. Borinsky, Hornos -voto concurrente- y Gemignani -disidencia parcial-).
Haber jubilatorio, inconstitucionalidad, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Marcet, Amalia Ernestina c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-23

El tope cuantitativo previsto por el art. 25 de la ley 24.241 resulta inconstitucional en tanto su aplicación limita la percepción del beneficio, atentando contra la proporción justa y razonable que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, situación que se vería afectada si en el cálculo del haber jubilatorio no se reflejaran las variaciones que se produjeron en las remuneraciones (cfr. Fallos 328:1602, 2833 y 329:3211, causas "Sánchez" y "Monzo"). En virtud de ello, corresponde admitir declarar la inconstitucionalidad del referido art. 25 y su reglamentación, debiendo verificar el organismo si por esas remuneraciones se han efectivizado los aportes correspondiente y, en caso contrario, formular el cargo correspondiente. (Disidencia del Dr. Fernández).
Propiedad horizontal, asamblea de consorcistas, asamblea judicial
Materia: CIVIL
Carátula: MONTERO JULIO CESAR s/ PROPIEDAD HORIZONTAL-CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

La convocatoria a reunión que prevé el art. 10 de la ley 13.512 es un remedio excepcional por lo que para que sea viable se hace indispensable que los interesados acrediten la imposibilidad de realizar dicha asamblea en forma extrajudicial.