Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-28


HIPERMERCADO TIGRE S.A.

Reg.: A y S t 211 p 353-355.

Santa Fe, 28 de diciembre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia nro. 8 del 3.3.2003 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en autos "HIPERMERCADO TIGRE S.A.

-Concurso Preventivo-Recurso de Revisión promovido por ONTIVERO- (Expte. 176/02)" (Expte.

C.S.J. nro. 158, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Contra la sentencia de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, confirmatoria de la sentencia inferior -la que a su turno rechazó el recurso de revisión concursal-, deduce el accionante recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055, juzgándola lesiva de los derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio.

En el memorial introductorio le imputa al decisorio: a) "prescindir del régimen jurídico del artículo 1 inciso 3 parte final de la ley 7055"; b) "defecto de fundamentación y razonamiento"; c) "falta de resolución de cuestiones propuestas y conducentes para dilucidar el litigio y consiguiente ejercicio ritualista de las facultades judiciales".

Bajo el primer planteo formulado, haciendo hincapié en los términos del artículo 1 in fine de la ley 7055, sostiene que la primera oportunidad procesal para introducir la cuestión constitucional, la constituyó la demanda de revisión concursal.

Por consiguiente, considera que la Alzada incurre en una interpretación caprichosa y arbitraria al expresar que debió plantearse la cuestión al proponer la solicitud de verificación del crédito ante la sindicatura concursal, en razón que la misma presenta los caracteres de la demanda tendente a obtener del juez del concurso la declaración de la pretensión que se ejerce. Tal consideración, dice, lesiona los derechos de defensa en juicio y propiedad, pues el propio juez inferior reconoció que la "verificación es sólo una etapa en donde las decisiones se toman rápido y con abreviadas posibilidades de audiencia, defensa y prueba".

Señala que el iudex a quo hizo suya la opinión de la sindicatura, limitándose a declarar inadmisible el crédito sin efectuar otras consideraciones en torno al fundamento jurídico del pedido, pues como bien lo expresa " tal sacrificio impuesto al debido proceso en aras de la celeridad propia del trámite concursal se balancea ulteriormente al abrirse contradicción y amplias posibilidades probatorias en el recurso de revisión".

Entiende que la Sala, al sostener que la interposición de la cuestión resultó tardía, incurre en una interpretación caprichosa y arbitraria de la norma, a la vez que soslaya el tratamiento de los planteos conducentes para la solución de la litis.

Aduce que la segunda causal de arbitrariedad se configura al poner de manifiesto el Tribunal de la causa que "...por más que se sostuviera que el actor planteó idóneamente en su demanda la inconstitucionalidad alegada, lo cierto es que no mantuvo su postulación al solicitar la verificación, circunstancia que importa ... el abandono de su reclamo sobre la cuestión constitucional". Tal afirmación, dice, constituye un defecto de razonamiento e interpretación irrazonable.

Le agravia que el acuerdo impugnado calificara su expresión de agravios de "deficitaria en la demostración del fundamento para admitir el reclamo por vía del derecho común", incurriendo así en un excesivo rigor formal.

Afirma que en la demanda de revisión planteó la inconstitucionalidad de la ley de riesgos del trabajo enunciando los diferentes supuestos de violación de los derechos de defensa en juicio y propiedad de su parte, demostrando al expresar agravios la procedencia de la inconstitucionalidad denunciada a tenor del derecho y pruebas colectadas en la causa "conforme el considerando diecisiete del precedente "Gorosito" de la Corte nacional, en donde quedó plasmada la posibilidad de procedencia cuando se compruebe la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía que invoca el interesado".

La Sala a quo, mediante auto nro. 15 del 27.2.2004 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa del quejoso ante esta sede.

2. En primer lugar, cabe señalar que constituye carga ineludible para el recurrente rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Cámara al denegar el recurso, trayendo razones de peso en orden a desvirtuar la referida fundamentación, conforme lo prescribe el artículo 8 de la ley 7055.

Y, en el caso, de la lectura del memorial introductorio de la queja, pese al esfuerzo del impugnante por dar cumplimiento a tal exigencia, surge que no se han desmerecido adecuadamente los motivos expuestos.

En efecto, el Tribunal a quo sostuvo que "la cuestión constitucional no fue propuesta en la instancia oportuna" y que el recurrente no refutó los fundamentos del acuerdo impugnado, en tanto expresó que "... la doctrina y jurisprudencia han señalado que la solicitud de verificación presenta caracteres de una demanda, que tiene por objeto obtener la declara Frente a tales aseveraciones el compareciente se limita a sostener que requerir el planteo de la cuestión al efectuar el pedido de verificación implica contradecir lo normado por el artículo 1 in fine de la ley 7055, pues tal como lo sostuvo el Tribunal de la causa, en la verificación "... las resoluciones adoptadas importan sacrificio del debido proceso en aras de la celeridad propia del trámite concursal se balancea ulteriormente al abrirse contradicción y amplias posibilidades probatorias en el recurso de revisión", insistiendo en que el planteo constitucional se introdujo en la "demanda", es decir, temporánea y oportunamente (f. 52), mas sin lograr con tal postulación desmerecer los fundamentos dados por la Sala al juzgar incumplido el recaudo exigido por el mencionado artículo, por lo que su cuestionamiento queda reducido -en definitiva- a mera discrepancia para con la normativa aplicada y la hermenéusis que de la misma efectuara el Tribunal a quo.

Y en relación a los restantes reproches -defecto de fundamentación y razonamiento; omisión en la resolución de cuestiones propuestas, conducentes para dilucidar el litigio y excesivo ritualismo en el ejercicio de las facultades judiciales-, la Alzada al efectuar el análisis de admisibilidad que establece el artículo 6 de la ley 7055 concluyó en que las quejas expuestas por el compareciente no contienen una verdadera cuestión constitucional, sino que las mismas tan sólo denotan su disconformidad con el sentido del decisorio. Sostuvo además que el escrito interpuesto, maguer esgrimir presuntas arbitrariedades del pronunciamiento impugnado, se limita a una suerte de mera expresión de agravios, erigiéndose en un claro intento de obtener una tercera instancia, remarcando la escasa referencia a premisas normativas constitucionales.

Afirmó que no puede calificarse como un exceso ritual que se determine que en la expresión de agravios no se mencionan las razones que fundamentarían la admisión del reclamo por vía de acción de derecho común, no correspondiendo la remisión a escritos anteriores. A tal fin, el órgano jurisdiccional señaló que la exigencia constitucional que los fallos se motiven sólo requiere una fundamentación suficiente, la insuficiencia de motivación no debe apreciarse con un enfoque que implique que un fallo carece de fundamentación porque no tuvo en cuenta los argumentos que una parte expuso, haciéndose evidente, en el caso, sobre su pretensión de inconstitucionalidad ante la interpretación dada por el Tribunal al artículo 1113 del Código Civil.

Ante tales argumentaciones, el quejoso expresa de un modo genérico y esquemático, que las hipótesis que invoca configuran tipos clásicos de arbitraried Lo expuesto permite advertir que el compareciente reitera planteos ya efectuados en ocasión de interponer el recurso de inconstitucionalidad, mas sin refutar lo argüido por la Cámara al rechazar la concesión del remedio intentado, desde que no realizó una crítica eficaz de las consideraciones vertidas en el auto denegatorio.

Tal omisión obsta a la presentación directa, pues resulta así privada de fundamentación mínima tendente a demostrar su procedencia.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO (en disidencia)-GASTALDI (en disidencia)-NETRI-SAUX- SPULER-VIGO (en disidencia)-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA MARÍA ANGÉLICA GASTALDI Y DE LOS SEÑORES MINISTROS, DOCTORES ROBERTO HÉCTOR FALISTOCCO Y ROFOLFO LUIS VIGO.

2. Toda vez que el planteo de la recurrente -desde la apreciación mínima y provisoria que corresponde a este estadio- cuenta "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa y supone articular con seriedad un planteo que exige examinar, con los principales a la vista, si la sentencia reúne o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial, no cabe sino concluir que la misma resulta idónea para franquear el remedio extraordinario.

Las razones expuestas conducen a admitir la queja interpuesta.

FDO.: FALISTOCCO-GASTALDI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)