marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Queja por denegación del recurso extraordinario, denegatoria del recurso, sentencia no firme
Materia: PROCESAL
Carátula: Papel Prensa SA c/ Estado Nacional - Secretaría de Comercio Interior - Resol. 1/2010 s/ medida cautelar (autónoma).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-23

Debe desestimarse la queja por denegación del recurso extraordinario porque no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14, ley 48).
Régimen de consolidación de deudas, sanciones conminatorias
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Rios, Angela y otros c/ Min. de Educación y Justicia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Las sanciones conminatorias no resultan alcanzadas por el régimen de consolidación de deudas de la ley 23.982, dada su distinta naturaleza, pues se trata de sanciones procesales impuestas a título condicional y como medida de coacción sicológica destinada a vencer la resistencia del obligado, que si bien benefician a la parte interesada, se dirigen a salvaguardar la vigencia del principio de autoridad y el propio principio de la justicia (conf. esta Sala, por mayoría in re 22/4/93 "Iturriaga c/ B.C.R.A."; 30/11/93 "Pelliza";

12/4/94 "Stefanazzi"; C.S.J.N. in re 10/8/93 "Parrilla").
Personal militar, incapacidad laboral, accidente en acto de servicio, indemnización por incapacidad, daño moral
Materia: LABORAL-MILITAR
Carátula: Lamas, Víctor c/ E.N.   y   A.R.A. s/ Accidente  de   Trabajo - Daños y Perj. - Benef. de litigar s/ gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-21

El daño moral solicitado por el personal militar en virtud de su incapacidad parcial y permanente que guarda relación con los actos de servicio, por el uso de armas de fuego, es improcedente, pues no existe un actuar antijurídico de la demandada sino que la actividad desarrollada por el militar está dentro de las exigencias normales de su carrera, siendo elemental que las fuerzas armadas de la Nación usen, en su desempeño específico, armas, y que quienes voluntariamente las integran deben someterse a su régimen y atenerse a él.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, sentencia, adulteración de documento
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: PABLO FELIPE VANNONI s/ ADULTERACION DE DOCUMENTO    COMPETENCIA.    CONTIENDA NEGATIVA DE COMPETENCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

No existe un conflicto que la Corte deba decidir en los términos del art. 24, inc. 7mo., del decreto-ley 1285-58, en el caso en que tanto la Cámara en lo Criminal de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes, como el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia, Letra T, unificaron simultáneamente -con desconocimiento uno del otro- las diversas penas impuestas al procesado por adulteración de documento, oportunidad en que ambos tribunales omitieron considerar la totalidad de las condenas firmes que registraba el nombrado. Ello es así, pues el hecho de que aquella Cámara -según las previsiones de la última parte del primer parágrafo del art. 58 del Código Penal- remitiera la causa al Juzgado Federal con asiento en esa ciudad para dictar una nueva sentencia única, no constituía una contienda negativa de competencia
Segunda instancia, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Catalán, Mario Antonio c/ Saieva Patagónica S.A. y Otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-10

Una de las dos limitaciones impuestas al juzgar en el art. 271 del C.P.C.C. está referida al tratamiento de las cuestiones sometidas al juez de primera instancia, por lo que si el tribunal de alzada no respeta tal limitación, la sentencia respectiva resulta incongruente.
Recurso extraordinario, entidades financieras, quiebra, Superior Tribunal de Justicia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco del Interior y Buenos Aires S.A. s/ Quiebra, Incidente de nulidad, Fraude procesal y reposición.   Concesión del Recurso Extraordinario (Expte. CSJ Nº 930-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-09

Debe concederse el recurso extraordinario federal interpuesto por el Banco recurrente cuando el franqueo de la instancia extraordinaria aparece justificado por la singular trascendencia de las cuestiones, valores jurídicos e intereses en juego. En tal sentido cabe recordar que esta Corte, si bien con otra integración, in re "Banco Popular de Rosario" sostuvo que la materia concursal compromete el interés público, estando en juego el bien común en dicha problemática, por lo cual se excede el ámbito de los intereses privados, constituyendo el marco de referencia necesario dentro del cual debe discurrir el análisis de toda cuestión concursal". En lo concerniente a entidades financieras, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que en la legislación aplicable -que en parte ha sido objeto de debate en el sub lite- se concretan razones de bien público vinculadas con el amplio espectro de la política monetaria y crediticia, en el que se hallan involucrados vastos intereses económicos y sociales debiendo, inclusive, ajustarse la autoridad de aplicación -Banco Central de la República Argentina- a las directivas generales que en materia de política económica,monetaria, cambiaria y financiera dicte el gobierno nacional. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Iribarren).
Cooperación internacional, declaración indagatoria, exhortos, aplicación de la ley
Materia: PENAL-INTERNACIONAL PUBLICO-PROCESAL
Carátula: EXHORTO del Tribunal en lo Penal n 6-Brasil- s/ exhorto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

Es procedente la declaración como acusado por exhorto internacional en el marco de la Ley 25.095.

Surge de la Ley convenio citada que el diligenciamiento se regirá de acuerdo a la normativa del estado requerido y además, que a pedido del requirente, cumplirá la asistencia de acuerdo a las formas o procedimientos especiales indicados en la solicitud. A falta de estos, entonces, no cabe duda que en ese caso se aplicará la ley procesal argentina.

Por ello y en tanto de la solicitud surge claramente el hecho imputado no cabe duda alguna sobre los recaudos que deberán regir la declaración como así también los derechos que le asistirán al declarante como imputado de conformidad con lo establecido por nuestro ordenamiento procesal.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, asistencia médica, contrato de asistencia integral al viajero, internación, cobertura, pago, compensación de saldos
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Senderey, Ricardo y otro  c/ American Express Argentina Sa y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-07

Corresponde admitir la demanda promovida por dos titulares de tarjeta de crédito contra la compañía emisora y contra una empresa de asistencia al viajero, con motivo del incumplimiento del servicio de asistencia, condenando a las codemandadas a cancelar el saldo impago originado por la atención médica brindada a la actora, quien sufrió una descompensación grave que requirió internación, mientras se encontraba de viaje en el extranjero.

Ello así, pues del intercambio de correos electrónicos se desprende que la prestataria autorizó las prácticas médicas, pero no informó en tiempo oportuno sobre el tope de la cobertura. Al contrario, otorgó ciertos servicios adicionales que prestaron a confusión, y no fueron puestos los actores en conocimiento sobre la posibilidad que tenían de solicitar una asistencia "secundaria" que ampliara el límite.

En ese marco, no se puede tener por cumplimentado el deber de naturaleza constitucional que tienen los proveedores de anoticiar de manera adecuada y veraz a los usuarios y consumidores de las situaciones perjudiciales para sus intereses que se desencadenen durante la ejecución del contrato.
Procedimiento administrativo, caducidad del procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gypobras  S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

Los plazos de caducidad previstos en el art. 25 de la ley 19.549 constituyen una prerrogativa procesal propia de la Administración Pública, consecuencia del denominado "régimen exorbitante del derecho privado" que impera en la relación ius administrativa.
Accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria
Materia: CIVIL
Carátula: Etcheverry, Liliana Edith c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

Quien intente cruzar un paso a nivel, debe adoptar todas las presunciones necesarias para prevenir el riesgo, desde que su sola presencia indica el peligro del cruce. Se trata de una norma de prudencia que comprende tanto a los vehículos como a los peatones, que deben respetar la preeminencia del ferrocarril. El hecho de haberse reconocido que el accidente se produjo en las vías férreas, hace generar una presunción favorable a la inculpabilidad del ferrocarril, pues dicho lugar es reservado a los trenes y quienes los cruzan están obligados a asegurarse la factibilidad de su traspaso sin peligro, debiendo detenerse para permitir el prioritario paso de aquéllos.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, prisión domiciliaria, cuestión de derecho común, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Hermes Oscar s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-26

Corresponde desestimar el recurso extraordinario contra la decisión que rechazó el recurso intentado contra la decisión que hizo lugar a la prisión domiciliaria, si no trasciende de la interpretación de temas de derecho común, procesal y de su aplicación al caso, aspectos ajenos a la instancia extraordinaria, sin que la sola mención de preceptos constitucionales baste para la debida fundamentación del recurso y, menos aún, cuando la recurrente se ha limitado a invocarlos sin desarrollar ninguna inteligencia específica que demuestre que las normas aplicadas sean incompatibles con ellos, ya que de otro modo, la jurisdicción de la Corte sería privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.

- La jueza Argibay, en voto propio, consideró inadmisible el recurso (art. 280 CPCCN)-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, crédito laboral, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Industrias Frigoríficas Nelson. s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-04-25

El aumento nominal de la condena en función de la depreciación monetaria, de admitirse la repotenciación diaria del decisorio recurrido, efectuando distinciones no efectuadas por la norma, importa un beneficio -enriquecimiento indebido- para el acreedor y un perjuicio patrimonial para el deudor con menoscabo del derecho constitucional de propiedad. Ello, resulta palmario porque los montos correspondientes al cese de relación contractual, de haberse establecido al momento de la liquidación, jamás hubieran alcanzado los valores pretendidos por la actora, lo cual denota que asiste razón a la recurrente, porque tal resultado pretendido y que fuera acogido en el pronunciamiento recurrido, se aparta del valor real de la obligación, privándose en autos, de efectos cancelatorios al pago efectuado conforme a los índices oficiales conocidos. Quedó configurado -por apartamiento del logos de lo razonable- arbitrariedad en el pronunciamiento.

(Dra. Catella: En disidencia).
Daños y perjuicios, mala praxis, culpa de la víctima, apreciación de la prueba, dictamen pericial, responsabilidad médica, responsabilidad de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: G. D. V., R. D. C. c/ B., L. N.; Clínica Metán S.R.L.; Instituto Provincial de Salta s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-12

El pago de la cuota de afiliación no resulta causa suficiente para atribuir responsabilidad a la obra social frente a la libertad de la actora en la elección del profesional médico.
Expresión de agravios, falta de fundamentación
Materia: LABORAL
Carátula: MAYE JOAQUIN IRINEO c/ PEGE S.R.L. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ COBRO DE SUMA DE DINERO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-11

No puede prosperar el planteo de los apelantes. De su lectura resulta que el mismo no pasa de ser una mera disidencia con lo resuelto por S.S., y una mera invocación de la supuesta violación de artículos de distintas leyes, sin referencia concreta a los argumentos esgrimidos por el incidentante en su escrito.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, sociedad prestadora de servicios médicos, simple damnificado, menores, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Bruno, Marcela Paola y otro  c/ Matercell SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Su situación, a todas luces, no es la de un daño moral cuya notoriedad pueda entenderse derivada de un conocimiento adquirido de la inejecución contractual y de su repercusión. Su temprana edad le impide entender lo propio. Y si bien, la falta de conciencia que se pueda tener sobre el hecho generador de la responsabilidad no es elemento de juicio impeditivo del resarcimiento, lo cierto es que en ausencia de prueba directa del daño moral sufrido por el menor, el reclamo debió precisar, cuanto menos, otros hechos distintos de la toma de conocimiento de la inejecución y su repercusión, a partir de los cuales podría inferirse el carácter notorio del perjuicio extrapatrimonial que se dice sufrido por el citado niño.
Arrendamiento rural, precio, aparcería rural
Materia: AGRARIO
Carátula: LAVETTI NANCY ROSA c/ RAMON MASCO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-25

En el art. 2 de la ley 13246, texto ordenado con las modificaciones de las leyes 21452 y 22298, se establece que el arrendador debe pagar por el uso y goce del predio un precio en dinero. No hay disposición dentro del título I, referido a los arrendamientos, que contenga prohibición de fijar tal precio en una cantidad fija de frutas o su equivalente en dinero.

Por el contrario, en el Título II, dedicado a las aparcerías, el art. 32 es expreso en el sentido de prohibir como retribución el pago de una cantidad fija de frutos o su equivalente en dinero. Esta disposición, por su ubicación, es sólo aplicable a los contratos de aparcería.

Si el objeto de la "aparcería" es repartirse los frutos (art. 21, parte primera in fine, ley 13.246), resulta incompatible con la naturaleza del contrato que se obligue al aparcero a entregar frutos de cosechas que pueden haberse perdido o el equivalente en dinero de esos inexistentes frutos.

Para los contratos de arrendamientos el riesgo de la pérdida de la cosecha estaba contemplada en el art. 6, suprimido por la ley 22.298, que, protegía al arrendatario del riesgo de la cosecha, no cabe dudas que tal riesgo y a partir de la reforma mentada es de su única y exclusiva cuenta.

Por ello, no hay impedimento legal alguno para que el precio en un contrato de arrendamiento rural se fije en el equivalente en dinero de una cantidad fija de frutos.-
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-14


Buenos Aires, 14de septiembre de 2009.

Y VISTOS:

1. Viene apelada por el fallido Eduardo Pereyra Núñez la resolución de fs. 762, donde se decidió -entre otras cuestiones- mantener la vigencia de las inhibiciones oportunamente decretadas.

Fundó el recurso con el memorial obrante en fs. 772, contestado por la sindicatura en fs. 779/80.

La señora Representante del Ministerio Público ante esta Cámara emitió su dictamen en fs. 784.

2. Esta Sala con diversa integración parcial ya ha tenido oportunidad de expedirse respecto de planteos análogos al formulado por el fallido aquí (in re, "Vertanessian, Luis s/ quiebra s/ inc. de apelación" del 05/12/1997; y "Kye Han Younk s/ quiebra" del 21/11/2001).

En dichos precedentes el Tribunal sostuvo -con un criterio que comparten los vocales que actualmente lo componen- que la rehabilitación del fallido provoca el cese de los efectos personales del estado falencial, pero no altera aquellos de índole patrimonial, en lo que concierne a los bienes habidos hasta tal oportunidad, mientras no opere la conclusión del concurso por alguna de las vías previstas en la ley.

Sucede que, la declaración de quiebra produce un efecto personal -la inhabilitación del fallido- y otro patrimonial -el desapoderamiento de los bienes del deudor-. La inhibición general de bienes dispuesta como consecuencia de la sentencia de quiebra debe subsistir no obstante la rehabilitación del deudor, por cuanto representa un efecto patrimonial del estado de quiebra que se mantiene hasta que concluya aquélla.

Lo expuesto, es congruente con los fines del procedimiento concursal, pues dicha medida obsta a la disposición de bienes adquiridos con anterioridad a la rehabilitación -y eventualmente los detectados con posterioridad a esa oportunidad- que constituyen garantía de los acreedores concursales.

En ese contexto y como en la especie no ha concluido la quiebra, debe mantenerse la inhibición general de bienes decretada.

Ello, sin perjuicio de lo que eventualmente pudiera llegar a resolverse, si se pretendiese disponer de un bien que efectivamente haya ingresado al patrimonio del fallido con posterioridad a la rehabilitación.

3. Por ello, y oída la señora Representante del Ministerio Público Fiscal, desestímanse los agravios y confírmase la decisión recurrida, con costas (CPr.: 69).

Notifíquese a la señora Representante del Ministerio Público en su despacho y, con su resultado, devuélvase, encomendándose a la juez de la primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr.: 36, 1) y las notificaciones pertinentes.

Los doctores Miguel F. Bargalló y Bindo B. Caviglione Fraga actúan de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de esta Cámara del 22/7/08 pto. III y del 27/8/08 pto. VI, respectivamente.

ÁNGEL O. SALA MIGUEL F. BARGALLÓ BINDO B. CAVIGLIONE FRAGA Francisco J. Troiani Prosecretario de Cámara
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, moneda, obligaciones, desagio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CAMILO NEBHEN c/ BANCO DE JUJUY s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

Son inaplicables los arts. 5 y 6 del decreto 1096/85 a la regulación de honorarios practicada de acuerdo con el nuevo signo monetario en vigencia con posterioridad al decreto en cuestión.
Daño moral, prueba, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Campos, Isolina Ermelinda y Ot. c/ Romera, Marcos A. s/ Daños y Perj.Autom.C/Les. o Muerte (Exc.Estado (99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-04-24

Si bien en todos los casos de ampliación legitimaria por inconstitucionalidad en concreto del art. 1078 del Código Civil se requiere un particular esfuerzo de alegación y prueba de la existencia del daño para viabilizar - aún de oficio- esa declaración de incompatibilidad como última ratio para preservar la jerarquía de principios y derechos del ordenamiento jurídico, la rigurosidad valorativa ha de ser muy distinta según fuere la cercanía o proximidad de los vínculos (también familiares) de los damnificados indirectos con la víctima.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Strembel de Lanzillota, Lidia s/ Declaratoria. Cuestión a resolver: ¿Cuál es el honorario profesional  que corresponde regular respecto a los incidentes articulados en la  alzada atento al régimen de la ley local 6767 de aranceles  profesionales de abogados y procuradores? (Expte. Nro. 163- 83)   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-31

Una ley arancelaria es un cuadro lógico dirigido a la precisión regulatoria -en el caso para el proceso judicial- en cuya virtud contiene un orden normativo jerárquico de pautas o módulos de criterios, articulados con los diversos procesos y destinado a alcanzar un valor preciso: el honorario concreto. (Del Voto del Dr.

Donati).
Empleo público, adicional por título, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALVAREZ DE LARES BEATRIZ EDITH c/ MUNICIPALIDAD DE RIO CEBALLOS s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-18

Para garantizar la inviolabilidad del derecho de propiedad, la ley suprema solo exige que el habitante sea "titular" de un derecho adquirido conforme al orden jurídico.

El término "propiedad" comprende todos los intereses apreciables que un sujeto puede tener fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un "valor" reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado o bien que nazca de acto administrativo (derecho subjetivo), a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, asÍ sea el Estado mismo.

La privación de un derecho subjetivo incorporado al patrimonio de la agente, solo puede efectuarse mediante "...sentencia fundada en ley" (art. 17 C.N.).

El acto administrativo regular (es decir aquél que reúne condiciones esenciales de validez relativas a su "forma" y "competencia"), resulta irrevocable en sede administrativa si declara un derecho subjetivo y se encuentra firme y ejecutoriado por más que se aduzcan errores en su dictado (SARRIA, citado por C.S.J.N , fallos 175:369).
Hurto, hurto simple, desapoderamiento, dinero, trabajador
Materia: PENAL
Carátula: ROLDAN, Juan Osvaldo. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

Si en la actividad desarrollada por el imputado, éste no gozaba de cierto poder autónomo respecto de los valores que recibía en el giro laboral, aquélla quedaría limitada a un desapoderamiento al no existir una delegación laboral de la administración; la sustracción del dinero denunciada configura, entonces, el delito de hurto simple (art. 162, C.P.) (*).
Admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, revocación de sentencia, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Bertino, Jose Francisco  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en bertino, jose francisco contra gcba y otros sobre otros procesos especiales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

Corresponde admitir la queja si el pronunciamiento contra el que se dirige el recurso de inconstitucionalidad que aquella viene a sostener, no constituye una derivación razonada del derecho vigente. Ello así, la sentencia debe ser revocada con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, competencia federal, juicios en que la Nación es parte, empresas del Estado, privatizaciones, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, monto del juicio
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Lunmar Naviera S.A.C. c/ Y.P.F. S.E. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Es formalmente procedente el recurso ordinario de apelación interpuesto por una empresa naviera contra Y.P.F. - antes de su privatización - si el valor disputado en último término supera el mínimo previsto por el art. 24 inc. 6 ap. a, del decreto-ley 1285/58 según la ley 21.708, reajustado por resolución 1360/91 de la Corte Suprema.