marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedad conyugal, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: S. DE M.A.L. c/ M.H.A. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

La transformación operada en el derecho matrimonial a partir de la reforma introducida a su respecto por la ley 17.711, en especial acerca de la administración y disposición de bienes propios y gananciales, adquiridos con el fruto del trabajo personal o por cualquier otro título legítimo, como así también el efecto que produce la sentencia de divorcio sobre la sociedad conyugal (conf.

arts. 1276 y 1306 del Código Civil), justifica el decreto de medidas cautelares prevista por el art. 1295 del código citado y por la ley procesal aunque no se advierta la concurrencia de los presupuestos contemplados en el art. 74 de la ley 2393, con el fin de salvaguardar los derechos patrimoniales de ambos cónyuges (conf.

Zannoni, "Derecho-Civil-Derecho de Familia", I-458; Belluscio, "Derecho de Familia", III-803 y ss.; Llambías, "Código Civil...", I 670 y III-A-322; Fassi, "Código Procesal...", I-806 y 811; Palacio, "Derecho Procesal Civil", VIII-1257), principios éstos que también resultan aplicables a los bienes propios de uno de los cónyuges en poder del otro (conf. Fassi, op. cit.). Si están reunidos los requisitos de admisibilidad previstos para la procedencia de las pretensiones cautelares, con los elementos arrimados al proceso (conf. Palacio, op. cit. T.I-437; Couture, "Fundamentos del Derecho Procesal Civil" nro. 203; C.N.Civ. Sala G, R.21.375 del 7-4-86; íd.

íd. R.22.098 del 13-8-86) verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y caución que se tiene por cumplida con lo que correspondiera a la cónyuge en los bienes sociales, procede disponer el secuestro de los bienes muebles denunciados en el escrito de inicio, previa identificación, que en términos precisos deberá hacer el Oficial de Justicia interviniente en la diligencia, designándose depositaria a la cónyuge.-
Aumento de cuota alimentaria, alimentos
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. A. c/ P., M. A. s/ Aumento de Cuota Alimentaria en Expte. B-168554/07
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-09-24

La obligación alimentaria de los progenitores es amplia, toda vez que comprende, además, las necesidades de manutención diaria, vestimenta, erogaciones corrientes de la vivienda, gastos de enfermedad, y esparcimiento.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, inversión de la carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: R., M.B. y Otro c/ R., L.M. s/ Cobro de Pesos -Laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-21

No hay pues inversión de carga probatoria alguna sino solo una presunción favorable respecto de quien afirma haberse desempeñado bajo relación de dependencia ante la falta de acreditación de lo contrario.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guala, Carlos y otros c/ Tebes, Ismael Angel y/o responsable s/ Daños y perjuicios Barce de Carretoni, Zunilda Esther c/ Maciel, Mario Alberto s/ Daños y perjuicios López, Juan Guillermo y ots. c/ Microómnibus Ciudad de Berazategui S.R.L. y ots. s/ Daños y perjuicios De Carlo, Marcela c/ Expreso Lomas S.A. s/ Daños y perjuicios Crespo, Eduardo Horacio c/ Di Cianni, Claudio Mario s/ Suc. Daños y perjuicios Gorosito, Teléfora c/ Mois Chami S.A. y otro s/ Daños y perjuicios Bence, Antonio y otra c/ Gómez, Adolfo y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03|1991-05-14|1991-05-21|1993-08-10|1996-02-20|1998-11-10|2001-10-17

Para determinar los beneficiarios de la indemnización a que se refiere la segunda parte del art.1084 del Código Civil corresponde estar a lo que establece el art. 1085 del mismo cuerpo legal por ser ésta la norma dedicada específicamente a regular la legitimación para reclamarla. Vale decir que tienen derecho a ampararse en la presunción de daño ocasionado por el deceso, el cónyuge sobreviviente y los herederos necesarios de la víctima.
Acción de amparo, instancia administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: Scatena de Francou, Irma c/ Consejo General de Educación y Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-10

El planteo a la falta de agotamiento del trámite administrativo es improcedente por cuanto es público y notorio que el sistema burocrático del Ente demandado (Consejo Gral. de Educación) resulta manifiestamente ineficaz e insuficiente para la protección del derecho conculcado (artículo 3 inciso a) de la Ley 8.639). Por otra parte, el nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional implica sin más, dejar sin efecto normativas que condicionen la viabilidad del amparo a previos procedimientos o actuaciones judiciales o administrativas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Carbone, Norberto R. c/ Firestone de la Argentina S.A.I.C. s/ Diferencia de indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

Son insuficientes los agravios que no se vinculan con la concreta denuncia de violación de las normas aplicables (art.279, C.P.C.C.).
Indulto, procesado, inconstitucionalidad, indemnización, excepciones procesales
Materia: PENAL
Carátula: Purita, Liliana s/ Indulto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-13

La naturaleza jurídica del indulto consiste en una causa de extinción de la pena que deja subsistente la responsabilidad criminal, y es por tal razón que no afecta las indemnizaciones debidas en relación con el delito (art. 68 del C.P.), por lo que sólo puede tener lugar respecto de sanciones penales impuestas por sentencia firme.

La conclusión de que el indulto configura una causal de extinción de la pena y no de la acción penal, no puede ser alterada por la previsión del inc. 5 del art. 443 del C.P.M.P. que lo incluye como excepción previa o especial, ya que una norma procesal no puede incorporar causales no previstas por el art. 59 del C.P.

El indulto, como facultad del Poder Ejecutivo (art. 86 inc. 6 de la C.N.) sólo concierne a "las penas", excediendo la atribución conferida al Presidente de la República las resoluciones dictadas respecto de encausados con procesos en trámite, ya que se invade así la órbita exclusiva de los otros dos poderes, pues sólo el Legislativo puede dictar amnistía y el judicial resolver causas concernientes a su jurisdicción.

El indulto dictado en favor de los procesados, es inconstitucional, pues viola la expresa disposición del art. 95 de la C.N., que veda al Presidente de la Nación ejercer funciones judiciales y arrogarse al conocimiento de causas pendientes, atentando igualmente contra el principio constitucional de división de poderes.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: MEDINA DE COLLADO LUCIA ETELVINA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ PAGO POR INDEMNIZACION DEL ART.22 LEY 9688 RUIZ HUDOBRO, RAMON HUMBERTO c/ TELECOM STET FRANCE s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC. CASACION MEDINA WALTER OSVALDO c/ SUPER BELGRANO DE ALDO SANTILLAN s/ DIFERENCIA DE SUELDOS-CASACION COLOMBO TABOADA CARLOS Y OTROS c/ RAMOS TABOADA CARLOS J. s/ REIVINDICACION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-24|2002-11-28|2003-09-11|2003-06-05

No corresponde aplicar la doctrina de la arbitrariedad cuando el tribunal ha expresado fundamentos fácticos que, más allá de su acierto o error, resultan suficientes para sustentar sus conclusiones y, si las impugnaciones propuestas sólo traducen discrepancias con el criterio de selección y valoración de las pruebas aplicado por la alzada.
Robo calificado, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Rollero, Julio-Rollero, Jorge s/ Robo calificado por uso de arma y Tentativa de robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-25

El arma utilizada fue correctamente secuestrada en base al preciso dato dado por un vecino, luego testigo de la forma y circunstancia en que los imputados en su huida la arrojaron en el baldío de al lado de su casa, que luego reconoce sin dubitar, con lo cual no queda duda alguna de que la misma fue el arma utilizada y que efectuó disparos, lo que, por otra parte, como ya se expresara en párrafos anteriores, fue corroborado con el informe técnico realizado por personal especializado de la Policía, constatando que el arma tiene perfecta aptitud de disparo, y que la vaina secuestrada fue percutida por ella. Por lo que no hay margen de duda sobre tal extremo, como que tampoco sobre quienes fueron los autores del hecho, que también fueron reconocidos por los testigos e incluso algunos estuvieron presentes al momento de su detención por parte de los policías, todo lo que permite concluir sin hesitación, la acreditación de ambos extremos de la imputación, en su materialidad y coautoría por parte de los inculpados; por lo que debe encuadrarse el hecho en la figura del art. 166 inciso 2º del Código Penal.
Regulación de honorarios, base regulatoria, monto del juicio, transacción, homologación judicial, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cano, José Guillermo c/ Iate S.A., EDECAT S.A. y Poliservicios S.A. s/ Beneficios Laborales - Recurso de Casación Nieva, Roger Eduardo c/ IATE S.A., Edecat y Poliservicios S.A. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación Arévalo, Sergio Marcelo c/ IATE S.A., Edecat S.A. y Poliservicios S.A. s/ Beneficios Laborales - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-08-04|2009-08-04|2009-08-04

A los fines de la regulación de honorarios, un juicio es una unidad jurídica y procesal, lo que implica que tiene un solo monto, que en este caso es el de la transacción y por ende no puede haber dos bases diferentes según el letrado haya o no intervenido en la transacción.

La transacción de derechos litigiosos homologada judicialmente, es un acto procesal con una ejecutoriedad propia equiparable a la que corresponde a una sentencia -art. 850, Cód. Civil-, de ahí que, como título ejecutorio con eficacia idéntica a la de una sentencia, ofrece la suficiente seguridad como para determinar el monto de la regulación de honorarios por actuación judicial, como lo hace igualmente con una sentencia de condena (art. 19, ley 21.839 -Adla, XL-C, 3601-).

En esa inteligencia si se equipara la transacción con los contratos, desconociendo y omitiendo toda referencia a sus efectos y naturaleza procesal, con alcance de cosa juzgada para todos los intervinientes en el pleito, sean firmantes o no de la misma, se desconoce el derecho vigente, pues el artículo 19 de la ley arancelaria, toma como base regulatoria "...el monto de la sentencia o transacción...", sin hacer arbitrarias distinciones.
Medidas cautelares, consentimiento, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Prividera, José Antonio c/ Paredes, Humberto Eduardo y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-03-28

Si el afectado no recurre la medida cautelar decretada y la consiente (art.204 del C.P.C.), puede más tarde pedir, por vía incidental, el levantamiento del embargo, siempre que hubieran variado las circunstancias que lo determinaron. Como lo ha dicho en forma reiterada la doctrina y la jurisprudencia, conforme al art. 208, que las medidas cautelares son provisionales y subsisten mientras duren las circunstancias que la determinaron.
Contratos civiles, locación de cosas, alquiler de videocassette, tiempo de vida útil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LASK JORGE c/ JORGE PALAZZO s/ Sumario (LIBRO: S071 - 127)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-28

Sabido es que el contrato de locación concluye no solo por la expiración del plazo sino también por la pérdida de la cosa o por la imposibilidad del destino especial por la cual la cosa fue expresamente arrendada. Si como en el caso, el destino especial de la cosa era servir como película de video, o sea para poder ser pasada por cassettera; y por otra parte más allá de un número de vueltas el cassette pierde su destino especial; entonces el contrato de locación concluye a ese momento. Ello así, ante la falta de devolución, es evidente que un reclamo de precio posterior al período de vida útil del cassette -tiempo en el que la actora aunque los tuviera en su poder tampoco podría haber obtenido renta o beneficio alguno-, configura un ejercicio abusivo del derecho por el acreedor contrario a la moral y buenas costumbres. Corresponde en consecuencia tener en cuenta a los fines de establecer el precio de lo debido, el período de vida útil o de cumplimiento de su destino por el cassette.
Responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González Andujar, Mario E. c/ Provincia de Bs.As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

Para que pueda invocarse la existencia de error judicial es necesario que el acto jurisdiccional sea revisado y declarado ilegal, pues de lo contrario goza de los efectos de la cosa juzgada.

Admitir la revisión de actos jurisdiccionales en la instancia en que se pretende determinar la existencia de responsabilidad del estado, importaría una evidente alteración del orden jurídico, que tiene establecido en forma expresa cuales son los medios con los que cuentan los litigantes para impugnar las decisiones que emanan del Poder Judicial.
Recursos, fundamentación del recurso, derecho a la vivienda digna, gastos de alojamiento, violencia familiar, agravio extemporáneo
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en MLM contra GCBA sobre amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-17

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad porque los planteos de la parte actora se muestran aptos para habilitar la vía recursiva intentada, pues acreditan que la decisión resistida no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las constancias de la causa. De las circunstancias reseñadas se puede reconocer el derecho de la quejosa y su familia a acceder a una vivienda en el complejo habitacional requerido. Este derecho se da teniendo en cuenta el domicilio que, por causas ajenas a su voluntad (violencia familiar ejercida por su expareja), debió abandonar, lo que le impidió estar presente el día del censo que se realizó para la adjudicación de casas y urbanización del barrio donde vivía. Esta circunstancia, en consecuencia no le permitió formar parte del proceso de relocalización, pues su reclamo fue efectuado en un contexto de violencia familiar que denunció y que permite encuadrar el caso en el supuesto de fuerza mayor cuyas consecuencias no pueden ser cargadas a la actora. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).
Pena, presunciones
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Criminal c/ Bustos, Manuel V. y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1866-10-06

No debe aplicarse por simples presunciones; y en tal caso, debe absolverse al procesado de la instancia, pero con calidad de por ahora.
Honorarios, regulación de honorarios, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: BOTHAMLEY GUILLERMO c/ UNION CARBIDE ARGENTINA Y OTRA s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-01

La ley arancelaria ha establecido una regulación mínima de cuatro "jus" por cualquier acto procesal (tanto en el art. 34 de la Ley 7269 ref. por Ley 7522 como en la Ley 8226, en igual norma). Por debajo de esa escala no se concibe regulación alguna para una actuación que requirió una labor profesional de asesoramiento por escrito, más allá de que pueda coincidirse o no con la imposición de costas a la ejecutada, cuestión que no fue cuestionada por la interesada,. Cabe, pues anular el pronunciamiento en cuanto fue motivo del recurso.-
Tutela, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Administración Pública, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Organización Cleareing Argentino S.A. c/ GCBA s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-03

La autotutela administrativa -fundada en la necesidad de resguardar los intereses públicos y generales de la sociedad- supone que se reserva a la Administración la primera decisión, a la que se la dota de validez y de inmediata eficacia (ejecutoriedad); a la vez que se la priva de carácter último en la medida de que se la hace susceptible de enjuiciamiento judicial. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba, tasas de interés, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA c/ ANDERLIQUE HÉCTOR FABIÁN Y/O POSEEDORY/O QUIÉN RESULTE RESPONSABLE s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2003-03-10

A los fines del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la cuestión relativa a la tasa de interés, es una cuestión accesoria, de hecho, prueba y derecho común, reservada a los jueces de la causa y por ende, materia exenta de la revisión en esta sede.
Responsabilidad indirecta, responsabilidad de los padres, deber de vigilancia
Materia: CIVIL
Carátula: León de Gelpi, Etelvina c/ Amores, Roberto Jorge y Otro s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1974-12-23

Conduciendo el automóvil de su padre, no poseyendo el registro de conductor pertinente, en una ciudad que no es la de su domicilio, y en horas avanzadas de la noche, no puede alegarse entonces que medió la vigilancia activa a que hace referencia el artículo 1116 del Código Civil, respecto a la conducta del menor, por lo menos, para exonerarse la responsabilidad del padre.
Concursos, tasa de justicia, concurso preventivo, base imponible, crédito verificado, grupo económico, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Cascales, Pedro José María c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-05

Procede confirmar la resolución mediante la cual se estimó que la tasa de justicia que corresponde tributar en el concurso es la prevista por la ley 23898: 4. Ello con base en que el tributo debe justipreciarse con base en el monto de los créditos verificados, por lo que la circunstancia de que exista una deuda verificada en distintos procesos concursales no incide en la prestación del servicio de justicia, que se cumple en cada expediente (v. esta Sala en "Mendy Brum de Caderosso c/ concurso preventivo s/ incidente de determinación de la tasa de justicia"; del 29/11/96).

En tales condiciones, sin perjuicio de tratarse de un conjunto económico con propuesta unificada, es en sendos procesos en los que debe abonarse el tributo, tomando como base el monto de los créditos admitidos en el pasivo concursal de cada uno de ellos, en tanto media un servicio de justicia que fue prestado en forma independiente (v. en igual sentido, esta Sala en "Bertolini s/ concurso preventivo s/ inc. art. 11, ley 23898", del 15/9/93 y "Labourt Javier Juan s/ concurso preventivo", del 6/5/11; entre otros). En consecuencia, no resulta aplicable al caso la reducción de la alícuota para el cálculo de la tasa de justicia prevista en la ley 23898: 3, toda vez que la base no está constituida por el pasivo consolidado.
Deuda previsional, multa, determinación de deuda previsional, nulidad del acto jurídico
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "MICROSYSTEM  ARGENTINA  S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnaciónde deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

En el caso de multas previsionales, la constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción al infractor, salvo que éste invoque y demuestre la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida; circunstancia esta que puede ser ocasionada por la propia conducta del acreedor al colocar al deudor en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones. Por ello, ante la imposibilidad de pago de las obligaciones fiscales y de seguridad social puesta en conocimiento del organismo por la recurrente, quien alegó como impedimento para cumplir en término el embargo en su cuenta corriente que la propia A.F.I.P. llevara a cabo en una causa judicial en trámite, la administración debió investigar la circunstancia alegada. Si por el contrario, el órgano administrativo ratificó la aplicación de la sanción pecuniaria, sin constatar si -efectivamente- existía imposibilidad material de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones previsionales, colocando al contribuyente en estado de indefensión y motivando, en definitiva, un enriquecimiento indebido para el Fisco, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de determinación de la multa. (Disidencia del Dr. Fernández).
Recurso de queja (procesal), plazo, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Eugenia Parra en autos Cámara 03/00 Jáimez, Ramón O. c/Líneas G.M. s/ Recusación con causa-Casación-Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-07-26

Dentro de los requisitos formales para la viabilidad del recurso de queja se encuentra el deber de interponerlo dentro del plazo previsto por el artículo 282 del C.P.C., plazo que es de carácter perentorio y que debe computarse a partir de la notificación del acto denegatorio del recurso, que, en el caso, tratándose de una providencia simple, es por nota.

Puesto que al analizar las constancias de autos surge que el recurso fue interpuesto extemporáneamente, sin que pueda considerarse que los recursos previos, que fueron declarados improcedentes, hayan suspendido o interrumpido el plazo para la queja, que es perentorio y no puede ser extendido por ningún acto, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por ser formalmente inadmisible.
Robo calificado, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: Martiarena, Héctor A. s/ Robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-02-05

Si está acreditado que en el robo se utilizaron armas, ello basta para que el delito sea calificado en los términos del art. 166 inc.

2 del Código Penal.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SILVA, CLARA MARTINA Y OTRO c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS ERIKA IV s/ INDEMNIZACION. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 329-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-30

Las resoluciones referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas en los términos del artículo 14 de la ley 48, salvo que medien agravios que, por su magnitud y las circunstancias de hecho, puedan ser irreparables. Asimismo, la doctrina de la arbitrariedad n o suple la falta de dicho requisito, salvo que se demuestre que el perjuicio que la decisión pueda ocasionar es de imposible reparación ulterior.
Accidente de tránsito, jurisprudencia aplicable
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: FREDES NANCY ESTHER c/ VIA BARILOCHE S.A. Y OTRO s/ D.Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-10

En lo que es motivo de disidencia, adhiero al voto del Dr. Fernando Ghisini, por utilizar la Suscripta igual criterio en casos similares (cfr. "Padilla c/ Burgos", expte. n°457.227/2011, sentencia del 6/10/2016, entre otros). (del voto de la Dra. Clerici, que hace la mayoría).