Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-29


SENTENCIA DEFINITIVA: 99693 SALA II Expediente Nro.: 31.107/2011 AUTOS: "MINISTERIO DE TRABAJO C/ UNION DE AVIADORES DE LINEAS AEREAS S/ LEY DE ASOC. SINDICALES" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 29 de septiembre de 2011	, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar el recurso deducido en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	La Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (en adelante UALA) interpuso recurso de apelación contra la Resolución 439/2011 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación con fundamento en el art. 62 de la ley 23551 por cuanto allí se decidió desestimar el pedido de personería gremial formulado por la recurrente con sustento en lo previsto en el art. 29 de la L.A.S.

Corrido el pertinente traslado a la entidad sindical contendiente (Asociación de Pilotos de Lineas Aéreas APLA), ésta no se presentó, por lo que quedaron los autos en estado de dictar sentencia.

II.	En el caso bajo examen la UALA se encuentra inscripta como una entidad sindical de primer grado que agrupa a los pilotos de líneas aéreas argentinas, personal jerarquizado que comprende las categorías de pilotos con patente habilitante de transporte línea aérea (TLA) comercial de primera o comercial (según el estatuto aprobado por Resolucion MTEySS 10/2003, ver fs. 23/25) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el año 2007 solicitó la concesión de la personería gremial manifestando afiliar a casi la totalidad de los pilotos de la empresa Austral L.A. S.A. Ante tal requerimiento y en atención a la tipología adoptada (sindicato de oficio), fue intimada a acreditar el universo de trabajadores representados en relación a la totalidad de los trabajadores de la actividad.- La requirente no satisfizo dicho requerimiento sino que especificó en una presentación posterior que sólo se pretendía la personería gremial con relación a los pilotos de la empresa Austral quienes, en su casi totalidad, se encuentran afiliados a la entidad (ver fs. 58).

La autoridad administrativa intimó a la UALA para que reencauce su pretensión porque con ella se variaba la tipología en la que estaba inscripta (sindicato de oficio) para obtener la personería gremial respecto de los trabajadores de una empresa en particular. No obstante, dispuso correr traslado de la solicitud a la APLA, entidad que se opuso al otorgamiento de la personería gremial pretendida en la presentación efectuada bajo el Nro. de expte. 1315279.

A través de la presentación efectuada por UALA bajo el Nro. de expte. 1425442 se aclaró que, en realidad, dicha entidad nació como sindicato de empresa, que la personería solicitada no excede la representación acordada con la inscripción y que, en diciembre de 2010 se resolvió por Asamblea General readecuar los estatutos a efectos de quedar encuadrada como sindicato de empresa (art. 10 inc. c) ley 23551).

En síntesis se trata de un sindicato que adoptó un criterio de agrupación distinto al que parecería surgir del esquema de la ley 23.551(de "franja" o atípico) que solicita la personería gremial respecto de los trabajadores de una empresa que se desempeñen en una determinada categoría profesional.

III.	Si bien en el caso bajo examen el Ministro de Trabajo desestimó el pedido por existir en el ámbito pretendido un sindicato de oficio con personería gremial (conf. art. 29 ley 23551), en atención a los términos en que han sido formulados los agravios y a los antecedentes del caso en examen, resulta conveniente referir que, al decir de Carlos A. Etala y de Néstor T. Corte, la atipicidad del criterio para decidir el agrupamiento no constituye un obstáculo formal insalvable a los efectos de obtener el reconocimiento de la personería gremial (conf. Etala, Carlos A. en Derecho Colectivo del Trabajo, Astrea, Bs.As., 2002, págs. 113 y ss. y Corte, Néstor T. en El modelo sindical argentino, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1988 pág. 195).

En efecto, la enunciación de los tipos sindicales previstos en el art. 10 de la ley 23551 (sindicatos de actividad, de oficio o de empresa) no es taxativa y nada impide que los trabajadores en ejercicio de su autonomía y libertad sindical elijan otras formas de agruparse (en tipos impuros o mixtos) siempre que presenten cierta homogeneidad de intereses y no reflejen una artificiosa atomización sindical mediante la adopción de criterios de agrupación absurdos o carentes de significación. Este ha sido el criterio sostenido, entre otros, por el Dr. Héctor Guisado al emitir su voto in re "Ministerio de Trabajo c/Asociación del Personal Jerárquico del Jockey Club s/ley de asoc. sindicales"(CNAT, Sala IV, SD 94900 del 24/9/2010) y por Néstor T. Corte al señalar que "asignar carácter taxativo y excluyente a esa enunciación sería desconocer el mandato constitucional del artículo 14 bis que asegura la libertad de organización sindical, como también el margen de permisividad que garantiza el artículo 19 de la Carta Magna para todas las formas de comportamiento que no estén legalmente prohibidas". Es que la norma no puede impedir que los trabajadores puedan optar por módulos diferentes de organización en tanto que, por su naturaleza y fines, sean entidades de carácter sindical y cumplan con los recaudos que justifican la representación que invocan.

Frente a ello y toda vez que en la interpretación de las normas debe preferirse la que mejor concuerde con los derechos y garantías constitucionales, no puede atribuirse al art. 10 de la LAS el carácter limitativo que parece haberle otorgado oportunamente la autoridad de aplicación en tanto ello se contrapone con lo dispuesto en el art. 2 del Convenio N° 87 de la OIT que garantiza a los trabajadores el derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes..

Al respecto cabe tener presente lo sostenido por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT en torno a que no se adecúa a los preceptos del Convenio 87 privilegiar a las organizaciones sindicales de actividad con respecto a las de empresa y profesión si los trabajadores prefirieron organizarse de forma diversa (documento ILOLEX 061991ARG087) y lo considerado por el Comité de Libertad Sindical -OIT- al señalar respecto a un caso argentino que "de conformidad con el artículo 3 del Convenio núm. 87, las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben gozar del derecho de elaborar sus estatutos" y que "corresponde a las organizaciones determinar las reglas relativas a su afiliación" (CLS, Informe núm. 300, Caso núm. 1777, documento ILOLEX 0319953001777; y, más recientemente, Informe núm. 346, Caso núm. 2477, documento ILOLEX 0320073462477 -voto del Dr. Guisado al que vengo haciendo referencia, y en igual sentido, CNAT, Sala IV, S.D. 94.049, "Ministerio de Trabajo c/ Asociación Gremial Obreros y Empleados de CEAMSE s/ sumario"; íd., 22/4/10, "Ministerio de Trabajo c/ Asociación Sindical de Intérpretes Masivos s/ ley de asoc. Sindicales", DT 2010-1504; íd., 14/5/10, S.D. 94.664, "Ministerio de Trabajo c/ Asociación Personal Universidad Católica s/ ley de asoc. Sindicales"-).

En una causa sustancialmente análoga a la presente en el aspecto bajo análisis, Oscar Zas sostuvo que " La libertad sindical o, en otros términos, la "organización sindical libre y democrática", es un principio arquitectónico que sostiene e impone la Constitución Nacional mediante su artículo 14 bis, y por vía de un muy comprensivo corpus iuris con jerarquía constitucional y supralegal, proveniente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos contenido en su artículo 75, inc. 22, primer y segundo párrafos: art. XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), arts. 20 y 23.4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); art. 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); art. 22.1/3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), art. 8.1.a. y c, y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y art. 8 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) (PSS) (conf. C.S.J.N., R. 1717. XLI., 9/12/2009, "Rossi, Adriana María c/Estado Nacional - Armada Argentina")" -CNAT, Sala V, in re "Ministerio de Trabajo c/Nueva Organización de Trabajadores Estatales s/ley de asociaciones sindicales", SD 73397 del 31/8/11-.	En ese sentido se remarcó que "todo el corpus iuris de los derechos humanos pone de resalto el contenido del derecho de asociación sindical en las dos inseparables dimensiones de éste: individual y social. Según lo juzgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los términos del art. 16.1 de la Convención Americana establecen "literalmente" que "quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de asociarse libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho, lo que representa, por lo tanto un derecho de cada individuo", sino que, "además, gozan del derecho y la libertad de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad" (Caso Huilca Tecse vs. Perú, párr. 69 y su cita)"	Conforme lo ha señalado la Corte en el ya famoso caso "A.T.E." el precepto constitucional manda que el régimen jurídico que se establezca en la materia, antes que impedir o entorpecer, debe dejar en libertad a las mentadas actividades y fuerzas asociativas, en aras de que puedan desarrollarse en plenitud, vale decir, sin mengua de la participación, y del eventual pluralismo de sindicatos, que el propio universo laboral quiera darse. Los términos "libre y democrática" que mienta el art. 14 bis, no por su especificidad y autonomía, dejan de ser recíprocamente complementarios (conf. C.S.J.N., 11/11/2008, "Asociación Trabajadores del Estado c/Ministerio de Trabajo").

Consecuentemente, la tipología adoptada por la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas al solicitar la personería gremial para la representación de los pilotos dependientes de la empresa Austral Líneas Aéreas S.A. no puede erigirse en la causa de la desestimación de la pretensión articulada.

Si bien no soslayo que generalmente han coincidido los tipos sindicales de la ley 23.551 con los "tipos" convencionales de la ley 14.250 para asegurar la integridad conceptual entre la representación sindical y la capacidad negocial y que la admisión de organizaciones atípicas sin el debido control o resguardo podría llevar a la artificiosa segmentación del colectivo laboral, lo cierto es que, en el caso bajo exámen, no se avizora un ejercicio antojadizo o irrazonable de la libertad sindical y, según se extrae de la resolución bajo análisis, la denegatoria no se ha fundado en la tipología de la organización gremial peticionaria, por lo que corresponde dar tratamiento a los cuestionamientos formulados con base constitucional respecto de las previsiones contenidas en el art. 29 de la ley 23.551 puesto que, en concreto, este ha sido el fundamento de la resolución apelada.

IV.	Al respecto cabe recordar que desde antiguo la OIT ha formulado cuestionamientos concretos al citado art. 29 de la ley 23.551, por ser contrario a las disposiciones del mencionado Convenio 87.

Solo a modo de ejemplo se señalará que en el año 2004 el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT señaló a la atención del Gobierno que "en la medida que este artículo [el n° 29] impide a las organizaciones sindicales más representativas en una empresa negociar a nivel de empresa es incompatible con los principios de la libertad sindical y la negociación colectiva". Consecuentemente, el Comité pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para que se otorgara la personería gremial a los sindicatos de empresa reclamantes y para que se modificara el precepto legal en cuestión (CLS, caso n° 2312, Informe n° 335 [Argentina], documento Vol. LXXXVII, 2004, Serie B, n° 3). -ver también en este sentido, CNAT Sala IV, SD 94664 del 14/5/10 in re "Ministerio de Trabajo c/Asociación Personal Universidad Católica s/ley de asociaciones sindicales")	También la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de ese organismo internacional (CEACR) se ha expedido en el sentido apuntado al señalar que disposiciones como la del art. 29 de la ley 23.551"podrían tener por efecto restringir el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones (art. 2 del Convenio)" (documento ILOLEX 061989ARG087), lo que tiene como resultado "favorecer y privilegiar a nivel de personería gremial (concediendo derechos exclusivos en materia de contratación colectiva y otros temas importantes) a las organizaciones sindicales de actividad con respecto a las de empresa y profesión, incluso en la hipótesis de que los trabajadores prefiriesen en un supuesto dado organizarse a nivel de empresa o profesión". (documento ILOLEX 061991ARG087).

En el año 1999 la CEACR reiteró sus críticas al puntualizar que "las condiciones adicionales requeridas para la concesión de la personería gremial a los sindicatos de empresa, de oficio, profesión o categoría son excesivas y en la práctica impiden que estas organizaciones tengan acceso a la personería gremial, privilegiando a las organizaciones sindicales de actividad. En efecto, cuando exista un sindicato de actividad con personería gremial y represente a los trabajadores de ese ámbito, ningún sindicato de empresa, de oficio, profesión o categoría en ese ámbito podrá lograr el reconocimiento de la personería gremial, aunque haya demostrado, de conformidad con el artículo 28, ser el más representativo". Agregó que "tomando en consideración además los numerosos privilegios que la legislación le otorga a las organizaciones sindicales con personería gremial, la Comisión insiste en que este tipo de disposiciones pueden en la práctica restringir el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a la de su elección, y el derecho de la organización de realizar sus actividades sin injerencia del poder público" (documento ILOLEX 061999ARG087).

Varios años después (en el 2006) el mismo organismo de control insistió (en relación con los arts. 29 y 30) que "las condiciones exigidas para que los sindicatos de empresa, de oficio o de categoría puedan obtener la personería gremial son excesivas limitando en la práctica su acceso a dicha personería gremial y privilegiando a las organizaciones sindicales de actividad existentes a pesar que los sindicatos de empresa, oficio o categoría sean más representativos, según lo dispuesto en el artículo 28" (documento ILOLEX 062006ARG087). En idénticos términos se expidió la Comisión en las Observaciones publicadas en 2008 (ILOLEX 062008ARG087) y en el año 2010 (documento ILOLEX 062003ARG087).

Las referencias hasta aquí efectuadas resultan sumamente ilustrativas de cuál es el sentido que a criterio de los organismos de control de la OIT cabe otorgarle al Convenio OIT N° 87, como así también evidencian que el art. 29 de nuestra ley sindical se encuentra abiertamente en contraposición a los principios de libertad y democracia sindical que deben regir en el ámbito de las relaciones colectivas.

En efecto, tanto el Comité de Libertad Sindical (al examinar las quejas deducidas contra la Argentina) como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (en sus Observaciones individuales de 1989, 1991, 1993, 1006, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2008 y 2010) cuestionaron duramente al art. 29 de la ley 23.551 por ser contrario a las disposiciones del Convenio n° 87 y tales puntualizaciones, a la luz de los lineamientos planteados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los ya famosos casos "ATE" y "Rossi", llevan a declarar en el caso inconstitucional al dispositivo legal cuestionado por resultar contrario a las previsiones del art. 14 bis de la CN, y de lo dispuesto en el Convenio 87 OIT.

Por lo demás, se impone señalar que las objeciones planteadas por los organismos de control de la OIT no pueden ser desatendidas por los jueces, pues, en ausencia de recurso ante la Corte Internacional de Justicia, las observaciones de la Comisión de Expertos son jurídicamente tan obligatorias en el derecho nacional como lo puede ser el texto mismo del convenio (conf. Bronstein, Arturo, "La Libertad sindical y el fallo de la Corte ¿Qué puede pasar ahora?", DT 2008-B, 1071 según cita efectuada, entre otros en CNAT, Sala IV, S.D. 94.049, "Ministerio de Trabajo c/ Asociación Gremial Obreros y Empleados de CEAMSE s/ sumario").

Al respecto se ha señalado que el valor de las opiniones expresadas tanto por el CEACR como por el Comité de Libertad Sindical es mayor en nuestro país en razón de la jerarquía que ocupan las normas de la O.I.T. en nuestra pirámide legislativa después de la reforma constitucional de 1994 y que, la jurisprudencia de los órganos de control de la OIT tiene carácter vinculante para los tribunales locales por cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Baena, Ricardo y otros" -sentencia del 2/2/2001- para resolver un caso de violación a los derechos derivados de la libertad sindical (art. 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) tomó particularmente en cuenta las Recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T ,otorgándole a tal organismo el carácter de intérprete genuino de lo dispuesto en los convenios adoptados en la materia.

Este criterio de interpretación incluso ha sido receptado en forma expresa por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al señalar que la jurisprudencia de los órganos internacionales debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (conf. C.S.J.N., 7/4/95, "Giroldi, Horacio David y otro s/recurso de casación", L.L. 1995-D, p. 463; 3/05/2005, V.856.XXXVIII, Recurso de Hecho "Verbitsky, Horacio s/habeas corpus"; 14/06/2005, "Simón, Julio Héctor y otros", L.L. 2005-D, p. 845).

Por ello, y dado que el Convenio n° 87 de la OIT tiene rango superior a las leyes (e incluso para un importante sector de la doctrina podría también reputarse con jerarquía constitucional, en función de lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art. 8°-, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 22 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -art. 16-), cabe concluir que el citado art. 29 de la ley 23.551, en cuanto contraría los principios recogidos por ese Convenio, resulta también contrario al orden normativo establecido por nuestra Constitución Nacional (arts. 31 y 75, inc. 22).

Consecuentemente, por todo lo hasta aquí expuesto, de prosperar mi voto, corresponde declarar la inconstitucionalidad, para el caso concreto, del precepto legal en cuestión y revocar la resolución apelada en cuanto (con apoyo en esa norma) desestimó el pedido de personería gremial efectuado por la entidad sindical apelante.

V.	No obstante lo expuesto, pese a los reiterados intentos de que el Ministerio sustancie la disputa planteada y, en su caso, produzca la prueba ofrecida y proceda al cotejo de los afiliados cotizantes (ver actuaciones bajo el Nro. de expte 1310576), en las actuaciones administrativas labradas no se ha completado el trámite previsto en los arts. 25 y 28 de la ley 23.551 y la desestimación del pedido se efectuó con carácter liminar y únicamente con sustento en la existencia de otra entidad de ámbito mayor con personería gremial (conf. arg. art. 29 LAS), por lo que a mi juicio, correspondería remitir las actuaciones al Ministerio de Trabajo para que complete el procedimiento iniciado y en su caso, dicte resolución según los lineamientos del presente decisorio.

Al respecto estimo necesario referir que si bien la entidad sindical contendiente (APLA), en la instancia administrativa, contestó el traslado y se opuso a la concesión de personería gremial básicamente con sustento en las alegaciones efectuadas en la presentación glosada en el Expte. N° 1315279, la autoridad no se ha expedido sobre la documentación acompañada por la peticionaria y tampoco aquella se pronunció sobre ese tópico, sobre las pruebas que deberían en su caso producirse o del modo en que debería procederse a la comprobación de la mayor representatividad alegada. Todas estas circunstancias impiden que, en el caso, la Sala emita pronunciamiento definitivo sobre la disputa de personería planteada.

En consecuencia, por lo expuesto y de conformidad con el dictamen fiscal que antecede (cuyos fundamentos comparto y doy por íntegramente reproducidos en mérito a la brevedad) propicio declarar la inconstitucionalidad, para el caso concreto, del art. 29 de la ley 23.551 y consecuentemente, revocar la resolución apelada que, con fundamento en ese precepto, desestimó el pedido de personería gremial efectuado por la actora.

A su vez propongo dejar sentada posición en torno a la interpretación que cabe efectuar de la enunciación establecida en el art. 10 de la ley 23551 en cuanto a las tipologías allí consideradas a fin de evitar que las partes vuelvan sobre debates que no se adecuan a la normativa legal, supralegal e internacional vigente en la materia.

A efectos de dar respuesta adecuada a la asociación peticionaria, corresponde remitir las actuaciones al Ministerio de Trabajo a fin de que a través de la dependencia que corresponda se complete el procedimiento previsto en los arts. 25 y 28 de la ley 23551 y, oportunamente, se dicte resolución de conformidad con las pautas establecidas en el presente pronunciamiento.

VI.	En atención a las particularidades de la causa, la índole de la cuestión debatida y el modo de resolverse, propicio imponer las costas de la Alzada en el orden causado (art. 68 in fine CPCCN).

Miguel Ángel Pirolo dijo: Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar la viabilidad formal de la petición formulada por la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) de conformidad con el criterio de interpretación que rige en cuanto a las tipologías previstas en el art. 10 de la ley 23.551, 2) Declarar la inconstitucionalidad, en el caso, del art. 29 de la ley 23.551 y, en consecuencia revocar la Resolución N° 439/2011 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en cuanto fundó en dicha norma la denegatoria de la personería gremial solicitada por la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) ; 3) Remitir las actuaciones al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a fin de que, a través de la dependencia que corresponda. se complete el procedimiento previsto en los arts. 25 y 29 de la ley 23551 y, oportunamente, se dicte resolución de conformidad con las pautas establecidas en el presente pronunciamiento Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Miguel Ángel Maza Juez de Cámara Juez de Cámara