Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-10-30


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 35 San Fernando del Valle de Catamarca,31de Octubre de 2.005.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 87/05 "MOLINA, Luis Alberto c/ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ACCIÓN DE AMPARO", y traídos a despacho para dictar sentencia.

Practicado el sorteo correspondiente, y conforme al acta obrante a fs. 74, dio el siguiente orden de votación: Ministros: Dres. José Ricardo CÁCERES, Amelia del Valle SESTO de LEIVA y César Ernesto OVIEDO. - El Dr. Cáceres dijo:

A fs. 20/26 el Sr. Luis Alberto Molina promueve acción de amparo con el objeto que se declare la nulidad de la Resolución Ministerial ECC y T Nro. 1200/05 emitida por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, como asimismo del Contrato de técnico en educación de fecha 28/04/05, suscripto entre las autoridades del Ministerio referido y la profesora Leonor Casado.

Luego de justificar la competencia del Tribunal y los requisitos formales del medio intentado, comienza el relato de los hechos señalando que en el año 2001 se llama a concurso a efectos de cubrir cargos de técnicos en educación en áreas centrales del Ministerio de Educación. Que en dicha oportunidad los postulantes debían optar por una de las áreas en la que se hayan registrado siendo dicha opción inmodificable y no pudiéndose anotar en más de un área. Que el 28/12/01 por Resolución Ministerial CE Nro. 1885 el Ministerio de Educación aprueba el resultado definitivo del Concurso. En tal sentido afirma el recurrente, que en el área de Gestión en Información e Investigación resultó seleccionada como titular la Prof.Févola y él como único suplente, ello en base al informe final confeccionado por la autoridad de aplicación. Destaca que el proceder arbitrario de la Administración Pública se materializó al aprobar mediante la Resolución Nro. 1200/05 de fecha 09/6/05 el contrato suscripto en el mes de Abril con la Sra. Leonor Casado que figuraba como suplente en el área -Gestión Institucionalcubriendo así la vacante existente en el área Gestión de Información e Investigación, ello debido a la renuncia presentada por la titular del área. Que ello a más de resultar injusto pues en el caso se lo debió haber convocado a celebrar el contrato respectivo, resulta ilegítimo al violentarse normas expresamente establecidas en el Decreto Acuerdo 1068/01 reglamentario de la ley Provincial Nro. 3122 para la cobertura de las vacantes de técnicos en educación, como asimismo violatorio de la Resolución CE Nro. 1885. Por dicho motivo peticiona a través de este medio se declare la nulidad de la Resolución que aprueba el contrato referido, y se ordene al demandado la suscripción del Contrato de técnico en educación titular en el área de Información e Investigación, ello en razón de haber sido oportunamente seleccionado como suplente. Ofrece prueba y solicita la condenación en costas.

A fs. 30 se resuelve declarar la competencia "prima facie" del Tribunal para intervenir en la presente causa, como asimismo se declara la viabilidad formal de la acción interpuesta y se ordena oficio al Ministerio de Educación para que en el término de ley remita los antecedentes relacionados con la Resolución Ministerial ECC y T Nro. 1200/05 y del Contrato de Técnico en Educación de fecha 28/04/05.

A fs. 68/75 comparecen los apoderados del Estado Provincial quienes, al evacuar el informe requerido, señalan que las autoridades del Ministerio de Educación han actuado dentro de las facultades conferidas por los Arts. 6 y 7 de la ley 5145. Que si bien es cierto el acto administrativo impugnado evidencia un error leve no esencial, un error material en su contenido al determinarse la cobertura de una vacante perteneciente al área Gestión de Información e Investigación cuando en rigor debía instituirse sobre una vacancia correspondiente al área Gestión Institucional, ello no amerita que se declare su nulidad en tanto la voluntad de la Administración no ha sido afectada, por lo que debe ordenarse solamente su corrección. Desde otro ángulo, afirman que el amparo presentado resulta extemporáneo atento al tiempo transcurrido desde la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Nro. 1200/05. Señalan también la falta de agotamiento de la vía administrativa y niegan que existan derechos adquiridos que obliguen a la Administración a celebrar contrato alguno con el amparista. Por último, expresan que el contrato celebrado y cuestionado a través de este medio se sustentó en la necesidad de contar en la Dirección de Despacho del Ministerio con un técnico en educación con orientación en la gestión institucional, resultando ello el ejercicio de una actividad discrecional no revisable judicialmente, por lo que concluyen solicitando por éstas y otras consideraciones, a las que me remito en honor a la brevedad, el rechazo de la acción promovida, con costas.- Que examinada la pretensión del recurrente y las constancias que obran en la causa, paréceme pertinente recordar que la cuestión se inicia a raíz de la contratación que las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de Catamarca, realizan con la Sra. Profesora Leonor Casado. En tal sentido se afirma, que habiéndose producido una vacante en el área Gestión de Información e Investigación, ello por la renuncia presentada por la titular, correspondía su convocatoria dado que él había resultado el único suplente conforme a la Resolución Nro. 1885. Que el proceder arbitrario de la autoridad administrativa se materializa al cubrir la vacante existente en el área de Gestión de Información e Investigación con una docente perteneciente a otra área violando, de esa manera, el derecho adquirido de ser nombrado en lugar de la anterior titular. - Expuesta las cosas de ese modo, observo que en autos se pretende revisar el margen de apreciación de los hechos y el encuadramiento jurídico que le asignó la Administración al Contrato suscripto en el mes de abril del corriente año.

De modo preliminar he de señalar que el ejercicio de la discrecionalidad no justifica el incumplimiento de los requisitos procedimentales y formales exigidos por el ordenamiento, pues aún cuando se reconozca un gran margen de libertad, el control de su ejercicio se produce también mediante la fiscalización de los procedimientos, formas y motivación correspondientes.

Desde dicha perspectiva, entiendo, deberá analizarse la cuestión controvertida en autos, donde el amparista reclama el cumplimiento de disposiciones emitidas por la propia administración al reglamentar y aprobar el resultado definitivo del Concurso Nro. 1 de Cobertura de Cargos de Técnicos en Educación-Decreto Nro. 1068/01 y Resolución Nro. 1885/01-.

En tal sentido cabe consignar que el acto administrativo que se cuestiona considera dos cuestiones a saber: en primer orden la necesidad de contar en la Dirección de Despacho del Ministerio de Educación con recursos humanos capacitados a fin de garantizar la correcta realización del servicio educativo, y en segundo lugar la existencia de vacantes en condiciones de ser cubiertas. A su vez el Contrato de técnica en educación en carácter de titular y en el área gestión institucional que se aprueba por dicho acto administrativo y a favor de la profesora Leonor Casado lo es en reemplazo de la profesora Griselda del Valle Févola.

El recurrente recuerda, y no sin razón, que la última de las personas mencionadas se ha desempeñado como titular en el área de Gestión de Información e Investigación, que ello ha sido hasta la rescisión de su contrato ocurrido el día 14/04/05. Que en razón de ello, y por estricto acatamiento de las normas vigentes, correspondía su convocatoria a suscribir el Contrato respectivo dado que él había sido seleccionado como único suplente en el área de mención.- La administración, se sabe, debe respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima, debe la Administración en el marco de la política educativa que ha implementado conducirse con coherencia respetando las razonables expectativas que ha suscitado en los interesados.

De ahí que si se comprueba, como en la especie, el incumplimiento del procedimiento normativamente establecido, deba ordenarse el inmediato restablecimiento del derecho conculcado, pues lo contrario menoscaba irrazonablemente el derecho del actor a ser considerado y no indebidamente excluido, en la selección que debe efectuarse para llenar la vacante del cargo.- En consecuencia y habiendo reconocido la propia Administración el error cometido de cubrir la vacante existente en el Área de Gestión de Información e Investigación con una suplente perteneciente a otra área, corresponde declarar la ilegitimidad de la Resolución Nro. 1200/01, en tanto se ha podido comprobar que el comportamiento administrativo ha conculcado el derecho del actor a ser tenido en cuenta en el procedimiento de selección previsto para cubrir la vacante originada en el área Gestión de Información e Investigación, y la concreta y fundada expectativa de acceder a la formación del Contrato de técnico en educación ante la renuncia presentada por la titular. Por esta razón se ordena que el Poder Ejecutivo resuelva nuevamente la cuestión, con arreglo a las normas establecidas en el Decreto Acuerdo 1068/01 y Resolución 1885/01.

En síntesis propongo, si mi voto fuera compartido, la admisión de la acción deducida, con el alcance dado en el análisis precedente.

Conforme al Art. 17 de la ley 4642 las costas serán a cargo de la vencida. Así voto.- Voto de la Dra. Sesto de Leiva:

Que analizadas las constancias de autos y las posiciones de las partes en torno a la controversia, cabe expresar mi adhesión a la soluciónpropuesta por el Sr. Ministro preopinante y a los fundamentos que la sostienen, sin embargo, por imperativo ético y por respeto a la jerarquía que invisto, considero necesario hacer alguna reflexión en orden a la actuación del Estado requerido yde sus apoderados.

Por una parte en el informe obrante a fs. 68 se insiste que la legitimidad del obrar estatal se funda en el requerimiento de undeterminado perfil para la cobertura del cargo de que se trata, cuando por el contrario en las actuaciones administrativas que se agregan solo se hace mención a una genérica e indefinida reestructuración funcional en el área del Ministerio de Educación y a la discrecionalidad ministerial para llevarla a cabo provocándose una doble contradicción: la primera entre los dichos del informe y los actos de la administración incorporados a la causa; la segunda entre la postulada discrecionalidad y la naturaleza esencialmente reglada de los cargos y funciones que se ponen en juego derivados del concurso Nro. 1 para la cobertura del cargo de técnico en educación y de sus bases y condiciones reglamentarias.

Por otra parte sorprende la atención de esta Ministro la imprecisión conceptual que se percibe en el informe de la administración, donde pareceno se tiene en claro la instrumentación jurídica de los cargos en cuestión confundiéndose institutos como el contrato con la designación.

Pero mucho mas aflige a esta Magistrada quelaadministración haciendo caso omiso del principio de buena fe procesal,intente convencer a este Alto Tribunal que en el caso no hubo afectación de derechos constitucionales y se trata de un nuevo error material sin mayores consecuencias, pues si de ello se tratara, un mínimo de seriedad hubiera indicado su corrección inmediata y mas aún ante requerimiento del afectado, sin esperar esta instancia con el desgaste jurisdiccional que involucra, pero sorprende aún mas que se considere como un simple error de tipeo, al desmadre de sus consecuencias jurídicas que privan del cargo a quien tenía legítimas aspiraciones y expectativas derivadas de un concurso y de su posición en él.

Voto del Dr. Oviedo:

Que adhiero al meduloso fundamento y solución propiciada por el Sr. Ministro que inaugura el Acuerdo, por lo que voto en el mismo sentido.

Por todo ello y por unanimidad de votos,, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el Sr. Luis Alberto Molina; consecuentemente declarar la ilegitimidad de la Resolución Nro. 1200/01 y ordenar al Poder Ejecutivo resuelva nuevamente la cuestión, con arreglo a las normas establecidas en el Decreto Acuerdo Nro. 1068/01 y Resolución Nro. 1885/01.2) Con costas a cargo de los accionados.- 3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.