Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-30


TS06D 61457 30-07-09 SALA VI EXPTE. Nº 28.450/07 JUZGADO Nº 32 AUTOS: "JUAREZ NORA MARIELA C/ DATA ON LINE S.R.L. Y OTRO S/DESPIDO" Buenos Aires, de de LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar en lo principal a la demanda, se alzan ambas demandadas y la parte actora a tenor de las presentaciones de fs. 724/730, fs. 740/743 y fs. 734/739, las que fueron contestadas a fs. 756/759; fs. 751/755; fs. 760/764 y fs. 765/766, respectivamente.

La co demandada Data On Line S.R.L. apela por altos los honorarios regulados al perito contador y a la representación y patrocinio letrado de la parte actora (fs. 740).

Atendiendo a la incidencia de los agravios sobre el decisorio en crisis, comenzaré analizando el recurso interpuesto por Data On Line S.R.L., que afirma que la sentencia le causa agravio porque consideró probado que la actora prestó servicios en jornada completa en lugar de hacerlo en tiempo parcial como lo sostuvo la recurrente en el responde. Sostiene, en lo que interesa y en síntesis, que la jornada a tiempo parcial no requiere "condiciones formales" como se afirma en la sentencia de grado, y que contrariamente a lo que concluye la sentenciante la jornada reducida surge probada de los recibos de haberes, mientras que afirma que los testigos que declararon a instancias de la parte actora no explicaron la modalidad de la prestación consistente en la entrega de los trabajos al cliente entre el 15 y el 20 de cada mes, quedando liberados de prestar servicios el resto del mes.

Adelanto desde ya que en mi opinión el agravio no puede tener andamiento.

En efecto, la recurrente soslaya que por las reglas que rigen la carga de la prueba, era la co demandada quien debía acreditar la limitación de la jornada que pretende.

Al respecto debo señalar que, tal como se afirma en la sentencia de primera instancia, la co demandada desistió de toda su prueba testimonial (conf. fs. 171), a lo que se suma que lo afirmado en el responde y ahora en el recurso tampoco surge como un punto del cuestionario sometido al perito contador (conf. fs. 520/525 y fs. 107vta./108).

Atento lo expuesto, y dado que no puede considerarse prueba de la jornada reducida que se pretende la simple constancia en los recibos de haberes ya que precisamente son cuestionados por la actora, propongo rechazar en este punto el recurso intentado.

Seguidamente la co demandada se agravia porque considera equivocada la remuneración que tuvo en cuenta la sentenciante como correspondiente a la jornada y a la categoría de la accionante.

Pero en este punto la presentación recursiva incurre en deserción en tanto la sentenciante se ha basado en el informe del perito contador de fs. 521, y dicho informe no solamente no ha sido tenido en cuenta ni refutado por la recurrente, sino que tal como se destaca en el decisorio de grado, no fue impugnado en su oportunidad.

También se agravia la co demandada porque se consideró justificada la situación de despido indirecto en que se colocó la actora, pero desde ya adelanto que el agravio en mi opinión no puede proceder.

En efecto, tal como he concluido más arriba, se ha probado que la actora se desempeñó en jornada completa, mientras que la demandada la había registrado y le abonaba haberes correspondientes a media jornada. En consecuencia, habiendo la actora intimado debidamente por dicha causal, y no habiendo tenido respuesta favorable de la ahora accionada, ello por sí solo es suficiente para considerar configurada la injuria grave prevista por el art. 242 LCT, por lo que propongo rechazar en este punto el recurso intentado.

Como consecuencia de lo sostenido en lo que atañe a la causal de despido, tampoco puede proceder en mi opinión el agravio intentado respecto de la indemnización prevista en el art. 2° Ley 25.323. En efecto, en tanto la propia co demandada había registrado a la actora por una jornada inferior a la realmente cumplida y le abonaba una remuneración inferior a la que le correspondía, no puede alegar desconocimiento de la justeza de los reclamos de la entonces dependiente, por lo que no advierto motivos para modificar en este aspecto la sentencia apelada.

El agravio intentado respecto de la multa del art. 80 LCT incurre en deserción en tanto no tiene en cuenta la notificación cursada según constancias de fs. 12, a la que se remite la sentenciante.

Por último, la co demandada se agravia porque se la condenó a pagar la integración de haberes del mes de despido, pero los argumentos vertidos son insuficientes, en tanto no se advierte ningún exceso ni demora irrazonable por parte de la actora, sino en todo caso la prudente actitud de quien respeta debidamente lo dispuesto por el art. 10 LCT.

Corresponde ahora que me expida sobre el recurso interpuesto por la parte actora, quien en primer lugar se agravia porque se rechazó el reclamo fundado en la Ley 24.013 por considerar la sentenciante que no se probó la diferente fecha de ingreso invocada en la demanda. Sostiene la recurrente que para ello la sentenciante se basó en la desestimación de dos testimonios por tratarse de personas que afirmaron tener juicio contra la accionada.

Si bien en mi opinión el solo hecho de tener juicio contra la accionada no es suficiente para descalificar los dichos de los testigos, en este caso concreto debo destacar que ni Carrillo (fs. 429) ni Delgado (fs. 434) han dado suficiente razón de sus dichos en lo que atañe a la fecha de ingreso de la actora. En efecto, la sola mención de la fecha en cuestión no puede considerarse suficiente, sobre todo en este caso en que la valoración de esas declaraciones requiere ser más estricta. A todo evento, destaco que los dichos de esos testigos no han sido corroborados por ningún otro elemento de prueba.

Por otra parte, sin perjuicio de lo afirmado por la recurrente, no advierto que se hayan constatado en este caso las deficiencias registrales que sanciona la ley 24.013 en sus arts. 8, 9 y 10, es decir, la ausencia de registro, o la fecha de ingreso posterior a la real o la remuneración inferior a la efectivamente percibida, por lo que propongo confirmar en este punto la sentencia apelada.

La actora afirma que le causa agravio la sentencia en tanto rechazó la indemnización reclamada con fundamento en el art. 16 Ley 25.561, y en este aspecto considero que le asiste razón a la recurrente.

En efecto, la Señora Juez "a quo" consideró inaplicable dicha indemnización al presente caso en virtud de informes del INDEC sobre índices de desocupación en el primer trimestre de 2007.

Sin embargo, en mi opinión, el art. 2° de la Ley 25.972 facultó al Poder Ejecutivo Nacional para declarar la cesación del estado de emergencia pública en forma total o parcial, y en ese orden de ideas es razonable concluir que el decreto 1224/07 constituyó el acto administrativo necesario para declarar la finalización de dicha emergencia a los fines del art. 16 Ley 25.561. De esta forma considero que se resguarda la seguridad jurídica, en especial en tanto el INDEC publica sus series por trimestres, en base a promedios, con el agravante de considerar al menos dos pautas diferentes en lo que hace a la medición de la desocupación.

Por ello, tal como lo ha sostenido esta Sala en el precedente "Sfoggia Adriana Noemí c/Puig Argentina S.A. s/Despido" (S.I. nº 30.931 del 23/09/2008), propongo revocar en este aspecto la sentencia apelada y hacer lugar al reclamo indemnizatorio fundado en el art. 16 Ley 25.561 modificado por art. 4° Ley 25.972, por lo que al capital nominal de condena corresponde adicionarle la suma de $5.510,70 por tal concepto.

La co demandada Siemens se agravia porque se hizo extensiva la condena en su perjuicio, y afirma que la sentenciante no ha tenido en cuenta que cumplió con la obligación impuesta por el art. 30 LCT, en tanto ejercitó los controles requeridos por dicha norma, por lo que afirma que no resulta aplicable en este caso la solidaridad pretendida por la actora.

En mi opinión el agravio no puede tener andamiento. En efecto, de la simple lectura del art. 30 LCT en su actual redacción se desprende con toda claridad que el segundo párrafo contiene un agregado que se suma a la responsabilidad prevista ya en el primer párrafo. No otro puede ser el sentido de las palabras ".deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas." (las negritas me pertenecen).

Es decir que la co demandada debía exigir a Data On Line S.R.L. el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social, lo que obviamente incluye el debido registro de la jornada cumplida y el pago de remuneración acorde con la jornada efectivamente cumplida.

Además de ello la co demandada debía exigirle a Data On Line S.R.L. las constancias establecidas en el segundo párrafo del art. 30 LCT.

Pero la responsabilidad solidaria establecida en el cuarto párrafo del art. 30 LCT corresponde al incumplimiento de cualquiera de los requisitos previamente mencionados.

En el presente caso, no se advierte que la co demandada Siemens haya exigido de Data On Line S.R.L. el adecuado cumplimiento de las normas relativas a la jornada laboral, su registro y su pago, por lo que en mi opinión corresponde confirmar la condena impuesta con fundamento en el art. 30 LCT.

Se agravia también la co demandada porque se la condenó a hacer entrega de la certificación de servicios y remuneraciones, sin haber asumido el carácter de empleadora de la accionante. Sin embargo, de acuerdo con el criterio de esta Sala al que he adherido, en tanto la condena impone una obligación de hacer, que como tal podría ser incluso cumplida por el titular del Juzgado interviniente, considero que debe confirmarse lo decidido en origen, en tanto la co demandada puede extender la certificación ateniéndose a los extremos que surgen de la sentencia de autos, y sin que ello implique asumir el carácter de empleador de la actora.

Por último la co demandada se agravia porque se la condenó también en virtud del art. 2° Ley 25.323 y afirma que tratándose de una norma punitiva, no puede ser aplicada a su respecto.

Sin embargo, no advierte la recurrente que la condena le fue impuesta en carácter de responsable solidario, y en ese sentido los términos del cuarto párrafo del art. 30 LCT son suficientemente amplios para considerar incluida la indemnización del art. 2° Ley 25.323, ello sin perjuicio del derecho de repetir respecto de la otra co demandada que puede asistirle a Siemens en caso de efectivizar el pago de lo adeudado.

Los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y al perito contador no resultan elevados atendiendo a la extensión de las tareas cumplidas, resultados alcanzados y pautas arancelarias aplicables, por lo que propongo confirmarlas.

Atento las cuestiones debatidas y resultados de esta alzada propongo que las costas sean soportadas por las demandadas vencidas en lo sustancial (conf. art. 68 CPCCN). A ese efecto, propongo regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les fue regulado por las labores en primera instancia (conf. art. 14 Ley 21.839).

Por lo expuesto y de prosperar mi voto, propongo: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada fijando como monto nominal de condena la suma de $47.042,92 (Pesos Cuarenta y siete mil cuarenta y dos con 92/100), sobre la cual deberán adicionarse los intereses establecidos en primera instancia. 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fuera materia de recurso. 3) Imponer las costas de alzada a las demandadas. 4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los que deben percibir por la labor cumplida en primera instancia.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, ley 18.345, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar parcialmente la sentencia apelada fijando como monto nominal de condena la suma de $47.042,92 (Pesos Cuarenta y siete mil cuarenta y dos con 92/100), sobre la cual deberán adicionarse los intereses establecidos en primera instancia. II) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fuera materia de recurso. III) Imponer las costas de alzada a las demandadas. IV) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los que deben percibir por la labor cumplida en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y vuelvan