marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Retroactividad de la ley, interposición del recurso
Materia: PENAL
Carátula: M., M. A. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-22

Sometido el caso al estudio de cómo funciona en el tiempo el ordenamiento ritual que parcialmente cesa y el que comienza su imperio -Ley 4143-, no para los procesos futuros, ni para los fenecidos, sino para los pendientes, únicos que pueden incidirse con la doble legislación procesal penal, es menester declarar la retroactividad de la flamante ley para los hechos anteriores a su vigencia y su irretroactividad para los actos ejecutados con arreglo a la norma sustituida -C.P.P., art. 397-
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, calidad de parte, situación del imputado, eximición de prisión, auto de eximición de prisión, antecedentes penales, conducta del procesado, agravantes de la pena, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: BENITEZ, ACOSTA Antonio Horacio c/ PÉREZ, Adrián Alfredo s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-06-04

La pena establecida para el delito de robo con arma en grado de tentativa determina una escala penal que va de un mínimo de 3 años y 4 meses a 7 años y medio, por lo que se puede estimar que en el caso de una eventual sentencia condenatoria la misma no podrá ser de ejecución en suspenso, sino de cumplimiento efectivo de conformidad a lo dispuesto por el art. 26 del Código Penal y seguramente superior a ese mínimo atento la personalidad del acusado que describe la madre del damnificado .

Teniendo en cuenta así la gravedad de la imputación y la personalidad del acusado hacen estimar razonablemente, que para el caso de ser puesto en libertad, existe riesgo procesal de incomparencia y consecuentemente de frustración del proceso para evitar las consecuencias de tan gravosa sanción; desconocer ello sería desconocer la naturaleza humana, el conciente sentido de autoprotección y el franco impulso a preservar la libertad, como lo sostiene nuestra Corte de Justicia.

Firmado Dres.: Julio V. Pancio y Raul Román.
Derecho penal, Derecho procesal, situación del imputado, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: CARMEN, CESAR RUBEN s/ INCIDENTE DE SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-08-22

Toda vez que se solicite la Suspensión del Juicio a Prueba, se destaca que en el reciente fallo citado por el Sr. Fiscal "Acosta Alejandro E", la Corte Suprema de Justicia de la Nación propugna la aplicación de la tesis amplia y establece que el criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el art. 76 bis a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere los tres años, se funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante.	El art. 76 bis, cuarto párrafo del C.P. prevé la posibilidad de suspensión del juicio, si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del fiscal. Esta norma debe ser entendida en el sentido de que la excepción al progreso de la acción penal, es resorte exclusivo del propio órgano acusador, el que debe para ello prestar consentimiento.

Como las expresiones de la parte acusadora deben ser siempre motivadas, bajo pena de inadmisibilidad, conforme lo impone el art. 68 C.P.P., dicho consentimiento debe ligarse, no con el puro arbitrio discrecional del Sr. Fiscal de Cámara, sino con una motivación suficiente que la propia ley señala como relacionada a la posibilidad de dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, debiendo la parte acusadora ponderar esta regla, y no los jueces, lo que deriva de la garantía judicial de la imparcialidad del juzgador contenida en el art. 8.1 de la Convención americana sobre Derechos Humanos y en el 14.,5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, integrantes del nuevo bloque de constitucionalidad por su incorporación al derecho interno en virtud de la cláusula 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
Acto administrativo, presidente de la Nación, Poder Ejecutivo, AFIP, impuestos, contribuyentes
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Radiodifusora Mediterránea S.R.L. c/ Estado Nacional -amparo-. s/ derogacion de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

El decreto 1520/99 es un acto interorgánico, pues el presidente de la Nación da una orden a un ente bajo su dependencia -la AFIP-, que cumple con un cometido específico puesto por la Constitución Nacional en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional y, a la vez, también es un acto susceptible de generar derechos hacia terceros, en especial, los contribuyentes afectados por la norma.
Tasa de justicia, pago, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Inc.   de  Determinación  de  Tasa  de  Justicia  en  autos:  "Sideco Americana  S.A. " c/ D.N.V. s/ Cobro de "A"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-18

De confr. con el art. 9 de la ley 23898, en los juicios en los que se reclamen sumas de dinero la totalidad de la tasa judicial será abonada en el acto de iniciación de las actuaciones, no previendo la ley la suspensión de su pago.
Recurso de inconstitucionalidad, abuso sexual calificado por acceso carnal, doble instancia, falta de fundamentación, derecho al recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: C/C P., M. Y T.G. (M) por abuso sexual agravado por el número de participantes y la intervención de un menor de edad, en perjuicio de S.V. (m) c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-09-24

El sistema recursivo previsto en el Código Procesal Penal no puede ser dejado de lado a la hora de dar trámite a la impugnación de que se trate o al elegir la vía para recurrir una decisión judicial. Ese cuerpo normativo establece expresamente el tipo de recurso con que cuenta cada uno de los que intervienen en el proceso, según la decisión que intenta impugnar, y los tiempos que tiene para exponer sus agravios y contestar el traslado respectivamente. En consecuencia, no constituye argumento que se sostenga el expuesto por la defensa cuestionando la facultad fiscal de recurrir la sentencia absolutoria, pues su ejercicio se basa en lo previsto expresamente en el art. 540 inc. a) del Código Procesal Penal, cuya inconstitucionalidad no fue planteada en autos, por lo que el pretendido agravio en torno a este punto carece de basamento. (Del voto del Dr. Vittar)
Contrato de trabajo, despido con causa, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: Goicoechea, Alicia Antonia c/ Comercial del Oeste S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-22

Puede el trabajador cumplir satisfactoriamente con el servicio, y su conducta, sin embargo, en el caso concreto, afectar de una manera no tolerable la confianza que a su respecto, y hasta ese momento, le dispensara la principal.
Cobertura médica, obras sociales, acción de amparo, integración escolar
Materia: CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Delarriva, Bárbara Soledad c/ I.S.S.N. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-18

Cabe confirmar el despacho cautelar que le ordena a la obra social demandada que cubra el 100% del valor del módulo de apoyo a la integración escolar en la cantidad de horas mensuales que figuran en el presupuesto, pues si bien no se desconoce que bien podría la actora haber realizado la petición ante el Consejo Provincial de Educación, entiendo que dentro del marco de la cautelar y atento lo dispuesto por los artículos 1, 2, 16 y 17 de la ley 24.901, al cual adhiriera la Provincia a través de la ley 2644, el accionado se encuentra obligado a solventar el costo del apoyo educativo y así lo señalamos en el precedente citado por el juez de Primera Instancia, sin perjuicio de la supervisión por parte de la autoridad educativa que puede ser requerida por la accionada.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad del recurso, inhabilidad de título, acuerdo de partes, cancelación de deudas, certificación de firma
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fondo de Garantías Buenos Aires Sapem c/ Logicam SRL y otros s/ ejecución prendaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-26

Procede rechazar el planteo de nulidad de la ejecución incoado por los accionados por no haberse preparado la vía ejecutiva. Ello por cuanto, en el caso "...teniendo especialmente en cuenta que tanto en los contratos prendarios, las fianzas, como también el convenio de reconocimiento de deuda y financiamiento contienen las firmas debidamente certificadas, no corresponde la preparación de la vía. No resultando suficientes los argumentos expuestos por los ejecutados a los efectos de declarar la nulidad de la ejecución..." (pronunciamiento de este Tribunal de fecha 27/12/19). En ese marco, cabe rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta "...en cuanto a la ausencia de certificación del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires en las certificaciones de firmas obrantes en el Convenio de Reconocimiento de Deuda y Financiación y en las Fianzas, lo cierto es que esa sola omisión no importa la inhabilidad de dichos títulos, a poco que se repare que los accionados no han redargüido de falsedad las certificaciones efectuadas por el escribano, ni han negado expresa y claramente que las firmas insertas en dichos documentos les pertenezcan, ni ofrecieron prueba al respecto...". Es así que no cabe admitir la inhabilidad de título planteada "...pues, las rubricas adjudicadas a los apelantes no han sido desconocidas por ellos y fueron certificadas por escribano público...".
Obras sociales, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Magdalena de León, Laura c/ Obra Social para la actividad Docente s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

No es atendible la pretensión de la obra social demandada de seguir prestándole a la actora sus servicios en especie, que fueron los que provocaron los daños que padece, pues el afiliado no está obligado a hacerse atender por ella, conservando su más absoluta libertad para obtener las prestaciones por otra vía.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, ley nacional, síndico del concurso, procedimiento laboral, concurso preventivo
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOLCATTO, HIPOLITO c/ GRAFICA SANTAFESINA SA s/ COBRO DE PESOS LABORAL.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 32-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-13

El reproche de la recurrente enderezado a la ausencia de participación del Síndico del concurso comercial preventivo en un juicio laboral contra la concursada, en base a la interpretación de los artículos 265 de la ley de contrato de trabajo y 16 y 17 in fine de la ley 19551, requiere para que resulte admisible la queja, que se demuestre acabadamente que una conclusión contraria a su razonamiento conlleve ínsito un apartamiento de normas nacionales aplicables, con la consecuente alteración del orden constitucional vigente; máxime cuando no existe como en el caso, interés institucional comprometido.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, bocacalle
Materia: CIVIL
Carátula: MIRANDA Fernando R. y Otro c/ Rizzeto Jorge A. s/ Sumario - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-09-07

"Conforme a lo preceptuado por el art. 49 inc. b) de la Ley 13893, el conductor que llega a una bocacalle o encrucijada debe en todos los casos reducir sensiblemente la velocidad y ceder espontáneamente el paso de los vehículos que se presenten por una vía pública situada a su derecha. La violación constituye una contravención grave contra la seguridad del tránsito y crea para su autor en caso de accidentes la responsabilidad inherente a los daños que ocasionare". Tal regla se aplica tanto en las calles de mano simple como de doble circulación y en las avenidas, ya que la ley 13893 no hace distinción.

"Se debe respetar la prioridad al derecho de paso no sólo cuando los vehículos llegan al mismo cruce antes que el otro. No importa quien entre primero al cruce, el derecho preferente de paso no caduca".

"Consagra la prioridad de paso de un vehículo que aparece por una vía de tránsito situada a la derecha. Sin que tal prioridad se pierda por el hecho de que el vehículo que aparece por al izquierda llegue primero a la intersección, si la anticipación con que llega no permite el cruce sin riesgos y también que la colisión es prueba evidente del arribo simultáneo al cruce".

La interpretación jurisprudencial que tiende a relativizar la regla del art. 49 inc. b según la cual ésta no rige cuando se llega al cruce con manifiesta ventaja, es decir con anticipación suficiente que le permita pasar la intersección sin riesgos, se aparta del texto expreso de la norma.
Estupro, prueba
Materia: PENAL
Carátula: HUENTU, PABLO A. s/ p.s.a. VIOLACION, LESIONES LEVES Y RAPTO EN CONCURSO REAL S/  CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-11

"Siendo la honestidad de la víctima uno de los elementos constitutivos del delito, es menester que en el proceso exista prueba al respecto. Es inadmisible la presunción de que la mujer deba reputarse honesta mientras no se pruebe lo contrario. La investigación debe hacerse de oficio respecto a esta particularidad del hecho como respecto a las demás en cualquier delito. El juez instructor está obligado a realizar prolijas averiguaciones sobre el punto, no conformándose con averiguaciones vagas, sin fundamento concreto".
Alimentos, alimentos provisionales, cuota alimentaria, divorcio del 67 bis, alimentado de escasos recursos
Materia: CIVIL
Carátula: G. DE Q.B.E. c/ Q.B.S. s/ ALIMENTOS - PROVISIONALES - EXIGIBILIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-02

Los alimentos provisorios del art. 375 del Código Civil, proceden en los casos de alimentos reclamados entre cónyuges, porque en todos ellos se puede dar la urgencia que los justifica.

En los supuestos en que se reclaman alimentos con fundamento en el art. 209 del Código Civil, habiendo mediado sentencia de divorcio por presentación conjunta, lo que en el régimen del antiguo art. 67 bis producía efectos equivalentes al divorcio por culpa de ambos, la pensión se limita a lo que sea de estricta necesidad para el beneficiario, es decir, la cantidad que sea indispensable para su subsistencia
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, nulidad del acto administrativo, retiro policial, policía federal
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Costa, Rodolfo O. c/ Estado Nacional (Policía Federal) s/ Nulidad de resolución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la demanda de nulidad del acto administrativo por el que se dispuso el pase a retiro de un funcionario policial: art. 280 del Código Procesal.
Excusación, violencia moral
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CARLESSO AMANDA EMILCE s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-04-05

Corresponde hacer lugar a la inhibición solicitada por el fiscal de Instrucción, por grave violencia moral, respecto del letrado interviniente si éste aparece en las actuaciones como: a) damnificado; b) acreedor de la encartada en la quiebra que se tramita por ante el Juzgado de quiebra; c) pende denuncia en su contra en otro proceso agregado a la causa; d) estaría involucrado en la registración a su nombre de bienes que perteneciendo a la procesada, están registrados a nombre de terceros; todo ello en base a que con el nombrado letrado mantiene trato amistoso, no amistad íntima, al tiempo que desde hace trece años comparte estudio jurídico con su esposa y con anterioridad fueron socios en el ejercicio de la abogacía.

Tales argumentaciones resultan atendibles para admitir que el representante del Ministerio Público no goce en el proceso de la "tranquilidad y calma que presupone la delicada función" y en especial que para alguna de las partes disminuya la confianza que en cuanto a su objetividad deben depositarle, ello más allá de que, el abogado no aparezca como imputado o sospechado en estos actuados, o que el quejoso no mantenga amistad íntima con el nombrado. Ello porque, las circunstancias que generan esa violencia moral es una cuestión subjetiva y de apreciación personal. Lo importante es que esa actitud subjetiva no se revele, dentro del cuadro de situación del Poder Judicial como un ariete de su prestigio institucional.
Acción de inconstitucionalidad, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Copello, Luis Avelino y otros s/ Demanda de Declaración de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-03-01

La derogación de la Ley 3201 producto de la sanción de la Ley 3310/96; la mera petición de inconstitucionalidad de la ley impugnada sin que se formulara por parte de los actores: reserva o protesta alguna con relación a los perjuicios materiales que la aplicación de normativa aludida pudiera ocasionarles y/o el modo de reparación pretendido; doctrina y jurisprudencia citadas, hacen concluir que la cuestión articulada con relación a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad, ha devenido abstracta.
Lucro cesante, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cabello, Aníbal A. c/ Arribas, Eduardo Félix s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-23

Si se tuvo por cierto que la víctima del accidente de tránsito, debió ser internada a los fines de la asistencia y tratamiento de las lesiones sufridas, a raíz del hecho ilícito, y si igualmente tuvo por demostrado que la misma trabajaba como empleada doméstica, dado que las tareas de esa naturaleza conllevan para quien presta el servicio la percepción de un jornal, aún cuando no se hubiere acreditado cuál era el mismo, debió fijarse el pertinente monto, en ejercicio de las potestades que prescribe el art. 165 del ordenamiento procesal. Ello es así, no sólo en función de lo que prescribe el art. 1627 del Código Civil, sobre el derecho a percibir el precio cuando se hace algún trabajo, o se presta algún servicio, en correlación con lo que edicta el art. 1086 del mismo cuerpo legal, a propósito de las ganancias dejadas de percibir a raíz de las lesiones sufridas, sino en razón de que las máximas de la experiencia universal indican que el personal de servicio no realiza tareas gratuitamente. En casos, como el de autos, donde se trata de las pequeñas sumas que se pagan a quiénes se dedican a esos quehaceres, no es menester contar con una prueba plena que conduzca a la certeza de la utilidad dejada de percibir por la doméstica, que sufriera heridas. Cosa distinta sucedería, si se tratare de una ganancia de relativa importancia o trascendencia, donde cabe aplicar un criterio más exigente (arts. 1069, C. Civil).
Recurso de casación, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: GOBIERNO DE LA PROVINCIA c/ SANATORIO SAN FRANCISCO S.R.L. Y/U OTROS s/ EJECUSION FISCAL - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-07-10

La posibilidad de revisión en la instancia extraordinaria de la resolución que decreta la caducidad de instancia, surge de la circunstancia de que, en su caso, una caducidad acogida cuando no corresponde afectaría gravemente la defensa en juicio pues podría producir efectos no reparables en otro proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de servicios, precio, contratos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Maidana Florencio c/ Saiz Claudio José s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

Probada la efectiva realización del servicio, comprensible de la totalidad del inmueble, puertas y exterior- como asimismo que aquél era propio del oficio o modo de vivir del prestador, la onerosidad de la tarea se presume, porque no ha aportado prueba alguna por parte del demandado que medió en tal acto una intención de beneficiarlo (art. 1628 CC). Y si no se acordó el precio por las partes el ajuste debe ser efectuado por el juez, sin recurrir a una fijación arbitral (arts. 1627 C. Civil).-
Recursos, admisibilidad del recurso, plazo legal, valor real
Materia: PROCESAL
Carátula: Petrobras Argentina SA c/ GCBA y otros s/ Impugnación de actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

El recurso ordinario de apelación resulta formalmente admisible, toda vez que (i) la decisión contra la que se interpuso, en tanto impide la continuación del pleito, es la definitiva; (ii) proviene del superior tribunal de la causa; (iii) la Ciudad es parte en el proceso; y (iv) el valor disputado en último término, sin sus accesorios supera la suma de pesos setecientos mil ($ 700.000). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg. Voto en igual sentido de la jueza Marcela De Langhe y del juez Santiago Otamendi).
Concesión parcial del recurso, sucesiones, beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SAN MARTIN JOSE MANUEL c/ SAN MARTIN MANUEL s/ SUCESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-13

Si bien la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos es provisional, no produciendo los efectos de la cosa juzgada material, para que pueda ser dejada sin efecto a pedido de parte interesada, resulta condición necesaria la producción de un cambio de las circunstancias que fundaron el otorgamiento del beneficio. La cesación sólo puede fundarse en que, en un momento posterior, habiendo mutado las circunstancias fácticas -por haber mejorado de fortuna- el peticionario "no tiene ya derecho" a gozar de la franquicia legal. De ahí que resulte improcedente su revisión si sólo se aportan nuevos elementos de juicio o pruebas referidas a los mismos hechos con relación a los cuales ha recaído la resolución.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: PUJATTI, Juan Angel c/ EMPRESA MICROOMNIBUS LINEA 60 s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

No puede admitirse que el acreedor víctima de un accidente de tránsito, pueda pretender la protección legal para hacer más gravosa la situación de su deudor, puesto que ni el ordenamiento jurídico en general ni las normas que rigen la responsabilidad convalidan una conducta semejante.
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: PEDRO ALBERTO BUDA. c/ EPSZTEIN E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-30

Carece de la debida fundamentación el recurso extraordinario en el que nada se dijo para neutralizar la afirmación del juzgador en el sentido de que deducía con certeza que se trató de un despido incausado, no sólo por la falta de prueba al respecto, no obstante la obligación que sobre el particular pesaba sobre la demandada, sino también de la reticencia de que hizo uso la accionada en su responde, limitándose a negar los hechos invocados por el actor, omisión que constituye un óbice insalvable para la procedencia del remedio federal (Disidencia del Doctor Carlos S. Fayt).