marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excarcelación, caución real
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, Edgardo F. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-01-11

Frente a un indagado detenido, el juez puede procesarlo con prisión preventiva, o disponer su inmediata libertad (arts. 312 y 310 del C.P.P.N.), con lo cual la imposición de una caución real no se encuentra en el detalle de condiciones a la libertad del art. 310 citado. Si la caución real no tiene por objeto neutralizar la prisión preventiva del imputado es abstracta, al carecer de su finalidad propia (*). De lo contrario, implicaría aceptar que quien no la ha depositado permanezca detenido en una situación procesal indefinida que no se encuentra contemplada en el cómputo del art. 24 del C.P., ni en las hipótesis de la ley 24.390, que únicamente admite la posibilidad de prórroga de la prisión preventiva.

Con ello, corresponde revocar el auto que dispuso condicionar a una caución real la libertad del imputado y disponer su inmediata libertad.

Disidencia del Dr. Cicciaro: El dictado de la prisión preventiva implica que el órgano jurisdiccional considera improcedente la soltura, y su ausencia, que está facultado para elegir una de las cauciones que se admite en el instituto de la excarcelación.

Ello en tanto, el dictado de la prisión preventiva aparece como obligatorio cuando se estimase que se dan pautas que impiden aplicar el instituto de la excarcelación (**).

No existe impedimento alguno para que la situación del encartado (conforme el art. 310 del C.P.P.N.) sea condicionada a la satisfacción de alguna de las cauciones previstas en los arts.

322 y 324 del código, ya que en su defecto sería inconducente que, para sortear el aparente escollo del art. 310, se disponga la prisión preventiva del imputado por el sólo hecho de que la garantía discernida en el incidente de excarcelación exceda la sola palabra del encausado, hipótesis que sería violatoria a lo estatuido por el art. 312 de la ley de rito, que específicamente prevé la salvedad para éstos casos en su primer párrafo in fine.

Por ello, procede confirmar el auto que concedió la excarcelación del imputado bajo caución real.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lindon, Fernando A. y Sosa, Leonardo B. c/ Alica S.A. s/ Beneficios Laborales s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-07-07

Se deduce recurso de casación en contra de la sentencia dictada por el Ad-quem, que rechazó el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmó la sentencia del juez de primera instancia que rechazó la demanda promovida por uno de los co demandantes, y la admitió a favor del otro.

Se alega que la sentencia está viciada de arbitrariedad, que violenta las reglas del debido proceso legal y que por ello afecta el principio de defensa en juicio.

Conforme lo determina el Art. 292 del C.P.C., para la viabilidad del recurso es necesario el cumplimiento de los requisitos formales propios de este medio excepcional de impugnación, como asimismo determinar si el tema sometido a debate corresponde a la materia del recurso intentado.

En primer lugar, lo que se pretende someter a examen está referido a la valoración que efectuó el Ad-quem de las pruebas rendidas en la causa, como lo es la interpretación efectuada sobre el material fáctico integrante de la litis, por lo que resulta una típica cuestión de hecho y prueba. Como se sabe, tal valoración es facultad privativa de los jueces de grado, salvo el supuesto de que haya mediado absurdo en su apreciación, constituyendo ésta la única vía hábil para habilitar el recurso por estas cuestiones.

En segundo lugar, el afectado considera que hubo contradicción y absurdo debido a que sobre un mismo hecho que configuró la causal de despido de ambos demandantes, la acción ha prosperado a favor de uno y se ha denegado en contra del otro.

Dicho cuestionamiento fue objeto de crítica en el recurso de apelación precedente, en el que la Cámara de Apelaciones dio razones fundadas sobre por qué no existe tal contradicción alegada por el recurrente, ni incongruencia, y mucho menos absurdo en la merituación de la prueba realizada por el juez de primera instancia que condujo a resolver el litigio en tal sentido, y dio fundamentos suficientes de por qué no hay arbitrariedad, efectuando un análisis de las pruebas rendidas que, lejos de apartarse de los principios de la sana crítica racional, por el contrario, revela una adecuada valoración de la prueba conforme a las constancia de autos, por lo que la excepción del extremo de absurdo no es de aplicación al caso.

En definitiva y como consecuencia de lo manifestado, en el caso resulta inadmisible el recurso articulado por ser el tema propuesto ajeno al recurso y no encuadrarse en ninguno de los supuestos de excepción que habilitan la instancia, como asimismo por inobservancia del requisito de fundamentación autónoma que debe contener el mismo.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Marticorena, Patricio Guillermo s/ Robo con armas Ledesma, Guillermo Rubén s/ Robo agravado por el uso de armas León, Javier Fabián s/ Robo calificado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-03|1990-11-27|1992-12-15

El adminículo arma no sólo es apto para dañar sino también para intimidar y desbaratar una posible resistencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Imbesi, Juan Alberto s/ Cohecho. Violación de domicilio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-07

Corresponde anular de oficio la sentencia recurrida si de la descripción efectuada por el sentenciante y las omisas citas legales en materia probatoria resulta no existir certidumbre acerca de qué medio de prueba utilizó para demostrar el corpus delicti que luego subsume en el art. 168 del Código Penal.
Prenda, caducidad de la inscripción, contrato de publicidad
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: INCIDENTE   DE  VERIFICACION  DE  CREDITO  DE  BANCO  DE  INTERCAMBIO REGIONAL S.A.  EN  AUTOS:  B.T.B.  SOCIEDAD  DE HECHO - JOSE MERCEDES BAROY MIGUEL ANGEL TONEATTO s/ QUIEBRA PROPIA - PRENDA - CADUCIDAD DE INSCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-06-12

El término de caducidad de la inscripción prendaria no se interrumpe por haberse promovido una acción judicial fundada en el contrato y, menos aun, por haberse operado la caducidad pendiente la segunda instancia y mientras la causa se encontraba a estudio de los jueces de apelación, pues este trámite constituye una de las tantas fases normales del proceso al cual la ley niega en general el efecto interruptivo del plazo de caducidad. Un hecho ocurrido fuera del registro y no dado a publicidad a través de éste como es la interposición de una demanda, es inoponible a los terceros que pueden prevalerse en todo caso del transcurso del término para negar los derechos del acreedor sobre el bien afectado por la garantía.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: NAEF MARIO MARCELO C/ ASOCIART ART S/ ACCIDENTE DE TRABAJO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-07

Estando formadas las Comisiones Médicas por profesionales de la salud para resolver situaciones relativas a la medicina y no más que estas según mi posición, entiendo que la labor de tales entes administrativos en dichas incumbencias de orden técnico-científico, no configura una "controversia" que amerite la inexcusable intervención de un tribunal de justicia, el cual ocupará su lugar luego de la discrepancia sucedida en el ámbito administrativo, habilitándose así la función o intervención del Poder Judicial. Ello así, siempre que se garanticen el derecho de defensa y el control judicial suficiente respecto de lo decidido en sede administrativa, que además no conlleve una prolongada secuela temporal que en los hechos signifique privar de la posibilidad oportuna de acudir a los estrados judiciales. Estas condiciones a mi juicio, no se exhiben incumplidas en el esquema de competencias de la normativa que aquí se analiza (Voto Romero)
Derecho penal, robo con armas, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Toledo, Juan Carlos s/ Robo Agravado- casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-02

El Código Penal castiga el delito de robo con arma con una pena que oscila entre un mínimo ligeramente inferior al máximo de la figura básica -robo- (5 y 6 años respectivamente), y un máximo sensiblemente mayor que el mínimo de la figura agravada cuando con motivo u ocasión del robo se comete un homicidio (15 y 10 años respectivamente) y que se equipara al robo con violencia en las personas del que resultaren lesiones graves o gravísimas.

Es importante esta disquisición, porque aunque el codificador haya consignado escuetamente "robo con armas", el juzgador no puede desentenderse de la motivación que ha llevado a aquél a imponer una sanción tan grave para el delito; porque es su función propia tratar de interpretar la ley determinando lo que las normas dicen jurídicamente, por encima de lo que parecen decir literalmente de tal manera de establecer su versión técnicamente elaborada, a fin de lograr la solución justa y adecuada para la adjudicación de los derechos.
Segunda instancia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez Sergio G. c/ Favelukes, E.S. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-03-11

La invocación del recurrente de que el artículo 93 del Código Procesal Laboral autoriza la agregación de la informativa hasta el momento del dictado de la sentencia, no es atendible: se trata de una excepción que no permite extenderla a la testimonial. Menos aún, cuando el letrado facultado para diligenciar el oficio no actuó con la diligencia que impone el artículo 77 del Código de rito, sin que pueda atribuirse la responsabilidad al juzgado oficiado.
Incapacidad, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Robledo, Andrés c/ El Timbó S.A.C.A.F. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-04-30

La incapacidad se consolida a través del alta médica, pero ni aquello ni esto, configuran la toma de conocimiento de la incapacidad que requiere el art. 19 de la Ley 9688 (según texto ley 23643), para que comience a computarse el plazo de prescripción correspondiente, lo que recién acontece cuando el incapacitado conoce el grado definitivo de la incapacidad, las causas laborales que la determinaron, la irreversibilidad del proceso incapacitante y ha culminado el proceso de agravamiento de la incapacidad progresiva
Licencia por enfermedad, prórroga del plazo, docentes
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA CRISTINA GRACIELA DEL LUJAN c/ CONSEJO GRAL. DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-12

El debate se concentra en la extensión legal aplicable al sistema de licencias por salud de la trabajadora docente, pues no existe disidencia respecto de la patología que afecta a la actora, por lo que resulta atendible el argumento de la apelación en cuanto el a -quo no debió rechazar el amparo bajo el argumento de existir elementos que requieren mayor debate y prueba.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título, pagaré
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Parra Elisabet Ethel c/ Rodríguez Hector Alberto s/ Ejecución Editorial Planeta S.A. c/ Glusberg Benjamín s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-23|2000-02-02

La eventual circunstancia de que se haya alterado la fecha de vencimiento de los pagarés colocada en lápiz en la parte superior derecha de dicho documento en nada afecta la habilidad de dicho título desde el momento que ella no integra su cuerpo. Por tanto la fecha de exigibilidad del pagaré se rige por lo determinado en su cuerpo. (Minoría u opinión personal)
Caducidad de instancia, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lopez Armando F. en J.: Banco Agrario c/ A.F. Lopez s/ Sumario Casación (LIBRO: S259 - 127)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-09-06

El plazo que insumen los trámites ante primera instancia, ordenados por la alzada, no deben computarse a los efectos de la caducidad de instancia.
Superintendencia, incidente de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Inc.  de  comp.  entre  el  Juzg. Crim. Nx 6 de San Isidro y el Juzg. Nac. de Primera Inst. en lo Criminal  No.  19  de  la Capital Federal s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-09

Corresponde poner en conocimiento de la Suprema Corte provincial, a fin de que adopte los recaudos que considere oportunos, la desprolijidad con que se confeccionó el incidente de competencia, al que se agregaron fotocopias incompletas y desordenadas de las distintas piezas procesales, las que se encuentran incorrectamente foliadas.
Concurso preventivo, proceso de verificación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Turrini, Hilda Teresa c/ Borda, Daniel Alberto s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

La revisión de crédito es un proceso de conocimiento, con amplitud de debate y prueba, en el que se debe demostrar o desvirtuar la causa del crédito que se pretende incluir en el pasivo concursal.
Acción contencioso administrativa, adicional por antigüedad, vacío legal, Poder Judicial
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: González Ruzo, Carlos A. c/ Provincia de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-06-04

Procede hacer lugar a la acción contencioso administrativa en contra de la provincia de Catamarca, para así declarar la ilegitimidad de la denegatoria tácita producida respecto al pedido formulado ante la Corte de Justicia mediante el cual se solicitó el cálculo del adicional por antigüedad, que integre sus haberes mensuales y habituales como Defensor General de Segunda Nominación, y que se computen los años trabajados para la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, puesto que la situación planteada en el sub-examine no se encuentra regulada por ninguna norma, se ha de llenar o integrar el vacío legal teniendo en cuenta los fines de la regulación existente. En ese sentido, nos remitimos al análisis del Dec. N° 900/92 -por ser el que reguló específicamente el adicional por antigüedad y del cual se extrae que con el mismo se procuró otorgar un incentivo de carácter económico a fin estimular el ingreso al Poder Judicial de profesionales capacitados y con mayor experiencia acumulada en el campo del Derecho-.

Entonces, si el objetivo ha sido asignarle algún mérito a esa mayor formación y capacitación, debe reconocerse -en el caso en particular- en el cómputo de la antigüedad, aquellas tareas realizadas en otras reparticiones públicas que por su naturaleza han contribuido a la formación de la experiencia necesaria para el desempeño de las funciones judiciales. No obstante ello, es necesario aclarar que no será cualquier "tarea" la que pueda invocarse, sino que tratándose de funcionarios y magistrados judiciales, sólo serán reconocidas las que por sus características sean idóneas para acumular la "experiencia" a la que alude el decreto mencionado anteriormente. En el caso, las tareas realizadas por el actor en el departamento de Seguros de Automotores de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, resultan afines a las funciones que desempeña actualmente en el ámbito judicial, por lo que es justo reconocer en el cómputo de la antigüedad dichas tareas.
Sociedades mutuales, separación de hecho
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Leonelli, José F. c/ Caja de Seguro Mutual de la Provincia s/ Contencioso Administrativo (Libro: S063-262) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-11-21

Si se encuentra probado que la separación de los cónyuges se debió en su origen a la enfermedad mental de la esposa, lo que quiere decir que no fue ésta la causante de la separación, y puede suscitarse la duda de si luego que fue dada de alta en el Instituto Neuro Psiquiátrico, fue la esposa la que no quiso reanudar la vida en común con su esposo, o concordó con éste no hacerlo, ante esa duda debe estarse por la conservación de los derechos de la esposa al seguro mutual.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, daño moral, lucro cesante, monto de la demanda, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIAZ DE FIGUEROA LORENZA c/ FABIAN RUIZ VARGAS Y OTS. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A073 - 351)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-30

Debe practicarse la regulación en base al monto que surge de la sentencia definitiva, en los casos de lucro cesante por incapacidad y daño moral, ya que la determinación de sus montos, dependen del prudente arbitrio judicial. Si se practicara la regulación sobre el monto reclamado por estos conceptos con antelación al dictado de la sentencia y los mismos en esa oportunidad prosperaran por un monto menor, existiría un exceso en la regulación que no podría ser repetida al vencedor por no corresponder tampoco condena en costas en cuanto que no prosperan dichos rubros.
Indemnización tarifada, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CALLEGARI, JUAN CARLOS c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-28

Corresponde desestimar el recurso de queja interpuesto, por cuanto los argumentos vertidos por la compareciente ante el rechazo de su defensa de prescripción oportunamente deducida, no traduce sino su fuerte disenso con el punto de arranque del cómputo del plazo respectivo, sin lograr desmerecer el razonamiento de la Alzada, en el sentido de que el plazo de prescripción es bianual tanto que se tome la regla del derecho común, la ley 24557 o la Ley de Contrato de Trabajo y que sólo comienza a correr desde que el afectado tuvo conocimiento cierto y fehaciente de su incapacidad, o desde la fecha de fallecimiento de la víctima, o bien a contar desde la fecha en que la prestación prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años del cese de la relación laboral. (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Jubilaciones, adultos mayores, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: García Blanco Esteban c/ Anses s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-06

Con mayor cautela cuando se trata de personas que integran un grupo vulnerable, con preferente tutela constitucional (art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional), se debe tener presente que el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia, consagrado en el citado art. 18, requiere que la tutela judicial resulte efectiva; esto es, que sea oportuna y posea la virtualidad de resolver, sin dilaciones, las cuestiones sometidas a su conocimiento.
Beneficio de litigar sin gastos, recurso de queja (procesal), queja por denegación del recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: HALPERN, Jacobo c/ CONS.FRAGATA PTE.SARMIENTO 1980 s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

Denegado el recurso extraordinario y para la viabilidad de la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta admisible la promoción del beneficio de litigar sin gastos ante el juez de la causa, en relación a la exigencia del depósito establecido en el art. 286 del Código Procesal.
Recusación, recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: CECCHI, ALFREDO LUIS; CUÑADO, VICENTE LUIS Y DRINCOVICH, PEDRO ESTEBAN s/ SOLICITAN AVOCACION (CSJ EXPTE Nº 2057-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-03

La opinión constitutiva de prejuzgamiento, tal como lo ha destacado esta Corte haciéndose eco de doctrina y jurisprudencia mayoritaria, es aquella que permite inferir la solución que se dará al pleito efectuada de manera precisa, fundada y comprometida como tal, dado que no cabe fundar la recusación en supuestos preconceptos o inclinaciones subconscientes del juez.
Municipalidad, honorarios del abogado, aportes previsionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de San Nicolás c/ Reitano José y/o quien resulte propietario s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-30

Del convenio suscripto entre el Colegio de Abogados de San Nicolás y la Municipalidad local surge acuerdo sobre la intervención de un listado de profesionales a quiénes se le ha adjudicado el cobro judicial o extrajudicial de tasas, contribuciones y multas oportunamente enumeradas, asumiendo los mismos los gastos demandados por tal tarea (incluido el bono de la ley 8480 y el jus previsional). Ello así y previéndose asimismo (cláusula 11) que tales trabajos se regirán plenamente por la ley 8904 de aranceles de honorarios, se concluye que tal intervención no queda enmarcada en la previsión contenida en el art. 203 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, debiendo afrontarse la carga previsional correspondiente.- (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Lorenzo, Onofrio y otro c/ Mancini, Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

La vida humana no tiene por sí misma un valor económico, sino que la muerte puede significar para una persona viva un daño patrimonial y que se supone que presenta para los damnificados el daño consistente en la privación de todo lo que les fuera necesario para proveer a la subsistencia, tal como podía esperarse que habría de realizarse.
Alimentos, cuota alimentaria, desagio
Materia: CIVIL
Carátula: M.A. y otro c/ S.B. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-08

El elemento adoptado por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 1096/85 como fundamento de la operación llamada "desagio", lo configura la presunción contenida en los considerandos que sustentan aquel decreto, reafirmada por los términos del discurso del Ministerio de Economía al anunciar a la ciudadanía la puesta en marcha del denominado "Plan Austral", de que las obligaciones de dar sumas de dinero para las que se había fijado un plazo de cumplimiento, contenían fuertes expectativas inflacionarias, es decir, que en el momento acordado o impuesto se incorporaba un porcentaje previendo la inflación que se operaría durante el transcurso del plazo conferido. De allí que, si no existe esa "inflación incorporada", no corresponde efectuar "desagio" alguno, pues de otro modo el deudor se vería enriquecido, en detrimento del acreedor (conf. C.N.Civ. Sala E, c. 18.130 del 18/10/85).- La cuota alimentaria no puede quedar sujeta a la operación del desagio.-