Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-23


Comodoro Rivadavia, veintitrés de noviembre de 2004.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "T., F. A. s/ ACCION DE AMPARO" Expte N° 14.715/04, venidos del Juz-gado de Primera Instancia Laboral, Expte. N° 2.938/04) por haber interpuesto la parte actora a fs. 30/31 re-curso de apelación contra la sentencia de fs. 28/29 que declara inadmisible la acción de amparo y rechaza la medida cautelar, interpuestas por el actor.

A fs. 32 se concede el recurso inter-puesto.

Se agravia en primer lugar el apelante por entender que el acto administrativo impugnado cons-tituye un acto arbitrario como consecuencia al invocar una causal inexistente dentro de la normativa legal aplicable para el caso, para establecer la viabilidad de la sanción administrativa. Sostiene que hay un daño actual y en ejecución al ser reducido el sueldo del ac-tor por aplicación de tal medida. Insiste que la vía administrativa abierta no es apta para reparar la le-sión a los derechos constitucionales del actor atento que dicho trámite se encuentra demorado o paralizado. Continúa que la vía administrativa no es óbice para la acción de amparo equivocándose en su apreciación el a- quo, no siendo requisito previo concluir el trámite ad-ministrativo para interponer la acción de amparo.

Por lo expresado solicita se revoque el fallo recurrido, se declare admisible la acción de am-paro y se conceda la medida cautelar requerida a fs.22 vta y 26.

Del análisis de los agravios expresados por la actora y del fallo recurrido resulta que prime-ramente se deberá analizar si se encuentran en el sub-lite reunidos los recaudos legales para la procedencia de la acción de amparo.

De las constancias de autos, surge que el actor interpone acción de amparo contra la resolu-ción administrativa nro. 687/04-DRH (B1-SA) mediante la cual se dispone el pase a disponibilidad preventiva por el término de sesenta días al actor, Comisario F. A. T.. Que la misma implica una reducción en sus haberes del 25 % y la no prestación servicios en forma efecti-va. Entiende que dicha medida es arbitraria y se ha dictado violando los requisitos legales para su proce-dencia, que la misma es irrazonable y lesiona los dere-chos constitucionales de trabajar e igualdad, previstos por los arts. 14 bis, 16, 75 inc. 19) de la Constitu-ción Nacional y 24 de la Declaración Americana de Dere-chos Humanos.

En el fallo de primera instancia, el juez de grado considera que no prospera la acción y la de-clara inadmisible porque se pretende revisar en sede judicial un trámite administrativo pendiente de resolu-ción, no demostrando el amparista la existencia de cau-sales previstas por el art. 54 de la Constitución Pro-vincial que habiliten la acción.

Como ha dicho la CSJN ".la acción de am-paro tiene por objeto una efectiva protección de dere-chos más que una ordenación o resguardo de competencia" (CSJN 3/3/88, LL, 1990-A-580). La doctrina ha estable-cido que lo esencial del amparo pasa por determinar si la entidad del derecho conculcado justifica la apertura de la vía constitucional; no pasa lo fundamental por el procedimiento sino por el bien de la vida que se pre-tende tutelar. Y al decir de Morello cuando afirma que quien plantea el amparo deberá "determinar, con cuida-dosa preocupación la identidad y registro del derecho a tutelar por la vía rápida y expedita: lo que significa que ha de tratarse de uno de los derechos ( o liberta-des) fundamentales."( Morello. Constitución y proce-so,p.215. Citado por Salgado y Verdaguer. Juicio de am-paro y acción de inconstitucionalidad. Ed. Astrea. Edic.2000. pág. 136 y ss.) El art. 43 de la Constitución Nacional inhabilita la acción de amparo cuando exista otro medio judicial más idóneo, eliminando la polémica sobre las vías previas y paralelas o concurrentes. Así el parti-cular puede optar por la vía del amparo si considera que la vía administrativa no le brinda un medio tuitivo suficiente, pero como lo sostiene la doctrina se debe tratar de vías administrativas agotadas, donde cada es-tamento haya tenido la intervención que el procedimien-to establezca y dictado las resoluciones correspondien-tes a su instancia. La pendencia de actos pertinentes priva de actuación al juez, pues de otro modo sucumbi-ría la estructura organizacional del Estado con el go-bierno de los jueces dentro de ella ( Osvaldo Gozaíni. Presupuestos del proceso de amparo. Pág 54 y ss. Revis-ta de Derecho Procesal. Amparo. Habeas Data. Habeas Corpus. T I. ED. Rubinzal Culzoni).

Sin perjuicio de lo manifestado, en el presente estamos ante una medida administrativa provi-soria, temporal, que no se encuentra firme atento que la administración no ha expedido su decisión final al respecto. En cuanto al riesgo que la parte manifiesta que se pueda ampliar la suspensión por dos años en una mera hipótesis o suposición, - y en plano de las supo-siciones diversas situaciones se pueden dar- lo cual escapa a la protección constitucional del amparo.

Es por ello, teniendo en cuenta la pro-visionalidad de la medida; que el actor no ha sido pri-vado de su trabajo o empleo; ni de la percepción de sus haberes, es más, de acuerdo a la normativa del art. 116 de la ley 1561 y modificatorias, se establece la resti-tución de la proporción de los haberes retenidos y el cómputo del tiempo en disponibilidad para los ascensos para el supuesto de no sancionarse administrativamente al agente público, el presente no encuadra dentro de los supuestos previstos para la procedencia del amparo.

El daño o perjuicio que la parte sostie-ne se le ha causado por el acto administrativo, no al-canza a tener la entidad suficiente que justifique la acción. Por lo demás, en cuanto el actor está haciendo uso de las reclamaciones administrativas que el mismo ordenamiento le otorga, no sufriendo así limitaciones a su derecho de defensa o igualdad ante la ley, siendo el sumario iniciado por la administración consecuencia del uso de las facultades regladas por la ley 1561. A fs. 8,9,10, surge de la documental presentada por el actor que ha hecho uso de los mecanismos procesales adminis-trativos que la misma ley le otorga para impugnar la resolución nro. 687 DRH (B1.SA)de fecha 1ro de octubre de 2004. Para que resulte procedente la acción de amparo, se debe estar ante un daño actual e inminente, de características graves e irreparables, circunstancia que el actor no ha llegado a acreditar en autos. No se le impide trabajar, sólo ha sido suspendido provisoria-mente de prestar servicios, sin afectar la estabilidad en el empleo. No se le dejó de abonar el sueldo, sino que el mismo ha sufrido una reducción temporal y provi-soria- mientras dure el sumario- que la parte no ha acreditado que la reducción sea de tal entidad que le imposibilite su subsistencia o la familiar o que la misma sea excesiva. Situación que además puede tener su reparación a través de las mismas vías administrativas utilizadas por el actor. La jurisprudencia ha sostenido que ". promover el amparo mientras pende la vía previa o en reemplazo de la vía paralela, implica cercenar el derecho amplio de debate y ello como principio resulta improcedente. (STJ Santiago del Estero. Fallo 98220102. "B. M. E. c. I.P.V.U s/ Acción de amparo" 1998-06-18). Por todo lo manifestado, siguiendo la me-dida cautelar la suerte de la acción principal, no co-rresponde hacer lugar a la misma careciendo de virtua-lidad manifestarse sobre la medida requerida.

Las costas de imponen al actor por el principio objetivo de la derrota. Los honorarios profe-sionales se fijarán teniendo en cuenta el tipo de pro-ceso, la labor desarrollada, el mérito de la misma y la situación económica de las partes ( arts. 6, 7, 47 de la ley 2200 modif. 4335).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Ape-laciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1).- No hacer lugar al recurso inter-puesto por la actora a fs. 30/31. Confirmar la senten-cia de primera instancia de fs. 28/29.

2).- Costas al vencido, a cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. J. J. E. en la suma de Pesos Trescientos ( $300,00).

4).- Regístrese, notifíquese, devuélva-se.

Fdo: Julio Antonio Alexandre -Presidente-; Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara-; Fernando Nahuelanca -Juez de Cámara-.

REGISTRADA BAJO EL N° 247 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS