Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-07


2º Instancia.- Buenos Aires, mayo 7 de 2008.

El doctor Posse Saguier dijo:

I. Sofía Aurora Singer promovió la presente acción contra Juan Carlos Aramburu por cobro de la cantidad de $ 116.500, con más los intereses y las costas del proceso, en concepto de los daños y perjuicios que le habrían provocado dos perros de raza Rottweiler de propiedad del accionado que la habría atacado el día 3 de marzo de 2002, aproximadamente a las 10,30 horas, en ocasión de encontrarse caminando con su perrita Fox Terrier por la calle Sánchez de Bustamante, casi esquina Arenales de esta Ciudad de Buenos Aires.

El señor juez de la instancia anterior rechazó la demanda entablada por considerar que no se había acreditado que los perros del actor hubieran sido quienes ocasionaron el incidente narrado. En función de tal decisión, impuso las costas a cargo de la actora.

Contra dicho pronunciamiento se alzó la accionante quién a fs. 494/501 fundó su recurso, sin que fuera contestado el traslado que se le corriera a la demandada.

II. Razones de orden metodológico me llevar a tratar, en primer lugar, las quejas que formula la apelante con relación a la valoración efectuada por el juzgador respecto a la prueba testimonial obrante en autos ya que, en definitiva, es en función de aquella que el magistrado de la anterior instancia entendió que no estaba acreditado que hubiesen sido los perros del emplazado quienes atacaron a la actora y a su mascota.

Desde ya adelanto que encuentro atendibles los agravios de la actora a este respecto.

En efecto: el sentenciante no ha puesto en duda, a través de las declaraciones testimoniales de Santiago Alfonso Perales, Liliana Polaco y Carlos Luis Granelli (véase fs. 30/32 de la causa penal que tengo a la vista y corre agregada por cuerda; los dos últimos ratificaron sus dichos a fs. 165 y 167 de estas actuaciones), la existencia del hecho que describiera la actora en su demanda para justificar su pretensión. A tal punto es así, que el a quo destacó la concordancia de los testigos en cuanto éstos afirmaron haber visto "que a un señor que iba caminando por la calle se le escaparon dos perros negros de aspecto agresivo, subiéndose a la vereda, corrieron unos metros, y agredieron y arrollaron a una mujer quien por escaparse trató de pasar entre dos coches hacia la calle... que en el momento en que era agredida por los canes cayó al asfalto quedando tendida boca arriba, medio enredada con la correa del perro y con un pequeño can que llevaba aquella. Atestiguaron que la mujer no estaba mordida, aunque se encontraba dolorida, mas si lo estaba su can. Agregaron que dos mujeres la socorrieron y trataron de ayudarla, y que un señor se acercó, recogió a los perros y se retiró del lugar. Todos los deponentes afirmaron que los canes no tenían bozal colocado en el momento en que ocurrió el hecho sub-examine y que tenían un aspecto agresivo".

A su vez, en estas actuaciones declaró también Ricardo María Gutiérrez (véase fs. 214/216), quien refiere que conocía a la actora con anterioridad al incidente por desempeñar ambos la profesión de médicos, y que con ella y su esposo ocasionalmente se juntaban los días domingos para tomar algo o almorzar inclusive. Agregó que, precisamente, el domingo en que ocurrió el episodio habían acordado encontrarse en la puerta del edificio donde ella vive (la actora), y la estaba esperando en la calle, o sea, en la puerta de entrada, parado de espaldas a la avda. Santa Fe, pudiendo observar que desde su izquierda -del lado de la calle Bustamante- avanzaban dos perros enormes negros, esos que meten miedo, que los traía un hombre que entró en el edificio donde vive la actora; indicó que a los cinco o diez minutos más o menos, -también desde su izquierda, o sea, del lado de la calle Bustamante- ve que dos señoras venían acompañando a la actora, ayudándola a caminar y una de ellas traía de la correa al perrito, que estaba sucio de sangre.

El a quo destacó que este testimonio debía ser analizado con mayor estrictez, en razón de tratarse de un amigo de la actora. Sin embargo, y a pesar de lo dicho, considero que el magistrado no ponderó el contenido del relato que justificase el carácter de "sospechoso" que, en definitiva, le termina atribuyendo a la deposición de Gutiérrez; menos todavía cuando reconoce que esta exposición "hubiera podido abonar que el ataque que sufriera la señora Singer fue producido por los perros del demandado...". En realidad, la argumentación que ensaya el juzgador para desechar las manifestaciones del testigo apuntan a cuestionar el hecho de que la actora no lo hubiese ofrecido en la oportunidad en que hizo la denuncia del incidente ante la autoridad policial (véase fs. 1/1 vta. de la causa penal).

Sin embargo, sabido es que, en principio, la sola circunstancia de que la actora no hubiese denunciado la existencia de este testigo en la causa penal, no constituye por sí solo un obstáculo para que pueda aceptarse su testimonio (conf.: causas libres Nº 438.144 del 07/04/2006;314.486 del 25/06/2001, entre otras).

Por de pronto, advierto que, en el caso, resulta razonable y hasta explicable que la actora no haya considerado necesario mencionar a Gutiérrez en su denuncia penal, desde que este no era un testigo presencial del episodio en cuestión y allí se limitó a identificar a aquellos testigos que sí habían contemplado el incidente en forma directa.

En este contexto, la omisión que señala el a quo, por más que hubiera tenido los datos del referido testigo, de ninguna manera puede justificar, por esa circunstancia, la calificación de "sospechosa".

Por otro lado, el hecho de que este testigo fuese amigo o conocido de la reclamante no basta para privar a sus dichos de eficacia probatoria. Precisamente, por conocer a la actora pudo identificarla en esa ocasión, aun cuando ello ocurriera con posterioridad al suceso. La relevancia de esta declaración consiste en el hecho de que el testigo haya podido observar la llegada de los dos perros negros que entraban al edificio en que vive la actora y el demandado, pocos minutos antes que lo hiciera la actora, quedando demostrado, así, que los perros de propiedad de este último, fueron quienes protagonizaron el incidente de que se trata. Además, si en autos se ha reconocido que el accionado vive en el mismo edificio que la actora (véase fs. 55, en que se denuncia el domicilio real), así como que es propietario de dos perras Rottweiler (cont. 1a., 2a., 3a. y 7a. posición del pliego de fs. 88 y del acta de fs. 89/90), no cabe sino entender que ha quedado suficientemente acreditada la autoría del hecho por parte de las perras pertenecientes al emplazado, máxime cuando el testigo Perales no se limitó a identificar a los perros por su tamaño o su color -como lo hicieran los demás declarantes- sino que, en forma precisa, aludió a que se trataba de dos de la raza Rottweiler (véase fs. 30 de la causa penal).

Además, debe recordarse que las declaraciones de los testigos no deben mirarse con disfavor, ni con exageradas aprehensiones. La aceptación del dicho de un testigo tiene que ser menos rigurosa que su examen para desecharlo. Esto ocurre porque, en definitiva, el juez está apoyado en la construcción jurídica de que los testigos no pueden mentir, tanto por existir una punición legal sobre falso testimonio (art. 275 del Código Penal y art. 449 del Código Procesal), cuanto porque el método de interrogación judicial libre y de oficio por el juez (art. 442 del Código Procesal), pone de resalto el sistema posible para indagar la mendacidad en que pudiera incurrir el testigo o su falta de comprensión de los hechos. La credibilidad que suponen por regla las afirmaciones de un testigo, se robustece en este expediente a poco que se advierta que -como ya lo señalara más arriba- la amistad que el juzgador le enrostra al testigo con la actora es meramente dogmática desde que, por más que destaque que su declaración debe ser ponderada con mayor rigurosidad, lo cierto es que no expresa ninguna observación acerca de la racionalidad de sus aserciones, ni insinúa siquiera alguna contradicción o imprecisión. En definitiva, a mi criterio, sus apreciaciones se presentan satisfactorias para las reglas de la sana crítica (art. 386 del Código Procesal; conf.: esta Sala en causa libre Nº 452.502 del 30/11/2006, y citas allí contenidas -voto del doctor Galmarini-, entre otras).

Lo dicho hasta aquí reviste suficiente entidad como para tener por acreditado que las perras propiedad del demandado fueron las que atacaron a la actora y a mascota.

Sentado lo anterior, cuadra recordar que el art. 1124 del Código Civil hace responsable al propietario del animal de los daños que causare. A este respecto, y más allá de la discusión existente en nuestra doctrina acerca del fundamento de la responsabilidad civil del dueño, lo cierto es que para liberarse de responsabilidad el propietario-accionado debió demostrar alguna de las eximentes previstas por los arts. 1125 y 1128 del mismo cuerpo legal, esto es, que el animal fue excitado por un tercero, el caso fortuito o la culpa de la víctima. Por otro lado, el art. 1127 indica también que cesa la responsabilidad del dueño si el animal que causó el daño, se hubiese soltado o extraviado sin culpa de la persona encargada de cuidarlo.

El emplazado no sólo no produjo prueba alguna en su descargo, sino que ni siquiera intentó hacerlo en su escrito de responde, desde que allí se limitó a negar la existencia del hecho. Por tanto, habrá de atribuírsele la responsabilidad de las consecuencias dañosas ocasionadas por las perras de su propiedad.

No se me escapa que en oportunidad de absolver posiciones (véase cont. 4a. del acta de fs. 89/90), el accionado indicó que en la fecha de ocurrencia del incidente habría estado en la ciudad de Campana y que los animales eran sacados a la vía pública por un paseador. Sin embargo, y sin perjuicio de señalar que nada dijo al respecto en oportunidad de contestar la demanda -lo que de por sí tornaría extemporánea su defensa-, ninguna probanza arrimó a esos fines. Pero, además, la solución final no se vería modificada por cuanto el art. 1126 ya mencionado, establece la responsabilidad del dueño del animal, aunque en el momento de producirse el daño, estuviese bajo la guarda de los dependientes de aquél.

Lo expuesto hasta aquí, me lleva a atribuir la responsabilidad del accionado en su carácter de dueño de las perras que ocasionaron el daño a la actora.

III. Por ello, habré de analizar, a continuación, la pertinencia de los distintos rubros reclamados.

A) La parte actora reclamó en concepto de incapacidad sobreviniente la suma de $ 36.000 (física) y $ 10.000 (psíquica).

Por de pronto, y como ya lo he señalado con anterioridad, el resarcimiento por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, o sea, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (conf.: causa libre Nº 440.745 del 26/04/2006, entre otras). En suma, la indemnización en examen -que supone necesariamente la existencia de secuelas físicas o psíquicas de carácter permanente o irreversible- comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de la salud y a la integridad física y psíquica. De allí que, aunque la actora haya formulado el reclamo del daño físico y psíquico ocasionados, en forma separada, la indemnización por estos tópicos habrá de ser fijada en forma conjunta si correspondiere.

Desde otra perspectiva, cabe recordar también que el monto que pueda acordarse, de ninguna manera puede surgir como una resultante de un cálculo estricto efectuado en base a la "expectativa de vida" que muchas veces surgen de los dictámenes periciales pertinentes. Es que las indemnizaciones tabuladas, atendiendo rígidamente a los porcentajes de incapacidad, tiene su ámbito de aplicación específicamente en los procesos labores por accidentes de trabajo. Si bien la edad de la víctima, sus expectativas de vida, porcentuales, etc. constituyen valiosos elementos referenciales, no lo es menos que el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares que presente cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio.

En la especie, la pericia médica obrante a fs. 272/277 refiere que de las constancias de autos surge que como consecuencia del ataque sufrido por la actora, en el Servicio de Traumatología del Hospital Rivadavia le diagnosticaron una fractura aplastamiento traumático de la segunda vértebra lumbar. Le prescribieron reposo absoluto por un mes y un corsé ortopédico por tres meses. Como continuaba con dolores concurrió al Hospital Español donde le realizaron una tomografía computada donde se ratificó el diagnóstico de fractura aplastamiento de segunda vértebra lumbar y también el tratamiento instituido. Continuó con el tratamiento por el lapso de cuatro meses aproximadamente. En el examen físico realizado por el experto presentó como datos positivos limitación leve a los movimientos de la columna cervical y lumbar, en todas sus direcciones. Concluye el perito que la actora presenta como consecuencia del evento sufrido una incapacidad física parcial y permanente del 20% de la t. o.

En el aspecto psíquico refiere que padece un trastorno por estrés postraumático, reacciones vivenciales anormales neuróticas en grado II que representa un 10% de incapacidad de la t. o. Además, recomienda la realización de un tratamiento psicológico por el lapso de un año a una frecuencia de una sesión semanal. Sobre este último aspecto, es dable señalar que al responder los puntos de pericia propuestos por la parte demandada aclaró que el tratamiento era imprescindible para su mejoría (véase fs. 277 vta.), por lo que es dable concluir que el porcentaje de incapacidad estimado por el experto puede ser aun menor, lo que será tenido en cuenta al momento de fijar el monto indemnizatorio.

Si bien la parte demandada impugnó el informe pericial, dichas impugnaciones fueron debidamente contestadas por el experto a fs. 314/315, donde explicó que en el aspecto físico que más allá que la actora presentaba una patología previa al evento de autos, lo cierto es que dicho evento fue el que desencadenó las lesiones que generaron las secuelas que presenta la actora y que fueran debidamente detalladas en su informe.

Además, es dable destacar que si bien el perito concluyó que la incapacidad total de la actora era del 30% de la t. o., por aplicación del método de la capacidad restante, en realidad, éste alcanza al 28%.

En definitiva, habida cuenta la edad que tenía la víctima a la época del accidente (63 años) y demás condiciones personales (casada con dos hijos, de profesión médica psiquiatra), juzgo prudente y equitativo fijar la cantidad de $ 35.000 en concepto de incapacidad sobreviniente y el correspondiente tratamiento psicológico.

B) La actora también solicitó la fijación de $ 38.000 en concepto de daño moral.

Como es sabido, la fijación de este rubro es de dificultosa determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante, en función de los distintos precedentes de la Sala.

La índole de las lesiones padecidas por la actora, demuestran la pérdida del sentimiento de tranquilidad y seguridad que debió sufrir la víctima a raíz del evento dañoso y me llevan a propiciar se fije por este rubro la cantidad de $ 15.000.

C) La accionante solicitó la suma de $ 1.000 en concepto de daño emergente y la suma de $ 200 en concepto de los daños generados por los animales del demandado a su perra de raza Fox Terrier.

En primer lugar cabe señalar que la suma de $ 1.000 reclamada por la actora lo es en virtud de la imposibilidad de movilización que -según señala en su escrito de demanda- tuvo con el consiguiente impedimento de asistir a sus necesidades básicas, no puede tener favorable acogida toda vez que se encuentra comprendido dentro de la incapacidad sobreviniente que ya fuera analizada. De no ser así, se estaría dando una doble indemnización por el mismo concepto.

En cambio, considero procedente el reclamo de la actora por gastos de curaciones a su perro aunque no en la medida que fuera solicitado, desde que, si bien en su escrito de inicio indicó que fue atendido en el Hospital Veterinario "Cátulo Castillo" de Mapa, lo cierto es que ello no ha sido acreditado. Por otro lado, en el oficio contestado por MAPA únicamente se hace referencia a las características de la raza Rottweiller, pero nada informan sobre la eventual atención del perro de la actora (véase fs. 248). Es cierto que obra en autos un ticket en concepto de $ 20 por una radiografía que se le habría sacado al animal (véase fs. 346), aunque no fue demostrada su autenticidad. Sin embargo, y pese a ello, no puede dejar de tenerse en cuenta que quedó acreditado -tal como se señalara al analizarse la cuestión de responsabilidad- que el perro de la actora sufrió lesiones, a punto tal que uno de los testigos refiere haber observado sangre del animal, lo que hace presumir que debió ser atendido y, por tanto, ocasionado gastos. En función de ello, considero prudente y equitativo fijar por este concepto la cantidad de $ 100 (art. 165, último párrafo del Código Procesal).

D) La actora también reclamó la suma de $ 7.800 en concepto de lucro cesante.

Como lo he señalado en anteriores oportunidades, la indemnización por lucro cesante está referida a las ganancias dejadas de percibir a consecuencia del daño sufrido. Asimismo, debe tenerse presente que este tópico, para ser admitido, requiere una prueba concreta de las pérdidas experimentadas o por lo menos el aporte de datos que permitan presumirlas de modo fidedigno, lo que no ha ocurrido en el caso de autos (véase causa libre Nº 457.242 del 16/11/06, entre otras).

La accionante tenía a su alcance diversos medios probatorios para acreditar las ganancias que percibía y las dejadas de percibir. Nada le impedía recurrir a la prueba de testigos a esos fines, podría haber ofrecido a los pacientes que dice atendía en su domicilio y de ese modo demostrar las ingresos mensuales que supuestamente se vio privada de percibir. Lo expuesto, entonces, torna inaplicable el último párrafo del art. 165 del Código Procesal (conf.: esta Sala en causas libres Nº 359.626 y 359.609 del 15/06/2005, entre otras).

Por tanto, la pretensión de la actora no puede tener favorable acogida.

E) La demandante solicitó la suma de $ 2.500 en concepto de gastos médicos, de farmacia y de movilización.

En lo tocante a este aspecto la Sala ya ha tenido oportunidad de señalar reiteradamente que no se requiere prueba efectiva de los desembolsos realizados por estos gastos, cuando la índole de las lesiones por el accidente los hacen suponer. Sin embargo, el reintegro de los gastos no documentados de ninguna manera puede ascender cantidades considerables, ya que, como se ha dicho, el rubro es procedente aun sin contar con prueba documental específica, en razón de la escasa entidad económica que suponen tales erogaciones y por la transitoriedad de los mismos (conf.: causa libre Nº 476.405 del 10/08/2007, entre otras). En tal situación, y habida cuenta la entidad de las lesiones juzgo prudente y equitativo fijar en $ 800 por todo concepto.

F) La actora también reclamó la suma de $ 1.200 para atender los tratamientos médicos futuros.

El reclamo no puede prosperar desde que del informe médico obrante a fs. 272/277 no surge la necesidad de que la actora se someta a ningún tratamiento kinesiológico futuro, por lo que al no haber quedado acreditado nada corresponde otorgar.

G) A las sumas por las que prospera la demanda habrán llevar intereses desde la fecha en que ocurrió el hecho y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, en función de la doctrina plenaria sentada en los autos "Alaniz, Ramona Evelia y otro c. Transporte 123 SACI, interno 200 s/daños y perjuicios" del 23/03/2004 -La Ley, 2004-C, 36-).

IV. La actora también solicitó que se condene al accionado a retirar los perros del departamento que ocupa en el mismo edificio que lo hace la actora.

A este respecto, cuadra recordar que el art. 6º, inc. b de la ley 13.512 dispone que "Queda prohibido a cada propietario y ocupante de los departamentos o pisos... perturbar con ruidos o de cualquier otra manera la tranquilidad de los vecinos...", y a su vez el art. 15 del mismo cuerpo legal prevé la sanción que se impondrá en el caso de violación por parte de cualquiera de los propietarios u ocupantes de la prohibición antedicha, y faculta al juez, entre otras medidas, a adoptar las disposiciones necesarias para que cese la infracción.

Así, aun cuando no existe ninguna disposición legal que prohíba la tenencia de animales domésticos, y, aunque no se tenga a la vista el reglamento de copropiedad del edificio en el que habitan los litigantes, no pareciera que impida tenerlos, por cuanto la actora también es propietaria de un perro con el que habita. Ello no impediría considerar, claro está, que podrán tenerse sin inconveniente tales animales en la medida que no ocasionen molestias que excedan la normal tolerancia.

Y, esta cuestión relativa a la normal tolerancia -a la que también se refiere el art. 2618 del Código Civil que invoca la accionante- lleva implícita la necesidad de que en las relaciones de vecindad se deba soportar o tolerar ciertas molestias o incomodidades ordinarias.

Ahora bien, más allá de que el análisis de si se ha transgredido o no "la normal tolerancia", es una cuestión de hecho, subordinada a las circunstancias de cada caso, lo cierto es que, en el sub lite, no puede dejar de ponderarse que ha sido solicitada la exclusión de los perros de un edificio sujeto a la ley de propiedad horizontal y a su respectivo reglamento, lo que hacía necesario que la interesada recurriera y agotara la vía consorcial. De allí que, acerca de esta cuestión, entienda que su petición ha sido, cuando menos prematura, debiendo aquella encauzarse conforme lo dispone la ley de propiedad horizontal y, principalmente, el reglamento de copropiedad que es la ley fundamental que regula las relaciones de la comunidad consorcial. Es que es en ese ámbito donde debe discutirse y resolverse, en principio, la cuestión planteada por la accionante, o sea, a través de los mecanismos y procedimientos que el propio reglamento prevé para que los copropietarios resuelvan sus conflictos.

No se advierte que se hubiese seguido algún procedimiento dentro del consorcio respecto a esta cuestión, ya que el informe de la administradora destaca únicamente que se recibieron quejas de varios copropietarios del edificio (véase fs. 139).

Por ello, la cuestión de la exclusión de los perros deberá dilucidarse en el seno de la comunidad consorcial.

Por todo lo expuesto, si mi voto fuese compartido propongo se revoque la sentencia recurrida, admitiéndose la demanda instaurada. En consecuencia, condeno a Juan Carlos Aramburu a pagar a la actora, dentro del plazo de diez días, la cantidad de cincuenta mil novecientos pesos ($ 50.900), con más sus intereses conforme los lineamientos reseñados en el punto III, apartado G del presente pronunciamiento. A su vez, se dispone que la pretensión de excluir los perros del edificio, si la actora lo considera apropiado, deberá plantearse, debatirse y resolverse conforme el procedimiento previsto en la ley de propiedad horizontal y el reglamento de copropiedad. Las costas de ambas instancias, habida cuenta que el accionado resulta sustancialmente vencido, habrán de ser soportadas por este último.

Por análogas razones a las aducidas por el vocal preopinante, los doctores Galmarini y Zannoni votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede se revoca la sentencia recurrida, admitiéndose la demanda instaurada. En consecuencia, condeno a Juan Carlos Aramburu a pagar a la actora, dentro del plazo de diez días, la cantidad de cincuenta mil novecientos pesos ($ 50.900), con más sus intereses conforme los lineamientos reseñados en el punto III, apartado G del presente pronunciamiento. A su vez, se dispone que la pretensión de excluir los perros del edificio, si la actora lo considera apropiado, deberá plantearse, debatirse y resolverse conforme el procedimiento previsto en la ley de propiedad horizontal y el reglamento de copropiedad. Las costas de ambas instancias, habida cuenta que el accionado resulta sustancialmente vencido, habrán de ser soportadas por este último.Toda vez que este tribunal ha revocado lo decidido por el Sr. juez de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal corresponde adecuar los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.Por ello y en atención al monto del proceso -capital e intereses-; trabajos realizados apreciados por su importancia, extensión y calidad; etapas cumplidas, y lo dispuesto por los arts. 6º, 7º, 9º, 10, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -mod. por la ley 24.432-, por el patrocinio letrado de la actora, se regulan los honorarios de los Dres. L. V. y M. K. G., en conjunto, en once mil setecientos pesos ($ 11.700) Por el patrocinio letrado de la demandada, se regulan los honorarios de los Dres. T. A., F. A. y E. H. V., en conjunto, en cuatro mil ciento cincuenta pesos ($ 4.150). Asimismo, por la representación letrada de la misma parte se regulan los honorarios del Dr. E. R. M. en cuatro mil quinientos cincuenta pesos ($ 4550).Por las tareas de los peritos: médico Dr. J. P. G. y veterinario M. B., apreciadas por su importancia y calidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios en tres mil trescientos pesos ($ 3300) para cada uno. Por la labor del consultor técnico F. A. G., se regulan sus honorarios en mil seiscientos cincuenta pesos ($ 1650).En atención a lo dispuesto por el art. 4º del dec. 1465/07, que sustituye el art. 21 del decreto reglamentario 91/98 -conf. esta sala, L. 497.894 del 17/04/08-, se regulan los honorarios de la mediadora Dra. M. A. G. en mil doscientos pesos ($ 1200). Por la labor de Alzada (art. 14 del arancel), se regulan los honorarios del Dr. V. en cuatro mil noventa y cinco pesos ($ 4095).- Fernando Posse Saguier.- José L. Galmarini.- Eduardo A. Zannoni.