Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22


LUCCA, Emma Elisa contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 203 p 471-475.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintidos días del mes de diciembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "LUCCA, Emma Elisa contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. n 651, año 1993), de conformidad con el acuerdo celebrado el día quince del corriente mes y año.

A la primera cuestión: -¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. Emma Elisa Lucca promueve -por apoderados- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe tendente a obtener el pago de diferencias adeudadas al causante Antonio Sebastián Lorenzo, pretendiendo la anulación del decreto 2813 dictado por el Gobernador de la Provincia el 5.10.1993 (que le fue notificado el 14 de ese mes y año).

Relata que el 15.5.1987 falleció el señor Antonio Sebastián Lorenzo, quien se desempeñaba como agente de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de la Provincia, y sus herederas (esposa e hijas) plantearon reclamo administrativo el 11.4.1990 tendente a que se le abonen las diferencias salariales adeudadas al causante las que, afirma, fueron posteriormente objeto de transacción entre el ex-empleador y el sindicato respectivo, obteniendo homologación por la Secretaría de Trabajo.

Puntualiza que los conceptos adeudados son: diferencias salariales originadas en la aplicación de leyes, decretos, resoluciones y demás normas legales de carácter general dictadas en materia de incrementos salariales, así como también los reclamos fundados en el artículo 67 de la convención colectiva de trabajo 57/75; diferencia por premio y refrigerio; así como eventuales diferencias subsistentes hasta la firma de las respectivas actas por los restantes artículos del mencionado convenio.

Narra que el primigenio reclamo fue denegado por resolución 845 del 25.6.1990 por el Administrador General de la DiPOS, con fundamento en que el señor Lorenzo no revistaba como personal de dicho organismo al 31.7.1988, fecha ésta en que el convenio de transacción reconoció diferencias salariales de diversa índole a los trabajadores del sector.

Contra dicha resolución -prosigue-, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio por entender que, con o sin convenio, los salarios se adeudaban, obteniendo por resolución 2 del 6.1.1992, el rechazo de aquélla y la ratificación de la primera denegatoria, pero se introdujo la prescripción como nueva y distinta consideración.

Al haberse concedido la apelación, y en oportunidad de expresar agravios, la actora expone que reiteró su pedido agregando la contestación sobre la prescripción alegada por la Administración para rechazar su reclamo, diciendo que su planteo fue extemporáneo.

En fecha 15.10.1993, añade, recepcionó el decreto 2813 por el cual el Gobernador le achaca el no cumplimentar la presentación de partidas o declaratoria de herederos y declara inadmisible el recurso por no poder corroborar el carácter de derechohabientes de los solicitantes, cuando antes nada dijo al respecto admitiendo que estaban legitimadas para el mismo.

Seguidamente, funda el presente recurso en que los entes administrativos preopinantes no negaron la existencia de diferencias salariales adeudadas al causante y que posteriormente fueron objeto de transacción con el personal en actividad, de lo que surge claramente que la deuda existió para con todos los agentes de la DiPOS al tiempo del fallecimiento del ex-agente.

Asimismo considera que las sumas adeudadas no se encuentran prescriptas porque, aunque reconoce que dichas relaciones laborales se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, el hecho de que la Provincia forme parte de ellas la obliga a abstenerse de conductas perjudiciales a los intereses de los trabajadores que de ella dependen so pena de incurrir en conductas no ejemplificadoras para la sociedad, a lo que añade que, de conformidad al artículo 3962 del Código Civil, la prescripción debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla, y ello no ocurrió en la resolución 845/90.

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 24), comparece la demandada (f. 30) y contesta la demanda (fs. 33/37 vto.).

En su escrito de responde, luego de realizar una negativa genérica de lo afirmado en la demanda, opone defensa de prescripción liberatoria en su favor respecto de la obligación de pagar cualquier diferencia salarial para el caso que esta Corte entendiera que la ex-DiPOS adeudaba y continúa haciéndolo al ex-empleado Antonio Lorenzo y, en consecuencia, a la actora en su carácter de heredera.

En efecto, prosigue, la prescripción se produjo por cuanto, amén de no haber constancia alguna de que en vida el causante haya efectuado reclamo por los conceptos peticionados, Lorenzo falleció el 16.5.1987, y el reclamo inicial de la recurrente se remonta al 11.4.1990, momento en el cual había transcurrido ya, y con exceso, el plazo de dos años previsto por la Ley de Contrato de Trabajo aplicable a los trabajadores del sector.

Respecto de la invocación que la parte actora realiza del artículo 3962 del Código Civil, alega que es justamente aquí, en el responde, donde debe hacer y hace, el mencionado planteo de prescripción.

Sostiene que las pretensiones esgrimidas en la demanda, además de su vaguedad e imprecisión, exceden las que fueron objeto del reclamo inicial ante la Administración de fecha 11.4.1990. En efecto -apunta-, en aquella oportunidad la actora solicitó "el pago de las sumas que hubiere correspondido percibir al causante en virtud de los conceptos que fueran objeto del convenio homologado por resolución n 092-88 del día 15 de diciembre de 1988, de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Fe"; y tal es la pretensión objeto de este juicio y a la que deberá atenerse el Tribunal al sentenciar.

Expresa que la actora no puede pretender la aplicación del convenio de referencia por cuanto fue suscripto con el personal en actividad, y a su fecha Lorenzo ya había fallecido. Por otra parte, prosigue, en su apartado 2 se alude a los conceptos peticionados en la demanda en relación a los cuales la ex-DiPOS ofreció a su personal en actividad o categoría de revista al 31.7.1988 acuerdos transaccionales a celebrarse en sede judicial o administrativa, según corresponda, y en los incisos del apartado 3 se detallaron los reclamos particulares de los que los agentes firmantes desistieron.

Continúa diciendo que, según los apartados 6 y 7, los acuerdos a celebrarse individualmente con cada agente, presuponían la existencia de un juicio en trámite contra la ex-DiPOS o no, supuesto éste en que se suscribirían ante la autoridad de aplicación y en el apartado 8 se exigió como requisito básico e imprescindible para su celebración, que se dejase constancia en éstos que nada más se tendría que reclamar por los rubros mencionados por ningún concepto derivado de la aplicación de la normativa citada en el apartado 2.

Finalmente, resalta que el objeto del acuerdo fue con fin exclusivamente conciliatorio, sin implicar reconocimiento de hecho o derecho alguno, poniendo fin a un conflicto de intereses que, en algunos casos se había instado ya en sede jurisdiccional, mientras que en otros, permanecía en el ámbito de la Administración; y en el presente caso no se dieron ninguna de las dos situaciones descriptas, y de haber sido así, agrega, su viuda y sus hijos (que no son actores en este juicio) tendrían que haber asistido en carácter de herederos (ya habían sido declarados tales por el juez a diciembre de 1988) a la suscripción del acuerdo, cosa que tampoco ocurrió.

Concluye negando, para el caso de que la Corte no comparta su postura sobre la prescripción liberatoria en su favor, que se adeude suma alguna a la viuda e hijos de Antonio Lorenzo en su carácter de ex-empleado de la ex-DiPOS, por cuanto en vida no formuló reclamo ni suscribió acuerdo alguno concerniente a los conceptos reclamados en este juicio.

Solicita, en suma, se rechace el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la parte actora.

3. Abierta la causa a prueba (f. 38) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 67/71 y 72/76 vto.). Dictada (f. 77) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta. 4. Queda planteada la cuestión con el pedido de la actora de que se le abonen las diferencias salariales adeudadas al causante y que fueron objeto de transacción homologada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, resistido por la Provincia sobre la base de que se encuentra prescripto y, subsidiariamente, por entender que nada se adeuda al ex-agente ni a sus herederos por no haber suscripto éste convenio alguno y, además, el acta-acuerdo del 9.8.1988 disponía que comprometía "a todo su personal en actividad o categoría de revista al 31.7.1988", habiendo aquél fallecido el 16.5.1987.

En primer lugar, resulta propicio el tratamiento de la excepción de prescripción opuesta por la Provincia demandada al contestar la demanda, quien postula la aplicación al caso del plazo bienal normado en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, manifestando que el reclamo administrativo fue planteado por la viuda del agente una vez transcurrido en exceso el plazo de dos años desde el fallecimiento del ex-agente Lorenzo.

En este punto, la actora afirma que, no habiéndose opuesto la excepción de prescripción en la resolución 845/90, ella es extemporánea, interpretando que según el artículo 3962 del Código Civil, la primera presentación fue el mencionado rechazo de su reclamo.

Tal planteo debe desestimarse por las razones expresadas en el precedente "Tolosa" (A. y S. T. 96, pág. 389) que se dan por reproducidas en homenaje a la brevedad.

Sentado ello, corresponde recordar que este Cuerpo in re "Nuñez" (A. y S. T. 188, pág. 368), si bien en oportunidad de resolver un recurso de inconstitucionalidad, reafirmó el criterio ya sostenido respecto de que, "si bien es cierto que la Ley de Contrato de Trabajo establece como principio que sus disposiciones no son aplicables a los dependientes de la Administración Pública nacional, provincial o municipal (art. 2) no es menos cierto que dicha norma contempla como excepción al referido impedimento que, por acto expreso de la Administración se incluya a los referidos agentes a la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo".

En el caso en estudio, el actor revestía el carácter de agente de la ex-Dirección Provincial de Obras Sanitarias para cuyo personal regía la convención colectiva de trabajo 57/75, circunstancia esta última, que permite la aplicación de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, extremo que torna aplicables las pautas contenidas en su artículo 2.

En consecuencia, el plazo de prescripción aplicable al caso es el de dos años previsto en el la norma mencionada, por lo cual corresponde hacer lugar a la excepción planteada por el referido lapso, desde el reclamo administrativo.

Habiendo entonces ocurrido el fallecimiento del causante el 16.5.1987 y formulándose el reclamo por sus herederos en fecha 11.4.1990, debe concluirse que la acción se halla prescripta, sin que -a todo evento- pueda entenderse como interruptivo del curso de la prescripción el convenio de fecha 15.12.1988 en tanto la propia recurrente se encarga de aclarar en su demanda que "no se reclama el cumplimiento de la transacción sino de los conceptos que fueron reconocidos en la misma y que se adeudan al causante..." (f. 10 vto.), por lo cual la prescripción comenzó a correr desde la fecha en que cada diferencia salarial se habría devengado, no pudiendo en ningún caso ir más allá del deceso del causante; además, conforme surge de su contenido, comprendía sólo al "personal en actividad o categoría de revista al 31 de julio de 1988...".

De todo lo expuesto se colige que, por los fundamentos vertidos anteriormente, el recurso no puede ser acogido. Las costas serán impuestas a la recurrente (artículo 84, ley 4106).

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri, y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas a la actora.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri, y el señor Ministro decano doctor Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Rechazar, con costas, el recurso interpuesto.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)