marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Deudas del Estado, deuda pública, canje de títulos públicos, pago diferido
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MINI  FRANCISCO ENRIQUE c/ ESTADO NACIONAL OF. DE CRÉDITO PÚBLICODEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-02

La  ley 26.017 determinó que respecto de los bonos no presentados al canje no podría reabrirse el procedimiento, ni el Estado Nacional podría efectuar con relación a ellos transacción judicial, extrajudicial o privada, y que los depositados en los tribunales quedarían reemplazados de pleno derecho por los bonos que allí se indican. En tales condiciones, de lo expuesto cabe colegir que aun cuando los bonos del tesoro se encuentran diferidos en el pago de sus servicios y amortización de capital (y comprendidos en lo dispuesto por la ley 26.017), "...no han perdido su virtualidad de mantener la condición de acreedores del Estado de sus tenedores y al Estado como deudor de aquéllos..." (Considerando X del voto del Dr. Morán en la causa "Greif", del 10/7/2006, fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de esta ciudad).
Docentes, remuneración, adicional por dedicación exclusiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oquendo, Beatriz Trinidad y Otros c/ E.N. -Mº de Cultura y Educ.- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

Debe confirmarse el rechazo a la demanda iniciada, con el objeto de reclamar el pago de diferencias en concepto de sobreasignación por dedicación exclusiva del art. 49 de la ley 14.473. (Ver esta Sala in re "Burgues, Roberto y Otro", del 15/6/95).
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villagra, María Cristina c/ Schwerdtfeger, Arnoldo y otra s/ Daños y perjuicios Rodas Pereyra, Claudelina c/ Romero, José s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26|1997-05-13

La teoría del riesgo creado no queda suprimida cuando se ha producido un encuentro entre dos vehículos en sentido general (ómnibus y bicicleta), no generando la diferencia en el porte de los mismos a favor del menor de ellos, un apartamiento de lo dispuesto por el art. 1113 del Cód. Civil.
Insuficiencia del agravio, delitos contra la integridad sexual, prueba, lesiones, declaración de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: B., S. T. c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-09

No cabe atender el agravio de la defensa basado en que la víctima habría consentido el acto sexual -a través de la falta de gritos y de lesiones en su cuerpo, entre otras-, en tanto tales afirmaciones, no sólo no son suficientes para arribar a la conclusión pretendida, sino que además, parte de esa argumentación resulta contradictoria con las constancias de la causa. Las lesiones paragenitales y en la zona de los brazos de la víctima fueron constatadas horas después del hecho y resultaron claramente explicadas por la profesional que intervino durante el debate. Se tuvo así por constatado no sólo su falta de consentimiento expreso, sino también que el imputado ejerció fuerza física sobre la damnificada. En ese contexto, no es posible sostener que se trata de un caso de dichos contra dichos sino que -por el contrario- existe un testimonio de una víctima coherente, pormenorizado y preciso, que encuentra respaldo con múltiples probanzas, y cuyo análisis conjunto permite corroborar la materialidad del hecho y la participación del acusado en él (voto del juez Morin al que adhirieron los jueces juez Días y Sarrabayrouse).
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, causas civiles, daños y perjuicios, fondo de comercio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Friedlander, Mónica Clara c/ Orell, Liliana Stella y otros s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

Corresponde a la justicia nacional de primera instancia en lo civil de la Capital Federal, conocer en la demanda por reparación de los daños y perjuicios que habrían derivado de hechos que se califican como usurpación, defraudación o hurto, pues si bien el origen de la titularidad alegada por la accionante tiene como fundamento una transferencia de fondo de comercio regulada por la ley 11.867, no se planteó en ningún momento en la demanda la discusión o análisis sobre tal relación contractual y su cumplimiento o no, ni la interpretación de sus normas.
Delitos contra la humanidad, privación ilegal de la libertad, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: Gallone, Carlos Enrique y otros s/ recurso de casación (Masacre de Fátima)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-30

Los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado por alevosía cometidos por personal policial constituyen delitos de lesa humanidad, pues los mismos integran el plan clandestino y criminal de represión instaurado en nuestro país a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976 por las autoridades de facto.
Impuestos, Poder Legislativo, delegación de facultades a la Administración, exenciones impositivas
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: "Djaparidze Levan Roberto c/ EN -AFIP DGI- Dto. 493/01 s/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-22

Por aplicación del principio de legalidad el conjunto normativo integrado por el  art. 1, ap. II, inc. a) de la ley 25.414, en cuanto delegó la atribución de eliminar exenciones tributarias, y el decreto 493/01 que, en uso de tales facultades eliminó la exención dispuesta para los resultados provenientes de operaciones de compraventa de acciones por personas físicas, excluidos los sujetos comprendidos en el inc. c) del art. 49, resulta inconstitucional (Sala V "Boiteaux Miguel Angel (TF 22358-I) c/D.G.I.", 12/04/2007) (Del voto del juez Argento, cons. IV).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, indemnización, valor vida, daño moral, daño material, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Franchi, Juan C. c/ Ferrer, Hector R. y otro s/ Daños y perjuicios. Cuestión a resolver: ¿Corresponde establecer un   monto indemnizatorio mínimo e igualitario por privación de vida   humana con prescindencia de todo otro perjuicio cierto?   Protocolizado Sala II, Folio 176 (Tribunal pleno) (Expte. Nro. 8-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-12

Que la vida humana y las aptitudes personales tengan un valor económico, consideradas como fuentes de ventajas patrimoniales para el propio sujeto o para otros, es algo que nadie discute ni podría discutir; pero nuestra jurisprudencia ha ido mucho más allá en la afirmación de esta doctrina: reiteradamente declara que toda vida humana representa por si un valor económico, esto es, con independencia de lo que produzca o pueda producir. Esta doctrina, utilizada especialmente para conceder indemnización por daño patrimonial en los supuestos de niños de corta edad o de ancianos que han sobrepasado el período de actividad lucrativa, tiene su origen en la vieja interpretación del artículo 1078 - derogado por la ley 17711- que exigía la presencia de un delito del derecho criminal para conceder la indemnización por daño moral; y como en los supuestos hipotéticos a que se alude, no habría habido tal antecedente, se recurría a la teoría del valor "per se" de la vida humana para no dejar a los damnificados sin ninguna indemnización.

Tal teoría, verdaderamente de emergencia, ha prestado un gran servicio a la vida jurídica del país, pero al variar los presupuestos de hecho -atento a que ahora puede concederse daño moral en todo acto ilícito, sea o no delito del derecho criminal (nuevo texto artículo 1078 Código Civil) no es necesario recurrir a tal artilugio. Y aquélla teoría ha perdido toda justificación y se ha tornado anacrónica. (Del Voto del Dr. Casiello).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, apelación de honorarios, recurso de apelación (procesal), incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: JOSE SALVADOR PEDRAZA c/ SANATORIO PASQUINI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-07-10

La vía para impugnar el auto regulatorio, cuando no existe propiamente ningún vicio en la regulación, sino que el incidentista cuestiona el criterio del Juez respecto a la oportunidad y base de la regulación, no es el incidente de nulidad sino el recurso de apelación, a fin de que el Tribunal de alzada evalúe la conveniencia o nó de la regulación practicada, de ningún modo puede admitirse la impugnación por vía de la nulidad, en razón de que la misma solo puede aprehender vicios de actividad; pero no errores de juzgamiento, aún cuando estos últimos pudieran estar referidos a materia de orden procesal.
Incidentes, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos S.A. c/ Bochio, Horacio Victor s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-03-13

La resolución que desestima el incidente de negligencia es irrecurrible; en el supuesto de dar por perdida la prueba, queda a salvo del perjudicado el replanteamiento de la cuestión ante la Cámara.
Derecho procesal, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: LTF SA c/ BANCO RIO DE LA PLATA SA Y OTRO s/ ORDINARIO S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-22

Cabe conceder en relación el recurso interpuesto contra el rechazo de una medida cautelar, con el efecto previsto por el CPCCN art. 243-3 parr.; pues, al no haber sido provista la medida precautoria requerida, no media decisión cuya operatividad puede verse impedida mediante la concesión de la apelación bajo dicho efecto -doctrina del CPCCN art. 198 in fine-.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, industria metalúrgica, laudo arbitral, Derecho laboral, leyes, interpretación sistemática
Materia: LABORAL
Carátula: Gigena, Raul y otros c/ Cametal SA s/ ¿Son aplicables las disposiciones del laudo 29-75 a los  establecimientos metalúrgicos que como actividad de la industria  metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros  en general? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

No habiendo sido posible concretar la estructuración de la rama automotor en la Convención Colectiva de Trabajo nro. 260-75 se resolvió someter el conflicto de intereses a la instancia de arbitraje obligatorio, en los términos de los artículos 2 y 9 de la ley 16936, modificado por la ley Nro. 20633. El árbitro fijó entre los puntos de litigio las condiciones de salarios básicos para el personal de obreros empleados de la rama "Automotor", comprendidos en la fabricación montaje y armado de automotores en general, camiones, tractores y motores de combustión, motocicletas, ya sea en su industria terminal o bien en sus partes, repuestos, accesorios y afines; fabricación y reparación de carrocerías; talleres mecánicos de reparación general, chapa, pintura, rectificaciones, electricidad; concesionarias, agencias y todo trabajo vinculado directa o indirectamente con la industria metalúrgica automotriz en general. Y, en definitiva el laudo 29-75 estipuló que quedan comprendidos en la "Rama Automotor" todos los establecimientos metalúrgicos que se dedican a la fabricación, montado y armado de automotores en general, camiones, tractores y motores de combustión, motocicletas; ya sea en su industria terminal o bien en sus partes, repuestos, accesorios y afines; fabricación y reparación de carrocerías, chasis, acoplados, volcadores, etc.; talleres mecánicos de reparación en general, chapa, pintura, rectificación y electricidad; concesionarias, agencias y todo trabajo vinculado directa o indirectamente, a la industria metalúrgica automotriz en general. (Del Voto del Dr. Villar). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad de las disposiciones del Laudo 29-75 a los Establecimientos Metalúrgicos que como actividad de la industria metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros en general.
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ciancia Noelio Miguel y otro c/ Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy s/ Ejecutivo Prepara vía Urbanismo de Jujuy s/ Ejecutivo Prepara vía
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-11-19

Los actos administrativos del Estado se presumen válidos, no pudiendo oponerse a los terceros contratantes con éste la validez de los mismos por causa o culpa del funcionario suscribiente, sin perjuicio de las responsabilidades que a éste le pudieran corresponder por mal desempeño del cargo que ocupa.-
Compraventa mercantil, mora, abuso del derecho
Materia: CIVIL
Carátula: WALSON  S.A. c/ DAMONTE  S.A. s/ MORA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

Las loables razones que esgrime el deudor para excusar la demora en la entrega de los equipos vendidos -prevenir y evitar conflictos futuros, como demoras y gastos derivados de mayores costos- no pasan de ser fundamentos de índole conjetural que por ese motivo se descalifican. Si la actora pretendió que la prestación debida se ejecutara en tiempo propio -a lo que sin dudas tenía derecho (CCIV:1197)- es porque tomó a su cargo el riesgo potencial de que pudieran suscitarse desinteligencias futuras, o bien porque reputó que tales diferencias no se producirían, situaciones ambas exentas de reproche, como quiera que no importan un ejercicio antifuncional de su derecho (CCIV:1071).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Tosoroni de Pagano, María Julia y otro c/ Carluccio, Jorge y Oscar, Sociedad Colectiva s/ Indemnización por muerte. Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

La enunciación de elementos probatorios y la crítica a determinadas conclusiones del fallo, sin abordar la concreta demostración del absurdo invocado resultan ineficaces como sustento idóneo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 279 del C.P.C.C.).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, excusación, violencia moral, deberes del juez, deber de imparcialidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: T, A S Y D C, V M s/ EXCUSACION DE LA DRA. ELENA RAMON EN EXPTES. 661/03 "T., A.S. S/ DESOBEDIENCIA Y NRO. 1581/02" D.C., V.M. S/ FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PRIVADO Y ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA" (EXPTE: N 6 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-11

La violencia moral no es equiparable a la enemistad o resentimiento puesto que ambos se independizan, y pueden estos últimos estar en el ánimo de un Juez sin que necesariamente deba también sentir la tentación de ser parcial. Ello se aprecia con mayor claridad aun cuando esa enemistad o resentimiento del Juez no es hacia la persona que deberá juzgar, sino hacia el abogado de la misma, ya que aparece no sólo poco probable sino hasta inadmisible la presencia de tentación de ser parcial hacia el justiciable, con motivo o en razón de la enemistad o resentimiento que se tenga con su letrado y no con él. (Del voto del Dr. Jukic). En el caso la cuestión a resolver es: Extensión de la causal de excusación por violencia moral.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: G.R.. A.T. c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-22

Es doctrina incólume, intacta del Superior Tribunal Provincial sobre el contenido de la expresión de agravios que ésta es el acto procesal mediante el cual el recurrente fundamenta la apelación refutando total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia. Por sus alcances importa una demanda tendiente a obtener la apertura de una instancia, pues sin ese memorial, el Tribunal se encuentra imposibilitado de entrar a verificar la justicia o la injusticia de la sentencia apelada, y como su objeto lo constituye el ataque a la decisión del juez, la doctrina la denomina "demanda de impugnación". La expresión de agravios, no es una simple fórmula vacua y carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica razonada y concreta de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se refiere a lo preciso, determinado, debe decirse cual es el agravio, no es bastante la enumeración de estos.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, título ejecutivo inhábil, obligaciones recíprocas
Materia: COMERCIAL
Carátula: DANERI, CARLOS c/ A. J. CHEDIEX SRL s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-05

Cuando, como en el caso, se han convenido obligaciones en un instrumento privado que responden a una relación contractual, no existe posibilidad de ser intelectualmente aislados de la relación fundamental que les diera origen. En tal contexto, tal referencia causal afectaría las exigencias que rigen el acceso al proceso ejecutivo en lo relativo a las características de autonomía y autosuficiencia de los títulos con los que se pretende acreditar la mora en el cumplimiento de las obligaciones allí consignadas (Conf. Cámara "Letra de Cambio y Vale o Pagaré", T. I, pág. 356). Tiene dicho la jurisprudencia, que si la obligación se origina en un contrato bilateral o en un contexto negocial más amplio, es indispensable poder aislar intelectualmente la obligación del resto del contrato, en el sentido de no depender de contraprestación a cargo del acreedor (v. reseña que sobre el particular puede consultarse en Kölliker Frers, Alfredo A., "El Derecho ejecutivo frente a las necesidades del tráfico actual", (El Derecho, T. 184-1246; cfr. esta CNCom, Sala C, "La Patisserie, S.R.L c/ Vuono Héctor" del 16.05.95; íd. íd., "Cargill, S.A.C.I c/ Moreno, Horacio", del 26.04.96; íd. íd., "Mercedes Benz Leasing Argentina c/ Fernández, Luis A.", del 08.05.98; íd. Sala D, "Repuestos Caldera S.A", del 14.3.79; etc); como también que el reconocimiento de deuda debe reunir características de autonomía que permitan establecer la existencia de la obligación sin necesidad de efectuar interpretaciones incompatibles con la limitación cognoscitiva propia del juicio ejecutivo: Cpr: 544-4° (cfr. esta CNCom, esta Sala A, "Rodriguez, R.V. c. Telam S.A" del 14.02.85; íd., Sala E, "Banco Provincia de Bs. As c. Díaz M" del 20.4.89; íd., Sala C: "Contraible S.A c. Cascor S.M Servicio de Inversiones", del 15.12.92, íd. CNCiv, Sala B, "Rama Enrique c MCBA, del 30.04.90, etc). En el mismo sentido también se ha negado fuerza ejecutiva a todos aquellos contratos de naturaleza mixta (formados con elementos de diversos contratos) cuyas características de bilateralidad impidan asignarle la necesaria autonomía a la obligación que se ejecuta, máxime cuando para determinar la existencia de un crédito líquido y exigible en favor del ejecutante es necesario acudir a elementos extraños al documento mismo (Cfr. esta CNCom, Sala C, "America Sugar Corporation c. Cooperativa Alcoazucar Agraria Limitada" del 21.5.99).
Prescripción de la acción penal, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MUIÑA, Luis, BIGNONE, Reynaldo Benito Antonio, MARIANI, Hipólito Rafael s/ Rec. de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-28

Las reglas de prescripción de la acción penal previstas en el ordenamiento jurídico interno quedan desplazadas por el derecho internacional consuetudinario y por la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad" (leyes 24.584 y 25.778) sin que ello importe una merma al principio de legalidad.
Poder de policía municipal, facultades de la Municipalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marun José y otro c/ Nacif Roberto Juan y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

El poder de policía abarca la actividad de la administración destinada a la consecución de fines propios y en distintos ámbitos, entre los que la seguridad en general y la que opera en lo edilicio en particular tiene obvia cabida. Ello se distingue -ya lo hemos dicho- de la denominada función administrativa de policía, como actividad que busca satisfacer en forma directa e inmediata necesidades colectivas y que exige actos concretos que implican el ejercicio del poder.
Usurpación, título de la posesión, turbaciones de hecho
Materia: PENAL
Carátula: GONZÁLEZ, Marcelo y GONZÁLEZ, Cipriano s/Usurpación s/ Casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-04-30

La figura en estudio "... no exige que el título que ostente el sujeto pasivo sea legítimo, sino apenas la "existencia de un poder de hecho y consolidado sobre la cosa"; el delito de usurpación podría ser cometido, por lo tanto, por el propietario contra el simple tenedor, salvo que su tenencia no se hubiera consolidado en el tiempo y aquél conservara el derecho al uso de la fuerza para recobrar la posesión -art. 2470, Cód. Civil-" (cf. D'Alessio, Código Penal, Parte Especial, p. 553). "Esto vale, entonces, para cualquiera que tenga un poder de hecho consolidado sobre el predio: sujeto pasivo del delito puede serlo tanto el titular de dominio como el poseedor o tenedor. Es presupuesto del delito de usurpación 'la existencia de parte del sujeto pasivo del ejercicio de los derechos de posesión o tenencia sobre un inmueble, en el momento de la consumación del delito, es decir, un poder de hecho consolidado sobre la cosa' -Gallegos, El delito de despojo de la tenencia o de la posesión, p. 19-" (cf. STJRNS2: Se. 118/10, in re: "Huentelaf"; Se. 6/14, in re: "HIDALGO"). En consecuencia, demostrado tal poder de hecho por N. N. M., en cuyo nombre se realizó la denuncia que dio inicio al expediente, carece de toda relevancia en esta sede la discusión sobre la legitimidad del título de la propiedad sobre el que aquel se ejercía, lo que es suficiente -en cuanto al tipo objetivo- para descartar cualquier discusión sobre su caracterización de sujeto pasivo de lo ocurrido y de M. y C.G. como sujetos activos. (Voto del Dr. Barotto por la mayoría).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alassia Cereales S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-04

Resulta suficiente a los fines de la anulación del pronunciamiento impugnado, que fue discutida ampliamente -tanto en sede administrativa como judicial- la existencia misma de la infracción ya que la empresa argumentó sobre todos los aspectos de la sanción invocando varios vicios en el acto administrativo sancionatorio vinculados a la existencia misma de la infracción, cuestiones que hacían a la verdad real y que no fueron objeto de análisis, lo que permite aseverar que el Sentenciante ha arribado a un resultado que no se compadece con las constancias de la causa ni con el derecho y los principios básicos aplicables en la materia, incurriendo en una irrazonable apreciación de la prueba, a la que el propio ordenamiento jurídico le otorga un valor decisivo; por lo que cabe concluir que la resolución impugnada fue dictada en base a argumentos que conducen en definitiva, a prescindir de una visión de conjunto y correlacionada de la prueba aportada y a una derivación no razonada del derecho vigente, arribando así a un decisorio que resulta violatorio de la norma contenida en el artículo 95 de la Constitución provincial. - CITAS: CSJStaFe: Dycasa, AyS T 105, p 345. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 95