Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-03


Causa nº 456-00/CC/2005 caratulada "CLUB ATLETICO OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ Incumplimiento del horario del permiso concedido para finalización del espectáculo - APELACION".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de marzo de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS Arriba el expediente a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 91/94vta. por el Fernando Agustín Aldazábal Carrillo -en representación del Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación- contra la sentencia emanada del titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 2, Carlos A. Bentolila y obrante, en un único instrumento, junto con el acta de audiencia de debate fs. 87/90vta. En ella el Magistrado declaró la validez del acta 2-0738909 y condenó a la encartada a la pena de quinientos pesos de multa por encontrarla responsable de la comisión de la falta consistente en ausencia de habilitación, prevista por el art. 4.1.1 de la Ley 451, con costas.

El sentenciante tuvo por acreditada la comisión de la infracción con la regular conformación del acta de comprobación, que entendió no fue rebatida en cuanto a los hechos allí consignados. Evaluó, en cambio, que la conducta descripta en el documento imputativo -la extensión sin autorización por veinte minutos del horario permitido para que se desarrolle en el "Club de Rugby" de la institución un recital del grupo musical "Ataque 77"- resultaba corroborada con los testimonios vertidos durante la audiencia de juzgamiento.

Desestimó, a continuación, la alegación de la defensa en relación a la existencia de una causa de justificación -la producción de un desperfecto eléctrico fortuito que motivó la suspensión de la función por el mismo lapso que se reputó excesivo en el labrado-. Argumentó que, si bien era posible que la masa asistente provocara desórdenes si se restaban veinte minutos a la actuación, "también lo es que podían haber reaccionado con aceptación si los inconvenientes se le hubieran comunicado de modo que comprendieran la situación generalmente". Colige de ello que la sola posibilidad de que se produjeran anomalías no habilitaba a la enjuiciada a perjudicar a terceros prolongando la realización del espectáculo fuera del horario permitido.

Finalmente, encontró pertinente morigerar la pena impuesta por el controlador administrativo -$1.700-, fijándola en $ 500, de cumplimiento efectivo, en razón de que haber apreciado el deterioro eléctrico alegado como "un factor de cierta imprevisibilidad".

El primero de los agravios formulados por el impugnante consiste en que el a quo ha rechazado sin fundamento real la causal de justificación alegada durante la audiencia. La arbitrariedad invocada se habría dado en orden a que, básicamente, el sentenciante no habría apreciado debidamente que la caída del generador eléctrico fue un hecho fortuito, imprevisible y ajeno al club, que desencadenó una inesperada postergación del inicio de un show. Achaca al Magistrado el no haber advertido, a la hora de justipreciar las constancias de la causa, que el público asistente era marcada, conocida y notoriamente violento, capaz de reaccionar con actos de vandalismo frente a cualquier conducta que estimara provocativa. En esta línea argumental, la decisión de no recuperar los minutos empleados en la reparación de los equipos podía ser interpretada negativamente por la masa constituida en el lugar del recital, y desplegar conductas colectivas lesivas del orden público y de la integridad física del vecindario, bienes jurídicos que entiende debieron resguardarse en desmedro de la tranquilidad vecinal, en las circunstancias descriptas.

Como consecuencia de esta motivación, deriva un segundo agravio consistente en que su representada obró en cumplimiento de un deber, pues la acción que se reprocha resultaba mandada tanto por la previsión del art. 58 del C.C. -que imponía al club impedir o afectar el normal desarrollo de un espectáculo deportivo o artístico masivo, que se realice en un lugar público o privado de acceso público- como por la normativa de Defensa del Consumidor.

Por último, tacha de arbitraria la valoración de la prueba testimonial efectuada por el Bentolila. Entiende que el Magistrado debió haber considerado la peligrosidad de la situación a partir de las versiones emanadas de quienes tenían experiencia en los trabajos implicados por el desarrollo de estos tipos de recitales. Así, la conclusión de que la inminencia del acaecimiento de actos vandálicos se daba en la especie sólo como posibilidad devendría contraria Causa nº 456-00/CC/2005. Sala II.

al espíritu de precaución que debe primar en la actividad de los organizadores; alega, en síntesis, haber actuado de conformidad con lo debido.

A fs. 100 y vta. se expide la Sra. Fiscal de Cámara, oportunidad en la cual postula se declare mal concedido el recurso interpuesto y, subsidiariamente, se confirme la resolución recurrida. Sustenta la primera de sus pretensiones en que, toda vez que el escrito de interposición fue ingresado el sexto día de notificada la resolución en crisis, éste resultaría extemporáneo, habida cuenta de que la normativa procedimental en materia de Faltas otorga un plazo de cinco días para impugnar la sentencia, y de las específicas reglas relativas a los modos de computar los plazos contenidas en la L.P.F. -que demarcarían el vencimiento del plazo para impugnar al finalizar el horario de oficina del quinto día-.

La propuesta en subsidio se funda en la inexistencia de la arbitrariedad alegada por el quejoso, que, a su criterio, no tendría más entidad que la de una mera discrepancia con la interpretación de las normas vigentes efectuada por el Magistrado.

Cumplidos los plazos y pasos procesales pertinentes, corresponde resolver la apelación planteada.

Y CONSIDERANDO 1.

En cuanto al cumplimiento de las demandas formales y sustanciales en el remedio impugnaticio articulado, conforme a lo establecido en los arts. 56 y 57 de la LPF, se observa que el recurso ha sido interpuesto contra una sentencia definitiva, por escrito fundado, ante el Tribunal que la dictó y por quien tenía derecho a deducirlo. Asimismo, las quejas vertidas por el recurrente se relacionan con la causal de arbitrariedad prevista en la norma adjetiva.

Respecto del requisito formal de presentación dentro de los cinco días de notificada la sentencia, que la Sra. Fiscal de Cámara entiende incumplido -toda vez que el libelo fue interpuesto dentro de las dos primeras horas del sexto día- cabe traer a consideración lo vertido por esta misma Sala en causa nº 111-00-CC/2004, "Recurso de queja en autos DRAGONETTI, Biaggio s/giro a la derecha en lugar prohibido y otra" resuelta el 7 de junio de 2004. Allí el Tribunal tuvo oportunidad de sentar que "...la resolución 152/99 del CMCABA es la que dicta el 'Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires' y en ese cuerpo normativo no se hace ninguna distinción en razón de la materia o del fuero, por lo que las actuaciones en materia de faltas que tramitan en esta sede judicial no pueden tener condiciones más restrictivas en cuanto al cómputo de los plazos, debiendo seguir a los efectos prácticos el mismo régimen que establecen las disposiciones generales citadas para los expedientes que tratan sobre otras materias, salvo que exista expresa normativa local en contrario".

En este sentido, el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA (Ley Nro. 189) contempla un plazo de gracia para la presentación de escritos, ya que en su art. 108 in fine dispone "El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere el plazo, sólo puede ser entregado válidamente en la Secretaría que corresponda, el día hábil inmediato posterior y dentro de las dos primeras horas del despacho". Lo mismo dispone el dec. 1.510/97, esto es, la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA, ratificado por la Legislatura por Res. Nro. 41/98 - art. 45 in fine: "El escrito no presentado dentro del horario administrativo del día que venciere el plazo, sólo podrá ser entregado válidamente, en la oficina que corresponda, el día hábil inmediato y dentro de las dos (2) primeras horas del horario de atención de dicha oficina".

En razón del precedente invocado y de la normativa expuesta, no se advierten razones para que en sede judicial se utilice un criterio distinto a los fijados para la tramitación de causas en sede administrativa.

Sentado lo anterior, habrá de decirse que el último párrafo del punto 1.3 de la Res.152/99 del CMCABA dispone que "El horario de atención al público comienza a las 9,00 y finaliza a las 15,00, estando la primera hora (de 8,00 a 9,00) afectada al trabajo interno de las dependencias judiciales", en articulación con lo fijado en el punto 1.5, segundo párrafo: "Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido para el funcionamiento de los tribunales". De ello se sigue, a entender de la Sala, que la correcta interpretación de las referidas disposiciones indica que las dos primeras horas hábiles del denominado "plazo de gracia", para efectuar una presentación como la realizada en este expediente son las comprendidas entre las 9,00 y las 11,00 horas, ya que, como surge de la Causa nº 456-00/CC/2005. Sala II.

disposición comentada, no hay atención al público antes de las 9,00 horas y por ende resultaría materialmente imposible presentar un escrito, lo que importaría, de hecho, que aquella atribución se viera restringida a tan solo un hora.

En consecuencia, habiendo sido presentado el escrito impugnaticio a las 11:00 hs. del sexto día de notificada la resolución embestida -conf. sello de fs. 94vta.- el requisito de temporaneidad del recurso queda cabalmente cumplido.

2.

A poco que se recorran las cuestiones traídas a estudio, se advertirá que la orientación impresa a ella por el presentante adolece de una confusión de conceptos centrales que en modo alguno permitirán arribar a la solución por él propugnada.

En primer lugar, la pretensión se dirige a considerar una causa de justificación lo que en verdad se manifiesta como una arista más del riesgo propio de toda actividad comercial -en el caso, la organización de un espectáculo masivo de carácter artístico-, y en especial del peculiar emprendimiento llevado a cabo por la imputada. En efecto, la sola instrumentación de un evento como el señalado implicaba para la accionada la puesta en práctica de una extrema diligencia para garantizar tanto a los espectadores como a los vecinos y transeúntes la indemnidad de los bienes jurídicos de su titularidad, actividad que le imponía disponer adecuadamente los elementos físicos para llevar a cabo el espectáculo y arbitrar los medios tendientes al repelimiento de situaciones que obstaran a su normal desenvolvimiento. En este orden, el proyecto materializado en la puesta en marcha de una actividad en sí riesgosa colocó a la encartada en posición de garante de la incolumnidad de aquellas relaciones de disponibilidad individuales y colectivas que podían verse vulneradas por la naturaleza y la magnitud del negocio concretado, entre las que se encontraban, también, la seguridad de los habitantes de la zona, la integridad física de los asistentes y los derechos adquiridos en su carácter de suscriptores de un acto jurídico que creó una relación de consumo, todo lo cual se tradujo en una intensificación de su deber de cuidado.

De esta forma, no aparece evidente que el Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación se haya visto, al momento de los hechos, encerrado en una disyuntiva que implicaría la decisión de afectar un bien jurídico -la tranquilidad pública- para evitar la producción de estragos, pues eran precisamente su status precedente y los vínculos contractuales enlazados los que lo obligaban sólidamente a prevenir toda posibilidad de producción de daños de cualquier entidad.

Bajo esta óptica, no puede considerarse la alegada existencia de un deber jurídico de vulnerar la habilitación concedida, pues la verdadera obligación del impugnante consistía precisamente en cumplir todas y cada una de las mandas que le imponían las normas de diferente índole -contravencionales, administrativas, penales, de faltas y las civiles surgidas del contrato suscripto con los espectadores-. En este sentido, y por lo expresado en los párrafos precedentes, la hipotética "colisión de deberes" debe meritarse en sentido acumulativo. Lo contrario implicaría conceder al imputado una inadmisible dispensa judicial de ciertas obligaciones a su cargo a favor de otras, toda vez que tampoco surge de la normativa en su conjunto asignación de obligación jurídica ni precepto permisivo algunos que permitieran tener por justificada o debida la conducta reprochada. Así ordenada la cuestión, la solución antedicha aparece ostensiblemente contradictoria con el reproche de arbitrariedad formulado por el quejoso, lo que constituye un obstáculo insalvable al éxito de su pretensión.

Finalmente, no se advierte tampoco discrecionalidad alguna en la apreciación de la prueba testimonial ni alejamiento de los carriles de validez deductiva que tornen anulable la sentencia recaída en autos. Antes bien, la "peligrosidad de la situación" que el quejoso estima preterida por el Magistrado fue efectivamente considerada al decidir la disconformidad a derecho de la conducta infraccional, aun aportando una réplica fundada en las reglas de la experiencia común. Por otra parte, la invocación de una supuesta y notoria tendencia al "vandalismo" de los asistentes -conocida por la encartada con anterioridad a la organización del evento, como surge del libelo impugnaticio- no obra más que de refuerzo de las razones brindadas por el a quo para sustentar su resolución y en modo alguno conlleva siquiera a disminuir el monto de la pena impuesta, pues, en tanto ilumina acerca de la exigibilidad de un obrar especialmente diligente -opuesto al que constituye objeto de juzgamiento- abona sensiblemente su carácter de culpabilidad.

Causa nº 456-00/CC/2005. Sala II.

Lo dicho resulta suficiente a fin de considerar inhábiles los motivos de agravio invocados por el quejoso a los efectos pretendidos, por lo que la solución adoptada por el a quo será mantenida en esta instancia.

Por todo lo expuesto, y en virtud de haber concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE CONFIRMAR el resolutorio impugnado en todo cuanto fuere materia del presente recurso.

Tómese razón, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las restantes notificaciones.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Marcela De Langhe, Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas