marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Superior Tribunal de Justicia, recusación, recusación con causa, prejuzgamiento, rechazo in límine, superintendencia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Decoud, Ruben s/ Recurso extraordinario- Recusación de los Señores Ministros de la   Corte en autos: "Actuaciones formadas con motivo de publicación   periodística de fecha 6/10/92 referente opinión del Sr. Juez en lo   Penal Correccional 8va. nom. Dr. Roberto Reyes - Actuaciones que se   le siguen al Sr. Juez de Circuito Dr. Ruben Decoud" (Expte. C.S.J.   Nro. 610 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-13

Deben rechazarse de plano las recusaciones formuladas a los Ministros de la Corte para juzgar y decidir en el marco jurisdiccional los recursos de inconstitucionalidad local y extraordinario federal interpuestos por el recurrente por haber intervenido previamente en el trámite administrativo, vía superintendencia, desde que, siguiendo la línea jurisprudencial trazada por el Máximo Tribunal nacional, la actuación de la Corte, en la medida que lo imponga el ejercicio de sus atribuciones específicas importa juzgamiento y no prejuzgamiento. En el caso, el recurrente no ha cuestionado y ha consentido expresamente la actuación del Tribunal en su competencia de superintendencia. Luego, reconocido el doble carácter en que le corresponde intervenir a la Corte, luce innegable que ambos resultan inherentes a sus atribuciones específicas y resultaría ilógico pensar que estas se anulasen entre sí.
Honorarios, mediación, costas, gastos del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Automóviles Surauto SA c/ Honda Motor de Argentina SA s/ ordinario s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-11

Procede rechazar la apelación interpuesta por la que se pretende excluir del prorrateo de los honorarios a los emolumentos de la mediadora, en tanto no hay motivos para excluirlos honorarios devengados por la mediación impuesta por la ley 26589 de los gastos dirigidos a evitar el juicio, por lo cual corresponde dejarlos alcanzados por el concepto de costas judiciales, conforme éstas se hallan conceptualizadas en nuestro derecho procesal a partir de lo dispuesto por el art. 77 de la materia (v. Palacio, Lino E., Manual de Derecho Procesal Civil, Lexis Nexis - Abeledo Perrot, Bs. As., 2003, p. 252; Morello, Augusto M., Sosa, Gualberto L, Berizonce, Roberto O., Códigos procesales en lo civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, Bs. As., 1985, t. II-B, p. 246; Fenochietto, Carlos E. Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Bs. As., 1987, t. 1, p. 289/90; Arazi, Roland - Rojas, Jorge A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal - Culzoni Editores, Sta. Fe, 2007, t. I, p. 363; Highton, Elena I. - Areán, Beatriz A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Hammurabi, Bs. As., 2004, t. 2, p. 111; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, La Ley, Bs. As., 2006, t. I, ps. 525/6).
Acción de amparo, pesificación, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "Lentini  Alberto  Constantino c/ PEN-Ley  25.561- Dtos 1.70/01214/02 s/ amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-23

La sustitución de obligaciones del Sector Público Nacional cuando estuvieran regidos por la ley argentina que estaleció el artículo 1 del decreto 471/02 resulta inconstitucional por violatorio del derecho de propiedad declarado y grantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional (Cons. 12).
Demanda, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TARJETA NARANJA S.A. c/ HERRERA CARLOS ALBERTO s/ COBRO DE PESOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-04

Corresponde a la parte actora la prueba de los presupuestos fácticos en los que funda su pretensión.
Prueba, mensura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MATUS PEDRO c/ FEDERACION DE ASOCIACION CATOLICA DE EMPLEADOS F.A.C.E. s/ Escrituración (LIBRO: S149 - 362)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-08-18

Según el régimen legal vigente en la provincia, para escriturar un inmueble resulta indispensable contar con un plano de mensura aprobado por la Dirección Provincial de Catastro. Para la aprobación del plano es necesario cumplir una serie de requisitos previos: 1- Sujeto: Agrimensor o Ingeniero; 2- Estudio de títulos, verificación en Registros de Propiedad, constatación de derecho de riego; 3- Publicación edictal previa, anunciando fecha y hora de realización de deslinde; 4- El día y hora fijado, en el terreno, se efectúa un relevamiento, medición y fijación de límites en base a títulos, 5- Si los límites no están demarcados debe señalizarlos, 6- Elaboración de los cálculos necesarios para determinar la superficie, para la confección del plano, 7- Consignar las discrepancias existentes de superficie, según título y mensura, 8- Presentación del plano a Direc. de Catastro para su revisión, verificación y aprobación.-
Asociaciones sindicales, huelga, medidas de fuerza, ocupación del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Rodriguez, Esteban Carlos c/ Casa Rubio S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-21

La medida de acción directa (huelga) q
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villalobos, Jorge I c/ Rivas, Fernando s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-14

La interpretación de la confesión no puede ser otra que la flexible, aconsejada por las circunstancias de cada caso, sin prescindir de los medios directos y fehacientes de prueba, es decir, que es susceptible de desvirtuarse mediante prueba en contrario.
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: GORCHS, JUAN CARLOS s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11

La ausencia de agravio actual del apelante hace improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley.

La interpretación acerca de la inconstitucionalidad de una norma, excede los límites de la competencia del Tribunal Plenario.
Ejecución fiscal, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en gcba contra gómez luis alberto y otros sobre ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

La modificación del art. 219 del CCAyT por ley n° 5931 instituye a la Cámara como tribunal superior en todas las causas que puedan ser luego objeto de revisión por este Tribunal a través del recurso extraordinario, sin importar cuál sea el monto comprometido en el pleito. El sistema queda así estructurado de modo que ya no hace atender al Tribunal algo a cuyo respecto no tuviera la palabra de la Cámara, lo cual es comprensible desde que el monto que pueda hallarse comprometido deja de ser el único elemento relevante, sino también el contenido del debate y lo que a su respecto se decide. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a su voto en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Malabia 2497 SRL s/ ejecución fiscal", expte. n° 15878/18; sentencia del 14-05-2020).
Recurso de apelación (procesal), querellante, archivo del expediente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "GONZALEZ, Emilio F....". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-10

No se advierte que exista efecto procesal práctico en la apelación de la denegatoria de ser tenido como parte querellante en una causa donde se encuentra firme el auto que ordena su archivo.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad civil, responsabilidad del conductor, hijo menor de edad, falta de licencia de conducir, sentencia condenatoria, responsabilidad del asegurador
Materia: COMERCIAL - CIVIL
Carátula: LO PREIATO, MIGUEL c/ MARTINO, OMAR s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Si un menor conducía el vehículo de su padre y provocó un accidente de tránsito, iniciada acción judicial por el damnificado del mismo, resulta improcedente que la condena alcance a la aseguradora del accionado si -como en el caso-, se verifica que el contrato celebrado entre la compañía de seguros y el asegurado accionado, excluía cobertura cuando el vehículo que intervino en el accidente es conducido por persona no habilitada para ello.
Fallos de la Corte Suprema, fundamentación del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Genero, Walter René - Faga, Horacio Eduardo  c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-06-01

La CSJN viene sosteniendo que los recursos deben realizar una crítica correcta, circunstanciada y prolija de todos y cada uno de los fundamentos esenciales del fallo apelado, debiendo rebatirse todos los argumentos en que se funda el juez de grado para llegar a las conclusiones que motivan los agravios; de no formularse esa crítica enunciada, el recurso deviene improcedente.
Recurso extraordinario federal, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: ROLDAN ROBERTO JESUS c/ SARQUIZ EDUARDO M.; SARQUIZ JOSE A. Y/U OTROS S/ FILIACION LEGITIMA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-23

Es jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema que lo resuelto en materia de caducidad de instancia es insusceptible del recurso extraordinario regulado en el art. 14 ley 48, atento tratarse de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, materia propia de los jueces de la causa.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley procesal, ley posterior, Ministerio Público, fiscal de Cámara, fiscales, cuestiones de competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Delmenico, Oscar P. y O. c/ Sampedro, Hector J. y O. s/ Cobro de dinero. Cuestión a resolver: debe intervenir el Ministerio   Público Fiscal en las declinatorias de competencia (Expte. Nro. 2-89)   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-21

La posición abolicionista afirma que el artículo 131 de la ley 10160 no contempla la intervención del Fiscal de Cámara en materia de competencia. Ergo, no prevista dicha participación en otra norma, el funcionario de marras no debe dictaminar ya que "está" derogada la ley 8141. Es decir, la reseñada tesis impone que la competencia funcional apuntada es numerus clausus. Pero, no puede dejar de concederse que el Fiscal de Cámara interviene en ciertos asuntos que no enuncia el artículo 131 en cuanto dicha disposición ya ab initio previene que a los funcionarios les competen las intervenciones que se detallan. "Además de las funciones que les acuerdan otras leyes...". ¿Existen esas "otras leyes"? Pues sí. Se trata, por de pronto, de la susodicha ley 8141 d Ministerio Público. (Del Voto del Dr. Chiappini, -En Disidencia- ).
Proceso penal, reconstrucción del expediente, declaración indagatoria, acta judicial, sentencia condenatoria, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Fariña, Mario y otro s/ Reconstrucción de Expedientes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-28

La ausencia de declaraciones indagatorias de los procesados, irreproducibles en plenario en ausencia de pedido de parte, no permiten sustentar, al no haber sido oídos los enjuiciados, un juicio de reproche en su contra, pues se vulneraría el principio del debido proceso que contiene al de la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.).
Homicidio, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: NICHOLSON LUIS ENRIQUE s/ HOMICIDIO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-12

Tan sólo de los dichos del procesado surge la pretendida legítima defensa, ya que no existió ninguna lesión física verificable -como un posible machetazo-; no hay un sólo testigo que haya visto la posible agresión; el machete que supuestamente había usado el agresor fue hallado en casa del imputado sin rastro de sangre y/u otro indicio que haga presumir su uso en una agresión; en definitiva, no existe ni un solo elemento de prueba que permita demostrar la existencia de una agresión por parte de la víctima hacia el encartado, que justifique una defensa ante un ataque injusto e imprevisto.
Jubilaciones, cómputo de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cambas, Mario Angel c/ Provincia    de    Buenos  Aires (Instituto  de  Previsión  Social). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

El art. 41 del decreto - ley 4650 no dice que la labor prestada en el cargo tenido en cuenta para regular el haber jubilatorio debe encontrarse "íntegramente" comprendida en el período de servicios simultáneos.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CHOQUI, MIGUEL ANGEL s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONST. DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-03-07

La falta de debida fundamentación de la queja provoca su desestimación.

Es requisito de admisibilidad del recurso extraordinario que sus fundamentos se hagan cargo, a través de una crítica prolija y circunstanciada, de las razones en que se apoya el fallo apelado, y resulta ineficaz la formulación de una determinada solución jurídica con prescindencia de dichos motivos.

Es inviable el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia que, con sólidos fundamentos -que el apelante no logra desvirtuar- evidencia que se ha arribado a la conclusión atacada con base en las normas aplicables -ley 23551 y arts. 225 LCT; 65, ley 6583-, dirigidas a la protección del trabajador en el particular proceso de privatización ejecutado, tendientes a evitar efectos negativos sobre el empleo del personal incorporado, como también de la garantía sindical prescripta por la ley 23551, enmarcada en la premisa establecida por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, cuyas acciones tutelares han adquirido jerarquía superior a las leyes con posterioridad a la reforma constitucional de 1994.
Daños y perjuicios, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olivieri, Néstor Justino c/ Parera, Francisco y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

El art. 1114, según la reforma de la ley 23.264 estatuye que ambos progenitores son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores.
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aidar, Camil E. y otros c/ Alonso, Adrián A.y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

En principio, no cabe alegar un daño por la imposibilidad de ejercer una actividad durante el tiempo de la convalecencia si no se demuestra el efectivo y regular ejercicio de la profesión u oficio.-
Pacto de San José de Costa Rica, detenido, derechos de las personas privadas de libertad, establecimientos penitenciarios, obligaciones internacionales, estado parte
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de las Penitenciarías de Mendoza Resolución de la Corte Interamericana c/  s/ Medidas Provisionales así como sus empleados y funcionarios púbicos que presten servicio en dichos lugares c/ Rep. Argentina s/ La vida e integridad personal de las personas recluidas en las penitenciarias de Mendoza, así como sus empleados y funcionarios púbicos que presten servicio en dichos lugares
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-06-18

La Corte Interamericana ha estimado que el deber de los Estados Parte de respetar los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana, así como el de garantizar su libre y pleno ejercicio -obligación general que emana del artículo 1.1 de la Norma Internacional-, resulta más evidente cuando se trata de personas recluidas en un centro de detención, en cuyo caso el Estado es el garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia.
Empleados públicos, salarios caídos, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alcácer, Miguel Angel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 243-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

La falta de un concreto criterio para la determinación del tiempo por el que corresponde reconocer haberes caídos, haciéndolo depender de la actitud de los diversos sujetos procesales y de las contingencias de cada causa, conspira indudablemente contra los valores jurídicos de seguridad y consecuente previsibilidad; incluso posibilitando soluciones que dependen excesivamente del juicio -variable- del juzgador en cuanto a cuáles demoras pueden considerarse o no razonablemente justificables, y sobre las que abrir debate conllevaría indudablemente a agravar las aludidas violaciones al principio de celeridad procesal. Ello torna imprescindible fijar criterios objetivos que eviten la producción de eventuales situaciones injustas, eliminando la particularizada consideración de que aspectos aleatorios -tales como la celeridad o demora en la tramitación de cada juicio de que se trate o en el dictado de la sentencia-, incidan en los alcances de las decisiones.
Daños y perjuicios, daño cierto, daño actual, inundación
Materia: CIVIL
Carátula: Arenales  S.C.A. . c/ Abra Grande  S.A.  y otros. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-30

La disminución del valor de un campo inundado, producido por el deterioro físico de la tierra, al perder, al menos en parte la totalidad de su aptitud productiva, constituye un perjuicio actual, susceptible de apreciación pecuniaria.
Mora, interpelación
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA RAMON B. c/ QUEL S.A. s/ Resolución de Contrato.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-19

La comunicación debe contener una intimación y, en consecuencia, ser coercitiva, pues no basta una mera declaración de voluntad del acreedor no encaminada a la obtención del cumplimiento de la obligación, ya que esto es lo fundamental para que la mora quede configurada (conf. C.N.Civ. sala A, LL 118-928, n 12.238).
Cohecho activo, empleados públicos, funcionarios judiciales
Materia: PENAL
Carátula: IDONE, Vicente s/ Causa 44.279
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

Si el empleado público no fuere equivalente al funcionario público podría aceptar dádivas impunemente, y el público ofrecerlas con idéntica impunidad, frustrando así la protección a la probidad o integridad del servicio público -indispensable para la administración pública-, siendo irrelevante que el empleado judicial no tuviere aptitud para torcer el desarrollo del proceso pues su dirección estaba a cargo del magistrado denunciante, ya que la frase "para que haga u omita un acto relativo a sus funciones", del texto originario del art.

258 del C.P., fue sustituida por :"en procura de la conducta reprimida" por el art. 256, de la ley 16.648, que subraya el elemento subjetivo del tipo del art. 258, por lo cual el autor, para cometer el delito de cohecho puede obrar dirigiéndose a quien carece de aptitud funcional, con el fin de lograr que este cumpla el tipo del art. 256.

Su error solamente será relevante cuando el funcionario incompetente acepte la promesa o dádiva en conocimiento de su incompetencia, en cuyo caso el aceptante o receptor incurrirá en estafa y el corruptor se tornará víctima de ella; más si el empleado finge aceptar, y recibe solamente con el fin de probar el cohecho, el autor hizo lo que el tipo del art. 258 le exigía y, entonces, incurrió en el delito.(Del voto en disidencia del Dr. Navarro)
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salinas, Julio Andrés. c/ Ganem, Eduardo. s/ Simulación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-02-01

La falta de adhesión del segundo votante a la fundamentación de quien le precedió y la ausencia de tercer voto hacen temer por la validez formal de la sentencia, no solamente debido a la contradicción aparente de los fundamentos, sino porque, aunque no resultaran entre sí excluyentes, podrían no conformar una mínima motivación coincidente que satisfaga adecuadamente el deber de decidir por mayoría cada cuestión esencial. Pese a ello, en el caso, la exigencia queda satisfecha mediante suficiente coincidencia en cuanto a "la existencia de simulación relativa en que la verdadera contratación es una venta con reserva de usufructo".
Concursos, tasa de justicia, homologación del acuerdo, fecha cierta, monto de la demanda, base imponible
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Corporación Río Luján Sa c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de tasa de justicia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Corresponde rechazar la oposición de la concursada a la liquidación practicada por la sindicatura para determinar la tasa de justicia, que para calcular los créditos en moneda extranjera que integraron el monto imponible, tomó la cotización del dólar estadounidense a la fecha de la homologación del acuerdo (LCQ 52); y no el tipo de cambio utilizado en ocasión del informe individual del art. 35 y de la resolución de la LCQ 36.
Empleo público, estabilidad del empleado público, estabilidad absoluta, estabilidad relativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SORIA, JULIO CESAR c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVA  DE  ILEGITIMIDAD  O  ANULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-08-13

No resulta correcto asimilar el derecho a la estabilidad de los empleados públicos con la inamovilidad, ya que la Administración puede disponer traslados en la medida que las necesidades del servicio lo requieran, reconociendo siempre que esta potestad debe ser ejercida con prudencia, racionalmente, con motivos fundados y cuidando de no originar perjuicios al agente.
Recurso extraordinario, cuestión no federal
Materia: PROCESAL
Carátula: ORLANDO D. TABARI c/ RODOLFO J. VINELLI (H)  S.A.I.M. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-22

Los agravios del apelante contra la sentencia que hizo extensiva la condena a la codemandada remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho común, materia propia de los jueces de la causa y ajena -como regla y por su naturaleza- a la vía del art. 14 de la ley 48, máxime cuando el tribunal ha expresado fundamentos suficientes de igual carácter que, más alla de su acierto o error, eliminan la tacha de arbitrariedad invocada.
Despido, despido con causa, contrato de trabajo, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Villera, Rubén Alberto c/ S.A. Nestlé de Productos Alimenticios s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

Fue correctamente dispuesto el despido del trabajador que, al presentar a su empleador un resumen de gastos incluyó una factura de alojamiento falsa, resultando irrelevante frente a la magnitud de la injuria, que no se hubiera ocasionado daño económico al principal (art. 63, L.C.T.).
Sanciones disciplinarias administrativas, destitución, pena, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Escribanos s/ verificación  de  certificaciones de firmas de la escribana María del  Carmen Díaz (regente  del  Registro  Notarial  N. 1225 de la Capital)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

La aplicación de la sanción de destitución en el cargo prevista en el art. 52, inc. f), de la ley 12.990, no es sino el ejercicio de un facultad administrativa de imponer ciertas consecuencias que son accesorias de la condena penal, y no afectan por lo tanto la gara