marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización por muerte del trabajador, interrupción de la prescripción, SECLO
Materia: LABORAL
Carátula: CRESENTE, CRISTINA ALICIA c/ EL MUNDO DEL KIOSCO S.R.L. Y OTROS s/ INDEMN. POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-28

La acción incoada por la viuda del trabajador contra quienes fueran empleadores de éste, no se encuentra prescripta, dado que el reclamo ante la autoridad administrativa interrumpió el plazo de extintivo, pues si bien que el Art. 7° de la ley 24.635 prevé que la presentación formal del reclamo ante el SECLO suspende -y no interrumpe- el curso de la prescripción, tal norma resulta contraria a lo dispuesto en el art. 257 de la LCT que prevé la interrupción de dicho plazo, vulnerando la jerarquía normativa establecida en los arts. 31 y 75, inc. 12 de la Constitución Nacional.
Medidas cautelares, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dos Santos, Alfredo Lauro c/ Dos Santos e Hijos SRL s/ Medida Cautelar -Intervención de Sociedad-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-30

"Las resoluciones que se refieren a medidas precautorias, ya sea que las ordenen, modifiquen o extingan, no autorizan como principio el otorgamiento del recurso extraordinario; tal doctrina cede en los supuestos en que aquellas causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, ya que ello acuerda al fallo el carácter definitivo a los efectos del artículo 14 de la Ley 48".
Indemnización, falta de inscripción
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez José Ramón c/ Becker Carlos Federico s/ Cobro de Pesos y Otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-07-17

Si el caso es la falta de inscripción del trabajador -artículo 8 Ley 24.013- éste debe intimar la inscripción solamente. Si por el contrario se tratara de una inscripción cuya fecha es posterior a la real -hipótesis del artículo 9-, la intimación debe ser a que "establezca la fecha real de ingresio" y si, por último, la remuneración consignada en la documentación laboral era menor que la percibida por el trabajador -artículo 10-, la intimación debe ser para que el empleador establezca el verdadero monto de las remuneraciones. O sea que, a cada hipótesis legal, una intimación distinta. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tránsito automotor, obligaciones del conductor, dominio del automotor, encandilamiento
Materia: CIVIL
Carátula: APONTE, MARCOS OMERO c/ ROSSINI, ERALDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-14

La circunstancia de que se produzcan encandilamientos en una ruta es algo que ocurre con cierta frecuencia, y no justifica al conductor de camiones que debe conocer las medidas que corresponde tomar en esos casos para mantener el dominio del rodado.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Arena, Elena y otros c/ Editorial El Atlántico S.A.C.I.F. s/ Diferencias salariales Alí, Manuel y otros c/ Editorial El Atlántico S.A.C.I.F. s/ Diferencias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03|1993-08-10

La obligación de dictar una sentencia fundada en la ley es anterior y superior a la actividad de las partes (art. 159 Constitución provincial). El argumento de su proposición tardía, no resulta válido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, empleo público, remuneración, diferencias salariales, decreto de necesidad y urgencia, convenios colectivos de trabajo, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: VIÑOLES, RICARDO JOSE c/ AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

La inteligencia del decisorio se centró en establecer si existían -o no- diferencias salariales en favor de la parte actora derivadas de la errónea aplicación del DNU 392/03 al liquidar las remuneraciones de los dependientes de Aguas Provinciales S.A., y en ese cometido, concluyó en que la pretensión debía ser desestimada pues las liquidaciones efectuadas por la empresa habían sido ajustadas a derecho. Para así decidir, el Tribunal pasó revista a los decretos del P.E. anteriores al 392/03 recalcando la finalidad que tuvieron en el marco histórico en que fueron dictados; destacó el exceso del Poder Ejecutivo al decretar este incremento de los salarios básicos a la par que consideró contradictorio que el dispositivo reconociera el carácter privativo de las representaciones sindicales y patronales para convenir los salarios de cada sector y a la vez disponer una modificación a los básicos convencionales vía decreto.. Frente a lo decidido, la recurrente insiste, en esencia, en sostener la arbitrariedad del fallo ante la incorrecta aplicación del 392/03, máxime cuando -dice- obra en autos un dictamen del M.T. que otorga razón a la interpretación que del decreto realiza la parte actora y echando mano de un acta de interpretación paritaria que no puede obligarla -por no haber estado representada y porque no cuenta con homologación-. Sin embargo, una atenta lectura del pronunciamiento en crisis, permite desechar los agravios toda vez que la Sala dio fundamentos bastantes para resolver el pleito que se ventilaba ante sus estrados. Así, y aunque el decreto establezca el incremento de la "remuneración básica a todos los efectos legales y convencionales" y la resolución del MT 64/03 aclarara su inclusión con carácter permanente al salario básico, lo cierto es tal postulación colisiona con la finalidad tenida en miras por el P.E. al disponer el incremento, tal como lo sostuvo el A quo al decidir en la causa.( de la ampliación de fundamentos de los Dres. Falistocco, Erbetta., Gastaldi y Netri)
Sentencia condenatoria, insuficiencia del agravio, abuso sexual
Materia: PENAL
Carátula: M. D. c/  s/ Abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-23

Más allá de la letra del art. 463 CPPN, el agravio introducido por la defensa debe ser tratado para respetar el estándar de revisión amplia de las sentencias de condena delineado por la CSJN en "Casal" (Fallos: 328:3399) y garantizar eficazmente el derecho al doble conforme y la operatividad del art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (voto del juez Jantus)
Prueba, carga de la prueba, responsabilidad subjetiva, establecimientos asistenciales, historia clínica, relación de causalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tesone  de  Bozzone, Marta Patricia y otro c/ Kreutzer, Guillermoy otros. s/ mala praxis
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

La teoría de las cargas procesales sólo hace recaer en quien se halla en mejor situación la carga de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, pero no altera el sistema general de responsabilidad que, en este ámbito, se sustenta sobre los fundamentos de la responsabilidad subjetiva (arts. 512 y 902 del Código Civil) que requerían, en el caso en qué se sancionó a un sanatorio por no cumplir adecuadamente el deber de custodia de la historia clínica, la demostración del nexo causal entre la actividad del sanatorio y los padecimientos sufridos por una menor (Disidencia del Dr. Gustavo A. Bossert).
Sistema electoral, partidos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRENTE PARA LA VICTORIA s/ Plantea Recurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-16

La legislación actual, tanto en la Nación (arts. 1, 14, 22, 37, 38, 122 y concordantes C.N.) como en las provincias, ha diseñado un cuerpo sistemático de normas destinado a regular los procedimientos a los que deben sujetarse las agrupaciones políticas, tanto para sus formas constitutivas, funcionamiento interno, etc., cuanto para la designación de sus candidatos y oficialización de sus listas ante la autoridad electoral. Ceñidos aquí a lo que es materia concreta de la cuestión bajo examen, en la Provincia del Chubut, al amparo de las mismas normas constitucionales y lo previsto en los arts. 18, 39, 40, 256, ss. y conc. de la Constitución Provincial, la ley provincial de partidos políticos N° XII-2 contempla básicamente tres clases de agrupaciones: a) los partidos políticos -provinciales y municipales-, b) las alianzas y c) las confederaciones (arts. 3, 4, 17 y conc., ley citada).

Todas ellas requieren, en cada caso, del respectivo reconocimiento por parte de la autoridad electoral, bajo las condiciones y exigencias previstas por la ley.
Juicio ejecutivo, excepción de novación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gandola, Rubén c/ Brey, H. Ricardo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

Con respecto a la excepción de novación, desde el ángulo de las formas procesales, la misma requiere que al oponerla se acompañe el documento del que "prima facie" resulte demostrada su existencia.

Cuando ello no ocurre, no cabe sino desestimar la excepción y rechazar asimismo el pedido de apertura a prueba del juicio a efectos de acreditar dicha defensa por otros medios (art. 542 inc. 8 del Cód. Procesal).
Alimentos, obligación alimentaria entre parientes, cuota alimentaria, abuelos
Materia: CIVIL
Carátula: C., M. B. y otro c/ B., N. E. y otro s/ alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-14

Ante el incumplimiento o imposibilidad de uno de los progenitores, cualquiera de los abuelos queda legalmente obligado a responder por los alimentos suscitados del parentesco, por lo que no corresponde circunscribir la satisfacción de la prestación con los padres del progenitor incumplidor.
Derechos y garantías constitucionales, reparación integral, obligación de no dañar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Ontiveros, Stella Maris  c/ Prevención ART S. A. y otros s/ accidente - inc. y cas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-10

El principio de la reparación integral es un principio basal del sistema de reparación civil que encuentra su fundamento en la Constitución Nacional (Voto de los Dres. Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti).
Procedimiento administrativo, Ente Nacional Regulador del Gas, prueba, audiencia, apertura a prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Gas Natural Ban S.A. c/ Resolución 506/97 -Enargas (Expte. 3221/97)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-18

El Tribunal considera no aplicable al caso la fijación de la audiencia a que se refiere el art. 360 del C.P.C.C.N. (Consid. II).
Recusación, oportunidad procesal, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: MINISTERIO DE TRABAJO c/ GIZE S.A. s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-16

La recusación sólo puede ser deducida por cualquiera de las partes antes de quedar el expediente en estado de dictar sentencia (art. 18 CPCCN). Pero no puede ser introducida cuando la causa se encuentra en la etapa de ejecución.
Impuesto de sellos, proyecto de ley, formación y sanción de la ley
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BESADA, ALFREDO LUIS Y OTROS c/ D.G.I. s/ INCONSTITUCIONALIDAD Y REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

La modificación que se hace al proyecto por la Cámara de Diputados, consistente en la adecuación de la moneda nacional - pesos argentinos a australes - y el cambio de la fecha del valor base contemplado en el art. 23 de la ley de sellos, no tiene entidad para viciar el procedimiento legislativo de la ley 23.258.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho público local, Municipalidad, personal municipal, estabilidad laboral, cesantía, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: EXPOSITO, HECTOR RUBEN c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 539 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-19

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Municipalidad perdidosa contra la decisión de la Cámara que hizo lugar al reclamo de la indemnización reclamada , desde que sus agravios sólo demuestran el disenso con la aplicación del derecho público local - específicamente asignado a ese Tribunal- y con la valoración de los hechos y pruebas efectuadas por los jueces de la causa en ejercicio de facultades privativas.

En el caso, los Juzgadores evaluaron que la situación del accionante -puesta en disponibilidad, sin reubicación durante más de un año- importaba la afectación de la estabilidad por causas que no le eran imputables y resultaba, por ende, encuadrable en el artículo 17 de la ley 9286 -en una interpretación armónica y conexa con el artículo 18 de la misma ley-, por lo que le asistía el derecho de optar por acogerse al cobro de la indemnización correspondiente por considerarse cesante, opción congruente con el derecho a la estabilidad reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución nacional y con el artículo 23, inciso a), de la ley 9286, cuando por razones de interés público no previstas en el Estatuto se afecta su derecho a la estabilidad.

En ese sentido, el decisorio centró fundamentalmente su análisis en la tarea hermenéutica de verificar el cumplimiento de las condiciones o requisitos exigibles tendentes a determinar si la situación fáctica y jurídica de la causa resultaba comprendida en la regulación específica del artículo 17 de la ley 9286 y demás disposiciones concordantes, arribando a la conclusión afirmativa en ese punto y en cuanto a la procedencia de la pretensión, solución que podrá o no compartirse, pero no resulta objetable desde el pun to de vista constitucional.
Aplicación supletoria de la ley, proceso contravencional, código procesal penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Juarez, Daniel Angel s/ 83 - usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

El art. 36 de la ley n° 12, vigente al momento del hecho, prevé como deberes de la autoridad preventora -no reducida a la policía de seguridad- asegurar la prueba y labrar un acta cuyo contenido debe incluir la mención de toda otra prueba del hecho. Ante la amplitud de estas disposiciones, incorporar las previsiones del art. 89 del CPP a supuestos de esta especie, supondría interpretar dicha norma como una excepción a la regla general del art. 36 comentado. Introducir excepciones a una regla legislativa clara es tarea del legislador en la que no puede ser sustituido por el intérprete. En otras palabras, el art. 89 del CPP no es compatible con el art. 36 de la ley n° 12. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, nulidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cardozo, Juan Carlos c/ Terzi, Guido s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

El pronunciamiento de la Cámara que -confirmando el decisorio de primera instancia- rechaza la nulidad de actuaciones, no reviste carácter de definitivo en los términos del art.278 del C.P.C..

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, jurisdicción, prueba, Derecho laboral, despido, trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Díaz, Carlos c/ Indecar S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Indemnización laboral (Expte. CSJ Nº  411-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-28

No obstante transitar sobre un terreno residual del remedio extraordinario debe prosperar el recurso de inconstitucionalidad cuando el A quo, en la apreciación de los elementos de convicción, incurre en un exceso de las facultades propias de los jueces de la causa que resta sustento a lo decidido. En la especie, la labor cumplida por la Alzada -al meritar que no se encontraba probada una falta de conducta del trabajador con gravedad suficiente como para despedirlo, cuando la propia actora admitió sus ausencias discutiendo su carácter de injustificadas-, entra en la órbita de la función revisora que le cabe al recurso de inconstitucionalidad intentado, cual es, evitar que los jueces inferiores, al llevar a cabo la valoración probatoria, incurran en anomalías por desvirtuar los principios que deben gobernar el recto desarrollo del pensamiento, reglas insoslayables por constituir el presupuesto de cualquier libertad de convicción que no sea arbitraria, o signifique un abuso del poder jurisdiccional.
Instrumentos privados, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vallejos, Gastón Rodolfo c/ Fusfaro de Pelle, María s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

En los actos "bajo forma privada" la firma de las partes "es una condición esencial". De ahí que "ella no puede ser reemplazada por signos ni por las iniciales de los nombres o apellidos" (art. 1012, Cód.Cit.; conf. art. 1040). Y de ahí que quepa suscribir lo que con agudeza y ajustada interpretación de nuestro sistema legal sostenía Salvat las personas que no saben o no pueden firmar, no pueden otorgar instrumentos privados; para ellas, la única forma de constatar por escrito los contratos que les interesan, es el instrumento público, los instrumentos privados firmados a ruego no tienen valor legal ninguno.
Competencia, competencia especial en lo civil y comercial, daños y perjuicios, muerte de un hijo, servicio militar obligatorio, muerte en acto de servicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUZMAN GREGORIO W. Y OTRA c/ EJERCITO ARGENTINO s/ COMPETENCIA  CIVIL  Y  COMERCIAL FEDERAL - SOLDADO MUERTO EN SERVICIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

Los actores persiguen el cobro de una indemnización por la muerte de su hijo, ocurrida a raíz del accidente que sufriera desempeñando tareas en el Liceo Gral. San Martín, mientras se encontraba cumpliendo el servicio militar obligatorio.

Cabe concluir, atendiendo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia in re "Gunther" de 5.8.86, que en el caso serán de preponderante aplicación las normas del derecho común, lo que lleva a admitir la competencia del fuero en lo civil y comercial federal, no formando obstáculo a tal atribución de competencia el carácter público y administrativo de la relación que vincula al Estado con el ciudadano incorporado a las fuerzas armadas para el cumplimiento del servicio militar obligatorio, meritándolo que la parte ha descripto los hechos de modo suficiente para encuadrar su pretensión, de manera inicial, dentro de los principios propios del derecho común, no implicando avanzar juicio definitivo sobre cuál será en definitiva el régimen legal aplicable. Cabe agregar que idéntico temperamento ha adoptado la Sala III de esta Cámara en fecha reciente.
Prueba compuesta, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: MUÑOZ SANCHEZ, Omar Miguel s/ LESIONES LEVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-12

La declaración autoacusatoria formulada libremente por el procesado fuera del proceso, ante una autoridad administrativa y volcada en un instrumento público, constituye una confesión extrajudicial, utilizable como base de la prueba compuesta, ya que goza de credibilidad y resulta verosímil su contenido.
Autonomía provincial, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Apoderado del Partido Justicialista y otros s/ Amparo e Inconstitucionalidad s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-05-04

El régimen legal de los municipios provinciales no es cuestión regida por la Constitución y las leyes de la Nación, sino propia del ordenamiento jurídico provincial en los términos de los artículos 104 y siguientes de la Constitución Nacional.
Obligaciones de dar sumas de dinero, seguros
Materia: CIVIL
Carátula: PINCHEIRA VANESA c/ SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. s/ COBRO DE SEGURO DE VIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-02

De acuerdo con el art. 49 de la Ley 17.418, en los seguros de personas el pago se hará dentro de los quince días de notificado el siniestro, o de acompañada, si procediere, la información complementaria del artículo 46, párrafos segundo y tercero.
Daños y perjuicios, admisibilidad del recurso, recurso extraordinario, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Rabanal, Sergio Omar c/ Ugon, Silvio Anibal y otro-a s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

La Suprema Corte es el único juez del recurso y está consiguientemente facultada para constatar y modificar lo decidido en las instancias anteriores en todo lo que hace a la admisibilidad de los recursos extraordinarios sin estar atada a lo resuelto por el juzgador de origen o a lo convenido por las partes.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, costas, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Renna, Rafael José. c/ Estado Provincial y/o Dirección Provincial del Agua. s/ RECURSO DE HECHO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Es descalificable el pronunciamiento que concedió parcialmente el recurso extraordinario interpuesto por la actora y, conforme a la solicitud de ésta, impuso las costas a la demandada considerando que había sido vencida en el juicio (arts. 68 y 69 del Código Procesal Civil y Comercial, de la Nación) sin ponderar que, conforme al art.

257 -segundo párrafo- de dicho cuerpo legal, sólo le correspondía decidir sobre la admisibilidad del recurso, y no pronunciarse sobre cuestiones que únicamente competen a esta Corte Suprema, por hallarse vinculadas al juicio que debe efectuar sobre la procedencia del remedio federal (art. 256 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Código procesal penal, Constitución Nacional, incapacidad sobreviniente, padecimientos mentales, extinción de la acción penal, Ministerio Público Fiscal, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cano, Sergio Sebastián s/Homicidio agravado por violencia de género c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-04-04

Por norma del artículo 69 CPP, el motivo de la suspensión del trámite es la comprobación de una incapacidad mental sobreviniente, y su duración se encuentra supeditada a la extinción de aquella circunstancia que motivó la paralización, es decir, la incapacidad mental para afrontar el juicio y poder defenderse, comprendiendo su significado y consecuencias. Queda claro que la acción penal emergente del delito permanece subsistente (de allí el error de interpretar lo contrario). Sin embargo, en casos como el presente, donde el cuadro de incapacidad debidamente constatado fue calificado de irreversible, deviene necesario realizar una interpretación conforme los principios enunciados que, a su vez, favorezcan la adopción de un criterio procesal que cierre definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado, en los términos del artículo 302 CPP, dejando subsistente la acción penal en lo referente a la adopción de todas las medidas de seguridad que aseguren un alejamiento del riesgo que tal afectación pueda significar peligrosa para el procesado o para terceros. De tal modo, la intervención del titular de la acción (Fiscal) se mantendría igualmente con absoluto control en la aplicación de la ley, lo cual no sería contrario al artículo 18 de la Constitución Nacional, porque las medidas de seguridad no tienen la misma naturaleza jurídica que las penas, por cuanto no son retributivas y atienden a la prevención, tanto general como particular, con finalidad tutelar. Voto del Dr. Hang.