Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-13


En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de septiembre de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente.

Y VISTOS:

Llegan las actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de queja interpuesto a fs. 5/6 por el Sr. Defensor Oficial -Mariano L. Bertelotti, cotitular de la Defensoría Oficial Nº 4- contra la denegatoria (fs. 4) de la apelación articulada (fs 2/3vta.) cuestionando la resolución que había dictado el Juez de grado disponiendo intimar a comparecer a Pablo José Soto para recibir el oficio y dar cumplimento a la pena de tareas de utilidad pública impuesta (fs. 1).

Fundamenta la pretensión manifestando que la sentencia dictada en autos no está firme, habida cuenta que la vía recursiva -queja ante el TSJ- aún se encuentra en trámite, lo cual impide ejecutar la condena por cuanto ello le produciría un agravio irreparable al imputado. En ese sentido, enfatiza que si bien es cierto que de la resolución de la Cámara en la que se le rechaza la queja -anterior-, se desprende una interpretación contraria a la que postula, no lo es menos que tal resolución tampoco ha adquirido firmeza, por cuanto contra ella ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad, el cual, de acuerdo a la regla general, tiene efecto suspensivo. Ello en atención a que podría ocurrir que el Tribunal Superior hiciera lugar a alguno de tales pedidos.

Por su parte, el Sr. Fiscal de Cámara postula en su dictamen que luce a fs. 10/11 que corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto.

Cumplidos los pasos procesales de rigor se encuentran los presentes actuados en condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO El recurso de queja en examen satisface los requisitos de tiempo y forma exigidos por el ordenamiento procesal aplicable. Ha sido deducido un día después de notificada la resolución que deniega la apelación intentada; por ante quien corresponde y contiene una exposición clara de los antecedentes del caso.

No obstante ello, la vía escogida resulta inadmisible toda vez que la queja articulada contra la denegatoria del recurso de apelación interpuesto, persigue la apertura de esta impugnación respecto de un pronunciamiento que no constituye sentencia definitiva -intimación al comparendo para dar cumplimiento a la sentencia - y que tampoco puede ser equiparado a aquella en tanto el presentante no ha podido conectar la decisión cuestionada con la lesión constitucional que invoca a efectos de acreditar la existencia de un gravamen irreparable.

En efecto, tal pretensión contradice abiertamente lo estatuido por el párrafo cuarto del art. 33 de la Ley 402 surgiendo de dicha normativa que, en todo caso, debió dirigirse la petición por ante el Tribunal competente para resolverla, donde precisamente está tramitando la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado.

El art. 33º en su párrafo quinto establece que "...mientras el Tribunal Superior de Justicia no haga lugar a la queja, no se suspende el curso del proceso salvo que el tribunal así lo resuelva por decisión expresa..." (solución análoga brinda el art. 491 del CPPN al referirse al recurso de casación en la etapa de ejecución). En este sentido el mentado órgano supremo de la judicatura local ha expresado que "...la Cámara Contravencional y de Faltas rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de mérito que condenó a los encartados -decisión que para la ley 402, era definitiva-, de manera que esta última resolución quedó ejecutoriada, lo cual equivale a considerarla 'firme' en los términos del art. 32 de la ley nº 10. En efecto, a partir del dictado por parte de la Cámara de la resolución que rechaza el recurso de inconstitucionalidad pertinente, el interesado no puede realizar ningún planteo impugnatorio que impida la ejecución de la sentencia, ya que el único recurso que puede interponer (queja contra dicha denegatoria) no reviste efecto suspensivo. Ello surge en forma expresa del art. 33 de la ley nº 402..." (del voto de la Jueza Ana María Conde en la causa nº 4066 "González, Carlos Alberto y Otros s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos; Laqcuanti, Roque y otros Bingo Congreso s/inf. Ley 255-Apelación' ", el resaltado es nuestro).

CAUSA Nº 182-05/CC/2004, Sala II Y también se ha dicho que: "Esa denegatoria importa reconocer firmeza a la sentencia de condena, pues su contenido es precisamente establecer que el recurso de inconstitucionalidad intentado por la parte que se considera agraviada no es admisible...en las condiciones de la legislación procesal vigente, salvo que las normas que otorgan ejecutoriedad a la sentencia, en ese caso, sean tachadas de inconstitucionales, debería ser acatada la voluntad del legislador...la consecuencia gravosa de haber sufrido pena, si es que ello ocurrió, no obedece a la doctrina que adoptamos, sino a la circunstancia absolutamente fuera de controversia de que la queja no suspende el auto contra el que va dirigida " (del voto del Juez Luis Francisco Lozano en la causa citada ut supra).

Como corolario, existiendo ya pronunciamiento denegatorio de ambos recursos de inconstitucionalidad interpuestos, no caben dudas de la ejecutoriedad de la sentencia.

Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, resulta relevante reiterar que, contrariamente a lo que el Sr. Defensor viene sosteniendo, no surge del recurso interpuesto ante el Máximo Tribunal un pedido expreso y fundado de que se suspenda el trámite del proceso -en el caso la ejecución de la sentencia-, y el silencio en torno a ello por parte del único órgano competente impide quitar a la sentencia efectos propios de acuerdo a la ley -ejecutoriedad-. En definitiva, la explicitación de los motivos por los cuales correspondería suspender su ejecución debe ser brindada ante la instancia jurisdiccional habilitada a tal fin, esto es, aquella que decidirá el destino del recurso de queja por inconstitucionalidad denegado, por ser competente para apartarse del principio general legislado en el art. 33 de la ley 402. No encuentra cabida entonces, en el marco regulatorio reseñado, la pretensión de que una instancia inferior sin competencia para ello, decida la cuestión requerida por el accionante.

En ese sentido, la solución brindada por el Juez de mérito es conforme a derecho en tanto se limitó a conferir a la sentencia sus efectos propios, en atención a la ausencia de suspensión expresa por parte del Máximo Tribunal.

Dicho todo ello y habiendo concluido el Acuerdo pertinente el Tribunal, RESUELVE:

I- RECHAZAR el recurso de queja deducido a fs. 5/7.

II- TENER PRESENTE la reserva de recurrir ante el TSJ y del caso federal.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen a fin de que proceda a la acumulación de la presente a la causa y cumpla con las notificaciones del caso. Sirva lo aquí proveído de atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

//ta: Para dejar constancia de que el Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. CONSTE------------------------------------------------------ Fdo: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.