marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido por falta o disminución de trabajo, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: SUAREZ, JOSE HECTOR c/ TAPIALES  SA.  FABRICA  ARGENTINA  DE  PEINADOS  E  HILADOS  DE  LANA s/ DESPIDO ZARATE ROTELA c/ LA FORESTA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-29|1988-06-15

A los efectos de establecer el orden de prelación en la antigüuedad requerido por el artículo 247, segundo párrafo del RCT.

(to.) para el caso de despido por falta o disminución de trabajo, no resulta decisorio el tipo de tareas desempeñadas por el trabajador, si no fueron las habituales para su categoría y fueron cumplidas debido a necesidades esporádicas de la actividad.
Fiscales, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Domínguez, Ricardo Hector s/ Robo agravado Chiarillo, Héctor s/ Violación Salas, Edgardo Daniel s/ Privación ilegítima de la libertad, robo calificado Ortiz, Antonio J.; González, Carlos E. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11|1991-11-05|1993-02-16|1997-03-18

Es asistemático interpretar que el Agente Fiscal puede imponer su voluntad procesal cuando se conforma con toda la sentencia pero que no puede hacerlo cuando sólo asiente a parte de ella; de tal manera el Agente Fiscal representaría a su parte cuando se tratara de lo más pero no cuando se tratara de lo menos, ya que cuando recurriera respecto de una cuestión reabriría el debate sobre todas las demás con cuyas resoluciones se hallara conforme.
Accidentes de trabajo, responsabilidad civil, monto de la indemnización
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Morales, Daniel Alberto  c/ Pecom Servicios Energía S.A. s/ accidentes de trabajo con acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-29

En punto a la diversidad de criterios de la Cámara de Apelaciones respecto a las formulas cuantificadoras de resarcimiento por responsabilidad civil ha resuelto este Tribunal Superior de Justicia que resulta facultad de los jueces y juezas justipreciar los daños mediante la utilización de las pautas o parámetros que consideren adecuados y razonables al caso, debiendo fundamentar su decisión, estableciendo la imposibilidad de pretender una unificación sobre el tópico tal como se postula en el escrito casatorio (cfr. Acuerdos N° 20/19 "Sampoña" y N° 21/20 "T.R.O.", ambos del registro de la Secretaría Civil). (del voto del Dr. Gustavo A. Mazieres, en mayoría).
Recurso de casación, proceso penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BLANCO SEGUNDO ALBERTO s/ CASACION-VIOLACION AGRAVADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-11-15

La valoración del factum hecha por el tribunal de juicio es inconmovible en casación, y ello debe ser así, porque no habiéndose desarrollado ante sus ojos el funcionamiento individual y de conjunto del cuadro probatorio, el tribunal de casación no esta en condiciones de apreciar su eficacia de acuerdo con los principios - inmediación - que informan el sistema oral.
Acción contencioso administrativa, nulidad del acto administrativo, cesantía, instancia administrativa previa
Materia: PROCESAL
Carátula: I., J. A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-05-10

Cabe declarar inhabilitada la instancia respecto de la acción contencioso administrativa -nulidad del acto administrativo que declaró su cesantía en el cargo que ocupaba- presentada por el actor, por incumplimiento del requisito de admisibilidad impuesto por el art. 274 de la Ley I N° 18, en cuanto la reclamación en vía administrativa es un requisito previo al ejercicio de la acción contencioso administrativa y de toda clase de acciones fundadas en Derecho común contra la Provincia y derivada de la aplicación de sanciones. Tal es el caso del actor, atento que la cesantía declarada registra su causa en ausencias injustificadas.
Caducidad de instancia, plazo, quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SICAMERICANA S.A.C.I.F.I. EN J: ELIOR S.A. P/QUIEBRA s/ Incidente Verificación (LIBRO: A068 - 270)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-03-21

La inexistencia en la ley falencial de una disposición expresa respecto al modo de computar los plazos de meses o años y siendo el plazo de caducidad de aquellos establecidos en meses, no queda otra alternativa que acudir a los ordenamientos procesales locales dado que esa remisión no viola, sino que, por el contrario, reafirma el principio de rápidez y economía del trámite concursal.-
Periodistas colaboradores, colaborador ocasional, colaborador permanente
Materia: LABORAL
Carátula: ROVERE, ALEJANDRA c/ EDITORIAL TIEMPO ARGENTINO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-28

Si las notas redactadas por el actor se publicaban en secciones fijas y habituales del diario, en un número aproximado de 4 por mes tal circunstancia lo incorpora al giro empresario y lleva a desechar la figura del colaborador ocasional y también la de colaborador permanente, art. 23 de la ley 12908.
Demanda, contestación de la demanda, escritos judiciales, copias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mikeliales, Ricardo c/ Lara, Eduardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Si frente a la omisión de la parte demandada de acompañar copias del escrito de contestación a la demanda, el sr. Juez de grado intimó a dicha parte, por providencia firme, a que en el plazo de 24 hs. de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 120 del Código Procesal no habiéndose observado en término la intimación ordenada, devino extemporánea la presentación que fue efectuada con posterioridad al día siguiente -y también fuera del plazo de gracia del posterior- en que quedó notificada ministerio legis la prealudida providencia, resultando incumplida la carga que, desde aquella firme plataforma, condicionaba la procedencia de la sanción procesal dispuesta.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, indemnización, información errónea o desactualizada
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: TOBAL, JACOBO Y MUGETA, IRMA c/ BANCO FRANCES s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

El banco que proporcionó información engañosa al accionante, respecto del tercero contratante (hoy fallido) esta obligado a reparar el daño causado en la medida de su participación en la producción del perjuicio sufrido por aquel, en razón de configurar su conducta un acto ilícito. Pues, tal conducta silente tuvo entidad suficiente como para incidir en las decisiones del reclamante, no obstante tratarse de un buen hombre de negocios. Sin embargo, en tanto el dolo omisivo no ha sido la causa determinante del acto, no configura un dolo principal, sino que se halla comprendido en la hipótesis del Cód. civil art. 934, esto es, un dolo incidente, que no fue "causa eficiente del acto", pero de todos modos obliga al que lo cometió a satisfacer cualquier daño que haya causado.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SOUBIELLE DE ALONSO, LURA LUCY ESTELA c/ LARRAURI, JOSE J. Y OTRA s/ DESALOJO-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-30

Al ser el demandado un simple tenedor, o tenedor precario, tiene obligación de restituir el inmueble a su dueño. Dicha obligación aparece nítidamente ya que no puede invocar título alguno que legitime su ocupación, pues al reconocer en el actor la propiedad o dominio de la cosa se convierte en legitimado pasivo de la acción de desalojo.
Actos posesorios, sujeto pasivo, hurto
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Márquez, Miguel Angel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-05

El desapoderamiento se caracteriza justamente por la imposibilidad del sujeto pasivo de ejercer actos posesorios sobre la cosa, y en tal sentido, se afirma que no tiene lugar cuando la victima, tras la remoción de la cosa, persigue sin solución de continuidad a su asaltante, intentando mantenerla bajo su poder de disposición, pues en tal caso la cosa no ha salido aún de su ámbito de custodia y, por ende, no ha desaparecido su posibilidad de ejercer actos posesorios sobre la misma. Es indiferente, desde esta óptica, que la custodia de la cosa sea ejercida por la propia víctima o que su ámbito de disponibilidad sea "custodiado" por terceros que acuden en protección de sus derechos. Lo relevante es, en todo caso, que la posibilidad del sujeto pasivo de ejercer actos posesorios sobre la cosa no haya desaparecido. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, personal policial, retiro obligatorio, condena penal
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Izaguirre, Miguel Angel c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-12-05

Se advierte que la Cámara, al ordenar a la Caja de Jubilaciones que reconozca el cómputo de servicios policiales durante un lapso en que el mismo no prestó funciones ni percibió haberes debido a su condena en sede penal, interpretando que la normativa previsional especial aplicable al caso no requería acreditar la prestación de tareas, incurrió en una hermenéutica jurídica que no luce suficiente en los términos del artículo 95 de nuestra Constitución provincial, puesto que, precisamente, la literalidad del texto del artículo 8 de la ley 11530 alude a los prestados y se encuentra comprobado que aquellos servicios no se prestaron porque el accionante estaba en una situación de imposibilidad fáctica y/o material de prestarlos asimilable a una causal de inhabilidad legal del agente, puesto que la imposibilidad en el caso no resulta imputable a la Administración ni a un tercero, sino a la situación del agente, sobre el que pesaba una condena firme por robo calificado por el uso de armas en el que participó que se encuentra ejecutoriada. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Gutierrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución de Santa Fe, artículo 95; Ley 11530, artículo 8
Segunda instancia, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cuelli, José Omar c/ Martín, Rodolfo y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-03-08

El instituto de la caducidad de instancia encuentra su fundamento en la presunción de renuncia de la instancia que comporta la inactividad prolongada y en la consiguiente conveniencia de que, en tales circunstancias, el órgano judicial quede liberado de los deberes que la subsistencia de aquella instancia le impone. La finalidad de la institución excede el mero beneficio de los litigantes a los que ocasionalmente pueda favorecerse por las consecuencias de ella -los que se liberan de la carga que supone una instancia indefinidamente abierta-, y propende a lograr mayor agilidad en la función jurisdiccional, evitando la excesiva duración de los procesos.

La segunda instancia queda abierta con la concesión del recurso de apelación; a partir de allí, comienza a correr el plazo de seis meses previsto en la norma legal para que se opere la caducidad para el recurrente, principal interesado en que el mismo sea conocido y evaluado por el superior, para lo cual está obligado a realizar todas las diligencias procesales necesarias y conducentes a lograr tal objeto y permitir la elevación del expediente a la Alzada, a fin de no incurrir en la perención.
Honorarios del abogado, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: SCOVENNA,  José  Ricardo  y  otro c/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIACOOPERATIVA LIMITADA y otros s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

A los efectos de determinar el plazo de prescripción en un proceso donde los honorarios ya han sido regulados, corresponde aplicar el art. 4023 del Código Civil, que prevé el plazo ordinario de diez años para la prescripción de toda acción personal por deuda exigible.
Juicio ejecutivo, sentencia de trance y remate
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BRUNO LUCAS c/ GRAF MARTHA LUCIA s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-02-28

La circunstancia que el ejecutante hubiere apelado la sentencia de remate, no le obsta a que puede ejecutarla (arts. 869 y 874 del C.P.C.), pues su apelación, es para tratar de obtener del tribunal de alzada un fallo que mejore lo que se le resolviere favorablemente en la primera instancia. Lo que no podrá ejecutar es el plus que pretende hasta tanto se expida el tribunal de apelación reconociéndoselo como legítimo.-
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ledesma Nydia Dora c/ Estado Provincial y Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-02-16

Si bien la parte actora formula reserva del "caso federal" al interponer la demanda -fs. 13 p.5- lo hace en términos vagos y generales, limitándose a manifestar que formula tal planteo "por vulneración de las garantías constitucionales de Defensa en Juicio y Propiedad", sin explicitar como y por qué resultarían violadas por su supuesto fallo desfavorable, máxime en este caso que el rechazo de la demanda es solo parcial.

Entonces, si bien la cuestión federal se introduce "en tiempo", es discutible que lo sea "en forma", por cuanto simplemente se limita a una mención genérica de una supuesta inconstitucionalidad, sin especificar concretamente su relación con la causa de la litis ni "demostrar la conexión que guarda con los puntos debatidos en la causa".- La "cuestión federal" no sólo debe introducirse oportunamente, sino también ser mantenida en cuanta oportunidad exista.-
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, recurso militar ante la justicia federal
Materia: PROCESAL - PENAL - MILITAR
Carátula: Segovia, Miguel Angel y otros s/ Causa instruida en virtud del Dec. PEN 2540/90 por los hechos ocurridos  el 3 de diciembre de 1990.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

Corresponde remitir la causa a la Cámara Nacional de Casación Penal para que conozca en el recurso del art. 445 bis del Código de Justicia Militar contra la sentencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, si los actos jurisdiccionales fueron dispuestos y las pruebas producidas por y ante magistrados que ya no integran la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en el régimen aplicable se impone el juicio oral y el juzgamiento por los jueces a los que el ordenamiento encomendó tal función en forma expresa y especial, redunda en beneficio de los mismos afectados.
Recurso de queja (procesal), facultades de la administración, acto administrativo, conocimiento del vicio
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Labayru, Julia Elena y otros s/ Queja por recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Labayru, Julia Elena y otros c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14, CCABA) Inconstitucionalidad denegado en "Labayru, Julia Elena y otros c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14, CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-09

La limitación que la ley impone a la administración para revocar sus actos por sí cuando han generado derechos subjetivos desaparece, en lo que ahora importa, cuando el interesado tenga conocimiento del vicio que provoca su ilegitimidad. La Cámara descalifica el fallo de primera instancia por cuanto en él se habría exigido, en relación con el recaudo "conocimiento del vicio", más de lo que impone la ley. Lo cierto es que, a su turno, ese tribunal exigió menos de lo que la norma reguladora del procedimiento administrativo requiere para admitir la revocación de actos que han generado derechos subjetivos. (Del voto en disidencia de los Dres. Casás y Muñoz).
Filiación, prueba de la filiación, prueba de histocompatibilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: S.N.V. c/ B.A s/ Reconocimiento de filiación extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-11

El examen genético que establece el art. 4 de la ley 23.511 es un medio probatorio que lejos de ser mirado con desconfianza constituye una garantía para el justiciable, y quien no se somete a la pericia es porque conoce el grado de certeza que se logra. La negativa a someterse a las pruebas biológicas resulta infundada a la luz del indicio legal contenido en esta norma.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, recusación, recusación con causa, prejuzgamiento, interpretación restrictiva, proceso penal, instrucción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: M., J. C. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - HOMICIDIO SIMPLE - INCIDENTE DE RECUSACION PLANTEADO POR LA DEFENSA (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 427 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-17

Cabe rechazar la queja interpuesta desde que no se demuestra configurada la alegada afectación a la imparcialidad del Juzgador por las supuestas irregularidades en que habría incurrido aquél durante el curso del procedimiento, desde que tales cuestionamientos se vinculan, en última instancia, con defectos estructurales del proceso penal vigente, puntualmente con la función del Juez de Instrucción, o refieren a vicios que eventualmente afectarían la validez del procedimiento y de la prueba, e incluso hasta podrían derivar en su inidoneidad de cargo como elemento fundante de un juicio de certeza frente a la imposibilidad de una valoración probatoria en términos incriminantes.

Sin embargo, más allá de los efectos que tales argumentos puedan producir en la etapa procesal oportuna, la valoración de las probanzas de cargo no forma parte del objeto de este recurso y, aún cuando se evalúe con criterio amplio la garantía en cuestión, en principio las alegaciones del recurrente vinculadas con irregularidades en su producción no resultarían en el caso determinantes para demostrar la parcialidad subjetiva del Juzgador en contra del imputado.

Y tampoco puede receptarse el invocado temor de parcialidad en virtud de las opiniones vertidas en la prensa por el Magistrado. Ello por cuanto las mismas han sido proferidas luego del dictado del auto de procesamiento, única resolución de mérito probatorio incriminante que en nuestro sistema vigente puede emitir el Juez de Instrucción.

En consecuencia, mal puede entenderse que sus opiniones en la prensa constituyan prejuzgamiento. (De los Fundamentos de los Dres. Erbetta y Gastaldi)
Prueba documental, prueba anticipada, historia clínica, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MONTIEL, Bartolina Clemira s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-25

Con la ley 25.488 se introdujo al art. 326 del Código Procesal un nuevo inciso (4)con cuya redacción quedó consagrada la cuestión relativa a la exhibición, resguardo o secuestro de documentos concernientes al objeto de la pretensión bajo la incuestionable denominación de prueba anticipada aunque por remisión al art. 325 del mismo cuerpo legal también participa del esquema de las medidas preliminares por su finalidad conservatoria, ergo es admisible interpretar que el requerimiento del secuestro de una historia clínica importa una prueba anticipada con ribetes precautorios. Desde esta perspectiva, considerando las razones invocadas por la accionante y que en el caso la recepción de la prueba habrá de practicarse en presencia de las demandadas, la bilateralidad que requiere el principio de contradicción ha de tenerse por cumplida sin intervención de la defensora oficial, ya que la medida se practicara en los domicilios de las accionadas, contando de esa manera éstas con la posibilidad de fiscalizar lo actuado.
Pensiones, hija viuda, hija divorciada, derecho al beneficio, derechos en expectativa, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MASSARRA, JUANA ALICIA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-06

En comparación con las disposiciones de las leyes 18.037 y 18.038, se han excluido del articulado de la ley 24.241 a las hijas viudas y las hijas divorciadas o separadas de hecho por culpa exclusiva del marido, que no percibieran prestación alimentaria de éste, incapacitadas todas ellas para el trabajo y a cargo del causante.

Sin embargo, por imperio del art. 161, segunda parte, de la ley 24.241, estas personas podrían, eventualmente, adquirir el carácter de beneficiarios, ya que nos encontraríamos frente al supuesto de conservación del derecho jubilatorio en expectativa que se alcanzó durante la prestación del servicio. En efecto, con dicha norma se consagra el derecho de determinados causahabientes a invocar la legislación anterior, siempre que los causantes ya estuvieran jubilados o hubieran tenido derecho a la prestación con arreglo a la antigua normativa.
Caducidad de instancia, acumulación de procesos, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: José J. L. Lombardi e Hijos S.A. s/ concurso preventivo S/incidente de revisión por Banco Nacional de  Desarrollo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Corresponde revocar la sentencia que declaró operada la caducidad de la instancia, si para así decidir el tribunal computó la totalidad del plazo sin advertir que, como consecuencia de los pedidos de acumulación, había quedado suspendido de pleno derecho por efecto de lo dispuesto en el art. 193 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano).
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, personal municipal, nombramiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Golberg, Claudia Verónica c/ Municipalidad de General Lamadrid s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-12-28

Quien afirma que la sentencia viola las normas legales que denuncia y el principio de congruencia, no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo. (En la especie, la quejosa entiende que la Cámara no respeta el límite de su competencia revisora al afirmar que, dentro del recurso de apelación se encontraba bajo su análisis "la prerrogativa de la Administración para decidir sobre la permanencia del agente que ha nombrado", pero limitándose a exponer su particular interpretación acerca del alcance que el a quo atribuye a los términos en que fue planteada la demanda comparando su opinión con la del sentenciante sin acreditar que dicha interpretación sea producto de un razonamiento teñido de absurdo conforme dispone el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial).(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cordero de Lecot, Nidya Adela c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-23

Si bien es verdad que en cuanto respecta al derecho a pensión, en particular en el caso de la conviviente, lo que legalmente interesa es la situación existente a la fecha de la muerte del causante, ya que en ese momento se produce la contingencia que ese beneficio procura paliar, no es menos cierto que el vínculo del cual deriva aquel derecho debe apreciarse por todos los hechos reveladores de su existencia, más allá de una circunstancial interrupción de la cohabitación que obedeció a razones de fuerza mayor.