Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-24


Esquel, 24 de julio de 2006.- VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por el actor, a fs. 398, contra el punto III) del auto interlocutorio de fs. 397 y vta. y por la demandada, a fs. 404, contra los honorarios regulados a la parte actora en dicha sentencia, - Y CONSIDERANDO: 1.- Que a fs. 400 y vta. expresa agravios la parte actora, solicitando se revoque parcialmente la sentencia recurrida, condenando al pago de las costas por el incidente de caducidad de instancia a los terceristas. - Ataca la decisión del judicante que condena al pago de las costas del incidente de caducidad por su orden. Agrega que de los argumentos vertidos por el juzgador surge que solamente se apoyó en la circunstancia del allanamiento de la contraria, invocándolo como justificación para la imposición de las costas, tal como lo hiciera. - Sostiene que para la doctrina y jurisprudencia constante de los tribunales del país, es la parte que por su "culpa dio lugar a la reclamación" la que debe soportar las costas, aún cuando existiere allanamiento, y que la exención que contempla la ley para el que se allana debe interpretarse en sentido estricto, en razón de su excepcionalidad.

Cita jurisprudencia en la que apoya su queja.

2.- La parte demandada, por la representación acreditada, apela por altos los honorarios regulados a la parte actora, en la sentencia impugnada de fs. 397 y vta.. - El art. 69, del C.P.C. y C., prescribe que en los incidentes, debe regir el principio general en virtud del cual, la parte vencida en el juicio, debe ser condenada a pagar los gastos en que incurrió la contraria, remitiéndose para ello a lo "...establecido en el artículo anterior" (sic).

Sin embargo este principio no reviste carácter absoluto, y existen excepciones, como en el sub lite, y específicamente regladas por la ley procesal, que facultan al juez a eximir de costas al vencido.

En autos, a fs. 392, los terceristas se allanan a la solicitud de caducidad de la instancia del incidente que promovieran de levantamiento de embargo sin tercería, circunstancia que neutraliza la vigencia del principio objetivo de la derrota y excluye la aplicación del principio general, pues se encuentra previsto tal instituto en el art. 70 del C.P.C. y C.. En consecuencia el haber mediado allanamiento a la caducidad deducida, tal circunstancia tiene la virtualidad de eximir de costas a la parte que se allana. Por ello, en un todo de acuerdo con la decisión judicial de primera instancia y la jurisprudencia que avala tal criterio, este Cuerpo entiende que deben ser confirmadas las costas que fueran impuestas en el orden causado en el incidente de caducidad de instancia, en el punto III) de la sentencia de fs. 397 y vta. venida en recurso. - Y señalando la jurisprudencia que sienta tal criterio y compartida en esta Alzada, la misma ha dicho que: "Si bien las costas del incidente de perención en principio, deben ser impuestas al vencido, el Juzgador está facultado a eximirlo de su pago, siempre que encontrare mérito para ello. En caso de haber mediado allanamiento a la caducidad deducida tal circunstancia tiene la virtualidad de eximir de costas a la parte que se allana.

No puede considerarse que el incidentado haya dado lugar a la reclamación, por la sola circunstancia de su inactividad, pues ésta no es sólo del actor sino de todos los sujetos de la relación procesal y sus auxiliares; además la perención puede ser declarada de oficio" (SAIJ, Sumario: S0003043), en sentido igual, y entre otros, "Mediando allanamiento las costas del incidente de perención deben imponerse por su orden" (SAIJ, Sumario: U001169). - Sentado ello y entrando al tratamiento del recurso interpuesto por el Dr. I. B., en representación de los terceristas, contra los honorarios regulados a la parte actora en la resolución atacada, cabe señalar que este Tribunal entiende que está atacando los emolumentos que se le fijaran al apoderado de OSECAC, Sr. C. E. D., por lo que sólo se analizarán, a la luz de las disposiciones del Dec. Ley 2.200, los fijados en el punto II) de la resolución en crisis, en razón que los determinados por el incidente de caducidad no han sido impuestos a sus representados y, consecuentemente, carecen de interés para recurrirlos. - Que de la resolución se desprende que el a quo fija los honorarios en base a las disposiciones de los arts. 6, 7, 8, 9, 33, 37, 39 y 47 del Arancel, pautas que este Cuerpo entiende son las correctas, por cuanto la solicitud de levantamiento de embargo es una incidencia dentro del incidente de traba de embargo.- Que efectuados los cálculos pertinentes teniendo en cuenta para ello, el monto, la importancia y naturaleza de la incidencia planteada, resultado obtenido y mérito de la labor profesional, los honorarios regulados al Dr. C. E. D. no resultan altos, por lo que corresponde sean confirmados.

Asimismo, corresponde, atento al resultado obtenido a través del presente pronunciamiento, imponer las costas de esta Instancia en el orden causado (art. 71 C.P.C.C.), debiendo regularse los emolumentos del Dr. C. E. D. en la suma de $200.- y los del Dr. I. B. en la de $140.-, con más el IVA que correspondiere, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 14 Dec. Ley 2.200).- Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, - -R E S U E L V E 1) CONFIRMAR, en cuanto ha sido materia de recurso, la resolución de fs. 397 y vta..

2) IMPONER la costas de esta Instancia en el orden causado (art. 71, CPCC), regulándose los emolumentos del Dr. C. E. D. en la suma de $200.- y los del Dr. I. B. en la de $140.-, con más el IVA que correspondiere, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 14 Dec. Ley 2.200).- 3) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos Jueces y con el Tribunal integrado con la Sra. Juez de Familia, Dra. Mariela G. de Vicel, por vacancia de dos vocalías, excusación del Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Laboral, encontrarse inhibido el Sr. Juez de Ejecución y por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 Ley 1.130, texto según Ley 4.550 y Acordadas Nº 3.223/00 y 3.303/03 STJ).

BENJAMÍN MOISÁ MARIELA GONZALEZ DE VICEL REGISTRADA BAJO EL Nº 91 DEL AÑO 2006. CONSTE.-Norma Marrero-Secretaria.-