Violencia de género, igualdad ante la ley, principio de dignidad humana, trata de personas, situación de vulnerabilidad, explotación sexual, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL
Carátula: LENCINA, Ana Rosa y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

El voto concurrente agregó que en el presente caso sometido a control jurisdiccional corresponde efectuar un análisis constitucional y convencional, teniendo presente el derecho de género y el sexo de las víctimas. Los hechos por los que los imputados fueron condenados se vinculan con el principio de igualdad, la dignidad humana y la violencia de género, correspondiendo tomar las medidas judiciales adecuadas para evitar la comisión de estos delitos, arribar a su juzgamiento, sancionar a los responsables, evitando que el paso del tiempo conduzca a su impunidad. Nuestro Estado Constitucional de Derecho, especialmente a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, en su artículo 75 inciso 22 le otorgó jerarquía constitucional a once instrumentos sobre derechos humanos, entre ellos a la "Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer" -CEDAW-, con el objeto de erradicar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, dado que su persistencia vulnera el principio de igualdad y el respeto a la dignidad humana, dificultando la participación del colectivo más numeroso que tienen todas las sociedades -mujeres, niñas, adolescentes, ancianas-, a la participación en la vida del país, en igualdad de condiciones con los varones. Cabe destacar que con el objeto de preservar la integridad física y psíquica de las mujeres, adoptando políticas públicas para evitar la violencia contra éstas, Argentina ratificó la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer", aprobada en Belem Do Pará, Brasil, en vigor desde 1995, con jerarquía superior a las leyes internas, en virtud de lo preceptuado por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Esta Convención interamericana aporta mecanismos para evitar la discriminación estructural por motivos del sexo, pretendiendo la eliminación de la violencia de género, definiendo en su artículo 1 como: "cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño, o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado". La Convención pone de manifiesto la realidad y discriminación que sufren las mujeres, por ello se pretende prevenir, informar, difundir, educar, sancionar, reparar, centrando todos los esfuerzos en modificar los patrones socioculturales, para obtener la igualdad de sexos. Múltiples son los casos y causas para justificar según las tradiciones o las ideologías, violaciones a los derechos humanos de las mujeres, prácticas, acciones, omisiones, tentativas desde golpes que pueden terminar con la vida de las mujeres, o desfiguraciones del rostro y cuerpo con lesiones leves, graves a gravísimas, mutilaciones genitales, violaciones y abusos sexuales de niñas y mujeres en el ámbito doméstico y familiar como en el público, el hostigamiento y acoso sexuales, intimidaciones sexuales en el trabajo, discriminaciones en la esfera de la educación, la prostitución forzada y comercio internacional, embarazos forzados, descalificaciones y desacreditaciones sólo por el hecho biológico del sexo al que pertenecen. Cuando esto sucede, no puede construirse una sociedad en armonía, porque nunca podrá serlo si se torna natural discriminar a la mitad de seres que componen su cuerpo social. La violencia ha sido y es motivo de preocupación del DIDH y de las instituciones responsables de las políticas públicas. La mujer es la mayor víctima de violencia generada por la desigualdad de género. El hecho de que se trata de una cuestión cultural significa que es susceptible de ser modificada; por ello es prioritaria la educación de la mujer, para evitar el desconocimiento de sus derechos y lograr que se apropie de su condición de sujeto de derecho y de ciudadana, para el efectivo ejercicio de sus derechos y ser parte activa del cuerpo social al que pertenece. Con relación al tipo delictivo que se les endilga a los imputados, cabe señalar que hubo una serie de reformas legislativas que receptaron la normativa internacional y la incorporaron al derecho interno, mediante la sanción de las leyes 25632 (BO 30/08/2002), 26364 (BO 30/04/2008) y 26842 (BO 27/12/2012) que ratifican y tipifican el delito de trata conforme el "Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños" -Protocolo de Palermo-, el que en su artículo 3, inciso a) define la "trata de personas" como ".la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación ..." que incluye ".como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.". Dres. Petrone, Barroetaveña y Figueroa. -voto concurrente-.