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Recurso contencioso administrativo, interés legítimo, interés público, acto administrativo, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PODADERA, FRANCISCO CALIXTO c/ COMUNA DE VIDELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD (CSJ EXPTE N. 496  86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-02-21

Dado los caracteres que definen el interés legítimo, es claro que la lesión del interés general que con aquél coincide, por obra de un acto administrativo ilegal, lesiona también el interés legítimo privado. Si la hipótesis de tal lesión se verifica, el ordenamiento jurídico autoriza al titular del interés vulnerado -si éste es directo y actual- a promover el recurso tendiente a obtener la reparación del interés general lesionado, con lo que, de añadidura, indirectamente, por la mera virtualidad de la coincidencia de hecho del uno con el otro, se le dará la reintegración del interés individual propio. De este modo, por vía indirecta y refleja, a través de una norma establecida para garantir un interés diverso, el particular damnificado alcanza protección para su interés personal, desprovisto por sí mismo de tutela jurídica directa e inmediata.

Resulta claro, entonces, que, a la inversa de lo que acontece con el recurso de plena jurisdicción, en que la materia del litigio la constituye un derecho subjetivo público del recurrente -cuya existencia o extensión éste invoca y pretende que se le reconozca- (lo cual exige un proceso entre partes, con trámite y desenlace similares a los del juicio civil común), en el recurso de ilegitimidad no se ventila la existencia o extensión de una situación jurídica individual -el interés legítimo queda, en rigor, fuera del ámbito del litigio y sólo funciona como condición para recurrir en tutela directa del interés público -sino la legitimidad de un acto administrativo, que el recurrente arguye violatorio de la legalidad y pretende, consiguientemente, su anulación, de modo que, antes que un "proceso entre partes", como el anterior, éste vendría a ser un "proceso al acto", como se suele decir, que, de prosperar la impugnación, no podría concluir en una "condena" de la otra parte, sino, solamente, en la "anulación" del acto enjuiciado.
Derecho laboral, despido discriminatorio, acreditación de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ayala, Maximiliano Ángel Adrián  c/ Dabra S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-03

El actor cuestiona que el Sr. Juez de grado haya rechazado su reclamo por despido discriminatorio. Debe tratarse de un despido que oculte la realidad de una enfermedad que para la empleadora puede ser considerada como que va a entorpecer, dificultar, limitar o impedir la prestación de tareas a futuro por parte del trabajador. El actor gozó de licencia médica por lumbociatalgia, recibió el alta médica sin que de la misma se desprenda la prescripción de tareas diferenciadas ni que se trate de un "alta parcial" sino sólo que el demandante debía continuar con un tratamiento ambulatorio. El hecho de haberse dispuesto un despido incausado, sin alegación de justificación no puede ser interpretado por sí solo como un accionar que encubre un acto discriminatorio, puesto que, no debe perderse de vista que la LCT establece un sistema de estabilidad relativa impropia. Resulta prudente recurrir a la inversión de la carga probatoria establecida en el art. 377 del C.P.C.C.N. Para que se torne operativa esta inversión de la mencionada carga probatoria debe existir, al menos, el aporte de un indicio fuerte por parte del demandante, que habilite a considerar de algún modo la posibilidad de la existencia del obrar reprochable que se imputa. La ley 23.592 que penaliza con la nulidad los actos discriminatorios. No se advierte demostrada ninguna connotación "discriminatoria" en el despido decidido por la empleadora, toda vez que no se han aportado elementos probatorios idóneos que sustenten la existencia de indicios razonables, servicios y precisos que permitan verificar una conducta desplegada por la demandada en tal sentido.
Daños y perjuicios, responsabilidad del banco, autorización para girar en descubierto
Materia: COMERCIAL
Carátula: Tachdjan Carlos A. y Becerra Eliana c/ Banco San Luis S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-05-13

Cabe rechazar la demanda interpuesta por un cuentacorrentista por los daños y perjuicios derivados del supuesto incumplimiento por parte de una entidad bancaria de un acuerdo de sobregiro tácito, lo que conllevó al cierre de la cuenta del actor, pues el mencionado descubierto tácito que habría coexistido con el expreso, no se configura en la especie, en tanto concurren una pluralidad de indicios graves precisos y concordantes que conllevan a presunciones que en su conjunto evidencian que los excesos al monto originariamente pactado atendidos por el banco, no implican responsabilidad alguna para el mismo como se pretende (arg.

art. 163 inc. 6º CPCC), en tanto la demandada recordó al accionante en los resúmenes de cuenta el monto máximo de descubierto autorizado y rechazó varios cheques, reafirmando así la vigencia del descubierto y negándose implícitamente el tácito.
Contratos administrativos, consentimiento, vicios de la voluntad
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Niaco Sociedad Anónima c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de laProvincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-28

Para la validez de los conciertos administrativos, es necesario -como para cualquier contrato- que el consentimiento haya sido prestado con discernimiento, intención y libertad. Que eventualmente podrán decirse de nulidad, en la medida en que concurran algunos de los motivos que enerven ese libre ejercicio de la voluntad, o que determinen que está viciada por error, dolo, violencia física o moral (fuerza, temor, intimidación), fraude, simulación. Pero como enseña el mismo autor, la circunstancia de estos vicios de la voluntad presentan una causal de invalidez cuya flexibilidad deja un amplio margen de valoración para el órgano revisor del acto...lo cual importa aseverar, que es difícil que en estos casos, se dé una nulidad de carácter "manifiesto", y que siempre conduce a ser precedida de la investigación de la situación de hecho que la provoca. Esto es, la causa que origina el vicio de la voluntad debe ser alegada y acreditada en el juicio, pues no se trata de los supuestos que hacen que la sanción de nulidad se presente con un carácter rígido o taxativo.
Daños y perjuicios, lesiones en espectáculo deportivo, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Nunnari, Juan Ignacio c/ Club Atlético Velez Sarsfield y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-03

Debe ser confirmada la sentencia que condenó a un club de futbol uruguayo y a la Confederación Sudamericana de Fútbol a indemnizar a un simpatizante que sufrió lesiones como consecuencia de una agresión ocurrida al momento de ingresar al estadio para asistir a un partido internacional, disputado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, dado que la obligación de seguridad no presenta el carácter de accesoria, sino que hace a la esencia del espectáculo deportivo y, en caso de no ser expresamente estipulada, rige tácitamente, de modo que no siendo prevista por las partes, grava a una de ellas en virtud del principio rector de la buena fe y su función integradora del negocio jurídico.
Intervención de terceros, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ DE SUAREZ, SARA GRACIELA c/ MARINA, GUSTAVO WALTER Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS S/CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-12-17

Si la citación de un tercero, en los términos del art. 94 del C.P.C. y C., solicitada por el titular registral, tuvo por finalidad posibilitar a éste el ejercicio de la acción revérsica, la desvinculación definitiva del titular registral de toda responsabilidad en la causa, torna abstracto cualquier pronunciamiento sobre la condición de guardián de la cosa, por parte del tercero, al momento del siniestro.
Retiro militar, modificación del grado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OROZCO, CARLOS BERNARDINO c/ E.N.  (E.M.G.A.) s/ REGULARIZACION DIFERENCIA DE HABERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

El art. 61 de la ley 19.101 impide modificar el grado con el que se concede el retiro al personal militar, con excepción de dos posibilidades, la convocatoria o el reconocimiento expreso por ley.
Ejecución de sentencia, resoluciones recurribles, medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio A. del Barrio Centenario c/ Echandi, R. s/ Ejecución de expensas Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

La resolución que desestima el pedido de levantamiento de embargo en el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate, resulta recurrible, por tratarse de una petición que excede el trámite normal de proceso y ser una cuestión que podría no ser reparable en el juicio ordinario posterior (art. 220 y 551 del CPC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Deuda pública, refinanciación de la deuda pública, títulos públicos, sentencia de trance y remate, emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA MIRA FRANCISCO c/ SOCIEDAD MIXTA SIDERURGIA ARGENTINA s/ PROCESO DE EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

El art. 1° del decreto 1923/92 dispone que las deudas a que se refiere el art. 11 del decreto 1144/92 no comprendidas en los incisos a), b) y c) del mismo, originadas antes del 1.1.92 serán canceladas por el Estado Nacional en la forma y plazo que resulten adecuados a las posibilidades presupuestarias y financieras del Tesoro Nacional, facultándose al Sr. Secretario de Hacienda a ofrecer a quienes resulten acreedores, títulos de la deuda pública a la par en cancelación de sus acreencias. La obligación que aquí se ejecuta es anterior a la fecha de corte del presente decreto y no se encuentra alcanzada expresamente por los incisos aludidos del decreto 1144/92 citado, correspondiendo concluir que la deuda reclamada encuadra en la normativa mencionada; estableciéndose que queda sometida al régimen del decreto 1923/92, puesto que esta última cuestión se relaciona estrictamente con el cumplimiento de la sentencia de trance y remate y no con la viabilidad de la presente acción.
Concursos, acción revocatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramon Pedro -Concurso civil- c/ Atrip Norberto y otros s/ Acción Revocatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-03

Debe hacerse lugar a la acción revocatoria concursal si la compraventa fue llevada a cabo en el período de sospecha, sabiendo el adquirente -era asesor impositivo del luego concursado- cuál era la situación patrimonial del deudor, quien había incurrido en reiterados incumplimientos y era demandado en distintos juicios, concurriendo como culminación del obrar del adquirente la posterior transmisión del mismo bien a otro, conociendo la existencia del concurso y la sospechabilidad de la operación que iba a ser atacada por el síndico (art. 123 Ley 19551; arts.163,ap.5º, 384 y 456 del Código Procesal).
Fondo de desempleo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Sequeira, Lorenzo Domingo c/ Núñez, José Raúl y otro s/ cobros
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-30

El plazo de prescripción de dos años que contempla el art. 256 de la LCT debe computarse desde la fecha de la extinción de la relación laboral, oportunidad en que nace el derecho del trabajador a percibir el fondo de desempleo.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dalia, Roberto Oscar c/ Stabile, Domingo Abel y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Cuando se hace referencia a que se deben liquidar los intereses a la tasa que regule el Banco de la Provincia en sus depósitos a 30 días, al hablar de depósitos y no de descuento, va de suyo que se refiere a la tasa que paga el Banco, la llamada tasa "pasiva", y no la "activa" que es la que cobra a quienes operan en él.
Robo de automotor, automotor en vía pública, bicicleta
Materia: PENAL
Carátula: CUESTA, Gerardo G. s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-26

Dado que la bicicleta se encuentra incluida dentro del concepto de vehículo, debido a que dispone de un mecanismo que multiplica la fuerza empleada, corresponde la tipificación de robo de vehículo dejado en la vía pública.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lopez Carmelo, Porfirio y otros c/ Lastra, Aquilino y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-07

Procede la nulidad de la sentencia cuando sus defectos imposibilitan conocer adecuadamente del recurso.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Keegan, Patricio Esteban c/ Alvarez, Hugo Alberto y/u ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La privación de uso implica que durante el tiempo de reparación el dueño del rodado se ha visto privado del uso y goce de la cosa para el fin que le es propio, viendo restringido de tal modo su derecho de propiedad sobre ella. Esta restricción importa en si misma un menoscabo patrimonial que debe ser resarcido (Cód. Civ. arts. 1068, 1083, 2312 y 2513).
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: P., D.E. y L., Z.E. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. René Fernando Contreras Del Pino y Marcelo Brito, en causa Nº 259/09: P., D.E. y Otra - Aborto seguido de muerte, con consentimiento - Recreo - La Paz
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-13

La Cámara en lo Criminal declaró culpables a los imputados como autores penalmente responsables del delito de Aborto seguido de muerte (arts. 85 inc.s 2º y 45 del Código Penal) y condenó a P. a la pena de tres años de prisión, cuya ejecución dejó en suspenso, y a la de inhabilitación para ejercer la medicina por el término de seis años y a L. a la pena de un año y seis meses de prisión, cuya ejecución dejó en suspenso, haciendo lugar a la acción civil ejercida en contra de los nombrados, por la progenitora de la fallecida. Contra esa decisión, los defensores de los imputados interponen este recurso.

Denuncian la supuesta violación en la sentencia de las reglas de la sana crítica racional respecto de elementos probatorios de valor decisivo.

En el proceso penal el hecho del embarazo puede ser acreditado por cualquier medio de prueba. El delito de aborto no requiere para su configuración contar con el feto en gestación interrumpida o restos del mismo, y la ausencia del corpus criminis no impide tener por probada la consumación del delito si su previa existencia puede ser inferida válidamente de otras circunstancias, como acontece en el caso.

Así, en atención a que la decidua es un tejido indicativo de embarazo o, más precisamente, de que se produjo la concepción de una vida humana, que es descrito por el médico que la atendió en el Hospital como la membrana que envuelve al feto en sus primeras etapas de gestación, encuentro que el hallazgo de restos de ese tejido en el endometrio de I. abona la tesis del fallo, en tanto esa presencia permite incuestionablemente concluir que al menos un óvulo humano había sido fecundado y que se había iniciado el proceso de gestación; y que, por ende, era dable tener por acreditado, sin hesitación alguna, el embarazo de la nombrada y la previa existencia del feto, reciente al tiempo del examen, de conformidad con las circunstancias informadas en la historia clínica y por los médicos que depusieron en el juicio.

Al respecto, observo que en el recurso no son rebatidos los motivos proporcionados en el fallo con relación a la aptitud de la muestra biológica analizada, los que encuentro razonables, dado que, como sostuvo el a quo, el categórico informe del patólogo sobre la presencia de dicho tejido determina tenerlo por basado en el examen de una muestra útil, y por desvirtuada la sospecha manifestada sobre mal estado de la muestra analizada. Por ende, el agravio sobre el punto carece de fundamento suficiente.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Probidad, deberes procesales, deber de lealtad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CANOVAS MARÍA CRISTINA P/ SU H.M. EN J° 33.145/31.100 CANOVAS MARÍA C. P/ SU H.M. ELENA E. SANCHEZ (EXPTE. N° 87.287 ) c/ CORTEZ MIGUEL ANGEL Y OTS. s/ ACCIDENTE DE TRÁNSITO S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-05-29

Incure en una actitud reñida con el deber de probidad y lealtad que imponen las normas de procedimiento, en cuanto a la obligación primaria de denunciar los hechos verdaderos (art. 22 C.P.C.) el demandado que, al contestar demanda introduce hechos falsos, que reitera a lo largo del proceso, sin que resulten acreditados de modo alguno sino directamente contrariados por las pruebas rendidas.
REPÚBLICA ARGENTINA, obligaciones internacionales, sentencia, cumplimiento de la obligación, reintegro de gastos, pago, dólares, mora
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Forneron e Hija c/ Rep. Argentina s/ Fondo de Asistencia Legal de Víctimas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-22

Habiendo transcurrido un año desde que la Corte Interamericana ordenara a la República Argentina el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de la suma debida por las violaciones declaradas en la sentencia emitida el 27 de abril del año 2012 en el Caso Fornerón e hija Vs. Argentina, sin que el Estado haya efectuado el referido reintegro, corresponde ordenarle que, en cumplimiento de sus obligaciones convencionales, proceda a la mayor brevedad al acatamiento de lo resuelto.
Dictámenes, prueba, apreciación de la prueba, jueces, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: M, E. M. s/ Homicidio culposo. Queja por denegación del Recurso de   Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 262-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-12

La determinación del valor probatorio del peritaje debe efectuarse atendiendo primordialmente a este mismo verificando los juicios del experto mediante un análisis lógico y de sentido común, por lo que no resulta arbitraria la decisión de apartarse de la pericia, luego de un examen crítico del material probatorio, dando válidos y fundados argumentos, cuando el juez encuentra el mencionado dictamen en pugna con otras probanzas y con máximas de experiencia, apelando a las reglas de la sana crítica en la valuación global de todas aquéllas.
Expropiación irregular, indemnización expropiatoria, aumento de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: M.C.B.A. c/ KANDORF EDUL DE DABBAN AMELIA s/ EXPROPIACIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-02

No corresponde incrementar la indemnización expropiatoria en el diez por ciento previsto por el art. 13, "in fine", de la ley 21 499, cuando media proceso judicial.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, contrato de agencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guakeken c/ Plan Rombo s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

Siempre que se reclaman daños y perjuicios como consecuencia de las vicisitudes de un contrato, es necesario ejercer una acción principal y subordinante, ya sea por cumplimiento (más daños moratorios), por incumplimiento (más daños compensatorios), por rescisión o resolución (más daños compensatorios), o por nulidad (más daños compensatorios).

Para que prospere la acción resarcitoria, subordinada, ha de resolverse en forma favorable al actor la acción principal, ya que la de indemnización constituye una consecuencia o derivado en relación de subordinación, lógica y jurídica (art. 519 C.Civil).
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, interpretación restrictiva, obras sociales
Materia: PROCESAL
Carátula: AMBULANCIAS GAMA S.R.L. c/ OBRA SOCIAL DEL PERS. DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

Esta Sala ha recordado en numerosas oportunidades (cfr. Causas 4438 del 24.2.94 y 10.590 del 3.5.94, entre otras) que conforme lo ha declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia, aquellas normas especiales que contemplan exenciones a la obligación de pagar sellado deben ser incluidas en forma expresa e interpretadas con criterio restrictivo por tratarse de una excepción a las reglas generales (cfr.

S.133.XXIII, in re: "Sarmiento de Peluffo, Rosa y otra s/Sucesiones", de 14.8.90, y F.404.XXIII, in re: "Fernández Estévez de Mondino s/Quiebra -Incidente de Subasta-", del 3.9.91, entre otros) y que el art. 39, Ley 23.661 apunta al concepto genérico de "tasa" como tributo, englobando a las de carácter nacional y municipal, y no reviste el carácter expreso como exención que requiere la reseñada jurisprudencia del Alto Tribunal (cfr. esta Sala, Causa 4438 del 24.2.94; Sala 3, Causa 595 del 16.10.92). Tampoco resulta conducente el agravio sustentado en la invocación del art. 13, Inc. E, de la Ley de Tasas Judiciales, puesto que la Obra Social demandada no es una de las personas mencionadas en aquella.
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NEIMAN, SALVADOR ROBERTO Y NEIMAN DAVID. c/ ROMANO, JOSE RICARDO. s/ OPOSICION INFUNDADA AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-30

La confesión ficta debe armonizarse con el resto de las demás circunstancias de la causa y pruebas producidas, razón por la cual no reviste valor absoluto. (Sala 1,2037,300883)
Competencia comercial, cuestión de fondo, acto administrativo
Materia: PROCESAL - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Auxilio Familiar Coop. de Seguros  Ltda. c/ Superintendencia de Seguros de la Nación s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

Corresponde declarar la competencia del fuero comercial cuando la cuestión de fondo se encuentra regida de manera preponderante por el derecho comercial por lo que si bien los actos administrativos se juzgarán con respecto a las normas de procedimiento, es a ese fuero a quien corresponde conocer la cuestión planteada.
Personas jurídicas, domicilio legal, domicilio real
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González Rodolfo Fabián c/ Auto Empleo S.R.L. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

La notificación de la demanda a la sociedad de responsabilidad limitada -en el caso- debe concretarse en el domicilio señalado, que es el legal de la misma y en donde, han de cumplirse los actos de la naturaleza del que se trata, pues las notificaciones han de ser entonces "válidas y vinculantes para la sociedad" (art.11, inc.2, Ley 19550) en la medida en que no resulte que el domicilio establecido en los estatutos lo ha sido en perjuicio de los acreedores. No es de dudarse que tal domicilio viene a ser el "real" al que alude el art. 338 del C.P.C. y él pervive, por mandato legal, hasta que sea cambiado por otro distinto conforme el procedimiento que cumpla con el recaudo de la publicidad, sin importar que la sociedad despliegue o no actividad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Remuneración, pago de la remuneración, pago en negro
Materia: LABORAL
Carátula: Z., O. A. c/ N., E. L. A. s/ DEMANDA LABORAL (Indemniz. por despido)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-06

"La pretensión de un trabajador que reclama el pago de una parte importante de la remuneración que le era abonada "en negro" es inadmisible, ya que "los que hubieren simulado un acto con el fin de violar las leyes o perjudicar a un tercero, no pueden ejercer acción alguna sobre el otro, sobre la simulación, salvo que la acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún beneficio de la anulación (art. 959 del Código Civil)".