Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-11


MENDOZA, Demetria A.

contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 216 p 198-203.

En la ciudad de Santa Fe, a los once días del mes de octubre del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "MENDOZA, Demetria A. contra PROVINCIA DE SANTA FE - Daños y Perjuicios- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 460, Año 2004).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Spuler, Vigo, Gastaldi y Falistocco.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

En la presente causa promovió Demetria Mendoza demanda contra la Provincia de Santa Fe en procura del cobro de la indemnización de los daños derivados del incumplimiento, por parte del funcionario encargado del Archivo de Protocolos, de "su obligación de controlar y denunciar las irregularidades" en que habría incurrido el escribano interviniente en el otorgamiento de las escrituras números 232 y 234, de fecha 8 de octubre de 1946, que instrumentaran la adquisición de dos inmuebles por parte de su cónyuge, Federico Julián Vicente, incumplimiento que tornaría responsable al demandado a tenor del artículo 1112 del Código Civil.

Sostuvo en tal oportunidad la actora que, habiéndose extraviado los títulos de propiedad a raíz de un trámite vinculado con la expropiación de parte de dichos inmuebles, oportunamente se requirió al Registro de Protocolos -en el marco del juicio sucesorio de su cónyuge- "la extensión de los segundos testimonios de los títulos extraviados", requerimiento que fue respondido por el Colegio de Escribanos de la Segunda Circunscripción por nota de fecha 2 de octubre de 1991 indicándose allí que si bien en el protocolo del escribano interviniente se encontraban insertas las escrituras matrices cuyos testimonios se solicitaban, "la dación de fe por parte del oficial público (la firma del escribano Rivarola) no existe", lo cual determinaba la inexistencia del acto como instrumento público por falta de autorización del oficial público, extremo que a su vez se tradujo en la imposibilidad de Mendoza de obtener la inscripción del dominio de los inmuebles a su nombre, en calidad de sucesora universal de Vicente, debiendo por tal motivo promover el correspondiente juicio de usucapión.

Expresó asimismo que la irregularidad producida había llegado a su conocimiento en fecha 21 de octubre de 1991, a partir de la recepción de la correspondencia remitida por el Colegio de Escribanos; y, en cuanto a lo señalado en el decreto 801/95 que se pronunció como respuesta a la reclamación administrativa previa, que si bien "nadie niega que sea de aplicación al caso el art.

4037 del C. Civil", sí negaba que su parte se haya anoticiado de la irregularidad de su título dominial en el año 1968 cuando Vialidad Nacional expropió parte de su propiedad, porque la irregularidad se cometió en el protocolo del escribano, mientras que el título que detentaba Vicente tenía todas las firmas, sellos y notas (fs. 20/23 v.; 33, expte. 246/97).

A fs. 100/106 la Provincia de Santa Fe -en lo que interesa- opuso defensa de prescripción fundada en que habían transcurrido los dos años establecidos por el artículo 4037 del Código Civil, computados a partir de la fecha de las escrituras cuestionadas (8 de octubre de 1946).

Expresó asimismo que, aun considerando que la prescripción corra desde el momento en que el damnificado toma conocimiento del hecho, en el caso había mediado un comportamiento negligente de Vicente, al no ser verosímil que el mismo ignorara la deficiencia en los títulos al entregar las escrituras a los profesionales actuantes por el Estado para la anotación de la expropiación de parte de sus inmuebles.

Tramitada la causa, mediante sentencia de fs. 170/177 v. el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N 2 de la ciudad de Rosario hizo lugar a la defensa de prescripción opuesta y, en consecuencia, rechazó la demanda interpuesta, con costas.

Sostuvo en tal oportunidad dicho Tribunal que, resultando de aplicación el artículo 4037 del Código Civil, el término bienal allí establecido debía computarse desde el momento en que se tuvo conocimiento del daño, siempre que el desconocimiento "no sea producto de la culpa o negligencia del damnificado"; si éste no fuera el caso, el desconocimiento de la existencia del daño por el damnificado constituye una dificultad o imposibilidad de hecho que impide temporalmente el ejercicio de la acción de resarcimiento; circunstancia ésta que autoriza a los jueces, de conformidad con lo establecido por el art. 3980 C.C. 'a liberar al acreedor, o al propietario, de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses'".

Sentado ello, expresó que "en la presente causa, y por aplicación del criterio anteriormente expuesto, el punto de partida de la prescripción de la acción deducida en autos ha de ubicarse en la consumación del acto ilícito que se habría cometido el 8 de octubre de 1946 y la acción habría prescripto el 8 de octubre de 1948".

"Por otro lado -prosiguió el Tribunal- la circunstancia de haber presentado los títulos a los funcionarios de Vialidad Nacional para los trámites de anotación de la expropiación, muestra que no podía ignorar la circunstancia antes apuntada.

Pero aun en la hipótesis de que la escritura que adoleciera el vicio no fuera la que el escribano Rivarola la entregara a Vicente (...) sino que la firma del autorizante se hallare ausente en la escritura matriz que se inscribiera en el Registro", lo cierto era que la actora, si bien alegaba haber desconocido tal circunstancia, "no se mostró lo suficientemente diligente para recuperar los títulos mencionados, y recién 13 años después del fallecimiento de su esposo inicia el trámite sucesorio y solicita al Colegio de Escribanos un pedido de informe librado en el mentado sucesorio".

"La actora, argumentando desconocimiento de la existencia de la falta de firma, intenta hacer valer en su favor una suspensión de la prescripción hasta el 2 de octubre de 1991, fecha en la que conforme sus dichos toma conocimiento de las circunstancias que afectan la escritura por el informe del Archivo de Protocolos.

Y -concluyó- lo que resulta terminante para decidir el presente pleito es que, admitido así que la parte accionante no pudo promover la demanda antes del 2 de octubre de 1991, debió hacerlo con arreglo al criterio desarrollado anteriormente, o sea, en el término de tres meses a partir de esa fecha, para aprovechar la franquicia del art. 3980 del C.C..

Pero en el caso, luego del cese del impedimento, dejó pasar casi dos años hasta el 29 de septiembre de 1993, fecha en la cual dedujo el reclamo administrativo" , tardanza que determinaba que los jueces no podían eximir a la actora de la prescripción operada, debiendo por ello rechazarse la demanda.

Contra tal pronunciamiento dedujo la actora recurso de apelación extraordinaria, el que fue denegado por el Tribunal Colegiado a fs. 204/213 v.; interpuesto recurso directo, el mismo fue igualmente rechazado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial mediante decisorio de fs. 55/56 (expte. C.S.J. Nro. 460, Año 2004).

2. Contra tal pronunciamiento dedujo la actora recurso de inconstitucionalidad (artículo 1, inciso 3 , ley 7.055) agraviándose en su presentación de que el mismo es arbitrario por exhibir "defectos de derecho", resultar incongruente e incurrir en autocontradicción (fs. 59/69 v.).

Desde una lectura amplia del escrito recursivo, y superando los defectos que exhibe el mismo desde el plano de su fundamentación técnica (en cuanto bajo el acápite "arbitrariedad de la sentencia recurrida" -fs. 68/69 v.- el recurrente se limita a efectuar citas doctrinarias y jurisprudenciales genéricas, sin referirlas concretamente a las circunstancias del caso), cabe considerar que la impugnación plantea los siguientes agravios: a) interpretación "indebida" del instituto de la dispensa de la prescripción, al ignorar la Alzada que en el caso la acción judicial -y el curso de la prescripción- nació cuando el Colegio de Escribanos explica por nota que no puede extender un segundo testimonio de la escritura matriz (es decir, el 2 de octubre de 1991), fecha en la cual su parte tomó conocimiento del hecho ilícito producido el 8 de octubre de 1946.

b) autocontradicción, pues "la sentencia afirma que la prescripción comienza indubitablemente desde la fecha de conocimiento del hecho ilícito que coincide con la fecha de producción del daño, o sea el 2 de octubre de 1991 y no 8 de octubre de 1946, y en considerando separado afirma que el término de la prescripción comenzó a correr el 8 de octubre de 1946 y feneció el 8 de octubre de 1948, solo que por imposibilidad de hecho no pudo ejercer su derecho (considerando imposibilidad de hecho al desconocimiento del hecho); c) incongruencia, pues los jueces se excedieron en el ejercicio del iura novit curia, que no los habilitaba a suplir de oficio la prescripción extintiva no invocada: en tal sentido afirma la impugnante que aquéllos "introdujeron una figura jurídica no traída al juicio por las partes, cual es la institución de la dispensa, y por aplicación de ella dejaron de lado la declaración de voluntad implícita de la demandada, de remitir en todo caso la prescripción habida en favor de la actora, al no haber argumentado que sólo contaba con un plazo de tres meses posterior al conocimiento del hecho para iniciar la acción en su contra"; las partes -prosigue- sólo discutieron en el juicio acerca del momento en que se aplica el computo de la prescripción bienal del artículo 4037 del Código Civil, y la actora nunca pidió la dispensa ni la demandada opuso tal defensa, con lo cual en definitiva el a quo "suplió la voluntad del accionado" violando así su derecho de defensa.

3. Habiéndose denegado la concesión del recurso por auto de fs. 83/84, la recurrente accedió a la instancia extraordinaria en los términos del artículo 8 de la ley 7.055 (resolución de esta Corte registrada en A. y S., T. 201, pág. 310).

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la citada ley he de propiciar la rectificación del criterio que sustentara este Cuerpo al acoger la queja deducida, al comprobar a partir de la lectura de los autos principales que la impugnación planteada sólo traduce la mera discrepancia de la recurrente con el criterio adoptado por los jueces de la causa en cuestiones de hecho, prueba y derecho común, resultando inidóneos por ello para el progreso de la vía intentada, que -como se ha destacado en reiteradas oportunidades- no constituye una tercera instancia ordinaria ante la cual pueden cuestionarse decisiones equivocadas o que estimen tales según las divergencias de los impugnantes, ni tampoco tiene por objeto permitir la sustitución de los criterios adoptados por los juzgadores en el ejercicio de funciones privativas (cfr. R. A. y S., T. 54, pág. 382; T. 55, pág. 212; T. 59, pág. 319; T. 62, pág. 386; T. 64, pág. 259, etc.; en sentido concordante, Fallos, 297:29; 297:117; 297:291: 300:1039; 301:1062; 306:143; 307:234; 311:1950; 313:1222, entre otros), pues lo contrario importaría exceder la jurisdicción de esta Corte habilitándola a revisar todos los pronunciamientos de los tribunales inferiores con menoscabo de los límites funcionales e institucionales impuestos por la Constitución y las leyes (cfr. A. y S., T. 58, pág. 307; T. 59, pág. 319; T. 134, pág. 294; T. 141, pág. 330).

En la presente causa -conviene recordarlo- el Tribunal a quo desestimó el recurso directo articulado por la actora contra el fallo de baja instancia atento considerar que el mismo estaba "suficientemente fundad(o) en derecho para acoger -como una de las vías posibles para decidir- la prescripción articulada por la accionada", destacando que para resolver la misma "debió remontarse al art. 3980 del código civil, por más que no lo hubiese alegado la demandada", resultando "absurdo negarle a un órgano judicial el acceso a un precepto no invocado por un litigante, pero de todos modos jurídicamente enlazado con el instituto básico (en este caso, la prescripción) que dicha parte sí invoca.

La vigencia del postulado 'iura novit curia' habilita perfectamente tal incursión legal".

Añadió que el decisorio tampoco era contradictorio, sino que contemplaba el problema del inicio del curso de la prescripción "conforme lo controvertido que está en doctrina y jurisprudencia el asunto", y realizaba "una exégesis del instituto de la dispensa que más allá de su acierto o error no resulta necesariamente arbitraria", por lo cual no se evidenciaba un apartamiento manifiesto de la ley (en el sentido del artículo 42, inciso 3, de la ley 10160).

Frente a tales consideraciones -y conforme se anticipara- la recurrente se limita a invocar genéricos defectos que, a su juicio, determinarían la arbitrariedad de lo decidido, mas lo cierto es que su discurso no logra demostrar la concreta concurrencia de los mismos en el pronunciamiento atacado, no obstante que tal cometido resultaba de inexcusable cumplimiento si se atiende también a que el criterio revisor del fallo de baja instancia -más allá del laconismo del discurso justificatorio respectivo- se ajusta a la larga línea de precedentes de este Cuerpo aplicables a la materia (vide R. A. y S., T. 103, págs. 1 y 63; T. 158, pág. 81; T. 174, pág. 370, entre muchos otros).

Dicho déficit justificatorio -que agrava las ya aludidas deficiencias técnicas que exhibe el recurso en cuanto a la formulación de los agravios pretendidamente constitucionales- resulta patente en el planteo dirigido contra la aplicación al caso de la dispensa de prescripción, donde la impugnante insiste en oponer sus propios criterios hermenéuticos frente a la respuesta dada por la Alzada -que en definitiva desestimó la queja por considerar que la misma se refería a cuestiones que habían sido resueltas en una sentencia "suficientemente fundada"- sin tampoco demostrar que lo decidido en su hora por el Tribunal Colegiado sea inválido por importar un desborde de las interpretaciones disponibles (en especial, en cuanto a la determinación del momento a partir del cual comenzó a correr la prescripción) o por fundarse sobre un discurso que ofrezca una irreductible contradicción entre sus términos que lo torne ininteligible -y, como tal, apartado de las exigencias lógicas que recaen sobre todo razonamiento jurídico (vide Fallos, 261:263)-, pues en tal sentido no se advierte que, según una razonable inteligencia de los términos empleados en el fallo, los asertos destacados por la ocurrente traduzcan afirmaciones ciertamente inconciliables, siendo sólo el resultado de la desestimación de todas las alternativas favorables a la actora que prima facie se ofrecían como eventuales soluciones para el caso sometido a decisión.

Lo mismo cabe apuntar en punto al exceso en que a juicio de la actora se habría incurrido en autos a partir del acogimiento de una defensa no opuesta por la accionada, pues ciertamente dicho planteo sólo responde a la particular interpretación que la misma sostiene sobre los alcances del principio de congruencia, sin que se advierta efectivamente el apartamiento de las exigencias resultantes del mismo, pues lo cierto es que al declarar operada la prescripción por haber transcurrido el plazo de tres meses contemplado por el artículo 3980 del Código Civil al momento de efectuar el reclamo administrativo, los sentenciantes se limitaron efectivamente (como lo destaca la Alzada) a resolver una cuestión de derecho en el ejercicio de las facultades resumidas en el adagio latino iura novit curia, expresión de aquello que decían los antiguos jueces a los litigantes: "narra mihi factum, dabo tibi ius" o "venite ad factum.

Curia novit ius", cumpliendo así con su facultad-deber de dirimir los conflictos partiendo de los hechos alegados y probados por las partes, con prescindencia de las afirmaciones de orden legal efectuadas por ellas (Fallos, 300:1034; 306:1993; 307:2445; 308:778; 310: 1536 y 2733, etc.).

sin que la recurrente -una vez más- haya aportado argumentos demostrativos de la necesidad de excepcionar la regla según la cual el ejercicio de las potestades ínsitas al iura novit curia "no comporta en principio agravio constitucional" (Fallos, 283:137; 288:292; 300:1074; 312:195), extremo que conspira contra el éxito del planteo esbozado, conclusión que se reafirma al no advertirse que la sentencia se haya fundado en el acogimiento de una defensa no alegada o apartado de lo que resultaba de los términos de la litis (arg. Fallos, 300:1015; 315:103).

Por ello, y no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 95/96 voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Gastaldi y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Gastaldi y Falistocco expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas (artículo 12, ley 7.055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Gastaldi y Falistocco dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)