Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-10-22


RAWSON, 22 de Octubre de 2012.- ------ VISTOS: --------------------------------------------------------------------- ------ Estos autos caratulados: "T. P. S.A. y Otros c/ Municipalidad de Trelew s/ Contencioso Administrativo." (Expte. Nº 22.740 -T- 2012).------------------------------ ------ DE LOS QUE RESULTA: ----------------------------------------------- ------ Que vienen los presentes a consideración de este Superior Tribunal en virtud del Recurso de Apelación interpuesto a fs. 1258 y vta. por las actoras -empresas T. P. S.A, T. D. O. S.A. y "T. D. O. S.A. U. T. d. E. (U.)" (esta última por gestión no ratificada)- contra lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones, Sala "A", de la ciudad de Trelew, en fecha 04 de Junio de 2012 (Punto I.- Objeto).---------------------------------- ------ 1.- Que conforme surge de autos, las accionantes inician demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Trelew ante el a quo persiguiendo el pago de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS ($1.475.566) y/o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse, ///con más los intereses adeudados, desde que cada suma que conforma el capital fuere debida y hasta la fecha de su efectivo pago (fs. 30/32).------- ------ Exponen allí que, en su carácter de prestadoras del servicio público de transporte de pasajeros de larga distancia a distintas provincias de la Argentina, convinieron con la demandada su efectivización a fin de que ésta provea de pasajes de ómnibus a vecinos carentes de recursos.--------- ------ Fundan la competencia de la Alzada en el art. 132 de la Ley XVI - N° 46 (antes N° 3098) "habida cuenta de la operación administrativa anudada entre las partes".-------------------------------------------------------- ------ Con citas de precedentes de esta Sala, indican que para que un litigio sea de competencia contencioso - administrativa es preciso que importe el juzgamiento de una operación administrativa, de un acto, conducta u omisión imputable a la Administración, en cuanto ejerce actividad administrativa, siendo relevante la cuestión sustancial.----------- ------ Afirman que en tanto la relación entre las partes tiene naturaleza administrativa, destinada a la satisfacción de una necesidad pública, la pretensión es contencioso administrativa.--------------------------------------- ------ 2.- A fs. 34/35 la Cámara, mediante SI N° 02/12-SICA, declara su incompetencia para entender en los presentes y ordena su remisión a la Oficina de Adjudicación de Causas para la realización del sorteo pertinente.--------------------------------------------------------------------- ------ ///--- Considera que la pretensión de los accionantes, "prima facie" importa una cuestión de carácter privado con estricto contenido patrimonial, que encuadraría en los términos de los arts. 8, inc. 5 y 162 y sigs. del Código de Comercio. Y que la sustancia del objeto no cambia por la circunstancia de que el pago del precio de la contraprestación de uno o varios servicios individuales hubiera sido "asumido", como afirman los demandantes -aclara- por la Municipalidad de Trelew.--------- ------ Señalan los Magistrados que si bien en la demanda se invocan en forma genérica e indeterminada supuestas órdenes "de provisión de bienes o servicios", no fueron adjuntados y que tampoco se cuestiona específica y expresamente acto administrativo alguno que las origine y permita vincular administrativamente a las empresas de transporte con el Municipio demandado. Consecuente con ello -siguen- el "caso" no se transforma en contencioso administrativo por las sola voluntad de la parte, o por el hecho de que la demanda se dirija contra una Corporación Municipal.---------------------------------------------------------------------- ----- ------ Sostienen que ello es determinante para establecer su incompetencia en tanto no se ha invocado la vulneración de un derecho subjetivo de carácter "administrativo" ni se ha impugnado por ilegítimo algún acto "administrativo" del Municipio accionado en los términos del art. 132 y sigs. de la Ley XVI N° 46, impidiendo el sometimiento del caso al conocimiento originario en lo contencioso administrativo. Así -continúan- en tanto aquélla exige expresamente, para la admisibilidad del ///recurso, su deducción contra una "resolución definitiva" de las comunas que vulnere un "derecho de carácter administrativo" establecido a favor de la persona reclamante, todo lo cual traduce "un procedimiento especial, con requisitos estrictos para su acceso", debiendo interpretarse de forma restrictiva.----------------------------------------------------------------<#LI NE> ------ 3.- A fs. 1259/1260 y vta., las apelantes expresan agravios. Exponen que la competencia contencioso administrativa de la acción puede surgir por dos vías diferenciadas, la reclamativa o reparatoria y la recursiva o impugnatoria. Explican que el primer supuesto se da cuando no hay pronunciamiento expreso de la Administración Pública en lo que respecta al derecho pretendido, debiendo la parte interesada instar el trámite para ocurrir a la vía judicial, como ocurrió en autos -aclara- mediante la interposición del reclamo administrativo respectivo. El segundo -continúan- cuando la Administración Pública se pronuncia, dictando un acto que causa agravio al interesado. Afirman que a partir de cualquiera de estos supuestos, surge la acción contencioso administrativa. Adunan doctrina y jurisprudencia de este Cuerpo.----------------------------- ------ Concluyen entonces, como primera cuestión, que "la Cámara no puede venir a decir que si no se cuestiona un acto administrativo..., no hay un caso contencioso administrativo" y que "la falta de acto administrativo no constituye óbice para determinar dicha competencia".------------------------------------------------------------------- ---- ------ Por otra parte, señalan que la Municipalidad de Trelew actuó en ejercicio de su potestad pública ya que los pasajes entregados eran, en la ///mayoría de los casos, para vecinos de la ciudad con distintas necesidades. Dicen entonces que yerra la Cámara al afirmar que la relación o cuestión es de carácter privado.-------------------------------------- ------ Finalmente, indican que la competencia contencioso administrativa se vislumbra con claridad prístina por lo cual corresponde -estiman- la revocación de la sentencia de Cámara para declararla competente en las presentes actuaciones.--------------------------------------------------------------<#LINE > ------ 4.- Remitidos los autos a este Cuerpo, son girados a dictamen del Sr. Procurador General quien se expide a fs. 1268 y vta.. En principio, el Magistrado opina que las apelantes no han alcanzado el estándar mínimo de crítica exigido por el ordenamiento adjetivo para habilitar la revisión del fallo opugnado. Advierte que sus agravios refieren a citas genéricas sobre el proceso contencioso administrativo sin detenerse en las particulares características y presupuestos que para éste, en el orden municipal, establece la legislación local. Afirma que de ese modo se ha omitido analizar si el caso es de competencia material de las Cámaras de Apelaciones conforme lo previsto en los arts. 132 y 133 de la Ley XVI N° 46. En consecuencia, propicia la declaración de deserción del recurso incoado (art. 269 de la Ley XIII N° 5, antes art. 266 CPCC).---------------- ------ Sin perjuicio de ello y en tanto estima que la competencia resulta un presupuesto esencial para la actuación jurisdiccional válida, considera acertada la decisión de la Cámara en tanto la acción no intenta la revisión ///judicial de un acto administrativo municipal dictado en ejercicio de función administrativa por la Municipalidad de Trelew, sino el cobro de una suma de dinero con fundamento en el incumplimiento de alegados compromisos preexistentes entre el Estado Municipal y las actoras. Siendo la competencia contencioso administrativa municipal de las Cámaras de Apelaciones esencialmente revisora -agrega-, atendiendo a la redacción de los arts. 132 y 133 de la Ley XVI N° 46 y la doctrina de este Cuerpo, le resulta correcto el entendimiento en el caso del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil al que fuera asignado oportunamente, conforme constancias de fs. 1261.----------------------------------------------- ------ CONSIDERANDO: ------------------------------------------------------- ------ 1.- Que tal como ilustra VÍCTOR DE SANTO, la apelación constituye el más importante y utilizado de los remedios procesales, encaminado a lograr que un órgano judicial jerárquicamente superior con respecto al que dictó una resolución que estima injusta, la revoque o reforme, total o parcialmente, ya que en esta vía recursiva la pretensión se dirige a privar de eficacia jurídica una decisión judicial, o sea, desarticular el resultado procesal obtenido anteriormente y reemplazarlo por otro (Conc. "Tratado de los Recursos" - T° I - Recursos Ordinarios - Ed. Universidad - Año 1987 - pág. 237/239).--------------------------------- ------ Que respecto del contenido del memorial que debe fundarla, este Cuerpo ha reiterado recientemente que "... es el acto procesal mediante el cual el recurrente fundamenta la apelación refutando total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia. Por sus alcances importa ///una demanda tendiente a obtener la apertura de una instancia, pues sin este memorial, el Tribunal se encuentra imposibilitado de entrar a verificar la justicia o injusticia de la sentencia apelada, y como su objeto lo constituye el ataque a la decisión del juez, la doctrina la denomina "demanda de impugnación".------------------------------------------------------ ------ A más "... La expresión de agravios, no es una simple fórmula vacua y carente de sentido sino que constituye una verdadera carga procesal y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica razonada y concreta de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se refiere a lo preciso, determinado, debe decir cuál es el agravio, no es bastante la enumeración de éstos".------------------------------------------------------------ ------ Y que "si la expresión de agravios es el acto mediante el cual, fundando la apelación, el recurrente refuta total o parcialmente las conclusiones establecidas por la sentencia, en lo que atañe a la apreciación de los hechos, de la prueba o a la aplicación de las normas jurídicas, tratándose por lo tanto de una alegación crítica e indirecta (Conf.: PALACIO "Derecho Procesal Civil" T° V, pág. 266, edit. Abeledo - Perrot, 1975) lo que es dable esperar del apelante es que se introduzca en el análisis pormenorizado del fallo recurrido, que rebata los fundamentos expuestos por el "a quo"..., porque un procedimiento distinto al detallado lleva indefectiblemente a la deserción del recurso en los términos del art. 266° del CPCC" (SI N° 19/SCA/12).------------------- ///--- Y nada de ello caracteriza la presentación de las apelantes.------------ ------ En efecto, en el escueto libelo se limitan a afirmar, de modo contundente, que la falta de acto administrativo no constituye óbice para determinar la competencia de la Cámara de Apelaciones, pero omiten rebatir los fundamentos en los cuales el Tribunal de Alzada funda su decisorio. Se esfuerzan, en cambio, en justificar por qué -según su entender- la causa reviste naturaleza contencioso administrativa intentando que de ese modo se atribuya su entendimiento a la Cámara apelada.------------------------------------------------------------------------ ------ ------ Ello conduciría, en principio, a la declaración de deserción del remedio intentado, conforme propiciara el Sr. Procurador General.-------- ------ 2.- Sin embargo y en tanto es doctrina de esta Sala que "la competencia es un presupuesto del proceso, y cuando lo que se dirime es la establecida en razón de la materia, es de orden público, absoluta e improrrogable, susceptible de ser declarada, aún de oficio, en cualquier estado del juicio" corresponde entonces adentrarnos en su análisis (Conf.: ALSINA, Tomo II, Ediar 2°, págs. 514/518; PODETTI - Tratado de la Competencia -pág. 372- con cita de jurisprudencia de la Corte Bonaerense; MORELLO - PASSI LANZA - SOSA - BERIZONCE - Códigos Anotados - Tomo II -pág. 28 y jurisp. citada; SD N° 7/SRE/09; 04, 19 y 21/SROE/09, SI N° 49/SCA/10 y 18/SCA/12).---------------------- ------ Tiene dicho además que para discernirla debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídica ///procesal, así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa y la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda; ello más allá del derecho que se invoque en el reclamo. El criterio determinante es en definitiva el del derecho aplicable, y se ha resuelto que frente a la exposición de los hechos, "el juez debe decidir sobre la competencia con abstracción del régimen normativo alegado" (CN Fed. en pleno "in re" "Boccardo..." LL 1987-C-5; SI N° 30/SCA/07, 02/SCA/09, 28/SCA/10, 97/SCA/11 entre otras).------------------------------ ------ Y que en términos generales, el carácter contencioso administrativo de una causa judicial se halla determinado por la concurrencia de dos factores: el subjetivo, que está dado por la circunstancia de ser parte en el conflicto un órgano de la Administración Pública, y el objetivo, que deriva de la naturaleza o normas aplicables (PALACIO, Derecho Procesal Civil, T° II, pág. 524). En particular, Julio A. DE GREGORIO LAVIE dice que si la cuestión debe resolverse por aplicación de normas de carácter administrativo corresponderá la competencia contencioso-administrativa, y siendo la legislación común: la civil y comercial ("La competencia contencioso administrativa, pág. 132) (SI N° 21/SCA/02).-- ------ A mayor abundamiento ha considerado también que "... la opinión mayoritaria se inclina técnicamente a favor de estimar que la competencia contencioso administrativa no se define porque intervenga el Estado (a salvo los ordenamientos que así lo preceptúan) sino por la materia en debate, por el contenido jurídico, por el derecho que se ///intenta valer, por las normas de fondo para resolver el caso, por la subsunción del caso al derecho administrativo"(conf. CNCAFed., Sala 3ra. 10/05/01, "Estado Nacional v. Aguas Argentinas...", Fallos 164:188; 244:252; 295:112 y muchos más) (SI N° 30/SCA/07, 28/SCA/10).--------------------------------------------------------------------- ---- ------ En igual sentido -con cita de Roberto Enrique LUQUI (Revisión Judicial de la Actividad Administrativa - Astrea 2005 - págs. 106 a 113, 130 a 133)- expuso "que debe analizarse la singularidad de la materia litigiosa, pues será ésta la que en cada caso ha de conducir al establecimiento de la competencia, bajo la égida de estimar si la cuestión está principalmente o preponderantemente regida por el Derecho Público Constitucional o Administrativo, o bien por el Derecho Privado".- Y ". decidir cuándo predominan las normas de Derecho Público sobre las de Derecho Privado no es un tema simple, y por tanto ésta no es pauta suficiente.- Y para que un litigio sea de competencia contencioso-administrativa, es preciso que importe el juzgamiento de una operación administrativa, esto es de un acto, conducta, omisión, imputable a la Administración, en cuanto ejerce actividad administrativa.- Lo relevante, es la cuestión sustancial y en caso de duda, la competencia será del Juez Ordinario por ser residual. (Ob. cit. pág. 110/112" (SI N° 41 y 50/SCA/06, 21/SCA/07, 02/SCA/09, 28/SCA/10, entre otras).----------------------------------------------------------- ------ 3.- Del análisis del libelo introductorio del sublite, surge que las ahora recurrentes persiguen el cobro de una suma de dinero que dicen adeudaría la accionada -Municipalidad de Trelew- en concepto de ///importes devengados a raíz de la prestación del servicio de transporte de pasajeros que las firmas habrían efectuado como contraprestación, sin acreditar la existencia de acto administrativo o acuerdo sustento de la obligación. En consecuencia y tal como señalara la Cámara a quo, de estar al objeto demandado, aún cuando resultare de un convenio administrativo -si existiese- la cuestión a dirimir reviste un carácter eminentemente patrimonial, siendo aplicables las disposiciones del Derecho Común para su resolución.--------------------------------------------- ------ En orden a lo expuesto, se impone rechazar el recurso incoado y confirmar el fallo apelado, debiendo remitirse los presentes al Juzgado Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de Trelew, tal como había sido asignado a fs. 28 de autos.--------------------------------------------------------- ------ Atento que no medió contradictorio no cabe imponer costas. No obstante, procede regular los honorarios de los Dres. O. D. V. y M. F. R., en esta Alzada (arts. 8 y 13 de Ley XIII N° 4, conc. art. 7 modificado por Ley XIII N° 15).---------------- ------ Por ello la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;--- --------------------------------- R E S U E L V E: ------------------------------- ///--- 1°) RECHAZAR el recurso deducido por las empresas T. P. S.A, T. D. O. S.A, y "T. D. O. S.A U. T. d. E. (U.)" (gestión no ratificada), y confirmar la Sentencia Interlocutoria N° 02/2012 de Excma. Cámara de Apelaciones -sala "A"- de la ciudad de Trelew. Sin costas.----------------------------------------------------------------- ------ 2°) REGULAR los honorarios del Dr. E. J. D. V., en esta Alzada, en el 25% de los que se le fijen a su parte en el proceso principal, y los del Dr. M. F. R. en el 30% de lo que le correspondiere a aquél. En ambos casos deberá considerarse -si fuere pertinente- el mínimo legal, más IVA si procediere (arts. 8 y 13 de Ley XIII N° 4, conc. art. 7 modificado por Ley XIII N° 15). ---------------- ------ 3°) REMITIR la presente causa al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de Trelew. A tal fin, por Secretaría, líbrese oficio.---------------------------------------------------------------- ------ 4º) REGÍSTRESE y notifíquese.----------------------------------------- La presente se firma con dos miembros de la Sala por encontrarse el Dr. Daniel L. Caneo en uso de licencia.---------------------------------------------- Fdo. Dres. Fernando S.L. Royer y José L. Pasutti.

Recibida y registrada en Secretaría el 22/10/12 bajo el N° 46/SCA/2012.