Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-18


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los ..18... días del mes de Septiembre del año dos mil siete, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia del Dr. Daniel Luis Caneo y asistencia de los Sres. Ministros Dres. José Luis Pasutti y Fernando S.L. Royer, para dictar sentencia en los autos caratulados: "M., M. R. c/ C., A. M. s/ DIVORCIO VINCULAR" (Expte. Nº 20.689-M-2006)", y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 150 de conformidad con las Acordadas N° 3.202 y 3.204, el Acuerdo N° 029/07 SALA CIVIL, y lo dispuesto en el Acuerdo Plenario Nº 3.607/07, en su punto 5° -asunción a partir del 1º de Abril del corriente año del Dr. Caneo a la presidencia de la Sala Civil-, correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Pasutti, Royer y Caneo.

Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Son procedentes los Recursos de Casación y de Inconstitucionalidad interpuestos? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. Pasuttti dijo:

I.- ANTECEDENTES.

1.- El Sr. M. R. M. se presentó por derecho propio con el patrocinio letrado del Dr. E V y manifestó haber otorgado poder especial a su letrado conforme escritura N°277 que acompañó a fs. 8 y vta. e interpuso demanda de divorcio vincular con causa y disolución de la sociedad conyugal contra la Sra. A. M. C. (fs. 10/12 y 16). Hizo saber que oportunamente denunciaría los bienes que integran el acervo de la sociedad conyugal. Fundó su derecho y formuló petitorio de estilo.

2.- Corrido el pertinente traslado, la accionada se presentó por derecho propio con el patrocinio letrado de las Dras. M. A. C., Defensora Pública y V. R., Abogada Adjunta; y otorgó Poder Especial en los términos del art. 47 bis del C.P.C.C. y puso en conocimiento al Tribunal interviniente de haber cumplido las prescripciones del art. 50 de la Ley N° 4.920 en orden a la acreditación de la escasez de recursos. Contestó demanda, reconvino, fundó el derecho, ofreció prueba y formuló petitorio de rigor (fs. 19/23 vta.).

3.- Por providencia de fs. 24 (06/02/06), la sentenciante de origen, tuvo a la Sra. Defensora y a su letrada adjunta, por presentadas a tenor del art. 47 bis del C.PC.C., por contestada la demanda; y de la reconvención deducida ordenó correr el traslado correspondiente.

4.- El actor se presentó, nuevamente, a fs. 25/28 vta. solicitando el cese de la representación invocada y evacuó el traslado conferido. Fundó el cese de la representación en la existencia suficiente de bienes de la sociedad conyugal para solicitar la contratación de los servicios de abogados particulares. Solicitó dar intervención al Colegio de Abogados y notificar al Defensor Jefe para que tome conocimiento y adopte las medidas pertinentes. Adujo que la accionada, al contestar demanda, reconoció que el actor le había dejado la casa, un vehículo y que poseía trabajo.

5.- Corrido el traslado correspondiente (fs. 30 y vta.), el mismo es contestado a fs. 31/32, solicitando su rechazo con costas. Destacaron las Sras. Defensoras, como inaudito, que en el marco de la litis se cuestione la defensa que ejerce el Ministerio de los derechos de las personas involucradas en cuestiones jurídicas y cuya situación económica no les permite afrontar. Relataron que su representada se presentó ante la Defensoría porque tenía una imperiosa necesidad de contar con recursos económicos para poder subsistir, iniciándose el correspondiente juicio de alimentos, que se encuentra agregado por cuerdo a esta litis. Es con posterioridad a ello, que recibió la cédula que le notificaba la demanda de divorcio vincular y por carecer de recursos decidieron continuar con su defensa. Asimismo, se remarcó que si bien el actor alegó existencia de bienes de la sociedad conyugal, ninguno de ellos resultó identificados; y que aún en el supuesto caso de contar con ellos, por ejemplo una casa, un rodado; no es justo desproveerla para asegurar su defensa. Reiteran que su representada inició el proceso de alimentos porque precisamente no cuenta con ingresos suficientes para subsistir, y que cumplimentó con los arts. 49 y 50 de la Ley N° 4.920. Concluyeron diciendo que el planteo introducido es ajeno al objeto de este proceso. Resolver sobre la admisibilidad de los requisitos del Ministerio de la Defensa Pública, o su posibilidad de representación no constituyen un tema sobre el cual el Tribunal pueda expedirse y torne de aplicación el art. 54 de la Ley Orgánica. La cuestión debería ser planteada ante otra sede, ante otras autoridades y por medio de otro tipo de acción.

- 6.- En este estado del proceso, el actor nuevamente se presentó, a fs. 34, y solicitó se intime a la demandada para que designe un abogado particular, que la represente en el proceso por las mismas razones que expusiera en ocasión de la reconvención, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía.

7.- El Tribunal, por providencia simple de fs. 44 (27/03/06), denegó la petición del cese de la representación de la Defensoría interviniente. Textualmente se expidió del siguiente modo: " ... No encontrándose acreditado en los presentes la existencia de bienes económicos, atento las manifestaciones vertidas por la parte actora en el punto II de fs. 25, (arts. 50, 51, 52, 53 y cctes. de la Ley N° 4.920), al pedido de cesación de representación, no ha lugar...".

8.- Contra esta providencia se alzó el actor interponiendo recurso de revocatoria con apelación en subsidio; el que también fue denegado, ratificando los mismos fundamentos de la providencia atacada; y se concedió el recurso de apelación.

II.- SENTENCIA DE CAMARA.

En primer término, y en lo que aquí interesa, la Alzada encuadró la petición del actor en una excepción de falta de personería, por cuanto se solicitó el cese de la representación ejercida por la Defensora Pública por contar la sociedad conyugal con bienes suficientes que permitirían contratar los servicios de un abogado particular.

Recordó, que resulta requisito indispensable para la constitución de la relación jurídica procesal la justificación de la personería o de la capacidad procesal de quienes actúan en representación de los sujetos legitimados, para lo cual tienen que cumplir con el deber de acreditar la personería invocada, adjuntando en su primera presentación, los documentos que demuestren el carácter que invisten.

Refirió al art. 50 de la Ley N° 4.920; y marcó las diferencias que median con la anterior carta de pobreza estipulada por la derogada Ley N° 3.193, por cuanto esta última se extendía previa información sumaria ante el Juzgado de Paz, siendo suplantada por la declaración jurada que se presta y firma frente al defensor actuante, sustrayendo al magistrado interviniente de la facultad-deber de ejercer el contralor oficioso de la personería invocada común en todo procedimiento a fin de la constitución regular del proceso (arg. art. 54 Ley N° 4.920). Agregó, que dentro de la normativa vigente, tal contralor sólo podrá ser ejercido por el demandado. Podrá exigir el beneficio de litigar sin gastos, tratándose de acciones de contenido patrimonial y al momento de contestar la demanda (art. 55 ley citada).

Dijo no desconocer que la defensa oficial tiene raigambre constitucional, porque asegura la defensa de los derechos del ausente o de quien carece de recursos, pero no puede soslayar, que la misma debe prestar servicios a quienes se encuentren en tales reales situaciones. No se hace en beneficio de la parte a la que asiste, sino que tiende a asegurar el mejor desarrollo de la función jurisdiccional. De lo contrario, se estaría también afectando el derecho de igualdad de las partes que reconoce el mismo origen y protección constitucional.

Continúo expresando, que en el sub judice, si bien la Sra. Defensora, sostiene que la insuficiencia de medios económicos se acredita con la Declaración Jurada contemplada en el art. 50 de la Ley Orgánica de la Defensa, la misma, no se ha agregado en autos, con lo cual la falta de personería y el cese de representación aparecen viables. Porque aún cuando se aceptara la sola intervención del Defensor actuante para determinar la existencia o no de recursos suficientes y sin sujeción, en ningún caso, a pautas rígidas dentro del proceso, no cabe hacer excepción alguna a la acreditación de personería sin perjuicio que se invoque -como en el caso de marras- el apoderamiento especial del art. 47 del CPr.; es que el presupuesto de la actuación del Ministerio Público en el caso, es la escasez de recursos (art. 9, inc. 3, Ley N° 4.920).

Así, dispuso subsanar el defecto señalado con el requerimiento de acompañar en el término de cinco (5) días la Declaración Jurada que justifique el supuesto de la representación invocada por la Sra. Defensora Pública. Amén de ello, señaló que no surgía nítidamente, conforme constancia de autos y peticiones de las partes, la escasez de recursos invocada. Destacó en este punto, que de los términos de la demanda de alimentos promovida -Expte. N° 1.516/05 ofrecido como prueba-, surgía la existencia del cobro de alquileres, pues acompañan talones de impuesto inmobiliario a nombre del Sr. M., pudiendo ellos constituir bienes de la sociedad conyugal a liquidar. Advirtió también, que a tenor de los términos del auto recurrido, el fundamento del rechazo del cese de representación invocado por el actor, lo constituye la falta de acreditación de la existencia de bienes económicos, sin embargo la juez a quo, no dispuso la formación de incidente a fin de acreditar los extremos pese a las facultades que le confiere el art. 36 ap. 2 del CPr.

Tales constancias -agregó- ameritan, prima facie, la necesidad de la tramitación de la petición del actor por incidente separado en el que se pueda comprobar fehacientemente la falta de recursos suficientes para tener por justificada la actuación del Ministerio Público.

Concluyó admitiendo la petición del actor, y por ende, la tramitación del beneficio de litigar sin gastos en aras a salvaguardar la garantía de defensa en juicio "la cual requiere que se de a los interesados ocasión adecuada para ser escuchados en sus razones" ya que "si bien las normas procesales tienen una importancia que exige su riguroso cumplimiento, su desnaturalización, su sobredimensionamiento, termina por convertir a esos preceptos en una suerte de trampas tendientes a frustrar el derecho constitucional del debido proceso" (CSJN, Fallos, 320:463) y teniendo en cuenta que los arts. 78 y ccdtes. del Cáp. VI del Tít. II del CPr., no fueron derogados por norma alguna. En consecuencia, hizo lugar al recurso de apelación en subsidio, revocó el proveído de fs. 44; impuso las costas en el orden causado y reguló honorarios por porcentajes a aplicar sobre lo que correspondan por la incidencia en la instancia de grado.

III.- RECURSO DE CASACIÓN.

- Interpone la demandada a fs. 93/117 vta. contra el fallo de la Cámara dictado a fs. 84/87 vta. recursos extraordinarios de casación por arbitrariedad de la sentencia (art. 288, inciso "e" del C.P.C.C.) y de inconstitucionalidad por gravedad institucional (art. 300, inciso 4 del C.P.C.C.). La Alzada mediante sentencia interlocutoria, registrada bajo el N° 197/06 (fs. 119/120 y vta.) declaró la admisibilidad formal de ambos recursos; siendo ratificada por esta Sala por interlocutorio N° 02/07 (fs. 135 y vta.). Puesto el expediente a disposición de las partes, a los fines previstos en el art. 293 del C.P.C.C., ambas hicieron uso de tal derecho. La parte actora, a fs. 140/142 y vta. y la demandada, a fs. 143/148.

Cumplidos los presupuestos formales de rigor, la casacionista sostiene que la sentencia en crisis tiene el carácter de definitiva por cuanto los perjuicios derivados de ella son de imposible reparación ulterior, no existiendo otra vía para conmover lo decidido. En orden a la arbitrariedad de la sentencia dice que no se respetó el principio de legalidad y el debido proceso legal; y en consecuencia la específica aplicación de los artículos dedicados en el Código Civil y la Ley Provincial N° 4.920 para los temas de la representación procesal y de la admisibilidad o no dentro del sistema de la Defensa Pública. Aduce que la definitiva ha quebrantado lo que está reglado (latu sensu) por normas condicionantes del iter evaluativo y razonador de las Sentenciantes, al examinar dos institutos jurídicos esencialmente disímiles, como si fueran la misma cosa, (representación procesal y admisión o exclusión de los requirentes al servicio de la Defensa Pública). En orden a la inconstitucionalidad por gravedad institucional entiende que lo resuelto excede el marco de interés particular de las partes en cuanto afecta de manera indirecta al amplio espectro de los usuarios del servicio de la Defensa Pública. El fallo en este sentido, se aparta de los arts. 49/53 de la Ley N° 4.920, inmiscuyéndose en facultades exclusivas y excluyentes del Defensor Público, frustrando el cumplimiento de disposiciones de carácter constitucional, general y resoluciones ministeriales (Acordada N° 3.251 y Resolución N° 61/04 Def. Gral.), proyectando sus efectos mas allá de los intereses de las partes involucradas. Sintetizando su posición, dice que la decisión de ingresar o no al sistema de la defensa pública a un justiciable para asesorarlo, defenderlo, asistirlo judicial o extrajudicialmente por ley -N° 4.920- es una prerrogativa sometida al único "juzgamiento" del Defensor Público, excluida del poder de los jueces, quienes solo pueden y deben "presumir" que la persona que está siendo asistida por la defensa pública goza de insuficientes recursos para hacer frente a una asistencia jurídica paga.

La casacionista pone de manifiesto que el fallo refiere a dos institutos jurídicos esencialmente diferentes. La representación procesal de una persona en juicio (por apoderados o patrocinio letrado); y la admisibilidad o no dentro del sistema de la defensa pública por escasez de recursos. El primero de ellos, se encuentra diseñado en el Código de Forma (arts. 46 a 58). La representación procesal, puede ser acreditada judicialmente por la Defensa bajo las siguientes modalidades: Carta Poder contemplada en el art. 58 de la Ley N° 4.920, Poder general o especial para juicios (Escritura Pública, arts. 1.869, 1.870 inciso 6 del C.C.); o invocando el art. 47 bis del C.P.C.C.. El patrocinio letrado lo hace con la firma conjunta con el cliente.

En lo que hace a la admisibilidad o no dentro del sistema de la defensa pública, deja en claro que tal accionar es previo y constituye para el Ministerio de la Defensa Pública la antesala a la representación procesal, ya que el otorgamiento de mandato procesal que una persona pretende efectuar a un Defensor, queda sujeto a la admisión que éste haga o no al sistema de la asistencia gratuita, y la posterior aceptación del mandato. El ingreso al sistema de asistencia jurídica gratuita se habilita acreditando insuficiencia de recursos ante el Defensor Público y la forma de abonar y documentar tal escasez a través de una declaración jurada que suscribe el interesado ante el mismo Defensor en la que consta el requerimiento de asistencia jurídica, los bienes e ingresos con los que cuenta y la conformación del grupo familiar (art. 50 Ley N° 4.920). Estos datos son recepcionados por el Defensor en reserva y los rubrica con su firma; guiado por su discrecionalidad y buen criterio. La ley lo ha licenciado de la comprobación de la veracidad de los datos aportados, ya que no están obligados a realizar comprobaciones de tipo alguno (art. 51, primer parágrafo); dejando librado a su criterio; cuando lo crea necesario, ordenar la elaboración de informes socio-ambientales y requerir todo otro informe complementario que considere menester (art. 51, 3 parágrafo); quedando, siempre a salvo, que este procedimiento es de exclusivo resorte del funcionario público actuante. Finalmente, destaca que el mismo art. 53 de la ley de referencia se encarga de separar los institutos aludidos, al referirse en concreto a la prestación del servicio aún en los casos de duda.

La asistencia jurídica gratuita no implica necesariamente representación procesal, ya que es posible también en sede extrajudicial. Pero el acceso o no al servicio, depende de la indagación que el Defensor haga acerca de aspectos patrimoniales del requirente, debiendo sujetarse a las normas constitucionales, a la Ley provincial N° 4.920 y a las pautas orientadoras que internamente se han diseñado desde el Ministerio, tales como la Resolución DG N° 61/2.004. Por lo tanto, la confusión en ambos institutos jurídicos es lo que torna arbitraria la sentencia en crisis.

También se expone como agravio, la tramitación oficiosa del beneficio de litigar sin gastos. En este aspecto, la recurrente indica que el mismo art. 54 de la Ley N° 4.920 impone una presunción para los jueces, condescendiente con principios constitucionales y los propios de la ley de acceso a la jurisdicción y no restricción del derecho de defensa. Agrega entonces, cuando la defensa de una persona sea asumida por un Defensor Público, el juez no puede poner en dudas, la facultad de éste de asistirlo en orden a la escasez o no de recursos que posea el justiciable. De allí, que las Sentenciantes no pueden, como lo han hecho, afirmar en el fallo que "no se vislumbra cuanto menos, nítidamente la escasez de recursos invocada" ya que estaban condicionadas por aquella presunción. También afirma que no se condice con la realidad del expediente, sostener que la actora peticionó el beneficio de litigar sin gastos del art. 55 de la Ley N° 4.920, cuando ello no ocurrió; sólo refirió a las litisexpensas, situación ajena al beneficio. De allí, que expresa que de la conjunción de los arts. 54 y 55 se impone que únicamente la contraparte a la beneficiada por el sistema de defensa gratuita, podría exigir la tramitación del beneficio de litigar sin gastos, sin posibilidad para el juez de exigirla de oficio como ha ocurrido en autos, cuando ni siquiera la contraparte lo había requerido. Subraya la contravención a la norma, cuando en el fallo se dijo: "...Tales constancias ameritan, prima facie, la necesidad de la tramitación de la petición del actor por incidente separado en que se pueda comprobar fehacientemente la falta de recursos suficientes para tener por justificadas las actuaciones del Ministerio Público.."; resultando -incluso tal orden- extemporánea, por marcar la norma el tiempo procesal para ello, -la contestación de la demanda; o al tiempo de contestar la reconvención- (art. 55).

Bajo la inconstitucionalidad alegada, además de reiterar lo expuesto ab-initio, agrega que la Declaración Jurada contemplada en el art. 50 de la Ley N° 4.920 que acredita la escasez de recursos es un instrumento que goza de la cualidad de confidencialidad por formar parte de la consulta que efectúa el requirente. Esta facultad fue avasallada en el fallo atacado al establecer que se incurrió en un defecto y que para subsanar la omisión, intimó a su presentación en juicio bajo apercibimiento de decretar el cese de la representación de la defensa, imponiéndole, en este caso concreto, violentar el art. 3, inciso 4, de la Ley N° 4.920. Esta cuestión, así expuesta va más allá del mero interés de las partes, superándolo en sus límites, porque generaría una obligación a presentar en cada caso judicial en el que tome intervención el Ministerio, las declaraciones juradas de sus clientes para justificar una personería insostenible, conmoviendo en forma directa el interés de la comunidad (potenciales usuarios de la Defensa Pública). Destaca, que esta exclusividad que los Defensores tienen en el tema de la admisión ha sido tal, que fue reglamentada por la Resolución N° 61/04 dictada por el Defensor General de la Pcia. del Chubut; habiendo -incluso- sido reconocida la imposibilidad de intromisión en acciones exclusivas de la Defensa Pública por Acuerdo N° 3.251 de este Superior Tribunal de Justicia, que transcribe íntegramente.

Formula reserva del caso federal.

IV.- ANALISIS.

Conforme a los antecedentes relatados, la recurrente ha expuesto sus agravios haciendo uso de dos sendas extraordinarias que regulan la legislación de forma, los recursos de casación por arbitrariedad y de inconstitucionalidad por gravedad institucional.

1. EL RECURSO DE CASACIÓN POR ARBITRARIEDAD.

En orden al concepto mismo de "arbitrariedad" de la sentencia, es Jurisprudencia elaborada y reiterada de este Cuerpo, coincidiendo con la línea trazada y acuñada desde antiguo por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, que "La exigencia constitucional de que la sentencia debe tener motivación suficiente, importa el requerimiento de una fundamentación apta e idónea, y de que los motivos que se deduzcan del ordenamiento jurídico vigente y de la prueba de los hechos presupuesto para la aplicabilidad de la misma. La motivación suficiente ....no se satisface con la sola presencia de razones... la sentencia debe demostrar además, y con independencia de su acierto u error, que configura una solución razonada y congruente en relación a los hechos de la causa y al derecho aplicable" (S.D. N° 22/S.R.E./99, 32/S.R.E./04, entre otras muchas más; y CSJN, Fallos, 314:458, 291:382, 303:120 y 434; 306:717, entre otros).

Es en este espectro, que he de analizar los vicios alegados por la quejosa al fallo en crisis; adelantando -en principio- que de su lectura emana el absurdo invocado. En el sub-lite, es manifiesta la errónea interpretación que la Alzada hace de la normativa que emplea para dilucidar la cuestión. Confunde la acreditación de la escasez de recursos, la representación procesal de la Defensa Pública y el instituto del Beneficio de litigar sin gastos en el marco de la Ley N° 4.920.

En efecto, nuestro distinguido, Dr. Sagüés en su obra señala que: "... otra sugestiva clase de sentencia arbitraria es aquella que puede emplear la norma pertinente, pero que la interpreta o aplica mal. El defecto exegético del caso admite varias posibilidades: interpretación errónea, impropia, injusta, irrazonable, etc." (Cfr. "Recurso Extraordinario", Tomo 2, págs. 181 y sgtes., Ed. Astrea, 4ª edición actualizada y ampliada, 1ª reimpresión, Año 2002).

De la lectura de la sentencia de la Alzada se observa una adecuada introducción de la normativa que rige el caso de análisis, pero es en la tarea de subsunción jurídica donde se genera la violación legal por errónea interpretación, desnaturalizándola en su letra y espíritu; y generando por ende, una base resolutiva equivocada. En términos similares, distinguida doctrina dice que el vicio por interpretación errónea se produce cuando no obstante haberse elegido la norma adecuada, se le da un sentido equivocado, haciendo derivar de ella consecuencias que no resultan de su contenido. Este déficit interpretativo aparece así como otra importante causal de casación de fondo, pues se traduce en un decisorio que no se ajusta a derecho, por defectuosa indagación del sentido de la norma (Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", pág. 274, Ed. Platense S.R.L., 2ª edición, año 1.998).

La primera falencia que se muestra en la labor intelectiva de la Alzada está referida a la vinculación directa que establece entre la declaración jurada contemplada en el art. 50 de la Ley N° 4.920 con la personería invocada por la Defensa para actuar en juicio. Concibió, entonces, la presentación de la declaración jurada como un presupuesto necesario para acreditar la personería invocada por la Defensa. Este razonamiento es el que la conduce a formular la intimación de su presentación en el expediente; alegando que medió un defecto por tal omisión; aún cuando se haya invocado el apoderamiento especial del art. 47 bis del C.P.C.

El segundo aspecto donde se evidencia el error interpretativo está referido a la orden que impuso de tramitar el beneficio de litigar sin gastos por incidente por separado, en la medida que la escasez de recursos a su criterio no se vislumbraba nítidamente.

Como es público y notorio, el Ministerio Público formando parte del Poder Judicial con autonomía funcional, en los últimos años se ha ido desarrollando, transformando y perfeccionado, para brindar a diario, un servicio óptimo que le permita cumplir con las misiones que su misma ley orgánica le encomienda (arts. 1 y 2 Ley N° 4.920). Es más, por mandato constitucional, debe ejercer sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica en todo el territorio provincial (art. 194 de la C.Prov.). Y es en este marco, que el órgano tiene competencia para dictarse sus propias normas.

En concordancia, los funcionarios que integran el Ministerio deben adecuar su actuación a los principios específicos enunciados en el art. 3 de la norma, y que son calificados como fuente interpretativa de todas sus actuaciones. Entre ellos puedo nombrar, porque considero que están en juego en la cuestión traída a esta sede, los siguientes: confidencialidad, intervención supletoria, competencia residual y gratuidad.

En base a ellos; es posible delinear las tareas desarrolladas por estos funcionarios y los presupuestos necesarios que han de cumplimentarse para que ejerzan su propia competencia.

En primer lugar, gozando el Ministerio Público de competencia residual, la misma es ejercida -tanto en la faz judicial como extrajudicial- cuando los interesados acrediten las condiciones que la misma norma impone -escasez de recursos-, y siempre que se trate de una cuestión que no sea atendida especialmente por otro sistema jurídico gratuito. (art. 3, inciso 6, Ley N° 4.920). Cumplido ambos extremos es posible acceder al servicio de la Defensa Pública (art. 3, inciso 7); que puede traducirse en asesoramiento, representación y defensa (art. 9, inciso 3).

Es el interesado, por lo tanto, quien deberá poner en conocimiento, y en su caso, acreditar ante el Defensor Público, acerca de la existencia de bienes, ingresos y la conformación de su grupo familiar (art. 50 Ley N° 4.920) todo lo cual se instrumentará en una declaración jurada que suscribirá en su presencia. Ahora bien, no hay que olvidar que el art. 51 de la ley de referencia traslada en el funcionario actuante el test de razonabilidad y admisibilidad para acceder al servicio; pero le da como pauta -prescindir de comprobación alguna- cuando sean evidentes los extremos legales requeridos por la norma o su total ausencia (contar con recursos económicos para afrontar los gastos del caso, o la existencia de otro sistema jurídico gratuito que se puede encargar de la cuestión). Lo cual implica, que se acceda al servicio en forma directa, en el primer caso (art. 51 primer párrafo); o se deniegue el servicio, en el segundo supuesto (art. 51 segundo párrafo). Asimismo, bajo el mismo artículo, la ley contempla el supuesto en que el Defensor; ante la circunstancia concreta de no darse ninguno de los casos señalados con nitidez, pueda acudir a la comprobación de la insuficiencia de recursos, a través de los medios que considere pertinentes en cada caso, por no mediar pautas rígidas para tal comprobación (art. 51, último párrafo). Estas facultades trazadas por la normativa deben ser conjugadas con las que emergen de la Resolución N° 61/04 (21/05/04) de la Defensoría General, en cuanto integra el cuerpo normativo por el que se rige, y le da al funcionario interviniente un criterio objetivo de admisibilidad al servicio -ingresos iguales o inferiores a los que periódicamente determina el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para la Canasta Básica Total y la composición de la familia nuclear-; y en los casos en que se superen estos ingresos, el funcionario evaluará las condiciones de vulnerabilidad del requirente y de su grupo familiar conforme a las pautas del Título VII de la Ley N° 4.920. Los Defensores presumirán la acreditación de estos extremos con la firma de la declaración jurada contemplada en el art. 50 de la ley orgánica. Sin perjuicio de lo expuesto, la ley orgánica atinadamente, y conteste con la misión propia del Ministerio, introduce a través de su artículo 53 el principio de la duda "a favor de la prestación del servicio".

De la normativa de análisis, surge sin hesitación, y tal como lo señala la casacionista que el acceso al servicio depende de la indagación del Ministerio de la Defensa, no mediando obligación legal alguna, que imponga la presentación a juicio de la declaración jurada del art. 50 de la ley orgánica. Es más, ello se puede inferir del mismo art. 54 que establece que la sola presentación del Defensor en el juicio, como actor, demandado o tercero, los jueces han de presumir la imposibilidad de la parte de afrontar los gastos del proceso y nunca exigir en forma oficiosa la tramitación del beneficio de litigar sin gastos.

Sin embargo, ello no ha ocurrido en el sub-lite. Reitero, porque se ha supeditado la acreditación de la personaría invocada por la Defensa, en el acompañamiento de la declaración jurada; tornándose aún más grave cuando señala que ha de cumplirse a pesar de haber invocado la personaría especial que contempla el art. 47 bis del C.P.C.C. Esta errada conclusión de la Alzada, bajo ningún punto de vista puede autorizar a confirmar que priva al magistrado interviniente de la facultad-deber de ejercer el control oficioso de la personería invocada, común en todo procedimiento (fs. 85 vta. último párrafo). Ello es así, por dos cuestiones que son trascendentes: 1)- la presunción de escasez de recursos para afrontar los gastos del proceso, le viene impuesta al Juez intervieniente por disposición legal (art. 54 Ley N° 4.920 vigente); y 2) la ley orgánica del Ministerio no sustrae al Juez interviniente de ninguna facultad-deber de ejercer el control oficioso de la personería invocada. La tarea igualmente la ha de cumplir. Debe limitarse a verificar en la primera presentación del Defensor, el tipo de personería invocada. Si es como patrocinante, verificará que los escritos judiciales contengan la firma del patrocinado (art. 49 Ley N° 4.920 en conc. art. 56 del C.P.C.C.); y si es como apoderado, deberá cotejar la presentación de la correspondiente Carta Poder contemplada en el art. 58 de la Ley N° 4.920 vigente; o que se haya invocado el apoderamiento especial del art. 47 bis del C.P.C.C., debiendo en este último caso examinar que se cumplimenten los requisitos legales que autorizan su invocación.

Un segundo aspecto, que no puedo dejar de considerar, está vinculado fundamentalmente al requerimiento de la Alzada de la tramitación del beneficio de litigar sin gastos, por no mostrarse en forma nítida la escasez de recursos invocada por la demandada. La Ley Orgánica en análisis refiere a esta franquicia pura y exclusivamente en los arts. 54 y 55; que se traduce en una prohibición a los jueces intervinientes de requerir oficiosamente su tramitación, la norma utiliza el término "nunca exigen..."; pero deja a salvo tal posibilidad, en la medida que sea solicitada por la contraria para garantizar su derecho de defensa (contralor), y se trate de una acción de contenido patrimonial. Es decir, que su operatividad nace con el pedido expreso de la contraparte, en tiempo procesal oportuno y en el marco de una acción de contenido patrimonial. La letra de la norma se muestra por demás elocuente. La interpretación literal en este supuesto es suficiente.

La sentencia en crisis, en esta temática también resulta insostenible. Sin dudas, la casacionista -una vez más- ha demostrado el absurdo que ha invocado (cfr. fs. 110/111). De las constancias obrantes en autos, surge que la parte actora en ocasión de contestar la reconvención de la accionada (fs. 25/28 vta.) simplemente solicitó el cese de la representación en el apartado II de su escrito oponiéndose terminantemente a la Defensa Gratuita prestada por la Defensoría porque a su criterio la sociedad conyugal poseía bienes para solventar los servicios de una abogado particular; y además que se dé intervención al Colegio de Abogados y al Jefe de la Defensa Pública para que adopten las medidas pertinentes. No medió -en la especie- pedido alguno de solicitar a la contraparte la iniciación del beneficio de litigar sin gastos ya que conforme al texto del art. 55 este era el momento oportuno para ello. A lo cual debo añadir, que aún cuando hubiera sido cumplida la norma en tal sentido, la petición de tramitar el beneficio de litigar sin gastos, tampoco hubiera tenido andamiento, en orden a la naturaleza propia de la presente litis en cuanto carece de contenido económico. Al respecto el art. 55 señala: "...Tratándose de la interposición de acciones de contenido patrimonial, el o los demandados pueden, al momento de contestar demanda, exigir la tramitación del Beneficio de Litigar sin Gastos, en la forma que la legislación procesal lo prevea".

Fue entonces, el hecho de no ajustarse a las circunstancias particulares de esta litis, lo que condujo a la Alzada a hacer uso del art. 54 de la Ley N° 4.920 en el segundo tramo de la elaboración sentencial. Los presupuestos legales no se cumplieron, por lo que la orden de tramitar la franquicia deviene inoperante, y tiñe de arbitraria a la sentencia, descalificándola como acto judicial válido.

2.- EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD POR GRAVEDAD INSTITUCIONAL.

En orden a la gravedad institucional alegada, debo señalar en primer término que se trata de un concepto elaborado pretorianamente por la Corte Suprema, en ocasión del recurso extraordinario; y ha expresado que tal doctrina le permite actuar "en cumplimiento de una alta tarea de política judicial, impuesta por la firme defensa del orden constitucional y afirmada de tal modo como su más delicada e ineludible función jurisdiccional (Cfr.: CSJN, Fallos, 323/337). En un sentido amplio, la conceptualizó como aquellas cuestiones que exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo al de la comunidad (Cfr.: v.gr. CSJN, Fallos, 247:601; 255:41, 290:266; 292:229, entre otros muchos más). Esta misma línea interpretativa es la que sigue este Cuerpo desde tiempo atrás, señalando por ejemplo, que debe tratarse de una resolución que trascienda el campo estrictamente privado en que se ha trabado (S.I. N° 6/82 y 12/83, entre otras).

Por otra parte, no es suficiente la mera alegación oportuna de la "gravedad institucional" sino que debe ser acreditada por la parte interesada (Cfr.: CS, Sta. Fé, 26/12/96 in re "Vanrel...." LL Litoral 1998-826 -CSJN, Fallos, 165:62, 181:290, 266:135; 314:1084 y otros-; y S.I. N° 30/S.C.A./99). En efecto, bajo estos parámetros enunciados; ha sido receptada por nuestra legislación de forma en la sección reservada al recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 300 inciso 4: "cuando en un litigio existan causa de gravedad e interés institucional" del C.P.C.C.).

En el sub-lite, la casacionista ha delíneado correctamente cómo el fallo en crisis ha afectado la política institucional de la Defensa Pública, al imponerle cumplir una manda -presentación en juicio de la declaración jurada- que conlleva a la vulneración de los principios legales que rigen su propio ámbito de competencia. Entiendo aquí, que no sólo se está afectando el derecho de la accionada a acceder a la jurisdicción con la asistencia gratuita que presta el Estado a través de la Defensa Pública, conforme lo explicitara; sino que, obstruye "la buena marcha de la institución", al exigir el mismo Órgano Jurisdiccional una conducta procesal en franca contradicción con la letra y el espíritu que anima a la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa; que a la postre se traduciría en un ejercicio irregular -por no cumplir el deber confidencialidad- de la función encomendada a los Sres. Defensores. En otros términos, la manda judicial de la presentación de la declaración jurada implica sin más, obligar a los Defensores intervinientes a quebrantar un deber de confidencialidad que les viene impuesto legalmente (art. 3, inciso 4, Ley N° 4.920); y con ello ingresar en un campo de actuación que es de resorte exclusivo de la Defensa con base de raigambre constitucional (arts. 194 y 196 de la Const. Prov.). Al respecto es muy clara la Ley Orgánica del Ministerio al dejar explicitado en su artículo 2 que: "... En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces no puede ser impedido ni coartado por ninguna autoridad. Cada uno de sus funcionarios desempeña su cargo con independencia, autonomía y responsabilidad, con sujeción a las normas constitucionales y en el marco de la presente ley ...".

Es en este contexto, donde aflora y se configura la gravedad institucional invocada, máxime que precisamente la tesis de la "buena marcha de las instituciones" como capítulo de la doctrina de la gravedad institucional, mantenida por la Corte Suprema, amplía e integra el radio de operatividad de tal teoría; y aún más diría que de mantenerse en pie la resolución en crisis; quedaría el riesgo latente de repercutir en otras situaciones futuras cuando los potenciales justiciables pretendan acudir a los servicios que presta el Ministerio de la Defensa Pública (Cfr.: Sagüés, Néstor Pedro, "Recurso extraordinario", tomo 2, págs. 289/291, Edit. Astrea, Año 2.002).

En mérito hasta lo aquí expuesto, propongo al Acuerdo declarar procedentes los recursos interpuestos; y en consecuencia casar parcialmente la sentencia en crisis que involucra los puntos 2), 3) y 4) de la parte resolutiva, y confirmar en tal sentido el punto I de la providencia simple dictada en autos el día 27 de marzo de 2006 (fs. 44). ASÍ LO VOTO.

- A la primera cuestión el Dr. Royer dijo:

Luego de una detenida lectura de la sentencia atacada y de los fundamentos con los cuales la recurrente procuró demostrar la arbitrariedad alegada, debo -avanzando en mi opinión- alinearme en la posición que sustenta el Dr. Pasutti.

I.- CASACION POR ARBITRARIEDAD.

- La arbitrariedad, ciertamente, como sostiene mi colega prevotante, se evidencia en la errónea interpretación que la Alzada hace de la ley provincial N° 4.920 en el iter formativo de su pronunciamiento que la condujo sin reparos a un fallo descalificante. Es precisamente, -como sostiene el Dr. Morello- en estos casos, donde la función de la Casación se presenta como insustituible, como freno de las quiebras de la legalidad y soporte de la razonabilidad de la sentencia, siendo su razón de ser fundamental, la de asegurar la fiel aplicación de la ley, de defender su imperio (misión nomofiláctica) (Cfr.: Morello, Augusto, "La Casación" Un Modelo Intermedio Eficiente, pág. 322, Ed. Abeledo-Perrot, Año 1.993).

En apretada síntesis considero pertinente señalar que el absurdo invocado en autos se ha centrado en dos temas centrales que surgen nítidamente del fallo en crisis. El primero, se basa en la intimación impuesta por la Alzada para la presentación en juicio de la Declaración Jurada que la accionada prestó ante la Defendería interviniente; y en segundo lugar, el requerimiento de la tramitación del beneficio de litigar sin gastos sin que se hayan configurado los presupuestos legales que lo autorizan en base a las circunstancias particulares del caso.

Ambos puntos de inflexión deben necesariamente ser estudiados a la luz de la Ley Orgánica N° 4.920 del Ministerio de la Defensa Pública que rige en nuestra provincia, y de todo el espectro de orden normativo que el mismo Ministerio de la Defensa ha ido construyendo y aplicando en el ejercicio de sus propias facultades.

1.- En este sentido no puedo soslayar, en cuanto se condice con el espíritu propio de la ley, que en la Exposición de Motivos expresamente se dijo que: "... esta Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa no se corresponde con ningún código procesal en particular, sino con la organización que la propia constitución reformada esbozó para el Ministerio Público de la Defensa. Está pensada -por otra parte- para abrir la Defensa Pública a la comunidad en general y a las entidades Gubernamentales y No Gubernamentales afines, a los Colegios de Abogados, a la Universidad y a cualquier otra organización que comparta sus fines y postulados...".

En este orden de ideas, he de señalar que la intimación bajo apercibimiento que decreta la Alzada para la presentación de la declaración jurada; es en donde ubico la primera vulneración a la norma en cuanto hace una interpretación del art. 50 desembarazada del resto de los artículos que se encuentran en concordancia con éste -arts. 49, 51/55- y al margen de la Resolución N° 61/04 dictada por el Defensor General en la medida que fija criterios objetivos de Admisibilidad al sistema. En efecto, y como la misma Sala Sentenciante lo sostiene, -hoy- el sistema ha variado considerablemente si se lo relaciona con la actuación de la Defensa Pública con anterioridad a la vigencia de su ley orgánica (Cfr.: fs. 85 vta. "in fine"). Es de destacar que, precisamente, entre los fundamentos que conforman la citada Resolución, se destaca la necesidad de abordar el tema desde la perspectiva del acceso a la justicia, fijar un criterio objetivo de admisibilidad para regular con equidad el acceso a los servicios de las Oficinas de la Defensa Civil; y en este mismo contexto, recordó a los Sres. Defensores titulares de las Oficinas de Pobres y Ausentes, que ante el proceso de exclusión social que aún se verifica en el País se les impone una tarea más rigurosa, en el sentido de extremar los recaudos en las organizaciones funcionales que lideran, para facilitar a estos sectores y a la clase media pauperizada, el acceso a la justicia, como salvaguarda, dentro de su campo de actuación, de un derecho elemental de raigambre constitucional a partir de la reforma de 1.994 (art. 75, inc. 22, Const. Nac.).

Como puede observarse, la Defensa Pública se ha ocupado intensamente de su organización institucional, y es en este ámbito que concibió y estructuró un servicio a la comunidad que responda fundamentalmente al diseño que ideó la reforma constitucional de 1.994. Pero como a menudo sostienen sus miembros, la norma que los rige es sólo el puntapié inicial. Prueba de ello, son las dos modificaciones introducidas a través de las Leyes N° 5.418 y 5.454; las numerosas resoluciones dictadas por el Sr. Defensor General en ejercicio de sus facultades reglamentarias que la misma norma le delega, y los convenios celebrados, por ejemplo, con Colegios Profesionales y entes estatales de conformidad a lo dispuesto en el art. 8 de la Ley Orgánica vigente. A ello, debe adicionarse, según corresponda, las resoluciones dictadas por los Defensores Jefes en sus respectivas jurisdicciones -Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn- (Cfr.: página web del Poder Judicial: www.juschubut.gov.ar, sección reservada al Ministerio Público de la Defensa - Digesto Digital).

Por lo tanto, todo este vagaje normativo es el eje directivo de actuación de los miembros del Ministerio Público; y es el que debe evaluarse según su letra y sentir, en el ámbito jurisdiccional. Precisamente, ello no ha ocurrido en autos, la interpretación errónea a estas normas ha encaminado a la Cámara a dictar una resolución con aparente fundamentación. En fin, no fluye del articulado de la Ley Orgánica vigente de la Defensa Pública, la obligación de presentar en proceso judicial alguno, la declaración jurada prevista en el art. 50 para acreditar la escasez de recursos; ni mucho menos se la ha concebido como un presupuesto necesario que habilite la personería que pueda invocar la Defensa Pública. Es más, todo lo vinculado a lo que la Defensa denomina "Acceso a la Jurisdicción", que involucra la acreditación de la escasez de recursos, está regulado en forma clara y sencilla en el Título VII de la Ley Orgánica (arts. 49 a 50). De los artículos citados, se infiere sin esfuerzo alguno, que el trámite de la declaración jurada como la comprobación de la escasez de recursos es de resorte exclusivo de los Defensores intervinientes en el asunto; y como contracara de ello, también son los únicos habilitados por la ley, para comprobar la falsedad de tal declaración; y determinar de inmediato el cese de la prestación del servicio (art. 57 Ley Org. vigente). En autos, puedo observar, que atinadamente la Defensa Pública, en su primera presentación, a fs. 19, punto I.2. (02/02/06) puso en conocimiento del Tribunal, -sin que la norma se lo imponga-, haber dado cumplimiento a las prescripciones del art. 50 de la Ley N° 4.920 en orden a la acreditación de la escasez de recursos. Ello denota sin más, que la persona por la que intervienen en el proceso ha accedido al servicio que presta la Defensoría Pública.

2.- Ahora bien, la calidad que los Defensores puedan investir en la litis, está estrictamente vinculada a la justificación de la personería, que precisamente y esto lo quiero remarcar-, no la otorga la declaración jurada como erróneamente lo interpreta la Alzada; sino que, será la presentación de la Carta Poder a la que refiere el art. 58 de la Ley Orgánica vigente y su reglamentación por Resoluciones del Defensor General Nros. 133/03 y 186/05 (para usuarios del interior); o como ha sucedido en autos, la invocación del apoderamiento especial regulado por el art. 47 bis del C.P.C.C. en la medida que se transita en un proceso de familia sin contenido patrimonial (divorcio vincular) (Cfr.: fs. 19, apart. I. 1.). Asimismo, otra alternativa, se la ofrece el art. 56 del C.P.C.C., en cuanto podrá el Ministerio Público, cuando así lo considere pertinente, de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, acudir al patrocinio letrado para lo que será necesaria la firma de su patrocinado en cada escrito judicial. Delíneada la cuestión de este modo, es entonces, la justificación de la personería que se pueda invocar, la que ingresa en la esfera del contralor jurisdiccional en un todo de conformidad con el art. 34 inciso 5 del C.P.C.C.; y no la habilitación de una persona para acceder al servicio gratuito que presta el Ministerio Público.

3.- En sintonía con lo expuesto, he de puntualizar que la misma norma crea "la presunción de escasez de Recursos para afrontar los gastos del proceso" que ha de ser concebida por los jueces, cuando el Defensor Público intervenga en una litis como actor, demandado o tercero. Esta presunción, tal como emana del texto legal, es de gran importancia en la práctica judicial, en la medida que habilita una tramitación ágil en los procesos que interviene el Ministerio Público como parte o tercero; llegando incluso a limitar la intervención oficiosa del Tribunal, en orden a exigir la tramitación del beneficio de litigar sin gastos. Pero la cuestión no queda aquí cercada. Precisamente, y en aras de garantizar el derecho de defensa de la contraparte, y siempre que se trate de acciones de contenido patrimonial, el artículo 55 de la Ley Orgánica otorga al demandado el derecho a exigir la tramitación del beneficio de litigar sin gastos en la oportunidad procesal de contestar demanda.

Estos lineamientos expuestos -con base normativa-, en torno a la franquicia, no han sido considerados en la sentencia en crisis. Las normas de aplicación de referencia han sido vulneradas. Concretamente, la razón de ello, radica en haberse apartado abiertamente de las constancias de autos, en tanto tuvo como base fáctica, hechos no alegados por las partes. Coincidiendo con el Dr. Pasutti, el actor al contestar la reconvención deducida por la accionada, (fs. 25, apar. II) no ejerció el derecho a solicitar el beneficio de litigar sin gastos, sino que, se limitó a invocar el cese de la representación ejercida por la Defensa Pública al considerar que la sociedad conyugal cuenta con bienes suficientes para afrontar los gastos de este juicio. Es decir, no era este, el carril procesal para quebrantar la presunción legal de la escasez de recursos. Y lo que es más grave, en el hipotético caso, que así se hubiere solicitado, su suerte igualmente hubiera estado frustrada, por carecer la presente acción de contenido patrimonial.

Por las razones expuestas, propongo al acuerdo la procedencia del recurso de casación por arbitrariedad de la sentencia. ASÍ LO VOTO.

- II.- GRAVEDAD INSTITUCIONAL:

En lo que respecta a esta causal recursiva extraordinaria, no me cabe la menor duda, que ha de prosperar; en la medida que la temática de análisis traída a esta sede ha sido debidamente planteada y probada.

Este Superior Tribunal de Justicia ha señalado siguiendo los lineamientos de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y su previsibilidad normativa en el artículo 300, inciso 4, del Código de Forma que: " ... a los efectos de la vía extraordinaria, es menester que la decisión exceda el intereses individual de las partes e involucre a toda la comunidad: debe tratarse de una resolución que trascienda el campo estrictamente privado en que se ha trabado" (Cfr.: Exptes. Nº 10.465/83, 16.607/98, S.I. N° 48/S.R.E/98 y 60/S.R.E./99, y S.D. N° 26/S.R.E./00, entre otras).

Por otra parte, los últimos fallos de la Corte Suprema exigen que la gravedad institucional sea alegada y probada, es decir, junto a la correlativa carga procesal de plantearla corre paralela la responsabilidad de su demostración o existencia. De allí, que no se configure con la mera invocación genérica de la misma, o afirmando la quiebra del orden jurídico, la pérdida de vigencia de una ley federal, la afectación de cláusulas y garantías constitucionales o, por último, que la función recaudadora del Estado se vería entorpecida en el caso (Cfr.: Bacre, "Recursos ordinarios y extraordinarios", pág. 616, Ed. La Rocca, Año 1999).

Ahora bien, de acuerdo a los presupuestos señalados, estoy en condiciones de señalar, que en la especie, se han cumplimentado. La Alzada con la sola circunstancia de exigir en juicio la declaración jurada con apercibimiento del cese de representación, quebranta y pone en riesgo latente, el Ministerio de la Defensa Pública como institución, que si bien es parte integrante del Poder Judicial, goza de autonomía funcional (art. 194 Cont. Prov. y arts. 1 y 2 de la Ley N° 4.920 y sus modific.). Y es, en el marco de esta autonomía, en conjunción con los principios legales que rigen el obrar propio de los Defensores y el articulado que regula el ejercicio profesional, donde se manifiesta que la labor de investigar, de inquirir, y de evaluar las condiciones de factibilidad para acceder al servicio que se brinda, queda en manos exclusivas del Defensor interviniente. Debo remarcar, que precisamente nuestra legislación provincial en la materia, es de avanzada, y está sujeta a un constante crecimiento, lo que se ha traducido en una mejor prestación del servicio, que entre otros beneficios, se encuentra fundamentalmente el acceso a la justicia sin obstáculos, sin tramitaciones engorrosas ante lo jurisdiccional. Cosa distinta, ocurre en otras legislaciones provinciales donde indefectiblemente debe tramitarse la declaración de pobreza o beneficio de litigar sin gastos en el ámbito jurisdiccional, con el consiguiente entorpecimiento del acceso a la justicia que ello genera. Por lo tanto, toda conducta del órgano jurisdiccional, que implique un avance o intromisión, en el ámbito funcional propio del Ministerio, genera una perturbación seria al normal funcionamiento de la institución, una vulneración a la legislación que la rige; y un retroceso que no puede soslayarse; máxime que ello, estaría condicionando el obrar futuro de los Defensores Públicos; y a su vez, impactaría negativamente, en uno de los derechos más indiscutibles de toda persona, -el derecho de defensa-, y cuya vigencia está llamado el Ministerio Público a garantizar.

Para concluir, entiendo oportuno destacar que el Ministerio Público debe ubicarse en una posición de plena autonomía respecto de los otros poderes del Estado, por lo que en el ejercicio de su misión está llamado a cumplir la ley, sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su integración, pero ejercitándose tal independencia dentro del marco de colaboración que se deben entre sí los órganos y poderes del estado. Tales es así, que autorizada doctrina ha conceptualizado al Ministerio Público: "... como el conjunto de funcionarios a quienes se ha confiado como misión esencial la defensa de los intereses vinculados al orden público y social. Sus miembros integran una magistratura especial, distinta y autónoma con respecto a la de jueces y tribunales con quienes colaboran en la función de administrar justicia (Cfr.: Palacio, Lino, "Manual de Derecho Procesal Civil", pág. 183, Ed. Abeledo-Perrot, Año 1992). Su actual configuración encarna inequívocamente el principio republicano de la separación de poderes concebido con sentido actual, habiéndosele asignado por mandato constitucional ejercer sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica en todo el territorio provincial (Cfr.: art. 194 Const. Prov. y trabajo doctrinario de Monti, José Luis, titulado "El Ministerio Público a la altura de nuestro tiempo" publicado en ADLA 1998- A, 101). En base a ello, no es difícil dilucidar que imponer a los Defensores, en ejercicio de sus funciones, actuaciones en pugna con las normas que lo rigen, es una cuestión de suma gravedad institucional que debe ser considerada, por lo que propongo al acuerdo declarar la procedencia del recurso de inconstitucionalidad opuesto por la demandada. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. Caneo dijo:

De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. Pasutti y Royer, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.475 y el Acuerdo Nº 3.202.

A la segunda cuestión el Dr. Pasutti dijo:

Del modo en que he votado a la primera de las cuestiones, propongo al acuerdo lo siguiente: 1°) Declarar procedentes los recursos de casación e inconstitucionalidad interpuestos por la accionada; y en consecuencia casar parcialmente la sentencia en crisis que involucra los puntos 2), 3) y 4) de la parte resolutiva, y confirmar en tal sentido el punto I de la providencia simple dictada en autos el día 27 de marzo de 2.006 (fs. 44); 2°) Adecuar las costas de la Segunda Instancia de conformidad con lo normado por art. 279 del C.P.C.C., imponiéndolas al actor vencido (art. 68 del C.P.C.C.); 3°) Adecuar los honorarios de la Alzada; en mérito a la calidad, eficacia, extensión y resultado de los trabajos realizados; regulándolos en un 30%, en conjunto, a las letradas de la Defensa; y en un 25% al Dr. E V, letrado apoderado del actor, ambos porcentajes a aplicar sobre los estipendios que se les regulen por sus actuaciones en la instancia de origen en el marco del incidente planteado, para lo cual deberá valorarse la tarea cumplida en el punto II de la presentación de fs. 25/28 vta. y su responde de fs. 31/32 (art. 14 de la Ley Arancelaria vigente y art. 59 de la Ley N° 4.920 modif. por Ley N° 5.454). Estos porcentajes así fijados se determinarán, en la etapa procesal oportuna, siempre que superen el mínimo legal previsto en el art. 33 de la ley arancelaria vigente. En caso contrario, será de aplicación el mencionado mínimo legal. 4°) Imponer las costas por la actuación desplegada en esta instancia extraordinaria al actor vencido (art. 68 del C.P.C.C.); y 5°) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia de acuerdo a la calidad, eficacia y extensión de los memoriales presentados y al resultado obtenido, en un 30%, en conjunto, a los letrados de la Defensa; y en un 25% al Dr. E V de los que se les regulen en la instancia de origen; debiéndose considerar iguales parámetros a los expuestos en el punto 3 de esta cuestión (art. 14 del Dto. Ley N° 2.200 reformado por Ley N° 4.335 - T.O. Dto. N° 138/99 y 59 de la Ley N° 4.920 modif. por Ley N° 5.454) en todos los casos con más el I.V.A., si correspondiere. ASÍ LO VOTO.

A igual cuestión el Dr. Royer dijo:

Conforme he votado la primera, acuerdo con la solución dada por el Dr. Pasutti.

A la misma cuestión el Dr. Caneo dijo:

Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.

Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente:

- S E N T E N C I A --- 1°) DECLARAR PROCEDENTES los recursos de casación por arbitrariedad y de inconstitucionalidad por gravedad institucional interpuestos por la accionada; y en consecuencia casar parcialmente la sentencia en crisis que involucra los puntos 2), 3) y 4) de la parte resolutiva, y confirmar en tal sentido el punto I de la providencia simple dictada en autos el día 27 de marzo de 2.006 (fs. 44).

2°) ADECUAR las costas de la Segunda Instancia de conformidad con lo normado por art. 279 del C.P.C.C., imponiéndolas al actor vencido (art. 68 del C.P.C.C.).

3°) ADECUAR los honorarios de la Alzada, regulándolos en un 30%, en conjunto, a las letradas de la Defensa; y en un 25% al Dr. E V, letrado apoderado del actor de lo que resulten acreedores por sus actuaciones en la instancia de origen en el marco del incidente planteado; siguiendo las pautas expuestas en la segunda cuestión, punto 3 (art. 14 de la Ley Arancelaria vigente).

4°) IMPONER las costas por la actuación desplegada en la esta instancia extraordinaria al actor vencido (art. 68 del C.P.C.C).

5°) REGULAR los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia, en un 30%, en conjunto, a los letrados de la Defensa; y en un 25% al Dr. E V de los que se le regulen en la instancia de origen; siguiendo en igual sentido las pautas establecidas en la segunda cuestión, punto 5°) (art. 14 del Dto. Ley N° 2.200 reformado por Ley N° 4.335 -T.O. Dto. N° 138/99) en todos los casos con más el I.V.A. si correspondiere.

6°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando S.L. Royer.

Recibida en Secretaría el 19 de Septiembre del año 2007.

Registrada bajo el Nº 11 S.R.E.. CONSTE Fdo. Dra. Carmen Velez -Secretaria-