Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-03


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los tres días del mes de marzo de dos mil ocho, se constituye en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Primera en lo Criminal de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, el Tribunal integrado por los Dres., Daniel Luis María PINTOS, en su carácter de Presidente, Martín Roberto MONTENOVO y María Elena Nieva de PETTINARI, Jueces de Cámara, conjuntamente con la Secretaria de Cámara, Dra. Silvia ALTOE, a efectos de dictar sentencia en la causa n° 23/07, caratulada: "K., N. C. - L., J. R. s/ Homicidio agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones policiAs (el primero) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (el segundo)", (Originaria N° 7238/04 del Juzgado de Instrucción de Sarmiento) en la que tuvieran debida intervención el Sr. Fiscal General, Dr. Raúl Alberto Coronel, el Sr. Defensor Público, Dr. Sergio María Oribones (por L) y el Sr. De-fensor de Confianza, Dr. J. O. O. (por K.), los Querellantes Adhesivos, R. A. y J. C. C., con el pa-trocinio letrado de la Dra. L. C. B., y se requiriera el juzgamiento de N. C. K., argentino, nacido en esta ciudad el día 29 de Octubre de 1969, DNI nº 20.844.260, hijo de M. A. K. y de C. M., casado, empleado policial, Sargento Primero, con último domicilio en calle M. R. nº 4.. del Bo. C. de esta ciudad y de J. R. L., argentino, nacido en El Maitén, Provincia del Chubut, el día 30 de agosto de 19.., DNI nº ... ... ..., hijo de F. L. (f) y de A. A. G., casado, empleado policial, Comisario, Jefe de la Alcaidía policial, con último domicilio en Bo. 1.. viviendas, monoblok nº 4, segundo piso dpto. "D" de esta ciudad.- --------RESULTANDO:

A tenor de la requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio obrante a fs. 511/515vta., el Sr. Fiscal General Dr. Raúl Alberto Coronel, calificó la conducta del imputado K., como autor del delito de Homicidio agravado pro haber sido cometido abusando de sus funciones policiAs (arts. 80 y 45 del CP) y al imputado L como autor del delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario público (arts. 45 y 248 del CP); por el hecho ocurrido el día 12 de septiembre de 2004 en la locali-dad de Sarmiento, en momentos en que el Sr. Juez de Instrucción de esa localidad emitió una orden de allanamiento y registro en la que se disponía que el Sub Comisario J. R. L. y personal que éste designe, se constituyeran en el establecimiento rural denominado "La Soledad", ubicado aproximadamente a 45 km. de la localidad de Facundo (en dirección a Esquel) en la zona del pa-raje denominado "Los Tamariscos" y secuestraran un arma de fuego larga calibre 22, e igualmente procedieran a retirar a la niña A. A. R. de cinco años, para ser restituida a su progenitora, S. P. O.. Para el supuesto que se produjera resistencia o desobediencia a la orden por parte de J. L. C., autorizó se procediera a su detención. En cumplimiento de la orden mencionada la policía se tras-ladó hasta el lugar. La comitiva estaba constituida por el Sub Comisario L., acompañado por el Sub Oficial Mayor .O. S. de la Seccional policial local, el Sub Oficial P. H. A. D. R. y el Sargento Primero C. N. K., estos dos últimos del Grupo Especial de Operaciones PoliciAs, los que no pres-tan servicios en esta ciudad y se encontraban circunstancialmente aquí y para cumplir otras ta-reas. La determinación de ser acompañado por dos integrantes del GEOP, se produjo por decisión del Sub Comisario L, tal vez motivado en el antecedente que le fuera informado respecto de que en horas de la mañana otra comisión policial que acompañara a S. P. O fue recibida agresivamen-te por J. L. C., quien habría realizado dos disparos al aire y ser habría negado a que la madre reti-re a la niña. Ya llegando al lugar y al advertir que una persona de sexo femenino ingresada del exterior a la vivienda, los integrantes del grupo descendieron del móvil y al no ser atendidos por la persona que divisaron(la que resultó ser la madre del fallecido Canquel), entraron detrás de ella a la casa. La madre del morador de la vivienda, Sra. R. A., había avisado a su hijo, que descansaba en la habitación contigua, de la llegada de la Policía. Se genera entonces en el interior de la vi-vienda un forcejeo entre el grupo policial y la víctima, a quien logran sacar hasta el patio de la vi-vienda. Mientras esto ocurría el Sub Oficial Mayor S ingresó a la habitación tratando de sacar a la niña que dormía en una cama, lugar al que accedió por que al consultar a la Sra. A, esta le dijo donde estaba la pequeña. Los otros tres empleados policiAs, no habían logrado aún reducir a J. C., pues éste había conseguido reingresar a la cocina. Es allí que la Sra. A esgrimiendo un cuchi-llo procura ayudar a su hijo, permitiendo que éste zafara de la Policía y se introdujera a las habita-ciones interiores. K. logra reducir a la mujer, arrojándole gas paralizante y la traslada hasta el mó-vil. En tanto el Sub Comisario L procuraba encontrar las llaves del vehículo para ponerlo en mar-cha y K. que había tomado una escopeta trataba de cargarla con cápsulas con gas para reingre-sar a la casa, haciéndoselo saber al sub oficial Principal Rocha. Mientras tanto El sub oficial S había sacado a la niña del interior de la casa y la trasladaba hacia el móvil. K. no había aún colo-cado los cartuchos de gas en la escopeta, cuando imprevistamente habría gritado "cuidado que salió y está armado...", arrojando la escopeta extrajo la pistola que llevaba en la funda y habría dicho "...efectúo un tiro intimidatorio y me muevo a la izquierda.." . Es en estas circunstancias que N. C. K., comienza disparando contra la víctima, a quien solo había visto pasar detrás de una em-palizada, sin poder visualizar que llevara algún tipo de arma en su poder. Contrariamente a lo que habría afirmado, no hizo ningún tipo de disparo intimidatorio ni de advertencia, directamente desde el primer tiro apuntó al cuerpo de la víctima, tan es así que el imparto del primer disparo quedó incrustado en el tronco de un árbol a una altura similar a la que habría llevado el cuerpo de C. cuando corría agachado detrás de la cerca. No obstante no haber advertido ningún tipo de con-ducta en la víctima que permitiera suponer que podría disparar contra alguien, el imputado K., se dirigió corriendo hacia el lugar en el que se encontraba Canquel, disparando cuatro veces más en dirección a este, que se encontraba detrás de un grueso tronco de un árbol. Cuando finalmente quedó frente al el, le disparó nuevamente impactando en el abdomen y cuando J. L. C. quedó arrodillado, hincado o arrollado, a raíz del impacto en la zona media de su cuerpo, lo remató dis-parándole a la cabeza. Al momento de concretar su ilícito accionar, el imputado esgrimía un arma provista por la repartición policial cargada con proyectiles cuyo poder de agresión y característi-cas(punta hueca y encamisado) hace que necesariamente quien los utilice debe estar expresa-mente autorizado para ello, por el Registro Nacional de Armas y haber sido conformada dicha au-torización por la Jefatura de la Policía Provincial. El encartado no contaba con ningún tipo de auto-rización para usar tAs proyectiles. Se destaca que aún a pesar de haberse resistido a ser sacado de la vivienda, C., solo forcejeo con la Policía, no intentó golpear a ninguno de ellos y ante la posi-bilidad de tO el arma de filo que le acercaba su madre, cuando era tironeado por la Policía, no lo hizo. En igual sentido se verifica que si bien pudo haber disparado a la mañana del día en que falleció, no lo hizo en la tarde antes de su deceso. También se advierte que teniendo en su poder elementos tAs como gases paralizantes, los integrantes del Grupo Especial de Operaciones Poli-ciAs, no los usaron contra C., cuando este se negaba a ser sacado de la vivienda y si lo hicieron contra la Sra. R. A.. En igual sentido y teniendo en especial consideración que tanto K. como Ro-cha, resultan ser miembros de una fuerza especial que se debería encontrarse capacitada para operar en situaciones como la vivida, pocas fueron las garantías que brindaron a la niña, que fue sacada del lugar por otro integrante de la fuerza policial que no pertenecía al grupo y que aún sin saber si la niña podía o no estar en manos de C., el encartado disparó contra éste al menos los primeros cinco disparos. Lo expuesto en los puntos que antecede demuestra que si bien estamos ante un individuo que tiene suficiente preparación para disparar un arma y de hecho sería un ex-perto en ello, no obró de acuerdo a lo que aconsejaban las tácticas adecuadas, iniciando una serie de disparos, sin haber recibido la orden de quien presidía la comisión y reconociendo solo subor-dinación a su compañero de equipo, esto es al Oficial Principal Rocha, que pertenece al GEOP, a quien avisó que utilizaría primero la escopeta con gases y luego que tiraría, ignorando por comple-to al Sub c. L.. Es así que sin existir una sospecha razonable para suponer que la víctima podía atacar a la policía con un arma, N. C. K. disparó primero en cinco oportunidades, no hiriendo a C., para luego impactarle con un sexto proyectil que por sus características produce la paralización del atacante y finalmente cuando este se encontraba frente a el, en posición tal que no podía re-presentar ningún peligro le hizo otro disparo que impacto en la cabeza ocasionando heridas que produjeron su muerte, abusando de la función policial que en ese momento realizaba, para produ-cir la muerte de la víctima. No cabe duda que el encartado, no tenía ninguna necesidad de correr al encuentro de C., quien se encontraba oculto y de quien dice haberlo visto armado (lo que no resulta posible desde el lugar, en el que supuestamente lo vio correr detrás de la cerca), con ma-yor razón aún no, existe duda que no tenía necesidad de tirarle cinco tiros y mucho menos que después de haberle impactado con un disparo de una pistola de calibre 9mm. cargada con balas de punta hueca y encamisada, haya sido necesario impactarlo nuevamente esta vez en la cabeza. Resulta evidente que K., procuró darle muerte a la víctima, como también que no obró de ninguna manera en defensa propia, desde que tal como ya se dijo no solo no fue agredido por C., sino que fue el quien buscó enfrentarlo para darle muerte. Ocurrido el deceso de la J. L. C., el Sub Comisa-rio J. R. L., que evidentemente obró en forma deficiente en lo que hace al comando y dominio de la situación, al constatar lo que había ocurrido, procuró que el Oficial Principal Rocha, regresara ala ciudad de Sarmiento para anoticiar al Juzgado de la situación, mas ante la negativa de éste, dejó solos a los integrantes del Grupo Especial de Operaciones PoliciAs, entre los que se encon-traba el encartado, no asegurando preservar adecuadamente los rastros y evidencias del hecho ilícito, hasta la llegada del Juez.- En la audiencia de debate la Letrada representante de la parte Querellante Dra. L. B. por la en su Agato, luego de analizar el hecho y probanzas colectadas concluyó teniendo por suficientemente acreditada la materialidad del suceso venido a juzgamiento, tal como fuera descrito en la requisito-ria de la Querella obrante en la causa y la autoría responsable de los encartados en el mismo. Calificó el accionar de los imputados en el delito de Homicidio Simple (art. 79 CP.) para K. y la conducta de L. en la figura Homicidio Simple en carácter de partícipe necesario en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 79, 55 y 249 CP.). Finalizó solici-tando para N. C. K. por sus condiciones personAs capacitación, experticia, entrenador de tiro se lo condene como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por su profesión prisión a la pena de prisión perpetua con accesorias legAs y costas, por entender que representa un peligro serio para toda la sociedad, que una pelea de pareja sea asimilada a un asalto tipo co-mando o toma de rehenes. Respecto de J. R. L. por lo expuesto y por sus condiciones personAs, amplia la acusación en figura de autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real Homicidio agravado por omisión, solicitó la pena de 25 años de prisión con mas inhabilitación por el doble tiempo de la condena, accesorias legAs y costas.

A su turno el Señor Fiscal Doctor R. A. C. en su Agato luego de luego de analizar el hecho y pro-banzas colectadas concluyó teniendo por suficientemente acreditada la materialidad del suceso venido a juzgamiento, tal como fuera descrito en la requisitoria fiscal de elevación a juicio obrante en la causa y la autoría responsable de los encartados en el mismo. Calificó la conducta del impu-tado K. en el delito previsto en el art. 79 CP. es decir Homicidio Simple y la de Jorge Ricardo L. en la figura del art. 148 CP, por entender que quedó suficientemente acreditado que L. como funcio-nario público a cargo, pudiendo resguardar el hecho no lo hizo, incurrió en omisión por el grado jerárquico que reviste debió saber que estaba violando el deber de garantía que le corresponde, a cargo de la orden de allanamiento impartida por el Juez. Sabiendo que no podía dejar el lugar, lo dejó a sabiendas que no hacía lo que corresponde. Con relación a la pena solicitó para K. la pena de prisión perpetua por considerarlo autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 80 y 45 del Código Penal, es del Homicidio agravado por haber sido cometido abusando de su fun-ciones policiAs. Respecto de L., la conducta posterior fue ejemplar, mantuvo esta conducta en cumplimiento de la ley, va a operar ello a favor, en consecuencia siguiendo las pautas mensurati-vas de los arts. 40 y 41 C.P., teniendo en cuenta su conducta anterior, solicita la aplicación de una pena de tres meses de prisión con costas. Respecto de K. encuadra su accionar en las prescrip-ciones del delito de Homicidio agravado por haber sido cometido abusando de su funciones poli-ciAs (arts. 80 y 45 CP. ) teniendo en cuenta de que trata de un funcionario público, sin duda algu-na cuando se había concretado específicamente el cometido había decidido Ajarse del lugar el Comisario. S con la criatura. Esta conducta de efectuar cinco disparos, uno en la zona abdominal de C. que se encontraba indefenso, por los conocimientos que tiene, el arma de la víctima no era apta le descerraja el disparo mortal en la cabeza con una pausa que le permitió ver a K., que la víctima estaba indefensa. Por dar muerte de manera innecesaria solicita la aplicación de una pena de cadena perpetua, accesorias legAs y costas.- A su vez el Señor Defensor de K. Dr. O. O. en su Agato solicito la absolución de culpa y cargo de su defendido por considerar que su representado actuó en defensa propia y de terceros en los términos del art. 34 inc 4 y 6to del Código Penal. Refirió en primer término a las circunstancia que precedieron el hecho en oportunidad en la Sra. O requirió a la Policía local, con el propósito de ir a buscar a su hija, la dejó C. luego de una discusión en Facundo librado a su suerte, ella te-mía por el estado de ebriedad de C., la llevan al Establecimiento La Soledad y es recibida la Poli-cía de parte de C. con disparos de armas de fuego, se retira la policía. Como vieron que era impo-sible que C. cediera y para evitar mAs mayores deciden retirarse vuelve C. a disparar. La intransi-gencia de C., quedó demostrada, S decía que C. gritaba que se baje la Sandra que la voy a ma-tar, la nena no la iba a llevar "yo soy C., váyanse a la mierda Uds." Yo soy C., que baje la Sandra. Con la orden de allanamiento el Juez ordena se constituya personal policial a lograr la restitución de la niña y el secuestro del arma. Pone L. el apoyo de personal del GEOP, dos funcionarios que se encontraban cubriendo un partido de fútbol, K. y Rocha. Se habían cumplido todos los requisi-tos, le informó L. a A. Por resguardo de una menor L. se hace acompañar por el personal del GEOP. Llegan al lugar ingresa corriendo la Sra. dando aviso a C.. Si el trabajo de inteligencia pu-do o no ser realizado, habiendo dado aviso la Sra. era imposible cumplir con las tareas de inteli-gencia. El Comisario L., le exhibe la orden a C. y hay una negativa del requerimiento de L. produ-ciéndose un forcejeo entre C. con L., K. y R.. Donde estaba la menor. Cuando mira hacia la coci-na la observa a la Sra. con un cuchillo en la mano, a C. haciendo fuerza en la puerta, le dirigía hachazos hacia el personal, no lesiona a ninguna persona. Ante el peligro que la Sra. esgrimiera un arma decide K. sacar el arma, luego decide guardar el arma. En ese forcejeo que K. utiliza hacia C., pueden lograr ingresar al interior. C. ingresa a la habitación donde se encontraba S con la niña. K. reduce a la Sra. S. C. por la disparar contra un árbol en el campo o en la tierra en el campo. No hay razón para sostener que ha sido contra una persona. Lo declarado por K. en la reconstrucción concuerda la secuencia con la pericia de G.. K. llega al final del cerco donde se encontraban los caños, se encuentra con C. quien esgrimía el arma, disparo lo hace al árbol, re-trocede y vuelve a aparecer K. se encontraba con un peligro inminente. Solo la voluntad de C. de efectuar el disparo o no. En mejor posición de tiro por altura con un arma larga mas efectiva que un arma de puño. La única posibilidad de K. que fuera C. mal tirador. Su concubina declaró que C. tenía muy buena puntería. Hay un detalle, si C. efectuó o no disparos contra K., el arma había sido percutada, no se concreta, porque tenía un defecto. El disparo existió en esa arma, nos da la pau-ta que su actitud era de atacar. Ya había mostrado el propósito a la mañana de hacer uso del ar-ma. Que era un problema de familia. No era un problema tan grave, pero ya el Juez había deter-minado una actividad delictual. C. se encontraba frente a K., vio este que C. tenía un arma y le apuntaba. No había elementos interpuestos, la visión es clara. El Dr. B. perito de Gendarmería nos enseña que los efectos de un impacto de los disparados por K. dependía de la persona y su estado físico. El Dr. W. dice un disparo en el abdomen habría producido que como acto reflejo habría producido flexiones en las piernas pudo hacer paso de pato hacia atrás. No tiene funda-mento médico legal, no impedía el desplazamiento, la posición de la Fiscalía, no tiene ningún fun-damento médico legal. K. finalmente efectúa el disparo defensivo contra C. solo cuando lo tuvo en vista con el arma en mano, no era posible exigirle otro tipo de conducta al Sr. K.. Por lo tanto obró en cumplimiento del deber en legítima defensa de su persona y de terceros. De espaldas al per-sonal policial . De conformidad a la previsiones de la Ley 815 era su obligación cumplir y consti-tuirse en el lugar. De reintegrar a la menor, de proceder a la detención de C.. De conformidad a los art. 249 y ss. y ley 815. Adopto la conducta que consideró necesaria y oportuna, no se había logrado la detención de C., el secuestro del arma y asegurado la menor. Mantenía el mandato judicial. Responde, a la consecuencias previas. No provocó una agresión ilegítima y se defendió con el arma que tenía fue proporcional no se le podía exigir otra conducta, el disparo no fue reali-zado pero no lo podía saber.

El Señor Defensor Jefe Dr. S. M. O. ejerciendo la defensa del imputado L. en su Agato expresó, en la etapa preliminar del juicio hemos tenido la oportunidad de oponernos a la acusación de la parte Querellante fue resuelta por los Señores Jueces, quienes deciden enmarcar el juicio a los incumplimientos de los deberes públicos. Estamos reeditando un debate por una cuestión ya re-suelta, no hemos escuchado nuevas pruebas que lo autoricen. Es improcedente, sus pretensiones tienen que ir acompañando las pretensiones del Ministerio Público. Contra el accionar de mi asis-tido del día 12 septiembre de 2004, oportunidad que ocurre este hecho desgraciado, debo ejercer mi trabajo defensista, de ningún modo estamos en presencia de una película, es un hecho des-graciado, con circunstancias que producen el luctuoso hecho. El Sr. C. se encontraba en la fiesta con la Sra. R., habían dejado la niña con su abuela estaba resfriada. Después discuten porque su estado alcohólico, yo manejo, dame la llave. Advierten policías la discusión pero por cuestiones privadas no se meten, C. la deja a su compañera y se dirige a su domicilio. Camino de tierra en condiciones que le permitieron llegar. O se queda esperando para ver si su compañero se le pasa el enojo y vuelve. No hay datos de que fuera una persona, tomado es capaz de todo dijo su seño-ra, dame el arma que me quiero matar. Este contexto no puede ser soslayado. La niña le daba trato de padre, pero no lo era. Tenía la madre temor estaba alcoholizado, ese tema de las armas, podía haber un accidente, le requiere al Sgto. S que vaya a buscar a la chica, lo esta usando de remís, ir a buscar a su hija, S percibió la gravedad, se dirigen a la Comisaría de Facundo y en esa camioneta cabina simple se dirigen al Establecimiento la Soledad e ingresan por la puerta normal, estacionan la camioneta, le requieren, le dice la Sra., dejen que yo le hablo. Estaba C., medía 1.92 mts., 150 kgs y con un arma hacia arriba. Decir que esto no es agresivo es no entender el medio rural a nadie se le ocurre que iba a recibir así a la autoridad policial. "No se van a llevar a nadie, que venga la Sandra, que venga esa puta". Si esto no es agresivo. Trataban de tranquilizar veni-mos a buscar la chica. Se escuchan disparos, mucha agresividad por parte de C.. M en su decla-ración incorporada por lectura indica que en el viaje de Facundo hacia la Soledad. O nos dice que tengamos cuidado porque tenía dos armas. Se resuelve rápidamente con la retirada de los opera-tivos policiAs. SA la Policía de pique. En la ciudad de Sarmiento se toma una decisión no es una actitud buena la de C., se le viene a reclamar queremos la nena, actuó de manera inadecuada raspando una figura delictiva. S supo que la situación era grave y requería la intervención policial. Viene un dialogo entre O y los funcionarios policiAs. Se le aconseja que tenía que hacer la denun-cia. En Sarmiento se estaba produciendo un evento deportivo importante para resguardar la segu-ridad se había incorporado el grupo GEOP de Comodoro Rivadavia. L. se encontraba realizando operativos de seguridad. O dice que es una persona buena pero que tomado es capaz de cual-quier cosa, quiero a mi hija. Recibe L. la información por teléfono, le dice a Jara pida una orden de allanamiento. El Juez deja constancia y ordena la restitución y la diligencia de allanamiento fun-damentalmente para restituir a la niña y proceder al secuestro de un arma de fuego, que horas antes había producido disparos C.. Sin duda no era un operativo común, estamos hablando de una persona que había actuado de manera agresiva, un operativo que se puede realizar a por los menor 45 mts. Del lugar más cercano para pedir apoyo, se trataba de una menor. No tenía perso-nal estaba avocado a la seguridad. Porque no le pide a A, que mande algún apoyo. Conoce la idiosincrasia de la gente estuvo a cargo de la Secc. 6ta., los empleado del GEOP estaban prepa-rados para seguridad de un evento deportivo. C. A., i. balas de goma. Con esto va L.. Si no me das dos personas tengo que ir solo con S. A accede a designar a personas con más experiencia K. y R. Realizó mal la actividad de allanamiento y una vez producida la muerte de C. no preservó el lugar, llevando a la Sra. O y a la niña. Ninguna de la dos no tiene entidad para tenerlo sentado en esta silla. Tenía facultad para usar la fuerza pública se tiene que informar. Como informamos, el ingreso se hace con un patrullero. No hay personas solapadas, no iban a tO la casa por asalto, ni rescatar a la niña de C.. Que pasa si este hombre que es agresivo nos tirotea. Va él soy el Co-misario L. vengo a buscar la nena. De acá no se llevan una mierda los recibe en el interior de la cocina, le extiende la mano, me toma de la camisa me empieza a sacudir, forcejeo, no exige gol-pes. Las lesiones certificadas son las propias de un forcejeo, tenía C. tres personas para sacarlo de lugar donde estaba la niña y donde estaban las armas. Lo contradictorio le informa la Sra. y por otro lado le ofrece el cuchillo, no lo puede tO no es que no quiere tOlo. No encuentro donde se ve afectado no cumpliendo con la ley. Cumplió como pudo en esa circunstancia en esa situación. Hay una alcoholemia que determina 90 ml había ingerido bebidas, estaba irascible, enojado, no estaba actuando bien, pretende tO a la chiquita de botín de guerra, no podía hacerlo legalmente. Actuó mal, desobedece acá no se llevan una mierda. L. le atribuye otro característica al poder de blan-deo del cuchillo de la Sra. A. No se perciben situaciones fácticas para un incumplimiento de la funciones públicas, hay razones porque no se utilizó policía propia. S retira la niña por la ventana cubierta por su campera, recorrido del croquis de fs. 5. Tenía la Sra. A con inconvenientes en la vista por los gases que recibe, no es compatible como dice haber visto a C. salir por la puerta. Adoptan posiciones vista abajo, la Sra. fue retenida por resistencia a la autoridad. Se produce la desgracia con los matices que le dan las partes no me voy a referir a ello. Eso puso en riesgo la preservación de los rastros. Va más lejos la parte acusadora, no preservó se alteró la escena del crimen, no sabemos si fue así. Rocha es funcionario policial la orden que le entregó a R. no to-quen nada, ve que estaban sacando el arma debajo del cuerpo no toquen nada. En el vehículo esta Dña. R., estaba la nena de cinco años. K. lloraba estaba nervioso, iba a volver con R. y K. y toma la decisión que es salir Facundo todos parientes, avisan por radio que se lo ubique al Juez. Que hayan tapado el cuerpo no altera la escena del crimen, que hayan marcado con piedras tam-poco prueba que la hayan alterado. Sabemos que los funcionarios públicos tienen varios deberes y obligaciones, también los jueces, los defensores y los policías. Es la encargada de preservar la seguridad pública. También la ley 815 actuar como auxiliar de la justicia. Esta la disyuntiva de L. asegurar a la niña. No hay manipulación para alterar quien fue el autor. En la emergencia esta justificado por el deber como policía es cumplir también con la ley 815 en esa situación se manejó L.. R. pudo ir de acompañante, no era adecuado subir en un viaje de una hora y media. No esta demostrado que no cumplió L. con sus deberes de preservar. También debía cumplir con sus fun-ciones de seguridad. En ninguna de las tres etapas que le tocó intervenir incumplió con su deber de funcionarios públicos. Se le imputa un año y siete meses después. Se declaran nulidades de allanamiento y no con la persecución del funcionario por incumplimiento de deberes. No se consi-dere la ampliación, de la acusación, no hay situaciones nuevas que autoricen. Pide la absolución de culpa y cargo de su defendido.

La Dra. B. en uso de la palabra replica, que la Sra. L. dijo que no temía por su hija porque C. la quería mucho y lo llamaba papá.

Interrogados los encartados a tenor a lo prescripto por el art. 352 útl. Párr. del CPP. K. manifestó, "tengo mucha bronca mucha impotencia, tengo tranquilidad moral, estoy pidiendo clemencia, con-sidero un insulto del Fiscal...soy un profesional no un asesino a sueldo, me cuesta mucho sentar-me en ese banco, donde se me alteró toda mi vida personal y profesional... soy mas interesado por los familias que haya justicia". El imputado L. no hizo uso de expresar sus últimas palabra en el juicio.

--------CONSIDERANDO:----------- Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal fija las siguientes cuestiones para resolver: 1) ¿Está probada la materialidad del hecho, autoría y responsabilidad del imputado?; 2) En su caso, ¿Qué calificación legal corresponde?; y 3) En su caso, ¿Qué san-ción resulta aplicable y si procede la imposición de costas?.

Cumplido el proceso deliberativo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 355 y concor-dantes del C.P.P., practicado que fuera el sorteo que prevé el art. 357, 2do. párrafo, de la Ley penal adjetiva, se estableció el siguiente orden de votación: en primer término el Dr. Daniel Luis María Pintos, en segundo lugar el Dr. Martín Roberto Montenovo, y finalmente la Dra. María Elena Nieva de Pettinari.- El Tribunal resuelve las cuestiones planteadas de la siguiente manera:

A la PRIMERA cuestión el Dr. PINTOS dijo:

I.- Más allá de alguna posible variante de menor entidad, entre los testimonios recibidos en la au-diencia de debate, soy de la opinión que -en líneas generAs- no se encuentra controvertido que en la mañana del día doce de septiembre del año 2004, se produjo un incidente en el estableci-miento rural "La Soledad", cercano a la localidad de Facundo, entre quien luego resultaría víctima fatal Juan L. C., y una patrulla policial con efectivos de la ciudad de Sarmiento, con quienes ade-más se hallaba la concubina de C., la testigo S. P. O.; como así también que, a consecuencia del mismo, la nombrada radicó una denuncia en la Comisaría de Sarmiento, y a su vez ésto originó el libramiento de una orden de allanamiento por parte del Sr. Juez de Instrucción de aquella Circuns-cripción Judicial.- Muy sucintamente, recordaremos que en la denuncia radicada en la Comisaría de Sarmiento a las 10:40hs., O ha manifestado que: ".ayer me encontraba con mi concubino J. L. C. en la localidad de Facundo. dejo a mi hija A.. con la madre de mi concubino de nombre R. en el campo . Una vez finalizado el baile le pido las llaves de la camioneta a J. porque se encontraba en estado de ebriedad, discutimos y este salió en su vehículo hacia el campo. le pido a los policía (sic) que me lleven hasta allí a los fines de ir a buscar a mi hija. en el campo baja la policía para dialogar con Juan y este efectúa un disparo, yo bajo y la policía me impide que me acerque porque este tenía un rifle en la mano. Los policías hablaron con él para que ceda en su actitud, manifestando que quería que yo me haga presente en la casa.al notar que la cosa no mejoraba les pedí a la policía que nos retiráramos del lugar para que no pase a mayores... cuando se pone borracho, él hace cosas que no tiene sentido..en su campo tiene dos rifles. Preguntada para que diga si tiene te-mor que le suceda algo a su hija A., si teme por su integridad física. Contestó por supuesto que sí yo quiero ir y buscarla. Preguntada para que diga si la persona de C. ex capaz de hacerle daño a su hija. Contestó que nos e , ya que cuando esta tomado es capaz de todo, pero cuando está fresco, no hace nada...".- Y que el tenor de la orden de registro domiciliario, reza del siguiente modo: ".proceder al allana-miento y registro del Establecimiento Rural "La Soledad", . ocupado por el ciudadano Juan L. C., con el objeto de proceder al secuestro de un (1) arma de fuego larga, calibre 0,22 que se hallen (sic) en el domicilio individualizado, en poder de sus moradores.en el lugar, entre sus pertenen-cias o en sus adyacencias. También se procederá a retirar a la niña A. A. R., de cinco años de edad, para ser restituida a su progenitora. quien podrá participar de la diligencia. Para el caso de que el ciudadano Juan L. C. resistiere o desobedeciere a los funcionarios policiAs . se procederá a su detención. Todo ello en averiguación de la presunta comisión del delito de abuso de ar-mas...".- II.- Tampoco han surgido discrepancias de fuste, en orden a que a los fines del diligenciamiento de tal orden de allanamiento, el acusado Jorge Ricardo L. -entonces Jefe de la Comisaría de Sarmiento-, decidió pedir apoyo al grupo especial G.E.O.P. de la Policía Provincial, que circuns-tancialmente se hallaba en la zona, con conocimiento además del Jefe Accidental de la U.R.C.R. (cfme. declaración art. 262 C.P.P. de L., fs. 432/437 oralizada por aplicación del art. 337 CPP; declaración testimonial en el juicio oral y público del Oficial Subinspector Juan José A, entonces Jefe Accidental GEOP-URCR; y Órdenes OperacionAs nº 78 y 79/04 GEOP_URCR, ambas de fecha 12/9/04, prueba incorporada por lectura, fs. 627/632vta. -de la primera se desprende que el "objeto" de la actividad original del grupo en Sarmiento era "brindar apoyo" a la Comisaría "en par-tido de fútbol de alto riesgo"; mientras que la segunda tuvo inicio a las "13:30hs. aproximadamen-te", tenía por objeto "realizar tareas de inteligencia táctica ante posible apoyo a Comisaría Dtto. Sarmiento, en probable situación de privación ilegítima de la libertad", en el acápite titulado: "Or-den de" se lee: "Con conocimiento. Jefe Acc. URCR.quien manifiesta al Jefe Cria. Sarmiento, que analice la situación con el Jefe Acc. GEOP-URCR, a los fines estime corresponder, el "perso-nal interviniente" fue el Sub-oficial Principal H. D. R. y el Sargento Primero N. C. K., la "orden es-pecífica para el desarrollo de la orden operacional" consistió en "Trasladarse hasta establecimien-to 'La Soledad' . justamente con el Sub-Comisario J. L. y Sub-Oficial Mayor O S de Comisaría Sarmiento, a los fines realizar tareas de inteligencia táctica observando y analizando situación ante posible intervención de esta Unidad Especial; asimismo dar cumplimiento a lo ordenado por S.S. Juez . mediante oficio . y Orden de Allanamiento. diligencia encomendada a personal de Comisaría Sarmiento") -el destacado no pertenece al original-.- Antes de continuar, debemos aclarar que la valoración que se efectúa de la declaración art. 262 CPP del acusado L., ya citada, no implica dejar de advertir que en la misma no se lo relevó de su juramento -prestado en oportunidad de deponer como testigo-; sin embargo, teniendo en cuenta el precedente de la CSJ, en la causa caratulada "B., G. O.", del 27/6/2002 (publicada en L.L., "Su-plemento de Jurisprudencia Penal", octubre de 2002, págs. 44 y ss.), debe reconocerse la validez del acto cuando, como en nuestro caso, se puso en conocimiento del imputado, entre los dere-chos que le asistían, los de negarse a declarar, y designar letrado defensor.- III.- Entiendo que nos encontramos, ya a esta altura de la exposición, ante uno de los puntos cru-ciAs del pronunciamiento que nos toca emitir, cual es analizar la decisión tomada por L. y A, en orden a la intervención del acusado K. -junto a su camarada R.- en el procedimiento llevado a cabo en el establecimiento rural; y luego, la forma en que aquél (K.) la ejecutó.- 1) Al respecto, debe consignarse en primer término que no hay dudas en cuanto a que la medida ha resultado desacertada, infortunada, desmesurada, etc.; pero todo ello en un marco que se mantiene fuera del ámbito penal, y que corresponde sólo a los espacios de discrecionalidad que son inherentes a la función administrativa -en el caso, policial-.- La cuestión relativa a qué es lo que el funcionario, en el supuesto concreto, ha percibido como buen desempeño -en esa función pública- en relación a los fines propios de su actividad -preventivo/ policial-, y la sujeción de la conducta a la ley general que regula su ejercicio, vinculada a los medios con que se lo faculta para la consecución de aquellos fines, sumerge estas acciones y su significación jurídica en un contexto particular que exige ubicar la decisión en el verdadero marco situacional en que fue adoptada. En dicho contexto, aún el erróneo ejercicio de la función, motivado a su vez en la percepción equivocada de la situación, por sí solo no alcanza para consti-tuir delito.- Más profundamente, en el caso concreto, la iniciativa de L. de sumar al personal bajo sus órdenes que ejecutaría el registro domiciliario, el del Grupo Especial, fue "analizada" -como se lee en la Orden Operacional nº 79/04- conjuntamente con el Jefe de dicho grupo, quien la acompañó, legi-timándose así inicialmente en plenitud la actividad desplegada por K.. Puntualmente A en su de-claración testimonial en el juicio oral y público, manifestó que L. le transmitió en aquél momento su impresión de que sería "conveniente" que interviniera el Grupo.- 2) En otro orden, ahora desde la óptica de la situación del imputado K. -siempre apreciada ex ante-, tenemos que siendo éste un personal subordinado del Grupo Especial, el día del hecho se integró a la comisión policial dirigida al establecimiento "La Soledad", en cumplimiento de una or-den -derivada de la citada "Orden Operacional" nº 79/04, y resultando absolutamente ajeno al análisis de situación que llevó, previamente, a su emisión o dictado -ajeno en lo fáctico, porque no hay prueba alguna que demuestre que fue consultado ni participado de la toma de decisión; y ex-traño en lo formal, porque dada su jerarquía (inferior) obviamente no correspondía que fuera el quien resolviera-.- En oportunidad de las palabras del art. 352 útlimo párrafo CPP, K. ha reivindicado de modo más que vehemente -casi arrogante- su condición de "profesional, reclamando a viva voz se lo juzgue tomando en cuenta la misma. Ello me llevó a pasar vista a su legajo personal, el que efectivamen-te revela -a manera de ejemplo- que en su "foja de calificaciones" (anual) predominan las que superan los nueve (9) puntos (Distinguido) -v.g. 9, 33 en el año 2001; 9,70 en 2002; y 9,55 en 2003; por citar las más próximas al hecho-; asimismo también que, en reiteradas ocasiones, su desempeño ha sido evaluado como "correcto", "disciplinado", "eficiente", "equilibrado", de "gran rendimiento", competente, etc..- Por lo tanto, se desprende de lo expuesto como hipótesis más firme, que tanto el estado anímico del imputado, como su raciocinio, al momento del hecho han estado influidos por su concepción personal del servicio y la función policial; no siéndole exigible, por lo demás, ningún deber de examen de la orden recibida de su superior, por no corresponder, ni menos todavía de las circuns-tancias que fundamentaron la misma.- En otras palabras: si se había aprobado la intervención de un grupo que, entre otras, tiene por misión ejecutar funciones de Policía de Seguridad y Judicial "cuando, por sus características, re-sulte necesaria la intervención de efectivos adiestrados en operaciones de alto riesgo . actuará en situaciones críticas, como última instancia, cuando se determine que las Unidades de Orden Público y/u otras Unidades EspeciAs, no puedan enfrentar el conflicto o sean revasadas en la ac-ción . tOá participación para la ejecución de las siguientes Operaciones: . Cobertura de seguri-dad perimetral e inmediata en procedimientos o allanamientos que, por sus características impor-tan riesgo excepcional para el personal interviniente.", etc. (cfme. "Reglamento del Grupo Espe-cial de Operaciones PoliciAs", obrante a fs. 290/297, prueba incorporada por lectura, el destacado no pertenece al original); y a su turno, en dicho marco, se dispuso que K. -de entre todo el perso-nal por entonces apostado en la zona de Sarmiento- fuera uno de los dos efectivos seleccionados por el Jefe el Grupo para la misión, por sus mejores cualidades profesionAs (testimonio de A en la audiencia); de todo ello se desprende que al comienzo de su actuación, subjetivamente, el acusa-do ha debido obrar dando por sentado que estaban ante un supuesto de "alto riesgo", o "riesgo excepcional", o "situación crítica", etc., tal lo previsto en el régimen normativo vigente para regular su actividad.- IV.- Intentaremos, a continuación, reconstruir de algún modo lo ocurrido en el momento de la muerte de C.; no sin antes repasar, brevemente, que no existen mayores discrepancias en torno a lo sucedido desde que arribara al establecimiento rural, la comitiva policial integrada por los acu-sados K. y L., y los testigos R. y S; a) que la querellante R. A -madre del extinto C.- trató en un primer momento de impedir que los uniformados pusieran manos sobre su hijo y lo ayudó alcan-zándole un cuchillo; b) que fue rápidamente reducida por el efecto de un gas aplicado en los ojos; c) que S logró retirar a la niña Rojas, hija de O, hacia el exterior del inmueble; d) que C. se resistió fieramente a la actividad policial, en el interior del establecimiento; con forcejeos, hasta que logra expulsar a los agentes del orden; e) que L. se encontraba luego ya en su móvil, dispuesto a em-prender la retirada; etc..- 1) Según se desprende del acta de inspección judicial de fs. 25/26vta., labrada en el lugar del hecho el día 12 de septiembre de 2004, a las 17:00hs., y de las secuencias fotográficas glosadas a fs. 27/34 -ver en particular las tomas identificadas con los nros. 30 a 33-, "al lado del cadáver", fue hallada un arma larga tipo "carabina marca Halcón semiautomática, calibre 22 long rifle, mode-lo 730, patente n° 122661, n° de arma 19094 con cargador", la que fuera secuestrada, no sin an-tes destacarse en la documental citada que, a simple vista, podía observarse en el arma de ma-rras, un proyectil percutado que por una falla no ha podido ser expulsado -secuencias n° 28 y 29-.- Por su parte, la certificación actuarial de fs. 24, también de fecha 12 de septiembre de 2004, com-plementa el acta precedente, dejando constancia que se ha depositado en la "sala de secuestros" del Tribunal "una carabina Halcón semiautomática, calibre 22 largo, n° de modelo 730, patente n° 122661, se observa una bala percutida en su interior"; y en otro orden, da cuenta que un sobre identificado con el n° 2, se colocan dos vainas servidas calibre 22 halladas en el lugar del hecho, que según surge del acta ya citada de fs. 25/26 en base a las manifestaciones del Sgto. O S "fue-ron las disparadas por el Sr. C." en horas de la mañana.- De acuerdo al informe que obra a fs. 35, el Sgto. de Policía R G M M -designado "perito idóneo" a fs. 23, el Sr. Juez de Instrucción interviniente- (testigo en la audiencia de debate), el día 13 de septiembre "entre las 8:30 hs. y las 14:00", procedió a peritar la carabina "semiautomática marca Halcón..." y "una vaina servida calibre 22 largo...", desprendiéndose del mismo y del testimonio en el juicio oral y público de M M, que el arma tenía el cerrojo "trabado hacia atrás con una pieza del mismo que se salió de su lugar original y que a su vez en el otro extremo apoya y ejerce presión sobre el culote de una cápsula y/o vaina que está percutada y alojada en la recámara del cañón, luego de destrabar el mecanismo se extraer la vaina de la recámara y resulta ser una bala com-pleta que está percutada y sin detonar...". Más adelante, se consignó que se procede "a percutar una nueva cápsula del mismo calibre y de acuerdo a la marca dejada por la aguja percutora en el culote de la misma y al ser comparada se comprueba que la bala extraída de la recámara del ca-ñón fue disparada y/o percutada por esta arma".- Teniendo en cuenta la secuencia que se ha venido describiendo hasta aquí, se explica que en el acta de entrega glosada a fs. 79 y vta., que fuera labrada con fecha 29 de septiembre de 2004, se dejara constancia que el "sobre n° 2" entregado al perito de Gendarmería Nacional, Esteban Au-gusto Aybar Critto, contenía "dos vainas servidas de calibre 22, halladas en el lugar con el rótulo secuestro n° 1, 2" -se corresponden con la certificación de fs. 24, ya reseñada-; a lo que se agre-garon "dos vainas servidas calibre 22, con el rótulo "pericia n° 1, 2", que cabe inferir han sido utili-zadas en sus operaciones por M M, tal como lo consigna la pericia n° 33.650 de fs. 115/128vta. ("elementos de juicio: para la realización del presente informe, se recepcionaron los siguientes elementos de juicio: un sobre de papel madera, rotulado como 'sobre n° 2', conteniendo dos vai-nas servidas calibre 22 halladas en el lugar del hecho y dos vainas servidas calibre 22 pertene-ciente a la pericia realizada en fs. 35"); y finalmente el sobre n° 4, que contiene la "bala percutada extraída del rifle, carabina Halcón, semiautomática, calibre 22...".- Lo expuesto permite interpretar mejor el resultado de la pericia citada en el párrafo precedente, en los siguientes puntos: "m) Si existen rastros o vestigios en el arma utilizada por la víctima, que demuestren que fuera disparada con anterioridad a su deceso y se determine en la medida de lo posible, el lapso de tiempo entre disparo y disparo, de haber existido ellos. n) Número o cantidad de veces en que el arma de la víctima pudo haber sido percutada, o en su defecto, si fue percuta-da en forma consecutiva. o) Si el arma utilizada por la víctima fue efectivamente disparada, en caso negativo, si existió una causa que se lo impidiera indicando cual". A lo cual, los peritos han respondido que "debido a que se realizó una pericia previa sobre aptitud y funcionamiento de las armas en cuestión (fs. 35 de autos), anula el estudio de restos de deflagración en el interior del cañón de las mismas, no existiendo ningún tipo de análisis conocido a la fecha , para determinar cuándo un arma fue disparada y la cantidad de disparos que produjo".- A modo de complemento, también debe tenerse en cuenta que el nombrado Sgto. de Policía M M, a preguntas de la parte querellante aclaró en el debate que, en su momento, no hubo de tO mues-tras de pólvora del arma peritada, por no contar con los elementos necesarios para ese tipo de operación técnica; y, a preguntas de la Defensa del acusado L., en cuanto a que si ello le había sido pedido como parte de la pericia, contestó en forma negativa.- En su deposición ante el Tribunal, el perito A. C. calificó la actividad desplegada por M como ne-gligente, agregando que no debió manipular el arma en la forma en que lo hizo, ya que con ello se impidió que a posteriori se pudieran practicar otras operaciones técnicas útiles sobre la misma por personal idóneo.- Por lo demás, de la pericia balística n° 33.650, ya citada, se desprende en relación con la carabina "Halcón", que el estado de conservación es regular, que posee los aparatos de punterías (alza y guión) en muy malas condiciones, la aguja percutora se encuentra seccionada en dos partes, la manivela de armado es de fabricación casera, todo lo cual "sumado al desgaste general del arma ocasiona que esta se trabe ocasionalmente al momento de efectuar la carga", por lo cual en rela-ción con la aptitud para el disparo, se comprobó que es "apta para el disparo, pero de funciona-miento anormal, por las anomalías descriptas anteriormente". En cuanto al estudio de la munición calibre 22 LR, que presenta signo de percusión en su culote y que fuera hallada en el interior de la recámara de la carabina, "se puede dilucidar que el disparo no se produjo por las anomalías que presenta el arma tanto en su acerrojamiento y su aguja percutora, lo que ocasionó una percusión débil y deficiente", anomalía que se produce "ocasional y circunstancialmente".- En su deposición ante el Tribunal el perito H. A. I., Jefe de la División Policía Científica de Gen-darmería Nacional, ratificó que el funcionamiento anormal de este rifle se debía a su "desgaste avanzado" y "mal estado de conservación", lo cual determinaba que, en ocasiones, el disparo no salía por falla del arma.- En lo concerniente a la ubicación del arma de fuego a la que se viene haciendo referencia, en re-lación con el cuerpo de la víctima, cabe tener presente que del testimonio del Sub-Oficial Principal Héctor Aníbal R., integrante del grupo especial GEOP, se desprende que el mismo admitió la po-sibilidad de que se haya tocado o movido de lugar la carabina, ya que si bien negó recordar cla-ramente ese extremo, declaró que por cuestiones de seguridad, como una rutina, es habitual que en estos casos se Aje con el pie el arma del cuerpo de la víctima, a fin de evitar que la misma pu-diera volver a tOla en sus manos. Y la declaración del coimputado L. de fs. 433/437 (art. 262 CPP oralizada en el marco del art. 337 CPP) alude a que en un primer momento, ve a la víctima "en el suelo con el arma en sus dos manos"; habiendo manifestado anteriormente: "...Cuando yo llego ahí C. estaba en el suelo encima del rifle tomado con las dos manos, y uno de los muchachos le saca el rifle de bajo (sic) y yo le manifiesto no toque nada, no toque nada y uno me dice que tenía que verificar, le vuelvo a decir que no toque nada y este lo largó ahí al rifle...".- 2) A modo de conclusión preliminar, a esta altura del desarrollo de la secuencia de los hechos, tenemos entonces que a partir del hallazgo de un arma propiedad de la víctima al lado del cadá-ver, es posible hipotizar que C. al momento de recibir los disparos mortAs, pudo haber tenido un arma de fuego en sus manos. El tono potencial que se emplea, no asertivo, obedece a que la de-claración de L. que asegura tal extremo formó parte de su defensa material, sin obligación de decir la verdad; y el momento en que fue constatada la existencia de la carabina por la autoridad judicial en el acta ya citada, es posterior al lapso en que K. y R. han permanecido en el lugar del hecho varias horas a solas, sin ningún control externo, como veremos más adelante al analizar la situa-ción procesal de L. -lo cual ha impedido una adecuada preservación de la escena-.- Otra conclusión probable que es dable extraer de lo expuesto precedentemente, es que el arma en cuestión -de acuerdo a la pericia balística- pudo haber sido disparada, aunque defectuosamen-te, sin llegar a expulsar el proyectil.- V.- 1) La Defensa del acusado K., ha sostenido, en la etapa correspondiente a la discusión final, que no es cierto que una vez que ya la menor Rojas fuera retirada del domicilio de C., y también neutralizada la madre de éste -la testigo A-, por haberla rociado con un gas, hubiera cesado todo peligro para los uniformados, ya que todavía persistía el riesgo que supone la existencia de armas de fuego en poder, o a disposición de C. -dato acercado a la prevención policial por la denuncian-te S. P. O., y corroborado por el episodio que había ocurrido en horas de la mañana-.- Más puntualmente, sobre el desenlace fatal, la Defensa agrega -de acuerdo a la "versión de su pupilo"- que éste ha visto una persona agazapada detrás del cerco, y ha intuido que se encontra-ba armado; añadiendo que en el momento final K. se encontró frente a la víctima armada, y diri-giéndose en dirección a él, situación que califica como, "límite", y ahora de "peligro inminente". Añade que del dato relativo al arma percutada, debe colegirse que existió un disparo, negándose entonces que C. estuviera indefenso.-	Al respecto, debe aclarase en primer término que el Tribunal no comparte la posición de la Defensa, en cuanto a que la actividad cumplida por el acusado K. en oportunidad de la diligencia de reconstrucción del hecho de fs. 179/189, de fecha 30 de octubre de 2004, pueda considerarse válidamente como una declaración del imputado, en los términos de los arts. 262 y ss. y ccs. CPP; ya que la misma debió ser precedente a la reconstrucción (cfme. Jauchen: "La prueba en materia penal", pág. 308: "La procedencia de la reconstrucción presupone ... la existen-cia de elementos de prueba ya incorporados con anterioridad al proceso de los cuAs surja la ver-sión a reconstruir. Como el simulacro habrá de partir de lo que se extrae de una inspección judi-cial, de una pericial o de los dichos de testigos o imputados, es imprescindible, como presupuesto, la existencia de ellos. Estos elementos previos suministran los datos sobre el modo en que debe necesariamente desarrollarse el acto. De manera que el juez debe respetar, como director de la ejecución del mismo, lo más fielmente posible la versión que surja de aquéllos. Por esto es que algunos códigos estableces expresamente que su forma de realización los será siempre 'de acuerdo con las declaraciones recibidas u otros elementos de convicción' incorporados" (el desta-cado ha sido agregado al original).-	Aunque parezca obvio, no está demás recordar en apoyo de lo expuesto, que: ".La convocatoria a la declaración indagatoria se efectúa mediante decreto, que puede defi-nirse como 'la resolución de mero trámite que el órgano jurisdiccional dicta durante el proceso a fin de lograr su progreso' (Navarro, G y Daray, Roberto, "Código Procesal Penal de la Nación", Ed. "Hammurabi", Bs. As., 2004, tomo I, pág. 361) . La determinación de convocar al imputados en los términos el artículo citado, constituye una decisión que el código de forma le acuerda con ex-clusividad al juez de la causa, fundado en el mérito que él evalúe de las constancias del expedien-te (causa nº 34.709, Sala I de este Tribunal, "S., O. s/ n." rta. 11/3/2003, Reg. Nº 146). En este sentido 'la condición para recibir la declaración indagatoria es la existencia de un motivo bastante de sospecha de la participación de la persona en el delito que se investiga. Sospecha respecto a cuya existencia, se otorga la más amplia libertad del magistrado para poseerla' (Darritchon, Luis "Como es el Nuevo Proceso Penal", Ed. "Abeledo-Perrot, Bs. As., 1992, tomo II, pág. 113). Esa motivación interna debe estructurarse indispensablemente en elementos objetivos de convicción, demostrativos de la supuesta responsabilidad criminal del imputado (Navarro-Daray, obra citada, pág 806; en igual sentido D'A., F. "Código Procesal Penal de la Nación, Ed. "Lexis-Nexis, Bs. As., 2003, tomo II, pág 617). Además del 'estado de sospecha' descripto, para la validez del llamado a prestar declaración indagatoria solo resulta indispensable la observancia de los requisitos generAs exigidos por los Capítulos I y II del Título V -Libro Primero- del código adjetivo, (C. N. Penal Eco-nómico, Sala B, causa nº 98.263 "V., A.", rta. 29/4/98, La Ley, 1998-F, 739/40).es en el acto mismo de la declaración indagatoria donde se produce la formal imputación del hecho, y por ende, donde el sujeto tiene la oportunidad de conocer la conducta y las pruebas que existen al respecto, esto es, donde se verificará el acto de intimación al que se halla obligado el órgano judicial -art. 298 CPPN- (Navarro-Daray, obra citada, pág. 804 y en igual sentido V. M., "Derecho Procesal Penal", Ed. "Lerner", Bs. As., 1969, tomo II, pág. 222) . la 'imputación' en sí misma (.) se con-creta en la indagatoria y ..consiste en la descripción clara y circunstanciada del hecho." (cfme. "Suplemento Penal y Procesal Penal La Ley", junio de 2007, pág. 50, causa "Uanini, Roberto y otros", CNCrim. y Correc., sala II, 2006/12/05).-	En el caso, toda esta actividad procesal se cumplió recién en el año 2006, en que se tomó declaración art. 262 CPP a K., intimándosele un hecho que se calificó como Homicidio simple cometido en exceso de la legítima defensa (art. 79, 35 y cc. CP).-	2) En consecuencia, deberemos analizar el resto de la prueba colectada, a fin de determinar si de la misma surgen datos corroborantes de la línea de defensa propuesta por el Dr. O.. El testimonio de la querellante desmiente que su hijo haya esgrimido ningún arma en la emergencia, aunque claro está deben computarse en la valoración de esta prueba las condiciones de percepción de la testigo, desde que en el momento final no sólo había sido Ajada ya del sector correspondiente a la vivienda, sino que además estaba afectada -como ella misma lo reconoce- por el efecto que le había provocado en su visión la sustancia que le habían arrojado los efectivos policiAs. Es decir que cabe la posibilidad cierta de que ocurrieran hechos que la testigo no ha po-dido apreciar.-	Algo similar debe predicarse de la ubicación de las armas de fuego, que A asegura se hallaban en el interior de un vehículo, desde que es perfectamente psible que su hijo hubiera modificado la misma, sin que su madre lo percibiera.-	En cuanto a la deposición de R., si bien el mismo afirmó que en todo mo-mento tuvo a la vista a K., manifiesta no haber visto a C.; pero cabe recordar que en la recons-trucción del hecho (fs. 187vta. había declarado que escuchó la voz de K. diciendo: "cuidado, está armado". En igual sentido se expresó L. a fs. 435vta.-	De todo lo expuesto se desprende, entonces, que subsisten las hipótesis ya adelantadas en el aparatado precedente, a saber: que existe la posibilidad favor rei (art. 4 CPP) de que el acusado haya tenido frente a sí a una persona armada; y, dando por sentada ésta que también existe idéntica posibilidad en cuanto a que la víctima haya intentado disparar el arma que portaba contra K., como consecuencia del resultado de las pericias balísticas ya analizadas. Por ende, debe receptarse favorablemente in dubio pro reo la tesis reseñada, en orden a la existencia de peligro para la vida del acusado, que desencadena el juego de las causAs de justificación, en particular la legítima defensa (art. 34, inc. 6to., CP).-	3) En orden a la eximente de "cumplimiento de un deber", esgrimida por la Defensa de K., fundada en que al momento de disparar contra C. y abatirlo, aún subsistía el man-dato judicial que lo autorizaría a actuar (deber); teniendo en cuenta para ello que el motivo de la intervención no se agotaba en la restitución de la niña, sino que se extendía al secuestro de las armas de fuego y, eventualmente, también a la detención de C. en caso de resistencia a la medi-da, hemos coincidido en la deliberación que la interpretación propuesta no se ajusta al caso, y debe rechazarse.-	Efectivamente, adviértase que la prueba testimonial producida en relación a las causas de la participación en el hecho de los efectivos del grupo especial (G.E.O.P.), estriba en que la misma obedeció a las dificultades que se podrían derivar de la presencia de un menor de corta edad, en medio de un operativo policial, su retiro compulsivo de un sitio poco accesible, desconocido para la mayoría de los intervinientes, y ante la probabilidad de que un hombre de fuerte contextura física, presumiblemente agresivo, opusiera resistencia a la diligencia policial; de manera entonces que, si en ningún momento se ha Agado que en la etapa final del procedimien-to, C. exhibiera a la niña en su poder -al modo de una "toma de rehenes", ejemplo o parangón del que reiteradamente se ha utilizado en la audiencia de debate-, , no hay conexión lógica con la justificante ligada a la observancia del "deber", emanado de la decisión jurisdiccional. En otras palabras, y acudiendo al esquema de análisis del estado de necesidad, no surge en el caso que el funcionario público actuante sólo tuviera como opción para sacar a la niña del lugar, la de eliminar a C..-	Por último, respecto a la facultad de detener al destinatario de la orden, en caso de resistencia a la medida, de este deber (o derecho, según la óptica que se aplique), no puede derivarse la existencia de una especie de autorización para atentar contra la vida del mis-mo. A todo evento, finalmente, en el caso que consideremos que K. respecto a esta causal de justificación, actuó con error, el mismo debe calificarse sin duda alguna como evitable, y entonces la consecuencia será idéntica a la que se llegará en el análisis de la legítima defensa, es decir reducción de la punibilidad pero no una eximente completa.-	VI.- 1) Ahora bien, sí puede concederse que K. -a falta de prueba en contra-rio- se encontrara en un supuesto que habilita la legítima defensa (art. 34, inc. 6, del CP), aunque no cumplió con el imperativo de emplear, en esa defensa, el medio menos lesivo de aquellos que tenía a su disposición (v.g. a) disparar primero hacia la zona baja del cuerpo, y luego recién ir "su-biendo" hacia zonas más vitAs, sólo en caso que su oponente no se detuviera; b) realizar un solo disparo y no dos, teniendo en cuenta el dictamen médico-forense, en el sentido que la herida en el abdomen tuvo suficiente entidad y gravedad como para detener a la víctima.-	En abono de esta posición, se apunta: a) que no se demostró en forma in-dubitable que C. estuviera desarmado, al momento de recibir los impactos de bala, sino que existe la probabilidad de lo contrario; b) que también pudo haber intentado disparar hacia K.; y c) en re-lación directa con lo anterior, que la ubicación de las heridas en su cuerpo revela que no estaba en retirada, ni de espaldas al tirador. Por lo tanto, el requisito -presupuesto- fundamental de la legítima defensa, cual es el "peligro actual" para la vida del autor, concurre en el caso, desde que no es posible exigirle a K. que compute -ex ante- en su accionar, las deficiencias que presentaba el arma "Halcón" que, obviamente, él no se encontraba en condiciones de conocer.-	Por lo demás, en lo concerniente a la necesidad racional del medio emplea-do para repeler la agresión -que se califica de excesiva (art. 35 CP), como ya se adelantara-, debe tenerse presente que aún en el caso que se hipotice sobre la posible concurrencia de un error sobre los presupuestos de hecho de la justificante (en la representación del acusado), bajo la for-ma de una falsa apreciación de la gravedad o lesividad de la agresión, igualmente, en tal caso, subsiste para el autor la exigencia de ajustar la elección de los medios defensivos, a criterios o pautas de proporcionalidad, sobre todo en el presente por las características profesionAs del im-putado. También en virtud de las mismas, ante tal probabilidad de error, sin dudas éste debe cali-ficarse como ciertamente evitable, por lo que subsiste siempre la punibilidad de la conducta -aunque reducida en la forma prevista en el art. 35 CP, ya citado.-	Finalmente, y a mayor abundamiento, diremos que el supuesto -extremo- de que para detener el peligro que C. representaba sobre la vida de K., era necesario disparar reite-radamente contra aquél, no puede presumirse por el Tribunal y, en el caso de existir debió ser demostrado por quien lo invoca. Este es el motivo por el cual, ante la ausencia de tal invocación, no es posible analizar la posibilidad de una legítima defensa a modo de eximente completa.- 2) En la doctrina nacional actual, se sostiene que: ". el art. 35 está previendo el caso del exceso intensivo, y no hay duda de que, por razones de política criminal, el legislador ha decidido dismi-nuir la pena, pero de ninguna manera eliminarla,.. En el exceso, el autor procede con un desvalor de acción y de resultado. Sin embargo, a raíz del estado de necesidad en que se encontraba, o de la agresión que había sufrido previamente (y sin duda por las circunstancias intelectuAs, esto es el error y causas anímicas especiAs, como la turbación del ánimo, el miedo o la emoción),el legisla-dor ha decidido disminuir la pena, ya que, en ese caso, una conducta de acuerdo a la norma no le es completamente exigible al sujeto." (cfme. Donna, Edgardo Alberto: "Teoría del delito y de la pena", t. 2, edit. Astrea, Bs.As., pág. 213).-	La doctrina española, por su parte, enseña: "...El CP exige que exista 'necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla' (la agresión). Es precisa tanto la necesi-dad de defenderse de alguna forma (necesidad abstracta de la defensa), como la necesidad del medio defensivo concretamente empleado (necesidad de la concreta defensa) -el destacado per-tenece al original-. La distinción tiene consecuencias importantes: si falta toda necesidad de de-fenderse (necesidad abstracta), no cabe apreciar ni la legítima defensa completa ni la eximente incompleta ..., puesto que falta un elemento fundamental de la eximente; si, en cambio, habiendo necesidad de defenderse, la defensa concretamente empleada es excesiva (exceso intensivo), podrá apreciarse la eximente incompleta (STS 26 jun. 73, 2 oct. 81, 30 nov. 94, 29 nov. 99)... De-be admitirse la existencia de necesidad abstracta siempre que la agresión obligue a hacer algo para impedirla, aunque pueda evitarse por medios no lesivos... (cfme. Santiago Mir Puig: "Derecho Penal. Parte General", 7ª edición, Barcelona, año 2004, págs. 435 y ss. -el destacado ha sido agregado al original-).-	El mismo autor nos enseña que: "El exceso intensivo, supone, ... que la agresión es actual pero que la defensa podría y debería adoptar una intensidad lesiva menor (STS 26, jun. 73, 2 oct. 81, 23 sept. 87, 29 abr. 88)... el exceso intensivo es un exceso en (la) virtualidad lesiva (de la defensa) ... Faltará la necesidad de la (concreta) defensa, cuando el sujeto pueda claramente utilizar un medio menos lesivo. Es incorrecto, sin embargo, decidir la cuestión median-te la sola comparación material de los instrumentos de ataque y de defensa... Por 'medio emplea-do' debe entenderse no sólo el instrumento o arma, sino la modalidad de la defensa. Así, el medio puede resultar innecesario por exceso de la intensidad de la defensa" (el destacado no pertenece al original) -en el caso que nos ocupa: cuchillo utilizado para apuñalar, una vez, el corazón de la víctima-.-	En este sentido, se decía en la STS (Español) núm. 618/2005 (RJ 2005, 7787), que, "...para pronunciarse sobre esta cuestión, es preciso atender tanto a las circunstancias objetivas como a las subjetivas, y no tanto a la semejanza de las armas o instrumentos utilizados por los contendientes, como a la situación personal y afectiva de los mismos; que hay que tener en cuenta las posibilidades reAs de una defensa adecuada a la entidad del ataque y a la gravedad del bien jurídico en peligro; así como a las circunstancias en las que, en definitiva, haya actuado el acusado; y que, en definitiva, deben tenerse en cuenta los criterios derivados de las máximas de experiencia (v. ad exemplum, SSTS de 23 de junio de 1902, 12 de febrero de 1966, 24 de sep-tiembre de 1994 ® 1994, 7183, 2 de octubre de 2002 RJ 2002, 8686), y el 1 de abril de 2004 RJ 2004, 2494)".-	En la STS núm. 962/2005 (RJ 2005,7481), se lee que se trata de una "cues-tión compleja, pues como ya dijeron las Sentencias de esta Sala de 30 marzo (RJ 1993, 2580), 26 abril 1993 (RJ 1993, 2580), 5 (RJ 1995, 2821) y 11 de abril (RJ 1995, 2865), 15 de diciembre 1995 (RJ 1996, 9194) y 4 diciembre 1997 (RJ 1997, 8736), la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión constituye un juicio de valor sobre la proporcionalidad entre las condiciones, instrumentos y riesgos de la agresión y las propias de los medios y comportamientos defensivos, juicio de valor que obliga a tO en cuenta no tanto la identidad o semejanza de los me-dios agresivos y defensivos en cuanto al Código Penal en absoluto equipara la racionalidad del medio con la proporcionalidad del medio, sino el comportamiento adoptado con el empleo de tAs medios, dadas las circunstancias del caso, por lo que más que la semejanza material de los ins-trumentos o armas empleados debe ponderarse la efectiva situación en que se encuentran el agresor y agredido, en la que puede jugar el estado anímico del agredido y la perturbación que en su raciocinio sobre la adecuación del medio defensivo empelado pueda causar el riesgo a que se ve sometido por la agresión. Por tanto, para juzgar la necesidad racional del medio empleado en la defensa, no sólo debe tenerse en cuenta la naturAza del medio, en sí, sino también el uso que de él se hace y la existencia o no de otras alternativas de defensa menos gravosas en función de las circunstancias concretas del hecho. Se trata por tanto de un juicio derivado de una perspectiva "ex ante". De esta forma, aspectos subjetivos como la perturbación del ánimo del defensor o cues-tiones relacionadas con la exigibilidad de otra conducta distinta, no dejan de tener su relevancia en el ámbito de una causa de justificación como la legítima defensa, naturAza que no pierde pues, en definitiva, se trata de una reacción actualmente necesaria contra una conducta ilícita". (cfme. "Suplemento La Ley, Penal y Procesal Penal", 7 de marzo de 2007, sección Jurisprudencia Ex-tranjera", pág. 73).-	VII.- 1) En lo concerniente a la actuación de K. desde el punto de vista "tácti-co", durante el hecho, el Sr. Fiscal General le atribuye haber procedido sin ninguna autorización, tomando una decisión irracional, "alocada", disparando "a la descubierta"; de todo lo cual, conclui-rá luego que el acusado obró con dolo de Homicidio -"quería matar a C."-. Al respecto cabe re-marcar una vez más que, independientemente del juicio de valor que merezca la resolución adop-tada por A, a pedido de y consensuada con L. sobre la intervención del Grupo Especial, una vez que se inició esta participación concreta en el escenario de los hechos, rigen las disposiciones que la regulan (Reglamento del Grupo Especial de Operaciones EspeciAs ya citado); el art. 5 de este Reglamento expresamente prevé que "...una vez dispuesto estratégicamente su intervención, la operación quedará a cargo hasta su finalización, del responsable del Grupo al momento de ac-tuar", que en el caso era R. por su mayor jerarquía sobre K..-	Ahora bien, ya en la emergencia, el testimonio de R. en el juicio ha convali-dado el proceder de K., en el sentido que por encima de la escala jerárquica al momento del hecho K. asume su rol de "nº 1", y él pasa a darle apoyo ("nº 2"), en razón que el acusado percibe algo y actúa en consecuencia, sin que ello signifique alteración de la cadena de mandos, ni viola-ción del citado art. 5 del Reglamento.-	2) En orden al análisis de los que podríamos denominar los "elementos sub-jetivos" de la justificación, el Sr. Fiscal general introduce un argumento de peso, cual es que K. desde su posible ubicación no ha podido ver el arma de fuego que C. -según lo expuesto sobre el hallazgo de la inspección judicial posterior- tuviera en su poder. Sin perjuicio que, como ya se ha destacado, no contamos en el caso con una versión del acusado -dada en el marco del art. 262 CPP-, entiendo que corresponde de igual modo antender a este argumento, partiendo de una hipotética situación de K. al momento de disparar, tomada del resto de las pruebas que como ya vimos le adjudican haber manifestado que C. estaba armado, lo que presupone tanto como afir-mar que así lo ha creído al momento de decirlo a sus compañeros -y en cuanto a la ubicación en sí, deducirla de los datos generAs que se desprenden también de las demás probanzas, en el sentido que en el lugar existe un cerco, o empalizada que obstruía por su altura la visión completa de una persona que está detrás de ella, máxime si no se encuentra totalmente erguida-.-	De manera entonces que, en otras palabras -y por ello aludíamos a lo "sub-jetivo" de la causal justificante-, lo que se estaría exigiendo al autor en la hipótesis propuesta por el Ministerio Público Fiscal, como requisito de la legítima defensa, es una suerte de comprobación cuidadosa de los requisitos objetivos de la causa de justificación; siendo que, por el contrario, en esta materia -muy controvertida en la doctrina-, existe consenso en que es procedente conceder plenamente al autor la justificante, en aquellos casos en que aún sin tal examen cuidadoso concu-rran los requisitos objetivos, y él actúa teniendo en cuenta la situación justificativa. En otras pala-bras, la opinión dominante se inclina por concluir que si, en definitiva, la justificante concurre, no resulta exigible la demostración de aquel comportamiento esmerado (cfme. Jeschek: "Tratado de Derecho Penal. Parte General". 4ª edición, pág. 296).-	3) Otro aspecto digno de interés para el análisis, ha sido introducido tranqui-lamente por la Defensa del coimputado L., y es relativo a la actitud exhibida por la víctima (C.), resumida por la parte defensora en que "no estaba bien" su proceder. Y ello nos conduce a una materia relevante en la legítima defensa, cual es determinar qué debe requerirse como elementos de la "agresión"; debiendo remarcarse en este sentido, que la misma en la interpretación más aceptada no necesita realizarse intencionalmente ni tampoco con dolo eventual, sino que basta ya con un comportamiento imprudente, o incluso inculpable, siempre que aparezca como una ame-naza de lesión de un interés jurídicamente protegido (v.g. agresión en ebrios, enfermos mentAs, personas que actúan con error, etc.).-	Y entonces nuevamente aquí, deberemos hacer hincapié que, en la valora-ción ex ante que K. ha hecho de la situación, debió incidir la naturAza de su intervención como miembro de un Grupo Especial, que él sólo se limitó a observar como orden del servicio; decisión, a su vez tomada por su superior jerárquico y el Comisario de la zona, a partir de la exigencia de cumplimentar una orden judicial, que a su turno estaba motivada en hechos precedentes ocurridos en ese mismo día (horas antes), que el autor (K.) no conoció ni pudo conocer directamente (de primera mano), sino a través de relatos de terceros y evaluaciones ajenas. Y luego, al constituirse él ya personalmente en el lugar, la actitud de los moradores del establecimiento también distó de ser amigable en este punto cabe añadir que, si bien el testimonio de A pareciera apuntar a lo que podría denominarse como una legítima resistencia (de ella y su hijo) frente a una procedimiento violento en perjuicio de derechos elementAs, ello no está suficientemente probado-. Además, la orden judicial de allanamiento existió, fue llevada por L., y de acuerdo al testimonio de sus subor-dinados de entonces, como así también la apreciación del Fiscal en el sentido que ha tenido un desempeño siempre ejemplar, no hay por qué presumir en su contra que ese día haya procedido en forma brutal.-	4) Finalmente, y en relación con el argumento de la acusación, acerca del uso de municiones no autorizadas por parte de K.r, el informe del RENAR de fs. 455 da cuenta que un miembro de las Policías ProvinciAs "resulta en principio....legítimo usuario" de los mate-riAs: "munición encamisada y de punta hueca", siempre y cuando ello esté conformado por las Jefaturas de las respectivas reparticiones; agregándose que "de hecho, la mayoría de las policías autoriza la munición que nos ocupa a algunos de sus miembros y para el equipamiento de fuerzas o grupos de tareas especiAs".-	Por su parte, del informe de fs. 205/206 suscripto por el Jefe GEOP (nota nº 412/04) de nuestra Provincia Comisario M. R. G. -testigo en la audiencia de debate-, se desprende en forma concordante que la utilización de las puntas denominadas huecas o expansivas, se en-cuentra contemplada con calidad de "legítimo usuario", tanto respecto de "la Institución como Fuerza Policial" como de "los miembros de la misma", y previsto "por esta Policía Provincial me-diante el correspondiente Reglamento Orgánico del grupo Especial de Operaciones PoliciAs" (cita arts. 24, 27 y 30); como así también que "se procura que el personal del GEOP posea armamento especial conforme a las posibilidades de la institución", y asimismo "cartuchería de expansión pro-gresiva (punta hueca)". Ahora bien, la circunstancia de índole puramente administrativa que se ha ventilado, respecto a un trámite pendiente de resolución ante el RENAR sobre el uso de esta mu-nición, no puede hacerse caer sobre K.; desde que, en ningún momento, ni Gómez ni A han decla-rado que en la institución policial se desconociera que el miembro del GEOP procedía de ese mo-do, y menos que se le hubiese prohibido el uso de ese material, por ejemplo a la espera de la fina-lización de la consulta referida. Idéntico razonamiento debe aplicarse al punto relativo a la modifi-cación de la pistola reglamentaria.-	En lo concerniente al uso de la "modalidad de disparo de doble tup", el in-forme del Comisario Gómez de fs. 287/297, se desprende que el mismo "no es necesariamente de utilización estricta. Depende exclusivamente de lo que el numerario decida en función de lo que su criterio le indique".-	En otro orden, respecto al argumento de la Fiscalía relativo a la ausencia de la testigo O en el procedimiento, resulta evidente que ello no ha sido resorte del acusado K. por lo que deba responder.-	VIII.- Complementan el plexo probatorio: a) el certificado de defunción de fs. 92/vta. y b) el pre informe de autopsia obrante a fs. 49, realizado por el Sr. Médico Forense, Dr. Iser Juan Wegorz, con fecha 16 de septiembre de 2004, del que se desprende que: ".el cuerpo presentaba un orificio de entrada correspondiente a un arma de fuego de grueso calibre, el que luego de perforar el hueso parietal se fracciona en varias partes, los cuAs son extraídas. y otro orificio en cara anterior del abdomen a la altura del estómago, el que lesiona y perfora estómago .se encontró alojado en la musculatura de la pared abdominal del lado izquierdo."; luego surge del informe de autopsia de fecha 15 de octubre de 2004, agregado a fs. 151/vta. que: ". Examen traumatológico: Se constatan la siguientes lesiones: hematoma en párpado inferior del ojo izquier-do, excoriación en región frontal (parte media) de 6 x 4 cm., herida de 2,3 cm de ancho por 5,6 cm de largo en la cabeza, edema del labio inferior del lado derecho, excoriación con hematoma en codo derecho y excoriaciones varias en cara posterior del antebrazo derecho, herida de 1,1 cm. de diámetro en cara anterior de abdomen, del lado izquierdo a la altura del estómago, con tenue anillo violáceo de 0,2 cm. de ancho alrededor del orificio de entrada de proyectil de grueso calibre. Examen interno: . se explora la cavidad abdominal presentando el estómago un orificio en la parte media de su cara anterior y otro por la parte posterior, por donde ha salido contenido gástri-co y abundante sangre.. la vesícula biliar la que se halla perforada por el paso del proyectil al igual que el intestino grueso y algunas asas intestinAs del lado del flanco izquierdo.Se realiza apertura del cuero cabelludo, . y se explora el cerebro localizándose restos de proyectil en el espesor de la masa encefálica. Conclusiones médico legAs: La muerte del Sr. Juan L. C., . fue producida por destrucción y hemorragia aguda por herida de arma de fuego que lesiona masa encefálica (cerebro), proyectil que ingresa por el techo de la cavidad craneana por su parte media y se dirige hacia atrás (lóbulo occipital), y ligeramente hacia la derecha y descendente. Además presenta otra herida de bala que lesiona estómago, vesícula biliar, intestinos delgados y grueso, provocando la salida del material de las vísceras lesionadas u hemorragia aguda, que no revistió mayores características por que el óbito se produce inmediatamente de la herida en la cabeza. La fecha del fallecimiento es el día 12 de septiembre del año 2004 en horas de la tarde." (v. fotogra-fías de fs. 174/177); y c) informe de fecha 6 de diciembre de 2004 del Dr. Wegorz en el que se lee: "... Se estudiaron detenidamente los orificios de entradas de estas dos lesiones, determinándose que por la presencia de restos en ambos orificios la distancia era mayor a un metro desde la boca del arma y el cuerpo de la víctima... se tomó una muetra completa del orificio de entrada de la herida del abdomen quedando constancia que el cuerpo al momento de ser herido se encontraba sin ropa...esta muestra fue remitida al personal de Gendarmería quien determinó una distancia mayor a un metro ...".-	IX.- A fin de fundamentar la comisión del delito de Abuso de autoridad (art. 248 CP), por parte del acusado Jorge Ricardo L. en el caso, debemos comenzar por recordar que la ilicitud requerida por esta figura, no consiste en un mero ejercicio disfuncional del cargo -susceptible de ser sancionado administrativamente-, sino que por el contrario, lo que se reclama es un componente específico, vinculado a la posición de autoridad que se ocupa, con la corres-pondiente sujeción a la ley.-	En efecto, el tipo penal citado abarca toda actuación u omisión perpetrada al margen de los deberes que constitucional, legal o reglamentariamente se impone a los funciona-rios y que les delimita específicas órbitas de competencia que deben asumir, demarcando la esfe-ra objetiva del actuar legítimo. De tal modo, la punibilidad proviene -en el supuesto que nos ocu-pa- exclusivamente del hecho de no actuar el imputado cuando la ley le obliga a hacerlo -puntualmente, permitir que los dos efectivos del Grupo Especial cuya actividad desencadenara en la muerte de Juan L. C., queden solos en el lugar del hecho, durante varias horas, sin ningún tipo de control exterior a aquel Grupo, cuando era evidente que eventualmente podrían llegar a res-ponder por el mismo en un proceso judicial-.-	En estos casos, el abuso consiste en la decisión de no ejecutar la ley, es decir, de no aplicarla, prescindir de ella, no actuarla en la realidad; y según la doctrina, funciona con la estructura de los delitos impropios de omisión, ya que el funcionario que reviste posición de garante del bien protegido con el deber especial -contenido en el CPP- de actuar de determinada manera, decide no hacerlo sin justa causa, permitiendo dicha inactividad la producción del resul-tado típico -no preservación adecuada del escenario del hecho, a los fines de la investigación judicial-.-	También resulta pertinente destacar, que nuestro supuesto trasciende en-tonces la infracción de normas puramente reglamentarias, y/o el límite de facultades discrecionAs que procuren un óptimo ejercicio de la labor administrativa -todos ajenos al ámbito penal-; entran-do ya el acusado, en una negativa rotunda de la aplicación de la ley, en su manifestación concreta (CPP arts. 164 y ss. y ccs.). De tal forma, aparece configurado asimismo, el elemento subjetivo de la figura, consistente en la intención de oponerse a la ley, de desconocerla; se requiere el conoci-miento de que en la órbita de competencia del autor se impone la ejecución de la ley que, en el caso, se decide omitir (contrariedad entre el acto funcional y el orden normativo).- Más ampliamente, sobre el concepto de "justa causa", se agrega que los argumentos de la Defen-sa no permiten explicar que L. no tuviera otra alternativa, en la emergencia, que dejar en el esta-blecimiento rural "La Soledad" solos a K. y R., ya que hubiera sido posible -a título de ejemplo- emprender el camino hacia Facundo y Sarmiento junto a R., permaneciendo en el lugar K. y S; o quedarse el propio imputado junto a K., y volver S con R.; etc.-	X.- Por todas las consideraciones expuestas hasta aquí, voto porque: se rechace el pedido de ampliación de la acusación de la parte querellante, por no surgir del debate nuevos elementos de juicio que los ya abordados en su oportunidad para desestimar el mismo, en una resolución que se encuentra firme a la fecha; y se tengan por acreditadas en el caso, tanto la materialidad del hecho como la autoría responsable en el mismo de los acusados. Expidiéndome en definitiva por la afirmativa de la primera cuestión.-	A la PRIMERA cuestión el Dr. MONTENOVO dijo:

I.- Previo a comenzar con el análisis del caso traído a Juicio, considero pertinente adelantar una serie de cuestiones que entiendo serán decisivas en la solución del mismo. En primer término, bueno es interrogarse sobre las causas que llevaron a que una pelea de pareja, entre J. L. C. y Sandra Uribe, evolucione hasta una situación en la que parte el numerario de la Comisaría de Sarmiento junto a miembros del grupo más especializado de la Policía del Chubut, GEOP, concu-rra a la vivienda de aquel y en circunstancias como las que evaluaremos a continuación, se pro-duzca la muerte de la víctima.

En segundo lugar, también resultan determinantes las características del trámite de la causa, la incorporación probatoria llevada a cabo, la que no se realizó, y la manera en que fue evolucionan-do la imputación efectuada a N. K., en definitiva el acusado de ser el autor de la muerte de C., sin perjuicio de lo que se dirá respecto del Comisario L..

Por último, también procede analizar si las consecuencias que surjan de los tópicos anunciados previamente, pueden constituirse en factores que pesen sobre la situación procesal de K., o por el contrario, constituyan un marco en el que corresponda evaluar su actuación, parámetro vital en cuanto a la responsabilidad penal que se pretende adjudicarle.

II.- Juan L. C. falleció en fecha 12/9/04 en la estancia "La Soledad", ubicada en el paraje "Los Ta-mariscos", a 45 km. de la localidad de Facundo. En virtud de un derrame cerebral provocado por el ingreso de un proyectil de arma de fuego, tal como surge del certificado respectivo (fs. 92). Tenìa 45 años de vida (fs. 461).

Los acontecimientos que precedieron el deceso que interesan para este análisis, comenzaron el día anterior, en horas de la noche, cuando la víctima y su pareja, Sandra O se trasladaron a Fa-cundo para ir a la fiesta aniversario del pueblo, dejando a la menor A. A. R., hija de O., de cinco años de edad, en el predio donde falleciera C. junto a la madre de este, R. A.

Lo que sabemos de lo ocurrido esa noche es que en momentos previos a finalizar la velada C. y O discutieron, aquel habría bebido de más, por lo que subió a su vehículo y volvió a la "La Soledad", solo.

O, quien se definió como "concubina" de C., en el año y medio previo aproximadamente, relató ello en Juicio, agregando que el difunto habìa tenido un entredicho con una persona de apodo "G. o G." (J. G.): que cuando bebía se ponía agresivo, que "no quería" a la Policía y que en esa época estaba mal pues estaba inmerso en rencillas familiares.

Lo cierto es que C. regresó, y O. le solicitó a la Policía que la llevara al predio en el que vivía, "La Soledad", posteriormente, iniciativa poco prudente a juzgar por la imagen que la víctima poseía de la institución policial y su enojo anterior.

Los agentes O. S., M. L. José Luis M declaración de fs. 145 incorporada por lectura), quienes se encontraban de adicional en el baile y acompañaron a O al predio rural de regreso, recordaron que C. se retiró ofuscado y que había discutido, además de O., con "G." G..

No obstante, G: sostuvo que era amigo de C. hacía 20 años, y que no habían mantenido discusión alguna esa noche, anexando que la víctima era una persona tranquila, con la que se podía hablar.

Entonces lo que debemos colegiré todo lo expuesto, es que el inconveniente lo mantuvo C. con O, una pelea "de pareja" que motivó que este se fuera solo y que aquella pidiera auxilio policial para regresar.

III.- Más allá de la poca prudencia de recurrir a la Policía en tAs circunstancias, los agentes sostu-vieron que O temía por la seguridad de su hija, la que a tenor de las expresiones de su madre, trataba a C. como a "un padre", vivía en "La Soledad", estaba allí con la progenitora del difunto, y padecía una enfermedad.

El resultado de la diligencia, obviamente no, fue el esperado, pues coinciden tanto O como los agentes del orden en que ni bien estacionaron el vehículo, C. salió a su encuentro con una esco-peta en la mano, en posición de "apresto", les dijo que él era "C.", a los policías que se vayan, y que baje "la Sandra", quien se mantenía dentro del móvil. Luego efectuó un disparo y los funciona-rios se retiraron, y al decir de Lagortta, el que se "arrojó" en la caja del vehículo, realizó un disparo más, pero posiblemente al aire.

Aquí debemos abordar dos cuestiones, una relacionada con la personalidad de C. y la otra vincu-lada con la cantidad y características de las armas que poseía.

Si bien debemos darle crédito a O cuando dice que cuando su concubino bebía se ponía irascible, también contamos con referencias respecto de que esta irascibilidad no era sinónimo de irraciona-lidad absoluta, pues más allá de G., L. refirió haberse entendido con él normalmente en alguna oportunidad (incluso intentó hacerlo esta vez), y el agente Provoste, quien estaba a cargo de la sub-comisaría de F. se negó a acompañar a O hasta allí, sin perjuicio de indicarles a S y el resto que traten de "conversar" con la víctima, que así quizás se entenderían, tal la referencia hecha por el propio S en juicio.

Pero quizás el dato más relevante al respecto lo aportó Raúl J, quien recibiera la denuncia poste-rior de O, la que derivara en la petición del registro domiciliario en "La Soledad", el que recordó que en una ocasión tuvo que ocurrir a un local nocturno que regenteaba la denunciante, y pedirle a C., que estaba ebrio, que se retire, lo cual hizo sin inconvenientes a pesar de ello. Le llamó la atención sí el porte de aquel, superior al metro noventa de estatura y a los 100 kgr de peso.

Recapitulando, considero poco prudente la decisión de O de concurrir acompañada de una comi-sión policial luego de un conflicto de pareja y con la poca estima que este tenía por la Institución; pongo en duda la riesgo que corría su hija, quién allí vivía y estaba con la Sra. R. A, madre del difunto, presuntamente aquejada por una enfermedad de la que poco sabemos, pero es de pre-sumir que no sería tan "grave" pues sino esa noche O no habría ido a una fiesta en el pueblo; que el peligro para la niña de ser agredida por el difunto no fue concretamente nunca sostenido de manera vehemente por O, y nada se ha probado respecto de antecedentes de violencia familiar sobre el punto; y que si bien C. era una persona temperamental, podía entrar en razones.

En cuanto a las armas, debemos seguir los dichos de O. en cuanto a que poseía dos carabinas, marcas "Tala" y "Halcón", que fueran reconocidas en Debate. La primera funcionaba bien y habría sido la accionada cuando concurrieron S y el resto a llevar a O, y la segunda fue la encontrada a escasa distancia de su cuerpo, ya sin vida en horas de la tarde.

Respecto de esta última, O relató que su concubino la había llevado a "arreglar" y pasado a retirar a la tarde, previo al baile, por lo que no había tenido tiempo de probarla, y que a ambas las guar-daba sobre un ropero para Ajarlas del alcance de la niña. Agrego que la Sra. A refirió que ambas armas estaban en la camioneta de C. momentos previos a su deceso, y que en el lugar del hecho se halló munición correspondiente al arma marca "Tala", mientras que su similar Halcón, la que conforme las pericias que analizaré más adelante, funcionaba normalmente, aunque en determi-nadas ocasiones se trababa, teniendo al momento del examen un proyectil en su interior.

IV.- Si hasta aquí, un problema de pareja se había proyectado hasta una intervención policial que bien podría haberse evitado, en lo que tuvieron que ver una solicitud poco prudente de O y el temperamento de C., la denuncia policial de aquella y las decisiones de la fuerza del orden y el propio Juez Instructor generaron un cuadro aún más complejo.

Si bien la concubina de la víctima afirmó en Juicio que la policía le "sugirió" que haga la denuncia, el oficial J sostuvo lo contrario, en tanto indicó que la señora temía por la integridad de su hija. La constancia de fs. 1/vta. da cuenta que O aseveró temer por la situación de su hija, pero porque C. ebrio podía hacer cualquier cosa, pero no sobrio.

Dicha, en cierto modo, "indefinición" en su preocupación, debía medirse en el contexto de la situa-ción de la menor, que vivía en la estancia, trataba a C. "como a un padre", y estaba con la madre de este, es de presumir que como pasaba habitualmente. Y también que los disparos realizados por la víctima momentos antes habían sido dirigidos "al aire", de manera intimidatorio, más allá de las expresiones de L. sobre el último, el que "le pareció" apuntado al móvil.

Sostengo que la orden de registro domiciliario que J. y Jara peticionaron al Juez Instructor, con conocimiento y decisión previo del entonces Subcomisario L., a cargo de la Comisaría de Sar-miento, tal su admisión en ejercicio de su Derecho de defensa material (fs. 433/437, art. 337 del CPPCh. Ley 3155), fue una opción apresurada, pues un llamado a la repartición de Facundo a fin e obtener información hubiera despejado la incógnita sobre el real riesgo que corría la menor, y la mejor manera de abordar a una persona como C., a partir de las notas sobre su personalidad que he venido mencionando, más allá que los disparos al aire no constituyen la comisión del delito de Abuso de armas.

No obstante que la orden de allanamiento de fs. 3 es clara en cuanto a que la comisión policial a cargo de L. estaba autorizada a utilizar la fuerza pública solo en caso que C. se resistiera a la res-titución de la niña y/o al secuestro de las armas, por lo que incluía una nota de moderación en la diligencia, le cabe a la decisión del Magistrado el mismo concepto que he expuesto sobre la solici-tud, pues la imprescindibilidad del registro era una cuestión por demás discutible, e incluso se co-rría el riesgo de agravar la situación, como en definitiva ocurrió.

Pero la orden se expidió y L. fue el encargado de ejecutarla. Aquí ingresa otra cuestión que radica en si era necesario convocar a tal efecto al Grupo Especial de Operaciones PoliciAs.

El reglamento de este cuerpo de "elite" de la policía del Chubut es claro en cuanto a su incumben-cia, pues más allá de no ser taxativos los incisos del art. 3ro. desde su apartado m), de la correcta interpretación de los arts. 1, 2 y el mismo art. 3ro. se desprende que interviene en operaciones de "alto riesgo", y solo cuando el resto de los cueros especiAs de la institución han sido rebasados por la situación.

Hemos escuchado el oficial A, su titular y leído de L. que el geop se encontraba en esos días en Sarmiento para cubrir un encuentro de fútbol entre el Club local Deportivo Sarmiento y el de esta ciudad, Huracán, por que se presumía que acarrearía enfrentamientos entre ambas parcialidades.

No dejo de tener en cuenta que en los últimos tiempos la realización de partidos de fútbol resultan el escenario de episodios de violencia. Pero entiendo que no son más que el reflejo de una socie-dad cada vez mas propensa a la violencia, y que la masiva de tAs espectáculos (como los recitAs musicAs por ej.), los tornan permeables a ello.

Ahora bien, la pregunta es sí el GEOP debe intervenir de los operativos de prevención, desde la impronta de su propio reglamento, es decir, si no existe otro cuerpo policial en Chubut capacitado para ello. Y si la respuesta, considero, es negativa, más aún lo es si el interrogante pasa por su inclusión en un registro domiciliario con las notas del que venimos analizando.

Entonces, la decisión de L. de "aprovechar" la presencia del grupo en Sarmiento para pedir su colaboración fue francamente desafortunada, pues y aludiendo brevemente a un tema muy discu-tido por las partes, sus miembros obviamente no resultan "máquinas de matar", pues el cometido de la policía es resguardar la vida de los habitantes y no entrenarse para hacerla cesar, pero tam-bién es real que su preparación los convierte en "cuadros" preparados para el alto riesgo, y ese es el protocolo de actuación que desplegan cuando son convocados.

Entonces, con esta suma de decisiones poco felices, llegamos a la comisión que concurrió por segunda vez a "la Soledad", compuesta por L., S., K. y R., estos últimos del GEOP.

Antes de pasar a la secuencia de acontecimientos siguientes sí debo decir que la evaluación ex-puesta hasta ahora sobre decisiones institucionAs discutibles no puede perjudicar la situación pro-cesal de K., pues nada ha tenido que ver con las mismas. Solo en el lugar del hecho y con las advertencias aludidas es posible merituar su intervención, lo que haré oportunamente.

V.- Previo a la secuencia culminante del evento corresponde introducirse en la declaración de imputado de K., es decir, en la ausencia de la misma.

Obra a fs. 430/431 el acta del acto de su defensa material llevado a cabo en la etapa preparatoria, de fecha 17/3/06, en el que el acusado se abstuvo de brindar una versión. Idéntica actitud adoptó en el Debate. Por ello sostengo que no contamos con su relato de los hechos.

Ahora bien, se ha exhibido, a pedido de la parte querellante en el Juicio, parcialmente, el video cassette (del que poco se pudo distinguir), inherente a la reconstrucción del hecho de fs. 179/190, de fecha 29 y 30/10/04, efectuada con el auxilio del cuerpo pericial de la Gendarmería Nacional, cuyos expertos fueron convocados al Debate y elaboraron una serie de pericias que conforman el plexo. En tal acto (fs. 181, art. 189 CPPCh.), se advierte al imputado K. que tiene derecho a parti-cipar, pero que su negativa no implica presunción alguna en su contra, ante lo cual y previo con-sultar con su Defensor, efectivamente participa, pero no se le describe la imputación en términos fácticos, es decir, aquello de lo que se lo acusa.

Tampoco dicha intimación se había formulado con anterioridad, por lo que la primera oportunidad en la que se le hace saber a K. la descripción de los acontecimientos que se le adjudican es un año y medio después, en Marzo del año 2006.

La pregunta entonces pasa por como evaluar sus expresiones en la Reconstrucción del hecho, sobre las cuAs luego se llevaron a cabo pericias y se generaron elementos de convicción que aho-ra forman parte del plexo. Y la respuesta, sin perjuicio de coincidir en líneas generAs con lo ex-puesto por el colega preopinante, es la aplicación de la cláusula 45 de la Constitución Provincial, de la cual los arts. 262 y 263 del CPPCh. son reglamentarios, y sobre la base de la facultad que otorga la cláusula constitucional nro. 46, aplicar la "regla de exclusión" probatoria y excluir del plexo los elementos de convicción fruto de lo declarado por K. en la mentada reconstrucción, ver-sión que brindó sin que previamente se le comunicaran las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho que se le imputaba, vulnerándose así su derecho de defensa.

De tal forma sólo tOé en cuenta, más allá de su importancia, no las pruebas vinculadas a esta "declaración" de K. en la Reconstrucción del hecho, y sí aquellas independientes de ella, por caso evidencias materiAs halladas, relatos de testigos etc.- Desde ya que esta debida autolimitación en la valoración del universo del plexo limita la informa-ción con la que se cuenta, pero resulta una imposición constitucional para el Tribunal. Y no puede pesar sobre la situación de los imputados, en este c. K..- VI.- Contamos con la versión de tres testigos presenciAs o semi presenciAs del hecho. S, R., la Sra. R. A, madre de C. y con la versión de imputado del hoy Comisario L.. Pero no contamos y ello tampoco puede ser cargado en la "cuenta " ni de K., ni de L., con la versión del cuarto testigo pre-sencial, cuya ubicación e itinerario en las instancias culminantes del evento se relacionan con el grado de cumplimiento del mandato judicial que la comisión policial debía encarar, si se quiere, el móvil más importante del acto, la restitución de la menor.

En efecto, hubiera sido trascendente la realización de una Cámara Gesell a fin de recibir la decla-ración de Araí Agustina Rojas, hija de Sandra Uribe, a efecto de conocer su relación con C., y por tanto el grado de peligro que corría, intimamente vinculado con la necesariedad de la medida de restitución, qué le ocurrió esa noche, y como, cuando y con quién abandonó la vivienda principal de la estancia "La Soledad".- Es que R. y L. han afirmado que en un momento perdieron de vista a S, el que adelanto, sostuvo que rescató a la menor del interior de la casa, y salió con ella por una ventana y se Ajó varios me-tros para "protegerla", y en definitiva han "presentado" la utilización de armas de fuego como im-prescindibles ante dicho riesgo. Sobre ello han discutido arduamente las partes y hemos perdido la posibilidad de contar con un elemento más de análisis para resolver tal debate.

Insisto en que lo expresado tampoco puede pesar sobre la situación de los acusados.

VII.- S recordó en Debate que no supo la razón por la que O no fue a la vivienda de C. en la se-gunda oportunidad; que al llegar en tal ocasión la Sra. A le advirtió a su hijo sobre la presencia policial; que la víctima directamente puso manos sobre L., por lo que se produjo un forcejeo con este y los miembros del GEOP; que el dicente ubicó a la menor pero volvió sobre sus pasos pues A blandía un arma blanca; que por dicha razón "sacó" a la niña de la casa por la ventana y se Ajó "más allá de la tranquera" y allí escuchó la expresión de K. "está armado" y el ruido de los dispa-ros, cinco aproximadamente, por lo que una vez que resguardó a la menor, regresó y divisó el gesto del mencionado K. como que C. "estaba abatido".

H- A- R., miembro del GEOP y superior jerárquico de K., sostuvo que ese día estaban en S., en tareas de prevención relacionadas con el partido de fútbol ya indicado, cuando el oficial A le co-municó que debía intervenir en una restitución de un menor. Hacia allí se dirigió junto a L. S. y su compañero de grupo. Al arribar, presenció el aviso de A a su hijo: las palabras de C. sobre que "a él nadie se lo iba a llevar", el forcejeo, el arma blanca que portaba A, el gas paralizante que arroja-ron, la fuerza física de la víctima , que impidió que lo sustrajeran del interior de la casa, lo que sí pudo hacer L. con su madre, la ya aludida ignorancia sobre el paradero de S y la niña, a quienes ubicaban dentro de la vivienda, y el tramo culminante del suceso, en el que se ubicó en un extre-mo exterior de la vivienda, en posición de apresto con su arma reglamentaria, K. fue al móvil en busca de una escopeta con cartuchos de alguna clase de gas, pero observó una persona movién-dose detrás de un cerco, por lo le advirtió la situación y que tomaba su arma de fuego, también que efectuaba disparos intimidatorios, por lo que el dicente fue detrás y allí lo observó, al llegar a la punta del cerco, accionar el arma y después entrar en estado de "crisis" y llanto, pues había matado "otra vez" a una persona.

Desde allí, admitió que L. le solicitó que llevara a la Dra. A. y la niña a S., pero que le comunicó que no sabía conducir vehículos, por lo que el hoy Comisario dispuso que se quedara en el lugar con su compañero de grupo, sosteniendo que efectuó la debida preservación del sitio. Considero relevante su afirmación respecto de que en el protocolo de actuación del GEOP, está incluido el ítem de disparar de "abajo hacia arriba" del cuerpo de un eventual oponente en los enfrentamien-tos armados, en lógica preservación hasta instancias extremas de la vida humana.

La Sra. A. se expresó en términos coincidentes, al menos en cuanto al aviso que dio a su hijo so-bre la presencia policial; la utilización por su parte de un cuchillo; el gas que le arrojaron, que un Policía le "sacó a la nena" y brindó la imagen de un forcejeo en la puerta de su vivienda o en in-mediaciones de esta. Por último, dijo haber observado cuando la Policía le disparó a su hijo, y afirmado que las armas este las tenía en su camioneta, pero no mucho más, en un testimonio de difícil interpretación dada la edad de la Sra., 77 años, su dicción entrecortada y su rememoración algo difusa de los sucesos, los que sin embargo, no recordó en líneas generAs de manera muy diversa que los otros protagonistas.

Por último, L. en su versión de defensa admite sus decisiones en la etapa antecedente al hecho en sí, a las que ya aludiéramos, y sobre el momento culminante del mismo, describe los forcejeos con C., al que advirtió del objeto del acto pero recibió una agresión física de respuesta dijo, si bien proporcionando una idea algo más extensa sobre los mismos que los otros testigos, coincidiendo en que A tenía un cuchillo, que a S lo había "perdido", y que cuando logró "sacar" a la anciana de dentro de la vivienda, ambos afectados por el gas que habían arrojado los miembros del GEOP, la llevó al patrullero y allí observó a K. desplazarse en dirección al cerco, lo escuchó decir "está ar-mado", por lo que agachó su cabeza y percibió la serie de disparos de arma de fuego, por lo que terminados los mismos salió del auto y fue, detrás de R., hacia el lugar donde estaba K., en esta-do de crisis nerviosa, y solicitó a R. que no moviera ni tocara el cuerpo de C., el que originaria-mente tenía una escopeta entre sus manos, la que fue removida y dejada cerca del cuerpo por aquel previo a su indicación referida. Luego se retiró del lugar con A, la menor y S.

VIII.- Conforme la autopsia, C. recibió dos disparos de bala, munición "hueca" que se diferencia de la "normal" en que al ingresar al cuerpo se "desintegra" provocando mayor daño, pero evitando que salga del mismo y afecte otro objetivo que no sea al que fue dirigida, el primero que afectó su zona abdominal y el segundo que ingresó por la parte superior de su cabeza, la recorrió de "arriba hacia abajo" y se alojó en la región occipital izquierda del cráneo.

El forense en Debate agregó que ello pudo ser compatible con un movimiento reflejo que puede haber provocado el primer impacto, de inclinar el cuerpo hacia adelante y hacia abajo. Adicionó que el tirador estaba a más de un metro de distancia confirmando que la herida mortal fue la se-gunda, es decir, la que provocó la hemorragia cerebral.

Fueron halladas en el lugar del hecho diversas municiones, correspondientes a la escopeta "Tala" del occiso, y a la pistola 9 mm. reglamentaria de K., (siete), una que impactó en el árbol que con-forme el croquis de fs. 5, se halla próximo al sitio donde fuera abatida la víctima.

IX.- Retomo la cuestión del arma que llevaba C., y digo, apelando como mi colega preopinante a la regla del "dubión" (art. 4to. del CPPCh.), que existen tres posibilidades en cuanto a tal extremo: que la víctima haya estado desarmada; que haya tenido en sus manos tal arma y que la soltara al recibir el primer impacto de bala; que haya mantenido su "posesión" hasta la intervención de R., quién la habría Ajado de su cuerpo para constatar su deceso, conforme lo manifestado por este y por L..

Sobre el punto emerge la sospecha argüida por la parte querellante respecto a una manipulación posterior de la escena del hecho con fines de beneficiar a K., por lo cual habría que optar por la primera hipótesis. Pero sobre ello, no contamos con elemento de convicción alguno que sustente tal tesis, y sin perjuicio de lo que se dirá sobre la actuación de L. en la parte pertinente, lo que sur-ge de los rastros hallados en el lugar es que la carabina estaba próxima a C. y que ésta tenía un proyectil en la recámara, lo que demuestra que funcionaba normalmente y excepcionalmente se trababa, como surge de la pericia del experto M. y la similar de G. (aunque en esta última se da cuenta que en la primera se habría manipulado el arma de forma tal que ello impidió constatacio-nes posteriores).

Lo que es seguro, es que el arma no estaba en el vehículo de C., pues nunca pudo, por el lugar donde se produjo el forcejeo con los Policías, ir allí a buscarla, dado que los testimonios son coin-cidentes en que el occiso utilizaba su fuerza para "ingresar" y no "egresar" de la vivienda.. Debía necesariamente estar en su interior.

Sentado ello, y ante la inexistencia de prueba que avA la hipótesis de la Querella, cabe concluir, beneficio de la duda mediante, reitero, que la víctima salió de la casa y "merodeó" su parte trasera con una carabina, cargada, en su poder, y en tal situación se enfrentó con K..

X.- A partir de allí, cabe sostener que el riesgo objetivo hacia las personas que estaban próximas concurría, ya la menor, la Sra. A, los propios policías. Y que el imputado de mención debió enfren-tar tal situación.- La manera en que lo hizo es lo que corresponde evaluar ahora, y para ello cabe computar que el arma que manipulaba K. es "a repetición" (incluso alterada de forma tal que permite eyectar la última munición sin recargarla, dato presente también en las pericias), que todos los testigos refi-rieron a un lapso breve en que ocurrieron los sucesos culminantes del evento, y que sobre las circunstancias exactas en las que se enfrentaron C. y el mentado K. no contamos más que con indicios, pues ni este declaró, ni aquel , lógicamente, dio su versión.

Sabemos que fue a una distancia superior a un metro, que K. estaba en una posición más baja que el occiso a tenor de la planimetría, pero que este bien pudo estar inclinado hacia abajo por el efecto de la primera herida,. También que el acusado disparó su arma, al menos, siete veces, y que por el protocolo de actuación que manejaba debió haberlo hecho apuntando primero a la zona baja del cuerpo de su oponente, y en caso de imperiosa necesidad, dirigir la mira a la zona supe-rior de su anatomía.

Disgrego sobre los disparos "de advertencia" diciendo que hemos escuchado que estos deben ser necesariamente "al aire" y también que pueden serlo hacia un objeto en el que no "rebote" la mu-nición, más aún si esta es de "punta hueca", por lo cual alguno de los efectuados por K. pueden haber sido (también recurro aquí al beneficio de la duda), en tal sentido.

Pero no todos, y lo que emerge de los elementos mencionados es que tanto la cantidad como la dirección de los disparos, tal lo han hecho notar los Acusadores, poco tuvieron que ver con el indi-cado protocolo de actuación referido por R., y con el carácter del imputado de miembro de un Grupo adiestrado para intervenir en situaciones críticas donde el imperativo principal es preservar la vida.

K. debió, y tenía herramientas para, actuar utilizando el grado de violencia que le es permitido, adecuado a las circunstancias. Pero surge de este análisis que, si bien debía hacer cesar una situación de riesgo, lo hizo desmedidamente, y allí se identifica el remanente de responsabilidad penal que hemos de adjudicarle, pues actuó en una situación justificante, pero de manera excesi-va.

XI.- El reproche que pretende se plasme la Querella sobre Loncon, como partícipe necesario en la acción que le adjudica a K., ya fue desestimado por este Tribunal, por lo que he de estar a lo deci-dido en tal oportunidad.

Ahora bien, respecto del "mal" cumplimiento de sus funciones, todo lo objetable en torno a la soli-citud de la orden de registro domiciliario y la convocatoria del GEOP para una "misión" que no lo requería, que le incumben y sobre lo que ya he opinado, no implica un incumplimiento de su res-ponsabilidad en el sentido propio del tipo incluido en el art. 248 del CP.

Todos los funcionarios públicos cometemos errores, y no en todos esos casos aparece la relevan-cia penal. En tal segmento de la Acusación podemos hablar de decisiones objetables, pero no de un sesgo de intencionalidad con el que el hoy Comisario no cumplió con su obligación.

Diferente es la evaluación de sus decisiones posteriores al fallecimiento de C.. Sin dudas L. era el responsable del registro domiciliario, basta con consultar la orden para que ello quede manifiesto, y en el transcurso del mismo acaeció un hecho bien distinto de su objeto, se produjo el deceso de una persona, contexto en el cual, automáticamente surgieron a su respecto las obligaciones que emergen del art. 165 del CPPCh.

Ese era entonces el contexto de su debido desempeño funcional. Su Defensa sostuvo que no te-nía otra opción que regresar a Sarmiento con la Sra. A. y la menor. Considero que existía una chance más, y que ella era quedarse en el lugar con K., mandando de regreso a la ciudad de "los lagos" a R., S y las personas mencionadas.

Las razones pasaban por hacerse cargo personalmente de la preservación de la escena del even-to, máxima garantía posible en tal cuadro para evitar, o disminuir, cualquier sospecha sobre alte-raciones, precisamente lo que ha ocurrido durante todo el proceso.

Sin dudas fue desafortunada la decisión de L. de Ajarse del sitio y dejar en él a dos miembros del GEOP, a partir de lo que surgieron las sospechas que las partes han escrito y verbalizado.

De algún modo se "desentendió" de su obligación, como si de lo ocurrido estuviera "ajeno", y ello sí implica un menoscabo a dicha obligación, realizado conscientemente. Por tanto, por ello debe responder.

XIII.- Para culminar con el tratamiento de esta cuestión, debo decir que el caso ha sido por demás complejo, el tiempo para la confección de este acto exiguo (en ello computo las obligaciones que he tenido que cumplir como miembro del Consejo de la Magistratura durante más de dos días), y la variedad de los temas a tratar notoria.

Pero lo que más ha condicionado a este Tribunal, considero que han sido las particulares circuns-tancias del proceso, a las que he hecho referencia, en cuanto pruebas que imperativamente de-bieron desecharse y otras que no se incorporaron. Entiendo que con el plexo que pudo evaluarse, la solución que se propone es la que más se ajusta al mismo, la adjudicación de responsabilidad penal a ambos acusados en la medida que se verá a continuación, y en tanto son capaces de ello, conforme las pericias respectivas del art. 70 del rito.

A la PRIMERA cuestión la Dra. PETTINARI dijo:

Existiendo mayoría hago uso de la facultad del artículo 7 de la ley N° 4.550 que modifica el art. 357 del CPP.- A la SEGUNDA cuestión el Dr. PINTOS dijo:

Tal como ha quedado en evidencia al tratar la cuestión precedente, la conducta de K. debe califi-carse como Homicidio Simple cometido en exceso de la legítima defensa (arts. 35, 79 y cc. del CP); mientras que la de L., está incursa en el delito de Abuso de autoridad (art. 248 CP, en la mo-dalidad de "no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere").- A la SEGUNDA cuestión el Dr. MONTENOVO dijo:

I.- Tipifico el accionar de N. K. en los términos de los arts. 79, 34 inc. 6 y 35 y 84 del CP, Homici-dio simple cometido con exceso en la Legítima Defensa, en calidad de autor.

II.- Tal como han quedado los sucesos desde lo expuesto en la cuestión anterior, han concurrido los presupuestos de la causa de justificación mencionada, agresión ilegítima, falta de provocación suficiente y necesidad racional del medio empleado.

Sin perjuicio de la necesidad de la medida que encabezó L. y en la que K. participó, la misma no puede ser considerada como una "provocación" que haya generado la resistencia de C. a su aca-tamiento. Lo contrario significaría consagrar la desobediencia a la autoridad como regla.

Seguido de ello, la víctima no se retiraba del teatro de los hechos, sino que ingresaba nuevamente a los mismos munido de un arma cargada, por lo que la posibilidad de una agresión, ilegítima tal lo expresado, estaba presente, y la necesidad del medio empleado (arma de fuego), surge por la herramienta que portaba C..

Ahora bien, el grado de violencia desplegado por K., partiendo de las circunstancias y de su propio entrenamiento, ha configurado lo que en Doctrina se denomina "exceso intensivo" en la legítima defensa, que conduce a la responsabilidad penal que estamos determinando.

III.- Respecto de L., se ha configurado la hipótesis prevista en el art. 248 del CP, Incumplimiento de los deberes de Funcionario Público, en calidad de autor.

Agrego solamente en cuanto a ello, que el tipo subjetivo requerido por la figura no incluye "malicia" sino dolo directo (Donna, Derecho Penal, Ed. R. C. T. III pag. 167), y es lo que ha ocurrido en el sub-judice, en el que se ha demostrado que L. se retiró del sitio de los acontecimientos en virtud de una decisión consciente, llevada a cabo en el entendimiento que lo ocurrido le resultaba "aje-no".- A la SEGUNDA cuestión la Dra. PETTINARI dijo:

Existiendo mayoría hago uso de la facultad del artículo 7 de la ley N° 4.550 que modifica el art. 357 del CPP.- A la TERCERA cuestión el Dr. PINTOS dijo:

Dentro de la escala penal del art. 84 CP, aplicable al caso del coimputado K., hemos coincidido en la deliberación que la pena justa debe ubicarse en los tres años de prisión y ocho años de inhabili-tación especial -limitada al desempeño en grupos especiAs de la Policía Provincial-, teniendo en cuenta para ello en calidad de agravantes: la extensión del daño causado y la modalidad de la acción; en tanto que como atenuantes, se meritúan la falta de antecedentes del acusado, y el buen concepto que ha merecido por su desempeño en la función policial, según consta en el lega-jo personal.- En cuanto a L., resulta pertinente hacer lugar a la pretensión de Ministerio Público Fiscal íntegra-mente, por ajustarse a la escala penal del art. 248 CP, teniendo en cuenta como atenuante su falta de antecedentes.- La pena del acusado L., se deja en suspenso, manteniendo el criterio reiteradamente expuesto por este Tribunal, que sigue la jurisprudencia de la C.N.Cas. Pen., sala I, 16 de Mayo de 2002, causa: "M., M. A. ...", donde se sostuvo: "En punto al modo de cumplimiento de la pena lleva dicho la Sala que: ...a partir de la reforma de la ley 23.057 al art. 26 del Cod. Penal 'se sustituye la apre-ciación de la personalidad moral como objeto de determinar como fundamento de la concesión del beneficio, por el de la conveniencia o inconveniencia del cumplimiento efectivo de una pena de prisión', y ... la valoración sobre aquella concesión acota funcionalmente las pautas fijadas por el aludido art. 26 -reiterando parcialmente las establecidas por el art. 41 del CP- 'en orden al pronós-tico de conveniencia', es decir, 'en función de la peligrosidad o recaída en el delito' (De La Rúa, Jorge, Código Penal, ps. 397/398); ... porque en el actual texto del art. 26, 'como quedó dicho, es la inutilidad de aplicar efectivamente la privación de la libertad el quid del instituto; en tanto que en el régimen derogado lo era la personalidad moral del sujeto activo del delito, pues la naturAza del delito y las circunstancias que lo han rodeado, a los que se refería la disposición abrogada, eran pautas utilizables sólo para apreciar esa personalidad. Ahora, la personalidad moral del imputado integra, junto con su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsan a delinquir, la naturAza del hecho y 'las demás circunstancias', los índices de apreciación de la viabilidad de la condena-ción condicional por inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad' (Ledesma, G A.C., "Las reformas penal y de procedimientos", p. 42, Ed. Abeledo - Perrot, Bs. As., 1984)"; -publicado en suplemento de jurisprudencia penal, La Ley, octubre de 2002, págs. 48 y ss.- El mismo Tribunal, más recientemente, en la causa caratulada: "C. P., M. E. s/ rec. de casación", 15 de junio del cte. año nos recordaba que: "...la condena de ejecución condicional encuentra sus-tento en la teoría de la prevención especial, por el efecto contraproducente que ocasiona la ejecu-ción de penas cortas privativas de libertad. Como la imposición de una pena breve pone de mani-fiesto escaso contenido de injusto y de culpabilidad por el hecho, debe ceder la función retributiva ante razones de utilidad social que aconsejan prescindir de una ejecución que sería perjudicial" -Roxin, "El desarrollo de la política criminal desde el Proyecto Alternativo", en la reforma del dere-cho penal, p. 95; ídem, "Culpabilidad y prevención en derecho penal", p. 71; Luzón Peña, "Medi-ción de la pena y sustitutivos penAs", p. 69-. Además, 'un período de encierro de poca duración no garantiza el éxito de ningún programa de resocialización, y por el contrario permite que la estadía en prisión gravite negativamente sobre el condenado, como consecuencia del denominado proce-so de 'prisionalización', efecto del contagio carcelario -Hood. Sparks, 'Problemas clave en crimino-logía', p. 218 y ss.; Göppinger, Criminología, p. 334 y ss. Por el contrario, '...una condena de eje-cución condicional cumple la finalidad de servir como advertencia, que además de operar disuasi-vamente en el futuro inmediato, cumple una función de prevención especial positiva pues conlleva un llamado para que el condenado oriente su comportamiento hacia el respecto al sistema norma-tivo -De Benedetti, "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurispruden-cia", D. Baigún - Eugenio Zaffaroni (dir.) M.A. Terragni (coord.) t.1, p. 374 ... De otra parte, desta-cada doctrina española sostiene que las penas de prisión de corta duración evidencian dos incon-venientes: El primero, que estas penas antes desocializan que favorecen la resocialización, pues-to que permiten ya el contagio del pequeño delincuente al entrar en contacto con otros más ave-zados y en cambio no posibilitan el tiempo necesario para emprender un tratamiento eficaz. El segundo motivo es que las penas cortas de prisión se prevén para delitos poco graves, para los cuAs bastarían penas menos traumáticas (confr. Santiago Mir Puig. Derecho Penal, Parte Gene-ral, Ed. Ppu, Barcelona 1990, pág. 776/777). Por su parte, Hans-Heinrich Jeschek, Tratado de Derecho Penal, Parte General, Ed. COes, Granada, cuarta edic. 1993, pág. 58/759, sostiene que 'la suspensión condicional ... conjuga el juicio de desvalor expresado en el pronunciamiento penal y la llamada a la propia voluntad del reo, fortAcida por la amenaza de ejecutar la pena, para que se reinserte socialmente. Mediante las reglas de conducta y la ayuda para el período de prueba, le proporciona un auxilio eficaz para comportarse debidamente durante dicho período y evitar simul-táneamente los daños que el cumplimiento de la pena privativa de libertad pudiera aparejar.... (confr. de esta Sala, "L., A. D. s/ recurso de casación", causa n° 6299, Reg. N° 8543, rta. El 23 de febrero del corriente año)" -Suplemento LL Penal y Procesal Penal, setiembre de 2006, pág. 97 y ss.-.- A la TERCERA cuestión el Dr. MONTENOVO dijo:

I.- Debo decir, en primer término, que adhiero a lo expuesto por el colega que me precedió en tor-no a la dosimetría de las penas que corresponde imponer en el sub-judice, más debo precisar el alcance que debe tener, en mi concepto, la inhabilitación que por este acto se dispone.

Por tanto, computo a favor de K. su carencia de antecedentes penAs, su brillante foja de servicios previa al hecho, y en su desmedro la preparación que recibió, la que debió ponerlo en situación de salvaguardar el bien juíridico vida, empleando todos los recaudos (muchos, en su caso), a su al-cance a tAs fines.

Por ende considero que la pena de tres años de prisión, y ocho de inhabilitación más la imposi-ción de las costas del proceso, constituyen una adecuada respuesta al injusto cometido.

Por el tenor del injusto, el daño causado, y la importancia del suceso es que desecho la utilización de la herramienta del art. 26 del CP.

II.- En cuanto a L., considero que la sanción peticionada por el Sr. Fiscal se ajusta al caso, tres meses de prisión, inhabilitación por doble tiempo, más la imposición de las costas del proceso. Computo para ello su antigüedad en el cargo, experiencia y ausencia de antecedentes.

En este caso sí, el tenor del injusto y la cuantía del daño causado, permiten dejar la condena en suspenso.

III.- A lo largo del Debate se han puesto de manifiesto diversos aspectos respecto del hecho que se ha juzgado que a su vez hacen referencia a cuestiones de índole general atinentes al funcio-namiento de las Institución policial: la formación de la oficialidad, la utilización de Grupos EspeciAs en tareas comunes, quizás ello relacionado con la infraestructura con que cuenta la fuerza del orden a efecto del cumplimiento de sus cometidos, la cual en una primera aproximación, es posi-ble calificar como insuficiente.

A ello cabe agregar la demanda social en materia de seguridad, un tema que se ubica en los pri-meros planos de preocupación en los últimos tiempos, en el que se exigen resultados inmediatos a los operadores del sistema penal, y también a la Policía del Chubut en lo que hace, entre otras facetas, al aspecto preventivo, tarea que impone la obtención del delicado equilibrio que implica su cumplimiento dentro del marco del plexo de garantías que consagran las Constituciones pro-vincial y nacional, de observancia ineludible.

Estas breves consideraciones pretenden describir el marco en el que el Funcionario policial K. debió desempeñar su tarea y tienen relación necesaria con un principio que emerge del art. 18 de la Carta Magna nacional, relacionado íntimamente con la naturAza eminentemente subjetiva de la responsabilidad penal: la proporcionalidad de las penas.

Hago propios los conceptos que brinda M. T. al analizar el tema de la inhabilitación especial (Có-digo Penal comentado Baigún-Zaffaroni Ed. Hammurabi, pags 235 y ssgts.), a los que en honor a la brevedad remito, afirmando que en el caso los fines de su imposición en tanto retributivos, reso-cializadores e incluso tuitivos de la Sociedad en orden a privar al condenado de operar en el área en donde se verificó el ilícito, en el sub judice el Grupo Especial de Operaciones PoliciAs (aspecto que tiene evidente relación con los objetivos de las medidas de seguridad), con lo que se satisfa-cen, siempre desde el prisma de un principio limitador del alcance punitivo.

Los factores estructurAs descriptos al principio y en el desarrollo de este sufragio, que inciden en la actuación policial en áreas de la vida de relación como la ventilada en este proceso, convirtién-dola en un punto de tensión del sistema y los fines de las penas referidos posteriormente, conflu-yen a efecto de determinar el alcance de la sanción, que se convertiría en desproporcionada si como consecuencia de su imposición el acusado K. se viera ante la pérdida del empleo. Por tanto debe ser el alcance de la inhabilitación impuesta.- A la TERCERA cuestión la Dra. PETTINARI dijo:

Existiendo mayoría hago uso de la facultad del artículo 7 de la ley N° 4.550 que modifica el art. 357 del CPP.- En este estado corresponde ordenar el decomiso y destrucción de los elementos secuestrados en la presente causa, lo que será llevado a cabo por la Oficina de Secuestros dependiente de la Ofi-cina Judicial.- El Tribunal estima adecuado que el imputado L. cumpla durante el plazo de dos años con estrictas reglas de conducta en los términos del art. 27 bis del Código Penal, específicamente, en este ca-so, las previstas en el inciso primero; es decir: fijar domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados al que deberá presentarse cada seis meses. Designando el Sr. Jefe del Cuerpo de Delegados un Delegado de Control que realice el seguimiento del condenado quien deberá presentar los informes correspondientes en forma semestral.- Corresponde en este estado regular los Honorarios ProfesionAs del Sr. Defensor de Confianza del imputado K., Dr. J. O. O., por su labor en la presente causa, habiendo asistido correctamente a su defendido, por lo que se estima justo fijarlo en la suma de pesos tres mil ($3.000), (ley 2200, t.o. 4335). De igual manera deben regularse los honorarios de la Defensa Pública por su labor en la presente causa a partir del 17/05/02 (dec. 1303/02), habiendo actuado correctamente en la pre-sente causa, es por ello que se fija en la suma de pesos tres mil ($3.000), (ley 2200, t.o. 4335).- Asimismo deben regularse los honorarios profesionAs de los Dres. L. C. B. y S. A. B., en forma conjunta, quienes han actuado como Patrocinantes letrados de las querellantes, Sras. R. A. y J. C. C., teniendo en consideración que ha actuado en la causa desde sus inicios, interviniendo acti-vamente en diversas diligencias de la Instrucción y Agando con suficiente y basta fundamentación. Por tAs motivos, ponderando la extensión y calidad de su trabajo, se estima apropiado fijar sus honorarios en la suma de cinco mil pesos ($ 5.000).- (ley 2.200 t.o. ley 4335, art. 8).- Agotado el proceso deliberativo, esta CAMARA PRIMERA EN LO CRIMINAL, por unanimidad;

---------FALLA:---------- 1°) CONDENANDO a N. C. K., de las demás condiciones filiatorias de figuración en el exordio, a la pena de TRES AÑOS de prisión más las costas del proceso (art. 29 inc. 3° del CP), y OCHO AÑOS de INHABILITACIÓN ESPECIAL para desempeñarse en grupos especiAs de la policía pro-vincial, como autor responsable del delito de Homicidio simple con exceso en la legítima defensa (arts. 79, 35 y cc. del CP), por el hecho ocurrido el establecimiento rural "La Soledad" el día 12 de septiembre de 2004, en perjuicio de Juan L. C..- 2º) CONDENANDO a J. R. L., de las demás condiciones filiatorias de figuración en el exordio, a la pena de TRES MESES de prisión en suspenso más las costas del proceso (arts. 26 y 29 inc. 3° del CP), y SEIS MESES de INHABILITACIÓN ESPECIAL para la función policial, como autor res-ponsable del delito de Abuso de autoridad (art. 248 del CP), por el hecho ocurrido el estableci-miento rural "La Soledad" el día 12 de septiembre de 2004.------------ 3º) IMPONIENDO las siguientes reglas de conducta que el condenado L. deberá cumplir por el término de DOS AÑOS: 1) Fijar domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Presos y Libe-rados, al que deberá presentarse cada seis meses. (art. 27 bis inc. 1° del CP).------ 4°) DISPONIENDO que el Sr. Jefe del Cuerpo de Delegados de Control, designe un delegado de control que realice el seguimiento del condenado quien deberá presentar los informes correspon-dientes en forma semestral.- 5°) CORRESPONDE ordenar el decomiso y destrucción de los ele-mentos secuestrados en la presente causa, lo que será llevado a cabo por la Oficina de Secues-tros dependiente de la Oficina judicial de Comodoro Rivadavia.-- 6º) FIRME o ejecutoriada la presente el condenado K. cumplirá la pena impuesta en el lugar de detención que oportunamente se designe.---- 7º) REGULANDO los honorarios profesionAs de los Sr. Defensor de Confianza del imputado K., Dr. J. O. O., por su labor en la suma de pesos tres mil ($3.000), (ley 2.200, t.o. 4335).----- 8º) REGULANDO los honorarios profesionAs de los integrantes de la Defensa Pública (ley 4920, decreto 1303, BO.24/10/02) por su labor en la suma de pesos tres mil ($3000), (ley 2.200, t.o. 4335).-------- 9º) REGULANDO los honorarios profesionAs de los Patrocinantes de las parte querellante, Dres. S. A. B. y L: C. B., en forma conjunta, por su labor en la suma de pesos cinco mil ($5.000), (ley 2.200, t.o. 4335).----- 10°) COPIESE, protocolícese, cúmplase con las prescripciones del artículo 359 del Código Proce-sal Penal, efectúense las comunicaciones de rigor, la liquidación de costas y sellados a reponer por los condenados y oportunamente archívese.------------- Protocolo nº 5/08 de fecha 3/3/08 Fdo. Dres. Daniel L.M. Pintos. Martín R. Montenovo. María E.N. de Pettinari. Ante mí: Silvia AltOe.