marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Non bis in ídem, nulidad de sentencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Veliche, Lucas Omar s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

No puede entenderse que la causa haya sido juzgada dos veces -violándose el principio del non bis in idem- por la circunstancia de haberse anulado la primera sentencia dictada debido a la existencia de anomalías que la invalidaban como acto jurisdiccional válido. El fallo que fue anulado por esta Sala carece de efectos, no puede afirmarse que al dictarse uno nuevo haya dos sentencias que juzguen el mismo hecho pues hay una sola que puede considerarse válida (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere la Dra. Berraz de Vidal; Dr. Hornos según su voto).
Acción penal, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Dr. Brizuela, Roberto Oscar s/ Recurso de Inconstitucionalidad Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-06-22

La extinción de la acción penal por prescripción, por ser de orden público impone su declaración de oficio en cualquier estado y grado del proceso, inclusive en la etapa impugnativa extraordinaria aunque la prescripción se haya operado en una etapa anterior.
Derecho contravencional, uso indebido del espacio público, transporte de pasajeros, falta de certificado habilitante, sentencia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Uber y otros c/  s/ s/ 83 - usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) (art.86 según TC Ley 5666 y modif.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

El planteo de gravedad institucional tal como viene articulado no satisface los requisitos de la doctrina pretoriana referida (cf. Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240), en tanto las citas genéricas de jurisprudencia alusivas al tema y la mención a la existencia de criterios opuestos o disímiles en precedentes jurisprudenciales, no logran acreditar la concurrencia de un interés que exceda a las partes e involucre a la totalidad de la comunidad. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Acción de amparo, personas con discapacidad, cobertura médica
Materia: SALUD PUBLICA
Carátula: AAI c/ FACOEP SE s/ amparo - salud-medicamentos y tratamientos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

La ley n° 447 establece un Régimen Básico e Integral para la prevención, rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades y para la participación e integración plena en la sociedad de las personas con necesidades especiales (arts. 1°, 4 y 5). Por lo tanto, no puede el GCBA sostener que del Convenio Marco del Programa Federal Incluir Salud surge expresamente que las prestaciones atinentes a discapacidad se encuentran fuera de la cápita delegada, por lo que su prestación ha permanecido en cabeza del Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, frente a la obligación que la Ciudad asumió de adoptar las medidas encaminadas a eliminar todos los obstáculos que se opongan al pleno desarrollo y participación de las personas con necesidades especiales (art. 4, último párrafo de la ley n° 447) no puede pretender el GCBA oponerle a la amparista un convenio entre la Nación y la Ciudad, y desentenderse así de dicha obligación. A su turno, el GCBA puede reclamar el reembolso de las sumas abonadas al Estado nacional pues, conforme el art. 2 de la resolución n° 1862/2011, el Ministerio de Salud de la Nación debe transferir a las jurisdicciones provinciales y al GCBA, los recursos financieros para la atención médica de los afiliados al Programa Federal Incluir Salud. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Pensiones, hijos, conviviente, denegatoria del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BOYMORTO, MARTA SUSANA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-30

No puede accederse a la petición de la concubina de coparticipar el beneficio de pensión en goce de su hijo menor, a raíz del fallecimiento de su compañero, pues ello importaría transgredir lo dispuesto por el art. 6 de la ley 23.570; y si bien es cierto que entre madre e hijo, en principio, no deben existir intereses contrapuestos, existe en nuestro derecho la clara intención del legislador de limitar las facultades de los padres con respecto a los bienes de sus hijos, las que se circunscribirán a un derecho de administración y usufructo (cfr. art. 287 y 293 C.C.), pero sin confundir los patrimonios de ambos sujetos.
Extradición, derecho al recurso
Materia: PENAL
Carátula: Astiz, Alfredo Ignacio s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-07

Las decisiones judiciales en los procedimientos de extradición, como la objeción de falta de jurisdicción de los tribunales extranjeros y la incompetencia del juzgado federal, no están comprendidas en la enunciación del art. 457 del CPPN, por otra parte, la ley 24.767 no concede la vía recursiva ante la CNCP para los casos comprendidos en esa ley, de la cual surge que, según la etapa del procedimiento, se concede limitadamente recurso de apelación ante la cámara federal competente y, en su caso, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema; por excepción, se admite limitadamente recurso de casación durante el trámite de extradición, contra las decisiones sobre la libertad del requerido y, particular, las que deniegan la eximición de prisión o excarcelación. (Dres. Mitchell, García, Yacobucci).
Acción reivindicatoria, antecedentes de dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zapatella Elida Agustina c/ Silva Teresa y/o quien resulte ocupante s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

Si bien no es menester la presentación de todas las escrituras de adquisición de dominio por parte de los antecesores hasta llegar a una posesión "vacua", sí lo es que con la declaratoria de herederos se acompañe la escritura pública -traslativa o declarativa- correspondiente a la última inscripción de dominio. Ello, ya que la prueba del "título" requiere ineludiblemente el acreditar el derecho suficiente a adquirir el dominio y el del causante para transmitirlo, la capacidad de las partes intervinientes y la entrega y recepción material del bien, de todo lo cual no da cuenta la mera inscripción registral.
Inmunidad de jurisdicción, soberanía
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Duhalde, Mario Alfredo c/ Organización Panamericana de la SaludOficina Sanitaria Panamericana s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

La distinción entre actos "iure imperii" y actos "iure gestionis", base de la teoría restringida en materia de inmunidad de jurisdicción de los estados soberanos, no tiene sentido razonable cuando se consideran los actos realizados por una organización internacional, los que, sin perjuicio de la finalidad pública perseguida por cada Estado parte del tratado constitutivo, no conforman una manifestación inmediata y directa de la soberanía de un Estado.
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: LABORAL
Carátula: Aguilera Picca, Luis María c/ P.L. Sociedad Anónima y otros s/ Retribuciones y accesorios contrato artístico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

Los jueces deben emitir su voto en la sentencia sobre la base de las circunstancias fácticas que la mayoría del tribunal del trabajo tuvo por acreditadas en el veredicto.
Recusación, prejuzgamiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Compañía Latinoamericana Viktor I.V.S.A. s/ Solicitud de Quiebra prom. por J.A. Rodríguez - Legado Art. 23 del CPCC
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-02-18

En la especie, el Juez ha dictado las resoluciones en las actuaciones del "Frigorífico" en forma tempestiva y de acuerdo con los antecedentes con que contaba, sin que ello pueda ser entendido como un prejuzgamiento respecto al trámite impreso con motivo del pedido de quiebra de la "Compañía", en el cual se denegó una cautelar que pudo ser recurrida, encontrándose pendiente un pronunciamiento sobre competencia y, eventualmente, acerca de la quiebra solicitada.
Liquidación judicial, intereses, tasas de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: Busaniche Hnos. y Cía. S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 55-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-07-07

Respecto de la aplicación de la fórmula a aplicar, estando expuestos los intereses en promedios diarios de tasa efectivas mensuales, tal como corresponde, resulta impropio indicar el lapso de tiempo en días, siendo correcto expresarlo -como lo ordena la resolución del B.H.N.- en meses o su fracción, pues esta pauta altera sustancialmente el resultado de la fórmula.
Acto administrativo, legalidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Minietto, Gabriel Horacio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

Es nulo el acto administrativo que dispuso la baja del agente por aplicación de un decreto reglamentario que a la fecha de su dictado aún no había sido publicado pues las normas dictadas o promulgadas pero no publicadas carecen de vigencia, dado que la publicación es una condición sine qua non de su obligatoriedad.
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, perjuicio fiscal, pago de tributos aduaneros
Materia: ADUANERO
Carátula: Agencia Marítima Agrano (T.F. 8824-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-01

Para determinar si la declaración inexacta pudo producir perjuicio fiscal, de acuerdo con el tipo penal imputado, carece de relevancia cualquier accionar posterior del declarante, así como el control que pueda efectuar el servicio aduanero (conf. C.S.J.N. in re "Subga S.A.C.I.E. e I.", del 12/5/92). De las presentes actuaciones surge que con anterioridad a que se formalizara la entrada del buque, el importador abonó los tributos correspondientes a la totalidad de la mercadería declarada. Esta circunstancia quitó virtualidad a la declaración inexacta contenida en el manifiesto de producir algún perjuicio fiscal, pues al momento de su presentación, y antes de iniciarse la descarga, se encontraban cancelados los tributos por el total declarado. La ausencia de dicha posibilidad basta para que no pueda tenerse por configurado el ilícito que reprime el art. 954 del C.A. (conf. a contrario del pronunciamiento de esta Sala in re "Agencia Marítima Robinson S.A.", del 17/8/89).
Honorarios, abogados, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Néstor Arguelles y otro c/ Gobierno de la Provincia de Santa Cruz s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-11-21

Tratándose de un procedimiento de ejecución de sentencia debe aplicarse lo dispuesto por el art. 40 de la Ley de Aranceles, en cuanto a que debe considerarse como una etapa más, es decir un tercio de la escala del art. 7mo. y en el caso concreto corresponde también tener en cuenta el carácter de letrado apoderado, por tratarse de honorarios en causa propia.
Recurso extraordinario, cuestiones procesales
Materia: LABORAL
Carátula: González, Alicia Noemí y ots. c/ Ciudadela SRL s/ Diferencia de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Las irregularidades procesales constituyen materia extraña a la órbita de los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley.
Reforma de la constitución, Constitución Provincial, consulta popular
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Unión Cívica Radical de la Provincia de La Rioja y otro c/ La Rioja, Provincia de s/  amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-22

Una exégesis normativo-contextual de la expresión contenida en el art. 177 de la Constitución de la Provincia de La Rioja lleva a concluir que al decir "primera elección general que se realice" se está aludiendo a la "primera elección general que se realice para cubrir el cargo cuya regulación constitucional se procura enmendar" en relación a la oportunidad en que debe realizarse la consulta popular.
Falsificación de instrumento privado, tarjeta de crédito, dictamen fiscal, graduación de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: MORALES, A. s/ ESTAFA - TARJETA CREDITO - FALSIFICACION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-11

No se halla comprometida la fe pública cuando, como en la especie, se imita la firma de un tercero en un instrumento meramente destinado a acreditar entre partes, una celebración contractual y, en un segundo momento, destinado asimismo a asientos contables interempresarios, como lo son las boletas de compra que, en cada caso, suscribe el titular de la tarjeta de crédito. Por consecuencia, no se ha configurado el delito de falsificación de instrumento privado.

Si bien es cierto que el Fiscal omitió toda mención al hallazgo de las tarjetas de crédito por parte de los acusados, lo cual, como consecuencia, impide juzgar esa conducta como delictiva, ello no obstante, no existe impedimento legal alguno para incorporar esa acción, no como delito, sino como hecho concreto material, dentro del juicio de punibilidad, en el cual significa un mayor injusto, una mayor gravedad del daño y, asimismo, una más grave peligrosidad.
Responsabilidad solidaria, cesión del establecimiento, prueba insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández Bernabé c/ Susana Aquino y/o Empresa Bar-Bras y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-11-30

Es improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que concluye que no es aplicable la solidaridad prevista en el art. 228 L.C.T.

Ello así, ya que, las pruebas como las constancias de inscripciones municipales, permiten concluir que la excepción de falta de legitimación pasiva debe tener acogida favorable. Queda comprobado que la antigüedad del actor a las órdenes de la demandada de autos, es la que se ha determinado en el fallo recalcando que la cuestión relativa a la calidad de empleadora solo vinculó en demanda a la accionada sin consideración o mención alguna a la Empresa, ni a la transferencia de establecimiento operada en la causa.
Recurso extraordinario de nulidad, integración del tribunal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Baquero, Eduardo J. s/ Incidente desindexación de deuda (ley 24.283), etc. Recurso de queja C., I. M. c/ T., A. s/ Alimentos. Recurso de queja Billino, Bibiana María c/ Consorcio de Propietarios Edificio Av. Maipú Nº 1860/1868 Primer Cuerpo s/ Daños y perjuicios Zicarelli, Luis c/ Livschitz, Norberto Adrián y ots. s/ Cobro de alquileres. Recurso de queja. Parizia, María del Carmen c/ Lavot, Ignacio y otra s/ Simulación Jofman de Schimkiewicz, Perla c/ Jofman, Susana Elizabeth y otros s/ Desalojo Summun S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización de daños y perjuicios Jofman de Schimkiewicz, Perla c/ Jofman, Susana Elizabeth y otros s/ Desalojo Summun S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización de daños y perjuicios Jofman de Schimkiewicz, Perla c/ Jofman, Susana Elizabeth y otros s/ Desalojo Summun S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01|1999-08-03|2000-03-15|2001-07-11|2002-06-19|2004-10-06|2007-10-31

El art. 168 de la Constitución de la Provincia reglamenta sobre las formalidades que debe reunir la sentencia y no respecto de la integración del órgano sentenciador, por lo cual la presunta defectuosa composición del tribunal "a quo" no es tema cuya reparación puede intentarse por medio del recurso extraordinario de nulidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Obediencia debida, recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Incidente  Planteamiento  de  Inconstitucionalidad  de  la ley 23.521 s/ INCIDENTE  PLANTEAMIENTO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD  DE  LA  LEY 23521
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-12

La apelación prevista en el art. 5x de la ley 23.521 sólo procede respecto de las decisiones expresas o tácitas acerca de su aplicación.
Actualización monetaria, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mollard, Roberto Saúl c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Banfi, Elsa Rosa c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda Contencioso Administrativa Roude, Amado c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda Contencioso Administrativa Idiazábal, Raúl Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (Inst. Prev.Social) s/ Demanda contencioso administrativa Romano, Horacio C. c/ Prov. de Bs. As. (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-08|1986-09-02|1987-06-30|1990-12-18|1991-09-10

La prescripción de dos años prevista en el párrafo tercero del art.

56 del Dec.Ley 9650/80, alcanza a las diferencias por reajuste de haberes previsionales relativos al beneficio ya acordado.
Impuesto sobre los ingresos brutos, impuestos, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: THX Medios S.A. y otro c/ GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: THX Medios S.A. y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Las normas tributarias, como cualesquiera otras, deben ser leídas teniendo en cuenta su posición en el orden jurídico de manera que armonicen con las normas de superior jerarquía -el nullum tributum es un supuesto de esta prueba de validez- y posibiliten la operatividad de las de igual jerarquía, de modo que el orden jurídico, globalmente considerado, constituya un sistema libre de contradicciones y lagunas. Esta idea es evocada, habitualmente, a través de la presunción de la racionalidad en el legislador, esto es, que ha sido su voluntad construir un sistema completo y consistente y dar a sus productos pleno efecto. Esto vale también para interpretar correcta y completamente una normal fiscal. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Confirmación de sentencia, accidentes de trabajo, apelación de honorarios, pacto de cuota litis, incapacidad laboral, preclusión
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Lamion, Saúl Daniel  c/ Toredo S.A. y otro  s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-27

La letrada apoderada del actor apela la resolución, respecto de la transferencia por honorarios por el pacto de cuota litis solicitada por el letrado de la parte actora, sobre el monto correspondiente a su incapacidad (cfr. art. 2 último párrafo de la Ley 27.348). Señala que deberá efectuar el cálculo de la indemnización correspondiente a la ley de riesgos del trabajo y el resultado descontarlo al momento de condena por el accionante y sobre ese monto resultante calcular el pacto de cuota Litis. Resultan inatendibles los argumentos esgrimidos por la letrada apelante con el objetivo de hacer valer el pacto de cuota litis con los alcances pretendidos alegando la existencia de cosa juzgada, porque su homologación, con respecto a la acción derivada de las enfermedades laborales, resulta violatoria de disposición de orden público, y esta circunstancia la torna insalvablemente nula de conformidad con las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico para los supuestos de inobservancia del orden público laboral. Ello prima incluso sobre eventuales cuestiones de preclusión que pudieran anualmente esgrimirse respecto de la revisión de la resolución homologatoria. Es inadmisible la postura de la letrada apelante en tanto implica desconocer disposiciones normativas que tienen por objeto la protección de su representado y evidencia, por ende, un conflicto de intereses entre ella y su poderdante -el actor- en el que éste no ha tenido nunca intervención ni defensa, máxime tratándose de un sujeto de preferente tutela. El conflicto de intereses entre la representación letrada y el accionante termina de descartar la aplicación del principio de preclusión porque quien debió asistir y actuar en representación del trabajador afectado por la homologación del pacto de cuota litis prohibido es justamente la representación letrada, que no sólo no cuestionó la resolución sino que, posteriormente, buscó que se mantuviera la decisión que le es favorable en contra de los intereses de su representado, aun ante el señalamiento expreso de la inobservancia de la norma imperativa. No puede convalidarse la violación de la prohibición legal, cuando el trabajador no ha contado con representación y asesoramiento letrado que vele por sus derechos y la gravedad de lo acontecido, por lo tanto imponía causar el caso a la luz de los lineamientos reseñados respecto de la posibilidad de revisar los pronunciamientos aun pasados en autoridad de cosa juzgada cuando ésta resulta írrita en sus resultados. Debe primar el espíritu finalista del derecho procesal que impide convalidar actos procesales que se encuentran seriamente viciados. Resulta claro que el juez posee incluso la facultad de declarar la nulidad de oficio cuando el acto afecte el orden público. Corresponde confirmar la resolución apelada.
Confirmación de sentencia, ley de defensa del consumidor, daño punitivo, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Renner, Cristian Oscar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-03-28

En virtud de lo normado por los arts. 52 bis y cc. Ley Defensa al Consumidor y art. 42 CN, y 38 de la Const. Prov. de Bs.As., procede confirmar la suma reconocida al actor en concepto de daño punitivo e imponerle a la sociedad demandada una multa, puesto que de las circunstancias analizadas surge la conducta indolente desplegada por ésta en cuanto a la falta de información detallada respecto al alcance de lo pactado ante el órgano administrativo, el incumplimiento reiterado del contrato de provisión del servicio de internet móvil ilimitado prometido al actor y la posición dominante de la empresa altamente reconocida en el mercado; evidenciando una reprochable conducta contraria a la doctrina de los propios actos y de la buena fe, ha incumplido en forma deliberada su obligación con el demandante, a sabiendas de que su accionar era antijurídico, obrando con un reprochable desprecio por los derechos de su cliente, en consecuencia, pese a su carácter restrictivo, se encuentra debidamente acreditada la existencia de todos los requisitos exigibles para la procedencia de la condena en concepto de "daño punitivo".