Honorarios, monto del juicio, rechazo de la demanda, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: PONCE DE LEON SANTIAGO ANGEL C/BANCO SANTANDER RIO SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-04

La solución que hoy brinda la ley 27423 para aquellos casos en que la demanda es totalmente rechazada ha sido objeto de severos cuestionamientos doctrinarios que han sostenido que la reducción de la base regulatoria, en esos casos, retomaría criterios jurisprudenciales ya superados por la evolución del pensamiento jurídico (Ure, Carlos "Nueva ley de honorarios de abogados y procuradores. Base regulatoria ante el rechazo de la demanda" La Ley Ciudad Autónoma de Buenos Aires, T. 2014, pág. 589). Se impone entonces en este contexto hacer una sucinta síntesis de la evolución de la jurisprudencia atinente al caso "sub examine". En primer término, cabe comenzar por señalar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Emilio J. Lizzadro c/ Municipalidad Seis de Septiembre" del 30/11/45, resolvió en los casos de total rechazo de la demanda, que debía considerarse que el monto del juicio era, con arreglo del decreto-ley n° 30439/44: 8, el 50% de la suma reclamada, a cuyo efecto era indiferente que hubiera habido, o no, imposición de costas (Fallos. 203:340, 212:234, 214:495, 220:216 y otros; criterio compartido por Raymundo Fernández y Albarracín Godoy LL 44-361). Tal postura fue compartida por la Cámara Civil en el plenario "Pastor Generosa y otros c/ Barcessat, Elías y otro" del 27/11/59. En igual sentido que la mayoría del plenario anterior, la Cámara Nacional Federal en pleno, in re: "Arsoda Trading Co. SRL c/ INTA" del 29/12/72, decidió ajustarse a la citada jurisprudencia de la CSJN. Por su parte, esta Sala A, in re: "Powell River Sales Co. Ltd. c/ Botana Salvadora Carmen Medina Onrubia de y otros s/ ordinario" del 05/11/57, también estableció, a resultas de la jurisprudencia reinante en ese entonces que, a los efectos de regular los honorarios, si la demanda se rechazaba en su integridad, el monto del juicio debía considerarse limitado al 50% de la suma reclamada. Sin embargo, con el correr de los años, se produjo un cambio de criterio. En efecto, durante el año 1975 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, por vía del plenario, in re "Multiflex SA c/ Consorcio de Propietarios Bartolomé Mitre" del 30/09/75, acogió por mayoría el voto del Dr. Belluscio, en punto a que en caso de rechazo de la demanda los estipendios se fijarían sobre el monto reclamado en ella. Esta nueva solución fue luego adoptada también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Agencia Marítima Dodero SA c/ Buenos Aires, Provincia de s/ repetición", del 22/12/75 (Fallo 293:65). Sostuvo allí el Alto Tribunal, en ese caso, que la ley de aranceles en su art. 8, luego de contemplar en primer término cuál era el monto del juicio que debía ser tenido en cuenta a fin de aplicar la escala del art. 6 para los profesionales de la parte vencedora, preveía seguidamente, el caso en el que la condena se dictase por menos de la mitad del importe reclamado en la demanda o en la reconvención; aludiendo finalmente al supuesto en que debiese practicarse la regulación sin haberse dictado sentencia ni sobrevenido transacción; y a que no estaba previsto, en forma expresa, cuál sería el criterio a seguir cuando la demanda era rechazada totalmente. En este contexto, el Tribunal estimó procedente la aplicación analógica de las mismas reglas que rigen para el supuesto de la demanda íntegramente admitida, al supuesto de la demanda íntegramente rechazada. Igual criterio siguió luego la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal, en pleno, in re: "Ford Motor Argentina SA c/ Gobierno Nacional" del 07/9/17 (JA:1985-III-482A). Allí, el voto de la mayoría se dirigió a seguir la nueva jurisprudencia de la CSJN. Resumiendo, a partir de este cambio de criterio de la Cámara Civil, se generalizó la solución de que no existe diferencia alguna en los valores en juego, ya sea que la pretensión deducida en la demanda prospere o sea rechazada. Sin embargo, en la actualidad como consecuencia de la sanción de la nueva ley arancelaria (léase ley 27423: 22) se estableció, ahora normativamente, la procedencia de una disminución del 30% de la base regulatoria si "...fuere íntegramente desestimada la demanda...".