Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-17


Comodoro Rivadavia, Diecisiete de marzo de 2005.- VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Estos autos caratulados: "I.A.S DEL CHUBUT en autos: "C.A.A c/ Instituto Prov. de Lotería y Casinos s/ Sumario expte. N° 182/90 s/ INCIDENTE", Expte. N° 14.498/2004, venidos del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Rural y de Minería N° 1, Secretaría N° 1, (Expte. N° 833/03).

I.- Que a fs. 257/268, la incidentada L.S.G, mediante su apoderado, interpone recurso de casación contra la sentencia interlocutoria N° 06/2005 de fs. 240/246, por las causales de violación de la doctrina legal y quebrantamiento de forma (arts. 287 y 288 inc. c y e CPCyC). Deja planteada la cuestión federal. Que la violación de la doctrina legal configurada en el art.288 del CPr. inciso c) se dio al afirmarse que la cesión ha sido onerosa se omite considerar que el pago aparente habría sido realizado en infracción a la Ley 25.345 que veda efectos cancelatorios a los desplazamientos monetarios hechos sin seguir sus normas, siendo que el vicio había sido denunciado por su parte al fundar su pretensión que se declaró inoponible en ese caso; que existe violación de la doctrina legal configurada en el art.288 del CPr. inciso c) y Quebrantamiento de forma configurada en el art.287 ya que al validar la cesión se omitió considerar la pretensión de su parte que se declare su inoponibilidad, en razón que el pago aparente habría sido realizado en infracción a la Ley 25.345 circunstancias que veda efectos cancelatorios a los desplazamientos monetarios hechos sin seguir sus normas.

La omisión en considerar la pretensión es infracción a la formalidad impuesta al sentenciante, como principio de congruencia, por el art.34 inc.4º y 163 inc.6º del CPr.; y violación a la doctrina legal configurada en el art.288 inc. e) al afirmar la onerosidad de la cesión siendo que el hecho ha sido negado y no hay prueba del pago de la misma.

Expone que la sentencia dictada agravia los intereses de su parte pues otorga legitimidad a una cesión hecha en fraude de la ley y de los intereses de su parte, admitiendo la salida de la sociedad conyugal de su mandante y A.A.G el único bien susceptible de valor, dejando a L.S.G un derecho meramente ilusorio contra su ex esposo que se ha insolventado para frustrar toda posibilidad de realización de ese derecho.

Que en la pretendida cesión, se esta ante un acto de simulación que tuvo como finalidad eludir los acreedores del cedente y a L.S.G.

Señala que la cesión debió hacerse por escritura pública conforme lo dispone el art.1455 del CC. excepcionando la regla general del art.1454 del CC.

Que el otorgamiento del instrumento privado se ha hecho a sabiendas que es insuficiente y nulo por imperio del 1455 circunstancia que no pudo ser ignorada por la cesionaria emparentada con el abogado Dr. J.H.C, cofirmante del escrito por esa parte en los autos caratulados "F.C.J.M, en autos "F.C.J.M c/ I.A.S y s/ Acción Subrogatoria de Ejecución de Sentencia (Expte. nº 364/2003) s/ Embargo Ejecutivo" que con el nº445/03 tramitan ante la Secretaría nº1 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nº1 de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia.

Recuerda que el documento solo vale como compromiso de escriturar según dispone el art.1185 del CC; que la razón de ser de ese otorgamiento, nulo e inválido como cesión, ha sido la necesidad del cedente y cesionaria de eludir el imperativo de la Ley 25.345 con relación a la acreditación del presunto precio de la cesión que se menciona en la suma de cuarenta mil dólares (U$S 40.000); que ello es así pues desde la sanción de la mencionada ley, publicada en noviembre de 17 del 2000 los pagos superiores a la suma de diez mil pesos, que no son realizados por los medios mencionados no pueden ser opuestos a terceros (art.1º).

Destaca que la aparente cesión estaría documentada en un documento privado, sin fecha cierta, con el aparente compromiso de cesión de los derechos y acciones litigiosos que al señor A.A.C le correspondían en los autos que mencionó; en la protocolización de ese documento en fecha 5 de noviembre de 2002; y una escritura pública del 2 de diciembre de 2002 donde aparentemente se estaría cumpliendo aquella formalidad respecto de la referida cesión de derechos litigiosos.

Concluye que la cesión ficticia se instrumentó realmente en el año 2002, fecha de las escrituras públicas que son los únicos actos de fecha cierta y en consecuencia los únicos oponibles a la incidentista dada su calidad de tercera.

Señala que la ley 25.345 estaba vigente y que el pago del precio debió hacerse por los medios establecidos en le art.1º de la misma.

Destaca que en autos no se acredito el pago de la cesión fraudulenta, que no existe una sola prueba que el mismo haya sido verídico, con lo que la afirmación de la Cámara en cuanto a la cesión ha sido onerosa, es huérfana de todo soporte y no resulta una derivación fundada y razonada de los hechos de la causa, por ello que tacha al fallo de arbitrariedad.

Que como el precio nunca se pagó se previó que habría un cuestionamiento respecto de las partes cedente y cesionaria y se antedato el instrumento privado procurando eludir la ley.

Como pretensión subsidiaria, plantea que se declare la inoponibilidad de la sentencia ante las pretensiones ejercidas en autos "G.L.S. c/ C.A.A y otros s/ Ordinario (Liquidación Sociedad Conyugal) que están radicados en la Secretaría nº4 del Juzgado letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nº2 de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia.

Hace reserva del caso Federal, de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandar a la Provincia del Chubut en los términos del art. 60 de la Constitución Provincial.

II.- Que reseñados los agravios, corresponde verificar el exacto cumplimiento de los recaudos formales previstos en el art. 289 CPC y C, cuyo control le es impuesto a este Cuerpo mediante la norma que le precede. Surge de las constancias de la causa que el recurrente interpone el recurso en tiempo hábil, según cargo de fs. 268vta.

Adjunta al memorial la copia para traslado debidamente suscripta.

Constituye domicilio ante el Excmo. Superior Tribunal de Justicia en la ciudad de Rawson; y se acompaña boleta de depósito por el máximo legal establecido.

El recurso se funda en las causales indicadas como violación de la doctrina legal y quebrantamiento de las formas.

Efectúa una reseña de los hechos de la causa a fin de cumplimentar el requisito de autosuficiencia.

No obstante lo expuesto, en el análisis del escrito recursivo se advierte una insuficiencia técnica en los términos exigidos por el art. 289 inc. a CPr.

El Excmo. Superior Tribunal de Justicia en autos: "L. SA y otros c/ B. y Cía. Soc. Anónima Ind. y Com. Y Agro. G s/ sumario" (Expte. Nº 18524-L-2001), se pronunció acerca de las cuestiones de hecho y dijo: ".la valoración de la prueba efectuada por los jueces de grado, es de naturaleza notoriamente ajena a la instancia extraordinaria de este Tribunal.

Conf. "la apreciación de la prueba es función privativa de los jueces de instancia ordinaria, ajena en principio a la Corte, toda vez que el recurso de inaplicabilidad de la ley no da acceso a una tercera instancia ordinaria" (SCBA, julio 3-979, "O.S.P SA c/ F. Hnos. Soc. Anon. Com.por Acc.") y teniendo en cuenta que la tacha de arbitrariedad no comprende las discrepancias del recurrente con la valoración y selección de la prueba efectuada por los jueces de la causa (Fallos 278:135; 279:140; y otros) resulta improcedente respecto de sentencias que al margen de su acierto o error, estan suficientemente fundadas aún cuando se alegue error en la solución del litigio (Fallos 259:20; 262:302; 269:413)".

No se evidencian en el sublite razones suficientes que permitan apartarse de este principio, toda vez que se advierte de lo manifestado por los recurrentes y de las constancias de autos, que la cuestión que se pretende resuelva el Tribunal es de hecho, prueba y derecho, reservada a los jueces de grado.

Asimismo, es jurisprudencia constante que "los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, ni a valorar toda la prueba, sino solo a tomar en cuenta lo que razonablemente estimen conducente para la solución del litigio" (CS, 8-II-72; JA 21-1974)" (SER 04/02).

Que sin perjuicio de los expuesto, y de la resolución arribada, cabe señalar que la invocación de la ley 25345, sobre "Prevención de la Evasión Fiscal. Limitación a las transacciones en dinero en efectivo. Cheque cancelatorio. Sistema de medición de producción primaria.

Régimen de recaudación de los aportes y contribuciones previsionales Normas referidas a las relaciones laborales y el empleo no registrado", no fue objeto de tratamiento en la resolución que viene a ser recurrida, ni invocada por la partes intervinientes, resultando inapropiada su invocación en esta instancia procesal recursiva.

Al no cumplirse con los requisitos jurisdiccionales de autosuficiencia, el recurso intentado carecen de operatividad a los fines de habilitar la vía extraordinaria, correspondiendo declarar la inadmisibilidad del mismo.

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1).- Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la incidentista a fs. 257/268, contra la sentencia interlocutoria Nº 06/2005 de fs. 240/246, por las causales de quebrantamiento de forma, violación de la doctrina legal y arbitrariedad (arts. 287 y 288 inc. c y e CPCyC). Expídase copia a fin de que el litigante gestione el reintegro de la tasa abonada.

2).- Téngase presente la reserva del caso federal.

3).- Regístrese, notifíquese.

Fdo: Marta Susana Reynoso de Roberts -Presidente-; Nélida Susana Melero -Juez de Cámara-; Graciela Mercedes García Blanco -Juez de Cámara-.

REGISTRADA BAJO EL N° 043 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS