Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-18


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los días del mes de abril del año dos mil trece, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de la Sra. Jueza de Cámara Dra. Né-lida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "S., M. E. c/ B., D. E. s/ DEMANDA LABORAL (Indemnización)", expte. nro. 40/13, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral nro. 1 (expte. nro. 4620/07), y atento al re-sultado del sorteo establecido en el art. 271 del Códi-go de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 438), co-rrespondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Nélida Susana Me-lero y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 408/419? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación incoada por la parte demandada contra la sen-tencia definitiva nro. 194/2012 del Juzgado Laboral nro. 1 de la jurisdicción (fs. 408/419, fs. 424).

La sentencia venida en crisis rechazó la excepción de prescripción y falta de acción interpuesta por la demandada. Hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, condenó a D. B. a abonar a E. M. S. la suma de $6.169,84, a la entrega del certificado de trabajo pre-visto en el art. 80 de la LCT -certificado de aportes y contribuciones-. Impuso las costas a la demandada y re-guló los honorarios de los profesionales actuantes.

A fs. 426/428 obran agregados los agravios de la demandada.

En primer término se queja de la indemnización por los supuestos daños y perjuicios reclamados que consti-tuyeron una errónea tarea hermenéutica de los hechos deducidos por la parte y las pruebas rendidas en autos y una incorrecta actividad intelectual al momento al subsumir tales cuestiones en las normas laborales vi-gentes. Transcribe el fallo y confronta con la petición subsidiaria en la demanda. No dice en qué hechos funda-menta los perjuicios.

El segundo agravio es el monto de la indemnización por daños y perjuicios, que no coincide con lo demanda-do y en la hipótesis de no receptar el agravio la re-duzca a lo demandado. Es decir la suma que debe ser el 50% de los aportes.

El último agravio es el monto total de la condena; dice que se apartó de lo demandado.

A fs. 430/431vta. los agravios son contestados por la parte actora. Peticiona la declaración de deserción. En cuanto al primer agravio dice que deja firme la con-clusión de la sentencia que no ingresó la demandada a la cuenta individual de la actora el aporte del seguro de retiro complementario previsto en la CCT 130/75, de-talla lo reclamado haciendo hincapié en que estimó un monto con más los intereses por los años 2002 y 2003, tampoco asiste razón porque se trata de una renta vita-licia jubilatoria de la actora lo que da fundamento al daño.

Contestó el segundo agravio: en cuanto al monto no analiza que el monto de $1.976,76 fue pedido nominal, sin intereses, y se relaciona con los montos correspon-dientes a cada aporte que fue omitido ingresar, el mon-to determinado por la a quo fue al momento de la extin-ción y los intereses de condena son a partir del dis-tracto.

I. La expresión de agravios debe ser una exposi-ción jurídica en la que mediante el análisis crítico y razonado del fallo impugnado se evidencie su injusti-cia. Requiere así una articulación seria y fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea (según Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, "Cód. Proc. Civ. y Com. Nac. y Pcia. de Bs.As.", T.II, art. 260, pág. 445).

Así el carácter "concreto" que debe contener la critica ".se refiere a lo preciso, indicado, determina-do -debe decirse cuál es el agravio-, lo razonado indi-ca los fundamentos, las bases, las sustentaciones -debe exponerse porqué se configura el agravio-. Deben preci-sarse así, punto por punto los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones del A quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por la cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los re-quisitos mínimos indispensables para mantener la apela-ción" (autor citado, T.III, pág. 351). "De allí que, si faltan estas argumentaciones, carece el Tribunal de la Alzada de la materia indispensable para confrontar los argumentos del A quo con los que de contrario, aduce la parte que se considere afectada y ello, precisamente constituye la función propia del segundo grado juris-diccional" (CNCiv., Sala A, 8-8-75, LL 1976, D, p.668, sum. 2260).

A la luz de la uniforme y pacífica jurisprudencia reiteradamente aplicada por este Tribunal, criterio al que esta Sala adhiere, cabe decir que el escrito sub-examine no cumple con los recaudos del art. 268 del CPCCCh, puesto que no contiene una crítica concreta y razonada de la sentencia atacada.

Que si bien este Cuerpo ha señalado en múltiples ocasiones que corresponde aplicar un criterio amplio para valorar la suficiencia de una expresión de agra-vios por ser lo que mejor se aviene con un escrupuloso respecto por el derecho de defensa en juicio y con el mantenimiento de la doble instancia adoptada por el le-gislador, dicha amplitud no puede llevar a un extremo tal que en los hechos se traduzca en la negación lisa y llana de las exigencias establecidas en el artículo del código ritual mencionado, ante la sola presentación de un escrito sin sustancia.

Sin perjuicio de ello, he de recordar que quien suscribe ha sostenido reiteradamente en sentencias de-finitivas 08/20120, 175/2010, entre otras, y reciente-mente el STJ de nuestra provincia en sentencia defini-tiva nro. 06/2012 en lo sustancial respecto de la pro-cedencia del rubro cuestionado.

Que por otra parte a fs. 417 se estableció en el fallo atacado que la empleadora no había realizado los aportes al sistema de retiro complementario sin que na-da se diga al respecto en el memorial.

En cuanto al criterio que he seguido, tal como ma-nifestara párrafo precedente, recuerdo que el fondo de retiro establecido convencionalmente mediante acta del 21-6-91 se halla destinado a reforzar el régimen de previsión social vigente, mediante el otorgamiento de un beneficio adicional. Pero el art. 9 de su normativa faculta al trabajador desvinculado del sector a solici-tar el rescate de los aportes personales, sin requerir-le el requisito de la edad, reduciendo tal rescate al 50% del total de los aportes referidos y si tales apor-tes no fueron realizados por la empleadora, es esta la que debe soportarlos de su propio peculio, cualquiera haya sido la causa de la extinción del contrato de tra-bajo (CNTrab., Sala VI, "Sánchez Néstor c/ Ferbo SA s/ despido", 19-11-98) (CNTrab., Sala II "Sabate, Cristina A. c/ Alcira Travellers Service SA", 24-8-2001, DT 2002-A-763) (en idéntico sentido Trib. Trabajo Jujuy, Sala I, sent. 2002-oct-11, "Torres David c/ Casa Lozano SA", Equipo Federal de Trabajo online).

Incorporada la disposición 4701/91 al CCT 130/75, el acuerdo imponía al empleador un aporte mensual del 3,5% del salario liquidado al trabajador, en consecuen-cia, se trata de una contribución, un aporte patronal, no se efectuaba un descuento en el salario del emplea-do. Habiéndose reconocido que no cumplía con esa obli-gación, corresponde acoger la indemnización reclamada, cuyo importe será el equivalente al 50% del aporte que se omitió. Cálculo que efectuó la sentenciante de grado a fs. 417vta, al momento del distracto, sin que pueda hablarse de decisión extrapetita.

Costas de la Alzada a la apelante vencida, confor-me principio objetivo de la derrota (art. 69 CPCCCh). Difiero la regulación de los honorarios de los letrados actuantes al momento del acuerdo, en que se tendrá en cuenta la labor profesional, el resultado obtenido y demás pautas contenidas en los arts. 5 y 13 de la ley arancelaria.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por lo expuesto propongo.

1) Declarar desierto el recurso interpuesto por la demandada.

2) Costas de la Alzada a la apelante vencida. Di-ferir la regulación de los letrados actuantes en esta instancia al momento del acuerdo, según considerando respectivo.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formula-dos por las partes en cada uno de los votos de esta Al-zada, por lo cual, a fin de evitar reiteraciones esté-riles que afectan los principios de celeridad y concen-tración procesal y resultando de quien abre el recurso la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a ella me remito.

I.A) A fs. 426/428. obran glosados los agravios planteados por la apelante demandada. Conferido el traslado de los mismos a fs. 429, fueron contestados por la actora a fs. 430/431vta.

I.B) He de principiar mi voto teniendo presente que ha dicho nuestro más Alto Tribunal de Justicia Pro-vincial: "La expresión de agravios es el acto procesal mediante el cual el recurrente fundamenta la apelación refutando total o parcialmente las conclusiones esta-blecidas en la sentencia... Por sus alcances, importa una demanda tendiente a obtener la apertura de una ins-tancia, pues sin ese memorial, el tribunal se encuentra imposibilitado de entrar a verificar la justicia o in-justicia de la sentencia apelada, y como su objeto lo constituye el ataque a la decisión del Juez, la doctri-na la denomina "demanda de impugnación. La insuficien-cia de la expresión de agravios: incompleta o deficien-te, trae aparejada la sanción, declarándose desierto el recurso" (STJCh, causa: 000A 000015, 07-06-1995, Sen-tencia Definitiva, ministros: Dres. Agustín Torrejón - Raúl Martín - Fernando S.L. Royer, "Ramírez, Darío Ale-jandro c/ Provincia del Chubut s/ Accidente de Traba-jo", S. 70 - "Banco Río de La Plata S.A. c/ Alfredo Guillermo Comba y Susana Yolanda Irusta - Demanda Eje-cutiva" - Cámara 2ª Civil y Comercial de Río Cuarto - Córdoba - 20/07/2005).

Cabe precisar que toca a las propias e ínsitas fa-cultades del tribunal de apelación, la de revisar, aún de oficio y en cualquier momento -por aquello de que la jurisdicción de grado hace al orden público, pertene-ciendo por tanto al sistema de la ley y no a la volun-tad de las partes-, el juicio de admisibilidad o proce-dencia formal del recurso incoado.

Considero que después de un exhaustivo análisis de los términos de los escritos de apelación levantado por la apelante demandada, los mismos resultan ambiguos y faltos de sistematización, haciendo abstracción la re-currente, en pos de una crítica concreta, razonada y circunstanciada, demostrativa de un desacierto (para lo cual no basta una mera falta de coincidencia) de los fundamentos trascendentes y puntualmente vertidos por la sentenciante (fs. 416/418) para desestimar tales de-fensas reeditadas sin más ante esta alzada.

Nada de lo invocado por esta tiene idoneidad sufi-ciente como para levantarse seriamente como crítica hacia los argumentos expuestos por la inferior en pos de la solución acordada a la controversia que merezca consideración en su mérito y substancia, no pasando de trasuntar, de consiguiente, un mero disconformismo y discrepancia con lo resuelto, que lógicamente no se condice con las exigencias de forma en la materia.

Ello así porque es entendimiento de la suscripta, reitero, que expresar agravios significa cuestionar, rebatir y desvirtuar prolija, concreta y razonadamente, con argumentos serios y lógicos, las motivaciones des-granadas por la juzgadora para la solución de la con-troversia, tendiente a demostrar la sinrazón y equivo-cación de las mismas.

He de aclarar que por más que este tribunal tenga en la materia un amplio criterio de apreciación, insis-to, aparece marcada en el escrito de apelación presen-tado por la recurrente, la omisión de los presupuestos mínimos indispensables para ser considerado como una expresión de agravios.

Ha sostenido la doctrina en el sentido en que se viene exponiendo en el presente voto: "El memorial es el que da la competencia de la Cámara, y el deber del apelante es el de fundar el recurso, esto es, que el memorial debe reunir los mismos requisitos exigidos a la expresión de agravios, de manera que el recurrente tiene la carga de formular una crítica concreta y razo-nada de la resolución impugnada (cf. Palacio -Alvarado Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Na-ción", T. VI, pág. 154).

Ha establecido la Corte Suprema de la Nación que la ausencia de tratamiento de los fundamentos de la sentencia apelada produce la deserción del recurso de apelación, pues debe declararse desierto el recurso si el memorial no constituye una crítica concreta y razo-nada y se limita a formular consideraciones generales, dogmáticas y abstractas, no referentes a los aspectos específicos de la sentencia pretendidamente cuestionada (CSJ Nac. "Francisco Cacik e Hijos c/ Dirección Nacio-nal de Vialidad", 27/09/88), son todas razones por las cuales por la complexión e implicancia de lo expuesto, han quedado entonces incólumes y consentidas las subs-tanciales motivaciones expuestas en la sentencia, advi-niendo por ende firme la misma; por lo cual, y sin ma-yores abundamientos, aplicando lo prescripto por el art. 269 de la Ley XIII, nro. 5, Anexo A, -Digesto Ju-rídico- declaro desierto el recurso interpuesto por la demandada a fs. 426/428 y confirmo la sentencia de fs. 408/419 en dicho sentido.

I.C) Teniendo en cuenta lo resuelto, se hace de aplicación lo prescripto por el art. 69 de la Ley XIII, nro. 5, Anexo A -Digesto Jurídico-, razón por la cual corresponde imponer las costas a la parte apelante de-mandada vencida. Difiero para el momento del acuerdo la regulación de los honorarios de los profesionales in-tervinientes, la que se efectuará de conformidad a la labor desarrollada, el mérito y extensión de la misma, la trascendencia para las partes según las pautas de los arts. 13 y ccdtes. de la Ley XIII, nro. 4 - Régimen Arancelario para el Servicio Profesional de Abogados y Procuradores -Digesto Jurídico-.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la vocal preopinante Dra. Graciela Mercedes García Blanco y considerar que esta parte del voto no está comprendi-da en la manda constitucional del art. 169 CPCCCh, a la misma me adhiero.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Declarar desierto el recurso interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia recurrida de fs. 408/419.

2) Costas de la Alzada a la apelante vencida, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de los Dres. E. J. M., J. M. P. y J. H. P., conjuntamente, en el treinta por ciento (30%) y de la Dra. A. A. d T. en el veinticinco por ciento (25%), porcentajes a calcular sobre lo respectivamente regulado a cada parte por su labor en la instancia de grado.

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de en-contrarse en uso de licencia la Sra. Jueza de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y concordar en la solución del caso (Ley V-17-DJ, antes Ley 1130 y art. 274 CPCCCh, Ley XIII-5-DJ, Anexo A).

REGISTRADA BAJO EL nro.DEL AÑO 2013	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L".