Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03


ALBERTO, Miguel Ignacio Martín contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 193 p 412-417.

En la ciudad de Santa Fe, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil tres, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos "ALBERTO, Miguel Ignacio Martín contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 697 año 1995), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veintiseis de noviembre del corriente año.

A la primera cuestión: -¿Es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

I.1. Miguel Ignacio Martín Alberto promueve juicio contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, por denegación tácita del reclamo de actualización de haberes previsionales en base a la necesaria proporción que deben guardar las pasividades con las remuneraciones de las funciones que desempeñó el titular del beneficio y tenidas en cuenta para el cálculo del haber base, debiendo considerarse la nueva categoría en que fueron reencasilladas y/o las asignaciones que perciba el activo, lleven o no descuento jubilatorio y se les de o no el carácter remunerativo, siempre que dichos montos se perciban con habitualidad. Asimismo solicita el pago de las diferencias retroactivas, con plus por desvalorización monetaria e intereses legales y costas.

Considera que el silencio administrativo y la no contestación de todos los escritos presentados en las diferentes etapas, constituyen una falta de respeto hacia el administrado que ve como ilusorios los derechos reconocidos en las leyes administrativas;

y que dicha actitud es contraria a lo establecido en el último párrafo del artículo 13 de la Constitución provincial, que establece el derecho de los habitantes de la Provincia a peticionar a las autoridades en defensa de sus intereses.

Cuestiona la aplicación de los coeficientes sectoriales o generales, por entender que condujo a la determinación de pasividades cuyo quantum dista de manera irrazonable con las del agente que en la actualidad desempeña el cargo tenido en cuenta para la determinación del haber base.

Cita los fallos "Peyrano de Fluxá" y "Rodríguez", en el sentido de que las pasividades deben guardar razonable proporción con la remuneración de quien desempeña idénticas funciones en actividad, con prescindencia del tratamiento escalafonario o presupuestario dado al cargo al tiempo de su desempeño por el pasivo.

Sostiene que la aplicación del sistema de movilidad posterior al cálculo del haber base, provocó una lesión patrimonial que atenta contra los derechos de propiedad y de movilidad de las prestaciones (arts. 17 y 14 bis de la Constitución nacional, y 15 y 21 de la provincial).

Por último pide la aplicación del 82% móvil, como único medio de subsanar la lesión patrimonial causada.

2. Declarada por Presidencia la admisión del recurso en su aspecto formal (f. 22), comparece la Provincia (f. 32) y contesta la demanda (fs. 35/40).

Afirma que el recurso es inadmisible, en ese sentido postula que se habría operado la caducidad del procedimiento administrativo; y que en caso de prosperar la demanda, el beneficio sólo será en la proporción que le corresponda al heredero presentado en autos.

Luego de negar diversas postulaciones contenidas en el escrito de demanda, dice que en el trámite administrativo la pretensión ejercida "se limitó expresamente" a que el beneficio jubilatorio guarde necesaria proporción con el sueldo del activo que desempeña el mismo cargo tenido en cuenta para determinar el haber base; de ello extrae que las restantes cuestiones o pretensiones introducidas en esta sede (eventual existencia de una nueva categoría para dichas funciones, otras asignaciones percibidas por el activo y existencia de descuentos jubilatorios)" exceden la primitiva pretensión administrativa, y que no pueden ser materia de presente recurso. Señala que el monto jubilatorio que percibe mensualmente el actor se moviliza mediante la aplicación de coeficientes sectoriales, que fija el Poder Ejecutivo teniendo en cuenta las variaciones de las retribuciones del personal activo.

Sostiene que no hay elemento probatorio alguno del cual surja que la aplicación del sistema de movilidad de los haberes provoque una desproporción irrazonable; y que tampoco está acreditado que el cargo desempeñado por el actor, haya sido revalorizado o las funciones del mismo correspondan a otro de mayor jerarquía.

Argumenta que la excesiva generalidad con que el recurrente plantea la pretensión de reajuste con relación a las asignaciones del activo, le impide determinar si el sueldo de éste se integra con los rubros indicados, si corresponde que sean considerados a los fines de determinar el haber, o si ya han sido trasladados al mismo.

Para el supuesto que proceda el recurso, postula que los intereses se deberán computar desde la fecha del reclamo y no por períodos mensuales anteriores no alcanzados por el instituto de la prescripción liberatoria.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Abierta la causa a prueba y producida la que consta en autos, se agregan los informes de las partes (fs. 151/155 y 156/161).

Dictada (f. 162) y consentida la providencia de autos, queda la causa en condiciones de ser resuelta.

3. Esta Corte ha sostenido invariablemente que el acogimiento del recurso en su aspecto formal hecho en la ocasión prevista por el artículo 25 de la ley 4106, no impide volver sobre la cuestión en el acuerdo definitivo (por todos, A. y S. T. 183, pág. 229).

La demandada plantea dos supuestos que, en su opinión, tornan inadmisible el recurso.

a. Por un lado, aduce que se ha operado la caducidad del procedimiento administrativo.

En sustento de su afirmación señala, que entre la presentación de los herederos del recurrente (13.5.1990) y la solicitud de prosecución del trámite (18.6.1992) transcurrió en exceso el plazo previsto en el artículo 65 del decreto 10.204/58.

Este argumento no pueden prosperar.

Es que, con relación a la posibilidad de efectuar en esta sede planteos de caducidad, la Corte provincial tiene dicho que "habiendo concluido el procedimiento administrativo con la interposición de la demanda por denegación tácita, no puede denunciarse su configuración"; y, que si bien es cierto que la interposición de una demanda en esas condiciones no priva a la Administración de la posibilidad de pronunciarse expresamente, ello no podría alcanzar, en principio, a la posibilidad de denunciar la caducidad de un procedimiento ya concluido (cfr. "Rivero" A. y S. T. 172, pág. 139).

Este criterio, es el que mejor armoniza con las exigencias propias del procedimiento administrativo en general (ver Fallos 300:1292), y, en particular, con las pautas restrictivas que rigen en materia de caducidad en sede administrativa.

Tal el supuesto de autos, en el cual, por lo demás, el actor instó la prosecución del trámite administrativo, y la Administración le dio curso sin denunciar la paralización del procedimiento, conforme surge de las constancias de las actuaciones administrativas (fs. 70 vto., 72 y vto., 74, y 75, expte. adm. 15101-011613-V).

Queda, pues, desechado el planteo de caducidad del procedimiento.

b. Con relación a que existiendo dos herederos, en esta sede sólo se presentó uno de ellos; no se trata de un aspecto que, en el caso, incida sobre la admisibilidad del recurso; por lo que este argumento también debe desestimarse.

Voto, pues por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler y Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

II. 1. La pretensión del actor consiste en obtener el pago de las diferencias por reajuste del haber jubilatorio de su extinto padre (desde julio de 1985 a marzo de 1990), conforme la razonable proporción que debían guardar los haberes con la remuneración de las funciones desempeñadas por el causante, con todas las asignaciones percibidas por el activo con habitualidad; más actualización e intereses desde que se devengaron hasta el efectivo pago (fs. 14 y 155).

Las menciones a que se consideren "las asignaciones que perciba el activo, lleven o no descuento jubilatorio y se les de o no el carácter remunerativo, siempre que dicho monto se perciba con habitualidad", no constituyen una pretensión autónoma, sino que son puntualizadas a los efectos de la razonable proporción que a través del recurso se procura restablecer.

Cabe recordar que con relación al 82% puntualizado en la demanda, el Tribunal ya expresó que si bien el legislador estableció la proporción para la determinación originaria de los haberes previsionales, no necesariamente se debe mantener con el tiempo esa relación entre las remuneraciones del activo y del pasivo en el mismo porcentaje ("Graffigna", A. y S. T. 58, pág. 282).

Es decir que matemáticamente no deben trasladarse al sector de pasivos los incrementos de remuneraciones otorgados a los activos, pues de ser así, directamente se habría ordenado esa correspondencia (cfr. "González de Prado", A. y S. T. 92, pág. 492 y sus citas).

Con todo se puede afirmar que la situación que depara el presente es similar a la considerada y resuelta en "Demiryi" (A. y S. T. 159, pág. 451) y posteriores pronunciamientos ("Busso", A. y S. T. 161, pág. 31; "Peirotti", A. y S. T. 161, pág. 61; "Garnica", A. y S. T. 166, pág. 438; entre otros), en los cuales se recordó la jurisprudencia nacional y local con relación a la necesidad de preservar la proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, en razón de la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al primero con respecto al segundo.

A fin de evitar una reiteración que estimo innecesaria, corresponde remitir a tales consideraciones en lo pertinente; y según lo expuesto enfocar el presente.

Analizando la prueba producida, tendente a demostrar si existe o no disminución irrazonable en los haberes percibidos; se observa que el Departamento de Actualizaciones Generales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, informó que el cargo que se tuvo en cuenta para determinar el haber base fue el de Subsecretario de Ministerio, y detalló los haberes nominales desde enero de 1986 hasta el 31.3.1990 -fallecimiento del causante- (fs. 73/74).

Por su parte, la Dirección General de Administración del Ministerio de Hacienda y Finanzas, hizo saber los sueldos correspondientes al cargo de "Subsecretario" (fs. 141/144).

Acerca de los sueldos, es necesario recordar lo dicho por esta Corte en cuanto a que para la determinación de un haber actualizado, que respete el principio básico de la necesaria proporción entre el haber de pasividad y el que percibiría en actividad, no se pueden excluir del cómputo adicionales que en razón de su propia naturaleza no hacen sino retribuir discriminadamente lo que con anterioridad se percibía en el mismo cargo, globalmente o bajo otra denominación, pero con similar carácter retributivo (cfr. "Sánchez Guerra", A. y S. T. 69, pág. 466; "Lauría", A. y S. T. 93, pág. 225; "Juárez", A. y S. T. 144, pág. 441 y "Ferreyra", A. y S. T. 168, pág. 122).

Aclarado lo precedente, se advierte que el informe de sueldos no detalla los montos correspondientes a los "adicionales particulares": título y antigüedad; empero, tales ingredientes integrativos de la remuneración pueden ser determinados sobre la "asignación de la categoría"; el primero en base al 25%, y el segundo en función del porcentaje legal correspondiente por cada año de servicio del causante según la "forma de cálculo" indicada en el informe analizado. Habiéndose arribado al total de las remuneraciones nominales, y no las que efectivamente percibe el agente en actividad, es preciso efectuar las pertinentes deducciones legales, estimadas en un 18% a falta de prueba efectiva sobre los descuentos reales que pudieran corresponder ("Carnelli", A. y S. T. 65, pág. 317).

Por otro lado, en razón de que se trata de una Jubilación por Retiro (ver fs. 74/75, expte. adm. 10.682 (fotocopias) y f. 16, expte. adm. 15101-116.613), es preciso hacer la adaptación pertinente para la aplicación del límite de reducción que se juzga razonable entre lo percibido por activo y pasivo (criterio de "Carnelli").

En consecuencia los montos informados se incrementaron hasta alcanzar los haberes jubilatorios ordinarios.

A los valores así obtenidos se los consideró efectivos con la deducción del 5% conforme "Vecchioni" (A. y S. T. 86, pág. 127).

La comparación de los sueldos y haberes estimados -según se termina de explicar- permite comprobar en algunos de los períodos examinados, una desproporción que excede la considerada tolerable.

Además, la propia Caja reconoce que "atento a lo dispuesto por el decreto 2506/86, el beneficio quedó desfasado en un 30%" (informe de Cómputo y Monto, f. 24, expte. adm.).

Por lo expuesto y conforme a las ya mencionadas pautas que surgen de los fallos de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -sin perjuicio de la determinación numérica que resulte cuando se practique liquidación-, ha de concluirse pues, que resultan excesivas en su aplicación al caso, reducciones que reflejan en el haber jubilatorio, disminuciones superiores al 20% de lo que habría percibido el causante como personal activo.

2. En cambio no corresponde pronunciarse sobre la pretensión de incluir "gastos reservados" dentro de la remuneración para la verificación de la razonable proporción entre el sueldo del activo y el haber del pasivo, porque de la prueba producida por el actor no surge que dicho rubro integre las remuneraciones del cargo desempeñado por el causante en el lapso informado (fs. 135 y 141/142).

3. Finalmente, en cuanto a los intereses, "es criterio de la Corte provincial que el pago (de ellos) es una consecuencia de la actitud renuente del demandado a cumplir su obligación, no obstante ser constituido en mora, y, en el caso de los recursos contenciosos administrativos, se entiende que ella se produce desde el reclamo administrativo" ("Kessler", A. y S. T. 146, pág. 474).

Con el alcance mencionado, voto pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler y Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión: -En consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar a la demanda con el alcance que surge de dicha cuestión, sin perjuicio de la determinación numérica que resulte de la liquidación.

Condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a la parte actora en legal forma -según liquidación que deberá practicar la demandada en un plazo no mayor de veinte días- las diferencias entre lo realmente percibido desde el 20.7.1985 -atento lo demandado (f. 117) y alegado (f. 155), y lo dispuesto en la norma de prescripción aplicable-, y lo que hubiera debido percibir el causante hasta el 31.3.1990, considerando el límite de reducción del 20% y el modo en que se deben efectuar los cálculos, según lo dicho al tratar la cuestión anterior; actualizadas debidamente hasta el 31.3.1991 (arts. 1, 7 y 13, ley 23928); con más intereses a la tasa del 6% anual (sobre valores actualizados) a partir del reclamo (20.7.1987) para las diferencias devengadas con anterioridad a éste, y desde que cada suma se debió percibir, respecto de las posteriores, hasta el 31.3.1991.

De allí en más, se deberá computar la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, o la que en su caso corresponda.

Diferir la imposición de costas hasta que se practique y apruebe la liquidación respectiva.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler y Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Hacer lugar a la demanda con el alcance que surge de la segunda cuestión, sin perjuicio de la determinación numérica que resulte de la liquidación.

Condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a la parte actora en legal forma -según liquidación que deberá practicar la demandada en un plazo no mayor de veinte días- las diferencias entre lo realmente percibido desde el 20.7.1985, y lo que hubiera debido percibir el causante hasta el 31.3.1990, considerando el límite de reducción del 20% y el modo en que se deben efectuar los cálculos, según lo dicho al tratar la segunda cuestión; actualizadas debidamente hasta el 31.3.1991; con más intereses a la tasa del 6% anual (sobre valores actualizados) a partir del reclamo (20.7.1987) para las diferencias devengadas con anterioridad a éste, y desde que cada suma se debió percibir, respecto de las posteriores, hasta el 31.3.1991. De allí en más, se deberá computar la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, o la que en su caso corresponda.

Diferir la imposición de costas hasta que se practique y apruebe la liquidación respectiva.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)