Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-23


COMODORO RIVADAVIA, Veintitrés de agosto de 2007.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados:"I, J (Legajo de Copias) s/Denuncia", Expediente Nro. 15347 año 2005, venidos del Juzgado de Instrucción (Expediente Nro. 4206 año 2000).

La mayoría en forma impersonal dijo:

I.- Que llegan las presentes actuaciones a este Tribunal a los fines de dar tratamiento al recurso de apelación interpuesto por el Dr. C S. K, abogado defensor del Dr. O A. A, contra la sentencia del 3 de diciembre de 2004, en cuanto la misma rechazar el pedido de sobreseimiento de su defendido, en relación al delito de prevaricato, previsto en el art. 269 del Código Penal. Peticiona se revoque tal pronunciamiento, ante la inexistencia de elementos en la causa tipificantes del citado delito.

Por su parte, si bien el Dr. H A J también interpuso similar recurso, omitió sostenerlo en la oportunidad del art. 410 CPP, por lo que corresponderá declararlo desierto.

II.- Que la presente causa tiene inicio merced a la denuncia que a fs. 1/8 efectúa el Dr. J C A I, contra los Dres. H A J, C C y O G A, a quienes les imputa responsabilidad penal por sus respectivas actuaciones en la causa "I, J C A en autos: "M, C A s/ Concurso Preventivo", expte. 562/94 s/ Impugnación Acuerdo Preventivo", expte. n° 1688/94.

1.- Les atribuye en primer término "retardo de justicia", al haber demorado en forma extrema el dictado de la sentencia interlocutoria que el cargo de conjuez de cámara les exigía, superando ampliamente el plazo de quince días hábiles previsto en la legislación procesal civil.

2.- A fs. 14 se formula una ampliación de denuncia, en donde se hace referencia al contenido del fallo dictado en la causa del fuero comercial antes identificada, con fecha 07 de diciembre de 2.000, y se señala que, en el primer voto, el Dr. H A J copia en forma textual el contenido de la expresión de agravios presentado por los letrados del concursado C A M, por lo que el citado conjuez ".no ha participado en la creación intelectual de su voto. Los argumentos, citas doc-trinarias, jurisprudencia, usos y modos gramaticales, redacción y extensión de los textos, fueron idénticamente copiados, quedando en grosera evidencia la connivencia entre una de las partes y uno de los jueces de la causa, en un hecho sin precedentes.".-	Agrega el denunciante que ".el caso que nos ocupa, dentro de la doctrina de la Corte Nacional, reviste carácter de una sentencia dolosa, viciada e ineficaz, sólo explicable en la esfera de la ilegalidad. Dice SAGUES en su obra "RECURSO EXTRAORDINARIO", Ed. Desalma, Tomo II, pág. 591: " No tengo la menor duda en sostener que sentencia dolosa y sentencia arbitraria son sinónimos. Si concurre dolo penal, entonces la sentencia es prevaricante."	4.- En cuanto a los restantes conjueces, sostiene que ".la Dra. C coincidió con la línea argumental del Dr. J, al abordar los mismos fundamentos, lo que hace suponer que conoció minuciosamente acerca del contenido de las actuaciones que objetamos. El Dr. A manifestó su adhesión al voto de sus antecesores para lo cual debió al menos leer ambos escritos, el de agravios de M y el voto del Dr. J, para poder emitir así su opinión. Evidentemente debió conocer también respecto de los hechos que se denuncian.".-	5.- A fs. 522/526 obra requisitoria fiscal, donde la Funcionaria actuante califica provisoriamente los hechos denunciados en los delitos de "RETARDO DE JUSTICIA en concurso real con PREVARICATO, previstos y penados por los arts. 273 -2° párrafo- , 269 -1° párrafo- y 55 del Código Penal.-	6.- Para fundar el primer delito enrostrado, efectúa un detallado análisis de la significativa demora en que incurrieron los conjueces para fallar la causa sometida a su conocimiento, conforme las constancias agregadas en copia certificada en esta etapa instructoria. En cuanto al prevaricato, coincide con la argumentación del denunciante, afirmando que el Dr. J. directamente copió una de las expresiones de agravio, lo que excluye su autoría del voto, citando en su apoyo a Creus (Delitos contra la Administración Pública, p. 435 y ss.): ".el juez tiene que saber que lo que invoca no puede, fáctica o jurídicamente, fundamentar su fallo; debe querer, por tanto, mostrar como jurídico, o como verdadero, lo que no es jurídico o no es verdadero.".

7.- No es tan clara, sin embargo, la requisitoria respecto de los restantes conjueces, respecto de quienes afirma que debieron tener conocimiento de la opinión de Juárez al tratarse las cuestiones planteas en el Acuerdo, agregando que el Dr. A adhirió a los fundamentos de los votos de sus colegas.

8.- A fs. 529 el Juez de Instrucción dispone que los denunciados Dres. J, C y A designen abogado defensor, a la vez que ordena las medidas solicitadas por la Fiscal.

9.- Que luego de sucesivas excusaciones y recusaciones, se avoca al conocimiento de la causa el Dr. J C S, aceptando el cargo de Conjuez de Instrucción, y en el mismo proveído de fecha 26 de agosto de 2004 (fs. 653) cita a indagatoria a los letrados imputados. Sin embargo, ante el pedido de sobreseimiento de fs. 661/667 que formula el abogado defensor del Dr. A, se corre vista a la Fiscalía, quien si bien rechaza el planteo respecto del delito de PREVARICATO, aprovecha para requerir al Magistrado declare la prescripción de la acción por supuesto RETARDO DE JUSTICIA. A fs. 688/691 contesta vista el denunciante devenido en querellante, Dr. J C A I, quien requiere el íntegro rechazo del pedido de sobreseimiento formulado.	10.- Que a fs. 692 el Sr. Conjuez de Instrucción dicta resolución mediante la cual declara extinguida la acción penal respecto del delito de retardo de justicia por prescripción, sobreseyendo parcial y definitivamente en la presente causa a los Dres. O G A, H A J y C C, a la vez que rechaza el pedido de sobreseimiento efectuado por el defensor particular del primero de los nombrados, respecto del delito de prevaricato, art. 269 del Código Penal.

11.- Notificadas las partes de tal decisión, apelan únicamente los imputados A y J, quienes se agravian del rechazo del sobreseimiento peticionado en orden al delito de prevaricato. Adquiere firmeza, por lo tanto, la prescripción de la acción penal por el supuesto delito de "retardo de justicia".

12.- Radicada la causa ante este Tribunal, únicamente sostiene el recurso interpuesto el Dr. K, en su calidad de defensor de confianza del imputado Dr. A, por lo que corresponde declarar desierto el recurso interpuesto por el Dr. J (art. 412 CPP).

Y CONSIDERANDO:

13.- Conforme el resumen precedente, la única cuestión a resolver gira en torno al rechazo del pedido de sobreseimiento respecto del delito de prevaricato, y la consecuente decisión judicial de avanzar en su investigación, citando a los conjueces denunciados a indagatoria.

14.- Sostiene el A quo (fs. 692/3) al fundar la procedencia de la pesquisa que ".los fundamentos de la sentencia que resuelve una cuestión constituye una exigencia de orden estrictamente lógico y es por ello que debe tratar los hechos que forman parte del expediente y establecer concretamente el derecho aplicable. Es decir, debe ser el producto de un razonamiento efectuado por el Juez, el cual se debe manifestar de una manera precisa, clara y en un sentido determinado, a fin de permitir a las partes no sólo controlar el resultado de las conclusiones del magistrado volcadas en el decisorio, sino de impugnarlo, en caso que las agravie. Pero para que esto último sea factible, debe la sentencia ser el fruto de un coherente análisis tanto de los hechos traídos por las partes al proceso y que sean motivo de controversia, como del derecho que el juez considera aplicable al caso. Que las circunstancias que rodean la presente causa son demostrativas "prima facie" que tal razonamiento lógico no fue concretamente realizado por los imputados en la oportunidad que les tocó actuar como conjueces, y ello habilita a que deba continuarse con la investigación del delito de prevaricato. Es que la conducta evidenciada por los Dres. J, C y A, alcanza el grado de probabilidad exigida en la etapa instructoria, como para proceder a dar cumplimiento con el llamado de los mismos a indagatoria (art. 262 del CPP). Que todos ellos se encuentran en la misma situación procesal, ya que es indistinto, a los efectos de la configuración del delito de prevaricato, que uno haya procedido a emitir su voto en la sentencia y los otros hayan adherido al criterio del conjuez preopinante.".

15.- Que se adelanta que el Tribunal habrá de propiciar la íntegra revocación del fallo apelado, en cuanto sostiene la probable configuración del delito de prevaricato en la actuación de los mencionados conjueces, encuadrando sus conductas en dicha figura penal.

16.- Que tal conclusión se desprende claramente del examen dogmático de la figura legal involucrada. En efecto, dispone el art. 269 del CP que: " Sufrirá multa de tres mil pesos a setenta y cinco mil pesos e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas".

16.1- En cuanto al aspecto objetivo de la acción, señala prestigiosa doctrina (Soler, Derecho Penal Argentino, T. V, pág. 229 y ss.) que la resolución debe ser contraria a la ley, por lo que no prevarica el juez que se equivoca y comete una legalidad; un pronunciamiento de este tipo -agrega el autor- puede ser corrupto pero no prevaricante-. Luego señala que la resolución debe citar hechos o resoluciones falsas. Hecho falso consiste en afirmar como existente algo que no existe y no solamente como tomar como suficientemente probado algo que al libre criterio de otro juzgado no está probado. ".Falso sería decir que han declarado dos testigos, cuando solamente lo ha hecho uno, y si sobre la base de esa afirmación se diese por probado el hecho, se cometería prevaricato." (aut. y ob. citadas). "Resoluciones falsas" alude a decisiones jurisdiccionales influyentes en la causa: que una excepción haya sido rechazada cuando en realidad no fue resuelta, etc.

16.2.- Y en lo que respecto al aspecto subjetivo, dice Soler que ".el prevaricato no consiste en la discordancia entre el derecho declarado y el conocido, no está en la proposición afirmada, sino en la relación entre esa proposición y el estado de creencia en la mente del Juez..". ".No basta el descuido ni la negligencia: no hay prevaricato por culpa." afirma con claridad el autor, quien agrega: ".el prevaricato consiste en el intento de hacer pasar como derecho algo que positivamente se sabe que no lo es.el error y la ignorancia de derecho excluyen el prevaricato.".

16.3.- Profundizando en estos aspectos, otros autores comparten la interpretación de Soler, como Breglia Arias y Gauna, en su Código Penal comentado, afirmando que para que exista delito de prevaricato ".tiene que haber absoluta oposición y contrariedad entre lo que se resuelve y lo que la ley declara. Si la resolución es maliciosa e interesada, pero lo que dicta el juez es legal, aunque el juez crea contradecir la ley, no habrá delito.Pero hay que tener en cuenta que no basta con que la resolución sea errónea, pues de lo contrario prevaricaría siempre el juez cuya sentencia fuese revocada." Agregan estos autores que se trata de un ".delito doloso, que requiere mala fe. Una opinión del juzgador que obedezca a ignorancia, error o irreflexión, no constituye base para prevaricar." Para otro autor, el delito se comete cuando el Juez sabe que resuelve en contra de la ley, por lo que se trata de una figura dolosa (cfme. Fontán Balestra, Derecho Penal, parte especial, pág. 893 y ss)	17.- Conforme a las muy precisas exigencias del injusto penal, se advierte que el Sr. Conjuez Inferior ha omitido analizar el contenido normativo del tipo delictual enrostrado, a los fines de verificar -previo a ordenar una investigación- si los hechos denunciados y que surgen de la causa comercial "I, J C A en autos: "M, C A s/ Concurso Preventivo", expte. 562/94 s/ Impugnación Acuerdo Preventivo", expte. n° 1688/94 pueden llegar a configurar el delito de prevaricato. Es decir, no se advierte en la resolución apelada ninguna fundamentación que, cuanto menos en forma hipotética o conjetural, explique de qué modo la conducta de los conjueces puede calificarse "prima facie" como prevaricante a los fines de su persecución penal. Al igual que la Sra. Procuradora Fiscal, el Magistrado afirma que existen motivos para indagar a los conjueces, pero ambos omiten justificar las razones de su determinación.-	18.- En efecto, la argumentación del Sr. Conjuez Inferior se limita a señalar la ausencia de un razonamiento propio del Dr. J, quien habría tomado en forma literal los argumentos del concursada apelante. La sola falta de "autoría" proporciona, a juicio del Magistrado, una base fáctica suficiente para el llamado a indagatoria por el delito de prevaricato, circunstancia que termina arrastrando a los restantes conjueces C y A, quienes habrían omitido denunciar tal ilícito proceder.

19.- Se advierte, de tal modo, el erróneo encuadramiento de la conducta reprochada, que en modo alguno encaja en el art. 269 del CP, para cuyo andamiaje se requiere algo más que el plagio de fundamentos. Se coincide con el Dr. S en la necesidad de que todas las decisiones jurisdiccionales se encuentren debidamente fundadas, tanto en el plano fáctico como en el jurídico, conforme la inveterada doctrina de la CORTE SUPREMA (en cuanto dice que los pronunciamientos deben resultar derivación razonada del derecho vigente conforme a los hechos acreditados en la causa) y como también lo dispone el art. 169 del nuestra Constitución Provincial pero, en rigor, y como la doctrina penal antes resumida lo puntualiza, no cualquier sentencia infundada o deficientemente fundada o (agregaría) con fundamentos copiados es prevaricante, sino tan sólo aquélla cuyos autores hayan violado concientemente la ley o hayan invocado hechos o resoluciones falsas o inexistentes, según lo exige en forma litera el art. 269 del CP.

20.- Desde luego que un voto con fundamentos "copiados" no debió ser convalidado como acto jurisdiccional válido, y como tal, al estar ausente la "debida fundamentación" llama la atención que no haya sido anulado por el H. Superior Tribunal, o en su defecto por la Corte Suprema de la Nación. Pero esta consideración se vierte "obiter dictum", puesto que debió ser asumida por el Juzgador de la causa comercial antes citada. Vale decir, el remedio para evitar la validez de una sentencia de Cámara carente de motivación autónoma lo constituye el recurso de casación por quebrantamiento de forma, al que la parte acudió, aunque infructuosamente.

21.- Pese a la gravedad de la defección institucional del H. Superior Tribunal, ello no puede tener como consecuencia la criminalización de la conducta de los jueces de grado cuyos fallos adolecen de la debida fundamentación, que el órgano casatorio con control nomifaláctico debió invalidar. Lejos de ello, el pronunciamiento cuestionado fue convalidado como acto jurisdiccional por los tribunales superiores y, por lo tanto, aunque pese, la sentencia pesquisada no ha violado la ley, adquiriendo los caracteres de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad propios de la cosa juzgada.

22.- En resumen, se propicia la revocación del fallo apelado por cuanto los conjueces imputados no han violado en forma conciente la ley, al adquirir firmeza su fallo. Por lo tanto, se encuentra ausente el primer elemento objetivo del tipo penal, según señalaran los autores antes citados, es decir, no estamos ante una sentencia contraria a la ley; resultará ocioso -por lo tanto- ingresar en el análisis del elemento subjetivo, puesto que la acción que se quiere investigar es atípica. Ello sin dejar de señalar que la copia de los argumentos, sumado a la ostensible demora y desgano en el dictado de sentencias -aunque graves inconductas pasibles de destitución, art. 168 y 169 Constitución Provincial.- no revelan por sí solo que haya existido dolo delictual prevaricante, debiendo ser enmarcada el comportamiento de los conjueces, en todo caso, en el amplio marco de la culpa (por negligencia o impericia, etc.).

23.- Por lo tanto, conforme lo dispone el art. 294, inc. 3° del Código Procesal Penal aplicable en el sub-júdice, corresponde revocar la sentencia apelada, y disponer el sobreseimiento total y definitivo de los conjueces Dres. Hugo Américo Juárez, Oscar Alberto Ayestarán y Cecilia Cervi, por no encuadrar sus desempeños jurisdiccionales en la causa "I, J C A en autos: "M, C A s/ Concurso Preventivo", expte. 562/94 s/ Impugnación Acuerdo Preventivo", expte. n° 1688/94 en la figura del prevaricato, previsto en el art. 269 del Código Penal.

Que si bien, respecto del doctor Hugo Américo Juárez corresponde declarar desierto el recurso y la doctora Cecilia Cervi no ha interpuesto recurso, resulta de aplicación el artículo 400 del Código Procesal Penal (Ley 3155).

El doctor Alejandro Rosales dijo:

Que llegan las presentes actua-ciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Dr. C S K, abogado defensor del Dr. O A A, contra la sentencia del 3 de diciembre de 2004 en cuanto rechaza el pedido de sobreseimiento de su defendido en relación al delito de prevaricato previsto por el artículo 269 del Código Penal -apartado 3º de la resolución en crisis (cfr. fs. 692/693)-, solicitando consecuentemente se revoque la misma ante la inexistencia -según se sostiene- de elementos en la causa que lleven a establecer la comisión de delito alguno, ni por ende del delito de prevaricato imputado, haciendo una minuciosa descripción de los antecedentes en estudio y de la figura legal en cuestión.

Por su parte, el Dr. H A J, se agravia de la sentencia, al no compartir el sobreseimiento parcial y definitivo dictado con motivo de la extinción de la acción penal por prescripción en orden a los hechos que se le imputaran y que se subsumen en el delito previsto y reprimido por el artículo 273 del Código de fondo, pues entiende que el sobreseimiento debe proceder conforme a lo establecido por el inc. 2º del artículo 294 del CPP, al no haberse acreditado -afirma- la comisión del hecho en cuestión.

Asimismo cuestiona -al igual que el Dr. K-, el punto 3º de la parte resolutiva de la sentencia, sosteniendo que tampoco -en el caso del presunto prevaricato imputado- se configuran los elementos requeridos por el tipo.

En el Tribunal, sólo el Dr. K sostuvo el recurso oportunamente deducido.-	Por ello, y en los términos de lo normado por el artículo 412 del CPP, se declara desierto el recurso interpuesto por el Dr. J.

II) Así y en orden a la cuestión que corresponde tratar, el apelante rechaza que se prosiga con la indagación en punto a los hechos calificados provisionalmente como incursos en la figura del artículo 269 del Código Penal, postulando consecuentemente el sobreseimiento de su defendido.-	Al respecto y como primera aproximación a la cuestión introducida, cabe señalar que previo a arribar a tal conclusión es menester establecer que se de en el presente el supuesto contemplado en el artículo 294 del CPP, con relación a las personas que aparecen imputadas y los hechos objeto de estudio.

Así y para que ello opere, en cuanto a la inexistencia del delito -según lo expone el recurrente-, cabe señalar que para sostener que el hecho investigado no encuadra en una figura legal, y que no se cometió, "la adecuación a derecho de la conducta denunciada debe ser evidente. En tal sentido, este supuesto... es aplicable cuando el hecho que se pretende probar es en sí mismo una conducta no prohibida por el derecho (por ejemplo, se denuncia como delictivo un hecho manifiestamente lícito, se imputa la comisión de una conducta que ha dejado de estar prohibida en virtud de una derogación de la ley penal, o se denuncia un hecho típico pero no antijurídico, etcétera). Ahora bien, si resulta necesario iniciar una investigación o proseguir con la misma, para dilucidar algún aspecto del hecho denunciado el juez debe proceder a la instrucción del sumario" (Cfr. Folgueiro, Hernán, "El archivo de las actuaciones", ver en: Garantías constitucionales en la investigación penal - Un estudio crítico de la jurisprudencia, Florencia G. Plazas y Luciano A. Hazan -compiladores-, Editores del Puerto, Bs. As., 2006, págs. 33/45, y su cita: Núñez, Ricardo C., Código Procesal Penal Provincia de Córdoba, 2ª ed., editorial Marcos Lerner, Córdoba, 1986, pág. 185; el subrayado me corresponde).

Conforme a lo expuesto, para arribar a un sobreseimiento debiera establecerse la alegada inexistencia del hecho que la ley reputa delictivo atento los supuestos contenidos en la ley procesal, pues de lo contrario corresponde continuar con la pesquisa en procura de dilucidar y esclarecer los sucesos denunciados.

Así, "para analizar el sobresei-miento, debe ubicárselo conceptualmente dentro de aquellas decisiones que merituando la prueba lograda en la investigación, definen la situación del imputado, aún antes de la resolución final a la que tiende el proceso, conocida como sentencia. Y en este ámbito deberá atenderse a que, tal como una sentencia absolutoria anticipada, por lo menos con sus efectos, define la desvinculación total de aquél en tanto cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta" (cfr. Rodríguez, Agustina, El sobreseimiento según la jurisprudencia. Diferencias con la sentencia absolutoria, vid en: Garantías constitucionales en la investigación penal..., ob. cit., pág. 395).

En ese lineamiento, no debe soslayarse que reiteradamente ha resuelto esta Cámara de Apelaciones Instructora la necesidad, ante la existencia de medidas pendientes de producción y que fueran solicitadas expresamente por el Ministerio Público Fiscal, que previo al dictado de un pronunciamiento que ponga fin a la investigación corresponde cumplimentar las mismas para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados (cfr. Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Sala "A", "A, J J s/dcia. apremios ilegales", expte. nº 14408, sentencia nº 13, 12.07.04; en sentido similar vid del mismo Tribunal y de la misma Sala: "Ruiz, Eduardo - Vidal, Luis Alberto s/robo en grado de tentativa", expte. nº 15580, sentencia nº 17, 23.03.06; "T, F D. s/lesiones leves", expte. nº 15865, 09.08.06; y Sala "B" del mismo Tribunal: "M y otros s/dcia. defraudación en cump. de contratos u obligaciones s/la entrega de cosas debidas", expte. nº 15569, sentencia nº 21, 28.03.06; "D, R s/lesiones y amenazas", expte nº 15612, sentencia nº 24,10.04.06).

Por lo demás, en esta fase basta la probabilidad acerca de la comisión de un hecho delictivo, pues la certeza es propia de otra etapa procesal.

Todo ello, sin soslayar el principio de inocencia del que gozan las personas sometidas a proceso, y que Bidart Campos denomina "derecho a la presunción de inocencia" (Bidart Campos, Germán, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tº I El Derecho Constitucional de la Libertad, editorial Ediar, Bs. As. 1988, pág. 443), consagrado en nuestro ordenamiento jurídico fundamental Nacional y Provincial, como así también en los instrumentos internacionales que cuentan con jerarquía constitucional a partir de la reforma del año 1994, y que conforman el Bloque de Constitucionalidad Federal, y cuya operatividad ha sido precisada y fijada por el Alto Tribunal de la Nación desde hace más de una década (cfr. in re "Ekdmedejián c/Sofovich"); y que constituyen junto con los dictámenes de la Comisión IDH y la jurisprudencia de la CIDH "pautas de interpretación obligatoria para los poderes públicos del Estado..." (García Minella, Gabriela, Sistema de derechos humanos y conflictividad social. El art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional concebido como herramienta eficaz para gestionar en forma garantista la conflictividad social, ver en: El derecho - Constitucional tº 2005 pág. 412, y su cita: CSJN in re "Giroldi", "Bramajo", "Acosta", "Felicetti").

Así, por el momento la investigación no se encuentra agotada, tal como lo señalara quien tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal pública (cfr. fs. 522/526, 614, 673/678), por lo que el sobreseimiento que se postula en orden a los sucesos calificados provisoriamente como incursos en el delito previsto y reprimido por el art. 269, deviene prematuro.-	Así las cosas, el análisis del presente lleva a considerar que el criterio sentado por el Sr. Juez de grado en cuanto proseguir con la investigación en los términos indicados en el apartado 3º de la resolución atacada resulta acertado. Ello así por cuanto, con los medios de convicción reunidos hasta el presente no puede descartarse hasta el actual, como pretende el impugnante, la desvinculación definitiva de los imputados, resultando por ende de importancia a fin de que ejerzan su derecho de defensa, escucharlos en autos, tal como fuera requerido por la Fiscalía y ordenado oportunamente por el a quo.

Por las razones precedentemente expuestas habrá de confirmarse cuanto decide al respecto la resolución de fs. 692/693, y que fuera materia de apelación.

Que habiendo entrado en vigencia a partir del 31 de octubre de 2006, el nuevo Código Procesal Penal -Ley 5478, deberá estarse a las previsiones del artículo 421 de dicha norma legal.	Por ello, la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la disidencia del doctor Alejandro Rosales:

R E S U E L V E:

1°).- Revocar la resolución de fojas 692/693 en todo cuanto fuera materia de apelación y disponer el sobreseimiento total y definitivo de los conjueces Dres. Hugo Américo Juárez, Oscar Alberto Ayestarán y Cecilia Cervi, por no encuadrar sus desempeños jurisdiccionales en la causa "I, J C A en autos: "M, C A s/ Concurso Preventivo", expte. 562/94 s/ Impugnación Acuerdo Preventivo", expte. n° 1688/94 en la figura del prevaricato, previsto en el art. 269 del Código Penal.

2°).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALEJANDRO JOSE ROSALES - Juez de Cámara Subrogante MIGUEL DIAZ VELEZ - Con-Juez de Cámara FRANCISCO MIGUEL ROMERO - Con-Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL NRO. 7 AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS Rawson, de de 2007.