marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. Y F. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1991-04-24

La falta de mención expresa de la disposición legal aplicada en la sentencia, no es causa necesaria de nulidad del pronunciamiento. lo que la ley exige es que lo argüido no sea la expresión de la exclusiva voluntad del juez, sino que vincule la solución al derecho objetivo aún cuando las normas, por obvias, no se las declare en forma expresa. Por ello, ha dicho la suprema corte de justicia de la nación que la mención explícita de la norma legal no es siempre indispensable a los fines de la adecuada fundamentación de la sentencia.
Hábeas corpus, prisión
Materia: PENAL
Carátula: Tortora, Daniel Eduardo y otros s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

El otorgamiento de asistencia médica y odontológica adecuada a internos en unidades carcelarias, no parece ser una petición desmedida ni de contenido genérico, ni de remedio imposible ni difícil, aún para los menguados recursos públicos.
Beneficio de litigar sin gastos, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ronconi Mauro Andrés c/ Da Silva Evora Irene s/ Exclusión hereditaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

La competencia de la Cámara de Apelación está limitada por el alcance de los recursos concedidos (arts. 260, 266 y 272 del C.P.C.). Esto así, al no poder pronunciarse el tribunal de alzada sino sobre cuestiones resueltas por el inferior, salvo las que se encuentran excepcionalmente previstas, el trámite para obtener el beneficio de litigar sin gastos resulta extraño a la competencia de esta instancia revisora y debe sustanciarse ante el juez de la causa (art. 6 inc. 5° del C.P.C.). (Minoría u opinión personal)
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, incapacidad laboral, incapacidad total
Materia: LABORAL
Carátula: Gualpa Orlando José c/ Federación Cuyano Cooperativa de Vivienda Limitada FECOVITA s/ Sumario (LIBRO: S015 - 318)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-09-12

No es necesario que el grado de incapacidad sea del 100 porciento, por cuanto una reducida capacidad residual no puede interpretarse como posibilidad seria de trabajo para insertarse el obrero en el mercado laboral. Aplicando por analogía el art. 33 de la Ley 18037, la incapacidad del 75 porciento referida a la actividad específica del obrero debe ser considerada como absoluta y permanente.-
Legitimación activa, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL
Carátula: Acuden c/ Iruña-Sapac Wolkswagen Arg S.A. s/ reajuste de prestación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-13

Y sobre el impuesto de sellos, no se critica los efectos derivados de haberse pactado el pago de los impuestos generados por el contrato, que se trataba de un hecho imponible del citado tributo (Ley 2982, art. 14) y con motivo del consentimiento para que se prorratee. (Del voto del Dr. Marcelo MEDORI, en mayoría).
Acción de amparo, declaración de puro derecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Monti,  Sebastián  Andrés c/ PEN Dto. 1570/01 214/02 s/ amparo ley16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-28

La vía de amparo es procedente cuando la lesión efectiva de los derechos se evidencia con las constancias de la causa, que se nutre esencialmente de cuestiones de puro derecho cuya dilucidación no se halla requerida de mayor debate ni de aporte probatorio (cfr. en igual sentido esta Sala "Nishihama, Alberto", del 19/9/02). (Consid. IV).
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Jorge Omar c/ Paéz, Jorge Antonio y Ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

El daño moral no requiere prueba específica, por cuanto la afección a los legítimos intereses extrapatrimoniales del damnificado que él implica, son una consecuencia natural e inmediata de la violación de aquellos otros valores precipuos del hombre (arts. 903 y 1078 del Cód. Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Durango, S.A.C.I.A. c/ Solveyra Tomkinson S.A. s/ Cobro de pesos. Ordinario Jockey Club Mar del Plata c/ Banco de Crédito Argentino s/ Nulidad de mutuo Fea de Guerendiain, Laura Regina y otro c/ Banco Local Cooperativo Limitado s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24|1986-04-08|1995-05-16

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no rebate los fundamentos de los sentenciantes, desentendiéndose de la línea argumental del fallo, o que adjudica a éste conceptos que no contiene.
Honorarios del abogado, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Borgarello Jose Antonio c/ Marchessi Hector Hugo s/ Ordinario (Expte.Sac N° 449540)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-04-05

A fin de regular los honorarios del letrado de la parte actora por su labor en el recurso de apelación interpuesto por el accionado, deviene aplicable el cuarto párrafo del art. 36 de ese plexo legal, en cuanto prevé una regulación mínima de cuatro jus, toda vez que, la norma del art. 40 de la ley arancelaria vigente prescribe que para regular por los emolumentos de segunda instancia debe tomarse como base el monto de lo que haya sido materia de discusión en la Alzada, y no se han expresado agravios por el impugnante, lo cual obsta al Tribunal conocer los motivos sustentadores de la medida recursiva impetrada por el recurrente, posteriormente declarada desierta.
Medidas cautelares, presunción de legitimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, DANIEL ALBERTO Y OTROS s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (DECRETO 1084/96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-08-29

La acción promovida tiende a obtener la descalificación del Decreto Nro. 1084/96 (que limita el número de las licencias gremiales con goce de haberes otorgadas a la conducción de la representación gremial docente) mediante la tacha de inconstitucionalidad, evidenciándose improcedencia de la cautelar requerida. Ello así, porque tanto la prohibición de innovar y las medidas cautelares genéricas (arts. 230 y 232, respectivamente, del Código de rito) no están exentas de la concurrencia de los recaudos generales para todas las cautelares. Entre estos, la verosimilitud del derecho debe ser analizada acentuando el carácter excepcional que es propio de las cautelares, particularmente en casos como la especie en que se pone en entredicho un ordenamiento normativo, que goza de aquella presunción de legitimidad hasta pronunciamiento en contrario, no surgiendo de autos que aparezca, con la claridad propuesta por el recurrente, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora.
Concursos, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERROS, JUAN CARLOS s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-05

Corresponde regular honorarios a la letrada que asistió al fallido en el pedido de su propia quiebra, toda vez que, en tales condiciones sus emolumentos cuadran en la escala que la ley 24522: 267 prevé para los funcionarios y profesionales intervinientes en el concurso, pues sus tareas redundan en beneficio para la comunidad de acreedores (id. Fassi - Gebhardt, "Concurso y quiebras", Astrea, 2001, Pág. 515).
Derecho laboral, ley de accidentes de trabajo, costas, fondo de reserva legal, honorarios, decretos, asegurador por riesgos del trabajo, crédito laboral
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Nuñez Galeano, Luis Osvaldo c/ ART Interacción SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

La actora apela el fallo de la jueza de grado en tanto decidiera aplicar al caso el decreto 1022/2017 y, por lo tanto, excluyera de la condena en costas a Prevención ART SA -en representación de la superintendencia de Seguros de la Nación (administradora legal del Fondo de Reserva de la LRT), toda vez que dicho precepto legal entró en vigor con posterioridad al Fallo Plenario N° 328 "Borgia". Sostiene que, en el caso, no se encuentra excluido el Fondo de Reserva en el pago de las costas y gastos causídicos, puesto que la liquidación de la ART demandada ocurrió con anterioridad al decreto 1022/2017. El decreto citado reglamentó el art. 34 de la LRT de manera tal que el Fondo Reserva responde únicamente por las obligaciones en el marco de la ley 24.557 no correspondiendo al mismo abonar costas ni gastos causídicos que pudieran derivarse de un proceso judicial. Con relación a estos últimos, para su ejecución, deberá seguirse el trámite de verificación ante el juzgado comercial en el que tramita la liquidación de la aseguradora. Es decir la doctrina plenaria recaída en la causa "Borgia, Alejandro Juan c/Luz ART SA s/accidente" ha quedado modificada con una norma posterior, esto es el art. 22 del Decreto 334/96 reglamentario del art. 34 de la ley 24.557, modificado por el Decreto 1022/2017. Asimismo, la aplicabilidad del Decreto 1022/2017 no se sujeta a la ocurrencia del daño o al inicio de la acción, sino que surge del estado falencial que atraviesa la ART obligada. Por otra parte, con el dictado del Decreto 1022/2017 no se incurrió en exceso reglamentario, ni se violentó norma constitucional alguna toda vez que en definitiva el Fondo de Reserva ha sido constituido para abonar las prestaciones. Por ello debe confirmarse la sentencia de grado. (Del voto de la Dra. Ferdman, en mayoría).
Recurso de casación, sentencia arbitraria, reglas de la sana crítica, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Dacca, Néstor Alberto Raúl s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-05-27

Cuando se recurre por la vía de arbitrariedad, a través de la cual el Tribunal Superior debe verificar si el fallo en crisis ha sido dictado conforme a las reglas de la sana crítica, es a cargo del casacionista fundar suficientemente el recurso para dar así cabal cumplimiento a lo establecido en el inc. 5º del art. 259 del C.P.C., indicando con precisión qué regla o máxima de la experiencia ha sido infringida por los juzgadores, demostrando con argumentos sólidos de qué modo se ha producido la violación que denuncia. No bastan a ese efecto transcripciones doctrinarias o jurisprudenciales más o menos aplicables al caso; es necesario demostrar en el caso planteado el concreto desvío de los juzgadores en su razonamiento lógico, que los ha llevado a dictar una sentencia arbitraria.

La causal de arbitrariedad constituye una excepción al principio de que las cuestiones de hecho y prueba no son susceptibles de ser revisadas en casación, atento a que los jueces de mérito son soberanos en lo atinente a esos tópicos; atañe a ellos la selección de las pruebas en que han de apoyar su decisorio, no estando obligados a meritarlas a todas sino solo a aquellas imprescindibles para la solución del caso.

El tribunal casatorio solo podrá revisar la sentencia si se alega y demuestra la efectiva violación de algunos de los principios lógicos (identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente), o de alguna máxima de la experiencia, que prive al decisorio de consistencia lógica.
Recurso de casación penal, oralidad del debate, apreciación de la prueba, libre convicción, apreciación del juez, testigo único
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LOPEZ, JOSÉ LUIS S/ INFRACCIÓN ART. 119 C.P.", Expte. Nº 2382 (L-588/08/T.S.J.) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-08-28

En la instancia casatoria resulta de suma dificultad reeditar la evaluación de los elementos de convicción probatorios propios de la inmediatez que caracteriza el juicio oral, en razón que sólo los magistrados presentes en el debate han podido apreciar las respuestas de los testigos -ya sea por la solvencia de sus respuestas, tonalidad de su voz, comportamiento gestual, etc.-, aspectos que logran formar el convencimiento en el fuero íntimo de los sentenciantes, en tanto se observen las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.

No se advierten motivos que enturbien la sinceridad de la declaración de la menor, ni causal que haga dudosa su credibilidad, que pueda crear un estado de incertidumbre y fundada sospecha, que resulte incompatible con la formación de un criterio de culpabilidad sobre bases firmes. El testimonio de la víctima, aunque no hubiese otro más que el suyo...es considerado apto para destruir la presunción de inocencia cuando no existan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones, situación que es precisamente la que se observa en el presente caso.

La interpretación conjunta de la prueba, en especial los dichos de la víctima -que constituye la "probatio probatissima"-, conduce sin hesitación a la solución condenatoria por "Abuso Sexual Doblemente Calificado, por ser Gravemente Ultrajante y por la condición de Guardador, en la modalidad de Delito Continuado" (arts. 45, 54 y 119, párrafos 1, 2 y 4, apartado b del Código Penal).-
Derecho laboral, certificado de trabajo, prueba, insuficiencia del agravio
Materia: LABORAL
Carátula: Gerdau, Mariano José c/ Bozzi Combustibles y Lubricantes y otros s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-14

No se explica el perjuicio que sufre el apelante con la condena solidaria expuesta en la sentencia, la consideración de un supuesto de pluriempleador (cfr. art. 26 de la LCT) y que deba responder cada uno de los accionados por la totalidad de las obligaciones contraídas con el actor. De hecho, es propio de la figura que los viajantes se desempeñen en forma habitual para uno o varios empleadores, concertando o gestionando ventas fuera del establecimiento del principal. No se precisa cual sería el perjuicio económico específico que aparejaría para el apelante la condena solidaria, ni cuáles serían en concreto las obligaciones propias por las que debería responder en exclusiva como derivación de los contratos "diferentes" que tenía con cada una de las contratantes. El agravio o perjuicio implica la necesidad de que la resolución que se impugna cause al recurrente un gravamen cierto y concreto, recaudo que encuentra su fundamento en el principio general según el cual sin interés no hay acción con derecho (Voto Welp, en minoría)
Accidente de tránsito, presunción de culpa, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Alonso, Gladys María c/ Potes, Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-07

Al estar regulado el tránsito en el lugar del hecho por semáforos, cuyo correcto funcionamiento no ha sido puesto en tela de juicio, necesariamente cabe probar cual de los conductores no acató las señales de los semáforos en la forma exigida por la Ordenanza Nro. 15.798, prueba ésta que el artículo 1113 del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardián de la cosa, de modo que su omisión hace juzgar sin más la presunción de que se trata.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Ministerio Público, fiscales, requerimiento de sobreseimiento, fiscal de Cámara, jueces
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

La postura fiscal de no mantener la acusación en la Alzada, coincidiendo con la instancia absolutoria propuesta por la Defensa, impone al Tribunal aceptar las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo fallar distinto a dichas peticiones. (De la Disidencia del Dr. Pangia)
Recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: L. S. R. Y. P. L. R. s/ PARTICIPACION CRIMINAL NECESARIA EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO POR EL VINCULO Y POR ALEVOSIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-11-21

Del análisis de la causa se puede observar que la pretensión del recurrente ha sido objeto de un adecuado estudio por parte del Sr. Ministro Fiscal en su dictamen de a cuyos fundamentos y solución me adhiero. Cabe indicar que el tribunal aplicó acertadamente la normativa procesal en el debate oral, en particular, la situación configurada en autos, es decir, la ausencia de uno de las partes está claramente regulada en el art. 383 inc. 3 del CPPT. Los argumentos exhibidos por la imputada reiteran lo expresado en el debate oral. De igual modo, no logran demostrar el perjuicio que tales actos provocan a su defendido condición esta necesaria para posibilitar la declaración de nulidad. Como lo indica acertadamente el Sr. Ministro Fiscal, el resto de los planteos referidos a la valoración y consideración probatoria sólo evidencia una postura diferente a la sostenida por la Cámara, pero de ningún modo evidencia un actuar arbitrario o contrario a los principios de la sana crítica racional. Por el contrario, las razones en las que se sustenta la decisión condenatoria constituyen derivación razonada del derecho aplicable con pertinente referencia a las circunstancias probadas de la causa. En esas condiciones no se advierte vicio en la apreciación de la prueba ni un déficit de fundamentación, de donde se sigue que los agravios formulados sobre estos puntos sólo expresan la disconformidad del recurrente con la decisión a que arriba la Cámara.
Baja del servicio militar, enfermedad profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mesa, Rodolfo c/ Gobierno Nacional -Mº de Defensa- Gendarmería (ex 53/95) s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-22

Aún cuando no exista norma que obligue a postergar el dictado del acto de baja, aparece ciertamente razonable y justo guardar la decisión a adoptarse en las actuaciones labradas con motivo de la enfermedad del actor, para luego determinar si corresponde efectivamente la baja o el retiro, evitando, de esa manera, la pérdida de los derechos, durante el tiempo que transcurre entre una y otra decisión.
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo, renta periódica
Materia: LABORAL
Carátula: MILONE, JUAN c/ ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-10

El sistema de pago utilizado por la LRT no se adecua a los objetivos cuya realización procura, resultando una restricción irrazonable al derecho de propiedad del actor contemplado en el art. 17 de la C.N., en cuanto con el declamado fin de procurar un beneficio para el damnificado, la fragmentación del pago que implica la aplicación de la Ley de Riesgos de Trabajo, conlleva a la desintegración de la reparación por perder ésta su real contenido económico.
Concursos, honorarios del síndico del concurso, IVA, pago de tributos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO BASEL SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE DISTRIBUCION DE FONDOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-19

La quiebra debe soportar el iva relativo a los honorarios del síndico. Ello así, en virtud de que la posición de la masa -en el caso- es la de "consumidor" de los servicios prestados por el síndico y su letrado, y en tanto "el impuesto al valor agregado ha sido concebido por el legislador como un impuesto indirecto al consumo, esencialmente trasladable" (C.S.J.N., "Cía. Gral. de Combustible S.A., 16/6/93), deberá cargar la masa con él, dada su posición en la cadena económica, ya que la ley 23.349 no exime del pago del impuesto a los destinatarios finales del servicio o bien gravado; máxime, considerando que los servicios profesionales prestados por el síndico y su letrado generan valor económico, pues pese a estar orientados al fin de liquidar un patrimonio, importa una realización ordenada, legal y en lo posible, justa, de la universalidad de bienes del deudor, que contribuye al proceso económico general, disminuyendo quebrantos y poniendo nuevamente en circulación bienes que pueden integrarse al circuito económico (Dict. Fiscal n1 76876, 21.4.97 "Cía. de Estibajes y Cargas Volampa S.A. s/Quiebra s/ Inc. de Apel.").
Contrato de suministros, prueba del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Larraz Dora N. c/ Superior Gobierno de E. R. y Ministerio de Salud y Acción Social s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-26

La Cámara en sus considerandos especifica que no existen elementos en la causa que permitan considerar a la relación jurídica de la actora como un contrato de suministro, debiendo el incidentante haber aportado prueba de los mismos a tal efecto, por lo que el tribunal claramente interpreta que dicha relación jurídica es de carácter común. En este sentido resulta pertinente recordar que no cualquier contrato por el hecho de ser celebrado con la Administración Pública es per se de carácter administrativo. A tal efecto deben concurrir las notas específicas del contrato administrativo definidas por su objeto cuando la prestación a cargo del co-contratante se relacione o vincule, directa o inmediatamente a funciones esenciales o propias del Estado, la participación de un órgano estatal o ente no estatal en ejercicio de la función administrativa, y las prerrogativas especiales de la Administración Pública en orden a su interpretación, modificación y resolución.

Sentado ello, corresponde señalar que el tribunal ad-quem expresa en el decisorio recurrido que no se ha probado que exista contrato de suministro, en otras palabras, que no confluyen ninguno de los elementos indicados supra, lo cual desarticula el embate recursivo.
Prescripción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Stegman Ema Cecilia c/ Quinodoz Juan Bautista y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-08-11

La prescripción debe oponerse en la primera presentación en juicio por ejemplo oponiendo excepciones de previo y especial pronunciamiento- si ello ocurre antes de la contestación de la demanda.-
Recurso de casación, costas, falta de legitimación para obrar
Materia: LABORAL
Carátula: JARA, JORGE OMAR c/ EMPRESA AGUA Y ENERGIA ELECRTICA S.E Y CENTRAL TERMICA ALTO VALLE S.A s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE S/ INAPLICABILIDAD DE LEY CIFUENTES, ANDREA CECILIA c/ UNION PERSONAL DE PANADERIAS Y AFINES DE RIO NEGRO Y NEUQUEN s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-09-24|1993-12-09

El letrado de uno de los litigantes carece de legitimación para atacar, por vía extraordinaria y por su propio derecho, la imposición y distribución de las costas del proceso si lo resuelto a este respecto ha sido consentido por las partes titulares de la relación procesal entablada en la causa.-