marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos civiles, fideicomiso, bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: KENIGSBERG, BENJAMIN c/ INDEGAS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-13

La descripción e identificación de los bienes encomendados al fiduciario importa no solo para configurar el alcance de la transferencia de la propiedad, sino también para determinar que han salido del patrimonio del fiduciante y no pueden, por consiguiente, ser reclamados por este para que se los restituyan -salvo que el fideicomiso sea revocable- ni tampoco ser perseguidos por sus acreedores. A la vez, dichos requisitos sirven de fundamento a la responsabilidad que el fiduciario asume respecto de los bienes, en cuanto a la segregación y autonomía del patrimonio fideicomitido, así como también respecto de la administración que le toca desempeñar en cumplimiento del encargo. La precisión en la identificación de los bienes transmitidos y la efectividad de la transferencia, son requisitos de índole práctica que condicionan el ulterior desenvolvimiento del fideicomiso, ya que confluyen en la definición del patrimonio que goza de las inmunidades previstas por la ley 24441 art. 16. El fiduciario ejerce la propiedad de los bienes, pero no en su propio provecho, como suele suceder con el dueño, sino que en interés de los beneficiarios. Por ello, la ley apela a una noción abstracta: "la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en el" (art. 6).
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: PUERTAS, Marcelo Oscar s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-26

Estimo que la pericia no es computable a los fines probatorios, cuando carece de la enunciación de principios científicos que sustenten las afirmaciones, y su conclusión "la causalidad del hecho se debe solamente a fallas humanas (impericia o desatención en la conducción del móvil)" padece del vicio lógico de inatinencia.-
Despido con causa, comunicación del despido, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Vera,  Daniel Alejandro c/ Droguería Saporiti Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

El detalle de la información sobre las causas del despido no puede importar un formulismo taxativo ya que, de interpretarse de tal modo la norma del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, se arribaría al extremo no deseado de cercenar el debate judicial, con la consiguiente lesión de los preceptos contenidos en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: RESANO ALFREDO IGNACIO. c/ LACARRA, CONSTRUCC. ASOC.  S.R.L. s/ ESCRITURACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Para que el juzgador pueda apartarse de las conclusiones allegadas por el perito, debe tener razones muy fundadas, pues si bien es verdad que las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal, no lo es menos que en cuanto el informe comporta la necesidad de una apreciación específica del cuerpo del saber del perito, técnicamente ajeno al hombre de derecho, para desvirtuarlo es imprescindible entonces traer elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente el error o el inadecuado uso que el experto ha hecho de los conocimientos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de considerárselo dotado.

Las observaciones que virtió el impugnante no pueden prosperar cuando no aportó elementos de prueba que permitan concluir en su error, y en tal situación, la sana crítica aconseja aceptar el dictamen del perito ante la ausencia de argumentos científicos de mayor peso.
Revocación de sentencia, quiebra, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Telplasa SA c/  s/ telefónica de argentina sa y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-21

Cabe revocar la resolución en la que el juez de grado le denegó al representante legal de la sociedad codemandada la posibilidad de contestar el memorial de agravios presentado por la actora por considerar que, a raíz de su estado de quiebra, ha perdido legitimación para actuar en esos términos. Es cierto que la LCQ 110 establece que el fallido pierde legitimación en todo litigio referido a los bienes desapoderados, sustituyéndolo el síndico en la titularidad de tal legitimación. No obstante ello, se le reconoce legitimación para solicitar medidas conservatorias, para actuar en la conformación de la masa pasiva y para hacer presentaciones relativas a la actuación de los órganos del concurso. Asimismo, también tiene legitimación procesal para actuar en los juicios de conocimiento en los que -como ocurre en el caso- la quiebra es parte, pero ello sin desplazar ni excluir a la sindicatura sino coadyuvando con ella. Es que esa posición no resulta autónoma, sino "subordinada", "accesoria" o "dependiente" respecto de la que corresponda a la sindicatura. En ese contexto, cabe considerar que la fallida se encuentra legitimada para responder el memorial presentado por su contraria, pues se trata de una actuación que, en definitiva, tiende a la conservación de su patrimonio y que, por lo tanto, no se le encuentra vedada.
Despido, contrato de servicios, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Reisler, Silvina Claudia  c/ Obra Social de Choferes de Camiones y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-18

La actora realizaba ecografías de urgencia para la Obra Social demandada y se enmarcaban, y así eran abonadas, en un contrato de locación de servicios ajeno a la relación laboral que simultáneamente mantenían a fin de cubrir la atención de pacientes internados, y con turnos preasignados. Ello implicó una fragmentación arbitraria del vínculo laboral en perjuicio de la dependiente, que encuentra obstáculo insalvable en la disposición del art. 14 LCT en cuanto nulifica todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral. No se invocan extremos o circunstancias que objetivamente convaliden la diferenciación pretendida, creatividad en todas las clases de prestaciones llevadas a cabo por la demandante al servicio de su empleadora a partir de las indecisiones que le impartía a tales efectos y aprehendidos en la figura prevista en el art. 21 LCT.
Incapacidad absoluta, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Perillo, Héctor Eduardo c/ Mariano Acosta S.R.L. y Firestone de al Argentina S.A. s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

La indemnización del art. 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo se hace exigible -lo que determina el inicio del plazo de la prescripción- con la extinción del contrato de trabajo.
Acta judicial, nulidad relativa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cocco, José María s/ Tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-06-17

Las posibilidades legales a fin de subsanar el acta viciada son tres: 1) Cuando el Ministerio Público o las partes no las opongan oportunamente. En ésta la caducidad de las facultades de oponerlas por parte del titular de ellas, en la oportunidad y forma prescripta en el art. 164 del C.P.P.. 2) Cuando los que tengan derecho a oponer la nulidad. La aceptación expresa comprende tanto la manifestación taxativa de ella (en sentido positivo), cuanto la renuncia de igual manera a oponer la nulidad. 3) No obstante su irregularidad, el acto hubiere conseguido su fin con respecto a todos los interesados.

Podemos decir que el acto cumple su finalidad respecto de los interesados cuando, pese a sus irregularidades, no ha obstaculizado el ejercicio de sus facultades procesales.
Fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, accidente ferroviario, ley de tránsito, prioridad de paso, paso a nivel sin barreras
Materia: CIVIL
Carátula: L., J. G. c/ TREN PATAGONICO S.A. y Otros s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-06-06

Es evidente que los sentenciantes de grado no han valorado la incidencia en la producción del accidente y por ende en la responsabilidad de la prioridad de paso que asiste a las formaciones ferroviarias según lo dispone al art. 41 de la Ley de Tránsito 24449, que ordena que: "Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde la derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta y sólo se pierde ante: b) Los vehículos ferroviarios".

Con lo cual, si bien es cierto que - en razón del riesgo creado - corresponde exigir a la empresa ferroviaria la obligación de proveer las medidas de todo tipo que sean aptas para preservar la seguridad y ello implica la necesidad de que se acredite el cumplimiento de tales recaudos a fin de disminuir o controlar dicho riesgo; ello no implica que se omitan, al momento de analizar la mecánica del accidente, las distintas circunstancias que produjeron el hecho dañoso.

En efecto, es necesario analizar en este contexto, en conjunción con la prioridad de paso mencionada, las restantes causas adecuadas que hacen a la determinación del siniestro tales como: si el accionante guardó - o no - en la emergencia las medidas de cuidado, atención y prudencia exigidas a fin de conducir con pleno dominio la cosa riesgosa a su mando, lo cual implicaba poder maniobrar con eficacia de acuerdo con lo requerido por las circunstancias (arts. 512 y 902 del Código Civil); si respetó el límite de velocidad previsto para la circulación en los pasos a nivel, la cual se prevé en una máxima de 20 kms/ h, en aquellos en los que no existan barreras - tal como acontece en el "sub examine" - pudiendo realizar el cruce sólo después de asegurarse el conductor que no viene un tren (cfr. al respecto art. 51, inc. e, de la Ley 24449).
Honorarios, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONSTRUCCIONES METALURGICAS FRANCESSHI  S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

No sería razonable que el acreedor de honorarios se vea precisado a iniciar acción ejecutiva judicial a fin de reclamar el reconocimiento de la actualización por mora en el pago, sin tener antes la posibilidad de provocar una decisión que fije el monto íntegro de la deuda y disponer así de la oportunidad de efectuar el pago de modo voluntario. Tal exigencia estaría haciendo pie en una cierta confusión entre dos categorías jurídicas pero distintas: por un lado la determinación o liquidez del crédito en su integridad a cuyo efecto se hace computar la oportunidad del pago, y por el otro, la forma voluntaria o forzada de cumplir la obligación.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado por actos lícitos, Actividades económicas, azúcar, regulación económica
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ledesma  SA.  Agrícola Industrial c/ Est. Nac. (Mx. de Economía) s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Es improcedente el reclamo por los daños causados por la actividad lícita del Estado, fundado en que se obligó a la actora a fabricar y exportar a quebranto una importante cantidad de azúcar
Caducidad de instancia, plazos procesales, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ugarte, Claudia c/ Medina, Analía y/u otro s/ juicio ordinario (reivindicación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-07-31

El art. 6 del CCCN sienta el principio de que los plazos son completos, corren desde la hora 0 del día siguiente del último acto impulsorio y fenecen también a la hora 0 del mismo día del mes siguiente o del mes que corresponda al término de la caducidad. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los plazos establecidos por cada inciso del artículo 308 del CPCC de la Provincia de Formosa se toman contando los días inhábiles -a excepción de aquellos que se inhabiliten expresamente o se trate de las ferias judiciales de verano e invierno-.
Recurso de casación penal, nulidad procesal, requisa del automotor, estado de sospecha, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Dell´ Oro Contreras, Héctor R. y Contreras Ramírez, Dante M. s/ Rec. de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

Corresponde rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas de los imputados y en consecuencia confirmar la sentencia que los condenó por el delito de tenencia de estupefacientes.

En este sentido, la nulidad del procedimiento de detención y requisa del automotor solicitada por la defensa de los encartados en virtud de no existir una sospecha valida que la convierta en legítima debe desecharse ya que los efectivos policiales al observaron un vehiculo que se dirigía por el callejón en sentido contrario a la movilidad y en ejercicio de sus facultades, al requerirle la identificación pertinente y solicitarle que descendiera al conductor del rodado, avizoraron un marcado estado de nerviosismo procediendo a la requisa; hallando dentro de su campera una bolsa de nylon que contenía una sustancia blanquecina que resultó ser cocaína. De esta forma, el "estado de sospecha" debe existir en el momento mismo en que se produce la interceptación en la vía pública pues es allí cuando la policía debe tener razones suficientes para suponer que una persona está en posesión de elementos que demuestran la comisión de un delito. (SUMARIO CONFECCIONADO POR EL SAIJ)
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: ARAGONES, JOSE MARIA c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-30

El art. 1º ley 9.688 requiere una relación de causalidad entre el trabajo y la enfermedad y si bien es cierto que esa relación no ha de entenderse rígida y exclusiva, debe mediar un encadenamiento siquiera sea concausalmente apto como para provocar el estallido de una afección o para estimular, excitar o agudizar un proceso nosológico en el dependiente y que engendra la incapacidad o la muerte de éste.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, fundamentación insuficiente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SACCHI, EDGARDO DANIEL c/  s/ ROBO CALIFICADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, VIOLACION DE MEDIDAS SANITARIAS Y DESOBEDIENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-29

El presente recurso se dirige contra el pronunciamiento de la Alzada que confirmó la decisión de grado que había declarado inadmisible la solicitud de procedimiento abreviado presentado por las partes en relación al imputado por no cumplimentar el escrito con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 339 del Código Procesal Penal, al no aparecer la pena requerida por el actor penal debidamente motivada de conformidad con el artículo 140 del Código de rito, y en base a las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal y acorde a los hechos que se investigan, déficit en la fundamentación que ya había generado el rechazo de la anterior presentación realizada en favor del justiciable; y, si bien la quejosa invoca arbitrariedad normativa y afectación a los principios de adversarialidad y contradicción, cuestionando también el tratamiento desigual respecto de un coimputado, lo cierto es que mediante tales postulaciones no logra poner en crisis la ausencia de definitividad advertida por el A quo en el auto denegatorio, desde que la interesada, a través de tales planteos, no alcanza a delinear la configuración de obstáculo alguno que le impida cumplimentar con la exigencia de validez prevista en la norma invocada por los Magistrados de la causa en la decisión atacada. (Del voto de la Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 339 y 140; Código Penal, artículos 40 y 41
Gastos médicos, gastos de farmacia, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Vidal de Prieta, Manuela c/ García, Osvaldo Andrés s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-30

Tratándose de gastos médicos y de farmacia no es necesaria la presentación de recibos ni facturas, bastando con que guarden relación con las lesiones que presentan las víctimas, quedando sus montos librados al prudente arbitrio judicial.
Recurso extraordinario, gravamen actual, pronunciamiento inoficioso, Constitución Nacional, gobierno de facto, proceso de reorganización nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ANTONIO DURAN s/ REAJUSTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-22

El agravio relativo a la invocación de los estatutos del proceso militar por sobre la Constitución Nacional, para sustentar la inaplicabilidad del art. 62 del decreto 1645/78, carece de entidad para ser considerado por la Corte, ya que por tener la sentencia que hacer mérito de los hechos sobrevinientes -obvios en el caso- resulta inoficioso todo pronunciamiento sobre el punto.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, daños y perjuicios, relación de causalidad, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C., V. C. c/ G. S.H. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-06-21

Para el acogimiento de toda pretensión indemnizatoria es insoslayable acreditar una vinculación fáctica entre la situación dañosa invocada y el sindicado como responsable, convirtiéndose en uno de los cometidos básicos del pretensor el comprobar que el demandado se halla involucrado causalmente con los daños, que el hecho generador de los perjuicios no le es ajeno.

Así, en el perímetro de la responsabilidad objetiva la víctima ha de demostrar que la fuente de los menoscabos está emplazada dentro de una órbita vinculada al responsable, prevista en cada caso por la ley.

En suma, es carga específica de quien reclama resarcimiento de perjuicios probar la relación de causalidad, pues la existencia de ella integra el supuesto fáctico de aplicación del precepto sustento jurídico de su demanda (art. 381 C.P.C.C.).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, homicidio calificado con el concurso de personas, graduación de la pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fernández, German Facundo c/  s/ asociación ilícita y otros delitos-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-07

En cuanto a los agravios referidos a la determinación de la pena, más allá de que la presentante no se hace cargo de que es la primera oportunidad en la que introduce la cuestión -ni ensaya justificación alguna al respecto-, lo cierto es que, de todos modos, no logra acreditar irracionalidad o arbitrariedad en la fijación de la sanción, no pasando desapercibido que la figura penal por la que fue condenado el justiciable tiene prevista una pena no divisible -prisión perpetua-, por lo que no se vislumbra cómo el eventual acogimiento de sus postulaciones pudiera determinar una solución diversa en orden a la respuesta punitiva. - Código Penal, artículo 80, inciso 6
Revocación de sentencia, legitimación activa, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Asociación Civil Gente de Derecho c/ GCBA-Ley 6452 y otro s/ amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-29

Se revoca la decisión de primera instancia y se manda a dictar nuevo pronunciamiento. Se reconoce legitimación activa a la Asociación Civil Gente de Derecho en la acción dirigida a que se declare la inconstitucionalidad de la ley 6452 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por configurarse "una controversia real con impacto real en personas reales".
Atentado y resistencia a la autoridad, sesiones legislativas, perturbación del ejercicio de la función pública
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " GEIER, Alejandro y otros ". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-30

La palabra "perturbare" a que alude el art. 241 del C.P. tiene un alcance tan general que su literalidad permite que en ella queden abarcados supuestos bien disímiles. Es decir, a priori podría aceptarse que este concepto abarca tanto el caso de una persona que presencia el debate en las galerías e incendia el recinto en medio de una sesión legislativa, como aquél en el que la misma persona sufre un ataque de tos durante el acto funcional (entre muchos otros ejemplos que aún podrían tornarse más irrisorios). Si bien podría aceptarse sin hesitación al primer ejemplo como un supuesto de perturbación, difícilmente se avale la misma conclusión respecto del segundo ejemplo. El trabajo de interpretación consiste, entonces, en encontrar el límite que separa las dos clases de supuestos que representan cada uno de los casos hipotéticos recién mencionados. Así los hechos consistentes en que en ocasión de debatirse un proyecto de ley en la Cámara de Senadores un grupo de personas que se encontraba en las galerías comenzaron a proferir gritos y manifestaciones arrojando a su vez papeles y otros elementos hacia las bancas que motivó la suspensión de la sesión por el lapso de 12 minutos, lapso en que esas personas se retiraron del recinto a pedido del personal de seguridad no pueden ser considerados como perturbadores en los términos de la norma penal citada sin que el sistema se descalabre (en este sentido, voto del Dr. Cavallo en los autos n 39.746 "VERGEZ, Héctor Pedro s/procesamiento", del 15/6/2007, reg. 574).

Entonces, si bien la actuación de los manifestantes resulta naturalmente una perturbación, no es de aquéllas que el legislador habría decidido reprimir a través del artículo 241, inciso 1° del Codigo Penal. A ello parece referirse Creus cuando sostiene que la acción típica de este delito "es la de perturbar el orden, es decir producir inquietud, malestias o disturbios que quebranten el orden dentro del cual el acto funcional puede desenvolverse normalmente; en este sentido no se requiere una entidad determinada de perturbación; basta con que ella desordene el acto funcional, comprometiendo de ese modo su normal desarrollo, por supuesto que no cabrá en la tipicidad el ´simple desorden´ que no alcanzó a producir aquella perturbación y que, en todo caso, podrá perseguirse con sanciones de índole administrativa"(Derecho Penal, Parte Especial, Tomo 2, Ed.

Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 231/2). (del voto del Dr. Cavallo al que adhirieron los Dres. Freiler y Farah).
Competencia laboral, excepción de incumplimiento contractual
Materia: LABORAL
Carátula: CHAPARRO, Guillermo Ariel c/ Aromas S.A. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-10-06

Es legítima la negativa del empleado a prestar servicios cuando el patrono no cumple al mismo tiempo determinadas prestaciones, llamadas por el contrato a verificarse en el instante mismo de darse comienzo al trabajo. La abstención de los servicios no violentan los principios en que se apoya la excepción pues, existe simultaneidad de las prestaciones recíprocas y la integridad de las mismas quedan preservadas por el derecho del operario a percibir los salarios correspondientes al período de abstención, y por el empleador, a utilizar todos los servicios de su empleado.