Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-18


SENTENCIA DEFINITIVA: 100644 SALA II Expediente Nro.: 18571/2011 (Juzg. Nº 35) AUTOS: "SALA, FABIAN MARCELO C/ CELA JUAN CARLOS Y OTROS S/ ACCION DE AMPARO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de junio 2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar el recurso deducido en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. Víctor A. Pesino dijo:

El actor inició la presente acción de amparo con fundamento en lo dispuesto en los arts. 48 y 52 de la ley 23.551 manifestando que, pese a encontrarse amparado por la garantía de estabilidad prevista a favor de los representantes y delegados sindicales en la mencionada ley, la Obra Social demandada lo suspendió preventivamente mediante la Resolución ObSBA 259 del 7/4/11 sin transitar previamente el proceso de exclusión de tutela. Asimismo solicitó que, como medida cautelar , se deje sin efecto provisoriamente la medida dispuesta.

El sentenciante de grado admitió la medida cautelar peticionada al considerar prima facie acreditada la verosimilitud del derecho alegado y, tal decisorio ha sido confirmado por esta Sala a través del voto de los Dres. Graciela González y Miguel Ángel Pirolo (ver fs. 161/162).

Concluída la etapa probatoria en el proceso principal sin que las partes formularan observación alguna (ver fs. 168), el magistrado interviniente dictó sentencia haciendo lugar a la acción de amparo por considerar que, si bien no se acreditó la notificación a la demandada del resultado de las elecciones en las que el Sr. Fabian Marcelo Sala habría resultado electo Delegado Congresal del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), era la accionada quien debía demostrar la ausencia de ánimo disgregatorio en su decisión y ello a la luz de la amplia protección que emerge del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Contra tal decisorio se alza la parte demandada en los términos y con los alcances que explicita a fs. 178/180 y a través de los cuales específicamente cuestiona el modo de resolverse en materia probatoria y que se haya admitido el amparo pese a reconocerse como no acreditado el recaudo de comunicación previsto en el inciso b) del art. 49 de la ley de asociaciones sindicales.

En atención a las particularidades de lo acontecido y a la índole del planteo formulado ante la Alzada, se requirió la opinión de la Fiscalía General ante la Cámara.

Tal como lo puntualiza la Sra. Fiscal Adjunta en el dictamen que antecede (cuyos fundamentos se comparten y se dan por reproducidos en mérito a la brevedad), en el caso, la parte actora no ha demostrado la protección legal que invocara con sustento en lo específicamente dispuesto en los arts. 48 y 52 de la L.A.S. porque sólo ha acompañado a la causa prueba documental que ha sido expresamente desconocida por la parte demandada y no fue avalada por ningún otro elemento de juicio.

Al respecto, y en atención a los términos en que se expidiera el Dr. Calandrino en sus considerandos de fs. 170/171, es conveniente referir que, para la procedencia de una medida cautelar no se requiere juicio de certeza y que, en el caso bajo exámen, la solicitud al respecto formulada por el Sr. Sala se viabilizó en base a los elementos aportados con la demanda e "in audita pars", por lo que nada agrega a la solución de la cuestión de fondo que algún elemento documental aún no sometido a reconocimiento y prueba haya podido avalar la decisión adoptada a fs. 16/17 (ver fs. 161/162), máxime cuando el propio magistrado ha constatado que esa documental es de fecha posterior a la Resolución mediante la cual se dispuso la suspensión precautoria del actor (ver sobre de fs. 3 y copia a fs. 86 y Res. ObSBA 259 transcripta en la carta documento de fs. 77/8), fue expresamente desconocida por la accionada (ver fs. 44) y su autenticidad no ha sido corrobordada mediante ningún otro medio probatorio (nótese que no se ha producido ninguna otra medida de prueba y que la entidad sindical tampoco ha informado al respecto).

En tal contexto, planteada la cuestión en los términos de la normativa a la que el demandante sujetó su acción (conf. arts. 48 y 52 ley 23.551), la valoración de elementos indiciarios que no han sido objeto de prueba alguna y que sólo emergerían de manifestaciones unilaterales del reclamante (ver referencias al conocimiento que habría tenido el Sr. Cella del resultado de las elecciones a fs. 56) resulta inapropiada porque a más de no resultar encuadrables en el supuesto contemplado en el art. 163 inciso 5) del CPCCN, resultan ajenos a la cuestión que es motivo central de controversia y que se vincula con lo concretamente establecido en el art. 49 de la Ley 23.551 para que resulte operativa la garantía de estabilidad sindical.

Desde la perspectiva expuesta, al no surgir acreditado que al momento de adoptar la medida (7/4/11) la demandada hubiere estado notificada del carácter de delegado congresal del reclamante en los términos de la norma antes mencionada (cuya constitucionalidad no ha sido puesta en cuestión), no cabe imponer a la empleadora el previo trámite de exclusión de tutela.

En efecto, como se ha sostenido reiteradamente (ver, entre otros, CNAT, Sala II in re "Dirección Nacional de Migraciones c/ Morbido, Cristian Lucas Alberto s/ juicio sumarísimo", SD 97488 del 7/12/09) la exclusión de tutela justamente tiene por fin permitir a los empleadores demostrar la existencia de causales justificantes de medidas modificatorias del contrato de trabajo o empleo que aventen toda sospecha de la motivación antisindical que en principio sólo se presume cuando se haya tornado operativa la tutela gremial prevista en la ley sindical, de conformidad con los parámetros específicamente establecidos en los arts. 48 a 50 de la LAS, entre los cuales se prevé expresamente la notificación formal y por escrito del resultado del acto eleccionario al empleador (conf. art. 49).

En el marco de la normativa reseñada ninguna relevancia cabe otorgarle al recaudo genérico de "publicidad" o reconocimiento al que aludiera el actor en el inicio puesto que ello a más de no suplir el requisito formal antes apuntado de comunicación escrita de la designación (conf. art. 49 inciso b ) ley 23551), no ha sido demostrado a través de elemento de juicio objetivo alguno en atención a la situación de orfandad probatoria en la que quedó inmersa la parte reclamante.

En este sentido no es ocioso recordar que, como lo ha sostenido la Dra. Graciela González in re "Sinatro, Jorge Ariel c/Ministerio Público de la Nación" (SD 97869 del 12/4/10 del registro de esta Sala), "la tutela sindical que nuestra ley 23551 otorga a los representantes sindicales de entidades con personería gremial no genera una imposibilidad de hacerlos objeto de despidos, sanciones ni traslados por el mero hecho de haber obtenido los cargos. Por el contrario, el sistema protectorio -reglamentación incompleta del Convenio 87 OIT- sólo genera la sospecha en grado de presunción de que cualesquiera de esos actos ha sido decidido como acto discriminatorio antisindical, pero para que esa sospecha se active se requiere que el empleador haya tomado la decisión estando en conocimiento de que el trabajador fue electo o designado, pues el componente subjetivo de la situación es determinante".

Consecuentemente, al no existir en autos elementos idóneos que demuestren siquiera en forma indiciaria que la accionada, al momento de decidir la suspensión preventiva del actor, se hallase notificada de su designación como delegado congresal, ninguna razón se advierte para acceder a la petición formulada en el inicio con sustento en lo dispuesto en los arts. 48 y 52 de la LAS (en igual sentido, entre muchos otros CNAT, Sala II, in re "Medina, Lidia Beatriz c/Hospital Británico de Buenos Aires s/ juicio sumarísimo", SD N° 91116 del 18/11/02; íd, Sala X, Sent. Nº 9485 del 9/5/01 in re "Unión Personal Civil de las Fuerzas Armadas de la República Argentina c/ Estado Mayor, Círculo Fuerza Aérea s/ juicio sumarísimo"), por lo que, de conformidad con el dictamen fiscal que antecede, corresponde revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda.

En atención a la forma de resolverse, corresponde dejar sin efecto la imposicion de costas y regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN).

No obstante el resultado final obtenido, teniendo en cuenta las particularidades de la causa y la índole de la cuestión debatida, cabe imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68 in fine CPCCN). En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en la ley 21839 y en el art. 38 de la L.O., teniendo en cuenta el valor económico razonablemente involucrado en el litigio y el mérito y extensión de las tareas desarrolladas en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte demandada y los de la parte actora en las respectivas sumas de $ 6.000 y $ 4.000, las que se encuentran establecidas a valores del presente pronunciamiento.

Asimsimo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la ley 21839, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte demandada y de la parte actora por las tareas de Alzada en el 30% y 25% respectivamente de lo que en definitiva corresponda para cada una de ellas, por su intervención en la instancia previa.

Miguel Ángel Pirolo dijo: Por análogos fundamentos adhiero al voto precedente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda entablada en todas sus partes, 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia, 3) Declarar las costas de ambas instancias en el orden causado, 4) Regular los honorarios profesionales de ambas instancias en la forma dispuesta en los considerandos precedentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Víctor A. Pesino Juez de Cámara Juez de Cámara