Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.079 CAUSA N° 38.138 /2010 SALA IV "ACUÑA DEMETRIO Y OTRO C/ PINTURERIAS DEL PILAR S.R.L. Y OTROS S/ LEY 22.250" JUZGADO N° 61.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 23 DE FEBRERO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 308/311 que hizo lugar a la demanda, se alzan los actores (fs. 328/331) y los codemandados AUVIAL SA (fs. 312/313), PINTURERÍAS DEL PILAR SRL	(fs. 314/318), PABLO ANDRÉS CHIMENTI (fs. 319/327).

II) Los actores se quejan del rechazo de la sanción conminatoria del art. 132 bis de la LCT.

La objeción no resulta atendible, pues si bien es cierto que los telegramas que mencionan en su memorial acreditarían el cumplimiento del requisito formal impuesto por la norma reglamentaria (la intimación al empleador en procura del ingreso de los fondos supuestamente retenidos), no se verifica en autos el presupuesto sustancial para la aplicación de la sanción pretendida: la retención de aportes.

Los apelantes aseguran haber demostrado esa retención a tenor de lo informado por AFIP, pues, según interpretan, "a fs. 269 renglones 13 y 14 se informa que la codemandada PINTURERÍAS DEL PILAR SRL no ha ingresado los importes retenidos al coactor ACUÑA correspondientes a los meses de mayo y junio de 2010 mientras que lo propio se verifica en relación al actor CHAMORRO (ver fs. 271, últimos dos renglones, que indican la falta de ingreso de los importes retenidos en los mismos meses de mayo y junio de 2010)" (sic, fs. 329). Sin embargo, la simple lectura de los citados informes revela que la demandada ingresó la totalidad de los aportes (previsionales y de obra social) retenidos. Lo único que figura como "impago" en los renglones que menciona la apelante, es la "contribución patronal de obra social" (cfr. fs. 269, renglones 13 y 14 y fs. 271, últimos dos renglones).

Este error de interpretación de los apelantes resulta relevante, pues, como es sabido, lo que el art. 132 bis de la LCT sanciona es la retención de aportes en el sentido estricto de la palabra, es decir, cotizaciones a cargo del trabajador; en cambio, ninguna sanción se prevé en el precepto en examen para el empleador que no ingrese las contribuciones a su cargo (De Cillis, Francisco y Tosca, Diego M., "Algunas consideraciones sobre el novedoso artículo 132 bis de la ley de contrato de trabajo", DT 2001-A-956; en igual sentido: esta Sala, 27/3/08, "Battaglia, Pascual Alberto c/ Recruiters & Trainers S.A. y otros"; íd., 30/6/11, S.D. 95.545, "Moure, Gabriel c/ Sanitor SRL s/ despido").

Corresponde entonces desestimar el agravio.

III) Los tres codemandados se quejan porque el fallo asignó eficacia probatoria a las declaraciones de los cuatro testigos propuestos por los actores y en su mérito tuvo por acreditado la fecha de ingreso, la categoría y la percepción de pagos en negro alegados en el escrito inicial.

A criterio de los recurrentes, esa decisión sería errónea, porque los testigos tienen juicio pendiente contra las mismas demandadas por idénticos motivos que los actores, de manera que existiría una comunidad de intereses con éstos. Asimismo sostienen que sus dichos presentarían imprecisiones o contradicciones que les restarían poder de convicción.

Anticipo que la objeción no resulta atendible.

En efecto, esta Sala tiene dicho que la circunstancia de que algunos testigos tengan juicio pendiente contra la misma demandada al tiempo de su declaración, no los inhabilita como tales, y no se advierte razón alguna para descalificar sus testimonios cuando (como ocurre en el sub lite) éstos se observan coherentes, concordantes y suficientemente fundados en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieran conocimiento de los hechos sobre los cuales se expiden (CNAT, Sala II, 10/10/06, SD. 94.530, "Jarzab, Susana c/ Villa Real Cooperativa de Crédito Ltda. y otros s/ despido). Debe tenerse en cuenta que los sucesos laborales se dan en una comunidad de trabajo y por eso quienes participan de ella son los que pueden aportar datos al respecto y en muchas ocasiones la prueba testimonial constituye el único elemento de convicción del cual depende el magistrado para esclarecer la cuestión en debate -arts. 386 y 456 del CPCCN- (CNAT, Sala III, 10/11/05, S.D. 87.286, "Segovia, Jorge Antonio c/ Automotores San Telmo S.A. y otro s/despido").

En el sub lite se da una circunstancia particular, y es que las demandas promovidas por TORIBIO RODAS GODOY (fs. 228/230), CARLOS RODAS GODOY (fs. 233/234), SOTELO (fs. 235/236) y GALEANO VALDEZ (fs. 260/161) persiguen el mismo objeto y se basan en los mismos hechos que el reclamo de la actora. En este tipo de casos, en que los pleitos parten de presupuestos idénticos, la valoración del testimonio de acuerdo con el principio de la sana crítica lleva a considerar la posibilidad de que el testigo carezca de la necesaria independencia de criterio para declarar con objetividad; por ello la apreciación ha de efectuarse teniendo en cuenta esa circunstancia y de manera sumamente estricta.

Ahora bien, aun apreciadas con ese criterio riguroso, las declaraciones de los cuatro testigos mencionados revisten a mi juicio poder de convicción, en razón de su coherencia, precisión y concordancia con los dichos de la actora.

Cabe aclarar que, contrariamente a lo sostenido por PINTURERÍAS DEL PILAR SRL en su memorial (ver fs. 316), dichas declaraciones no resultan "idénticas, calcadas", y tampoco presentan diferencias sustanciales con la versión de los actores. Por otra parte, las imprecisiones que señala AUVIAL SA (cfr. fs. 312 vta.) no afectan la credibilidad de los testimonios, pues versan sobre cuestiones (el nombre del "planillero", de los ayudantes o de la empresa de seguridad) irrelevantes para la decisión del litigio. Además, como lo han señalado la doctrina y la jurisprudencia, "las pequeñas diferencias entre los testimonios y las imprecisiones de ellos conducen al juez a creer en la veracidad de los testigos, pues a veces una excesiva uniformidad o un recuerdo exacto de lo acontecido luego de transcurrido el tiempo, puede inducir a sospechas" (Fassi, Santiago C. y Maurino, Alberto L., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Astrea., Bs. As., 2002, t. 3, p. 680, y fallo allí citado; esta Sala, 19/7/06, S.D. 91.574, "Chávez, Carlos Policarpo c/ Sebastián Maronese e Hijos S.A. y otros s/ despido").

Por lo demás, los demandados, que eran quienes se encontraban en mejor posición para probar los extremos en cuestión, no aportaron prueba testifical que avalara su versión, ya que quienes declararon a su propuesta ni siquiera conocen a los actores, ni saben cómo se abonaban los sueldos (cfr. fs. 231/232 y 258/259).

Propongo entonces desestimar estos agravios.

IV) Los codemandados PINTURERÍAS DEL PILAR SRL y CHIMENTI se quejan de la condena al pago de las indemnizaciones de los arts. 10 y 15 de la ley 24.013, pues sostienen que la intimación de los actores "fue posterior al despido decretado por mi poderdante".

La queja no debería prosperar, pues si bien la empleadora acompañó sendos telegramas de despido cursados el 22 de junio de 2010 (fs. 84 y 91), estos despachos fueron desconocidos por los actores (fs. 163/163 vta.), y aquélla no acreditó (como estaba a su cargo, art. 377 del Cód. Procesal) su recepción.

Del informe del Correo surge que el telegrama dirigido a CHAMORRO fue devuelto por el distribuidor con la observación "dirección inexistente" (ver fs. 221 y 224). Sea que ello obedeciera a la omisión de consignar una parte de la dirección (falta la indicación del "Cuartel V") o a un error del Correo, lo cierto es que la comunicación no llegó a destino por razones no atribuibles al trabajador. Como lo ha señalado la jurisprudencia, quien elige un medio de comunicación carga con la responsabilidad en caso de falta de notificación, sin perjuicio de los eventuales reclamos que pudiera realizar a la empresa de correos por los daños que pudieran haberse derivado de tal situación (CNAT, Sala V, 17/7/98, SD 59.261, "Jara, Augusto c/ Farmográfica SA s/ despido").

En cuanto al otro actor (ACUÑA), la parte demandada ni siquiera intentó probar la recepción del telegrama respectivo (cfr. fs. 220/224).

Por ello, cabe desestimar el agravio.

V) También se quejan los demandados del importe de la multa del art. 18 de la ley 22.250.

En el caso de ACUÑA, la demandada acompañó la libreta de fondo de cese laboral (fs. 78), de donde surge que el trabajador se encontraba inscripto en el IERIC. Por ende, no se verifica la situación prevista en el tercer párrafo del art. 18 de la ley 22.250 ("incumplimiento del empleador a la obligación de inscripción resultante de lo dispuesto en el art. 13").

En cambio, llega firme a esta alzada que la demandada no probó haber efectuado los aportes al IERIC.

Por todo ello, y en consideración a la escasa duración de la relación de trabajo de cada uno de los actores, y las facultades que el citado art. 18 otorga a los jueces, estimo prudente reducir la multa a la suma de $ 10.296 para CHAMORRO (promedio quincenal de $ 1.716 x 6) y $ 7.920 para ACUÑA (promedio quincenal de $ 1.980 x 4).

VI) AUVIAL SA se agravia "de la interposición de costas" (sic, fs. 313) pero no funda, siquiera mínimamente, su impugnación, por lo que este segmento del recurso se encuentra desierto (art. 116 de la L.O.).

VII) El codemandado PABLO ANDRÉS CHIMENTI se queja porque el fallo le hizo extensiva la responsabilidad en los términos de los arts. 54 y 59 de la L.S. El recurrente aduce que no se encuentran reunidos los requisitos para la aplicación de esos preceptos y que, a todo evento, la condena no debería abarcar la totalidad de los rubros, sino solo aquellos que reconozcan un nexo adecuado de causalidad con el acto irregular que se le imputa.

Anticipo que, a mi juicio, asiste parcial razón al recurrente.

Acerca de este tema (responsabilidad de socios y administradores), he sostenido, tanto como juez de primera instancia como en mi carácter de integrante de esta Sala , que:

".si la sociedad demandada incurría en la práctica de no registrar ni documentar una parte del salario efectivamente convenido y pagado (práctica prohibida por el art. 140 LCT y art. 10 de la Ley de Empleo) lo que comúnmente se denomina "pago en negro", tal conducta genera la responsabilidad de los socios y los controlantes en los términos del agregado de la ley 22903 al art. 54 de la ley 19550. Tal accionar constituye un recurso para violar la ley, el orden público (arts. 7, 12, 13 y 14 de la LCT), la buena fe (art. 63 LCT) y para frustrar derechos de terceros (el propio trabajador, el sistema de seguridad social, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial) (CNAT, Sala III, 2/5/00, sent. 80729, "Vega, Claudia c/ Julio Guitelman y Cía S.A. y otro s/ despido).

Asimismo, estas irregularidades configuran violaciones de la ley que generan la responsabilidad solidaria de los administradores por los daños ocasionados con su conducta al trabajador, con sustento en los arts. 59, 157 y 274 de la L.S. Al respecto, comparto lo expuesto por la Sala VII de la Excma. Cámara, en cuanto a que "no es lo mismo omitir el pago del salario o no efectuar el depósito de los aportes y contribuciones en tiempo oportuno (que son típicos incumplimientos de índole contractual) que urdir maniobras tendientes a encubrir la relación laboral o a disminuir la antigüedad real, o bien a ocultar toda o una parte de la remuneración.porque, más allá del incumplimiento que estos últimos actos suponen, configuran maniobras defraudatorias de las que resultan inmediata y directamente responsables las personas físicas que las pergeñan (arts. 172 y 173 y concordantes del C. Penal)". Por ello, "cuando una sociedad anónima realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo.resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los directores por vía de lo dispuesto en el art. 274 de la ley de sociedades; pero no porque deba caer el velo societario sino porque éstos organizaron maniobras que no sólo estaban dirigidas a incumplir obligaciones contractuales sino, además, a causar lesiones en el patrimonio del trabajador y en sus derechos previsionales, a defraudarlos personalmente y a defraudar al sistema de seguridad social." (CNAT, Sala VII, 6/9/01, "Díaz, Ricardo D. C/ Distribuidora Del Norte S.A. y otros", DT, 2001-B-2311, con cita de Pirolo, Miguel A., "Aspectos Procesales de la responsabilidad solidaria", RDL, 2001-297).

Esta conducta (dolosa y en violación de la ley) genera la responsabilidad de los codemandados ., en los términos de los citados arts. 54, 59, 157 y 274 de la L.S., pero sólo respecto de los perjuicios que sean consecuencia de esa ilicitud que, en el caso, están representados por las indemnizaciones derivadas de las irregularidades registrales y de la ruptura del contrato -motivada, entre otras razones, por la negativa de la demandada a subsanar dicha irregularidad-, es decir los rubros 2 a 5 y 8 a 10 de la liquidación practicada en el considerando 9º. Ello es así, porque la acción de responsabilidad contra los directores está sujeta a los presupuestos de la teoría general de la responsabilidad civil, entre los que se encuentra la adecuada relación de causalidad entre la inconducta y el daño causado (CNCom., sala E, 18/3/98, "Industrias Record SA c/ Calvo, Marta E.", LL, diario del 31/8/98). Este último requisito cumple la función de precisar el alcance de la reparación, ya que el daño es indemnizable sólo en la medida en que responde al hecho generador como consecuencia jurídicamente atribuible al responsable (CNCom., Sala A, 8/9/04, "Meza de Ruiz Días, Telma A. c/ Transporte El Trébol y otros", LL, diario del 24/11/04). Lo mismo cabe decir de la acción de responsabilidad contra los socios, máxime cuando, según el texto del citado art. 54 de la L.S., la obligación de responder se limita a "los perjuicios causados" como consecuencia de la actuación ilícita.

En resumen, cabe responsabilizar a los codemandados ., con sustento en los arts. 54, 59, 157 y 274 de la L.S., en forma solidaria e ilimitada, por los daños que son consecuencia de su conducta fraudulenta (la falta de inscripción y la inscripción defectuosa), cuya reparación está representada (como dije antes), por los rubros 2 a 5 y 8 a 10 de la liquidación efectuada en el considerando 9º.

En cambio, no hay razón para hacerlos personalmente responsables por los otros rubros reclamados (salarios, certificados y aguinaldos), pues estos créditos tienen su origen en la prestación del trabajo, o en simples incumplimientos contractuales, pero no en una actuación fraudulenta de los socios y administradores. En otras palabras: no guardan relación causal con la inscripción defectuosa de la relación laboral".

Mutatis mutandi, estos razonamientos resultan aplicables al sub lite, dado que el codemandado CHIMENTI revestía la doble calidad de socio y gerente de la sociedad empleadora, y además era quien, personalmente, abonaba las remuneraciones en negro (conf. declaraciones testificales citadas), y consecuentemente es culpable de la grave ilicitud que representa la clandestinidad parcial del vínculo, por lo que corresponde extenderle la condena en forma solidaria, con sustento en los citados arts. 54, 59, 157 y 274 de la L.S., aunque sólo respecto de los rubros que guardan relación causal con la falta de registro de la relación laboral (esta Sala, 24/2/11, S.D. 95.144, "Olivera Washington c/ Verini Security y otros s/ despido"), es decir, en el caso: las indemnizaciones de los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013.

Sugiero entonces que se mantenga la condena contra esa persona física hasta la suma total de $ 14.032,03 (5.184 + 4.801,78 + 4.046,25) para ACUÑA y $ 16.080,20 (5.185,44 + 6.675,50 + 4.219,26) para CHAMORRO, con más sus intereses en la forma establecida en origen. Cabe aclarar, en orden a lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, que los porcentajes de honorarios por los que debe responder el codemandado CHIMENTI se aplicarán sobre el monto al que éste resulta condenado. VIII) PINTURERÍAS DEL PILAR SRL y PABLO CHIMENTI apelan por altos los honorarios de todos los profesionales actuantes. A su vez, AUVIAL SA cuestiona por elevados los estipendios del abogado de los actores.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los emolumentos fijados a favor de la representación y patrocinio de los codemandados no luce excesiva, por lo que sugiero confirmarlos; en cambio, los de la representación y patrocinio de los actores parecen elevados, por lo que propongo reducirlos al 15% del monto total de condena, incluidos los intereses (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57).

IX) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, reduciendo el monto de condena contra los codemandados PINTURERÍAS DEL PILAR SRL y AUVIAL SA a las sumas de $ 55.441,03 (69.121,03 - 21.600 + 7920) para ACUÑA y $ 57.860,64 (66.284,64 - 18.720 + 10.296) para CHAMORRO; y limitando la condena solidaria contra PABLO CHIMENTI hasta las sumas de $ 14.032,03 (5.184 + 4.801,78 + 4.046,25) para ACUÑA y $ 16.080,20 (5.185,44 + 6.675,50 + 4.219,26) para CHAMORRO; en ambos casos, con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Aclarar que los porcentajes de honorarios por los que debe responder el codemandado CHIMENTI se aplicarán sobre el monto al que éste resulta condenado. 3) Confirmar los porcentajes de honorarios regulados a la representación y patrocinio de los codemandados y reducir el de la representación y patrocinio del actor al 15% del monto total de condena, incluidos los intereses. 4) Imponer las costas de la alzada a los codemandados en forma solidaria (con la limitación indicada, respecto del codemandado CHIMENTI), regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de los que en definitiva correspondan a cada representación letrada por su actuación en primera instancia (art. 14 ley 21.839).

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto precedente.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, reduciendo el monto de condena contra los codemandados PINTURERÍAS DEL PILAR SRL y AUVIAL SA a las sumas de $ 55.441,03 (69.121,03 - 21.600 + 7920) para ACUÑA y $ 57.860,64 (66.284,64 - 18.720 + 10.296) para CHAMORRO; y limitando la condena solidaria contra PABLO CHIMENTI hasta las sumas de $ 14.032,03 (5.184 + 4.801,78 + 4.046,25) para ACUÑA y $ 16.080,20 (5.185,44 + 6.675,50 + 4.219,26) para CHAMORRO; en ambos casos, con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Aclarar que los porcentajes de honorarios por los que debe responder el codemandado CHIMENTI se aplicarán sobre el monto al que éste resulta condenado. 3) Confirmar los porcentajes de honorarios regulados a la representación y patrocinio de los codemandados y reducir el de la representación y patrocinio del actor al 15% del monto total de condena, incluidos los intereses. 4) Imponer las costas de la alzada a los codemandados en forma solidaria (con la limitación indicada, respecto del codemandado CHIMENTI), regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de los que en definitiva correspondan a cada representación letrada por su actuación en primera instancia (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria