Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-11


SENT Nº 559	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Once (11) de Agosto de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Banca Nazionale del Lavoro S.A. vs. Cruz de Alfonso, Elba Trinidad y otros s/ Nulidad de acto jurídico".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur y, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación planteado por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 12/12/2003 dictada por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Común que confirma la sentencia apelada del 22/04/2002 modificándola en su punto II.

II.- El recurrente sostiene la nulidad de las sentencias en tanto no se han hecho referencias en ninguna de ellas a los extensos razonamientos jurídicos aportados por su parte y con ello falta el respeto a la ley al omitir pronunciarse sobre defensas de decisiva importancia formuladas por su parte en el responde. Sostiene que la sentencia prescinde de probanzas rendidas en la causa y de la aplicación del derecho vigente; es dogmática, carece de respuestas a defensas conducentes y adolece de exceso ritual manifiesto.

Entiende que la demanda era ilegítima porque ocultaba el hecho de que la aseguradora, lejos de haber rechazado su responsabilidad la había aceptado al quedar automáticamente admitida por imperio del art. 56 de la ley 17.418. Que esta aprobación por parte de aquélla destruía totalmente la posición de la demandante en el juicio porque toda la demanda gira alrededor de la afirmación falsa de que la indemnización prevista en la póliza había sido rechazada por el asegurador. Reitera que la sentencia no dice absolutamente ni una palabra sobre esta defensa de fondo (falta de acción), decisiva para la resolución del pleito, siendo nula por violar el art. 273.

Que la sentencia equivoca cuando refiere a que no hay imputación de errores procesales pues justamente se ha agraviado de la irregularidad del acto decisorio que omitió pronunciarse por las defensas interpuestas. Que yerra la Cámara cuando entiende que tales defensas pueden ser soslayadas por el sentenciante si no las considera suficientes para fundar su decisión. Entiende violados los principios de congruencia y de las reglas de la carga de la prueba; que la sentencia condena a personas sin pruebas de entidad suficiente; que debía haberse demandado por redargución de falsedad de instrumento público y no sólo nulidad de acto jurídico; que la pericial contable del caso no llega a ser suficiente para la acreditación de un hecho negativo como lo es el no pago de la indemnización.

Manifiesta que se violaron los arts. 17 y 18 CN; art. 308 procesal -que en sub iudice no se exigía que el Banco pruebe un hecho negativo (no recibió dinero) sino uno positivo (la Cía efectivamente no pagó). Sostiene que no se encuentra acreditado el no pago del premio con lo que mal se puede tener por cancelada la escritura hipotecaria. Se pregunta porqué el Banco no demandó también a la Cía de Seguros. Agrega que la Aseguradora reclamó tardíamente que exista reticencia; que esto no está acreditado en autos; que tanto la Banca como la Aseguradora pertenecen al mismo grupo económico; que tal reticencia llega a ser una declaración unilateral de la actora que omite ofrecer la prueba pericial como correspondía.

Le agravia la modificación de la imposición de costas por la Cámara; sostiene que no es una justa ponderación de lo acontecido en autos en que una parte fundamental de la demanda ha sido rechazada habiendo quedado firme. Que con ello la Cámara ignora el art. 109 procesal. No hay equidad y fundamenta ello en que, en primer lugar conforme fuera admitido por la misma actora su parte no ha dado causa alguna para la promoción de la demanda de autos; en segundo lugar resulta falaz que se haya realizado algún tipo de gestión extrajudicial y ante la cual su parte hubiera sido renuente por lo que sostiene que debió ser eximida -total o parcialmente, resultando excesivo el 80%- de las costas a tenor del art. 106 inc. 1° procesal en tanto existía razón probable para litigar y la cuestión es de puro derecho. Explicita que correspondía imponer las costas por el orden causado atento a que se rechazó parcialmente la demanda, acogiendo la nulidad pero rechazando la de pago de sumas derivadas del contrato.

Propone doctrinas legales; hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso tentado.

III.- El remedio articulado fue declarado admisible por la Cámara, conforme surge del auto de fecha 17/3/2004; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen de admisibilidad y procedencia del mismo.

IV.- La sentencia en crisis en punto al recurso de nulidad interpreta que el mismo no puede prosperar debido a que la sentencia impugnada ha sido fundamentada en derecho, considerando cada una de las cuestiones propuestas por las partes y merituando los medios probatorios arrimados a la causa. Que por ello cumple con las previsiones de los arts. 272 y 273 procesal. Que en el supuesto de que la valoración del a quo fuera errónea encuentra su remedio a través de la apelación; que ello sucede cuando hay imputación de yerros en el análisis y valoración de la prueba (y no propiamente una imputación de errores procesales que se refieran a la regularidad del acto jurisdiccional) los que configuran errores in iudicando. En cuanto al argumento de la falta de consideración de los argumentos expuestos en la contestación de demanda, entiende que no es suficiente para impetrar la nulidad atento a que el Juez no está obligado a examinar todas las cuestiones propuestas por las partes sino aquéllas que considere suficientes para fundar su decisión.

En lo que refiere a la apelación, se hace cargo del agravio que indica que el fallo no ha analizado la aceptación automática del seguro por parte de la Cía. Aseguradora al no efectuar el rechazo de la responsabilidad en tiempo oportuno conforme a las previsiones de la Ley de seguros por lo que el Banco actor debió cobrar la indemnización correspondiente o demandar judicialmente a la compañía.

Que siendo procedente la indemnización emanada de la póliza de seguro la hipoteca debía ser cancelada independientemente de que haya habido o no error por parte de la Banca. Rechaza estos gravámenes por estimarlos insuficientes para revertir el criterio del sentenciante.

Pondera que en autos se ha demandado la nulidad de escritura pública en la cual el Banco actor liberó la obligación con garantía hipotecaria contraído por Alfredo Alfonso ante el fallecimiento del mismo; que el fundamento esgrimido es error esencial ante la creencia de que el seguro de vida contratado oportunamente había sido pagado.

Que la sentencia en crisis bien determina que ha quedado establecida la existencia del contrato no negado por los accionados y se ha comprobado la configuración del error aducido, lo que en el memorial no aparece cuestionado, como tampoco lo está lo argumentado acerca de la irrelevancia de la excusabilidad del error ante bien, dice el tribunal, prescinde expresamente de tales consideraciones en el punto E de su memorial.

Estima que la argumentación del apelante está referida a una cuestión que carece de relevancia para la solución de la litis aquí planteada, el rechazo supuestamente efectuado extemporáneamente de la cobertura del seguro de vida.

En este sentido, señala el tribunal que la Cía. Aseguradora no ha sido citada a la litis por lo que un pronunciamiento sobre si la reticencia se configuró o no sin que la misma haya tenido participación afectaría gravemente su derecho de defensa en juicio. Agrega lo señalado por Halperín en el sentido de que producido el siniestro el beneficiario consolida su derecho propio y directo contra el asegurador;

que este derecho está sujeto a su validez, a las limitacones que el contrato le impone y a las defensas que el asegurador pueda hacer valer contra el tomador: nulidad por reticencia, caducidades incurridas compensación por primas debidas o préstamos concedidos en virtud de este contrato, etc.

Por ello, confirma la sentencia sobre la base de que la acción está dirigida a obtener la nulidad de la escritura de cancelación de la hipoteca en base al error esencial del acreedor hipotecario sobre el pago de la deuda, hecho que no fue discutido por los demandados.

Agrega finalmente que el supuesto de que la aseguradora se haya negado indebidamente a la mentada cancelación no es una cuestión que deba discutirse en esta causa y en tal caso, podrá o no generar acciones entre las partes intervinientes en el contrato de seguro pero no empece a la nulidad impetrada.

En punto a las costas asiste razón al apelante en cuanto parte de la petición incoada ha sido rechazada y se encuentra firme al no haber sido motivo de apelación.

Entiende que esto es así atento a que la condena a abonar las sumas adeudadas con motivo del mutuo no se ha receptado en este proceso. Ante ello, distribuye las costas atendiendo la importancia de la cuestión principal por la que prospera la demanda imponiéndolas en un 80% a cargo de ambas partes y el 20% restante a cargo del actor.

V.- De la confrontación del memorial casatorio puesto en relación con los motivos sentenciales se advierte que el recurso debe prosperar, aunque parcialmente, sólo en la temática referida a las costas procesales.

En efecto, la sentencia del tribunal de alzada se ha hecho cargo de la totalidad de los agravios del recurrente.

Así, ha manifestado su postura respecto a la nulidad de la sentencia del Juez a quo sosteniendo que la misma se ha pronunciado por todas las cuestiones suficientes para la solución del litigio y que atento a ello no incumplió con las previsiones de los arts. 272 y 273 procesal.

Concordantemente con ello, en lo que referido a la falta de merituación de las defensas opuestas por la recurrente relativas a la aceptación automática del seguro por parte de la Cía Aseguradora al no efectuar el rechazo de la responsabilidad en base a la alegada reticencia en tiempo oportuno, conforme a las previsiones de la Ley de seguros -derivando de ello que el Banco actor debió cobrar la indemnización correspondiente o demandar judicialmente a la compañía- concluye en que estas cuestiones carecen de relevancia para la solución de la litis en tanto:

a) la Cía. Aseguradora no ha sido citada a la litis por lo que un pronunciamiento sobre si la reticencia se configuró o no sin que la misma haya tenido participación afectaría gravemente su derecho de defensa en juicio; b) si bien producido el siniestro el beneficiario consolida su derecho propio y directo contra el asegurador este derecho está sujeto a su validez, a las limitaciones que el contrato le impone y a las defensas que el asegurador pueda hacer valer contra el tomador:

nulidad por reticencia, caducidades incurridas, compensación por primas debidas o préstamos concedidos en virtud de este contrato, etc.; c) la acción está dirigida a obtener la nulidad de la escritura de cancelación de la hipoteca en base al error esencial del acreedor hipotecario sobre el pago de la deuda, hecho que no fue discutido por los demandados;

d) el supuesto de que la aseguradora se haya negado indebidamente a la mentada cancelación no es una cuestión que deba discutirse en esta causa y en tal caso, podrá o no generar acciones entre las partes intervinientes en el contrato de seguro pero no empece a la nulidad impetrada.

Estas consideraciones no han sido atacadas por el recurrente quien se limita a reiterar los agravios que viene exponiendo en instancias anteriores amén de que descontextualiza algunos párrafos sentenciales -como lo hace respecto al apartado b) anterior-:

La sentencia dice que existe un derecho propio y directo contra el asegurador (párrafo que cita el recurrente) pero agrega seguidamente las limitaciones a que éste se encuentra sometido (lo que omite el impugnante).

A su vez, la sentencia estima que en autos se ha demandado la nulidad de escritura pública, en la cual el Banco actor liberó la obligación con garantía hipotecaria, fundamentándose en el error esencial ante la creencia de que el seguro de vida contratado oportunamente por el deudor fallecido había sido pagado. A ello agrega que ha quedado establecida la existencia del contrato y la acreditación del error aducido, lo que en el memorial no aparece cuestionado.

En este punto, el impugnante incurre en el presente medio impugnativo en igual vicio toda vez que no rebate estas afirmaciones sentenciales; haciendo lo propio con la aseveración de Cámara respecto de que tampoco se ha atacado -antes bien, explícitamente se excluyó de toda consideración por el apelante- lo referido a la irrelevancia de la excusabilidad del error.

En el punto el quejoso se limita a expresar su propia tesitura -discrepante con el criterio de las sentencias de inferior instancia- respecto a que no estaría probado el no pago al Banco por la Cía.

Aseguradora, o la existencia de reticencia, o la aceptación tácita de la Cía. al pago de indemnización por imperio del art. 56 LS, todo lo cual ha sido excluido por la Cámara por consideraciones que no han recibido embate casatorio suficiente, tal cual se expuso supra.

El resto de las consideraciones expuestas en el libelo casatorio referidas a la prueba, lo que estaría acreditado en autos, etc., no pueden ser objeto de tratamiento en esta instancia atento a que, como surge de la lectura del memorial de agravios de la apelación, son cuestiones que no han sido propuestas en la instancia anterior;

más allá de que en este sentido ya resolvió la Cámara, como se indicara más arriba, que el recurrente dejó sin ataque diversos aspectos de la sentencia entre los que se encuentra la existencia del negocio celebrado y la acreditación del no pago por parte de la Aseguradora al actor.

VI.- Ahora bien, en lo que refiere a las costas procesales se advierte que el recurso, como se anticipara, debe prosperar parcialmente.

En efecto, el recurrente se agravia de la imposición de costas por la Cámara, explicitando que correspondía imponer las costas por el orden causado atento a que se rechazó parcialmente la demanda, acogiendo la nulidad pero rechazando la de pago de sumas derivadas del contrato.

Le asiste razón en tanto, en el presente caso, se acumulan dos acciones autónomas (ver fs. 26, donde se las explicita y reclama claramente): la de nulidad de actos jurídicos y la que tiene por objeto el reclamo de las sumas correspondientes a las cuotas que hayan vencido a la fecha de la sentencia más sus intereses.

Respecto de ellas, la sentencia de fecha 22/4/2002 hace lugar a la primera declarando la nulidad del acto jurídico de cancelación de hipoteca y de la escritura correspondiente desestimando, conforme lo expresa en sus considerandos la pretensión de condena a abonar las sumas adeudadas.

A su vez, la Cámara admite el agravio del apelante referido a que parte de la petición incoada -condena a abonar sumas adeudadas con motivo del mutuo- ha sido rechazada y se encuentra firme al no haber sido motivo de apelación (fs.336) y ante ello, distribuye las costas atendiendo la importancia de la cuestión principal por la que prospera la demanda imponiéndolas en un 80% a cargo de ambas partes y el 20% restante a cargo del actor.

Ahora bien, se advierte que las acciones incoadas son autónomas; por ello las costas deben ser impuestas independientemente en cada una de ellas. Y si, como en el caso, arribaron las mismas a resultados opuestos, estos son los que han de considerarse. Así entonces, siendo vencido el actor en la segunda de las acciones mentadas, las costas serían a su cargo, como a cargo del demandado deberían haber sido las costas en la acción de nulidad.

No obstante, esta Corte debe atenerse al recurso planteado, observar en la especie el principio de preclusión procesal y evitar la "reformatio in pejus". Lo dicho por cuanto se advierte que el recurrente, al agraviarse en esta materia, solicita la imposición de costas por su orden.

Ahora bien, el objeto de la casación se encuentra circunscripto a las pretensiones impugnativas de los recurrentes y la voluntad de éstos, limita y condiciona al juez del recurso que sólo posee competencia funcional para examinar las cuestiones litigiosas dentro de los límites en que se las presenten (arg. art. 775 procesal).

Siendo ello así, corresponde en el caso que, al ser vencedor en la segunda de las pretensiones (de cobro de sumas del mutuo) las costas se impongan como lo ha solicitado el impugnante; esto es: por su orden y no a la actora, como habría correspondido.

Por otra parte, en la primera de las acciones nombradas (nulidad de actos jurídicos) -en que correspondería las costas al demandado por el principio objetivo de la derrota- el resultado impuesto por la Cámara debe ser mantenido atento a que el Banco actor no ha recurrido la sentencia.

Decidir la imposición de costas al demandado implicaría incurrir en "reformatio in pejus" pues a falta de recurso de la parte contraria -circunstancia que acontece en autos-, no se puede empeorar la situación del recurrente, de modo que se contraríe el objeto defensivo del recurso y se lo prive de su finalidad específica de obtener un resultado más favorable en el proceso.

Por lo expuesto, corresponde casar la sentencia recurrida sólo en el punto analizado que refiere a las costas en la segunda de las acciones nombradas (toda vez que las costas de la acción de nulidad deben ser mantenidas), conforme a la siguiente doctrina legal:

"Cuando se acumulan acciones distintas en un mismo proceso, así debe resolverlas el tribunal, siguiendo cada una su propia suerte, también en materia de costas"; dictando como sustitutiva: "II.- Las costas del proceso, en ambas instancias, se impondrán, atento a lo considerado, en la acción de nulidad en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% restante a cargo de la actora; en el reclamo del monto dinerario, se imponen por su orden." VII.- A mérito de lo considerado, las costas de la casación por la acción de nulidad -al no haber modificación de la sentencia de alzada respecto a la misma- se imponen al recurrente vencido. En cuanto a la acción por cobro de saldo de precio -al resultar triunfante en lo solicitado-, las costas deben ser impuestas a cargo del actor (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación planteado por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 12/12/2003 dictada por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Común y, en consecuencia, CASAR el pronunciamiento impugnado, a tenor de la doctrina legal enunciada y en los límites considerados, y DICTAR la siguiente sustitutiva: "II.- Las costas del proceso, en ambas instancias, atento a lo considerado se impondrán, en la acción de nulidad en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% restante a cargo de la actora; en el reclamo del monto dinerario, se imponen por su orden". Devuélvase el depósito. En lo demás, se desestima el recurso.

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA