Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-11-13


LOPEZ, Ermelinda contra LOPEZ, Juan Reg.: A y S t 216 p 471-476.

Rosario, 13 de noviembre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el decisorio 407 de fecha 23 de agosto de 2005, dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "LOPEZ, Ermelinda contra LOPEZ, Juan -División de condominio-(Expte 259/04)" (Expte. C.S.J. nro. 76, año 2006); y, CONSIDERANDO:

Por decisorio 407 de fecha 23 de agosto de 2005 la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad rechazó los recursos de nulidad y apelación y confirmó la sentencia de baja instancia (fs. 1/4 vto.).

Contra dicho pronunciamiento interpuso la parte demandada recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3) de la ley 7055 (fs. 9/40).

Las causales de arbitrariedad que le imputa al decisorio pueden resumirse en:

a. Arbitrariedad normativa.

Falta de fundamentación normativa.

Manifiesta que la sentencia incurre en este vicio cuando se intenta sostener lo decidido sólo en: apreciaciones subjetivas del A quo (mayores erogaciones si las subastas se realizaran en distintas fecha); en el usus foris; en presunciones sobre ausencia de perjuicios en el recurrente; en el principio de trascendencia; en la necesidad de evitar el desprestigio del acto, como emanación del poder jurisdiccional del Estado; y todo ello sin someter la decisión del caso a la normativa aplicable (arts. 496 y 492, 2 párrafo, C.P.C.C.).

Entiende que la adecuada consideración de los antecedentes del caso determina con claridad que la Sala prescinde del texto legal aplicable resultando así que el pronunciamiento en recurso fue dictado en contra de la ley.

Advierte que lo resuelto cuenta con fundamentación aparente, incurre en afirmaciones dogmáticas y no puede considerarse como una derivación razonada del derecho vigente.

Expresa que el vicio se encuentra configurado en la sentencia cuando se sostiene:

a.1.

que carece de interés en la declaración de nulidad, que se limitó a formular un planteamiento formalista (nulidad por la nulidad misma), cuando en la causa se ha ordenado la venta en remate del inmueble del que es condómino y ello se ha producido desconociendo las formas legales expresamente establecidas (arts. 496 y 492) a los fines de garantizar derechos fundamentales de los justiciables (debido proceso y propiedad);

a.2. que, tras admitir las irregularidades del acto, no se ha derivado perjuicio para el recurrente -dado que el bien se adjudica al mejor postor , ya que sin dar razón alguna la Sala no subsume el caso al expreso texto del artículo 496 del Código Procesal Civil y Comercial (desinterpretándolo y prescindiendo de la norma en base a un usus foris) y otorga plena validez a la tercera subasta (única) sin atender el agravio vertido sobre que esa subasta no se ha visto habilitada cuando no se han formalizado (y fracasado) las dos anteriores (por base y con la retasa);

a.3. que los defectos de publicidad edictal (no cumplimiento de la mínima legal) no pueden ser atendidos en razón que tal extremo no fue introducido al pedir la suspensión de la subasta -es decir, que la cuestión no fue planteada antes del remate-, al imponer la Cámara una carga no prevista en la ley, extremo que debía ser controlado de oficio y la imposición que se hace aparecía de cumplimiento imposible.

Expresa que no resultaba previsible que ese control de oficio no se efectuara, que no se cumpliera con la publicidad edictal mínima legal y que las constancias sobre publicación no se encontraran acompañadas en el expediente, con lo que siendo la última fecha de publicación el 28.3.2003, no advierten razonablemente tiempo útil de planteamiento de la cuestión cuando la subasta se había programado para el día hábil inmediato posterior (1.4.2003).

Expresa que, en todos los casos, frente la imposición de alguna carga, la ley adjetiva otorga un plazo o término procesal en días hábiles y nunca menor a tres días y que en el "sub lite", el término expreso resulta de cuatro días desde que las operaciones de remate fueron puesta de manifiesto.

Agrega que el precedente citado confirma y avala su reclamo, en el sentido que resulta inexorable cumplir con la publicidad que la ley establece.

b. Arbitrariedad fáctica.

Sostiene que el pronunciamiento carece de motivación suficiente, cuando se aparta de los antecedentes de la causa prescindiendo y desconociendo los mismos.

Manifiesta que el fallo prescindió de los elementos de juicio que debía valorar para decidir la causa, debiendo haberse considerado:

el proveído que fijó entre las condiciones de subasta que la base, la retasa y el porcentaje para la última, sólo es modificable por vía de recurso y por otro decisorio expreso judicial, con lo que la consideración de los Sentenciantes en el sentido que se incurrió en un error de transcripción carece de sustento y resulta afirmación dogmática; y 2. el acta de remate, que prueba la omisión de la primer subasta (por la base) y de la segunda (con la retasa) y que así la tercera (única realizada) no se encontraba habilitada.

Expresa que la sentencia prescindió irrazonablemente de las constancias de autos, en particular, del acta de remate que acreditaba que la única subasta formalizada resultó la llamada tercera y por la base mínima, sin valorarse que ese acto no se ha visto habilitado dado que ello sólo hubiera ocurrido en el supuesto de fracaso de las dos subastas anteriores.

Considera que la sentencia incurre en arbitrariedad al afirmar dogmáticamente que el principio de trascendencia resulta aplicable al caso en razón que el apartamiento del mismo sólo se justifica en supuestos de etapas fundamentales del proceso cuya privación lacera el derecho de defensa; que la parte actora carece de interés en la declaración de nulidad, limitándose a efectuar un planteamiento formalista que conduciría a la declaración por la nulidad misma; que al haberse puesto en venta el bien en la tercera subasta no se ha derivado ningún perjuicio pues el bien fue adjudicado al mejor postor por la suma de $11700.

Concluye diciendo que estos vicios del decisorio implican agravio a los derechos de defensa y propiedad, en cuanto incurre en afirmaciones dogmáticas y genéricas lo que determina ausencia de motivación suficiente, tanto en la apreciación de los hechos como del derecho, demostrándose que se desconoció las constancias de la causa apartándose de la normativa procesal aplicable, además de prescindir de prueba decisiva para resolver la causa (acta de remate).

Agrega que existe relación directa entre lo resuelto y las garantías constitucionales vulneradas: del debido proceso y la defensa en juicio (arts.9 C. Prov. y 18 C.N.), de inviolabilidad de la propiedad privada (arts.15 C. Prov. y 17 C.N.) y de la adecuada motivación de las sentencias (art.95 C. Prov.).

A su turno, la Alzada denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad, mediante auto 50 del 26.2.2006 (fs. 49/50), lo que motivó la presentación directa del quejoso ante esta sede (fs. 54/94 vto.).

2. El planteo del recurrente no resulta idóneo en orden al acceso a la instancia extraordinaria, toda vez que es requisito legal para que este recurso resulte admisible que el medio impugnatorio se dirija contra sentencia definitiva, dictada en juicio que no admite otro ulterior sobre el mismo objeto o contra auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación.

En el sub judice, se impugna una resolución que, dictada con posterioridad a la sentencia final y tendente a hacerla efectiva, no reviste el carácter de definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad (cfr. Guastavino, Elías P., Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad, Tomo II, págs. 805/806, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1992).

En este sentido, resulta aplicable la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual las resoluciones recaídas en la etapa de ejecución de sentencias no son, en principio, susceptibles del recurso extraordinario, salvo que lo resuelto sea ajeno al fallo que se ejecute o importe palmario apartamiento de lo decidido en él (cfr. Fallos: 275:72; 276:191; 295:194; 297:564; 303:620; 308:1372; 308:2403), extremos éstos que no han sido demostrados por el recurrente.

La conclusión negativa se refuerza al considerar que este Cuerpo -coincidiendo con el criterio del Máximo Tribunal Nacional (cfr. Fallos: 177:9; 245:179; 265:100; 268:567; 304:353)- ha dicho que las providencias judiciales concernientes a asuntos de procedimiento, a las "etapas del proceso", no son impugnables por la vía del recurso de inconstitucionalidad (A. y S. T.81, pág.273), de conformidad a lo que es reiterada jurisprudencia de esta misma Corte, según la cual las cuestiones procesales, en principio, son insusceptibles de revisión en la instancia extraordinaria regulada por la ley 7055 (A. y S., T.65, pág.116; T.77, págs.41 y 49; T.92, pág.221; T.93, pág.449; T.95, págs.236 y 400); como excepciones a tal regla se han admitido los casos en que medie manifiesta arbitrariedad o restricción indebida del derecho de defensa (cfr. A. y S. T.95, pág.400, entre otros), cuya configuración no se advierte en el sub judice, ni tampoco ninguna otra con asidero constitucional suficiente como para habilitar esta instancia de excepción.

Al respecto se aprecia que el quejoso, más allá de la tacha esbozada, aun cuando acusa la invalidez del pronunciamiento por presunta arbitrariedad por lesionar derechos y garantías constitucionales, con las limitaciones propias del estadio que transita la presente impugnación, el desarrollo de los fundamentos vertidos en la pieza recursoria, en su confrontación con la resolución atacada, permite advertir que los planteos que intenta encuadrar en hipótesis conculcatorias de garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio (arts.9 C. Prov. y 18 C.N.), de inviolabilidad de la propiedad privada (arts.15 C. Prov. y 17 C.N.) y de adecuada motivación de las sentencias (art.95 C. Prov.) carecen de consistencia y no alcanzan a demostrar la configuración de los pretendidos vicios imputados.

Ello así, por cuanto una atenta lectura del memorial recursivo permite concluir que las disconformidades del impugnante se orientan, con diversas argumentaciones, a demostrar que la Cámara incurrió en arbitrariedad normativa, por carecer su pronunciamiento de falta de fundamentación y apartarse del texto legal y en arbitrariedad fáctica, por haber prescindido de prueba decisiva, apartarse de las constancias de la causa y efectuar afirmaciones dogmáticas.

Mas, con su argumentación, no logra persuadir a este Cuerpo de que al fallarse la causa se hubiese incurrido en algunas de las causales de arbitrariedad invocadas.

En punto a ello, se advierte con evidencia que la Alzada, para decidir como lo hizo, sostuvo que "no sólo doctrinariamente, sino consagrado por un sostenido usus foris, en el ámbito local se admite que 'si por razones de conveniencia se estima necesario efectuar las tres subastas en un mismo día, el juez debe autorizarlo expresa y fundadamente'", y que el demandado impugnó la providencia que fijaba las condiciones de la subasta, lo cual fue rechazado por el A quo, denegando también la apelación ..." el derrotero recursivo que siguió luego el recurrente a través de duplicadas y sucesivas presentaciones directas en esta Alzada también fracasó", remarcando que "la eventualidad de que se hubiera logrado un precio mayor si las subastas se hubieran realizado separadamente tiene mero nivel conjetural"...por "...las mayores erogaciones que esa modalidad irroga" (f. 3 vto.).

Las argumentaciones del quejoso no conmueven los fundamentos de la sentencia cuestionada y refieren a un tema de índole procesal, frente al cual, en esencia, sólo refleja su discrepancia al insistir en que el remate es nulo al no haberse cumplido con las exigencias previstas legalmente para su validez, postura ésta que ya había sido rechazada por el Juez de primera instancia, reiterando su criterio interpretativo del instituto en cuestión y de la normativa procesal señalada.

Cabe reiterar que al respecto esta Corte tiene dicho que las cuestiones procesales no constituyen, en principio, materia propia del recurso de inconstitucionalidad por cuanto están reservadas a la ponderación que de las mismas efectúen en labor propia los jueces de la causa.

Y que la citada regla debe ser exceptuada siempre que el recurrente demuestre irrazonabilidad en la decisión recurrida, o bien que la misma sea susceptible de vulnerar derechos de raigambre constitucional (por todos, "Martínez", A. y S. T. 130, pág. 140), situación ésta que el recurrente no persuade se configure en autos.

Los reparos vertidos por el impugnante en modo alguno convencen de que la conclusión de la Cámara -más allá de su mayor o menor grado de acierto- se haya sustentado en una interpretación de la norma que pueda ser tildada de inconstitucional o que hubiera desbordado las posibilidades interpretativas aceptables que desde el punto de vista constitucional ofrecía la normativa en juego.

Igual resultado adverso debe correr las imputaciones sobre la publicidad edictal y la discordancia entre el porcentaje fijado en la providencia que fijó las condiciones de la subasta y el consignado en los edictos, dado que frente a lo sostenido por la Sala al descartar dichos achaques por no haber sido introducidos al pedir la suspensión de la subasta, remarcando que "de cualquier modo, como acertadamente lo destacó el juez de grado, el error en que se incurrió en la referida providencia (al consignarse 25% en vez de 20%) no tuvo ninguna incidencia pues el precio logrado superó largamente el 20%", las argumentaciones del quejoso -atinentes a que no resultaba previsible que el ontrol no se realizara de oficio ni que no se cumpliera con la "mínima legal"- no conmueve los sólidos fundamentos vertidos por la Alzada y no pasan de ser un intento por reabrir el debate sobre una cuestión procesal producto de su tardío planteo, ajena a esta instancia extraordinaria.

Asimismo no ostentan sustancialidad los reproches dirigidos a acreditar una arbitrariedad fáctica.

Ello así, puesto que frente al reconocimiento de la Alzada que si bien "es cierto que, con notable déficit técnico, en el acta glosada a foja 88, sólo se consignó que, tras la lectura de los edictos, se puso en venta el inmueble 'en 3 subasta y base de $3.170,71'"...de "tal irregularidad no se ha derivado perjuicio para el recurrente pues, en definitiva, el bien fue adjudicado al mejor postor por la suma de $11.700.

Esto es, precisamente, el extremo que le quita entidad a toda la argumentación recursiva, pues el demandado no ha demostrado idóneamente cuál hubiera sido el precio que -en la condiciones de mercado- se hubiera obtenido de no haber existido todas las 'irregularidades' que ha denunciado" (f.4), los argumentos del recurrente referidos a que hubo prescindencia y apartamiento de los antecedentes de la causa y de prueba decisiva (acta de remate de f.88, según la cual la única subasta formalizada resultó la tercera y sobre la base mínima) son demostrativos de la disimilitud de criterios del apelante en contra de lo sostenido por los Sentenciantes.

Por lo tanto, no se advierte que hubiere en tales imputaciones razón suficiente para franquear esta instancia recursiva de excepción salvo, claro está, que se demostrara arbitrariedad en lo decidido, lo que no se logra en el "sub lite" donde el Tribunal, en ejercicio de funciones propias, analizó las circunstancias fácticas de la litis conforme las traducían las constancias de autos y aplicó las normas pertinentes, ámbito que resulta ajeno a esta instancia extraordinaria ya que no se acredita que los Juzgadores hubieran desbordado los límites interpretativos de la normativa procesal, de manera tal de configurarse una cuestión constitucional.

Con relación al achaque vinculado con la inadecuada aplicación del principio de trascendencia, por entender que dada la importancia del acto y las formas omitidas se afectan derechos y garantías de igual jerarquía constitucional que el de defensa, y conforme lo dicho en precedencia, cabe rechazar los argumentos del quejoso, dado que no se vislumbra que se haya privado al litigante de una etapa fundamental del proceso ni que el perjuicio emerja "per se" (cfr. criterio de "Zárate", A. y S. T. 136, pág.352), con lo que, en definitiva, no alcanzan a rebatir adecuadamente lo sostenido por la Cámara y son insuficientes para lograr el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte.

Y, como bien lo señalara la Sala en auto denegatorio de la concesión del Recurso de Inconstitucionalidad, "...en lo que resulta el núcleo de la cuestión en examen, podrá no compartirse la aplicación que merecía en el caso el principio de trascendencia -y su correlato, la demostración del perjuicio sufrido a través de la demostración idónea de 'cual habría sido el precio que - en las condiciones de mercado- se hubiera obtenido de no haber existido todas las 'irregularidades' que ha denunciado' (f.186)-, pero la sola lectura de la sentencia disipa que haya mediado falta de demostración o que la conclusión a la cual se arribó sólo repose en afirmaciones dogmáticas" (f.50).

Igual resultado adverso deben correr las demás imputaciones del demandado, dado que vistas en su desarrollo, y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión a garantías constitucionales, el recurso no pasa de ser la mera manifestación de su discrepancia con la apreciación de las circunstancias del caso y con su solución, hechos por la Sala en una faena que, acertada o no en sus conclusiones, no aparece prima facie divorciada de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida.

Corolario de lo expuesto es que corresponde desestimar el recurso intentado ya que las alegaciones que lo sustentan carecen de substancia constitucional al no alcanzar a demostrar la configuración de los vicios imputados al decisorio, denotando sólo la simple discrepancia con el criterio adoptado por los Juzgadores en ejercicio de funciones propias.

Por todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art.8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)