Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-30


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 30 de 2009 La doctora Porta dijo:

La actora, la demandada y la representación letrada de ésta apelan el fallo de grado (fs. 374, 375 y 376/380).

La accionante se queja porque la juzgadora rechazó su reclamo tendiente a percibir el agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323.

En mi criterio, no asiste razón a la apelante, ya que concuerdo con la sentenciante en que la actora no probó la autenticidad y recepción por parte de la accionada del telegrama Nº 65509467del 6.1.2006, pues los instrumentos acompañados por la accionante fueron expresamente desconocidos por la demandada en su responde y si aquella al apelar se refiere a la respuesta de la contraria del día 12.1.2006, esta pieza tampoco fue respaldada por informe del correo y además en ella se hace mención al telegrama Nº 65509567 (fs. 6, 7, 73 y 76 vta.).

Sin perjuicio de lo expuesto, resalto que la accionada pagó a la actora al momento del despido en concepto de las indemnizaciones que corresponde tener en cuenta para el cálculo de aquel agravamiento el total de $2.488,24 (recibo de fs. 29 no desconocido por la actora a fs. 100/101; arts. 232, 233 y 245 LCT) cuando según surge de la sentencia de grado las mismas alcanzaban la suma de $2.448,53 (fs. 369), por lo que tampoco encuentra respaldo la queja de la accionante.

En síntesis, propongo confirmar el fallo apelado en el punto.

No habrá de ser mejor la suerte de la actora en lo que respecta al rechazo de su reclamo por acoso laboral, acoso sexual y daño psicológico, todo lo cual -según sostiene- la incapacita en un 20% de la total obrera, así como, la pretensión por daño moral, sustentada en el supuesto perjuicio sufrido por la trabajadora en su salud por los mencionados acontecimientos, toda vez que la apelante no controvierte los sólidos fundamentos expuestos en el fallo apelado (art. 116 de la ley 18.345).

En primer lugar, llega firme a esta alzada la conclusión de la Sra. Juez de grado relativa a que la actora en el relato de la demanda incurrió en serias falencias, pues mas allá del sustento doctrinario y jurisprudencial, no expuso claramente los hechos en que fundó su reclamo, sino que solo lo hizo en forma genérica, sin denunciar el nombre del supuesto acosador sin especificar episodio alguno que permita conocer y evaluar la entidad de la conducta imputada, circunstancia que además de contravenir lo dispuesto por el art. 65, inc. 4, de la ley 18.345, dificulta el ejercicio del derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional y el debido tratamiento de la cuestión.

Por otro lado, considero que las pruebas aportadas a la causa no respaldan las pretensiones de la actora, ya que de los testimonios de Forti y Vega no surge ningún dato, ni siquiera indiciario, relativo a los supuestos padecimientos laborales que denunció la actora (fs. 162/163 y 165). El relato del testigo Trejo, resulta endeble para formar convicción acerca de los hechos señalados por la recurrente, pues además de que este testimonio no se encuentra respaldado por ningún otro elemento de juicio, lo relevante es que el testigo sustenta sus manifestaciones en meras suposiciones y en dichos de la propia actora o lo que el dicente califica como "lo que todos sabían, porque era muy público", incluso en un momento de su declaración expresó que aunque no estaba uno de los jefes que el dicente indicó como acosador de la actora, los encargados seguían con el maltrato a aquélla, excediéndose de lo expuesto en la demanda (fs. 166/168; arts. 386 y 456 del CPCC).

La actora tampoco produjo ninguna prueba para demostrar que había denunciado judicialmente la supuesta situación de acoso vivida en la empresa demandada (fs. 12).

En conclusión, considero que la accionante no logró acreditar que hubiera sido víctima de acoso constante y maltratos reiterados por parte del jefe del patio de comidas de la Sucursal Nº 129 de Ciudadela. El peritaje psicológico no puede sustituir esta orfandad probatoria, dado que la especial versación de los facultativos es incuestionable en lo que concierne al diagnóstico de la enfermedad, pero habida cuenta que la determinación de la causalidad la cumplimentan sobre la base del relato que realiza el propio actor al facultativo, la relación causal o concausal la debe determinar necesariamente el sentenciante (en sentido análogo, SD Nº 77.361 del 18.9.98, en autos "Benito, Julián c/ Belgrano Soc. Coop. Ltda de Seguros y otro", del registro de esta Sala, entre otras).

A la luz de lo expuesto, propongo confirmar el fallo apelado en lo principal que decide así como la imposición de costas, dado que no encuentro mérito alguno que permita apartarse del régimen general de la derrota que rige la materia. Auspicio que las costas de la alzada también sean soportadas por la actora vencida (art. 68 del CPCC).

Considero que los honorarios regulados en autos son equitativos, en atención al valor económico de la contienda, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto en el art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 14, 19, 37, 39 y conc. de la ley 21.839 y arts. 3 y 6 del decreto ley 16638/57, por lo que propongo su confirmación. Asimismo, auspicio regular los honorarios de los letrados actuantes ante esta alzada, en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa.

En relación con la adición del I.V.A. a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto". Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

En definitiva y por lo que antecede, voto por; I.- Confirmar el fallo apelado en todas sus partes; II.- Imponer las costas de la alzada a la actora vencida; III.- Regular los honorarios de los letrados actuantes ante esta alzada, en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa; en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

El doctor Guibourg dijo:

Que adhiere por análogos fundamentos al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar el fallo apelado en todas sus partes; II. Imponer las costas de la alzada a la actora vencida; III. Regular los honorarios de los letrados actuantes ante esta alzada, en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa; en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase. - Ricardo Guibourg. - Elsa Porta á