Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-06-28


Córdoba, junio 28 de 2007.

1º ¿Es nula la resolución impugnada? 2º ¿Qué solución corresponde dictar? 1º cuestión. - La doctora Cafure de Battistelli dijo:

I. Por Auto Interlocutorio 45, de fecha 16 de marzo de 2007, la Cámara en lo Criminal de la Ciudad de San Francisco resolvió: "1º) Hacer lugar a los recursos de apelación presentados por los abogados defensores doctores S. A. y J. C. P., por los prevenidos María Eva Alvarez, Néstor Omar Pasquini, Nelson Martínez y Luis Patricio Sanfilippo; por el Asesor Letrado doctor S. D. G. A. defensor de los imputados Juan Marcelo Farías, Jorge Alberto Luna, Javier Alberto Pacheco y Néstor Fabián Etchegaray; el presentado por el doctor J. A. E. M., defensor de los imputados Gustavo Oscar Franza, Walter Hugo Francischelli, Luis María Juan Sopranzi, Joaquín Teuler, Julio César Suárez, Juan Carlos Vera y Gustavo (Miguel Angel) Furlan; el presentado por el doctor R. A. M., defensor de los imputados Alexis Andrés Cordera, Fabián Raúl Oyola, Gabriel Irusta y Pamela Rocío Altamiranda y el presentado por el doctor C. A. B., defensor de los imputados Juan José Guayanes, Oscar Walter Guayanes, Hugo Daniel Dobba, Pedro Dobba, Raúl Alberto Pérez y Luis Alberto Avaca, revocando el Auto Interlocutorio 1 de fecha dieciséis de febrero del año en curso -cuya copia obra a fs. 105/121 de autos- dictado por el Juez de Control de la ciudad de Marcos Juárez, doctor M. R. T. y en consecuencia disponer la inmediata libertad de los nombrados precedentemente, bajo las condiciones contenidas en el art. 268 primer párrafo, incs. 2, 3 y 4 del CPP, remitiendo los presentes al Fiscal de Instrucción, a sus efectos... 3º) Rechazar el recurso de apelación presentado oportunamente por el Fiscal de Instrucción de Marcos Juárez, doctor C. E. V., y en consecuencia confirmar el Auto Interlocutorio 1 en cuanto dispone la libertad de los imputados Raúl Alberto Ruggeri, Miguel Angel Silva y Gustavo Miguel Mayna" (fs. 217 y vta.).

II. Contra dicha resolución, recurre en casación el Fiscal de Cámara doctor V. H. P., invocando el motivo formal previsto en el segundo inciso del art. 468 del C.P.P., en tanto estima que la decisión es arbitraria en la valoración de la prueba relacionada con los motivos que destruyen la presunción iuris tantum de peligrosidad procesal (arts. 281 inc. 1 y 413 inc. 4, C.P.P.) (fs. 235).

Párrafos más abajo, explicita que su impugnación se dirige:

a) Contra la confirmación de la revocación de la detención de Raúl Alberto Ruggeri, Miguel Angel Silva y Gustavo Miguel Mayna.

b) Contra el acogimiento de la apelación y consecuente liberación de las libertades otorgadas por la Cámara a Néstor Omar Pasquini, Juan Marcelo Farías, Jorge Alberto Luna, Javier Alberto Pacheco, Gustavo Oscar Franza, Walter Hugo Francischelli, Joaquín Teuler, Julio César Suárez, Miguel Angel Furlan, Juan José Guayanes, Oscar Walter Guayanes, Hugo Daniel Dobba y Luis Alberto Avaca; decisión que fue luego hecha extensiva por el Fiscal de Instrucción, por razones de economía procesal, a Rogelio Ricardo Mattiacci, Cristian Enzo Scoccia, Rubén Omar Astudillo, Mario Hugo Becerro, Fabián Alberto Spizzo y Horacio Esteban Guayanes (fs. 241 y vta.).

1. Impugnabilidad objetiva: funda la recurribilidad del decisorio por considerarlo equiparable a sentencia definitiva en tanto se trata de una decisión que antes del fallo final de la causa deja sin efecto medidas de coerción, provocando agravios de imposible reparación posterior. Plantea la inconstitucionalidad de las normas limitativas contenidas en los arts. 469 y 470 del C.P.P., pues a su ver se vulneran reglas de máxima jerarquía, como el "debido proceso".

Apoya esta hermenéutica en doctrina y jurisprudencia acerca de las decisiones que causan gravamen irreparable, en especial las medidas de coerción, y refuerza su argumentación aludiendo a los principios de bilateralidad y tutela efectiva, conjugándolos con los fines del proceso de descubrimiento de la verdad real, actuación concreta y correcta de la ley penal sustantiva (fs. 235/238 vta.).

Concluye que "si se admite formalmente el recurso cuando a una persona se la priva de su libertad arbitrariamente, y por el contrario se lo declara inadmisible cuando se dispone arbitrariamente el cese de la detención o prisión preventiva, esa bilateralidad o equilibrio entre víctima y acusado... se habrá roto. No podrá cumplirse con el propósito de 'afianzar la justicia', que contiene el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, y peligrará el 'juicio previo' que consagra el art. 18 de nuestra Carta Magna o el 'debido proceso' que estatuye el art. 39 de nuestra Constitución Provincial, ya sea por su imposibilidad de realización ante el peligro de fuga del acusado o bien, porque no tendrá las garantías de un 'juicio justo', como consecuencia del entorpecimiento de la investigación" (fs. 237 vta.).

2. En primer término, al efectuar la relación de causa, el quejoso puntualiza que con fecha 12/03/07, es decir con posterioridad a la interposición de los recursos de apelación aludidos (que se tramitaron por vía incidental), pero antes de que la Cámara de San Francisco dictara la resolución, el expediente principal continuó tramitándose y el Fiscal de Instrucción dispuso la prisión preventiva de algunos imputados y la libertad de otros, situación que fue comunicada por vía fax al Tribunal de Apelación, pero no fue tenida en cuenta al momento de dictarse el auto impugnado. A su criterio, la a quo debió considerarla puesto que se trata de la resolución que define con precisión la situación legal de cada uno de los imputados, realiza un análisis crítico del material probatorio y en definitiva emite el primer juicio de valor importante acerca de la existencia o inexistencia de un juicio de probabilidad afirmativa sobre responsabilidad penal de cada uno de los imputados y califica adecuadamente los hechos (fs. 239 vta./240).

A consecuencia de dicha omisión, apunta que se verificaron los siguientes vicios:

a) No se analiza el material probatorio que vincula a cada uno de los imputados con la participación en los hechos que se les atribuye; ni siquiera se lo hace con respecto al recurso interpuesto por el Fiscal de Instrucción (respecto de Ruggeri, Mayna y Silva), cuando se trataba del punto central en que versaba la controversia (fs. 240).

b) Se resuelve de un modo global la situación de todos los imputados, cuando -objetivamente- la responsabilidad atribuida a cada uno era de diferente magnitud, e incluso la calificación legal de los hechos tampoco era idéntica (fs. 240).

c) Tampoco se hace diferencia alguna desde el punto de vista subjetivo, ya que no se tuvo en cuenta que alguno de los acusados registraba condena anterior (fs. 240).

d) Como consecuencia de esta lectura indiferenciada, se produjo una serie de errores, ya que se dispuso la libertad de imputados que no estaban detenidos (fs. 240).

3. A continuación, el impugnante ingresa a los concretos agravios que esgrime contra la resolución.

a) En relación a Raúl Alberto Ruggeri, Miguel Angel Silva y Gustavo Miguel Mayna: luego de reseñar los fundamentos de la apelación oportunamente deducida por el Fiscal de Instrucción contra la decisión del Juez de Control (fs. 246/252), explica que el primer punto en discusión que debió abordar la a quo era "si tenía razón el Juez de Control, acerca de que no había mérito para dictar la prisión preventiva (art. 280 inc. 3, C.P.P.), o bien, si eran convincentes los argumentos del apelante, sobre la existencia de 'motivo bastante' para ordenar su detención (art. 272 C.P.P.), o bien de 'elementos de convicción suficientes' para disponer su prisión preventiva (art. 281 primer párrafo del C.P.P.)". No obstante ello, la Cámara eludió el tratamiento de la cuestión probatoria, omitiendo expedirse sobre lo que configuraba el primer punto de disidencia (fs. 252).

Destaca que, precisamente, al dictar el apelante la prisión preventiva de otros imputados, no lo hizo en relación a estos tres, pues aguardaba que la a quo se expidiera sobre lo que había sometido a su examen (fs. 252).

b) A continuación, refiere a la situación tanto de los nombrados Ruggeri, Mayna y Silva, como de aquellos cuya apelación fuera acogida -Néstor Omar Pasquini, Juan Marcelo Farías, Jorge Alberto Luna, Javier Alberto Pacheco, Gustavo Oscar Franza, Walter Hugo Francischelli, Joaquín José Teuler, Julio César Suárez, Miguel Angel Furlan, Juan José Guayanes, Oscar Walter Guayanes, Hugo Daniel Dobba y Luis Alberto Avaca- y de aquellos a quienes se les hiciera extensivo el efecto de la procedencia de la apelación interpuesta por los coimputados -Rogelio Ricardo Mattiacci, Cristian Enzo Scoccia, Rubén Omar Astudillo, Mario Hugo Becerro, Fabián Alberto Spizzo y Horacio Esteban Guayanes- (fs. 252 vta.).

Manifiesta que de lo prescripto por el art. 269 C.P.P. se infiere que el criterio de valoración que nuestra ley procesal ha adoptado para privar a una persona de su libertad personal es el de la peligrosidad procesal y no el de la peligrosidad criminal. La primera, en su recepción normativa, se manifiesta concretamente en dos situaciones: el entorpecimiento en la investigación y el riesgo de fuga. A su vez, la ley fija a modo de presunción que existe ese peligro procesal cuando de acuerdo al hecho imputado, en caso de condena, no aparece prima facie como procedente la aplicación de una pena de ejecución condicional (art. 272 primer párrafo y 281 inc. 1 C.P.P) (fs. 252 vta./253).

Por ello, afirma, cuando no está en discusión la calificación legal ni los motivos bastantes para imputar el delito, o los elementos de convicción suficientes para disponer la prisión preventiva, corresponde como primer paso realizar un anticipado pronóstico punitivo y, valorando las pautas de los arts. 26, 40 y 41 del CPenal, determinar prima facie la procedencia o improcedencia de una condena condicional en caso de que el acusado sea hallado culpable del hecho que se le atribuye (fs. 253 vta.).

Aclara que para ello es imprescindible expedirse sobre la situación de cada imputado en particular, puesto que en caso de que sea procedente una condena de ejecución efectiva, automáticamente se activa la presunción iuris tantum de peligrosidad procesal en su contra, la que para ser desactivada requiere la demostración de por qué, a pesar de existir un pronóstico punitivo concreto de pena efectiva en caso de condena, aún así no se le impondrá al acusado una medida de coerción personal (fs. 253 vta.).

Encuentra en dicho punto el primero de los vicios que denuncia: la Cámara no hace ninguna alusión respecto de la procedencia -en cada caso concreto- de una condena de ejecución condicional; por el contrario, se limita a formular afirmaciones dogmáticas sin referirse a los delitos que se le atribuyen a cada uno de los imputados, su escala penal, sus antecedentes penales, etc. A ello se agrega incluso que se omitió toda referencia acerca de la existencia de motivos bastantes para imputar o probabilidad afirmativa para dictar prisión preventiva (fs. 253 vta./254).

Frente a dicho silencio, el quejoso expone las razones que a su criterio llevarían a concluir que, en caso de condena, la misma sería prima facie de cumplimiento efectivo, para todos los imputados cada uno por sus propios motivos:

*a Francischelli, Pasquini, Mattiacci, Luna, Teuler, Scoccia y Furlan se les ha imputado delitos cuya escala penal en abstracto parte de un mínimo de cinco años de prisión, lo que esfuma toda posibilidad de condena en suspenso. Suma a ello que Francischelli registra una condena por hurto calificado (un año de prisión, condicional). Asimismo, a la fecha de los hechos de marras, según certificación por vía telefónica, Teuler se encontraba en libertad condicional por una condena por robo calificado, privación ilegítima de la libertad y hurto calificado (cinco años y seis meses de prisión) (fs. 255).

*Astudillo, Avaca, Becerro, H. D. Dobba, Farías, Franza, J. J. Guayanes, O. W. Guayanes, H. E. Guayanes, Pacheco, Spizzo, Suárez, Ruggeri, Silva y Mayna han sido imputados de delitos con una escala penal que parte de un mínimo de tres años hasta un máximo de quince años y cuatro meses de prisión. Si bien el mínimo haría posible una condena condicional, la evaluación de las pautas objetivas del art. 41 inc. 1 del C.P. muestran su improcedencia, principalmente en razón de la magnitud del daño causado y el extremo vandalismo puesto de manifiesto. Agrega a lo dicho que Becerro registra una condena efectiva a tres años de prisión y luego una elevación a juicio por amenazas reiteradas. Horacio Guayanes tiene condena por dos meses de prisión en suspenso. Suárez se encuentra en estado de citación a juicio en dos procesos, uno por lesiones leves reiteradas, otro por amenazas y lesiones leves. Mayna, por su parte, ha sido citado a juicio por encubrimiento (fs. 256 y vta.).

En función de lo expuesto, el quejoso afirma que es errónea la afirmación que realiza la Cámara según la cual el Juzgado de Control ha resuelto mantener la detención de los imputados en base a un criterio de peligrosidad criminal, y que nada se fundamenta respecto a la peligrosidad procesal. Por el contrario, anota el recurrente que el Juez de garantías resolvió conforme la doctrina de esta Sala, valorando el riesgo o peligro para la suerte de los fines del proceso, que consideró configurado "no por el peligro de fuga sino por el entorpecimiento que puede pronosticarse respecto del descubrimiento de la verdad". Valoró, para esta aserción, que los imputados residen "en la misma comunidad donde se perpetraron los graves hechos, lo que hace presumir que la libertad, por el momento, hasta tanto el Ministerio Público no avance en las investigaciones, configuraría un peligro, máxime si restan receptar numerosos testimonios que pueden resultar de utilidad, de personas que precisamente se radican en esa misma población, como así también resta diligenciar prueba, como reconocimientos, necesarios para la individualización de todos los autores, cómplices o instigadores, si los hubiere. La libertad de los imputados de marras, contra los cuales se levantan serias sospechas de participación criminal, amenazaría los fines del proceso, por lo que estimó ajustado a derecho no hacer lugar a las libertades de los nombrados, por el momento..." (fs. 257).

Explica el Fiscal impugnante que la Cámara sustenta su decisión en una parcialización de la doctrina de esta Sala, ya que calla toda referencia a lo que se debe demostrar cuando adquiere firmeza la presunción iuris tantum de peligrosidad procesal: la presencia de condiciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un delito, las que deben ser -obviamente- favorables a los imputados, como para presumir que no existe riesgo procesal (fs. 257 vta./259).

Las razones que invoca la Cámara, de un modo genérico (sin explicar que son para desactivar esa presunción), en modo alguno demuestran que en el caso concurran tales situaciones de excepción (fs. 259).

Asegura que no puede sostenerse como fundamento válido de la inexistencia de peligro de fuga por la sola circunstancia de que los imputados tengan domicilio fijo, que no se hayan resistido a su detención y que carezcan de antecedentes penales y de condenas previas -lo que es erróneo en relación a varios imputados- (fs. 259/260).

En relación al riesgo de entorpecimiento de la investigación, destaca que en este caso la actitud de los imputados en los hechos incriminados pone en evidencia factores distintos del común denominador de las personas imputadas por un delito, pero en sentido desfavorable: no se está en presencia de un hecho común; han demostrado acabadamente que no se han adaptado a la vida democrática, tienen un pensamiento anárquico, no aceptan la solución de conflictos dentro del marco de las instituciones creadas por el Estado, lograron la paralización del servicio de Justicia en la ciudad de Corral de Bustos. No resulta entonces razonable "pensar que las personas que se encuentran acusadas de tamaño vandalismo, capaces de cometer semejantes desmanes, en protesta por una causa ajena, ahora se van a someter pacíficamente a las reglas del proceso y no van a intentar entorpecerlo". No se puede presumir que no tratarán de amenazar y presionar a los damnificados y testigos, que no buscarán entorpecer de algún modo las investigaciones; y que más allá de que se haya avanzado en la causa, parece indudable que queda mucho camino por andar antes de llegar al juicio teniendo especial consideración en que toda la prueba testimonial que se debe reunir en la audiencia de debate, en estas condiciones, corre un serio peligro de entorpecimiento (fs. 260/251).

Finaliza con citas de jurisprudencia, efectúa una síntesis de sus reproches, y solicita se acoja su pretensión (fs. 261 vta./263).

III. Por Dictamen P-265, se expide el Fiscal General de la Provincia, manteniendo el recurso deducido.

1. Acerca de la recurribilidad del auto que dispone la libertad de los imputados durante el proceso, comparte la apreciación de su Inferior en cuanto a la equiparación de la resolución a sentencia definitiva por ocasionar un gravamen irreparable, la que se funda en el serio y actual riesgo para el proceso, que se advierte en los presentes. También asiente que en el sub examine se presentan condiciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un delito, que de manera desfavorable para ellos concurren en apoyo a la presunción iuris tantum de peligrosidad procesal que surge del pronóstico punitivo, fortaleciéndola: habiéndose constituido ante la sede del Tribunal de Justicia reclamando (en un principio pacíficamente) por lo que ellos consideran un mejor servicio de justicia, transformaron una lícita protesta en un caos social que puso en riesgo la vida de varias personas, entre ellos los propios magistrados encargados de aplicar la ley e impartir esa justicia que reclamaban; y dejaron como saldo la destrucción de la sede tribunalicia y de una gran cantidad de expedientes en trámite con la consiguiente paralización de la actividad judicial y el daño que actitudes como estas le provocan a las Instituciones (fs. 282/286 vta.).

Agrega a ello que el pronóstico punitivo de una condena de ejecución efectiva realizado por el impugnante, deriva de la sospecha fundada de que estas personas, ahora imputados, que anularon drásticamente la acción de la justicia en procesos en los que eran ajenos (al menos no lo eran como imputados), entorpezcan la continuidad del procedimiento en el que se encuentran acusados, frustrando en definitiva la aplicación de la ley. Estima atinado recalcar, como lo hicieron el Fiscal y el Juez de Garantías, que los imputados viven en la misma ciudad que los testigos que deberán deponer en el debate y que si aquéllos no han tenido ningún reparo en avanzar sobre la autoridad policial y prender fuego el propio edificio de Tribunales con todo su personal adentro, con la intención de que se interrumpa el servicio de justicia que consideraban defectuoso, no resulta difícil pensar que estando en libertad tratarán de presionar a los testigos para beneficiarse procesalmente; lo que sin duda afectaría de modo directo la averiguación de la verdad real (fs. 286 vta./287).

2. De otro costado, destaca que las limitaciones impuestas por la ley de rito relativas a la admisibilidad formal de los recursos no puede avanzar de modo que los derechos constitucionales establecidos queden sin efecto. Por ello, considerar la impugnada como sentencia definitiva, es la solución que mejor condice con una interpretación armónica de las normas a fin de evitar la máxima corrección que implica su declaración de inconstitucionalidad, en resguardo de la garantía de bilateralidad, entendida como un aspecto de la del debido proceso (fs. 287 y vta.).

Recalca que el derecho que le asiste a la sociedad radica en lograr un juicio justo, lo que implica necesariamente el desarrollo de un debido proceso que culmine con una decisión definitiva de fondo. Por ello, si se admite la posibilidad de recurrir un Auto que arbitrariamente niega el derecho del imputado a permanecer en libertad, debe necesariamente aceptarse también la recurribilidad -por parte del Ministerio Público- de una medida que arbitrariamente ordena la libertad de los mismos, so riesgo de incurrir en una vulneración de la garantía de igualdad que ampara a ambas partes en el proceso, y de la tutela judicial efectiva, que atañe tanto a los acusados de haber cometido un delito, como a las víctimas (fs. 288/289).

3. Por último, estima que el impugnante ha proveído al motivo que invoca de sólidos fundamentos que sustentan el reproche contra el decisorio de marras y destaca -en especial- que asiste razón al Fiscal recurrente, en cuanto manifiesta que la Excma. Cámara que resolvió los recursos de apelación que pretendían revocar la detención ordenada por el Fiscal de Instrucción, debió tener especialmente en cuenta que ya se había ordenado la prisión preventiva de los imputados que pedían por su libertad (circunstancia de la que tenía conocimiento, ver apartado VIII del fallo). Si bien la Cámara interviniente lo hacía en apelación y, por lo tanto su competencia se encontraba ceñida a la resolución embestida y en los límites de los agravios llevados a estudio, razones de justicia material y de razonable economía procesal imponían la declaración de la cuestión "abstracta", pues se había dictado ya una resolución que, por imperio legal, aportaba no sólo más fundamentos en cuanto a la existencia del riesgo procesal (causal de revocación de la decisión del Juez de Control), sino que además lo hacía con un criterio más restrictivo en la valoración de la prueba; por tratarse como es sabido, de una medida de coerción (prisión preventiva) cuya imposición requiere de la concurrencia de una base probatoria cualitativamente superior a la otra (detención) respecto de la acreditación de elementos de convicción suficientes para sostener como probable la existencia del delito atribuido y la participación punible del imputado en ese hecho (fs. 289 vta./290).

Considera que el yerro de la decisión tomada por la Cámara que actuó en apelación radicó no sólo en haberla dictado violentando las reglas de la sana crítica racional, sino también en haber analizado una orden de detención con el rigor de análisis propio de una prisión preventiva, haciendo caso omiso -como si no existiera- de esa nueva resolución que de manera harto fundada, justificaba para cada uno de los imputados la procedencia de la más intensa medida de coerción personal, la que configurando una decisión de jerarquía superior pasada en autoridad de cosa juzgada ( arts. 282, 261 CPP), ha quedado en los hechos, sin efecto (fs. 290 y vta.).

IV. En lo que aquí resulta motivo de análisis, el Tribunal de Apelación sustentó su decisión en los argumentos brevemente reseñados a continuación:

1. La prisión preventiva tiene como fin el resguardo del individuo imputado ante la participación punible supuesta en un delito. Desde una mirada criminológica, el resguardo del acusado obedece necesariamente a medidas preventivas; desde una mirada jurídica, la prueba sobre la existencia del hecho y las circunstancias de las que se puede inferir riesgo procesal constituyen dos condiciones imprescindibles sobre las que debe apoyarse toda medida de coerción.

2. Si bien la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena prevista para el delito, son evidentemente factores que el juez tiene que tener en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente eludir la acción de la justicia, el dictado de la prisión preventiva no puede fundarse exclusivamente en la gravedad del delito imputado, sino que necesariamente el tribunal debe atender y tener en cuenta, las circunstancias objetivas que en el caso concreto permitan formular un juicio sobre la existencia del peligro que genera la necesidad de la medida de coerción. Enlaza así los principios de inocencia y libertad (art. 18, C.N.).

3. La peligrosidad procesal es la razón fundamental por la que un tribunal puede ordenar la prisión preventiva del sometido a un proceso penal por un delito, respecto del cual, por expreso mandato constitucional (art. 39, Const. Pcial.) debe ser tenido por inocente y con carácter excepcional (art. 42, Const. Pcial.).

4. La privación de la libertad sólo puede autorizarse cuando sea imprescindible, y por lo tanto, no sustituible por ninguna otra medida de similar eficacia pero menos gravosa, en cuanto a los fines del proceso.

5. Los fundamentos utilizados por el Juez de Control para mantener la detención de los imputados de que se trata, tienen como principal sustento la calificación de los hechos atribuidos. Debemos necesariamente tener en cuenta que ninguno de los imputados detenidos se ha ausentado de Corral de Bustos, donde finalmente fueron aprehendidos sin presentar resistencia alguna, tratándose en su inmensa mayoría de personas carentes de antecedentes penales computables, es decir, sin condenas previas. En cuanto a la posibilidad de peligro de entorpecimiento de la investigación, debe considerarse que si bien no se encuentra clausurada la misma, se cuenta con nueve cuerpos, donde ya han prestado declaraciones todos los damnificados y los empleados policiales actuantes, se ha podido determinar cuáles fueron los objetos destruidos y los incendiados, se ha recabado el informe del cuerpo de Bomberos y las pruebas químicas correspondientes. En consecuencia no hay, a esta altura, peligro procesal.

6. Ha dicho la C.S.J.N. que las fórmulas genéricas y abstractas carecen de idoneidad para denegar un pedido de excarcelación. No se puede evidentemente denegar el beneficio basándose en que existe prueba a receptar y que el imputado puede obstaculizar el trámite, es necesario que concretamente se señale qué tipo de prueba y cómo puede obstaculizarla, ya que las disposiciones que limitan la excarcelación deben ser siempre valoradas por los jueces con criterios restrictivos y de razonabilidad. El peligro de interferencia debe ser serio y probable, lo que debe ser necesariamente explicado por el Juez en su resolución.

7. La gravedad del delito no justifica por sí sola la prisión preventiva, sino que necesariamente deben evaluarse detenida y exhaustivamente otros elementos. La simple posibilidad de la aplicación de una pena privativa de la libertad grave, no puede impedir por sí sola la excarcelación. Durante la investigación preliminar se debe establecer si, dándose los requisitos del art. 281 inc. 1 del CPP es o no absolutamente indispensable la privación cautelar de la libertad del imputado.

8. Afirmar prisiones preventivas con el solo argumento del art. 281 inc. 1 del C.P.P. implica, en la praxis, generar automáticamente una categoría de delitos no excarcelables, lo cual es contrario a la Constitución Nacional y a las normas supranacionales de derechos humanos vigentes. En definitiva, lo que en el inc. 2 de dicha norma aparece a primera vista como un requisito más para el dictado de la prisión preventiva constituye, en rigor, la ratio legis del instituto como tal y gravita por lo tanto, explícita o implícitamente en toda consideración que se efectúe en torno a él.

9. A mayor abundamiento, en la resolución apelada se menciona que sólo dos imputados cuentan con antecedentes penales, Ruggeri y Francischelli, pero se le otorga la libertad a Ruggeri, de lo que se infiere que el Juez de Control no consideró tales antecedentes como indicios vehementes de que se intentaría eludir la acción de la justicia (art. 281, inc. 2, CPP). Y el Fiscal de Instrucción apelante, en lugar de agraviarse de ello, vuelca todo su empeño en detallar la prueba que considera incriminatoria, confundiéndose así los límites que deben existir entre peligrosidad procesal y criminal, pues esta última no puede tenerse en cuenta mientras no se dicte condena.

10. Por último, la Cámara menciona durante la tramitación de la apelación, el Fiscal de Instrucción de Marcos Juárez informó que con fecha 12 de marzo de 2007 dispuso la inmediata libertad de los imputados Alexis Andrés Cordera, Pedro Nicolás Dobba, Fabián Raúl Oyola, Raúl Alberto Pérez y Miguel Angel Pará y dictó en la misma fecha la prisión preventiva de varios imputados.

V. En forma liminar se impone dar tratamiento a la precisa cuestión relativa a la impugnabilidad objetiva de la presente resolución, que procura revertir la situación de libertad en la que se encuentran los imputados durante la tramitación del proceso.

1. En innumerables precedentes, esta Sala ha tomado razón de la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha considerado recurribles aquellas decisiones que antes de la sentencia que pone fin a la causa, resuelven sobre medidas de coerción personal (Fallos: 280:297; 290:393; 300:642; 301:664; 302:865; 306, v. I.:262; 307:549; 308:1631; 311, vol. I.:359; T.S.J., Sala Penal, "Aguirre Domínguez", S. 76, 11/12/97; "Gaón", S. 20, 25/3/98; "Aksel", A. 143, 21/4/99; "Del Pino", A. 79, 3/4/00, S. 21, 6/4/00; "Martínez Minetti", S. 51, 21/6/01, A. 139, 16/5/02, "Tissera"; S. 53, 13/06/05, "Oliva"; S. 9, 9/03/06, "Actuaciones labradas... en autos "Síntora...", entre otros).

Dicha hermenéutica, empero, ha sido expuesta en relación a resoluciones que restringen la libertad del imputado, puesto que -dada la jerarquía constitucional de la libertad personal de quien cuenta con la presunción de inocencia- son susceptibles de irrogar agravios de imposible reparación posterior.

2. No parece viable que idéntica regla -o al menos, con igual alcance- pueda establecerse en materia de decisiones que mantienen o restablecen la libertad del acusado.

Cierto es que los fines del proceso penal -descubrimiento de la verdad y actuación de la ley- también integran la axiología reconocida por reglas fundamentales, en tanto estas admiten, aunque bajo estrictas condiciones, el encarcelamiento previo al dictado de sentencia de condena (arts. 269, C.P.P.; 18 y 75 inc. 22, C.N., 9º, D.U.D.H.; XXV, D.A.D.H.; 7º, C.A.D.H.; 9º, 10 y 11, P.I.D.C.P., 42 Const. Pcial.).

Sin embargo, el juego de las normas locales, nacionales y supranacionales arriba citadas es claro en establecer una relación de regla -excepción en el binomio libertad- medida de coerción. La libertad ambulatoria se encuentra en la cúspide valorativa del sistema (T.S.J., Sala Penal, S. 76, 11/12/97, "Aguirre Domínguez"; S. 20, 25/3/98, "Gaón"; S. 8, 4/03/03, "Herrera", entre muchos otros), y por ende de la necesidad de control casatorio de las decisiones que la afectan no puede extraerse, en un argumento lineal, la impugnabilidad de las que la favorecen.

3. El caso bajo análisis, empero, exhibe claros ribetes de gravedad institucional que aconsejan la excepcional apertura de la vía (Palacio de Caeiro, Silvia, "Competencia Federal - Civil-Penal", La Ley, Bs. As., 1999-149) aún tratándose de una impugnación deducida por el acusador (conf. C.S.J.N., "Todres", Fallos: 280:297), puesto que el proceso de marras investiga gravísimos sucesos que concluyeron con la destrucción física de la sede en la que funcionan tribunales y dependencias del Poder Judicial de la Provincia, como así también de la mayor parte de los documentos de trabajo, expedientes y la documental que allí se encontraban resguardados. De este modo, "las cuestiones sometidas a juicio superan los intereses de los partícipes en la causa, de tal modo que ella conmueve a la comunidad entera, en sus valores más sustanciales y profundos..." (C.S.J.N., Fallos: 257:134; Palacio de Caeiro, Silvia B., "Recurso extraordinario federal", Alveroni, Córdoba, 1997, ps. 108/109); "lo resuelto excede el interés individual de las partes y atañe también a la colectividad" (C.S.J.N., Fallos: 247:601, citado por Morello, Mario Augusto, "Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso", Hammurabi, Bs. As., 1987, ps. 952 y 961).

Los lamentables hechos que se investigan revisten esta excepcional calidad, ya que más allá de los daños materiales, afectaron directamente "la preservación y defensa del orden público, además del respeto a la autoridad constituida... como un imperativo ético social insoslayable en una república democrática"; conmueven el Estado de Derecho, "democráticamente organizado e ideológicamente tolerante", donde "sólo es el Poder Judicial, quien ostenta la exclusividad del ejercicio de la función judicial, con el propósito de asegurar la paz y la tranquilidad social mediante el imperio del derecho". Actos de vandalismo como los acaecidos, se encuentran en el polo opuesto del reclamo a través de los resortes legales establecidos a tal efecto de manera de corregir la conducta u omisión nociva que se reprocha al Servicio de Justicia, y redundan en "mayores perjuicios a los ciudadanos, destruyendo bienes materiales, documentación -alguna quizás irrecuperable- y otros daños no tangibles, difíciles de restañar", asestando así "un fuerte golpe al Poder Judicial y a la ciudadanía toda" (T.S.J., Ac. 640, Serie "A", 6/12/06).

Esta habilitación excepcional de la vía casatoria se compadece con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que en forma reiterada ha invocado razones de gravedad institucional para "remover los óbices procesales establecidos por la legislación adjetiva" (Palacio de Caeiro, "Competencia...", p. 149). Y en lo que particularmente concierne a la privación cautelar de la libertad, ha entendido que "si bien las resoluciones que hacen lugar a la excarcelación no constituyen sentencia definitiva o equiparable a tal", debe atenderse a las particulares condiciones de la causa, en especial cuando se verifica la posibilidad de producir "agravios de imposible o tardía reparación ulterior... y la cuestión reviste gravedad institucional" ("Reiriz y Casal -Procuradores Fiscales de la C.S.J.N-... en autos 'Alonso'...", 6/12/94, Fallos: 317/1690; "Alonso", 26/12/95, Fallos: 318:2611).

4. Lo arriba dicho resta interés al tratamiento del planteo de inconstitucionalidad que el recurrente efectúa contra el artículo 469 del C.P.P., puesto que al sustentar dicha objeción y -con ella- la procedencia de la casación en la existencia de un gravamen irreparable, reconduce la discusión al canon sobre el cual pivotea el análisis de impugnabilidad objetiva que precede y al que este Tribunal reiteradamente ha aceptado para provocar la revisión de decisiones no expresamente contenidas en aquella norma (T.S.J., Sala Penal, S. 76, 11/12/97, "Aguirre Domínguez"; S. 38, 21/05/04, "Amaranto"; S. 121, 10/10/06, "Fuster"; S. 11, 26/02/07, "Frachetti"; por citar sólo algunos).

VI. Pues bien; dada la excepcional recurribilidad de la decisión bajo análisis (supra, V), estimo que corresponde acoger la pretensión impugnativa sólo en relación a aquellos imputados respecto de los cuales la solución dispuesta por el Tribunal de Apelación evidencia una palmaria arbitrariedad normativa (Palacio de Caeiro, "Recurso...", ps. 41/47; Carrió, Genaro R. - Carrió, Alejandro D., "El recurso extraordinario por sentencia arbitraria en la jurisprudencia de la Corte Suprema", Abeledo-Perrot, Bs. As., 1983, p. 185) cristalizada en un franco apartamiento de las disposiciones legales que rigen en materia de medidas de coerción personal, vicio que por su magnitud sí se torna pasible de ocasionar un perjuicio de imposible o muy tardía reparación posterior.

En este sentido, asiste parcial razón al impugnante en tanto el Tribunal ha acogido las apelaciones interpuestas por los defensores de los imputados, en base a un razonamiento apoyado en la nuda invocación de principios constitucionales que prescinde totalmente de la concreta regulación que de ellos ha efectuado el ordenamiento ritual (Carrió-Carrió, ob. y lug. cit.), lo que lo ha llevado a decidir en forma contraria a derecho, soslayando la consideración de cada situación en particular y, también a raíz del mismo defecto, sin dar respuesta al recurso deducido por el Fiscal de Cámara en lo que era concreta materia de agravio. Doy razones.

1. En diversas oportunidades, esta Sala se ha pronunciado sobre los extremos en relación con los cuales debe cumplimentarse el deber de fundamentación de las decisiones judiciales, cuando ellas atañen a la coerción personal del imputado. En ese sentido, hemos afirmado que "la prueba sobre la existencia del hecho y las circunstancias que permiten inferir el riesgo procesal son condiciones que deben concurrir simultáneamente para la justificación de la coerción, debiendo la fundamentación del pronunciamiento que dispone la medida, proyectarse en forma autónoma con relación a cada uno de ellos" (T.S.J., Sala Penal, "Conesa", S. 97, 20/11/02; "Bianco", S. 111, 19/11/03; "Montero", S. 1, 14/2/05).

En materia de detención, la ley ritual requiere la existencia de motivo bastante para sospechar que una persona ha participado de la comisión de un hecho punible (art. 272, C.P.P.) y sólo cuando este primer requisito se encuentra satisfecho corresponde ingresar al tratamiento del segundo -la peligrosidad procesal del imputado- puesto que ningún sentido reviste analizar la necesidad del encierro para salvaguardar los fines del proceso si el individuo respecto de quien se predica tal condición no se encuentra suficientemente sindicado por la prueba reunida como un probable interviniente en el hecho.

Es entonces en este punto que se advierte un primer defecto de la resolución recurrida: el Juez de Control dispuso la libertad de Raúl Alberto Ruggeri, Miguel Angel Silva y Gustavo Miguel Mayna, por entender que "los motivos que se tuvieron en cuenta para ordenar sus detenciones, ahora, no tienen suficiente poder convictivo, para sospechar que hayan tomado parte activa en alguno de los tramos de los graves episodios ocurridos en aquella localidad de Corral de Bustos-Ifflinger". La apelación del Fiscal de Cámara controvirtió precisamente esta afirmación, intentando que demostrar que sí había motivo bastante para la detención.

Empero, el Tribunal a quo no ingresó a esta discusión e incluyó la situación de los nombrados en el tratamiento conjunto que proporcionó a todos los imputados, omitiendo expedirse sobre lo que había sido precisa materia de agravio y expidiéndose sobre lo que no había sido objeto de pronunciamiento ni tampoco debía serlo, por no haberse resuelto la cuestión fáctica que era su presupuesto lógico. Es que ningún sentido reviste analizar la peligrosidad procesal de quien aún no se ha determinado si hay motivos bastantes para tenerlo por partícipe del delito que se investiga.

Como primera conclusión de nuestra respuesta, entonces, corresponde descalificar la solución propiciada en relación a los nombrados Ruggeri, Silva y Mayna.

2. Al pasar a este segundo nivel de análisis -el tendiente a establecer la corrección de la conclusión relativa a la falta de peligrosidad procesal- el examen se amplía más allá de los tres imputados arriba mencionados y alcanza también a quienes, habiéndose rechazado su solicitud de control jurisdiccional, fueron beneficiados por la procedencia de la apelación interpuesta por sus defensores y liberados en consecuencia: Néstor Omar Pasquini, Juan Marcelo Farías, Jorge Alberto Luna, Javier Alberto Pacheco, Gustavo Oscar Franza, Walter Hugo Francischelli, Joaquín Teuler, Julio César Suárez, Miguel Angel Furlan, Juan José Guayanes, Oscar Walter Guayanes, Hugo Daniel Dobba y Luis Alberto Avaca. La decisión que favoreció a estos imputados fue luego hecha extensiva por el Fiscal de Instrucción, por razones de economía procesal, a Rogelio Ricardo Mattiacci, Cristian Enzo Scoccia, Rubén Omar Astudillo, Mario Hugo Becerro, Fabián Alberto Spizzo y Horacio Esteban Guayanes.

2.a) Pues bien; sobre el punto, la Sala ha afirmado que por peligrosidad procesal debe entenderse el riesgo que la libertad del imputado puede entrañar para los fines del proceso seguido en su contra, esto es, su posible afectación de los objetivos de descubrimiento de la verdad real -interponiendo obstáculos para su logro- y de actuación de la ley penal sustantiva -impidiendo el normal desarrollo del juicio o el cumplimiento de la pena eventualmente impuesta, al sustraerse de la autoridad- (Cafferata Nores, José I. - Tarditti, Aída, "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba - Comentado", Mediterránea, Córdoba, 2003, t. 1, p. 649).

Constituye la razón fundamental por la que puede ordenarse la prisión preventiva del sometido a un proceso por un delito respecto del cual, por expreso mandato constitucional, debe ser tenido por inocente hasta que se demuestre lo contrario (T.S.J., Sala Penal, S. 114, 18/10/05, "Navarrete"; S. 66, 7/7/06, "Spizzo"; S. 99, 7/09/06, "Berrotarán").

Es sabido que la regulación normativa de este requisito pivotea sobre el pronóstico punitivo que el Juzgador debe efectuar a los fines de establecer -obviamente prima facie- la procedencia o improcedencia para el caso de condena, de su ejecución condicional. Cuando esta diagnosis es negativa y se prevé un eventual cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, la peligrosidad procesal se presume iuris tantum (art. 281 inc. 1, C.P.P.); en cambio, cuando puede avizorarse una condena condicional, el riesgo debe acreditarse en función de "vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer su investigación" (art. 281 inc. 2, C.P.P.).

Ha explicado esta Sala que esta correlación entre el pronóstico punitivo hipotético y habilitación de la prisión preventiva, encuentra fundamento sólido en el principio de proporcionalidad que debe existir entre la pena que se espera de una condena eventual y los medios de coerción aplicables durante el procedimiento, de tal modo que "no se concibe el encarcelamiento preventivo para los procedimientos que sólo tienen por objeto la imputación de un delito no amenazado con pena privativa de libertad...", exigiendo incluso los códigos más modernos "cierta gravedad de la amenaza penal a pena privativa de libertad para condicionar el encarcelamiento preventivo" (Maier, Julio B. J., "Derecho Procesal Penal", t. I, Editores del Puerto, p. 528; confr. T.S.J., Sala Penal, S. 76, 11/12/97, "Aguirre Domínguez" y otros). Ello, toda vez que el principio de proporcionalidad decanta en la llamada prohibición de exceso, esto es, que "la pérdida de la libertad como consecuencia de la prisión preventiva sólo sea posible cuando resulta esperable una pena de prisión" (Hassemer, Winfried, "Crítica al derecho penal de hoy", traducción de Patricia Ziffer, Ad-Hoc, 1995, p. 121; T.S.J., Sala Penal, S. 76, 11/12/97; "Aguirre Domínguez", "Spizzo", "Berrotarán", cit.).

Regresando a la figura que opera como eje del razonamiento, cabe recordar que la condenación condicional procede "en los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años", y fundada "en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad" (art. 26, C.P.).

Como se aprecia, el instituto hace pie en dos extremos: uno cuantitativo referido a lo reducido del monto de la pena (tres años o menos), y otro cualitativo, que remite a una valoración de la inconveniencia del encierro efectivo en función de las variables que enumera.

2.b) Pues bien; ateniéndonos por ahora sólo a la escala penal con la que en abstracto se encuentran reprimidos los delitos atribuidos a los imputados, es posible identificar un primer grupo de situaciones en los que la procedencia de la condena condicional es, lisa y llanamente, inadmisible.

Ello acaece, en primer lugar, con aquellos a quienes se les ha imputado, además del incendio agravado (arts. 186 incs. 1, 3 y 3º, C.P.) -en algunos casos, también lesiones leves en agresión (arts. 95 y 89, C.P.)- el delito de fabricación y tenencia de bombas o materiales capaces de causar estragos (art. 186 bis inc. 1, C.P.). Es que la pena mínima para el concurso de dichos delitos, equivalente al mínimo mayor (art. 55, C.P.), es de cinco años de reclusión o prisión, monto que excede con creces el tope de tres años exigido para la condena en suspenso.

Se inscriben en este grupo Walter Hugo Francischelli, Néstor Omar Pasquini, Jorge Alberto Luna, Rogelio Ricardo Mattiacci, Joaquín Teuler y Miguel Angel Furlan. A ellos se agrega Cristian Enzo Scoccia, en virtud del efecto extensivo que se hiciera valer en su favor.

2.c) También se encuentran fuera de toda posibilidad de la condicionalidad frente a una eventual condena, quienes cuentan con condenas anteriores, puesto que el art. 26 del Código de fondo acota su procedencia a "los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años".

Vuelven a revistar aquí los ya nombrados Francischelli (S. 71, 04/06/03, Juzg. Penal de Sentencia de Melincué, Santa Fe, condena por hurto calificado, a la pena de un año de prisión en suspenso) y Teuler (a la fecha del hecho se encontraba en libertad condicional por una condena por robo calificado, privación ilegítima de la libertad y hurto calificado a cinco años y seis meses de prisión, fs. 2324/5), y se suman a ellos Horacio Esteban Guayanes (S. 37, 30/05/05, Juzg. Corr. Bell Ville, Córdoba, condena por lesiones leves reiteradas, a la pena de dos meses de prisión en suspenso) y Mario Hugo Becerro (S. 9, 09/04/02, Cám. Crimen Bell Ville, Córdoba, condena por lesiones leves calificadas reiteradas, a la pena de tres años de prisión de cumplimento efectivo).

2.d) Por último, tampoco puede sostenerse la viabilidad de la condena condicional para los acusados sobre los cuales pesa la imputación de incendio calificado y lesiones leves en agresión (arts. 186 incs. 1, 3 y 4, 85, 89 y 55, C.P.), que tiene un mínimo de tres años que sí permitiría prima facie la condicionalidad, si de las circunstancias de la causa surge con toda evidencia que en caso de condena, no será dicho mínimo el que habrá de fijarse como pena por tales delitos.

Es que el bajo mínimo no provoca un traslado automático del análisis desde el inciso 1 al inciso 2 del art. 281, puesto que lo que determinará si se superan o no los tres años requeridos por el art. 26 del C.P. es la pena en concreto que se pronostica. Es más, aún en caso negativo -esto es, de cuantificarse la sanción en tres años o menos- todavía restaría valorar la conveniencia del cumplimiento efectivo lo que, de responderse en forma afirmativa, igualmente frustrará la condicionalidad.

En este sentido, es sabido que cuando el art. 26 del Código de fondo se aplica en función del reenvío que efectúa el C.P.P. en la regulación de la prisión preventiva, la estimación relativa a la concreta sanción a imponer en caso de condena se efectúa en base a las pautas de mensuración contenidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal.

En este preciso punto es donde corresponde señalar las siguientes premisas:

*quienes han sido imputados por tal calificación legal son: Luis Alberto Avaca, Hugo Daniel Dobba, Juan Marcelo Farías, Gustavo Oscar Franza, Juan José Guayanes, Oscar Walter Guayanes, Horacio Esteban Guayanes (ya aludido en el apartado anterior, 2.c), Javier Alberto Pacheco y Julio César Suárez, también Rubén Omar Astudillo, Mario Hugo Becerro (quien también cuenta con condena anterior, 2.c) y Fabián Alberto Spizzo, beneficiados por el efecto extensivo;

*ya la superposición de figuras, una de ellas incluso doblemente agravada, permite avizorar que en caso de condena difícilmente la sanción se limite al mínimo previsto para el concurso. A ello debe agregarse: i) la entidad del daño causado, que trascendió el mero peligro requerido por el incendio agravado y se concretó en una importante pérdida de mobiliario y documentación, ii) otro menoscabo intangible pero seguramente más importante, a la institucionalidad republicana y en especial al Poder Judicial, con segura repercusión en la comunidad que resulta beneficiaria del servicio de Justicia, y iii) la pluralidad de personas cuyas vidas se puso en riesgo, quedando primero encerradas en las instalaciones atacadas hasta verse obligadas a salir por los techos hasta dependencias vecinas;

*ahora bien; en razón del excepcional estándar de impugnabilidad al que hemos hecho referencia, estimo prudente reservar la anulación que aquí se dispondrá sólo para aquellos casos en los que, además de las circunstancias de mensuración arriba aludidas se observan claros roles protagónicos que colocan a ciertos sujetos en niveles superiores de actuación en la violenta andanada, respecto de sus compañeros de causa. La selección que sigue, entonces, no importa pronunciamiento alguno respecto de quienes queden fuera de ella, toda vez que, insisto, me limitaré a señalar los casos en los que la arbitrariedad es palmaria.

En la indagación acerca de quiénes se encuentran en estas posiciones, me atendré al hecho que fuera oportunamente intimado a los imputados, ya que no ha sido controvertido en esta Sede.

Como puede apreciarse de dicho relato, es posible distinguir, en medio de la horda que indiscriminadamente arremetía contra la sede tribunalicia y el vehículo del Juez, personas cuya supuesta actuación fue más allá del mero incendio y destrucción.

En primer lugar, es obvio que quienes además de portar una imputación como coautores habrían intervenido como instigadores, arengando e incitando a los demás manifestantes, no podrían recibir un castigo idéntico al de quienes se limitaron a ejecutar la violencia y los destrozos. Y si éstos últimos, como mínimo, serían pasibles de una condena de tres años, es claro que la pena para los instigadores debería ser superior y la procedencia de la condena condicional se diluye. En esta situación se encuentran Walter Francischelli (quien además soportan la imputación más grave del art. 189 bis inc. 1, C.P. y cuentan con condenas anteriores); Néstor Pasquini, Jorge Luna y Rogelio Mattiacci (también imputados a tenor del art. 189 bis inc. 1, C.P.) y Mario Becerro (revista además una condena previa).

También debe distinguirse la particular conducta que se le atribuye a Hugo Dobba, quien además de participar en los desmanes, impidió la oportuna actuación de una dotación de Bomberos "arrojando piedras y un bidón con combustible que tenía colocada una mecha encendida en contra del autobomba que fue llevado a tal fin al lugar".

Como puede apreciarse, a los aquí nombrados se les achacan responsabilidades que desbordan la violencia desplegada y alcanzan estratos superiores, obviamente más reprochables y por ello incompatibles con una eventual pena privativa de la libertad de tres años, tornando improcedente la condena de ejecución condicional.

Estimo, por ello, que las particulares condiciones que rodean los presentes, ponen de manifiesto que el tratamiento único e indistinto que efectúa el a quo configura un razonamiento evidentemente desapegado a las constancias de autos y a los requerimientos normativos.

2.e) Así las cosas y sentada la improcedencia de la eventual pena en suspenso, es preciso recordar una vez más cuál es la hermenéutica sostenida por esta Sala, con mayor razón en el sub examine, ya que la Cámara ha apoyado su decisión en numerosas citas de nuestra doctrina judicial y achacado al Juez de Control haberse apartado de ella, pero en rigor de verdad, es su pronunciamiento el que se ha apartado ostensiblemente de la jurisprudencia que invoca, configurándose así un claro razonamiento arbitrario.

En el supuesto de prisión preventiva del art. 281 inc. 1 del C.P.P., hemos dicho que el legislador ha presumido iuris tantum la peligrosidad procesal frente a un pronóstico de pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo por el delito que se le sigue en el proceso. De tal modo, la ley local -idéntica a la vigente en el orden federal (art. 312, 1º, C.P.P.N.) y a las de la mayoría de la Provincias (concordancias citadas por Levenne en "Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984)", 2º edición, Depalma, p. 268)-, consagra una presunción del legislador, según la cual el peligro para los fines del proceso existe toda vez que la amenaza penal exceda de cierto límite (Cafferata Nores, José I., "Introducción al nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Ley 8123", Lerner, Córdoba, 1992, p. 52; T.S.J., Sala Penal, "Berrotarán", cit., entre muchos otros).

Por ser iuris tantum, dicha presunción admite prueba en contrario: ello supone que puedan concurrir circunstancias específicas que enerven la sospecha en el caso concreto, como ocurre cuando se presentan condiciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un delito, que por sí resulten suficientes para desactivar la presunción legal (T.S.J., Sala Penal, "Santucho", S. 54, 14/6/04; "Montero", cit.; "Navarrete", cit.; "Spizzo", cit.).

En tal línea de pensamiento, y más concretamente, se ha explicitado que no resultan suficientes para neutralizar la presunción "... la sola circunstancia de que el imputado carezca de antecedentes y se domicilie o trabaje en su medio social" ("Montero", cit.; "Spizzo", cit.); que tenga "empleo estable en el establecimiento familiar" o un "fuerte arraigo en el seno de su comunidad" ("Gallotti", S. 113, 28/09/06, cit.), como tampoco amerita el cese el encartado que "carece de antecedentes penales" ("Navarrete", cit.; "Peralta", S. 195, 21/12/96; "Gallotti"; cit.), que "se trata de una persona que vive hace muchos años en la casa de su madre, trabaja de albañil y no tiene pasaporte" ("Navarrete", cit.). Similar contestación recibió la alusión a la "comparecencia espontánea y actitud colaboradora con el proceso" y a "problemas de salud de los padres", tratándose de "un hijo dedicado a la atención de sus padres" ("Gallotti", cit.) o bien "responsabilidades familiares no excepcionales -como lo es el ser padre de un hijo de corta edad-" ("Rodríguez", S. 137, 31/10/06) o "madre de dos hijos a los cuales se dedicará" ("Peralta", cit.); "que tenga domicilio fijo y que no haya mentido sobre el mismo", "el pronto acceso a las modalidades alternativas de la prisión que prevé la ley de ejecución penitenciaria" ("Berrotarán", cit.); o "carecer de medios económicos" ("Peralta", cit.).

Contrastadas con dicha enumeración, las pautas valoradas por el a quo -que ninguno de los imputados se ha ausentado de Corral de Bustos, que no opusieron resistencia al ser aprehendidos y que "en su inmensa mayoría" carecen de antecedentes penales computables- no logran desbordar la regularidad de las situaciones que no permiten revertir la sospecha de peligrosidad procesal instaurada por la norma.

Cabe agregar que también por obra de la presunción arriba aludida, y en lo específicamente atinente al riesgo de 'entorpecimiento de la investigación', resulta inmotivada la exigencia que el Tribunal de apelación pone a cargo del Ministerio Público, de que "concretamente se señale qué tipo de prueba y cómo ['el imputado'] puede obstaculizarla, ya que las disposiciones que limitan la excarcelación deben ser siempre valoradas por los jueces con criterios restrictivos y de razonabilidad". Semejante tarea no sólo carece de respaldo normativo sino que además soslaya que lo que se discutió en las apelaciones interpuestas fue una medida inicial del órgano investigador, en relación a hechos de inusual magnitud por la pluralidad de intervinientes y la entidad de los daños producidos. Por ello, requerir al Ministerio Público que en esa oportunidad puntualizara con precisión qué pruebas faltaban producir importaba forzarlo a dar una respuesta que no podía proporcionar con sustento.

A ello, por último, corresponde añadir que asiste razón al Ministerio Público en la valoración que efectúa acerca del modo en que los hechos que habrían protagonizado los encartados -premisa que no se discute en esta Sede- resultan suficientemente ilustrativos de su peligrosidad procesal: si "anularon drásticamente la acción de la justicia en procesos en los que eran ajenos", "viven en la misma ciudad que los testigos que deberán deponer en el debate", y "no han tenido ningún reparo en avanzar sobre la autoridad policial y prender fuego el propio edificio de Tribunales con todo su personal adentro, con la intención de que se interrumpa el servicio de justicia que consideraban defectuoso", es razonable colegir que "estando en libertad tratarán de presionar a los testigos para beneficiarse procesalmente; lo que sin duda afectaría de modo directo la averiguación de la verdad real" (fs. 286 vta./287).

3. Como conclusión, en razón del análisis precedente, estimo que corresponde acoger la pretensión impugnativa parcialmente, esto es, en relación a los imputados a los que se ha hecho expresa referencia (Raúl Alberto Ruggeri, Miguel Angel Silva y Gustavo Miguel Mayna -supra, VI.1-, Walter Hugo Francischelli, Néstor Omar Pasquini, Jorge Alberto Luna, Rogelio Ricardo Mattiacci, Joaquín Teuler, Miguel Angel Furlan y Cristian Enzo Scoccia -supra, VI.2.b-, Horacio Esteban Guayanes y Mario Hugo Becerro -supra, VI.2.c- y Hugo Daniel Dobba -supra, VI.2.d-) y desestimarla respecto de los restantes (Juan Marcelo Farías, Javier Alberto Pacheco, Gustavo Oscar Franza, Julio César Suárez, Juan José Guayanes, Oscar Walter Guayanes, Luis Alberto Avaca, Rubén Omar Astudillo y Fabián Alberto Spizzo), por cuanto -sin que esto trasluzca pronunciamiento alguno respecto de la situación procesal del segundo grupo- entiendo que es el primer bloque de casos aquel cuya solución presenta una palmaria arbitrariedad normativa que aconseja su invalidación.

Así voto.

La doctora Tarditti dijo:

Estimo correcta la solución que da la doctora Cafure de Battistelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

La doctora Blanc G. de Arabel dijo:

La vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

2º cuestión. - La doctora Cafure de Battistelli dijo:

I. A mérito de la votación que antecede, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido, y en consecuencia:

1. Anular parcialmente el Auto Interlocutorio 45, de fecha 16 de marzo de 2007, dictado por la Cámara en lo Criminal de la Ciudad de San Francisco, en cuanto resolvió: "1º) Hacer lugar a los recursos de apelación presentados por los abogados defensores doctores S. A. y J. C. P., por los prevenidos... Néstor Omar Pasquini; por el Asesor Letrado doctor S. D. G. A. defensor de los imputados... Jorge Alberto Luna; el presentado por el doctor J. A. E. M., defensor de los imputados... Walter Hugo Francischelli..., Joaquín Teuler... y Gustavo [Miguel Angel] Furlan;... y el presentado por el doctor C. A. B., defensor de los imputados... Hugo Daniel Dobba... revocando el Auto Interlocutorio 1 de fecha dieciséis de febrero del año en curso -cuya copia obra a fs. 105/121 de autos- dictado por el Juez de Control de la ciudad de Marcos Juárez, doctor M. R. T. y en consecuencia disponer la inmediata libertad de los nombrados precedentemente, bajo las condiciones contenidas en el art. 268 primer párrafo, incs. 2, 3 y 4 del CPP, remitiendo los presentes al Fiscal de Instrucción, a sus efectos...".

1.a) A consecuencia de ello, y en razón de lo dispuesto por el art. 190 del C.P.P., corresponde asimismo anular parcialmente el decreto dictado por el Fiscal de Instrucción con fecha 20/03/07 (fs. 2201), en cuanto hizo extensivos los efectos de la procedencia de los recursos de apelación mencionados, y dispuso: "I. Revocar las prisiones preventivas ordenadas en contra de... Mario Hugo Becerro, Horacio Esteban Guayanes, Rogelio Ricardo Mattiacci, Cristian Enzo Scoccia... y en consecuencia ordenar la inmediata libertad de los mismos sin caución alguna por no considerarla necesaria, imponiéndole las siguientes condiciones... II. Declarar abstractas las oposiciones a la prisión preventiva planteada por los defensores de Jorge Alberto Luna... Walter Hugo Francischelli, Joaquín José Teuler, Miguel Angel Furlan...".

1.b) Ahora bien; atento a las particularidades del trámite seguido en los presentes, estimo que no corresponde propiciar el reenvío de los presentes a los fines de que se dicte nueva resolución. Es que tampoco resultaba ajustado a derecho que al haber tomado la a quo conocimiento del dictado de la prisión preventiva durante el trámite de la apelación en que se discutía la detención, ello no haya tenido ninguna incidencia en la solución dispuesta. A raíz de la raigambre constitucional de la libertad personal, las medidas de coerción que la limitan durante el proceso, son siempre provisorias y por ello revisables (T.S.J., Sala Penal, S. 53, 13/06/05, "Oliva"; S. 114, 18/10/05, "Navarrete"; S. 13, 29/03/06, "Re", entre otros) y tal carácter restaba todo sentido a una decisión sobre el encierro cautelar a título de detención (materia de apelación), cuando una nueva decisión (sobreviniente durante el trámite de la apelación) lo trocó en prisión preventiva, medida ésta revestida de mayores requisitos de fundamentación que la primera.

Similar razonamiento debe plasmarse en esta Sede: si en función de la invalidación que precede retoma vigencia el decreto de prisión preventiva de los imputados respecto de los cuales se anula el auto interlocutorio de la Cámara a quo, se desvanece el interés en el tratamiento de la corrección jurídica de la detención que la precedía, en tanto la privación cautelar de la libertad lo es en función de una medida de coerción de mayor entidad.

En consecuencia, la nulidad dispuesta lo es sin reenvío, y corresponde devolver los presentes, en lo que a los imputados aquí mencionados respecta, al Fiscal de Instrucción a fin de que prosiga el trámite según su estado.

2. Anular parcialmente el Auto Interlocutorio 45, de fecha 16 de marzo de 2007, dictado por la Cámara en lo Criminal de la Ciudad de San Francisco, en cuanto resolvió: "3º) Rechazar el recurso de apelación presentado oportunamente por el Fiscal de Instrucción de Marcos Juárez, doctor C. E. V., y en consecuencia confirmar el Auto Interlocutorio 1 en cuanto dispone la libertad de los imputados Raúl Alberto Ruggeri, Miguel Angel Silva y Gustavo Miguel Mayna".

En la medida en que la situación de estos tres imputados no fue analizada en el decreto de prisión preventiva arriba citado, en relación a ellos sí corresponde disponer el reenvío de los presentes a la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Villa María, a fin de que dicte nuevo pronunciamiento, conforme a derecho, acerca del recurso interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión del Juez de Control.

3. Rechazar parcialmente el recurso deducido, en relación a los imputados Juan Marcelo Farías, Javier Alberto Pacheco, Gustavo Oscar Franza, Julio César Suárez, Juan José Guayanes, Oscar Walter Guayanes, Luis Alberto Avaca, Rubén Omar Astudillo y Fabián Alberto Spizzo.

4. Por último, resta agregar que con fecha 28 de mayo de 2007, los doctores S. A. M. y J. C. P. presentaron informe en su condición de defensores de la imputada María Eva Alvarez (fs. 306/311); asimismo, los doctores R. M. y J. C. P. también informaron en favor de Walter Hugo Francischelli (fs. 312/317).

A la primera presentación, efectuada "como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad que ha intentado el Fiscal de Cámara de San Francisco, mantenido por el Fiscal General", no corresponde darle trámite -con costas (arts. 550 y 551, C.P.P.)- en tanto la impugnación del Ministerio Público -que no es inconstitucionalidad sino casación- en ningún modo atañe a la situación de su representada Alvarez.

El informe deducido en relación al imputado Francischelli, por su parte, resulta extemporáneo, en tanto su defensor fue notificado del emplazamiento por ocho días (art. 462, C.P.P.), con fecha 11 de mayo de 2007 (fs. 301). Con costas (arts. 550 y 551, C.P.P.).

II. Sin costas (arts. 550 a 552, C.P.P.).

Así voto.

La doctora Tarditti dijo:

Estimo correcta la solución que da la doctora Cafure de Battistelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

La doctora Blanc G. de Arabel dijo:

La vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal resuelve: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el Fiscal de Cámara doctor V. H. P., en contra del Auto Interlocutorio 45, de fecha 16 de marzo de 2007, dictado por la Cámara en lo Criminal de la Ciudad de San Francisco, y en consecuencia: 1. Anular parcialmente dicha resolución sólo en cuanto resolvió: "1º) Hacer lugar a los recursos de apelación presentados por los abogados defensores doctores S. A. y J. C. P., por los prevenidos... Néstor Omar Pasquini; por el Asesor Letrado doctor S. D. G. A. defensor de los imputados... Jorge Alberto Luna; el presentado por el doctor J. A. E. M., defensor de los imputados... Walter Hugo Francischelli..., Joaquín Teuler... y Gustavo (Miguel Angel) Furlan;... y el presentado por el doctor C. A. B., defensor de los imputados... Hugo Daniel Dobba... revocando el Auto Interlocutorio 1 de fecha dieciséis de febrero del año en curso -cuya copia obra a fs. 105/121 de autos- dictado por el Juez de Control de la ciudad de Marcos Juárez, doctor M. R. T. y en consecuencia disponer la inmediata libertad de los nombrados precedentemente, bajo las condiciones contenidas en el art. 268 primer párrafo, incs. 2, 3 y 4 del CPP, remitiendo los presentes al Fiscal de Instrucción, a sus efectos... 3º) Rechazar el recurso de apelación presentado oportunamente por el Fiscal de Instrucción de Marcos Juárez, doctor C. E. V., y en consecuencia confirmar el Auto Interlocutorio 1 en cuanto dispone la libertad de los imputados Raúl Alberto Ruggeri, Miguel Angel Silva y Gustavo Miguel Mayna". 2. Anular también parcialmente el decreto dictado por el Fiscal de Instrucción con fecha 20/03/07 (fs. 2201), en cuanto hizo extensivos los efectos de la procedencia de los recursos de apelación mencionados, y dispuso: "I. Revocar las prisiones preventivas ordenadas en contra de... Mario Hugo Becerro, Horacio Esteban Guayanes, Rogelio Ricardo Mattiacci, Cristian Enzo Scoccia... y en consecuencia ordenar la inmediata libertad de los mismos sin caución alguna por no considerarla necesaria, imponiéndole las siguientes condiciones... II. Declarar abstractas las oposiciones a la prisión preventiva planteada por los defensores de Jorge Alberto Luna... Walter Hugo Francischelli, Joaquín José Teuler, Miguel Angel Furlan...". 3. Sin reenvío, devolver los presentes al Fiscal de Instrucción para que prosiga el trámite según su estado, en cuanto incumbe a los imputados Néstor Omar Pasquini, Jorge Alberto Luna, Walter Hugo Francischelli, Joaquín José Teuler, Miguel Angel Furlan, Hugo Daniel Dobba, Mario Hugo Becerro, Horacio Esteban Guayanes, Rogelio Ricardo Mattiacci y Cristian Enzo Scoccia. 4. Disponer el reenvío de los presentes a la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Villa María, a fin de que dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho, sobre el recurso de apelación deducido por el Fiscal de Cámara, en relación a los imputados Raúl Alberto Ruggeri, Miguel Angel Silva y Gustavo Miguel Mayna. II) Rechazar parcialmente el recurso de casación deducido por el Ministerio Público, en relación a los imputados Juan Marcelo Farías, Javier Alberto Pacheco, Gustavo Oscar Franza, Julio César Suárez, Juan José Guayanes, Oscar Walter Guayanes, Luis Alberto Avaca, Rubén Omar Astudillo y Fabián Alberto Spizzo. III) No dar trámite al informe presentado por los doctores S. A. M. y J. C. P. en su condición de defensores de la imputada María Eva Alvarez, con costas al informante. IV) Declarar extemporáneo el informe presentado por los doctores R. M. y J. C. P. en favor de Walter Hugo Francischelli, con costas al informante. V) Sin costas al recurrente. -María E. Cafure de Battistelli. - Aída L. T. Tarditti. - María de las M. Blanc de Arabel.