Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-21


Comodoro Rivadavia, 21 de diciembre de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados "C. A. D. C. R. E. D. P. S.A. c/ C. D. M. C. A. D. C. R. E. D. P. S.A. C.. H. S. A. s/ MEDIDA CAUTELAR Expte. Nro. 944/05 s/ Recurso de Queja", Expte Nro. 16.175/2006.

Que, a fs. 21/28vta, se presenta C.. H. I., S. A. a través de apoderado, e interpone recurso de queja por apelación denegada contra la providencia que rechaza el recurso de apelación interpuesto el 23 de noviembre de 2006, que en copia obra a fs. 16.

Surge de las constancias de esta causa, que se ha dado cumplimiento a los requisitos formales que hacen a la admisibilidad del recurso directo interpuesto tal como lo exige el art. 281 del ritual, atento que se han acompañado copias firmadas por el letrado apoderado del recurrente de la resolución recurrida (fs.12), de las actuaciones previas, del recurso de apelación interpuesto a fs. 13/15vta. y de la denegación del recurso a fs. 16.

El fundamento de la queja radica en que la decisión apelada, en contra de lo decidido por el a quo, causa gravamen insuceptible de ser reparado.

El recurso denegado tiene su origen en la decisión de esta Alzada (Sentencia Interlocutoria Nro. 217/06 fs.9/10) que concedió el recurso de apelación contra la providencia del 20 de septiembre de 2006 con efecto suspensivo.

Recibida la causa en la instancia de grado, el a quo dispone la suspensión del procedimiento a fin de proceder a la sustanciación del recurso concedido por este Cuerpo, existiendo un cúmulo de cuestiones a resolver.

Entiende el recurrente que sólo debe suspenderse la ejecutoriedad de los actos que han sido cuestionados en la apelación que fuera concedida esto es: a) la designación de un letrado patrocinante que registra el mismo domicilio que los de la actora; b) la aprobación de un contrato de asistencia técnica entre E. y el Administrador sin previa autorización del juzgado (art. 225 in fine del CPr.) y desconociendo convenios firmados por las partes; c) la apertura y utilización de una cuenta corriente en un banco privado para operar depósitos judiciales, d) la disposición innecesaria de un anticipo de honorarios ante la existencia de un fondo destinado a gastos que realice el interventor en ejercicio de sus funciones y por ultimo e) la autorización para gestionar la incorporación de parte del personal de C.. generando gastos innecesarios, debiendo continuar el resto de las actuaciones.

Se queja del accionar del magistrado de grado en punto a la sucesión de actuaciones que califica de irregulares desde el inicio del proceso y requiere la formación de actuaciones que evalúen la conducta y el ejercicio funcional del mismo.

II. Según la doctrina, la concesión del recurso de apelación desprende al juez de aquello que ha sido materia del recurso (Fassi, S. "Cód. Proc...."t.2 pag.295 Ed. Astrea). Por lo tanto al ser con efecto suspensivo la decisión que se impugnó, pasa a conocimiento del Superior esa decisión y no suspende los demás actos.

No surge del memorial, agravio alguno relacionado específicamente con la concesión del recurso, que, ya que exclusivamente es atacada con el único argumento que el juez siguió proveyendo y diligenciado demás actuaciones a instancias del interventor, y no las peticiones del quejoso, de lo cual no existen constancias en las pieza incorporadas, en consecuencia y conforme la doctrina citada sin perjuicio de la interpretación del A quo, el argumento fundante de la queja no encuentra sustento, por lo cual se desestima.

III. Con relación a las manifestaciones vertidas por el quejoso respecto de la conducta del magistrado de grado, recuerdo que conforme lo establecido por la Constitución de nuestra Provincia existe un organismo creado por la misma que revisa y controla la conducta de los jueces, en situaciones como las que invoca en su escrito de arbitrariedad y parcialidad (fs.26/28). Recordando además que el juez como director del proceso y soberano en su juzgado, tiene las facultades concedidas por el código procesal (art. 34, 36 y concs.), si existe un accionar como el calificado ya se excluye por si solo la intervención de la cámara de apelaciones.

Las normas contenidas en la ley 37 y 1130 habilitan a esta Cámara, previa invocación del interesado a revisar y/o sancionar conductas relativas a cuestiones de superintendencia, a saber, peticiones de prórrogas, su procedencia o no, cumplimiento de plazos, pero no evaluar la conducta asumida en el curso de un pleito con relación a las partes, que fuera previamente calificada por el quejoso e implica la indagación por el Consejo de Magistratura ya que reviste un carácter que desorbita la facultad de esta Alzada y las normas a las que hizo referencia excluyen a los funcionarios comprendidos en el art. 209 de la Constitución y cabe recordar la ley 4461 que específicamente regula el proceder en las hipótesis de aquellos que necesitaron y merecieron designación con acuerdo de legislatura tal el caso de los jueces.

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E :

1)Rechazar el recurso de queja interpuesto a fs. 21/28 y vta..

2)Desestimar el pedido de investigación en esta Cámara conforme lo dispuesto en el considerando III.

3)Tener presente la reserva del caso federal de fs. 28.

4)Regístrese, notifíquese, archívese.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Dra. Nélida Susana Melero y por concordar en la solución del caso (arts. 1,2,3 y 5 Ley 4550).

Fdo.:

Graciela Mercedes García Blanco, Presidente.

Marta Susana Reynoso de Roberts, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 265 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS