marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Educación especial, daños y perjuicios, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: CARBAJAL,  Nora  Antonia c/ ARAGÓN,  Olga  y  otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-12

1- Corresponde responsabilizar a un instituto de educación especial para minusválidos o discapacitados por la muerte de una alumna menor con síndrome de Down -en el caso, asfixiada debido al atragantamiento con un pedazo de carne mientras almorzaba en el comedor del colegio-, debido al incumplimiento del establecimiento de su deber de garantía objetivo impuesto por el art. 1117 del Código Civil. Es que, cuando no existe una nota de extrañeidad en el evento, no le alcanza al deudor con acreditar que el daño se produjo a pesar de haber mediado una conducta diligente de su parte, sino que la liberación solo se alcanzará si se verifica la imposibilidad de obrar de otra manera para evitar el daño. No puede concluirse que el desenlace se hubiera producido igual cualquiera haya sido el obrar de la entidad y sus dependientes o su imposibilidad total de actuar de distinta forma, si el hecho se produjo no solo en el lugar que el instituto controlaba -comedor-, sino además con la comida provista por el establecimiento y bajo el cuidado de su personal. 2- Desde este enfoque si la menor se hallaba en el comedor de la institución supervisada por la directora pedagógica, la docente de turno y una auxiliar, y recién fue asistida con maniobras de reanimación por un profesor de educación física, pese a la preocupación demostrada por docentes y auxiliares, no se le brindó asistencia material desde el atragantamiento y el posterior deceso, en tanto se puede presumir que por el lapso de quince minutos no se dio auxilio real a la víctima, por lo que cabe responsabilizar al establecimiento educativo. 3- No se puede descartar que podría haberse salvado la vida si en el mismo momento del atragantamiento, al primer síntoma de asfixia -cuando la joven aún estaba conciente, con signos vitales positivos- se le hubiesen realizado maniobras apropiadas (v. maniobra de "Hemblich")comprimiéndole enérgicamente el tórax desde atrás. A ello se suma que el trozo de carne con el que se atragantó era de considerables proporciones y fue servido por la propia institución, máxime cuando la víctima no podía valerse por sí y debía ser acompañada por un mayor que impidiera la ingesta de un alimento de esas proporciones. 4- Las distintas afecciones, dolencias o actuar que pueda presentar la víctima -en el caso hipotiroidismo, insuficiencia mental y obesidad-, solo serán condiciones antecedentes o concurrentes pero no disminuyen en nada la responsabilidad del instituto, si no producen normal y regularmente ese resultado, en tanto el deceso sorpresivo por asfixia por atragantamiento. Es que no todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalentes, sino que la causa de un daño es solo aquella que según el curso normal y ordinario de las cosas es la idónea para producirlo. (Sumario N°20251 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentos suficientes, honorarios, regulación de honorarios, ampliación de la demanda, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SOCIEDAD MEDICA DE SANTA FE c/ FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-19

Corresponde rechazar la queja interpuesta por cuanto no luce irrazonable que el tribunal a quo haya considerado que si bien la demanda había sido interpuesta con estimación del monto reclamado o de lo que surgiera de la prueba a rendirse en autos, luego ella sufrió posteriores ampliaciones y finalmente fue reducida o moderada, para concluir que se trataba de una demanda con cuantía económica indeterminada., en virtud de lo cual "...la regulación de honorarios debió realizarse conforme a las pautas de la primera parte del artículo 8 de la ley 6767, hoy su similar primera parte del artículo 8 de la ley 12851 (art. 42).
Defensa del consumidor, acción judicial, debido proceso, pagaré, relación de consumo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Hsbc Bank Argentina SA c/ Marfella, Vicenzo s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

La entidad actora se limitó a desestimar la aplicación a la especie de la LDC fundándose en los caracteres del título de crédito base de la ejecución pero no explicitó otros motivos por los cuales no debía considerarse a su crédito como una operación de consumo. Ello así, no basta con que se trate de una relación de consumo para descartar la ejecución de un pagaré, en la medida que se haya acreditado haber cumplido con las normas de protección al consumidor al otorgar el crédito tal como ha ocurrido en la especie. Tal la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el sentido que para analizar la viabilidad de una demanda ejecutiva como la que nos ocupa el Tribunal debe examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante (conf. SCBA, Asociación Mutual Asis c/ Cubilla, María Ester s/ cobro ejecutivo de fecha 14/08/19 entre otros). En tanto la entidad actora no ha acreditado el cumplimiento de los recaudos informativos exigidos por la LDC 36 la defensa intentada por el ejecutado debe prosperar y por lo tanto debe revocarse la decisión apelada.
Facultades del juez, facultades disciplinarias del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: BONORINO PERO, ABEL Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO - CONSTITUCION NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

La circunstancia de que el Poder Judicial carezca de medios coactivos propios, utilizables directamente por sus Tribunales, para ejecutar su sentencia de condena no altera la índole de sus funciones, ni su deber, ni su facultad de asegurar la vigencia de las garantías constitucionales.
Política económica, política salarial, control de legitimidad, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: Sindicato de Trabajadores Municipales de la Ciudad de Trelew s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-01

Las decisiones de política salarial si bien son pasibles de ser revisadas judicialmente en lo que hace a su legitimidad, no pueden serlo respecto a la oportunidad, el mérito o la conveniencia tenida en cuenta por el Municipio para su dictado.
Ejecución fiscal, impuestos municipales, prescripción, ley vigente
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA c/ BRITEZ, LUIS ALBERTO Y/O PROPIET. Y/O USUFRUCT. Y/O POSEEDOR s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2005-11-30

Corresponde señalar que, a los fines del cómputo del plazo de prescripción, el Alto Cuerpo local, al resolver un recurso extraordinario interpuesto en la causa "Municipalidad de Resistencia c/Pescarolo, José Renato y Sra. y/o Poseedor y/u Ocupante y/o Responsable s/ Apremio" Expte. Nro. 7346/01, concluyó que las deudas por servicios cuyo cobro pertenece a la Municipalidad en la presente ejecución participa de la naturaleza de las tasas, por lo que en orden a las diferencias que puntualizara, reputó aplicable el término de prescripción contemplado en el art. 4027 inc. 3 del Cód. Civil, dejando reservado para los impuestos inmobiliarios el de 10 años que contempla el art. 4023 del mismo cuerpo legal.

Cabe puntualizar que este Tribunal había adoptado y decidido, con anterioridad al precedente transcripto, el criterio en base a la diferenciación que corresponde hacer en cuanto al plazo de prescripción que rige según se trate de tasas o de impuestos.

Sostuvimos en relación a las tasas y servicios que la cuestión ha sido objeto de tratamiento en dos trascendentes plenarios de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Capital Federal y en dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que brindaron solución al tema en relación a las tasas retributivas del servicio de provisión de agua, a las que resultan asimilables las de alumbrado, barrido y limpieza que cobran los Municipios.

Perfilada así la jurisprudencia, es necesario destacar los motivos que en líneas generales animaron el cambio de criterio, dado que esos fundamentos devienen aplicables al sub examen. En tal cometido ponemos de relieve que el punto de partida estriba en la determinación del recurso fiscal en examen, por cuanto a las deudas por provisión de servicios que liquida la Municipalidad debe asignárseles el carácter de tasas y no de impuestos.

Subsumida así la cuestión, los Tribunales han reconocido la impotencia de las leyes fiscales para brindar solución al tema de la prescripción, acudiendo a la quinquenal prevista por el art. 4027 del Cód. Civ. en razón de ser la que más se adecua a las particulares connotaciones de las deudas que se generan por provisión de agua corriente, teniendo en miras para ello la armonización de las normas de derecho público y privado.

Los fundamentos que anteceden forman nuestra convicción en el sentido de que la prescripción de las tasas cuya ejecución se persigue en el presente, se opera en el término de cinco años (art. 4027 C.C.) y la del impuesto inmobiliario a los diez años (4023 del C.C.).

Esto último por cuanto la normativa del art. 4023 sienta un principio general que debe aplicarse a todos los casos para los cuales no se haya establecido un plazo más corto, sean o no de naturaleza creditoria, por lo que las normas que fijan estos son de carácter excepcional, debiendo ser interpretadas restrictivamente.
Mandamiento de ejecución, falta de rendición de cuentas
Materia: PROCESAL
Carátula: Pte. del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Laishi s/ mandamus
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-03-11

Cabe admitir la acción de mandamus interpuesta por el departamento deliberante a fin de obtener que el intendente informe sobre las cuentas de la administración comunal, pues conforme lo dispone la ley 1.028 de la provincia de Formosa, es obligación del ejecutivo municipal proporcionar información sobre los recursos públicos, con el objeto de que el concejo pueda ejercer la tarea de control que legalmente le corresponde.
Daños y perjuicios, daño causado con la cosa, muerte de un militar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ AMADOR c/ ESTADO  NACIONAL.  MINISTERIO  DE  DEFENSA Y ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

El soldado Rodríguez se encontraba solo en el puesto nro. 5;

empuñaba la pistola provista por la repartición; recibió un balazo en la región temporal derecho; y ésta presentaba signos de quemadura y ahumamiento alrededor del orificio; resulta razonable concluir, como lo hace el a quo, que el deceso obedeció a causas imputables al accionar voluntario del mencionado soldado. Sea que éste hubiera decidido quitarse la vida -la más probable de las hipótesis- o que por un acto de grave influencia colocara la pistola amartillada en su sien, es lo cierto que ha mediado una conducta voluntaria negligente del occiso, extremo que releva de responsabilidad a la entidad estatal.

Para terminar, advierto que se está en presencia de un daño causado CON LA COSA y no de una hipótesis de riesgo de la cosa. Vale decir, que a la producción del hecho dañoso ha concurrido la acción humana y no el hecho de la cosa. Y esa acción humana, según surge en forma clara del sumario que corre por cuerda, provino directamente del occiso.

Las circunstancias apuntadas demuestran que, en el caso, resulta ajena la solución que prevé la ley 18.913, desde que juega en la especie -de acuerdo con el sumario penal militar- el principio que consagra el artículo 1111 del Código Civil.
Daño moral, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: PAEZ GENARO RAMON c/ EMPRESA VICTOR M. CONTRERAS S.A. Y OTROS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-05-08

No es razonable pretender que la indemnización guarde una relación proporcional con los daños materiales, ya que en algunos casos el daño moral puede ser lo principal o el único originado como en los casos en que se produce daños en el honor o en la tranquilidad, sin que se produzca simultáneamente detrimento material o con sólo un pequeño detrimento; oportunidades en que sostener la proporcionalidad con el daño material resulta injusto.
Protección de los glaciares, medidas cautelares
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

Cabe revocar la medida cautelar dictada por un juez federal a fin de suspender la aplicación de los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 de la ley 26.639- Protección de los glaciares y el ambiente periglacial-, pues no aparece como un remedio proporcionado a la naturaleza y relevancia de la hipotetica ilegitimidad que se denuncia, no solo por la falta de adecuación entre la violación constitucional alegada y las consecuencias de la medida dispuesta, sino tambien porque, en la tarea de ponderación, el juez debió haber tenido en cuenta que una cautelar que suspende la vigencia de la parte esencial de la ley 26.639 tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes, por lo que su procedencia, debió ser evaluada con criterios especialmente estrictos que no parecen haber sido considerados en el sub lite.

-En igual sentido: M 185 XLVII "Minera Argentina Gold S.A c/ Estado Nacional" y A 138 47 "Asociación Obrera Minera (A.O.M.A) y otras c/ Estado Nacional", sentencias de la fecha.
Nulidad procesal, indefensión, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORPREND S.A.C.F. c/ OSCAR CORDOBA s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A075 - 053)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-19

Se estima seajusta a lo dispuesto por el art. 70 inc.IV) del CPC la manifiestación glosada en el documento que sirve de base a la notificación, en cuanto expresa que" no encontrando a nadie en el departamento, requirió informe de un vecino de que allí vivía el demandado y no queriendo recibirla para su entrega, la introdujo por debajo de la puerta, dejando la constancia de la ausencia de la autoridad policial". Esta manifestación es válida con la fe probatoria que merecen los instrumentos públicos.Si el demandado arguye una falsedad debe invocarla y producir la prueba, porque suya es la carga.
Interpretación de la constitución, cuestión constitucional, poder de policía, juego de apuestas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-17

Existe caso constitucional que justifica la intervención del Tribunal si se cuestiona la interpretación de las reglas constitucionales que asignan a la Ciudad el ejercicio del poder de policía en establecimientos concesionados por el Estado nacional para fines determinados, en el caso, juegos de apuestas (arts. 75, inc. 30, y 129, CN, arts. 104, incisos 11 y 14, y 105, inc. 6, CCABA). (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier, al que adhieren los Sres. Jueces Ana María Conde y José O. Casás).
Daños y perjuicios, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Espinosa, José y otros c/ Carballo, Alejandro A. y otros s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

La imposibilidad de los padres de impedir el acontecimiento perjudicial del menor "no resultará de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si apareciese que ellos no habían tenido una vigilancia activa sobre sus hijos" (art.

1116 2da. parte), de manera que la falta de presencia de los padres no es una causal autónoma de exclusión de responsabilidad y la prueba de descargo debe versar siempre sobre la conducta asumida por ellos en la observancia de sus deberes de vigilancia y educación.
Prueba, carga de la prueba, principio de adquisición
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco del Sud SA c/ Casado, Jorge Osvaldo y Otros s/ Ordinario -Por Simulación y Fraude-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-09

La carga de la prueba señala a quién corresponde evitar que falte la prueba de cierto hecho para no sufrir sus efectos perjudiciales. La carga no significa obligación de probar, sino que implica estar a las consecuencias que la prueba se produzca o no, ya que en virtud del principio de comunidad procesal, el material probatorio incorporado, surte todo sus efectos, quienquiera que los haya suministrado.
Actos incorporados por lectura, audiencia de debate, declaración testimonial, debido proceso, defensa en juicio, violación al debido proceso, prueba de cargo, prueba crítica, nulidad de sentencia, recurso de casación penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: "VITO, PABLO DANIEL y VITO, JOSE ALFREDO S/ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMAS EN c/r CON COACCIÓN AGRAVADA POR EL EMPLEO DE ARMAS EN c/i CON PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR EL USO DE ARMAS" Expte. Nº 3715/10 (Nº:V-672/10/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2011-11-15

La no comparecencia al debate de los testigos, y omitirse así la posibilidad de examinar la prueba de cargo; indudablemente afectó el derecho de defensa en juicio y del debido proceso legal. En el desarrollo del debate, ha sido afectado seriamente el principio de oralidad, el contradictorio y la posibilidad tanto del acusado y de su defensa de controlar la prueba de cargo.

La prueba testimonial, que en el caso se muestra como dirimente, debió ser sometida al contradictorio para gozar de plena validez y eficacia, posibilitando el control de la defensa. Pero, como esto no ha sucedido, la argumentación de la condena fundada de manera decisiva en esas referencias, no resulta apta, como para sostener la responsabilidad penal del imputado de acuerdo a los estándares de la sana crítica.

La incorporación por lectura de los testimonios conculcó los derechos que consagran la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte del bloque de constitucionalidad conforme el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, por lo tanto lo decidido implicó una violación a lo normado en el artículo 153 inc. 3º del CPP, correspondiendo decretar la nulidad de la sentencia, toda vez que el pronunciamiento ha sido consecuencia de la nulidad impetrada y la prueba restante no habilita un juicio de certeza acerca de la responsabilidad del condenado.

Este Tribunal Superior de Justicia admite en algunos supuestos extremos, la incorporación por lectura de prueba testimonial, pero ésta debe ser interpretada restrictivamente y sólo para casos excepcionales, no debiendo en ningún caso, ser la base para fundamentar una sentencia condenatoria. Por lo que debe hacerse lugar al recurso de Casación.
Obligaciones solidarias, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Uliambre, Diego Orlando Rafael c/ Organización Integral de Limpieza S.R.L. y otro s/ Cobro de pesos, indemn. por antiguedad, preaviso, vacaciones y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-03-22

Es inaplicable la solidaridad consagrada en los artículos 29 y 30 de la Ley 20744 por no tratarse la tarea -que dice que cumplía el accionante- de la activad habitual y específica del establecimiento de la apelada, por lo que la contratación o subcontratación lo ha sido entre empresas reales y no se trata de un fraude a la ley.
Juicio ejecutivo, excepción de compensación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guinda Libertario c/ Cooper Luis s/ ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-26

La excepción de compensación en el juicio ejecutivo debe apoyarse en un crédito líquido que resulta de documento que traiga aparejada ejecución, no resultando procedente la excepción si la obligación que se pretende compensar no reúne los presupuestos del título ejecutivo. (Minoría u opinión personal)
Constitución Nacional, jueces, inamovilidad de los jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Carbone,  Edmundo  José c/ E.N.  -M°  Justicia y DDHH (Art. 99C.N.) S/ s/ roceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-13

La norma contenida en el anterior art. 96 de la Constitución Nacional de 1853, la que ha sido textualmente mantenida en el art. 110 del texto sancionado por la Convención Constituyente de 1994, en cuanto estableció que "los jueces de la Corte Suprema y de los Tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta" consagró la "inamovilidad vitalicia" (mientras dure su buena conducta) de todo los jueces del poder judicial federal. los cuales, una vez nombrados, no podían ser removidos de su cargo si no por juicio político celebrado de conformidad y por las causas establecidas en los anteriores arts. 45 y 51 de la Constitución Nacional -cuyas redacciones han sido sustancialmente mantenidas en los respectivos arts. 53 y 59 del nuevo texto sancionado en 1994 (Del voto del juez Buján, cons. II.1).
Daños y perjuicios, depósito bancario
Materia: CIVIL
Carátula: Castaño, María Alejandra c/ Banco Credicoop Cooperativo Limitado s/ daños y perj. incump. contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-06

Una entidad bancaria resulta responsable frente a una usuaria por no haber acreditado en la cuenta correspondiente un depósito realizado a través de una terminal de autoservicio en una de sus sucursales, toda vez que la actitud adoptada por la demandada constituye un objetivo incumplimiento de las exigencias de la ley 24.240 sumada a la gran negligencia en la operatoria que devino en la no acreditación de la suma depositada, sin obviar la violación de la confianza que pone el consumidor al operar con el medio automático del banco, permitiéndole a éste agilizar su operatoria con un menor costo.
Granos y semillas, ley federal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Zéneca SAIC. c/ Vázquez, Arnaldo Norberto y otros s/ daños y perjuicios varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

La ley de semillas 20.247 persigue un propósito análogo al de las leyes de marcas y patentes y, por su contenido, no obstante las particularidades del régimen que diseña, impone su asimilación al ámbito de la propiedad industrial sobre inventos (Disidencia del Dr.

Eduardo Moliné O'Connor).
Competencia, juicio ejecutivo, ley de defensa del consumidor, relación de consumo
Materia: PROCESAL
Carátula: PARDO S.A c/ CACERES, MIGUEL ANGEL s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-02

Constituyendo elemental regla hermenéutica que cuando el texto de la ley es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido" ( SCBA, Ac 39014 S 12-4-1989, Sc 94535 S 22-3-2006, JUBA B 14017 - CAP RSD Nº 5246/04 - RSD Nº 52 del 27/4/05), estableciendo el art. 36 de la LCD que es competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos de consumo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, carece de relevancia la circunstancia que invoca el apelante relativa a que el domicilio del consumidor a la fecha del consumo, se encontrara en distinta jurisdicción a aquella en la que dicho acto se concretó.