Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10


GARCIA, Rosa y MATURANO, Reinaldo contra MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ Reg.: A y S t 202 p 402-411.

En la ciudad de Santa Fe, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "GARCÍA, Rosa y MATURANO, Reinaldo contra MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BERMÚDEZ sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. n 132, año 1995), de conformidad con el acuerdo celebrado el día tres del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. Rosa García y Reinaldo Maturano promueven -por apoderados- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción tendente a obtener la nulidad de los actos administrativos dictados por el Intendente municipal que deniegan sus reclamaciones, y se disponga en consecuencia, el inmediato reintegro a sus tareas habituales, en la categoría de revista, cargo y funciones desempeñadas desde su ingreso; se ordene al Ente recurrido que dicte los pertinentes actos administrativos de nombramiento en planta permanente del personal municipal; les sean abonados los salarios caídos desde junio de 1993 hasta su efectivo reintegro, así como S.A.C. y vacaciones no abonadas; y se les indemnice el daño moral irrogado como consecuencia de los actos impugnados, con costas.

Narran que, respecto de la señora García, ingresó a trabajar en relación de empleo público en la Municipalidad en enero de 1992, suscribiendo un contrato por tiempo determinado en fecha 10.3.1992.

Puntualizan que las tareas que debía cumplir eran "de limpieza en el obrador, encargándose también, en ocasiones, de realizar tareas como notificadora", y el horario a cumplir era el mismo del resto de los agentes municipales (de 7 a 13 horas, de lunes a viernes).

Sostienen que, al haberse superado holgadamente el plazo de tres meses establecido por el Estatuto aplicable y ya desde el mes de abril de 1992, corresponde su acceso en forma automática a la planta permanente del personal municipal, en virtud de lo dispuesto por los artículo 12 y 134 del Anexo I de la ley 9286.

Con respecto al señor Maturano, exponen que ingresó al Ente el 10.2.1993, suscribiendo al efecto un contrato "de mano de obra", siendo las tareas a desempeñar las de "desmalezamiento y barrido y limpieza en la vía pública", y con el mismo horario a cumplir que el resto de los agentes municipales (de 7 a 13 horas, de lunes a viernes).

Ambos agentes, afirman, se desempeñaron ininterrumpidamente hasta junio de 1993, cuando el Intendente les comunicó verbalmente que cesaban en sus funciones como empleados de la Municipalidad. Señalan que las tareas desempeñadas eran las mismas, en cuanto a su naturaleza y duración, que las efectuadas por el personal de planta permanente, entendiendo por ello que los contratos firmados configuran fraude a la ley.

Por todo ello, prosiguen, tienen derecho a que se ordene su incorporación a la planta permanente en las tareas que desempeñaban habitualmente, ya que su cesantía se decretó en abierta violación a lo preceptuado por la normativa aplicable en violación a su derecho a la estabilidad.

Asimismo, reclaman el pago de las remuneraciones caídas que se les adeudan desde el momento en que se dispuso el cese de su prestación, hasta aquel en que se ordene su reincorporación, en los términos del artículo 48 y concordantes de la ley 9286, como el importe indemnizatorio del daño moral.

Seguidamente, exponen su propia interpretación de las normas invocadas, esto es, del artículo 134, Anexo I de la ley 9286, interpretando que se garantiza la permanencia y estabilidad y vocación de continuidad de la relación de empleo en circunstancias que harían suponer lo contrario (caso del personal contratado) previendo dos requisitos: la antigüedad mínima y la naturaleza de las prestaciones cumplidas por el agente, y disponiendo en ese caso que "automáticamente pasarán a revistar en planta permanente".

Mencionan a continuación, un dictamen de la Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia en el que se puso de relieve la vigencia y aplicabilidad de dicho artículo en un caso similar, que entienden trasladable al supuesto de autos.

Luego de reconocer que este tipo de contratación se encuentra expresamente limitada por el propio Estatuto a "únicamente la realización de trabajos que por su naturaleza o duración no pueden ser efectuados por el personal permanente (art. 8, ley 9286)" afirman que las tareas que ellos desarrollaron estuvieron lejos de ceñirse a tales pautas legales, encontrándose fuera de los términos establecidos por los artículos 8 y 9 de dicha norma.

Las sucesivas contrataciones, sostienen, ponen de manifiesto que sus tareas no fueron extraordinarias, y aunque la Municipalidad está habilitada para cubrir sus necesidades transitorias con personal contratado, no es el caso de autos; y aunque así fuera, estiman que deberá prevalecer la normativa del artículo 134 mencionado que entienden establecido como método "antifraude" para situaciones como éstas, en donde se firman sucesivos contratos.

Afirman que su postura debe ser tenida en cuenta, por cuanto la seguridad jurídica y la razonable creencia de los empleados en la continuidad del vínculo, justifican que así sea, haciendo prevalecer la verdad material sobre las formalidades.

Invocan, seguidamente, el artículo 12 del Anexo I de la ley 9286 como complemento del citado 134, y lo interpretan considerando que se cumplieron con holgura los tres meses desde su contratación y resultaría inaceptable, desajustado a derecho y contrario a elementales principios de buena fe y razonabilidad, que se pretenda eventualmente sostener la tesis que le niega estabilidad por ausencia de acto administrativo de nombramiento.

Sobre este punto, argumentan que el dictado del acto pesa en cabeza de la Administración, y que, existiendo tal acto, opera el sistema de automaticidad consagrado por la ley 9286 en sus artículos 12 y 134 del Anexo I, y en el caso puede tomarse como acto administrativo o como vía de hecho, según la tesis que se adopte.

Finalmente, concluyen mencionando que, a pesar del excesivo tiempo transcurrido entre la materialización de las cesantías y la interposición de los reclamos administrativos, no puede declararse inadmisible el presente recurso, en atención al criterio de nulidad establecido en los precedentes "Los Lagos" (CSJN) y "González Palicio" (Corte provincial).

Solicitan, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 44), comparece la Municipalidad demandada (f. 62) y contesta la demanda (fs. 65/67 vto.).

En su escrito de responde, afirma que los actores se desempeñaron como personal contratado de la Municipalidad, desempeñando tareas de limpieza en el obrador y, en ocasiones, como notificadora (en el caso de la Sra. García), y desmalezamiento, barrido y limpieza en la vía pública (en el caso del Sr. Maturano).

Niega: que corresponda el acceso en forma automática a la planta permanente de personal municipal; que la contratación llevada a cabo importe una ilegal cobertura ensayada por la Municipalidad; que las renovaciones ininterrumpidas que se hicieron de sus contratos configuren un fraude a la ley y que intentaban encubrir la verdadera naturaleza de relación de empleo público permanente; que la cesantía se haya declarado en abierta violación a lo preceptuado por la norma de aplicación, violándose groseramente su derecho a la estabilidad; que sean procedentes la suma reclamada y la indemnización del daño moral; que la señora Rosa García deba ser reincorporada (ya que el señor Maturano ha sido reincorporado); que sea aplicable la jurisprudencia citada; y que sea procedente la demanda.

Seguidamente, argumenta la falta de sustancia jurídica que posee el pedido del actor Maturano, debido a que ha sido reincorporado el 1.1.1999 mediante decreto 186 de fecha 22.10.1998. Agrega que la interpretación que debe hacerse del artículo 134 del Anexo I de la ley 9286 no deber ser aislada sino orgánica y coherente, y cita en refuerzo de su postura, jurisprudencia de este Tribunal.

A través de ella, la demandada expone que no es razonable pensar que el legislador ha admitido la posibilidad de que se sustituyan los rigurosos procedimientos de selección del personal, con el simple recurso de proceder a la celebración de contratos, y que sólo se podrá incorporar a los agentes que reúnan las condiciones del artículo 134 y se cumplimenten los restantes recaudos de ingreso previstos en el cuerpo normativo ("Araya c/ Municipalidad de Santa Fe").

Por otro lado, prosigue, el automatismo al que refiere la norma del artículo 134 debe entenderse limitado al derecho de los agentes a ser considerados por la Administración para el eventual ingreso del personal, destacando que, cuando el legislador quiso excluir la prueba de selección para el ingreso del personal, lo hizo expresamente, como en el caso del artículo 130, Anexo I de la mencionada ley, y aún así, dispone que el nombramiento tendrá lugar cuando se reúnan los requisitos exigidos por el ingreso ("Correa c/ Municipalidad de Rafaela").

Entiende asimismo desechable el argumento de la parte actora según el cual sería de aplicación el artículo 8 de la norma en cuestión, por cuanto aún en el supuesto de que los cargos ejercidos por los reclamantes se hallaran comprendidos entre aquellos de carácter permanente, ello no importa borrar el título que dio origen al nombramiento, el que por estar sujeto a plazo, fenece cuando aquel expira ("González c/ Municipalidad de Rafaela" y "Mule c/ Municipalidad de Rosario").

Sostiene que la voluntad de las partes contratantes evidenció que los demandantes aceptaron el modo en que se desarrolló la relación ("Santoro c/ Municipalidad de Rosario"), concluyendo que, si los recurrentes no fueron designados para integrar la planta permanente de personal, de ninguna manera puede acordarse a la relación que vinculó originariamente a las partes un carácter que evidentemente no surge de la letra del acto, ni estuvo en la intención de aquéllas al momento de su concreción ("Zelante c/ Municipalidad de Rosario").

Finalmente, manifiesta que el invocado artículo 12 de la ley 9286, comprende sólo a quienes han cumplido con los requisitos establecidos por el mismo Estatuto para el ingreso a la Administración, por lo que tampoco sería aplicable al caso.

Solicita, en suma, se rechace el recurso interpuesto, con costas a la parte actora.

3. Abierta la causa a prueba (f. 68) y producida la que consta en autos, informa la parte demandada sobre su mérito (fs. 117/118). Dictada (f. 120) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

4. Es menester señalar liminarmente que comprendiendo la pretensión del coactor Reinaldo Maturano su reincorporación a la Municipalidad demandada, surge de autos que desde el 1.1.1999 ha sido incorporado como personal permanente del referido ente, por decreto 186 del 22.10.1998 (copia a f. 62, expte. adm. 00758-M-1997).

Ahora bien: en virtud de que el pedido de reincorporación lo es desde que se produjo la desvinculación acusada de ilegítima, y de que también se reclaman rubros patrimoniales que de esa situación derivarían, se torna necesario el examen de las circunstancias en que ella aconteció.

5. Del análisis de las constancias de la causa, surge que se halla fuera de debate el hecho de que García y Maturano prestaron tareas al servicio del Municipio, por lo que corresponde dilucidar en qué carácter se desempeñaron los recurrentes en los cuadros de la Administración demandada.

Así, mientras los actores sostienen que al haber desempeñado por un lapso mayor a los tres meses tareas que en cuanto a su naturaleza y duración eran las mismas que las efectuadas por el personal de planta permanente a través de la firma de contratos (art. 8, ley 9286) que fraguaron la ley -por lo que entienden que debe reconocérseles el carácter de personal permanente en virtud de lo dispuesto por el artículo 134, Anexo I de la ley 9286-, la demandada afirma que la voluntad de las partes contratantes evidenció que los demandantes aceptaron el modo en que se desarrolló la relación, y si no fueron designados para integrar la planta permanente no puede acordarse a la relación un carácter distinto al previsto.

En ese cometido, conforme puede extraerse del criterio jurisprudencial expuesto en las causas "Tempesta" (A. y S. T. 113, pág. 40) y "González" (A. y S. T. 107, pág. 36) - entre otros precedentes-, en lo atinente a vinculaciones temporarias con la Administración, el acto que dio comienzo a la relación, apreciado en consonancia con otros elementos de ésta, asume fundamental importancia a efectos de determinar su carácter.

Conforme a los términos vertidos en dichos antecedentes acerca de que el acto que había dado comienzo a la relación de empleo era de decisiva importancia, debe señalarse que de las constancias de autos surge inequívoco que los recurrentes no fueron designados para integrar la planta permanente del personal.

En ese sentido, de ninguna manera puede acordarse a la relación que vinculó originariamente a las partes un carácter que evidentemente no estuvo en la intención de aquéllas al momento de su concreción (ver también "González", citado; "Daperno", A. y S. T. 115, pág. 294).

6. Teniendo en cuenta lo expuesto, es menester analizar la situación de los actores.

6.a. En lo atinente a la señora Rosa García, surge de las constancias y documental agregadas a la causa, que la Municipalidad demandada suscribió con la actora los siguientes contratos:

A fojas 14/23 del expediente judicial, constan contratos suscriptos entre la Municipalidad demandada y la señora García, mediante los cuales se le asignaban tareas de "limpieza obrador municipal", "generales", "limpieza en general" y "notificadora municipal", fijando como única retribución la suma de $1,39 por cada hora trabajada.

La cláusula quinta rezaba "El contratado declara expresamente conocer que este contrato está excluido de la estabilidad e indemnizaciones consagradas en la ley 9286, y que se trata de un contrato de empleo público...".

En su cláusula cuarta, disponían la validez temporal de los mismos (desde el 10.3.1992 al 25.3.1992; desde el 26.3.1992 al 25.4.1992; desde el 22.6.1992 al 25.6.1992; desde el 27.4.1992 al 24.5.1992; 26.3.1993 y 25.4.1993; desde el 6.1.1992 al 10.1.1992; desde el 13.1.1992 al 17.1.1992; desde el 20.1.1992 al 14.1.1992; desde el 27.1.1992 al 31.1.1992; desde el 3.2.1992 al 25.2.1992), siendo por plazos de 3, 4, 15, 22 y hasta 30 días.

A fojas 24/29, asimismo, constan contratos de "mano de obra", en los que se le asignaba la tarea de "notificadora municipal". En ellos, se dejaba expresamente establecido que no existía con la Municipalidad vínculo laboral, y que ambas partes podrían rescindir el contrato anticipadamente sin que ello generara derecho a indemnización o retribución alguna.

Además, en la cláusula tercera se fijaba una retribución por el trabajo realizado por el contratista de $200, pagaderos a la finalización del contrato, y disponía su duración (desde el 28.12.1992 al 25.1.1993; desde el 25.1.1993 al 25.2.1993; desde el 26.10.1993 al 25.11.1993; desde el 26.2.1993 al 25.3.1993; desde el 26.11.1993 al 25.12.1993; y desde el 1.5.1993 al 31.5.1993), siendo por plazos de 28 y 30 días.

6.b. En lo atinente a Reinaldo Maturano, del estudio de las constancias de autos y del expediente administrativo agregado, surge que los contratos que fueron suscriptos por las partes (fs. 4/7, expte. judicial) se titulaban "contrato mano de obra" y excluían expresamente la existencia de vínculo laboral. Concretamente asignaban al actor "tareas generales", "limpieza general" y tareas como "personal de servicio en obrador municipal", estableciendo una retribución por el trabajo realizado de $200 sobre 30 días, que se abonaría al contratista por mes vencido.

Especificaban también, la duración de los mismos (desde el 10.2.1993 al 25.2.1993; desde el 26.2.1993 al 25.3.1993; desde el 26.3.1993 al 25.4.1993; desde el 1.5.1993 al 31.5.1993), aclarando que las partes podrían rescindir anticipadamente el contrato sin derecho a indemnización alguno.

7. Ahora bien, la ley 9286 (Estatuto y Escalafón para el Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe), Anexo I, en el capítulo referente al "Ámbito de aplicación" dispone: "Este Estatuto comprende a todas las personas que, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios remunerados en todas las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe y Organismos descentralizados y/o autárquicos de éstas" (artículo 1).

En el caso debe, pues, concluirse en la aplicación de las normas pertinentes de la ley 9286, esto es, las referentes al personal contratado (artículo 8), en cuyas previsiones cabe enmarcar la situación de los actores.

Y si la accionante tenía dudas acerca del alcance de su designación debió haber solicitado aclaración cuando la relación fue establecida (criterio de "Tempesta", citado), o en las sucesivas renovaciones.

Sin embargo, la aceptación del contrato temporal veda a los actores el reconocimiento de los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que, de otro modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos, sin que los argumentos de los recurrentes alcancen a desvirtuar la relevancia jurídica de su proceder.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que los recurrentes no han conseguido probar que sus designaciones como empleados municipales hubieran sido dispuestas de conformidad a tales requerimientos, y mucho menos que, de haberlas habido tales designaciones hubieran sido en el carácter de empleados de planta permanente, no puede sino rechazarse el presente recurso, considerando que la inexistencia de tal presupuesto necesario para poder derivar las consecuencias que postulan en la demanda, propias de un régimen de estabilidad, determina la falta de sustento del resto de sus pretensiones.

7.a. Igual suerte ha de correr la afirmación de los actores atinente a que su relación no encuadra en el artículo 8 de la ley 9286 por no ser de carácter temporal ya que desempeñaron funciones durante todo el tiempo sin interrupción alguna (desde enero de 1992 hasta junio de 1993).

Ello así, por cuanto este Tribunal recordó también en la causa "Tempesta" que, la Corte nacional ha sostenido que "el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicios por un plazo superior a los doce meses -el fallo refiere al tiempo que según la ley 22.140 debe transcurrir para que el agente que ingresa a planta permanente adquiera estabilidad-, no puede trastocar por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de la Administración" (Fallos: 310:195).

Además, y con relación a la afirmación de la señora García en punto a que tampoco se ajustaba al régimen del personal contratado o eventual en razón de la naturaleza de las funciones cumplidas, debe recordarse que aún en el supuesto de que el cargo ejercido por el actor se hallara comprendido entre aquellos de carácter permanente, resultaría aplicable al "sub lite" la jurisprudencia del más Alto Tribunal que afirma que el eventual carácter permanente de las tareas asignadas no importa borrar el título que dio origen al nombramiento, el que por estar sujeto a plazo fenece cuando aquél expira (Fallos: 312:1371).

7.b. Respecto a la invocación efectuada por la parte actora del artículo 134 de la mencionada norma, corresponde analizar, en este punto, su alcance, para lo cual resulta propicio recordar que el artículo 134 expresa: "aquellos agentes que ingresen a la Administración municipal y/o comunal por los artículos númeroS 8 y 9 del presente Estatuto al cumplir los tres (3) meses de antigüedad y cumplan funciones determinadas por el presente, automáticamente pasarán a revistar en la planta permanente, encasillándose dentro de la función que desempeñe.

Quedan exceptuados los casos a que refiere la última parte del artículo precedente".

En el artículo 133, última parte, se puede leer que "quedan exceptuados de esta disposición los contratos que tengan por objeto una obra determinada o tareas de carácter accidental".

De los contratos celebrados en la presente causa, no surge que su objeto haya sido una obra determinada o tareas de carácter accidental (en tanto la prestación de la actora consistía en "limpieza en el obrador municipal" y "notificadora"; y la del actor en "tareas generales", "limpieza general" y "personal de servicio en obrador municipal"), y ello tampoco se halla acreditado en autos, razones por las cuales en principio, y sin perjuicio de lo que se señalará más adelante, el caso resultaría susceptible de ser encuadrado en el artículo 134 del Anexo I de la ley 9286.

Ahora bien, este Tribunal, en el marco de la causa "Álvarez" (A. y S. T. 130, pág. 267) ha concluido -por los fundamentos que en el aludido decisorio se desarrollaron "in extenso", a los que me remito- que el automatismo a que refiere la norma debe entenderse limitado al derecho de los agentes a ser considerados por la Administración para el eventual ingreso a la planta permanente, a la que sólo se los podría incorporar si, además de reunir las condiciones a que refiere el artículo 134, cumplimentasen los recaudos de ingreso previstos en la ley 9286.

De la lectura del Capítulo II (comprensivo de las "Condiciones generales de ingreso") del Anexo II de la ley 9286 surge que, en su artículo 3 se prevé que "el ingreso a este Escalafón se hará previa acreditación de las condiciones establecidas por el Estatuto para el personal de Municipalidades y Comunas y cumplimiento de los requisitos que para cada agrupamiento o tramo se establecen en el presente"; en el artículo 4, que el ingreso sólo tendrá lugar cuando medien los concursos abiertos conforme a las pautas del capítulo respectivo del Escalafón y, en el artículo 5, que "el personal ingresará al tramo de ejecución en la categoría inicial de cada agrupamiento hasta cumplir con el requisito de antigüedad, con excepción de las funciones nominadas en cada uno de ellos y previa aprobación del concurso respectivo".

No se puede dejar de mencionar, en lo referente a las exigencias para el ingreso y la promoción del personal, lo dispuesto en los artículos 7, 11, 13 -incisos b) y c)-, 16, 17 -incisos b) y c)-, 20, 21 -inciso b)-, 24 -puntos 1.2., 2.2. y 3.2.-, 25, 26, 27 -puntos 1.1., 3.2., 4.3, 4.6., 5.2. y 5.3.-, 38, 39 -incisos b) y c)-, 43, 44 -incisos b) y c)-, y en el Capítulo XIII -arts. 79 a 116, 121, 122- del Anexo II de la ley 9286.

Continuando con lo expresado en la causa "Álvarez", citada, y a los efectos de una adecuada interpretación del artículo 134, "debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que la inconsecuencia o falta de previsión no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que concilie y deje a todos con valor y efectos (Fallos: 296:372; 297:142; 300:1080; 314:458)".

"A la luz de lo expuesto, si el legislador contempló un exhaustivo régimen de ingreso a la planta de personal permanente de Municipalidades y Comunas, conforme se viera en los transcriptos artículos 3 y 4 del Anexo II de la ley 9286, no parece lógico suponer que luego prescindiera de dichos extremos y pretendiera mediante el artículo 134 el ingreso a la planta permanente del personal contratado y transitorio por el sólo transcurso del lapso de tres meses que el mismo prevé, soslayando lo previsto en los referidos artículos con relación a las "Condiciones generales de ingreso" contenidas en el Escalafón del Personal de las Municipalidades y Comunas.

Efectivamente, no es razonable pensar que el legislador ha admitido la posibilidad de que se sustituyan los rigurosos procedimientos de selección del personal, con el simple recurso de proceder a la celebración de contratos".

"Más bien, del juego armónico de las normas mencionadas, parece más atinado concluir que la Administración no puede eludir el estricto régimen de ingreso a la planta permanente previsto en la ley y al que se hizo referencia".

"Y, en consecuencia, sólo se podría incorporar a la planta permanente a los agentes que reúnan las condiciones a que refiere el artículo 134, pero siempre que se cumplimenten los recaudos de ingreso previstos en el cuerpo normativo referido".

En tales condiciones, el automatismo al que refiere la norma debe entenderse limitado al derecho de los agentes a ser considerados por la Administración para el eventual ingreso a la planta permanente.

Queda desechada, entonces, su pertenencia a la planta permanente de la Municipalidad de Capitán Bermúdez por aplicación del artículo invocado por la actora, cuyo alcance ya fue definido.

7.c. Cabe examinar ahora la pretensión de reincorporación a sus funciones planteada por los recurrentes.

Como se expresó en los considerandos anteriores, en el caso el vínculo consistió en una relación de empleo público temporario.

Ahora bien, una de las características de las relaciones de empleo no permanente es, precisamente, la ausencia de estabilidad. En efecto, la ley 9286 claramente, cuando alude a los derechos de que goza el personal comunal, señala que "de los derechos enunciados sólo alcanzarán al personal no permanente los comprendidos en los incisos..." no incluyendo éstos el de estabilidad (art. 15).

Los recurrentes, por su parte, no han aportado otras razones, fuera de las ya analizadas, que tiendan a demostrar que la decisión del ente municipal de no firmar nuevos contratos con ellos pueda encontrarse afectada por algún vicio que permita tacharla de ilegítima, lo que torna inviable su pedido.

Dentro del particular contexto que surge de los extremos recién valorados (fundamentalmente la carencia de estabilidad de los agentes) no cabe sino concluir en la falta de asidero del pedido atento a que no se alcanza a advertir siquiera cuál sería la razón jurídica por la cual correspondería acceder al "reintegro" solicitado, ni mucho menos, al dictado de los actos administrativos de nombramiento de los agentes en la planta de personal permanente de la Municipalidad.

Tal conclusión determina también, y como lógica consecuencia, la improcedencia del reclamo de salarios caídos solicitados entre el cese y el reintegro, sueldo anual complementario y vacaciones por el mismo período.

7.d. En cuanto al pedido de reconocimiento de daño moral realizado en la demanda, es menester destacar que esta Corte ha sostenido que el acogimiento de las pretensiones en el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción tiene como presupuesto ineludible el reconocimiento de la ilegalidad del acto que se ataca, pues únicamente podrán admitirse las pretensiones patrimoniales cuando exista un acto previo que desconozca un derecho subjetivo (criterio de "Iungman", A. y S. T. 118, pág. 77).

Por otra parte, debe señalarse que en la causa no se ha invocado ni mucho menos probado, que la medida impugnada hubiera significado una aflicción moral susceptible de ser reparada, o que concurra alguna otra situación de excepción como la reconocida en A. y S. T. 116, pág. 9 y similares, en la que se daban circunstancias verdaderamente especiales según surge de sus consideraciones. Por las razones señaladas, debe rechazarse la petición de daño moral.

8. De todo lo expuesto se colige que, por los fundamentos vertidos en los puntos anteriores, el recurso no puede ser acogido respecto de ninguno de los actores. Las costas serán impuestas a los recurrentes (artículo 84, ley 4106).

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas a los actores.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Falistocco dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Rechazar, con costas, el recurso interpuesto.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)