marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: BARBIERI, MARIA EUGENIA Y OTROS c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (I.P.V.U.) s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-18

La promoción del amparo, mientras pende la vía previa o en reemplazo de la vía paralela, implica cercenar el derecho al amplio debate y ello como principio resulta improcedente, por lo cual se denomina a la acción de amparo como excepcional o residual.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, deserción del recurso, expresión de agravios, fundamentación insuficiente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Argañaraz, Juan Carlos y otra c/ Empresa Nacional de Agua y Energía s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Corresponde declarar desierto el recurso ordinario de apelación, si los escuetos argumentos recursivos sólo constituyen una mera discrepancia con el criterio de la cámara, pero distan de contener una crítica concreta y razonada de los argumentos que sostienen la sentencia.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Rodríguez  Francisco  Enrique c/ INTA  -Resol.  961/07 (Expte.964/04)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-29

Ningún derecho puede constituirse en absoluto y en el caso no se trata de un despido sin causa que es lo que intenta proteger la Constitución Nacional a través del artículo 14 bis (Cons. 12).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Liga Santafesina en defensa del usuario y del consumidor c/ Poder Ejecutivo s/ Recurso de inconstitucionalidad - Acción de amparo (Expte.: C.S.J.  Nro. 757 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

No puede prosperar el argumento de la recurrente basado en la pretendida violación del derecho a la jurisdicción que se derivaría del hecho de que la Sala se fundó en la doctrina de la no judiciabilidad de las cuestiones políticas para omitir pronunciarse sobre la "cuestión de fondo" planteada por la impugnante, desde que la lectura de los autos revela que el agravio respectivo sólo responde a la particular interpretación que efectúa la actora en cuanto a la línea de razonamiento seguida por la Alzada al resolver la causa, interpretación que no consulta que ésta -al pronunciarse por la revocación del fallo de baja instancia- suscribió la doctrina de los actos políticos no justiciables en la medida en que tales actos "no vulneren los derechos y garantías alegados por los peticionantes en su reclamo y no se encuentren palmariamente viciados de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta", lo cual permite vislumbrar que la Sala consideró que tales extremos no concurrían en el sub judice. (De los Fundamentos del Dr. Gutiérrez)
Despido por matrimonio, interpretación de la ley, derecho a la protección integral de la familia, principio de no discriminación, despido discriminatorio
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Puig, Fernando Rodolfo c/ Minera Santa Cruz S.A. s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

Los arts. 180 a 182 de la LCT conforman un sistema de protección mediante el cual el legislador ha procurado desalentar medidas extintivas claramente discriminatorias que afectan a quienes deciden unirse en matrimonio y conformar una familia; en tal sentido la presunción del art. 181 es una pieza fundamental de ese sistema de garantías, pues permite superar las dificultades que normalmente se presentan a la hora de probar la real motivación discriminatoria de un despido.
Superior Tribunal de Justicia, sufragio
Materia: PROCESAL
Carátula: DIEZ, MANUEL BENJAMIN c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR RETARDADA JUSTICIA (NULIDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-22

En cuanto al pedido formulado en la revocatoria que fuera desestimada mediante el decreto impugnado, referido a la necesidad de que se expidan la totalidad de los miembros de este Tribunal, debe señalarse que el primer párrafo del artículo 14 de la ley 10160 ordena que en materia jurisdiccional, la Corte forma quorum con la presencia de cuatro integrantes, requiriéndose para la emisión de pronunciamiento válido, la mayoría absoluta del Cuerpo y de sus votos totalmente concordantes; por lo cual cabe concluir que la ley no exige el pronunciamiento de todos los miembros de la Corte, sino sólo de su mayoría, con la condición de que dichos votos resulten totalmente concordantes, lo que resulta suficiente para desestimar dicho requerimiento. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 14.
Procedimiento policial, extraña jurisdicción, acta policial, retención indebida, prenda, bienes muebles
Materia: PENAL
Carátula: ANAYA, Carlos s/ POLICIA. DEFRAUDACION. APROPIACION INDEBIDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-29

1) La irregularidad de los procedimientos policiales efectuados en extraña jurisdicción, sin aparente justificación, no afecta la validez probatoria de las actas respectivas, aunque pueda ser objeto de consideración en juicio penal, la conducta de los funcionarios policiales.

2) La conducta del procesado encargado por el damnificado de la guarda de una boleta de empeño correspondiente a relojes con sus accesorios, días antes del vencimiento de la prenda, retiró los elementos vendiéndolos luego en distintos comercios, configura el delito de defraudación por apropiación indebida,dado que está demostrado que mediaba obligación de restituir.
Costas, honorarios del abogado, ejecución de honorarios, recurso de casación, legitimación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montoya Jaramillo Nelson c/ Federación Agraria Argentina Sociedad Cooperativa  de Seguros Limitada s/ Ejecutivo Especial - Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-12-29

La causa del derecho a perseguir el cobro del estipendio, es el contrato que vincula al profesional con su cliente, razón por la cual, es este último el deudor primero de ésa obligación. Ello, evidentemente admite que ante la aplicación del art. 1, ley 24.432, el letrado cuente con la opción de cobrarle a su patrocinado vencedor, el porcentaje de honorarios que se vea privado de reclamar al vencido condenado en costas. Sin embargo, el hecho de que el profesional goce de tal prerrogativa, no implica que la imposibilidad de cobrar la totalidad de sus honorarios al condenado en costas, no le provoque perjuicio. La aplicación del art. 1, de la ley 24.432, genera una reducción de las expectativas y posibilidades de cobro del abogado del vencedor, pues el mero hecho de la limitación de cobro en contra de uno de sus deudores, de suyo trae aparejado una quita de parte del patrimonio disponible para la realización del crédito, restringiendo las perspectivas de su efectivización. Más aún si tales expectativas tienen un sustento legal, cual es el régimen de imposición de costas vigente en nuestra provincia, que consagra el vencimiento objetivo de la derrota (arts. 130 y ss.).
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, exceso de velocidad
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. E. c/ P. G. A. y S., L. E. y/o contra quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-02

Una velocidad resulta inapropiada -con independencia de su condición de reglamentaria o no- cuando no se adapta a las circunstancias de tiempo y lugar y, por tal razón, vulnera el deber de circular con cuidado y prevención, así como el de mantener en todo momento el pleno dominio de la unidad.
Quiebra, calificación de conducta, conducta fraudulenta, libros de comercio, estados contables
Materia: COMERCIAL
Carátula: BLANCO, RAUL S/QUIEBRA s/ INCIDENTE DE CALIFICACION DE CONDUCTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-20

La circunstancia de tratarse de un no comerciante, no obsta al deber de llevar en forma ordenada un detalle de los gastos efectuados y de las inversiones realizadas en la sociedad que integraba y acompañar dichas constancias a fin de que el funcionario de la quiebra pueda analizar su situación contable. Dicha omisión comporta la incursión en la causal prevista por la LC: 235-11.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, gravamen actual
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Diyon S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-16

En el caso, no cabe tener por acreditada la existencia de un daño insusceptible de reparación ulterior o la inminencia de un perjuicio si el amparista ni siquiera ha invocado que la Dirección General de Rentas hubiese intentado un cobro compulsivo de las sumas que surgen de las determinaciones de oficio practicadas, ya sea adoptando medidas administrativas o por vía jurisdiccional. (Del voto de los Dres. Daniele, Centanaro y Russo).
Ejecución fiscal, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: O.S.N. c/ CENTRO GALLEGO. s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-05

Procede la excepción de inhabilidad de título cuando la ejecución se promueve sobre la base de un documento que acredita una obligación no exigible (conf. C.N.Civ. Sala A, R. 25.062 del 29/10/86).

Si de las constancias de autos surge que la ejecutada se encuentra inscripta en la matrícula nro. 72 del Registro Nacional de Mutualidades, pero no se acreditó que la misma hubiere cumplido con la reglamentación impuesta por el decreto 1278/80, que estableció la exención de las mutualidades para el pago de las deudas de Obras Sanitarias de la Nación, corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta.
Cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, actos ilícitos, delitos
Materia: CIVIL
Carátula: Morales, Domingo Faustino c/ Provincia del Chubut s/ Indemnización Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-06-08

Coinciden doctrina y jurisprudencia admitiendo la posibilidad de solicitar en la jurisdicción civil el resarcimiento de los daños y perjuicios a pesar de la absolución del autor del hecho -o sobreseimiento- en la jurisdicción respectiva. Y se fundamente en la diferencia, que existe entre los actos ilícitos criminales y los actos ilícitos civiles. Los primeros son aquéllos que, por razones de orden público y de conveniencia social, se hallan incluidos en el Código punitivo y merecen sanciones especiales, que en su enorme mayoría se aplican sin intervención de las personas afectadas. Los segundos, en vez, aunque reprobados también por la ley debido a que tienen su génesis en el dolo o en la culpa, no caen dentro de aquel Código, sino en ciertos y determinados casos, que por su gravedad así lo aconsejan, pero no por ello pierden la ilicitud de su carácter, y esta distinción fue perfectamente prevista por el codificador en las notas a los artículo 1072 y 1081 del Código Civil.
Funcionarios judiciales, remuneración del personal judicial, remuneración del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonelli, Jorge O. c/ Gas del Estado S.E. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Resulta inequívoco que el decreto 1770/91, que reconoce la procedencia de diferencias de haberes a los magistrados en razón de la garantía constitucional de intangibilidad de su remuneración, no alcanza a los funcionarios que suplen o reemplazan a los jueces, y la extensión que prevé su art. 2° exige el requisito de equiparación legal o reglamentaria, a los jueces nacionales, en jerarquía o retribución. (Del voto de la Juez Garzón de Conte Grand, considerando IV).
Costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ COTI LIMITADA COOPERATIVA DE TRANSPORTE s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-29

La imposición de costas por su orden o en el orden causado lleva implícita la decisión de que cada litigante pagará las suyas y que las comunes deberán ser soportadas por mitades, salvo expresa aclaración en contrario, es decir las ocasionadas por la actividad conjunta de ambos justiciables o la actividad oficiosa del órgano jurisdiccional.
Subasta de inmuebles, deudas impositivas, tasas, obligaciones propter rem, obligaciones del comprador, deudas del vendedor, acción de repetición
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de la Provincia de Formosa S.E.M. s/ Homologación de convenio (Incidente de ejecución de acuerdo homologado) de convenio (Incidente de ejecución de acuerdo homologado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-10-18

Partiendo de la base que la obligación originada en la deuda municipal es "propter rem", y ante la situación dada que el producido de la subasta no alcanza a cubrir el monto cuyo cobro se persigue, corresponde que el comprador se haga cargo de la misma, sin perjuicio de su derecho de repetición contra el anterior propietario.
Orden de allanamiento, fundamentación de la resolución, inviolabilidad del domicilio, derechos y garantías constitucionales, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Betanzo,  Ricardo Gabriel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-13

El auto de allanamiento dictado recoge los datos objetivos informados por la autoridad policial respecto de la vigilancia efectuada sobre un kiosco, referidos al comportamiento de los jóvenes que concurrían al negocio -mirar en todas direcciones antes de ingresar; demorar su entrada si advierten que hay otros clientes; interrumpir la transacción si arriba alguien, cederle el lugar, y reanudar luego; destacando, asimismo, que esas circunstancias no se observan durante el día, cuando el kiosco es atendido por un hombre mayor y una señora.

Es así que dicho acto judicial reúne las condiciones de legitimidad como acto jurisdiccional válido (art. 224 del C.P.P.N.) para avasallar el legítimo derecho constitucional de preservar el ámbito de intimidad que protege la garantía de la inviolabilidad del domicilio, puesto que la señora magistrado actuante vertió allí lo motivos que la llevaban a presumir que la persona que atendía durante la noche y la madrugada el comercio vigilado, estaba implicada en el comercio de estupefacientes, por ello, resultaba conducente para investigación, por lo que el agravio examinado relacionado con la nulidad del procedimiento debe ser rechazado. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia; Dr. Hornos en disidencia parcial).
Concubinato, daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D., A. y otros c/ A., F. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-15

La concubina carece de legitimación para reclamar daños y perjuicios por la muerte de su compañero, ya que no es un damnificado "de jure", sino "de facto", y la muerte de aquél no le lesiona un derecho subjetivo porque no se encontraban unidos por un vínculo de derecho, no dándose así la hipótesis del art. 1068 del C. Civil, como tampoco la del art. 1079 del mismo Código.
Deber de imparcialidad, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Estrella, Luis Fernando; Menéndez, Luciano Benjamín; Vera, Domingo Benito s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

La garantía de imparcialidad no se ve vulnerada atento las decisiones impugnadas han sido adoptadas en el ejercicio de la jurisdicción con lo cual hubo un juicio justo, sin que exista ninguna circunstancia objetiva que pueda dar sustento al temor de parcialidad, máxime cuando el planteo de violación al plazo razonable fue rechazado.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, intervención federal, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rossi Cibils, Miguel Angel y otros s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Si la amenaza denunciada en la acción de amparo consiste en que la intervención federal haya sido dictada por el Poder Ejecutivo Nacional y no por el Congreso, que se encontraba sesionando, el hecho de que la cuestión estuviese en la órbita del Congreso no convierte en abstracta la cuestión, pues en tanto no decida la mentada intervención subsiste plenamente el interés de los peticionarios.
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL
Carátula: DE LA IGLESIA NAZAR BENITO ADOLFO c/ FILOSI OLINDA RUTH Y OTROS s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA - CASACIÓN CIVIL Y OTROS s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-12-20

No se integra correctamente la litis en el incidente de nulidad de subasta si tanto la compradora del bien rematado como el martillero interviniente, no han sido parte en tal incidente siendo partes del mismo todos aquellos a quienes en alguna medida interesa la suerte definitiva de la subasta.
Recurso extraordinario de nulidad, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gargiulo, René Ramón c/ Cuello de Simurro, María Inés y otro s/ Consignación, cumplimiento de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-26

La omisión de la Cámara de tratar una cuestión esencial como es el reclamo de daños y perjuicios formulado en la demanda constituye infracción al art. 156 de la Constitución de la Provincia.
Empleados públicos, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, reajuste jubilatorio, ley vigente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PALLANDRE, MATILDE EULALIA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-11

Por ley 23.682 (B.O. del 13.7.89), el personal que prestó servicios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria pasó a estar protegido por el régimen de la ley 22.955, lo que justifica hacer lugar al pedido de reajuste del haber previsional con base en esta norma, a partir de la vigencia de la referida ley 23.682.
Empleo público, AFIP, ius variandi, reescalafonamiento, cuerpo de abogados del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Vieiro, Ana María y otros c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-15

Debe confirmarse la sentencia que condenó a la AFIP a que restablezca las condiciones de trabajo y las remunerativas que los actores gozaban con anterioridad al dictado de las disposiciones 327/2014 y 328/2014, pues éstas alteraron o directamente privaron a los agentes de condiciones altamente favorables, que compensaban la imposibilidad de progresar en la carrera administrativa, para que pasaran a revistar en una categoría convencional que, aunque fuera un poco más alta que la anteriormente asignada a los agentes fiscales, era la categoría más baja en la que resultaba posible ubicar a un abogado que prestaba servicios permanentes y ordinarios en la AFIP, esto es, la correspondiente a un abogado recién ingresado (Disidencia del juez Maqueda).
Acción de amparo, aplicación de la ley, domicilio real, desistimiento de la acción, exceso ritual manifiesto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: GUERRERO, MIGUEL Y OTROS c/ P.E.N. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-17

Habiendo cumplido los actores con todos los requisitos necesarios para iniciar la acción de amparo -conforme lo establecido por el art. 6 de la ley 16.986- con excepción de la denuncia del domicilio real, derivar de esa omisión el tenerlos por desistidos del proceso aparece como un exceso ritual.
Materia: CIVIL
Carátula: LEGUIZAMON ALDO FRANCISCO c/ TELECOM CABLE COLOR AÑATUYA S/RETENCION DE HABERES s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-29

La garantía de la defensa no ampara la negligencia de los litigantes ni que ésta última pueda justificarse, como pretende el recurrente, imputando a terceros aquello que es fruto exclusivo de sus actos propios, en el caso, su responsabilidad por incumplir la carga legalmente impuesta de mantener el recurso concedido en tiempo oportuno, mediando debida notificación.
Actos y diligencias procesales, actos jurídicos, proceso judicial, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Mazzello de Quintana, Rosa s/ Acción de nulidad s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-10-16

El acto procesal se diferencia del acto jurídico en general, pues, como se ha dicho, tiene vida y eficacia sólo dentro del proceso en el cual se lo ejecuta y su finalidad no es producir efectos extremos sino posibilitar el dictado de la sentencia que ha de heterocomponer el litigio.
Amparo por mora, mora de la administración, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CLAIR, STELLA MARIS. c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN. s/ AMPARO POR MORA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-15

Resulta claro que no rige en este trámite -Ley 2865 que establece un régimen especial para los agentes de la Administración pública provincial cesanteados durante el gobierno militar- la modalidad de contar los plazos por días hábiles administrativos, toda vez que el legislador expresamente establece días corridos. El art. 28 del Código Civil señala que en todos los plazos que señalasen las leyes o los decretos de gobierno se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así. En el caso que nos ocupa el legislador ha ratificado claramente que los plazos comprenden los días feriados.
Prescripción, demanda
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: CASTILLO, HECTOR LEONIDES c/ LAS GRAMAS S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-03-10

Aunque la demanda demore dos años en ser notificada, no obsta a que se produzca el efecto interruptivo de la prescripción, toda vez que tal instituto debe ser interpretado en forma restrictiva a fin de favorecer la conservación de los derechos, y la sola interposición de la demanda produce el efecto interruptivo ya indicado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)