Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-16


WYNARCZIK, Ramona Virginia contra FRIAR S.A. Reg.: A y S t 205 p 67-69.

Santa Fe, 16 de Febrero del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia del 3 de julio de 2003, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista en autos "WYNARCZIK, Ramona Virginia contra FRIAR S.A. -Laboral- (Expte. 243/02)" (Expte. C.S.J. nro. 463, año 2003) y;

CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso extraordinario local, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista confirmó la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Laboral de la misma ciudad -que, a su turno, había condenado a la demandada a abonar a Ramona Virginia Wynarczik una suma de dinero comprensiva de indemnización por despido sin justa causa más una indemnización por la imposibilidad de acceder a la prestación por desempleo, con costas- (fs. 38/41).

Contra dicho decisorio endereza la demandada su recurso de inconstitucionalidad, tildándolo de arbitrario por lesionar derechos y garantías de rango constitucional (fs. 43/49).

Reprocha a la Alzada no atender ni resolver una defensa decisiva de su parte referida a que la privación de cobrar el subsidio por desempleo se debe a la exclusiva culpa de la actora debido a que no siguió el procedimiento previsto en el ordenamiento normativo para lograr su percepción (aún en el supuesto de despido con causa). Y además -agrega- en el expediente no se probó no percibirlo.

Además -indica- en el supuesto de que el dependiente hubiera sido despedido con causa, si no está de acuerdo con ésta, tiene facultades para cuestionarla probando sumariamente la verosimilitud de su posición, requiriendo aún en este caso el pago del subsidio, circunstancia tampoco probada en el proceso.

Y -continúa- aún cuando hubiese sido denegada por el Estado la petición, la orden de que su parte le pague una indemnización por no haber percibido ese subsidio constituye una sanción creada de manera arbitraria e inconstitucional por los jueces, arrogándose -de tal forma- el rol del legislador imponiendo a su parte el pago de una deuda que no corresponde legalmente.

Finalmente entiende que la sentencia adolece de falta de motivación suficiente en tanto no da razones para aplicar aquélla sanción no prevista en el ordenamiento normativo.

2. Denegada por el tribunal A quo la impugnación deducida -por considerar en concreto que las quejas sólo encerraban una cuestión de interpretación de la ley común- la perdidosa acude en queja ante esta Corte (fs. 61/67).

3. Toda vez que la postulación de la recurrente -desde la apreciación mínima y provisoria que corresponde a este estadio- cuenta "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa y supone articular con seriedad un planteo que exige examinar, con los principales a la vista, si la sentencia reúne o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial, no cabe sino concluir que la misma resulta idónea para franquear el remedio extraordinario.

Por ello, y sin que tal conclusión implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Ordenar la devolución del depósito efectuado. Disponer que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALIDI(en disidencia)-NETRI(en disidencia)- SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES GASTALDI Y NETRI: 3. De la confrontación de los agravios vertidos por la quejosa con la sentencia impugnada sólo se infiere su mera disconformidad con lo resuelto y aparece clara su pretensión de reabrir el debate acerca de cuestiones de derecho común, en una suerte de tercera instancia ordinaria, extraña a la esfera del remedio intentado.

Discrepando con la ponderación de circunstancias acreditadas en la causa, y fundamentalmente con la conclusión del A quo respecto a que correspondía confirmar la sentencia de primera instancia -que, a su turno, había receptado la pretensión relativa a la indemnización por despido sin causa con más una suma por haberse visto privada la actora del acceso al subsidio por desempleo-, la recurrente centra sus reparos en su criterio relativo a que no corresponde, en el caso, acoger la indemnización relativa al subsidio por desempleo en tanto la imposibilidad de su percepción se debió a la exclusiva culpa de la actora por no seguir el procedimiento previsto normativamente, sin que de ello pueda derivarse que su parte deba pagarlo.

Mas tal planteo (cabe precisar que no se cuestiona la parte de la sentencia referida a que no se probó la causal del despido, y que por lo tanto el mismo fue incausado) deja vislumbrar la discordancia entre la solución arribada por los Juzgadores -en ejercicio de funciones propias- y el criterio de la quejosa pero sin lograr persuadir la impugnante que la hermenéutica de las normas aplicables efectuada por el A quo exceda los márgenes de legalidad y razonabilidad tolerados al concluir que "...la demandada con su decisión, despido invocando una causal, ha obstado a la percepción de dicho beneficio que de conformidad a la ley 24013 corresponde a los trabajadores que hubieren perdido su puesto de trabajo por razones ajenas a su voluntad, es decir que no renunciaron a su anterior ocupación ni fueron despedidos por su culpa".

Aclarando seguidamente el Juzgador que "En las condiciones que la demandada colocó a la actora no podía solicitar el otorgamiento de la prestación en el término fijado por el inc. f) del art. 3ro. del decreto 2726/91 reglamentario del art. 152 de la ley 24013 (v. Resol. n. 16 y 115 del año 1999, Libro de Fallos N 10; Resol N 65/03 F. 13 y Resol. N 74/03 Libro de Fallos N 13) (fs. 40vto./41).

Tal criterio es reforzado por el Tribunal en el auto denegatorio al señalar que "...dentro del plazo legal, el beneficiario debe acompañar con la solicitud -inc. c) del art. 10 del decreto 739/02 (sic) el documento que acredite la extinción de la relación laboral, que como lo dispone la ley se otorga a los que hubieren perdido su trabajo siempre que no fuere por su culpa...". Y que "Se equivoca la recurrente al sostener que el actor debió recurrir a la sumaria prevista en el art. 2do. del decreto 739/02 (sic) para determinar la verosimilitud de la causal del despido, pues dicha norma es complementaria de la reglamentación del art. 114 de la ley 24013 por decreto 2726/91, que en su art. 4to., al regular los trabajadores que se encuentran en situación de desempleo para solicitar el beneficio, en su último apartado, dice que si hubiere dudas en la justa causa del despido se determinará sumariamente la verosimilitud de lo invocado por el trabajador".

Y continuó diciendo el A quo que "Como se vio la causal invocada para el despido no deja lugar a dudas que obedecía a culpa del actor, y ello solo se disipó recién al quedar firme la sentencia de esta Cámara, que entendió que la demandada no probó la causal alegada, sentencia del 03.07.03, es decir vencido ya el plazo de presentación de solicitud del beneficio, el distracto es de noviembre de 2000" (fs. 55/56 del auto deneg.).

Concluyendo, por tanto, que "...Por ello resulta responsable de las consecuencias de su decisión de despedir a la actora invocando una causal que no probó y que le impidió iniciar el beneficio del fondo de desempleo"; con lo cual amén de no rebatir la quejosa lo expuesto en el auto denegatorio al respecto, sus reproches carecen de entidad como para lograr la apertura de la instancia extraordinaria desde que sólo revelan su discordancia con la interpretación de normas de derecho común realizada por la Alzada.

Sabido es que a través del recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad, se trata de reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción y conviertan al pronunciamiento en una no sentencia, pero no autoriza a sustituir a las instancias ordinarias, en la interpretación del derecho sustantivo o procesal o en la ponderación del material fáctico del litigio, correspondiendo, de tal suerte, juzgar inadmisible la impugnación extraordinaria instaurada.

Fdo.:GASTALDI-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)