marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Emergencia administrativa, empleados públicos, incompatibilidad de cargos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Busada, Claudio Alberto y otros s/ Inconstitucionalidad ley 11.685 Marino, María B. y ot. s/ Inconstitucionalidad art. 10 ley 11.685
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10|2000-06-21

El art. 10 de la ley 11.685 al disponer que el Departamento Ejecutivo procederá a la baja del agente por la causal de incompatibilidad en el caso de comprobarse multiplicidad de empleos a excepción de la docencia por horas cátedra y de la enseñanza universitaria o superior con dedicación simple, restringe el amplio alcance que la norma constitucional le ha dado a la excepción del ejercicio de la docencia en el régimen de incompatibilidad. (Minoría u opinión personal)
Eximición de prisión, resolución denegatoria, fundamentación de la resolución, falta de fundamentación, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: BERDULLAS, Luis R. s/ eximición de prisión-Causa 15.896
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-21

Es nulo el auto que no hace lugar a la eximición de prisión por carencia de suficiente motivación ya que en él no se mencionan específicamente los elementos de convicción que justifican la calificación de la conducta endilgada al imputado. La discrepancia del instructor con el criterio que oportunamente utilizara quien lo subrogara no habilita sin más, a notificar la situación procesal del imputado, no obstante la contradicción existente en la modalidad escogida.
Mora, cumplimiento de la obligación
Materia: CIVIL
Carátula: ACALIA S.A. Y OTRO c/ CESPEDES AMBROSIO Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-06

Entre los efectos que la mora acarrea al deudor no figura la pérdida del derecho a cumplir tardíamente (conf. Moisset de Espanés "Mora del acreedor", J.A. 1977-II-707; Llambías, "Obligaciones", Nro. 133 bis; Wayar, "Tratado de la mora", p. 621 y 601; Bustamante Alsina, "Teoría general de la responsabilidad civil", Nro. 234; C.N Civ. Sala A, E.D. 68-166; íd. Sala D, L.L. 138-847).
Alimentos, cuota alimentaria, sueldo anual complementario
Materia: CIVIL
Carátula: G.A.G. Y OTROS c/ S.G. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-02

Si el convenio efectuado entre las partes para el cálculo de la pensión alimentaria se refiere a la totalidad de los ingresos que percibe el alimentante no cabe establecer excepciones y dejar de lado a tales fines el sueldo anual complementario.
Comité contra la tortura, recomendaciones de organismos internacionales, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, admisibilidad de la petición
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité Contra la Tortura - Observación General N° 1 c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 1997-11-21

En el marco del procedimiento establecido por el artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los expertos integrantes del Comité marcaron las directrices dentro de las cuales debe entenderse la aplicación del artículo 3° sobre peticiones de asilo y no deportación, frente al peligro de ser sometido a tortura si se es expulsado o extraditado a un estado determinado. Establecieron asimismo, criterios estrictos sobre alegación e información a presentar de parte del solicitante.
Depósito judicial, emergencia económica, pesificación
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHEZ, GLORIA Y OTROS c/ CRISMAR S.A. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEMANDA  LABORAL- ACCIDENTE DE TRABAJO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 67 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-22

Los depósitos judiciales resultan excluidos de la pesificación dispuesta por la legislación de emergencia, en cuanto nacen de una disposición legal, siendo los bancos que reciben tales depósitos custodios de las sumas de dinero, no tratándose de una relación con un "cliente", sin que pueda cambiar su naturaleza la posterior inversión en un "plazo fijo", en tanto proviene de una orden judicial efectuada materialmente en el banco, en que las normas pertinentes lo imponen y sin posibilidad de libre disposición, por lo que no pueden ser considerados como una inversión financiera sujeta a pesificación.
Jurisdicción y competencia, Contratos, locación, locación de servicios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, competencia nacional, Derecho civil, Derecho administrativo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Auditoría  Educativa  Diálogos  S.R.L. c/ Instituto Municipal deObra Social s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

Dado que la materia del pleito -incumplimiento de un contrato de locación de servicios celebrado con el ex-Instituto Municipal de Obra Social- atañe al derecho civil y no al derecho público de la ciudad de Buenos Aires, no corresponde que sea resuelto por los jueces locales en lo contencioso administrativo y tributario, sino por la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital, teniendo en cuenta que la puesta en marcha de la justicia civil de la ciudad se encuentra suspendida y sujeta al acuerdo entre los gobiernos federal y local.
Juicio ejecutivo, procedimiento monitorio, pagaré en blanco
Materia: CIVIL
Carátula: Daichman, Jorge Luis c/ Coll Acebal, Silvana s/ Monitorio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-02-23

Si bien el título puede crearse en blanco, necesariamente debe completarse a su vencimiento y antes de su presentación a juicio ( art. 11, 101 y 103 Dec.-Ley 5965/1963
Obligaciones del empleador, higiene y seguridad del trabajo, derecho a la integridad física, derecho a la integridad psíquica y moral
Materia: LABORAL
Carátula: JAIMES, JUAN c/ ALPARGATAS  S.A. s/ ACCION CONT. ART. 75 LCT
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-08

Como el deber de seguridad instituido en el art.75 LCT se configura en la obligación del empleador de adoptar las medidas necesarias que preservan la integridad psicofísica del trabajador y requiere para ser operativo que se integre con algunos de los subsistemas regulados por el C.Civil, no da lugar al ejercicio de una acción autónoma de derecho común.
Acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: El Rápido Argentino c/ Flecha de Oro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-14

Resulta imposible analizar en proceso ordinario (o de conocimiento) contra particulares, la validez de actos administrativos, pues ellos solo pueden ser juzgados a través de procesos contencioso administrativos cuyo tribunal competente y originario es la Suprema Corte de Justicia.
Acción de inconstitucionalidad, examen de admisibilidad, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Córdoba, Miguel Angel c/ Municipalidad de Icaño - Dpto. La Paz - Pcia. de Catamarca s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-29

La acción directa de inconstitucionalidad ha sido incorporada por vía jurisprudencial por este Superior Tribunal en el entendimiento de que la misma se encuentra implícitamente legislada en el Art.203, inc.2, de la Constitución Provincial al establecer que: "Corresponde a la Corte de Justicia el conocimiento y decisión: "... de las leyes, decretos o reglamentos que estatuyen sobre materias regidas por la Constitución".

Resulta menester puntualizar que dada la naturaleza excepcional de la acción directa, el examen de su admisibilidad, debe efectuarse con criterio sumamente restrictivo dado que se viabiliza el ejercicio de la jurisdicción constitucional en instancia originaria y exclusiva, que autoriza a este Cuerpo a disponer su rechazo in límine cuando su inadmisibilidad aparece manifiesta y ostensible, porque atenta contra la seguridad jurídica y el principio de respeto a las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes, imposición que tiene su correlato en la obligación de extremar el celo profesional en cualquier planteo que involucre alterar el ordenamiento jurídico en vigor.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Derecho penal, proceso penal, imputado, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: G, M L  Y  E, A M V DE s/ La cuestión a resolver: ¿El cómputo que establece el artículo 7 de  la ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al  tiempo de la vigencia de la ley, que continuan privados de su libertad? (Expte. Nro. 29-95; Expte. Nro. 28-95) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-11

Aún cuando la norma del artículo 7 de la ley 24390 pareciera prima facie importar una reducción de pena, la ratio legis resulta indicativa de una función más trascendente, cual es el restablecimiento del principio de proporcionalidad de aquélla, preservando la necesaria correspondencia entre la afectación de bienes jurídicos del condenado y la magnitud del injusto por él cometido, así como el grado de culpabilidad con que obró en la emergencia relevada típicamente. Por otra parte, la plausible función resocializadora que se le asigna modernamente a la pena no permite desconocer que, al propio tiempo, el ordenamiento legal le reconoce también naturaleza retributiva, como lo demuestra el sistema de escalas penales que fijan un mínimo legal. En este sentido, se ha dicho que si no existieran tales necesidades retributivas no se podría comprender, en un Derecho Penal orientado hacia las consecuencias, por qué va a ser perturbado el mejoramiento del condenado por los límites mínimos de la pena. Tal sistema de Derecho Penal limitaría -en el sentido del principio de proporcionalidad- el grado máximo de duración de la pena, y de ahí para abajo dejaría -en el sentido del concepto de resocialización- entrar sólo las necesidades del tratamiento. (Voto del Dr. Gimenez). En el caso la cuestión a resolver es ¿El cómputo que establece el artículo 7 de la Ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al tiempo de la vigencia de la ley, que continúan privados de su libertad?
Daño material, monto de la indemnización, doctrina, muerte de un hijo
Materia: CIVIL
Carátula: Juan Miguel Omar  c/ Olivera, Ricardo Julián y otro/a  s/ daños y perj.autom. c/les. o muerte (Exc.Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-05

La doctrina ha señalado que lo que debe evaluarse a fin de cuantificar el daño patrimonial sufrido por los padres a raíz de la desaparición de su hijo, es lo que cabe presumir -razonablemente-, que aquéllos podían esperar de éste. Por manera que el análisis no debe partir de una situación ideal, por el contrario, el mismo ha de proyectarse sobre los ingredientes que conforman la realidad existencial de las personas involucradas. Esto significa que los deudos sólo pueden peticionar aquello que pudiera entenderse que el damnificado directo, luego de satisfacer sus propias necesidades, les hubiera destinado (v. JUBA búsqueda en línea, sumario B301435, sent. de fecha 25/10/2005). Así las cosas, ponderando que el hijo tenía 23 años al momento de su fallecimiento, era de estado civil soltero y que el curso normal de su existencia hubiera implicado -cuanto menos- decidir y solventar su propio proyecto de vida, parece distante del criterio de razonabilidad antes descripto asumir que el joven asignaría la totalidad de sus ingresos percibidos al sostenimiento de su progenitor, y en cuanto al porcentaje que debe considerarse por tal concepto, se ha señalado que "como pauta general, se suele estimar que la ayuda futura que un hijo de ordinario podría brindar a un progenitor oscilaría en el 25% de sus ingresos. Se recurre a la presunción de que, como regla, el hijo ayudaría y contribuiría -en la medida de sus probabilidades objetivas- al sostenimiento económico de sus padres de conformidad con el criterio de normalidad y el estándar de "buen hijo" (arts. 1726 y concs. CCyC). Naturalmente, el aumento o reducción de esa pauta general dependerá de que el reclamo provenga de uno o ambos progenitores, de las pruebas vinculadas a la calidad o intimidad del vínculo, a la entidad de los ingresos de la víctima y sus progenitores, de la ayuda futura de los padres, especialmente lo que el hijo destinaba o pudiera destinar en un futuro a la asistencia de su propia familia (esposa o conviviente e hijos -la que se presume que constituiría) y otras circunstancias como la convivencia con el hijo fallecido, etc.)" (v. Galdós, Jorge Mario, p. 214 del artículo de mención con cita de CCCom. de Azul, sala II, causas 63667 y 63458; sents. de fechas 23/4/2019 y 28/2/2019, respectivamente).
Accidente de tránsito, legitimación activa, conductor no titular, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: SOTO DE VELAZQUEZ AZUCENA DEL VALLE c/ ASPIS MARCELO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-16

El usuario está legitimado para reclamar por la privación de uso del rodado (art. 111O del Cód. Civ.) pues la indisponibilidad del mismo le ocasiona un evidente perjuicio (art. 1068 y 1109 del Cód.

Civ.).
Concursos, liquidación de entidades financieras, honorarios, privilegios (comercial), Ley de Concursos, Ley de Entidades Financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: Nuevo Banco Santurce s/ quiebra s/incidente de verificación y pronto pago por Falcón  Eleonora S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

El crédito por honorarios que goza de la preferencia del art. 264, inc. 4°, de la ley 19.551, no resulta pospuesto por el privilegio del art. 54 de la ley 21.526 - según redacción de la ley 22.529 -.
Notificación, domicilio electrónico, efectos entre partes, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Giraudy, Justo J. c/ Caja Forense de Río Negro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad s/inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-08-30

El art. 8 del sistema de notificaciones electrónicas aprobado por Acordada N° 5/18 STJRN, que regula las notificaciones efectuadas en domicilios electrónicos constituidos, establece que producirán sus efectos procesales el día martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día hábil si alguno de aquellos resultase feriado o inhábil- a aquél en el que la cédula electrónica hubiere quedado disponible en el domicilio electrónico constituido por el destinatario de la notificación. Los plazos -expresa el artículo- comenzarán a correr al día siguiente del momento en que la notificación produce sus efectos, y la notificación ministerio legis (también denominada automática, o por nota), opera los días martes y viernes, o el siguiente día hábil judicial, si alguno de ellos no lo fuere (art. 133 del CPCyC). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pedro Moscuzza e Hijos S.A. c/ Montisol Argentina S.A.C.I.F. y ot. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

La decisión de la Cámara que resuelve sobre el carácter de no obligado de uno de los demandados y la adulteración del pagaré respecto del otro es definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial desde que no podrá ser objeto de discusión en un juicio ordinario posterior (art. 551 del Código citado). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio simple, emoción violenta, pericia psiquiátrica
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Jara, Santiago Germán  c/  s/ homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-08

Existió una práctica de la defensa que no debería repetirse; ya que corrió serio riesgo el contradictorio. La defensa planteó una defensa afirmativa, basada en un estado de emoción violenta, y al mismo tiempo impidió la realización de una pericia psiquiátrica y psicológica por parte de la Fiscalía (a través del Gabinete Médico Forense del Poder Judicial); y exigió, finalmente, que ante la duda se esté por calificar al hecho como sucedido mediando una emoción violenta, que las circunstancias hicieran excusable.
Competencia por el territorio, lugar del hecho, delitos, consumación del delito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S. P., R. s/ Conflicto negativo de competencia (Expte CSJ Nº 890-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

El Código Procesal Penal de la Provincia regula la competencia de los órganos jurisdiccionales y para la territorial, establece la competencia del juez del lugar de comisión del delito (artículo 31).

Por ello, para resolver la cuestión, es menester analizar cuál es la naturaleza jurídica del delito y cuál es el lugar y el momento en que se produce la consumación jurídica del mismo.
Medidas cautelares, jueces, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Coto  Centro  Integral  de  Comercialización  S.A. c/ Entre Ríos,Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

Si el juzgador estuviese obligado a extenderse en consideraciones respecto de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica durante el proceso cautelar, peligraría la carga que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción (Disidencia parcial de los Dres Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano).
Seguros, responsabilidad del asegurador, eximentes de responsabilidad, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: AGENCIA MARITIMA ROBINSON  S.A. c/ SOL DECORACIONES  S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-02

En la medida que el asegurador pretende exonerarse de responsabilidad sobre la base de que el daño producido no se vincula con el riesgo asegurado, deberá producir prueba de dicho extremo, lo que la recurrente no ha hecho.
Policía federal, haber de retiro, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio, carácter bonificable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Nigro  Carlos  Enrique c/ EN  M° Interior -PFA- Dto 2744/93 s/ Personal militar".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

Una cosa es establecer si determinada asignación, adicional o suplemento tiene carácter remunerativo es decir si debe ser incluido en la base de cálculo establecida por la ley para la fijación del haber de retiro establecido en ella, y otra distinta es determinar si dicha asignación, adicional o suplemento tiene carácter "bonificable", esto es, si debe ser incluida en la base establecida por los decretos que fijan el haber mensual, para calcular el monto de los suplementos generales y particulares que en cada caso corresponda (Del voto del juez Alemany, cons. IV).
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: SCETTA JUAN Y OTROS s/ LESIONES CULPOSAS Y OTROS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-09-09

El apoderamiento de las chapas de zinc, previo desclavarlas utilizando una herramienta adecuada y el consiguiente esfuerzo, constituye una actividad por parte de los encartados que requiere una fuerza que no es la normal, quienes vieron interrumpido el "iter criminis" por la pronta llegada de la policía que al sorprenderlos in fraganti, frustró la consumación del ilícito. La mera y circunstancial concurrencia de más de tres personas no significa que la conducta deba ser agravada según los términos del artículo 167 inciso 2 del Código Penal, debiendo subsumirse tal accionar en la figura del ROBO EN GRADO DE TENTATIVA, según los términos del artículo 164 y 42 del Código Penal.
Recurso extraordinario, principio de inmediación, revisión judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa -causa N° 1681-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-20

El recurso extraordinario resulta procedente, pues la interpretación del a quo sobre el recurso de casación restringe indebidamente su alcance, toda vez que excluye el tratamiento de agravios relativos a la validez de la construcción de la sentencia del tribunal oral, sin que exista obstáculo alguno para que la Cámara de Casación trate los agravios expuestos por el recurrente, pues el respeto por el principio de inmediación no impide examinar el razonamiento lógico y la valoración de la prueba expresados en la sentencia, de modo que la interpretación del alcance de la materia revisable por vía del recurso de casación se contrapone con la garantía constitucional de revisión del fallo. (del voto del Seños Ministro Dr. Don Carlos S. Fayt por sus fundamentos)
Contrato de trabajo, obligaciones de las partes
Materia: LABORAL
Carátula: PAEZ, MARIO c/ FATE s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-10

La regla de conducta genérica expresada en el art. 902 del C Civil en tanto impone que cuando mayor sea, según las circunstancias, el deber de obrar con prudencia, mayor ha de ser la responsabilidad por las consecuencias de los actos de quien soslaya tal deber, no está excluida del marco de la LCT, sino que, por el contrario, virtualmente la contiene a través de las que señalan los deberes genéricos de las partes, arts. 62 y 63.
Acción contencioso administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gerez, Hugo Horacio c/ Banco de Catamarca en Liquidación s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-08-14

Puede afirmarse de manera genérica que cuando un particular tiene un derecho cuya existencia no depende de reconocimiento administrativo, dependencia que sólo puede surgir de la ley expresa que la establezca, las manifestaciones que respecto de dicho pronunciamiento formule la administración son inhábiles para afectarlo, no constituyen actos administrativos y no requieren impugnación.

En esa inteligencia, y en concordancia con lo sostenido por la CSJN, no se configura el plazo de caducidad si no hay acción impugnatoria por no existir acto administrativo alguno, sino meros pronunciamientos administrativos.

De ello se colige que cuando se está en presencia de una simple negativa a reconocerle a una persona un derecho preexistente, no resulta necesario para su existencia o ejercicio que sea reconocido por acto administrativo particular, con la pertinente exigencia procesal del previo agotamiento de la vía administrativa para producir la apertura de la instancia jurisdiccional en lo contencioso administrativo.(Del voto de la mayoría. Dr. Cáceres-Dr.

Contreras S/L).
Accidente in itinere, trabajador, domicilio, accidentes de trabajo, trayecto, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vinisky, Martín Gerardo y otros c/ Consolidar A.R.T. S.A. y otro s/ Ley 24.557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-03

El evento sufrido por el trabajador en circunstancias de dirigirse a un lugar de veraneo (en el caso, Pinamar), no puede ser calificado como accidente de trabajo en los términos de la ley 24.557, por no encuadrar en los supuestos de excepción previstos en el art. 6 L.R.T. e inc. d) del Dec. Reg. 491/97. Ello así, puesto que el accidente se produjo en un recorrido que no era el habitual, y el motivo del traslado no fue el "trabajo" -requisito éste así tipificado por el referido art. 6 de la ley 24.557, que exige que el dependiente se esté desplazando desde su domicilio particular al establecimiento donde presta servicios o viceversa-, sino en exclusivo interés del occiso. (Disidencia del Dr. Fernández).