Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-02


SENT Nro. 02 San Miguel de Tucumán, 02 DE FEBRERO de 2004.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el art. 14 de ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación deducido por la defensa de José Carlos Mashmut en autos: "Mashmut, José Carlos y otro s/Homicidio"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- A fs. 237/241 la defensa de José Carlos Mashmut interpone recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Penal del 06/11/2003, que desestimó el planteo casatorio de su parte, dirigido a obtener el cambio de modalidad en el cumplimiento de la condena, denegado por la Excma. Cámara Penal, Sala Va. en los términos de la resolución de fecha 24/6/2003.

Alega que el pronunciamiento impugnado lesiona el derecho federal, por encontrarse en tela de juicio la inteligencia y aplicación de normas de carácter federal -ley nacional Nº 24.660 y su dto. reglamentario Nº 1058/97-, y la decisión ha sido contraria al derecho invocado por su parte. Relata los antecedentes del caso, señalando que se trata de una persona de 75 años de edad que padece de varias afecciones, lo cual haría procedente el cumplimiento de la pena impuesta bajo la modalidad de prisión domiciliaria. A su entender, dicha solicitud fue denegada no obstante encontrarse cumplidas todas las exigencias legales; omitiendo aplicar el art. 33 de la ley 24.660, en una interpretación irrazonable o arbitraria de esta normativa. Según afirma, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional resolver, de manera fundada y conforme a las reglas de la sana crítica racional, conceder o negar la alternativa legal; cuya conveniencia en el caso particular no requiere de pronunciamiento específico por parte de los peritos. Enfatiza que tales informes no son vinculantes para el Tribunal, toda vez que la ley sólo exige contar con ellos para resolver.

Niega que lo pretendido por la defensa sea una nueva valoración de los hechos de la causa; reiterando que en autos se habría conculcado el principio non bis in ídem, al valorar nuevamente las circunstancias de hecho por las que el imputado mereciera sanción penal. Puntualiza además que en autos se habrían valorado como decisivos, informes previos a la solicitud de la defensa; agravio que considera arbitrariamente desechado por esta Corte Suprema de Justicia. Pondera a favor de su asistido el informe social producido en autos, no valorado en la instancia de mérito; destacando que en autos tampoco se habría considerado la personalidad de su defendido. En su interpretación, los informes agregados a fs. 205/207 muestran que se trata de un anciano con sus fuerzas físicas y psíquicas deterioradas, y que su grupo familiar es fuerte y cohesionado, por lo que se encuentra en condiciones de asumir la responsabilidad que implica la prisión domiciliaria.

Corrida vista de ley, el Sr. Ministro Fiscal se pronuncia por la inadmisibilidad de la vía impugnativa intentada, por extemporánea introducción de la cuestión federal.

2.- Según dispone el art. 257, segundo párrafo del Código Procesal de la Nación, el Superior Tribunal de la causa ante el cual se ha planteado el remedio extraordinario decidirá sobre su admisibilidad; cuyo juzgamiento refiere a la presencia o no de los requisitos procedimentales propios de la vía tentada, que surgen de los arts. 14 y 15 de la ley 48. Entre los recaudos a cumplir se encuentra el imprescindible planteo y mantenimiento oportuno de la pretensa cuestión federal; presupuesto indispensable para su interposición, y que asume particular relevancia pues refiere a la "materia" del remedio intentado. Sobre ello, ha puntualizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que su intervención por vía del recurso extraordinario requiere que en las instancias ordinarias se haya invocado de manera precisa el derecho federal que se dice desconocido (cfr. Fallos...187:505).

La admisión o rechazo de las pretensiones de las partes constituyen contingencias o eventualidades previsibles, lo cual obliga a que los interesados propongan en su debida oportunidad todas las defensas pertinentes, incluyendo las de carácter federal. La finalidad es que tal cuestión sea siempre tratada y, de ser posible, fenezca ante los órganos superiores provinciales. Mas esto supone inexcusablemente la existencia de tal cuestión federal constitucional, y que ella haya sido precisa y tempestivamente introducida por quien sostiene su violación; habilitando en las instancias previas el tratamiento y consideración del tema. El recaudo en examen se exige en virtud del principio procesal dispositivo y sus consecuentes, de preclusión y congruencia, por lo que corresponde que el Tribunal que entiende, resuelva en la medida de los agravios formulados. Ello es así porque en la vía extraordinaria federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene asignada competencia recursiva y no competencia originaria. Tal resguardo procesal surge de las expresiones "se haya puesto en cuestión" (incs. 1 y 2 del art. 14, ley 48), "haya sido cuestionada" (inc. 3º del citado art. 14), y "en disputa" (art. 15 de la misma ley; cfr. CJSTuc., entre otras, sentencia del 08/7/99 en autos "Moya, Julio Armando vs. I.P.S.S.").

De las constancias de autos resulta que en oportunidad de interponer recurso de casación (fs. 213/215), la defensa no invocó cuestión federal alguna; pese a que según puede advertirse, la admisión o rechazo de sus agravios contra la denegatoria del cambio de modalidad en el cumplimiento de la pena, constituyó una contingencia o eventualidad previsible en esta causa. Conforme a lo considerado, la parte interesada debió proponer tempestivamente todas las defensas pertinentes, inclusive las de carácter federal; con mención del derecho de tal naturaleza que podría verse vulnerado en caso de denegarse la impugnación casatoria, y su conexión con los puntos debatidos en la causa. El planteo formulado recién en ocasión de deducir el recurso extraordinario federal impide la apertura de la instancia reclamada, por cuanto incumple el recaudo antes señalado.

La invocación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es igualmente ineficaz para lograr la concesión de la vía impugnativa intentada, por cuanto no permite soslayar el recaudo incumplido -esto es, la oportuna introducción de la cuestión federal-; en supuestos donde su pretensa configuración se muestra como una contingencia claramente previsible en una instancia anterior.

3.- De otra parte, se advierte que el recurso no se basta a sí mismo, pues omite rebatir de manera suficiente e integral los fundamentos de la sentencia cuya arbitrariedad denuncia. De su lectura emerge que la Sala Civil y Penal de esta Corte desestimó el recurso de casación intentado, por considerar que los agravios no exceden el disenso de la Sra. Defensora con la valoración de los hechos de la causa y de las circunstancias personales del acusado; reclamando en definitiva un nuevo juicio de valor sobre aquellas cuestiones, que resulta extraño a la labor casatoria. Contrariamente a lo sostenido por el impugnante, la Sala Civil y Penal de esta Corte no efectuó una nueva valoración de los hechos de la causa, sino que se pronunció sobre la tacha de arbitrariedad y ausencia de motivación alegada por la defensa como motivo del recurso, en torno a una cuestión esencialmente fáctica como la planteada en este incidente. Desde esta perspectiva, examinó la estructura lógica y racional del decisorio; poniendo de relieve que el Tribunal a quo se hizo cargo y examinó las concretas circunstancias personales del imputado, y emitió decisión fundada en los antecedentes del caso particular; mediante consideraciones directamente vinculadas al tipo de modalidad en el cumplimiento de la pena peticionada por la defensa. Añadió en tal sentido, que el discurso sentencial muestra, antes que un nuevo juzgamiento sobre el delito y su gravedad, una merituación relacionada con el cambio de modalidad peticionado y la personalidad del acusado.

Como principio, la instancia extraordinaria del art.14 de la ley 48 es ajena a la interpretación de leyes comunes de la Nación como son las normas contenidas en la ley nacional 24.660 y su reglamentación, sancionadas con arreglo al art. 67, inc.11, de la Constitución Nacional. El memorial introductorio del recurso extraordinario omite una crítica puntual y bastante de los argumentos no federales que sustentan el pronunciamiento recurrido, pues se limita a reiterar su cuestionamiento a lo resuelto en la instancia de mérito. En tal sentido, la defensa reproduce los fundamentos por los cuales estima procedente el cambio de modalidad impetrado, a partir de un análisis fragmentado de la sentencia que impugna; de la que hace derivar consecuencias que tampoco resultan de su texto. La recurrente soslaya razones decisivas expuestas por esta Corte, pues no las rebate, y se limita a asignarle determinaciones fácticas que no emergen del pronunciamiento.

De este modo, se incumple además el requisito de fundamentación autónoma; que comporta, como uno de sus componentes necesarios, que el recurrente impugne el fallo que objeta. Resulta inexcusable demostrar ante el más alto Tribunal de la Nación, las razones por las cuales la resolución judicial cuestionada no satisface el derecho federal. El recurrente debe expresar una crítica correcta, prolija y circunstanciada de todos y cada uno de los fundamentos que sustentan el fallo atacado, y que en el caso es la sentencia de esta Corte. Resulta imprescindible rebatir todos los argumentos en que se ha fundado el Tribunal Superior de la causa para llegar a las conclusiones cuestionadas; recaudo que no se cumple en la especie.

Efectuadas estas precisiones, se concluye que, a más de omitir la oportuna introducción de una cuestión federal, la impugnación extraordinaria no ha sido suficientemente fundada. La descalificación de las sentencias arbitrarias por el Alto Tribunal Nacional, se sustenta en que el vicio que las afecta compromete la intangibilidad de una o varias garantías de la Constitución Nacional. Por ello, se ha dicho que la arbitrariedad "no constituye un fundamento autónomo de la apelación del art. 14 de la ley 48, sino el medio idóneo para asegurar el reconocimiento de alguna de las garantías consagradas por la Constitución Nacional. Es improcedente el recurso si los recurrentes no demuestran claramente qué garantía constitucional resultó afectada por la interpretación legal del a quo (Fallos... 275:251; 300:1006; 301:602; 308:770, etc.; cfr. Guastavino, Elías P., "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, Tº I, pg. 512).

Esta Corte Suprema de Justicia ha expresado en numerosos precedentes, que la doctrina de la arbitrariedad no ha sido concebida para corregir sentencias que el recurrente estime equivocadas según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica el apartamiento palmario de la solución prevista por la ley, o una absoluta carencia de fundamentación. Si la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad resulta excepcional, tanto más lo es en el supuesto donde los argumentos del fallo atacado no han sido adecuadamente controvertidos en su totalidad por el recurrente, quien los parcializa en su impugnación. La Sala Civil y Penal de esta Corte ha expresado las razones que condujeron a desestimar el recurso de casación planteado por la defensa; cuyos agravios son insuficientes para advertir el déficit denunciado, con el alcance de descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido. Aparece así indemostrada prima facie la pretensa arbitrariedad; como tampoco se pone en evidencia de qué modo habrían sido vulnerados derechos constitucionales del imputado. Desde este enfoque se destaca, finalmente, y en el marco del presente juicio de admisibilidad del recurso federal, que la sentencia impugnada cuenta con una construcción argumental suficientemente fundada, razonada, lógica y coherente, lo que impide su descalificación como derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas del caso.

A mérito de las razones expresadas, se concluye que la inobservancia normativa de los arts. 14 y 15 de la ley 48 y art. 257 del CPCC de la Nación, que hacen a la admisibilidad de la vía en examen, conduce a la denegación de la vía recursiva extraordinaria intentada.

Por ello, y compartiendo la conclusión a la que arribara el Sr. Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

DENEGAR la concesión del recurso extraordinario federal deducido a fs. 237/241 por la defensa de José Carlos Mashmut, contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Penal del 06/11/2003.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA