Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22


Causa Nº 069-00/CC/2006 "Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/falta de habilitación y otras - Apelación" En dad de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil seis, se reúnen los integrantes de esta Sala III de la Cámara en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Alberto Curro, en su carácter de apoderado del Correo Oficial de la República Argentina S.A., obrante a fs.172/179.

La Marta Paz dijo:

Y VISTOS:

La sentencia dictada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de 1º instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 22, Secretaría única, de fecha 4 de abril de 2006 que condenó al "Correo Oficial de la República Argentina (CUIT 30-69229637-7) por las infracciones consignadas en las actas de comprobación nº 2/0818759 donde se imputó `no cumplir con inspección mensual de dos (2) matafuegos` (última inspección fue realizada el día 10 de diciembre de 2004), nº 2/0818760 donde se le imputó ´no exhibir al momento de la inspección contrato con empresa de seguridad privada, registro de la misma en la DGSSP y seguro de responsabilidad civil de la empresa de seguridad privada`, nº 2/0786171 donde se le imputó ´no tener habilitación, ni libros de registro de inspecciones, ni planos de habilitación, ni planos de instalación contra incendios y de instalación electromecánica y plano de instalación forzada`, y nº 2/0786172 donde se le imputó ´no tener en el momento de la inspección tarjetas de recarga reglamentaria de 21 matafuegosy por no tener el seguro de responsabilidad civil de dos montacargas´, todo ello el día 31 de mayo de 2005, entre las 10.50 y 11.05 hs aproximadamente, en Av. San Juan 1349 P.B., E.P. y 1º, a la sanción de multa de pesos nueve mil ($ 9.000), pagaderos en 10 cuotas mensuales y consecutivas de pesos novecientos ($ 900)...Imponiendo las cosas del proceso a la condenada..." El recurso de apelación interpuesto por Alberto Curro, en su carácter de apoderado del Correo Oficial de la República Argentina SA, en que se agravia, en primer término, por considerar incompetente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para entender en la materia que origina las multas recurridas, sosteniendo que es la Comisión Nacional de Comunicaciones quien ejerce exclusivamente el poder de policía sobre su representada. Por otra parte, se agravia por sostener que su representada no se equipara a ningún otro servicio público desde que sus rentas se incorporan al Tesoro de la Nación, por lo que concluye que el poder de policía ejercido en autos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interfiere con el cumplimiento de sus fines, configurándose así la prohibición prevista por el art. 75 inc. 30 in fine de la Constitución Nacional.

Cita en sustento de su planteo lo dispuesto en el artículo 75 inc. 30 de la Constitución Nacional, la ley 20216, y en los decretos 721/04, 1075/03, y 431/98, así como jurisprudencia. Solicita que se revoque la resolución apelada y se dejen sin efecto las sanciones fijadas a su representada. Formula reserva del caso federal.

Y CONSIDERANDO:

1.- El recurso de apelación fue deducido por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que cumple con los requisitos formales de admisibilidad.

2. -Las actas, así como la comisión de las infracciones no ha sido materia de impugnación anterior, ni agravio consecuente, por lo que su valor como prueba de cargo ha quedado firme.

Ello se desprende de las actuaciones que tengo a la vista y, en consecuencia, se ajusta a las constancias de autos el fallo de primera instancia al afirmar que "las probanzas reseñadas, valoradas en la forma expresada al comienzo del presente, acreditan la comisión de las infracciones que dieran origen a la presente causa" (fs. 166 vta., in fine). Y que: "de las actas de comprobación antes citadas, que reúnen los requisitos establecidos en el art. 3 de la ley 1217, constituyendo prueba suficiente de la comisión de las infracciones, conforme lo establece el art. 5 de la misma ley, como así también el propio descargo del apoderado de la empresa, quien en ningún momento negó la comisión de las mentadas infracciones, ni aportó prueba en contrario que desvirtúe las actas cuestionadas" (fs. 167).

3.- Sostuvo la a quo en su pronunciamiento que la defensa se limitó a sostener que el Correo Oficial de la República Argentina se encuentra exclusivamente bajo la órbita de la competencia federal y, por lo tanto, excluído del poder de policía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 167).

No asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que el Gobierno de la Ciudad no posee el ejercicio del poder de policía en el caso que se considera.

Ello es así porque el artículo 129 de la Constitución Nacional dispone que "la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación...". Y aunque éstas no se identifican de modo directo, pueden inferirse, interpretadas armónicamente con el resto de las disposiciones constitucionales.

4.- El máximo tribunal de la Nación ha dicho que "... en los establecimientos de utilidad pública de la Nación, sólo imperarán la jurisdicción y las leyes nacionales en lo afectado o inherente a esa utilidad nacional, para servir a objetivos expresamente encomendados al Gobierno federal por la Constitución y las leyes nacionales. En lo no comprendido en ese uso, las provincias mantendrán su jurisdicción o podrán ejercer los actos que de ésta deriven, en tanto no interfieran directa o indirectamente en las actividades normales que tal utilidad nacional implique... el régimen de gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, con facultades propias de legislación y jurisdicción, así como la cláusula de progreso económico y desarrollo humano (artículos 125 y 129 de la Constitución Nacional), conllevan necesariamente al establecimiento de un régimen comunal de contravenciones y faltas, en protección de la población (la negrita me pertenece). Actividad ésta propia de cualquier régimen municipal, y hasta tal punto esencial, que sólo bajo su aseguramiento por parte de las provincias, el Gobierno federal les garante a éstas el goce y el ejercicio de sus instituciones (artículo 5º de la Constitución Nacional)...la tesitura sostenida precedentemente (refiere a que no existe incompatibilidad entre la actuación de la justicia federal y la contravencional en ordenes distintos de competencia) es la que mejor se adecua al status constitucional especial de la ciudad...y a sus fines de control de la moralidad, seguridad, higiene y salubridad pública del establecimiento propio de los controles municipales..." (CS, "Casino Estrella de la Fortuna s/allanamiento" compartió e hizo suyos los fundamentos del dictamen del Procurador General, Competencia 599 XXXV, 16.4.02) El poder de policía es una potestad eminentemente local, y así lo ha reconocido desde antiguo el máximo Tribunal (Fallos: 7:150; 7:373; 320:89; 320:223; entre otros).

5.- Se agravia el apelante de que el ejercicio efectivo del poder de policía por parte de la Ciudad resultaría en un perjuicio del Gobierno federal que vería reducidas sus rentas, provenientes, entre otras, del correo.

Liminarmente debo señalar que el recurrente carece de interés legítimo para proponer este agravio, cuya titularidad recaería en el Estado Nacional.

Más allá de este impedimento, cabe recordar que, las autoridades de la Ciudad están en la misma posición que las de cualquier provincia dentro de la jerarquía del artículo 31 de la Constitución Nacional, con las únicas restricciones originadas en las leyes del Congreso Nacional que garanticen el interés federal, mientras la ciudad sea Capital de la Nación.

Como señala el Luis Lozano es obvio que la reforma sancionada en 1994 no buscó crear un ente con más poderes que una provincia, tampoco menos.

Estoy convencida, como sostiene, que el resultado de la reforma constitucional no fue establecer en la Ciudad un gobierno tullido.

Resulta aplicable la jurisprudencia sentada en el voto que emitió en autos "González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos Alberto y otros s/ Ley 255'" del9 de septiembre de 2004, expte. n° 2901/04en el sentido que "el constituyente ha diseñado los poderes legislativos de la Ciudad Autónoma como el resultado de detraer de los poderes locales definidos por los arts. 121 y ss. de la CN aquellos que el Congreso ejerza en interés federal...el Congreso solamente puede restringir esta autonomía porteña para garantizar el interés federal" Y que garantizar no es igual a promover ya que no puede jamás implicar expansión. "Es que, a su vez, los interes federales son, también como principio, de alcance general. Cuando el Congreso estima conveniente crear establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República...las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía...en tanto no interfieran con el cumplimiento de aquellos fines. Es decir, que cuando el Congreso desarrolla poderes con un alcance local, no desplaza a las autoridades naturales de la jurisdicción, sino cuando existe interferencia entre el ejercicio de esos poderes locales y los fines federales" No cabe glosar lo dicho que es suficientemente claro. No puede haber colisión ni interferencia en las competencias del Gobierno local y la Comisión Nacional de Comunicaciones ya que lo que determina la competencia de la última, y no puede ser de otro modo constitucionalmente, son los fines federales.

Tales fines refieren al poder de policía postal que es el único que importa a la órbita federal, no pudiendo comprender lo referente al poder de policía en materia de seguridad, salubridad, habilitaciones e higiene que, como es obvio, sólo importa alos habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Comparto plenamente el criterio de elucidación propuesto en el fallo, sobre la necesidad de aplicar, en cada caso, el razonamiento expuesto como prueba de compatibilidad entre el ejercicio meramente local del poder de policía y su consagración a satisfacer intereses federales, y en que ello proviene más allá de lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución Nacional de la interpretación como un plexo armónico de la Carta Magna en orden al sistema federal que ella instaura.

Y como el Luis Lozano señala la regla del artículo 75 inc. 30 de la Constitución Nacional no puede fundar, para el territorio de la Ciudad de Buenos Aires una facultad del Congreso distinta de la que el artículo 129 le reconoce. "Esta subordinación de la regla general contenida en el artículo 75 inc. 30 a la especial del artículo 129 está expresamente indicada por la claúsula transitoria séptima, precepto que determina que el Congreso ha perdido la condición de legislatura local de la Ciudad de Buenos Aires...Aunque su art. 1º reserva genéricamente poderes a la Nación, se trata de todos los poderes no atribuidos por la Constitución al ´gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires´...es evidente que sólo pueden ser aquellos destinados a garantizar el interés federal..." (la negrita me pertenece).

Me pregunto pues ¿qué interés federal tiene la Nación en la seguridad, salubridad, habilitaciones e higiene de los locales en que funciona el Correo Oficial y no dudo que la respuesta es: ninguno.

La reiteración de la alegación por parte del recurrente en el sentido que la potestad es de competencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones no puede tener acogida favorable, ya que los intereses federales son, como principio, de alcance general y no es dudoso, en este orden de ideas, que el ejercicio del poder cuestionado a la Ciudad no reviste, en absoluto, interés federal.

6.- En el sentido expuesto, Alberto Bianchi, refiriéndose al poder de policía en los E.E.U.U., -aunque en relación a otro tema- reseña que ya hace mas de un siglo Roger Taney, Chief Justice de la Corte norteamericana se preguntó: "¿que son los poderes de policía del estado. Ello son nada mas ni nada menos que los poderes de gobierno inherentes a toda soberanía en la extensión de sus dominios. Y si un Estado sanciona leyes de cuarentena, o para castigar faltas (la negrita me pertenece), o para establecer Cortes de Justicia... en cualquier caso, él ejerce el mismo poder; es decir, el poder de la soberanía, el poder de gobernar hombres y cosas dentro de los limites de su dominio. Es en virtud de ese poder que él legisla y su autoridad para hacer regulaciones... es tan absoluta como lo es su poder de sancionar leyes sobre la salud.. ."(5, Howard, 504, 583, citado por la Corte Argentina en "Avico c/De la Pesa", Fallos, 172-29; año 1934)" ("Control de Constitucionalidad", Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, 1992, pag. 77" ).

7.- El recurso interpuesto no entraña más que discrepancias con la sentencia impugnada, no revistiendo el carácter de crítica razonada y concreta de los fundamentos de ella, con los alcances exigidos por la ley para el recurso en análisis, y sólo por la amplitud que confiero al ejercicio del derecho de defensa he procedido a su tratamiento, más allá de la reiteración de argumentos y citas que el recurso importa.

Respecto a la reiterada alegación de que se ha contravenido lo dispuesto en la ley 20.216, y en los decretos nacionales 1075/03, 721/04 y 431/98, no sirve de fundamento al recurso impetrado.

En efecto, la ley 20216 se relaciona con la concesión general del servicio de correo, y no incluye disposiciones atinentes al poder de policía local.

Lo mismo ocurre con los decretos 1075/03 y 721/04. El primero se refiere a la rescisión por culpa del concesionario de la concesión del servicios de correo, y por el segundo se constituye la Sociedad Correo Oficial de la Republica Argentina S.A.

Y el decreto 431/98 fue, como señala con corrección la Sra. Fiscal de Cámara, valorado correctamente por la Sra. Jueza a quo, desde que no permite fundar, como sostiene el apelante, el ejercicio del poder de policía en cabeza de la Comisión Nacional de Comunicaciones, ya que a ésta le toca como concedente controlar el buen estado de los inmuebles desde otra óptica, que no es la que comprende la seguridad que corresponde a la autoridad local en ejercicio del poder de policía que excede la relación concedente- concesionario, y atañe a la población en general.

Por lo antes expuesto, jamás podría haber superposición de funciones ni, consecuentemente, colisión entre lo decidido por la CNC y la autoridad local.

Uno es el poder de policía en materia postal ejercido por la CNC y otro es el poder de policía que hace a la salubridad, higiene, habilitaciones y seguridad ejercido por el gobierno local.

8.- La propia página web de la CNC (www.cnc.gov.ar) contradice al recurrente, ya que describe sus funciones de la siguiente manera: "La CNC ejerce el Poder de Policía en materia postal y es Autoridad de Aplicación del Reglamento de Control del Correo Oficial y del Régimen de los Prestadores de Servicios Postales. Para el cumplimiento de dichos cometidos, a través de la Gerencia de Servicios Postales:Fiscaliza el cumplimiento por parte del Correo Oficial, de los Prestadores de Servicios Postales y además actores del mercado postal de las normas vigentes en la materia; administra el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales; fiscaliza el cumplimiento por parte del Correo Oficial de las obligaciones emergentes del Decreto Nº 1075/2003, mediante el que se dispuso la rescisión del Contrato de Concesión suscripto entre el ESTADO NACIONAL y la empresa CORREO ARGENTINO S.A. y la reasunción transitoria de la operación del Servicio Oficial de Correo; audita el cumplimiento de las condiciones y estándares de calidad en la prestación de los servicios postales; entiende en la aplicación del régimen sancionatorio previsto en las normas vigentes en materia postal; previene conductas anticompe titivas en el mercado postal y promueve su sanción en caso de que se verifiquen; asiste a la Autoridad Regulatoria en el dictado de normas reglamentarias de la actividad postal; asiste a la SECRETARIA DE COMUNICACIONES en la representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales que correspondan y en la elaboración y negociación de tratados, acuerdos, o convenios internacionales referidos a la actividad postal; y elabora estudios e informes del mercado postal, en particular, el Informe Anual del Mercado Postal" Esto es, el poder de policía en materia postal es el único ejercido por la CNC , lo que no desconoce la sentencia impugnada.

9.- Existe contradicción en la conducta procesal del apelante.

En efecto, si bien criticó la facultad del Gobierno de la Ciudad para ejercer el poder de policía, recaudar tasas, y fijar multas a su respecto, no cuestionó la constitucionalidad de la norma, de cuya aplicación al caso se queja.

Cuestionó la potestad de aplicar multas en materia de faltas alegando que corresponde la competencia federal pero se sometió a la competencia de la justicia contravencional y de faltas de la Ciudad sin promover la correspondiente cuestión.

Lo que torna aplicable también la doctrina de la Corte Suprema, conforme la cual el voluntario sometimiento a un régimen jurídico determinado impide, a falta de reserva expresa, su impugnación ulterior con base constitucional (Conf. sentencia del 11 de mayo de 1976 en la causa A, 47, L , XVII, "Asociación Obrera Minera Argentina c/Sociedad Minera Pirquitas Picchetti y Cia". (Fallo, citado en autos "Provincia de Buenos Aires c/Estado Nacional", Fallos: 297-356 (1977).

En el mismo sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad sostuvo que: "Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma vigente conducente a resolver el caso sin la previa declaración de inconstitucionalidad, ya que la sentencia que prescindiera de tal declaración y desaplicase el derecho vigente queda descalificada por arbitraria" Del voto de los Dres. Guillermo A Muñoz, José O. Casás y Ana María Conde in re "Perrone Héctor Alejandro c/Gobierno de la Ciudad s/Amparo", Expte. TDJBA nº 30/99, del 21/04/1999).

Y en autos tal pedido de inconstitucionalidad no fue formulado por el recurrente, ni la hipótesis admite una declaración de oficio de la misma.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara RESUELVO:

1) CONFIRMAR LA SENTENCIA apelada en cuando ha sido materia de recurso. Con costas.

2) Regístrese. Notifíquese y oportunamente devuélvase al juzgado de origen.

El Jorge A. Franza dijo:

Comparto el criterio de mi colega preopinante, Marta Paz, en el sentido que los agravios mencionados ya se han planteado y contestado oportunamente y los que se pretende introducir ahora como ocasionados por el fallo de fs. 165/170, no son en realidad más que la mera discrepancia con los fundamentos de la Señora juez de grado. Por ello desde ya dejo sentada mi postura en cuanto deberá confirmarse la sentencia recurrida.

Expondré a continuación mi tesitura con respecto a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y las facultades del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia concerniente al poder policía que detenta la metrópolis.

Los constituyentes consagraron en el artículo 129 de la Constitución Nacional. la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, reconociéndole a su pueblo la aptitud para elegir a su Jefe de gobierno, facultades propias de legislación y jurisdicción, y el dictado, por medio de su representantes, del estatuto organizativo de sus instituciones. Así, "Corresponde aclarar el término "Autonomía" la cual se entiende como facultad que se reconoce a un ente institucional de darse sus propias normas de organización y funcionamiento" (conf. Garrido Falla, Fernando, Tratado de Derecho Administrativo, Vol I.,p.268).

Lo que aquí se trata de dilucidar es si el control de las infracciones juzgadas por el Juez de grado constituyen resorte exclusivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires posee competencia en cuestiones de seguridad, higiene y salubridad y es quien ejerce el poder de policía.

El poder de policía de cada jurisdicción territorial es local (nación, provincia o municipio); conservando las provincias todo el poder no delegado al gobierno federal y el que expresamente se reservaron por pactos especiales al tiempo de su incorporación (art. 121 CN.) y a tal efecto se dieron sus propias constituciones locales y se rigieron por ellas, sancionando para sí una Constitución de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías que aseguren su administración de justicia, régimen municipal y educación primaria (art. 5, 122 y 123 CN).

Por su parte, el art. 129 CN. reformada en 1994 estableció, en igualdad de condiciones, que la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por su propio pueblo.

En cumplimiento de ese mandato, el 1 de octubre de 1996 se sancionó su constitución, cuyo art. 1 prescribe: "La ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa (...). La ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constitución Nacional al gobierno federal".

En cuanto al ejercicio de su autonomía legislativa, examinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el nuevo status constitucional de la ciudad, señalando que ésta conserva el ejercicio del poder de policía que es propio del gobierno local Corte Sup., cuestión de competencia 6 XXXVII en autos rotulados "Pereyra Herling, Amílcar G. s/infr. decreto ley 6618/1957", del 5 de junio de 2001; pudiendo sus autoridades dictar leyes conducentes a su bienestar y prosperidad en ejercicio de ese poder (Corte Sup., S.582 XXIII en autos "Siderman, José s/nulidad", del 10 de octubre de 2000, Fallos 323:2978).

En consonancia con estas ideas, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó: "En el orden local, el art. 104 inc. 11 CCABA. establece "atribuciones y facultades del jefe de gobierno: (...) 11. Ejerce el poder policía, incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional que se encuentren en la Ciudad" y el art. 105 inc. 6 CCABA. prescribe: "Son deberes del jefe de gobierno: (...) 6. Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público", por lo tanto concluye que de los artículos de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires anteriormente mencionados se determina que el poder de policía en materia de higiene, seguridad y orden público lo ejerce el jefe de gobierno" (causa SAC. 58/1999, "PACA S.A. s/recurso de queja, del 9/9/1999, voto de los Dres. Conde y Casás).

También resolvió que "...ciertas conductas forman parte del ámbito contravencional como consecuencia del poder de policía en cabeza de los distintos niveles de gobierno que componen un Estado federal" y aseveró que "la Ciudad integra, como un Estado más -si bien con particularidades que la diferencian de las provincias- el sistema federal argentino. Por ello, el dictado de la legislación de faltas o contravencional, necesarias para regular la conducta de sus habitantes y de quienes a diario transitan por ella, se encuentra dentro de su autonomía constitucional (art. 129 CN.)" (Conf. TSJBA., causa 245/00, autos "León, Benito M. s/recurso de inconstitucionalidad, art. 71 Código Contravencional", del 24 de octubre de 2000, del voto del Casás).

En síntesis, "la Ciudad tiene el poder de policía sobre todo su territorio, el que también alcanza a los establecimientos en él ubicados, aunque el Congreso los hubiera declarado de utilidad nacional, ya que debe descartarse que existan dentro de los límites de su jurisdicción enclaves federales inmunes y, mucho menos, privados" (TSJBA, Expediente No 456/00 y su acumulado expte. No 457/00, "Centro Costa Salguero S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo s/recurso de queja por denegación de recurso inconstitucionalidad" 24 de octubre de 2000 conf. votos de los Conde, Casas, Ruiz, Muñoz, Maier).

La reforma constitucional del artículo 67 inc. 27 en el año 1994 (hoy art. 75 inc. 30) ha sido contundente, pues involucra tanto a las provincias como a los municipios, conviniendo que ambos conservan los poderes de policía e imposición sobre los establecimientos de utilidad nacional, en tanto no interfieran en el cumplimiento de los fines específicos de dichos lugares, teniendo ello inclusive acogimiento constitucional por parte de nuestra Corte Suprema en el caso "Operadora de Servicios SA c/Municipalidad de Avellaneda" del 28 de abril de 1998 en donde sostuvo que "No hay razón que autorice a desconocer la competencia ejercida por el municipio y sus poderes son plenos en tanto su ejercicio no vaya contra lo que constituye la razón de ser de la jurisdicción nacional en ellos" .(confr. Horacio Rosatti, Tratado de derecho municipal, tomo I, Rubinzal - Culzoni Editores, 1ª ed., Santa Fe, Argentina, año 2006, pág. 213/214).

De ahí que (más allá de los formidables avances y contribuciones logrados por Ekmekdjian en la determinación del status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires), coincidimos con Rosatti en considerar que ella es una "'ciudad constitucional federada' por que integra directamente el sistema federativo argentino, juntamente con el gobierno federal y las provincias (arts. 54 y 75, inc. 2º y 31), a los que deben agregarse -desde el punto de vista de la descentralización político-territorial- los municipios (art. 5º) en las condiciones del Derecho Público provincial (art. 123) y-eventualmente- las regiones, en las condiciones del Derecho Público interprovincial (art. 124)" (confr. ob. cit. Tomo II, pág. 289).

Para afianzar aún más mi postura, vale realizar la analogía con el dominio y jurisdicción sobre el puerto que tiene la ciudad a partir del art. 8º último párrafo de la constitución porteña, pues ella "ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas", siendo perspicuo entonces que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene los poderes de policía e imposición sobre el puerto, en tanto su actividad no interfiera en el cumplimiento de los fines específicos del establecimiento.

De lo expuesto sólo cabe concluir que el incumplimiento en materia de seguridad en el local de la empresa de Correo Oficial de la República Argentina SA -y que no se vinculen a una finalidad de servicio postal- cualquiera sea la naturaleza del dominio y titularidad de ellas, están sujetas al poder de policía de la ciudad y no se advierte (a partir de las normativas examinadas en los párrafos precedentes) que se haya vedado a la autoridad local la posibilidad de regular los requisitos mínimos que deberá cumplir la estructura edilicia mencionada con respecto a la seguridad e higiene, sino al contrario, deviene del ejercicio del poder de policía propio, cedido por el Estado nacional a la ciudad.

Por lo tanto, voto por que se confirme la sentencia apelada, en cuanto fuera materia de recurso, con costas de alzada.

La Silvina A. Manes dijo:

1.- En primer lugar, he de dejar sentado que adhiero a los votos de los doctores Paz y Franza, ya que merecen mi coincidencia, con la reserva de lo referido al status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires expuesto por el Franza.

Por lo demás, adelanto mi postura confirmatoria de la sentencia puesta en crisis, considerando pertinente efectuar la siguiente aclaración sobre los límites al poder de policía local.

2.- El poder de policía en sentido amplio es un instrumento flexible, tendiente a la protección de los intereses sociales. Su fuente es el art. 14, lª parte de la Constitución Nacional en cuanto reza: "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentes su ejercicio". De esta norma deriva directamente el reconocimiento amplio de la facultad del Estado de reglamentar los derechos, por lo que el poder de policía no se agota en la seguridad, salubridad y moralidad, sino que abarca numerosas actividades como la economía, la seguridad social, la industria, el comercio, etc. (CSJN "Ercolano c/Lanteri de Renshaw" Fallos 154:259 Y 172:29 entre otros) 3.- Para establecer el límite del poder de policía, es importante reconocer que no es una atribución que amplía las facultades del órgano que lo utiliza frente a otros órganos de gobierno. Se debe vincular siempre su ejercicio especifico para reglamentar derechos, con la atribución de facultades por materia, ya que, al menos formalmente, el poder de policía nunca es una fuente para ampliar facultades de la autoridad local frente al poder nacional, ni al revés.

4.- La Corte Suprema ha reconocido de antiguo que el poder de policía corresponde a las provincias (Fallos, 7:150; 101:126; 154:5 y otros) estableciendo que los actos de las Legislaturas provinciales "no pueden ser invalidados, sino en aquellos casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional en términos expresos un exclusivo poder, o en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas, fuera de cuyos casos, es incuestionable que las provincias retienen una autoridad concurrente con el Congreso" (Mendoza c/provincia de San Luis, Fallos, 3:131, consid. 2).

De allí que el ejercicio del poder de policía presenta por un lado aspectos estrictamente locales, susceptibles de reglamentación provincial, y de otro lado, aspectos que escapan a la reserva del art. 121 de la CN, y por tanto competen al gobierno federal, cuando la actividad se encuentra relacionada con fines federales de máxima jerarquía (Fallos 199:483, p.527 y 529). De ello se sigue que las provincias no pueden usar su poder de policía ordinario para prohibir o suprimir per se actividades propias del gobierno federal, ya que comprometería altos intereses nacionales (fallos 173:429; 252:39 entre otros).

5.- Trasladando estos conceptos al sub examine es necesario resaltar que el servicio público de correo, regulado por las normas citadas por el recurrente, en modo alguno ha sido alterado, prohibido o suprimido por el ejercicio del poder de policía que en materia de seguridad, salubridad, higiene y habilitaciones detenta la ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que, por otra parte, de ninguna manera concurre con el que le corresponde a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que sí lo lleva a cabo en materia postal como ente regulador de este servicio.

Las infracciones comprobadas, fueron labradas en ejercicio del poder de policía local, sin que exista la mínima interferencia de éste con los fines federales del servicio postal, no habiéndose demostrado el compromiso o afectación de los intereses nacionales.

6.- De modo pues, propongo al acuerdo se confirme en un todo la sentencia apelada en cuanto fuera materia de recurso, con costas de alzada.

Atento el mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR la sentencia de fecha 4 de abril de 2006 obrante a fs. 165/170, en cuanto condena a la sanción de MULTA de pesos nueve mil ($ 9000) al Correo Oficial de la República Argentina S.A. CON COSTAS (art. 55 inc. h de la Ley 1217).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 22.

Ante mí:

En dede 2006 libré dos cédulas. Conste.

Ende de 2006 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

En dede 2006 notifico a la Secretaría General la remisión de los autos al Juzgado de orígen. Conste.

Ende de 2006 remití las actuaciones al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 22. Conste.