marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recusación, Superior Tribunal de Justicia, recusación por juicio pendiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-16

Si bien el inciso 3. del art. 17 del C.P.C.C , de conformidad con el art. 30 del citado Cuerpo determinan como causal de recusación "tener el juez pleito pendiente con el recurrente", ello, no sería de aplicación al caso concreto que nos ocupa; por cuanto la actuación del Magistrado lo es su condición de Organo - Individuo del Estado Provincial, situación ésta que de ningún modo ha comprometido ni compromete su opinión en las causas en que el Estado es parte y en las que debe entender por imperio de la Constitución Provincial o de aquellas normas legales que le atribuyen competencia. (Dr. Absi:

Según su voto).
Beneficios previsionales, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Barrios, Stella Maris c/ ANSeS y otro s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-03

Teniendo en cuenta que cuando se trata de determinar el derecho de la viuda a obtener la pensión por muerte del afiliado en actividad es aplicable la ley vigente al momento del deceso del causante, resulta claro que la situación jurídica de la peticionante se encuentra bajo el amparo del decreto 1120/94 y, como la protección previsional no está sujeta a condiciones de satisfacción imposible y la regularidad de los aportes no debe ser evaluada sobre la base de considerar sólo un período laboral que no pudo ser completado, asiste razón a la recurrente si el causante estaba realizando aportes al momento en que se agravó su estado de salud, máxime si contribuyó por un prolongado lapso al sistema. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Homologación judicial, trámites judiciales
Materia: LABORAL
Carátula: FRANCO ALEJANDRO JOSE c/ NUEVO DIARIO Y/O RESPONSABLE s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-02-04

La palabra homologación se entiende como la "acción y efecto de confirmar y aprobar el juez ciertos actos y convenciones celebrados por las partes para hacerlos más firmes, ejecutivos y solemnes". Es así que el pedido de homologación configura un proceso atípico, cuyo trámite se circunscribe a la comprobación de los hechos litigiosos y, en especial, lo inherente a la autenticidad o falsedad del documento presentado.
Derecho procesal, partes del proceso, beneficio de litigar sin gastos, imposibilidad de pago
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Venar Carburantes SA c/ Rafael Ramirez, Diego Enrique  s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-08

Cabe otorgar a la actora en un 100% el beneficio de litigar sin gastos solicitado. Es que, el elemento de juicio por excelencia para definir casos como el de la especie lo constituyen aquellos provenientes de la contabilidad de la empresa o, al menos, de la opinión fundada vertida por un profesional competente en la materia (v. esta Sala F, 5/10/10, "Latam Networks SRL c/ One for All Argentina SRL s/ ben. de litigar sin gastos", Exp. N° 001957/09 y citas jurisprudenciales allí efectuadas). Ello por cuanto la imposibilidad de la sociedad para obtener recursos se traduce necesariamente en una suerte de inoperancia que puede afectar su normal desenvolvimiento en el quehacer comercial, bien distinta de la modestia de medios económicos que concurre en quien puede litigar sin gastos. Y en el caso, ha acreditado el hecho invocado referente a la escasa actividad comercial del ente luego de la ruptura contractual con cierta petrolera.
Renuncia tácita, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: Medefin  SA . Compañía Financiera c/ DGI. s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-01

No es caprichoso dar por cierto que la voluntariedad en el cumplimiento de la norma, requerida para considerar procedente la presunción de renuncia, no concurre cuando el cumplimiento no traduce reconocimiento de la validez o legitimidad del régimen jurídico de que se trate, sino que responde al notorio propósito de obtener un beneficio.
Nulidad de sentencia, sentencia absolutoria, concurso ideal, concurso aparente de leyes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SCHNEIDER, E.A. s/ NULIDAD DE SENTENCIA    CONCURSO DE DELITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-18

La omisión de la absolución no causa la nulidad de la sentencia porque el diferente criterio que acerca de la unidad y pluralidad de hechos tenga el Ministerio Público, el Juez y la Cámara jamás puede causar la nulidad de aquélla. En ese sentido, si el Juez de primera instancia consideró que se trataba de un concurso ideal o de un concurso aparente de tipos no corresponde que se pronuncie absolutoriamente y aunque el Tribunal de alzada no comparta ese criterio, no procede declarar la nulidad de la sentencia por tal motivo.
Filiación, reconocimiento en sede judicial, posesión de estado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D. A. c/ I. F. E y/ o sus sucesores universales s/ Acción de reclamación de estado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-21

Si bien el art. 249 del C.Civ. determina expresamente que el reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo formula, debe admitirse vocación hereditaria del reconociente tardío que dispensó a aquél el trato propio de un hijo, integrándolo a su núcleo familiar y prestándole asistencia, ayuda económica y espiritual en base a lo cual se tuvo por acreditada la posesión de estado (art. 256 del C.Civ.).
Verificación tardía, prueba documental, sello
Materia: COMERCIAL-PROCESAL CIVIL
Carátula: MAZZUCO  JUAN  -  INCIDENTE  DE  VERIFICACION  TARDIA  EN  REHACE  EN KONSTRUCCIONES  S.A.  - QUIEBRA PEDIDA s/ QUIEBRA    PEDIDA   -  INCIDENTE  DE  VERIFICACION  TARDIA  -  PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-17

En la verificación de crédito, a los fines de probar la causa de la obligación, acompañar recibos que no han sido reconocidos en juicio como corresponde a los instrumentos privados, carecen de todo valor probatorio.

El hecho, de que los recibos están sellados por la fallida, es absolutamente irrelevante de por sí, dado que la firma es la condición esencial del acto privado para su existencia legal art.

1012 C. Civil), requisito este que recoge la ley formal (arts. 233 y 234 del C.P.C. y 301 de la ley 19.551). Si por ello es así en las contiendas individuales, asume mayor importancia aún en el juicio colectivo por el interés de los demás acreedores concurrentes.-
Alimentos, cuota alimentaria, actualización monetaria, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: B. DE F. c/ F.E. s/ ALIMENTOS- LITIS EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-06

Para la liquidación de la deuda por alimentos atrasados debe actualizarse la cuota de acuerdo a las pautas establecidas hasta la fecha en que ella se practica y, a su resultado, deducirle las sumas que pudieren haberse hecho efectivas durante cada período, previamente actualizadas de la misma manera, para luego calcular sobre las diferencias que hubiere el interés correspondiente (conf.

C.N.Civ. Sala E, E.D. 108-498).
Despido sin causa, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: ALVARADO PAREDES CIRILO ANTONIO c/ NOTA ADA s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-12-05

La demandada, en su responde, admitió su voluntad resolutoria unilateral del contrato laboral que la unía al actor y aunque invocó como causa el cierre del establecimiento, además de ser extemporánea dicha invocación, en ocasión de la contestación de demanda, no lo probó en autos. Y si bien no admitió haberse negado a abonar la liquidación final correspondiente, no ofreció hacerlo ni demostró a lo largo de estos autos que hubiera dado cumplimiento con tal obligación legal, por lo que corresponde, en virtud de lo dispuesto por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo hacer lugar a la indemnazación por despido incausado, de acuerdo a la antiguedad reconocida por ambas partes.
Sujetos del proceso penal, facultades del querellante, querellante conjunto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M.Q., S. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-14

El STJ sostuvo que "...si con arreglo al C.P., artículo 71, a la Constitución Provincial, artículo 195 inc. 3ro. y al C.P.P. artículo 12, el Estado, a través de sus órganos predispuestos, es el principal legitimado -conforme al principio de oficialidad- a perseguir los delitos de acción pública, el querellante podrá adherirse a la investigación ya iniciada, pero con las limitaciones que el C.P.P. establece.

Estas restricciones, en el caso, equivalen a que el derecho de la parte querellante a recurrir las decisiones jurisdiccionales, depende de la autorización expresa de la ley o que pueda hacerlo el Ministerio Fiscal y que efectivamente el titular de la acción ejercite la impugnación. Aceptar la autonomía recursiva del querellante que vaya más allá del interés incriminante fiscal sería delegar, por medio del ritual, a un acusador privado con plena independencia, una acción penal que el orden público no le ha concedido.
Trabajadores de la construcción, yesero, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: DIMA, EDUARDO c/ ISOCOR SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-11-30

No se encuentra comprendido en las disposiciones de la Ley 17258 la empresa que se dedica a la fabricación e instalación de cielorrasos (placas de yeso o aluminio que se aplican a los techos de departamentos terminados) pues es simplemente una proveedora de la Industria de la Construcción, no obstando a ello la circunstancia de encontrarse inscripta en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción.
Remuneración, diferencias salariales, inversión de la carga de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Soria, David c/ MIG S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-28

Aún cuando para el género de reclamos de diferencias remuneratorias se invierte la carga probatoria, correspondiéndole al empleador la demostración contraria al reclamo, ello supone como condición previa la precisa y concreta formulación en la demanda de los hechos y circunstancias que dan sustento a su pedimento, pues de otro modo, se priva en primer lugar a la contraparte de conocer cabalmente el contenido del reclamo para poder así alegar y demostrar en contrario, aspecto que se conecta con el derecho a la debida defensa en juicio, de cuño constitucional; y luego, también se ve impedida la magistratura de conocer y decidir el tópico insuficiente u oscuramente planteado.
Libertad condicional, resolución denegatoria, calificación de conducta del interno, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bordón, Pedro Maximiliano s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-13

Se advierte del resolutorio en crisis la ausencia de toda mención y valoración concreta de las circunstancias que llevaron al "a quo" a sostener que los informes señalados resultan decisivos para determinar que no le corresponde al condenado acceder al beneficio de la libertad condicional, máxime si se tiene en cuenta que los mismos no son terminantes en cuanto a la imposibilidad de su reinserción social, sino que simplemente la ponen en duda, habiendo debido el magistrado interviniente explicitar de qué manera dichos informes resultan concluyentes para resolver de la manera en que lo hizo. Cabe señalar en tal sentido que los informes emanados de la autoridad penitenciaria actúan simplemente como asesores del Tribunal, siendo este último quien concede la libertad condicional una vez evaluados los informes remitidos por el órgano administrativo, los cuales carecen de un poder vinculante. En todo caso, la duda en cuanto a la reinserción social que tendría el nombrado a su egreso debe ser definitiva en favor de la libertad del condenado (Voto del Dr. Hornos).
Compensación económica, presupuesto
Materia: CIVIL
Carátula: Z., M. G. c/ D., O. R. s/ incidente liquidación régimen de comunidad Gómez, Nancy Noemí c/ Coello, Dora Olga y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-06-04|2019-05-16

El art. 441 CCC describe como presupuestos sustanciales que el divorcio le haya producido a quien pide la compensación económica un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación, lo cual debe tener por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura. De esa manera la norma busca compensar los desequilibrios económicos sufridos por uno de los miembros del matrimonio desavenido con respecto al otro, como consecuencia del divorcio, situación que impide a uno de los cónyuges su desenvolvimiento económico independiente, provocando una desigualdad y una suerte de enriquecimiento injusto del obligado al pago.
Juicio de apremio, redargución de falsedad
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: VITANTONIO, JUAN CLEMENTE Y OTROS c/ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SANTA FE s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-05-09

Corresponde que siga entendiendo en la causa el Juzgado Laboral ante el cual tramita la causa donde se pretende hacer valer el instrumento cuya impugnación se solicita ante otro órgano jurisdiccional, atento que en el presente se persigue la redargución de falsedad de una cédula de notificación cuya posible solución posee innegable injerencia en el apremio tramitado ante aquel Tribunal, a punto tal que, ante la eventualidad de que prospere la acción aquí intentada, no habría título hábil que justifique aquel proceso.
Proceso contravencional, audiencia de juicio contravencional, facultades del fiscal, facultades del juez
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P., L.E.L. s/ Artículo 37
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

Producida la audiencia, el comportamiento del Fiscal al abdicar de su propuesta inicial y retirar la acusación, no tiene que obligar al Juez a opinar en igual sentido. En ninguna norma legal vigente se reconoce esa posibilidad.

En consecuencia, una vez producida la prueba, el Juez debe formular su propio análisis de valor que no tiene por qué ser coincidente con el que formulan las partes del proceso.

En homenaje a la coherencia, esta interpretación tiene un lógico asidero basado en la forma en que el legislador resolvió el Juicio Abreviado, donde a pesar de existir un entendimiento tácito entre Acusación y Defensa, el Juez puede requerir un mejor conocimiento de los hechos y llamar a la Audiencia de Juicio, si así no lo hiciere, y acepta el procedimiento breve, no puede imponer una pena diferente pero, puede dar al hecho una calificación legal diferente a la del requerimiento.

El juego armónico de estos artículos, permite extraer una certera conclusión:el Juez no es un espectador del proceso, aunque limitado en la primer etapa del mismo en forma precisa por la norma procesal.
Revocación del mandato, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: O., D.F. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-09

"La ciudadanía que reviste la condición jurídico política de electores de un nivel estadual determinado, es la que se encuentra legitimada y habilitada como tal para iniciar el tránsito hacia la evaluación del mandato del funcionario cuestionado; se permite así que sea la misma sociedad política afectada la que intente solucionar la crisis de legitimidad política, evitando la subsistencia de administraciones que dejaron de gozar de suficiente respaldo y -a la vez- contribuye a alejar, al menos en teoría, los fantasmas de la ruptura institucional producto del divorcio entre la realidad y los microclimas que generalmente circundan el poder".
Robo con armas, concepto de arma
Materia: PENAL
Carátula: Miele, Ricardo Gastón s/ recursos de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-20

A partir de la reforma operada por ley 25.883, debe considerarse a los fines de agravar el delito de robo con armas no sólo el elemento utilizado para la intimidación, sino también el efecto intimidante que éste produjo en la víctima, sin necesidad de acreditar su correlato real en cuanto al mayor riesgo o peligro para su integridad física, elemento este último que servirá para determinar en cuál de los supuestos del inc. 2° del art. 166 C.P. corresponde encuadrar la conducta delictiva. La disidencia sostuvo que al no haberse peritado el elemento utilizado, la falta de certeza determina que el imputado deba responder por el delito de robo en los términos del art. 164 C.P. (Dres. Catucci, Ledesma -en disidencia- y Riggi).
Delitos contra la humanidad, autoría, coautoría
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Albornoz, Roberto, De Cándido Luis, De Cándido Carlos y Menéndez Luciano s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-08

El dominio por voluntad puede darse en tres modalidades; se puede coaccionar a quien actúa, se lo puede engañar, o puede tratarse de un sujeto que puede intercambiarse libremente. Se alude así, al dominio de voluntad por coacción, por error o en virtud de aparatos organizados de poder. Esta última, también denominada "dominio por organización", consiste en "el modo de funcionamiento específico del aparato....que está a disposición del hombre de atrás", esquema que funciona sin que sea decisiva la persona individual de quien que ejecuta, de modo prácticamente automático. Por ende, autor individual es el ejecutor propiamente dicho; coautor por reparto de tareas son quienes tomasen parte en la ejecución del hecho, y el dominio del hecho se asume bajo la forma de dominio funcional del hecho; autor mediato es quien se vale de otro para realizar el tipo penal, agregando que existe una forma particular de autoría por dominio del hecho y que consiste en el dominio por fuerza de un aparato organizado de poder -donde el instrumento no obra ni por error ni por coacción ni justificadamente- donde los conceptos referidos al hecho individual no son de aplicación cuando se trata de crímenes de Estado, de guerra ni organización.
Excepción de pago, pago parcial, actualización monetaria, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: INSTITUTO    DE  SERVICIOS  SOCIALES  PARA  EL  PERSONAL  DE  SEGUROS c/ LA UNICA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-06-30

No procede la actualización en los términos de la ley 21235 de las sumas por aportes y contribuciones depositadas antes de la iniciación de la demanda, debiendo hacerse lugar a la excepción de pago parcial (artículo 544 inciso 6 CPCCN.) ordenando llevar adelante la ejecución solo en cuanto a los intereses que no hubieran sido liquidados (artículo 18 párrafo cuarto Ley 19518).
Actualización monetaria, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO PROPIETARIOS ALBERTI 181-183 c/ ROSEMBERG EDGARDO H s/ DESVALORIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-02

La apreciación de la desvalorización monetaria no se encuentra regida por canones rígidos ni responde a normas preestablecidas; es materia librada al prudente juzgamiento judicial.
Usurpación de inmueble, auto de procesamiento, desocupación del inmueble
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CANCHA OSCO, Mónica s/ USURPACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-11

El auto de procesamiento es suficiente fundamento para que proceda la desocupación de un inmueble usurpado.
Costas, división de condominio
Materia: PROCESAL
Carátula: Pailos de Petrozzino, María c/ Pailos de Carrido, Carmen s/ División de condominio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-11

En los procesos de división de condominio es dable exigir a quien acciona un temperamento mas prudente al decidir su promoción, desde que prácticamente para el emplazado no existe otra alternativa que el allanamiento (art. 2692 del Código Civil). El principio enunciado admite excepciones, al punto que pueden cargarse las costas a quien acciona, si de los antecedentes de la causa resultare que el demandado no hubiere dado motivo a la iniciación del juicio y se allanare dentro del plazo para contestar la demanda (conf. art. 70 del Código Procesal).
Nulidad procesal, quiebra
Materia: PENAL
Carátula: TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA SA c/  s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-10

Procede declarar la nulidad de las actuaciones cumplidas en el concurso del deudor, abierto en extraña jurisdicción, cuando aun no se dictó la resolución de cumplimiento del acuerdo homologado en el trámite concursal radicado en esta jurisdicción, violentándose la expresa prohibición de la LCQ 59. Es que el período de inhibición para la presentación de un nuevo concurso preventivo fijado por dicha norma atañe al principio de unidad concursal, es evidente que esa regla reviste naturaleza ius publicística en tanto compromete el interés general concursal. Entonces, en tanto la ley concursal veda la coexistencia de más de un trámite concursal y visto que el concurso preventivo abierto en extraña jurisdicción fue iniciado violentándose lo dispuesto en la LCQ 59, las actuaciones allí cumplidas resultan nulas por haberse afectado el orden público concursal, sin que resulte óbice para tal declaración la circunstancia de que el planteo fuera introducido en esta causa, teniendo en cuenta la naturaleza de la nulidad planteada y la competencia del juez a quo para resolver la cuestión.
Actualización monetaria, índices de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: PICARDI Miguel A. c/ RAMIREZ DE OLIVIERI Marín S.P. y otro s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-24

Acerca del índice de comparación para compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero, corresponde atender a los coeficientes de precios mayoristas, nivel general, informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por considerarlos razonablemente los que mejor se ajustan a deudas de dinero o que se saldan en dinero, cuando el pago no responde a una causa específica que justifique apartarse y aplicar otra indicación, ya que por naturaleza las deudas genéricas no deben compararse con coeficientes de elaboración específica (precios de la canasta familiar, agropecuarios, de la construcción) y, además, porque es el adoptado en leyes que han contemplado la indexación, como las 21.499 y 21 488, la de aranceles de abogados (art. 22), la de pago de impuestos (nro. 21.281), entre otras (conf. L.L. 1978-B-, p.535; L.L. 1976-C, p.94; L.L. 1976-D, p.213; L.L. 1977-A, p.511; L.L. 1976-D, p.276; E D.69, p.231; E.D. 76-509).
Competencia penal, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Maffrand, Clara; Barrili, Jorge; Rinaldi, Néstor. s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Materia Penal. Tegano,  Esteban  Gustavo  (queja  en:  Repossini, Juan y Echevarría, Raúl). s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Materia Penal. Umanzor, Albertina del Carmen y De Piano, Gabriel Oscar. s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Materia Penal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-06-16|1986-08-22|1986-09-08

Cuando -como en el caso de autos-, el recurso de inconstitucionalidad en materia penal interpuesto por el recurrente, sea propiamente adecuado a una verdadera casación, corresponde declararlo inadmisible, porque encontrándose esta última reglamentada, no admite una posibilidad interpretativa más amplia, en tanto existen disposiciones legales específicas que reglan la materia.