marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Martillero, matrícula profesional, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SELLA GABRIEL EDUARDO s/ INSCRIPCION MATRICULA MARTILLERO PUBLICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-08

Lo referente al gobierno de la matrícula es de resorte provincial ya que así lo dispone expresamente el art. 4 Ley 20266. Pero el problema se plantea en cuanto a las condiciones legales para poder ejercer como martillero, esto es, si es de resorte nacional, en tanto materia delegada por las provincias al Gobierno de la Nación, y vedadas a aquéllas (art. 108 Constitución Nacional), o, por el contrario reservada a los gobiernos locales (art. 104 Const. Nac.).

La Provincia de Córdoba al incorporar en los arts. 2 y 12 inc. b), ley 7191, un requisito más agregado a los exigidos en la ley 20266, ha avanzado por sobre los poderes del Gobierno de la Nación (arts.

67, inc. 11mo. y 108 Const. Nac.), violando así el art. 31 Constitución Nacional, deviniendo inconstitucional.-
Jubilaciones, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, reciprocidad jubilatoria, acumulación de beneficios, Constitución Nacional, derecho de propiedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Chaca, Eduardo Maximinio c/ INPS. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ restitución del beneficio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Las prestaciones previsionales de las fuerzas armadas y de seguridad no están incluidas en el régimen de reciprocidad jubilatorio, motivo por el cual se justifica admitir la acumulación de los haberes hasta el tope legal establecido, cuando se tiene derecho a un retiro militar y a una jubilación civil en razón de haber acreditado los requisitos exigidos respectivamente por cada uno de los sistemas, como única manera de respetar el enunciado de jerarquía constitucional que ordena resguardar la integridad del haber de pasividad a fin de no lesionar el derecho de propiedad de los interesados.
Municipalidad, conflicto de poderes
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez , Gustavo Adolfo (Intendente Municipal de Merlo) c/ Concejo Deliberante de Merlo s/ Conflicto arts. 196, Const. prov. y 261, L.O.M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-03-09

El conflicto municipal que prevé el artículo 261 del decreto ley 6769/1958 se caracteriza por ser una contienda entre los departamentos Ejecutivo y Deliberativo con motivo del ejercicio de sus respectivas atribuciones.
Cuestiones de competencia, justicia militar, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, juicio sumario en tiempo de paz, declaración informativa, personal militar, privación ilegal de la libertad, muerte de la víctima, torturas
Materia: PROCESAL
Carátula: JUEZ DE INSTRUCCION MILITAR. s/ DECLINATORIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-14

La circunstancia de haberse dispuesto en la causa la declaración en carácter de imputado -no procesado- de un sargento ayudante del Ejército Argentino, la naturaleza de los hechos denunciados privación de libertad, aplicación de tormentos y posterior muerte de una persona- y los lugares de su alegada comisión, bastan -al menos en la medida necesaria para establecer la competencia- para tener por acreditada la concurrencia de los requisitos a que alude el art.

10 de la ley 23.049, que otorga el conocimiento de hechos como los señalados al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. No obsta a ello que la contienda haya sido promovida por quien carece de habilitación para juzgar esos hechos (confr. art. 10 antes citado), toda vez que la Corte se encuentra facultada para declarar la competencia del tribunal que efectivamente la tenga aunque no haya sido parte en aquélla.
Registro de la propiedad automotor, titular del automotor, denuncia de venta, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Mercado de Julio María Yolanda y otros. c/ Delendatti Juan Vicente s/ Daños y Perjuicios - Sumario - II Cuerpo - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-03-02

Si el codemandado recurrente no efectuó la denuncia de venta al Registro Automotor, en el que tampoco se efectivizó la transferencia del vehículo que causara el siniestro cuya indemnización se persigue se extiende la responsabilidad al titular registral del automotor causante del daño.
Suspensión del juicio a prueba, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Violante, Miguel Angel. c/  s/ Infr. art. 149 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-10

En razón de su discrepancia con las valoraciones del Fiscal en torno a las circunstancias que él señaló como relevantes y a través de un alegado control de legalidad, los jueces han ejercido un poder de decisión sobre la suspensión del ejercicio de la acción penal que no les ha sido atribuido, como no se les ha adjudicado un poder autónomo para su promoción o ejercicio (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, entes autárquicos
Materia: PROCESAL
Carátula: ARTURO AQUILES DUFOUR c/ SECRETARIA   DE  ESTADO  DE  DESARROLLO  URBANO  Y  VIVIENDAY  OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-18

La norma que establece la competencia federal en las causas en que la Nación o uno de sus organismos autárquicos son parte, en cuanto tiene fundamentos en su condición de tales, no es inexcusable y puede ser prorrogada por sus titulares; en estos casos la prórroga de jurisdicción es válida porque es ratione personae y no ratione materiae. Tal doctrina no resulta aplicable cuando, como en el caso en el que el actor persigue el cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales que les unió a la cooperativa El Pampero de Vivienda y a la Secretaría de Estado de Vivienda y Urbanismo de la Nación-, la competencia federal corresponde no solo por razón de la persona (art. 2, inc. 6, de la ley 48) sino por el carácter contenciosoadministrativo de la causa judicial, que está dado por la circunstancia de ser parte en el conflicto un Organo de la Administración Pública y, fundamentalmente, por la naturaleza de las normas que han de utilizarse para resolver el pleito (art. 2, inc. 1, de la ley 48 y art. 45, inc. a), de la ley 13.998).
Falta de contestación de la demanda, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ FRANCISCO ALEJANDRO c/ PERALTA ROMANO JOSE ALBERTO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-01

En el caso, el precepto citado por el recurrente -art. 300 CPCC- establece los efectos de la incontestación de la demanda, cuya resolución se produce en la sentencia definitiva.

En ese contexto, las expresiones de las partes vertidas en sus escritos no tuvieron el efecto de impulsar el procedimiento, sino que tuvieron el propósito de efectuar manifestaciones a ser tomada en cuenta por el Juzgador al momento del dictado de la sentencia de fondo.

La presentación del actor de fs. 84 no contiene ninguna petición en relación al trámite, y el pedido formulado de que no se otorgue ningún valor al escrito del demandado de fs. 82 debía ser considerado y evaluado en la sentencia de fondo. Tampoco puede interpretarse ese escrito como un reclamo implícito de que se declare la cuestión como de puro derecho, particularmente si se considera que el actor luego pidió expresamente la apertura a prueba.
Partidos políticos, democracia
Materia: POLITICO Y ELECTORAL
Carátula: Ríos, Antonio Jesús. s/ Oficialización  canditura  Diputado  Nacional  -  Distrito Corrientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

Al reglamentar los partidos políticos el estado democrático cuida una de las piezas principales y mas sensibles de su complejo mecanismo vital.
Daños y perjuicios, reconvención
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mezzera Beatriz Segunda c/ Vidal Marcos Lujan y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-20

Si el daño deriva del riesgo o vicio de la cosa no sólo no cabe compensación de riesgos, debiendo cada dueño o guardián responder objetivamente por el daño sufrido por el otro, sino que reconvención mediante- cada uno de los protagonistas quedó constreñido a justificar las hipótesis de exención que la norma del art. 1113 del Código Civil contempla.-
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: Marcos, María Teresa y otro c/ Cotta Norte Ltda. y otro s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 40, Fº 1068/1071, Nº 377) s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 40, Fº 1068/1071, Nº 377)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-11-24

La prioridad de paso no significa en si misma una atribución in abstracto, desvinculada de las circunstancias imperantes. No aniquila el deber de prudencia de quien tiene la prioridad.

La prioridad de paso tiene sólo una relativa importancia y de ninguna manera autoriza a quien goza de ella para llevarse por delante todo lo que se cruce en su camino, y sólo tiene vigencia cuando dos vehículos llegan juntos a la intersección, por lo cual para hacer mérito de ella es necesario previamente demostrar el arribo simultáneo de los vehículos.
Recurso extraordinario, cuestión no federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferri, Pablo Raúl s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Bencharsky, Andrés Hugo y Otra s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1989-02-24|1989-02-24

La sola mención de preceptos constitucionales que se dicen violados no basta para tener por configurado un caso federal, si no se expresa cual es la relación directa e inmediata que las cláusulas constitucionales guardan con la cuestión objeto del recurso.
Actos ilícitos, responsabilidad civil, culpabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: N., E. c/ Municipalidad de la Ciudad de Rawson s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-22

En presencia de un acto ilícito cometido por varios sujetos, la pluralidad de culpas concurrentes no impide considerar la responsabilidad solidaria (o la concurrencia de obligaciones) entre todos los autores o partícipes, de acuerdo a los arts. 1081 y 1109 del Código Civil, y tal responsabilidad compartida en términos de solidaridad existirá en el caso de riesgo de la cosa del presunto responsable con la culpa de un tercero.
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Pietroboni Armando E. c/ Radiodifusora Nuevo Mundo S.R.L. s/ Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-04-30

La norma del artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo exige que el despido por justa causa deberá formularse "con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato", y si bien tal exigencia ha sido interpretada con mayor o menor rigor o rigidez, según distintas valoraciones doctrinarias y jurisprudenciales, cabe decir que remitirse como fundamento del despido al concepto "injurias", es insuficiente y no cumplimenta los requisitos de la norma citada.
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, pago, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fernández, Alejandro Aurelio c/ Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Apelación (Expte. CSJ Nº716-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-01

Debe prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto cuando del cotejo de las razones vertidas por el Juzgador -en esencia, la jurisprudencia del Alto Cuerpo-, en su confrontación con el resultado final al que arriba, se advierte una contradicción interna en el pronunciamiento habida cuenta que niega en la conclusión lo que se sigue de sus fundamentos. En efecto, si bien la respuesta jurisdiccional a la pretensión de indexación del beneficio -subsidio por invalidez- otorgado al actor reposa en la doctrina elaborada por la Corte Provincial al captar el principio general de que toda la operatoria normal de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado - desde el dictado de la resolución que acuerda el beneficio hasta el pago del total del seguro- no debe exceder de un término razonable de cinco meses, en definitiva el Judicante hace lugar a la procedencia del reclamo indexatorio a pesar de que en el caso transcurrieron sólo seis meses entre la fecha en que se acuerda el beneficio y la percepción del saldo, adoptando una actitud judicial contradictoria, entre el fundamento esbozado y lo finalmente decidido.
Verificación de créditos, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOJANICH JUAN CARLOS c/ OGGERO OMAR s/ COBRO HIPOTECARIO BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ EMPRESA COSTERA s/ EJEC. PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19|1991-02-15

Declarado admisible un crédito y con el privilegio correspondiente se trata de un crédito prendario- en el concurso general de la firma después demandada por el acreedor por vía de proceso ejecutivo, aquella resolución goza de los atributos de la cosa juzgada. Ello obsta a que la ejecutada articule defensas por las que intenta nuevo examen de aspectos definitivamente fijados, como el referido a que si al formalizarse las garantías prendarias aludidas en los certificados que han dado base a la ejecución fueron o no respetados recaudos de fondo y forma prescriptos por la Ley, tal como el de la especialidad de la prenda.
Daños y perjuicios, responsabilidad del fabricante, desperfectos del automotor, defectos de fabricación, importación de automotores, incumplimiento del contrato, defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vázquez Feito, Matías Adrián c/ Wagen S.A. y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-30

Corresponde condenar a una empresa fabricante de automóviles a entregar un nuevo vehículo deportivo de alta gama a un cliente que había adquirido un modelo importado y que a los pocos días presentó desperfectos. Refiere que quien adquiere un automotor deportivo 0 km premium, de ninguna manera espera recibir un vehículo con un vicio de fabricación que demande sin haber rodado la sustitución de un elemento sustancial como es su motor, frustrando de esa forma la identidad entre el objeto adquirido y lo entregado (art. 11 Ley 24.240).
Responsabilidad del Estado, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, exilio, prueba, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Pilberg  Norma  Ilda c/ M° J y DDHH- art. 3° ley 24.043- resol 292/09 (ex 448186/98)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-18

No procede conceder el beneficio previsto por la ley 24.043 y sus modificadatorias -reglamentadas por los decretos 1.023/92 y 205/97- si no obra en autos documento alguno que permita tener por demostrado el exilio de la actora a partir de 1977.
Emergencia económica, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Iarosky, Valentín Adolfo c/ Giuffrida, Carlos Gustavo s/ Cobro honorarios convenidos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-04-24

La doctrina de esta Suprema Corte respecto a la pesificación de deudas pactadas en dólares para las ejecuciones hipotecarias resulta igualmente aplicable a la presente ejecución de honorarios pactados con el abogado. Así, debe convertirse el capital adeudado en moneda extranjera a pesos a razón de uno por dólar estadounidense, más el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio tipo vendedor- del día que correspondía efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización (CER) arrojase un resultado superior, con más los intereses calculados a la tasa del 7,5% anual, no capitalizables desde la fecha en que se produjo la mora y hasta el efectivo pago.(doctora Kogan, sin disidencia)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Vázquez, Ricardo Alfredo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-05

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo procede contra las sentencias de la Cámara que impongan pena superior a tres años de prisión o revoquen una absolutoria (conf. art. 350 del Código de Procedimiento Penal), supuesto que no es el de autos en que el a quo, al anular el fallo condenatorio de primera instancia, impone una pena inferior a la señalada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque, estafa, cheque sin fondos, concurso aparente de leyes, subsidiaridad
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, Manuel s/ ESTAFA. CHEQUE SIN FONDOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

El accionar del procesado que entregó a una firma en pago de mercaderías cuatro cheques, con conocimiento que no podían ser cobrados por hallarse la cuenta cerrada, configura el delito de estafa, pues la entrega de los cheques en esa situación constituye el ardid que indujo en error a la empresa damnificada, produciéndose el perjuicio patrimonial con la entrega de la mercadería.

No corresponde encuadrar el hecho en la figura del art. 302 CP, pues el propio texto de tal norma indica que ella será aplicable en tanto no concurran las circunstancias del art. 172 del CP; absorbiendo en el caso la figura de la estafa a la infracción prevista en el art.

302 CP; de modo que no hay concurso, ni material ni formal, por autoexclusión de la última norma, sino que estamos ante un concurso aparente de leyes, dándose una relación subsidiaria entre ambas figuras, de carácter expreso, donde no es posible hablar de un encuadramiento doble y simultáneo del hecho en la ley, que es lo que caracteriza el concurso ideal de delitos.

NOTA: Se citaron: Soler, t. II, pág. 170 y sgtes.; idem, t. IV, pág.

307 y sgtes.; Laje Anaya, Comentarios, t.IV, pág. 330.
Trabajadores marítimos, premio por producción, premio por presentismo
Materia: LABORAL
Carátula: BERON, ENRIQUE c/ ANTARTIDA PESQUERA INDUSTRIAL  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-25

La remuneración proporcional sobre producción es un plus de origen convencional colectivo que debe calcularse según las pautas establecidas por la CCT 175/75. Pero la bonificación voluntaria por asistencia y producción proviene exclusivamente de la voluntad unilateral del empleador quien puede establecer libremente su método de cálculo.
Resolución del contrato, indemnización, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Transportes Rodríguez Cozar y Cía. Sociedad Anónima c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por fino, lucas ezequiel
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

La reducción de la indemnización prevista por la LCT 247 es un instituto de carácter excepcional y de aplicación restrictiva. No basta, entonces, la mera invocación de la situación de crisis para que proceda la indemnización reducida sino que es menester demostrar haber recurrido en tiempo y forma al procedimiento que establece la ley laboral para las crisis de las empresas (CNCom, Sala C, 16/4/04, "Fundamental SA s/ quiebra s/ inc. de revisión por Aguirre, Miguel Á."; íd., íd., 23/4/04, "San Isidro Refrescos s/ quiebra s/ inc. de verificación por Molina, Julio H.").
Recurso de inconstitucionalidad, concursos, verificación de créditos, crédito por impuestos y tasas, crédito quirografario, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Administración Federal de Ingresos Públicos (D.G.I.) c/ Paolini, Christian Gastón - Concurso s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-24

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la recurrente -entidad recaudadora-, si ésta no alcanza a acreditar la arbitrariedad alegada -apartamiento de la normativa aplicable al caso- debido a que sus agravios se abroquelan en la existencia de una disposición legal que autoriza a un órgano del Poder Ejecutivo a fijar la tasa de interés, y en la afirmación de que los actos de la autoridad delegada asumen el carácter de cláusulas legales integrativas de una ley federal sobre impuestos y de derecho especial de la Constitución Nacional. Sin embargo, pese a su esfuerzo argumentativo, la quejosa no logra demostrar que la tesis seguida por el A quo implique la elección de una alternativa irrazonable o ajena al derecho en vigor, desde que el sentenciante consideró que las normas invocadas por la apelante -de carácter reglamentario y administrativo- colisionaban con otras disposiciones de origen estrictamente legal, y que correspondía a los jueces -sin necesidad de declarar ninguna inconstitucionalidad- compatibilizar armónicamente la aplicación del derecho vigente y eliminar excesos que atentaban contra la igualdad quirografaria concursal.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, costas, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Linares, Clara María Isabel c/ Descotte, Carlos Alberto y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

La modificación en la forma de distribución de las costas del pronunciamiento de primera instancia, en ausencia de apelación, convierte en arbitraria la sentencia (art. 18 de la Constitución Nacional.
Cuestión constitucional, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-20

Las disposiciones puestas en juego para fundar la sentencia, tales como la Ley de Defensa del Consumidor, el Derecho civil, específicamente contractual, la reglamentación local de regímenes de medicina prepaga constituyen interpretación de reglas infraconstitucionales, tarea no comprendida por el recurso de queja interpuesto ni constitutiva de la competencia del Tribunal, más allá del acierto o desacierto de su interpretación, según puntos de vista de diversos intérpretes. El recurso de inconstitucionalidad no erige al Tribunal en una tercera instancia de hechos o del Derecho común.
Exhortos, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Dipascuale, Pedro Raul s/ Exhorto
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-10-26

La nulidad del remate efectuado conforme los términos del exhorto queda comprendida en el artículo 5 de la ley 22.172; es el juez que libró la rogatoria y no el exhortado el que debe decidir, porque éste no actúa en ejercicio de facultades propia. Por eso la resolución por la que el juez exhortado decide sobre el planteo de nulidad de la subasta ordenada mediante exhorto, al exceder de las facultades delegadas por el juez oficiante, expresamente fijadas en la comisión, debe ser declarada nula, remitiéndose las actuaciones al Tribunal oficiante.
Actividades económicas, responsabilidad del establecimiento comercial, exhibición de precios, lealtad comercial, política de competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: INC S.A. en autos MCR Oficina Defensa del Consumidor c/ INC S.A. s/ presunta infracción c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-23

"Los Hipermercados, Supermercados y Autoservicios de bienes consumibles y no consumibles, deben:. b) Exhibir precios de manera clara, visible y legible sobre cada artículo, producto o grupo de una misma mercadería que se encuentra expuesto a la vista del público. El precio exhibido deberá corresponder al importe total que deba abonar el consumidor final.."