Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-08-22


SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y SIETE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil catorce, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores José Ricardo Cáceres -Presidente-, Luis Raúl Cippitelli y Patricia Raquel Olmi (Subrogante Legal), se reúne para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 08/14, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Dra. María C. Ponferrada, en contra de Sentencia Nº 75/2013, de Expte. Nº 040/10 'Córdoba, Arturo R. Homicidio culposo, etc - Capital' " I. En lo que aquí interesa, en el Punto 5 de la Sentencia Nº 75/13, de fecha 10/12/2013, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda civil incoada en autos y ordenó al imputado, al civilmente responsable y a la compañía aseguradora citada en garantía pagar a la actora la suma de $418.680 (pesos cuatrocientos dieciocho mil seiscientos ochenta), en concepto de pérdida de chance ($248.680), daño emergente (13.000), daño psicológico ($37.440) y daño moral ($120.000).

II. Contra esa decisión, la representante legal de la condenada citada en garantía "Caja de Seguros S.A." (arts. 117 y 118 de la Ley de Seguros) deduce este recurso en el que -no encuadra legalmente su agravio- denuncia la arbitrariedad de lo resuelto por la aplicación errónea del derecho aplicable y por la valoración errónea de la prueba rendida en el juicio, agravios que configuran los motivos casación previstos en los incs. 1 y 2 del art. 454 del CPP.

Sobre los hechos de la causa, dice que se vinculan con un accidente de tránsito ocurrido el día 19 de febrero de 2009, a las 19 hs., en la Av. Acosta Villafañe de esta Ciudad, protagonizado por el imputado Arturo Rogelio Córdoba como conductor de un automóvil policial y por Sabrina Medina que, en sentido de circulación contrario, conducía una motocicleta en la que transportaba a Celeste Peralta. Indica que, según la requisitoria fiscal, la colisión se produjo como consecuencia del giro prohibido a la izquierda que realizó el imputado y que derivó en el posterior fallecimiento de Medina. Dice que, al contestar la demanda (por un total de $549.120), la aseguradora aceptó su citación en garantía puesto que la póliza se encontraba vigente; que alegó eximente de responsabilidad por culpa de la víctima o, en su defecto, una concurrencia de culpas; y que cuestionó la procedencia de los rubros reclamados. Señala que el tribunal consideró que la colisión se produjo como consecuencia, en un 80%, de la maniobra prohibida de giro a la izquierda que realizó el imputado; que, por no tener casco ni habilitación para conducir, le atribuyó a la víctima un 20% de responsabilidad; y que, con arreglo a esos porcentajes, hizo lugar a la demanda (con excepción del reclamo por el valor de la motocicleta, debido a que ésta no era de propiedad de la actora).

Manifiesta los siguientes agravios:

A. Sobre el porcentaje de responsabilidad de la víctima: estima que alcanza el 50%, y no el 20 % atribuido en la sentencia, debido a que ella no llevaba casco y su muerte se produjo por politraumatismo de cráneo. También, teniendo en cuenta que la víctima no tenía edad suficiente para conducir en la zona donde tuvo lugar el hecho, y porque circulaba a mayor velocidad que la permitida en esa zona, como asimismo en consideración a que no existía en el lugar señalización de la prohibición del giro reprochado al imputado.

B. Sobre la prueba relativa a la extensión del daño y su monto: considera que, sin certificado médico que lo justifique, el fallo es arbitrario al dar por sentado el daño psicológico y la necesidad de tratamiento de ese orden, su duración, frecuencia y costo.

C. Sobre los gastos funerarios y de asistencia: dice que la condena a pagar a esos rubros carece de fundamento puesto que no se sustenta en comprobante alguno de haber efectuado la actora los gastos de sepelio ni de comida o de farmacia durante la internación de la víctima en el Hospital San Juan Bautista (art.1085 del Código Civil).

D. Sobre el rubro "pérdida de chance": sostiene que el nivel de educación condiciona la obtención y tipo de trabajo y que, no obstante ello, el tribunal no tuvo en cuenta que no fue acreditada la escolaridad de la víctima; ni que lo habitual es cursar el primer año de la secundaria a los 13 años, no obstante lo cual, la víctima, que contaba con 17 años de edad, se encontraba cursando, según su madre, esa altura del ciclo. Asimismo, objeta que no haya sido considerada la existencia de otros hermanos para colaborar con la familia. Critica también que el cálculo del monto del rubro haya sido basado en el salario mínimo vital y móvil, sin considerar otras opciones, como la del servicio en casa particular, que es esencialmente menor, o de una media jornada laboral. Por ello, pide a esta Corte que reduzca prudencialmente el monto por este rubro.

III.	Los representantes de la parte actora civil contestan el traslado del recurso y solicitan al tribunal que lo rechace (fs. 16/20).	Así las cosas, el tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

¿Es admisible el recurso? En su caso, ¿La sentencia se basa en una aplicación errónea de la ley sustantiva o en una errónea valoración de la prueba rendida? ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo con el resultado del sorteo efectuado para establecer el orden de votación (fs. 31), nos pronunciaremos de la siguiente manera: Primero: El Dr. Cáceres; en Segundo Término, el Dr. Cippitelli; y en Tercer lugar, la Dra. Olmi.

Voto del Dr. Cáceres:

El recurso de casación en tratamiento reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del CPP en tanto fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada (art.459 del CPP), y se dirige en contra de una sentencia que, en tanto condenatoria, pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva. Por ende, mi respuesta a la primera cuestión planteada es afirmativa. Así voto.

Después de estudiar las cuestiones traídas en el recurso, opino que algunas (los agravios desarrollados en los puntos A, C, y D) son insuficientes a los pretendidos fines de conmover las partes impugnadas de la sentencia recurrida, en tanto los argumentos presentados no demuestran la arbitrariedad denunciada.

El agravio relativo a los porcentajes de responsabilidad en el hecho, asignados respectivamente al imputado condenado y a la víctima (A), carece de fundamento. La condena penal -cuyos términos la citada en garantía no está legitimada para cuestionar, se basa en el giro prohibido a la izquierda realizado en la ocasión por el imputado, en una vía de dos manos, para ingresar a un pasaje por el lado de la avenida opuesto al carril por el que hasta entonces circulaba, invadiendo de tal modo el carril de circulación en sentido contrario por el que Medina transitaba en su motocicleta. Como señaló el Máximo Tribunal de la Nación: "La imputación penal por delito culposo requiere la demostración plausible de la creación de un riesgo o el aumento del riesgo no permitido para la actividad correspondiente y la realización o proyección de ese riesgo en el resultado" (CSJN, Fallos: 326:364); y en autos, la referida violación al deber de cuidado determinante del resultado típico reprochado al condenado fue debidamente acreditada. Así, del Informe Accidentológico invocado en la sentencia surge que el referido giro a la izquierda fue la causa principal de la colisión en tanto, debido a esa maniobra, la motociclista impactó contra el costado derecho del automóvil conducido por el condenado (y falleció días después como consecuencia de los golpes sufridos en esas circunstancias). Con esos antecedentes, estimo acertada la responsabilidad que en el hecho le fue atribuida al imputado puesto que, como juzgó el tribunal de la anterior instancia, esa acción del imputado de invadir el carril contrario fue indudablemente la causa determinante de la colisión en examen. En la producción de la colisión ninguna influencia tuvo la negligencia de la víctima por no llevar puesto el casco protector, como tampoco que ella no haya tenido carné o edad suficiente para circular en la zona. Esas circunstancias, aunque susceptibles de configurar infracciones a la Ley de Tránsito, no intervinieron en la mecánica de la colisión. Por otra parte, la recurrente no fundamenta suficientemente su pretensión según la cual el resultado mortal acaecido no se habría producido si la víctima hubiera llevado casco protector. Además, con la mera alusión a "testigos", dice que la motocicleta circulaba a "alta velocidad" pero no demuestra que lo hiciera por encima del límite permitido. De tal modo, no demuestra la equivalencia de culpas de los protagonistas en la producción del hecho dañoso ni, por ende, el desacierto que le atribuye a la sentencia en cuanto a la medida del reproche penal formulado al imputado como base de la condena civil. Por todo ello, considero que el agravio sobre el punto no es de recibo.

En cuanto al daño emergente (C), cabe recordar que en materia de daños y perjuicios corresponde una reparación integral y plena del damnificado, y que su estimación exige prudencia y equidad, y no sujeción a cálculos aritméticos estrictos. Por ello, en la determinación de su cuantía deben incluirse los gastos de los que, por su escasa cuantía, normalmente no se conservan comprobantes, como los gastos "de asistencia", que habitualmente soporta la familia de la persona accidentada, aunque ésta haya sido internada en un hospital público -como aconteció en este caso-, y que también efectuaron los gastos de sepelio. Esa cuantificación debe atender también las particularidades del caso vinculadas con quien debe soportar la indemnización (en el caso, la aseguradora, el Estado Provincial, y el imputado) y quien debe beneficiarse con ella (los padres de la víctima menor de edad). Según ese criterio, con arreglo al acontecer habitual, estimo acertada la obligación impuesta en la sentencia, de indemnizar esos gastos a los padres de la menor víctima. Por otra parte, no es demostrada en el recurso la discordancia del monto asignado a esos rubros con el nivel de vida de los beneficiarios, ni que otras personas hayan sido las que efectuaron esos gastos. Por ello, considero que las objeciones sobre el tema carecen de fundamento suficiente en tanto no evidencian infracción grave a la prudencia en la condena dictada, ni en su cuantificación y sólo expresan la mera discrepancia de la recurrente con el criterio del tribunal, la que no basta para revocar lo resuelto sobre el punto. Por ende, opino que el agravio desarrollado en el recurso como punto C), no debe ser acogido.

Estimo que tampoco tiene suficiente fundamento el agravio vinculado con la pérdida de chance. Así lo considero en tanto, aunque la víctima no era una alumna avanzada (con 17 años de edad cursaba el primer año de la secundaria), ese único dato carece de la relevancia que le es asignada en el recurso debido a que, objetivamente considerada, no basta para concluir que no completaría ese ciclo ni para desestimar sus posibilidad de acceder a un empleo y a un salario dignos. Así lo considero, también, en tanto no fue acreditada ni invocada disminución intelectual o física alguna de la víctima que afectara su capacidad productiva y frustrara sus posibilidades en el campo laboral tornando improbable que en el futuro ella contribuyera al sostén o ayuda de sus padres. La chance es, por su naturaleza, sólo una posibilidad en la que concurre un álea o cuota de incertidumbre. Sin embargo, según la experiencia, ese álea no impide admitir como cierta la posibilidad de ingresos de la víctima ni el sostén o ayuda que ella podría haber brindado a sus progenitores de no haber fallecido como consecuencia del hecho reprochado en la condena penal. Por la existencia de ese álea, tampoco cabe exigir certeza sobre la cuantía de esos ingresos y de esa ayuda por lo que su cuantificación queda librada al prudente arbitrio judicial. Por ello, estimo acertado el fallo en tanto ordena indemnizar el daño sufrido por los progenitores de la víctima, por la frustración cierta de la esperanza legítima que tenían, de ser asistidos económicamente por su hija, malograda por el hecho dañoso del imputado condenado penalmente.

Por otra parte, el daño por la posibilidad frustrada de asistencia económica de la víctima fue cuantificado en la sentencia con arreglo al salario mínimo vital y móvil. Contrariamente a lo que pretende la recurrente, considero que lo así resuelto no es irrazonable ni arbitrario. Así opino debido a que se trata de un dato que es suministrado oficialmente por el Estado y es tenido por éste como el indispensable para satisfacer las necesidades básicas de un trabajador. Por otra parte, por definición, dicha pauta invocada por el tribunal a quo constituye un límite por debajo del cual la remuneración de cualquier trabajo, incluido el servicio doméstico, es ilegal. De conformidad con esos parámetros y dado que, en la materia -reitero- cabe atender la situación particular de los destinatarios de la sentencia y, por ende, valorar la condición humilde de los damnificados en este caso, estimo que, no obstante el apoyo que éstos podrían eventualmente recibir de sus otros hijos, creo que la cuantía determinada por el rubro en cuestión no resulta irrazonable. Además, no son pocos los trabajadores de apenas 18 años de edad, hayan o no completado su educación; y, frecuentemente, en jornada completa. Por ende, carece de suficiente fundamento la pretensión recursiva de disminución de la cuantía de la indemnización que la sentencia ordena pagar por este rubro por la mera posibilidad que, de no haber fallecido, la víctima se habría insertado más tarde al mercado laboral o en media jornada. Por las razones dadas, en tanto no constato circunstancias relevantes susceptibles de desbaratar las expectativas legítimas de los padres de la víctima, sobre las posibilidades laborales de ella y de recibir asistencia económica de su parte; y dado que la obligación legal de indemnizar los daños causados debe propender a la reparación integral de éstos; considero que, con arreglo al mérito efectuado sobre las circunstancias revisadas, el cálculo efectuado en la sentencia sobre la base del salario mínimo vital y móvil no excede la medida de lo que cabe admitir como prudente arbitrio judicial. Así voto.

Considero, sin embargo, que en tanto excede ese prudente arbitrio, la condena a reparar el daño psicológico no constituye un acto jurisdiccional válido (agravio B). Así lo considero puesto que la condena relativa a ese rubro no se satisface con la mera presunción sobre la existencia de daño de esa índole. El daño psicológico, moral en cuanto supone sufrimiento, para ser indemnizado de manera autónoma requiere la prueba de su concreta existencia y de su efectiva repercusión en el patrimonio del afectado. Por ello, según criterio predominante en la doctrina y en la jurisprudencia, el que comparto, la mera presunción del tribunal sobre la existencia, extensión y necesidad de tratamiento profesional para superar ese daño no es suficiente para ordenar su compensación económica. Por ende, dado que la sentencia no informa sobre prueba que justifique lo decidido sobre el punto, cabe acoger el agravio de la recurrente y concluir que los mencionados extremos indispensables con relación a ese rubro no fueron debidamente probados en autos. Por ende, considero que, sobre dicho rubro, la condena civil cuestionada carece de fundamento y debe ser anulada, con la correspondiente deducción del monto determinado por ese concepto. Así voto.

Voto del Dr. Cippitelli:

Coincido con la solución propiciada por el señor Ministro preopinante, por los motivos que él desarrolla, con relación a todos los agravios recursivos. Por ello, por los mismos motivos, voto de igual modo.

Voto de la Dra. Olmi:

Por estar de acuerdo con las consideraciones que sustentan la solución propiciada por el Dr. Cáceres respecto de cada uno de los agravios expuestos por la recurrente, por los mismos fundamentos, doy mi voto en idéntico sentido:

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la Dra. María Constanza Ponferrada en contra de la sentencia Nº 75/13, dictada por el Juzgado Correccional de Segunda Nominación.

2º) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto. Como consecuencia, en los términos dados en los Considerandos, anular la sentencia en cuanto ordena indemnizar el daño psicológico, y confirmarla en todo lo demás.

3º) Sin costas, atento al resultado obtenido (arts. 536 y 537 del CPP).

4º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. José Ricardo Cáceres -Presidente-, Luis Raúl Cippitelli y Patricia Raquel Olmi. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.