Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-27


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 27 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? La doctora Brilla de Serrat dijo:

I. La sentencia de fs. 222/28 hizo lugar a la demanda interpuesta por Ana María Rodríguez Bertotti y Beatriz Elena Gregorio contra Graciela Alicia Bellagio de Nasi y Humberto Carlos Nasi, por repetición de las sumas que abonaron en el juicio laboral "Boccolini, Ilda María c/Farmacia del Sol S.R.L. s/despido".

Contra este pronunciamiento presentó recurso de apelación la parte demandada, la cual expresó agravios a fs. 248/56. Corrido el traslado de ley, fue contestado por la contraria a fs. 262/65.

II. Ambas partes están contestes en cuanto a que las actoras cedieron a los codemandados las cuotas que poseían y que constituían la totalidad del capital social de "Farmacia del Sol SRL" con fecha 16 de septiembre de 1993.

Ilda María Boccolini, empleada de la sociedad mencionada, que había ingresado a trabajar en la farmacia en 1997 y fue despedida en 1999, demandó a "Farmacia del Sol S.R.L." por despido y, ante la comprobación de que ésta ya no funcionaba en el local donde tenía aún registrado su domicilio social, amplió la demanda contra las aquí actoras, quienes todavía constaban como socias en la Inspección General de Justicia, por falta de inscripción de la cesión antes referida. Consecuentemente, ambas fueron condenadas a indemnizar a Boccolini.

El juez de grado tuvo en cuenta que la empleada había ingresado a trabajar y sido despedida con posterioridad a dicha transferencia, por lo que la obligación de pago correspondía a los nuevos socios, y explicó que carecía de trascendencia entre las partes que la cesión no estuviera inscripta en el registro de la Inspección General de Justicia, acto que, por otra parte, podía haber sido realizado por cualquiera de ellas y que normalmente está a cargo del comprador o cesionario. Descartó el argumento de los accionados referido a que las actoras, demandadas en el juicio por despido, debían haberlos citado en el expediente laboral a fin de que opusieran las defensas y pruebas del caso. Por último, fundó la procedencia de la demanda en lo dispuesto por el art. 768, inc. 3º, del Código Civil, esto es el derecho del tercero no interesado que paga una deuda ajena de repetir el pago del verdadero deudor. Por estas consideraciones, condenó a los codemandados a abonar a las accionantes las sumas que hubieran abonado en el juicio por despido.

Se agravian de esta decisión ambos demandados. Destacan que no conocían de la existencia del juicio laboral hasta que fueron notificados de la demanda que dio origen al presente juicio; que fue la persona jurídica "Farmacia del Sol S.R.L." la empleadora de Boccolino y que no se presenta ninguno de los supuestos de excepción en los que el art. 54 de la Ley de Sociedades Comerciales extiende la responsabilidad solidariamente a los socios. Sostiene que las actoras fueron condenadas en sede laboral debido a su propia torpeza procesal, pues Rodríguez Bertotti no contestó demanda y permitió la aplicación del art. 71 de la Ley de Procedimientos del Trabajo, a la vez que en segunda instancia fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por ésta contra la sentencia. Por último, señala que no se trató del pago de una deuda ajena por un tercero, sino de una obligación personal de las actoras que tuvo su origen en su propia inactividad procesal en el juicio laboral. Continúa afirmando que la actora en sede laboral nunca debió obtener sentencia favorable en contra de la sociedad, dado que nada le adeudaba y que no correspondía extender la responsabilidad a los socios.

III. El juez actuante en la causa por despido, tras reseñar la prueba producida en el expediente, sostuvo que "en atención a la situación procesal en que incurrió la demandada "Farmacia del Sol S.R.L.", tengo por cierto los hechos expuestos en la demanda, toda vez que no existen elementos de juicio que desvirtúen dicha presunción (...) Con relación a la solidaridad solicitada por la parte actora a fs. 29 con fundamento en el art. 54 párrafo tercero de la ley 19.550, corresponde hacer lugar a la misma en atención a la situación procesal en que incurrió la codemandada Rodríguez Bertotti (ver fs. 85) y la demandada Farmacia del Sol S.R.L., y lo informado por la Inspección de Personas Jurídicas a fs. 20/27, toda vez que surge que Rodríguez Bertotti y Beatriz Elena Gregorio son socios de Farmacia del Sol S.R.L." (v. fs. 220 de la causa "Boccolini, Ilda María c/Farmacia del Sol S.R.L. s/despido").

Claramente se desprende de la sentencia citada que el juez del fuero laboral tuvo por cierta la relación de dependencia invocada por Boccolini con Farmacia del Sol S.R.L. y su despido injustificado, en virtud de la presunción de verdad de los hechos expuestos en la demanda que importó la rebeldía de la sociedad accionada.

Ahora bien: esta situación procesal de la sociedad tuvo lugar debido a que, cuando se la intentó notificar en el domicilio en el cual se desarrollaba la actividad para la cual fue creada -Güemes 3787, de esta ciudad-, se constató que la farmacia había cerrado y que el local era ocupado por otra firma (v. fs. 9 vta. del expediente laboral).

Ante tal circunstancia, se ofició a la Inspección General de Justicia, la cual acompañó la única documentación que constaba en su poder, esto es el estatuto de constitución de la sociedad, donde se fijaba la sede social en Güemes 3787 de esta ciudad (v. fs. 18/26 de la causa mencionada).

Fue en razón de ello que la allí actora notificó a la sociedad en ese domicilio bajo su responsabilidad y explicó que, resultando a su juicio evidente que aquélla había sido desbaratada, frustrando así sus derechos, ampliaba la demanda contra quienes constaban en aquel estatuto como socias -las actoras en este proceso-, en razón de lo dispuesto por el art. 54, tercer párrafo, de la ley 19.550.

Fue entonces que Farmacia del Sol S.R.L. quedó notificada bajo responsabilidad de la parte actora (v. fs. 41) y se la declaró rebelde (v. fs. 76).

Simultáneamente, se les notificó el traslado de la demanda a las Sras. Gregorio de Pellegrini y Rodríguez Bertotti. La primera de ellas contestó demanda, negando su carácter de socia en la actualidad, mientras que la segunda se limitó a articular la nulidad de la notificación a su respecto, que fue desestimada.

Como consecuencia de lo reseñado, puede concluirse sin lugar a dudas que la demanda laboral halló favorable acogida, sin análisis alguno de la prueba producida, en razón de la rebeldía decretada respecto de la sociedad, y que ésta se debió a que los nuevos socios -los aquí demandados- no informaron a la Inspección General de Justicia la disolución de la sociedad o el cambio de su sede cuando procedieron al cierre de la farmacia, por lo que quedó notificada en el domicilio que fuera inscripto por única vez al constituírsela.

Y la extensión de la responsabilidad a quienes aún figuraban inscriptas como sus socias, si bien se encontró favorecida por la incontestación de la demanda por parte de Rodríguez Bertotti, se debió primordialmente a la misma circunstancia: la farmacia ya no funcionaba en el local donde solía hacerlo y no se había inscripto una nueva sede social, lo que tornaba presumible, a juicio del magistrado laboral, la intención de los socios de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones, en los términos del art. 54, tercera parte, de la Ley de Sociedades Comerciales.

Ello es imputable, insisto, a la desidia de sus socios actuales. De ahí que mal pueden alegar que la condena habida en sede laboral se debiera a la torpeza de las actoras.

A ello debe sumarse la circunstancia de que, habiéndose realizado la transferencia de las acciones en el año 1993, los demandados no realizaron jamás la inscripción de la cesión, pese a que, tal como lo informa la Inspección General de Justicia a fs. 168, si bien ésta puede ser efectuada por la sociedad, por el cedente o por el cesionario (conf. art. 152 ley 19.550), habitualmente es el último el que se ocupa de este trámite.

Los demandados alegaron a fs. 49 que se había convenido que las accionantes se harían cargo de esa inscripción, pero no lo probaron. Por el contrario, los testigos María Feldman -farmacéutica auxiliar durante el período en que el comercio era de propiedad de éstas- y Hugo Daniel Lederhoss -empleado para la misma época-, por el contrario, afirmaron que se había convenido que la totalidad de los trámites estaba a cargo de los cesionarios (v. fs. 111 y 112).

Tales omisiones no pueden ser excusadas, cuando los demandados sabían que, a consecuencia del despido de Boccolini, que le fue notificado por Bellagio en representación de la sociedad, aquélla la había intimado a indemnizarla por despido incausado, bajo apercibimiento de promover demanda judicial (v. fs. 72 del expediente laboral). Consecuentemente, la desaparición de la farmacia de la sede social inscripta y consignada como domicilio de la sociedad en la carta documento de fs. 71 dirigida a Boccolini, no puede sino considerarse una omisión, por lo menos, negligente, si no motivada por una intención de defraudar los derechos de la dependiente.

IV. Otro de los puntos en que se centran los agravios de los demandados radica en la circunstancia de que las aquí actoras no los citaron ni les hicieron saber sobre la existencia del expediente laboral, a fin de que pudieran oponer las defensas con que contaban. Señalaron al contestar demanda que únicamente ellos podían conocerlas y contaban con las pruebas para sustentarlas. También sostuvieron que la sociedad nada adeudaba a la Sra. Boccolini.

Se trata de una suerte de "excepción de negligente defensa", que el "a quo" desestimó, tras destacar que los accionados no manifestaban cuáles eran las defensas ni las pruebas que tenían, como así también que no se advertía cuáles podían ser ellas, pues se encontraba acreditado que los demandados eran los dueños de la farmacia al tiempo en que la demandante en sede laboral fue despedida.

Acertadamente, el magistrado de grado advirtió que los accionados no expusieron al contestar demanda las defensas que habrían opuesto contra Boccolini de haber sido citados en el expediente laboral, para que la sociedad Farmacia del Sol S.R.L., que integraban, no fuera condenada. Dados los motivos alegados en la carta en que se notificaba el despido, las defensas y las pruebas de descargo sólo podían girar en torno a la justificación del mismo por la situación que prevé el art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 71).

Al expresar agravios, los demandados no rebaten mínimamente este argumento de la sentencia, pues, nuevamente, omiten manifestar cuáles eran las defensas y pruebas que podían oponer para evitar la condena a Farmacia del Sol S.R.L.

Recordemos en este punto, además, que la condena a la sociedad se fundó en su rebeldía y que ésta sólo es imputable a la omisión de los demandados de inscribir la disolución o el cambio de domicilio de aquélla.

Sí, en cambio, se explayan los recurrentes en su expresión de agravios acerca de los argumentos en que hubieran fundado su oposición a que se extendiera la responsabilidad de la sociedad por deudas laborales a los socios.

Nuevamente, aquí cabe destacar que la responsabilidad solidaria de quienes constaban registrados como socios en la Inspección General de Justicia se basó fundamentalmente en la circunstancia de que la sociedad se encontraba rebelde y había desaparecido del local que había constituido su sede. Si bien a ello se sumó en la sentencia la mención de la incontestación de la demanda por parte de Rodríguez Bertotti, la allí codemandada Gregorio sí había respondido a la demanda promovida por Boccolini, exponiendo los hechos vinculados con la cesión de su calidad de socia y acompañando la documentación que lo acreditaba, no obstante lo cual el juez laboral entendió que se encubría una intención de frustrar derechos de terceros.

No se advierte cómo, ante la situación procesal de la sociedad en aquella causa, los socios actuales hubieran contrarrestado la presunción emergente de ella; sin perjuicio de lo cual insisto en que el hecho de que hayan sido demandados Gregorio y Rodríguez Bertotti en lugar de Bellagio y Nassi debe ser atribuido a la omisión de estos últimos.

V. Por último, y en relación a la queja sobre la aplicación al caso de lo previsto por el art. 768, inc. 3º, del Código Civil, asiste razón a la quejosa en cuanto a que el pago realizado por las actoras no lo fue en carácter de terceros, interesados o no interesados, desde que se trató meramente del cumplimiento de una obligación personal que se les impuso a través de sentencia firme en el juicio laboral.

No obstante ello, la decisión judicial las condenó en razón de que la cesión de cuotas sociales no es oponible a terceros hasta su registración (conforme art. 152, párrafo 4º, ley 19.550), lo cual no obsta a que en el ámbito de las relaciones internas entre las partes de la mencionada transferencia, las responsabilidades estén claramente delimitadas: los cedentes sólo deben responder -en caso de que así correspondiera- por las obligaciones generadas mientras fueron socias, por lo que tienen el derecho de reclamar a los cesionarios el reintegro de lo que debieron abonar a terceros en cumplimiento de obligaciones posteriores.

La causa de la obligación de repetir se halla, pues, en las relaciones internas entre los contratantes, por lo que la condena decidida en primera instancia debe ser confirmada.

VI. Se agravia, por último, la recurrente, de la imposición de costas a su parte.

Si bien, en principio, las costas deben ser impuestas al vencido en virtud del principio objetivo de la derrota, el segundo párrafo del art. 68 del Código Procesal prevé que el juez podrá eximir total o parcialmente al litigante vencido siempre que encontrase mérito para ello.

En este caso, teniendo en cuenta que la inscripción de la transmisión de las cuotas para tornarla oponible a terceros podía ser realizada por cualquiera de las partes, en razón de lo prescripto al respecto por la ley de sociedades comerciales, como así también que las aquí accionantes no citaron a los cesionarios a estar a juicio en el proceso laboral y que no sostuvieron adecuadamente una posición defensiva que se opusiera a la extensión de la responsabilidad societaria a los socios, considero que la Sra. Bellagio y el Sr. Nasi pudieron creerse con derecho a resistir la pretensión de las Sras. Rodríguez Bertotti y Gregorio, por lo que propicio modificar la imposición de costas de primera instancia y disponer que las de ambas instancias sean a cargo de las partes en el orden causado.

Por todo lo expuesto, y por los fundamentos que expongo, voto por la confirmación de la sentencia apelada, con excepción de la forma en que dispone imponer las costas, las que propicio se distribuyan por su orden en ambas instancias.

Así lo voto El doctor Vilar, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada, con excepción de la forma en que dispone imponer las costas, las que se distribuyen por su orden en ambas instancias. Notifíquese por Secretaría y Devuélvase. El señor juez de Cámara doctor Diego C. Sánchez no interviene por hallarse en uso de licencia. -Ana M. Brilla de Serrat. -Miguel A. Vilar.