Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-04-22


AUTOS N° 7943 "GONZALEZ GODOY, David Lindor S/ Apelación Ley 24.557 - Apelación Auto Interlocutorio" San Juan, veintidós de Abril de dos mil nueve.- VISTO:

El llamamiento de autos obrante a fs. 188 a los fines de resolver el recurso de apelación deducido a fs. 163 por la parte actora; y de conformidad al sorteo oportunamente practicado para la emisión de los votos de los Sres. Camaristas,	EL DOCTOR HERMES FRANCISCO CARRERA DIJO: Que por resolución de fs. 161/162, el Sr. Juez del Primer Juzgado Laboral, resolvió declararse incompetente para seguir entendiendo en estos autos, conforme a lo establecido por el art. 27 del dcto. 717/96, ordenando que una vez ejecutoriada la misma, se remitan las actuaciones a la Comisión Médica N° 26, a fin de que las eleve a la Comisión Médica Central en el modo dispuesto por los arts. 27, 25 y ss del dcto. citado.- Entre los fundamentos expuestos por el A quo, pueden citarse: 1- Que la competencia de los Tribunales por razón de la materia es de orden público y por ende improrrogable, por lo que puede ser declarada aún de oficio.- 2- Que el art. 27 del Dcto. 717/96, que prevé la situación planteada en autos, no contempla la intervención del Juzgado Federal, como tampoco la del Tribunal Provincial, sino la de la Comisión Médica Central, conforme el procedimiento establecido por la ley 24241, y ello no ha sido cuestionado en su constitucionalidad por las partes.-	Que contra dicho fallo se alza la demandante en recurso de apelación, por considerar que el mismo le causa agravios irreparables, al declararse incompetente para seguir entendiendo en estos autos y ordenar la remisión de las actuaciones a la Comisión Médica N° 26 para que eleve las mismas a la Comisión Médica Central, en el modo dispuesto por los arts. 27, 25 y cc. del dcto. 717/96.-	A fs. 165/171 funda el apelante su recurso, expresando los agravios que en términos generales a continuación se sintetizan: 1- En que el Aquo ha incurrido en un claro apartamiento de las reglas de la sana crítica al pretender fundar la resolución en un decreto que reglamenta el art. 46 de la ley 24. 557, cuya declaración de inconstitucionalidad se planteó y se declaró -fs. 126-.- Por lo que manifiesta que mal podría dársele vigencia al decreto que la reglamenta y que consecuentemente resulta jerárquicamente inferior.- 2- En que el A quo involuciona en su razonamiento totalmente en relación al criterio imperante según fallo de la Excma. Corte de Justicia, en el caso "Castillo", en el que si bien se declaró la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1° de la L.R.T., sin duda alguna, sus fundamentos son aplicables y constituyen pautas orientadoras para dilucidar la constitucionalidad de las normas pertinentes del dcto.717/96.- Por último, formula reserva de derechos.-	A fs. 172/174 la parte demandada contesta el memorial, oponiéndose al progreso de la apelación, por los fundamentos que allí expresa, y a los que me remito en honor a la brevedad.-	A fs. 182183 emite dictamen Fiscalía de Cámara, llamándose autos a resolver a fs. 188.-	Expuestos suscintamente los antecedentes de la apelación venida a estudio y resolución, corresponde abocarse a su debido tratamiento.- Luego de evaluadas las constancias de la causa, adelanto opinión en sentido favorable al recurrente, y compartiendo el dictamen de Fiscalía de Cámara, considero que la apelación debe ser admitida, debiendo continuar el A quo con el conocimiento y oportuna resolución de la misma, en cuanto es quien resulta competente para ello; conforme fundamentos que seguidamente expongo.-	Resulta conveniente previamente recordar, que el art. 46, inc. 1 de la ley 24557 cuya inconstitucionalidad fue declarada por el máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en el caso "Castillo", establece que "Las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el juez federal con competencia en cada provincia ante el cual en su caso se formulará la correspondiente expresión de agravios, o ante la comisión Médica Central a opción de cada trabajador.- ..." Por su parte el dcto. 717/96 estableció los requisitos formales generales y las consecuencias de la denuncia y de su aceptación o rechazo, los supuestos de intervención de las comisiones médicas y las reglas procesales generales de actuación ante y por ellas, y para la interposición y tramitación de los recursos ante la Comisión Médica Central.-	A poco de analizar la cuestión que se ventila en estos autos, puede advertirse que asiste razón al recurrente al sostener que la inconstitucionalidad del art. 46 párr. 1° declarada por el Sr. Juez Federal que recepcionó las actuaciones con motivo del recurso de apelación deducido por el actor contra el dictamen de la Comisión N° 26, comprende también la del decreto que reglamentó sus aspectos procesales, por ser ésta una norma de menor jerarquía que la primera a la que reglamenta.- No obstante considerarlo innecesario, y a los fines de despejar cualquier duda que pudiere suscitarse en torno a ello, considero que incluso puede sostenerse y así propicio, la declaración de oficio de inconstitucionalidad del dcto. 717/96 citado, en tanto el mismo no sólo se limitó a reglamentar los aspectos procesales de la LRT, sino que introdujo algunas modificaciones trascendentes al texto legal, entre las cuales puede mencionarse la limitación en el recurso, en que funda el Inferior el fallo atacado, cuando por el art. 25, complementado por el 27, se cancela la vía judicial prevista en el 1° párr. del art. 46 de la ley 24557, para recurrir la resolución de la comisión médica en los supuestos de Incapacidad Laboral Permanente Total y Definitiva, modificaciones éstas que implicaron una ampliación al espectro de violaciones a la constitución Nacional resaltadas en el caso "Castillo" citado previamente y a cuyos fundamentos me remito.-	En efecto, resulta también atendible el segundo de los agravios referidos por el apelante en cuanto en un todo de acuerdo al criterio sentado por el Máximo Tribunal de Justicia, no parece discutible ya que la atribución de facultades judiciales a las comisiones médicas configura un supuesto de inconstitucionalidad directa absoluta, tanto por tratarse de organismos de orden federal a los que la ley otorga competencias propias de los tribunales ordinarios, como por el diseño procesal, que no garantiza el debido proceso, por cuanto sus integrantes no son juristas, carecen de estabilidad en el empleo y no está asegurado el patrocinio letrado.-	Asimismo puede decirse que no resulta un fundamento válido, el hecho de que la constitucionalidad del dcto. 717/96 no haya sido cuestionada por las partes, toda vez que conforme lo ha sostenido Nuestra Corte de Justicia "En lo referido a que no podía declararse de oficio la inconstitucionalidad, por no haber existido un planteo oportuno de la parte, esta afirmación se contradice con lo establecido por el art. 11 de la Constitución de la Provincia que impone la obligación a los jueces de declarar la inconstitucionalidad en juicio, "... aún cuando no hubiese sido requerido por parte..."(Autos Nº 3019 "Correa Francisco c/ Frigorífico San Juan S.A. -apelación de sentencia- Inconstitucionalidad y Casación").-	Por lo tanto, y consecuentemente con lo expuesto, resulta entonces perfectamente viable que la resolución de la Comisión Média N° 26 sea directamente revisable en sede judicial ordinaria, en razón de que aquélla sólo habría tenido una intervención primaria sujeta a tal revisión; recordando la doctrina tradicional de la Corte Suprema, expresada especialmente en la causa "Fernández Arias c/ Poggio" del 19/9/60, Fallos 247:652, "es válida la creación de órganos administrativos...siempre que queden sujetos a contralor judicial suficiente a fin de impedir que aquéllos ejerzan un poder discrecional").- También me permito citar un fallo de la Sala I Laboral del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, cuyos fundamentos comparto, cuando resolvió que "La resolución de la Comisión Médica constituye un dictamen despojado de validez de cosa juzgada administrativa al que corresponde atribuirle el carácter de opinión médica anticipada. Sus conclusiones pueden ser impugnadas -en sentido amplio- ante los tribunales del Trabajo, conforme las normas procesales vigentes, las que no receptan una vía de apelación específica (...) Las pretensiones dirigidas contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o los empleadores -sea con base en la disconformidad de la opinión de la comisión Médica, o aún cuando no se haya concurrido a la instancia administrativa y cualquiera sea el nombre que se les haya atribuido en el escrito inicial- se tramitan en el procedimiento laboral local por el juicio ordinario normado en el Título Quinto de la ley 7987 (procedimiento común)" (TSJ de Córdoba, Sala Laboral, 4-7-2004, "Montero José LÑuis c/ Consolidar ART. Incapacidad. apelación. Rec. de Casación").-	De acuerdo a lo expuesto, considero entonces que el recurso de apelación debe ser admitido, disponiéndose que resulta competente para seguir entendiendo en la causa el Sr. Juez del Primer Juzgado Laboral.-	En cuanto a las costas de esta instancia, propicio sean impuestas por su orden (art. 125 ley 5732), atento a la naturaleza de la cuestión sometida a estudio.-	LOS DOCTORES MIGUEL ERNESTO NOVOA Y JOSÉ DIONISIO CASTRO DIJERON: Que por sus fundamentos se adhieren al voto que antecede.-	Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I- Declarar de oficio la inconstitucionalidad del Dcto. 717/96, conforme fundamentos expuestos precedentemente.-	II- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el accionante, imponiéndose las costas por su orden, en un todo de acuerdo a lo expresado precedentemente.-	III- Tener presente las reservas de derechos formuladas.-	IV- Protocolícese, agréguese copia fiel a autos, notifíquese, y oportunamente, bajen los autos al Juzgado de origen.