Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19


L., E. L. Reg.: A y S T 197 p 83-88. Santa Fe, 19 de mayo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el señor Fiscal de Cámaras Número Tres de la ciudad de Santa Fe contra la resolución del 10 de febrero de 2003, dictada por la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal en autos "L., E. L. -Incidente de Nulidad- (Expte. 1008/99)" (Expte. C.S.J. nro. 355, año 2003); y;

CONSIDERANDO:

1. El Juez de Primera Instancia en lo Penal Correccional Número Siete de la ciudad de Santa Fe rechazó la nulidad de las declaraciones indagatorias recepcionadas a E. L. L. y de la requisitoria de elevación a juicio propiciada por el órgano de la acusación y de todo lo actuado con posterioridad que fueran deducidas por el defensor técnico del procesado (fs. 1/7).

Recurrida que fuera tal decisión por el defensor técnico del imputado L., la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad -por mayoría- confirmó parcialmente la resolución recurrida no haciendo lugar al planteo de nulidad de las declaraciones indagatorias recepcionadas a L., con costas, y declaró la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio y de los actos "que en su consecuencia se hayan dictado", lo que se hace extensivo a los demás co imputados de conformidad con lo normado por el artículo 410 del Código Procesal Penal, debiendo oportunamente renovarse el acto erróneamente admitido (fs. 12/15).

Y es contra este último pronunciamiento que deduce el señor Fiscal de Cámaras, doctor Reyes, recurso de inconstitucionalidad (fs. 23/27).

En el memorial introductor, centró sus reparos constitucionales en la respuesta negativa a la validez de la requisitoria de elevación a juicio brindada por la Cámara en su mayoría. En punto a ello, reprodujo los términos de su contestación a los agravios formulados por la defensa, y transcribió las consideraciones vertidas por la Sala en la decisión objetada, sosteniendo que estas últimas "son tan absolutas y generalizadas que componen una injusta y total integridad" que resulta arbitraria al desconocer hechos claros y concretos que se mencionan en el requerimiento fiscal.

Aludió a que su parte oportunamente hizo referencia a que "...sin perjuicio de algunas generalidades se especifican hechos concretos..."; y que -dijo- tales hechos no pueden desconocerse como inexistentes, "por cuanto de aceptar tal tesitura sería admitir una declaración de nulidad por parte del Tribunal de Alzada, basada en definitiva en el mismo error atribuido a un dictamen, o lo que es lo mismo, consentir que en base a una generalidad se ignora lo concreto de las atribuciones delictivas efectuadas".

Manifestó pues que la decisión recurrida -que declaraba la nulidad de la requisitoria- resultaba a su vez nula, por cuanto carecía de suficiente motivación, atento que los hechos que se atribuyeron reunían claridad y exactitud, por cuanto se hacía "mención directa al período en donde se hallaron falencias en los movimientos bancarios", de las presentaciones de los inventarios, del erróneo trámite de los expedientes, entre otros; y -afirmó- "que la resolución objetada debió haber señalado concretamente cuáles eran los que se consideraban genéricos y cuáles específicos", y de esa manera partiendo, en su caso, "de una posible nulidad parcial", se hubiera clarificado el panorama, antes de arribar a la tremenda y desaconsejable situación crítica procesal en la que nos encontramos, sin perjuicio de la viabilidad del presente recurso de inconstitucionalidad.

Asimismo, señaló que el criterio de interpretación de las nulidades debe ser restrictivo y hacerse lugar a las mismas sólo cuando evidencian una grave vulneración de la regular sustanciación de un juicio, lo que no se adecua en el presente caso, cuando todo proviene de una particular opinión respetable pero no compartida, no solo de su parte sino también del doctor Franchini que quedara en disidencia. Puntualizó que, en el caso, se le otorga suma importancia a una exigencia formal para nulificar, "sin encausar la instrumentalidad útil para permitir la continuidad de la causa" en beneficio de la jurisdicción y al adecuado reclamo social de recepcionar una respuesta legal a sus reclamos, con una sentencia definitiva que contenga el análisis de la valoración de todo lo investigado.

Por último, postuló la existencia de un supuesto de gravedad institucional "teniendo en cuenta el gravamen irreparable que provoca abrogar la ardua tarea de investigar las conductas de diversos funcionarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia..", "afectando no sólo las instituciones fundamentales del Estado, como ser el Poder Judicial y el propio Poder Ejecutivo de quien depende la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, sino también perturbar a la sociedad entera, al no recibir una respuesta jurisdiccional completa y definida y no sólo un archivo por prescripción de la acción resuelto contradictoriamente" (f. 26vto.).

La Sala -por mayoría- denegó la concesión del recurso deducido por considerar que la decisión no revestía el carácter de definitiva exigida por la ley 7055 como así también por no hallarse cubierto el recaudo de oportuno planteo de la cuestión constitucional (fs. 73/76). Ante ello, el representante del Ministerio Público acudió por vía de queja ante esta Corte (fs. 84/88).

2. En tren de examinar si se encuentran reunidos los recaudos de admisibilidad previstos en la ley 7055, es preciso señalar, en primer término, que su artículo 1 establece que procederá el recurso de inconstitucionalidad -siempre que también se configure al menos uno de los casos enunciados en los tres incisos del citado artículo- contra sentencias definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación.

A su vez, cabe agregar que resulta ser una posición pacíficamente aceptada tanto por esta Corte como por el más Alto Tribunal de la Nación, que corresponde atribuir tal carácter a las decisiones que, si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (Cfr. Fallos 308:1832; A. y S. T. 142, p. 33, entre otros).

Conforme a su naturaleza, debe señalarse que, tal como correctamente lo afirmara la Cámara en el auto denegatorio, el pronunciamiento que motiva el remedio extraordinario -mediante el cual, en lo que aquí concierne, se declaró la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio y de los actos que en su consecuencia se hayan dictado, haciéndolo extensivo a los demás coimputados- no reúne el requisito de ser sentencia definitiva ni es auto interlocutorio con las características prescriptas en el aludido artículo 1 de la citada ley 7055.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que las resoluciones que deciden sobre nulidades de actuaciones procesales no constituyen sentencia definitiva (Fallos C.S.J.N. 310:2733; 314: 657 y 1442, entre otros); que "las resoluciones que deciden la admisión o el rechazo de las nulidades procesales no ponen fin al pleito ni impiden su continuación, por lo que carecen de carácter definitivo a los fines del recurso extraordinario", (C.S.J.N.,"Álvarez", Fallos 316:341).

En esa línea también se ha expedido esta Corte en reiteradas oportunidades (A. y S. T. 134, p. 42/52; T. 158, p. 237/240; T. 170, p. 363/3 Surge de las constancias de autos que el compareciente en pos de superar dicho recaudo de admisibilidad invoca el gravamen irreparable "...que provoca abrogar la ardua tarea de investigar las conductas de diversos funcionarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia..." afectando "... no sólo las instituciones fundamentales del Estado como ser el Poder Judicial y el propio Poder Ejecutivo de quien depende la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia sino también perturbar a la sociedad entera, al no recibir una respuesta jurisdiccional completa y definida, y no sólo un archivo por prescripción resuelto contradictoriamente..." (f. 26vto.).

Aun de entenderse superado con los argumentos expuestos tal recaudo formal, también debe puntualizarse que obsta a su admisibilidad la falta de cumplimiento del requisito que establece el artículo 1 in fine de la citada ley -por cuanto la cuestión constitucional recién se introdujo en la pieza de interposición del memorial recursivo-, y sin que logre el recurrente en modo alguno perfilar la existencia de un supuesto de arbitrariedad sorpresiva.

Y es que, habiendo expuesto el defensor técnico del imputado L., las razones en que luego se basó la mayoría del Tribunal para declarar la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio -concretamente, la ausencia de claridad y precisión en la descripción de los hechos atribuidos que le impedían ejercer debidamente su derecho de defensa en juicio-, obviamente, el recurrente pudo, al contestarlos, formular reservas constitucionales a fin de que se consideraran sus reparos (A. y S. T. 53, p. 113; T. 60, p. 108, entre otros).

En consecuencia, el tema resulta traído directamente ante esta Corte, lo que sella sin más su suerte adversa (A. y S. T. 60, p. 421; T. 64, p. 461; T. 69, p. 462; T. 99, p. 307; T. 114, p. 381/384, entre muchos otros), sin que permita tener por superado dicho ápice ritual la configuración de un supuesto de gravedad institucional. Es que ésta requiere que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad, circunstancia que la impugnante debe demostrar configurada en la especie (A. y S. T: 48, p. 293; T. 81, p. 276, entre otros); y en autos, el compareciente la alega en forma genérica pero no logra demostrar su existencia si se la traslada a la litis concreta, en donde no se consigue persuadir de que la inteligencia asignada por el A quo a las normas y principios aplicados, dentro del marco del recurso sometido a su jurisdicción, perturbe en el modo que lo enuncia instituciones fundamentales del Estado y afecte los intereses que se dicen comprometidos.

No obstante lo expuesto, cabe señalar que a pesar del esfuerzo desplegado en el escrito recursivo, invocando diversos vicios constitucionales en que habría incurrido el Tribunal a quo en su mayoría al acoger el planteo de la defensa, el recurso igualmente no podría prosperar.

Así, en cuanto al vicio de falta de motivación enrostrado al pronunciamiento -al desconocer que los hechos que se atribuyeron en el escrito de fojas 5507/5509 resultaban claros y concretos y que por ende la requisitoria fiscal resultaba válida desde que colmaba las exigencias procesales y constitucionales-, es de destacar que lo expresado en tal sentido no alcanza para convencer a este Cuerpo acerca de que la mayoría del Tribunal hubiese resuelto de modo arbitrario al colegir -contrariamente a lo propiciado por el impugnante-, que la requisitoria de elevación a juicio no satisfacía los requisitos exigidos por el artículo 373 del Código Procesal Penal ni, por ende, que pueda entenderse con ello satisfecho el recaudo exigido en el artículo 1 de la ley 7055.

En tal sentido, cabe advertir que la mayoría del Tribunal sostuvo que en la requisitoria obrante a fojas 5507/5509 "el Fiscal se había limitado a transcribir literalmente las imputaciones formuladas por el instructor al recibir las correspondientes indagatorias, las manifestaciones defensivas de los imputados en dicho acto y algunas generalidades de Y por cierto, toda la fundamentación desarrollada remite al examen de cuestiones fácticas y de derecho común que según se advierte, fueron resueltas en el caso con fundamentos suficientes, sin que demuestre el recurrente falta de lógica en el razonamiento de la Alzada.

Tanto más -bien sea dicho a mayor abundamiento-, frente a tales argumentos, el impugnante debió haber demostrado adecuadamente que, contrariamente a ello, se encontraba plenamente garantizado el derecho de defensa en juicio del imputado con la relación de los hechos efectuada en la requisitoria de fojas 5507/5509, indicando al menos cómo era que se hallaban establecidos de manera precisa, detallada y circunstanciadamente los elementos fácticos que describían las conductas ilícitas atribuidas al imputado, y que aquéllas no poseían el carácter genérico y abstracto que les endilgara el defensor al plantear la nulidad de dicho acto procesal, como así que se encontraba satisfecho el elemento lógico o volitivo, si según su postura, había el Fiscal dado razones claras de su conclusión acusatoria.

En consecuencia, corresponde declarar la inadmisibilidad del remedio deducido.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)