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Acción autónoma de nulidad, cosa juzgada írrita, legitimación activa, falta de legitimación para obrar, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R.J.A. y E.N.A. c/ M.E.E.Ll. s/ Incidente de acción autónoma de nulidad por la existencia de cosa juzgada írrita - Ref. Expte. Nº 256/00
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-05-23

La acción autónoma de nulidad por cosa juzgada írrita interpuesta por el Intendente que busca la revisión de una causa que culmino con un sobreseimiento por prescripción de la acción penal deviene improcedente, puesto que no se verifica el requisito de que el impugnante no haya tenido oportunidad de apersonarse a ejercer el derecho o interés legítimo que lo ampara, atento el nulidicente tuvo pleno conocimiento de la existencia del proceso y del fallo de sobreseimiento por lo que pudo atacar el fallo en cuestión ejerciendo la vía impugnaticia y no lo hizo en tiempo.
Revocación de sentencia, procesos de conocimiento, medidas cautelares, interés público, resolución inaudita parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Civil Hospital Alemán c/ GCBA  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-11

La sala revocó la providencia del juez de grado por la que, previo tratamiento de la medida cautelar requerida, libró oficio al GCBA para que informara sobre el interés público comprometido, las circunstancias que hacen a la medida peticionada y toda otra cuestión que considere relacionada con la causa. Para así decidir, el tribunal entendió que tal pedido de informe -en la medida que ponía en conocimiento de la demandada la promoción de las actuaciones- se apartaba del carácter de inaudita parte que es propio del trámite cautelar, y no se advertía una justificación suficiente que explicara la decisión. También refirió que la ley 26.854 no resultaba de aplicación en el sub lite, puesto que la parte demandada -y a quien se dirigía la cautela- era el GCBA y no el Estado nacional o los entes descentralizados nacionales.
Denegatoria del recurso, asignación no remunerativa no bonificable, Fondo Nacional de Incentivo Docente, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Damiano, Carlos Manuel y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Damiano, Carlos Manuel y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-18

Corresponde rechazar la queja de la parte actora con relación al invocado carácter bonificable del rubro -Fondo Nacional de Incentivo Docente-, que la Cámara, con apoyo en los artículos. 118 y 119 del Estatuto Docente, descartó, toda vez que no satisface la carga de fundamentación que prescribe el art. 32 de la ley n° 402. Es requisito necesario del recurso directo que contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad y este recaudo no se verifica en autos. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Declaración de quiebra, cesación de pagos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sartor SA s/ quiebra c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

Corresponde admitir la legitimación del ex director de la fallida para recurrir la decisión que estableció la fecha de cesación de pagos, aún cuando no se encontraba en el directorio de la sociedad al tiempo en que se declaró la quiebra. Ello así, pues si bien las acciones que nacen con el decreto de quiebra por lo general tienen un límite de retroacción de dos años, existen otros supuestos ajenos a esta limitación temporal y que otorgan legitimación suficiente al aquí apelante -quien detentaba durante una parte de ese tiempo el cargo de director- para intervenir en el proceso de fijación de la fecha de cesación de pagos (en este sentido, ver Junyent Bas, Francisco - Molina Sandoval, Carlos A.: "Ley de Concursos y Quiebras comentada", t. 2, pág. 152, ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2018). Así, por ejemplo, las acciones de responsabilidad pueden alcanzar hasta un período anterior a un año de la determinación de la fecha inicial de cesación de pagos (ver LCQ 173 y 174).
Responsabilidad del Estado, personal penitenciario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "ROSALEZ  CLAUDIA  PATRICIA  Y  OTROS c/ SERVICIO PENITENCIARIOFEDERAL Y OTRO S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-23

Nada permite "diferenciar el carácter de la actuación del agente, para considerar que actuó en servicio cuando resulta ser la víctima y que no lo haya hecho cuando es el victimario". Por ello, "resulta de aplicación la doctrina sentada por nuestro más Alto Tribunal en cuanto a que procede la responsabilidad del Estado porque quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y debe afrontar las consecuencias de su incumplimiento o ejecución iregular (Fallos 306:2030; 312:1656; 315:1892; 316:2136; 320:266; 325:1277; 328:4175; 329:3065; 331:1690)".
Juicio ejecutivo, ejecución fiscal, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: O.S.N. c/ CONS. PROP. TALCAHUANO 736 s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-24

La temeridad puede configurarse en el acto mismo en que las partes sustentan sus pretensiones, puesto que lo que esa norma pretende evitar es la promoción de procesos en los que el autor tuvo o debió tener conocimiento de la carencia de motivos para accionar y, no obstante, ello, se entabló la demanda abusando la jurisdicción. La temeridad en el obrar se configura el abuso de la jurisdicción en que incurre, Obras Sanitarias de la Nación al promover ejecución fiscal sin sustento instrumental valedero. No es necesaria -entonces- la prueba de un elemento subjetivo en la persona de derecho público ya que basta ese menosprecio por su actividad jurisdiccional para que aquella se vea sometida a la normativa vigente.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, contienda positiva de competencia, sucesiones, fuero de atracción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INSAURRALDE VDA. DE COREA C. E. s/ CONFLICTO DE JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2005-08-30

a) Siendo el proceso sucesorio uno de los denominados juicios universales, corresponde al Juez que resulte competente en tal proceso, la intervención en todas las cuestiones consecuentes.

No otra cosa es lo que dispone el art. 3.284 del Código Civil, el que en su inc. 1 refiere que ante el mismo deben tramitar "las demandas concernientes a los bienes hereditarios hasta la partición inclusive, cuando son interpuestas por algunos de los sucesores universales en contra de sus coherederos".

b)Habiéndose sostenido también que están comprendidos en este inciso "las acciones originadas en hechos que ocasionen la nulidad o la reforma de la partición como por ejemplo, si hubiere existido un vicio del consentimiento al aprobarlo o si hubieren cometido errores en la formación de los lotes.- b) si la norma civil ha establecido en el derecho sucesorio un proceso cuya característica básica es la universalidad, ello debe respetarse, por lo que la disconformidad de alguno de los coherederos con decisiones de ese Juez competente deben encontrar el planteamiento y la consecuente respuesta en las mismas causas donde se produjeron, o en procesos que tramitaran ante el mismo Juzgado de radicación del sucesorio.

En suma, tal derecho debía hacerse valer por las vías jurisdiccionales pertinentes.- c) No puede concebirse que aun ante la existencia de una disposición constitucional como nuestro art. 19 (norma provincial), que faculta a cualquier Juez letrado de todo fuero o instancia a intervenir y fallar en una acción de amparo, no se advierta que en este supuesto se presenta un conflicto vinculado a la aplicación de normas que el Congreso Nacional ha consagrado como derecho de fondo, con la implicancia ya analizada.

Desde esta óptica, la situación planteada en autos, denota "prima facie" que se está detrayendo competencia al tribunal que constitucional y legalmente cuenta con tal atribución.-
Sucesiones, fuero de atracción, acciones personales contra el causante
Materia: PROCESAL
Carátula: BOGINO, ALFREDO FRANCISCO c/ CETTARO, HUGO RAMON FERNANDO s/ COMPETENCIA (CONFLICTO DE COMPETENCIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-14

Atento las circunstancias relevantes del conflicto negativo de competencia suscitado - donde se discute si las acciones personales de los acreedores del causante siguen siendo atraídas por el fuero de atracción del sucesorio que imponía el derogado artículo 3284 del Código Civil y en forma análoga a otras causas ya consideradas y decididas por esta Corte-, corresponde hacer saber a los jueces con competencia en lo civil y comercial de la Provincia lo dispuesto en la presente resolución, a cuyos efectos y por conducto de las respectivas Presidencias de Cámaras de Apelación, se le dará a ésta la más amplia difusión.
Imputado, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: B., H.H. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-10

El conjunto de circunstancias y elementos concomitantes y conexos no pueden ser desconocidos en tanto generan las características del delito, toda vez que por el contrario, si resultan desconocidas de inmediato, importan dejar inerme a la justicia impidiendo que los hechos inciertos sean sometidos a debate y al derecho de prueba.
Emergencia económica, control de razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gatica Dalmacio Eugenio c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso administrativo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-05-03

Si bien no es revisable -como tal- la declaración de emergencia dictada por los Poderes competentes de Estado, en cambio sí es susceptible de someterse al control jurisdiccional la razonabilidad de las medidas adoptadas con motivo de aquella emergencia.(Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, encuadramiento legal de los hechos
Materia: LABORAL
Carátula: Mainardi, Osvaldo D. c/ Obra Social del Personal de la Const. (O.S.Pe.Con.) s/ Reajuste y dif. de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

Corresponde a los jueces calificar jurídicamente las circunstancias fácticas del caso con independencia de las alegaciones de las partes y del derecho que hubieren invocado en tanto no se tergiversen los hechos o la naturaleza de la acción deducida.
Enfermedad accidente, hipertensión arterial, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: BELTRAMONE, ALFREDO c/ SEGBA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

Si bien la hipertensión arterial no tiene relación causal con ningún tipo de tareas puede, sin embargo, ser acentuada por el trabajo, actuando éste de modo concausal, por lo que dentro del campo de la ley 9688 (teoría de la indiferencia de la concausa) corresponde su resarcimiento.
Jueces naturales, juzgamiento por comisiones especiales, reforma de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Amelong, Juan Daniel y otros s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-05

La circunstancia de que el Tribunal Oral que interviene en la presente causa haya sido creado con posterioridad a la comisión de los hechos aquí juzgados no vulnera la garantía constitucional de juez natural, pues su creación se encuadra dentro de la reforma global del procedimiento penal en el ámbito de la justicia federal, sin que pueda atribuirse a dicho proceso de reforma ningún intento de privar a un juez de la jurisdicción en un caso concreto para conferírsela a otro, por lo que no existe manipulación alguna de la jurisdicción que pudiera configurar una comisión especial disimulada en una jurisdicción legalmente conferida.
Incumplimiento del contrato, responsabilidad de la concesionaria, plan de ahorro previo, multa civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Adanez, Matías  c/ Brenson Autos SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

Todo ello configuró un incumplimiento suyo a los deberes restitutorios propios de liquidación postcontractual, de cuya gravedad no puede dudarse pues el sistema de ahorro previo encierra un contrato de administración de dinero ajeno (conf. Ghersi, C. y Muzio, A., "Compraventa de automotores por ahorro previo", Buenos Aires, 1996, p. 50, n° 8), habiendo retenido la demandada en su patrimonio el dinero mal cobrado al actor sin conferirle destino alguno, lo que es claramente inadmisible. Así las cosas, concurre con nitidez la situación de particular gravedad exigida para admitir la aplicación de la multa civil de que se trata.
Recurso extraordinario, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Oscar Aníbal c/ Expreso Cañuelas SRL s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Las medidas de prueba son improcedentes en la instancia extraordinaria.
Confirmación de sentencia, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Gennaro, Roberto Remo  c/ F.A.E.N.A.  s/ ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-14

Si la demandada apelante, mediante la acción autónoma de nulidad, pretende cuestionar el acierto de una decisión anterior, sin alegar un vicio extrínseco ni sustancial, debe confirmarse el rechazo a la acción intentada.
Medidas urgentes, CUBA, derecho a la integridad física, medidas de seguridad y protección, derecho a la vida, Derechos humanos, organismos de derechos humanos, daño irreparable, libertad de expresión, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 7/2021 - Medidas cautelares No. 211-20 Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo y Oswaldo Navarro Veloz respecto de Cuba c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2021-01-19

Corresponde considerar verificado el requisito de extrema gravedad en el caso de los dos defensores y de la defensora de derechos humanos integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial en Cuba, pues los actos de persecución, allanamientos a sus residencias y hostigamientos padecidos a cargo de agentes estatales que les intimaron al abandono de sus actividades bajo amenaza de criminalizar sus conductas, no solo atacan en forma directa su derecho a la libertad de expresión, sino que los somete a una situación de grave riesgo en detrimento de sus derechos a la vida e integridad personal.
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, acción civil, cosa riesgosa, responsabilidad del empleador, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: PALOMINO ANGEL ESTANISLAO c/ JUNTA NACIONAL DE GRANOS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO ART. 1113 C.C
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

A partir de no encontrarse discutida ni la relación laboral ni las condiciones de trabajo, el accidente sufrido no puede imputarse ni al riesgo propio de la cosa, vicio intrínseco alguno, o la culpa del empleador, por lo cual mal puede endilgarse la responsabilidad civil que se le achaca cuando no existen pruebas fehacientes que las circunstancias mismas del infortunio le sean imputables de modo alguno (directo o indirecto) al empleador. Debe entenderse a la exclusiva relación de causalidad de la habilidad o cuidado con que se desenvolvió el actor en la realización de los movimientos físicos para elevar y sujetar la plancha de hierro respecto del daño que le produjera su caída, puesto que aquí, en principio, no rigen las presunciones que rigen, con amplitud, en la legislación laboral (arts. 1 y 195 de la ley de contrato de trabajo) para los que solo es necesario que el accidente se haya producido con motivo o en ocasión del trabajo, haya mediado causa o concausa (cfr. Belluscio, .... Punto 85-a pág. 581 Y sig.).
Recurso de casación, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: VARELA NESTOR ANGEL c/ SIE S.R.L. s/ SUMARIO (RESIDUAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-20

Si bien las cuestiones atinentes a la regulación de honorarios no son susceptibles de permitir la admisibilidad del recurso de casación, por no darse los supuestos de admisibilidad previstos por el art. 815 CPCC, ese principio admite excepciones cuando, como en el caso, la impugnación casatoria propone una cuestión jurídica referida a que hubo violación de normas constitucionales, al derecho arancelario y formal, así como arbitrariedad -ausencia de fundamentación-, en la resolución que, sobre este tema, es definitiva para el recurrente, quien no podrá renovar el planteo, con lo cual no se trata de apreciar pautas que son de hecho, sino el sentido jurídico y la aplicación de normas de derecho que regularían el caso, invocándose la omisión y errónea interpretación de las mismas, suscitando cuestión de derecho que torna admisible el recurso deducido (arts. 813 y 815 CPCC).
Confirmación de sentencia, ejercicio profesional, sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL
Carátula: Torrez Arguello, Benjamín c/ CPACF s/ ejercicio de la abogacía- ley 23.187- art. 47
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-09

El Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal impuso al letrado sumariado la sanción de multa contemplada en el artículo 45 inciso c) de la ley 23.187, por el importe de $ 30.000 (pesos treinta mil). Ello así, en razón de no haber comparecido a la audiencia en la que se dio lectura al veredicto en la causa llevada contra su defendido, pese a haber sido notificado personalmente. La sala confirmó el acto cuestionado, en cuanto tuvo por configurada la infracción, de conformidad con los arts. 10, inc. a) y 19, inc. a) del Código de Ética, y los arts. 6, inc. e) y 44, incs. e), g) y h) de la ley 23.187.
Prevención, facultades de la autoridad de prevención, interpretación de la ley, acción penal, impulso procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CORVALAN, Diego y otros s/ auto de procesamiento Causa nro. 26.999
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-01-05

Una correcta hermenéutica de los artículos 188, primer párrafo, 195, 182, 183, 184 y 186 permite sostener que las actuaciones generadas ante las fuerzas de seguridad traen aparejado el impulso de la acción para provocar la intervención del Juez sin violar la máxima "ne procedat judex ex oficio" imperante en el nuevo ordenamiento procesal.
Tribunal de cuentas, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nanclares Enrique A. Y sus acumulados Ministerio de Hacienda; Dirección de Rentas; Rinden cuentas gastos varios 1953 s/ Recurso directo (Libro: S066-137) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-11-18

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y dar por aprobadas las cuentas rendidas (art. 182 de la Constitución de 1916), si el fallo del Tribunal de Cuentas se expidió vencido el término de un año desde la presentación de las cuentas con la documentación completa y suficiente. La omisión del Tribunal de Cuentas de establecer la fecha de integración de las cuentas no puede perjudicar a los recurrentes ni debe enervar la aplicación de una garantía constitucional en favor del cuentadante.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba, culpa, relación de causalidad, expediente, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Ríos, Amalia c/ Morales, Juan Alberto y Empresa de Transporte Godoy S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y perjuicios (Expte. CSJ Nº   1954-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-10

Incurre en el vicio de arbitrariedad en la apreciación de los hechos y la prueba, el Tribunal a-quo que entendió - correctamente- aplicable a la causa de daños y perjuicios el artículo 1113 segundo párrafo del Código Civil, pero a la hora de valorar las pruebas aportadas a efectos de comprobar la configuración de algún supuesto con aptitud para romper -total o parcialmente- el nexo causal, más específicamente la alegada culpa de la víctima, lo hacen en forma parcializada, incompatible con un adecuado servicio de justicia, no brindando sustento suficiente a sus afirmaciones y sin darle tratamiento adecuado de acuerdo a las constancias del expediente penal.
Conciliación obligatoria, SECLO, multa laboral, cláusula dólar
Materia: LABORAL
Carátula: RICO, ISABEL c/ SANOTEX SCA Y OTRO s/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-28

En atención a que el acuerdo celebrado entre las partes pactaba el pago de las cuotas en pesos pero tomando el valor dólar del mercado al momento de su cancelación, y tal circunstancia garantiza el valor constante del crédito reclamado, correspondería dejar sin efecto la multa fijada al amparo del art. 26 de la ley 24635.
Allanamiento, policía federal, juegos de azar
Materia: PENAL
Carátula: MENDEZ, ALDO O. s/ ALLANAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-08

El art. 10 del decreto- ley 6618/57 autorizaba al jefe de policía a emitir orden escrita y firmada por él para que los funcionarios policiales penetraran en los lugares en que se verificaban juegos de azar, venta de billetes de lotería no autorizados o celebraran apuestas, etc. siempre que existiera semiplena prueba del hecho.
SERVICIO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, Superior Tribunal de Justicia, competencia, competencia contencioso administrativa, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramos, Juan Bautista c/ SAMCO s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda laboral (Expte. CSJ Nº   241-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-05

No cabe presumir la existencia de una relación de empleo público sólo a tenor de lo dispuesto por el artículo 5 de la ley 6312, ya que los preceptos relativos al personal dependiente del SAMCO admiten la coexistencia de personal vinculado por relaciones jurídicas de empleo público y de personal vinculado por relaciones propias del Derecho Laboral (así, los agentes designados en forma directa por el ente, no obstante que, gocen de los mismos beneficios y tengan las mismas obligaciones mínimas que los demás agentes civiles del Estado. De tal modo, las contiendas que se susciten respecto de los primeros son de naturaleza contencioso administrativa y, por ende, propias de la competencia de la Corte; los reclamos de aquellos mencionados en segundo término deben ser sustanciados, en cambio, ante los jueces con competencia en lo laboral.
Improcedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: JORGE CARACARA, Ramiro c/  s/ Infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-02

No corresponde hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 9 ley 27.302, pues la técnica legislativa empleada que sujeta el monto de la pena de multa a una unidad fija correspondiente a un valor asignado a un trámite administrativo de la misma materia, no resulta, por sí misma, inconstitucional, sino por el contrario, esta técnica tiene la ventaja de evitar la desactualización de la norma por el transcurso del tiempo.