Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23


SENTENCIA NUMERO: DIEZ En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Matías Olmos, abogado defensor del imputado Jorge Omar del Valle Brizuela, en estos autos, Expte. Corte Nº 63/09, caratulados: "RECURSO DE CASACION interpuesto por el Dr. Matías Olmos por la Defensa del imputado Jorge Omar del Valle Brizuela en contra de la Sentencia Número Diecinueve/2009 recaída en Causa Expte. Nro. 153/99 caratulado: 'Moreno, Ricardo Héctor y otros - ss.as. Peculado Reiterado, etc.- Capital - Catamarca'", contra la sentencia Nº 19/09, dictada con fecha trece de agosto de dos mil nueve por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es admisible formalmente el recurso? ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo con orden de votación sorteado a fs. 24, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero: la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.- A la Primera Cuestión la Dra. Sesto de Leiva, dijo:

I. El recurso ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por quien estaba legitimado para recurrir, se dirige contra una sentencia definitiva y se encuentran suficientemente explicitados los motivos de agravio que deben constituir el marco jurisdiccional de este Tribunal a fin de garantizar al condenado el derecho que tiene a que su condena sea revisada, en forma integral, a los fines de legitimar el poder punitivo estatal (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 8.2.h de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos).

Por lo tanto, considero que el recurso es formalmente admisible. Así Voto.

II. En lo que aquí interesa, por la impugnada sentencia Nº 19/09, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación resolvió, en lo que es motivo del recurso, lo siguiente: Punto III) "Declarar culpable a Jorge Omar del Valle Brizuela de condiciones personales relacionadas en la causa como coautor penalmente responsable de los delitos de peculado en forma continuada ( arts. 261 primera parte, 45 y 55 a contrario sensu del C. Penal) por los Hechos Nominados: quincuagésimo noveno, sexagésimo, sexagésimo primero, sexagésimo segundo, sexagésimo tercero, sexagésimo cuarto, sexagésimo quinto, sexagésimo séptimo, septuagésimo, septuagésimo primero, (diez hechos). Condenándolo en consecuencia a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua (arts. 40, 41 y 26 del C. Penal). Imponiéndole por el término de dos años conforme a las prescripciones del art. 27 bis del C. Penal la siguiente regla de conducta : Fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Justicia ( Ex Patronato de Liberados), ante quien deberá presentarse todos los meses, organismo este que tendrá a su cargo verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en el presente resolutorio. Todo bajo los apercibimientos previstos en la última parte del art. 27 bis citado del C. Penal. Debiendo una vez firme la presente Sentencia, labrarse la pertinente acta de compromiso por Secretaría. Con costas, (arts. 407, 536 y concordantes del C.P.P.). Absolver a Jorge Omar del Valle Brizuela de condiciones personales relacionadas en la causa como coautor penalmente responsable de los delitos de peculado en concurso real (arts. 261 primer párrafo, 55 del C. Penal) por los Hechos Nominados: vigésimo noveno, trigésimo, trigésimo segundo, trigésimo tercero, trigésimo cuarto, trigésimo sexto, trigésimo séptimo, cuadragésimo, cuadragésimo segundo, cuadragésimo cuarto, cuadragésimo quinto, cuadragésimo sexto, cuadragésimo octavo, cuadragésimo noveno, quincuagésimo, quincuagésimo tercero, sexagésimo sexto, sexagésimo octavo, sexagésimo noveno, septuagésimo segundo, septuagésimo tercero, septuagésimo cuarto, septuagésimo quinto, septuagésimo sexto y nonagésimo noveno. Sin costas, arts. 536 y concordantes del C.P.P..-" III. Como fundamento de su impugnación el recurrente invoca el art. 454 incisos 1º (segundo supuesto) y 2º, y dice que la resolución reseñada le causa agravios en tanto hace una errónea aplicación de la ley sustantiva y una errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba. Hace reserva del recurso federal.- III. a. Primer agravio Manifiesta el recurrente que Brizuela fue intimado por treinta y cuatro Hechos de peculado y un Hecho de malversación de caudales públicos, con idéntica narración de los hechos y prueba similar, y que fue condenado por diez Hechos de Peculado cuyo relato trascribe. Cuestiona la condena por considerar que la conducta descripta por la acusación encuadra en el delito de malversación de caudales públicos, en los términos del art. 261, 1º supuesto del Código Penal ya que de conformidad con la acusación se había sustraído dinero de los ámbitos de la administración pública sin establecerse su destino final o si habían sido colocados fuera de la administración pública por lo que correspondía aplicar la ley más benigna. Y agrega que la descripción que realiza el juez Álvarez Morales del término sustraer no tiene correlato en la posición atribuida a Brizuela.

Respecto a este agravio, considero que no puede ser acogido en atención a que el discurso recursivo sólo expresa su disconformidad con lo resuelto sin refutar los fundamentos expuestos en el fallo para sustentarlo. El recurrente no se hace cargo de las extensas consideraciones efectuadas con relación a la calificación legal asignada a los hechos por parte de los jueces que conformaron la mayoría en la decisión que impugna, consideraciones enriquecidas con profusas citas doctrinarias sobre el punto y de cuyos conceptos tampoco se ocupa para criticar razonadamente su aplicación en el caso. En tales condiciones, el recurso no satisface la exigencia de fundamentación autónoma que reclama el recurrente la demostración de la irrazonabilidad de lo resuelto, recaudo que no abastece el impugnante con la mera exposición de la solución que él pretende.- III. b. Segundo agravio Sostiene el apelante que la posición exculpatoria de Brizuela no ha sido destruida por prueba alguna; que la suya era la cuarta firma necesaria para librar los cheques y que éstos antes pasaban por Barroso, Moreno y Delgado, como quedó establecido en el juicio con el testimonio de Santillán, entonces empleada y ahora tesorera de esa Administración; alega que Brizuela no era el responsable de los sueldos de los docentes sino del área Compras y Patrimonio, la que no fue objeto de investigación y sobre la que los jueces dijeron que no existía denuncia alguna; destaca que, como no tenía nada que ocultar, Brizuela colaboró con las auditoras contables suministrándoles la documentación que le requerían y así lo reconoció en el juicio la C.P.N. Argerich de Picca. Considera que si bien cobró los cheques descriptos en los diez hechos por los que fue condenado, Brizuela le entregó los montos correspondientes a los responsables de aquella área y así surge de la prueba testimonial. Es por ello -dice- que no comprende que se haya mantenido la acusación por diez hechos de peculado si se desestimaron veinticuatro con idéntica narración y por el mismo tipo penal. Considera que la valoración de la prueba es parcial en este sentido pues al adoptarse una posición condenatoria no podía parcializarse en ese sentido. Reitera que de haber existido una conducta disvaliosa de Brizuela no hubiera sido la prevista en el art. 261 sino la descripta en el art. 260 del Código Penal y que, por ende, la acción penal emergente estaba prescripta según lo dispuesto en el art. 59 inc.3º , 62 inc.2º y concordantes del Código Penal.

Respecto de este agravio, estimo que tampoco puede prosperar atento a que no indica el recurrente, ni observo, desarreglo en el razonamiento contenido en el fallo para inferir las conclusiones impugnadas de los elementos de juicio ponderados. Y esa omisión priva al tribunal de la posibilidad de controlar si, como dice el recurrente, los jueces que conformaron la mayoría inobservaron las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria o en la subsunción legal de los hechos.

Que Brizuela no haya sido el responsable de los sueldos de los docentes sino del área Compras y Patrimonio, no excusaba la sustracción por éste de los fondos de las cuentas bancarias destinadas al pago de haberes, como parece pretender el recurrente. Muy por el contrario, el haberse desempeñado a la época de los hechos como Encargado del Departamento Compras y Patrimonio de la Dirección de Administración del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia revela el conocimiento que tenía -o debería haber tenido- del manejo de los dineros públicos. Es por ello que esa circunstancia fue especialmente considerada en el voto del Juez Álvarez Morales, conjuntamente con su condición de docente, en tanto autorizaban presumir que su nivel de educación y cultura le obligaban a cumplir las normas y constatar la regularidad de los cheques que firmaba al tiempo que le habían permitido conocer sobradamente el alcance de sus actos.

Tampoco justificaba el ilegal proceder del Brizuela que éste, según el apelante, haya firmado los cheques después de Moreno o de Barroso o de Delgado, circunstancia sobre cuya relevancia no argumenta el apelante. En el mismo sentido, Brizuela había declaró que a él se le había registrado la firma (en el Banco) para (librar cheques contra) la cuenta de sueldos, para el caso de necesidad, por ausencia de Moreno, Barroso o Delgado, es decir como suplente de ellos. Destacó que la suya era una firma auxiliar debido a que la tarea administrativa no se podía parar, que las empleadas le hacían firmar si estaban ausentes alguno de los otros que tenían firma registrada, que él sólo les firmó a los Sres. Tesoreros Barroso y Delgado, no a otras personas; que él firmaba confiado y que no le daban constancia alguna, que esa no era una función suya sino que le correspondía a los tesoreros. Que él firmaba los cheques que estaban destinados a cubrir las planillas complementarias, sin saber definitivamente cuál era el destino que se le daba a esos fondos; que nunca pidió comprobantes pues consideraba que estaba trabajando con personas grandes que eran sus compañeros, con personas de confianza, y que ese era un favor que le hacía a la tesorera. Las explicaciones referidas no lograron el propósito exculpatorio que se proponía el imputado y no podía ser de otra manera atento a que ni el carácter de haber sido su firma meramente "auxiliar" lo eximía del debido control de la procedencia de los libramientos en los que intervenía -como en el cheque por $ 18.626 que le firmó a la tesorera, según reconoció en el debate-, en tanto cada libramiento importaba disponer de los fondos públicos. Porque se trataba del dinero del Estado, y no de Norma Barroso. Por ende, tampoco fue disculpado Brizuela por su sola afirmación de que, porque Barroso se lo pedía como un favor, previo endosar y cobrar los cheques, él le entregaba los importes a ella.

En esta instancia, agrega el recurrente que de la prueba testimonial resulta que Brizuela le entregaba a Barroso o a Delgado los montos de los cheques que él cobraba, pero no nombra testigo alguno de esa modalidad ni alega sobre la relevancia de tal circunstancia, la que no observo, atento a que mal podía quedar Brizuela relevado de responsabilidad si también había dicho que, con independencia de los montos de los que se trataba, no sabía el destino que Barroso le daba a ese dinero porque no era su responsabilidad y "él no era ningún agente fiscal", comentarios éstos por demás demostrativos de su falta de celo en el desempeño de la función pública puesta a su cargo.

Por otra parte, sobre la invocada colaboración de Brizuela con la Auditoría contable, cabe recordar que fue adecuadamente meritada por el a quo para mitigar la pena impuesta al mismo, sin que quepa asignarle el valor exculpatorio que parece atribuirle el recurrente sólo por considerarla demostrativa de que Brizuela no tenía nada que ocultar. Y, también en este apartado, los reparos expuestos por el apelante sobre la calificación legal dada a los hechos resultan insuficientes en tanto sólo expresan su distinto parecer al respecto sin criticar razonadamente las convincentes razones dadas en el fallo para concluir que las conductas comprobadas configuran el delito de peculado.

Además, al considerar que todos los hechos imputados eran iguales y merecían igual tratamiento, se desentiende el apelante de las razones expresadas como fundamento de la condena, vinculadas con la sustracción por Brizuela de los fondos públicos, previo libramiento y cobro de los cheques y órdenes de entrega de títulos públicos de que se trata, destinados al pago de haberes del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, conducta que en el fallo se consideró no suficientemente acreditada con relación a los hechos por los que fue absuelto, dado que los cheques respectivos habían sido cobrados por otras personas, circunstancia que con arreglo al principio "in dubio pro reo" fue interpretada a favor del imputado. Así, descansa la condena de Brizuela en las acreditadas circunstancias de que había intervenido en el libramiento de diez cheques, con Barroso en ocho hechos y con Delgado en dos hechos -ambos también condenados-, a la orden de la Dirección Administración del Ministerio de Cultura y Educación, de la Subsecretaría de Cultura, de la Subsecretaría de Educación, o a la orden conjunta suya y de la Dirección Administración de la Subsecretaría de Cultura y Educación, y en la percepción de dichos valores, como también con relación al cheque emitido a la orden conjunta de Raúl Rufino Villacorta -docente- y de Manuel Salcedo -empleado de esa Dirección de Administración- en atención a que éste declaró que había cobrado el cheque y le había entregado el dinero a los libradores, Brizuela y Delgado, sin que sus dichos fueran desvirtuados en el juicio. Mientras que, en los hechos por los que Brizuela fue sobreseído, los cheques habían sido presentados al cobro por Julio Antonio Maidana, empleado de esa Dirección, quien por tal proceder había sido también imputado en la causa pero fue sobreseído antes del juicio mediante una resolución que no es la impugnada por lo que no corresponde su control por esta Corte, el que fue citado pero no compareció al debate.

Por los motivos expresados, considero que el discurso recursivo no ha logrado conmover las bases sobre las que se asienta el pronunciamiento apelado.

Considero también que, dado que la competencia del tribunal de casación se encuentra limitada por los agravios planteados en el recurso y el derecho de obtener una revisión integral de la condena no exige revisar aspectos consentidos por las partes o no sometidos a la consideración de este tribunal, con el tratamiento exhaustivo de todas las alegaciones del recurrente se ha asegurado el ejercicio del derecho que consagran los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y, de tal modo, la vigencia del derecho de defensa y al debido proceso del imputado, por lo que encuentro agotada la competencia revisora de este Tribunal.

Además, observo que el fallo contiene fundamentos bastantes para resolver en el sentido reseñado, de conformidad con el mérito efectuado de la prueba introducida legalmente al juicio y con base en las normas que rigen el caso, se sustenta en el análisis integral del conjunto de las constancias de la causa mediante el cual los jueces reconstruyeron adecuadamente los hechos valorando, especialmente, la auditoría contable practicada en la Dirección de Administración del Ministerio de Cultura y Educación, por las C.P.N. Claudia Luz Argerich y C.P.N. Miriam Gómez de Olmos de la Contaduría General de la Provincia; la pericia contable faccionada por la C.P.N. Mariana Fabiana Herrera como Perito Oficial y por la C.P.N. María del Valle Echenique, como Perito de parte; la declaración del imputado, sobre la que dieron razones bastantes para tenerla como confesión calificada; los testimonios de empleados de esa Administración como Manuel Reyes Salcedo, Mirtha Clotilde Santillán y María Juana Zamora de Chaile.

Los jueces que integraron la mayoría ponderaron adecuadamente los elementos de juicio obrantes en la causa y concluyeron que Brizuela sustrajo los montos de los cheques y órdenes de entrega descriptos en cada uno de los hechos por los que fue condenado penalmente como coautor del delito de peculado, con el alcance asignado al término sustraer en el marco del art. 261 del Código Penal, de conformidad con posturas doctrinarias que los jueces reseñaron y analizaron, las que tampoco fueron consideradas por el recurrente sin que quepa tener como suficiente crítica la mera afirmación de que éste según la cual "no tiene su correlato en la posición atribuida al encartado Brizuela" la descripción por el Juez Álvarez Morales de la figura penal por la que aquél fue condenado.

Por las razones expuestas, me expido por el rechazo del recurso.- A la primera cuestión el Dr. Cippitelli, dijo:

La señora Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la primera cuestión el Dr. Cáceres, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Ministro Dra. Sesto de Leiva, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la segunda cuestión la Dra. Sesto de Leiva, dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/06 vta., por el Dr. Matías Olmos, en su carácter de defensor del imputado Jorge Omar del Valle Brizuela. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.- A la segunda cuestión el Dr. Cippitelli, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Ministro Dra. Sesto de Leiva, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la segunda cuestión el Dr. Cáceres, dijo:

La señora Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/06 vta., por el Dr. Matías Olmos, en su carácter de defensor del imputado Jorge Omar del Valle Brizuela.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 5378 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.- 5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del V. Sesto de Leiva ANTE MI: María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.