Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27


PROVINCIA DE SANTA FE contra FARRAY SAMAN, Jorge Reg.: A y S t 206 p 335-342.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PROVINCIA DE SANTA FE contra FARRAY SAMAN, Jorge y/o Quien Resulte Propietario sobre EXPROPIACIÓN" (Expte. C.S.J. Nro. 592 del año 1997). Se determinó el orden de votación conforme al estudio de los autos: señor Ministro doctor Vigo y en orden sucesivo al señor Presidente doctor Gutiérrez; a los señores Ministros doctores Spuler, Falistoco, Gastaldi y Netri; y que las cuestiones a resolver son: PRIMERA: ¿qué indemnización corresponde fijar por el inmueble expropiado? SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde? A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Vigo dijo: 1. La Provincia de Santa Fe promueve demanda de expropiación contra Jorge Farray Saman y/o quien resulte propietario de una fracción de terreno ubicada en la ciudad de Rosario.

Expone que por ley Nro. 11.467 del 10 de enero de 1997 se prorrogó por un año la aplicación de la ley Nro. 11.248 y concordantes, con los alcances y finalidades previstos por la ley Nro. 9.982, que declaró de interés general y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la transferencia, por parte del Poder Ejecutivo, del dominio de los inmuebles correspondientes a los ocupantes de las "Villas de Emergencia". La ley - agrega- facultó en forma expresa al Poder Ejecutivo a promover la acción expropiatoria y la registración dominial a favor de la Provincia de Santa Fe, en relación a los inmuebles de las villas de emergencia.

Atento a ello -prosigue-, el Poder Ejecutivo, mediante sus órganos competentes confeccionó, de acuerdo con la documentación agrimensural, aerofotográfica y censal obrante en los archivos del Plan "Logro de un Ordenamiento Territorial Estable" (L.O.T.E.), los planos de los inmuebles afectados, entre los que se encuentra el de propiedad de la demandada.

Señala que el inmueble afectado está descripto como una fracción de terreno con todo lo en ella existente, sito en la ciudad de Rosario, Departamento del mismo nombre y Provincia de Santa Fe (Sección once, sin manzana, gráfico cuarenta y uno, Subdivisión dos), a inmediaciones del Barrio San Francisquito cuya fracción de conformidad con el plano respectivo, confeccionado por el Ingeniero don Francisco l. Constantino y registrado bajo el número cuarenta y seis mil ciento noventa del año mil novecientos cuarenta y tres, es la designada como fracción letra "D" cuya ubicación empieza a los trescientos setenta y cinco metros treinta milímetros de la calzada de la calle Felipe Moré antes Avenida Centenario, hacia el Este y se compone de ciento setenta y cuatro metros sesenta y cuatro milímetros en cada uno de sus costados Norte y Sud, ciento setenta y dos metros trescientos noventa y seis milímetros en cada uno de sus costados Este y Oeste, encerrando una superficie total de tres hectáreas, dentro de los siguientes linderos: al Norte, sucesores de Manuel Moreno y otros, hoy Diego R. Pereyra; al Sud, sucesores de Justo José de Urquiza, hoy José Babini y hermanos; al Este, con Isabel Fradua de Bruera y al Oeste, con la fracción letra C del mismo plano. El dominio se encuentra inscripto en el Registro General de la Propiedad de Rosario bajo el Nro. 102.744 - Folio 650 - Tomo 333 A, de fecha 8 de enero de 1971 - Departamento Rosario y el número de partida del impuesto inmobiliario es el 309.602/0000 -completa-.

Relata que procedió, por medio de la Junta Central de Valuación, a determinar el valor real y actual del bien, ofreciéndolo en pago a la propietaria a los efectos de cumplir el trámite de avenimiento expropiatorio, que no prosperó. En consecuencia - continúa-, se dictó el decreto Nro. 2613/94 por el que se dispone la promoción de la acción expropiatoria y el depósito de la cantidad de pesos ochenta y nueve mil dos cientos cincuenta y dos con veintitrés centavos ($ 89.252,23) en la cuenta judicial Nro. 285.424/08 de la Agencia Tribunales del Banco de Santa Fe S.A., a la orden de este Tribunal y para estos autos, suma que da en pago. Aclara que el importe depositado corresponde al justiprecio determinado por la Junta Central de Valuación, según Acta Nro. 485.

Solicita que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 7534, se la ponga en posesión de la fracción que se deslinda, se tenga por consignada la suma depositada, se disponga la anotación de la indisponibilidad solamente de la fracción deslindada y, oportunamente, se haga lugar a la demanda declarándose transferido el dominio de la fracción de terreno a su favor, imponiéndose las costas conforme lo determinado en los artículos 33 y 49 inc. b) de la ley 7534.

A foja 19 comparece la expropiada, expresa que no retirará los fondos depositados por la Provincia y que deberán ser depositados en una cuenta judicial -a plazo fijo- para estos autos, para ser imputados como pago parcial del precio expropiatorio que oportunamente se fije.

A foja 20 se ordena al Banco de Santa Fe la transferencia de la suma depositada en la cuenta Nro. 285.424/08 a plazo fijo renovable automáticamente cada treinta días, a la orden de esta Corte y para estos autos.

El Registro General de la Propiedad informa, a foja 27 vta., la inscripción del dominio del inmueble a nombre de Jorge Farray Saman, y a foja 28 vta., la inscripción como litigioso del inmueble expropiado.

En fecha 10.3.1999 la Provincia toma posesión del inmueble (f. 48).

A foja 49 la demandada solicita se libre orden de pago a su favor por la suma depositada por la Provincia y transferida a plazo fijo, como pago a cuenta del valor expropiatorio que en definitiva se determine, pedido que reitera a foja 53.

A foja 55 la Provincia solicita que, atento lo informado por el Registro a foja 26 -Anotación litigiosa, carátula "Marchese, Daniel y otra c/ Farray Saman, Jorge y otra s/ Usucapión" (Expte. Nro. 639, año 1995), Oficio 1612- y foja 28 vta. -prescripción adquisitiva Nro. 127358 (16.4.97) Juzg. C. y C. 7ma. Nom.-, no se libre orden de pago alguna hasta tanto se aclare lo informado.

En fecha 3.9.1999 la expropiada contesta la demanda (fs. 59/63 vta.).

2. Niega que el valor fijado por la Junta Central de Valuaciones sea el valor real y actual del bien expropiado, que el importe depositado corresponda al justiprecio del bien y que sean aplicables al caso los artículos 33 y 49 inciso b) de la ley 7534.

Tras reconocer ser el titular del bien inmueble cuyos datos surgen del expediente administrativo y que se encuentra inscripto en el Registro General de la Propiedad de Rosario, al Tomo 333, Folio 650, Nro. 102.744, destaca que en el procedimiento administrativo de avenimiento la Provincia comenzó ofreciendo un monto total de $ 70.198,38, tomando como referencia objetiva para dicha valuación sólo el avalúo fiscal.

Notificada de dicho ofrecimiento -relata-, contestó desarrollando los elementos legales y técnicos que debían tenerse en cuenta para efectuar una valuación real del inmueble y adjuntó, a modo de referencia, la cotización formulada por una inmobiliaria de reconocido prestigio en la ciudad de Rosario. Agrega que, según los antecedentes detallados, el valor real de mercado del inmueble era cercano a los $ 600.000; monto sobre el cual ofreció aceptar una indemnización equivalente al 75%, es decir, la suma total y definitiva de $ 450.000. Expresa que, a raíz de la contrapropuesta, la Dirección de Valuaciones y Tasaciones Regional Rosario emitió un nuevo dictamen en el que manifestó que, habiendo ampliado el número de inmobiliarias consultadas, ha llegado a un valor base de $ 4,45 m2, formuló una nueva tasación elevando el monto a ofrecer a la suma de $ 89.252,23 y explicó que la tasación adjuntada a la contrapropuesta no fue utilizada porque sólo es aplicable cuando la urbanización y el loteo se encuentran efectivizados.

Cuestiona que no consten en el expediente las tasaciones de las inmobiliarias que se dice haber consultado, y que para llegar a la nueva tasación se aplique sobre la base un coeficiente de medida y un coeficiente de ubicación sin que se justifique la aplicación de los mismos.

Manifiesta que la Junta Central de Valuaciones ratificó los valores antes consignados, y que notificada de la nueva propuesta, la rechazó por insuficiente e inequitativa.

Dice que, de lo expuesto, queda claro -y hace inaplicables los artículos 33 y 49 inciso b) de la ley 7534- la existencia cierta de un procedimiento de avenimiento extrajudicial que no fructificó en una solución consensuada.

Sostiene que, a los efectos de poder determinar qué debe interpretarse por indemnización justa, se deben tener en cuenta principios que emanan de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal -que cita- y concluye que el justiprecio indemnizatorio debería surgir del relevamiento que se haga de otras ventas efectuadas en terrenos aledaños al expropiado y la cotización que de tales terrenos realicen las empresas competentes -inmobiliarias de la zona, martilleros, etc.-.

Afirma que el relevamiento efectuado de los valores de mercado de los terrenos aledaños al bien expropiado -que adjunta- brinda una real noción del justiprecio expropiatorio y que el valor promedio del metro cuadrado de tierra libre de mejoras en la zona circundante es de $ 25,25 m2, valor que, multiplicado por los metros cuadrados expropiados, arroja un monto total libre de mejoras de $ 766.490. Por lo tanto -señala-, no resultaba desajustado a la realidad imperante en el mercado inmobiliario de Rosario la propuesta de avenimiento que formuló.

Finalmente, concluye que la fracción de terreno sujeta a expropiación, considerando sus características de ubicación, servicios e inexistencia de mejoras, no puede ser cotizada por debajo de los $ 15/m2, motivo por el cual el justiprecio es de pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil, trescientos cuarenta y un pesos ($ 455.341) o lo que en más resulte de la prueba a rendirse, y reclama que se consideren los intereses pertinentes desde la incoación de la demanda expropiatoria y consecuente inscripción del bien como litigioso hasta el efectivo pago.

A foja 66 se abre la causa a prueba.

A foja 153 se clausura el período probatorio y se dispone el pase de los autos a la Comisión de Tasaciones, la que presenta su dictamen a fojas 201/202.

Dispuesto el pase de los autos para alegar, se agregan los alegatos de la parte actora y de la demandada (fs. 211/215 y 217/224 vta., respectivamente).

Llamados autos para sentencia (f. 226) y consentida dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta. 3. La acción expropiatoria se sustenta en normas constitucionales y legales, surgiendo de la contestación de la demanda que la accionada no se opone a su procedencia.

Corresponde, pues, declararla procedente.

La cuestión litigiosa se circunscribe, entonces, al aspecto indemnizatorio, comprensivo del valor objetivo del bien expropiado, intereses y costas.

3. a. En cuanto al primer tópico, se observa que la Provincia al demandar (29.7.1997) ofrece la suma de $ 89,252,23 -resultante de adoptar un valor base de $ 4,45/m2, disminuido por un coeficiente de medida de 0,74/1,12-, de acuerdo a lo dictaminado por la Junta Central de Valuación (f. 21, expte. adm. nro. 01501-0001398-0).

Al alegar, sin embargo, asume el justiprecio estimado -por mayoría- por la Comisión de Tasaciones, esto es, $ 133.500 a la fecha de la desposesión -que surge de adoptar un valor base de $ 4,45/m2, sin disminuir por coeficientes de medida-, y $ 88.653,14 a la fecha más próxima a su reunión, afirmando que además de ajustarse a la realidad, constituye el resultado del estudio técnico (f. 214 vto.).

La expropiada, por su parte, al contestar la demanda precisó que el precio por metro cuadrado no podía ser inferior a $ 15, y al alegar, con sustento principal en el informe de su delegado a la Comisión de Tasaciones -quien también propuso un valor base de $ 15/m2- , solicita que la indemnización "sea fijada en $ 450.000 o el mayor valor que estima V.S.

corresponder, pero nunca inferior al citado" (v. f. 224).

Esas, sintéticamente, son las posiciones de las partes. Y bien, en tren de fijar el justiprecio del inmueble a expropiar debe subrayarse, en primer término, que -tal como se dejara expresado in re "Pcia. de Santa Fe c/ Quiroga s/ Expropiación" A. y S. T. 169, pág. 201, a cuyos fundamentos cabe remitir "brevitatis causae"- la época a la que debe fijarse la indemnización es la correspondiente a la fecha en que la expropiante tomó posesión del bien, debiendo aclararse que en autos no concurre ninguna circunstancia que torne aconsejable apartarse de dicho criterio.

Siendo ello así, la indemnización se fijará a marzo de 1999. Aclarado lo anterior, se impone señalar que, en las particulares circunstancias del caso, el dictamen de la Comisión de Tasaciones no resulta determinante para ello, siendo dable recordar que esta Corte en numerosos antecedentes ha precisado que dicho dictamen "...si bien es de producción necesaria sus conclusiones no son vinculantes" (A. y S., T.

45, pág. 182; T. 75, pág. 124; T. 97, pág. 364; T. 107, pág. 384; T. 111, pág. 312, entre otros). En efecto: una liminar lectura del acta de reunión del citado Organismo (fs. 200/202) permite observar que, en la tarea de justipreciar el predio "a la fecha de la desposesión", se arriba en una primera instancia a un empate entre dos propuestas, coincidentes en adoptar como valor base el de $ 4,45/m2 informado por la oficina técnica, mas divergentes en cuanto a la necesidad o no de disminuir el valor respectivo por coeficientes de medida.

Así, en la primera de dichas propuestas, se postula -al igual que lo hizo oficina técnica-la reducción del monto por la incidencia de dichos coeficientes, estableciéndose un valor total de $ 88.653,16; mientras que en la segunda, "considerando no disminuir el precio básico de la oficina técnica con ningún coeficiente, sino aplicarlo directamente a la superficie", se estima el justiprecio en $ 133.500.

Producido, como se dijo, el empate, el Presidente del organismo resuelve en favor de la segunda.

Pues bien: ni al proponerse la alternativa finalmente vencedora, ni al efectuarse el desempate, se explica por qué razón correspondía apartarse del criterio establecido por la oficina técnica en cuanto a los coeficientes de medida, y -en cambio- seguirlo respecto del valor base.

A ello se agrega que, conforme surge del informe agregado a fojas 158/159 de autos, la oficina técnica estimó el valor del inmueble, al hacerlo a la fecha más antigua, a noviembre de 1997; mientras que la Comisión (v. acta de fojas 201/202) fijó el justiprecio correspondiente a la fecha de desposesión -fundado, como se dijo, en el valor base establecido por la oficina técnica- a "marzo de 1999", sin dar, tampoco, las razones de dicho apartamiento.

Por último, y ello es decisivo, la valuación a la que arribó la Comisión de Tasaciones, no se condice con la que ese mismo organismo adoptó para otros inmuebles ubicados en la misma zona y con idéntico destino (Plan L.O.T.E.), y que, precisamente, fueron seguidas por este Tribunal para fijar la indemnización en los respectivos expedientes expropiatorios (vid. A. y S. T. 185, págs. 120, 138, 167, 172, 183, 190, entre otros). Y es desde esta óptica que adquiere particular trascendencia la tradicional doctrina que esta Corte ha elaborado con apoyo en jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación destacando "la importancia que, para fijar la justa indemnización, tienen las valuaciones sobre inmuebles linderos, debiendo evitarse 'diferencias injustas' y manteniendo en lo posible el principio de igualdad de trato entre los afectados a igual destino, debiendo dichos valores prevalecer sobre el dictamen del Tribunal de Tasaciones" (Fallos: 222:365; 224:929; 227:186; 232:241; 240:166; 241:354; 242:35 y 165; 243:66; 246:208; 260:175; entre muchos otros; y de este Tribunal: A. y S., T. 46, pág. 423; T. 58, pág. 486; T. 89, pág.

445; T. 93, pág. 13; T. 94, págs. 196 y 204; T. 97, pág. 364; T. 110, pág. 123; T. 119, pág. 312; T. 179, pág. 341, entre otros).

Corresponde a continuación analizar las restantes probanzas aportadas a la causa.

En cuanto a la tasación de fecha 22.9.1998, efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación a pedido de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyas constancias obran en autos a fojas 115/127 -en la que se estableció un valor base de $ 38/m2-, no debe - tampoco- ser tenida en cuenta.

Ello, en razón de la distancia que -como surge de la observación del plano agregado a foja 125- separa al inmueble objeto de la misma -ubicado dentro de la zona del Puerto de Rosario, a la altura de la Avenida de Circunvalación Teniente General Juan Carlos Sánchez y la prolongación de la Avenida 27 de febrero y la calle Rueda, lotes 5 y 6 (v.

f. 119)- del bien al que refiere la presente causa, lo que, desde luego, relativiza su valor como parámetro de valuación.

A lo que debe agregarse que tanto aquel inmueble como los utilizados como testigo por el Tribunal de Tasaciones nacional (v. fojas 120/122) reconocen como característica en común su cercanía -y en varios casos salida directa- a la Avenida de Circunvalación, lo que valoriza los respectivos terrenos.

Respecto de la documental obrante a fojas 13/14 de las actuaciones administrativas adjuntas, reconocida en esta sede a foja 136 -en que se adopta un valor base de U$S 19,77/m2-, tampoco será tenida en cuenta como elemento decisivo para fijar el justiprecio.

Es que, conforme surge de su lectura, en dicha pieza el profesional interviniente estima cuál sería, a su criterio, el valor correspondiente al inmueble expropiado, "teniendo en cuenta las características del terreno, su ubicación y la demanda existente, adoptando como criterio de tasación el comparativo dentro de los valores del mercado inmobiliario"; mas sin identificar -ni, desde luego, acompañar constancias- de los casos testigo con los que habría efectuado la aludida comparación. En tales condiciones, pues, correspondería considerar a la referida pieza como un dictamen pericial tendente a determinar el valor del inmueble, cuya admisión se encuentra vedada por el artículo 40 de la ley 7534.

Finalmente, en cuanto a la tasación efectuada sobre parte del inmueble ahora expropiado por la Municipalidad de Rosario (v. fotocopias del expediente nro. 10336-S-96), en que se fijó un valor base de $ 17/m2 al 31.8.1996, el hecho de referir a una superficie de sólo 2.304 m2 -substancialmente menor a la implicada en autos- disminuye su valor como pauta a tener en cuenta en la presente causa.

No existiendo en autos otras constancias decisivas para fijar el monto indemnizatorio a la fecha de la desposesión, teniendo en cuenta el criterio -a que antes se aludió- según el cual reviste suma importancia la valuación de inmuebles linderos, y advirtiendo que la suma postulada por el expropiado como valor base al contestar la demanda -mantenida por su delegado en la Comisión de Tasaciones- tiene una razonable correlación con la establecida en las causas anteriormente citadas -que refieren, se insiste, a inmuebles de la misma zona y destino-, considero propicio adoptar como justiprecio la suma de $ 450.000, en la que se establece la indemnización al mes de marzo de 1999.

3.b. Siendo que en el caso se justiprecia el bien expropiado a una fecha posterior al 31.3.1991, no corresponde actualización por depreciación monetaria (ley 23.928, A. y S. T. 99, pág. 298, entre muchos otros). Tal cantidad -$ 450.000- debe ser íntegramente pagada al expropiado, ya que de acuerdo al criterio sentado por esta Corte a partir del caso "Provincia c/ Bobbio" (A. y S. T. 45, pág. 217), a cuyos fundamentos cabe remitir en lo pertinente, la circunstancia de que aquélla no haya retirado el monto de $ 89.252,23 depositado por la expropiante al demandar, no lo perjudica.

3. c. Con relación a los intereses, el expropiado, al contestar la demanda (f. 62), los solicita -sin fundar el pedido- "desde la incoación de la presente demanda expropiatoria y consecuente inscripción del bien como litigioso".

Este Tribunal ha sostenido reiterada e invariablemente que deben reconocerse intereses desde que la expropiada fue efectivamente desposeída del bien (A. y S. T. 37, pág. 307; T. 38, pág. 209; T. 44, pág. 225; T. 45, pág. 342; T. 75, pág. 124). Asimismo, ha expresado que desde el momento en que la expropiante ocupó el bien de que se trata, debe reconocerse el pago de intereses con fundamento en la privación, desde esa fecha, de la disponibilidad del monto equivalente a su valor objetivo (A. y S. T. 87, pág. 361; T. 99, pág. 482; T. 110, pág. 98; T. 111, pág. 312; T. 126, pág. 281; T. 153, pág. 330).

A la luz de tales premisas, pues, corresponde en el sub judice disponer que se liquiden intereses desde la fecha de la desposesión -marzo de 1999-, y hasta la del efectivo pago, si éste se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados.

La tasa a aplicarse, de conformidad con uniformes precedentes de este Tribunal (cf., entre otros, A. y S. T. 185, págs. 120, 125, 138, 143, 157, 162), será la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91.

3. d. En cuanto a las costas, atento a lo normado por el artículo 49, apartado 1, inciso "a" de la ley 7534, deben ser soportadas por la expropiante.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco, Gastaldi y Netri, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar a la acción expropiatoria y, en consecuencia, declarar transferido a favor de la Provincia de Santa Fe, previo pago del monto indemnizatorio, el inmueble expropiado. Fijar la indemnización total, al mes de marzo de 1999, en $ 450.000, y condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar al expropiado dicho importe, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -marzo de 1999- hasta la del efectivo pago, si éste se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados. Costas a la expropiante (art. 49, apartado 1, inciso "a", ley 7534). Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco, Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Hacer lugar a la acción expropiatoria y, en consecuencia, declarar transferido a favor de la Provincia de Santa Fe, previo pago del monto indemnizatorio, el inmueble expropiado. Fijar la indemnización total, al mes de marzo de 1999, en $ 450.000, y condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar al expropiado dicho importe, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -marzo de 1999- hasta la del efectivo pago, si éste se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados.

Costas a la expropiante. Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)