marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, despido, fuerza mayor, arbitrariedad sorpresiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BALDONI, ATILIO HORACIO c/ ARRIBILLAGA, MONICA INES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-01

Frente a lo aseverado por el Tribunal respecto a que el agravio referido a la arbitraria interpretación vertida por los jueces al considerar que la fuerza mayor invocada por el empleador en el despido no se encuentra prevista en el Decreto 265/02 ni en el Decreto 328/88, al que remite, consiste en un disenso interpretativo, sin relevancia constitucional, desde que la quejosa se limita a postular que al respecto habría arbitrariedad sorpresiva por parte del a quo en tanto al formular su parte en la reconvención que el actor no había iniciado el trámite administrativo previo previsto en esa normativa no hubo refutación ni contradicción del actor, por lo que no pudo proponer esa cuestión; mas tal respuesta en modo alguno puede entenderse que resulte idónea y suficiente para descalificar la hermeneusis de la sentencia en tanto la misma sólo sigue siendo atacada por arbitraria sin especificaciones que determinen vicio alguno, por lo que la misma permanece incólume. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decretos 265/02 y 328/88
Recurso de casación penal, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, delito de acción privada, recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, plazos procesales
Materia: Procesal Penal
Carátula: F.de D., M. D. c/ V., H. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-10-26

Confinada entonces la mayor limitación temporal para intentar la apelación contra decisorios correccionales hacia supuestos en los cuales el objeto de impugnación sea resultante del particular rito previsto en el Código Procesal Penal, no corresponde extender sus exigencias. Viene insostenible y extraña al ámbito reducido de su imperio, cuando el contenido más riguroso que conlleva pretenda -so riesgo de vulnerar la defensa en juicio- suplantar el remedio pertinente, forjado con términos mayores, que discuta fallos propios del plenario, aún por remisión y definidos por el Juez en lo Correccional.
Proceso penal, prueba testimonial, apreciación del juez, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vargas, Víctor Alfredo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en causa Expte. Nº 223/05 - Vargas, Víctor Alfredo y Verón, Mariano Ariel - Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-28

Contra la sentencia que condenó al imputado como coautor penalmente responsable del delito de Robo y lo condenó a sufrir la pena de un año y seis meses de prisión, recurre en casación el asistente técnico e invoca el motivo formal previsto en el inciso 2 del art. 454 del C.P.P.

La especial fuerza probatoria del testimonio, en el régimen de la oralidad, donde los testigos son oídos directamente por los jueces encargados de juzgar, se extrae no sólo del contenido, sino también del modo en que los testigos responden al interrogatorio y demás circunstancias, que son especialmente apreciables por el tribunal de mérito.

Lo dicho sirve para desvirtuar las pretensiones del recurrente quien cuestiona al tribunal por considerar que el mismo ha efectuado una incorrecta valoración del testigo que en debate negó lo declarado con anterioridad en sede judicial.

Con relación a este agravio, corresponde resaltar que el juez, luego de escucharlo en la respectiva audiencia, puso de resalto que en las declaraciones brindadas durante el curso de la instrucción, el testigo explicó con lujo de detalles la conducta desplegada por cada uno de los encartados, junto a otros sujetos no identificados, reconociendo efectivamente que participaron en el hecho ilícito perpetrado.

En idéntica dirección, el tribunal aclaró que si bien, en audiencia de debate el testigo explicó que lo manifestando anteriormente en sus respectivas declaraciones no se ajustaba a la verdad, por cuanto una tal "Mariel", le había pedido que mintiera, ello no puede ser aceptado bajo ningún aspecto, toda vez que las razones señaladas para realizar un relato mentiroso son francamente infantiles e irrazonables.

Sumado a ello, el sentenciante también ponderó que no es aceptable que un testigo que declara en dos oportunidades, con bastante tiempo entre una y otra, haya afirmado hechos falsos porque simplemente se lo haya pedido un tercero, sin explicar los motivos.

Asimismo enfatizó que en la segunda declaración, el testigo había agregado otras circunstancias relativas al hecho, lo que le permitió inferir que ello era lo que realmente había ocurrido y que esa era la versión verdadera.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Olmos Cárdenas, Amilcar Omar c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15

A los fines del cómputo de servicios por los que no se hubieren efectuado aportes en razón de no haber estado comprendidos en el régimen previsional vigente a la fecha en que los mismos fueron prestados, debe estarse a lo dispuesto por el dec.ley 9650/80, salvo, en aquellos casos en los que la ley vigente al tiempo del desempeño estableció una opción de afiliación o desafiliación al sistema previsional, opción que una vez ejercida se convierte en irrevocable (arts. 19 y 71 del dec. ley 9650/80, t.o. 1994).
Migraciones, regularización migratoria, nulidad del acto administrativo, residencia de extranjeros, aplicación de la ley, revocación de sentencia, defectos en la fundamentación normativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez Buela, Raúl / Defensoría Pública Oficial y otro c/ EN - M Interior - DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-29

La sentencia que declaró la nulidad de la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones denegatoria de la solicitud de regularización migratoria sobre la base de considerar que no podía invocarse válidamente lo dispuesto por el art. 29, inc. c), de la ley 25.871 al hallarse cumplido el plazo previsto por el art. 62, inc. b) debe ser revocada, pues esta interpretación, que prescinde de las vías previstas legalmente para la adquisición de la residencia permanente (art. 22 de la ley citada), tendría como resultado obviar la intervención de la Dirección como autoridad de aplicación de la política migratoria argentina y le impediría ejercer las facultades que la ley le otorga para el cumplimiento de los fines perseguidos por la legislación. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), alternativas a la prisión, pena, prisión domiciliaria, coronavirus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: QUIROZ, ALBERTO AUGUSTO c/  s/ APELACION RESOLUCION QUE NO HACE LUGAR A LA PRISION DOMICILIARIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-23

Se advierte que el Juez de Cámara, para confirmar el rechazo de la prisión domiciliaria pretendida por la defensa, expuso las razones a partir de las cuales consideraba que el imputado, al ser un interno que integra grupo de riesgo, tenía que ser especialmente aislado para evitar el contagio y, si se diera el mismo, su situación debía ser abordada de inmediato, ponderando que aquél tiene las mismas chances de ser contagiado intramuros que extramuros, toda vez que en la institución penitenciaria no existían casos, mientras que en un domicilio la posibilidad de contactos con personas aumenta; y en orden a la posibilidad de intervención y control de su estado de salud si fuera contagiado, expresó que se había acreditado que el Servicio Penitenciario dispuso medidas de supervisión efectivas, a la par de destacar que cualquier circunstancia que indique primeros síntomas, dispararía la atención inmediata, disminuyéndose así los riesgos -a diferencia de un domicilio particular en el que podría existir una demora en su atención, máxime cuando de los mismos informes médicos no surgía que las enfermedades asociadas estén en un tránsito sintomático en ese momento-; y finalmente, teniendo en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales, sostuvo que el encartado no se encuentra comprendido en estos lineamientos, pues cumple pena de más de trece años y está sometido a otro proceso en trámite en el que se ordenó su prisión preventiva por haberse fugado de su custodia en un traslado desde un móvil del Servicio Penitenciario, condiciones éstas negativas en orden a la falta de confianza en que el interno cumplirá sus obligaciones procesales; y frente a tales argumentos, la quejosa no logra evidenciar que la decisión atacada -más allá de su acierto o error- hubiera vulnerado mandas constitucionales, o implicado una interpretación arbitraria de las normas que rigen el caso, como tampoco se advierte que la fundamentación dada haya vedado la posibilidad de reexaminar en el futuro el mantenimiento del encierro respectivo.
Adhesión al recurso, recurso de inaplicabilidad de ley, fiscal de Estado, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kiles, Raul Ernesto c/ Instituto de Previsión Social. s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

El postulado procesal denominado "adhesión a la apelación" impone, en la resolución del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, tener en cuenta lo alegado por la contraparte, ausente en su tramitación porque la sentencia le fue favorable (conf. mi voto en C. 101.112, sent. de 14-IX-2011; C 102.197, sent. de 8- VI11-2012 y C. 108.940, sent. de 16-VII-2014, entre otros). En consecuencia, corresponde atender los argumentos ensayados por la Fiscalía de Estado respecto al planteo de prescripción de los haberes devengados y el pedido de actualización monetaria formulado por el accionante, en el marco del juicio pleno asumido en ejercicio de la competencia positiva que asiste a este Tribunal (art. 289, C.P.C.C.).(del voto del doctor de Lázzari)
Estado Provincial, deuda pública, facultades no delegadas, contratos administrativos, títulos ejecutivos, cuestión de derecho público local, pagaré, acción cambiaria, competencia, competencia civil y comercial
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingeniero Oscar Diéz SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

Si bien el Alto Tribunal de la Nación -en distintas causas en donde se pretendía el cobro de títulos emitidos por Estados Provinciales como resultado de negociaciones de deudas provenientes de la celebración de contratos administrativos- ha hecho hincapié, a la hora de determinar si el caso era de su competencia originaria y exclusiva, en la necesidad de examinar el origen de la acción intentada y la relación de derecho existente entre las partes para -finalmente- reservar el conocimiento de tales causas a los jueces locales por respeto a las autonomías provinciales, cuando aquéllas "eventualmente" podían versar sobre aspectos propios del derecho público local o requerir el examen y revisión en sentido estricto de actos administrativos de carácter local, tales precedentes no constituyen óbice para que en los casos donde los pagarés han sido librados por la Provincia a consecuencia de renegociaciones de deuda pública, sean los jueces con competencia en lo civil y comercial quienes deban intervenir. (Del Voto en Minoría del Dr. Ulla).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, defensa en juicio, sociedad de ahorro para fines determinados
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Sucesión de Gerónimo Sepúlveda c/ Plan Ovalo  S.A.  de Ahorro para fines determinados. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que condenó a una sociedad de ahorro para fines determinados a entregar a la actora un automotor, prescindiendo de la consideración de aspectos sustanciales para la correcta dilucidación del litigio, con evidente cercenamiento del derecho de defensa en juicio de los justiciables.
Declaración de inconstitucionalidad, jubilaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martinez, Carlos Ramón y Otra s/ Demanda de Inconstitucionalidad (Decreto N. 2508Ñ88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-08

De las constancias del Expte. del Instituto de Previsión Social se desprende que los actores entendieron que las resoluciones dictadas por el Directorio del Instituto de Previsión Social, los agraviaron y afectaron derechos constitucionales. En estos términos, era procedente el acceso a la jurisdicción regulado por la ley 568, resultando improcedente la declaración de inconstitucionalidad impetrada, porque la aplicación en el caso del precepto impugnado, no puede discutirse por la acción de referencia.
Servicio público, falta de servicio público, deficiencias en el servicio, indemnización, obligaciones del usuario, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Román SAC. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia). s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

La indemnización por falta del servicio exige describir de manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que da sustento al reclamo.
Empleo público, reingreso a la actividad remunerada, reincorporación, estabilidad laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARQUIN, NESTOR CASTO ALFREDO c/ ESTADO NACIONAL (SECRETARIA DE INTELIGENCIA DE ESTADO) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-28

La circunstancia de quienes se hallen en situación de pasividad - en virtud de una prestación previsional ordinaria u otra semejante, incluido el retiro militar previsto en la ley 19.101 - reingresan a ocupar algún cargo o función por así haberlo dispuesto la Administración Pública en uso de facultades discrecionales, de ningún modo hace renacer un derecho que había quedado extinguido en función de las precisas normas legales analizadas. Caso contrario, se colocaría a estas personas en una situación de indebido privilegio frente a los empleados que se hallen en condiciones de jubilarse (arts. 22 y 23 de la ley citada), o, lo que es peor aún, daría lugar al nacimiento de una suerte de estabilidad "sine die".
Jerarquía constitucional, legitimación procesal, ciudadano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Colegio de Abogados de Tucumán c/ Honorable Convención Constituyente de Tucumán y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-14

Así como todos los ciudadanos están a la misma distancia de la Constitución para acatarla, están también igualmente habilitados para defenderla cuando entienden que ella es desnaturalizada, colocándola bajo la amenaza cierta de ser alterada por maneras diferentes de las que ella prevé.

-(En la misma fecha la Corte se pronunció en la causa CSJ 55/2009 (45-C), mismos autos, desestimando la queja remitiendo al presente, en lo pertinente)-.
Regulación de honorarios, pautas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: P. SA c/ Municipalidad de Rawson s/ Contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-06

En lo que respecta a la apelada regulación de honorarios por la incidencia cabe destacar que es criterio sostenido por este Cuerpo que el artículo 13 de la ley 24.432 establece que los jueces deberán regular honorarios a los profesionales, peritos, síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la Justicia, por la labor desarrollada en procesos judiciales o arbitrales, sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales que rijan su actividad, cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder, norma que según lo dispuesto por el artículo 15 de la citada ley, es complementaria del Código Civil.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, quiebra, liquidación, honorarios, regulación de honorarios, LEY DE CONCURSOS
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Camarasa Lombardi y Cía. (C.L.O.) Sociedad Anónima s/ Quiebra. Cuestión a resolver: En la quiebra liquidativa, a los fines  regulatorios, si el piso que establece el artículo 267 de la ley de  concursos y quiebras supera el 12% del activo realizado ¨Corresponde respetar dicho mínimo o debe prevalecer la pauta del 12%? (Expte.   Nro. 152-2000) -Tribunal Pleno- Quiebra. Cuestión a resolver: En la quiebra liquidativa, a los fines regulatorios, si el piso que establece el artículo 267 de la ley de  concursos y quiebras supera el 12% del activo realizado ¨Corresponde respetar dicho mínimo o debe prevalecer la pauta del 12%? (Expte.   Nro. 152-2000) -Tribunal Pleno- Quiebra. Cuestión a resolver: En la quiebra liquidativa, a los fines regulatorios, si el piso que establece el artículo 267 de la ley de  concursos y quiebras supera el 12% del activo realizado ­Corresponde respetar dicho mínimo o debe prevalecer la pauta del 12%? (Expte.   Nro. 152-2000) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-09

En materia de honorarios la finalidad del artículo 267 de la ley 24522, cuyo acierto o error no cabe determinar a los jueces, fue evitar los excesos que daban lugar al nacimiento de nuevos acreedores de rango especial frente a la masa, agravando notoriamente el pasivo, y ésta prioridad se ve reflejada en los porcentajes máximos previstos como insuperables, para el caso el 12% del activo realizado. Es decir que el fin primario de la ley no fue asegurar un mínimo para los funcionarios y profesionales, sino reducir los montos de los honorarios que en anterior legislación podían consumir gran parte del activo (hasta el 25%, artículo 250 - Ley 19551); y si el mínimo del 4% no alcanza a cubrir el valor de tres sueldos de secretario, recién en ese extremo se aplica dicho valor tarifado ("...el que sea mayor...") que está previsto para establecer un piso mínimo a regular, pero no para superar el máximo. (De los Fundamentos del Dr. Cordini)
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, tasa de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ACEVEDO DE CHAILE, ANDREA HILARIA c/ EMPRESA CONSTRUCTORA BOTTE MOLTANI  S.R.L.  Y OTROS s/ ART. 1113
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-03

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que revocó el fallo que había resuelto que la tasa de justicia adeudada en las actuaciones debe liquidarse sobre el monto reclamado en ellas, y declaró que para la determinación del gravamen corresponde computar la suma a cuyo pago se condenó a la demandada. Ello así, pues la interpretación de las normas relativas al tributo mencionado no suscitan cuestión federal cuando se discute en procesos sustanciados ante los tribunales ordinarios de la Capital Federal.
Hábeas data, banco central, información crediticia, información errónea o desactualizada
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barravecchia, Santos José c/ B.C.R.A. s/ Hábeas Data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-25

La información que brinda la Central de Información Crediticia del B.C.R.A., tiene origen en los datos y calificación que efectúan las diversas entidades financieras respecto de sus clientes (cfr.

circulares B.C.R.A. A.2216 y A.2389), y sólo puede proceder a cambiar los datos acerca del interesado, en la medida en que el banco que ha calificado al deudor haya brindado nueva información acerca de la situación y calificación (a pedido del interesado o de oficio). Ello es así, dado que de la normativa aplicable al caso no surge que el ente rector en materia financiera tenga facultades para modificar por sí o revisar los datos aportados por las distintas entidades bancarias o financieras.
Contrato de trabajo, chofer de colectivos, transporte de pasajeros, reducción salarial
Materia: LABORAL
Carátula: Cerrado Raúl y otros c/ Linea 22 S.A. s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-18

Corresponde hacer lugar al reclamo por diferencias salariales iniciado por varios trabajadores de la línea 22 de autotransporte por supresión del rubro "asignación por productividad" efectuada en el año 2001 y a raíz de la crisis generalizada y en particular del sector autotransporte, ya que habiendo transcurrido el tiempo y habiéndose superado tal crisis no procedió la empresa a la reincorporación del rubro suprimido. Si bien los actores prestaron en su momento su consentimiento a la disminución de su remuneración para no perder sus puestos de trabajo, la empresa en los años posteriores no informó sobre su evolución financiera y patrimonial, ni indicó qué medidas habría tomado para superar la crisis invocada que justificaran continuar con la supresión del rubro "asignación por productividad".
Recurso de nulidad, recurso de reposición (procesal), incompatibilidad de recursos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SALGADO, HECTOR - INCIDENTE DE EMBARGO s/ TEST. DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-18

El recurso de nulidad es incompatible con el de reposición. Ello se deduce lógicamente de la naturaleza de ambos, puesto que si se interpone el de reposición, se admite la corrección formal del auto atacado, disintiéndose con lo que en él se decide más no con respecto a los preceptos de la ley, fundamento éste del recurso de nulidad.
Poder Judicial, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

El problema de las calidades de los jueces para desempeñar sus funciones es asunto que incumbe a los poderes políticos e insusceptible de debatirse en juicio, según el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley, ley provincial, ley nacional, escala arancelaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mascareño, Mario Diógenes c/ Alpargatas S.A.I.C. y/o Q.R.R. s/ BENEFICIOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-23

No resulta de recibo el argumento del recurrente que al impugnar los honorarios regulados al apoderado de la actora y Perito interviniente entiende que los mismos superan el tope legal del 25% -esto es el porcentaje que autoriza la ley Nacional 24432.

En efecto, al respecto este Tribunal mantiene el criterio de que la ley arancelaria Nro. 3956 tiene plena vigencia en tanto la provincia no ha dictado aún una norma expresa que la derogue o reemplace, en uso de las facultades que constitucionalmente le han sido allegadas.

En el caso particular de nuestra provincia, no puede argumentarse tampoco que tal adhesión se encuentra plasmada en la ley 4775, toda vez que esta adhesión al Pacto fiscal es de fecha febrero de 1994 mientras que la ley 24432 fue promulgada recién el 10 de enero de 1995.