marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inadmisibilidad del recurso, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Expte. Nº 37-STJ-2014 - Bergalo, Roberto Carlos y Otra S/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en Autos: "Expte. Nº 732/2004 - Hury Belkisfreyre y Gottschalk, Marta Yolanda C/ Jorge M. Bergalo, Roberto Bergalo y Otros S/ Reivindicacion de Inmueble" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2015-02-02

Cabe declarar inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues si bien la impugnación aduce violación de doctrina legal, errónea aplicación de la ley, violación de derechos constitucionales y tacha de arbitrariedad de la sentencia atacada, el recurrente no ha logrado demostrar las infracciones denunciadas ni el absurdo que descalifican el fallo como acto judicial.
Retiro militar, personal militar, aspirante, haber de retiro
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Garrotti, José Antonio c/ Gobierno de la Nac. -Mº de Defensa- I.A.F. s/ retiro militar y fuerzas de seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Este Tribunal, en las causas "Chavez, Alfredo", del 3/12/92;

"Ortiz, William", del 30/8/94; entre otras, siguiendo el criterio adoptado por la Corte Suprema a partir del caso "De la Vega", del 8/6/82 (Fallos 304:806), consideró -al confirmar las sentencias recurridas- que resultan procedentes los reclamos efectuados por ex aspirantes de un Instituto Militar, para que sus haberes sean liquidados sobre la base de la totalidad del sueldo y suplementos generales máximos del grado de cabo. (Del voto del juez Argento, cons. II).
Contratos, locación, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CERVANTES c/ L.E. ANTONELLI Y OTROS s/ ORDINARIO-CONTRATOS-CARGA DE LA PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-27

Si los demandados niegan lisa y llanamente haber contratado la locación la prueba queda íntegramente a cargo de la actora a quien corresponde demostrar todos y cada uno de los elementos constitutivos del contrato, incluido el precio si es que quiere ver admitida su demanda.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión de derecho público local, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, Poder Judicial, funcionarios judiciales, suspensión del agente, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: AYALA PAPICH, JUAN ISMAEL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- ACTUACIONES ORDENADAS POR ACTA ACUERDO NRO. 19 PUNTO 11) DE FECHA 24.5.95 QUE DISPONE LA INSTRUCCION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO AL AGENTE DE LOS TRIBUNALES DE ROSARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 199 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-17

Es inadmisible el recurso extraordinario toda vez que de la argumentación del recurrente sólo surge una nueva disconformidad con la resolución de esta Corte de no abrir la instancia extraordinaria local para la revisión de la decisión adoptada en el ejercicio de atribuciones derivadas de su competencia en materia de Gobierno del Poder Judicial (suspensión preventiva del agente sin goce de haberes, dispuesta a la luz de las propias normas de la Ley Orgánica de dicho Poder), solución cuya validez constitucional el impugnante no ha logrado desvirtuar.

En ese sentido, y con relación al agravio fundado en que con la suspensión preventiva se habrían violado las normas constitucionales y convencionales que consagran la presunción de inocencia, se sostuvo que tal planteo "persigue en definitiva la declaración de inconstitucionalidad del artículo 192, inciso 1, de la ley 10.160 (artículo 208, inciso 1, L.O.P.J., t.o. dto. 0046/98) que sirvió de fundamento a la decisión de la Corte, por resultaréste (según el impugnante) contrario a la referida garantía", y no podía prosperar "al no advertirse razones suficientes que habiliten al dictado de un acto -el de declaración de inconstitucionalidad de las normas- que ha sido visto desde siempre como un acto de suma gravedad institucional, verdadera ultima ratio del orden jurídico y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia.
Medidas cautelares, nulidad del acto administrativo, facultades jurisdiccionales
Materia: CIVIL
Carátula: American Airlines Inc. c/ Administración Nacional de Aviación Civil s/ Nulidad de acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-06

Igual reproche constitucional le cabe al art. 9° de la ley, desde que prohíbe a los jueces dictar cualquier medida cautelar "que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado". La vaguedad de la norma, en cuanto a la determinación del objeto prohibido, atenta contra la tutela judicial efectiva, pues además de no prever excepciones según los derechos afectados por el acto u omisión del Estado que se impugne, es susceptible de impedir el dictado de cualquier medida precautoria que involucre, en alguna de las formas indicadas por la norma, el patrimonio estatal.
Interpretación de la ley, Constitución Nacional, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ordenes, Roberto c/ Estado Nacional (Armada Argentina) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

Cuando de la interpretación realizada respecto de la aplicación de la ley al caso concreto deriva una agraviante desigualdad entre situaciones personales substancialmente idénticas, debe prescindirse del rigorismo de la misma, para atender al fin tuitivo de la ley
Recurso extraordinario, tribunales de instancia única, sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: FIORANO, LEONELLO ANGEL c/ GODANO, AURELIO s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 46-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-06

La apelación extraordinaria sólo puede interponerse contra la sentencia del tribunal colegiado que resuelve el fondo de la causa.
Proceso judicial, instrucción, garantías procesales, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, celeridad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alderete, Víctor Adrián s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Tal como surge de la compulsa del expediente se desprende que la investigación lleva más de 5 años en trámite, extremo que conspira contra la buena marcha del proceso y entra en pugna con uno de los principios fundamentales que inspira al actual ordenamiento procesal penal como es el de la celeridad, estrechamente vinculado con la garantía de obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas, derivada del artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales referidos a ella. Por ello, resulta conveniente exhortar a los órganos intervinientes para que arbitren las medidas del caso, a fin de que el juicio se celebre un breve plazo. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma).
Competencia por el territorio, lugar del hecho, consumación del delito, estelionato, pago
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ALCIDES SALVADOR GOMEZ Y OTRO. s/ DEFRAUDACION - INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

Es competente para conocer en la causa en que se investiga la presunta comisión del delito de estelionato, que se había configurado al venderse un bien cuyo titular se hallaba inhibido de transferirlo, el juez de la jurisdicción donde se realizó el pago.
Pagaré, mutuo dinerario, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MONTEMAR C.F.S.A. c/ ELISA NAZARIA SALAS Y OT. s/ ej (LIBRO: A153 - 050)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-09-19

"El instrumento acompañado, conteniendo en la parte superior un pagaré a la vista y en la inferior dividido por un troquelado un contrato mutuo, autoriza la promoción de la ejecución típica. No se trata de un pagaré, sino de un documento privado que instrumenta un mutuo (con pago diferido en cuotas, caducidad de plazos, intereses, etc.) garantizado por el pagaré, razón por la que debe prepararse la vía ejecutiva.
Aportes y contribuciones previsionales, aportes previsionales, organismos del Estado, multa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "KECO S.A. c/ A.F.I.P. A D.G.I. s/ Impugnaci3/4n de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

El órgano administrativo, con la actividad de inspección, debe comprobar y verificar los hechos, actos, situaciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible, como ser la integración de las bases imponibles, o en su defecto, la realización de actuaciones de información, siempre referidas a una situación tributaria concreta; es decir, solamente comprueba que se han dado los presupuestos que legitiman su criterio. Posteriormente, será la administración quien deberá verificar si esa actividad es correcta y si la comprobación llevada a cabo por la inspección es ajustada a derecho y amerita su convalidación por una resolución. Por ello, los medios de determinación de la comprobación, a diferencia de los medios de prueba procesales, no tienen un significado jurídico formal, sino un valor únicamente informativo que sirve para dar una determinada dirección a la convicción de la autoridad que dimana de dichas actuaciones (cfr. Díaz, Vicente O., "Límites al accionar de la inspección tributaria y derechos del administrado", pág. 49).
Sentencia arbitraria, recurso de inconstitucionalidad, equiparación salarial, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SCHLEE, MARCELA ALEJANDRA Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-25

La arbitrariedad de sentencia por prescindencia del texto legal, requiere la demostración de un apartamiento de la solución legal aplicable al caso o una decisiva carencia de fundamentación en el pronunciamiento impugnado.

No viabilizan el recurso de inconstitucionalidad los argumentos de la impugnante que no logran demostrar la argüida arbitrariedad, y sólo evidencian una mera divergencia con lo decidido respecto de la equiparación salarial de los docentes de instituciones educativas de gestión privada con los docentes de instituciones de gestión estatal.
Proyecto de obra pública, honorarios del arquitecto, honorarios del subcontratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Espinosa de Carriquiriborde, Martha Irene c/ Municipalidad de Chacabuco s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-02

La arquitecta que contrató con una comuna la elaboración de un proyecto de obra pública se encuentra legitimada para impugnar el monto de los honorarios, tanto por los de su trabajo estrictamente personal, como los referidos a los porcentuales de otros profesionales que colaboraron con ella en el proyecto, sin ser parte de la vinculación administrativa, aún cuando estos, notificados de esos porcentajes no formularan reclamación administrativa alguna.
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Toscano, Carlos c/ Municipalidad de General Pueyrredón; Giancaglini, José y Laberge S.A. y Torre de Giancaglini, Graciela s/ Indemnización de daños y perjuicios Barrios Baron, Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Pereyra, Emilio F. c/ Pietrafesa, Omar J. y otro s/ Daños y perjuicios Rasetti, María Cristina c/ de la Canal, Hugo Ernesto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12|1992-08-11|2002-02-19|2006-12-20

Los intereses por la indemnización por un hecho ilícito se deben a partir del mismo, siendo esta tesis la que mejor se compadece con la idea de indemnización integral que inspira en esta materia a nuestra legislación.
Declaración testimonial, violación de secreto profesional
Materia: PENAL
Carátula: O., M c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-07

Explicaron que la declaración testimonial prestada no merece reparo alguno. Precisaron que los datos brindados por la testigo, de profesión psicóloga, no se originaron en una violación al deber de confidencialidad que rige en la relación médico-paciente, sino en circunstancias objetivas que habría percibido a través de sus sentidos con motivo de reunirse con el kinesiólogo imputado para reprocharle su conducta hacia la víctima -a quien en cambio sí asistía-. Destacaron que reconocida doctrina ha dicho que resulta necesario que "el agente haya tenido noticia del secreto por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte. No basta -entonces- que se trate de un secreto conocido con ocasión de la actividad, sino que tiene que conocérselo a causa de la actividad (p.ej., el médico está obligado a guardar en secreto la deformidad de su paciente, pero no la discusión conyugal que ha presenciado al visitarlo)" (Andrés J. D'Alessio y Mauro A. Divito, "Código Penal Comentado y Anotado", 2ª edición, Tomo II, Parte Especial, Editorial La Ley, Buenos Aires 2014, pág. 540).

Fuente del sumario: OFICIAL
Caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: CIVIL
Carátula: ALFIERI de LUIGGI Esther H c/ PARRINO, Pedro s/ INCIDENTES-CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

Para interrumpir la caducidad de la instancia las partes deben demostrar un interés concreto, promoviendo actuaciones adecuadas al estado de la causa que gocen de aptitud para hacer avanzar el trámite en el momento procesal en el que se manifiestan.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Guzmán, Fernando Abel c/ Aftalión, Fernando s/ Indmenización por despido De Car, de Alfonso, María Elena c/ Fundiciones Acero Punta Alta (F.A.P.A.). S.A.I.C.I. s/ Indemnización por despido Sara de Gutierrez, Elvira c/ Spedrog Caillon S.A.I.C. s/ Despido Albano, Juan R c/ Fundación Universidad de Morón s/ Despido y diferencias salariales Atristain Quiroga, José c/ Planeplast S.A. s/ Despido y cobro de estabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18|1987-06-23|1989-05-02|2001-12-19|2006-03-15

Determinar si lo que existió fue ejercicio razonado del ius variandi o no en cuanto a los hechos, es materia reservada al tribunal de la instancia ordinaria y su revisión sólo puede hacerse en la sede de casación, si se comprueba que la decisión fue consecuencia de un razonamiento absurdo.
Quiebra, competencia
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CEMENTOS NOA S.A. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-02-22

La circunstancia de que un juez haya intervenido en un pedido de quiebra, no es fundamento que lo autorice a intervenir en cualquier otro expediente donde se solicite la quiebra a la misma deudora, si el anterior ha concluido con la declaración de incompetencia, que se encuentra firme y consentida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, sociedad de economía mixta, sociedad cooperativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Fojo, José Luis y otros c/ Estado Nacional y Provincia de San Juan s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Corresponde imponer las costas por su orden en la causa en la que se rechazó el reclamo de los socios de una institución de derecho público no estatal al Estado Nacional y a una provincia a raíz de la privatización de dicha corporación ya que en las particulares circunstancias del caso los demandantes pudieron creerse con derecho a litigar.
Derecho administrativo, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORREA, RAUL ERNESTO Y OTRA c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-07-07

Respecto al derecho a la estabilidad, protegido constitucional y legalmente, está referido únicamente a la permanencia en el "cargo" y no a la "categoría", como surge claramente del art. 24 de la ley 3816. La categoría es inherente al cargo que el agente desempeña.

La doctrina enseña que la inmovilidad puede concebirse como un derecho subjetivo al ejercicio del "cargo" de quien lo desempeña mientras aquel subsista. Por consiguiente, quien ha sido designado en un cargo con carácter transitorio no goza el derecho a la estabilidad en el mismo y por ende, a la categoría que éste conlleva.

Se ha dicho que, la validez de las designaciones transitorias para cubrir cargos en forma interina, no confiere al funcionario que se desempeña en tal condición el derecho a la estabilidad, por ser la transitoriedad una calidad inherente a tales nombramientos.
Administración fraudulenta, sociedades mutuales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, falsificación de documentos, regulación de honorarios, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: IRIART, EDUARDO s/ DEFRAUDACION.  ADMINISTRACION  FRAUDULENTA. FALSIFICACION DOCUMENTOS.  HONORARIOS. NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

1) Constituye el delito de administración fraudulenta, la acción de los procesados -directivos de la Mutual de Y.P.F.- que cometieron ilicitudes en el manejo de los fondos y bienes que administraban, conducta que configura un único delito conglobante, hallándose probados los elementos integrativos del tipo en cuestión, pues más allá de la ineficiencia funcional, la arbitrariedad y el desorden contable, los responsables actuaron con designios de lucro -para sí o para terceros- y con pleno conocimiento del daño que inferían a la asociación.

2) La falsificación documental en que incurrieron los encausados para ocultar sus maniobras deviene atípica, según lo resuelto por el Tribunal en casos análogos.

3) Debe declararse la nulidad de la regulación de honorarios en pesos argentinos, porque hallándose en vigencia el decreto 1096 al pronunciarse el fallo, el "aquo" pudo y debió fijarlos en la moneda de curso legal impuesta por dicha normativa.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caccianini, Eduardo c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Para esclarecer los planteos en torno al comportamiento de la fórmula de variaciones de precios pactada debe ponderarse si la misma ha jugado o no en los hechos en condiciones normales, conforme a la previsión de las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Expropiación, indemnización expropiatoria, valuación del bien, aumento de la indemnización, avenimiento (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Benet y Contreras, Oscar Agustín y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

El incremento del 10% que establece el art. 13 in fine de la ley 21.499 fue previsto para los casos de avenimiento con el objeto de solventar los gastos y daños que regularmente aparecen como consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
Derecho procesal, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G Y P NEW TREE SA c/ MEGASONEC SA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-21

No resulta procedente la declaración de incompetencia planteada por el juez toda vez que las circunstancias fácticas de la causa no concuerdan ni se subsumen en las hipótesis previstas en el fallo plenario del 29.6.11, por lo que su doctrina no resulta aplicable al caso. A los efectos de determinar si una relación debe o no ser calificada como de consumo, la calidad de las partes es en principio irrelevante, dado que, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 1 de la citada ley -texto según Ley 26361-, lo que a estos efectos interesa es determinar cuál ha sido el destino final recibido por el bien adquirido. Si bien en la especie se ejecutan cheques de pago diferido, existen elementos que permiten concluir al Tribunal en el sentido que prima facie no medió entre las partes una relación de consumo.

De lo manifestado por el accionante al promover la demanda como de la prueba incorporada, surge que los sujetos procesales se vincularon a través de la compraventa de insumos de computación que, por su monto y cantidad, revela que no fueron adquiridos para consumo final sino para afectarse a procesos de producción o reventa.
Carrera administrativa, reescalafonamiento, retrogradación encubierta, cuestión no justiciable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GIORGIONI, RUBEN c/ MINISTERIO DE ACCION SOCIAL s/ NULIDAD DE RESOLUCION - EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-23

Si bien el actor desempeño tareas de supervisión y aún cuando tales funciones fueron realizadas con personal a su cargo "...el derecho a la carrera administrativa se refiere siempre a la clase grupo y categoría y no a la función que se le haya asignado..." (art. 9 decreto 6666/57), siendo pertinente acotar que el nivel en que se lo ubicó mediante la resolución nro. 148/73 significó, en realidad, una promoción.

Dicho encasillamiento responde a un problema de política administrativa y a la ponderación de las aptitudes personales de los agentes, que no es materia justiciable, en tanto las medidas adoptadas por la Administración Pública a su respecto, no impliquen medidas disciplinarias o descalificación del agente.

Por lo demás, la antigüedad en el organismo que se alega, no es por sí sola un elemento de juicio apto para pretender el ascenso que se persigue, la cual no se advierte en las tareas de supervisión que cumpliera en cada una de las divisiones dependientes de la Gerencia de Recaudaciones, como que con posterioridad a la fecha de la resolución 148/73, el actor no se encontraba en condiciones "de aspirar a un cargo mayor", puesto que, el ciclo de capacitación, tendiente "a determinar deudas por evasión mediante el análisis de balances, registros contables, etc.", no se había completado y así lo reconoció el recurrente.

No habiendo existido retrogradación al encasillar al actor en la Clase J grupo VII mediante la resolución nro. 148/73, confirmada por resolución nro. 1925/77, sino tan sólo ubicación en un nivel inferior al que él entiende debió ser ascendido por razones de las tareas que de hecho desempeñaba, como que tampoco hubo rebaja de sueldo, el lugar asignado no parece desprovisto de razonabilidad ni excede el ejercicio normal de las facultades propias de la autoridad administrativa.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, prueba, impulso de parte
Materia: COMERCIAL
Carátula: FORD  CREDIT  COMPAÑIA  FINANCIERA SA c/ RICHIERI FLORENCIA SA s/ ORDINARIO. FLORENCIA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-06

La circunstancia de encontrarse pendiente una prueba de "carácter común", no es óbice a la perención, pues siempre pesa sobre el actor la carga de mantener viva la instancia a que dio origen con su demanda (v. 20.6.97, "monte berico c/ sevel arg."). corrobora esta interpretación el hecho de que el cpr: 315 no contempla entre los legitimados a peticionar la caducidad al actor-reconvenido, lo cual es indicativo de que este no traslada la carga de impulsar el tramite.
Recurso de inconstitucionalidad, tribunales de instancia única, sentencias de segunda instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIOLI, MARIA L ORTEGA DE Y OTROS c/ EMPRESA CENTRAL SAN CARLOS s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.   QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 39-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-05-16

Si la "arbitrariedad" de lo resuelto acerca de una indemnización es vicio que se habría configurado con el fallo del tribunal colegiado (y no con el de la cámara que es el impugnado ante la Corte, no puede ser materia de decisión.