Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-26


2º Instancia. - Buenos Aires, marzo 26 de 2009.

Y Vistos: 1. Apeló la aseguradora Provincia A.R.T. S.A. la resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de fs. 114/118, que le impuso una multa de 450 MOPRES, por haber transgredido el artículo 2º de la Resolución SRT Nº 104/98 respecto de la trabajadora Sara Beatriz Irigoyen. Su memorial obra a fs. 122/124.

La sanción se aplicó por haberse demorado la aseguradora en el pago de la prestación dineraria debida a la damnificada en concepto de incapacidad laboral permanente parcial definitiva (ILPPD) de pago único.

2. La queja de la demandada corre los siguientes carriles: i) no existió el incumplimiento atribuido a su parte toda vez que procedió como la propia normativa lo señala frente a la ausencia de la documentación necesaria, ii) critica por desproporcionado el quantum de la multa respecto a la conducta infringida.

3. La norma en cuestión impone a la ART la obligación de pagar esta clase de prestaciones dinerarias "...dentro de un plazo no superior a quince (15) días, contados desde la fecha en que la ART fue notificada de la homologación o dictamen donde se determina el porcentaje de incapacidad...".

De las constancias de autos surge que la accionada excedió, en el caso, el plazo impuesto por la mencionada norma para hacer efectiva la prestación en dinero y la apelante no ha podido desvirtuar las conclusiones que fundamentaron la sanción y que fueron puntualmente referidas en el dictamen de fs. 52/53.

De allí que no se está en presencia de un mero incumplimiento formal pues el tipo de actividad que realizan las ART se vincula a la existencia de un interés público en juego, que no puede afectarse de manera alguna. Las actitudes omisivas, como las incurridas por la aseguradora demandada, no pueden dejar de calificarse como faltas graves, puesto que afectan al trabajador y no resultan acordes con las finalidades del sistema de riesgos de trabajo, en el que prevalece la necesidad de preservar el interés general.

No puede quedar impune el incumplimiento de las normas a las que debe sujetarse una entidad de naturaleza de la demandada. No debe olvidarse que la relevante función social que cumple una ART justifica la rigidez de la reglamentación de su actividad, y la correlativa exigencia del acatamiento estricto de los requerimientos legales.

El retardo produjo un estado de incertidumbre y desamparo en el trabajador, quien se vio privado de obtener en su debido tiempo la íntegra prestación dineraria por ILPPD, de la cual era acreedor desde el momento de su accidente, y tal incumplimiento por sí sólo produjo un perjuicio, y no resulta acorde con el sistema dispuesto por la normativa de aplicación.

Ello pues si bien subyace en la LRT la idea de que la prevención es la mejor protección para el trabajador, el régimen normativo también establece la reparación como uno de sus principales objetivos.

En tal contexto, la recurrente no procedió conforme lo manda la ley y sus resoluciones complementarias, máxime, considerando el interés público que la actividad reviste y, por supuesto, en función de la situación del paciente afectado. En su calidad de persona obligada, Provincia debe responder por el incumplimiento de los mandatos legales.

4. Teniendo en cuenta que los argumentos vertidos en el memorial no desvirtúan los fundamentos de la pena impuesta, que de las constancias de autos y de los dichos del apelante surgen los incumplimientos imputados, la infracción ha quedado objetivamente evidenciada, por lo que la sanción aplicada es procedente.

Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta la proporcionalidad que debe mediar entre la falta reprochada y la sanción (CNCom., esta Sala, "Superintendencia de Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones c. Orígenes AFJP s/recurso de apelación", del 2/3/99), corresponde estimar el agravio y reducir el importe de la multa a 250 MOPRES.

5. Confírmase el decisorio apelado con el alcance indicado supra 4. Notifíquese por cédula a las partes y a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho. El Señor juez Miguel F. Bargalló actúa de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones 261/06 y 261/07 del Consejo de la Magistratura y los Acuerdos del 15/06/06 y 01/06/07 de esta Cámara. La Señora Juez Ana I. Piaggi no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN). - María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. - Miguel F. Bargalló.