marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, secuela de juicio, Corte Suprema de Justicia de la Nación, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Pieckenstainer, Dieter Walter s/ Lesiones - Recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal -   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es la posibilidad de considerar   como "secuela de juicio" (artículo 67 del Código Penal) con entidad   interruptiva de la prescripción de la acción penal a determinados   actos de la instrucción previos a la requisitoria de elevación a   juicio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-12

La Corte Suprema de la Nación ha dado contenido a la fórmula, al decir constituyen secuela de juicio, "aquellos actos del procedimiento judicial, dirigidos contra el infractor, y únicos susceptibles en derecho para interrumpir el término de la prescripción". A partir de ello, debe entenderse como secuela de juicio, la realización de aquellos actos, de filiación procesal, que den vida activa, firme y cierta al proceso; que hagan proseguir efectivamente la causa; que acuerden, den o concedan al proceso, una dinámica indudable y real, apta para un efecto jurídico esencial, y no aquellos que solamente reportan alguna utilidad en orden a meras actuaciones de materia procesal accesorias. (Del Voto del Dr.

Crippa García)
Prescripción, suspensión de la prescripción, daños y perjuicios, interpretación de la ley, interpelación
Materia: CIVIL
Carátula: PEDRO PETINARI E HIJO c/ ESTADO NACIONAL - FUERZA AEREA ARGENTINA s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-19

La causal de suspensión que contempla el artículo 3986, segundo párrafo del Código Civil, procura un nuevo medio para evitar el curso de la prescripción mientras duran las tratativas extrajudiciales enderezadas a obtener el cobro del crédito, sin sorpresas para el acreedor cuando ellas se dilatan; habiéndose interpretado también que la exigencia de que el requerimiento de pago sea apropiado en cuanto al objeto adeudado debe ser apreciada conforme con las modalidades de cada caso y que cuando el precepto citado se refiere a la "constitución en mora" no alude estrictamente a la situación de mora, que bien se puede haber operado automáticamente, sino a la interpelación que supone la exigencia de pago que exterioriza la realización de un acto opuesto a la inacción del acreedor.

De la primera presentación efectuada en el expediente administrativo surge inequívocamente un requerimiento del acreedor dirigido a ser resarcido del daño, hecho que fue denunciado oportunamente y reconocido por la demandada, a cuyo pedido la actora concretó su pretensión indemnizatoria en sede administrativa, petición que fue consecuencia de un requerimiento anterior que exteriorizó en forma de interpelación mediante carta documento. En tales condiciones (aun dejando de lado los pormenorizados requerimientos y tratativas), la primera nota reunió los requisitos necesarios para suspender el curso de la prescripción.
Empleados públicos, derechos subjetivos, adicionales de remuneración, falta de reglamentación de la ley, derechos de incidencia colectiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUIS ABACA Y OTRO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2001-03-20

Para efectivizar la titularidad del derecho, es importante emplazar al Estado, respecto de la omisión de la reglamentación, bajo el apercibimiento de considerarse titular del derecho. No se trata de formulismos, el emplazamiento a producir el acto omitido es necesario para configurar exactamente la situación jurídica pretendida, es decir la titularidad de un derecho genéricamente determinado pero no específicamente definido. No es posible generar un derecho subjetivo a través de una sentencia judicial, si el mismo no ha sido conferido por la norma correspondiente, y este es un presupuesto necesario para que proceda la acción procesal administrativa.
Empleo público, remuneración, reclamo salarial, diferencias salariales, enriquecimiento sin causa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Waiman,  Roberto c/ Estado Nacional (M de Econ. y Obras y Serv.Públicos) s/ empleo público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

El pago de diferencias de haberes por desempeño de funciones de mayor jerarquía debe ser reconocido con fundamento en la teoría del enriquecimiento sin causa y siempre que haya mediado por parte del peticionario -ajeno a la posible irregularidad de su ejercicio- una efectiva y útil prestación de servicios en el cargo superior y que ello haya implicado la necesidad de cumplir concreta y específicamente tareas requeridas de mayor responsabilidad e importancia, extremos que resultan acreditados en autos (Sala I "Bonini, José Raúl c/ E.N. (M° E y O. y A.p) s/ empleo público", 9/08/2001) (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. VIII).
Retiro policial, reajuste jubilatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Maldonado, Ricardo Daniel c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior. Policía Federal Argentina s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-15

Para que el policía retirado que sufrió un accidente, sea beneficiado con la promoción establecida por los arts. 1 de las leyes 16.443 y 20.774, debe considerarse que la incapacidad sufrida como consecuencia del mismo sea idónea como para dar el pase al retiro -en el caso, no corresponde otorgar la promoción mencionada pues, la incapacidad del 10 % establecida al actor, por Reconocimientos Médicos de la Policía Federal Argentina, no reviste entidad suficiente como para haber generado su retiro de la institución en caso de haberse hallado en actividad al momento de los hechos que causaron tales lesiones-.
Sociedad de hecho, personería jurídica, disolución de sociedades, derechos del socio
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTRAVIZ, ROBERTO c/ POUSA, HECTOR s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

La sociedad de hecho, carece de la solidez propia de un contrato actuado en la forma que demanda la ley, ya que cualquier socio puede darle fin sin incurrir en responsabilidades. La precariedad de la personalidad jurídica que este tipo de sociedad detenta, viene dada por su debilidad constitucional y la consecuente posibilidad de cualquiera de sus miembros de reclamar la disolución aunque no se haya cumplido el plazo previsto o el objeto para el cual se concertó. La sociedad de hecho se encuentra permanentemente amenazada por el pedido de disolución que los socios pueden ejercitar cuando les parezca oportuno.
Honorarios, base regulatoria, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Eldorado s/ Recurso  Extraordinario  de  Inaplicabilidad  de  Ley  y  de  Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-09-13

Debe establecerse la base arancelaria tomando en consideración el monto de la sentencia y no el de demanda, porque la acción se sujetó a lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, lo que da por resultado que el pronunciamiento judicial configura y contiene el monto del proceso, siendo el acto unilateral de estimación en la demanda, incierta e insuficiente para determinar el monto del proceso, a los efectos de tomarlo en consideración para determinar la base arancelaria. Resultaría injusta y absurda la aplicación del artículo 18, inciso a) de la Ley 607 si la demanda prosperó por poco más del 50%, haciendo cargar con las costas a la demanda en un 100% sobre una estimación de casi el doble que el de la suma de condena.-
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Arias, Juan c/ Instituto Superior Enseñanza en computación S.R.L. s/ Cobro pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-14

No se desnaturaliza la relación laboral entre las partes por el hecho que el trabajador no sea exclusivo ni cumpla horario, condiciones estas que no son necesarias para la subordinación.

Tampoco afecta el hecho que el trabajador haya consentido la falta de registración del contrato y otros incumplimientos como tampoco el hecho que el trabajador se encuentre inscripto como autónomo (ello puede ser una exigencia del empleador para disfrazar una relación laboral, irrelevante porque rige la primacía de la realidad).
Base regulatoria, honorarios, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad Autónoma de Bs. As. c/ GCBA s/ Cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Si los jueces de la causa aún no han fijado el monto del proceso a los fines arancelarios ni han procedido a determinar los estipendios de los distintos profesionales intervinientes que podrán servir de base para la regulación peticionada, corresponde remitir las actuaciones al juez de grado a esos efectos, previa intervención de los interesados para que realicen las estimaciones que sobre la materia entiendan correspondientes. (Del voto del juez José Osvaldo Casás al que adhieren las juezas Ana María Conde e Inés M. Weinberg)
Pago, pago indebido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sassano, Mario c/ Empresa Microomnibus 25 CISA s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

El pago hecho a un tercero no autorizado, carece en principio de todo valor y sólo puede tener eficacia en los siguientes casos: si el mismo se ha convertido en útil para el acreedor (en cuyo caso la validez se ve limitada por la utilidad); si el acreedor lo ratifica;

y finalmente si quien recibió el pago adquiere posteriormente el crédito.
Certificado de trabajo, aplicación temporal de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Sisterna Gregorio E. y O. c/ Proesco S.R.L. y O. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-13

La multa proveniente del incumplimiento de entrega del certificado de trabajo al cese de la relación (Art. 80 LCT) debe regirse por las normas vigentes a la fecha de la ruptura de la relación, y si como ocurre en el caso, el vínculo entre las partes se disolvió antes de la promulgación de la ley 25345, corresponde estar al texto vigente antes de la sanción de dicha normativa legal, que únicamente preveía la entrega de las certificaciones allí dispuestas. (En el caso se disolvió la relación con fecha 6/9/00 y la ley fue publicada en el B.O. el 17/11/00).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, ley vigente, Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, resoluciones, indemnización por accidente de trabajo, enfermedad accidente
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: Paz, Benito Francisco c/ EFA. s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

La sentencia que estableció el tope legal aplicable a la indemnización por enfermedad accidente con apoyo en una resolución del Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil que aún no estaba vigente a ese momento, traduce un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso.
Acto administrativo, acto administrativo regular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García de Gimenez, Elsa N. c/ Municip. de Avellaneda s/ Nulidad de ordenanza - cuestión de comp. art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

La regularidad o no del acto impugnado no es un dato determinante de la materia contencioso administrativa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Crédito laboral, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: CASAS HECTOR c/ PETRUZZI S.A. s/ DEMANDA - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-27

En el análisis de las cuestiones derivadas de reajustes por depreciación monetaria, particularmente en lo referido a las liquidaciones que deben practicarse de conformidad con las sentencias respectivas, es preciso tener presente, para solucionar los conflictos que se generan, los detalles de orden práctico que se suman en el trámite procesal que las partes deben observar para llegar a un acuerdo sobre los respectivos montos o, en su caso, a la decisión judicial que ponga fin a sus opiniones divergentes (publicación de los índices, traslados, notificaciones, aprobación formal de la liquidación). Parece más conveniente examinar en cada caso concreto la conducta observada por las partes antes que aferrarse a rigideces principistas.

En el caso - por la aplicación de tales principios - es la demandada quien con su conducta demoró la percepción del crédito por parte del actor. Sabido es que el planteamiento de queja ante la Corte - aunque se ejercite un derecho legítimo -no tiene efecto suspensivo; por lo tanto, la condena que ya contaba con dos sentencias en su contra, pudo cumplimentar antes su obligación. Si bien es cierto que el Tribunal resolvió se otorgase fianza real admitiendo la pretensión de la demandada y dispuso que el actor respetase dicha fianza antes de ordenar la ejecución, fue ese trámite el que ocacionó la demora. La accionada conocía que debía, pero su preocupación por pagar - más allá del referido trámite de la fianza - recién se manifesto cuando desde hacía días los periodicos anunciaban el mayor índice inflacionario de nuestra historia para el mes de Julio de 1989, que alcanzó en definitiva a un 196%.

Las circunstancias del caso, y la aguda desvalorización de nuestra moneda en el referido período conducen a la conclusión de que el pronunciamiento de la a quo que actualizó hasta el 31 de julio de 1989, se ajusta a derecho y no se observan los vicios que se atribuyen. (Voto de la mayoría, Dres. Kaller de Orchansky y Berardo) -
Indemnización por despido, reincorporación
Materia: LABORAL
Carátula: PASTRANA, ROBERTO c/ MATERIALES TEXA  S.A.  ARGENTINA  C.I.F.I. s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-05

La conducta del trabajador que, después de la denuncia contractual efectuada por la empleadora percibe las indemnizaciones previstas en la ley de contrato de trabajo, traduce la convalidación de la eficacia extintiva del despido del que fue objeto, dándose así el supuesto alternativo expresamente tenido en vista por la ley 23551 y acordado al afectado por la medida (artículo 52, cuarto párrafo), el que carecerá de legitimación sustancial para perseguir la reincorporacíon a su puesto por haberse extinguido el contrato de trabajo.
Prescripción, interrupción de la prescripción, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUASQUITA, FLORENTINO c/ ORGANIZACION HORIZONTE INMOBILIARIA  S.C.A. s/ QUIEBRA S/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-09

La interposición de medidas precautorias interrumpen la prescripción, pues las diligencias tendientes a asegurar lo reclamado por este medio encuadran dentro del concepto de "demanda" utilizado por el cciv 3986.
Allanamiento domiciliario, orden de allanamiento, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: ZARANKIN, ERNESTO s/ Incidente de nulidad Causa Nro. 35433.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

1- Corresponde confirmar la resolución que dispuso sobreseer al imputado al mismo tiempo que declaró nulo lo actuado, pues si bien es cierto que los términos del mandamiento de registro no fijan ningún límite a las dependencias del domicilio que se dispone allanar, la providencia del Juez que lo ordena carece de toda fundamentación acerca de las razones para penetrar en un domicilio particular y la denuncia en cuya virtud se expidió la orden de allanamiento no constituye indicio suficiente para autorizar una medida tan delicada como la entrada en un domicilio privado, máxime que los hechos denunciados están (en el caso) referidos a lo ocurrido en otro domicilio distinto.

2-No puede aceptarse, como sostiene la parte querellante, que la orden era genérica y se refería a todas las dependencias del domicilio allanado, ni lo sostenido por el Ministerio Público que entiende que las razones de interés público en impedir delitos y en averiguar la verdad conducen a que sólo se deban excluir pruebas que hubieran sido obtenidas por medios ilícitos.
Ley general del ambiente, acceso a la justicia, deberes del juez, aplicación de la ley, daño ambiental, Derecho ambiental, derecho a un medio ambiente sano, bien jurídico protegido, derechos de incidencia colectiva
Materia: MEDIO AMBIENTE-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alvarez, Avelino y Otra c/ El Trincante S.A. y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

La Ley General del Ambiente N° 25.675 es concluyente en tanto busca garantizar en cuestiones ambientales el acceso pleno a la justicia sin limitaciones de ninguna índole y, en forma específica, su artículo 32 exige la superación de cualquier valladar que pudiera existir entre el justiciable y el órgano judicial a los fines del desarrollo de un proceso ambiental sin trabas que permita arribar a una solución eficaz en salvaguarda del bien jurídico que se intenta proteger. (Del voto del Señor Juez Doctor Soria).
Colegio Público de Abogados, facultades disciplinarias, tribunal de disciplina, sanciones del Colegio Profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ AVALOS CARLOS LEON c/ TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL COLEGIO DE ABOGADOS s/ RECURSO DE AMPARO-RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR EL DR.  OLIVERA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-23

Los Arts. 197 y sgtes. de la Ley Orgánica de Tribunales confieren al Colegio de Abogados de la Provincia, facultades disciplinarias previendo la conformación de un Tribunal de Disciplina y un procedimiento que contempla la apelación de sus sanciones ante el Superior Tribunal de Justicia en los casos de "denegación de inscripción de la matrícula, suspensión por un término mayor de tres meses en el ejercicio profesional y la cancelación de la matrícula".

A contrario sensu una sanción por el término de tres meses o inferior estaría excluida de la apelación directa ante este Tribunal.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Odein S.A. c/ Lachionbo de Pazos, Juana Carmen y/o prop. s/ Ejecutivo La Inversora Platense S.A. c/ Petrini, Augusto Enrique s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-16|1987-06-16

El pronunciamiento de la Cámara -que decide sobre la revalorización del crédito por depreciación monetaria- reviste, en el caso, carácter de definitivo en el concepto de los arts.278 y 296 C.P.C.C.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho penal, suspensión del juicio a prueba, violencia de género, medidas cautelares, impedimento de parentesco
Materia: PROCESAL
Carátula: Brandoni, Héctor Emilio c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Brandoni, Héctor Emilio s/ art. 11179:149 bis parr. 1 Amenazas -CP (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-13

La controversia referida al modo en que fue interpretado el derecho infraconstitucional aplicable al caso (arts. 76 bis y 27 bis, CP, 205, CPP, y 26 de la ley n° 26.485) con relación a la instrumentación, a través de un dispositivo de geoposicionamiento, de la "prohibición de contacto" con la víctima denunciante, establecida como regla de conducta en el marco de una suspensión del juicio a prueba, no suscita, al menos en los términos en los que aquí viene planteada, un asunto que justifique la consideración de este Tribunal pues no se encuentra concretamente demostrado de qué manera lo resuelto en el marco de esta suspensión del juicio a prueba -otorgada a pedido del propio involucrado y consentida por el MPF bajo ciertas condiciones que la defensa no comparte- desconoce alguno de los principios constitucionales que la defensa genéricamente menciona (inocencia, libertad personal o proporcionalidad). (Del voto de las juezas Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Pago, efecto extintivo del pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Córdoba Iramain Construcciones Civiles c/ Municipalidad de Olavarría s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

La circunstancia de no haber formulado reserva al tiempo de cobrar implica atribuirle el pago del capital efecto cancelatorio y ello obsta al acogimiento favorable del requerimiento posterior de sumas de actualización monetaria.
Derecho administrativo, entes descentralizados, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: G., C. E. c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la Provincia del Chubut s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-09

El sujeto pasivo es un ente autárquico, y como tal tiene plena capacidad jurídica que le otorga la ley para estar en juicio, y para responder, en definitiva, con su propio patrimonio por los eventuales perjuicios que pueda producir a terceros, de forma tal que no corresponde anoticiar a la provincia de los juicios entablados contra sus entes autárquicos, cuando incluso ninguna norma procesal lo impone.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación suficiente, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Traverso, Humberto c/ Traverso, María de Los Milagros Denner de s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Divorcio por separación de hecho, mayor de tres años, tenencia y régimen de visitas (Expte.: C.S.J.  nro. 628 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-12

No cabe hacer lugar al reproche intentado por la recurrente basado en la ausencia de concordancia de los votos que conforman el pronunciamiento impugnado, desde que la apelante no logra demostrar la discordancia de los votos en el tratamiento específico de la autoría de los golpes supuestamente propinados por su cónyuge, habida cuenta que la ausencia de medio de confirmación sobre dicho extremo de la litis es un aspecto que está presente en ambos votos.

Además, la tenue crítica que esboza la recurrente sobre este punto del pronunciamiento, en tanto aduce que el Vocal preopinante admite que hay un agresor, mientras que el restante indica que las lesiones pueden obedecer a diversas razones; que el primero requiere indicios confiables para probar la autoría, en cambio el segundo exige prueba directa, son aseveraciones que en modo alguno permiten identificar una ruptura entre las líneas de pensamiento de los Camaristas. Ello así, a menos que se piense -desde luego, equivocadamente- que la concordancia que exige el artículo 26 de la ley 10160 requiera una suerte de votos "clonados" donde ni siquiera el orden de exposición y dialéctica propia de los jueces o la diversificación de razones que puedan brindar los magistrados en la ponderación de una probanza, aun cuando contengan, un mismo tenor justificatorio, es admitido por el precepto en cuestión.
Pagaré no protestado, mora, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fangio y Cia. SACIFI c/ Expreso Tas Mar del Plata s/ Ejecución Contar S.A. c/ Marce Hector Fabian s/ Ejecución Editorial Planeta S.A. c/ Glusberg Benjamín s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16|1997-11-20|2000-02-02

En los casos de pagaré con la cláusula "sin protesto" los intereses arrancan de la fecha de vencimiento establecida en el pagaré, no solo porque así lo establece el decreto ley 5965/63, en el art. 52 inc. 2º, si no también por llevar la cláusula "sin protesto" conforme a la cual, la mora del deudor se produce por el vencimiento del plazo fijado en el documento.