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Jurisprudencia internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, delitos contra la humanidad, investigación del hecho, deber de juzgar, deber de diligencia e iniciativa, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones del Estado miembro, obligaciones de medio
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bueno Alves c/ Argentina s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-07-05

Independientemente de que una conducta constituya crimen de lesa humanidad, es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, el sostener que la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados Parte con el fin de garantizar los derechos reconocidos en la Convención Americana, pues el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe asumir el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y en cumplimiento de ese deber, si las autoridades toman conocimiento del hecho, están obligadas a iniciar de oficio una investigación seria, imparcial y efectiva cuyo norte sea la determinación de la verdad.
Recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Acrocca, Armando s/ Sucesión de Antonio Checanovsky -legajo de copias art. 250 CPCC-"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-21

El apelante, en los supuestos en que el recurso de apelación es concedido con efecto devolutivo, debe satisfacer la carga impuesta en el inciso 2do. del artículo 250 del Código Procesal, a fin de posibilitar al Tribunal "ad quem" conocer la postulación revisora, contando para ello con la totalidad de las actuaciones vinculadas al cuestionamiento traído a la Alzada. Precisamente, si el quejoso omite justificar la temporaneidad de la fundamentación traída, o sea, el piso de marcha del planteo revisor, pues a la luz de lo normado por el art. 250 inc. 2º -primera parte-, es imprescindible adjuntar las constancias demostrativas de la interposición del respectivo recurso de apelación y del proveído judicial acordándolo (CPCC., arts. 34 inc. 5º, 150, 155, 244, 246, 250, incs. 2º y 3º y concds.). El no cumplimiento de la merituada obligación conlleva sin más, frente a la clara normativa del artículo 250 inciso 3º CPCC., a tener por desierto el recurso de apelación con efecto devolutivo, interpuesto oportunamente.
Protección a la familia, violencia de género, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: G., M. V. c/ D., A. E. s/ violencia de genero
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-04-28

Resulta ilógico que el denunciado se autoperciba víctima de la decisión que fijó una cuota alimentaria provisoria a favor de sus en el marco de la denuncia por violencia de género efectuada por su exconyuge, en tanto se trata de una situación provisoria, y más aún cuando aquél manifestó en la audiencia en torno a lo prioritario que son sus hijos en su vida. Tal decisión sentencial, justamente, persigue una mejora en la calidad de vida de sus hijos.
Competencia por la materia, competencia previsional, haber jubilatorio, impuesto a las ganancias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cabral Martin Alfredo c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-18

El vínculo que existe entre el derecho prestacional y su concreción económica razonable deviene inescindible, por lo que cuando un factor exógeno lo alterara (en el caso, en concepto de impuesto a las ganancias) y un magistrado fuese convocado por su titular para restablecerlo en su integridad, éste no podría resignar su competencia sin riesgo de incumplir un deber funcional primario atinente a la potestad jurisdiccional que ejerce por mandato constitucional y legal sobre una materia jurídica específicamente contemplada por la Ley Suprema (C.N. art. 75 inc. 12).
Suspensión del juicio a prueba, querellante, pago en cuotas
Materia: PENAL
Carátula: Siri, Luis Alberto y Quiroz, Cristian Maximiliano c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-30

Conforme el art. 76bis, CP, el ofrecimiento de reparar debe ser "en la medida de lo posible". Es entonces que, contrariamente, admitir un pago en cuotas importa reconocer, implícitamente, que el monto total ofrecido excede las posibilidades del probado. Es decir que el tribunal reconoce que al probado no le es "posible" abonar en el momento del ofrecimiento del monto total, por lo que tácitamente se le confiere "crédito" para cumplir. En consecuencia, y sin perjuicio de que el querellante cuente con un título judicialmente homologado por el que podría accionar privadamente, la falta de pago de cuotas ulteriores no puede ser causal de revocación de la suspensión a prueba, por exceder las posibilidades de reparación del imputado (voto de los jueces Bruzzone y Rimondi).
Quiebra fraudulenta, comerciante, concurso preventivo, auto de procesamiento, prueba, revocación del auto de procesamiento, falta de mérito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: NILSEN, Néstor. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

El tipo penal del delito de quiebra fraudulenta requiere que el sujeto activo revista una calidad especial, la de comerciante, por lo que no cualquier persona declarada en quiebra -segundo de los requisitos que el tipo requiere en relación al autor puede cometer el delito previsto y reprimido en el art. 176 del C.P. Si no se practicaron medidas de prueba tendientes a verificar si el imputado es o no comerciante en los términos del art. 1° del Código de Comercio, es decir si es una persona que ejerce de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual, se prescindió de la consideración de una circunstancia esencial a efectos de considerar configurada la figura típica o no.

Aun cuando el imputado realizó una presentación en sede comercial solicitando la apertura de su concurso preventivo, de la que surge su participación como Presidente de tres sociedades, la mera circunstancia de que haya tenido tal intervención en sociedades con fines comerciales no lo convierte sin más en comerciante, dado que al ejercer sus funciones no estaba ejerciendo actos de comercio por cuenta propia sino a nombre de las sociedades en las que se desempeñaba, por lo tanto es tal ente ideal el ejecutor.

Las previsiones del art. 179 del C.P., que sólo requiere que la conducta sea cometida por un "deudor no comerciante", tampoco es la subsunción correcta ya que establece un elemento objetivo adicional: que el autor haya sido "concursado civilmente", hipótesis que en la actualidad ya no puede darse toda vez que el concurso civil se ha suprimido (*).

La aplicación de este tipo penal a aquellos no comerciantes "quebrados" por remisión a la nueva ley 24.522 sería de carácter extensiva y aplicada "in malam parte", cuestión que se encuentra vedada en nuestro ordenamiento jurídico, lo que surge impuesto por el principio de legalidad previsto en el art. 18 C.N..

Por ello, y dado que no se verificó uno de los elementos constitutivos del tipo penal del art. 176 del C.P., debe revocarse el procesamiento del imputado y declarar su falta de mérito para procesar o sobreseerlo.
Violación calificada, violación calificada por el concurso de personas
Materia: PENAL
Carátula: Rivero, Emilio Ernesto; Rojas, Sergio Daniel; Moyano, Eduardo Dionisio s/ Violación agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

El art. 122 del Código Penal comprende en su contenido a los que prestan su concurso al autor de la violación.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, facultades reglamentarias, derecho de asociación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Graduados  en  Ciencias  Económicas  Asoc.  Coop.  de Servicios Prof. c/ Consejo Prof. de Ciencias Económicas de Cap.Fed. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

Los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución no son absolutos y están sujetos -en tanto no se los altere sustancialmente- a las leyes que reglamentan su ejercicio, doctrina en la que se encuentra expresamente incluido el derecho de asociación.
Abuso del derecho, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dignani Nazareno Luis c/ Consorcio Torre Moreno y otros s/ Cobro de australes y revisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-06

El art.1071 del Código Civil no exige un análisis lógico formal sino una valoración de conductas y resultados acaecidos en la vida real y, a los efectos de su aplicación, los elementos que el juzgador debe manejar no son puramente doctrinales, desde que la valoración de extremos tan generales como buena fe, la culpa, el ejercicio abusivo de los derechos, no queda, por razón de su generalidad, librada a la actividad discrecional del juzgador; por el contrario, un imperativo de nuestro sistema exige que tales extremos sean apreciados con toda objetividad, es decir, conforme con las circunstancias concretas que el caso exhibe.(SCBA. AC.27206; JA.-III -598)
Igualdad ante la ley, defensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TISSEMBAUM, CLEMENTINA MAGDALENA TORRE DE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 691-86 GARCIAS, LEONCIO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 137-89 DEREZ, CARLOS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 137-90 ROTTA, MARIO ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 152-89 CAMI#A, JUAN JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 151-89 AMADIO, AMALIA BEATRIZ ZEBALLOS DE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 094-90 MIÑO, MANUEL ANGEL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 370-91) BASIGNANA, PEDRO AGUSTIN c/ MUNICIPALIDAD DE GALVEZ s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 470-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-21|1992-04-01|1992-04-01|1992-04-01|1992-04-01|1992-04-01|1995-08-23|1991-04-17

La Provincia y sus entes autárquicos institucionales o territoriales, asumen por mandato constitucional, determinado comportamiento cuyo eje lo marcan los artículos séptimo y octavo de la Constitución Provincial, siendo el último una copia casi textual del artículo tercero de la Constitución Italiana de 1947 que desarrolla el principio de 'igualianza', con sentido equivalente a la cláusula social de otros estatutos. Dicha cláusula implica una separación de la concepción que se vincula al Estado liberal de Derecho, al exigir no sólo el reconocimiento y tutela de un ámbito de disponsibilidad jurídica individual sino de la necesidad de una participación activa del poder público (en el marco de sus posibilidades económicas) que permita al particular disfrutar efectivamente los bienes y servicios producidos por la comunidad.
Trabajadores rurales, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Leiva, Roberto y otros c/ Lajitas Cereales S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-03-19

El artículo 129 de la Ley 22248 fija el plazo de la prescripción a los dos años de las acciones relativas a créditos provenientes de la relación individual de trabajo agrario, pudiendo interrumpirse su curso por actuaciones administrativas pero por un lapso no superior a seis meses. El régimen nacional de trabajo agrario no contempla el supuesto de suspensión del plazo prescriptivo, sólo admite situaciones de interrupción, actuaciones administrativas. Es así que la ley 20744 establece un régimen distinto en cuanto a interrupción de la prescripción, respecto a la legislación comentada.
Usurpación de inmueble, encargados de casas de renta
Materia: PENAL
Carátula: Consorcio Propietarios Guayaquil s/ Usurpación de inmueble
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-23

Comete usurpación el encargado de casa de renta que se niega abandonar la vivienda precariamente cedida en virtud de un contrato de trabajo, una vez resuelto éste sin que exista derecho de retención.
Prescripción, daños y perjuicios, obras públicas, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Santa Clara S.C.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08

Tratándose de una acción por los daños y perjuicios que derivarían del avance de una laguna sobre el campo del actor, a raíz de obras realizadas por la provincia demandada, es aplicable el plazo de prescripción del art. 4037 del Código Civil, debiendo partirse para su cómputo del momento en que los daños fueron conocidos por el reclamante y asumido, por tanto, un carácter cierto y susceptible de apreciación, no siendo inconveniente para ello la circunstancia de que pudieran presentar un proceso de duración prolongada o indefinida.
Suprema Corte de Buenos Aires, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires, facultades reglamentarias, resoluciones, licencia del juez, vacancia, Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia, ley provincial, menores, homicidio en ocasión de robo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S.,E.M. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 16.338 . Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- La Plata
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-18

La Resolución 1216 dictada por la Suprema Corte bonaerense que regula el régimen de reemplazo por vacancia o licencia de los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil, no desnaturaliza el contenido de la ley bonaerense del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño 13.634, puesto que estableció un sistema en respuesta a aquéllas eventualidades -como en el caso, el de la licencia de la jueza que debía integrar el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil en el juicio de un menor acusado por el delito de homicidio en ocasión de robo-, en aras de garantizar la tutela judicial continua y efectiva, máxime cuando la norma provincial no legisló sobre el modo en que debía procederse en tales supuestos.
Recurso de apelación (procesal), legitimación procesal, facultades del fiscal, doble instancia, recurso de inconstitucionalidad, recurso de casación, derechos y garantías constitucionales, fallos del Superior Tribunal, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ A, O. A s/ artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-08

Disentimos con el criterio que entiende que frente a la apelación por el fiscal de la sentencia absolutoria en caso de recaer condena en esta sede, se estaría privando al condenado del derecho a la doble instancia judicial. Al respecto, la Corte Suprema concluyó, en el caso "Giraldi, Horacio D. y otro" (CSJN, 7.4.95), que la forma más adecuada de satisfacer y asegurar dicha garantía era el recurso de casación. Si bien es cierto que el recurso aludido no es un recurso ordinario, y que a través de él no son cuestionables en general las cuestiones de hecho y prueba, la posibilidad de su deducción es suficiente como para considerar satisfecha la garantía de la doble instancia. De lo dicho, y recordando que el recurso de inconstitucionalidad local -artículo 27 de la Ley Nro. 402- describe un caso de "casación constitucional" (TSJCBA, causa Nro. 38/99, "Benegas, Miguel M.s/recurso de queja", del 11.8.99 del voto de los Dres.Conde, Muñoz y Casás), se desprende claramente que por medio del recurso mencionado se asegura la garantía de la doble instancia.
Recurso de inconstitucionalidad federal, sentencia definitiva
Materia: Procesal
Carátula: Vergara, José Bernardo c/ Compañía Naviera Perez Companc s/ Recurso Extraordinario Federal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-05-28

Al respecto cabe señalar que el pronunciamiento atacado no es la sentencia definitiva a que se refiere el art. 14 de la Ley 48, en razón de que este Tribunal desestimó la casación intentada por razones formales.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, defecto legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Paola de Marateo Doña María Dominga c/ Marateo Héctor Vicente s/ Disolución Sociedad de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-22

La resolución de la Cámara, que rechaza la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda opuesta por los accionados, no reviste, en el caso, carácter de definitiva en el concepto de los arts.278 y 296 C.P.C.C. desde que no pone fin al juicio ni impide su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sala especial, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Distrito IV Col. Veterinarios c/ Colegio de Veterinarios s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-16

La Sala Especial es incompetente para revisar decisiones societarias que causan el conflicto interórganos de esta persona jurídica -Colegio Profesional de Veterinarios-. (Const. Bs. As. art. 159, 1ra. regla CPC, arts. 4; 163 inc. 6; dec. ley 9686/81, art. 76; dec.

ley 9398/79 y mod. art. 1, 4).
Explotación sexual, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Mondo, Juan Carlos y Borges de Lima, Isabel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-13

El voto concurrente recordó que -a partir de la reforma por ley 26.842- se reconoció que el consentimiento de la víctima para ser explotada no tendrá efectos jurídicos. (Dres. Figueroa, Hornos -voto concurrente- y Borinsky).
Juicio ejecutivo, nulidad de la ejecución
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cañamas, Celia Ester c/ Lago, Susana Rosa J. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

La disposición del art. 543 del cód. Proc. es terminante y de modo alguno lesiva del derecho de defensa, al exigir a quien reclama la nulidad del proceso ejecutivo, el depósito de la suma fijada en el mandamiento o la oposición de excepciones. Si el incidentista aferrado a la exclusiva circunstancia de su mudanza del domicilio en el cual se practicara la intimación, no argumentó al oponer la nulidad ni al fundar su recurso cual sería la defensa que se vio privado de oponer, ni negó la deuda ni manifestó haber realizado pagos de ninguna naturaleza ni negó la deuda ni manifestó haber realizado pagos de ninguna naturaleza ni negó la firma de los cheques traídos a la ejecución, acceder a su solicitud nulificatoria sólo daría satisfacción al escrúpulo procesal sin encontrarse trascendencia alguna, fuera de las demoras y reiteración de pasos del trámite que encarecerían indebidamente la actividad judicial.
Concursos, concurso especial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frenkel Armando Ignacio s/ Concurso especial pedido por Benjamin Maver
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-17

El concurso especial legislado por el art. 209 de la ley 24522, conforme a la ubicación que el legislador le dio al instituto, está previsto para la quiebra y no para el concurso.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maldonado Alba de Chavez, Margarita c/ Mileo, Ricardo Antonio o propietario s/ Daños y perjuicios Lococo, Bruno s/ Extensión de quiebra en autos: Bernasconi y Chao S.R.L. s/Pedido de  quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-11|1993-11-23

Corresponde anular de oficio el fallo que omitió considerar una cuestión esencial sometida a su conocimiento si ello impide conocer cabalmente del recurso de inaplicabilidad de ley.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Discenza, Mario s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

El valor del litigio es de monto determinado o, al menos, determinable, y está representado por la diferencia existente entre la regulación efectuada por el "a quo" y la que resultaría de aplicar la base pretendida por el recurrente, por lo que no habiéndose alegado ni demostrado la concurrencia de un valor superior, carga procesal que le incumbe, debe estarse al que surge de la propia decisión impugnada que causa el agravio del recurrente.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Improcedencia del recurso, inconstitucionalidad, prisión perpetua
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia, Carlos Ignacio c/  s/ homicidio agravado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-28

Es improcedente la pretensión de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua bajo la alegación de infracción al principio de culpabilidad, puesto que el planteo traduce implícitamente una confusión entre el principio de culpabilidad por el acto -que es consecuencia de una elección constitucional por el derecho penal de acto, y una exclusión del derecho penal de autor que predica que la pena ha de imponerse por lo que la persona hace, y no por lo que la persona es- y la culpabilidad en la medición de la pena, de una pena fija que no permite graduación, pretensión que no presenta ningún sustento argumental que permita identificar cuál sería la disposición constitucional que declara, o de la que se infiere de alguna manera razonable e incontestable, que un sistema de penas fijas es inconciliable con ellas (voto del juez García al que adhirió el juez Bruzzone).
Ejecución hipotecaria, mutuo en moneda extranjera, intereses, emergencia económica, tasas de interés
Materia: CIVIL-PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: ASAVA SA c/ ZANEL DE HEINE, Inés y otros s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-06

En virtud de las distintas variables que ha presentado nuestra economía donde se evidenció un descenso de la tasa de interés, si se pretende la ejecución de un mutuo hipotecario pactado en dólares estadounidenses, parece adecuado aplicar una tasa de interés del 18 por ciento anual entre ambos tipos de accesorios, que deber n ser satisfechos en la moneda de origen si el incumplimiento de la obligación emergente del contrato garantizado se produjo con anterioridad al 6 de enero de 2002 por lo cual resulta inaplicable al caso la legislación contenida en la s leyes de emergencia económica.
Asistencia médica, tratamiento médico, tratamiento ambulatorio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ BERGEZ JORGE c/ OSDE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-01-12

La recurrente no demuestra que su eventual rehabilitación no pueda ser cumplida en una prestadora de OSDE BINARIO. Por lo demás, no hay elementos que autoricen a pensar, lisa y llanamente, que sólo en la "Fundación Proyecto Cambio" el actor encontrará el remedio al mal que lo aqueja. Al respecto importa poner de relieve que el propio médico tratante del recurrente, afirma que: "el joven debe realizar un tratamiento ambulatorio de rehabilitación en una institución especializada" (confr. certificado médico acompañado). El artículo indeterminado empleado por el profesional no circunscribe las posibilidades de tratamiento. Frente a ello el apelante no expone las razones de índole técnica por las cuales ninguno de los establecimientos que la demandada ofrece son aptos para proveerle la terapia que necesita.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Copropietarios edificio Gran Mar IV c/ Piermattei, José Antonio s/ Ejecución de expensas comunes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

Habiendo sido la usufructuaria y codeudora condenada al pago de las expensas, por ser ella precisamente quien usaba la cosa, no pueden quedar dudas en que carece de toda razón jurídica y sentido práctico mantener y dilatar un usufructo que si bien no por las causas normales, ha cesado por la referida sentencia firme y la subasta realizada.