Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-09


NEUQUEN, 9 de Diciembre del año 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "CAMPOS CAMPOS SAMUEL DEL ROSARIO C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN Y OTROS S/ ACCION DE AMPARO" (Expte. Nº 505442/2014) venidos en apelación del Juzgado Civil N°6 a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori dijo:

I.- Que la parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria del 11 de noviembre del 2014 (fs. 60/62), presentando memorial a fs. 64/68.

Argumenta que la juez de grado incurre en arbitrariedad al declarar inadmisible la acción cuando se evidencia la violación de derechos fundamentales, reconocidos por el TSJ, siendo obligación del municipio garantizar los servicios públicos a la población, constituyéndose un acto de discriminación y de denegación de justicia.

Reserva el caso federal y solicita se revoque el fallo recurrido, declarándose admisible la demanda.

II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a entendimiento resulta que la decisión en crisis decreta la inadmisibilidad de la acción de amparo incoada con fundamento en la falta de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, teniendo en cuenta los antecedentes incorporados, en particular, las exigencias previas requeridas a los fines de la provisión de la energía eléctrica, no siendo las mismas impropias ni habiendo el accionante argumentado en forma suficiente.

La presente acción de amparo se dirige en contra de la Municipalidad de Neuquén, Calf, Epen y Pluspetrol, con el objeto de que se arbitren los medios necesarios para otorgar el acceso al servicio de energía eléctrica al actor y su familia, garantizándose el derecho a la calidad de vida, salud y vivienda digna. Narra que doce familias en el Barrio denominado Valentina Norte Rural no cuentan con el servicio, habitando el demandante allí hace más de cuatro años.

Asimismo, denuncia la desigualdad de trato, dado que ciertos vecinos si cuentan con el servicio, siendo determinante la carencia de recursos económicos en tal sentido.

Describe el reclamo formulado a las demandadas y las observaciones formuladas por las mismas: "..se debe hacer la correspondiente zanja con la colocación de los correspondientes caños de PVC de 4" de diámetro con 3,2 mm de espesor.. e) Previo a las tareas de zanjeado el responsable de las mismas se deberá presentar al Área de SySO de EPEN el procedimiento de construcción y montaje para su aprobación.." (fs. 13 Epen) y "se deben cumplimentar una serie de procedimientos, entre los cuales se encuentra contar con planos de mensura aprobados por autoridad competente y el loteador (propietario del inmueble) efectué la presentación del proyecto eléctrico" (fs. 3 Calf), guardando silencio el municipio y la empresa perseguidos. Funda el derecho en el art. 43 de la Const. Nac.. Subsidiariamente, solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 3,6 de la ley 1981 y asegura que no existe otra vía judicial idónea para la protección de su derecho. Imputa esencialmente desidia del estado en la gestión de la cosa pública, conculcando los derechos esenciales de los ciudadanos, en particular, a la salud, entendido como el bienestar físico, mental y social, y más específicamente, la salud del actor y su hijo discapacitado (fs. 49/59) Obran notas vecinales reclamando el servicio eléctrico desde fines del año pasado (fs. 20/23).

El artículo 43 de la Constitución Nacional estipula expresamente: "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. ..". Texto similar al art. 59 de la Constitución Provincial. (cfme. 42 de la Const. Nac.; 55 de la Const. Prov.; y 3 y 11 de la ley 1981).

El amparo es antes que un remedio procesal, una garantía concreta para los derechos del hombre. La acción de amparo procede cuando, aun existiendo otros medios legales ordinarios, ellos no reporten la seguridad que para los derechos se necesita, de forma tal que una actuación condicionada a ese tránsito puede ocasionar un grave e irreparable daño. Debe tratarse de un acto u omisión de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que afecte derechos constitucionales. La gravedad manifiesta que torna admisible la acción de amparo se da siempre que aparezca con grado de evidencia la lesión o amenaza a un derecho de las personas, siempre dentro del marco de apreciación que permite la naturaleza sumaria de la vía escogida. En materia de amparo, más que en ninguna otra, debe destacarse la importancia del caso concreto, ello determina que las pautas primarias de procedencia de esta vía deben adaptarse a las particulares circunstancias de cada asunto, las que pueden ser determinantes de una variada solución. (p. 259 y ss., Derecho Procesal Constitucional, Amparo, Osvaldo Alfredo Gozaini).

"El amparo sólo puede acordarse contra actos que adolezcan de manifiesta ilegalidad, porque si esta exigencia no se cumple en razón de lo opinable del tema, o de la necesidad de un debate más amplio, corresponde que éstos sean analizados con sujeción a las formas establecidas al efecto" (C1°CComSanJuan, 20.6.91, LL1991-E-222).

Con relación a la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, el acto atacable por vía de amparo debe ser, o bien ilegal o arbitrario, pero en ambos supuestos, tales notas deben ser manifiestas. En el campo de la ilegalidad "lo manifiesto es la manera en que se expresan las conductas en juego, en cuanto trascienden jurídicamente si aparecen como claras, incontrastables, contrarias al derecho según el análisis que al respecto realizará el Juez dentro del marco cognoscitivo utilizable en el amparo, probado el hecho o la omisión lesiva, el Juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o irrazonable. En el mismo sentido que para que sea procedente el amparo es necesario que el acto de la autoridad pública cuestionado sea manifiestamente arbitrario o manifiestamente ilegítimo, es decir, debe tratarse de algo descubierto, patente, claro, y tanto la doctrina como la jurisprudencia han exigido que los vicios sean inequívocos, incontestables, ciertos, ostensibles. El acto lesivo, fundamento de la acción de amparo exige como requisito la ilegalidad manifiesta, significando ello, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 244:179, 245:351), que el amparo no procede respecto de la actividad administrativa sino cuando ésta es inequívoca y manifiestamente ilegal, porque la razón de la institución de aquel no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, sino proveer el remedio inmediato contra la arbitraria invasión palmaria de derechos reconocidos por la Constitución nacional. (JUBA7-NQN- Q0000362).

Asimismo, que la viabilidad del recurso excepcional del amparo requiere, entre otros presupuestos, que el derecho esgrimido sea cierto y líquido, de manera tal que no exija una indagación profunda para su elucidación.

"La función del juez en el amparo es la de, simplemente, verificar conforme los elementos de juicio aportados, la existencia y titularidad del derecho, pero no la de darle certidumbre, ni admitir al efecto debates y probanzas que transformen la finalidad de la vía intentada, ya que establecer la liquidez del derecho invocado, no es objetivo sino presupuesto, en ese tipo de litigio". (Rivas, "El Amparo", pág. 54). (JUBA7-NQN- Q0004118).

Atento los elementos fácticos y jurídicos expuestos, cabe concluir que le asiste razón a la juzgadora de origen en relación a la falta de los recaudos de admisibilidad de la acción, esencialmente, en cuanto la demandante en principio no ha aportado la información necesaria para reconstruir el caso concreto y luego de lo traído no surge con claridad la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta de los actos denunciados, en los términos de la norma constitucional transcripta.

En tal sentido, se desconocen las características del barrio del actor y cuáles fueron los motivos por los que no se cumplieron los requerimientos previos, los que tampoco han sido impugnados expresamente. Ello lleva a que la supuesta omisión de las demandadas no resulte ilegítima prima facie, pretendiéndose eludir las propias cargas a través de una orden judicial.

Asimismo, omite fundar expresamente la acción contra cada una de las accionadas, y no puntualiza en forma alguna cual es el acto ilegal, parecería cuestionar la política urbanística, denunciando discriminación e integrando nuevos elementos en forma improcedente (art. 277 del CPCC).

Por las razones expuestas, y en atención a los términos en que se plantea el recurso, propicio el rechazo de la apelación, confirmando el fallo recurrido en todo cuanto ha sido materia de agravios.

Tal mi voto.

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo:

Por compartir la línea argumental y solución propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Confirmar la resolución dictada a fs. 60/62 vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios.

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA.