Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-28


DIAZ, Rosalía contra FARINA, José Luis Reg.: A y S t 210 p 32-35.

Santa Fe, 28 de septiembre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la resolución n 74 del 25.4.2002, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Venado Tuerto, en autos "DÍAZ, Rosalía contra FARINA, José Luis y/o -Demanda Laboral-Ley 7945- (Expte. 122/04)" (Expte. C.S.J. n 72, año 2005); y,CONSIDERANDO:

1. Contra el fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Venado Tuerto -que en fecha 25 de abril de 2002, rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia por el cual no se hizo lugar a la pretensión impetrada-, deduce el representante de la perdidosa el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055 (fs. 19/24).

En el escrito introductor sostiene que el decisorio impugnado no reúne las condiciones necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

Ello así, opina, en tanto la Cámara no efectuó una razonada interpretación de la normativa en consonancia con la realidad fáctica y las probanzas de autos.

Alude que la Alzada incurre en una "desinterpretación" de las normas que regulan la temática en análisis, basándose en la acreditación de exigencias que la ley no prevé, prescindiendo, por ende, de la legislación aplicable e infringiendo las reglas de la sana crítica.

Endilga al A quo vulnerar las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad al omitir el tratamiento de la prueba producida en la causa y que resultaba conducente para la solución del pleito.

Sostiene que el Juzgador no ha tenido en cuenta principios fundamentales que rigen en el derecho procesal del trabajo como es el "in dubio pro operario", que resulta de utilidad en el análisis del material probatorio.

Y -apunta- ese principio protector "que orienta el derecho del trabajo y se encuentra contemplado en la Constitución nacional" no aparece reflejado en el decisorio del Inferior ni en el acuerdo impugnado.

Agrega que el Sentenciante incurre en error al decidir sobre quién recaía la carga de la prueba desde que la demandada no se limitó a negar, sino que introdujo un hecho modificativo al aludir que no se trataba de un contrato de trabajo como para encuadrarse en el decreto ley 326/56; que esporádicamente trabajaba y cuando lo hacía le pagaba por horas y que jamás existió relación laboral en los términos de la ley de contrato de trabajo o en los del Estatuto correspondiente al personal que desempeña tareas domésticas.

Y, concluye, es aquí donde el Tribunal debió analizar cuál hecho quedó sin probar y sobre quién pesaba la carga de la prueba.

Añade que, por otra parte, con solo evaluar la confesional de la parte demandada quedó probado el vínculo laboral al admitir que la actora trabajaba en su domicilio como empleada doméstica.

Sin embargo, expone, la Alzada soslayando el material probatorio, encuadra la situación dentro de la locación de servicios, aplicando, en consecuencia, la normativa del código civil, lo que resulta descalificable constitucionalmente.

Concluye que su postulación recursiva no se reduce a una cuestión de interpretación de derecho común, sino de violación de derechos y garantías constitucionales cuya restauración compete a este máximo Tribunal.

2. Mediante auto n 224 del 20.12.2004 la Cámara denegó la concesión del remedio intentado por entender que no se dio cumplimiento al requisito de planteo oportuno de la cuestión constitucional.

Asimismo, consideró la Alzada que los argumentos del recurrente reflejaban tan solo una mera discrepancia con el criterio esbozado en la sentencia impugnada por lo que no cabía hacer lugar al remedio intentado (fs. 34/35).

Tal denegatoria motivó la presentación directa del interesado ante esta Corte (fs. 2/6vto.).

3. Aún cuando de las alegaciones del recurrente formuladas en la presentación directa ante este Cuerpo pudiera entenderse superada la invocada ausencia de planteo oportuno de la cuestión constitucional, cabe señalar que el recurso igualmente no puede prosperar.

Es que, la detenida lectura de las constancias obrantes en el expediente, en confrontación con los argumentos esbozados en el recurso extraordinario, dan cuenta que las alegaciones del quejoso se reducen a una mera discrepancia con el alcance asignado por el Sentenciante a los medios probatorios arrimados al proceso, como al derecho aplicable al caso.

En tal sentido, se advierte que la Cámara valoró un cúmulo de circunstancias que la hicieron concluir en que la pretensión actoral esbozada en autos no encontraba sustento en las concretas constancias de la causa, efectuando en ese cometido el Judicante un razonamiento cuya ilogicidad no logra ser acreditada por el quejoso.

En efecto, de la lectura de la resolución impugnada se observa que el A quo comenzó su análisis poniendo énfasis en precisar que, tal como lo había resuelto en otras causas similares a la presente, el "estatuto particular establecido por el decreto ley 326/56, requiere para subsumir una situación dentro de su normativa, que los servicios se presten en una casa de familia y al servicio de las necesidades de ella y que no importen para el empleador lucro o beneficio económico, pero no es aplicable cuando el tiempo de esa prestación haya sido menor a un mes, o cuando se las preste por menos de cuatro veces por semana, o cuando la jornada de trabajo fuese menor a cuatro horas diarias; siendo estas tres condiciones independientes para excluir la aplicación del Estatuto" (f. 17).

A renglón seguido puso de relieve la Alzada que en situaciones como las aquí bajo examen, era a cargo de la parte actora la acreditación de las exigencias requeridas para la configuración de una relación de servicio doméstico.

Y en tal línea de pensamiento el Tribunal, luego de escrutar las diferentes probanzas reunidas en el expediente, consideró que no podía tener andamiaje la pretensión esbozada por Díaz en su demanda.

Así, la sentencia impugnada refleja que el Vocal de primer voto ponderó que, al resultar que los testimonios rendidos en el expediente (los ofrecidos por la parte actora y por la demandada) se oponen entre sí, correspondía su neutralización, "con lo que no queda elemento alguno que lleve suficiente convicción al juzgador acerca de la forma, modo, días y horarios en que laboraba la Sra. Díaz para el matrimonio Farina".

A ello agregó la Cámara para concluir que "resultaban más creíbles los dichos de los testigos propuestos por los accionados, ya que tanto Carrizo, como Calderón, cuanto Norma Díaz (testigos de la parte actora), dijeron haberla visto barrer la vereda cuando también se reconoció que la casa de Farina no la tenía y que ella barría la calle, siendo que ésta es de tierra; además es controvertido que puedan haber visto el interior de la finca, atento la explicación que al respecto diera Sacco". (fs. 17vto./18).

Frente a los sólidos argumentos sustentados por el Tribunal a quo, tan solo intenta oponer el recurrente que la cuestión debía enmarcarse dentro de lo establecido por la normativa especial -esto es el decreto 326/56-, pero en modo alguno los argumentos esbozados por Díaz resultan idóneos en orden a demostrar que concurrían fácticamente los presupuestos que la ley condiciona para la aplicación del referido régimen, como así tampoco que se arrimaran al proceso otros elementos de convicción que conlleven a admitir la postulación recursiva.

En esa línea argumental, esta Corte tiene dicho que "la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia de la parte recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba" (cfr., entre muchos otros, A. y S., T. 99, pág. 102; T. 100, pág. 251; T. 101, pág. 408; en sentido análogo, Fallos:297:29; 300:1049; 301:1062; 302:1564; 306:143 y 282; 307:716 y 234, etc.); ni puede tampoco configurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en la decisión de cuestiones que le son privativas (A. y S., T. 95, pág. 341; T. 100 pág. 251, entre otros).

De tal manera, puede concluirse que los reparos que esgrime el quejoso -en el modo en el que fueron expuestos- sólo exteriorizan su desacuerdo con la apreciación que del acervo probatorio efectuaran los jueces de la causa y devienen insuficientes en punto a demostrar que el fallo criticado luzca arbitrario.

De todo lo apuntado cabe concluir que la cuestión no resulta idónea para franquear la vía ensayada, desde que los agravios del recurrente conducen al examen de temas de hecho, prueba y derecho común que fueron resueltos con fundamentos suficientes y que permiten desechar los vicios de arbitrariedad acusados.

Ello así puesto que al no haberse demostrado que tales apreciaciones resulten ilógicas o irracionales, aquéllos no logran trasponer el límite de la discrepancia hermenéutica, de modo que autorice a tener por configurada una cuestión constitucional idónea para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)