Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2008-10-14


En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los Catorce días del mes de octubre del año Dos Mil Ocho, reunidas en Acuerdo las Sras. Jueces de esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dras. MARIA DELFINA DENOGENS y MARTA INES ALONSO DE MARTINA, tomaron en consideración para resolver en definitiva los autos caratulados: "MARTINEZ RUBEN ANTONIO C/ HUERTA MARTIN ALFREDO Y/O TRANSPORTE AUTOMOTOR LA ESTRELLA S.R.L. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL", Expte. Nº 21593/08, venidos en grado de apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de esta Capital.- Practicado oportunamente sorteo para determinar el orden de votación (fs. 488), resultó el siguiente: Dras. MARIA DELFINA DENOGENS y MARTA INES ALONSO DE MARTINA como Jueces de Primer y Segundo Voto, respectivamente.- I.- RELACION DE LA CAUSA, la Dra. MARIA DELFINA DENOGENS dijo: La efectuada por la Sra. Juez a-quo se ajusta a las constancias de la causa, por lo que en mérito a la brevedad me remito a la misma, dándola por reproducida en este acto. En lo demás, la sentencia dictada a fs. 393/397 decidió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada y, en consecuencia, desestimó la acción de daños y perjuicios deducida por el Sr. Rubén Antonio Martínez. Impuso costas y reguló honorarios a los profesionales intervinientes.- Contra dicho decisorio se alza el accionante interponiendo a fs. 398 recurso de apelación, el que fuera concedido a fs. 399 libremente y con efecto suspensivo. Expresados agravios a fs. 401/402 vta., los mismos fueron respondidos por la contraria a fs. 432/434 vta.- Elevado el expediente, quedó radicado a fs. 480 ante esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, lo que se notificó a los interesados.- A fs. 487 vta. se dicta la pertinente providencia de Autos, por lo que practicado sorteo a fs. 488 la presente causa ha quedado en estado de ser resuelta.- II.- La Dra. MARTA INES ALONSO DE MARTINA, dijo: Que presta conformidad a la relación de la causa efectuada por la Sra. Juez de Primer Voto.- III.- SEGUIDAMENTE el Tribunal en la opinión coincidente de sus integrantes plantea como cuestiones a decidir las siguientes: 1.- ¿Es nula la sentencia dictada a fs. 393/397? 2.- En caso contrario, ¿Debe ser revocada, modificada o confirmada?.- IV.- A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA DRA. MARIA DELFINA DENOGENS, dijo: Entrando a la consideración de la nulidad impetrada, advierto que la misma debe ser desestimada.- Nótese que este remedio procesal no constituye un recurso autónomo de conformidad a lo previsto por el art. 253 del Código ritual, pues abarca sólo los supuestos en que la sentencia tiene defectos que hacen que la defensa en juicio resulte vulnerada.- Ello así por cuanto existe una interconexión entre el recurso de nulidad y el de apelación. El sentido legal es el de dar preeminencia al de apelación cuando, por esta vía, se puede subsanar -si procediere- la sentencia impugnada por nula. En efecto, deviene improcedente el recurso de nulidad cuando el vicio que se señala es reparable por el recurso de apelación, desde que en definitiva pierde toda virtualidad (con cita jurisprudencial en Morello, Sosa y Berizonce, T. III, Ed. Platense - 1998, p. 258 y esta Sala en Sent. 78/04, 75/08 entre otras).- Conforme lo expresado propongo desestimar el planteo nulitivo, sin perjuicio de la consideración de los motivos que lo sustentan por vía del recurso de apelación propiamente dicho. ASI VOTO.- V.- A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA DRA. MARIA DELFINA DENOGENS, dijo: 1.- Luego de aludir a algunas expresiones del a-quo y a informes y oficios remitidos, señala el recurrente que corresponde preguntarse si la desaparición o extravío del Expte.Nº 3137/95 es imputable a su parte o si debe soportar las consecuencias de una negligencia del Poder Judicial.- Cita doctrina y advierte que ha ofrecido una prueba de suma importancia, cuya no producción no puede serle reprochada.- Agrega que atento los informes del Sr. Secretario del Juzgado de Instrucción Nº 2, la prescripción quedó interrumpida en la fecha de notificación de la resolución que declara extinguida la acción penal por prescripción, esto es el 16/10/97. De ahí que la invocada en autos no se encuentra cumplida atento la interposición de la demanda que se concretó el 1/09/98.- Entiende aplicable el art. 3982 bis del Código Civil, por cuanto la expresión querella criminal debe interpretarse también como particular damnificado o actor civil. Cita doctrina, adjunta una cédula de notificación, pide la nulidad de la sentencia y formula petitorio de estilo.- 2.- Tras el análisis de los agravios precedentemente sintetizados dejo anticipado, desde ya, que voy a propiciar su rechazo.- En efecto, cabe partir en el tema del principio de que el plazo de prescripción comienza a correr desde que sucedió el delito o cuasidelito (CNEspecial Civil Com. sala IV, cit. por Moisset de Espanés - Sánchez, Accidentes de Automotores, Ed. Jurídicas Cuyo, T.II, p.285). Ello deriva de la circunstancia de que la prescripción liberatoria, tal como lo puntualiza la Corte Suprema de la Nación, no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandable y el plazo respectivo sólo comienza a computarse desde el momento en que ella puede ser ejercida, es decir, coincide con el momento del nacimiento de la acción (Tarnopolsky c/ Estado Nacional, cit. por Ghersi-Weingarten, Dir., Código Civil, v. V, Ed. Nova Tesis, 2004, p.286).- A lo expuesto cabe agregar que siendo independientes la acción criminal y la acción civil por indemnización de daños y perjuicios (art. 1096 CC.), nada impide a la víctima iniciar esta última. Sólo que, en principio, el Juez civil no podrá dictar sentencia hasta que no haya pronunciamiento en el fuero represivo (Conf. Arean en Código Civil, Bueres (Dir.)-Highton(Coor.), T.VI B, Ed. Hammurabi 2005, p.666).

Ahora bien, pretende el recurrente revertir los efectos de su inacción invocando lo dispuesto en el art. 3982 bis del Código Civil. Sin embargo dicha pretensión resulta inadmisible en el sub lite.- Es que "querella" implica la libre y consciente cooperación del particular a la actuación del órgano jurisdiccional con fines punitivos, frente a un ilícito penal que lo agravia. Con ella se exterioriza la voluntad de sentirse dolorido por ese ilícito y es ella la que hace presumir el no abandono del derecho a deducir la acción que se posee (idem, p.667).- Tal situación no pudo darse en el caso en consideración por ausencia de la figura en nuestro ordenamiento procesal penal, ya que la misma se incorporó recién con el dictado de la ley 4670 en diciembre de 1999.- Por otra parte, como se ha señalado, deviene necesaria a los fines de la norma señalada la querella, no resultando suficiente la simple denuncia, pues sólo el querellante revela una actitud cierta de defender sus derechos activamente. No se me escapa que parte de la jurisprudencia ha admitido, en supuestos en que esta figura no se encuentra prevista en la ley de enjuiciamiento penal local, que el particular damnificado quede equiparado al querellante de modo que su actuación produzca la suspensión del curso de prescripción (conf.Arean, ob. y t. cit., p. 668 y Daray, Derecho de Daños en accidentes de tránsito, Ed. Astrea 2005, v.2, p.340).- También es cierto que la Corte bonaerense ha puntualizado que para que la presentación pueda ser asimilada a la "demanda" a que se refiere el art. 3989 del Cod. Civ. es necesario que el presentante formule expresamente su pretensión indemnizatoria (art. 29 Cód. Penal) o por lo menos anuncie que lo hará de manera de dejar explicitada una manifestación de voluntad idónea para desvirtuar la presunción de abandono que se induce del silencio o la inacción (Ramos, Hermenegildo c/ Teve, Víctor, Rep. La Ley, LV 1995, J-Z, p. 1650 y Daray, ob.,t. y p. cit.).- Sin embargo el recurrente no acreditó haber procedido de la manera indicada, circunstancia que se debe a su propia conducta discrecional, lo que le impide invocar agravio alguno deviniente de tal circunstancia.- Es que aun cuando con un criterio amplio consideremos justificado su desestimiento, ante la imposibilidad de ubicar el expediente penal, no puede obviarse que el actor no acreditó de ningún modo que se haya presentado en el mismo en la forma indicada precedentemente a fin de poder invocar analógicamente la suspensión prevista en el art. 3982 bis.- Debo recalcar en este punto que de haber comparecido el recurrente en sede penal impetrando de alguna manera un reclamo revelador de una decisión cierta de defender sus derechos activamente, ello podía ser fácilmente demostrable mediante la presentación de la copia del escrito respectivo, que como es de público y notorio conocimiento, con constancia de recepción, queda en poder del presentante.- En tales condiciones carece de toda relevancia la notificación a los Dres. Pfhal y Miranda del sobreseimiento dictado a favor del demandado Huerta, máxime que por tal circunstancia se rechaza la pretensión de constitución en actor civil sin consignar el nombre de la persona a quien le es denegada.- Por lo tanto, con el único elemento aportado no pueden inferirse ni los términos del pedido ni la persona que lo hiciera atento la pluralidad de lesionados -carácter que no detentó el apelante- en el accidente según surge de la propia admisión del actor al demandar (ver fs.12).- De compartirse el sentido de mi voto, las costas en esta instancia deben ser soportadas por el recurrente vencido y los honorarios regulados atendiendo al capital reclamado ($ 8500) y por aplicación de lo normado en los arts. 5 (16%), 6(40%), 7 (80%) y 11 (30%), todos de la ley arancelaria. Por ello los propongo del siguiente modo: Dres. Julio César Lezcano y Liliana Leonor Pozzi $204 como patrocinantes y $81,60 como apoderados a cada uno y Dr. José Pedro Pfahl $326,40 como patrocinante.- Cabe aclarar que no se me escapa que el actual art. 5 de la Ley Arancelaria, según reforma introducida por Ley 5532, impone la regulación de honorarios, cuando se trate de juicios que tengan por objeto sumas de dinero o un bien susceptible de apreciación pecuniaria, computando en la base regulatoria también los intereses.- Sin embargo en el caso de autos dicha norma deviene inaplicable, toda vez que ante el rechazo de la demanda es obvio que el reclamo no es susceptible de devengarlos.- En tales condiciones resulta de necesario seguimiento la invariable doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene dicho; "A los fines de efectuar la regulación de honorarios, la naturaleza accesoria de los intereses respecto del capital, así como su carácter esencialmente indemnizatorio de la privación temporaria de aquél, impide considerarlos integrativos del valor del pleito" (Fallos 310:1010, cit. por esta Sala en Res. 16/95, Sent. 113/94, 64/97 entre otras, esta Sala).- El mismo Alto Tribunal reiteró dicho criterio al compartir el dictamen del Procurador General, quien dijo: "No está demás recordar, por otra parte, que abundante jurisprudencia de V.E., ha dejado establecido que, al efectuar la regulación de honorarios, no deben acumularse intereses al capital, ya que la condena por intereses reviste un carácter accesorio y constituye una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional (v. doctrina de Fallos: 304:659; 310:1010; 311:1653; 317:1378, 1618, 1620) (dictamen del Procurador Fiscal en autos "Sindicato de Prensa de la Provincia del Chaco c/Diario "El Territorio" y/o Ministerio de Trabajo y Seguridad social de la Nación s/demanda laboral", T. 324:4389, 18/12/01). (Conf. Resol. Nº 503/03).- Es más, en la actual composición de la Corte se ha ratificado dicho criterio, y sólo la Dra. Highton y el Dr. Lorenzetti, admiten el cómputo de tales accesorios pero únicamente en los supuestos en que prospera la demanda y como aclara el último de los Ministros, los mismos han sido condenados, en cuyo caso integran la suma resultante de la sentencia (fallo del 24/05/05, in re: Serenar S.A. c/Provincia de Buenos Aires, Doctrina Judicial del 31/08/05, págs. 1298/1299).- Conforme lo expresado esta Sala ha entendido que el dispositivo citado conculca el derecho de propiedad del actor al aumentar la base regulatoria en función de un tema (intereses) que no procede (Conf. Sent. 90/08, entre otras).- Por lo tanto resulta de aplicación al sub lite lo señalado por este Tribunal en punto a que queda demostrada la irrazonabilidad de la norma en cuestión, que así violenta el derecho de propiedad de las partes en el litigio, el que al decir de la Corte nacional es uno de los pilares de nuestra organización social, lo que da fundamento a su raigambre constitucional, por lo que debe prevalecer sobre cualquier norma infraconstitucional, que precisamente por colisionar con la de mayor rango, no debe ser aplicada, pese a no haber mediado petición en tal sentido del interesado.- Tampoco se me escapa que la justa retribución del abogado tiene directa relación con el prestigio de su labor y por lo tanto hace al correcto Servicio de Justicia; sin embargo el agravamiento de tal magnitud de los gastos del proceso y su desproporción con la importancia económica del litigio, puede conllevar a la cancelación del mismo servicio.- Adviértase que el postulado de economía de gastos exige que el proceso no sea objeto de gravosas imposiciones fiscales, ni que, por la magnitud de los gastos y costas que origine, resulte inaccesible a los litigantes, sobre todo a los de condición económica precaria.

No puede perderse de vista que la amplia dimensión del complejo problema del acceso a la justicia y de las formas de facilitarlo, son cuestiones que modernamente vienen acaparando en todas las latitudes la atención no sólo de los juristas, sino también de los políticos, sociólogos, economistas y otros expertos. Es que constituye al presente premisa indiscutida el tránsito desde la mera igualdad formal decimonónica hacia la igualación en concreto, postulado que insufla la totalidad de las vivencias, en los terrenos políticos, económicos y sociales y que, desde luego, anida también en las modernas concepciones del derecho. La cuestión de la igualdad ante la ley se traduce ahora en el tema de la igualdad ante la justicia, que lleva al problema de la dimensión social del derecho en general, y de la justicia. La remoción de los obstáculos de todo tipo - especialmente económicos- que impiden el libre acceso a la jurisdicción, ha sido objeto de particular atención desde la esfera constitucional . (Conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", T. I, Ed. Platense 1982, p. 641 y ss.).- Atención que se ha potenciado en los últimos tiempos con la elevación de los instrumentos sobre Derechos Humanos a rango constitucional (art. 75, inc. 22. Const. Nac.).- Cabe señalar en este punto que la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de las leyes es tema en la actualidad superado a partir de "Mill de Pereyra", sentando la Corte Nacional la doctrina que quedara consolidada con su actual composición en Banco Comercial de Finanzas.- El argumento central del fallo últimamente citado consiste en que si bien los tribunales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, no se sigue de ello la necesidad de petición expresa, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución, "aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, desechando la de rango inferior" (con citas de Fallos, 306:303, "Juzgado de Instrucción Militar 50 de Rosario", votos de Fayt y Belluscio). Y refutando los motivos que sustentaron la tesitura contraria de la anterior jurisprudencia (Casi siempre por Mayoría y desde el célebre "Los Lagos" de 1941) se sostuvo que la declaración de oficio no implica un desequilibrio de poderes a favor del Judicial, pues si la atribución no es en sí misma negada (es decir, si es potestad de los jueces analizar la constitucionalidad de las normas), "carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros dos poderes no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay". Un segundo argumento "a mayor abundamiento" es el que afirma que la declaración de oficio no contraría el principio de presunción de validez de los actos administrativos o de los actos estatales en general, porque esa presunción cede cuando se vulnera una norma de jerarquía superior como la Constitución. El tercer y último argumento que refuerza el holding sostiene que tampoco puede verse en la declaración oficiosa agravio al derecho de defensa de las partes, pues de ser así debería descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por las partes. (Conf. Comadira, Julio - Canda, Fabián, "La CS reafirma el control judicial de oficio de las normas". Banco Comercial de Finanzas un fallo en línea con "Mill de Pereyra", Rev. ED. Nº 11.121 del 01/11/04).- Señalan los autores aludidos que la abstención de la aplicación de las normas contrarias a la juridicidad constitucional, o, si se quiere, su inaplicación, por parte de los jueces, constituye una atribución que hace a la esencia de la función judicial, en tanto manifestación de una de las funciones del Estado. Ello es así, pues en la vigencia del principio de juridicidad radica el deber no sólo judicial sino, más genéricamente, estatal de someter su accionar a las normas condicionantes de la función de que se trate y de inaplicarlas si ellas resultaran violatoria de aquella juridicidad. Es, pues, consustancial a las funciones del Estado el respecto, en su concreto ejercicio, del bloque de juridicidad en su respectivas órbitas. Asi, los tres poderes del Estado en el ejercicio de sus respectivas funciones, son, pues, garantes de la juridicidad constitucional, aun cuando la última palabra sobre el cumplimiento de ésta corresponda, en definitiva, al Poder Judicial. (Conf. aut. y ob. cit.).- En virtud de lo expuesto procede declarar inaplicable al caso el art. 5 de la Ley 2011, según modificación introducida por ley 5532.- Debo señalar en este punto que no constituye obstáculo a tal decisión en el orden local lo dispuesto por el art. 9 de la Constitución Provincial, atento el rango de los principios que, en el caso, se encuentran comprometidos.- Es que tratándose los Derechos Humanos de derechos anteriores, toda la normativa debe ajustarse a ellos y obliga a los jueces a no aplicar aquélla que los colisione. (Sent. Nº 107/05, Nº 101/05 y Nº 115/05 esta Sala).

ASI TAMBIEN VOTO.- Con lo que de dio por terminado el presente Acuerdo, dado y firmado por ante mí, Secretaria, que doy fe.- Marta Inés Alonso de Martina.- María Delfina Denogens.

SENTENCIA:

RESISTENCIA, 14 de Octubre de 2008.- Nº.124.- Por los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en el Acuerdo que antecede, esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, RESUELVE:

I.- DESESTIMAR la nulidad impetrada.- II.- CONFIRMAR la Sentencia dictada a fs. 393/397 en todo cuanto fuera materia de recurso.- III.- IMPONER las costas en la Alzada a la recurrente vencida, a cuyo fin regúlanse los honorarios de los profesionales intervinientes como sigue: Dres. Julio César Lezcano y Liliana Leonor Pozzi PESOS DOSCIENTOS CUATRO ($204) como patrocinantes y OCHENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($81,60) como apoderados a cada uno y Dr. José Pedro Pfahl PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($326,40) como patrocinante.- IV.- NOTIFIQUESE, regístrese, protocolícese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.- Marta Inés Alonso de Martina.-áMaría Delfina Denogens.