Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-08-05


///MA, 5 de agosto de 2015.

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores, Ricardo A. APCARIÁN, Enrique J. MANSILLA, Liliana L. PICCININI, Sergio M. BAROTTO y Adriana C. ZARATIEGUI, con la presencia del señor Secretario doctor Ezequiel LOZADA, para el tratamiento de los autos caratulados: \"SAGREDO, GLADYS MABEL C/I.P.P.V. S/AMPARO S/APELACIÓN\" (Expte. Nº 27845/15-STJ-), elevados por el Juez de amparo, Dr. Alejandro Cabral y Vedia de la IV Circunscripción Judicial, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcribe a continuación los votos emitidos.

V O T A C I Ó N El señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:

ANTECEDENTES DEL CASO Llegan las presentes actuaciones en razón del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro a fs. 53 y fundado a fs.56/60, contra la sentencia de fs. 44/45 y vta. dictada por el Juez de Amparo, Alejandro Cabral y Vedia, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1 de la IV Circunscripción Judicial que resolvió hacer lugar a la acción intentada por la Sra. Gladis Mabel Sagredo, y ordenar al IPPV que en el plazo de diez días de notificada la sentencia, arbitre los medios necesarios para adjudicar a la amparista una vivienda adecuada.

El Juez del amparo sostuvo que la actora padece una enfermedad grave (epilepsia), contando con un certificado de discapacidad desde el 25/10/2013 con vigencia hasta el año 2018, y que si bien, de acuerdo a lo informado por el IPPV, la amparista se encuentra inscripta dentro de dicho organismo -incorporándose su legajo dentro del cupo de personas con capacidad diferente-, no ha resultado aún adjudicataria de vivienda alguna, dado que las unidades en construcción en esta localidad ya han sido asignadas a las personas individualizadas en el listado acompañado por el Instituto.

Agregó que no surge del listado referido si las adjudicaciones se refieren a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad que la amparista, destacando que: ".sólo se modificó el orden de asignaciones por fallecimiento de uno de los beneficiarios, pero no por razones de prioridad a favor de personas con capacidades diferentes".

Señala que del informe brindado por el IPPV no se advierte por qué la amparista -con número de legajo inferior a los que figuran en el listado (Nº 16091 -ver fs. 27 y 38/39-), con capacidades diferentes y reconociendo la propia Institución que se reserva unidades para situaciones de emergencia social y amparo judicial, aún no ha resultado adjudicataria de alguna unidad o no se le ha brindado una solución alternativa.

Concluye que si bien no cabe cuestionar, en el estrecho marco procesal del amparo, la política habitacional del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Provincial y las normas que regulan el acceso a determinados planes, no es menos cierto que: "no corresponde agravar aún más la situación personal de la persona con discapacidad sin otorgar alternativas de solución que suplan la carencia de recursos para así poder ver cumplido su derecho constitucional a una vivienda digna, lo que acredita -a criterio del suscripto- el daño que sufre la amparista".

A fs. 56/59 el apoderado de la Fiscalía de Estado se agravia sosteniendo la falta de acreditación de los requisitos propios de la acción de excepción intentada y, subsidiariamente, por el método y/o forma de llevar adelante la obligación destinada a garantizar una vivienda digna a la amparista, esto es: ordenar al IPPV a arbitrar los medios necesarios para la provisión del inmueble.

Remarca las expresiones de la presentante en el escrito de inicio de la acción, al manifestar que se encuentra viviendo en una habitación con baño, en un terreno compartido con su madre, con la que señala tener problemas de convivencia. Sostiene al respecto el recurrente que los inconvenientes expuestos no resultan atendibles para la procedencia de la vía excepcional peticionada.

Destaca la inexistencia de constancia que acredite las condiciones en las que vive la Sra. Sagredo y cuales serían en su caso las limitaciones de su morada a partir de la discapacidad que padece.

Menciona asimismo que la inscripción de demanda habitacional ante el IPPV y la circunstancia de tener una discapacidad no otorga per se derecho a la adjudicación de la vivienda, sino que es preciso cumplimentar determinados requisitos.

Además, que en el caso de análisis el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad evalúa a través de un equipo interdisciplinario diversos aspectos a fin de otorgar, en caso de corresponder, un orden de prioridad de entrega (conf art. 57 de la Ley N° 2055).

En tal sentido expresa el recurrente que la amparista aún no obtuvo respuesta por existir otra familia con orden preferente a ella y que avasallar el orden implicaría el perjuicio a quienes se encuentran en peores situaciones.

Finalmente y, partiendo del reconocimiento de la obligación estatal vinculada a garantizar el derecho a la vivienda digna, se agravia por el método impuesto en el punto II de la sentencia referido a la orden dirigida al IPPV respecto de adjudicar una vivienda. En tal sentido, considera necesario ampliar la orden por entender que los términos a los que ciñe el cumplimiento de la obligación desecha otras maneras de asistencia del Estado Provincial, tales como el alquiler, el subsidio etc.

A fs. 67/70 luce contestación del recurso por la Dra. Cynthia Carla Bistolfi, Defensora de Pobres y Ausentes y ratificado por la amparista Gladis Mabel Sagredo a fs. 71. Básicamente, sostiene la ausencia de crítica concreta y razonada indicados en el art. 266 del CPCyC. Posteriormente subraya el deber-obligación del Estado referido a la asistencia habitacional y la vinculación con la protección de las personas con discapacidad de rango constitucional.

DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN GENERAL A fs. 77/81, la Sra. Procuradora General, Dra. Silvia Baquero Lazcano, dictamina que se debe hacer lugar parcialmente al recurso, revocando el punto II de la sentencia del Juez de Amparo, y en su lugar ordenar que el Estado Provincial en un plazo determinado le brinde a la amparista una solución habitacional. Ello, sin perjuicio que oportunamente y de reunirse los extremos pertinentes en orden a su condición de discapacitada, le sea adjudicada una vivienda por el procedimiento administrativo correspondiente.

Señala que la Sra. Sagredo en ejercicio del derecho reconocido en el Art. 43 de la Constitución Provincial se presentó, por sí, ante el Juez interponiendo la acción en estudio. Precisa que en tal oportunidad la Sra. Secretaria María Adela Fernández labró un acta (fs. 18) en la cual detalló el requerimiento, con una orfandad de precisiones y datos de interés que podrían haber sido de gran utilidad para la solución del caso.

A modo de ejemplo observa que se consigna: "la Sra. S. hace mención que en el Juzgado N° 5 de esta Circunscripción Judicial, se tramita la causa caratulada "S. G. M. s/ Ley 3040 (Expte. 523) en la cual se ha resuelto la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento". De esto último no surge certeza acerca de cuál ha sido la persona excluida, ni bajo qué condiciones ni circunstancias.

Señala que tampoco consta en el acta el grupo familiar con el que actualmente convive la amparista -en atención a que según sus expresiones su discapacidad la obliga a vivir con alguien-, pormenores éstos que el Juez de Amparo, en uso de sus facultades de dirección del proceso, debió recabar.

Precisa que la Sra. Sagredo se presentó a fin de solicitar a la judicatura que, por su intermedio, el IPPV le informe ". en que estado se encuentra el trámite de la vivienda". Sin embargo, la sentencia abarcó mucho más que dicha petición y no obstante que podría llegar a entenderse del contacto con la amparista que el verdadero ánimo de la misma estaba encaminado a lograr una solución habitacional definitiva, estima que hubiera merecido el fallo un mayor esfuerzo en la exteriorización de los motivos tendientes a dejar ello debidamente aclarado.

Destaca que la acreditación del certificado de discapacidad no es suficiente para obligar al Estado a la adjudicación de una vivienda.

Reconoce que el trámite se encuentra demorado, toda vez que la solicitud de vivienda data del 31-10-12 y la acreditación de la discapacidad data del 29-10-13 (cf. informe del I.P.P.V. de fs. 27), siendo tal dilación administrativa perjudicial para la amparista.

También señala que la política habitacional constituye una cuestión atinente a las funciones del Poder Administrador. Merced a ello, no debe en principio inmiscuirse el Poder Judicial. Sin embargo, existen situaciones excepcionales que ameritan la intervención de la judicatura a fin de salvaguardar los derechos esenciales de las personas.

Menciona que esto último cobra mayor vigencia si advertimos que de la contestación del mismo Estado (listado agregado por el IPPV), no surge de forma concreta y clara la información que determine el orden de prioridad en el que se ubica la Sra. Sagredo ni el tiempo estimado de entrega de la vivienda. Estima que tal omisión justifica, en el caso de autos, la necesaria intervención del Juez del Amparo.

El plus de protección que le asiste a quien padece una discapacidad, contribuye a abonar la intervención judicial mediante esta excepcional y expedita vía.

Considera que el caso de autos encuentra una más adecuada solución de la mano del planteo efectuado en subsidio por la Fiscalía de Estado.

Concluye que le asiste razón al apelante en cuanto a la limitación que la sentencia ha impuesto a su obligación de hacer, pues es cierto que el Estado cuenta con otras herramientas a los fines de garantizar el derecho pretendido.

ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DEL CASO Al ingresar al estudio del recurso presentado por el apoderado de la Fiscalía de Estado se observa que corresponde hacer lugar al mismo.

Ello así, dado que le asiste razón al recurrente ya que el Juez ha fallado más allá del objeto propuesto, invadiendo facultades propias del poder administrador sin que se acredite, al momento de dictar la sentencia, la gravedad, urgencia e irreparabilidad del derecho que entendía lesionado.

La amparista al accionar manifiesta que solicita la intervención judicial para saber en qué estado se encuentra su trámite de solicitud de vivienda ante el IPPV (cf. fs. 18).

El organismo al ser requerido expresa que la amparista se encuentra inscripta como persona sola sin grupo familiar conviviente, en el marco de la Ley J Nº 2320 bajo solicitud identificada Nº 16091 de fecha 31 de octubre de 2012. Posteriormente, la amparista presentó el certificado de discapacidad emitido el 25-10-2013 y a partir de allí su legajo fue incorporado en cupo de personas con capacidad diferente (cf. fs. 27).

Por su lado, la Fiscalía de Estado destaca que conforme las manifestaciones de la propia amparista, ésta se encuentra viviendo en una habitación con baño en un terreno compartido con su madre; sumado a que no obra constancia alguna que acredite las condiciones en las que se encuentra la Sra. Salgado y cuáles serían en tal caso las limitaciones que encuentra en su morada actual.

Cierto es que la situación de la amparista se advierte como delicada por su condición de discapacitada, pero ello por sí solo no habilita a trastocar las políticas públicas habitacionales que no lucen al respecto como arbitrarias o ilegales. Repárese que la mera inscripción no habilita a la adjudicación inmediata de una vivienda. Es preciso cumplimentar determinados requisitos, y el orden de prioridad a fin de cubrir el porcentaje reservado para personas con discapacidad será el establecido por el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad (art. 57 de la ley D Nº 2055).

Este cuerpo ha dicho en las actuaciones caratuladas: \"MOYANO", (Se. 61/08) y \"MONNATI", (Se. 141/07) que no corresponde en el estrecho marco procesal del amparo cuestionar la política habitacional del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda provincial y las normas que regulan el acceso a determinados planes. No es el amparo la vía idónea para habilitar este tipo de reclamo, ante la ausencia de los requisitos esenciales, para que esta excepcionalísima acción prospere, cuando se visualiza con claridad la ausencia de arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas.

También se sostuvo que atender a situaciones excepcionales atentaría ante el derecho a la igualdad que toda distribución de viviendas debe respetar. Las vías administrativas no pueden ser suplidas mediante la acción intentada, por cuanto deben ser tramitadas ante las autoridades respectivas, las que deben verificar los recaudos administrativos pertinentes, en cumplimiento de la ley, para su procedencia y/o plantear diferentes alternativas de solución (Cf. STJRNS4 Se. 106/06 "VERA").

Como principio general, el Poder Judicial no puede desplazar a la Administración en esta materia, atento a que ésta tiene facultades suficientes como para establecer las condiciones necesarias para acceder a los planes sociales habitacionales orientados a la familia, y en ellos evaluar las condiciones para la adjudicación y desadjudicación de la unidades habitacionales (Cf. STJRNS4 Se. 30/13 "CUSTET LLAMBI"). A todo evento, en el caso puntual de autos no se han acreditado las circunstancias excepcionales que permitan apartarse de dicho principio.

Por otro lado, tal como lo afirma la recurrente, que el número del legajo otorgado por el IPPV a la amparista sea inferior al de quienes resultan adjudicatarios, no implica por si sólo que se haya vulnerado el derecho de acceder a una vivienda. Ello, en tanto la mentada prioridad para el acceso a la misma requiere el análisis de factores multidisciplinarios y no se advierte en el accionar del IPPV arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ni -por ende- que se ha vulnerado el derecho a la vivienda.

DECISORIO Por todo ello, corresponde hacer lugar al recurso presentado por la Fiscalía de Estado y revocar la sentencia de fs. 44/45 vta.. Sin costas atento las particularidades del caso (cf. Art.68 2da. Parte CPCyC) . MI VOTO.

Los señores Jueces doctor Enrique J. MANSILLA y la doctora Liliana L. PICCININI, dijeron:

Adherimos al voto y solución propuesta por el señor Juez preopinante. ASI VOTAMOS.

Los señores Jueces doctor Sergio M. BAROTTO y la doctora Adriana C. ZARATIEGUI, dijeron:

Atento la coincidencia de los señores jueces preopinantes, nos abstenemos de emitir opinión (art.39 L.O.). NUESTRO VOTO.

Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Hacer lugar al recurso presentado por la Fiscalía de Estado y revocar la sentencia de fs.44/45 vta. por los fundamentos dados en los considerandos. Sin costas atento las particularidades del caso (cf. Art.68 2da. Parte CPCyC).

Segundo: Regístrese, notifíquese y oportunamente, remítase al Tribunal de origen.

Constancia: Que no suscribe la presente el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla por encontrarse en Comisión de Servicios no obstante haber participado del Acuerdo (art. 39 L.O.).

JUECES FIRMANTES: APCARIÁN-PICCININI-BAROTTO( en abstención)-ZARATIEGUI (en abstención).ANTE MI: EZEQUIEL LOZADA-SECRETARIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.