Medidas cautelares, nulidad procesal, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: " Jaime, Ricardo y otros s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-05

"Nuestro máximo Tribunal ha establecido en reiteradas ocasiones la exigencia de que "las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa" (Fallos 331:1090, entre muchos otros)". "En lo concerniente a ese requisito, se ha precisado que "La motivación 'constituye el signo más importante y típico de la racionalización de la función jurisdiccional, se establece como uno de los requisitos esenciales de la sentencia es la enunciación de las premisas del silogismo que concluye en los puntos resolutivos una comprobación lógica para controlar a la luz de la razón, la bondad de una decisión surgida del sentimiento; es la racionalización del sentido de justicia' (Calamandrei, Proceso y Democracia, p. 115 y ss)" (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, "Código Procesal Penal de la Nación", ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, tomo I, pág.

361)"."En otras palabras, "Las apreciaciones allí realizadas deben respetar los principios de coherencia y derivación, entendido el primero como una motivación congruente, no contradictoria e inequívoca, y el segundo referido a la necesidad de que las inferencias razonables sean deducidas de la prueba y de la sucesión de conclusiones que se vayan determinando en el desenvolvimiento del pensamiento conforme a los principios de la psicología y la experiencia común" (Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, S. I Penal, "ASSI, I.", rta. 21/5/01)". "En el caso sub examine, el a quo ha explicitado suficientemente cuáles son los motivos que lo llevaron a afirmar la existencia de los presupuestos necesarios para el dictado de cada una de las medidas cautelares impugnadas"."Al definir el instituto bajo estudio, Leguisamón sostiene que "las medidas cautelares o precautorias son aquellas que tienden a asegurar el resultado de la sentencia que recaerá en un proceso determinado, para que la justicia no sea burlada haciendo imposible su cumplimiento" (Leguisamón, Héctor E., "Derecho Procesal Civil", Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2009, tomo II, pág. 541)"."En el mismo sentido, se ha dicho que "Se establecen por la ley resoluciones preventivas o cautelares para asegurar los bienes y las personas involucradas en la litis, y para ello el mantenimiento o, en algunos casos, la alteración de los estados de hecho y de derecho vigente" (Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado", ed. Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, tomo I, pág. 264)"."De lo expuesto se desprende, entonces, que "la finalidad de las medidas cautelares es evitar que el tiempo que insume el proceso frustre el derecho se asegura así el eventual cumplimiento de la condena" (Arazi, Roland, "Medidas Cautelares", ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, pág. 4/5)"."Cuando son dictadas en el marco de un proceso penal, las medidas de carácter real tienden a asegurar, específicamente, la ejecución de una eventual pena pecuniaria, la indemnización civil derivada del delito y las costas del proceso; mientras que aquellas de carácter personal se dirigen a asegurar la sujeción al proceso de una o varias personas". "En un precedente reciente en el cual analizamos en profundidad la legitimidad de las medidas cautelares impuestas durante la etapa de instrucción, hemos dicho que "Si el proceso penal persigue hacer actuar la ley material y ésta impone, como uno de sus propósitos, la reposición al estado anterior del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias (art. 29, inc. 1 C.P., según ley 25.188) y así la recuperación de activos provenientes de hechos de corrupción y la eliminación de sus consecuencias (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), nada obsta a que se dicten, durante su sustanciación, medidas cautelares para asegurar esa finalidad (cfr., mutatis mutandi, art. 280 del C.P.P.N.), siempre que se configuren ciertos presupuestos" (c.

n° 43.214, "Vago, Gustavo (Skanska S.A.) s/ embargo preventivo", rta. 31 de agosto de 2010, reg. n° 819)". "Son dos los presupuestos fundamentales que deben encontrarse presentes para justificar su adopción: la verosimilitud del derecho -fumus bonis iuris- y el peligro en la demora -periculum in mora-"En primer lugar, se exige que el derecho invocado -o, en realidad, los hechos en los que se funda el derecho en cuestión- goce de un cierto grado de verosimilitud. No se requiere una acreditación plena, un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida -en el caso de un proceso penal, de la ocurrencia del suceso pesquisado y de la participación en él del encausado-, sino que se exige uno encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, es decir, la apariencia de su configuración". "Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, desde que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda el marco de lo hipotético" (Fallos 306:2060)". "En segundo lugar, debe existir un temor grave y fundado de que durante la sustanciación del proceso, con motivo del transcurso del tiempo que éste insumirá, pueda frustrarse el cumplimiento de la sentencia. El peligro debe ser objetivo y derivar de circunstancias fácticas comprobadas en el sumario"."Requiere una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que llegue a producir el hecho que se pretende evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia (C.S.J.N., "Albornoz c/ M.T.S.S. s/ medida de no innovar", rta. 20/12/84)".