Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-14


(Registro: Tomo 174: 323/330) Salta, 14 de marzo de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "ALFARO, ANTONELLA ELIZABETH - CURATELA - PIEZAS PERTENECIENTES - COMPETENCIA" (Expte. N° CJS 36.070/12), y CONSIDERANDO:

1º) Que vienen estos autos a consideración del Tribunal a fin de resolver la contienda negativa de competencia suscitada entre los señores Jueces de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Cuarta y Sexta Nominación.

El primero de ellos declaró su incompetencia para entender en las presentes actuaciones, en razón de considerar que por motivos de conexidad y en virtud del principio de prevención correspondía intervenir el Juzgado de Personas y Familia Sexta Nominación donde tramita el Expte. Nº 372.450/12 caratulado: "Alfaro, Luis Ricardo vs. Aylan, Gloria Mabel s/ Divorcio por presentación conjunta" (v. fs. 12 y vta.).

Tal criterio no fue compartido por el titular de este último juzgado, que igualmente declaró su incompetencia disponiendo comunicar su decisión a su par en grado mediante oficio y elevar copias de la causa a este Tribunal para que dirima la cuestión.

Para así resolver, el Juez de Sexta Nominación tuvo en cuenta que Gloria Mabel Aylan inició juicio de curatela de su hija mayor de edad, Antonella Elizabeth, nacida el 30 de diciembre de 1992, proponiéndose como curadora, en razón de padecer una discapacidad psicofísica permanente.

Señaló que si bien se encontraba en trámite ante el juzgado a su cargo el divorcio de los progenitores de la presunta insana, la curatela no constituye una acción accesoria del juicio de divorcio ni existe una conexidad sustancial entre ambos con el consiguiente dictado de sentencias contradictorias, como así tampoco identidad de sujetos, objeto ni causa, siendo tales procesos totalmente independientes.

Apuntó que si bien la joven Antonella Elizabeth Alfaro se encuentra inserta en una familia cuyos padres tramitan actualmente su divorcio, la problemática que se ventila en autos es una cuestión inherente a la capacidad civil, pretendiendo la acción iniciada protegerla y no así a todo el núcleo familiar y que siendo aquélla mayor de edad y buscándose determinar su capacidad civil, no existe vinculación con el expediente de divorcio de sus progenitores, pues esta última causa está delimitada al vínculo matrimonial y su disolución y, eventualmente, resolver cuestiones patrimoniales inherentes a la liquidación de la sociedad conyugal (v. fs. 16/17 vta.).

A fs. 20/22 dictamina el señor Procurador General de la Provincia quien se pronuncia por la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Cuarta Nominación conforme los argumentos que allí explicita.

2º) Que a esta Corte le corresponde decidir los conflictos de competencia que se susciten entre los tribunales inferiores de la Provincia, con arreglo a lo establecido por el art. 153, ap. II, inc. b de la Constitución Provincial.

3º) Que en el caso no se verifica una efectiva contienda negativa de competencia, pues para ello resulta necesario que los jueces entre quienes se suscita se la atribuyan recíprocamente (cfr. CSJN, Fallos: 311:1965; 314:239; 323:1858, entre otros; esta Corte, Tomo 81:525; 83:1019), situación que no se presenta en autos dado que el Juzgado de Sexta Nominación no puso en debido conocimiento del magistrado remitente las razones que motivaran su resolución de fs. 16/17 vta.

Se ha dicho al respecto que para la correcta traba de un conflicto de competencia es necesario el conocimiento por parte del tribunal que la promovió de las razones que informan lo decidido por el otro Juez que interviene para que declare si mantiene o no su posición (CSJN, 306:728 y 2000; 317:1022; 319:322).

Sin perjuicio de ello, por economía procesal es dable prescindir de los reparos formales para emitir pronunciamiento respecto del juez competente para intervenir en autos, a fin de evitar dilaciones que puedan traducir una efectiva privación de justicia (esta Corte, Tomo 127:1171).

4º) Que existe conexión en sentido procesal cuando dos o más pretensiones o peticiones tienen en común alguno de sus elementos objetivos (objeto o causa) o se encuentran vinculadas por la naturaleza de las cuestiones involucradas en ellas.

Tal conexión puede ser sustancial o instrumental; la primera determina un desplazamiento de la competencia que se funda en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias.

La segunda, en cambio, genera el mismo resultado a raíz de la conveniencia práctica de que sea el órgano judicial competente para conocer en determinado proceso el que, en razón de su contacto con el material fáctico y probatorio de aquél, también lo sea para entender de las pretensiones o peticiones vinculadas con la materia controvertida en dicho proceso (cfr. Palacio-Alvarado Velloso "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tomo I, fs. 330/332; esta Corte, Tomo 80:329; 133:443, entre muchos otros).

Tal circunstancia justifica que se atribuya, por disposición legal, el conocimiento de la causa a un juez que, de no existir aquélla, habría sido incompetente, sea por razón de la materia, el territorio o el valor (cfr. Clemente Díaz, "Instituciones de Derecho Procesal", Tomo II, B, p. 769 y ss.; esta Corte Tomo 65:1063).

5º) Que siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este Tribunal ha señalado reiteradamente que para determinar la competencia ha de atenderse, de manera principal, a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda (Fallos, 308:2230; 312:808; 313:971; 323:470, entre otros; esta Corte 90:865; 135:35; 138:35, entre otros) y, además, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (Fallos, 311:172; 312:808; 313:971; 316:1777, entre otros; esta Corte, Tomo 63:181; 87:1091; 135:35, entre otros) y la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes (Fallos, 328:3605; esta Corte Tomo 121:801).

6º) Que en el caso, Gloria Mabel Aylan solicita ser declarada curadora de su hija Antonella Elizabeth Alfaro, nacida el 30/12/92, quien -dice- padece de hidrocefalia con válvula de derivación asociada a un síndrome convulsivo refractario.

Explica que desde el año 2008 se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico por presentar epilepsia gradual y retraso mental moderado con una discapacidad del 86 % total y permanente, necesitando del cuidado de terceros y que, a través del Ministerio de Desarrollo Humano - Secretaría de Promoción de Derechos, se tramitó el Certificado de Discapacidad nº 113238 bajo un diagnóstico de retraso mental moderado - epilepsia.

Finalmente aclara que con fecha 26/06/12, inició trámite de divorcio por presentación conjunta que tramita bajo el Expte. Nº 372.450/12 por ante el Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Sexta Nominación.

7º) Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley Nº 26378), la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Ley N° 25280) y la Ley N° 26657 de Salud Mental tienen como ejes no sólo el reconocimiento del ejercicio de la capacidad jurídica, sino también la implementación de mecanismos de apoyo, salvaguardas y ajustes razonable, tendientes a que quienes están afectados por estos padecimientos puedan ejercer esa capacidad jurídica en iguales condiciones que los demás (CSJN, B. 241. XLVI; RHE "B.,J.M. s/insania", fallo del 12/06/12, del dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema).

Dado que la curatela constituye el medio previsto en nuestro régimen legal para gobernar la persona y bienes de los incapaces mayores de edad (arts. 468 y 469 del Código Civil) y que la declaración de incapacidad y el nombramiento de curador pueden pedirla al juez el Ministerio Público y todos los parientes del incapaz (art. 470), al estar juego en autos el ejercicio de derechos humanos de la presunta incapaz, el objeto de estas actuaciones no aparece vinculado procesalmente al divorcio vincular de sus progenitores.

Además y en razón de la especial naturaleza y fines que orientan el instituto de la curatela, tampoco se verifican razones que autoricen el desplazamiento de la competencia al tribunal donde se encuentra radicado el aludido divorcio.

Bajo tales condiciones, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Cuarta Nominación para intervenir en estas actuaciones.- Por ello, LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. DECLARAR la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Cuarta Nominación para intervenir en autos.

II. COMUNICAR lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Sexta Nominación.

III. MANDAR que se registre y notifique.