Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 95827 SALA II Expediente Nro.: 27.338/2005 (Juzg. Nº 12) AUTOS: "AGUIRRE JUAN DOMINGO Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCION DE LA REPUBLICA AR-GENTINA S/ PART. ACCIONARIADO OBRERO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 10/06/2008, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

La Sra. juez "a quo", admitió la demanda de nueve de los diez demandantes, tendiente a obtener un resarcimiento por su no inclu-sión en el Programa de Propiedad Participada de Aerolíneas Argentinas S.A. y fijó una indemnización a favor de cada uno de ellos en la suma de $20.000. Rechazó, en cambio la pretensión del restante coactor por cuanto no se acreditó en la causa su ca-rácter de dependiente de la ex empresa estatal.

El pronunciamiento referido motivó el alzamien-to de ambas partes. La demanda cuestiona la admisión misma de la pretensión y, en subsidio, los alcances de la suma diferida a condena (ante la omisión de parámetros objetivos que permitan corroborar su corrección), como así también sus accesorios; en tanto que la parte actora recurre, primeramente, el rechazo del reclamo promovido por Amado y, en segundo lugar, los alcances de la condena.

Liminarmente, cabe poner de resalto que la índo-le del planteo motivó que se requiriera la intervención del Ministerio Público Fiscal, que se expidió a través del Sr. Fiscal General en los términos que emergen del dicta-men de fs. 219/vta., cuyos fundamentos, en líneas generales, se comparten y se dan por reproducidos en homenaje a la brevedad.

Es dable destacar que la lectura del memorial presentado por la accionada, evidencia la deficiencia adjetiva que se puntualiza en el dictamen, por cuanto la apelante se limita a reseñar los alcances y la operatividad del sistema de propiedad participada, soslayando el argumento principal de la sentencia que se vincula con la no implementación oportuna del programa y con la falta de con-vocatoria de los actores para integrarlo, omisiones éstas que generaron el daño objeto de resarcimiento (conf. art. 116 de la LO).

No obstante lo cual, en aras de preservar el dere-cho de defensa de las partes, debe señalarse que, más allá de las lógicas diferencias puntuales, es aplicable, en líneas generales, la tesis sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Antonucci Roberto c/ Y.P.F. y otro s/ part. accionaria-do obrero" (publicada en Fallos 324:3876); en la cuál, se sentó un criterio general acerca de la viabilidad de un resarcimiento del daño ocasionado a los trabajadores por haberlos privado de la posibilidad de participar, con prescindencia de las vicisitudes periféricas de cada proceso de privatización, pues se abordan normas de vigencia co-mún al proceso de instrumentación de esta clase de programas (ver, en ese mismo sentido, lo dictaminado por el Procurador General de la Nación en la causa F. 1549 L. XL caratulada "Flores, Ramón A. y otros c/ Agua y Energía y/o Poder Ejecutivo Na-cional y otro s/ laboral", dictamen del 22/05/2007).

En tal sentido, cabe ponderar que la ley 23.696 expresa un verdadero sistema destinado a la transformación del Estado en el que se destaca, como elemento singular, la política de privatizaciones decidida y desarrolla-da por el legislador. Se presenta así la norma como un verdadero estatuto para las pri-vatizaciones, y establece para llevarlo a cabo, entre otros aspectos, la protección del trabajador de la empresa "sujeta a privatización". Se desprende tanto de su texto como de su mensaje de elevación, la clara intención de que las medidas a adoptarse no debí-an generar perjuicio a los trabajadores, cuya salvaguarda fue reflejada de diversos modos.

El sistema instituido por la ley 23.696, carecía de operatividad inmediata, habida cuenta de que la aplicabilidad de dicho régimen se hallaba condicionada a ciertos pasos previos, para lo cual preveía una serie de facul-tades otorgadas al Poder Ejecutivo quien quedaba en condiciones de decidir la moda-lidad más adecuada para llevar adelante el proyecto de privatización, la posibilidad de constituir un programa de propiedad participada, la selección de la clase de sujetos adquirentes a incluir en su diseño y la medida concreta de esa participación acciona-ria, por lo que resultaba indispensable la adopción de medidas posteriores.

En relación al caso particular de estos autos, el Poder Ejecutivo dictó diversas normas tendientes a la consecución de los fines aludi-dos. Al respecto, se aprecia que mediante el decreto 1591/89 se dispuso la privatiza-ción parcial de Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado -con participación no es-tatal mayoritaria- (art. 1), se instruyó al Ministerio de Obras y Servicios Públicos pa-ra que, delegación de facultades mediante, dispusiera y/o preparara, entre otras me-didas, las tendientes a la creación de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima con participación estatal minoritaria (art. 3 inc. 1), la cuál debía contemplar un Programa de Propiedad Participada, ajustado a las premisas que la misma norma preveía: a) la condición de empleado participante se reconocería a toda persona vinculada a la so-ciedad por un contrato de trabajo celebrado conforme a la Ley de Contrato de Traba-jo, comprendida en un convenio colectivo y que tuviera estabilidad laboral; b) La ad-hesión individual de cada empleado al programa se expresaría dentro del plazo de no-venta (90) días desde la inscripción de la sociedad y, posteriormente, en el momento en que cada empleado adquiriera estabilidad laboral; c) Cuando cesara por cualquier causa la relación laboral, la participación accionaria sería transferida al resto de los participantes en la forma que estableciera el Acuerdo General de Transferencia pre-visto en el art. 37 de la ley 23.696 (art. 3 inc. 5)	Asimismo, a través del decreto 461/90 se llamó a licitación pública internacional y se aprobó el pliego de bases y condiciones respecti-vo (modificado por decreto 575/90), resultando adjudicataria de la licitación el con-sorcio encabezado por Iberia Líneas Aéreas Españolas S.A. (conf. art. 1 del decreto 1354/90). Luego de ello, el decreto 2201/90 ajustó el procedimiento para la entrega de la posesión de Aerolíneas Argentinas S.A. a los nuevos propietarios; a cuyo fin, en el articulo 1°, se tuvo por constituida dicha sociedad anónima, la que se regiría por el estatuto social que como anexo I integró la norma citada.

En el citado estatuto, se fijó el capital social en la suma de A2.500.000, equivalentes a $250, representado por 2.500 acciones nominati-vas no endosables, de A1.000, equivalentes a $0,10, valor nominal cada una (conf. cláusula 5ª); el capital estaría representado por acciones de diversas clases -A, B y C- (cláusula 6ª), y -en lo que interesa- en la cláusula 39ª se dispuso que los titulares de las acciones clase B deberían estar organizados bajo un Programa de Propiedad Participada que garantizara la adhesión o participación en el mismo de todos los em-pleados de la sociedad que desearan adherirse, que revistaran al momento de operarse la transferencia de los activos de Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado y que se hallaran incluidos en un convenio colectivo de trabajo. Asimismo, se estableció que debía asegurarse la participación en el programa de todos los empleados que ingresa-ran en el futuro en relación de dependencia de la sociedad y que, encontrándose com-prendidos dentro de las previsiones de un convenio colectivo de trabajo al tiempo de adquirir estabilidad, desearan adherirse.

Por su parte, el decreto 584/93, reglamentario del título III de la ley 23.696, estableció -como norma general- que las acciones corres-pondientes a cualquier programa de propiedad participada debían ser íntegramente pagadas por los adquirentes, y que la adquisición de tales acciones siempre debía ser onerosa (art. 7º); también se estableció que dentro del plazo que al efecto se fijara, los sujetos legitimados para participar del programa debían expresar su intención de ad-herir a éste y que dicha expresión debía ser individual, voluntaria y no podía ser pres-tada mediante representantes (art. 6º). Se previó, asimismo, que a los efectos de for-malizar la compraventa de las acciones, debía celebrarse un acuerdo general de trans-ferencia, instrumentado como un contrato de adhesión, en el que serían partes los ad-quirentes, el Estado vendedor y el banco fideicomisario; en el cuál debía precisarse el porcentaje accionario objeto de la venta, la cantidad de acciones, sus precio, y el mo-do y plazo de pago (artículos 9 a 13). Se estableció que las bases conceptuales y los métodos matemáticos para la determinación de los coeficientes de participación en el programa, definidos por el artículo 27 de la ley 23.696, debían ser aprobados por el Ministerio de Trabajo (art. 14). Finalmente, se establecieron las condiciones de transmisibilidad de las acciones correspondientes al programa, las cuales recién serían libres una vez que hubieran sido pagadas, liberadas de la prenda constituida a favor del Estado y asignadas a los adquirentes.

La norma que, finalmente, aprobó la instrumen-tación del P.P.P. realizada en Aerolíneas Argentinas S.A., fue el decreto 596/95, que también, dispuso la adjudicación del porcentaje del paquete accionario, oportunamen-te reservado para la instrumentación del P.P.P. en acciones clase B, a los empleados adquirentes suscriptores del respectivo Acuerdo General de Transferencia. En el anexo I del citado decreto, se fijó el precio de la venta de las acciones en $ 0,10 por acción.

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la -ya referida- sentencia dictada in re "Antonucci", estableció como pauta de aplicación del programa de propiedad participada de Y.P.F., que resulta, en su aspecto argumental, de aplicación al presente caso, que la privatización de dicha empresa estatal tuvo lugar el 01/01/1991, fecha desde la cual se la transformó en una sociedad anónima regida por la ley 19.550 (conf. decreto 2778/90). Cabe determinar, entonces, cuándo operó en el caso particular de Aerolíneas Argentinas, dicho hito temporal, usualmente denominada "fecha de corte", pues constituye un elemento de-finitorio que hace a la pertenencia -o no- al sistema de propiedad participada.

Entiendo que, en el caso de Aerolíneas Argenti-nas, el evento aludido precedentemente estuvo dado por el decreto 1591/89 (ver, en igual sentido, Sent. Nro. 16039 del 21/04/2008 en autos "Echeverria Nestor José y otros c/ Estado Nacional Ministerio Economía y Producción de la República Argenti-na s/ part. accionariado obrero", y Sent. Def. Nro. 16.075 del 14/05/2008 en autos "Pellegrino Rosa y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción República Argentina s/ part. accionariado obrero", ambas del registro de la Sala X). En efecto, la trascendencia de este decreto se advierte porque, en primer lugar, dispo-ne expresamente la privatización de Aerolíneas Argentinas S.E., en segundo término, da cumplimiento con la condición impuesta en la ley de reforma del estado en su art. 23, al ordenar que se disponga lo necesario para la creación de la sociedad anónima con participación estatal minoritaria "Aerolíneas Argentinas S.A.", para luego posibi-litar la implementación del programa de propiedad participada -cuyos lineamientos generales, se trazan en la norma-. Este decreto, por otra parte, ordena la participación privada en el capital social de la sociedad anónima, a cuyo fin se dispone la selección de los adquirentes mediante el procedimiento de licitación pública internacional con base. De todo ello, cabe colegir -por aplicación analógica del criterio sentado por la Corte en el precedente aludido- que, si bien la privatización de la empresa no se en-contraba concluida al momento de la entrada en vigencia del decreto 1591/89, ello no importaba, empero, la consecuencia de negar -posteriormente- el derecho al personal de Aerolíneas Argentinas S.E. existente al momento de su privatización de beneficiar-se con el programa de propiedad participada que se implementara, pues ese derecho, resulta del plexo de las normas aludidas y de la manifiesta intencionalidad del decreto 1591/89, expresada en sus considerandos. Esa interpretación, por otra parte, hace mé-rito de la literalidad de los términos utilizados por la ley 23.696 al otorgar las prefe-rencias para la adquisición, a los empleados del "ente a privatizar" (art.16.2); y se compadece, por otra parte, con el proyecto de ley que tramitara por Expte. 848 - D - 07 de la Cámara de Diputados (ver fs. 211, en particular, su artículo 3).

Finalmente, cabe remarcar que el uso de la ex-presión "personal de la empresa" en el decreto 1591/89, no puede tener otro significa-do que referirse a los trabajadores existentes al momento de disponerse su privatiza-ción, con los alcances explicados en los considerandos precedentes, así como que la literalidad de los textos reguladores del marco de propiedad participada previstos en el art. 22 de la ley 23.696 hacen permanente referencia al empleado adquirente del ente a privatizar y no a quien reúne tal condición en un ente ya privatizado.

En este contexto, es dable concluir, que los tra-bajadores que se hallaban al 12/01/1990 (es decir, al momento de la entrada en vigen-cia del decreto 1591/89) en situación de dependencia de Aerolíneas Argentinas S.E. y que luego pasaron a ser empleados de Aerolíneas Argentinas S.A., tenían derecho a participar del programa de propiedad participada y, consecuentemente, a la adjudica-ción de acciones clase B, a través de una opción de carácter individual, a título onero-so. No obsta a dicha conclusión la argumentación relativa a la onerosidad del sistema y a la forma de financiación de las acciones que introduce el Estado en su memorial, porque, como bien lo puntualiza el Sr. Fiscal General en su dictamen, el hecho de que no se hubiese perfeccionado un sistema que permitiera abonarlas no afecta la viabili-dad del reclamo, puesto que éste se basa, precisamente, en la falta de implementación del régimen. Sin embargo, el carácter oneroso del programa y la falta de pago, habrán de ser tenidas en cuenta para cuantificar la extensión de la condena.

Cabe añadir, asimismo, que los perjuicios deri-vados de la no implementación oportuna del programa de propiedad participada, y la imposibilidad de acordar la debida participación a los actores, luce fehacientemente evidenciada en la causa por cuanto, como se desprende de la Nota DAJEP Nro. 145/07 de la Secretaría de Servicios Financieros del Ministerio de Economía y Pro-ducción (ver fs. 148), el paquete global de acciones clase B de Aerolíneas Argentinas S.A. estaba configurado inicialmente por la cantidad de 438.861.360 acciones y re-presentaba un 10% del capital social; sin embargo, como consecuencia de las diver-sas modificaciones originadas en reducciones por pérdidas, aumentos por emisiones de nuevas acciones -en las cuales no participó el grupo accionario de la clase B- y, según los estados contables cerrados al 31/12/2005, la cantidad de acciones clase B es de 53.680.338, representativas -tan sólo- de un 0,55899% del capital social (datos éstos que, además, guardan coherencia con los datos informados por la perito conta-dora en los cuadros glosados a fs. 120/121).

Sentado lo expuesto, observo que la experta con-table informó que los vínculos contractuales de los coactores Juan Domingo Aguirre, Victor Bonelli, Alberto Saturnino Aguirre, Ariel Alejandro Candal, Luis Gustavo Candino, Eduardo Carabajal, Norberto Salvador Cobelo, Susana Beatriz Echave y Roque Escobar estaban vigentes al momento del dictado del decreto 1591/89 (12/01/1990) y que éstos luego se desempeñaron para Aerolíneas Argentinas S.A. (ver planillas de fs. 122/134, que no han sido impugnadas, conf. articulo 473 del CPCCN), igual conclusión se extrae de la prueba informativa cursada a Aerolíneas Argentinas S.A., cuya respuesta, glosada a fs. 103/116, tampoco ha sido objeto de idónea impugnación (conf. artículo 403 del CPCCN). Es claro, entonces, que los de-mandantes aludidos, tenían derecho a participar y luego adquirir un porcentaje de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., y ante la frustración de ese derecho (derivada de la falta de oportuna implementación y la ausencia de convocatoria a integrarlo), se impone condenar al Estado Nacional demandado a resarcirlos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 505 inciso 3º, 512, 519, 520, 902 y consiguientes del Códi-go Civil.

Desde esta perspectiva, de prosperar mi propues-ta, correspondería confirmar la sentencia de grado en cuanto admitió la procedencia de la pretensión indemnizatoria de los coactores Juan Domingo Aguirre, Victor Bone-lli, Alberto Saturnino Aguirre, Ariel Alejandro Candal, Luis Gustavo Candino, Eduardo Carabajal, Norberto Salvador Cobelo, Susana Beatriz Echave y Roque Esco-bar, aunque, con las modificaciones que seguidamente explicaré.

En efecto, ambas partes confluyen en sus críticas sobre el punto relativo a la extensión del resarcimiento, así es que, mientras que el Estado Nacional cuestiona el monto diferido a condena por cuanto la sentenciante no habría precisado argumentos serios tendientes a la ponderación de la suma condenada (la cual, se destaca, es idéntica para todos los demandantes beneficiarios de la conde-na), la parte actora critica lo resuelto por cuanto la juez de grado, al fijar la suma de $20.000 para cada coactor, habría soslayado las previsiones normativas tendientes a establecer la cantidad de acciones que les hubiera correspondido a cada uno de los accionantes, cuya cuantía emergería de la peritación contable.	Es compartible la crítica de ambas apelantes en relación con la determinación de un importe único e idéntico para cada demandante, sobre todo, si se tiene en cuenta que el único argumento normativo dado en su apoya-tura es la norma del artículo 56 de la LCT, cuya invocación en el caso resulta repro-chable, si se tiene en cuenta que, ante la naturaleza de los créditos objeto de reclamo, la normativa invocada -referente a la fijación de la remuneración- no resulta aplica-ble.

En este contexto, se impone establecer los pará-metros que permitan determinar la extensión del resarcimiento reclamado, justipre-ciando el daño provocado, por medio de una indemnización por daños y perjuicios. Ello así, la reparación justa y adecuada del perjuicio cuya indemnización se persigue en la especie, debe ponderar el valor de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., el cual, debería fijarse en correlación con la falta de inversión efectiva; por lo que, para arribar a una ecuación normal en cuanto a sus términos, no será posible tomar tan sólo una mera referencia histórica, sino que lo razonable será homogeneizar los distintos valores en juego. Sin olvidar, además, que los participantes del sistema -como lo apunta la demandada en su memorial- nunca pagaron el precio de las acciones, por lo que, la incidencia de este aspecto, también habrá de ser tenida en cuenta.

Ello así, porque "...la finalidad de la indemniza-ción civil es remediar el desequilibrio al orden jurídico provocado por el incumpli-miento de la obligación, restableciendo al acreedor en la situación patrimonial que debió tener, de no haber sucedido el evento imputado a la negligencia de la demanda-da; razón por la cual, el magistrado, debe actuar con mesura al determinar la exten-sión y magnitud del daño, para que la indemnización no se convierta en fuente de lu-cro para el damnificado..." (conf. C.N.Com., Sala A, febrero 18-2000, pub. en E.D. 189-149).

Ahora bien, a diferencia del caso del P.P.P. de YPF S.A., la acciones de Aerolíneas Argentinas S.A. no han cotizado en el Mercado de Valores, por lo que la determinación del valor actual de cada acción no resulta sen-cilla; no soslayo que la perito contadora ha informado un valor por acción que ascien-de a $0,543934143, sin embargo este número, que surge de los datos emergentes del ejercicio económico N° 16 de la sociedad anónima cerrado al 31/12/2005, no resulta automáticamente aplicable a la cantidad de acciones que la experta ha determinado en favor de cada coactor. Ello es así, por cuanto, como se señalara en párrafos anteriores, la cantidad de acciones y el capital social -y su integración- sufrieron diversas modi-ficaciones derivadas de reducciones y aumentos en los cuáles no participó el grupo accionario clase B, a tal punto, que el grado de participación del P.P.P. se redujo de un 10% inicial (equivalentes a 438.861.360 acciones) al 0,55899% que surge del ba-lance cerrado al 31/12/2005 (equivalentes a 53.680.338 acciones). Por lo tanto, es evidente que no puede trasladarse, lisa y llanamente -como lo hace la contadora-, la suma de $0,543934143 (que emerge de dividir el capital social por la cantidad de acciones vigentes al año 2005) como valor de las acciones reconocidas a los trabajadores, cuyas cantidades fueron calculadas en función del capital social y el porcentaje accionario destinado al P.P.P. al momento en que el programa efectivamente se implementó, es decir, al año 1995.

Ahora bien, tanto el artículo 56 de la LO como el artículo 165 del CPCCN, establecen que la sentencia fijará el importe de los perjui-cios reclamados siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Y en cumplimiento de la manda normativa, y a los fi-nes de cuantificar el valor de las acciones en virtud del cuál se habrá de establecer el monto de la condena pecuniaria, estimo prudente y acorde las circunstancias fácticas y jurídicas reseñadas, establecer su valor en un importe promedio en el período consi-derado que puede ser determinado en función de la diferencia que existe entre el valor inicial de la acción en 1995 ($0,10) y el valor informado por la perito como corres-pondiente al año 2005 ($0,54). Sobre la base de tales pautas orientativas, puede esta-blecerse -prudencialmente- que el valor promedio de cada acción clase B correspon-diente al P.P.P., alcanzó a $0,32. De dicho importe debe detraerse el precio que los accionantes debieron haber abonado, en virtud del carácter oneroso del sistema; el cual, conforme disposición del decreto 596/95 ascendió a $0,10 por acción. Por lo que, a los efectos de establecer la reparación en autos, deberá aplicarse dicho valor ($0,22) en relación a cada acción a que los accionantes tenían derecho.

Consecuentemente, para clarificar la situación, cabe establecer que la suma de la condena emergerá de aplicar el valor de la acción (o sea, $0,22), y luego multiplicarlo por la cantidad de acciones que les correspon-da a cada uno de los coactores beneficiarios de la condena (de acuerdo al pead indivi-dual y al pead general). La suma así obtenida será la indemnización a la que re-sultan acreedores los actores beneficiarios de la condena.

Ello así, la demanda habrá de prosperar por los siguientes montos: (a) $19997,78 (90.899,021 acciones x $0,22) para Juan Domingo Aguirre; (b) $39020,07 (177.363,943 acciones x $0,22) para Victor Bonelli; (c) $35118,06 (159.627,549 acciones x $0,22) para Alberto Saturnino Aguirre; (d) $33654,81 (152.976,401 acciones x $0,22) para Ariel Alejandro Candal; (e) $33654,81 (152.976,401 acciones x $0,22) para Luis Gustavo Candino; (f) $32679,31 (148.542,303 acciones x $0,22) para Eduardo Carabajal; (g) $36093,56 (164.061,648 acciones x $0,22) para Norberto Salvador Cobelo; (h) $41458,82 (188.449,190 acciones x $0,22) para Susana Beatriz Echave; y (i) $31454,81 (142.976,401 acciones x $0,22) para Roque Escobar. Lo que totaliza la suma de $303.132,03 que será diferida a condena.

En cuanto a los intereses, la fijación de la repara-ción pecuniaria por la "pérdida de chance" derivada de la privación de acceso al ré-gimen de participación accionaria, los torna procedentes debiendo así integrar el lucro cesante sufrido por el acreedor que, al no poder disponer del capital, se vio privado de invertirlo (arts.519 y 1069 del Código Civil) (en igual sentido, C.N.A.T., Sala II, Sent. N° 92754 del 18/8/2004 in re "Desimoni, Mirta Susana c/ Y.P.F. S.A. Yaci-mientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/ part. accionariado obrero").

Ello así, y en respuesta a los agravios formulados por ambas partes en relación a los intereses, cabe establecer que los accesorios corre-rán desde la fecha de notificación de la demanda, es decir desde el 12/05/2006, con-forme constancia de fs. 23 (en ese sentido, ver, Sent. Def. Nro. 34.720 del 28/12/2007 en autos "Arsen, Luis Antonio y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción s/ part. accionariado obrero", del registro de la Sala VIII) y a la tasa fijada por la juez "a quo". En efecto, la fecha de inicio del cómputo, corresponde ubicarla en dicho momento porque, como se ha señalado a lo largo de este voto, la adhesión al P.P.P. es voluntaria y depende de una expresión de voluntad individual (conf. art. 6 del decreto 584/93); por lo tanto, dado que no se ha precisado que los demandantes hubieran exteriorizado su voluntad -en tal sentido- con anterioridad a la promoción de estas actuaciones, y, sobre todo, que la accionada hubiera estado en conocimiento de dicha circunstancia en un momento distinto al de la notificación del traslado de la acción, es ése el momento que puede considerarse que incurrió en mora en el cum-plimiento de la obligación reclamada. Por otra parte, al encontrarse excluida la suma objeto de condena del régimen de consolidación de deuda pública, la tasa de interés establecida en la sentencia recurrida no parece reprochable, y por lo tanto, correspon-de mantenerla. Sin perjuicio, claro está, de canalizar el cumplimiento de la condena mediante el procedimiento establecido por el artículo 22 de la ley 23.982.

Finalmente, entiendo que la crítica formulada por la parte actora, en relación a la exclusión de la condena del coactor Gustavo Ra-món Amado, no puede prosperar.

Ello es así, por cuanto -en primer término- no es cierta la aseveración de la apelante relativa a la ausencia de desconocimiento del vínculo laboral en la contestación de demanda; ya que en el acápite VII "El caso de los actores", del escrito de fs. 29/41, surge que la accionada expresamente desconoció los datos de los actores que se denunciaron en la demanda (ver fs. 34 pto. VII).

En segundo lugar, las pruebas producidas en la causa no abonan la postura de la recurrente, por cuanto de la prueba informativa cur-sada a Aerolíneas Argentinas S.A. surge que Amado Gustavo Ramón no figura en la base de datos como empleado de Aerolíneas Argentinas (ver fs. 103) y dicha infor-mación no ha sido impugnada por el interesado mediante la vía adjetiva específica-mente establecida (conf. art. 403 del CPCCN). Véase, además, que idéntica informa-ción proporcionó la perito contadora a fs. 138 respuesta B pto. d) in fine, y que tam-poco fue cuestionada esta respuesta (conf. art. 473 del CPCCN).

A lo expuesto, debe agregarse, que la juez "a quo" expresamente rechazó por extemporáneo el cuestionamiento formulado en la presentación de fs. 157, y que dicha decisión de la magistrada de grado no fue motivo de recurso alguno, por lo que se encuentra firme y consentida y no resulta susceptible de revisión en esta instancia.

En consecuencia, al no haber sido acreditada su calidad de trabajador dependiente de Aerolíneas Argentinas, propiciaré confirmar el rechazo del reclamo del coactor Gustavo Ramón Amado (arg. art. 499 del Código Ci-vil).

En virtud de las modificaciones propuestas, co-rresponde dejar sin efecto las costas y los honorarios del pronunciamiento de origen y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN).

Al respecto, cabe formular una discriminación y establecer que, las costas de primera instancia derivadas del reclamo de los coactores por los que prospera la demanda, se deben imponer a la demandada, vencida en lo sustancial de las pretensiones incoadas, en tanto que las emergentes de la acción enta-blada por el codemandante Amado, cuya demanda fue rechazada, corresponde que se impongan al coactor vencido (art. 68 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, en relación a los re-clamos que prosperaron, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada en el 14% y 12%, res-pectivamente, y los de la perito contadora en el 6% (que incluye la labor encomenda-da en este pronunciamiento), porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la L.O., deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intere-ses-. En tanto que, por la acción rechazada, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada, y los de la perito contadora en las sumas de $2.100, $2.600 y $800, respectivamente, y a valores actuales.

Las costas de la Alzada, cabe imponerlas en el orden causado en atención a la suerte diversa de los agravios planteados y a los con-secuentes vencimientos recíprocos (arts. 68 y 71 CPCCN).

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta ins-tancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada, propongo que se regulen sus honorarios en el 25% y el 25%, respectivamente, de la suma que les corresponda a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la ins-tancia anterior.

En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05), sin que esto implique abrir juicio acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los plan-teos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, cabe hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, de-berán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo aperci-bimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 2ª parte de la ley 18.345), y oído el Sr. Fiscal General, el Tribunal RESUEL-VE: 1) Modificar la sentencia recurrida y elevar el monto de condena a la suma de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON TRES CENTAVOS ($303.132,03) con más los intereses, que habrán de calcular-se desde el 12/05/2006 y conforme lo dispuesto en el considerando pertinente; 2) Establecer que la cancelación de los créditos deberá canalizarse por la vía pre-vista en el art. 22 de la ley 23.982, dentro del plazo de cinco días de notificada la liquidación prevista por el artículo 132 de la LO; 3) Confirmar el rechazo de la demanda promovida por el coactor Gustavo Ramón Amado; 4) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios; 5) Imponer las costas de primera instancia por las acciones que prosperaron a cargo de demandada, y a cargo del coactor Amado las correspondientes a la acción rechazada; 6) Regular los honorarios de primera instancia, por las acciones que prosperaron, de la re-presentación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada en el catorce por ciento (14%) y doce por ciento (12%), respectivamente, y los de la perito contadora en el seis por ciento (6%), porcentajes éstos que, en la oportu-nidad prevista en el art.132 de la L.O., deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-; 7) Regular los honorarios de primera instancia, por la acción rechazada, de la representación y patrocinio letrado de la parte ac-tora, de la parte demandada, y los de la perito contadora en las sumas de pesos dos mil cien ($2.100), pesos dos mil seiscientos ($2.600) y pesos ochocientos ($800), respectivamente, y a valores actuales; 8) Imponer las costas de Alzada en el orden causado; 9) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en el veinticinco por ciento (25%) de los que cada representación letrada deba percibir por la totalidad de sus trabajos en la ins-tancia anterior; 10) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05) y que deberán pro-ceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

jmd	Miguel Ángel Pirolo	Graciela A. González Juez de Cámara Juez de Cámara