Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-07-04


Córdoba, julio 4 de 2007.

1º ¿Se han aplicado erróneamente los arts. 76 bis y 27 bis del C.P.? 2º En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? 1º cuestión. - Las doctoras Cafure de Battistelli, Tarditti y Blanc G. de Arabel dijeron:

I.a. Por auto 81 del 2 de noviembre de 2005, la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad Río Tercero, resolvió: I) Hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitado por el imputado Lucas Fernando Turk fijándose el tiempo de suspensión en tres años, debiendo cumplir por dicho término, con las siguientes reglas de conducta conforme al art. 27 bis del C.P., bajo apercibimiento de revocar el beneficio en caso incumplimiento (art. 76 ter, párr. 4º C.P.), a saber: a) fijar residencia debiendo comunicar cualquier cambio que de la misma hiciere, en el término de 48 horas, bajo apercibimiento de rebeldía y revocación del presente beneficio; b) abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y de usar estupefacientes; c) abstenerse de conducir vehículos automotores, conforme a lo dispuesto por el art. 76 bis y conc. del C.P., por el término de un año, haciendo entrega de la licencia de conducir, la que será reservada por Secretaría a partir de su notificación; d) Abstenerse de amenazar o intimidar de cualquier modo a Carlos Giorgetti (fs. 180 vta.).

b. El mismo Tribunal, resolvió por auto 85, del 14 de noviembre de 2005: No hacer lugar al recurso de reposición planteado, por resultar formalmente improcedente eximiendo de costas al recurrente por los motivos invocados (arts. 456, 550, 551 y conc. C.P.P.) (fs. 200).

II. El doctor L. A. S., interpone el presente recurso de casación en contra de los autos mencionados supra y a favor del imputado Lucas Fernando Turk.

a. Con invocación del inc. 2 del art. 468 C.P.P., en primer término el recurrente dirige su ataque contra el auto que rechazó el recurso de reconsideración.

Sostiene, que la impugnación articulada en su oportunidad resulta ser la primera vía procesal recursiva que debía necesariamente articular contra una "regla de conducta" impuesta por el Tribunal.

Ello así, porque éstas se encuentran libradas al criterio del juzgador en la forma establecida por el art. 27 bis del C.P. y de "ninguna manera son ni deben ser una pena de las previstas por el Código Penal Argentino".

De este modo, quien fijó la "regla de conducta" puede modificarla a petición de la parte afectada si considera que hay mérito para ello, respetando siempre las limitaciones que impone la ley de fondo y la Constitución Nacional. De lo contrario, "no reconocerse así mismo el tribunal que dictó la regla de conducta la posibilidad de su propia revisión", es elevarla directamente a la categoría de pena y como tal solo revisable por el TSJ.

Sostiene que "no es procesalmente bueno" que el propio Tribunal que dictó una "regla de conducta" se "niegue asimismo la posibilidad de su revisión" cuando ellas, están normalmente fundadas en motivaciones subjetivas y en pro de que el imputado tienda a no cometer el mismo u otro similar delito que se le atribuyó.

No surge del C.P.P. -alega- normativa alguna por la que el TSJ, deba revisar "una regla de conducta", a "menos de que -como en el caso de autos- y a nuestro criterio, entendemos que se ha inobservado y erróneamente aplicado la ley sustantiva y también conculcado la garantía del art. 18 de la C.N. y demás derechos garantizados también por la CN".

Por las razones expuestas considera que no resulta ajustada a derecho la declaración de "formalmente inadmisible" por lo que merece ser revisada por el T.S.J.

También considera que la postura asumida por el a quo, restringe las atribuciones de revisión del propio Tribunal que las dictó sin sustanciación, pues colisiona con la facultad que el Tribunal tiene para modificarlas según sea conveniente para el caso. Se pregunta de qué modo sería susceptible de modificarse sino es a través de la vía recursiva intentada.

b. Como segundo agravio, plantea la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 468 inc. 1 C.P.P.), y se dirige contra el auto 81, del 2 de noviembre de 2005, concretamente contra una de las reglas de conducta impuesta, esto es la "privación de conducir vehículos automotores por el término de un año, debiendo hacer entrega de la licencia de conducir...".

Sostiene, que no hay duda alguna de que nos encontramos frente a una "pena" de "un año de inhabilitación para conducir vehículos automotores", aunque se intente presentarla bajo el ropaje de una simple "medida cautelar".

Señala que el art. 27 bis, de ninguna manera "autoriza al juzgador a crear derecho y menos a utilizar como supuesta regla de conducta una inhabilitación para conducir que está regulada como pena dentro del Código Penal".

En abono de esta postura, acude al art. 5º del C.P. el que enumera como pena la "inhabilitación" y desde el 19 al 20 ter determina como pena la de inhabilitación, como también lo hace el art. 94 ib.

Es por ello, que entiende que la supuesta regla de conducta impuesta, se trata de una verdadera pena, con lo cual se ha aplicado erróneamente el derecho sustancial y se ha vulnerado el art. 18 de la C.N. Ello así, pues vulnera su derecho a "transitar libremente y ejercer su actividad laborativa lícita" garantizado por el art. 14 C.N., ya que "conducir automotores es parte de su trabajo lícito diario".

Asimismo, considera que se ha vulnerado el principio de congruencia, pues una "regla de conducta no puede ser una pena" y "una pena no puede ser una regla de conducta". Es, que la suspensión del juicio a prueba implica que aún no ha culminado el juicio sino que se ha suspendido, en consecuencia no puede haber sentencia condenatoria pues para ello se requiere la existencia del juicio previo.

III. En primer lugar, es menester aclarar que si bien el primer agravio se dirige a cuestionar el rechazo del recurso de reposición interpuesto contra el auto 81, más allá de su procedencia, surge patente que el verdadero objeto de su gravamen radica en que el a quo al concederle el beneficio, le impuso como una de las reglas de conducta la inhabilitación para conducir vehículo automotores por el término de un año, cuestión que es traída bajo el motivo sustancial de casación.

La intervención de este Tribunal de casación se hace necesaria atento la finalidad política que este recurso reviste, esto es la unificación de la jurisprudencia. Si bien el pronunciamiento de la Sala Penal es obligatorio en el caso concretamente fallado, tiene un valor orientador en casos análogos para los tribunales inferiores, siquiera por razones de economía procesal, salvo que se agreguen nuevos argumentos que puedan variar el precedente.

A través de esta función uniformadora o nomofiláctica se brinda seguridad jurídica a los ciudadanos en la aplicación de la ley, ya que torna previsible la interpretación judicial en casos semejantes. El acatamiento de la doctrina legal sentada "no empece al prudente y necesario movilismo y evolución de su torso, cuando el progreso del derecho y las mutaciones sociales así lo indican" (Morello, Augusto M. "La casación - un modelo intermedio eficiente", LEP, 1993. T.S.J., Sala Penal, "Quintana", S. 91, 22/10/2002).

Luego de estas necesarias acotaciones, e ingresando al núcleo del tema traído a estudio, adelantamos nuestra opinión en el sentido negativo.

Damos razones:

Esta Sala ha sostenido, en aquellos procesos en donde el imputado se encuentra acusado de un delito reprimido con pena de inhabilitación y concretamente en los casos de homicidio o lesiones culposas (arts. 84 y 94 C.P.) como consecuencia del uso de automotores, que la inhabilitación a conducir un vehículo a modo de una regla de conducta -arts. 27 bis y 76 ter C.P.- resulta un requisito ineludible a la hora de obtener el otorgamiento del beneficio en cuestión (confr. T.S.J., Sala Penal, "Boudoux", S. 36, del 7/5/01; "Quintana", S. 27, del 28/4/03).

A dicha conclusión se arribó a partir de los argumentos que sirvieron de sustento para la viabilidad de la suspensión del juicio a prueba en delitos que contemplan pena de inhabilitación (S. 36, 7/5/01, "Boudoux"; luego ampliada en S. 82, 12/9/03, "Pérez"; S. 103, 17/10/03, "Ettiene", S. 42, 23/5/05 "Erguanti"; S. 55, 17/6/05, "Abrile" y entre otros).

En dichos precedentes, se señaló que las razones que el legislador tuvo para excluir los delitos reprimidos con pena de inhabilitación del beneficio -arts. 76 bis, 76 ter y 76 quater C.P.-, tienen como núcleo común, la preponderancia del interés general en neutralizar el riesgo de la continuidad de la actividad. Por ello se entendió que en los casos de homicidio o lesiones culposas (arts. 84 y 94, C.P.) derivados del uso de automotores, dicho objetivo podía salvaguardarse con que se aplicara al imputado la inhabilitación como regla de conducta del art. 27 bis del C.P. En "Pérez", se agregó además la adhesión a la "tesis del carácter no taxativo" de las reglas de conducta del citado art. 27 bis del ordenamiento sustantivo, admitiendo sin cortapisas que en ellas se podían incluir la no realización de una actividad que no se encuentra específicamente contemplada en la disposición comentada. Se reforzó la tesis sustentada, en cuanto la suspensión del juicio a prueba, resulta procedente en cualquier delito reprimido con inhabilitación y no sólo ante los cometidos empleando automotores, en la medida en que el interés general en neutralizar el riesgo de la continuidad de la actividad pueda garantizarse eficazmente mediante la imposición de una regla de conducta que impida tal desempeño, al margen de la vigencia o derogación de la medida cautelar del art. 361bis del C.P.P. (T.S.J., Sala Penal, "González", S. 77, 6/9/04; entre otros).

Además, en "Dávila" (S. 18, 12/4/04), se precisó que al momento de decidir sobre la concesión del beneficio en los casos de delitos amenazados con pena de inhabilitación, se debe justipreciar si existe o, en su defecto, si puede ordenarse oficiosamente -lo que, en el caso, deberá escudriñar el Tribunal a quo- una regla de conducta que, por lograr el mismo cometido que persigue esa especie de pena, habilita otorgar la suspensión del juicio a prueba a quien se le enrostra esa clase de delito.

Se remarcó que si bien la solicitud de aplicación de una regla de conducta con las apuntadas características no es atribución exclusiva del Ministerio Público o el querellante particular, sino una facultad que debe reconocerse también al propio imputado, como una forma de que éste pueda propiciar la satisfacción de las condiciones a las que se subordina la concesión de un beneficio por él solicitado.

Es esta una facultad que, ciertamente y según lo ya resaltado, en modo alguno perjudica la posibilidad del órgano jurisdiccional de ordenar, de oficio, la imposición de dicha medida, en ejercicio de la atribución prevista en el art. 76 ter, primer párrafo, C.P., que dispone: "El tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones del art. 27 bis".

Por otra parte, se dijo (S. 2, 10/2/06; "Melchior") que no es procedente la aplicación del instituto del art. 76 bis del C.P. en delitos que contemplan pena de inhabilitación, cuando se trate de solicitudes en las que el imputado simultáneamente manifieste su falta de consentimiento al cumplimiento de una regla de conducta con efectos impeditivos similares que se le pueda imponer en virtud del art. 27 bis del C.P. y dicha pauta de comportamiento resulte necesaria para satisfacer el interés público. Ello, como consecuencia de que tales normas de conducta no pueden imponerse coercitivamente ante la necesaria aquiescencia del encartado debido a su naturaleza no punitiva (T.S.J., Sala Penal, "Cejas", A. 170, 4/6/02). Por cierto, el instituto de la suspensión, tampoco contempla que quien solicita la aplicación del instituto, pueda condicionar las reglas de conducta que el Tribunal le pueda imponer, manifestando su voluntad de no cumplir con alguna de ellas.

En el caso, los argumentos desarrollados supra, llevan a la conclusión que no le asiste razón al quejoso y que la regla de conducta cuestionada resulta ajustada a derecho siendo que uno de los delitos que se le atribuye al imputado se trata de unas lesiones provocadas por la conducción imprudente de un automotor.

Por otra parte y contestando particularmente al quejoso en cuanto la inhabilitación impuesta constituye un tipo de pena, se ha señalado que se trata de una regla de conducta que la ley exige como consecuencia del otorgamiento del beneficio solicitado por el propio imputado, la que puede discernir libremente el juzgador ya que, como se expuso, la Sala adhiere a la tesis de que las reglas de conducta previstas en el art. 27 bis no son taxativas (T.S.J., Sala Penal, "Pérez", cit.).

En este sentido, cabe señalar que este Tribunal ya ha sostenido que las reglas de conducta (art. 27 bis C.P.) no forman parte de la pena: "... Se ha dicho incluso, acerca de lo último, que aquello de que esas reglas de conducta no constituyen una pena 'resulta obvio' y que así ha sido estimado uniformemente por los autores (confr. De la Rúa, Jorge, "Código Penal Argentino". Parte General, 2º edición, Depalma Buenos Aires, 1997, p. 402, nota al pie de página 160) (T.S.J., Sala Penal, "Cejas", A. 170, 4/6/02; "Erguanti", S. 42, 23/5/05).

Así votamos.

2º cuestión. - Las doctoras Cafure de Battistelli, Tarditti y Blanc G. de Arabel dijeron:

Conforme a la votación que antecede, debe rechazarse el recurso de casación interpuesto en autos por el doctor L. A. S., en su carácter de defensor del prevenido Lucas Fernando Turk. Con costas (arts. 550/551 ibídem).

Así votamos.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal, resuelve: I. No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el doctor L. A. S., en su carácter de defensor del prevenido Lucas Fernando Turk. II. Con costas (arts. 550/551 ibídem). -María E. Cafure de Battistelli. - Aída L. T. Tarditti. - María de las M. Blanc de Arabel.