Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-02-23


SENTENCIA NÚMERO: CUATRO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luís Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 97/10, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por Soledad Elizabeth Álamo con Patr. Let. De la Dra. Natalia Páez de Andrada c/ Auto Interlocutorio Nº 80/10 de fecha 22-08-10 en Expte. "O" Nº 14/09", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la resolución atacada por haber aplicado erróneamente la ley penal sustantiva? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso interpuesto en contra del Auto Interlocutorio Nº 80/10 fue presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada. Y si bien no se dirige en contra de una sentencia definitiva en tanto, aunque cierra el proceso, no impide su eventual reapertura si elementos de juicio novedosos así lo justificaran, consideramos que el carácter opinable del tema justifica ingresar al tratamiento de la cuestión de fondo, reuniendo además los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 18 los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 80/2010, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos rechazó el recurso interpuesto y confirmó el Auto Interlocutorio Nº 03/09 dictado por el Juzgado de Control de Garantías de 2º Nominación que había resuelto ordenar el archivo de las actuaciones instruidas con motivo de la investigación de la supuesta mala praxis médica que habría ocasionado el fallecimiento de la menor Mayda Elizabeth Díaz.

II. Contra esa decisión, la denunciante -progenitora de la nombrada niña-, interpone este recurso y lo funda en el motivo previsto en el art. 454 del C.P.P., por inobservancia o errónea aplicación de la ley penal sustantiva.

Sostiene que para computar el plazo de prescripción de la acción penal emergente de los hechos de la causa fue erróneamente aplicado el art. 84 del C.P., sin describir acabadamente el acontecimiento supuestamente delictivo y sin considerar la posible comisión delictiva de tipo dolosa como la prevista en los arts. 79, 80 y 81 del Código Penal.

Manifiesta que no rigen en el caso los arts. 334 y 346 del ritual debido a que el instituto de la prescripción de la acción penal es materia de derecho de fondo que las provincias no pueden modificar, por lo que su aplicación únicamente procede por vía de sobreseimiento en causa contra imputado determinado, lo que no acontece en el caso.

Asimismo, que el archivo ordenado tampoco es procedente en los términos del art. 334 del rito, habida cuenta que no ha sido practicada la investigación necesaria para concluir que en el caso no se ha configurado delito alguno, y esa investigación ha sido y es posible practicarla a fin de establecer la existencia de un delito doloso o culposo, e imputar, o no, dicho hecho a persona alguna.

III. Ahora bien, después de estudiar el planteo efectuado estimo conveniente recordar que el deber estadual de investigar delitos comunes no es ilimitado sino que encuentra un vallado insuperable en el instituto de la prescripción que impide, después de cierto tiempo, identificar, juzgar y sancionar a sus responsables.

En el caso, aunque con demoras, esa obligación de investigar ha sido cumplida y así lo acreditan las constancias del principal, sin que quepa predicar lo contrario sólo porque los resultados de la pesquisa realizada no confirmaron las sospechas que motivaron la denuncia.

Constato que, por otra parte, el pleno acceso y capacidad garantizado a la víctima de actuar en todas las etapas del proceso no ha sido restringido en el caso pero que, no obstante, la denunciante en las presentes no ejercitó adecuadamente las facultades reconocidas a los damnificados de intervenir en el trámite y proponer medidas útiles al esclarecimiento de los hechos denunciados.

Observo asimismo, que aunque la investigación no fue inmediata a la denuncia, ni sostenida, y que presenta periodos de inactividad, las actuaciones tampoco exhiben impulso procesal suficiente por parte de la denunciante. Por ello, estimo que, aun tratándose ésa de una facultad que podía ejercer la denunciante y no de una carga procesal que debía ella cumplir, es dable concluir que su pasividad contribuyó a la prolongación del trámite y al transcurso del plazo legal para investigar y juzgar los hechos supuestamente ilícitos que habrían ocasionado el deceso de su hija.

En cuanto a la cuestionada omisión de describir un hecho típico como objeto de las resoluciones puestas en crisis, el agravio es inadmisible toda vez que esa carencia encuentra debida justificación en el resultado de la pesquisa, en tanto en ésta ninguna conducta ilícita resultó suficientemente establecida por lo que, en tales condiciones, mal podía el encargado de la investigación describir en su requerimiento acontecimiento delictivo alguno.

Por ende, y habida cuenta que ningún delito fue imputado a persona alguna, la falta de determinación fáctica que agravia a la recurrente no invalida el archivo dispuesto dado que, como destacó el a quo, esa omisión no ocasiona afectación alguna a la garantía del non bis in idem Además, verifico en el principal que la denunciante tampoco expresó motivos relevantes de su sospecha sobre la existencia de práctica médica irregular alguna o la omisión de la que correspondía prestar de modo que, más allá de la referida mora, no aprecio en el caso una denegación de justicia que deba ser reprochada o pueda ser corregida en esta instancia.

Así, sin formular acusación concreta contra profesional de la salud alguno, Soledad Álamo sólo había manifestado sus dudas con respecto a la atención médica dispensada a su pequeña hija, Mayda Elizabeth Díaz, de 1 año y 1 mes de vida, que falleció en el Hospital de Niños de esta ciudad, el 10 de diciembre de 2001; y al presentar la denuncia ninguna desconfianza había manifestado sobre un accionar doloso de personal médico, de enfermería u otro; por lo que la investigación fue correctamente encaminada a establecer la supuesta comisión del delito de homicidio culposo por negligencia, imprudencia o impericia médica.

Sin embargo, la denunciante no se conforma con las conclusiones extraídas de las pericias practicadas -entre otros elementos de juicio recogidos en la indagación realizada- y se opone al archivo de las actuaciones sin poner seriamente en duda los fundamentos invocados por la Fiscal requirente sobre la inexistencia, entre aquellos elementos de juicio, de circunstancias fácticas que permitan calificar hecho alguno como delictivo.

En esta oportunidad la denunciante, que se presenta con patrocinio letrado, tampoco señala motivo concreto de sospecha con respecto a la posibilidad de que el deceso de la infanta haya sido provocado deliberadamente, y resulta evidente que esa hipótesis sólo es invocada a los fines de procurar mantener abierta la investigación.

Con ese objeto, sin precisar sus dichos, manifiesta la recurrente que " (.) existen innumerables circunstancias sujetas a investigación antes de poder arribar a una conclusión semejante (.)"; y se refiere al dolo eventual, a la culpa consciente, etc., sin vincular sus asertos con el caso en examen, lo que resulta ciertamente incompatible con la seriedad que implica la persecución penal y con la gravedad del acontecer ilícito que en los términos señalados resulta sugerido con ligereza.

En esas condiciones, estimo infundada y, por ende, inadmisible la oposición manifestada al archivo dispuesto por no encuadrar en las previsiones del art. 84 del Código Penal los hechos presuntamente constitutivos de homicidio culposo y por haberse extinguido por prescripción la acción penal emergente de tales hechos.

Las razones dadas tornan inoficioso el tratamiento de la pretendida supuesta contradicción de las aplicadas normas del rito local con las previstas en el Código Penal sobre la prescripción de la acción penal, contradicción que, por otra parte, no logra poner en evidencia la recurrente con el escaso desarrollo argumental que ofrece sobre el tema.

Por las razones expresadas considero que la violación de las normas sustanciales denunciada en el caso no se ha configurado y, por ello, mi respuesta a la primera cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Sin perjuicio del modo en que quedó decidida la cuestión anterior y atento a que la recurrente manifiesta que sólo pretende conocer la causa de la muerte de su hija, propicio que -aunque constan en el expediente, y fueron reseñados sucintamente en los pronunciamientos judiciales impugnados, dado que, en apariencia, tales motivos no son comprendidos por la misma- en términos sencillos y en el ámbito adecuado que representa la sala de reuniones del gabinete médico del cuerpo interdisciplinario forense de este Poder Judicial, los profesionales que intervinieron en las presentes ilustren a la denunciante sobre sus conclusiones con relación a las prácticas realizadas a la menor.

Es por que ello que estimo pertinente dictar la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/4 por Soledad Elizabeth Álamo con patrocinio letrado de la Dra. Natalia Páez de Andrada. II) No hacer lugar al recurso interpuesto. III) Ofíciese al Cuerpo Interdisciplinario Forense a fin de que se lleve a cabo la reunión informativa con la denunciante Soledad Elizabeth Álamo. IV) Confirmar la resolución impugnada. V) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). Así voto.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro Dr. Cáceres da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/04 vta., por Soledad Elizabeth Álamo con patrocinio letrado de la Dra. Natalia Páez de Andrada.

2º) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.

3º) Ofíciese al Cuerpo Interdisciplinario Forense a fin de que se lleve a cabo la reunión informativa con la denunciante Soledad Elizabeth Álamo.

4º) Confirmar la resolución impugnada.

5º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

6º) Protocolícese, hágase saber, y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.