marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedad anónima, plazo, derechos del socio, derecho de receso
Materia: COMERCIAL
Carátula: OKRETICH, R. c/ EDITORIAL ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-14

Sobre la base de la previsión de la ley 19.550: 245 El accionista goza del derecho a receder cuando la causa encuentre fundamento en la prórroga del plazo de duración de la sociedad, aún en los términos de la cláusula estatutaria ya citada, es que inexorablemente, la prórroga de la sociedad da lugar al ejercicio del derecho de receso.

Fundamentar el derecho de receso para proteger al accionista contra imprevistas decisiones mayoritarias significaría pasar a determinar cuándo una decisión mayoritaria es imprevista, cuando en verdad la ley enumera situaciones determinadas en que la reforma de los estatutos otorga un derecho al receso.

La cláusula, cualquiera haya sido el motivo de su inserción, no puede alterar el carácter de orden público del derecho de receso ni derogar la previsión legal de su procedencia.

Tampoco es argumento la circunstancia del momento en que el socio comprara las acciones y la valoración que hiciera de las mismas de producirse la liquidación de la sociedad dada la proximidad del vencimiento del plazo de duración; tal es una situación previsible tanto por quien pretende adquirir títulos accionarios como respecto de la sociedad.
Policía, jefe de policía, acto administrativo, acto administrativo ilegítimo, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA, FERNANDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 466-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

La ilegalidad de la actuación del Jefe de Policía que dictó un acto intitulado "Pautas para el funcionamiento de las Juntas de Calificaciones" generando la inadmisible situación de que quien debe ser asesorado le indica cómo actuar a los que deben asesorarlo; no puede influir negativamente respecto de la pretensión del recurrente toda vez que ni él, ni las autoridades administrativas advirtieron la ilegalidad; antes bien, la consintieron, y sobre tal base actuaron.
Homicidio simple, homicidio atenuado por emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: MONTES, HECTOR. s/ HOMICIDIO. EMOCION VIOLENTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-09

Debe responsabilizarse al procesado por el delito de homicidio simple, sin que se encuadre su conducta en la hipótesis de emoción violenta (art. 81, inc. 1ro.,a, C.P.E.), pues los probables insultos proferidos por la víctima -ex concubina de aquél- no alcanzan para justificar el desborde emocional que lo embargó en el momento del hecho, dado que no podía ignorar el carácter poco mesurado de su ex compaÑera, sin que pueda reputarse sorpresiva la presencia del amante en el domicilio de la occisa.
Sentencia, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ISAGUIRRE, PEDRO EDUARDO s/ SENTENCIA - QUERELLA DE FALSEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1977-10-17

Si el acta de debate no recoge totalmente lo sucedido en el debate, compete a la defensa pedir que se consigne, en ella, el hecho positivo o negativo que estima de interés.

Si la sentencia afirma que integra la prueba "el oportuno reconocimiento por parte de los damnificados de las armas empleadas por los delincuentes", mientras no se alegue la falsedad de ese aserto, la impugnación carece de motivación in facto y la conclusión impugnada respeta el principio lógico invocado. Por lo que resulta improcedente.-
Recursos, recurso de reposición (procesal), inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Rowing S.A. c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Rowing SA s/ 2.2.1 - Permiso y planos de obra
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde declarar inadmisible el recurso de reposición presentado porque la sentencia contra la que se interpuso, que resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del proceso, no es susceptible de reposición (cf. art. 277 CPP, al que reenvía el art. 2 de la ley n° 402) y la apelante no muestra que se presenten las excepcionalísimas condiciones en que un tribunal de última instancia podría acudir a un remedio de esa especie para subsanar errores manifiestos que, por haber sido cometidos por un tribunal de esas características, no encontrarían solución por otra vía (cf. mutatis mutandis, Fallos: 313:817, entre otros). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, informalismo a favor del administrado, Municipalidad, personal municipal, adicional por tareas peligrosas
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MONZA, ROSA ADELA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-17

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que el razonamiento de la Alzada aparece suficientemente cuestionado desde una óptica constitucional, por incurrir en un excesivo rigor absolutamente reñido con el principio de atenuación del rigor formal que rige en el ámbito del procedimiento administrativo, conforme reiterada jurisprudencia de esta Corte.

En efecto: teniendo en cuenta tal principio rector del procedimiento administrativo, no sería posible concluir, como lo hizo la a-quo, que los reclamos presentados por distintos agentes de la Administración municipal peticionando la percepción del suplemento reconocido por el antes transcripto artículo 55 del Anexo II de la ley 9286, no llevaban implícito el pedido de dictado de los actos administrativos que conforme la normativa vigente se considerasen necesarios para la concreta procedencia del pedido.

Máxime de tenerse en cuenta las expresiones contenidas en los recursos de revocatoria presentados por las aquí actoras, en que se señala "la voluntad de la administración municipal de no dar respuesta al reclamo impetrado no sólo surge de las actuaciones administrativas, sino de su permanente actitud, porque el fundamento legal del suplemento reclamado, el artículo 55 del Anexo II de la ley 9286 es de antigua data, ya que la mencionada ley fue sancionada y promulgada el 1 de agosto de 1983 y publicada el 25 de octubre de 1983, y que el suplemento solicitado resulta integrativo del salario, y por ende, de carácter alimentario.

La cuestión no se agota en el mentado acto administrativo impugnado, sino por el contrario, forma parte de un creciente proceso tendente a menoscabar y entorpecer el pleno y efectivo goce y ejercicio de los derechos", ocasiones en que -además- expresamente se invocó "el principio de buena fe e informalidad que debe regir el trámite administrativo". (De la disidencia del Dr. Gutiérrez)
Cuestiones de competencia, Constitución Nacional, acción meramente declarativa, servicio telefónico, habilitación del establecimiento, sujetos imponibles, tasas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Telefónica de Argentina  S.A. c/ Municipalidad de Villarino s/ acción meramente declarativa y prohibición de innovar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

El caso en que una compaÑía telefónica dedujo acción declarativa a - fin de que se determine la existencia y alcance de su relación jurídica como sujeto imponible de la habilitación comercial de una central de teléfonos y el pago de tasas exigidas por una municipalidad de la Provincia de Buenos Aires - es de aquellos especialmente regidos por la Constitución (art. 2, inc. 1, de la ley 48) y esto hace que sea la Justicia Nacional la única competente para conocer en ella, puesto que el tema no puede resolverse sin una adecuada inteligencia del sistema de competencia previsto en la Ley Fundamental.
Delitos, denuncia, abuso sexual, acción penal, procesamiento, falta de acción
Materia: PENAL
Carátula: M, A, F.  c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-10

Excepción de falta de acción rechazada.

Procesamiento. Abuso sexual.

Agravio: acción penal que no ha sido legalmente promovida ni impulsada.

Causa iniciada a partir de la denuncia de un letrado de la Dirección General de Asuntos Penales, perteneciente a la Procuración General de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, tras haber tomado conocimiento de los hechos acaecidos en el Hospital General de Agudos Juan A. Fernández que motivaran la formación de un sumario administrativo en el que los profesionales de la salud informaron que la damnificada les manifestó que habría sido víctima de abuso sexual por personal del nosocomio. Actuaciones que no satisfacen el requisito de procedibilidad exigido por la norma. Damnificada que no fue consultada expresamente sobre su voluntad de promover la acción penal, ni informada acerca de los alcances procesales de lo que ello significa y, en el marco de la causa, no fue convocada a prestar declaración. Acción penal que no se encuentra formalmente promovida.

Revocación. Hacer lugar a la excepción de falta de acción. Nulidad de la declaración indagatoria y del auto de procesamiento. Archivo.
Jornada de trabajo, jornada reducida
Materia: LABORAL
Carátula: A., F. C. c/ . R., M. A. Y/O A. DEL M. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-03-10

No resulta arbitraria la sentencia que rechazó el reclamo en la demanda si el empleador con los documentos presentados y la prueba pericial sobre sus libros demostró que la actora desempeñaba una jornada reducida de trabajo. (Minoría: Dr. Díaz)
Pagaré, acción cambiaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zambon, Hernán Diego c/ Coulleri, Juan Carlos s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-03-03

El pagaré -en relación a su mérito probatorio-, atento la naturaleza y la función cambiaria que está llamado a cumplir desde el momento mismo en que es lanzado a la circulación, autoriza a acordarle el pleno valor que surge de sus propias constancias, sin que previamente su portador legitimado deba justificar la autenticidad de la firma del librador, sin perjuicio, claro está, de que posteriormente pueda discutirse su legitimidad mediante la pertinente excepción de falsedad que autoriza la ley procesal.Cuando la falsedad articulada se funda en la adulteración del contenido y/o firma del instrumento, por imperativo legal corresponde al excepcionante probar los antecedentes del hecho que invoca como fundamento de su derecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, costas, exención de costas, plazos procesales, falta de notificación, costas en el orden causado, LEY DE AMPARO
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Valenzuela Salvador Valerio c/ G.C.B.A. Secretaría de Salud s/ Amparo Salud s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-30

De las constancias de autos resulta que la omisión de la demandada cesó con anterioridad al vencimiento del plazo fijado para la contestación del informe a que se refiere el artículo 8 de la Ley Nro. 16.986. Lo que permitirá decidir la imposición de costas con fundamento legal será la circunstancia de haber cesado la omisión que motivó este amparo con anterioridad al plazo mencionado ut supra o una vez vencido aquél.

En el caso de autos, ese plazo nunca empezó a correr para la Administración simplemente porque no le fue notificado. Desde luego que no puede estar vencido un plazo que no haya empezado a correr, por lo que no cabe sino concluir que la omisión del Gobierno de la Ciudad que motivó el amparo cesó con anterioridad al plazo fijado para la contestación del informe a que se refiere el artículo 8. Lo dicho impone encuadrar el supuesto de autos en la situación prevista en el artículo 14, segundo párrafo de la citada ley, eximiendo de costas a la demandada e imponiédolas en el orden causado.

A su vez, el amparo fue uno de los medios que tuvo a su disposición el administrado a efectos de hacer cesar la omisión de la Administración y lograr la precepción de los haberes objeto de las presentes actuaciones y, escogida esta vía, tramitada bajo las directivas de la ley nacional de amparo, no puede pretenderse la sustracción de sus disposiciones ya que implicaría avalar la contradicción con sus propios actos en que incurre la propia parte, ejerciendo una conducta incompatible con la asumida anteriormente.

No les compete a los jueces pronunciarse sobre el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, ni pueden prescindir de lo dispuesto por la ley respecto del caso so color de su injusticia, sino aplicarla tal como la concibió el legislador, siempre que no haya habido planteo y debate de inconstitucionalidad y resulten afectados derechos constitucionales, pues el ingente papel que en la elaboración del derecho incumbe a los jueces no llega hasta la facultad de instituir la ley misma. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gomes Fabiana c/ Ramírez Camilo s/ Daños y Perjuicios La Rosa Roque c/ Lorini A s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02|1998-06-16

El agregado de la ley 24432 al art. 505 del C.C. está pensado en función del abogado de la parte actora y la posibilidad de un peritaje en el juicio principal, por lo que se deben excluir honorarios por costas que surjan de incidentes, excepciones previas, etc. y en los casos de litisconsorcio, citación de terceros, pericias múltiples, etc. en las que el juez debe estar al caso concreto sin atarse al tope de la norma reformada.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CAÑETE, NATALIO MATIAS s/ DILIGENCIAS PRELIMINARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-11-18

Cuando un caso sometido a decisión judicial presenta características singulares, es obligación de los jueces ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios jurídicos pertinentes. En la conducción del proceso el tecnicismo excesivo puede trabar soluciones disvaliosas.
Quiebra, conservación y administración de los bienes, facultades del síndico del concurso, bonos de consolidación
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRANCISCO LOFREDO NASTI s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-30

Es procedente autorizar al síndico la suscripción de bonos de consolidación en los términos de la ley 23982, ante la existencia de un crédito del fallido contra el Ejército Argentino y que a los efectos de cancelación del pasivo, los referidos bonos se tomen según el valor de cotización en el mercado y no a su valor nominal, al no existir razón alguna por la cual un crédito de la fallida, por el solo hecho de tener como sujeto pasivo al Estado Nacional, que se ha visto forzado a consolidar sus deudas en vista del estado de emergencia económica, deba ser excluido de la disciplina prevista en la LC: 175 y 210.
Revocación de la prisión preventiva, resolución denegatoria, sentencia arbitraria, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Loyo Fraire, Gabriel Eduardo s/ p.s.a. estafa reiterada -causa n° 161.070-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-06

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la solicitud de cese de la prisión preventiva si le restó relevancia a las condiciones personales del recurrente y al comportamiento que tuvo en el marco del proceso, aduciendo de manera dogmática que, al no exceder la regularidad de situaciones que se presentan en la generalidad de los procesos, carecían de relevancia para contrarrestar aquella presunción en estos casos, omitiendo así analizar la incidencia del conjunto de esas circunstancias en relación con la situación particular del imputado y subordinando la posibilidad de controvertir la presunción de fuga que resulta de la gravedad de la sanción a partir de condiciones fuera del orden común, que excederían las del caso pero que tampoco delineó en el caso ni en los precedentes que citó. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. - Los jueces Petracchi y Argibay consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible-.
Empleo público, legalidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Madueño, Nancy Beatriz c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-13

Una agente de la Administración Pública Provincial interpone demanda Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción en contra del Decreto S Nº 817/08 dictado por el P.E.P que en su oportunidad rechazara recurso de reconsideración y nulidad contra el Decreto Nº 105/07 que disponía la cesantía de la agente de mención. Peticionando en definitiva se declare la nulidad por ilegitimidad del Decreto Nº 817/08 ordenándose su reintegro al cargo que ostentaba, se abonen las remuneraciones dejadas de percibir, con más intereses compensatorios y daños y perjuicios, incluido daño moral.

Me corresponde decidir la suerte de la presente cuestión, acerca de si corresponde, conforme lo propone quien vota en primer lugar, reenviar para que la Administración se expida acerca de la sanción que cabe imponer a la actora, atento a que el Acto impugnado adolecería del vicio de nulidad relativa, por su falta de concordancia entre la conducta atribuida y la sanción de cesantía aplicada; y en sentido contrario quien vota en segundo lugar, expresa que el acto no presenta el vicio señalado, pues implícitamente la sanción de cesantía se infiere en él.

Al respecto, creo y por ello me adhiero a quien vota en segundo orden, que la Administración llega a la conclusión final expulsiva, luego del examen de los presupuestos fácticos y jurídicos comprobados en el procedimiento sumarial que no han merecido reproches en cuanto a su legalidad. Por ello entiendo que el Acto Administrativo, que decide la cesantía de la actora por aplicación de los Arts.15 inc. a) y ñ) y Art. 62 inc. d) que habilita a la aplicación de sanciones menores a la cesantía como el apercibimiento, suspensión de hasta treinta días, retrogradación, postergación de ascenso no presenta el vicio que se le atribuye, dado que, si bien es cierto, debe atenderse de manera principal a la parte dispositiva del Acto Administrativo, no es posible prescindir de sus fundamentos, toda vez que ambos aspectos constituyen una unidad lógica jurídica.De allí, entonces que si de sus considerandos surge claramente la voluntad de la Administración de aplicar esta medida expulsiva respecto de la recurrente, no advierto que haya omisión de la Administración en tratar esta cuestión solo por que no se cite expresamente el Art. 63 que la prevé, cuando resulta fácil advertir que se alude a esta disposición.

En consecuencia, corresponde rechazar la Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción interpuesta.

(Del voto del Dr. Cáceres, por la mayoría)
Prescripción, cuestión de derecho público local, jerarquía de las leyes, facultades no delegadas
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Montamat y Asociados S.R.L. c/ Provincia de Neuquén s/ acción procesal administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-08

No cabe suponer que en el ordenamiento jurídico argentino exista conceptualmente una única relación jurídica y, por ende, solo una obligación, ni que la acción que se deriva de ella se extinga por la prescripción; esta unidad de enfoque, propia del Derecho Privado, erige a esta rama del derecho en una posición de preeminencia sobre la Constitución Nacional y, llevada al extremo culminaría por vaciar de competencias a las legislaturas locales en materias no delegadas (Disidencia del juez Rosatti).
Recurso contencioso administrativo, demanda, datos personales
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: DE VICHENZO, RAMON ANGEL; CABRAL, ROBERTO OSCAR Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 63-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-12

Siendo que los decretos impugnados por los que son rechazadas las pretensiones de los actores, se limitan a mencionar a la revocatoria deducida y al reclamo efectuado por "diverso personal", y que en el escrito por el que se da inicio al presente recurso contencioso administrativo no se da cumplimiento a los requisitos establecidos por el artículo 1 inciso a) del decreto acuerdo 10204-58 -en cuanto a la expresión del nombre completo de quienes lo presentan y denuncia de los respectivos domicilios reales-, ni obran en el aludido escrito firmas suficientemente aclaradas que puedan "prima facie" atribuirse a los aquí recurrentes; no puede al momento de resolver sobre la admisibilidad del recurso determinarse si corresponde considerarlos incluidos entre el "diverso personal" a que genéricamente se alude en los decretos impugnados. Por ello debe acordarse a los actores un plazo de quince días a fin de que acrediten la efectiva presentación en sede administrativa del reclamo efectuado.
Honorarios del abogado, sucesiones, inscripción registral, declaratoria de herederos
Materia: PROCESAL
Carátula: MENTEGUIAGA, MAGDALENA A. s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

Cualquiera fuese la forma en que se proceda a la división de la comunidad hereditaria -partición, adjudicación por acuerdo de los herederos, o venta de los bienes que integran el acervo-, los trabajos profesionales realizados durante estos trámites no integrarán las etapas del sucesorio a que se refiere el art. 43 de la ley 21.839. La tercera etapa a los efectos regulatorios termina con la inscripción de la declaratoria de herederos, o en su caso del testamento en el Registro de la Propiedad.-
Cuestiones prejudiciales, responsabilidad objetiva, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cantero, Sixto y Cantero, Honoraria c/ Chamorro, Aldo y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios y Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-06-22

El hecho que los recurrentes no hayan concretado en el debate -como lo señalaran los Sres. integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, la petición referida a la responsabilidad objetiva y que como lo indicara el Juez correccional, se basó solamente en la culpa del procesado, no autoriza que luego en sede civil renazca el planteo. Esto es así, en primer lugar porque su rechazo no interrumpe el plazo de la prescripción a que refiere el art. 3986 del Cód. Civil señalado por el Sr. Juez de grado ni suspende sus efectos y en segundo término, porque al haberse resuelto el fondo de la cuestión litigiosa, está íntimamente ligada a la excepción de cosa juzgada, que también interpusiera la demandada y no puede ser intentada nuevamente bajo otra faceta o aspecto no deducido ante el Juez penal sin afectar el principio "non bis in idem".

Es que la acción civil no fue desestimada por aspectos formales lo que hubiera permitido a los recurrentes -en el caso de no haber mediado prescripción- renovar sus planteos en sede civil. Por el contrario, el Juez correccional valoró la petición expuesta en el debate y consideró inatendibles los argumentos sostenidos, sentencia firme por haber el Superior Tribunal de Justicia rechazado los recursos extraordinarios interpuestos por los ahora apelantes.

Por estas razones, el reclamo no pudo ser renovado en sede civil una vez vencido el plazo de dos años contenido en el art. 4037 del Cód. Civil.