marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, prenda con registro, ejecución prendaria, cláusula de actualización
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANTONIO FLORES SA s/ CONCURSO S/ INC. DE REVISION POR BANCO DE LA PAMPA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-09

No procede hacer lugar a la nulidad de la prenda planteada por la concursada, toda vez que ella se celebró para asegurar la restitución del importe en moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional que el incidentista se vea obligado a pagar en virtud del incumplimiento de una carta de crédito, revocable, abierta a favor de aquella debiendo interpretarse que medio aquí una cláusula de reajuste totalmente legítima conforme lo dispuesto por el cciv 1197, 953 y 21, y atento a que las partes convenían en los términos de la ley 21309, que no lesiona el orden público sino que constituye una adecuada protección a los legítimos intereses que deben resguardarse frente al proceso inflacionario de la época.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: Polak, Federico G. s/ Queja en: Cuestión de competencia planteada en los autos principales  Polak, Federico G.  S/Defraudación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-02-06

La simple alegación de que un fallo vulnera determinados derechos reconocidos por la Ley Fundamental, no guarda relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto si el apelante no demuestra en concreto cómo se ha operado tal violación en la sentencia impugnada.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, legitimación procesal, contadores públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENSIAS ECONOMICAS s/ RECURSO  DE  RECONSIDERACION  DEL  PUNTO 4 DE LA ACORDADA NUMERO 4 DE  FECHA 8 DE JUNIO DE 1988     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 157-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-08

Las normas que legitiman al Consejo Profesional de Ciencias Económicas para deducir recurso de inconstitucionalidad en la causa en la que impugnó una resolución de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario (Acordada Nro 4-88) -por entender que la preferencia en la designación para integrar las listas de Síndicos Concursales, que dicha reglamentación establecía a favor de aquellos contadores públicos que hubiesen cursado carreras universitarias de especialización de post-grado, constituía una discriminación arbitraria y contra legem-, están constituidas por los preceptos legales contenidos en el artículo 33 inciso a) de la ley 8738, en cuanto dispone que le compete a esa institución: "velar por el cumplimiento de la presente ley y demás disposiciones atinentes al ejercicio profesional" y "dictar las medidas y disposiciones de todo orden, que estime necesario o conveniente para el mejor ejercicio de la profesión respectiva".
Liquidación de la sociedad conyugal, partición, lesión subjetiva
Materia: CIVIL
Carátula: R.N.A. c/ W.D.A. s/ NULIDAD DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-30

Cuando se impugna por lesión subjetiva la partición de bienes, esta cláusula o pacto debe examinarse atendiendo la totalidad, como una especie de aplicación del art. 1039 del C.Civil, el que exige que la invalidez pueda separarse de las convenciones válidas del negocio jurídico.
Código civil y comercial, responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, carga de la prueba, caso fortuito, responsabilidad concurrente, relación de causalidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Doldán Santiago Aníbal c/ Sánchez Carlos Marcelo y otro  s/ Daños y perjuicios - Expediente Nº 652/18
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-03-29

Conforme lo normado por el Código Civil y Comercial en materia de accidentes de tránsito - artículos 1769, 1757, 1758, 1722, 1729, 1730 y cc-, la responsabilidad se atribuye a quien se encuentra en condición de dueño o guardián del vehículo, lo que supone responsabilidad concurrente y objetiva, eximiéndose de responder sólo si demuestra la causa ajena -hecho del damnificado, caso fortuito o fuerza mayor-, o prueba que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta.
Retiro policial, faltas disciplinarias, destitución
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Codognelli, Silvia Virginia c/ Nación Arg. (Prefectura Naval Arg.) s/ Retiro Militar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-08

Que un oficial, en situación de retiro, es dado de baja como sanción disciplinaria, nada tiene de absurdo, ya que uno de los deberes del personal retirado es, justamente, la sujeción al régimen disciplinario policial, art. 78, inc. a) de la ley 18398.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, interpretación de normas y actos locales
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Diarios y Noticias  S.A. c/ Formosa, Provincia de s/ COBRO DE AUTRALES Y DEVOLUCION DE EQUIPOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

Carecen del carácter de causa civil los supuestos que requieren para su solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el examen y revisión, en sentido estricto, de actos administrativos o legislativos de carácter local.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, responsabilidad del banco, indemnización
Materia: CIVIL-BANCARIO
Carátula: Robert Bosch Argentina SA c/ Banco Sudameris s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

El banco demandado debe responder frente a su cliente por los daños provocados, al haber entregado fondos de su cuenta corriente a quienes no debía hacerlo y, de tal modo, contribuyó a que se concretara el acto defraudatorio del que fue víctima. Ello por cuanto, en el caso, es razonable deducir que la relajación con el control documental del banco tuvo una aptitud más que suficiente para contribuir a que se genere el daño al crear las condiciones para que un empleado raso pudiera cobrar en nombre de la sociedad -sin más- unas sumas más que significativas al momento de los hechos. Indudablemente el demandado revestía una mejor posición para prevenir y disminuir el riesgo, contaba con infraestructura, tecnología y recursos para diseñar mecanismos de control documental en orden a evitar o contrarrestar episodios delictivos como el que fue víctima la actora. Dichas omisiones a la reglamentación imperante crean la presunción que favorecieron -en parte- para que el acto delictivo se ejecutase o, al menos, pudieron previsiblemente facilitar la actuación de empleados infieles en la concreción de la defraudación. Por esta condición parcial se ponderará también la participación fraccionada de la demandada en el resultado indemnizatorio. Por lo tanto, en el marco de lo reglado por el CPR 163-5°, deviene previsible que el ilícito sufrido por la accionante se concertara -en buena medida- por el incumplimiento al deber de control documental de la entidad bancaria y, seriamente presumible, por consecuencia, al elevado grado de responsabilidad del sujeto demandado.
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Zalazar, Andrés H. s/ Lesiones graves culposas, Expte. nro. 125/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-03-21

Larga es, en verdad -prosiguen los autores-, la historia que los actos procesales han tenido como incidiendo en la vida de la acción y en la evitación de su prescripción. Ante ello, debe tenerse en cuenta que "secuela procesal" es todo el proceso sin distinción de ninguna índole, que debe incoarse ante el evento delictivo. Todo es proceso y ese "todo" interrumpe, por ende, el curso de la prescripción. Lo que deja de serlo, al no ser secuela procesal, carece de entidad interruptiva.
Recurso de casación, sentencias contradictorias, apreciación de la prueba, propiedad intelectual, derechos de autor, SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÚSICA, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: S.A.D.A.I.C c/ Guillermo Faya s/ Ordinario - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-02-23

1- La función unificadora del Recurso de Casación no procede cuando la cuestión antagónica concierne a materia probatoria, y por ende a la controversia concerniente a sobre quien pesa la carga de la prueba.

No obstante la armonización de criterios se justifica si la cuestión excede lo estrictamente probatorio, al existir una notoria discrepancia en torno a la interpretación sustancial de las obligaciones involucradas (de derecho común o especiales) y con ello la carga de la acreditación de los hechos fundantes del reclamo ante la negativa de la deuda por el obligado.

2- La contradicción se ajusta a determinar si en los reclamos por cobro de aranceles iniciados por la entidad civil "S.A.D.A.I.C.", en base a liquidaciones unilaterales que constan en planillas, la prueba sobre el origen y la conformación de la deuda -ante la negativa del demandado- pesa en forma exclusiva en el accionante conforme los principios generales en materia de obligaciones, o si por el contrario al revestir la obligación características especiales, la demostración apuntada se reparte entre ambos contendientes, principalmente en cabeza de aquel que se encuentre en mejores condiciones para ello.

3- Las leyes especiales que rigen la materia (11.723 y 17.648 dec. reg. 41.233/34 y 5.146/69, respectivamente) determinan directivas en orden al cobro de los derechos de autor por la difusión pública de música de los autores asociados a la entidad autorizada a su percepción, esto es S.A.D.A.I.C., estableciendo una recíproca colaboración en orden al aporte de elementos objetivos tendientes a determinar el monto que en concepto de arancel debe percibir la entidad autorizada.

Así "S.A.D.A.I.C." tiene facultades de contralor de ingresos, boleterías, taquillas y demás valores, y el usuario de presentar declaraciones juradas u otros elementos que permitan al ente recaudador verificar la exactitud de sus afirmaciones, elementos que no sólo facilitan la percepción, sino que fundamentalmente están previstas para resguardo del usuario al conformarse con datos aportados por el mismo.

Esa recíproca colaboración en el aporte de los datos objetivos que conforman el arancel autoriza que la carga de la prueba -en caso de negativa al reclamo impetrado- recaiga sobre ambos sujetos de la relación obligacional, y particularmente en cabeza de quien se encuentre en mejores condiciones de acreditar los extremos favorables a su pretensión, recepcionando la "teoría de las cargas probatorias dinámicas" cuando las particularidades del caso justifican su adopción.
Contrato de trabajo, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta Ernesto Abdón c/ Scansi Lidia María Rosario s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-03-12

Jurisprudencialmente se ha afirmado que debe comprobarse que existió una incorporación permanente del trabajador a la empresa, por mínima que sea, ello alcanzaría para configurar el trabajo eventual caracterizado en la Ley de Contrato de Trabajo. En el caso, entiendo evidente que ha habido una incorporación permanente del trabajador en el explotación (al punto que habitaba en el predio) -Voto del Dr. Welp (mayoría: Dr. Welp, con adhesión del Dr. Romero)
Trabajador de viñas, recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ibaceta, Martín Armando c/ Bodegas y Viñedos Luis Baldini S.A. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-05-29

La naturaleza del contrato de trabajo de contratista de viñas y frutales sometido a la ley 20.859, que vinculó a las partes, no es materia revisable por vía del recurso de casación, ya que trata un aspecto fáctico de la litis.
Honorarios, abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: Oficio Ley 22172 en autos Forestal Minera San José s/Inc. verificación tardía en autos: Básculas Latorre S.A. s/Concurso preventivo-Hoy quiebra s/ Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-06-11

Para la regulación de honorarios por una medida probatoria ordenada en un incidente de verificación tardía, la base económica es el monto del crédito verificado, de conformidad con lo dispuesto por el art. 287 de la Ley 24522.

Sobre el monto del crédito verificado debe practicarse la regulación de honorarios teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 83 inc.

3ro. de la Ley 8226, considerando lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 8226, y la naturaleza e importancia de los servicios profesionales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Morganti, Angel Fernando s/ Homicidio y robo reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que se atiene a impugnar la aplicación de la ley penal y no cuestiona debidamente lo resuelto por el juzgador sobre la calificación de los hechos.
Sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: JALDÍN BA YA, María Julieta c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-01-22

La disidencia sostuvo que el tribunal de mérito prescindió de realizar una adecuada encuesta con la relación al art- 210 del CPPF, desatendiendo el mandato de motivación que se deriva de los arts. 123 y 404, inc. 2 del C.P.P.N., circunstancia que descalifica la resolución recurrida como acto jurisdiccional válido conforme la doctrina de arbitrariedad de sentencias elaborada por la C.S.J.N. (Fallos 308:1041 y 341:242, entre muchos otros) e impone se efectúe un nuevo análisis de la cuestión, advirtiéndose que las razones que sopesó el tribunal de mérito para definir el asunto llevado a su conocimiento fueron aquellas oportunamente brindadas al disponerse la detención cautelar de la nombrada con anterioridad a la implementación de las medidas alternativas a la prisión preventiva establecidas por el art. 210 del C.P.P.F. Dres. Petrone -en disidencia-, Borinsky y Gemignani.
Derecho procesal, competencia, cuestiones de competencia, inhibitoria, Inspección General de Justicia, interposición del recurso, efectos entre partes, rechazo del reclamo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Línea Expreso Liniers SAIyC s/ recurso de queja (oex)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-05

Cuando, como en el caso, ante el rechazo por la Sala del recurso extraordinario interpuesto por la Inspección General de Justicia, fue en queja ante la Corte Suprema, que hoy tiene a estudio esa articulación; y no obstante, el Organismo también cuestionó esa decisión de la Sala por vía de inhibitoria que interpuso ante un juez de primera instancia del fuero contencioso-administrativo; quien, tras declararse competente por compartir la opinión que en su momento había invocado aquí la IGJ, consideró que esta Sala no tenía esa competencia, por lo que le requirió las actuaciones a fin de que continuaran allí su trámite; en ese marco, procede rechazar in limine el requerimiento del juez de primera instancia de aquel fuero. Es que de lo dispuesto en la ley 22315: 16 resulta que el trámite que nos ocupa se inicia ante la IGJ y se agota en la apelación allí prevista; eso surge del texto de la ley, que no concibe juicio procesal alguno para una inhibitoria, ni tendría sentido que lo hiciera: por una lado, en razón del rol asimilable al de "tribunal apelado" que asume la IGJ en este punto; y, por el otro, porque no es "parte" en el sentido sustancial del término, esto es, no tiene intereses personales que defender, ni compromete el patrimonio del Estado, ni, por ende, tiene "defensas" de esa índole que oponer (lo cual justifica, que ese art. 16 haya descartado para estos casos el llamado fuero federal en razón de la persona). Este trámite nace con el recurso acerca de cuya procedencia debe expedirse la IGJ, oportunidad en la cual el Organismo también debe pronunciarse acerca de la competencia del tribunal al cual se apela. La decisión queda, entonces, sometida al "camino" del recurso y a la consecuente queja que, si se declara procedente, abre la jurisdicción de ese tribunal, ante el cual la IGJ podrá alegar cuanto estime conducente al contestar los agravios, pero no desbaratar la secuencia regular del trámite por la vía de someter la misma cuestión ante un juez distinto, como ocurrió en el caso en que tras haber sido la misma IGJ quien llevó a la Corte la cuestión por vía del pertinente recurso extraordinario, inició esa segunda vía paralela que en sus bases contraría la regla prevista en el CPR 7 in fine que aquí se pretendió aplicar.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Makey S.A. c/ Weston S.A. y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

La sentencia que confirmó y redujo los honorarios regulados por el juez de grado es arbitraria ya que no contiene fundamentos que permitan referir las conclusiones a las cláusulas del arancel y, en el caso de que la alzada haya considerado que debía apartarse de los montos o porcentuales mínimos correspondientes, omite expresar el fundamento explícito y circunstanciado de las razones que justificarían su decisión según lo dispuesto por el art. 13 de la ley 24.432. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidentes de trabajo, fallos de la Corte Suprema, régimen de consolidación de deudas, fondo de garantía, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GOMEZ, JOSE c/ BADEL HERMANOS SOC. DE HECHO s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

En la causa "Coronel, Elba c/El Indígena SRL" 23.2.95, la CSJN estableció: "al no haberse controvertido que la cuenta del Fondo de Garantía ha sido incluida en el presupuesto de la Nación, no cabe concluir sino que, en razón del sujeto obligado, el crédito se encontraría comprendido en las disposiciones de la ley 23982", y "la causa de la obligación de pagar las indemnizaciones garantizadas por el Fondo, es la incapacidad laboral del accidentado, en consecuencia, resulta irrelevante la fecha de la sentencia interlocutoria que declaró la insolvencia o el allanamiento del Estado, pues a tales hechos o actos sólo se subordinó su exigibilidad" (Del voto del Dr.

Morando, en minoría).
Jueces, enjuiciamiento de magistrados, Poder Ejecutivo, división de poderes
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Lona, Ricardo s/ pedido de enjuiciamiento -causa nº 9-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-10

Si se aceptara que el Poder Ejecutivo puede manejar los tiempos de renuncia de un juez de la Nación a su albedrío, se aceptaría convertir una facultad propia y no discrecional (como es la aceptación o no de la misma) en una herramienta política de ingerencia de un poder sobre el otro.
Prenda comercial, inscripción registral, terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO SIDESA  S.A. c/ MARIANI DE ANGELI, ADRIANA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-23

El contrato de prenda no inscripto, si bien queda perfeccionado al suscribirse y produce efecto respecto de las partes, no lo es frente a terceros (ley 12.962: 4 y 19); pero en tal circunstancia no cabe concluir que se produzcan los otros efectos regidos por la ley de prenda, sobre todo en lo que atañe al juez competente.

Es necesario que exista un contrato de prenda debidamente inscripto en el registro para que el acreedor pueda invocar a su favor alguna de las normas de la ley 12.962, tornando inaplicables las disposiciones de esa ley a efectos de determinar la competencia.
Ofrecimiento de la prueba, prueba extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: Molina, Silvia Viviana y otros c/ SIPROSALUD s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-04-24

En principio la solución aportada al efecto por la jurisprudencia, efectivamente no es pacífica en esta materia y por el contrario se inclina a sostener que la prueba ofrecida en forma prematura debe ser reiterada oportunamente.- Independientemente de lo arriba expresado, el ofrecimiento de prueba que la demandada manifiesta haber realizado en el escrito de contesta demanda, no consta en el expediente por haberse ordenado su devolución por presentación fuera de término.
Ministerio Público Fiscal, ejercicio de la acción pública, delegación de la investigación, investigación del hecho, deberes del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ONTENEGRO, G. y STARC, P. s/ apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-30

Es deber de los jueces investigar los hechos que aparezcan cometidos en su jurisdicción, aún cuando estas se encuentren bajo la dirección del fiscal y practicar las diligencias que considere pertinentes y útiles, incluso a propuesta de las partes. Además, el juez, como director del proceso es quien debe velar por el resguardo de los derechos y garantían constitucionales, así como asegurar el debido ejercicio de los deberes constitucionales.

Conforme a lo establecido en nuestra Constitución Nacional, el Ministerio Público resulta un órgano independiente con autonomía funcional.

Así, la intimación cursada a efectos de que se den por concluidas las actuaciones desarrolladas por la fiscalía es improcedente en tanto esta importa un avance sobre su autonomía.
Deber de asistencia familiar, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
Materia: PENAL
Carátula: Eduardo Paz s/ Incumplimiento de asistencia familiar. Pergamino
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

La pretendida excusa de carecer de trabajo o hallarse en dificultades económicas no obsta a la configuración del delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar ni a su responsabilidad, pues salvo que el acusado se encontrara dentro de los límites del art. 34 C.P., por magros que sean sus ingresos debe subvenir proporcionalmente las necesidades de sus hijos, tal como si conviviera con ellos.
Acciones posesorias, improcedencia del recurso, fallos del Superior Tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: Infantino, Mauro (sus sucesores) c/ Asociación Deportiva de Berazategui y otros s/ Acción posesoria c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-11-30

En atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 298, CPCC), no prospera el recurso extraordinario de nulidad encaminado a cuestionar el pronunciamiento adverso al recurrente cuyos argumentos son, en realidad, la crítica a la forma en que se ha resuelto la cuestión, equivocando la vía elegida, pues su embate es propio del recurso de inaplicabilidad de ley.(doctora Kogan, sin disidencia)
Derechos adquiridos, ley posterior, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Bellini, Paula Inés s/ reintegro asignación por matrimonio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-24

Para que exista derecho adquirido y, por tanto, se encuentre vedada la aplicación de una nueva ley, es necesario que su titular haya cumplido - bajo la vigencia de la norma derogada o modificada - todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular del derecho de que se trata.