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Recurso de casación penal, bloque constitucional, fallos del Superior Tribunal, principio de inmediación, prueba testimonial, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bustamante, Juan Pablo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Sergio Andrés Guillamondegui por la defensa de Juan Pablo Bustamante en contra de la Sentencia Nº 9, recaída en causa Expte. Nº 311/08 ac. 299/08 caratulado: 1) Gómez, Gabriel Enrique; 2) Bustamante, Juan Pablo ss.as. Robo Calificado, etc. Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-02-28

Esta Corte, en numerosos precedentes (S. nº 40, 30/11/2010; S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otros), dijo que, por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa, puesto que el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación; es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal.

Asimismo, destáquese que el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito, configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada a aquéllos por la ley, quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible, por la vía casatoria, invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos, salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano, lo que no ha ocurrido en el caso bajo examen.
Nulidad de la notificación, prueba, agravio concreto, forma ad solemnitatem
Materia: CIVIL
Carátula: C. I. c/ C. L. A. s/ Incidente de nulidad de notificación en B-283988/12.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-04-30

Para que proceda una nulidad, el recurrente no sólo debe invocar sino que debe probar en qué consiste el gravamen que le ha ocasionado la violación de las formas y solemnidades del acto atacado.
Trabajadores gastronómicos, prohibición de propinas, sanciones laborales, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: ACOSTA, JOSE c/ CIA.GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Si bien el art.106 de la CCT 130/90 prohibe la percepcion de propinas, tal prohibición no alcanza para que su percepción sea considerada como causal de sanción disciplinaria, tal como lo prevé la norma expresamente. Si, en cambio, excluye las mismas de los conceptos remuneratorios. Sin embargo, no puede aceptarse la aplicación de una norma convencional que recorte el concepto de remuneración legal, sin colocar a la propia convención fuera del marco legal.
Recurso de revisión penal, hechos nuevos
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ, NELSON JAVIER c/  s/ REVISION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-23

El recurso de revisión penal debe ser declarado inadmisible, en primer lugar porque no obstante el imputado invoca la causal prevista en el inciso 4 del artículo 409 del Código Procesal Penal, de los desarrollos efectuados para fundarla se advierte que no se configura en el caso la sobreviniencia de nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hicieran evidente que el hecho delictuoso no existió, que el condenado no lo cometió, o no se dieron las circunstancias agravantes típicas que el Tribunal tuvo en cuenta para pronunciar aquélla.

Y si bien esta Corte en algunas especialísimas ocasiones ha excepcionado la regla de taxatividad de los supuestos legales para admitir la revisión penal, del análisis de las alegaciones del imputado respecto a que no fue debidamente asesorado y defendido por quienes ejercían su representación técnica al momento de suscribir el acuerdo abreviado que originó la condena que ahora cuestiona, no alcanzan a demostrar la configuración de las violaciones invocadas, ni que hubiera recibido algún tipo de coerción para firmarlo que habilite a dudar de su libertad al momento de suscribirlo.

Es que, de las constancias de la causa surge que: el imputado contó con asistencia profesional a la hora de alcanzar el acuerdo; que de sus términos se desprende que abarcaba una sola causa; que en la audiencia del artículo 548 V del Código Procesal Penal, el Juez le hizo saber las características del proceso abreviado como así también la calificación propuesta y la pena escogida; y que, en ese acto ratificó el acuerdo, manifestó que entendía las consecuencias del proceso escogido y dio su expresa conformidad, circunstancias sumadas al análisis que el Magistrado hiciera al dictar la sentencia de la inexistencia de causal de inimputabilidad, justificación o excusa absolutoria alguna y de la calificación legal de la conducta por la cual se condenara al imputado -confirmándola-, conllevan el rechazo de las postulaciones del justiciable dirigidas a cuestionar tales aspectos del acuerdo, los que no constituyen materia de la vía intentada. ( Del voto del Dr. Erbetta)
Incapacidad laboral, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: CABRAL ANTONIO DE JESUS c/ ASTILLEROS CORRIENTES S.A.Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION,ETC."EXPTE. N8969/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-05-26

El reclamo efectuado por el trabajador de una junta médica ante autoridad administrativa, por aplicación supletoria de las normas protectivas y tuitivas del derecho laboral -(que no quedan excluidas de la acción civil), interrumpe durante un lapso de hasta seis meses la prescripción de la acción.(Criterio seguido desde el caso OJEDA M.C/EDO. DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Y/OTROS S/ACCIDENTE DE TRABAJO"EXPTE. N° 6622/89. SENTENCIA N° 21/91)
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, agravio concreto, sujetos de derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: MAMANI, Cristian c/ VITTAR DE DIAZ, Azizi; DIAZ, Santiago Alejandro; DIAZ, Luis Fernando; DIAZ, Gabriel Sebastián; DIAZ, Claudia Marcela s/ Ordinario: Simulación - Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-19

Al referirse al memorial de agravios la ley habla de que debe contener una "crítica". Al hacer una coordinación de las acepciones académicas y del sentido lógico jurídico referente al caso, "crítica" es el juicio impugnativo u opinión o conjunto de opiniones que se oponen a lo decidido y a sus considerandos. Luego, la ley la tipifica: "concreta y razonada".

Lo concreto se dirige a lo preciso, indicado, específico, determinado (debe decirse cuál es el agravio). Lo razonado incumbe a los fundamentos, las bases, las sustentaciones (debe exponerse por qué se configura el agravio).
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Farías, Eduardo Adrián s/ Hurtos calificados, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

Media transgresión de los arts. 259 in fine, 251 a 253, 255 y 256 del Código de Procedimiento Penal si la Cámara al conformar la prueba compuesta aduna a la denuncia de la víctima la inspección ocular y croquis, pues tales elementos nada prueban por sí mismos, de allí que no tienen entidad suficiente como para ser valorados en forma autónoma como indicios para integrar los otros elementos de prueba en los términos del art. 259 "in fine" del Código de Procedimiento Penal.
Entidades financieras, banco central, certificado de depósito a plazo fijo, bancos
Materia: CIVIL - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: HECTOR LUIS FRIEMAN Y OTRO c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ REGIMEN  DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS- BANCO  CENTRAL - CERTIFICADOS A PLAZO FIJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

La demanda iniciada contra el Banco Central por el pago de certificados a plazo fijo emitidos por una entidad financiera, implica la interpretación de un complejo normativo que excede el ámbito ius privatístico y coloca a la cuestión planteada dentro del derecho público. Ello así, pues la obligación que como garante asume el Banco Central no deriva del contrato de depósito bancario sino de la ley, ha sido impuesta con fines de regulación económica, no se trata de una garantía personal constituida para asegurar el pago de una obligación de carácter general e indeterminado para el caso de liquidación de la entidad depositaria adherida al sistema, en suma, no participa de las características que configuran a la fianza regulada en el derecho común (arts. 1986-2050 del Código Civil y 478-483 del Código de Comercio).
Fuerzas de seguridad, orden de allanamiento, requerimiento de instrucción, homologación judicial, secuestro de estupefacientes, competencia federal
Materia: PENAL
Carátula: Nacimiento, Miguel Ángel y otros c/  s/ Infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-27

En los casos en los que las fuerzas de seguridad actúan por propia iniciativa ante el conocimiento de un hecho delictivo (distinto al que motivó la orden de allanamiento, cfr. art. 224, último párrafo, CPPN) no es necesario que el MPF produzca el requerimiento de instrucción, máxime si la actividad prevencional desplegada estuvo sujeta al debido control del juez y del fiscal, en los términos del art. 186 CPPN, ya que en los albores de la causa, el representante del MPF fue notificado. El recurrente no ha logrado acreditar que la intervención del fiscal subrogante pueda otorgar sustento a la pretendida nulidad de lo actuado en el debate por el MPF, ante el silencio de la parte interesada desde el momento procesal en que aquel funcionario fue designado y comenzó a cumplir sus funciones en la propia instancia anterior. Corresponde homologar el rechazo del planteo de nulidad de la orden de allanamiento si el secuestro del estupefaciente se encontraba habilitado pues su hallazgo evidenció la comisión de un delito distinto al que motivó la orden de allanamiento en el marco de la denuncia por robo ante la justicia provincial y ello fue debidamente notificado al juez federal competente.
Obstrucción de la vía pública, tipo penal, dolo, dolo eventual, contravención de peligro, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, J. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

El artículo 41 del Código Contravencional, establece que la conducta para ser típica debe orientarse a "impedir u obstaculizar la circulación de personas o vehículos en la vía pública", por lo tanto, se puede deducir que para sancionar debe demostrarse que su accionar estuvo dirigido a cumplir con la conducta de dicho artículo, constituyendo ello un obrar contra derecho.

En el caso, ha quedado probado que el imputado sabía que existía en ese lugar una rampa que permite el tránsito de discapacitados y que con su detención estaba impidiendo su potencial uso.

Los elementos volitivo y cognoscitivo del dolo estuvieron presentes en el acto antijurídico. Las expresiones del imputado vertidas durante el juicio demuestran claramente que el imputado tuvo la libertad de elegir estacionar en otro lugar evitando así la violación del mandato jurídico.

Este análisis no excluye la existencia del llamado dolo eventual puesto que indica que hubo una representación de parte del imputado en cuanto al impedimento que causaba con su vehículo a la circulación peatonal y con mayor precisión, a los discapacitados que facilitan su circulación a través de las rampas que son de su exclusivo uso, incurriendo en la contravención tipificada en el artículo 41 del Código Contravencional, a pesar de la falta de una lesión concreta a una persona identificada que pudiera haber pasado por el lugar, al menos no surge de autos aunque tampoco sería necesario en esta contravención que se enrola las llamadas de peligro, porque más allá de la concreción del impedimento u obstaculización contra una persona, la conducta del imputado configura un efectivo peligro para el bien jurídico protegido por la ley, que es la libertad de circulación en la vía pública. (Del voto en disidencia del Dr. Ventureira).
Daño moral, monto de la indemnización, recurso extraordinario
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Quiroga Romina Daniela - Quiroga Enzo Leonardo - Quiroga Verónica Belén - Quiroga Edgardo Dionisio y Estrada Marcela Andrea  c/ Agua y Saneamiento Mendoza S.A. y Ente Provincial de Agua y Saneamiento s/ Proceso de consumo p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-02

En materia de recursos extraordinarios originados por la cuantificación del daño extrapatrimonial, no corresponde modificar el importe concedido por ese rubro, salvo que se advierta una manifiesta arbitrariedad, ilogicidad o irrazonabilidad en la suma concedida, una discordancia insoportable y absoluta entre el monto justipreciado por el Tribunal recurrido y el sufrimiento cuya indemnización se pretende, atento que el recurso extraordinario se rige por pautas estrictas de interpretación y tiene carácter eminentemente excepcional (ver: LS 631-023).
Régimen penal cambiario, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Argenflora Sociedad en Comandita por Acciones - Argenflora Sociedad de Hecho s/ infr. ley 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

El art. 19 de la ley 19.359, contempla como actos interruptivos del curso de la prescripción, a los que impulsan la investigación tanto en la etapa preliminar del sumario - que va desde la inspección hasta el decreto de instrucción - como en la sumarial propiamente dicha.
Legitimación procesal, declaración de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Flores, José Martín y Corral, Silvia Mabel c/ Lucio V. López S.A. y Romaniuk, Alejandro s/ Cobro de pesos por indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-07-18

La declaración oficiosa de falta de legitimación es un resorte que per se no cabe reputar vedado, en tanto el órgano jurisdiccional puede verificar semejante requisito de la pretensión y comprobar, v.gr. si el asunto llevado a su conocimiento evidencia o no un caso o controversia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fuero de atracción, concurso preventivo, actor procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL EJÉRCITO c/ SATELITE CIA. ARG. DE SEGS. S.A. Y EMPRESA LOIACONO s/ COBRO DE PESOS - SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-08

No forma obstáculo a la remisión al juzgado que entendió en el concurso la naturaleza de la persona actora.-
Depreciación monetaria, cosa juzgada, ejecución de sentencia, moneda
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Edificio Avda. Sta. Fe 1823/29 c/ Nila SACIFIA. y otra. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

Cuando se trata de la ejecución de una sentencia debe resguardarse la solución real dada por los jueces de la causa, para lo cual debe tenerse en cuenta que el aumento del monto nominal de la condena en función de la depreciación monetaria, no importa un beneficio para el damnificado ni un perjuicio para el deudor, sino que sólo mantiene el valor económico de aquélla frente al paulatino envilecimiento de la moneda.
Excusación, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: L., H. M. y Otro c/ Estado Provincial del Chubut s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-03-12

La importante labor de los jueces, debe desarrollarse con probidad, pero también con mesura atendiendo al interés particular como general, sobre todo cuando está en juego el desplazamiento de la jurisdicción. Aquí los magistrados tienen un pleito pendiente con el Estado Provincial. Parece anómalo que el juez se excuse de entender por tener pleito pendiente con una persona jurídica. Si la incompetencia subjetiva del magistrado es una categoría al cabo basada o en el resentimiento, o en el amor, o en el odio, o en la predisposición de ser hostil o bien de congraciarse con su contraparte en otro pleito, estas razones solo son dables en relación a una persona cierta de existencia física.
Proceso penal, imputado, instrucción, prueba de cargo, juicio, principio de contradicción, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: G, N P s/ HOMICIDIO CON EXCESO DE LEGITIMA DEFENSA. RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 18-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

No es posible invalidar un proceso en el que no se habían omitido o violado formas esenciales del juicio, por el exclusivo fundamento de no haberse realizado diligencias instructorias de interés para el esclarecimiento del caso ya que la garantía del debido proceso legal ha sido arbitrada fundamentalmente a favor del acusado y por ello no cabe admitir que la posible deficiencia de la prueba de cargo constituya causal de nulidad de lo actuado regularmente dentro del juicio. En este aspecto es dable señalarse que se violarían los principios de bilateralidad e igualdad que deben regir en el plenario si se acepta el derecho de los jueces a invalidar actuaciones precluidas so color de la falta de producción de pruebas o pericias en la instrucción.
Ley de accidentes de trabajo, ley vigente
Materia: LABORAL
Carátula: Cerda, Manuel Oscar c/ Frutícola Rubio S.A. s/ Accidente de trabajo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-05-31

Las contingencias acaecidas con anterioridad al 1 de julio de 1996 y que obraren en conocimiento del empleador antes del 30 de junio inclusive, se rigen por la ley 24028. (Del voto del Dr. Balladini).
Derecho penal, prescripción de la pena
Materia: PENAL
Carátula: ROSAS, NORBERTO AURELIO c/  s/ ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-03-17

En el primer caso, el hito a partir del cual se contabiliza tal segmento temporal es como lo sostiene la asistencia técnica del condenado, el día 23 de septiembre del 2010, y, en la restante hipótesis, insisto en la menos favorable al justiciable, el momento desde el cual comienza a correr la prescripción de la pena concretamente es el día 12 de junio del año dos mi doce. aún para este último criterio mas riguroso, se ha verificado de pleno derecho la pérdida de la potestad estatal de ejecutoriedad de la condena impuesta.
Extinción de las obligaciones, pago, carga de la prueba, vencimiento del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: RATINOF, Samuel y otros c/ HUROVITCH, Alberto s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-04

Si las partes siguieron cumpliendo con lo pactado aún después de vencido el plazo contractual, no es inapropiado interpretar que los efectos que podrían haberse producido por la mora automática vinieron a cesar como consecuencia de la conducta asumida por las partes, y en especial por la del acreedor de la obligación vencida, quien toleró el cumplimiento de las prestaciones después de vencido el plazo contractual.

El pago es un medio de extinguir las obligaciones (arts. 724 y 725 del Código Civil) y la prueba de su efectivización corresponde a quien lo invoca, no siendo aplicable la situación del art. 1193 del Código Civil, pues al ser un acto jurídico extintivo que no está en el origen sino en la finalización de la obligación, se puede prescindir de su documentación, para la cual es admisible la utilización de cualquier medio probatorio, que lleve a la convicción del juzgador que realmente se pagó (CNCiv.

Sala A, octubre 19-1981, ED 97-368). El art. 1193 C.Civ. contiene una restricción probatoria referida a una especie de acto jurídico, el contrato, por lo que no es posible extender esa restricción a un acto jurídico al de otra especie.
Contrato de trabajo, enfermedades inculpables, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: MARIA LUISA KRANEVITTER c/ OBRA SOCIAL FERROVIARIA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-17

Si la empleadora hubiese valorado -en su real dimensión- los principios consagrados en el artículo 62 LCT, una vez ejercido su derecho de control (artículo 210 LCT) y corroborada la circunstancia que estimaba grave incumplimiento, debió intimar previamente a la trabajadora a fin de que se presentara a retomar tareas, o para que hiciese el descargo correspondiente, en miras de preservar el contrato de trabajo y el principio de continuidad de la relación, máxime tratándose de una trabajadora que contaba con casi 11 años de antigüedad y que nunca había sido sancionada o apercibida a lo largo de todo el vínculo. La conducta de la actora, en tanto fue considerada como un incumplimiento, podía ser corregida a través de una sanción menos severa como por ejemplo la suspensión o el apercibimiento ya que debe recordarse que el despido es la máxima sanción legal y sólo se justifica cuando el incumplimiento traduce una injuria de tal magnitud que "no consiente la prosecución de la relación", situación que no se advierte en la especie (artículos 10, 63, 242 y concordantes de la LCT). Por ello, estimo que el despido fue apresurado, además de arbitrario y, desde esta perspectiva, propongo que se revoque lo resuelto en grado y se haga lugar a la demanda.- (Sumario confeccionado por SAIJ)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: Risso, Claudio Jesús y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

La eventual necesidad de hacer mérito de una ley local y sus reglamentaciones, interpretándolas en su espíritu y en los efectos que la soberanía provincial ha querido darles, hace que la causa no sea apta para instar la competencia originaria de la Corte.