Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-07


Buenos Aires, noviembre 7 de 2008.

La doctora García Vizcaíno dijo:

I) Que a fs. 25/32 La Mercantil Andina Cía. de Seguros SA, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución 155/06, dictada por el Administrador de la Aduana de La Plata en el expediente Nº 12586-711-2005 (SC33-05-070), en cuanto la intima al pago de la suma de $ 147.072,35 en concepto de tributos por la infracción prevista y penada en el art. 970 del CA. Manifiesta que fue citada en su carácter de aseguradora de la obligación tributaria relacionada con el DI 02 033 IT11 072-S en el sumario contencioso SC33-05-070 instruido a la empresa Letra Viva SA, al no haber cumplido ésta con las obligaciones impuestas por el Régimen de Importación Temporal. Señala que, al contestar la vista, hizo saber a la DGA que la firma importadora se encontraba concursada y que los rubros del IVA adicional y anticipo de impuestos a las ganancias, integrantes en la liquidación practicada por el servicio aduanero, eran improcedentes por tratarse de impuestos que gravan a la comercialización interna de la mercadería a cargo del importador. Opone la prescripción del art. 56 de la ley 24.522. Arguye que pese a ser advertida por el Síndico y el Juez del Concurso, la DGA no concurrió a verificar su crédito, siendo que le correspondía al ser de causa anterior a la fecha de la apertura del proceso, por tal motivo entiende que la acción se encuentra prescripta. Acota que la obligación de verificar el crédito opera en virtud de lo dispuesto en el art. 32 de la ley 24.522, ya que ésta es de orden público y de cumplimiento obligatorio. Cita jurisprudencia al respecto. Puntualiza que, si bien no desconoce la obligación de garantía de los tributos derivados de la obligación aduanera, ello opera a condición del cumplimiento de determinados requisitos, a saber: que la Aduana cumpla con el procedimiento regulado en el Anexo II de la Circular Interna 38/94, se proceda a la verificación del crédito y, finalmente, una vez asegurada la existencia y monto del mismo, se dirija acción contra el garante. Entiende que la Aduana no ha cumplido con los requisitos precedentemente nombrados, y ha formulado una intimación de pago extemporánea en manifiesta violación a las formas establecidas por ley. Impugna la liquidación por aducir que los rubros IVA Adicional y Anticipo de Impuesto a las Ganancias no proceden, toda vez que se trata de impuestos que gravan la comercialización interna de la mercadería y, por lo tanto, se encuentran a cargo del importador. Plantea la inconstitucionalidad del Decreto 1439/96, aplicable al momento de registro de la operación aduanera en trato, en tanto dispone la aplicación de un derecho adicional para la mercadería importada temporariamente que termina siendo importada para consumo, puesto que la creación de tributos es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. Hace reserva del caso federal. Ofrece prueba. Solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.

II) Que a fs. 48/57 la representación fiscal solicita la acumulación de los expedientes Nros. 22.682 ("Alba Cía. Arg. de Seguros SA") y 22.765 ("Letra Viva SA") contesta el traslado que oportunamente le fuera conferido. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueran de su especial reconocimiento. Efectúa una breve reseña de las actuaciones. Se refiere a la finalidad del seguro de caución. Explica que surge de las constancias del expediente que la importadora no habría cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria amparado por el DIT Nº 060-4/96 (sic), habiéndose configurado en consecuencia el siniestro que la autoriza a reclamar el pago pertinente por parte de la aseguradora. Puntualiza que, frente al incumplimiento de ciertas obligaciones asumidas respecto de la mercadería importada temporariamente, la ley considera que se ha producido la importación para consumo o una situación equivalente, por ello cabe extender la aplicación del derecho adicional del 30% no sólo a las importaciones de consumo regulares sino también al supuesto irregular previsto en el art. 274. Reconoce que no se controvierte que la firma importadora Letra Viva SA ha sido declarada rebelde en el sumario; la falta de regularización de la mercadería importada temporariamente cuyo siniestro asegurado lo fue mediante la póliza en trato; que se ha configurado el hecho que ha generado la obligación tributaria pendiente; que la firma en trato ha sido notificada en el expediente administrativo y no se habría acreditado el cumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporal. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.

III) Que a fs. 72/79 Alba Compañía Argentina de Seguros SA, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la referida Resolución 155/06, recaída en el expediente Nº 12586-711-2005 (SC33-05-070). Advierte que la resolución apelada no le puede ser oponible por no habérsele dado parte en el sumario en cuestión. Señala que el otorgamiento a los interesados de ocasión adecuada para su audiencia y prueba de sus derechos cumple la exigencia de la garantía constitucional de la defensa en juicio. Resalta que no se le ha conferido vista de lo actuado y que la misma debe ser conferida a todos lo que puedan resultar responsables, a consecuencia de las infracciones que se investiguen. Explica que en la póliza del seguro de caución se establece que el área competente deberá notificar también al asegurador. Resalta que el procedimiento para las infracciones debe ajustarse a la ley so pena de generar actos nulos, de allí que por ejemplo la notificación correctamente efectuada es esencial para la validez de la vista, por lo cual es nulo el sumario instruido contra quien fue notificado en un domicilio que no era el suyo, violándose así la garantía del debido proceso y del derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional. En subsidio ofrece como prueba que se agreguen todas las destinaciones realizadas por la Firma Letra Viva SA desde la fecha de ingreso del DIT hasta la actualidad. Destaca que, sin perjuicio de que el art. 2º de la resolución recurrida señala que la responsabilidad de los garantes se limita al monto que cubren las garantías otorgadas, a reglón seguido ordena formular el cargo a la firma importadora La Mercantil y a su parte por la suma de $ 147.072,35, es decir por el total adeudado por la importadora, cuestión que no sólo excede el límite económico de la póliza, sino de la obligación garantizada, esto es la diferencia generada por la prórroga de la operación temporal, esto es un 24% de derecho Adicional, más la diferencia que genera éste sobre el IVA, El IVA adicional y ganancias. Ofrece prueba y solicita que se revoque la Resolución apelada, con costas.

IV) Que a fs. 131/134 Letra Viva SA, por su representante legal, interpone recurso de apelación contra la Resolución 155/06 del Administrador de la Aduana de La Plata, recaída en el expediente Nº 12586-771-2005 (SC33-05-070). Solicita que se anule el procedimiento en la medida que se le ha impedido a la sumariada contestar la vista oportunamente corrida, efectuar descargo y ofrecer toda prueba que hace a su derecho, por habérsela citado en un domicilio equivocado, reiterándose ese vicio con la notificación de la Resolución recurrida. Ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.

V) Que a fs. 154/162 la representación fiscal contesta el traslado que oportunamente le fuera conferido respecto de la Coactora Alba Cía. Arg. de Seguros SA. Efectúa una breve reseña de las actuaciones. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueran de su especial reconocimiento. Se refiere a la finalidad del seguro de caución. Esgrime análogos fundamentos a los expuestos a fs. 48/57. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas. Hace reserva del caso federal.

VI) Que a fs. 164/169 la representación fiscal contesta el traslado que oportunamente le fuera conferido respecto de la coactora Letra Viva SA. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueran de su especial reconocimiento. Efectúa una breve reseña de las actuaciones. Señala que una de las características de la figura infraccional en trato es que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Puntualiza que la DGA condenó a la recurrente en base a la falta total de acreditación del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal en sede administrativas, por lo que solicita ser eximida de costas. Se refiere al domicilio invocado por la firma en la destinación aduanera que obra en las actuaciones administrativas agregadas. Ofrece prueba. Solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.

VII) Que a fs. 179 se dispone el tratamiento de la nulidad opuesta por las coactoras Alba Cía. Arg. de Seguros y Letra Viva SA como de previo y especial pronunciamiento, y se abre la causa a prueba a ese respecto.

Que a fs. 228/231 se dicta sentencia, que no hace lugar a la excepción de nulidad deducida por Alba Cía. Argentina de Seguros y Letra Viva SA.

Que, vueltos los autos a esta Vocalía, la suscripta dicta medidas para mejor proveer a fs. 239 y 265, declarándose la causa de puro derecho. A fs. 285/294, 304/336 y 342/391 se producen esas medidas.

VIII) Que a fs. 1 del Expte. Nº 12586-771-2005 (SC33-05-070) se informa que la firma importadora Letra Viva SA incumplió con las obligaciones impuestas por el Régimen de importación temporal respecto del DIT 02-033-IT- 072-S (que luce ensobrado a fs. 6). A fs. 2 obra identificación de garantía. A fs. 7 se intima a la importadora y al despachante para que acrediten que se ha procedido en tiempo y forma a cancelar la DIT en cuestión. A fs. 18 se practica liquidación y a fs. 19/20 se glosa la LMAN 002889L. A fs. 23 se dispone la apertura del sumario por supuesta infracción del art. 970 del CA y se notifica a una de las compañías de seguros garantes de la operación. A fs. 28 se declara en rebeldía a la firma importadora. A fs. 33 se informa que los garantes de la operación fueron Alba Compañía Argentina de Seguros SA y la Mercantil Andina SA. A fs. 34/35 se glosan copias de las pólizas Nros. 1539957 y 326.951. A fs. 36/41 obran las cédulas de notificación a las firmas Aseguradoras. A fs. 44/45 se emite el Dictamen Nº 179/2006, que propicia condenar a la firma importadora y formular cargo al importador y a su aseguradora por los tributos adeudados. A fs. 46/48 se dicta la Res. Nº 155/06, apelada en la especie.

IX) Que, en primer lugar, corresponde destacar que no se ha demostrado el estado concursal de la importadora.

Que, si por mera hipótesis hubiera estado concursada la tomadora del seguro (según lo expuesto por la actora a fs. 26; nótese que la remisión a fs. 19 de los ant. adm. no parece corresponder con estos autos), no pudo operar la prescripción opuesta por La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros SA (ver planteo de fs. 26 vta./27 vta. de autos, por cuanto el plazo de prescripción es el de 5 años del art.

803 del CA, que comenzó a correr el 1º de enero de 2005 en los términos del art. 804 del CA (siendo que el plazo conferido para la temporal de marras venció el 30/3/04; ver fs. 2/6 de los ant. adm.) y que no se encontraba cumplido al momento del dictado de la resolución apelada del 24/10/06 (ver fs. 64/66 de los ant. adm.).

Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 1, en "Zanella San Luis SAIC", del 7/12/1999, por mayoría, declaró que procede la prescripción abreviada de 2 años del concurso preventivo (art. 56 de la ley 24.522) como límite para la verificación tardía de las obligaciones tributarias en el concurso, frente al régimen de 5 años de la ley 11.683; además, admitió los efectos de la cosa juzgada de la sentencia dictada por el Juzgado en lo Comercial en el concurso preventivo de la actora en esa causa (sentencia comentada por Susana Camila Navarrine en La prescripción de las obligaciones tributarias en el concurso preventivo; PET, 26/6/2000, p. 1).

Que no comparto el criterio mayoritario de la sentencia y concuerdo con el criterio sustentado por Navarrine, atento a que en esa causa, si bien la deuda determinada pertenecía al período preconcursal, se había apelado ante el Tribunal Fiscal, por lo cual, en virtud del efecto suspensivo del recurso, el crédito era posterior a la presentación del concurso. De ahí que en tales supuestos considero que el plazo de prescripción de la ley 11.683 prevalece sobre el del art. 56 de la ley 24.522.

Que no cabe duda de que la DGA debió dictar la resolución condenatoria con posterioridad a la sustanciación del procedimiento aduanero por infracciones, y que la multa, por su naturaleza penal, tiene que quedar firme para que la DGA pueda reclamar su pago.

Que, por otra parte, los tributos intimados resultan consecuencia del hecho infraccional endilgado.

Que nadie puede ser sancionado sin seguirse el juicio previo en el sentido de proceso regular y legal preestablecido por la ley procesal conforme al principio del art. 18 de la Constitución Nacional.

Que, por consiguiente, la fijación de la multa en el presente (si la tomadora hubiera estado concursada) constituiría una deuda de carácter postconcursal.

Que ha sostenido la Sala 5º de la Cám. Nac. Cont. -Adm. Fed. Cap., en "FYSA SA", del 20/3/07 (microjuris MJJ12090), que "en lo que respecta a la prescripción, las normas contenidas en la ley concursal, en ningún modo resultan aplicables en la especie. En efecto, la regulación del mentado instituto en relación al Fisco Nacional, no puede ceder ante un cuerpo legal destinado a regular relaciones del derecho privado". Tras ponderar la aplicación específica de las normas de los arts. 803 y 934 del CA respecto del plazo de prescripción de las acciones de la DGA para determinar su crédito, la Excma. Cámara se pronunció por su "tajante rechazo" al agravio de la recurrente, "tendiente a que se tome como momento imponible la fecha en la que comunica que no va a reexportar y por ende, que no va a cumplir con lo dispuesto en el art. 970 del CA". Agregó que "de seguir tal tesitura, los acaecimientos que perfeccionan los hechos imponibles tipificados en los diversos ordenamientos, se verían alterados por la voluntad unilateral de un sujeto"; o "dicho de otro de modo, los 'momentos imponibles', salvo indicación expresa en la norma que los contiene, se producen y perfeccionan cuando una determinada situación o conducta, encuadran en el presupuesto de hecho indicado, de forma expresa en el texto legal. En este sentido, la estructura de la norma tributaria se asemeja a las normas que rigen el derecho penal". Es así que en el caso, "el momento de perfeccionamiento no ofrece ninguna duda en cuanto a que la infracción se produce con el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplimentar la obligación de reexportar la mercadería". Cabe reiterar que "los presupuestos de hecho del momento imponible, están regulados normativamente y se reitera no pueden ser modificados por la voluntad de las partes salvo que la hipótesis tipificada en la ley lo prevea". Por lo demás, "en ningún modo puede admitirse que sea posible la verificación concursal de un crédito fiscal que no se halle firme", sin que por ello "se haya transgredido principio penal alguno".

Que, asimismo, la sala 3º de la Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. Cap., entendió que la prescripción de la acción de cobro del Fisco nacional respecto de un contribuyente concursado debe regirse por la ley 11.683 [en el caso de marras, debe tratarse del Código Aduanero] y no por el art. 56 de la ley 24.522, pues el proceso tributario no queda afectado por la fuerza atractiva de los juicios universales previstos en la Ley de Concursos y Quiebras, ya que de lo contrario las normas tendientes a regular relaciones de derecho privado avasallarían el régimen instaurado para el ejercicio de las acciones y poderes fiscales para determinar impuestos y aplicar multas (1º/8/05, "Valle de las Leñas SA", LL del 1º/2/2006, p. 7).

Que, por consiguiente, corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta por La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros SA, con costas.

X) Que, a mayor abundamiento (ya que reitero que no se demostró el estado concursal de la importadora) cuadra señalar que la Corte Suprema ha entendido que la ley concursal debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (9/4/87, "Gregorio G. Cosimatti" -Fallos 310:785-, citado el 7/12/99 por la disidencia del Dr. Bernardo Licht, en "Zanella San Luis SAIC").

Que con respecto a las actuaciones iniciadas por el síndico de la quiebra, que interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra la determinación de oficio de la DGI de la deuda de la fallida por IVA, la Corte Suprema declaró que el tribunal de la quiebra es incompetente para entender de ellas, ya que la ley 11.683 (en ese entonces, t.o. en 1978 y modif..) "ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión [...] y la posibilidad de apelar ante tribunales del Poder Judicial nacional...". El Alto Tribunal resaltó que tales actuaciones no implicaron la deducción de acción alguna contra el fallido o el concurso, ni que se hubiera promovido la ejecución sobre la base del invocado crédito fiscal (30/9/86, "Hilandería Luján SA", Fallos 308:1856).

Que el 31/3/87 en "Casa Marroquín SRL s/concurso preventivo", la Corte Suprema agregó que atribuir al fuero concursal facultades de revisión de la validez intrínseca del título invocado por el Fisco en sustento de su crédito (habiendo quedado firme la determinación tributaria por la falta de recursos) importó prescindir inmotivadamente de la regulación procesal específica de la citada ley 11.683 (Fallos 310:719; DF XLIII-190).

Que el 2/6/03 en "Supercanal SA", la Corte Suprema sostuvo -por remisión al dictamen del procurador general- que si la decisión de la DGI fue apelada por la concursada ante el Tribunal Fiscal en virtud de lo dispuesto por el art. 76, inc. b, de la ley 11.683, ello impide que opere el fuero de atracción, al hallarse pendiente de tratamiento la apelación consentida por las partes ante un tribunal de alzada (Fallos 326:1774).

Que, asimismo, la Corte Suprema destacó que, encontrándose apelado el pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal de la Nación, el fuero de atracción de la causa donde tramita el concurso preventivo de la deudora sólo opera luego de que la alzada dicte sentencia definitiva confirmando el fallo recurrido, desde que en aquellos casos donde la causa se encuentra con apelación consentida el tribunal de alzada (Cámara) debe intervenir en los recursos pendientes, sin perjuicio de la ulterior remisión al juez que finalmente corresponda seguir entendiendo en el proceso (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace suyo; Corte Sup., 4/7/03, "Gauchat, Enrique P. v. Dirección Gral. Impositiva", Fallos 326:2146).

XI) Que el art. 970 del CA en su apartado 1) dispone que: "El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al treinta por ciento del valor en aduana de la mercadería...".

Que el ilícito atribuido por la aduana no es puramente formal, sin que a ese efecto cobre relevancia la existencia o no de perjuicio fiscal, ya que el beneficio de la importación temporaria lo es a condición de que la mercadería se reexporte en término (art. 250 del CA), o eventualmente se convierta su importación en definitiva, para lo cual la solicitud pertinente debe efectuarse dentro de los plazos previstos en el art. 271 del CA. De solicitarse prórroga debe cumplirse con los recaudos y términos del art. 266 del CA.

Que no se ha demostrado que al vencimiento de la destinación de la importación temporal en examen (30/3/04) se hubiera cumplido con la reexportación comprometida, toda vez que de la compulsa de los permisos de embarque de fs. 310, 332 y 351, resulta que no se efectuaron imputaciones a esa específica destinación (02 033 IT 11 000072 S).

Que, consecuentemente, se produjo el siniestro asegurado mediante las pólizas que analizaré infra y que las aseguradoras apelantes no han desconocido haber otorgado.

XII) Que, en síntesis, en los términos del art. 377 del CPCCN (aplicable conforme al art. 1174 del CA) las recurrentes no han probado que la importadora temporal hubiera cumplido con las exportaciones definitivas de la mercadería importada temporariamente dentro del plazo fijado, por lo cual se ha configurado el hecho generador de la obligación tributaria que ha dado lugar a las liquidaciones de los tributos por parte de la aduana.

Que, por ende, el hecho generador de la obligación tributaria en el presente ha sido la transgresión al régimen de destinación suspensiva relativo al DIT 02 033 IT11 000072 S, habiéndose obligado las aseguradoras apelantes por los tributos debidos a la fecha del "siniestro".

XIII) Que las pólizas Nros. 1539957 y 326.951 (fs. 34/35 de los ant. adm.) no requieren que los cargos tributarios hayan quedado firmes para el requerimiento del pago a las aseguradoras, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento que puedan deducir éstas con respecto a los otros responsables de la obligación tributaria.

Que tampoco se prevé beneficio de excusión alguno, por lo cual la DGA pudo válidamente intimar a las aseguradoras.

XIV) Que el actual art. 21 (antes art. 28 del ordenamiento anterior) de la ley 11.683 -t.o. en 1998 y modif.- se refiere a los anticipos que difieren de otros pagos a cuenta como las percepciones, tal como lo he sostenido, entre otros, en Derecho Tributario, Tomo I, ps. 355/361 (Depalma, 1º y 2º edición. Buenos Aires. 1996 y 1999 [LexisNexis, 3º edición, Buenos Aires, 2007, Tomo I, ps. 551/557]), destacándose que el art. 22 (antes art. 29) de la ley 11.683 estatuye que la percepción de los tributos será efectuada en la misma fuente cuando así lo establezcan las leyes impositivas (es obvio; la ley 11.683 no es una ley superior a otras leyes) y cuando la AFIP (antes DGI) "por considerarlo conveniente, disponga qué personas y en qué casos intervendrán como agentes de retención y/o percepción".

Que he expresado en esa oportunidad que "la percepción en la fuente asegura la recaudación, ya que su ingreso puede ser exigido en el mismo momento en que se exterioriza la manifestación de riqueza sujeta a imposición. Desde la perspectiva psicológica del contribuyente, tiene la ventaja de tornar menos pesado el impuesto. Resulta más penoso desprenderse de una cantidad de dinero que se posee, que ser privado de una suma que nunca se ha recibido. El contribuyente valora su renta en términos de producto neto". Citando la jurisprudencia del Tribunal cimero he destacado, asimismo, que la responsabilidad "que recae sobre el agente de retención por el incumplimiento de los deberes fiscales que la ley pone a su cargo no es dispensable, con fundamento en que la retención constituye un pago a cuenta del tributo cuya exigibilidad como tal cesa después de vencido el plazo para presentar la declaración jurada del período fiscal de que se trate -a diferencia de los anticipos-; y ello, en razón de que el hecho imponible se verifica respecto del sujeto pasivo de la retención, a quien la ley lo atribuye en modo directo. El agente de retención que no cumple, voluntariamente o por propia negligencia, con el deber de retener, deviene responsable del ingreso del impuesto debido, previéndose como única dispensa la acreditación de que el contribuyente ingresó las sumas respectivas (CS, 'Cintafón SRL', del 3/4/86, 'D.F.', t. XLI, p. 278)" -ob. cit., p. 360-.

Que la referida jurisprudencia de la Corte Suprema es contundente en cuanto a las diferencias entre anticipos y retenciones (o percepciones), considerando en este último caso que el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada del período fiscal de que se trate no produce la caducidad para que el organismo fiscal exija importes en concepto de retenciones (o percepciones).

Que considero que prevalece la referida doctrina de la Corte Suprema sobre el dictamen DAT 88/96 (Boletín de la DGI 522, p. 1046), citado por la actora a fs. 24, en cuanto a que, "una vez vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las cuales resultan computables, el Fisco carece de facultades para reclamar el monto de aquéllas, atento que a partir de dicho momento se genera una nueva obligación en la relación fisco-contribuyente, cual es el saldo de impuesto emergente de las mencionadas declaraciones juradas".

Que, por lo demás, la obligación tributaria tuvo por hecho generador la transgresión del régimen de destinación suspensiva, que en la especie operó el 30/3/04, fecha en que se devengó la obligación tributaria en materia de percepciones.

XV) Que, por otra parte, las aseguradoras no pueden volverse contra sus propios actos en cuanto a que garantizaron a la DGA las percepciones del IVA y del impuesto a las ganancias, así como el derecho adicional del decreto 1439/96, conforme surge de los montos asegurados por las pólizas en cuestión hasta U$S 48.000 por el plazo original (La Mercantil Andina SA) y hasta $ 50.400 -equivalente a U$ S 12.939,01- por la prórroga (Alba Compañía Argentina de Seguros SA).

Que cabe agregar que este Tribunal no puede expedirse sobre la inconstitucionalidad de las normas tributarias y aduaneras (conf. art. 1164 del CA).

XVI) Que debe prosperar el agravio de Alba Compañía Argentina de Seguros SA en cuanto a la discriminación de su responsabilidad.

Que aclaro que debe estarse al tipo de cambio de 2,86 aplicado por la DGA en su liquidación (ver fs. 16, 17 y 53 de los ant. adm.) para no vulnerar el principio que prohibe la reformatio in pejus.

Que del sobre contenedor del DIT de marras surge que Alba Compañía Argentina de Seguros SA sólo debía garantizar como refuerzo U$S 12.543,56 (diferencia entre la liquidación del DIT de 44.005,33 y 56.548,89 que comprendía la diferencia del 24% por derecho adicional y sus implicancias en el IVA, así como en las percepciones del IVA y del impuesto a las ganancias. Por Liquidación Manual 02 033 LMAN 003161 P esa garantía ascendió a U$S 12.939,01.

Que el importe de U$S 12.939,01 representa el 21,23% de la sumatoria de los importes garantizados (U$S 48.000 por La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros SA y U$S 12.939,01 por Alba Compañía Argentina de Seguros SA).

Que, por ende, las aseguradoras La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros SA y Alba Compañía Argentina de Seguros SA quedan obligadas por la deuda tributaria de la tomadora del seguro, hasta $ 115.848,90 y $ 31.223,45, respectivamente. A estas sumas se agregarán los intereses del art. 794 del CA.

Por ello, voto por:

1º) Rechazar la excepción de prescripción opuesta por La Mercantil Cía. Arg. de Seguros. Con costas.

2º) Modificar la Resolución Nº 155/06 del Administrador de la Aduana de La Plata, especificando que las aseguradoras La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros SA y Alba Compañía Argentina de Seguros SA quedan obligadas por la deuda tributaria de la tomadora del seguro, hasta $ 115.848,90 (pesos ciento quince mil ochocientos cuarenta y ocho con 90/100) y $ 31.223,45 (pesos treinta y un mil doscientos veintitrés con 45/100), respectivamente. A estas sumas se agregarán los intereses del art. 794 del CA.

3º) Costas conforme los vencimientos.

La doctora Winkler dijo:

I. Que en cuanto a la prescripción, adhiero al voto de la Sra. Vocal preopinante.

II. Que adhiero también a la conclusión respecto del fondo sobre la base de los fundamentos contenidos en su voto.

Que, asimismo, respecto del dictamen DGI 88/96 que menciona la doctora García Vizcaíno referido a las percepciones de las Resoluciones Generales AFIP 3431 y 3543, considero del caso señalar que el artículo 4º de la primera de las mencionadas establece que "el monto de las percepciones efectuadas tendrá para los responsables inscriptos el carácter de impuesto ingresado, correspondiendo ser computados por éstos en la declaración jurada del período fiscal al cual resulten imputables los créditos fiscales generados por las operaciones de importación definitiva que dieron origen a la percepción".

Que dicho dictamen, que data del 16.8.96, reza entre otras cosas que: "De lo expuesto se desprende que teniendo en cuenta la naturaleza de pago a cuenta que poseen las referidas percepciones, una vez vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las cuales resultan computables, el Fisco carece de facultades para reclamar el monto de aquéllas, atento que a partir de dicho momento se genera una nueva obligación en la relación fisco-contribuyente, cual es el saldo de impuesto emergente de las mencionadas declaraciones juradas".

Que no se comparte este dictamen en tanto pone en la misma situación al contribuyente cumplidor que al incumplidor. No es lo mismo la caducidad que la acción fiscal del Estado para cobrar tributos, que se informa si bien en la seguridad jurídica, también en la potestad del Estado para la imposición. Que no se haya compensado o utilizado como crédito fiscal en el período respectivo algún saldo emergente no hace que cambie la relación jurídica en la materia bajo examen, lo que en todo caso deberá la aseguradora discutir en una acción privada contra la tomadora. Así lo voto.

De conformidad con el acuerdo que antecede, por unanimidad, se resuelve: 1º) Rechazar la excepción de prescripción opuesta por La Mercantil Cía. Arg. de Seguros. Con costas. 2º) Modificar la Resolución Nº 155/06 del Administrador de la Aduana de La Plata, especificando que las aseguradoras La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros SA y Alba Compañía Argentina de Seguros SA quedan obligadas por la deuda tributaria de la tomadora del seguro, hasta $ 115.848,90 (pesos ciento quince mil ochocientos cuarenta y ocho con 90/100) y $ 31.223,45 (pesos treinta y un mil doscientos veintitrés con 45/100), respectivamente. A estas sumas se agregarán los intereses del art. 794 del CA. 3º) Costas conforme los vencimientos.

Suscriben la presente las doctoras García Vizcaíno y Winkler por encontrarse en uso de licencia la doctora Musso (conf. Art. 1.162 del C.A.). - Catalina García Vizcaíno. - D. Paula Winkler.