Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-03


Salta, 03 de Setiembre de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "BARNETCHE, Eduardo Aníbal vs. SALAZAR, Néstor Ángel - Ordinario: Acción real de reivindicación, Expte. n° 86.416/03 del Juzgado en lo Civil y Comercial de 1ª. Inst. de 1ª. Nominación, Expte. n° CAM -279.031/09 de esta Sala III, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

I) Los agravios: la sentencia de fs. 246/250 es apelada a fs. 255 por el Dr. Javier Alejandro Dorado, apoderado de Néstor Ángel Salazar (ver certificación de mandato de fs. 212). Concedido el recurso a fs. 256 y elevado los autos a este Sede expresa agravios a fs. 281/283. Dice que la litis debió trabarse entre el reivindicante -como actor y el poseedor actual y la Universidad Católica de Salta -como demandados, por cuanto poseyó el inmueble desde 1978. La Universidad aludida no pertenece ni forma parte del Arzobispado de Salta. Por ende, la sentencia es nula al no haber solicitado el apelado se cite al poseedor que en principio poseyó el inmueble y que luego transmitió la posesión al quejoso.

También le agravia la arbitrariedad con que se evaluó la prueba con respecto a los actos posesorios cumplidos por el Párroco Normando Requena, en nombre de la Universidad Católica de Salta en el tiempo que fue su Vicerrector y que la sentencia destaca al pasar a fs. 248 sin darle tal calidad. El hecho de que el citado sacerdote poseía en nombre de la Universidad fue público y notorio, lo que admitió también el Intendente de la Localidad de San Lorenzo y fue confirmado por los dichos de los testigos Alanís y Paez, habiendo facilitado en préstamo el inmueble a la familia Córdoba y luego al Sr. Alanís. No se puede decir entonces que desconocía el reivindicante tal circunstancia, máxime cuando laboraba en la Universidad, lo que reconoce al tiempo de rendir la prueba confesional. De modo tal que puede afirmarse que perdió la posesión al permitir que primero la Universidad Católica la ejerciera y luego el demandado en forma pacífica e ininterrumpida desde 1978 hasta 1999 que es cuando lo denuncia penalmente.

A fs. 294/296 amplía los agravios el Sr. Salazar señalando en síntesis de que si el cura Requena no tenía facultades para representar a la Universidad es una cuestión ajena a la litis y que se advierte que el poder jurídico de representación que invocaba, aunque no esté legalmente reconocido, fue ratificado por la Universidad al dar becas de estudio. El título putativo con que justifica la posesión el demandado fue la cesión de derechos reservada como prueba documental original en el desalojo y cuya pericia caligráfica consta a fs. 197. La sentencia omite analizar lo expuesto por el perito en cuanto que advirtió semejanzas en gran parte de los factores extrínsecos de la escritura, afirmaciones científicas que dan cuenta que Requena tenía dos formas de firmar, lo que no autoriza a concluir que no es su signatura.

A fs. 300/302 luce la réplica del Dr. Román Salim, apoderado de Eduardo Aníbal Barnetche. Liminarmente destaca, con relación a los agravios formulados en los apartados I y II del escrito recursivo, que el Tribunal no puede considerar capítulos no propuestos a la decisión del juez de la instancia anterior (artículo 271 del Código Procesal Civil y Comercial). Ello sentado, recuerda que estamos en presencia de una demanda de reivindicación deducida por el actor en su carácter de propietario registral del predio, calidad que no mereció ninguna observación por el accionado. Cita luego los dichos de Requena en la causa penal y dice que si reconoce al Arzobispado como propietario del terreno y luego desconoce su propio carácter de poseedor, ello tira por la borda no solo el absurdo pedido de nulidad de la sentencia, sino toda la pretensión de la demandada que ha intentado enervar la procedencia del reclamo alegando una posesión pública, pacífica e ininterrumpida por más de veinte años, que no es cierta.

Dice que el apelante confunde el papel que le cabe a la Universidad, pretendiendo ahora sea demandada con una correcta integración de la litis cuando en realidad es él, quien recurriendo a la mencionada figura de la accesión de posesiones, le imputa a la misma haber poseído el inmueble desde el año 1978 hasta 1996, debiendo por tanto cumplir con la carga de probar tal posesión, a fin de que sumada al tiempo que alega haberlo hecho a título personal, se llegue a los veinte años requeridos por la ley. Por otra parte, no es verdad que no se haya analizado en la sentencia la cuestión relativa a los supuestos actos posesorios efectuados por la Universidad y en tal sentido cabe decir que, si hubieran sido reales, no los concretó la Casa de Estudios sino el Sr. Requena, quien no actuaba como apoderado o representante, y es aquí donde entra a jugar el artículo 2393 del Código Civil que establece que las personas jurídicas solo pueden adquirir la posesión a través de sus representantes, ya que éstos son sus órganos de actuación y que tal situación no ha sido acreditada en autos. Por otra parte, se agravia el apelante en cuanto a lo resuelto por la Sra. Jueza que considera que la pretendida accesión de posesiones resulta improcedente por cuanto la supuesta cesión de derechos posesorios invocada carece de valor jurídico, pero lo cierto es que mal pudo la Universidad transmitir al quejoso derechos de los que no era titular.

También recuerda que el demandado, al ser indagado en la causa penal, afirma que desconoce quién o quiénes serían los propietarios del predio y que se encuentra viviendo desde el año 1996, pidiendo se cite al sacerdote de la Parroquia de San Lorenzo y que desconoce si es de propiedad de éste o del denunciante. Sin embargo, con posterioridad acompaña como prueba la cesión de fecha 4 de diciembre de 1998. Por último, se opone al pedido de apertura a prueba en segunda instancia._ II) Apertura a Prueba: En primer lugar, me ocuparé de la solicitud de apertura a prueba reclamada por el apelante quien pretende se concrete dicha etapa procesal a efectos de la producción de una nueva pericia caligráfica o bien se cite al perito que realizó la labor plasmada en el informe de fs. 191/195 para que de explicaciones, todo ello como medida para mejor proveer.

Al respecto cabe señalar que la apertura a prueba de un juicio en segunda instancia es de carácter excepcional y los supuestos de admisibilidad son de interpretación restrictiva, por lo que de acuerdo a lo previsto por nuestro régimen adjetivo, las únicas pruebas admisibles en este Sede son las que taxativamente enumera el artículo 257 del Código Procesal en sus tres incisos (CApel.CC. Salta, Sala III, Tomo 1997, f° 847 y jurisprudencia citada de las distintas Salas de este Cuerpo).

En esa orientación cabe señalar que no es admisible en la Alzada la prueba que pudo haberse ofrecido y producido en primera instancia en la estación oportuna (CApelCC. Salta, Sala I, año 1997, f° 283, que reitera la jurisprudencia anterior del Tribunal).

Es claro que ninguna de las situaciones previstas en la norma legal citada se dan en el caso de autos, por cuanto el demandado bien pudo reclamar aclaraciones al perito y asimismo solicitar la producción de una nueva pericia en primera instancia, en los términos del artículo 475, primer y tercer párrafo, del Código Procesal, que contemplan senas situaciones. En tal caso, lo que intenta vanamente es suplir un déficit de gestión probatoria que no cabe sea enmendado en esta Sede.

A más de ello, cabe resaltar que el apelante confunde prueba en segunda instancia con medidas para mejor proveer, situaciones diferentes, por cuanto estas últimas son dispuestas de oficio por el Tribunal.

En suma, no se han presentado documentos de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia o anteriores desconocidos, no se ha requerido la confesión judicial de la contraria, ni se ha alegado un hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista en el artículo 365 del Código Procesal, que son los únicos supuestos de viabilidad de la apertura reclamada.

III) La nulidad del fallo: Ello sentado paso a considerar el planteo de nulidad de la sentencia, señalando sintéticamente que tampoco es viable por cuanto la cuestión eventualmente puede ser subsanada a través de la apelación. Es que, cabe señalar que doctrina y jurisprudencia han optado por la validez del acto jurisdiccional antes que decretar su nulidad y resolver el asunto desde la perspectiva del recurso de apelación, de suerte tal que debe declararse la nulidad de la sentencia cuando el hipotético vicio no pudiera remediarse al considerar el recurso de apelación (CNCiv., Sala F, en E.D. 69-323), como ocurre en el supuesto de carecer el fallo impugnado de toda fundamentación que impida al recurrente expresar agravios y al Tribunal de Alzada ejercer la potestad revisora (SCBs. As., 26/09/78 en Rep. E.D. 14.841, núm. 24; CApel. CC.Salta, Sala III, tomo 2001, f° 44; íd. tomo 2003, f° 1055; íd. t. 2003, f° 610; CApel.CC. Salta, Sala III, 10-11-03, Fondo vs. Cámara, Expte. de Sala n° 51.162, protocolo año 2003, f° 1062; Id., Id., 28-12-04, Pérez vs. Hospital, Expediente de Sala n° 108758, año 2004, f° 1260; año 2005, f° 237, año 2009 f° 228, entre tantos otros).

IV) Capítulos no propuestos: Asimismo, es acertado lo pretendido por el apelado en cuanto la Sala no puede entrar al mérito de capítulos no propuestos a la decisión del juez en grado. En efecto, es conteste la jurisprudencia en sostener que la afirmación de un hecho no invocado en primera instancia no constituye técnicamente una expresión de agravios en los términos del art. 255 del Código Procesal. Es sabido que el procedimiento de apelación se caracteriza como una revisión dentro de los límites ya fijados en la instancia de origen, y no como una renovación de los trámites que le precedieron. Por regla, se examina el material de conocimiento acumulado en primera instancia y se decide sobre los errores en que puede haber incurrido el juez de la causa (CApel.CC.Salta, Sala III, año 1999, f° 275). En otras palabras, tanto la decisión de primera instancia como la de alzada, deben serlo atendiendo a los términos en que quedara trabada la litis, de modo que no puede entender el órgano superior en aquellas cuestiones que no hubiesen sido sometidas a conocimiento de la instancia anterior. En tal sentido se ha resuelto que si el recurrente introduce nuevas materias en el escrito de expresión de agravios que no fueron puestas a consideración del juez de la instancia anterior, la Alzada no puede revisar las mismas (CApel. Salta, Sala III, 1982, f° 1069; Fallos año 1981, f° 1219; Fallos año 1985, f° 459/466). En nuestro sistema procesal, la segunda instancia es solo un medio de revisión del decisorio emitido en la instancia en grado y no una renovación plena del debate (CNCiv., Sala B, E.D. 65-514; 58-355); la función prístina del tribunal ad quem no es la de fallar en primer grado sino la de controlar la decisión de los magistrados de primera instancia (Hitters: Técnica de los Recursos Ordinarios, La Plata, Lib. Edit. Platense, 1986, pág. 406;CApel.CC. Salta, Sala III, año 1996, f° 787; íd. año 2004, f° 188; íd. íd. año 2004, f° 785; íd. íd. año 2005, f° 68, entre tantos otros).

Por ende, queda fuera de debate en esta sede, la alegada falta de integración de la litis con la Universidad Católica de Salta, en tanto no fue solicitada por el apelante al tiempo de contestar la demanda, y ésta, impuesta del reclamo, pidió tal participación. Opera asimismo en tal caso la preclusión.

V-a) La acción de reivindicación: Los antecedentes de la causa: La demanda de fs. 5, ampliada a fs. 6, es promovida por Eduardo A. Barnetche en contra de Néstor A. Salazar, invocando el primero su calidad de propietario registral del inmueble matrícula 34.294 de Villa San Lorenzo Departamento Capital, predio del que tuvo la posesión desde la escritura de transmisión del dominio a su favor, en el año 1976, hasta diciembre de 1983 en que lo dejó desocupado. En el año 1998 -según dice se informa que un intruso había ingresado a la parcela negándose a abandonarla, con el argumento de que adquirió los derechos posesorios de la Universidad Católica de Salta. Al replicar la pretensión, Salazar reconviene por posesión veinteñal y dice que la posesión que ejerce deviene de haberla adquirido de la Universidad Católica de Salta pues en el año 1978 Barnetche dio en pago el inmueble por una deuda que tenía con la Institución, comprometiéndose verbalmente a firmar la escritura, lo que no hizo, pero lo cierto es que desde entonces la Casa de Estudios ejerció actos posesorios y es así como le facilitó la propiedad habiendo él realizado el cerco perimetral. Tal reconvención fue replicada a fs. 50/54. En esos términos, ha quedado trabada la litis.

V-b) Encuadre jurídico: Según el art. 2.758 del Código Civil, la acción de reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquél que se encuentra en posesión de ella. Se trata de una acción real que tiene por objeto hacer declarar en juicio la existencia del derecho real en aquellos casos en que haya mediado desposesión de la cosa y, así, obtener su restitución. Para su ejercicio, en orden a la legitimación activa, se requiere entonces la titularidad del derecho real respectivo; en el litigio ya no estará en discusión el hecho de la posesión, sino que versará el mismo sobre el derecho de poseer (Papaño, Kiper y otros Derechos Reales, t. III, pág. 91, CApel.CC.Salta, Sala III, 25/8/97, año 1997, f° 545).

Se ha señalado que "toda reivindicación fundada en el dominio requiere: 1) la prueba del dominio; 2) la consiguiente prueba de la posesión (ya que no hay dominio sin tradición y posesión -arts. 577, 2.601 y cc. Código Civil-); 3) la ulterior desposesión; 4) la identidad de lo propio y lo que se quiere reivindicar (del voto del Dr. Colmo, en el plenario publicado en J.A. 10-397). Héctor Lafaille, a su vez, señala que los requisitos para entablar la acción reivindicatoria son: a) derecho de poseer en el demandante, b) pérdida de la posesión en el actor; c) posesión actual del demandado; d) "cosa".en condiciones de ser objeto de posesión, para lo cual habrá de ser cosa presente y no futura y hallarse perfectamente determinada. Todos estos factores deben referirse al inmueble reclamado, pues de otro modo la reivindicación fallaría por su base (Lafaille: Derecho Civil - Tratado de los Derechos Reales, t. V, vol. III, Bs. As. Ediar, 1945, pág. 403/404).

La Sala III de la Corte de Justicia de la Provincia dijo que según lo establece el art. 2.758 del Código Civil, para entablar la acción reivindicatoria deben llenarse los extremos siguientes: a) derecho de poseer en el actor; este elemento se refiere principalmente al título de dominio; b) pérdida de la posesión en el actor reivindicante; c) posesión actual en el demandado; d) que el bien inmueble a reivindicar esté perfectamente determinado (CJSalta, Sala III, tomo 20, pág. 434; CApel.CC.Salta, Sala III, año 1981, f° 1179; íd. íd. año 1982, f°. 23/40).

El reivindicante, entonces, debe precisar con exactitud la cosa que reivindica, estableciendo la identidad de la que sus títulos indican con la poseída por el reivindicado, y su situación exacta en caso de inmuebles ha de resultar de probanzas concluyentes. Ante la imposibilidad de ubicar el terreno que se intenta reivindicar, corresponde el rechazo de la demanda entablada (CNCiv., Sala E, voto del Dr. Calatayud, E.D. 47-580; CApel.CC. Salta, Sala III, año 1981, f°. 1.179; íd. íd. año 2000, f°. 20).

Queda claro entonces que para el ejercicio de la acción, en orden a la legitimación activa, el reivindicante debe demostrar su derecho a la posesión, que se concreta mediante el título, lo que responde al concepto de causa, es decir al acto jurídico que sirve de sustento a la tradición a los efectos de adquirir el dominio; por ejemplo, venta, donación, etc. (Papaño, Kiper, Dillón y Causse: op. cit., págs. 142 y 144); es decir, toda clase de acto que acredite la existencia de la propiedad de la cosa reivindicada (S.T. Justicia de Entre Ríos, 07-04-97, L.L. Litoral, 1998-995). Es el reivindicante quien tiene la carga de la invocación y demostración del título de dominio, lo que constituye un presupuesto esencial para el ejercicio de la acción reivindicatoria (C.S. Tucumán, Sala Civil y Penal, 13-5-96, L.L. 1996-E490; ver voto del Dr. Colmo, ya individualizado en el párrafo anterior).

Coincidentemente se dijo que si la acción reivindicatoria nace del dominio, es obligación primaria e ineludible del reivindicante aportar la prueba de su propiedad sobre el bien que intente reivindicar por alguno de los modos que establece el Código Civil; y la calidad dominial se demuestra con el título correspondiente (CApel.CC. San Martín, Sala I, 22-12-83, E.D. 109-301). La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a su vez, destacó que si en el pleito por reivindicación no se ha traído el título pertinente, que es una de las causas por las cuales se adquiere el dominio, la sentencia no puede reposar en presunciones ni definir por libre convicción o subjetiva persuasión, pues esto tampoco lo permite nuestro sistema de derecho sustancial y formal (C.S.J., 23-10-75, L.L. 1976-A-244, y J.A. 1976-II377; C.Apel.CC. Salta, Sala III, año 2001, f°. 452).

La ley exige entonces que el que se titula dueño debe probar tal aserto para que la acción sea viable. Ello así, la determinación de la condición de dominio que debe revestir el accionante, es reclamada sine qua non, ya que esta acción tiende a modificar el estado actual de una cosa restituyendo la posesión al reclamante. Conviene señalar que el Codificador ha seguido en esta materia la inspiración de Pothier, apoyado por generalidad de la doctrina y jurisprudencia francesas, que llaman título de propiedad a todo acto jurídico que tiene por objeto hacer pasar, de una forma a otra, la propiedad de una cosa. Así, a través de diferentes artículos, Vélez Sársfield ha contemplado las situaciones en que el accionante es el único que acompaña títulos anteriores o posteriores a la posesión del demandado, y en los que ellos son presentados por ambas partes. Dicho título puede consistir, tratándose de inmuebles, en escritura pública traslativa -venta, permuta, donación, etc., o bien declarativa- partición entre otras (conf. Lafaille, Derechos Reales T III n° 2096; Marina Mariani de Vidal, T III pág. 213). El art. 2.789 del Código Civil dispone que si el título del reivindicante que probase su derecho a poseer la cosa, fuere posterior a la posesión que tiene el demandado, aunque éste no presente título alguno, no es suficiente para fundar la demanda. Según el supuesto aprehendido por la norma, faltaría el ius possidendi, ya que la anterior posesión del demandado obstaculiza a que el título pueda perfeccionarse y no es admisible que puedan concurrir dos posesiones iguales, y opuestas sobre la misma cosa (art. 2.401 del Código Civil). Según Lafaille, el legislador no considera hábil al título del reivindicante posterior a la posesión del accionado para que la acción pueda prosperar, a menos que fuera reforzado por otros más antiguos capaces de justificar que quien transmitió la cosa era efectivamente el dueño de ella, pues el acreedor puede ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a la persona, juzgándose que cada enajenante ha transferido la cosa a su adquirente cum omni sua causa, es decir con todos los derechos que le competían (Conf. Lafaille, Derechos Reales, T. III N° 2047 pág. 407). En ese orden de ideas puede afirmarse que cuando el Código exige la presentación del título que acredita el derecho a poseer del actor, no se refiere al título en sentido instrumental, sino a la causa en que se apoya el derecho, al acto jurídico hábil para transmitir la propiedad. Por eso Pothier, a quien sigue la norma citada, sostiene que el título no es suficiente para fundar la demanda, a menos que se produzcan otros títulos más antiguos que justifiquen que aquél que ha vendido o donado la heredad que es objeto de la demanda, era efectivamente el propietario. Como consecuencia lógica, para nuestro derecho son necesarios el título y el modo para que se produzca el nacimiento del derecho real, por lo que éste nunca pudo haber nacido para el reivindicante con título, si a la fecha del mismo la posesión se encontraba en manos del demando. Por ello la Corte Federal ha expresado que el art. 2.789 citado, no puede ser aplicado en forma aislada, sino correlacionándolo con el art. 2.790 del mismo cuerpo legal (CSJN, ED, 22-514).

En autos, esta exigencia está satisfecha, pues el accionante ha probado ser el titular registral del inmueble cuya reivindicación reclama y, además, tal calidad no fue contradicha por el demandado.

Por otra parte, para que esta acción sea procedente, debe existir privación de la posesión a través de la comisión de un acto ilícito (Lafaille: Derecho Civil. Tratado de los Derechos Reales, Tomo III, pág. 463, n° 2094, nota 206). Así, si una persona voluntariamente traspasó la posesión al formalizar una promesa de venta, luego no puede ejercitar la reivindicación.

Santos Cifuentes en su Código Civil Comentado (Editorial La Ley, Bs. As., 2005, pág. 485) precisa que el concepto de despojo que hace viable la acción de reivindicación de inmuebles, es amplio y abarca a toda clase de desposesión, realizada con o sin violencia. La acción posesoria promovida por el titular del derecho real aún rechazada, no impide la posterior petitoria. En esa orientación cita jurisprudencia que sostiene que existe despojo no sólo en caso de violencia, sino cuando media clandestinidad, abuso de confianza o cualquier otro medio que prive al propietario del libre ejercicio de su derecho de poseer (CApel Noroeste de Chubut en L.L 2000 -F,699).

V-c) La solución del caso: En su fundado pronunciamiento, la señora Jueza en grado repara que del análisis de la prueba colectada no surge que la Universidad haya poseído -en el sentido jurídico el inmueble materia del proceso, pues si bien es cierto tuvo un vínculo laboral con el actor y que le facilitó una suma de dinero, lo cierto es que el actuar del párroco Normando Requena no puede ser considerado como hecho en nombre y representación de la Universidad Católica de Salta, toda vez que el Arzobispado ha desconocido tal representación, tal como lo puntualiza la sentencia a fs. 248 vta.

Por otra parte, no hay constancias de que el Arzobispado haya sido titular de derechos posesorios; mas aún negó tal calidad y por ende no puede Salazar alegar haber recibido la posesión de quien no la tenía y es un principio liminar en nuestro ordenamiento jurídico, plasmado en el artículo 3270 del Código Civil de que nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o mas extenso que el que gozaba; y recíprocamente nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y mas extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere.

El principio contenido en el art. 3270 del Código Civil, es aplicable a la cuestión debatida, debiendo recordarse que corresponde a la teoría de los actos jurídicos, y es una regla de necesarias consecuencia prácticas. Con relación a tal precepto, comenta Lafaille, "Si pues, alguno adquiere de quien no tenía derecho suficiente, y entrase a poseer un inmueble sin título, salvo el remedio de la usucapión, se encontraría irremisiblemente perdido dentro del juicio petitorio, cuando tuviera por adversario al dueño de la cosa", lo cual, dice el civilista, es una solución legal de lógica impecable, ya que no se concibe dar más de lo que se tiene, ni lograr por vía de transferencia derechos más perfectos de los de su causante, y responde a los dictados de la justicia, "pues nada más conforme a ella, que en la contienda sobre el ius possidendi triunfe el pretendiente de mejor título" (Lafaille, H. Derecho Civil, t. V, Tratado de los Derechos Reales, vol. III, p. 440), opinión a la que adhiero y que fundamenta sobremanera el rechazo del recurso intentado.

Y si alguna duda queda en orden a la representación que alude tuvo el cura Requena por la Universidad Católica de Salta, y que fuera éste quien le suscribió el convenio de cesión de derechos y acciones posesorios de fecha 4 de diciembre de 1998, la cuestión queda disipada con las conclusiones del informe pericial de fs. 191/205, toda vez que el perito calígrafo Juan López afirma que la rúbrica inserta en el aludido documento no pertenece al Sr. Normando Joaquín Requena, siendo del caso reiterar que de las conclusiones del informe pericial fue impuesto el apelante (ver cédula de fs. 209) sin que ninguna objeción formule, por lo que debe tenerse por cierta tal aseveración, máxime cuando ha explicitado con suficiencia las razones que avalan lo concluido de su parte. De modo que ha quedado suficientemente demostrado que el apelado tiene título de dominio y, en cuanto a la posesión, no consta que hubiera la contraria accedido a ella en legal forma, tratándose de un ocupante que debe reintegrar la misma.

V-d) Bajo el esquema general de distribución de la carga probatoria, correspondía al reivindicante probar los hechos positivos en que fundaba su pretensión, esto es: que es titular del derecho de poseer (ius possidendi) y asimismo que el demandado posee indebidamente el objeto de su derecho. Y puede sostenerse sin hesitación que aquél cumplió con la exigencia legal, no así el apelante quien no pudo demostrar el derecho a continuar poseyendo un inmueble cuyo dominio no le pertenece.

VI) Las costas: De cargarlas el demandado, por la apelación resuelta, en aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 67 del Código Procesal).

La Dra. Liliana Loutayf Ranea, dijo:

Que, por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Domínguez.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR al pedido de apertura a prueba en segunda instancia formulado por el demandado._ II) RECHAZA el recurso de apelación de fs. 255. En su mérito, CONFIRMA la sentencia de fs. 246/250 en lo que fuera materia de agravios. CON COSTAS.

III) COPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE