Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-29


Causa Nº 158-00/CC/2005 Recurso de Inconstitucionalidad en autos "P., G. A. y otro s/inf. al Art. 189 bis del CP".

//n la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de mayo del año 2007, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Elizabeth Marum, José Sáez Capel y Marcelo P. Vázquez, a efectos de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Patricia B. López -cotitular de la Defensoría Oficial en lo Contravencional nº 1-, a fs. 959/977 de la presente, de la que:

RESULTA:

1) Que a fs. 944/955, obra la sentencia de esta Sala -de fecha 30/3/2007- por la que se resolvió: I) Confirmar el rechazo de la excepción de cosa juzgada y nulidad absoluta de las actuaciones por afectación al principio non bis in idem solicitada por la defensa (arts. 166 y sgtes. del CPPN -a contrario sensu-); II) Confirmar la sentencia en cuanto en su punto IV rechaza la nulidad del procedimiento policial, incoada por la defensa (arts. 166, 167 y 168 -a contrario sensu- y arts. 184 inc. 5º, 230 bis y 231 del CPPN); III) Confirmar la sentencia en cuanto en su punto V.- Condena a G. A. P. a la pena de seis meses de prisión, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (arts. 45 y 189 bis, tercer párrafo del CP, texto según ley 25.086); IV) Confirmar la sentencia en cuanto en su punto VI: Impone al nombrado P. la pena única de cuatro años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, abarcativa de la pena impuesta precedentemente y de la sanción única de cuatro años, con declaración de reincidencia por primera vez, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 3 el 28 de octubre de 2005 en la causa nº 2122, comprensiva de la de un año de prisión y costas, por ser autor penalmente responsable del delito de robo simple cometido en grado de tentativa, en concurso real con robo simple, oportunidad en que revocó la libertad condicional otorgada en el legajo nro. 20.073 del Juzgado de Ejecución Penal nro. 1, y que a su vez abarcó la de tres años de prisión y costas, aplicada el 20 de septiembre de 2004 por ese mismo tribunal en el expediente nro. 1876, por ser coautor del delito de robo simple reiterado en dos oportunidades, en concurso real con el de lesiones leves, éste en calidad de autor (arts. 45, 58 y 189 tercer párrafo del CP); V) Confirmar el punto VII de la sentencia en cuanto mantiene la declaración de reincidencia de G. A. P. (art. 50 CP); VI) Confirmar el punto dispositivo IX de la sentencia en cuanto dispone el decomiso del arma y de las municiones secuestradas (art. 23 CP y 7 Ley25.938); y VII) Tener presente las reservas efectuadas por la defensa.

2) Que a fs. 959/977, luce el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Sra. Defensora Oficial contra la decisión supra reseñada.

En primer lugar, entiende que se encuentran reunidos los requisitos de admisibilidad de la vía intentada, señalando que el recurso se interpone ante la Cámara (tribunal superior de la causa), por escrito y con su pertinente fundamentación, dentro del plazo previsto en el art. 28 de la ley 402.

En cuanto a los agravios expuestos, sostiene que la resolución adoptada por esta Sala resulta arbitraria por las siguientes cuestiones:

A) Violación al principio de non bis in idem dado que al ingresar la causa a la justicia contravencional se sometió al imputado a un nuevo juicio de valor sobre un supuesto de hecho típico delictivo que ya había sido ponderado. Al respecto, sostiene que la causa se inició originariamente por la portación del arma secuestrada, razón por la cual al ser tajantemente desechada por el juez nacional de menores que intervino primero, esa acusación no puede ser renovada en desmedro del individuo, máxime cuando se remitió a esta sede jurisdiccional con el solo objeto de que se investigue una contravención y no la comisión del delito que ya había sido descartada. Refirió que una vez que se ha optado por una determinada calificación no es válido intentar posteriormente un encuadramiento distinto. Finalmente, refiere que la interpretación efectuada por esta Sala viola la garantía en cuestión, pues no debe confundirse la persecución de un mismo suceso con una calificación jurídica distinta de la decisión firme, sobre un posible encuadre jurídico del hecho que no puede ser reeditado. En este sentido sostuvo que el Estado a través de sus distintos órganos tiene una sola oportunidad de llevar a un imputado a juicio por un hecho determinado, pues "sería notoriamente atentar contra la vigencia de la garantía en examen que se le permitiera al Estado, a través de sus múltiples recursos, juzgar una y otra vez el mismo hecho al amparo de sucesivas calificaciones, para ver con cuál de ellas se tiene mas suerte".

B) Violación a la garantía de "plazo razonable" porque se excedió el plazo previsto para la investigación penal preparatoria (art. 56 inc 2º LPC). Al respecto, sostiene que las presentes actuaciones se iniciaron el día 19/12/2003, que el 9/2/2005 se recibió declaración al imputado en los términos del art. 41 LPC, y recién el 21/3/2005 se formuló el requerimiento de elevación a juicio, por lo que corresponde el archivo de las actuaciones. Considera que la interpretación efectuada en la resolución puesta en crisis de contar el plazo de dos meses al que se refiere la norma a partir de la declaración prestada por el imputado (art. 41 LPC) es arbitraria, dado que dicho lapso debería comenzar a correr desde el inicio de las actuaciones.

C) Agravio basado en la errónea valoración de la prueba y la atribución normativa asignada al caso (afectación al principio de inocencia y legalidad): en este sentido, cuestiona la disponibilidad del arma respecto de P., agregando que su acreditación se sustenta en afirmaciones meramente dogmáticas. Aclara que el pronunciamiento condenatorio se basó en un forzamiento del tipo penal aplicado, extendiendo indebidamente la responsabilidad por la portación del arma hacia su defendido. Si bien, en principio, las cuestiones de hecho y prueba resultan ajenas al ámbito del recurso de inconstitucionalidad, la naturaleza del planteo impone incursionar en algunas circunstancias fácticas del caso, dado que se encuentran ligadas a un caso constitucional. Refiere que la disponibilidad del elemento no pudo en forma alguna haberse configurado en autos por parte de su asistido, ya que el arma en cuestión había sido encontrada debajo del asiento delantero del acompañante del conductor. Por tal motivo, la inexistencia de tal requisito descarta la exigencia de uso inmediato del arma, puesto que si el agente no posee contacto directo con el arma, tampoco puede disponer de ella en forma inmediata. Finalmente, alega que resulta jurídicamente insuficiente imputar a los dos sujetos como autores, dadas las características de ese delito de propio mano, ya que solo es susceptible de ser cometido por el único sujeto que guardaba el arma bajo su esfera de custodia.

D) Agravio basado en la excesiva pena única impuesta por el sentenciante. Considera que el último juez que dicta sentencia debe aplicar su propio criterio dentro de la escala que se obtiene del concurso real, incluso sin quedar obligado a respetar los montos. El quantum de la pena impuesta por el magistrado deviene arbitraria puesto que no brindó ninguna argumentación suficiente para descartar una alternativa más beneficiosa para el encausado en su proceso de rehabilitación.

3) Que a fs. 114/15 luce el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara quien considera que debe rechazarse el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Si bien sostiene que el remedio procesal intentado resulta formalmente admisible y recae sobre una sentencia definitiva, afirma que en el caso de autos no se verifica la existencia de un verdadero caso constitucional.

Refiere sobre los distintos agravios que: A) afectación a la garantía "ne bis in idem": el recurrente intenta introducir nuevamente los argumentos que fueran materia del recurso de apelación, y omitió esgrimir su crítica a la luz de los derechos constitucionales. Así, sostiene que los agravios expuestos reflejan un mero desacuerdo con cuestiones de derecho común, ajenas al recurso de inconstitucionalidad. B) Afectación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable: considera que no logra conectar sus quejas con un motivo de impugnación de carácter constitucional, y cita jurisprudencia del TSJ. C) y D) Agravio basado en la errónea valoración de la prueba y atribución normativa asignada al caso. La afectación al principio de inocencia y legalidad; y agravio basado en la excesiva pena única impuesta por el sentenciante. Al respecto, señala que la interpretación y aplicación de las normas de derecho común no resulta apta para ser tratada en la instancia extraordinaria local, y que la defensa no ha esgrimido ningún argumento válido que permita vislumbrar la posibilidad de un pronunciamiento judicial contrario a derecho.

4) Que a fs. 981 pasan los autos a estudio del Tribunal.

PRIMERA CUESTIÓN.

La presentación ha sido fundada e interpuesta dentro del plazo legal establecido, se efectuó ante este Tribunal y contra la resolución que resuelve en forma definitiva la imputación formulada. Con ello corresponde afirmar la procedencia formal del recurso (arts. 27 y 28 Ley 402).

SEGUNDA CUESTIÓN.

Para un mejor análisis de la cuestión, deviene necesario tratar cada agravio propuesto por la defensa, a efectos de concluir si con ellos logra señalar la existencia de alguna cuestión constitucional hábil para convocar la competencia extraordinaria de nuestro máximo Tribunal local.

a) Agravio basado en la afectación del principio del "non bis in idem".

Sostiene la defensa que al ingresar la causa a la justicia contravencional se sometió al imputado a un nuevo juicio de valor sobre un supuesto de hecho típico delictivo que había sido ponderado, toda vez que el juez nacional de menores que intervino primero había descartado la figura de portación de arma de uso civil y se remitió a esta sede jurisdiccional con el sólo objeto de que se investigue una contravención. Al respecto, refirió que una vez que se ha optado por una determinada calificación no es válido intentar posteriormente un encuadramiento jurídico distinto y la interpretación efectuada por esta Sala viola la garantía en cuestión .

En primer lugar, cabe adelantar que el planteo de la defensa no tendrá acogida favorable pues no se advierte un caso constitucional. En efecto, además, de introducir ningún argumento nuevo destinado a revatir lo expuesto por esta Alzada, tampoco demuestra ninguna violación constitucional ya que la garantía en cuestión impide la múltiple persecución por un mismo hecho, de tal modo que si alguien fue juzgado por un suceso, cualquiera que sea el resultado, no puede ser juzgado o perseguido nuevamente. Así, para vulnerar aquel principio que comienza a funcionar desde que existe una amenaza de doble persecución, es decir, de riesgo a ser sometido nuevamente a juicio por el mismo hecho (CSJN, fallos 299:221) se requiere que medie identidad de persona, de hecho y de causa de persecución. Sobre esta base, no se ha demostrado la existencia de conexión alguna entre dicho principio y el caso de autos, máxime cuando la modificación de la calificación legal de un mismo hecho no puede constituir un doble juzgamiento en relación al mismo acontecimiento fáctico, entendido ello, como la aplicación del principio iurit novit curia.

b) Agravio basado en la violación a la garantía de "plazo razonable".

Al respecto, se agravia la defensa por entender que se excedió el plazo previsto para la investigación penal preparatoria (art. 56 inc 2º LPC). Así, refiere que las presentes actuaciones se iniciaron el día 19/12/2003, que el 9/2/2005 se recibió declaración al imputado en los términos del art. 41 LPC, y recién el 21/3/2005 se formuló el requerimiento de elevación a juicio, por lo que se ha extendido holgadamente el lapso legalmente previsto, correspondiendo el archivo de las actuaciones. En este sentido, considera que la interpretación efectuada en la resolución puesta en crisis de contar el plazo de dos meses al que se refiere la norma a partir de la declaración prestada por el imputado (art. 41 LPC) es arbitraria, dado que dicho lapso debería comenzar a correr desde el inicio de las actuaciones.

En este punto, el agravio planteado tampoco va a prosperar, pues las las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación de las normas de derecho común son ajenas al recurso de inconstitucionalidad cuando no se explicita el desapego de dicha interpretación con las normas constitucionales (Causa N° 197-00-CC/2004 "Enriquez, Rafaela s/ inf. Art. 68- Inconstitucionalidad", rta. 05/10/04). En este sentido, el TSJ de esta ciudad ha dicho que "la interpretación de las normas procesales..., la valoración de la prueba..., y la hermenéutica que corresponde asignar a las conductas descriptas en el Código Contravencional (en nuestro caso sobre la infracción al artículo 189 bis del CPPN) ... son propias de los jueces de la causa y, por regla ajenas al control de esta instancia extraordinaria" (del voto de la doctora Ana María Conde en Expte. nº 2197, "Ministerio Público / Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 6 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Caro, Maximiliano Daniel s art. 81 y 83 CC / apelación", rta: 10/9/03), circunstancia que configura el caso de autos pues la defensa cuestiona la interpretación realizado por esta Sala del art. 56 inc. 2 LPC.

Por otro lado, como bien señala la Sra. Fiscal de Cámara, el TSJ ha resuelto que "lo que está en juego es exclusivamente la posibilidad de que el agotamiento de un plazo haya producido por imperio de la ley la caducidad del poder del fiscal de formular la acusación. Pero, más allá de la solución de este punto ... no se invoca ni la inconstitucionalidad de la ley por prever un trámite cuya prolongación sea incompatible con el derecho a la duración razonable del proceso, ni una aplicación por parte del juzgador que arroje semejante resultado" (Expte. nº 4170 "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 4 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ponzoni, Manuel Eduardo s/ inf. Art. 189 bis tercer párrafo del CP" -voto Dr- Lozano-). Asimismo, se ha sostenido que "En efecto, la apelante cuestiona el modo en que se aplicó el art. 56, inc. 2 de la LPC invocando que la investigación preparatoria en este proceso excedió el plazo legalmente previsto como límite máximo con menoscabo del derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable. Empero, no es la investigación en el sentido inequívoco de la ley, esto es, como conjunto de actos del fiscal, lo que aqueja al recurrente, sino el momento en que debió comenzar a computarse el plazo establecido en dicha norma -el juez de merito entendió que el plazo debía comenzar a correr desde la realización de la audiencia del art. 41 de la LPC y no a partir de la radicación del expediente en la fiscalía como postula la defensa-, lo cual no demuestra que le haya provocado detrimentos de sus libertades que excedan la normal carga de soportar una investigación e statal" (Expte. n° 4178/05 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Tosto, José Néstor s/ inf. art. 189 bis del CP'" -voto del Lozano-).

c) Agravio basado en la errónea valoración de la prueba y la atribución normativa asignada al caso (afectación al principio de inocencia y legalidad).

Al respecto, la defensa cuestiona la disponibilidad del arma respecto de P., sosteniendo que su acreditación se basa en afirmaciones meramente dogmáticas. Asimismo, refiere que la disponibilidad del elemento no pudo en forma alguna haberse configurado en autos por parte de su asistido, ya que el arma en cuestión había sido encontrada debajo del asiento delantero del acompañante del conductor. Finalmente, alega que resulta jurídicamente incorrecto imputar a dos sujetos como autores, dadas las características de ese delito que es de propio mano.

Aquí, la crítica se dirige hacia cuestiones de hecho y prueba que, por regla, resultan ajenas a la instancia extraordinaria (TSJ, Expte. 1061/01 "Cruz", voto de los Dres. Muñoz y Conde, y Expte. 1509/02, "Abalos", voto del Maier, entre otros).

Por otro lado, el agravio tampoco resulta admisible, puesto que como se desprende de la lectura del remedio procesal intentado, el impugnante únicamente se ha limitado a reiterar argumentos ya expresados en planteos anteriores, los que no superan los límites de la mera discrepancia con lo resuelto, sin lograr expresar en qué forma los fundamentos de la decisión que cuestiona contrarían disposiciones constitucionales.

En esa inteligencia, cabe recordar que "Los recurrentes, tras aparentes (e insuficientemente planteadas) cuestiones constitucionales, manifiestan su desacuerdo con la interpretación de reglas infraconstitucionales efectuada en la sentencia recurrida. Sin embargo, aunque postulan otro criterio de interpretación de la norma procedimental, no logran señalar el desapego constitucional de la hermenéutica efectuada por la alzada. El recurso ahora interpuesto no tiene por misión el análisis e interpretación de Derecho local común" (Expte. TSJ nro. 1976/02 "Labayru, Julia Elena y otros c/ GCBA s/amparo (art. 14 CCABA, del voto de los Dres. Julio Maier y Ana María Conde, rta el 9/4/2004).

Finalmente, en cuanto a la presunta violación al principio de legalidad por parte de esta Cámara, cabe reproducir lo expuesto por el TSJ en que "(n)o en todo caso en que se sostiene una interpretación distinta de la ley penal se trasforma, automáticamente en una posible lesión al principio de legalidad ... En esta causa, las disquisiciones de la defensa no provienen de la ley, interpretada con argumentos racionales por quienes condenan..., sino de una interpretación específica de ella propuesta por el recurrente cuyo acierto o desacierto, por tratarse de legislación infraconstitucional, no puede ser apreciado sin más por este Tribunal" (TSJ, voto del Maier, expte. 4012/05 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 5- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Otegui, Emanuel Bruno Antonio s/art. 189 bis CP-apelación-", rta. el 19/10/2005).

d) Agravio basado en la excesiva pena única impuesta por el sentenciante.

Finalmente, se agravia la defensa por el monto de pena impuesta por el magistrado de grado, pues considera que aquélla es arbitraria dado que no brindó ninguna argumentación suficiente para descartar una alternativa más beneficiosa para el imputado en su proceso de rehabilitación.

En este punto, la crítica que realiza el impugnante en referencia a la fundamentación de la sanción responde a una disconformidad con el monto de la pena impuesta, y en tal sentido su graduación sólo compete -como principio y salvo manifiesta arbitrariedad, que el recurrente ni siquiera funda -al juez de mérito.

Así, la determinación de la pena por unificación según el art. 58 del C.P. -ha sido mensurada en atención a las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P. y en base al criterio composicional, no logrando la defensa efectuar una crítica acertada a la luz del recurso que pretende.

En efecto, el recurrente no conecta el planteo con una cuestión constitucional, pues en todo caso debería explicar por qué razón se vería afectado el principio de "proporcionalidad" entre la pena impuesta y el hecho delictivo reprochado, teniendo en miras además la pena anterior que registraba el encartado que produjo la unificación de sanciones.

Como ha expresado esta Sala, "La vía elegida no es eficaz para corregir en tercera instancia, sentencias que el recurrente estime equivocadas según sus divergencias con el criterio con que fueron seleccionadas y valoradas las pruebas de la causa o interpretadas las normas de derecho común que las rigen. Resulta ostensible que los agravios carecen de novedad, si se los compara con los presentados anteriormente" (Causa Nº 1602-00-CC/2003 -"Roldán, Hugo Daniel por infracción art. 72. CC. Recurso de inconstitucionalidad", rta: 2/4/04).

Por tales motivos, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Por lo expuesto este Tribunal;

RESUELVE:

I) Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad presentado, a fs. 959/977, por la Sra. Defensora Oficial a cargo de la asistencia técnica de G. A. P. (arts. 27 y 28 Ley 402).

II) Tener presente la reserva formulada.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia a sus efectos.

va Ante mí:

Dejo constancia que el José Sáez Capel no firma por encontrarse en uso de licencia.