marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia criminal, competencia por el territorio, lugar del hecho, estafa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Giner, Gonzalo s/ dcia. estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-06

Razones de economía procesal aconsejan atribuir la competencia para entender en la causa por el delito de estafa al magistrado con jurisdicción en la ciudad donde el imputado recibió la mercadería, manifestó tener su domicilio, concretó la operación de manera telefónica y se vinculó con sus posteriores clientes a través de un intermediario radicado en ella.
Recurso de revisión (procesal), competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LÓPEZ, MANUEL. s/ RECURSO DE REVISIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-11-19

LA COMPETENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL PARA ENTRAR A CONOCER Y RESOLVER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL CONDENADO, POR EL QUE SOLICITA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA LEY 23.057, ES INCUESTIONABLE, HABIDA CUENTA DE LA EXPRESA DISPOSICIÓN QUE PREVEE EL ARTÍCULO 137 INCISO 2 APARTADO C) DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL , QUE LE CONFIERE JURISDICCIÓN ORIGINARIA Y EXCLUSIVA EN "LOS RECURSOS DE REVISIÓN, CON SUJECIÓN EXPRESA A LA LEY DE LA MATERIA"
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, regulación de honorarios, honorarios del perito
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Maqui, Eduardo Miguel y otro c/ Sulfatos Argentinos  S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la decisión que reguló los honorarios al perito: art. 280 del Código Procesal.
Hábeas corpus, decreto de necesidad y urgencia, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, coronavirus, cuarentena, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kingston, Patricio c/  s/ hábeas corpus
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-21

Corresponde rechazar el hábeas corpus con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, dado que, si bien el aislamiento dispuesto constituye una restricción a la libertad ambulatoria y al derecho de reunión (art. 14 C.N.), ello tiene sustento en las razones de salud pública de público conocimiento que dieron origen a la decisión adoptada. Cabe destacar que la medida dispuesta tiende a la preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es la salud pública, no sólo del afectado en forma directa -como podría serlo el accionante-, sino de los terceros con los que se tenga contacto en caso de ser afectado por el COVID-19.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad corporal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López Rega, José s/ causa N. 19.765.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

La libertad ambulatoria constituye un bien irreparable en su afección, consumada por el transcurso irrecuperable del tiempo, bien que demás por su esencia es inconmensurable con otros con que se pretenda compensar su pérdida, en la hipótesis de que ello deba hacerse.
Recurso de revisión (procesal), sentencia no firme
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Recaudador del canal matriz bajada de Araujo c/ Segundo Bilbao s/ Apremio - Revisión (Libro: A050-202) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1951-06-27

No es sentencia definitiva contra la cual quepa el recurso de revisión la que rechaza un incidente de nulidad.
Recurso de casación, procedencia del recurso, cuenta corriente bancaria, prescripción decenal
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Montañez, Víctor Alfonso y otros s/ Ejecutivo - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-02-17

Constituye un error considerar que la ubicación de la cuenta corriente bancaria dentro del Código de Comercio pueda servir de fundamento para determinar que, al igual que a la cuenta corriente mercantil, le resulta aplicable el plazo de prescripción previsto en el artículo 790 del Código de Comercio, ni tampoco puede válidamente sostenerse que esta norma rija por aplicación analógica o supletoria.

Los plazos breves de prescripción no son aplicables por analogía, pues son reglas de excepción frente a los plazos ordinarios. En consecuencia, no existiendo norma expresa que contemple la prescripción de la cuenta corriente bancaria, y no cabiendo la aplicación por analogía del plazo abreviado previsto para la cuenta corriente mercantil, la única opción válida que surge de la hermenéutica del Código de Comercio es que para la cuenta corriente bancaria rige el plazo de prescripción común previsto en el artículo 846
Deberes del juez, aplicación de la ley, equidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Licanic,   Juan   Lenin c/ Volpino  Laboratorios  S.A.  y  otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-18

Los motivos de equidad subjetivamente apreciados no pueden servir de pretexto para que los jueces dejen de aplicar las normas legales cuya sanción y abrogación está reservada a otros poderes del Estado.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, Derecho laboral, empleo no registrado, seguro de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: PEÑA, NORA DEL VALLE c/ FIGUEROA OUTES, GUILLERMO ALFONSO Y/O SUS SUCESORES Y/O SUS HEREDEROS FORZOSOS Y/O FIGUEROA SOLA, MARIANO Y/O FIGUEROA SOLA, GUILLERMO Y/O FIGUEROA SOLA, ALVARO Y/O FIGUEROA SOLA, CAROLINA Y/O FIGUEROA SUAQUE, VICTORIA s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-13

Ante la falta de registro lo que justifica la reparación del daño es que el hecho de haberlo omitido trabajadora se vio privada de gozar de la posibilidad de percibir la prestación por desempleo: en la medida en que durante el lapso en que la relación no fue registrada, el empleador no ingresó las contribuciones destinadas a financiar el Fondo Nacional de Empleo.

"Habiendo el legislador previsto en el Título IV de la ley 24.013 (DT, 1991-B, 2333) -arts. 111 a 127, inclusive- la regulación del fondo de desempleo y los aportes que corresponde efectuar al empleador, es procedente la condena impuesta para que abone el seguro respectivo, si el trabajador no pudo percibir el beneficio por falta de los aportes necesarios para su obtención" (doctrina de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "Balbuena, Carlos Miguel c. Reich, Paulina y otro", del 24 de mayo de 2.006).
Prioridad de paso, accidente de tránsito
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Marcilla, Marcelo Oscar c/ Avila, Manuel Gerardo y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-13

Corresponde casar parcialmente la sentencia por errónea interpretación del artículo 41 de la Ley 24.449 y violación de los artículos 51, incisos a)-1 y e)-1 de idéntica norma; 68, inc. e) de la Ordenanza Municipal de la ciudad de Neuquén y 1111 del Código Civil -Art. 15°, incisos a) y b), de la Ley 1.406- y en consecuencia atribuir responsabilidad concurrente al motociclista y al conductor del camión demandado por los daños derivados del accidente que protagonizaron en un cruce de calles, pues el carácter absoluto que la norma asigna a la prioridad de paso a quien circula por la derecha pretende poner fin a la polémica que se plantea respecto de los pretendidos derechos de quien llegó primero a la encrucijada, pero en modo alguno puede interpretarse que otorga al que viene por la derecha la facultad de arrasar con todo a su paso, porque ello no sólo sería injusto sino que pondría en peligro absoluto la circulación por la vía pública, al llevar a la regla de la prioridad a una desbordada aplicación.
Cobro de sumas de dinero, estatuto profesional, trabajadores de la construcción, medios de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Rey Orlando Oscar Jose  c/ Zhuo Chunsheng s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-23

El ámbito de aplicación personal del estatuto profesional de la industria de la construcción, se determina por dos pautas relacionadas entre sí, una objetiva (la realización de actividades insertas en la industria) y otra subjetiva (vinculada a los sujetos comprendidos en el régimen: los trabajadores y empleadores de la construcción). Estas pautas se completan con las disposiciones del art. 2° que delimitan negativamente sujetos y actividades. Se crea así una interdependencia entre pautas objetivas y subjetivas de delimitación, por lo que para establecer si una determinada relación de empleo se encuentra comprendida en el régimen especial de la industria de la construcción debe atenderse cuidadosamente al encuadre objetivo/subjetivo que se desprende de las pautas de inclusión y exclusión previstas en los arts. 1 y 2 de la ley. En este marco normativo, es dable acotar que no existe elemento probatorio alguno que permita inferir que el demandado se encuentre inserto en las definiciones del art. 1° de la ley especial, pues en efecto no aparece como empleador de la industria de la construcción, ni como elaborador de elementos necesarios para obras, ni es empleador de actividades coadyuvantes ni complementarias. Además, surge que el demandado también está excluido del régimen de la construcción, vía la excepción expresa que establece el art. 2° apartado b) de la ley 22.250, por ser propietario de los inmuebles (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, Estado Provincial
Materia: PROCESAL - ELECTORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Intransigente s/ pedido de reorganización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-15

Las resoluciones que dictan los tribunales u organismos electorales de las provincias, en materia de su específica competencia, no son revisables en la instancia del art. 14 de la ley 48, porque con arreglo al art. 105 de la Constitución Nacional, las provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas sin intervención del Gobierno Federal, donde se incluye la Corte.
Recurso de casación penal, actor civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LOZANO HUGO ALBERTO s/ CASACION  PENAL  -  FUNDAMENTACION  -  OMISION  DE CITA LEGAL - ACTOR  CIVIL - SUJETO ACTIVO DE LA IMPUGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-07-11

Con arreglo a lo dispuesto por el art. 469 CPP, el actor civil podrá recurrir de las resoluciones jurisdiccionales solo en lo concerniente a la acción por el interpuesta y tal exigencia no es respetada no solo cuando en forma desembozada aquel ataca la sentencia discutiendo la absolución del imputado desde el punto de vista penal, estando ausente el recurso del ministerio fiscal, sino cuando al impugnar el presupuesto fáctico de la responsabilidad civil, implícitamente, se ataca el aspecto de hecho que da lugar a la absolución del imputado, desde aquel enfoque (penal).
Derecho laboral, recurso de apelación (procesal), contrato de trabajo, ley de contrato de trabajo, presunciones, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: ACUÑA, Héctor René. c/ BASUALDO, José Lizardo s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-08-27

El segundo agravio, está dirigido contra la condena a pagar indemnización por despido, cuando según dice se demostró que se había decidido prescindir de los servicios del actor por grave inconducta, consistente en falta de respeto a la patronal.

Argumenta que ello se prueba con la causa penal nro. 1766/06, reservado; que lo resuelto por el juez correccional es intrascendente, porque la injuria laboral tiene naturaleza distinta a la materia penal; que a pesar que el demandante desconoció la firma puesta en la suspensión, la causal de la misma se prueba con la contestación de oficio de La Moraleja, que da cuenta de la prohibición de ingreso del actor a la finca a raíz de la introducción de bebidas alcohólicas al lugar; que la cláusula quinta del contrato entre La Moraleja y Basualdo, dice que la empresa se reservaba el derecho de seleccionar o remover a conductores o empleados de la prestadora que a su criterio no cumplieran los requisitos de idoneidad o cumplimiento; que la cláusula séptima, establece la posibilidad de ambas partes de rescindir el contrato, debiendo en este caso el trabajador comunicar mediante telegrama cuando se trata de incumplimiento o impuntualidad del contrato, no generando por ello obligación de indemnizar y que consecuentemente el distracto se debió a hechos cien por ciento imputables al trabajador, por su agresividad y conducta desplegada (situaciones probadas por la constancia penal y el informe de la Moraleja), las que la patronal no está obligada a soportar.

Pide el apelante la revisión del fallo, con costas, reservando el caso federal para una hipótesis adversa. Este recurso, es contestado a fs. 220/22 Entrando a tratar el recurso de la parte actora, entiendo debe tener acogida, en tanto y cuanto, donde la planilla de fs. 28 dice "Ley 25561 Art. 16", no se consigna suma alguna y, el "Total III" se limita a repetir la cantidad de pesos 2.575 correspondientes al art. 2 ley 25323; es decir que no se da la hipótesis a que hace referencia S. S. a fs. 202, en el sentido de señalarse cifras globales: simplemente no se da cifra alguna.

La falta de tal indicación, sumada a la de relato de los hechos, equivalía a rubro no demandado, por lo que no podía haber rechazo y menos aún condena en costas.

Voto entonces, por hacer lugar al recurso de la parte accionante y revocar el punto II del fallo de fs. 203 vta. Con costas, art. 67 CPCC.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad por omisión
Materia: CIVIL
Carátula: VIDEZ JUAN CARLOS Y OTRA c/ MUNICIPALIDAD DE CAMPO GALLO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-06-21

Corresponde aplicar el art. 1074 del C.Civ. ante un hecho que impone juzgar sobre la existencia o no de una responsabilidad extracontractual del Municipio accionado y conforme el planteo de los hechos, vinculado al ejercicio del poder de policía de seguridad, en la esfera de prevención, a los fines de evitar la producción de daños a la integridad física de los ciudadanos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C. SRL c/ C., S. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-03-11

Y "Si iniciado el beneficio contemporáneamente a la acción, este último fenece por inactividad procesal, sólo se debe imputar a dicha actitud negligente las consecuencias que la situación irroga".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación amplia
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: Después de transcurridos cinco años, ¿Es   obligatorio el fallo pleno (artículo 28 de la ley 10160) No   modificado expresamente? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-13

Para el tribunal plenario, el artículo 29 de la ley 10160 dice: "la interpretación que se establezca mayoritariamente obliga a todos los jueces de todas las cámaras, aunque no hayan participado en la votación respectiva, y a los jueces inferiores con idéntica competencia material. Tal interpretación sólo puede ser sometida a revisión a pedido de la simple mayoría de todos los jueces que la componen, después de cinco años de dictado el respectivo acuerdo. El apartamiento de la tesis mayoritaria causa la nulidad de pronunciamiento". Esa regla ha sido interpretada así: a) durante los cinco años posteriores al fallo plenario, éste es obligatorio irremisiblemente y no puede ser revisado; b) después de los cinco años, puede revisársele a pedido de la simple mayoría de los jueces que componen la totalidad de las cámaras involucradas; c) después de los cinco años, en tanto (y hasta tanto) no se modifique el fallo plenario, sigue siendo obligatorio como lo es durante los primeros cinco años (conclusión inferida del silencio legal, no de una frase expresa al respecto). (Del Voto del Dr. Rouillon).
Competencia de menores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R., A. y ot. s/ Adopción plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-03

La competencia en los Juzgados de Menores es excluyente de toda otra que pudiera corresponder cuando se trata de menores tutelados, no suscitándose así desarmonía alguna entre las previsiones de la ley de adopción (19134) y las del Dec. Ley citado toda vez que este, en el marco del Patronato de Menores que regula, establece un concreto y específico desplazamiento de la competencia por materia de la jurisdicción ordinaria a la tutelar.
Recurso de casación, agravio extemporáneo
Materia: CIVIL
Carátula: ALFARO, LIDIA ESTER Y OTRO s/ QUEJA EN:'ALFARO, LIDIA ESTER Y OTRO C/ROA, HERNALDO DEL TRANSITO  S/SUMARIO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-11-19

Si el tema por el cual se agravia el recurrente no fue introducido en la apelación resulta extemporáneo su planteo en esta instancia extraordinaria-
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, cargo deudor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Benchetrit Medina, Roberto Omar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25

Las leyes 10.599 y 10.839 establecen un mecanismo para hacer efectivas las retenciones de los cargos deudores, consistente en descuentos que no pueden ser superiores al veinte por ciento de las sumas a percibir por los beneficiarios, las cuales constituyen disposiciones expresas del régimen especial instituido para afrontar las consecuencias de las separaciones producidas en el ámbito del Poder Judicial por el gobierno de facto.
Sociedades comerciales, aportes societarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARAOZ, Justo Merardo c/ ARAOZ, Francisco Rogelio s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-09-28

La norma general es que todo aporte a una sociedad comercial lo es en propiedad; es decir, que la sociedad recibe el bien para apropiarselo. Esto tiene consecuencias muy especiales, ya que al momento de la disolución y liquidación de la sociedad, el aportante de determinado bien no podrá reclamar su adjudicación, puesto que ha perdido su propiedad definitivamente al aportarlo.No constituye un derecho del socio que aportara el bien, que el mismo vuelva a su dominio, pues la sociedad comercial constituye una persona distinta de la de los socios, y una vez realizado el aporte, el socio no es propietario de una parte de las cosas pertenecientes a la sociedad, sino que es propietario de una porción de la sociedad, sin ningun derecho especifico sobre bien alguno de ella.
Cosas perdidas, derecho de recompensa
Materia: CIVIL
Carátula: AROCHA, José Alberto s/ HALLAZGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-25

El tiempo legal y legítimo dentro del cual ha de darse el aviso que contempla el art. 2532 del Código Civil, es una cuestión de hecho, que queda supeditada a las circunstancias y antecedentes que cada caso ofrece, puesto que éste debe darse sin demora, pero sin atenerse a una regla rígida, debiendo los hechos ser apreciados según una prudente valoración judicial.-
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, obligaciones del empleador, deber de ocupación
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Tedín Uriburu, Virgilio Ignacio c/ Banco de la Nación Argentina. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que -por entender acreditado el incumplimiento de la demandada a su deber de dar ocupación efectiva (art. 78 LCT)- revocó parcialmente la de primera instancia y elevó el capital de condena.
Acción civil en el proceso penal, falta de ejercicio, monto del juicio
Materia: PROCESAL - PENAL - CIVIL
Carátula: Incidente de Regulación de honorarios promovido por los Dres. ISRAELSON y DEVALLE s/ Causa nro. 27.089
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-22

No se corresponde hablar de "monto de juicio", en razón de que en el presente proceso penal no se ha ejercido la acción civil, limitándose su objeto a una pretensión punitiva y no de contenido patrimonial, en ese sentido lo viene sosteniendo reiterada y pacíficamente este Tribunal.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Alegre, Alejandro de la Cruz y otro c/ Multigas SAICIF s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-10

Las presunciones iuris tantum a favor de las afirmaciones del trabajador sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral y la inversión del onus probandi consagradas en los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653, ceden cuando datos que resultan de las constancias probatorias de la causa, desvirtúan la aplicación de tales normas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Rau, Jorge Eduardo s/ Robo agravado - Hurto simple - Robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-26

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no muestra que se haya valorado como agravante lo que no lo es o que medie infracción de las escalas penales, ni otro modo de transgresión del sistema de los arts. 40 y 41 del C.P..
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, culpa concurrente, responsabilidad del conductor, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: TORRICO, SANTOS c/ KOMOSINSKY, JUAN s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-07

No obstante el comportamiento del menor, que soltándose de la mano de los dos mayores que lo acompañaban, generó la situación de peligro que concluyó con su vida, el conductor del vehículo debió haber extremado su precaución al observar al niño "juguetear" entre sus cuidadores -por lo que el hecho no pudo resultarle totalmente imprevisible-, máxime considerando que el accidente ocurrió en la intersección de dos arterias sobre la zona peatonal, por lo que debió reducir y aún detener la marcha para dar prioridad al peatón (conf. Normas de tránsito de la Prov. de Buenos Aires, ley 5800:

71), y en cumplimiento del principio que impone al que guía mantener en todo momento el dominio del rodado. Pero si bien el conductor tiene que dominar la máquina que conduce, no puede responsabilizárselo en forma exclusiva y excluyente cuando se configura una manifiesta imprudencia del peatón (en el caso, del niño y de los dos mayores que debían custodiarlo), de manera que procede asignar a cada parte el 50% de culpa en el hecho.
Ejecución de sentencia, prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sastre, Anselmo Antonio y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Adminstrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-03

En el procedimiento de ejecución de sentencia, a la prescripción de la ejecutoria -en ausencia de un texto legal expreso y por tratarse de una pretensión personal- le es aplicable el plazo general de diez -10- años y no el articular que pudiera tener cualquier derecho.