Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-06


NEUQUEN, 06 de Mayo de 2014.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ SUMARISIMO ART. 47 LEY 23551", (Expte. Nº 500093/2013), venidos en apelación del JUZGADO LABORAL Nº 2 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

I.- La sentencia de fs. 106/110 hace lugar a la demanda y en consecuencia declara la nulidad de la resolución administrativa 1/2013 de la subsecretaría de trabajo de la Provincia del Neuquén y dispone que el organismo administrativo correspondiente realice una nueva asignación de paritarios conforme la actividad representativa de los delegados de los trabajadores, con costas por su orden.

La decisión es apelada por la actora en los términos que resultan del escrito de fs. 113 y por la demandada a tenor de la presentación de fs. 114/115 y cuyo traslado fuera respondido a fs. 117.

II.- Sostiene la parte actora que media un error en la decisión toda vez que corresponde la imposición de costas a la demandada por revestir el carácter de vencida.

A su vez la accionada afirma que así como el trámite judicial tiene reglas y actos procesales preclusivos lo mismo ocurre en el ámbito administrativo y en tal sentido la disposición del 22 de julio del 2.010 que determinó la cantidad de paritarios se encuentra firme ya que no fue cuestionada razón por la cual la resolución que ahora se cuestiona del 3 de abril del 2013 es una consecuencia de ella y por ende no puede ser objetada.

Por lo demás afirma que dicha resolución tampoco fue cuestionada dentro del plazo previsto por el decreto 1085/07 reglamentario de la ley 1.974.

Ingresando al tratamiento del recurso de la demandada advierto que el mismo consiste en una reiteración de los argumentos expuestos al contestar la demanda salvo en la mención a que se alude con respecto a las resoluciones de la OIT, y en tal sentido el mismo no reúne los requisitos exigidos por el artículo 265 del código de rito.

Así las cosas se advierte que ninguna crítica se vierte en relación a los argumentos en base a los cuales el sentenciante dilucida la cuestión sometida a su conocimiento y ello obsta a que puedan prosperar los agravios.

Resulta claro que la resolución que en al año 2010 determinó el número de representantes gremiales de cada sindicato no fue cuestionada y ello por cuanto la misma reflejaba la situación existente en dicho momento histórico y en ello coinciden las partes.

Sin embargo y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el dictado de la primer norma administrativa y ante el planteo formulado por la actora dando cuenta del cambio que ocurrió en la realidad con respecto a la cantidad de afiliados de ambos gremios, es que la ratificación de la primigenia decisión deviene nula como bien se indica en la sentencia.

Así como en los procesos judiciales el juez debe valorar los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del proceso y que se encuentren debidamente probados -conforme lo señala expresamente el artículo 163 inciso 6 in fine del código procesal civil-, lo mismo debiera ocurrir en sede administrativa en función de lo previsto por el artículo 67 inciso a de la ley 1.284.

En tal sentido y siendo que la representación había cambiado, algo que la administración no podía ignorar, y toda vez que ya había transcurrido el plazo de vigencia de mandato de los delegados, como se menciona correctamente en la sentencia de primera instancia, es que la decisión administrativa cuestionada al no tener sustente en la realidad existente al momento de su dictado deviene en nula por imperio de lo previsto en la norma citada.

En cuanto al plazo a que alude el quejoso cabe señalar que habiéndose iniciado la vía judicial, el mismo no resulta de aplicación al caso.

En tales condiciones y conforme las constancias de la causa resulta claro que la demandada deberá dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la ley 1974 modificado por la ley 2488.

En cuanto a las costas del proceso y toda vez que la parte demandada ha resultado vencida en ambas instancias, es que deberá cargar con el pago de las mismas conforme lo dispuesto por los artículo 17 de la ley 921 y 68 del código procesal civil.

III.- Por las razones expuestas propongo confirmar la sentencia en lo sustancial, modificándose la imposición de costas de Primera Instancia las que estarán a cargo de la demandada. Los honorarios serán dejados sin efecto, procediéndose a una nueva determinación conforme las pautas arancelarias.

Costas de Alzada a la accionada perdidosa debiendo regularse honorarios en base a lo previsto por el artículo 15 de la ley 1.594.

La Dra. Patricia CLERICI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta SALA II.

RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia de fs. 106/110 en lo sustancial, modificándose la imposición de costas de Primera Instancia las que estarán a cargo de la demandada.

II.- Dejar sin efecto los honorarios fijados en la instancia de grado (art. 279 CPCyC), los que adecuados al nuevo pronunciamiento se fijan en las siguientes sumas: ..., (art. 2 L.1594).

III.- Imponer las costas de Alzada a la accionada perdidosa (art. 68 CPCyC).

IV.- Regular los honorarios de Alzada para el Dr. ..., en doble carácter por la actora, en la suma de PESOS ... ($...) (art. 15 de la ley 1.594).

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA.