Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-30


SENT Nº 202	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta (30) de Abril de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Santucho Pedro Ubaldo vs. Barrionuevo Lucía Verónica y otros s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por Pedro Ubaldo Santucho (fs. 395/402) contra la sentencia N° 67 de fecha 26/3/2012 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en lo Civil y Comercial (fs. 384/386). La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por resolución de fecha 14/6/2012 (fs. 412) del referido Tribunal de Alzada.

II.- El recurrente denuncia que la resolución impugnada omitió considerar y valorar las pruebas ofrecidas, comprometiendo derechos y garantías de rango constitucional (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional). Afirma que la Cámara confirma el fallo apelado "avalando un complejo de errores materiales".

Sostiene que la sentencia impugnada es arbitraria "por error y por omisión. Por error, cuando no analiza correcta y milimétricamente los dichos de los testigos.e incurre en omisión, al aplicar un criterio laxo y subjetivo, y analizar la instrumental demasiado superficialmente".

Cuestiona la aplicación del art. 1103 del Cód. Civil por entender que el tribunal de grado incurre en una subsunción dogmática e infundada. Expresa que la norma alude a la "existencia del hecho principal" y a la "culpa del demandado" pero que estos extremos debían ser merituados en concreto para recién de ese modo considerar la aplicación de la citada preceptiva.

Señala que "la sentencia no hace referencia a lo difícil y grave que resulta el trabajo de recolección de basura y a la forma en que trabaja un obrero de la misma, no analiza que el estribo del camión recolector está colocado a una altura de 30 cm. y 50 cm. del suelo y en consecuencia, desde esa posición, el obrero recolector no pudo saltar y caer sobre la motocicleta o chocarla, como afirman dos testigos presentados por la demandada".

Afirma que "el fallo tiene un punto de vista subjetivo cuando pondera una primera impresión que realiza en el lugar del hecho, sin entrar a considerar los factores de amistad y afecto de la persona que realiza el informe". Expresa que "en un lugar tan chico como Bella Vista, donde todo el mundo se conoce, se debe favores y donde también pudo haber influenciado la condición de que quien manejaba la motocicleta era una chica menor de edad con un padre poderoso, por su cargo, a quien todo el mundo le debe atenciones y lo necesitan".

Denuncia un déficit en el análisis de las circunstancias fácticas del accidente, al que califica de superficial. Se agravia de que la sentencia dedique sólo "dos líneas, en el Punto III" y concluya que el hecho se produjo por culpa de la víctima, eximiendo de responsabilidad a la parte demandada. Alega que "aún en el supuesto hipotético e improbable de que el actor se haya cruzado de manera imprevista frente a la motocicleta, esto tiene una importancia relativa porque quien conducía la motocicleta era una menor de edad, una chica que no sabía manejar, que no tenía carnet de manejo y que no atinó a frenar sino que aceleró". Cuestiona que la sentencia recurrida sostenga que si bien la carencia de licencia para conducir constituye una presunción de impericia, ello no es suficiente para considerar responsable al conductor, pues la jurisprudencia y doctrina mayoritaria se han pronunciado en sentido inverso.

Sostiene que el fallo "llega al absurdo de contrariar la Ley de Gravedad de Newton ya que uno de los testigos dice que el actor saltó de la moto, lo que es imposible porque implicaría un salto prácticamente de abajo hacia arriba, que es contrario a todas las demás probanzas, inclusive a los balbuceantes testigos que defienden la situación de la menor y al tipo de lesiones que sufrió Pedro Ubaldo Santucho.".

Le agravia que la sentencia minimice el hecho de que la motocicleta fue retirada por la mañana y devuelta por la noche. Cuestiona que el tribunal señale que "lo mismo pasó con el camión recolector" pues este último fue retirado por la policía y la motocicleta por el padre de la menor demandada, en consecuencia, pudo haber actuado sobre el vehículo antes de la pericia, en cualquier sentido". Insiste en que "la parte demandada puedo haber alterado las reglas de la prueba".

Cuestiona que el tribunal no haga referencia alguna a la responsabilidad de los padres de la menor motociclista.

Menciona, por otra parte, que "los puntos IV y V del fallo son extremadamente erróneos, el punto V, por ejemplo, hace una análisis de libros o de citas, sin advertir que estas citas no guardan relación con el caso de autos".

Sostiene que la Cámara no analizó la hipótesis de la culpa de la menor Verónica Barrionuevo pese a que su conducta exhibe impericia y negligencia conforme los términos del art. 512 del Cód. Civil. Insiste en que la demandada circulaba en un "vehículo carente de defensas", sin equilibrio para manejar y sin saber maniobrar frente a una situación de emergencia. Alega que aún en esas circunstancias, la menor "venía a excesiva velocidad, no supo frenar, ni esquivar" por lo que debía ser considerada responsable de la producción del accidente". Afirma que quien conduce un rodado está obligado a mantener el dominio del mismo, salvando toda contingencia del tránsito, cosa que la demandada no hizo. Menciona que el tribunal debía merituar "que el actor Santucho iba en un camión recolector de basura, que su trabajo era difícil, era peligroso, además que era poco probable que entre a analizar que un vehículo que iba en la misma dirección lo podía chocar".

Señala que tampoco se ha detenido el tribunal a considerar la posibilidad de una concurrencia de sujetos responsables, analizando los comportamientos desplegados por las partes.

Se agravia de que el pronunciamiento no haya reparado en la entidad de los perjuicios sufridos por el actor, pese a que un precedente de la Corte local expresa que ello puede ser "decisivo para definir la significación del accidente". Menciona que de las constancias de autos surge con toda evidencia que Santucho ha quedado imposibilitado en porcentaje equivalente al 70% y que ello prácticamente lo excluye del mercado laboral. Insiste en que el tribunal ha ignorado estas probanzas y que el déficit apuntado tiñe de arbitrariedad el decisorio en crisis. Cita jurisprudencia que estima aplicable al caso.

De conformidad a las alegaciones precedentemente reseñadas, propone doctrina legal, pide se admita la procedencia del recurso de casación interpuesto y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

III.- La Cámara dispuso confirmar el rechazo de la acción interpuesta, por entender que el siniestro de autos se había producido por culpa de la víctima (arts. 1111 y 1113, segundo párrafo, última parte, del Cód. Civil).

Al justificar el criterio adoptado, señaló que "de las copias de la causa penal, agregadas a estos autos", surge que "el acta de procedimiento realizada por la policía en el lugar del hecho en forma inmediata después del siniestro" da cuenta "de las averiguaciones practicadas entre los vecinos" y que conforme tal relevamiento, el camión recolector y la motocicleta circulaban en igual sentido hacia el Este, que el camión transitaba delante de la moto, y que "cuando la conductora quiso pasarlo al camión desviándose hacia la izquierda al carril Norte, 'en forma imprevista se le cruza Santucho', quien bajó corriendo del camión para recoger una bolsa de residuos ( fs. 182)".

El tribunal asignó relevancia al acta mencionada, "por haber sido efectuada en forma inmediata al siniestro, sobre la base de las declaraciones de la gente del lugar", coincidentes respecto de que el actor "se había cruzado de manera imprevista a la motocicleta".

La Sala sentenciante ponderó asimismo que el testigo Aldo de Jesús González, compañero de trabajo del actor, corroboró que Santucho se bajó corriendo del camión, "sin fijarse para atrás (fs. 186, y a fs. 190 vta.). Mencionó que "las otras personas que también viajaban en el camión recolector de residuos, Pedro Ignacio Martínez (fs. 189), Jorge Raúl Aráoz (fs. 185/192 vta.) y Francisco Pascual Murúa (fs. 187/191 vta.), escucharon un golpe fuerte afuera, pero sin llegar a ver el accidente.

El pronunciamiento reseña el testimonio de Dante Antonio Oviedo que declaró haber presenciado el accidente y según el cual "cuando la chica quiere pasar al camión, el señor Santucho que iba parado en el estribo trasero del lado izquierdo del camión, salta hacia su izquierda e impacta contra la moto y ahí caen los dos" (fs. 174). Hace constar que Guillermo Silverio Juárez declaró que "el empleado que iba parado en el estribo de la parte izquierda del camión recolector, salta y cae sobre la chica.tiene que ser que no vio la moto, ya que la chica prácticamente iba pasando, por eso es que la chica rueda hacia la izquierda, hacia el cordón" (fs. 174/175).

El tribunal consideró que esta versión lucía abonada por el croquis efectuado por la policía (fs. 183), conforme el cual el camión se encontraba detenido sobre el lado derecho de la calle, que era de doble mano, por lo que la motociclista únicamente podía intentar el paso por el lado izquierdo". Da cuenta, asimismo, de que el citado croquis y la pericia fisiomecánica (fs. 188) indican que "luego del siniestro la moto frena, derrapa y cae contra el cordón, siendo que los daños de la moto corresponden al costado izquierdo, por efecto de la caída".

Entendió la Cámara que conforme el desarrollo de los hechos, "la falta de carnet de conducir motocicletas no modifica la responsabilidad, desde que esta circunstancia no ha incidido en la mecánica del accidente". Y con cita de doctrina especializada, expresó que "la carencia de licencia para conducir automotores -en este caso motocicletas-, aún en el supuesto de que quién lo haga sea un menor de edad, constituye una presunción de impericia, pero no es suficiente por sí sola para considerar al conductor responsable del accidente y carecerá de relevancia si se prueba adecuadamente la culpabilidad del otro interviniente en el hecho" (cfr. Daray, Accidentes de Tránsito, T. 1, pág. 184). Agregó que "el hecho de que el conductor del rodado no se encontrara habilitado para conducir implica, a lo sumo, una infracción a lo dispuesto por las ordenanzas municipales, pero esa circunstancia de ningún modo es suficiente por sí sola para generar responsabilidad civil" (ibídem, pág. 202, n° 4)".

Concluyó que "el recolector de residuos es un ´peatón profesional´, porque trabaja desplazándose en la calle, subiendo y bajando del camión recolector, por lo que debía guardar debida atención antes de descender del camión, de que podía hacerlo sin riesgo, y no lanzarse desaprensivamente como en el sub examine, sin mirar hacia atrás".

Puntualizó que "la interrupción total del nexo causal y el funcionamiento a pleno de la eximente del art. 1113 del Código Civil, ha de hallarse en aquellos supuestos en que la aparición del peatón ante la línea de marcha del automotor tiene todas las características del hecho súbito e imprevisible que impide o no deja margen de tiempo al conductor para realizar maniobra elusiva alguna o intentar el frenaje de su máquina en tiempo adecuado como para evitar la colisión" (Revista de Derecho de Daños, N°1, Accidentes de tránsito-I, pág. 350). Consideró que "una persona que se arroja desde un camión hacia el centro de la calle sin mirar hacia atrás en forma intempestiva, es la única culpable de las consecuencias de esa conducta, que resulta irresistible para la motociclista que estaba pasando" y con dicho fundamento entendió configurada la eximente que justificaría el rechazo de la acción interpuesta.

IV.- El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 402), el recaudo del depósito no resulta exigible (art. 753), y la sentencia impugnada resulta definitiva (art. 748 inc. 1). El escrito recursivo se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio, adecuándose a las exigencias de los arts. 751 y 752 del CPCC; se ha propuesto doctrina legal y la impugnación recursiva se funda sustancialmente en la arbitrariedad del decisorio recurrido, por lo que el recurso deviene admisible. Corresponde, por tanto, ingresar al análisis de procedencia del mismo.

V.- Confrontados los agravios que sostienen la impugnación con los fundamentos del pronunciamiento recurrido, se advierte que el recurso no puedo prosperar. La crítica encaminada a cuestionar el criterio adoptado por el tribunal de grado resulta inidónea para demostrar la tacha de arbitrariedad formulada y es precisamente la ineficacia de las alegaciones propuestas, la que sella en forma adversa la suerte del remedio intentado.

Esta Corte ha expresado en forma reiterada que la constatación vinculada a la concurrencia o ausencia de los presupuestos de la responsabilidad civil -el hecho generador, el daño, la relación causal y el factor de atribución (cfr. Alterini-Ameal-López Cabana, Curso de Obligaciones, T. I, pág. 180 y sgtes.; Pizarro-Vallespinos, Instituciones de Derecho Privado-Obligaciones, T. 2, pág. 468; Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de Obligaciones, T. IV, pág. 601) remite a la valoración de las pruebas arrimadas al proceso y que la revisión del criterio adoptado por los jueces de grado por vía del recurso extraordinario local, exige del recurrente la alegación y demostración del supuesto de arbitrariedad de sentencia (CSJT, sentencias Nº 62 del 20/2/2009, "Luna Daniel Guillermo vs. Porcel de Corda Mercedes Graciela y otro s/ Daños y perjuicios"; Nº 1072 del 03/11/2008, "Alarcón, Isidro Buenaventura vs. Ascárate Ricardo Joaquín y otros s/ Daños y perjuicios"; Nº 152 del 04/3/2008 "Córdoba Domingo Faustino vs. Compañía Azucarera Santa Lucía S.A. s/ Daños y perjuicios"; entre otras).

El tribunal de alzada entendió configurada la causa ajena (la culpa exclusiva de la víctima en los términos del art. 1113, 2do párrafo, 2da parte del Cód. Civil) y en mérito a tal eximente, confirmó el rechazo de la acción interpuesta. Y pese a que el criterio adoptado no es compartido por el recurrente, el juicio de ponderación vinculado a las conductas de los sujetos intervinientes y su incidencia causal en el resultado dañoso, no exhibe quiebres lógicos, ni luce apartado de las reglas de la sana crítica. Por el contrario, la decisión cuenta con fundamentos suficientes y se apoya en el análisis circunstanciado de las constancias de la causa.

El recurrente ensaya argumentos varios en su afán de cuestionar la atribución de responsabilidad establecida por el tribunal de grado -al concluir que la conducta de la víctima fue la causa exclusiva del siniestro- pero la impugnación resulta ineficaz para remover las bases del análisis que determinaron la decisión del tribunal de alzada.

La crítica encaminada a sostener que la Cámara omitió considerar otras hipótesis de causalidad, no puede ser admitida. El actor atribuye la responsabilidad del siniestro a la demandada Barrionuevo y pretende justificar la culpa exclusiva de esta última señalando que era una menor de edad, que no tenía licencia para conducir, que no pudo mantener el dominio del rodado y que frente a las contingencias del caso no sólo no frenó sino que además aceleró.

Cabe expresar, en primer término, que la omisión denunciada no es tal. El tribunal de grado confrontó las conductas desplegadas por los protagonistas del accidente a la luz de las concretas circunstancias de la causa y con apoyo en las pruebas aportadas al proceso, concluyó que la víctima debía soportar las consecuencias dañosas padecidas por su propia culpa. Contrariamente a lo sostenido por el recurrente, la determinación de la incidencia causal fue precedida de un análisis de los respectivos comportamientos, respaldado en la prueba producida en autos. La atenta lectura de los considerandos es reveladora de que la Cámara consideró las distintas hipótesis -concurrencia de responsabilidades o carácter excluyente de una de ellas- pronunciándose por la culpa de la víctima (el actor Santucho) como causa exclusiva del siniestro de marras.

En segundo lugar, soslaya el recurrente los argumentos vertidos por la Cámara al sostener que la edad de la demandada Barrionuevo y la falta de licencia de conducir en modo alguno neutralizaban la eficacia preponderante de la conducta de la víctima como causa adecuada del daño. El tribunal se hizo cargo de la presunción en contra que deriva de la falta de carnet habilitante y del criterio jurisprudencial concordante pero señaló que a la luz de la prueba aportada al proceso, el comportamiento imprudente de Santucho permitía asignarle el rango de causa del perjuicio, con eficacia eximente para la demandada (art. 1113, 2do. párrafo, 2da parte del Cód. Civil).

Oportuno es recordar que "la infracción a las reglas de tránsito no implica necesariamente la culpa del infractor desde el punto de vista civil, ya que la relación de la infracción con el accidente debe ser causa o concausa eficiente del daño" (CSJT, sentencias Nº 623 del 29/7/2005, "Vallejo Beatriz Antonio y otros vs. Sode Alfredo Luis y otras s/ Daños y perjuicios"; Nº 814 del 17/9/2002, "Medina, Carlos Antonio y otro vs. Assat, Héctor y otros s/ Daños y perjuicios"; entre otras). El criterio adoptado en relación al punto podrá no ser compartido por el recurrente pero la crítica recursiva no aporta alegaciones con entidad bastante para descalificar lo decidido por el tribunal de grado.

El agravio según cual la conclusión referida a la culpa de la víctima contradice las leyes de la física y las constancias de la causa no puede ser atendido. El recurrente acude a argumentos efectistas pero no ofrece razones que hagan evidente el déficit en el juicio de ponderación que imputa al sentenciante.

El tribunal de grado analizó la prueba instrumental acompañada a la causa y con expresa referencia a las piezas documentales que estimó relevantes, justificó la determinación de los hechos y la mecánica del accidente establecida en la sentencia. Mencionó las constancias del acta de procedimiento realizada por la policía en el lugar del hecho en forma inmediata después del siniestro y las averiguaciones practicadas entre los vecinos (fs. 182), justificando el valor probatorio asignado a dicha instrumental. Destacó la relevancia del acta mencionada, "por haber sido efectuada en forma inmediata al siniestro, sobre la base de las declaraciones de la gente del lugar", coincidentes respecto de que el actor "se había cruzado de manera imprevista a la motocicleta".

La Cámara señaló que aquellas primeras conclusiones resultaban corroboradas por los testimonios aportados a la causa, que fueron analizados pormenorizadamente en el pronunciamiento (cfr. las referencias a los dichos de Aldo de Jesús González, de Dante Antonio Oviedo y Guillermo Silverio Juárez que constan a fs. 186 y 190 vta., fs. 174, y fs. 174/175). Destacó que conforme dichos testimonios, Santucho se bajó corriendo del camión, "sin fijarse para atrás", que "que no vio la moto", "que la chica prácticamente iba pasando" y que el actor "saltó y cayó sobre la chica", etc.

Se advierte, por otra parte, que la Cámara confrontó estos testimonios con el croquis efectuado por la policía de fs. 183 y con la pericia fisiomecánica de fs. 188, para concluir que "el camión se encontraba detenido sobre el lado derecho de la calle, que era de doble mano, por lo que la motociclista únicamente podía intentar el paso por el lado izquierdo" y que "luego del siniestro la moto frena, derrapa y cae contra el cordón, siendo que los daños de la moto corresponden al costado izquierdo, por efecto de la caída").

Las alegaciones propuestas para descalificar los testimonios a los que el tribunal asigna relevancia, de ningún modo justifican la crítica al pronunciamiento impugnado. Las referencias a que Bella Vista es una ciudad "chica", "donde todo el mundo se conoce, se debe favores" y "donde también pudo haber influenciado la condición de que quien manejaba la motocicleta era una chica menor de edad con un padre poderoso, por su cargo, a quien todo el mundo le debe atenciones y lo necesitan", no constituyen argumentos eficaces, por su generalidad e imprecisión, para sostener la parcialidad de los testimonios rendidos en autos. En efecto, la vecindad o frecuencia de trato no constituyen motivos suficientes para sembrar dudas respecto de la idoneidad del testigo, como tampoco la personalidad influyente que vagamente se atribuye al padre de la demandada. Tales alegaciones, por el modo en que han sido vertidas, carecen de aptitud para fundar la descalificación de la valoración que la Cámara hace de la citada testimonial. Como se dijo, el tribunal citó los testimonios que estimaba relevantes, los confrontó con otras pruebas y dio razones de la aptitud conviccional que asignó a tales probanzas, rechazando las tachas oportunamente formuladas.

Esta Corte ha expresado que "la tarea valorativa de las pruebas resulta compleja, ya que el Juzgador debe rehacer hechos que han sucedido con anterioridad y de los cuales sólo puede obtener un conocimiento por vía indirecta a través de los elementos probatorios aportados al proceso, de cuyo análisis el juez debe extraer las conclusiones que lo llevan a establecer si el hecho que se procura determinar se produjo o no. De ahí que el sentenciante esté facultado para seleccionar entre los elementos con que cuenta, aquellos que a su juicio le provean mayor certeza respecto a las cuestiones sobre las cuales debe expedirse, y en el caso de los testigos, seleccionar de sus dichos aquellos que, en concordancia con otros elementos probatorios, lo lleven al convencimiento de la exactitud de sus manifestaciones" (CSJT, sentencias Nº 860 del 08/11/2010, "Bianchini Julio César vs. León Rodolfo Augusto s/ Cobro de pesos"; Nº 989 del 17/12/2010, "Carabajal Paula Luciana vs. Saez Gabriela s/ Cobro de pesos"; Nº 763 del 10/8/2009, "Valverdi Daniel Edgardo vs. Organización Gálvez S.A. s/ Despido (Ordinario)"; Nº 991 del 19/10/2009, "Aguilar Ricardo Delfín vs. Medina Irma Isabel y otros s/ Cobro de pesos"; Nº 1119 del 13/11/2008, "Navarro Patricia vs. Levy Carlos Moises s/ Indemnizaciones"; entre otras).

No se advierte en la labor ponderativa del tribunal de grado, el déficit pretendido por el recurrente, por lo que la tacha de arbitrariedad formulada, permanece indemostrada.

Tampoco luce eficaz para comprometer la validez del pronunciamiento recurrido, el argumento referido a que se ha minimizado el hecho de que la moto de la demandada fue retirada por la mañana y devuelta por la noche por el padre de la menor accionada. El recurrente sugiere que "la parte demandada pudo haber actuado sobre el vehículo antes de la pericia" y haber "alterado las reglas de la prueba" pero las maniobras que por vía de hipótesis se plantean y se atribuyen a la contraparte, lucen infundadas e inconducentes para justificar la tacha de arbitrariedad formulada.

Tampoco se advierte que las características particulares del trabajo realizado por el actor (recolector de residuos) eximan al mismo de los deberes de cuidado que el tribunal de grado entiende omitidos. Por el contrario, la Cámara entendió que el trabajador del rubro es un "peatón profesional" y que dadas las condiciones en que presta servicios (con descenso y ascenso constante del camión recolector en movimiento, por las calles, etc.) debía adoptar medidas de resguardo en su propio interés, que en el caso fueron omitidas.

Pese a agraviarse de un déficit en la valoración de los daños sufridos por el actor (las lesiones físicas, su entidad, su repercusión en la faz laborativa del actor, etc.), las que a su criterio eran decisivas "para definir la significación del accidente", no se advierte que tal alegación comprometa la validez del pronunciamiento en crisis. El tipo de lesiones padecidas (en las partes ´bajas´ del cuerpo de Santucho), su gravedad y proyección han sido evaluadas en el conjunto de antecedentes que integran el cuadro fáctico del caso y los argumentos ensayados para construir el agravio resultan inidóneos para rebatir el criterio adoptado. No se extrae de la argumentación ningún elemento concreto que permita sostener un quiebre en la lógica del razonamiento ni desacierto en el análisis del sentenciante, respaldatorio de la prtendida arbitrariedad.

La Cámara analizó el cuadro fáctico de la causa, seleccionó del material probatorio los elementos que a su criterio servían para crear convicción y concluyó acerca de la culpa exclusiva de la víctima, eximiendo de responsabilidad a la parte demandada.

La lectura del pronunciamiento recurrido permite sostener que las cuestiones de hecho referidas, han sido establecidas con suficiente apoyo en las constancias de la causa, siguiendo un íter lógico y de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, por lo que corresponde rechazar la tacha de arbitrariedad que se formula contra el decisorio en crisis.

La determinación de los hechos (características de la arteria por la que transitaban los vehículos, línea de circulación de los mismos, ubicación de los protagonistas en forma previa al impacto y al momento del mismo, comportamiento asumido por aquéllos, etc.) luce fundada en los antecedentes y constancias de la causa, habiéndose explicitado el análisis y valoración de tal material fáctico. El juicio de ponderación del tribunal no evidencia déficit alguno que autorice su descalificación y en mérito a lo expresado corresponde rechazar el recurso interpuesto.

VI.- Las costas deberán ser soportadas por el recurrente vencido, conforme los principios generales sobre la materia (art. 105 del CPCC).

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida en el voto del vocal preopinante, doctor Antonio Gandur.

II.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de presentación tempestiva, y definitividad de la sentencia recurrida. En cuanto al depósito de ley, el recaudo encuadra en las previsiones del art. 753 procesal.

En lo concerniente a la existencia de una quaestio juris, el recurrente invoca arbitrariedad. El suscripto mantiene el criterio reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en Sentencia N° 556 de fecha 16/08/2011 recaída in re: "Capozzuco Carlos Angel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos". Es que, como allí se dijera, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia Nº 820; 28/10/2010, "Argañaraz César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I y F s/ Despido", sentencia Nº 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia Nº 997).

En efecto, tal como vengo sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia Nº 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 227; 06/5/2011, "Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International Art S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 252).

III.- Con relación al juicio de procedencia, y a la imposición de costas, adhiero a la fundamentación expuesta en el voto del señor vocal preopinante.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por Pedro Ubaldo Santucho (fs. 395/402) contra la sentencia de fecha 26/3/2012 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en lo Civil y Comercial (fs. 384/386).

II.- COSTAS, conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.