Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-03-30


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: CUATRO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil cinco, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Sres. Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA; bajo la presidencia del Dr. Oviedo, Secretaría de la Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTINEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nro. 22/04 "SAN ANTONIO S.R.L. y otro - c/ BAZA, José David - s/ ACCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL - s/ RECURSO DE CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones para resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

2) Costas.

Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 22 dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y CÉSAR ERNESTO OVIEDO.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 2/10 el apoderado de la parte actora deduce recurso de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria emitida por la Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación, invocando como causal habilitante el supuesto previsto en el inc. "c" del Art. 298 del C.P.C.C.

Comienza el relato de los hechos señalando que la firma comercial San Antonio S.R.L. y su socio Luis Leopoldo Castaño inician acción de resolución parcial por exclusión social en contra del socio-gerente José David Baza en razón de los graves incumplimientos de éste a los deberes de socio. Aduce que en el mismo acto se solicitó medida cautelar de intervención judicial, tutela que resultara favorable en primera instancia, disponiéndose la intervención total y desplazándose al socio gerente. Que apelada por el demandado la medida decretada, el Tribunal de Alzada dispone revocar la intervención total, y mantener la cautelar en grado de veeduría. Que con posterioridad y ante la comprobación de hechos de suma gravedad se solicitó y así se proveyó la intervención total, medida que cuestionada oportunamente por el accionado, resultó reemplazada nuevamente por la designación de un veedor judicial al considerar el Tribunal de Mérito que no habían variado las circunstancias que justifiquen la modificación de lo ya resuelto. Que contra dicho pronunciamiento se interpone el presente recurso de casación al entender el recurrente que se encuentra configurado el vicio de arbitrariedad.- En orden a fundar los agravios se afirma que el fallo es arbitrario al fundarse en circunstancias inexactas que no se corresponden con la realidad fáctica ni jurídica de la causa, y de las que surgen los innumerables incumplimientos de obligaciones comerciales, impositivas, previsionales y laborales a que alude el informe confeccionado por la interventora judicial y que no fuera desvirtuado por la parte interesada, respecto del período en que el demandado se desempeñara como gerente exclusivo de la firma comercial. A lo que cabe agregar que en aquel lapso se comprueba un resultado neto positivo de $ 223.141,82 del que no existe ninguna constancia de su inversión en el expediente, como tampoco existió de su parte intento alguno por regularizar la situación conflictiva por la que atravesaba la empresa. Que todos estos nuevos hechos constituyen, a juicio del quejoso, suficientes elementos de prueba como para hacer lugar a la intervención total peticionada, motivo por el cual no se comprende que el voto de la mayoría requiera de certeza para su despacho favorable, cuando ha quedado demostrado el perjuicio irreparable que se causa de mantenerse la cautelar en grado de veeduría y con ello al demandado en la administración de la sociedad. Por estas razones entiende el recurrente que el fallo en recurso cuenta con afirmaciones dogmáticas, que nada tienen que ver con los extremos fácticos acreditados en la causa. Por último formula reserva del caso federal y peticiona en definitiva se revoque la sentencia, con costas.

A fs. 13/16 la contraria contesta el recurso, solicitando por las razones que allí expone el rechazo del mismo, con costas.

A fs. 19 el Tribunal declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto. - Agregándose a fs. 20 dictamen Nro. 138/04 del Sr. Procurador General, con lo que la causa queda en estado de ser resuelta.

Que ello así, en autos lo que pretende el recurrente es que este Tribunal revea el pronunciamiento que dejó sin efecto la intervención judicial decretada a la sociedad comercial, y en su reemplazo designó un veedor judicial. A tal fin se invoca el vicio de arbitrariedad de la sentencia, el que se configura, a juicio del quejoso, por haberse apartado el Tribunal de mérito de los extremos fácticos acreditados en la causa que eran conducentes para la correcta solución del conflicto.- En innúmeras causas este Tribunal se ha pronunciando respecto a la posibilidad que existe de que llegados los autos a este estadio procesal se verifique, si desde el punto de vista formal el memorial recursivo satisface, los requisitos formales intrínsecos conforme la exigencia contenida en los Arts. 288 y 299 del C.P.C.C., no obstante la admisión formal provisoria declarada mediante resolución de fs. 19 circunscripta al examen de los requisitos formales extrínsecos contemplados en el Art. 292 del Código Procesal Civil.

Señalando al respecto que la circunstancia de haberse llamado autos para sentencia, no impide que avocada a decidir en definitiva la causa, esta Corte de Casación reexamine los requisitos de admisibilidad del medio de impugnación sometido a su conocimiento, verificando el cumplimiento de los requisitos de admisión establecidos en los artículos citados. Debiéndose advertir que este riguroso control que verifica la Corte, no solo en una etapa preliminar sino al tiempo de dictar sentencia final, se redobla en este recurso extraordinario en razón que constituye un deber ineludible del Tribunal evitar que en la práctica se lo desvirtúe, porque recién en esta oportunidad el Tribunal hace pleno uso de su facultad jurisdiccional.

En consideración entonces a lo expuesto y avocados a verificar la legalidad de la Sentencia que se impugna, estimo pertinente recordar que nuestra ley adjetiva impone como requisito de insoslayable cumplimiento, que se trate de una sentencia definitiva. Correspondiéndole tal calificación a aquélla que decide finalmente el pleito; o la que aún recayendo sobre una cuestión incidental terminan la litis o hacen imposible su continuación y/o la que cause un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. - Desde dicha perspectiva, será menester determinar si en el caso de autos el pronunciamiento cuestionado reviste tal carácter, dado que el recurrente, aduciendo el perjuicio irreparable que le ocasiona a la administración de la sociedad comercial el mantenimiento de la medida cautelar en la modalidad determinada por el Tribunal de grado, impugna una sentencia interlocutoria dictada durante la tramitación del proceso principal.- Al respecto cabe señalar que el principio cardinal en la materia es aquél que informa que las resoluciones que decreten, levantan, modifican o deniegan medidas cautelares, por regla no son apelables por vía extraordinaria, salvo cuando se demuestre que el perjuicio que puedan ocasionar sea irreparable.

Ahora bien, dicho requisito no se suple con la invocación de la arbitrariedad, ni con la posibilidad de que sufra algún menoscabo económico o funcional la sociedad respecto de la cual se solicitó y así se proveyó la intervención judicial, toda vez que como bien lo puntualiza el Sr. Procurador, el Tribunal de grado ha revocado la medida cautelar dispuesta por el A-Quo reemplazándola por la designación de un veedor judicial, considerando para así resolver precisamente los mismos extremos fácticos tenidos en cuenta para decidir la primera. A lo que hay que agregar, conforme surge del análisis del acto sentencial, que la medida ordenada no ha logrado tener concreción en los hechos, con lo que el perjuicio irreparable solo logra invocarse aunque no demostrarse.

Siendo ello así, habrá que concluir que el pronunciamiento puesto en crisis no puede equipararse a sentencia definitiva, deviniendo de ello como lógica y necesaria consecuencia que el recurso resulte inadmisible. - Por las consideraciones expuestas propongo, si mi voto fuera compartido, rechazar el recurso de casación interpuesto. Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizado el fallo en recurso, los planteos de parte y las constancias de autos, me cabe adherir al criterio expuesto por el Sr. Ministro preopinante, cuando en cita de inveterada doctrina concluye en la inadmisibilidad del recurso intentado, en tanto la recurrente apela a esta vía para impugnar resolución judicial que carece de difinitividad, por lo que el recurso en tratamiento debe rechazarse. Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusión expuestas por el Sr. Ministro que inaugura el acto, Dr. Cáceres, para la solución de la causa, votando en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que considerando el principio objetivo de la derrota, las costas deben aplicarse a la recurrente que resulta vencida. Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que consecuente con lo expresado en la primera de las cuestiones, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte actora que resulta vencida. Así Voto. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que una vez mas adhiero al voto del Sr. Ministro que vota en primer término, votando en consecuencia en el mismo sentido. Es mi voto.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, por unanimidad de votos, y oído el Sr. Procurador General en su Dictamen Nro. 138/04, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar el Recurso de Casación interpuesto por la parte actora a fs. 2/10 de autos, por inadmisible.- 2) Con costas a la parte actora recurrente.- 3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas de la Segunda Nominación que deberá transferir, los depósitos judiciales, obrante a fs. 1 de autos, a la cuenta "Ley Nro. 4347 de Casación", que gira bajo el Folio Nro. 23037 del Banco de Catamarca. - 4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes. - 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.