marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, subcontratación laboral, empresas de servicios eventuales, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: SANTILLAN, GUSTAVO c/ BURO ARSBITEM  S.A. s/ ART. 1113 C.CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-26

A los fines de determinar la responsabilidad que le asiste a quien opera en el mercado en calidad de empresa de servicios eventuales, como proveedora de personal, cuando el dependiente acciona con fundamento en el derecho común, es necesario recurrir al 2do. párrafo del art. 29 LCT. La responsabilidad allí expresada resulta omnicomprensiva alcanzando todos los daños que se produzcan al trabajador por el cumplimiento de la tarea encomendada. No resulta obstáculo para tal interpretación que la responsabilidad imputada fuera en base al derecho civil, arts. 1109 y 1113, porque de las previsiones del art. 17 de la ley 9688 debe concluirse que en materia de accidentes del trabajo se halla abrogado el principio contenido en el art. 1107 del C.Civil.
Recurso de casación, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: BEA NORBERTO A. BARRANCO MARCELO R. S.D.USURPACION DE PROPIEDAD Y DESOBEDIENCIA JUDICIAL EN CONCURSO REAL E.P. CASAL EDUARDO J. Y ADM. DE JUSTICIA s/ ACCION DE REVOCATORIA AUTONOMA DE NULIDAD ABSOLUTA - CASACION CRIMINAL G.G.N S.D. USURPACION DE PROPIEDAD Y DESOBEDIENCIA JUDICIAL E.P. G.G.M.C.Y.O s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-11-28|2014-06-24

La impugnabilidad objetiva, es conforme a la doctrina, la posibilidad de recurrir en casación una resolución determinada, pues la ley enumera las decisiones que pueden ser objeto del recurso de casación, siendo ello una limitación para el acceso a esta instancia extraordinaria.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: ACUÑA DANIEL YOLANDO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD ACCIDENTE-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-21

La interpretación de una ley debe hacerse considerando la totalidad de las normas vigentes y del modo que mejor concuerde con los principios y garantías de la Constitución Nacional, pues el mejor método es el que tiene en cuantía la finalidad perseguida por la norma.
Filiación, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: S., J. C. c/ M. A. M., M. P. R. y/o sucesores y/o legatarios de A. M. M. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2014-03-05

Corresponde declarar que el actor es hijo del fallecido y que tiene derecho a una indemnización por el daño moral derivado de la falta de reconocimiento de la paternidad, el que deberá cubrirse con bienes del acervo hereditario, pues la filiación surge acreditada a partir de un conjunto de datos indiciarios, tales como la cremación de los restos del supuesto padre, diez años después de su fallecimiento y a un mes de promovida la demanda, así como el resultado positivo de la prueba biológica que acredita que el accionante pertenece al mismo linaje paterno, y testimonios que prueban la relación sentimental entre la madre del demandante y el causante.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, calificación legal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Muñoz, Juan Angel s/ Denuncia Robo con Arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-02-03

Rechazada la casación porque: a- "... la crítica que aporta el libelo sobre la calificación legal empleada por la Cámara no conmueve, más bien confirma, el acierto del precepto involucrado. -...- Desde que tres sujetos participaron del apoderamiento ilegal de cosas muebles ajenas con previa violencia física en las personas para facilitarlo, mediando la circunstancia del despoblado, la agravante por la actuación en banda, ha quedado perfeccionada." y b- "... Sólo la total coincidencia entre la plataforma histórica juzgada y la recurrida permite al Superior Tribunal de Justicia un pronunciamiento de derecho sustancial como el que se pretende."
Abuso sexual calificado, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: AMARILLA AGÜERO, Oscar Rubén s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-28

Debe rechazarse la confabulación alegada por la defensa en cuanto a que todo fue armado por la esposa del imputado y su abogada, teniendo en cuenta que, al enterarse por la directora de la escuela lo que sucedía con su hija, la letrada le brindó asesoramiento acerca de las dependencias públicas a las que tenía que dirigirse y la acompañó, límite de su actuación. No se configuró la supuesta fabulación de los sucesos por parte de la menor, derivadas de su atribuida minusvalía propia de la defensa que no encontraron asidero en elementos de prueba, sino en todo caso contrapuestos con las explicaciones de los profesionales intervinientes quienes descartaron de plano alguna enfermedad mental en la víctima. Está debidamente fundada la condena por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ascendiente, por cuanto la verosimilitud de los dichos de la víctima sometida surge sin mácula de mendacidad, tanto por la locuacidad y elocuencia de su testimonio brindado en la cámara Gesell, como por la razonabilidad de sus dichos avalados por los profesionales de la psiquiatría y la psicología al expedirse acerca de la solidez y coherencia de sus aseveraciones, y demás aspectos que apartan cualquier influencia extraña en ellas. (Dres. Catucci, Borinsky y Riggi).
Emplazamiento, rebeldía
Materia: PROCESAL
Carátula: YOSVIAK, ROGELIO AGUSTIN c/ LILIANA IANNACCONE s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-08-07

El emplazamiento se realiza una vez que ha vencido el plazo de la citación. Citación es el llamamiento que se hace a una persona para que comparezca al Tribunal en un determinado momento, es la comunicación que se cursa avisando a una persona para que se presente en un día, en una hora y en un lugar preestablecido. El emplazamiento, es el llamado que se efectúa para que una persona comparezca al juicio dentro del plazo previamente determinado.

Citación y emplazamiento, imponen la obligación de la comparencia ante el órgano judicial, aunque en el último caso - ahí está la diferencia -, no debe hacerse en un momento determinado sino, en un lapso prefijado. El cumplimiento o incumplimiento de la exigencia del comparendo, tiene sus consecuencias jurídicas, de ahí el apercibimiento que se advierte de no cumplimentarse en tiempo propio, puede declararse, a solicitud del interesado, la rebeldía, con el efecto de seguir las actuaciones como si el citado estuviera presente, dándosele por notificado de los distintos decretos y proveídos mediante una simple nota de Secretaria.
Querella, trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: COSENTINO, Miguel s/ QUERELLA ROBLES, Mariano s/ CALUMNIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-05|1990-12-13

Al Juez de grado le incumbe en las acciones privadas efectuar un "juicio de admisibilidad" sobre el libelo mediante el cual se ejercen, examinando, si formalmente reúne los recaudos exigidos por el art. 92 del Código de Procedimiento Penal, y si el delito denunciado, ab initio es de acción privada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Busatta, Liliana Cecilia c/ Livolsi, Ricardo y otro s/ Accidente Vázquez de Cañón, Ana Cristina c/ Mapfre Aconcagua s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10|2002-02-27

Las atribuciones de los jueces de grado de fijar el importe del resarcimiento de daños y perjuicios adquieren mayor amplitud cuando se trata del daño estético y psicológico. En tales supuestos la configuración del absurdo debe ser estrictamente apreciada requiriéndose su demostración en forma indubitable.
Contrato de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Hughes, Juan Jorge c/ Diez, Pedro León y Otro s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-10

El despido es un acto de carácter recepticio y que como tal, opera desde el momento en que el trabajador o la patronal toma conocimiento del mismo.
Procesado, autorización para viajar
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Collazo, Amed s/ Autorización para salir del país. causa 25380
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-04

Es inadmisible la petición "sine die" del permiso para viajar, ya que implicaría desligarse de la obligación de comparecer ante el llamado del juez de la causa, frustrando los fines del proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, jueces, facultades del juez, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BOTAR S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION -RECURSO CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 432 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-08

Si bien es sabido que lo relativo a la selección, interpretación y aplicación de las normas procesales queda normalmente detraído del ámbito del recurso de inconstitucionalidad, también es cierto que dicha regla admite excepción cuando se demuestra que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la interpretación y aplicación de la normativa que rige el caso. Tales pautas conducen a juzgar que, en la especie, la labor cumplida por los Juzgadores al interpretar y aplicar el derecho invocado no alcanza a encontrarse razonablemente fundada, transformando la resolución impugnada en arbitraria por violatoria del derecho a la jurisdicción pues, precisamente, "condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción son las que concretan, en la sentencia, la exigencia de que ésta sea el resultado de la aplicación razonada del derecho vigente a los hechos de la causa".
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2a Instancia.- Buenos Aires, noviembre 30 de 2009.

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

I) Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, se alza la parte demandada a tenor del memorial de fs. 171/172, que fue contestado por la contraparte a fs.174/175.

II) La recurrente se agravia porqué la sentenciante de grado declaró que no resultó procedente el despido por abandono de trabajo.

Anticipo que los planteos recursivos de la demandada no merecen favorable acogimiento.

Ello es así pues, dicha recurrente no desarrolla una crítica razonada y concreta -como lo requiere el art. 116, Ley 18345- de los argumentos del fallo atinentes a la falta de "previa constitución en mora mediante intimación fehaciente" a fin de configurar la figura de abandono de trabajo pretendida.

En concreto, el apelante no probó haber intimado al actor, ya que la actora negó expresamente haber recibido el telegrama del 18 de octubre de 2007 (ver fs. 79vta y telegrama del 15.11.2007 de fs. 14, el que se encuentra reconocido por la demandada 95) en el cual se la intimaba a reanudara tareas en el plazo de 48 horas (ver fs. 64). La demandada se limita a efectuar manifestaciones acerca de las inasistencias de la actora, anteriores a su decisión rupturista, sin asumir su inactividad al no producir la prueba idónea (oficio al correo) a fin de lograr acreditar que envió la intimación necesaria para configurar la figura de abandono de trabajo pretendida.

Frente a ello, solo cabe confirmar la sentencia apelada.

Atento el resultado alcanzado, las costas de alzada se imponen a la demandada (conf. art. 68 CPCCN). A ese efecto propongo regular los honorarios de los letrados firmantes del escrito de agravios (fs. 171/172) y su contestación (fs. 174/175) en el 25% de los que le corresponden por su labor en la instancia anterior.

Por lo expuesto, concretamente propongo: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada. 3) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de agravios (fs. 171/172), y réplica (fs.174/175) en el 25% de los que le corresponden por su labor ante la instancia anterior.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, ley 18.345, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios. II) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada. III) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de agravios (fs. 171/172), y réplica (fs. 174/175) en el 25% de los que le corresponden por su labor ante la instancia anterior.- BEATRIZ I. FONTANA.- JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID.

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Recurso contencioso administrativo, solve et repete, Pacto de San José de Costa Rica, impuestos, pago, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Dagatti, José Félix c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 150-91) Empresa El Norte Bis S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso de  revocatoria contra el auto de Presidencia (Expte. CSJ Nº 475-91) Club Atlético Calzada c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo (Expte. CSJ Nº 470-98) CLUB ATLETICO CALZADA ASOCIACION CIVIL c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 131 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-01|1999-03-10|2000-11-14|2004-12-22

El artículo 8, inciso 1, del Pacto de San José de Costa Rica no ha derogado en nuestro ordenamiento la regla del "solve et repete"; y si bien dicha norma dispone el derecho por parte del contribuyente de ser oído por un tribunal independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus obligaciones fiscales, ello no empece a la exigencia del pago previo como condición habilitante de la instancia judicial.
Recurso de casación, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Rioseco, Anselmo del C. c/ Benvenuto, Héctor R. s/ SUMARIO S/CASACIóN. RAMOS, HECTOR ANTONIO Y OTRO c/ ZUMOS ARGENTINOS S.A. s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY SANDOVAL, PEDRO A. c/ MARTINEZ, LIDIA E. Y OTROS s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY GUTIERREZ MUÑOZ, NELSON c/ PRA.COOP.FRUTICOLA GENERAL ROCA LTDA. s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-10-24|1991-03-08|1991-08-15|1993-02-05

Sólo constituye doctrina legal a los términos del art. 286 CPC., aquella que ha merecido consagración expresa por parte del Superior Tribunal de Justicia, con las facultades de homogeneización jurisprudencial, que la ley le asigna al autorizarlo a imponer obligatoriamente el criterio de sus fallos durante los próximos cinco años.
Recurso de inconstitucionalidad, apelación en relación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pons, Jaime c/ Sucesión de César Peracca s/ Cobro ejecutivo - Inconstitucionalidad (Libro: S056-383)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1954-08-23

El plazo para dictar sentencia en las apelaciones en relación, empieza a correr desde el día siguiente al que se notificó a las partes la providencia que mandó agregar el último memorial.
Embargo, tercería de dominio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jarmolowicz, Felix Pablo c/ Tejeda. Roque Ignacio s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-10-30

Mientras se tramita la tercería de dominio, el ejecutante puede válidamente instar otros medios o formas de ejecución, siempre en los términos y condiciones que establece la ley, pues no existe normativa alguna, ni corriente doctrinaria ni jurisprudencial, que impida a un ejecutante proseguir con los trámites de ejecución de sentencia, ante la interposición de una tercería de dominio, respecto de otros bienes del ejecutado.
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja Jubilaciones Banco Pcia. Bs.As. c/ Silva Rubén H. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

No corresponde hacer cargar con los daños y perjuicios causados con un vehículo a quienes figuran como titulares del dominio en el Registro del Automotor, si se acredita que se desvincularon de su guarda comprometiendo la venta de la unidad y trasladando la posesión de la misma a otra persona. El art. 27 del Dec.Ley 6582/58 es una presunción de propiedad "juris tantum" susceptible de demostración en contrario.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Garantizar SGR c/ Noroña, Marcos Ernesto y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-18

Procede revocar la resolución mediante el cual el magistrado de grado se inhibió para el conocimiento de la ejecución en la inteligencia de que correspondía tramitarla ante la sede jurisdiccional del domicilio de la sociedad accionada, con base en la aplicación de la LDC 36 por lo que resultaba nula la cláusula de prórroga de la competencia contenida en el instrumento en el que se funda la acción. Ello por cuanto, la ley 24467 creó las sociedades de garantía recíproca con el objeto de facilitar a las pymes el acceso al crédito. Su objeto principal es el de otorgar garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos regulados en la ley mencionada; aunque también pueden brindar asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios, sea en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin (art. 33). Y, en ese marco se ha considerado, a aquella operatoria ajena a la tutela consumeril y excluída del régimen previsto por la ley 24240 (cfr. esta Sala, 3/12/09, "Garantizar SGR c/ Elso Tamara Eliana Moira s/ ejecutivo"; íd.23/12/10 "Garantizar SGR c/ Zamero Enrique y otro s/ejecutivo"; íd. 2/8/11, "Garantizar SGR c/ Rivas Angel Rubén y otro s/ ejecutivo", íd. 12/5/15, "Garantizar SGR c/ Ficoseco, José Ricardo s/ ejecutivo", Expte. COM 5280/2015, entre muchos otros).
Despido, telegrama
Materia: LABORAL
Carátula: Pescara de Houriet, Sara Mirta c/ García de barbero, Silveria s/ Proceso laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-06-09

Si la empleadora despidió a la dependiente mediante telegrama sin invocar causa justificativa alguna, no le es posible invocarla tardíamente en el juicio.
Revisión judicial de actos administrativos, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rey, Alfredo c/ Caja  de  Retiro,  Jubilaciones  y  Pensiones  de  la Policía Federal s/ Impugnación Acto Adm.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

Tratándose de la impugnación de actos administrativos, un principio elemental de buena fe obliga a que la administración tenga conocimiento cierto de los hechos que invoca el particular y la extensión del perjuicio que dice se le infiere con el hecho, acto o situación que le afecta.

Ello así por cuanto, de modificar la fundamentación fáctica o la extensión de sus pretensiones al demandar judicialmente, el particular quita a la administración la posibilidad de decisión, sustrayéndole su competencia y asignándosela por propia y personal decisión al Tribunal Judicial que, de órgano revisor de actos se transformaría en director de cuestiones que debían ser planteadas en sede administrativa (sent. cit.; esta Sala, 12-3-87, "Decavial").
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, querellante, Ministerio Público, acusación fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: D., J. A. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal agravado-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-23

El pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad -que, en definitiva, confirma la admisión de la acusación realizada por el actor penal público y privado, entre otras cuestiones- no es, en principio, sentencia definitiva, ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, por cuanto esta Corte reiteradamente ha sostenido -dentro del ámbito del recurso previsto en la ley 7055 y siguiendo los lineamientos trazados por el más Alto Tribunal de la Nación- que, en principio, las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no constituyen sentencia definitiva, pues no ponen fin al proceso ni impiden su continuación; y si bien la impugnante hace referencia genéricamente a que la decisión cuestionada sería equiparable a definitiva porque pone fin a la cuestión con su decisión en la última instancia ordinaria y define la postura incriminatoria que será llevada a juicio, se evidencia la insuficiencia en orden a demostrar la concurrencia de algún supuesto hábil para excepcionar la ausencia del recaudo de admisibilidad referido, por cuanto no alcanza la quejosa a acreditar que la resolución atacada le irrogue un gravamen de aquéllos que -excediendo el derivado del sometimiento a un proceso penal- este Tribunal ha considerado con entidad suficiente como para excepcionar la referida regla, por ejemplo, por resultar de la resolución una restricción a la libertad del imputado, o una veda al ejercicio de su profesión. - CITAS: CSJN: Fallos 308:1667; 310:1486; 312:573, 575 y 577; 314:377 y 657; 316:341, 1943 y 2063; CSJStaFe: AyS T 159, p 28; T 100, p 453; T 110, p 83; T 129, p 382; T 175, p 61; T 83, p 284; T 86, p 6; T 104, p 20; T 129, p 382; T 232, p 312.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Templar SA c/ Pettinari, Lorenzo y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda de simulación (Expte. CSJ Nº  608-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-09

No es función de la Corte señalar cuál es la eficacia precisa que merecen las pruebas rendidas, pero sí descalificar aquellos déficit en que incurren los juzgadores de grado en el determinante mundo de los hechos, al caer en desviaciones que importan su desconocimiento del material de la causa. En consecuencia, tales probanzas, tendrán o no el valor que el Tribunal ordinario determine dentro de sus facultades propias, pero lo que no puede admitirse es que se las deseche sin dar un fundamento razonable que conspire contra el adecuado servicio de Justicia. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia Dres. Alvarez y Falistocco)