marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cesión de derechos, instrumentos públicos, escritura pública
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERREYRA MARIA ESTELA c/ GALO LUVESSE MASSERA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-09-17

El principio general para la cesión de derechos, impone su instrumentación en forma escrita, pública o "privada", permitiendo incluso en este último caso el simple endoso (arts. 1454 y 1456 del C. Civil). La prescripción del inc. 9no. del art. 1184 C. Civil, que exige la escritura pública para la cesión de derechos provenientes de actos celebrados en escritura pública, no puede aplicarse, cuando los créditos de que se trata derivan, no de "escritura" pública, sino de "instrumento" público, no siendo admisible una interpretación extensiva de la norma, habida cuenta de su índice excepcional ("exceptio est strictis-sima interpretationis").-
Escala penal, monto de la pena, violencia de género, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS NATANIEL DAVID c/  s/ LESIONES AGRAVADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-14

La escala penal se limita a determinar cuál es el monto de pena -entre un mínimo y un máximo- que puede aplicarse a un caso concreto. La naturaleza de la acción, por su parte, importa valorar la particular forma en la que la violación al/los bienes jurídicos se produjo en el caso concreto, debiendo tener en cuenta la multiplicidad de afectaciones a distintos bienes jurídicos y la particular forma en la que ésta se produjo. En el caso de autos ésta se efectuó con una intensidad evidente y una clara violencia desmedida, por lo tanto, no existe superposición entre ambas valoraciones, por lo que su evaluación no afecta de ninguna manera la garantía del ne bis in ídem. (del voto del Dr. Repetto en mayoría).

Fuente del sumario: OFICIAL
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, código de comercio, leyes, interpretación de la ley, jueces, facultades del juez, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: ¿Es inconstitucional el inciso 8, artículo 11,   ley 19551, en cuánto exige la acreditación del cumplimiento de las   disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de   dependencia, actualizado al momento de la presentación concursal,   como requisito formal de la petición del concurso preventivo?   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-16

En materia mercantil el "Título preliminar" del Código de Comercio interdice los fallos dictados en abstracto y los fallos plenos o plenarios con ultraactividad vinculante. En efecto, el acápite III estatuye: "Se prohíbe a los jueces expedir disposiciones generales o reglamentarias, debiendo limitarse siempre al caso especial de que conocen". Mientras que el IV dispone: "Sólo al Poder Legislativo compete interpretar la ley de modo que obligue a todos". Resulta obvio que tan palmarias normas (es cierto que no debieron figurar en el Código de Comercio), prevalecen sobre el derecho público provincial, que en la materia, incluso desbarra gravemente instituyendo la ley común una suerte de "casación" vinculante para pares y sufragáneos cuando este tipo de mecanismos legales sólo se conciben previstos en la Constitución, ya que atañen al sistema básico de división de los poderes. (Del Voto del Dr. Chiappini -En Disidencia Parcial).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no decisiva, principio de congruencia, defensa en juicio, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUIRRE, LUCAS EMILIANO c/  s/ HOMICIDIO SIMPLE AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CONSUMADO EN CONCURSO REAL CON HOMICIDIO SIMPLE AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN GRADO DE TENTATIVA, EN CARACTER DE COAUTOR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-17

En orden al agravio vinculado a la afectación del principio de congruencia con base en una supuesta variación respecto al horario en que se habría producido el hecho, no obstante advertir que ningún planteo en este sentido efectuó la defensa al apelar el fallo de grado, no permitiendo así a la Cámara analizar tales postulaciones, las consideraciones realizadas por la interesada sobre el punto no logran evidenciar en concreto la decisividad que sus cuestionamientos eventualmente tendrían para una solución diversa del caso, en tanto no acredita -ni esta Corte advierte- que al justiciable se lo condenara por hechos que no fueron oportunamente atribuidos, y que por tanto, se hubiera visto restringida la posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa, particularidad que basta para concluir en la inadmisibilidad de tal reproche.
Trabajadores de la construcción, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: CARRASCO GONGORA, CARLOS E. c/ GARNICA NICOLAS Y OTRO s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-27

No resulta incompatible el artículo 30 TORCT. con el régimen laboral de la industria de la construcción, pues el artículo 35 de la ley 22250 declara aplicables las disposiciones de la LCT. en tanto resulten compatibles con el régimen estatutario de los trabajadores de la construcción y no se opongan a la naturaleza y modalidades del régimen jurídico específico.
Gastos del proceso, honorarios, peritos
Materia: PROCESAL
Carátula: Medina, Rubén Darío y otra c/ Nores, Agustín Alejandro y/u otro s/ ordinario daños y perjuicios (Turno A)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-05-05

Si la aplicación de la ley de aranceles especifica de los peritos conduce a una regulación de honorarios que configura un enriquecimiento incausado, resulta improcedente omitir la aplicación de la ley en cuestión, sin antes declarar la inconstitucional de oficio del artículo aplicable en el asunto si se considera que su aplicación lisa y llana conlleva una evidente injusticia.
Municipalidad, personal municipal, nombramiento, acto administrativo, desviación de poder, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García, Juan Carlos c/ Muncipalidad de Funes s/ Recurso contencioso administrativo (Expte. CSJ Nº 1687-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-30

No puede tenerse por acreditado el vicio de desviación de poder que habría afectado al acto de retiro (habida cuenta de móviles políticos que -a criterio del recurrente- inspiraron su dictado), con los conceptos vertidos por un Concejal cuando tales expresiones, provienen de un sujeto que no suscribió dicho acto de retiro, rubricado por el Intendente municipal y por cuatro Secretarios del Departamento Ejecutivo con lo que, a lo sumo, podría configurar un indicio único, desprovisto de gravedad y, por ende, insusceptible de producir convencimiento (artículo 226 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable según artículo 1 ley 11330).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, integración de la litis
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Anastasio c/ Soldán, Francisco y/o F.S. Cueros s/ Accidente de trabajo Toranzo, Alicia Mónica c/ Marpaz S.R.L. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06|1994-06-15

Incurre en absurdo el fallo que al determinar la "causa petendi" se aparta de todas las constancias del expediente, excepción hecha de un yerro en la formulación de la demanda fácilmente verificable, como tal, a través de una lógica y recta interpretación de los demás elementos de juicio obrantes en la causa.
Robo con armas, robo calificado, derechos y garantías constitucionales, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: F. c/ Almonte Sánchez Luciano Emanuel, Luna Medina Carlos Roque, Medina Roberto Mauro, Luna Amaya Lucas Enzo, Coria Muratore Luciano Andrés, Weiss Alonso Alejandro Exequiel s/ Robo agravado por el uso de arma de fuego P/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-29

Un régimen más flexible que el de las nulidades es el régimen procesal de la exclusión probatoria, entendido como la inadmisibilidad de las pruebas para su valoración cuando provengan de un acto producido, obtenido o incorporado mediante violación de garantías constitucionales. Si bien es cierto que la vulneración de garantías constitucionales es el primer límite a la libertad probatoria, también se refiere a los efectos de la incorporación u obtención de prueba ilegítima: la ineficacia y sanción de invalidez alcanza a aquellas pruebas que no hubieran podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia de aquélla.
Honorarios del abogado, accidentes de trabajo, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Adoryan, Ramón N c/ Consejo Nacional de Educación de la Provincia de Misiones y/o Estado de    la  Provincia  de  Misiones  y/o  quien  resulte  responsable s/ Laboral por indemnización por incapacidad parcial
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-07-31

Esta Sala sostiene que la ley 24028 no puede regular cuestiones de honorarios en juicios de jurisdicción provincial ni menos aún derogar la ley provincial sobre el tema. No es el caso en que el Legislador Nacional para asegurar o garantizar un derecho incursiona en el campo procesal, estableciendo reglas para su ejercicio o resguardo a fin de garantizar la esencia o funcionamiento de la institución que regula.
Daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: GARRAZA, ALDO ALFREDO c/ MINISTERIO DE DEFENSA - ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-21

La prescripción de las acciones de daños y perjuicios corre -en principio- desde que el evento se produce, pues es esta la causa fuente de la obligación de resarcir y, por excepción, desde que el damnificado hubiera tenido conocimiento de sus consecuencias dañosas.
Facultad de dirección, ingreso al trabajo, despido por fuerza mayor
Materia: LABORAL
Carátula: GUIDO, ROMULO c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE EMPLEADOS GRAFICOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-25

El ingreso desmedido de personal responde a una medida adoptada por el empleador en ejercicio de su poder de dirección y cuyos efectos no pueden recaer sobre el trabajador, por lo que de modo alguno se puede encuadrar el caso como fuerza mayor para justificar una suspensión.
Quiebra, declaración de quiebra, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: S.A.   BODEGAS Y VIÑEDOS ARIZU S/QUIEBRA S/INCIDENTE DE VERIFICACION POR ISIDRO JOSE SOMARE s/ INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-31

La lc: 133 primer párr. es de orden público y, por tanto, aún cuando haya mediado liquidación que no es motivo de expresa impugnación. Tal circunstancia no obsta a que con ulterioridad se subsane la cuestión; máxime si se tiene presente que la aprobación de cuentas es susceptible de revisarse.
Derechos y garantías constitucionales, ejercicio del derecho, estado de emergencia
Materia: CIVIL
Carátula: ALVARADO, RINA AZUCENA c/ PROVINCIA DE SGO.DEL ESTERO s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 6016 AVILA DE YANUZZI, FANNY s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-22|1996-10-15

El estado de emergencia trata de hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales, con las conveniencias generales, de manera de impedir que los derechos amparados por esas garantías, además de correr el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal, pueda alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad nacional.-
Prisión domiciliaria, deber de asistencia familiar
Materia: PENAL
Carátula: Tiscornia Salort, Federico c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-08

La situación emocional de la madre del procesado, no justifica la viabilidad de la detención domiciliaria de su hijo, toda vez que la misma cuenta con la asistencia de una cuidadora, goza de cobertura médica y fondos suficientes de su pensión para contratar servicios profesionales para el mantenimiento de su salud. (Dres. Catucci, Riggi, Figueroa).
Pago, pago por consignación
Materia: CIVIL
Carátula: I., C.I. y Otro c/ B. R.P. SA s/ Sumario (Consignación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-01

"Para que la consignación tenga fuerza de pago deben concurrir todos los requisitos exigidos por la ley de fondo y cumplir con los principios de integridad e identidad del pago. Y aun, cuando haya existido una prórroga tácita del mutuo hipotecario, sólo procede la acción si se consigna el capital con más los accesorios que correspondieran tal como emana de la doctrina plenaria".
Violación de la ley o doctrina legal, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ramos, Mercedes (su sucesión ab intestato) c/ Mateos, Fidel y otros. s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Quien afirma la violación de un precepto legal o doctrina no hace sino adelantar una premisa cuya inmediata demostración debe concretar en el mismo escrito, extremo que no queda satisfactoriamente abastecido con la sola mención de distintas normas jurídicas o el despliegue de una argumentación que no se dirige al punto neurálgico del fallo cuestionado.(doctor Soria, sin disidencia)
Constitución Nacional, Convención Constituyente, reforma de la constitución, jueces, inamovilidad de los jueces, límite de edad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Carbone,  Edmundo  José c/ E.N.  -M°  Justicia y DDHH (Art. 99C.N.) S/ s/ roceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-13

Al agregar a la edad como una causal más de remoción se ha extralimitado la Convención Constituyente en sus atribuciones cayendo sobre la norma la tacha de nulidad absoluta que impone le artículo 6 del llamado a reforma (Del voto del juez Galli, cons. VIII).
Recurso contencioso administrativo, falta de legitimación para obrar, excepciones dilatorias
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ, OSVALDO JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- EXCEPCION D  E FALTA DE LEGITIMACION PASIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 471 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19

No corresponde en la instancia contencioso administrativa expedirse sobre la defensa de falta de legitimación pasiva articulada por la Municipalidad demandada desde que, sin perjuicio de que el trámite dado ha sido consentido por las partes, la misma no resulta una defensa que pueda ser deducida en forma de artículo previo, tal como lo establece el artículo 37 de la ley 4106. En consecuencia, por no revestir el carácter de excepción dilatoria según la norma citada y habiendo sido opuesta a tenor de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 35 de la ley 4106, corresponde resolverse al dictarse la sentencia de mérito (art. 67 -inc. b-, ley cit.).-
Acción de amparo, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: RO KYONG SOON s/ Acción de amparo Causa 32301
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-15

1- Debe revocarse la resolución que no hizo lugar a la acción de amparo contra la clausura preventiva impuesta por la Secretaría de Industria y Comercio y declararse abstracta la cuestión planteada, si la presentación del amparo fue efectuada cuando ya se hallaba vencido el término de aquella medida procesal, la que debía concluir el día anterior, pues dicha circunstancia no puede tener entidad alguna toda vez que teniéndose en cuenta los requisitos exigibles para poner en actividad al instituto del amparo se debió rechazar "in limine" la acción intentada, la cual no se ha instituido para juzgar hechos pasados sino presentes o inminentes (1).- 2- Las garantías protegidas por la ley de amparo son de raigambre constitucional y por ello los sujetos del proceso- tanto los externos que deben asistir a las partes comprometidas en el mismo, como los magistrados y sus auxiliares- deben extremar su celo para coadyuvar a la mejor solución de las cuestiones que se ventilan, para evitar el desgaste jurisdiccional que va en desmedro del servicio de justicia y comprometen las garantías que la ley ha establecido en favor de los individuos y la sociedad.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: OCRAL S.A. c/ Kertverlyesova, Juliana s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-05

El artículo 53 del decreto ley 8904/77, prevé que los profesionales podrán practicar la liquidación de gastos y poner de manifiesto las situaciones de orden legal y económico que consideren computables.

No se avisora, entonces, impedimento legal alguno para que por medio de la via incidental se dilucide la cuestión conexa y ocasionada -según se denuncia- en este juicio ejecutivo sin que éste se desnaturalice, tanto mas cuando el planteo está vinculado al pago de los honorarios de uno de los letrados. De este modo, el planteo traído se puede encarrilar en el trámite incidental, en atención a que es competente el juez en los incidentes y regulación de honorarios, costas devengadas en juicio así como en acciones accesorias en general, el juez del principal, solución compatible con los principios de economía procesal, celeridad y concentración arg. arts. 6 inc. 1, 34 inc. 5 ap. a y e, 36 inc. 1, 77, 187, 547 in fine CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen de consolidación de deudas, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Luchetta, Rodolfo Carmelo Francisco c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa). s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

No se configura menoscabo al derecho de propiedad al considerar que al haber otorgado por el decreto 1897/85 y la resolución del Ministerio de Defensa 500/85 a personal retirado de las Fuerzas Armadas, se aplica el régimen de consolidación de la ley 23.982, ya que el mismo no priva al recurrente del beneficio patrimonial que le fue reconocido sino que sólo limita temporalmente su percepción.
Mandato, poder general
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.G.S.S.M.Q. c/ Juarez Allen Eduardo s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

Del artículo 1977 del Código Civil surgen los elementos que debe reunir un mandato para poder contener válidamente una cláusula de irrevocabilidad. El primero de ellos lo constituye la exigencia en cuanto a que se trate de un mandato para negocios especiales, extremo del que se deriva como conclusión inevitable que el poder general no puede ser irrevocable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Leyes, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alfredo Alvarez e Hijos Sociedad Colectiva (Su quiebra) c/ Banco Francés del Río de La Plata S.A. s/ Acción de revocatoria concursal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Están sujetas a la ley anterior las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, pues juega la noción de consumo jurídico.

Consecuente con tales principios la Suprema Corte ha establecido la atingencia de la nueva ley concursal para decidir la atracción o no del concurso, según se hallara en curso o hubiese concluído la etapa de conocimiento del proceso atraído.
Legalidad objetiva, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: U., M. S. y otros c/  s/ defraudación a un menor o incapaz
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-07

Aun quienes interpretan que el régimen procesal penal que entró en vigencia en 1992 se inscribió en el principio de oficialidad de la acción penal y contempló a un querellante adhesivo, mal pueden soslayar la circunstancia de que, desde entonces, han transcurrido más de 25 años; una reforma constitucional sin precedentes que ha incorporado profusos compromisos para el Estado argentino con la comunidad internacional en materia de derechos humanos; importantes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una dirección contraria e, incluso, una reciente reforma al código que rige la materia, pese a encontrarse suspendida en su aplicación (Ley 27.063, B.O. 10/12/14, en virtud del Decreto PEN 257/2015 -ver art. 85-). De ese modo, las concepciones con relación a la víctima han mutado, en cierto punto producto, precisamente, del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos; al tiempo en que se ha comenzado a abandonar la idea de que el delito es únicamente una lesión a un bien abstractamente protegido, para comprender que es a la vez una lesión al derecho del particular ofendido, tan digno de protección como el primero. Así las cosas, mal podría desconocerse el sentido que ha tomado la figura del querellante a nivel normativo, y la necesidad de valorarlo al momento de resolver (voto del juez Morin).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Reissing, Alberto José c/ Salum, Miguel s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-15

No resulta definitiva la decisión que rechaza la defensa de nulidad de la ejecución, si ello no impide la ulterior promoción del juicio ordinario (arts. 278, 551, C.P.C.).
Impugnabilidad objetiva, resoluciones irrecurribles, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Fariña, Jorge Leonardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-13

La decisión que rechazó un planteo de nulidad- no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto en el art. 457 CPPN, ya que no se trata de una sentencia definitiva, ni de auto que pone fin a la acción, a la pena o hace imposible que continúen las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena, sin que la defensa alcanzara a demostrar cuál es el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión del a quo, a los efectos de equipararla a definitiva, manifestando sólo su disconformidad con los argumentos allí vertidos; resolución que, por otro lado, cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Violencia de género, lesiones agravadas por el vínculo
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Santillán, María Cristina. Queja en causa N° 86.766 del Tribunal de Casación Penal, Sala III c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-12-28

Corresponde revocar parcialmente la sentencia que condena a la pena de 7 años como autora responsable del delito de lesiones gravísimas calificadas por el vínculo a una mujer que padeció violencia de género durante 38 años por parte de su marido a quien atacó con un hacha y devolver los autos al Tribunal de Casación Penal para que dicte una nueva decisión ajustada a derecho, toda vez que la categoría de género obliga a realizar exámenes contextualizados y en el caso no media un análisis del contexto en su real dimensión, pues se deja de lado el análisis probatorio con perspectiva de género en el punto medular de la determinación de la pena, no efectuando ninguna ponderación respecto del informe pericial que evidencia que el trastorno de estrés postraumático, que el revisor minimiza como estar deprimida, era consecuencia del historial de discriminación y violencia padecido por la imputada a manos de su esposo. En tales condiciones, asiste razón a la defensa pues las genéricas consideraciones efectuadas por el tribunal intermedio para mantener la graduación de la pena configuran un supuesto de arbitrariedad por falta de fundamentación que descalifica la sentencia como acto jurisdiccional válido.