Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-06-28


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Seis San Fernando del Valle de Catamarca,28 de Junio de 2.007.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 06/07 "YEBRA, Silvia Beatriz y Otros (Agente de la O.S.E.P.) c/ Gobierno de la Provincia de Catamarca - ACCIÓN DE AMPARO", traídos a Despacho para dictar Sentencia.

En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

Es procedente la acción de amparo interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde? Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs. 75, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y ENRIQUE ERNESTO LILLJEDAHL.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

1. A fs. 35/40 la Sra. Silvia Beatriz Yebra y Otros, por intermedio de apoderado interponen acción de amparo en contra del Gobierno de la Provincia a fin de que se abstenga de continuar aplicando descuentos en sus salarios los que perciben en su carácter de agentes de la O.S.E.P.

2. Comienzan el relato de los hechos cuestionando el descuento que se practica en sus haberes en base a la aplicación de un índice, 1.35 como tope salarial en relación a la remuneración de un director de repartición y no como corresponde legalmente respecto a lo que por todo concepto percibe el Gobernador de la Provincia.

En tal sentido afirman que el Decreto Acuerdo Nº 1220/05 al establecer el valor índice se contrapone a la norma constitucional y ley reglamentaria; que asimismo el adicional de auditoria médica creado por el Decreto Nº 2042 no es percibido por gran cantidad de agentes. Señalan respecto a este último, que la manera de aplicarse genera desigualdad puesto que se hizo extensivo a todo el personal profesional que se desempeña en la Contaduría General de la Provincia, sin tener en cuenta las funciones que los profesionales médicos auditores desempeñan.

Aducen que gran porcentaje de este incremento no es percibido debido a la norma que fija el tope salarial en el sueldo que percibe el Gobernador, afectándose así en mayor medida a los auditores categoría B y C y jefes que tienen más de veinte años de profesión. Que dichos profesionales no pueden desempeñarse en otro ámbito, debido a la carga horaria, que implica dedicación exclusiva, ello en franca violación del derecho a la igualdad respecto de otros profesionales de la Administración Central; ya que se los excluye del pago de la bonificación por bloqueo de título.

Afirman, que la ley que establece el tope salarial favorece a algunos trabajadores en detrimento de otros, que dicho tope no se encuentra actualizado, que a los funcionarios políticos no se les aplica, y que solo se lo invoca cuando se trata de los sueldos del personal jerárquico, lo que arroja como resultado una notoria injusticia puesto que la liquidación se basa en una información falsa.

Por último señalan que la disminución practicada en sus haberes constituye una verdadera confiscación, que amenaza el derecho de propiedad. Ofrecen prueba, formulan reserva del caso federal, y concluyen su presentación solicitando el acogimiento de la acción de amparo interpuesta, con costas. - 3. A fs. 46 por Auto Interlocutorio Nº 27, la Corte de Justicia resuelve declarar "prima facie" la competencia para intervenir en la presente causa, como declarar la viabilidad formal del recurso de amparo interpuesto. Asimismo ordena la remisión de oficio al Gobierno de la Provincia para que en el término de ley remita los antecedentes relacionados con el Decreto Acuerdo Nº 775/97 como del Decreto Nº 252/92, e informe circunstanciado sobre los fundamentos de la medida impugnada.

4. A fs. 68/72 los apoderados del Estado Provincial contestan el informe requerido.

5. Con lo que la causa previo llamamiento de autos, queda en estado de ser resuelta.

6. Siendo ello así he de recordar que los actores invocando su condición de agentes de la Obra Social de los Empleados Públicos objetan a través del mecanismo excepcional del amparo los descuentos que se les vienen aplicando en sus haberes como consecuencia de lo dispuesto en Decretos del Poder Ejecutivo que establecen un valor índice como tope salarial en relación a la remuneración de un director de repartición y no como corresponde respecto al sueldo que por todo concepto percibe el Sr. Gobernador de la Provincia.

En tal sentido pretenden se re-liquiden sus haberes mensuales a partir de enero de 2007 aplicando el tope en base al sueldo real del Gobernador, como asimismo se aplique el Decreto Nº 2042/06 que establece un adicional por auditoria médica, sin descuento por aplicación de tope, aduciendo en relación a ello que la gran mayoría de profesionales no percibe el incremento otorgado.

7. En síntesis, manifiestan que la liquidación practicada es irregular e incompleta por aplicación errónea del tope salarial, lo que genera la violación de garantías constitucionales, entre las que enumeran el principio de equidad y justicia que impide efectuar discriminaciones arbitrarias como las que en el caso se denuncian, pues no se entiende como es que a los funcionarios políticos por ejemplo no se le aplique ningún tope salarial.

8. Del relato efectuado podrá inferirse que la cuestión introducida por los recurrentes presenta aristas complejas de difícil dilucidación en este trámite excepcional del amparo. Pues ello es así al cuestionarse, por un lado la conducta observada por el órgano administrativo encargado de efectuar la liquidación de los haberes, teniendo en cuenta según los dichos de los recurrentes un tope salarial incorrecto, a lo que se agrega la tacha de ilegalidad de ciertos decretos emitidos por el Poder Ejecutivo en cuento respaldarían hechos discriminatorios.

9. Esta primera reflexión sin duda se vincula con el presupuesto esencial del instituto empleado, pues el amparo existe, como bien se ha dicho, para subsanar una grosera turbación de los derechos humanos constitucionales; y si tal lesión no es clara, explícita palmaria (fáctica y legalmente), la acción de amparo -remedio excepcional y residual, rápido y sumario-, no es la vía correcta para resolver el problema. (Néstor Pedro Sagüés- Acción de Amparo, pág. 246).

10. De ello podrá inferirse que la temática de la cuestión planteada amerita un estudio más prolongado que el que pueda brindarse a través de este mecanismo excepcional, resultando oportuno aquí, remarcar que el medio empleado no ha sido diseñado para alterar mecanismos procesales vigentes ni para sustituir el tramite pertinente, dado que la pretensión de los recurrentes no difiere en sustancia de aquellas otras, que tramitan ante la justicia ordinaria y que se relacionan con el reclamo por diferencias de haberes.

11. Entonces mereciendo la cuestión mayor debate, deberá rechazarse la acción interpuesta por improcedente.

12. Conforme al Art.17 de la Ley Nº 4642 de amparo, las costas se imponen por el orden causado.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que del análisis de la cuestión de autos, que no es otra que el cuestionamiento a decretos del P.E.P., por los cuales se aplica un tope salarial teniendo como parámetro el sueldo de un director de repartición, y no los emolumentos que por todo concepto percibiría el Sr. Gobernador de la Provincia, y de los antecedentes agregados, cabe considerar que la excepcional vía procesal que significa conceptualmente la acción de amparo tiene como primera condición de admisibilidad que el acto u omisión de autoridad pública que se ataca: " lesione... con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos...reconocidos por la constitución..." (Art. 1 Ley 4642).

Que bajo tal parámetro es insoslayable que la arbitrariedad o ilegalidad que se le atribuye al actuar de la administración surja en forma evidente, patente, aún en un análisis a prima facie como se requiere en el ámbito procesal del amparo; no configurándose tal circunstancias en autos, en tanto, el tope salarial aparece como la consecuencia del ejercicio regular por parte de la administración de atribuciones fundadas en normas y actos administrativos que gozan, en principio, de presunción de legitimidad, mas allá que la cuestión debatida pueda tratarse por vía de otra acción que permita mayor amplitud de análisis y debate.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar a la acción intentada, imponiéndose las costas en el orden causado a tenor de lo normado por el Art. 17 de la Ley de cita. Es mi voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Lilljedahl dijo:

Que comparto la relación de hechos expuesta por los Sres. Ministros que votan en primer término -en los parágrafos 1 al 5.

Que no obstante ello debo explicitar cuestionamientos al trámite que se le imprimió a la presente en tanto, deducida y declarada admisible como acción de Amparo, se la asemejó en su sustanciación a un recurso contencioso administrativo. Prueba de ello es que se declaró "prima facie la competencia de esta Corte" -fs. 46- solución ésta que si bien se encuentra prevista en el CCA respecto a los recursos de ilegitimidad y plena jurisdicción -aún cuando para el suscripto en ejercicio de la titularidad del Ministerio Público resulta discutible por sus efectos y así lo he venido constantemente expresando -desde dictamen 123/99 en autos Corte Nª 64/99 "Barrionuevo, Justo c/OSCa s/acción contencioso administrativo- se encuentra expresamente vedada por los arts. 1, 2,y 6 dela Ley 4642.

Ello así pues tales artículos imponen verificar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad -arts. 1 y 2- también mal denominados de procedencia formal -por el art. 6 ap. a) texto idéntico al art. 1 y ap. b)cuyo texto reproduce en parte el art. 1 y el art. 2 ap. c)-recaudos estos FORMALES que se erigen como valladar al Tribunal para declarar la admisibilidad de la tutela requerida, o lo que es lo mismo, obliga al Tribunal a juzgar su presencia con carácter previo al dictado de la admisibilidad. Circunstancia aquélla última decidida por esta Corte en sentido afirmativo a fs. 46.

Así, declarada la "admisibilidad" del presente amparo, en este estadio procesal -llamado de autos para resolver-sólo resulta posible declarar "la existencia o inexistencia de la lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal de un derecho constitucional" -tal como reza el art. 14 de la citada ley- , esto es receptaron rechazar la tutela urgente solicitada, encontrándose precluída la posibilidad de reexaminar la satisfacción de los recaudos de admisibilidad.

Como consecuencia de ello, declarada la "viabilidad formal" de la presente no resulta posible a esta Corte fundar su rechazo en el incumplimiento de un recaudo de admisibilidad: que la cuestión requiere mayor debate y prueba -ap. d art. 2-. Por el contrario, y a fuerza de resultar reiterativo, en este estadio procesal sólo resulta posible avocarse a verificar, conforme lo impone el art. 14 de la ley, la existencia o no de la lesión denunciada.

El propósito de estas líneas no ha sido otro que delimitar las amplias facultades con que cuenta este Tribunal para evaluar el cumplimiento de los recaudos formales -de admisibilidad, especialmente los referidos en el art. 1, en el ap. "d" del art. 2, y en el art. 6 con carácter previo a dictar la "admisibilidad del amparo" que refieren no a que la cuestión sea jurídicamente más o menos fácil, que exija mayor o menor estudio de la problemática normativa, doctrinal o jurisprudencial; por el contrario, entiendo que tales recaudos se conectan directamente, con la naturaleza sumarísima del proceso, con restricciones probatorias y defensivas, de modo que la cuestión debatida sea fácilmente detectable dentro de esas limitaciones; si en cambio, se trata de una cuestión compleja, porque para ser acreditada se necesitan un cúmulo de probanzas y argumentaciones interconectadas después de extraer maleza con grandes dificultades fácticas, entonces el amparo no será admisible, y así deberá ser declarado en la aludida etapa preliminar al dictado de la admisibilidad del remedio intentado, más no superado tal estadio procesal en que, reitero, sólo resulta posible declarar la existencia o no de la lesión denunciada.

Renunciar al examen de los recaudos de admisibilidad del amparo y diferirlo para cuando se dicte sentencia no puede residenciarse en quienes tienen a su cargo la administración de justicia, en tanto ello supondría alterar los órdenes normales de competencia asignados por la ley, además de comprometer la garantía de igualdad y afectar la seguridad jurídica.

Insisto, controlar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad aludidos está impuesto a este Tribunal por los arts. 1, 2 y 6 de la ley, y aún cuando aquélla nada diga respecto al "momento" en que tal examen debe ser realizado, resulta obvio y no puede sino interpretarse que es con carácter previo a la declaración de admisibilidad.

Declarada aquélla precluyó la posibilidad de luego -al dictar sentencia definitiva- aludir a su falta de satisfacción. Así lo impone el principio de legalidad que informa el ordenamiento jurídico.

Más, encontrándose definida la suerte adversa de autos tal como surge de los votos que me preceden -aún cuando lo hagan por diversas causas: mayor debate y prueba e inexistencia de lesión, ambos coinciden en augurar el rechazo fundados en recaudos de admisibilidad que ya fueran juzgados satisfechos en la interlocutoria glosada a fs. 46- el razonamiento propiciado relativo a la obligación del Tribunal de avocarse al examen de la procedencia sustancial de la tutela peticionada por expreso mandato legal, deviene abstracto, más no por ello empaña la convicción que tengo respecto a los diversos momentos en que el Tribunal debe realizar los exámenes de admisibilidad y procedencia de la acción de amparo. Así voto.

Por todo ello, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la acción de amparo interpuesta por la Sra. Silvia Beatriz Yebra y otros (Agente de la O.S.E.P.), por improcedente.

2) Con costas por el orden causado ( Art. 17 de la Ley Nº 4642). 3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívese.