Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25


Reg.: A y S t 285 p 436/438. Santa Fe, 25 de setiembre del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Sergio Fabián Annoni contra la resolución 129, del 12 de marzo de 2018, dictada por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, doctores Reyes, Andrés y Netri, en autos caratulados "ANNONI, Sergio Fabián -Recurso de Inconstitucionalidad en carpeta judicial: Annoni, Sergio Fabián s/lesiones culposas, etc. s/recurso apelación (resol. fecha 22/9/17 -que rechaza solic. de archivo y susp. de términos) (Expte. 322/17 CUIJ 21-07012507-9)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00512015-9); y, CONSIDERANDO: 1. Por auto 129, del 12 de marzo de 2018, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, doctores Reyes, Andrés y Netri, declararon inadmisible el recurso de apelación deducido por la defensa contra la decisión del Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N°3 que, en su oportunidad, rechazó la solicitud de archivo de las actuaciones, ordenando la prosecución de la causa según su estado (fs. 12/14). 2. Contra este pronunciamiento, la defensa de Annoni interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 16/23). En primer lugar, señala que la resolución impugnada reviste el carácter de definitiva porque se trata de una sentencia de segundo grado dictada por un tribunal de apelación. Seguidamente, tilda de arbitrario al pronunciamiento de la Cámara al efectuar una interpretación incorrecta del artículo 8 de la Ley 13004 , pues la causa si bien fue elevada a juicio, no se advierte causal que indique que no debe continuar. Afirma que el tribunal fundó el rechazo en el artículo 7 de la referida normativa por entender que son de similares características, confundiendo -a su criterio- la extinción de la acción penal con el archivo jurisdiccional. Señala que en el caso se afecta el derecho de defensa, pues la causa al carecer de sentencia debió ser archivada de pleno derecho conforme lo normado en el artículo 8 de la ley 13004. Insiste en poner de resalto que el Tribunal aplica el artículo 7, siendo que la apelación de la defensa se fundó en el artículo 8, generando así inseguridad jurídica al violar preceptos de orden internacional, nacional y provincial. Critica que se hubiera considerado que la norma invocada era de naturaleza administrativa, en el entendimiento de que la ley 13004 es una ley formal dictada por la Legislatura provincial en la que se regulan las reglas procesales que deben ser aplicadas por la judicatura. Reitera que esta norma faculta al juez a archivar las actuaciones con el cumplimiento de dos requisitos: que el imputado esté individualizado y no privado de su libertad, exigencias que -dice- se dan en el caso de Annoni. Concluye en que el nombrado se encuentra involucrado en un proceso penal sin una resolución definitiva que dirima su situación legal, vulnerándose la garantía del plazo razonable. 3. La Alzada, el 4 de junio de 2018, deniega la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 25/26); lo que motiva la presentación directa de la impugnante ante esta Corte (fs. 1/7). 4. En primer término, cabe recordar que el artículo 1 de la ley 7055 establece una exigencia fundamental para que la resolución, supuestamente agraviante, pueda ser objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad local. Esta es que debe tratarse de una sentencia definitiva o auto equiparable. Y considerando que el pronunciamiento que en virtud de la decisión de la Cámara no será revisado consiste en el rechazo por el Magistrado de grado del pedido de archivo efectuado por la defensa en función del artículo 8 de la ley 13004, debe concluirse que la resolución sometida a control de constitucionalidad no es sentencia definitiva ni auto equiparable. Ello es así, toda vez que, de conformidad con asentada jurisprudencia de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal carecen del carácter definitivo a los fines del recurso extraordinario (A. y S. T. 159, pág. 28, por todos; Fallos:308:1667; 310:1486; 312:573, 575, 577 y 1503; 314:657; 316:341 y 2063); sin perjuicio de reconocer excepción a dicha regla cuando con tal sometimiento pudiere provocarse un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior (A. y S., T. 100, pág. 453; T. 110, pág. 83; T. 129, pág. 382; T. 175, pág. 61, entre otros; Fallos:314:377; 316:1943 y 2063). En punto a ello, en el "sub judice" si bien la compareciente refiere que la resolución cuestionada es definitiva porque emana de un tribunal de apelación y afecta garantías constitucionales, en tanto su defendido "desconoce en qué momento de su vida, se resolverá su situación ante la ley penal" (f. 4v.), lo cierto es que con sus alegaciones no logra demostrar que le cause un perjuicio efectivo actual que resulte de imposible o insuficiente reparación ulterior que pudiera conducir al apartamiento de las pautas expuestas "ut supra". Y ello es así, pues la recurrente no acredita que, en el caso, se halle comprometida de manera actual la libertad ambulatoria del imputado, o bien que se configure en autos un supuesto de restricción o menoscabo al ejercicio de algún derecho de los que esta Corte ha admitido para sortear la falta de definitividad referida (cfr. A. y S., T. 232, pág. 312; T. 255, pág. 282). En suma, frente a la ausencia del requisito de definitividad de la decisión cuestionada que se deriva del artículo 1 de la ley 7055 aludido, y sin que la presentante hubiese acreditado la presencia de las situaciones de excepción que este Tribunal tiene admitidas, el franqueamiento del recurso de inconstitucionalidad no encuentra apoyatura suficiente, correspondiendo en consecuencia denegar el remedio deducido. Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - FALISTOCCO - GASTALDI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N° 3 de la ciudad de Santa Fe.