Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-12


Buenos Aires, 12de julio de 2006 Visto: el expediente citado en el epígrafe, resulta:

1. El 20 de marzo de 2006 el Sr. controlador de faltas interinamente a cargo de la unidad nº 13, ofició a la Mesa de Entrada de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional para que se librase orden de allanamiento del local situado en Castañares 2493 de esta Ciudad por expreso pedido de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) (ver fs. 4) frente a la obstrucción de procedimientos por parte del titular y/o encargado del establecimiento (según nota agregada a fs. 1) De acuerdo al sorteo practicado la causa fue asignada al juzgado CyF n° 8.(fs. 5) 2 . El 29/03/2006, la Sra. co titular de la Fiscalía Contravencional y de Faltas nº 2 dictaminó a favor de la competencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario "conforme lo fallado por el Tribunal Superior de Justicia" en la causa "GCBA c/ propietario u ocupante inmueble C. Arenal 4612 UF 1 y 3 s/ otras causas donde la autoridad administrativa es actora s/ conflicto de competencia", Expte. n° 3416/04 (fs. 9).

3. A fs. 10/11, la jueza contravencional y de faltas nº 8 resolvió declararse incompetente por considerar que el Gobierno de la Ciudad "no ha ejercido una pretensión tendiente a la aplicación de una sanción de orden administrativa, sino que se ha limitado a requerir una orden de allanamiento a la autoridad judicial para hacer cumplir un acto administrativo dictado en el marco de las facultades propias de su poder de policía", y citó en apoyo la resolución del Tribunal Superior de Justicia dictada en el expediente mencionado supra.

4. A fs. 13/14, la Sra. Fiscal en lo contencioso administrativo y tributario nº 1 dictaminó a favor de la competencia del fuero contravencional y de faltas, pues consideró que la cuestión en examen es análoga a la resuelta por este Tribunal en "GCBA s/ solicitud de allanamiento en Tucumán 2889, PB 1º, 2º, 3º y 4º s/ conflicto de competencia", expte. nº 4514/06, resolución del 15/03/2006.

5. El 21 de abril de 2006, el juez contencioso administrativo y tributario n° 11 compartió e hizo suyas las razones expresadas por la señora Fiscal, rechazó la atribución de competencia efectuada por la magistrada en lo contravencional y de faltas y ordenó devolverle los autos, invitándola a reasumir la competencia que declinó o, caso contrario, remitir las actuaciones a este Tribunal para que se dirimiera la cuestión de competencia acaecida (fs. 20).

6. A fs. 27/28 la Sra. jueza en lo contravencional y de faltas, previo dictamen fiscal (fs. 26), mantuvo sus anteriores consideraciones y, en consecuencia, elevó las actuaciones a conocimiento de este Tribunal.

7. El Fiscal General Adjunto dictaminó a fs. 30/31 que es competente el juzgado en lo contravencional y de faltas nº 8 por considerar que "la pretensión del Controlador Administrativo de Control de Faltas a cargo de la Unidad Nº 10 es la de obtener de la autoridad judicial (ante la obstrucción al procedimiento), el libramiento de una orden de allanamiento tendiente a la realización de una actividad inspectiva en el inmueble en cuestión, con el objeto de constatar faltas y/o contravenciones y no la ejecución de un acto administrativo".

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. En oportunidad de emitir mi voto en el expediente n° 4514/06 "GCBA s/ solicitud de allanamiento en Tucumán 2889, PB 1º, 2º, 3º y 4º s/ conflicto de competencia", resolución del 15/3/2006, me explayé acerca de los criterios que deben ser tenidos en consideración para resolver conflictos negativos de competencia trabados entre los juzgados en lo Contravencional y de Faltas y los del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, en orden a los pedidos de allanamiento instados por la administración.

Allí sostuve, en lo que ahora importa, que los allanamientos según las finalidades y competencias que aparezcan involucradas en cada pedido, pueden ser dispuestos por dos vías distintas que corresponderán respectivamente al fuero Contravencional y de Faltas o al Contencioso Administrativo y Tributario. Para distinguirlas se debe determinar si el allanamiento tiene por objeto que una autoridad judicial reúna prueba a fin de constatar una posible infracción al régimen de faltas o intenta ejecutar un acto que exige intervención judicial, distinto de la constatación de una falta, aun cuando de él pueda surgir la prueba de su comisión.

2. En el sub examine los elementos de juicio obrantes en la causa para resolver el conflicto de competencia planteado, a la luz de los criterios aludidos, son de momento insuficientes.

En efecto, no hay copia completa de la actuación administrativa que culmina con la intervención de la UACF a fin de indagar la naturaleza jurídica de las denuncias presentadas ante la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) que dieron origen al proceso y que motivan, en definitiva, la inspección solicitada por la autoridad de aplicación (según notas agregadas a fs. 1 y 4).

Por lo demás, el expediente bajo análisis muestra que la gestión de la orden de allanamiento fue requerida a la Unidad Administrativa de Control de Faltas por la DGFyC por reiteradas obstrucciones a los procedimientos de inspección intentados (conducta penada por el régimen de faltas en el art. 9.1.1) y, además "por la eventual existencia de riesgos concretos que puedan dañar a los alojados en el hotel ..." (fs. 1) En tal contexto, haber dirigido el pedido de allanamiento, a través de la UACF, al fuero Contravencional y de Faltas en relación con la obstrucción denunciada impondría la necesidad de atribuir competencia a ese fuero para que decida acerca de la procedencia de la medida requerida orientada, por regla, a colectar prueba vinculada con la falta denunciada cuya verificación y sanción, en definitiva, quedará sujeta al control del propio fuero Contravencional a instancia del infractor. Por otro lado, la mera invocación, en el pedido de la DGFyC, de una "eventual existencia de riesgos concretos que puedan dañar a los alojados en el hotel" no solo aparece como accesoria, sino que, además, tampoco da cuenta de acto alguno emanado de la administración que torne justificada la intervención del fuero Contencioso Administrativo y Tributario (cf. mis votos in re "GCBA s/ solicitud de allanamiento en Tucumán 2889..." ya citado y más recientemente en "UACF nº 24 s/ solicitud de allanamiento en la calle Velazco 996 (incidente de competencia) s/ conflicto de competencia", expte. nº 4644/06, resolución del 3 de mayo de 2006).

3. En atención a que la competencia debe decidirse en función de los elementos colectados en el expediente y ante la indeterminación apuntada, me inclino -de conformidad con la doctrina sentada por el Tribunal en "Digur SA c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ conflicto de competencia", resolución del 2/4/2004, en lo que es aplicable y en el caso "UACF nº 24 s/ solicitud allanamiento en la calle Velazco" recién aludido- por atribuir la competencia al juez que previno, esto es, al señor magistrado en lo Contravencional y de Faltas n° 8, a quien deberá devolverse las actuaciones a sus efectos.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Comparto la solución del Sr. juez de trámite por los fundamentos que expusiera en mis votos en los precedentes "Solicitud de allanamiento de inmueble Hernandarias 1317 CABA por presunta infracción artículo 54 CC s/ conflicto de competencia", expte. nº 4498, resolución del 13 de marzo de 2006; "GCBA s/ solicitud de allanamiento en Tucumán 2889 PB 1°, 2°, 3° y 4° s/ conflicto de competencia", expte. nº 4514, resolución del 15 de marzo de 2006; y "UACF n° 24 s/ solicitud de allanamiento en la calle Velazco 996 (hotel) (incidente de competencia) s/ conflicto de competencia", expte. 4644/06, resolución del 3 de mayo de 2006.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Me adhiero al voto del Sr. juez de trámite, especialmente en virtud de lo aclarado en el punto 3 de su voto, que reitera criterios anteriores míos respecto de cuestiones de competencia similares y, también, diferentes (cf. mi voto en "UACF n° 24 s/ solicitud de allanamiento 996 [hotel] [incidente de competencia] s/ conflicto de competencia", expte. n° 4644/06, resolución del 3 de mayo de 2006).

Los jueces ana María Conde y José Osvaldo Casás dijeron:

Compartimos la solución propiciada por el señor juez de trámite, Luis Francisco Lozano, y lo dictaminado por el señor Fiscal General Adjunto (fs. 30/31). Ello así, pues consideramos que la cuestión a resolver resulta similar a la planteada in re "GCBA s/ solicitud de allanamiento en Tucumán 2889, PB 1º, 2º, 3º y 4º s/ conflicto de competencia", expte. n° 4514/06, resolución del 15/03/2006. Por ende, corresponde seguir con el criterio allí expuesto.

En efecto, en esta causa, se impone asignar competencia al Juzgado Contravencional y de Faltas nº 8 que previno y a los efectos que allí se crean convenientes. Ello así, por cuanto la solicitud de allanamiento que nos ocupa reconoce su génesis y motivación en las presuntas infracciones al régimen de faltas (art. 9.1.1 de la ley nº 451; "Obstrucción de Inspección") que fueron, en principio, comprobadas en reiteradas oportunidades por la DGFyC (fs. 1). Además, el libramiento de la orden respectiva fue exigida en el marco de un sumario administrativo sustanciado ante la UACF (Legajo nº 860.703/00/05; fs. 4) y, presumiblemente, se dirige a la constatación de otras infracciones de la misma especie -por ejemplo, aún no se ha podido verificar si el inmueble cuenta con autorización para funcionar como hotel (4.1.1, ley nº 451), lo cual surge de los informes de inspección adjuntados (a fs. 2 y 3)-.

En consecuencia, y de acuerdo con lo dictaminado por el señor Fiscal General Adjunto, corresponde devolver las actuaciones al juzgado de origen.

Por ello, y concordantemente con lo dictaminado por el señor Fiscal General Adjunto, El Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1º. Declarar la competencia del juzgado en lo Contravencional y de Faltas n° 8 para conocer en este expediente.

2º. Mandar que se registre, se notifique, se ponga en conocimiento de la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 11 y se remita el proceso al juzgado declarado competente, a sus efectos.