marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, fundamentación de sentencias, facultades del juez, concurso preventivo, crédito verificado, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: PANICCIA, MARCELO EGIDIO -CONCURSO PREVENTIVO- s/ RECURSO EXTRAORDINARIO -CONCURSO PREVENTIVO-INCIDENTE DE REVISION  PLANTEADO POR LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS -D.G.I-  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 140 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

No tiene asidero la arbitrariedad invocada por la D.G.I. de haberse arrogado la Corte local el papel de legislador, al aseverar que la tasa del 1% mensual no fue establecida en la sola voluntad del Judicante, dado que éste se basó en los principios concursales -pars conditio creditorum-. Al respecto, no está demás precisar que también se consignó, al rechazar la queja local, que: "...el Sentenciante se basó en principios de derecho concursal, remitió a argumentos volcados en antecedentes propios en los que intervino el mismo ente público, y aceptó la operatividad de la normativa civil y comercial mediante la confirmación del criterio adoptado por el juez concursal y a través de citas jurisprudenciales", de modo que, una lectura global -no parcializada- del fallo impugnado, revela la inconsistencia del vicio endilgado, que luce fundado en simples discrepancias con las motivaciones dadas por la Corte.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, relación de causalidad, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAEZ JESUS S. c/ HOSPITAL PRIVADO - CENTRO MEDICO DE CORDOBA  S.A. s/ ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-06-16

No es cierto que el profesional -en especial el médico cirujano- particularmente tenga como rol la mera utilización de los medios, sin un "opus" culminatorio, sino que su tarea involucra una actividad anterior, otra concomitante (el acto quirúrgico propiamente dicho) y otra posterior al mismo, para que la prestación alcance su plenitud.

El médico debe asumir la responsabilidad de los aspectos antecedentes y consecuentes de su prestación, prescribiendo el tratamiento adecuado para enmendar los efectos de ella, sean dolosos, culposos o meramente causales. Si, en el caso, el tratamiento prescripto no era el idóneo, mal puede concluírse en que, la falta de colaboración del paciente le hace contribuyente del resultado dañoso. Este es consecuencia de un actuar negligente del único responsable que es el médico.-
Jornada de trabajo, jornada mixta, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: GUZMAN, JUAN c/ ROUN SRL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-31

La sola circunstancia de que se hubiese prestado el trabajo parte en horario diurno y parte en horario nocturno no justifica el reclamo de los 8 minutos de recargo, cuando como en el caso, el trabajo efectivo duró solo 7 horas por jornada, no superando el patrón de medida que es la jornada máxima legal de 8 horas diarias para la jornada mixta, art. 9 p.2 dec. 16115/33, o establece con relación al trabajo nocturno el art. 200 LCT. (Del voto de la Dra. Porta, en mayoría) El Dr. Guibourg cambió de opinión con relación a la vertida en la sent. 63955 del 12.02.93 "Jaimes, Roque c/Cleaning Service SA s/dif. de salarios.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, industria metalúrgica, laudo arbitral, leyes, interpretación sistemática
Materia: LABORAL
Carátula: Gigena, Raul y otros c/ Cametal SA s/ ¿Son aplicables las disposiciones del laudo 29-75 a los  establecimientos metalúrgicos que como actividad de la industria  metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros  en general? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

Como, inexplicablemente, en el laudo 29-75, el árbitro incluyó en el texto la "fabricación y reparación de carrocerías", sin formular distinciones y sin derogar expresamente el capítulo 10mo. del título VI de la Convención Colectiva de Trabajo 260-75, se impone una necesaria conjugación armónica de ambos textos, diferenciando aquello que se subsume en el capítulo 4to. de lo que integra el capítulo 10mo. Así, si se parte de la base de que la rama automotor se caracteriza por el elemento "autopropulsión", necesariamente habrá de arribarse a la conclusión de que las carrocerías a que alude el laudo son aquellas que obran como complemento de la parte mecánica, en unidades autoportantes en las que la mecánica va montada sobre la misma carrocería. En tanto en la industria carrocera propiamente dicha, la fabricación de carrocerías será independiente de la unidad mecánica a la que habrá de anexarse e incluso podrá ser montada posteriormente y también intercambiada.

Tal es la posición que se ajusta a la verdadera intención de quienes participaron en las primigenias actuaciones, conduciendo a un resultado razonable y equitativo, compatible con la integralidad del texto en análisis (Convenio Colectivo de Trabajo 260-75), a los reales intereses de las partes y a las exigencias de la seguridad jurídica. (Del Voto de la Dra. Burde -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad de las disposiciones del Laudo 29-75 a los Establecimientos Metalúrgicos que como actividad de la industria metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros en general.
Intereses, tasas de interés, seguridad jurídica, jurisprudencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestión de fondo
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garay, Juan Carlos c/ Micro Omnibus Sur Sociedad Anónima Comercial y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

En tanto la determinación de la tasa de interés reviste significativa trascendencia para el desarrollo del crédito y la seguridad jurídica, corresponde que la Corte resuelva el fondo del asunto en uso de la facultad que le confiere el art. 16 de la ley 48, a fin de poner un necesario quietus en la evolución de las encontradas tendencias jurisprudenciales que conspiran contra la requerida certeza del tráfico en la materia: art. 280 del Código Procesal.
Recurso de reposición (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BERTO, Elizabeth Rosario c/ RUTA 81 S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-06-14

El escrito presentado para interponer y fundamentar la reposición funciona como memorial para el caso de que la reposición fuese desestimada pero para que ello ocurra es menester que dicha presentación cumpla también con los requisitos establecidos por el art. 275 del Código de Procedimientos Civil y Comercial. La prohibición de fundar la apelación, puede llevar a la Alzada una adivinanza pues no siempre será fácil saber de qué se agravia el recurrente.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, convenios colectivos de trabajo, laudo arbitral, ley de contrato de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: Yoshiro TOYOSHIMA c/ PESQUERA SAN PEDRO  S.A. s/ LAUDO  - CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - LEY DE CONTRATO DE TRABAJO -  RECURSO EXTRAORDINARIO - IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-04

Lo atinente a la aplicación e interpretación de los convenios colectivos de trabajo y laudos, y su prevalencia, o no, respecto de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, constituyen materia de hecho y de derecho común ajenos a la instancia extraordinaria.
Honorarios, perito contador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ASQUINEYER, ESTRELLA EN J.: HALPERN, GUILLERMO c/ TECNICAGUA S.A. s/ Daños y Perjuicios Regulación Honorarios (LIBRO: A110 - 078)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-02-19

La regulación de honorarios del perito contador antes de la sentencia, deberá efectuarse sobre la base del valor nominal meritado en la pericia, sin indexarlo, sin perjuicio del reajuste que corresponda al momento de dictarse sentencia definitiva.
Recusación con causa, denuncia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vietri, Roberto Enrique c/ Alvarez, Carlos José s/ Cobro ejecutivo Vietri, Roberto Enrique c/ Alvarez, Carlos José s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24|1998-11-24

Si la recusante no revistió la calidad de denunciante contra el Juez, surgiendo de la documentación acompañada que se limitó a suscribir el escrito presentado por otro letrado ante la Suprema Corte, aduciendo haber estado presente en ocasión de los hechos que dieron motivo a la denuncia formulada en otras actuaciones que tramitaban ante el referido juzgado, descarta la configuración de la causal contemplada en el inciso 6 del art. 17 del Código Procesal.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Leyes, interpretación hermenéutica, aplicación de la ley, equidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUERRERO, JOSE L. c/ CITIBANK N.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - HABEAS  DATA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 533 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-25

En la interpretación de la ley, no sólo se debe atender a su letra, sino que también debe darse preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que estos son valorados por el ordenamiento normativo.

Pues, de lo contrario, la aplicación de la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de administrar justicia.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA DE LEDESMA JOSEFINA LEONOR c/ HOTEL CASINO CENTER Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.- CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-11-28

El daño material es todo detrimento o menoscabo que afecta a bienes de los seres humanos con contenido económico (arts. 519 y 1069 del C.C.).
Recurso de apelación (procesal), providencia simple
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Scala, Jorge c/ Avanzada Cooperativa de Seguros Ltda. s/ Cobro de australes por incumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-09

La resolución que difiere una decisión en principio es inapelable por no causar agravio alguno. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, honorarios, interposición del recurso, autosuficiencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: REQUERIMIENTO DEL FISCAL EN ACTUACIONES BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INCIDENTE  DE REGULACION DE HONORARIOS (CSJ EXPTE N. 749-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-20

En principio, las cuestiones referentes a regulación de honorarios no constituyen materia propia del recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, la apertura del recurso exige que quien recurre, demuestre perfilado claramente el agravio constitucional que la decisión sobre ese tema le causa. En el caso, el impugnante no lo ha logrado, porque al no ser autosuficiente el recurso, por carecer de la debida fundamentación, omite demostrar de que modo se habrían configurado los pretendidos vicios de arbitrariedad.
Daños y perjuicios, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Quipildor, Máximo Telmo c/ Vélez, Carlos Manuel s/ Incumplimiento convenio -Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-08-24

Ante la ausencia total de prueba que avale los extremos de profundidad de la demanda, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

En efecto, es conteste la doctrina en considerar que la distribución de la carga de la prueba se relaciona con la posición de las partes respecto del efecto jurídico pedido. Cuando el actor exige la resolución del contrato por incumplimiento del demandado, el mismo representa un hecho constitutivo del efecto jurídico exigido por el actor.

Distinto es el caso, cuando el acreedor (actor) pide al obligado (demandado) el cumplimiento de su obligación en tal supuesto, el primero se puede limitar a la prueba del nacimiento de la obligación, mientras que incumbe al demandado la demostración de que esta ha sido cumplida. Con el sub-examine, el peso de la prueba del incumplimiento reposa en cabeza del actor.

Así, se advierte que el hoy apelante no ha alegado una sola prueba idónea para demostrar la base fáctica de su demanda, esto es que los demandados no cumplieron el acuerdo celebrado en la causa laboral.
Principio de congruencia, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL
Carátula: Guillén, Jorge R. c/ Trilenium S.A. y ot. s/ Daños y perjuicios. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-04

El principio de congruencia significa que el litigio no puede resolverse sobre la base de presupuestos no invocados en la demanda ni en defensas no articuladas por la accionada, debiendo la alzada ajustar su competencia decisoria con la extensión de los agravios expresados por las partes (tantum devolutum quantum appellatum) (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
ESTADOS UNIDOS, PANAMÁ, conflicto armado internacional, falta de fundamentación, responsabilidad internacional del Estado, derecho de propiedad, víctimas de guerra, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, principio precautorio, derecho internacional humanitario, protección de la población civil
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Fondo No. 121/18, Caso 10.573. José Isabel Salas Galindo y otros. Estados Unidos de América - Invasión militar a Panamá - Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Interpretación y alcance c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-10-05

Resulta violado por las Fuerzas Militares de los Estados Unidos el derecho a la propiedad privada - Artículo XXIII de la Declaración Americana - de los civiles que sufrieron graves daños en sus bienes muebles e inmuebles - residencias, automóviles y otros bienes relacionados con su trabajo-, en el contexto de la ocupación llevada a cabo en Panamá, pues incumplió con las obligaciones derivadas de los principios de distinción y de precaución respectivamente, al dirigir los ataques militares contra bienes civiles sin discriminarlos de los objetivos militares en violación al deber de previsibilidad, pues dejaron que casas y edificios se incendiaran a raíz del uso desproporcionado de armas explosivas, en ocasión del ataque al Cuartel Militar Central Panameño ubicado en una zona de alta densidad poblacional.
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, interposición del recurso, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Martin Maine, Gustavo s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-16

Corresponde rechazar por extemporáneo el planteo relativo a exención de costas propuesto sólo al deducir el remedio federal.
Competencia, jueces naturales, prórroga del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rego Francisco Daniel c/ Piedracuerva Carlos F. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-26

Si bien es verdad que el juzgado de actuación -primera instancia- es también competente, en términos generales, para conocer en acciones como la movida por el actor en la especie -acciones personales- no lo es en el caso de que exista negativa del accionado a someterse a su jurisdicción, prorrogando aquella que le es propia y que en sentido lato vendría a ser la de su juez natural (Juez de Paz Letrado). En tal sentido es advertible que ha sido necesario hacer una excepción -aún implícitamente- a tal regulación cuando el legislador ha querido que el actor pueda optar por otro juzgado distinto de aquel que queda discernido por motivo del domicilio del deudor o por el lugar del cumplimiento de la obligación, tal como ha acontecido al sancionarse la Ley 10571 (art. 2)
Accidentes de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Baeza Araujo, Eugenio c/ Montiel, Tomás y otros s/ Ley 22250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-20

Ante el accidente de trabajo sufrido por el actor que le produjo una incapacidad del 73 % según conclusión de la Comisión Médica interviniente (que el actor no menciona haber recurrido según la vía prevista en la ley 24557), la aseguradora de riesgos del trabajo que amparaba a aquél en ese momento resulta responsable en los límites de la ley citada y de la respectiva póliza de seguro suscripta. (en el caso, ni el infortunio ni su condición laboral han sido controvertidas por la aseguradora). (del voto del Dr. Guibourg, en minoría).
Delitos contra la integridad sexual, abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, presunciones, declaración de la víctima menor, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: S., M. H. s/ Queja en: 'S., M. H. s/ Abuso sexual gravemente ultrajante
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-06-28

Al respecto, este Cuerpo ha dicho que "en este tipo de delitos 'entre paredes', donde generalmente la prueba de la autoría del imputado tiene su fundamento principal en la declaración de la propia víctima, encuentra en el sub examine corroboración en prueba indiciaria conteste, que le provee certidumbre a lo referido de modo independiente. Es en este contexto probatorio en que debe ser interpretado el fallo del Tribunal de Casación según el cual 'no viola las formas y solemnidades prescriptas la sentencia que otorga predicamento incuestionable a la declaración de un menor de edad, en razón de haber sido testigo presencial del hecho. Ello es así pues dadas las circunstancias del caso y la naturaleza del hecho, no es frecuente que estos delitos (contra la honestidad) sean cometidos en presencia de otras personas...'. Así, tales dificultades probatorias - en el caso de autos - no significaron una disminución de las exigencias de certidumbre comunes a otros delitos, sino que la imposibilidad de contar con elementos directos... hizo necesario un desarrollo de aquéllos indirectos o presuncionales. Por lo tanto, no existe - y tampoco se observa en la sentencia en crisis - una certidumbre especial o menor para los delitos contra la integridad sexual en relación con los que protegen otros bienes jurídicos.
Acción de amparo, facultades del juez, llamado de atención, obligaciones de las partes, abogados, gravamen irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asesoría Tutelar c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

Las advertencias impuestas a las partes o sus letrados no constituyen sanción. Ello sentado, la providencia que recuerda a un litigante las facultades legales del tribunal es inapelable por no causar gravamen irreparable pues no configura una sanción propiamente dicha sino una observación o recomendación. Tal recordatorio no importa la decisión sobre la cuestión sino sólo una manifestación, que en todo caso, puede considerarse superflua o innecesaria. La medida sólo importa una previsión destinada a advertir a la demandada un deber harto conocido de respetar las decisiones judiciales, razón por la cual no engendra agravio tutelable.
Sociedad cooperativa, tarifa de servicios públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda. c/ Municipalidad de Pinamar s/ Demanda contencioso admnistrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Las cooperativas constituyen empresas en el sentido de la expresión asignada al término por el art. 233 del dec. ley 6769/58, y no pueden evitar la intervención del Concejo Deliberante para la aprobación de sus tarifas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aduanas, derechos de exportación, emergencia económica, irretroactividad de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Roch SA (TF 23914-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-27

Si al momento en que se efectuaron las operaciones en cuestión había expirado el plazo de vigencia establecido en la ley 25.561, la pretensión tributaria sustentada en la ley 26.217 (que entró en vigencia 16/01/07, prorrogó dicha disposición y dispuso su "retroactividad" a la fecha 7/01/07, fijando su operatividad desde el vencimiento de la ley anterior) no tenía sustento legal. No corresponde la aplicación retroactiva de la ley 26.217 pues la actora había concluido un negocio jurídico al amparo de una legislación vigente que no preveía gravamen de exportación alguno (se revocó la sentencia apelada y se condenó a la DGA a reintegrar los derechos de exportación pagados con relación a los permisos de embarque involucrados).
Interpretación de la ley, régimen de consolidación de deudas, igualdad entre acreedores
Materia: CIVIL - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cardinale, Miguel Angel c/ BCRA. s/ incidente de ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

No puede ser compartido un sistema interpretativo, que al amparo de una posible imperfección técnica de la instrumentación legal del supuesto examinado, quiebra la unidad del sistema y otorga a un acreedor del Estado una situación de privilegio en el sistema de consolidación : art. 7° de la ley 23.982.
Costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Perezutti de Tuma, Liliana y otros c/ Tribunal de Honor del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos s/ Recurso de Apelación Directa contra las resoluciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-01

Siendo la actuación administrativa un estadio previo y necesario -esto es de cumplimiento ineludible- para el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa, la imposición de costas que el Tribunal resuelve al fallar es lógicamente comprensiva de aquella instancia y no requiere, por ello, declaración expresa a menos que, por las circunstancias del caso, se justifique distribuirlas de otro modo. Por lo tanto a este respecto nada procede aclarar.
Competencia, monto de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Villa Hernandarias c/ Villarroel y Picazo, María Josefa s/ Apremio-Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-02-16

Una correcta interpretación del artículo 186 del Código Procesal Civil y Comercial lleva a concluir que la competencia del Juez de Paz determinada por el monto reclamado, no puede ser modificada por la acumulación de procesos efectuadas de oficio considerando que el mismo Código establece que en razón de la competencia por el monto se debe tener en cuenta el de mayor cuantía, de donde se infiere que no se suman las cifras reclamadas para atribuir la competencia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: E., C. A. c/ R., M. J. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Infracción  al Código de Faltas (Expte. CSJ Nº 701-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-29

La obligación de oblar el depósito previo, como requisito de admisibilidad del recurso directo ante la Corte, no lesiona garantías de raigambre constitucional. Asimismo, no deben olvidarse los motivos que inspiran la exigencia de ese recaudo y el destino de esos fondos (devolución) en caso de ser admitida la queja.