Tribunal: Cámara de Acusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-08-09


2º Instancia.- Salta, agosto 9 de 2011.

El doctor Albarracín dijo:

Que las presentes actuaciones se inician con la denuncia formulada a fs. 01 y vta., mediante la cual Roberto Cesar Gutiérrez hace conocer que en oportunidad que se desplazaba en el casco céntrico de la ciudad de Tartagal en una motocicleta, llevando a su esposa y sus dos hijos menores, se le pone al lado un vehículo remisero color rojo donde se encontraba la Sra. Nilda Avila, quien munida de un arma de fuego le realiza un disparo sin impactarle, pero sí al vehículo indicado y seguidamente realiza como dos o tres disparos más, sin lesionarlo, optando el declarante por dirigirse a la Dependencia Policial donde esa persona también se hace presente y también sacó el arma, pero que desistió de su actitud por la cantidad de policías que había vociferando que le había robado la moto, cosa que no es verdad.

Por su parte María Angélica García, denuncia a fs. 02 que cuando circulaba en una motocicleta como acompañante de su esposo Roberto César Gutiérrez y dos hijos menores (5 y 4 años), fueron interceptados por un remis color rojo que se acercó a una distancia de un metro y medio, viendo que la mujer que estaba en su interior sacó un arma de fuego con la cual apuntó a la dicente, escuchando un fuerte estruendo que pasó cerca de su oído izquierdo, luego sintió un segundo disparo que pasó cerca de la cabeza de su hijo. Agrega que su esposo cubrió con su cuerpo a su hijo Lucas y aceleró con todo, se dirigieron a la dependencia policial a radicar denuncia, y detrás de ellos lo hizo la mujer mencionada acompañada por una de sus hijas y dos menores de edad, notando que la mujer arrojó un arma de fuego al piso.

Al resolver la situación procesal de las imputadas a fs. 166/174 vta. el a quo dicta auto de procesamiento contra Nilda Beatriz Avila, por ser presunta autora responsable del delito de "Homicidio en Grado de Tentativa Agravado por el Uso de Arma", previsto y reprimido por el art. 79 en función del art. 41 bis, 42 y 45 del C.P., y contra Verónica Beatriz Burgos, por considerarla cómplice secundario penalmente responsable del delito de "Tentativa de Homicidio Simple Agravado por el Uso de Arma", según lo dispuesto por los arts. 79, 42, 41 bis, y 46 del Código Penal.

En el punto 2º) del auto resolutivo dispone la Prisión Preventiva de la imputada Nilda Beatriz Avila, de conformidad a lo dispuesto por el art. 300 del C.P.P, y en el punto 3º) ordena que semanalmente personal médico del Poder Judicial se constituya en el lugar de detención de la nombrada y realice un control sobre su situación de salud, debiendo informar su resultado al Proveyente, en ello en virtud de antecedentes médicos de la imputada Avila, a la vez que deniega el pedido de prisión domiciliaria.

En el apartado 4º) de la misma resolución, ordena la libertad provisoria de la imputada Verónica Beatriz Burgos, de conformidad a lo dispuesto por el art. 300 del C.P.P.

A fs. 179/180 el Sr. Fiscal Penal y Correccional nº 2 interpone recurso de apelación contra el punto 4º) del auto resolutivo, por el que se dispone la libertad provisoria de la imputada Verónica Beatriz Burgos, Considera el apelante que conforme a la calificación legal del hecho por el que resultó procesada la Srta. Verónica Burgos, no correspondería la aplicación de una pena mínima de 2 años y 8 meses de prisión, como lo señaló el a quo, sino que el mínimo correspondiente sería de 4 años y 6 meses de prisión, superándose así la pena de tres años de prisión. Agrega que, al tratarse de un delito con pena privativa de libertad y no proceder condena condicional, no correspondía que a la encartada se le haya otorgado la libertad provisoria en virtud del art. 300 del C.P.P.

Por otro lado se agravia por cuanto -expresa- la resolución del a quo no se ajusta a la doctrina mayoritaria de la Corte de Justicia de Salta que sostiene que la expresión "de un tercio a la mitad" contenida en el primer párrafo del art. 44 C.P., debe interpretarse atendiendo al criterio sistemático que emerge del Código Penal, donde toda pena divisible está expresada en una escala que va desde un mínimo, siempre mencionado en primer término, hasta un máximo, indicado en segundo lugar, y por ello se interpreta que el art. 44 primer párrafo del C.P. debe leerse sustituyendo las palabras "de" por desde y "a" por hasta (Conf. C.J.S. 22/09/2002, C/ c Morales, Ever Ariel).

A su turno, el Dr. F. G. C., a cargo de la defensa de las imputadas Nilda Beatriz Avila y Verónica Beatriz Burgos, interpone a fs. 221/223 recurso de apelación contra el auto de procesamiento dictado a las imputadas y contra la denegación de Prisión Domiciliaria propuesta por esa parte a favor de la primera nombrada.

Con respecto al auto de procesamiento de Nilda Beatriz Avila, expresa que la intención de matar que requiere la tentativa, a la que hace referencia el a quo, se desvanece con el sólo hecho de la interpretación del art. 43 del C.P., que establece que: "..el autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito". Entiende el apelante que la calificación legal correspondiente al hecho endilgado a la encartada es el de Abuso de Arma previsto en el art. 104 C.P., el cual se encontraría configurado por el hecho de disparar un arma de fuego contra una persona sin herirla o si a raíz de el o los disparos, se le causaría una herida sancionada con pena menor.

Expresa que el delito previsto en el art. 104 C.P. establece una distinción con la tentativa de homicidio, por cuya razón no se puede deducir la intención de matar por el hecho mismo del disparo, ni aún en el supuesto de su repetición, ya que ello es compatible con el abuso de arma de fuego.

Afirma que en el caso, en ningún momento se deja entrever a ciencia cierta las intenciones de matar de la Sra. Avila y destaca que el a quo toma como prueba los dichos de las victimas, quienes no son sinceras al momento de sus declaraciones, ya que denuncian un total de tres disparos hacia sus personas, cuando del testimonio del remisero y del informe balístico de fs. 41, arroja que fueron sólo dos disparos. Agrega que de esos dos disparos, uno fue accidental dentro del vehículo dejando sus marcas en el mismo, y el otro disparo al aire, lo que concuerda con las características del art. 104 que esa defensa pretende.

En lo atinente a la coimputada Verónica Burgos, sostiene que la interpretación del resolvente difiere de la realidad de lo sucedido, ya que considera esa defensa que la nombrada no tuvo influencia alguna sobre los hechos ocurridos.

Señala que la Srta. Verónica Burgos al ver a su madre ofuscada, se vio obligada a acompañarla y además trató de convencerla y consolarla.

Por otra parte expresa que como ya lo dejó planteado subsidiariamente, también corresponde respecto de la imputada Verónica Burgos adecuar la figura penal al delito previsto en el art. 104 del C.P.

En relación a la prisión domiciliaria pretendida a favor de la Sra. Nilda Avila, que fuera considerada improcedente por el a quo en su resolución, dictando Prisión Preventiva sin otorgar dicho beneficio, expresa el apelante que los exámenes médicos son prudentes a la hora de diagnosticar el estado de salud de la imputada y si bien el Sr. Juez demuestra interés al ordenar un control semanal de la misma, ello no es suficiente puesto que dicho control lo único que haría en el mejor de los casos es contener el estado de salud, pero no así mejorar o evolucionar la enfermedad que padece Nilda Beatriz Avila.

Agrega que en el caso la encartada ni siquiera ha sido sometida a juicio, por lo que corresponde que la privación de la libertad provisoria sea de alguna forma atenuado dentro de los márgenes posibles, como en el supuesto de enfermedad, conforme lo plantea el art. 511 del C.P.P.

Ambos recursos fueron producidos en tiempo y forma, por ende resultan formalmente admisibles, encontrándose expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestiones suscitadas.

Pasando a analizar el recurso de apelación incoado por la defensa de las imputadas, puede anticiparse que le asiste parcialmente razón, toda vez que valorados en forma integral los elementos incorporados, debe arribarse a la conclusión que debe modificarse la calificación legal por la que resultara procesada la imputada Nilda Beatriz Avila, debiéndolo ser por "Abuso de Arma" (art. 104 del C.P.) y en su mérito disponer la libertad provisoria de la misma conforme la escala penal prevista en abstracto para el delito mencionado y lo dispuesto por el art. 300 último párrafo del C.P.P. En el caso de la co-procesada Verónica Burgos debe dictarse a su favor auto de "Falta de Mérito" (art. 298 del C.P.P.).

El a quo considera que se encuentra acreditado a prima facie que la conducta desplegada por la imputada Nilda Beatriz Avila es configurativa del delito de "Homicidio en Grado de Tentativa calificado por el Uso de Arma", ya que al salir ésta de su casa armada en busca de la victima y haberla encontrado, procedió a realizar la acción propuesta e idónea para causar la muerte a Roberto César Gutiérrez, disparándole con un arma de fuego en dirección a su persona, actitud que excede con la intención que alega la imputada en su descargo de "asustar" al mismo y recuperar la motocicleta en la que éste se trasladaba. Incluso, manifiesta el Sr. Juez, que mostró un menosprecio por la vida, al no haber tenido en cuenta que su víctima transportaba a dos niños, elemento que al menos puede ser valorado en la etapa del plenario.

En otra parte de sus fundamentos hace referencia al dolo homicida, que considera presente en el caso bajo análisis en virtud del secuestro del arma la aptitud para el disparo de la misma y de la inspección ocular del automóvil; debiéndose sumar a ello otros elementos objetivos como son las declaraciones de la víctima, su esposa y el Sr. Roberto Marcelo Robles, entendiendo el a quo que sus declaraciones son contestes en cuanto a la circunstancia en que la imputada realizó varios disparos y que fueron desde muy corta distancia. Asimismo el a quo se expresa sobre lo que denomina la presunción del dolo inaugural la que: "...quedará recluida a la esfera de las recónditas motivaciones íntimas del sujeto activo...". También recuerda que el homicidio es un delito material que se consuma con la producción de resultado letal pero contiene además la figura genérica de la tentativa, efectuando citas jurisprudenciales en apoyo de sus consideraciones. Finalmente hace mención al pronóstico de pena de cumplimiento efectivo, siempre con citas jurisprudenciales, para dictar la prisión preventiva de la imputada Nilda Beatriz Avila y luego referirse al pedido de prisión domiciliaria efectuado a favor de la misma por razones de salud, la que rechaza al considerar que son enfermedades que mediante un control semanal pueden ser tratadas, sin necesidad de su internación como tampoco de la aplicación de la prisión domiciliaria para luego referirse a la situación procesal de la co-imputada Verónica Beatriz Burgos sosteniendo que, al haber expresado ella al momento que su madre efectuaba los disparos: "acá no" y el eventual conocimiento que su madre portaba un arma en el bolso, ellos son elementos suficientes para calificar su participación como secundaria aunque en el caso de la misma dispone su libertad provisoria (art. 300 del C.P.P.). Esto en síntesis son los elementos en que está basada la resolución apelada, tanto por la defensa técnica de las imputadas como por el Sr. Fiscal Correccional nº 2, aunque éste último lo hace solamente contra el punto 4º) de la cuestionada resolución del Sr. Juez de Instrucción. Conocidos los fundamentos dados por el a quo, los agravios del Sr. Fiscal Penal y Correccional, los desarrollados por la defensa técnica y las constancias de autos, se está en condiciones de dar las razones por las cuales se anticipaba que a la defensa técnica de las procesadas le asistía razón en forma parcial y en cuanto al recurso de apelación del Sr. Fiscal Penal y Correccional quedará sujeto a la conclusión que este Tribunal de Alzada arribe en virtud de lo que resuelva respecto a la situación procesal de la imputada Verónica Beatriz Burgos.

Luego de una compulsa muy exhaustiva se puede afirmar que toda la cuestión central del hecho gira en torno -sin temor a equívocos, porque así lo exigen los derechos de todos los justiciables, en particular en casos graves como el que diera origen a estas actuaciones y en el que hay persona privada de su libertad- a establecer si hubo dolo homicida o no en la acción desplegada por la imputada Avila, pues nadie ignora que la diferencia entre el abuso de arma con la tentativa de homicidio es tan sutil y muchas veces muy difícil de establecer si se está en presencia de la primera de la figura delictiva mencionada o, por el contrario se trata de la segunda; es decir de una tentativa de homicidio.

Más allá de la existencia de elementos objetivos que siempre ayudan a fijar o establecer, aún en grado de probabilidad, la existencia del dolo homicida, muy distinto a las exigencias para la conducta del "Abuso de Arma", prevista y reprimida en el art. 104 primer párrafo del C.P., tal como nos enseña Andrés J. D'Alessio (como Director) al respecto, al expresar: "...el tipo requiere un disparo orientado hacia donde está una persona, ya que son atípicos los disparos hechos hacia el aire o hacia donde no hay nadie. Pero la ley no exige que se dispare contra una persona determinada, pues es suficiente que se ponga en peligro la integridad física de alguien, como es el caso de quien dispara contra un grupo de personas o a través de una puerta sabiendo que detrás se encuentra una persona aunque se ignore de quien se trata...", entre otros conceptos" (Código Penal - Comentado y Anotado, Parte Especial, Edit. La Ley, Avellaneda-Pcia. De Bs. As.- Abril de 2006).

Sobre este tema de la diferencia entre "Abuso de Arma" (art. 104 C.P.) y la "Tentativa de Homicidio" (art. 79 en función del 42, ambos del C.P.) tuve la oportunidad de expedirme detalladamente en los autos caratulados: "Dakak, Humberto por Tentativa de Homicidio a Espinosa, Laura Cecilia", Expte. Nº 15001/09 del Juzgado de Instrucción Formal 8º Nominación, del Distrito Judicial Centro, causa Nº 26775/9 de esta misma Sala III, a cuya lectura por razones de brevedad me remito y que, en esencia, reproduzco: "En relación a la Tentativa de Homicidio necesariamente debo referirme a una cuestión que ha sido motivo de largas y diversas controversias, tanto desde el punto de vista doctrinario como jurisprudencial para poder establecer cuándo realmente hay Tentativa de Homicidio y cuando acciones muy similares en la conducta del imputado debe encuadrarse en el delito de Lesiones Graves o Gravísimas. En este aspecto sigo las enseñanzas de Fontán Balestra en cuanto él considera que para la Tentativa se requiere el dolo directo y no el eventual. Basa su postura esencialmente en la redacción del art. 42 en cuanto dice: "...con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, ..."; es decir la acción comenzó a ejecutarse para cometer tal delito pero el cual no se concreta por causas ajenas a la voluntad del imputado. Fontán Balestra considera que esta norma es de carácter limitadora. Según esta postura, compartida por Marcelo Manigot, entre otros, está exigiendo que la intención del sujeto activo sea manifiesta e inequívoca de que lo que persigue es matar y no otra conducta. En una palabra solo admite el dolo directo. Antiguamente, Francesco Carrara abordó este asunto y sostuvo que "el elemento moral del conato requiere una prueba específica, sin que valga decir: este acto podía causar tal efecto, luego su ejecutor tenía la intención de producirlo...La tentativa exige intención directa. Y es tanto más imposible que la tentativa culpable deba seriamente admitirse en Derecho penal, cuanto que se tiene ya por cierto en la doctrina común de los criminalistas, que tampoco se admite en los hechos de dolo indeterminado (dolus indeterminatus, determinatur ab exitu). Por consiguiente, si el que pensando causarme un mal, pero no proponiéndose matarme, me ha inferido una ligera lesión, no debe ser imputado de tentativa de homicidio, por las circunstancia de que era posible y se podía prever como resultado del hecho mismo que subsiguiese mi muerte; es igualmente absurdo encontrar tentativa donde no concurren el dolo y el ánimo directo de dañar". Esta postura, que en la actualidad es mayoritaria, encuentra sus cimientos en antiguos fallos del Tribunal Nacional que antes fijaba la orientación jurisprudencial de nuestro país y que es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Así encontramos fallos que sostienen: "Corresponde condenar por el delito de Lesiones Graves y no por Tentativa de Homicidio, toda vez que no resulta prueba suficiente del dolo de quitar la vida, el número de heridas infringidas, ni su ubicación ni la idoneidad del arma empleada al efecto, sino surgió claramente el propósito inequívoco de causar la muerte, que es el elemento intencional necesario" (C.N.C. y C. Sala V "Lisardo Rodríguez, Expte. nº 32.082 y en idéntico sentido en los autos: "Ojeda, Juan Carlos", Expte. nº 19.482 de la Sala V del mismo Tribunal de Apelación). También se sostuvo que: "No es la entidad de la herida efectivamente causada un elemento determinante para la subsunción de la conducta entre el delito de lesiones graves o gravísimas o el de tentativa de homicidio, sino la forma en que se condujo exteriormente el autor para producir la herida" (Sala I en causa nº 24.322 de dicho Tribunal). La Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal ha resuelto la cuestión sosteniendo que: "No existe tentativa de homicidio si cuando el mecanismo de defensa de la víctima había cedido y se encontraba a merced de sus agresores, éstos cesaron la agresión, por lo que cabe descartar la tentativa de homicidio. Si el propósito de matar no aparece demostrado inequívocamente en el caso, la responsabilidad se gradúa por el resultado". En este fallo los camaristas sostuvieron que si el propósito de matar -dolo directo- no parece demostrado inequívocamente, la responsabilidad se gradúa por el resultado del hecho, citando al respecto abundante jurisprudencia en pos de dicha postura (CC 1º, de Santa Fe, 18/5/54, RLL, XVIII-1055, s. 4; CNCrim. y Correc., sala VI, c. 9913, "Bonahora", rta. 25/10/83; CNCrim. y Correc., sala V, c. 32.082 "Luzardo Rodrguez", rta. 6/5/94 y CNCrim. y Correc., sala VII, c. 19.482, "Ojeda, J.C.", 31/5/94).

Lo transcripto precedentemente lo sigo sosteniendo, aún cuando nos encontremos en la etapa instructoria, en la que se admite el juicio de mera probabilidad, pero siempre sustentado en elementos que lo justifiquen y no sólo como concepto dogmático. Ello no es caprichoso, sino con fundamento fáctico y legal, veamos a continuación si es así.

Antes que nada debo dejar en claro que la resolución dictada por el a quo tiene debida motivación, aunque no se comparta con lo resuelto en ella.

En efecto, mi diferencia con la misma radica en que la defensa tiene razón cuando expresa que los denunciantes y víctimas de la conducta delictiva de la imputada Nilda Beatriz Avila mienten en relación a la cantidad de disparos, ya que indican que fueron varios; pues según el único testigo presencial, el remisero que trasladaba a la procesada Nilda B. Avila y su hija con 2 niños, Roberto Marcelo Robles es categórico en mencionar que fueron 2 los disparos, uno que impacta en el torpedo de su auto (corroborado a fs. 03 por personal policial), con lo cual en verdad habría existido un solo disparo en dirección del grupo de personas que se trasladaban en la motocicleta, supuestamente propiedad de la imputada Avila.

Que por otra parte no puede dejarse de tener presente el informe policial de fs. 04 y 41/43, del que no quedan dudas que el arma utilizada en la comisión del hecho contenía 7 proyectiles, 2 de los cuales estaban percutados y sin bala; es decir habrían sido disparados y los 5 restantes estaban completos con sus respectivos plomos o balas, con ello se da por tierra con los dichos de los denunciantes, salvo claro está que la imputada hubiera recargado el revólver, situación que se desestima en virtud de las manifestaciones del testigo Roberto M. Robles y los propios denunciantes, en cuanto al mecanismo de los hechos desde su comienzo hasta llegar ambos, víctimas y victimaria, a la dependencia policial.

Tampoco tiene un mínimo de credibilidad que la imputada ante los policías presentes en la dependencia le siguiera apuntado con el arma a Gutiérrez. Esto surge de tener en cuenta que el arma fue secuestrada de un bolso que tenía la imputada Avila y por la aplicación de una de las reglas de la sana crítica racional, como lo es el sentido común o la lógica.

Resumiendo, si hablamos de tentativa se debe determinar cual fue o fueron las circunstancias ajenas a la voluntad de la imputada Avila que impidieron que ésta concretara el homicidio tentado. Se dice que el hecho que el conductor de la moto (Gutiérrez) optara por aumentar la velocidad de su motocicleta y dirigirse a la dependencia policial y tal vez la mala puntería de la procesada Avila, quien a un metro y medio, aproximadamente, le realiza "varios" disparos, según los dichos de los denunciantes. A esto debe sumarse el detalle, de no menor importancia, que en la motocicleta iban 4 personas, 2 menores y dos adultos; lo que da una pauta de mayor volumen o masa del objeto elegido como blanco.

Respondo: creo que la distancia calculada por la Sra. García es muy creíble, teniendo en cuenta el ancho común de una calle de la Ciudad de Tartagal, el de un automóvil Fiat Siena y el espacio ocupado por la motocicleta en que circulaban las víctimas. Ahora, si esto es así me pregunto realmente la imputada Avila, por más falta de experiencia en el manejo de armas, tenía la intención (dolo directo) de matar a Gutiérrez cómo es que no le acierta? y peor si efectúa varios disparos? Debo creer, fundadamente, que en verdad no lo quería matar. Supongamos que fue así, le erró por no tener puntería pero, si era cierto lo expresado por Gutiérrez y su esposa García que ya en el interior del local policial, le seguía apuntando y no le disparó?, es porque realmente no tenía la intención de matarlo ni a él ni a su esposa; pues de lo contrario y en el estado emocional que evidentemente estaba la Sra. Avila podría haberlo, al menos, intentado de nuevo el homicidio.

Queda aún otra pregunta: si después de efectuar el disparo hacia la persona de Gutiérrez desde el automóvil y éste apurara la marcha, mientras el remis continuaba por detrás de las víctimas, cómo es que la acusada Avila no siguió disparándoles? Ahora en cuanto al aspecto legal aplicable al caso, de evidente duda de si estamos en presencia de una "Tentativa de Homicidio" o "Abuso de Arma" cuales son las normas que nos obligan (porque su redacción como se advertirá más adelante lo es en forma imperativa para el juez) a resolver a favor o contra la imputada?. La respuesta está en el Libro I Disposiciones Generales, Título I Garantías Fundamentales, Interpretación y aplicación de la Ley del Código Procesal Penal en su art. 2º que establece: "Toda disposición legal que coarte la libertad personal, ...deberá ser interpretada restrictivamente..." y como si ello fuera poco a continuación el art. 4º del mismo cuerpo legal dice: "En caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado".

Como fácilmente puede apreciarse ambos artículos están en la parte general y por ende deben ser aplicados en todos los casos y desde el mismo momento en que una persona es imputada de la comisión de un hecho delictivo y no tener que esperar que ello suceda únicamente en el plenario.

Decía que a la defensa técnica de las procesadas le asistía razón parcialmente y por ende se deben dar los motivos o justificativos de lo dicho.

Establecida la circunstancia que la imputada nunca quiso matar a Gutiérrez ni a su esposa García, entonces su conducta queda fuera del ámbito de punición de la facultad del Estado? No, si este comportamiento encuadra en alguna figura penal descripta como delito y en el caso bajo análisis es "Abuso de Arma", previsto y reprimido por el párrafo primero del art. 104 del C.P., calificación legal que le corresponde a la imputada Nilda Beatriz Avila.

Conforme a la decisión propiciada, cabe analizar si en tal caso es aplicable lo dispuesto por el último párrafo del art. 300 del C.P.P., es decir disponer la libertad provisoria de Nilda Beatriz Avila, toda vez que en el caso de condena la misma podrá ser de ejecución condicional (art. 26 C.P.), si se tiene en cuenta que no registra antecedente condenatorio y ni siquiera auto de procesamiento en la causa que da cuenta su planilla prontuarial de fs. 71.

Respecto a la situación procesal de Nilda Beatriz Burgos no existe, a mi criterio y hasta esta altura de la investigación, elemento alguno que justifique el procesamiento dictado en su contra; pues la sola circunstancia de acompañar a su madre a buscar la moto, que ésta llevaba un arma y expresar en determinado momento del desarrollo de los hechos "acá no", son insuficientes para considerarla partícipe, en ningún grado, menos si se tiene presente el grado de parentesco que alega y nadie puso en duda, es por ello y sin perjuicio de profundizarse la investigación, se debe dictar a su favor auto de "Falta de Mérito" (art. 298 del C.P.P.).

Acorde a ello, se torna abstracto el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal Penal y Correccional nº 2, contra la libertad provisoria dispuesta a favor de la imputada Verónica Beatriz Burgos, lo cual exime el análisis de los agravios formulados al respecto.

Antes de concluir me permito sugerir al Sr. Juez la reconstrucción del hecho; establecer fehacientemente las medidas del ancho de la calle; del automóvil utilizado en oportunidad de la comisión del hecho, la distancia que pudo haber existido al momento del disparo desde el remis hasta el lugar por donde transitaba la motocicleta conducida por Gutiérrez, su esposa e hijitos; si la calle en cuestión estaba pavimentada, etc. etc. Asimismo citar a ampliar su testimonial a Roberto M. Robles a fin que brinde mayores detalles de sus declaraciones anteriores, toda vez que no explica si la motocicleta circulaba por su izquierda o derecha, si por qué no intentó frenar el automóvil luego del primer disparo y conocer a ciencia cierta qué era lo que pasaba entre la Sra. que trasladaba y las personas que se conducían en la moto, especialmente si se podía advertir la presencia de niños en ella y todo otro dato que el Sr. Juez estime de importancia para arribar a la verdad real de los hechos. Igual temperamento se debería seguir respecto al personal policial que intervino directamente en el incidente que se produjo en la dependencia policial, de dónde realmente se procedió al secuestro del arma, si efectivamente vieron que la imputada Avila tenía en su mano el arma en cuestión o no, etc.

Lo consignado en el párrafo precedente puede resultar de suma importancia si se tiene en cuenta el carácter de la resolución que se adopta, que confirma el auto de procesamiento contra Nilda Beatriz Avila, que es siempre provisoria y no causa estado, según lo dispone el art. 299 C.P.P.

A lo expresado precedentemente cabe agregar un detalle significativo, aún para el caso que se mantenga en estos obrados la situación procesal de Nilda Beatriz Avila, tal como ahora se dispone y sea remitida a juicio al Juzgado Correccional que corresponda, tal situación no será definitiva per se, sino que según el desarrollo del debate, caracterizado, además de ser público y oral, por la concentración e inmediatez de las pruebas, el Sr. Fiscal cuenta con la faculta de ampliar el requerimiento hasta la discusión final (léase alegatos), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 386 y 410, ambos del C.P.P.

Por todas las razones expuestas y normas legales debe hacerse lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 221/223 en cuanto al encuadre legal, en su mérito tener por procesada a Nilda Beatriz Avila por el supuesto delito de "Abuso de Arma" (Art. 104 primer párrafo del C.P.) disponiéndose la libertad provisoria (arts. 26 C.P. y 300 último párrafo del C.P.P.), la que deberá ser efectivizada por el Juzgado de origen previo recaudos de ley y sin perjuicio que el a quo considere pertinente imponer alguna restricción. También cabe revocar el procesamiento de la coimputada Verónica Beatriz Burgos, dictando en su reemplazo "Falta de Mérito" (art. 298 del C.P.P.) y como consecuencia de ello debe declararse abstracta la cuestión introducida como apelación por el Sr. Fiscal Penal y Correccional nº 2 a fs. 179/180. Así voto.

El doctor Figueroa dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, la Sala III de la Cámara de Acusación, resuelve: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 221/223 por el Dr. F. G. C. y en su mérito tener por procesada a Nilda Beatriz Avila, demás condiciones personales obrantes en autos, por el delito de "Abuso de Arma" (Primer párrafo del art. 104 del Código Penal), en perjuicio de Roberto César Gutiérrez y María Angélica García, hecho ocurrido el 12/03/11 en Tartagal. II) Disponer la libertad provisoria de Nilda Beatriz Avila, la que será efectivizada por el Juzgado de origen, previos recaudos legales y sin perjuicio de cualquier medida restrictiva que el a quo considere pertinente. A tal fin se anticipará vía fax la parte dispositiva de esta resolución. III) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 221/223 respecto a la situación procesal de la coimputada Verónica Beatriz Burgos, demás condiciones personales obrantes en autos, en su mérito revocar el auto de procesamiento y dictar en su reemplazo auto de "Falta de Mérito" (art. 298 del C.P.P.). IV) Recomendar al a quo las medidas probatorias sugeridas en los considerandos, sin perjuicio de las que el a quo o las partes estimen pertinentes y útiles para arribar a la verdad real de los hechos denunciados. V) Declarar cuestión abstracta la cuestión efectuada mediante el recurso de apelación interpuesto a fs. 179/180 por el Sr. Fiscal Penal Correccional nº 2, conforme lo expuesto en los considerandos y lo resuelto en el punto III) de la presente, respecto a la imputada Verónica Beatriz Burgos, a cuyo favor se dicta auto de "Falta de Mérito" conforme lo dispuesto por el art. 298 del C.P.P. VI) Regístrese, protocolícese, notifíquese y bajen, oportunamente, los autos al Juzgado de origen. - Adolfo A. Figueroa. - Edgardo Albarracin.