marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obligaciones del comodatario, doctrina de los actos propios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Porchile, Ivonne Elizabeth
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

Es inadmisible que quien reconoció en otro la calidad de comodante, asumiendo su propia calidad de comodatario, al ser demandado por desalojo pretenda desconocer la calidad de su cocontratante basándose en que no es titular de dominio, ni poseedor, tenedor, usuario y/o usufructuario, pues tal conducta resulta incompatible con la asumida anteriormente y genera una contradicción con el principio general de buena fe, del cual deriva necesaria e inmediatamente la doctrina de los actos propios, integrante de nuestro derecho positivo.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, reincorporación, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARROYO, DANIEL OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y-O BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 36-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-04-10

Las pretensiones de reincorporación en una categoría superior, conforme a promociones que hubieran correspondido mientras el recurrente estuvo separado del cargo, y reconocimiento de salarios caídos, no pueden ser considerados en el juicio contencioso administrativo, en razón de que no habiendo sido introducidas en la reclamación administrativa, escapan al conocimiento y decisión de la Corte; sin perjuicio de que el actor solicite su acogimiento mediante gestión autónoma, para ser resuelta por quien y como corresponde.

Citas jurisprudenciales: A y S T 30 p 153-156; A y S T 31 p 186-189 p 285-287.
Competencia de la Corte Suprema, validez de la ley, cinematografía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cine Callao
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1960-06-22

El objeto cardinal y específico de la ley 14.226 reviste carácter inequívocamente público o general. Acreditado que no transgrede los principios rectores del ejercicio legítimo del poder de policía, a la Corte Suprema sólo le está permitido analizar la razonabilidad de los medios previstos por el legislador, o sea el grado de adecuación existente entre las obligaciones que la ley impone y los fines cuya realización procura, cualquiera sea el juicio sobre el mérito intrínseco o el valor artístico, permanente o actual de la actividad tutelada.
División de poderes, conflicto de poderes, Poder Judicial, interpretación de la constitución, cuestión justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nellar, Juan Carlos s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Los tribunales tienen facultades incuestionables para comprobar si los actos de los poderes políticos, cumplidos en ejercicio de sus atribuciones privativas, se ubican dentro del marco constitucional que las define. La aplicación de esa regla conduce a la conclusión de que si no ha existido transgresión alguna en tal sentido, de modo que la decisión adoptada por el poder político se ajusta a las normas fundamentales que regulan su accionar, tal decisión no puede ser modificada por el Poder Judicial (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Prisión preventiva, revisión judicial, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Penitenciaria de Mendoza s/ habeas corpus correctivo y colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-12-23

Dado que resulta fatal y perentorio el término de diez días de prisión preventiva dispuesto por el del art. 348 del C.P.P. de Mendoza, vencido dicho término, si bien la resolución podrá ser solicitada o dictada por otro fiscal u otro juez respectivamente, no podrá serlo por aquellos a quienes el plazo de diez días les ha sido acordado originalmente, pues la consecuencia del vencimiento de un término fatal es la separación del magistrado al que se le hubiera vencido el término.
Trámites judiciales, medidas cautelares, salarios adeudados, trabajador, telecomunicaciones, salarios caídos, remuneración, pandemia, facultades administrativas
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Dieguez, Leonardo Matías c/ América TVSA s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-15

La juez de grado hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por el actor, y ordenó a la demandada (América TV) que abonara al accionante las remuneraciones devengadas y adeudadas, que no redujera al trabajador la remuneración por su dispensa a concurrir al trabajo presencial y que le otorgue ocupación efectiva que pueda ser cumplida desde su domicilio particular. La demandada apela la resolución. No es un hecho controvertido por el recurrente que el trabajador quedó al cuidado de su hijo menor de edad lo cual habilita la aplicación de la normativa de excepción prevista en la Res. 207/20 del MTESS. Dicha normativa vigente contempla un supuesto de imposibilidad de cumplimiento del deber de prestación a cargo del trabajador operando como causa de justificación. De las constancias acompañadas surge prima facie que el actor se encuentra exceptuado de prestar servicios, sin que ello pueda ocasionarle merma salarial, en un contexto de pandemia y donde se busca proteger las fuentes de trabajo, por lo que corresponde confirmar la decisión de grado. Por otro lado, la Resolución 1103/2020 solamente justifica la inasistencia del progenitor, progenitora o persona responsable a cargo del cuidado del niño, niña o adolescente, los días en que no concurran a clases presenciales en el establecimiento educativo. Y en el estrecho marco cautelar no se advierte fuente alguna individual, legal o convencional de donde se desprenda la obligación de la demandada de otorgar tareas para ser cumplidas desde el domicilio particular y toda vez que conforme lo normado por los arts. 64 y 65 LCT es el empleador quien tiene la facultad de organizar y dirigir la empresa, indicando la manera en que el trabajo debe ser ejecutado. Por lo tanto, cabe revocar lo resuelto en grado en orden a que la demandada deba otorgarle al actor ocupación efectiva a fin de que sea cumplida desde su domicilio particular.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PASTORINI, Alcibíades c/ RENOSTO, Jorge s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-11

La indemnización por desvalorización del rodado exige la prueba de la existencia del daño, el cual consiste en los rastros de la reparación, que permiten deducir que el vehículo ha experimentado un accidente -con la consiguiente retracción de los compradores potenciales y correlativa disminución del precio-, y requiere la demostración de la existencia de vestigios perceptibles cuya acreditación incumbe a quien alega el hecho (art. 377 C. Procesal).
Competencia, fuero de atracción, sucesiones
Materia: CIVIL
Carátula: CONS. AVDA. LAS HERAS 2348/2352 c/ QUEIROLO CARRI MARIA S/SUC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-13

El fuero de atracción previsto en el art. 3284 del Código Civil, tiene por función modificar en forma excepcional las reglas de la competencia, determinando que sea un solo juez quien intervenga en todas las cuestiones atinentes a un patrimonio, con el objeto de facilitar la liquidación de la herencia, la división de los bienes y el pago de las deudas.

El inciso 4 de la norma mencionada, dispone: el fuero de atracción se extiende hasta la división de la herencia, en los casos en que se trate de acciones personales de los acreedores del causante.

Si el consorcio accionante reclama el cobro de expensas del inmueble que transmitió la causante, devengadas casi un año después de la muerte de ésta, no es aplicable la referida disposición legal por no tratarse de una obligación asumida por aquélla.
Contribuciones patronales, omisión de retener o percibir aportes, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: VILLEGAS CLAUDIA MARCELA c/ ANAYA MARIANA TERESITA s/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-09-13

A mayor abundamiento cabe tener presente que en aquellos supuestos en que se aceptó compensar al trabajador por la omisión de ingresar estos aportes, fue hecho en concepto de indemnización de los daños y perjuicios derivados de tal omisión, considerando que la falta de cumplimiento patronal impidió la generación de rendimientos en la cuenta del empleado y la realización de las quitas, descuentos y deducciones por gastos e impuestos previstas en los arts. 7 y 9 del Protocolo (cfr. CNAT, Sala II, 6/11/2009, "Ruiz Díaz c/ Manuel Gómez So. De Hecho", DT 2010, pág. 1447), más estos no fueron los términos de la presentación de la actora, por lo que el magistrado se encuentra impedido de trastocar la base del reclamo so pena de violar el principio de congruencia.

Lo expuesto determina que deba revocarse la sentencia recurrida en lo que al acogimiento de este ítem refiere.
Competencia, competencia federal, Banco Nación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: OLGA MARTINA AINCARA s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-23

Si el hecho investigado en autos desmedra el patrimonio nacional por afectar al Banco de la Nación Argentina corresponde intervenir a la Justicia Federal.
Beneficio de litigar sin gastos, cuestiones procesales, gastos del proceso
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARIZIO BRUNO VIVIANA INES c/ RON LILIA MABEL s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-14

Corresponde se desestime el pedido de litigar sin gastos por extemporáneo (CPR 84). En efecto, la ley 25488 limitó temporalmente la articulación del beneficio de litigar sin gastos hasta el momento de la audiencia preliminar o de la declaración de puro derecho. Dicho plazo podría extenderse hasta la conclusión del proceso (conf. CPR 78) siempre que se aleguen y acrediten circunstancias sobrevinientes (CPR 84). Bajo dicha óptica, la promoción de la presente causa resulta extemporánea. A ello se agrega que las circunstancias sobrevinientes alegadas en los términos del art. 84 CPCC refieren a hechos pasados que no fueron tempestivamente invocados.
Accidentes de trabajo, responsabilidad civil, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, debido proceso, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Betancor Vila, Orestes Nilo c/ Félix A. Medoro S.A. s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-07-12

Al disponer el tribunal de trabajo apartarse de la resolución que descalificó la validez constitucional de los arts. 39 y 49 disposición adicional 1ra. de la ley 24.557 conculcó el principio de preclusión al importar un pronunciamiento en abierta contradicción con una decisión que, al devenir firme, habilitó para los litigantes y al propio tribunal el encuadramiento civil de la pretensión, imposibilitando -por ello- la reedición del debate sobre desconocimiento del derecho de defensa del recurrente y de la garantía del debido proceso (arts. 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución de la Provincia), vicio del pronunciamiento que debe subsanarse mediante el ejercicio por esta Suprema Corte del remedio casatorio.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, prisión preventiva, prisión domiciliaria, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Kik  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en kmc y otros sobre 89 - lesiones leves y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

En la sentencia que en último término se impugna -aquella que confirmó la prisión preventiva del imputado y el rechazo del pedido de prisión domiciliaria-, los jueces explicaron razonablemente que en la causa existían indicadores objetivos para acreditar el peligro de fuga, y ratificaron el análisis que había efectuado el juzgado de primera instancia. Al margen del acierto o error de lo resuelto por la Cámara, la argumentación genérica ofrecida en el recurso de queja no alcanza a justificar que estemos ante un supuesto de decisiones arbitrarias y solo pone de resalto el desacuerdo de quien recurre con una respuesta que resultó adversa a sus pretensiones, sin demostrar que la solución impugnada no constituyera una derivación lógica y razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa (TSJ, expte. n° 16616, "Cervantes Sánchez", resolución del 25/09/2019, y expte. n° 16324, "CVH", resolución del 14/05/2020, entre otros). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Recurso de queja (administrativo), empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Carracedo, Hugo Luis s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-20

El Gobierno de la Ciudad no logra poner en crisis el argumento que sostiene que una persona puede estar escalafonada de una cierta forma pero cumplir funciones que corresponden a otra categoría. Más allá de su acierto o error, la decisión respalda el criterio según el cual, en caso de asignársele a una persona idénticas funciones que a otros agentes encasillados de mejor forma, pueda reconocérsele la diferencia de haberes.
Quiebra, confirmación de sentencia, cesión de derechos, prescripción adquisitiva
Materia: PENAL
Carátula: PORTAGRO SA c/  s/ QUIEBRA s/ INCIDENTE DE VENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-29

Estímase improcedente la pertinencia de analizar y decidir en el marco de la petición introducida si operó o no, a su respecto la prescripción adquisitiva de los terrenos mencionados, debiéndose limitar el conocimiento de la cuestión a los términos en que se introdujo el planteo, esto es, si correspondía tenerla por poseedora y "propietaria" en virtud del contrato de cesión acompañado, tal como fue desarrollado en el considerando precedente. En este contexto, cabe puntualizar que el modo regular de adquirir la titularidad del dominio de un bien inmueble, es reuniendo el cumplimiento de los requisitos del Código Civil, a saber: formalización del contrato por escritura pública (art. 1184-1°), tradición del inmueble (arts. 577, 2601, 2609) e inscripción del título en el registro respectivo (art. 2505). Ello no obsta -claro está- a que el dominio pueda adquirirse, excepcionalmente, mediante la posesión continua de un inmueble por el plazo de ley (CCIV 2524-7° y 4015), siempre y cuando los actos por medio de los cuales se adquiera tal posesión resulten insospechables, claros y convincentes. Mas en tal supuesto no basta con el hecho objetivo de la posesión continuada durante el tiempo que la ley prescribe sino que se requiere además contar con el "título de prescripción", esto es, una decisión judicial que reconoce la adquisición del derecho real por usucapión.
Licitación pública, impugnación de la liquidación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transportadora Mesopotámica SRL c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte.: C.S.J.  Nro. 191 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-24

El "convencimiento" personal del recurrente de que una supuesta anomalía ocurrida en el procedimiento licitatorio sería corregida ulteriormente por la autoridad de aplicación, constituye una manifestación insuficiente para tener por superadas las consecuencias del fenecimiento de un término de caducidad indicado en el pliego respectivo a los fines de formular este tipo de impugnaciones.
Daños y perjuicios, daño moral, indemnización, personas jurídicas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BIGGEST BANK SA c/ LOPEZ BELLIZI, MARIO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

No corresponde fijar una reparación por daño moral a favor de una sociedad, ya que se trata de un ente no susceptible de sufrir padecimientos espirituales (CSJN, 3.11.92, "De la Matta, Manuel H. y Otro c/ Gas del Estado y Otros", ll 1994-b-449).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, proceso penal, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: José Luis SANCHEZ s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO - INTERPOSICION - TERMINO - DEFENSOR OFICIAL    JUICIO CRIMINAL - PENA - REFORMATORIO IN PEJUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

Si el a quo anuló la unificación de penas declarada en primera instancia sin que mediara recurso acusatorio y agravando de ese modo la situación del condenado, ha incurrido en un supuesto de reformatio in peius que descalifica la sentencia.
Concursos, incidente de verificación, verificación tardía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ANSES en J: Meizenq S.R.L. s/ Concurso Preventivo - Incidente Verificación Tardía (LIBRO: A003 -  171)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-09-27

Las boletas de deudas extendidas por la D.G.I., en proceso administrativo donde no fue notificado el dudor resultan nulas y no constituyen títulos legítimos para verificar el crédito.-
Adicional por zona, indemnización por despido
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz Mauro Adrián c/ Sacatuc S.R.L. s/ Despido por causales genéricas
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-12

[.] el adicional pretendido -zona desfavorable- resulta inaplicable al caso de autos, desde que el actor prestó tareas de vigilancia en una empresa que nada tiene que ver con el trabajo rural, razón por la que comparto lo señalado por el magistrado. Por otra parte, las leyes posteriores a la ley 18.883 (leyes 23.272 y 25.955), en principio resultan una mera ampliación de las zonas geográficas detalladas en la primera de las leyes mencionadas, y en tanto que ni siquiera fueron mencionadas al demandar, con lo cual no hubo un oportuno debate sobre las normativas citadas y ni siquiera fueron tratadas por el a-quo, escapan al tratamiento en esta instancia conforme lo dispuesto por el art. 277 del Código Procesal. Otro tanto puede decirse del convenio colectivo mencionado en los agravios CCT 507/07, que al margen de no contemplar esta zona de Neuquén dentro de la zona fría y por lo tanto aplicable el adicional del 20% en concepto zona desfavorable, tampoco fue invocado tal convención al demandar, con lo cual, cabe iguales consideraciones que las precedentemente señaladas.
Recurso de casación, falta de motivación
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: PALMA GUILLERMO H. c/ HUINCAN CIA. DE CEMENTOS ESPECIALES S.A.C.E.I. s/ RECURSO  DE  CASACION: SEDE LABORAL - QUEBRANTAMIENTO DE LAS FORMAS Y  SOLEMNIDADES PRESCRIPTAS  PARA  LA  SENTENCIA  -  APARTAMIENTO DE LOS  TERMINOS    DE LA  LITIS  -  CONFIGURACION  -  FALTA  DE  MOTIVACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-10-09

Incurre en apartamiento de los términos de la litis (art. 94, ley 4163) la sentencia de la a quo, en tanto luego de determinar la existencia de la causal de despido invocada por la empleadora, esto es, la falta o disminución de trabajo - la que fuera objeto de cuestionamiento por el actor en demanda -, imputa a la accionada no haber acreditado que se hubiera respetado el orden de antiguedad y que el cesanteado tuviera menor carga de familia, con, lo que se pronuncia sobre un asunto no sometido a decisión y exige de la demandada una prueba sobre hechos ajenos a la controversia, lo que provoca lesión a sus intereses al privarlo de la oportunidad de ejercer una adecuada y legítima defensa de sus derechos.

Si bien el precepto contenido en la última parte del art. 65 de la ley 4163 obliga al Juzgador a aplicar la norma que rige el caso, en tanto los hechos que constituyen el tipo legal de esa norma puedan verificarse en la causa, en el el subexamen la situación es distinta, desde que los presupuestos fácticos en los que el Tribunal funda su condena no fueron objeto de prueba ni pudieron serlo porque no integraron la relación jurídico procesal.

Adolece de falta de motivación (art. 94, ley 4163) el decisorio, ya que no proporciona los fundamentos que avalan lo allí afirmado, en relación a que la disminución de trabajo hubiese derivado en el cierre de la empresa que pudiera haber dado lugar a un despido generalizado, cuestión que por otra parte, no fue un punto de controversia entre las partes y, por ende, no integró la relación jurídico procesal.
Responsabilidad solidaria, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, María De Los Angeles c/ Nuevo Croissan S.R.L. y/o Juan Carlos Novillo y/o Soc. De Curi Amalia Elena y/o Quien Corresp. y/o Resulte Resp. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2010-05-04

El objetivo de la solidaridad no es otro que evitar el fraude y proteger el crédito laboral.
Accidente de tránsito, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz Susana Adriana c/ Luengo Miguel Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Cuando existe discrepancia entre la opinión de un perito y los dichos de los testigos, debe estarse a lo manifestado por éstos, por ser por quiénes real y efectivamente pasó la experiencia fáctica de realizar las reparaciones.
Menores, actos de disposición, asesor de menores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kriger y Cía. c/ Sucesores de Suppes, Héctor s/ juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-12

La normativa que tutela el patrimonio de los incapaces ha impuesto la intervención como parte legítima y esencial del Asesor de Menores en todo asunto judicial o extrajudicial en que los mismos sean parte, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo juicio que hubiere lugar sin su participación ( arts. 59, 493, 494 Cód. Civ. ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, gastos del proceso, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carta Austral S.A. c/ Melnik, Gregorio Fernando y/o Melnig Gregorio Fernando s/ Cobro ejecutivo de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-19

Los gastos causídicos, en tanto erogaciones necesarias para el desarrollo del proceso, quedan comprendidos en el concepto genérico de "costas" (arts. 77 Código Procesal). Así entonces, las costas en general y la condena en costas en particular son instituciones procesales y por lo tanto privativas del Derecho Procesal, que originan una responsabilidad dentro del proceso, pues la instrucción del mismo es lo que ocasiona y produce gastos que integran las costas y es el órgano jurisdiccional quien declara la obligación de pagarlas y, en consecuencia, dicha obligación se retrotrae al tiempo en que se realizó la pertinente erogación en los términos del art.

77 del ordenamiento ritual, lo que torna equitativo compensar la privación del capital soportada por la actora de su propio peculio, mediante la aplicación de los correspondientes intereses desde el momento en que los gastos fueron efectuados. En función del criterio expuesto, cabe admitir la pretensión de adicionar intereses sobre los gastos causídicos debidamente acreditados y liquidados, resultando prudente a tal fin fijarlos en la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días desde la fecha en que se hicieron efectivos y hasta el momento del pago.