marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, notificación, nulidad procesal, defensa en juicio, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUTTO, RAUL BARTOLO c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-05-30

El pronunciamiento impugnado debe ser anulado como acto jurisdiccional válido, toda vez que desestimar la nulidad planteada (de todo lo actuado con posterioridad a la constitución de nuevo domicilio procesal, con notificación al domicilio originario), con fundamento en que la irregularidad en el acto de comunicación de las resoluciones en cuestión no ocasionaba perjuicio alguno atento a la limitada intervención del fallido en el proceso de quiebra y en el carácter irrevisable de lo decidido, importa prescindir de una herramienta procesal que, aunque sea excepcional, ha sido apta para revisar pronunciamientos de esta índole, a fin de resguardar la garantía de imparcialidad del juzgador y la defensa de los derechos de los litigantes, apartándose de normas procesales aplicables a la litis, en especial de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley 24522 que le otorga una amplia legitimación al fallido para actuar en el proceso concursal. REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Provincial, artículo 93, inciso 1; Ley 7055, artículo 1; Ley 24522:artículo 110: DOCTRINA:Rivera, Julio César, Roitman, Horacio y Vítolo, Daniel Roque "Ley de Concursos y Quiebras" Tomo II, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2000, pág. 137 - CITAS: CSJStaFe: AyS T 255, p 341/345; T 243, p 38 /383.
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PAMPA c/ D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

Si bien procesalmente el alcance del recurso de queja por apelación denegada es muy limitado, no es menos cierto que su importancia como instrumento de tutela del derecho de defensa en juicio es imposible de desconocer.

Por tal razón, resulta procedente considerarlo con sentido amplio, máxime cuando la decisión apelada clausura la posibilidad del peticionante de obtener un pronunciamiento formal del órgano competente sobre el fondo de la cuestión debatida.
Fallos de la Corte Suprema, agravio concreto, cuestión abstracta, declaración de inconstitucionalidad, ley provincial, tabaquismo, competencia de la Corte Suprema, sistema federal, publicación, promoción y consumo de tabaco
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-SALUD PUBLICA
Carátula: Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.  c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2015-10-27

La demanda que persigue la declaración de inconstitucionalidad de la ley 12.432 de la Provincia de Santa Fe que crea el programa de control del tabaquismo constituye una vía idónea para suscitar la intervención de la Corte si no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que procura precaver los efectos que la aplicación de la ley provincial produce en la actividad lícita de la empresa actora, quien le atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, a la par de fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto.
Procedencia del recurso, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Millán Francisco Romualdo c/ Millán Elena José Romualdo  s/ escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-02-16

Cabe hacer lugar al recurso de apelación incoado, pues la existencia de homonimia como la cantidad de herederos invocadas para explicar el error por la parte actora, no resulta suficiente para justificar la negligencia ante la exigencia de adecuada identificación con el DNI del sujeto a embargar. Debe reconocerse que el error del peticionante de la medida de embargo por falta de adecuado control en los datos de quien se requería el embargo, determinó que la embargada tuvo que presentarse en juicio para obtener el levantamiento del embargo indebidamente trabado.
Derecho procesal, medidas cautelares, medida de no innovar, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Segura, Eduardo  c/ Bapro Mandatos y Negocios SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

Corresponde rechazar el pedido del actor de levantamiento de la medida de no innovar que hubiera sido declarada a efectos de impedir que se llevase a cabo la escrituración en forma indivisa de las unidades funcionales vendidas a los adquirentes de cierto emprendimiento, por cuanto tal medida solo impedía escriturar en forma indivisa más no de manera individual como pretende la actual fiduciaria.

Es más, en el caso el recurrente no cuestionó el hecho de que jurídicamente la escrituración individual es hoy posible -conforme lo establecido en la resolución provincial y en la ordenanza municipal a las que refiere la fiduciaria- así como tampoco esgrimió que exista ningún impedimento legal para proceder de ese modo, por lo que desde esa perspectiva, el apelante no tiene legitimación para oponerse genéricamente a la viabilidad de que la demandada otorgue a cada interesado la escritura correspondiente. A lo sumo, el actor tendría derecho a oponerse al acto escriturario en la medida de su propio interés -que es por el cual accionan- y no en interés de los demás propietarios.
Cuestión abstracta, haber jubilatorio, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Carbonari, Teresa Mabel c/ Municipalidad de Río Cuarto - Demanda contencioso administrativa c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-23

Atento el acogimiento al beneficio jubilatorio de la parte actora y haberse declarado abstracta la cuestión objeto de litigio, en materia de costas, se considera justo imponerlas por el orden causado, ya que, si bien el reclamo no se encontraba ajustado a derecho, a la vez existieron razones para que la actora estimara que tenía motivos para litigar -en virtud de la falta de motivación del acto impugnado y la errónea consideración como extemporáneos de los recursos interpuestos en sede administrativa-.
Acción civil en el proceso penal, indemnización, daño material, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRIENTOS, OMAR N. s/ DAÑO MATERIAL - DEFENSA EN JUICIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

Procede reajustar el valor de la reparación del daño material, aunque no fuera requerida en la acusación, si el reclamo se efectuó cuando se alegó sobre la prueba producida en el plenario desde que "fue solicitado, durante la sustanciación del pleito y se dio oportunidad a la contraria para expresar los argumentos y defensas que pudieran hacer a su derecho.
Sentencia arbitraria, dictamen fiscal, escala penal, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: PIZARRO RUNCIMAN, Francisco Javier y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

La disidencia parcial sostuvo que tal como fue emitida la decisión de la cuestión relativa a la dosimetría punitiva se observa que carece de los debidos fundamentos, pues de la mera lectura del voto emitido por la mayoría en torno a las penas impuestas se advierte que, tal como lo expresan sendos recurrentes, aun cuando al introducirse a la cuestión en trato los magistrados dijeron compartir en lo esencial las valoraciones efectuadas por el colega de la minoría y que se explayara sobre las condiciones personales de los encartados, ello no ha sido siquiera aludido en el desarrollo que hicieran luego de la cuestión, eventualidad que hubiese operado según expresan las respectivas defensas como fundamento de un menor reproche para los encausados. De tal suerte, más aún frente al dictamen del Fiscal General de la instancia que en referencia específica a las penas impuestas remite a las formulaciones asentadas en el voto del juez de la minoría y así entiende que en este aspecto también la sentencia debe ser confirmada considerando adecuadamente fundadas los montos punitivos decididos por dicho magistrado, corresponde anular las penas de trece años y ocho años impuestas a los encausados, por los que en la moldura legal establecida respecto de cada uno de los nombrados deberán dictarse las penas correspondientes, oportunidad en la que las defensas podrán formular las consideraciones que entiendan pertinentes. Dres. Slokar -en disidencia parcial- Mahiques y Yacobucci.
Defectos del procedimiento, facultades del juez, dirección del proceso, facultades de saneamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Cabral, Gladys Catalina y Otros c/ E.N. -Mº de Defensa- s/ retiro militar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-30

En virtud del deber de dirección que se establece en cabeza de los jueces en el art. 34, inc. 5º del C.P.C.C.N., los magistrados no deben permanecer indiferentes ante las irregularidades que puedan presentarse durante la tramitación de un juicio. Sin embargo, la comprobación de tal irregularidad no importa necesariamente la nulidad del proceso, en tanto en ocasiones el vicio puede ser saneado, brindando la pertinente intervención a la parte contraria.
Prisión preventiva, maniobras dilatorias
Materia: PENAL
Carátula: LLEBEILI RICARDO c/ DEMETRIO EMILIO DANIEL, VILLARREAL DIEGO S., VILLARREAL FERNANDO M., EACOBAR OSCAR LEONIDAS Y OTRO s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR ALEVOSIA Y CRIMINIS CAUSA EN  CONCURSO REAL CON ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-17

Las "articulaciones dilatorias" Edwards las define como "la actividad procesal que desarrolla la defensa técnica del imputado".

Lo legislado sobre el punto fue definido por el Diputado Pichetto como "una propuesta de equilibrio", que busca evitar que los defensores tracen como estrategia la dilación del proceso, más allá de los plazos máximos fijados en la Ley 24390, para así poder obtener la libertad de sus asistidos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Portación de armas, tipo penal, tenencia de armas, dolo
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ M,. O. M. s/ artículo 39
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-07

El artículo 39 del Código Contravencional establece como verbo típico el portar un arma, por lo cual, es conveniente separar el significado de portación con el de simple tenencia, por cuanto el primer verbo implica algo más que el segundo. La idea a la que se refiere el tipo al exigir la portación del arma y no solamente la mera tenencia de ésta, se encuentra constituída por la verificación de la existencia de un elemento subjetivo por parte del agente activo, el cual es, la conciencia de la efectiva o, cuando menos, posible utilización del objeto apto para ejercer violencia, con fines dañinos sobre un sujeto pasivo determinado o indeterminado.

La portación del arma no sólo sugiere, sino que además da por sentado, la existencia de un elemento subjetivo que compone el dolo, el cual se configura por la voluntad de utilizar el arma como elemento intimidatorio de un ciudadano. Aquí es donde radica la peligrosidad de la acción, y aquí es donde debe registrarse la existencia de este elemento, so riesgo de caer en el examen de la peligrosidad del sujeto. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Audiencia de alegar, prueba, caducidad de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: MERCADO, JUAN CARLOS c/ SEGURITAS  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-14

La audiencia de alegar funciona como virtual plazo de caducidad en materia probatoria, pues si la parte advierte que determinada prueba no se produjo, debió dentro del tercer día de terminado el período de prueba, deducir incidente de nulidad, arts. 58 al 60 LO, pero si no lo hizo, consintió el llamamiento y no puede, ante un fallo adverso, agraviarse de que no se hayan tenido en cuenta tales elementos probatorios y tampoco procede el replanteo de dicha prueba en la alzada, en los términos del art. 122 de la LO.
Deuda líquida, obligaciones de dar sumas de dinero, intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: KITLER ATILIO WALDEMAR c/ ARIAS RENE OMAR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-07-08

Notificada la sentencia de Cámara y firme la misma, al no abonarse en termino el monto allí condenado importa fundamento suficiente para autorizar la capitalización de intereses efectuada por el acreedor en su liquidación pues, cuando el art. 623 de la ley de fondo habla de deuda líquida y mandada a pagar supone, sin duda, que el juicio ha sido terminado y que el deudor ha sido condenado al pago de lo debido. La condena que implica el decisorio satisface enteramente la exigencia de que el deudor se encuentra anoticiado del monto líquido de su deuda, por lo que rechazar la posibilidad de capitalizar los intereses por falta de expresa intimación de pago posterior a la condena es una exigencia formalista, innecesaria y no querida por el espíritu de la norma.
Seguridad social, ley previsional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bejarano, Roberto A. c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Santiago del Estero s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-10

Las leyes específicas en materia previsional, son fuentes formales del Derecho de la Seguridad Social, entre las que también se encuentran las demás leyes y decretos que definen instituciones a las cuales remiten las normas de seguridad social; las resoluciones de los entes gestores; los convenios de corresponsabilidad gremial y los convenios colectivos de trabajo, etc. La legislación específica de seguridad social y la legislación a la cual remite aquella. Son las fuentes principales del derecho positivo, pues la ley es la que instituye los regímenes previsionales o asistenciales que contemplan el campo de aplicación personal, las prestaciones y la organización administrativa con individualización del ente gestor que sirve las prestaciones. En el supuesto de regímenes contributivos, se reglamenta lo relativo al financiamiento: personas obligadas, destino de los fondos recaudados, fiscalización y técnica financiera adoptada. Las leyes fijan los temas fundamentales del régimen creado y delegan en el decreto reglamentario o en las resoluciones administrativas que dicte el ente gestor, aquellas disposiciones destinadas a adecuar los principios generales a los casos concretos, a fin de no caer en un casuismo que pueda quitar la seguridad y celeridad necesarias, atento a la finalidad protectora del régimen.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: PLANCICH, JORGE A c/ BELTRAME Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES     RECURSO  EXTRAORDINARIO  PARA  ANTE  LA  CORTE  SUPREMA  DE JUSTICIA  NACIONAL (CSJ EXPTE N. 51-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-05-22

Siendo aplicables desde el 1-12-1989 las pautas fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en la Acordada del 10-10 1989, el momento en el que el quejoso debe plantear a la Corte los reparos constitucionales que le produce la interpretación que en ella se efectúa de los artículos 1 ley 10241 y 356 del Código Procesal Civil y Comercial -en orden a la interposición de quejas en la Secretaría de la Corte en Rosario, deducidas contra denegatorias de recursos de inconstitucionalidad por tribunales de Alzada rosarinos- es el de la deducción del recurso directo local, para dar así ocasión a la Corte a pronunciarse sobre tales agravios.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Montalvo, Ernesto Alfredo. s/ INF. LEY 20.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

Los debates parlamentarios constituyen la interpretación auténtica de la ley.
Tarjeta de crédito, estafa
Materia: LABORAL
Carátula: CARUSILLO KARINA A c/ HISCOR S.A. s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-02-27

La actora ha reconocido que efectivamente vendió las cuatro tarjetas cuyo falta se detectara después y que omitió facturarlas. Lo propio surge de la nota fechada el veinticuatro de octubre de dos mil dos cuya firma debe tenerse por auténtica ante el silencio guardado al respecto por la actora en la audiencia fijada al efecto. Al demandar intentó una excusa de la falta de facturación (el haberse tildado la computadora), pero no demostró que ello hubiese ocurrido.

Pero aún cuando ello hubiere sucedido, no se explica su actitud de no consignar mediante algún otro medio la venta de las cuatro tarjetas. De haber mediado un olvido en este sentido, al hacer la caja, debió advertirlo porque tendría que haberle sobrado el importe de la venta de las cuatro tarjetas. Si vendió las tarjetas y no sobró dinero en la caja, como dice la actora en la nota del veinticuatro de octubre, no cabe otra posibilidad que se haya apropiado del dinero.

Reconocido, como está, que vendió las tarjetas y que no las facturó, la causal invocada resulta acreditada, sin que pueda purgarse la falta con el ofrecimiento de devolver, hecho al final de la nota del veinticuatro de octubre, toda vez que se tiene en cuenta su comportamiento al momento del hecho y no a posteriori.

El empleador debe poder confiar en que su empleado facture correctamente e ingrese en tiempo y forma los importes de las operaciones que realice, porque para ello lo ha contratado, delegándole la gestión del patrimonio de la empresa.
Proceso penal, prisión preventiva, falta de fundamentación, pronunciamiento inoficioso, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Maidana, José Antonio c/  s/ control de prórroga de prisión preventiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-04

Atento al tiempo de detención que lleva Maidana en un establecimiento penitenciario en la presente causa y las circunstancias apuntadas en el sufragio minoritario del pronunciamiento a control, especialmente en el sentido de que no se avizora una pronta designación de audiencia de debate, permiten colegir que el decisorio no se encuentra debidamente fundado, conforme los términos de los arts. 123 y ccdtes. del CPPN y 1 y sgtes. de la ley N° 24.390 reformada por la ley N° 25.430. Por ello, corresponde anular la decisión y reenviar al tribunal a quo para que, previa vista a las partes y de conformidad con la ley N° 27372, dicte un nuevo pronunciamiento -con la celeridad que el caso impone-, debiendo analizar la cuestión a la luz de los parámetros establecidos en el nuevo Código Procesal Penal Federal y disponiendo la morigeración de la medida cautelar personal de Maidana. La disidencia sostuvo que los fundamentos de la decisión bajo control se ajustan a los parámetros establecidos en la normativa antes citada, interpretada a la luz de las pautas delineadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 335:533 ("Acosta"). En particular, se valoró la naturaleza, dimensión y gravedad de los hechos endilgados y la voluminosidad y complejidad que revisten las actuaciones; especialmente que éste es un nuevo tramo de la causa identificada como "V Cuerpo del Ejército" habiéndose dispuesto la acumulación de otros fragmentos (...) "los hechos que constituyen el objeto de la acusación dirigida al imputado no han podido ser ventilados con anterioridad en juicio por lo que el peligro de que se entorpezca la producción de prueba cobra una mayor probabilidad en este caso concreto, considerando la dificultad en la recolección de la prueba que se enfrenta la causa y los mecanismos de impunidad que existieron, luego de cuarenta años de la comisión de los delitos". Por ello, corresponde tomar nota de la prórroga de prisión preventiva de José Antonio Maidana - y estar a la anterior exhortación al Tribunal Oral (Reg. N° 1798/19) que, teniendo en consideración la situación excepcional de feria extraordinaria en curso y a la luz de lo establecido en la Acordada N° 10/20 de este Cuerpo, deberá arbitrar los medios necesarios que permitan fijar audiencia en estas actuaciones con premura y prioridad. Dres. Yacobucci, Mahiques -voto conjunto- y Slokar -en disidencia-.
Principio de legalidad, revocación del acto administrativo, revocación del acto administrativo nulo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Benítez, Eduardo Alcides c/ Municipalidad de Concepción del Uruguay. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

Constituye el necesario correlato del principio de legalidad la potestad de que disponen los órganos administrativos para enmendar sus actos anteriores emitidos de manera irregular, vale decir, aquellos que carecen de las condiciones esenciales de validez por hallase afectados de vicios graves y ostensibles en su forma, competencia o contenido (Disidencia de los Dres. Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Contrato de obra pública, contratista, obligaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TECSA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 151-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-07-18

Es obligación del contratista de una obra pública, que el "objeto" material o inmaterial, se realice en forma adecuada. Lo adecuado en la ejecución del objeto material consistirá en su ajuste al proyecto, a las directivas, a las reglas técnicas, e incluso a las observaciones que el propio co-contratante efectúe; y tratándose del proyecto mismo, requerirá de éste, que se provea de todos los antecedentes y datos necesarios, que realice el estudio de acuerdo a las reglas de la ciencia o arte que corresponda, en fin, que cumpla con la obligación de suministrar un estudio cuya aplicación permita obtener el objeto material requerido -en el caso, Puente que cruza un río- en el tiempo pre-determinado y en las condiciones indicadas.

Por ende, en un contrato en que se compromete no sólo la realización, sino también el proyecto de la obra, la responsabilidad "del proyecto y de los estudios que le han servido de base" caen sobre el locatorio, y no sobre la Administración, como ocurriría si ésta los hubiera realizado, en cuyo caso aquél solo sería responsable "...de los errores o deficiencias de los planos o del proyecto que sean advertibles con la documentación a su alcance" (artículo 13 ley 5188. Ley de Obra Pública).

En el caso, la licitación -y el contrato- versó no sólo sobre un objeto material, sino también sobre un bien inmaterial: el proyecto.
Debido proceso, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SRA.JUEZ DE INST. EN LO CRIM. Y CORREC. 4TA. NOM. DRA. MARIA L.CARDENAS DE INFANTE s/ DENUNCIA DE ENJUICIAMIENTO:CAUSALES COM. DE DELITO FORMULADA POR  DRES. GUILLERMO F. RUIZ ALVELDA Y LUIS E. LUGONES Y CAUSALES: MAL  DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES E IGNORANCIA REITERADA DEL DERECHO  FORMULADA POR DR. HUGO C. FROLA S/REC. EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-19

El debido proceso requiere que el justiciable pueda ser oído y tenga ocasión de hacer valer sus medios de defensa en el modo y tiempo que las normas de procedimiento prevén.
Acción contravencional, prescripción, competencia
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional nro. 3- s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en A., O. A. s/ art. 71, CC -Apelación-" Contravencional nro. 3- s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en A., O. A. s/ art. 71, CC -Apelación-"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-21

En el caso de autos, según constancias del expediente, la prescripción de la acción contravencional operaría el día 7 de noviembre de 2002, fecha claramente posterior a la del día 23 de octubre de 2002, en la que se dictara el pronunciamiento por el que se hizo lugar parcialmente a la queja y se desestimó el recurso de inconstitucionalidad. (Del voto de la Dra. Conde).