Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-11-22


2º Instancia. - Córdoba, noviembre 22 de 2004.

Considerando:

I. Por presentado el pedido de exención de prisión por los Dres. Luis María Bonetto y Martín Antiga, en beneficio de Stella Maris de Fortuna y Rubén Ricardo Fortuna, el señor Magistrado dispone la medida que viene apelada, al tener en cuenta la calificación legal provisoria de los hechos atribuidos -evasión fiscal agravada (art. 2º inc. B] ley 24.769, en función de los arts. 1º y 14 del mismo cuerpo legal)- como también, lo dictaminado por el señor Agente Fiscal cuando a fs. 11 estima improcedente conceder el beneficio solicitado.

Agregado en fotocopias al presente incidente, obra la causa caratulada: "Stella Maris Rojas de Fortuna y otros p.s.a. infr. ley 24.769", en donde a fs. 16/19 se encuentra el requerimiento de instrucción en contra de Stella Maris Rojas entre otros, en orden al delito de evasión tributaria. En dicho acto procesal el señor Fiscal Federal solicita la acumulación de los autos mencionados con la causa: "Operaciones Ganaderas S.R.L. p.s.a. infrac. ley 24.769, Expte. Nº 02-O-2003 del registro de ese Juzgado Federal, por encontrarse aparentemente en ambas actuaciones la prevenida María Alejandra Rojas, además de Ricardo Fortuna (art. 41 inc. 3º del C.P.P.N.).

Así es que a fs. 7 /vta. del incidente caratulado: "Gutierrez Carlos G., Luján Héctor J., Rojas de Conte María Alejandra y Fortuna Rubén -solicita Eximición de Prisión- Expte. Nº 8-G-2003, el señor Juez interviniente al acumularse las causas antes mencionadas y recalificar la imputación en la figura de Evasión Agravada por la utilización de personas interpuestas, procedió a revocar el beneficio de exención de prisión otorgado a favor de Fortuna y Rojas de Conte con fecha 5 de mayo de 2003.

Con motivo de tal pronunciamiento, es que los señores Abogados Antiga y Bonetto a fs. 4/8vta., solicitan la exención de prisión de sus representados Rubén Ricardo Fortuna y Stella Maris Rojas de Fortuna por entender que la forma mediante la cual arriba la AFIP para determinar los montos imponibles es irracional, contradictoria, arbitraria e inconstitucional.

Exponen los letrados que el organismo fiscal desconoce elementales reglas de técnica impositiva, al no depurar los montos que se extrajeron de las cuentas bancarias, desatendiendo créditos en favor de las firmas para determinar IVA siendo que éstos fueron utilizados para determinar Ganancia, lográndose establecer un monto muy superior a la real situación económica del contribuyente, quien se dedicaba a la compra y venta de hacienda por cuenta de terceros, es decir, operaciones de intermediación, ocasionando, las crisis económicas del país, un profundo impacto en la gestión comercial de Rubén Fortuna y de otros individuos y firmas relacionadas con su actividad, sin ninguna intención de evadir o defraudar al fisco mediante conductas preconcebidas en tal sentido.

En tal sentido los apelantes requieren la exención de prisión mediante un cambio de calificación a defraudación simple, más aún cuando ni siquiera advierten otro aspecto significativo del conflicto, como son las razones de tipo procesal-sustancial del entorpecimiento en el descubrimiento de la verdad real y la efectiva aplicación de la ley, circunstancias que solicitan sean llevadas a cabo con los justiciables en libertad.

Además sostienen los impugnantes que el fallo cuestionado no describe correctamente los hechos atribuidos generando un estado de indefensión de sus asistidos, no quedando claro si el hecho imponible es la intermediación o la venta, no mencionando en la intimación a los supuestos testaferros que la investigación sostiene haber existido. De compartir esta Cámara lo aquí peticionado, solicitan los recurrentes se determine la caución que se estime pertinente y se tenga por acompañado el informe del Contador Roberto García y escrito del art. 73 del C.P.P.N. Hace reserva de Casación y Caso Federal (fs. 14/15vta; 24/32; 33/36 y de los autos: "Stella Maris Rojas de Fortuna y otros p.s.a. infr. Ley 24.769", fs. 402/406vta.).

II. Así las cosas y luego de proceder al consiguiente análisis de lo aquí requerido, entendemos que corresponde revocar la resolución apelada por resultar en el presente caso procedente el beneficio de exención presentado por los Dres. Luis María Bonetto y Martín Antiga.

En primer lugar debemos señalar conforme lo hemos hecho en otras oportunidades, que si bien la excarcelación es un derecho que le asiste al encartado como consecuencia de lo prescripto por el art. 18 de la C.N., la concesión de aquélla no es automática sino que es "facultativa" del Tribunal, teniendo en cuenta la personalidad del encartado, las circunstancias que rodean al hecho y sus características, desde que en nuestro sistema legal no existen derechos y garantías reconocidos como absolutos, sino que los mismos deben ejercerse conforme las leyes que los reglamentan, aun cuando dicha facultad, y como principio, deba ser interpretada restrictivamente.

Así, el Código de Rito en su art. 316 segundo párrafo dispone expresamente: "El Juez calificará el o los hechos de que se trate, y cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los ocho (8) años de pena privativa de la libertad, podrá eximir de prisión al imputado. No obstante ello, también podrá hacerlo si estimare "prima facie", que procederá condena de ejecución condicional" (el destacado nos pertenece).

Por tal motivo debemos destacar que a nuestro criterio cuando el Juez de Instrucción realiza en materia de excarcelación una valoración "jurídica-procesal", acerca de la "hipotética pena" que podría caberle a un procesado en un caso concreto, está efectuando una valoración de los distintos elementos objetivos y subjetivos que componen la causa judicial bajo su análisis y que a su criterio resultan relevantes, lo cual no significa de modo alguno, que el mismo esté invadiendo la esfera de jurisdicción - res iudicando - de otro Tribunal en el marco de la ley 23.984 (arts. 32 y 33 del C.P.P.N., y arts. 16 y 17 de la ley 24.050). Es decir que, en estos casos, el juez de primera instancia lo que realiza es un acto relativo a las medidas precautorias personales que son de su competencia (arts. 193, 312, 316 y 319 entre otros del C.P.P.N.), respecto de la situación procesal del prevenido, a los fines de garantizar el eventual cumplimiento de la probable condena a recaer, evitando que la misma se pueda ver frustrada.

Así, entendemos que su accionar no constituye un decisorio sobre cuestiones de fondo, sino que con el objetivo ya destacado, lo que se realiza es una ponderación "fáctica y jurídica" respecto del hecho investigado, su calificación legal -escala penal-, su modalidad de comisión, condiciones personales del encartado, daño hipotéticamente causado, entre otros datos, pero siempre como fundamento de su postura respecto de la modalidad de la probable y futura condena a recaer; esto visto siempre en un marco de contenido formal y de absoluta índole procesal.

No obstante ello, debe igualmente tenerse presente, al momento de realizar dicha proyección, que el instituto de la excarcelación o eximición procede como garantía constitucional y no como simple concesión de la ley penal de forma, constituyendo la misma una alternativa vigente, que basada en el principio de inocencia, permite lograr un equilibrio entre los distintos intereses en juego -individual y social-, preservando mediante sus distintas modalidades -cauciones-, el cumplimiento de los deberes rituales por parte de los sometidos a proceso y la eventual condena a recaer, ello mediante la utilización de otros medios menos gravosos que el encierro propiamente dicho. En este lineamiento, el Código Procesal Penal de la Nación -Ley 23.984-, al tratar las reglas procesales relacionadas a la libertad, dispone expresamente en su art. 2º que "Toda disposición legal que coarte la libertad personal,... deberá ser interpretada restrictivamente...", para agregar en su art. 279 que "La libertad personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las disposiciones de este Código, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley.", a lo cual cabe sumarle las reglas que componen e inspiran toda la normativa específicamente del Título IV., Capítulo VII. -Exención de prisión Excarcelación- del Código Rito, especialmente sus arts. 319 y 320.

Hechas estas aclaraciones, y habiendo realizado un minucioso análisis de las distintas posiciones jurídicas asumidas en la presente controversia, como las distintas constancias que componen el presente incidente y del expediente principal que se tiene a la vista, entendemos que el auto impugnado debe ser revocado en cuanto decide denegar el beneficio de exención de prisión solicitado en favor de Rubén Ricardo Fortuna y Stella Maris Rojas de Fortuna, ello conforme a las siguientes consideraciones.

En primer lugar, debemos señalar que los suscriptos entendemos que en los casos donde el beneficio solicitado objetivamente no devendría procedente, esto en virtud de los márgenes legales que componen el hecho delictual achacado a los supuestos responsables, corresponde efectuar un análisis que va más allá de lo meramente formal, debiendo realizarse un estudio más profundo de la temática en discusión, teniendo siempre en cuenta los principios que rigen la materia de la libertad personal. No podemos dejar de considerar a fin de resolver casos como el presente, no sólo la personalidad moral de los encartados, quienes no cuentan con antecedentes penales computables que nos permitan suponer fundadamente que los mismos vayan a eludir el accionar de la justicia, debiéndose resaltar en este aspecto que durante la substanciación de la causa principal, los imputados han dado cabal cumplimiento a sus obligaciones legales, lo que como dato objetivo, resulta altamente revelador de una personalidad que merece ser destacada al momento de resolver sobre el beneficio peticionado en el sub-lite, y nos permite formar un pronóstico positivo respecto de la conducta de los encartados en orden al cumplimiento de las cargas procesales que se les imponga, no surgiendo ningún otro elemento que nos permita suponer que los mismos eludirán la justicia o entorpecerán la investigación (art. 319 de C.P.P.N. a contrario sensu).

Así las cosas, entrando al fondo de la cuestión bajo análisis, y no resultando de aplicación en esta materia el principio de cosa juzgada como así tampoco el de preclusión procesal, siendo por su naturaleza, modificable en cualquier estado del proceso (arts. 318, 333 y conc. del C.P.P.N.), entendemos necesario recordar que este Tribunal históricamente ha considerado que la "excarcelación es una de las vías procesales aptas e idóneas para obtener la modificación de una adecuación típica, teniéndose en cuenta siempre para ello sus fines dentro del proceso penal", (en este sentido ver: Vassia Lº 128 Fº 100; Arguello Lº 134 Fº 24; Robin Fº 104 y Leyva Fº 143; Arias Lº 148 Fº 7; Oliva Lº 150 Fº 141; Caresano Lº 152 Fº 59; Martin Fº 72; y Tello Fº 82; Leyva Lº 156 Fº 17, entre otros), porque si bien la misma no procede de modo automático, conforme se señalara precedentemente, desde que su concesión es facultad de los jueces conforme a las circunstancias de la causa, es un derecho de raigambre constitucional -art. 18 C.N.-, siendo que la libertad sólo puede ser restringida a título de cautela y en las condiciones legales que la legitimen como medida necesaria (Fallos: C.S. 7:368; 16:88; 54:264; 64:352; 102:219; Alfredo Vélez Mariconde, Derecho Procesal Penal, Ed. Lerner, 1969, t. II, pág. 521; Jorge Clariá Olmedo, Tratado de Derecho Procesal Penal, Ed. Ediar, TV., pág. 309; Citados por: Jorge R. González Novillo - Federico G. Figueroa "La Corte Suprema y la Cuestiones Penales", Ed. Hod. Hoc, S.R.L., año 1991, pág. 166).

Y es en este punto donde entendemos que a los fines de garantizar un derecho de raigambre constitucional como es la libertad, y teniendo en cuenta que el principal motivo de discusión hace al monto supuestamente evadido en estos autos por los imputados, circunstancia que será dilucidada en la correspondiente instrucción, entendemos que corresponde mantener la calificación legal de evasión simple (art. 318 2º párrafo).

Por otra parte y conforme lo sostenido por la doctrina, en casos de duda en orden a la calificación legal que corresponda aplicar a un caso concreto, de la que puede depender la libertad o no de un imputado, en virtud del principio de inocencia debe resolverse en orden a lo más favorable al sospechoso, máxime -conforme lo hemos venido señalando- si se tiene en cuenta que dicha medida coercitiva es de aplicación y de interpretación restrictiva (Ver: Cafferata Nores, Chichizola, Darritchon, Ledezma, Levene (n.), López Bolado, Graetzer, Navarro, Rubianes, "Excarcelación y Eximición de Prisión", Jornadas de la Sociedad Panamericana de Criminología", Ed. Depalma, año 1986, pág. 19, 21, 74/80; Carlos Enrique Edwards, "Garantías Constitucionales en Materia Penal", Ed. Astrea, año 1996, pág. 25/30; entre otros).

En conclusión de lo anteriormente expuesto y no surgiendo ni de las constancias de los autos bajo análisis, ni de los fundamentos denegatorios del señor Juez, ninguna circunstancia impeditiva, que habiliten al Tribunal a presumir que los encartados se sustraerán de sus obligaciones legales o que las metas del proceso devendrán ilusorias, ello nos permite fundadamente conformar un juicio de valor acerca de la improbabilidad de que en autos se den algunas de las causales restrictivas contempladas por el art. 319 del Cód. de Forma citado, correspondiendo en su consecuencia revocar el auto apelado, concediéndose la exención de prisión oportunamente solicitada en favor de los imputados Stella Maris Rojas de Fortuna y Rubén Ricardo Fortuna bajo la modalidad de caución real todo ello de conformidad a lo estatuido por los arts. 2º, 280, 316 y concordantes del C.P.P.N.. En este punto, el señor Juez de Primera Instancia, deberá proceder a fijar el monto de la misma de conformidad a lo dispuesto por el art. 324 del Código de Forma, debiendo tener especialmente presente lo dispuesto por el art. 320 del citado cuerpo legal, todo ello a los fines de asegurar el principio de la doble instancia. Igualmente, se impone a los encartados la obligación procesal de comunicarse semanalmente con el Tribunal de Instrucción, circunstancia esta que será en la modalidad de cumplimiento que determine el Inferior, según la particularidad de cada caso.

En consecuencia; se resuelve:

Revocar el auto que obra agregado a fs.12/vta., y en su consecuencia conceder el beneficio de exención de prisión solicitado en favor de los imputados Stella Maris Rojas de Fortuna y Rubén Ricardo Fortuna, bajo la modalidad de caución real, debiendo el señor Juez de Primera Instancia proceder de conformidad a lo ordenado en el presente pronunciamiento, imponiéndose a los encartados la obligación de comunicarse semanalmente con el Tribunal de Instrucción en la modalidad fijada por el Inferior. - Humberto J. Aliaga Yofre. - Gustavo Becerra Ferrer