Concursos, propuesta de acuerdo preventivo, impugnación del acuerdo preventivo, abuso del derecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDITORIAL PERFIL SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

Cabe rechazar la impugnación al acuerdo preventivo ofrecida por la concursada, cuando no se aprecia configurado un abuso de derecho, objetivo y manifiesto, según las circunstancias propias del caso, ni en el contenido ni en la aceptación de la propuesta; ergo, tampoco se aprecia que la propuesta sea irrazonable; toda vez que, cuando la deudora ceso en sus pagos y pidió su concurso preventivo (27.12.01), nuestro país ingresaba a una de sus mayores crisis económicas que, días antes, había provocado la caída del poder ejecutivo y su cambio por otro presidente de la nación designado, en la emergencia, por el congreso nacional, en medio de un clima de notorio desorden y evidente incertidumbre respecto de la situación de nuestra economía y, particularmente, de sus posibilidades futuras; por lo cual, aún cuando debe pretenderse de la insolvente que brinde a sus acreedores la mejor oferta de pago que pudiera afrontar, nadie puede aguardar que se contemple en un concurso conectado materialmente al referido momento histórico, un pago casi total de los créditos y en un tiempo breve, o en cuantía similar a la que sería exigible de una empresa concursada en tiempos de estabilidad económica y financiera; sin embargo, en situaciones como la referida, se justifica plenamente el criterio que surge de parafrasear un conocido juicio -propio de los test de constitucionalidad- acuñado por la corte suprema que dice que "...los acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios..." (fallos 313:1513, entre muchos otros).

Si bien es cierto que la insolvencia no concede al deudor una irrestricta facultad para ofrecer cualquier plan de pagos, que expolie a los acreedores o les imponga sacrificios desmedidos, pues un concurso preventivo es, entre otras cosas, una herramienta al servicio de un reparto equitativo de los sacrificios que deudor y acreedores deben hacer en aras de principios superiores, no lo es menos que en casos de convocatorias de acreedores vinculadas material y facticamente a hechos económicos y financieros que llevaron a la declaración oficial de emergencia productiva y crediticia dispuesta por la ley 23561 (art. 1°), el criterio de la judicatura no puede ser el mismo que en situaciones de estabilidad y normalidad.

En situación de crisis, se comprende que un porcentual que cubra una parte significativa de los créditos, aunque es condición necesaria, no es, al igual que la obtención de mayorías, un dato suficiente por si mismo para decidir; en rigor, ambas expresiones deben ser ponderadas conjuntamente con otras pautas tales como las mayores o menores posibilidades de cobro en un escenario de quiebra; la eventual compensación de perdidas mediante futuros negocios que podrían emprenderse con su deudora una vez superada la insolvencia; los costos sociales que pudiera generar una falencia; etc., amen de computar el interés general implicado, para lograr un plexo valorativo lo suficientemente amplio que permita, entonces, llegar a una decisión "justa" in concreto.