Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-06


SENT Nro. 867 San Miguel de Tucumán, 06 de NOVIEMBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la Ley Nro. 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuesto por la parte actora en en autos: "Tarulli, Pascual Daniel vs. Colegio de Abogados de Tucumán s/Recurso de apelación"; y C O N S I D E R A N D O:

I.- La parte actora, a fs. 211/225 de autos, plantea recurso extraordinario federal en contra de la sentencia Nº 190, de fecha 28 de marzo de 2003 (voto mayoritario), obrante a fs. 197/204, dictada por esta Corte, por la que se resolvió no hacer lugar al recurso de casación deducido por la misma parte en contra de la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, del 31-8-2000. Corrido traslado del recurso, el mismo es respondido por el Colegio de Abogados de la Provincia a fs. 240, solicitando su rechazo por los motivos que allí se invocan.

II.- Sostiene el recurrente que la sentencia impugnada lesiona las garantías consagradas en los artículos 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Señala que tanto el Colegio de Abogados como su parte se sometieron a las directivas y prescripciones de la Ley Nº 5233, sin reserva ni cuestionamiento alguno, y que en el aspecto recursivo dicha normativa sólo prevé, en el artículo 36, segundo párrafo, un único medio de impugnación ante la autoridad jurisdiccional, consiste en un recurso de apelación contra la resolución sancionatoria.

Alega que es arbitraria la decisión de este Tribunal al considerar que se consintió la Resolución de fecha 03-6-97, cuando expresamente se la había impugnado administrativamente, y también por declarar que se debió haber cuestionado judicialmente la resolución de marras, cuando dicho recurso no se encontraba contemplado en la ley. Aduce que se rechazó su recurso de reconsideración por no estar previsto en la ley, y se lo condena por no ejercer algún medio impugnativo, aunque no se encuentre previsto expresamente en la misma ley.

Afirma que la regla, según la cual el sometimiento a la norma veda su impugnación, implicando una renuncia al cuestionamiento ulterior de aquella, impide que la demandada argumente en contra de ello, y torna inválido por arbitrario el pronunciamiento judicial que acoge tal temperamento.

Resalta que no es razonable lo dicho por esta Corte cuando asevera que, a pesar de que la Ley Nro. 5233 prevé únicamente un recurso de apelación contra la resolución final, tal circunstancia no significa desconocer la posibilidad de impugnación ante el órgano jurisdiccional de otras conductas administrativas, ya que ello implicaría desnaturalizar la competencia revisora judicial asignada, no sólo por aquella ley, sino también por el Código Procesal Administrativo con relación a los entes descentralizados con poderes "semi públicos", cuyo artículo 72 prevé los recursos contenidos en leyes especiales únicamente contra resoluciones finales.

Enfatiza que en el Código Varela se habilita la acción contenciosa administrativa únicamente con respecto a resoluciones finales de la administración, y que lo sostenido por este Tribunal llevaría al absurdo que en una sola actuación administrativa podrían caber tantas demandas contencioso administrativas como resoluciones intermedias se dicten.

Indica que la CSJN tiene dicho que no tienen el carácter de sentencias definitivas que habiliten la vía extraordinaria -y en el caso la vía contenciosa-, las resoluciones que rechazan planteos de prescripción, porque no impiden la continuación del trámite.

Arguye que, al encontrarnos en el ámbito del derecho disciplinario sancionador, la defensa de prescripción pudo ser opuesta en cualquier etapa del proceso e incluso ser declarada de oficio por el propio tribunal. Añade que en tal sentido se habría pronunciado el más Alto Tribunal del País en la causa caratulada "YPF SA: s/ ley 22.262" -referida a la prescripción de la acción en el caso de infracciones administrativas., estableciendo que es de orden público, se produce de pleno derecho por el sólo transcurso del plazo pertinente, y debe ser declarada de oficio, incluso en la instancia extraordinaria.

Finalmente, en los términos de fs. 223/225, formula reserva de recurrir "ad eventum" por ante la Comisión y Corte Interamericana de Justicia.

III.- Este Tribunal, ante el cual se ha articulado el recurso extraordinario federal, debe decidir acerca de su admisibilidad, cuyo juzgamiento alude a la presencia, o no, de los requisitos de la vía tentada necesarios a tal fin, que surgen de los artículos pertinentes de la Ley Nº 48.

Cabe destacar que ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 205/208, 225 y 230), por parte legitimada al efecto, y se impugna la sentencia emanada del Superior Tribunal de Provincia, que resulta equiparable a definitiva.

No obstante ello, las cuestiones implicadas guardan relación con normas de carácter local, que resultan ajenas al recurso extraordinario federal sin que, en el marco reducido de la vía intentada, prima facie, se advierta configurado el vicio de arbitrariedad, al no exhibirse fundamentos suficientes que autoricen a descalificar por tal motivo el fallo.

En efecto; la sentencia atacada explicitó claramente, a fs. 201 vta./202 de autos, que la resolución del 03-6-97 del Tribunal de Etica y Disciplina del Colegio de Abogados no constituía un acto interlocutorio, sino un acto administrativo que ponía punto final de manera definitiva a una cuestión como la prescripción, absolutamente autónoma e independiente de la relativa a la existencia o no de faltas éticas, y sobre la que no ejercía la más mínima influencia, por lo que no resultaba aplicable, en la especie, el principio de la concentración de la revisión judicial en el acto administrativo sancionador, y devenía improcedente la postergación de la revisión judicial hasta esta última oportunidad. Y sobre esta base, a renglón seguido, a fs. 202, la Sala a quo exteriorizó la razón por la cual no constituía obstáculo a lo dicho, lo preceptuado en el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley Nro. 5233, admitiéndose la posibilidad de impugnación judicial respecto de situaciones en que estuvieran en juego actos asimilables a definitivos, y no c ualquier acto o "resolución intermedia", como incorrectamente se lo insinúa en el escrito recursivo (cfr. fs. 221). Del mismo modo, conviene hacer notar que, a diferencia de lo aseverado por el agraviado, en el artículo 72 del Código Procesal Administrativo solamente se hace alusión a "decisiones de índole administrativa", en coincidencia con lo preceptuado en el artículo 57, segunda parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 6238.

Por lo tanto, y advirtiéndose que lo decidido cuenta con fundamentos suficientes que se corresponden con las constancias de la causa los que, a primera vista, no lucen manifiestamente absurdos ni irrazonables, cabe concluir que lo expresado por el recurrente sobre el particular no pasa de ser una mera discrepancia con el criterio del Tribunal, que traduce una posición distinta, pero que no alcanza la idoneidad suficiente para patentizar la arbitrariedad que se requiere para la apertura de la vía extraordinaria federal.

De otra parte, no debe perderse de vista que la determinación sentencial del régimen jurídico vinculado a la impugnación judicial de actos administrativos no constituye materia que pueda verse incidida por la conducta que el recurrente imputa a la demandada, al señalar que no puede impugnar una norma cuando se ha sometido voluntariamente a ella (o por cualquier otra actuación que se le atribuya); ello así, mucho más aún, cuando se admite en el acto jurisdiccional en crisis como legítima la posibilidad impugnativa judicial a que se alude en el segundo párrafo de fs. 202 de autos, con el alcance allí puntualizado.

También interesa poner de relieve que, de las consideraciones del fallo recurrido, se desprende sin dificultad que la firmeza de la resolución del 03-6-97 se sustentó en la falta de impugnación judicial, y no en la falta de interposición de recursos administrativos.

Tampoco alcanza entidad para evidenciar la arbitrariedad que se invoca, la referencia a que la sentencia que rechaza la prescripción de la acción no es definitiva, habida cuenta que esto está referido a sentencias y en el marco de un recurso extraordinario, siendo indiscutible que en el caso de autos lo resuelto oportunamente por el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados con relación a la prescripción, cerró definitivamente el tema prescriptivo, y carecía de cualquier influencia sobre el tópico referido a la configuración o no de las faltas éticas imputadas, habiéndose verificado en el contexto de un procedimiento administrativo y mediante un acto de la misma naturaleza.Por último, corresponde aclarar que en la sentencia del Máximo tribunal federal citada por el recurrente a fs. 222 vta., la Excma. Corte se remite en cuanto al agravio referente a la prescripción, a los fundamentos del dictamen del Procurador General, y lo que en realidad allí se expresa es que la prescripción "en materia penal" es de orden público, se produce de pleno derecho y debe ser declarada de oficio.

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sentado que el recurso extraordinario fundado en la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera o cuarta instancia sentencias equivocadas, ni se propone rectificar toda injusticia que pueda existir en el fallo apelado, sino mantener la supremacía de la Constitución Nacional. Tampoco procede respecto a la valoración de los hechos o argumentaciones del Tribunal que no sean manifiestamente irrazonables (Fallos: 297:173; 302:1574; 275:251; 303:2091). También ha expresado que dicha doctrina reviste carácter excepcional y se requiere un apartamento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o una decisiva carencia de fundamentos, sin que autoricen a descalificar el fallo los agravios del recurrente que sólo trasuntan su desacuerdo con el criterio expuesto por los jueces en materia no federal (Fallos: 276:132; 299:121; 302: 1191; 306:262 y 391; 306: 765; 307:74 y 514; 307:1837; 308: 1041 y 1762; 310: 2277; etc.).

Consecuentemente, de acuerdo a la forma en que se ha resuelto el tema, no se advierte lesión a garantías constitucionales o que se haya juzgado de manera irrazonable, teniendo en cuenta las razones establecidas en el fallo -más allá de su acierto o error- para no hacer lugar al recurso de casación oportunamente articulado por la parte actora.

En suma, el análisis circunstanciado de la apelación federal incoada en autos revela, prima facie, que la misma no cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional ni de cuestión federal bastante (cfr. CSJN M.93. XXXVI Magi, Francisco José c/ Zuccardi, Marcelo s/ acción de amparo, 23-5-2000).

Por lo expuesto, habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 242/243, corresponde denegar con costas al recurrente, la concesión del recurso extraordinario federal incoado.

R E S U E L V E :

I.- DENEGAR la concesión del recurso extraordinario federal planteado por la parte actora en contra de la sentencia Nº 190, del 28-3-2003, de esta Corte, glosada a fs. 197/204 de autos, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS, como están consideradas.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA