Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-31


--- En la ciudad de Trelew, a los días de marzo del año dos mil once, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S., E. A. y otra c/ E. D. J. y otros y/o director, propietario y/o quien resulte propietario o responsable s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte Nº 556 - Año 2010) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 414. -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Doctor Carlos D. Ferrari, expresó: -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 376/386) rechazó en todas sus partes la demanda de daños y perjuicios promovida por E. A. S. y S. E. A. contra E. J. S.A., imponiendo las costas del proceso a los actores vencidos y regulando los honorarios de los profesionales intervinientes. ------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -- II. Los fundamentos del decisorio, en síntesis, son los siguientes: 1) consideró el juez de grado que en el caso de autos, el tema que se propone a decisión revela una tensión inevitable entre los principios que traducen preceptos constitucionales inequívocos que consagran la libertad de prensa (el art 14, que garantiza a todos los habitantes el derecho de publicar sus ideas, sin censura previa; el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional) y el ejercicio de esa libertad, si se trata de difusión de noticias que afectan el honor de las personas. Citó doctrina al respecto. 2) Sostuvo seguidamente que una noticia es inexacta cuando contiene la referencia a sucesos que, en todo o en parte, no han acaecido del modo en que se los comunica a otros, y es en este punto donde aparece la actitud del informador. Agrega que de este tema se ocuparon los primeros precedentes dictados por nuestra Corte Suprema de Justicia, algunos de ellos citados por las partes, después del retorno al Estado de Derecho. Que, según el standard "Campillay" (conf. L.L. 1986-C-411), la atribución directa de la noticia a una fuente y su fiel reproducción, el mantenimiento en reserva de la identidad de las personas involucradas en un hecho ilícito o bien la formulación de la información en términos potenciales y no asertivos, son suficientes para eximir de responsabilidad a los medios de comunicación. 3) Citó seguidamente otros casos en los que se siguió esta línea de razonamiento, y en los que la Corte señaló que, cuando un medio periodístico da una información que podría tener entidad difamatoria para un tercero, no responde civilmente por ella, cuando hubiese atribuido su contenido a la fuente pertinente y efectuado, además, una transcripción sustancialmente idéntica de lo manifestado por aquélla. Señaló que en el caso de autos, está fuera de discusión el papel que la prensa juega en una sociedad democrática, el rol estratégico que se le asigna que se pone de manifiesto en una triple misión, una es que a través de la información transmite la voluntad de los ciudadanos a los gobernantes, la otra es la que permite realizar un control del funcionamiento del gobierno, y por último sirve de escudo a los derechos individuales contra los excesos en que pudieran incurrir los funcionarios, por ello podemos decir que dentro del régimen republicano la libertad de expresión tiene un lugar importante y que por ello de ningún modo puede ser coartada, antes bien debe ser facilitada por el Estado y especialmente por el Poder Judicial en el ámbito propio de su incumbencia. 4) Que, no obstante ello, cuando se la debe compatibilizar o poner en la balanza con otros derechos también de rango constitucional tales como la intimidad, el honor, la propia imagen, el de propiedad, etc., la interpretación que se haga de aquélla, no puede relegar indiscriminadamente a los últimos cuando entran en conflicto por motivos o en ocasión de la propalación de una información cuyo contenido injustamente los agravia o desconoce. 5) Agregó que el problema se plantea cuando, entran en colisión dos derechos de rango constitucional y el juez debe jerarquizarlos, no siendo posible, por ejemplo, priorizar la libertad de expresión si importa instigar al delito o su apología y que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa. Que, en el caso el tema más preocupante se vincula con el derecho a la intimidad y al honor, agregando que el ámbito de la intimidad particularmente difiere sin duda en el caso del hombre común frente al que tiene una vida pública. 6) Señaló luego el juez de grado que, teniendo en consideración que en el caso en análisis los accionantes no pusieron el acento en la privacidad, sino en el descrédito, en la injuria inferida a través de la noticia divulgada, correspondía determinar en primer lugar si tal crónica a la cual los actores le atribuyeron el carácter de injuriante o lesiva a su honor, fue errónea, inexacta o distorsionada por el medio periodístico que la publicó. 7) Sostuvo que los hechos descriptos en la noticia tanto de tapa "Sin Detenidos. Página 29. Secuestran cuatro armas largas en un allanamiento. El personal policial también incautó varios productos electrónicos que serían robados. Ocurrió en Pecoraro Norte al 500" (ver fs. 35, fs. 77 y fs.125) como asimismo en el desarrollo del citado titular a fs. 39 del matutino (ver fs. 34, fs.78 y fs.148) desencadenante del presente reclamo, se correspondían con la realidad, con lo ocurrido y si bien se utilizó la palabra "robados" en la página interior al desarrollar la noticia anunciada en la primera plana del diario, el medio no distorsionó los hechos, resguardó la identidad de las personas, citó la fuente y además utilizó en su desarrollo el modo verbal en potencial o condicional. 8) Agregó que, haciendo una comparación con la noticia propalada por el matutino "E. C.", y que según los propios accionantes señalaron que no les causó ningún agravio, no observó la diferencia sustancial que señalaron los actores, puesto que ambos matutinos, más allá de la palabra "robados", narraron los hechos en términos que resultaron ser casi idénticos; es más, también al igual que "J.", hizo referencia a cuatro armas largas, y elementos nuevos sin usar, en cantidad variada, varias computadoras, cinco máquinas para pintar, entre otros elementos electrónicos (ver fs. 36 y 198). 9) Consideró que la sola utilización de la palabra "robados", no hizo responsable al diario, más aún teniendo en consideración que se observaron todos los extremos fijados por la jurisprudencia del más alto Tribunal de nuestra país en el caso Campillay. Manifestó que de la causa penal caratulada "R., N. E. s/ dcia. Robo Trelew" (Expte Nº 747-Año 2003) que tuvo a la vista, se desprendía del acta agregada a fs. 17/18 y labrada con motivo del allanamiento llevado a cabo en la casa de los accionantes, que se habían secuestrado armas, como asimismo se observó la existencia de elementos de comunicación y de diversa cantidad de herramientas, dejándose constancia detallada de todos los elementos hallados en el domicilio allanado. 10) Por ello consideró que la noticia desarrollada por el D. J., publicada en la tirada del día 04/09/03, con algunos matices de carácter periodístico, no fue falsa y fue realizada dentro de los límites en los que la libertad de prensa puede expresarse, pero en forma alguna puede alcanzar la entidad de injuria. Señaló que el autor de la crónica en modo alguno debía responder por los eventuales perjuicios sufridos por los actores con motivo de la publicación de una noticia, en la cual se relataron hechos que ocurrieron y que resultaron veraces, destacando además que el autor tuvo la prudencia de ni siquiera publicar la identidad ni mucho menos la dirección exacta de la morada allanada, con lo cual no era fácil colegir que aquéllas se hubieran visto personalmente reconocidas por terceros, por lo que el sufrimiento invocado pudo haberse debido a la carga emocional de sobrellevar el propio hecho en sí, el que fue realizado en el marco de una investigación judicial. Entendió el sentenciante que no se demostró en la causa el carácter difamatorio de las expresiones ni su inexactitud, como tampoco que el diario actuó con despreocupación temeraria. 11) Seguidamente estimó imprescindible poner de relieve que, más allá de la especial protección constitucional, en las principales convenciones universales y regionales, hoy incorporadas en el artículo 75, inc. 22 de la Constitucional Nacional, se encuentra expresamente establecido el derecho a la libertad de expresión como de rango prioritario, de tal manera que su ejercicio no puede, en principio, entenderse limitado por la invocación de la supuesta violación de normas del Derecho Penal común, en el sentido de que, en caso de alegarse la afectación al honor de una persona, no podría sin más pretenderse la sanción, en virtud del legítimo ejercicio del derecho de publicar las ideas por medio de la prensa, o de difundir informaciones, salvo que mediaran actitudes abusivas o maliciosas, dado que ningún derecho es absoluto. A renglón seguido citó abundante jurisprudencia en relación al alcance del derecho a la libre expresión. 12) No encontró el juez de grado, por consiguiente, configurada la responsabilidad civil del diario demandado, puesto que éste se limitó a publicar una noticia referida a un procedimiento policial -"allanamiento"- en el que intervino además, tal como lo destacó la crónica y surge del expediente penal Nº 747-Año 2003, la señora procuradora fiscal, y ello por cuanto la noticia fue exacta y no presentó ninguna clase de error, así como tampoco merece reproche desde el ángulo de su contenido o de los términos en que fue redactada, puesto que no incluyó calificativos criminológicos ni descalificantes, empleó verbos en modo potencial, se mantuvo la reserva de las personas presuntamente implicadas y además dio a conocer la fuente. 13) Agregó que lo expuesto no permite presumir que la actitud del medio periodístico haya transpuesto los límites que la interpretación constitucional ha trazado, y por lo tanto, que el ejercicio de la libertad de prensa haya excedido los fines en virtud de los cuales ha sido reconocida, para generar la responsabilidad que se le atribuyó, ponderando con un criterio estricto los presupuestos de la responsabilidad civil, pues lo contrario conspiraría contra la formación de una opinión pública vigorosa, en razón de la fuerza paralizadora y disuasiva de la obligación de resarcir. 14) Concluyó el a quo, teniendo en cuenta que no se observó el ejercicio imprudente del derecho de informar, ni se acreditó el factor subjetivo de atribución de responsabilidad, rechazando la demanda de daños y perjuicios deducida por los accionantes contra el medio de prensa escrito "Diario Jornada", ya que se limitó a publicar una noticia referida a una actuación policial llevada a cabo, imponiendo las costas del juicio a la parte actora en atención al resultado del proceso y por no encontrar méritos como para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).----------------------------------------------------------- --- III. El fallo es apelado a fs. 392 por la representación letrada de los actores, siendo concedido libremente el recurso a fs. 393 y fundado con la pieza procesal que corre agregada a fs. 399/401 vta., que contiene, en síntesis, los siguientes motivos de agravio: A) refiere que en primer lugar le causa agravio las opiniones vertidas por el sentenciante en el fallo en crisis, con las cuales disiente, y las que transcribe a renglón seguido: "Se publicaron hechos que ocurrieron y que resultaron veraces, a lo que debe destacarse que el autor tuvo la prudencia de ni siquiera publicar la identidad, ni mucho menos la dirección exacta de la morada allanada" ; "A esta altura y en relación al fondo de la cuestión estimo imprescindible poner de relieve que más allá de la especial protección constitucional en las principales convenciones universales y regionales, hoy incorporados en el art. 75, inc. 22 de la C.N. se encuentra expresamente establecido el derecho a la libertad de expresión como de rango prioritario..." ; "No obstante ello no encuentro configurada la responsabilidad civil del diario demandado, puesto que éste se limitó a publicar una noticia referida a un procedimiento policial "allanamiento" en la que intervino además tal como lo destaca la crónica y surge del expte penal Nº 747-Año 2003, la Sra. Procuradora fiscal Dra. Casajús, y ello por cuanto la noticia fue exacta y no presentó ninguna clase de error, así como tampoco merece reproche desde el ángulo de su contenido o de los términos en que fue redactada, puesto que no incluyó calificativos criminológicos ni descalificaciones, empleó verbos en modo potencial, se mantuvo reserva de las personas presuntamente implicadas y además dio a conocer la fuente". Sostiene que el decisorio recurrido no observó de ninguna manera las premisas y doctrina establecida en el caso Campillay, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso "PATITO, José Angel c/ Diario La Nación y otros", como tampoco las pautas fijadas por la doctrina de la real malicia. Manifiesta que surge al confrontar el contenido de la sentencia en crisis, con el material fáctico y jurídico incorporado en la causa, que el a quo no realizó una correcta valoración del mismo, y que el decisorio carece de una argumentación jurídica lógica, no resulta la conclusión de un razonamiento adecuado a las premisas que se postulan, alegando que ha existido un error de subsunción del juez de grado al aplicar la norma, doctrina citada y jurisprudencia, conforme a la realidad de los hechos acaecidos y acreditados en la causa. Manifiesta que conforme lo dispone prestigiosa doctrina, los medios deben saber que una persona investigada, detenida o pasible de un allanamiento a raíz de una investigación policial, no es por eso culpable del delito investigado, ya que mientras el juez competente no dicte sentencia condenatoria y ésta quede firme en autoridad de cosa juzgada, debe ser prudente al transmitir la información de quien a la postre puede resultar inocente, como sucedió en el caso de autos, procurando que el conocimiento del público responda a un fin ejemplificador y no al escándalo ni a la recreación grotesca. Seguidamente cita las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Campillay", por las cuales -dice- el emisor de una información u opinión inexacta e incluso ajustada a la realidad, si es agraviante, resulta exento de responsabilidad civil y penal si adecua su conducta a algunas de las siguientes variantes: 1) Formular la expresión atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente. La fuente debe ser individualizada con precisión, siendo insuficiente una referencia genérica. Además, el emisor debe acreditar la existencia de la fuente invocada; 2) Utilizar un tiempo de verbo potencial y no asertivo y 3) Dejar en reserva la identidad de los agraviados por la nota periodística. No se deben publicar sus nombres o cualquier otro dato que permita su individualización. B) Afirma que no se encuentra cumplido el recaudo de la mención de la fuente de información dado que en dicho texto periodístico no existió invocación alguna de la fuente, lo cual ocasionó un agravio irreparable a su parte, no pudiendo inferirse a la intervención de la procuradora fiscal al frente de la brigada de Investigaciones, como así tampoco se mencionó que los hechos narrados en dicha nota lo fueran según un comunicado de la policía, entendiendo por ende que la misma fue exclusiva responsabilidad del autor de dicha nota y del medio periodístico en forma irresponsable, no pudiendo de ninguna manera atribuir a la Sra. Fiscal dicha información por el mero hecho de haber encabezado dicho procedimiento. C) Alega que de ningún modo se puede sostener que del expediente penal Nº 747-Año 2003 surgiera la veracidad de dicha información, tal como lo afirmó el juez de grado en su decisorio, al mencionar a dicha causa como de donde se obtuvo la fuente de la misma, dado que esa circunstancia no se desprendía del texto periodístico, así como tampoco surgía de dicha causa penal que las armas fuesen robadas, ni que se secuestraron elementos electrónicos robados, tal como afirmó erróneamente dicha publicación periodística. D) Sostiene que la única verdad de tal publicación fue la realización del allanamiento de dicho domicilio y que se secuestraron cuatro armas largas. Afirma que en ningún momento se probó que al momento de la publicación de las informaciones y aún con posterioridad, las armas fueran robadas, agregando que nunca se dictó sentencia condenatoria, por lo que se equivocó el sentenciante al afirmar que los hechos publicados fueron ciertos, dado que del expediente penal referido surgía fehacientemente que los actores nunca cometieron los hechos que se le atribuían en dicha nota, ya que en ningún momento se secuestraron elementos electrónicos, sino que lo secuestrado fueron 4 armas, pero las mismas no eran robadas, habiendo el Sr. S. acreditado su legítimo origen según constancias y documentación presentadas en la causa penal aludida. E) Refiere que si la Procuradora Fiscal hubiese efectuado tales declaraciones, dada la expresa prohibición que rige sobre tal punto, la misma habría incurrido en una gravísima violación en el ejercicio de sus funciones al violar el secreto de sumario. Cita jurisprudencia al respecto. F) Afirma que del análisis de la causa y de las pruebas rendidas surge la total falta de correspondencia objetiva entre lo informado y las constancias del juicio. Manifiesta que causa agravio también a su parte que el juez de grado sostuvo que en la nota publicada se respetó el uso de los verbos en modo potencial, afirmando que ello no fue así dado que, según se acredita con la publicación acompañada, se lee en letra mayúscula como título "EN UN PROCEDIMIENTO HALLAN ARMAS Y ELEMENTOS ROBADOS" y al lado se mostraba la foto de la vivienda del actor y se daba la dirección de la misma en "P. NORTE AL ***", donde se había efectuado el allanamiento, incluso publicando dos fotos del frente de la casa que habita el actor con su familia, lo que permitía al lector su fácil localización, resultando dichas fotos más ilustrativas que si se hubiese puesto el número correcto de la morada (Pecoraro Norte al 583). Con lo cual tampoco se dio cumplimiento con el requisito de la reserva de identidad de los agraviados por la nota periodística, lo que causa agravio asimismo a sus representados, dado que no sólo no se debían publicar sus nombres sino que tampoco cualquier otro dato que permitiera su individualización. G) Continúa diciendo que si bien en el interior de dicha nota en algunos párrafos se utilizaba el modo potencial, en varios de ellos esto no fue así, dado que incluso se prejuzgaba y daba por sentado la responsabilidad de los accionantes, lo que contrastaba con la información brindada en el matutino "E. C.", el que afirmaba correctamente en su edición "si bien se secuestraron armas, éstas sólo presentarían faltantes de trámite actualizados ante el RENAR, es decir no eran de dudosa procedencia y casi todas tenían los papeles correspondientes", y otra ". los propietarios de la finca se mostraron sorprendidos y hasta indignados. en lo que ellos consideraron un error de información o de datos por parte de la policía, ya que según dijeron se trata de una familia de trabajadores sin antecedentes penales y que nada tiene que ver con supuestos hechos delictivos", lo que desvirtúa lo afirmado por el sentenciante en cuanto a que los dos matutinos narraron los hechos sucedidos en forma casi idéntica. H) Se agravia asimismo el apelante por entender que correspondía que el juez de grado hubiera aplicado la doctrina de la real malicia, en cuanto instrumento para evaluar la antijuricidad o regularidad del ejercicio del derecho de informar ejercido por dicho matutino, al publicar la referida nota. Manifiesta que se constató en autos que en el titular de la nota publicada por el matutino demandado se aseveraba la existencia de un hecho en forma apresurada e inoportuna, máxime en un momento en que la justicia investigaba el hecho y el magistrado interviniente aún no se había pronunciado, ya que precisamente la investigación judicial procuraba desentrañar su existencia. Alega que la doctrina sostiene que el principio de real malicia entra en acción cuando está aceptado que se trata de manifestaciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Y según dicha doctrina, la misma hace responsable al medio cuando se prueba que se publicó la noticia sabiendo su falsedad, y también con notable despreocupación acerca de su veracidad, lo que afirma quedó demostrado en autos, porque el ejercicio del derecho a informar se concretó en aseveraciones de hechos y manifestaciones que contenían graves inexactitudes, falsedades que no se correspondían, ni surgían de la causa penal citada. I) Manifiesta que se agravia de igual modo por cuanto el a quo sostuvo que la libertad de expresión tiene rango prioritario, por cuanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que ningún derecho tiene preeminencia o es superior a otros. Cita doctrina y jurisprudencia en abono de su postura. J) Por último se agravia en tanto el sentenciante impuso las costas del juicio a sus representados, solicitando que se impongan las mismas en el orden causado. Afirma que el sentenciante no sólo privilegió al más poderoso en dicho decisorio, son que también omitió tener en cuenta que existieron razones probadas de hecho y de derecho que autorizaban a los actores a promover la demanda, tal lo que hicieron, entendiendo que el mismo debería haber sido justo al momento de imponer las costas y haberlas impuesto en el orden causado. Manifiesta que la C. Nacional y C. Provincial, aseguran a los ciudadanos "el acceso irrestricto a la justicia" y el art. 8 inc.1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley". Solicita en definitiva se revoque la sentencia recurrida en todas sus partes, haciendo lugar a la demanda entablada, con expresa imposición de costas. ----------------------------------------------------------- IV. Corrido traslado a la contraria del memorial de agravios mediante providencia de fs. 402, el mismo es contestado por la demandada en forma extemporánea, habiéndose ordenado la devolución de dicho escrito a su presentante mediante providencia de fs. 412. -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- --- V. Considero que, pese al esfuerzo desplegado por el apelante, las críticas vertidas no consiguen desmerecer el juicio lógico sobre el que se asienta el rechazo de la pretensión entablada.---------------------------------------------------------------------- ------------------ --- Dado que el recurrente ha invocado la doctrina de la Corte Suprema de la Nación en el caso "Campillay", así como la doctrina de la "real malicia", estimo conveniente efectuar una referencia preliminar a cerca de ambas, en el estado actual de la jurisprudencia de ese alto Cuerpo.-----------------------------------------------------------------------<# LINE> --- Como he tenido de expresarlo en otro precedente (Expte. 69/2008 - SDC 01/09), si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha enfocado esta problemática desde ángulos diversos, lo cual torna difícil extraer de los sucesivos precedentes una doctrina con caracteres nítidos, sistemáticos y uniformes, puede considerarse, como bien lo señala Emilio Ibarlucía en un interesante trabajo ("Nuevas precisiones sobre las reglas de las doctrinas "Campillay" y de la real malicia" - La Ley, 2008-F, 304) que en la actualidad existe consenso acerca de ciertas pautas y principios liminares establecidos por el más alto tribunal de la Nación en referencia a la responsabilidad civil de los medios de prensa.------------------------------------------------------------------------- ------------------- --- En primer lugar, cabe señalar que mientras la llamada doctrina "Campillay" se vincula con la antijuridicidad de las conductas en cuestión, la doctrina de la "real malicia", en cambio, dirige su enfoque sobre el factor de atribución (autor y nota cit.). Esta disquisición es de suma importancia, por cuanto resulta evidente que si la conducta atribuida al medio periodístico no puede ser calificada como antijurídica, carecería de objeto juzgar el caso bajo la óptica de la "real malicia" por cuanto, sencillamente, no existiría un hecho susceptible de imputación subjetiva.--------------------------------------------- --- A su vez, la "doctrina Campillay", en puridad, está referida a la difusión de hechos y no a la expresión de opiniones sobre ellos, si bien hay que admitir que en la mayoría de los casos las notas periodísticas suelen contener ambos elementos entremezclados, tornando muy difícil escindirlos a la hora de juzgar acerca del reproche de responsabilidad por los eventuales daños causados con la divulgación de una determinada noticia.------------------------------------------------------------------------ --------------------- En base a los precedentes de la C.S.J.N., la doctrina del caso "Campillay" establece la exención de responsabilidad a los medios de prensa si, básicamente, se cumple alguna de estas tres condiciones: 1) cuando se ha atribuido la noticia a una fuente claramente identificada, haciendo una transcripción sustancialmente idéntica o fiel; 2) cuando se ha reservado la identidad del sindicado como responsable, sin proporcionar datos que permitan su fácil identificación; 3) cuando se ha utilizado el modo potencial, si el sentido completo del discurso es conjetural y no asertivo (autor y nota cit.).--------------- --- VI. A partir de estas premisas, un correcto abordaje de la cuestión planteada en el caso bajo examen indica la necesidad de despejar, como primer interrogante, si la nota ya reseñada ha incurrido en antijuridicidad, y sólo en caso afirmativo procedería examinar, entonces, si se presentan o no los caracteres para la aplicación de la doctrina "Campillay", y la existencia o inexistencia de la responsabilidad endilgada al medio periodístico demandado.---------------------------------------------------------------------- -------------- --- En este cometido, puedo desde ya adelantar que, a mi criterio, la nota en cuestión no puede calificarse de antijurídica.------------------------------------------------------------------- ------- --- Sabido es que, básicamente y en sentido amplio, la antijuridicidad se manifiesta en la contradicción entre una conducta y el derecho positivo considerado como ordenamiento integral (conf. Zavala de González, Matilde, Reflexiones en torno a la ilicitud, J.A., 1981-IV- 734). En punto a la responsabilidad civil, constituye uno de los requisitos para su procedencia. A su respecto, se ha dicho que "Antijuridicidad e ilicitud son términos sinónimos, y es ilícito todo acto contrario al ordenamiento jurídico, considerado éste en su totalidad, aludiéndose al principio de la unidad del ordenamiento jurídico, que hace que cada norma no pueda ser considerada como una individualidad estanca o aislada, sino, muy por el contrario, como un elemento conceptualmente inseparable de un complejo jurídico pleno o integral. De ahí que sólo sea ilícito lo contrario al ordenamiento jurídico todo y no lo opuesto a una norma aislada, en cuyo supuesto la violación podría estar justificada por otra regla que prevalezca y el del signo de la licitud; así por ejemplo el homicidio no siempre comporta un ilícito, desde que en ciertas circunstancias, como verbigracia la legítima defensa, el propio ordenamiento jurídico lo justifica (31). Se trata pues de un proceder que infringe un deber jurídico preestablecido en una norma o regla de derecho y que causa daño a otro, obligando a su reparación a quién resulte responsable en virtud de una imputación o atribución legal del perjuicio. El comportamiento humano que contraría al ordenamiento jurídico configura el substratum del hecho ilícito, y constituye a la vez el elemento material u objetivo imprescindible para que nazca la responsabilidad civil (conf. Trigo Represas, Félix A. - "Los presupuestos de la responsabilidad civil en el proyecto de 1998" - Acad.Nac. de Derecho 2000, 334 - La Ley Online). En análogo sentido se expresa Zannoni al sostener que no hay responsabilidad jurídica civil sin daño producido en razón de un acto antijurídico ("Zannoni, E.A., "El daño en la responsabilidad civil" - 2da. ed., p1 y ss. - Astrea, 1987).-------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --- VII. Esbozados estos conceptos, una lectura de los hechos referidos en la nota periodística cuestionada permiten comprobar que, a la fecha los mismos, eran objetivamente realistas, considerando los datos disponibles al momento de realizarse la diligencia judicial. Recuérdese que en esta materia el examen de veracidad debe ser efectuado "ex ante", esto es, al momento de la publicación y no "ex post", ya que el curso de los acontecimientos posteriores puede demostrar, a la postre, una derivación diferente de la situación conocida al momento de difundirse la nota. En este sentido, el Procurador General de la Corte en el caso "Patitó, José Ángel y otro c/Diario la Nación y otros -CSJN - 24/06/2008 - LA LEY, 14/07/2008, 11), con citas de precedentes estadounidenses y del Tribunal Constitucional alemán (cit. en BverfGe 43,130) puntualizó -a mi juicio, con todo acierto- que las consideraciones acerca del contenido del artículo deben realizarse por parte del tribunal teniendo en cuenta cuál era el grado de conocimiento que razonablemente podía tener el órgano de prensa al momento de emitir la noticia, por cuanto "la verdad, al momento en que se produce la expresión, es con frecuencia insegura". Desde esa perspectiva, apunta el Dr. Righi, es como se protege realmente un ámbito del libertad en materia de prensa (conf. dictamen cit.).------ --- VIII. En el caso que nos ocupa, puede observarse que el medio periodístico registró la realización de un allanamiento con intervención de efectivos policiales y de la procuradora fiscal, en el que se secuestraron armas y otros efectos. Este hecho está debidamente probado a través de la causa penal (Expte. 1257 - F° 200 - año 2003, Letra "J") agregada por cuerda floja a estos actuados. En ese mismo episodio se recogió la versión policial de que se trataría de efectos "robados", si bien, a la postre, esta especie resultó desmentida con el curso de la investigación judicial.--------------------- --- Ahora bien: aun cuando el título de la nota refiere textualmente: "En un procedimiento hallan armas y elementos robados", lo cierto es que en dicho titular no se hace referencia a persona alguna. Luego, la lectura de la nota -imprescindible para que un lector pueda formarse una idea concreta acerca de la noticia- aclara que los elementos secuestrados "presumiblemente serían producto de varios hechos ilícitos", mencionando luego "la labor de identificación de los elementos presuntamente mal habidos que realiza la policía" (ver copia del suelto, fs. 34). Tampoco aquí se menciona la identidad de los hipotéticos autores o responsables.--------------------------------------------- --- Con ello puede comprobarse que las referencias de la nota se ajustan, en términos generales, a la verdad de los hechos conocidos hasta ese momento. En tal contexto, la circunstancia de que una posterior investigación judicial del caso haya culminado en la nulidad de las actuaciones practicadas y el consiguiente archivo de la causa (conf. Expte. 1257 ya cit., fs. 31/vta.) no hace variar esta conclusión, ya que ello implicaría ingresar en un indebido análisis "ex post" acerca del contenido de aquella publicación, que daba cuenta de los sucesos conocidos hasta ese momento. Por otra parte, es preciso destacar que la redacción del diario empleó en el cuerpo del artículo el modo potencial, relatando los trascendidos que surgían de las fuentes consultadas, sin efectuar aseveraciones a título propio acerca de los supuestos ilícitos.------------------------ --- De la reseña precedente puede verificarse la ausencia de antijuridicidad en punto a esos hechos aludidos en la nota en cuestión, ya que no hubo un falseamiento objetivo acerca de los datos conocidos hasta ese momento respecto del episodio registrado por el matutino. En consecuencia, según mi opinión, al no existir hecho ilícito a su respecto, carece de objeto analizar un posible factor de atribución a título de culpa o dolo.-------------- IX. Opino que tampoco puede reprocharse al medio periodístico demandado una conducta culposa ni dolosa, ya que en el suelto se empleó el modo potencial a su respecto, imprimiéndole a las versiones recogidas un sentido puramente conjetural. Por consiguiente, de considerarse que las mismas pudieran rozar en alguna medida el buen nombre y honor del demandante, se presentaría así una de las tres posibles variantes que -conforme ya lo he reseñado con anterioridad- informan la doctrina "Campillay", tornando aplicable en la especie, a todo evento, la exoneración de responsabilidad sentada por la Corte Suprema de la Nación en situaciones análogas.-------------------------- --- X. Acerca de la publicación de las imágenes del domicilio donde se practicó la diligencia, considero que tampoco puede reprocharse antijuridicidad en la difusión de dichas fotografías en las que, dicho sea de paso, no se observa al actor ni a miembros de su familia que pudieran ser identificados por el público lector.-------------------------------- --- Es indudable que la inclusión de dichas placas no puede desligarse de la nota en cuestión; por el contrario, guarda directa relación lógica y temática con la misma, puesto que ilustra la presencia del personal policial y judicial en el acto de llevarse a cabo el allanamiento. Además de la relación existente entre la información proporcionada y el retrato difundido, dichas tomas fotográficas muestran desde un espacio público a las personas intervinientes en los acontecimientos de interés general narrados en dicho artículo. En suma, se trató de una fotografía que ilustraba una nota de las hoy clasificables dentro del denominado "periodismo de investigación", tornando aplicable en forma supletoria lo dispuesto por el art. 31 de la ley 11.723, ya que se trataba de un acontecimiento de interés público y de una imagen captada en un ámbito de circulación pública -la fachada externa y la calle-, encuadrando por tanto en la regla de excepción del art. 31 in fine de la ley 11.723. En el contexto en que fue publicada, es evidente que la difusión de esas fotografías no respondían a un interés puramente comercial, sino que estaba concretamente ligada a la noticia de interés público, por lo que no puede considerarse que medió un uso abusivo de esas imágenes. Al respecto y en referencia a la protección de la imagen, se ha dicho que: "Algo distinto ocurre si se aísla la imagen personal del acontecimiento público donde se obtuvo, con un fin que no responde a un interés general, y mucho menos si se trata de una explotación comercial de la imagen. En otros términos, no es suficiente que se haya captado la figura como integrante de un acontecimiento público; es menester, además, que se la muestre como tal, dentro de dicho suceso, y no con referencia a cualquier otro, real o fantasioso" (conf. Matilde Zavala de Menéndez, "Resarcimiento de daños", t.2d - p. 196 - Hammurabi, 1996). Se trataba de imágenes directamente ligadas a la noticia de interés público, entendido como un "legítimo interés colectivo en la información" (ver Hooft, Irene, "La protección de la imagen", en "Honor, imagen e intimidad", p. 362 y sus citas - Rubinzal-Culzoni, 2006-2), en tanto se vinculaban a la diligencia practicada en el marco de una causa penal recién iniciada.----------------------------------------------------------------------- --------- --- XI. Tampoco puede considerarse la existencia en la especie de un supuesto de "real malicia", según lo afirma el apelante al sostener que se publicó la noticia "sabiendo su falsedad", y también con "notable despreocupación acerca de su veracidad", lo que, según afirma, quedó demostrado en autos, porque el ejercicio del derecho a informar "se concretó en aseveraciones de hechos y manifestaciones que contenían graves inexactitudes". Por el contrario, como ya lo he dicho, puede apreciarse que: a) la información propalada se asentó en la información que surgía al momento de practicarse el allanamiento y el secuestro de efectos; b) que en el texto de la nota se utilizó el modo potencial y las palabras "presuntamente" y "presumiblemente" y no el modo asertivo y c) que tampoco existen indicios de una despreocupación o desprecio por la verdad objetiva.----------------------------------------------------------------------- ----------------- --- Es oportuno recordar aquí la doctrina del Superior Tribunal de Justicia del Chubut en esta materia. Al respecto, se ha dicho que "Lo único que la ley reprime es el abuso de la libertad de prensa, es decir, el servirse de los medios de difusión de la palabra oral, escrita o filmada para cometer delitos (civiles o penales) de injurias o calumnias, o para hacer la apología del delito, o para hacer escarnio del honor o de la dignidad de los particulares, o para propalar revisiones falsas o mentirosas sobre actos de los particulares a sabiendas de la propia falsedad o para irrumpir de manera arbitraria en el fuero íntimo de una persona, sin requerir su consentimiento y con grave violación de la zona de reserva de la intimidad garantizada por el art. 19 de la Constitución Nacional" (causa "L., E. G. c/ S., R.s/ Querella" - Expte. 19.279-L-2003) de fecha 14/5/04 - voto del Dr. Caneo). Como ha podido observarse en el curso del proceso, la nota cuestionada no aquilata caracteres de antijuricidad ni revela una conducta irresponsable o con menosprecio por la vocación de verdad en el ejercicio de la información periodística, por lo que a mi juicio la desestimación de la demanda ha sido ajustada a derecho, y así lo dejo votado.--------------------------------------------------------- --- XII. Acerca de la imposición de las costas, las argumentaciones esgrimidas por el recurrente no pueden ser acogidas. Descartable es desde ya, por carecer de todo asidero, la aseveración de que se ha "privilegiado al más poderoso", puesto que las pautas tenidas en cuentas por el sentenciante para decidir este aspecto no son otras que las que establece la legislación procesal, en cuanto determina que este accesorio debe ser soportado por la parte vencida.--------------------------------------------------------------- --- Tampoco es atendible la invocación de la creencia en el derecho a promover la demanda o que estuviere en juego una "cuestión dudosa de derecho". Dado el resultado que se ha delineado en la causa y en tanto la parte actora resultó vencida en su pretensión, debe cargar con las costas pertinentes, en virtud del principio objetivo que campea en la materia (conf. art. 69 -antes 68- del C.P.C.C., texto seg. Ley XIII N° 5; su doctrina). Al respecto, no basta el solo convencimiento del actor que afirma haber "tenido motivos para litigar" contra la demandada, pues como hemos tenido oportunidad de expresarlo en esta sala en reiterados precedentes, si bien la "razón probable para litigar" puede justificar en ciertos casos la excepción del art. 69, segundo párrafo -antes 68- del C.P.C.C., esta figura debe apreciarse de modo restrictivo, porque de lo contrario se desvirtuarían los fundamentos del instituto (conf. mi voto en Expte. 17833). Hemos sostenido además que el principio objetivo de la derrota determina que la parte perdidosa deba afrontar las consecuencias de un resultado adverso aún cuando íntimamente haya tenido el convencimiento de que le asistía razón en su derecho, ya que ese sentimiento personal no basta para liberarla de dicha carga, pues es indudable que, salvo hipótesis de actitudes maliciosas, todo aquél que somete una cuestión a los Tribunales de Justicia es porque cree tener razón de su parte, mas ello no exime del pago de los gastos del contrario si el resultado del juicio no le es favorable (id. mi voto en Exptes. 12319,12898,14888; entre otros). Para que proceda esa solución excepcional se requiere, en suma, la concurrencia de elementos objetivos que avalen razonablemente la postura asumida, y según se ha visto, la parte actora no consiguió aportarlos en la especie. Por otra parte, cabe recordar que la condena en costas no reviste el carácter de penalidad, sino el de una consecuencia económica indeseada que, en todo caso, no puede pesar sobre el oponente convocado a un proceso y que debió efectuar, por tanto, las erogaciones judiciales consiguientes.----------------------------- --- A mérito de lo expresado, considero que este agravio tampoco puede ser acogido.---- --- XIII. Conclusiones: -------------------------------------------------------------------------------- ------ ---- A mérito de todo lo expresado, me pronunciaré por la confirmación de la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de agravios, , imponiendo las costas de alzada al actor vencido (art. 69 CPCC - texto seg. Ley XIII N° 5).-------------------------------------------- En vista de la extensión, calidad, eficacia de las tareas desplegadas y del resultado obtenido, propongo regular los honorarios del letrado actuante en esta sede, Dr. Alejandro E. Moya, en el 25% de los estipendios que le fueran regulados en la anterior instancia (arts. 5, 6, 13, 18, 46 y conc., Ley XIII N° 4), lo que así propongo al Acuerdo.--- --- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.--------------------------------------------- --- A ESA MISMA CUESTIÓN PRIMERA el Dr. Velázquez expresó:--------------------------- --- Por respeto a la siempre deseable brevedad y acatamiento del principio procesal de economía, en su vertiente de tiempo, me remito al exhaustivo relato que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos por el recurrente realizara el ponente.----------------- --- Poco añadiré a la sólida y detallada motivación fáctica y jurídica que el preopinante ha desarrollado sustentando su voto. Contrario a dicha economía de tiempo, por alongar innecesariamente este acuerdo, sería el realizar un nuevo tratamiento "in extenso" de todas las razones dadas, repetitivo de lo ya bien expresado por el colega. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen la manda del art. 169 de la Const. Prov., bastarán las breves consideraciones siguientes.----------------- --- I.- En mi concepto, carecen de poder dirimente las argumentaciones del apelante relativas a la no atribución de la información publicada por el órgano de prensa a una fuente determinada y a la posibilidad establecer la identidad de los implicados en el hecho a partir de los datos del inmueble donde tuvo lugar el allanamiento policial y secuestro de efectos.------------------------------------------------------------------------ ---------------- --- Cierto es que en el "leading case" "Campillay c/ La Razón" nuestra Corte Suprema Federal sentó tres concretas pautas a seguir por los medios periodísticos para difundir noticias que potencialmente puedan rozar la reputación de las personas sin incurrir en responsabilidad: a) brindar la información atribuyendo su contenido directamente a la fuente pertinente; b) utilizar en la redacción un modo verbal potencial; c) o dejando en reserva la identidad de los implicados (L. L. 1986-C-412/413, cons. 7°). Pero no es menos exacto que el Alto Tribunal Nacional no fijó tales requisitos con carácter de acumulativos, sino de alternativos, bastando el cumplimiento de uno de ellos para que la responsabilidad del órgano de prensa quede a salvo, cual lo revela el uso por el Cuerpo de la conjunción disyuntiva "o".----------------------------------------------------------------- --- Ese criterio aparece muy nítido en los posteriores pronunciamiento en los que la Corte Suprema precisó la recordada doctrina, casos donde separó claramente los tres extremos con la indicada conjunción disyuntiva (v. "Triacca c/ Diario La Razón", E.D. 157-373, cons. 9°; "Granada c/ Diarios y Noticias S.A.", E. D. 157-382, cons. 6°; "Menem c/ Sanz", L.L. 1998-F-622, cons. 15°). La razón de ser de ello fue explicada en el segundo de los precedentes indicados al exponer que "como se infiere de la doctrina del fallo 'Campillay', todo medio es responsable -si se dieran los restantes requisitos- de la falsedad sustancial de las noticias expuestas asertivamente y como propias que afecten la reputación de una persona. De ahí que no asuma esa responsabilidad cuando utilice un tiempo de verbo potencial, ya que faltaría el mencionado carácter asertivo; o cuando omite la identidad de los implicados, puesto que estaría ausente la afectación señalada; o cuando atribuye sinceramente la noticia a una fuente, dado que aquélla dejaría de ser propia del medio" (caso "Granada", en colección de jurisprudencia y loc. cits.).------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- --- En esta especie, al margen la cuestión de la fuente de la noticia y de la identidad del implicado, el órgano periodístico dio a conocer la información ciñéndose a un modo expositivo potencial, en el que la acción del verbo fue expresada como meramente posible, lo que alcanza para poner a salvo su responsabilidad. En efecto, ya en la nota de tapa el periódico consignó el secuestro de elementos que "serían robados"(fs. 35 vta., 77 y 125) y luego, en el artículo principal de la pág. 39 de la edición, si bien estampó al titularlo que "en un procedimiento hallan armas y elementos robados", al desarrollar el epígrafe hizo referencia a artículos "que presumiblemente sería producto de varios hechos ilícitos" y a "elementos presuntamente mal habidos" (fs. 34, 78 y148), expresiones de modalidad potencial, significativas de incerteza, que desactivaron el aparente sentido inequívoco del título.------------------------------------------------------------------ --- II.- Invocó el apelante en pretendido abono de su recurso la denominada doctrina de la real malicia., la que, a mi ver, tampoco le brinda apoyo a su impugnación.--------------- --- Concuerdo con el Señor Magistrado antes sufragante en que en tanto la doctrina emanada del precedente de nuestra Corte Suprema "Campillay" atañe a la antijuridicidad en sí misma -uno de los elementos de la responsabilidad civil-, la de la "actual malice" apunta al factor de atribución -dolo o culpa y grado de ésta, otro de aquellos elementos-, cual señalara agudamente el autor que el colega citara. Por eso ha sido expuesto con acierto que los "standards" de ambas doctrinas confluyen, de manera que el incumplimiento de las reglas de "Campillay" no constituye requisito suficiente para generar responsabilidad, salvo real malicia del que informara (confr.: Bidart Campos, "Manual de la Constitución reformada", EDIAR 1998, II-22, n° 20; Gelli, "Convergencia de las doctrinas 'Campillay' y de la 'real malicia'", L.L. 1.998-B-300, pto. V).----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --- La aplicabilidad al caso de la doctrina de la real malicia me parece indisputable. La Corte Suprema de la Nación tiene declarado en el caso "Vago c/ Ediciones La Urraca S.A." que la misma abarca no sólo a los funcionarios públicos afectados por comentarios lesivos, sino igualmente a figuras públicas y aun a particulares que hubieran intervenido en cuestiones de interés público objeto de la información o crónica (L.L. 1992-B-370, cons. 11°), criterio que reiterara más tarde en el caso "Pandolfi c/ Rajneri" (L.L. 1997-E-638, cons. 9°). Desde que la información de marras fue referida a un asunto de repercusión general, como lo es la seguridad ciudadana, afectada en los últimos años por un "in crescendo" de delitos de robo y hurto, al sub examen puede aplicársele el recordado estándar a pesar de ser el afligido un particular.-------------------- --- Mas es menester tener en cuenta el cómo funciona esa doctrina entre nosotros. El citado estándar, creado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso "New York Times Co. c/ Sullivan", significa, en su más esquemática formulación, imponer al demandante por daños y perjuicios la carga de probar que el órgano periodístico demandado difundió las noticias "con conocimiento de que era falsa o con imprudente y notoria despreocupación de si eran o no falsas". A cuento viene precisar que en nuestro medio, donde la culpa no se presume y pesa sobre el actor la carga de demostrarla (arts. 512, 519, 1109 Cód. Civ., y 381 C.P.C.C., su doc.), la consecuencia de esta doctrina no consiste en la rigurosa inversión del "onus probandi" al estilo norteamericano, fruto de la existencia en aquel ámbito del denominado "discovery period" (período de exposición de pruebas por ambas partes) previo al proceso judicial, instituto sin homólogo entre nosotros. En el medio nacional se trata de un agravamiento de la carga probatoria (confr.: C.S.N., L.L. 1998-B-313, voto del Dr. Vázquez, cons. 25; ídem, L.L. 1998-E-245, voto del Dr. Vázquez, cons. 10; Morello, "¿Es prescindible la doctrina de la 'real malicia'?", L.L. 1997-E-1194/1195, cap. V).----------------------------------- --- Y en el subexamen el actor no satisfizo esa carga probatoria agravada que sobre él pesaba, pues no demostró que el demandado el conocimiento de la falsedad de la noticia o la despreocupación de determinarlo. El medio periodístico se limitó a difundir el suceso tal y como acaeció: un allanamiento policial en el que fueron secuestrados diversos efectos bajo la sospecha de ser ellos mal habidos, subrayada ésta mediante el empleo de modalidades potenciales en la construcción de las oraciones; la indiferencia negligente o imprudente en indagar la veracidad de la información no fue acreditada en modo alguno.------------------------------------------------------------------------- -------------------------- --- III.- Atinente a la condena en costas, no avizoro motivos para apartarse en la especie del principio general del vencimiento como base de la condena consagrado en el art. 69 párr. 1° C.P.C.C. La sola creencia subjetiva de la razón para litigar invocada por el recurrente no es por sí suficiente para eximir al perdidoso, pues es indudable que, salvo hipótesis de actitudes maliciosas, todo aquel que somete una cuestión a los Tribunales de Justicia es porque cree tener la razón de su parte, mas ello no lo exime de afrontar las expensas del juicio originadas a la contraparte, si el resultado obtenido le es desfavorable. Sólo es admisible esta causal de eximición frente a características muy peculiares y dificultosas del asunto y siempre que esa "razón probable para litigar" surja de elementos objetivos, con la limitación todavía que éstos, como regla, no pueden asentarse en la relación fáctica (esta Cámara, en su antigua composición de sala única, c. 11.483 S.D.L. 16/95, c.11.496 S.D.L. 28/95; ídem, Sala "A", c. 12.898 S.D.L. 15/98, c. 15.557 S.D.C. 2/00, c. 17.556 S.D.L. 45/01, c. 17.585 S.D.L. 47/01, c. 17.833 S.D.C. 31/02, c. 20.850 S.D.C. 2/06; íd., Sala "B", c. 16.480 S.D.L. 17/01).------------------------------- IV.- Por lo expuesto opino que la sentencia atacada merece ser confirmada, con costas de Segunda Instancia al apelante vencido en ella (art. 69 C.P.C.C., ya cit.), regulando los honorarios profesionales por las tareas de alzada en la forma que el Dr. Ferrari propusiera, ajustada al mérito, extensión y calidad de ellas (arts. 5, 6, 13, 18, 46 de la Ley XIII n° 4).----------------------------------------------------------------------------- --------------- --- Me expido en esta cuestión por la AFIRMATIVA.------------------------------------------------- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Carlos D. Ferrari expresó: -------------------------------- En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo que ha sido materia de agravios. II) Imponer las costas de alzada al actor vencido, fijándose los honorarios profesionales del Dr. A. E. M., en el 25% de los estipendios que le fueran regulados en la anterior instancia.---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- A DICHA CUESTIÓN SEGUNDA el Dr. Velázquez respondió: --------------------------------- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el colega preopinante, reflejo fiel del acuerdo antes alcanzado.----------------------------------------------- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por encontrarse en uso de licencia el Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo J. López Mesa, al efectuarse el sorteo para el estudio de la causa (art. 7 Ley V - Nº 17).---------------------------------------------------------------------------- ------ Trelew, de marzo de 2011.------------------------------------------------------------------- --- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:---------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------- S E N T E N C I A: ----------------------------------------- --- CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo que ha sido materia de agravios.---------------- --- IMPONER las costas de alzada al actor vencido, fijándose los honorarios profesionales del Dr. A. E. M., en el 25% de los estipendios que le fueran regulados en la anterior instancia.---------------------------------------------------------------------- -- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------------------------------------------------------<#LINE > REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.011 - SDC.- Conste.- cg JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.