marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones procesales, dictámenes, costas, incidentes, trámites judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Retamozo, Elsa L. c/ Kornijuk, Pedro P. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. C.P.L.   (Expte CSJ Nº 556-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-11-29

El trámite impreso al procedimiento incidental no es cuestión revisible en instancia extraordinaria, dado su específico carácter procesal, no habilitando la instancia de excepción la disconformidad del recurrente con lo resuelto por el Tribunal a quo sobre aspectos procesales, excepto que haya mediado manifiesta arbitrariedad en lo resuelto o se restrinja irreparablemente el derecho de defensa. En el sub judice, el quejoso no logra desvirtuar los argumentos expuestos por el a quo para denegar la concesión del remedio intentado, en el sentido que no había existido sustanciación que ameritara la imposición de costas en lo que consideró un cuestionamiento a la labor del perito sujeta, en definitiva, a la valoración del Juez. En este punto, el recurrente no logra persuadir que los apuntados defectos a la tarea pericial fueran referidos a cuestiones invalidantes del dictamen como tal, y no simplemente a su eficacia probatoria, desde que, prima facie, las irregularidades que puntualizó al dictamen no son de aquellas que refieren a su validez como acto procesal.
Acción de amparo, estación de servicio, hidrocarburos
Materia: PROCESAL
Carátula: Arno Seewald S.A. c/ AFIP DGI Región Posadas s/ acción de amparo y medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-16

Cabe dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo y declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones generales de la AFIP 1369/02, 1364/02, 1400/02 y 1502/03- mediante las que se obliga a los titulares de estaciones de servicio al empleo de reactivos o trazadores a fin de distinguir los cortes de hidrocarburos o productos con destino exento del impuesto sobre los combustibles líquidos de los que no lo están-, pues las afirmaciones del a quo, enderezadas a sostener la impugnación de inconstitucionalidad que efectúa, resultan meras alegaciones sobre los perjuicios que experimentaría la actora como consecuencia de las tareas de verificación que se le encomiendan, de los riesgos para la salud que posiblemente afrontaría y del costo económico derivado de la adquisición de marcadores químicos, producidos mediante una reglamentación que tilda de irrazonable, y el amparista no aportó elementos probatorios concretos sobre tales extremos, razón por la que sus agravios resultan meramente conjeturales. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Remuneración, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Capodano, Raul Alfredo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 522-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

Debe desecharse el planteo del recurrente relativo a que se violó el principio de justa retribución e igual remuneración por igual tarea al no otorgarle la asignación del Fondo Estímulo instituido por resolución 475-86 de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, como a otros empleados de la misma repartición, si no acredita -en primer lugar- que la situación de los agentes a que refiere sea "prima facie" análoga a la suya, y -en segundo lugar- aun cuando la situación de otros agentes pudiese ser suficiente en orden a la automática equiparación remunerativa, no ha demostrado siquiera que las tareas desarrolladas por él sean las específicas de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, ya que su traslado no implicó dejar de cumplir las tareas propias de la categoría y agrupamiento a que pertenecía, esto es, el S.P.I., con su propio y particular régimen salarial.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual del Estado, poder de policía, servicios de vigilancia
Materia: CIVIL
Carátula: Morales, María Beatriz c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Es responsable la provincia por los daños ocasionados a una persona que fue herida de bala en una comisaría por un oficial, si éste obró con un grado de negligencia incompatible con el cuidado que las circunstancias de tiempo y lugar le imponían y no se ajustó a las condiciones en que debe ejercerse el poder de policía estatal (art. 512 y 903 del Código Civil).
Juicio de desalojo, derechos reales, poseedor
Materia: PROCESAL
Carátula: B., J.R. c/ M., E. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-26

"Quien alega la condición de poseedor para oponerse al desalojo ha de acreditar acabadamente -y no sólo prima facie-, que detenta la cosa con intención de someterla al ejercicio del derecho de propiedad (art. 2351 del CC), más allá de la legitimidad o ilegitimidad; de la anualidad o veinteanualidad de su posesión".
Queja por casación denegada, auto de procesamiento, sentencia definitiva, cuestión federal, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SÁNCHEZ, Rubén H. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

Corresponde desestimar la queja interpuesta por denegación del recurso de casación presentado por la defensa del imputado confirmando el procesamiento sin prisión preventiva por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de lesiones leves toda vez que el auto de procesamiento sin prisión preventiva como el cuestionado, no puede ser equiparado al fallo condenatorio al que alude el art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos; siendo que la sola invocación del artículo citado y del artículo 14.5, P.I.D.C.y P. no permite soslayar la inexistencia del requisito de sentencia definitiva o equiparable en los términos del art. 457 del C.P.P.N. y de cuestión federal que habilite el remedio interpuesto. (SUMARIO CONFECCIONADO POR EL SAIJ)
Admisibilidad formal, defensa en juicio, excesos u omisiones en el pronunciamiento, recurso de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: AGÜERO, Sergio Luis c/ Autotransportes San Juan Mar del Plata S.A. s/ Apelación de Sentencia - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2022-03-28

La garantía de la defensa en juicio, no solo resulta violada cuando a las partes no se les da la oportunidad de hacerse oír y ejercer sus derechos, sino también, cuando al justiciable se le niega la obtención de un pronunciamiento que defina su posición; esto es, cuando no se atiende en la sentencia las cuestiones y argumentaciones expuestas, máxime cuando ellas podrían tener eficacia para modificar la resolución recurrida, tal como lo dispone el artículo 13, inciso 4, ley 2275
Ejecución de sentencia, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mesias, Carlos c/ Vissol S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato Pelusa, Martin F. c/ Merino, Daniel F. s/ Cumplimiento de contrato Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-02|1995-08-29

Dentro del proceso de ejecución de sentencia (en los que ya no existe posibilidad de discusión en un proceso posterior), en modo excepcional, cabe admitir como un supuesto de inhabilidad de título por faltar el requisito de exigibilidad, a la exceptio non adimpleti contractus". Tal el supuesto en que habiendo establecido la sentencia obligaciones para ambas partes, una de ellas, para evitar el progreso de la ejecución, afirma que la contraria aún no ha cumplido con la prestación a su cargo.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, poder, falta de personería
Materia: PROCESAL
Carátula: SCALINI, MARIO ENRIQUE c/ FRATTINI, ROBERTO CARLOS s/ JUICIO ORDINARIO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 310-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-02-27

La actividad procesal realizada sin poder es nula e insusceptible de ratificación (artículo 42 del Código Procesal Civil y Comercial);

la insuficiencia en la acreditación de la personería puede ser subsanada, aún después de opuesta la excepción procesal pertinente, más aún cuando ni siquiera se fijó un plazo o se intimó bajo apercibimientos al mandatario para corregir la deficiencia.
Daños y perjuicios, falsificación de cheque
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COOP. TRAB. AUT. CUYO T.A.C. LTDA c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ Cobro de Pesos (LIBRO: S068 - 287)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-08-03

El tema de la responsabilidad bancaria por el pago de cheques falsificados se refiere al deber de vigilancia, cuya inobservancia provoca una responsabilidad ulterior. El problema se sitúa así fuera del recito del derecho cambiario, y su solución debe orientarse en base a los principios generales de la culpa civil, constituyendo entonces los dispositivos de la ley de cheque, su normativa específica.-
Honorarios, pago, bonos de consolidación, intereses, tasa promedio de caja de ahorro, banco central
Materia: PROCESAL
Carátula: Etcheverry, Luisa Mabel y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Cuando la deudora, en uso de la facultad conferida por el art. 1 de la ley 23.982, opta por pagar su deuda por honorarios con los bonos que perciba, los intereses no pueden ser, con posterioridad al 1 de abril de 1991, la tasa promedio de caja de ahorro común que publica el Banco Central.
Medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTRO, Alicia Liliana c/ SAWAYA, Walter Edgardo s/ ART. 250 C.P.C.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

La prohibición de innovar no puede interferir en otro proceso distinto de aquél en que se la solicitó, porque un juez no tiene imperio para imponer tal medida respecto de otro de igual jerarquía, ni debe ordenársela cuando impida el cumplimiento de una sentencia firme. Tampoco se la puede decretar para impedir la iniciación de otro proceso, porque ello significaría, asimismo, interferir en los poderes de otro juez.
Adopción, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: A.J.P. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-09

La adopción produce el emplazamiento del adoptado en una familia mediante la creación de un nuevo vínculo filiatorio y le adjudica el estado de hijo: se trata, entonces, de una modificación sustancial del estado civil de la persona. Ello afecta, además, su identificación exterior por la necesaria sustitución de su apellido de origen por el del adoptante.- Es dable advertir que en dichas cuestiones está ineludiblemente interesado el orden público,por lo que es participante necesario el Ministerio Público Fiscal. Tal intervención se funda en que se encuentra comprometido el interés familiar,aspecto del orden público cuya custodia y defensa corresponde a sus funcionarios. La ley 19.134 en su art. 10 inc. "D", dice que son "partes" en la acción de adopción el adoptante y el Ministerio de Menores. Tal disposición no puede entenderse como excluyente de otros participantes. Ello por varios motivos. En primer lugar, el Ministerio Público Fiscal no es "parte" en sentido estricto, pero es integrante del Poder Judicial y como tal debe "participar" en el proceso para ejercer sus funciones de contralor. Además es improcedente interpretar la ley sustantiva con sentido limitativo. Tanto es que las normas del Código Civil que regulan las acciones destinadas a crear o modificar el estado civil de las personas, ya se trate de filiación, divorcio, separación personal, nulidad de matrimonio, etc., no mencionan expresamente entre las "partes" al Ministerio Público, pero no se ha discutido nunca su necesaria intervención. Por otro lado, cuando se trata de cualquier modificación, cambio o adición de nombre o apellido, la ley 18.248 explícita la ineludible citación del Ministerio Público (art. 17). Asimismo, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de Córdoba, en su Tít. I, referido a los actos de jurisdicción voluntaria, establece que se tramitarán con la intervención del fiscal (art. 1150) agregando que, si se vieran afectados intereses de los menores, deberá intervenir el Ministerio Pupilar. La pretensión de eludir la intervención del Ministerio Fiscal no puede fundarse tampoco en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que el art. 90 ha quedado derogado por la ley 7826 por aplicación del art. 85. Así toda vez que se controvierta una relación jurídica familiar (cuestión de estado) debe tomar obligada intervención el Ministerio Público Fiscal.-
Fundamentación insuficiente, multa, prueba, cantidad de estupefacientes, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Medrano Vargas, Richar c/  s/ infracción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-22

No se advierte la alegada falta de fundamentación de la pena de multa impuesta, toda vez que el tribunal basó su criterio en los elementos probatorios reunidos en la causa, explicando concretamente los motivos por los cuales no correspondía apartarse del mínimo legal, debe considerarse que la cantidad de droga secuestrada es abundante (más de 1,100 gramos de cocaína) con un alto grado de pureza (84%), lo que se traduce en un mayor valor económico de la sustancia (el aforo arrojó un total de $265.726,99), y, por tanto, un lucro de la conducta prohibida que justifica la multa impuesta, sin que la multa alcance al 50% del valor de la sustancia ilícita transportada. No corresponde hacer lugar al planteo relativo a que la pena de multa impuesta, al resultar de imposible cumplimiento, implicaba una prisión por deudas, prohibida por la Constitución y transgredía el principio de resocialización de las penas, pues el a quo, remitiéndose al art. 21 CP, explicó que la ley otorgaba numerosas posibilidades para hacer frente a la pena de multa, incluso sustituyendo parte de ella por trabajo y resultando hipotéticas estas cuestiones, no logran acreditar, -por el momento-, la inconstitucionalidad de la pena de multa impuesta.
Allanamiento domiciliario, allanamiento sin orden
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Rivas Muñoz, José Arnoldo s/ ROBOS  SIMPLES  REIT.  (2  HECHOS)  EN  C.I.  CON ASOCIACIóN ILíCITA;  MARTíNEZ, JORGE CEFERINO; SEPúLVEDA, VíCTOR LUIS;  HENRIQUEZ, ENRIQUE  HéCTOR  S/ ROBOS REIT. (3 HECHOS) EN C.I. CON ASOCIACIóN ILíCITA  S/  CASACIóN. Gutierrez,  Raúl Guillermo; Bustamante, A. Juan Carlos; Ramírez, José Arturo; Bascur, Abraham s/ ROBO  CALIFICADO  POR  EL EMPLEO DE ARMAS (ART. 166 INC. 2dO.CP Y ART  167 INC. 3rO.CP EN POBLADO Y EN BANDA S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-07-12|1990-08-16

En los casos en que el ingreso al domicilio se ejecute sin orden de allanamiento, las autorizaciones otorgadas por los ocupantes de las viviendas que se presumen fueron prestadas en forma voluntaria y espontánea al no existir constancia alguna en la causa que demuestren lo contrario, resultan actos prestados con discernimiento, intención y voluntad; de tal manera son voluntarios y lícitos y constituyen actos jurídicos en los términos del artículo 944 del C.C. y gozan de tal carácter.
Vitivinicultura, vinos
Materia: CIVIL
Carátula: MOYANDO ARMANDO BENITO c/ SANCHEZ OLIVARES, JUAN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-03-13

Ni la ley de vinos, ni las normas que regulan el contrato de explotación de viñas y frutales (22.163 Y 23.156) Hacen referencia la participación del contratista de viña en el bloqueo de vinos.
Daños y perjuicios, daño estético, daño irreparable
Materia: CIVIL
Carátula: CORONEL AIDA R. c/ MACHADINHO MANUEL J. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

Del voto de la mayoría:

Si como consecuencia del accidente que sufriera la accionante le quedaron secuelas post-traumáticas, según surge de la pericia psiquiátrica, sintiéndose ésta deformada e incapaz para rehacer su vida social, laboral y sexual, las lesiones estéticas no deben considerarse como formando parte de la incapacidad genérica que la ha afectado sino como un aspecto especial ajeno a dicho extremo, desde que no sólo debe referirse a la vida laboral o económica de la víctima, sino también a la social e inclusive a la sexual que han quedado notablemente afectadas.
Derecho Tributario, coparticipación federal, coparticipación provincial, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Grafa S.A. c/ Fisco Nacional -D.G.I.- s/ repetición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

Esta Cámara puntualizó que la ley 23.548 fijó, a partir del 1º de enero de 1988, el régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las Provincias y para ello estableció la masa a distribuir e indicó cuáles serían los gravámenes que lo integrarían. El conjunto de facultades y obligaciones que estableció la ley 23.548 para la Nación y las Provincias, tuvo por objetivo evitar la doble imposición interna, unificar criterios de imposición en relación a determinados impuestos de carácter local y distribuir el producto de los gravámenes (coparticipados) directos e indirectos fijados por la Nación. Entre las exigencias que debían respetar las Provincias para adherirse al régimen, se señaló, la ley 23.548 dispuso que ellas adecuarían sus impuestos locales de ingresos brutos y sellos a ciertas pautas que fijó. Para el impuesto de sellos, exigió que recayera "sobre actos, contratos y operaciones de carácter oneroso, instrumentados, sobre contratos a título oneroso formalizados por correspondencia, y sobre operaciones monetarias que representes entregas o recepciones de dinero que devenguen interés, efectuadas por entidades financieras regidas por la ley 21.526". Parece obvio que la Nación al establecer dicho marco, no sólo impuso la obligación de cumplirlo a las provincias, sino que también ella se obligó a respetarlo porque en regímenes como el de la ley 23.548, la obligación de ceñirse al marco que fija la ley, tanto para las provincias como la Nación resulta del principio implícito que informa el régimen, cual es el de crear una situación de coordinación financiera entre el fisco nacional y los fiscos provinciales, con similares obligaciones para ambos.

(Comentado por Sara Telias, en Periódico Económico Tributario, del 2/7/96, pág. 10). 11º).
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido, despido con causa, prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ARIAS OSVALDO c/ COOPERATIVA  DE  ELECTRICIDAD  Y  AGUAS  CORRIENTES DE EMBALSE LTDA Y OTRO s/ CASACION LABORAL - DESPIDO - JUSTA CAUSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-03-15

Se violan los términos de la relación jurídico procesal con grave lesión del derecho de defensa de la actora si no existe correspondencia entre los motivos de distracto aducidos por la patronal en el telegrama rescisorio y los invocados en la contestación de la demanda, salvo en lo referente al uso indebido de combustible, causal no considerada por la juzgadora. Se confunde el objeto de prueba (hechos del proceso) con la necesidad de la prueba, si se exige esta última respecto de hechos sobre los que no hubo contienda entre las partes. Si bien potencialmente pueden ser objeto de prueba los hechos no controvertidos, no necesariamente debieron ser acreditados en el proceso, por cuanto al no ser motivo de controversia, no integraron la relación jurídico procesal.

Corresponde hacer lugar al recurso.
Empleo público, Ministerio de Justicia, remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Manes, Silvina Andrea y Otros c/ E.N. (Mº de Justicia) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-15

Debe confirmarse el decisorio en cuanto rechazó la petición de los accionantes de que se los considere alcanzados por el decreto 1770/91, y revocarlos en tanto desconoció la aplicación a los actores de los beneficios de la ley 22.969, aspecto éste en el cual corresponde hacer lugar a la demanda.
Proceso penal, sentencia condenatoria, pena privativa de la libertad, habeas corpus, doble instancia
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Angelina, Pablo Fernando s/ Acción de Hábeas Corpus interpuesta por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Avila en favor de Pablo Fernando Angelina
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-10-09

Esta Corte de Justicia tiene dicho que la acción de habeas corpus no es un remedio que autorice a sustituir las decisiones que les incumben a los jueces propios de las causas y tampoco es vía alternativa del recurso de casación, y que este Tribunal puede intervenir solo como alzada ante la denegatoria de aquel, pues de no ser así, se vería afectada la función revisora que tiene asignada, además de violar la garantía constitucional de la doble instancia (Auto Interlocutorio Nº 30/08).
Excarcelación, condena condicional, caución personal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SANCHEZ, NICEFORO ABELINO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-08-19

Procede la excarcelación si al imputado se le atribuyen los delitos de abuso deshonesto y privación ilegítima de la libertad, en concurso real (C.P., arts. 127, 141 y 55) pues las modalidad comisiva, las características personales del procesado, su edad y la primaria magnitud de los actos cometidos, permiten formular un pronóstico que, en caso de condena, no lo será a más de tres años de prisión, por lo que no padecerá una prisión efectiva por más de ocho meses (C.P.P., art. 315, ley 7139 y C.P., art. 26, ley 23.057).

A los fines de asegurar los objetivos del proceso se concede la libertad al imputado bajo las obligaciones de residencia y comparendo periódico y bajo caución personal (C.P.P., arts. 313 y 320).-
Empleo público, docentes, remuneración, adicionales de remuneración, adicional por antigüedad, carácter no remuneratorio, economía procesal, fallos del Superior Tribunal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DI GIOVAMBATTISTA, JUAN ANGEL Y OTROS c/ G.C.B.A. s/ EMPLEO PUBLICO (NO CESANTIA NI EXONERACION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31

En el caso, corresponde revocar la sentencia dictada por el Sr. Juez aquo, en cuanto otorga carácter remunerativo a los adicionales por antigüedad estipulados por los Decretos Nro. 4748/90 y Nro. 1442/98.

Al respecto, en la causa "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´RUIZ, MARÍA ANTONIETA c/GCBA s/cobro de pesos´", expte. 3879/05, sentencia del 14/9/2005, el Tribunal Superior de la Ciudad revocó la sentencia de esta instancia en cuanto, entre otras cosas, la Sala I: (i) declaró la nulidad de los Decretos Nro. 4748/90 y Nro. 1442/98 que establecen el carácter no bonificable de las asignaciones que crean; y (ii) dispuso que los adicionales de los Decretos mencionados deben ser considerados bonificables a los efectos del cálculo del adicional por antigüedad docente. Ahora bien, no obstante la postura de esta Sala (ver: "MICHELET, AIDA ESTHER c/ G.C.B.A. s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", expte. exp 9.402/0 y "TORTOSA MARTA MARGARITA Y OTROS c/ G.C.B.A. s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", expte. exp 9226/0, entre otros) considero que, ya que el Tribunal Superior ha resuelto del modo expuesto, corresponde aplicar su criterio por razones de economía procesal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Brizuela, Wálter J. s/ Robo agravado, homicidio, abuso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia como transgredidos los arts. 251, 253 y 255 del Código de Procedimiento Penal ya que tratándose de un juicio oral éstos no son aplicables. El hecho de que la Excma. Cámara los haya invocado no releva a la defensa de la carga procesal de evidenciar su inaplicabilidad y realizar en debida forma su impugnación.