Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-02-16


.CL0105.1453351.

EXP. nº 16.645/06 Salta, 16 de febrero de 2.017 AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ONTIVERO, DAVID SEBASTIAN CONTRA ESCORPIO - PROTECCIÓN Y SERVICIO S.R.L. - ORDINARIO", EXP. nº 16.645/06, originario del Juzgado del Trabajo nº 5 del Distrito Judicial del Centro, para resolver la apelación interpuesta por el actor a fs. fs. 226/229., y C O N S I D E R A N D O María de las Mercedes Domecq dijo:

I. La sentencia de primera instancia que hace lugar parcialmente a la demanda, condenando a la empresa Escorpio Protección y Servicios S.R.L. a pagar a David Sebastián Ontivero la suma de $7.115,15 en concepto de diferencias de salarios de julio de 2.004 a febrero de 2.006, y asignaciones no remunerativas de abril de 2.005 a septiembre del mismo año, rechazando la solicitud de actualización de los créditos y el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561, es objeto de la apelación deducida por el actor a fs. 226/229.

El memorial se integra por un único agravio relativo a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, al impedir al actor indexar los créditos reclamados a cuyo pago se condenó a Escorpio Protección y Servicios S.R.L..

Al respecto afirma que cuando la Juzgadora estimó que la tasa de interés activa dispuesta en su fallo resulta suficiente para paliar tanto la mora en el pago como la depreciación de la moneda mientras que los índices de tasa activa resulten razonablemente superiores a la inflación, no indicó qué índices de inflación tomó para elaborar tal afirmación ni explicó qué resultaría una superioridad "razonable".

Argumenta que según los índices del Indec, la inflación entre el 2.008 y el 2.014 fue superior al 60%.

Asimismo, argumenta que en caso de duda debió estarse a la interpretación de normas más favorable al trabajador, en el marco del art. 9° de la LCT.

Solicita bajo tales argumentaciones que se eleve el monto de condena en un 60%.

Corrido el traslado ordenado a fs. 234, la demandada omitió contestar la expresión de agravios, conforme quedó asentado a fs. 240.

II. A fin de tratar el agravio debo traer a colación lo requerido por el apelante al momento de plantear su demanda.

A fs. 6/6 vta. David Sebastián Ontivero solicitó que, de hacerse lugar a los créditos reclamados, también se dispusiese en la sentencia su actualización monetaria aplicando el índice de precios oficial al consumidor nivel general.

Defendió tal pretensión alegando que la depreciación de la moneda nacional producida desde el año 2.002 lo afecta en derechos de carácter alimentario e invocando el deber de afianzar la justicia: pidió por ello se declare la inconstitucionalidad del art. 4° de la ley 25.561.

Tal pretensión fue rechazada por el fallo de primera instancia que consideró: "el eventual envilecimiento de la moneda que se esgrime en sustento de la petición de inconstitucionalidad de las normas que vedan la actualización del crédito, se encuentra paliado a través del doble carácter resarcitorio y moratorio de la tasa activa de interés adoptada [aquella fijada por el Banco de la Nación Argentina por períodos mensuales] por lo que entiendo que los índices de la tasa activa resultan razonablemente superiores a la inflación, compensando de ese modo la depreciación como la mora" (sentencia de primera instancia, fs. 217 vta.).

Luego, en su apelación el accionante requirió en base a los argumentos antes resumidos que se haga lugar a la actualización pretendida elevando la suma de condena en un 60%.

Ahora bien, a fin de dar mayor claridad a la premisa de la Sentenciante, tomaré como ejemplo una diferencia salarial condenada en pago: la más cercana, de febrero de 2.006.

El vencimiento del plazo para pagar dicho crédito se produjo el 6 de marzo de 2.006, es decir el cuarto día hábil luego del mes vencido (art. 128 de la ley de contrato de trabajo).

Si se tiene en cuenta la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina desde tal vencimiento y hasta el momento del cálculo de la condena con intereses en la sentencia de primera instancia (esto es el 30 de abril de 2.014), se podrá observar que -valorando las dos tasas vigentes a esa época, del 1,55% hasta el 28 de enero de 2.014 y a partir de allí del 2,06%- a la fecha del fallo el crédito del accionante había devengado ya 155,34% de interés, porcentaje muy superior al 60% reclamado como actualización.

Ello, en el razonamiento de la Señora Jueza de Primera Instancia fue motivo suficiente para rechazar la pretensión, considerando que el porcentaje de interés acumulado en la tasa activa incluye tanto la recomposición del salario por la depreciación de la moneda pretendida (interés resarcitorio) como la compensación por la mora en su pago (interés moratorio).

Tal consideración, entiendo no ha sido debidamente rebatida por el apelante, toda vez que no ha fundamentado cómo su pretensión de actualización al 60% no debería haberse tenido por incluida en la tasa de interés objeto de condena que arroja un porcentaje muy superior, más aún teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de extrema gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, motivo por lo que requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la carta magna (Fallos: 322:842; 324:920; y 330:855 entre otros).

Sin perjuicio de ello, y en miras al control de constitucionalidad de oficio que nos compete (Fallos 324:3219) y que ya he propiciado en anteriores pronunciamientos (ver, por ejemplo, "Gallo, Ángel Rosa c. EMAISA. S.A. - ordinario", expte. nº 18.405/07), procederé a analizar la norma a la que se le atribuye la condición de incompatible con la ley suprema federal.

A fin de dar mayor claridad al tratamiento del recurso, destaco que debo asumir que lo que el accionante procura es la declaración de inconstitucionalidad de los art. 7 y 10 de la ley 23.928, en la redacción otorgada por el art. 4° de la ley 25.561 (publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 7 de enero de 2.002).

El mencionado art. 7 en su actual redacción dispone: "el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley".

Por su parte, el reformado art. 10 de la ley 23.928 establece: "Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar".

A través de lo establecido por los mencionados artículos, solo es posible concluir que se encuentra vigente la prohibición de actualización monetaria.

Y remitiéndonos al texto originario de la ley 23.928 podemos observar que tal proscripción rige desde el 1 de abril de 1.991, poniendo fin a la posibilidad la indexación de deuda, plenamente justificada y tolerada en los períodos de hiperinflación por los que había atravesado el País durante la segunda parte de la década del 80.La prohibición de actualización fue y es una decisión política económica tomada por el Congreso de la Nación en el marco de la facultad conferida por el inciso 11 del artículo 75 de la C.N. de fijar el valor de la moneda, y como medida tendiente a procurar la perdurabilidad de ese valor como signo monetario de fuerza legal.

Explica al respecto la Corte Justicia de Salta: "La prohibición genérica de aplicar mecanismos o cláusulas de ajuste por desvalorización monetaria constituye un arbitrio de política legislativa tendiente a evitar que el alza de los precios de ciertos bienes y servicios ofrecidos en el mercado a los respectivos consumidores y usuarios se proyecte a su vez en nuevas alzas de los bienes y servicios introducidas por éstos para solventar dichos incrementos, circunstancia que los lleva a inducir nuevas alzas en los bienes y servicios que ellos mismos producen y ofrecen en el mercado, de manera tal que aquellos incrementos iniciales terminan por trasladarse de manera generalizada e inercial a los restantes sectores de la economía" (Tomo 204:1003/1022; Tomo 204:1023/1040 ).

En otros términos: permitir la indexación de créditos, incluso los de naturaleza alimentaria, tendría un gran impacto en el resto de la sociedad, fomentando el aumento generalizado y sostenido de precios por el traslado de costos a la población, lo que fue repulsado por el Congreso de la Nación con la sanción de la ley 23.928 (texto según art. 4° de la ley 25.561, de acuerdo a lo analizado ut supra), en el marco de la facultad conferida por el art. 75 inciso 11 de la Constitución Nacional.

Sobre este punto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Aún cuando el derecho de propiedad pudo tener en la actualización por depreciación monetaria una defensa eficaz de los derechos patrimoniales en determinados períodos, su perduración sine die no sólo postergaría disposiciones constitucionales expresas, como las del art. 67, inc. 10, de la Constitución Nacional -hoy art. 75, inc. 11-, sino que causaría un daño profundo en la esfera de los derechos patrimoniales todos, al alimentar la grave patología de la inflación, siendo inadmisible que lo que fue solución de especie frente a un problema acotado temporalmente y en su configuración, se trueque en vínculo estable, alterando así su naturaleza esencial" (Fallos: 333:447).

En el mencionado fallo, la CSJN valoró inválido el convenio entre partes que preveía la actualización, al decir: "Permitir la vigencia y aplicación de una cláusula de estabilización como la establecida en autos, significaría desconocer el objetivo antiinflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales mencionadas mediante la prohibición genérica de la 'indexación', medida de política económica que procura evitar que el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios de cada uno de los demás sectores, contribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios (conf. Fallos: 329:385) y a crear desconfianza en la moneda nacional" (considerando 16).

Por otra parte, sostener que la prohibición de actualización de créditos debe ser dejada de lado en el caso en concreto apelando al carácter alimentario de la pretensión, implica desconocer el carácter general de la medida de protección de la moneda como política económica nacional.

Al respecto ha dicho el Superior Tribunal: "La solución de la inflación, ligada al remedio concreto de las situaciones inequitativas surgidas a su amparo, debe ser por naturaleza objeto de soluciones legislativas y no pretorianas" (Fallos: 315:158).

Así las cosas, la ventaja, acierto o desacierto de la prohibición de indexar impuesta por las leyes federales 23.928 y 25.561 resulta ajena al control judicial, pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a nuestra valoración, salvo que sea arbitrario o irrazonable (Fallos: 329:385).

Y sobre el argumento traído a colación por el recurrente relativo a la vulneración al derecho de propiedad por la pérdida del valor adquisitivo por la prohibición de indexación, con gran claridad Máximo Tribunal Federal dijo: "Afirmar que la actualización por depreciación monetaria está 'incorporada' a la Ley Fundamental constituiría la propia refutación del enunciado, desde que se confundiría una de las posibles herramientas de protección de la propiedad con la sustancia misma de ese derecho" (Fallos: 315:158).

Bajo tales consideraciones y compartiendo el criterio de los superiores tribunales de justicia provincial y nacional, entiendo que corresponde rechazar la pretensión de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, en la redacción otorgada por el art. 4 de la ley 25.561.

Finalmente, no existiendo dudas en la interpretación de la norma, resulta improcedente el argumento del recurrente respecto de la aplicación del art. 9° de la ley de contrato de trabajo, más aún cuando la ley 23.928 no es propiamente una ley de naturaleza laboral, sino de alcance general con directrices de política estatal.

En fin: de prosperar mi voto, se rechazará la apelación del actor, imponiendo costas por su orden por no haber mediado oposición (art. 67, segundo párrafo del C.P.C.C).

De acuerdo a lo dispuesto en la acordada nº 12.062 del 11 de abril de 2.016, propongo que los honorarios de esta instancia se determinen en el 40% del monto que se regulase en primera y de lo que fue materia de agravio (art. 13 del decreto ley nº 324/63 y sus modificaciones).

La Dra. Analía Villa de Moisés dijo:

Por coincidir con la solución a que arriba, adhiero al voto que antecede.- Por ello, LA SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

R E S U E L V E I. RECHAZAR el pedido de declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (en la redacción otorgada por el art. 4 de la ley 25.561) y el agravio vinculado con la pretensión de elevar el 60% el monto de condena, con costas por su orden.

II. TENER PRESENTE la reserva formulada a fs. 228 vta.

III. DETERMINAR los honorarios por la labor desarrollada en esta instancia en el 45% de lo que se regulase en primera.

IV. MANDAR se registre notifique y que bajen los autos al Juzgado de origen.

CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA II