marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Código procesal penal, tribunal colegiado, sufragio, monto de la pena
Materia: PROCESAL
Carátula: SCALCIONE, ALEJANDRO FABIO c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-22

El artículo 138 de nuestra ley de procedimiento penal es claro en cuanto a que todos los vocales deben emitir opinión sobre la totalidad de los aspectos a decidir previamente determinados, tomando como punto de partida para evaluar cada uno lo resuelto por la mayoría respecto del anterior, regulándose expresamente que deben los jueces votar sobre cada uno no obstante la opinión que hubieran podido emitir anteriormente; y puntualmente, en relación al monto de la pena a imponer, se prevé en la parte final de la norma que el término medio debe establecerse teniendo en cuenta todos los votos; en consecuencia, no quedan dudas de que, en una interpretación literal de la disposición legal, el haber emitido posición disidente respecto de alguno de los puntos no inhibe en modo alguno al vocal de votar en relación al siguiente, mucho menos en referencia al monto de la pena a imponer, aspecto respecto del cual expresamente se establece que es necesario contar con el voto de todos los integrantes del Tribunal colegiado y en el que, más allá de las mayorías, todas las posiciones son determinantes para el resultado final de la cuestión, considerando el método de promedio elegido por el legislador. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Netri, Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 138.
Concursos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Turjansky Alberto s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-24

La resolución que deniega un pedido de concurso por considerar que la deudora no se encuentra en estado de cesación de pagos resulta inapelable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, competencia por la materia, modificación de la competencia, competencia previsional, Instituto municipal de previsión social
Materia: PROCESAL
Carátula: ALBANO, Lilia y otros c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-27

1- La norma atributiva de competencia al Fuero Civil contenida en el inc. a) del art. 43 del decreto-ley 1285/58 se ha visto modificada por el régimen impuesto a la jurisdicción previsional, de reciente consagración legislativa, el cual debe necesariamente desplazar la primitiva competencia "ratione materiae", en todas las causas que versen sobre reclamos de tal naturaleza.

2- De la interpretación armónica de los arts. 1º, 2º, 3º y 4º de la ley 24.655 (B.O. del 15/7/96), resulta que la creación de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social, instrumentó, además, una asignación de competencia que abarca, entre otras cuestiones, las causa enunciadas en el art. 15 de la ley 24.463 y las demandas que versen sobre la aplicación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, establecido por la ley 24.241 y sus modificaciones. No obsta a esta conclusión la circunstancia de que el sistema del "Instituto Municipal de Previsión Social" haya sido transferido a la Nación, cuestión que, en rigor de verdad, se vincula con la legitimación pasiva del órgano requerido de pago.
Extradición, pedido de extradición, tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Arias, José Alberto s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

El inc. 1 del art. 30 del Tratado de Derecho Penal de Montevideo de 1889 incluye, entre los requisitos a los que debe ajustarse el pedido de extradición, en el supuesto de presuntos delincuentes, que el país reclamante adjunte copia legalizada de la ley penal aplicable a la infracción que lo motiva, del auto de detención y demás antecedentes previstos en el inc. 3 del art. 19 (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano y Gustavo Bossert).
Derecho laboral, acción por omisión, falta de examen preocupacional, presunción juris tantum
Materia: LABORAL
Carátula: Kleinhempel, Sandra Beatriz c/ Instituto Autárquico Provincial de Seguros de Entre Ríos s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-16

La omisión de los exámenes preocupacionales solo genera una "presunción" de ingreso sano y apto del trabajador, pero como toda presunción de tal característica, esto es "iuris tantum", puede ser fulminada o contenida con prueba en contrario producida en juicio, lo que en autos no se aprecia. Los exámenes preocupacionales sirven para descartar el carácter laboral de una dolencia constatada en ocasión de trabajo (o sea actúan como régimen de exclusión de cobertura -ver art. 6 apartado 3 inc. b) de la ley 24557), pero la omisión no es óbice sin más, para otorgar carácter laboral a todas aquellas patologías cuando se demuestra que no son derivadas del trabajo (Voto Romero)
Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas, medicamentos, control de medicamentos, Naciones Unidas, interpretación de tratados internacionales, aplicación de tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Laboratorios Ricar S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Si las partes pudiesen modificar las listas a su arbitrio se afectaría el rol de la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y, como consecuencia de ello, el logro de la finalidad que con su intervención se pretende asegurar (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Delitos contra el orden público, asociación ilícita, participación criminal, prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "MEDINA, MATIAS AUGUSTO; DÍAZ, FERNANDO JUAN HORACIO; ALBARRACÍN, JHONATAN; DÍAZ CRISTIAN OMAR; GUILLÉN, CARLOS ALBERTO; GUARDA NÉSTOR FABIÁN s/ ASOCIACIÓN ILÍCITA", Expte. Nº 2870 (M-577/08/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-04-06

Corresponde rechazar los recursos de casación interpuestos, resultando suficientes y eficaces los argumentos desarrollados por la Excma. Cámara la cual para acreditar la existencia del delito "Asociación ilícita" y el dolo específico en los sujetos activos conforme requiere el tipo penal en cuestión, la sentencia atacada se basa en el conocimiento de la actividad ilícita que consumaba cada integrante de la asociación y la colaboración que al respecto realizaban otros asociados, indicios contundentes para tener por acreditado el dolo específico exigido en esta figura -intención de asociarse para cometer delitos- evidenciado por la actividad unívoca y direccional en el sentido de consumar los delitos (concierto intelectual en el objetivo final), sentido que debe darse al término "tomar parte" empleado en la figura penal del art. 210 del C.P.

Constituye un absurdo exigir fecha cierta de comienzo de las actividades ilícitas, o la acreditación de un acuerdo explícito con la clara expresión de voluntad en tal sentido ("culpabilidad"), por ejemplo instrumentado en un documento, para demostrar la existencia de la asociación ilícita.

El pronunciamiento del tribunal oral destaca la acreditación del acuerdo implícito, de diversos precedentes jurisprudenciales, con fundamento en el número de delitos cometidos por las mismas personas, los delitos en planes de ejecución con idénticos medios, la división de tareas y el reparto o destino de las utilidades provenientes de la actividad.
Ius cogens, designación de perito, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, carga de la prueba, sistema interamericano de Derechos Humanos
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Gutierrez y Familia c/ Argentina s/ Resolución del presidente de la Corte Caso Gutierrez y Familia c/ Argentina s/ Resolución del presidente de la Corte
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-12-20|2013-11-25

De acuerdo a lo establecido por el artículo 35.1.f del Reglamento de la Corte Interamericana, la eventual designación de peritos podrá ser efectuada por la Comisión Interamericana cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, lo que exige interpretar que la designación de peritos por parte de la Comisión es excepcional y sujeta a ese requisito, el que no resulta cumplido por el sólo hecho de que la prueba que se procura producir tenga relación con una alegada violación de derechos humanos sino que debe encontrarse afectado en forma relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, correspondiendo a quien lo solicita sustentar la existencia de dicha situación.
Defensa del consumidor, oferta al consumidor, obligaciones del oferente
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Frávega S.A. c/ DNCI- Disp. 885/05  (Expte S01:48315/05)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-29

La obligación incumplida en los términos del art. 7 de la ley 24.240, está dirigida a la protección de los potenciales adquirentes, consumándose la infracción por el sólo peligro emergente de la omisión incurrida, con independencia de la existencia de daño concreto respecto a una persona en particular, por lo que resulta irrelevante la ausencia de quejas por parte de quienes adquirieron los bienes (Sala I "Serra Lima S.A. c/ SIC y M (Disp. DNCi 497/00) 19/4/2001) (Cons. IV).
Sucesiones, competencia por conexidad, acumulación de procesos
Materia: CIVIL
Carátula: GÓMEZ,  Faustino  y ARATA, Nélida Zulema s/ SUCESIÓN AB-INTESTATOs/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09

1- La acumulación de las denominadas sucesiones vinculadas, al margen de lo dispuesto por el art. 696 del Código Procesal, solo es procedente cuando existe identidad de herederos y de masa hereditaria o cuando medien razones de economía procesal que así lo aconsejen, si existiesen diligencias pendientes en ambas sucesiones que, dados los extremos citados resulte conveniente realizarlas en conjunto, para evitar el dispendio de actividad jurisdiccional. 2- Por lo tanto, si existe identidad parcial de masa sucesoria, pero se trata de distintos causantes y herederos, no procede la tramitación conjunta de ambas sucesiones.
Recursos, recurso de apelación (procesal), trámites judiciales, expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: H.F.D. S.A. c/ E.M.S.E. s/ Ordinario (LIBRO: S068 - 365)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-02

Adquiere relevancia trascendente a los fines de la expresión de agravios, la diferenciación entre la simple "discrepancia" y la efectiva "crítica" del decisorio. Lo primero significa dejar sentada la no concordancia en cómo se ha decidido el caso o la controversia; la "crítica" involucra una labor de análisis, demostrando los eventuales errores, fácticos o jurídicos, de la sentencia apelada.
Jurisdicción, medidas cautelares
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ARRAMBIDE JORGE c/ SABATTINI ALBERTO s/ JURISDICCION - ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-31

La jurisdicción de los jueces de Córdoba Capital y de las demás sedes de la primera circunscripción (creadas por la Ley 8000) no son concurrentes porque ninguna disposición de la Ley establece un régimen semejante. En ausencia de previsiones expresas hay que entender, como es lógico, que cada juez tiene jurisdicción solamente en el ámbito territorial de su juzgado.

Tratándose, por consiguiente, de trabar un embargo en otra sede territorial, aunque de la misma circunscripción, por remisión del art. 3 de la Ley Provincial 6425 resulta aplicable al caso el art.

6 de la Ley Nacional 22172, norma que, interpretada "a contrario sensu", establece la necesidad de la comunicación al juez local cuando la ejecución de la medida haga necesario o previsible el uso de la fuerza pública.-
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ METETIERE, NORA M. Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-18

La congruencia constituye el requisito fundamental de la sentencia (art. 34 inc. 4 in fine y 163 inc. 6 Cód. Procesal), que en definitiva significa que existe una relación entre dos términos, siendo uno de ellos la sentencia misma y el otro la pretensión procesal y la oposición a la misma en cuanto la delimita o acota.

Esta ligazón implica que la sentencia no contenga algo diferente, o en más o en menos, de lo solicitado por las partes; por tanto, la sentencia ha de ser dictada con sujeción estricta a este principio.

Los jueces deben circunscribirse a ponderar los elementos fácticos y jurídicos necesarios para la solución de las causas, omitiendo consideraciones extrañas a ellas o innecesarias para resolver el caso concreto, absteniéndose además de efectuar apreciaciones que puedan afectar a personas en aspectos no relacionados con el tema sometido a conocimiento.
Prisión preventiva, notificación, falta de notificación, recurso de nulidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: JOSE GRECO Y HECTOR GRECO s/ INCIDENTE DE NULIDAD Y RECUSACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-29

1) Si el Juez de Primera Instancia omite notificar al querellante del auto de Prisión Preventiva, privándole de esa manera de ejercer sus derechos, no corresponde tratar la nulidad en la Alzada sino que corresponde al Juez de Primera Instancia tratar ella, aun cuando los actos relacionados con el auto impugnado excedan esa sede, derivando esta consecuencia del propio texto legal (art. 512 del C.P.M.P. ).
Extradición, cooperación internacional, prescripción de la acción penal
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-PENAL
Carátula: Balgoczki, Attila Gabor c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-25

Debe ser revocado el fallo que había declarado procedente la extradición solicitada por la República de Hungría con el objeto de que el requerido sea sometido a proceso junto con otros imputados, debido a que habría conformado una organización criminal con el fin de cometer fraude en detrimento de bancos de ahorro, dado que, según el artículo 11, inciso a, de la ley 24.767, de Cooperación Internacional en Materia Penal, y el país extranjero no incluyó el texto de las normas penales y procesales aplicables, en cuanto están vinculadas al extremo de la prescripción de la acción penal. Asimismo, contrariamente a lo sostenido por el juez a quo, aun cuando los antecedentes acompañados por el requirente pudieran interpretarse como una explicación en los términos del art. 13, inc. c, de la mencionada normativa, ello no suple la carga de acompañar el texto de las normas aplicables en relación a la prescripción.
Plazos procesales, expediente, retiro del expediente
Materia: CIVIL
Carátula: Pérez Mignone Gilberto c/ Daniel Cesar Peyru y otros s/ Repetición de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-12-06

El hecho de que se manda a poner los autos a disposición del apelante, art. 257 CPCC, no significa que mientras que el expediente se encuentre fuera del tribunal habilita el pedido de prórroga del plazo legal para la presentación del memorial de agravios sin que exista una causa verdaderamente grave o fuerza mayor comprobada dado que el retiro de los autos es potestativo de las partes y tiende a facilitar la tarea de confección del respectivo memorial, pero no hace a su ausencia y las partes, aunque no lo retiren, tienen el derecho de presentar su fundamentación siempre que lo hagan en término dada la perentoriedad de los plazos.
Impuestos, igualdad ante la ley, contribuyentes
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: "Obra  Social  del Personal Dirección Sanidad Luis Pasteur c/ E.N.-PEN  Dtos.  1287/01  380/01 969/01- Ley 25.413 y 25.453 s/ amparoley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-26

Tan inequitativo es que la ley trate desigualmente a los iguales en iguales circunstancias, como trate igualmente a quienes no son iguales -en el sentido de que su condición es distinta- y no obstante la desigualdad de las circunstancias (Fallos: 224:810 y 273:228). Por ello, la mera existencia de categorías distintas de contribuyentes no viola la igualdad ante la ley (Fallos:

248:285).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, excepciones procesales, falta de acción, querellante
Materia: PROCESAL
Carátula: Simón,  Julio  Héctor  y  otros s/ privación  ilegítima de  la libertad, etc. (Poblete) -causa Nº 17.768-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-14

La decisión que rechaza la excepción de falta de acción y acepta el rol de parte querellante no constituye sentencia definitiva, en tanto no pone término al pleito ni impide su continuación.
Medidas cautelares, elevación de la cobertura, certificado de discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: BARRIOS MARIA ALICIA c/ OSPEP s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27

No se ha cuestionado que María Alicia BARRIOS; de 54 años de edad; afiliada a OSPEP; quien refiere estar tramitando el certificado por discapacidad de acuerdo a lo normado por la Ley 22431; padece bronquiestasias bilateral, esputo colonizado por pseudomonas aeruginosa por lo que la médica tratante le indicó un tratamiento crónico con ALVEOTEROL nebulizable dos veces por día. Lo llamativo es que la obra social recurrente sostiene que la medida innovativa ordenada en autos resulta ser arbitraria basándose en que el anterior magistrado impuso a su parte la cobertura de un acompañante terapéutico a razón de 12 horas diarias cuando dicha obligación se encuentra excluida de la cobertura de la obra social cuando en el presente proceso la accionante solicitó y el juez ordenó cautelarmente la cobertura del 100% de una medicación especial para la patología que padece, Alveoterol (Tombramicina 300mg.). Dicho extremo sustrae de contenido y sustento el agravio de aquella.
Derechos del niño, derecho a la vivienda digna, usurpación, juicio de desalojo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Escobar, Silvina y otros s/ inf. art. 181 inc. 1° C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-01

Teniendo en cuenta que si existiera alguna afectación al derecho a la vivienda de los niños, ésta sería anterior al desalojo que se pretende resistir y no consecuencia de él, y lo establecido en el art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño con relación al nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de aquél, corresponde disponer que los jueces de la causa iniciada por el delito de usurpación pongan en conocimiento de las autoridades competentes la situación de las niñas/os y/o adolescentes que pudieran verse afectados en autos, a los fines del pertinente resguardo de sus derechos de rango constitucional.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, medidas cautelares, embargo, levantamiento del embargo, BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, crédito hipotecario, bienes inembargables, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Rojas, Carlos A. c/ Gaete, Miguel A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Levantamiento de embargo (Expte. CSJ Nº 173-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-29

No resulta arbitrario el fallo que resolvió hacer lugar al recurso de apelación y dispuso el levantamiento del embargo que pesaba sobre el bien inmueble de propiedad del demandado entendiendo para ello que la inembargabilidad e inejecutoriedad de los bienes inmuebles sometidos al régimen de la ley 22232 se prolonga más allá de la cancelación del crédito y aún después de haber sido liberado el bien de la hipoteca que lo gravara, posición que entiende coincidente con la mens legis de la ley citada y con la desarrollada por el legislador en el régimen legal del bien de familia, donde se trata la tutela del techo familiar, tomando en cuenta que el bien en cuestión no excedía de las necesidades de sustento y vivienda de la familia, que los cónyuges eran los condóminos y que el inmueble estaba habitado por el núcleo familiar. En ese sentido argumentó la Alzada que "todas estas circunstancias encuadran al bien en cuestión dentro de la protección legal del régimen que tutela la habitación de la familia, ya que, si el legislador impone el bien de familia, como institución para la preservación del techo familiar, sin tener en cuenta la participación del Estado en la construcción del mismo, con mayor razón esa tutela debe estar presente cuando es el mismo Estado el que se preocupa por elaborar una política dirigida a proveer ese techo".
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, falta de servicio público
Materia: CIVIL
Carátula: REA SEGUNDA MANUELA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-04-08

El concepto de responsabilidad objetiva que se emplea al referirse a la falta de servicio, se traduce en una valoración de elementos objetivos, tales como la naturaleza de la actividad y del vínculo que une a la víctima con una autoridad administrativa, a los medios disponibles, las posibilidades de prever el incidente, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Violencia de género, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: C., A. R.: Homicidio agravado por el vínculo con exceso en la legítima defensa. CIUDAD c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2023-06-06

La imputada debió defenderse de las agresiones físicas que le propinó la víctima, dicho acometimiento es identificado con el contexto de violencia crónico que aquél ejercía respecto de ella; así las cosas, la repulsa a la agresión fue concretada en ejercicio de la legítima defensa con ajuste a lo preceptuado por el art. 80 inc. 1°, en función del art. 34 inc. 6 del CP, sin que resulte de recibo la postulación fiscal de que haya mediado un exceso en su ejercicio.
Honorarios, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GORDILLO VDA. DE ARENAS c/ LIDIA TASINASSO DE CARRIZO Y OTROS s/ Ordinario (LIBRO: A075 - 446)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-04-07

Atento la forma de terminación de este proceso corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 12 de la ley 3641, y no el art. 11 que aplica la a-quo, ya que este proceso, conforme las constancia de autos, ha concluido. No se trata como en el supuesto del art. 11 de la separación del profesional del proceso.-
Prescripción de la acción penal, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PENAL
Carátula: Maciel Villalba, Anastacio; Maciel, José Luis s/ Promoción y facilitación de la prostitución - Meza, Mario  s/Violación  de  los deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Promoción y facilitación de la prostitución - Meza, Mario  s/Violación  de  los deberes de Funcionario Público y Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-03-09

Entiendo que la acción penal del delito que se reprocha (violación a los deberes del funcionario público), no se encuentra prescripto, y por lo tanto debe rechazarse el planteo defensista. Pero también quiero dejar a salvo mi criterio discrepando con el referido fallo del Superior Tribunal de Justicia, considerando, como lo hice concretamente en varias Sentencias de este Tribunal, que el primer acto procesal interruptivo de la prescripción es el Requerimiento de elevación a juicio. Igualmente, comparto el argumento defensista en cuanto a que el citado Fallo del Superior Tribunal no deviene obligatorio para los Tribunales inferiores a tenor del art. 171 de la Constitución Provincial, toda vez que se refiere a leyes provinciales, mientras que el instituto de la prescripción se encuentra reglado por la legislación de fondo y, por tanto, escapa a la previsión de nuestra Carta Fundamental. En lo demás me adhiero a la opinión de mis pares al tratar esta cuestión preliminar.