Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-06-11


Salta, 11 de junio de 2014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "MAIDANA, Agustín vs. CARMEN, Héctor; COLQUE, Porfirio GOMEZ, Francisco ALBORNOZ, Santos Adolfo - Sumarísimo: Interdicto de Recobrar", Expte. nº 9737/08 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 1ª Nominación del Distrito Judicial del Sur Metán y Expte. CAM 421.119/13 de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y_ CONSIDERANDO:

El Dr. Mario Ricardo D'Jallad dijo:

1) Contra la sentencia de fs. 303/310, que rechazó el interdicto de recobrar la posesión articulado por el Sr. Agustín Maidana e impuso las costas por el orden causado, el letrado apoderado del actor, interpuso a fs. 313 recurso de apelación. El fundamento esencial del decisorio es que el actor no acreditó haber sido despojado del inmueble con violencia o clandestinidad.

A fs. 360/363, el recurrente expresa los siguientes agravios: Considera que es un fallo arbitrario, sin objetividad, sin valoración de los hechos y de la prueba rendida e injusto porque se esgrimen posiciones diferentes a las articuladas por las partes. Dice que el análisis del juez sobre la situación fáctico jurídica al referirse a la causa laboral es correcto pero sus conclusiones son erróneas y contradictorias. Sobre el punto, indica que el a quo señaló que las partes consintieron las actuaciones laborales pero, no tuvo en cuenta que su representado no fue parte en dicho proceso. Expresa que, si bien el juez laboral dispuso que se había configurado la traditio brevi manu y que el adquirente por subasta adquirió ipso iure la calidad de arrendador a partir de su adjudicación, no le ha ordenado al Sr. Colque sacar ni romper candados ni ingresar en el inmueble por la fuerza y/o en contra de la voluntad del arrendatario sino que dejó establecido que la calidad de arrendador y sus facultades "podrán ser ejercitadas por la vía y forma que corresponda y ante el juzgado competente".

Dice que tal proveído solo se refirió a la tradición del bien y la toma de posesión del mismo pero no dispuso tomar por la fuerza la tenencia detentada por el actor. Agrega que, si bien el juez tuvo como acreditada la posesión o tenencia del bien por parte del actor y su desposesión y cambio de candado por parte del accionado al ingresar al inmueble, concluyó que la violencia y/o clandestinidad del hecho no habían sido probadas.

Afirma haber sido despojado de su tenencia detentada legítimamente, al ser expulsado del inmueble por el demandado y que, contrariamente a lo que opinó el sentenciante, la violencia prevista en el artículo 622 del CPCC no necesariamente debe ser infundada o ilícita.

_A fs. 367/370, el letrado apoderado del codemandado Porfirio Colque, replica diciendo que los agravios expresados consisten en una simple disconformidad y carecen de una crítica razonada de la sentencia recurrida.

Sin perjuicio de ello, dice que no hay prueba de la violencia alegada y que en autos no se verificaron ninguno de los supuestos del art. 622 del código de rito pues, de las propias constancias presentadas por el actor, éste no tenía la tenencia del inmueble en oportunidad del ingreso de su parte, porque no se había presentado a hacer valer sus derechos en la subasta como arrendatario por lo que el juez laboral ha ordenado la toma de posesión la que se efectuó en presencia de la Policía y del Juez de Paz de El Galpón.

Señala también, que el actor tiene libre acceso a la finca y continúa ocupando una habitación de la casa que hay en el lugar, conforme se acreditara con el acta de constatación del 20/03/09.

_2) En primer lugar, cabe mencionar que si bien en el inicio de su escrito el recurrente dice que se agravia por la imposición de las costas, no expresa de qué manera la misma le ha causado un perjuicio, por lo que no será objeto de tratamiento en el presente.

_3) Respecto de las quejas expresadas, cabe destacar que en la materia se sustenta un criterio amplio, congruente con la garantía constitucional de defensa en juicio y los principios de doble instancia ordinaria, evitando el exceso de rigor formal en el estudio de los memoriales, por lo que en el caso, al destacarse los puntos que se entienden equivocados de la resolución, corresponde su análisis._ _4) Se tiene a la vista la causa penal en la que, el día 13/02/09 se dispuso remitir los antecedentes al Juzgado de Instrucción Formal que por turno corresponda, sin constancia de otra actuación (ver fs. 161 del expte. n° 1.287/08 del Juzgado de Instrucción Formal de Primera Nominación de Metán); sin embargo ello no resulta obstáculo para resolver pues, si bien se trata de un interdicto promovido por el mismo hecho, la sentencia en lo civil no tiene carácter definitivo (Salas, Cód. Civ. Anot. I-563, sumario C, Edic. 1984). Es decir que de cualquier manera el antecedente no configura un caso de prejudicialidad del artículo 1101 del Código Civil. (CApelCCSalta, Sala II, T 2002, fº 365, 18/06/02).

_Se ha dicho que en el interdicto de recobrar no cabe dilucidar el derecho a la ocupación pues tiende a proteger la ocupación misma (Rep. ED T. 2, pág. 174, ap. 29; T. 6, ap. 162). Vale decir que, dentro de los alcances limitados del interdicto, sólo se decide acerca de la posesión o tenencia como ocupación de hecho -jus possesionis- y no sobre el título que las partes han podido tener respecto del inmueble -jus possidendis- (CApelCCSalta, Fallos Sala I, año 1997, fs. 353/355; año 1998, fs. 193/196; año 1999, fs. 693/696; año 2006, fs. 48/50).

_Es en razón de este principio que en esta clase de juicios es inútil la prueba del derecho de poseer por parte del demandante o demandado (art. 2472 CC) porque lo que debe acreditarse es el hecho actual y efectivo de la posesión, tenencia u ocupación, cualquiera sea su naturaleza y aunque fuera viciosa.

Sobre el punto la jurisprudencia ha establecido: "Los interdictos se acuerdan para la protección del "corpus posesorio" del que detenta la cosa, aunque sea un mero tenedor" (J.A. 32-142; 1946-I-383; L.L. 41-310; 84-161; Fallos Sala I, año 2003, fs. 140/145; 346/353; año 2005, fs. 107/110).

En efecto, los interdictos son caminos procesales tendientes a evitar que los particulares, cualquiera que fuese la naturaleza de la posesión o tenencia, puedan ser turbados de ella (Palacio en Derecho Procesal Civil, t. VII, pag. 14).

Se trata de acciones de tipo policial que tienden a restablecer el anterior estado de cosas y de prevenir la violencia en el intento de hacer justicia por propia mano (Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación de Enrique Falcón, t. IV, 41).

Por eso, aún el mismo propietario de un bien debe recurrir a la justicia para hacer valer su derecho de dominio. En las relaciones reales solamente se admite la defensa propia o extrajudicial, en el supuesto del artículo 2470 del código civil y con las condiciones estrictas que allí se dispone.

Por ser los interdictos protectores del hecho mismo de la posesión o tenencia, exigen que quien los intente pruebe ese hecho actual, más la turbación, despojo u obra nueva, según cuál sea el caso.

Debe aclararse además, que como lo que se defiende es el "corpus", no interesa que se trate propiamente de una posesión en el sentido técnico del artículo 2351 del código civil "con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad", sino también la tenencia del artículo 2352 del mismo código, donde no existe esa intención. Por ello, en el inciso primero de los artículos 619 y 622 y en el 621 del código procesal, se utiliza conjuntamente las palabras "actual posesión", "hecho de la posesión", "posesión actual", con el término "tenencia".

En tal sentido se ha resuelto que "para que proceda el interdicto de recobrar, es menester que la ocupación efectiva aparezca clara e indudable al momento de la turbación o el despojo, por lo que si la prueba acumulada no logra formar esta certidumbre debe rechazarse" (CNCiv. Sala A, ED, 89-225).

Y también que "quien intenta el interdicto de recobrar solamente debe justificar haber tenido la posesión actual o la tenencia de la cosa mueble o inmueble, sin que esa prueba pueda, por tanto, traspasar los límites expresamente fijados pretendiendo que se acredite el mejor derecho que pudiere corresponder a una de las partes. Es decir, no interesa la causa de la desposesión ni el derecho a la posesión o a la tenencia, ya que resulta ajeno al interdicto de recobrar el esclarecimiento de las relaciones jurídicas que pudieran vincular a las partes, las que deberán ser ventiladas ante el juez competente y en la forma que corresponda" (CNFed. Civ. y Com. Sala II, LL, 1990-A, 473; CApel.C.C.Salta, Sala V, T. XXXIII, fº 213/216, 19/03/13).

_Esta aclaración se realiza por cuanto en un proceso como el de autos sólo corresponde determinar si el Sr. Maidana era tenedor del inmueble en el momento del alegado despojo, que también debe ser acreditado y si tal hecho se produjo con violencia, imputable al accionado.

_Ha quedado firme la primera conclusión del sentenciante que es, que Maidana era tenedor de la finca El Cañaveral en virtud del contrato de arriendo con el anterior propietario. Corresponde analizar, entonces, la existencia del alegado despojo con violencia ya que el actor dice que no hubo clandestinidad y en este punto se agravia porque dice que el juez ha introducido cuestiones no sometidas a su conocimiento al analizar si hubo o no clandestinidad.

_Violencia es la utilización de vías de hecho demostrativas de la voluntad de apropiarse de la cosa sin el consentimiento del poseedor o tenedor (conf. Palacio, Derecho Procesal Civil, Bs. As., Abeledo-Perrot, tomo VII, 1987, pág. 41). Coincidentemente, dicen Fenochietto y Arazi que el concepto de violencia surge del art. 2.365 del Código Civil y se refiere a las vías de hecho acompañadas de actos tendientes a vencer la resistencia de personas o cosas; existe violencia, agregan, cuando se obtiene la cosa por vías de hecho, acompañada por fuerza material o coacción moral insuperable (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Bs. As., Astrea, tomo 3, 1986, pág. 213).

Al respecto se ha interpretado que: "la violencia cuanto la clandestinidad deben interpretarse con criterio amplio, elástico, adaptable a las circunstancias, razón que permite concluir que reviste el carácter de despojo el desapoderamiento de propia autoridad, sin consentimiento del poseedor (art. 608 C.P.C.N.)" (Cám. Civ. y Com. 2º, La Plata, Sala II, 17/5/90 cit. por Augusto Morello en Juicios Sumarios - Interdictos - Desalojo, 3º Ed. pág. 85, Nº 1709). Los conceptos de violencia y clandestinidad e incluso el de abuso de confianza, deben interpretarse con un criterio adaptable a las circunstancias del caso, considerando básicamente la existencia o no de un acto de despojo o desapoderamiento cumplido sin consentimiento del poseedor (C.Apel.C.C.Salta, Sala III, año 1996, f° 710; íd. año 2000, f° 233). Y es el actor que promueve el interdicto quien debe acreditar las circunstancias o requisitos de procedencia (C.Apel.C.C.Salta, Sala III, año 2000, f° 384).

El a quo, basándose en lo decidido en el decreto de fs. 258 del expediente laboral que se tiene a la vista, dice que, si bien en principio el arrendatario se habría encontrado ocupando el inmueble, el arrendamiento fue revocado por el demandado mediante Carta Documento de fecha 28/06/08.

Sin embargo, anteriormente señala que del Acta de Inspección Ocular del día 20/03/09 de fs. 128 de estos autos, surge que una de las habitaciones de la casa se encontraba ocupada con objetos del Sr. Agustín Maidana.

Concluye el sentenciante que tales antecedentes sirven como prueba de la existencia de la tenencia pero también pueden explicar "ciertos hechos fácticos atinentes a la pérdida de ella por parte del aquí demandante" (fs. 307 vta.). Así, consideró que no se había configurado violencia al romper el candado el Sr. Colque, sino una "conducta inapropiada", basada en la "torpe interpretación" de un acto jurisdiccional válido (decreto de fs. 258 transcripto supra y 21 de estos autos) lo que "pudo incidir en la convicción del demandado para hacer valer sus derechos de propiedad".

En este punto se basa el principal agravio del apelante y le asiste razón, pues se está hablando del derecho de propiedad del actor lo que está fuera del ámbito de la acción articulada.

Sin embargo, del razonamiento del juzgador se desprende un dato relevante y que el demandado ha dejado firme: Colque ha roto el candado del portón de ingreso a la finca que se encontraba en tenencia del actor e ingresó al predio con maquinarias, herramientas y empleados, realizando diversas obras (ver expte. penal: acta de fs. 1 vta.; croquis de fs. 06, fs. 16 vta., 62, 64 vta. y acta de fs. 138, entre otras) impidió el ingreso de personas sin su autorización (ver acta de fs. 152, in fine) y así, Maidana vio obstaculizado su tránsito por la finca, como dificultado su ingreso y egreso por no tener las llaves del candado, e impedido el uso de la vivienda que ocupaba y de la finca que arrienda.

_Si bien el despojo se originó con la rotura y cambio del candado en presencia de un Juez de Paz y de la Policía de la Provincia, por un acto jurisdiccional que el actor no tuvo la posibilidad de conocer y recurrir, claramente, fue un acto de violencia, valiéndose el demandado de esta vía (que al modo de ver del a quo, fue una "conducta inapropiada").

En efecto, más que una "torpe interpretación", lo que se configuró fue un acto de violencia, disfrazado de legalidad.

Cabe recordar que también se ha caracterizado como violencia para la procedencia del interdicto, el cambio de los alambrados o de la cerradura de la puerta para interceptar el acceso del poseedor (Fallos Sala I, año 2.001, fs. 89/91; año 2.007, fs. 244/246), lo que es asimilable al caso de rotura y cambio de candado de autos.

_ Y a los fines de confirmar las conclusiones precedentes, no puede soslayarse que Colque ya había intentado entrar en mayo de 2008 a la propiedad, lo que fue resistido por el actor y derivó en una denuncia por parte de éste último.

Un mes después, el demandado se presentó, sin consentimiento del tenedor, a romper el candado y cambiarlo, tomando "posesión" del lugar. El decreto de fs. 258 del expedientete penal (fs. 21 de estos autos), claramente decía que el derecho del adquirente en subasta podría ser ejercido por la vía y forma que corresponda y ante el juzgado competente, tan es así que Colque sabía que había una vía legal que, en la Carta Documento de fs. 85 de la misma causa, intimó a Maidana a desocupar la finca, bajo el apercibimiento de iniciar el juicio de desalojo.

La Dra. Graciela Carlsen dijo: que adhiere al voto que antecede.

Por ello, LA SALA V DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) Hace lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 313, en su mérito, HACE LUGAR a la demanda y Condena al Sr. Porfirio Colque a restituir al actor el inmueble motivo del despojo, en el término de diez días, sin perjuicio de las acciones que correspondieren a las partes, conforme al artículo 630 del código procesal.

II) Impone las costas de ambas instancias a la demandada vencida.

III) Dispone se Registre, Notifique y oportunamente Baje.