Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09


Poder Judicial de la Nación TS06D 63653 9-02-12 SALA VI EXPTE. Nº 10.268/2009	JUZGADO Nº 80 AUTOS: "BRUNO VICENTE RAMON C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO SAN JOSE 373/377/383 S/ DESPIDO".

Buenos Aires, de de EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

La parte actora apela (fs.232/241) la sentencia dictada a fs.226/231 en la que la juez "a quo" resolvió rechazar la demanda, imponiéndole las costas al accionante vencido.

En el caso se discute la causa de extinción de la relación laboral que vinculó a las partes, punto sobre el que prevaleció la postura del consorcio demandado que decidió finalizar el vínculo con fundamento en lo normado en el art. 252 LCT, decisión que es cuestionada por el apelante argumentando que no reúne los requisitos exigidos para acceder al beneficio previsional y que, en consecuencia, la decisión de considerar extinguido el vínculo por tal motivo resultó arbitraria y lo hace acreedor a las indemnizaciones pertinentes.

Al respecto cabe señalar que la demandada consideró la posibilidad de que el dependiente accediera a la prestación previsional por edad avanzada, dado que reúne las exigencias contenidas en el art. 34 bis de la ley 24.241, pero soslayó que la facultad otorgada al empleador por el art. 252 LCT ha sido reglamentada por el decreto reglamentario 679/95, limitándola al supuesto en el que el trabajador reuniere los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal (P.B.U.).

En relación con este beneficio el art.19 de la ley 24.241 exige, además de la edad, que se ".acrediten 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad", requisito que no encuentro cumplido en autos y que, según las constancias de la causa, la empleadora omitió valorar al momento de poner fin al vínculo.

Esta situación revela que, como afirma el apelante, el despido fue arbitrario y da lugar a las indemnizaciones reclamadas por las sumas de $24.917,88 en concepto de indemnización por antigüedad y $5.750,28 en concepto de preaviso (fs.17), lo que arroja el monto total de $30.668,16 al que no corresponde adicionar el rubro integración del mes de despido puesto que, contrariamente a lo sostenido a fs.236, el régimen de la ley 12.981 establece un sistema de reparación propio y específico que, para la actividad que regula, sustituye al previsto en la regulación general contenida en la LCT.

También se queja el accionante por el rechazo del rubro diferencias salariales por horas extras (fs.236/238) pues, según afirma, quedó acreditado que retiraba la basura del consorcio a las 20hs. del día domingo (fs.229vta.) y que debía prender y apagar las luces del edificio, pero a mi juicio estos extremos no permiten tener por acreditado el exceso en la jornada máxima legal en la medida informada en el escrito de inicio, por lo que este punto de la sentencia cuestionada debe ser confirmado.

El rechazo del rubro haberes de mayo de 2008 fue decidido por su insuficiente introducción en el escrito de inicio (fs.230) y los agravios expresados al respecto (fs.238) deben ser, a mi juicio, desestimados puesto que no reúnen las exigencias contenidas en el art. 116 de la ley 18.345 y, además, incluyen la integración del mes de despido que, como ha quedado expuesto, no es procedente en la causa.

Por las razones expresadas, propongo que se revoque la sentencia de primera instancia y que se haga lugar al reclamo de los rubros indemnización por antigüedad y preaviso por la suma total de $30.668,16 con más intereses calculados por aplicación de la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (Acta CNAT 2357/02 y Res. CNAT nº8/02), desde que cada suma es debida hasta que se haga efectivo el pago.

Atento la solución que propongo deberá dejarse sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art.279CPCCN) y, dado que la parte demandada ha resultado vencida en lo principal del reclamo y que la distribución de las costas debe establecerse con criterio jurídico, corresponde imponerlas a la accionada en ambas instancias (art.68CPCCN) y, a tales efectos, regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, por su actuación en ambas instancias, y los del perito contador en el 20%, 14% y 6% respectivamente, porcentajes que se calcularán sobre el monto total de condena (capital e intereses).

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda por la suma de $30.668,16 con más intereses calculados por aplicación de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (Acta CNAT 2357/02 y Res. CNAT nº8/02) desde que cada suma es debida hasta que se haga efectivo el pago; II) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios; III) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada y IV) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, por su actuación en ambas instancias, y del perito contador en el 20%, 14% y 6%, respectivamente, porcentajes que se calcularán sobre el monto total de condena (capital e intereses). Regístrese, notifíquese y vuelvan.

bg	LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA	JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID	JUEZ DE CAMARA