Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-11


Salta, 11 de febrero de 2011.

Y VISTOS: Estos autos: "CISNERO, Ambrosio Felix SARMIENTO, Ponciano vs. AGROPECUARIA CERVERA S.A. - Interdicto de Retener" Expte. N° 152.739/06 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 9ª Nominación y CAM 272.276/9 de la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y C O N S I D E R A N D O 1) La parte demandada, sostiene a fs. 648/653 los recursos de apelación directa que le fueran concedidos respecto de los proveídos de fs. 448 (que dejó sin efecto la posesión del perito calígrafo) y de fs. 463 (que hace extensivo lo resuelto a fs. 396 a la prueba ofrecida a fs. 324). Luego de relatar los antecedentes de la causa -de la que afirma que está plagada de irregularidades, anomalías y errores judiciales lo que trajo como consecuencia la privación a su parte de la posibilidad de producir prueba alguna en un proceso que hasta la fecha y luego de cuatro años, no se ha contestado la demanda, señala y trae a cita antecedentes jurisprudenciales de nuestro mas alto tribunal respecto de la doctrina que admite la apelación en aquellos casos que, pese la prohibición normativa, su denegatoria importa un obstáculo al ejercicio de la defensa en juicio y el debido proceso. Al agraviarse en concreto en el punto III, lo hace respecto de la revocatoria oficiosa de una providencia anterior notificada a las partes y la revisión oficiosa y decisión en sentido opuesto de una cuestión ya decidida y firme. De allí que el juez, en un ingente esfuerzo interpretativo, hace extensivo el contenido de la resolución de fs. 397 y su aclaratoria de fs. 436, a la prueba pericial ofrecida a fs. 324 y la deja sin efecto. Advierte que contra la sentencia de fs. 436, la contraria no dedujo recurso alguno, quedando en consecuencia firme y consentida. Continua y señala que el decreto dictado a fs. 327, que justamente señala que la designación del perito calígrafo proviene de un ofrecimiento posterior al de fs. 201, no solo fue consentido por las partes sino que se comenzó a ejecutar con lo que se designó y posesionó el Lic. Córdoba como perito calígrafo. Que art. 238 del CPCC solo permite revocar una providencia de oficio si no ha sido notificada a las partes. Concluye que debe ordenarse la continuación de la prueba pericial caligráfica ordenada en autos porque lo contrario implicaría la violación de los principios del debido proceso y defensa en juicio.

La parte actora, a fs. 655/657, contesta el traslado del memorial y solicita se mantenga la resolución apelada por las razones que expone y que centra en la inapelabilidad de todas las resoluciones que no sean la definitiva cuando el proceso es sumarisimo. 2) Esta Sala, desde su precedente del año 1983 (in re: Moyano vs. Barreiro, fs. 413)), ha sostenido que la reglamentación dispuesta en el código procesal para el juicio sumarísimo o verbal (arts. 498 a 508), ha previsto la apelabilidad de la sentencia definitiva, lo que induce a pensar que solo ella es recurrible ante la celeridad buscada en el mismo, llevando al legislador a reducir a lo indispensable su trámite y términos (Id. año 1995, fs. 861; año 2000, fs. 629; año 2004, fs. 1777).

En autos, evidentemente la sumariedad y celeridad perseguida por la ley adjetiva, la rapidez en grado superlativo buscada en el procedimiento sumarisimo (como su nombre lo indica) que impone la estrictez en la concesión del recurso de apelación, se ha visto desvirtuada ante las numerosas incidencias planteadas y la postergación hasta la fecha, de la celebración de la audiencia que prevé el art. 503, ante los sucesivos cuartos intermedio dispuestos en la causa (fs. 62, fs. 217/218, fs. 336 y fs. 396), lo que trajo como consecuencia que hoy, aun no se ha trabado la litis, pese que la demanda ha sido interpuesta con fecha 27 de diciembre de 2005 (cargo de fs. 56 vta.).

Esta circunstancia muestra que el procedimiento sumarísimo propio del interdicto ha sido totalmente distorsionado en esta causa. Ello al punto que el expediente ha cumplido 5 años desde la demanda (27/12/05) y la audiencia prevista en el artículo 503, no ha tenido lugar aún. Lo cual lleva al tribunal ejerciendo las facultades y deberes establecidos en el artículo 36 inciso 1º, del código procesal, de encauzar el procedimiento aplicando la norma correspondiente. Desde este punto de vista entonces corresponde declarar mal concedidos los recursos interpuestos contra las providencias de fs. 448 y 463 por aplicación del artículo 508 del código procesal citado.

Por otra parte, corresponde también recordar a las partes y al tribunal de origen en orden al espíritu que informa a las normas que reglan el procedimiento sumarísimo y en especial el de los interdictos, en los cuales no se discute para nada la propiedad o el dominio, sino el hecho mismo de la posesión o tenencia y si existen o no actos que la turben. Sabido es que los interdictos son medidas policiales, cuya finalidad consiste en evitar la violencia y el hacerse justicia por mano propia. Con ellos se persigue mantener una situación de hecho, hasta tanto se resuelva el derecho mediante las acciones pertinentes. En el interdicto no corresponde hacer ninguna consideración al derecho o mejor derecho que tengan las partes en litigio, porque ello no interesa. Por consiguiente, la celeridad y las restricciones a facultades procesales, en comparación a los otros tipos de procesos de conocimiento -ordinarios y sumarios, no puede generar agravios irreparables, esto es, que no puedan subsanarse o en el mismo proceso sumarísimo, o en el de mayor amplitud de conocimiento en el que discutan el derecho que invoquen. Lo cual, impide apartarse del principio de inapelabilidad de las resoluciones dictadas en la instrucción del proceso que surge del indicado artículo 508 del código procesal.

3) En cuanto a las costas, dada la particular tramitación de la causa y el procedimiento impuesto a este proceso sumarísimo, tanto por las partes como por el tribunal, lo que pudo crear en el ánimo del apelante la convicción acerca del derecho invocado respecto de la apelabilidad de las cuestiones planteadas, la sala estima adecuado al caso, su imposición por el orden causado. Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES C. y C.

DECLARA MAL CONCEDIDOS los recursos interpuestos a fs. 464 y fs. 468. Con costas por el orden.

REGÍSTRESE, Notifíquese y Baje.