Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-28


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 28 días del mes de octubre del año dos mil ocho, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y José Luis Pasutti, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "Provincia del Chubut s/ Queja por Recurso denegado en autos: Pcia. del Chubut c/ E. , D. A. (Legajo Nro 2040/07-Carpeta Judicial Nº 110/07)" (expediente N° 20160 - P - Folio 44 - Año 2007).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fs. 40: Pfleger, Panizzi y Pasutti.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Ha concitado la atención de esta Sala la impugnación extraordinaria deducida por el Fiscal General, doctor Martín Eduardo Zacchino y la Funcionaria de Fiscalía, doctora Fernanda Révori, en desmedro de la decisión de la Cámara de Apelación del Noroeste con asiento en la ciudad de Esquel dictada el 11 de septiembre de 2007, registrada con el número 09/07, que declaró bien denegada la impugnación a la concesión de la suspensión del juicio a prueba en el caso, conforme se resolviera en la instancia precedente.

La "a quo", en el interlocutorio aludido, decidió en aquel sentido aplicando el artículo 370 del Código Procesal Penal vigente (Ley 5478).

II. Los recurrentes en su presentación efectuaron un relato de cómo el Ministerio Fiscal se quejó acerca de la resolución del Juez Penal pese a su entender desfavorable y sostuvo que aquél poseía carácter vinculante, remitiéndose a los fundamentos dados por el funcionario a cargo de la titularidad de la acción penal en el dictamen otorgado en la audiencia.

Afirmaron que la atacada irrogó al Ministerio Público un gravamen irreparable toda vez que puso fin al proceso vedando el tratamiento de las cuestiones planteadas desde el inicio, por las vías impugnativas intentadas, que pusieron foco sobre una resolución jurisdiccional mediante un procedimiento que consideró contrario a derecho pues padeció del defecto de la inobservancia de la norma penal sustantiva y de la ley formal, tema que lo transformó en un acto jurisdiccional inválido que afectó con gravedad la función del Ministerio Fiscal y su derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas.

Admitiendo que la decisión atacada por ellos, no es recurrible conforme los lineamientos de los artículos 370, 49 y siguientes del C.P.P. pusieron de relieve que la vía impugnativa que intentaron fue enfocada en otro sentido.

Entendieron que la resolución dictada en la audiencia del 29 de agosto de 2007, fue el resultado de un procedimiento defectuoso y con inobservancia tanto de la norma penal aplicada (art. 76 bis del C.P.) como de las formas, las que fueron detalladamente señaladas: falta de resolución sobre la reparación del daño, apartamiento de la oposición clara y fundada del órgano acusador, apartamiento de la oposición de las víctimas presentes, y exceso de las facultades jurisdiccionales al aplicar como regla de conducta una inhabilitación especial de ocho años.

Afirmaron que es por ello que interpretaron que el rechazo "in limine" de la impugnación deducida contra esa resolución de carácter definitivo y la ulterior resolución de la CANO que la tiene por bien denegada sobre la base de lo prescripto en el art. 370 del C.P.P. es, en su juicio incorrecta, pues pretendían que se declarara su nulidad.

Denunciaron que no hubo en el caso ni siquiera una propuesta de reparación del daño causado, disponiendo que esa cuestión directamente sea dirimida en el fuero civil.

Llamaron la atención sobre el alcance del consentimiento fiscal en el funcionamiento del instituto en cuestión y sobre la función jurisdiccional que se debió limitar sólo a efectuar un control de razonabilidad, pero de ningún modo permitir que el Juez, ilegalmente, impusiera su criterio de oportunidad por encima del juicio emitido por el Fiscal.

Pusieron de relieve, también, que el Juez no tuvo en cuenta la oposición expresa de las víctimas, la que fue desestimada con los mismos argumentos utilizados para apartarse de la opinión del órgano que representaban.

Por último, atacaron el monto de inhabilitación especial impuesto por el Juez, pues entendieron que nunca pudo ser mayor de tres años.

Culminaron peticionando se otorgara tratamiento legal a la resolución atacada, ajustándola a derecho.

III. Examinado el auto interlocutorio en crisis advierto que el mismo cumple con las previsiones del Ordenamiento Ritual conforme lo destaca.

En efecto, la resolución que nos convoca, en el segundo párrafo de su motivación, establece expresamente: "...Que sin perjuicio del criterio sostenido por este Cuerpo en los precedentes citados por el quejoso, debemos advertir que conforme se desprende del art. 370 del Código Procesal Penal vigente (Ley 5478), "Las partes, sólo podrán impugnar ...la denegatoria de la aplicación de la suspensión del proceso a prueba...".

Tales fundamentos, que incluyen la cabal interpretación de la manda procesal aludida, prevalecen sobre los intereses esgrimidos por la parte acusadora.

Los argumentos de política criminal a los que los impugnantes aludieron en su crítica, colisionan con la inteligencia de la norma inherente (art. 370 del C.P.P.) que responde -también- a cuestiones de diseño procesal que los legisladores, en su gestación, consideraron con un criterio sistemático y cuyo examen, salvo el control constitucional, se encuentra vedado a esta instancia.

Es principio del Código Procesal Penal vigente el de restringir las posibilidades recursivas, en particular las del Ministerio Fiscal.

Nótese que el postulado general enunciado en el art. 363 ritual encuentra su correlato en el art. 370 ídem el que, amén de enunciar específicamente las decisiones impugnables, veda específicamente el ataque procesal a la "...sentencia absolutoria derivada del veredicto de inocencia pronunciado por el jurado..." (art. 332 último párrafo); esto último, claro está, por la esencia misma de ese decisorio.

Y así prosigue ya que, por caso, se estrechan los márgenes de impugnabilidad del sobreseimiento (art. 371) y se fijan con precisión los límites respecto de la sentencia condenatoria (art. 372) que son mayores que los requeridos para apelar la de absolución (art. 373) En lo que concierne al Ministerio Fiscal, la economía señalada al principio se plasma con claridad en el art. 378, que lo legitima de modo extraordinario y lo embreta a supuestos muy precisos (ver la correlación de esta norma con el art. 371, 373 y 372, citados).

Bajo este orden de cosas, vuelvo a señalar, es que debe observarse el fenómeno y así no puede sino concluirse en el rechazo del recurso extraordinario sin costas, y la consecuente homologación de lo decidido.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I) Los antecedentes del caso y los agravios esgrimidos a fs. 13/22 por la funcionaria de Fiscalía, doctora Fernanda Révori, bajo la supervisión del Fiscal General, doctor Martín Eduardo Zacchino, han sido reseñados con exactitud y prolijidad por el Ministro Pfleger en el voto que antecede. De manera que omitiré toda referencia a ellos, a efectos de no repetir innecesariamente la tarea.

II) Disentiré con la interpretación que, de las normas impuestas por el nuevo ordenamiento adjetivo provincial, llevaron a cabo los titulares de la acción penal en su ataque contra la resolución de la C.A.N.O., motivo por el cual adelanto mi posición coincidente con la de mi colega prevotante.

La resolución que emitió el Juez Criado, con fecha 29 de agosto de 2008, mediante la cual le otorgó a don D. A. E. el beneficio de la probation, no es un decisión impugnable dentro de las reglas que la Ley 5478 impuso para el proceso penal provincial.

El artículo 370 detalla las sentencias recurribles, las que allí no se encuentran enumeradas quedan fuera del ámbito de impugnación de las partes. No debe olvidarse, además, que para el caso de recurso del Ministerio Público Fiscal la materia recursiva debe juzgarse con estrictez; es decir, ajustado enteramente a la necesidad o a la ley y no admite interpretación.

La decisión de los jueces de otorgar a los imputados la suspensión del juicio a prueba, no fue considerada por el legislador como una resolución refutable, y les quitó a los intervinientes en el proceso tal facultad, al omitir incluirla como un fallo impugnable.

El artículo 363 del código ritual que establece el principio general para el control de las decisiones jurisdiccionales cerciora lo expuesto.

Para que la nulidad impetrada por los impugnantes hubiese tenido acogida por la C.A.N.O., la resolución atacada debía ser recurrible, razón más que suficiente para que el a quo desechara legítimamente, y sin analizar la cuestión de fondo planteada, el remedio intentado.

El artículo 378 de la Ley 5478 establece en forma taxativa los escasos supuestos en los cuales el Fiscal se encuentra legitimado para deducir una impugnación extraordinaria, en concordancia con la sistemática del código de limitar las facultades recursivas.

III) Por lo expuesto, concuerdo con el Juez Pfleger en rechazar la impugnación extraordinaria deducida por los titulares de la acción penal a fs. 13/22, sin costas, y confirmar la resolución N° 09/07 de la Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, cosida a fs. 11 de autos.

Así voto.

El Juez José Luis Pasutti dijo:

I. En atención a lo normado por el último párrafo del artículo 25 del Código Procesal Penal -Ley 5478- procederé a emitir mi sufragio, en el que omitiré toda referencia a los antecedentes del caso y los agravios esgrimidos por el recurrente, remitiéndome para ello a la síntesis que realizó el Juez Pfleger.

Luego de examinar las cuestiones traídas a revisión adelanto mi posición coincidente con la solución que los magistrados preopinantes dieron al caso.

La letra de la ley es muy clara cuando menciona las resoluciones susceptibles de impugnación -art. 373-, como así también el criterio restrictivo adoptado respecto de las impugnaciones del Ministerio Público Fiscal -art. 378-.

Si lo que se ataca es la concesión de la suspensión del juicio a prueba, el rechazo de la impugnación es legítimo por no ser esta resolución una de las enumeradas en el artículo 370.

En cuanto al acierto o desacierto de la decisión del Juez Penal, reitero, el principio general contenido en el ordenamiento adjetivo, y la legitimación extraordinaria otorgada al Ministerio Público Fiscal para recurrir decisiones judiciales, impide que en esta instancia se revisen cualquiera de las cuestiones relacionadas con el tema en estudio.

Siendo ello así deberá rechazarse la impugnación extraordinaria deducida por el Ministerio Público Fiscal, sin costas y confirmarse la resolución nro. 09/07 de la Cámara de Apelaciones de la ciudad Esquel.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A ----------------- 1º) Rechazar el recurso extraordinario deducido a fs. 13/22 por los representantes del Ministerio Público Fiscal, sin costas (artículo 70 del Código Procesal Penal).

2º) Confirmar la resolución N° 09/07 dictada por la Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, cosida a fs. 11 de autos (artículo 386 del Código Procesal Penal).

3°) Protocolícese y notifíquese.