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Régimen penal cambiario, liquidación de divisas, exportaciones, prueba
Materia: PENAL
Carátula: COMPESCA S.A. s/ Régimen Penal Cambiario Causa Nro. 31127.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-30

1-Las afirmaciones de no haber podido percibir el valor de la mercadería por incumplimiento de los importadores extranjeros, se encuentra muy poco circunstanciada y no resulta suficiente para excusar del no ingreso de las divisas. El único elemento corroborante del descargo es la carta de una empresa extranjera en la que se refiere a la gestión de cobro encomendado por el exportador argentino en donde se alude a dificultades y complicaciones para obtener los pagos sin que quede en claro cuáles fueron las razones de que así sea, ni tampoco se contempla la posibilidad del cobro compulsivo. (Del voto del Dr. Hendler).- 2-La presunción de que la omisión del ingreso de divisas provenientes de varias exportaciones es demostrativa de una indebida negociación de cambios se mantiene firme, no sólo por la regla legal de la interpretación de los negocios comerciales que supone que estos son siempre onerosos (art. 218, inc. 5 Código de Comercio), sino por una razonable inferencia de la experiencia y el sentido común que indica que nadie está dispuesto a renunciar al valor de sus bienes tan fácilmente como se sostiene que ha ocurrido. (Del voto del Dr.

Hendler).
Prisión preventiva, robo calificado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ibiris Julio Gabriel y otro s/ Robo agravado en grado de tentativa (Incidente de prisión preventiva)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-06-18

La prisión preventiva se encuentra regulada en nuestro digesto procesal como un juicio de mérito sobre la probable culpabilidad del imputado. En este sentido, aparece como una condición esencial para la imposición de tal medida un grado suficiente de verosimilitud para estimar que existe el delito atribuido y que el acusado es punible como participe. La conceptualización del art. 281, que determina la prisión preventiva cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado. En el sub lite esta medida se dictó a requerimiento del Ministerio Fiscal, y el hecho imputado de robo agravado impide la condena de ejecución condicional. Si bien es cierto que corresponde al Estado demostrar la existencia de peligros que justifiquen la limitación o restricción a la libertad del imputado, ello se consagra con la presunción de que tales peligros concurren toda vez que la amenaza penal exceda cierto límite. Este peligro es objetivamente presumido, cuando se estime prima facie que en caso de condena ésta será de cumplimiento efectivo como es el caso en sub examen, que cae bajo las disposiciones del art. 281, inc. 1 del Código Procesal.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, Colegio Público de Abogados, sanciones disciplinarias, prescripción, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: COLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO c/ VICO GIMENA, NESTOR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-02

El fallo no satisface la exigencia de fundamentación suficiente derivada del artículo 95 de la Constitución provincial, por cuanto, más allá de la discusión acerca de si las normas de derecho penal -y en particular, las que regulan la prescripción de la acción- son aplicables al régimen disciplinario del Colegio de Abogados y si en caso afirmativo las disposiciones de la ley 25990 resultan más benignas que la regulación de la materia por la Ley Orgánica, lo cierto es que de todos modos, la solución que se adopte debe estar adecuadamente fundada, lo que no se advierte cumplimentado en la especie, ya que si bien los Magistrados juzgaron aplicable la norma penal y entendieron que la reforma introducida por la ley 25990 al artículo 67 del Código Penal resultaba más benigna, no han expuesto suficientemente las razones de tal conclusión, advirtiéndose cierta desconexión en la argumentación desarrollada.

Es que, cualquiera sea la ley que se considere aplicable, al dictado del sobreseimiento por prescripción de la acción debe precederle necesariamente un análisis consistente, por un lado, en verificar que haya transcurrido el plazo legal de prescripción previsto y por el otro, que durante éste no se haya configurado ninguno de los actos con eficacia interruptiva del término según la normativa correspondiente.

Y además, en caso de que se estime que exista alguna causal interruptiva, indicar concretamente cuál sería, a los fines de permitir un adecuado entendimiento -y eventual cuestionamiento- del razonamiento efectuado, argumentación que no está presente en la resolución impugnada.
Acción indemnizatoria, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTADO PROVINCIAL c/ CEMYC S.R.L. s/ ACCION DE LESIVIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-09-06

No ocurre lo mismo respecto de la acumulada pretensión resarcitoria, toda vez que el juzgamiento de este extremo del objeto procesal propuesto se encuentra marginado de la competencia material en lo contencioso-administrativo atribuida a este Superior Tribunal, excede el restringido marco asignado por la ley a la acción declarativa de lesividad y configura uno de los supuestos explícitamente excluidos de la materia regida por el Cód. Proc. Administrativo, según emerge de los dispositivos de los arts. 2 y 3, incs. c) y e) -in fine-, de dicho cuerpo legal adjetivo.
Doctrina de los actos propios, buena fe
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CANTERO, OSCAR RUBEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- INCIDENTE  DE APREMIO POR HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 417 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-10

La 'teoría de los actos propios' es una manifestación del "principio de la buena fe" y tiene su fundamento normativo positivo en los artículos 1071 y 1198 del Código Civil y, por lo tanto, integra el derecho positivo. Y sabido es que el derecho no ampara comportamientos reñidos con la buena fe.

Por ello es que el más Alto Tribunal del país sostiene que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberadamente cumplida, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, porque es dable exigir a los participantes en un acuerdo de voluntades un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, debiendo desestimarse toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a actos anteriores- se ha suscitado en la otra parte.
Procedimiento laboral, recurso de queja (procesal), fianza, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Humerez, Catalina José c/ Plataforma Cero SA y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-13

Cabe confirmar el pronunciamiento de primera instancia referido al pedido de la demandada de que se disponga una "fianza real" con carácter previo a la entrega del monto de condena por ella depositado a los fines de garantizar su eventual reintegro en el supuesto caso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga lugar al recurso de queja por ella interpuesto. Ello así, toda vez que el art. 285 CPCCN último párrafo expresamente dispone que hasta tanto la Corte no haga lugar a la queja no se suspende el curso del proceso.
Procedencia del recurso, prueba crítica, recurso de casación, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Gomez Ambrosio. c/ Calzada, Oscar y Capelli, Felipe. s/ Inaplicabilidad de ley. Admisibilidad. Brouard  (Incidente de Nulidad en autos: "Domínguez Donald c/Romero y Olivera). s/ Recurso  de  Casación. Fundamentación. Doctrina de los Propios Actos. Gómez, Reinaldo. c/ Cooperativa de Electricidad Bariloche. s/ Daños  y  Perjuicios.  Inaplicabilidad  de  Ley. Cuestiones de Hecho.  Daño Moral. Castro, Enrique Mario c/ Perner SA. s/ COBRO DE PESOS S/ CASACIóN. Los Alpatacos SCC. c/ García Salguero, Roberto H. s/ SUMARIO S/CASACIóN Escuela de Sky Catedral c/ Relax Tour S.A. s/ ORDINARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-11-07|1986-10-14|1987-12-21|1988-04-19|1989-06-23|1990-11-08

Para fundar el recurso de inaplicabilidad de ley, no es suficiente sostener que no se evaluó determinada prueba, sólo señalándola, sino que es menester rebatir pormenorizadamente el razonamiento probatorio del fallo adverso, criticando su estimación de los hechos y demostrando que la inclusión del elemento faltante aparejaría necesariamente el derrumbe de la estructura lógica del fallo.
Demanda, poder, obligaciones solidarias
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Quintana, Oscar Andrés c/ Jugos Chaco S.R.L. y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-03-21

Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo que condena conjuntamente a la sociedad denominada y a los socios integrantes de la misma. Ello así, porque no resulta sustento adecuado para extender la condena a las personas físicas (socios), la sola aseveración de que las mismas, en forma previa a la constitución de la sociedad demandada, hubieran integrado una sociedad de hecho propietaria de la empresa, que con el nombre de fantasía: Jugos Chaco, tenía por objeto la elaboración y venta de jugos. La sentenciante debió haberse ajustado a los términos de la demanda, no solo en cuento al objeto de la causa, sino también a la persona demandada, ya que como se ha visto, a los Jueces les está vedado apartarse de la relación procesal entablada. Si la sentencia únicamente puede afectar a quienes hubieren intervenido en el proceso en calidad de partes y gozado de las debidas garantías de defensas, ello no acontece en la especie con las citadas personas físicas, toda vez que en ningún momento fueron traídas a juicio, precisamente por no haber sido demandadas.

El mandato que otorga el actor a sus apoderados letrados circunscribe, la facultad de accionar contra la firma demandada.
Sociedad de hecho, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ceballos, Paula Daniela c/ Godoy, María Antonia y otras s/ Disolución
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-05-16

Si la actora notifica por medio fehaciente (carta documento) a sus demás consocios de la sociedad de hecho, su decisión de disolver la sociedad, a partir de la recepción de ésta, las destinatarias contaban con el plazo legal de diez días para oponer su decisión de regularización.

No es fundamental una reunión de socios a tal efecto, pero si resulta indispensable que se haga conocer fehacientemente a la otra parte la dirección de los votos de la mayoría de los componentes de la sociedad, y se lo haga dentro del término legal de los diez días, para evitar la disolución solicitada oportunamente por la actora, de conformidad al art. 22, 2da. parte, Ley 19550.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Spreafiche, Marcos Carlos c/ Bodegas y Viñedos Giol y otros s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Todas las palabras que integran el sistema jurídico traducen conceptos, cuyos contenidos frecuentemente no están dados por el propio sistema, aunque éste los convierte en conceptos jurídicos.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hurto con llave o ganzúa, cosas en el automotor, llave falsa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Fernández, Gustavo E. s/ Causa 32.729
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-29

La apertura del capot del vehículo a fin de sustraer de su interior una rueda, no encuadra en la agravante del art. 163, inc. 3), C.P., pues dicha norma legal exige que la llave falsa, ganzúa o instrumento similar sea utilizada para penetrar al lugar donde se encuentra la cosa, no pudiendo ser considerado como recinto el cofre del vehículo.
Enfermedad profesional, relación de causalidad, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: MOLINA, FERNANDO c/ P.A.S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEMANDA INFORTUNIO LABORAL  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 459 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-05

La acción por la vía del derecho común lo que no contempla es el principio de la indiferencia de la concausa; antes bien, ésta debe ser valorada en su real magnitud, pues el empleador está obligado a responder por la parte del daño provocado por el riesgo o vicio de la cosa de su propiedad exclusivamente o por su actuar negligente. Por ende, ningún desvío puede achacarse al órgano jurisdiccional en cuanto ponderó, a tenor del dictamen pericial médico, la medida en que la dolencia era atribuible al trabajo desempeñado en la empresa para la fijación del resarcimiento en el marco de la normativa civil.
Proceso judicial, procesos de conocimiento, acción meramente declarativa, impuestos
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: "Banco  de  Corrientes  S.A.  -Inc.  Med. c/ E.N. -AFIP D.G.I. Ley24.073 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-13

El procedimiento declarativo reglado por el art. 322 del C.P.C.C.N. no excluye necesariamente el cobro compulsivo que la demandada estaría habilitada a intentar por las vías procesales que considere pertinentes.
Concursos, cuestiones prejudiciales, actos jurídicos, cesación de pagos, acción revocatoria, estado de insolvencia, apreciación de la prueba, presunciones
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Birman, Marcos c/  s/ quiebra c/birman marcos y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-18

Si el tercero conoce el estado de insolvencia -como ocurre en el caso-, para liberarse de la declaración de ineficacia debe probar que el acto no causó perjuicio al patrimonio del insolvente. De allí que la norma de la LCQ 119 establezca que los actos "podrán ser declarados ineficaces", a diferencia de la LCQ 118, que declara que "son ineficaces" los supuestos allí citados. Se ha expresado en este orden de ideas que la falta de perjuicio constituye un ingrediente importante que deber ser tenido en cuenta junto con otros vinculados con el conocimiento de la cesación de pagos, entre los cuales -además del fraudese encuentran la culpa, la lesión o desproporción de las prestaciones y el precio vil (cfr. Dayenoff, David, "Acción revocatoria concursal (art. 123, ley de concursos. Enfoque jurídico y jurisprudencial)", LL, 1986- B-757). Para que no exista perjuicio, el patrimonio del fallido debe ser suficiente para atender al pago de los créditos, extremo éste que no se verifica en la especie de acuerdo con las constancias incorporadas al proceso falencial. A lo que se adiciona que no fueron acompañados a la causa elementos probatorios conducentes a los fines de acreditar el efectivo ingreso y destino de la totalidad de los fondos recibidos como contraprestación por la compraventa del inmueble.
Intimación a jubilarse, medida de no innovar
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: M.,M.M. c/ Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-05

Corresponde desestimar la medida de no innovar tendiente a suspender los efectos de la intimación a realizar los trámites jubilatorios cursados por el accionado en los términos del artículo 252 LCT, pues la medida no solo afecta lo que es materia de la litis (la legitimidad de la intimación) sino también la posibilidad de despedir por cualquier causa o, incluso, de aplicar cualquier forma de ejercicio del poder disciplinario (del voto en disidencia del Dr. Arias Gibert).
Elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, lista de precandidatos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Lista Lealtad y Dignidad c/  s/ Elecciones primarias - Apela resolución n° 12 de la Junta Electoral del Frente Justicialista
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-11

Corresponde autorizar la lista de precandidatos a diputados y senadores nacionales del partido político que no había sido oficializada por la junta electoral por incumplimiento en la presentación de los avales requeridos para competir en las próximas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), dado que la agrupación reclamante, al cumplir con la intimación efectuada por la referida junta, acompañó un soporte digital que contiene los avales correspondientes y si bien no deben pasarse por alto los reparos expuestos por el órgano partidario, la lista apelante, al momento de interponer el recurso, acompañó nuevamente todos los elementos que cumplen en su totalidad con lo dispuesto en las normativas referentes a los avales y que fueron oportunamente presentados.
Mandato comercial, responsabilidad del mandatario, mora, retención indebida
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHULIVERT, JOSE MARIA c/ PERNAS Y CIA. MARTILLEROS PUBLICOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

El mandatario es responsable de cualquier daño que ocasione al mandante por su negligencia en la ejecución del encargo y, en particular, por omitir informar al mandante sobre la imposibilidad de cumplir sus instrucciones o por no haber adoptado las medidas conservatorias sobre los bienes confiados (arts. 1904, 1909, 1911, 1913 y 1916 Cód. Civ.).

Se ha sostenido que el mandatario no debe intereses sino desde la constitución en mora y que sólo cabe prescindir de la interpelación cuando aplicó los fondos en provecho propio, siendo este último extremo una carga probatoria para el mandante, pues la mera retención de los recurrentes dinerarios no implica "per se" que los haya empleado en su propio beneficio. Sin embargo este (art.

1913 Cód. Civ.) es un supuesto específico de mora legal en el que no es necesaria la interpelación y en el que cabe presumir, conforme el corriente y normal acontecer de los hechos, que el mandatario que ha retenido indebidamente dineros del mandante, sabiendo o debiendo saber que no es posible el cumplimiento de sus instrucciones, resulta responsable del daño ocasionado por su extemporánea restitución.

Así debe ser entendido, habida cuenta que el dinero constituye un bien fructífero por naturaleza y no es verosímil estimar, en una época como la actual que se caracteriza por el dinamismo económico y patrimonial y la crónica inflación monetaria que los capitales y recursos financieros permanezcan estáticos. Precisamente lo contrario se impone presumir -"de lo qued plerumque fit"- puesto que lo normal es que quien cuenta con fondos en su poder, actúe de modo que aquéllos rindan beneficios, ya sea empleándolos en el giro de sus negocios o invirtiéndolos en operaciones financieras o especulativas en provecho propio.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, iura novit curia, medidas cautelares, embargo, pago, depreciación monetaria, actualización monetaria, tercero adquirente de buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PINELLO DE MARTINEZ, JUANA BEATRIZ c/ FERLONI, CAMILO s/ DESALOJO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 164-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-25

No obstante que el recurrente encuadra su impugnación extraordinaria en el supuesto previsto por el inciso 1 de la ley 7055, es evidente que todo su esfuerzo doctrinario y dialéctico -tal como surge del memorial introductorio- apunta a la arbitraria interpretación que -a su juicio- efectuara la sala, del artículo 400 de la ley orgánica de tribunales o artículo 20 de la ley 6435 y que resultaría lesiva a su derecho de propiedad, por lo que, en virtud del principio iura novit curia, cabe reducir el ámbito de impugnación al supuesto del inciso 3 del citado artículo esto es "violación del derecho a la jurisdicción"; resultando en ese sentido los fundamentos del recurso prima facie, idóneos a los efectos de la admisibilidad.

En el caso, el impugnante cuestiona la decisión de la sala que aceptó que el tercer adquirente de un inmueble embargado se libere dando en pago la suma nominal embargada sin tener en cuenta la depreciación monetaria sufrida desde el momento del embargo o desde la adquisición y el del efectivo pago.
Medida cautelar innovativa, levantamiento de medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: THE COCA COLA COMPANY Y OTROS s/ MEDIDAS    CAUTELARES.  INCIDENTE  PEDIDO  LEVANTAMIENTO  DE  MEDIDA  CAUTELAR SOLICITADA POR DAVID RATTO BBDO. SA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

Aún cuando la incidentista no dedujo el recurso de reposición que prevé el art. 198 del C.Procesal, contra la resolución de esta Sala que decretó la cautelar innovativa, extremo que, según importante doctrina, vedaría la promoción de este incidente, el Tribunal estima que tratándose de una medida cautelar decidida derechamente en segunda instancia es pertinente seguir un criterio amplio en la admisión de los planteamientos enderezados a cuestionar la medida, que, por la naturaleza del trámite, no pudieron ser propuestos en segunda instancia; solución ésta que parece adecuarse mejor, superando ápices procesales, a un escrupuloso respecto del derecho de defensa en juicio garantizado constitucionalmente, art. 18 de la Ley Fundamental.
Daño moral, accidente de tránsito, principio de congruencia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Toro Morales, Raúl Javier  c/ Indalo S. A.  s/ d. y p. x uso autom. c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-24

Cuando nos encontramos ante una deuda de valor cuyo objeto no es el dinero sino -justamente- un determinado valor, utilidad o ventaja patrimonial, que debe el deudor al acreedor y que, en definitiva, se satisfará con una suma de signos monetarios destinada a cubrir ese "valor debido". Frente al fenómeno inflacionario, las deudas de valor son "sensibles" a las variaciones u oscilaciones que experimenta el signo monetario. Esto es así, porque la traducción en dinero de ese "valor", se efectúa en un momento posterior al del origen del daño, la fijación de la indemnización debe realizarse a valores actuales. En el caso de autos, donde se demanda la reparación de daños y perjuicios, los valores a considerar no deben ser los históricos del momento de la ocurrencia del hecho, sino los propios del momento de la sentencia. Ello no vulnera el principio de congruencia. (del voto de la Dra. Cecilia Pamphile, en minoría parcial).
Derecho procesal, prueba pericial, dictamen pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: PELUC DE LARGACHA, MIRNA H. c/ PROV. DE SAN JUAN s/ EXPROPIACION INVERSA-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-29

"es facultad del tribunal examinar y aun desechar los dictámenes periciales, aunque las partes no los hubiesen impugnado. El hecho de que las partes no hayan impugnado un informe pericial, no es razón para que sus conclusiones sean aceptadas por la justicia, puesto que ello importaría erigir al perito en juez. El dictamen pericial constituye un elemento de juicio que le magistrado debe apreciar con prescindencia de toda sugerencia de partes y con sujeción total a su propio valor convictivo. El valor de una pericia será ponderable o no, con la impugnación de parte o sin ella, según el fundamento de sus conclusiones y su cotejo con las restantes probanzas.
Concurso preventivo, apertura del concurso, mesa de dinero
Materia: COMERCIAL
Carátula: GROSSO,  JUAN    C.    Y  REGALINI,  JORGE    I.  (SOCIEDAD DE HECHO) s/ CONCURSO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-20

En tanto la actividad de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros está comprendida por el art. 1 de la ley 21526, y condicionada a la previa autorización del BCRA (art.

7), es evidente que las operaciones que no se ajustan a la ley son ilegales, pues quien las realiza está haciendo lo que la ley prohibe (cn 19).

Corresponde entonces no hacer lugar a la apertura del procedimiento concursal preventivo, ya que lo contrario implicaría el mantenimiento de una actividad ilegal.