marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo simple, robo con escalamiento, prueba, falta de prueba, dictamen pericial
Materia: PENAL
Carátula: Klurfman, C. s/ Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-02

Debe descartarse la calificante de robo por escalamiento (art.

167, inc. 4 del C.P. en función del 163, inc. 4) si no existe en la causa informe pericial que determine la altura que debieron vencer los procesados para ingresar desde un terreno baldío contiguo a través del lugar donde se hallaba un extractor de aire, no siendo al respecto suficiente una vista fotográfica, máxime cuando ni siquiera se preguntó en la indagatoria los obstáculos que debieron vencer al efecto.
Medios de prueba, reconocimiento en sede judicial, fotocopia
Materia: PROCESAL
Carátula: R., O.I. c/ P.A. s/ Demanda Laboral (Prestaciones dinerarias e indemnizaciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-05-24

Carecen de fuerza convictiva las fotocopias no autenticadas y desconocidas.
Servicio público, falta de servicio público, funcionamiento irregular, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad objetiva, responsabilidad del funcionario público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Viento Norte de herederos de Bruno Corsi SRL. c/ Santa Fe, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Quien contrae la obligación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o su ejecución irregular; esta idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del Código Civil.
Procedencia del recurso, querella
Materia: PENAL
Carátula: S., D. R. c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-22

Explicaron los vocales que el procedimiento llevado a cabo por la magistrada, al elevar las actuaciones en consulta, implicó adoptar un temperamento no previsto en la ley y que, en su caso, la jueza podía reasumir la investigación y practicarla para garantizar al querellante el acceso a la jurisdicción.
Cheque sin fondos, concurso preventivo, error de prohibición, convocatoria de acreedores
Materia: PENAL
Carátula: WOLF, MARIO s/ Cheque sin fondos, Causa: 35937.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-12

1 - El hecho de que el banco girado haya pagado algunos valores sin existir fondos suficientes depositados en la cuenta no permite afirmar que la autorización (tácita) para girar en descubierto existiera "sine die" y sin límite de monto alguno. Dicha autorización requiere, de acuerdo a la normativa aplicable, un carácter expreso (Del voto del Dr. Repetto).- 2 - No cabe aceptar por inadmisible la excusa esgrimida por el procesado en cuanto a que no pagó los cheques por consejo de su abogado atento a que se había producido la apertura de un concurso preventivo si la interpelación de pago efectuada por el tenedor se produjo con anterioridad (dos meses, en el caso) a la presentación y apertura del mismo, de donde su conducta no se encuentra amparada por el error de prohibición en que se fundamenta la sentencia absolutoria apelada (Del voto del Dr. Repetto).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concepto de arma, leyes, interpretación de la ley, jurisprudencia
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de  fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

El decreto nro. 395/75 -reglamentario de la Ley Nacional de Armas y Explosivos (Ley Nro. 20.429)- en su art. 3 -destinado a dar las definiciones sobre los elementos técnicos que aborda la ley- en los inc. 1 y 2, se diferencian las armas de fuego en general de las de "lanzamiento", caracterizándose a las segundas como aquellas que lanzan proyectiles autopropulsados.

Además, en el inc. 1 se define al "arma de fuego" como "la que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvora para lanzar un proyectil a distancia", expresión que claramente hace referencia a lo que se llama el "instrumento lanzador", sin vinculación alguna con el "elemento lanzado", el que es abordado separadamente en los incisos 19 y 20 del mismo artículo y decreto bajo la denominación de "cartucho o tiro", o "munición" en el caso de multiplicidad de ellos, los que sí forman un conjunto inseparable compuesto de la vaina, el proyectil, y el elemento propulsante.

Conforme a normas técnicas específicas, entonces, lo que se llama el instrumento lanzador es por sí solo un arma, con total prescindencia del elemento físico para lanzar con el cual fue fabricada.

Además, desde el punto de vista jurídico existe un argumento que -en el fallo "Costas"- utiliza el Dr. Rivarola en su voto: como una especie entre las armas de fuego están las de guerra, cuya simple tenencia y acopio se penaliza en el art. 189 bis. del Cód. Penal, norma que también y en forma independiente penaliza la tenencia o acopio de otros objetos que no son armas, y que la ley denomina "municiones", que no son otra cosa que los objetos lanzados por las armas, lo cual ofrece al análisis total concordancia con las disposiciones del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Armas. (Del Voto Del Dr. Jukic)
Juicio de desalojo, prueba de la posesión
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OVEJERO DE ESPECHE, Noemí c/ OVEJERO, Mario Rolando s/ DESALOJO POR INTRUSOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1989-10-18

Si bien la posesión no es materia propia del desalojo, y no basta para enervar la acción, el juicio de desalojo será improcedente si se justifica "prima facie" la seriedad de la defensa opuesta, de conformidad con las reglas sobre la carga de la prueba. La verosimilitud de la posesión alegada, resulta acreditada, con prueba testimonial, la que no puede cuestionarse en el memorial, de acuerdo al art. 170 del Cód. de Proc. Civil y Comercial.
Derechos humanos, Constitución Nacional, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: DERECHOS HUMANOS-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad -Riveros-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

Si bien la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que impone a la Corte la mayor mesura al ejercer el elevado control de constitucionalidad de las leyes, lo cierto es que a través de la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1002/98, que dispuso el indulto del recurrente, se pretende cumplir con el deber que tiene el Estado de organizar las estructuras del aparato gubernamental a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
Accidente de tránsito, obligaciones del conductor, semáforo
Materia: CIVIL
Carátula: ALFONSO SILVIA c/ LEMOS ALFREDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

La luz verde no releva al conductor del deber de vigilancia y prudencia sobre las vicisitudes del tránsito, sino que simplemente la atenúa.
Concursos, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cipolla Hnos.Soc.de Hecho s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

Los honorarios del mandatario del acreedor, a cuya instancia se propiciara la declaración de quiebra de uno de los integrantes de la sociedad de hecho, que con posterioridad a tal pedido presentara su concurso comercial preventivo, el que culminará con la declaración de falencia por desestimiento de la propuesta concordatoria deben ser establecidos en el marco del propio proceso a que tal solicitud diera lugar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos innominados, medicina prepaga
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ERRICO NESTOR OMAR Y OTRO c/ GALENO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Cabe rechazar la restitución solicitada por el adherente de un servicio de medicina prepaga de las sumas percibidas por la prestadora por el aumento de las cuotas del contrato, por cuanto el pago "sin causa" alegado por el actor es una expresión particular del enriquecimiento indebido (conf. Bueres, A. y Highton, E., Código Civil y normas complementarias- Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2006, t. 2-B, p.

195), no hay pago carente de causa cuando él tuvo lugar con base a un título determinado -en el caso lo es el contrato de prestaciones médicas- del que derivan obligaciones que no han sido declaradas nulas ni inexistentes (conf. Llambías, J., Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, Buenos Aires, 1970, t.

II, ps. 1012/1014, n° 1697).
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, obligaciones de resultado, cirugía estética
Materia: CIVIL
Carátula: CASTRO, Ricardo c/ FALBO, Alberto s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-08

En los casos de cirugía estética o reparadora, la obligación asumida por el médico es de resultado y por lo tanto aquél será responsable de los daños ocasionados si no demuestra caso fortuito o fuerza mayor. Es que la intervención del médico sólo está justificada por la finalidad perseguida de lograr un efecto favorable desde el punto de vista estético. Ello supone que el médico ha pronosticado al cliente ese resultado, pues no otro es el objeto del consentimiento que éste ha prestado.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, derechos y garantías constitucionales, interés superior del niño, procesos de familia
Materia: CIVIL
Carátula: J.C.A. c/ F.G.V. s/ Régimen de Parentalidad - Copias de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2022-02-04

En los procesos de familia, el interés superior el niño es un principio rector que se convierte en pauta interpretativa y de valoración de las normas aplicables. Debe estar presente en primer lugar de toda decisión que afecta al niño.
Competencia, conexidad subjetiva, juez previniente, juicio oral
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez  Cerdeña,  Daniela  Patricia s/ recurso  de  casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-23

La conexidad declarada en la instrucción opera tanto para aquel período, como para el del trámite del juicio, lo que implica la identidad del Tribunal que deberá entender en la última etapa del proceso. (Voto de los Dres. Riggi, Ledesma, Tragant).
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, juicio de desalojo, derecho a la vivienda digna
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CDR y otra s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra CLA y otros sobre desalojo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-05

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad porque la Ciudad no acredita haber llevado a cabo acciones tendientes a cumplir su obligación constitucional de resolver progresivamente una inaplazable situación de pobreza-en la que se ve subsumido el grupo familiar demandado-, para la que no intentó proporcionar soluciones permanentes ni coyunturales hasta el máximo de los recursos disponibles. Es dirimente el hecho de que el GCBA no acreditara -ni procurara hacerlo- haber tomado medidas tendientes a cumplir esa obligación hasta el máximo de los recursos de que dispone. De cara a las obligaciones constitucionalmente asumidas por el Estado local en relación con el derecho a una vivienda adecuada, no es el grupo familiar quien debe acreditar su situación de emergencia habitacional; por el contrario es la autoridad, aquí actora, la que debe justificar su omisión acreditando que empleó el máximo de los recursos disponibles. En estas actuaciones, el GCBA ni siquiera ha intentado probarlo. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Contrato de trabajo, convenios colectivos de trabajo, encuadramiento sindical, trabajadores de la salud, empleados de comercio
Materia: LABORAL
Carátula: Romeo Teresa Elida c/ OMINT S.A. de servicios s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-10

Es aplicable el C.C.T. 99/90 (empleados de la sanidad) a todos los médicos de guardia que se desempeñan en las empresas de emergencia y/o transporte de personas en ambulancia en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, y fue suscripto entre la Cámara de Empresas de Emergencia y Transportes de Personas en Ambulancia y la Federación Médica Gremial. Por ello el personal dependiente de la demandada (OMINT S.A. de Servicios) se encuentra comprendido en el C.C.T. 130/75 de Empleados de Comercio, ya que dicha empresa no presta servicios con ambulancias ni móviles propios, sino que lo hace a través de prestadores.
Empleados públicos, domicilio, traslado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VULLO, MARIA DEL CARMEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 55-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-07-04

La inamovilidad en la residencia de los agentes públicos, como derecho a la estabilidad consagrada constitucionalmente, se refiere al "lugar donde la función o empleo serán ejercidos", y asignar un nuevo lugar donde el agente deba prestar servicios -traslado- implica alterar una situación esencial de la relación de empleo público.
Contrato de trabajo, industria de la construcción, responsabilidad solidaria, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, Pastor c/ Itecna S.A. y otro s/ ley 22250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-26

Fuera del ámbito ceñido a la cesión de un establecimiento o explotación , o la contratación y subcontratación con un tercero de trabajos o servicios correspondientes a la actividad específica de una empresa, que genere una unidad técnica de ejecución entre ambas; no rigen las cargas que el art. 30 L.C.T. impone al cedente o empresario principal, ni la responsabilidad solidaria que de la omisión de esa carga deriva. Esto es así, antes y después de la modificación que a la norma en examen introdujo la ley 24013. La extensión de las cargas en cuestión al ámbito del art. 32 del estatuto de la construcción rige para esta actividad. NO, para empresarios de otras que celebren contratos de locación de obra con empresas constructoras, sólo para éstas, respecto de sus contratistas o subcontratistas.
Propiedad intelectual, derechos de autor, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música
Materia: CIVIL
Carátula: MORALES DE ZALDIVAR, Marta O. c/ EDITORIAL MUSICAL KORNINTERSONG y otros s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-25

La obligación de SADAIC en relación a la percepción de los derechos autorales de sus asociados, no responde a una relación de mandato, en la que el mandante elige libre y voluntariamente a quien habrá de cumplirlo. La actuación del mencionado ente, reposa entonces sobre una representación necesaria, impuesta por la ley, resultando, entonces, la única representación posible, dada la finalidad de la ley al confiar a la sociedad autoral la gestión colectiva del patrimonio artístico de sus representados.
Derecho procesal, excepciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: TECNOGRAFICO S.A. c/ DE LA VEGA, JOSE SEGUNDO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-13

La excepción de efecto legal por vía de la inhabilidad de título, procede cuando el título acompañado no reúne los requisitos enunciados en los artículos 505, 508 y 509 del C.P.C., o cuando quien se presenta como ejecutante no es titular del derecho que invoca, o la persona a quien se ejecuta no es la obligada al pago, o cuando la deuda esta pendiente de plazo o condición.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Neustadt, Enrique Germán c/ Municipalidad de General Alvarado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Corresponde desestimar el reclamo consistente en que se compute como antiguedad el tiempo transcurrido desde que se hizo efectiva la cesantía hasta la reposición en el cargo, pues conforme lo indica la norma reglamentaria de la relación de empleo público municipal (Ord.

312/84) la bonificación por antiguedad se calcula sobre la base de cada año de servicios prestados mientras mantenga el carácter de servicio activo, lo que conduce a afirmar que es el efectivo desempeño del agente lo que se bonifica, supuesto que en el caso de autos no se verifica, ni aún cuando eventualmente se reconozca el derecho a percibir una indemnización compensatoria.
Recurso de casación, hábeas corpus
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Beltrán Flores, Rosemary y otras s/ Hábeas corpus colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-01-05

Es procedente el recurso de casación interpuesto en los términos del art. 456 inc. 2 del CPPN y del art. 7 de la ley de hábeas corpus, pues la Cámara Federal de Casación Penal vino a sustituir a la Cámara Federal como el Superior tribunal de la causa y es actualmente el órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogados en las instancias anteriores.
Recurso extraordinario, tribunal de alzada, abastecimiento, precio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: TIM (Tecnología Integral Médica). s/ LEY 20680 - APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

Es formalmente procedente el recurso extraordinario interpuesto contra la decisión del Juzgado Nacional en lo Penal Económico que confirmó la multa impuesta por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación por contravenir lo dispuesto en el art. 2 de la resolución 1133/84 de la misma secretaría, toda vez que se ha cuestionado la inteligencia de preceptos contenidos en una norma de carácter federal -ley 20.680- y la sentencia recurrida no resulta susceptible de apelación ordinaria ante otro órgano judicial.
Competencia civil, procesos especiales, Poder Judicial, verdad jurídica objetiva, amparo colectivo, principio de publicidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Protección de Consumidores del Mercado Común del Sur-Proconsumer c/ Banco Santander Rio S.A. y otro s/ ordinario (TPM)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-17

Las Asociaciones de Consumidores cuentan con la posibilidad de proponer alternativas de publicidad gratuita o por medios públicos, con igual o mayor alcance a la dispuesta por la instancia de origen. Por otro lado, la parte demandada para cuestionar válidamente lo decidido debe mostrar alternativas a la forma de publicidad ordenada, en lugar de desligarse de la obligación alegando un daño meramente hipotético, o bien asumir el costo de la forma de publicidad por edictos originalmente decidida, opción que podrá válidamente proponer al juez de grado.
Divorcio, asistencia alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: A.M.C. c/ G.N.E. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-21

Procede la pretensión de asistencia alimentaria solicitada por el cónyuge inocente, toda vez que se acreditaron las necesidades de la reclamante, quien carece de obra social y de todo tipo de sustento económico para afrontar gastos asistenciales impostergables y por medicamentos para el tratamiento de la enfermedad que la aqueja.
Jueces, regímenes jubilatorios especiales, jubilación de magistrados, intangibilidad de la remuneración, sistema republicano, independencia del Poder Judicial, división de poderes, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaibisso, César A. y otros c/ Estado Nacional, M. de Justicia. s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

Los otros poderes del Estado carecen de atribuciones para modificar, mediante el ejercicio de sus funciones específicas, las previsiones constitucionales impuestas para asegurar la independencia del Poder Judicial, cuales son la inamovilidad en el cargo y la intangibilidad de las remuneraciones.
Orden de allanamiento, derecho a la intimidad, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PENAL
Carátula: Osuna, Claudio Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-09

Ante el anoticiamiento de la prevención acerca de una persona que tendría en su poder un FAL similar a uno de los sustraídos en el hecho pesquisado, y al corroborarse los lugares y las personas señaladas en la denuncia anónima, la orden emanada de la autoridad judicial disponiendo el allanamiento de la morada sospechada resulta motivada. No afecta el derecho a la intimidad el peritaje efectuado sobre los teléfonos incautados en posesión de los imputados pues su ámbito privado ya había sido invadido, fundadamente, desde la orden de allanamiento de la morada, acto en el cual se secuestraron los celulares. Resulta correcta la calificación legal adoptada en cuanto al concurso delictivo si los comportamientos desplegados constituyeron hechos independientes, toda vez que la privación ilegítima de la libertad no resulta consumida por el robo si de la plataforma fáctica fijada por el a quo se extrae que se extendió en demasía y operó como una circunstancia innecesaria a los efectos de la consumación del robo o bien para posibilitar la impunidad de éste y en tal sentido, el actuar desplegado constituyen hechos independientes, tanto en el ámbito material como en el jurídico. Si no se pudo demostrar la aptitud para el disparo de las armas utilizadas, por aplicación del principio in dubio pro reo debe recalificarse el hecho según el art. 166, inc. 2° in fine CP. La disidencia postuló la absolución del acusado, al no haberse satisfecho las condiciones de garantía frente a injerencias arbitrarias en el campo de protección de los arts. 18 y 19 CN, por entender que no es relevante investigar si las autoridades de prevención, de buena fe, sospechaban que en un inmueble existirían cosas relacionadas con un delito que están investigando o que allí podría estar alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, sino que lo decisivo es examinar si están disponibles elementos objetivos que pudieran fundar una mínima sospecha razonable en ese sentido. (Dres. Yacobucci, Mitchell y García -en disidencia-).
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, facultades discrecionales
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: GALLO HECTOR c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-12

La discrepancia del actor reside en la imposición de la carga de la prueba de sus afirmaciones, acerca de las condiciones gravosas en que realizaba sus tareas y los esfuerzos que le significaba todo ello negado por la empleadora bajo la afirmación de que se trataba de una tarea administrativa, que no le ha significado esfuerzo físico o desgaste alguno. La Sala a quo ha llegado a la conclusión de que dichas conclusiones no fueron debidamente acreditado, lo que resulta ajeno a las facultades de revisión de este Tribunal.-