marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inspección General de Justicia, acto administrativo, sociedad anónima
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: ASORTE S.A. s/ DEVOLUCION IMPORTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que estableció que la Inspección General de Justicia no tenía potestad para declarar irregulares los ajustes practicados a un suscriptor de un plan de ahorro y préstamo e intimar a la sociedad para que procediera al reintegro de las sumas percibidas en exceso, ya que al emitir la resolución había decidido un conflicto entre particulares, en ejercicio de facultades jurisdiccionales de las que carecía, desconociendo que, en el caso, la recurrente actuó por denuncia de un interesado -bien pudo hacerlo de oficio- y ejerció una actividad administrativa reglada- de control y fiscalización- al adecuar a la sociedad a las disposiciones de una resolución general (I.G.J. Nro.

8-82), con fundamento en el art. 6to., inc. e y f, de la ley 22.315, así como en el inc. b), del art. 9no. de dicho ordenamiento legal
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable, docentes, antigüedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MAYUD, MERCEDES L. V. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-29

La situación en análisis difiere de la considerada y resuelta en autos "Mineur Ferreira", "Bensabath", "Bartomioli", "Short" y "Garay", en que la sentencia a quo había declarado inconstitucional -por violar la igualdad- la normativa por la cual se consideraba de manera diferencial, para los concursos docentes, la antigüedad en el desempeño en escuelas públicas y privadas pero todas de jurisdicción provincial, otorgando a esta última la décima parte de la puntuación. En tales precedentes entendí que se verificaban las condiciones de excepción para que la cuestión resultara materia de amparo, mas tales condiciones no se advierten en la presente causa, en la que por vía de amparo se impugna el artículo 14.1.2. del Anexo II de la Resolución N° 1952 del Ministerio de Educación en cuanto computa de manera diferencial la antigüedad de los docentes de distintas jurisdicciones provinciales, asignando inferior puntaje a aquellos que se desempeñaron en escuelas dependientes de otras provincias. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: "Mineur Ferreira", AyS T 261, p 99/112; "Bensabath", T 261, p 113/126; "Bartomioli", T 261, p 127/139; "Short", T 261, p 140/153; "Garay", T 261, p 154/166; "Bacchetta", T 132, p 67/164 y "Grandinetti", T 132, p 477/488. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Resolución 1952/11 del Ministerio de Educación de la Provincia, artículo 14,1,2, Anexo II.
Acción de amparo, concurso público, orden de mérito, confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ARAUJO, MARCELO ALEJANDRO c/ EN-M DEFENSA s/AMPARO LEY 16.986 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-07

La jueza de grado rechazó la acción de amparo promovida con el objeto de que se declarase la nulidad de la designación de quien había quedado segundo en el orden de mérito de un concurso público llevado a cabo para cubrir una vacante como Coordinador de Presupuesto de Comisiones al Exterior del Ministerio de Defensa de la Nación. La parte actora apeló tal decisión, que fue confirmada por la Alzada. La cámara sostuvo que el recurrente no logró rebatir las conclusiones de la jueza a quo respecto de la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, presupuesto indispensable para la admisión de la acción intentada.
Indulto, conmutación de penas
Materia: PENAL
Carátula: Barboza, Moisés Ariel s/ Conmutación De Pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-10-02

Al momento de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 144 inc. 5° de la Constitución de la Pcia de Salta, en cuanto establece el informe previo a cargo de la Corte Suprema de Justicia dirigido al gobernador de la Provincia en materia de indultos o conmutaciones de penas, no corresponde tener en cuenta pautas que ya fueron ponderadas al momento de determi-nar si era procedente o no imponer una pena, pues se trata de valorar la conveniencia de conceder un beneficio que permita coadyuvar a afianzar la consecución del fin resocializador de la pena.
Inconstitucionalidad, sentencia, falta de fundamentación, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ CARLOS ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE ALBARDON s/ ORDINARIO-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1991-09-23

Debe dejarse sin efecto la sentencia que para determinar los montos indemnizatorios por daño emergente y lucro cesante los engloba sin discriminar que cifra corresponde a cada rubro, sin aclarar con arreglos a que bases se realiza la actualización, ni la tasa de interés aplicada, siendo que ambos rubros responden a distintas motivaciones, debiendo en consecuencia fijarse las indemnizaciones por separado. Al no hacerlo así se debe concluir en la violación al derecho de defensa.
Indemnización sustitutiva de vacaciones, plazo legal
Materia: LABORAL
Carátula: SPADAFORA, LUIS c/ ROMULO BONTA Y COMPAÑIA SRL. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-03-31

No corresponde aplicar la sanción establecida en el artículo 170 LCT. (Ley 20744) cuando al terminar el vínculo laboral no estaba vencido el plazo para otorgar vacaciones, ya que el empleador no se encontraba, entonces, en infracción.
Estupefacientes, sentencia absolutoria, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Arias, María del Carmen y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-10

Carece de fundamentación la absolución dispuesta en virtud del art. 3° CPPN si en el allanamiento realizado en la droguería figura el Hospital Rawson -donde se desempeñaba laboralmente la encausada- entre los distintos destinos dados al ácido clorhídrico, un testigo la identificó como la adquirente de los precursores químicos invocando hacerlo para dicho hospital, fue reconocida en rueda de personas como la adquirente de tales sustancias, el hospital informó acerca de las compras de grandes cantidades de ácido clorhídrico, acetona y éter sulfúrico a nombre de la encartada y sin respetar los procedimientos normales, consta el pago de las facturas efectuado en el domicilio de la imputada y selladas con sellos hospitalarios, el secuestro de un recetario con membrete de hospital en su domicilio y un talonario de órdenes de compra perteneciente al Hospital Rawson, copia de las facturas de la droguería que acreditan la compra, rubricadas por la imputada, y el informe del Sedronar, acerca de que ésta no estaba inscripta ante dicho organismo. La disidencia parcial postuló el rechazo del recurso del acusador público con fundamento en la imposibilidad de retrogradación de los procedimientos por vía de un recurso articulado por la acusación contra la sentencia absolutoria que obedeció exclusivamente a errores o vicios no atribuibles a la defensa, por entender precluidas, a favor del imputado, la totalidad de las etapas que transitó el juicio. (Dres. Madueño, Fégoli y Rodríguez Basavilbaso -disidencia parcial-).
Declaración espontánea, valor probatorio, interpretación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GONZALEZ Y OTROS s/ infracción ley 23.737 Causa nro. 11.129
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-13

Se sostuvo una interpretación amplia respecto a las "manifestaciones espontáneas" y a la prohibición de su uso como prueba (art. 316 de la ley de rito), vedando toda forma de utilización de tales declaraciones extrajudiciales por considerarlas violatorias de los derechos y garantías establecidos, entre otros, en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Trabajadores de la salud, suspensión del trabajador, suspensión por fuerza mayor
Materia: LABORAL
Carátula: CARMONA, PEDRO ALBERTO c/ ISSPICA s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-19

Resultó ajustada a derecho la suspensión dispuesta por el empleador, con fundamente en el instituto de la fuerza mayor, art.

221 LCT, en el caso de tratarse de una entidad hospitalaria solventada por aportes obrero-patronales de la industria de la carne. Toda vez que el número de beneficiarios disminuyó de 3750 en el año 1983 a 653 en el año 1993 de los cuales solo 34 eran activos, tratándose de un evento sujeto a la voluntad de terceros, en una actividad no sujeta al parámetro del lucro.
Prueba pericial, notificación, consulta técnica, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: ESTER QUIROGA Y ANA MATTOS DE ASCENCIO c/ SERRANO JULIAN ALBERTO s/ LESIONES CULPOSAS-INCIDENTE DE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR  EL DR. FEDERICO SAYAH CORREA JULIAN ALBERTO s/ LESIONES CULPOSAS-INCIDENTE DE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR  EL DR. FEDERICO SAYAH CORREA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-10-10

Al no surgir de lo actuado que el juez hubiere ordenado practicar autopsia y, por consiguiente, no existir constancia de los motivos de urgencia que permitieran realizar la misma sin la previa notificación a la defensa, corresponde se declare la nulidad que procede en cualquier estado y grado del proceso. Igual sanción nulificante no es aplicable cuando se trata de simples informes tÚcnicos practicados por la policía, ya que al no tratarse de verdaderas pericias, tales informes requieren que se observen sólo en la medida de lo posible las normas de la instrucción formal.
Participación criminal, coautoría, regla de comunicabilidad, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: SEGOVIA ALMADA, Domingo y otro. s/ PARTICIPA;CION  CRIMINAL  - COAUTOR - COMUNICABILIDAD DE AGRAVANTES -  RBO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-04-21

Si, convenida entre los coparticipantes la ejecución de un hecho ilícito de contornos riesgosos -al menos potencialmente- para la integridad de los terceros, uno de los ejecutores intensifica su acción y excede el fin propuesto al juicio, no queda duda que quien lo acompaÑó en el trance debe responder también por ese mismo exceso, pues en tales casos las consecuencias se comunican a todos los participantes a título de dolo eventual.
Principio de legalidad, acción penal, impulso procesal, facultades del fiscal, deberes del juez
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RIVOLO, Carlos s/ recurso de queja Causa nro. 27.701
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

El principio procesal de legalidad, que entre nosotros halla su fundamento en el artículo 71 del Código Penal , impone la promoción necesaria de la acción penal e impide otorgar al Fiscal de Primera Instancia el exclusivo arbitrio de decidir la procedencia del impulso investigativo sin control jurisdiccional alguno. Ese control jurisdiccional de legalidad halla recepción expresa en el artículo 348, del que se desprende la necesidad de que una decisión de tal magnitud, no ha de quedar librada a merced del Ministerio Público, sino que deberá sortear el control de un órgano judicial independiente, sólo subordinado a la ley".
Empleo público, jerarquía administrativa, cargo de mayor jerarquía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VILLACORTA JOSE ANTONIO Y OTRO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-23

Desde esta perspectiva, la asignación de cargo de mayor jerarquía a los actores, solo pudo válidamente efectuarse respetando el ordenamiento jurídico.	Por lo tanto, no es descaminada la sentencia de grado cuando transcribe conceptos de esta Corte en el caso "Peñalver de Carpio, María Victoria vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Acción meramente declarativa", sentencia nro. 625 del 5-8-2002, en cuanto sostiene que no basta haber prestado servicios solamente, sino que es necesario en cumplimiento de otros requisitos como lo es, entre ellos, la existencia del cargo presupuestario y la previa designación por parte del Poder Ejecutivo. En el sub examine, los actores no fueron designados por autoridad competente.

Desde este punto de vista, los actores no ha sido designados por decreto del Poder Ejecutivo para desempeñar los cargos de mayor jerarquía, cuestión que de por sí descarta la posibilidad de reconocer las diferencias que reclaman.

Básicamente se debe tener en cuenta que no habiendo sido designados por autoridad competente y siendo un deber de los actores, (impuesto normativamente), el abstenerse de desempeñar funciones que no le fueran legalmente encomendadas, al haberlo incumplido lo hizo por su propia cuenta y riesgo, sin que pueda endilgarle a la Administración la obligación de retribuirle.

Al no cumplirse el procedimiento previsto en el artículo 3 del Decreto Nro. 646/1 ni, eventualmente, haber planteado su inconstitucionalidad, a los actores no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de diferencias de haberes.
Recurso de casación, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL -PENAL
Carátula: IRUSTA, DANIEL ALBERTO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - RECURSO CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-07

Cuando se invoca una nulidad, el requisito de fundamentación de cada motivo (496 cpp) permite caracterizar adecuadamente el hecho o circunstancia en que el vicio consiste y el precepto violado; y justamente, el juez excepcional de la casación es el que ha inducido al legislador a exigir plenitud en su propuesta; la únase manera de no desvirtuar su función reparadora, cuando se alega la existencia de un vicio in procedendo como síntoma de injusticia de la decisión, es advirtiendo que ella juega en la fase superior del proceso a la que se llega por los carriles impugnativos extraordinarios; la organización jerárquica de los tribunales de justicia, y los remedios ordinarios, aseguraron y aún más amplio y vasto campo para el debate en el contradictorio; en ese estadio la iniciativa del juzgador actúa sin restricciones en la búsqueda de la verdad real y en la aplicación del derecho, con absoluta libertad en virtud del principio "iura novit curia"; esta iniciativa, a contrarius le ha sido ostensiblemente limitada en la fase de casación, no solo en relación a los hechos sino en cuanto al derecho aplicable, según sea el vicio denunciado y el contenido de la censura.

Con tal inteligencia podrá comprenderse el ingenioso mecanismo de la casación, cuando el legislador se inclina por su tipo m as puro y perfecto, que consiste en separar el iudicio rescinden del iudicio rescissorium, delegando este último a un Tribunal distinto y de menor jerarquía del aquel que anuló la sentencia.

Ello así, a base de la exigencia de fundamentación para cada motivo (496 CPP) y tratándose de una nulidad absoluta (172 CPP), es legítimo reclamar el señalamiento de la disposición no observada y su inserción precisa en alguna de las situaciones agrupadas en aquella norma; nada resulta obvio en tanto tal exigencia viene aconsejada de suyo, por la necesidad de verificar, en cada caso concreto si realmente existe norma constitucional violada y agravio del cual derive el interés de la declaración de nulidad. Esto explica el requisito de autonomía de la propuesta de casación y la aplicación restrictiva, a su respecto, del principio iura novit curia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vall, Fernando y otra c/ Ojeda, Carlos María s/ Daños y perjuicios Barolo, Norberto Oscar c/ Durante y Damonte, Ana E. s/ Usucapión Laurel, Bernardo Raúl c/ Provincia de Buenos Aires s/ Usucapión D'Alessandro, Guillermo Cosme y otro c/ Wosco, David y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12|1993-05-04|1995-12-05|1997-07-08

El recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente.
Retiro militar, actos de servicio, muerte en acto de servicio, daños y perjuicios, indemnización
Materia: MILITAR-CIVIL
Carátula: Dure Isidro y otra c/ E.N. (M° de Defensa -E.M.G.A. y otro) s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Podría señalarse que, en un sentido estricto, la conclusión de otorgar una indemnización regida por las normas del Derecho Civil no resulta contraria al criterio sentado por la Corte Suprema, in re "Bertinotti, Carlos A. c/ E.N. (Ejército Argentino) s/ daños y perjuicios", invocada por la demandada en su expresión de agravios.

Ello es así, toda vez que de una atenta lectura del referido fallo se infiere que se reconoce el carácter exclusivamente resarcitorio de la "indemnización" que concede el Estado a quienes resulten disminuidos en sus aptitudes por actos del servicio, cuando la incapacidad no exceda del 6% (confr. considerando 3 de la sentencia citada). En el sub examine se trata de un supuesto de fallecimiento, que equivaldría a una incapacidad del 100% por lo cual no corresponde aplicar al caso la mencionada doctrina (conf. en igual sentido: Cám.Civ.y Com., Sala II, 24/8/94, in re "Balcázar, Luis c/ E.N. -E.M.G.E."). Sin embargo, se advierte que la conclusión propuesta resulta contraria al espíritu que informó los fallos "Valenzuela" del 25/8/92 y "Córdoba" del 1/4/94. No obstante, y sin que ello implique negarle todo valor jurídico "vinculante" a los fallos del Alto Tribunal (conf. Sagués, Néstor P., "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la C.S.J.N.", E.D. 93:891), las consideraciones expuestas precedentemente me llevan a propiciar una solución diferente y a reconocerle a los actores su derecho a indemnización del daño sufrido por la vía del derecho civil, toda vez que la parcial modificación de la integración del Alto Tribunal torna posible una nueva precisión de su jurisprudencia respecto a casos como el de autos. (Del voto del juez Uslenghi, consid. VIII).
Privatizaciones, empresas del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, propiedad participada, compraventa de acciones, transmisión de acciones, trabajadores petroleros
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: ALVAREZ, JOSE FERNANDO c/ YPF Y OTRO s/ PART. ACCIONARIADO OBRERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-13

La ley 23.696 enunció pautas programáticas de las cuales el derecho pretendido recién nacerá con la pertinente reglamentación del área ejecutiva y tal operatividad no se había concretado, al menos hasta el 7.7.93, fecha de la efectivización de la transferencia de YPF, razón por la cual quienes egresaron con anterioridad a dicha fecha carecen de titularidad al pretendido beneficio (ver entre otras causas "Sepúlveda, Rubén c/YPF s/part.accionariado obrero" sent.84.168 del 31.8.99).

(Del voto del Dr.Moroni, integrante de la mayoría).
Recursos, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: B., C.A. c/ M.T. SA s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-03

La vía extraordinaria de la casación exige hacerse cargo de las razones en que se fundó el fallo, e impugnar los dispositivos legales en que el mismo se basó, especialmente si se trata del eje de la sentencia que se intenta revertir, porque resulta ineficaz que, como en el caso, se brinden motivaciones jurídicas paralelas a las del fallo de esta Alzada, si aquéllas en las que éste quedó asentado permanecen incólumes.
Juicio ejecutivo, honorarios, base regulatoria, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Chaco, Provincia del s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-20

En los juicios ejecutivos en los cuales se mandó llevar adelante la ejecución corresponde considerar el capital y los intereses a los fines regulatorios (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de interposición del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Decuzzi, Hugo Horacio c/ Origgi de Decuzzi, Luisa A. y otros s/ Nulidad Ramírez, Dionisio Desiderio c/ Cappelletti, Ricardo Alberto y otro s/ Resarcimiento de daños y perjuicios y reparación daño moral La Previsión Cooperativa de Seguros Limitada c/ Pintos, Hugo Antonio s/ Daños y perjuicios Bustos, Luis C. y otra c/ Murray, María G. y otro s/ Daños y perjuicios Resch, Guillermo F. y otro c/ Corbalán, Carlos M. P. y otros s/ Daños y perjuicios Ale, Roberto Amado c/ Dall'Orto, Jorge Lorenzo s/ Escrituración Miguel, Elba Noemí c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por despido injustificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26|1998-03-10|1987-02-17|1993-08-03|1995-10-17|1991-03-26|2000-05-03

En la resolución del recurso de inaplicabilidad de ley se debe tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en su tramitación porque la sentencia le fue favorable.
Ley de defensa del consumidor, competencia por el territorio, extraña jurisdicción
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  SUPERVIELLE  SA c/ RAMIREZ  RODRIGUEZ  ALBERTO  RAMON s/ SECUESTRO PRENDARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-23

Cabe revocar la resolución mediante la cual el juez a quo decidió que correspondía estar a la competencia del juez del domicilio del deudor, conforme lo dispuesto por la nueva redacción del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, al encontrarse el domicilio del deudor prendario en extraña jurisdicción. Ello así, toda vez que el secuestro previsto por el artículo 39 de la Ley 12962 se cumple sin que medie contradictorio con el deudor prendario, a quien tampoco se le admite, en el marco de este trámite, recurso alguno para enervar el ejercicio del derecho que le asiste a su acreedor.

Despréndese de ello que no es dable examinar en este tipo de proceso otras cuestiones que no sean aquellas atinentes a la eficacia y realización del secuestro.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, contrato de franquicia
Materia: LABORAL
Carátula: De Cándido Pablo Maximiliano c/ Palerva SA y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-27

Si del contrato comercial existente surge que los concedentes de la franquicia se vinculan sin asumir riesgo crediticio alguno, pues es el franquiciado quien tiene absoluta y exclusiva responsabilidad por las relaciones de trabajo generadas como consecuencia de la explotación del local, no puede inferirse, que la actividad normal y específica de la sociedad franquiciante esté constituida por las tareas que desarrollaba el trabajador o que haya actuado en calidad de coempleador. (En el caso, el actor trabajó para una sociedad que había obtenido la franquicia comercial y marca "El Noble Repulgue", pretendiendo la responsabilidad solidaria por su despido de la empresa franquiciante).