Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-15


Trelew, mayo 15 de 2006.

Y VISTO: El recurso de apelación interpuesto a fs. 42/44 y vta. por el Defensor Público, Dr. Carlos E. Bellorini, mantenido a fs. 57, contra el auto de fs. 39/40 y su aclaratoria de fs. 41, y. -I.- CONSIDERANDO:

Que el auto de fs. 39/40 y su aclaratoria de fs. 41 rechazó la acción de hábeas corpus interpuesta por A. O. D. R., con el patrocinio letrado del Defensor Público, Dr. Carlos E. Bellorini. II.- Señala el quejoso que los operadores del sistema carcelario reconocen que no pueden darle la protección a su estado de salud. Sostiene que no se tuvo en cuenta en la resolución los informes de los Dres. O. G. y N.. - Manifiesta que el informe socio ambiental de fs. 30 indica que las condiciones carcelarias no son las adecuadas para el alojamiento de su representado. -Refiere que no es solamente una cuestión jurídica la que hay que resolver, sino que es un tema relacionado con los Derechos Humanos y con el cese de las condiciones de detención indignas en que se está ejecutando la prisión preventiva dado el deterioro de la salud física y psíquica, máxime teniendo en cuenta que se trata de un ciudadano que todavía goza del status de inocencia. -Entiende que no pueden darse los supuestos peligros procesales a que alude el art. 49 de la Constitución Provincial.

El de fuga porque es prisionero de su enfermedad, de la máquina que lo dializa tres veces por semana durante cuatro horas, no hay posibilidades de sobrevivir sin su asistencia. -El de entorpecimiento porque no hay forma ni manera en que pueda hacerlo desde su casa, seguramente desde el lugar de encierro lo podría llegar a cristalizar, pues operaría desde el anonimato. -Advierte que todas estas cuestiones no fueron tenidas por el juzgador para resolver con un mínimo de respeto a la dignidad humana. Cita doctrina y jurisprudencia.- Concluye solicitando la revocatoria del decisorio y hace reserva del Caso Federal. -III.- Es necesario señalar que el hábeas corpus correctivo es otro mecanismo de acceso a la justicia que pueden utilizar las personas privadas de libertad para reclamar la protección de sus derechos. Se trata de una subespecie del hábeas corpus destinada especialmente a subsanar, con intervención de la autoridad judicial, el agravamiento ilegítimo de las condiciones de cumplimiento de una privación de libertad.

En el supuesto del "hábeas corpus correctivo" (como en el caso concreto) no se trata de evitar una privación o turbación de la libertad ilegítima en su origen sino, antes bien, de solucionar situaciones de agravamiento ilegítimo de las "condiciones de cumplimiento de la medida de encierro carcelario", que en su origen es legítima.

El instituto de hábeas corpus correctivo reconoce que, aún cuando la privación de libertad sea legítima (fundamentada en una orden escrita de autoridad competente), puede perder la legitimidad si la ejecución del encierro se cumple en condiciones más gravosas que las previstas normativamente. Consecuentemente, el Estado les debe proveer condiciones carcelarias adecuadas, pues el Estado no está facultado a ejecutar el encierro carcelario de cualquier manera, sino que debe brindar a los internos determinadas condiciones mínimas de trato como un requisito ineludible para mantener la legitimidad de la medida de encierro carcelario. De lo contrario, el encierro se torna ilegítimo.

El objetivo del hábeas corpus correctivo es generar un procedimiento rápido y desprovisto de formalidades para que una autoridad judicial pueda remediar, lo antes posible, cualquier agravamiento ilegítimo de las condiciones en que se ejecuta una privación de libertad.El texto constitucional -luego de la reforma de 1994- aclaró el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a la justicia por la vía del hábeas corpus en los casos de ilegitimidad de una privación de libertad provocada por el agravamiento de las condiciones de cumplimiento de la medida. - Determinados pactos y convenciones internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional prevén también como garantía para los ciudadanos la posibilidad de acceder a la justicia mediante un proceso rápido en los casos de violación de derechos fundamentales. Así, el artículo 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), establece:

"Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentalmente reconocidos por la constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".

En el mismo sentido, el artículo 8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948), establece: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley".

De otro lado, es claro que, al tratarse de privaciones de libertad "legítimas" en su origen, esto es, ordenadas de manera regular por autoridades competentes, el objeto primario perseguido con el hábeas corpus correctivo no es la libertad sino sólo la modificación de las condiciones de agravamiento del encierro que lo tornan ilegítimo (por ejemplo, si un preso denuncia que no recibe alimentación adecuada, la solución a la cuestión planteada no es la libertad del denunciante sino arbitrar lo mecanismos necesarios para que el interno reciba la alimentación necesaria). - No pueden quedar dudas de que "dotar de condiciones carcelarias adecuadas a las personas privadas de libertad" es un requisito más que el texto constitucional impone al Estado para privar de libertad a una persona (CN, artículo 18°, última parte y pactos internacionales de derechos humanos incorporados al a Constitución Nacional), que tiene el mismo valor dogmático que el resto. Tan grave es para el texto constitucional que una persona sea arrestada sin orden escrita de autoridad competente como que la privación de libertad se ejecute en condiciones inconstitucionales.

El artículo 17° de la 23.098 dispone que la resolución que hace lugar a un hábeas corpus debe ordenar.....la cesación del acto lesivo. O sea que se debe buscar el medio más adecuado para hacer cesar el acto lesivo. -D. se encuentra detenido por disposición de autoridad competente, cumpliendo prisión preventiva en la Alcaidía Policial de Trelew. Es un interno que padece una insuficiencia renal crónica desde hace 8 años y es absolutamente dependiente del sistema de diálisis. Su cuadro clínico es el habitual de un insuficiente renal crónico en tratamiento de diálisis, con notable deterioro de su estado general.

Actualmente en anuria (ausencia total de producción de orina), de acuerdo a lo informado a fs. 8. -Vive alojado en un pabellón que comparte con otros 18 internos, "donde hay varios vidrios rotos, cinco internos duermen en colchones sin cama, funciona una sola ducha, el caño de la pileta de lavar se encuentra roto y no funciona ninguna de las mochilas de los inodoros. Los internos se quejan de la falta de frazadas y elementos de limpieza, como así también de la existencia de cucarachas" (fs. 9). - Debe suministrársele una dieta contenida en un plan de alimentación conforme surge de fs. 4/5, que "no se puede cumplimentar en la Alcaidía Policial de Trelew por las características especiales de la mayoría de los alimentos detallados, en primera instancia porque alguno de ellos se encuentran prohibidos su ingreso por razones de seguridad y en segundo término porque se carece de personal con capacitación en gastronomía, contándose con personal de seguridad, que solo posee una idoneidad básica en la elaboración de alimentos, por consiguiente se dificulta sobremanera cumplir con la dieta solicitada" (ver informe del jefe de la Alcaidía Policial de fs. 25). - "No es el lugar adecuado para su alojamiento dado que el mismo no se encuentra adaptado para este tipo de circunstancias" (ver informe médico suscripto por el Dr. O. G. de fs. 27).El derecho de las personas privadas de libertad a tener derechos es admitido hoy sin discusión por la doctrina, la legislación y la jurisprudencia de los diferentes países.-La libertad o no de D. no resulta el núcleo central de la presente decisión, la que tendrá el tratamiento adecuado al analizar el recurso de apelación interpuesto contra la prisión preventiva habido en esta Alzada.

En la presente incidencia, por el contrario, este Cuerpo advirtió claramente un agravamiento en las condiciones en que cumple su privación de libertad el detenido, así lo desnuda la inspección realizada a la dependencia policial, como el informe médico producto del examen físico ordenado. D. vive en el ámbito de un pabellón que comparte con otros 18 detenidos en el que se observó una inadecuada higiene que atenta directamente contra su estado de salud actual, convive con la basura diaria que se origina en el recinto, ya que la misma es retirada sólo por la noche.

Duerme en la parte superior de una cama doble (cucheta) a escasos centímetros de un ventanal que no posee uno de sus vidrios, el que fue reemplazado por un plástico; e ingiere parte de los alimentos prescriptos por la nutricionista, ya que el presupuesto oficial (según lo aseguran sus guardias) no alcanza para cumplimentar correctamente su dieta, situación agravada por el hecho de que tres veces a la semana (por prescripción médica) debe ser trasladado a un centro asistencial para ser dializado.

Condiciones mínimas que debería otorgar el Estado para que su encierro, legítimo en principio, no se encuentre reñido con las normas constitucionales y pactos internacionales vigentes, como en la actualidad convirtiéndolo en ilegítimo. Dichas condiciones mínimas deben ser respetadas, otorgadas y controladas tanto por quienes toman la decisión de su encierro, como por quienes tienen el deber de asegurar que dicha decisión no sea burlada ejerciendo el control pertinente para asegurar le aplicación de la ley.- En definitiva, tal como este Tribunal ha podido constatar del reconocimiento judicial efectuado la situación de alojamiento de D. aparece como insuficiente por su falta de cumplimiento de normas mínimas de salubridad, higiene y alimentación balanceada que requieren su enfermedad, lo que en definitiva agrava las condiciones en que se cumple su privación de libertad.

En consecuencia, comprobado el acto lesivo, el Tribunal arbitrará los medios a su alcance para hacerlo cesar y, si bien como se predicó, no se trata aquí de analizar la continuidad o no de la prisión preventiva dictada, sí corresponde hacer lugar al pedido de que la misma se cumpla en su domicilio particular con control y vigilancia permanente de autoridad policial, ya que el informe socio ambiental concluye que en dicho ámbito es posible cumplir con las exigencias habitacionales, de higiene y alimentación que la enfermedad -según la indicación profesional- requiere, no vislumbrándose -como consecuencia de la observancia de los plazos legales que la norma impone- la posibilidad cierta que el Estado cuente con un establecimiento carcelario adecuado -conforme surge de los presentes actuados ya fracasó su alojamiento en la Sub Comisaría Distrito Playa Unión ver. fs. 28 y vta.; 31 vta. - para la atención integral del interno que reúne condiciones especiales como consecuencia de su deterioro físico producto de su afección. - Consecuentemente con lo expuesto el derecho a la dignidad opera aun cuando caduquen los demás derechos personales emergentes de la Constitución. -El derecho a la dignidad individual (así lo llama la Corte Suprema en "Costa", Fallos, 310:526, consid. 9°) es, a su vez, fuente de otros derechos, como el buen trato en las prisiones (CNCrimCorr, Sala II, "A.", DJ, 1990-I-569). En "Sejean", la Corte Suprema expresó claramente que el derecho a la dignidad humana es uno de los derechos constitucionales no enumerados, comprendido en el Art. 33 de la Constitución.

Entre sus contenidos, enunció que exigía que las necesidades del hombre fuesen satisfechas con decoro, en orden a la realización de la persona (característica, por lo demás, de toda sociedad sana, apunta el tribunal), y siempre que no se ofenda la moral o el orden público, ni se perjudique a terceros (Fallos, 308:2268, consid. 7°). Y en "Pupelis", definió a la dignidad humana como el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de la constitución (Fallos, 314:424). Si bien las condiciones generales del establecimiento carcelario visitado son las razonables en las actuales circunstancias del sistema carcelario existente en la Provincia para el alojamiento de sujetos cuyo estado de salud no resulta deteriorado por afección alguna, no lo son para el peticionante, aspecto éste que va en desmedro al derecho de igualdad en paridad de condiciones. En tal sentido la Corte, expresó que la igualdad ante la ley reclama "iguales derechos frente a hechos semejantes" ("Valdez", Fallos, 295:937), o igual trato siempre que las personas "se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones" ("Sánchez de Sotelo", Fallos, 312:615).

"Igualdad ante la ley ", explica el tribunal, "quiere decir deber ser igual la ley para los iguales en iguales circunstancias" ("Nuevo Banco Italiano", Fallos, 200:428). Hay desigualdad, en síntesis, si la ley contempla en forma distinta situaciones que son iguales ("Martínez", Fallos, 312:826), pero no si contempla de manera diversa a supuestos o casos que son entre sí diferentes (doctrina de "Prov. de Buenos Aires", Fallos, 300:984).Para la Corte, en esta tarea de equiparación de situaciones iguales y de diferenciación de situaciones distintas, no es imprescindible que la ley guarde una simetría perfecta ni una perfección matemática impracticable ("Gómez y Federico", Fallos, 312:851).

Basta que la norma en cuestión imponga distinciones valederas ("Rojo", Fallos, 312:1148), que respondan a un "discreto criterio valorativo" ("Prov. de Buenos Aires", Fallos, 300:857, y "González Ruso", Fallos, 311:970). -Es por eso que se impone, al caso, la aplicación conjunta de los contenidos fundamentales -con relación a las alternativas al encierro carcelario clásico- de la ley 24.660 que en su capítulo II, sección tercera, bajo la denominación de "Alternativas para situaciones especiales", se incorporan diversas figuras novedosas en nuestro medio jurídico que permiten reemplazar el encierro carcelario como modalidad de la ejecución de determinadas penas por medidas menos restrictivas de la libertad.

Es necesario advertir que se trata de alternativas que se deciden como modificación en la forma de ejecución de penas ya impuestas. En primer lugar, ampliando el régimen de prisión domiciliaria del Código Penal (CP, Art. 10), se prevé la posibilidad de que la autoridad judicial disponga que ...aquellos condenados que padezcan una enfermedad incurable en estado terminal puedan cumplir la pena en detención domiciliaria, siempre que medie "el pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado" (LEP, Art. 33). - Aun cuando el artículo 33 de la LEP se refiera a el "condenado", se infiere que la posibilidad que prevé la ley alcanza tanto a los condenados como a los procesados en virtud de la norma general del artículo 11 de la ley 24.660. -. -Las circunstancias apuntadas en el acta de inspección glosada a fs. 60, el informe médico de fs. 63 que refiere: "....de acuerdo a los antecedentes reclamados el nombrado es portador de afección renal de curso crónico (Síndrome Nefrítico) en actual estado de insuficiencia funcional, por lo que requiere tratamiento de hemodiálisis en la modalidad de tres veces semanales, habiéndose practicado en la fecha la sesión correspondiente.

Tiene implantado en la zona de pliegue de codo de miembro superior izquierdo el catéter (cánula)...La dieta indicada no se condice con lo suministrado en el establecimiento carcelario, ya que según refiere personal de cocina de la alcaidía, no se cuenta con los elementos necesarios para su preparación, solo adecuando los disponibles a las normas generales de la dieta (evitar irritantes, bajo consumo de sodio, etc.), lo cual debe ser corregido atento las posibles alteraciones metabólicas por carencias de nutrientes que ello conlleva.

La higiene en el pabellón donde está alojado muestra carencias (acumulación de residuos, hacinamiento, instalaciones sanitarias)..." (sic), y el informe socio ambiental yacente a fs. 61/62 que concluye. "...Núcleo familiar monoparental cuya historia familiar ha sido cruzada por crisis de desvalimiento ante la pérdida de la figura paterna y por la existencia de discapacidad que se manifiesta en enfermedad terminal.

Abrupto descenso del nivel socio económico en función de la tragedia familiar vivida que los hizo pasar de un estado de vida económica privilegiada a una situación de limitaciones de índole económica. La vivienda que ocupa el grupo familiar ofrece condiciones de construcción e higiene aptas para preservar la salud del interno. En el plano económico con esfuerzo la familia se ocupará de la dieta del enfermo..." (sic), autorizan a hacer lugar a la petición y revocar el auto venido en apelación. Por ello, la Sala "B" de la Cámara de Apelación Instructoria del Noreste del Chubut,RESUELVE: -1) REVOCAR el auto de fs. 39/40 y su aclaratoria de fs. 41venido en apelación. -2) ORDENAR la detención domiciliaria de A. O. D. R. en el domicilio sito en N. ... de la ciudad de Trelew Chubut con custodia policial permanente durante las veinticuatro horas. -3) DISPONER que la autoridad policial encargada -por razones de jurisdicción- deberá hacer efectivo el traslado del detenido a C. T. -lugar donde se lleva a cabo el tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana de acuerdo a lo prescripto- y proveer los medicamentos necesarios e indicados en la Historia Clínica habida en la Alcaidía Policial de Trelew.

Asimismo elevar un informe semanal al Fiscal General Jefe, Dr. Daniel Baez de Puerto Madryn respecto de las novedades que se produzcan procediendo, en tal sentido, a individualizar a cada una de las personas que ingresen al domicilio con nombre, apellido, documento de identidad y domicilio.3) ESTABLECER la concurrencia quincenal -o cuando razones de urgencia lo indiquen- de un integrante del Cuerpo Médico Forense al domicilio indicado para evaluar el estado de salud general de D. R., elevando el informe pertinente al Sr. Fiscal General Jefe de Puerto Madryn, Dr. Daniel Baez.

4) El titular del Juzgado de Instrucción Nº 4 de la ciudad de Puerto Madryn, Dr. Néstor Lorenzetti, al recibo del presente, deberá llevar a cabo en forme urgente las diligencias necesarias para la efectivización de la medida dispuesta, librando los oficios pertinentes con copia de la presente resolución al Señor Fiscal General jefe, al Defensor Público, Dr. Carlos E. Bellorini, al detenido, al Decano del Cuerpo Médico Forense y al Jefe de la Dependencia Policial que, por razones de jurisdicción, corresponda efectuar la custodia, los informes semanales, el traslado al centro asistencial para el tratamiento de hemodiálisis y la provisión de medicamentos, debiendo para ello requerir copia de la Historia Clínica del detenido a la Alcaidía Policial de la ciudad de Trelew Chubut. 5) El Fiscal General Jefe, Dr. Daniel Baez deberá procurar los informes semanales ordenados a la autoridad policial para el debido control de la detención dispuesta. -6) Regístrese y devuélvase el presente al Juzgado de origen a fin de cumplimentar con lo decidido precedentemente con carácter de preferente despacho.

Raúl Adrián Vergara Edgar María de la Fuente Sergio Rubén Lucero Ante mí: José Alberto García REGISTRADA BAJO EL Nº 62 AÑO 2006. SIP. SALA "B". CONSTE.