marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Impuesto sobre los ingresos brutos, prescripción
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: YPF S.A. c/ DGR s/ s/ recurso apelación judicial c/ decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas.
Banco central, resoluciones, operaciones bancarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Brunello, Asunción y Fernández, Bruno Isidro Mario c/ Banco de Coronel Dorrego y Trenque Lauquen S.A. s/ Ejecutivo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-10-31

Por medio de circulares, resoluciones y memorándum, el Banco Central reglamenta las disposiciones legales aplicables y va dictando una normativa dinámica necesaria para el funcionamiento y control de la actividad bancaria.
Convertibilidad, intereses, tasas de interés, tasa activa, enriquecimiento sin causa
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Cantera Pigüé S.A. c/ Marengo S.A. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

En las actuales circunstancias de la realidad económica, la desidexación perseguida por la ley de convertibilidad quedaría desvirtuada por la aplicación indiscriminada de la tasa de interés activa, que aún hoy supera sustancialmente los índices de precios, lo que supondría no sólo consentir un enriquecimiento incausado en beneficio del acreedor, sino que importaría introducir un mecanismo de neta connotación indexatoria, en abierta contradicción con la voluntad del legislador (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso de queja (procesal), cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Violante, Miguel Angel. c/  s/ Infr. art. 149 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-10

En el recurso de queja se ha planteado un genuino caso constitucional, pues se cuestiona de modo concreto y suficiente la interpretación que los jueces de la causa hicieron de las normas aplicadas al caso (arts. 76 bis, CP y 205, CPPCABA), por considerar que tal hermenéutica lesiona las reglas constitucionales vinculadas al sub examine que estructuran el debido proceso en esta jurisdicción y establecen las competencias y atribuciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad -arts. 13.3 y 124 y 125, CCABA- (Voto del Sr.Juez José O. Casás. En sentido concordante voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: GODOY, H.B. c/ MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-30

El planteo del actor aduciendo que poseía una incapacidad absoluta -42. derivado del accidente y un 26. que ya poseía con antelación al hecho dañoso- por lo que la cuantía acogida es insuficiente, debe ser rechazado, puesto que la merma de aptitud laboral que el trabajador padecía antes del infortunio, no es un daño causado por la accionada, por lo que, obviamente, ella no debe responder ante el mismo.
Actos de los poderes públicos, actos del gobierno de facto, ratificación de actos de gobierno, responsabilidad del Estado, remoción de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aramayo, Domingo Raúl
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-14

La restitución del orden constitucional en el país requiere que los poderes del Estado Nacional o los de las provincias en su caso, ratifiquen o desechen explícita o implícitamente los actos del gobierno de facto, inclusive los de remoción de magistrados integrantes del Poder Judicial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: LABORAL
Carátula: Núñez de Pugliese, Beatriz c/ Lo Duca, Gaspar y/o Keski Sauna s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

Es improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley que se funda en argumentaciones y circunstancias distintas a las planteadas en la demanda y contestación y, por ende, meritadas debidamente por el Tribunal a quo en su respectivo pronunciamiento.
Despido indirecto, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: T. C., J. M. c/ A. C. de la E. E. A. T. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-15

El despido indirecto es el decidido por el trabajador ante el incumplimiento del empleador de suficiente envergadura o gravedad que se erija en injuria que impida la prosecución del vínculo laboral, debe ser notificado por escrito, previa intimación formulada al empleador para que revea su actitud, expresando en forma suficientemente clara los motivos que justifican tal decisión.

La prueba de la causa invocada está en este caso a cargo del trabajador y de acreditarla generará el derecho al cobro de las indemnizaciones que prevé la manda del art. 245 y concs. de la LCT. (doctrina del art. 246 de ese cuerpo de normas).
Contratos, rescisión del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Huck Sociedad de Responsabilidad Limitada c/ Ramos, Juan Carlos y/u Otros s/ Sumario por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-04

No obstante el apercibimiento de rescición cursado en carta documento, la actora pudo requerir el cumplimiento del contrato, posibilidad que solo quedaba vedada en caso de demanda. Aún admitiendo que el contrato se resolvió por vía del pacto comisorio implícito igualmente los actores se encontraban legitimados para requerir su cumplimiento.
Empleo público, régimen disciplinario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BOSISIO, RUBEN ESTEBAN c/ MINISTERIO DE ECONOMIA s/ RECURSO ARTICULO 40 DE LA LEY 22.140
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15

El cambio de calificación hecho por la resolución del Ministro de Economía respecto del informe del instructor sumariante no configura un vicio que agravia las posibilidades de defensa del sumariado, ya que la potestad del órgano decisor no se encuentra limitada por el encuadre legal efectuado al formularse los cargos en tanto no exceda los hechos sobre los que recayó la acusación.
Seguridad social, orden público, multa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "KECO S.A. c/ A.F.I.P. A D.G.I. s/ Impugnaci3/4n de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

El principio de inmutabilidad de la pena no es absoluto. "Indica simplemente que ello es así mientras no se suscite un conflicto con otros principios de mayor jerarquía, rectores del ordenamiento jurídico que consagran la supremacía del orden público y de moral, sobre los fueros de la autonomía de la voluntad particular. Así sucede cuando la magnitud de la pena puede configurar un medio de absorción del patrimonio del deudor por el acreedor. En tales condiciones, corresponde expurgar el exceso que comporta un verdadero menoscabo patrimonial ilegítimo, reduciendo la multa a términos equitativos que guarden una razonable proporcionalidad entre la pena estipulada y el reproche que suscita la conducta del deudor, valorando para ello las circunstancias del caso" (cfr. C.N.A.Com., Sala A, sent. del 09.03.90, "Teletex S.A. c/ Isalu S.A.").
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, improcedencia del recurso, emplazamiento, anotación de la litis, acción por omisión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Alanis, Sebastian Dionisio c/ La Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-01

Procede revocar la resolución que decretó la caducidad de instancia como consecuencia de una notificación espontánea por parte de la demandada y con sustento en la falta de traslado de la demanda. Si bien es verdad que la instancia se abre con la interposición de la demanda y por ende el curso respectivo comienza a correr desde esa ocasión, de ningún modo esto significa que el actor se encuentra obligado a notificar a su contraria ese emplazamiento, como lo demuestra el hecho de que bien hubiera podido él desistir del proceso sin contar con la conformidad de quien todavía no tenía derecho a participar en él (CPR 304). En consecuencia mientras el demandante no haya emplazado formalmente a su adversario, sigue siendo él, el único dueño de la decisión de continuar o no con el proceso, sin perjuicio de la caducidad de instancia que de oficio pudiera declarar el juez.
Competencia, nulidad de sentencia, prejuzgamiento, remisión del expediente
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: AMBROSETTI DE MEERFELD, María y otra c/ SISRO, José y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-17

Del voto de la mayoría (Dres. Pascual y Giardulli):

El fundamento de la remisión del expediente a otro Tribunal cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación anula una sentencia y manda dictar nuevo fallo, estriba en la emisión de opinión por parte de los magistrados que dictaron aquélla, sin que tenga la virtualidad de fijar una nueva competencia y radicación de los autos. Por ello la actuación del Tribunal sorteado se circunscribe al dictado de una nueva sentencia y sus accesorias como las costas y los honorarios -si fueren objeto de decisión en el fallo revocado.
Excarcelación, homicidio, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: LEIVA GABRIEL S.D HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA E.P BUSTAMANTE LUCIANA s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-11

La interpretación más acertada del Art. 42 del Código Penal, acogida por jurisprudencia mayoritaria, es aquella que realiza la reducción de un tercio del máximo y la mitad del mínimo, entendiendo que ella es la más favorable al imputado. De allí que en el caso, el mínimo de la escala penal para el homicidio en grado de tentativa quedaría fijado en cuatro años. Esos montos superan los límites temporales fijados por la ley procesal, concretamente el Art. 3 inciso 1 de la ley 5390, cuya vigencia fuera restablecida por la ley 6261, para la procedencia de la excarcelación o eximición de prisión. De allí que la denegatoria de la misma no resulta arbitraria ni irrazonable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto mínimo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Irizar, José Manuel. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilida de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-07-03

No es función de este Alto Cuerpo, suplir las omisiones de los recurrentes, investigando y tratando de desentrañar si en definitiva se observó o no el monto mínimo exigido por la ley, ya que la demostración del cumplimiento de tal recaudo procesal, es tarea propia e inexcusable del interesado y debe surgir del propio recurso en forma clara y categórica.-
Grooming, autoría mediata, material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
Materia: PENAL
Carátula: L., J. E. c/  s/ grooming, abuso sexual gravemente ultrajante continuado, coacción agravada, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2021-05-05

Corresponde condenar a la pena de 14 años de prisión por los delitos de grooming, producción de material de pornografía infantil, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante, a un hombre en calidad de autor mediato, por obligar por medios telemáticos a mantener relaciones sexuales a una niña de diez años y a su hermano de cinco años, valiéndose de un perfil femenino falso en una red social y vinculándose con las víctimas a través de publicaciones de un programa televisivo infantil, toda vez que el imputado tuvo una participación criminal en calidad de autor, ya que se valió del accionar inocente de los menores de edad que obraron como instrumentos, por ser inimputables, y logró que ambos niños llevaran a cabo conductas lesivas de su integridad sexual bajo su orientación y dirección a través de medios telemáticos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, prueba, abuso sexual calificado por acceso carnal, víctima del delito, testigos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., L. L. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-APELACION DEFENSA SENTENCIA CONDENATORIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

Las invocaciones por la confirmación de lo decidido en relación a la responsabilidad en el ilícito, no han de tener acogida, desde que se reducen a reiterativas expresiones de disenso con lo decidido por los Jueces de la causa sobre cuestiones de derecho común y procesal, excluidas, por regla, de la competencia de esta Corte, al no demostrarse, de la lectura del escrito introductor y de su confrontación con el decisorio recurrido, la concurrencia de alguna de las causales de sentencia arbitraria que la presentante enuncia, desde que del pronunciamiento impugnado surge que la Alzada desarrolló una intelección a través de la cual interpretó que se habían producido pruebas bastantes, desarrollando además una síntesis de los hechos atribuidos y repasando en forma pormenorizada los elementos valorados por el Juzgador y con los que había descartado una relación sexual consensuada -como lo pretendía la Defensa- y afirmado el delito: la falta de consentimiento, previo al hecho, de la víctima, para abordar el vehículo del imputado; la existencia de una nueva relación de noviazgo; lo declarado por los testigos con inmediatez al hecho -su progenitora y su pareja- y el psicólogo, dando cuenta de su estado de ánimo-; y las constancias médicas -examen ginecológico y físico-, en que se describían lesiones compatibles con un abuso sexual con acceso carnal cometido con violencia; proporcionando concretas razones para concluir que no tenían entidad las alegaciones de la Defensa invocando ausencia de acreditación sobre el origen de las lesiones; todo ello, a través de un concatenado y contextualizado análisis, sustentado en precedentes jurisprudenciales y cita de autoras especializadas en la materia.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, industria metalúrgica, convenios colectivos de trabajo, laudo arbitral, Derecho laboral, leyes, interpretación sistemática
Materia: LABORAL
Carátula: Gigena, Raul y otros c/ Cametal SA s/ ¿Son aplicables las disposiciones del laudo 29-75 a los  establecimientos metalúrgicos que como actividad de la industria  metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros  en general? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

El convenio colectivo de trabajo 260-75 y el Laudo 29-75 no son normas "distintas" que de acuerdo al momento de su "sanción" puedan considerarse como una derogatoria de la restante, o susceptible de ser aplicada por revestir el carácter de "más favorable" (artículo 9 Ley de Contrato de Trabajo). El título VI del convenio colectivo trata de las "ramas de la actividad de la industria metalúrgica". De las mismas, la rama automotor no resultó regulada directamente por las partes signatarias, quienes dispusieron originalmente que "las conclusiones a que se arribe en la presente rama serán incorporadas a la presente convención colectiva de trabajo, con todos los alcances legales, en la forma, condiciones y modalidades que surjan de dichas actuaciones". Al no arribar la comisión paritaria a acuerdo, se sometió el punto a arbitraje obligatorio, remitiéndose el árbitro respecto de los establecimientos comprendidos en la rama automotor a lo acordado por la comisión paritaria, en acta de fecha 30-05-75, Nro. 6, laudando (artículo 1) en ese sentido. De acuerdo con lo convenido oportunamente por los paritarios, el laudo dictado quedó incorporado e integra el convenio colectivo de trabajo Nro.

260-75, en su capítulo IV. "Rama: Automotores". Aunque en forma sobreabundante, el artículo 8 del Laudo dispone "declarar comprendido el presente laudo dentro de los alcances previstos en el capítulo IV, artículo 1 -rama automotor- de la Convención Colectiva de Trabajo Nro. 260-75". Se concluye entonces que el convenio colectivo de trabajo y el laudo forman un único cuerpo normativo. (Del Voto del Dr. Angelides -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad de las disposiciones del Laudo 29-75 a los Establecimientos Metalúrgicos que como actividad de la industria metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros en general.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, escritos judiciales, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: PEREZ, JORGE H. c/ JOHN MELLICE O MELISI s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-07-31

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que el Tribunal a quo -al condenar solidariamente al actor y a su letrado al pago de las costas causídicas por haber incurrido en plus petición inexcusable- ha actuado con extrema ponderación y suma prudencia -en términos de acuñada doctrina y jurisprudencia- al aplicar la sanción, sin afectar el principio constitucional de defensa en juicio y el derecho de propiedad, tal como lo alega el quejoso, quien -por su parte- sólo se limita a sostener genéricamente que el Oficio interpretó de modo equívoco los términos empleados al expresar agravios, negando la intencionalidad que se le atribuye respecto al reclamo de rubros, a sabiendas, improcedentes y pretendiendo justificar su accionar en el ejercicio de su deber profesional, el que consiste en asegurar a su cliente el derecho a la doble instancia, conducta que a su juicio, no resulta reprochable en los términos del artículo 20 in fine de la LCT.
Acción dependiente de instancia privada, extinción de la acción penal, desistimiento expreso de la acción, facultades no delegadas
Materia: PENAL
Carátula: L., N. E. s/ Querella por Calumnias e Injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-21

Se legisla la extinción de la acción penal por: 1- muerte del imputado; 2- amnistía; 3- prescripción; 4- renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada. Esta última fórmula equivale al desistimiento expreso no al desistimiento tácito. Si las Provincias, por la Constitución, delegaron al Gobierno Federal el poder de dictar el Código Penal, es congruente con ello la prohibición para los Estados provinciales de asumir luego las funciones delegadas.
Accidentes de trabajo, asistencia médica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Arriola, Leonardo Nicolás c/ Asociart S.A. ART s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-11-06

La prestadora debe brindar cobertura de los gastos indispensables -verbigracia: llamadas telefónicas a sus familiares, provisión de bebidas para el transcurso del día, lavado de ropa- a un empleado que sufrió un siniestro laboral, y debe concurrir a una localidad distante de su hogar para recibir la atención médica, pues no obstante no estar previstos por la regulación reglamentaria específica, son derivados y consecuencia del accidente de trabajo, por lo que deben integrar la asistencia legal que otorga la demandada.
Competencia, juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, ejecución cambiaria, pagaré, declaración de oficio, ley de defensa del consumidor, relación de consumo, competencia por el territorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: N.N s/ Cobro Ejecutivo. Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23

Habiendo el actor promovido la ejecución de un título ejecutivo -pagaré- en el lugar del cumplimiento de la obligación indicado en el documento -art. 5 inc. 3, C.P.C.C- la declaración oficiosa de incompetencia resulta prematura, toda vez que no se advierte de una detenida compulsa de las actuaciones, mediante la constatación de elementos serios y adecuadamente justificados, la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la Ley de Defensa al Consumidor que amerite tal pronunciamiento de oficio.
Competencia penal, competencia por el territorio, lugar del hecho
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Devicense, Marcos Alberto y otros s/ atentado a la autoridad y lesiones leves.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Para determinar la competencia territorial, el tribunal no debe atenerse estrictamente a la calificación efectuada por el magistrado a tal fin, sino a la que efectivamente corresponda a los hechos que, en principio, se reputan cometidos.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, honorarios, ingenieros
Materia: CIVIL
Carátula: Caja  de  Subsidios  Familiares  para  el  Personal  de la Industria c/ Sabattiello, Gerardo y otros. s/ NULIDAD RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

No procede el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la demanda por cobro de honorarios de ingeniero, encontrándose debidamente fundada su conclusión de que la tarea de realizar modificaciones de importancia sobre el proyecto original de estructura o de hacer uno nuevo, no le fue encomendada al actor
Pérdida de la chance, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Raquel del Valle y Baca, Hugo c/ Hospital Subzonal de Balcarce y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-28

Con la expresión pérdida de una chance se indican todos los casos en los cuales el sujeto afectado podía realizar un provecho, obtener una ganancia o beneficio, o evitar una pérdida, lo que fue impedido por el hecho antijurídico de un tercero, generando de tal modo la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría o no producido, pero que, evidentemente, ha cercenado una expectativa, una probabilidad de una ventaja.(doctor Pettigiani, minoría)
Acto administrativo, acto administrativo ilegítimo, organismos del Estado, tutela anticipada
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: RIVAS RUZO, MARIA EUGENIA c/ PODER EJECUTIVO s/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-01-26

En el marco de una solicitud de tutela cautelar anticipada, que tiene por objeto la suspensión de los efectos del acto administrativo, resulta insuficiente para endilgarle ilegitimidad, sostener que dicho acto no fue dictado por autoridad competente, sin dar fundamentos de por qué el órgano administrativo que lo dictó carece de facultades, al igual que el órgano que dio cumplimento con lo resuelto.

En efecto, en el caso la ocurrente se limita a expresar que el Decreto al no establecer específicamente qué autoridad es la que debe aplicarle la sanción de retrogradación-de supervisora a vicedirectora- ella infiere que corresponde al Poder Ejecutivo, considerando por consiguiente ilegitimo el fundamento dado por la resolución impugnada, en cuanto a que existe una delegación implícita de facultades para retrogradar a la Dirección de Sumarios.

Para sostener dicho argumento no menciona ninguna norma que se encuentre claramente lesionada, sino que simplemente pone de manifiesto un criterio diferente del sostenido en la resolución en cuestión.

En consecuencia, debe rechazarse la medida cautelar anticipada por improcedente.