Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 203/205.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia n° 96 del 6 de junio de 2017, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS contra MACAGNO Y CIA SAICF Y/O INDUSTRIAS CONAR Y/O MAGUREGUI FERNANDO Y/O PRIETO PATRICIA MA. - EJECUCIÓN FISCAL - (EXPTE CUIJ N° 21-00044722-3)" (Expte. C.S.J. CUIJ. N°: 21-00511707-8)); y,	CONSIDERANDO:

1. En la presente causa, la Alzada rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que, a su turno -y en lo que aquí interesa-, hizo lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por Fernando Maguregui y, en consecuencia, desestimó la ejecución fiscal a su respecto, imponiendo costas a la perdidosa (fs. 2/4).

Contra dicho fallo, dedujo la Administración Provincial de Impuestos recurso de inconstitucionalidad (fs. 6/9), tachándolo de arbitrario por relegar la legislación fiscal provincial vigente y aplicable al caso, vulnerando el sistema republicano y federal de gobierno y lesionando los derechos de defensa, debido proceso y propiedad al afectar los fondos del tesoro provincial.

Afirma que la arbitrariedad se manifiesta al apartarse el decisorio recurrido de la letra expresa, general obligatoria y coercitiva de la legislación provincial fiscal vigente en materia de responsabilidad por deuda ajena -artículos 23, 24, 26, 28 y cc. del Código Fiscal-, la que conforma el derecho aplicable para este caso.

Agrega que nuestro sistema normativo provincial vigente previó y reguló la situación objeto de debate, por lo que la Sala no puede eludir su aplicación, a riesgo de lesionar la seguridad jurídica, la igualdad de las cargas fiscales y el cumplimiento de los fines del Estado provincial.

Manifiesta estar en desacuerdo con los fundamentos brindados por los Magistrados tanto al resolver el fondo de la apelación, como al confirmar las costas impuestas y cargar las de segunda instancia. Ello en razón de interpretar los Jueces arbitrariamente la inteligencia dada por el código de fondo y las leyes procesales.

Finalmente, señala que conforme a lo preceptuado en el artículo 95 de la Constitución de Santa Fe, la sentencia puesta en crisis no brinda motivación suficiente, configurándose una manifiesta privación de justicia hacia su mandante.

2. El Tribunal a quo denegó la concesión del recurso interpuesto mediante auto 332 del 06.12.2017 (fs. 16/17), lo que motivó la queja ante esta Sede (fs. 20/24).

3. Se adelanta que el recurso debe ser declarado inadmisible.

Liminarmente, cabe remarcar las insuficiencias en el cumplimiento del recaudo de autoabasto que presenta el memorial del recurso de inconstitucionalidad local deducido a fojas 6/9, en tanto se omite un detalle suficiente de los antecedentes relevantes del caso, así como también de las cuestiones controvertidas y de los elementos que -según la recurrente- darían fundamento a los agravios vertidos por su parte. Ello impide a esta Corte llegar a una cabal comprensión, no sólo de los hechos acontecidos, sino además de la extensión del gravamen alegado, siendo que tales carencias no pueden ser suplidas -siquiera por vía inferencial- sin distorsionar la índole extraordinaria de la impugnación.

Aun de superarse lo expuesto, en un esfuerzo de comprensión a la luz de las restantes constancias de la causa, se evidencia que los cuestionamientos de la quejosa estarían sustancialmente dirigidos a acusar que la Alzada se apartó del derecho fiscal provincial vigente al analizar la legitimación pasiva del codemandado Maguregui.

Sin embargo, lo cierto es que tales agravios, además de resultar por demás genéricos al reducirse a la enumeración del articulado que se considera aplicable al caso, han sido planteados en abstracto, sin brindar la impugnante una explicación demostrativa de su operatividad en relación a los extremos fácticos de la litis, ni hacerse cargo de la solución arribada por los Magistrados en tal sentido.

En efecto, la Cámara, en línea con la sentencia de primera instancia, concluyó que el señor Maguregui acreditó no ser sujeto pasivo del tributo reclamado por la Administración, no habiendo respetado el mecanismo de determinación del título el debido proceso administrativo a su respecto.

Para así decidir, el A quo consideró probado que el aludido codemandado no tuvo vínculo con la obligación sustrato del título ejecutivo ya que su firma no constaba en la documental que instrumentó el hecho imponible, aclarándose que la intervención del director en la esfera administrativa fiscal nunca fue por derecho propio, sino 'en nombre y representación' de la sociedad contra quien se promovió la determinación tributaria oficiosa.

Finalmente, advirtió que ante ese panorama la Administración intentaba cambiar en la Alzada el régimen legal de la responsabilidad a fin de encuadrar al codemandado como sujeto pasivo.

Tales consideraciones, expuestas por la Alzada para confirmar lo decidido en primera instancia, no son suficientemente desmerecidas por la recurrente, quien no alcanza a demostrar un supuesto de arbitrariedad, en tanto sus reproches, de por sí tangenciales y genéricos, omiten cuestionar el núcleo sentencial de la Sala, dejándolo incólume.

En este orden, igual reproche cabe realizar a la enunciación de los derechos y garantías constitucionales que presuntamente resultarían vulnerados, pues no fue seguida de la necesaria exposición que permita vislumbrar la existencia de un caso constitucional provincial.

Lo mismo ocurre respecto a la aducida falta de motivación de la sentencia, ya que no aclara en qué punto de su resolución el Tribunal omite hacerse cargo de la debida fundamentación que debe acompañar a sus decisiones.

De esta forma, las deficiencias apuntadas obstan a la admisibilidad de esta presentación directa, al resultar privada de la fundamentación mínima tendente a demostrar la configuración de uno de los supuestos establecidos en la ley 7055, sin que en el punto se evidencie que las cuestiones juzgadas hayan sido resueltas con carencia de fundamentación ni que tampoco pudieran exceder del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa.

Por lo cual, más allá de su menor o mayor grado de acierto, la conclusión a la que arribaron los Jueces podrá no ser compartida por la recurrente, pero en la medida que no se demuestre un apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y remítanse las copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 3 de Santa Fe.