Proceso penal, revocación del sobreseimiento, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Roberti, Firmo Emilio y Ahumada, José Walter s/ Recurso de Queja por casación denegada deducido por el Dr. Enrique Lilljedahl (h) en Expte. Nº 05/10 Recurso de Casación - Subsidiariamente Planteo de Inconstitucionalidad y Reserva del Caso Federal interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl (h) c/ Auto Interlocutorio Nº 101/09 (17-12-09) en Expte. "R" Nº 94/2008 - Capital - 09/02/10
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-19

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos hizo lugar al recurso de apelación deducido por el querellante particular contra el sobreseimiento de los imputados, revocó aquél y dispuso la elevación de la causa a juicio.

Contra esa resolución el defensor de los imputados interpuso recurso de casación, cuya denegación por dicha Cámara dio lugar a la presente queja (art. 472 del .C.P.P.).

Subsidiariamente, articula recurso de inconstitucionalidad de los arts. 455 y 458 del C.P.P., por su discordancia con los postulados constitucionales (art. 16 de la Constitución Nacional; 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 14.1 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) que exigen que la defensa del imputado se desarrolle en condiciones de plena igualdad con la acusación.

Manifiesta el recurrente que por imperio de lo dispuesto en los arts. 16 de la Constitución Nacional, 8, inciso 2, h del Pacto de San José de Costa Rica y 14.1 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene derecho el imputado de impugnar, por medio del recurso de casación, el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones revocatorio del sobreseimiento que había dictado el Juez de Control de Garantías.

Por ello, estima que la decisión denegatoria de dicho Tribunal, por no ser definitiva esa decisión con arreglo a lo dispuesto en el art. 455 del rito penal, es contraria a las normas de mención y por ello pide que esta Corte declare la inconstitucionalidad de dicho artículo y, como consecuencia, declare también mal denegado el recurso de casación.

Sostiene el apelante que los arts. 455 (resoluciones recurribles por casación) y 458 (resoluciones que el imputado puede recurrir por casación) del Código de Procedimientos en materia penal vulneran el derecho a la igualdad consagrado en el art. 16 de la Carta Magna, en tanto mientras el rito permite a la querellante cuestionar el sobreseimiento de los imputados, las normas mencionadas le vedan a éstos la posibilidad de cuestionar la revocatoria del sobreseimiento, y de tal modo cercenan el derecho que tienen a ser oídos por un tribunal superior.

También alega que dichas normas restringen el derecho al recurso garantizado por los tratados internacionales con rango constitucional, de tal modo que el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones constituye la única decisión jurisdiccional favorable a la elevación de la causa a juicio.

Después de analizar exhaustivamente el planteo deducido, consideramos que con los argumentos que expone en su extenso memorial no logra el recurrente evidenciar la contradicción de los preceptos del rito local que impugna con los de rango constitucional cuya aplicación pretende, ni tampoco el cercenamiento que acusa del derecho al recurso como expresión del derecho de audiencia y, en definitiva, del derecho de defensa.

Es que, como derivación del derecho de defensa en juicio, lo que garantiza el artículo 8, inciso 2, h del Pacto de San José de Costa Rica -de raigambre constitucional, por encontrarse incorporado a nuestra Ley Fundamental (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional)- es que, con criterio amplio, comprensivo de las cuestiones de hecho o de prueba, las sentencias dictadas por los tribunales del juicio puedan ser revisadas por un tribunal superior.

Con mayor claridad o precisión este derecho también está garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.5, refiriéndose al derecho del que ha sido condenado, a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior.

Por ello, no tratándose de una sentencia condenatoria, resultaba absolutamente ajeno a dichas normas el vedado acceso que pretendía el demandante a una nueva discusión sobre el mérito efectuado por el tribunal de apelación, de la prueba y el consiguiente grado de probabilidad suficiente para el progreso de la causa a la etapa del plenario.

Por las razones expresadas, atento a que los agravios expuestos por el recurrente no tienen vinculación con las normas legales (los arts. 16 de la Carta Magna, 8.h del Pacto de San José de Costa Rica y 14.1 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) que invoca como fuente del derecho que denuncia como vulnerado por aplicación de los preceptos rituales (arts. 455 y 458 del Código de Procedimiento Penales) que tacha de inconstitucionales, sin que haya demostrado tampoco la incompatibilidad entre las normas mencionadas, no resulta procedente la declaración de inconstitucionalidad que pretende y, como consecuencia, debe rechazarse el recurso intentado en ese sentido.