Prevención de enfermedades, TUCUMÁN, Programa Médico Obligatorio, revocación de sentencia, recurso de apelación (procesal), interrupción del tratamiento, tratamiento médico, protección internacional de los derechos humanos, Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH Hepatitis Virales otras infecciones de Transmisión Sexual ITS Y Tuberculosis TBC, grupos vulnerables, Instituto provincial de previsión social
Materia: DERECHOS HUMANOS-SALUD PUBLICA
Carátula: D.F.J. y otros c/ Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-07-02

La pretensión de los actores como la necesidad y pertinencia de continuar con el tratamiento de Profilaxis Preexposición (PrEP) aparecen en autos debidamente corroborados. En razón de ello, los informes traídos a la causa dan cuenta de que consiste en un tratamiento que no reviste el carácter urgente, pero que si es coadyuvante para prevenir el contagio de VIH/Sida en el marco integral de la Ley 27675 de Respuesta Integral al Vih, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual Its y Tuberculosis Tbc [...] En este sentido, en atención a las circunstancias de autos, las normas invocadas y el marco normativo vigente en materia de salud pública y derechos constitucionales, resulta imprescindible reiterar que la obligación de cobertura del tratamiento profiláctico conocido como Profilaxis Preexposición por parte del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) no constituye una interpretación creativa o caprichosa por parte de este Tribunal, sino que se deriva de la plena aplicación de la normativa imperante en la materia (Leyes 27675 de Respuesta Integral al Vih, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual Its y Tuberculosis Tbc.; 24455 de Obligación de las obras sociales de cubrir gastos por el SIDA; 7552 y Resol. 731/2023), en concordancia con los principios rectores del sistema de salud y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional y en las leyes internacionales. (...) La salud pública (...) se configura como un interés superior que requiere acciones coordinadas y obligatorias por parte de las instituciones del Estado y las entidades prestadoras de servicios de salud, en concordancia con los principios de igualdad, no discriminación y protección de derechos. En este aspecto, habiéndose constatado que la PrEP se encuentra incluida en el plan médico obligatorio (PMO) del Subsidio de Salud, no puede admitirse que la interpretación de las normativas antes expuestas permita una limitación arbitraria o una interpretación restrictiva que obstaculice el acceso al tratamiento preventivo de manera sistemática o indefinida para sus afiliados. Además, es menester subrayar que la prevención del VIH mediante el uso de la PrEP no es una cuestión de interpretación discrecional, sino una obligación de política sanitaria y de derechos humanos que excede la mera obligación administrativa o de derecho positivo, constituyéndose en un deber ético y social prioritario. Negar o restringir el acceso a dicho tratamiento, cuando se tiene la obligación como prestador de salud, implicaría una vulneración flagrante del derecho a la salud y a la vida. Por ende, la aplicación correcta y cabal de la normativa vigente en la materia obliga a este Tribunal a ordenar que el IPSST cumpla en forma inmediata con la cobertura del tratamiento de PrEP a los actores demandantes, sin condiciones discriminatorias ni restricciones arbitrarias, en los términos que fueron desarrollados, observando la efectiva implementación de políticas públicas que priorizan la prevención del VIH. En consonancia con lo expuesto, corresponde hacer lugar a la acción de amparo entablada.