Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-08-29


AUTOS 134962 (C.C.Nº21870) DEL Cuarto Juzgado Civil, CARATULADOS: "POWER BIKE S.R.L. C/ LE PONTS S.A. - Cobro de Alquileres".- PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2014- del Tº II - Fº81/84.- En la Ciudad de San Juan a 29 días del mes de agosto de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Octavio Augusto Sánchez y el Sr. Vocal Dr. Juan José Victoria, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 113 y vta., contra las resoluciones de fecha 07 y 08 de noviembre del año dos mil trece, recaídas en los presentes autos Nº134.962 (C.C. Nº21.870) caratulados: "POWER BIKE S.R.L. C/ LE PONTS S.A. - COBRO DE ALQUILERES", dictadas por el Sr. Juez titular del Cuarto Juzgado Civil, obrantes a fs. 106 y 108.- EL DR.OCTAVIO AUGUSTO SÁNCHEZ DIJO:

En las resoluciones obrantes a fs. 106 y l08 se dispuso:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"San Juan, 7 de noviembre de 2013. Agréguese constancias acompañadas. Sin perjuicio de ello, advierte el suscripto que el poder especial que se agrega en este acto, ha sido otorgado el día 22/10/13 y que la demanda fuera interpuesta 15/10/12, de manera que el letrado carecía de representación para actuar en la presente causa y debieron ser suscriptos por el patrocinado dichos escritos. Por ello y en atención de lo dispuesto por el artículo 1012 del Código Civil, declárese inexistentes las actuaciones cumplidas por el Dr. Jorge Lecich que sean anteriores al poder acompañado. En consecuencia, recházase la demanda interpuesta. Notifíquese personalmente o por cédula.". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - San Juan, 8 de noviembre de 2013. Asistiéndole razón al presentante en la medida que se ha omitido en el decreto que antecede el pronunciamiento de costas como consecuencia del rechazo de la demanda en virtud de los fundamentos allí expresados, se aclara que las costas del proceso se imponen a la parte actora. Notifíquese personalmente o por cédula".

Los decretos que anteceden fueron objeto de reposición con apelación subsidiaria por parte de la actora (fs. 111). La reposición fue rechazada y la apelación subsidiaria concedida sin efecto suspensivo ordenando correr traslado del memorial a la contraria.

La apelación subsidiaria está fundada en que la falta de personería es subsanable expresa o tácitamente más aún cuando ha sido consentida por la contraria y al ser definido por el sentenciante, éste se ha excedido a lo planteado por las partes. Considera que lo actuado estaba precluido.

El recurso fue sustanciado con la contraria habiendo así quedado en estado de ser resuelto.- Siguiendo el criterio expuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, sala IV. en autos "Olivi, Mirta Noemí c. Banco de Boston S.A. - Suc. Ctse., Banca Nazionale del Lavoro S.A., BBVA Banco Francés S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo o 14/12/2011", estimo que el recurso interpuesto debe ser acogido favorablemente por lo siguiente:

A) el caso traído se trata de una cuestión de falta de personería fundada en la falta o insuficiencia de mandato. Y la falta de personería es un vicio subsanable, según lo establece el Código Procesal de nuestra provincia.

B) En segundo lugar, la falta de personería fue advertida y puesta de manifiesto por el A quo a casi un año de su primera presentación y luego de que la contraria haya convalidado tácitamente la intervención del letrado de la actora sin haber acompañado poder para juicios.- C) En tercer lugar, la cuestión fue subsanada con la agregación del nuevo poder presentado dentro del plazo establecido por el inferior para su cumplimiento. Por tanto, estimo no corresponde decretar invalidez alguna. Para el derecho procesal, toda nulidad es relativa, entendiéndose por ello que toda nulidad procesal es convalidable. En esto coinciden gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia. También se sostiene que no cabe decretar la nulidad por la nulidad misma. Precisamente la finalidad de las nulidades procesales es asegurar la defensa en juicio, el resguardo entonces de una garantía constitucional. Por tanto, se requiere que el acto procesal ocasione un perjuicio a quien pretende la declaración de nulidad. Y ello no se advierte en autos pues, a pesar de la deficiencia en la representación, el ejecutado no se vió privado de ejercer su derecho de defensa pues nada le impidió -y así lo hizo- contestar la demanda interponiendo excepciones, solicitando morigeración de intereses y depositando el saldo adeudado (fs. 76 y ss). La nulidad procesal, precisamente, tiene lugar cuando el acto impugnado vulnera gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún requisito que le impide lograr su finalidad natural, normal, a que está destinado, sea en su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o al objeto del acto. Esta posibilidad, como se ha dicho, no ha ocurrido en autos por lo cual considero que la decisión del sentenciante, ahora apelada, resulta arbitraria e injusta.

Como bien señala la doctora Sierra de Desimoni en el precedente ya señalado "............resulta de aplicación la doctrina de la Corte inserta en Fallos 313:961, habida cuenta de que el profesional había actuado sin objeciones en buena parte de la tramitación de la ejecución, circunstancia que imponía al juzgado intimar la presentación del poder, ya que tal solución se presentaba como la única admisible para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Y dado que ante la intimación, la escritura de poder fue presentada, lo actuado es atribuible al banco, sin duda alguna. ......Por otra parte, advierto que ante la razonable duda que podía surgir de las actuaciones cumplidas por quien había asumido una representación que fue cuestionada después de casi un año de realizada, el a quo debió evitar la adopción de criterios rigurosos que hacen del procedimiento un conjunto de solemnidades que desatienden su finalidad específica (Fallos: 238:550 -LA LEY, 89-412-),.......".

En virtud de lo expuesto, voto por el acogimiento del recurso con costas por el orden causado dado que la apelada bien pudo considerarse con derecho a oponerse al recurso teniendo en cuenta que la decisión fue adoptada de oficio por el A quo provocada por el letrado actor que no advirtió oportunamente la deficiencia que originó esta incidencia.- EL DR.JUAN JOSÉ VICTORIA DIJO:

Comparto con el distinguido colega que me precede con su voto, la relación de la causa, como el resultado al que arriba como solución a la misma; no obstante ello me permito realizar las siguientes consideraciones.- En autos se inicia un proceso de cobro de alquileres con un defectuoso poder especial que luce agregado a fs. 02/03 de autos.

El decreto de fs. 45 tiene a la actora por "presentada, por parte y domiciliada, dándole la participación que en derecho corresponde" ( sic).- Luego de dictados los actos procesales correspondientes, ejercida la defensa en tiempo y forma por la demandada, la causa pasa a "resolver" (fs. 99/100).- Recién por decreto de fs. 101, reitero, estando la causa a resolver, advierte el A-quo la insuficiencia del poder que esgrime el representante de la actora. Por ello, decreta la intimación para que en cinco días "acredite la representación invocada", bajo apercibimiento de lo dispuesto en arts. 49 y 50 del C.P.C.

Advierto que el Juez intima acreditar la personería invocada, esto es subsanarla, lo que es cumplido por la aparte actora, conforme poder especial que agrega a fs. 103 y ss.

Ahora bien, el defecto que señala el A-quo en decreto de fs. 106 - objeto del recurso - es que la fecha de otorgamiento del mandato (fs. 103) es posterior a la fecha de deducción de la acción intentada. Entiendo que, si se direcciona la intimación a la acreditación de la personería, habiéndolo cumplido el actor en el plazo que se le concede; el acto de otorgamiento quedó convalidado por la subsanación del defecto.

En otro orden, considero que el poder agregado subsanando la "falta de representación" apuntada resulta suficiente, desde que identifica expresamente el proceso, facultando al profesional representante a presentar - a tal efecto - "escritos y documentos de toda clase".

Por ello y con apego a lo dispuesto en los arts. 49, 50, 54 y cc del C.P.C., adhiero al voto precedente, haciendo lugar al recurso de apelación deducido por el actor. Costas por su órden, conforme las motivaciones antes dadas por el colega preopinante.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Admitir el recurso de la parte actora con costas por su orden, y revocar las resoluciones apeladas debiendo continuar el proceso según su estado.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. JUAN JOSE VICTORIA ;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.