Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-07


SENT Nº 504 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Siete (07) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora en autos: "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Ibáñez Dante Julio y otro s/ Cobros (ordinario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 80/91 por el apoderado de la actora, Caja Popular de Ahorros de la Provincia, en contra de la sentencia de fecha 06/7/2005 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común.

El pronunciamiento recurrido (fs. 74/76 vta.) dispuso revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada en autos.

A fs. 94/vta., el actor contesta el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada por sentencia de fecha 14/10/2005 que glosa a fs. 96, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso-, considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Se trata de una sentencia emanada del tribunal de alzada, que resuelve la cuestión propuesta, de modo definitivo para las partes.

III.- Desde la perspectiva del art. 815 procesal, se agravia el recurrente de la sentencia en cuanto dispuso que el plazo de prescripción aplicable a la relación jurídica en litigio es el determinado en el art. 847 inc. 1° y 2° del Código de Comercio y no el previsto en el 846 del mismo cuerpo legal.

Considera que la argumentación del fallo es insuficiente, arbitraria y contraria a derecho.

Expresa que la decisión de la Cámara, no obstante haber admitido en forma expresa que la ley establece como regla general el plazo decenal y que consagra como excepciones una serie de plazos aplicables a ciertos tipos especiales de acciones, infringe el art. 846 del Código de Comercio, al resolver que es aplicable el plazo de prescripción de cuatro años. Para así hacerlo, explica que el fallo lo hace con un criterio voluntarista y cargado de tinte subjetivista con el cual pretende que al instituto de la tarjeta de crédito se le aplique una norma del Código de Comercio referida a la compraventa.

Manifiesta que respecto de la aplicación del art. 847 inc. 2°, la Cámara incurre en igual actitud porque, sin estrictez jurídica, omite considerar que la mora generada por incumplimiento del deudor es automática y tiene como consecuencia la extinción de los plazos, con lo que la obligación deja de ser de aquéllas que deben pagarse por años o por plazos periódicos más cortos.

Cita jurisprudencia de la Cámara Civil por la cual se considera errada la aplicación del art. 847 del Código de Comercio al caso de autos y atribuye a esta Corte haberse pronunciado a favor del plazo de prescripción decenal en los autos Banco Municipal de Tucumán vs. José Adolfo Alfaro s/ cobro ejecutivo de pesos.

Se agravia luego de que se hayan impuesto las costas por el orden causado, porque a pesar de que con el resultado que el a quo otorga a la cuestión, tal imposición le es favorable, lo cierto es que la consecuencia lógica esperada en el presente recurso es que el fallo sea casado y que las costas de ambas instancias sean impuestas a la parte vencida, sin que pueda alegarse divergencia jurisprudencial, al existir jurisprudencia de la Cámara y de la Corte en el sentido que su parte propicia. Cita doctrina legal y solicita que se case la sentencia IV.- En orden a la procedencia del recurso entiendo que el mismo debe prosperar por las siguientes consideraciones.

Yerra la Cámara al considerar que al caso se aplican los incs. 1° y 2° del art. 847 del Código de Comercio. En efecto, esta Corte Suprema tiene dicho que en casos como el sub examine, la norma que rige la materia es el art. 846 del mismo digesto de fondo.

Así, y en primer lugar, corresponde descartar la aplicación al caso de la ley 25.065 -regulación del contrato de tarjeta de crédito-, pues tal como lo indica el Juez de Primera Instancia, ella no estaba vigente al momento de la celebración del contrato ni en el de la mora en el cumplimiento de las obligaciones.

En segundo lugar, y como estableció esta Corte en otros precedentes, no puede soslayarse que en el caso, siendo la prescripción decenal el principio general, la aplicación de plazos de prescripción especiales resulta de interpretación restrictiva (Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", T° III, Librería Editora Platense, La Plata, 1991, pág. 788); y siendo así, la aplicación analógica de la norma resulta contraindicada (cfr. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil. Parte General", T° 1, Abeledo Perrot, Bs. As., 1997, pág. 103). En este sentido, señalase que el nexo jurídico entre el emisor y el titular de la tarjeta de crédito, constituye una figura atípica, que si bien participa de distintos tipos contractuales tradicionales, no puede ser asimilado a ninguno específicamente, ni aún respecto del plazo de prescripción de las acciones emergentes. "Al contrato de tarjeta de crédito no resulta aplicable analógicamente la prescripción del art. 847 del Cód. de Comercio... por lo que no existiendo norma jurídica que se refiera a la prescripción de las relaciones obligacionales emergentes, la prescripción que debe aplicarse es la decenal prevista por el art. 846 del cuerpo legal citado" (Tribunal Superior de Córdoba, sala Civil y Comercial, agosto 22-996 en autos "Banco Social de Córdoba c. Fernando Martínez Luna y otra", L.L.Cba., 1998-939; criterio reiterado en C.N.F.Civ.Com., sala II, diciembre 3-998 en autos "Banco de la Nación Argentina c. Mario Tremul", L.L., 1999-D-457). La solución impuesta al caso por el decisorio impugnado se ve asimismo reforzada por el principio según el cual, en caso de duda sobre si una prescripción se encuentra o no cumplida, debe estarse por la subsistencia de la acción (Cazeaux-Trigo Represas, op.cit., pág. 633) (cfr.: CSJT, sent. n° 847 del 12/10/2000).

Por lo expuesto, corresponde casar la sentencia impugnada a tenor de la siguiente doctrina legal: "En los contratos de tarjeta de crédito a los que no corresponde aplicar la Ley 25.065, la prescripción de la acción de cobro de crédito emergente de la utilización de aquélla es la decenal del art. 846 del Código de Comercio" y dictar como sustitutiva la siguiente: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia del 13 de diciembre de 2004, la que se confirma. II.- COSTAS a la vencida (art.

106 y 108 procesal)".

Las costas del recurso de casación se imponen a la vencida por ser ley expresa (art. 106 procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la actora en contra de la sentencia de la Sala Iª de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 06/7/2005 y, en consecuencia se CASA la misma conforme a la doctrina legal enunciada, dictándose como sustitutiva la siguiente: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia del 13 de diciembre de 2004, la que se confirma. II.- COSTAS a la vencida (art. 106 y 108 procesal)".

Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.