Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-10


SENT Nº 315	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Mayo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado René Mario Goane (h), por derecho propio en autos: "Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. vs. De Genova Paula Andrea del Valle s/ Ejecución hipotecaria. Incidente de apelación promovido por el actor".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por el letrado René Mario Goane (h), por derecho propio (fs. 157/178), contra la sentencia Nº 506 de fecha 2 de diciembre de 2010 (fs. 145/146), dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones. La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia Nº 76 de fecha 15 de abril de 2011 (fs. 205) del referido Tribunal de Alzada.

II.- El pronunciamiento de Cámara de fecha 2 de diciembre de 2010 (fs. 145/146) hizo lugar al recurso de apelación deducido por el Banco Macro S.A. y, en consecuencia, revocó la sentencia apelada ordenando el levantamiento del embargo preventivo dispuesto por sentencia que obra a fs. 35. El referido pronunciamiento de Cámara, aclara que, si bien resultaría procedente una medida cautelar cuando el peticionante goza de una sentencia de condena favorable, en la especie -sostiene la Cámara- los antecedentes del caso permiten advertir la presencia de un elemento especial, un contrato celebrado entre el Banco Macro S.A. y el letrado René M. Goane (h), por el cual éste último habría renunciado expresamente a percibir suma alguna del Banco Macro S.A., en concepto de honorarios que le fueran regulados por aplicación de los aranceles respectivos, sin perjuicio de reclamarlos a la contraria. A su vez, invoca la Cámara, que las normas desregulatorias autorizan a convenir libremente los honorarios profesionales y que el art. 4 de la Ley Nº 5.480 establece que no pueden invocar esta ley respecto de sus clientes, los profesionales con asignación fija o en relación de dependencia. Por ello, interpreta el fallo impugnado, que no existe un grado suficiente de verosimilitud del derecho para la procedencia del embargo preventivo.

Por su parte, la sentencia de Cámara interpreta que no existe tampoco, peligro por la demora, en atención a que "no es lógico, razonable pensar que un patrimonio como el que ostensiblemente tendría el BANCO MACRO, pueda verse abruptamente disminuido para evadir el pago de las sumas reclamadas". A su vez, destaca que el antecedente citado a fs. 137 de este proceso (referido a: Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala II, "Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. vs. Santos Ruiz S.R.L.y otro s/ Queja" sentencia de fecha 26/8/2009), se trata de un supuesto distinto al presente, ya que en aquel el embargo preventivo se había transformado en ejecutivo, mientras que en autos, sólo existe la sentencia regulatoria de honorarios, pero no se inició la ejecución, situación que lo distinguiría de otros antecedentes. Por lo expresado, ordenó el levantamiento del embargo.

III.- A fs. 157/178 el letrado René M. Goane (h), por derecho propio, interpone recurso de casación contra el pronunciamiento de fecha 2 de diciembre de 2010, aduciendo que la misma incurre en arbitrariedad, incongruencia, violación, inobservancia y errónea aplicación de normas procesales, arancelarias y constitucionales. El recurrente realiza un repaso de los antecedentes del caso, en donde efectúa una serie de consideraciones referidas a la procedencia de las medidas cautelares cuando se pretende garantizar el cobro de honorarios profesionales, sobre el acierto de los pronunciamientos de primera instancia, y cuestiona el pronunciamiento de Cámara, que se impugna a través del recurso de casación sub examen. Asimismo, el recurrente expresa los argumentos por lo que interpreta que su recurso casatorio debe ser declarado admisible, poniendo énfasis en la gravedad institucional, la que a su criterio se configuraría por la existencia de pronunciamientos contradictorios entre las diferentes salas de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

Por su parte, invoca el recurrente, que el pronunciamiento de Cámara no tuvo en cuenta que, los requisitos necesarios para el dictado de una medida cautelar, se presumen cuando la existencia del crédito está demostrada por sentencia judicial y que, en autos, no existe prueba en contrario que justifique no tener por acreditados los extremos necesarios para la procedencia del embargo. Considera que, en la especie, se trata de un derecho certero, que deriva de una decisión judicial contenida en una sentencia, y que, por lo tanto, corresponde la procedencia de la medida cautelar.

A su vez, el recurrente, identifica también como agravio, la supuesta contradicción entre el pronunciamiento impugnado con otros precedentes de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones. Sostiene que el cambio de criterio que involucra el pronunciamiento impugnado, no posee ningún argumento o sustento jurídico y que la resolutiva atacada no constituye una derivación razonada del derecho vigente. Afirma que la resolución incurre en arbitrariedad, análisis erróneo, ilógico e inequitativo, y que resulta autocontradictoria, a partir de que anuncia que no corresponde analizar la aplicación de la Ley Nº 5.480 o el pacto de honorarios o la relación laboral, y sin embargo, posteriormente lleva adelante un análisis sobre el contrato y su aptitud para comprometer la verosimilitud necesaria para el dictado de la medida cautelar en cuestión, lo que, a criterio del recurrente, excedía las facultades del tribunal por ser cuestiones que hacen al fondo del asunto.

Finalmente, sostiene el recurrente, que la sentencia atacada repugna la garantía de igualdad, en tanto que crea un privilegio para el Banco Macro, al quedar afuera de la ley. También expresa que sí existe peligro en la demora, desde que las entidades bancarias de nuestro país han dado muestras que son merecedoras de cualquier concepto, menos, de que no pueden ser insolventes.

De conformidad a las consideraciones reseñadas, propone doctrina legal, y solicita se haga lugar al recurso tentado.

IV.- Corrido el traslado de ley, la parte actora solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto, por las razones expuestas en su presentación de fs. 187/201. Por auto interlocutorio de fecha 15 de abril de 2011, la Sala II de la Excma Cámara Civil en Documentos y Locaciones concede el recurso de casación (fs. 205), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad del recurso, se verifica el cumplimiento de los requisitos de depósito (fs. 156) y presentación tempestiva, el escrito se basta a si mismo y propone doctrina legal. Sin embargo, se advierte que el recurso sub examen no cumple con el recaudo de definitividad que le es propio.

En la especie, el recurso casatorio impugna una sentencia que resuelve una cuestión que involucra a una medida cautelar, en donde el Tribunal a quo interpretó que existen elementos que comprometen la verosimilitud del derecho invocado y que, además, no existe peligro en la demora, por lo que ordenó el levantamiento de la medida cautelar.

Sobre el particular, esta Corte ha sostenido reiteradamente que las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, ni son definitivas ni preclusivas, de donde resulta que pueden reverse siempre que se aporten nuevos elementos. Se trata de decisiones provisionales que pueden ser modificadas según lo aconsejen ulteriores circunstancias, sin que pueda invocarse a su respecto la cosa juzgada (CSJT, sentencia Nº 302 del 5 de mayo de 2010). Así, se ha dicho que las decisiones referentes a medidas precautorias, sea que las ordenen, las modifiquen o extingan, no revisten el carácter de sentencia definitiva (CSJT, sentencias Nº 952 de fecha 18 de octubre de 2006; Nº 125 de fecha 3 de marzo de 2006; Nº 509 de fecha 24 de junio de 2005; Nº 923 de fecha 21 de noviembre de 2003; Nº 625 de fecha 21 de agosto de 1998, entre otras).

El remedio excepcional de la casación está reservado para los supuestos en que el pronunciamiento atacado es definitivo y, en las cuestiones incidentales, sólo en la medida que terminen el pleito o hagan imposible su continuación.

Conforme a lo analizado, la sentencia recurrida no cumple con el requisito de definitividad en el criterio de este Tribunal, en el sentido de ser un recaudo propio y autónomo que no se satisface ni se suple por la invocación de arbitrariedad o de infracción a normas de derecho (CSJT, sentencia Nº 937 de fecha 10 de octubre de 2007).

Por su parte, tampoco concurre el excepcional supuesto de gravedad institucional, que permitiría superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado, toda vez que, este último, no luce configurado en el presente caso, en tanto no se advierte que la cuestión bajo análisis exceda el interés particular de los litigantes, involucre valores que atañen a la colectividad, vulnere algún principio constitucional básico o comprometa el regular funcionamiento del servicio de justicia o la buena marcha de las instituciones.

En primer lugar, la naturaleza de la cuestión debatida, referida a una medida cautelar en el marco de un reclamo por honorarios profesionales, no se enmarca en el concepto de gravedad institucional, en tanto que no posee por sí eficacia como para comprometer el interés general, el mismo no excede el interés de las partes involucradas en el proceso (CSJT, sentencia Nº 823 de fecha 25 de octubre de 1999), resultando en la especie, simplemente, un interés meramente individual dirigido a obtener un pronunciamiento favorable sobre una medida cautelar.

Por su parte, si bien se alega la existencia de pronunciamientos contradictorios en la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones a los efectos de configurar la gravedad institucional, se advierte que el pronunciamiento impugnado realiza una valoración del cuadro fáctico dirigido a examinar la procedencia de la medida cautelar, de donde resulta que no sólo interpreta la ausencia de los extremos necesarios para el dictado de medidas cautelares en el marco del específico vínculo contractual que uniría al letrado René M. Goane (h) con el Banco Macro S.A., sino que también se funda en otra cuestión propia del presente proceso, cuando apunta que en éste, "sólo existe la sentencia regulatoria de honorarios, pero no se ha iniciado ejecución", este último hecho -más allá de que, en rigor, deba o no constituir una cuestión relevante en la solución del caso- ha sido interpretado por la Cámara como un elemento que sostiene la decisión adoptada y que lo distinguiría de otros precedentes citados. Todo esto, evidencia que la sentencia atacada por el recurso sub examen, se sustenta en una valoración de los hechos específicos que caracterizan al presente juicio, lo que no sólo impediría extender a otros procesos las conclusiones alcanzadas en éste, sino que también obstaría a la comparación con otros precedentes. Cabe agregar aquí, que la valoración que realiza la Cámara del contrato que uniría al letrado René M. Goane (h) y el Banco Macro S.A. (obrante a fs. 53/82), y la conclusión de que el mismo compromete seriamente el derecho a obtener la cautelar peticionada, de modo alguno importa un prejuzgamiento -como lo pretende el recurrente- (CSJN, Fallos: 311:578), por el contrario, la apreciación del cumplimiento de los extremos necesarios para el dictado de una medida cautelar, importa para los jueces, la necesidad de valorar el cuadro fáctico del caso en su integridad, esto implica que la concesión de una medida cautelar no puede fundarse exclusivamente en las afirmaciones del peticionante (conf., CSJT, sentencia Nº 879 de fecha 23 de octubre de 2000), sino que debe comprender el examen de los hechos que emergen de las constancias de la causa y conforme a las circunstancias del caso objetivamente apreciadas (conf., CSJT, sentencias Nº 283 de fecha 23 de abril de 2001, Nº 820 del 25 de octubre de 1999, entre otras). Esta actividad valorativa desplegada por los jueces en el marco de una medida cautelar, implica solo apreciar provisoriamente el mérito de la pretensión, lo cual no afecta la valoración final que deberá efectuarse en la sentencia una vez incorporadas a las actuaciones, la totalidad de los elementos probatorios que aporten las partes litigantes.

Sin perjuicio de lo mencionado, cabe agregar también, que no alcanza a los efectos de configurar la gravedad institucional, la mera invocación de la existencia de pronunciamientos contradictorios en las distintas Salas de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, en tanto que, de la sentencia de fs. 205, surge "que actualmente los fallos de las Salas I y II, encontrándose vacante la Sala III, no son contradictorios entre sí, toda vez que sostienen idéntico criterio respecto a rechazar los embargos preventivos solicitados por los distintos ex letrados del banco EMPRESARIO DE TUCUMAN y/o BANCO MACRO S.A. para asegurar sus pretendidos honorarios profesionales por sus actuaciones en juicios", este último extremo, que puede confirmarse a partir de las copias de los fallos agregados a fs. 181/186, permite sostener que, si bien existió una modificación de los criterios aplicados por algunos de los integrantes de las diferentes Salas del mencionado Tribunal, no se configura la denunciada discrepancia y contradicción en la actualidad. En consecuencia, ha desaparecido la causa que hubiera podido justificar un examen sobre la apertura de la instancia extraordinaria sustentada en la necesidad de unificar la interpretación en la materia y evitar la incertidumbre de los justiciables, y con ella, ha desaparecido el peligro de que esta temática produzca una afectación en el servicio de justicia y la buena marcha de las instituciones.

Lo expuesto, impide verificar, para el caso concreto, la trascendencia institucional atribuida por el recurrente a la resolución atacada, al no encontrarse presente ninguno de los extremos que justificaría la apertura de la instancia extraordinaria local. Conforme a lo considerado, y no habiéndose satisfecho los recaudos de admisibilidad impuestos por el art. 748 del CPCCT, corresponde declarar inadmisible y, por ende, mal concedido el recurso de casación deducido por el letrado René M. Goane (h) contra la sentencia Nº 506 de fecha 2 de diciembre de 2010 (fs. 145/146), dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

VI.- Atento al señalado cambio de criterio de algunos integrantes de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, con relación a pronunciamientos de fecha anterior, corresponde que las costas de esta instancia sean impuestas por el orden causado (art. 105, inc. 1, del CPCCT).

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

I.- La relación de los antecedentes de la causa se encuentran prolijamente realizados en los apartados I a IV del precedente voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, y a ellos me remito.

II.- En orden a la procedencia del recurso comparto los argumentos y la resolutiva que emergen del voto preopinante. Me permito, igualmente, efectuar las siguientes consideraciones.

En primer lugar, en punto a la admisibilidad recursiva, esta Corte tiene dicho en numerosos precedentes aplicables a este caso que las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado ni son definitivas ni preclusivas, de donde resulta que pueden reverse siempre que se aporten nuevos recaudos. Se trata de resoluciones provisionales que pueden ser modificadas según lo aconsejen ulteriores circunstancias, sin que pueda invocarse a su respecto la cosa juzgada. En tal sentido las decisiones referentes a medidas precautorias sea que las ordenen, modifiquen o extingan no revisten el carácter de sentencia definitiva (CS 12/6/1979. Doctrina Judicial del 05/7/1989, N° 77 CSJTuc., "Trejo A. s/ Recurso de amparo -Queja por casación denegada-", 07/7/1994 y sentencias Nº 28 del 03/3/1992; Nº 296/1995). La doctrina y la jurisprudencia coinciden en señalar que "Las resoluciones que decretan, levantan, modifican o deniegan medidas cautelares, por principio, no son apelables por vía extraordinaria, salvo cuando se demuestra que el perjuicio que pueden ocasionar es irreparable, requisito que no se suple con la invocación de la arbitrariedad o de agravios constitucionales" (Alberto B. Bianchi, "La sentencia definitiva ante el recurso extraordinario", Ed. Ábaco, Buenos Aires, 1998, pág. 85). En relación al agravio irreparable, la CS sostuvo que: "...las providencias sobre medidas cautelares dictadas en el ámbito de acciones de la índole de la presente, no causan por lo común agravios irreparables; pues la vigencia en el tiempo de dichas providencias suele ser tan fugaz, como el proceso en el que se dictan (conf. doctrina del caso "Bertoluzzi", Fallos: 237:863 -año 1957-; consid. 2º del caso "Páez", Fallos: 250:473 -año 1961-). La definitividad es un recaudo propio y autónomo y no se satisface ni suple con la invocación de arbitrariedad o de infracción a normas de derecho (CSJT, sentencia Nº 937/2007; caso "Martín", Fallos: 305:1929 -año 1983-; doctrina del consid. 5º in fine del caso "Lombardo", Fallos: 306:224 -año 1984, La Ley, 1984-B, 433, más allá del acierto o error atribuibles a los fundamentos de su adopción" (CS, sentencia de fecha 07/5/1998 "Defensor del Pueblo de la Nación c. Poder Ejecutivo"; La Ley 1998-C, 556-DJ 1998-2) (cfr: CSJT, sentencia Nº 65/2009).

En segundo lugar, el recurrente reconoce que la sentencia que ataca no es definitiva. Sin embargo, ha manifestado que existen sentencias contradictorias entre Salas de la misma Cámara por lo que entiende que el caso ingresaría por el carril de la gravedad institucional. Respecto a esto último, cabe expresar que se han tenido a la vista en la base de datos on line las sentencias de cada uno de los expedientes citados por el recurrente para fundamentar gravedad institucional por sentencias contradictorias. De la lectura de estos fallos se colige que, excepto en un par de ellos a que nos referiremos más abajo, en todos los demás no existe la identidad fáctica requerida para que se pueda alegar, con razón, la contradicción entre sentencias de igual tribunal. En efecto, en casi todos los casos citados no se hace alusión alguna en los considerandos sentenciales al convenio de honorarios a que refiere el pronunciamiento aquí recurrido. Las circunstancias de hecho y prueba, y/o el sostén de la resolutiva fijada por la Cámara, por ende, resultarían ser disímiles en la mayoría de los juicios citados por el recurrente para acreditar la mentada contradicción.

En tercer lugar, la presunción del art. 233, 1, a) es, tal como la misma normativa lo señala, "iuris tantum": admitir prueba en contrario. De allí se deriva que la ponderación de las probanzas que se acompañen a la causa para sustentar o rebatir la existencia de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares es cuestión de hecho reservada a los tribunales de mérito sobre la cual esta Corte nada expone por la presente y respecto de la que es potestad y deber de la Cámara juzgar en cada caso según sus propias particularidades.

En efecto, la apreciación del cumplimiento de los extremos necesarios para el dictado de una medida cautelar importa para los jueces la necesidad de valorar el cuadro fáctico del caso en su integridad, esto implica que la concesión de una medida cautelar no puede fundarse exclusivamente en las afirmaciones del peticionante (cfr: CSJT, sentencia Nº 879/2000), sino que debe comprender el examen de los hechos que emergen de las constancias de la causa y conforme a las circunstancias del caso objetivamente apreciadas (CSJT, sentencia Nº 283/2001). Cabe recordar como principio en la materia, que no se configura prejuzgamiento cuando el tribunal se halla en la necesidad de emitir opinión acerca de algún punto relacionado con la materia controvertida; lo que ocurre entre otros casos, al decidirse sobre la admisión o rechazo de una medida cautelar (CSJNac., Fallos 311:578; CSJT, sentencia N° 820/1999). La actividad valorativa en el marco de la medida cautelar implica sólo apreciar provisoriamente el mérito de la pretensión, lo cual no afecta la valoración final.

En cuarto lugar, corresponde aclarar que la gravedad institucional por sentencias contradictorias hace ingresar la cuestión por los carriles casatorios a los fines de unificar la jurisprudencia y conculcar el peligro de la contradicción aludida con el fin de aventar el escándalo jurídico. Para que proceda la gravedad institucional por tal causal, no se requiere sólo la analogía o identidad entre los supuestos de hecho que dieron lugar a los pronunciamientos supuestamente contradictorios sino también una divergente interpretación jurisprudencial de una norma de derecho y que la contradicción interpretativa referida sea causal en las providencias vinculadas esto es, que la solución arribada, en ambos precedentes confrontados, se asiente en la doctrina pretendidamente antagónica.

Dicho esto, cabe observar que el caso presenta una cuestión fáctica y no jurídica: No se trata de que este máximo Tribunal se pronuncie por la interpretación de normativa procesal o fondal alguna. Se trata, en esencia, de la injerencia del convenio mentado en la ponderación de la verosimilitud del derecho a los efectos de la traba de un embargo. Y sobre esto -si el convenio incide o no en la convicción del juzgador respecto al requisito de la verosimilitud del derecho, a la existencia de ese "humo de buen derecho"-, en principio, nada puede ni debe decir esta Corte precisamente por la naturaleza eminentemente fáctica de la cuestión, reservada a los tribunales de mérito.

La Cámara, en precedentes "Banco Empresario vs. Ganum, Pablo y otro s/ Ejecución hipotecaria, Expte 4588/04-I3" y "Banco Macro vs. Inversiones del Aconquija S.R.L. s/ Cobro ejecutivo -Expte n° 2860/04I1-", se autolimitó en analizar el convenio presentado por el Banco Macro por entender que se trataba de una cuestión a tratar en otra oportunidad y que hacerlo en ésta implicaría prejuzgamiento. Posteriormente, entendió que podía valorar el convenio dentro del marco de la verosimilitud del derecho como requisito de la medida cautelar y así lo hizo. Mientras tal valoración no implique prejuzgamiento, circunstancia que se deberá analizar caso por caso, esta Corte no puede entrar a juzgar sobre el mérito o el demérito de tal actividad ponderativa, reservada por ley, al tribunal de grado anterior.

En el presente caso, la conclusión de Cámara respecto a que el contrato que uniría al letrado René Goane (h) y el Banco Marco S.A. "compromete seriamente el derecho a obtener la cautelar peticionada" -y esto sin entrar a considerar su vigencia, validez, etc, circunstancias que se dejan expresamente para resolverse en forma definitiva en otra oportunidad- no puede considerarse que implique prejuzgamiento. Obsérvese que la aseveración no implica un juicio definitivo alguno, ni siquiera lo prepara; se trata del derecho "a obtener la cautelar" "lo comprometido" mas no el derecho que, en forma definitiva, pudiera existir en cabeza del letrado frente a la entidad bancaria.

Por último, corresponde distinguir netamente el supuesto de sentencias contradictorias con el cambio de criterio jurisprudencial. Los tribunales pueden cambiar criterio dando suficientes motivos para ello sin que ello implique incurrir en gravedad institucional. Pueden, por tanto, y mucho más en el campo de las medidas cautelares esencialmente mutables, revocarlas en tanto existan en autos elementos que demuestren la improcedencia de la medida o mantenerlas si estos elementos no existieren. En el supuesto de cambio de criterio, la "contradicción" no revestiría gravedad institucional al ser relativamente previsible para los justiciables el criterio del órgano llamado de dirimir, en definitiva, la cuestión.

En este sentido, en el caso de autos, se observa que la Cámara, en su sentencia de fecha 15/4/2011, al conceder el recurso de casación, expresamente advierte que "actualmente los fallos de las Salas I y II, encontrándose vacante la Sala III, no son contradictorios entre sí, toda vez que sostienen idéntico criterio respecto a rechazar los embargos preventivos solicitados por los distintos ex letrados del banco EMPRESARIO DE TUCUMAN y/o BANCO MACRO S.A. para asegurar sus pretendidos honorarios profesionales por sus actuaciones en juicio" (sic, fs.205).

Es decir que es la misma Cámara la que advierte que "actualmente" (arg. art. 40 procesal CPCCT) los fallos de las Salas I y II no son contradictorios, sosteniendo, en cambio, idéntico criterio. Con ello, se observa la inexistencia o eliminación de la incertidumbre jurídica que se configuraría en virtud del antagonismo hermenéutico jurisprudencial alegado, y se garantiza un criterio uniforme que coadyuva a la obtención de una justicia homogénea, que robustece la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley (garantía, esta última, que no alcanza, por analogía, a la variación de jurisprudencia, CSJN, 26/02/1991, "Frías, Hugo Daniel; Vila, Héctor Oscar y Flores, Julio Luis", La Ley Online; AR/JUR/2894/1991).

En el caso la previsibilidad brilla en su vigencia toda vez que se trata de una misma cuestión: hacer lugar o no al embargo para garantizar el cobro de honorarios del letrado recurrente. Tal cuestión, como queda dicho, es fáctica -no jurídica- con lo que de concreto y particular se deriva de ello. A más cabe agregar que el "cambio de criterio" depende de la distinta postura que las Salas han adoptado respecto a si valorar o no un convenio de honorarios que habría sido celebrado entre las partes. En este sentido cabe reiterar lo expuesto supra en tanto que tal valoración no está excluida pues ella por sí misma, no implica prejuzgamiento. De allí que el resultado de la sentencia que aquí particularmente se recurre deba ser confirmado en este aspecto -posibilidad de valoración- y no en cuanto al resultado de la misma sobre la que esta Corte nada dice.

Al mismo tiempo, el hecho de tratarse de una cuestión eminentemente particular -como lo es la presentación de un convenio que habría sido celebrado entre las partes- y lo expuesto por la Cámara en sentencia de fecha 15/4/2011, aventa el peligro del grave descreimiento y desazón que se causaría a embargantes a quienes se les confiera la medida cautelar y a otros que no, en las circunstancias generales del art. 233, 1, a).

Es decir, siguiendo todavía en esta línea argumentativa, que se trata de una cuestión que no excede el interés particular del litigante; que está referida a una medida cautelar en el marco de un reclamo por honorarios profesionales y toda ella centrada en el análisis de un convenio determinado. Se trata, entonces, de un interés individual dirigido a obtener un pronunciamiento favorable sobre la medida cautelar impetrada. Lejos está la cuestión en sí misma de vulnerar algún principio constitucional básico, alterar la estructura esencial del procedimiento, o comprometer el servicio de justicia o la buena marcha de las instituciones.

En mérito a las razones expresadas, no habiéndose cumplimentado los recaudos de admisibilidad impuestos por el art. 748 CPCCT, corresponde entonces declarar inadmisible y, por ende, mal concedido, el recurso de casación deducido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur y por las consideraciones efectuadas por el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE y, en consecuencia, MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por el letrado René M. Goane (h), contra la sentencia Nº 506 de fecha 2 de diciembre de 2010 (fs. 145/146), dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

II.- COSTAS del recurso como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR DANIEL OSCAR POSSE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR (con su voto)	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.