marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tareas domésticas, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ROSALES DE RODRÍGUEZ LILIANA MABEL c/ HERMINIA OLIMPIA TESTA DE SCAVARDA Y/ U OTROS s/ DEMANDA LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2007-06-05

Las exigencias para la aplicación del estatuto en estudio -ref. Decreto Ley Nº 326/56- son: a) el desarrollo de tareas inherentes al hogar de un tercero (Trib. Trab. Trenque Lauquen, 05/09/02, Kunz C. Lapacó de Goldin s/ Certificación de servicios). b) la ausencia de lucro respecto de ese tercero (CNAT, Sala III, Beracochea Rodríguez c. Blumenfeld. D.T. 2000-A-394), y c) tiempo mínimo de servicios ("Servicio Doméstico", Elsa Gentile, pág 29, Ed. Nova Tesis, Buenos Aires, 2005).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, incongruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BILESIO DE BUCETA, MATILDE M Y OTROS c/ CONSTANTINI, JOSE s/ SIMULACION DE ACTO JURIDICO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 91-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-12

No torna viable la apertura del recurso de inconstitucionalidad, la supuesta autocontradicción invocada, que se sustenta en la transcripción aislada de expresiones vertidas por los jueces, pero que en su contexto no denotan el enfrentamiento lógico pretendido.
Competencia federal, competencia criminal, servicio telefónico, facturación excesiva
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ARANCIBIA, NORMA A. s/ COMPETENCIA EN RAZON DE LA MATERIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-18

Abarcando la denuncia no sólo una sobrefacturación sino también interrupción del servicio, es la Justicia en lo Criminal Federal la que debe seguir al frente de las actuaciones.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Poder Judicial, Ministerio Público, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALVAREZ ENRIQUE RAMON Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 524 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-21

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la provincia demandada contra la resolución de Alzada - confirmatoria de la del inferior- que hizo lugar al amparo promovido por los funcionarios del Ministerio Público, pues si bien es cierto que los agravios esgrimidos remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho público local, que por su naturaleza resultan ajenos en principio al recurso reglado por la ley 7055, corresponde hacer excepción a dicha regla cuando los Sentenciantes le han conferido al litigio un tratamiento que, en ciertos aspectos, excede los límites de lo meramente opinable o posible, o incluso del mero error , consagrando en definitiva una solución que omite considerar cuestiones decisivas para la suerte del pleito y de normas directamente aplicables, por lo que la misma en definitiva no puede ser considerada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Competencia, concursos, interposición de la demanda, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Hendi  Daniel Alejandro Basilio c/ Aguas Argentinas SA s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-04

Contrariamente a lo señalado en el fallo, resulta indisputable la competencia de este fuero para conocer en el pleito, a luz de las previsiones del ordenamiento concursal y más allá de lo que pueda ocurrir luego de dictada una eventual sentencia condenatoria (conf. arts. 21 y 56 de la ley 24.522). Además, Aguas Argentinas planteó, lisa y llanamente, que la acción es improcedente por ser posterior a la fecha del concurso. Mas esa afirmación se ve desmentida con la mera lectura de las constancias de las actuaciones: la demanda por daños fue promovida en el fuero comercial con fecha 7.2.02 y no en el momento indicado por el recurrente. Habiéndose decretado la apertura del concurso preventivo de Aguas Argentinas el 25.5.06 -ver informe del juez comercial-, esta causa no se encuentra alcanzada por la prohibición del art. 21 de la ley 24.522, que claramente se refiere a la deducción de nuevas acciones.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador, obligación de seguridad, cosa riesgosa, máquinas
Materia: LABORAL
Carátula: DOS SANTOS, Carlos c/ COMPAÑIA NAVIERA PEREZ COMPANC S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Aún cuando el trabajador sea el propietario de la cosa riesgosa -motosierra-, la facultad del empleador de dirección y organización empresarial no puede desvincularlo de la correlativa carga de adoptar las indispensables precauciones propias del riesgo de la actividad que se encomienda, porque la responsabilidad de la demandada no nace a partir del riesgo de la cosa, sino de la omisión en que incurre, sea por no haber prescindido de los servicios de quienes no contaban con maquinarias previstas de dispositivos de seguridad, sea porque la empresa no se los proveyó o no organizó y distribuyó las tareas ponderando adecuadamente esa circunstancia.
Prueba confesional, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Panizza, Oscar c/ Costa, Hugo s/ D. y P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

Las manifestaciones del propio demandado al absolver posiciones nunca pueden servir de elemento de convicción favorable a esa parte.

Ello así, pues se encuentra en pugna con los principios que informan a la teoría general de la prueba, desde que las proposiciones que emanan de la parte no prueban a su favor. Sólo operarán las manifestaciones que fueren desfavorables o perjudiciales para el absolvente.
Mutuo comercial, intereses, intereses compensatorios, intereses moratorios, prescripción, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Jujuy c/ José Nasif s/ RECURSO DE CASACION DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-04-06

La norma aplicable para computar el curso de la prescripción de los intereses del mutuo mercantil es la contenida en el art. 847, inc. 2° del Código de Comercio.

A fin de establecer el modo de computar el término para verificar si se ha producido la prescripción liberatoria, cabe hacer una distinción según se trate de los intereses compensatorios o de los moratorios.Ello obedece a que la prescripción comienza a correr desde que la obligación se hace exigible y siendo que las partes han pactado la exigibilidad de los intereses de diversas maneras según se trate de intereses compensatorios o moratorios, corresponde tratarlos por separado.
Nulidad procesal, consentimiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: González vda. de Fernández, Encarnación A. autos "Bco. Pcia.Chubut c-Félix M. Fernández González s-Ej. Hipotecaria" s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-06

Pese al carácter público de las leyes de procedimiento el consentimiento de las partes cubre todos los vicios procesales, habida cuenta que aquellas son renunciables en los términos de los artículos 19 y 21 del Código Civil.
Responsabilidad solidaria, prescripción, crédito laboral
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: López, Daniel Hernán  c/ Cabezas, María Amelia y otro  s/ extensión de responsabilidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-09

En los casos de extensión de la responsabilidad solidaria, el plazo aplicable respecto de la prescripción liberatoria es de dos años, porque se trata de reclamos de créditos laborales de causa individual y rige el término fijado por la normativa específica (art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo). El punto de partida de la prescripción corresponde ubicarlo en el momento en el que el derecho respectivo puede hacerse valer, pues existen supuestos en los cuales la relación jurídica o el derecho subjetivo y la acción para ejercitarlo pueden estar disociados temporalmente. En este supuesto ese momento puede ubicarse recién cuando se aprueba la liquidación aludida en el art. 132 de la L.O.
Fuerza mayor, enfermedades
Materia: CIVIL
Carátula: Sacone, Nicolás c/ Solari, Vicente s/ cobro de pasajes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-09-09

La enfermedad es causa de fuerza mayor.
Procesos especiales, procesos de conocimiento, ejecución de sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Martínez Alberete Marcelo c/ Club de Campo los Pingüinos SA s/ incidente de ejecución de sentencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-16

La sentencia meramente declarativa se limita a declarar o negar la existencia de una situación jurídica y, como tal no es susceptible de ser ejecutada, en tanto su dictado es suficiente para satisfacer el interés del actor y agotar la jurisdicción (Alsina, Hugo; Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ed. Ediar, Buenos Aires 1969, CNCom, Sala B in re "Palacios, Haydee María c/ Sindicato de Accionistas Clase C Telecom Argentina s/ Sumario s/ Incidente de Ejecución de Sentencia" del 12.4.07).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramos, Victor Hugo c/ Vip -Agencia de vigilancia privada- y otros s/ Diferencias de haberes-Casación-Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-06-12

Corresponde declarar formalmente improcedente el recurso extraordinario interpuesto por el recurrente que se agravia al entender que en el Auto Interlocutorio, por el que se rechaza el Recurso de Casación, se ha incurrido en arbitrariedad al omitir considerar jurisprudencia del máximo tribunal de la Nación, por lo que su fundamentación lo sería sólo en apariencia, importando lo resuelto, desconocimiento a la autoridad de la S.C.J.N. Ya que la casación con fundamento en la arbitrariedad resulta un recurso extremo y abarca supuestos excepcionales que alcanzan a aquellas sentencias carentes de fundamentos jurídicos y fundadas en la exclusiva voluntad de los sentenciantes, y que la divergencia subjetiva en la valoración y tratamiento del contradictorio no resultan procedentes, ni suficientes para desvirtuar las aseveraciones vertidas por los sentenciantes, de las que no se hace cargo el recurrente, razón por la que configurándose una típica cuestión de hecho y prueba queda exento del control de la casación.

Todo lo cual exime al Tribunal de considerar cualquier otra cuestión invocada y lo faculta a rechazar in totum la pretensión recursiva.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, Estado Provincial
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Wilensky, Pedro c/ Salta, Provincia de s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

En hipótesis en las que un particular pone en tela de juicio cuestiones exclusivamente concernientes al derecho público local, el litigio no debe ventilarse en la instancia prevista en el art. 101 de la Constitución Nacional, pues el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las causas que, en lo sustancial, versan sobre aspectos propios del derecho provincial que no han sido impugnados de inconstitucionales.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, interpretación de la ley, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gonzalez, Carlos Alberto y otros s/ inf. Ley 255 - Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-19

Los jueces tienen la obligación de efectuar interpretaciones razonables, que privilegien el espíritu de la ley y sean coherentes con los valores que se pretenden tutelar mediante su sanción.
Prueba, valor probatorio, policía judicial
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, ESTEBAN REYNALDO s/ PRUEBA - IMPUTADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1966-06-27

Los informes médicos no constituyen una verdadera pericia, en el sentido formal, pues para ello, es menester que la medida hubiera sido dispuesta por el juez durante el período de instrucción judicial,y no como ocurre, en que se cumplió a requerimiento de la autoridad policial en el curso de la investigación preliminar. Esto determina que deba dárseles otro carácter que el de "informes técnicos", previos a la actuación formal, solicitados en uso de las facultades que la ley atribuye a la policía judicial aplicables por extensión a la policía de seguridad, equiparada funcionalmente a aquella por el art. 190 C.P.P.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jurisprudencia, jueces, facultades del juez
Materia: FILOSOFIA
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

Si bien la jurisprudencia es fuente del Derecho Penal, no puede esta afirmación llevar a considerar que el "juris dictio" del juez pueda autorizarle a hacerle decir a la ley lo que ella no dice. Reconocer a la jurisprudencia el carácter de fuente significa afirmar que existen normas jurídicas jurisprudenciales, generales y obligatorias, que forman parte integrante del derecho positivo.

Sociológicamente o políticamente podrá discurrirse sobre la conveniencia o inconveniencia de que la misma sea fuente del derecho penal liberal, podrá decirse que ofrece la ventaja de evitar la incertidumbre jurídica; de dar seguridad, de orientar la técnica de los profesionales forenses, por lo menos aparentemente, a la pureza del principio de la división de poderes, de afectar la independencia del Juez y de constreñir su conciencia, de importar rigidez en la aplicación de la ley, de negar el progreso y la evolución, pero dogmática y jurídicamente el problema depende de lo que diga el orden jurídico determinado que se estudie. Y es por eso que en los distintos órdenes jurídicos históricos, e incluso en nuestro país, la jurisprudencia ha sido, y aún es en algunos, fuente del derecho penal. (Del Voto del Dr. Rosso). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, fondos comunes de inversión, cuotapartes de fondos comunes de inversión
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: "Borda  Osvaldo  y  otro c/ PEN Ley 25561 Dtos 1570/01 214/02 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-07

Las entidades administradoras y depositarias del fondo de inversión deberán cumplir con el contrato que lo vincula al actor de acuerdo con las normas legales aplicables a esas operatorias, precindiendo en su caso de la normativa que se declara inconstitucional, resoluciones y disposiciones dictadas en consecuencia y en cuanto al porcentaje de las cuotapartes representativas de las sumas invertidas en plazos fijos, cajas de ahorro o cuentas a la vista en dolares estadounidenses que la Sociedad Gerente pudo haber realizado en Terceras Entidades Financieras, la presente sentencia no resulta oponible a ellas, toda vez que no han sido parte en este juicio y por ello no han tenido oportunidad de ejercer debidamente su derecho de defensa. Desde este ángulo, la posibilidad de su devolución en la moneda de origen se encuentra anudada a su recuperación en esa moneda por el Fondo, de cada entidad en la cual realizó esas inversiones. Es que tampoco se trataría de un riesgo que deba ser asumido por la Sociedad Administradora frente al cuotapartista o al menos no se demostró en autos que la situación que derivó en el incumplimiento no le fue ajena. Empero en el caso, debe considerarse que la sociedad gerente de los fondos en cuestión -1784 S.A.- ha iniciado, en representación de los cuotapartistas, una acción de amparo que tramita ante el juzgado n° 12 de este fuero a fin de recuperar sus inversiones en la monedade imposición original. Ello así se declara el derecho del cuotapartista a su cobro en la moneda de origen, en el supuesto que la Sociedad Gerente, logre recuperar esos depósitos mediante la mencionada acción judicial o bien mediante cualquier otro mecanismo legal (Cons. XVII.b).
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Venencio Lairihon, Gustavo J. c/ Maldonado, Gustavo A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-24

La desvalorización del rodado es un daño emergente del ilícito, y como tal debe evaluarse a la fecha del evento, que es cuando se deteriora el valor de cambio del bien afectado. Por ello, resulta indiferente la desvalorización que el transcurso del tiempo pueda ir produciendo en dicho valor de cambio, o los que obedecen a otras causas ajenas al evento; las que no deben repercutir de ningún modo (positivo o negativo) en la determinación del monto del perjuicio.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, concurso preventivo, crédito fiscal, jueces, intereses, modificación de la tasa de interés
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: DAGARO S.A.C.I.A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- CONCURSO PREVENTIVO- INCIDENTE DE RECURSO DE REVISION PROMOVIDO POR AFIP- DGI (EXPTE.: C.S.J. NRO. 223 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-15

Corresponde denegar la concesión del Recurso Extraordinario desde que el error imputado a este Tribunal no guarda una mínima relación con las constancias de la causa.

Al respecto, en oportunidad de rechazar el recurso directo local, este Órgano sostuvo que la quejosa no había logrado demostrar que la tesis seguida por el 'A quo' implique la elección de una alternativa irrazonable o ajena al derecho en vigor, y sin dejar de reconocer que existen decisorios judiciales enrolados en la línea que postula la recurrente (improcedencia de la facultad judicial de morigerar intereses) otros tribunales se han pronunciado en punto a la tasa de interés a aplicar de manera coincidente con la posición del a quo.

En el caso, el Tribunal adhirió de modo expreso a una corriente jurisprudencial que se basa -principalmente- en las siguientes argumentaciones: 1.- mediando concurso, los jueces pueden reducir las tasas de interés reclamadas por el organismo recaudador si resultan excesivas; 2.- si el Estado puede, en aras del bien común, producir una consolidación de todos sus pasivos con tasas de interés reducidas, no hay razón para no aplicar el mismo criterio cuando el deudor común recurre al procedimiento colectivo; 3.- cuando el deudor está en cesación de pagos las tasas de interés extremadamente altas no tienen un efecto disuasorio, sino que por el contrario impiden el pago y disminuyen la recaudación fiscal, perjudicando los fines del proceso concursal; 4.- exigir que cada vez que el ente recaudador pretenda cobrar sobre la base de sus cambiantes resoluciones, el contribuyente plantee la inconstitucionalidad de ese acto general administrativo como si fuese la ley misma, resulta excesivo; 5.- las tasas de interés extremadamente altas en épocas de reconocida estabilidad monetaria, resultan incompatibles no sólo con las normas jurídicas sino con los principios económicos que fundan el proceso concursal; etc.

Tal respuesta jurisdiccional importa la adopción de una solución posible, basada en razones suficientes, y viable de conformidad con el ordenamiento jurídico y con el cuadro fáctico esclarecido, limitándose esta Corte a convalidar el criterio morigerador de la Cámara, mas sin aludir a la concreta interpretación del texto legal que la recurrente considera preterido.
Verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zimmermann, Horacio s/ Incidente de verificación tardía en autos 'Bianchet, Mario. Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-10

El principio de la imposición de costas al acreedor tardío, también tiene sus excepciones y límites. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo, asociación ilícita, asociación ilícita calificada, usurpación de títulos u honores correspondientes a fuerzas militares o de seguridad, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, Juan Carlos s/ ASOCIACION ILICITA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-09-01

1) Además de ser incriminados los procesados (policías) por el delito de robo, deben serlo por el de asociación ilícita, ya que las confesiones de los acusados revelan la presencia de un plan delictivo previamente prefijado con las exigencias propias del tipo y el reparto del producto del hecho corrobora dicha afirmación.

2) La asociación ilícita que se ha configurado es la genérica del art. 210 C.P. y no la del precepto siguiente, pues la posesión de "armas de fuego" o el empleo de uniformes o distintivos a que alude el art. 210 bis cit. primer párrafo, son elementos típicos sólo concebibles respecto de quienes no se encuentran habilitados por el propio Estado para portar las primeras y usar los segundos y como en el caso de autos ocurre precisamente lo contrario, pues los tres integrantes de la banda ostentaban la condición de policías, se concluye con la tipificación del art. 210 C.P.

3) Las agravantes de los arts. 247 ter y quater del C.P. incluidos como están en el capítulo relativo a la usurpación de autoridad, títulos y honores, no son obviamente de aplicación a los delitos cometidos por personal policial.
Juicio ejecutivo, litispendencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Esains, Alfredo Néstor y otra s/ preparación vía ejecutiva Alfredo Néstor y otra s/ preparación vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-12

Para la procedencia de la excepción de litispendencia se requiere como condición que un idéntico reclamo sea objeto de un doble conocimiento, es decir, que exista otro proceso pendiente entre las mismas partes en virtud de las mismas causas y por el mismo objeto.

Se da entonces frente a la coexistencia de dos pretensiones cuyos elementos son idénticos.
Teoría del delito, dolo indirecto
Materia: PENAL
Carátula: G., O. s/ Homicidio r/Víctima
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-05

En el dolo indirecto, si bien el designio criminal del sujeto activo está encaminado hacia una meta distinta al delito, éste queda representado inescindiblemente involucrado con las intenciones procuradas directamente indica la presencia del condimento examinado a través de: a) los medios para la realización del fin deseado; b) los obstáculos superados para lograr el fin deseado; c) las consecuencias necesarias de la ejecución del fin deseado.