Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-19


Reg.: A y S t 280 p 230/234. Santa Fe, 19 de diciembre del año 2.017. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora, contra el acuerdo de fecha 9 de junio de 2017, dictado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe en autos "CLEMENTE, IRMA contra AGUAS SANTAFESINAS SA -ORDINARIO- (CUIJ 21-01021096-5)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511554-7); y, CONSIDERANDO: 1. Por sentencia del 09.06.2017, la Cámara declaró mal concedidos los recursos interpuestos por la accionante, por no superar el monto del agravio la suma dispuesta por el artículo 43 de la ley 10160. Contra dicho pronunciamiento, la compareciente interpone recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055. Como base de la impugnación y tras relatar los antecedentes relevantes de la causa, le reprocha al Tribunal haber invocado el artículo 43 de la ley 10160, aun cuando se había sustanciado el recurso con la expresión de agravios de su parte y, por tanto, no se podían desconocer los extremos constitucionales del usuario consumidor como grupo social en virtud del cual existe un fuerte interés estatal en su protección. Le endilga, también, al A quo un exceso rigorismo formal ya que -aduce- ante la presencia de un caso de equivalencia entre los montos de la demanda y de la apelabilidad, se debió resolver a favor de esta última en aplicación del "in dubio pro actione", "in dubio pro apellatione", aplicable al caso por vía del principio "in dubio pro consumidor" del artículo 3 de la ley 24240, que aplica tanto a los derechos de fondo cuanto a las normas procesales que lo hacen efectivos. A este respecto, sostiene que la apelabilidad no puede depender de un centavo en más o en menos, en especial cuando se encuentra en juego un orden público (art. 65, ley 24240 y 42 de la C.N.). Alega, además, que el precepto en cuestión deviene en el caso y en la forma aplicada inconstitucional, toda vez que al tomar la Sala el valor de la unidad jus a la fecha de dictarse el pronunciamiento, acaece que mientras el monto de la demanda no se actualiza, el del jus sí lo hace, desigualando lo que debía mantenerse emparejado, a saber, el monto de la demanda y de la unidad jus calculados a la misma época de la demanda. Esgrime, por otro lado, que el pronunciamiento de la Cámara es intempestivo, ya que revoca el recurso de apelación concedido por el Juez de baja instancia luego de sustanciarlo por completo, fuera del plazo establecido por el artículo 355 de la ley ritual, a saber, "dentro de 3 días de notificado el primer decreto de trámite". Asimismo, argumenta que en el "sub-lite" dado que el Juez de grado rechazó la demanda por no considerar procedente las bases que dan sustento a los daños, no deviene aplicable el artículo 43, tal como ocurre en materia de honorarios, donde no resulta aplicable la valla de la norma citada cuando la apelación se sustenta en la discusión de la base que permita la regulación y no del monto regulado. Finalmente, destaca que el límite de la norma del artículo 43 no debe aplicarse en caso de arbitrariedad de sentencia de primera instancia, tratándose de resguardar los derechos constitucionales a la jurisdicción, al debido proceso y defensa en juicio, sobre todo estando en juego un fuerte interés estatal y un orden público legalmente reconocido en cuanto usuario o consumidor. 2. El Tribunal a quo denegó la concesión del recurso interpuesto mediante auto del 28 de septiembre de 2017 (fs. 30/33), lo que motivó la queja ante esta Sede (fs. 38/41). 3. La postulación de la recurrente cuenta prima facie con suficiente asidero en las constancias de autos, e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Disponer que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda. Regístrese y hágase saber. FDO.: ERBETTA - FALISTOCCO - GASTALDI - GUTIÉRREZ - NETRI (en disidencia) - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR NETRI: Se adelanta que la presente queja no puede prosperar. Es que a pesar del matiz constitucional que la recurrente pretende conferirle a sus cuestionamientos, en la liminar aproximación a lo sustancial propia de este estadio puede advertirse que los mismos sólo traducen su disconformidad con la tarea realizada por los Sentenciantes al interpretar las normas procesales que estimaron aplicables al "sub lite" (arts. 348 y 355, C.P.C.C.; art. 43, L.O.P.J.), materia que resulta propia de los jueces de la causa y que no depara cuestión constitucional en los términos del artículo 1 de la ley 7055, al no vislumbrarse en la especie arbitrariedad o lesión de derechos y garantías de rango superior. Ello es así por cuanto, como evidencia la lectura del fallo cuestionado, en el "sub judice" la Alzada resolvió las cuestiones llevadas ante sus estrados con argumentos que no se demuestran como insuficientes a la luz de las exigencias de la Constitución provincial (art. 95). En efecto, la Sala resolvió, con apoyo de doctrina y jurisprudencia que citó, que la errónea concesión de los recursos de nulidad y de apelación por el Juez de baja instancia no vinculaba al Tribunal de alzada, quien podía y debía pronunciarse incluso de oficio sobre la admisibilidad de tales impugnaciones, en el entendimiento de que la competencia de la Cámara es de orden público y depende de la ley, no de la voluntad expresa o tácita de las partes; agregó que tal criterio no se veía alterado por la circunstancia de que los recursos hubiesen transitado las etapas de expresión y contestación de agravios (habiendo precluido la oportunidad conferida a las partes para efectuar la reclamación en torno al auto de concesión, conf. Art. 355, C.P.C.C.), en tanto el control oficioso de los requisitos de admisibilidad recursiva podía ser ejercido en cualquier momento hasta el dictado del auto o sentencia; y desde tales coordenadas señaló que lo debatido -ponderando únicamente la suma de capital en danza y excluyendo los ítems accesorios como costas, intereses u otros- no superaba el monto del agravio computable equivalente a 10 unidades jus a la fecha del pronunciamiento recurrido (del 30.03.2016), de acuerdo con lo normado en el artículo 43 de la ley 10160 y con el valor fijado por este Cuerpo para dicha unidad de referencia (mediante Acordada de fecha 10.09.2013, acta número 36, punto 5); por lo que declaró mal concedidos los recursos interpuestos por la actora, con costas por su orden dada la ausencia de reclamación oportuna u observación posterior de parte interesada (art. 250, C.P.C.C.). Frente a ello la impugnante, bajo diversas tachas de arbitrariedad, se empeña en imponer su particular postura en cuanto a la solución que considera acertada, en base a su propia interpretación de los hechos y el derecho del caso -alegando, concretamente, que la aplicación de la valla cuantitativa del recurso configuraría en autos una denegación de justicia por excesivo rigor formal; que las cuestiones debatidas excederían lo meramente pecuniario al hallarse involucrados derechos inmateriales de rango constitucional tales como el trato digno en la relación de consumo; que la actora se hallaría en situación de especial vulnerabilidad; que el artículo 43 de la ley 10160, al fijar el cómputo del agravio a la fecha del pronunciamiento recurrido y no al tiempo de la demanda, deviene en el caso inconstitucional y que el mismo no resulta aplicable cuando la sentencia impugnada es palmariamente arbitraria; que el control oficioso de los requisitos de admisibilidad recursiva se efectuó de manera intempestiva-. Mas con los argumentos que expone no logra persuadir, siquiera en un grado mínimo y provisional, que las consideraciones y conclusiones vertidas por la Alzada puedan ser descalificadas en el plano constitucional, ni que su particular apreciación de la causa deba necesariamente imponerse en la especie, al no aportar elementos suficientes que demuestren la existencia de defectos de fundamentación o razonamientos que habiliten la anulación del decisorio como acto judicial, centrando su planteo en disentir con lo resuelto en torno a materias propias de los jueces de la causa. Y ello es así máxime si se tiene en cuenta la naturaleza extraordinaria del recurso, en cuanto no se ha establecido para corregir errores hermenéuticos que no alcanzan a vulnerar exigencias constitucionales y que ingresan en el marco de lo opinable y tolerado por los márgenes legales para decidir, no siendo la vía excepcional en estudio la idónea para suplantar una alternativa igualmente legítima y cuya arbitrariedad -como se dijo- no se ha demostrado. Es que el control que cabe efectuar refiere a si efectivamente se ha incurrido en arbitrariedad y si lo decidido se aparta de los márgenes de legalidad y razonabilidad tolerados, situación que no se acredita como configurada en la especie, ya que el Tribunal de la causa ha propuesto un razonamiento que, independientemente de que sea o no compartido por la recurrente y más allá de su menor o mayor grado de acierto, no resulta eficazmente desvirtuado -desde el plano constitucional- por la interesada atendiendo a las circunstancias del caso; por el contrario, el criterio propiciado por la Alzada cuenta con respaldo doctrinario y jurisprudencial (cfr. Peyrano, en "Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe", Nova Tesis, 2002, T. I, págs. 336/337; Alvarado Velloso, Adolfo, en "Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe", Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, 2014, T. 4, págs. 2761 y 2763, n° 10779 y 10789; Loutayf Ranea, Roberto, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, T. 1, pág. 347; v. tb. de esta Corte, A. y S., T. 245, págs. 36/39 y T. 235, págs 451/453). Resta mencionar en cuanto a la alegada inconstitucionalidad del artículo 43 de la ley 10160 que, además de no surgir del relato de los antecedentes de la causa brindado por la propia compareciente ni de las constancias del recurso directo traído ante estos estrados que tal cuestión hubiese sido propuesta y mantenida en todas las instancias del proceso, la vaga y desdibujada postulación de la recurrente tampoco importa un planteo mínimamente serio y fundado que persuada acerca de la posible existencia de un caso constitucional que permita habilitar esta instancia de excepción; amén de que los topes apelatorios han sido reiteradamente declarados constitucionales (cfr. Peyrano, ob. cit., pág. 336; v. tb. González, Atilio y otros autores, "Inapelabilidad por monto", Ed. El Foro, pág. 22; cfr. C.S.J.N., Fallos:298:665, 281:38 y 67, 295:122). Por lo expuesto, corresponde rechazar la queja interpuesta. FDO.: NETRI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 9 de la ciudad de Santa Fe.