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Declaración de inconstitucionalidad, acumulación de procesos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cuestión de Competencia de la SCJ interpuesto en Expte. Nº LA-21.035/2024 (Suprema Corte de Justicia - Sala IV- Vocalía 8) acción autónoma de nulidad (irrita) interpuesto en expte. C-245.904 (Tribunal del Trabajo -Sala II- Vocalía 4) acción autónoma de nulidad: Casillas, Jorge Marcelo c/ Quispe, Martín s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2025-08-28

La Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad del inciso 10 del artículo 25 del CPCC provincial. Interpretó que la finalidad del citado artículo es unificar los juicios conexos ante un mismo juez. Sin embargo destacó que el inciso 10 de dicho artículo no cumple con ese propósito, salvo bajo una interpretación forzada, únicamente en relación a sentencias dictadas por la Suprema Corte. Advirtió que existe una contradicción con el artículo 21 del mismo código, el cual remite a leyes específicas para determinar la competencia para el correcto funcionamiento de la administración de justicia, conforme a la Constitución provincial. Además, señaló que la Ley Orgánica del Poder Judicial no fue modificada en ese aspecto por la ley 6359, y no se justificó constitucionalmente la ampliación de competencia originaria de la Suprema Corte. Esta incoherencia normativa tornó irrazonable el inciso 10, al romper la armonía del sistema legal. Concluyó en la necesidad de garantizar la revisión de las decisiones por un tribunal superior. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del inciso 10 del artículo 25 del CPCC provincial y atribuyó competencia en la causa a la Vocalía Unipersonal Nº 4 del Tribunal del Trabajo para continuar el proceso.
Confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, factura
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Stirparo, Diego Roberto c/ Policlínico Regional Avellaneda SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-23

Corresponde confirmar la sentencia de grado que rechazó el reclamo por cobro de facturas en concepto de alquiler de fotocopiadoras y servicio técnico. Ello dado que la apelante no rebate que no probó la autenticidad de la carta documento enviada, ni explica por qué dejó transcurrir más de un año en efectuar esa intimación, más cuando el contrato la facultaba a suspender el servicio si se acumulaban más de dos meses de deuda. Tampoco aportó información idónea que impidió al experto contable expedirse sobre la inclusión de las facturas en los ingresos por ella declarados y la existencia del crédito, lo cual no mereció impugnación de su parte.
Daño moral, daño psíquico, daño emergente, lucro cesante, incapacidad sobreviniente, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Daños y perjuicios: Vallejo, Oscar Ariel y Alcaraz Serrat, Guadalupe por sí y en representación de su hija c/ Instituto Médico Del Norte; Salinas, José Luis y Ramírez, Lidia s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2025-03-12

La Cámara hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó al médico obstetra y a la clínica a abonar en concepto de indemnización por incapacidad física sobreviniente, daño psicológico, moral, daño emergente y lucro cesante, extendiendo la responsabilidad a las aseguradoras con la aclaración que el límite del seguro se deberá determinar "bajo criterios de valores actuales". La actora ingresó a la clínica con contracciones, habiendo un corte de luz programado, la prepararon para una cesárea pero tuvo a su bebé por parto natural, habiéndosele inyectado anestesia peridural como preparación para cesárea, lo que le dificultó poder pujar. La maniobra perpetrada por el médico al momento de la tracción de la niña causó la fractura del plexo braquial, resultando responsable por el daño sufrido, fundado en su impericia al momento de realizar el parto. El nosocomio es también responsable por la deficiente atención brindada a la actora desde su ingreso al nosocomio a sabiendas que el quirófano no podría utilizarse por el corte de luz programado, y por la falta grave en la custodia de la historia clínica. Ante la falta de historia clínica y considerando la pericia médica, no se probó una acción antijurídica imputable a la médica neonatóloga.
Medicina prepaga, daño físico, daño moral
Materia: CIVIL-SALUD PUBLICA
Carátula: Mechetner, Rubén Alberto c/ Asociación Mutual Sancor Salud s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-05

Corresponde condenar por daño físico a la empresa de medicina privada, dada la demora en la autorización de cierta cirugía urgente -alegando que no se encontraba incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO)-. Ello no obstante que el experto no pudo determinar con certeza cuál hubiera sido la evolución del actor de haber sido operado a tiempo, pero esa duda debe ser interpretada en favor del consumidor (LDC 3), Máxime cuando lo cierto y comprobable es que el demandante ha experimentado una incapacidad física, a causa del incumplimiento oportuno de las prestaciones debidas por la demandada. En este contexto, cabe acceder también a la indemnización por daño moral pretendida.
Excepción de incompetencia, promesa de mutuo, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Toujours Vacances SA y otro c/ De Picciotto, León y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-09

Cabe rechazar la excepción de incompetencia opuesta por los accionados, en el marco de una demanda por cumplimiento de la cláusula de promesa de mutuo suscripta por el codemandado, y a fin que se le ordene cumplir efectivamente con el préstamo dinerario allí contemplado. A dicha pretensión de cumplimiento de contrato, las actoras acumularon otras dos tendientes a que se declare la nulidad por simulación del acuerdo extrajudicial de liquidación de la sociedad conyugal. La pretensión de nulidad por simulación del acuerdo de disolución de sociedad conyugal tiene carácter patrimonial y resulta, en el caso, instrumental de la pretensión principal por la cual la actora procura que se le reconozca un crédito que alega contra uno de los ex cónyuges, en la medida que la recomposición del patrimonio de su supuesto deudor le permitiría hacer efectiva la acreencia. Ello así, la cuestión no se enmarca en los supuestos previstos por la ley 23637: 4, aun cuando entre los coaccionados hubiera mediado una relación matrimonial. Del Dictamen Fiscal N° 6233/24
Relación de consumo, derechos del consumidor, defensa en juicio
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: FCA Compañía Financiera S.A. c/ Pachongo Garzón, María Fernanda s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-27

La aplicación mecánica de la LPR 39 a una relación de consumo desoye la manda constitucional de establecer un adecuado resguardo de los derechos fundamentales y procedimentales de los consumidores, lo que vulnera la doctrina de la Corte Suprema, según la cual la Constitución Nacional asume el carácter de una norma jurídica y, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que estos resulten efectivos y no ilusorios (Fallos: 327:3677, "Vizzoti"; 330:1989, "Madorran" y 335:452, "Q.C.S.Y"). En forma consistente con ello, el presente caso no puede ser resuelto interpretando la LPR 39 en forma aislada del resto del ordenamiento jurídico vigente, y en particular, de las normas que garantizan el derecho de defensa en juicio de los consumidores, que incluso, tienen base constitucional (CN 18 y 42), por lo que tienen preeminencia; dichas normas, exigen otorgar al consumidor una oportunidad previa al secuestro para ejercer su derecho de defensa en juicio. Disidencia de la Dra. Vásquez
Aclaratoria (procesal), revocación de sentencia, procedencia del recurso, error material, costas al vencido, parte dispositiva, costas al demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramírez, Romina Daniela Carla c/ llegran Productos Farmacéuticos S.A. - ABBVIE S.A. y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-09

Cabe admitir la aclaratoria interpuesta contra la decisión que en su parte resolutiva incurrió en error material imponiendo las costas a la actora vencida (art 68 del Código Procesal Civil y Comercial), debiendo leerse en su lugar la imposición de costas a las accionadas vencidas.
Thema decidendum, confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, facultades de la Cámara de Apelaciones, sentencia de primera instancia, código procesal civil y comercial, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Coleza, Diego Alejandro c/ Rettori, Elizabeth Ivana s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-11

Cabe rechazar la apelación planteada por el actor contra el rechazo de la demanda por daños y perjuicios deducida toda vez que en el escrito de inicio que fija el thema decidendum, fundó su versión de los hechos diferente modificando con posterioridad la descripción sobre el modo en que sucedió el accidente, siendo aquella versión la del escrito inicial sobre la que el magistrado de primera instancia se expidió no pudiendo el órgano ad quem tratar argumentos que recién son conocidos en la expresión de agravios pues el tribunal tiene circunscripto su poder jurisdiccional a los aspectos puestos a decisión del a quo conforme lo disponen los arts. 271 in fine y 277 del Código Procesal Civil y Comercial.
Incumplimiento del contrato, logística
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Transportes Ascencio SA c/ Softys Argentina SA (antes: La Papelera del Plata SA) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-26

En el marco de una acción por incumplimiento del contrato de logística, si bien la actora no prestó los servicios convenidos -transporte de ciertos productos- por una medida gremial, que llevaría a presumir su responsabilidad, más en el caso, no sólo se encuentra acreditado que, tratándose de un contrato con prestaciones recíprocas y de duración, existió un legítimo ejercicio de la excepción de incumplimiento, sino que, además, se ha demostrado también la existencia de causal de exclusión válida: el hecho de la víctima que exonera al actor de responder por las consecuencias dañosas derivadas del mismo. A más, la accionada incumplió con sus obligaciones con antelación a las fechas del cese de las actividades: no pagó facturas pendientes, se apartó del procedimiento previsto en el contrato para actualizar el precio del servicio; sumado ello al retaceo de viajes sin previo aviso. De allí que se encuentra plenamente justificado el obrar de la actora por aplicación de lo dispuesto por el CCIV 1201 ante la mora preexistente de la accionada.
Confirmación de sentencia, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Transportes Ascencio SA c/ Softys Argentina SA (antes: La Papelera del Plata SA) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-26

Cabe confirmar la resolución que responsabilizó a la demandada por la adopción de conductas que contravenían lo pactado y que podrían configurar un abuso de posición dominante merecedor de reproche y suficiente para hacerla responder por los daños y perjuicios provocados al actor. En ese marco, los reclamos no se hallan prescriptos por cuanto no se reclamó por obligaciones vinculadas directamente al transporte de mercaderías, sino que, muy por el contrario, se solicitó la reparación de los daños derivados del incumplimiento del contrato. Y, no solo no nos encontramos ante un contrato de transporte como pretende la quejosa, siendo el vínculo entre las partes un contrato atípico, sino que, además se trató de un contrato de duración por lo que el término de prescripción para las acciones aquí entabladas, a la luz de la interpretación restrictiva que exige esta materia, es de 10 años (CCOM 846).
Remuneración del directorio, asamblea de accionistas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Francisco Baltasar c/ Celsur Logística SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-24

Cuando el estatuto omite fijar la remuneración de los directores, ésta deberá ser establecida por la asamblea, o en su caso por el consejo de vigilancia (LGS 281-d). Pues bien, la asamblea competente es la ordinaria (LGS 234-2°), que tiene amplia libertad para fijar el monto de la retribución, pero sin exceder el máximo legal. La previsión legal es ortodoxa e inflexible, tiene por finalidad evitar un abuso por parte del directorio en perjuicio de los accionistas y en definitiva la ley establece el principio que los administradores también asumen, aunque indirectamente, el riesgo empresario.
Responsabilidad extracontractual, reconvención
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Terminal 4 SA  c/ LX Argentina SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-29

Por otro lado, parece antojadiza la resistencia de la actora según sea el ámbito de generación del perjuicio ("ilícito-extracontractual" o "contractual") ya que el Código Civil y Comercial de la Nación ha unificado el tratamiento de la responsabilidad sometiéndola a las mismas reglas (art. 1716 y ss.). En otras palabras, cualquiera sea la fuente del deber de reparar el daño, la violación del deber general de no dañar -fuente de la responsabilidad extracontractual- o el incumplimiento de una obligación -fuente de la "contractual"- la responsabilidad se rige, en principio, por las mismas reglas. Así, como la acción reconvencional no distorsiona, ni se erige en un factor perturbador del curso del proceso primigenio, corresponde declararla formalmente procedente.
Revocación de sentencia, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Adecua  c/ Fiat Auto SA de Ahorro P/F Determinados y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-30

Cabe revocar la resolución que decretó la caducidad de la instancia, en tanto, previo a resolver el planteo, el cual por definición, importa el abandono del proceso, debió darse necesaria intervención al Ministerio Público Fiscal para que manifestara si asumía la titularidad de la acción en los términos de la LDC 52, último párrafo, lo cual en el sub examine fue omitido.
Inadmisibilidad del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Per Saltum interpuesto en Expte. VJ-12375/2025 (Juzgado de Primera Instancia de Violencia de Género Nº 1) Protección de persona/Violencia familiar). C., N. V. c/ C., C. M. del V. y C., D. J. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2025-04-28

La Suprema Corte de Justicia en pleno declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por salto de instancia incoado por la letrada abogada del niño. Señaló que este recurso, contemplado en el CPCC -arts. 258 y sgts.-, es excepcional y no elimina el requisito de una sentencia definitiva o asimilable a tal en sus efectos, solo procede en casos de "inequívoca y trascendente gravedad institucional", y debe deducirse dentro de los dos días de notificada la resolución que se cuestiona indicando claramente de cuál se trata. Lo mismo resulta aplicable a las medidas cautelares, debe configurarse un agravio de imposible o dificultosa reparación ulterior para que proceda este extraordinario remedio.
Confirmación de sentencia, sociedad constituida en el extranjero
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Grupo Belleville Holdings LLC y otro s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-03

Cabe confirmar la resolución de la IGJ mediante la cual se rechazó la inscripción de la cesación del representante legal del ente accionado, la designación de su reemplazo y el cambio de su sede social, ante la inobservancia de la adecuación de su estatuto social y su inscripción en los términos de la LGS 124 para dar curso al trámite pretendido. Es que no puede una sociedad constituída en el extranjero que desarrolla su actividad principal en Argentina y no culminó su trámite de nacionalización, obtener de la IGJ que inscriba un nuevo representante y una nueva sede social, en tanto el Organismo no está en condiciones de tramitar tales requerimientos si el ente no se sujetó previamente al régimen de la LGS 124. La elección de la legislación aplicable al funcionamiento de una sociedad comercial, no es materia disponible. En este marco, cabe imponer las costas por su orden (CPR 68-2°).
Caducidad, impugnación de decisión asamblearia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Inspección General de Justicia  c/ SOCMA Americana SA  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-24

El plazo de tres meses fijado por la LGS 251 resulta aplicable a todos los legitimados por esa norma para promover la acción de impugnación asamblearia, incluyendo a la autoridad de contralor (IGJ) ya que no recibe en el precepto un tratamiento diferenciado. Tampoco la LGS 251 establece una discriminación favorable a la autoridad de contralor en orden al momento en que principia el referido plazo de tres meses: la fecha de clausura de la asamblea. De tal suerte, no es posible sostener que la tardía presentación en sede administrativa del acta que prevé la LGS 249 justifique que el "dies a quo" para el cómputo del plazo trimestral deba fijarse en fecha distinta a aquélla en que tuvo lugar la clausura de la asamblea.
Procedencia parcial, regulación de honorarios, costas, alimentos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Recurso de apelación en D-043873/ 2022 alimentos: A., M. V. c/ M., P. L. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2025-04-21

La Cámara de Apelaciones hizo lugar parcialmente al recurso, estableciendo que los honorarios regulados en primera instancia se distribuyan en un 50% a cargo de cada parte (art. 129 CPCC). Si bien la regla general en materia alimentaria se imponen las costas al alimentante para no afectar la cuota alimentaria, en el supuesto de autos se advierten circunstancias particulares que ameritan una solución diferente. La actora promovió demanda por alimentos teniendo a su cargo las menores, pero posteriormente el demandado informó por Incidente de Hecho Nuevo que las menores pasaron a su cuidado, habiéndose allanado la actora al levantamiento del embargo consintiendo que las hijas se encuentran actualmente a cargo de su padre, por lo cual se declaró cuestión abstracta. Por el principio de primacía de la "realidad" y con criterio de "equidad", y en una suerte de esfuerzo compartido los honorarios se distribuyen en un 50% a cargo de cada parte.
Falta de rendición de cuentas, cesión de cuota social
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Torres, Diego Martin c/ Calderon Sánchez, María Elena s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-23

En el marco de una acción por incumplimiento del compromiso que asumió el accionado de rendir cuentas en determinado plazo contados desde la suscripción de la cesión de cuotas sociales, el actor se encuentra efectivamente legitimado para accionar judicialmente en los términos que lo hizo, no como socio o representante de la sociedad, sino por ostentar el carácter de titular de la relación jurídica sustancial en la que se sustentó su demanda, concretamente el vínculo contractual -compraventa de cuotas sociales- donde se convino la obligación de rendir cuentas por las operaciones perfeccionadas en cierto periodo. Puesto que en el sub lite no se perpetró un reclamo encuadrable en el ámbito regulado por el derecho societario, sino una demanda fundada en una responsabilidad por incumplimiento de una obligación contractual, nacida de un "contrato de compraventa de cuotas sociales", la situación accionaria resulta insuficiente para desconocerle legitimación al demandante para demandar por los hechos del caso.
Confirmación de sentencia, alimentos, rendición de cuentas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Recurso de apelación en C-274949/ 2025 rendición de cuentas: V., I. J. c/ G., M. J. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2025-09-17

La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia que no hizo lugar a la demanda de rendición de cuentas por no ser procedente en materia de alimentos, de acuerdo con los arts. 858 y 864 del CCyCN, que establecen la rendición de cuentas como una obligación de hacer en negocios jurídicos, no aplicable a la percepción de cuotas alimentarias. Dada la naturaleza particular de la cuota alimentaria, la misma reviste carácter de derecho humano fundamental, lo que dista diametralmente de la naturaleza jurídica de los asuntos previstos para esta obligación. La disposición de los fondos percibidos por cuota alimentaria queda a criterio del alimentista ya que puede distribuir ese monto de acuerdo al modo que le parezca más conveniente teniendo en cuenta las necesidades de su hija/o".
Confirmación de sentencia, daños y perjuicios, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Transportes Ascencio SA c/ Softys Argentina SA (antes: La Papelera del Plata SA) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-26

Cuando como en el caso, lo reclamado es el resarcimiento de daños y perjuicios derivado del incumplimiento contractual endilgado a la accionada, cabe confirmar lo resuelto en el grado, en tanto, sin perjuicio de que para fijar la indemnización pertinente y a los efectos de estimar el perjuicio, el magistrado de la instancia anterior se haya referido a las diferencias entre lo que la demandada pagó y lo que debió haber pagado de haberse aplicado el polinomio de actualización en forma completa y automática, las sumas otorgadas por este concepto no conllevan a la revisión de facturas ya saldadas, ni se trata de reclamar una obligación cancelada sino de cuantificar el perjuicio sufrido por la actora que merece ser reparado. De allí que la norma citada (CCOM 474) por la accionada no constituye obstáculo para confirmar lo decidido en el grado.
Derechos del consumidor, prenda con registro
Materia: COMERCIAL
Carátula: FCA Compañía Financiera S.A. c/ Pachongo Garzón, María Fernanda s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-27

No se aprecia conducente que, a través de un mero argumento teórico de defensa de derechos del consumidor se pretenda derogar una norma que, lejos de ser dejada sin efecto, es ratificada por el legislador al dictar el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, donde expresamente aparece remitiéndose a la legislación especial para la Prenda con Registro, en su art. 2220. Máxime, se reitera, que se pretende invalidar un mecanismo, respecto del cual no se ha acreditado ni siquiera, mínimamente, que en su utilización haya mediado un abuso de parte de los acreedores contemplados en dicha norma.
Revocación de sentencia, cuota social, contracautela
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Eiros, Lucas Leonardo c/ Incluyendo SRL y otro s/ exhibición de libros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-12

Cabe revocar la resolución que descartó la suficiencia de las cuotas sociales -que a embargo fueron ofrecidas por el actor- a efectos de cumplir con la contracautela dispuesta en autos. Por lo pronto, la prestación de la contracautela exigida por la LGS 252, debe ponderarse en función de las particularidades de cada caso y de la verosimilitud del derecho alegado. En tal sentido y siendo las participaciones societarias bienes muebles inmateriales, enajenables y susceptibles de valuación pecuniaria, se ha admitido el ofrecimiento de las propias acciones -o cuotas sociales- del peticionante de una medida de esta especie, en el entendimiento de que ello no constituye hipótesis susceptible de ser subsumida en la prohibición prevista por la LGS 222 (en cuanto veda a la sociedad recibir sus propias acciones en garantía). Y esto, pues, en tal caso, la eventual realización de esa contracautela se traducirá en la venta judicial de esas acciones a terceros, sin afectarse el capital social de la emisora.