marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inadmisibilidad del recurso, caducidad, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ O. C. I. c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Resulta inadmisible el recurso de reposición contra la sentencia que declaró la caducidad de instancia de la queja si no muestra un supuesto de los que excepcionalmente justifican la admisión de este tipo de recursos, por fuera de su ámbito regulado, para revisar errores manifiestos e insoslayables que, por provenir de tribunales cimeros, no encuentran otro modo de reparación. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano)
Tercerías, demanda, rechazo in límine
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SCARAZZINI, RODOLFO ANDRES s/ TERCERIA DE DOMINIO EN: COLLANTE DE UÑATES, ISABEL ELENA/VICENTE  CAYETANO LOMBARDO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-25

Presentada la demanda de Tercería, ante el juez del principal, con las copias correspondientes al traslado que debe darse a ejecutante y ejecutado, es deber del magistrado actuante, antes de dar curso a ella, examinar si se cumplen los requisitos específicos exigidos por los art. 97 y 98 del C.P.C. y C., particularmente por este último y los generales del art. 330 y sus concordantes. Ahora bien, si no encontrare reunidos los requisitos mencionados, deberá repelerla "in limine litis".
Subcontratación laboral, procedimiento laboral
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA, MIGUEL HORACIO c/ INDUSTRIAS FRIGORIFICAS NELSON SA s/ DESPIDO POR CAUSA JUSTA      EXPTE NRO 275-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-22

El decreto 529-91 con el agregado introducido por el decreto 941 91 vino a determinar la facultad judicial de establecer el monto de la condena en australes convertibles, oportunidad en que también se podrá indicar la tasa de interés a regir y al mismo tiempo también en forma facultativa y en el marco autorizado por el artículo 622 del Código Civil, los jueces podrán recurrir a la tasa activa promedio que el Banco Central publica mensualmente.

La tasa del 12% anual carece de sustento legal adecuado, ha sido tomada del artículo 9 de la ley 23928, pero es aplicable sólo en determinadas relaciones jurídicas preexistentes, pero no las comprendidas en los artículos 8 y 10; en cuanto al artículo 8 del decreto 529, un decreto, aún por vía reglamentaria no puede modificar normas de derecho sustancial. Las normas reglamentarias solo se limitan a conferir una facultad a los Jueces.
Cuestiones de hecho y prueba, concurso preventivo, quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CADEPA S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO INCIDENTE DE CADUCIDAD DE LA PRENDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-31

Que sin perjuicio de las limitaciones a la función casatoria,nada impide que este tribunal verifique que los hechos declarados probados de la sentencia de Cámara,han sido subsumidos en los preceptos legales pertinentes. Va de suyo que esa labor de lógica jurídica no permite ingresar a la o las cuestiones fácticas,so pena de incurrir en exceso de la potestad jurisdiccional.Que explicitado ello,cabe advertir que los tribunales de grado tienen la facultad privativa de analizar la situación de cada parte para la eximición en materia de cotas prevista por el ordenamiento procesal,exención que para quien se allana,debe interpretarse restrictivamente en razón de su excepcionalidad .
Honorarios, abogados, demanda en dólares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LARA FRANCISCO c/ J. SANCHEZ s/ Sumario (LIBRO: A067 - 346)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-08-28

La regulación de honorarios debe practicarse tomando como base el importe resultante del cálculo de la cantidad de dólares demandados al valor de cotización informado por el Banco Nación. Los honorarios obtenidos, se entiende que son a la fecha del informe bancario y allí en más, serán actualizados y devengarán interés conforme a los arts. 2 y 3 del DLE 1304/75 modificatorio de la ley 3641.
Contrato de servicios, consumidores
Materia: CIVIL
Carátula: Unión de Usuarios y Consumidores c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-23

A fin de establecer el colectivo representado en este juicio la actora precisará ante el señor juez de primera instancia si los beneficiarios de esta acción, identificados como usuarios en la demanda, son los clientes/titulares de la línea. Asimismo, deberá indicar cuál es el ámbito temporal a considerar para la delimitación de la clase en función de los cortes de servicio ya consumados y propondrá cómo se hará efectiva una eventual sentencia de condena para el caso en una misma línea haya visto modificado su titular/usuario en el transcurso del tiempo. Naturalmente, esto no implica emitir juicio sobre la procedencia de los reclamos efectuados y tampoco supone que la extensión del colectivo sea inmutable, estando facultado el a quo a modificar la integración de la clase en función de las contingencias de la causa, respetando claro está el derecho de defensa de las partes. Asimismo, deberá supervisar que la idoneidad de la representación asumida por la demandante se mantenga a lo largo del proceso.
Acción de amparo, registro del estado civil y capacidad de las personas, remuneración, Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, recurso contencioso administrativo, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Russman, Enrique y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº 92-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-20

Si el derecho que pretenden los actores, agentes del Registro Civil, -que se liquiden sus haberes de conformidad a la ley 10694- no es susceptible de ser tutelado por la vía excepcional del amparo, el caso corresponde a la competencia contencioso administrativa de la Corte. Así decidirlo acarrea la nulidad de todo lo actuado por el órgano incompetente, correspondiendo otorgar a los actores el plazo de treinta días a fin de que adecuen sus pretensiones a los términos de la ley 11330. (De los Fundamentos del Dr. Ulla)
Regulación de honorarios, honorarios del perito, perito de parte
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOLINARI, DANTE HECTOR c/ EMPRESA TRANSP. FOURNIER S.A.I.C. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Se ha establecido que la figura del consultor técnico es estrictamente análoga a la del abogado. Aunque su tarea pueda tener valor para el esclarecimiento de los hechos controvertidos y ser de ayuda en la labor judicial, su actividad se vincula, en primer lugar, con la parte que lo propuso, por lo que no es dudoso que ésta pueda ser demandada por el precio de su servicio, considerando que las obligaciones que emergen de esa relación no se modifican con el resultado del proceso; ello sin perjuicio de la posibilidad de repetir lo abonado del condenado en costas.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, cheque
Materia: PENAL
Carátula: H, E A s/ Recurso de Inaplicabilidad doctrina legal (Expte.. Nro. 8-86) -Tribunal  plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-15

No obsta a la tipificación del delito previsto en el artículo 302 del Código Penal la circunstancia relativa a la eventual desnaturalización del cheque, por cuanto el tipo se configura por la entrega por "cualquier concepto" de un instrumento que no pierde validez en función de la causa de su entrega. (Del Voto del Dr.

Sorrentino). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿Constituye el objeto típico contemplado por el artículo 302, inciso 1 del Código Penal el cheque que habiendo sido recibido por su originario tenedor, desnaturalizando su finalidad jurídica, es presentado por él mismo al banco girado para que sea atendido?
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Derecho contravencional y de faltas, control de la velocidad por radar, multa, notificación, nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ORIZI, MIGUEL EDUARDO c/ COMUNA DE PUJATO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-09-16

Es inadmisible la queja interpuesta por cuanto no luce irrazonable el fallo que declaró la nulidad de la sanción de multa aplicada por infracción de tránsito a través de la utilización del sistema de radares con fundamento en la omisión de la debida notificación al presunto infractor de las sucesivas etapas procedimentales.

En este sentido, se ponderó especialmente la ausencia de demostración por parte de la comuna recurrente de los requisitos que imponen las leyes aplicables para la consideración de la notificación fehaciente. Así, sostuvo el Juzgador que del análisis de las notificaciones no se sabía que resolución se pretendía comunicar, quien o quienes diligenciaron las mismas, si fue una empresa o fue un oficial notificador ad hoc, todo lo cual conllevaba a la irregularidad del procedimiento, en contravención de las propias ordenanzas y legislación de raigambre constitucional.
Sentencia arbitraria, Estado Provincial, defensa en juicio, estado de indefensión, liquidación de sociedades, representación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Cristian Barraco en la causa Barraco, Víctor Domingo c/ Bodegas y Viñedos Giol (en liquidación) p/ cobro de pesos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-17

Es arbitraria la sentencia que para resolver el caso hizo mérito del estado de indefensión de la provincia que asumió la representación judicial de la empresa demandada en liquidación, toda vez que las consideraciones referentes a que el oficio agregado era insuficiente para tener por acreditado el conocimiento de la provincia respecto de la existencia del juicio resultan objetables, en tanto el libramiento del mismo no solo fue ordenado en otro proceso en el que ésta tuvo activa participación, sino que se ordenó la remisión de copias certificadas de las actuaciones al juzgado requirente.
Recursos, recurso extraordinario, deberes y facultades del juez, interpretación de la ley, aplicación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: PLASTICOS SILVATRIM SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE SUBASTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-06

Procede hacer lugar al recurso extraordinario deducido contra una decisión aún cuando se trate de una propia del ejercicio de las facultades del juez de la causa, relativa a la apreciación de circunstancias de hecho e interpretación y aplicación de normas de derecho procesal y común, si ella carece de los requisitos mínimos que la sustenten como acto jurisdiccional y generen agravios a derechos y garantías constitucionales de imposible o insuficiente reparación ulterior (Del dictamen del Procurador Fiscal, que la Corte comparte).
Expediente, expediente de disposición, menores
Materia: PENAL
Carátula: DECOUD, Julio s/ MENORES - EXPEDIENTE DISPOSICION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-05-29

El secreto del expediente de disposición sólo puede ser levantado "teniendo en cuenta los intereses del menor", -art. 179 Regl. de la Jurisdicción-. En consecuencia la defensa del procesado no puede tener acceso a esas actuaciones, máxime que dado su índole secreto no podrán ser invocadas en la causa.
Cuestiones de hecho y prueba, cesión de derechos litigiosos
Materia: CIVIL
Carátula: Teruelo, María Eugenia c/ Cardozo, Martina y/o s/sucesores; Cardozo, Carlos Gerardo s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-09-16

Cabe tener en cuenta que en la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, expresamente se sostuvo que la cesión de derechos litigiosos que no cumple con las formas impuestas por la ley es válida entre las partes, pero no será oponible a terceros. En ese marco, y tal como se consideró en la resolución que da origen al recurso bajo tratamiento, la nulidad declarada por el tribunal federal sólo pudo tener el alcance de hacer inoponible la cesión a terceros, en el caso a la demandada en ese proceso -Lotería Nacional- pero de ningún modo pudo privar de todo efecto al acto en cuestión. En este sentido, cabe decir que la ausencia de la forma prevista en el art. 1455 para el contrato de cesión obliga a cumplirla, pero no acarrea la nulidad (Lorenzetti, Ricardo Luis, "Tratado de los contratos", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, Tomo II, pág. 22). De modo que corresponde no hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad contra la resolucion de la Cámara que confirmó la decisión de la instancia de grado de hacer lugar a la demanda de escrituración de cesión de derechos y acciones.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, medidas cautelares, embargo, recurso de apelación (procesal), recurso de nulidad, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: SACREU SCA c/ ISALEX SA s/ DEPOSITO DE COSAS. INCIDENTE SUSTITUCION DE EMBARGO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 343-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-22

El auto que deniega una instancia recursiva vinculada a un pedido de sustitución de embargo, no puede constituirse en objeto procesal de la impugnación extraordinaria, toda vez que no es una decisión sobre el fondo del juicio, ni pone fin a éste o impide su continuación. Máxime cuando tampoco se ha demostrado -dada la naturaleza precautoria de la medida- que le ocasione un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.

En el caso, la Sala denegó el recurso directo por denegación de los de nulidad y apelación intentados contra un auto del Juez de Primera Instancia que rechazó el pedido de sustitución de embargo.
Pensiones, renta vitalicia previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PAVON ZULEMA AMELIA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

En supuestos en que se trata de una prestación por vejez y no por fallecimiento de afiliado en actividad, no ha de prosperar la pretensión de la parte actora de obtener el reconocimiento de derecho a la PAP como si hubiere estado afiliado al RPPR, siendo que optó por percibir la prestación correspondiente al régimen de capitalización (Pensión directa) de una compañía de seguros de retiro bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional habilitada por el art. 101 de la ley 24.241.
Seguros, prescripción, plazo, cómputo del plazo, contratos, relación de consumo, sentencia, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Reinoso, Juan Carlos c/ Nación Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-09

1 - Antes de la reforma introducida por la ley 26361, ciertos sectores de la doctrina y la jurisprudencia ya consideraban aplicable al contrato de seguro el régimen de la ley de defensa del consumidor, asimilando en alguna medida las figuras de asegurado y consumidor. Luego de dichas reformas, parece indudable que el seguro, en tanto sea contratado por un consumidor que tenga la calidad de destinatario final de éste, y que, a su vez, tenga relación con bienes o cosas que no estén destinados a un proceso productivo, debe ser calificado como un contrato de consumo (cfr. CNCom, Sala B in re "Baini, Matias Alejandro c/ Aseguradora Federal Argentina SA s/ ordinario" del 17/12/15).

2 - Así, no existe actualmente obstáculo para que, en esas condiciones, la relación entablada entre asegurado y asegurador pueda calificarse como de consumo (en este sentido ver Stiglitz-Pizarro, "Reformas a la Ley de Defensa del Consumidor", LL 2009-B, pág. 949; entre muchos otros autores; CNCom, Sala A, in re, "Barreiro, Jorge c/ Transportes Metropolitanos Belgrano Sur SA s/ ordinario" del 20/07/06; entre muchos otros fallos de las distintas Salas de la Cámara Comercial; ídem CNCiv. Sala L, in re, "Aguiar, Alejandra c/ Saladino, Jorge Alfonso s/ daños y perjuicios" del 05/12/12, entre tantos otros). Asimismo, la Superintendencia de Seguros de la Nación, mediante resolución N° 35614 del 11-02-11, señaló entre las normas que regulan la actividad aseguradora a la ley 24240.

3 - En definitiva, podemos afirmar entonces que corresponde la aplicación del sistema de protección del consumidor en el ámbito de los contratos de seguro cuando una persona jurídica que actúa profesionalmente (aseguradora) se obliga, a cambio del pago de una prima, a prestar un servicio a un consumidor final, consistente en la asunción del riesgo previsto en la cobertura asegurativa: el resarcimiento del daño o el cumplimiento de la prestación convenida (conf. Compiani, María F., "El contrato de seguro y la protección del consumidor" en "Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada", dirigida por Piccaso-Vázquez Ferreira, T° II, Parte Especial, pág. 439, ed. La Ley, 2009).
Dominio, semovientes, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: A., E. s/ Recurso de Reposición con Apelación en Subsidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-10

La propiedad del animal se prueba mediante la marca o señal correspondiente o, en caso de que hubiere habido transferencia, con el respectivo certificado visado por el Juzgado de Paz.
Facultades del juez, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Alexander, Sebastián Javier c/ International Health Services Argentina S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-13

Los jueces se encuentran facultados para valorar prudencialmente la existencia de injuria laboral -art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo- teniendo en consideración el carácter de las relaciones, las modalidades y circunstancias personales en cada caso.
Abogados, recursos de la seguridad social, aportes y contribuciones previsionales, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, exenciones impositivas, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FORNASARI NORBERTO FABIO c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-14

Se encuentran obligatoriamente comprendidos en el sistema creado por la Ley 1181 todos los abogados matriculados en condiciones de ejercer la profesión en esta jurisdicción; y-a la luz de la interpretación sistemática de diversos preceptos de la misma ley- el alcance de la exención establecida a favor de los profesionales que se encuentran obligatoriamente afiliados a otra caja profesional para abogados y han ejercido la opción legal (cfr. art. 5, segundo párrafo, ley 1181) es que tales profesionales no están obligados a cubrir el importe mínimo anual obligatorio.

Un aspecto esencial para comprender cabalmente la coherencia del sistema es el régimen de reciprocidad previsional, al que se refieren los arts. 10, 120 inc. 9, y 131 inc. 9, ley 1181.

Su relevancia se pone de resalto al advertir que la firma del convenio correspondiente fue establecida expresamente como una condición de cumplimiento previo que supeditó la entrada en vigencia del régimen legal instituido (disposición transitoria novena, ley 1181).
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Lamas, Alicia Isolina c/ Clínica Colón S.A. y A.T.S.A. s/ Indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

El supuesto de comportamiento inequívoco, observado por ambas partes del contrato, dirigido a rescindir el vínculo laboral que las ligaba, enmarca en la regla del art. 241 -segunda parte- de la Ley de Contrato de Trabajo.
Exenciones impositivas, IVA, entidades deportivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Terrenos de Golf en San Martín S.A. c/ D.G.I. (T.F. 12.666-I)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-22

La falta de percepción de utilidades por parte de los accionistas, teniendo en cuenta las características de la entidad, llevan a tener en el caso por cumplida la condición de no perseguir fines de lucro; y acreditado que la actividad es deportiva la exención es procedente (en igual sentido Sala IV, del 11/3/98 "Club Hindú S.A.").
Prescripción, suspensión de la prescripción, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN. c/ EMPRESA LEADER HOUSE. s/ COBRO EJECUTIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16

La carga de la prueba respecto a la existencia de un acto interruptivo de la prescripción o suspensivo del comienzo del plazo de la misma recae en quien lo alega y con él se beneficia (arg. art. 302 procesal).
Responsabilidad solidaria, bancos, empleados de banco
Materia: LABORAL
Carátula: Tanquart, Guillermo c/ Banco Quilmes SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-31

Las tareas que realizaba el actor para la empresa codemandada y que consistían en la promoción y venta de servicios financieros y tarjetas de crédito forman parte del giro habitual de los negocios del banco codemandado y por tanto éste debe responder solidariamente en los términos del  art. 30 LCT
Contrabando de estupefacientes, cuestiones de competencia, competencia federal, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio de Defensa c/ resolución n. 155/96 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

La regla establecida en el art. 34 de la ley de estupefacientes que establece la competencia de la justicia federal en todo el país para los delitos previstos y penados por esa ley no modifica la norma específica del art. 1027 del Código Aduanero, más aún cuando ninguno de los tipos penales de la ley 23.737 se refiere al delito de contrabando.
Leyes, ley laboral, ley derogada
Materia: LABORAL
Carátula: CUERPO  DE  EJECUCION EN AUTOS: VALLES ENRIQUE ALBERTO C/ AUXICORD  S A.  - DEMANDA s/ LEY - CREDITOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-11

Los límites de la ley civil a las obligaciones son esencialmente diferentes (arts. 1069, 1071 y concordantes). Ejemplos simples permite confirmar lo que se sostiene, tal es el caso de los accidentes con amputaciones de miembros o pérdida de la vida.

Conforme la ley que se pretende su aplicación (24283) no se señala cuál sería el valor actual de un dedo, pierna o de la vida (cosa, bien o prestación) que permita referenciar la excedencia al momento del pago. Ello no sería viable. Distinto acontece con un juego de sábanas, un auto, una casa, un semoviente, una cosa mueble, inclusive valores de la bolsa o del comercio. En el sentido común, la razón y la equidad resaltan del simple ejemplo, e inclinan definitivamente el fiel de la balanza hacia la inaplicabilidad de la norma. Y ello resulta por el carácter de orden público de las leyes laborales incluidas las referidas a accidentes y enfermedades de trabajo, que hacen a la seguridad social, de carácter asistencial y alimentario pues refieren a la vida o a la salud. La no derogación de las mismas por parte de la Ley 24283, la especificidad de dichas leyes con relación a la nueva ley general, la naturaleza y fines perseguidos por las leyes laborales netamente diferenciados de los de dicha norma, la existencia de topes legales, y forma de determinación de los montos indemnizatorios con sistema de actualización y topes máximos, nos llevan a la convicción de inaplicabilidad de dicha ley a las prestaciones emergentes del contrato o relación de trabajo, pues la posibilidad de indemnización en función de las leyes 9688, 23643 o 24028 tiene como premisa esencial la existencia del contrato o relación de trabajo.