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Inadmisibilidad del recurso, resoluciones irrecurribles, inexistencia de cuestión federal suficiente, embargo, lavado de activos, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: De Vido, Julio Miguel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-06

Es inadmisible el recurso de casación contra la denegatoria del de apelación contra el embargo dispuesto, pues no se trata de sentencia definitiva ni equiparable a tal, no se ha demostrado la existencia fundada de una cuestión de naturaleza federal y las medidas cuestionadas se encuentran debidamente fundamentadas por la jurisdicción, teniendo en cuenta que apuntan a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos, socialmente dañosos, que actualmente se encuentran bajo investigación.

El Estado Argentino, se encuentra obligado, en razón de los compromisos internacionales asumidos, a adoptar las medidas pertinentes para garantizar el recupero de los activos provenientes de los delitos de corrupción y la indemnización a los perjudicados por los actos de corrupción. Dres. Hornos, Borinsky, Yacobucci.
Locación de inmuebles, novación, aumento del alquiler, fianza, extinción de la fianza
Materia: CIVIL
Carátula: VIVIENDAS PATRICIA S.R.L. c/ DUCHINI, Héctor s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-13

Dado que la locación de cosas es un contrato bilateral y oneroso, la alteración sustancial de un elemento esencial, como es el precio, debe importar novación, esto es, la realización de un nuevo contrato, cuando menos con relación a quien no ha participado en la nueva estipulación, y por ende, la obligación del principal pagador demandado en autos se ha extinguido ante la celebración de una nueva locación.-
Fraude a la Administración Pública, facilidades de pago, sentencia absolutoria, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal nº 1 en la causa López, Cristóbal y otros c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-28

Es arbitraria la sentencia que absolvió a los imputados como partícipes necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, pues al concluir que la conducta de aquellos se limitó a la mera solicitud de facilidades de pago, el a quo efectuó un recorte arbitrario de una trama mucho más compleja y esa selección se reflejó indudablemente en el razonamiento probatorio, en tanto se valoraron de manera individual, aislada y fuera de contexto los plurales indicios que probaban la acusación, y con ello se prescindió de la visión de conjunto indispensable para la realización de inferencias razonables. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Daño moral, indemnización, servicio telefónico, interrupción del servicio
Materia: CIVIL
Carátula: SMERECZYÑSKI  SOFIA c/ TELEFONICA  DE  ARGENTINA  SA s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-03

La naturaleza de este perjuicio hace necesario que su cuantía sea determinada acudiendo al prudencial arbitrio judicial (art. 522 del Código Civil, y 165 del Código Procesal). En atención a las circunstancias antes apuntadas y a lo reconocido por el Tribunal en casos similares, estimo en $5.000 la indemnización por este concepto (esta Sala, causa nº 5971/99 cit., nº 9747/05 del 3/3/09 y nº 114/01 del 3/2/11). A esta cifra se deberán adicionar los intereses pedidos al demandar a la tasa que prescribe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, desde el 16 de mayo de 2005 y hasta el efectivo pago.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Viola, Salvador c/ Chacabuco Refrescos S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

No logra evidenciar el absurdo que alega el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a analizar el asunto desde otra perspectiva que la del tribunal de origen sin evidenciar el error grave y manifiesto que tal vicio supone.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretación de la ley, ley federal, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Decavial  -  incidente  - c/ Dirección Nacional  de  Vialidad s/ contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-02

En la tarea de esclarecer la inteligencia de las normas federales, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de la cámara ni del apelante, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorga.
Adopción, condiciones del adoptante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: K., N. C. s/ Ley 10067 art. 10 inc. "b"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Desde muy niño la naturaleza de socialización del menor se ve afectada por las personas que la realizan y en ellas se distinguen dos tipos según las categorías que determinara Kingsley Davis en su obra "La Sociedad Humana" a saber: a) aquellas que tuvieron -o tienen- autoridad sobre él y b) aquellas que tuvieron -o tienen- igualdad con él.
Trabajadores de la salud, kinesiólogos, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: GATICA, EDGAR ISAIAS. c/ TRAUMATOLOGIA DEL COMAHUE S.R.L. s/ DESPIDO POR FALTA PAGO HABERES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-06-18

Cuando el trabajador percibe remuneraciones variables, para el cálculo de la indemnización por despido corresponde tomar el mes en que percibió la suma mayor, sin considerar si dicho monto ha sido extraordinario con relación al promedio de los restantes meses.

En efecto, el art. 245, LCT, no alude a promedio de remuneraciones, sino a la mejor remuneración, mensual, normal y habitual, lo que deja huérfana de sustento la pretensión de calcular la base indemnizatoria como promedio de los salarios percibidos.
Prueba, carga de la prueba, prueba documental, recibo
Materia: CIVIL
Carátula: ESACOM SA c/ BARSEAM, JORGE s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 74-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-05-30

Cuando no existe el recibo a que refieren los artículos 775 y 778 del Código Civil, ni el deudor ejerció la facultad que le otorga el artículo 773 del Código Civil, la carga de la prueba recae sobre el deudor que reclama su liberación y no sobre el acreedor a quien se estaría exigiendo la prueba de un hecho negativo, o sea el "no pago"
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, trabajador, acuerdo de partes, indemnización, jornada de trabajo, prueba testimonial, valor probatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Velázquez, Miguel Horacio c/ Lisa, Omar Víctor s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-28

La impugnación planteada merece favorable acogida en esta instancia, no obstante remitir al examen de cuestiones que por su naturaleza se encontrarían en principio excluidas de la misma, toda vez que cuando los jueces -con cita de doctrina- acogieron los agravios sostenidos por el accionado sobre la ausencia de vicio alguno en la voluntad del trabajador en el acto de renuncia (a fin de quitarle sus efectos propios, precisamente el del pago de los rubros indemnizatorios legalmente debidos) y por tanto, convalidaron el telegrama de renuncia y el acuerdo de regularización suscripto por las partes, omitieron efectuar un adecuado y pormenorizado análisis que las particulares circunstancias fácticas del sub lite requerían, minimizando el tecnicismo jurídico utilizado en la redacción del telegrama de renuncia al detallar los rubros indemnizatorios como consecuencia de la extinción como no debidos, cuando es sabido que el instituto de la renuncia no conlleva efecto indemnizatorio alguno, y confirmando la jornada completa de trabajo denunciada en la demanda -haciendo hincapié en las declaraciones de los testigos que así lo referían- sin advertir la jornada reducida consignada en el acuerdo privado entre las partes que convalidó. (Del voto en disidencia del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 242.
Conciliación, facultades del fiscal, control de legalidad, homologación del acuerdo
Materia: PENAL
Carátula: Barigozzi, Jorge Alberto c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-21

En aquellas hipótesis en donde existe la posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, en los términos del art. 34 del CPPF, le corresponde al representante del Ministerio Público Fiscal manifestar su postura respecto del convenio presentado, por la disposición existente en materia de criterios de oportunidad prevista en el art. 31 del CPPF. Consecuentemente, la decisión final queda supeditada a la jurisdicción que deberá controlar la legalidad y la razonabilidad de lo actuado, al momento de resolver la homologación del acuerdo celebrado entre el imputado y el damnificado (voto del juez Días)
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO LITORCOOP COOPERATIVO LIMITADO c/ ROUGIER, LEOPOLDO R s/ ORDINARIO      EXPTE NRO 10-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-02-11

Las invalidaciones procesales deben ser planteadas y decididas en la instancia en que se produjeron.
Prueba documental, medidas de seguridad, negligencia, daño, incendio y otros estragos
Materia: PENAL
Carátula: Cornejo Torino, Jorge Antonio y otros c/  s/ recurso de casación registro 1673
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-19

Ha quedado claro a lo largo del debate, a partir de los peritajes, de las pruebas documentales acompañadas y de los testimonios del personal de la fábrica, el déficit que presentaba la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT) en materia de condiciones de seguridad durante la época de los hechos. En efecto, no se cumplían con las normas vigentes (ley 20.429, Decreto Reglamentario 3021/83 y Reglamento del Ejército 21-04) se incumplían los lineamientos referidos a planes contra incendios, no había vigilancia y seguridad de las instalaciones respecto de terceros, no contaba con construcciones de taludes de protección y se almacenaban indebidamente materiales prohibidos o materiales explosivos permitidos pero en lugares inadecuados. Esta situación de insuficiencia de las medidas de seguridad que resultaban obligatorias, por la función que cumplían dentro del complejo militar de Río Tercero, necesariamente eran conocida por los imputados. La lógica y el sentido común nos permiten dilucidar que la precaria situación de seguridad en la que se encontraba la fábrica militar, que contaba con municiones, armamento y artefactos de potencial explosivo de todo tipo creó un contexto idóneo para que ocurra el incendio posterior explosión de la fábrica y de los productos que allí había. Sin embargo la prueba colectada no se limita a demostrar la existencia de una mera inobservancia de los reglamentos y las leyes que, en materia de seguridad, estaban a cargo de los imputados. Durante el debate ha quedado acreditado que el incendio que originó las posteriores explosiones no fue fruto de las condiciones de seguridad descriptas o de la negligencia de los imputados sino que fue intencional y programado. El contexto de incumpliendo y negligencia remarcado fue utilizado para postular la hipótesis de que el hecho aquí investigado se había tratado de un accidente producido a raíz de las referidas fallas de seguridad. En este escenario, a partir de la prueba reunida en autos, es posible afirmar, con la certeza requerida en esta instancia del proceso, que alguien colocó o hizo colocar una sustancia que produjo la temperatura necesita el trytol para generar llama como así también el detonador y el reforzador necesarios para que explote. Resulta evidente, de acuerdo a lo reseñado ut supra, que el hecho investigado consistió en la causación y expansión intencional, programada y organizada del incendio ocurrido en la Fábrica Militar de Río Tercero y las posteriores explosiones que de ese suceso necesariamente derivaron.
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, falta de autorización de los propietarios, demolición de obra
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO VIRREY DEL PINO 2650 c/ BISH JORGE EMILIO s/ INTERDICTO DE OBRA NUEVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-16

No obstante la antijuricidad de los actos del innovador y el interés personal que le haya impulsado a ejecutarlos, la solución extrema de la demolición de lo construido sin autorización de los demás copropietarios no es razonable cuando los intereses lesionados son mínimos frente al perjuicio que ocasionaría al infractor la remoción de la obra y, sobre todo, por la inútil destrucción de valores económicos que esa medida traería aparejada.
Videofilmación, prueba, extorsión, apreciación de la prueba, denunciante, ofrecimiento de la prueba, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " LEON, Ariel y otros s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

Es un principio inconmovible del sistema probatorio vigente en el Código Procesal Penal de la Nación el criterio de no taxatividad de los medios probatorios, de modo que "el considerar abierta a la enumeración que la ley hace de ellos implica que la presencia de algún medio probatorio que no tenga regulación específica no obsta a su admisión si resulta pertinente para comprobar el objeto de prueba..." (La Prueba en Materia Penal, Eduardo Jauchen, pág. 26, Editora Rubinzal, citado en causa n°13.928 de la Sala II caratulada "CINGOLANI y otros s/ procesamiento", rta. el 19/12/97, reg. n° 15.010).

En tal sentido, sobre la prueba aportada por los particulares, la jurisprudencia norteamericana en base a un texto constitucional análogo ha considerado que cuando un ciudadano privado entrega pruebas de un delito a un oficial de policía, no se entiende que la prueba esté manchada de ilegalidad, y tradicionalmente se la ha juzgado admisible ante el Tribunal (conf. Corwin, E. S., La Constitución de los Estados Unidos y su significado actual, Editorial Fraterna, Buenos Aires, 1987, pág. 463, citado en causa n° 30.468 de esta Sala caratulada "Raña s/ nulidad", rta. el 20/04/99, reg. n° 255).

A ello asi, si además no se advierte que la prueba haya sido obtenida a través de medios inconstitucionales o ilegales pues, si los imputados, con entera libertad y desprecio por las eventuales consecuencias de su proceder, realizaron actos que permitieron comprobar un hecho que estaban cometiendo, no pueden ser posteriormente amparados por la cláusula del art. 18 ni ninguna otra garantía consagrada en la Constitución Nacional cuando fue su propia conducta discresional la que posibilitó aquella comprobación mediante la filmación del caso. En tales condiciones, el ocultamiento de dicha filmación sólo ha tenido por objeto la registración por medios técnicos de un hecho que fue realizado libremente por los imputados, quienes asumieron de ese modo el riesgo de que la oferta o exigencia que estaban realizando pudiera ser reproducida ante los tribunales por quien fue destinatario de los pedidos.
Dirección General de Rentas, verificación de créditos, verificación tardía, Impuesto de sellos, perfeccionamiento del contrato, oferta, falta de aceptación, recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Dirección Provincial de Rentas. s/ Incidente de verificación tardía. c/ E. Consili S. A. s/ Concurso preventivo. (Epxte. 129 año 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2007-12-26

La Dirección General de Rentas de la Provincia promovió incidente de verificación tardía de un crédito por impuesto de sellos de contratos de compraventa y venta en consignación. El síndico y la concursada se opusieron, alegando que los instrumentos sobre los que se pretendía el pago del tributo eran cartas de intención.

El juez de Primera Instancia desestimó la verificación y calificó a los instrumentos de contratos entre ausentes - no gravados - por falta de aceptación ( Art. 216 del Código Fiscal).

La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de grado, pero con fundamento en el art. 223 del mismo cuerpo normativo, por considerar que los instrumentos en cuestión conformaban alteraciones de contratos previos, por los que no correspondía abonar el tributo.

El incidentista interpuso recurso de Inaplicabilidad de Ley , sin atacar la calificación jurídica de Alzada, invocando violación a la ley y contradicción a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia en " SOLBA UTE C/ PCIA. DEL NEUQUEN " . El recurso fue declarado improcedente, rechazándose la pretensión fiscal de la provincia en virtud de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, indemnización por accidente de trabajo, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: LLANO, Inés c/ COOPERATIVA DE PRODUCTORES TABACALEROS DE SALTA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-02-18

La Sala II de esta Cámara de Apelaciones del Trabajo comparte la doctrina que se basa en que el derecho al resarcimiento indemnizatorio sólo nace con la determinación de la incapacidad y no con el hecho del accidente cuando el mismo no coincide en el tiempo, como en el caso de autos. Resulta inaceptable considerar que se efectúa una aplicación retroactiva de la Ley 23643 cuando a la fecha de la determinación de la incapacidad, se encontraba vigente y recién en ese momento nace el derecho del actor para reclamar la indemnización correspondiente.
Recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo, deserción del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEITLER N. Y/O OTROS c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL s/ NULIDAD CLAUSULA HIPOTECARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-21

No cabe la imposición de la sanción que establece el inc. 3 Del art. 250 del código procesal, si dentro del plazo fijado por la citada norma el apelante solicitó al juzgado se aclarara sobre si correspondía la aplicación del procedimiento previsto en el inc. 2 Del mismo artículo y en su caso, cual era la documentación que debía acompañar para la formación del incidente. Lo contrario importa una solución excesivamente ritualista que no se compadece con la gravedad de la consecuencia a que conduce. (S1,1939,210683)
Daño moral, legitimación activa, agencia de turismo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CRISTINA HUGO A. c/ KALMAR S.A. O KALMAR VIAJES Y TURISMO s/ ORDINARIO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-05-16

Nadie tiene derecho a pedir para sí el resarcimiento por un perjuicio ajeno. No cabe el argumento de que, por haber sido el contratante, sólo él sería el titular del daño moral padecido por su familia. Es que el principio de personalidad del daño veda invocar el daño ajeno de quien no se tiene representación; además la ausencia de un vínculo contractual no hubiese obstado a que los familiares hubieran peticionado la indemnización a título extracontractual, con fundamento en el art. 1078, en lugar del art.

522 C. Civil.
Sentencia ultra petita, nulidad de sentencia, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: P., V.B. c/ R.M., J.J. s/ Privación de Patria Potestad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-28

Teniendo en cuenta que la habilitación de la potestad revisora de la Cámara requiere el necesario antecedente de su planteamiento y decisión previos por el a-quo, pues de lo contrario se violaría la garantía de la doble instancia, entiendo que al dictar la nulidad de la vista, sin que la Juez de Primera Instancia haya resuelto el recurso de reposición planteado contra la providencia que la tuvo por contestada, incurrió en un manifiesto exceso de jurisdicción, que autoriza, la anulación oficiosa de la sentencia.
Declaración de insania, elevación en consulta
Materia: PROCESAL
Carátula: S.A.H. s/ INSANIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-06

Si la sentencia de declaración de demencia fue dictada en el mes marzo de 1981, siendo recién notificada en octubre de 1983, éste hecho hace viable la elevación en consulta.
Defensa del consumidor, infracciones relacionadas con los derechos del consumidor, sanciones administrativas, multa administrativa, deberes de la administración, motivación del acto administrativo
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Compañía de Radiocomunicaciones Móviles c/ GCBA s/ Otras Causas Con Trámite Directo Ante la Cámara de Apel."
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-12

Cuando la Administración impone una sanción por infracción a la Ley de Defensa del Consumidor, debe aplicar las pautas enunciadas por el artículo 49 de dicha norma en un caso concreto, considerando las circunstancias fácticas de dicho caso (Sala I de este fuero, con voto de la mayoría in re "Banco Caja de Ahorro S.A. c/ GCBA s/ otras causas con tramite directo ante la Cámara" expte. RDC 911/0 sentencia del 18/3/05).

En este contexto, para que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa en forma adecuada, es necesario que la Administración explicite cuáles han sido las pautas que, en el caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación.

Esto no es sino una aplicación particular del requisito de motivación que deben cumplir todos los actos administrativos y que, en el ámbito local, se encuentra previsto expresamente en el artículo 7, inciso "e" de la ley de procedimientos administrativos. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Defensa del consumidor, sanciones administrativas, revisión judicial de actos administrativos, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Organización Privada de Extensión Cultural S.A. c/ Mº de E. y OSP. -Sec. Ind. y C.- (DNCI. Nº 1386/95)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-13

La ley 24.240 no prevé trámite alguno para la sustanciación del recurso que contempla en su art. 45 para la revisión judicial de las sanciones que la autoridad que ella instituye aplica ejecutando la jurisdicción administrativa primaria que le corresponde actuar en ejercicio del poder de policía que le compete en la materia de que se trata, tal como -por el contrario- sí lo hace en relación a las acciones judiciales que -entre otros legitimados- prevé por su art. 52 a favor de los consumidores y usuarios "cuando sus intereses resulten afectados o amenazados", para las cuales, por su art. 53, establece que "se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente". Por ello, en la medida que la norma legal aplicable no obliga al órgano judicial competente a dar intervención en el trámite de ese recurso, en carácter de parte demandada, a la autoridad de aplicación, la decisión de correrle traslado de él en un caso concreto, sólo puede ser entendida como adoptada por el Tribunal por considerarla conveniente al efecto de preservarle a aquella autoridad administrativa su constitucional garantía de defensa en juicio. (Consid. IV).