marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cañete Santos, Martín c/ Pereira, Francisca Eleodora s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

La declaración de nulidad del acto procesal irregular no resulta procedente si el mismo ha sido consentido aunque fuese tácitamente por la parte interesada en la declaración, consentimiento que se presume cuando no se promueve el respectivo incidente de nulidad dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto, aunque fuere en forma extrajudicial (art. 170 CPCC). Así entonces, si de la prueba de informes producida surge que a raíz del embargo y la ampliación ordenada en estas actuaciones y que se efectivizó sobre los haberes que percibía el accionado motivó que éste indagara ante las autoridades de Gendarmería Nacional sobre el importe y extensión temporal de los descuentos sufridos, poniéndole en conocimiento dicha institución que los descuentos obedecieron a un mandato judicial y que el demandado solicitó se le reintegrara una diferencia descontada en mas, haciendo referencia al oficio judicial, resulta evidente que ello importó un conocimiento de la existencia de las presentes actuaciones y deja sin sustento cierto la fecha alegada, como momento en que tuvo conocimiento del presunto vicio procesal incurrido. En suma, el imputado vicio de procedimiento ha quedado subsanado, pues con las prestaciones ante dichas autoridades, se patentiza que ha guardado silencio durante más de un año sin que impugnara los presuntos defectos procesales y, por ende, importó un consentimiento que le impide articular la nulidad.
Prueba, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: De Fortuna, Walter Pascual s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-18

Es potestad del tribunal de mérito la decisión acerca de la admisión y rechazo de elementos acreditativos (arts. 356, 357 y 388), pudiendo, en ese marco, ordenar -a petición de parte y aún de oficio- la producción de prueba manifiestamente útil o rechazar la ofrecida que, a su entender, sea impertinente o superabundante.(Voto del Dr. Tragant).
Acción, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marconi, Adelmo Héctor c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Los recursos jerárquicos y de apelación no proceden contra las decisiones de los ministros en ejercicio de la competencia propia o delegada por lo que la resolución dictada por el Ministro de Economía reviste la condición de definitiva, dejando abierta la acción contencioso administrativa.
Haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, bonos de consolidación, acción de amparo, Constitución Nacional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: DIAZ DE LABRIT, CARMEN c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

El derecho del titular que persigue sobre la base de un crédito líquido y exigible, consolidado en virtud de la ley 23.982 (en el caso, la entrega o colocación a su orden de bonos de consolidación), tiene causa legal y no origen en una sentencia judicial, no obstante ésta haya existido. Así, quien fuera acreedor de un crédito líquido, exigible y consolidado, sin haber logrado tal reconocimiento en una instancia judicial previa, vería amparado su derecho, en caso de incumplimiento, a través de la vía del amparo (art. 43 C.N.). En consecuencia, no se advierte como razonable un distinto tratamiento para quien denuncia una actitud omisiva y arbitraria de la A.N.Se.S. al no gestionar el acto inter- administrativo que le posibilite la entrega o colocación a su orden, en la Caja de Valores, de bonos de consolidación (leyes 23.982 y 24.130), en pago de la deuda reconocida. Por ello, conforme lo dispuesto por la Constitución Nacional (art. 14 bis., 18, 43, 75 inc. 22), Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 8);

Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 21 y 25); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2, párrafo 3, inc. a) y concordantes, corresponde revocar la decisión que consideró como vía apta la ejecución de sentencia, e imprimir el trámite de acción de amparo conforme lo disponen las normas constitucionales y, en modo complementario, en todo aquello que no sea incompatible con la Ley Suprema, aplicar la ley 16.986 (Del voto de la mayoría -argumento del Dr. Fernández- El Dr. Etala votó en disidencia).
Honorarios del abogado, actuaciones administrativas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Palma, Gerónimo Jorge y otro s/ Regulación de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-25

La regulación de honorarios por actuación administrativa en asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria, deberá realizarse aplicando las normas generales, rigiendo la escala del artículo 30 y demás disposiciones complementarias de la Ley 7046. La pauta legal consagrada por el artículo 100 de la Ley de Aranceles no implica la operatividad automática de la escala del referenciado texto legal toda vez que deben tenerse también en cuenta las demás previsiones contenidas en la misma ley, entre otras, la naturaleza de la gestión realizada, el carácter de vencedor o perdedor y las etapas cumplidas en la gestión administrativa de que se trate.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, distribuidores, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Sotelo    Erica c/ Arcor    SA    y    otro s/ despido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-05

La constancia del carácter de "distribuidor oficial de Arcor S.A." en la papelería de la empresa co demandada, constituye un indicio a favor de la denuncia contenida en la demanda del carácter de la última, como distribuidora oficial de los productos que elaboraba la primera. Y sin perjuicio del derecho de Arcor S.A. de delegar la comercialización mediante contratos de distribución, ello no la exime de su obligación de control tal como lo dispone el art. 30 LCT, por lo que se torna procedente la solidaridad impuesta en dicha norma.
Personal municipal, cesantía, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lallana, Elsa Ramona c/ Municipalidad de Magdalena s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

La actividad de la demandada resulta contraria a derecho atento la inexistencia del supuesto de hecho invocado como causa del decreto que dispuso el cese de la agente, por lo que corresponde su anulación (en el caso, la extinción de la relación laboral se dispuso con fundamento en que al tiempo de culminar la licencia por enfermedad de largo tratamiento la peticionante no se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus tareas habituales y se había negado a trabajar en tareas livianas, pero de las actuaciones administrativas no surge tal negativa).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Paneta, V. c/ Constantini, J. s/ Salarios. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

El valor del litigio está representado para el recurrente por las sumas demandadas en concepto de indemnizaciones previstas en la ley 24.013 que no prosperaron y que son materia de agravio ante esta instancia extraordinaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Subasta judicial, adquirente en subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Comercial del Tandil S.A. c/ Esquerdo y Figueroa, Elena A. y otra s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-10

Si una empresa vinculada al ejecutante deviene adjudicataria en la subasta, podrá ejercer los derechos que la ley le otorga al título que inviste.
Poder de policía, sanciones administrativas, sobreseimiento, sentencia absolutoria
Materia: ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: RIOS, Carlos R. c/ E.N. (Min. del Int.) s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

La absolución o sobreseimiento penal no siempre es un título suficiente para impedir la sanción administrativa, aún cuando ésta se imponga por hechos directamente vinculados a los que dieron lugar a la absolución o sobreseimiento penal... Todo depende de las circunstancias del caso particular (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Adm. , T. III-B, segunda ed., actualizada, p. 428; esta Sala, Viltes , del 3-11-92).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, control de constitucionalidad, Impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto a las actividades lucrativas, inconstitucionalidad, comercio exterior, Constitución Nacional, sentencia definitiva, Superior Tribunal de la Causa
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SCHUCHARD S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ REPETICION DE IMPUESTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-06

Es procedente el recurso extraordinario en que se controvierte la validez constitucional de impuestos a las actividades lucrativas y los ingresos brutos abonados a la Ciudad de Buenos Aires, por considerárselos una regulación local del comercio internacional vedada por el art. 67, inc 12 de la Constitución Nacional y ser la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa favorable a la validez de aquéllos.
Honorarios del abogado, depósito judicial, retiro de fondos, daños y perjuicios, depreciación monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Etcheverry, Luisa Mabel y otros c/ Buenos Aires, Provincia de; Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

La parte que se opuso a que los letrados extrajeran los fondos depositados a su favor en concepto de honorarios por la condenada en costas, lo que fue desestimado, debe afrontar los daños constituidos por la desvalorización monetaria operada.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: TALLERES CARMONA. c/ E.F.A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-24

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda, y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión.
Jurisdicción administrativa, adicionales de remuneración, juicios contra el Estado, revisión judicial, excepción de incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Vivanco, Luis Alberto y Otros c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-30

Los actores en autos, mediante apoderado, entablan demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción en contra del Poder Ejecutivo Provincial a fin de que se declare la nulidad de la Disposición D.P.P. Nº 4753 de fecha 21 de Junio de 2007, emitida por la Dirección Provincial de Personal del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; se deje sin efecto la compensación del Adicional Específico por Servicios Educativos, Culturales, Científicos y Tecnológicos, con el Adicional por Diferencia Escalafonaria y se disponga la liquidación y acreditación de dicho adicional más intereses, en las respectivas cuentas de sueldo de los actores.

La jurisdicción y competencia de este Tribunal se encuentra habilitada para entender en la presente causa.

Por último refiere a que el acto que se cuestiona integra la esfera de atribuciones discrecionales de la Administración y por expresa prohibición del Art.12 del C.C.A., no es dable la revisión judicial.

Al respecto cabe recordar que, las atribuciones discrecionales de la Administración tienen su límite en lo que a la revisión judicial atañe en su razonabilidad. Por otra parte en la especie, no es lo censurable la política salarial implementada sino la interpretación de las disposiciones aplicadas. De esta manera, por las razones expresadas, considero que la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada debe ser rechazada.
Concursos, concurso preventivo, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Pesquera  Santa  Elena  S.A. c/ D.G.A.  -resol  5119/01 (Expte583882/95) s/ ANA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-01

Si la Aduana -aun sabiendo que la actora estaba tramitando un proceso falencial- no llevó a cabo el procedimiento impuesto por la resolución 1645/94 por ella dictada y, como consecuencia de ello, tampoco cumplió con la verificación de crédito prevista en la ley concursal, es su propia actitud omisiva la que imposibilita el cobro de las diferencias pretendidas.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, jubilaciones, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DIORIO HOMAR ANTONIO c/ CAJA  DE  JUBILACIONES,  SUBSIDIOS Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ JUBILACION  Y PENSION - SENTENCIA DE LA CORTE - CONSTITUCION NACIONAL  INTERESES Y MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

Los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que la reglamenten, las que si no son irrazonables ni adolecen de iniquidad manifiesta no pueden ser impugnadas exitosamente como inconstitucionales. Tales vicios no pueden ser adjudicados a las normas impugnadas -arts. 82 de la ley 18.037 y 56 de la ley 9650 de la Provincia de Buenos Aires-, las que a lo sumo pueden estar fundadas en un criterio discutible pero no en pugna con principios constitucionales, ya que la garantía de igualdad consagrada en el art. 16 de la Carta Magna no se ve afectada por la circunstancia de que se establezca un plazo de prescripción diferente para distintos tipos de créditos, ni siquiera para las deudas en favor de las Cajas previsionales y las de ellas.
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, persona a cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodriguez Enriqueta c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Pcia de Bs As s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-18

Demostrado que la peticionante se consagró al cuidado de su hermano enfermo que estaba económicamente a cargo de éste y que la jubilación otorgada a aquel por la Caja de Martilleros era la única fuente de subsistencia de ambos, a lo que cabe sumar la incapacidad para el trabajo, estan reunidos los extremos necesarios para acceder al beneficio de pensión de la hermana, aún cuando no esté expresamente establecido en la ley (aplic. analógica, art 31 inc 5 y 32 dec ley 9650/80 y 32 dec reglam. 430/81). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trabajador con cargas de familia, asignaciones familiares
Materia: PENAL
Carátula: Labsys Ingeniería Informática SA y otro c/ Bruno Andrea Fernanda y otro s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-28

En el caso, el juez a quo hace una interpretación restrictiva del concepto de "carga de familia" que incluye a aquellos trabajadores que se encuentren dentro del régimen de asignaciones familiares, aclarando que solamente corresponde a uno de los dependientes y no a ambos. Por ello, como el subsidio por hijo lo percibía el padre, el juez consideró que no debía incluir a la madre dentro de la norma del art. 208 L.C.T.. Sin lugar a dudas, el hijo constituye una carga de familia, máxime teniendo en cuenta el Código de Vélez Sarsfield y el actual Código Civil y Comercial de la Nación. Si la ley no distingue entre uno y otro progenitor cuando diagrama el plazo y la remuneración del trabajador, no cabe interpretar las normas de derecho previsional de modo restrictivo respecto del trabajador al tomar simplemente el parámetro de un beneficio social. A fortiori cuando el texto se traslada a la norma del art. 208 L.C.T. se encuentra regido por el art. 9 L.C.T..
Médicos, medicina prepaga, derecho a la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: Troncoso, Claudia Andrea c/ OSDE s/ amparo s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-04-24

En conflictos de esta naturaleza -entre el médico tratante y la entidad prestadora de salud-, corresponde priorizar lo que el médico tratante evalúa con relación a la confiabilidad de lo que indica a fin de optimizar la calidad de vida de quien ha depositado su confianza (cf. STJRNS4 Se. 71/16 "PRIETO", entre otros). En este sentido y ante la entidad de las consideraciones expuestas por los médicos tratantes y la falta de prueba científica en contra por parte de la requerida, no corresponde contraponer manifestaciones de neto contenido contractual, no cabiendo de modo alguno priorizar un mero interés comercial o mercantilista por sobre el derecho a la salud de un niño. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Cámara de Apelaciones, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GUANCO, FIDEL A. c/ VARGAS, JOSE LUIS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-10-13

Es inadmisible el recurso interpuesto desde que la parte agraviada no demuestra que la Cámara - al replantear la cuestión del plazo de interposición del recurso de queja por denegación de la apelación extraordinaria primigeniamente declarado admisible- , haya configurado un supuesto de arbitrariedad que permita acceder a esta instancia extraordinaria, toda vez que este Cuerpo ya se ha pronunciado favorablemente al respecto, sustentando la potestad del Tribunal de grado de volver a juzgar reunidas o no las condiciones formales de la impugnación en los siguientes argumentos: a) mal puede hablarse de que ya había terminado el proceso recursivo si se tiene en cuenta que el apelado no había sido oído y, por ende, no podía privárselo de la oportunidad de replantear la cuestión en base a hechos no considerados al resolver la queja; y b) el juicio de admisibilidad que se realiza en oportunidad de admitir la queja sólo puede estimarse provisorio desde que se emite a la luz mortecina de las constancias requeridas por el artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial; por lo cual nada obsta a que, con los autos a la vista, se rectifique el criterio originario, llegándose a diversa conclusión. (Del voto del Dr. Falistocco)
Caducidad de instancia, competencia, acción de amparo
Materia: CIVIL
Carátula: MORE MONICA DEL VALLE c/ TRIBUNAL DE FALTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ AMPARO-APELACION DE MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-08-26

Este Superior Tribunal no resulta competente para resolver un incidente de caducidad de instancia en causas sobre amparo.
Acción, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oscar Cid de la Paz Construcciones Viales c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

El concurso preventivo en que se halla el contratista es un supuesto excepcional que autoriza la dispensa del cumplimiento del art. 30 del Código de Procedimiento Administrativo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de queja (procesal), caducidad, falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SUELO DE MONTAÑA S.R.L. c/ Juarez Ramón Ariel s/ Ordinario - Recurso  de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-11-27

"Ahora bien, para el caso que no se entendiera así y se considere que la queja ha sido deducida en término, corresponde igualmente rechazarla porque en la providencia de fecha 16 de junio de 2017 no se resolvió la caducidad deducida, sino que sólo se decidió diferir su tratamiento para el momento de resolver en definitiva, resultando improcedente el recurso por no causar gravamen irreparable".
Recurso de casación penal, instrucción, queja por casación denegada
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "D. ; F. s/ rec. de queja".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-04

La queja presentada ante la Cámara Nacional de Casación Penal por denegatoria del de casación suscripta por la Cámara de Apelaciones no impone la paralización de una medida de instrucción ajena a lo que es materia de cuestionamiento en ese recurso (Prescripción de la acción penal).
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, acreedores del concurso, acreedores excluidos
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASTIMAR  SA  / CONCURSO PREVENTIVO s/ INCIDENTE (DE EXCLUSION DEVOTO DEL ACREEDOR JORGE HUGO MARCECA).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-23

La procedencia de la exclusión de un crédito de la base de cómputo de las mayorías, en tanto importa la privación de un derecho -el más legítimo que tiene un acreedor en un concurso preventivo-, como es la facultad de su titular de conformar la voluntad colectiva -y consecuentemente, decidir si acepta o no la propuesta concordataria-, debe ser interpretada necesariamente en forma restrictiva, ya que cualquier duda en este campo debe ser primordialmente resuelta en favor de la supervivencia del derecho y no en el de su supresión (cfr. en este sentido, JNCom. 16, firme, 7/3/06, "Telearte SA Empresa de Radio y Televisión s/ conc. prev. s/ inc. exclusión de acreedores integrantes del llamado Grupo Telefónica").
Escritura pública, domicilio especial, domicilio constituido
Materia: CIVIL
Carátula: DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A. c/ BACOR S.A. y otros s/ EJECUCION  HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

El domicilio de elección, establecido en una escritura pública, se acerca en sus efectos al constituido como procesal, por cuanto el objetivo del mismo es constituir un centro de recepción de la notificación de los actos o manifestaciones de voluntad relativos al negocio jurídico para el cual fuera establecido.-
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del peatón, peatón distraído, cruce de avenida
Materia: CIVIL
Carátula: LAMOUNAN, Félix Pedro c/ MONGE, Omar Marcelino s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-01

1- Que un peatón atraviese una vía rápida de doble circulación de tránsito considerable, como lo es la Avenida General Paz, por un lugar no autorizado, denota un alto grado de imprudencia, sobre todo si se trata de un vecino del lugar, conocedor, por ende, de la precariedad del paso en cuestión, lo que le imponía verificar si el cruce se encontraba realmente expedito.-
Prescripción, impuestos municipales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Maria Grande c/ Schllme Héctor s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-29

El plazo de prescripción quinquenal aplicable a deudas impositivas como impuestos y tasas representa la solución armónica con la que consagran la mayoría de las legislaciones tributarias en el orden nacional y provincial y con la norma que en el derecho privado comprende todo lo que debe pagarse por años o por plazos periódicos más breves (art. 4027 inc. 3 del C.C., doctrina obligatoria STJ, SCC "Municipalidad de Crespo c/ Godoy Alfonso y otra -Apremio" 23.03.2000).