Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-24


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 24 días del mes de abril del año dos mil doce, se reunieron en Acuerdo los Miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Jorge Pfleger y Daniel Alejandro Rebagliati Russell, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en la causa caratulada "C., C. M. s/ Homicidio s/ impugnación" (Expte. 22.354- F°48-Año 2011).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo efectuado en la audiencia prevista en el artículo 385 del C.P.P., el cual quedó: Rebagliati Russell, Panizzi y Pfleger.

El Juez Daniel A. Rebagliati Russell dijo:

I. La cuestión traída a esta Sala es la resolución registrada bajo el número 369 del año 2011, emitida por el Tribunal Unipersonal conformado por la doctora Margarita Pfister, Jueza en lo Penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que sobreseyó a E. L. B. del delito de homicidio.

II. Contra ese pronunciamiento interpuso impugnación extraordinaria el Fiscal General, doctor Juan Carlos Caperochipi.

En primer término alegó sobre su legitimación para impugnar el auto de sobreseimiento.

Luego ingresó directamente a demostrar la procedencia del recurso, indicando los motivos de agravio que autorizarían el ingreso a esta instancia.

Hizo un repaso de los antecedentes del caso, dando detalles de los distintos actos procesales celebrados en la presente investigación.

Todo ello para afirmar que la labor desplegada durante el proceso ha sido conforme a derecho y que en la audiencia de apertura no se daban los presupuestos que exige el ordenamiento de forma para dictar el sobreseimiento de L. E. B.

Sostiene que el pronunciamiento es arbitrario y desconoce la aplicación de preceptos legales que determinan tanto el cómputo como el tratamiento de los plazos de duración general del proceso.

En la oportunidad de responder el sobreseimiento solicitado por la defensa, dijo que al auto de apertura se concretó en forma conjunta con el pedido de captura. Ello por cuanto, a raíz de las tareas de inteligencia practicadas, se logró determinar que el imputado se había ido de la provincia inmediatamente después de sucedido el hecho.

De esta manera no puede contarse el plazo desde aquél acto procesal, ya que ese Ministerio desconocía el paradero del encausado y no podía notificarlo de la existencia de la causa y de la realización de la respectiva audiencia.

Por otro lado argumenta que de considerar que el plazo comienza a contarse desde la fecha del auto de apertura, conforme la norma vigente en ese momento, al existir la orden de captura, dicho término debió interrumpirse -C.P.P., art. 146-.

Vuelve a aclarar que B. se encontraba fugado y que el mismo optó por esa situación. Así, continúa, los plazos procesales se hallaban interrumpidos.

III. La legitimación invocada por el Ministerio Fiscal para impugnar la sentencia dictada, encuentra sustento normativo en las disposiciones del Art. 371 incs. 1° y 2° del CPP.

IV. Luego de esta breve síntesis y de leer la resolución en crisis, concluyo que la resolución dictada por la jueza penal, Margarita Pfister, es infundada.

Veamos.

El acto procesal de referencia tuvo como cuestión preliminar el planteo esbozado por la defensa luego de que el Fiscal informara a B. la imputación existente en su contra.

Luego de escuchar a las partes, el juez decide dictar el sobreseimiento, por haber transcurrido el plazo de investigación.

La doctora Pfister, al finalizar el pronunciamiento sostiene: ´. Habiendo efectuando un exhaustivo análisis de la cuestión es si resulta posible continuar con la marcha del proceso o, por el contrario, si ha expirado el plazo legal que tiene el Estado para perseguir penalmente al imputado. .´ Observo que la garantía que menciona tiene que ver con el instituto de la prescripción, consagrado en el ordenamiento de fondo, la cual no debe confundirse con la norma procesal que se recurre.

Así, la interpretación que hace del plazo razonable es incorrecta. Por un lado sostiene que la finalidad del plazo razonable es evitar que una persona esté sometida a proceso por largo tiempo, y cita la norma de la Convención Americana de Derechos Humanos que prescribe ´. el derecho que tiene todo imputado a ser juzgado sin dilaciones indebidas o injustificadas.´ . Esta doctrina y jurisprudencia que cita no es aplicable al caso de autos.

El imputado jamás estuvo sometido a proceso porque nunca estuvo a derecho. Ha mantenido su situación de ´fugado´ desde el inicio de la investigación, y debió ser extraditado desde la provincia en donde fue detenido para realizar la audiencia pertinente.

De esta manera no se aplica la norma del artículo 85, que habla de la rebeldía del imputado, sino la norma del artículo 146, 2° párrafo, que menciona que la fuga del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento.

B. no ha sido declarado rebelde porque, precisamente, nunca estuvo a derecho y en consecuencia no fijó domicilio donde se pudieran cursar las citaciones. Fue por ello que el Fiscal, al tener conocimiento de la situación, comunica la apertura adjuntando el pedido de inmediata captura.

Es por ello que la decisión adoptada por la jueza es arbitraria por no ampararse en ninguna norma legal.

V. Por lo expuesto, postulo la revocación del sobreseimiento y la devolución de los presentes autos a la instancia de origen, para que continúen según su estado.

Así lo voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El Fiscal General de Comodoro Rivadavia, doctor Juan Carlos Caperochipi, dedujo impugnación extraordinaria contra la resolución Nº 369/11 dictada por la Jueza Penal de Refuerzo Margarita Pfister, que sobreseyó a L. E. B.

Los antecedentes del caso y la reseña de los agravios, han sido sentados en el primer voto. De manera que omitiré toda referencia a ellos, a efectos de no repetir innecesariamente la tarea.

II. La vía impugnativa del acusador público se encuentra habilitada, a tenor de lo prescripto por el artículo 378, inciso 1º del ordenamiento ritual.

III. Coincidiré con mi colega preopinante en que deberá acogerse el remedio interpuesto y revocarse el sobreseimiento decretado, pues la a quo ha efectuado una aplicación inexacta de las normas adjetivas que rigen la cuestión del plazo de duración del proceso.

En el caso bajo examen, el atribuido, L. E. B., abandonó la ciudad de Comodoro Rivadavia y permaneció oculto hasta que, largo tiempo después, pudo ser capturado en Córdoba.

En mérito de esa circunstancia, juzgo que no ha transcurrido el plazo de duración máxima del procedimiento pues, en virtud del último párrafo del artículo 146 del Código Procesal Penal, la fuga del imputado interrumpirá aquel cómputo, el que se reiniciará una vez que el incuso sea capturado o comparezca.

Es decir, el tiempo que B. estuvo prófugo de la justicia no se contabiliza a los fines del artículo 146.

A más de ello, apunto que no procedía la declaración de rebeldía de B. ya que éste nunca denunció un domicilio al que se le pudieran notificar los distintos actos procesales de interés.

Así las cosas, la resolución de la Jueza Penal carece de sustento legal, correspondiendo, en consecuencia, revocarla y remitir las actuaciones a la instancia de origen, a sus efectos.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Breve introito Evitaré toda reiteración por innecesaria. Mis colegas del primero y segundo voto ya han formulado una relación acabada del caso y esa labor me exime de dar otros detalles. A los términos dados me remito.

II. La solución a. Algunas reflexiones Dos cuestiones resultan significativas a la hora de dar solución al caso que, lo anticipo, será coincidente con la que propusieron mis respetados pares.

En primer lugar, la equivocada interpretación del sistema procesal que ha efectuado la Juez de la causa, en perjuicio del valor justicia; en segundo termino, la ligereza en el modo con el que ha tomado una decisión definitiva de la trascendencia del sobreseimiento: instituto que por su naturaleza pone fin al proceso en beneficio de aquél en cuyo favor se dicta, durante la etapa preparatoria.

De consolidarse esta situación - según lo estimo- se consagraría la impunidad del delito de homicidio por cuya ocurrencia se encuesta, uno de los crímenes más grave de la escala penal.

Los Jueces administran un delicado equilibrio que es capital en el Estado Social Democrático, la tensión (más aparente que real) entre los derechos del imputado y el haber social que impone al Estado la realización de la Justicia.

Se trata de nivelar garantías (derechos) procesales con la capacidad de la sociedad para exigir acciones positivas para la punición de todo crimen; que esta situación no se altere ni se trastoque, tal si- en un momento- la Constitución Federal y Local que reconocen a ambos pudieran regir sólo parcialmente, mediando la derogación de una porción en el litigio concreto.

De allí que los Magistrados deben formular un escrutinio estricto del caso para que impere un principio elemental de Justicia, y no decidir sobre tan delicada cuestión mediante un lábil proceder, como ha sucedido en el caso.

La deficiencia argumentativa es uno de los grandes peligros que hacen poco fiable la administración de justicia; las decisiones irracionales se trasladan ahondando el abismo que, como señalé en el discurso ante la Honorable Legislatura Provincial, existe entre este Poder del Estado y la sociedad civil.

La Jueza que adoptó esta decisión ha de tomar debida nota de ello.

b. Legitimación del Ministerio Fiscal para recurrir.

Hallo razón a los votos que anteceden en lo que atañe a la legitimación del Ministerio Público Fiscal.

Son los arts. 371 y 378 inc. 1° los que objetivamente tornan viable la impugnación fiscal sobre la sentencia de sobreseimiento, poseyendo ese órgano interés jurídico directo por las consecuencias que la resolución tomada aquí ha tenido: el cierre de toda posibilidad de llevar el caso a juicio c. La interpretación inaceptable de la norma procesal.

Ya la Sala ha tomado posición respecto del momento a partir del cual ha de computarse el plazo de duración de la etapa preparatoria.

Rige en el caso el numeral 146 del C.P.P.Ch, vigente al momento del acto procesal que originó el legajo: tres años a partir del momento de la apertura de la investigación.

En términos de estricto calendario, producido el acto de marras el 26 de Junio de 2007, el lapso de caducidad de la capacidad Fiscal de mantener su pretensión habría operado a la medianoche de ese día del año 2010.

La Jueza aplicó "tabula rasa", no observó las particularidades del devenir que le obligaban a actuar de otra manera. Es que la recta interpretación del digesto adjetivo es aquella que mis pares han pronunciado: técnicamente no existía "rebelde" en los términos del art. 85 del C.P.P. pues E. B. no se hallaba en ninguno de los supuestos que la norma estipula; sí se trataba de un "prófugo" en sentido literal y técnico de la palabra, lo que tornaba aplicable la suspensión de plazo consagrada en el art. 146 ya comentado. Y digo literal porque la lengua castellana lo significa con claridad, "prófugo" es un adjetivo que implica: ".Dicho de una persona: Que anda huyendo, principalmente de la justicia o de otra autoridad legítima.".

Y expongo técnico pues el verbo "fugar" utilizado por la ley importa- a mi juicio- describir a esa categoría de personas que, sin haber sido sometida a la ley, huye.

No ha existido, entonces, un "sumiso" a quien se debía proteger de la incuria de los organismos del Estado en clave de tiempos procesales, sino un sospechoso, sindicado en el marco de una investigación regular como autor de homicidio, sobre quien se dispuso una orden de detención que no fue posible de hacer efectiva por varios años.

Hay registros negativos en la causa que permiten suponer que el sujeto de que se trata, si bien protegido por el estado de inocencia, puso pie en polvorosa después del hecho y desapareció de la zona.

Existe la consecuente disposición de captura emanada del Juez competente, con los efectos explicados.

Los lapsos se suspendieron por esa causa.

No es aplicable la doctrina legal ni los precedentes citados por el defensor del causante.

La tesis del error evidente es cuestión que, como bien lo dice la norma 375 inc. 3° del C.P.P por remisión del art. 378 ídem, involucra a la declaración de los hechos en que se funda la condena o la aplicación de una medida de seguridad o corrección, más no la aplicación equivocada de una norma procesal utilizada para fundar el sobreseimiento.

Los casos que envuelven la discusión sobre el "plazo razonable" de duración del proceso, nada tienen en común con la circunstancia que se ventila, por todo cuanto se ha dicho en los párrafos antecedentes.

Así las cosas la solución que se propicia es la adecuada.

Debería ser de Perogrullo, insisto, que los operadores del sistema sientan un fuerte compromiso con las garantías judiciales, pero a la par tengan preocupación por la impunidad que puede generar un pronunciamiento ligero, de modo tal que, en su gestión cotidiana, brinden soluciones que al tiempo de ser legales sean las que posibiliten la consagración del valor justicia, lo que no ha sucedido en el caso.

Cabe, así, declarar procedente la impugnación interpuesta, revocar el sobreseimiento decretado y ordenar la remisión de la causa a sus efectos, bajo los parámetros establecidos arriba.

Así me expido y voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

-----------S E N T E N C I A --------------- 1º)Declarar procedente la impugnación extraordinaria interpuesta por el Fiscal General.

2°) Revocar la resolución protocolizada bajo el nro. 369/2011.

3°) Disponer el reenvío de las presentes actuaciones a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, a sus efectos.

4°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo. Jorge Pfleger-Alejandro Javier Panizzi-Daniel A. Rebagliati Russell- Ante mi: José A. Ferreyra Secretario.