Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-07-04


Autos N° 22.179 (132.019 - 8° CIVIL), caratulados: "EL BIOCEANICO SRL c/ Aseguradora Federal Argentina SA - Ordinario" En la ciudad de San Juan, a 04 días del mes de julio del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los Dres. JUAN JOSÉ VICTORIA y PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas 76, contra la sentencia recaída en autos N° 22.179 (132.019 - 8° CIVIL), caratulados: "EL BIOCEANICO SRL C/ ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA SA-ORDINARIO", dictada en fecha treinta de octubre del año dos mil quince, obrante a fs. 73/74, de estos autos originarios del Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El titular del Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, encontró fundamento suficiente en la sentencia dictada en fecha 30 de octubre de 2015, (fs. 73/74), para hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por el demandado con costas a cargo de la actora. Reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en el trámite de la excepción y por el proceso principal.

Contra este decisorio, a fs. 76, el apoderado de la actora, Emiliano Mattar Simó, interpuso recurso de apelación que concedido fue fundamentado a fs. 81/89 de autos. Su contestación obra a fs. 92/104. Por su parte, el abogado de la demandada, Félix Pintor, interpuso a fs. 79 recurso en los términos del art. 53 Ley 56-O.

La actora, al expresar sus agravios dice que el error aparece manifiesto en cuanto el a quo sostiene que carece de carácter suspensivo la demanda intentada ante el Primer Juzgado Civil cuyo proceso terminó por perención de instancia. Al respecto, que la demanda judicial, tiene efectos interpelatorios; ya que es una intimación fehaciente, una constitución en mora y por ende, si produce la suspensión del plazo de prescripción por el término de un año y por única vez (art. 3986 segundo párrafo del C.C. vigente en dicha fecha). El actor considera, por tales motivos, que el a quo no se ha expedido sobre la pretensión formulada por su parte, limitándose a negarle efecto interruptivo, el que no desconoce que posee.

El apoderado de la parte actora, resume, conforme abundante doctrina y jurisprudencia que invoca, que la acción de su parte fue exigible el 8 de mayo de 2008 (momento que la demandada contesta carta documento), en fecha 8 de mayo de 2009 interpuso la demanda judicial contra la aseguradora Federal Argentina SA, ante el Primer Juzgado Civil, la que fue notificada y contestada por la compañía. Que tal demanda equivale a la interpelación o constitución en mora, razón por la cual suspendió la prescripción por un año, es decir hasta el 8 de mayo de 2010. Así, entiende que habiendo transcurrido un año del plazo de prescripción entre el 2008 y el año 2009, quedaban aún dos años más, según el plazo de prescripción de tres años que determina el art. 50 de la ley 26.361, vigente en esa época, los cuales se deberían volver a contar desde el mencionado 8 de mayo de 2010, por lo que el plazo de prescripción vencería el 8 de mayo de 2012, habiendo interpuesto la presente demanda el 4 de mayo de 2012.

En el segundo agravio, el actor expone que el a quo omitió tratar el plazo de tres años de prescripción, por ser una situación anterior a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Resalta que el contrato de seguro es una relación de consumo regido por el art. 50 y cdte. de Ley 24.240 y modif. 26.361. Así considera que a dicho plazo, se debe agregar un año de suspensión previsto por el art. 3986 del C.C., aplicable al caso.

El apelante describe que la relación entre el actor asegurado y accionado asegurador encuadra en la normativa citada y dentro de la relación de consumo (contrato de consumo) ya que el contrato de seguro es un contrato de consumo. Sostiene que ello es así, por cuanto el asegurado es un consumidor no profesional que contrata un servicio como destinatario final y que, frente al proveedor de servicios se encuentra en inferioridad fáctica y jurídica, que debe aceptar cláusulas predispuestas por la contraria, quien es la parte económicamente más fuerte. Continúa afirmando que todo proveedor de servicios en los términos del art. 2 de la ley 24.240 está obligado al cumplimiento de dicha ley, aún en el caso que regule su actividad otra normativa. (art. 3 Ley N° 24.240).

Agrega además que dicha norma es de orden público, y debe prevalecer si resulta más favorable al consumidor o usuario, aún en el caso que otras leyes generales o especiales fijaran plazos de prescripción distintos (art. 50).

Por último se agravia de la imposición de costas, solicitando sean revocadas y como consecuencia de ello se regulen los honorarios por la excepción en primera y segunda instancia y se difiera la regulación por su actuación en el juicio principal para la oportunidad de dictar sentencia definitiva. Hace reservas. Corrido traslado a la contraria, ésta se presenta a fs. 92 y en función de los argumentos que expone solicita se mantenga la sentencia dictada en primera instancia.

El abogado de la demandada, Félix Pintor, a fs. 79 apela sus honorarios por considerarlos bajos.

Tratamiento de los agravios.

Planteado el recurso de apelación del modo propuesto por las partes, resulta ineludible precisar y aclarar que al momento de revisar las críticas propuestas por la recurrente, ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial, Ley 26.994, razón por la cual se debe tener presente el contenido del art. 7 que indica con relación a la eficacia temporal de las normas reguladoras en general: A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. El código unificado contiene una norma específica de derecho temporal referida a los plazos de prescripción (art. 2537). En el caso de estudio, atento que el plazo de prescripción comenzó a correr encontrándose en vigencia el código anterior, dicho régimen jurídico resulta aplicable por haberse agotado el mismo durante su vigencia constituyendo una situación jurídicamente consolidada.

El actor se agravia por cuanto el a quo no se expidió sobre los argumentos por él propuestos, considerando al fallo como infundado.

Atendiendo la queja, surge de la lectura de la sentencia apelada que se encuentra fundada y ajustada a derecho, conforme se expondrá. Va de suyo, como en reiteradas oportunidades se expresó que la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de las leyes que aplican y de la solución a la que arriban, no es motivo suficiente para tachar, el fallo como carente de fundamentación, sino por el contrario incumple con la manda del segundo párrafo del art. 253 Ley 988-O.

El instituto de la prescripción como extintivo de los derechos, debe ser objeto de ponderación cautelosa y de interpretación restrictiva en su aplicación.

La demanda como causal interruptiva del curso de la prescripción encuentra su regulación específica en el art. 3986 del Código Civil.

Por su parte, el art. 3987 del Código Civil, establece que dicha interrupción se tendrá por no sucedida si ha tenido lugar la deserción de la instancia.

En razón de tales conceptos y de conformidad con el principio de legalidad, estando expresamente consagrado el efecto interruptivo del plazo de prescripción que produce la demanda, no puede el apelante cambiar la naturaleza del instituto, y otorgarle efecto "suspensivo" sin contradecir el texto expreso de dicha norma.

En otras palabras, queda expresado que al momento de decretarse la perención de la instancia judicial, todo el tiempo de duración del proceso durante el cual se había paralizado la prescripción por el efecto interruptivo dado a su interposición, se tiene por no transcurrido, conforme era regulado expresamente por el art. 3987 del Código Civil. En otras palabras, para continuar con el análisis y precisar si la acción nuevamente intentada está o no prescripta se debe considerar que el tiempo de tramitación del proceso judicial no tiene efecto paralizante del plazo de prescripción que correspondiere aplicar. A partir de ello, se debe tener en cuenta que la doctrina expresó que "la interpelación es una declaración recepticia por la que el acreedor reclama inequívocamente la cesación de la violación de su derecho. En el caso de las obligaciones, el acreedor reclama el cumplimiento de la obligación". (Cfr. Carlos Parellada, comentario art. 2541 en "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ricardo Lorenzetti (Director), T° XI, p. 279, Ed. Rubinzal Culzoni, 2015).

Por ello, la jurisprudencia interpretó que "la carta documento enviada por el asegurado a fin de que la cía de seguros demandada reconsidere el rechazo del siniestro, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales correspondientes, configura requerimiento de pago en los términos del art. 3986 segundo párrafo del CC, y por ende resulta idónea para suspender el curso de la prescripción normada por el art. 58 de ley 17.418" (CNCom Sala B 11-2-2004, "Fernández A. C/HSBC La Buenos Aires Seguros", LL On Line AR/JUR/1226/2004).

El autor precedentemente citado, completa su pensamiento expresando que "la invocación de la causal de suspensión constituida por la interpelación sólo puede ser utilizada una vez durante el plazo de prescripción de que se trate. Cuando el deudor o poseedor ya ha sido interpelado, una segunda interpelación carece de efectos suspensivos del curso de la prescripción. De otra forma, si fuere admisible que las sucesivas interpelaciones tuvieren efecto, quedaría al arbitrio del acreedor o propietario convertir este beneficio en un modo de ampliar indebidamente los plazos de prescripción y hasta convertir la acción en imprescriptible". (Cfr. Carlos Parellada, comentario art. 2541 en "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ricardo Lorenzetti (Director), T° XI,p. 281, Ed. Rubinzal Culzoni, 2015).

La interpretación del apelante de equiparar la primera demanda concluida por caducidad, como una forma de interpelación o constitución en mora, a fin de que tenga efectos suspensivos (segundo párrafo art. 3986 Código Civil), no encuentra justificativo legal alguno. En el caso concreto, es la propia actora quien en su escrito inicial de demanda (fs. 04 vta) afirma que, transcurrido dos meses desde la producción del siniestro (30/09/2007), luego de haber efectuado la denuncia del mismo a la aseguradora, y ante la falta de cumplimiento, en fecha 04/12/2007, procedió a intimar a la demandada por medio de carta documento N° 5086036-CD 87956984 AR, a lo fines de que cumpla con las obligaciones legales y contractuales. En otras palabras, fue esta primera intimación efectuada por carta documento, la que produjo la "interpelación" por él invocada que tenía la capacidad para suspender el plazo de la prescripción por un año. Por ello, no puede luego, volver a interpelar con efecto suspensivo a la aseguradora por segunda vez, por medio de la demanda interpuesta en 2008, concluida por caducidad, amén de que ello no está regulado por el Código Civil, de aplicación al caso. Por tales motivos y, conforme lo dispuesto por el art. 3987 del Código Civil, no se advierte error en el fallo puesto en crisis al sostener que la interposición de la primer demanda, constituyó un supuesto de interrupción de la prescripción liberatoria; y que por la perención de la instancia allí decretada, se tuvo por no sucedida. Consecuentemente, se advierte que desde la fecha del siniestro 30/09/2007 hasta la fecha de la interposición de la presente demanda 4/05/2012, transcurrieron más de cuatro años, por lo que la acción se encuentra prescripta. Ello es así, porque la exigibilidad de la cobertura del siniestro comenzó con la producción del mismo (30/9/2007). A partir de ello, se suspende el plazo de prescripción por un año cuando efectúa, en fecha 4/12/2007, la intimación a la compañía de seguro. Es decir, se reinicia el plazo restante de 10 meses, en fecha 4/12/2008. En función de ello, si la prescripción se considera anual venció en fecha 4/10/2008 y si se estimara aplicable la tutela de los consumidores, sería de tres años venciendo en fecha 4/10/2010. Como se colige venció el plazo en una fecha anterior al 4 de mayo de 2012. En otras palabras, en razón de los fundamentos vertidos en los párrafos precedentes, habiendo sido rechazada la pretensión de otorgarle efecto suspensivo a la primera demanda interpuesta por la actora y teniendo en cuenta que el segundo agravio se refiere a la aplicación del plazo de tres años de prescripción previsto por la Ley de Defensa del Consumidor, se considera que en virtud de haber transcurrido más de cuatro años, desde el accidente hasta la interposición de esta demanda, la cuestión referida a la aplicación del plazo anual previsto por la Ley de Seguros N° 17.418, o del de tres años contemplado en la Ley de Defensa del Consumidor Ley 24.240 y modif. Ley 26.361, carece de interés expedirse al respecto porque el punto a devenido abstracto.

Es deber de los tribunales pronunciar sus sentencias atendiendo al estado de las cosas existentes al momento de resolver, ya que no es posible que los jueces resuelvan cuestiones que, en el curso del proceso, han quedado vacías de contenido o para responder a un interés meramente académico. En atención a que el fallo será confirmado, se rechaza el tercer agravio referido a la imposición de costas y la pretensión de que los honorarios sean diferidos para cuando se dicte sentencia definitiva en la causa.

Por los fundamentos vertidos, propongo a los señores magistrados, se rechace el recurso de apelación de la actora. Imponiéndole las costas de esta segunda instancia por revestir el carácter de vencido.

Regular los honorarios de segunda instancia a los abogados Emiliano Mattar Simó y Félix Pintor en el 30% de la cantidad fijada en primera instancia.

En cuanto al recurso de apelación del apoderado de la aseguradora, el letrado Félix Pintor apela sus honorarios por considerarlos bajos. Corresponde analizar la adecuación cuantitativa de los emolumentos con las tareas efectivamente desplegadas por el profesional actuante.

De las constancias de autos surge que el porcentaje fijado al letrado apelante por su actuación en la excepción de prescripción del 6,6% de la liquidación que se practique oportunamente, aparece ajustado a derecho conforme art. 14, 40 y 41 de ley 56-O.

Atento que el profesional contestó la demanda, en doble carácter, resulta que el porcentaje fijado en el 7,33% no resulta bajo, sino que ha sido tomado dentro de los márgenes previstos en la ley arancelaria, atendiendo al tipo de proceso, a las etapas cumplidas, y al carácter en que intervino.

Por las razones antes expuestas, se considera que el recurso debe ser rechazado.

El DR. JUAN JOSE VICTORIA, dijo:

Por las razones expuestas, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: 1- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora e imponerle las costas de segunda instancia 2- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Félix Pintor. 3- Regular los honorarios de segunda instancia a los abogados Emiliano Mattar Simó y Félix Pintor en el 30% de la cantidad fijada en primera instancia.

El DR. JUAN JOSE VICTORIA,dijo:

Por iguales motivos, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

1- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora e imponerle las costas de segunda instancia 2- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Félix Pintor. 3- Regular los honorarios de segunda instancia a los abogados Emiliano Mattar Simó y Félix Pintor en el 30% de la cantidad fijada en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A; T° II-2016; F°8/13; FECHA:4 de julio de 2016 DRES.VICTORIA-ALFERILLO