Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-30


SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 10.977 EXPEDIENTE Nº6.439/09 .SALA IX. JUZGADO Nº 9.- AUTOS: "CARANTA, MAURICIO ARIEL C/ ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO: Buenos Aires, 30-4-09.- Que, con motivo del recurso de apelación interpuesto (fs. 234/241) contra el pronunciamiento de primera instancia que admitió una pretensión cautelar (fs. 36/38), los autos fueron remitidos al Sr. Fiscal General ante la Cámara, quien emitió su dictamen a fs. 270/270vta. (n° 48.175, del 28 de abril de 2009). Que esta Sala comparte los fundamentos y conclusiones del mencionado dictamen, al que corresponde remitir -por razones de brevedad- para disponer que se confirme la medida dispuesta. Que, además, en línea con lo que señala el representante del Ministerio Público, el Tribunal considera atendible la pretensión recursiva atinente a la fijación de una contracautela, dadas las especiales características que reviste el caso en orden, por un lado, a los significativos reclamos efectuados como pretensión de fondo (cuya elucidación corresponde a una etapa posterior del pleito una vez desplegada ampliamente la postura de cada una de las partes) y, por otro lado, al modo en que se extinguió la relación contractual que interesa y se recondujo la situación laboral del actor. Todo ello, con atención de las circunstancias que caracterizan la actividad en cuyo marco se desenvuelve el debate de este litigio (confrontar, en tal sentido, las aclaraciones previas que han sido formuladas al examinarse el régimen de futbolistas profesionales en el Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por Mario E. Ackerman; Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2006; Tomo V, páginas 393 y 394; y el énfasis dado en el dictamen precedente a los trascendentes intereses patrimoniales que concurren en el sub lite). Lo cual pone a la cuestión específica en examen fuera del ámbito -genéricamente invocado por el actor- del art. 20, LCT (arg. art. 61, ley 18.345, y normas concordantes de dicho cuerpo y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Que, para graduar la contracautela, se tomarán como punto de partida las circunstancias que, como lo señala el señor Fiscal General, matizan la verosimilitud del derecho sostenida en primera instancia -derivadas de la complejidad fáctica planteada y la escasez de elementos con que se cuenta aún- y diferencian la pretensión de fondo de autos de la solicitud precautoria; ello en función de la consolidada doctrina judicial y de los autores que se refiere a la estrecha relación entre la contracautela y la verosimilitud del derecho en que se sustenta la pretensión cautelar. Doctrina que encuentra sustento en la finalidad del instituto, referente a la correspondencia de la fianza con la eventual responsabilidad por la medida obtenida sin derecho, o con abuso o exceso (cf. Carlos J. Colombo y Claudio M. Kiper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado, La Ley, Buenos Aires, 2006; Tomo II, págs. 506 y 507). Que, en ese orden de ideas, cabe definir los márgenes para la graduación, descartando -por un lado- una hipotética cuantificación exagerada (que, al decir de Colombo, la pondría en contradicción con el fundamento y con la función de las medidas precautorias), y procurando -por otro lado- la búsqueda de una garantía cabal (que avente todo riesgo de estimular conductas procesales disvaliosas); lo que en las condiciones concretas del caso lleva a poner en consideración las pautas numéricas que surgen de las primeras presentaciones de cada parte respecto de lo que es objeto de cuestión cautelar. Concretamente, la contracautela habrá de tener cierta relación con el costo de la liberación de las trabas que existían para una nueva contratación del trabajador, el cual tiene como antecedente cercano el desembolso efectuado por el club demandado -para suscribir sucesivos contratos con aquél- a favor de quien con anterioridad ostentaba ese derecho (cfr. partic. fs. 8vta. y 238vta.). Sin perjuicio de ello, no cabe prescindir de la naturaleza de la pretensión cuyo resultado se quiere asegurar, en función de las condiciones personales del actor -es decir, de quien cautelarmente pasó a ostentar ese derecho- y su provisoria reinserción en el ámbito local. Que, por lo demás, se toman como pautas orientativas las derivadas de inveterados fallos judiciales según los cuales los montos y graduación de la contracautela deben tomar en cuenta las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho (CNACiv., Sala A, sent. del 5/6/79, "Kaplan"; sent. del 21/3/80, "Hoteles de Turismo S.A."; sent. del 6/10/81, "Falcone"); se debe asegurar al demandado la efectividad del resarcimiento de los perjuicios que la medida precautoria pudiera ocasionar (CNCiv., Sala C, sent. del 20/9/84, "Calegari"); la contracautela no se presta a las resultas del juicio sino de la medida precautoria, por lo que se debe limitar a los daños y perjuicios que de ésta pudieran emerger (CNCiv., Sala B, sent. del 28/8/84, "Alimasso"); y el propósito de la contracautela exige que ella constituya una garantía lo suficientemente sólida como para cubrir los eventuales daños emergentes del indebido pedimento de la medida precautoria (CNCiv., Sala D, sent. del 5/10/82, "Grande"). Que, tras lo expuesto, el Tribunal se encuentra en condiciones de concretar la medida en que ha de admitirse la contracautela, con la provisionalidad propia que impone la naturaleza misma del instituto y los elementos aportados en la litis hasta el presente. Asumida dicha tarea, y evaluadas las características de la situación producida por el entramado fáctico que surge del escrito inicial en contraste con lo afirmado al apelar (circunscribiendo dicho entramado a los efectos de la medida precautoria, que se proyectan sobre la habilitación del actor para efectuar una nueva contratación), sin que ello implique adelantar opinión alguna sobre la pertinencia o magnitud de cada uno de los reclamos involucrados, se juzga prudente y razonable (dadas las condiciones que surgen y cabe inferir de la nueva contratación informada en autos) estar a una suma aproximada a la mitad del monto que el trabajador admite que ha sido desembolsado por el club demandado en el marco de su "transferencia" (cf. fs. 8vta.), la cual, expresada en pesos a la fecha se fija en $ 1.650.000 y deberá ser depositada por el actor dentro de los 10 días de notificada la presente, para continuar ejecutando válidamente la pretensión cautelar que obtuvo (cf. art. 61, ley 18.345, y normas concordantes de esa ley y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, el Tribunal resuelve: Modificar el pronunciamiento recurrido en el sentido precedentemente expuesto, lo que implica: a) confirmar la pretensión cautelar decidida, y b) fijar como contracautela la suma de $ 1.650.000, que deberá ser depositada por el actor dentro de los 10 días de notificada la presente, lo cual se instrumentará en la forma que disponga la magistrada que entiende en la causa en la instancia anterior. Notifíquese con la habilitación respectiva y remítase a primera instancia para dar cumplimiento con lo resuelto.-