Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-15


Salta, 15 de Marzo de 2013.- VISTA: La causa Nº 2832/12 caratulado, "Incidente de Suspensión de Juicio a Prueba solicitado por el Dr. Santiago E. Pedroza a favor de Nelson Ariel Gallardo", y;

CONSIDERANDO:

Que la a fs. 1/3 y vta. el Dr. Santiago E. Pedroza, solicita la Suspensión del Juicio a Prueba a favor de su defendido Nelson Ariel Gallardo, por aplicación del art. 76 bis del C.P. en mérito a la reciente jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta in re "C/C TOLEDO, RAMIRO RAFAEL, RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº CSJ 26.933/04) de fecha 12/07/06, ofreciendo hacer entrega, como reparación de daños a la victima, la suma de $500 (Pesos Quinientos) en cinco cuotas iguales y consecutivas de $100 (Pesos Cien) y realizar la donación de un (01) bolsón de pañales para niño por un valor $100 (Pesos Cien) durante seis (06) meses, al Centro de Salud Nº 6 del Bº El Manjón, sito en calle Artigas s/n de esta ciudad. Asimismo, el imputado comparece por ante la Cámara Tercera en lo Criminal y ratifica firma y contenido de la presentación de su defensa a fs. 06.

Corrida vista a la Sra. Fiscal de Cámara Tercera a fs. 36, manifiesta que, siendo esta la cuestión, cabe recordar que la suspensión de juicio a prueba es un instituto de derecho material por el que se suspende el progreso de la acción, con lo que se imposibilita la aplicación de una condena y esta previsto para "el imputado de un delito de acción publica reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años", según comienza la redacción del art. 76 bis del C.P., en cuyo 4º párrafo, por otro lado, se establece que el Tribunal podrá concederlo "si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento fiscal. Conforme la interpretación del art. 76 bis 4to. Párrafo del C.P., realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Acosta" (C.S.J.N., Fallo A. 2186. XLI del 23/04/08) y, concordantemente, en la Resolución Nº 36 del Sr. Procurador General de la Provincia de Salta de fecha 23/09/08 por la que se instruye aplicar tal jurisprudencia, este requisito se cumple cuando se evalúa que la pena en concreto que podría surgir una eventual condena aplicable al imputado no seria superior a los tres años de prisión, circunstancia que, se encuentra en directa relación con la posibilidad de concesión del beneficio previsto en el art. 26 del C.P..

Expresa la representante del Ministerio Público, que se debe considerar que, en el acto acusatorio fiscal se atribuye al imputado el ilícito de Hurto Calificado, previsto y reprimido por el art. 163 inc. 2º del C.P., siendo entonces la escala penal aplicable, de un mes a seis años de prisión, solicitando la Sra. Agente Fiscal Nº 4 la pena en concreto de un año de prisión de ejecución condicional en el marco del juicio abreviado, (fs. 238 del expte. principal). Añade que es factible que esa pena de prisión le sea impuesta en forma de ejecución condicional, atento a que no registra otros antecedentes computables según informe de planilla prontuarial y del Registro Nacional de Reincidencias obrantes a fs. 18 y 21 respectivamente.- Entiende, que las prestaciones de servicios que ofrece se enmarca en lo previsto en el art. 27 bis inc. 8 del C.P. y, a mas de favorecer a una Institución publica, propicia la rehabilitación de quien ha delinquido ocasionalmente, mediante la realización de conductas de dirección contraria que lo hacen protagonistas de u efectivo aporte al bien común. Asimismo, el ofrecimiento de reparación de daños causados a la victima, resulta razonable y fue aceptado por la misma a fs. 34.

Concluye la Sra. Fiscal de Cámara Tercera expresando que se verifican todos los presupuestos previstos por el art. 76 bis del C.P., estimando que resulta procedente la suspensión del juicio a prueba a favor de Nelson Ariel Gallardo por lo que da expreso consentimiento y solicita se fije el tiempo de duración de la suspensión de juicio a prueba en un año, según lo establecido en el art. 76 ter del C.P.; imponiéndosele al acusado que, durante ese lapso, observe las reglas de conductas establecidas en el art. 27 bis del C.P..Que analizada la solicitud presentada, éste Tribunal entiende que en base a lo que la ley de fondo dispone (art 76 bis) y a los criterios de aplicación amplia y flexible adoptados tanto por la Jurisprudencia Nacional y Local, estarían dadas las condiciones que ameritan la Suspensión del Juicio a Prueba.- Que en relación a la aplicación del instituto, la Corte de Justicia Local en el precedente TOLEDO (Tomo 107:461/506), sustentada por autorizada doctrina y jurisprudencia, sostiene una postura amplia en relación al 4to párrafo del art. 76 bis, refiriéndose entre otras cuestiones, se refiriere, a los fines de la pena, a la optimización del instituto, a su sentido político criminal, a sus cometidos, a los postulados básicos del derecho penal, a la seguridad jurídica y a la racionalidad de las decisiones judiciales. Luego, destaca la confrontación gramatical entre los términos empleados en el 1º y 4º párrafos, "máximo de pena previsto en la ley" y "dejar en suspenso la condena", la diversidad de fórmulas utilizadas y, la contradicción lógica sistemática que implicaría establecer un requisito -pena de reclusión- que, cumplido, impida la satisfacción de otro, condena de ejecución condicional.- Concluye a este respecto que, del 1º al 3º . párrafos del art. 76 bis del C.P. contemplan un supuesto de procedencia: cuando la pena máxima en abstracto no supere los tres años de prisión o reclusión. Mientras que el 4to. párrafo regula otro distinto: cuando las circunstancias del caso, en concreto, permitan suponer que se dejará en suspenso la condena aplicable y hubiese consentimiento fiscal.- Esta postura, debe resaltarse, encuentra acogida en el voto de la mayoría de un reciente fallo de la CSJN, caso "Acosta Alejandro Esteban, dictado en abril del 2008, donde se admitió la necesidad de someter al instituto a una acabada tarea interpretativa, en orden a que en derecho penal debe estarse al principio de legalidad, que exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del texto legal, ello en consonancia con el principio político criminal, que lo caracteriza y privilegiando la interpretación legal que más derechos acuerda al ser humano frente al poder estatal.- Que en definitiva, recurriendo a la Jurisprudencia como fuente de interpretación de la ley penal, esta solución encuentra un nuevo sustento.-Que el instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba, se plasma en los Arts. 76 bis, 76 ter y 76 quater del código de fondo, con el propósito de introducir una mayor racionalidad en el funcionamiento del sistema penal, colapsado por el exceso de causas en trámite y la falta de una correcta estructura funcional que de respuestas satisfactorias al justiciable. Su vigencia pretende evitar una selección anárquica de los casos y sobre todas las cosas, procura evitar el estigma que implica una sentencia condenatoria .- Que la suspensión del Juicio a Prueba es una causal de extinción de la acción penal condicionada en el tiempo por la no comisión de un delito, a la reparación de los daños en la medida de ofrecida y al cumplimiento de las reglas de conductas impuestas por el tribunal (art. 76 ter del C.P.) .

Su fundamento, comprendidas sus finalidades, siguiendo los lineamientos de las modernas tendencias en materia penal, radican en evitar la realización del debate, la estigmatización del imputado, descomprimir el sistema judicial y que, por cierto, tal beneficio no resulte incondicionado.

Que de las circunstancias de la causa y en base a lo que la ley de fondo dispone (art. 76 bis), están dadas en principio las condiciones que ameritan la Suspensión del Juicio a Prueba, ya que el acusado, al no tener antecedentes penales sería beneficiado con una hipotética condena condicional (Art. 26 del C.P.).

Cabe señalar que en acta de fs 34 rola la aceptación de la reparación ofrecida por parte de la damnificada.

Por lo precedentemente expuesto, éste Tribunal entiende procedente hacer lugar a lo solicitado suspendiendo el Juicio a Prueba por el término de un año a partir de la fecha, imponiéndose al acusado durante ese lapso, las siguientes obligaciones: A) ENTREGAR, como reparación de daños a la victima, la suma de $500 (Pesos Quinientos) en cinco cuotas iguales y consecutivas de $100 (Pesos Cien); B) REALIZAR la donación de un (01) bolsón de pañales para niño por un valor $100 (Pesos Cien) durante seis (06) meses, al Centro de Salud Nº 6 del Bº El Manjón, sito en calle Artigas s/n de esta ciudad; C) FIJAR residencia en el ámbito de jurisdicción del Tribunal, debiéndose presentar dentro de los diez primeros días de cada mes en la Secretaria Tutelar y Suspensión de Juicio a Prueba con las constancias expedidas por el mencionado Centro de Salud; D) ABSTENERSE de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; E) ADOPTAR oficio, arte o profesión adecuado a su capacidad, todo ello bajo apercibimiento de llevarse a cabo el juicio pertinente (art. 76 ter- 4ª párrafo y 27 bis del C.P.).

Por todo ello, esta CAMARA TERCERA EN LO CRIMINAL, RESUELVE:

I) SUSPENDER, el JUICIO A PRUEBA a favor de NELSON ARIEL GALLARDO (a), argentino, nacido en Salta Capital, el 21 de Julio de 1973, D.N.I. Nº 23.318.602, Hijo de Pedro José y Elsa Lidia Pereyra, domiciliado en calle Alaska Nº 1676, Vº Mónica de ésta Ciudad, prontuario Nº 112.805 sección R.P., por el delito de HURTO CALIFICADO, previsto y reprimido por los art. 163 inc 2º del C.P., (expediente original Nº 44.959/03, del Juzgado de Instrucción Formal 4º Nominación), por el término de UN AÑO a partir de la fecha, IMPONIÉNDOLE la siguiente obligación: A) ENTREGAR, como reparación de daños a la victima, la suma de $500 (Pesos Quinientos) en cinco cuotas iguales y consecutivas de $100 (Pesos Cien); B) REALIZAR la donación de un (01) bolsón de pañales para niño por un valor $100 (Pesos Cien) durante seis (06) meses, al Centro de Salud Nº 6 del Bº El Manjón, sito en calle Artigas s/n de esta ciudad; C) FIJAR residencia en el ámbito de jurisdicción del Tribunal, debiéndose presentar dentro de los diez primeros días de cada mes en la Secretaria Tutelar y Suspensión de Juicio a Prueba con las constancias expedidas por el mencionado Centro de Salud; D) ABSTENERSE de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; E) ADOPTAR oficio, arte o profesión adecuado a su capacidad, todo ello bajo apercibimiento de llevarse a cabo el juicio pertinente (art. 76 ter- 4ª párrafo y 27 bis del C.P.).

II) OFICIAR a la Jefatura de Policía, R.N.R. y a la Secretaría Tutelar y Suspensión de Juicio a Prueba, para su toma de razón y demás efectos. III) REGISTRESE, COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE.-