Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-07


Trelew, de agosto de 2007.

Y VISTO: el pedido de sobreseimiento del Dr. Fabián Gabalachis, de su defendido G. C., en estos autos caratulados: "Procuradora Fiscal Dra. A. S. V. s/requerimiento de instrucción" n° 57/04 C.1° C. y- CONSIDERANDO: Que a fs. 1426/1427 el Sr. Defensor en su presentación invoca lo dispuesto "por el art. 320 del CPP (Ley 3155)" para solicitar el sobreseimiento de G. C., "...en atención a haber sobrevenido una causal extintiva de la acción penal, como resulta la sanción de una ley procesal más benigna.

En efecto, a partir de la sanción de la ley 5478 con vigencia desde el 1 de noviembre de 2006 se ha reglamentado el alcance que debe otorgarse al amparo constitucional de "plazo razonable" en el ámbito provincial.

A los puros efectos ilustrativos entiendo necesario mencionar que con posterioridad de la reforma constitucional del año 1994, tanto en la carta magna nacional (Art. 75 inc. 22 en expresa alusión a los arts. 14 párrafo 3 c) del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 (1) de la Convención Americana de Derechos Humanos) como provincial (art. 44 (IV), apareció como garantía constitucional el término "plazo razonable" como un derecho del justiciable a un pronunciamiento penal rápido.

Dentro de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación este término aparece como una derivación de la garantía de la defensa en juicio y fue receptada en diversos decisorios(CSJN, "Mattei, Fallos, 272:188; "Casirahgi", Fallos, 306:1705; "Mozzatti, Fallos, 300:1102.), acuestión que también mereció acogimiento favorable por este Tribunal (Excma. Cámara Criminal de Trelew; "La T. M. A. p.s.a. hurto automotor" Expte. 125/02; R. C. R. y otros psa administración fraudulenta" Expte. 19/06), y en el fuero correccional local (Juzgado Correccional n° 1, "R. C. s/actuaciones-Trelew" Expte. 1511-236-2001).

Es en el contexto referido la posición que aquí se formula reafirmando que resulta de aplicación de puro derecho la normativa procesal cristalizada a traves de la ley 5478 por resulta más beneficiosa al imputado, extremo que no merece posibilidad de refutación conforme a la claridad de los dispositivos procesales contenidos en el art. 44 de la Constitución de la Provincia del Chubut y del art. 30 del CPP (Ley5478).

Plasmado lo precedente, tengo por transcurrido el plazo de duración máximo del proceso a partir del inicio de esta investigación según el acto procesal asimilable al de apertura según establece el art. 274 del CPP (Ley 5478). Podrá observarse que tal acto obra a fs. 72/76 en fecha 18 de febrero de 2002 en el cual le fuera materializado a Cordón la imputación, con expresa enunciación del hecho que se le atribuye, la identificación del imputado y la calificación legal escogida.

Así las cosas es claro que según rezan los arts. 146 y 357 del CPP (Ley 5478) ha transcurrido el 18 de febrero de 2005, o en caso de considerarse el procedimiento como complejo el 18 de febrero de 2007, el plazo máximo de duración del procedimiento desde su apertura, correspondiendo como consecuencia el dictado del sobreseimiento respecto de Cordón (art. 147 CPP).

Ante el eventual supuesto de invocación al art. 421 del CPP (Ley 5478) como obstáculo a la aplicación del principio aludido, debo decir que ante el claro mandato del art. 44 de la Constitución Provincial nos encontramos en una aparente contradicción de dos normas de disímil jerarquía, una de orden fundamental, la otra de orden reglamentario.

La primera disponiendo la culminación de los procesos en plazos razonables y la aplicación al caso de la ley más favorable el imputado; la segunda haciendo operativo el nuevo Código en todos los procesos en los que no se halla recibido declaración al imputado, pero necesariamente, la manda constitucional se impone en que en todos aquellos procesos que se hubieran sorteado los requisitos de duración -art. 146- y la complejidad -art. 357- la norma de aplicación ha de ser la mas favorable. Norma, por su parte, directamente operativa y obligatoria para los jueces. (Cfr. Zaffaroni-Alagia-Slokar, "Derecho Penal Parte General", Ed. Ediar, pág. 115/117; Binder, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal" Ed. Ad-Hoc, pág. 133/139; Pastor, Daniel, "Prohibición de la aplicación retroactiva de las normas penales sustantivas, adjetivas y ambivalentes", LL, 2002-682/688).

Por su parte, ha sido el criterio de esta Excmo. Tribunal en numerosos decisorios ("Echauri, Néstor Fabián y otros psa robo agravado" Expte. 69/04; "S., D. R. psa robo en grado de tentativa Expte. 67/06) la aplicación de la ley procesal más benigna en situaciones en las cuales el justiciable ya había brindado declaración de imputado con anterioridad a la puesta en vigencia de la ley 54778 bajo la consideración de resultar un imperativo legal respecto de la ley procesal penal, conforme el art. 44 párrafo tercero de la Constitución Provincial...".

Corrida la vista al Ministerio Público Fiscal el mismo peticiona el rechazo de la solicitud efectuado por el Dr. F. G., en representación del imputado G. C., ya que "Dicha pretensión resulta contraria - a mi juicio- a la misma norma ritual que el presentante invoca, al bloque de constitucionalidad federal y a la interpretación sistemática que corresponde efectuar de la Carta Magna Provincial.

En efecto, el Sr. Defensor insta el sobreseimiento del imputado por aplicación de los arts. 320 del CPP ley 3155 y arts. 146, 357 y 147 del nuevo digesto procesal (ley 5.478) y 44 de la Constitución de la Provincia del Chubut, que imponen una duración máxima del proceso de tres años improrrogables, que pueden ampliarse a cinco años en casos complejos, entendiendo el peticionante que dicha norma es aplicable retroactivamente por ser más favorable para el imputado.

Este Ministerio Público Fiscal entiende por el contrario, que el proceso en estudio, es de aquellos alcanzados por las prescripciones del articulo 421 del C.P.P.(ley 5478), toda vez que Gonzalo Cordón ha prestado oportunamente declaración de imputado a tenor del artículo 262 C.P.P. conf. Ley 3155, ley esta última que rige el presente proceso, en virtud del cuál ha sido citado a juicio.

Que en relación al plazo razonable, lo dispuesto en el art. 44 de la Constitución Provincial, debe ponerse en relación con otros dispositivos en ella contenidos y con normas de rango superior a la misma, previstas en la Constitución Nacional, y dentro de este marco evaluar las previsiones del art. 421 del nuevo CPP. En efecto, la decisión del legislador de acortar los plazos a través de una reforma procesal, para lograr que los procesos sean más breves, con las pautas dadas en el juego armónico de los arts. 146 y 357 CPP (ley 5.478), indica la finalidad de gratificar en mayor medida el derecho de obtener una finalización del proceso en un plazo razonable.

Pero esa decisión, no tiene el contenido de declarar, simultáneamente, que lo cumplido conforme a la legislación procesal anterior, sea ahora ilegítimo, y de allí la razón de ser de la disposición expresa del art. 421 del CPP ley 5.478, a la que debe agregarse lo dispuesto en el 422 del mismo cuerpo legal , en el que se dispone expresamente que los actos procesales cumplidos con anterioridad a la vigencia del nuevo Código, conservan su validez, sin perjuicio de que sean apreciados según el nuevo régimen probatorio, lo que significa un claro límite, respecto a que institutos pueden apreciarse a la luz de la nueva normativa, esto es la valoración de la prueba y no la validez de los actos procesales y de otros institutos, como el del plazo razonable aquí planteado.

Que en los procesos anteriores a esta decisión del legislador provincial, de establecer plazos tabulados en tiempos predeterminados -3 y 5 años- el instituto del plazo razonable debe evaluarse a la luz de lo previsto en el art. 75 inc. 22 de la Const. Nacional que constitucionalizó los Tratados Internacionales de DDHH, formando una nueva pirámide normativa, en cuya cúspide se encuentra la CN y los Tratados de DDHH Constitucionalizados, conformando lo que se ha dado en llamar "bloque de constitucionalidad federal".

Inmediatamente debajo de los mismos, vienen los otros Tratados Internacionales y las leyes de la Nación. Asimismo, el art. 31 de la CN establece que estas normas -hoy corresponde añadirle los pactos consitucionalizados ya referidos- son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones Provinciales.

En la misma inteligencia, el art. 22 de la Constitución de la Provincia, establece un prisma de interpretación, que no es otro que el reconocimiento de la pirámide normativa antes señalada.

De manera tal, que esta decisión de acortar los plazos sólo puede operar hacia el futuro: "la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no se funda en el principio de legalidad material, que se satisface con que las leyes penales no se apliquen retroactivamente, sino en un principio de política criminal bien distinto, que juzga inadmisible imponer o mantener una sanción penal por un hecho que no se considera delito o bien una pena que ya no guarda relación con la menor gravedad que se predica para el delito por el que ha sido impuesta. (.) En otras palabras, la aplicación retroactiva de la ley más benigna, presupone que se haya producido un cambio en la valoración social del hecho imputado, lo cual es evidente que no ocurre con las leyes que sólo expresan la decisión del estado de auto-limitarse hacia el futuro, aún más en el tiempo en el ejercicio de la persecución penal, pero de ningún modo traducen un cambio en la reprobación social del hecho" (conf. dictamen del Procurador General de la Nación Dr. Esteban Righi, in re "Torea Héctor s/recurso de casación", de fecha 08/11/06).

Es decir, que la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna se sustenta en la verificación de que es inadmisible imponer o mantener una sanción cuando el hecho ya no se considera delito, o bien una pena se considera desproporcionada en relación con la menor gravedad que la sociedad atribuye ahora a ese hecho. Sin embargo, en el caso en análisis no nos hallamos frente a una disminución de la reprobación social de los hechos investigados -los cuales siguen siendo delitos y pasibles de la misma sanción- sino a la decisión estatal que abrevia los plazos de investigación.

Entenderlo de un modo diferente al que aquí se sostiene conduce, inevitablemente, a consecuencias incoherentes. "Asúmase ahora, por hipótesis, que fuera obligatorio, sin excepciones, aplicar retroactivamente el acortamiento de los plazos de prescripción.

Si el Estado tuviera que enfrentar necesariamente el costo de fulminar retroactivamente procesos penales, -en los que se investigan hechos cuya reprobación la reforma mantiene incólume-, ello desalentaría cualquier nueva decisión de progresar en la satisfacción del derecho en un plazo razonable, acortando los plazos de prescripción, para no pagar el precio de que casos importantes terminen prescribiendo retroactivamente.

No concibo, sin embargo, cómo un principio que busca algo positivo podría ser interpretado de modo que lleve a consecuencias tan perjudiciales..." (conf. dictamen del Procurador General de la Nación Dr. Esteban Righi, in re "Torea.", citado).

A su vez el Máximo Tribunal del país, en autos "Bramajo" ha expresado en referencia al tema analizado que: "De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados, que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el conciente desconocimiento de unos u otros no se compadecen con la misión de administrar justicia (conf. doctrina de Fallos, 302:1284 y la jurisprudencia allí citada)" (CSJN, in re "Bramajo, Hernán s/recurso de hecho", sentencia de fecha 12/09/96).

Vale reiterar también, que el criterio mencionado en los párrafos precedentes ha sido expresamente reconocido por la jurisprudencia de ese Alto Tribunal en fecha reciente (Cámara Primera del Crimen de Trelew, in re "Fiscalía de Feria s/actuaciones (Ref. Banco del C. S.A.)", Expte. Nro. 249/02, sentencia Nro.

358/06 de fecha 24/11/06; e in re "Seguino, Jorge Julio p.s.a. privación ilegítima de la libertad, estafa, daño y resistencia a la autoridad - Trelew", Expte. Nro. 190/02, sentencia Nro. 355/06 de fecha 24/11/06).

Que el máximo Tribunal de la Provincia del Chubut, también ha sentado el criterio jurisprudencial arriba mencionado al fallar el caso "R., S. A.

C., C. R. s/Hurto agravado por abigeato en grado de tentativa" el 30 de enero del año 2007, y si bien dicho fallo no vincula a los Tribunales inferiores, conforme a nuestro diseño constitucional, cierto es como ha dicho la Corte Federal, al referirse a intervenciones de la CIDH, que la misma es una "valiosa guía de interpretación".

Por otro lado, a menudo se invoca dogmáticamente la garantía del plazo razonable sin ahondar en su contenido y antecedentes. Al respecto, no debe perderse de vista que -tal como lo ha reconocido nuestro Máximo Tribunal Federal hace más de una década- los pactos internacionales de derechos humanos con rango constitucional deben ser entendidos "en las condiciones de su vigencia", es decir, conforme los interpretan y aplican los organismos internacionales competentes para su control y monitoreo (CSJN, in re "Giroldi, Horacio D. y otro", sentencia de fecha 07/04/95).

En consecuencia, la garantía de plazo razonable debe ser analizada a la luz del desarrollo que en tal sentido se ha efectuado en el derecho internacional de los derechos humanos, ámbito en el que se ha construido la denominada "tesis del no plazo".

En efecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene dicho que "la valoración del carácter razonable de la duración del procedimiento debe ser efectuada a través de los tres criterios puestos de manifiesto por la jurisprudencia ya constante del Tribunal: complejidad del asunto, conducta del interesado y comportamiento de las autoridades judiciales" (cfr. TEDH, casos "Wemhoff" y "Neumeister", sentencias del 27/06/68; caso "Milasi", sentencia del 25/06/87; caso "Rigiesen", sentencia del 16/07/71; caso "König", sentencia del 08/06/78; caso "Eckle", sentencia del 15/07/82; etc), estableciendo "la imposibilidad de traducir este concepto en un número fijo de días, de semanas, de meses o de años o en variar la duración según la gravedad de la infracción" (cfr. TEDH, caso "Stögmüller", sentencia del 10/11/69; ver, entre otros, A., S., "El Plazo razonable en los procesos internos a la luz de los órganos internacionales", en AA.VV., La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, CELS, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, pág. 279; P., D., El Plazo Razonable en el Proceso del Estado de Derecho, Ed. Ad-Hoc en conjunto con la Konrad Adenauer Stiftung, Buenos Aires, 2002, págs. 111 y ss.

Tal criterio fue recogido luego en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos. Así, en relación con la duración de la detención preventiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que el plazo razonable no puede establecerse con precisión absoluta, es decir que no puede medirse en unidades de tiempo (días, semanas, meses, años), sino que debe considerarse, caso por caso, a partir de los siguientes factores: duración efectiva de la detención, gravedad de la infracción, complejidad del caso, etc.

En otras palabras, un plazo puede exceder el máximo legal establecido para el mismo, y sin embargo seguir siendo razonable en virtud de los indicadores señalados (cfr. CIDH, Caso "Firmenich", Informe de fecha 13/04/89). La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido como criterios de razonabilidad, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales (Corte IDH, caso "G. L.", sentencia de fecha 29/01/97; y caso "S. R.", sentencia de fecha 12/11/97).

En efecto, el referido principio de raigambre constitucional referido a la "justicia pronta", impone evitar la actividad jurisdiccional dispendiosa o inútil "dentro de lo razonable" (CSJN, in re "Fundación San Martín de Tours", Fallos 302:299) empero, la mera prolongación del proceso no afecta de por sí las garantías constitucionales, sino sólo cuando una mayor celeridad es posible dentro del regular trámite legal (CSJN, in re "Lavao Vidal", Fallos 312:573).

Por lo demás, el postulado de justicia pronta puede realizarse con la declaración de prescripción de la acción penal (Sudamericana de Intercambio S.A., fallos: 312:075), circunstancia esta, que no ha acontecido en los presentes autos.

Por otro lado, puede interpretarse que el dictar el sobreseimiento del imputado en función de la aplicación del CPP ley 5.478 significaría, además, consentir judicialmente la creación de una causal de extinción -"insubsistencia"- de la acción penal por vía adjetiva, con lesión cierta y directa a la división de competencias que en materia de legislación de fondo han fijado las Provincias y la Nación en los arts. 31 y 75 inc. 12 CN.

Además de lo dicho, indirectamente, la inaplicabilidad del art. 421 CPP ley 5.478, implicaría el fallar desconociendo la norma expresa del Código ritual, contradiciendo el texto del art. 421 CPP ley 5.478, lo que no resultaría -en palabras de nuestra Corte Suprema- una "derivación razonada del derecho vigente".

No se ha tenido en cuenta por otra parte, la jerarquía normativa establecida en el art. 31 de la CN, la constitucionalización de los Pactos en el art. 75 inc. 22 de la misma Carta Magna y la interpretación que de los mismos han hecho, según se explicó los Organismos Internacionales de control al desentrañar en los fallos ya señalados cuál es el contenido y alcance de la garantía del plazo razonable.

Ello así, por cuanto en el Derecho Constitucional de la Nación, ése es el estándar que debe consultarse en todo el país y en el caso particular de la Provincia de Chubut, para los procesos penales que tramitan conforme a la ley 3155, porque así lo estableció expresamente el legislador local en el art. 421 del nuevo CPP, obligándose sólo hacia el futuro a establecer un plazo concreto de duración máxima del proceso penal, mejorando sensiblemente el estándar internacional ya desarrollado, pero insisto, sólo hacia el futuro, para los procesos anteriores tramitados en esta Provincia y en cualquier otra, en la cuál el legislador no haya avanzado en la medida que aquí lo hizo, rige la garantía del plazo razonable según los alcances ya mencionados.

Finalmente, los principios de progresividad y de preclusión del proceso, que también tienen su base en la seguridad jurídica y en la justicia pronta dentro de lo razonable, y que precisamente justifican la regulación prevista en el art. 421 CPP ley 5.478, imponen, a la altura del proceso que se ha alcanzado - citación a debate oral-, la aplicación de la normativa del CPP ley 3.155, lo que torna a mi juicio, inviable el sobreseimiento pretendido, puesto que se fundaría en una causal no prevista -con el alcance pretendido- en la ley ritual por la que tramita este proceso.

-Puesto a resolver el tema, esta Cámara Primera del Crimen, comparte la tesitura y argumentaciones formulada por el Ministerio Público Fiscal, en consonancia con lo manifestado por el Procurador General de Nación Dr. Esteban Righi, en los autos caratulados "Torea, Héctor s/recurso de Casación" fechado el 8-11-06, (S.C.T. 404: L. XLII), en cuanto refiere que "la decisión de acortar los plazos para lograr a través de ello que, en el futuro, los procesos sean mas breves indica una voluntad del legislador de gratificar en mayor medida el derecho a obtener una finalización del proceso en un plazo razonable, es decir, de mejorar la satisfacción de un derecho fundamental.

Esta decisión no tiene el contenido de declarar simultáneamente, que lo cumplido conforme la legislación previa es ilegítimo. Por el contrario, bien puede ser consecuencia de que el Legislador verifica que ahora cuenta con los medios para enfrentar en menor tiempo las necesidades del sistema, suministra mayores herramientas para cumplir con esas demandas, reduce las demandas a la afección de los bienes jurídicos mas relevantes etc.

Como quiera que sea, aunque lo único previsto para enfrentar el cambio sea un mensaje dirigido a los operadores judiciales con el contenido "dense prisa", lo cierto es que ello sólo puede ser instrumentado hacia el futuro".

-Que el caso de marras, resulta claro que la Ley 5478 en su Art. 421 refiere expresamente que, en las causas "en trámite" al entrar en vigencia el nuevo ordenamiento y en las que hubiere prestado declaración el imputado, se regirán por las normas del código abrogado.

Con lo que no deja dudas de cual es la normativa procesal aplicable a estos autos, en cuyo cumplimiento y por los fundamentos que se vienen de expresar ut supra, no se han conculcado derechos fundamentales, ni violado garantías amparadas por la constitución, por lo que, conforme a lo expresado precedentemente el instituto de la ley procesal más benigna que se pretende incorporar debe ser entendida de aplicación para el futuro.

Asimismo corresponde expresar que al tiempo de dictarse este pronunciamiento, el cuerpo ha tomado conocimiento de la jurisprudencia sentada por el Superior Tribunal de Justicia, en los autos "L., U. D.

C., A. E. s/robo en grado de tentativa" n° 20.674-f° 248-año 2006, en donde se le dio contenido al vocablo "plazos razonables" y se sentó un criterio con relación a ese caso concreto. Empero, aun teniendo en cuenta este precedente, no es de aplicación al asunto que aquí se trata, toda vez que la instrucción no se interrumpió ni puede reputarse la existencia de una morosidad injustificada.

La mayor demora se verifica en la etapa de plenario debido a las medidas probatorias que debieron diligenciarse por vía de instrucción suplementaria y a pedido de la Defensa. -En consecuencia, no resultando aplicable al caso la normativa invocada, basta con lo aquí expresado para rechazar el pedido de sobreseimiento solicitado por la Defensa a favor de Gonzalo Cordon, debiendo continuar la tramitación del proceso según su estado.

Voto del Dr. Omar Florencio Minatta en disidencia: entiendo que debe darse razón a la defensa pues se trata en el caso de aplicar la ley procesal penal más benigna que los jueces debemos hacer operativa por mandato expreso del artículo 44 de nuestra Constitución Provincial.

En tren de exponer las razones de lo dicho hay que argumentar por separado sobre dos extremos: (a) uno que nos lleve a concluir que en la sucesión de leyes procesales penales en el tiempo también se aplica el principio sustancial de retroactividad de la ley más benigna o favorable al imputado y (b) demostrar que en este caso concreto el nuevo Código Procesal Penal de la Pcia. es más favorable para el imputado, lo que paso a desarrollar:

-a) Si bien pueden encontrarse en doctrina y jurisprudencia posiciones encontradas en cuanto a aplicar en el proceso penal el principio sustancial de irretroactividad de la ley - y su contracara, la retroactividad de la ley penal más benigna- nuestra constitución provincial clausura definitivamente tal debate al disponer en forma expresa y categórica que "siempre se aplica la ley procesal penal más favorable al imputado", expresión clara que utiliza nuestra ley fundamental en el artículo 44 regulativo del debido proceso constitucional.

La decisión política del constituyente del año 1994 se pliega así a aquellos que sostienen la vigencia y aplicación del principio de legalidad material también a las leyes procesales, lo que implica afirmar que el debido proceso o juicio previo aplicable al caso es aquel regulado por la ley vigente al momento del hecho.

Y esto último acarrea, lógicamente, la aplicación de todas las consecuencias derivables del principio de legalidad material o sustancial a las leyes procesales, tales como la taxatividad, prohibición de analogía, irretroactividad de la ley- salvo precepto más favorable al imputado- etc. - En suma, frente al claro mandato de la Constitución Provincial no cabe discutir que siempre deberá aplicarse la ley procesal penal más favorable al imputado, norma que, por lo demás, es directamente operativa y obligatoria sin más para los jueces.( Cfr., con sumo provecho para el tema, entre otros, a : ZAFFARONI / ALAGIA /SLOKAR; Derecho Penal, Parte General, Ed. Ediar, Bs As, año 2000, Pgs.115/16/17; BINDER, Alberto M; Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad- Hoc, Bs As,1999, Pgs.133/139 y PASTOR, Daniel; Prohibición de la aplicación retroactiva de normas penales sustantivas, adjetivas y ambivalentes, LL- 2002- 682/88. --b) La razón del porqué en este caso el nuevo código procesal penal es más favorable al imputado que el código anterior, reside en la circunstancia de que su aplicación lleva inexorablemente a resolver definitivamente sus situaciones en sentido desincriminador al tener que dictarse a su respecto auto de sobreseimiento.

En efecto, si aplicáramos el código anterior no existe ninguna posibilidad de dictar el sobreseimiento por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, pues en aquél código el único plazo perentorio que existe con consecuencias definitivas y desvinculantes es el del articulo 183 que presupone, además del plazo, un estado de duda en el Tribunal para elevar a juicio.

Pues bien, tal estado no se presenta en este caso, pues la causa está en etapa de plenario y ello implica probabilidad de autoría, por lo que debe descartarse cualquier resolución jurisdiccional desincriminatoria por vencimiento de los plazos en base al citado artículo.

En cambio, si estamos a la nueva normativa que se deduce de los artículos 146, 147, 357 y 358 inc. 1º, su aplicación es más benigna para los imputados: así, en el presente expediente no sólo se encuentran vencidos con creces los tres años de máximo que establece el art. 146 contados a partir de la apertura de la investigación, sin que aún haya sentencia condenatoria, sino que inclusive se supera largamente el término de cinco años que el artículo 358 inc. 1º impone como límite para las causas de tramitación compleja debido a la pluralidad de hechos, imputados o víctimas o casos de delincuencia organizada.

Además cabe contar en forma continua estos plazos, al no haberse interrumpido los mismos por la fuga de algún imputado. Lo anterior se desprende fácilmente de fs. 10/13vta., donde obra el requerimiento de instrucción, de fecha 27 de junio de 1.996 que se da comienzo a la investigación, debiendo declararse que el plazo máximo de este proceso venció el día 26 de junio de 1999 o el día 26 de junio de 2001, si se estima que se trata de una causa sencilla o de una compleja, respectivamente, lo que para el caso da igual.

Vencidos los plazos conforme a tal articulado, corresponde aplicar la consecuencia establecida en el nuevo artículo 147, esto es, dictar el sobreseimiento de los imputados. --Establecido la vigencia irrestricta en la normativa procesal chubutense del principio de que siempre se aplica la ley procesal penal más favorable - sin excepción alguna- y que el nuevo código procesal penal del Chubut es, sin duda, más favorable o benigno para todos los imputados en este caso, corresponde ahora atender con más detalles argumentativos lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, pues, a nuestro juicio, incurre en interpretaciones erróneas sobre el tema en discusión.

En primer término el dictamen del procurador general de la Nación Dr. Righi que el fiscal trae a colación, no resulta aplicable a la presente causa, pues en el expediente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que se debate es si se debe aplicar o no la anterior "secuela de juicio " del viejo artículo 67 del Código Penal o el nuevo con la redacción establecida por las leyes 25188 y 25990, ambas del año 2001, estando en juego la irretroactividad o retroactividad de los plazos de prescripción de la acción penal y no el instituto del plazo razonable, lo que son dos cuestiones diferentes.

Es decir, hay que distinguir los institutos de la prescripción y del plazo razonable, pues si bien ambos tienen de común la limitación temporal de la persecución penal, la prescripción funciona y corre sin necesidad de proceso alguno, mientras el plazo razonable sólo existe si hay proceso y, en tal caso, los términos de persecución penal máxima se reducen si se los compara con los de prescripción.

En fin, no podemos entrar aquí a explicar los distintos fundamentos y diferencias de ambos institutos, pero sí llamar la atención sobre la necesidad de distinguir nítidamente los dos instrumentos que el Estado Constitucional de Derecho proporciona para ponerle un límite máximo a la persecución penal y así poner un tope al sufrimiento y carga que implica el trámite de un proceso penal para un ciudadano.

En segundo termino, también corresponde rechazar la apreciación del fiscal en cuanto a que los parámetros para resolver si hay o no plazo razonable en un determinado proceso debe juzgarse con la doctrina y jurisprudencia que estima que ello dependerá de la complejidad del asunto, conducta del interesado, comportamiento de las autoridades judiciales, etc. pues tal perspectiva se elaboró en base a sistemas normativos- internacionales o nacionales- que no tenían un plazo legal expreso de terminación del proceso -o que lo tenían pero eran simplemente ordenatorio-, lo que no ocurre con la nueva normativa procesal penal del Chubut que es muy clara en cuanto al plazo de duración máxima de los procesos y a la consecuencia desincriminatoria definitiva si se cumple el mismo sin que se haya dictado aún sentencia.

-Con esto queda claro que la apreciación de lo que es un plazo razonable no puede efectuarse en base a la jurisprudencia traída por el fiscal, pues ella está construida sobre ordenamientos normativos que no prevén un plazo legal expreso de terminación de los procesos, o que sólo lo prevén como ordenatorio, pero que es de aplicación imposible en ordenamientos procesales como el nuevo código procesal penal del Chubut que establece expresamente los plazos máximos y la consecuencia que acarrea su vencimiento.

Agréguese que tal normativa no hace más que regular el mandato de que todos los procesos penales deben terminarse en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, tal como se desprende claramente de la Constitución Nacional ( Art. 75 inc. 22, 8.1 Convención Americana de los Derechos Humanos y 14.3 del Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos) y de la Constitución Provincial ( Art. 44, párrafos tercero y cuarto). -Por mayoría de votos, y oído que fue el Ministerio Fiscal, la Cámara Primera en lo Criminal.

RESUELVE:

I) RECHAZAR el pedido de sobreseimiento solicitado por la Defensa en favor de G. C.

II) TENER PRESENTE la reserva de ocurrir en casación y la reserva del caso federal que prevé el Art, 14 del la Ley 48.

III) Regístrese y Notifíquese.

ROBERTO RUBEN PORTELA DANIEL REBAGLIATI RUSSELL OMAR FLORENCIO MINATTA ANTE MI:

Sergio César Piñeda Registrada bajo el Nº 308/07. Conste.

Sergio César Piñeda