Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-01


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 1 de 2007.

El Dr. Giardulli dijo:

I) Contra la sentencia obrante a fs. 460/465, que hizo lugar a la demanda incoada por Enrique Raúl D'estepa, condenó a Norberto Miguel González y a Micro Omnibus Quilmes S.A.C.I.y F. a abonarle al primero la suma de $ 9.708 con más intereses y costas e hizo extensiva la condena a Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, apelaron los demandados y la citada en garantía a fs. 470 y 471 y la parte actora a fs. 477, recursos que fueron concedidos a fs. 488. A fs. 551/553 expresaron agravios la empresa de transporte y su citada en garantía. A fs. 557/561 hizo lo propio la parte actora, lo que fue contestado a fs. 565/570. En consecuencia las actuaciones se encuentran en condiciones de que sea dictado un pronunciamiento definitivo.

II) Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la notificación operada mediante la cédula obrante a fojas 503, sin que el apelante haya dado cumplimiento a la carga establecida por el artículo 259 del Código Procesal, haciendo efectivo el apercibimiento decretado a fojas 550, se declara desierto el recurso interpuesto a fs. 470 por Norberto Miguel González.

III) Sentado ello, es menester analizar los agravios vertidos por la partes.

En primer lugar, la empresa Micro Omnibus y la citada en garantía se agravian del hecho de que el Juez de grado, teniendo en cuenta que el costo total otorgado en concepto de reparaciones del Renault 12 del actor excede el costo total de tal rodado modelo 1987, no haya aplicado la ley 24.283.

Al respecto, cabe expresar que, además de no haberla mencionado a modo de defensa al contestar la demanda, el citado texto no resulta de aplicación precisamente por no tratarse aquí de la actualización del valor de una cosa, aplicándose índices estadísticos u otro mecanismo semejante (conf. art. 1º de la citada ley).

En efecto, se ha resuelto reiteradamente en casos similares que la norma contenida en el artículo de la citada ley tiene por fin limitar los efectos de la inflación, de allí el nombre por el que se la individualiza: "Desindexación de deudas". Ha señalado la doctrina que: "El objetivo central (de esta ley) es descomprimir las exorbitantes cifras que resultan de aplicar los mecanismos de ajuste generados por la jurisprudencia para afrontar la inflación" (Vázquez Ferreira, Roberto, Desindexación de deudas. Análisis de la ley 24.283, ed. Ad. Hoc, p. 21, citando en nota 2 a Marcelo T. Rodríguez en "El fin de hiperinflación, delicada tarea para los jueces").

Por su parte, Peyrano ha señalado que "se trata de una norma legal desindexatoria. Es decir que el susodicho dispositivo -cual sucede con cualquier artilugio desindexatorio- intenta mitigar las resultas de aplicación de fría y matemática, de un mecanismo indexatorio que se ha tornado irrazonable" ("Aspectos procesales de la ley desindexatoria 24.283", en La Ley del 21/4/94, cit. por Vázquez Ferreira, op. cit. p. 22, nota 3).

Dentro del mismo tema, Atilio Aníbal Alterini en "Desindexación de las deudas", ed. Abeledo-Perrot, p. 21/22: "Su finalidad no es otra que poner fin al problema de superindexación de las deudas hasta el 31 de marzo de 1991". También, que "(la ley) apunta, conforme a los antecedentes de su dictado, a paliar las distorsiones producidas por las hiperinflaciones sufridas por el país con anterioridad a abril de 1991" (Perayno, J.W. "Principalmente, la ley 24.283 es una norma indexatoria", JA 1994-II, 20.4.94, nota 14).

De allí que resulte claro que el supuesto de autos no es aquel que se contempla en la norma contenida en la Ley Desindexatoria y basta señalar al respecto que no se ha recurrido en el caso a la aplicación de índice de actualización alguno con el fin de corregir el efecto de la inflación. No solo no surge ello de los términos del decisorio cuestionado, sino que tampoco existen razones para inferir que en este supuesto resulta aplicable la ley 23.928, en tanto prohíbe toda actualización de créditos y deudas a partir del 31 de marzo de 1991.

Por lo expuesto, cabe proponer que se desestimen las quejas.

En segundo lugar, expresan que el magistrado anterior, estableció por los daños materiales la suma de $ 7.708 a pesar de que el perito mecánico había fijado las reparaciones en $ 4.752.

El agravio carece de sustento a poco que se adviertan los términos del informe de fs. 373, ya que el experto entendió a la última suma mencionada como el valor de reparación mínima. Sin embargo, como "valor muy probable" a la "de $ 7.708, aplicable a la suma de los valores estimados para la reparación de mecánica y carrocería".

El siguiente agravio se refiere a la aplicación de la tasa pasiva. Solicita que sea aplicada desde la fecha del hecho y hasta el dictado del fallo una tasa del 6% anual y, a partir de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.

Cabe destacar que este fallo ha establecido que "en virtud de la aplicación de la ley 23.928 los intereses moratorios deben liquidarse, en ausencia de convención o leyes especiales, según la tasa pasiva promedio que fija el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo previsto por el art. 8 dec. 529/91 modificado por el dec. 941/91. En virtud de lo dispuesto por el art. 303 del C.P.C.C.N. y en lo que aquí interesa, la aplicabilidad de la tasa mencionada a partir de la fecha que el mismo indica no queda sujeta a libre interpretación, por lo que no corresponde efectuar distingo alguno sobre la base de la fecha de fijación de las indemnizaciones ni atendiendo a la naturaleza de la obligación que no surgen de su texto en tanto estableció una solución de carácter general. De allí, que corresponda entonces, rechazar el planteo de los demandados sobre el particular.

A su turno, la parte actora se queja del monto fijado en concepto de daño emergente, para lo cual tuvo en cuenta el Juez de grado la pericia y no la impugnación que efectuó oportunamente.

Sostiene que el experto realiza su informe con valores de plaza a la fecha de la presentación de la pericia (año 2002) que no son los mismos que estaban vigentes cuando se reparó el automóvil, lo que fue efectuado en el año 1989 (A 1.484.000). Destaca que en esa época los valores de los repuestos eran muy distintos, como el mismo perito refiere en su pericia: "media un proceso inflacionario (1989) con dos picos singulares (julio y diciembre), período en el que se realizó la reparación del taxi".

Con relación a ello, debe destacarse que si bien es cierto que el dictamen pericial fue impugnado por la parte actora, también lo es que las observaciones no alcanzaron para desvirtuar lo informado por el experto. Se advierte que la contestación que este último realizó a fs. 390/393 contiene una respuesta convincente y que, a mi entender, cierra el debate.

Por lo demás, la parte que ahora reclama, al impugnar la pericia, no estimó de manera concreta a qué monto debían ascender las reparaciones realizadas en aquella oportunidad, por lo que, teniendo en cuenta las constancias de autos, el agravio deberá ser desestimado.

Se queja también del rechazo del rubro por desvalorización. Manifiesta que el perito estableció un porcentaje en 3,28%, el cual impugnó. Reitera su estimación en el escrito de demanda en un 35% del valor de reventa. Sostiene que el hecho de que no se haya podido inspeccionar no es imputable a su parte y que hay constancias en autos de que trató de localizar al nuevo propietario.

Referido a ello, no puede arribarse a una conclusión diferente ya que en forma reiterada se ha sostenido, en igual sentido que lo hizo el Sr. Juez a quo, que para la procedencia de este reclamo es requisito importante la inspección del rodado por parte del experto para que su opinión acerca de las secuelas del choque se encuentre fundada en la observación directa de aquéllas y no en meras generalidades y conjeturas.

Procede la indemnización por disminución del valor venal del vehículo afectado en un accidente, siempre que fuere real y no hipotética, cuestión que debe ser apreciada según las circunstancias de cada caso (CNCiv, Sala A, Julio 5-1985, esta Sala en Libres 316.294, 331.520 entre otros). En el caso, el magistrado preopinante puso de resalto que la "parte accionante tampoco ha acreditado dicha situación en el expediente al vender el vehículo", a lo que debe agregarse que claramente no alcanza con "tratar de localizar al nuevo propietario".

Por lo tanto, dentro del marco señalado, cabe proponer que se rechace la queja y que se confirme la sentencia en este punto.

Luego, objeta la cifra de $ 2.000 establecida por lucro cesante. Entiende que el Sr. Juez de grado solo tuvo en cuenta su trabajo personal e ignoró que percibía el 65% de lo que recaudaban otros dos choferes. También de la cantidad de días que estimó que durara la reparación (20), lo que fue impugnado. Insiste en que fueron 45 días más lo que se tardaba en esa época en buscar presupuestos y repuestos.

Cabe precisar que no hay constancias en autos que den cuenta de que tal haya sido el porcentaje que le correspondiera ya que los dos choferes que depusieron (fs. 190 y 191), no hicieron mención de esa circunstancia concreta. Por otra parte, no es cierto que el Sr. Juez a quo haya valorado solo su trabajo personal y no que percibía un porcentaje de lo que recaudaban. En ese entendimiento, nótese que la suma de $ 9,60 establecida en el oficio de fs. 265 es en bruto, con lo cual no puede establecerse como pauta neta ya que habría que descontar los gastos que necesariamente irrogaba el coche taxímetro (combustible, seguro, etc.).

Con respecto al tiempo de reparación, considero necesario destacar que si bien no se encuentra acreditada en la causa penal la fecha exacta en que se entregó el vehículo al actor luego de hacer el informe de fs. 16, lo cierto es que el dictamen está datado el 17 de mayo de 1989. A ello debe agregarse que el presupuesto que acompañó a fs. 12 es del 5 de junio de 1989 y que el recibo de pago, en principio "contra entrega del vehículo", es del 29 de junio de 1990, razón por la que de haber permanecido sin reparación durante más tiempo que el período necesario para realizar los arreglos, no podría serle ello imputado a los demandados.

Se agravia del rechazo de la partida por daño moral y de que el magistrado haya considerado pequeñas las molestias derivadas de la privación del vehículo, ya que si bien no sufrió lesiones físicas, sí sufrió graves lesiones psíquicas, las que enumera.

Soy de opinión de que debe confirmarse el rechazo por este rubro ya que coincido con la posición tomada por el sentenciante de grado. Por otra parte, nada se dijo de "las graves lesiones psíquicas" sufridas en el escrito inicial, razón por la que mal puede esgrimir tales extremos ahora.

Finalmente, referido a que no debería haberse desestimado la compensación por desvalorización monetaria, en atención a que los argumentos vertidos no conmueven en lo absoluto lo decidido por el Sr. Juez de grado, considero que debe desestimarse el agravio y confirmarse la sentencia en el punto.

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo que, de ser compartido mi criterio, se confirme la sentencia en todo lo que decide y fuera motivo de apelación. Con costas en el orden causado, en atención a la suerte que han corrido los agravios (artículo 68, 2º parte del CPCC).

Los Dres. Mayo y Kiper, por las consideraciones expuestas por el Dr. Giardulli, adhieren al voto que antecede.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide confirmar la sentencia en todo lo que decide y fuera motivo de apelación. Con costas en el orden causado, en atención a la suerte que han corrido los agravios (artículo 68, 2º parte del CPCC).

Respecto de las apelaciones interpuestas contra los honorarios regulados, resta dar cumplimiento a lo normado en el artículo 49 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. -Jorge A. Mayo. -Jorge A. Giardulli. -Claudio M. Kiper.