marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Azcarate, Oscar Rafael - Peril de Azcarate, Sara Ester s/ Quiebra (pequeña)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-12-07

La resolución venida en consulta ha procedido a regular los honorarios de los funcionarios de la quiebra luego de presentado el informe final por la sindicatura. De la compulsa del mismo, emerge que se ha computado en el activo solo los bienes muebles que componen el ajuar del hogar del fallido, obviando computar los ingresos que percibe, de los cuales se ha producido el desapoderamiento del 20% como efecto de la sentencia de quiebra y se encuentran depositados en cuenta judicial. Tampoco se ha computado el crédito del fallido con la firma Plan Rombo S.A., denunciado como activo al momento de solicitarse la quiebra, ni las gestiones realizadas por la sindicatura respecto de ese crédito. El informe mencionado no se ajusta a los términos establecidos en el art. 218 de la LCQ en tanto que nada dice del crédito denunciado como activo por el fallido, ni de las sumas depositadas en cuenta judicial que integran el activo, si los bienes muebles que conforman el activo son susceptibles de subastarse, y tampoco contiene el proyecto de distribución final. Por lo demás, no ha sido puesto en conocimiento de los acreedores cuyos créditos han sido declarados admisibles. La resolución venida en consulta, en consecuencia, que regula honorarios sin advertir las falencias del informe final, deviene nula, lo que así debe declararse. Corresponde por ello, la remisión de ambas causas al juzgado de origen, debiendo elevarse nuevamente una vez cumplidos los trámites legales pertinentes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Calomino, Miguel Angel y otros s/ Homicidio - Resistencia a la autoridad Brest, Néstor Omar; Pedevilla, Santiago Fabio s/ Privación ilegal de la libertad. Robo calificado. Robo aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10|1994-04-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no demuestra la manera en que el tribunal habría transgredido los textos legales que invoca.
Contrato de trabajo, cuidador de enfermos, cuidador de ancianos, personal de casas particulares
Materia: LABORAL
Carátula: BRITOS, ALMA LUZ c/ ROJO, SANDRA ELIZABETH s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-15

El art. 2 del decreto N° 326/56 establece que "No se considerarán empleadas en el servicio doméstico a las personas.que sean exclusivamente contratadas para cuidar enfermos". Y toda vez que las tareas de la actora no consistían sólo en asistir al causante en el cuidado de sus enfermedades, sino que también se dedicaba a realizar otras labores que pueden calificarse como domésticas (higiene, alimentación, cuidados de la casa, compras, etc), la situación de la actora queda encuadrada en las disposiciones del estatuto del servicio doméstico y, como tal, excluida del régimen legal de la L.C.T.. (Del voto del Dr. Stortini).
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Valentín, Norma Beatriz contra Durisotti, Rodolfo y otros. Daños y perjuicios (causa n° 27.653/93) y Valentín, Norma Beatriz y G., J. C. contra Durisotti, Rodolfo y otros. Daños y perjuicios (causa n° 30.820/96). c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-12-26

No debe confundirse la actividad de estimar los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los "valores actuales" de los bienes a los que refieren, con la utilización de aquellos mecanismos de "actualización", "reajuste" o "indexación" de montos históricos. Estos últimos suponen una operación matemática, en cambio la primera sólo expresa la adecuación del valor a la realidad económica del momento en que se pronuncia el fallo.(del votindemnización o del doctor Soria).
Daños y perjuicios, prescripción, accidente de tránsito, asegurador por riesgos del trabajo, subrogación en los derechos del asegurado, acción de reembolso
Materia: CIVIL
Carátula: CONSOLIDAR   ASEGURADORA   DE  RIESGOS  DEL  TRABAJO c/ CONSEJONACIONAL  DE  INVESTIGACIONES  CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS s/ COBRO DESUMAS DE DINERO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-11

1- Tratándose de una acción directa y autónoma creada por la ley 24.557, la obligación de la aseguradora de riesgos del trabajo frente al asegurado reconoce su fuente tanto en el contrato como en la ocurrencia de un infortunio por el que debe indemnizarlo. De ahí que la acción de reembolso contra el responsable del accidente no es una acción subrogatoria típica del derecho civil, sino que el asegurador se subroga en todos los derechos del asegurado, y por tanto, ocupa el lugar de éste, de donde se deduce que el momento inicial del plazo de prescripción para ambos es el mismo y corre desde la fecha del hecho porque ese es el momento en el que en principio debió ser abonada la prestación. 2- En estos casos, corresponde aplicar el plazo de prescripción bianual previsto por el art. 44, inc. 1 de la ley de Riesgos del Trabajo, que se aplica como norma específica. Del voto de los Dres. Liberman y Galmarini: 1- En las acciones por recuperos de las ART o aseguradoras, el plazo de prescripción comienza a correr cuando el derecho existe y es exigible, es decir, al pagar su deuda contractual. El asegurador para una deuda propia en virtud del contrato con su asegurado, causa que no puede confundirse con el crédito del damnificado frente al responsable. 2- La fuente obligacional que sitúa al tercero responsable como deudor de una aseguradora de daños a una ART que paga, no es el hecho ilícito sino una derivación de éste, que consiste en el pago de aquello a que es obligado contractualmente el asegurador y las consecuencias que la ley atribuye a ese pago. Hasta tanto la aseguradora de riesgos de trabajo no realiza cada pago, cuya repetición pretende, carece de la acción pertinente reconocida por el art. 39 inc. 5 de la ley 24.557. Ello, siempre que el plazo de prescripción por el hecho ilícito no hubiese operado, pues en tal supuesto el mero pago efectuado por la aseguradora no tendría aptitud para hacer renacer la acción prescripta. 3- El término de prescripción de la acción intentada nace con el efectivo pago desde el que opera la subrogación legal y es el bienal por aplicación del art. 4037 del Código Civil, en tanto la acción que tiene la aseguradora contra los responsables del infortunio nace genéricamente de la responsabilidad civil extracontractual. (Voto de la Dra. Perez Pardo)
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Becaeci, Rubén y otro c/ Urgencia del Niño S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

Los requerimientos verbales que se dicen haber efectuado al empleado de la Mesa de Entradas del Juzgado, no es el medio idóneo tendiente a impulsar el proceso, de acuerdo al procedimiento esencialmente escriturario que rige la materia.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Phalarope S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios. daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-23

La excepción de falta de legitimación activa sólo puede oponerse cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de la fundabilidad de ésta.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Paulino Julián c/ Cattorini Hnos. S.A. s/ Indemnización art. 212, L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no se ocupa de descalificar idóneamente la conclusión esencial del fallo.
Falta de acción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vulgaris, Jorge c/ Elías de Chaar, María s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

La excepción de falta de legitimación para obrar puede ser resuelta como "cuestión previa" cuando ésta es manifiesta, es decir, cuando puede declararse sin otro trámite que el traslado de la excepción, sobre la base de elementos de juicio inicialmente incorporados a la causa, no siendo necesario esperar a la sentencia para su tratamiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aplicación de la ley, cuota alimentaria, obligaciones de dar cantidades de cosas, actualización monetaria, moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: F., M.C. c/ K., M. s/ Alimentos Provisorios - Compulsa Compulsa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-08-19

El art. 772 del Código Civil y Comercial prevé expresamente que las obligaciones de valor, como lo es la obligación alimentaria, puede ser expresada en moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico, por lo tanto, no existe obstáculo legal -ni actualmente, ni en el régimen bajo el cual se dictó la resolución apelada- para que la cuota alimentaria sea expresada en moneda extranjera, sin perjuicio de que el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal.
Deberes del juez, equidad
Materia: PENAL
Carátula: Gómez de Gutiérrez, Nancy Beatriz s/ Recurso de casación casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-09-07

El Juez debe actuar dentro del contorno de la Ley y orientado por los principios de la equidad para lograr la justa individualización de la pena sancionatoria del ilícito concreto que hace el objeto de su voluntad. Equidad no en el sentido de lo justo, pues justicia debe acompañar a toda decisión judicial, sino dirección armoniosa para adecuar la ley abstracta y generalizadora a las contingencias de cada caso particular y concreto por medio de la sentencia que reduce la extensión de la ley tipificante de las conductas posibles (como es el Código represivo), a las particularidades del caso histórico que tolere la subsunción a la figura delictiva.

Fundamento del Dr. Jorge Talagañis Urquiza.
Aportes y contribuciones previsionales, ejercicio profesional, relación de dependencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ACUDA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I.". s/ IMPUGNACION DE DEUDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

Cuando no es clara la configuración jurídica de la relación, no cabe presumir de la prestación o realización de una actividad propia de la especialidad o profesión del individuo involucrado, que se está en presencia de una relación de trabajo, sino que el organismo actuante debe acreditar dicha relación en cada uno de los casos en que pretenda que la supuesta vinculación laboral genera obligaciones previsionales (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 20.11.00, "Transambar S.A.; C.N.A.T., Sala VI, sent. del 17.02.94, "Planko, Mónica c/ P.A.M.I.").
Competencia, patentes, uso de nombre comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3, Secretaría Nº 5 eleva en consulta el Expte. Nº B-240.029/10: Demanda para hacer cesar uso de nombre comercial: Aguilera, María Estela c/ Mamaní, Verónica 3, Secretaría Nº 5 eleva en consulta el Expte. Nº B-240.029/10: Demanda para hacer cesar uso de nombre comercial: Aguilera, María Estela c/ Mamaní, Verónica
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-03-22

Siendo que la acción por la cual la actora solicita que la demandada cese en el uso de un nombre comercial no tiene fijado por la ley de ritos de la provincia de Jujuy una tramitación especial y que tampoco la ley que confiere la acción -art. 29 de la ley 22.362- fija pauta alguna sobre el procedimiento, corresponde aplicar el art. 287 del C.P.C. que prevé que, para tales casos, la contienda debe sustanciarse ante tribunales colegiados de instancia única y tramitar conforme las normas del juicio oral, máxime si el caso no evidencia complejidad que justifique -por aplicación del art. 288 inc. 7º- someterlo al procedimiento escrito, privando a las partes de la ventaja de la oralidad. (Sumario confeccionado por el Saij)
Acción penal, in dubio pro reo, valor probatorio, acción civil en el proceso penal, responsabilidad civil, culpa civil
Materia: PENAL
Carátula: Rocha, Julio Ruben s/ Lesiones Culposas-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-25

El extremo fáctico esencial establecido al resolver la cuestión penal por imperio del principio in dubio pro reo consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal, frente al equilibrio del material probatorio positivo y negativo a su respecto y que el sentenciante traslada al tratamiento de la cuestión civil como positivamente determinado al pronunciarse sobre la cuestión penal, sin advertir que el indicado beneficio rei, de estricta vigencia en el ámbito de la cuestión penal, carece de idéntica eficacia en materia de determinación de la responsabilidad civil y se vincula, en la especie, con un hecho trascendente y de autónoma incidencia relevante al momento de juzgar la existencia de responsabilid civil, y adjudicar la culpa a los grados de ella que pudieren corresponder a los protagonistas, su posible concurrencia y compensación, determinando como cierto en favor del imputado, derivando de ello la justificación de su obrar. Si bien tal justificante puede operar en todo el orden jurídico como excluyente de responsabilidad subjetiva, no es factible de trasladarlo de idéntica manera al análisis de la responsabilidad civil objetiva, donde incluso esa posible situación de duda sobre el mismo extremo fáctico tiene un tratamiento interpretativo inverso al del ámbito penal, habida cuenta de que la exención de responsabilidad del dueño o del guardián de la cosa generadora de riesgo dependerá, puntualmente, de su posibilidad de demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien nodeba responder, lleva a descalificar el tratamiento de la reponsabilidad civil efectuado por el a-quo.
Empleados públicos, nombramiento, período de prueba, prescindibilidad, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, Cristina Dolores c/ ESTADO NACIONAL s/ NULIDAD DE RESOLUCION - EMPLEO PUBLICO - PRESCINDIBILIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-19

El período de prueba del art. 10 de la ley 22.140, Decreto reglamentario 1797/80 es el utilizado por la administración por ejercer la legítima facultad de examinar las condiciones de idoneidad del agente durante el cual los empleados no están amparados por el derecho a la estabilidad que garantiza la C.N. de conformidad con la doctrina que no reconoce derechos absolutos, sino que ellos deber ejercerse en la extensión y limitaciones que fijan las normas reglamentarias.

De los antecedentes en estudio no surge que la revocación del nombramiento del actor haya sido ejercido con propósitos persecutorios o discriminatorios.

En cuanto a las costas, para la distribución por su orden, cabe tener presente que lo relacionado con la baja de los empleados públicos es una gestión sumamente delicada y afecta de manera muy especial a los interesados, quienes deben tener garantizado el acceso a la justicia sin que gravite en su ánimo el tener que soportar las costas del juicio, sobre todo porque el Estado es defendido por profesionales a sueldo para cumplir tareas.-
Contribución de inspección a comercios, industrias y actividades civiles, base imponible, código tributario, modificación de la ley, ordenanzas municipales, inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Casa Pepe S.R.L. c/ Municipalidad de la Capital s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-06-23

Planteada la inconstitucionalidad de las Ordenanzas Impositivas Anuales Nro. 002931/95 y Nro. 3201/98, por modificar la base imponible dispuesta en el Código Tributario Municipal para fijar la Contribución de Inspección a Comercios, Industrias y Actividades Civiles, esta Corte de Justicia, con distinta composición, declaró la inconstitucionalidad de la primera en autos Nro. 56/96 "Pharma SRL - acción declarativa de certeza", criterio al que me adhiero en cuanto sostuvo:

"Aceptar que por vía de normas de aplicación esencialmente reglamentarias pudieran modificarse parámetros conceptuales de normas de fondo, de carácter material, supondría cohonestar la violación de un orden jurídico per se e implicaría escamotear el control institucional y ciudadano, pues en definitiva se estaría permitiendo una delegación antijurídica de la facultad originaria para legislar sobre materia tributaria en una ordenanza que no puede por su naturaleza y finalidad modificar los postulados liminares que se establecieron al crear el tributo.

Lo contrario supondría abrir las puertas a la discrecionalidad del Estado en materia esencialmente reglada, de interpretación restrictiva y de carácter excepcional, en tanto implica un recorte o limitación a los lineamientos constitucionales". Ratificada entonces la inconstitucionalidad de la Ordenanza Impositiva 2931/95 por la doctrina legal citada, igual criterio debe asumirse en relación a la Nro. 3201/98, en tanto ella dispone que la base imponible sea integrada por la superficie afectada a la actividad más un porcentaje de los ingresos brutos devengados, porque también modifica por vía reglamentaria los parámetros del CTM, violando el principio de legalidad tributaria.

En relación al CTM, corresponde ratificar la legalidad y constitucionalidad del capítulo que rige la contribución de inspección a comercios, industrias y actividades civiles, pues si bien con alguna confusa redacción en la última parte del artículo, éste debe interpretarse como complementario y no contradictorio a la clara definición de la base imponible contenida en la primera parte. (art 121 CTM - ordenanza Nro. 1166/84), todo ello obviamente en tanto mantuvo su vigencia e interesa a los derechos debatidos en autos.(Del voto en disidencia de la Dra. Sesto de Leiva).
Poder Judicial, funcionarios judiciales, Derecho constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DEGANUTTI, ISMAEL JOSE c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-12

No constituye obstáculo para el tratamiento de los agravios del impugnante la conocida doctrina según la cual el sometimiento voluntario a un régimen jurídico sin reserva expresa impide su ulterior impugnación con base constitucional, en tanto la doctrina de la renunciabilidad de las garantías constitucionales, tal como lo ha enunciado la Corte, sólo es admisible cuando se amparan derechos de contenido patrimonial y no cuando aquéllos se relacionen directamente con el estatuto personal de la libertad, al igual que desestimó la aplicación de la teoría de los actos propios cuando el interesado cuestionó la validez de una norma a la que se vio obligado a someterse como única vía posible para acceder al ejercicio de su actividad. No es así posible aceptar que la sola circunstancia de postularse a un concurso impida al recurrente impugnar la validez constitucional de normas que restrinjan derechos fundamentales, máxime cuando -en el caso- en la medida en que no sufrió perjuicio no planteó de manera abstracta la inconstitucionalidad de la norma, sino que la formuló cuando efectivamente el límite etario lo excluyó de la posibilidad de presentarse al concurso.(Del voto del Dr.Erbetta.En disidencia: Dr.Spuler).REFERENCIAS NORMATIVAS: Régimen de Ingreso de Empleados Administrativos al Poder Judicial: artículo 4; CITAS: CSJN: Fallos:308:1837; Fallos:279:283, considerando 7;Fallos:311:329
Embargo, embargo ejecutorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Gil de Giménez Colodrero, Dolores, y otros c/ Estado  Nacional  (Ministerio  de  Educación y Justicia de la Nación) s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

El embargo, aún el ejecutorio, no consagra automáticamente derechos ya que su ámbito es, por naturaleza, instrumental.
Costas, Ministerio Público Fiscal, aplicación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: GAUNA, MARIA ANTONIA c/  s/ REVISION PENAL (ACLARATORIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-04

Atento a que el texto vigente de la ley 6740 no contempla un supuesto de imposición de costas al actor penal público y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 7 del mismo ordenamiento, las mismas no pueden aplicarse en virtud de un concepto extensivo tratándose del ejercicio de la actividad recursiva fiscal. (Del voto del Dr. Acosta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe (Ley 6740), artículo 7.
Concurso preventivo, concursado, actos de administración
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vita s/ Pedido de quiebra (Expte Nro.  284-01, Resolución Nro.  35, Tomo 8, Folio  428/430)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-20

Las facultades de administración del concursado tropiezan con la prohibición del art. 16 L.C. que le impide realizar actos que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación; y resulta obvio que en el sistema legal y en el marco del "desapoderamiento limitado" estatuido, se supone que el concursado está autorizado para realizar los actos de administración vinculados con la "continuidad de su actividad económica".
Sentencia arbitraria, allanamiento domiciliario, tráfico de estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: López, Luis Santiago y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-14

El a quo no brindó las razones por las que reputó que se hallaba comprometida la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio frente al horario excepcionalmente habilitado al efecto en autos. La omisión de especificar tales motivos contrasta con el criterio seguido por el Máximo Tribunal in re "Minaglia" (Fallos: 330:3801, considerando 12 del voto de la mayoría). En dicho precedente el Máximo Tribunal, por mayoría, declaró mal concedido el recurso extraordinario impetrado por la defensa particular respecto del agravio referido al horario en que se realizó el allanamiento.

No debe escapar al análisis que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en diversos precedentes que todos los órganos del Estado Argentino que intervengan en un proceso en el que se investigue el tráfico ilícito de estupefacientes deben comprometer sus mejores y máximos esfuerzos, en el ámbito de sus competencias, para que el enjuiciamiento sea agotado sin que queden impunes tramos de la actividad ilícita por la que la República Argentina asumió jurisdicción (Fallos 330:261 "Cabrera"; 332:1963 "Arriola" y 339:697 "Stancatti", entre muchos otros).
Contrato de trabajo, despido con causa, injuria laboral, subsistencia del contrato, desproporcionalidad de la pena
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA ANGEL GUSTAVO c/ EL CONDOR E.T.S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-28

El despido motivado por injuria requiere que el incumplimiento que se atribuye al trabajador sea perfectamente individualizable, además de actual, grave y objetivamente acreditable. La valoración debe ser hecha prudencialmente por los jueces teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo y las modalidades y circunstancias personales de cada caso. Así señalo que no todo acto de incumplimiento constituye causa de denuncia del contrato de trabajo, sino sólo aquél que puede configurar injuria. El concepto de injuria es específico del derecho del trabajo y consiste en un acto contra derecho y específicamente contra el derecho del otro. Para erigirse en justa causa de despido el obrar contrario a derecho (que es injuria), el incumplimiento debe asumir cierta magnitud, suficiente para desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato que consagra el art. 10 de la ley de contrato de trabajo, teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad. (Sumario confeccionado por el SAIJ).