Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25


Reg.: A y S t 285 p 364/369. Santa Fe, 25 de setiembre del año 2018. VISTA: la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución nro. 174, del 10 de agosto de 2016, dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario en autos "VILLARUBIA, SARA contra D´ANGELO, CÉSAR - MEDIDAS CAUTELARES - (EXPTE. 412/15)" (Expte. C.S.J. CUIJ: 21-00511689-6); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que por resolución nro. 174, del 10 de agosto de 2016, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, confirmó el rechazo de la recusación articulada contra la doctora Mangani, integrante del Tribunal Colegiado de Familia de la Cuarta Nominación de esa ciudad (f. 2). Contra ese pronunciamiento deduce la actora recurso de inconstitucionalidad (fs. 4/20). En su pieza impugnativa, luego de considerar cumplidos los requisitos que hacen a la admisibilidad formal del remedio articulado y relatar los antecedentes del caso, tildó de arbitrario el pronunciamiento cuestionado, aseverando que el mismo no satisface el derecho a la jurisdicción e incurre en vicios descalificantes como la afirmación dogmática del juzgador o con fundamentos aparentes (por sustentarse únicamente en la voluntad propia de los magistrados intervinientes, prescindiendo de los elementos objetivos del caso). Como primer agravio, mencionó que la resolución cuestionada vulnera el artículo 18 de la Constitución nacional y diversos preceptos emergentes de pactos internacionales vinculados a las garantías de la imparcialidad del juez y el debido proceso, al considerar que la recusación con causa impetrada contra la doctora Mangani no procede porque esta magistrada, actuando como jueza de trámite, no ha dictado resolución como jueza inferior, sino en el marco de la competencia funcional prevista por el artículo 67 de la ley 10160, lo cual en modo alguno la inhabilita para integrar el Tribunal en pleno a fin de resolver el recurso de revocatoria planteado ante el mismo y que el legislador ha tolerado en el supuesto analizado un caso de juzgamiento por el que la magistrada mencionada resulta integrante del órgano de revisión, no posibilitando la recusación o excusación fundada en la causal de prejuzgamiento. El A quo fundó dicha decisión en motivaciones vinculadas a la celeridad, a la economía procesal y, especialmente, a las particularidades emergentes de la integración del órgano y a la unicidad de instancia que la colegialidad permite. El recurrente manifestó que el razonamiento efectuado por la Alzada se contrapone con la doctrina del máximo Tribunal nacional y que se construye sobre aspectos formales del sistema recursivo de los Tribunales Colegiados, fundándose en jurisprudencia y doctrina anticuada, mas sin refutar los argumentos aportados por su parte respecto a los nuevos paradigmas surgidos a partir de la reforma constitucional de 1994 y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expresó que en autos ha habido afectación del derecho de defensa y de ser juzgado por un tribunal imparcial y que la decisión a la que arribó el A quo ha sido contraria al derecho federal invocado, motivo por el cual existe cuestión federal suficiente. Agregó que la resolución impugnada hace caso omiso de la interpretación no taxativa que formula la Corte nacional respecto de las causales de recusación, a la luz de las normas constitucionales y convencionales referidas a las garantías del debido proceso y de la imparcialidad del juzgador. Enfatizó que en el caso de marras existen dudas sobre la imparcialidad de la doctora Mangani -sin perjuicio de remarcar que ello no le quita mérito a la misma en sus cualidades personales y como magistrada-, puesto que no es posible pensar que aquélla, integrando el Tribunal en pleno, vaya a cambiar de criterio respecto de lo que ya decidió como jueza de trámite. En segundo lugar, reiteró que la sentencia puesta en crisis no satisface el derecho a la jurisdicción, incurriendo en afirmaciones dogmáticas o con fundamentos aparentes. En ese sentido, alegó que la afirmación hecha por el A quo en cuanto a que la jueza de trámite no ha dictado resolución como jueza inferior sino en el marco de la competencia funcional prevista en el artículo 67 de la ley 10160, por lo cual no cabe apartarla de la integración del Tribunal en pleno para resolver el recurso de revocatoria planteado ante el mismo, no rebate los argumentos expuestos por su parte al deducir la recusación con causa, en particular los referentes a la garantía del debido proceso y del derecho a ser juzgado por un Tribunal imparcial. Asimismo, apuntó que constituye un fundamento aparente de la Alzada lo expuesto en relación a que el diseño del recurso de revocatoria ante el pleno dirigido a impugnar una decisión precedida de sustanciación, dictada por el juez de trámite que integra a su vez el órgano de revisión, "hace pensar en un supuesto de prejuzgamiento admitido expresamente por el legislador a través de una norma precisa y específica" del Código Procesal Civil y Comercial local, contenida en el artículo 10, inciso 6 de ese Digesto, con base en la economía procesal, la celeridad, las peculiaridades emergentes de la integración del órgano y la unicidad de instancia que la colegialidad permite. Indicó que ello resulta un argumento aparente puesto que, al observar la generalidad del plexo normativo, se concluye que el ordenamiento no permite que un mismo juez se pronuncie en grados distintos sobre una misma cuestión (por ejemplo, los supuestos consagrados en los incisos 4, 5, 6 del artículo 10 del Digesto de forma local). En ese orden ideas, estimó que sustentar "un fallo en doctrina y jurisprudencia de más de 30 años" no cumple con la exigencia de una sentencia razonable, puesto que no efectúa una interpretación actual de las normas aplicables. Por último, aseguró que "la desestimación de la pretensión recusatoria mediante afirmaciones dogmáticas que no dan una adecuada respuesta jurídica a la cuestión formulada, no sólo vicia la sentencia como acto jurisdiccional por omisión de pronunciamiento respecto de cuestiones conducentes, sino que constituye además una negativa a juzgar la materia constitucional claramente planteada". 2. Mediante resolución nro. 31 del 17 de febrero de 2017, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad deducido, por considerar que la resolución impugnada no constituye sentencia definitiva en los términos del artículo 1 de la ley 7055 (f. 21). Por ese motivo, el presentante ocurrió por vía de queja ante esta Corte (fs. 23/40). 3. Se adelanta que la presente queja debe ser desestimada. En efecto, y tal como lo señala el A quo, el artículo 1 de la ley 7055 limita la apertura del recurso extraordinario local a los casos en que se cuestionan "sentencias definitivas dictadas en juicios que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto y contra los autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación". En la especie, la decisión atacada no puede constituirse en objeto procesal de la referida impugnación extraordinaria por no ser ni una sentencia definitiva ni auto interlocutorio con las características prescriptas en el aludido artículo 1 de la ley 7055, desde que se trata de un pronunciamiento que resolvió el rechazo de la recusación impetrada contra una integrante de un Tribunal Colegiado de Familia que, constituido en pleno, debía resolver un recurso de revocatoria contra una decisión que la magistrada recusada había dictado actuando como jueza de trámite (en tal sentido, ver A. y S., T. 79, pág. 302; T. 109, pág. 343; T. 111, pág. 151; T. 114, pág. 272, entre otros; Fallos C.S.J.N. 302:346; 303:220; 305:1745; 311:565, etc.). Cierto es que tanto este Cuerpo como la Corte Suprema de Justicia de la Nación han reconocido excepciones a esa regla, atendiendo a los diversos y particulares casos que llegan a sus estrados. Así, la Corte nacional ha ponderado la posibilidad de que la posterior revisión de lo decidido en materia de recusación pueda dejar de ser eficaz y estableció que resulta susceptible de recurso extraordinario "la decisión sobre recusación del juez, cuando ésta es la oportunidad para la adecuada tutela del derecho de defensa en juicio de la demandada, cuya salvaguarda exige asegurar una inobjetable administración de justicia" (CS., 5.3.91 "Zamparo, Vilma Elda vs. Prov. del Chaco"); y que "cabe apartarse de la regla según la cual las decisiones sobre recusación de los jueces no son susceptibles de recurso extraordinario, si de los antecedentes de la causa surge que el ejercicio imparcial de la administración de justicia se encuentra tan severamente cuestionado que el derecho de defensa comprometido exige una consideración inmediata para su adecuada tutela" (CS, mayo-993, "Don Pedro de Albariño S.A. y otro vs. Inchauspe de Ferrari, María I."). A su vez, este Tribunal ha superado la falta de definitividad de la resolución acerca de la separación del juez de la causa, por considerar que "...cuando aquélla se halla íntimamente vinculada a una garantía constitucional, erigir tal carácter en obstáculo a la viabilidad del remedio extraordinario importaría tanto como tornar inoperante la garantía comprometida..." ("Campilongo, Raúl - Tentativa de homicidio - Incidente de recusación promovido por el Dr. Jorge O. Majul", A. y S., T. 72, pág. 64; en el mismo sentido ver "Fardín", A. y S., T. 209, pág. 110); o cuando los planteos en análisis permiten inferir una cuestión de "gravedad institucional", que verifica "en abstracto una hipótesis en donde, por un lado, se pone en juego a la Administración de Justicia en relación a las exigencias de imparcialidad de los jueces y, por el otro, se entrevé la posibilidad cierta de que, a través de un manipuleo indiscriminado del instituto recusatorio, pueda violentarse gravemente la exigencia del juez natural..., ello particularmente en casos donde la garantía de la defensa en juicio se vería prima facie afectada de una modalidad susceptible de conmover la estructura institucional de la Administración de Justicia, al comprometer el atributo más distintivo de la jurisdicción, esto es, la imparcialidad, ínsito en el concepto mismo de aquélla" ("Bellia", A. y S., T. 94, pág. 25). Sin embargo, tal como se adelantó, el recurrente no logra demostrar siquiera mínimamente que se den en el presente caso las circunstancias que permitieron soslayar la ausencia de definitividad en los precedentes de excepción anteriormente señalados. Ningún argumento de peso se ha aportado -más allá de las invocaciones genéricas a lesión de cláusulas constitucionales y vicios de arbitrariedad- que permita hacer extensivas aquellas excepciones al caso para tener por sorteado el mencionado recaudo (art. 1, ley 7055). Al respecto cabe destacar, en primer lugar, que la recurrente invoca -tanto en el escrito del recurso de inconstitucionalidad como en el de queja- el precedente "Dieser" del máximo Tribunal nacional como uno de los fundamentos de su postura. Y si bien dicho antecedente constituyó un hito en cuanto a la interpretación y alcance que debe darse a la imparcialidad de los magistrados, el mismo fue dictado en el ámbito del proceso penal que -como es sabido-, tiene características particulares que lo diferencian del proceso civil y que hacen necesario una mayor estrictez a la hora de observar la imparcialidad que deben mantener los magistrados penales. Asimismo, no puede soslayarse que resulta ínsito a la naturaleza del recurso de revocatoria que sea el mismo juez que dictó la providencia cuestionada el que intervenga en su revisión, por motivos de celeridad y economía procesal. Pero ello no autoriza a suponer que ese magistrado, llamado a rever su propia decisión, se sienta inclinado en todos los casos a confirmarla, rechazando de esa manera una oportunidad para enmendar el error en el que podría haber incurrido. Menos aún cuando -como en el caso de marras- la decisión impugnada no es revisada únicamente por el mismo juez de trámite que la dictó, sino por el Tribunal Colegiado en pleno, lo que alcanza para ahuyentar cualquier atisbo de sospecha de imparcialidad que pudiera albergar la recurrente. Por otra parte, la misma interesada se refiere en varias oportunidades a la jueza de trámite interviniente con frases elogiosas y halagadoras, manifestando tener sobre la misma "el más alto concepto". En este orden de ideas, este Tribunal ha destacado que el prejuzgamiento "sólo se configura por la emisión de opiniones intempestivas respecto de cuestiones pendientes que aún no se encuentran en estado de ser resueltas. Pero las opiniones vertidas por los magistrados en la debida oportunidad procesal, sobre los puntos sometidos a su consideración, de ningún modo implican prejuzgamiento, toda vez que no se trata de opinión anticipada, sino directa y claramente el cumplimiento del deber de proveer a las cuestiones pendientes" (A. y S., T. 219, pág. 437). Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, no se advierte configurada en la especie un supuesto de irreparabilidad del gravamen como el invocado por la quejosa que permita dejar de lado los argumentos plasmados en la presente resolución. Por lo tanto, cabe concluir que el requisito formal de definitividad aludido no se halla configurado en la especie. Efectivamente, es doctrina de este Tribunal que el carácter definitivo de un auto interlocutorio debe referírselo a sus efectos sobre el pleito en cuanto pone fin a éste o torna imposible su continuación, efecto que, indiscutiblemente, no produjo el auto objetado (por todos A. y S. T. 115, pág. 5). Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario. Tribunal que intervino con anterioridad: Tribunal Colegiado de Familia de la Cuarta Nominación de la ciudad de Rosario.