Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-01


SENT Nro.100 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 01 DE MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por la parte demandada en autos: "Toledo, Ramón Desiderio vs. E.D.E.T. S.A. s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1. Contra la sentencia de la Sala VIª la Cámara del Trabajo del 12/8/2003 (fs. 260/263) la parte demandada interpuso recurso de casación, el que fue concedido mediante interlocutoria del 19/9/2003 (fs. 288). Según informe actuarial de fs. 294, ninguna de las partes presentó la memoria prevista en el art. 137 del CPTT.

2. La sentencia impugnada sustancialmente hizo lugar, con costas, a la demanda, condenando a la demandada a abonar al actor la suma de $96.389,23.

3. Con relación al rechazo de la excepción de prescripción, la recurrente sostiene que del expediente administrativo al que de manera muy escueta se habría referido la sentencia impugnada, se desprende claramente que el mismo se refiere a un convenio de la Comuna de Monte Bello con el actor, pues se trata de dejar constancia de un pago por un acuerdo con esa Comuna y no se reclamaron diferencias salariales ni indemnización de ninguna especie. Prosigue en que a pesar de que en estos autos no se demandó a la Comuna de Monte Bello y que no existe identidad entre el objeto denunciado en el expediente administrativo con el objeto de esta demanda, equivocadamente y sin ningún fundamento se lo considera apto para interrumpir la prescripción. Agrega que ese convenio fue homologado y por tanto reviste entidad de cosa juzgada y así debió declararse. Interpreta que se ha realizado una falsa y errónea valoración de la prueba aportada, lo que la convierte a la sentencia en nula por su manifiesta arbitrariedad, pues se invocó un convenio de desvinculación laboral entre quienes no son partes en este juicio, para interrumpir la defensa opuesta por su parte.

Expresa que en el peor de los supuestos, ese expediente se inició el 14/11/96 con efecto suspensivo hasta el 14/7/97 (plazo de seis meses) y si la demanda se inició el 29/6/99 todos los rubros estaban prescriptos ya que el art. 257 LCT es categórico en que la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo interrumpirá el curso de la prescripción durante el trámite pero no por un plazo mayor a seis meses.

En cuanto a la consideración del Tribunal basada en el expte. 3166/181/T/1998 del 29/9/98, señala que se advierte un gran equívoco porque el plazo de suspensión se cumpliría el 29/3/99 y no en el mes de junio como pretende el Tribunal. Finalmente señala que aún en el supuesto en que se coloca la Cámara, los créditos desde junio de 1996 para atrás se encontraban prescriptos al deducirse la demanda administrativa y, sin embargo, se la condenó a pagar diferencias desde el mes de noviembre de 1994.

Como segundo agravio, sostiene que la sentencia es nula por falta de motivación ya que no surge porqué su parte debe abonar suma alguna. Explica que no se ha probado de ninguna manera que el actor haya sido despedido por su parte o por la Comuna, tampoco la fecha de ingreso y egreso, agregando que surge de las constancias aportadas por el expediente administrativo que los servicios de Toledo fueron contratados desde el 1/4/96 al 30/4/96 y que se acreditó que existe un convenio homologado por el que percibía una gratificación reconociendo que su parte no le adeudaba suma alguna. Agrega que al contestar demanda sostuvo que el actor en ningún momento la intimó ni se consideró en situación de despido, configurando su conducta en el peor de los supuestos una renuncia tácita en los términos del art. 241 LCT y que el Tribunal ha omitido toda consideración sobre esa defensa ya que por más simulación del contrato que se mencione si el Sr. Toledo tenía intenciones o se consideraba empleado de E.D.E.T. S.A debió solicitar que se lo reintegre a sus funciones habituales, bajo apercibimiento de considerarse despedido. Insiste en que sobre este tema la Cámara no hizo ningún comentario.

Por otra parte se agravia de que la sentencia habría declarado nulo el contrato de trabajo celebrado entre la Comuna de Monte Bello y el Sr. Toledo. Sostiene que no consideró que la Comuna y el Sr. Toledo llegaron a un acuerdo en la Secretaría de Trabajo, que luego fue homologado administrativamente, en el que el trabajador reconoce la relación laboral y el contrato de trabajo con la comuna y que sólo realizaba trabajo esporádicos con E.D.E.T. S.A. Expresa que ante la versión de los propios dichos del actor, resoluciones firmes de la autoridad administrativa no pueden contraponerse declaraciones testimoniales dentro de un contexto que a las claras surge que no tenían la debida comprensión de lo que declaraban. Sostiene que lo más absurdo es que se declara la nulidad de un contrato de trabajo en el cual uno de los contratantes ni siquiera fue demandado, pero, se interroga, cómo podría hacerlo cuando existe un convenio entre la Comuna y Toledo de desvinculación laboral homologado.

Al formular el cuarto agravio se remite a los dos anteriores para demostrar la nula valoración de las pruebas agregadas al expediente para rechazar sin mayores argumentaciones la excepción del falta de acción. El Tribunal no consideró que Toledo se desvinculó con la comuna mediante un mutuo acuerdo que fue debidamente homologado; que la resolución homologatoria nunca fue atacada o impugnada; que surge de esas actuaciones que Toledo reconoce que únicamente en forma esporádica sus trabajos beneficiaron a E.D.E.T. SA.; que dicha resolución fue puesta en conocimiento de Toledo, quien se notificó de la misma, que por la doctrina de los actos propios no pude desconocer lo sostenido ante la autoridad administrativa, que el actor recibió en la Secretaría de Trabajo del Delegado Comunal una certificación de servicios de la Comuna que jamás se demostró su falsedad.

Se agravia también de que sin mayores consideraciones el Tribunal establece que para la liquidación se tendrá en cuenta el sueldo mensual que fija la perito contable a fs. 159 que asciende a la suma de $1.230,21. Expresa que el Tribunal no ha considerado en primer lugar porque al actor se le debe abonar el sueldo que le corresponde a un técnico electricista-tareas de equipos con adicionales de horarios y tareas peligrosas. Agrega que la experta es puntillosa cuando describe las tareas peligrosas que debería haber realizado el actor para percibir dicha compensación (colocación, baja y/o mantenimiento de medidores) y que además es clara en que los lecturistas no se encuentran incluidos en el CCT, ni en el anterior ni en el nuevo. Agrega que para percibir el adicional horario deben cumplirse los requisitos del CCT, que no están acreditados ni convalidados por la perito y que la experta también es clara cuando dice a un técnico especializado le correspondía, pero de ninguna manera asevera que al actor se le debería haber pagado en el peor de los supuestos dicha suma de dinero. Continúa en que el Tribunal prescinde nuevamente de las constancias de autos y además no da ninguna fundamentación, llegando a una conclusión absurda y arbitraria y que ni siquiera ha tenido en cuenta la conformidad del actor con el precio pactado por sus servicios, tal cual surge del convenio arribado y homologado en la Secretaría de Trabajo. Señala que tampoco hace referencia a las observaciones de la pe ricia y a las aclaraciones formuladas por el experto.

En cuanto a la remisión de copia autenticada de la sentencia a la AFIP a los fines establecidos en la Ley 25.345, se agravia por cuanto la Comuna de Monte Bello ni siquiera fue demandada por el actor invocándose una ley que no tenía vigencia ni existencia a la fecha de los hechos. Sostiene que se ignora nuevamente las pruebas rendidas en autos, en especial el dictamen pericial que informa que E.D.E.T. S.A. cumplía acabadamente con las obligaciones contraídas surgiendo igualmente que las designaciones del persona en las Comunas la hacían los Delegados de las mismas con la aprobación del PE. Continúa en que si se quería demostrar que la Comuna había designado correctamente al Sr. Toledo, aquella debió ser escuchada y citada en el pleito. Pero además, agrega que esta cuestión no es de competencia de este Tribunal sino de la Cámara Contencioso Administrativo conforme a la LOT y que no fue materia de la litis, incurriendo el fallo en el vicio de ultra petita. De allí que también le agravia los puntos III y IV de la sentencia, ya que sin haber sido siquiera demandada la Comuna y constando en autos resoluciones administrativas tanto de la misma Comuna y de la Secretaría de Trabajo que delimitaron el contrato con el Sr. Toledo y homologaron el convenio celebrado entre los mismos, no fueran mencionadas y merituadas, dándole preeminencia a una prueba testimonial y a dictámenes jurídicos que no se referían al caso.

4. En orden a los requisitos de admisibilidad, el recurso ha sido deducido en término, contra una sentencia definitiva y se encuentra cumplido el afianzamiento. La naturaleza y suficiencia de los agravios serán analizados en relación a cada uno de ellos (arts. 130/133 del CPTT).

5. Respecto de la primera cuestión, referida a la prescripción, corresponde analizar separadamente esa defensa respecto del reclamo de las indemnizaciones emergentes de la desvinculación laboral y de las diferencias salariales. Ello así por cuanto el reclamo del trabajador ante la autoridad administrativa sólo tendría eficacia interruptiva de la prescripción con respecto a aquellos créditos que integraron la petición formulada en tal sede Así lo destacó Carlos Pose, con cita del fallo de la SCBuenos Aires, 26/6/90, "Pereira c Retiro", TySS 1990-616 (cfrme. Derecho del Trabajo-2001-B, pág. 2103).

5.1. Con relación al primero, sea que se compute como acto interruptivo del curso de la prescripción en los términos del art. 257 de la LCT, la reclamación administrativa efectuada con fecha 02/4/97, agregada a fs. 234, del expte. Nro. 091/182-T-97 S.E.T., en cuanto estuvo dirigida a obtener el pago de diferencias indemnizatorias adeudadas o, la realizada con fecha 29/9/98, corriente a fs. 213, en expte Nro. 3166/181-T-98, en la que se requirió el pago de indemnizaciones y diferencias de sueldo, el plazo de prescripción de dos años, que comienza nuevamente a correr a partir de la finalización del lapso de la interrupción, no se encontraba vencido al 29/6/99, fecha de la interposición de la demanda. Es que, finalizado el trámite administrativo o vencido el plazo de seis meses (art. 257 LCT) computado desde su iniciación, si concluyó con posterioridad, esa fecha constituirá el dies a quo a partir del cual se debe computar nuevamente el plazo íntegro de prescripción. En ese sentido se pronunció la Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2°, 20/11/2002 en "Aortiz, Florencio F. V. Pagano, José", (JA 2003 III). Consecuentemente en relación a las indemnizaciones reclamadas, el recurso es improcedente.

5.2. Respecto a cada una de las diferencias salariales, el reclamo administrativo efectuado en presentación del 29/9/98, tiene efecto interruptivo de los respectivos plazos de prescripción que a esa fecha se encontraban en curso o, dicho de otro modo, que no se encontraren vencidos. Sostiene Pose, en el comentario antes indicado, con cita del fallo de la CS, 7/3/2000, "Gutnisky S.A. c. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos", DJ, 2002-2,451, que la figura sólo resultaría operativa cuando existiese una prescripción en curso ya que no es factible interrumpir una cumplida o ganada. Desde esa perspectiva, se constata que sólo las diferencias salariales demandadas correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre no se encuentran prescriptas. Ello así por cuanto al 29/9/98, los plazos de prescripción de las diferencias de salario reclamadas por los meses anteriores al de agosto de 1996 se encontraban vencidos, y por tanto tales diferencias prescriptas, lo que así se declara.

Por lo expuesto corresponde hacer lugar parcialmente al agravio en examen en mérito a la siguiente doctrina legal: "La interrupción de la prescripción por la reclamación administrativa sólo puede tener lugar y el plazo de prescripción computarse desde la finalización del lapso de la interrupción, si la prescripción de la deuda no hubiere operado con anterioridad a la fecha de la reclamación". Consecuentemente corresponde revocar parcialmente el punto I. Resolutivo y disponer en sustitución: "NO HACER LUGAR a la excepción de prescripción en relación a las indemnizaciones y a las diferencias de sueldo correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1996 y HACER LUGAR a la referida excepción respecto de las diferencias de sueldo reclamadas hasta el mes de julio de 1996, inclusive".

6. Los planteos formulados como agravios segundo, tercero y cuarto esencialmente están referidos: a) vicios en la motivación de la sentencia que determinarían su nulidad, vinculados a circunstancias que no se acreditaron en el expediente, como que el actor fuera despedido por su parte o por la comuna, fecha de ingreso y egreso o, que si se acreditaron pero que la Cámara no consideró, tales como que los servicios de Toledo fueron contratados desde el 01/4/96 al 30/4/96 y que existía un convenio homologado por el que percibía una gratificación, reconociendo que su parte no le adeudaba suma alguna, como así también que en ningún momento el actor la habría intimado ni se consideró en situación de despido; b) a la nulidad que el tribunal habría declarado del contrato de trabajo celebrado entre la Comuna de Monte Bello y Toledo, sin considerar que existía el referido convenio homologado, en el que el actor reconoció la relación con la Comuna y que sólo realizaba trabajos esporádicos para E.D.E.T. S.A y que a tales elementos no pueden contraponerse declaraciones testimoniales dentro de un contexto que a las claras surge que no tenían la debida comprensión de lo que declaraban; y c) a la ausencia de valoración de las pruebas, referidas en los agravios anteriores, en mérito a las que el tribunal habría rechazado sin mayores argumentaciones la defensa de falta de acción.

Como se advierte, los agravios reseñados están dirigidos a las pruebas computadas y a las que no lo fueron, como así también a la valoración de aquéllas, en mérito a la que determinó cómo se sucedieron los hechos controvertidos de la causa. Tales cuestiones son ajenas al recurso de casación intentado toda vez que la selección de las pruebas y su merituación están reservadas a los jueces de grado, salvo que se invoque con fundamentos suficientes, el vicio de arbitrariedad.

Confrontados los argumentos del recurrente con los fundamentos del fallo impugnado, se constata que la desestimación de la defensa de falta de acción y la conclusión, en el marco del art. 14 de la LCT, de que la Comuna de Monte Bello aparece como empleador aparente cuando el empleador real lo fue la demandada, cuentan con fundamentos probatorios y jurídicos suficientes que, sin bien pueden no ser compartidos, impiden invalidar el acto jurisdiccional atacado. En efecto, tales definiciones del fallo se apoyan en constancias instrumentales del expediente (dictamen del jefe del Dpto. Jurídico de la Dirección General de Comunas Rurales), testimoniales (Nieva, Muñoz y Rosales), desestimación de las tachas, teniendo especialmente en cuenta la declaración del delegado comunal de Monte Bello, Pedro Nolasco Ramos y cuenta con consideraciones, con citas doctrinarias, sobre las figuras de la simulación y el fraude, con expresa indicación de las normas legales aplicables al caso. Por su parte, las críticas del recurrente sólo expresan un criterio de interpretación distinto del cuadro probatorio y de los hechos de la causa, pero no revelan entidad o aptitud suficiente que autoricen a descalificar el pronunciamiento impugnado.

La naturaleza fáctica de los planteos y la insuficiencia del vicio de arbitrariedad invocado determinan su inadmisibilidad en esta instancia, correspondiendo declarar, en relación a los mismos, mal concedido el recurso de casación.

7. En cuanto a que en la etapa de cumplimiento se disponga la remisión de copia autenticada de la sentencia de la Cámara a la AFIP a los fines establecidos en la Ley 25.345, el agravio tampoco se ajusta al requisito de suficiencia previsto en el art. 132 del CPTT, toda vez que el recurrente sustancialmente lo ha fundado en la versión de los hechos que motivaron los planteos examinados en el punto anterior y que fueron declarados inadmisibles. Consecuentemente corresponde declarar, en relación al planteo en examen, mal concedido el recurso de casación.

8. Respecto del agravio referido al sueldo computado por el Tribunal para el cálculo de los rubros indemnizatorios y de diferencias salariales reclamados, asiste razón a la demandada, toda vez que el pronunciamiento adopta el sueldo mensual fijado por la perito a fs. 159, de $1.230,21 sin efectuar consideración alguna acerca de los motivos que determinaron la decisión. En otras palabras, el Tribunal no expone las razones en cuyo mérito adopta para confeccionar la planilla anexa a la sentencia, la remuneración calculada por la perito para un empleado que realiza la tarea de lectura de medidores (cfr. respuesta a pregunta 9 CPA nro. 5, fs. 159), lo que torna al pronunciamiento, en este punto, en inmotivado. En resguardo del derecho de defensa de las partes, constituye requisito constitucional de validez de un pronunciamiento, según lo disponen los arts. 18 de la CN y 28 de la CP y concordantes con ellos, los arts. 33, 272 y 273 inc. 4° y 5° del CPCCT, supletoriamente aplicables en virtud de lo dispuesto por el art. 14 del CPTT, la expresión de los motivos de la decisiones del órgano jurisdiccional. En relación a la cuestión en análisis, el criterio adoptado por la Cámara no está basado en la valoración de los hechos y pruebas de la causa (dictamen pericial u otra de las pruebas producidas), limitándose a indicar que se trata de la remuneración calculada por la perito contadora, sin efectuar apreciación alguna respecto de los términos del dictamen de fs. 147/159, ampliación de fs. 167/168, observaciones de la demandada fs. 170/171, respuesta de la actora de fs. 177 y vta. y de la perito de fs. 253/254.

Consecuentemente corresponde casar, en este punto, la sentencia impugnada, en base a la siguiente doctrina legal: "Es nula la sentencia que no expresa los fundamentos en los que sustenta la decisión de adoptar para el cálculo de la condena, el monto indicado en el dictamen pericial" y disponer la remisión del expediente a la Cámara, para que por intermedio de la Sala, que por turno corresponda, dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

9. Atento a que el recurso procede parcialmente y a que la nulidad parcial dispuesta proviene del órgano jurisdiccional, las costas del recurso se imponen a la actora la totalidad de las propias y el 50% de las generadas por la demandada, quien soportará el 50% restantes de las suyas (arts. 106 inc. 1 y 109 del CPCCT, en virtud de lo dispuesto por el art. 14 del CPTT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de la Sala VIª de la Cámara del Trabajo del 12/8/2003 (fs. 260/263). Consecuentemente se casa la misma en relación al agravio analizado en el considerando 5.2, y en sustitución de la primera parte del punto I dispositivo de la resolución impugnada, referido a la desestimación de la excepción de prescripción, se dispone: "No hacer lugar a la excepción de prescripción en relación a las indemnizaciones y a las diferencias de sueldo correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1996 y Hacer Lugar a la referida excepción respecto de las diferencias de sueldo reclamadas hasta el mes de julio de 1996, inclusive". Asimismo se CASA el fallo recurrido en los términos y con los alcances dispuestos en el considerando 8, de conformidad a la doctrina legal sentada, disponiéndose la remisión de la causa a la Sala de la Cámara, que por turno corresponda, para que, en lo pertinente, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- NO HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación indicado en el punto resolutivo I de esta sentencia, con relación al agravio examinado en el apartado 5.1 de los considerandos y DECLARARLO MAL CONCEDIDO, respecto de los planteos considerados en los punto 6 y 7.

III.- COSTAS, como se consideran.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO