marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficio de litigar sin gastos, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ODETTI, Ida Luisa c/ E.N. (Min. de Educación y Justicia) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-28

La valoración de las probanzas arrimadas a fin de la concesión o no del beneficio de litigar sin gastos ha de efectuarse con criterio proclive a la concesión del mismo, lo cual deja ancho campo a la discreción del juzgador en el asunto.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, prueba testimonial, legítima defensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINEZ, WALTER BERNARDO c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS (APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-10

La impugnante insiste en la ausencia de elementos de convicción suficientes para el dictado de una condena, intentando oponer las conclusiones que a su juicio debían extraerse del material probatorio reunido y la solución que correspondería dar al caso -absolución del imputado por falta de prueba o, en su caso, por haber actuado en legítima defensa-; sin embargo, no alcanza con ello a persuadir a esta Corte de que el A quo al confirmar la condena no hubiera brindado suficientes razones o hubiera incurrido en causales de arbitrariedad probatoria, toda vez que los Judicantes analizaron los dichos de los testigos presenciales que sindicaron al imputado como el autor del disparo que causó la muerte de la víctima y dieron cuenta de por qué resultaban verosímiles al ser ponderados junto con el resto de los medios de convicción rendidos; haciéndose cargo de las contradicciones que existían, pero concluyendo que coincidían en lo esencial; y asimismo, los Camaristas descartaron la causal de justificación invocada por la defensa, con base en que, en todo caso, de haber existido una agresión previa por parte de la víctima, no había tenido entidad suficiente como para dar lugar a una reacción legítima del imputado en los términos del artículo 34 del Código Penal. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 34
Injuria laboral, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Gorostiaga, Leopoldo y otros c/ Tuma Hnos. Construcciones y/o Calzados Takos S.R.L. y/o responsable s/ Pago de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-03

El atraso en el pago de la remuneración importa, en principio Injuria a los intereses del trabajador autorizándolo a considerarse despedido.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, vehículo detenido, responsabilidad del conductor, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL
Carátula: Tojo, Luis y otra c/ TRANSPORTES COMODORO S.A. y otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-28

Juzgo correcta la atribución de responsabilidad civil a la empleadora del conductor del micro-ómnibus, pues la detención en doble fila existió y constituyó una clara violación a lo dispuesto por el art. 74 de la ley 13.893 en cuanto dispone: "Obstrucción del tránsito... b: Está prohibido detener un vehículo por propia voluntad en medio de la calzada, aún cuando sea para tomar o dejar pasajeros".
SECLO, prescripción, suspensión del plazo, aplicación supletoria de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CARPENZANO, SALVADOR c/ TOLDOS NAZCA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-27

El art. 7 de la ley 24635 dispone, con absoluta claridad, que la presentación ante el SECLO "suspende el curso de la prescripción por el término que establece el art. 257 LCT". Esto implica que la interposición del reclamo ante la autoridad conciliatoria solamente "suspende" el curso de la prescripción pero no lo "interrumpe"; y ya se sabe que mientras la interrupción del plazo implica tener por no sucedido el transcurrido con anterioridad a la misma (art. 3998 C. Civil), la suspensión, en cambio inutiliza solo el tiempo que ella ha durado, pero aprovecha no solamente el posterior a la cesación de la suspensión sino también el anterior a la misma (art. 3983 C. Civil: Cazeaux y Trigo Represas "Derecho de las Obligaciones" T II vol 2 pág 480). Por otra parte, toda vez que la remisión que efectúa el art. 20 de la ley 24635 a la ley general de mediación y conciliación es sólo supletoria y no para supuestos en los que, como en el caso, existe una norma específica que regula el tema, resulta improcedente que el cómputo del término de suspensión se efectúe conforme lo previsto por el art. 28 de la Ley General de Mediación y Conciliación.
Sentencia penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Blasco, Víctor Daniel y Salazar, César Raúl s/ Recurso de Casación interpuesto por la Dra. Cecilia Cúneo en contra de Sentencia Nº 32/2009 dictada en Causa Expte. Nº 229/08 Blasco, Víctor y otro - ss.as. Robo agravado por el uso de arma de fuego - Esquiú - La Paz
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-18

"La inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implican por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo" (S. nº 4, 03/03/09; S. nº 26, 23/12/08). Ello es así, puesto que tanto los máximos sancionatorios como los mínimos legales, resultan de excepción y se encuentran reservados exclusivamente para los supuestos extraordinarios que así lo justifiquen".
Libros de comercio, valor probatorio, contratos comerciales, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compañía Argentina de Cemento Portland S.A. c/ Onorato, Juan y otro s/ Cobro de pesos Ital Gas S.A.C.I. c/ Agrivec S.C.C. s/ Cobro de pesos Ugarte y Compañía S.A. c/ Valente S.R.L. s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-21|1984-12-11|1996-06-14

Si bien el viejo canon del derecho civil "nemo propria manu sibi debitorem adscribit" establece la prohibición de procurarse un medio de prueba unilateralmente, tratándose de actos de comercio, el Código de la materia se aparta del mismo y le confiere a los comerciantes inscriptos el privilegio de que sus libros merezcan fe dispone que ellos sirvan como justificación de los contratos comerciales y admite la posibilidad de que, regularmente llevados, hagan prueba en favor de su propietario.
Recurso extraordinario, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PENAL
Carátula: Ragnoli, Héctor Omar s/ Recurso de casación Gálvez, Héctor Rodolfo s/ Recurso de casación. Recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-06|2001-02-21

Los recursos extraordinarios previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal, sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hagan imposible su continuación o las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal (arts. 161 inc. 3 a) y b) de la Constitución de la Provincia, 19, 479 y 482 del Código citado. El pronunciamiento del Tribunal de Casación que declara inadmisible el recurso interpuesto contra la decisión por la cual se deniega el sobreseimiento solicitado y la paralización del proceso, no encuadra en modo alguno en el supuesto precedentemente indicado. En relación a lo expresado por el recurrente en cuanto a que este Tribunal debe revisar la sentencia impugnada por haberse planteado cuestiones de índole federal, reiteradamente se ha sostenido que la competencia de esta Corte para dictar sus sentencias definitivas no queda habilitada ante cualquier reclamo que las partes deseen someterle, sino que previamente es necesario que la misma se abra conforme a derecho. Las instancias existentes en el orden local, son las previstas en el derecho aplicable y no otras (así: recursos inadmisibles) que en cada proceso puedan imaginarse, con derogación de la ley respectiva. (Minoría u opinión personal)
Nulidad procesal, instrucción, actos y diligencias procesales, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: PISELLO, RAUL FABIAN s/ Averiguación de Contrabando Causa 34016
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-08

Las declaraciones de nulidad de actos procesales en el trámite de instrucción de un proceso, en los que debe entender el mismo juez responsable de la instrucción, pueden ser apeladas cuando el recurso sea interpuesto subsidiariamente al requerir la declaración de nulidad.
Prescripción, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: Casa "TIA" s/ Hurto en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-11

El instituto de la prescripción es de orden público y se produce de pleno derecho.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pericia médica
Materia: LABORAL
Carátula: Sella, Evaristo J. c/ SOMISA s/ Indemnización art. 212, L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

Asignarle entidad convictiva a lo informado por el perito médico es facultad privativa, como las de selección y jerarquización del material probatorio, del tribunal del trabajo (art. 44 inc. "d", ley 11.653), y un criterio discrepante no permite evidenciar la existencia del vicio de absurdo en el ejercicio de aquélla.
Leyes, tasa de justicia, costas, interpretación de la ley, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: GUILLEN GIMENEZ, CLAUDIO. c/ CRABEL S.A. Y OTRO. s/ IMPUESTO DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-23

Los arts. 11 de la ley 21.859 y 41 de la 18.345, así como las normas que conforman en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el régimen de costas, permiten afirmar que el peso de la tasa de justicia no es indiferente a la responsabilidad de las partes por la conducta que asumen en el proceso, en tanto no sólo es dado a los magistrados de la causa distribuirlo en función de ella a través de la imposición de las costas sino, incluso, eximir de su pago a los empleadores. De modo que la pretendida lesión a la defensa en juicio advertida por el apelante en el criterio del a quo no deriva de un determinado precepto de la ley, sino de la forma como fue distribuida la carga de soportar las erogaciones originadas en el juicio.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tarchini, Mario Ricardo c/ Pedro Maximiliano Arnedo y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-18

No afecta la regularidad del título ejecutivo la alegación de haberse cometido irregularidades de tipo delictuoso, o cuando se manifestare que el documento se firmó en blanco, o sin fecha de emisión o vencimiento, pues a partir de la sanción de la ley cambiaria vigente, el carácter del papel de comercio librado en blanco está dado por el contrato de integración mediante el cual se van a completar los requisitos dispositivos faltantes al momento de la creación del título; siendo este contrato una modalidad del contrato subyacente o relación fundamental.
Responsabilidad del Estado, energía eléctrica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Baez, Felipe c/ D.E.B.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

Estando acreditado en autos que el cable caído que transportaba electricidad, causó la muerte del menor, existe razón para que DEBA sea responsable del hecho, por la existencia del riesgo creado que supone el transporte de electricidad en zonas pobladas, y la responsabilidad que surge de su calidad de dueño o guardián de una cosa viciada y de la negligencia revelada en el mantenimiento de la misma.
Homicidio calificado por el vínculo, sentencia condenatoria, perspectiva de género, apreciación de la prueba, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: MARDONES PONCE, CLAUDIA R. S/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL VÍNCULO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-08-26

Si se comprueba que el Tribunal de Impugnación efectuó una revisión amplia del fallo condenatorio y dio una respuesta fundada a los planteos de la defensa, a partir de un análisis compatible con una perspectiva de género, teniendo en cuenta las circunstancias concretas y particulares del caso, debidamente acreditadas en el debate; se verifica que el a quo aportó las razones por las que consideró que el tribunal de juicio efectuó una valoración integral de la prueba producida en el debate; en virtud de lo cual y con dicha perspectiva, quedó descartado que la imputada haya sufrido violencia basada en el género de parte de la víctima.
Acción de inconstitucionalidad, acción contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LILLJEDAHL, ENRIQUE ERNESTO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-06-30

Aceptada la viabilidad de la acción autónoma o directa de inconstitucionalidad al procedimiento que debe imprimirse a la causa, al carecer de legislación adjetiva en la Provincia, y en cumplimiento de la manda constitucional de que los jueces deben arbitrar las normas necesarias a fin de poner en movimiento el procedimiento que garantice los derechos de los habitantes de la provincia, (Art. 39 de la CP), corresponde la aplicación de las normas de un proceso de conocimiento de los ya existentes en nuestro ordenamiento procesal, concretamente las previsiones normativas de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción en tanto se trata de una acción generada por normas provinciales, a los fines de garantizar el debido proceso y el derecho de igualdad de las partes.
Revisión judicial, excepción de incompetencia, niños, niñas y adolescentes
Materia: CIVIL
Carátula: B.A.Y.A. - A.D. y C.A. s/ Med. tut.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-12-16

El "control judicial suficiente" no puede confundirse con la potestad de intervenir directamente en la adopción de medidas de protección para los niños y adolescentes sustituyendo al Órgano Administrativo Local, lo que resultaría a todas luces ilegal por ir en contra de la normativa jurídica vigente en la materia.
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Moya, Martha Nora c/ Instituto Médico de la Comunidad S.R.L. y/o Q.R.R. s/ Beneficios Laborales s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-12

No se configura arbitrariedad en la sentencia impugnada si a la luz del contenido del fallo el ataque va perdiendo consistencia, al reducirse el embate a una mera crítica desde un ángulo puramente subjetivo y sobre todo selectivo, en tanto la tentada réplica deja de lado gran parte de los argumentos en que el decisorio reposa y toma en forma aislada elementos con los que intenta dar crédito a su posición, sin hacerse cargo de los verdaderos e íntegros fundamentos del fallo, por lo que la valoración queda enmarcada en lo discutible u opinable, según la óptica con que se aprecie, pero no en lo arbitrario o absurdo.
Actos y diligencias procesales, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Sr. Defensor de Cámara s/ Incidente de Nulidad en Expte. nº 31-99
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-10

Un acto procesal resulta nulo cuando una norma prevé expresamente tal sanción para la inobservancia de los requisitos cuyo cumplimiento se imponen imperativamente.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, facultades reglamentarias, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Portillo, Alfredo s/ infr. art. 44 ley 17.531.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que reglamentan razonablemente su ejercicio
Robo, tentativa, disposición de la cosa
Materia: PENAL
Carátula: GAMARRA, Silvano y otro s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el hecho impiden justipreciarlo en grado de tentativa. Ello es así, pues, los procesados fueron aprehendidos poco después del desapoderamiento, con un lapso importante, por la considerable cantidad de cuadras que recorrieron en un rodado, privando así a las damnificadas del señorío material sobre los efectos de su propiedad.

Tanto más cuando uno de los malhechores arrojó a la vía pública un radiograbador, para despojarse del mismo; así, de haberlo querido, hubieran podido repetir el desprendimiento de los restantes objetos.
Procedimiento administrativo, juicios contra el Estado, interposición de la demanda, plazos procesales, constitucionalidad, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Gypobras  S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

La limitación temporal al ejercicio de la acción procesal administrativa prevista en el art. 25 de la ley 19.549 no es susceptible de la impugnación constitucional, ya que constituye una reglamentación razonable del derecho de defensa en juicio, en tanto no lo suprime, desnaturaliza o allana.
Cuestiones de competencia, Superior Tribunal de Justicia, resoluciones
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ALVAREZ MARIO MIGUEL ANGEL Y OTROS s/ COMPETENCIA - AVOCAMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-07-04

Si los actos cumplidos por los jueces de instrucción de Córdoba y rió III que plantearon la cuestión, son previos a la apertura del proceso y, por ende, no implican avocamiento y el delito de mayor entidad penal carece de fecha cierta, siendo desconocido o dudoso el lugar de su comisión, teniendo en cuenta que ningún tribunal ha prevenido (avocado), en virtud del art. 39 inc. 4to. del CPP, corresponde al tribunal superior decidir la cuestión.
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, sobreseimiento provisional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Harrington, José A. s/ querella por defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-25

El sobreseimiento provisional no constituye la sentencia definitiva a que se refiere el art. 14 de la ley 48, ya que su dictado no impide que el proceso pueda ser reabierto y proseguido para alcanzar una solución distinta.
Protección de la vivienda, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: LESCA ALBERTO R. (H) c/ TOMMASI NORBERTO DANIEL s/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS - INCIDENTE  DESAFECTACIÓN DE BIEN DE FAMILIA -RECARATULADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-07-29

Discutida la extinción del Régimen de Bien de Familia regulado por la ley 14.394, es el Código Civil y Comercial de la Nación el derecho aplicable, ya que para la constitución en curso como para la extinción no operada y los efectos no producidos, la aplicación de la nueva ley es inmediata.

Observaciones: KEMELMAJER DE CARLUCCI, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", Rubinzal - Culzoni Editores, 2015, págs.31 a 63.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Elías de Quesada, Amalia c/ Gobierno de la provincia de Buenos Aires s/ Reivindicación Barbaglia, Enrique Antonio y Barbaglia, Claudio c/ Zubin, Aldo s/ Daños y perjuicios Aguilera, Raúl F. y otra c/ Ledesma, Luis y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14|1989-08-29|1996-12-10

Corresponde anular de oficio el fallo cuyos errores y contradicciones impiden a esta Corte conocer cabalmente del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Recurso contencioso administrativo, sentencia, concubinato, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Nieva, Federico c/ Comuna de Huanqueros s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 484-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-17

La necesidad de la demostración previa del carácter de heredero o sucesor tiene su base en el derecho romano, en el que se exigía al heredero el ejercicio de la hereditatis petitio como actividad previa al ejercicio de la acción reinvidicatoria relativa a los bienes de la herencia. De la misma manera y más allá de las medidas de tipo transitorio que pudieren adoptarse, la acreditación del carácter de heredero o sucesor -por los medios que el ordenamiento predispone al efecto- resulta inexorable. Por ello en el caso en que la concubina no haya acreditado el carácter de heredera del actor y postula su legitimación procesal en base a una normativa que, prima facie, aparece como inaplicable en la especie por referir a un supuesto fáctico ostensiblemente diferente (derecho a pensión de la conviviente de un beneficiario separado o divorciado), corresponde ordenar la paralización del trámite, hasta tanto -por ante quien corresponda-, se define la cuestión sucesoria del causante.
Traslado de detenidos, menores, aplicación errónea de la ley, ejecución de sentencia penal, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL
Carátula: S., I. D. F. c/  s/ Legajo de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-01

Si al disponer el traslado del menor imputado de un centro educativo de régimen cerrado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, luego de cumplir los 18 años, el tribunal dejó de aplicar a su respecto el sistema de garantías de la Convención del Niño, se verifica una errada interpretación de la ley aplicable al caso y de algunas apreciaciones respecto de cuestiones fácticas que invalidan la decisión como acto jurisdiccional válido. Al respecto, omitió considerar que el delito se habría cometido antes de haber cumplido esa edad y que, por lo tanto, el plexo normativo sobre el que se debe juzgar la situación del adolescente es el que estaba conformado al momento de la comisión del hecho. Hacer lo contrario es tratar -en violación a las consideraciones de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en la Opinión Consultiva nº 17- al joven presuntamente infractor de la ley penal, como si fuera un adulto. Asimismo, también resulta errada la prevalencia que le da el tribunal a la aplicación de la ley de ejecución penal por sobre el sistema de garantías. En tanto es claro que el legislador nunca se ha ocupado de establecer un sistema de ejecución penal adecuado a la normativa internacional en materia de derecho penal juvenil y, a su vez, la ley 24.660 es una ley de ejecución penal destinada al sistema de adultos y la última reforma claramente está orientada a un lugar diferente al que debe guiar el fin de la pena en el marco del art. 40 de la Convención del Niño, resulta necesario interpretar la ley aludida desde la convención, adaptando sus disposiciones a la normativa internacional; es necesario llenar a la aludida ley con los valores de la citada convención, porque es el único modo de considerarla constitucional, en un marco en que el legislador no ha cumplido con el deber del Estado Argentino, tantas veces recordado por el Comité del Niño, de dictar una ley penal juvenil que se adecue a la normativa internacional (voto del juez Jantus al que adhirieron los jueces Bruzzone y Llerena).