Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-15


Salta, 15 de Junio de 2011.

AUTOS Y VISTO: Esta Causa Nº 29.446/11 de la Sala II de la Cámara de Acusación Caratulada: " Piezas Pertenecientes en Expte. COR Nº 67719/11 del Juzg. Corr. y de Garantías de 1º Nominación", y, ______________________CONSIDERANDO Los Dres. Luis Félix Costas y Enrique Granata dijeron:

I) Llegan las presentes actuaciones a esta instancia como Tribunal dirimente en la contienda inhibitoria planteada bajo los términos del art. 34 del C.P.P. entre los Sres. Jueces Dra. Mónica Faber y el Dr. Héctor Hugo Martínez, titulares de los juzgados en lo Correccional y de Garantías de 8º y 1º Nominación respectivamente.

En orden a las constancias que rolan a fs. 2/4 la Sra. Juez del juzgado Correccional y Garantías resuelve declarar su inhabilidad para entender en la causa principal de referencia, al encontrarse comprendida dentro la situación de violencia moral prevista por el art. 51 inc. 13 del C.P.P., ordenando asimismo la remisión de los obrados al tribunal considerado orgánicamente como sustituto.

Sobre los antecedentes relaciona que en causa Cor Nº 84.610/09 y sus acumuladas, con fecha 14/04 del corriente año, durante el transcurso de una audiencia debate llevada a cabo en el juzgado a su cargo, entre otras vicisitudes se había resuelto un recurso de revocatoria promovido por la Sra. Defensora Oficial con resultado adverso a sus intereses. La conducta de la citada funcionaria en la ocasión no fue del todo decorosa y mereció de su parte un llamado de atención que consta en el acta labrada para formalizar la pertinente actuación procedimental.

No obstante, el detalle precedente no fue determinante para solicitar el apartamiento sin aceptación por el Sr. Juez subrogante, sino que decidió inhibirse en atención a una discusión suscitada con la defensora durante el cuarto intermedio, en la que participaron como testigos los secretarios del Juzgado y el guardia.

En la medida que desde su despacho en el lapso del momento aludido, escuchó a la Sra. Defensora que se encontraba en Secretaría-, apreciaciones respecto su persona y desempeño, cuando en voz alta manifestaba al Dr. Clark " lo que pasa que tu juez es una burra, no sabe nada, no conoce el Código de Procedimientos...".

Agregando aquella que había ascendido al cargo de Juez gracias a la ayuda de un padrino, quien ya no goza de poder, y en cualquier momento le pediría un jury de enjuiciamiento, de lo contrario seria algún otro abogado, pues el comentario general menta sobre su ignorancia jurídica.

Ante ello, dice la Dra. Faber, ingresó al Despacho expresándole que era maleducada, guaranga que no podía referirse así en relación a su persona menos, frente a otros funcionarios.

Igualmente expresa la Sra. Juez que la Dra. Molina, en presencia del Dr. Clark, le dijo "si vos no sabes nada, no sé como llegaste al cargo de Juez, seguro que con ayuda", le pidió entonces que se retirara, que no quería seguir dialogando con ella, y cuando se dirigía a su despacho, esa funcionaria pidió arbitrara los medios para que la continuidad de la audiencia fuera grabada, porque sino iría a Superintendencia, ya que la Dra. Faber había manifestado a su cliente, en medio de la audiencia, que tenia que decir la verdad, lo que no puede exigirse en un acto de tal naturaleza, configurando así un motivo de recusación.

Azorada por ello le preguntó por qué no la había recusado en la audiencia, insistiendo la Dra. Giménez con la grabación, ya que después iba a desmentir el episodio, cambiando el contenido del acta de debate, como hace siempre, para que no consten las barrabasadas en que incurre diariamente, siempre favoreciendo a Fiscalía para perjudicar a la defensa, todo porque el fin perseguido es que dejara de ser la defensora en su Tribunal, objetivo que no iba a lograr en razón que ganó el cargo que ocupa con la mejor nota.

En este estado de la conversación procedió nuevamente a solicitar su retiro de su despacho, entonces desde el pasillo y a los gritos manifestaba que seria denunciada ante Superintendencia.

Dentro de tal contexto, evaluá la Dra. Faber que los argumentos expuestos resultan serios y graves, pues las manifestaciones vertidas ponen en duda su actuación y honorabilidad y vapulea su investidura, sintiéndose violentada moralmente, por lo que se inhibe de entender en las presentes actuaciones, de conformidad al art. 51 inc. 13 del C.P.P..

Ofrece como testigos a los Dres. Víctor Walter Clark, Claudia del Valle Puertas, Claudia Inés Geria y al guardia del Tribunal César Maizares.

b) Remitida y recepcionada la mencionada causa en el Juzgado del Dr. Héctor Hugo Martínez, el subrogante reclama el rechazo de la inhibición propuesta por la antecesora, teniendo por entablada contienda dirimente ante esta Cámara de Acusación.

II) El Sr. Juez Correccional de 1º Nominación, luego de reseñar los motivos expuestos por la Dra. Mónica Faber, considera que la inhibición formulada por la titular del Juzgado Correccional de 8º Nominación, no goza de los fundamentos necesarios para su admisión.

Advierte que los términos que atribuye a la Dr. Mercedes Molina hacia la Sra. Juez, no guardan prudencia, decoro ni el respecto exigible en la critica de los actos funcionales de cualquier magistrado y que los mismos rebasan el deber de abstención de toda expresión violenta o agraviante, -deberes que no son sólo exigibles para los abogados profesionales de la matricula, sino que por su naturaleza guardan igual y aun más celosa exigencia para quien, por su investidura, como en el caso en análisis, se trata de la defensa funcional ejercida dentro el marco de las obligaciones propias de la actuación oficiosa que proporciona el Estado.

Sin embargo, a criterio del Dr. Martínez evaluá que el conflicto debe resolverse a través de un procedimiento disciplinario correspondiente, en forma independiente a la gravedad de la situación encasillada como supuesto de excusación, toda vez que las circunstancias del caso refieren a la violencia moral que genera el proceder de la Sra. Defensora Oficial Penal Correccional Nº 8 designada para desempeñar funciones en su juzgado.

Afirma que del total de las causas en trámite en un Juzgado Correccional y de Garantías, oscilan entre un porcentaje cercano del 90% al 95% el volumen de causas ingresadas por razón del turno con participación letrada de la defensa oficial y aceptar el temperamento adoptado implicaría el desplazamiento de un importante porcentaje de expedientes hacia el Tribunal a su cargo.

Ello, en la medida que el apartamiento propuesto devendría extensible a todas la causas que registran la atención de la defensa oficial. Indica, además que ya se ha iniciado el trámite de remisión de Expedientes, que se puede verificar con el cotejo de un simple pedido de informes.

Observa el Sr. Juez que desde ese punto de vista, el desplazamiento masivo de causas al juzgado a su cargo, resultaría contrario al principio de la razonabilidad, porque objetivamente determinaría que otro Tribunal, la Fiscalía Correccional y la Defensoría que actúa, con toda su estructura, quede con su capacidad inactiva por la migración de la gran mayoría de las causas, mientras se abarrotaría las dependencias del Juzgado a la que se remiten, como así a la Defensoría Correccional y Fiscalía Correccional que intervienen ante su Tribunal, lo cual resulta un gravísimo desequilibrio en la prestación del servicio de justicia graduada en relación a la distribución de causas determinante de la competencia por turno.

De allí, valora el Sr. Juez Correccional y de Garantías de 1ra. Nominación, que no encuentra aceptable el temperamento adoptado al formularse la inhibición, sin desconocer la seriedad de los motivos que se invocan, por lo que eleva el presente incidente a la Cámara de Acusación, en atención lo dispuesto por los artículos 54 y 55 del C.P.P..

III) En primer término conviene precisar que en el sub-judice se ha formalizado una incidencia negativa de inhibitoria entre dos jueces, excluyéndose así cualquier hipótesis asimilable a una instancia recusatoria pretendiendo la parte el apartamiento del Juez natural.

Va de suyo entonces, que en el trámite de sustanciación, se omita la producción de la prueba testimonial ofrecida por la Sra. Juez Correccional y de Garantías de 8º Nominación.

Tal acotación permite aclarar que la cuestión habrá de dirimirse dentro de los parámetros de la situación de violencia moral que aduce la Dra. Faber en base al motivo generador de tal situación fáctica frente la falta de aceptación del Dr. Martínez, quien no discute sobre la veracidad o falsedad de los antecedentes supuestamente ocurridos y tomados como motivo para reclamar la inhabilitación de la proponente, sino analizar los argumentos que explicitan las razones institucionales existentes, suficientes para no compartir el temperamento seguido por la inhibida.

Es que el tratamiento de la divergencia, no pasa por evaluar la situación de enemistad entre la Sra. Jueza y la Dra. Mercedes Molina, quien opera como defensora oficial en su Tribunal, quizás por divergencias anteriores o bien por el puntual episodio relatado y anticipando criterio consideramos propio de corrección en ejercicio de potestades propias de superin-tendencia disciplinaria corregible a través de mecanismos sancionadores.

Eugenio Florian enseña, que la persona del juez como órgano del estado ejerce la jurisdicción penal y debe poseer capacidad necesaria para funcionar como tal. La capacidad puede estar relacionada con dos aspectos: subjetivo y objetivo.

La primera atañe a la persona del juez, a su posición e idoneidad en un proceso concreto, de manera para que el juez pueda actuar legítimamente hace falta que no resulte incapaz por un motivo de abstención o recusación referida a situaciones de hecho a fines de no influir con afectación la nota de absoluta imparcialidad que caracteriza al proceso judicial, que no ocurre por ejemplo cuando media "enemistad entre el juez con una de las partes".

Pues bien cuando se hacen valer por estas últimas se llaman causas de recusación y cuando son denunciadas por el juez (violencia moral) causas de abstención.

Mientras las primeras devienen taxativa, las segundas constituyen una serie de motivos no fijadas por la ley en su totalidad, ya que dada la delicada función que se encomienda al juez, este puede abstenerse hasta por razones graves de decoro o conveniencia (Elementos de Derecho Procesal Penal, Pág. 157/159).

A su turno, Giovanni Leone destaca: "Por graves razones de conveniencia debe entenderse que no encuadren dentro los motivos de recusación taxativamente enumerados por la ley, a fin de evitar el frecuente recurso a la abstención exige que la entidad de estos motivos sean graves aunque siempre estimables por la sensibilidad del juez que siente temor de ser considerado o hasta parecer solamente injusto, de allí pide ser exonerado del deber de juzgar. Corresponde entonces al órgano llamado a valorar la declaración de abstención apreciar el grado de los motivos de conveniencia, no accediendo a especiosos pretextos, sin quedar insensible ante un acto de corrección y lealtad. No cabe dar un esquema abstracto de las graves razones de conveniencia, que se identifican en todas aquellas situaciones que podrían sustraer al juez la necesaria serenidad, o hacer sospechar, así sea injustamente, que se haya emitido una decisión no serena". (Tratado de Derecho Procesal Penal, T. I, Pág. 372/373).

La Corte de Justicia de Salta señala que la ley 7262 introduce en el articulo e inciso mencionado (art. 51 inc. 13 del C.P.P.) con el objeto de preservar la imparcialidad del Tribunal, a la violencia moral, como una nueva causal de apartamiento de los magistrados (T. 128:405/408, F. 13/11/08 Expte. Nº 31.364 CJS). La impronta que encierra el concepto precedente, consiste en proteger la inexcusable nota de ecuanimidad que debe garantizarse a las partes como destinatarias del servicio de justicia, en todos los supuestos en que el juez invoca no encontrarse en condiciones de juzgar con idoneidad moral y no cuando el interés se encuentra relacionado para buscar solución a conflictos personales originados en relaciones emocionales mantenidas entre el magistrado y una funcionaria del Ministerio de la defensa asignada a su Tribunal tal cual ocurre en el caso concreto. Ello porque la integridad de espíritu, y la elevada conciencia de la misión encomendada, cuanto el sentido de responsabilidad que es dable exigir a los magistrados en el ejercicio de sus funciones, los coloca por encima de las afectaciones circunstanciales, incluso en aquellas hipótesis de sugerentes actitudes carentes de delicadeza o decoro que menoscaban su investidura judicial. En esa tesitura cabe recordar que todo juez cuenta con facultades necesarias de orden disciplinarias para encausar el litigio dentro del debido marco de dignidad y respeto que merece la recreación de todo proceso judicial.

En otros términos, el ordenamiento procesal vigente prevé las denominadas causas íntimas caracterizadas por constituir un impedimento moral fundado en graves razones de decoro o delicadeza. En tal sentido hiere al decoro no solo una ofensa recibida, claramente perceptible, sino también la insinuación malevolente, el estado de recelo, la sospecha o el desdén. El juez puede sentirse herido en su decoro, sí la parte lo supone incapaz de juzgar con solvencia jurídica o moral en determinado asunto; pero su integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión y el sentido de su responsabilidad, pueden también colocarle por encima de tales sospechas y su propio decoro puede conducirle a una conclusión contraria. Se trata, sustancialmente, de una actitud de orden espiritual que puede conducir, indistintamente, a una u otra solución.

Amalia Fernández Balbis (LLBA 2002, 399) con significativa elocuencia expresa que al juez se le demanda cierto "sprit de finesse" pero al unísono fortaleza y capacidad de sobreponerse para guardar compostura e imparcialidad. Los motivos esgrimidos a fin de alcanzar un apartamiento excusatorio debe responder a situaciones graves, pues la susceptibilidad de sentirse ofendido no es una directriz para eludir el conocimiento de las causas que originariamente le corresponde atender. Pues debe predominar las cualidades de templanza y prudencia. Ello porque frente al Instituto que autoriza la propuesta de inhabilidad se encuentra el principio del juez natural instituido con antelación al hecho del proceso o su radicación (art. 18 C.N.). Otrora el concepto era construido sobre las nociones de competencia territorial y ratione materiae. Hoy el juez por razón del turno integra dicha categoría de"natural". El justiciable conserva un derecho de ser juzgado por el juez natural y éste la atribución de entender en el asunto que por competencia de turno llega a su conocimiento, sorteando los reparos para priorizar la aspiración que los pleitos se inicien y concluyan ante los jueces predeterminados legalmente con anterioridad al conflicto que suscita la jurisdicción del litigio.

La doctrina jurisprudencial también ha sostenido congruentemente que: "...la jurisdicción que nace de la ley y se atribuye a una persona determinada, constituye una garantía constitucional de la seguridad jurídica: "En función de ello, las normas que organizan y reglamentan la excusación de los magistrados deben ser interpretadas en forma restrictiva..." a fin de que los juicios se inicien y concluyan ante los jueces naturales de acuerdo al orden legal vigente. (La Ley, 138-892).

Con idéntica posición este Tribunal en iniciales pronunciamientos ya dejaba sentado: "...Cabe anticipar que las causales de recusación o excusación alegadas en el curso de un proceso, deben ser cuidadosamente interpretadas con criterio estricto, ya que significan en cierta manera interferencias al normal trámite y recta administración de justicia, materia constitutiva que hace al orden público, toda vez que se trata de apartar a magistrados o funcionarios de las causas que llegan a su conocimiento en razón de la competencia natural que le asiste..."(Causa Cam. Acus. Sala II, Expte. Nº 4.949/94 del 13/10/94).

Interpretamos que la susceptibilidad de las ofensas recibidas por las atribuibles actitudes y expresiones que habrían sido vertidas por la Sra. Defensora deben ceder ante el efecto pernicioso que acarrea el desplazamiento de un cúmulo considerable de causas, desencadenante de una situación de desequilibrio en la gestión de los trámites procedimentales y actividades que tendrá que atender el juez subrogante, no solo en las causas propias sino también por la asunción de la carga de causas que no eran de su competencia inicial. De suerte entonces, que con este panorama, no solo resulta alterada la noción del juez natural, sino que a la par también propicia un marco de expectativas caóticas en la prestación de la labor judicial que repercuten en la consideración social gestando reacciones de protesta por reclamos de justicia eficiente para combatir la impresión de un Estado de impunidad generalizado a consecuencia de la morosidad judicial, provocada precisamente por desgastes jurisdiccionales en que incurren los órganos estructurales del sistema, tal cual pareciera ocurrir en el sub-judie a partir de la desacertada utilización del Instituto de apartamiento inhibitorio.

En síntesis, compartimos el criterio del opositor desde que privilegia razones institucionales en función del buen orden público y el principio de distribución de tareas para proveer de mejor manera al sistema de impartir justicia, valor prioritario sobre la aflicción moral contingente, con génesis en rencillas domesticas o de problematizadas circunstancias que afloran al momento de las relaciones personales entre funcionarios que en principio deben trabajar mancomunadamente, aunque a veces llegue a quebrarse en los objetivos superiores de justicia buscados ante estos episodios enojosos, y si bien ellos resienten la nota de decoro que reclama la investidura del magistrado, no cabe dejar en el olvido a los fines de restaurar el principio de autoridad, que se cuenta con el sustantorio del ordenamiento jurídico de naturaleza disciplinaria.

Con harta significación la Corte de Justicia de Salta ha fijado criterio en la cuestión, al decir: "...Que con objeto, alcance y naturaleza distintiva o especial, el código procesal Penal regula la garantía constitucional del debido proceso o "juicio previo", contiene las normas necesarias para su sustanciación, dispone los poderes de realización del juez natural y la forma de su ejercicio, sin que sus preceptos se confronten o permitan alguna oposición con la ley estática, tal ejercicio no solo corresponde sino que es un deber de cumplimiento obligatorio de los órganos previamente designados (CJS, T. 155:753). A tal punto que, entre sus potestades de realización y en el ámbito de las causas que tramitan bajo su jurisdicción, el juez debe corregir los excesos o actos de indisciplina en que incurran los sujetos del proceso -esenciales y eventuales, incluido el fiscal- como aún el de cualquier otra persona (defensor oficial incluido propio), siempre que sea necesario para mantener el orden y, en definitiva, para realizar las garantías constitucionales aludidas. (Expte. Sup. Nº 305/09. Pronunciamiento del 13/05/2011).

La doctrina de los autores refiriéndose al cuidado del orden y decoro en los juicios tiene presente que: "...El deber procesal de dirección en cuanto a los sujetos intervinientes surge como natural consecuencia de la adopción por la ley del principio de autoridad judicial (ver nº 1.2.1.1.1): si el juez es el director del debate dialéctico que es, en esencia, el proceso, el respeto a su propia investidura y el reciproco que se deben las partes le imponen una vigilante actuación para mantener la plena vigencia de los principios de lealtad, probidad y buena fe, que deben presidir los debates ante los estrados de justicia. Y ello resulta obvio, a poco que se recuerde que el deber de lealtad es reciproco: del juez hacia las partes y de ellas hacia aquel. (Adolfo Alvarado Velloso. "El Juez Sus Deberes y Facultades", Ed. Depalma, año 1982; Pág. 116).

Finalmente pareciera apropiado recordar la cita acuñada por los Sres. Jueces de Cámara Sala I en el pronunciamiento dictado de Expte 29.434/2011 con fecha 10/06/2011, cuanto subrayan los Dres. Vázquez Iruzubieta y Castro en su obra Procedimiento Penal Mixto, T. I, Pág. 195 "lo que no puede admitirse es que el Fiscal tenga facultad de recusar al Juez por causales de tipo personal ya que en tal caso, la solución es distinta o por lo menos debe provenir por otra vía, ya que como funcionario se vería afectado el ámbito de su función por la existencia de una causal permanente que lo aleje de un tribunal, donde por imperio de las reglas de la competencia debe siempre actuar". Obviamente que el concepto es aplicable exclusivamente a los integrantes del Ministerio de la defensa porque cada Tribunal Correccional cuenta con un defensor oficial.

Obviamente la significación del concepto transcripto resulta aplicable a los integrantes del ministerio de la defensa, cuyos defensores oficiales son distribuidos con destino permanente para que cumplan funciones en los distintos juzgados correccionales e interpretamos con mayor alcance que los razonables argumentos de la cita devienen comprensivos en su vigencia, también en casos de apartamientos excusatorios.

Por todo lo expuesto, normas legales citadas y el acuerdo que antecede, _________LA SALA II DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

__I) HACER LUGAR a la oposición planteada a fs. 5/7, y en su mérito, NO HACER LUGAR al resolutorio inhibitorio de fs. 2/4.

II) ORDENAR que los autos bajen al Juzgado Correccional y de Garantías 1º Nominación para su toma de razón e inmediata remisión al Juzgado Correccional y de Garantías 8º Nominación a fines de su radicación definitiva.

III) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE y NOTIFÍQUESE.