Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 11 días del mes de julio de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto a fs. 65/76, contra la disposición 5410-DGDyPC-2004, en los autos "AOL Argentina S.R.L. c/ GCBA s/ Otras causas con trámite directo ante la cámara de apelaciones" Expte. RDC Nº1237/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Carlos F. Balbín y Dr. Horacio A. G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la disposición apelada? A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. En el caso, María Fernanda Rodríguez presentó una denuncia ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor contra la empresa AOL Argentina SRL. En su presentación (fs. 2), la usuaria relata que recibió de la empresa denunciada un CD Rom para navegar por Internet en forma gratuita durante 3 (tres) meses. Añade que, al momento de instalar dicho CD, le solicitaron varios datos personales entre los cuales se incluían los relativos al de su tarjeta de crédito VISA.

Señala que, luego, en el resumen de su tarjeta -con vencimiento 15 de febrero de 2001- se encontró con un débito automático de $30,13 por el uso del servicio de Internet. Afirma que, ello nunca fue comunicado por la firma denunciada, y que tampoco medio autorización expresa de su parte. Agrega que, ante dicha situación, se comunicó telefónicamente con el sector de débitos de VISA a fin de desconocer el gasto y, asimismo, solicitó la baja del débito. Manifiesta que a principios del mes de abril, y ante la imposibilidad de cobro por parte de la denunciada, se comunicaron con ella y le dijeron que debía dar la baja del servicio. Ella se negó a hacerlo porque -dice- nunca tramitó la correspondiente alta. En efecto, siguió recibiendo las facturas de AOL Argentina SRL y, en consecuencia, decidió interponer la presente denuncia. II. Concluida la etapa administrativa, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la disposición 5410-DGDyPC-2003, impuso a l a firma AOL Argentina SRL una multa de dos mil pesos ($2.000), por considerarla responsable de infringir lo establecido en el art. 35 de la ley 24.240 que prohibe "la realización de propuestas al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice". Para así decidir, la Administración consideró que el sistema de registración elegido por la empresa AOL Argentina SRL para informar a los consumidores sobre las características esenciales posee algunas observaciones: "(a) no hay forma de garantizar que el proceso de registración sea efectuado por quien figure como titular del servicio (no es el caso de autos); (b) no hay constancia de que el proceso de registración cuyas impresiones de pantalla se agregan a fs. 21/38 coincida con el que el consumidor en autos afirma haber efectuada". En virtud de ello, c oncluyó en que no se encuentra acreditado que la denunciante haya sido informada y prestado conformidad respecto de que el servicio que se le ofrecía fuera gratuito sólo inicialmente y que, posteriormente, salvo manifestación en contrario, le iba a ser facturado. Agrega, que no mediando consentimiento y encontrándose verificada la existencia de una propuesta que genera un cargo al consumidor, concluye que la recurrente cometió una infracción al art. 35 de la ley 24.240. III. Contra la mencionada disposición, AOL Argentina SRL interpuso recurso de apelación a fs. 81/94. En su memorial, la recurrente expresa los siguientes agravios: (a) la Administración interpretó erróneamente los hechos, pues a lo largo del proceso de registración el usuario presta una serie de consentimientos expresos sucesivos que descartan la posibilidad de error en la voluntad de éste; (b) entiende que no resulta aplicable el art. 35 de la Ley de Defensa del Consumidor pues la denunciante utilizó el servicio en forma gratuita luego de cum plir con el proceso de registración, y agrega que, luego, podía terminar el contrato en cualquier momento; (c) la disposición no hace mención a la existencia de una efectiva y real contratación y posterior utilización -por parte del denunciante- del servicio de Internet provisto por AOL Argentina SRL. Agrega que, a raíz de dicha contratación, la empresa comenzó a facturar los períodos posteriores al vencimiento de los meses gratis de la suscripción. Además dice que, ninguna de dichas facturas fueron impugnadas en tiempo y forma; (d) el acto recurrido está viciado en su motivación. La argumentación utilizada por la disposición para rebatir los argumentos brindados por AOL Argentina SRL -aun cuando se ajustara a la realidad- es claramente insuficiente para justificar cualquier sanción y, mucho menos, la de multa; (e) Finalmente, y en forma subsidiaria, considera excesiva la multa impuesta, razón por la cual, solicita que se le aplique el mínimo de apercibimiento. IV. En primer lugar, debo recordar que nuestro C ódigo Civil en su artículo 1137 establece que habrá contrato "cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración común, destinada a reglar sus derechos". Con su tradicional claridad científica Gastaldi define al contrato como el "Acto jurídico plurilateral y entre vivos, por el cual dos o más partes de ponen de acuerdo para constituir, modificar, transferir o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial" (Gastaldi, José María, Introducción al estudio del contrato, La Ley, Bs. As. 2003, p. 23). Ahora bien, para la existencia de un contrato se deben reunir los siguientes elementos esenciales: (i) el consentimiento; (ii) objeto y; (iii) causa. Por ello, el consentimiento contractual es el elemento que se señala como "esencialísimo" y propio, porque sin él no hay contrato. Sobre el modo de exteriorización del mismo, debo mencionar que muchas veces las normas de nuestros códigos han resultado superadas por el desarrollo de los medios de comunicación de los que hoy se disponen, el teléfono, el fax, correo electrónico, etc. Siguiendo este punto, cabe agregar que los términos del consentimiento son la "oferta" y la "aceptación", lo cual resulta claramente del art. 1144 del Código Civil: "El consentimiento debe manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes, y aceptarse por la otra". Es decir, que deben coincidir las voluntades de ambos contratantes, de modo que se forme aquella suerte de "voluntad común" a la que alude el mencionado art. 1137 del Código Civil al definir el contrato. Sentado lo expuesto, debo destacar que el impacto de la informática, de las comunicaciones y el auge de la globalización en nuestra sociedad han producido transformaciones en diversos aspecto jurídicos. Esta nueva realidad digital y la gran cantidad de información ingresada a la web brinda ilimitadas posibilidades de consumir, y paralelamente genera nuevas formas de publicitar. Este impacto informático se desarrolla a través del comercio electrónico entendido como el "sistema global que, utilizando redes i nformáticas y en particular Internet, permite la creación de un mercado electrónico (es decir, operado por computadora y en forma telemática) de tipos de productos, servicios, tecnologías y bienes, y que incluye todas las operaciones necesarias para concretar las de compraventa, intercambio de documentos, acceso a la información, negociación, información de referencia comercial, intercambio de documentos, acceso a la información de servicios de apoyo (aranceles, seguros, transportes, bancos, etc.) y todo en condiciones de seguridad y confidencialidad necesarios" (Martínez Fazzalari, Raúl Régimen público de Internet, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, p. 20). Es decir, como bien señala Alterini, el contrato tradicional se ha modificado en los tiempos actuales en relación con la autonomía de la voluntad, dando lugar a otro tipo de contratación: predispuesta unas veces, sujeta a condiciones generales, o mediante contratos celebrados por adhesión (Alterini, Atilio A., Contratos, Abeledo-Perrot, 1998, ps. 125 y ss.). En esta nueva categoría de contratos situamos -en general- a los celebrados por medios electrónicos que tienen ciertas características particulares. Por ejemplo, en los contratos por redes abiertas como Internet, hay una oferta indeterminada al público en general y el usuario o destinatario de la oferta solo puede aceptar o abonar el precio. Sobre este aspecto, debo destacar que -en cuanto al objeto del contrato- un supuesto dudoso se da con el software, pues, en principio es una elaboración intelectual y, por ende, no material, pero una vez que es terminado e implantado en un medio para poder distribuirlo se "cosifica", por lo que podría ser objeto eventual de una venta si fuera de producción en serie, también conocido como software paquete o programa producto o tal vez de una locación de obra si se efectuara a requerimiento de una de las partes, que es el conocido como software a medida (custom made, tailored software o sur mesure) (Lorenzetti, Ricardo Luis, Contratos - Parte Especial, Rubinzal - Culzoni, Sant a Fe, 2003, T. I pág.119). Vemos pues, que con la utilización de las nuevas tecnologías en las relaciones comerciales, se abandona el soporte tradicional de los mensajes sobre papel y se lo reemplaza por soportes magnéticos o electrónicos. V. Establecido lo que antecede, debo analizar los dichos de las partes de los cuales, a mi entender, se desprende claramente la existencia de un acuerdo contractual al que las mismas le dan diferente alcance. En efecto, el denunciante afirma que: Utilizó un CD de acceso a Internet por (3) tres meses gratis de AOL Argentina SRL. Al momento de instalar dicho CD le solicitaron varios datos personales entre los cuales se encontraban los relativos a su tarjeta de crédito VISA. En el resumen de su tarjeta de crédito VISA, con vencimiento el día 15 de febrero de 2001, se le detalló un débito automático de $30,13 por el usos del servicio de Internet. Agrega que nunca la notificaron y que ella nunca lo autorizó. Por otro lado, Aol Argentina SRL sostiene que: Para acceder a su servic io de conexión a Internet es necesario obtener el CD correspondiente, ingresarlo en la PC y para suscribirse al servicio debe seguir las instrucciones del proceso de registración contenidas en el mismo. La empresa no presta dicho servicio de Internet a usuarios que no sean suscriptores. El costo del servicio es debitado en forma mensual de la tarjeta de crédito que el mismo usuario selecciona en el proceso de registración. De lo expuesto, resulta evidente que -más allá de las contradicciones entre ellas-ambas partes reconocen directa e indirectamente la existencia de un contrato. En este sentido, se encuentra acreditado que el consumidor instaló un software que le permitió finalmente navegar por la web a través del servicio de Internet brindado por AOL Argentina SRL. Sentado lo dicho y a efectos de reforzar la existencia y características del acuerdo celebrado entre las partes, es útil destacar el contenido de la prueba aportada por AOL Argentina SRL a fs. 21/47. A través de la misma se establece el procedimi ento de "instalación y registración" del software y, a su vez, se detalla el "acuerdo de los términos del servicio" que conforman los términos y condiciones del acuerdo. En particular, a fs. 29 se especifica el funcionamiento de la suscripción a AOL y se expresa lo siguiente: "Tu período de prueba GRATIS abarca los tres primeros meses de conexión". (...) "El abono mensual por la conexión ilimitada al servicio de América Online es de $24,90 + IVA, el cual no te será cobrado durante los tres primeros meses de conexión". (...) "En caso de no querer continuar con la conexión a América Online, solicita la cancelación de tu suscripción telefónicamente antes de la finalización del período de prueba, a fin de que no te sea cobrado ningún abono". Por otra parte, a fs. 39, obra el detalle de la suscripción que acredita la relación contractual entre las partes. Allí se especifican las fechas de alta y baja del servicio, y el vínculo entre María Fernanda Rodríguez y AOL Argentina SRL. De la prueba mencionada, se puede de ducir que para acceder al servicio de América Online, el consumidor debía cumplir necesariamente con todos los pasos previstos en el procedimiento de instalación y registración. En consecuencia, y en virtud de lo expuesto, considero que los elementos probatorios aportados en autos son suficientes para acreditar la existencia de un contrato informático entre las partes. VI. Seguidamente, y solo a mayor abundamiento considero oportuno y conveniente referirme a la noción de consentimiento en este tipo de contratación y, en particular, al momento en que se produce la oferta y aceptación. Al respecto, considero decididamente que -y en ello no hay discrepancias- el consentimiento contractual, la coincidencia de voluntades, puede expresarse por medios informáticos y la cuestión de cuando existirá dicha coincidencia, en definitiva, no se apartará mayormente de la celebración de contratos por otros medios (XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Título de la Ponencia: "El consentimiento por medios informáticos y l os medios informáticos", presentada en forma conjunta por José M. Gastaldi, Esteban Centanaro, Guillermo A. Colla, Sabrina Propper, Lucas Granillo Ocampo y Marisa Bonafina, Bs. As. septiembre de 2001). En los contratos informáticos propiamente dichos suele estar ausente el previo intercambio de opiniones o negociaciones entre las partes y -cualquiera sea su objeto- se está en casi todo los casos en presencia de -como ya dijimos- contratos cuyas cláusulas son en su totalidad predispuestas por el proveedor, pudiendo el cocontratante sólo aceptar o no dichas cláusulas. Ahora bien, en el caso de estos contratos, la cuestión del consentimiento presenta ciertas particularidades. En la actualidad, la adquisición de productos de software ha ido aumentando. En estos casos es usual que se considere que el adquirente del programa remite su aceptación por el hecho de abrir el envoltorio del soporte del software, de usarlo o algún otro comportamiento que no necesariamente se traduce en la manifestación expresa de su acept ación. En estos casos parece prudente que de algún modo la aceptación quede sujeta a la posibilidad de verificar por parte del adquirente las condiciones generales de contratación, situación que ocurrió en el caso de autos. Dichas condiciones generales y su aceptación constituyen un documento electrónico. Para respaldar su legitimidad, se ha utilizado la modalidad de presentarlas de modo inevitable o forzoso para el usuario a fin de acreditar que las tuvo que leer antes de contratar. Ello servirá como prueba documental de la aceptación de la oferta en el caso de que el cliente niegue haber visto las condiciones a las que quedaba sometido. En esta línea hermenéutica, la Corte de California (USA) consideró que el usuario queda vinculado por la condiciones generales al pulsar el botón que dice "aceptar", luego de haber tenido oportunidad de leerlas (Lorenzetti, Ricardo L, Comercio electrónico y defensa del consumidor, La Ley 2000-D, 1003). Es decir, se emplea lo que se denomina el clik wrap agreement. Se trata d e una modalidad en la que el acuerdo se expresa mediante la pulsación o cliqueo del mouse o ratón de la computadora; dicho en otros términos, cuando el internauta desea ingresar a un sitio, a un web site, se le presenta un texto, un dialogue box que contiene una lista de condiciones generales (terms and conditions, usage agreement) donde aparece la opción de aceptar o no por su parte (Feldstein de Cárdenas, Sara, Contrato cibernético internacional (¿una realidad o un enigma?) en la obra "Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI", Ameal Oscar J. y Tanzi, Silvia Y. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2001). Sobre este punto, debo dejar a salvo mi opinión -mas allá de que no esté discutido en autos- en cuanto a que hay que tener en cuenta la eventual posibilidad de que la voluntad del internauta puede encontrarse viciada por diferentes motivos, por ejemplo, cuando sin intención o en forma accidental aprieta el botón del mouse. En Francia, la recientemente sancionada ley de "economía numérica" incorpora al Código Civil los artículos 1369-1 y 2, regulando los "contratos celebrados en forma electrónica". En lo esencial, se prevé la obligatoriedad para el empresario de enunciar el "iter" o etapas exigidos para la formación del contrato, los medios técnicos a disposición del adquirente para verificar la posible comisión de errores y su corrección. Por otra parte, se contempla la técnica de protección del "doble click" que le permite al consumidor on line, después de chequear los datos consignados, aceptar o no definitivamente la operación. Siguiendo esta línea de reflexión, la cuestión adquiere aun mayor especificidad a la luz de la protección de los derechos de los consumidores, contenida en la ley 24.240. Es posible pensar que gran parte de los contratos informáticos propiamente dichos estarán incluidos en la órbita de los contratos de consumo, ya que una parte importante de ellos será celebrada con personas que contraten "a título oneroso para su consumo final o beneficio propio de su grupo familiar: a) la adqui sición de o locación de cosas muebles; b) la prestación de servicios..." (art. 1º, ley 24.240). Las bases conceptuales en el marco de los contratos de consumo tenderán a eliminar los excesos, alentar la competencia leal y descalificar el juego sucio, permitiendo de este modo morigerar el rigor que pueden plantear los sistemas de aceptación que no prevén la posibilidad previa de análisis de las cláusulas contractuales (Andino Dorato, Jimena, El consentimiento en los contratos informáticos en la obra "Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI", Ameal Oscar J. y Tanzi, Silvia Y. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2001). Ahora bien, en materia de consentimiento, la ley 24.240 prevé en sus arts. 7º y 8º las condiciones de oferta y venta, receptando la idea de oferta permanente que, por la generación de confianza que implica, lleva a considerar como vinculantes las precisiones del oferente que se formulen en la publicidad, anuncios, prospectos, circulares u otros medios de información. No puede negarse la amp lia vigencia que tiene la promesa unilateral como fuente de obligaciones en los contratos informáticos, desde que se establece que la publicidad integra la oferta, tutelando la confianza depositada por los receptores del mensaje publicitario (buena fe objetiva) y garantizando el respeto por la palabra empeñada (Andino Dorato, Jimena, El consentimiento..., p. 563). Como bien expresa la autora mencionada ut supra, dentro del marco del derecho vigente, salvo la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, en cuanto los contratos predispuestos o de adhesión carecen de un marco regulador propio, habrá que aplicar la normativa de carácter general, haciendo especial resalto en la buena fe contractual. VII. Otro tema controvertido a tener en cuenta en este tipo de contrato moderno es el referido a los medios de prueba. Al respecto, la prueba se vincula con los medios para demostrar la existencia del contrato. Una cosa es el instrumento que documenta el acto, y otra el acto en sí mismo, como resultado de la manifes tación de voluntad de las partes. Para facilitar la prueba del contrato realizado por medios informáticos -aunque éste haya sido celebrado válidamente-, las partes pueden darse, con posterioridad, un instrumento escrito y firmado por ellas, toda vez que el electrónico ya es un documento. Cuando surgen diferencias entre las partes, y la palabra oral ya no basta, deberá acudirse a la prueba escrita; pero si ésta ha sido suplantada por medios electrónicos se plantean dificultades en materia probatoria (Giannantonio, Ettore, Valor probatorio del documento electrónico, en Altmark, Daniel R. - Bielsa, Rafael A., "Informática y Derecho", t. I, p. 93 y ss). Ello así, atento la limitación del art. 209 del Cód. Com. y art. 1193 del Cód Civ. sobre los supuestos de excepción previstos en los arts. 1191 y 1192 de dicho cuerpo legal. VIII. En consecuencia, y en virtud de lo expuesto, considero que -en el sub lite- no hubo infracción al artículo 35 de la ley 24.240, por cuanto quedó acreditada la existencia de un acuerdo de voluntades entre las partes, lo que corresponde revocar la disposición recurrida, con costas a la Ciudad (art. 62 CCAyT). A la cuestión planteada, el Dr. Carlos F. Balbín dijo: I. Adhiero al relato de los hechos efectuado por mi colega preopinante, Dr. Esteban Centanaro, no así a la solución a que arriba, por las siguientes razones. II. Este tribunal ya se ha expedido en la causa "Aol Argentina S.R.L. c/ G.C.B.A. s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel. ", Expte RDC Nº 739/0, sentencia del 12/08/05 (voto del Dr. Horacio G. Corti). En dicho precedente se sostuvo que el art. 35 de la ley 24.240 establece que "queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice. Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conserva rla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos". Respecto de esta disposición legal, la doctrina ha señalado que "el art. 35 de la L.D.C. califica como prohibidas aquellas propuestas que, no habiendo sido solicitadas por el usuario o consumidor, presuponen su aceptación y le generan cargos automáticos en un sistema de débito, debiendo recurrir a su negativa para evitar su pago. Cuando la operación se concreta conforme a tal sistema, es decir que se pasó de la propuesta a la generación del cargo, se encuentra también fulminada por nulidad" (cfr. Bersten, Horacio L., Derecho Procesal del Consumidor, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2003, pág. 456). En sentido concordante, se ha dicho que "de lo que aquí se trata no es de evitar que se realicen diferentes proposiciones al consumidor, caso en el que no tendrían sentido gran parte de las previsiones de la ley 24.240 y, en particular las reglas sentadas en este capítulo; en realidad se está prohibiendo de manera expresa que en el marco de cualquier propuesta, ya sea sobre cosas o servicios, se genere un cargo automático en cualquier sistema de débito que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que no se efectivice. Si bien el principio que surge del art. 919 CC., forma parte del estatuto del consumidor, es importante la ratificación expresa por parte del legislador ,ya que esta práctica resultaba habitual en nuestro medio" (cfr. Wajntraub Javier H., Protección Jurídica del Consumidor, Ed. Lexis Nexis/Depalma, 2004, pág. 169). Es así que lo que reprocha este artículo son aquellas ofertas realizadas por el proveedor que presupongan la aceptación tácita del consumidor en caso de no existir una manifestación en contrario. Es decir, la ley 24.240, en concordancia con el art. 919, CC, prohibe que un contrato de consumo se celebre sin una aceptación expresa por parte del consumidor. Ahora bien, Aol Argentina S.R.L. no ha logrado demostrar que existió una aceptación expresa por parte del consumidor que la habilitara a fac turarle el servicio. En efecto, de la documental de fs. 21/47 no surge la aceptación expresa del consumidor a que le facturen el servicio. En consecuencia, y en virtud de lo expuesto, considero que este agravio no puede prosperar. III. Teniendo presente lo anterior, me abocaré ahora al agravio referido al monto de la multa, que Aol Argentina S.R.L. cuestiona por considerarlo excesivo. En este sentido, debe tenerse en cuenta que "un acto será excesivo en su punición cuando la sanción imponible o impuesta a un particular no guarde adecuada proporcionalidad con la télesis represiva que sustentó -es razonable suponer- tanto el dictado de la norma como la emisión del acto individual que hace aplicación de ella" (Comadira, Julio Rodolfo, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, anotada y comentada, La Ley, 2003, p. 331). Entonces, para determinar si en el sub lite nos encontramos ante un caso de exceso de punición, resulta necesario analizar si la sanción impuesta por la administración es desproporcionada re specto de la infracción cometida por la actora. Pues bien, el artículo 47 de la Ley 24.240 dispone -en lo que aquí interesa- que "verificada la existencia de la infracción quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: (...) multa de quinientos pesos a quinientos mil pesos, hasta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción". En cuanto a las pautas de graduación, el artículo 49 de la Ley de Defensa del Consumidor, establece que "en la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el art. 47 se tendrán en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho". A su vez el art. 16 de la ley 757 de la Ciudad receptó estas pautas de graduación. Cabe destacar que en el acto en crisis, la administración graduó la multa siguiendo los parámetros legales, y en particular: "Que la importancia de la sumariada en el mercado constituye en elemento generador de confianza en el público consumidor al momento de contratar la prestación de servicios bancarios, circunstancia que la obliga a extremar los cuidados en el cumplimiento de la ley 24.240". Teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas, debo señalar que el monto de la multa impugnada -$2.000- se encuentra mucho más cerca del mínimo previsto -$500-, que del máximo -$500.000- y, por ende, no resulta exorbitante. En virtud de todo lo expuesto, resulta claro que la multa impugnada ha sido ajustada a derecho y, consecuentemente, este agravio debe ser rechazado en su totalidad. A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti, por los fundamentos expuestos por el Dr. Carlos F. Balbín, adhiere al voto que antecede. En mérito a las consideraciones expuestas, doctrina y normas legales aplicables al caso, y oída la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la Disposición Nº 5410-DGDyPC-2004; 2) Imponer las costas a la vencida (art. 62 CCAyT). Regístrese. Notifíquese y oportunamente devuélvase. Esteban Centanaro Carlos F. Balbín Juez de Cámara Juez de Cámara (en disidencia) Horacio A. G. Corti Juez de Cámara