Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 140/144.

Santa Fe, 19 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor de los imputados José Luis Chieno, Daniel Ceferino Canteros, Luis Miguel Comparin y Marcelo Fabián Franzutti contra la resolución de fecha 23 de agosto de 2017 dictada en audiencia Acta N° 400 T° VI F° 100/102 por el Tribunal Unipersonal de Segunda Instancia en lo Penal de Rosario, en autos caratulados "CHIENO, JOSE LUIS; CANTEROS, DANIEL CEFERINO; COMPARIN LUIS MIGUEL Y FRANZUTTI, MARCELO FABIAN - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'CHIENO, JOSE LUIS; CANTEROS, DANIEL CEFERINO; COMPARIN, LUIS MIGUEL; FRANZUTTI, MARCELO FABIAN; RAMOS, LUIS FRANCISCO Y CARAM, PABLO EMANUEL S/ ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO, TENENCIA ILEGÍTIMA DE ARMA, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD Y OTROS DELITOS' - (CUIJ 21-06648328-9)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511614-4); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisión del 23 de agosto de 2017, el Tribunal Unipersonal de Segunda Instancia, integrado por la doctora Alonso, confirmó en todos sus términos la resolución apelada respecto de la prisión preventiva de Daniel Canteros, José Luis Chieno, Marcelo Franzutti y Luis Miguel Comparín, rechazando las inconstitucionalidades solicitadas, el cambio de calificación peticionado por la Defensa, así como los planteos subsidiarios (fs. 2/4).

Contra dicho auto, la defensa de los imputados interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 5/20).

Señala que el resolutorio no reúne las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la provincia.

Arguye que se ha causado perjuicio de imposible reparación dado que habilita la introducción de actos irregulares dentro del proceso penal en una clara violación de derechos constitucionales.

Expresa que la prisión preventiva ordenada en audiencia imputativa de fecha 07.07.2017 contra sus defendidos, detenidos por orden fiscal el día 4.07.2017 deviene ilegal atento no aplicarse el artículo 346 del Código Procesal Penal de Santa Fe a los fines del 274 del mismo ordenamiento, por lo que debe el primero ser declarado inconstitucional.

Aduce que la prórroga solicitada por el Ministerio Público de la Acusación establecida en el artículo 346 de dicho digesto normativo se aplica a todos los actos procesales menos a los previstos en el 274, que expresamente señala un plazo de 24 horas con prórroga de 24 horas más, ello en función de garantías constitucionales de debido proceso legal, de interpretación restrictiva de las medidas de coerción y del in dubio pro reo.

Por otro lado, sostiene la ilegalidad de las intervenciones telefónicas efectuadas en razón a la falta de debida fundamentación y al ser utilizadas en el caso concreto de cada uno de los imputados cuando tenía un origen diferente a los hechos achacados.

En cuanto a la calificación legal atribuida, señala que existe una extensión peligrosa de la legalidad en cuanto al delito de asociación ilícita establecido en el artículo 210 del Código Penal por ausencia de elementos objetivos y subjetivos del tipo.

Manifiesta que no se puede sostener la peligrosidad procesal determinada por el A quo en relación a cada uno de los imputados.

Finalmente, afirma la existencia de gravedad institucional que se traduce en la actuación ilegal en el dictado de la prisión preventiva de sus defendidos, el abuso del derecho y las flagrantes violaciones de derechos constitucionales.

2. El A quo, por auto de fecha 19 de octubre de 2017 resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 31/34v.).

3. Tal denegación motiva la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs. 39/46v.).

4. Las postulaciones constitucionales que presenta el impugnante pueden dividirse en cuatro puntos esenciales: la ilegalidad de la detención de los imputados, la irregularidad en las intervenciones telefónicas, la calificación legal imputada y la inexistencia de peligrosidad procesal.

4.1. En primer lugar, corresponde dar tratamiento a los planteos del presentante tendentes a sostener la ilegalidad de la detención de sus defendidos por haberse efectuado la audiencia imputativa por fuera de los términos del artículo 274 del Código Procesal Penal y la no aplicación al caso de la duplicidad de plazos prevista en el artículo 346 de la misma normativa.

Si bien la materia traída a estudio consiste en una cuestión de derecho común vinculada a la interpretación de las norma contenida en el artículo 346 del Código Procesal Penal en función de los plazos establecidos en el artículo 274 del mencionado ordenamiento, resulta imperativo verificar si subsisten, respecto a estos agravios, los requisitos que habilitan el ejercicio de la jurisdicción por esta Corte.

Ello es así por cuanto este Tribunal debe verificar, con carácter previo al análisis del remedio extraordinario, la subsistencia en el caso de tales recaudos, examen de insoslayable realización atento a que, como se ha sostenido en reiteradas oportunidades, la desaparición de aquéllos importa, como regla, también la extinción del poder de juzgar (Fallos:189:245; 248:51; 260:153; 307:188; 308:1489; 311:787; 316:479).

No está de más recordar en ese orden, que así como los agravios puramente hipotéticos, conjeturales o futuros se encuentran excluidos del ámbito jurisdiccional, lo mismo cabe afirmar acerca de aquéllos cuyo tratamiento deviene inoficioso por el Tribunal al haber perdido toda "actualidad".

Ello es así porque, como es sabido, el derecho a la jurisdicción no importa sino la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional y obtener de él una sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes -Fallos:310:937; 311:208; 317:826; etc.-, doctrina coherente con la reiterada jurisprudencia según la cual es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos y no efectuar declaraciones generales o abstractas (Fallos:289:238; 301:991; 303:1633; 318:2438).En autos, se cuestiona que se hubiera convalidado la detención dispuesta por orden del Fiscal y haberse llevado a cabo la correspondiente audiencia imputativa en un plazo mayor al ordenado por el artículo 274 del código de rito, por aplicarse -según el recurrente- erróneamente lo dispuesto por el artículo 346 del mismo ordenamiento, en un caso para el cual no se encuentra previsto. Sin embargo, según surge de las constancias de la causa, el Juez de la Investigación Penal Preparatoria -Dr. Postma- dictó la prisión preventiva mediante resolución fundada el 07.07.2017.

De este modo, a partir de tal momento la privación de libertad de los imputados resultó de una decisión diferente a la cuestionada por el recurrente, adoptada por un Magistrado (con el debido control jurisdiccional). Es por ello que los agravios de la defensa no se dirigen contra el pronunciamiento en virtud del cual los encartados encontraron condicionada su libertad, sino en los momentos previos al dictado de la medida cautelar, por lo que el caso aparece estrictamente "abstracto", máxime respecto a Marcelo Fabián Franzutti y Luis Miguel Comparin, quienes fueron condenados mediante procedimiento abreviado en fecha 06.04.2018.

En consecuencia, ante la ausencia de gravamen actual, y no dándose un supuesto de excepción que permita sortear tal obstáculo, no corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento respecto a este punto.

4.2. En cuanto a los planteos referidos a la supuesta ilegalidad de las intervenciones telefónicas, la calificación legal atribuida a los imputados y la inexistencia de peligrosidad procesal, se adelanta que tampoco pueden prosperar.

Es que, frente a los mismos, atenta contra la admisibilidad de la presente vía la evidente falta de autosuficiencia del memorial introductor del remedio extraordinario.

En efecto, sabido es que para cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 7055 el impugnante debe exponer, con claridad y precisión, sobre la admisibilidad del recurso (demostrando la concurrencia de los requisitos formales necesarios) y sobre su procedencia (explicando los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional introducida).

En ese orden, un adecuado relato de los antecedentes de la causa resulta imprescindible para que la Corte pueda comprender el alcance de los agravios, verificar el nexo entre los vicios acusados y las normas constitucionales supuestamente vulneradas y comprobar la decisividad de los planteos para la solución de la litis, todo ello sin necesidad de acudir a los autos principales.

El recaudo, entonces, no supone un ocioso y vacío formulismo, sino que se orienta a evitar la distorsión de la índole extraordinaria de la impugnación y la conversión del Máximo Tribunal en una tercera instancia ordinaria (cfr. A. y S., T. 220, pág. 93; T. 222, pág. 129; T. 223, pág. 19; T. 224, pág. 478; T. 225, pág. 306).

En el "sub examine", como se adelantó, el escrito inicial del remedio previsto en la ley 7055 no se basta a sí mismo, ya que el recurrente, respecto a los planteos aludidos, se limita a exponer una versión parcial de los hechos, a enumerar sus agravios y enunciar fragmentos del decisorio de Alzada, mas no efectúa un relato preciso del suceso investigado, de la intervención concreta de las personas imputadas, de las circunstancias fácticas y cronológicas de la investigación y del resultado de las diligencias probatorias sobre las que se fundara la imputación y el dictado de la medida cautelar.

Y ello deviene particularmente relevante, si se repara que los agravios del impugnante precisamente giran en torno a planteos de invalidez de actos procesales y exclusión probatoria (imposición de la medida cautelar y escuchas telefónicas) y a reproches en torno a la calificación legal y presunción de peligrosidad procesal, resultando insuficientes las breves referencias que efectúa al transcribir los argumentos del Juez de Cámara.

A ello ha de agregarse que la profusa mención que el compareciente hace de principios y garantías constitucionales que aparecerían violentados por la resolución -debido proceso, igualdad ante la ley, in dubio pro reo, imparcialidad del juzgador-, por las deficiencias antes apuntadas, carece del acompañamiento de la necesaria fundamentación que demuestre la relación directa que debe mediar entre lo decidido y aquéllos.

De este modo, no presentan estas postulaciones entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.

4.3. Por último, corresponde rechazar el argumento vinculado con la alegada "gravedad institucional" en el presente, puesto que el compareciente no logra acreditar que estas cuestiones excedan el marco del interés individual y afecten de manera directa a la comunidad (vid. por todos, A. y S., T. 271, pág. 224; T. 270, pág. 1; T. 262, pág. 485).

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Tribunal Unipersonal de Segunda Instancia en lo Penal de Rosario, doctora Alonso.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juez en lo Penal de Primera Instancia de Rosario, doctor Postma.