Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-11-26


AUTOS N° 116.696 (1° Juzg. Civil) (N° 10.227 SALA III) "RODRIGUEZ Hector Bernardino C/ Municipalidad de Albardon Interdicto de Recobrar".

En la ciudad de San Juan, a 26 días del mes de Noviembre del año dos mil diez, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Moisés Moya y los Dres. Humberto R. Caballero y Catalina Celia Cúneo de García, como Vocales, para resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 129 y concedido a fs. 132, contra la sentencia de fecha 23 de diciembre de 2009, obrante a fs. 127/128.

CATALINA CELIA CÚNEO DE GARCÍA DIJO:

La Sra. Juez aquo resolvió: "Rechazar liminarmente la acción de INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION deducida por el SR HECTOR BERNARDINO RODRIGUEZ con la representación procesal (apoderado) del Dr. ROBERTO CARLOS OLIVERA (3319), por resultar la misma inadmisible conforme los fundamentos expresados en los considerandos del presente decisorio.

...".

Contra esta sentencia se alza la parte actora a fs. 129, el recurso se le concede a fs. 132.

Expresa agravios a fs. 135/139 y formula reserva de la cuestión constitucional federal y provincial.

En esta causa a fs. 116/126, el accionante promueve interdicto de recobrar la posesión del inmueble ubicado en calle Sarmiento s/n, de oeste a este, 282 mts. antes de llegar al desvío ferroviario Bodega Fecovita (ExResero), La Cañada, Dpto. de Albardón; Nomenclatura Catastral N° 1050620480, contra la Municipalidad de Albardón, copartícipes, beneficiarios y/o cualquier otro ocupante del mencionado inmueble.

A tal fin expresa, que ha realizado actos posesorios para su empleador Sasetru S.A. y luego como representante de la Sindicatura de la Quiebra de esta sociedad, y finalmente como apoderado de Dilexis S.A..

Agrega, que desde un principio tomó posesión del inmueble, administrando y cuidando con esmero las plantaciones de viña.

En el año 1980, una fuerte revinición le hizo arrancar las viñas, limpiar y mantener el predio en buenas condiciones, reparando y conservando en perfecto estado el alambrado del cerco, especialmente en el sector oeste sobre calle Sarmiento.

En los años 1990 y 1991 pagó los impuestos provinciales y municipales. La Municipalidad de Albardón, que adquirió el inmueble por usucapión nunca ha realizado actos posesorios, ni puede probar los mismos durante veinte años, por lo que ha cometido delitos de estafa, usurpación y despojo.

Por lo que pide medida de no innovar a fin de paralizar la obra que se está construyendo en el predio.

Ofrece la prueba documental agregada en copia de fs. 03/115, confesional de la demandada, testimonial e informativa.

La sentencia que rechaza in limine la acción interpuesta, le causa al actor los agravios que subsumiré de la siguiente forma: El inmueble objeto de esta acción, expresa el apelante, no ha integrado la masa concursal de Sasetru S.A., simplemente porque fue comprado por ella para otros fines.

Dilexis S.A. es la nueva dueña de la fábrica de galletitas pero no de dicho predio.

El actor es quien lo ha poseído a título de dueño por más de veinte años, asumió el costo de los actos posesorios que ha realizado, como son, su manutención, efectuar el levantamiento de parrales que allí existieron hace veinte años; alambrar el predio, pagar impuestos, etc..

El proceso de posesión veinteañal llevado a cabo por el Municipio es nulo, por cuanto los hechos y actos jurídicos efectuados son de "aparente legalidad", nunca existieron.

Lo que ha dado lugar a que los impugne por falsedad ideológica, denunciando ante la Justicia penal por delito de usurpación (art. 181 Código Penal), hace un raconto de los actos que considera delictivos, como también expresa el fundamento jurídico de la denuncia.Pide en definitiva se deje sin efecto el fallo recurrido y se haga lugar al interdicto a su favor.

Formula reserva de derechos para interponer los Recursos de Inconstitucionalidad y Casación y el Caso Federal (Art. 14 de la Ley 48).En respuesta a los agravios propuestos diré que: El interdicto de recobrar la posesión es la pretensión en cuya virtud, el poseedor o tenedor de un bien mueble o inmueble del cual ha sido total o parcialmente despojado, requiere judicialmente que se le restituya la posesión o la tenencia perdida.

Los requisitos para su procedencia se hallan mencionados en el art. 593 del C.P.C. (ley n° 8037) y son: a) Que quien lo intente, o su causante, hubiere tenido la posesión actual o la tenencia de un bien mueble o inmueble y b).

Que hubiere sido despojado total o parcialmente del bien, con violencia o clandestinidad. No se trata de una acción real o posesoria; es un remedio policial dado a favor de quien se encuentra en posesión o tenencia de un inmueble, con o sin derecho a tenerlo, cualquiera sea el tiempo de duración y origen; contra el que sí y ante si, lo turba con violencia o clandestinidad.

Razón por la cual no cabe dilucidar el derecho a la ocupación, pues lo que se tiende a proteger es la ocupación misma, de quien fuera despojada con violencia o clandestinidad.

Además, lo que se resuelve sobre el interdicto, no afecta los derechos sustanciales de las partes, pues su resultado se limita provisoriamente a mantener la posesión o tenencia despojada.Son tres los requisitos que contiene el art. 2494 del Código Civil y que deben ser probados: La posesión que tenía el demandante, el despojo que sufrió y el momento de ese despojo.

Este tercer requisito pone en relación a los otros dos. Pues la posesión que funda el interdicto es la que se tenía cuando ocurrió el despojo.

Si el accionante no era poseedor al momento en que se produce el despojo, no hay motivo para el interdicto.

Este Tribunal ha resuelto: "Que para la procedencia del interdicto de recobrar es necesario que la ocupación efectiva aparezca clara e indubitable al momento del despojo, por lo que si la prueba rendida no logra formar o provocar esta certidumbre, debe se rechazado.

En tal sentido, por ocupación efectiva debe entenderse la posesión o tenencia de la cosa objeto del despojo.

Por ello, la esencial diligencia a cargo de quien pretende la restitución de la cosa está constituída por la acreditación de la posesión o tenencia del inmueble por su parte.

Es decir, que es improcedente el interdicto de recobrar si la cosa no estaba ocupada en forma efectiva por el accionante a la época o al momento que acaecieron los hechos "(Prot.de Sent.T°IIIF°553/55507).

Así, quien pretende recobrar una posesión, de la que se dice desapoderado ilegítimamente debe demostrar la existencia de dicha posesión, y el hecho del despojo.

Si la prueba de la ocupación no es clara e indubitable en el momento del despojo, el interdicto debe ser rechazado.

El actor, con la documentación acompañada, no acreditó que hubiera tenido para sí la posesión o tenencia del inmueble, ejerciendo los actos posesorios que describe en la demanda.

De la lectura de dicho escrito aparece primero como administrador del inmueble que es de propiedad de Sasetru S.A. (fs.96/97).

En el juicio de Quiebra de la Sociedad ha sido representante de la Sindicatura, quien lo autoriza para que en su nombre efectúe "las diligencias necesarias tendientes a asegurar la vigilancia y custodia de los terrenos de propiedad de la fallida "Sasetru S.A. s/Quiebra" sitos en el Departamento de Albardón de la Provincia de San Juan", en julio de 2000 (fs.48).

Con anterioridad, en el año 1996, los peritos tasadores de la Quiebra no sólo se ocuparon de la fábrica de galletitas, sino también de los terrenos aledaños de propiedad de la Sociedad, entre los que se encuentra el predio objeto de este interdicto (fs.39N°13).

Más tarde, el accionante manifiesta haber sido apoderado de Dilexis S.A.

Debe tenerse en cuenta que el art. 2490 del Código Civil excluye expresamente a quienes están vinculados con el bien "en relación de dependencia...".

La C.S.J.N. ha dicho que: "Si la pretensión de quien interpone el interdicto de recobrar es exclusivamente posesoria, de acuerdo al art. 2494 del Código Civil, la exigencia a su cargo es acreditar la posesión de la que se dice privado, al momento de producirse los hechos a los que se atribuye efectos desposesorios (L. L. , 1980A441/2 Nº 78.060).

Este Tribunal ha resuelto que: "Por ocupación efectiva debe entenderse la posesión o la tenencia de la cosa objeto del despojo.

Por ello, la esencial diligencia a cargo de quien pretende la restitución de la cosa está constituída por la acreditación de la posesión o tenencia del inmueble por su parte (Prot. de Sent. T° IIIF° 594/59605).

Por último, los impuestos provinciales y municipales (años 1990/1991) que dice el accionante haber abonado, si bien estos elementos son demostrativos del "animus" posesorio, sólo cumplen esta función cuando se presentan acompañados por la detentación material del inmueble; por sí solos no son demostrativos de tal detentación y nada indican respecto a la real situación posesoria en que se encuentra el bien (Cc0002 Sm 56766 Rsd1915 S "Carrizo, Sergio C/ Turcumán, Miguel A. y Otros S/ Interdicto De Recobrar La Posesión"24/05/2005).

El actor no acreditó haber tenido para sí la posesión del inmueble, vale decir, no ha probado el "corpus" posesorio, que deviene indispensable a los fines del interdicto, por lo tanto, no se encuentra legitimado para interponer esta acción.

En consecuencia, no corresponde analizar el 2° requisito que exige el art. 593 del C.P.C.

A lo expuesto cabe agregar que, resulta ajena a los límites de la acción deducida, la discusión sobre los derechos que pudieran tener las partes sobre el inmueble en cuestión.

La actora debió ejercer las acciones, que en derecho pudiera tener, ante el juicio de posesión veinteañal promovido por el Municipio, que invoca.

Por lo que corresponde el rechazo del recurso con costas (art. 66 y conc. del C.P.C).

LOS DRES. MOISES MOYA Y HUMBERTO R. CABALLERO, por sus fundamentos, adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs.129 y concedido a fs130, contra la sentencia de fecha 23 de diciembre de 2009, obrante a fs.127/128, la que se confirma por los fundamentos dados en los considerandos precedentes.

Costas a cargo del apelante (art. 66 del C.P.C.).

Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.FDO:DR. MOISES MOYA, HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA .

ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI SECRETARIA PROT. DE SENT. T° IVF° 693/696 2010