marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recursos, recurso extraordinario, interposición del recurso, fundamentación del recurso, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Asseff,  Alberto s/ apela  resolución  obrante  a  fs. 3489 del expte. letra P Nº 3 año 1983 - Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Corresponde desestimar la queja si la apelante se limitó a la mera interposición del recurso extraordinario y no cumplió con la carga simultánea de su fundamentación autónoma (art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; art. 15 de la ley 48), sin que el escrito de fecha posterior tendiente a cumplir con el recaudo señalado pueda superar aquel óbice formal, toda vez que importaría reeditar una facultad procesal cuyo ejercicio quedó agotado con la primera presentación de la apelante.
Juicio, partes, notificación automática, notificación por cédula, notificación tácita, notificación personal, recurso contencioso administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: OLIVA, JUAN BAUTISTA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CADUCIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-26

El decreto de citación y emplazamiento de la demandada para que comparezca a estar a derecho, no es de notificación automática y requiere la necesaria notificación personal o por cédula, en razón del carácter que reviste el notificado, quien todavía no es parte en el juicio. Al respecto, tiene dicho la doctrina que las notificaciones fictas (una de cuyas especies es la automática) sólo pueden emplearse respecto a los litigantes y a sus representantes y en general, a quienes, en carácter principal o accesorio, definitivo o transitorio, son sujetos del litigio (parte en el lenguaje tradicional), y desde el momento de su comparencia real o ficta; no siendo aplicable a quienes aún no han comparecido, ni a quienes no son litigantes.
Pacto de San José de Costa Rica, interés superior del niño, situación de vulnerabilidad, pueblos originarios, obligaciones del Estado miembro
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek c/ Paraguay s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-24

En el caso particular de los niños, además de los derechos correspondientes a todos los seres humanos, gozan de otros derivados de su condición particular de vulnerabilidad, por lo que la prevalencia del interés superior del niño impuesta por la Convención Americana, debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos sus derechos, frente a los cuales el Estado debe prestar especial atención para garantizarles el disfrute de una vida digna.
Derecho procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), honorarios, fundamentación de la resolución, plazo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Los Grobo Sociedad de Garantía Recíproca c/ Damonte, Fernando y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Aunque el fundamento de los recursos concedidos contra las regulaciones de honorarios resulta facultativo para el recurrente, si éste decide presentarla debe hacerlo dentro del plazo previsto en la norma legal citada (conf. CPR 244, segundo párrafo, CNCom, Sala D in re "Cabaña El Sosiego SA", del 09/03/83; entre muchos otros).
Despido, indemnización por despido, período de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Videla, Angel L. c/ Oscar A. Ramallo S.R.L. s/ Demanda Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-10-31

Si bien el empleador invocó el período de prueba normado por el art. 92 bis para despedir al trabajador, omitió cumplir con el requisito legal de la registración del contrato de trabajo, por lo que debe hacerse lugar a los rubros derivados del distracto.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, indemnización por despido, despido sin causa
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Canteros, Néstor Daniel y otro c/ San Pedro, Carlos Alberto. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

El recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a la indemnización por despido incausado es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Daños y perjuicios, accidente de aviación, monto de la indemnización, daño moral
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Vasallo Jorge Enrique c/ Aerolíneas Argentinas s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Grande debió ser el susto al momento del accidente aéreo, como lo demuestra el hecho de haber dejado secuelas en el ámbito psíquico.

Más en un cierto sentido,la intranquilidad que siguió al accidente no tuvo características catastróficas, a punto tal que el actor dice en su demanda que la "evacuación fue muy rápida y sin grandes escenas de pánico", lo que es concorde con el informe de la Aeronáutica.

Corresponde valorar también que el actor a quedado con una relativa incapacidad física que afecta la movilidad de su columna vertebral, y que ha padecido y aún padece dolores y molestias de carácter"leve a moderado".Y si a ello se añaden las secuelas psicológicas descriptas por el Doctor D'Aquila - que reconocen apoyo en un conjunto de test - el resarcimiento otorgado en primera instancia fue escaso. Dentro de las dificultades que plantea "mensurar" en dinero un daño de naturaleza no patrimonial en función de otros precedentes y de la valoración prudencial de las lesiones morales sufridas y a sufrir, si eleva este rubro a la suma actual de Tres Mil Pesos.-
Superintendencia, recurso jerárquico, improcedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Amoedo, Fernando c/ acuerdo 1/97 de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. s/ recurso jerárquico
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

El recurso jerárquico es improcedente respecto de las resoluciones que, en materia de superintendencia, dictan los tribunales inferiores, con fundamento en su falta de previsión en la ley orgánica y en el Reglamento para la Justicia Nacional.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte, recurso de revisión (procesal), concursos, verificación de créditos, valor cuestionado en último término, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Conapa  S.A. s/ quiebra s/ incidente de revisión promovido por BA.NA.DE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

Es formalmente procedente el recurso ordinario de apelación deducido contra el pronunciamiento que rechazó la revisión de la sentencia que había desestimado la verificación del crédito derivado de un préstamo efectuado a la concursada, si se trata de un fallo definitivo recaído en una causa en la que la Nación es indirectamente parte y el monto en litigio excede el requerido por el art. 24, inc. 6, ap. a), del decreto-ley 1285/58 y resolución de la Corte Suprema 1360/91.
Recurso de casación penal, proceso penal, ejercicio de la acción pública
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: H., P. G.-S., L. E.-B., H. O. s/ Homicidio en agresión agravado por haber sido cometido con armas de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-16

"...podemos pensar en un paradigma distinto adonde no es la víctima la que colabora con el Ministerio Público, sino el Ministerio Público quién colabora con la víctima. Esa es la lógica del modelo penal del conflicto frente al modelo penal de la infracción.".

Y es correcto el principio, según nuestro parecer, pero con la aclaración que hacemos desde un comienzo: a. concebimos el modelo del conflicto como un modelo que tiende a la minimización en la aplicación de la violencia estatal economizada por el Derecho Penal; b. este modelo no consagra la venganza privada; c. si el estado carece de interés en la revisión de la sentencia liberatoria, esa falta de interés se transmite a todos los que participan en la persecución.

La reparación económica, por otras vías, puede ser un modo de administrar el trance suscitado y en ello encontrar satisfacción la que se agravia.

Por fin, lo decidido concilia la igualdad que, en este plano, ha de tener el imputado y el afectado, tensión equilibrada que, como bien advierte Maier, puede romperse si no se armoniza la protección de ambos. Por todo ello, creo que el querellante particular carece de recurso en un supuesto de esta naturaleza y por consiguiente debe determinarse así, declarándose mal concedida la casación.
Contratos comerciales, teoría de la imprevisión, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUTTON IGNACIO c/ BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-03

1. Convertir a los jueces en intérpretes del interés de las partes, sustituyéndolas en la modificación de los términos y condiciones contractuales, equivale a desconocer el principio de la autorregulación de los intereses privados, sin que medien razones superiores de orden público o interés social que justifiquen tal intervención.

2. Aceptar la revisión judicial irrestricta de las convenciones privadas, sin la presencia de un grave desmedro a principios fundamentales de justicia, importa introducir una quiebra en la seguridad jurídica, circunstancia que pone de resalto la prudencia con que en el campo jurisdiccional deben aplicarse institutos como el que consagra el Código Civil: 1198,2 par.

3. El comerciante reviste un carácter profesional que le da una capacidad para los negocios de la que carece el denominado "hombre de la calle" y por tanto, su conocimiento respecto de la evolución del mercado, cuando se manifiestan signos de alto riesgo, le permite tomar de antemano medidas para conjurar tal estado de cosas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL
Carátula: Rodriguez Juan Pablo y Reynoso Teresa Leonor en Represent.de su Hija Rodriguez Mónica Ines c/ Vince Valentín y Otros s/ Indemnización de Daños y Perjuicios -Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-10-11

La arbitrariedad como causal de apertura de la revisión extraordinaria intentada exige concreta demostración de la ilogicidad e irrazonabilidad del razonamiento del juzgador que sustenta el veredicto, a partir de un análisis irreconciliable con las constancias del caso de modo que la solución y valoración que no reúna las condiciones descriptas, aún cuando a juicio de quien recurre pueda resultar jurídicamente opinable no puede provocar el control por parte de esta Sala de cuestiones -en principio - ajenas a esta instancia casatoria.
Recurso extraordinario federal, revocación de sentencia, recurso de apelación (procesal), sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, costas, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL
Carátula: López Castro, Carlos Joaquín c/ Municipalidad  de  la  Ciudad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que incrementó en perjuicio del actor la condena en costas de primera instancia elevándolas sin que existiera recurso de apelación de la demanda da, agravando así la situación de la única apelante cuyo recurso se había admitido parcialmente.
Empleados públicos, régimen jubilatorio, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PETRINI ROSSI, IRMA ANTONIA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-29

La finalidad gratificante representada por el régimen jubilatorio para el personal de la administración pública nacional no admite que sus alcances sean extendidos más allá del ámbito para el que fueran previstos. Por el contrario, su carácter excepcional impone hacer aplicación del mismo con criterio restrictivo, tanto del punto de vista subjetivo cuanto del cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a su amparo. Sin embargo, esa fina criba interpretativa no puede constituir impedimento alguno a la aplicación del régimen en la medida que se verifique el cumplimiento de los recaudos exigidos por la ley 22.955 y su decreto reglamentario 3319/83, apreciados en función de lo previsto -fundamentalmente- en los arts. 1 y 3 de aquella y 5 y 6 de éste último.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ortiz, Miguel Angel s/ Robo agravado por el uso de armas Valor, Víctor Hugo s/ Violación. Robo calificado. Privación ilegal de la libertad Delgado, Luis Alberto; Márquez, Alberto Andrés s/ Robo calificado Avila, Elvio Martín s/ Robo calificado Nicrosio, Juan Carlos s/ Hurto calificado Barroso, Sergio Fabián s/ Robo agravado López Contreras, Pablo Lucas s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01|1995-06-27|1991-04-02|1994-12-27|1993-02-23|1990-12-18|2002-05-15

No es necesario demostrar la ofensividad del arma de fuego a los efectos de la configuración de la calificante prevista en el art.

166 inc. 2 del C.P.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, trabajador, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, remuneración, gratificaciones, adicional por antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: RU,  NORMA  BEATRIZ c/ P.A.M.I.  INSTITUTO  NACIONAL DE SERVICIOSSOCIALES        PARA        JUBILADOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-26

El decreto 925/96 no constituye fuente normativa idónea para afectar el incremento de bonificación por antigüedad que venían percibiendo los trabajadores del PAMI, en cumplimiento de lo reconocido por el Acta Acuerdo de Noviembre de 1989. Se trata de un adicional incorporado al contrato. El P.E.N. incurre en un evidente exceso de reglamentación para regular cuáles serán las disposiciones aplicables a los trabajadores en función de su contrato de trabajo con el I.N.S.S.J y P., así como una inexistente fundamentación para adoptar una decisión de tal envergadura (conf. art. 75 inc. 12 de la C.N.)(Fisc. Gral. v.

"Falco Horacio Raúl y otros c/ PAMI s/diferencias de salarios", Sala VII, S.D. 39685 del 31/12/06).
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: FELDSTEIN, Gerardo c/ CIARROCHI, Eduardo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-10

atención médica y el daño verificado en su salud, incumbe al profesional demostrar que cumplió de acuerdo a los principios de la "lex artis", acreditando así el hecho extintivo o impeditivo que obste al progreso de la pretensión, o bien que se verificó una causa de justificación.
Injuria laboral, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ASEM, MARTA ROSANA c/ MI CASITA HOGAR DE PROTECCION AL MENOR s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad -Cobro de  Pesos laborales (Expte.: C.S.J. Nº. 118 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-02

Con relación a la caracterización de la injuria laboral, el legislador ha dejado en manos del juez la valoración de las conductas, y mientras ésta no aparezca como caprichosa o irracional y escape de los margenes de libertad concedidos convirtiendo la sentencia en arbitraria, escapa al control constitucional de la Corte. (De la Disidencia del Dr. Netri)
Juicio de apremio, excepciones procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs.As. c/ Caneda María de los Angeles s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

Es improcedente la excepción opuesta en un juicio de apremio en el que el título ejecutivo está constituido exclusivamente por la liquidación fiscal, sin que tenga cabida en él ni como función complementaria ni integrativa las actuaciones administrativas previas, circunstancias que podrán ventilarse, en su caso, en el juicio de conocimiento posterior (art. 18 dec. ley 9122/78 y 551 del CPC). (Minoría u opinión personal)
Expropiación, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: L., E. H. y Otra c/ T. C. S.R.L. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-17

Como derivación de la inviolabilidad de la propiedad establecida en el art. 17 de la Constitución Nacional, el fin de utilidad pública debe ser calificado por ley y, como lo sostuviera la Corte Suprema de la Nación en un señero y antiguo fallo, la expropiación por razón de ella "no puede entenderse ilimitada ni con alcance tal que lo autorice a disponer arbitrariamente de la propiedad de una persona para darla a otra..." así como que "...el derecho de expropiación por utilidad pública, tal como ha sido incorporada a la Constitución Nacional, se extiende sólo a autorizar la ocupación de aquella parte de la propiedad privada que sea indispensable a la ejecución de la obra o propósito público de que se trate, no pudiendo ir más allá de la misma, ni cumplirse en consecuencia, respecto de bienes que no sean necesarios a aquellos fines", y ese criterio permanece incólume hasta hoy.
Daños y perjuicios, seguros, cobertura, citación en garantía, acoso escolar
Materia: CIVIL
Carátula: G., S. L. D. c/ E. I. S. Y O.  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

Es inadmisible la declinación de cobertura formulada por la compañía de seguros citada en garantía en la medida en que el riesgo que pretendió invocar como no cubierto (daños sufridos por una alumna víctima de bullying) no se encuentran claramente delimitado en la cláusula que invoca a su favor. La aseguradora pretende valerse de una cláusula cuyos incisos que han sido redactados utilizando términos extremadamente genéricos, resultando por ello imposible comprender qué significado pretendió asignarle a cada uno de ellos (producto de su ambigüedad) y de establecer si un caso queda comprendido en el marco de aplicación de las palabras utilizadas (producto de su vaguedad). La contrapartida de la autorresponsabilidad asumida por el asegurador al reservar para sí la creación del contenido contractual, consiste en que las cláusulas con redacción equívoca, oscura o confusa, permiten una interpretación desfavorable a aquél en su carácter de predisponente.
Partidos políticos, franquicias a los partidos políticos, franquicia telefónica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Justicialista s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

El acuerdo de transferencia de la prestación del servicio telefónico y el decreto de aprobación correspondiente no pudieron haber modificado el régimen reglamentario que se desprende de la ley 23.298.
Titularidad de la responsabilidad parental, ejercicio de la responsabilidad parental
Materia: CIVIL
Carátula: García, Rita Del Carmen s/ Inc. De Apelación En Los Autos "García, Rita Del Carmen C/ Gamboa, Rocío Soledad S/ Denuncia"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-15

Se debe distinguir entre la titularidad y el ejercicio de responsabilidad parental siendo que la primera se refiere a conjunto de derechos y deberes que tienen en su carácter de representantes legales los progenitores y el ejercicio se traduce en la puesta en práctica de aquellos.
Hipoteca, principio de especialidad (civil), obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: Gallastegui, Nélida Beatriz c/ Maseda, Liliana Beatriz s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-18

El requisito del artículo 4 de la Ley 21.309 en torno a la especialidad del crédito, no es aplicable en los supuestos en que el préstamo se determinó en dólares estadounidenses y se previó el pago en la misma moneda, salvo supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, en que se dispuso en australes para adquirir bonos externos, que permitan obtener fácilmente la cantidad de la moneda citada para cancelar cada uno de aquellos. No se está en presencia de cláusulas de estabilización previstas en el mutuo; máxime si aún al momento en que se opuso la defensa por el ejecutado se encontraba vigente la ley de convertibilidad nro. 23.928, que despeja toda duda en el supuesto mencionado de caso fortuito o fuerza mayor.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio, gravedad institucional, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Ledesma, Carlos Adrián y otro c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

El análisis efectuado por el a quo en orden a la subsistencia de la acción penal, a la luz de la garantía de plazo razonable, se verifica fundado y razonable. La garantía constitucional a ser juzgado en un plazo razonable no puede limitarse exclusivamente al estricto cumplimiento del transcurso de los plazos previstos en el código de fondo (Fallos: 322:360 y 327:327); por lo que la invocación que se hace en el recurso al aludir a los tiempos que transcurrieron en la tramitación de distintas incidencias -en, particular, la que abordó la cuestión de competencia-, luce desprovista de una explicación razonada teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso y el incesante impulso impreso al expediente, tal como fue también referido por el sentenciante en su resolución. En efecto, de un examen en forma conglobada de los sucesos investigados y de las distintas cuestiones que fueron oportunamente controvertidas durante la tramitación de la investigación y la etapa de debate oral y público no se advierte la alegada vulneración de la garantía invocada. Por lo demás, no surge del expediente y tampoco se demuestra que se haya generado algún grado de afectación por la duración del procedimiento en la situación jurídica o personal de alguno de los involucrados en el proceso. En ese sentido, la naturaleza del hecho investigado -que perjudicó el erario público- y la calidad de los encausados en la maniobra -funcionarios públicos- se presentan como elementos relevantes para la ajustada resolución del caso, no sólo a la luz de las pautas expuestas sino también de lo normado en el art. 36 de la Constitución Nacional. Tan es así que, con posterioridad a su incorporación en el texto constitucional, se sancionó la ley 25.188 de ética en la función pública, que tomando en consideración su gravedad institucional, dispuso la reforma del art. 67 del C.P. estableciendo que "(l)a prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.".