marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Efectos de la sentencia penal en sede civil, responsabilidad civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Pisano, Oscar Gerónimo c/ Pedro Vicente Gómez s/ Sumario - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-13

La autoridad de cosa juzgada del pronunciamiento penal sobre la instancia civil no depende de su forma, sentencia dictada en plenario o sobreseimiento definitivo, sino de su contenido o sustancia. En principio, no hay cosa juzgada que impida al juez civil admitir la responsabilidad civil del demandado. Pero si la hay, cualquiera sea la forma del pronunciamiento penal, en los dos supuestos antes especificados.
Indemnización, daño moral, servicio público
Materia: PROCESAL
Carátula: PATRONE  AMERICO  ALBERTO  Y OTRO c/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-12

Por daño moral ha de entenderse la lesión a todos aquellos bienes que no obstante carecer de contenido patrimonial, son sin embargo fundamentales para todo ser humano, como ser la intimidad, el honor, la fama o el buen nombre, la integridad corporal, la salud psíquica, los íntimos afectos o similares, etc., dentro de los cuales es posible incluir las incomodidades, mortificaciones, pérdida de tranquilidad y de paz espiritual que normalmente todo ser humano soporta ante la carencia de servicios públicos con la consecuente frustración de no poder ejercer con plenitud derechos consagrados constitucionalmente, generando zozobras perturbadoras que justifican el acogimiento de este rubro (conf. esta Sala, causa del 30.3.2000, LL t. 2000-B, pág. 725 y sus citas, entre otras).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rodriguez, Héctor A. c/ Buenos Aires Catering SA s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-23

Se presenta muy distante de la arbitrariedad la ley 24.557 que ofrece para sus destinatarios -los trabajadores en relación de dependencia- un sistema que otorga a éstos ventajas comparativas respecto de aquéllos no incluídos en el mismo.
Recurso de inconstitucionalidad, cómputo privilegiado de la privación de libertad, proceso penal, imputado, prisión preventiva, leyes, interpretación de la ley, reglamentación de la ley, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: R., O. E. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo simple, homicidio. Aplicación   del dos por uno - Ley 24390 (Expte. CSJ Nº 802-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

Con la pretensión de excluir a los condenados por sentencia firme (partiendo de un juicio que incluso parecería compartido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Bramajo" -septiembre 12, 1996-), se ha argumentado que la ley 24390 sólo ha tenido en miras la situación de quienes al momento de su sanción revestían la condición de "presos sin condena", beneficiando a los mismos con un régimen excarcelatorio más favorable y con un cómputo privilegiado para el tiempo de detención preventiva que exceda de los dos años, sin introducir en momento alguno un régimen de conmutación de penas para los sujetos que, habiendo transcurrido más de dos años en detención preventiva, ya tuvieran sobre sí una condena pasada en autoridad de cosa juzgada. Por ello -se dice- cuando el artículo 8 establece la modificación del artículo 24 del Código Penal "para los casos comprendidos en esta ley", nunca pudo estar refiriéndose a estos últimos. Sin embargo, una recta interpretación de ese precepto nos lleva a la conclusión de que cuando la ley modificó el artículo 24 a los fines del cómputo de la prisión preventiva, acotando tal reforma a "los casos comprendidos en la ley", no alcanzó exclusivamente a aquellas personas sometidas a proceso -para las cuales introdujo el régimen excarcelatorio de los artículos 1 a 6-, sino a toda persona que haya padecido prisión preventiva en exceso del "plazo razonable" mentado por el artículo 7.5 del llamado "Pacto de San José de Costa Rica", norma que ella misma dice reglamentar -y que ya estaba en vigencia para todos los encarcelados preventivamente desde la misma ratificación de la Convención, en 1984-. (De la Disidencia del Dr. Alvarez a la que Adhiere el Dr.

Iribarren).
Seguro de caución, fiador, constitución en mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "El  Comercio  Cía. de Seguros A. Prima Fija S.A. (T.F. 11.511-A) c/ D.G.A.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-26

La extensión de la obligación del fiador -cuando es solidario no depende de una diligencia personalísima constitutiva del estado de mora (conf. C.N.Com.Sala D, ED: 113,113). (Consid.

VIII).
Contrato de transporte, incumplimiento del contrato, pago con subrogación, subrogación en los derechos del asegurado, intereses moratorios
Materia: COMERCIAL
Carátula: HELVETIA ARGENTINA  S.A.  DE SEGUROS c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

Toda vez que la actora actúa por subrogación en los derechos de su asegurada y que en la especie se trata de un incumplimiento contractual, los intereses moratorios reconocen como punto de partida la fecha en que el deudor -el transportista- quedó constituido en mora, estado jurídico que no se configura sino desde la correspondiente interpelación, pues no fue pactado plazo expreso para el cumplimiento del transporte y la mera falta de arribo de parte de la carga no traduce una imposibilidad de cumplimiento definitiva, en tanto que los efectos pueden ser encontrados y entregados.
Responsabilidad del Estado, prueba, falta de prueba, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: MAIDANA  ANTONIO  Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE DEFENSAFUERZA AEREA ARG. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-13

La circunstancia de que el juez no pueda apartarse de la calificación de "culpable" que se hubiere hecho en la sentencia penal, no impide que el demandado pueda alegar y probar también la culpabilidad de la víctima o de un tercero por quien no deba responder a fin de atenuar su responsabilidad y mitigar el reclamo resarcitorio (conf. C. Nac. Civ., Sala D, 29.8.08, "Fernández Ordas, Beatriz v. Consorcio Tucumán 1436/1438/1440", Lexis Nº 35030547, SJA 13/5/2009). Empero, en el caso, el Estado Nacional no ha acreditado la culpa del infortunado trabajador. La relación de subordinación que existía entre éste y Crizaldo, unida a las condiciones de inseguridad en las que se encontraba realizando las tareas, excede el comportamiento que el causante debía observar y traslada la responsabilidad del infortunio al ámbito de la empresa (conf. C. Nac. Trab., sala 8ª, 29/02/08, Cardozo, Manuel de los Santos y otro v. Ersa S.A.).
Policía, personal policial, cesantía, nulidad del acto jurídico, salarios caídos, leyes, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cejas, José Gerardo Cirilo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 210-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-26

El pago de los haberes caídos no constituye consecuencia necesaria de la nulidad del acto de cesantía, por lo que, cuando ella es establecida por la ley, no corresponde interpretarla extensiva ni analógicamente, por lo que, aún en el sub judice donde la Administración optó, a pesar de haber transcurrido más de tres años desde la baja, por reincorporar al agente, tal circunstancia no autoriza a que este Tribunal le reconozca salarios caídos. En ese sentido, debe recordarse que está vedado a los jueces crear, por vía analógica, "la obligación a cargo del Estado...de entregar sumas de dinero a un agente en defecto de la prestación de servicio".
Enfermedad accidente, trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ortiz de Vila Belqui, Margarita c/ Lzaro Menes e Hijos S.R.L. s/ Indemnización por Enfermedad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-06-01

La Ley no aclara, para determinar la responsabilidad del empleador, cómo debe hacerse la evaluación en el supuesto de concurrencia de factores causales atribuibles al trabajador y factores causales atribuibles al trabajo, cuando la incidencia de estos últimos, no está determinada por experto médico. De ahí que deba resolverse mediante la conjunción de los principios fundamentales; uno, el de enriquecimiento sin causa (que satisface a la lógica, a la razón y también a la justicia) y otro, el de juridicidad que impone el acatamiento de la norma vigente sin cortapisas ni eufemismos.
Constitución Provincial, derecho a la salud, derechos sociales
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: AGUERO, WERFIL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO LEY 48 - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE N. 657-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-24

El Estado, según lo señala el articulo 19 de la Constitución Provincial, tutela la salud como derecho fundamental del individuo, y en el articulo 21, 3er párrafo se instituye un sistema de seguridad social de carácter integral, ratificando la eminente dignidad ya reconocida a la persona humana en el articulo 7. Las citadas cláusulas vinculan al legislador y al juez y dan jerarquía a la indemnización que se reclama.
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cuber, Blanca E. c/ Municipalidad de Ensenada s/ Indemnización por despido indebido -cuestión de competencia art.6º  C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

Hallándose fuera de discusión el encuadre de la relación jurídica -pues la propia accionante destaca su carácter de empleo público-, sujeta a normas administrativas, no se advierte que la invocación del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo resulte adecuada al planteo de la demanda, y por consiguiente, tenga por efecto desplazar la competencia originaria del Tribunal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Denuncia, producción de la prueba, responsabilidad del escribano, defensa en juicio, ética de la función pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tribunal de Superintendencia del Notariado; Rossi, Augusto M. A. . Escribano Garro, Mirta Graciela. Ferreira de Almeida, Adriana Augusto M. A. . Escribano Garro, Mirta Graciela. Ferreira de Almeida, Adriana
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-08

Las pruebas producidas en autos no permiten formar convicción acerca de la responsabilidad ética de la notaria recurrente, pues de su análisis no se puede extraer, ni siquiera de manera indiciaria, la violación por parte de ella de la norma deontológica contenida en el inc. "n" del art. 4º del Código de Ética-permitir que un escribano inhabilitado ejerza la profesión notarial-, desde que para que proceda un reproche, incluso ético, sus presupuestos fácticos deben estar fehacientemente probados e, igualmente, en tal orden de ideas, deben agotarse los medios para garantizar el derecho de defensa y dilucidar la verdad jurídica objetiva, sobre todo cuando se compromete la honra personal.(Voto de los Sres. Jueces José O. Casás y Ana María Conde. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Declaración testimonial, autoridad de prevención, valor probatorio, declaración espontánea, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Iglesias de la Asunción, Tomás s/ Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

El Tribunal reproduce la doctrina sentada por la Sala 2da. en autos "Gil Garrido, Julio" del 25.6.93 en el sentido que "La prohibición contenida en el art. 316, 1er. párrafo del C.P.M.P., no impide a la prevención realizar todas las medidas probatorias tendientes a encauzar la pesquisa en cuanto a la materialidad del hecho y en lo que respecta a la responsabilidad de sus autores que, conforme el art. 184, inc. 5 del citado ordenamiento legal, adquiere imperativo legal. La norma del mencionado artículo, si bien impide valorar las "manifestaciones espontáneas", nada dice de las declaraciones testimoniales del personal preventor, debiendo ser analizadas a la luz del cuadro probatorio colectado en el legajo. En el caso, los testimonios en cuestión se vieron corroborados por el allanamiento que arrojó resultado positivo en cuanto al hallazgo de estupefacientes".
Contrato de obra pública, responsabilidad del contratista, servicios eléctricos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferro de Rocco, Luisa Carmen y otra c/ SEGBA s/ Cobro de Australes (Sumario)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-27

Diez entiende que el contrato de obra pública es en principio "intuitu personae", a punto tal que no puede cederse ni sub contratarse, sin la aprobación expresa de la Administración. Es que esa responsabilidad del contratista es la que se tiene en mira al adjudicarse la obra frente a otros posibles concurrentes al acto licitatorio. Así que una de las obligaciones principales del contratista, es el deber de observar las cláusulas del contrato, y ejecutar los trabajos previstos en forma irreprochable, en particular la correcta interpretación de los planos, respondiendo de todos los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la obra, hasta su recepción final.Si pretendiera la responsabilidad exclusiva de S.E.G.B.A. , tal como pretende exonerarse el tercero citado contratista, debía de haber advertido a su contratante del peligro que implicaba la excavación que estaba realizando. Máxime cuando como en la locación de obra en análisis no se configura una mera relación de dependencia entre el dueño de la obra y el empresario; que la obra estaba bajo su responsabilidad del empresario y bajo su custodia; y que en principio, en lo que hace a los movimientos de suelos, por los imponderables que en los subsuelos pudieran aparecer, que el contratista debe advertir al contratante las situaciones no previstas, los riesgos, etc. que vayan surgiendo en la obra, como una forma de ir limitando su responsabilidad.

En autos el contratista no solo estaba alacanzado por aquellos elementales principios reseñados, sino que expresamente había asumido tal responsabilidad. Estos elementos persuaden de la responsabilidad exclusiva o total del contratista frente a S.E.G.B.A ;sin perjuicio de la corresponsabilidad solidaria de ambas frente al damnificado.
Sanciones disciplinarias, principio de congruencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Selvetti Raúl Héctor c/ Panzaro José Vicente s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-04

Si el pedido de sanción se solicita al responder el correspondiente memorial, cabe interpretar que ello refiere sólo al ámbito de la alzada, ya que no se efectivizó tal petición ni recayó pronunciamiento en la sede anterior.-
Competencia provincial, competencia federal, comercio interior, Internet, comercio electrónico
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Cámpoli, Gabriel Andrés.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Si bien el objeto de la pretensión se refiere a un negocio regulado por el derecho común -ya que se trata de examinar si la actividad que desarrollan las empresas demandadas está subsumida en las disposiciones de carácter nacional y local que imponen la intervención de un martillero público para la realización de remates- la decisión de las cuestiones planteadas excede la competencia de un juez provincial porque atañe al comercio interjurisdiccional e internacional al realizarse estas operaciones a través de Internet.
Estafa procesal, falsificación de documentos, exposición de los hechos, delitos, competencia ordinaria, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en Campos Salva, Fernando c/  s/ 289 1 - falsificación de marcas / señas o firmas oficiales s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

Corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas para investigar los hechos que encuadrarían en los delitos de uso de documento falso y tentativa de estafa procesal. Ello así, en tanto los jueces contendientes coinciden en que las conductas aquí investigadas habrían ocurrido en el marco de ciertos procesos judiciales tramitados ante órganos no federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires; esto es, ante autoridades que ejercen competencias locales. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Empresa de transporte, transporte aéreo, empresas de servicios eventuales, subcontratación laboral, empresa de limpieza, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ, CARLOS c/ BETTER CLEANING  S.A. s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-18

Toda vez que las tareas de limpieza no hacen a la actividad normal y específica de una empresa de aerotransporte comercial, no corresponde aplicar al caso las disposiciones emanadas del art. 30 LCT.
Honorarios, honorarios del perito, regulación de honorarios, pautas, perito de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: BAGLINI DE PORTICELLA c/ GLASL s/ DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

A los efectos de la regulación de honorarios por la actividad profesional, no se le aplican a los consultores técnicos las mismas pautas que a los peritos, sin perjuicio de mantener una correlación con los honorarios de los profesionales intervinientes.

Ello es así por cuanto, a diferencia del perito, el consultor técnico reviste el carácter de un verdadero defensor de la parte que lo designara, un símil del abogado, pero limitado a la materia científica o técnica de su especialidad.
Notificación, domicilio, remuneración, recibo
Materia: LABORAL
Carátula: Alfonso Martín c/ Serra Norberto Emilio y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-09-18

La pieza postal fue dirigida al domicilio que el empleador constituyera en los recibos de sueldo, correspondientes al último año. Así el trabajador conocía solamente este domicilio.

La pieza postal no fue devuelta, de manera tal que las protestas del apelante en orden a que el domicilio era extraño al del demandado, merece que le responda que a mas de obviar el principio de buena fe, no puede el empleador invocar en todo cado, su propia negligencia o torpeza, o dificultar el medio, para beneficiarse con ello, art.1111 del Código Civil.
Grooming, Ley Mica Ortega, víctima menor de edad, redes sociales, Facebook
Materia: PENAL
Carátula: Luna Jonatan o Luna Yonatan Omar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-03-14

No se encuentra discutido que medió contacto entre el acusado y la víctima, por medio de la red social "Facebook", sino el propósito de las comunicaciones. La figura endilgada por el art. 131 del CP (grooming), no requiere para su configuración la realización típica de alguno de los restantes delitos contra la integridad sexual, sino la cabal demostración de que el propósito del contacto se dirigió a dichos fines; extremo que luce suficientemente probado. Los elementos valorados por el A Quo revisten entidad suficiente para afirmar que el propósito que tuvo el encartado al contactarse con la menor no resultó otro que el de atentar contra su integridad sexual, lo que descarta la hipótesis de la Defensa sobre cualquier otro supuesto (robo).
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Canale SA s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-20

La parte cuya petición procesal no puede tener éxito sin que se aplique un determinado precepto jurídico, soporta la carga de la afirmación y de la prueba de que las características definidoras de ese precepto están realizadas en los hechos. O sea que debe afirmar y probar los presupuestos que condicionan la actuación de esa norma (art. 375, CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Alimentos, salario mínimo, vital y móvil
Materia: PROCESAL
Carátula: G.M.N. c/ N.M.S. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-04-27

No obstante que el alimentante no posea un sueldo, una vez establecida la cuota alimentaria en una suma de dinero, es justo evitar su desactualización y no existe inconveniente en determinar su movilidad sobre la base de los porcentajes en que oficialmente se incremente el salario mínimo vital móvil cada vez que ello ocurra y así corresponde declararlo en autos.
Proceso contravencional, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, resoluciones apelables, falta de acción, aplicación de la ley, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de falta de acción en autos "Modernell, Alberto c/ Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación s/ Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación Alberto c/ Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación s/ Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-24

Es admisible el recurso de apelación contra la resolución del juez a quo que rechaza la excepción de falta de acción opuesta de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 339 inciso 2) del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria (art. 6, Ley Nro. 12).

En primer término cabe recordar que en relación al sistema impugnaticio establecido por el ordenamiento procesal nacional, una de las reglas generales dispone que las resoluciones judiciales solo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley (art. 432, CPPN).

A su turno, y específicamente en cuanto al recurso de apelación el art. 449 de la norma citada establece -entre otros supuestos- que "El recurso de apelación procederá contra ... la resoluciones expresamente declaradas apelables ...".

En esa inteligencia, el artículo 345 del citado código dispone claramente que "El auto que resuelva la excepción será apelable por las partes dentro del término de tres (3) días".

Es en virtud de la norma citada que el recurso de apelación resulta formalmente procedente si ha sido interpuesto dentro del plazo establecido normativamente, contra la resolución que rechazó el planteo de excepción de falta de acción y por quien se encuentra legitimado a tal efecto.
Medidas cautelares, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: GAMARRA, LUIS RUBEN c/ CERDAN, MIGUEL s/ TERCERIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

El comprador de un inmueble, embargado por una suma determinada, que deposita en pago el importe a que asciende el embargo, se encuentra plenamente habilitado para obtener el levantamiento de la medida precautoria con el respectivo depósito de la suma en cuestión.
Competencia, competencia por conexidad, acumulación de procesos, recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARRAÑA, Carlos A. y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-17

De la lectura del  art. 43 del C.P.P.N. se advierte que la única excepción prevista para impedir la acumulación material de los expedientes, es cuando ello conlleve un grave retardo para alguna de las causas.

Si la consecuencia de la que se agravia la defensa en manera genérica -al no desarrollar un perjuicio concreto-, es la que surge de la misma determinación de la ley de acumular procesos dadas las condiciones previstas en el art. 41 del C.P.P.N., ello no resulta recurrible para las partes.

Por tanto, corresponde rechazar el recurso de queja deducido contra el auto que rechazó el pedido de separación de los sumarios acumulados.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Incidente  de recusación planteado en autos Mostafá, Nair -víctima de Violación y homicidio en Tres Arroyos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Cabe la aplicación de la doctrina de la gravedad institucional a los efectos de enderezar un recurso extraordinario hacia el conocimiento del tribunal competente para resolverlo.