marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo no registrado, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Ferrin, Carlos A. c/ Bugiolachi, Ricardo s/ Diferencia salariales e indemnizaciones Galluzzo, Marcelo Jorge y otros c/ López Gómez, José Manuel y otros s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28|2000-07-05

Si uno de los reclamos del trabajador fue su registración en los libros laborales en los términos y bajo el apercibimiento de la ley 24013 y la réplica patronal negó tal posibilidad alegando que el vínculo contractual ya estaba extinguido, es de toda evidencia que si tal circunstancia fue una de las injurias justificativas del distracto concurre el presupuesto fáctico requerido en el último párrafo del art. 15 de la ley 24.013; ello es, la relación de la justa causa invocada con la prevista en el art. 8 de dicho ordenamiento legal, sin que tampoco el empleador haya acreditado "de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido". (art. 15 "in fine", ley 24.013).
Improcedencia del recurso, inconstitucionalidad, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Leonardo Gustavo; Collia, Damian Joaquín y Rodriguez, Walter Hugo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-14

Cabe rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 166, inc. 2º, segundo párrafo, del Código Penal formulado en el recurso de casación, en tanto la cuestión constitucional introducida en el recurso no surgió por primera vez, o de modo sorpresivo, en el marco del debate, circunstancia que le hubiera impedido al impugnante efectuar un planteo oportuno. La calificación del hecho que se cuestiona, fue propuesta por la fiscal ya en su requerimiento de elevación a juicio sin que ello haya provocado consideración alguna desde esa perspectiva en la oportunidad en que intervino la defensa, ni haya alegado algún motivo que dispense de la carga del planteamiento oportuno de la cuestión ni explicado cuál habría sido el impedimento para plantear este mismo asunto ante el tribunal de la instancia anterior habilitado para juzgar el caso. Tampoco menciona infracción alguna en cabeza del juzgador, que posibilite considerar una omisión de expedirse oficiosamente sobre el punto (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirieron los jueces Morin y Días).
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, legalización, escribanos públicos, escritura pública, Estado Provincial, instrumentos públicos, protocolización
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ISAAC RAUL MOLINA c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

Son inconstitucionales las normas provinciales que requieren -como en el caso de la ley 10.191 de la Provincia de Buenos Aires-, la previa protocolización de los instrumentos públicos de otras jurisdicciones para su posterior inscripción en el Registro, sin que se advierta diferencia de naturaleza con la llamada "acta protocolar" de la ley cuestionada, máxime cuando el aspecto constitucionalmente vulnerable no se halla en la cantidad de especificaciones contenidas en el acta sino en la necesidad de su incorporación en un registro notarial local para permitir su inscripción como documento auténtico en el registro correspondiente (art. 1003 del Código Civil).
Deberes procesales, temeridad o malicia, maniobras dilatorias, sanciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: CREGO DE PEREZ, María Esther Natividad c/ MUNYO, Angela Isabel y otro s/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO Y/O VENCIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

La actuación judicial que obstaculiza el curso normal del proceso, en cuanto importa litigar sin razón valedera, no puede ser ajena a quien tiene la dirección letrada, lo cual hace pasible al letrado de las sanciones establecidas por el art. 45 del Código Procesal.

No obstante, su aplicación requiere que medien circunstancias graves que configuren típicamente la inconducta procesal que se encamina a reprimir.
Recurso de casación, doctrina legal, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: REMENTERIA JORGE WALTER c/ EMPRESA SUREM PETROL  S.R.L. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-08-06

No resulta atendible la impugnación, aun desde el invocado aspecto de la función uniformadora de la casación, toda vez que el mandato individual emanado de un fallo pasado en autoridad de cosa juzgada no puede ser alterado o vulnerado en orden a una mera certidumbre general; la autoridad de la cosa juzgada responde a una consideración esencial de orden público, cual es la necesidad de que el orden y la paz reinen en la sociedad poniendo fin a los litigios y evitando que los debates entre las partes se renueven indefinidamente.
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: SANATORIO SAN ROQUE c/ WEBER, LUIS Y OTRO s/ SUMARIO     EXPTE NRO 130-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-29

El efecto propio de la incontestación de la demanda, consiste en generar una presunción de reconocimiento de los hechos articulados en aquélla, la cual ampara al actor y perjudica al demandado, sobre quien pesa por consiguiente, la carga de la prueba que desvirtúa la presunción legal.
Concurso preventivo, pedido de quiebra, depósito, pago, presentación en concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: CLINICA DEL SALVADOR  S.A.  POR CLINICA BAZTERRICA  S.A. s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-24

Si antes de la apertura concursal preventiva medió intención efectiva de la deudora de abonar el crédito sobre cuya base se pidió su quiebra, y fue también clara la intención del peticionante de la falencia percibir lo depositado por aquella en tal expediente de declaración de quiebra, en tanto el dinero se encontró disponible -y solo merced a trámites procesales de dudosa justificación la libranza no fue ordenada- cabe tener por cumplido el pago. De ello se sigue que no corresponde rechazar el pedido de libramiento de giro ante la posterior presentación en concurso de la deudora.
Transporte marítimo, transporte internacional, obligaciones en moneda extranjera, depreciación monetaria, teoría de la imprevisión
Materia: NAVEGACION
Carátula: Elma c/ Kemphis  S.A. s/ Cobro de pesos (u$s8562,90)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-12

Estamos en presencia de una obligación pactada en moneda extranjera (dólares norteamericanos), situación que se adecua estrictamente a lo que acontece normalmente en materia de transporte marítimo internacional. "Y al no tratarse de un supuesto de obligación dineraria con cláusula de ajuste según el dólar, parece claro que no juega en la especie la llamada teoría de improvisación.

Las partes, de común acuerdo, se sujetaron al pago en dólares, y no hay entonces razón suficiente para alterar lo pactado en función de una determinada paridad cambiaria, particularmente teniendo en cuenta que no existe ningún elemento de juicio que justifique vincular la obligación original con la intención objetivamente demostrada de que se contrató teniendo en mira la oscilación de valor de la moneda argentina. Tratándose, como se trata, de obligación de pagar en divisas, el deterioro del peso respecto de ellas resulta intrascendente.
Recurso de casación, organización de la justicia, subrogancia del juez, excusación
Materia: Procesal
Carátula: Compañía Financiera S.A. c/ AZZI, Sara Estela s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-12-11

Las leyes atributivas de jurisdicción son en principio normas de derecho público, y de esa misma calidad participan, obviamente, las leyes que reglamentan el ejercicio de esa jurisdicción que en la provincia lo dispone imperativamente la Ley Orgánica del Poder Judicial. La voluntad de los jueces no puede dejar de lado la observancia de las leyes que imponen la forma de sustitución en caso de excusación, ni aún con la conformidad expresa o tácita de las partes intervinientes de suerte que en caso de infracción a dichas normas la nulidad de lo actuado se impone.
Mora, actualización monetaria, depreciación monetaria
Materia: CIVIL - ECONOMIA - FINANZAS
Carátula: Compañía Argentina de Seguros Minerva  S.A. c/ D.G.I. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

No es la mora la circunstancia que habilita y condiciona el reconocimiento del ajuste, sino la variación del valor de la moneda que se da con independencia de aquélla.
Concurso preventivo, proceso de verificación, indicación de la causa, incidente de verificación, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE TOMMASO s/ INC. DE REVISION POR J. G. DE MARGAROLI
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-23

Si se promovió incidente de verificación de crédito en base a un documento que tiene una doble naturaleza, ya que por un lado constituye un reconocimiento de deuda propiamente dicho a través del cual se deja especificada la existencia de la obligación, una descripción sintética de su origen (daños y perjuicios) y su monto;

y por otro, y a continuación de lo anterior, se concibe una especie de declaración cartular, encuadrable dentro de la etapa conceptual del pagaré, con todos los recaudos para ser considerado tal; y, si el contenido del documento es sincero y no está afectado de falsedad ideológica, a lo que se agregan indicios suficientes que permiten abonar el origen de ese crédito, no se justifica imponer al acreedor la carga de probar en el incidente de revisión en forma acabada y minuciosa la obligación instrumentada en el título, máxime cuando no hay sospechas sobre la posibilidad de un concilium fraudis con el obligado para perjudicar a otros acreedores.
Caducidad de instancia, regulación de honorarios, monto del juicio, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: SALGAN ROQUE ROBERTO c/ BLANCO CARLOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-22

En los casos en que el proceso concluye por caducidad de la instancia, a los fines regulatorios deben aplicarse analógicamente las reglas que corresponden al rechazo de la demanda o al desistimiento de la acción y del derecho, que surgen del plenario "Multiflex S.A. C-Consorcio Bartolomé Mitre 2257, sumario", del 30-9 75, tomándose como monto del juicio, el que se reclama en la demanda y teniendo en cuenta la etapa en que la caducidad se produce, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del arancel (conf. C n.Civ. Sala F, del 16-9-80; íd. Sala C, r.288.949 del 12-7-83). La depreciación monetaria debe integrar el monto del juicio, pues la circunstancia de que el proceso haya concluido por haberse decretado la caducidad no autoriza a apartarse del artículo 22 de la ley 21 839, que por su generalidad, también abarca tal supuesto (conf. E.D.

82-738).
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: MONZON, LEONARDO FABIAN c/  s/ ROBO CALIFICADO Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-26

Si bien la defensa en el recurso de queja planteaba que existió una sorpresiva extensión en la resolución del acuerdo abreviado que significó un agravamiento de la pena, respecto de lo efectivamente acordado con el Ministerio Público Fiscal, lo cierto es que no se verifica tal vulneración al derecho de defensa, desde que las partes tuvieron la posibilidad de discutir y alegar sobre las tres cuestiones en las que no había acuerdo (revocación de libertad condicional, reincidencia y cómputo de pena); y en tal contexto, si el cómputo de la pena o la revocación de la libertad provisional hubiesen sido puntos acordados por las partes y no sometidos a decisión del tribunal, resulta evidente que lo que correspondía era que la defensora retirara el acuerdo con anterioridad a la resolución de la Magistrada (por considerar que esas cuestiones habían sido retraídas de la decisión jurisdiccional) y no esperar el resultado adverso para recién ahí, invocar que ello no había sido lo acordado. (Del voto del Dr. Falistocco, que hizo mayoría. En disidencia parcial: Dr. Erbetta)
Conflicto de poderes, gobierno municipal, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Contreras, Aldo F. c/ Concejo Delib. de La Matanza s/ Conflicto - Ley Orgnánica de las Municipalidades Intendente Municipal de Carlos casares c/ Concejo Deliberante de Carlos Casares s/ Conf. poderes art. 196 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-17|2002-05-02

La medida cautelar de pleno derecho legislada en el artículo 263 bis del decreto ley 6769/58 (conf. art. 88, ley 11.024), alcanza sólo a la destitución del intendente o concejal y no a la suspensión preventiva decretada respecto de éstos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Conflicto de poderes, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-17

La inmunidad de jurisdicción protege a los jueces de ser afectados en el normal desempeño de sus tareas pero no impide el control que los distintos órganos del Estado pueden ejercer mediante los procedimientos previstos a ese efecto, pues en caso contrario, con el pretexto de la alegada inmunidad, los órganos permanentes del Poder Judicial serían los únicos exentos de todo control dentro de la organización estatal o al menos de participar como demandados en un conflicto de poderes. (Voto de los Dres. Ana María Conde, Luis F. Lozano, José O. Casás, Elizabeth Marum e Inés Weinberg de Roca).
Honorarios, honorarios del perito, pago, sujetos del pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: VAZQUEZ IGLESIAS, Jorge c/ PALACIOS, Alberto s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-28

A menos que la parte que no ofreció la pericia ejerza en forma expresa la facultad que le confiere el Código Procesal: 478, el perito tiene derecho a reclamarle el cobro de sus honorarios, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar en virtud de la forma en que las costas fueron impuestas.
Recurso de inconstitucionalidad, presentación extemporánea, lotería nacional, acción de amparo, juegos de azar
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Dr. Ricardo Monner Sanz c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ recurso de inconstitu-cionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-06

Desde la perspectiva de la técnica del recurso de inconstitucionalidad, la recurrente no planteó en forma oportuna las cuestiones constitucionales que expresa en el recurso de inconstitucionalidad. Su articulación oportuna hubiera permitido el debate de las defensas y excepciones que tardíamente pretendió introducir en el juicio y su decisión por el juez de la causa desde la primera instancia.
Instrumentos privados, desconocimiento de firma, medios de prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FUNES ANTONIO E. Y OTRO c/ ISABEL N. RUBEN DE FUNES s/ Escrituración (LIBRO: S073 - 475)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-07-24

"Lo referente a la autenticidad de la firma de un instrumento privado es una cuestion de hecho; por consiguiente, ella puede ser acreditada por un medio distinto al cotejo y comparacion de letra, siendo admisibles, toda clase de pruebas, incluso la de testigos y presunciones, dado los terminos en que aparece redactado el art. 1033 C.C.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-25


Salta, 25 de Agosto de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "MUNCIPALIDAD DE EL GALPON vs. CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA EL CHAJA - DESALOJO" - Expte Nº 008867/08 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 2º Nominación del Distrito Judicial del Sur - METAN (Expte. N° CAM 304.831/10 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

A fojas 560 la actora plantea caducidad de la instancia recursiva de conformidad a lo normado por el art. 310 inc. 2 del CPCC; sustentado en que la parte demandado no ha instado el procedimiento por más de tres meses.

Corrido el traslado de ley y encontrándose debidamente notificado el incidentado, no compareció a estar a derecho (fojas 561 y 562), pasando los autos a despacho para resolver.

Las actuaciones dan cuenta que por providencia de fecha 13 de abril de 2010 (fs. 559), recibidos los autos en la Sala, se dispone la notificación personal o por cédula de la radicación e integración del Tribunal; constituyendo la última actividad con carácter impulsoria de parte interesada hasta el planteo de caducidad que nos ocupa; quien tampoco responde el traslado del incidente planteado, lo que trasunta una falta de interés en el trámite de su apelación.

La segunda instancia se abre a partir de la fecha de interposición del recurso de apelación (art. 310 CPCC), y es carga que pesa sobre el recurrente realizar las diligencias procesales idóneas a fin de activar el juicio para que sea elevado al superior y procurar que se realicen los actos y los trámites necesarios que anteceden al dictado de la resolución (conf. CApelCC, Salta, Sala III, tomo 2000, fl.290, entre muchos otros).Así, la confección de la cédula de notificación pendiente en autos, constituye una carga para el apelante; respecto ello, nuestro más alto Tribunal ha expresado entre otros conceptos que "si los impugnantes no presentaron la cédula para notificar la radicación de los autos ante el tribunal, es de su exclusiva responsabilidad, pues la carga de impulsar el proceso incumbe a la parte que interpuso el recurso" (CJS Tomo 117; 1002).Las circunstancias apuntadas, encontrándose reunidos los extremos que tornan procedente declarar la perención, en cuanto existencia de una instancia, inactividad impulsoria y transcurso del tiempo en los términos del art. 310 inc 2 del CPCC, corresponde así se declare.

Por lo expuesto, y lo dispuesto por el art. 316 del CPCC, se declara la caducidad de la segunda instancia respecto el recurso de apelación interpuesto a fojas 545. Con costas al vencido (art. 67, 68 y 73 del CPCC).

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.
Accidente de tránsito, culpa penal, culpa inconsciente, culpa con representación
Materia: PENAL
Carátula: S., J. E. s/ Homicidio culposo (Expte Nº  81-93, Resolucion Nº  47, Tomo 1, Folio  408)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-13

Es inadmisible pretender ninguna responsabilidad en un choque en base a la conclusión relativa a una imposibilidad de ver o prever la presencia del embestido, si la misma era previsible. En este caso debía ajustar su conducta a esa previsibilidad. Dentro del derecho penal, no solo cabe el reproche ante un caso de culpa consciente sino también se admite la inconsciente.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, postulación como candidato, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sobre Incidente de Apelación - Causas Electorales - Reconocimiento de Alianza/Oficialización de Candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-21

Corresponde rechazar los recursos de apelación toda vez no viene al Tribunal un recurso de parte que haya sido tenida por legitimada por el Tribunal Electoral para formular cuestionamientos a la decisión de la Junta Electoral. Esto supone que tampoco pueden hacerlo respecto de la decisión del TE, especialmente en tanto ella es coincidente con la de esa Junta. Y los recursos bajo análisis no se hacen cargo de ello en tanto no han dedicado un solo agravio a cuestionar ese extremo. Ello, por sí solo, basta para tenerlos por inadmisibles. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Responsabilidad solidaria, distribuidor de alimentos
Materia: LABORAL
Carátula: Marzorati Fernando Reynaldo c/ Insua Armando Manuel y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-25

Cuando la empresa principal o comitente delega en otra, bajo su propia dirección y control, tareas de transporte de los productos que fabrica, debe considerárselo responsable en los términos del art. 30 L.C.T., ya que media la delegación de tareas que le son propias, puesto que el traslado de tales mercaderías hasta sus clientes es imprescindible para lograr sus objetivos comerciales. (Del voto en minoría del Dr. Maza, quien deja a salvo su opinión ya que en el tema el criterio mayoritario lo establecen el Dr. Pirolo y la Dra. González).
Concursos docentes, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SISTO, CARLOS JOSE GENARO c/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/ ORDINARIO - MEDIDA PRECAUTORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-29

No se advierte la reunión de los extremos de verosimilitudes y gravedad toda vez que el cargo que actualmente ocupa el actor no se encuentra en concurso, ni surge de autos que se haya llamado para proveer ninguno similar en la materia que actualmente dicta.

La circunstancia de no hallarse obligado a ello desvanece la posibilidad de que se ocasionen en la especie un perjuicio de las características requeridas. Tampoco se avizora, que una eventual sentencia favorable se torna de cumplimiento imposible.

No aparece patente, al momento, el peligro en la demora que autorice la medida cautelar de suspensión del llamado a concurso del departamento de Salud Mental (Fac. Medicina - U.B.A.) máxime si se atiende a la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria de los actos cuestionados (Art. 12 de la 19.549).
Crédito fiscal, cesión de créditos, cesión de créditos del fisco
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BOU KHAIR HNOS. SOC. COM. COLECTIVA c/ FISCO NACIONAL (D.G.I.) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-23

Tiene expresado la Corte Suprema que, los reparos al crédito fiscal cedido como de libre disponibilidad, formulados con posterioridad al vencimiento del plazo que establece la norma reglamentaria, respectiva, para que la Dirección General Impositiva lo observe, no resultan oponibles al cesionario, puesto que en el caso de que se registren diferencias, corresponde que el fisco nacional se expida mediante un acto administrativo expreso que deniegue la solicitud de transferencia y determine la deuda fiscal al sujeto responsable de las operaciones que dieron origen al crédito por exportación que resulta impugnado, salvo que fuera contestada la conducta del cesionario.
Daños y perjuicios, daño moral, daño psíquico
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAXIMINO, MARTA c/ PERALTA, JORGE s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-22

El rubro daño psíquico carece de independencia, ya que en tanto afecte un interés extrapatrimonial de la victima será un daño moral. Lo anterior no excluye la posibilidad de que cuando repercuta en las posibilidades económicas de ésta, pueda constituirse también en daño patrimonial indirecto (cncom, sala b, 30.4.93, in re "dallochio, Luis c/ pareja puig, Juan m. y otro s/ daños y perjuicios"). A su vez, para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso (cfr. csjn, 29.6.04, in re "coco, Fabián Alejandro c/ provincia de buenos aires y otros s/ daños y perjuicios", tomos 327:2722). (En el caso, al no guardar relación con el daño material, no se encontró justificada tal vinculacion, por lo que debe valorarse dentro del daño moral).