marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámaras de casación, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Argañaraz Artemio del Valle s/ Homicidio Culposo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-12-18

Resulta una ineludible tarea del Tribunal Casatorio la determinación del cumplimiento de los requisitos formales del proceso penal, a los fines del resguardo soberano del Debido Proceso y en correlación a lo dispuesto por el art. 125 y 373 inc. 2º del C.P.P..

Nuestra norma procesal establece que el Requerimiento de Elevación a Juicio deberá contener, bajo pena de nulidad, entre otros requisitos, la relación circunstanciada de los hechos. La norma impone de esta manera, una hipótesis autónoma de nulidad establecida como una garantía constitucional, ya que la Requisitoria Fiscal de elevación a Juicio configura el acto más trascendente del ejercicio de la acción penal. Es la base del juicio propiamente dicha.

Y ello encuentra su basamento en el ejercicio y control de garantías constitucionales, la defensa en juicio, que importa el derecho de todo imputado a tener un cabal conocimiento del hecho que se le acusa y la forma en que el mismo se produjo, determinada por el Ministerio Fiscal, y por otra parte la del debido proceso, conformada por una serie de actos que concatenadamente se van sucediendo hasta arribar a la sentencia definitiva.
Contratos comerciales, daños y perjuicios, privación del uso del automotor, prueba, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: CLAUDIO BARGAS c/ ALBERGUE TRANSITORIO NOI DE MANUEL IGLESIAS Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

Un vehículo puede incorporarse a un patrimonio de dos maneras:

una dinámica, integrándoselo a una organización productiva, en la cual su indisponibilidad generaría un perjuicio significativo, susceptible de reparación; y una estática, destinándoselo al uso y goce de su dueño, donde la privación del uso podría causar un daño, no presumible, que debe acreditarse concretamente en cada caso.
Honorarios del abogado, convenio de honorarios, nulidad del convenio
Materia: PROCESAL
Carátula: P.,  M.A.  y otros c/ C., E.O. y otro s/ BENEFICIO DE LITIGAR SINGASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11

Resulta procedente la nulidad del convenio de honorarios celebrado con el abogado y los progenitores de los menores, en el que se reduce el porcentaje acordado a favor de la dirección letrada al 10 por ciento del monto total, que por todo concepto perciban los menores involucrados en el accidente, toda vez que el representante promiscuo del menor demandante no prestó conformidad con el convenio, sino que por el contrario, al evacuar la vista que le fuera conferida solicitó la nulidad por haberse omitido la intervención de dicho Ministerio Público en manifiesta violación a lo formado por los arts. 59, 494 y conc. del Código Civil y art. 54 de la ley Orgánica del Ministerio Público N° 24.946.
Contrato de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: PEDRAZA, JUAN JOSE. c/ FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL NORTE S.A. - FIDENSA . s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-13

A la fecha del despido se encontraba vigente el art. 245 de la LCT reformado por ley 24.013 (B.O. 17/12/1991), que en lo pertinente establecía: "En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor".

De ello se sigue que a fin de determinar la cuantía de la indemnización prevista en dicha norma, debía tomarse como base para el cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año de prestación de servicios (cfr. CSJT, sent. 1047 del 20/12/2010, "Veliz Olga Ester y otros vs. EDET S.A. s/ Cobros") .

(ESTOFAN (CON SU VOTO) - GOANE - SBDAR)
Notificación tácita, desglose
Materia: CIVIL
Carátula: TRENCH, CARLOS E. c/ PISTOCCHI, HUGO ALBERTO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-17

Si un letrado patrocinante realiza un desglose dejando la respectiva constancia al pie de una providencia donde se le corría un traslado a su parte, tal circunstancia es insuficiente para tenerla a ésta última por notificada ya que aunque ésta solución podría ser viable frente a la actuación personal de la parte en la diligencia (conf. C.N.Civ. Sala A E.D. 99-694; íd. Sala E, c. 265845 del 26/8/80) no es tal en este supuesto, habida cuenta que la gestión fue realizada por el letrado patrocinante.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, emergencia económica, pesificación, interpretación de la ley, mutuo hipotecario, equilibrio contractual
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: HOURCADE, JUAN LUIS Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 351 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

En torno a la inteligencia que debe asignarse a las normas de emergencia dictadas especialmente a partir del año 2002 , la Corte Federal en "Longobardi" precisó -en relación a mutuos con garantía hipotecaria - "que no puede desconocerse que, desde la primera ley que reguló la cuestión en examen como las posteriores, se tuvo como propósito perfeccionar el conjunto de la normativa de emergencia con espíritu conciliatorio. Así, los dispositivos legales y reglamentarios se ocuparon de proporcionar herramientas y parámetros técnicos precisos -paridades, coeficientes, tasas de interés- a fin de que, mediante su implementación, pudiera lograrse una equitativa recomposición de las prestaciones obligacionales afectadas por las medidas de excepción en orden a una efectiva tutela de los derechos constitucionales de los involucrados" (cons. 27). Se aclaró que "... el sistema legal admite senderos alternativos para alcanzar un único fin, es decir, una solución equitativa" (cons. 28) . En palabras del Ministro Zaffaroni, "la regla ha sido el agravamiento sustancial, con mayor o menor intensidad, de la posición de quienes habían asumido obligaciones en moneda extranjera", reconociendo este Juez la excepción de "... aquéllos que, por circunstancias relacionadas con el propio contrato de consuno con la actividad que desarrollan, no resultaron afectados o bien lo han sido en una medida insuficiente para reflejar un gravamen de tal entidad" (cons. 26 de su voto). Con esas pautas, la Corte concluyó que correspondía "... convertir a pesos el capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por dólar estadounidense más el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio -tipo vendedor- del día en que corresponda efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización, previsto en las normas de emergencia arroje un resultado superior" (cons. 31).
Confirmación de sentencia, seguro por incapacidad, falta de prueba, porcentaje de incapacidad
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Bartivas, José Antonio  c/ SMG Life Seguros de Vida S.A.  s/ cobro de seguro por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-07

Debe confirmarse la sentencia de la instancia de grado que rechaza la acción interpuesta contra la aseguradora, ya que, a la luz de las pruebas reunidas en la causa, la jueza concluyó que la accionante no probó que durante su relación laboral (lapso de cobertura del seguro), que arribara al grado de invalidez que exige la póliza para su cobertura. Ello es así, pues tanto al momento del acaecimiento del siniestro, como en la actualidad, su parte cuenta con una incapacidad física total, permanente e irreversible menor al 66%, y la aseguradora cumplió con la carga del art. 56 de la ley 17.418 dentro del plazo, comprobándose que la aquella declinó su responsabilidad por estimar que la patología denunciada no estaba cubierta, y aun cuando sostuviera que no fuera causa de un accidente, sus términos no permiten ser interpretados como aceptación o reconocimiento de la incapacidad y permanente alegada para hacer procedente la cobertura asegurativa.
Pago, depósito judicial, juicio, desistimiento, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DIAZ, HUGO OSVALDO c/ ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSI S.A.I.C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-12-07

El depósito dado en calidad de pago del importe de la suma adeudada sin hacer reserva alguna de continuar el trámite de la queja, importa una renuncia o desistimiento tácito del recurso al mediar incompatibilidad manifiesta entre ambas gestiones; lo que constituye un obstáculo insalvable para el ejercicio de la jurisdicción por parte de esta Corte.
AFIP, facultades discrecionales, honorarios del abogado, ejecución fiscal, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Vieiro, Ana María y otros c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-15

La distribución y percepción de honorarios judiciales provenientes de los juicios de ejecución fiscal se halla sujeta a la reglamentación de la AFIP, dado que estos no le pertenecen a los profesionales que trabajan para el Fisco Nacional, sin perjuicio de que tengan un derecho a percibir un estímulo consistente en la participación en el conjunto formado por las sumas recaudadas en dicho concepto; en efecto, los agentes que representan al Estado Nacional en un proceso judicial no ejercen su actividad en función de un contrato de derecho privado, sino en virtud de una relación de empleo público que los une con el organismo, siendo que el cumplimiento de la función pública es remunerado con un sueldo previsto como erogación en el presupuesto, por lo que no son acreedores a honorarios por el servicio que prestan en el desempeño de su cargo. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Derecho a la intimidad, ruidos molestos, autorización administrativa, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: ARNAUDO MIGUEL s/ CESACION DE MOLESTIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-10

Los arts. 1071 bis (ley 21.173) y 2618 (ley 17711) instrumentan en la actualidad la temática sobre el derecho a la intimidad.

Ellos encuentran basamento en el art. 19 de la Constitución Nacional, y tienen origen y también hacen pie en la declaración de los Derechos del Hombre (1948) y sobre todo en el Pacto de San José de Costa Rica.

Las llamadas inmisiones inmateriales (no hay penetración ya que las molestias se propaga desde el fundo propio con proyección al fundo ajeno);y como lo explica Llambías ( C.C. Anotado,T. IV-A, p. 423), para que puedan considerarse molestias, deben configurarse con ciertas pautas, como son el uso regular, la normal tolerancia, la contemporización de las exigencias de la producción, la prioridad del uso.

En la primera cuestión o pauta mencionada, el respeto debido al uso regular de la propiedad, según lo analiza Borda, ha determinado una variante en cuanto al concepto de propiedad que tenía Vélez, pues este derecho, como los subraya comentando la encíclica Populorum Progressio, hoy se constituye un derecho absoluto, ya que según la doctrina tradicional de los padres de la Iglesia y de los grandes teólogos, el derecho de propiedad no debe ejercitarse en detrimento de la utilidad común. Tal es el principio que engendra la reforma, y como señala Llambías, constituyen actos ilícitos, los que contrarían al mismo tiempo el uso regular o normal de la propiedad y la normal tolerancia.

Claro está que la apreciación de la configuración en la tipología del ilícito, es una cuestión de hecho subordinada a las circunstancias de cada caso, en donde la propia ley remite en lo concerniente a la normal tolerancia, a determinarla teniendo en cuenta las condiciones del lugar.

Además, las otras pautas nos están indicando una normal tolerancia, aunque mediare autorización administrativa para aquéllas. Esta tolerancia, debe estar analizada objetivamente pero no en la medida de las ordenanzas o reglamentos municipales, que en general han prestado poca atención al fenómeno que se produce en la vida moderna, derivando aquella precisamente del uso indebido de ciertos parámetros como los ruidos molestos a los cuales se apela normalmente, para satisfacer los deseos de los cliente concurrentes a los lugares de diversión, y que son contrarios, la mayor parte de la veces, a aspiraciones de paz y sosiego de la vecindad.# Por encima de las ordenanzas municipales, están las normas del Código Civil, que por lógica conformación piramidal constitucional, da facultades a los Jueces para apreciar las circunstancias del caso concreto. Así, alguna jurisprudencia ha sostenido que esa apreciación es la que estima el común del pueblo,pues se trata de una cuestión de hecho, labrada exclusivamente a la apreciación judicial en cada caso.-
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, enfermedad profesional, trabajador, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Enriquez, Evita Isabel c/ Provincia ART S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-12-12

En lo que refiere a la posibilidad de enlistar judicialmente una enfermedad en el caso concreto (previa declaración de inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 24557, y de conformidad a los precedentes "Castillo", "Venialgo", "Obregón", entre otros), la Cámara sostuvo que no se desprendía del escrito inicial un desarrollo lo más detallado posible de las tareas que realizaba la actora; empero, de la simple lectura de la demanda se observa suficientemente cumplido tal requerimiento, cuando la accionante especificó que realiza tareas en Turismo Social, lo que implica subir a los afiliados al ómnibus y descenderlos en las paradas que realizan y en destino, siendo aproximadamente 48 pasajeros, y destacó que también es la encargada de subir las valijas al ómnibus, realizando además tareas administrativas, delante de una computadora, utilizando mobiliario inadecuado, con atención a afiliados; de lo que se colige que la respuesta brindada por la Sala exhibe un déficit de fundamentación, al no haber ponderado la totalidad de las pruebas rendidas en la causa en relación a las tareas descriptas en la demanda, sustentándose únicamente en las conclusiones del informe requerido como medida para mejor proveer a la Oficina de Pericias Judiciales. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 6
Honorarios, honorarios del abogado, prueba, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Petroquímica  General  Mosconi  SAI  y  C c/ YPF S.A. s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-27

Esta Sala ha tenido oportunidad de sostener que los profesionales que actúan para su cliente con asignación fija o en relación de dependencia no están comprendidos en la reglamentación arancelaria de la ley 21.839, con excepción de los asuntos cuya materia fuese ajena a aquella relación (cfr. Serantes Peña, Palma, Serantes Peña, "Aranceles de Honorarios para Abogados y Procuradores", 3º edición, pág. 10 y fallo allí citado; esta Sala, causas 54.432/1995 del 23.5.02 y 5972/05 del 20.6.06). La hipótesis prevista en el art. 2 del arancel debe ser interpretada con criterio restrictivo pues, podría llegar a constituir una renuncia de derechos, con la consiguiente afectación del derecho de propiedad al arancel (cfr. Serantes Peña, Palma, Serantes Peña, op. cit., pág. 9; Cámara Nacional Civil, Sala 1, fallos del 31.5.91, LL 1991-E-744 y del 23.2.99, ED 184-487). En consecuencia, se debe determinar con precisión la naturaleza de la relación contractual existente entre el abogado y su cliente y la prueba tendiente a la exclusión del derecho a percibir honorarios debe ser concluyente (cfr. Albrecht -Amadeo, Honorarios de Abogados, 3° edición, pág. 7; esta Sala, causa 54.432/1995 del 23.5.02 y 5972/05 del 20.6.06; Cámara Nacional Comercial, Sala A, fallos del 12.11.99 publ. en ED 186-322 y del 11.2.00 publ. en LL 2000F-359).
Jubilaciones, cargo, empleados públicos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LEIVA, MARIA ANGELICA DIONISIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 126-86 MORVAN, IRIS ANTONIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 270-86 TALLARICO, ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 176-86 ALDAO LEVERS, PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 687-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-10-26|1988-10-26|1988-12-28|1990-02-28

En principio, corresponde a la Administración demostrar que existió un ascenso o cambio de las funciones reales desempeñadas por la actora, dado que es la primera y no el beneficiario, la que se encuentra con la posibilidad de esclarecer la real correlación de las funciones entre los cargos con distinta denominación. Y a ella le corresponde acreditar, para denegar el derecho con base suficiente, que la "reubicación" no respondió solo a un cambio de estructura, sino que se dió una efectiva y trascendente variación en las funciones, de modo tal que pudiera entenderse que la mayor categoría presupuestaria respondió a mayores responsabilidades, calidades y obligaciones de las funciones atribuidas al nuevo cargo.
Inhabilitación (civil), pródigos
Materia: CIVIL
Carátula: S.V., M.L. c/ S.V., F.J. s/ INHABILITACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-05

Si la primera demanda de inhabilitación fundada en el inc. 3 del art. 152 bis del Código Civil -promovida por dos de los hijos del causante-, agotó el interés jurídico protegido de los descendientes, no cabe la posibilidad de que se tramiten por la misma causa, sucesivos procesos a instancias de otros hijos. Máxime si éstos tomaron conocimiento de la acción instaurada y prestaron su conformidad, incluso de otro profesional, aunque no ejercieron en autos su derecho de postulación, pese a encontrarse legitimados para ello.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, principio de congruencia, defensa en juicio, proceso penal, autoría
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SAAVEDRA, CRISTIAN DANIEL c/  s/ ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA BLANCA Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

En orden a la pretendida vulneración del principio de congruencia -y consecuentemente al derecho de defensa en juicio y garantía del debido proceso- con fundamento en que se habría variado la base fáctica sobre la que se sustentó la acusación, ha de tenerse presente que tal planteo importa una reedición de agravios formalizados en la apelación, oportunidad en que tuvieran tratamiento y respuesta por parte de los Juzgadores, sin que la compareciente logre rebatirla eficazmente en la presente instancia en demostración de la irrazonabilidad que alega; con lo que permanece incólume el razonamiento sentencial en el sentido de que desde un inicio, el encausado y su defensor, conocieron la integridad fáctica y relevante de la imputación y evidentemente tuvo la posibilidad de defender; y la variación de roles -que la defensa invoca en fundamento de su agravio- se debió a detalles proporcionados por la víctima durante el debate; sin que pudiera discutirse la participación del imputado. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Despido por imputación de delito, prueba, sentencia condenatoria
Materia: LABORAL
Carátula: ARRUA, Ariel c/ GLOBAL SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-22

Si la causal del despido fue "hurto de mercadería" de la demandada (art 243 LCT) sólo puede acreditarse mediante la sentencia penal condenatoria. En tal sentido, si bien la demostración del delito injurioso como la injuria laboral corren por caminos distintos, ello es siempre que la causal del distracto no haya sido la imputación de un delito penal. En este caso rige el art. 1103 del C. Civil que dispone que " después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución".
Marcas, registro de marca
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: TELEVIDEO SISTEMS INC c/ DNPI s/ DENEGAATORIA DEL REGISTRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-17

La ley de marcas, en la consecución de sus fines, procura que los signos tengan capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, extremo que bien puede darse a través de la forma particular, no necesaria, del producto. En otros fines que la inspiraron, es vedar el registro de la forma necesaria del producto, Así lo ha resuelto esta Sala y su criterio es defendido también, solución que como enseña el ultimo autor citado, es la adoptada por la ley mejicana, art. 90 IV, reproduciendo la disposición del art. 5 a) de la ley tipo del Birpi.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excepción de incompetencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Politano, Francisco c/ Mazzacane, Hugo y otros s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04

El pronunciamiento de la Cámara que rechaza la excepción de incompetencia por razón del lugar no reviste carácter de definitivo en los términos de los arts.278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que no pone fin al pleito ni impide su continuación.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Dr. Venchiarutti Raúl A s/ Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-12-21

Si la aplicación de la ley sustantiva o la selección y valoración de pruebas que efectuadas por el Tribunal Penal son deficientes, equivocadas o carentes de fundamentación, se debe recurrir por vía del Recurso Casación del art. 461 del Código Procesal Penal.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excepción de incompetencia
Materia: LABORAL
Carátula: González, Hilda Beatriz c/ La Papelera del Plata S.A s/ Accidente; acción civil. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

En el caso, la decisión del Tribunal del Trabajo que desestima la excepción de incompetencia por entender que prima facie los hechos en juzgamiento habrían ocurrido durante la vigencia de la ley 24.028 no reviste carácter definitivo. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Julián, Juan c/ Automóvil Club Argentino s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que deja subsistente la motivación principal del fallo (art. 279 C.P.C. y su doctrina).
Honorarios del abogado, Superior Tribunal de Justicia, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Monzani, Armando Héctor s/ Regulación de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-08-20

La etapa procesal que se cumple ante el Superior Tribunal de Justicia con motivo de la interpretación de recursos extraordinarios, por regla general guarda similitud con las actuaciones de Segunda Instancia, en las que se ventila el recurso de apelación ordinario.

Por esta razón y teniendo en cuenta las prescripciones de la ley 607 art. 14, se ha entendido oportuno fijar los honorarios profesionales por la tramitación de los recursos extraordinarios ante el Superior Tribunal de Justicia, en una suma equivalente a la regulada en la apelación ordinaria. (Dr. Márquez Palacios: En disidencia).