Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-05-29


NEUQUEN, 29 de mayo de 2008.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "ASTOUL ENRIQUE ALEJANDRO C/ COLEGIO DE MARTILLEROS NEUQUEN Y OTRO S/ ACCION DE AMPARO", (Expte. Nº 354954/7), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 5 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO e Isolina OSTI DE ESQUIVEL, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Norma AZPARREN y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

I.- A fs. 133/137 se dicta sentencia rechazando la acción de amparo interpuesta, con costas.

Contra dicho resolutorio interpone la parte actora recurso de apelación, expresando agravios a fs. 141/145 vta., cuya réplica luce a fs. 148/153.

II.- Se agravia el amparista por el rechazo de la acción, entendiendo que la sentencia vulnera su derecho adquirido, el principio de irretroactividad de la ley, su derecho al trabajo y la garantía de igualdad.

Señala que, de acuerdo con el resolutorio cuestionado, se le ha otorgado una matrícula virtual, es decir, sin función. Entiende que una matrícula otorgada para el ejercicio de una profesión, tiene que habilitar para desarrollar todas las actividades vinculadas con esa profesión.

Destaca que la sentencia de grado expresamente reconoce que el amparista tiene la matrícula de martillero y que, con ello, se encuentra habilitado para el ejercicio profesional, no necesitando que la entidad creada por la Ley 2.538 le otorgue matrícula a tal fin; y que dicha conclusión se da de bruces con la realidad que le toca vivir.

Disiente con la opinión de la magistrada en orden a la inexistencia de la ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, ya que la falta de matriculación efectiva vulnera su derecho constitucional al trabajo, como así también su derecho de propiedad toda vez que ha obtenido una sentencia que lo habilita para el ejercicio profesional, existiendo arbitrariedad por parte de la accionada desde el momento que el procedimiento del art. 28 de la Ley 2.538 carece de justicia por ser contrario a principios constitucionales, y en atención a que la Comisión provisoria nunca lo incluyó en el procedimiento transitorio, no obstante sus presentaciones.

Califica a la conducta del Colegio de Martilleros como ilegal y arbitraria, por resultar contrarias al ejercicio de sus derechos constitucionales, no respetando una resolución del Registro Público de Comercio de la Provincia.

Pone de manifiesto que, contrariamente a lo afirmado en el decisorio de primera instancia cumplió con lo requerido en el inc. a) de la Ley 2.538, ya que dio sus datos a la oficinista que lo atendió. Denuncia falta de servicios por parte del colegio demandado, toda vez que no cumplió con el horario de atención al público, a la vez que su Presidente nunca atendió al amparista y la Secretaria manifestó no saber como se resolvía el caso. Pone también de manifiesto que no pudo participar en la Asamblea Extraordinaria - Etapa Constitutiva- por no haber sido admitido como asociado del Colegio, circunstancia que le ha impedido poder inscribirse en el listado de peritos del Tribunal Superior de Justicia.

III.- Oportunamente el Colegio de Martilleros, a través de sus representantes legales, contesta los agravios formulados por su contraria.

En primer lugar denuncia el incumplimiento de la manda del art. 265 del CPCyC.

Luego, la demandada mantiene su postura asumida a través del informe circunstanciado obrante en autos en orden a que la matrícula otorgada por el Registro Público de Comercio local carece de validez por haber sido otorgada cuando ya se encontraba vigente la Ley 2.358, siendo esa la razón para que la colegiación del amparista no resulte posible.

Señala que el art. 3° de la Ley 2.538 establece que el Colegio de Martilleros es el único habilitado para otorgar la matrícula profesional, por lo que el actor debió realizar el trámite previsto en el art. 7°, el que exige la acreditación del título habilitante expedido con arreglo a la legislación nacional. Por el contrario, en autos el Registro Público de Comercio, con posterioridad a haberse expedido el Tribunal Superior de Justicia y a la entrada en vigencia de la legislación de la materia nacional y provincial, otorgó la matrícula de martillero al señor Astoul en clara colisión con la normativa vigente, razón por la cual no tiene ninguna validez.

Si ha existido ilegalidad, concluye la demandada, no fue ocasionada por su parte, sino todo lo contrario.

IV.- Si bien es cierto que la expresión de agravios formulada por el amparista aparece, en muchos tramos, confusa; teniendo en cuenta que se encontrarían vulnerados derechos de raigambre constitucional, como lo es el derecho a trabajar, el que además se vincula íntimamente con la posibilidad de la persona de proveer a su subsistencia y la de su grupo familiar, los recaudos formales no pueden erigirse en un obstáculo insalvable para que el magistrado analice el fondo de la cuestión.

Por ello, considerando que, aunque sea mínimamente, el amparista esboza una crítica concreta al fallo de la instancia de grado, exponiendo porque se encuentra configurado el actuar ilegal y arbitrario de la demandada, que la a quo considera no probado, y que es la causa del rechazo de la acción, he de tener por cumplimentado los requisitos del art 265 de la ley de rito.

Consecuentemente he de ingresar seguidamente al análisis de los agravios del demandante.

V.- La sentencia apelada rechaza la acción de amparo planteada por el señor Astoul por considerar, conforme lo señalara en el apartado precedente, que la demandada no ha actuado en forma manifiestamente arbitraria; y, si bien reconoce que el amparista cuenta con la matricula de martillero, entiende que para poder actuar como perito debió recurrir al trámite previsto por el art. 28 de la Ley 2.538.

Ahora bien, a fin de dar un adecuado tratamiento a la cuestión sometida a conocimiento de esta Cámara resulta necesario situarse en la época en que suceden los hechos, que es de transición entre un régimen legal y uno nuevo que reemplaza al anterior. En efecto, hasta la sanción de la Ley 2.538, la matrícula de martillero era otorgada por el Registro Público de Comercio, por no haberse creado aún el respectivo colegio profesional (art. 241 inc. h de la Constitución de la Provincia).

Precisamente es la Ley 2.538 la norma que crea el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia del Neuquén, colocando a cargo de esta entidad (art. 3° incs. a y b) el gobierno y el otorgamiento de la matrícula para martilleros y corredores públicos.

Esta última ley, al importar -como se dijo- la implementación de un nuevo régimen legal respecto de la materia que regula, incluye en su texto disposiciones transitorias que ordenan el tránsito entre uno y otro sistema, las que se encuentran en su Título V.

El art. 28 de la Ley 2.538 -norma destinada a regir la transición- determina que, una vez constituido el Colegio quedará abierto el registro para la inscripción en la matrícula en forma permanente (inc. g). A contrario sensu, debo interpretar que, mientras no se encuentre conformada la nueva institución, la matrícula continúa bajo el gobierno del Tribunal Superior de Justicia y el Registro Público de Comercio está a cargo de su otorgamiento (art. 89° Ley 1436, Orgánica del Poder Judicial provincial).

Nótese que la Ley 2.538 en ningún momento suspende el otorgamiento de la matrícula de martillero en el ámbito de la Provincia del Neuquén, sino que solamente transfiere tal facultad al novel colegio, cuando se encuentre constituido; no pudiendo inferirse del articulado legal que existiera una suspensión tácita, toda vez que las restricciones a los derechos de los particulares deben ser analizadas con carácter restrictivo, además de ser expresas.

Esta interpretación se ve corroborada por lo actuado por la propia demandada, toda vez que en la carta documento de fs. 53 expresamente reconoce que no puede otorgar legalmente la matrícula de martillero por no encontrarse aún constituida la institución.

El acto de constitución del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos tuvo lugar el día 5 de junio de 2007 (cfr. acta de asamblea extraordinaria obrante a fs. 19/20vta.), o sea que recién a partir de ese momento dicho Colegio asumió el gobierno de la matrícula a su cargo y la facultad de su otorgamiento. Consecuentemente la matrícula otorgada por el Registro Público de Comercio al demandante, con fecha 27 de febrero de 2007 (fs. 4/vta.), es válida toda vez que a ese momento, y por imperio del ya citado art. 28 inc. g) de la Ley 2.538, la autoridad judicial se encontraba facultada para actuar como lo hizo.

Sentado lo anterior, tenemos que el amparista, una vez obtenida su matrícula denuncia que se dirigió al Colegio a efectos de obtener la inscripción ante la entidad, sin resultados positivos. Estas gestiones no se encuentran acreditadas en autos, por lo que he de tener como fecha cierta de solicitud de tal inscripción la carta documento remitida al Colegio con fecha 23 de mayo de 2007 (fs. 51).

Si bien esta misiva no es lo suficientemente clara, permite conocer cuál es la intención del remitente. En efecto, el amparista solicita la "matriculación", pero seguidamente informa que ha obtenido la matrícula en el Registro Público de Comercio, por lo que razonablemente puede entenderse que la matriculación a que refiere el actor es en el padrón provisorio previsto por el art. 28° inc. a) de la Ley 2.538, el que, por otra parte, era el único que la Comisión Organizadora podía llevar.

Sin embargo, el Colegio en formación responde (ver carta documento de fs. 53), con fecha 30 de mayo de 2007, que por encontrarse aún en proceso de organización no puede otorgar matrículas, cuando, en realidad, correspondía proceder a la inscripción del solicitante en el referido padrón provisorio. La Ley 2.538 resulta clara en orden a reconocer la validez de las matrículas otorgadas de acuerdo al régimen anterior. Por ello es que instituye en el ya señalado inc. a) de su art. 28 un padrón donde deben ser incluidos los profesionales ya matriculados, y el amparista contaba con su matrícula profesional y con el juramento de ley prestado.

Puede alegarse que el señor Astoul no informó en su misiva su número de matrícula o no puso a disposición de la Comisión Organizadora la documentación respaldatoria de su matriculación, pero ello pudo ser suplido con un requerimiento realizado por la referida Comisión. Esta conducta era la que indicaban los principios de buena fe e informalismo que rigen para la actuación de las personas de derecho público no estatales (art. 2° Ley 2.358 y arts. 1° y 3° Ley 1284), y no la negativa a realizar una inscripción a la cual se encontraba obligada.

La conclusión arribada refuerza su validez si se considera que la demandada alega haber publicitado convenientemente la apertura del padrón provisorio, más no prueba esta circunstancia, no existiendo en autos constancia alguna que la convocatoria se haya publicado en los diarios de mayor circulación en la región, en el Boletín Oficial, o en carteleras de oficinas públicas frecuentadas por los martilleros, publicaciones que aparecen como ineludibles en atención al cambio de régimen legal y ante la eventual pérdida de derechos por parte de quienes ya habían obtenido la matrícula habilitante.

Lo hasta aquí expuesto me lleva a afirmar que la demandada ha tenido un actuar arbitrario e ilegal, que impidió al amparista el ejercicio de su profesión de martillero -para el que se encontraba legalmente habilitado-, vulnerando de ese modo el derecho a trabajar (art. 14, Constitución Nacional), y el derecho de propiedad (art. 17, Constitución Nacional) del actor, quién -reitero- había obtenido su matrícula de martillero en debida forma.

No puedo obviar el cuestionamiento que hace la demandada a la resolución del Juez a cargo del Registro Público de Comercio, más el argumento no puede ser considerado toda vez que el Colegio demandado en el caso particular que se da en autos, no tiene facultades para impugnar la decisión adoptada en el ámbito del Poder Judicial. Ello así, desde el momento que la Ley 2.538 le otorga el gobierno de la matrícula y la facultad de decidir sobre su otorgamiento solamente a partir de su constitución, careciendo de dichas atribuciones con relación a los profesionales ya matriculados a esa fecha, respecto de los cuáles solamente tiene la obligación de inscribirlos.

VI.- Conforme lo manifestado propongo al Acuerdo se revoque el decisorio de primera instancia, y se haga lugar a la acción de amparo promovida por el demandante, ordenándose al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia del Neuquén la inscripción del amparista en la matrícula a su cargo, con costas en ambas instancias a la demandada perdidosa, debiendo dejarse sin efecto los honorarios regulados y adecuarlos al nuevo pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.) en función de lo dispuesto por la ley arancelaria y fijarse los de Alzada de conformidad con el art. 15 L.A..

La Dra. Isolina Osti de Esquivel dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala II RESUELVE:

I.- Revocar la sentencia dictada a fs. 133/137 y en consecuencia hacer lugar a la acción de amparo promovida por el demandante, ordenándose al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia del Neuquén la inscripción del amparista en la matrícula a su cargo, de conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos que integran este pronunciamiento.

II.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68 C.P.C.C.).

III.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la instancia de grado, los que adecuados al nuevo pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), se fijan en las siguientes sumas: para el Dr....., letrado en causa propia, de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) y para los Dres..... y ....., patrocinantes de la demandada, de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA ($1.270) en conjunto. (arts. 6,7,10 y 36 L.A.).

IV.- Regular los honorarios de esta Instancia en las siguientes sumas: para el Dr......, letrado en causa propia, de PESOS ochocientos SETENTA Y CINCO ($875) y para los Dres...... y ......, patrocinantes de la demandada, de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA ($380) en conjunto. (art. 15 L.A.).

V.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Federico Gigena Basombrío - Dra. Isolina Osti de Esquivel Dra. Norma Azparren - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 94 - Tº III - Fº 539/543 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2008.