Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-09


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 9 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 569/577? El doctor Arecha dice:

1. Jorge Alberto Piaggio demandó al Banco de la Provincia de Buenos Aires por cobro de daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, pérdida de "chance" crediticia y daño moral) originados en el cierre e inhabilitación dispuestos como consecuencia de la cuenta corriente de Papelarg S.R.L., sociedad de la que era gerente, inhabilitación que comprendió la propia. Explicó que, en mayo de 2000, la sociedad se presentó en concurso preventivo y que -en el marco del mismo y a pedido de la concursada- el Tribunal ordenó que los cheques de pago diferido "librados con fecha anterior a la cesación de pagos no sean [fueran] tenidos en cuenta a los efectos del posible cierre de su cuenta corriente" (fs. 35), posibilitándole así la continuación de su actividad comercial; y, que tal medida fue notificada al Banco Provincia y al Banco Central de la República Argentina. Narró que, no obstante la manda judicial, el Banco Provincia cerró la cuenta corriente de Papelarg, lo que trajo como consecuencia la inhabilitación de la sociedad y del propio Piaggio. Manifestó que, por ello, la Juez del concurso ordenó la remisión de nuevos oficios al BCRA y al Banco Provincia reiterándoles la solicitud otrora cursada, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 239 del cód. penal, a lo que el banco demandado respondió indicando que la cuenta se encontraba abierta. Agregó que, no obstante ello, a los pocos días el banco cursó carta documento a Papelarg informándole que presentaba un saldo deudor de $ 6.603,44 y que la cuenta sería cerrada en 30 días y que, por último -evidenciando malicia- el banco informó -el 10.10.2000- que la cuenta se mantenía abierta. Dijo que, no obstante todo lo expuesto, otras entidades financieras con las que él operaba (Bank Boston y Scotiabank Quilmes) ya daban cuenta a esa fecha de que el Banco Provincia había informado al BCRA el cierre de la cuenta corriente de la empresa y la inhabilitación del Sr. Piaggio desde agosto del 2000.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires contestó demanda negando los hechos afirmados por el actor, en especial, el cierre de la cuenta corriente y expresando haber cumplido con la reglamentación y las resoluciones judiciales recibidas (fs. 96/99). Explicó que el 09.08.2000 recibió un oficio judicial librado en autos "Papelarg s/concurso preventivo" en el que se le ordenaba que "los cheques librados con fecha anterior a la cesación de pagos no sean [fueran] tenidos en cuenta a los efectos del posible cierre de la cuenta corriente" y que, el 23.11.2002 (rectius 2000), recibió otra manda en la que se le ordenaba abstenerse del cierre de la cuenta y de cobrar las multas pertinentes. Por tanto, dijo, no podía serle reprochado su accionar anterior a la recepción de las comunicaciones judiciales resaltando que si la resolución judicial que ordenó aquellas indicaciones le fue notificada "con posterioridad", "ello no es un hecho o acontecimiento que pueda acarrearle responsabilidad alguna, toda vez que se debe a la propia imprudencia, desidia o negligencia del actor y/o de su representada". Acompañó los extractos de la cuenta corriente de los que dijo se desprendía que el saldo deudor de $ 6.311,51 "en concepto de multas, intereses y comisiones" fue dado de baja mediante la acreditación en la cuenta de $ 6.608,44, efectuada con motivo de la orden contenida en el oficio judicial que recibió el 23.11.2000.

2. La sentencia de fs. 569/577 rechazó la demanda, con fundamento en que no fue acreditado el obrar antijurídico de la demandada ni el daño que dijo la actora le había sido infringido.

Destacó, en primer lugar, que la cuenta de Papelarg nunca fue cerrada. Agregó, además, que antes de que el banco demandado fuera notificado de la orden librada en el concurso preventivo de Papelarg (el 09.08.2000), la sociedad y el actor ya se encontraban inhabilitados por el rechazo de varios cheques de pago diferido. Tuvo en cuenta, también, que del dictamen pericial contable -que no fue objeto de impugnación por parte de la actora- se desprendió que la entidad bancaria ajustó su accionar a la normativa del BCRA y, finalmente, resaltó que el actor no produjo prueba de los daños que dijo haber padecido.

Las costas fueron impuestas al accionante.

3. Apeló el actor (fs. 589) y expresó agravios (fs. 601/6) cuyo traslado fue contestado por el banco demandado (fs. 608/612).

Las quejas se centran en cuestionar la valoración de la prueba y en no haber considerado y ponderado la normativa del BCRA y las de la ley de concursos en punto a la publicación de edictos y sus efectos. Todo ello se enmarca en la atribución de responsabilidad al banco demandado por lo que las quejas serán analizadas en ese marco a la par de los presupuestos de la responsabilidad civil, esto es si ha mediado incumplimiento imputable al banco demandado y, luego, de admitirse aquél, la relación de causalidad y el daño.

4. El incumplimiento consiste en la contradicción entre la conducta y el ordenamiento jurídico (art. 1066 del cód. civil).

En el caso, la ilicitud en el obrar del Banco Provincia habría consistido -según los dichos del actor- en cerrar la cuenta de titularidad de Papelarg de lo que se habría derivado como consecuencia la inhabilitación de la firma y del propio Sr. Piaggio, en su carácter de gerente de esa sociedad (v. fs. 35 vta. in fine).

Empero, el cierre de la cuenta corriente nunca existió. Así lo estableció la pericia contable practicada en autos (fs. 325 y 328) -no controvertida por la actora- que fue ratificada mediante los resúmenes de cuenta obrantes a fs. 171/232.

En cambio, sí se acreditó que el actor estuvo inhabilitado en la base de datos del BCRA desde el 10.08.2000 al 09.11.2000 por información proporcionada por el Banco Provincia pero que la causa de tal inhabilitación no radicó en el cierre de la cuenta corriente de la sociedad sino en el libramiento de cheques sin provisión de fondos (v. informe del BCRA de fs. 159/166, en especial fs. 160).

Por ello, corresponde analizar -a la luz de las probanzas rendidas- si el Banco Provincia obró en forma antijurídica al comunicar al BCRA el rechazo de los cheques que originaron la inhabilitación del actor, confrontando su accionar con la normativa que resulta aplicable al caso.

Papelarg libró cheques de pago diferido por lo que, entre sus obligaciones, se encontraba la de mantener suficiente provisión de fondos o contar con la correspondiente autorización escrita para girar en descubierto (conf. apartado 1.4.1.1 de la Comunicación A 3075 sobre "Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria" del BCRA aplicable al caso de acuerdo con el informe del BCRA de fs. 159); más no cumplió con este deber por lo que, al ser presentados al cobro, los documentos fueron rechazados por falta de fondos (fs. 23).

Ante el rechazo de más de 5 cheques por la citada causal (v. fs. 23) se activó el procedimiento reglado por la Comunicación A 3075 (v. ap. 8.2.1) y el Banco Provincia -en cumplimiento de los deberes impuestos por el ap. 1.4.2.11 y del art. 62 segundo párrafo de la Ley de Cheques- informó al BCRA (fs. 160, conf. 6.4.3 de la Com. A 3075 del BCRA) y, con motivo de tal información, Papelarg y el Sr. Piaggio fueron incluidos en la base de datos de cuentacorrentistas inhabilitados (conf. ap. 8.3.4) administrada por el BCRA (conf. 8.1 de la Com. 3075).

El 30.05.2000 Papelarg solicitó su concursamiento y, en el marco del mismo, requirió -como medida cautelar- no pagar determinados cheques de pago diferido (fs. 436/439 y 19/21). No pidió, y bien pudo hacerlo, que no se inhabilitara a la concursada y a sus administradores o que se levantara la inhabilitación que ya podía existir, por aplicación de lo dispuesto por la Comunicación A 3075 (Juzg. Nac. Com. Nº 22, Sec. 43, 07.12.2000, "San Sebastián SACIFyA s/concurso preventivo", citado Mauri, Mónica en "El concurso preventivo y las medidas cautelares", JA 2002-IV-81).

El 28.06.2000 el Tribunal declaró la apertura del juicio universal y ordenó la medida solicitada por la concursada (no pago de cheques de pago diferido - fs. 440/443) que fue notificada al Banco de la Provincia de Buenos Aires el 09.08.2000 (fs. 250 vta.).

Así es que, en primer lugar, el banco demandado nunca recibió orden de adoptar medidas tendientes a evitar la inhabilitación de Piaggio o de solicitar el levantamiento de la que eventualmente existiere, sino únicamente de no pagar determinados cheques de pago diferido. Y, en segundo término, entre el rechazo del primer cheque (mayo de 2000 -fs. 23-) y la notificación del concursamiento de Papelarg y de la medida cautelar (agosto de 2000 - fs. 18), pasaron cuatro meses durante los cuales el banco demandado -que desconocía formalmente el concursamiento de Papelarg- recibió para el cobro cheques que debió rechazar por falta de fondos (v. fs. 23/26) por lo que frente a tal circunstancia, no pudo sino obrar como lo hizo, es decir, poniendo en conocimiento del BCRA tales rechazos, lo que importaba la inhabilitación de la concursada y sus administradores.

No se me escapa que la ya citada Comunicación del BCRA dispone que no corresponde consignar el rechazo por falta de fondos cuando el cheque se devuelva por "concurso preventivo del librador, declarado judicialmente", únicamente respecto de los cheques de pago diferido emitidos hasta el día anterior a la solicitud de apertura cuya fecha de pago sea posterior a ella (v. ap. 6.1.1.2, 6.1.3.7 y 6.4.6.5), más tales disposiciones solo resultaron aplicables desde la notificación al Banco Provincia del concursamiento de Papelarg y de la medida cautelar dictada en el marco del mismo, y no antes.

Destaco, además, que obrando con debido cuidado, el Banco Provincia efectuó una presentación ante el Juzgado del concurso sugiriendo que "al efecto de regularizar el cómputo de los cheques, que se han rechazado a la concursada con anterioridad a la declaración judicial de apertura del concurso preventivo" se librara oficio al BCRA "por ser ésta la autoridad de aplicación en la materia, para que elimine la información que se ha registrado en su base de datos en ese sentido, para evitar con ello la inhabilitación de la concursada en todo el Sistema Financiero" (fs. 446), y cursó nota del mismo tenor a Papelarg (fs. 28); y, que no surge de las constancias de la causa que su representación letrada o el Sr. Piaggio hubieren instado tal comunicación.

Resalto que el 09.11.2000 ante la recepción de un oficio en el que el Juzgado ordenaba al banco abstenerse de cerrar las cuentas corrientes de la concursada y de sus socios gerentes y de debitar multas de tales cuentas (fs. 448), el Provincia dio de baja los cheques rechazados que habían originado la inhabilitación, lo que determinó la eliminación de la sanción (v. informe del BCRA obrante a fs. 160).

En otro orden, no encuentro atendible el argumento del Sr. Piaggio en el sentido que el banco tomó conocimiento del concurso preventivo de Papelarg mediante la publicación de edictos por lo que no debió consignar como causal del rechazo de los primeros cheques, la falta de fondos (fs. 602 vta.) sino el concurso preventivo. Ello así pues para el momento en el que fueron publicados los edictos (v. fs. 445) ya habían sido rechazados por insuficiencia de fondos muchos más de 5 cheques (fs. 23 y 24), razón por la cual el mecanismo de notificación al BCRA previsto en la Comunicación A 3075 se encontraba irreversiblemente en marcha, y, además, porque si bien es cierto que el procedimiento concursal está sujeto a un régimen de publicidad específico que tiene por virtualidad generar la presunción iure et de iure del conocimiento del mismo y que produce efectos erga omnes sin que el deudor, los acreedores o cualquier tercero puedan desvirtuarla (CNCom., sala E, 28.02.2003, "Cuccaresse, Néstor R.", Lexis Nº 1/64002), cuando como en el caso, la misma sociedad concursada peticionó dirigirse por oficio al banco para que no se dispusiera el cierre de la cuenta corriente por rechazos de cheques de pago diferido, y es proceder fue utilizado por el actor, resulta evidente que se quiso y se admitió que correspondía una notificación particular y específica desde que ese efecto requería de ese especial modo de proceder. En todo caso la publicidad prevista en la ley concursal (arts. 14 inc. 4, 27 y 28 LCQ) tiene efectos generales "erga omnes" como presupuesto insustituible de la universalidad del concurso, pero la ley no desconoce la necesidad de enviar "carta a los acreedores" (art. 29), de modo que más allá de los efectos de esa publicación edictal, la orden dada por el juez del concurso respecto de cierto proceder con los cheques de pago diferido emitidos por la concursada requirió de comunicación expresa, que además se dispuso fuera hecha mediante el libramiento de oficio.

Lo dicho hasta aquí me releva de considerar la configuración de los restantes presupuestos de la responsabilidad civil, pues solo los actos que infringen una prohibición legal pueden comprometer la responsabilidad del agente por los daños que pueda ocasionar (art. 1066 del cód. civil) lo que no se configura en este caso respecto del demandado.

Sin perjuicio de ello, a mayor abundamiento, diré que salvo el daño moral que no requería de prueba -tratándose de un caso de responsabilidad extracontractual (conf. art. 1078 del cód. civil)- el actor no acreditó ni el daño emergente ni el lucro cesante ni la pérdida de "chance" crediticia que dijo haber sufrido, por lo que el rechazo de tales rubros se imponía, también, como consecuencia del principio de que sin daño no hay responsabilidad civil (art. 1067 del cód. civil).

Así, el daño patrimonial requiere de la existencia de consecuencias valuables económicamente (art. 1068 y 1069 del cód. civil), en razón de que el objeto de la indemnización es el de reponer las cosas a su estado anterior, en la medida de lo posible (art. 1083 del cód. civil). Empero, la única prueba que el actor ofreció tendiente a acreditar el daño emergente y el lucro cesante invocado fue la pericial contable que no arrojó resultado positivo en ninguno de los dos casos pues la perito contadora no logró tener acceso a la documentación necesaria para determinarlos (fs. 325/7).

De su lado, si bien es cierto que el acápite 8.4 de la Com. A 3075 del BCRA dispone que "durante la vigencia de los períodos de inhabilitación...ninguna entidad del país dará curso a las solicitudes de apertura de cuentas corrientes interpuestas por las personas físicas y jurídicas afectadas, bajo pena de hacerse pasible de las sanciones a que se refiere el punto 9.5 de la Sección 9", el actor no ofreció prueba tendiente a acreditar su "pérdida de chance crediticia", a lo que cabe agregar que toda la que se produjo en autos -a instancias de la demandada- le resultó adversa (fs. 312, 314, 316 y 514).

5. Lo considerado desde que no se reúnen los elementos para responsabilizar al banco demandado -a pesar de las quejas del actor- me lleva a proponer al acuerdo, el rechazo del recurso interpuesto, y la confirmación de la sentencia de fs. 569/577.

De ser compartida esta solución propongo que las costas de esta segunda instancia, sean impuestas al recurrente vencido (art. 68 cód. procesal).

El doctor Sala dice:

Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por análogas razones el doctor Ramírez adhiere a los votos anteriores.

Con lo que termina este Acuerdo.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: Desestimar el recurso de la parte actora y confirmar la sentencia de fs. 569/577, con costas de esta segunda instancia a cargo de la apelante vencida (art. 68 del cód. procesal). Encomiéndase al señor Juez de grado el cabal cumplimiento de la ley 23.898 (CSJN Acordada 20/1992). -Angel O. Sala. -Martín Arecha. -Rodolfo A. Ramírez.