Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 150/153.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 424 de fecha 30 de diciembre de 2015, dictada por la Sala Cuarta Integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario en autos "LE BAS, ORESTE F. contra OCAMPO, JUSTINA Y OTS. -ACCION DE REIVINDICACIÓN- (EXPTE. 295/13 CUIJ 21-04974616-1))" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511565-2); y,	CONSIDERANDO:

1. Mediante sentencia 424 del 30 de diciembre de 2015 la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario rechazó los recursos planteados, dejó sin efecto la sentencia en cuanto incluye en la condena a J. J. V., e impuso las costas a los recurrentes.

Contra dicho pronunciamiento el quejoso interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 43/55).

Sostuvo que la decisión de la Sala conculca su derecho constitucional al debido proceso, aplicación de la ley e incurre en arbitrariedad por ser una sentencia injusta y carente de equidad.

En fundamento de su postura aduce que existió un vicio en la notificación del traslado de la demanda al remitirse una única cédula al representante legal de tres codemandados sin identificar a ninguno de ellos.	Adujo que resulta inválido el argumento dado por los sentenciantes respecto que el profesional había retirado el expediente por cuanto es necesario el retiro de los autos para cumplir dicha carga procesal.

Concluye sobre este punto que la situación que exista un único apoderado para tres codemandados no significa privarlos a cada uno del plazo correspondiente y que la remisión de una única notificación conculcó su derecho de defensa en juicio.

Por otra parte señaló que la Sala dispuso dejar sin efecto la sentencia en cuanto incluye al menor J. J. V. cuando debió declararse la nulidad del procedimiento.

Asimismo, cuestionó lo sostenido por la Cámara respecto de la calificación del bien como de dominio público.

Indicó que resulta de público y notorio conocimiento que el ferrocarril dejó de ser usado en la ciudad de Rosario en el año 1978, desapareciendo la utilidad pública y común que caracteriza a los bienes de dominio público del Estado.

Reiteró que el llamado a licitación por el O.N.A.B.E. indica que se trata de un bien de dominio privado del Estado que admite la adquisición por prescripción.

En otro orden, criticó que los Sentenciantes hayan determinado que el título presentado por la actora posterior a la posesión invocada por el demandado puede ser abonado por el de sus antecesores, puesto que la ocupación de los accionados interrumpieron la posesión originaria.

Finalmente, haciendo reserva federal del caso, solicitó se haga lugar al recurso con costas.

2. La Sala, mediante auto 286 del 22 de setiembre de 2017 denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 61/62), lo que motivó la presentación directa del quejoso por ante esta sede.

3. Se adelanta que la queja habrá de rechazarse.

Ello así por cuanto aun en la hipótesis de que pudieran considerarse rebatidos los dos primeros cimientos del auto denegatorio -relativos al autoabasto y a la introducción de la cuestión constitucional-, lo cierto es que de la liminar confrontación del memorial del recurso de inconstitucionalidad con el decisorio atacado se advierte que los planteos recursivos se reducen a una mera disconformidad con el criterio sustentado por el A quo en la interpretación de las cuestiones fácticas y jurídicas del caso en ejercicio de funciones propias, lo que no configura cuestión constitucional en los términos del artículo 1 de la ley 7055.

El impugnante se agravia de que la Alzada haya confirmado lo resuelto por el Juez de primera instancia respecto de la validez de la notificación del traslado de la demanda remitida al apoderado de tres de los codemandados al domicilio legal constituído en autos.

Sin embargo, los planteos del recurrente se diluyen a poco que se advierte que la hermenéutica expuesta por los Juzgadores se instala lisa y llanamente dentro de los límites de razonabilidad y logicidad tolerados por el ordenamiento normativo vigente, sin que la compareciente logre demostrar en concreto un supuesto de arbitrariedad.

En tal sentido, es conveniente destacar que, en lo tocante a la nulidad de la notificación, el Tribunal argumentó que al no referirse la cédula a alguno de sus poderdantes en particular, estaba dirigida a todos y que si el profesional optó por contestar la demanda sólo por uno de ellos corresponde a su propia decisión; añadiendo que además quedó notificado por el retiro de los autos, y no habría forma alguna de que se alegue desconocimiento del traslado para contestar la demanda que tuvo a su vista tanto por la cédula remitida como por el retiro del expediente.

La decisión de la Sala se funda en razones suficientes que acuerdan sustento al fallo e impiden su descalificación como acto jurisdiccional en tanto el recurrente no ha logrado mínimamente acreditar -a tenor de su formulación- que el decisorio impugnado importe una restricción indebida al derecho de defensa.

Respecto a lo dispuesto por los Sentenciantes en relación al menor J. J. V., no invoca el recurrente ni tampoco se advierte cuál sería el agravio constitucional sobre este tópico.

Por otra parte, en lo tocante al fondo del asunto, la Sala expresó que a partir de las probanzas de la causa aparece correcta la conclusión del a-quo en el sentido que el inmueble en cuestión fue un bien del dominio público del Estado, situación que perduró hasta el año 1992.

Continúan argumentando los Sentenciantes que siendo hasta ahí una cosa fuera del comercio, los ocupantes estarían en condiciones de oponer la prescripción adquisitiva recién veinte años después, es decir en el año 2012, lo que -sostienen- define la cuestión.

Aducen además, que aún prescindiendo de tal cuestión, tampoco los accionados han acreditado que hubieran poseído el bien por el tiempo previsto por la ley, según surgiría de la prueba rendida en autos.

A continuación los Judicantes consideraron el agravio de la recurrente respecto de la legitimación activa de la parte actora, afirmando que si bien el título de la accionante es posterior a la posesión invocada por la parte demandada, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria admiten que se pueden hacer valer los títulos de sus antecesores que los emplazaban como dueños del inmueble y concluyeron sobre esta cuestión que el actor acompañó el título de su antecesor que se remonta a muchos años antes de la posesión invocada por el demandado.

Frente a tales fundamentos el recurrente, se empeña en imponer su particular postura en cuanto a la solución que considera acertada, mas con los argumentos que expone no logra persuadir, siquiera en un grado mínimo y provisional propio de este estadio, que las consideraciones y conclusiones vertidas por la Sala puedan ser descalificadas, ni que su particular apreciación de la causa deba necesariamente imponerse en la especie pues, conforme surge de la reseña precedente, las probanzas invocadas en el memorial recursivo fueron expresamente tenidas en consideración por la Alzada, aunque desde luego con un alcance distinto al postulado por el quejoso y con un criterio que, al margen de su mayor o menor grado de acierto, no llega a ser puesto en disputa desde la óptica constitucional.

Tal respuesta jurisdiccional podrá no conformar al recurrente pero en modo alguno puede descalificarse como pronunciamiento judicial válido, pues es sabido que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con la valoración de la prueba efectuada por los jueces de la causa (cfr., entre muchos otros, A. y S., T. 99, págs. 102/104; T. 99, págs. 179/181; T. 100, págs. 251/260; T. 101, págs. 408/411; en sentido análogo, Fallos:297:29; 297:117; 297:291; 300:1049; 301:1062; 302:1564; 306:143 306:282; 307:716; 307:234, etc.); ni puede tampoco configurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en la decisión de cuestiones que les son privativas (A. y S., T. 95, págs. 341/344; T. 100, págs. 251/260, entre muchos otros).

Por consiguiente, la pretensión última de la impugnante es renovar un debate ya agotado en la instancia ordinaria y ajeno a la vía extraordinaria intentada, sin lograr demostrar de la manera que el caso lo requería los vicios que le imputa a la sentencia impugnada. La Cámara efectuó valoraciones que podrán no conformar a la recurrente, pero en la medida que no se demuestre un apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	Tribunal de origen: Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 12 de Rosario.