Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30


BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE contra CAMINITO, Carlos y otra Reg.: A y S t 198 p 322-326.

Santa Fe, 30 de junio del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el doctor Carlos A. Lassaga Iturraspe contra el decisorio de fecha 19 de abril de 2000 dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE contra CAMINITO, Carlos y otra - Demanda Ejecutiva- (Expte. 398/95)" (Expte. C.S.J. nro. 555, año 2001); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 19 de abril de 2000 la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad resolvió confirmar el auto apelado de fecha 2 de julio de 1998 por el que, a su turno, se regularon honorarios a varios profesionales.

Contra dicho pronunciamiento interpuso el doctor Carlos A. Lassaga Iturraspe recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3, ley 7055.

Afirmó que la sentencia impugnada viola la ley y carece de motivación suficiente.

Luego de alegar, con citas jurisprudenciales de la Corte Nacional y Local, en torno a la admisibilidad de la revisión extraordinaria de cuestiones relativas a honorarios, refirió a la arbitrariedad invocada.

Dijo que la falta de fundamentación radica en que ni el A quo ni la Sala explican por qué no se aplica estrictamente la ley 6767, en su artículo 8. Agregó que tampoco esta última fundamenta por qué no se tiene en cuenta el monto aportado por la actora como el pretendido en la demanda, omitiendo fundamentar los motivos por los cuales se pretende equivocadamente aplicar la doctrina de los actos propios a su parte y no a la contraria, y sin decir por qué se admite la incongruencia en que cae el fallo del A quo.

Aseguró que, en el caso, la demanda fue totalmente rechazada por lo que el sentenciante debió inevitablemente aplicar el artículo 8 de la ley 6767 y disponer la regulación en base a toda la suma pretendida al demandar.

Agregó que esa suma fue el objeto de la acción, fue la medida y el motivo de la defensa y no fue discutida ni por el actor ni por la demandada; es por ello que el monto de la demanda quedaba fuera de discusión.

Destacó que no hubo ni en Primera Instancia ni por parte de la Sala una fundamentación sobre las razones que impulsaron a desviarse de la letra de la ley, dejando de aplicar la normativa de la ley 6767, pues sólo dice el fallo que la suma es exorbitante y decide, unívocamente y fuera de toda probanza de autos, que fue fruto de un error, sin explicar cómo llega a tal conclusión.

Además, dijo, la misma parte actora reconoce el monto por el cual demandó cuando llega a esa cifra con la liquidación de f. 173.

Por otra parte señaló, en lo que refiere al monto del pleito, que no se fundamenta porqué se establece otro distinto para regular honorarios.

Refirió a los antecedentes de la regulación cuestionada y sostuvo que la Sala aplicó en forma errónea la doctrina de los actos propios sin advertir la provisionalidad de la estimación formulada por su parte, a resultas de una liquidación que luego respetó.

Añadió que es a la parte actora a quien debe aplicarse esa teoría.

Aseguró que tampoco en la Alzada se analizó ni se tuvo en cuenta porqué el sentenciaste en Primera Instancia vulnera principios tales como el de la cosa juzgada, preclusión y el respeto por el contradictorio establecido por las partes, al regular honorarios apartándose de la liquidación no cuestionada.

Aclaró que la liquidación practicada al no ser observada por su parte dejó sin contradictorio al juzgador para decidir, tema que no fue tratado por la Cámara olvidando los principios de congruencia y preclusión.

Dijo que en el caso no se analizó el tema del agravio de la apelación, que es que el Juez A quo violentó el contradictorio, apartándose del mismo y fallando "extra petita" y en contradicción con las constancias de autos y contra la sentencia dictada por el mismo.

Insistió respecto a que en el caso no hubo contradictorio ya que su parte no formuló objeción alguna a la liquidación de la actora, vulnerando el juzgador el debido proceso.

Puntualizó también que la base regulatoria tomada utiliza un interés que no es el pretendido por la actora, ya que desde el inicio demostró no utilizar tales tasas ni la forma de cálculo, desde que capitalizaba como surge de fs. 10/11 y del pacto de fianza.

Finalmente expresó que la Sala violó su derecho de propiedad al estimar justo no aplicar la ley 6767, sin que se haya declarado su inconstitucionalidad.

2. Por decisorio de fecha 15 de octubre de 2001 el Tribunal resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por entender que no se dan circunstancias excepcionales que autoricen la apertura de la instancia extraordinaria, exteriorizando las imputaciones del recurrente simplemente su discrepancia con la opción acogida por la Sala, habiendo dado ésta fundamentaciones suficientes, dentro de la razonable discrecionalidad judicial, como para satisfacer el artículo 95 de la Constitución provincial.

Tal denegatoria motivó la presentación directa del impugnante ante esta Corte f. 19/24.

3. Sobre esta temática de honorarios es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que si bien es materia ajena al recurso extraordinario (Fallos 268:102, 245, 297, 343, 382, 433, 574, entre otros) este principio admite excepción cuando, como en el caso, el planteo del recurrente cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de autos y ostenta entidad constitucional, resultando así idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria (ver criterio de Fallos 274:196; A. y S. T. 92, pág. 221; T. 95, pag. 400; T. 152, pág. 243, etc.). Por ello, desde el análisis mínimo y provisorio propio de este estadio y sin perjuicio de lo que, con los principales a la vista, se resuelva en la ocasión establecida en el artículo 11 de la ley 7055, corresponde acoger el recurso deducido.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Ordenar la devolución del depósito efectuado.

Disponer que por Presidencia se requiera la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO (en disidencia)-ALETTI de TARCHINI-GASTALDI (en disidencia)- GUTIERREZ-NETRI (en disidencia)-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR FALISTOCCO Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES GASTALDI Y NETRI:

De la lectura del memorial recursivo en confrontación con el fallo atacado, surge que la impugnación no puede prosperar en tanto, como reiteradas veces lo ha afirmado esta Corte, las cuesitones relativas a honorarios, son como regla, insusceptibles de revisión mediante la vía extraordinaria del recurso de inconstitucionalidad (cfr. A. y S. T. 67, pág. 461; T. 77, pág. 141; T. 95, pág. 259 y 353; T. 87, pág. 403; T. 147, pág. 383, entre muchos otros).

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en nutrida jurisprudencia, ha señalado que las cuestiones referentes a los honorarios regulados en las instancias ordinarias, a la determinación del interés comprometido en el juicio, y a las bases consideradas a tal fin, así como la interpretación y aplicación de las normas arancelarias, son ajenas al recurso extraordinario en virtud de su carácter fáctico y procesal (Fallos 270:388; 283:22; 304:501; 308:881; 310:566, etc.). Asimismo, se ha dicho que la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad es particularmente restringida en esta materia, teniendo en cuenta que las normas que rigen las regulaciones conceden amplio margen a la razonable discrecionalidad judicial (268:382; 294:459; 308:1837, entre otros).

Sin embargo, también se ha establecido que tal principio debe ceder si lo resuelto importa agravio constitucional, cuando media manifiesta arbitrariedad o pueda generar una restricción indebida del derecho de defensa y hacer que de este modo se frustre el derecho constitucional del interesado (Cfr. A. y S. T. 92, pág. 221; T. 95, pág. 400, entre otros).

En el sub examine, del cotejo de la pieza recursiva con la sentencia impugnada surge claro que las pretendidas tachas de arbitrariedad invocadas por el compareciente sólo traducen su discrepancia, sin entidad constitucional, para con el criterio sostenido por los jueces de la causa, cuestión que, más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido, remite a materia reservada a los jueces de la causa.

En efecto, el Tribunal a quo partió de tener en cuenta la cantidad reclamada en la demanda que es el valor comprometido susceptible de fundar la trascendencia económica del litigio (art. 8, ley 6767) y, seguidamente, señaló las razones que, en tal tesitura lo orientaron a considerar como monto del juicio aquel que estimara originariamente el propio recurrente -descartando, fundadamente, tanto la suma postulada en su ulteror postura como la estimación realizada por la accionante-.

Concretamente, desechó la segunda propuesta del quejoso en tanto ésta implicaba ir contra sus propios actos al pretender una suma mayor y porque al recurrir ante el Juez de grado, no había demostrado que la cantidad estimada por el Magistrado (cercana a su primera ponderación) fuera errada; mientras que descartó la valuación del Banco actor debido a su exorbitancia e incompatibilidad con las constancias de la causa; para, finalmente, concluir en que tales estimaciones no obligan al Juzgador quien "...debe atenerse a la cuatía que estime verosimil de acuerdo al contenido del reclamo judicial frustrado..." (f. 2vto.).

Frente a lo expuesto, pierden todo andamiaje los cuestionamientos del quejoso desde que no se advierte la prescindencia del texto normativo que se le achaca al decisiorio -lo reseñado deja en claro que el Juzgador aplicó las pautas del artículo 8 de la ley 6767 (como expresamente lo apuntó) y las del artículo 4 del mismo cuerpo normativo (tal como se desprende de toda la argumentación)- ni la falta de fundamentación sobre las razones que lo guiaron a decidir como lo hiciera ya que sus reproches, solo demuestran su posición, diversa a la del A quo y que, por ser una simple discrepancia, no implica la configuración de caso constitucional que merezca ser revisado en esta instancia.

Máxime, cuando el apelante no aporta datos numéricos concretos que permitan corroborar sus apreciaciones.

Mas, la conclusión a la que arriba el Tribunal no aparece, en principio, absurda, ilógica o arbitraria, ni tampoco se advierte que adolezca de defectos de fundamentación que tornen a lo decidido descalificable como acto jurisdiccional -como excepcionalmente lo ha admitido el Alto Tribunal de la Nación-.

Por ello, no cabe abrir esta instancia para dilucidar si resulta errónea o no la regulación impugnada, hacerlo significaría convertir la labor de este Tribunal en un a nueva instancia ordinaria, desnaturalizando de tal modo el objetivo mismo del recurso de inconstitucioalidad regulado en la ley 7055.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuestas y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)