marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestión no planteada, facultades de la alzada, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba  c/ Furlan, Fanni Edith  s/ Procedimiento de Ejecución Fiscal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-04-13

Considera que si bien lo alegado en la Alzada por la hoy recurrente no fue invocado al momento de contestar la demanda -y, por ende, no ha sido abordado por el a quo-, de manera tal que extralimitaría la competencia funcional de la alzada (art. 332 CPCC), no obstante ello, corresponde analizarla en esta instancia en tanto se trata de un planteo que hace a la "admisibilidad" del título, tema respecto del cual el tribunal puede expedirse por haberle sido "devuelta" la competencia con motivo del recurso de apelación bajo lupa. El análisis de la admisibilidad formal del título ejecutivo, aún en forma oficiosa, no compromete el principio de congruencia y por ello corresponde en esta instancia abordar la cuestión planteada por la parte demandada en tanto hace a la "admisibilidad formal" del título ejecutado.
Despido, primacía de la realidad, falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva, remuneración, prueba testimonial, apreciación de la prueba, ley de empleo, multa
Materia: LABORAL
Carátula: CASTILLO, CRISTIAN EDUARDO. c/ GARCIA RENNER, NELSON Y OTRO. s/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-13

Los testimonios son contundentes al afirmar que parte del salario del actor y de los demás dependientes se percibían en negro; por su parte los testigos de los demandados no controvierten las afirmaciones de los testigos mencionados, sino que se limitan a decir que desconocían si los demandados pagaban en negro. Por lo tanto, considero que ha sido debidamente acreditado que el actor recibía parte de su sueldo en negro, como afirma en su demanda y como acoge la sentencia, por lo que ante falta de prueba en contrario, la misma será confirmada. (Del voto del Dr. Ghisini).
Rendición de cuentas, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BADESSICH, HUGO ALBERTO Y OTRA c/ JOSE ORLANDO FIGUEROA s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-24

Si el demandado no ha rendido cuentas dentro del plazo fijado en la sentencia, dejando transcurrir infructuosamente el mismo, se produce la extinción de su facultad para hacerlo en adelante, por haberse operado la preclusión.
Compraventa inmobiliaria, obligación de escriturar, obligaciones del escribano
Materia: CIVIL
Carátula: Giannoni, Hugo G. c/ Jorge, Alberto s/ Cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

Dado las características propias de la obligación de escriturar, su cumplimiento no depende exclusivamente de la voluntad de las partes, sino que se concreta con la intervención de un tercero necesario; el escribano. De ahí que no hay incumplimiento de ninguna de las partes si el notario no señaló el día y la hora para la suscripción de la escritura, solución que se aplica aún cuando se hubiera designado al funcionario en el contrato.
Personal policial, nulidad del acto administrativo, reincorporación, prescindibilidad, juntas de calificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodriguez, Nelson Gustavo c/ EN M° Interior PFA Dto 2744/93 s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda, declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas y de los actos dictados en consecuencia, y ordenó la reincorporación del actor a la Policía Federal Argentina en el mismo grado y escalafón jerárquico en el que revistaba antes de su pase a disponibilidad, pues tanto la calificación que recibió el actor como "prescindible para el servicio efectivo", como el posterior acto administrativo que dispuso su pase a retiro obligatorio, no cumplen con las exigencias que establecen la ley 21.965 y el decreto 1866/83 en materia de evaluación y calificación del personal policial. -Del dictamen de la Procuradora Fiscal al que la Corte remite-.
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Calcaterra, Osvaldo Edgardo c/ Municipalidad de La Plata s/ Acción de Amparo - Cuestión de Competencia art. 6 CCA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-05

No están legitimados para iniciar una acción contencioso administrativa, quienes se agravian de la negativa de la administración a concederles una habilitación comercial, toda vez que no son titulares de una situación jurídica subjetiva preexistente que los habilite a promoverla. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Escritos judiciales, copias
Materia: PROCESAL
Carátula: ARASA  S.A. c/ Y.P.F.  SOCIEDAD DEL ESTADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-10

Habida cuenta de la extensa documentación acompañada, exímese a la actora de adjuntar copias, art. 121 del CPCC, y confiérese traslado de la misma por el término de diez días, haciéndose saber que podrá ser consultada en Mesa de Entradas.
Empleados públicos, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MACIEL CORNEJO, Sergio e IBARRA ALVAREZ, Horacio c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SALTA s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-10-09

No vulnera la garantía de la igualdad la disposición que prevé que la Provincia toma a su cargo todo el personal que se desempeña en la Caja de Previsión Social de la Provincia, con excepción de aquel seleccionado por ANSES, pues los agentes, en igualdad de circunstancias, merecen igual tratamiento.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, proceso penal, prueba, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Y., M. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE, ABUSO SEXUAL CON GRAVE DAÑO EN LA SALUD MENTAL DE LA VICTIMA Y ABUSOS SEXUALES SIMPLES REITERADOS EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-03

La decisión de la Alzada de rechazar los agravios de invalidez y confirmar la admisión de la prueba documental y material -entrevista en Cámara Gesell- ofrecida por el actor penal, por su naturaleza, no puede ser reputada sentencia definitiva, ni auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación, en los términos del artículo 1 de la ley 7055, desde que -en principio- las resoluciones cuya consecuencia es la obligación de seguir sometido a proceso criminal no no ponen fin al proceso ni impiden su continuación; y la impugnante -a través de la invocación genérica de garantías constitucionales que dice vulneradas y la mención en cuanto a que la resolución pone fin a la cuestión con su decisión en la última instancia ordinaria- no logra demostrar la irreparabilidad pretendida que pudiera constituir una excepción a tal regla. - CITAS: CSJN: Fallos: 308:1667; 310:1486; 312:573, 575 y 577; 314:657; 316:341 y 2063; 314:377; 316:1943 y 2063; CSJStaFe: AyS T 159, p 28; T 100, p 453; T 110, p 83; T 129, p 382; T 175, p 61. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Municipalidad, leyes, constitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Trujillo, Federico Guillermo c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 13-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-05

La posición adoptada por la Corte Provincial en "Tolosa", sostiene que no habrá valoración del cumplimiento o incumplimiento del artículo quinto de la Constitución Nacional en cada caso concreto en que la autonomía municipal pueda verse afectada, sino posiciones de principio que autoricen la injerencia de la ley, o bien -también por posición de principio- su rechazo liminar, con abstracción de la real incidencia de la preceptiva en la vida y subsistencia del régimen local. Así se optó por razones de convicción y, -amén del acatamiento a lo que se evidencia como mayoría de opiniones en el seno de la Corte federal- para evitar toda limitación susceptible de ser impuesta desde el plano semántico, considerando que el dictado de determinadas normas destinadas a los Municipios por parte del Estado provincial, no compromete, "por sí", el mandato contenido en el artículo quinto de la Constitución nacional.
Insuficiencia del agravio, honorarios, fallos de la Corte Suprema, dictamen fiscal
Materia: PENAL
Carátula: CÁMARA, José Ernesto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-15

Debe rechazarse el agravio de la defensa argumentando que la naturaleza jurídica de los honorarios cobrados por los ejecutores fiscales de la AFIP no es pública y descalifica el fallo de la CSJN donde se discutió este tema con base en que no sería aplicable al ámbito penal, toda vez que este tópico ya fue respondido satisfactoriamente por el tribunal anterior al decir que: ".la discusión se encuentra zanjada desde antiguo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Baglini, Raúl Eduardo c/ AFIP DGI s/amparo" (B. 988. XLVIII. RHE), por el cual los magistrados compartieron los fundamentos y conclusiones del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal de la Nación que ha dicho 'No asiste la razón al demandante ya que, como se dejó en claro en el dictamen de la causa D.406, L.XL, "Dadón", que V.E. compartió en su sentencia, los honorarios judiciales provenientes de los juicios de ejecución fiscal no pertenecen a los profesionales que trabajan para el Fisco Nacional, sin perjuicio de que tengan, sí, un derecho a percibir un estímulo consistente en la participación, de acuerdo con la modulación y reglamentaciones que la Administración fije, en el conjunto formado por las sumas recaudadas en dicho concepto. Tampoco puede tener asidero favorable el intento de la defensa de evitar la aplicación del citado fallo del Máximo Tribunal haciendo la consideración de que ".esa discusión era totalmente ajena a una cuestión penal, por lo tanto no aplicable al caso de autos." porque, esa visión, no solo intenta segmentar el sistema jurídico de manera contraria a las reglas básicas de interpretación, sino que no se hace cargo de explicar por qué cabría hacer una excepción a esa doctrina en este caso y sólo se limitó a expresarlo como una mera disconformidad que no se funda más que en apreciaciones abstractas y dogmáticas que como tales deben ser rechazadas.
Prueba, alegato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gómez, Ricardo Omar c/ Molinos Chubut SRL s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-24

Alegar sobre el mérito de las pruebas producidas no es un deber ni una carga procesal para las partes, sino una facultad que ejercitan "si lo creyeren conveniente"; lo ratifica el texto del artículo 495 pár. 2° última parte al establecer que "las partes podrán presentar alegato" en el proceso sumario.
Funcionarios públicos, corrupción
Materia: PENAL
Carátula: Paz, Jonathan Ezequiel y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-27

La disidencia sostuvo que la resolución PG invocada deviene inaplicable al caso, pues se encuentra específicamente orientada a guiar la actividad de los fiscales en aquellos supuestos en que se investiguen hechos de corrupción y la presunta actuación de funcionarios públicos. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky -en disidencia-).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FUMO, ROBERTO CARLOS c/  s/ DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-27

La impugnación no ha de prosperar, pues se evidencia palmariamente incumplido el recaudo de autoabasto del recurso de inconstitucionalidad local de la lectura del memorial introductor, que omite lisa y llanamente una clara exposición de la base fáctica, la que -en contrario- enlaza con su propia versión de los hechos, privando así al Tribunal del acceso sintético pero fidedigno a los mismos; y, aún cuando pudiera vislumbrarse que la recurrente se agravia del decisorio desincriminante de la Alzada, al omitirse una descripción de la plataforma fáctica sobre la que versa la controversia, no resulta posible demostrar la alegada arbitrariedad, ni cuáles son las cuestiones que -sobre la pluralidad de las resueltas por el decisorio impugnado- se pretenden abarcar con el recurso. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 72, p 111; T 100, p 449; T 105, p 422; T 147, p 173; T 170, p 252. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 3, inciso 2
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: TABAZA S.A. c/ G.C.B.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-09

El decisorio que desestima una excepción de incompetencia no reviste el carácter de sentencia definitiva, por lo que no se encuentra comprendido en el precepto del art. 15 de la ley 16986, resultando, entonces, inapelable
Impuesto a las actividades lucrativas, hecho imponible, sociedad cooperativa
Materia: TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA "LAS PAREJAS" LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 142-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-08

El mensaje 417 (BO, Santa Fe, 01-09-76, Nro 15856) que acompañó el proyecto convertido en ley 7909, no deja dudas acerca de que el impuesto a las actividades lucrativas recae sobre las actividades cooperativas, en sí mismas, a pesar de la inexistencia del lucro como elemento consustancial a la propia naturaleza de estas asociaciones, pues allí se explica no sólo que "el hecho de gravar expresamente al sector cooperativo responde a un criterio reiteradamente exteriorizado por la nación en las normas y pautas emanadas directamente de las autoridades superiores del Ministerio de Economía...", Sino también que la eliminación de la exención establecida en la provincia, era respuesta al requerimiento del Ministerio del Interior en que se incluía "la recomendación de gravar a las cooperativas...".
Propiedad horizontal, ruidos molestos, tercero ocupante, juicio de desalojo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CONSORCIO MEXICO 744/48/50/52/56 Y CHACABUCO 637/39/41 c/ LIGA DE AMAS DE CASA DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE COPROPIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-28

La reincidencia prevista por el art. 15 de la ley 13.512 para que proceda el desalojo, respecto del ocupante no propietario, estará dada por cualquier nueva infracción luego de una condena y no necesariamente por la violación a la misma norma del reglamento o la misma conducta.-
Coacción, testigo único, fundamentación de sentencias, tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Amitrano, Atilio Claudio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-09

Corresponde rechazar el agravio relativo a que fuera el testimonio de la víctima el elemento de juicio determinante de la imputación, pues la sentencia que condenó al imputado por el delito de coacción -pues en ocasión de reintegrar a su hijo en virtud del régimen de visitas acordado alarmó y amedrentó a la madre-, integró el testimonio de la víctima a través de un confronte crítico, sin fragmentar las pruebas, ni analizarlas de manera aislada, y la circunstancia de que al momento en que ocurrieron los hechos no se encontraba vigente la orden de restricción del juez civil, en nada modifica que se configure el delito de coacción. Los votos concurrentes agregaron, por un lado, que resulta necesario -en casos reveladores de violencia contra la mujerevocar los deberes del estado argentino asumidos en las convenciones internacionales y que las referencias a un supuesto trastorno psiquiátrico de la mujer y a que los conflictos de familia pertenecen al ámbito de la privacidad revelan concepciones estereotipadas que el estado argentino se ha comprometido a eliminar, y, por el otro, que la cuestión planteada se vincula íntimamente, con una de las temáticas más preocupantes del universo de los derechos humanos, cual es la violencia de género y que hoy la violencia contra las mujeres es considerada violación de los Derechos Humanos, con jerarquía constitucional y/o superior a las leyes internas. (Dres. David, Slokar -voto concurrente- y Figueroa -voto concurrente-).
Administración fraudulenta, desistimiento de la acción
Materia: PENAL
Carátula: ROTHMAN, JOSE s/ SOBRE DEFRAUDACION - ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-22

La postura de la querella al desistir de la acción puede introducir dudas acerca del componente subjetivo del delito de administración fraudulenta, porque si bien el núcleo de la figura es el acto administrativo infiel, el tipo penal no se agota con él, pues la norma requiere el propósito de lucro o daño en la conducta del agente; si esta finalidad no se advierte, la gestión administrativa no es pasible de cuestionamiento penal.

En consecuencia, aunque el procesado habría utilizado fondos de la sociedad para refaccionar un inmueble, queda en pie la posibilidad de que el conflicto con el socio minoritario haya obedecido a discrepancias económicas superables.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CEROLINI, JUAN CLAUDIO c/ AISLANTEC SOC. DE HECHO -PENTAMAR S.A. s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-08-20

El comportamiento de las partes quienes no se exigieron recíprocamente la ejecución de sus respectivas prestaciones durante un lapso prolongado de tiempo, resulta concluyente y traduce inequívocamente el abandono de la relación, siendo dable colegir que la hipótesis analizada queda atrapada en la disposición contenida en el artículo 241 último párrafo de la L.C.T., es decir la extinción de la voluntad concurrente de las partes.
Locación, fianza, contratos civiles, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frysberg de Guelman María c/ Uccelli María Cristina y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

No cabe reclamar al fiador la deuda en ejecución cuando la continuación acordada entre locadora y locataria ha tenido el efecto de ampliar la obligación de los fiadores que no participaron de la misma, no ya hasta la efectiva desocupación del inmueble que fuera por ellos convenida, sino hasta los nuevos períodos que fueron complacientemente concedidos por la locadora.
Mandato, banco central, representación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL CENTRO COOPERATIVO LIMITADA (EN LIQUIDACION) c/ JAIME HORACIO ELIJIS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-02-11

Decretada la intervención o liquidación financiera - que para el caso es lo mismo dado lo que dispone el art. 101 de la ley de sociedades - no se extingue la personalidad de la entidad intervenida o liquidada, pero sus autoridades estatutarias son desplazadas y sustituidas por funcionarios puestos por el Banco Central. Estos funcionarios, actuando en ejercicio de las atribuciones del Directorio al cual desplazaron, pueden otorgar mandato.

Este mandato tiene, desde luego, la misma extensión que el que pudieron haber conferido las autoridades estatutarias antes de la intervención o liquidación. Y es obvio que, técnica o conceptualmente, el mandante es el banco intervenido y no el Central. Pero no se puede negar que en los hechos es el mismo Banco Central el que a través de los interventores o liquidadores otorga ese poder, como lo hace siempre con todos los representantes en juicio de las entidades liquidadas o intervenidas. Jurídicamente estas personas son mandatarias de las entidades intervenidas o liquidadas, pero en la práctica el que confiere el mandato es el Banco Central.-
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ ROBERTO DE JESES c/ I.S.S.P. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-07-05

Cuando se trata de la aprobación de planillas de liquidación a los fines de la determinación del monto litigioso, debe atenderse especialmente a la falta de oposición de la accionada luego de la notificación personal y por cédula, la cual evidencia el consentimiento de la suma liquidada en la pericia.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Perazzo, Oscar L. s/ Ejecución de honorarios en Eléctrica Iluminac. c/ Municipalidad de  Avellaneda. Daños y perjuicios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

En el caso, el pronunciamiento de la Cámara dictado en la etapa de ejecución de la sentencia regulatoria que ha quedado firme y consentida, no reviste carácter definitivo. (Minoría u opinión personal)
Municipalidad, concejo deliberante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Intendente de la Municipalidad de la Paz c/ Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Paz s/ Conflicto (LIBRO: S241 - 208)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-12-03

La mayoría absoluta de los miembros que componen el Concejo Deliberante, es la que consta de más de la mitad de los votos, concepto que no se identifica con el de mitad más uno.-
Empleo público, régimen disciplinario administrativo, proceso penal, doctrina, jurisprudencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SKRZYPIEC, Néstor V. c/ E.N. s/ HABER DE RETIRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Es principio recibido en nuestra doctrina y jurisprudencia la independencia existente entre los procesos penales tramitados en la instancia judicial y el régimen diciplinario administrativo, de manera que las conclusiones alcanzadas en una y otra sede pueden resultar divergentes, dado que a un mismo hecho pueden aplicársele distintos regímenes jurídicos.
Pena, agravantes de la pena, menores, in dubio pro reo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: G., N. D. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-11

El art. 41 quater del C.P. que establece como causal de agravación de la pena "respecto de mayores que hubieren participado" en el delito de que se hubiera "cometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad", no puede ser desligado del sistema en el que está engarzado, es decir, el del Código Penal y su legislación complementaria, en el cual se considera imputable penalmente -y por tanto mayor para soportar una pretensión punitiva- ha quien ha cumplido 18 años o más. La disidencia expresó que correspondía absolver al imputado por mandato de lo preceptuado en el art. 3° del C.P.P.N. (Dres. Ledesma -en disidencia, Tragant y Riggi).
Derecho procesal, mandante, mandatario, apoderado, personería jurídica, notificación, efectos entre partes
Materia: PROCESAL
Carátula: C. P. S.A. en autos caratulados C., M. N. c/ C. P. S.A. y otro s/ sumario accidente de trabajo (acción civil) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-08

Cuando se ha practicado una notificación a un apoderado y luego otra posterior a otro apoderado, el plazo para impugnar el traslado se computará a partir de la primera. La notificación practicada al apoderado, con personería acreditada, reconocida y vigente resulta plenamente válida y con los mismos efectos legales que si se hubiera efectuado personalmente con la parte a quien representa.- La notificación posterior a otro apoderado resulta inoficiosa a los fines del cómputo de los plazos que correspondieren. Las relaciones entre mandante y mandatario por hacer conocer la notificación en debida forma son cuestiones ajenas al juicio y a la eficacia de la notificación.-