marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excepciones procesales, defecto legal, desobediencia, resistencia a la autoridad, recurso de inconstitucionalidad, incidentes, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Quintela, Guido Ezequiel s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

Si no ha sido acreditado que en el caso hubiese tenido lugar una inobservancia al ordenamiento ritual aplicable de magnitud suficiente que vulnere las reglas del debido proceso ni se encuentra demostrado que la inteligencia que la Cámara le asignó al precepto sustantivo en juego (art. 239 del CP) resulte insostenible, los planteos propuestos discurren por un plano de análisis enteramente infraconstitucional que, por regla, es privativo de las instancias de mérito. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Sucesiones, legítima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Maio, Ciriaco c/ Sgro, José Luis y otros s/ Acción de Reducción, etc. De Maio, Ciriaco c/ De Maio, Angela y otros s/ Colación, Rescisión de Partición por Donación y Reducción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28|1992-05-28

Para fijar la legítima se debe atender al valor de los bienes, agregándose el que tenían las donaciones efectuadas conforme el art.

3477 del C. Civil, no llegándose a estas últimas "mientras pueda cubrirse la legítima" reduciendo a prorrata o dejando sin efecto, si fuera necesario, las disposiciones testamentarias (art. 3602 del C.

Civil).
Torturas, delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, dictadura militar
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

Las torturas sufridas por perseguidos políticos entre septiembre de 1975 y finales del año 1977 constituyen delitos de lesa humanidad y por ello devienen imprescriptibles, más allá de que el inicio formal de la última dictadura militar se produjera en el mes de marzo del año 1976, puesto que con anterioridad existían acciones de efectivos que formaran parte del Estado que dan cuenta de un proceso que venía operando en la clandestinidad. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Cuestiones de competencia, facultades del gobierno provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Constructora Mitre S.A. c/ Provincia de Formosa s/ Daños y perjuicios (sumario) Daños y perjuicios (sumario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-05-21

La cuestión de competencia es de resorte legislativo local y procesal y tienen raigambre constitucional, lo cual importa la potestad de la Provincia para establecer sus propias instituciones, lo que comprende determinar su estructura judicial y la competencia de los órganos que la componen. Resulta entonces que la materia en sí es ajena al remedio extraordinario federal. (Fundamento del Dr.

Carlos G. González)
Contrato de trabajo, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: Hucke Juana Teresa c/ M.A.E.R.S.A. s/ Cobro de Pesos (Dif. Sal., Art. 9 Ley 24.013, Dif. SAC y Otros  Rubros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-02-08

En autos no fue negada la relación laboral entre actora y demandada, pero no hubo concordancia en lo que hace a la modalidad de trabajo ni en lo que hace a la fecha de inicio de la relación, por lo que es carga procesal de la última el demostrar su postura.
Nulidad procesal, morosidad del proceso, requisa del automotor
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Punzano, Martín Sebastián c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-08

El agravio referido a la nulidad del procedimiento que dio origen a las actuaciones en relación a la arbitraria demora del procedimiento, no puede prosperar. Ello, en tanto el tribunal ha detallado de modo razonable los actos que generaron la alegada demora, que de ningún modo es suficiente para fundar la nulidad de las actuaciones. De las constancias de autos queda demostrado que el registro del vehículo se vio precedido de la advertencia de factores que contundentemente indicaban que se estaba en presencia de un ilícito, lo cual imprime a la actuación de los preventores mayor certeza. De modo que puede aseverarse que el empleo de un método no invasivo en el registro vehicular otorgó legitimidad al procedimiento, en miras de cotejar la situación de sospecha emergente y que, acerca de si el tiempo que demoró el procedimiento fue excesivo, corresponde concluir que la demora no fue arbitraria sino justificada en hechos concretos y necesarios para el descubrimiento del ilícito.
Locación, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Cruz Barrientos c/ Miguel García s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-11-29

El art. 1609 del Código Civil acuerda el derecho a indemnización por la sola circunstancia de que el locatario no restituya la cosa locada, acreditada pues tal retención indebida desde la intimación extrajudicial cursada el 25 de abril de 1986, corresponde hacer lugar desde esa fecha al reclamo de indemnización pedido, sin perjuicio del debido pago del canon locativo desde la finalización del contrato, por el uso y goce de la cosa hasta la de dicha intimación.
Participación criminal, coautoría, participación necesaria, instigación, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: B., J. G.; C., R. A. s/ Homicidio - encubrimiento agravado s/ Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-03-25

Respecto de la pregunta relacionada a si L. se "excedió en su accionar", que el art. 47 del Código Penal no resultaría aplicable al sub examine, ". pues sus limitaciones se encuentran establecidas para los cómplices primarios, secundarios o instigadores, pero no para los coautores" (STJRNS2 Se. 145/14 "CABRERA").

En este orden de ideas, en "la coautoría la resolución común permite la recíproca imputación directa de todos los aportes al hecho.

Aquí no rige - como en la participación - el principio de accesoriedad, de modo que no se trasladan las eximentes de uno de los coautores a los otros; y el principio de ejecución es único con independencia de quien realice la acción típica.

La jurisprudencia - en este sentido - señaló que 'en la coautoría no rige el principio de la imputación mediante la accesoriedad, sino la recíproca imputación directa de todas las contribuciones al hecho realizadas en el marco de la resolución en común, por cuanto la coautoría porta en sí misma su contenido del injusto y no lo deriva de un hecho ajeno' (D´Alessio, Código Penal. Parte General, pág. 522 y citas 277 y 278; Rusconi, Código Penal, Dirección Baigún-Zaffaroni, t.2, comentario a los artículos 45 a 49, p. 157 y CNCrim. y Correc., sala I, 1996/06/03, 'STIETZ', en LL. 1997-D, 633)" (STJRNS2 Se. 184/12 "NUÑEZ"). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Indemnización por accidente de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Pérez Fontela, Cecilia Carolina c/ Sony Argentina S.A y otro s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-23

Es evidente que se halla objetivado el nexo causal adecuado entre el infortunio (corte en la mano derecha de la trabajadora) y el riesgo generado por una cosa cuya guarda jurídica estaba a cargo de la empleadora. El cartel de publicidad tenía una dimensión considerable y se encontraba ubicado dentro del local de la accionada, en un lugar de paso y uso común, con bordes de metal filosos y sin protección sobre dichos bordes, lo cual denota la existencia de una "cosa" generadora de un riesgo específico, pues originaba el constante peligro de que, al transitar los trabajadores por su cercanía (y también los clientes que concurrieran al local), ante un mínimo descuido o movimiento desincronizado, alguna parte del cuerpo de aquéllos impactara contra alguno de esos bordes y sufriera heridas como las que sufrió la actora. Por lo tanto, a la luz de lo establecido en el art. 1113 CC, no cabe duda de que la empleadora resulta responsable por la reparación de las consecuencias dañosas derivadas del infortunio ( arts. 903 y 904 CC).
Tasa de justicia, monto de la demanda, falta de monto, reducción de tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Keen Roberto E. -Incidente de tasa de justicia c/ C.P.A.C.F.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

Para aquellos juicios en los que el objeto litigioso no tenga valor pecuniario, en la ley se contempla el pago de una suma fija que, a criterio del tribunal, no es susceptible de la reducción pretendida.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Luna, Carlos Arcenio c/ Campolongo S.A. s/ Indemnización enfermedad accidente Indemnización enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-17

La ley 24.028 establece que tanto en el supuesto de agravamiento como en el caso de las enfermedades accidente, la responsabilidad el empleador se circunscribe exclusivamente a los factores atribuibles al trabajo; las causas fundadas en la predisposición o habilidad del trabajador o en otras, fundadas en razones extralaborales, no son indemnizables.
Concursos, acuerdo preventivo, impugnación del acuerdo preventivo, declaración de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ ORO, OSCAR MARIO s/ QUIEBRA (INCIDENTE DE APELACION).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-08

Del Dictamen Fiscal 131717:. Admitida la impugnación al acuerdo procede declarar la quiebra; pues, la ley concursal no contempla la posibilidad de que el deudor subsane los efectos del acuerdo presentado luego de que ha sido rechazada la homologación. Tampoco establece la posibilidad de presentar una nueva propuesta y abrir un nuevo período de exclusividad e impugnaciones. La posibilidad de sanear la propuesta no surge de la letra de la ley y tampoco es coherente con sus fines. Fundamentos del Dr. Bargalló:. Frente a la no homologación de una propuesta de acuerdo, es posible recurrir a la denominada "tercera vía", como un mecanismo para superar situaciones en que la propuesta se juzgó abusiva, evitando el decreto de quiebra y permitiendo el resguardo del principio de conservación de la empresa. Tal no es el caso, dado la ponderación de deficiencias de información sobre el activo y los ingresos del deudor, además, de una desmesurada quita que no puede considerarse superada mediante un ofrecimiento difícilmente evaluable frente a la distorsión informativa señalada.
Sucesiones, inventario y avalúo, aceptación de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: Ghio, Víctor Ángel María c/  s/ sucesorios (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-08-30

La exigencia de facultades especiales para el acto de ampliación del inventario y aprobación, tenía su razón de ser en el Código velezano que no incluía el beneficio de inventario en la aceptación de la herencia, pero perdió trascendencia en la reforma de 1968, a partir de la cual se incluyó la presunción aceptación bajo tal condición, y no parece justificado se lo haya mantenido en el Código unificado, donde la aceptación con beneficio de inventario también se presume -arts. 2293 y 2294 CCC-.
Indemnización, depósito en sede administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: MEZA OMAR DEL CARMEN c/ U.C.A.S.A. s/ ACCIDENTE LEY 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-06-29

Si se inicio un trámite administrativo para pagar la respectiva indemnizacion que no fue aceptada por el trabajador, no se puede en la actividad jurisdiccional negar terminantemente esa responsabilidad.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, situación del imputado, prescripción, identificación del imputado, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMÍREZ, Roberto Edgardo y RAMÍREZ, José Carlos s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-25

Es enteramente cierto que el informe emitido por el organismo nacional referente a los antecedentes de R. E. R., no es lo suficientemente eficaz para despejar cualquier duda en orden a la posible existencia de antecedentes condenatorios que pudiesen interrumpir el curso de la prescripción.

Repetidas veces este Tribunal sostuvo que la simple identificación patronímica del sujeto es insuficiente para cumplir con la exigencia del art.5 de la Ley 22.117, no sólo por los peligros que encierra sino porque ello importa, además, una violación a la misma ley que en el artículo siguiente obliga formular el pedido con "la ficha de las impresiones digitales de ambas manos del causante" (art.6).

Es decir, se cumple con el principio de legalidad sólo a medias cuando se solicitan los informes del caso sin acompañar las impresiones decadactilares del sometido a proceso.
Despido, despido con causa
Materia: TRABAJO -PENAL
Carátula: MACCARI OSCAR LUIS c/ COOPERATIVA AGRICOLA TAMBERA DE JAMES CRAIK s/ DEMANDA - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-12-15

En el caso, la Sala a quo concluye que el despido del actor se dispuso con justa causa porque su conducta fue desleal, produjo daño material a la demandada e importó una grave irregularidad administrativa contable, todo lo que hacía imposible la continuación de la relación, más aún, atento el cargo de gerente que revestía el actor. Y se extiende en consideraciones acerca de la conducta ejemplar que debió observar el actor y acerca de la conducta ejemplar que debió observar el actor y señala que como superior jerárquico debía dar el ejemplo en actitudes de colaboración, solidaridad, respeto y buena fe hacia su empleadora, pero "estuvo lejos de tal comportamiento dando el ejemplo contrario a sus subordinados al disponer la utilización del mecanismo mediante el cual alguien que ya no era dependiente debía necesariamente seguir figurando como tal, alterándose la realidad en perjuicio de la empleadora, que tenía que seguir pagando importes que no debía abonar y a quien se la colocaba en la eventualidad de tener que soportar consecuencias negativas. Por tener registrado como dependiente -con todo el movimiento económico administrativo contable que ello imponía- a una persona que ya no lo era".

En el caso,existió violación a la cosa juzgada que se imputa al pronunciamiento, si el juez penal sostuvo al dictar sobreseimiento en virtud de lo que dispone el art. 337, inc. 1ro,C.P.P., que no fue acreditada la participación del actor en los hechos que se le atribuyeron (art. 173, inc 7mo,C.P.), pues al respecto existe cosa juzgada, lo que torna aplicable a esta causa la previsión del art. 1103 C.C..

Si el juez penal sobreseyo en la causa al imputado- actor por no haber participado en los hechos delictivos que se le atribuyen no puede luego admitirse que el juez laboral acepte que si participo, sin provocar el escándalo jurídico que el art. 1103 C.C. quiere evitar y que se derivaría de la contradictoria afirmación de dos tribunales sobre el mismo aspecto fáctico. Si se pudiera discutir de nuevo sobre la existencia de tal hecho o de la participación del actor, se abriría paso a un posible escándalo jurídico generado por una sentencia contraria en ese punto a la resolución definitiva dictada en sede penal. Tal contradicción vulneraría la unidad del orden jurídico y con ello,el bloque de la legalidad constituída (Voto de la Dra Kaller de Orchansky y Ayan).-
Testigos de Jehová, libertad de cultos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, Miguel Angel s/ Certificación de firma
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

La libertad religiosa es un derecho natural e inviolable de la persona humana, en virtud del cual en materia de religión nadie puede ser obligado a obrar contra su conciencia ni impedido de actuar conforme a ella, tanto en privado como en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, inmunidad de jurisdicción, injurias, querella, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Cagliotti, Carlos N. c/ MOLINAS RICARDO F. s/ QUERELLA POR INJURIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-01

Cabe atribuir carácter definitivo a la decisión de no dar curso a la querella por injurias contra el Fiscal General de Investigaciones Administrativas hasta tanto no se cumpla con el procedimiento previsto en los arts. 45, 51 y 52 de la Constitución Nacional, toda vez que el agravio constitucional que invoca el recurrente no es susceptible de ulterior reparación y la decisión se vincula con el ejercicio de la jurisdicción por parte de los jueces naturales.
Responsabilidad médica, deber de información, tratamiento médico, diagnóstico médico, toxoplasmosis
Materia: CIVIL
Carátula: F. M. G. y otros c/ Clínica Privada Monte Grande SA s/ interrupción de prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-18

El galeno tiene el deber de informar y de asentar los datos relevantes del diagnóstico, la terapia y la enfermedad del paciente, de allí que la falta de acreditación de la autenticidad de tan importante instrumento conduce a presumir la omisión del médico en el oportuno diagnóstico y tratamiento de la toxoplasmosis que presentó la progenitora.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, sujetos del contrato de trabajo, sentencia, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCÍA, JUAN JOSÉ c/ CAUCHOS INDUSTRIALES ARGENTINOS S.A. y/o SANTÍN, LUIS  y/o  TRANSPORTES LA SEVILLANITA SRL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-26

La sentencia es descalificable como acto jurisdiccional, por no haber merituado la prueba obrante y hecho caso omiso de disposiciones legales específicas, como el fallo plenario comentado, favoreciendo así el fraude laboral producido por los codemandados L.S. y C.I.; que tales agravios, traducen la existencia de una sentencia arbitraria, que a tenor de la doctrina de la SCJN, no es derivación razonable del derecho vigente, importando una renuncia sustancial a la verdad; que en igual sentido, el juez debe impetrar con equidad la interpretación de las normas, ejerciendo la virtud de la prudencia, conjugando los principios de aquéllas con los elementos fácticos del caso.

Las sentencias así contravienen un adecuado servicio de justicia, como la presente, que viola el principio de moral y justicia, afectando la garantía del derecho natural y del orden histórico; que nuestra Corte, tiene sentada jurisprudencia en el sentido de diferenciar los asuntos discutibles y opinables de los que no lo son, convirtiéndose en sentencias inaceptables, arbitrarias; que estas son de por sí disvaliosas, acarrean desorden, inseguridad y discordia y apelan en su fundamentación a la racionalidad exigible a cualquier conducta humana, también a la conducta judicial; que son asimismo, aquéllas en las que el juez, sin dar razón alguna y fundado en su exclusiva opinión, falla aportándose de los extremos fácticos y legales del caso, arribando a una solución inaceptable y perjudicial .
Recurso extraordinario, trámites judiciales, traslado, caducidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: KEAODEELERT, P. PHOMMACHAN DE c/ SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CORONDA Y   OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 446 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-08

El artículo 150 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - que es el que gobierna el trámite del recurso extraordinario federal- establece que "todo traslado se considerará decretado en calidad de autos, debiendo el juez o tribunal dictar resolución sin más trámite".De allí que habiendo la parte incidentada contestado el traslado del pedido de caducidad de la instancia recursiva extraordinaria, proveyéndose seguidamente "por contestado el traslado", no quedaba acto alguno en cabeza de la incidentista - que realizar, por lo que, en esas condiciones, mal puede hablarse de perención de la instancia.
Falta de intervención, intervención del Ministerio Público, Ministerio de Menores, debate, nulidad absoluta, nulidad procesal, medidas tutelares
Materia: PROCESAL
Carátula: "R.M.Á. s/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR EL VÍNCULO", Expte. Nº 2924 (R-596/08/TSJ).- s/ RECURSO DE CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-08-28

La no intervención del Ministerio Pupilar durante el debate penal, no constituye una causal de nulidad de carácter absoluto que pueda afectar la validez de todo el proceso penal, sino que sólo se limita a la medida tutelar.-
Delito de acción privada, simple damnificado, sobreseimiento, actuación de oficio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Carazo, Mariano s/ recusación. Causa: 2061
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-10

El magistrado a quo equivoca su razonamiento al sobreseer en las presentes actuaciones al imputado cuando la acción no había sido legítimamente ejercida por el particular damnificado, tratándose de un delito de acción privada, la ausencia de la voluntad concreta y expresa del ofendido inhibe al juzgador de jurisdicción al respecto.

Por tal motivo, de ninguna manera el juez puede ir más allá actuando oficiosamente decretando la extinción de la acción y el sobreseimiento del imputado, pues carecía de legítima potestad jurisdiccional para así hacerlo.
Derecho laboral, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: LARA JOSE ARIEL c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN s/ D.Y P. RESPONSABILIDAD CONT. ESTADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-02

La fórmula matemático financiera es solamente un instrumento con el que cuenta el juzgador para acercarse lo más objetivamente posible a la cuantía de la reparación, pero cuyo resultado no lo obliga, al contrario de lo que sucede con las indemnizaciones tarifadas.
Despido con causa, injuria laboral
Materia: LABORAL:
Carátula: Florentino Reymundo Serrano c/ Empresa Tacita de Plata s/ RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD s/ RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-03-07

La LCT adopta el sistema de causal genérica única de la injuria (art.242), dejando librada la valoración de ella en cada caso particular a la prudencia judicial.

La justa causa del art. 242 de la LCT constituye, pues, "un concepto abstracto, que es "llenado" por los jueces en sus sentencias y en cada caso, cuando individualizan el comportamiento que, en si mismo, es "justa causa" de extinción del contrato de trabajo".

No es la actitud subjetiva de la parte denunciante lo que interesa, sino la objetiva justificabilidad del hecho mismo, a la luz de las probanzas que le dan sustento.

El juzgador debe evaluar si el hecho subjetivo y supuestamente injuriante, se compadece como tal con los elementos objetivos arrimados al proceso.