Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-11-03


Dictamen de la Procuración General:

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y de Garantías en lo Penal del departamento judicial de Pergamino confirmó la sentencia recaída en la instancia de origen (fs. 289/301) en cuanto hizo lugar a la demanda de amparo presentada por J. D. M. y S. J.P., en representación de su hijo menor J.M. , contra "Mutual Federada 25 de junio S.P.R." consistente en que le sea prestada al menor discapacitado la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley 24.901 (fs. 338/343).

Contra dicha forma de resolver se alza la demandada, por apoderado, a través de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley de fs. 395/411vta. y de nulidad de fs. 420/432vta. cuyo tratamiento a continuación abordaré, invirtiendo por razones de orden lógico el modo en el que han sido propuestos.

Recurso extraordinario de nulidad Está fundado en la violación del art. 168 de la Constitución provincial por no resolver el a quo la cuestión esencial planteada y del art. 171 de idéntico cuerpo normativo, en atención a que la sentencia no se encuentra fundada en el texto expreso de la ley aplicable.

En lo pertinente y de acuerdo al ámbito del recurso en análisis que se desprende del art. 296 del C.P.C:, argumenta el quejoso que en este litigio deviene esencial desentrañar si la resolución nro. 2584/2001 del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social) es un dictamen o una resolución; y en este último caso, si lo allí prescripto en cuanto sostiene que no debe ser aplicable a una asociación mutual la ley 24.754 (norma que legisla sobre prestaciones médicas obligatorias a cargo de entidades que prestan servicio de medicina en forma prepaga), reviste la condición de derecho objetivo para las partes.

Por otro lado, afirma que el fundamento legal sobre el que reposa el fallo es "tan sólo aparente" y está equivocadamente aplicada la analogía a la hora de apuntalar normativamente el decisorio, lo que ocasiona la arbitrariedad de la sentencia en crisis.

La queja no puede prosperar.

Tiene dicho V.E. que es cuestión esencial -en la acepción que corresponde al recurso extraordinario de nulidad- aquella que según las modalidades del caso, resulta necesaria para la correcta solución del pleito, la que está constituida por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento, la que por su naturaleza influye realmente en el fallo, y la vinculada a la dimensión cuantitativa del objeto mediato de la pretensión (conf. causa Ac. 90.386, sent. del 6-12-06).

Así las cosas, tengo para mí que el tema traído como preterido, a la luz de las constancias de la causa, lejos de ser esencial reviste la condición de mero argumento enarbolado por la parte en defensa de su particular interés, lo cual excluye la pretensa nulidad incoada con sustento en el art. 168 de la Carta local (conf. S.C.B.A., causas Ac. 97.817, sent. del 28-II-07; Ac. 93.181, sent. del 5-III-08; Ac. 90.387, sent. del 17-IX-08; e.o.), siendo oportuno recordar que "La obligación de tratar la totalidad de las cuestiones esenciales no conlleva la de seguir a las partes en todas sus argumentaciones" (conf. S.C.B.A., causa C. 93.935, sent. del 14-XI-07).

Por otro lado, a simple vista puede advertirse que la decisión cuenta con apoyo legal, independientemente del acierto en su aplicación, con lo cual queda desestimada la denuncia formulada al respecto (conf. S.C.B.A., causas Ac. 92.499, sent. del 18-V-05; Ac. 93.718, sent. del 21-IX-05; Ac. 96.502, sent. del 7-XII-05; e.o.).

Finalmente me veo obligado a señalar que si bien se denuncia omisión de cuestión esencial y falta de fundamentación, con la consecuente violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, la lectura de la pieza recursiva pone en evidencia que los agravios se dirigen en realidad a impugnar la solución brindada por los jueces en cuanto a su mérito, lo que -por importar la imputación de un error de juzgamiento- deviene ajeno a la vía intentada, resultando por ende un vicio propio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley también interpuesto por la demandada (conf. S.C.B.A., Ac 96.901, sent. del 9-VIII-06; entre tantos otros).

Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley Por este medio extraordinario de impugnación alega el recurrente el quebranto del art. 16 del C.C. ya que por conducto de la aplicación de principios correspondientes a leyes análogas, se origina en autos una equivocada interpretación de lo dispuesto por las leyes 23.660, 23.661, 24.455 y 24.754 en tanto se consideran aplicables en el sub lite a su respecto, asimilando erróneamente a la mutual demandada con otra clase de entidades a las que aquellas normas se refieren. Asimismo denuncia violación, por inaplicación, de la ley 20.321 y la resolución 2584/01 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social (INAES) y equivocadaaplicación de la ley nacional 24.901 por no estar vigente en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Sostiene enfáticamente la quejosa, en su carácter de asociación mutual, que por no revestir la condición de obra social ni de empresa de medicina prepaga, no le son aplicables las disposiciones contenidas en las leyes 23.660 de Obras Sociales, 23.661 que estatuye el Sistema Nacional del Seguro de Salud, 24.455 que organiza y crea el Plan Médico Obligatorio (PMO) y 24.754 que conmina a las empresas de medicina prepaga -al equipararlas a dichos fines con las obras sociales- a cumplir con el aludido PMO.

Y explica que si bien está dentro de su objeto la prestación de servicios de salud, en tanto no está inscripta en el Registro Nacional de Agentes del Seguro que lleva adelante la ANSSAL conforme optativamente lo prevé el art. 16 de la ley 23.661 para las asociaciones mutuales, no le es exigible el cumplimiento de la atención médica integral que reclaman los actores.

Por otro lado, argumenta que su parte tampoco se encuentra dentro de la situación prevista por el art. 2 de la ley 24.901, norma que individualiza a los sujetos pasivos obligados a la cobertura total de las prestaciones básicas que necesiten las personas con discapacidad, ya que al remitir dicho texto al art. 1 de la ley 23.660 está indicando que los mismos sólo deben ser obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Y en el intento de diferenciarse de estas dos últimas clases de entidades que también prestan servicios de asistencia médica y provisión farmacológica, efectúa una detallada descripción de las características distintivas de cada una de ellas, llegando a la conclusión de que no puede justificarse razonablemente la aplicación analógica de las normativas que rigen a las mencionadas prestadoras con su parte, enfatizando vehementemente que una mutual no es una sociedad comercial ni una empresa y mucho menos tiene los fines de lucro que particularizan a estas últimas.

En apoyo de su postura, señala que conforme lo dispuesto por la Resolución 2584/01 dictada por el INAES las asociaciones mutuales, por su naturaleza, no resultan comprendidas en la ley 24.754, sino que se rigen por lo dispuesto por la ley 20.321 y que sólo si son Agentes del Seguro Nacional de Salud están obligadas a cumplir con las prestaciones del Plan Médico Obligatorio.

Asimismo transcribe parcialmente dos antecedentes jurisprudenciales cuyo criterio considera aquí aplicable: uno de ellos, que -según refiere- libera a las asociaciones mutuales de cumplir con la ley 24.901 (con fundamento en que no se halla inscripta la misma en el sistema del Seguro Nacional de Salud indicado); y el otro, que trata sobre el PMO y su inexigibilidad a las mutuales.

Y en este estadio, luego de haber explicado el porqué no le son aplicables las normas en las que se fundamenta la sentencia, pasa a desarrollar los motivos por los que debe regir en la contienda exclusiva y excluyentemente lo dispuesto por la ley 20.321, el estatuto y el reglamento respectivo y las resoluciones del INAES, cuerpos normativos de los que -al unísono- se desprende que la mutual está obligada a prestar la cobertura médica y farmacológica a sus asociados de acuerdo -estrictamente- a lo que en ellos se establezca, de conformidad con el plan que en forma previa y voluntariamente hubiera sido contratado (en el caso menciona que los actores son "adherentes", asociados al "Plan 7").

Cambiando de ángulo, expone que la ley 24.901 en la que los sentenciantes fundamentan el fallo no se encuentra vigente en la provincia de Buenos Aires -motivo por el que denuncia su errónea aplicación- ya que su art. 8 invita a los territorios locales a que dicten su correspondiente régimen de protección de la discapacidad, habiéndolo hecho la provincia mediante la sanción de la ley 10.592 denominada "Régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas". Y concluye la idea -que robustece toda su prédica anterior tendiente, en definitiva, a liberarse de la responsabilidad endilgada por la sentencia- sosteniendo que no puede condenarse a su parte en virtud de una norma que territorialmente no tiene vigencia.

Vuelve en torno a la aducida violación tanto de la resolución del INAES 2584/01 -a la que considera derecho objetivo y obligatorio para las mutuales conforme la jurisprudencia que cita- como de lo dispuesto puntualmente por el art. 1 de la ley 20.321 en tanto remite en lo que concierne al funcionamiento, derechos y obligaciones de las asociaciones mutuales a las normas reglamentarias que dicte el Instituto Nacional de Acción Mutual (hoy INAES), señalando que la sentencia, no obstante transcribir lo dispuesto por la mencionada resolución, expresamente lo desoye al resolver.

Alega la errónea interpretación de lo dispuesto por el art. 2 de la ley 20.321 ya que de su contenido no puede razonablemente surgir -como equivocadamente lo concibe la Alzada- la obligación de las mutuales de prever riesgos eventuales de los asociados; y la violación de lo contemplado en el art. 4 de la misma ley en tanto de acuerdo a la amplificada lectura que de sus términos efectuó el a quo se estaría transformando lisa y llanamente -por vía judicial- el objeto de las prestaciones mutuales establecido legalmente.

Además, dirige su embate contra el argumento sentencial que hace referencia a la falta de demostración sobre que la erogación dineraria destinada a cubrir los gastos que demande el tratamiento del niño actor pueda afectar el patrimonio o funcionamiento de la mutual, pues dicha temática no fue introducida ni planteada por ninguna de las dos partes contendientes.

Cuestiona puntualmente que la decisión tomada sea producto de "una condigna interpretación de intereses en juego", conclusión que violenta el objeto de las asociaciones mutuales previsto en el art. 2 de la ley específica consistente en "brindarse ayuda recíproca", concepto del que deben quedar fuera -conforme fallo que cita recaído en un antecedente en el que se le exigía a una mutual una prestación médica no prevista convencionalmente- la satisfacción de intereses personales y de cualquier beneficio que pueda comprometer a la asociación en su búsqueda permanente del bien común.

Finalmente, cuestiona la vía procesal elegida por los actores para incoar el presente reclamo, con la consecuente denuncia de la ley 7.166, toda vez que la aquí demandada no incurrió en acción u omisión manifiestamente ilegítima o arbitraria ya que todo su proceder se adecuó a la normativa que, según su opinión, le resulta aplicable (ley 20.321, resolución del INAES, estatuto y reglamento).

Y abunda en esta idea aduciendo que del propio contenido del fallo surge que no hay ley expresa que obligue a su parte a actuar como lo manda la sentencia, circunstancia que pone en evidencia la inexistencia de ilegitimidad o arbitrariedad en la especie.

A mi ver, el recurso no puede prosperar.

Sin dejar de señalar que la materia aquí debatida reviste a mi juicio carácter federal (conf. C.S.J.N. in re "Selva, Aníbal Daniel c/ Asociación Mutual de Balcarce s/ amparo", competencia nro. 688 XXXVIII) y que el marco procedimental que le ha sido impreso a este expediente no debió ser el determinado por la ley 7.166 sino el que se desprende del art. 321 inc. 1º del C.P.C., me expediré en función de la vista que se me confiere teniendo como norte la efectiva protección de los intereses del menor accionante en esta causa (conf. arts. 13 inc. 7º ley 12.061).

Desde mi óptica el error que se presenta en el discurso del recurrente -y que lleva a distorsionar el plano normativo de discusión dentro del que debe dilucidarse el sub lite- radica en vincular la obligación que tiene la demandada en el presente caso trayendo a colación lo dispuesto por las leyes 24.455 (Plan Médico Obligatorio) y 24.754 (que hace extensivo aquel a las entidades que prestan el servicio de manera prepaga).

Entiendo que el análisis que se impone es más simple y discurre por la interpretación de dos artículos de dos leyes que, en el caso, deben prevalecer por sobre lo convenido por las partes. Ello, en atención a su marcado carácter de orden público, en tanto se tutela el derecho a la salud de ostensible jerarquía constitucional (conf. arts. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; arts. 36 inc. 8, 38 y 43 de su par provincial; art. 3 Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 3 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 4 y 5 Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 24 de la Convención sobre los derechos del Niño).

En efecto, la detenida lectura del texto completo del art. 1 de la ley 23.660 permite concluir -a diferencia de lo sostenido por la recurrente en su queja- que en tanto se esté en presencia de una entidad que tenga como fin -entre otros- cubrir prestaciones vinculadas al sistema de salud, la misma ha de quedar alcanzada por sus disposiciones normativas, aún cuando no resulte una de aquellas subsumibles dentro de la enumeración que la propia norma contiene en sus primeros incisos.

En efecto, ello se desprende específicamente de lo normado por el inc. "h" del artículo aludido, según el cual quedan comprendidas en las disposiciones de la ley -además de las enumeradas en los incisos precedentes- "Toda otra entidad creada o a crearse que, no encuadrándose en la enumeración precedente, tenga como fin lo establecido en la presente ley", tal como "prima facie" sucede en la especie con la asociación mutual demandada.

Y entiendo que ello así debe ser ya que es lógico y razonable interpretar que el bien jurídico tutelado por esta ley es la salud de los afiliados a un determinado sistema médico asistencial, con total abstracción de la naturaleza jurídica que pudiera revestir la entidad prestadora, sea que lo haga bajo la forma de obra social, de empresa de medicina prepaga o de organización mutual. Ello conlleva a aseverar que, teniendo como principal objetivo la protección de la persona asociada, debe entenderse comprendida dentro del ámbito de esta ley a cualquier entidad que preste este tipo de servicio asistencial.

Siendo ello así y conjugando la interpretación desarrollada con lo dispuesto por el art. 2 de la ley 24.901 que compele a cualquiera de las entidades comprendidas en el recién transcripto art. 1 de la ley 23.660 a brindar "con carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas" no existe margen para abrigar dudas acerca de que la entidad demandada, más allá de su naturaleza jurídica, se encuentra obligada a prestar a sus afiliados todas aquellas prestaciones incluidas en el sistema que la ley 24.901 establece para la atención de las necesidades básicas en materia de habilitación y rehabilitación integral de personas con discapacidad.

Efectivamente, en autos no se encuentra discutida la incapacidad que porta el menor actor así como tampoco lo está la circunstancia de que sus padres están afiliados a la demandada, independientemente del carácter con que lo hubieran hecho, ni del plan que hubieran suscripto.

Y al respecto deviene pertinente señalar que la protección del derecho a la salud -cuanto más que se trata en el presente juicio de un niño de corta edad discapacitado- debe prevalecer por sobre la autonomía de la voluntad aducida por la demandada como fundamento de la contratación de un plan de cobertura específico que no contempla los requerimientos particulares de esta tan peculiar y excepcional situación.

Por lo demás, la cuestión de autos también merece ser examinada desde otra óptica más abarcadora y no simplemente circunscripta a lo convenido por las partes, pues se impone un análisis que debe partir del linaje constitucional del derecho a la salud (conforme la normativa constitucional ut supra citada).

En ese orden de ideas, se debe tener en consideración con respecto a las entidades que presten servicios de salud que el cumplimiento a sus afiliados, sea de las prestaciones pactadas o de las de origen legal (ya por leyes 24.455, 20.321 ó 24.901) se sustenta en la naturaleza de los derechos fundamentales tutelados (a la vida, a la salud e integridad de las personas), por lo que las mismas deben -antes que nada e independientemente de lo contractualmente convenido- asumir en forma ineludible un compromiso social.

En línea con lo hasta aquí señalado, cuadra traer a colación cierta doctrina elaborada por el máximo tribunal del país, por adhesión al dictamen del Sr. Procurador de la Nación in re M. 3226. XXXVIII.; 08/VI/2004, Fallos 327:2127, conforme la cual la protección y la asistencia integral a la discapacidad -con fundamento, entre otras, en la ley 24.901 y en jurisprudencia de la Corte Suprema que pone énfasis en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en esta materia- constituye una política pública de nuestro país, en tanto se refiere al "interés superior..." de los menores, cuya tutela encarece, elevándolo al rango de principio, la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional con arreglo al art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional. En el mismo precedente añadió que los menores, máxime en circunstancias en que se encuentra comprometida su salud y normal desarrollo, a más de la especial atención que requieren de quienes están directamente obligados a su cuidado, necesitan también la de los jueces y de la sociedad toda, pues la consideración primordial del interés del niño que la Convención sobre los Derechos del Niño impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a ellos, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los magistrados llamados al juzgamiento en estos casos. Agregó asimismo que resulta impostergable la obligación de emprender acciones positivas, especialmente en todo lo que atañe a promover y facilitar el acceso efectivo a los servicios médicos y de rehabilitación que requieran los infantes, con particular énfasis en aquellos que presenten impedimentos físicos o mentales, cuyo interés superior debe ser tutelado, por sobre otras consideraciones.

Y finalmente, en directa conexión con la circunstancia obstativa alegada por la recurrente relativa a la falta de adhesión al sistema de la ley 24.901 se encargó de puntualizar que ello no determina que le resulte ajena a la entidad la carga de adoptar las medidas razonables a su alcance para lograr la realización plena de los derechos del niño (discapacitado) a los beneficios de la seguridad social, con el alcance integral que estatuye la normativa tutelar en la materia (del dictamen del procurador General de la Nación en causa de la C.S.J.N., antes citada), despejándose en esos términos el impedimento formal precitado.

Por lo demás, aún sin desconocer que la entidad demandada no es estrictamente una obra social ni tampoco una empresa de medicina prepaga, y advirtiendo las diferencias señaladas por el quejoso en la conformación y caracterización de las mismas, y que como asociación mutual se rige en principio por las disposiciones contenidas en la ley 20.321, diré que el art. 4 de dicho cuerpo normativo -sobre el que no obstante denunciarse una errónea lectura, estimo que su contenido ha sido correctamente interpretado por el a quo- determina que son prestaciones mutuales aquellas que, mediante la contribución o ahorro de sus asociados o cualquier otro recurso lícito, tiene por objeto la satisfacción de necesidades médicas de los socios ya sea mediante asistencia médica o farmacéutica entre otras, ideas complementadas por el correspondiente estatuto y reglamento, ambos obrantes en autos.

Así las cosas, no puede dejar de sostenerse que entre los beneficios con que cuentan los afiliados a la entidad de acuerdo a la ley general, no obstante las limitaciones surgentes de las señaladas reglamentaciones contractuales, debe estar el de la prestación de la cobertura médica adecuada para cada situación particular y/o familiar.

Siendo ello así, opino que la cuestión en debate debe quedar resuelta por la interpretación de las normas citadas (art. 1 ley 23.660 y art. 2 ley 24.901) cuya correcta lectura -contrariamente a lo alegado por la quejosa- no violenta lo dispuesto por la INAES que se refiere, exclusivamente, al mencionado Plan Médico Obligatorio, cuya vigencia u obligatoriedad de cobertura no se encuentra -de acuerdo a lo señalado- aquí discutida.

Y si bien lo hasta aquí apuntado resulta suficiente, a mi ver, como para que V.E. desestime la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley incoado, no puedo dejar de señalar -a mayor abundamiento- que aún en el supuesto de sostenerse como válida la hipótesis que la recurrente viene desarrollando en las instancias previas de estas actuaciones conforme la cual la cobertura de las prestaciones reclamadas para la atención de la discapacidad aludida -sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, reglado por ley 24.901- puede devenir únicamente enlazada con la de aquellas que corresponden al plan médico obligatorio que para las obras sociales y las entidades de medicina prepaga establecen las leyes 24.455 y 24.754, respectivamente, tampoco aparece desacertada la conclusión elaborada por la Cámara a quo acerca de la obligatoriedad de la prestación reclamada a su respecto en tanto como bien fuera señalado en dictamen emitido por la Procuración General de la Nación in re "C.C. c/ Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música s/ Amparo" (causa C. 2154. XLII), a cuyos fundamentos adhiriera por mayoría la C.S.J.N., aún sin dejar de reconocer la existencia de criterios jurisprudenciales disímiles acerca de la naturaleza jurídica de las mutuales, al tratarse en el caso de una asociación que opera mediante el pago de una cuota mensual de sus socios a cambio de prestaciones futuras y en condiciones predeterminadas que incluyen asistencia médica y farmacéutica, se encuentran "prima facie" reunidos presupuestos muy similares a los que tipifican a la medicina prepaga; esto es: que exista una empresa o entidad que se compromete a dar asistencia médica, por sí o por terceros; que la obligatoriedad de la prestación esté sujeta a la condición suspensiva de que se de determinada enfermedad en el titular o el grupo de beneficiarios; y que exista el pago anticipado como modo sustantivo de financiación, aunque pueda ser complementado por otros medios (conf. Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, "La Empresa Médica", Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 1988, pág. 127, nº II-2, referido por el Dr. Félix A. Trigo Represas en "Medicina prepaga y responsabilidad civil", J.A. 80º Aniversario, 1998-452, Lexis Nº 0003/007300).

De manera que aún en esta hipótesis no aparece irrazonable la asimilación que el Tribunal "a quo" efectúa entre la mutual demandada y esta otra clase de entidades prestadoras de servicios de salud de manera prepaga, expresamente contempladas en la legislación actuada en el decisorio cuestionado.

En función de considerar lo expuesto suficiente, soy de la opinión que V.E. deberá rechazar los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley incoados (conf. arts. 289 y 298 del C.P.C.).

Así lo dictamino. La Plata, 24 de octubre de 2008 - Juan Angel de Oliveira Acuerdo La Plata, noviembre 3 de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Genoud, Pettigiani,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 101.857, "M. , J. D. contra 'Mutual Federada Salud'. Amparo".

Antecedentes La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Pergamino confirmó el fallo de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo entablada.

Se interpusieron, por la demandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.

Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones 1º. ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto a fs. 420/432? Caso negativo:

2º. ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 395/411? Votación 1º Cuestión. - El doctor Soria dijo:

1. Denuncia el recurrente que el fallo fue dictado en infracción a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.

a. En lo atinente al art. 168, afirma que la sentencia no ha resuelto la cuestión esencial referida a si la resolución 2584/2001 del INAES es un dictamen o reviste la calidad de derecho objetivo para las partes y, consecuentemente, si en virtud de sus disposiciones le es aplicable o no a la mutual demandada la ley 24.754.

Según constante doctrina de este Tribunal, las cuestiones esenciales son aquellas que conforman la estructura de la litis y el esquema jurídico al que la sentencia debe atender para la solución del pleito, sin que importe, a los fines de la validez del pronunciamiento la forma o solvencia con que las mismas han sido tratadas (conf. causas Ac. 73.553, sent. de 21-III-2001; Ac. 79.111, sent. de 19-III-2003; Ac. 80.762, sent. de 10-VIII-2005; C. 93.740, sent. de 27-II-2008, entre muchas otras).

De la lectura del pronunciamiento impugnado surge que la omisión denunciada no reviste tal condición, pues, en este sentido, se ha resuelto que los argumentos de derecho o de hecho en los que las partes sustentan sus pretensiones o defensas no revisten el carácter de cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento (conf. causas Ac. 86.931, sent. de 29-XII-2004; Ac. 87.803, sent. de 23-II-2005).

b. En punto al art. 171, sostiene el recurrente que el fallo no aplica el texto expreso de la ley que soluciona el caso, recurriendo a un fundamento aparente.

Ha resuelto esta Corte que no conlleva trasgresión al art. 171 de la Constitución de la Provincia el fallo que -como sucede en autos- se encuentra fundado en el texto expreso de la ley, siendo ajeno al recurso de nulidad el acierto en su aplicación (conf. causas Ac. 85.449, sent. de 12-IV-2006; Ac. 87.037, sent. de 2-VI-2004, entre muchas).

Por lo expuesto, en concordancia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, propongo que el recurso sea desestimado; costas al recurrente vencido (conf. arts. 68 y 298,in fine, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Los doctores Negri, Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.

2º Cuestión. - El doctor Soria dijo:

1. Reclaman los accionantes -por medio de la presente acción de amparo- a la "Mutual Federal Salud", de la cual son afiliados, la cobertura total necesaria para que su hijo que sufre un trastorno autista cuente con el 100% de la protección médica integral comprensiva de todo el tratamiento que su discapacidad requiere (v. fs. 2/9). Adjuntaron al efecto el pertinente Certificado de Discapacidad en el Servicio Nacional de Rehabilitación de Ministerio de Salud (v. fs. 29).

La demandada cuestionó la vía del amparo intentada y adujo que su representada no es una "obra social" sino una "asociación mutual" regida por la ley 20.321, por lo que no pueden imponérsele prestaciones no previstas convencionalmente. Adjuntó el estatuto que regula su actividad y agregó que tampoco se encuentra inscripta como agente del seguro de salud en el Ministerio y/o Secretaría de Salud de la Nación, ni en la Superintendencia de Servicios de Salud (v. fs. 110/119).

2. El a quo confirmó el fallo de primera instancia que había hecho lugar a la demanda, pues entendió que la asistencia que debe prestar la asociación mutual, ante la excepcional situación de gravedad generada por la afección del niño, debe contemplar la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley 24.901, conjugando de consuno los principios involucrados y lo establecido por las leyes 23.660, 23.661, 24.455, 22.431 y 24.754. Concluyó que es dable asimilar las mutuales a las entidades a las que aluden las leyes enunciadas, atendiendo a los fines que inspiran a las mencionadas asociaciones mutuales, fundamentalmente la solidaridad y la ayuda recíproca frente a riesgos eventuales como dispone el art. 2 de la ley 20.321. Hizo hincapié también en la excepcionalidad de la enfermedad y en que no se ha alegado ni demostrado que la erogación sea de tal magnitud que afecte el patrimonio de la demandada.

3. Contra dicho pronunciamiento se alzó la accionada por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció la violación de los principios establecidos por las leyes 20.321, 24.901, 23.660, 23.661, 24.455 y 24.754.

Adujo en suma -reiterando conceptos ya vertidos en el proceso- que su parte no es agente del Seguro Nacional de Salud, por ser una mutual que no se halla inscripta en el Registro que al efecto lleva la ANSSAL, que no cabe aplicar analógicamente las leyes 22.431, 23.660, 23.661, 24.455, 24.754 y 24.901, que su funcionamiento debe ajustarse a la ley 20.321. Destacó que la ley 24.901 no se encuentra vigente en la provincia y que elaquo no ha aplicado la resolución 2584/2001 del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) sin que haya mediado a su respecto declaración de inconstitucionalidad.

4. El recurso no prospera.

No se encuentra discutida en esta instancia la incapacidad del niño; sino que se trata de determinar si una asociación mutual como la demandada (en cuanto entidad prestadora de servicios de salud) resulta asimilable a las obras sociales, extendiéndose las obligaciones legales contempladas en la ley 24.901, o si por el contrario, al regirse exclusivamente por la ley 20.321 se encuentra excluida del régimen que regula las prestaciones de aquellas entidades.

a. Liminarmente debo aclarar que comparto el criterio sustentado por las doctoras Highton de Nolasco y Argibay en la causa "Cambiaso Péres de Nealón" (Fallos 330:3725) en un voto que finalmente conformó la minoría del Tribunal. Dijeron allí las señoras juezas de la Corte Suprema -ante un supuesto vinculado a las prestaciones de una empresa de medicina prepaga- que la sanción de la ley 24.901 no estuvo dirigida a regular el funcionamiento de las empresas de medicina privada, en particular los contratos de seguro médico que celebran para la cobertura de prestaciones médicas. Que ni en el texto de la ley ni en las deliberaciones que precedieron a su sanción hay referencia o mención alguna a las empresas de medicina prepaga ni a las personas aseguradas mediante contratos de seguro médico privado; que el proyecto de ley 25.683 que extendía el régimen de la ley 24.901 con el fin de abarcar a nuevos sujetos obligados, entre ellos las empresas de medicina prepaga y cualquier otro organismo que ofrezca cobertura social fue vetado por el Presidente de la Nación mediante el decreto 2684/2002, sin que el Congreso insistiera en los términos del art. 83 de la Constitución nacional. Además la ley 24.901 no se concentra exclusiva ni principalmente en prestaciones que podrían clasificarse con propiedad como de carácter médico.

Concluyeron que si se resolviese por vía de una aplicación extensiva o analógica de los textos legales involucrados, ampliar el alcance de la ley 24.901 a los contratos de medicina prepaga, se estaría tomando una delicada decisión concerniente a la salud pública.

Tales conclusiones son, en mi criterio, extensibles al supuesto de las entidades regidas por la ley 20.321.

Empero, se debe tener en cuenta que la Corte Suprema, por mayoría, (también con voto en disidencia de las doctoras Highton de Nolasco y Argibay) en la causa "Chamorro" (Fallos 331:453) resolvió -remitiendo al dictamen de la Procuración General- que sin dejar de reconocer que todavía no existe uniformidad de criterio jurisprudencial acerca de si las mutuales que integran el conjunto de entidades prestadoras de servicios de salud resultan o no asimilables a las entidades de medicina prepaga, cuando se trata -como en el presente caso y fs. 70/99- de una asociación que opera mediante el pago de una cuota mensual de sus socios a cambio de prestaciones futuras y en condiciones predeterminadas, que incluyen asistencia médica, farmacéutica, reconocimiento de gastos por fallecimiento, pese a su diversa naturaleza, reúne presupuestos muy similares a los que tipifican a la medicina prepaga.

Consecuentemente, concluyó la Corte por remisión al dictamen de la Procuración General, que no resulta irrazonable la semejanza entre las entidades de medicina prepaga y la mutual y es verosímil presumir que quien se asocia a una mutual, lo hace con la legítima expectativa de que la misma debe cubrir las prestaciones del Programa Médico Obligatorio.

Dijo también allí la mayoría del Tribunal que si bien es cierto que la Resolución 2584/2001 del INAES en su art. 3 expresa que las asociaciones mutuales, por su naturaleza jurídica, no resultan comprendidas en la ley 24.754, también lo es que en su art. 2 declara que de conformidad a lo establecido en los arts. 16 y 17 de la ley 23.661, las asociaciones mutuales pueden ser Agentes del Seguro Nacional de Salud, encontrándose en tal caso obligadas a dar las prestaciones del Programa Médico Obligatorio; y que la no adhesión por parte de la demandada al sistema de las leyes 23.660 y 23.661, no determina que le resulte ajena la carga de adoptar las medidas razonables a su alcance para lograr el acceso pleno del amparista, con el alcance integral que estatuye la normativa tutelar sobre la materia.

b. Pues bien, este Tribunal ha expuesto con criterio general, que las doctrinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tienen los efectos obligatorios propios de la ley, y sus pronunciamientos sólo comprometen a este Tribunal en el caso concreto en que aquélla se haya expedido (conf. causa Ac. 60.076, resol. de 12-IX-1995).

Más, cierto es que sus decisiones tienen los efectos propios que surgen de su autoridad institucional en temas federales como en aquellos que no lo son. En el primer caso, por tratarse del intérprete último y más genuino de la Constitución nacional, ámbito en el que no se halla limitada ni por la interpretación de los jueces inferiores ni por las articulaciones de las partes (conf. doct. Fallos 308:647, cons. 5º; 326:2880). En el segundo, en principio, razones de celeridad y economía procesal sugieren su seguimiento en casos análogos, aunque sin perder de vista el respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas, pues de lo contrario se produciría una restricción indebida de las facultades jurisdiccionales de las provincias, que son inherentes a su autonomía (arts. 1, 5, 75 inc. 12, 121 y cdtes., C.N.).

En este marco, debe evaluarse la incidencia del precedente de la Corte Suprema registrado en Fallos 331:453. De tal modo estimo que si bien el mismo no resulta obligatorio para este Tribunal, en el sub lite traduce un criterio de valoración que -más allá de su acierto o error- resulta prudente seguir en el examen del asunto ventilado en esta causa, en mérito a los principios de celeridad y economía procesal, que adquieren singular relevancia ante sus especiales características (mi voto en causa A. 69.412, "P. ", sent. de 18-VIII-2010).

c. J.M., nació el 6 de febrero de 2004 y sus padres inician -en su representación- la acción de amparo de marras. El niño, según surge del certificado de discapacidad mental otorgado por el Ministerio de Salud, padece un trastorno de desarrollo autista (v. fs. 29). La sentencia de primera instancia condenó a la demandada proveer al niño la totalidad de prestaciones médicas, tratamientos, medicamentos, estudios y la cobertura necesaria para tratar la discapacidad que lo afecta y con el objetivo de su recuperación, conforme las posibilidades de la ciencia teniendo en cuenta el diagnóstico. Ordenó que dicha cobertura sea efectuada por prestadores propios y/o contratados. La Cámara departamental confirmó el fallo en todas sus partes con la sola aclaración que la asistencia médica que debe prestar la mutual demandada comprende la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley 24.901.

La decisión arribada encuentra justificación también en precedentes de la Corte Suprema en que ha establecido que el derecho a la salud -especialmente cuando se trata de enfermedades graves- está íntimamente relacionado con el principio de autonomía personal, ya que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida (v. doctrina de Fallos 323:1339). También ha dicho que el derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22, entre ellos, el art. 12 inc. "c" del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1 arts. 4 y 5de la Convención sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- e inc. 1 del art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; conf. dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos 326:4931).

En este contexto, ante las constancias de la causa que evidencian la grave discapacidad que padece el amparista, queda incólume el argumento central sobre el cual el a quo estructuró su pronunciamiento, que a su vez encuentra su base en normas especialmente valoradas por la Corte Suprema en los precedentes indicados, que protegen la vida y salud de personas en situaciones de discapacidad, circunstancia que demuestra la insuficiencia del recurso en tratamiento (art. 279 del C.P.C.C.; doct. causa C. 90.372, sent. de 14-II-2007).

d. Por último, los agravios vinculados a la vía procesal elegida por los actores no son de recibo.

Sobre el punto, cabe tener presente que la procedencia del amparo se justifica principalmente en las razones de urgencia que presenta el caso, en atención a sus particularidades, dada la naturaleza de los bienes comprometidos y el derecho que surge conculcado (doct. causa B. 64.942, "Y. A., K.", sent. de 6-X-2004). En circunstancias como las de autos, donde está en juego el derecho a la salud, y como corolario el derecho a la vida, la vía del amparo resulta un instrumento eficaz para concretar la protección reclamada. Ello en concordancia con lo resuelto por la Corte Suprema en punto a evitar, ante situaciones como la verificada en el sub lite, que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional (arg. art. 43, C.N.; doct. Fallos 327:3127).

Nuestra Constitución provincial, por su parte, recepta tal remedio en el inc. 2 del art. 20, que en su primer párrafo, lo establece contra actos de los particulares y en el art. 36 inc. 5 se encuentra expresamente establecida la protección a la discapacidad, circunstancias que en el sub examine habilitan la vía intentada.

5. En consecuencia, teniendo en cuenta la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el referido caso "Chamorro", sent. de 1 de abril de 2008, cuyo criterio he de seguir por razones de economía procesal, corresponde propiciar -ante la falta de acreditación de las infracciones legales denunciadas- y en concordancia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, C.P.C.C.). Costas al recurrente vencido (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el doctor Negri dijo:

Coincido con el doctor Soria en que el recurso no puede prosperar (conf. art. 279, C.P.C.C.). Pues, ante la grave discapacidad que padece el amparista y los derechos aquí implicados, adquiere gran relevancia la razonabilidad en que se sustenta la procedencia de la acción.

Así, advierto que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido resulta insuficiente para controvertir la decisión de la Cámara que, en salvaguarda de los derechos a la salud y a la vida del niño, contempla la asistencia que el mismo requiere (conf. arts. 24, Convención sobre los Derechos del Niño; 75 inc. 22, Const. nac.; 279, C.P.C.C.).

Por todo ello, adhiero a la solución que propicia el distinguido colega que abre el acuerdo y, en virtud de la expresa referencia por él efectuada destaco que, en mi criterio, los fallos de la Corte suprema de Justicia de la Nación solo resultan vinculantes para el caso en que se dictaron. Lo que no obsta que su contenido sea receptado en orden a su validez conceptual (conf. causas C. 86.833, sent. del 2-XII-2009; C. 91.345, sent. del 2-XII-2009; C. 92.121, sent. del 2-XII-2009).

Voto por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el doctor Genoud dijo:

Adhiero al voto del doctor Soria.

En adición a lo allí expuesto, sólo he de recordar que esta Suprema Corte de Justicia en la causa C. 102.224, sent. del 10-IX-2008, señaló que el comportamiento exigible a una mutual no podía ceñirse sin más a lo pactado en las cláusulas particulares (arts. 1137 y 1197 del Código Civil), sino valorando los derechos de mayor relevancia, a saber: la vida y la salud de la persona (arts. 12 inc. 1 y 36 inc. 8, Const. provincial; 4 y 5, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 75 incs. 22 y 23, Const. nacional).

En dicha oportunidad se añadió que debía evaluarse que los entes regidos por la ley 20.321 tienen por fin específico brindar ayuda recíproca entre los afiliados frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual. Se reparó en que el mismo ordenamiento menciona a la solidaridad como fuente de la asociación (art. 2).

Si bien los principios y nociones expuestas en la referida causa lo fueron en el marco de una cuestión que respondía a circunstancias distintas de las actuales, es lo cierto también que la exposición de dichas ideas básicas son perfectamente aplicables en la presente litis, pues atienden a los fines propuestos en su génesis por las mutuales, por lo cual viene a ser -a modo de complemento de lo expuesto por el doctor Soria- material necesario para la solución de la litis.

Voto por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el doctor Pettigiani dijo:

Presto adhesión a la solución que otorgan los votos precedentes.

En efecto, se ha dicho ya que las relaciones jurídicas de naturaleza contractual deben ser interpretadas en su contexto, ponderando los derechos e intereses en juego (conf. C.S.J.N., Fallos 316:382; 322:1546; 326:2625; 327:5073; causa A.1561.XL, sent. del 17-IV-2007).

En particular, los entes regidos por la ley 20.321 tienen por fin específico brindar ayuda recíproca entre los afiliados frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual. Repárese que el mismo ordenamiento menciona a la solidaridad como fuente de la asociación (art. 2), agregándose que dentro de las prestaciones que pueden desarrollar se encuentran las de asistencia médica, farmacéutica, etc., que los socios se brindan a sí mismos mediante contribución y ahorro (art. 4).

Así, el comportamiento exigible a una mutual no puede ceñirse sin más a lo pactado en las cláusulas particulares (arts. 1137 y 1197, Cód. Civil), sino valorando los derechos de mayor relevancia, a saber: la vida y salud de la persona (arts. 12 inc. 1 y 36 inc. 8, Const. prov.; 4 y 5, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; C. 102.224, sent. del 10-IX-2008).

Consecuentemente, ante la evidencia de constituir la mutual una entidad que ha comprometido al afiliado, asistencia médica, por sí o terceros, bajo la condición de verificarse una determinada enfermedad, cuya contra-prestación se canaliza a través de un pago anticipado, aunque sea complementario, es posible concluir que por la modalidad de prestaciones a su cargo pueda ser asimilable a una empresa o entidad de medicina prepaga, aún cuando haya adquirido la forma jurídica de mutual (conf. dictamen de la Procuración General de la Nación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace suyo in re, C. 2154.XLII. "Chamorro, Carlos c/ Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música s/amparo", Fallos 331:453).

Cierto es que la Resolución 2584/2001 del INAES expresa en su art. 3 que las asociaciones mutuales, por su naturaleza jurídica, no resultan comprendidas en la ley 24.754, pero también lo es que en su art. 2 la misma declara que de conformidad a lo establecido en los arts. 16 y 17 de la ley 23.661, las asociaciones mutuales pueden ser Agentes del Seguro Nacional de Salud, encontrándose en tal caso obligadas a dar las prestaciones del Programa Médico Obligatorio. Luego, la no adhesión por parte de una determinada mutual al sistema de las leyes 23.660 y 23.661 cuando igualmente compromete a sus afiliados la prestación de servicios médicos, no determina que le resulte ajena la carga de adoptar las medidas razonables a su alcance para lograr el acceso pleno de aquéllos a las prestaciones del Plan Médico Obligatorio, con el alcance integral que estatuye la normativa tutelar sobre la materia (conf. dictamen de la Procuración General de la Nación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace suyo in re, C. 2154.XLII. "Chamorro, Carlos c/ Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música s/ amparo", Fallos 331:453).

De tal forma, la responsabilidad social que asume una mutual frente a sus afiliados, cuando con ella contratan una cobertura médica, no puede soslayar la extensión de la misma que, en igualdad de condiciones, asumen las demás entidades de medicina prepaga en los términos de las leyes 23.660, 23.661, 24.754, 24.901 y ccdtes. (en tanto el Tribunal cimero ha resuelto ya que las prestaciones de la ley 24.901 son exigibles asimismo a las empresas de medicina prepaga, conf. C. 595.XLI. Recurso de hecho in re, "Cambiaso Péres de Nealón, Celia María Ana y otros c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Médicas", del 28-VIII-2007, Fallos 330:3725). Por el contrario, cuando la mutual preste servicios médicos a sus afiliados, no le puede ser posible alegar meramente que los mismos sólo se ciñen a las prestaciones expresamente comprometidas en el respectivo contrato, sino que debe velar por la salud de sus afiliados tomando solidariamente a su cargo -sea por contratos con terceros- las prestaciones constitutivas del Plan Médico Obligatorio (conf. art. 2, ley 20.321; 1, 14, 14 bis, 28, 31, 33, 75 inc. 22 y ccdtes., Const. nacional; 1, 10, 11, 36.5 y 8, y ccdtes., Const. provincial), salvo que las mismas, por las circunstancias que en cada caso se verifiquen, puedan provocarle su colapso (conf. dictamen de la Procuración General de la Nación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace suyo in re, C. 2154.XLII. "Chamorro, Carlos c/ Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música s/ amparo", Fallos 331:453) y/o serle provistas a los afiliados a través de otra entidad (de medicina prepaga u obra social) a la que asimismo se encuentren vinculados, extremos que en esta causa lejos ha estado de acreditar (art. 384, C.P.C.C.).

Por lo expuesto, voto por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente Sentencia Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechazan los recursos extraordinarios interpuestos; con costas (arts. 289 y 298 del C.P.C.C.).

El depósito previo de $ 2.500 efectuado a fs. 412, queda perdido para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002).

Notifíquese y devuélvase. - Eduardo Julio Pettigiani. - Héctor Negri. - Daniel Fernando Soria. - Luis Esteban Genoud