Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-17


En la ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil siete, se reúnen en ACUERDO los integrantes de la Cámara Criminal de esta ciudad, integrada por los jueces Patricia Gabriela MALLO, Silvia Susana MARTOS y la Presidencia del Dr. Leonardo Marcelo PITCOVSKY, para dictar sentencia en estos autos caratulados "M, M H P.S.A. Estafa (Expte. N° 24, F° 170, Año 2007) y su expediente acumulado caratulado "M M H p.s.a. Estafas reiteradas - ocho hechos- (Expte. N° 29, F° 174, Año 2007), seguidos contra M H M, hijo de A y de M C de la M, de estado civil divorciado, nacido en Capital Federal el día **/05/19**, D.N.I. N° ****, domiciliado en calle S N° **, 1° piso de esta ciudad.

En AUTOS 24/2007 se le atribuye el delito de Estafas reiteradas (Trece hechos) en la modalidad de delito continuado en carácter de coautor (Art. 172, 55 y 45 del C.P.), en relación al hecho descripto en la requisitoria de elevación a juicio del fiscal de fs. 252/255, cuando: "A partir de febrero de 2004, M H M, propietario de la inmobiliaria "M p", sita en calle S N° ** de esta ciudad, a través de avisos publicitarios -Revista ocasiones- ofrece el plan de viviendas M **, últimos cupos de ** viviendas, con entrega diciembre de 2005; como consecuencia de ello varias acuden a dicha inmobiliaria y realizan distintas transacciones para la compra de las viviendas el mencionado plan.

Luego de ello, el Sr. M acompañaba a los compradores a la escribanía a suscribir el pertinente boleto de compraventa, el cual era realizado entre el comprador y el Sr. R I F.

Todos los denunciantes de autos, P D N, M R P, H S , A A R, D A S, D A G, D A L, T A C, A A B, L S L, C R G, M del C B, H E C son precisos y contestes en señalar al nombrado como uno de los sujetos activos intervinientes en la concreción de la operatoria investigada, sumado a que el mismo facilitaba su local y nombre comercial de su empresa en una clara maniobra a fin de inducir a las víctimas en un error y en un correlativo detrimento económico, toda vez que cada uno de los denunciantes abonó la mayor parte del precio pactado en los distintos boletos de compra y venta que constan en autos, configurándose así el daño patrimonial requerido por el tipo penal previsto por el art. 172 del Código Penal Argentino; y en la requisitoria de elevación a juicio del querellante adhesivo A A B de fs. 249/250, a saber:

"Se encuentra demostrado en autos que el día 14 de marzo de 2005, mi persona concurrió a la inmobiliaria M sita en calle S ** de esta ciudad, celebrando un boleto de compraventa con el Sr. M, aunque el mismo diga F, entregándole al primero de los nombrados la suma de pesos DIEZ MIL y suscribiendo 6 pagarés de $ 1000 cada uno a su favor.

Que toda esta operación era realizada ya que con esa plata me convertiría en un adquirente del Plan M II, el cual el Sr. M iba a realizarse en diciembre de ese año. Que como prueba se acompañó el Boleto de compraventa oportunamente firmado, y como para no dejar lugar a duda alguna la defensa de uno de los imputados acompañó los seis pagarés que había suscripto.

Que este es básicamente un relato de lo básicamente sucedido por esta persona, pero ahora realizaré una descripción del actuar desplegado por el Sr. M, los cuales motivaron mi denuncia.

Que según se desprende de las actuaciones, a partir de febrero de 2004, M M, supuesto propietario de la inmobiliaria "M P", sita en calle S ** de esta ciudad, a través de avisos publicitarios (Revista OCASIONES) ofrece el plan de viviendas M II, últimos cupos de 20 viviendas, con entrega en diciembre de 2005 con entrega en Diciembre de 2005; como consecuencia de ello varias personas acuden a dicha inmobiliaria y realizan distintas transacciones para la compra de las viviendas del plan.

Luego el Sr. M hacía firmar el boleto de compraventa que se encontraba a nombre del Sr. F. Que el señor M era el encargado de realizar el cobro del dinero, configurando así el daño patrimonial requerido por el tipo penal que se enrostra. Que todos y cada uno de los elementos que constan en la presente causa vemos que se encuentra demostrado cada uno de los presupuestos que son exigidos por el tipo penal ESTAFA, a saber:

1.- AR-DID o ENGAÑO: que este elementos surge de todo el actuar que ha desplegado el Sr. M en los presentes autos. Publicó un aviso en la revista Ocasiones, poniendo su inmobiliaria a disposición para la realización de operaciones comerciales.

Sabiendo y realizándolo de forma deliberada que no existía ningún plan M II, y sabiendo que esas tierras no le pertenecían ni tenía posibilidad de venderlas.

Hizo que los compradores de buena fe y creyendo en su palabra le entreguen plata en efectivo y luego le suscribieran distintas cantidad de pagarés.

Que todo y cada uno de los actos fueron con un solo y único objetivo: engañar a compradores de buena fe, que había depositado en él la realización de su sueño de tener una vivienda.

2.- DAÑO PATRIMONIAL: este se encuentra configurado por el hecho de la plata que hacía entregar (en mi caso $ 10.000), la cual se entregaba al Sr. M en calidad de vendedor de las tierras y de dueño de la inmobiliaria que supuestamente comercializaba las tierras del Plan de viviendas M II. 3.- DOLO: del actuar de M se desprende que sabía lo que hacía y quería hacerlo.

Quería estafar a la gente, haciendo que la misma le entregue dinero con la promesa irreal de que se le iba a entregar en diciembre del año 2005 una vivienda.

Que el elemento subjetivo, independientemente de las defensas intentadas por el imputado, se encuentra acreditado con todas y cada una de las acciones que traducen su intención de lograr por medio de engaño y ocasionando un perjuicio de carácter patrimonial, una defraudación".- En AUTOS N° 29/2007 se le atribuye a M H M el delito de Estafas reiteradas (ocho hechos) en la modalidad de delito continuado en carácter de coautor (Arts. 172, 55 y 45 del C.P.), en relación al hecho descripto en la requisitoria de elevación a juicio del fiscal de fs. 422, a saber:

"Que en el transcurso de los años 2003 y 2004, M H M, propietario de la inmobiliaria "M P" sita en calle S Nº ** de esta ciudad, a través de avisos publicitarios - Revista Ocasiones- ofrece un plan de viviendas denominado M I, con entrega en el año 2005, actuando como intermediario entre las personas interesadas y el Sr. F como Gestor Social de M, y como consecuencia de ello varias personas acuden a dicha inmobiliaria y realizan distintas transacciones para las compras de las viviendas del mencionado plan.

Luego de ello el Sr. M acompañaba a los compradores a la escribanía a suscribir el pertinente boleto de compraventa, el cual era realizado entre el comprador y el Sr. R I F.

Todos los denunciantes de autos E S C,D E M C, G B, C J C, R I y V G C son precisos y contentes en señalar al nombrado como uno de los sujetos activos intervinientes en la concreción de la operatoria investigada, sumado a que el mismo facilitaba su local y el nombre comercial de su empresa en una clara maniobra a fin de inducir a las diferentes víctimas en error y un correlativo detrimento económico, toda vez que cada uno de los denunciantes abonó la mayor parte del precio pactado en los distintos boletos de compraventa que constan en autos, configurándose así el daño patrimonial requerido por el tipo penal previsto en el art. 172 del C.P.".

Intervino por la Acusación el Sr. Fiscal General Jefe, Dr. Daniel Esteban BAEZ, por parte querellante, el Sr. A A B con el patrocinio letrado del Dr. G G. DEL M, por la defensa técnica del imputado M H M, el defensor particular, Dr. E M .

Efectuado el sorteo, resultó el siguiente orden de votos: Jueza Silvia Susana MARTOS, Jueza Patricia Gabriela MALLO y Juez Leonardo Marcelo PITCOVSKY.

Tras deliberar el Sr. Presidente puso a votación las cuestiones en el orden y conforme lo prescribe el artículo 357 del Código Penal.

Concluida la deliberación, pasaron los autos al primer preopinante:

La Jueza Silvia Susana MARTOS dijo:

I.- El reproche criminal que formulara el Titular del Ministerio Público Fiscal al imputado, M H M se encuentra conforme los términos expresados en las requisitorias de elevación a juicio de fs 422 y siguientes del Expte 29/07 y de fs 252 y siguientes del Expte. 24/07, tal como se consigna al comienzo de la presente Sentencia.

Al alegar, la Fiscalía tuvo por probados los hechos, haciendo una reseña de la prueba de cargo, colocando en la persona del imputado la responsabilidad del mismo.

Respecto del Expte. 29/07 tuvo por probados SEIS HECHOS, cometidos en perjuicio de E S C, D C, G B, C C, R I y V C, detallando las sumas de dinero que se pactaron en los boletos de compraventa, los pagarés firmados para financiar el saldo, arrojando el monto del perjuicio la suma de $ 50.000 en efectivo y $30.000 en pagarés.

Afirma que los testigos que declararon, resultaron precisos y contestes en señalar como uno de los sujetos activos de la operación, al Sr. M; quien atraía a los interesados en un plan de viviendas mediante avisos publicitarios; la gente concurría a su inmobiliaria "M P", y alegando una supuesta representación de M, inducía a las víctimas en un error.

Agrega que el imputado estuvo presente en las distintas maniobra, afirmando en su descargo que confiaba plenamente en F y que él fue una víctima de M; que no manejaba dinero y era un simple intermediario que le daba la plata a F Entiende que resulta pieza fundamental en la estafa, la representatividad de F.

Existía un acta por la cual la asamblea de M designaba a F gestor para el proceso administrativo de las viviendas y M, presidente de la Mutual, explicó que no se lo había facultado para percibir dinero. Sin embargo M afirmó que a él le bastaba la representatividad que aquel invocaba.

En los hechos existió una íntima conexión entre la actividad de M y F. Aquel publicaba los avisos ofreciendo los planes; acompañaba a los clientes al predio; recibía el dinero, manteniendo esa conducta en el tiempo, porque luego se empezó a ofrecer el M II, constando en el expte nota del I.P.V que este plan nunca existió. Afirma el Fiscal Jefe que no hay un solo papel que acredite que el imputado le entregaba el dinero de las operaciones a F; tampoco de que él recibía solamente una comisión. Agrega que a partir de febrero de 2004, se ofrece el M II, últimos cupos.

Acusa el Dr. B por trece hechos ventilados en el Expte. 24/07 de los que resultaran víctimas P D N, M R P, H S S, A A R, D A S, D A G, D A L, T A C, A A B, L S L, C R G, M del C B, H E C.

Luego de analizar los montos por los que se firmaron los contratos de compraventa, afirma que la suma total defraudada ascendió a $160.000, de un plan inexistente, que no había posibilidades de concretar y que incluso se cambiaban los valores de la venta según la cara del cliente, pudiendo cobrarles diez mil, doce mil o dieciséis mil pesos.

Afirma que F fue una parte imprescindible en la Estafa, pero que la cara visible del Fraude era M y las víctimas inducidas a error, no recuperaron su dinero.

Cita legislación de Fonavi, la ley 21581, modif. Por la 24.130; la ley 24464 que crea el sistema federal y extiende los planes a las provincias.

La reglamentación del I.P.V 1044/91 y 950 que establece las condiciones y reglamentación para acceder a los planes y modalidad para elegir a los adjudicatarios y de su análisis no se prevé la modalidad desarrollada por M y F. Encuadra la conducta en el art. 172 del C.P. y afirma que, como tipo abierto, contempla cualquier ardid o engaño, en la modalidad de delito continuado. Considera que el imputado actuó en coautoría con F.

En cuanto a la pena a imponer tiene en cuenta la naturaleza de la acción; que se burló la buena fe de la gente y la extensión del daño dado los altos montos de dinero por los cuales defraudara. Por ello solicita se le imponga seis años de prisión de cumplimiento efectivo.

II.- El Dr. D M, por la querella, acusó a M por el delito de Estafa en perjuicio de A B.

Afirma que su cliente firmó el día 14 de marzo de 2005 el boleto de compraventa por un monto total de dieciséis mil pesos, entregando diez mil pesos al contado y firmando 6 pagarés; que el imputado le dijo que la vivienda se la entregaban a fines del 2005; que en la escribanía firmó el boleto; que al mes y veinte días le avisan que había problemas con el plan por lo que va a verlo al imputado y éste le dice que sí, que F estaba medio desaparecido, ofreciéndole arreglar su situación con unos terrenos del barrio O; que luego ya no lo encontró más y que no recuperó su dinero.

Afirma que también F participó en la estafa y la Escribana es la tercer parte de la maniobra, dado que certificaba el boleto de compra venta, aceptando el acta de la asamblea de M que le llevaron.

Agrega que el daño patrimonial de su cliente fue de diez mil pesos y que en la ocasión, M actuó con el dolo de la figura de la estafa, sabía lo que hacía y quería hacerlo.

Concluye solicitando una pena de seis años de cumplimiento efectivo.

III A su turno, el defensor particular, Dr. E M, basa su alegato en la ausencia de dolo de su pupilo.

Agrega que la sola afirmación de que prestó su local comercial y su nombre como intermediario en la suscripción de los boletos de compraventa llevados a cabo por los denunciantes y el representante de M, Sr. F, es insuficiente para endilgarle el delito enrostrado.

Agrega que su pupilo fue víctima de una estafa; que existía confianza con F y que el poder que éste invocó para suscribir el boleto, era válido. Sostiene que no se ha probado la intencionalidad del imputado de causar perjuicio alguno.

Incluso cuando la gente concurrió a la inmobiliaria, luego de que salieran a la luz las irregularidades, el propio M, les dijo que no podía recibirles suma de dinero alguna y que también él quería comunicarse con F para que aclarara toda la situación.

Afirma que el imputado no se arrogó ningún carácter representativo de la Mutual y que el vendedor F, tenía suficiente poder para realizar las operaciones, lo que fue corroborado por la Escribana.

IV.- Al momento de ejercer su defensa material, el imputado M H M principia su declaración diciendo que entabla una relación con el Sr. I F, representante de la mutual M quien atendía en la oficina de Defensa del Consumidor puesto que su Sra. había adquirido un plan de viviendas de M y debían completar los requisitos exigidos por el Instituto Provincial de la Vivienda para ser adjudicatarios del plan.

Es así que el Sr. F le manifiesta que la mutual no tenía un lugar físico para atender, por lo que el imputado le ofrece realizar las operaciones en su inmobiliaria, que giraba bajo la razón social "M P".

Agrega que el plan M estaba en marcha y era un éxito y que dada la necesidad de viviendas en la ciudad, existía la posibilidad de construir entre 20 y 25 viviendas más, en la esquina de las calles E del C y P A de esta ciudad; que F le dice que habló con el Sr. M, Presidente de la Mutual con sede en Trelew quien le informó que del M I, el IPV había rechazado a algunos postulantes que no reunían los requisitos exigidos, por lo que había que reemplazarlos.

Que así las cosas, comenzó con la publicidad en la Revista Ocasiones, en el Diario El Chubut y en La Ventana; asesoraba a los clientes, tanto del M I como del II y hacía la gestión de cobranza de los documentos; que cuando suscribían el boleto de Compraventa, cuyo texto fue redactado por F, él acompañaba a los clientes a la escribanía para certificar las firmas y que entregaba el dinero de la operación a F, percibiendo él una comisión por cada operación.

Manifiesta que un día lo llama uno de los compradores diciéndole que había problemas con el plan M I y le comenta que M los había bajado del listado; que F había perdido representatividad con la M; que luego éste le confirma que le habían revocado la representatividad diciéndole que se quede tranquilo, que todo se iba a solucionar; que el 15 de marzo de 2005 se acerca el Presidente de la Mutual de los T Sr. M a una reunión en Puerto Madryn y dice que él no tenía nada que ver, haciéndolo responsable a F.

Agrega que trató de comunicase con F para que le dé explicaciones pero que evidentemente había un problema interno en la Mutual; que cuando pudo ubicarlo le entregó a éste los pagarés que tenía en su poder.

Su descargo se basa en que actuó de buena fe; que Él fue un simple intermediario; que confió en la representatividad de F pues éste le mostró el acta del directorio donde se lo designaba gestor y que él hacía firmar los boletos de compraventa en la escribanía.

Agrega que todo venía ya dispuesto desde Trelew por F, es decir, el modelo del contrato de compraventa, los planos de la tipología de las casas, el precio de la venta de los planes y que verbalmente F le iba indicando las decisiones de M al respecto.

V.- LOS HECHOS.

V. a.- Plan de Viviendas M.

Con la prueba incorporada al debate, y que no ha sido materia de discusión por las partes, surge que durante el transcurso de los años 2003 y 2004, M H M, propietario y titular de la inmobiliaria "M P" sita originariamente en calle S Nº ** de esta ciudad y luego en Marcos A Zar, a través de avisos publicitarios en la Revista Ocasiones, ofrece en venta viviendas del plan de 44 viviendas de la Mutual M, de Empleados T, con entrega en diciembre de 2005.

A raíz de la publicidad, varias personas acuden a dicha inmobiliaria y realizan operaciones para obtener el derecho a una vivienda del mencionado plan.

El Sr. M les explicaba la operatoria; les mostraba los planos de las viviendas, los llevaba al lugar dónde se construirían y los interesados elegían qué tipo de vivienda querían, si de dos o tres dormitorios.

El Sr. M en la inmobiliaria imprimía un boleto de compraventa, convenían la forma de pago, les recibía de los compradores el dinero en efectivo y hacía firmar los pagarés en caso de financiación.

Luego acompañaba a la gente a la escribanía de la Dra. E M y allí se firmaba el boleto de Compra-venta y se certificaban las firmas del comprador y del Sr. I F, quien figuraba en el contrato como Gestor Social de M Las personas que compraron planes con esta operatoria de las 44 viviendas, todos denunciantes -trámite mediante expediente Nro. 29/07-, relatan en forma similar que vieron el aviso inmobiliario de ofrecimiento del Plan de Viviendas M en la Revista Ocasiones; que concurrieron a la inmobiliaria "M P" del Sr. M; que éste les daba la ubicación de las viviendas; les mostraba un plano y el modelo de viviendas del I.P.V; que tenía para ofrecer casas de dos o tres dormitorios; que cuando se hacía la operación abonaban la mayor parte del precio pactado al firmar los boletos de compraventa y se confeccionaban pagarés con vencimientos mensuales por los saldos, los que se pagaban en la inmobiliaria; que luego el imputado los conducía a la escribanía de la Dra E M y allí suscribían el boleto de compraventa en el que figuraba Inocencio R F en representación de la Mutual M y el comprador, siendo certificadas las firmas por la escribana.

La Fiscalía acusa por seis hechos de Estafa mediante el ofrecimiento de esta operatoria del Plan M, de 44 viviendas en la ciudad de Puerto Madryn, tramitados en el Expte nro. 29/07, los que a continuación se detallan y que doy por acreditados a saber :

1) A fs. 56, obra el boleto de Compra Venta celebrado el 22 de febrero de 2004 por el cual I F, en representación de la Mutual M le vende, cede y transfiere a E S C, los derechos sobre una casa de dos dormitorios en el Barrio ** viviendas.

La venta se pactó en $ 8.000, la compradora entregó a M $ 5.000 en efectivo a la firma del boleto y el resto lo documentó en diez pagarés de $ 300, cancelando totalmente la deuda ante el mismo .

2) A fs 61 se agrega el boleto de Compra Venta celebrado el día 14 de enero de 2004 por el cual I F en representación de la Mutual M, le vende, cede y transfiere a la Sra. D E M C, los derechos sobre una casa de dos dormitorios en el barrio ** viviendas. La venta se pactó en $ 8.000 pagando $4.000 en efectivo a M y documentando el resto en 8 documentos de 500 pesos, los que pagó en su totalidad ante el mismo.

3) A fs. 78 luce el boleto de Compra Venta, celebrado el día 30/12/2003 por el que Sr I F en representación de la Mutual M, le vende, cede y transfiere al Sr. G B, los derechos de una casa de dos dormitorios del plan ** viviendas.

La venta se pactó en $ 8.000, el comprador entrega $5.000 a M y se firman 10 documentos de $300, pagando el total de lo estipulado al mismo.

4) A fs 100 se encuentra agregado el boleto de Compra Venta celebrado el día 9 de febrero de 2004 por el cual el Sr. F en representación de M, vende, cede y transfiere al Sr. C J C, los derechos sobre una casa de dos dormitorios del plan ** viviendas.

El precio fue de $10.000, el comprador entregó $6.000 a la firma del boleto al Sr. M y el resto lo documentó en 10 pagarés de $400 cada uno, cancelando la totalidad de lo pactado al mismo.

5) A fs. 110 luce el boleto de Compra Venta celebrado el día 27 de enero de 2004, por el cual el Sr Fuentes, en representación de la Mutual M, le vende, cede y transfiere al Sr R I, los derechos sobre una casa de dos dormitorios a construir en el barrio ** viviendas.

El precio fue de $ 8.000, el comprador le paga $5.000 a M a la firma del boleto y el resto lo documenta en 10 pagarés de $300, pagando el total al mismo .

6) A fs 133 obra la denuncia de V G C y a 134 se encuentra agregado el Boleto de Compraventa celebrado el día 8 de octubre de 2003 entre éste y el Sr F, en representación de la Mutual M, por el cual se le vende, cede y transfiere, los derechos sobre una casa de 2 dormitorios del plan ** viviendas.

El precio fue de $ 8.000, entregando el comprador $ 5000 al Sr M al boleto y por el saldo firmó 10 pagarés de $ 300, pagando la totalidad al mismo.

Al detalle efectuado se adiciona la prueba documental de los autos 29/07 consistente en las actas de denuncia de fs. 53 de E S C, de fs 60 de D C, de 74 de G B, de fs 99 C J C, de fs 109 R O I, de fs 133 de V G C. Documental de fs 10/ 11 convenio que originalmente se firmaba entre M y los adjudicatarios del plan ** vivienda, 12/19, fotocopias de los pagarés con membrete de Mutal T P que se suscribían; fs 20 y 21 acta de M con los adjudicatarios; 22/23 listado de preadjudicatarios de M ** viviendas; fs. 25 acta de audiencia de conciliación; fs. 26/29 fotocopias de pagarés firmados a favor de Mutual T P; fs. 36/7 acta de asamblea de M; fs. 38, fotocopia de anuncio publicitario en la revista ocasiones; fs. 63 requisitos que se debían cumplimentar ante el I.P.V; fs. 65 acta de asamblea de M de fecha 22 de junio de 2002; fs. 80/97 documental que presentaba F ante el I.P. V; lista de adjudicatarios; requisitos de inscripción ante el I.P.V; 129 carta documento remitida por el Sr C M; fs 131 intimación por carta documento a M; 136/40 fotocopias de los pagarés firmados por C; fs 205/6 Informe de la subsecretaría de Cooperativas y Mutualidades; documental que corre por cuerda en un total de 8 anexos y anexo según fs. 207; documental reservada en la caja fuerte certificada a fs. 119 y 252; orden de allanamiento y su diligenciamiento de fs. 68/72, declaración a tenor del art. 262 de F, de fs. 146/150 y fs. 310/311; informe de Subsecretaría de Cooperativas y Mutualidades de fs. 351/358; Informe del Cuerpo Médico Forense de fs. 338; Informe del IPV de fs. 368/380; informe del RNR de fs. 421, acta de careo de fs. 400.

V.b.- Plan de viviendas M II.

Por otra parte en el mes de febrero de 2004, el Sr. M H M, propietario y titular de la inmobiliaria "M P", publica avisos en la Revista Ocasiones, La Ventana y Diario El Chubut, ofreciendo el plan de viviendas M II, de 20 viviendas, con entrega diciembre de 2005.

Estas viviendas se construirían en un predio ubicado en la esquina de la calle P A y E del C de la ciudad de Puerto Madryn.

A raíz de este ofrecimiento los interesados acuden a dicha inmobiliaria y luego de interiorizarse del ofrecimiento, realizan la operación de compra de viviendas del mencionado plan.

Concretamente el imputado les mostraba los planos de las futuras viviendas; los acompañaba al lugar dónde se construirían, los interiorizaba de los plazos que demandaría la construcción; les informaba el precio de la vivienda, según fuera de dos o tres dormitorio y la forma de pago, se imprimía el boleto de compraventa en la inmobiliaria y luego de ello, el Sr. M acompañaba a los compradores a la escribanía a suscribir dicho boleto de compraventa, el cual era realizado entre el comprador y el Sr. I F, quien figuraba en el boleto como representante de la firma M. Allí se certificaban las firmas.

Los compradores pagaban a M el precio en efectivo y en la inmobiliaria se confeccionaban los pagarés, con vencimientos mensuales y allí iban a pagarlos.

La Fiscalía acusa por 13 hechos de Estafa mediante el ofrecimiento de esta operatoria del Plan M II, de ** viviendas en la ciudad de Puerto Madryn, tramitados en el Expte. 24/07, los cuales a continuación se detallan y tengo por acreditados, a saber 1) a fs. 05 luce el contrato de Compra Venta de fecha 17 de diciembre de 2004 suscripto por P D N con el Sr. I F representante de M por la cual vende, cede y transfiere los derechos so-bre una casa de dos dormitorios a construir del plan M plan ** viviendas de la Mutual M.

El precio de la operación fue de $10.000, entregando el comprador a M la suma de $8.500 al contado en ese acto y firma 12 pagarés de $ 125 cada uno, pagando la totalidad de los mismos al nombrado. 2) A fs. 14 luce el Boleto de Compraventa de fecha 26 de febrero de 2004 entre M P y el Sr. F como representante de M, por el cual le venden, ceden y transfieren los derechos sobre una casa de dos dormitorios a construir por el plan de ** viviendas de la mutual M. El precio fue de $ 10.000, el comprador entrega a M la suma $7000 a la firma del boleto y firma 12 pagarés de $ 250. Paga finalmente en la inmobiliaria de M la suma de $ 9.500.

3)) A fs. 20 luce el contrato de H S S del 17 de febrero de 2005 celebrado entre la nombrada y el Sr. F en representación de M, por la cual se le venden, ceden y transfieren los derechos sobre una casa de dos dormitorios a construir del plan II de la Mutual M, con fecha estimada de adjudicación en diciembre de 2005.

Se fija en la suma de $ 16.000; la el compradora entrega al contado al Sr M al suscribir el boleto, la suma de $ 10.000 y por el saldo firma 9 documentos de $ 667, los cuales canceló en su totalidad al nombrado.

4) A fs. 24 se agrega el Boleto de Compraventa de fecha 19 de julio de 2004 por el cual el Sr. F en representación de M, vende, cede y transfiere al Sr. A A R los derechos de una casa de dos dormitorios a construir del plan ** viviendas de M. El Precio de la Venta es de $ 10.000, entregando el comprador el total de la suma en efectivo al Sr. M .

5) A fs. 28 se agrega el boleto de compraventa de fecha 14 de diciembre de 2004 por el que el Sr. F, en representación de M, vende, cede y transfiere los derechos de una casa de dos dormitorios a construir del Plan 2 de M al Sr. S A S, siendo la fecha estimada de entrega, diciembre de 2005.

El precio fue de $ 16.000, entregando el comprador al Sr M la suma de $ 16.000 en efectivo.

6) A fs. 40 boleto de compraventa de fecha 22 de septiembre de 2004 por el cual el Sr. F, en representación de M, vende, cede y transfiere al Sr. D A G, los derechos sobre una casa de dos dormitorios a construir del Plan ** viviendas M 2, con fecha estimada de adjudicación diciembre del 2005.

La venta se realiza por la suma de $ 16.000, el comprador entrega $ 10.000 a M y firma 12 pagarés de $ 550 cada uno, pagando una suma total de $ 11.500 al nombrado.

7) A fs. 47 luce el boleto de Compra Venta de fecha 26 de julio de 2004 por el cual el Sr. F en representación de M, vende, cede y transfiere a la Sra. D A L una casa de tres dormitorios a construir del plan ** viviendas de la Mutual M, por la suma de $ 12.000 que la compradora paga al contado al Sr. M .

8) a fs. 54 se agrega el boleto de compraventa de fecha 23 de julio de 2004 celebrado entre F representante de M y la Sra. T A C por el que se le vende, cede y transfiere una casa de dos dormitorio del plan ** viviendas a construir, de la Mutual M , con entrega estimada en diciembre de 2005. El precio fue de $ 10.000 y la compradora le paga el total a M.

9) A fs. 58 se encuentra agregado el boleto de compraventa de fecha 14 de marzo de 1005 entre el Sr. F y el Sr. A A B por el cual se le venden, ceden y transfieren los derechos de una casa de dos dormitorios a construir del plan de viviendas por crédito hipotecario de la cuidad de Puerto Madryn.

El precio es de $ 16.000, entrega $10.000 a M y 6 documentos de $ 1.000, cancelando todos los documentos al mismo.

10) A fs. 61 luce el boleto de compraventa de fecha 15 de marzo de 2004 entre L S L y el Sr. F representante de M por el cual se le vende, cede y transfiere, los derechos sobre una casa de dos dormitorios del plan ** viviendas de la Mutual M El precio es de $ 10.000, el comprador entrega 7.000 al boleto a M y el resto lo documenta en 12 pagarés de $250, abonando el total al nombrado.

11) a fs. 81 se agrega el boleto de compraventa de fecha 8 de julio de 2004, celebrado entre el Sr. F en representación de M y el Sr. C R G por el cual se le vende, cede y transfiere los derechos sobre una casa de dos dormitorios, a construir del plan 20 viviendas de M. El precio de la operación se pactó en $10.000 y el comprador los pagó en efectivo al Sr. M.

12) A fs. 89 luce el boleto de Compra Venta celebrado el día 6 de septiembre de 2004 por M del C B y el Sr. F en representación de la Mutual M por el cual se le vende, cede y transfiere una casa de dos dormitorios del plan ** viviendas de la Mutual M, a construir, fecha estimada de entrega diciembre de 2005.

La operación asciende a la suma de $ 12.000 y la compradora paga el total al Sr. M al suscribir el boleto.

13) A fs. 94 se encuentra agregado el boleto de compraventa de fecha 2 de septiembre de 2004, celebrado entre el Sr. R, en representación de M y H E C por el cual se le vende, cede y transfiere los derechos sobre una casa de dos dormitorios a construir del Plan ** viviendas de la Mutual M.

El precio es de $12.000 y el comprador los paga al contado al Sr M al momento de suscribir el boleto.

A lo detallado, se adiciona la siguiente prueba documental de los autos 24/07 actas de denuncia de fs. 1 / 2 de P N; de fs 13 de M R P; fs19 de S, fs 23 A R; fs 27 de S ; de fs 39 de G; fs 46 L D; de fs 53 T C; fs de 57 de A B; fs 60de L L; de fs 80 C G, de fs 88 M del C B; de fs 93 H C y fs. 182 y de H S. Documental de fs. 3 / 4 y 17 fotocopia de la revista ocasiones; fs. 7/10 pagarés firmados por N fs. 35 por P; 63/6 por L; fs. 11 y 16 carta documento; 30/4 planos de viviendas; 40/44 documental entrega a los presentes autos por G- pagarés, plano y nota-; fs-. 83 fotocopia de publicidad; fs. 85, acta:,certificación y documental (26 recibos de fs. 115/vta., documental de fs. 130/131 por la cual el instituo de la vivienda informa que no existe documentación en esa repartición del plan de ** viviendas de M informe del C.M.F. de fs. 159, acta de careo de fs. 178/180, informe del RNR de fs. 236.Secuestro certificado a fs 115.

Las operaciones descriptas se encuentran acreditadas con la documental ya referenciada, por los testimonios brindados por algunas de las víctimas, por las denuncias incorporadas por lectura al debate y por los propios dichos del imputado En todos los casos la modalidad de la venta de los planes, tanto del M, como del M II fue la misma. Así, relatan las víctimas, que leyeron los avisos publicitarios de ofrecimiento de la venta del plan en la Revista Ocasiones, La Ventana o en el Diario El Chubut y se dirigieron a la Inmobiliaria M P.

Allí eran atendidos por su propietario el Sr. M quien les explicaba la modalidad del plan, dado que las casas se harían por intermedio del Instituto Provincial de la Vivienda, les mostraba el plano prototipo de las viviendas, los acompañaba al lugar donde se construirían, los compradores elegían entre una vivienda de dos o tres dormitorios; como posible fecha de entrega les daba la de diciembre de 2005. Si se aceptaba la operación, se imprimía el boleto de compraventa en la inmobiliaria, se recibía el dinero en efectivo, se firmaban los pagarés los que luego se abonaban allí y el Sr. M acompañaba a los compradores a firmar el boleto en la inmobiliaria de la escribana E M, donde también firmaba el Sr. F dado que él figuraba en el boleto de compraventa como el representante de M para dicha operación.

Las víctimas al hacer sus denuncias acompañaron los avisos publicitarios de la inmobi-liaria M P que promocionando el plan de viviendas M -vide fs.03/4 Cuerpo I Expte. 24/07- o la fs. 357, II cuerpo, Expte. 29/07.

Asimismo en muchas de las denuncias se encuentran agregados los pagarés firmados por los compradores, los que carecían de todo membrete o referencia a la operación que avalaban, - (Ver fs. 7/10).

La maniobra presuntamente delictiva queda al descubierto en el mes de marzo de 2005, y es desde allí que se inicia la investigación penal, dado que los denunciantes relatan que al momento de hacerse el sorteo de las viviendas por el I.P.V, no se encontraban en el listado de adjudicatarios, por lo que comienzan a hacer averiguaciones, se entrevistan con el Sr. M, quien primero les dice que se queden tranquilos porque todo se va solucionar; luego les dice que él no tenía la culpa, que la culpa era del Sr. F, representante de M dado que lo suyo había sido una intermediación; que se comunicaron con el Instituto Provincial de la Vivienda y allí les dijeron que M II no existía.

También se comunicaron las víctimas con el Sr. M, Presidente de la Mutual de Telefónicos, en la ciudad de Trelew, quien concurre a Madryn, se hace una reunión y allí, desconoce por completo las operaciones que realizaban M y F, acusándolos de todo lo ocurrido.

A fs. 368 obra nota del I.P.V. en la que se hace referencia solamente al plan M, ** viviendas de Puerto Madryn y las notas que elevaba a esa entidad el Sr. F, como gestor social, acompañando los convenios que se suscribían.

VI.- LA CONDUCTA TIPICA DE ESTAFA.

Habiendo descripto ya los hechos, queda por analizar si los mismos encuadran en una figura penal y en su caso si el imputado traído a juicio, ha sido autor o partícipe de los mismos.

En efecto, la conducta atribuida al Sr. M consistió en haber participado junto con el Sr. I F en la concreción de la venta de planes de vivienda de M y M II.

Para ello facilitaba su inmobiliaria M P, les explicaba a los interesados la operatoria, los llevaba a las viviendas que adquirían en el caso de M I o les mostraba el lugar dónde se construirían en el caso de M II, les mostraba planos, los hacía elegir la vivienda de dos o tres dormitorios, pactaba el precio, financiaba parte de la deuda en pagarés que se confeccionaban en su inmobiliaria, en una clara maniobra a fin de inducir a las diferentes víctimas en error y un correlativo detrimento económico, toda vez que cada uno de los denunciantes abonó la mayor parte del precio pactado en los distintos boletos de compraventa agregados en autos, configurándose un daño patrimonial, sabiendo el imputado que, con respecto al plan de 44 viviendas de M I, no era la forma de hacer la transferencia de los planes que habían sido rechazados por el I.P.V y respecto del M II, vender viviendas de una plan que nunca existió.

VI. 1. El tipo objetivo.

Siguiendo al Profesor Edgardo Donna, analizaré cómo se dan en autos, los tres requisitos del tipo objetivo de la estafa, el fraude -ardid o engaño-, el error y la disposición patrimonial perjudicial.

En cuanto al primer elemento, es decir el engaño, el mismo se encuentra acreditado con la estrategia planeada y puesta en escena. Entre el año 2003 y 2004, ofrecía con visos de legalidad, la venta de planes de vivienda de la M M, a construir por el Instituto Provincial de la Vivienda.

El Sr. M, quien tenía una inmobiliaria con razón social "M P", publicaba en la Revista Ocasiones, como así también en el diario el Chubut, La Ventana, la venta de estos planes en forma totalmente irregular como se verá luego.

Cuando la persona interesada concurría a la inmobiliaria a interiorizarse de los planes, el Sr. M los atendía personalmente y les mostraba el lugar donde se construían las viviendas, los acompañaba hasta el lugar y les mostraba el plano de las casas, pudiendo optar por una casa de dos dormitorios o de tres dormitorios.

También les decía que la entrega era en diciembre de 2005. Cuando se cerraba la operación, imprimía el boleto de compraventa en su inmobiliaria y luego concurría con el comprador a la Escribanía de la Dra. E M y allí se firmaba el boleto de compraventa en el que figuraba el Sr. F, quien aparecía en el contrato como representante de M.

La persona abonaba la suma pactada a M y si no podía abonar el total, documentaba la deuda hasta doce meses. En el mes DE FEBRERO DE 2004 empieza a ofrecer el plan de Viviendas M II, con la misma modalidad.

En este caso decía que las viviendas a construirse serían de 20 a 25 en el terreno ubicado en la calle E del C y P A.

El medio empleado tuvo suficiente entidad para llevar a engaño a los compradores. No fueron simples palabras, sino que todo el entorno daba visos de seriedad a operatoria.

Véase que se llevó a cabo en una inmobiliaria, se mostraban los planos - en realidad eran prototipos de casas-, les mostraba el lugar donde se construirían - en el caso de M II ni siquiera el terreno era de M- y luego se concurría a una escribanía a suscribir el boleto de compraventa.

Como se ha acreditado, toda esta actividad era falseando la verdad.

En cuanto al segundo elemento que contiene el tipo objetivo de la Estafa, es decir el error, enseña Donna que se trata de un estado psicológico provocado por el autor del delito, quien induce a la víctima a la realización de una disposición patrimonial perjudicial.

Es un conocimiento viciado de la realidad. En ese sentido todas las personas damnificadas tuvieron la representación subjetiva de que compraban los derechos de una vivienda de la mutual M que se construía por intermedio del I.PV o del Banco H para el caso del M II y que serían entregadas en diciembre de 2005.

Para ello firmaron el boleto y entregaron la suma que le cobraban para ser incluidos en el plan. Se les decía que se pagaba la infraestructura, cordón cuneta, alumbrado y parte del terreno y que luego seguirían pagando las cuotas del I.P.V.

Se encuentra acreditado también el nexo causal entre el engaño y el error provocado a partir del accionar del imputado. Todas las víctimas son contesten en afirmar que gracias a las seguridades que les daba el imputado con referencia a la venta del plan, con la intervención de una inmobiliaria en la venta, la forma de la operatoria que les explicaba, los planos de la vivienda que les mostraba, el terreno que visitaban donde se construirían las mismas, más la redacción de los instrumentos, con intervención de una escribanía en la certificación de las firmas, se convencieron de que efectivamente compraban el derecho a la vivienda, lo que indudablemente fue una falsa representación, provocada por el engaño.

El ardid y engaño fueron los adecuados para producir el error en los sujetos pasivos. En este sentido se da en el caso de autos la doble relación ente el engaño y el error y entre éste y la disposición patrimonial perjudicial.

El perjuicio patrimonial resulta claro desde que las víctimas perdieron el dinero entregado con el consiguiente perjuicio económico.

El ardid fue idóneo; el medio empleado resultó el adecuado para hacer incurrir en error a gente común y corriente que pretendía adquirir una vivienda; ninguna poseía vivienda propia y anhelaban tenerla mediante un plan con financiación del Instituto Provincial de la Vivienda. Todos invirtieron sus ahorros en pos del techo propio.

La jurisprudencia tiene dicho: "Constituye delito de estafa, el accionar del procesado que mediante una mentira logra de la víctima, una considerable suma de dinero para la entrega de un automóvil inexistente, suscribiendo a tales efectos un convenio de compra-venta en presencia de una escribana pública.

El comportamiento desarrollado por el procesado, para provocar el embaucamiento buscado, trasciende la mera mendacidad. (CNCrim y Corr. Sala I, 8/4/86 "G O RE" DJ 1987-2-881).

VI. 2 El tipo subjetivo de la Estafa.

Entrando al análisis del tipo subjetivo, encuentro probado el dolo del Sr. M, quien con conocimiento de la maniobra delictiva que llevaba adelante, cuya metodología era dar información engañosa a los interesados en el plan de viviendas, los inducía a error y lograba la disposición patrimonial de los mismos, con el fin de obtener un beneficio patrimonial.

Obró con una adecuada representación de los elementos que componen el tipo objetivo.

En su defensa arguye que él fue sólo un intermediario y víctima del Sr. F, pues confió en éste y no tenía por qué dudar. Si hubiese actuado en un error de tipo inevitable, tal como alega, quedaría excluido el dolo y la culpa del autor.

Sin embargo la invencibilidad del error en el caso de autos debe descartarse totalmente pues éste se produce cuando se adoptaron todas las medidas de precaución y cuidados exigibles para no caer en él.

Tampoco obró en un error evitable por negligencia o falta de cuidado, por desconocimiento de que concurrían algunos de los elementos del tipo objetivo. Nada de eso sucedió.

El imputado afirma que las ventas se hicieron siguiendo el modelo M I y aquí es donde me apoyo para afirmar el dolo en el accionar de M. El mismo reconoce que con su señora compraron un plan del M I y que luego lo transfirieron al Sr. P. Si se observan los convenios que firmaba M originariamente -vide fs. 10/12 del cuerpo I del Expte. 29- antes de la intervención de M y F, mucho distaban de un boleto de compraventa como al que instrumentaban los nombrados.

En aquellos convenios, los adjudicatarios firmaban con M una convención por al cual se les hacía saber que se estaba terminando de cumplimentar la documentación requerida por I.P.V, que permitiría llamar a licitación dentro de la Resolución 923/93 y sus modificatorias, para construir 44 vivienda en los terrenos que la mutual adquiriera para tal fin y a transferir al IPV, conforme la reglamentación vigente en la ciudad de Puerto Madryn identificación catastral parcela Nro. *, macizo 67, ejido ** circunscripción * sector * departamento Viedma de la ciudad de puerto Madryn. Pues bien nada de ello se consignaba en los boletos de compraventa en los que intervenía el imputado. En los primigenios convenios, el adjudicatario se incorporaba al plan en las condiciones previstas y en la reglamentación del IPV y se pagaba un monto de 3.800 pesos pagaderos en cuotas iguales y consecutivas por gastos de terreno y gastos que la mutual debía realizar hasta la firma del contrato de obra.

Lo que correspondía hacer en el caso del plan M I era una cesión de derechos del postulante rechazado, por otro adjudicatario. En cambio el imputado y el Sr. F, confeccionaban un boleto de compraventa, por la suma de $ 8.000 o $ 10.000 pesos y en algunos casos $16.000, por los cuales los compradores creían que con ello ingresaban al plan, pagaban el terreno, gastos administrativos, alumbrado y cordón cuneta.

El Sr. M no podía desconocer que era una maniobra ilícita, él mismo había sido adjudicatario de un plan de M I y lo transfirió correctamente, según referenció. Del mismo modo, con relación al Plan M II, el imputado sabía que M no había comprado el terreno para hacer las viviendas, él era titular de una inmobiliaria, un idóneo en el tema y sin embargo mostraba planos de los prototipos de vivienda originales del M I, diciéndole a la gente que luego sufrirían alguna modificación. M, como titular de una inmobiliaria no podía desconocer que con esa documentación, no se podía vender un plan de viviendas del I.P.V.

Este mismo organismo informa que nunca existió el plan M II, vide fs. 131 expte 24/07.

El imputado se limitó a decir que, en cuanto a la representatividad de F, para él fue suficiente lo consignado en el acta del 30 de junio de 2002 de la asamblea de M -ver acta de fs. 85 Expte. 24/07- por la que se designaba al Sr. I R F como gestor social, para administrar y gerenciar el Programa de Viviendas de la Mutual.

Sin embargo el imputado actuó junto a F manteniendo ambos el codominio del hecho, siendo los dos piezas fundamentales para lograr el desapoderamiento de los sujetos pasivos, mediante el ardid desplegado.

El Sr. C M en la audiencia de debate explicó que quisieron darle una mano F porque estaba mal económicamente y como había diez postulantes del Plan que no cumplían los requisitos del F, y había que reemplazarlos, tenía que conseguir a esas personas, recalcando que no le otorgó el poder que se menciona en el acta de la asamblea porque no había que manejar dinero.

Nótese que el acta dispone que se otorgue "poder" para actuar sólo de administrador, circunstancia conocida por F y por M. La gestión consistía buscar gente para reemplazar, pero que nunca llevó las diez personas para reemplazar.

Por otra parte resulta cuestionable que la Escribana haya aceptado la representación invocada por F para habilitarlo a suscribir los boletos de compra venta, cuando en el acta del libro de directorio se lo designa como gestor social para administrar y gerenciar los programas de viviendas, facultándose al Sr. M como Presidente de la Mutual, a otorgarle un poder, el que nunca se otorgó.

También tengo dudas de que M no conociera lo que estaba sucediendo dado que le encargaron a F que buscara los diez reemplazantes con premura, de ahí el acta, la que tiene fecha junio de 2002, y transcurrieran dos años hasta que se entera de toda la estafa, y mientras tanto se hacían ofrecimientos publicitarios de planes M y M II, sin que se enterara por sí o por persona del círculo de esa mutual.

Es por todo lo expuesto que tengo por acreditado que el Sr. M actuó con dolo directo de estafar en los hechos que ya describiera, en carácter co-autor puesto que junto con el Sr. F, fallecido, realizó conductas con pleno ánimo de lucro, tendientes a engañar a los interesados en adquirir una vivienda en el Plan M I y en el supuesto Plan M II, logrando la disposición patrimonial, perjudicándolos económicamente.

Tuvo el dominio funcional del hecho, poniendo una porción esencial para concretar el ardid, que en definitiva indujera en error a las víctimas, tal como se describiera "ut supra".

Ese error esencial en la voluntad de las víctimas, fue determinante en la disposición del dinero y el consecuente detrimento económico para ellas.

Considero que los hechos concurren en concurso material. El Fiscal invoca la modalidad de delito continuado, sin explicar el por qué de su elección.

En los casos en análisis considero que existió el denominado factor final en cada uno de los hechos, agotando en cada uno de ellos, el dolo unitario, pues cada operación estaba decidida y querida en forma independiente, cambiando en cada oportunidad los argumentos e incluso el precio cobrado por la viviendas, según se pre-sentaran los casos.

VII. PENA.

Siguiendo los parámetros de los arts. 40 y 41 del C.P., tengo en cuenta como atenuante, la falta de antecedentes penales del imputado.

Como agravante tengo en cuenta la extensión del daño causado, aprovechándose de personas necesitadas de concretar la vivienda propia, que accederían a ella porque se trataban de viviendas básicas y económicas que pagarían por intermedio del Instituto Provincial de la Vivienda.

Tengo en cuenta la cantidad de hechos cometidos, en total diecinueve y el tiempo, concretamente dos años, en que renovó su dolo, en cada operación que concretaba.

Por todo lo ponderado, considero justa al caso la aplicación de una pena de tres años de prisión, con costas.

En cuanto a los honorarios del defensor particular Dr. E M, atendiendo el mérito de la labor profesional desarrollada en el curso del proceso, propongo fijarlos en la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) con cargo a su defendido (Art. 489 CPP y arts. 7 y 8 de la Ley 2.200 Reformada por Ley 4335), y respecto de los honorarios del profesional interviniente como querellante adhesivo, Dr. G G. D M, en mérito a su desempeño durante el curso del proceso, propongo fijar la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000) con cargo al imputado (Arts. 488, 488 CPP y Arts. 7 y 8 de la Ley 2.200 Reformada por Ley 4335).

La Jueza Patricia Gabriela MALLO dijo:

Se ha imputado a M H M, en requisitoria fiscal de elevación a juicio de fs. 422, reeditada al comienzo de la presente sentencia y reproducida por el Titular del Ministerio Público Fiscal al tiempo de alegar y formular su acusación, la comisión de los delitos de Estafas reiteradas (ocho hechos) en la modalidad de delito continuado en carácter de coautor con relación a los hechos investigados en el expediente nro. 29/07 y estafas reiteradas (trece hechos) en la modalidad de delito continuado en carácter de coautor con relación a los hechos investigados en el expte. N° 24/2007 (Arts. 172 y 55 del C.P) solicitando se le aplique la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, accesorias legales y costas.

Con relación al expediente 29/2007 le imputa que: en el transcurso de los años 2003 y 2004, M H M, propietario de la inmobiliaria "M P" sita en calle S Nº ** de esta ciudad, a través de avisos publicitarios - Revista Ocasiones- ofreció un plan de viviendas denominado M I, con entrega en el año 2005, actuando como intermediario entre las personas interesadas y el Sr. F como Gestor Social de M.

Que el imputado actuó promocionando dichos planes, ofreciendo el plan de pago, pactando el precio, y acompañando a los compradores a la escribanía a suscribir el perti-nente boleto de compraventa, el cual era realizado entre el comprador y el Sr. R I F y recibiendo el precio pactado.

Todos los denunciantes de autos E S C, D E M C, G B, C J C, R I y V G C realizaron la transacción por distintos precios, entregando una parte en efectivo al Sr. M y firmando un cantidad de documentos (pagarés) que también eran por él recibidos y devueltos a medida que iban siéndole pagados mes a mes.

Así estipula la Fiscalía en una suma total de 50.000 pesos el daño patrimonial.

Basa su afirmación en los precisos y contestes testimonios de los damnificados en señalar al nombrado como uno de los sujetos activos intervinientes en la concreción de la operatoria investigada, ya que el mismo facilitaba su local y el nombre comercial de su empresa en una clara maniobra a fin de inducir a las diferentes víctimas en error y un correlativo detrimento económico, pues los convencía y los apuraba.

De idéntica forma con relación al expediente nro. 24/2007 , dice el Fiscal que M H M, como propietario de la inmobiliaria "M P", ya mencionada y también a través de avisos publicitarios -Revista Ocasiones- ofreció el plan de viviendas M II, de ** viviendas, con entrega diciembre de 2005 a sabiendas de que no se iba a concretar por ser inexistente; de igual forma que en el plan anterior, varias personas acuden a dicha inmobiliaria y realizan distintas transacciones para la compra de las viviendas el mencionado plan, acompañando M a los compradores a la escribanía a suscribir el pertinente boleto de compraventa, el cual era realizado entre el comprador y el Sr. R I F.

Así P D N, M R P, H S S, A A R, D A S, D A G, D A L, T A C, A A B, L S L, C R G, M del C B y H E C señalaron al nombrado como uno de los sujetos activos intervinientes en la concreción de la operatoria investigada, facilitando su local y nombre comercial de su empresa en una clara maniobra a fin de inducir a las víctimas en un error y en un correlativo detrimento económico.

Cada uno de los denunciantes abonó la mayor parte del precio pactado en los distintos boletos de compra y venta; parte en efectivo y parte con entrega de pagarés que fueron abonando, en un total de 160.000 pesos, configurándose así el daño patrimonial requerido por el tipo penal previsto por el art. 172 del Código Penal Argentino, ya que estas personas nunca accedieron a la vivienda.

Basa sus afirmaciones en los testimonios de los damnificados, la prueba documental ingresada al debate y analiza los dicho del mismo imputado rechazando sus excusas en cuanto a que fuera engañado por F, ya que el acta poder no lo autorizaba a vender nada y M es propietario de una inmobiliaria de manera que conoce su negocio.

Que fue la cara visible de la estafa y actor indispensable ya que su inmobiliaria y los planos que ofrecía daban apariencia de legalidad al negocio.

Que el precio de las viviendas era distinto en algunos casos.

Que las Leyes Nacionales 21.581, 24.130 24.464 y Povincial 4157 y resoluciones 1044 y 950 del IPV no prevén la modalidad desarrollada por M y F, pues nada hay que pagar para adquirir el derecho de un plan.

La Querella acusó formalmente a M como autor de estafa (art. 172 del C. Penal) en per-juicio de A A B, por haberle vendido un Plan M II por el cual abonara el día 14/03/05 la suma de $ 10.000 y seis pagarés, a sabiendas que ese plan no se iba a hacer causando un perjuicio económico al mismo.

Sostuvo que también F y la escribana fueron piezas fundamentales y que a esta última le cabe responsabilidad. Solicitó para M la pena de seis años de prisión con costas. A su tiempo la Defensa propició la absolución de M, sosteniendo su inocencia basada en que su cliente no obró con dolo, ya que Fuentes tenía representatividad de M y esto fue controlado por la misma escribana. Que el dinero se lo entregó a F.

Que en lo que hace a apurar a los clientes, esto es una maniobra típica para vender y que las publicaciones salieron también en Trelew y nadie dijo nada, y que su cliente no cobró más cuando se enteró del problema, en cambio si continuó F cobrando.

Con esta breve mención y dando por reproducidos los extremos sostenidos por el Fiscal y el Defensor con la completa enunciación realizada por la colega preopinante paso a emitir mi voto siguiendo la manda procesal, comenzando por el tratamiento de la materialidad del hecho y la autoría del traído a juicio y haciéndolo en forma conjunta.

Ha quedado acreditado que en el transcurso de los años 2003 y 2004, M H M promocionó a través de la inmobiliaria "M P" de la que era propietario, la venta de planes de viviendas de la Mutual T P (M) a ser entregadas en el año 2005, haciéndolo mediante avisos publicitarios en medios de circulación local como la revista "Ocasiones", recibiendo a los clientes, informándolos acerca del precio, condiciones, lugar de asentamiento, planos etc.

Imprimiendo los contratos y acompañando a los compradores a concretar la transacción entre ellos y el Sr. I F como representante de la Mutual a la escribanía, recibiendo el precio y los pagarés en los casos en que la venta se concretaba con financiamiento documentos, que luego cobraba.

Asimismo, a partir de Febrero de 2004 el imputado con idénticas diligencias operó en las transacciones de venta de planes denominados M II los que promocionaba también a través de la revista Ocasiones, La ventana y diario El Chubut, por medio de su inmobiliaria, daba la información personalmente y también imprimía los boletos de compraventa, arreglaba el precio, entregaba los planos, acompañaba a los clientes a la escribanía y cobraba el dinero en efectivo, recibía los pagarés y luego los cobraba también.

Que en el caso del plan M los compradores no obtuvieron derecho alguno sobre las viviendas, puesto que no se operó como correspondía a este tipo de transacciones pues no se transfirió el derecho de los anteriores adjudicatarios presuntamente excluidos del plan, ello, sin perjuicio de que algunos damnificados luego lograran obtener mediante otras gestiones con el IPV y la Mutual otras viviendas o derechos sobre algún terreno.

En el caso de M II el plan era inexistente tanto en el IPV como en la Mutual, por lo tanto nunca se iba a realizar y efectivamente no se realizó. Hasta aquí lo fáctico del caso y la participación que le cupo a M en los negocios.

Los extremos mencionados, no fueron controvertidos y quedaron acreditados con los dichos de todos los testigos, cuya trascripción ya efectuara la colega preopinante y que en resumen refirieron que tanto en la operatoria del plan M como del Plan M II M actuó de la forma en que fuera descripta, pues todos acudieron por el aviso de la inmobiliaria que promocionaba los planes.

Fueron atendidos personalmente por el imputado quien ofertaba las viviendas del plan, entregando planos, llevándolos a conocer el sitio en donde estarían emplazadas, informando sobre el precio y las posibilidades de financiación y hasta de las posibilidades de ampliación de las unidades, imprimiendo el contrato en la misma inmobiliaria.

Que los acompañó también a la escribanía de la Dra. M, recibió el precio de contado en casi todos los casos en su inmobiliaria, así como los pagarés por el saldo restante, cobrando los mismos mes a mes.

A estos dichos contestes y absolutamente concordantes, se suman los propios dichos del imputado quien asumió haber realizado todas las diligencias que se mencionan, aclarando que lo hacía como intermediario del Sr. F representante de la M quien firmaba los contratos.

Que los detalles sobre toda la operatoria en ambos planes se la proporcionó este, que arregló el cobro de una comisión de $ 1000 por poner su inmobiliaria y hacer el trabajo y que el dinero se lo entregaba a F.

A lo expuesto se adiciona la siguiente prueba documental: de los autos 29/07 Actas de denuncia de fs. 53, 60, 74, 99, 109 y 133; documental de fs. 10/23, 25/29, 31/32, 33/38, 50/51, fs. 56/58, 61/66, 78/97, 100/103; 110/118, 129*131, 134/141 y fs. 205/206; documental que corre por cuerda en un total de 8 anexos y anexo según fs. 207; documental reservada en caja fuerte certificada a fs. 119 y 252; orden de allanamiento y su diligenciamiento de fs. 68/72, declaración a tenor del art. 262 de F, de fs. 146/150 y fs. 310/311; informe de Subsecretaría de Cooperativas y Mutualidades de fs. 351/358; Informe del IPV de fs. 368/380; acta de careo de fs. 400.

Del expediente nro. 24/07 actas de denuncia de fs. 1/2, 13, 19, 23, 27, 39, 4653, 57, 60, 80, 88, 93 y fs. 182; documental de fs. 3/11, 14/17, 20/21, 25/25, 28/37, 40/44, 47/48, 54/55, 58, 61/66, 81/86, 89/91 y 94/95, 26 recibos de fs. 115/vta., documental de fs. 130/131, 134, 153 y fs. 161; acta de careo de fs. 178/180.

Todos estos documentos plasman la existencia de las transacciones; en especial los boletos de compra-venta, los documentos (pagarés) firmados y las constancias de los avisos publicados en el caso de ambas operatorias.

Asimismo confirman la versión del imputado los dichos de Fuentes y el acta de designación de este último como gestor de la Mutual, ingresada al debate en audiencia.

Es por lo expuesto que considero a M M coautor de los hechos que se describieran, en perjuicio de E S C, D Ë M C, G B, C J C, R I, y V G C cuyos contratos obran a fs. 56, 61, 78, 100, 109, 134 respectivamente todos del denominado plan M I, siendo perjudicados en el total del precio pactado en el boleto el cual abonaran y cuya descripción ya realizara la Juez preopinante y de P D N, M P, A S S, A R, S A S, D A. G, D A L, T A C, A A B, L S L, C R G, M del C B y H E C, por los contratos suscriptos y obrantes a fs. 05,14,20,24,28,40,47,54,58,61,81,89,94, por los montos ya especificados supra del plan M II.

El imputado actuó junto a Fuentes manteniendo ambos el codominio del hecho; esto es obraron tanto uno como otro, como piezas esenciales para concretar las operaciones.

En palabras de welzel, citado por Enrique Gibernat Ordeig ("Autor y Cómplice en el derecho penal p. 106 Editorial B de F Maestros del Derecho Penal), "El dominio del hecho corresponde al que lleva a cabo, con finalidad consciente, su decisión de voluntad.

Coautoría es autoría, cuya especialidad consiste en que el dominio del hecho delictivamente unitario no reside en un individuo, sino que reside juntamente en varios...el dominio del hecho corresponde aquí en común a todos...todos juntos son titulares de la decisión, constituyendo la actividad de cada uno, junto con la de los demás, en virtud de la conexión de sentido dada por la decisión común de acción, un todo unitario".

En el caso se verifica el dominio que sobre cada decisión de obrar con voluntad final tuvo M en combinación con F, quien también mantuvo su porción decisional indispensable para llevar a cabo las maniobras.

Asimismo he de mencionar, que la actuación de la escribana Dra. M resulta altamente cuestionable desde que si bien su intervención en los documentos no justipreciaba el contenido, la misma afirmó haber corroborado la representatividad de F visando el acta que consideró "poder" y suficiente título habilitante en un error inexcusable para su calidad de notaria pública.

En relación a C M me queda una seria duda de su conocimiento y posible participación en esta operatoria, toda vez que trascurrieron dos años sin que el mismo se anoticiara (según sus propios dichos) formalmente de las actividades llevadas a cabo por F (su persona de confianza), siendo que justamente dijo que le habían encomendado la tarea de reemplazo de los diez adjudicatarios de M con cierta premura, en atención que no se podía concretar la obra hasta que todo estuviera en orden.

Resulta inverosímil que durante todo este lapso de tiempo, incluso con las publicaciones efectuadas, ignorara lo que estaba sucediendo, máxime en el caso del plan M II.

A más de ello, no pudo dar explicaciones satisfactorias, a mi entender, sobre la relación entre la Mutual y el encomendado F, sobre todo siendo que lógicamente no podía realizar las tareas en forma ad-honorem, desde que según el mismo M explicó, estaba sin trabajo y le dieron una mano, pero sin embargo negó que tuviera una comisión.

Calificación Legal.

Los hechos que he tenido por probados constituyen el delito de Estafa (art. 172 del C. Penal) cada uno de ellos, en el caso de los ventilados en el expediente 29/07 en un total de seis hechos y no ocho como acusara el fiscal, ya que el mismo titular de la acción describió sólo los seis que ya se consignaran y en el caso del expediente nro. 24/07 en un total de trece hechos, todos los cuales ya fueron descritos en su individualidad por la colega que me preside en el voto.

En efecto, las transacciones llevadas a cabo por M M en combinación con, al menos, Inocencio F constituyeron el tipo penal mencionado toda vez que en el caso del plan M -M lo denominó M I -, la operatoria comenzó luego de que el imputado accediera a la adjudicación de un plan que luego transfiriera al Sr. P.

A partir de allí, M utilizó todas las armas comerciales a su alcance para inducir a los compradores a negociar los mismos. Es decir realizó propaganda a través de su inmobiliaria, poseía recortes de periódicos referidos al plan en su negocio, informaba, les ofrecía llevarlos al lugar, entregaba planos, les daba la opción de elegir entre viviendas de dos o de tres dormitorios y finalmente realizaba la transacción en una escribanía.

Todos estas diligencias constituían para los clientes suficiente garantía de legalidad de la transacción, tanto que aún aquellos que fueron más desconfiados, refirieron que el hecho de que interviniera una inmobiliaria y una escribanía les otorgaba suficiente garantía de seriedad.

De esta forma, aparentando la realización de un negocio legal, inducía a error a las víctimas y a guisa del mismo lograba la disposición patrimonial de los clientes, vendiendo la expectativa de obtener una vivienda cuando en realidad, la adjudicación de dichos planes se realiza mediante una operatoria completamente distinta.

No hay compraventa sino transferencia del adjudicatario anterior como efectivamente lo hiciera el propio M cuando adquiriera un plan su esposa y luego lo transfiriera, haciendo firmar el contrato contra entrega del dinero a alguien que no tenía poder de disposición por lo cual, a todas luces los clientes fueron estafados.

Asimismo en el caso de M II se promocionó un plan que no estaba ni siquiera en proyecto de realizarse por parte de la Mutual, se utilizaron idénticas armas logísticas para inducir a los clientes a error sobre la existencia del plan y sobre la legalidad de todo el negocio, cuando en realidad dicho plan nunca iba a concretarse, el sitio que mostraba como futuro lugar de realización no era de M, F no estaba autorizado para disponer de ningún derecho sobre planes futuros y menos aún vender y recibir dinero por ello, causando un perjuicio patrimonial que en cada una de las víctimas ya describiera la Juez Martos.

En definitiva, en todos los casos las víctimas efectuaron una disposición patrimonial ya que desembolsaron distintas sumas de dinero, perjudicial, ya que en el caso del M II nada obtuvieron a cambio y en el M I quienes pudieron compensar en parte su pérdida lo lograron por otras gestiones, por caso ante el IPV, desembolso realizado y determinado por error, en relación causal directa con el engaño provocado por el imputado con el accionar descripto, en el cual falseó la verdad utilizando artimañas idóneas para embaucar, razón por la cual ha defraudado por los medios técnicos que exige la figura. Hasta aquí los elementos objetivos del tipo penal en cuestión.

Pasando al elemento subjetivo del tipo penal elegido, la defensa ha planteado la inexistencia de dolo en su cliente. Adelanto que los argumentos esgrimidos para sostener su carácter de víctima de F y de M no se sostiene y si se analiza la prueba obrante, se debela rápidamente la falsedad de su afirmación.

Entiendo simplemente que el imputado actuó con dolo directo de estafar a las víctimas, toda vez que: en la transacción que realizara a título personal para adquirir una vivienda del plan M I se contacta con F quien le ofrece el negocio de hallar una cantidad personas compradoras para ese plan.

Para ello, Fuentes exhibió como toda habilitación el acta fechada el 30 de Junio de 2002 en donde se lo propone como gestor administrativo, debiendo el presidente de la Mutual C M otorgarle poder para actuar.

Me detengo aquí para analizar este "poder" como fuera denominado por M y por la misma escribana.

Dicha documental no es más que un acta de la decisión de la comisión directiva de proponer y designar como gestor administrativo a F, quedando pendiente el otorgamiento del poder correspondiente por parte del presidente, a quien se le dan facultades para expedirlo.

No sólo nunca se otorgó dicho poder, el que -dicho sea de paso- debía hacerse ante escribano público, sino que aún si se lo hubiera otorgado, el alcance de la autorización sólo era para realizar actos de gestión administrativa y nunca actos dispositivos.

Así el acta consigna que se designa a F como gestor social, para administrar y gerenciar y representar a la entidad en los trámites relacionados, suscribir contratos con los adherentes y conducir el proceso administrativo del plan de viviendas.

Este detalle no es menor, F nunca podía disponer de bienes ni de derechos por lo tanto nunca podía vender a nombre de la entidad. De tal suerte, el "poder" que pretende M lo libere de toda responsabilidad, es justamente el que debela su conocimiento de que se estaba estafando a los clientes.

Ello, pues como integrante, propietario y explotador de una inmobiliaria, su preparación para ese tipo de negocios no permite tener por cierto que habiendo visto el documento -acta-, ignorara que F no estaba autorizado para vender propiedad alguna.

Así bajo la apariencia de legalidad, se inducía a firmar y pagar por un contrato de compra-venta con quien no tenía ningún poder de venta. Pero aún más, otro documento que debela el indudable conocimiento del imputado de la estafa que estaba llevando adelante es el tenor de los contratos firmados.

En efecto, si se compara el contrato legítimo de adjudicación con los que M hacía firmar a los clientes, se advierte que aquellos estipulan una adjudicación por parte de la Mutual a cambio de un precio de $ 3800 (pesos tres mi ochocientos) pagaderos en catorce cuotas mensuales de $270, que incluía el terreno con la especificación de su ubicación y los gastos administrativos que llevara adelante la Mutual para concretar el contrato de obra (vide contrato de fs. 10/11 del expediente nro. 29/07) y los documentos -pagarés- que firmaban (fs, 13/19 del mismo expediente) que resultan diferentes a los que hacía firmar M, ya que los primeros consisten en un formulario que tiene el sello de la Mutual, son firmados por el Gerente General de la Mutual R C al igual que el convenio, en tanto que los que hacía firmar M sólo tenían el monto a pagar, sin membrete de la mutual y sin firma de persona autorizada ( vide fs. 35,36, 37 del expediente nro. 24/07). En cuanto al boleto de compraventa, a lo ya expresado se puede adicionar que no consta en ninguno de ellos la representatividad del firmante F, ni los datos de la M y sus inscripciones, y no se especifica la ubicación de terreno alguno; en definitiva, no se sabe bien por qué contraprestación se paga el monto consignado.

Por otra parte, M nunca aportó recibo alguno de la entrega del dinero que dice y confirma F le hacía a este, siendo que se trataba de operatoria realizada con relación a una Mutual, lo cual vulnera también otras normas del ordenamiento jurídico y también es indicio de irregularidad conocida por él y que se adiciona a la prueba de cargo.

Por último diré que todo negocio serio, sobre todo el inmobiliario no podía realizarse sin la documentación respaldatoria. La explicación del imputado en cuanto a que operó como lo hizo por directivas verbales de F, completa el cuadro que indica que conocía muy bien que estaban llevando a cabo un negocio estafatorio, desde que no es creíble que un idóneo en este tipo de negocio ponga su nombre y prestigio sin tener ninguna constancia o documentación que respalde las operaciones dinerarias que estaba concretando.

Es por todo lo expuesto, que no habré de acoger el planteo de la defensa de falta de dolo técnicamente encuadrable en una presunto error de tipo, ya que no hubo error alguno de M y afirmo sin hesitación alguna, que tuvo total conocimiento de lo que hacía y voluntad de realizar el tipo penal, por lo que obró con el dolo directo de estafar en todos los hechos que llevó adelante.

La Fiscalía ha acusado la comisión de los hechos en la modalidad de delito continuado.

Al igual que mi colega, no acogeré la modalidad propiciada por la Fiscalía pues no se configura tal hipótesis, en atención a que cada uno de los hechos constituye un delito consumado con dolo aislado e independiente y no es parte de un plan común que tiene un denominador final.

Siguiendo a Nelson Pessoa siendo que en el concurso real hay pluralidad de hechos independientes pues hay varias conductas sucesivas típicamente autónomas en cambio en el delito continuado hay pluralidad de hechos dependientes entre sí, por lo que hay unidad delictiva.

En el caso que me ocupa no hay dependencia alguna entre los hechos configurados, razón por la cual se trata de un concurso real en los términos del art. 55 del C. Penal.

En cuanto a la sanción a aplicar, tengo en cuenta como agravantes, la cantidad de hechos cometidos, en un total de diecinueve, con un perjuicio patrimonial importante, desarrollado a lo largo de un período de tiempo de dos años, destacando esto último en atención a que el lapso temporal podría haber operado haciéndolo reflexionar sobre las operaciones que realizaba. En cuanto a la extensión del daño causado, tengo en cuenta que se trataba de personas que querían acceder a una vivienda familiar de tipo básica, necesidad mínima para el desarrollo y bienestar de toda familia, que se traba a su vez de personas que invirtieron sus pocos medios para obtenerla con las expectativas puestas en ello, circunstancia que el imputado conocía y que en la mayoría de los casos aún no la obtuvieron y posiblemente algunos de ellos no la obtendrán nunca.

Que el imputado es una persona que ejerce su oficio en ese ámbito inmobiliario y de alguna forma garantiza la seriedad de las operaciones.

Como atenuantes, sólo hallo su falta de antecedentes, por lo que considero apropiada y juta al caso la aplicación de una pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN CON COSTAS.

En cuanto a los honorarios del defensor particular Dr. E M, atendiendo el mérito de la labor profesional desarrollada en el curso del proceso, propongo fijarlos en la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) con cargo a su defendido (Art. 489 CPP y arts. 7 y 8 de la Ley 2.200 Reformada por Ley 4335), y respecto de los honorarios del profesional interviniente como querellante adhesivo, Dr. G G. D M, en mérito a su desempeño durante el curso del proceso, propongo fijar la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000) con cargo al imputado (Arts. 488, 488 CPP y Arts. 7 y 8 de la Ley 2.200 Reformada por Ley 4335).

Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría, como así también que el tercer vocal sorteado no hace uso de la facultad prevista en el art. 357, 2do. Párrafo, última parte del Código Procesal Penal (Texto art. 7 de la Ley 4.550).

En su mérito, habiendo escuchado acusación y defensa damos el siguiente:

FALLO:

CONDENANDO a M H M, de las demás circunstancias personales obrantes en autos, como autor material y penalmente responsable del delito ESTAFA (diecinueve hechos) todos en concurso real, en carácter de coautor (Art. 172, 55 y 45 del C.P.), a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas (Artículos 12, 19, 29 inc. 3°, 40 y 41 del Código Penal), por los hechos cometidos en esta ciudad de Puerto Madryn entre los años 2003 y 2004 en perjuicio de E S C, D E M C, G B, C J C, R I, V G C y a partir de febrero de 2004 en contra de P D N, M P, H S S, A R, S A S, D A. G, D A L, T A C, A A B, L S L, C R G, M del C B y H E C.

II).- REGULANDO los honorarios profesionales del Dr. E M en la suma de PESOS nueve mil ($ 9.000) con cargo a su defendido M H M (Art. 489 C.P.P. y arts. 7 y 8 de la Ley 2.200, Reformada por la Ley 4335).

III) REGULANDO los honorarios profesionales del Dr. G G. D M en la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000) con cargo al imputado M H M (Art. 489 C.P.P. y arts. 7 y 8 de la Ley 2.200, reformada por la Ley 4335).

IV) REGISTRESE, notifíquese por su pública proclamación (Art. 359 del C.P.P.) y firme que sea, comuníquese y emplácese al condenado M H M para que en el término de DIEZ (10) días haga efectiva la suma de Pesos Cincuenta ($ 50) en concepto de Tasa de Justicia (Ley 4438 modificada por la Ley 1806 -texto decreto 1345/91 art. 6°), haciéndosele saber que de no abonarse en dicho plazo, será intimado su cobro con una multa del cincuenta por ciento de la tasa omitida (Art. 13 Ley 4438).

Fdo. Leonardo M. Pitcovsky - Presidente de Cámara; Patricia G. Mallo - Juez de Cámara - Silvia Susana Martos - Juez de Cámara; Ante Mi: Diego Ariel Trad - Secretario De Refuerzo - Cámara Criminal Pto. Madryn".

REGISTRADA BAJO EL N° 36/07. CONSTE.