marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, reglamentación de la ley, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: MOGLIA,     EMANUEL c/ MIRAZONES    S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

Teniendo especialmente en cuenta el indispensable tiempo que comprensiblemente requiere la emisión por parte del empleador de un certificado de trabajo, resulta razonable que el art. 3 del decreto 146/01, tendiendo al cumplimiento del art. 80 L.C.T., otorgue un plazo de 30 días para que el principal pueda cumplir con sus disposiciones. Luego, una vez vencido tal lapso y si el empleador no entregó los instrumentos pertinentes, el trabajador se encuentra habilitado para requerir el cumplimiento de tal obligación intimando por el plazo de dos días hábiles que prevé el decreto. (Del voto de la Dr. García Margalejo, en mayoría).
Defensa en juicio, acceso a la justicia, privación de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Transportes Automotores Chevallier  SA c/ Buenos Aires, Provincia de s/ incidente.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

La garantía constitucional de la defensa en juicio impone la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia, por lo que la privación de justicia se presenta cuando se impide el ejercicio del derecho amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional, pero no cuando no se han agotado las vías que razonablemente ofrecía el ordenamiento procesal.
Acción de amparo, resoluciones inapelables, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: MENDEZ, CARLOS c/ POLICIA FED. ARG. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

Son inapelables en el juicio de amparo las resoluciones por las que el juez declara su competencia, ordena librar el oficio previsto por el art. 8 de la Ley 16.986 y deniega una medida cautelar (art.

15, ley citada).
Intereses, allanamiento, facultades del juez, tasas de interés, reducción de oficio
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDITO LINIERS c/ USANDIVARAS MARCELO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Resulta procedente la pretensión de liquidar intereses al 20% anual comprensivo de punitorios y compensatorios, mediando allanamiento.

En tal circunstancia, no corresponde que el órgano judicial disponga la reducción "ex oficio" de los intereses, puesto que la facultad correctora de los jueces en esta materia, encuentra fundamento en la nulidad relativa del acto, por lo que sólo puede ejercerse y decretarse a instancia de parte, dado que no se halla en juego el orden público ni puede decirse que se lesionen las buenas costumbres.
Seguros, riesgo asegurable, valor tasado
Materia: COMERCIAL
Carátula: PATRIA  CIA.  DE SEGUROS GRALES. S/LIQUIDACION S/INC. DE REVISION POR VALLE, R. s/ INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

En caso de duda, se presume que esta forma de contratación (a valor tasado), no existe; así por ejemplo cuando para determinar la suma asegurada se valúan las distintas cosas comprendidas, o cuando se convienen las bases para determinar el valor.
Impuesto de sellos, pago de tributos, mora, multa tributaria, repetición de impuestos, prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: TERCENO, José Luis c/ E.N. (D.G.I.) s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-20

En la Ley de Sellos la posibilidad de repetir los respectivos importes deberá centrarse bien en la comprobación de haber acaecido la infracción bajo circunstancias no imputables, bien en la demostración de error excusable (conf. art. 75).
Empleados públicos, remuneración, reducción salarial
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Raña, Luis Ángel c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-09-15

De modo coincidente con el dictamen del Procurador General de la Nación en el fallo "Guida", señalo que "admitido que el Estado puede disminuir la remuneración de sus agentes -salvo que la Ley fundamental expresamente garantice su intangibilidad-, aquéllos no tienen un derecho subjetivo al mantenimiento del monto remunerativo. Ello, claro está, en la medida que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución"
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, accidentes de trabajo, enfermedades inculpables, incapacidad laboral, indemnización por incapacidad, empleados públicos, prescindibilidad
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Barreto, Eulalio c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que determinó que en la base del cálculo de la indemnización del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo debían computarse los salarios que hubiese debido percibir el actor a la fecha del pago de la última cuota de la indemnización establecida por la ley 21.274, omitiendo considerar los argumentos de la demandada en el sentido de que el distracto se produjo en el momento en que fue notificada al actor la prescindibilidad y que, consecuentemente, el período posterior de seis meses durante el cual se pagaron las cuotas respectivas, era irrelevante a los fines del cómputo del salario base de la indemnización por incapacidad.
Banco central, delegado liquidador, relación de dependencia, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: TEDESCHI, Sandra c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

No resulta configurada la dependencia emergente del art. 2 de la LCT (en su excepción) en relación a la subdelegada liquidadora que se desempeñaba en el Banco Central, pues el hecho que el banco haya suscripto el CCT 18/75, en nada modifica la situación toda vez que la vigencia de la LCT se limitaría a aquellas personas que no se incorporan para la realización de una actividad esencial delegada que los equipara a funcionarios. (Del voto del Dr. Corach, en minoría).
Leyes, régimen de consolidación de deudas, Estado Nacional
Materia: ECONOMIA
Carátula: "Verzeñassi,  Oscar  Manuel  -Butta Eduardo E.- Maffeis O. y otro c/ "Estado Nacional- Mº de Justicia- s/ Empleo Público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-16

En la medida que por el art. 1 de la ley 25.344 se dispone que la consolidación de las obligaciones que por él se establece lo es "con los alcances y en la forma dispuesta por la ley 23.982", ella alcanza a los accesorios de una obligación consolidable (conf. art. 1, inc. d) del Capítulo V de la ley 25.344 aprobada por el art. 4 del decreto 1.116/00-Anexo IV-), ya que implica la novación de la obligación original y de cuaquiera de sus accesorios, así como la extincion de todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones por parte del Estado Nacional -ampliamente considerado- pudieran provocar o haber provocado, tal como lo establece el art. 17 de la ley 23.982, que fue expresamente declarado como incorporado al régimen de consolidación de la ley 25.344 por el art. 3, inc. b) de la reglamentación que fuera aprobada por el decreto 1.116/00, el cual, por otra parte, en su art. 9, establece que la consolidación también alcanza a "[l]os efectos no cumplidos de las sentencias [...] dictadas [...] con anterioridad a la promulgación de la ley respecto a obligaciones consolidadas, aunque hubiesen tenido principio de ejecución, o sólo reste efectivizar su cancelación" (inc. a) y a "[l]os saldos a cargo del Estado Nacional, que se prevén en el art. 22 de la ley 23.982" (inc. c) (esta Sala "Naumann" del 15/3/01 y "Sauch" del 17/7/01) (Cons. IV).
Derechos reales, prescripción adquisitiva, posesión
Materia: CIVIL
Carátula: E.F.A. c/ Alejandro  Goralli e Hijos y/o Subinquilinos y ocupantes del inmueble ubicado en la Estación José C. Paz s/ Desalojo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

Es sabido que la prescripción larga respecto de los derechos reales está fundada sobre la posesión de la cosa, no interesando - en tanto se la tenga "animus domini" - la falta de convencimiento sobre la perfección del título o la conciencia de que no se es propietario o, la de que se es propietario sujeto a condición o por un título imperfecto o semi pleno.
Recurso extraordinario, tercera instancia, proceso penal, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ventura, Vicente Salvador y otro s/ contrabando -causa nº 9255-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-22

La pretendida absolución con sustento en el principio in dubio pro reo supone que luego de la consideración de las pruebas del caso se genere en el Tribunal la falta de certeza que lleve a esa conclusión, actividad ésta propia de los jueces de la causa y que no puede ser suplida por la Corte al modo de un tribunal de tercera instancia (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G.O.O. c/ S. L. B. s/ Divorcio Contradictorio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

El incumplimiento del débito conyugal importa una grave violación a los deberes derivados del matrimonio, una inobservancia deliberada y conciente de sus deberes personales emergentes del vínculo matrimonial que conducen a tener por configurada la causal prevista por los artículos 202 inciso 4 y 214 inciso 1 del Código Civil.
Pago, prueba, recibo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Trincado, Roberto c/ Graciela Concepción Cortéz y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-02-04

En materia cambiaria el recibo deja de ser típico y adquiere carácter excepcional. En tal sentido una aplicación rigurosa de los principios llevaría a admitir como única prueba idónea del pago la tenencia por el deudor del título de su deuda, o bien la constancia asentada en el mismo. En la práctica los hechos llevaron a la atenuación de este rigorismo legal, terminándose por aceptar los recibos como prueba cancelatoria, siempre que la imputación a la deuda esté hecha con una designación suficientemente precisa.
Recurso de queja (procesal), recurso de apelación (procesal), efecto suspensivo
Materia: LABORAL
Carátula: Bracco, Marina Viviana por si y sus hijos menores:Magdalena y Juan Manuel Cal c/ EL CICLON DE BANFIELD SRL y Otro s/ Cobro de  Pesos - Recurso de Queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-03-31

Esta Sala ha dicho que en los supuestos de que la resolución no se trate de sentencia definitiva ni de resolución suceptible de poner fin al juicio, la finalidad de evitar diligencias y trámites que eventualmente puedan llegar a invalidarse, es fundamento suficiente para otorgar al recurso el efecto suspensivo que se interesa.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, recusación, jueces, DEBER DE ACTUAR CON INDEPENDENCIA DE CRITERIO, sentencia, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: S., V. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INCIDENTE DE RECUSACION - ESTAFA (EXPTE .: C.S.J. NRO. 378 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-18

Si bien es cierto que en numerosas oportunidades esta Corte ha sostenido, en consonancia con el más alto Tribunal de la Nación, que aquellas resoluciones que rechazan un planteo recusatorio no resultan, en principio, sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, también lo es que el alegado óbice formal se ha superado en circunstancias en que la cuestión relativa a la separación del juez de la causa "... se halla íntimamente vinculada a una garantía constitucional, por lo que erigir tal carácter en obstáculo a la viabilidad del remedio extraordinario importaría tanto como tornar inoperante la garantía comprometida"; o "... cuando los planteos en análisis permiten inferir una cuestión de gravedad institucional que supera los meros intereses individuales de las partes, la intervención de la Corte se justifica y la superación de los obstáculos formales se torna insoslayable".

En el sub iudice, el fallo impugnado tiene carácter definitivo, aún cuando no se pronuncie de modo final sobre el hecho imputado, pues de los antecedentes de la causa surge que el ejercicio imparcial de la administración de justicia se encuentra tan severamente cuestionado que el derecho de defensa comprometido exige una consideración inmediata en tanto constituye la única oportunidad para su adecuada tutela. (De la Ampliación de Fundamentos de los Dres. Erbetta y Gastaldi)
Costas, interés concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: Balpalá Construcciones  S.A. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05

Corresponde distribuir las costas por su orden, dado lo controvertido y complejo de las cuestiones planteadas.
Honorarios del abogado, honorarios extrajudiciales, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: PALLACHE, Jorge c/ TESTA, Domingo Juan Carlos s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

Teniendo en cuenta el trato especial que se crea entre abogado y cliente, basado en la probidad y la franqueza, como así también en la forma en que generalmente se concierta, ejecuta y termina el vínculo contractual motivante de la labor extrajudicial, parece lógico, en principio, si hubiera controversia entre ellos, deba admitirse toda clase de pruebas, como asimismo que su valoración se haga con un criterio amplio.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, proceso contravencional, prueba, dosimetría alcohólica
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: GIORDANO, JUAN PABLO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-05-20

Corresponde rechazar la queja interpuesta en tanto los agravios del recurrente sólo traducen su discrepancia con la forma en que fueron apreciados y fijados los hechos y las pruebas en la causa sin demostrar la decisividad de los mismos para abrir esta instancia de excepción. En efecto, insiste en que le fue imposible determinar cuál fue el aparato en el que se basó el inspector para determinar el grado de alcoholemia que sustentó la sanción, y que ello le impidió ejercer el derecho de defensa -dado que no le permitió realizar la pericia correspondiente para determinar si el supuesto aparato estaba aprobado y homologado por autoridad competente-, mas sin hacerse debidamente cargo de que la Juez municipal ordenó, antes de resolver, oficiar a la Secretaría de Control a los fines de que informe y documente constancia de aprobación y/u homologación por el INTI del alcoholímetro utilizado en los operativos de control y certificado de calibración, como así también el tipo, marca y número de serie y fabricante del aparato utilizado para la medición del grado de alcohol en sangre, informe que sirvió de base para la decisión administrativa.
Contrato de trabajo, causa de las obligaciones
Materia: LABORAL
Carátula: R.T., C.S. y Otro c/ M.A. SA y/u Otro s/ Demanda Laboral -Diferencia de Haberes-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-09

Se generarán del contrato de trabajo obligaciones para ambas partes, siendo éste junto con la ley la causa de las mismas; una de ellas el pago de la remuneración, su contrapartida la prestación del servicio personal. Creer que el pago del salario es una obligación independiente que reconozca otra causa fuente independiente y/o ajena al propio contrato de trabajo, es confundir reglamentaciones y/o acuerdos de partes respecto de su quántum, que son sólo enmarcadas específicamente en el ámbito del derecho laboral.
Facultades de la autoridad de prevención, allanamiento domiciliario, ampliación del objeto de la pesquisa, secuestro de estupefacientes, bienes distintos a los de la orden
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: López, Juan Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

En la ejecución de la orden de allanamiento la policía se topó sorpresivamente con elementos demostrativos de la comisión de otro delito -tenencia de estupefacientes procediendo a incautar la droga encontrada, la cual fue hallada en lugares donde razonablemente podías encontrar armas, uno de los objetivos de la orden de allanamiento-. Dicha medida se ajusta a la doctrina del "plain view", ya que no se exorbitó la búsqueda fuera de los lugares donde razonablemente se podían encontrar armas y, a simple vista, los elementos secuestrados -estupefacientes- constituían evidencias respecto a la eventual comisión de otro delito. en estos casos, la policía tiene la obligación de secuestrar el material vinculado con éste. (Voto deln Dr. Fégoli, adhieren los Dres. Mitchell y David).
Recurso de casación penal, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ARANDA RAUL HORACIO s.d. VIOLACION e.p. OCARANZA YESICA LORENA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-28

Si el agravio casatorio está referido a testimonios viciados o sospechados de nulidad hay que tener en cuenta que las declaraciones de los testigos deben ser valoradas por el juzgador, en primer término, sobre la base de su contenido en relación a las demás probanzas reunidas, teniendo en cuenta que en la materia rige el método de interrogación judicial libre y de oficio, que permite indagar al juzgador respecto de la mendacidad o intencionalidad en que pudiera incurrir el testigo. Por ello el testigo debe ser cuestionado por sus declaraciones y la incidencia que las mismas tuvieron en la sentencia, y no por la calidad que el mismo reviste.
Abuso deshonesto, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: REPP, PEDRO BENITO s/ ABUSO DESHONESTO CALIFICADO- AMENAZAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-05

En el sub-judice (en el análisis del testigo único) operan dos circunstancias: la primera es que en un sistema probatorio como el nuestro, en el cual la prueba debe ser apreciada conforme las reglas de la sana crítica racional, un solo testimonio segun los casos, puede constituir prueba suficiente de un ilícito. Ello dependera de las circunstancias concretas de cada proceso. Ademas, y en segundo término, debe tenerse muy en cuenta que los delitos contra la honestidad se llevan a cabo o se consuman sin testigos presenciales en la mayoría de los casos, y sitios o lugares a los cuales los terceros no tienen fácil acceso.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Russo José Luis c/ Consorcio Uta II s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-08

La resolución que hace lugar a la nulidad de otros proveídos no se encuentra comprendida en los supuestos recurribles del art. 494 del Código Procesal, para los juicios que tramitan por vía sumaria, por lo que resulta inapelable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Denegatoria del recurso, mutuo comercial, concurso preventivo, cesión de créditos
Materia: PENAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SA en autos Expte. 049/12 -FRATELLI SRL c/  s/ Concurso Preventivo - s/ Recurso de Revisión - s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2016-07-28

Corresponde desestimar las quejas y rechazar el recurso de casación interpuesto por la impugnante quien aduce que los certificados de obra no transmiten el derecho al cobro, habida cuenta que el banco acreedor no puede presentarse a cobrarlos por falta de factura, deviniendo insuficientes para justificar el derecho real de prenda, pues conforme surge de las constancias de autos, la concursada recurrente celebró con el banco acreedor un contrato de mutuo con garantía de cesión de certificados de obra, es decir, una cesión de garantía cuya finalidad era asegurar el cobro de su acreencia, que constituye un negocio indirecto de garantía autoliquidable, sobre un crédito, al que se le aplican por analogía las normas sobre la cesión y prenda de créditos (Lorenzetti, R., Tratado de los Contratos, T. II, pag. 77) al ser esta la única garantía típica que se adecua a las características fácticas del negocio (Rivera, J.C.; Cesión de Créditos en garantía, Estudio de Derecho Privado-1984/2005-pag.501);pero para que exista dicha prenda la misma debe celebrarse por escrito, notificarse al deudor cedido y el art. 3209 del CC en su antigua redacción, aplicable a autos, exige también como recaudo la entrega al acreedor del título en el cual conste el crédito. En el caso de autos, no quedan dudas de que el certificado de obra pública es el título donde consta el crédito objeto de la prenda, y toda vez que de las constancias de la causa y de los propios dichos del recurrente surge claro que se ha acreditado el cumplimiento de cada uno de los requisitos mencionados, resulta innecesaria la presentación de facturas a las que alude el impugnante. (Del voto del Dr. Cáceres al que adhieren los Dres. Cipitelli y Sesto).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Stoppo Sergio Gerardo y otros c/ Ramos Pacheco Freddy Teofilo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

El riesgo anestésico y el deber elemental de controlar el estado del paciente anestesiado son dos elementos que deben inexorablemente sumarse si se trata de obrar de manera apropiada en la prestación del médico. En el caso, si restamos el monitoreo, si se prescinde del aparato que estaba en el sitio y para más se prueba que la no utilización permanente y estable del estetoscopio, es concluyente la existencia de impericia manifiesta.
Delitos contra la libertad individual, tipo penal, amenazas, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: F., R. R. c/  s/ violación de domicilio, amenazas; coacción; amenazas-tres hechos; amenazas y lesiones agravadas por la relación de pareja previa y por constituir violencia de género; coacción; coacción con arma; robo, coacción todo ello en concurso real en perjuicio de L., C. G.; F., R. R. por  amenazas- dos hechos; daños en concurso real en perjuicio de S., A. R.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-21

La acción típica del delito de amenazas, consiste en anunciar a una persona, y con el propósito de infundirle miedo, un daño futuro que recaerá sobre la víctima o un tercero. El tipo se perfecciona siempre que la amenaza sea idónea, sin que resulte necesario que se cause un efecto, ya que alude al que hiciere uso de éstas para amedrentar o alarmar al sujeto pasivo. Además para que se configure la figura, el mal que se anuncie debe ser grave, injusto, posible y futuro con idoneidad suficiente para intimar y dependa de la voluntad del agente causar por acción u omisión un daño.

Al tratarse de un contexto de violencia de género, no puede presumirse, jure et de jure, que cuando medie una discusión acalorada las amenazas que en ese contexto se viertan sean atípicas, pues esa circunstancia fáctica no hace que desaparezca automáticamente el elemento subjetivo de la figura, ni que la parte acusadora no pueda probar lo contrario, no obstante que podría ser considerada como un indicio de la falta de intención. Será facultad del juez de mérito determinar, en función de la valoración de las probanzas arrimadas a la causa, si efectivamente aquel elemento se verifica conjuntamente con los demás que configuran el tipo de amenazas, a fin de subsumir la conducta en esa figura.