Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-09


SENT Nro. 433 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 09 DE JUNIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por en autos: "Olivera, Angel Gustavo vs. Gama Metal S.R.L. s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 260/265, la parte actora plantea recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, de fecha 19 de abril de 2002, obrante a fs. 253/254 vta. de autos, que es concedido por resolución del referido tribunal de fecha 4 de julio de 2002 (cfr. fs. 266). Unicamente la parte actora, según surge del informe actuarial de fs. 277, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del CPT.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte Suprema de Justicia a través de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como tribunal del recurso casatorio, revisar el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario local realizado por la Excma. Cámara, cabe pronunciarse en este aspecto.

El recurso incoado resulta admisible, pues: a) ha sido interpuesto en término; b) contra una sentencia definitiva; c) el afianzamiento que prevé la ley del rito resulta innecesario por cuanto recurre la parte actora; d) la presentación recursiva se basta a sí misma; y, e) el recurso se fundamenta en la presunta transgresión a normas de derecho.

III.- Sostiene la parte actora para fundar su recurso de casación que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, al desestimar su pretensión de encuadramiento en la LCT y en el CCT Nº 260/75 aplicable a los trabajadores metalúrgicos, ha realizado un análisis arbitrario del cuadro probatorio, violentando los artículos 33, 34 y 40 del CPCC.

Se agravia porque el fallo omite considerar 72 fojas de prueba de la actividad metalúrgica de la demandada; acuerda valor preponderante a las declaraciones juradas de la accionada en la AFIP-DGI, ANSES, UOCRA, OSPECOM, sin tener en cuenta su actividad específica, ignorando el fallo plenario nº 36 de las Cámaras Nacionales del Trabajo; omite analizar la pericial contable de fs. 144/150, las facturas de fs. 152 a 205, la publicación de fs. 171/172, actas de fs. 133 a 135, todo lo cual acreditaría que la actividad de la demandada y las labores del actor, se encuentran abarcados por el Convenio Nº 260/75 y la LCT. Por otra parte, tampoco la demandada ha probado que su actividad fuera la construcción ni la realización de una obra civil como alegó en el responde.

IV.- La sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, sostiene que la cuestión litigiosa a resolver consiste en determinar si corresponde encuadrar al actor en la Ley Nro. 22.250 y en el CCT Nº 76/75, como lo dispuso su empleadora, o en la LCT y CCT Nº 260/75, como lo reclama el accionante.

Luego de citar a Etala quien señala las distintas hipótesis de encuadramiento sindical, destaca que la empresa demandada ha realizado aportes por el actor al Fondo de Desempleo (Ley Nro. 22.250; ver fs. 45 a 62 y 75); que entregó al mismo la libreta de percepción del Fondo (fs. 70/71); que en el ANSES figura inscripta en actividad de la construcción (declaración jurada; ver fs. 81/83); que las pasantías realizadas entre actor y demandada (ver fs. 89/90) se realizaron con intervención de la autoridad administrativa de fiscalización de éste último organismo y tareas correspondientes al CCT Nº 76/75; que las declaraciones ante AFIP-DGI, sobre IVA, es como "Construcciones no clasificadas en otra parte" (incluye galpones, tinglados, silos, etc.), concordantes con el formulario de "constancias de inscripción" de dicho organismo, según informe pericial contable del juicio: "Frías, Ignacio vs. Gama Metal (ver fs. 149, vta., renglones 2 a 10 inclusive; que los aportes sindicales y de la obra social se realizaron para la UOCRA y OSPECOM.

Correspondía al actor la carga de la prueba en este juicio de que se encontraba mal encuadrado en la actividad de la construcción regulada por la Ley Nro. 22.250 y CCT Nº 76/75, pero no produce prueba concreta y precisa.

El acta de inspección ocular en el taller, no es indicativa respecto de la actividad de la empresa como excluida del CCT Nº 76/75, ni menos incluida en el CCT Nº 260/75; ni tampoco que hubiera estado antes de sus tareas afiliado a la industria metalúrgica; ni tuviera una categoría específica (oficial múltiple - oficial- medio oficial - operario especializado múltiple - operario especializado - operario calificado - operario - peón), detallados en el artículo 6º del CCT Nº 260/75.

Con cita de fallos de esta Corte (números 396 del 06-5-96 y 793 del 21-10-98), tiene por concluido el contrato entre las partes, pagadas las remuneraciones y entregado el fondo de desempleo por la empresa, todo ello de conformidad con la Ley Nro. 22.250 y el CCT Nº 76/75.

Hace lugar a la tacha del testigo Frías por tener interés directo en la causa y rechaza la demanda, absolviendo a Gama Metal S.R.L..

V.- De la reseña realizada se infiere que la cuestión de derecho en examen consiste en determinar el régimen jurídico laboral que corresponde aplicar en el presente caso y recién, conforme a lo resuelto, decidir sobre la procedencia o no de las diferencias salariales e indemnizatorias reclamadas.

El actor en su demanda pretende el encuadramiento en el CCT Nº 260/75 de los metalúrgicos, teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por la empleadora es la de un taller metalúrgico y que las tareas del actor eran las de pintor de las estructuras y demás mecanismos de hierro que fabricaba la accionada, correspondiéndole la categoría de operario especializado, con una remuneración horario de $1,95.

Por su parte la accionada sostiene que su actividad fabril estuvo exclusivamente dirigida a satisfacer la demanda de la industria de la construcción e invocando el artículo 1º de la Ley Nro. 22.250, considera al actor encuadrado en su régimen y en el del CCT Nº 76/75, conforme sus tareas de pintor; que el accionante se sometió voluntariamente al régimen de la construcción hoy objetado; y que desde el despido hasta la fecha de la interposición de la demanda transcurrieron casi 7 meses sin que el actor objetara la libreta del Fondo de Desempleo.

Para analizar la cuestión, resulta necesario transcribir el artículo 1º de la Ley Nro. 22.250, que expresamente dispone: "Están comprendidos en el régimen establecido por la presente ley: a) el empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de excavaciones, de construcciones nuevas o de modificación, reparación, conservación, o demolición de las existentes, de montaje o instalación de partes ya fabricadas, o de vía y obras. También está comprendido aquel que elabore elementos necesarios o efectúe trabajos destinados exclusivamente para la ejecución de aquellas obras, en instalaciones o dependencias de su propia empresa, establecidas con carácter transitorio y para ese único fin; b) el empleador de las industrias o de las actividades complementarias o coadyuvantes de la construcción propiamente dicha, únicamente con relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras o lugares a que se refiere el inciso a); c) el trabajador dependiente de los referidos empleadores que, cualquiera fuere la modalidad o denominación que se acuerde a su contratación o la forma de su remuneración, desempeñe sus tareas en las obras o lugares de trabajo determinados en los incisos a) y b). Como asimismo el trabajador que se desempeñe en los talleres, depósitos o parques destinados a la conservación, reparación, almacenaje o guarda de los elementos de trabajo utilizados en dichas obras o lugares".

Antes de analizar el dispositivo transcripto, se debe destacar que, a diferencia del derogado régimen de la construcción instituido por Ley Nº 17.258, en el que según Palau Posse (Actividades comprendidas en la Ley Nro. 17.258, DT, XXX-381), para determinar la inclusión o exclusión de ciertas relaciones laborales contractuales en dicho régimen, se requería de tres elementos básicos a saber: a) convención colectiva aplicable; b) lugar donde el trabajador desarrolla su actividad; y c) actividad específica del empleador; en el régimen instituido por la Ley Nro. 22.250, ninguna disposición legal permite identificar el ámbito de aplicación del convenio colectivo de trabajo de la construcción con el estatuto de la construcción, instituido por la referida Ley Nro. 22.250 (CNAT, Sala I, 27/3/91, DT, LI-B-1643).

Ello así, para determinar si el régimen de la construcción establecido en el estatuto regulado por la Ley Nro. 22.250, es aplicable o no al caso, conviene dejar de lado el ordenamiento convencional colectivo porque carece de relevancia, debiéndose poner el acento en otros elementos que la doctrina individualiza del siguiente modo: a) actividad realizada dentro de la industria de la construcción o para la industria de la construcción; b) calidad de empresario-empleador en la industria de la construcción; c) lugar donde el trabajador realiza sus tareas; y d) categoría laboral del trabajador (cfr. Marigo, Susana M y Rainolter, Milton A., "Personal de la industria de la construcción", La Ley Nro. 22.250 y su reglamentación, comentada, anotada y concordada; Astrea, Bs. As. 1994, pág. 8).

Desde esta perspectiva debe considerarse incluido en el régimen, conforme al artículo 1, inciso a): a todo empleador (persona física o jurídica) que, objetivamente, ejecute obras de ingeniería o arquitectura, describiendo en forma ejemplificativa y amplia las actividades que se consideran tales (construcción, modificación, reparación, conservación, demolición). El dispositivo también incluye al empleador que elabore elementos necesarios o efectúe trabajos destinados exclusivamente para la ejecución de aquellas obras (de ingeniería y arquitectura), en dependencias de la propia empresa, establecidas con carácter transitorio y solo para la ejecución de esa obra.

Ahora bien, la industria de la construcción, por la diversidad y magnitud de los insumos que requiere para funcionar como tal, depende de otras actividades económicas que técnicamente son ajenas a la construcción en sí misma, pero que concurren a su funcionamiento posibilitándola; éstas últimas, a su vez, dependen con frecuencia de la construcción para su subsistencia o desarrollo. Se trata de actividades complementarias o coadyuvantes de la construcción propiamente dicha.

Según esta idea, el artículo 1, inciso b) de la Ley Nro. 22.250, sitúa dentro de su régimen, al empleador de las industrias o de las actividades complementarias o coadyuvantes de la construcción propiamente dicha, pero no todas o en cualquier situación, sino "únicamente con relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar los trabajos en las obras o lugares a que se refiere el inciso a)".

Como sostienen Marigo y Rainolter (ob. cit. pág. 14/15), el dispositivo requiere de algunas explicaciones: a) la calidad de empleador de industrias o actividades complementarias o coadyuvantes lo es exclusivamente con relación al personal que contrate para ejecutar los trabajos en la obras o lugares del inciso a), (vale decir, no todo el personal vinculado contractualmente con dicho empleador); b) la calidad de empleador lo es solamente con relación al personal que se ocupe de la ejecución de ciertos trabajos; en este caso, la palabra "trabajos" no está utilizada por la ley en el sentido de prestación a cargo de los trabajadores, sino de la ejecución de obras o trabajos comprometidos por el empleador dueño de la industria o actividad complementaria o coadyuvante; c) el personal contratado por el empleador debe cumplir con su prestación laboral en la obra propiamente dicha o en las instalaciones o dependencias de la empresa constructora; y, d) la calidad de empleador lo es respecto del personal contratado para realizar trabajos que tiene por único fin satisfacer las exigencias de la construcción propiamente dicha y por ello mismo, tienen carácter transitorio, terminando la relación cuando concluye la obra.

En suma, los trabajadores en relación a los cuales el empresario de industrias o actividades coadyuvantes o complementarias puede adquirir el carácter de empleador comprendido en el régimen de la Ley Nro. 22.250, son los contratados exclusivamente para prestar servicios en los trabajos que el empresario se ha comprometido ejecutar en la obra (dentro de la construcción) o en instalaciones o dependencias anexas (obrador) con el fin de satisfacer necesidades constructivas de la obra y su contrato finaliza cuando concluye el trabajo comprometido por el empleador.

Por último, el artículo 1, inciso c) de la Ley Nro. 22.250, considera comprendido en el régimen al trabajador dependiente (cualquiera sean las formas contractuales y las modalidades remuneratorias) que desempeñe tareas en las obras o lugares de trabajo determinados en los incisos a) y b); vale decir que se circunscribe a las relaciones de trabajo en la construcción; también incluye expresamente a los trabajadores que se desempeñen en los talleres, depósitos o parques destinados a la conservación, reparación, almacenaje o guarda de los elementos de trabajo utilizados en dichas obras o lugares.

En mérito a lo expresado en los considerandos que anteceden, la determinación del régimen jurídico aplicable en el presente caso, depende de la configuración de la actividad desarrollada por el empleador, en las condiciones fijadas por la norma, lo que supone un análisis puntual de las circunstancias del caso, lo que no se advierte en autos.

Desde esta perspectiva, a partir de los hechos traídos por las partes al debate, corresponde a los jueces fijar el derecho aplicable, debiéndose desatender la afirmación del demandado de que la actora consintió con la aplicación del régimen jurídico de la construcción. Debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 34 del CPCC de aplicación supletoria al fuero, los jueces deben aplicar el derecho con prescindencia o contra la opinión de las partes, dando a la relación substancial la calificación que le corresponda y debiendo fijar la norma legal aplicable al caso.

Ello así, corresponde acoger los agravios del recurrente relacionados con el planteo que el fallo omite considerar pruebas referidas a la actividad específica de la accionada, en las condiciones establecidas por la normativa cuya aplicación se pretende, contenidas en el artículo 1º, incisos a) y b) de la Ley Nro. 22.250, habida cuenta que la demandada, según su responde, considera su actividad como complementaria de la construcción, siendo insuficiente las declaraciones juradas de la accionada en la AFIP-DGI, ANSES, UOCRA, OSPECOM bajo el régimen de la construcción, sin tener en cuenta su actividad específica y sin analizar si, en el caso, se configura fácticamente el condicionamiento legal establecido en la norma.

Por otra parte, tampoco la demandada ha probado que su actividad fuera la construcción como alegó en el responde.

En mérito a lo expresado, y sin que ello implique pronunciamiento sobre el régimen aplicable al caso y menos aún sobre la procedencia o no de las diferencias de haberes e indemnizaciones reclamadas, corresponde hacer lugar al recurso incoado por la parte actora, dejando sin efecto íntegramente la sentencia en recurso atento a las conclusiones nulificantes a las que se arriba, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, el fallo que soslaya el análisis de la actividad desempeñada por una empresa y para determinar si tratándose el referido empleador de industria o actividad coadyuvante o complementaria de la construcción propiamente dicha se encuentra comprendido en el régimen previsto por la Ley Nro. 22.250, omite analizar si, en el caso, conforme el plexo probatorio producido, se configura fácticamente el condicionamiento legal, previsto en el artículo 1, incisos a) y b) de dicho cuerpo normativo".

En consecuencia, corresponde remitir estos actuados a la Excma. Cámara del Trabajo, para que por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento, al respecto.

VI.- Atento al resultado arribado, proviniendo el vicio de la actuación del órgano, las costas de esta instancia casatoria deben ser impuestas por el orden causado.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conforme con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación, planteado por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, de fecha 19 de abril de 2002, obrante a fs. 253/254 vta. de autos; en consecuencia CASAR íntegramente la misma, conforme a la doctrina legal sentada en los considerandos, debiéndose remitir los autos al referido Tribunal para que, por la Sala que por turno corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO