Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03


SAVESKY, Jaime Noach contra JOSE JUAN YAPUR S.A.

Reg.: A y S t 208 p 375-378. Santa Fe, 3 de agosto del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los representantes de José Juan Yapur S.A. contra los autos 167 y 194 de fechas 21 de agosto y 10 de setiembre de 2003, respectivamente, dictados por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista en autos "SAVESKY, Jaime Noach contra JOSÉ JUAN YAPUR S.A. -Pedido de quiebra-(Expte. 248/01)" (Expte. C.S.J. nro. 546, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de la causa que mediante decreto del 3 de abril de 2001 el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Número Dos de Reconquista rechazó la revocatoria deducida contra los proveídos que, respectivamente, ordenaron liquidar el impuesto de sellos y pusieron de manifiesto la operación realizada por Secretaría.

Apelado que fuera tal pronunciamiento, el A quo -por mayoría- revocó tal decisión (fs. 18/20), considerando que no correspondía tributar la mencionada obligación fiscal por el instrumento adjuntado; y luego, ante la aclaratoria interpuesta, condenó en costas a la demandada (f. 24).

Y precisamente contra estas últimas resoluciones, los apoderados de José Juan Yapur S.A. dedujeron sus impugnaciones extraordinarias (fs. 25/32 y 33/44, respectivamente).

En los memoriales recursivos, tras un relato del trámite de la causa, adujeron que el fallo en crisis devenía arbitrario en los términos del artículo 1 inciso 3ero. de la ley 7055 por dos razones.

En primer término, endilgaron a la Cámara no haber tenido en cuenta que los agravios de la actora se habían dirigido incorrectamente contra la decisión que, a su vez, había rechazado la revocatoria y no contra los decretos primigenios.

Y, luego, sostuvieron que hubo un claro apartamiento de los artículos 167, 213, 211, 214, 174, 168, 171, 219, 237, 241 y 244 del Código Fiscal y los artículos 33 y 242 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que era exigible pagar el respectivo tributo aun cuando el acto jurídico se hubiere celebrado en otra jurisdicción si se promoviera una quiebra en ésta -tal como lo que sucedía en el "sub examine"-.

La referida impugnación fue denegada por el Tribunal a quo (f. 46); motivo por el cual el compareciente acudió por vía de queja ante esta sede (fs. 56/62).

2. Conforme a la ley que regula nuestro remedio extraordinario local, es carga del quejoso rebatir los fundamentos del auto denegatorio (artículo 8, ley 7055).

Es que, como reiteradamente se ha dicho, "... la queja es un recurso autónomo que debe cumplimentar a los fines de su recepción, recaudos formales propios, siendo fundamental el que se sustente en los fundamentos del auto denegatorio (A. y S. T. 35, pág. 451; T. 59, pág. 244; T. 92, pág. 121; T. 174, pág. 395, entre otros).

De allí que constituye carga ineludible para el impugnante rebatir los motivos expuestos por la Cámara al denegar el recurso, trayendo razones de peso en orden a desvirtuar la referida fundamentación, conforme lo prescribe el artículo 8 de la ley 7055 (cfr. A. y S. T. 39, pág. 122; T. 42, pág. 365; T. 58, pág. 304; T. 124, pág. 114; T. 181, pág. 348, entre otros).

En el caso, pese al esfuerzo desarrollado en su presentación directa, no pueden tenerse por debidamente desvirtuados los argumentos brindados en la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, quedando así incumplida la mencionada carga.

En efecto, el A quo consideró que no se determinó claramente ninguna hipótesis de arbitrariedad en abstracto y su conexidad con el caso en examen.

Frente a ello, el compareciente insistió con que el fallo de la Alzada "... viola el texto expreso de la ley de impuesto de sellos y efectúa una exégesis irracional de dicha norma, creando una hipótesis de arbitrariedad en concreto y deviene procedente la concesión del presente recurso de hecho, con el objeto de que se ordene la elevación de los autos para su tratamiento, ya que del resumen de lo que aconteció en la causa surge indefectiblemente que han sido vulnerados derechos y garantías constitucionales como la igualdad ante la ley y el debido proceso, y de acuerdo a la imperativa enseñanza que surge de los pronunciamientos de la Corte, todo tribunal al resolver sobre la admisibilidad formal del recurso debe tener en miras el deber insoslayable de respetar el acceso a la jurisdicción" (f. 61 vta.) sin precisar el liminar contacto de la arbitrariedad con el caso examinado y menos con la concreta violación de derechos y garantías constitucionales.

Sin perjuicio de que lo expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa de la queja, es dable señalar que, aún si se considerase cumplido en la especie el oportuno planteo y mantenimiento de la reserva constitucional y despejadas las dudas que genera la legitimación del recurrente, cabe adelantar, desde ya, que no se advierte cómo queda configurado en la especie un supuesto de arbitrariedad que habilite la apertura de la instancia extraordinaria.

Por cierto, y no obstante que no se hayan acompañado copias de la documental en cuestión y no se pueda precisar con exactitud su naturaleza jurídica, cabe poner de relieve que no está puesto en tela de juicio que el o los instrumentos cuestionados se suscribieron en la ciudad autónoma de Buenos Aires, debían ser cumplidos fuera de esta jurisdicción provincial y carecían de sellado.

Partiendo de tales presupuestos, el Tribunal a quo analizó el caso con base en las previsiones del artículo 167 del Código Fiscal, que en referencia al impuesto de sellos y en lo que aquí interesa prescribe como hechos imponibles las "... operaciones realizadas fuera de la jurisdicción de la Provincia, cuando de su texto o como consecuencia de los mismos, resulte que deban ser negociados, ejecutados o cumplidos en ella", agregando que si "... los instrumentos respectivos hubieran sido repuestos correctamente en las jurisdicciones de origen, podrá deducirse del impuesto que corresponde tributar en la Provincia de Santa Fe el monto ingresado en aquélla hasta el monto que resulte obligado en esta jurisdicción y siempre que refiera al mismo hecho imponible".

Y es a tenor de tales pautas, que en orden a analizar el control del cumplimiento de la correcta reposición de la documentación traída a la causa conforme a las prescripciones legales, la Cámara expresó que la "... circunstancia de que por un juicio universal como lo es la quiebra se debió presentar ante estos Tribunales no tornan al acto gravable, caso contrario todos los actos celebrados en otra jurisdicción por personas domiciliadas en esta provincia estarían sujetos a imposición, pues hipotéticamente podrían llegar a solicitar su verificación en caso de concurso o quiebra...." (f. 19).

Y, además, explicitó la razón por la cual consideraba inaplicable el dictamen emitido por la Administración Provincial de Impuestos en el presente caso.

El impugnante no ha logrado demostrar -siquiera liminarmente- que el razonamiento del A quo hubiera desbordado las posibilidades hermeneúticas con base a las cuales decidió el planteo en ejercicio de funciones propias y pudiera vislumbrarse una decisión arbitraria. Sus reproches en ese aspecto aparecen, entonces, como una mera discrepancia en la interpretación del artículo 167 del Código Fiscal y disposiciones concordantes, pero sin entidad constitucional.

También cabe agregar que carecen de sustento las alegaciones del quejoso en cuanto a la errónea dirección de los agravios de la contraria ante la Alzada; y ello es así en tanto aparece demostrado con suficiencia que el apoderado de Jaime Noach Savesky planteó en primera instancia reposición y apelación en subsidio en término y correctamente contra los decretos que ni siquiera liquidaban el importe que supuestamente debía pagar.

Por último, y en punto a la condena en costas -única cuestión desde cuya perspectiva el recurrente podría alegar gravamen concreto- no se demuestra tampoco arbitrariedad teniendo en cuenta su carácter accesorio y que, en principio, tales cuestiones no son susceptibles de impugnación con alcance constitucional según criterio reiteradamente expuesto por este Tribunal (A. y S. T. 44, pág. 349; T. 47, pág. 355; T. 81, pág. 273; T. 111, pág. 392, entre muchos otros).

Del mismo modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre dicha temática, tiene dicho que "... la cuestión de costas implica una materia procesal, de hecho y de derecho, no federal, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria contemplada por el artículo 14 de la ley 48..." (Fallos 240:28); que lo "...atinente a la imposición de las costas en las instancias ordinarias es una cuestión fáctica y procesal propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48..." (Fallos 308:1076).

En suma, el asunto -tal como ha sido traído a estos estrados- no es idóneo para franquear la vía extraordinaria instaurada, atento que queda comprendido dentro del marco de la ponderación que efectuara el A quo en torno a cuestiones de derecho fiscal, materia que ingresa en la esfera de las facultades de los jueces del proceso en las causas sometidas a su decisión, y por ende, a menos que se demostrare arbitrariedad - circunstancia que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, no acontece en el "sub lite"- no resultan susceptibles de ser revisadas por la vía de excepción intentada, desde que no compete a esta Corte al ejercer su jurisdicción extraordinaria, erigirse en una tercera y ordinaria instancia.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)