marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FRIGORIFICO REGIONAL VILDOZA c/ HUGO NAVARRO A. s/ Ordinario (LIBRO: A064 - 023)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-08-10

Al plantearse el incidente de nulidad debe indicarse concretamente cuál es el interés jurídico, no supliendo esa omisión, la simple referencia "de que no puede fundar su recurso", ya que no existen nulidades en el solo interés de la ley.-
Acto administrativo, desviación de poder, razonabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonio Sarra Pistone c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Mendoza (hoy Unidad de Control Previsional) s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2001-05-24

La desviación de poder opera cuando se dicta un acto administrativo teniendo en miras un fin personal, cuando se desvía el objeto para el cual el acto debe ser dictado, cuando se excede en el marco de razonabilidad.
Cosa riesgosa, cosa inerte, carga de la prueba, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: C. F., S. Y OTS. c/ ESTABLECIMIENTO EL PEHUAL S.A. s/ D. Y P
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-04-01

Tratándose de una cosa inerte no rige la presunción de causalidad dañosa que generan las cosas en movimiento, ya que por lo general juegan un rol meramente pasivo, insusceptible de disparar, sin más y por el solo hecho del contacto material, la responsabilidad objetiva de su dueño o guardián. En consecuencia, cuando la cosa es inmóvil por naturaleza, e igualmente participa en el evento de daño, corresponde a la víctima dar prueba del rol activo que ha desempeñado no obstante su inercia, lo que equivale a dar cuenta de su "comportamiento anormal".
Prueba documental, competencia penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VERON DE GONZALEZ MARGARITA c/ DE ANTONI CARLOS A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

El hecho de que se haya declarado prescripta la acción no presupone que las actuaciones del sumario queden invalidadas y no pueda adoptárselas como elementos de juicio para decidir el pleito en sede civil.-
Nulidad del acto jurídico, principio de congruencia, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: V., F. M. s/ Lesiones leves agravadas s/Casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-04-30

El tema no tiene ninguna relación con la profusa jurisprudencia y doctrina legal expuesta por el señor Juez relativa al principio de congruencia, cuyo contenido es inútil para resolver el caso en tanto, en su conceptuación clásica, este hace referencia a la necesaria identidad o similitud esencial entre el hecho de la acusación y el de la sentencia. Entonces, dado que en el caso no se llegó a la segunda cuestión planteada -si el hecho existió-, ni siquiera ha existido la posibilidad de analizar si tal regla ha sido violentada. El hecho de la acusación siempre fue el mismo, mientras que el problema denunciado se liga a la corrección o precisión de la acusación, como pieza procesal que se repite, para reprochar determinado acontecimiento ocurrido en el mundo de la naturaleza que incluya al imputado como partícipe, comprensible para él para los fines del ejercicio de su defensa y el ofrecimiento de la prueba que entienda favorable. Como se ve, esto no tiene que ver con la garantía constitucional mencionada. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia).
Incapacidad absoluta, dirigente gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Félix Eduardo c/ Transportes Aut.tores Lanús Este S.A. s/ Acción de reinstalación y cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

Configurando la situación prevista en el art. 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo uno de los modos de extinción del contrato de trabajo, resultan de aplicación a los trabajadores a que se refiere el art. 48 de la ley 23.551 las previsiones del art. 52 de dicho cuerpo legal.
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Jones, Mónica Leticia c/ Nell Ros Cosméticos S.R.L. s/ Indemnización por preaviso, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-09-05

No es procedente el recurso interpuesto contra la sentencia del a -quo que considera que no existió relación de dependencia. Ello así, ya que aún cuando relaciones como la presente puedan presentar notas que permitan considerarla como relación laboral auténtica (art.21 y 22 de la ley de Contrato de Trabajo -20744-), ésta no puede llevar a tal conclusión por cuanto existe un elemento fundamental, cual es la ajenidad de la prestación que supone que en la actividad por cuenta ajena los resultados de ella pasan a ser propiedad de aquél, por cuenta del cual el trabajo se ejecuta y los riesgos derivados de la ejecución recaen también sobre el mismo, y tal extremo no se da en el presente, en tanto la actora debía comprar al demandado los productos para la venta con lo que la asunción del riesgo no existe para el accionado.
Competencia contencioso administrativa, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, acto administrativo, regalías comerciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Petrobras Argentina S.A. c/ Provincia de Salta s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-02-05

Si el objeto de la demanda contra la Provincia de Salta consiste en obtener la nulidad del Decreto dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, que agotó la vía administrativa y asimismo, la devolución de la suma que le abonara bajo protesto en concepto de diferencia de regalías correspondientes diversos períodos, corresponde hacer lugar al recurso de apelación del actor y declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Primera Nominación para conocer en autos.

Los tribunales nacionales no pueden resolver sobre la validez o inconstitucionalidad de tributos locales cuyo cobro persigue en juicio de apremio ante la justicia provincial. Ello, sin perjuicio que esa cuestión sea traída a su conocimiento por el recurso del art. 14 de la Ley 48 o por devolución de lo pagado indebidamente ya que, al menos en principio, el juez llamado a conocer de la demanda es necesariamente el de las excepciones que desea oponer el demandando. Si alguna de éstas consistiera en que la ley que se trata de aplicar fuera repugnante a la Constitución Nacional o a las leyes nacionales, el medio legal de traer el caso ante la Corte Suprema es el recurso federal, pues la cuestión exige el tratamiento de instituciones de derecho público local y de los actos administrativos dictados por la autoridad provincial con arreglo a ellos.

Que la jurisdicción federal lleva el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal en causas relacionadas con la Constitución, tratados y leyes nacionales, así como las concernientes a almirantazgo y jurisdicción marítima, de modo que su ejercicio queda reservado a aquellas causas en que esté en juego directamente el interés federal, concreto, objetivo y con entidad suficiente. Mas se excedería este propósito si, bajo la argumentación de que se vulnera el régimen federal de hidrocarburos, se examinara el procedimiento establecido por la provincia para otorgar concesiones de explotación, transporte y distribución de hidrocarburos, y para conceder prórrogas de las concesiones existentes, es decir, el conjunto de los actos que a esos efectos deben nacer, desarrollarse y consumarse dentro del ámbito estrictamente local", conclusión que corresponde hacer extensiva en torno a la facultad de la Provincia de determinar y exigir las regalías, como ocurre en el caso de autos. (Del voto en mayoría del Dr. Cornejo, Dras. Bonari, Ovejero Cornejo, Dr. Samsón).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, despido indirecto, trabajador, ius variandi
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: BERGERO, VALERIA SILVIA c/ LABORATORIO DE PATOLOGIA Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 332 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-08

Corresponde rechazar la queja desde que los argumentos utilizados por el Tribunal en orden a evaluar si habían estado acreditadas las diferencias salariales -que lo llevaron a verter consideraciones sobre las tratativas conciliatorias, o sobre las modificaciones de elementos propios de la relación laboral a fin de sopesar el juego de presunciones legales- no pueden verse como una variación en los términos en que fuera trabada la litis ni como un exceso en los límites revisores del Tribunal de Alzada.

En efecto, para decidir como lo hizo consideró el Tribunal que la cuestión sometida a juzgamiento era elucidar si la trabajadora consintió o resistió el cambio en las modalidades de trabajo, remarcando la falta de elementos de convicción que evidencien su oposición, por lo cual juzgó, en definitiva, que la demandada había ejercido el "ius variandi" siendo aquél el verdadero motivo del pago de una remuneración inferior; y que, en consecuencia, no resultaba deudora de las diferencias invocadas por la actora como causal de despido indirecto en tanto había consentido aquéllas modificaciones.
Abogados, recursos, honorarios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Re, Francisco Rosario c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-18

Sin perjuicio del derecho que asiste al letrado de apelar en los términos del art. 244 del C.P.C.C. una vez regulados sus honorarios, ha de concluirse que el recurso fue mal concedido si fue interpuesto contra la resolución del a quo que supeditó dicha regulación a la previa discriminación de los montos adeudados en concepto de capital e intereses. Ello así, por cuanto las normas de rito no prevén ese remedio contra las diligencias previas tendientes a determinar la base de regulación. (Del voto del Dr. Fasciolo, al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, pena
Materia: PENAL
Carátula: R., C.H. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-12-29

La prolongación en el encierro de una persona que es inocente, sin perjuicio de la condena independiente, tiene que valer más, en los cómputos de la única sentencia, porque está regida por una ley más favorable. Si cada día de prisión se computará como uno en la sentencia única -no obstante la técnica de composición- y cada día de prisión preventiva se contará como dos, este cálculo y no aquél, deberá ser aplicado por los jueces de la ejecución.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no decisiva, voto en disidencia, proceso penal, imputado, antecedentes penales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., L. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO VICTIMA MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD APROVECHANDO SITUACION CONVIVENCIA PREEXISTENTE CON EL MISMO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-07

La Alzada, a la hora de analizar ciertos aspectos que a criterio de la Defensa llevarían a invalidar la sentencia de grado -inexistencia de antecedentes condenatorios no valorados a favor del imputado-, consideró que tal postulación perdía relevancia atento la gravedad de las circunstancias evaluadas al momento de fijar la pena, como fue la modalidad llevada a cabo para desplegar las conductas de abuso, el aprovechamiento y la vulnerabilidad en que se encontraban las menores, la coacción que ejercía el imputado para lograr su finalidad y seguir con las mismas y los daños psicológicos que dichas conductas provocaron en ellas; y frente a estos elementos ponderados por el Tribunal, perdía trascendencia la inexistencia de antecedentes condenatorios anteriores del inculpado ante la gravedad de lo señalado, cuya calificación legal seleccionada hubiera perfectamente permitido la imposición de una pena mucho más grave que la que se terminó imponiendo. (De la disidencia del Dr. Netri)
Ley penal más benigna, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., P.F. s/ Abuso Sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-01-30

El artículo 44 de la Constitución Provincial del Chubut, incorpora dos principios relacionados directamente, y de especial modo, con el trámite de las causas.

Ya no se trata sólo de consagrar la inviolabilidad de defensa en juicio, de exigir una sentencia fundada dictada por juez competente, sino que el constituyente se proyecta estableciendo claras y precisas instrucciones acerca de cómo debe constituirse el trámite penal, a fin de asegurar la realización de aquellos otros principios que lo conforman. La norma ordena en primer término, que aquella ley formal que resulta mas favorable al imputado, habrá de aplicarse siempre, para agregar, a renglón seguido, que todo proceso debe concluir en un término razonable.

Benignidad y razonabilidad se constituyen, así, en preceptos de aplicación obligada, en lo que al comportamiento del aparato punitivo atañe en clave de tiempo. Y estos mandatos son dirigidos a los Jueces y Legisladores, por cuanto unos u otros deberán resolver el concepto de razonabilidad en cada caso los primeros, y en general por los segundos, y determinar, también, el modo en que se aplicarán las normas que favorezcan al imputado.
Medidas cautelares, medida de no innovar, fraccionamiento de vinos
Materia: PROCESAL
Carátula: PODESTA BACIGALUPO Y CIAIC  S.R.L. c/ ESTADO NACIONAL s/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15

Atento que mediante acción ordinaria se ataca la constitucionalidad del art. 1 de la ley de fraccionamiento de vinos que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso por el cual se lo sustituye, propiciando que se aplica hasta el 31 de diciembre de 1985 su vigencia, y habida cuenta, asimismo, el peligro que lo demora pudiera ocacionar resultan acreditados los extremos para que proceda la medida de no innovar, y se sigan otorgando permisos para fraccionamiento de vinos con envases mayores a 1500 cm3 a la actora.
Protección de la imagen, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: La Fuente, Estela s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-26

El art. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual sólo forma parte del conjunto de disposiciones generales sobre las que legisla, y no supone descripción típica delictiva alguna conminada con pena; si bien que reconoce el derecho subjetivo y personalísimo de protección de la propia imagen. Materia ésta privativa del derecho civil, no obstante su regulación dentro de la Ley de Derecho Autoral sustentada básicamente en el acto creador. Contribuye a este aserto la circunstancia de que el mentado artículo 31 no exige que la prohibición recaiga sobre una obra -retrato- que sea efectivamente una creación intelectual; pues con o sin calidad artística, o sin ser original o novedosa, la imagen resulta igualmente tutelada por esa norma. Y porque ante la colisión de intereses que podría llegar a suscitarse ante el autor de la fotografía artística y la persona allí representada (derecho de publicación y derecho de prohibición, respectivamente) la ley privilegia el derecho moral del retratado sobre el derecho intelectual del retratante, suplantando el derecho de inédito del segundo por el derecho personal que le asiste al primero de prohibir que su imagen se publique (voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Emergencia económica, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Del Valle, Jorge c/ Provincia de Tierra del fuego s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-02-15

En consideración al caso que nos trae, nos debemos preguntar si se ha desnaturalizado el derecho que ha sido objeto de restricción. Si se ha frustrado, es decir se ha desconocido un derecho. Considero que no, que lo que ha operado es una razonable restricción que implica, por otra parte, una suspensión en el goce total del mismo, por un tiempo determinado, y en un porcentaje que, dada la realidad económica y social del contexto en donde se produce, es justificable.	El caso líder sobre esta materia es el fallo en la causa Ercolano contra Lanteri de Renshaw (Fallos, 136:164), en el cual se discutió la validez de la ley de alquileres y en el que la Corte Suprema de Justicia, después de un luminoso estudio dijo ... Hay restricciones a la propiedad y a las actividades individuales cuya legitimidad no pueden discutirse en principio, sino en su extensión. Esto no es otra cosa que entender un justificado aminoramiento en el derecho. (del voto del Dr. Hutchinson).
Proceso penal, acción civil, actor civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GNAVI, HUMBERTO ANIBAL s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1971-10-05

La calidad de titular de la explotación del establecimiento en donde se desarrollaron las maniobras defraudatorias, invocada en el escrito de constitución, quedó reconocida al no mediar oposición de la parte en el proceso fundada en el desconocimiento de esa calidad, sin perjuicio de que posteriormente se discutiera si a esa calidad le corresponde la indemnización por el daño derivado del delito.-
Actos ilícitos, responsabilidad civil, daños y perjuicios, indemnización, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Constructora Barcalá S.A. c/ Banco Central de la República Argentina s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

El punto de partida del curso de la prescripción acontece cuando sucede el hecho ilícito que origina la responsabilidad, pero, excepcionalmente, si el daño aparece después, la acción resarcitoria no nace hasta ese segundo momento pues no hay resarcimiento si el daño es inexistente.
Tenencia ilegítima de armas de guerra, arma descargada
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Raúl Oscar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-20

El delito de tenencia ilegítimade arma de guerra previsto y reprimido por el art. 189 bis, 4° párrafo, del C.P. se integra por dos elementos, a saber: la simple tenencia y la carencia de autorización para esa posesión, por lo que el hecho de que el arma -apta para disparar- haya carecido de proyectiles resulta irrelevante, por cuanto este delito en cuanto a su estructura típica es de mera conducta. Es que, la acción, en lo ahora pertinente, es la de tener armas de guerra, aunque éstas deben ser utilizables, ya que sólo así pueden amenazar la seguridad común. Aquellas armas que estructuralmente tienen defectos que no permiten su empleo o que han perdido sus propiedades de modo que se hayan transformado en inocuas, no constituyen objetos típicos; pero sí quedan abarcados por el tipo penal aquellas cuyas deficiencias pueden ser subsanadas con relativa facilidad y que, por tanto, sólo han disminuido circunstancialmente la aptitud del arma o material, y también los objetos que no pueden ser utilizados por el agente por carecer él mismo de un elemento necesario para hacerlo (p.ej. carecer de detonadores para hacer estallar los explosivos), pero que pueden ser idóneamente empleados por terceros o por el mismo autor si se procura tal elemento. (Voto del Dr. Hornos).
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Gamarra Evangelina Liliana c/ Tessicot S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-15

No resulta procedente la indemnización reclamada con base en el art. 45 de la ley 25.345 ya que en el telegrama de despido la empleadora puso a disposición el certificado de trabajo, y ni del escrito de inicio ni de los telegramas se desprende que la actora haya concurrido a retirarlo. Por ello, no se advierte afectada, en el caso, la finalidad tuitiva que subyace en las prescripciones del art. 80 L.C.T., apreciadas éstas con un criterio de razonabilidad y buena fe.
Sistema electoral, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARTIDO JUSTICIALISTA s/ Recurso c/ Resolución N° 66/11 T.P.E
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-08

El artículo 256 de la Constitución de la Provincia del Chubut manda a la Legislatura sancionar una ley electoral uniforme para toda la Provincia, sobre la base de los principios del juego republicano, que allí se establecen.

Esa orden constitucional no se ha cumplido porque esa ley aún no existe. De modo que hay una dilación en acatar una obligación constitucional de reglamentar el artículo citado.

Por eso, el Superior Tribunal de Justicia instó a la Legislatura a que esa omisión sea sanada en autos "UNIÓN CÍVICA RADICAL s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad Decreto N° 630/2010", Expte. N° 22013-U-2010, sent. Nº 3/2010, del 14/09/10; y temo que debamos hacerlo una vez más.
Seguro de caución, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Frontelli, Ramón A. c/ Sueño Estelar S.A. s/ Indemnización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-27

Si bien se ha aceptado el seguro de caución como modo de armonizar el aseguramiento de los derechos del trabajador con las dificultades económico-financiero que puedan padecer empresas condenadas, ello debe estar condicionado a una duración indeterminada del mismo, sin plazos fijos ya que la pretensión de la accionada de limitar el tiempo de vigencia del seguro significa un grave riesgo para los intereses del trabajador.
Acción de amparo, Estado Provincial, asistencia sanitaria, personas con discapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Adela Victoria  c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos  s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-06-29

El Estado provincial ha instituido y derivado legislativamente a una entidad pública y autárquica (el IOSPER) la atención de las obligaciones en cuestiones de salud que le son inherentes, convirtiendo a éste instituto en un agente ejecutor de sus políticas y prácticas del respectivo servicio. Éste agente se convierte en un organismo instrumental, en materia de coberturas y prestaciones correspondientes al servicio de salud y asistencia sanitaria a sus afiliados, que son precisamente y en general, todos agentes que revisten bajo -o para- la administración pública provincial, en sus distintas expresiones, abarcando a los activos y pasivos, como el caso de la amparista (Voto Stettler)
Certificado de depósito a plazo fijo, aplicación de la ley, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TAULLARD, ALFREDO LUIS c/ ENTEL s/ NULIDAD DE RESOLUCION - COMPETENCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-28

La naturaleza de la relación jurídica que une a los accionantes con la entidad emisora (Caja de Crédito Independencia Coop. Ltda.) y la de los certificados a plazo fijo que se rigen por la ley 20.663 que en su art. 4to. establece la aplicación supletoria del Código de Comercio- parece no arrojar duda en punto al carácter mercantil de la obligación de que se trata, de la cual la garantía del art. 56 de la ley 21.526, en la redacción de la ley 22.051, constituirá una accesorio. Ello determina que el conocimiento de la causa corresponde a la Justicia en lo Civil y Comercial Federal.

En orden a la contienda negativa suscitada, corresponde se eleven las actuaciones a la Corte Suprema.
Derecho a la salud, SIDA, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El objeto que persigue la ley 23.798, es establecer un sistema eficiente que garantice la protección y recuperación de los enfermos de SIDA (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).