Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-08-22


.MDEL.1541092.

EXP 27860 / 11 Salta, 22 de agosto de 2.017 AUTOS Y VISTOS: este expediente caratulado "MENA, NORMA CECILIA c. COLEGIO DE JESUS nº 8.049 PROP. DE HNAS ESCLAVAS DEL CORAZON DE JESUS ARG. - ORDINARIO", EXP. nº 27.860/11, originario del Juzgado del Trabajo nº 4 del Distrito Judicial del Centro, para resolver la apelación interpuesta a fs. 144/147, y C O N S I D E R A N D O María de las Mercedes Domecq dijo:

I. La sentencia de primera instancia, por la que se rechaza en su integridad la demanda, es objeto de la mentada vía recursiva por parte de la actora.

Luego de transcribir los párrafos tercero y cuarto que comienzan a fs. 140 vta., la apelante sostiene que la sentencia se aparta de la voluntad de las partes en cuanto al contrato laboral celebrado, su modalidad y su ejecución, siendo aquella arbitraria y producto de la voluntad de la Juzgadora.

Desarrolla consideraciones sobre la figura jurídica de la sentencia arbitraria y reitera aspectos que integraron la litis, como que su parte afirmó que trabajaba como directora de estudios cumpliendo treinta horas semanales, que, no obstante ello, se le pagaban veinte, lo que fue negado por la demandada al aseverar que para esa función no corresponde pagar las horas que solicita porque su remuneración era conforme el cargo y no por carga horaria, como es el caso maestros y profesores, y que este temperamento del empleador se opone a la firma de la certificación de servicios en que se consigna una cantidad de horas.

Destaca que ello es muestra de que la Jueza prescindió de las probanzas en autos y del acuerdo de partes en la contratación.

Afirma que la accionante probó que trabajaba treinta horas semanales por medio de la documentación reservada a fs. 12, las certificaciones de fs. 86/89 y el certificado de servicios firmado por la representante legal.

Se omite también tener en cuenta -según el memorial- el pago de la mayor jornada diaria bajo la denominación "ítems dedicación por extensión de jornada": con los recibos de haberes glosados en los folios 54/67 y la pericia de fs. 62 queda demostrado que le pagaban ese rubro porque la jornada había sido modificada en más horas, en tanto la accionada reconoce su pago, aunque advierte que se trataba de un premio.

Hace notar que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.

Que en la declaración jurada de empleo que su parte acompaña es la propia accionada quien consigna que su régimen es de treinta horas semanales, al estar firmado tal certificado y declaración por su representante legal en fecha 8 de enero de 2.010 y en 2.008.

Manifiesta que considera agraviante el fallo, debido a que, amén de dejar de lado la voluntad de las partes y el principio in dubio pro operario (art. 9 L.C.T.), pretende aplicar en la especie una norma incorrectamente.

Explica que la carga horaria acordada por las partes como modalidad de contratación de veinte horas semanales tenía su fundamento en los decretos 14/1.991 y 1.401/1.993, los que fueron invocados por su parte e ignorados por la Juzgadora.

Señala la prueba de fs. 120/123 de la que se desprendería que la señora Suárez era directora de estudios del Colegio del Huerto y tenía un régimen de veinte horas, lo que constituye una prueba cabal de lo expuesto .

Que tampoco se tuvo en cuenta que, como ejemplo, su parte indicó que la rectora suplente cumplía una función de veinte horas por el cargo y de doce en el propio colegio y que la Coordinadora de E.G.B. trabajaba veinte horas reloj y luego prestaba servicios en otra parte.

Sostiene que el decreto 586/73 es del año 1.973 y los decretos citados son posteriores y lo modifican.

Además, agravia a la actora por cuanto deja de lado las normas sobre cargas probatorias en materia de derecho laboral, pues, por el art. 377 del C.P.C.C., quien afirma la existencia de un hecho debe probarlo, a lo que se suma el denominado criterio de cargas probatorias dinámicas, con amplia recepción jurisprudencial en la actualidad y en relación a la cual cita doctrina.

Por último, solicita que no se impongan las costas a su parte por cuanto, de las constancias de autos se desprende que la misma tuvo razón suficiente para interponer la acción, correspondiendo que sean impuestas por el orden causado.

Ordenado el traslado a fs. 148, la demandada contesta el memorial a fs. 150/151, considerando que no hay una crítica concreta a la sentencia, sino que hace planteos generales que no dirimen el agravio causado por el decisorio; que la relación acordada por las partes es la que marca la legislación que regula la materia y no las partes; que la actora no discierne que la función es pagada conforme el cargo, el que se equiparaba al de director o vicedirector; que los docentes de escuelas públicas de gestión privada trabajan en cargos definidos por los reglamentos escolares o estatutos del sector, según el nivel educativo en que se desempeñen, o por horas cátedra en asignaturas que le son encargadas, brindando ejemplos al respecto; que la accionante, al referirse al rubro dedicación extensión horaria, solo se basa en conjeturas porque el mismo tiene naturaleza de un premio que fue liquidado en el cómputo final indemnizatorio; que resulta insostenible que se le pudiera pagar como a un docente frente al grado; que no existen horas en más o en menos para el cargo que detentaba la señora Mena, porque como directora su jornada fue siempre la misma; que nada dice el informe de la Dirección de Educación Privada en cuanto a la naturaleza docente pero equiparado al cargo directivo; que el reclamo deducido ante la Dirección de Educación Privada de la Provincia fue denegado y que del análisis de las pruebas de su parte -en especial la absolución de posiciones- surge que la demandante tenía en claro el encuadre legal por su cargo.

II. La pretensión de la señora Norma Cecilia Mena se orientó hacia el reclamo de diferencias tanto de haberes como de créditos derivados del despido, habiendo sustentado el mismo en la circunstancia derivada de que, en su condición de directora de estudios del Colegio de Jesús, cumplía treinta horas semanales de trabajo, pero era remunerada por solo veinte.

La argumentación de la demandada aludió a que esa función era remunerada no según la cantidad de horas cumplidas, sino por el cargo mismo, para lo cual invocó normas como el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 371/64, que incorpora los institutos privados a la enseñanza oficial, el decreto provincial 4.251/69 (reglamento general de escuelas) y el 586/73 (reglamento de enseñanza media, técnica y superior): lo que procuró esta parte con la alusión a esa normativa fue diferenciar la manera en que se determina la jornada de trabajo para el personal docente y para el no docente (ver al respecto lo expresado especialmente a fs. 34 in fine y vta.).

La Señora Jueza de grado, por su parte, llegó a la conclusión de que "los cargos directivos por parte de los docentes. presenta una clara diferenciación respecto del régimen de dictado de horas cátedra." y de que ". no se da para los cargos docentes que se desarrollan en horario lectivo continuado, una correlación estricta entre jornada y salario. la remuneración del cargo debe entenderse aplicada a la totalidad de las obligaciones conexas al mismo." (fs. 140 vta.), habiendo rechazado la demanda. No formuló, sin embargo, análisis alguno en torno a la específica función de la señora Mena, sino que se limitó a interpretar una de las normas invocadas en la litis: en otros términos, arribó a la decisión desestimatoria sin precisar la premisa previa de si la función que cumplía Norma Cecilia Mena como directora de estudios tenía naturaleza docente o no docente o si ella era remunerada "por el cargo" o por horas.

Destaco lo último porque incluso el dictado de clases puede ser pagado o bien de acuerdo al sueldo correspondiente al "cargo testigo de maestro" o bien por horas cátedra, dependiendo de si se trata de docentes de nivel primario, medio o superior (así se concluye de toda la normativa salarial del docente provincial, ver, por ejemplo, los decretos 1.587/04, 735/05, 1.245/07 y 1.342/09), resultando, desde mi análisis y según lo que más adelante analizaré, algo equívoca la aseveración de que ". la remuneración por cargo deba ser tomada por horas cátedra o carga horaria..." (fs. 140 vta.).

Dada esa omisión y la falta de certeza que pudo provocar en la recurrente, debo advertir que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Enseñanza Privada a fs. 108 y vta., la función de director de estudios, sobre cuyo cumplimiento por parte de la actora no hubo debate, es docente y se corresponde al cargo de vicedirector (así se desprende de su tercer párrafo).

Lo informado por ese Organismo se corresponde sin duda con lo que determina el art. 2 del anexo A de la ley 6.830/95: "Se considera educador, a los fines de esta ley, a las personas físicas de ambos sexos, que dirijan, fiscalicen u orienten la educación general y la educación sistematizada en cualquier de los establecimientos referidos en el artículo anterior, que posean el título requerido, así como a quienes colaboren directamente en esa función con sujeción a las normas pedagógicas que dicte la autoridad escolar, o realicen tareas de apoyo escolar en establecimientos de gestión estatal que tengan a su cuidado menores en edad escolar..".

Habiendo cumplido, por lo tanto, la señora Mena una tarea docente que corresponde a un cargo, la jornada legal de tareas se encontraba cuantificada no por horas cátedra, sino por el horario determinado para el mismo y así lo prescribe el art. 9.3.1 del decr. 586/73 al expresar que el horario de labor diaria del personal docente por el régimen de cargos corresponde a la duración de un turno completo, haciendo especial referencia al cargo de vicedirector.

"Así, refiriéndonos al personal de planta de los institutos incorporados, para el personal que cumple cargo, la jornada legal de tareas está determinada por el horario correspondiente a dicho cargo. Ese horario surge del Estatuto del Docente y demás reglamentaciones para la enseñanza oficial y/o privada de la jurisdicción en la que se encuentra el colegio." (cita del artículo de Leonardo P. Ferraro en "Docentes de Enseñanza Privada", publicada en Errepar on line).

Lo referido no implica, sin embargo, que el tiempo que sea destinado al cumplimiento del cargo, no pueda ser cuantificado en horas, sin que esto implique la mutación de la naturaleza de la función, convirtiéndola en horas cátedra.

En otros términos: no pueden confundirse las horas que materialmente cumple el personal que desempeña un cargo que no conlleva el dictado de clases, con las horas cátedra que constituyen el horario que cumple el docente frente al aula.

III. Ahora bien: la recurrente sostiene que el mentado decreto provincial, invocado en el pronunciamiento, es una norma del año 1.973 y que los n° 14/1.991 y 1.401/1.993 lo modifican por ser posteriores, motivo por el cual aquella norma no resulta aplicable en el caso de autos.

Ante ello, hallo oportuno recordar lo siguiente: a) los establecimientos educativos de gestión privada (según la terminología del art. 16 de la ley 7.546) debidamente reconocidos forman parte del sistema educativo público de la Provincia, conforme lo dispuesto por el art. 5 de la ley 6.829, b) el personal directivo y docente de esos establecimientos tendrán los mismos deberes, se ajustará a las mismas incompatibilidades y gozará de los mismos derechos establecidos para el personal de los establecimientos oficiales (art. 11 de la ley 13.047), c) ello implica que tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de los docentes de instituciones de gestión estatal (art. 23 de la ley 24.049).

Como consecuencia de ello, tenemos que a la relación laboral de los propietarios de los mentados establecimientos con su personal docente le resultan aplicables normas de derecho público en conjunción con la ley 13.047 (es decir, el estatuto especial) y, complementariamente, la ley de contrato de trabajo. En efecto: el art. 2 de la L.C.T. mantiene la posibilidad de que las relaciones reguladas por los estatutos especiales lo sean también por ella siempre que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta, "... en la medida en que ello resulta compatible de acuerdo con un juicio que, al respecto deberá formularse en cada caso (antes el desplazamiento era automático, salvo los casos de excepción previstos en el art. 2 LCT)..." (cita de la obra dirigida por Vázquez Vialard, "Ley de Contrato de Trabajo comentada y anotada", t. I, p. 69).

Dicho juicio de compatibilidad debe adecuarse a "...una de las reglas fundamentales que derivan del principio protectorio..." cual es el de "...la norma más favorable, según la cual la relación laboral debe regularse de acuerdo con lo dispuesto por la que resulte más beneficiosa para el trabajador" (misma obra, p. 70/71).

Como consecuencia de ello, lo que inicial y exclusivamente era para los docentes estatales de la Provincia de Salta, se extiende a los institutos reconocidos.

"Ello es en virtud de que se reconoce a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la facultad para autorizar, controlar y vigilar la educación privada impartida en los establecimientos adscriptos a la enseñanza oficial de su jurisdicción. Atienden a que el resultado educativo debe ser el mismo y de la misma calidad al que se logra en la educación pública de gestión estatal: una persona educada según el nivel de la enseñanza de que se trate, sea que egrese de colegios de gestión oficial o de gestión privada, con títulos de validez nacional. Por ello, se brinda el servicio por docentes con las mismas exigencias de títulos habilitantes. Razones de justicia exigen que haya similares derechos y deberes para los educadores." (transcripción del artículo "Personal docente de institutos privados adscriptos, reconocidos o incorporados a la enseñanza oficial.", de Ricardo F. Seco, publicado en la Revista Derecho del Trabajo n° 4, editada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, marzo de 2.013).Por lo expuesto, entiendo que el caso de autos resulta subsumible en el decreto 568/73 -vigente en la actualidad y que contiene disposiciones tendientes a ordenar la actividad de las dependencias y las funciones docentes y administrativas de los establecimientos de jurisdicción de la Dirección General de Enseñanza Media, Técnica y Superior de la Provincia-, al menos en lo que hace a la determinación del horario de labor diaria de personal docente, administrativo, de servicio y maestranza, que revista por el régimen de cargos (art. 9.3.1).

Por lo demás, hago notar que lo allí previsto mal puede ser modificado por los decretos 14/1.991 y 1.401/2.003 (y no del 1.993, como se menciona en el memorial) porque, mientras estos reglamentan la acumulación máxima (en horas) de cargos docentes entre sí, de cargos docentes y no docentes y con el desempeño de horas cátedra que un educador puede detentar dentro del sistema educativo, aquella norma precisa, como lo expresé, el horario a cumplir por un docente que ingresó con el sistema de cargos, hipótesis fácticas que no resultan idénticas.

En todo caso, el 568/73 es complementado por los otros, toda vez que el objeto de regulación de estos es la mayor cantidad de horas que pueden cumplir personas que simultáneamente cumplan diversos cargos o bien cargos y horas cátedra, lo que no representa una alteración de la norma general que determina que el horario del vicedirector se corresponde con el del turno correspondiente.

La eficacia de esos decretos es, en fin, precisar la situación ante la cual se encontraría la actora, como personal docente con cargo, si hubiera cumplido otras funciones docentes bajo el sistema de dictado de horas cátedra, cuestión esta que no integra el debate.

IV. La recurrente sostiene con insistencia que la Señora Jueza de grado no puede desconocer la modalidad de trabajo convenida entre las partes, lo cual es real en tanto que "...una de las reglas fundamentales que derivan del principio protectorio..." es la de "...la norma más favorable, según la cual la relación laboral debe regularse de acuerdo con lo dispuesto por la que resulte más beneficiosa para el trabajador" (cita de la obra dirigida por Vázquez Vialard, "Ley de Contrato de Trabajo comentada y anotada", p. 70/71) y en tanto la inderogabilidad tuitiva propia de nuestra disciplina se aplica solo respecto de los mínimos, siendo plenamente posible que las partes acuerden incluso de manera privada condiciones superiores a la regulación normativa.

Dicho de otra forma: la norma impuesta puede ser dejada de lado en su aplicación si el objeto de su regulación fuera superado pro operario por el convenio entre las partes, pero en autos ello no fue invocado.

Lejos de ello, tampoco pudo demostrarse que la cantidad de horas durante las cuales que la señora Mena estaba a disposición de la demandada fuera superior a las veinte horas por las cuales sostiene era remunerada.

En relación a esto, hago notar que de la compulsa de los recibos de haberes correspondientes a los meses de marzo a octubre y diciembre de 2.009 (fs. 54, 55, 58, 60, 62, 64, 66, 67 y 70, respectivamente, de la reserva de fs. 12) se consigna "sueldo básico cargo" y diversa normativa provincial que regula sucesivas mejoras salariales en relación al cargo, lo que resulta coherente con lo que desarrollo ut supra. Aparece, sin embargo, el ítem "dedicación extensión horaria": entiendo que esa mención no desnaturaliza el régimen de cargo que tenía la actora, toda vez que era posible que la carga horaria que cumplía superara la dispuesta por la normativa para el cargo en cuestión, motivo por el cual el excedente debía liquidarse, tal como se hizo, como adicional (así lo interpreta también Ferraro en el artículo doctrinario publicado ya individualizado en el acápite II).

Relacionando lo anterior con lo ya explicitado: a pesar de cumplir la accionante sus funciones por cargo, el mismo se materializaba en horas de trabajo y es a estas horas a las que, desde mi punto de vista, se alude tanto en el certificado de servicios que corre glosado al folio 111 de la documental ya individualizada, como en las declaraciones juradas de incompatibilidad cuyas copias fueron agregadas a fs. 86/89.

Ahora bien: remitiéndome al contenido de esta documentación, hallo que no tiene entidad para permitir cumplir que la actora cumplía treinta y no veinte horas de trabajo.

Digo lo que antecede porque, por una parte, el certificado de servicio refiere menciona solamente veinte horas y, más allá de cuál fuera el contenido de las declaraciones juradas, las mismas instrumentan manifestaciones unilaterales que no dejan de ser tales por la circunstancia de que hayan sido recibidas por la demandada, por lo que su eficacia probatoria se relativiza.

Algo similar es posible predicar respecto del informe agregado a fs. 120/125, del que se desprende que la señora Sonia Haydeé Suárez, que también era vicedirectora, cumplía veinte horas de trabajo: con ello, solo puede arribarse a la conclusión de que eran esas las horas que efectivamente esta cumplía, pero de eso no resulta posible derivar válidamente que la actora prestaba servicios por treinta horas.

El pretendido horario de trabajo extendido de veinte a treinta horas pudo haber sido demostrado, por ejemplo, por medio de testimoniales, pero ello no ocurrió.

Entiendo por lo expuesto que debe ser confirmado el rechazo de la demanda.

V. Otra parte del memorial se vincula con la imposición de costas en la sentencia de primera instancia y entiendo que en este caso específico habría resultado adecuado el criterio de imponerlas por su orden.

Digo esto porque advierto motivos para que la trabajadora pudiese considerar que estaba siendo remunerada por horas cátedra: menciono para sustentar esta premisa, el hecho de que en el certificado de servicios aludido y en el propio informe de fs. 120/123 se consigna para el cargo que ostentaba la accionante, cierta cantidad de horas.

Potencia lo referido la circunstancia de que quedó dilucidado en autos que la función de la señora Mena correspondía a un cargo y no al dictado de horas cátedra, solamente luego del informe de fs. 108 y vta..

Ello me orienta a propiciar hacer lugar parcialmente a la apelación de la actora y, en su mérito, a modificar el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, determinando que las costas en primera instancia deben ser por el orden causado (art. 67 in fine del C.P.C.C.) y a rechazar lo demás que fue objeto de agravio, con costas en esta instancia también por el orden causado (art. 67 in fine del C.P.C.C.).

Ver al respecto los antecedentes jurisprudenciales citados por Loutayf Ranea en "Condena en costas en el proceso civil", p. 83.

VI. De acuerdo a lo dispuesto en la acordada n° 12.062 del 11 de abril de 2.016, propongo que los honorarios de esta instancia se cuantifiquen en el 45% del monto regulado en primera instancia y de lo que fue materia de agravio (art. 13 del decreto ley nº 324/63 y sus modificaciones).

La Dra. Mirta Inés Regina dijo: Adhiero al resultado del voto que antecede.- Por ello, LA SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

R E S U E L V E I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación de actora y, en su mérito, modificar el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, determinando que las costas en primera instancia deben ser por el orden causado, y rechazar lo demás que fue objeto de agravio, con costas por el orden causado.

II. DETERMINAR los honorarios por la labor en esta instancia en el 45% de lo que se regulase en primera.

III. ORDENAR se copie, registre, notifique y que bajen los autos al Juzgado de origen.

A CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA. LA SALA II.