Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-16


Buenos Aires, septiembre 16 de 2009.

Se deja constancia que los doctores Bargalló y Caviglione Fraga, actúan de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de esta Cámara del 22.07.08 pto. III y del 27.08.08 pto. VI, respectivamente.

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 301/10? El Señor Juez Miguel F. Bargalló dice:

I. RODOLFO ANTONIO TORNAY ("Tornay") demandó de DIMELIA S.A. ("Dimelia") la restitución de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (U$S 10.000), por el incumplimiento del "Contrato de Inversión" que dijo haber celebrado con la demandada, mediante su apoderado, Rubén Oscar Wechsung.

Explicó que el objeto del contrato era el aporte de esa suma para que "Dimelia" la destinara a los gastos devengados en las tareas de saneamiento urbano que realizaría en la ciudad de Corrientes, en virtud del contrato que ésta había celebrado con el Municipio de esa ciudad.

Continuó relatando que como contrapartida de su inversión recibiría el quince por ciento (15%) de las utilidades resultantes de la realización de las mencionadas tareas, y que además se estipuló que, si por alguna causa la Municipalidad de Corrientes decidía no renovar el contrato pasados los sesenta (60) días a partir del comienzo de las obras, ello lo habilitaba a solicitar la restitución del dinero invertido.

Señaló que a los pocos días de la celebración del contrato se enteró, a través de una publicación periodística, que la Municipalidad de Corrientes había decidido revocar la concesión que le había otorgado a "Dimelia".

A raíz de ello, reclamó la restitución del dinero, pero la demandada se negó a hacerlo y además no concurrió a la mediación previa.

II. DIMELIA S.A. contestó a la demanda negando los hechos invocados por el actor.

Entre otros, negó particularmente haber suscripto el contrato de inversión y su autenticidad. A su vez, cuestionó su validez por carecer de fecha cierta; afirmó que el documento -al que asimiló a un mutuo- debió extenderse mediante escritura pública; y sostuvo la inoponibilidad del supuesto pago efectuado, por no haberse cumplido con lo normado por el art. 1 de la Ley 25.345.

III. Abierto el juicio a prueba, y a los fines de determinar la autenticidad del contrato cuya existencia había sido cuestionada, fue producido el dictamen pericial caligráfico obrante a fs. 179/182, donde el experto concluyó que la firma allí inserta no se correspondía con la del señor Wechsung. Dicho informe fue impugnado por el actor, quien además solicitó la designación de un nuevo perito, debido a las conclusiones radicalmente opuestas que había obtenido la consultora técnica propuesta por su parte.

La Juez de grado consideró prudente la realización de un nuevo peritaje -fs. 218-, el que fue cumplido a fs. 205/6, con un resultado totalmente opuesto al anterior, en tanto el perito dictaminó que en la firma inserta en el contrato surgía la intervención de Wechsung.

Desestimó la sentenciante las impugnaciones efectuadas por la demandada contra ese segundo dictamen, y entonces receptó las conclusiones de este último informe para tener por auténtica la firma obrante en el contrato y, por ende, su contenido.

En función de ello consideró que el dinero había sido efectivamente entregado y, teniendo en cuenta que la demandada al absolver posiciones, había reconocido que la Municipalidad de Corrientes revocó el contrato, concluyó que se había tornado operativa la cláusula que obligaba a la demandada a reintegrar el dinero recibido.

Por otro lado, juzgó que "Dimelia" no podía negar la validez del pago recibido basándose en una supuesta violación a la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal Nº 25.345, pues ello implicaría privilegiar una conducta contraria a la buena fe y por ende a la doctrina de los actos propios, debiendo en todo caso ocurrir por la vía que corresponda.

Basándose en dichos argumentos, la Juez a quo hizo lugar a la demanda por el monto dólares estadounidenses de diez mil (U$S 10.000), pero sin intereses, por entender que al no haberlos liquidado el actor cuando ingresó la tasa de justicia, ello implicó su renuncia.

IV. El pronunciamiento de primera instancia fue apelado por ambas partes. El actor fundó su recurso mediante la pieza obrante a fs. 226/9, mientras que "Dimelia" hizo lo propio a fs. 333/7. Ninguna de las partes respondió los agravios de su contraria.

El accionante se queja del rechazo del monto reclamado en concepto de intereses. Por su lado, la demandada se agravia de la admisión de la demanda.

Evidentes razones de orden lógico imponen tratar en primer término la apelación de "Dimelia" -que hace al fondo de la cuestión-, dada la incidencia que la misma podría tener sobre los agravios de la actora, que refieren a una cuestión accesoria, como lo son los intereses.

V. Como medida para mejor proveer y ante la existencia de dos informes caligráficos con resultados diametralmente opuestos, este Tribunal dispuso -a fs. 340- la remisión de las actuaciones al Cuerpo de Peritos Calígrafos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se expidiera en torno a la autoría de la firma inserta en el contrato objeto de autos. El dictamen luce agregado a fs. 347/52 y no mereció observaciones de las partes, que se encuentran debidamente notificadas a fs. 354 y 355.

En dicho examen se concluyó que la firma cuestionada "no se corresponde con el grupo de firmas aportadas como base de estudio" extendidas por Rubén Oscar Wechsung (fs. 181vta).

Es apropiado señalar que los dictámenes emanados del Cuerpo de Peritos Calígrafos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a requerimiento de los magistrados intervinientes en la causa adquieren -en términos generales- valor significativo, pues su informe no es sólo el de un perito, ya que impone el asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y por medio de otras similares a las que amparan la actuación de los funcionarios judiciales -decreto ley 1285/58: 63-a, b y d- (CSJN, fallos 299:267; CNCom., Sala E, "Daniel Alberto Ruben c/ Sur Seguros de Vida S.A." y sus citas, del 21-8-02; "Grupo República S.A. c/ Lopez Iraberda Alberto", del 2/5/06).

Y en el caso, las resultas del informe del Cuerpo de Peritos, basadas en suficientes consideraciones técnicas, me persuaden de que la firma atribuida al señor Wechsung, que luce estampada en el contrato cuya validez se cuestionó, no es de su autoría.

A ello se deben agregar dos circunstancias:

i) La primera radica en que la conclusión arribada en el peritaje realizado en esta instancia coincide con la conclusión a la que se arribó en el primer dictamen producido en la causa (fs. 179/82); la segunda, reside en que -como dije- no fue impugnado por el demandante.

Demostrado entonces que la firma que ostenta el documento de fs. 28 no pertenece a aquél a quien se le atribuyó, no puede considerarse reconocido el cuerpo del documento (CCiv., 1028), y ello conduce a desestimar la pretensión de cobro en tanto sustentada en un documento cuya autoría no puede adjudicarse al reclamado.

VI. Sin perjuicio de ello se examinará si la celebración del contrato invocado por el actor fue probado por otros medios.

a) En primer lugar, señalo que nada se extrae de la prueba de confesión producida por la actora, pues al absolver posiciones el representante legal de la demandada, Rubén O. Wechsung, constestó que no era cierto que "Dimelia" hubiera celebrado un contrato con el actor (fs. 86, posición Nº 3 y su respuesta a fs. 88). En el mismo sentido respondió con relación a las distintas posiciones formuladas en torno a la existencia y características del contrato cuyo cumplimiento se reclama en autos (fs. 86 y 88/90, posiciones 4 a 14).

b) En segundo término, destaco que el actor omitió ofrecer prueba pericial contable a fin de determinar si de los libros de la sociedad demandada surgía la decisión del órgano de administración o, en su caso, del de gobierno al celebrar el contrato, o si había sido registrado contablemente el ingreso del dinero que supuestamente se entregó en virtud del mismo.

Tal circunstancia pudo enderezárse con el dictamen pericial ofrecido por la demandada. Sin embargo, esta parte fue declarada negligente en la producción del peritaje contable, justamente a pedido del propio actor (fs. 281).

c) Por último, la restante prueba documental (copia de poder, fs. 3/6 y recorte periodístico fs.29/30) e informativa producida (informe de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, fs. 118/21) no resulta eficaz a fin de demostrar la celebración del contrato adjuntado por el accionante.

VII. La finalidad de la actividad probatoria consiste en crear la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados en las alegaciones procesales. Por ello es que, ante la ausencia o insuficiencia de elementos respaldatorios susceptibles de fundar la convicción judicial en un caso concreto, el juez cuenta con ciertas reglas que le permiten establecer cuál de las partes ha de sufrir las consecuencias perjudiciales que provoca la incertidumbre sobre los hechos controvertidos (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", ed. Abeledo-Perrot, 1977, t. IV pág. 361/363).

En el sub examine, competió al demandante probar el presupuesto de hecho que invocó como fundamento de su pretensión (CPr., 377), y no lo hizo.

En suma, juzgo que no se encuentra acreditada debidamente la existencia del contrato en que el accionante basó su reclamo y que, por ende, corresponde revocar el pronunciamiento apelado; lo cual torna abstracta la consideración del recurso del actor.

VII. Por lo hasta aquí expuesto, propongo al acuerdo: 1) revocar la sentencia apelada con el efecto de rechazar la demanda entablada por RODOLFO ANTONIO TORNAY contra DIMELIA S.A., a quien se absuelve; 2) imponer las costas de ambas instancias al actor en su carácter de vencido (CPr., 68 y 279).

Así voto.

El Señor Juez de Cámara, doctor Sala dice:

Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor Caviglione, adhiere a los votos anteriores.

Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de Cámara doctores Ángel O. Sala, Miguel F. Bargalló y Bindo B. Caviglione Fraga. Ante mí: Sebastián I. Sánchez Cannavó. Es copia del original que corre a fs. ... del libro nº 29 de Acuerdos Comerciales, Sala "E". Sebastián Sánchez Cannavó.

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.

Y vistos:

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: 1) revocar la sentencia apelada con el efecto de rechazar la demanda entablada por RODOLFO ANTONIO TORNAY contra DIMELIA S.A., a quien se absuelve; 2) imponer las costas de ambas instancias al actor en su carácter de vencido (CPr., 68 y 279). Notifíquese a las partes por cédula a confeccionarse por Secretaría y a la Representante del Ministerio Público, a cuyo fin, remítanse las presentes actuaciones. Ángel O. Sala.- Miguel áF. Bargalló.- Bindo B. Caviglione Fraga.- Sebastián Sánchez Cannavó.