marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Quiebra, calificación de conducta, domicilio procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: VACATOR SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-17

Los efectos de la constitución del domicilio en los estrados del juzgado -decretada por aplicación de la lc: 95, inc. 7 - Alcanzan al trámite de calificación de conducta. No obsta a ello que en el decreto de quiebra se omitiera precisar el nombre del director imputado, pues la intimación opera ministerio legis (30.3.90, Desarrollo Tecnológico SA).
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-30


2a instancia. Buenos Aires, 30 de setiembre de 2009.

CONSIDERANDO:

1) Que a fs. 68 la jueza interviniente resolvió conceder la apelación interpuesta por la demandada Estado Nacional- Ministerio de Defensa a fs. 62/65, y que mereció réplica de la contraria a fs. 69/70, con efecto inmediato. Ello contra la decisión de fs. 60/61 que rechazó la excepción de incompetencia planteada por la demandada.

2) Que la causa ha sido mal elevada a esta altura del proceso, pues el art. 110 L.O. determina que, salvo el caso del art. 146 (desalojo) y los de medidas cautelares, todas las apelaciones interpuestas incluso en juicios "prima facie" inapelables, se tendrán presentes con efecto diferido hasta el momento en que se haya puesto fin al proceso de conocimiento en primera instancia, con la sentencia definitiva. No configurándose en el presente caso ninguna de aquellas excepciones -ni tratándose tampoco del supuesto de una denegatoria a un pedido de citación de tercero que desde hace tiempo la jurispruden-cia prevaleciente de esta Cámara ha considerado como otra excepción a la regla general-, debe declararse mal elevada la causa a esta Cámara en este estado y tener presente la apelación interpuesta a fs. 62/65 en los términos del art. 110 antes citado, pues el resolutorio de fs. 60/61 no pone fin al pleito.

3) Que dada la forma de resolver no corresponde en este estado expedirse sobre costas y honorarios por las labores de fs. 62/65 y 69/70, lo que será considerado en su oportunidad según corresponda.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: 1º) Declarar mal elevada la causa en este estado. 2) Tener presente el recurso interpuesto a fs. 62/65 en los términos del art. 110 L.O. 3º) En cuanto a las costas y honorarios estése a lo indicado en el considerando tercero. 4º) Reg., not. y dev.. Conste que la vocalía tercera se encuentra vacante (art. 109 RJN). María C. García Margalejo. Oscar Zas á
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, prueba pericial, producción de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: UNLIMITED SERVICES SRL c/ NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-08

Corresponde declarar procedente el recurso intentado, en tanto el pronunciamiento atacado se aparta de los cánones de motivación y fundamentación exigibles, desde que el Tribunal omitió toda consideración respecto de la frustración de los peritajes informáticos y contables que -a juicio de la recurrente- eran determinantes para comprobar los incumplimientos de la demandada, sin aplicar los apercibimientos del artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial ante la falta de exhibición de los registros pertinentes y la ausencia de colaboración de la demandada en la entrega de soportes contables e informáticos con incidencia directa en la labor de los peritos.
Residencia habitual del niño, interés superior del niño, responsabilidad parental, plan de parentalidad
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Cuerpo de apelación en autos: Incidente de aumento de cuota alimentaria en: Z., C. L. c/ A., P. N. - Divorcio vincular c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-28

La autorización para mudar el centro de vida de los hijos a otro domicilio y que la progenitora se ocupe de manera prioritaria de su cuidado personal, no exime a ninguno de los progenitores de dar aviso al otro acerca de los acontecimientos trascendentes en la vida de sus hijos y les queda vedado actuar por su sola voluntad y tomar decisiones respecto de la persona de aquellos, puesto que recae en cabeza de ambos la responsabilidad de garantizarle el ejercicio de ese derecho de comunicación.
Despido sin causa, indemnización por despido, base indemnizatoria del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Angel Alberto c/ Swift Armour S.A. Arg. s/ Laboral (Expte Nro. 438-01, Resolución Nro. 104, Tomo 20, Folio 489/493)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-14

Correspondiendo liquidar los rubros indemnizatorios por el despido incausado, debe tenerse como tope para la base indemnizatoria (art. 245, L.C.T.) el fijado por el Ministerio de Trabajo para el convenio colectivo 56/75 que, a partir del 01/09/95 fue la suma de $ 1.244,82.
Prevención del delito, interpretación de la ley, ausencia de testigos, establecimientos penitenciarios, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Ruben, Jorge Ariel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-07

En cuanto al planteo de nulidad de la defensa en lo que atañe al acta labrada con prescindencia, según se afirma, de las exigencias previstas por el artículo 138 del CPPN, es oportuno recordar que el acta fue labrada por dos agentes pertenecientes a la división de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de Mendoza, mientras que el testigo del procedimiento es agente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza. Las particulares circunstancias del lugar donde se llevó a cabo la actuación de la prevención (un establecimiento penitenciario rodeado de estrictas pautas de ingreso y egreso de personas) deben ser ponderadas a la hora de efectuar una razonable interpretación de las exigencias contenidas en el artículo 138. En este sentido, se ha sostenido que la ausencia de testigos que suscriban el acta no alcanza para invalidar automáticamente las constancias de la prevención policial cuando las particulares circunstancias del caso - soledad del lugar, hora del procedimiento y otras circunstancias- impiden dar cumplimiento al requisito previsto en el artículo 138 del CPPN. En este orden, la ausencia de testigos civiles no alcanza, en el caso, para invalidar el acta en cuestión, toda vez que el acceso al público en general, se encuentra vedado en los establecimientos carcelarios, debido a razones de seguridad. De allí se deriva la dificultad de contar, en cada ocasión, con testigos civiles que den fe de los actos allí realizados. Debe rechazarse el planteo de la defensa en relación a que se configuraba un supuesto de duda razonable en cuanto al modo en que se desarrollaron los hechos. Primeramente, resulta oportuno recordar que una sentencia de condena debe fundarse en una multiplicidad de elementos probatorios, relacionados y unívocos que prueben no sólo la recreación histórica de los sucesos sino también la responsabilidad penal del autor del hecho ilícito. Del mismo modo, lo interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al expresar que "(e)l principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del art. 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla (.)". (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso "Cantoral Benavides"; sentencia del 18/08/2000). Sin embargo, no se da en el caso una situación de duda o insuficiencia probatoria que impida alcanzar el estado de convencimiento pleno respecto al modo en que sucedieron los acontecimientos del caso y la intervención que el encausado tuvo en ellos. Por el contrario, el análisis pormenorizado de los elementos de prueba incorporados durante el juicio permite tener por probada la materialidad de los hechos investigados y la participación del imputado.
Acta de debate, instrumentos públicos, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zapata, Esteban Eduardo s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Las actas de debate no constituyen una transcripción de lo ocurrido en él, sino sólo una síntesis; lo asentado en esos instrumentos puede ser defectuoso e incluso incompleto pero si un detalle concreto no está impuesto expresamente por la ley ello no conduce a su nulidad. Por otra parte, de acuerdo al inc.

6° del art. 394, las partes pueden solicitar al tribunal que se deje constancia en acta sobre determinadas menciones que surgieran en el debate. Por lo tanto, corresponde descartar perjuicios para la defensa si los defensores particulares no solicitaron oportunamente que las declaraciones del imputado o de los testigos que ahora pretenden precisar mediante constancias notariales, se transcribieran; y firmaron el acta de conformidad. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barreto, Teresa Filomena c/ Raviche, Carlos Alberto y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-17

El art. 1084 del Código Civil alude a un daño presunto de naturaleza alimentaria, a fijar prudencialmente por lo jueces, teniendo en cuenta el "status" de vida del núcleo familiar y expectativas generales del causante. Pero no puede el sentenciante juzgar inoficiosa la producción de prueba acerca del daño real producido por el fallecimiento de la víctima, ya que más allá de esa prudente apreciación por vía de presunción, todo otro daño a indemnizar debe acreditarse.
Responsabilidad contractual, daño moral, acreditación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: RUDATI Luciana Analía c/ Aguilar Olga Lidia y Otros s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-09

La doctrina y jurisprudencia han indicado que además de invocarlo, en los casos de responsabilidad contractual, el daño moral debe ser fehacientemente probado o acreditado pues dado que toda inejecución contractual provoca desilusión, incertidumbre, y otros padecimientos espirituales, para decidir si corresponde o no la indemnización por daño moral debe aplicarse un criterio restrictivo, exigiéndose la prueba concreta del daño sufrido ya que de lo contrario se estaría ante una reparación del daño moral en todo incumplimiento.

Si bien el daño moral como consecuencia del incumplimiento contractual no es posible de prueba concreta, de lo que se trata es que el daño moral resulte evidente al criterio del juez que el padecimiento ocasionado por el incumplimiento tiene suficiente gravedad como para hacer justa la reparación.
Proceso penal, citación a juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Alvarez, Claudio J. s/ conflicto. Causa: 556
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-14

La citación prevista en el artículo 354 del C.P.P.N. implica haber efectuado un juicio positivo acerca del cumplimiento de la finalidad primordial de la etapa preparatoria del juicio en el sistema mixto de enjuiciamiento vigente, es decir, haber posibilitado al acusador la apertura del plenario.
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: FLORES VEGA, Luis Alberto c/ N.V. OPTISCHE INDUSTRIE DE OUDE DELFT y otro s/ REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

El hecho imponible referente al pago del tributo, se genera al postular el justiciable su demanda. Y si bien éste inició un beneficio de litigar sin gastos, el que fue denegado, la tasa de justicia debió serle exigida al menos antes de dictarse sentencia.

Precluidos tales momentos e impuestas las costas a la contraria, que incluyen tal tributo, no corresponde exigírselo a quien no cargó con aquéllas (conf. art. 68, 77, primera parte, y cc. de la ley de rito;

ley 23.898).-
Partidos políticos, Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ELECTORAL
Carátula: Bousquet, Jorge L.  y  García  Tuñon,  Jorge  E. s/ solicitud de avocación en autos:"Bousquet,  Jorge L. s/ sol. med.  cautelar" - (Expte. 503.495). (Expte. 2775 de la Cámara Nacional  Electoral).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

La Corte Suprema debe ser sumamente cauta cuando interviene en cuestiones que hacen a la vida interna de los partidos políticos - instrumentos imprescindibles para la organización de los poderes de los gobiernos - máxime cuando lo hace con sustento en la doctrina de la arbitrariedad (Disidencia de los Dres. Carlos S.

Fayt, Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Obligaciones del Estado miembro, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, medidas provisionales, medidas de seguridad y protección, amenazas, muerte, establecimientos penitenciarios, derecho a la integridad física, hijos, representante de la víctima, HONDURAS, incumplimiento de resolución judicial
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Pacheco Teruel y otros c/ Honduras s/ resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - medidas provisionales
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-21

Cuando un Estado Parte, conminado por la Corte Interamericana a la adopción de medidas provisionales en protección de quien sufre amenazas a su seguridad e integridad física y también en la de sus hijos menores, se limita a señalar que intentó contactar a los presuntos beneficiarios a través de sus representantes -en el caso se trata de la viuda e hijas de uno de los 107 internos privados de libertad, que resultó muerto a raíz de las deficiencias habidas en el centro penitenciario donde se encontraba, motivando la alegada responsabilidad internacional de Honduras-, no refleja, en modo alguno, el cumplimiento de acciones concretas ejecutadas con el fin de realizar un auténtico análisis de la situación de riesgo de los supuestos beneficiarios, y evita poner en práctica medidas de protección que respondan a los mandatos derivados de sus obligaciones internacionales.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Incorvaia, Vicente c/ Sanz, Aquilino Miguel s/ Indemnización de Daños y Perjuicios Indemnización de Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-12

Aún cuando el actor no haya acompañado constancia alguna que acredite el gasto efectuado por el diligenciamiento del embargo trabado en autos, estimo equitativo compensar tal erogación toda vez que se trata de un trámite que efectivamente ha realizado en estas actuaciones y resultó necesario a fin de asegurar los derechos que le fueran reconocidos en sentencia.
Derecho procesal, partes del proceso, costas, principio objetivo del vencimiento, procedencia del recurso, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Lagrenade, Celso José Pablo c/ Banco Credicoop Coop. Ltdo. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Procede confirmar la resolución que impuso al accionado las costas, por el rechazo de la excepción de incompetencia. Ello por cuanto, dicha excepción constituye una "defensa dilatoria" por la que se hace valer la declinatoria prevista en el CPR 7 o sea la presentación ante el juez que ha empezado a conocer en la causa, pidiéndole que se separe del conocimiento de ella. En definitiva, lo que se pretende a través de su planteo es determinar cuál es el juez que deberá dirimir el conflicto (conf. Palacio Lino Enrique, "Manual de derecho procesal civil", Tomo I pág. 205/6 y 404/405, Ed. Abeledo Perrot, Novena Edición Actualizada). En este marco, es claro, tal como ya lo señalara el a quo, que la vía procesal articulada por el aquí recurrente resultó inadecuada a los fines pretendidos. Adviértase que, el banco demandado introdujo erróneamente un planteo de incompetencia -herramienta de naturaleza procesal a través de la cual se persigue determinar cuál ha de ser el juez competente para dirimir un conflicto-, para lograr un pronunciamiento de carácter sustancial, esto es, con respecto al derecho aplicable en el sub lite, ya sea que el presente caso se tratara de una contienda basada en una relación de consumo o no. En las condiciones apuntadas y siendo que la excepción articulada por el accionado fue correctamente desestimada por el sentenciante, no existen razones que autoricen a apartarse del principio general de la derrota contemplado por el CPR 68
Apreciación de la prueba, peritos
Materia: PENAL
Carátula: Grimaldi, Héctor Fabián y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-31

Se encuentra al margen de toda irrazonabilidad el razonamiento seguido por el a quo para descartar una figura penal respecto de los imputados si no se ha podido demostrar la alegada incapacidad del causante al momento de otorgar los diferentes actos, pues el fallo ha dado debida respuesta a los cuestionamientos que habían llevado a revocar el sobreseimiento, ya que el tribunal de juicio dispuso de un amplio margen probatorio donde no sólo fueron interrogados los escribanos que intervinieron en los diferentes actos jurídicos, quienes resultaron creíbles, sino que también comparecieron otros testigos que trataron al causante en vida, al igual que los médicos que efectuaron el peritaje oficial sin que las pruebas producidas allí hayan logrado demostrar la hipótesis alegada por la querella con la certeza requerida para fundar un veredicto condenatorio. Si bien el informe del Cuerpo Médico Forense debe considerarse como asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantidas por normas específicas y por medio de otras similares a las que amparan la actuación de los funcionarios judiciales, de allí no se deriva que corresponda "privilegiarlos" al momento de su valoración conjunta con los peritajes de parte.
Remuneración, derechos del empleador, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA, MIRIAM MABEL Y OTROS c/ JOHN WYETH LABORATORIOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-17

La autoobligación que asume el empleador al otorgar a sus dependientes un adicional remunerativo al margen de los derivados de la ley o los convenios, puede ser condicionado por el propio empleador estableciendo que se entrega a cuenta de futuros aumentos, pero la prueba de dicha circunstancia corre por su cuenta y debe ser explicitada en el acto mismo de creación del beneficio.
Permiso administrativo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Gral. San Martín S.A.T. c/ Dirección de Transporte de la Prov. de Bs. As. s/ Amparo-cuestión de competencia art. 6 C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Resulta de la competencia que, transitoriamente, este Tribunal tiene en forma exclusiva el conocimiento y decisión de la causa cuando la relación existente entre el demandante y la Provincia de Buenos Aires se encuentra regida por el derecho administrativo y ha generado una situación jurídica de esa índole y es su vulneración la que ha dado motivo a la interposición de la acción, circunstancia que encuadra típicamente en la configuración del caso contencioso administrativo previsto en las normas aplicables (arts. 1, 3, 5, 28 y concs. del C.P.C.A.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Desestimación de la denuncia, inexistencia de delito, falso testimonio
Materia: PENAL
Carátula: Yulita, José Hugo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-17

La resolución que confirma el auto que desestimó la denuncia por inexistencia de delito, en este caso en el que la imputación se ha dirigido contra una persona determinada, es de las previstas en el art. 457 CPPN. Resulta fundada la resolución que estableció que, en el caso de la denuncia por falso testimonio contra quien, por expreso pedido de sus mandantes, había denunciado al querellante por hurto, no se dan los requisitos típicos de los delitos de falsa denuncia ni de falso testimonio, pues el ilícito del art. 245 CP requiere que no se trate de la atribución de un hecho típico a una persona determinada y el del art. 275 CP excluye de la posibilidad de cometer falso testimonio por inidoneidad del sujeto activo a quien tenga interés directo en el juicio. La disidencia consideró que, encontrándose expresamente habilitado el impugnante para acudir al fuero correccional, ante la eventual existencia de un delito de acción privada, la resolución que desestimó la denuncia por atipicidad de un delito de acción pública y dispuso el archivo de las actuaciones no es de aquellas que hagan imposible que continúen las actuaciones ni reviste calidad de sentencia definitiva o equiparable a ella por sus efectos, en los términos del art. 457 CPPN. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda -en disidencia-).
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, cuestión no constitucional, cuestión de derecho público local, leyes, interpretación de la ley, Municipalidad, habilitación municipal, establecimiento comercial
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SUPERMERCADO MAYORISTA YAGUAR S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RESOLVER LA CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-29

La cuestión tratada se vincula con la habilitación municipal de un comercio mayorista regulada por normas de derecho público local, extremo que resulta ajeno al remedio previsto en el artículo 14 de la ley 48.

Así lo decidió esta Corte al desestimar la presentación directa, por entender que no correspondía en el caso exorbitar los cánones estrictos del deslinde de las cuestiones de interpretación, en principio excluidas del ámbito de revisión extraordinario, argumentos de los que no se hace cargo la recurrente.

Para así decidir, consideró los reproches constitucionales expuestos en el memorial recursivo y examinó los fundamentos brindados por la Cámara en los que sustentó la inteligencia asignada al derecho aplicable, conforme a la cual consideró que no es cierto que los cuatro apartados del inciso e del artículo 2 de la ley 12069 refieran a establecimientos con venta directa al público, ya que el apartado 2, como surge de su texto, no alude a los establecimientos con venta directa al público consumidor; y que, de adoptarse la tesis de la actora, su emprendimiento quedaría excluido del estudio de impacto comercial, socioeconómico, ambiental y urbanístico, cuando en realidad la ley ha exigido tales estudios (artículo 11) sin hacer las distinciones que propone; y concluyó que la posición de la recurrente de estar excluida de la norma no encuentra apoyo ni en la letra ni en el propósito de sus términos, criterio cuya irrazonabilidad estimó este Tribunal no se logró justificar.
Beneficio de litigar sin gastos, patrocinio letrado
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SAVINO ROSA c/ SANATORIO CORDOBA  S.R.L.  Y OTROS s/ ORDINARIO - DECLARACION DE POBREZA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-22

No puede desprenderse del art. 1113 del C.P.C. la tesitura que el declarado pobre debe imperativamente ser defendido por el Asesor Letrado. La norma establece un derecho que puede ser ejercido por quien ha sido declarado pobre o se encuentra en esa situación, en el marco de las garantías que contemporáneamente van afianzando las Constituciones del mundo: garantizar el acceso a la justicia (art.

49 Constitución de la Provincia de Córdoba).