Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-12-23


Córdoba, diciembre 23 de 2009.

Primera cuestión: ¿Es procedente el recurso de la actora? Segunda cuestión: ¿Que debe decidirse respecto del de la demandada? Tercera cuestión: ¿Que resolución corresponde dictar? A la primera cuestión planteada: El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

1. La recurrente se agravia por el rechazo del seguro de vida obligatorio. Sostiene que la Juzgadora no debió acudir a la normativa especial toda vez que la demanda se inició en contra del empleador y la legitimación está debidamente acreditada con la documentación acompañada en autos. Al respecto entiende que se debía considerar el art. 248 de la LCT.

2. El recurso directo debe admitirse, concediendo el de casación que lo originó (art. 110 de la ley 7987). Si bien, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 113 y 102 del mismo cuerpo legal sería menester poner los autos a la oficina a fin de que las partes presenten sus informes, debe atenderse en esta oportunidad atento la jurisprudencia de la Sala (Sents. 49, 51/98, 53/99, entre otras).

3. La a quo tuvo por acreditado que el Sr. Juan Audino Gutiérrez falleció el 30 de Mayo de 2.000, desempeñándose al momento del hecho como dependiente de la empresa "Ciar SA". Asimismo entendió que los actores demostraron su derecho a la percepción del beneficio mediante fotocopias autenticadas del acta de matrimonio y certificados de nacimiento. No obstante, rechazó la demanda porque omitieron cumplimentar las disposiciones contenidas en la resolución 26.871/99 de la SSN -modificatoria del Dec. 1567/74-, en cuanto establece que "todo el personal asegurado deberá designar beneficiario" implementando un mecanismo para que ello se concrete. Y para el caso de que el siniestro se produzca sin haber completado la institución de beneficiarios, se entenderá que designó a los herederos, por lo que se abonará el beneficio a los herederos del causante declarados judicialmente o que surjan del auto de aprobación del testamento. En consecuencia, estimó que la prueba del vínculo entre actores y causante mediante los respectivos certificados fue insuficiente, indicando que se no se trata de un derecho propio sino sucesorio.

Finalmente, respecto a las costas derivadas de la intervención de la aseguradora concluyó que debían ser soportadas por la demandada pues la cobertura se encontraba suspendida al momento de acaecer la muerte. Para así decidir, verificó los términos de la póliza 25/008.131/00 que en su artículo 13 dispone que el tomador debe abonar las primas dentro del plazo de 30 días corridos desde la fecha de inicio del período facturado, el que -según constancias de la propia póliza- se inició el 30 de marzo de 2.000. Citando el art. 12 valoró la factura Nº 642 con fecha de emisión 01/03/00 e interpretó que fue recibida por la empleadora ese mismo día porque nada se invocó en tal sentido. Descartó lo declarado por el testigo Solís: "primero se mandaba el listado de personal, pedían a la aseguradora que les enviara la factura y después realizaban el pago" porque en el comprobante figuran 56 asegurados y el listado duplica ese número. Luego y en virtud de que el pago -según recibo Nº 8.125- se efectuó el 30/05/00 concluyó que la cobertura recién se rehabilitó el 31/05/00 y por ello responsabilizó a la empleadora.

4. Las circunstancias acreditadas en la causa y la particular naturaleza del beneficio, imponen la revisión de lo decidido por la Juzgadora.

En efecto, con el decreto 1.567/74 se instituyó el Seguro de Vida Colectivo Obligatorio, concebido con el objeto de cubrir el riesgo de muerte, sin limitaciones de ninguna especie, de toda persona en relación de dependencia. Conforme surge de los Considerandos de la normativa de que se trata, el sistema establecido y su reglamentación conlleva una finalidad social, destinada a amparar a los trabajadores, debiéndose otorgar el beneficio en forma amplia. Asimismo, el objetivo primordial está vinculado a la automaticidad de las prestaciones y recogiendo la experiencia, se determinó la conveniencia de adecuar el sistema; dotándolo de una reglamentación que responda a las circunstancias, aunque sin desconocer la naturaleza de la cobertura (Resol. 26.871/99) En cuanto a sus características, es un contrato a favor de terceros cuya concertación y costo es responsabilidad del empleador. Contratada la cobertura o denunciada la incorporación del nuevo empleado según corresponda, la aseguradora deberá proveer al tomador, por cada asegurado, del "Comprobante de Incorporación al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto 1.567/74 y Designación de beneficiario". Y el empleador debe entregar este formulario al asegurado quien instituirá a las personas beneficiarias. Asimismo la aseguradora deberá exigir al tomador que acredite la comunicación fehaciente a esos fines.

Ahora bien, no cumplido este derrotero ni por la patronal, ni por la aseguradora, no puede válidamente concluirse que el parámetro para integrar el vacío que se produce ante la falta de beneficiario expreso, constituya una valla que impida la efectivización del beneficio. Además porque el importe pretendido por este concepto no integra el acervo hereditario, esto es, no se adquiere por sucesión del premuerto, no hay transmisión de derecho alguno (arts. 3.262, 3.265 y 3.270 CC). El crédito no pasa de la persona muerta a la que sobrevive (art. 3.279 ib.) sino que el hecho de la muerte da origen al derecho que aquí se persigue. Luego, supeditar el reclamo a la presentación de la declaratoria de herederos constituye una exigencia innecesaria. Más aún cuando los herederos son forzosos (art. 3.410 CC), acreditaron el vínculo con el trabajador y no comparecieron otros de igual condición o con mejor derecho.

La solución intenta también facilitar el objetivo legal de hacer efectivos los montos en tiempo oportuno, evitando así la tramitación de un proceso declarativo y sus correspondientes gastos. Los que, a la luz de los créditos examinados pueden llegar a superar el beneficio, de características tuitivas. Ello impone además que en caso de duda deba estarse a la interpretación que resulte más favorable, a lo que se agrega que la reglamentación del instituto hoy indica la tendencia a simplificar la prueba de la legitimación.

5. Por lo expuesto corresponde casar el pronunciamiento (art. 104 CPT) y conforme surge de la documentación acompañada a fs. 2/6 y fs. 61/64 los actores Ramona P. Martínez, Nancy Beatriz Gutiérrez, Viviana del Carmen Gutiérrez, Juan Carlos Ramón Gutiérrez y Sonia Alejandra Gutiérrez han acreditado ser esposa e hijos respectivamente del Sr. Juan Audino Gutiérrez por lo que debe admitirse el reclamo por el seguro de vida colectivo obligatorio. La condena recae sobre la aseguradora (Vé. fs. 153). Ello aunque el Tribunal entendiera que la cobertura se encontraba suspendida al momento de ocurrir la muerte del trabajador, pues en la causa existen circunstancias particulares que no pueden soslayarse. En efecto, el 31.05.00 la aseguradora informó que "CIAR SA" contrató el seguro que nos ocupa desde el 01.10.99 renovable automáticamente cada año (fs.21). En la factura de fecha 01.03.00 se indica que la cobertura efectivamente comprende el período 01.03.00 al 01.09.00. Y el recibo de pago Nº 8125 del 30.05.00 reproduce la vigencia de la póliza sin efectuar ningún reparo.

Pues bien, de la interpretación armónica de los términos de la ley, la póliza y de la conducta del tomador y aseguradora respectivamente no puede derivarse que ese pago recibido sin objeciones y aún vencidos los plazos para rehabilitar la cobertura, carezca de efectos jurídicos. Es que resultaría contrario a la buena fe que la aseguradora acepte el pago, emita recibo donde consta la pertinente imputación sin formular protesta, para recién exteriorizar el incumplimiento del tomador recién cuando un tercero esgrime la cobertura. A lo que se anexa que el 31 de mayo de 2.000 informó que el seguro subsistía (fs. 21) y de las declaraciones del testigo Solís se deriva la modalidad operativa de la empresa y del ente asegurador.

En virtud de lo expresado debe admitirse la demanda en contra de la aseguradora (Ve. Fs. fs. 153) y condenarla a abonar a los actores el seguro de vida colectivo obligatorio Dec. 1.567/74. Sin perjuicio de los acciones que pudieren subsistir entre los contratantes. Los montos se determinarán en la etapa previa a la ejecución de la sentencia. A fin de mantener el contenido del crédito los intereses desde la muerte del Sr. Juan Audino Gutiérrez 30.05.00 hasta el 07/01/02, se adecuarán a la tasa pasiva promedio nominal mensual fijada por el BCRA con más el medio por ciento (0,5%) mensual ("Zapata...c/ Ros Alex...", Sent. Nº 105/94), y a partir de dicha fecha igual tasa pasiva con más el dos por ciento (2%) mensual hasta su efectivo pago (Cfr. "Hernández...c/ Matricería Austral...", Sent. Nº 39/02).

Voto por la afirmativa.

El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

La señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

A la segunda cuestión planteada:

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

El tratamiento del recurso de la demandada vinculado a la imposición de costas derivadas de la intervención de la aseguradora se torna abstracto atento la solución a que se arriba en la primera cuestión. Declarar perdido el depósito de ley.

Así opino.

El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

Adhiero a la consideración expresada en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.

La señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Comparto la postura que propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera A la tercera cuestión planteada:

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

A mérito de la votación que antecede corresponde admitir el recurso de la actora y en consecuencia hacer lugar a la demanda por el seguro de vida obligatorio. Con costas a la aseguradora, exceptuando las devenidas por la intervención de la demandada las que se imponen por su orden con fundamento en la existencia de interpretaciones disímiles acerca de la vigencia de la póliza. Declarar abstracto el tratamiento del recurso de la demandada y perdido el depósito de ley. El cálculo de la condena deberá efectuarse en la etapa previa de ejecución de sentencia conforme las pautas establecidas en la primera cuestión. Los honorarios de los Dres. G.C., A.P., en conjunto y V.B. serán regulados por la a quo en un treinta y dos por ciento para cada uno de ellos, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8226, sobre lo que constituyó motivo de discusión (arts. 37, 38 y 104 ib.; 125, ley 9459), debiendo considerarse el art. 27 CA El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

Estimo adecuada la solución a la que arriba el señor vocal preopinante. Por tanto, me expido en igual sentido.

La señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Concuerdo con la decisión expuesta por el Sr. Vocal Dr. Rubio. En consecuencia, me pronuncio en la misma forma.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, resuelve: I. Admitir el recurso de la actora y casar el pronunciamiento.

II. Hacer lugar a la demanda por el seguro de vida obligatorio en contra de la aseguradora.

El cálculo de la condena deberá efectuarse en la etapa previa de ejecución de sentencia conforme las pautas establecidas en la primera cuestión.

III. Declarar abstracto el tratamiento del recurso de la demandada y perdido el depósito de ley.

IV. Con costas a la aseguradora, exceptuando las devenidas por la intervención de la demandada las que se imponen por su orden.

V. Disponer que los honorarios de los Dres. G.C., A.P., en conjunto y Viviana Besora sean regulados por la Sala a quo en un treinta y dos por ciento para cada uno de ellos, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8.226, sobre lo que constituyó motivo de discusión. Deberá considerarse el art. 27 CA. - Luis Enrique Rubio. - Carlos F. García Allocco. - M. Mercedes Blanc de Arabel.