marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Weber, Ernesto Félix c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-11-23

Procede reconocer la movilidad previsional cuando el reajuste del haber encuentra sustento en una mejora retributiva sobre el cargo tenido en cuenta para la determinación del beneficio, en una mera recategorización del cargo o en un adicional que tiende a compensar particularidades inherentes a la función. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Municipalidad, facultades reglamentarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: K., G. J. E. c/ MUNICIPALIDAD DE CORCOVADO s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-28

La "delegación legislativa" involucra la posibilidad o no de que el Poder Legislativo repose en el Ejecutivo facultades que le son propias y la manera en que ha sido considerado por la doctrina y la jurisprudencia aplicable, pues ríos de tinta ha generado la temática y no tiene concordancia con el objeto de la litis.

Sin embargo, deviene útil mencionar que aún cuando hubiere "delegación de potestades consagradas en la Constitución" (lo que no acontece en autos), la cuestión presenta diversas interpretaciones y no puede estimarse como una prohibición lisa y llana tal como lo entiende el recurrente.

Por lo gráfico y para clarificar la cuestión traigo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que consideró no es ilegítimo el uso de facultades reglamentarias -por ejemplo- al decidir que: "Al respecto, la jurisprudencia constante y consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido sosteniendo que no existe óbice constitucional en la posibilidad que tiene el Poder Legislativo de conferir al Ejecutivo o a un organismo administrativo cierta autoridad a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para su ejecución, como así también que dichas atribuciones queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida".
Lesiones, dictamen pericial
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Miranda Braga s/ Lesiones y amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-09

Las lesiones corporales se prueban o se acreditan de manera legal, por medio de peritaje oficiales, que determinen su importancia y curación. Si no se observa ese principio de la necesidad de la pericia médica, no puede condenarse al imputado, pues no se ha comprobado la existencia del cuerpo del delito.
Interpretación de la ley, interpretación literal, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL
Carátula: Petrolera  Pérez  Companc S.A. Minera (TF 13.511-I) c/ DirecciónGeneral Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

La primera fuente de exégesis de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano).
Ejecución fiscal, monto mínimo, sentencia, inapelabilidad en razón del monto, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A c/ García Glitz Marcela s/ Ejecución fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-28

No se encuentra prevista la inclusión de los intereses en el monto señalado como base de apelabilidad, sino que exclusivamente la reglamentación del artículo 456 del Código Contencioso Administrativo y Tributario se refiere a "capital".
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, interpretación de normas y actos locales, contrato de obra pública, mora, certificados de obra, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CONSTRUCTORA CONALSI S.A.I.C.M. c/ PODER EJECUTIVO s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-22

La determinación de la fecha en que se produce la puesta en mora de la demandada -en un contrato de obras públicas- remite al análisis de puntos de derecho común y local propios de los jueces de la causa y ajenos, por su naturaleza, a la instancia extraordinaria del art. 14 de la ley 48, principio del que sólo cabe apartarse en caso de que la solución impugnada adolezca de manifiesta arbitrariedad, supuesto que no se acredita en la especie.

Ello así, pues reducida la controversia a determinar las consecuencias que sobre la exigibilidad del crédito por reajuste puede tener el consentimiento del contratista en orden a la falta de emisión de los certificados mensuales provisionales en cuestión, frente al deber de liquidarlos de oficio que pesa sobre la repartición, cabe advertir que el criterio del a quo, amén de proponer una interpretación que concilia en términos posibles las normas pertinentes -art. 43 de la ley 6021, 55, ap. 4', y 57, ap. 6' del decreto 5488/59-, se sustenta en la exégesis que, al respecto, dimana de otros procedentes del mismo tribunal, sobre los que el recurrente guarda silencio y que le confieren un fundamento que excluye la tacha de arbitrariedad aducida.
Menores, plan de parentalidad
Materia: CIVIL
Carátula: SEGOVIA, LUISA DEL VALLE c/ BESSERO, MARCELO s/ REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-09-08

El otorgamiento de la tenencia a uno de los cónyuges no implica sanción alguna para el otro, por lo tanto no interfiere en el derecho a la patria potestad; en consecuencia, el derecho de visita corresponde que sea concedido a favor del cónyuge privado de la tenencia.El anhelo de los padres de tener tratos con los hijos obedece a móviles humanos y respetables, por lo que solo en casos muy graves puede suspenderse. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento administrativo, conversión del proceso previsional, ley vigente, exceso ritual manifiesto, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CATENA, FRANCISCO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

No han de soslayarse las graves consecuencias que derivaría para el peticionante de la conversión del trámite como lo dispone el art. 24 y conc. de la ley 24.463, bajo el capcioso argumento de asegurar el derecho de defensa del organismo, sin advertir que aquel tuvo a su cargo la sustanciación del trámite administrativo y la posibilidad de fundar adecuadamente su resolución que, de ajustarse a derecho, indudablemente sería confirmada por la autoridad judicial que intervenga, cualquiera sea esta. Las derivaciones apuntadas imponen extremar los recaudos de manera de evitar que un exceso de rigor formal conduzca a la desnaturalización del trámite y a su prolongación indefinida, lo que no se compadece con la naturaleza alimentaria del reclamo (cfr. Fallos 311:1544 y C.N.A.S.S., Sala III, sent. 56 del 16.08.89, "Bastero, Benjamín"); máxime luego que la reforma constitucional de 1994 incorporara a su texto un conjunto de tratados y concordatos que han de entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidas (art. 75, inc. 22). Por ello debe declararse la inconstitucionalidad del referido art. 24 de la ley 24.463. (Del voto del Dr. Fasciolo).
COLOMBIA, violencia de género, violación de derechos humanos, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho a la vida, derecho a la integridad física, obligaciones internacionales, investigación del hecho
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 18/2020 - Medida cautelar No. 183-20 - Narly Gómez Jiménez respecto de Colombia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-04-23

Debe el Estado Colombiano adoptar todas las medidas que fueren necesarias para determinar el paradero y destino de la mujer que se encuentra desaparecida luego de haber denunciado hechos de violencia en su contra por parte de su expareja -un efectivo del Ejército Nacional-, a fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal y cumplir respecto de su hija con el deber de protección reforzada especial, cuidando de su salud integral mediante acompañamiento psicológico y demás acciones necesarias a fin de hace efectivos sus derechos e informar al organismo interamericano sobre las medidas implementadas para la adecuada investigación de los hechos.
Convenios colectivos de trabajo, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: Aranda, Ana Gabriela c/ Finca Los Algarrobos SA s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-04-24

Se podrá decir que el órgano jurisdiccional tiene el poder-deber de aplicar el derecho a los hechos que sostienen en un juicio laboral (art. 20 de la Ley 5732), pero tal principio sólo cabe dentro de la pretensión contenida en la demanda. Y ello no configura un rigor formal de parte de quienes opinan, sino que es premisa dentro del derecho de defensa que debe resguardarse en un proceso judicial, y es una consecuencia del principio de congruencia.

Caen, entonces, aquellas consideraciones contenidas en el escrito de expresión de agravios, que no han sido manifestadas en la demanda, toda ves que "la expresión de agravios no es una vía pertinente para introducir nuevos planteamientos o defensas que debieron deducir en la etapa procesal oportuna.
Entidades financieras, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villa, Guillermo s/ Incidente de verificación de crédito en Banco de Berisso Coop. s  /Quiebra Banco de Berisso Coop. Ltdo. s/ Incidente de verificación prom. por Barbagallo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23|1992-11-26

El art. 50 de la ley 22529 dispone que, en caso de quiebra de una entidad financiera, ella queda sometida a la ley 19551, con las importantes excepciones que enumera y entre las cuales resulta relevante la contemplada en el inc. c), ap. 4º, que autoriza al Banco Central, sin necesidad de requerir la previa autorización del Juez de la quiebra, a "percibir directamente de los fondos del concurso los créditos comprendidos en los arts. 54 y 56 de la presente ley, con anticipación a su pertinente verificación".
Juicio oral, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Tejerina, Eduardo s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-01

Es ineficaz el planteo referido a la violación de los arts. 34 inc. 1 del Código Penal y 255, 239, 286  y 431 del Código de Procedimiento Penal, alegando absurdo en la valoración de la prueba en punto a la eximente de ebriedad, si el recurrente no logra evidenciar vicio lógico alguno en el razonamiento del tribunal y, por consecuencia, la transgresión del art. 34 inc. 1 del Código Penal y las restantes citas legales que denuncia son ajenas al proceso oral.
Reincidencia, condena anterior
Materia: PENAL
Carátula: Duval, Elio César s/ Violación- revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1985-05-29

Según nuestro régimen penal, el término fijado para considerar inexistente (a los efectos de la reincidencia) la pena anterior, no se cuenta desde la fecha de la sentencia firme que aplicó la condena como pretende el recurrente, sino desde la fecha en que concluyó su cumplimiento (art. 50 ap. 4º del C.P.P.), y desde esa óptica, es evidente que aplicándose el régimen actual o el anterior, siempre el resultado sería el mismo, ya que el condenado debía y debe ser considerado reincidente.
Contienda negativa de competencia, juzgado de primera instancia, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Arman, Victor Hugo c/ Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe s/ Conflicto negativo de competencia -Ordinario- Medida cautelar  innovativa (Expte.: C.S.J. Nro. 190 Año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-07-08

Si de las constancias obrantes en autos no surge la existencia de una relación laboral entre las partes como para que sean operativas las normas que regulan la competencia material de Juzgados del Trabajo contenidas en los artículos 74 y 76 de la ley 10160 y en el artículo 2 del Código Procesal Laboral de la Provincia -concretamente, la acción meramente declarativa intentada refiere al estado de cancelación de ciertas obligaciones derivadas, según los propios términos de la demanda, de mutuos dinerarios y compras efectuadas en la Cooperativa, en los que el Sindicato demandado aparece realizando una actividad crediticia propia del derecho comercial-, corresponde que siga entendiendo en la causa el Juzgado contendiente que ostenta ese tipo de competencia (Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial).
Sentencia interlocutoria, providencia simple, recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: NUÑEZ, IGNACIO c/ PEMENCO SA. s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-26

El hecho de haberse fundado la apelación de una sentencia interlocutoria o de una providencia simple en la oportunidad en que debía deducirse, no faculta al apelante a dejar de lado el requisito de mantener la revision de lo resuelto expresando sus agravios al apelar de la sentencia definitiva, atento lo dispuesto por el artículo 117 de la lo.. La estricta aplicación de la norma no es un mero formalismo, sino un requisito procesal que garantiza el debido proceso.
Honorarios del abogado, cajas de previsión
Materia: CIVIL
Carátula: C.,M.I. c/ S.,T. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-26

La operatividad establecida en la Ley de la Caja de previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires -art. 21 de la ley 6.716- que propende a resguardar la retribución profesional y a garantizar el ingreso de los aportes pertinentes a la Caja de Previsión Social no impide la normal producción de los efectos jurídicos de los actos procesales y pronunciamientos que pongan fin al pleito, como es la disposición que debe materializar el contenido de la condena.
Vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: González Manuel Carlos c/ Manuel A. Insaurralde y/o electromecánica Manolo y/o quien resulte responsable s/ diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-03-20

No proceden la compensación de vacaciones no gozadas correspondientes al año 1990, por aplicación de la prohibición contenida en el art. 162 LCT, la prestación de sueldo anual complementario año 1989 primera cuota, por encontrarse prescripta, conforme fuera alegado por el demandado y el beneficio de asiduidad, previsto en el art. 20 de la Convención Colectiva de Trabajo Nro. 27 88, pues tampoco se acredita que el actor no hubiese incurrido en mas de 7 días de inasistencia, presupuesto necesario para gozar de aquel.
Personal municipal, impugnación del acto administrativo, actos consentidos, plazos procesales, plazo perentorio
Materia: CIVIL
Carátula: PANARO DE CASAL, Stella Maris c/ M.C.B.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-13

Si la admisibilidad de la demanda deducida por el agente exigía la declaración de nulidad del decreto 861/93 en lo atinente a la fecha en que se dispuso computar el suplemento por función ejecutiva, al tratarse de un acto de contenido general, impugnable a través de actos individuales de aplicación, contemplados en el inc. b) del art.

100 de la ley 19987 e inc. b) del art. 24 de la ley 19549, requería necesariamente la promoción de la acción dentro del plazo perentorio de sesenta días a contar desde el rechazo expreso o tácito del reclamo administrativo. La ausencia de tal cuestionamiento judicial o incluso de la previa impugnación administrativa dentro del término de diez días que establece el art. 47 de la ordenanza 33264, computables desde la publicación del decreto o de su aplicación particular a la actora, determina forzosamente que dicho acto anulable quedara convalidado por el consentimiento del interesado.
Contratos, compraventa de automotores, obligaciones del comprador, buena fe contractual, apreciación de la prueba, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Olivari, Juan Manuel Adrian c/ Pecorelli, Christian y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-16

Procede rechazar la condena contra el codemandado, adquirente de cierto automotor del actor, al haber resulta víctima del concesionario demandado por haberle hecho creer que se entregaría el automotor con todos los papeles en regla para que pudiera perfeccionar la trasferencia. Esta circunstancia permite valorar que el adquirente no obró de mala fe y que también se habría visto damnificado por una actuar reprochable al gestor.

Eso se vislumbra por el hecho que el comprador requirió los documentos del automóvil para completar el trámite registral y el concesionario no accedió a su entrega porque los tenía el actor. Esta situación presumiblemente se debió por el ocultamiento de la operación de venta a quien era el legítimo poseedor -el actor-.

Naturalmente si una persona busca comprar un vehículo en una concesionaria de autos usados espera que el vendedor tenga el mandato del propietario para comercializarlo y todo lo necesario para que luego se pueda inscribir debidamente la transferencia a nombre del adquirente. Se conceptúa, pues, que el concesionario desplegó su actividad con una apariencia razonable de legalidad frente a aquel sobre sus facultades para poder negociar la venta del automóvil vedándole posteriormente la posibilidad de perfeccionarla al no contar con los formularios necesarios que aún conservaba el accionante. Visto desde otra óptica, se presenta de forma innegable que no fue dicho coaccionado el responsable de la despatrimonización del actor, en tanto, no hay otro elemento que contradiga que asistió de buena fe a una entidad para adquirir un rodado y que habría pagado un precio por él.
Concursos, principios procesales, quiebra, derechos creditorios, principio de reciprocidad, procesos especiales, prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cormoran SA de Navegación c/  s/ s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito de reward marine inc
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-29

Procede suspender el dictado de sentencia en el trámite de revisión hasta que se acredite el resultado del proceso arbitral iniciado en la ciudad de Londres, Reino Unido, con relación a cierto contrato de fletamento celebrado con el fallido. Ello así, cabe señalar que sobre la litispendencia internacional, el CCCN 2604 dispone que cuando una acción que tiene el mismo objeto y la misma causa se ha iniciado previamente y está pendiente entre las mismas partes en el extranjero, los jueces argentinos deben suspender el juicio en trámite en el país, si es previsible que la decisión extranjera puede ser objeto de reconocimiento. Agrega la norma, en el segundo párrafo, que el proceso suspendido - que sería el incidente de revisión, en este caso- puede continuar en la República si el juez extranjero declina su propia competencia o si el proceso extranjero se extingue sin que medie resolución sobre el fondo del asunto o, en el supuesto en que habiéndose dictado sentencia en el extranjero, ésta no es susceptible de reconocimiento en nuestro país. Sobre tales bases entonces, la coexistencia de este trámite de revisión, que es un proceso de conocimiento, cuyo pronunciamiento aborda el fondo del asunto con un proceso arbitral incoado con anterioridad en extraña jurisdicción con el mismo objeto, configura un supuesto de litispendencia, que debe ser atendido, a fin de impedir el escándalo de soluciones contrapuestas, pues no cabría pretender, por vía revisiva, enervar los efectos de una sentencia arbitral en un proceso ya abierto antes de la presentación en concurso, sin perjuicio -claro está- del trámite que posteriormente pudiese resultar necesario para acordarle -o no- un eventual reconocimiento.
Tráfico de estupefacientes, interpretación de la ley, tratados internacionales, migraciones, sentencia condenatoria
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Manzaba Cagua, Jessica c/ EN - M Interior OP y V- DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-10

Según la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, aprobada por ley 24.702 el 11 de marzo de 1992 y ratificada por nuestro país el 28 de junio de 1993, el tráfico de estupefacientes es una expresión abarcadora de una amplia gama de conductas que van desde la producción a la entrega de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Recusación sin causa, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION CULTURAL ESDEVA. c/ MORASO, ALFREDO R. Y OTRO. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-19

La recusación sin causa es un instituto que debe interpretarse restrictivamente (conf. Fassi, "Código Procesal ..." t. I, p.42;

Colombo, "Código Procesal ...",4ta. ed. t,I p. 77) ya que el ordenamiento procesal ha procurado reglamentarla en forma compatible con la razonable celeridad que debe presidir el desarrollo del proceso (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. II, p. 306 Nro.

143) para que su utilidad práctica no se convierta en fuente de articulaciones meramente dilatorias (conf. C.N.Civ. Sala G, R.

286088 del 10/3/83; íd. R. 7339 del 4/6/84). A dicho criterio de interpretación debe añadirse que el art. 14 del Código Procesal fija oportunidades bien precisas para su ejercicio por el actor, que son al entablar la demanda o en su primera presentación.
Proceso contravencional, nulidad procesal, oportunidad procesal, aplicación de la ley, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: T, O. H. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-10

El planteo de nulidad debió ser presentado al cumplirse el acto que se ataca de nulidad, o en su defecto, inmediatamente después, esto es, dentro del plazo de tres (3) días (conf. arts. 170 inc. 3 parte final y 447 del Código Procesal Penal de la Nación). (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Procedencia del recurso, depósito previo, sentencia arbitraria, Constitución Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Sanatorio Formosa S.R.L. c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2021-02-25

Cace hacer lugar al recurso de queja planteado por de la parte demandada, puesto que asiste razón al recurrente, en tanto justificó suficientemente las condiciones de dominio del inmueble ofrecido en sustitución del depósito previo, material éste que debió ser considerado con mejor análisis y mayor detenimiento por la a quo o, en su caso, debió intimar a subsanarlo previo a analizar y resolver el recurso extraordinario denegado; en consecuencia, se encuentra cumplido el requisito exigido por el art. 76 del Código de Procedimiento Laboral de la provincia de Formosa. Y analizando los agravios sustanciales expuestos por el quejoso, en esta etapa se considera que los mismos se encuentran debidamente fundados en lo que hace a la arbitrariedad, más aún cuando el tema involucra la inobservancia de la manda constitucional prevista en el art. 174 de la Constitución provincial
Tribunal de disciplina, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jesús José Rodríguez Cimolai c/ Administración General de vialidad provincial s/ Demanda Contencioso - Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1990-08-27

Toda Ley, Convenio, Reglamentación o lo que fuere que autorizará a otra autoridad uqe no fuere el Tribunal Disciplinario a declarar la cesantía o exoneración de un empleado público sería violatoria de los derechos y garantías establecidos por los arts. 32, 33 y 123 de la constitucionalidad provincial y la resolución que lo dispusiere nula.