Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-25


SENT Nro. 626 San Miguel de Tucumán, 25 de AGOSTO de 2003.- Y VISTO: El planteo de "per saltum" (artículo 107 del CPC) deducido por la parte demandada, Provincia de Tucumán, en los autos: "Refinería del Norte S.A. y/o Refinor vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Amparo", y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento del Tribunal, el planteo de "per saltum" interpuesto por la demandada, Provincia de Tucumán, a fs. 70/82 de autos, a los efectos que esta Corte Suprema de Justicia se avoque a su resolución.

II.- El Fiscal de Estado solicita la referida avocación directa, en razón de que la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió "contra legem", mediante sentencia Nº 289, del 10-6-2003, una medida cautelar en contra del Superior Gobierno de la Provincia, por la que ordenó la entrega de Bocade a la parte actora, comprometiendo una vez más el Programa de Unificación Monetaria, y generando con ello una situación de verdadera gravedad institucional. Añade que la finalidad que se persigue es la revisión y anulación de aquél fallo, y la fijación de la doctrina legal acerca de la intangibilidad de los fondos públicos y la plena vigencia del Decreto Nº 1208/3.

Destaca que el supuesto fáctico esencial de la referida gravedad institucional lo constituye el hecho cierto que si resolviera de la misma forma que la sentencia impugnada la situación de los acreedores de la mitad de la deuda en Bocade, se frustraría el aludido programa; que tal circunstancia se encuentra acreditada por el informe de la Secretaría de Hacienda que se adjunta; que de proseguirse con el dictado de estas medidas autosatisfactivas, se privaría al estado de los Bocade necesarios para el pago de sueldos, y que todo ello patentiza que se está en presencia de hechos que trascienden el mero interés de las partes para transformarse en una cuestión de gravedad institucional, pues en el operativo de canje no solamente está implicada la Provincia de Tucumán y el gobierno de la Nación, sino también los compromisos de este último con los organismos internacionales. En su criterio, está en juego el crédito público y la confianza de la población en que se retirará la totalidad de los Bocade de circulación, y que existirá para siempre una moneda única de alcance nacional.

Bajo el título de "LA GRAVEDAD INSTITUCIONAL COMO PERFIL JURIDICO", sostiene que existe una cuestión grave cuando se afectan fondos públicos protegidos por las leyes de emergencia y de inembargabilidad, máxime cuando se otorga carácter autosatisfactorio a las llamadas "cautelares innovativas", y que esta gravedad refiere a lo institucional, en tanto se pone en tela de juicio un convenio nación-provincia que satisface el interés público de la población de contar con una moneda única y sana.

Señala que en el caso se interpuso revocatoria en contra de la sentencia que dispuso hacer lugar a la medida cautelar, encontrándose la misma a fallo desde el 3-6-2003, y sin que se hubiera puesto idéntica celeridad en resolver esta pretensión impugnativa que la demostrada con respecto a la resolución de la cautelar. Expresa que contra esta omisión también presentó un pronto despacho, indicando que se había producido el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1208/3, por el que se disponía la conversión obligatoria de los Bocade por Docof y otros medios financieros, el que hasta el momento tampoco fue resuelto; todo lo cual, en su opinión, amerita la procedencia de la avocación requerida. Agrega que en el sub lite dicha procedencia resulta nítida y no requiere mayor acreditación, ante la falta de pronunciamiento de la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en la revocatoria planteada que se encuentra en condiciones de ser sentenciada desde el 3-6-2003, y que motivara, asimismo, el pedido de pronto despacho igualmente irresuelto. Causa "Supermercados Norte c/Banco del Tucumán S.A. y otros s/Amparo" (cfr. fs. 76/77).

Estima que el perfil más grave e inquietante de la gravedad institucional, radica en haber desconocido el acto jurisdiccional en crisis la condición de derecho positivo al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1208, hasta tanto no fuera convalidado por la H. Legislatura.

Finalmente, puntualiza que al día de la fecha de su presentación (19-6-2003), se produjo un hecho de significativa importancia que aumenta la gravedad institucional del fallo cuestionado. Se trata, dice, de la conversión en ley, por parte de la H. Legislatura de la Provincia, del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1208/3, de tal suerte que esta nueva situación, sumada a la inembargabilidad de los fondos públicos, refuerza la ilegalidad de las sentencias cuya anulación se solicita (cfr. fs. 82).

III.- Interesa poner de relieve, preliminarmente, que el "per saltum" regulado en el artículo 107 del CPC, constituye un remedio de carácter excepcional, para cuya procedencia es menester, no sólo la manifiesta evidencia de que las cuestiones involucradas revisten gravedad institucional o un interés constitucional sino que, además, es preciso demostrar que esta vía, en el caso concreto, se erige en el medio legalmente eficaz para la protección del derecho comprometido Estando a los términos expresos de la petición de marras, el "supuesto fáctico esencial" de la gravedad institucional invocada "lo constituye el hecho cierto de que de darse el tratamiento que le ha dado un Vocal de la Sala Ia. en lo Contencioso Administrativo a los acreedores de la mitad de la deuda en BOCADE SE PRODUCIRIA LA FRUSTRACION DE LA OPERATORIA P.U.M. en razón de que se incumplirían las obligaciones esenciales del Estado Provincial en materia de salud, seguridad, educación, etc. al punto de que podría abonarse el medio aguinaldo a los empleados del Estado y menos aún los sueldos del presente mes de Junio a todos los Poderes del Estado". Se considera que ello surge acreditado del informe del Secretario de Estado de Hacienda de la Provincia (Anexo nº 1) que se acompaña, y que teniendo en cuenta las causas existentes en diversos estados de trámite mentadas en el informe de fs. 8/9 (Anexo nº 4) de la Directora Judicial de la Fiscalía de Estado, y de proseguirse con el dictado de la cautelares autosatifactivas, se privaría a la Provincia de los Bocade necesarios para depositar en los cajeros automáticos las remuneraciones de los agentes del estado, siendo éste el paso previo ineludible para que la Nación proceda a la conversión de aquellos en pesos.

En el informe de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Provincia, de fecha 17 de junio de 2003, se expresa, luego de otras consideraciones, que "...de continuar produciéndose fallos judiciales a favor de los titulares de los créditos que venimos mencionado, naturalmente podrían llegar a provocar un efecto en cascada hasta incluir a un alto porcentaje de los $ 30 millones de saldos no cancelados a la fecha" (cfr. fs. 2). Más adelante, en dicho informe, se explicitan los embargos ya concretados a la fecha referida sobre la cuenta Nº 540097091/8-Z05-BOCADE, orden Superior Gobierno de la Provincia, precisándose los montos a que ascienden los mismos, y se reitera, a renglón seguido y a modo de conclusión, que de continuar una situación como la descrita, la provincia se vería imposibilitada de atender el pago de sus obligaciones normales (cfr. fs. 3).

A su turno, a fs. 8/9 corre agregado el informe de la Directora Judicial de la Fiscalía de Estado relativo a las causas en trámite en la Excma. Cámara.

De todo lo que antecede se desprende que la cuestión central traída a conocimiento y resolución de esta Corte, se centró en la medida cautelar innovativa dispuesta por sentencia Nº 289, del 10-6-2003, de la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, y que toda la argumentación del peticionante en el escrito de fs. 70/82, persiguió evidenciar que, en la especie, concurría la existencia de un interés constitucional o gravedad institucional que posibilitaba la avocación directa de la Corte a tenor de lo preceptuado en el artículo 107 del CPC, a fin que se dejara sin efecto aquella medida cautelar.

Ahora bien, ateniéndose a las constancias de fs. 92/99 vta. de autos, esto es, a la sentencia Nº 315, de fecha 1 de julio de 2003, emanada de la Sala I del aludido tribunal a quo -requeridas por providencia de fs. 91-, resulta que el cuadro de situación existente al momento de la solicitud de "per saltum" varió sustancialmente, debido a que el precitado fallo resolvió hacer lugar a la acción de amparo, declaró la inconstitucionalidad, entre otras normas, del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1208/3 y la Ley Nº 7276 que lo ratificó, y decidió tener por definitiva la entrega de los títulos ordenada por la medida cautelar que fuera impugnada por "per saltum". De allí que, atento a la circunstancia precedentemente referida, y teniendo en cuenta que el núcleo de la cuestión ahora es otro, y gira en torno de la sentencia definitiva que resolvió el amparo y de las declaraciones de inconstitucionalidad decididas en el punto II de su parte resolutiva, no corresponde la habilitación de una vía excepcional ("per saltum") que ha sido instada para resolver una situación que a la fecha se encuentra superada por las contingencias anteriormente mencionadas, sin perjuicio de la facultad con que, en todo caso, cuenta la demandada de recurrir a los carriles procesales que estime pertinentes para remediar esta última situación.

Por lo expuesto, corresponde desestimar la solicitud de "per saltum" que diera origen a estas actuaciones.

Por ello, habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 84/87, se R E S U E L V E :

DESESTIMAR el pedido de "per saltum" formulado por la Provincia de Tucumán, conforme a lo considerado.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA