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Faltas, procedimiento administrativo de faltas, medidas cautelares, clausura administrativa, secuestro de bienes, actuaciones administrativas, plazos administrativos, unidad administrativa de control de faltas, control de legalidad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de clausura en autos Hogar del Sol SRL s/ Falta de higiene y otras. Apelación. Falta de higiene y otras. Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-13

En lo relativo a las medidas precautorias, la Ley Nro. 1217 dispone que en los casos en que los organismos administrativos que controlan faltas adopten alguna de ellas, las actuaciones deberán elevarse a la Unidad Administrativa de Control de Faltas en un plazo de tres días, debiendo dictar el Controlador Administrativo de Faltas la resolución correspondiente en el mismo plazo, la que "(a) pedido de parte puede ser revisada judicialmente ..." (art. 8 de la ley citada).

De lo expresado, se desprende que la ley de forma en materia de faltas ha regulado un procedimiento especial y expedito para los supuestos en que los órganos administrativos adopten medidas cautelares (secuestro o clausura), distinto al trámite establecido para el juzgamiento de las infracciones. Asimismo, dispone la posibilidad de una revisión judicial de la decisión administrativa únicamente a pedido de parte.
Impuesto de sellos, perfeccionamiento del contrato, oferta, falta de aceptación, coparticipación federal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Dirección Provincial de Rentas. s/ Incidente de verificación tardía. c/ E. Consili S. A. s/ Concurso preventivo. (Epxte. 129 año 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2007-12-26

Que [...] se comparte el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a: "[...] que la pretensión fiscal es improcedente toda vez que se aplicaría sobre una oferta de compra que carece de la autosuficiencia requerida para el cumplimiento de las obligaciones que la integran, lo que entra en contradicción con el art. 9, acápite II del inc. b de la ley 23.548" (FALLOS 327: 1051).
Autonomía provincial, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

Las provincias pueden dictar las leyes y estatutos que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las prohibiciones enumeradas en el art. 126 de la Constitución Nacional, y la razonabilidad, que es requisito de todo acto legítimo (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti).
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: SORIA DE REINAGA, CRISTINA DEL VALLE c/ IRALASKY, SERGIO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-17

Las partes asumen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones, o en caso contrario, soportar las consecuencias de incumplir ese imperativo que hace a su propio interés.
Cargo deudor, herederos
Materia: CIVIL
Carátula: Volpi, Sara y Otro c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-17

En tanto el cargo deudor no constituye una "pena" sino una deuda contraída por el causante, es claro que se trasmite a sus herederos (arts. 3279, 3363, 3365, 3371 y conc. del Código Civil).(doctor Genoud, sin disidencia)
Defensa en juicio, recurso extraordinario, multa aduanera, monto de la pena, inapelabilidad en razón del monto
Materia: CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO
Carátula: Casa Enrique Schuster  S.A.I.C. c/ Administración Nacional de Aduanas. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

Si bien la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional no requiere multiplicidad de instancias, debe entenderse con el alcance de exigir, al menos, una instancia judicial siempre que estén en juego derechos como los comprometidos en la aplicación de una multa por la Administración Nacional de Aduanas, los que de ningún modo pueden ser totalmente sustraídos al conocimiento de los jueces ordinarios sin agravio constitucional reparable por la vía del art.

14 de la ley 48.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, escritos judiciales, falta de firma, apelación implícita
Materia: COMERCIAL
Carátula: Acosta, Yamila Soledad  c/ Fravega SACIEI y Otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-31

Procede declarar la inexistencia del escrito de apelación presentado por el letrado patrocinante de la actora, por cuanto el mismo no contaba con la firma ológrafa de la parte, sino que trataba de una firma pegada en el escrito digital que no puede ser asimilable a una firma digital ni a una electrónica por carecer de las características que requieren ambos medios de suscripción de documentos, no cumpliendo dicha presentación con las disposiciones del punto I.5) del anexo II de la Acordada 31/20 de la CSJN. Disidencia de la Dra. Uzal:

Debe tenerse por presentado el escrito de apelación de la actora, pues aún cuando no se encuentra discutido en autos que la presentación objetada fue ingresada al sistema sin la firma de la parte, circunstancias particulares del caso ameritan el rechazo de su planteo de inexistencia. Por un lado, cabe señalar que si bien el ordenamiento admite que se supla la falta de firma del abogado en el escrito judicial cuando fuere necesario contar con el patrocinio letrado, concediendo a tal fin un término de dos días (CPR 57), no contempla similar previsión en el supuesto que la parte no hubiere suscripto la presentación. De otro lado, no puede dejar de observarse que la juez no detectó oportunamente el modo en que se insertó la firma de la parte en el escrito referido para su subsanación (CPR 34-5°), lo que conllevó a que dicho escrito activara el trámite de la segunda instancia. Tampoco puede soslayarse que la actora ratificó la presentación impugnada, en una indudable expresión de su voluntad (CCCN 262), sin que se hubiera afectado el derecho de defensa en juicio de la parte demandada, la que tuvo la posibilidad, y así lo hizo, de ejercer con total plenitud su derecho constitucional, resguardándose la garantía del debido proceso.
Embargo preventivo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: LABORAL
Carátula: REYNAGA GLADYS ESTER c/ VICENTE CANDIDO s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2001-10-22

Resulta verosímil el derecho alegado como consecuencia del reconocimiento de la relación laboral y parte de la deuda efectuados en la contestación de la demanda, cae en consecuencia en lo dispuesto por el artículo 212 inciso segundo del código procesal civil y comercial, por lo que resulta procedente la medida cautelar.
Medios de prueba, dependientes, remuneración, datos personales, testimonio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ediciones Colihue S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-21

Aquellos supuestos en los que se argumenta error en las constancias labradas, a más de coleccionar in-formación, resulta necesaria la actividad administrativa de comprobación y un criterio amplio en la eva-luación de los medios probatorios, en tanto no parece irrazonable que los empleados puedan equivo-carse o confundirse al tiempo de consignar o responder acerca de la fecha de inicio de sus tareas o so-bre las remuneraciones. Pero cuando dichos errores refieren a los datos personales suministrados por el propio relevado y no a la actividad que desarrolla -a cuyo respecto, en el caso, refiere con precisión-, no se aprecia que la prueba testimonial ofrecida en la instancia administrativa -y rechazada por ésta-, hu-biese resultado pertinente para resolver la cuestión, teniendo en cuenta los hechos determinantes de la infracción (incumplimiento al debido registro de alta del trabajador) y la inconducencia de la testimonial del propio empleado relevado por la inspección.
Contrato de obra pública, contratista, exenciones impositivas, juicio, tasa de justicia
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ REVOCATORIA     RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 787-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-06

El artículo 60 de la Ley de Obras Públicas N. 5188, que establece que "el contratista estará exento de los gravámenes fiscales, en su gestión ante la Administración, con motivo de la ejecución de la obra..."; no es aplicable en sede judicial. En efecto, el sentido de la norma tiende a precisar un ámbito específico de exención para el contratista, deslindado por la concurrencia de dos condiciones inseparables: a) gestiones ante la Administración, b) que éstas sean motivadas por la ejecución de la obra. Se trata de dos condiciones concurrentes, vale decir que han de estar presentes para que se dé el supuesto de exención. De allí que otras gestiones, que no correspondan a la segunda condición, no estarán eximidas, como tampoco lo estarán aquellas actividades de la empresa, que aún siendo consecuencias de ésta, no se manifiesten a través de gestiones ante la Administración.
Prueba documental, telegrama, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Cisneros, Leonardo Reneé c/ Cristalerias Cattorini Hnos S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

Si en el escrito de contestación del segundo traslado el actor negó la recepción de un telegrama que le remitiera el demandado (arts. 29 dec.ley 7718/71 y 351 inc. 1 del C.P.C.C.), no es suficiente para acreditar que lo ha recibido la constancia expedida por la oficina respectiva que certifica su emisión.
Celebración del contrato, vicios de la voluntad, lesión subjetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Kivacs, Emilio A. c/ Saubidet, Antonio S. s/ Escrituración.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-25

El art. 954 del Código Civil, de ninguna manera prohibe vender caro o comprar barato, ni existe obligación alguna de que el precio sea equivalente al bien vendido, se refiere a personas capaces, y no a incapaces, ya que éstos, por serlo, conllevan nulidad para los actos que realizan, sin sumar más nulidades a la que la incapacidad determina.

Es pretoriano y no tiene apoyatura expresa ni tácita en el art. 954 del Código Civil, la categoría de superioridad o la de inferioridad, en orden a comprar o vender.

Ello porque el superior (entendiendo por tal al sano, o a quien goza nivel social intelectual o económico) puede producir actos ligeros o irreflexivos; y al inferior (si se atiende que lo sea el que no tiene aquellos niveles) le es dado realizar, según su propia naturaleza, actos llenos de prudencia y hasta de talento.

Si no hubo explotación, la ligereza queda por cuenta de quien la tuvo, porque el Tribunal no es el ámbito para corregir ligerezas o malos negocios, y semejante interpretación sujetaría al vendedor y al comprador a una suerte de tutela jurisdiccional improcedente, desde que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni prohibido de lo que la ley no prohibe (art. 19 C.N.); de ahí, que ni la superioridad o inferioridad pretendida, ni la notoria desproporción de las prestaciones, ni el acto irreflexivo o ligero alcanzan para integrar la nulidad del art. 954 del Código Civil, si queda ausente la explotación por medio idóneo, de la ligereza.
Ejercicio profesional, abogados, Colegio Público de Abogados, facultades reglamentarias, interpretación de la ley, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baca Castex, Raúl Alejo c/ C.P.A.C.F. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El decreto 2293/92 excedió el marco de la norma que pretende reglamentar, ya que al suprimir el sistema de inscripciones centralizadas y al crear condiciones al ejercicio de la abogacía que impiden un serio control disciplinario y ético, lesionó el valor seguridad jurídica, que responde a la teleología del decreto 2284/91 y abrogó la ley 23.187, cuyo objetivo principal es precisamente asegurarlo (Voto de los Dres Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Leyes, razonabilidad, Poder Judicial, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, ISABELINO c/ ESTANCIA LAS TIJERAS Y OTRO s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 346-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

La distinción que nace de restringir la extensión del hecho antecedente con el resultado de establecer diferentes regímenes legales, implica también una valoración de razonabilidad de la selección y cabe preguntar entonces si es justo o razonable en efecto, imputar a hechos iguales distintas prestaciones como debidas por "alguien obligado". La respuesta puede ser afirmativa o negativa.
Prófugo, personal policial, encubrimiento
Materia: PENAL
Carátula: Famoso, Jorge Manuel c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-12

Sin haber podido determinar si hubo de parte del imputado alguna acción positiva y directa, al menos la ayuda que brindó al prófugo fue la de no actuar como su deber y la ley le imponían. Precisamente, en su condición de funcionario policial, estaba obligado a poner en conocimiento de sus superiores la información que tenía sobre el sujeto sobre el que pesaba una orden de captura, a fin de lograr su inmediata detención y puesta a disposición del juez, sin embargo, faltó deliberadamente a sus obligaciones legales, ocultó a las autoridades esos datos, y durante varios meses mantuvo contacto telefónico y personal con el prófugo, según surge de las escuchas telefónicas y de su expreso reconocimiento.
Robo simple, coautoría, cosas en el automotor
Materia: PENAL
Carátula: CAUSA 298 s/ ROBO SIMPLE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-25

Comete el delito de robo simple, en calidad de coautor, el individuo que luego de romper violentamente el vidrio delantero de un automotor se introduce rápidamente arrebatándole la cartera a su propietaria, para huir inmediatamente junto con su compañero de tareas en una moto que lo esperaba con tales fines; siendo sorprendidos por la policía a muchas cuadras del lugar, debido a que llamó la atención a los agentes del orden que dos sujetos se desplazaran en una moto, portando el acompañante una cartera de mujer que intentaba ocultar en actitud sospechosa dentro de una mochila.
Contrato de obra pública, mayores costos, contratista, licitación pública, cláusula de actualización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSANICHE HERMANOS Y COMPAÑIA SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 655-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12

En los casos de contratos de obra pública en que el reconocimiento de los mayores costos no se efectúa en forma desagregada, la determinación del daño no requiere la demostración por parte del contratista de ciertos perjuicios especiales ya que éstos surgen de la sí efectiva demostración de la significativa irrepresentatividad de los cálculos contenidos en el precio de la obra sobre este rubro.
Sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, acusación, delito penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiscal c/ Fontana, Carlos Alberto y otros s/ av. infracción ley n. 20.840.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Es arbitraria la sentencia, si se omitió relacionar las circunstancias comprobadas de la causa, con los elementos tipificantes del delito por el que se había acusado, y ello determinó que se expusieran argumentos desprovistos de razonabilidad y basados en la sola voluntad de los jueces que la suscribieron.
Representación procesal, acreditación de la personería, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: CHAVARRI, ENRIQUE VICTOR c/ CONSEJO DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-04-10

Dado que la letrada se ha presentado sin acompañar el instrumento que demuestre su representación, tal como lo exige la norma del art. 50 del Código de rito, ni ha invocado razones de urgencia que hicieren aplicables las disposiciones referidas al gestor (art. 51 C.P.C.C.), corresponde que dichas actuaciones sean declaradas nulas por cuanto falta en ellas la expresión de voluntad del litigante (art. 1012 del Código Civil).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, muerte de la víctima, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Quiroga, Adriana Edith c/ Bazán, Eufemio Enrique s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-06-24

Si el hecho ilícito ha menoscabado un interés que integraba la esfera del actuar lícito de la persona (porque no era reprobado por el derecho) y que era lo suficientemente cierto y estable para considerarse que la privación afectaría en lo sucesivo a la víctima, el daño debe ser indemnizado.
Faltas, proceso de faltas, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, medidas cautelares, clausura preventiva
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Luzzi, José Luis s/ s/no exhibir certificado de tratamiento ignífugo (Clausura administrativa convalidada)- Incidente de apelación y solicitud de apartamiento en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

Admitir un recurso de apelación contra el dictado de una clausura preventiva en los términos del artículo 7 de la Ley Nro. 1.217, convalidada por el Controlador Administrativo y revisada por un Juez de Primera Instancia, implicaría desvirtuar el procedimiento previsto por el legislador en materia de faltas y que este Tribunal exacerbe indebidamente su competencia.

Máxime si se tiene en cuenta que a diferencia de lo que ocurre en materia contravencional, en materia de faltas el código de procedimientos no prevé la posibilidad de interponer recurso de apelación contra las resoluciones que dispongan la convalidación o no convalidación de clausuras preventivas (art. 29 LPC), ni efectúa remisión a norma alguna que expresamente consagre la impugnabilidad de este tipo de decisiones. Por ello, tal ausencia, que en el caso el recurrente propone sea pretorianamente corregida, debe ser ejercida con prudencia y de modo excepcional.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, certificado de deuda
Materia: PROCESAL
Carátula: SEMINARA S.A. c/ GUZMAN ORLANDO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-06-22

La instrumentación base de esta acción ejecutiva (certificado de deuda por pavimento a favor de la empresa constructora) "prima facie" constituiría título ejecutivo, encuadrándolo en el inc.7 del art.523 del Código de forma, por lo cual no se justifica el rechazo in limine de la demanda ya que debe tenerse presente que los titulos enumerados expresamente en la norma mencionada precedentemente,no extinguen todos los supuestos de admisibilidad del título ejecutivo, bien por la extensión a otros supuestos,bien por la asimilación que a diversos incisos se realiza por subsunción.
Sanciones conminatorias, escrituración
Materia: CIVIL
Carátula: Maidana, Juan Carlos c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

Si el actor no ha logrado pese a existir sentencia condenatoria, la satisfacción del derecho que le fuera reconocido a través del otorgamiento de la escritura pública, y la demandada, Comisión Municipal de la Vivienda, no ha logrado deslindar su responsabilidad en el incumplimiento de la misma, al no haber acreditado las diligencias realizadas tendientes a solucionar los problemas que imposibiliten dicho otorgamiento, corresponde imponerle sanciones conminatorias.
Cuestiones de competencia, contenido de la demanda, descripción de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: Pérez, Sergio Gabriel c/ Scotton, Jorge Alberto s/ daños y perjuicios - incump. contractual (exc. Estado)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

En la tarea de esclarecer la contienda de competencia es necesario atender a los hechos que se relatan en la demanda, y después, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como sustento de la pretensión, así como indagar en su origen y naturaleza y en la relación de derecho existente entre las partes. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Empleador, obligaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Carrara, Secundino c/ Cometarsa S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo Rodoni, Antonio Nicasio c/ Cometarsa S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05|1989-10-10

Es descalificable el acuerdo que pone en evidencia la intención del principal de eludir el cumplimiento de sus obligaciones legales en tanto por dicha vía dejó de cumplir las exigencias que la ley pone a su cargo como empleador de un trabajador minusválido.
Inimputabilidad, ebriedad, homicidio simple
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, Silvio Ramón s/ HOMICIDIO SIMPLE (y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-04-06

Corresponde declarar autor material y penalmente responsable de los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa en concurso real, al automovilista que circulando a excesiva velocidad y en contramano atropelló a un menor y a su hermano cuando se disponían a ingresar a un colegio, pues se encontraba en dominio de sus facultades más allá de la ingesta de alcohol y drogas que se le constatara, dado que pudo perfectamente iniciar la marcha con su rodado, trasladarse con él por distintas arterias de la ciudad, habiendo realizado incluso maniobras de esquive al eludir a otros vehículos unas cuadras antes del sector del impacto, lo que revela también capacidad de reacción frente a obstáculos que se le iban presentando.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, monto del juicio, incidentes
Materia: CIVIL
Carátula: SAENZ VALIENTE s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-02

La deducción prevista en el art. 33 de la ley 21.839 es aplicable en los supuestos de incidentes en los cuales al regular honorarios, debe tomarse en cuenta el monto del proceso principal y no cuando se trata de un incidente con un interés económico autónomo.-
Propiedad horizontal, prehorizontalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferrigno, Adrián Aldo y otra c/ Simón Kremer e hijos S.A.C.I.F. y A. s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

Si bien el art.2 de la ley 20.276 -haciendo una excepción al principio de la aplicación inmediata de la ley, consagrado por el art.3, nuevo del Código Civil-, prescribe que no se aplicarán algunas normas de la ley 19.724 cuando antes de su publicación los propietarios hubieran formalizado contratos de adjudicación o enajenación de unidades particulares en el respectivo inmueble tal excepción no resulta aplicable si el contrato que se invoca es un convenio por el cual la excepcionante se compromete a edificar en un lote de terreno proporcionado por un tercero y a entregar a sus cocontratantes un número determinado de unidades en una etapa posterior. En dicho supuesto, el convenio en cuestión no implica la adjudicación o enajenación de unidades que contempla la mencionada norma legal.