Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2010-12-09


2º Instancia.- Resistencia, diciembre 9 de 2010.

Considerando:I. Que, la parte actora promueve acción de amparo contra el Banco de la Nación Argentina -Sucursal Formosa- y el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que se le restituya (en dólares o la cantidad de pesos necesaria para adquirirlos en el mercado libre) la suma depositada en dicha entidad financiera en el Plazo Fijo en dólares Nº 4.530.034/0 (por u$s 417.857); impugnando asimismo el bloque normativo conformado por el "corralito financiero", "la reprogramación" de la devolución de los depósitos y "la pesificación" de ahorros en moneda extranjera en tanto importan -dice- una clara violación del derecho de propiedad garantizado por la Carta Magna (Arts. 14 y 17).

A fs. 70/88 y 91/95 obran glosados los informes circunstanciados evacuados por las codemandadas, en orden a lo normado por el art. 8 de la Ley 16.986.

II. A efectos de que se ordene al Banco accionado la restitución de los fondos depositados solicita Medida Cautelar; la cual es decretada por el Juez de grado a fs. 4/5, ordenando al Banco de la Nación que entregue a la actora la totalidad de la suma impuesta en el depósito en cuestión (Plazo Fijo en dólares Nº 4.530.034/0).

Tal medida -según constancia de fs. 54/55- fue cumplimentada por la entidad bancaria.

Ahora bien, es del caso observar que en la oportunidad, conforme surge del Acta de diligenciamiento del respectivo mandamiento el Banco entregó "la totalidad" (sic) de la suma impuesta en el depósito en cuestión, consignando como tal la cantidad de u$s 417.857 que la actora recibió haciendo constar su disconformidad con la cotización de la divisa que según la entidad bancaria correspondía al tipo de cambio vendedor vigente en la oportunidad, manifestando que reclamaría la diferencia que le restaba percibir para estar en condiciones de comprar la divisa en el mercado libre de cambios, toda vez que la entidad bancaria en la ocasión empleó la cotización de $ 2,78 por dólar cuando la cotización vigente y por tanto aplicable al ejecutarse la medida precautoria debió ser la suma de $ 2,80 por dólar estadounidense.

III. A fs. 100/113 el a quo resuelve hacer lugar a la acción de amparo incoada, declarar la inconstitucionalidad del plexo normativo cuestionado y, por ende, ordenar al Banco de la Nación que restituya al actor la diferencia que resulte de calcular la cantidad de dólares estadounidenses que se pudieron haber adquirido en el mercado libre (tipo vendedor) con la suma efectivamente entregada en cumplimiento de la medida cautelar cumplimentada a fs. 50/55, y la suma de dólares estadounidenses depositada en el Plazo Fijo de marras (Nº 4.530.034/0). Asimismo, impone las costas a las accionadas vencidas, conforme al principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN) y regula los honorarios profesionales de conformidad a los postulados de los arts. 10 y 13 de la Ley 24.432.

Disconformes con tal decisión interponen recurso de apelación a fs. 109/113 el Estado Nacional, y a fs. 118/125 la entidad bancaria demandada.

Liminarmente, el Estado Nacional sostiene -en defensa del plexo normativo cuestionado- la razonabilidad y la presunción de legitimidad de que goza tal normativa, como así también las cuestiones de emergencia que determinaron su dictado.

Por su parte, el Banco de la Nación fundamenta sus agravios, alegando que el a quo omitió pronunciarse sobre la falta de legitimación pasiva de la acción planteada -dice- oportunamente por su parte, razón por la cual -sostiene- ninguna responsabilidad le cabe en orden a los actos y normas atacadas y, por ende, sostiene que no puede sufrir condena alguna en costas. Finalmente, se agravia porque el a quo ordena la devolución del depósito en efectivo y en dólares o pesos, al cambio libre.

Tales agravios merecieron la réplica de la contraria a fs. 127/129.

IV. En torno al agravio de la entidad bancaria referido a la falta de legitimación pasiva de su parte, corresponde destacar que se trata de un planteo inadmisible toda vez que, conforme surge de las constancias de la causa (ver fs. 91/95), no es verdad que el tema fuera puesto a consideración del a quo en su primera presentación, toda vez que en tal escrito -por el contrario- el BNA fundamenta su postura defendiendo la constitucionalidad de la normativa impugnada en función del estado de emergencia que vivía el país.

En consecuencia, en orden a lo normado por el art. 277 del CPCCN, deberá declararse inadmisible el agravio del Banco en este punto, dado que el Tribunal no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de grado.

V. Sobreel fondo de la cuestión que trae los autos a conocimiento del Tribunal cabe puntualizar, que habiéndose pronunciado la Corte Suprema en el caso "Massa" y posteriormente in re: "Kujarchuk" y "Wainhaus", ha quedado claramente fijado el criterio a seguir sobre las cuestiones debatidas en casos como el "sub-examine"; dando el Alto Tribunal una respuesta institucional como cabeza del Poder Judicial de la Nación, en aras de poner fin a litigios como el presente de indudable trascendencia institucional y social.

"Massa, Juan Agustín c/Poder Ejecutivo Nacional - Dto.1570/01 y otro s/amparo" C.S.M.2771.XLI. (27.12.06).

"Kujarchuk, Pablo F. v. PEN ley 25,561 dtos. 1570/01 y 214/02 s/amparo ley 16.986", CSJN 28/08/07, Jurisprudencia on line Lexis Nexos.

"Wainhaus, Mario y otro c/PEN - ley 25.561, dtos. 1570/01 y 214/02 (BBVA) s/proceso de conocimiento (ley 25.561)", CSJN W. 33. XLIII (18/09/07).

Conf. Caso "Massa", consid. 8º del voto que encabeza la sentencia.

Y atento que las cuestiones de hecho planteadas en las presentes actuaciones -acogidas favorablemente por el a quo- son sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas por la Corte Suprema, se estima oportuno y conveniente adoptar en la especie el criterio doctrinal sentado en los mentados precedentes por el Alto Cuerpo, toda vez que tal solución resguarda la sustancia del derecho patrimonial de los depositantes en tanto les permite obtener una suma expresada en pesos que cubre íntegramente el valor de los dólares depositados.

VI. En mérito a ello, según surge de la doctrina sentada por la Corte Suprema, corresponderá declarar el derecho de la actora a obtener de la entidad bancaria demandada el reintegro de sus depósitos (incluyendo los intereses pactados con la limitación temporal determinada in re: "Massa") convertidos a pesos, a la relación de $ 1,40 por cada dólar, ajustado por el CER hasta el momento de su pago, con más la aplicación sobre el monto así obtenido, de los intereses compensatorios calculados a la tasa del 4 % anual -no capitalizable- también hasta el efectivo pago; debiendo computarse como pagos a cuenta las sumas que -con relación a dichos depósitos- hubiese abonado la entidad bancaria demandada a lo largo del pleito en cumplimiento de medidas cautelares; y si lo entregado hubiese sido el total del monto depositado, en dólares o su equivalente en pesos, deberá considerarse que la obligación ha sido íntegramente cancelada.

Señalándose -asimismo- que el reconocimiento de tal derecho a los fines de determinar el monto a percibir, no podrá ser superior al valor de los depósitos originales reclamados conforme la cotización de la divisa extranjera en el mercado libre de cambios -tipo vendedor-, a la fecha del efectivo pago.

De conformidad con lo resuelto por la CSJN in re: "Massa" (M.2773.XLI, considerando 23º); "Kujarchuk" (K.90.XLIII, considerando 7º), "Marta, Luis A." M.363.XLII, considerando 5º); entre muchos otros.

VII. En tal inteligencia, analizadas las constancias de la causa se advierte que el total de la suma impuesta en el Plazo Fijo en dólares Nº 4.530.034/0 (de u$s 417.857) fue parcialmente abonada por el Banco de la Nación pues (según constancia de fs. 50/55) sólo restituyó a la accionante la cantidad de $ 1.161.642,46 monto que según la cotización de la divisa al tipo de cambio vendedor, vigente en la oportunidad significó la restitución de u$s 414.872,3 ($ 1.161.642,46 x $ 2,80 = u$s 414.872,3) en cumplimiento de la medida cautelar decretada a fs. 4/5. Por ende, cabrá concluir que tal percepción deberá ser imputada como pago a cuenta del depósito en cuestión.

Sentado lo cual, con el propósito de evitar que el modo de efectuar el cómputo del referido pago parcial pueda dar lugar a nuevas controversias en la etapa de liquidación, se estima conveniente especificar el mecanismo de cálculo correspondiente.

Ello así, tratándose del monto total impuesto en el depósito Plazo Fijo en dólares Nº 4.530.034/0 por u$s 417.857 del cual el Banco accionado pagó u$s 414.872,3, aunque lo haya hecho en pesos, deberá considerarse que efectuó un pago a cuenta del 99,3 % aproximadamente, de lo adeudado por tal imposición.

Por lo tanto, una vez determinado el importe en pesos del depósito en cuestión (Plazo Fijo Nº 4.530.034/0, según la fórmula establecida por la CSJN in re "Massa"), del mismo se deberá descontar el porcentaje (99,3 %) correspondiente al respectivo pago a cuenta, asistiéndole derecho a la parte actora a percibir de la entidad bancaria demandada el saldo impago correspondiente, esto es, el 0,7 % restante, en pesos.

VIII. A lo demás, el PEN se agravia por considerar altos los honorarios profesionales regulados por el a quo, y no aplicar -dice- la pauta arancelaria establecida en el art. 13 de la ley 24.432.

Así planteada la cuestión y analizada la regulación de honorarios en crisis, se advierte que el Juez de grado fija los mismos por debajo del mínimo legal establecido, en el marco de las atribuciones conferidas por los arts. 10 y 13 de la Ley 24.432.

En mérito a ello, la queja del PEN por altos los estipendios no puede prosperar toda vez que la normativa de referencia faculta a los jueces a regular los honorarios profesionales sin atender a montos o porcentajes mínimos, debiendo en consecuencia confirmarse los emolumentos profesionales fijados por el a quo a fs. 105 vta.

IX. Finalmente, la entidad bancaria recurrente se agravia por la imposición de las costas devengadas por la actora en la anterior instancia.

A este respecto corresponde señalar que el fundamento de la condena en costas radica en el hecho objetivo de la derrota y que, las mismas en nuestro régimen procesal no se imponen como una sanción sino como resarcimiento de los gastos en que debió incurrir el vencedor, para obtener ante el órgano jurisdiccional la satisfacción de su derecho, gastos que deben ser reembolsados por el vencido con prescindencia de la buena fe con que haya actuado (art. 68 CPCCN).

Ello así, y dada la forma en que se propone que concluya la presente litis, deberán adecuarse a este pronunciamiento las costas devengadas en la anterior instancia, conforme lo normado por el art. 279 del CPCCN y los fundamentos a desarrollarse "infra"; razón por la cual el agravio en análisis, no puede prosperar.

X. Costas:

1. En tal sentido, por considerar que la accionante tenía motivos suficientes para litigar y la acción promovida todas las posibilidades de resultar viable cuando se dedujo en virtud de la excepcional situación suscitada en esta clase de causas, se entiende (atento la forma en que se resuelve el presente litigio) que ello implica el éxito sustancial de la actora en sus pretensiones, razón por la cual corresponderá mantener la imposición de costas conforme el principio vencedor-vencido (art. 68 del CPCCN), y en este marco especificar que las costas devengadas por la actora en la anterior instancia, se impondrán por partes iguales a las codemandadas, y que éstas (el Banco de la Nación y el PEN) deberán hacerse cargo de las propias (conf. Art. 279 CPCCN).

2. En cuanto a las devengadas ante esta Alzada, en atención a los fundamentos de la presente y al cambio de jurisprudencia (CSJN Fallos: "Smith", "Provincia de San Luis", "Bustos", "Massa", y "Kujarchuk"), procederá que las mismas se distribuyan en el orden causado (art. 68, segunda parte, del CPCCN).

XI. Los emolumentos por la labor desarrollada ante esta Cámara, se regularán atento al mérito, extensión y resultado de sus respectivas labores profesionales, siguiendo las pautas de los arts.14 y concordantes de la Ley Arancelaria vigente, fijándolos para el Dr. M. M. (por la parte actora), en la cantidad de $ 14.397; para la Dra. M. A. A. (representante del Banco de la Nación), en la de $ 4.500; y para la Dra. L. E. N. A. (por el Estado Nacional), también en la cantidad de $ 4.500; esto es, en el 25 % de lo regulado por la representación técnica que les cupo a cada profesional en la instancia de grado.

Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, se resuelve: 1. Declarar procedentes los recursos de apelación interpuestos a fs. 109/113 por el Estado Nacional y a fs. 118/125 por el Banco de la Nación Argentina (Sucursal Formosa), respecto de la validez constitucional de la normativa impugnada. 2. Sin perjuicio de lo cual, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente y de conformidad con el criterio sustentado por la Corte Suprema in re: "Massa", se declara el derecho de la actora a obtener de la entidad bancaria demandada el reintegro de su depósito identificado como Plazo Fijo en dólares Nº 4.530.034/0 convertido a pesos, según la fórmula establecida en el considerando VI de la presente. 3. Convalidar el pago parcial efectuado por el Banco de la Nación en relación al depósito de referencia a fs. 50/55, en cumplimiento de la medida cautelar decretada a fs. 4/5. 4. Establecer, para computar el referido pago a cuenta (siguiendo el criterio de la CSJN in re "Kujarchuk") que, una vez determinado el importe en pesos del depósito bancario de marras, según la fórmula establecida precedentemente en el considerando VI, del mismo se deberá descontar el porcentaje (99, 3 %) correspondiente al respectivo pago a cuenta efectuado por el Banco a fs. 50/55, asistiéndole derecho a la parte actora a percibir de la entidad bancaria demandada el saldo impago correspondiente, esto es, el 0, 7 % restante del depósitos a Plazo Fijo en cuestión, en pesos. 5. Señalándose -asimismo- que el reconocimiento de tal derecho a los fines de determinar el monto a percibir, no podrá ser superior al valor del depósito original reclamado conforme la cotización de la divisa extranjera en el mercado libre de cambios -tipo vendedor-, a la fecha del efectivo pago. 6. Adecuar las costas de primera instancia (art. 279 CPCCN), manteniéndose la imposición conforme el principio vencedor-vencido (art. 68 del CPCCN), del modo explicitado en el considerando X.1. del presente. 7. Rechazar la queja del Estado Nacional por altos los honorarios fijados en la sentencia, y por ende, confirmar los emolumentos fijados en la sentencia a fs. 105 vta. 8. Imponer las costas de esta instancia, por su orden (art. 68, segunda parte, del CPCCN).9. Al efecto, fijar los emolumentos profesionales por la labor desarrollada ante esta Cámara, en las siguientes cantidades de pesos: para el Dr. M. M. (por la parte actora), en la cantidad de catorce mil trescientos noventa y siete ($ 14.397); para la Dra. M. A. A. (representante del Banco de la Nación), en la de cuatro mil quinientos ($ 4.500); y para la Dra. L. E. N. A. (por el Estado Nacional), también en la cantidad de cuatro mil quinientos ($ 4.500); esto es, en el 25 % de lo regulado por la representación técnica que les cupo a cada profesional en la instancia de grado. Nota: De haberse dictado el Acuerdo precedente por los Sres. Jueces de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Decreto Ley 1285/58 y art.109 Reg. Jus. Nac.), por encontrarse vacante una Vocalía.- José L. A. Aguilar.- Ana V. Order.