marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Astreintes, mora del deudor, plazo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TAMBUSSI, RUBENS PABLO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-11

Las sanciones conminatorias o astreintes no son otra cosa que medios técnicos de coacción económica de carácter previsional y restrictivo, que han sido reconocidos por nuestra legislación en salvaguarda del principio de eficacia de la jurisdicción y para posibilitar el cumplimiento de las condenas judiciales, imponiendo al deudor moroso una sanción pecuniaria tendiente a hacer cesar su resistencia (ver art. 6666 bis Cód. Civ. Y art. 37 C.P.C.C.; Couture, Eduardo J., "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", pág. 461; Fenochietto, Carlos E., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", pág. 97; Llambías, Jorge J., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", Tº I, pág. 81; entre otros)., pero en ningún momento pueden convertirse en causa de un enriquecimiento desmedido, más aún si se tiene presente que nos encontramos dentro de un sistema previsional de base solidaria. De ello se deduce que las astreintes deben ser aplicadas sobre un esquema de racionalidad; motivo por el cual, siendo el ente obligado a cumplir el mandato judicial un organismo previsional que sólo puede emitir decisiones en días hábiles administrativos, las sanciones impuestas deben ser aplicadas y computadas bajo ese esquema temporal y no en días corridos, ya que admitir la solución contraria implicaría una aplicación antifuncional del referido medio técnico de corrección. (Disidencia de la Dra. Dorado).
Recurso extraordinario, cuestión federal, facultades jurisdiccionales, proceso penal, víctima del delito, acción de revisión, actor civil
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GAUNA, MARIA ANTONIA c/  s/ REVISION PENAL (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-03

Tanto el Fiscal de Cámaras como la Actora civil logran articular con seriedad una cuestión federal vinculada con la causa al invocar la afectación a la tutela judicial efectiva, al haberse resuelto el recurso de revisión penal sin otorgar participación alguna a la víctima pues, si bien la normativa local que regula el recurso no prevé expresamente la participación de ésta en su trámite -como actor civil o querellante- debe entenderse que dicha omisión -aún cuando podría considerarse una materia librada al legislador- no implica que esté vedada su intervención, toda vez que es deber de los jueces posibilitar el acceso de las partes al juicio, sin restricciones irrazonables, y de interpretar con amplitud las leyes procesales en cuanto a legitimación, ya que el rechazo de la acción en virtud de una interpretación restrictiva o ritualista importa una vulneración al mismo. (De la disidencia de los Dres. Falistocco y Netri) - CITAS: CSJN: Fallos 321:2021, 329:2596, 330:3092, 329:5994; 327:608.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, adhesión al recurso, recurso extraordinario, facultades del juez, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Establecimiento  Modelo  Terrabusi  S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La similitud de los agravios formulados por los restantes sumariados en el recurso extraordinario -al que también adhirió la apelante- torna adecuado el tratamiento de ambas apelaciones en forma conjunta y, con carácter excepcional, a fin de resguardar la defensa en juicio de todos los recurrentes y la trascendencia de las cuestiones que por primera vez son traídas a la Corte, atender sus agravios con la amplitud propia de la apelación ordinaria (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano).
Apartamiento de las constancias de la causa, recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Ferrer, Iván Augusto s/ ejecución fiscal - ing. brutos convenio multilateral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

La perención, aunque obedece al transcurso del plazo de ley, requiere una declaración, pues puede ser purgada por la vía del art. 265, primer párrafo in fine del CCAyT. Así las cosas, en el caso, el auto que denegó el recurso de inconstitucionalidad en el entendimiento de que había operado su caducidad, es contradictorio, puesto que, tras tener por caduco el recurso, el tribunal a quo se dedica a resolver acerca de su procedencia para, finalmente, denegarlo. La decisión de declarar la caducidad y la de denegar por ello el recurso, no pueden ser ambas sostenibles, aunque sí incorrectas. En este sentido, o bien la vía impugnatoria ha caducado y no puede ser ni denegada ni concedida, o puede haber pronunciamiento denegatorio, en cuyo supuesto no ha caducado. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Faltas, procedimiento administrativo de faltas, unidad administrativa de control de faltas, facultades del juez, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Zapata Cárdenas, Percy Antonio c/ GCBA s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-13

Si bien ante el pedido expreso y oportuno del infractor de solicitar el pase de la resolución administrativa a la justicia Contravencional y de Faltas, el Controlador Administrativo de Faltas omite elevar las actuaciones, resulta más respetuoso del principio de defensa en juicio que el juez a quo escuche a la parte demandada, por intermedio del órgano que ejerce su representación judicial (art. 134 CCBA), antes de concluir definitivamente acerca de la existencia, o no, del hecho denunciado -arbitraria omisión de remitir las actuaciones para su juzgamiento judicial- por parte del Controlador Administrativo de Faltas.
Empleados de banco, estabilidad laboral, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: REAL, ALBERTO c/ BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE DESPIDO, REINCORPORACION Y COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1975-12-26

A partir de la vigencia de la ley 18598, deben considerarse implícitamente derogadas las disposiciones de los decretos 20268/46 y 21304/48, no sólo en cuanto a la forma de garantizar la estabilidad de los empleados bancarios y de seguros, sino también a las disposiciones relativas a causas de despido y recaudos formales para disponerlo, quedando todo el capítulo sobre 'cesantía' sustituido y regido por la Ley 18598.
Responsabilidad solidaria, responsabilidad del socio
Materia: LABORAL
Carátula: Suarez,  Enrique  y  otro c/ Plasticos Argentinos S.A. y otros s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-18

El art. 705 del Código Civil resulta aplicable a las obligaciones solidarias que consagra la ley de sociedades, de manera tal que es posible dirigir la acción contra los otros codeudores solidarios cuando en un primer momento se reclamó la deuda por entero contra uno solo de ellos y este deudor resultó insolvente. Así, como señala Halperín, los terceros conservan su acción individual, incluso en caso de concurso de la sociedad (art. 279 ley 19550). Asimismo, una vez firme y consentida la sentencia laboral contra el director y la socia y propietaria del 99,99% del capital de la S.A., surtirá efectos de cosa juzgada respecto de la acción que eventualmente pudiere intentarse ante el proceso universal o contra la sociedad, ello en virtud de lo dispuesto en el art. 715 del Código Civil, en el sentido de que la cosa juzgada sólo es oponible a los codeudores que dueron parte en el juicio (texto conforme ley 17711). TOQ 1179
Régimen de consolidación de deudas, Comisión Municipal de la Vivienda, condena a escriturar
Materia: CIVIL
Carátula: Domenech, Oscar Jorge c/ C.M.V. s/ Escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-24

No queda comprendida dentro de la Ley de Consolidación 23.982 la causa en que se ordena a la Comisión Municipal de la Vivienda otorgar la escritura del departamento que compró la actora.
Aborto no punible, competencia por la materia, juez de instrucción
Materia: PENAL
Carátula: N., R. F. s/ Abuso sexual s/ Incidente de solicitud de interrupción de embarazo s/ Apelaciones s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-05-11

De tal modo, se advierte así el error tanto de quien impugna la competencia material del Juez de Instrucción para resolver la solicitud a favor de la Juez de Familia como de la Cámara en lo Criminal que atiende el planteo.

Igualmente incurre en contradicción el propio Juez al resolver, en tanto, admitiendo la postura arriba mencionada según la cual en los casos contemplados en el art. 86 segundo párrafo incs. 1 y 2 del Código Penal "no se requiere autorización judicial para proceder a la interrupción de un embarazo, siempre y cuando se trate de los supuestos específicamente previstos en dicha norma, y se hubiere dado cumplimiento a los términos establecidos en la misma", tras ello dispone "autorizar al interrupción del embarazo de T.N., declarando que su situación encuadra en el supuesto de aborto no punible previsto en el artículo 86, inciso 2 del Código Penal".

A todo evento, la venia judicial que la administración solicita para no incurrir en un error de tipo o de prohibición puede ser mejor respondida por el Juez de Instrucción, dado que la cuestión primera a resolver pasa por una interpretación de las normas de derecho penal involucradas, en un trámite incidental que surge de un expediente que comparte la materialidad involucrada, la víctima y los presuntos autores, lo que es propio de su competencia material.
Acto administrativo, revocación del acto administrativo, actuación de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguerrebehere, Julio Eduardo. c/ Instituto de Prevision Social. s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-12

Si el vicio invocado no pudo superar la interpretación meramente opinable de la norma aplicable carece de idoneidad como acto irregular para justificar el ejercicio de oficio de la potestad anulatoria.
Acción de amparo, pueblos originarios, derechos del aborigen, Derechos humanos, Recursos naturales, Derecho ambiental, protección del medio ambiente
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

El "amparo colectivo" en la forma planteada por la actora y las respuestas y demás posiciones de los requeridos, pivotea sobre un interrogante sustantivo que hace al fondo del asunto: si la omisión del impacto social y cultural sobre las Comunidades originarias en los términos en que está diseñado y es interpretado el plexo normativo, en definitiva termina comportando una violación de los derecho humanos y habilita una virtual "class action".- En igual sentido, si deriva de ello dar participación social al manejo de los recursos naturales.- En ambos casos, la respuesta es "sí", con los alcances y límites de "ut supra", sin que necesariamente tenga que efectuarse una intelección absoluta, sino objetivamente valorada acorde con las circunstancias de cada "caso". La protección del medio ambiente tiene una visión básicamente humanística. Hay derechos a la tierra que vienen ocupando, que les ha sido legalmente asignada aunque esté en indeterminación e imprecisión, no hay certeza en cuanto a la existencia o el grado de agresión a sus recursos naturales y el medio ambiente, se condiciona la expansión de las Comunidades Originarias hacia las tierras fiscales aptas aledañas, hay valores culturales y religiosos que involucran bienes de la naturaleza a contemplar dentro del concepto pluriétnico, etc.
Regulación de honorarios, régimen de consolidación de deudas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "BATALLA,  NELIDA  Y  OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio delInterior s/ Personal  militar y civil de las fuerzas armadas y deseguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-24

La percepción de los emolumentos de los profesionales debe ajustarse a los mecanismos de la ley 25.344, y dado que la "causa" de las obligaciones, a los efectos de la consolidación, la constituyen los hechos o actos que de modo directo e inmediato les hubiesen dado origen, en el caso lo relevante es la fecha del desarrollo del trabajo profesional (cfr. dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en autos "Hadid, Jaled Osman c/ Nación Argentina", sent. del 03.06.08).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, medidas cautelares, embargo, terceros, responsabilidad subjetiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HELPORT S.A. c/ COLOMBO Y MAGLIANO S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- JUICIO ORDINARIO POR INDEMNIZACION  DE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 341 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09

Corresponde rectificar el criterio oportunamente dispuesto y declarar la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decisorio hizo lugar a la apelación rechazando la demanda por daños y perjuicios derivados de medidas cautelares trabadas sin derecho sobre bienes de un tercero , desde que las críticas ensayadas por la impugnante remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, extremo que no depara materia idónea en orden al acceso de la instancia excepcional, máxime cuando la sentencia se funda en argumentos que, aunque sean opinables, resultan suficientes para sustentarla e impiden su descalificación como acto judicial.
Ley sobre riesgos del trabajo, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Tolaba, Justiniano c/ Dichaza SA y otro s/ Accidente - Acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-11

El esquema de "numerus clausus" contenido en la ley 24.557 con anterioridad al decreto 1278/2000 fue modificado por dicho decreto el que, en sustitución del apartado 2 del original art. 6 de la citada ley, introdujo una previsión que permite calificar de enfermedad profesional a "(.) aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo" (ap. 2.b.). Cabe entender que son enfermedades profesionales, además de las incluidas en el mencionado listado, las que han sido motivadas por el trabajo, con la salvedad de que, respecto de aquellas en cuyo origen o agravamiento el trabajo sólo haya incidido parcialmente, la incapacidad indemnizable en el marco de la ley 24.557 se limita a la proporción imputable al trabajo. En otras palabras, la modificación introducida por el referido decreto 1278/2000 importa, en el aspecto en consideración, volver al esquema establecido por la derogada ley 24.028 en su art. 2, tercer párrafo.
División de poderes, Superior Tribunal de Justicia, colegio electoral
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Apoderados   y  electores  de  la  Alianza  Frente  de  la  Esperanza s/ acción constitutiva de tipo cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

El Superior Tribunal provincial al trabar el funcionamiento de los órganos electorales no se ha mantenido dentro de la órbita de su jurisdicción, menoscabando las funciones que incumben a otros poderes o jurisdicciones.
Despido, interpretación restrictiva
Materia: LABORAL
Carátula: DOMINGUEZ, RODOLFO. c/ VICENTE TRAPANI S.A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-07

Esta Corte ha sostenido que el requisito formal previsto en el artículo 243 de la LCT, en cuanto exige que la comunicación por escrito contenga expresión suficientemente clara de los motivos del despido, tiende a preservar el deber mutuo de buena fe que deben guardarse las partes y la necesidad de conocimiento cierto de los motivos que determinan tan grave decisión; lo que en modo alguno significa exigir formas "ad solemnitatem", pero sí requiere precisiones en cuanto a personas, lugar, tiempo, etc., que permitan la defensa de la contraparte.

Es al momento del despido cuando corresponde indicar con precisión la causa que pretende justificar la extinción del vínculo laboral, sin que sea posible suplir con posterioridad tal omisión, ya que rescindir el contrato de trabajo y no expresar las verdaderas y concretas causas de tal decisión constituye una actitud reticente y contraria a la buena fe que debe regir en el contrato de trabajo.

Así, se ha dicho que "La causa de cesantía debe ser aducida en el momento que se notifique la ruptura del contrato de trabajo, no sólo para que el trabajador pueda formular revisión en el juicio laboral, sino también por ser una exigencia del deber de buena fe".

Excepcionalmente, se admite que las razones invocadas en la notificación del despido se "ajusten", luego, según la realidad, cuando la persona que comunicó la decisión, por razones no imputables a ella (quizás en virtud de la actitud de la otra), no tenía el pleno conocimiento de hechos que aparecieron con posterioridad, o cuando las invocadas tenían una fundada apariencia de ser veraces.

Sin embargo, estos supuestos de excepción resultarían admisibles, precisamente, en atención a la buena fe que debe imperar en las relaciones laborales, y por cuanto el deber de obrar de buena fe de quien comunicó la decisión de extinguir el vínculo no se encontraría trasgredido por su actitud.

También se ha señalado que, para admitir la eventual existencia de justa causa de despido, la ley exige que la transmisión sea escrita y explicativa, de tal modo que a partir de la comunicación, el trabajador despedido pueda conocer, sin ningún margen razonable de duda, cuales son los hechos que se le imputan como incumplimiento del contrato, que pretenden justificar su rescisión.

No obstante ello, excepcionalmente se ha admitido que los requisitos indicados por el artículo 243 de la LCT puedan obviarse cuando el trabajador, al momento de su desvinculación, tenía conocimiento cierto de las razones que motivaron su cese. Es del caso aclarar que tales supuestos de excepción fueron analizados con prudencia y estrictez por la jurisprudencia.

(ESTOFAN - GOANE - SBDAR (CON SU VOTO).
Denegatoria del recurso, elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, lista de candidatos
Materia: PROCESAL
Carátula: Alianza Unión por la patria  c/  s/ incidente de apelación - causas electorales - reconocimiento de alianza/oficialización de candidatos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

Corresponde rechazar el recurso de apelación dirigido a cuestionar la sentencia del Tribunal Electoral que desestimó el logotipo "UP" requerido por dicho partido para su utilización en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los argumentos del partido político recurrente no se hacen cargo del criterio que fue aplicado en la sentencia recurrida en el sentido de que, en lo que respecta a la aprobación de los colores y logotipos en el orden local (art. 91 del CE de la CABA), correspondía estar a lo que hubiera sido resuelto oportunamente por la justicia federal electoral en el orden nacional. El recurrente no muestra que la justicia federal electoral le hubiera asignado el uso exclusivo del logotipo cuya aprobación pretende ante la justicia local. Este extremo también da cuenta de que, aunque se agravia del detrimento económico y "propagandístico" que lo decidido le causa, lo cierto es que ambos responden al riesgo que asumió al producir material con esa imagen sin haberle sido asignada. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Minoian, J. J. c/ Nassenzio, L. D. s/ Daños y perjuicios Malco, Roberto c/ Empresa Microómnibus Quilmes s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02|1993-09-21

Si el evento dañoso ocurrió con posterioridad a la vigencia de la ley 23928 y la indemnización ha sido fijada a valores actuales, nada justifica aplicar la tasa "ideal" del seis (6) por ciento -como pretende el apelante- dado que esa tasa fue una solución creada por los jueces para una época (la anterior a la ley de convertibilidad).

Fue así pergeniada como una "tasa pura" o "tasa de interés neta" despojada de aquellas escorias o componentes que contenían las tasas de plaza vigentes entonces para paliar el deterioro del capital.

Ahora vigente la ley de convertibilidad, la fijación de aquella tasa del seis (6) por ciento está en pugna con el espíritu de la doctrina legal de la Casación Bonaerense y que ésta Sala viene aplicando desde los Ac. 43448 y 43858 del 21-5-91.
Subcontratación laboral, tercerización, entidades deportivas, actividad normal y específica propia del establecimiento, vendedor ambulante, infraestructura deportiva, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Fernandez, Yesica Edith c/ De Bartolo, Rolando Daniel y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-04

La entidad deportiva codemandada no debe responder en los términos del art. 30 de la LCT por las indemnizaciones debidas al dependiente de la concesionaria ante la falta de registración laboral, pues si bien contrató o subcontrató el servicio de venta de bebidas gaseosas durante los eventos deportivos y artísticos, se trata de una actividad accesoria y no necesaria para sus fines principales, toda vez que los eventos pueden realizarse sin la venta de las bebidas. (Del voto en disidencia del Dr. Vilela)
Costas, costas al vencido
Materia: PENAL
Carátula: MONTI, PEDRO s/ HOMICIDIO CUPLOSO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-11-08

Tiene calidad de vencido aquél contra quien tiene efecto el reconocimiento judicial emanado de la sentencia, por lo que el hecho de que la acción no haya prosperado en toda su extensión, no justifica la liberación de costas respecto del que sin allanarse siquiera parcialmente obligó a litigar al acreedor para obtener el reconocimiento de su derecho-
Acción de petición de herencia, elemento objetivo de la lesión, elemento subjetivo de la lesión
Materia: PENAL
Carátula: Nazar Juan José c/ Nazar María Inés y otro s/ ordinario y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-10-26

De acuerdo con lo prescripto por el derogado art. 954 del Código Civil, para que se configure el vicio de la lesión es necesario la confluencia inescindible de los elementos constitutivos, uno de carácter objetivo (desproporción evidente, manifiesta, considerable entre las prestaciones), y dos de naturaleza subjetiva, uno relacionado con la víctima (situación de inferioridad derivada de su estado de necesidad, ligereza o inexperiencia), y como segundo el aprovechamiento de esa situación por el lesionante.
Vacaciones, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: BALDESARI, RAUL OSCAR Y OTROS c/ COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE CONCORDIA LTDA. (CEYOSEL) s/ BONIFICACION ANUAL ESPECIAL Y OTRO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-16

De conformidad con el régimen establecido en la circular Nro. 93/88 de cooperativas eléctricas, el llamado plus vacacional, resulta de computar para el pago del período vacacional, las proporciones de la B. A. E., aguinaldo horas extras incrementando el sueldo normal y habitual promedio correspondiente al período de vacaciones pagas divididas por 25.