Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2013-10-21


Mendoza, octubre 21 de 2013.

1º ¿Es procedente la Acción Procesal Administrativa interpuesta? 2º En su caso ¿qué solución corresponde? 3º Costas.

1º cuestión.- El doctor Pérez Hualde dijo:

I. Relación sucinta de las cuestiones planteadas.

A. Posición de la parte actora.

Al promover acción procesal administrativa, el actor Alfredo A. interpone Acción Procesal Administrativa contra la Municipalidad de Mendoza y peticiona la nulidad de la Resolución nº 8293 dictada por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Mendoza en expte. H.C.D. Nº 028A11, la que rechazó el recurso de apelación interpuesto contra las decisiones del Ejecutivo Comunal que desestimaron el pago de la Indemnización prevista por el Art. 49 Ley 5811, Decretos Nº 1494/10 y 366/11, dictados en el expte. Nº 12187A10, caratulado: "Aloy, Alfredo David s/Pago Indemnización Art.49 Ley 5811". Reclama el pago de la indemnización con intereses a tasa activa y costas.

Sostiene que el acto administrativo es arbitrario, discordante con la realidad y falto de legalidad en tanto basa su motivación en denegar el reclamo indemnizatorio en una interpretación restrictiva del inc. "e" de la Ley 5892 y en una supuesta falta de presupuesto.

Destaca que el estatuto del empleado municipal reconoce en su artículo 32 inc. e) el derecho del agente municipal a gozar de las licencias que correspondan al empleado público de la provincia, además de reconocerle otros derechos que le acuerdan las leyes nacionales y provinciales vigentes para el caso de infortunios laborales (art. 33 ), hace así una remisión respecto del régimen de licencias y a los demás derechos que le acuerdan las leyes nacionales y provinciales en cuanto existe una remisión directa y específica en relación a la aplicación del art. 49 asimilable al art. 212 de la LCT.

Cita jurisprudencia de esta Corte Provincial y resalta que la indemnización requerida está prevista como una compensación de un estado de inferioridad del agente o empleado que se encuentra imposibilitado de reinsertarse en el mercado laboral y es acumulable a otros beneficios, por lo que si bien la incapacidad total y permanente no está prevista como causal de extinción de la relación laboral si es indispensable que a los fines de obtener la indemnización se acredite la incapacidad absoluta y permanente y el cese de la relación laboral del agente.

Expresa que no es válido el argumento en que se funda el acto cuestionado referido a que se pretende extraer de cada norma lo más favorable ya que existe una sola norma similar al art. 212 de la LCT y ésta es el art. 49 de la Ley 5811. Tampoco resulta correcto a su entender asimilar la situación de la Municipalidad a lo resuelto por este Tribunal en cuanto niega la aplicación de la indemnización del art. 49 de la Ley 5811 a los agentes de Vialidad Provincial en razón de que esos agentes públicos tienen regímenes especiales.

Ofrece prueba y funda en derecho.

B. Posición de la Comuna demandada.

La demandada, en su responde de fs. 21/26, respalda la legitimidad de las disposiciones cuestionadas y niega que la Municipalidad deba abonar la indemnización prevista en el art. 49 de la Ley 5811. Defiende el carácter autónomo de los Municipios, lo que implica que éste se rige por su propia ley orgánica y en cuanto a los agentes resulta de aplicación el Estatuto del Empleado Municipal, Ley 5892, normativa que no instaura el instituto de la indemnización por incapacidad.

Asimismo señala que la remisión del Estatuto a la Ley 5811 es sólo respecto a las licencias que gozan los empleados públicos de la Provincia y respecto al reconocimiento de la indemnización la aplicación de dicha normativa debe ser restrictiva. Entiende también que la aplicación integral de la ley vigente impide constituir un ordenamiento con los aspectos que se estimen convenientes de diversas leyes pretendiendo extraer de cada régimen la norma más favorable.

También hace hincapié en la jurisprudencia de esta Corte Provincial que ha negado la aplicación de la indemnización del art. 49 Ley 5811 a los agentes de Vialidad Provincial ya que los mismos se encuentran regulados por disposiciones legales diferenciadas y particulares (Ley 20.320, Convención Colectiva de Trabajo 55/89; Ley 5563 y 6063).

Analiza la naturaleza de la indemnización reclamada la que constituye una prestación de la seguridad social que la ley debe poner a cargo del empleador a fin de hacer su pago en forma directa, la que en el caso del empleo público municipal resulta de difícil asimilación en tanto impone al empleador cargas patrimoniales sin correspondencia, lo cual en virtud del carácter autónomo del Municipio resulta excesivo, como una suerte de empobrecimiento sin causa, todo lo que impide que se realicen válidamente las previsiones presupuestarias correspondientes.

Ofrece prueba, funda en derecho y hace reserva del caso federal.

3. Posición de la Fiscalía de Estado.

A fs. 30/31 vta. comparece el Director de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado y contesta la demanda solicitando su rechazo. Dice que comparece en cumplimiento de sus obligaciones de contralor de la legalidad y custodio del patrimonio fiscal y que, en orden a la plataforma fáctica controvertida, se limitará al estado de las cosas descriptos en el responde de la Comuna, a cuya acreditación orientará su actividad probatoria.

4. Dictamen del Señor Procurador General del Tribunal.

El Señor Procurador postula la admisión de la demanda y se remite a lo declarado por esta Corte en los fallos registrados en LS 306026 y 317055, en los que se aplicó a los demandantes las normas que ahora la Administración considera que no rige para el municipio y resalta que en el fallo registrado en LS 38947 esta Corte declaró, en concordancia con lo opinado por el Ministerio, que la remisión que realiza la ley 5892 abarca a toda la regulación del Título VI de la Ley 5811 y por lo tanto comprende el precepto que la Comuna considera inaplicable mediante una interpretación fraccionada del régimen de licencias.

II. Prueba rendida.

Se acompañó, como prueba instrumental, el expediente administrativo Nº 12187B2010, caratulado: "Aloy, Alfredo David s/Pago Ref. Indemnización Art. 49 Ley 5811", el que obra en este Tribunal según constancia de fs. 13.

III. Solución del caso.

La cuestión a resolver.

Que en numerosos precedentes similares al presente ya he sentado opinión respecto al interrogante a responder en esta causa referido a si es aplicable o no en el ámbito municipal la indemnización por incapacidad que establece el art. 49 de la Ley 5811 (registrados en LS 453215; 221; 229; 233; 45497, entre otros). Atento a ello y dada la semejanza del reclamo en análisis me permito reseñar los fundamentos que desarrollé en tales causas para propugnar la procedencia de la demanda:

*) Si bien el Estatuto del Personal Municipal, Ley 5892, no contiene disposición respecto a la aplicación del beneficio previsto en el Art.49 de la Ley 5811, no existe norma expresa que excluya su aplicación (LS 38947).

*) La Sala Segunda de este Tribunal, interpretando el art. 32 del Estatuto ya había adoptado idéntico criterio (LS 30626).

*) La Ley 5811 en su artículo 36 establece que será de aplicación a todos los agentes públicos de la Provincia de Mendoza, que prestan servicios en los tres poderes del Estado, municipalidades, entidades descentralizadas, autónomas, autárquicas y organismos extra poder, disposición que se encuentra vigente.

*) La decisión evita una discriminación que no encuentra apoyo lógico en ningún texto constitucional, pues la igualdad de tratamiento ante la ley no exenta de razonables distinciones, según jurisprudencia constante de la Corte Suprema no admite que se diferencie privándose a algunos de aquello que se reconoce a los demás habitantes en circunstancias similares (Fallos 311:394; 312:826, 1082; 318:1256, 1403; 320:196; 322: 2701; 324:286; 328:2829; etc.).

*) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), por su parte, previene contra la discriminación en el goce de los derechos humanos, defiende el derecho a la vida, a la integridad física y moral, el acceso a la justicia y la protección judicial (arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 15); en tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos (cfr. arts. 1, 2, 7 y 8) ampara contra toda discriminación, asegurando igualdad ante la ley en el goce de los derechos y en el acceso a la justicia (cfse. Fallos 323: 2659, votos de los jueces Petracchi y Vázquez).

*) La solución debe imponerse al rigor del razonamiento lógico que propugna la demandada pues el mismo desnaturaliza los propósitos superiores consagrados en las normas señaladas precedentemente y vulnera el fin tuitivo del instituto en análisis.

*) El vínculo del empleado municipal se regía, antes del dictado de la Ley 5892, conforme al régimen general del empleo público, Dec. Ley 560/73, Ley 5811, en el que sí se le otorgaba la indemnización por invalidez, por ello no resulta razonable, en el marco de la ecuanimidad legal, desestimársela aplicando un nuevo régimen que coloca a los agentes municipales en peores condiciones a las que se encontraban antes de contar con un Estatuto específico, máxime cuando éste no otorga expresamente ningún beneficio análogo que los ampare ante situaciones de grave minusvalía que les impide insertarse en el mercado laboral.

IV. Conclusión:

Conforme las argumentaciones que anteceden y en concordancia con los precedentes citados, si mis colegas de Sala las comparten corresponde hacer lugar a la demanda instaurada, declarando la nulidad de los actos administrativos cuestionados en tanto desestimaron el pedido de indemnización previsto en el art. 49 de la Ley 5811 sosteniendo que no era aplicable en el ámbito municipal, por adolecer vicio grave conforme lo previsto por los arts. 38, 39, 52 inc. b) y 63 inc. c) de la Ley 3918. Consecuentemente la Administración Comunal deberá resolver sobre el otorgamiento o no del beneficio peticionado analizando si se han cumplido los recaudos exigidos para el reconocimiento y pago del mismo.

Así voto.

Los doctores Palermo y Nanclares adhieren al voto que antecede.

2º cuestión.- El doctor Pérez Hualde dijo:

Atento como ha sido resuelta la cuestión anterior, corresponde hacer lugar la demanda entablada a fs. 1/7 por el Sr. Alfredo David Aloy y declarar la nulidad de los actos administrativos cuestionados, Resolución Nº 8293 dictada por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Mendoza en expediente H.C.D. Nº 028A11, la que rechazó el recurso de apelación interpuesto contra los Decretos Nº 1494/10 y 366/11 del Ejecutivo Comunal en tanto desestimaron el pago de la Indemnización prevista por el Art. 49 Ley 5811, por adolecer de vicio grave conforme lo previsto por los arts. 38, 39, 52 inc. b) y 63 inc. c) de la Ley 3918. Consecuentemente la Administración Comunal deberá resolver sobre el otorgamiento o no del beneficio peticionado analizando si se han cumplido los recaudos exigidos para el reconocimiento y pago del mismo.

Para dar cumplimiento con lo resuelto precedentemente la demandada cuenta con el plazo determinado en el Art. 68 de la Ley 3918.

Así voto.

Los doctores Palermo y Nanclares adhieren al voto que antecede.

3º cuestión.- El doctor Pérez Hualde dijo:

Atento a como han sido resueltas las cuestiones anteriores, las costas del proceso se imponen a la parte demandada vencida (art. 36 del C.P.C. y 76 del C.P.A.).

Respecto de los honorarios, dado que el tema en discusión no tiene traducción económica directa se estima adecuado regularlos haciendo aplicación del art. 10 de la Ley Arancelaria. En tal labor se aprecia que se cuestionaron los actos administrativos que consideraban inaplicable en el ámbito municipal el art. 49 de la Ley 5811 que prevé el pago de una indemnización por incapacidad, asimismo se valora, el tiempo empleado, las argumentaciones esgrimidas por las partes y su incidencia en la resolución del litigio, la prueba rendida, la existencia de varios pleitos en los que se formuló similar pretensión como la de precedentes al respecto. Por tales razones, se estima justo y razonable fijar el honorario por patrocinio en la suma de ...

Así voto Los doctores Palermo y Nanclares adhieren al voto que antecede.

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, resuelve: 1º) Hacer lugar la demanda entablada a fs. 1/7 por el Sr. Alfredo David Aloy y declarar la nulidad de los actos administrativos cuestionados, Resolución Nº 8293 dictada por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Mendoza y Decretos Nº 1494/10 y 366/11, dictados por el Señor Intendente Municipal en tanto desestimaron el pedido de indemnización previsto en el art. 49 de la Ley 5811. Consecuentemente la Administración Comunal deberá resolver sobre el otorgamiento o no del beneficio peticionado analizando si se han cumplido los recaudos exigidos para el reconocimiento y pago del mismo. A los efectos de dar cumplimiento con lo resuelto, la demandada cuenta con el plazo previsto en el Art. 68 de la Ley 3918. 2º) Imponer las costas a la demandada vencida (arts. 36 del C.P.C. y 76 del C.P.A.). 3º) Regular los honorarios de las Dras. M. S. y O. G., en la suma de ... a cada una de ellas, todo conforme a los arts. 10, 13 de la Ley Arancelaria y Ley 5394. 4º) Dese intervención a la Caja Forense. Regístrese. Notifíquese y devuélvanse a origen las actuaciones administrativas acompañadas.- Alejandro Pérez Hualde .- Jorge H. Nanclares .- Omar Palermo.