marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Transporte aéreo, responsabilidad del transportador, transporte de carga, protesta, legitimación activa, guía aérea, obligaciones del consignatario, obligaciones del destinatario
Materia: COMERCIAL-AERONAUTICO
Carátula: CONSULTORES DE COMERCIO INTERNACIONAL SA c/ K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

Aun cuando se admitiera que la transportista firmo el acta de condición (no la negó, se limitó a desconocerla:

art. 356, Inc. 1, CPC), la circunstancia de no haber intervenido en ella el consignatario determina que no sea equivalente a la protesta (esta sala, causas 3164 del 9.4.85 y 3724/93 del 20.8.93; Causa 6193 del 27.2.97; Sala 2, causa 1472 del 12.11.82, en J.A., 1983-IV-597).

En tales condiciones, el único acto que podría ser valorado como una protesta oportuna es la emisión de la carta documento, pero esta ha sido enviada por Botania S.A., cuya legitimación no aparece demostrada y es contradictoria con la actitud asumida por la actora, porque dicha sociedad es mencionada en la guía hija solo como la persona a quien se debe notificar, pero no reviste el carácter de consignataria de la carga, como erróneamente se autocalifica, pues tal calidad es reivindicada por la actora en este juicio. Ello así, si Consultores es la titular de la carga, solo ella se encontraba legitimada como tal, para enviar al transportador su protesta (art.

26, Inc. 2, Convención de Varsovia, que alude al "destinatario"). Y puesto que Botania no invocó la representación de aquella, sino que pretendió para si una calidad que no revestía, no es dudoso que el requisito de la protesta no puede tenerse por acreditado.
Acción de inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cebitronic S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Molinos Río de la Plata S.A. (Ex Tres Cruces S.A.I.C. Y F.) c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa Cristófaro, Virgilia c/ Caja Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas s/ Demanda contencioso administrativa Pérez, Estela Adriana c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda contencioso administrativa Rapagnini, Fernando Javier c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03|1998-03-03|2000-02-16|2000-05-10|2001-05-09

En la instancia originaria de la Corte los particulares tiene opción de acudir con el planteo constitucional en forma directa y preventiva por la senda de la acción de inconstitucionalidad, o articularlo en el seno del proceso contencioso administrativo como modo de defensa.
Responsabilidad del banco, información crediticia
Materia: BANCARIO
Carátula: Salguero Rotela, Diana Jessica  c/ Banco Patagonia Sa s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-27

En ese marco, la conducta del banco demandado es antijurídica porque suministró al BCRA información crediticia que comportaba una representación falsa pues no reflejaba la realidad en la que se encontraba la accionante al tiempo en el que fueron suministrados (CNCom, Sala B, in re "García Pacheco, Haydee Angélica y otro c/ Bank Boston NA y otros s/ ordinario", del 18/12/19; entre otros; CCCN 1716).
Revocación de sentencia, compraventa, saldo de precio, actualización monetaria
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Pared, Miguel c/ Strazberg, Ana Teresa y otros. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que desestimó la pretensión de que se reajustara el saldo de precio, en una compraventa, hasta la fecha del efectivo pago si no tuvo en cuenta que, conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte, no corresponde cristalizar el monto de la prestación ni siquiera por la presencia de la mora de una de las partes, porque no es esa situación jurídica la que habilita el reconocimiento del reajuste, sino la variación del valor de la moneda que se da con independencia de tales extremos.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: TABOROA, CARLOS MIGUEL c/ MINISTERIO DEL INTERIOR Y/O POLICIA FEDERAL ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-31

Cuando el daño se origina en la culpa del propio damnificado no puede éste pretender descargar sobre otro, necesariamente inocente, la pérdida sufrida, que es lo que determina el art. 1111 del Código Civil, complementando el principio del art. 1109: Si cuando alguien es culpable del daño ajeno debe reparar ese daño, lógicamente ha de estar exento de responsabilidad cuando no es culpable de un daño que se ha originado en la propia conducta del damnificado.
Inconstitucionalidad, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos Bedoya, Hugo Raúl s/ inf. Art(s). 149 bis CP'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-15

La redacción del art. 335, in fine, CPPCABA, su ubicación en el CPPCABA en el acápite del Libro V sobre ejecución de sentencia y las consecuencias derivadas de su aplicación, evidencian que el artículo es contrario al derecho de defensa y al debido proceso (arts. 8 y 10, Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 8, Convención Americana de Derechos Humanos, art. 14, PIDCyP, art. 18, CN y art. 13, CCBA), lo que lo torna inconstitucional. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Concursos, compensación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Minicucci, Mario Oscar s/ Concurso Preventivo - Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-07

Cuando se declara abierto el concurso de una persona ya no pueden sus deudores oponer la compensación en base a los créditos que luego se hicieran exigibles contra el concursado atento que el art. 828 del Cód. Civil traza una línea divisoria, a los fines de la compensación, la que está constituida por "...la época legal de la falencia...", debiendo entenderse por tal la fecha del auto declarativo del concurso.
Docentes, antigüedad, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: RUGGERI, KARINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

La Constitución no considera que establecer un mismo punto de partida es sinónimo de igualdad, sino que -por el contrario- el Estado debe tomar medidas de acción positivas e igualadoras a fin de cumplir con la manda establecida en el artículo 75, inciso 23 de la Carta Magna; y así, dado que los docentes del sector público ingresan conforme las pautas impuestas por la ley 8927 basadas en complejos y exigentes sistemas de prueba de la idoneidad (como son los concursos, base sobre la cual se constituyen los escalafones) y los del sector privado rigen su ingreso -mayormente- por la libre elección del propietario del establecimiento (sin otro mayor requisito que el título habilitante) según surge de la ley que los rige, esto es, la 6427 y demás normas que regulan el ingreso al sector educativo privado, el Ministerio de Educación le haría un flaco favor al derecho a la igualdad si no tendiera a reparar las diferencias propias del sistema. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 8927. - Jurisprudencia Concordante con Burggi, AyS T 284, p 63/73 y Saez, AyS T 284, p 281/294.
Acción de amparo, establecimientos educacionales, facultades disciplinarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Battiato, Diego Sebastián; Radi, Diego Germán s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-25

El régimen disciplinario educacional y el procedimiento punitivo en materia criminal se mueven en distintos planos jurídicos. Por añadidura, resultan inaplicables los preceptos elaborados por doctrina y jurisprudencia para interpretar y aplicar la ley penal, porque las sanciones o medidas que se apliquen con relación a los estudiantes no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal, ni el poder ordinario de imponer penas. Si se pretendiera lo contrario se retacearía una primordial herramienta que permite cumplir con eficacia el rol educativo, configurada por un ágil sistema disciplinario que conduzca al restablecimiento inmediato de las pautas de convivencia necesarias a tal fin, cuya conservación, a su vez, constituye un deber de los educadores.
Ejecución de la pena, salidas transitorias
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: OBREGON, NICOLAS ALEJANDRO s/ RECURSO APELACION (SALIDAS TRANSITORIAS) (SALIDAS TRANSITORIAS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-07-28

El recurso de inconstitucionalidad no habrá de prosperar en esta instancia, por cuanto la respuesta jurisdiccional brindada por la Cámara resulta válida desde el punto de vista constitucional, toda vez que la posibilidad de obtención de las salidas transitorias se ve obstaculizada por la aplicación al caso concreto de la norma del artículo 56 bis de la ley 24660 y la recurrente no ha logrado demostrar que dicho obstáculo legal pueda tildarse como contrario a los principios constitucionales que alega vulnerados. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dres. Gastaldi y Erbetta).
Responsabilidad solidaria, bancos, empleados de banco
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Sandra c/ Columbia Microcréditos SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-05

Las tareas que realizaba el actor para la empresa codemandada y que consistían en la promoción y venta de servicios financieros y tarjetas de crédito forman parte del giro habitual de los negocios del banco codemandado y por tanto éste debe responder solidariamente en los términos del art. 30 LCT.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Monia, Jorge Héctor. Saint Paul, Carlos Enrique. Arce, Carlos David. s/ Robo automotor agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Es infundado el recurso extraordinario de nulidad que invoca la transgresión del art. 159 de la Constitución provincial alegando que la Cámara disminuyó el monto de la pena con relación a la de primera instancia sin fundamento alguno si el fallo, con cita de los arts.

40, 41 y 50 del Código Penal, resolvió que no concurren circunstancias atenuantes y que median dos agravantes, descartando implícitamente otras agravantes que había computado el señor Juez de la instancia ordinaria.
Derechos y garantías constitucionales, domicilio, allanamiento domiciliario, imputado, consentimiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL PENAL
Carátula: P, P A s/ COMPLICE NECESARIO DE LESIONES LEVES, ETC     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 589-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-04-24

Estando en juego garantías constitucionales -en el caso, la inviolabilidad del domicilio- a las que normas de inferior rango tienden a dotar de eficacia operativa, la eventual renuncia a la tutela que éstas acuerdan debe resultar prístina, sin que pueda admitirse que aquélla sea tenida sin más por legitimante del acto impugnado, pretendiendo de ello derivar una inversión de la carga de la prueba que traduce, en definitiva, un desmedro de las garantías involucradas.
Frustración maliciosa del pago del cheque, cheque de pago diferido, cheque sin fondos, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: QUEIJEIRO, MARTA s/ Cheque sin fondos, incidente de  nulidad y apelación en subsidio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-08

Corresponde confirmar el auto que dispuso el procesamiento del imputado por haber frustrado maliciosamente el pago de los cheques diferidos entregados al querellante, procediendo al cierre de la cuenta con el banco, si consta en la causa que en oportunidad de prestarse a declarar ante el Juez, invocó el hecho de que la sociedad anónima en cuyo nombre reconoció haber entregado los cheques solicitó su declaración de quiebra ante el Fuero Comercial, pero por la documentación aportada por el banco girado se advierte que en la solicitud de cierre de la cuenta se omite toda referencia a los cheques de autos librados anteriormente y poco después gestionó el retiro de los saldos depositados en la cuenta lo cual conduce a estimar que obró con la intención de frustrar el pago de los documentos.
Daños y perjuicios, traslado de la demanda, notificación por carta documento, emergencia sanitaria, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Meraviglia, Graciela Noemí c/ Microómnibus Saavedra SATACEI y otro s/ daños y perjuicios (acc. tráns. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

Corresponde autorizar al actor a notificar el traslado de una demanda por daños y perjuicios a través de carta documento, porque pese a que se dispuso el levantamiento de la feria judicial extraordinaria decretada por el Máximo Tribunal, en la actualidad subsisten los inconvenientes originados por la cuarentena dispuesta a través del decreto 297/20 y sus prórrogas, lo cual conlleva a tomar medidas que se compadezcan con la situación de emergencia pública sanitaria y, al mismo tiempo, garanticen el acceso a la justicia. En consecuencia, corresponde flexibilizar lo dispuesto por el art. 136 del Cód. Procesal.
Ejecución hipotecaria, falta de personería, capacidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO c/ FRIGORIFICO MINGUILLON  S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

La excepción de la falta de personería en la ejecución hipotecaria, al igual que en el juicio ejecutivo común o en los procesos de conocimiento, se refiere a la falta de personería del demandante, del demandado o de sus procuradores o apoderados; es decir, a la falta de capacidad civil o legal de las partes, o de sus representantes legales o convencionales. La capacidad procesal constituye un presupuesto de la relación jurídica que se genera en el proceso, toda vez que la ley exige que las partes que actúen en el mismo tengan la aptitud necesaria para intervenir en su sustanciación, a riesgo de tener que invalidar lo actuado por la ausencia de esa capacidad, que se conoce como legitimatio ad processum y que no debe confundirse con el derecho para promover la ejecución o capacidad de obrar denominada legitimatio ad causam.
Apertura del debate, instrucción suplementaria, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Amelong, Juan Daniel y otros s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-05

La apertura del debate estando la instrucción suplementaria no concluida resulta válida, puesto que la defensa no indicó las medidas de prueba que se encontraban pendientes de producción, ni de qué forma éstas hubiesen beneficiado a sus asistidos, por lo que se evidencia una falta de perjuicio concreto.
Asegurador, siniestro, destrucción total del automotor, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: Oliva Fajreldines, Gustavo Gabriel c/ Zurich Argentina Compañía de Seguros SA s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

Cabe condenar a la aseguradora demandada a entregarle al actor un vehículo cero kilómetro de igual marca y modelo que el que fue siniestrado con destrucción total, previa entrega por el accionante de la documentación indicada en la póliza objeto de este litigio. Es que surge de una cláusula que la compañía aseguradora se comprometió a indemnizar a su usuario con la reposición de una unidad cero kilómetros igual a la asegurada, sin condicionar el costo de esta reposición al valor tope fijado en el frente de la póliza, cuando el siniestro ocurre respecto a un vehículo asegurado desde cero kilómetro y dentro del año de vigencia del seguro -tal lo ocurrido en la especie-. En ese marco, la exigencia previa de entregar la respectiva documentación de la baja del autor resulta ser un imperativo consensual, según la cláusula aludida, pero también legal para la aseguradora en virtud de lo establecido en la ley 25761: 5. Es por ello que cabe exigir al asegurado que entregue a la aseguradora la documentación, de modo previo al cumplimiento de lo dispuesto finalmente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Jiménez, Roberto Daniel; Péndula, Claudio Fabián s/ Robo agravado por homicidio resultante Estigarribia de Marti, Graciela; González, Roberto s/ Violación y homicidio calificado Cantero, Pedro s/ Homicidio Legal, Carlos Deolindo s/ Homicidio simple. Falsificación de instrumento privado. Estafa.  Tenencia de arma de guerra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27|1996-03-12|1994-08-16|1996-07-05

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se impugnan las conclusiones de la Cámara sobre los hechos, con mención de los arts. 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal que, tratándose de juicio oral, no son pertinentes, reglándose el mérito de la prueba por el art. 286 del mismo Código.
Partidos políticos, presentación extemporánea, proceso electoral, sistema electoral, tribunal electoral, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Partido de la Izquierda en la Ciudad c/  s/ trámites electorales-electoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-23

Las razones dadas por el partido político en el recurso de apelación -dirigido a cuestionar la resolución del Tribunal Electoral que rechazó por extemporáneo su requerimiento de que se le proveyera un usuario correspondiente al sistema SIEL y declaró que el recurrente no se encontraba en condiciones de participar del proceso electoral-, deben ser interpretadas a la luz de los principios generales que informan el proceso electoral, y en particular los de transparencia y equidad. El primero de estos principios consagra que debe velarse por "la incorporación de tecnologías de la información y comunicación que faciliten el acceso público a información de calidad" (art. 3, inciso 1 del CE); en tanto que el principio de equidad establece que las agrupaciones políticas "tienen derecho a participar del proceso electoral en igualdad de condiciones y derechos con otras semejantes" (art. 3, inciso 2 del CE). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe. Voto compartido por la juez Inés M. Weinberg).
Ciudadanía, idioma nacional, interpretación de la ley, ley derogada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Liu, Cairong s/ solicitud carta de ciudadanía c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

La derogación de la ley de facto 21.795 y su reemplazo por la ley 346 comportó la eliminación de los requisitos previstos en aquella para la obtención de la ciudadanía argentina, entre los cuales se hallaba el de saber expresarse en forma inteligible en el idioma nacional.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, cese del patrocinio, cómputo del plazo, prescripción bienal
Materia: PROCESAL
Carátula: ALVAREZ CLOTILDE P. s/ SECESION S- POSESION VEINTEAÑAL - MANDATARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-05

La prescripción bienal del art. 4032, inc. 1, del Código Civil, rige para aquellos supuestos en que el mandatario o patrocinante han cesado en su ministerio, ya sea por terminación del pleito o conclusión del vínculo con la parte.

Cuando se trata de un mandatario, la fecha de prescripción comienza a correr desde que éste supo o puso saber que el mandato fue revocado, o que se designó un nuevo mandatario.
Bienes inembargables, apreciación del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Lucca, Miguel Alberto c/ Burek, María Estela s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-02-03

Cabe entender por bienes de uso indispensable aquellos que cumplen una función a tal punto necesaria dentro del hogar y, consecuentemente, sin que sea menester el rigor interpretativo, va de suyo que la finalidad es mantener en el patrimonio del deudor -prenda común de los acreedores- aquellos elementos de los que no puede prescindirse sin desmedro de la dignidad del individuo.

Por otra parte, como el ordenamiento legal no hace una enumeración de los bienes que revisten la condición de inembargables, la determinación de las circunstancias que deben concurrir para establecer su inembargabilidad quedan, en definitiva, libradas a la apreciación judicial, lo que generalmente ocurre en la oportunidad de cuestionarse el embargo.
Pena, agravantes de la pena, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M.M. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-21

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa que se agravia respecto a la falta de fundamentación en la imposición de la pena por cuanto se advierte que el tribunal de a quo formuló una genérica referencia a los criterios de mensuración establecidos en los arts. 40 y 41 del catálogo sustantivo, prescindiendo de definir -en el caso concreto y respecto de cada uno de los encausados cuáles son los factores que inciden en la graduación de las penas, omisión que por cierto no se ve suplida por la mera enumeración de las pautas preceptuadas en los referidos artículos o por la genérica referencia a los informes ambientales sin especificar qué extremos de dichos dictámenes son ponderados en la graduación de las penas. De otra parte, también se omitió una concreta referencia a las circunstancias agravantes y atenuantes las cuales lucen ausentes del decisorio, omisión que -una vez más- no puede considerarse suplantada por la solitaria referencia a los antecedentes anteriores sin efectuar otra consideración al respecto. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell).
Acción, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Administración Punta Mogotes c/ Bazano J.O. s/ Desalojo (ley 9533) -cuestión de comp. art. 6º C.C.A.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

Si quien demanda es la autoridad administrativa y lo hace contra el particular, el caso no resulta contencioso administrativo (art. 215 Const. Prov.; arts. 1º C.P.C.A.). (En el caso, la Administración Punta Mogotes demandó a un particular -ex concesionario- la restitución del local explotado en los términos de las disposiciones de la ley 9.533. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Adopción simple, citación de los padres de sangre
Materia: CIVIL
Carátula: M.A.V. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-01

Aún cuando mediare algún tipo de manifestación extrajudicial contraria por parte de los padres de sangre, su citación al juicio de adopción del hijo es conveniente (conf. C.N.Civ., Sala B, E.D. 83 215 y R. 19.170 del 6-2-86), e incluso dudosa la constitucionalidad del precepto que niega a los progenitores participación en el proceso pertinente. Cuando se persigue la adopción plena de una incapaz, de lograrse ese propósito, la filiación y la existencia misma de los derechos que de ella se derivan quedan extinguidos (artículo 14, ley 19.134), extremos que imponen, en principio una solución similar a la que corresponda dar en procesos en los que está en juego la patria potestad y la filiación esto es la citación de los padres (conf. C.N.Civ., Sala D, E.D. 93-530). Si la incapaz fue reconocida por su madre, que incluso ahora sería menor de edad y en aquel momento se encontraba en el particular estado puerperal, corresponde citarla para que tome intervención en el juicio bajo apercibimiento de proseguirse la tramitación de la causa sin ella