marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Hornos, Luis Omar s/ Lesiones leves - Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que expresa que el procesado actuó en legítima defensa y que, al resolver lo contrario, el tribunal excluyó indebidamente la aplicación del art.

34 inc. 6 del Código Penal, si no se impugna adecuadamente el modo en que el sentenciante declaró probado el hecho, que no es encuadrable en la justificante invocada.
Régimen de consolidación de deudas, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR GREGORES c/ LUIS ALFINI  S.R.L. s/ ORDINARIO-INCIDENTE  DE REGULACION DE HONORARIOS DEL DR. LUIS RICARDO LITVACHKES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-06-20

Los honorarios de autos no pueden ser excluídos del régimen de consolidación. Se considera que el fundamento desarrollado en tal sentido por el Sr. Juez de la anterior instancia se ha apartado de la normativa en tratamiento en orden a que entendió que la deuda por honorarios se genera con la regulación de primera instancia, ya que la misma tuvo su origen en los trabajos profesionales desarrollados con anterioridad a la misma. (voto Dra. Ballester).
Régimen penal tributario, derechos y garantías constitucionales, garantías procesales, verificación de impuestos, AFIP DGI, delitos tributarios, estado de sospecha, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUILAR, JOSE. s/ Régimen penal tributario, incidente de nulidad interpuesto por la defensa de José María Aguilar.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-02

En virtud de las atribuciones que por la ley 11683 se confiere a la AFIP-DGI, debe concluirse que la intervención de los funcionarios de aquél organismo en la verificación e inspección de la asociación civil (en el caso, un club atlético) se produjo en el marco de aquellas facultades con la finalidad de verificar información determinada (las características y los montos de las retenciones efectuadas sobre las que existían sospechas) y que, como resultado de aquellas tareas surgió la sospecha de la posible comisión de un hecho o hechos ilícitos tributarios, de modo tal que no se advierte alguna violación a las garantías constitucionales; en definitiva, no puede confundirse la forma en que determinados elementos de prueba ingresan al proceso penal, con el valor probatorio que, en definitiva, corresponda asignar a aquellos elementos.
Incapacidad laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: BARRERA, MARTIN GIL c/ ATILIO DON Y ALBERTO DON Y/O PROP. Y/O RESP. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-06

Incumbe a la parte actora acreditar la incapacidad laborativa denunciada y su relación causal o concausal con el accidente referido por el hecho o en ocasión del trabajo (art. 1º Ley-9.688).
Derechos y garantías constitucionales, derecho de asociación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERRARI, ALEJANDRO MELITON c/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO NACIONAL) s/ ABOGADO - EJERCICIO PROFESIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-18

Las organizaciones sectoriales -tercera categoría de sujeto- no pueden ser desconocidas, aun cuando su institucionalización no puede venir por posición gubernamental, destruyendo uno de los postulados básicos en que se concertó la unión nacional: asegurar los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la República.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, obras públicas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GUILLERMO TORRES Y OTRA. c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES. s/ DAÑOS  Y PERJUICIOS- DETERMINACION DE LA INDEMNIZACION- DAÑO MATERIAL   LUCRO CESANTE- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- INUNDACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

Es responsable la provincia en el caso en que sus organismos técnicos no adoptaron las precauciones indispensables al encarar la construcción de un canal, a raíz de lo cual se produjeron daños en la propiedad de la actora.
Sociedad cooperativa, síndico de la sociedad, relación de dependencia, presunción juris tantum, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BANCO COOPESUR COOPERATIVA LTDO. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

Sin que obren en autos pruebas en contrario, resulta insostenible el aserto del a quo según el cual cabe presumir que, por el sólo hecho de mediar una retribución por su desempeño, los consejeros y síndicos de una cooperativa se encuentran vinculados por un contrato de trabajo, y los pagos por tal concepto deben ser considerados remuneración en los términos del art. 10 de la ley 18.037. Ello así sin ignorar que el espíritu que anima dicha disposición es evitar el fraude en materia de aportes y contribuciones-como también se procura con los arts. 23 y 27 del R.C.T., entre otros. Sin embargo, ello no autoriza a extender su alcance de manera mecánica a supuestos que resultan manifiestamente ajenos a su ámbito de aplicación (cfr. C.S.S., Sala II, sent. del 14/09/93, "Lacau SAAGI. de Inversiones y Finanzas"). (Del voto de la mayoría-argumento del Dr. Fasciolo-. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Suspensión del beneficio, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ZANARDI OCAMPO, MARÍA ELINA c/ ANSES s/ PRESTACIONES VARIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-14

La facultad de la A.N.Se.S consagrada por el art 15 de la ley 24.241 no resulta aplicable cuando no se ha acreditado que la resolución que otorgó el beneficio estuviera afectada de nulidad absoluta que resultare de hechos fehacientemente probados. En consecuencia, ha de concluirse que el organismo no tenía facultades para revocar el acto administrativo que dictó y que generó derecho subjetivos que se estaban cumpliendo, los cuales sólo pueden ser invalidados judicialmente por sentencia firme en un "debido proceso".
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, sobreseimiento, prescripción de la acción penal, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Soares, Eduardo Néstor s/ solicita prescripción de la acción penal en favor de Enrique Haroldo  Gorriarán Merlo - causa n° 1466 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Es admisible el recurso extraordinario contra la sentencia que dictó el sobreseimiento parcial y definitivo del imputado, si para ello se fundó en la afirmación errónea acerca de que entre julio de 1976 y enero de 1989 transcurrieron quince años, y resultar esto evidentemente contradictorio con la inequívoca determinación de los hechos realizada en la sentencia, lo que revela que no se está frente al ejercicio de atribuciones en materia de fijación de los hechos y apreciación de la prueba, sino ante un supuesto de arbitrariedad (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Guillermo A. F. López).
Juicio por jurados, juicio por jurados populares, robo simple
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Causa nº 904/2018) y sus unidas por cuerdas nros. 4406 (I.P.P. n°. 10- 00-011452-17) y 4407 (I.P.P. n° 10-00-022004-17)  c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-05-28

La interpretación de la defensa oficial, que consideró que los miembros del citado jurado popular no se han expedido en punto al robo simple que según la acusación concursa con el homicidio del que resultara la víctima y que, se esa manera, el hecho debe quedar encuadrado en el delito de homicidio simple (art. 79 del C.P.), resulta extremadamente contraria a lo que efectivamente ha sucedido durante el debate. Al instruirse al jurado para la decisión que debía tomarse, el apoderamiento ilegítimo del que resultara la víctima, formó parte de aquello que debía tenerse por acreditado o no, por lo que corresponde la negativa del planteo formulado.
Medida de no innovar, acto administrativo, verosimilitud del derecho invocado, presunciones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Asociación del Personal Sup. de la Administración Pública Provincial APSAPP s/ Medida Cautelar. Asociación del Personal Sup. de la Administración Pública Provincial APSAPP s/ Medida Cautelar.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-05-10|1996-05-10

Si bien es cierto que la presunción de validez de los actos de los Poderes Públicos importa un escollo importante a la viabilidad de una medida de esta naturaleza (medida de no innovar), no lo es menos pese a ello, que tal reparo no es absoluto, y por tal razón no puede erigirse una barrera insoslayable, pues si hemos de esperar que el daño se verifique y la lesión se perfeccione, para que recién proceda la función tuitiva del órgano jurisdiccional, entonces se habría alcanzado un pobrísimo resultado. La prevención del daño condice más armoniosamente con el derecho que con la reparación. A mayor abundamiento, y a fin de aventar toda duda sobre la configuración en autos de la verosimilitud del derecho requerida para que resulte procedente la medida peticionada, la jurisprudencia estableció que si bien, como principio, no son procedentes medidas cautelares requeridas de actos administrativos o legislativos provinciales, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles, como contrarios a disposiciones emanadas de la autoridad nacional.
Reajuste jubilatorio, liquidación, designación de perito
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: DANERI, JORGE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-16

Reconocido el derecho del titular al reajuste de su haber previsional, la liquidación deberá ser practicada por un perito de oficio designado al efecto y por ante el juzgado de origen, ante el cual se sustanciarán los actos procesales al cobijo de los principios de celeridad, bilateralidad y la garantía de la defensa en juicio.
Empleados públicos, reescalafonamiento, relación de dependencia, convenios colectivos de trabajo, remuneración, actualización monetaria, Estado Provincial, emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kessler, María Marta y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 360-93) Camargo, Dora Clarisa c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 579-93) Oliver, Noemí Beatriz y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 412-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-13|1998-05-06|1998-05-06

El derecho reconocido por el Acta Paritaria Nº 32, se extiende no sólo a la reubicación funcional, sino también al régimen de repotenciación de las diferencias que pudieran resultar, régimen expresamente previsto "sin necesidad de reclamo alguno". El reconocimiento por la Administración -a pesar de la emergencia- de ese derecho, no pudo sino efectuarse con el alcance que había sido consagrado. Por lo que, aún si se entendiera, como lo hace la demandada, que el derecho nació de un régimen pactado que posteriormente fue suspendido, es claro que, en tal supuesto, debió considerarse el segundo párrafo del artículo 45 de la ley 23697 (al cual adhirió la Provincia por ley 10472), pero, en el caso, no se ha siquiera invocado que el régimen de actualización cuestionado, haya sido el resultado de las negociaciones a que alude esa norma.
Impuesto sobre los ingresos brutos, impuestos, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: THX Medios S.A. y otro c/ GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: THX Medios S.A. y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

El término "actividad" contenido en el art. 131 del CF (t.o. 2007) que enumera "comercio, industria, profesión, oficio, negocio", supone alguna decisión de quien ejerce estas actividades de organizarse para ese ejercicio; no de incurrir en un acto sino en una secuencia, en principio, indefinidamente. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Contratos, prenda, prenda con registro, ejecución prendaria, pago en cuotas, mora, emergencia sanitaria, plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Plan Rombo SA de Ahorro p/f determinados  c/ Marzarez, Ramón Orlando y otro  s/ ejecucion prendaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-08

La decisión del juez de grado de llevar adelante la ejecución por la suma total del capital reclamado no se evidencia pasible de reproche. Es que el hecho de que la mora no haya acaecido en el momento indicado por la actora (14/04/20), no implica pasar por alto que, a la fecha, los deudores no han depositado en el expediente ninguna de las cuotas adeudadas, por lo que no cabe más que concluir en que ha operado la previsión contemplada en cierta cláusula del contrato prendario. En efecto, a la vez que la accionante incumplió el deber de brindar información adecuada a los demandados para poder continuar la ejecución del contrato -en el marco de las restricciones por la pandemia, ASPO-, estos últimos tampoco obraron con la buena fe que era dable esperar, pues luego del silencio de la actora ante sus cartas documento, no procedieron a consignar, siquiera, el importe de la última cuota pagada intimando a liquidar judicialmente las eventuales diferencias, y luego, habiéndose regularizado la situación generada por la pandemia e iniciada esta acción en su contra, no procedieron a consignar tampoco, el importe que estimaban debido, sujeto a lo que en definitiva se resolviera. La situación descripta evidencia un supuesto de culpa concurrente, que torna necesaria la adopción de una solución de equidad que recomponga de una manera razonable los intereses en juego. Ello así, cabe rechazar la queja de los demandados.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, recurso extraordinario, empleados públicos, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado y otro c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

No procede el recurso extraordinario contra la decisión que rechazó la acción de amparo interpuesta por una asociación de trabajadores del Estado pretendiendo enervar la aplicación del decreto 2193/86 que dispone la reducción de los planteles de las áreas ministeriales y la eventual aplicación del art. 47 de la ley 22.140, si no se ha denunciado que hayan sido puestos en situación de disponibilidad los firmantes de la pretensión inicial o alguno de los afiliados a la asociación, por lo que el análisis de la inconstitucionalidad de las normas atacadas se convertiría en un juicio en abstracto.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, defectos en la fundamentación normativa, fallo plenario, querellante, proceso penal, costas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Raphael, Moisés Elías s/ Defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Carece de todo fundamento la afirmación de que la Ley 22.383 hizo perder vigencia al fallo plenario que estableció en qué casos el querellante en causa penal queda excluido del carácter de parte vencida en el juicio aún cuando el procesado no fuera condenado ya que el texto introducido por dicha Ley al art. 144 del Código de Procedimientos en Materia Penal nada agrega respecto del carácter de parte vencida sino que otorga al juez la facultad de morigerar la condena en costas.
Juicio ejecutivo, excepción de novación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bongiorno, Silvia Mabel c/ La Cigüeña S.A. y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-24

La excepción de novación solo es admisible cuando al oponerla el demandado acompañe el documento del cual resulta demostrada su existencia (art. 542 inc. 8, Código Procesal), debiendo emanar la documentación del acreedor o de quien lo represente y bastarse a si mismo, puesto que no puede ser complementado con otro medio de prueba, desde que la novación no puede inferirse de simples presunciones. De tal modo, si el excepcionante no ha probado que el documento del que resultaría la existencia de la novación, ha sido suscripto por la ejecutante, la excepción se torna improcedente (art. 547, segundo párrafo, y 542 inc. 8, Código Procesal).
Honorarios del abogado, honorarios del procurador, regulación de honorarios, causa propia, abogado en causa propia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: FERNANDEZ QUINTANA HUGO c/ CERVECERIA BIECKERT  S.A.  Y OTRA s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-05

Si bien los profesionales que litigan en asuntos o procesos propios, pueden reclamar sus honorarios de la parte contraria cuando media condena en costas (conf. ley 21.839, art. 12), esa retribución cubre únicamente la actuación como letrado y no la inherente a funciones procuratorias, porque la ley arancelaria, a diferencia de la anterior derogada (art. 36), no contiene norma alguna que autorice una solución que, por lo demás, es contraria a toda lógica, pues nadie puede ser apoderado de sí mismo, desde que la circunstancia de que quien litiga por sí revista el carácter de abogado o procurador, no le da derecho a percibir honorarios procuratorios, ya que se parte del supuesto de que no lo hace en ejercicio de tales funciones. La retribución que arancelariamente se estipula en favor del mandatario, sin duda reconoce como causa al mandato oneroso celebrado entre el procurador con su cliente y su justificación reside en la especial dedicación y responsabilidad que aquél asume, quien debe litigar respecto de los intereses morales o materiales de otros. Por tanto, cuando no existe aquella fuente no pueden admitirse estipendios que configurarán obligaciones carentes de causa y que como tales, plasman un enriquecimiento indebido para su beneficiario. La situación del letrado no es equiparable a la del procurador, pues mientras la actuación de aquél es obligatoria, cfr.

art. 56 del C.Procesal, y debe ser retribuida no ocurre lo mismo con el otorgamiento del mandato judicial, que por esencia, es meramente facultativo.
Recusación, recurso de inconstitucionalidad, competencia de la Corte Suprema, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: DE IRIONDO, JORGE DEL CORAZON DE JESUS c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. RECUSACION.     CSJ EXPTE NRO 181-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-10-03

Las recusaciones manifiestamente improcedentes deben desestimarse de plano, revistiendo tal carácter las que pretenden la separación del tribunal para juzgar la procedencia del recurso de inconstitucionalidad por la sola circunstancia de haber dictado el auto de admisibilidad de la queja.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Duarte, Nemesio Dario y otros c/ Dirección Gral. de Escuelas y Cultura de la Provincia de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-12-26

La relación causal se infiere a partir de las características del hecho fuente, en el sentido de si es o no idóneo para producir las consecuencias que el actor invoca: el juicio de causalidad adecuada se sustenta siempre en la valoración sobre la congruencia entre un suceso y los resultados que se le atribuyen.
Remuneración, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: BAGNATO LUIS c/ SIGLO XXI S.R.L. Y/U OTROS s/ COMISIONES IMPAGAS, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-11-30

El salario por comisión no puede ser enteramente aleatorio. La retribución del trabajador en dicha forma, deber ser conjugada con la aplicación del salario mínimo, vital y móvil o del salario del convenio. La retribución a comisión , por tanto, es parcialmente aleatoria y dicha aleatoriedad está referida no a la percepción misma de una remuneración sino al monto de esta última, que podrá variar -por encima del mínimo vital o del mínimo de la convención colectiva- en relaciona a la actividad del trabajador y a las condiciones del mercado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Aragón, Aldo Fabrizio s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

El art. 357 del Código de Procedimiento Penal no amplía el catálogo de casos en que el recurso de inaplicabilidad es formalmente viable sino que sólo tiene por objeto -en su carácter de primera de las "Disposiciones comunes" a que se refiere el Capítulo III- precisar el concepto de "sentencia definitiva" reiteradamente mencionado en los Capítulos I y II dedicados a los recursos extraordinarios. (Minoría u opinión personal)
Locación, obligaciones del locatario, alquileres, pago, restitución del inmueble, prórroga del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: DE MARCO, Próspero c/ BUITRAGO, Ernesto Walter y otro s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-29

Si el contrato celebrado entre las partes se realizó por el plazo mínimo prescripto por el art. 2 de la ley 23.091, y a su vencimiento acordaron una prórroga del mismo, la circunstancia de que al término de la prórroga el locatario continuara abonando los alquileres, no puede interpretarse como la celebración de un nuevo contrato desde que el locatario tiene la obligación de abonar los arriendos por el uso y goce de la cosa hasta la restitución del inmueble.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, arraigo
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPORT CREDIT CORPORATION c/ A.E.S.A. s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-17

En juicio ejecutivo sólo pueden ser opuestas las defensas taxativamente previstas por el Código Procesal:544. En consecuencia, la excepción de arraigo establecida para juicio ordinario y su sumario (Código Procesal:348) resulta inadmisible.