Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-10


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Uno.- San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Febrero de 2009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 56/06 "LOBO, Ramón Ernesto - c/ ESTADO PROVINCIAL - s/ Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad", en los que a fs. 137 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 de la Ley Nº 2403; obrando a fs. 140 Dictamen Nº 91/08 del Sr. Procurador General; llamándose autos para Sentencia a fs. 140 vta. En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) ¿Es procedente la Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad interpuesta?. En su caso, ¿Qué pronunciamiento corresponde?- 2) Costas. Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs. 141, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, LUIS RAÚL CIPPITELLI y JOSÉ RICARDO CÁCERES. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo: Que a fs 9/14 de los presentes, la actora en autos interpone acción de plena jurisdicción e ilegitimidad en contra de la Resolución del Ministerio de Educación Nº 1966/06 que no hiciera lugar a la solicitud de reinserción funcional en horas cátedra interinas de las que fuera desplazado por cambios curriculares, producidos con motivo de la reforma propiciada por la Ley Federal de Educación. Que en este contexto el accionante solicita la revocación o anulación de la resolución cuestionada por considerar que la misma viola el estatuto del docente, su antigüedad en el ejercicio de la profesión y el Estatuto para el Personal de la Administración Pública, peticionando en definitiva que oportunamente se haga lugar a la acción intentada con costas. Que a fs. 55 este Alto Tribunal declara prima facie su competencia para entender en autos. Que a fs. 67/68 no se hace lugar a la medida cautelar peticionada por la actora. Que a fs. 73/75 corre agregada contestación de demanda de la administración, planteándose en la misma excepción de incompetencia cuyo tratamiento se difiere para definitiva. Que a fs. 83 vta. se abre la causa a prueba, clausurándose el período a fs. 126. Que a fs. 133/134 y 135/136 obran los alegatos de las partes, ordenándose a fs. 140 vta. el llamado de autos. Que ello así, antes de ingresar al análisis de la controversia que se debate, corresponde revisar el cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad de la acción, entre ellos si la vía administrativa ha sido correcta y plenamente agotada por el accionante, aún cuando esta Corte de Justicia haya declarado prima facie su competencia en autos, en tanto es criterio pacífico y constante que: "La admisión de las acciones en los términos del Art. 3 del C.C.A es prima facie y no causa estado, puesto que los verdaderos antecedentes surgen del estudio prolijo y circunstanciado de las actuaciones cumplidas en la causa, y el tribunal se encuentra habilitado -aún de oficio- para verificar la satisfacción de los presupuestos procesales al resolver en definitiva" (Autos Corte Nº 127/05), mas aún cuando en la presente causa la administración demandada, interpuso excepción de incompetencia por falta de agotamiento de la vía administrativa y su tratamiento se difirió para definitiva. Que en tal sentido y analizados lo antecedentes obrantes en autos, resulta que dada la naturaleza del reclamo, esto es la reinserción funcional del actor en horas cátedra en órbita del Ministerio de Educación de la Provincia, éste último deviene en la causa autoridad de última instancia, por corresponder la cuestión al régimen administrativo y funcional de ese departamento. Sin embargo, de autos surge que la resolución ministerial que ahora se impugna en sede judicial, no ha sido objeto de recurso alguno que permitiera su revisión en sede administrativa, pues su dictado fue el resultado directo de una petición del actor ante el propio ministerio, privándosela a la administración requerida de rever ante sí su propia decisión, para lo cual el actor debió ante la resolución ministerial denegatoria, interponer en esa sede recurso de reconsideración en los términos de los Arts. 120 y 121 del C.P.A; por lo que asiste razón al Sr. Procurador General cuando en su dictamen de fs. 52/53 expresa que: "En los presentes el actor ha omitido informar las razones por las cuales no recurrió el acto que impugna el que, forzoso resulta destacar, emanó del Ministerio de Educación frente al reclamo por aquél realizado, por lo que el ejercicio del recurso de reconsideración resultaba obligatorio para el peticionante". De lo expuesto deriva que la vía administrativa no se encuentra agotada, por lo que corresponde hacer lugar a la excepción intentada por la administración, declarando la incompetencia de este Alto Tribunal para entender en autos. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Concuerdo con el voto que en el orden me precede, y doy el mío en exacto sentido. Ello es así, toda vez que el óbice formal apuntado por la colega para rechazar la acción intentada, no resulta un en un excesivo rigorismo formal, sino como puede apreciarse tiene base netamente legal.

Que en efecto, y sin perjuicio de que el voto compartido, con claridad lo ha expuesto voy a permitirme insistir que, en el Art. 5 de nuestro Código Contencioso Administrativo se establece, de modo imperativo que, ".para que proceda la demanda contenciosa administrativa el reclamante deberá, previamente agotar la vía administrativa con el fin de obtener de la autoridad competente en última instancia el reconocimiento o denegación del derecho reclamado.". Por su parte, el Art. 10 del mismo ordenamiento dispone que, la acción procede ".contra las resoluciones del Poder Ejecutivo, de las Municipalidades o de otras autoridades con facultad para decidir en última instancia, siempre que concurran los siguientes requisitos:..." y el primer inciso expresa ".que la resolución cause estado". De ambos preceptos surge con claridad la obligatoriedad exigida, en tanto para agotar la vía, el actor debió acudir a la instancia recursiva; -recurso de reconsideración- siendo esta decisión final, en este caso, (Art. 121 ult. Parte C.P.A.) el acto que agota las instancias administrativas y habilita la instancia judicial. Que el acto deba causar estado o sea cerrar la instancia administrativa, implica haber sido dictado una vez agotado todos los medios de impugnación, por la más alta autoridad competente para resolver en la materia. La razón que en nuestro derecho se justifica, la exigencia de un acto administrativo previo que cause estado, es la conveniencia de filtrar las contiendas que lleguen a pleito, sea provocando una especie de conciliación con el Estado en sede administrativa, sea dando al Estado la oportunidad de repensar el asunto y revocar el error, y además, la conveniencia de que lo que se lleve a los jueces sea una situación contenciosa, y finalmente por que el Código Contencioso Administrativo, insisto, lo establece como condicionante de la habilitación de la vía judicial.- De este modo, el requisito del agotamiento y el procedimiento para llevarlo a cabo están impuesto por la ley ergo, su revisión se torna ineludible y más aun, cuando su correcto acatamiento nos otorga en definitiva la competencia. Que siendo resuelto de este modo por la Corte Provincial en reiterados pronunciamientos, como lo señala en dictamen del Sr. Procurador General, y concordando, como lo dije, con la postura de la Sra. Ministro que encabeza el Acuerdo, opino que debe admitirse la excepción de incompetencia de este Tribunal, interpuesta por la demandada. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que adhiero al meduloso fundamento y solución propiciada por la Sra. Ministra que inaugura el Acuerdo, por lo que voto en el mismo sentido. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Conforme se resuelve la primera cuestión planteada, corresponde que las costas sean soportadas por la parte actora que resulta vencida. (Art. 17, Ley 4642). A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Con costas a la vencida (Art. 17 de la Ley 4642). A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que una vez mas adhiero a la conclusión expuesta por la Sra. Ministro, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido. Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).- San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Febrero de 2009.- Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar a la excepción intentada por la Administración, declarando la incompetencia de este Alto Tribunal para entender en autos. 2) Con costas a la parte actora que resulta vencida.

3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello. 4) Protocolícese, hágase saber y firme o ejecutoriada, por Secretaría procédase a devolver los Expedientes Administrativos agregados por cuerda a los Organismos correspondientes y oportunamente archívense. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).-