Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13


Reg.: A y S t 281 p 143/147. En la ciudad de Santa Fe, a los trece días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, María Angélica Gastaldi, Roberto Héctor Falistocco y Eduardo Guillermo Spuler con la presidencia del titular Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "RAGGIO, LORENZO MARIA - RECURSO DE INCOSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'RAGGIO, LORENZO MARÍA Y OTROS S/ REGULACION DE HONORARIOS - APELACIÓN - CONCLUSIÓN DE CAUSAS - COSTAS' (CUIJ N° 21-07007142-5)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511203-3). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Erbetta, Gastaldi, Falistocco, Gutiérrez y Spuler. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo: 1. Según surge de las constancias de la causa Bayer Sociedad Anónima formuló demanda civil resarcitoria pretendiendo se condene a los accionados al pago de la suma de U$S341.916,60 en concepto de dinero defraudado y los intereses que fije el Juzgador a partir del nacimiento de la obligación y/o la cantidad de dinero que por ese concepto estime justo fijar el Tribunal según su prudente discrecionalidad. La jueza de Primera Instancia admitió la demanda por la cantidad de $339.024,10 fijando un interés equivalente a la tasa activa promedio del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., con costas. Apelada la sentencia por el doctor Stramazzo, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal revocó la sentencia impugnada, absolviendo de culpa y cargo a los demandados y rechazando la pretensión civil, con costas. Mediante auto 250 de fecha 21.10.2015 la Magistrada de Primera Instancia reguló los honorarios correspondientes al doctor Walter Stramazzo en 75,12 jus, equivalente a la suma de $74.713,35 en relación a Bayer Argentina S.A., luego rechazó el recurso de revocatoria deducido por el beneficiario y por la Caja Forense y concedió el de apelación. El Juez de Segunda Instancia revocó parcialmente el auto referido y reguló los honorarios profesionales del doctor Stramazzo, por la cuestión civil, en 628,74 jus a cargo de Bayer Argentina S.A., por ambas instancias, actualizado a la fecha de la audiencia, equivalente a la suma de $974.579,57, más I.V.A. y aportes de ley. 2. Contra dicho resolutorio, la actora civil dedujo recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, incisos 2) y 3), de la ley 7055, por considerar que el mismo incurre en arbitrariedad fáctica y normativa por apartarse de las constancias de la causa y omitir la aplicación de normas procesales integrativas y supletorias a las que el propio código remite. Señaló que, aplicar lisa y llanamente el artículo 8 de la ley 6767 resulta arbitrario ya que viola el principio de congruencia, vulnera el principio de legalidad, afecta el derecho de propiedad, de igualdad ante la ley y la equidad, al otorgar una regulación mayor a la que eventualmente hubiera correspondido de confirmarse la sentencia de primera instancia. Argumentó que resulta irrazonable aplicar una base regulatoria ajena a la realidad de la causa y sus constancias y de la solución normativa brindada al caso omitiendo normas complementarias directamente aplicables y operativas por remisión expresa del artículo 172 del Código Procesal Penal. Asimismo sostuvo que resulta irrazonable la aplicación de una tasa de interés activa actualizando un monto expresado en dólares estadonidenses y luego convertidos a pesos argentinos retroactivamente a la fecha del hecho. 3. Por auto 129 del 15 de marzo de 2017, la Alzada concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto para ante esta Corte. A su turno, el señor Procurador General juzgó inadmisible el presente remedio de excepción . 4. Sentado ello, cabe adelantar que el examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a apartarme del criterio de la Alzada, conforme a lo dictaminado por el señor Procurador General, en el entendimiento que los planteos recursivos no ostentan entidad consitucional suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. En efecto, en el caso no concurren razones suficientes que autoricen a hacer excepción al principio -reiteradamente aplicado- conforme al cual las cuestiones que versan sobre regulaciones de honorarios -comprendiendo las bases computables a tal fin (Fallos:230:321; 249:459; 254:298; 257:157; 261:223; 297:46; 302:253), la apreciación de los trabajos realizados, y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias (Fallos:239:104; 254:331; 257:157; 297:255; 301:1050), etc.- resultan ajenas al recurso extraordinario, por su naturaleza y por el amplio margen que en la materia se confiere a la razonable prudencia de los jueces de la causa, regla que se traduce en una particular estrictez a la hora de aplicar la doctrina de la arbitrariedad en este tema (cfr., Fallos: 245:363; 292:487; 305:1373; 306:1719; 307:919, etc.; A. y S. T. 50, pág. 481; T. 100, pág. 34; T. 115; pág. 252; T.116, pág. 208; T. 189, pág. 201). Desde esa óptica, y habiéndose cuestionado en autos la validez de lo resuelto con base en las causales de arbitrariedad "ut supra" reseñadas, el estudio de autos me convence de que, pese al matiz constitucional que el impugnante pretende conferirle a sus agravios, en definitiva los mismos no logran demostrar en concreto que la respuesta del Tribunal a quo exhiba una decisiva carencia de fundamentos o haya supuesto un irrazonable apartamiento de la solución prevista para el caso. En efecto, el Juez de Segunda Instancia sostuvo que resultaba aplicable al caso lo dispuesto por el artículo 8 de la ley 6767 por entender que resultaba claro en la materia que la base regulatoria sería el monto de la demanda o el que resulte de la sentencia si fuere mayor y ante el rechazo de la pretensión no queda otra opción que regular en base al monto consignado en la demanda. Por otra parte, el Magistrado señaló que resulta errónea la estimación realizada por el doctor Stramazzo al calcular la base regulatoria según el valor del dólar al día de la audiencia de apelación y consideró justo convertir los dólares a pesos a la fecha de interposición de la demanda. Dicha solución hermenéutica cuenta con sólidos respaldos doctrinario y jurisprudencial (cfr García Sola - Eguren "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario y jurisprudencial. Peyrano-Dir.-Vazquez Ferreyra -Coord.-, Tomo 4A, Legislación complementaria comentada y anotada, p. 234) circunstancia que conduce a que la respuesta jurisdiccional se inserte dentro de las posibles y razonables en el abanico interpretativo que constitucionalmente cabe consignarle al dispositivo arancelario en confrontación con las constancias de la causa. Es que, en rigor de verdad frente a esta línea interpretativa y conceptual propuesta por el órgano revisor -que entendió estar frente a un juicio de contenido económico determinado en el cual la cuantía reclamada en la demanda era de U$S341.916,60-, el impugnante intenta oponer la suya, con fundamento en que la pretensión entablada dejaba librado al prudente arbitrio judicial la cuantificación del reclamo; más ese disenso hermenéutico no logra demostrar una postura absurda de la Cámara, máxime si se advierte que se trata de un reclamo en concepto de dinero defraudado con un monto expresamente determinado en la demanda. Adviértase que si bien el recurrente esboza arbitrariedad fáctica por haber omitido el Juzgador las constancias de la causa, concretamente la sentencia de primera instancia (que, a su turno había acogido la demanda por $339.024,10) a los efectos de la base regulatoria, lo cierto es que la postulación pierde consistencia y decisividad ante la revocación de aquél decisorio y posterior rechazo de la pretensión ante la Alzada, de manera tal que no se vislumbra irrazonabilidad o absurda aplicación del artículo 8 de la ley arancelaria. Menos aún logra demostrar que el Magistrado de Alzada haya prescindido de los textos legales aplicables, habida cuenta que aduce apartamiento de las normas a las que el derecho procesal penal remite en forma supletoria (arts. 253 y 258, C.P.C.C.), sin embargo ninguna argumentación trae a fin de persuadir que tales artículos tengan alguna conexión con la determinación de la base regulatoria, ya que en realidad refieren a la distribución de las costas en el proceso. Frente a ello, los agravios desplegados no traspasan el límite de la mera disconformidad interpretativa en relación, como se observa, a cuestiones de hecho y derecho procesal que, como resulta sabido, son propias de los jueces de la causa. No debe olvidarse, al respecto, que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por la jurisdicción ni puede constituirse como un medio para sustituir a los magistrados en la decisión de cuestiones que le son privativas (por todos A. y S., T. 100, pág. 251, por todos); ni a corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales, ya que sólo se admite en los supuestos de desaciertos y omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez (Fallos:312:1850; 313:473; 324:3421; entre otros). Por consiguiente, la pretensión última de la impugnante es renovar un debate ya agotado en la instancia ordinaria y ajeno a la vía extraordinaria intentada, sin lograr demostrar de la manera que el caso lo requería los vicios que le imputa a la sentencia impugnada. La Cámara efectuó valoraciones que podrán no conformar a la recurrente, pero en la medida que no se demuestre un apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional. Voto, pues, por la negativa. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido al señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo: Conforme al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior no corresponde pronunciarse sobre esta. Así voto. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido al señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida. Así voto. A la misma cuestión la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Erbetta y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, doctor Beltramone. Tribunal que intervino con anterioridad: Juez Penal de Primera Instancia, doctora María Isabel Mas Varela.