marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Lesiones culposas, accidente de tránsito, prioridad de paso, responsabilidad del conductor, pavimento mojado, infracciones de tránsito
Materia: PENAL
Carátula: Peloso, Juan C. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-02

Pese a que el procesado tenía prioridad de paso por dos disposiciones reglamentarias, probado que cedió el mismo, la colisión obedeció a que no condujo el vehículo como las circunstancias lo requerían, pues sobre el piso mojado por la llovizna y frente al inminente cruce de otro vehículo, debió adoptar las elementales normas de la conducción, por lo que cabe responsabilizarlo por el delito de lesiones culposas (art. 84 del C P.).
Plazos procesales, días inhábiles
Materia: PROCESAL
Carátula: Gay, Salvador. c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

La acordada 30-92 de la C.S.J.N. declaró inhábil el día 13 de agosto de 1992 para los Tribunales Nacionales y Federales del país, sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos que no hubiesen sido actuados en rebeldía. Una adecuada interpretación de la Acordada citada, permite señalar que el día 13 de agosto del corriente no debía ser incluido como hábil a los efectos del cómputo de los plazos procesales. Ello así, ya que aquélla tenía por finalidad "evitar prejuicios a los litigantes" en estas actuaciones, corresponde concluir que el escrito obrante a fs. 907 fue presentado temporáneamente.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, contenido de la demanda, indicación de la causa, fallo plenario, certificado de deuda, base, prueba, dictamen pericial
Materia: COMERCIAL
Carátula: VERASUR SA S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO DE MUNICIPALIDAD DE PILAR c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-25

Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto admitió parcialmente la pretensión verificatoria del Municipio, en relación a los montos determinados sobre base presunta, pero sólo en la medida en que se encuentren respaldados por la prueba producida en autos. En ese marco, en tanto surge del dictamen pericial obrante que la concursada solo registra actividad en ciertos períodos, y aun cuando haya omitido comunicar dicho extremo al organismo recaudador, dicha prueba contrasta con cualquier determinación de base presunta, en tanto como tal se ha realizado con datos de referencia o comparativos y en su calidad de oficiosa puede no coincidir con la real situación del deudor. De tal modo, no procede verificar cómo pretende la incidentista pues la determinación de la deuda fue efectuada de oficio sobre una base presunta, sin sustento documental concreto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García Dópico, Jorge Alberto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

El mero disenso no es base idónea de agravios, ni es suficiente para demostrar el absurdo que permita la apertura de la casación para el examen de las cuestiones fácticas.
Medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sanatorio Güemes S.A. c/ Fisco Nacional -D.G.I.- s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

Según lo dispuesto en el art. 202 del C.P.C.C.N. "las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento".
Recurso de casación, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Giménez Carranza, Viviana Pamela y otro s/ Denuncian Robo s/ Recurso de queja, Expte. nro. 408/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-04-14

Ahora bien, el planteo del Sr. Fiscal para que el Cuerpo se expida sobre la validez constitucional (o no) de la reforma introducida por la Ley 351, convoca a este Superior Tribunal a desplegar una de las finalidades de los tribunales de casación: la de asegurar la aplicación uniforme del derecho en todo el territorio provincial. Esta misión, conferida por el legislador a la máxima autoridad judicial de la provincia, tiene en cuenta que al así obrar, el Superior Tribunal ejecuta la función que dentro de la distribución de roles se le asigna como autoridad superior del Gobierno de la Provincia; es el Poder Público el que se manifiesta a través de su magistratura constitucional para decir a la comunidad toda -no sólo a los operadores del sistema judicial-, con valor de verdad legal, cual es la interpretación que debe darse a una regla de derecho.
Indemnización por accidente de trabajo, indemnización tarifada, tope indemnizatorio, salario mínimo, vital y móvil
Materia: LABORAL
Carátula: ACEVEDO, OSCAR c/ AUTOLATINA ARGENTINA  S.A. s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-31

No corresponde calcular el tope indemnizatorio que establece el art. 8 de la ley 9688, reformada por la ley 23643 teniendo en cuenta el salario mínimo vigente a la época de la sentencia, sino a la fecha de determinación de la indemnización. Caso contrario se desplazaría la certeza en la extensión de la reparación a la fecha variable, según la duración de los pleitos y se vería seriamente afectada la autoaplicación de la norma, sin recurrir a la vía jurisdiccional, debiendo destacar que es característica de una ley tarifada en materia de resarcimientos, la aptitud para obtener una cuantía objetiva del crédito, mediante la aplicación de las pautas establecidas en las normas.
Revocación de sentencia, sentencia condenatoria, unificación de penas, prisión, tareas comunitarias, cuestiones de competencia
Materia: PENAL
Carátula: ZLATOHLAVEK, Alfredo Enrique s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Se ha incurrido en un exceso de jurisdicción si al dictar la sentencia condenatoria, el sentenciante unificó la pena impuesta con una pena de prisión oportunamente sustituida por tareas comunitarias que habían sido incumplidas y que procedió a revocar. Es que la razón determinante de la revocación de la sustitución se acota al incumplimiento de las tareas que el obligado asumió realizar y en tal sentido, en su caso total o parcialmente, esa decisión resulta ser una cuestión de competencia ajena al segundo tribunal sentenciante, en tanto constituye un asunto que debe ser resuelto en la sede donde oportunamente fue decidido, con el deber de asegurar el derecho a audiencia a la parte interesada, en trámite de carácter contradictorio. Sentado ello, y a resultas de lo que allí se disponga, quedará condicionada la necesidad de un nuevo pronunciamiento unificatorio (voto de los jueces Días, Morin y Sarrabayrouse)
Enfermedad profesional, personas con discapacidad auditiva, protectores auditivos
Materia: LABORAL
Carátula: SISA JUAN CARLOS c/ FUNDARG  S.R.L. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-09-21

De las constancias se infiere que se encuentra acreditada la lesión hipoacústica, este juicio convictivo surge del dictamen pericial. También corresponde tener por efectivamente demostrada la relación causal entre trabajo y efecto dañoso y ello por que el perito de higiene y seguridad manifiesta haber detectado en el sector de mantenimiento -en donde preponderantemente ha revistado el pretenso-niveles sonoros entre 94 y 96 decibeles, que conforme las apreciaciones del perito médico resulta mas que suficiente para calificar a la dolencia como "enfermedad profesional" en la medida que supera los límites de intensidad permitidos. La circunstancia fáctica aludida ha sido corroborada por la prueba testimonial, donde además se agrega la ausencia del uso de protectores auditivos. En lo atinente al grado incapacitante corresponde admitir "in totum" la valoración efectuada por el perito médico oficial, por entender que el experto formula con rigor científico la utilización de la tabla de valoración de incapacidades laborativas y se apoya en el examen audiométrico, y no habiéndose adjuntado evidencia alguna de que el paciente haya estado expuesto a valores de sonoridad excesiva en sus relaciones laborales anteriores, resulta coherente imputar en su integridad a la accionada la minusvalía.
Compraventa inmobiliaria, rescisión del contrato, cláusula penal, obligación de restituir, restitución de sumas de dinero, índices de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: DURAN ROBERTO Y OTRO c/ ONCE DE JULIO  S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-18

Como consecuencia de la rescisión del contrato de compraventa deben devolverse las sumas entregadas a cuenta de precio (arts. 555, 1204 y 1374 del Código Civil) con el complemento de la depreciación monetaria, a calcularse por aplicación de los índices de los precios al por mayor -nivel general- que publica el I.N.D.E.C. desde la fecha de cada pago a repetir. Ello importa indemnizar el daño al interés negativo, por la retención indebida de los dineros, en virtud de la resolución del contrato por culpa de quien los recibió en consideración a una causa existente, pero que dejó de existir a raíz de su incumplimiento imputable "conf. C.N.Civ. Sala C, "Feldman, M. c/CompaÑía Inmobiliaria Metropolitana E.I.S.A.

s/resolución de contrato" del 28/2/85 L. 8648) ello aún cuando se haya estipulado una cláusula penal, pues la pena no estuvo dirigida a satisfacer ese daño del envilecimiento de la moneda, sino el daño al interés positivo es decir, el producido al comprador por el hecho de la frustración del negocio por lo que no corresponde suprimir la cláusula penal, pero si es procedente su morigeración (art. 656, 2 parte del Código Civil).
Recusación y excusación, acusación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Ensenada c/ Cabrera R. s/ Amparo-Inc. de recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-01

A los fines del art. 17 inciso 6 del C. Procesal, el juez debe haber sido denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados y siempre que la Suprema Corte hubiera dispuesto dar curso a la denuncia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso preventivo, homologación del acuerdo preventivo, honorarios del síndico del concurso, pago, plazo, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACRILICOS SALERNO  S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

Toda vez que la LC 64 fija un plazo para el pago, ha de interpretarse que una vez vencido este y no satisfechos los honorarios, cae en mora el deudor con el consecuente devengamiento de intereses.

En cuanto a la morigeración de repotenciación como consecuencia de la aplicación de las pautas indexatorias del acuerdo, no corresponde, pues ni la ley lo prevé, ni resulta razonable supeditar el quantum del honorario del funcionario concursal a previsiones distintas de la que recogen las normas específicas (ley cit. 288 y cc).
Falsedad de título, inhabilidad de título, cheque, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Rossi, Marcelo Ernesto  c/ Anamic S.R.L.  s/ ejecutivo y medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2023-02-02

La recurrente opuso excepción de falsedad de título, la que procede cuando se la funda en la adulteración total o parcial del documento; en el caso, sustentó su planteo sobre la base de que el cheque ejecutado fue sustraído, habiéndose promovido una denuncia policial por parte de un tercero tenedor del valor, a resultas de lo cual el actor carece de derecho para reclamar su pago. También interpuso excepción de inhabilidad de título, la que procede siempre que a través de ella se cuestione la idoneidad jurídica del título, sea porque no figura entre los mencionados por la ley, porque no reúne los requisitos a los que está condicionada su fuerza ejecutiva o porque el ejecutado o el ejecutante carecen de legitimación procesal -en razón de no ser las personas que aparecen en el título como acreedor o deudor-, vedando la ley que a través de ella se discuta la existencia, legitimidad o falsedad de la causa. En virtud de lo señalado anteriormente, la apelante debió acreditar que el actor haya estado efectivamente involucrado en el delito denunciado de algún modo que permita oponerle una exceptio doli, extremo que tampoco fue invocado por la misma. Por otra parte, el aviso al banco girado del "no pago" no es suficiente para restarles eficacia ejecutiva despojándolos de sus efectos cambiarios -vía prevista por el art. 5° de la Ley 24452-.
Defensa en juicio, personas por nacer, defensor de menores
Materia: PROCESAL
Carátula: N., R. F. s/ Abuso sexual s/ Incidente de solicitud de interrupción de embarazo s/ Apelaciones s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-05-11

Es cierto que se le da intervención a la Defensora de Menores e Incapaces representante de los intereses del nasciturus (fs.), quien contesta la vista a fs. y luego amplía a fs. (todo del incidente), en donde expone varios planteos en oposición a la solicitud de interrupción incompetencia material del Juez a quien se le dirige dicha solicitud, necesidad de agregar un tutor especial como parte de la contienda, y crítica y mérito de las medidas de prueba recolectadas en el expediente, con la indicación de producir otras y completar o aclarar algunas de las producidas -.

También advierto que en la decisión se reseñan tales planteos y se les da tratamiento, por lo que no podría estimarse que resultan omitidos aquellos conducentes al objeto procesal. En tales condiciones, el nasciturus ha tenido una defensa efectiva de sus intereses en el marco de la doctrina legal que surge, mutatis mutandis, del fallo 212/09.
Costas, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cinturón Ecológico Area Metropolitana Sociedad del Estado c/ Lafón de Urquizu, Elena s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-23

La distribución de las costas con apoyo en los arts. 68 y 71 del C.P.C. no es revisable en casación en tanto no se demuestre la concurrencia de los supuestos excepcionales que autorizan su actuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa inmobiliaria, pacto comisorio tácito, mora del comprador, constitución en mora, resolución judicial del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: COLL, ALFREDO H. c/ GROSSO, ATILIO s/ COMPRAVENTA INMOBILIARIA - RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1953-05-26

La falta de pacto comisorio no es obstáculo para que el vendedor pueda demandar la resolución del contrato o de la promesa de venta ante el incumplimiento de la obligación en el plazo estipulado, para lo cual deberá previamente constituir en mora al comprador.
Daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VILLARREAL, JUAN CARLOS c/ GOBIERNO DE LA PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-29

El término de prescripción de la acción civil para la reparación de los daños y perjuicios que son consecuencia del procesamiento del actor, debe computarse a partir de la fecha de la sentencia que sobresee definitivamente a aquél, dado que pendiente el proceso instruido, se encuentra en imposibilidad jurídica de accionar.
Honorarios del martillero, subasta, suspensión de la subasta
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMPOS DE LA COSTA S.A. c/ GAONA, J. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

Suspendida o fracasada una subasta por motivos ajenos al martillero, éste tiene derecho a percibir honorarios, pero no una media comisión, sino que debe fijarse una retribución en consideración y proporción con los trabajos realmente practicados, desde la aceptación del cargo hasta que el evento se produjo.-
Beneficios previsionales, escalafón, jefe de despacho judicial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HERMELO ZULEMA MARIA  c/ A.N.Se.S. s/ prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-27

Si la actora consolidó su situación previsional al presentar su renuncia, esto es, con posterioridad al dictado de la Acordada N° 20/12 de la C.S.J.N, que declaro la invalidez de la resolución 196/06 del consejo de la magistratura y mantuvo los cargos que integran el escalafón del poder judicial de la nación aprobado por AC 9/2005 con las denominaciones allí consignadas, entendiendo -entre otras cuestiones- que no existe equivalencia de funciones entre los prosecretarios administrativos y los jefes de despacho que torne valida su equiparación, resolviendo de este modo mantener el cargo de "jefe de despacho" en el encuadramiento efectuado en el anexo 2, el cual no está alcanzado por la ley 24.018. (Del voto de la mayoría. Argumento de la Dra. Dorado. El Dr. Fantini votó en disidencia).
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: G. C., K. c/ S. M., A. P. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-11-06

No constituye absurdo cualquier error, ni la apreciación opinable o que aparezca como discutible u objetable porque se requiere algo más, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba, ya que es menester para que se configure que las razones del sentenciante aparezcan como un dislate.(del voto del doctor Pettigiani)
Cesantía, motivación del acto administrativo, sanciones disciplinarias, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ortiz, Jorge Antonio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

Si las decisiones impugnadas que sancionaron con cesantía al agente carecen de adecuada fundamentación toda vez que no se ajustaron a los antecedentes obrantes en el sumario, ni expresaron de modo claro y concreto las razones de tal apartamiento, quedan excedidos los límites que inhiben el contralor judicial de la potestad administrativa disciplinaria.
Lealtad comercial, identificación de mercaderías, denominación de origen, responsabilidad del comerciante, responsabilidad del fabricante, infracción formal genérica
Materia: PENAL
Carátula: CARREFOUR ARGENTINA S.A.; PLASTERFLEX S.A. s/ Lealtad  comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-15

1 - Para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 1, inc.

b) de la ley de lealtad comercial, las indicaciones de los rótulos deben contener expresiones que permitan conocer inequívocamente el país en el que fue fabricado el producto y la leyenda de los productos cuestionados no se ajusta a tal normativa, ya que la enunciación que presenta resulta equivoca puesto que no permite conocer con certeza si el producto fue elaborado en el país que figura en aquélla o la empresa que los produce es de aquel origen (Del voto del Dr. Hornos).- 2 - La responsabilidad del comerciante en relación a la debida identificación de la mercadería a comercializar no resulta desplazada por la que también le cabe al fabricante, fraccionador o importador, siendo su obligación legal no comercializar productos o frutos cuya identificación contravenga lo dispuesto por el art. 1 de la ley 22802 citada(Del voto del Dr. Hornos).- 3 - Las infracciones como la investigada, consistente en el incumplimiento de la debida identificación del producto en origen al país de fabricación, revisten el carácter de formales, para cuya configuración y sanción sólo se requiere su simple constatación (Del voto del Dr.

Hornos).- 4 - La ley de lealtad comercial pretende preservar la lealtad en las relaciones comerciales, que abarca los derechos de los consumidores y los de los competidores, por lo que se sancionan conductas que puedan producir desvió o captación potencial de clientelas por medio de métodos contrarios a la lealtad en las relaciones comerciales (Del voto del Dr.

Hornos).
Aplicación de la ley, conciliación laboral, novación, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LASTRA, JOSE ALBERTO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

Vigente la ley 23.982, el titular no puede efectuar la opción a que alude el acuerdo transaccional dando por resuelto el mismo y reclamando la deuda originaria en toda su extensión, no sólo porque la obligación primigenia ha sido alcanzada por la novación prevista en el art. 17 de la referida norma, sino también porque el Estado no se niega a pagar, sino que por el contrario, se compromete a cumplir lo pactado mediante el sistema establecido por el nuevo cuerpo legal, el cual "prima facie" no resulta violatorio de normas de rango constitucional.
Contrato de trabajo, encargados de casas de renta, despido, uso de vivienda, consorcio de propietarios, restitución del inmueble
Materia: LABORAL
Carátula: Consorcio  de  Propietarios  del Edificio Moldes 2291 c/ EscuderoJosé Ricardo s/ desalojo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-21

Una vez operado el despido del portero que ocupaba el inmueble portería y encontrándose éste ya desocupado, le asiste al propietario el pleno derecho de posesión sobre el inmueble que había sido otorgado al trabajador en virtud del contrato de trabajo, requiriéndose una decisión expresa que otorgue la tenencia definitiva del inmueble (art. 163 CPCCN). De allí que se impone disponer la restitución del inmueble a su propietario, otorgándosele la tenencia definitiva del bien y ordenándose ponerla en posesión mediante el respectivo mandamiento.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, aplicación de la ley, Ley de desindexación
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diez Ibanco, Carlos c/ Empresa Líneas Marítimas Argentinas S.A. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Es descalificable la sentencia que rechazó la aplicación al caso de la ley 24.283 y el decreto 794/94 si la alzada, con apoyo en consideraciones formales ajenas a la etapa del proceso en que fue efectuada la solicitud, negó toda eficacia a claros planteos sobre el punto llevados a su conocimiento por la demandada, y reprochó falta de fundamento numérico sin advertir que aún no había sido practicada la liquidación con cuya base de cálculo fuera posible comparar el valor "actual" aludido en el art. 6°, del mencionado decreto.
Recurso de apelación (procesal), apertura a prueba, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: A. A. SA Y G. M. DE A. SRL en autos: "L. T. SRL (Z., M. G.)c/ A. A. Y C. s/ RECLAMO s/ APELACIÓN art. 7 LEY 4219
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-11

"Procede la apertura a prueba del juicio de apelación frente a la existencia de hechos nuevos, o cuando la Cámara considera que fue equivocada la denegatoria en primera instancia de las medidas de prueba ofrecidas ante el juez recurrido".
Daños y perjuicios, indemnización, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guiffre Alcides c/ Orcellet Raúl Oscar y Otra y/o quien resulte jurid. responsable s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-16

Es motivo de queja la tasa de interés que el A-Quo determinara según el criterio de esta Sala expuesto en "Ciliberto c/ Maciel", del 11/7 /03. Cierto resulta que desde ese precedente se ha revisado tal criterio; sin embargo, consideramos de toda equidad mantener la misma cuando los rubros por los cuales ha prosperado la acción están exclusivamente referidos a la reparación del automotor, es decir, no sujetos a estimación mediante el prudente arbitrio judicial.