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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, apreciación de la prueba, proceso penal, sentencia absolutoria, loterías, permiso precario, cesación de servicios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rudyk, Marcos c/ Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fé s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Ordinario (Expte.: C.S.J. Nro. 554 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

Carece de asidero constitucional el agravio del quejoso consistente en que el Tribunal a quo pretendió dejar sin efecto la sentencia penal absolutoria, pues una detenida lectura de la sentencia impugnada evidencia que la misma la analizó - juntamente con las demás constancias obrantes en el expediente criminal y con las conclusiones de las autoridades de la Caja de Asistencia Social- para poner una vez más al descubierto los motivos de suspensión del agente con antelación al decreto que dispuso el cierre de la agencia, hitos que no podían soslayarse para interpretar la resolución de cese, pues allí se ponía en evidencia que la conducta del apelante fue confusa, equívoca y no definitivamente aclarada, cuestión que resultaba relevante respecto al reclamo, atento que la dudosa actuación del agente originó la denuncia que desencadenó la investigación y luego el proceso penal. El reproche queda reducido al mero disenso del recurrente frente a las conclusiones a que arribara la Sala, las que en modo alguno resultan ilógicas o irrazonables para operar la descalificación del pronunciamiento.
Presupuesto, nombramiento, Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Waingarten, Sebastián c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-11

La situación de quienes superan las pruebas selectivas y no pueden ser nombrados funcionarios por falta de vacantes presupuestarias, confiere a los vencedores una expectativa de ingreso o de nombramiento cuya consecuencia directa es que, en principio, no puede designarse a otra persona en ese cargo sobre la base de ese concurso, mientras el postulante mantenga su interés en el nombramiento y el cargo exista en la estructura administrativa. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Carga probatoria dinámica, prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: S., C. O. c/ Lucio Di Santo SA s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-08-14

El principio de la carga dinámica de la prueba quita trascendencia al juramento previsto por el art. 10 de la ley 14.546 pues, en cualquier caso, le compete a la empleadora del viajante de comercio la carga de probar los hechos que está en mejores condiciones de acreditar, como son aquellos que obligatoriamente debía registrar en el libro exigido por la norma. En consecuencia, si no arrima las pruebas que tiene o debía tener en su poder de haber cumplido con la ley, las que hubieran podido resolver el caso con mayor precisión y certeza, no puede quejarse de que las decisiones se adopten en base a otros elementos de convicción que pueden no ser tan exactos. En el caso concreto, la pericia se practicó de acuerdo a la documentación que las partes suministraron a la experta, de modo que en base a ella se confeccionó el dictamen, cuya validez es entonces indiscutible. El art. 11 establece que cuando se controvierte el monto de las remuneraciones, y esto vale especialmente para la comisión que es el concepto remuneratorio esencial (art. 7), "la prueba contraria a la reclamación corresponderá a la parte patronal" (y a tal fin es que debe conservar las notas de venta); en consecuencia, como en este caso no produjo la demandada la prueba en contrario, es correcto estar al reclamo efectuado por el trabajador, al menos en la medida en que no resulte arbitrario o de evidente exageración.
Mediación, mediación obligatoria, alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: K., L.N. y otros c/ B., S.J. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

La cuota alimentaria debe regir desde el momento en que se inició el proceso de mediación, toda vez que la ley 24.573 lo impone como trámite previo obligatorio a la promoción de la demanda, por lo cual la directiva impuesta por el art. 644 del Código Procesal ha sido sustancialmente modificada en este aspecto.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diez, Héctor c/ Martini, Arturo s/ Ejecutivo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

El pronunciamiento de la Cámara que desestimó la nulidad de todo lo actuado por la que se cuestionó el lugar en que se efectuó la intimación de pago y la notificación de la sentencia, reviste carácter de definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que quedó comprometida la validez de esta última. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, transporte de carga por agua, transporte marítimo, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: ASTRO COOP. DE SEGS. LTDA. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BUQUE SAN JUAN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-07

No es procedente el recurso en cuanto está fundado en la distinta interpretación efectuada por la Sala de la norma contenida en el art. 264 de la Ley 20.094. Ello es así pues no reviste carácter federal, ya que, en razón de la materia que regula (básicamente las relaciones entre el transportador marítimo y el consignatario local de las mercaderías), resume la condición de una norma de derecho común, claramente enmarcada en el ámbito del artículo 622 de la ley citada.
Delegado gremial, nombramiento
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Carlos c/ Nobleza Picardo S.A.I.C.Y.F. s/ Sumario Art.52 -Ley 23551-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-02-26

Realizada la designación como delegado gremial y comunicada al principal, como se tuvo por acreditado en la instancia de origen, las formalidades legales a tales efectos debe presumirse que se han observado y cumplido, mientras no se verifique lo contrario mediante las impugnaciones que oportunamente el empleador debió formular ante la Autoridad Administrativa competente, o bien como consecuencia de las facultades de contralor propias, como organismo de aplicación.
Instancia administrativa, trámites judiciales, plazo, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Brizuela, Ramón Vicente c/ Ex D.E.Ca. y/o Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-10-18

Corresponde declarar la incompetencia de esta Corte de Justicia y rechazar la acción de plena jurisdicción interpuesta, puesto que la acción que debe prepararse en sede administrativa no se encuentra debidamente concluida.

En efecto, desde la articulación del reclamo administrativo ante el Ente demandado transcurrieron los 90 días corridos en que el administrado obtuvo como respuesta de la administración, en virtud de su silencio, una denegatoria tácita a su pedido. Dado esto, debió interponer, dentro de los 5 días siguientes, recurso de reconsideración. Pasado este plazo, el acto cuya revisión pretende quedó firme y consentido. Pese a ello, el actor presentó un pronto despacho, pero éste no tiene ningún efecto, puesto que ni por el principio del informalismo se puede denominar a su presentación "recurso de reconsideración", por haber sido presentado 11 meses y 20 días después del reclamo.

Es oportuno señalar que el pronto despacho que autoriza la ley de rito requiere que previamente se haya habilitado competencia por presentación escrita. Es a partir de allí que se cuentan los plazos para el pronto despacho y la presentación de la demanda.

En autos, ésta se formuló teniendo en cuenta los 60 días del tardío pronto despacho, por lo que resulta extemporáneamente planteada, por estar frente a un acto definitivo, firme y consentido, irrevisable en esta instancia judicial, por ser el plazo para pretender la revisión judicial del acto administrativo un plazo de caducidad.
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Luis Adrián; Sanabria Espíndola, Santiago s/ Robo calificado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

El art. 38 del dec. ley 6.582/58 no transgrede el art. 16 de la Constitución nacional. La ley determina las penas correspondientes a cada delito en relación a complejas combinaciones de factores aun cuando en primer plano sólo aparezca uno de ellos como ocurre, en este caso, con el objeto. La comparación de la escala penal cuestionada con la del homicidio -que debe realizarse teniendo en cuenta los mínimos y los máximos- no exhibe transgresión alguna del principio de igualdad en el preciso sentido constitucional del mismo.
Solidaridad previsional, determinación del haber jubilatorio, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "FERNÁNDEZ, PAULINO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-15

Surgiendo de las constancias de autos que el titular cuenta con un beneficio otorgado con arreglo a la ley 24.241, sus remuneraciones se actualizarán con arreglo a lo dispuesto por el art. 53 de la ley 18.037 hasta el 30.03.95, conforme la interpretación efectuada por el Superior Tribunal en autos "Sánchez, María del Carmen" (sent. del 15.05.05), que restableció la vigencia de dicha normativa y dejó de lado la doctrina del mismo tribunal sentada en autos "Chocobar, Sixto Celestino" (sent. del 27.12.96). (Del voto del Dr. Herrero).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, falta de fundamentación, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad civil
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIVERO, JOSE LUIS c/ PLANIFICAR S.R.L. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-11

La Cámara sostuvo que si bien se ha hecho amplia recepción de la doctrina de la Corte nacional in re "Torrillo", respecto de que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo pueden ser responsabilizadas civilmente por sus omisiones negligentes, también se ha establecido que en la medida en que se trata de responsabilidad por hecho propio diferente de la que le compete en tanto seguro, ha de juzgarse con base en los presupuestos que conforme al derecho común emplazan a un sujeto como deudor; y, si bien la quejosa sostiene que el accidente no hubiera ocurrido de haberse tomado las medidas mínimas de seguridad necesarias para el supuesto de trabajos en altura,que de por sí es una actividad riesgosa, el reproche atribuido -tal como ha sido formulado- no está seguido de razones que avalen la postulación, habida cuenta que no se comprende la interferencia entre la mecánica del hecho, las omisiones o negligencias en que presumiblemente había incurrido la aseguradora y la inconsecuencia lógica de lo decidido por el Tribunal. - CITAS: CSJN: Torrillo, Fallos 332:709. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1074
Daño punitivo, personas con movilidad reducida
Materia: CIVIL
Carátula: Machinandiarena Hernandez Nicolas c/ Telefonica de Argentina s/ Reclamo Contra Actos de Particulares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-05-27

Es procedente la aplicación de multa por daño punitivo a la empresa prestataria del servicio de telefonía móvil cuyo local de atención al público carecía de rampas o medios mecánicos que permitieran el ingreso de personas con discapacidad, pues se configura un caso de abuso de posición de poder que evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva, dado que se encuentra acreditado el incumplimiento de normas de distinta jerarquía (universales, regionales, nacionales, provinciales y municipales), en el marco de la relación de consumo habida entre las partes y un derecho superior menoscabado del consumidor, a quien no se le dio trato digno en los términos del art. 8 bis de la ley 24.240.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad formal, incompetencia, sociedades de garantía recíproca, relación de consumo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOVIL SGR c/ Costa, Sergio Alejandro s/ejecutivo c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-12

Cabe revocar la declaración de incompetencia del juez a quo para entender en la contienda. Es que del examen de las constancias acompañadas a la causa, así como de la literalidad del documento que se ejecuta -pagaré- no se extraen indicios suficientes que permitan concluir que la relación que unió a las partes pueda ser encuadrada en una relación de consumo conforme las disposiciones de la ley 24240. En efecto, tratándose el acreedor de una sociedad de garantía recíproca cuya finalidad es promover el crecimiento y desarrollo de las PyMES, no se aprecia que, al menos en esta instancia liminar del proceso, pueda inferirse que el vínculo que subyace entre la SGR accionante y el demandado sea de consumo. Por ende, y encontrándose pactado en el documento ejecutado la intervención de este fuero, se aprecia que, prima facie, es el juez de grado el competente para entender en este proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS s/ PEDIDO DE AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-06-26

Lo atinente a medidas cautelares es ajena al control de constitucionalidad, en cuanto no causan instancia ni revisten el carácter de sentencia definitiva.
Cohecho, fraude a la Administración Pública, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionarios públicos, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicato de Peones de Taxis y otro c/  s/ Averiguación de delito s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

Corresponde radicar la causa ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas pues los órganos judiciales entre los que se trabó la presente contienda no discrepan acerca de la subsunción de los hechos en los tipos penales de cohecho y defraudación en perjuicio de la administración pública (arts. 256 y 174, inc. 5, del CP)-. La justicia local, una vez radicadas las presentes actuaciones, tiene jurisdicción para pronunciarse de modo definitivo aun cuando la causa evolucionara hasta revelar una figura cuyo juzgamiento estuviere pendiente de transferencia (cf. mi voto in re "Incidente de competencia en autos Giordano, Hugo Orlando y otros s/ infr. art. 89, CP, lesiones leves s/ conflicto de competencia I", expte. n° 16368/19, sentencia del 25/10/2019). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Trabajadores de la construcción, incapacidad laboral, indemnización por incapacidad, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: LETTIERI, AQUILES c/ TECHINT  S.A.C.I.  CONSTRUCCIONES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-07

La indemnización prevista por el artículo 212 Ley de Contrato de Trabajo no es compatible con el régimen de la ley 22250 la cual, además de no contener un sistema de protección de la estabilidad de los trabajadores de la construcción, posee una disposición -artículo 35- que excluye la posibilidad de aplicar normas de la Ley de Contrato de Trabajo que se refieren a aspectos de la relación laboral contemplados expresamente en ella (conforme Sala IV, sentencia 52809, 29 de setiembre de 1984, 'Soriano, Alfredo c/ Sade S.A. ').
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Granero, Norma s/ art. 482 (3r. párrafo) del Código Civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-10

La objeción de competencia debe tener lugar en las oportunidades procesales previstas al efecto (arts. 4, 10 y 352 del Código Procesal), lo que reconoce fundamentos vinculados con la seguridad jurídica y la economía procesal.
Actualización monetaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torchio, Ernesto y otra c/ Ruiz, José s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08

Es correcto el fallo que en la etapa de ejecución de una sentencia manda actualizar la suma debida resultante de la sentencia firme, (que ordenó el pago del capital más un interés mensual del 15 por ciento desde el vencimiento de la obligación) desde la fecha del fallo hasta el efectivo pago, fijando un interés puro anual del 8 por ciento para éste mismo período sólo para el capital original actualizado, pues de tal manera los intereses no han sido capitalizados a los efectos indexatorios para el período de ejecución de sentencia y no se ha producido la denunciada violación del art. 623 del C.C.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estupefacientes, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Leroi, María Cecilia s/ Inf. Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-05

Cuando la sustancia a peritar es escasa, se deben precisar las conclusiones para determinar fehacientemente la presencia de elementos activos con capacidad toxicomanígena que permitan al sentenciante arribar a un temperamento definitivo.

Así, a la escasa cantidad de sustancia estupefaciente -3,63 grs.-, que no afecta el bien jurídico tutelado, se debe sumar la orfandad probatoria que presenta la prueba pericial si en ésta, solo cuantifica el THC en forma genérica, utilizando para ello una ecuación preestablecida y nada se dice de la existencia o no de los demás elementos químicos, procedimiento habitual en este tipo de estudio.

Se ha dicho que "...la escasa cantidad de material vegetal incautado y la falta de cuantificación de su componente psicoactivo, el THC , a cuya valoración se ha llegado solo mediante deducción por vía bibliográfica, comprometen en el caso, la acreditación del cuerpo del delito...".
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, reexamen de la admisibilidad formal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C., N.F. - I., O.A. s/ Hurto Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-22

La circunstancia de que el recurso de casación haya sido concedido no impide al Superior Tribunal de Justicia el pronunciamiento "ex novo" sobre la forma del mismo. No obsta este reexamen la decisión de la Cámara pues ella no opera cerrando al tribunal toda posibilidad posterior, preclusivamente, como se tiene dicho desde anteriores composiciones.
Ejecución hipotecaria, vivienda única, inscripción registral, bienes inembargables, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MONZON, ALBERTO R c/ BARBATO, GENARO D s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -EJECUTIVO- (EXPTE.: C.S.J. NRO. 473 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

La inscripción registral se halla destinada a poner en conocimiento de terceros la situación especial en que se encuentra el inmueble, haciéndole oponible el beneficio de inembargabilidad e inejecutabilidad que lo ampara, pues supone que se han verificado las circunstancias contempladas en el artículo 35 de la ley 22232, que constituyen su antecedente necesario; y que frente a esta inscripción registral que hace saber que el inmueble se encuentra excluido del régimen común de responsabilidad patrimonial de su titular, incumbe a quien pretenda ejecutarlo la demostración de que las condiciones que originariamente justificaron el beneficio, han dejado de tener vigencia.
Contrato de obra pública, depósito en garantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nicolás Dazeo S.A.C.I.F.I.y Vlade S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Nicolás Dazeo S.A. y Vlade S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08|1997-04-08

Si las actoras no optaron por la sustitución de garantías permitida por las normas de la ley 6021, dicha conducta implica la aceptación del régimen legal y sus consecuencias, no correspondiendo acoger el agravio que aducen en esta sede en virtud del temperamento que voluntariamente adoptaron.
Recibo, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: Pio, Juan Carlos c/ Malaspina, Aldo e Hijos S.R.L. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-07

Negarles eficacia probatoria a recibos que carecen de algunas de las formas legales, ante la existencia real y efectiva de los pagos, importaría aceptar un enriquecimiento sin causa que nuestro orden jurídico no ampara.
Entidades financieras, banco central, poder de policía, policía bancaria y financiera, régimen de garantía de los depósitos, Constitución Nacional, moneda
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Bellini, Carlos Humberto c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos argentinos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

La preservación del poder de policía financiera adquiere una especial connotación tratándose de cuestiones que involucran la garantía de los depósitos, desde que, en el supuesto de que se pretendiera hacer efectiva la responsabilidad prevista en el art. 56 de la ley 21.526 respecto de una operación inexistente, se estaría poniendo en riesgo el sistema monetario nacional: art. 67, inc. 10 de la Constitución Nacional.
Acción de amparo, minería, organismos del Estado, obligaciones
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

La Empresa se somete al plexo normativo y es a la Administración, a través de sus organismos, la que deberá expedirse sobre el Proyecto cuando sea presentado para la aprobación por la concedente, incluyendo la opinión del CODECI. con los alcances de los arts. 4, 6, 9 y cc. de la Ley N* 2287. Por lo demás, con eventual observancia de la invocada Ley Nacional N* 24125 que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Dominio del Canadá de fecha 15-11-91, que consta de quince artículos, si así correspondiere y en tanto y en cuanto así se acreditare, ya que de las piezas de fs. no surgen elementos suficientes.
Medidas cautelares, guarda del menor, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: J., J.C. c/ F., V.P. s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-21

"Si bien la guarda no es una medida cautelar en sentido estricto, debe ser admitida como tal y declarada procedente cuando se funda en la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora; pues si no se admitiera ese criterio, se encontraría sustento normativo en el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues la ratio legis de dicha norma es que el legislador no puede prever todas las situaciones que requieren un anticipo de la garantía jurisdiccional".
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, giros
Materia: CIVIL
Carátula: CUTULI ARMANDO c/ DESIMONE FRANCISCO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-04

Si bien no siempre es posible ocupar el lado derecho de la calzada antes de doblar hacia la derecha, si se realiza el giro no respetando esa disposición y si dicha maniobra antirreglamentaria ocasiona daños a terceros, se debe responder por esos perjuicios.