Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-20


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil diez, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros, Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Alejandro Javier Panizzi y Jorge Pfleger, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "Provincia del Chubut c/ B., S. D. s/ encubrimiento por receptación dolosa s/ recurso de queja" (Expediente N° 21.628 - 128- T II- Letra "P" -Año 2009).

El orden para la emisión de los votos que resultó del sorteo practicado fue: Pfleger, Rebagliati Russell y Panizzi	El Juez Jorge Pfleger dijo:

I.- El caso ha recalado en esta Sala Penal por consecuencia de la "Queja por Recurso Denegado" articulada por el Ministerio Público Fiscal en desmedro de la interlocutoria que, el 18 de Marzo de 2009, rechazó la impugnación extraordinaria deducida por esa agencia contra la decisión que, el 5 de Marzo del año pasado, dispuso el sobreseimiento de S. D. B. en orden al delito de encubrimiento por receptación dolosa, vinculado a los eventos sucedidos en la ciudad de Las Heras, Provincia de Mendoza entre los días 11 y 24 de Mayo de 2006 (arts. 45 y 277 inc c) del C.P. y arts. 62 inc. 1, segundo párrafo, 148 y 285 del C.P.P).

II. Luego de formular una extensa relación sobre el caso y el remedio que le fue obturado, el quejoso principió con la advertencia que el único artículo que otorgaba la posibilidad de suponer ". que el recurso puede ser denegado por el órgano jurisdiccional que debe concederlo, es el art. 388." del C.P.P. que regula la queja. A este dispositivo, lo relacionó con el art. 384 ibídem, que, a su decir, nada expresa ". del alcance del análisis de procedibilidad que debe efectuarse antes del emplazamiento a las partes del recurso deducido." y por ende repercute en la amplitud con la que deben ser tratadas las deducciones como las que se intentara. En este sentido, continuó, ". la posibilidad de denegar la concesión del recurso únicamente puede limitarse al análisis de los aspectos de tiempo, lugar y forma del recurso más no a su admisibilidad material.", ya que sólo el órgano revisor es el que puede evaluar ese extremo.

Formuló, al respecto, cita de doctrina.

Señaló, más adelante, que ". la escasa regulación en punto a los aspectos que el juez "a quo" debe analizar para posibilitar el progreso del recurso deducido, debe ser interpretada como indicativa de una competencia acotada en ese sentido.".

En relación con el argumento vertido para desestimar la tacha de inconstitucionalidad del límite impuesto por el art. 378 inc. 1° del rito, el Ministerio Público aseguró que el precedente citado por la Juez de la instancia no resultaba de aplicación en el caso y dio razones, entre otras que aquél se trataba de un asunto en que había ocurrido la absolución del imputado y que la limitación obedecía a razones prácticas. Pero, puso de relieve, en litigio presente ". lo que se rechaza no es una interpretación desincriminatoria de las pruebas de cargo.", sino una interpretación del ordenamiento procesal que imposibilita al Ministerio Público Fiscal sus funciones constitucionales, más precisamente ". a impulsar la acción pública."	Hizo mentas, como apoyo de autoridad, a la opinión de Chiara Díaz y prosiguió con que las limitaciones basadas en el monto buscan aliviar la tarea del Tribunal del recurso pero descuidan la injusticia de la sentencia, y posibilitan los excesos de los Tribunales de Juicio cuando obran ". protegidos." por esos límites con los que se elude el control de casación que asegura la uniforme interpretación del derecho.

Estimó, así, que ". ningún límite puede ceñir la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal intente la vía extraordinaria cuando, en realidad, más que la condena lo que se reclama es la adecuación de una sentencia cuya fundamentación es solo aparente, tachada de inconstitucional y arbitraria.".

Solicitó, por fin, que se hiciera lugar a la queja y se procediera conforme el art. 388 del C.P.P, sin perjuicio de expresa reserva del caso federal.

III. La Juez de grado, en la decisión que causa la queja, expuso que el Ministerio Público Fiscal no es un sujeto destinatario del derecho al "doble conforme", sin que esto obste a ". que de considerarlo necesario para el sistema, el legislador podría haberle otorgado la posibilidad.". Consideró que tal omisión no puede ser tachada de inconstitucional pues responde: ". a la esencia misma del derecho penal de ser excepción y su aplicación de última ratio." y a la vigencia del principio de autolimitación estatal.

La Magistrado citó el precedente "Arce" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para concluir en que la redacción original del art. 378 inc. 1° del C.P.P. era adecuada al estándar constitucional.

En lo que atañe a la aplicación de ese dispositivo tuvo en consideración el art. 44 de la Constitución Provincial (art. 44) que ordena aplicar ". siempre la ley procesal penal más favorable al imputado, y su consecuente precepto, el art. 30 del C.P.P.."	Luego de reseñar los tiempos en que discurrió el devenir que involucró al asunto, decidió rechazar el remedio por entender que la norma aplicable era el art. 378 inc. 1° del C.P.P. en su redacción anterior a la reforma de la Ley 5817.

IV. En seguida de haber efectuado esta necesaria recapitulación pasaré a la solución del caso que, desde mi punto de vista, importa dar razón al Ministerio Fiscal y, por ende, cabida a la queja.

Es que la premisa de la que parto en el análisis estriba en la vigencia del principio "tempus regit actum", o lo que es lo mismo: la ley vigente al tiempo del acto es la que rige, en lo que atañe a las normas procesales.

He analizado el fenómeno de la sucesión de leyes procesales penales en el tiempo a la hora de concurrir a la formación de las sentencias en que se puso en vilo la aplicación retroactiva del Código Procesal Penal vigente en relación con el Digesto Antiguo (Ley 3155), fundamentalmente cuando se consideró el problema del tiempo de duración del proceso.

Con el propósito de ser exhaustivo expuse los criterios doctrinarios y jurisprudenciales con significación sobre el problema particularmente en el caso "T., L. H. s/Abuso Sexual de menor de trece años agravado por el vínculo filial, convivencia preexistente-Esquel" ( 20.740- Letra T- folio 262- año 2006)	y en el asunto "P., R. A. y Otros s/Fraude en perjuicio de la Administración Pública agravado por su condición de empleados públicos cometido en forma reiterada en concurso real con asociación ilícita (art. 174 inc. 5º- 55 y 210 del C.P.); P., M. A. y Otros s/ Partícipes necesarios en fraude. (Art. 45 - 174 inc. 5º, 55 y 210 del C.P." (20.900- Letra P- folio 294- año 2007) a cuyos respectivos textos he de remitirme, a pesar de que se trata aquí de un tema de ultra-actividad de ley derogada.

Solamente deseo evocar la opinión de Clariá Olmedo, en aquellos recreada, en el sentido que: ". En materia de sucesión de leyes procesales penales, los problemas de eficacia temporal se plantean frente a los poderes y deberes de los sujetos procesales, y al acto cumplido o en trámite de cumplimiento en cuanto se refieren a la actividad prolongada en el tiempo, y a los criterios de garantía individual o resguardo del interés social." y que en otro párrafo que merece destacarse alude a que ". Lo cierto es que el problema debe plantearse en el plano estrictamente procesal por ser las manifestaciones de ese carácter el contenido normativo de la Ley que nos ocupa: órganos judiciales, sus atribuciones poderes y deberes que se ejercitarán y actividad a cumplirse en el proceso.". Y sigue: ". La verdad es que una ley procesal penal, creadora o modificadora de una actividad o situación, regirá de presente a futuro, no afectando la actividad ya cumplida ni la situación ya adquirida. A su vez, la norma derogada no regirá como regla para la actividad a cumplir o situación a adquirir: no ultra- actividad de la ley derogada.." (ver Jorge Clariá Olmedo en "Derecho Procesal Penal" Ed. Marcos Lerner, Córdoba. T. I, pág, 103/ 104).

El maestro, por lo demás, sostiene que las regulaciones que atienden a la benignidad deben ser consideradas como de excepción a la regla de la irretroactividad y ". rigen en lo que respecta a la situación y libertad del imputado. La Ley nueva no puede empeorar la situación ya adquirida; en cambio, sí se aplicará si favorece al contemplado en la norma por otorgarle una situación más beneficiosa que la adquirida por aplicación de la ley anterior. Se plantean casos semejantes con respecto a los efectos de los recurso, a los plazos judiciales y a las fianzas." (ver autor citado, obra citada página 105).

En este sentido creo, con sinceridad, que si acaso la nueva ley derogara un recurso contemplado antes, que favorezca al imputado, si se acortara el plazo para ejecutar un acto procesal que otrora fuera alongado, si se abrogaran los modos de caución o se sancionara un nuevo sistema de libertad probatorio que cambiara la libertad provisional que goza, allí podríase aplicar la excepción; mas no en este supuesto, cuando se trata de actos que envuelven a otro actor del proceso que, en si mismo, no empeoran el estatus del atribuido.

Así opino pues la posibilidad de que un pronunciamiento desincriminatorio sea revisado no importa necesariamente perjuicio ni resulta dirimente a ello, por el carácter aleatorio que toda inspección apareja.

Por consecuencia propiciaré hacer lugar a la queja, dejando sin efecto la decisión tomada por al Juez de grado.

V. Llegado a este estadio convengo en que la norma procesal consigna, art. 388, que en el supuesto ". se declarará mal denegado el recurso, especificando la clase y efectos del que se concede, lo que se comunicará a aquél, para que emplace a las partes y proceda según el trámite respectivo.".

Sin embargo el desarrollo del procedimiento, creo, autoriza a sustraer ese paso y tratar derechamente el recurso deducido.

Lo considero de este modo en la medida en que, en la audiencia llevada a cabo, la defensa expuso con toda claridad los argumentos que hacen a su derecho refutando con todos los elementos en la mano la alocución del Ministerio Fiscal que se explayó no sólo acerca de la queja sino de la cuestión sobre la que versaba su pretensión sustancial.

Sería contraproducente a la economía del proceso devolver los folios para que -por mero prurito sacramental- se reproduzcan las alegaciones que ya se han formulado.

Por lo tanto, soy de opinión de que ha de tratarse en este decisorio la cuestión que enarbola el Fiscal como fundamento principal de su agravio.

VI. El tema -sintéticamente hablando- concierne al momento a partir del cuál ha de computarse el plazo establecido en el digesto adjetivo para la duración del proceso, seis meses desde la apertura de la investigación (art. 282 del C.P.P, y las posibilidades de prórroga), vinculado ello con la causal del sobreseimiento del art. 285 inc. 7° ídem, que especialmente remite a esa norma.

Porque mientras el Ministerio Público sostiene que ese lapso ha de contarse desde la audiencia prevista en el art. 274 C.P.P, la defensa -por el contrario- aduce que el instante se produce cuando el propio fiscal dispone ". la apertura de la investigación preparatoria del juicio formando un legajo en el que hará constar.".

Y la polémica se agudiza pues la redacción original del rito disponía que ". A partir de ese momento comenzará a correr el plazo de duración del proceso." y esa redacción se ha mantenido a pesar de la reforma y de las recomendaciones que al respecto brindó la Comisión Interpoderes que se pronunció en diverso sentido.

VII. Ni la ignorancia, ni el olvido ni la inconsecuencia del legislador pueden constituirse en presupuestos interpretativos.

Tampoco las recomendaciones de una Comisión Asesora que, aunque integrada de manera heterogénea, sólo ha tenido por fin dar consejo sobre eventuales modificaciones a la Ley Adjetiva cuyo cambio sólo pudo suceder a través del proceso legislativo común.

De ordinario, la primer fuente de interpretación es la letra de la ley, fuertemente condicionada por el aforismo que propone que donde la ley no distingue los jueces no pueden distinguir ("ubi lex non distinguit nec non distinguere debemos").

Si aquella no es clara cabe materializar una tarea sistemática o integral de su texto en relación con los demás. Si aún esto no despeja las incógnitas ha de acudirse a la intención del legislador y a la doctrina.

La Ley, de todas maneras, debe observarse en clave constitucional. Como decía el maestro Sánchez Viamonte, la Constitución es -como expresión primaria de la soberanía- la que marca los contornos éticos de la actividad del que la formula: en el caso, la Honorable Legislatura del Chubut.

VIII. Desde el plano expuesto se percibe, en primer término, la claridad del artículo cuya virtualidad se ha puesto en tela de juicio y su perfecto acomodo al orden constitucional.

Tal como lo ha expuesto la defensa, el texto, en si mismo, no ofrece otra interpretación posible que aquella que esa parte promueve: es el Fiscal el que dispone la apertura de la investigación preparatoria del juicio y es ". a partir de ese momento en que comenzará a correr el plazo de duración del proceso." (las comillas encierran la transcripción literal del art. 274 del C.P.P.).

Ello no es óbice para dar razón al Ministerio Público en un punto: la comisión asesora se pronunció en dirección a abrogar ese postulado; pero la Honorable Legislatura no lo consideró al tiempo de sancionar la Ley 5817, pues mantuvo exactamente la redacción anterior en lo que atañe.

Como ya se ha expresado no puede partirse de la premisa de que el legislador erró, o que omitió o que, acaso, fue inconsistente o imprevisor; aunque es verdad que incluir al artículo dentro de un plexo de reformas y preservarlo incólume no parece razonable.

A pesar de lo expresado, no me detendré aquí pues, para contribuir a un desentrañamiento auténtico y seguro, intentaré echar una mirada al ritual como sistema, en procura de develar si acaso cabe decodificar el pasaje de manera distinta.

IX. Se me ocurre atinado, en primer lugar, evocar que el sistema acusatorio, y éste es el que consagra la Ley 5478, separa drásticamente la facultad de investigar de aquella de juzgar.

El art. 18 así lo predica con el nomen: "Separación de la función de investigar y juzgar" y prescribe: ". Los fiscales no podrán realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no podrán realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal a cargo del Ministerio Público Fiscal.".

Se ubica así en manos del Fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública y de aquellos en que, dependientes de instancia privada, se hubiera permitido la procedibilidad oficial (arts. 37 y 38 y 39; arts. 112 y ss.) sin perjuicio del rol de querellante deferido al perjudicado o demás legitimados (art. 38, 98, 102 y ss. del adjetivo).

A estos sujetos procesales, particularmente al órgano estatal, le cabe la preparación del caso pues, como lo edictan los arts. 256 y ss. son ellos y no la Magistratura los que lo construyen.

El Juez sólo interviene como órgano de control de la observación de las garantías.

En líneas generales le corresponde exclusivamente decidir la coerción personal o real en cualquiera de sus formas, admitir los medios de prueba ofrecidos o limitarlos, y participar, siempre en el rol asignado, en la realización de ciertas pruebas, por caso: el reconocimiento de personas u objetos o el anticipo jurisdiccional (arts. 259 del C.P.P.)	También le compete el "Control de la Acusación" y puntualmente la realización de la "Audiencia preliminar" (art. 295 C.P.P.), momento en que se desarrolla la faz crítica (con un breve contradictorio oral) y la admisión de la prueba del caso que, de un lado, el Ministerio Público (y/o el querellante) plantea como hipótesis de discusión en el debate y del otro confuta la asistencia del atribuido.

Pero insisto porque interesa al punto a resolver, es aquél, el Ministerio Fiscal, el que cumple el papel relevante en esa etapa sesgada por la determinación de si acaso hay o no base para el juicio, ". mediante la recolección de los elementos que permitan fundar la acusación y la defensa del imputado.".

X. Estos conceptos no son ociosos. Nos permiten comprender la dimensión del sistema y desentrañar todos los problemas que la aplicación de la ley apareja.

Si el argumento que se yergue es que la oportunidad de la audiencia del art. 274 ritual es el día "a quo" por que en ella se realiza la formal intimación del atribuido y es la oportunidad para ejercer su defensa material; el discurso no es acertado.

Y no lo es por varias razones.

La primera, en consonancia con lo que hemos visto, por que la audiencia de apertura de investigación no es una proposición al Juez para que habilite formalmente la instancia, sino una comunicación de lo que ya ha comenzado, para que, en adelante, el Magistrado desarrolle su tarea garantizadora.

Nótese el tenor del artículo de marras que reza: ". Cuando existan elementos suficientes, el fiscal dispondrá la apertura de la investigación preparatoria del juicio formando un legajo. (omissis). A partir de este momento comenzará a correr el plazo de duración del proceso." y, renglón seguido ". El fiscal, al comunicar al juez la apertura de la investigación, adjuntará copia de la resolución. El Juez convocará a una audiencia oral y pública a la que deberá concurrir el imputado para ser anoticiado sobre el inicio de la investigación, controlar la regularidad del proceso y asegurar la defensa del imputado.".

Préstese atención a dos vocablos y a los sujetos a los que refiere: "dispondrá", aludiendo al fiscal; "comunicará" con referencia al mismo órgano y como destinatario al Juez.

Pero veamos la manera en que opera el Código cuando alude a la querella.

El art. 276 adjetivo da potestades al fiscal, entre otros mandatos, para decidir ". la apertura de la investigación." en caso de querella y sólo cabe al Juez admitir o aceptar ". la intervención del querellante." a propuesta del acusador, circunstancia que decidirá en audiencia y si admite al querellante ". ordenará al fiscal que le dé la intervención correspondiente."; intervención en el proceso, que ha iniciado y conduce ese sujeto.

En otra dimensión, la audiencia de apertura de investigación no puede asimilarse a las antiguas declaración indagatoria o declaración del imputado de los rituales derogados.

Aquellas implicaban un acto formal de intimación que formulaba el Juez a cargo de la instrucción cuando consideraba que había evidencia suficiente; un acto de impulso procesal, hoy vedado, brindándole al imputado la oportunidad de responderla, marcando el comienzo del plazo para decidir su situación.

La audiencia de apertura es otra cosa. El Juez, toma noticia de la actividad del Fiscal y a la par la comunica al indicado, pero no lo interpela, como otrora.

Es más, el rito establece, durante la etapa preparatoria, sólo un instante preciso para que esa expresión suceda: el imputado ha de ser oído antes de que se formule la acusación (arts. 291 y 86 del C.P.P), salvo los supuestos de la "Presentación espontánea" (art. 214 del C.P.P.), deferida al causante, o la audiencia de control de detención, imperativa en lo que atañe (art. 223 ídem).

Por último, el art. 146 del rito identifica el vocablo "procedimiento" con "apertura de la investigación", cuando impone los lapsos máximos de duración e, insistimos, ésta constituye una atribución fiscal y no una decisión jurisdiccional.

XI. Por todo lo anteriormente expuesto, soy de opinión que el sobreseimiento dictado por la Magistrada de grado es atinado y, naturalmente, debe ser confirmado.

Así me expido y voto.

El Juez Daniel A. Rebagliati Russell dijo:

I) En el voto que precede se han expuesto con suficiencia los antecedentes del caso y los agravios vertidos por el Ministerio Público Fiscal, de modo que me abstendré de hacer una ociosa repetición.

II) Comenzaré entonces con el remedio deducido por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución que rechaza la impugnación extraordinaria interpuesta ante la Juez Penal, doctora Carina P. Estefanía.

Sostuvo la Funcionaria de Fiscalía que el recurso extraordinario había sido erróneamente rechazado, porque la posibilidad de denegar la concesión únicamente puede limitarse al análisis de los aspectos de tiempo, lugar y forma del recurso, más no su admisibilidad material, siendo el órgano revisor quien resulta competente para evaluar tal extremo.

Coincido con la exposición del juez Pfleger. La concesión de un recurso al Ministerio Público Fiscal, para que otro tribunal revise la sentencia, no implica detrimento alguno para los demás sujetos procesales.

Así, no es acertada la decisión de aplicar al caso la antigua redacción del artículo 378 inc. 1° del C.P.P., desde que la Ley 5817, vigente al tiempo de la interposición del recurso, no implicaba ningún menoscabo a los derechos del imputado.

Por lo expuesto, entiendo que la queja deberá proceder, dejándose sin efecto la resolución que deniega la impugnación.

III) Por los argumentos expuestos en el primer voto, ingresaré directamente al tratamiento del asunto, obviando así el trámite previsto en el artículo 388 del C.P.P.

IV) El quid de la cuestión radica en determinar a partir de cuándo se comienza a contar el plazo previsto en el artículo 282.

No hay mucho que analizar al respecto porque la letra de la ley es muy clara: ´La etapa preparatoria tendrá una duración de máxima de seis meses desde la apertura de la investigación.´ -C.P.P., art. 282-.

También lo es cuando menciona los efectos de la expiración del plazo, y establece que vencido el mismo deberá dictarse el sobreseimiento del imputado cuando las partes no hayan requerido prórroga.

Por otro lado no se requiere formalización alguna para la apertura de la investigación, bastando con que el Fiscal formule su pedido -art. 274-.

Si bien es cierto que el juez convocará al imputado a una audiencia oral y pública para informarle sobre el inicio de la investigación, la realización o no de la misma no incide en la contabilización del plazo indicado en el artículo 282.

A diferencia de otros ordenamientos adjetivos vigentes, el nuestro ha sido mucho más drástico cuando consagra el modo y el efecto del vencimiento del plazo, lo que indica claramente la verdadera finalidad de esta etapa.

Entiendo que la ausencia de un desarrollo legislativo en este tema, que hubiera permitido aclarar la naturaleza de la audiencia prevista en el artículo 274, no puede servir de excusa para impedir la aplicación directa de la norma.

De esta manera, y sin perjuicio de coincidir con la postura sostenida por el Ministerio Público Fiscal, debemos atenernos a lo que la letra de la ley dice, ya que esta ha sido la verdadera intención del legislador y los jueces no deben apartarse de la misma.

Así voto.

El juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El Profesor Pfleger, al componer el voto que da principio a esta sentencia, expuso con suficiencia y claridad los antecedentes del caso y los agravios expuestos por el Ministerio Público Fiscal. No los transcribiré para no fatigar al lector.

II. Inicio este voto con el examen acerca de si el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Público Fiscal debe tener acogida en esta instancia.

La Jueza Penal rechazó el recurso extraordinario deducido por el Acusador Público en la inteligencia que éste no se encontraba habilitado para hacerlo, de conformidad con los artículos 44 de la Constitución Provincial, 30, 370, 378, inciso 1º -según Ley Nº XV, Nº 9- del Código Procesal Penal.

Comparto el criterio sustentado por mis distinguidos colegas en punto a que la normativa aplicable al caso es la que surge del artículo 378, inciso 1º, en su actual redacción (Ley XV, Nº 10).

Es que, el Ministerio Público Fiscal se encuentra hoy ampliamente legitimado para impugnar el sobreseimiento. La nueva redacción, a diferencia de la anterior, no establece límites objetivos que obstruyan la posibilidad de recurrir. Dicho de otro modo, no rige la "teoría de la bala de plata".

Tampoco hay en esa habilitación de la instancia menoscabo alguno para el imputado.

Por lo expuesto, haremos lugar al recurso de queja articulado por el Ministerio Público Fiscal.

III. Seguidamente, el agravio principal.

También aquí, concordaré con el razonamiento expuesto por los Magistrados que sufragaron con anterioridad.

El texto del artículo 282 del Reglamento de Juicio no ofrece dudas en cuanto a su interpretación. El plazo de seis meses de duración de la etapa preparatoria se computa a partir del momento en que el fiscal dicta la resolución de apertura de la investigación.

Vencido ese lapso, sin que el Fiscal o el Querellante hubieren peticionado prórroga, el juez deberá dictar el sobreseimiento del imputado (artículos 282 y 283 del código ritual).

El acusador público, en su presentación, alegó que ese término debía contarse a partir de la audiencia prevista en el artículo 274 del ordenamiento adjetivo.

Discrepo del planteo del impugnante, ya que en la oportunidad reglada por ese artículo, el Fiscal comunica al juez la apertura de la investigación y éste convoca al imputado a una audiencia, oral y pública, a fin de que tome conocimiento del inicio de las actuaciones y pueda ser oído.

La mentada audiencia, entonces, no se toma como punto de partida para contabilizar el término máximo de duración de la investigación, al que hace referencia el artículo 282, sino como un acto de notificación y control de la regularidad del proceso.

El artículo 148 del estatuto de juicio penal establece que el vencimiento del plazo de la etapa preparatoria (el del artículo 282) es concluyente y constituye el último plazo que se le concede al Ministerio Público Fiscal para acusar o presentar un pedido de prórroga.

Vencido dicho plazo, el juez declarará que no puede proceder, sobreseerá al imputado y archivará las actuaciones, salvo que el procedimiento pueda continuar sobre la base de la actuación de la parte querellante a la que se dará inmediata intervención a esos efectos.

Por lo dicho, el sobreseimiento dictado por la Jueza Penal con respecto a S. D. B. será confirmado.

Así voto.

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente ---- S E N T E N C I A ---- 1º) Rechazar la impugnación extraordinaria interpuesta a fs. 10/17 vta.

2º) Confirmar las resolución registrada con el número 014/08 dictada por la Juez Penal de la ciudad de Esquel.

3º) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Pfleger - Panizzi.