marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Registro de la propiedad automotor, automotor armado fuera de fábrica, siniestro
Materia: CIVIL
Carátula: COLALILLO DOMINGO Y OTRO s/ APEL DE RES DENEGAT DEL REGISTRO PROP AUTOM.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05

Aún en la hipótesis en que se interpretara que "siniestro" es equivalente a "destrucción total", esta última situación no siempre es coincidente con la idea que su propia mención provoca, pues tal calificación puede responder a otras razones, ajenas a las que pueda suscitar; en efecto, existen diferentes situaciones que son presentadas como "destrucción total" pero que no implican un menoscabo en la utilidad de diversos componentes del automotor. Por ello, ponderando que los formularios respectivos contienen las indicaciones necesarias en orden al alta del motor y chasis de que se trata y que se ha producido el informe mecánico correspondiente, cabe revocar la decisión denegatoria de inscripción de un automotor armado fuera de fabrica (AFF) dictada en sede administrativa.
Jurisdicción y competencia, competencia por el territorio, concurso preventivo, domicilio del deudor, domicilio falso, competencia provincial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Rosiere,  Jesús  Nazareno s/ conc.  prev.  s/  inc.  cuestión decompetencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Debe mantenerse la radicación del concurso preventivo en jurisdicción provincial, no obstante que el concursado haya manifestado domiciliarse en la Capital Federal, si había denunciado su domicilio real en una localidad de la Provincia de La Pampa, sus bienes y la totalidad de sus acreedores se encuentra en dicho lugar, y existen testigos, acciones judiciales en su contra y otras circunstancias que dan cuenta que el domicilio denunciado en capital es ficticio.
Delito penal, tentativa, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: N., J.C. s/ Hurto en Concurso Real con tentativa de estafa  Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-04-20

En la tentativa -idónea o inidónea- también opera la inversión de un error, pero no sobre los elementos del tipo objetivo, sino sobre la causalidad, que es precisamente lo que hace que en toda tentativa haya dolo, o sea el querer el resultado típico. En este caso el sujeto, siempre quiere el resultado, pero la causalidad se desvía de lo previsto de forma que no se puede terminar la conducta o causar el resultado.
Recurso de casación, juicio oral
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MENDOZA, H.; AMAYA J. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

Ni la norma del artículo 400 del C.P.P.N. correspondiente al juicio común convocada por la defensa, ni la del artículo 409 del mismo código, aplicable al juicio correccional, sancionan con nulidad a la sentencia cuando se difiere su íntegra lectura -fundamentos y parte dispositiva- una vez practicada la deliberación, dentro del plazo de ley. Sólo es prevista la sanción cuando es omitida su lectura en audiencia pública (artículo 400 y 409), o en los supuestos que puntualizan los artículos 396 y 404 del código citado.
Competencia por conexidad, medidas cautelares, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MAZZOLI, Jorge María y otro c/ HAZAN, Ricardo Daniel s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-04

Es conveniente que sea un mismo juez el que conozca en una medida cautelar previa a la promoción de una demanda de daños y perjuicios que se halla vinculada al proceso de ejecución hipotecaria en trámite, si del análisis de las pretensiones resulta que ambas acciones derivan de un mismo contrato de mutuo garantizado con hipoteca.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VISINTIN, GLADYS MABEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-26

Con respecto al agravio relativo a que los Juzgadores se apartaron de jurisprudencia de esta Corte en casos similares, los quejosos no logran esgrimir argumento de entidad que permita tener por configurado el vicio endilgado, toda vez que el A quo entendió por un lado, que no fueron precedentes emanados de la Corte sino de la propia Cámara, y por el otro, porque no son trasladables al caso pues la posibilidad allí admitida de que se reanude el trámite administrativo refiere a un supuesto en el que se había omitido el pertinente pedido de pronto despacho ante el señor Gobernador, y no ante la existencia -como en el caso- de actos definitivos y firmes, respuesta que fuera dada en la resolución impugnada y reafirmada en el auto denegatorio.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Leguizamón, Sarai c/ Enrique, Ruben Alberto y otro s/ Cobro de alquileres y cláusula penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

Corresponde reducir la cláusula penal pactada de carácter resarcitorio al equivalente del 100 por ciento del valor de los arriendos, cada vez que la fijada a razón del 10 por ciento diario que equivale al 300 por ciento mensual, resulta excesiva.
Marcas, oposición al registro de marca, marcas confundibles, cotejo de marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUMITONO RUBBER INDUSTRIES LTD. c/ INDUSTRIAS SPAR S.A. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

Aún siendo breves -que exhiben, por tanto, cierta debilidad- adviértase que de sus cuatro letras, tres son exactamente iguales y colocadas en el mismo orden. Es bien sabido que los elementos colocados al comienzo de las marcas tiene un papel relevante en el cotejo; y aun cuando esto no constituye una regla rígida debe ser aplicada en el sub-examen, ya que la marca pretendida solo incorpora, como modo de diferenciación, una sola letra (que por añadidura es la final). Ni siquiera el uso poco habitual de la letra "x" en el idioma castellano altera la conclusión expuesta, ya que el a quo ha advertido con acierto que tal "rareza" juega un rol menor cuando, como aquí acontece, se trata de palabras de fantasía.
Daños y perjuicios, daño moral, contrato de prestaciones médicas, medicina prepaga
Materia: CIVIL
Carátula: Heliszowski, Michel c/ Programa de Salud S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-20

Procede hacer lugar a la indemnización por daño moral, a los beneficiarios de un plan de salud, cuando la prestadora en forma intempestiva y con un plazo de anticipación exigido comunica su decisión de interrumpir la prestación, lo que no deja lugar a dudas de la incidencia de tal proceder en el ánimo de aquellos, máxime ante la circunstancia de que uno de ellos padecía una enfermedad crónica que requería atención médica especializada y permanente, por lo que en tal situación y apreciada la cuestión a la luz de las pautas interpretativas previstas por el cciv 522, cabe considerar que se hallan reunidas en la causa constancias suficientes como para tener por acreditado el daño moral.
Daños y perjuicios, daño estético, lesiones faciales
Materia: CIVIL
Carátula: SCHEINER, Maria c/ TRANSPORTES ALBERDI S.A. LINEA 49 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

La sola ubicación de cicatrices en el rostro de una joven de veinte años, sin dudarlo, alteran la armonía de su cuerpo, situación que se agrava, precisamente, por la ubicación facial de las secuelas del accidente.-
Contrabando, control aduanero, ardid, exportaciones
Materia: PENAL
Carátula: PASO COMERCIAL s/ Contrabando, Causa: 35263.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-25

La existencia de facturas que consignan el valor de los productos importados en forma considerablemente inferior a los consignados en las solicitudes de re-exportación por el exportador, dan indicios de una simulación y hacen presumir una maniobra ardidosa tendiente a eludir el control aduanero, lo que encuadra en las figuras delictivas de los art. 863 y 864 inc. b) del CA.
Demanda, agregación de la prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia del Chubut c/ Gabelco S.A. -multa- s/ Rescisión de Contrato de Obra Pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1978-03-20

La agregación de los documentos individualizados en el escrito de demanda puede disponerse durante el período de prueba e, inclusive, hasta la citación para sentencia. Para ello, el Tribunal está facultado por el art. 360 del C.P.C.C., a ordenar la exhibición de los documentos que se encuentren en poder de las partes.
Beneficios previsionales, interpretación de la ley, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-28

Si se tiene en cuenta que el art. 53 de la ley 18.037 era una disposición vigente a la fecha de entrada en vigor de la ley 24.241 y por obvia consecuencia establecía una fórmula de movilidad distinta, debe reputárselo incluido dentro del alcance del art. 160 de la ley 24.241 (Voto de los Dres. E. Raúl Zaffaroni y Carmen M. Argibay).
Decreto de necesidad y urgencia, aplicación de la ley tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cámara de Industrias Frigoríficas Argentinas y Otros c/ E.N. -SENASA- s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

Definitivamente quedó establecida la prohibición que el presidente se arrogue la potestad de legislar en materia impositiva, en el nuevo texto de la C.N. luego de la reforma del año 1994, al disponerse en el tercer inciso del art. 99 que el Poder Ejecutivo, en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia que regulen materia tributaria. (Consid. VI).
Daño psíquico, pericia psicológica
Materia: CIVIL
Carátula: Avila, Raúl Hugo c/ Bank Boston N.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-09

Para hablar de daño psíquico o de incapacidad psíquica ante un Tribunal, se hace indispensable acreditar, de modo indiscutible y científico, la existencia de tal patología, objetivando el informe con pruebas psicométricas, proyectivas y/o mixtas, o con protocolos textuales de entrevistas libres, debidamente comentados e interpretados; y todo ese material gráfico debe ser remitido junto con el informe de peritación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravedad institucional, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Urquía de González, Juana c/ García, Alberto s/ Daños y perjuicios. Queja por denegación del recurso de   inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº 435-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-02-22

Cuando los planteos en análisis permiten inferir una cuestión de gravedad institucional que supera los meros intereses individuales de las partes, la intervención de la Corte, se justifica y la superación de los obstáculos formales se torna insoslayable.
Proceso penal, mediación penal, deberes y facultades del juez, sistema acusatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación: "López, Víctor Antonio s/ art. 13944:1 LN 13.944 (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar) p/ L 2303"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-13

Si bien la resolución que revocó la del juzgado de primera instancia en cuanto no había hecho lugar a la solicitud de mediación efectuada por la defensa, no es la sentencia definitiva del proceso, la misma luce equiparable a ella, puesto que la tutela de los derechos que se invocan no podría hacerse efectiva en una oportunidad procesal posterior, dado que esa clase de decisión impide que la causa continúe hasta el dictado de la sentencia definitiva, con la consecuencia de que se extinguirá la acción penal al cumplirse las condiciones establecidas en la mediación. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Compraventa inmobiliaria, locatario, posesión, traditio brevi manu
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Teitelbaum, Héctor y otro c/ Mercarante de Massini, Argentina Angela y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Se produce la llamada traditio "brevi manu" o tradición "por indicación" cuando enajenado el bien por su propietario -creando el título en favor de los compradores y registrándolo (arts. 1.184, inc. 1, 2.505, 2.602, Cód. Civil)-, es notificada la persona que revestía la condición de tenedora y representante de la posesión que ejercía el vendedor.
Nacionalidad, ciudadanía por naturalización, prueba, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: REVOLLO OJEDA GASTON S/SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-05

El art. 5° del decreto 3213/84 subordina al examen de conveniencia que efectúen los jueces que reciban el pedido de naturalización, el requerimiento de informes o certificados que enumera dicha norma. Como regla, corresponde privativamente a los magistrados que entienden en causas como la presente, evaluar la idoneidad de los medios probatorios empleados para acceder al honor de la ciudadanía argentina, y a ello no forma óbice la invocación por el Ministerio Público de las Resoluciones N° 38/92 y 16/95, e instrucción del 10.5.95, emanadas de la Procuración General de la Nación, puesto que ellas solo comportan directivas para los fiscales que no son vinculantes para aquéllos (cfr. Causa 18.691 del 23.6.95; 2136 del 5.7.95; 970 del 5.7.95; etc.; en igual sentido, Sala I, Causas 6424/93 y 8591/94, ambas del 30.5.95).
Régimen penal aduanero, legitimación procesal, querellante, AFIP DGA
Materia: PENAL
Carátula: VIDELA, ROBERTO s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-29

1- La Administración Nacional de Aduanas se encuentra facultada a actuar como parte querellante, sin perjuicio de las funciones asignadas al Ministerio Público, lo cual es de aplicación por tratarse de una disposición procesal vigente, aún en el caso de hechos anteriores.- 2- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido tal carácter a la Administración Nacional de Aduanas.
Certificados de obra, mora, juicio ejecutivo, certificado de deuda, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sademec de Cayetano, Carbone c/ Sujmajier, Alejnadra M. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

En las ejecuciones de deudas por la realización de obras públicas reglamentadas por la O.G. 165/73, el título ejecutivo, esto es el certificado de deuda expedido por autoridad competente, debe integrarse con la copia del Boletín Oficial donde conste claramente la mención de los lotes beneficiados por la obra, aunque se haya omitido especificar el importe o la identificación de los propietarios. Del análisis de los elementos traídos a esta ejecución surge del plano acompañado por la demandada, -no desconocido por la actora- que el inmueble de autos, cuyos datos catastrales obran en el informe de dominio expedido por el Registro de la Propiedad y son coincidentes con los consignados en el certificado que se ejecuta, y de la publicación de edictos acreditada en autos con la copia del Boletín Oficial, no surge ninguna obra realizada sobre una de las calles en la que se encuentra situado el inmueble del demandado. Tal razón indica la procedencia de la impugnación efectuada por el ejecutada, en tanto el reclamo de la deuda sólo puede comprender a los metros que la vivienda posee sobre la calle en la que se ha realizado la obra y que fue admitida por el apelante (arts. 542 inc.

4; art. 45 0.G. 165/73). La constitución en mora de una obra pública reglamentada por la O.G. 165/73 se produce a los 30 días de la publicación de edictos, acreditada con la copia del Boletín Oficial en la que conste la publicación.
Despido, medidas cautelares, indemnización por despido, despido discriminatorio, Télam
Materia: LABORAL
Carátula: Mesa Nacional por la Igualdad Asoc. Civil c/ Télam Soc. del Estado s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-11

Corresponde desestimar la medida cautelar solicitada por una asociación civil, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los 354 despidos dispuestos en una agencia de noticias y se retrotraiga el estado de situación al momento anterior a los mismos, porque no consta en la causa que los trabajadores comprendidos mediante el despido directo denunciado por la actora no hubieran sido indemnizados, y dicha circunstancia hace ceder el carácter alimentario invocado por la accionante, a fin de habilitar la medida solicitada. Asimismo, con respecto a la invocación de la existencia de actos discriminatorios en relación a los trabajadores despedidos, tal situación no puede inferirse prima facie a fin de habilitar la medida cautelar y, por el contrario, dicha alegación debería sustanciarse en un proceso con debate amplio de la prueba.
Sociedad anónima, transmisión de acciones, obligaciones solidarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANELLO, JUAN c/ ABDALA, ALBERTO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-13

Si en un contrato de transferencia de acciones se establece un pacto de garantía asumido por los vendedores respecto de las obligaciones preexistentes de la sociedad de las cuales se hace cargo el adquirente, no pueden liberarse aquellos de tal compromiso, pretendiendo que la cláusula compromisora pactada constituye una promesa de fianza, de lo que se deduce que mientras no haya sido aceptada el fiador puede retractarse de ella, en tanto la garantía otorgada no se asumió frente al acreedor de la sociedad, ni tiene carácter accesorio de una obligación principal, sino que se convino con el adquirente de las acciones a fin de liberarlo de los compromisos que como avalista de las obligaciones de la sociedad asumió al adquirirla.

No habiéndose establecido una expresa limitación, debe entenderse que la garantía otorgada por los cedentes de las acciones en favor del adquirente, obligaba a cada uno de ellos por el monto total de las deudas asumidas por la sociedad, máxime teniendo en cuenta que en materia comercial, debe presumirse la solidaridad entre los deudores.
Acción penal, legalidad objetiva, acción pública
Materia: PENAL
Carátula: H., P. G.-S., L. E.-B., H. O. s/ Homicidio en agresión agravado por haber sido cometido con armas de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-16

La vigencia del principio de oficialidad de la acción penal para ciertos delitos (art. 71 del C.P.) que de ningún modo puede ser abrogado por normas procesales penales que conviertan en letra muerta el hecho de que en esencia la acción penal es pública y la ejerce, de modo relevante, el Ministerio Público Fiscal, tanto y más cuando en el ordenamiento procesal del caso el querellante es adhesivo.
Leasing, demanda, juicio de desalojo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Feuillassier, Enrique Luis y otro c/ Hopegreen SA s/ ordinario s/ recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-14

Procede revocar la resolución que declaró que correspondía a las actuaciones el trámite de juicio ordinario, conforme lo previsto en el CPR 679 para la acción de desalojo. Ello por cuanto, mediante el CCCN 1248, se contempla la situación de incumplimiento del tomador en el pago de los denominados cánones en el caso de un contrato de leasing inmobiliario, estableciéndose tres situaciones distintas en función de lo pagado por el tomador, con anterioridad a incurrir en incumplimiento (menos de un cuarto, entre un cuarto y tres cuartos y más de tres cuartos del canon convenido). En cada situación de avance contractual se prevé un mecanismo diferente para la constitución en mora del tomador, la fijación de un plazo para regularizar la deuda y la promoción de la acción de desalojo del inmueble en cuestión.- Esta norma, que registra como antecedente la ley 25248: 20, establece un procedimiento específico de desalojo, caracterizado por una mixtura del proceso sumario (plenario abreviado) y el proceso de ejecución (juicio ejecutivo), con predominio de este último, por lo que puede ser considerado como proceso ejecutivo de desalojo. Así se lo conceptúa porque el tomador, para solicitar el rechazo de la demanda del dador, únicamente puede oponer la defensa de pago documentado de los cánones que se le reclaman, similar a la excepción de pago prevista en el CPR 544-6° (Abatti Enrique Rocca Ival, "El leasing inmobiliario y su procedimiento de desalojo", ED, 14.08.2001, p. 2; Salgado Alí Joaquín, "Locación, comodato y desalojo", págs. 382 y ss.). Así, el trámite establecido por la norma específica que rige la materia aparece incompatible con el procedimiento del juicio ordinario establecido por la juez de grado, por lo que deberá adecuarse el trámite del proceso a lo normado por el CCCN 1248 inc. b).
Recurso extraordinario, sentencia absolutoria, tenencia de estupefacientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Tumbeiro, Carlos Alejandro s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

El recurso extraordinario contra la sentencia que absolvió al imputado por el delito de tenencia de estupefacientes es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Libertad provisional, cauciones
Materia: PENAL
Carátula: M, A s/ LIBERTAD PROVISIONAL      EXPTE NRO 1-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-02-09

Acorde a las circunstancias, el justiciable se domicilia fuera de la provincia, el número y entidad de los delitos cuyo cometimiento se le imputa y las condiciones personales del encartado que se desprenden del informe glosado; se impone la conveniencia de asegurar, mediante responsabilidad patrimonial suficiente, su sujeción a la jurisdicción y el cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 341 del Código Procesal Penal. El monto fijado (150.000 A -enero 1989-) aparece fijado en uso de las facultades que le confiere el artículo 340 del Código Procesal Penal al Juez y luce ajustada a derecho mereciendo su confirmación.
Subcontratación laboral, concesión administrativa, responsabilidad de la Municipalidad, playas de estacionamiento
Materia: LABORAL
Carátula: MONACO, NICOLAS Y OTROS c/ CAÑOGAL SRL. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-23

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires es solidariamente responsable en los términos del artículo 30 de la LCT. (to.) de las obligaciones contraídas por el concesionario que explota el estacionamiento de vehículos, toda vez que se trata de una actividad normal y propia del municipio.
Recurso contencioso administrativo, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GANDIAGA, ROSA MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 204-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-20

Luego de los sesenta días de interpuesta revocatoria contra un acto administrativo, se configura denegación tácita, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 4106. A partir de ese momento, se tiene habilitada la vía jurisdiccional ante la Corte Suprema, y la no utilización (hasta 6 años después) perjudica su derecho.