marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Requisa personal, detención sin orden, estado de sospecha, aprehensión, nulidad procesal, libertad de circulación
Materia: PENAL
Carátula: MELIAN, s/ SUMARIO.  NULIDAD  DE TODO LO ACTUADO. "NOTITIA CRIMINIS" EFECTUADA A  RAÍZ DE UN ACTO ILÍCITO  COMO ES LA REQUISA DE EFECTOS PERSONALES DEL  IMPUTADO. PREVENCION POLICIAL (ÍD.).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-30

son nulas las actuaciones que se originaron con la requisa que personal policial realizó sobre los efectos personales del procesado, a resultas de lo cual se procedió a su detención y a la de otro encausado. Tal modalidad de perquisición implica una restricción a la libertad del afectado, por lo que ése es el momento en el que ya existía una simple aprehensión o detención sin orden judicial y no el posterior traslado a la seccional; dado que cuando se procedió a la requisa no existía sino una mera sospecha que en ningún caso autorizaba tal diligencia.

Además la simple sospecha no puede identificarse a la sospecha vehemente que autoriza la aprehensión, porque los vehementes indicios de culpabilidad criminal no pueden sino ser obtenidos de las actuaciones sumariales y en el caso de autos las mismas no existían, como tampoco se daban en la ocasión ninguno de los supuestos del art. 368 C.P.C. .

O sea que no puede coartarse la libertad ambulatoria de los habitantes,ni pueden ser obligados a la requisa de sus pertenencias por la sola circunstancia de que resulta sospechosa su actitud.

Dado que la "notitia criminis ocurrió como consecuencia de un acto ilícito de aprehensión, debe declararse la nulidad de todo lo actuado, disponiéndose el cese de todas las medidas cautelares y el archivo de las actuaciones.
Indemnización por accidente de trabajo, opción del trabajador, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: BALDERRAMA, JACINTO c/ MANUFACTURA ALGODONERA ARGENTINA s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-11-08

La opción por la acción de derecho común, por aplicación del artículo 17 de la ley 9688 implica la renuncia ipso facto de los derechos que en ejercicio de la acción de indemnización especial pudiere corresponder, por lo que cualquier referencia a ella, aunque mas no sea para realizar una comparación, es por sí sola improcedente.
Recurso de casación, sentencia ultra petita, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramirez, Alberto R. c/ Colella, Enrique L. y otro. s/ SUMARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-12

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia que viola los arts. 163 inc. 6to. y 286 inc. 1ro. del CPC. al elevar el rubro desvalorización del automotor en un 25 por ciento cuando, como en el caso, la demanda contenía un porcentaje y un monto preciso sin reserva de ninguna clase. Ello, en tanto, el límite que fija el juego armónico de los arts. 330, inc. 3ro. y 6to. párrafo final y 163 inc. 6to. del CPC.

sólo puede ser salvado por el juzgador en tanto y en cuanto la parte actora haya adicionado al monto peticionado la fórmula "o lo que resulte de la prueba", a fin de no cristalizar su pretensión ciñendo el pronunciamiento a lo estrictamente reclamado, y si no lo hizo, el juez debe constreÑirse a la petición so pena de incurrir en una sentencia ultra petita
Delitos, clasificación de delitos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CUELLO, RAUL s/ SENTENCIA - DEFENSA EN JUICIO - DEBIDO PROCESO - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-04-24

No existe modificación del hecho puesto a cargo del imputado por la requisitoria fiscal -que calificó el hecho como lesiones graves- si,debido a que la víctima evidenciaba un estado de postración que dificultaba la prestación de la declaración, el Tribunal dispuso oficiar al médico forense, las partes renunciaron al control de esa pericial y se hizo cuarto intermedio hasta que llegara el dictamen, al que se incorporó en la discusión final, se hizo mérito y el fiscal calificó el hecho de lesiones graves, a lo que pudo contestar la defensa.-
Prenda comercial, prenda con registro, ejecución prendaria, saldo impago
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRCULO    DE   INVERSORES  SA  DE  AHORRO  PARA  FINES DETERMINADOS c/ JAKOBSON, JUAN s/ EJEC. PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-29

La ejecución prendaria debe, por su propio carácter, centrarse primordialmente en la venta de la cosa prendada, solo eventualmente podría incidir sobre otros bienes del deudor que responderían únicamente cuando de aquella realización quede un saldo impago.
Daños y perjuicios, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Serra Norberto y otros c/ Puccio Juan Domingo.Su suc. y otra s/ Daños y perjuicios.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-06

La circunstancia de que en un futuro más o menos próximo la reclamante no tuviera necesidad de requerir de la víctima asistencia alimentaria no quita realidad a la "chance" ni obsta a su indemnización, ya que por su misma naturaleza ella es mera posibilidad, lo que excluye la certidumbre de su concreción. Ello es así, asimismo, desde que debe recordarse que el apoyo económico que los hijos pueden brindar a los padres no se reduce a lo asistencial.

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Sentencia condenatoria, comercialización ilegal de estupefacientes, condena condicional, participación secundaria, multa, pena compurgada, costas
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Marcos Rubén y otros  c/  s/ infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-13

Corresponde condenar a LILIANA ESTEFANIA RAMIREZ a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional, multa -cuyo cumplimiento se tendrá por compurgado con el tiempo de detención sufrido- y costas proporcionales, debiendo fijar domicilio y abstenerse de abusar de estupefacientes por el plazo de dos (2) años bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la condena, por considerarla partícipe secundaria del delito de comercio de estupefacientes previsto en el art. 5 inc. "c" de la Ley 23.737, arts. 5, 21, 26, 27 bis. y 46 del CP y 530 y 531 del CPPN. Ha quedado demostrado que la imputada cooperaba en el negocio ilícito liderado por su pareja. En relación a la pena de multa impuesta se la tendrá por compurgada, puesto que ha estado detenida un tiempo superior al año y medio establecido en el art. 21 del CP.
Expulsión de extranjeros, derechos de los migrantes, derecho a la reagrupación familiar, interpretación de la ley, voluntad del legislador, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrios Rojas, Zoyla Cristina c/ EN -DNM resol. 561/11- (exp. 2091169/06 (805462/95)) y otro s/ recurso directo para juzgados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

La interpretación asignada por el a quo al derecho de reunificación familiar a fin de dejar sin efecto la expulsión de la migrante, no se compadece con el propósito perseguido por el legislador, ni guarda armonía con el principio jurisprudencial tendiente a evitar que situaciones excepcionales se conviertan en regla general; las razones de reunificación familiar en el artículo 29 in fine resultan una excepción a una regla general, por lo tanto, de conformidad a reiterada jurisprudencia de la Corte, debe ser interpretada con criterio restrictivo (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Juicio ejecutivo, excepción de incompetencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Favacard S.A. c/ Vasconcel, César Antonio y otra s/ ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

El art. 5 inc. 3° del Cód. Procesal Civil establece, para determinar la competencia en el ejercicio de las acciones personales, como principio general el lugar convenido para el cumplimiento de la obligación - expresa o tácitamente - . Los demás supuestos contemplados por la norma operan como excepciones subsidiarias a esta regla.
Recurso de casación penal, actor civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ROALE, VIANDA LUCIA s/ ACCION CIVIL - PROCESO PENAL - CASACION - ACTOR CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1977-11-28

No es suficiente que la sentencia absolutoria no haya sido recurrida por el ministerio fiscal para que sin más, se deniegue el recurso de casación deducido por el actor civil. Es necesario, además, que la absolución se funde en motivos no exclusivamente penales para que la denegatoria encuentre cabal sustento en la ley Si la Cámara entendió que la impugnante obró bajo el influjo de un error de hecho no imputable, fundado en un cúmulo de circunstancias que determinaron en su mente una falsa representación de las cosas, la referencia al art. 34, inc. 1ro., párrafo 1ro., C.P., es obvia;

en consecuencia, la absolución de la imputada se funda en un motivo no exclusivamente penal, pues tiene decisiva influencia en lo civil (C.C., art. 929), lo que hace inadmisible el recurso de casación denegado (C.P.P., art. 469) .(Voto de la mayoría, Dres. Alvarez y Meehan).-
Contrato de trabajo eventual, fraude laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: VARGAS WALTER JAVIER c/ GENESIS SERVICIOS COMERCIALES S.A. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-23

Corresponde hacer lugar a la demanda por despido incoada por un trabajador contra la empresa de servicios eventuales que lo contrató y la empresa para la cual cumplió efectivas tareas, en forma solidaria, toda vez que las codemandadas no demostraron en autos la celebración por escrito del contrato de trabajo eventual, lo que permite considerar que el mismo ha sido por tiempo indeterminado.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, vista del procurador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical del Concejo Deliberante de Morón s/ Conflicto interno municipal -art. 187 de la Const. de la Provincia  de Bs.As.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Si bien se ha impuesto la intervención del Sr. Procurador General en los conflictos municipales reglados en la Ley Orgánica de las Municipalidades -por la analogía existente entre éstos y los conflictos a los que alude el art. 149 inc. 2º de la Const. Prov.-, ya que no hay disposición alguna del C.P. Civ. y Com., de la ley orgánica del Poder Judicial, ni del dec. ley 6769/58 que prevea la mencionada intervención; es claro que de ninguna de esas regulaciones se desprende que el aludido funcionario deba intervenir cuando a juicio de esta Corte lo que se somete a su decisión no es un conflicto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Divorcio, abandono del hogar conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B, N c/ E, DE B A s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

El abandono a que se refiere el art. 207 inc. 5º del C.C. se configura cuando alguno de los cónyuges falta al deber de convivencia que le impone el art. 199 C.C., sin que haya mediado causa justificativa de la deserción.-
Juicio ejecutivo, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Juzgado de Paz de Viedma. s/ Ejecución Fiscal. Competencia. Juzgado de Paz de Viedma. s/ Ejecución Fiscal-Competencia. Juzgado de Paz de Viedma. s/ Ejecución Fiscal. Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-10-24|1986-10-24|1986-10-24

No obstante que los juicios ejecutivos son competencia de los Juzgados de Primera Instancia si el actor declina de esta vía puede reclamar el cobro de su acreencia ante la Justicia de Paz, siempre que la cuantía del juicio así lo permita.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: L, M. y otro s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Retención indebida (Expte. CSJ Nº   695-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-26

Resulta inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto si los argumentos de los recurrentes no traspasan el umbral de la mera disconformidad o discrepancia con el juicio razonable de la Alzada en cuanto a la imposibilidad de alcanzar certeza en la "decisión fáctica", debido a la insuficiencia de pruebas -no ajena a los actores civiles, en virtud del derecho que les asistía conforme al artículo 96 del Código Procesal Penal-, y que -al parecer de la Sala- tornaba operativo el mandato contenido en el artículo 5 del Código Procesal Penal, expresión legal del principio constitucional de inocencia -artículos 18, Constitución Nacional; 8.2, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, Constitución Provincial; etc.- cuya aplicación es materia propia de los jueces de la causa, por aparecer inexorablemente ligada a la valoración de la prueba.
Asociaciones sindicales, aportes sindicales, retención de aportes sindicales, agentes de retención
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de  Trabajadores del Estado c/ Corrientes, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

El art. 47 de la ley 22.105 obligaba al empleador a actuar como agente de retención de las cuotas o aportes que debían tributar sus dependientes en favor de asociaciones de trabajadores con personería gremial, criterio éste que fue manteniendo en la legislación posterior (conf. art. 38 de la ley 23.551).
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL CIVIL
Carátula: ROSELL, ENRIQUE A c/ ROSELL, JOSE (H) s/ APREMIO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 275-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-02-26

La articulación de agravios que formule el quejoso en su escrito de interposición, exige aportar elementos idóneos a los fines de un serio encuadramiento del caso que justifique la excepcional habilitación de la instancia por arbitrariedad de sentencia.

La admisión de un recurso no propuesto con tal base importa sustituir al recurrente en la fundamentación del mismo con visible menoscabo de las exigencias formales que lo condicionan.
Graduación de la pena, deberes del juez
Materia: PENAL
Carátula: B., L. E. y OTROS. s/ Fraude a la Administración Pública s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-07-23

La historia de la determinación de la pena se ha debatido siempre entre dos valores: el de la seguridad jurídica (que conduciría a penas absolutamente predeterminadas), y la idea de justicia (solo es justa aquella pena que se adecua a las particularidades del caso concreto).

Nuestro país al respecto sigue un ?Sistema Flexible?, dúctil, en cuanto la pena para cada delito no está conminada de una forma fija, sino que el legislador dispuso dejar a cargo del juzgador la tarea de optar por el monto, cantidad y especie, cuando así está previsto.

La ductilidad radica en que a cada tipo legal le corresponde un marco que refleja el valor proporcional de la norma dentro del sistema y dentro del cual el juez debe fijar la sanción adecuada al caso que se le presenta.

Tal marco configura una escala de gravedad continua y de crecimiento paulatino, en la que el legislador establece todos los casos posibles, desde el más leve hasta el más grave que se pueda concebir, y el sentenciante debe ubicar cada una de las controversias sometidas a su conocimiento, procurando hacerlo en el segmento correcto (Patricia Ziffer, Lineamientos de la determinación de la pena, Ad-hoc, 1999, pág. 37).

En otras palabras, la ley determina la pena, pero es el juez quien la individualiza, debiendo cumplir este último con determinadas exigencias constitucionales y legales, aplicando criterios, evaluación de circunstancias de hecho, y cierto margen de discrecionalidad. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia).
Indemnización, daño moral, monto de la indemnización, pautas, homicidio culposo, accidente de tránsito
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: CONTRERAS OSCAR BLAS s/ INDEMNIZACION  -  DAÑO  MORAL  -  HOMICIDIO  CULPOSO  -  ACCIDENTE DE  TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-02-28

El monto del daño moral debe fijarse en la suma de cincuenta millones de australes para cada uno de los padres, resultando ese monto de la consideración de la edad de la víctima, su estrecha condición económica, su nivel social, las características del hecho y los momentos que debieron afrontar sus padres (quienes primeramente luego del accidente, deben trasladarla al sanatorio donde por falta de dinero no pudo ser atendida, por lo que luego fue llevada al hospital donde finalmente falleció).
Transporte de carga, mercaderías en plazoleta de emergencia, responsabilidad del depositario, sereno de buque
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAMPI  S.A.C.I.F. c/ ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

El Regiseport prevé que los interesados pueden colocar vigilancia sobre las mercancías situadas en plazoletas, en cuya caso, deben contratar serenos oficializados. Si éstos son aptos o no para impedir la actuación de bandas armadas es otro problema, cabiendo señalar que tampoco la vigilancia de las extensas plazoletas a cargo del personal de la A.G.P. (que no es un cuerpo de seguridad armado) sería suficiente para evitar el accionar delictivo de semejantes organizaciones. Para ello existen la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal.
Cuestiones de competencia, declaración de insania, internación, competencia por el territorio
Materia: CIVIL
Carátula: L., C.V. s/ DILIGENCIAS PREPARATORIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

El juez del lugar de internación es quien debe intervenir en su control en atención a lo normado por los arts. 5, inc. 8, 12 y 235, segunda parte del Código Procesal, porque ese magistrado es el indicado para adoptar las medidas urgentes necesarias para dar legalidad y controlar las condiciones en que el tratamiento se desarrolla por el contacto directo y personal que mantiene con el sujeto internado, a la par que favorece la concentración en ese marco de todas las diligencias médicas destinadas a determinar su estado de salud y propende a eliminar trámites procesales superfluos y onerosos y la prolongación excesiva de los plazos en la adopción de decisiones vinculadas a la libertad ambulatoria del individuo, aspectos todos ellos vinculados a los principios de inmediatez y economía procesal.

(Sumario N°20588 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Ley de empleo, procedimiento de crisis de empresas, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Alarcón Caro, Yolanda del Carmen y otros c/ Fainco S.A. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-26

Si bien el Art. 101 de la ley 24.013 fija un plazo de diez días para la tramitación del procedimiento, ello no implica que tal lapso no pueda ser ampliado, sea por medidas que pueda disponer la autoridad administrativa o bien por convención de las propias partes.
Honorarios, patrocinante
Materia: PROCESAL
Carátula: DROGUERIA AMERICANA c/ FARMACIA BECERRA Y OTROS s/ DEMANDA  -  EMBARGO  -  HONORARIOS  -  LETRADO  PATROCINANTE  DE  DOS  DEMANDADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-16

Cuando individual y separadamente, varios demandados contestan la demanda, el importe de las regulaciones debe efectuarse teniendo en cuenta la suma que le hubiera correspondido en el caso que hubiera unificado la representación de los deudores, pues de lo contrario, si se procediese a regular los honorarios del letrado por cada una de las representaciones, estos no guardarían relación con el interés económico del juicio respecto de cada uno. Por otra parte es digno destacar, que aun cuando las situaciones de los deudores son defendidas en forma independiente, la acción reconoce un solo origen y se fundamenta en la misma causa.-
Confirmación de sentencia, seguro por incapacidad, exclusión de la cobertura
Materia: LABORAL
Carátula: QUIROGA MARIA JULIA c/ SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA s/ COBRO DE SEGURO POR INCAPACIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-23

Cabe confirmar la sentencia que rechaza la defensa de exclusión de cobertura efectuada por la aseguradora demandada, pues es de público conocimiento que la enfermedad que presenta la actora es degenerativa, y que provoca una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal, siendo consecuencia del avance de la dolencia su incapacidad para deambular conforme lo ha informado la perito médica, por ende, la incapacidad debe ser considerada total en los términos de la póliza cuya literalidad defiende la demandada.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rolon, Saturnino c/ Pérez, Teresa M. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

La excepción que hace al defensor oficial el 2do. párrafo del art.354 del C.P.C.C., no permite que aquél al contestar la demanda pueda negar unos hechos y silenciar otros para luego, una vez producida la prueba, invocar la falta de acreditación de circunstancias que no fueron objeto de su negativa.
Materia: PENAL
Carátula: MUKDISE ANTONIO DAHIBES;MUKDISE RICARDO A. Y OTROS S.D.HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO E.P DE JIMENEZ FELIPE O. s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-10-18

Siendo absolutoria la sentencia penal anterior, la posterior sentencia civil no está ligada a ella si la absolución se fundó en la falta de culpa penal del imputado, ya que en muchos supuestos la responsabilidad civil puede ser más extensa que la penal por requerir ésta mayores presupuestos de procedencia.
Convenios colectivos de trabajo, convenios colectivos extranjeros
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, JUAN AMANDO c/ GREAT LAKES DREDGE Y DOCK CO. SUC. ARGENTINA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-30

La aplicación de una convención colectiva extranjera cuya obligatoriedad 'erga omnes' proviene de la ley del país de radicación de la asociación profesional signataria, sólo resulta procedente en caso que las partes - al contratar - lo hubiesen previsto expresamente.
Recurso de casación, violación de las formas procesales, nulidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Andrada, Isidro Paulino s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-12-13

Cuando se encamina la casación por la causal de Violación de las formas procesales (art. 257 inc. 2º del C.P.C.), el juzgador debe tener en cuenta las prescripciones que sobre el incidente de nulidad tiene establecida la ley ritual en el cap. 4º del C.P.C. referidas al régimen de las nulidades.

De ello se sigue que para que la declaración de nulidad que se pretende sea posible, resulta imprescindible -en principio- que esa sanción haya sido prevista por la ley.

Sin embargo, esa conclusión de carácter general merece una aclaración, toda vez que el legislador no pudo ni puede prever todas las situaciones posibles en que se quebranten las formas, con trascendencia tal que merezcan la sanción de nulidad.

Por esta razón, frente a la postura limitativa del primer párrafo del art. 130 del C.P.C. (principio de especificidad) en virtud del cual no hay nulidad sin texto expreso que así lo establezca (pas de nullité sans texte) nuestra ley adjetiva agregó una excepción a dicho criterio en tanto agrega o extiende la posibilidad invalidatoria a aquellos actos procesales carentes de los requisitos indispensables para lograr su finalidad.

De tal suerte el principio de especificidad se integra con el de "finalidad incumplida".

De lo expresado deviene que cuando el acto atacado no obstante su irregularidad ha cumplido su cometido, no procede declararlo nulo.