Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-07-29


Expte. Nº 4958 "INCIDENTE DE REPOSICIÓN con apelación en subsidio a favor de Francisco José Arévalo y Héctor Daniel Molina - Casación".

En la Ciudad de San Juan, a veintinueve días del mes de julio del año dos mil diez, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:

-Contra la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara Penal interponen recurso de casación los Sres. Francisco José Arévalo y Héctor Daniel Molina, en su carácter de presidente y secretario, respectivamente, del Consejo Profesional de Martilleros, con el patrocinio del Dr. Gustavo Federico Sánchez.

-El decisorio cuestionado (fs. sub. 121/128), dictado en el marco de la apelación, dispuso no hacer lugar al recurso interpuesto en subsidio al de reposición y, por ende, confirmar lo resuelto a fs. 99 por el inferior. La resolución dictada por la Sra. Juez del Cuarto Juzgado Correccional está referida al rechazo de la constitución de parte querellante del Consejo Profesional de Martilleros, en las presentes actuaciones, por considerar que la institución no es el ofendido penalmente, conforme lo dispuesto por el artículo 103 del C.P.P., habida cuenta que los delitos denunciados habrían sido cometidos en perjuicio de la Administración Pública.

De la lectura del fallo atacado se coligen los siguientes fundamentos: El tribunal participa de la posición restringida sobre el tema de la participación en el proceso penal como parte querellante, según la cual la ley requiere para asumir tal rol y promover en tal carácter el juicio criminal, por el delito del cual nace la acción pública, la condición de particularmente ofendido. El daño como el peligro concreto que el delito comporta ha de recaer especial y singularmente sobre dicha persona. Dice la Cámara que esta exigencia no importa una absoluta limitación al que sufre en sí mismo la acción delictuosa, sino que se trata directamente del damnificado, del perjudicado por el delito. Querellante debe ser el particular que haya sufrido directamente las consecuencias del delito en cuanto a él le pertenezca el bien jurídicamente tutelado al sancionarse la conducta que constituye el contenido de la imputación. Se afirma en tal sentido que al carácter de "ofendido" debe unirse a serlo "directamente"; no siendo admisible entonces la lesión indirecta. En virtud de ello, y a fin de verificar quién resulta directamente afectado por el delito, se debe conjugar el verbo a que alude la descripción típica acuñada en la ley penal.

Se expresa en la resolución que en el caso de autos el tipo penal (artículo 247 del C.P.) se encuentra incluido dentro de los delitos contra la Administración Pública, siendo el objeto de su protección el ejercicio regular de la función pública y de ciertas profesiones para las que se requiere habilitación especial, concebida esta en el sentido más lato posible; cuyos intereses se encuentran suficiente y debidamente tutelados con la propia actividad del titular del ejercicio de la acción penal pública, esto es el Ministerio Público Fiscal; ello sin perjuicio de la eventual intervención del Sr. Fiscal de Estado, quién es el encargado de defender el patrimonio de la Provincia, siendo parte legítima y necesaria en toda controversia judicial en que se afecten intereses de aquel patrimonio.

Finalmente afirma el A quo que los representados por el pretenso querellante si bien podrían ser perjudicados, con motivo de los delitos denunciados, ello lo es de una manera indirecta, a través y como consecuencia del mismo; y asimismo los eventuales daños pueden ser neutralizados y satisfechos, mediante la utilización de otros recursos (de fondo y forma) que la ley pone a su disposición, tendientes a la protección de sus intereses si resultaran realmente perjudicados (por ejemplo artículo 1079 del Código Civil). Se dice que acceder a sus pretensiones en este momento procesal importaría lisa y llanamente desnaturalizar el instituto bajo análisis. En cuanto al fallo de la Corte de Justicia, invocado por el impugnante, se expresa que lo dicho allí en modo alguno autoriza a darle una interpretación extensiva e indebida, proyectándola a que se haya autorizado a constituirse al Consejo Profesional de Martilleros en parte querellante; pues no cabe confundir la facultad de denunciar penalmente con la de constituirse en parte en un proceso penal determinado.

Por su parte en la impugnación articulada (fs. sub. 133/137) se esgrimen como motivos de casación los dos supuestos previstos por el artículo 574 del C.P.P..

En cuanto los agravios, básicamente, se sostienen dos, a saber:

1) Que el razonamiento del A quo sería erróneo, puesto que omite considerar un aspecto esencial del art. 103 del C.P.P. y es el referido a que las personas jurídicas pueden ser afectadas por el delito, lo que aparece diáfano cuando se trata de una persona de derecho público como es el Consejo Profesional de Martilleros, perjuicio que se hace patente cuando por la acción de un grupo de personas (corredores de comercio clandestino) realizan la actividad prohibida por la ley (intermediación entre la oferta y demanda inmobiliaria) sin ostentar el título profesional pertinente y por lo tanto perjudicando los ingresos de los matriculados que cumplen con la normativa legal. Sostienen que para ser corredor de comercio se requiere título universitario y habilitación, por ende quién no cuenta con dichas cualidades no es corredor y su actuación es clandestina. Se afirma que el fallo desconoce que por permitirse el corretaje inmobiliario clandestino, son ofendidos penalmente todos los matriculados, quienes ven reducidos sus ingresos económicos, al tener que competir con quienes careciendo de la preparación profesional y autorización legal operan libremente en la Provincia. Por ello se expresa que es erróneo sostener que los corredores de comercio, nucleados en el Consejo Profesional, son ofendidos indirectos por la actividad ilícita que realizan los comisionistas clandestinos, toda vez que por este ejercicio prohibido perciben los honorarios pertinentes.

2) También consideran que la actual redacción del artículo 103 del C.P.P. al no emplear la expresión "particularmente ofendido", ahora es mas amplia la situación, al haber eliminando el término "particular", en consecuencia, se violaría el principio de legalidad (artículo 18 de la C.N.) al hacer decir a la ley lo que ella no dice; lo que justifica que se anule el fallo, puesto que el proceso de formación de la sentencia parte de una premisa errónea.

A fs. sub. 141/143 el recurso fue concedido por el A quo; y una vez radicadas las actuaciones en ésta instancia compareció la recurrente (fs. sub. 185/190) ratificando su pretensión y reforzando sus fundamentos. El Sr. Fiscal General de la Corte, a fs. sub. 192/193 vta., compareció pronunciándose fundadamente por el rechazo de la impugnación.

Habiéndose decretado el llamamiento de autos y tras analizar detenidamente todas las actuaciones, la legislación aplicable, doctrina y jurisprudencia mayoritaria, he de concluir que el recurso interpuesto no puede prosperar en mérito de todos los argumentos dados por el A quo -reseñados sintéticamente en párrafos precedentes-, con los que comulgo ampliamente, reitero y doy por reproducidos en honor a la brevedad. Así estimo que no existen -ni se han vertido- razones jurídicas valederas que justifiquen una solución distinta de la adoptada en la resolución ahora cuestionada.

Soy de opinión, conforme al claro texto del artículo 103 del Código Procesal Penal, que para asumir el rol de querellante en una causa penal es menester que quién lo pretenda se haya visto afectado directamente por el hecho original y que se trate del titular del bien jurídicamente protegido por el delito presuntamente cometido.

El que sólo cuenta con el carácter de damnificado por el daño que el eventual ilícito penal atribuido acarrea no podrá constituirse, a la luz de lo previsto por dicha normativa, en querellante, por no tratarse de particular ofendido. La lesión se refiere a la afectación de un bien jurídicamente tutelado -y su titular-; mientras que el perjuicio puede sufrirlo otro, así entonces, el daño no es mas que una eventual consecuencia patrimonial o ideal de lesión.

Así entonces, las funciones, atribuciones y deberes que la ley le asigna al Consejo Profesional de Martilleros no lo habilita para asumir legitimación activa como querellante en la causa en que se investiga el delito de usurpación de títulos y honores por quién carece de habilitación para el desempeño de la actividad de martillero público y corredor inmobiliario.

Si bien este tipo de asociaciones tienen facultades -como toda persona- de iniciar acciones judiciales -entre ellas denunciar penalmente-, ello no las habilita a constituirse en querellante particular, pues para ello deben, conforme lo exige la ley procesal, resultar directamente afectadas por el ilícito. De otro modo, el concepto de "particular ofendido" se vería desnaturalizado, pasaría a estar presupuesto y ajeno a cualquier examen jurisdiccional.

Con ello, debe confirmarse la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara Penal en fecha 12/6/2009 y rechazarse el recurso interpuesto.

Tal es mi voto.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ANGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de casación y confirmar la sentencia ya dictada. Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.- Cp.-4958 V.R.

Si-/// ///guen las firmas: FDO. DOCTORES JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, ANGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ Y ADOLFO CABALLERO - ANTE MÍ: MARÍA GRACIELA AGUILAR DE FORNÉS - SECRETARIA LETRADA.

P.R.E. S.2ª 2010-III-459