Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-01


SENT Nro. 103 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 01 DE MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Bestani, Guillermo Alejandro vs. E.D.E.T. S.A. s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo el 18/9/2002 (fs. 217/219), la parte demandada dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante pronunciamiento del 08/8/2003 (fs. 266). Consta en informe actuarial de fs. 274 que únicamente la parte demandada ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- La Cámara rechazó la defensa de prescripción opuesta por la accionada; hizo lugar parcialmente a la demanda por los rubros diferencias salariales, SAC, indemnización por antigüedad, preaviso, SAC proporcional 1º/98, BAE e indemnización art. 15 ley 24.013; y desestimó el reclamo por los rubros horas extras e indemnización art. 8 ley 24.013.

3.- Sostiene el recurrente que el fallo no indica por qué razón EDET S.A. debe abonar al actor una indemnización por despido y preaviso, siendo que el mismo se desvinculó de la empresa por mutuo acuerdo, y este hecho no otorga derecho a indemnización alguna. Entiende que el fallo es autocontradictorio en cuanto admite la validez formal del acto rescisorio por mutuo acuerdo con la consecuencia de la inexistencia de obligación indemnizable, y a la vez condena a su mandante por los rubros diferencia de indemnización, antigüedad, preaviso y art. 15 Ley 24.013.

Denuncia que la sentencia declara arbitrariamente la procedencia del rubro indemnización art. 15 Ley 24.013. Expone que la intimación previa es un requisito común para las indemnizaciones previstas por los arts. 8 y 15 ley 24.013, y que al faltar dicha intimación debió declararse la improcedencia de ambos reclamos. Expresa que al admitir la indemnización por el art. 15 ley 24.013, el fallo se pronunció en forma contradictoria con lo resuelto al desestimar la del art. 8. Afirma que mal pudo la Cámara fundamentar la procedencia del rubro en un eventual despido, desde el momento en que sostuvo la validez del distracto por mutuo acuerdo arribado por las partes.

Esgrime en orden al cómputo de la prescripción, que el actor pretendió valerse de una reclamación administrativa realizada ante la autoridad laboral cuya existencia y duración no fue demostrada, siendo ello ignorado por el juzgador. Señala que sin perjuicio de ello, de la simple lectura del reclamo administrativo se constata que en ningún momento el actor reclamó por ante dicha autoridad el pago de BAE/97, por lo que no podría haberse incluido dicho rubro entre los créditos que no se encontraban prescriptos. Argumenta que únicamente no se encontrarían prescriptos la diferencia de sueldo del mes de abril/98 y la BAE proporcional de dicho año, pero afirma que ellos están compensados con la gratificación otorgada al actor con la desvinculación laboral.

Afirma que se ha aplicado incorrectamente el art. 257 LCT, en donde el reclamo administrativo tiene efecto interruptivo durante el trámite, pero por un plazo no mayor de seis meses. Entiende que si durante la vigencia de ese trámite o el plazo de seis meses desde su iniciación no se hizo ninguna acción judicial, debe entenderse que no ha operado la interrupción de la prescripción. Expresa que de acuerdo a las constancias del expediente, la demanda judicial no fue iniciada durante el trámite del reclamo laboral, por lo que el efecto interruptivo de ésta no tiene ninguna incidencia en los plazos a computarse para los distintos rubros de diferencias de sueldo.

Manifiesta finalmente que lo agravia la sentencia por cuanto ha considerado a Bestani como empleado de EDET S.A. y le ha aplicado el convenio colectivo de trabajo nº 36/75.

4.- En recurso ha sido interpuesto en término (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT) y se ha cumplido con el afianzamiento del art. 133 CPTT.

Los planteos dirigidos a cuestionar la existencia de relación laboral y la aplicación del CCT 36/75 que efectúa la sentencia se encuentran insuficientemente fundados, toda vez que lejos de intentar demostrar la infracción adjudicada a la sentencia, las impugnaciones pretenden sustentarse en la simple manifestación de que el fallo le ocasiona agravio al recurrente, sin efectuar una crítica concreta y razonada del pronunciamiento ni explicar las razones en las cuales basa su postura, todo lo cual determina el rechazo del recurso en este punto.

Al respecto, esta Corte tiene dicho que "Constituye una carga del remedio extraordinario local, expresar los fundamentos en que el impugnante sustenta su posición jurídica y la solución que pretende se le dé al caso, y no puede pretenderse suficientemente fundado el recurso que se motiva en defectos o alegaciones construidas dogmáticamente" (CSJTuc., in re "Soraire Ramón Isidro Vs. Mejail e Hijos S.A. s/reagravación", sent. del 24/8/2001).

Los restantes agravios han sido expuestos en forma suficiente y cumplen con los motivos del art. 131 inc. a), por lo que corresponde abordar el análisis de procedencia del recurso.

5.1.- En el análisis de la extinción del contrato de trabajo, la sentencia alude al acuerdo suscripto entre las partes mediante acta notarial en fecha 20/4/98. El fallo interpreta que la esencia del acto es poner fin a una relación bilateral que se reconoce y otorgar una gratificación especial no remuneratoria con cláusula de imputación a cualquier suma que pudiere reclamarse con motivo de los servicios prestados, y declara seguidamente la procedencia de los rubros reclamados en concepto de antigüedad y preaviso.

Los fundamentos contenidos en la sentencia, no expresan razones suficientes que habiliten a declarar la procedencia de los rubros indemnizatorios por antigüedad y preaviso. En efecto; del fallo no surge fijada con claridad cuál fue la causal que dio lugar a la extinción del vínculo laboral, pues si bien alude al acuerdo suscripto por las partes mediante acta de fecha 20/4/98 y a la regulación contenida en la LCT de la extinción del contrato por voluntad concurrente de las partes, en oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización por el art. 15 ley 24.013 la sentencia refiere a un despido.

De ello se desprende que el pronunciamiento impugnado no determinó debidamente cual fue la causal de extinción del contrato de trabajo, y no obstante ello, concedió al trabajador la indemnización por antigüedad y preaviso con el único argumento de que se puso fin a una relación bilateral y se otorgó una gratificación, lo que no alcanza para fundamentar la procedencia de dichos rubros.

En relación a este tema, se ha dicho que el crédito por antigüedad no se incorpora al patrimonio del trabajador, sino que se tiene en cuenta para determinados casos (LCT, arts. 245, 247, 248, 249, 251, 254), mientras que en la extinción por común acuerdo o por renuncia no existe crédito alguno por antigüedad (del voto del doctor Capón Filas, por la mayoría, CNTrab., Sala VI, agosto 12-993.- Fuertes, Eduardo c/ Adm. Gral. De Puertos").

En mérito a lo expuesto, corresponde casar el fallo conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que omite definir fundadamente cuál fue la causal que determinó la extinción del contrato de trabajo", debiéndose remitir los autos a la Cámara a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte en lo pertinente un nuevo pronunciamiento.

Atento al modo en que se resolvió el punto anterior, la casación dispuesta también alcanza a la indemnización del art. 15 ley 24.013 declarada procedente por la Cámara, que deberá ser objeto de un nuevo pronunciamiento del tribunal.

5.2.- En relación al planteo referente a que no se encontraría acreditado el reclamo administrativo por ante la Secretaría del Trabajo, cabe señalar que debe tenerse por reconocida la documental que la parte actora acompañó con su demanda, consistente en duplicado de actuaciones ante la Secretaría de Trabajo en 03 fojas (ver fs. 20 vta. de autos).

Ello así, en razón de que la simple mención efectuada por el demandado en su responde (fs. 37), donde niega la autenticidad de toda documentación que no haya sido presentada en original y de la que no emane ni haya sido suscripta por su representada, no constituye una negativa categórica en los términos del art. 88 primera parte del CPTT, máxime cuando dicha negativa se encuentra especialmente referida a la autenticidad de la constancia de fecha 26 de noviembre de 1997, y además la demandada admitió implícitamente la existencia de las actuaciones administrativas cuando en el responde expresó que 'el trámite administrativo no duró ni dos meses' (ver fs. 47).

En torno a los efectos que derivan de dichas actuaciones sobre el transcurso del plazo de prescripción, se ha dicho que "el reclamo administrativo interrumpe la prescripción por el lapso de hasta seis meses, es decir que el plazo de dos años del art. 256 de la ley de contrato de trabajo comienza nuevamente a computarse desde la finalización del trámite o desde el cumplimiento de seis meses de su iniciación si concluyó con posterioridad" (CNTrab., Sala V, mayo 31-989.- Furlano, Liliana G. c/ Estado Nacional -Ministerio de Educación y Justicia-: DT, 1989-B, 1428), sin que se requiera la iniciación de la demanda judicial durante el trámite del reclamo administrativo o en el plazo de seis meses desde su iniciación como lo sostiene el recurrente.

Desde esta perspectiva, habiéndose interrumpido el plazo de prescripción de la totalidad de las diferencias salariales pretendidas desde abril/1997 hasta abril/1998 con la reclamación del actor ante la Secretaría de Estado de Trabajo efectuada en fecha 23/9/98 (fs. 3), e interpuesta la demanda en fecha 10/4/2000 según consta en cargo de recepción a fs. 20 vta., cualquiera hubiere sido la duración del trámite en sede administrativa, las diferencias salariales reclamadas en la demanda no se encuentran prescriptas.

5.3.- Asiste razón al recurrente respecto de que la interrupción operada no alcanzó al rubro BAE/97, toda vez que el mismo no fue objeto de las actuaciones ante la Secretaria de Estado del Trabajo, las que fueron iniciadas para que se le abonen 'las indemnizaciones y diferencias de sueldo como corresponde'.

En este sentido, se ha dicho que "el reclamo del trabajador ante la autoridad administrativa tiene eficacia interruptiva de la prescripción exclusivamente respecto de aquellos rubros que integraron la petición allí formulada" (cfrme. SCBA, Junio 26-990.- Pereira, Mabel c/ Retiro, Pascual y otro: TySS, 1990-616).

Por ello, corresponde CASAR la sentencia en base a la siguiente doctrina legal: "Es jurídicamente descalificable, la sentencia que le asigna eficacia interruptiva de la prescripción del rubro BAE/97 al reclamo efectuado ante la Secretaría de Estado de Trabajo, cuando dicho rubro no estuvo comprendido en la petición formulada ante aquella sede", y sustituir parcialmente el punto 2 del fallo disponiendo "II.- No hacer lugar al reclamo por BAE año 1997".

6.- Atento al resultado del recurso, corresponde distribuir las costas del siguiente modo: el actor soportará las propias y el 20% de las del demandado, y éste deberá hacerse cargo del 80% restante de las generadas por su parte.

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación deducido por la demandada por el agravio analizado en el punto 4 de los considerandos; y NO HACER LUGAR al mismo en relación a la cuestión tratada en el punto 5.2 de los considerandos.

II.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo el 18/9/2002, y en consecuencia, CASAR parcialmente la misma en base a la doctrina legal sentada en los puntos 5.1 y 5.3 de los considerandos, sustituyéndose parcialmente el punto 2 del fallo de la Cámara por el siguiente: "II.- No hacer lugar al reclamo por BAE año 1997"; y debiéndose remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento en lo que concierne a las cuestiones tratadas en el punto 5.1 del fallo.

III.- COSTAS conforme se considera.

IV.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO