marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prórroga de la prisión preventiva, crímenes de lesa humanidad, audiencia de debate, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Ponce Ochoa, Juan Carlos y otro c/  s/ Ley 24.390
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-28

Debe ser confirmada la prórroga de la prisión preventiva dispuesta por el término de seis meses, respecto de condenados por delitos de lesa humanidad en el marco de la puesto que los fundamentos expresados por la instancia anterior, especialmente los motivos contenidos en el art. 1 de la Ley 24.390, justifican la prórroga de prisión preventiva. No obstante, corresponde recomendar que, en la medida de las posibilidades en virtud del contexto de emergencia sanitaria actual debido a la pandemia del Coronavirus, el tribunal a quo arbitre los medios necesarios a fin de fijar fecha de audiencia dentro del plazo de la prórroga dispuesta.
Poder Legislativo, sanción de la ley, cuestión justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Polino, Héctor y otro c/ Poder Ejecutivo (Exp. Feria 5/94) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Si el Congreso de la Nación habría incurrido en la omisión de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de una ley, la cuestión planteada resulta justiciable, aun en el marco de una postura restringida.
Actos y diligencias procesales, escritos judiciales, firma, firma falsa, reconocimiento de firma
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: SUBIZAR, JOSE c/ MAS, MARIANO. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-14

Si se denunció en tiempo propio la presunta falsedad de la firma de un escrito, y tal extremo fue resistido por el supuesto presentante, corresponde previo a todo trámite citar al interesado en los términos del Cod. civil art. 1031, a fin de que reconozca la firma dubitada.
Defensa del consumidor, deber de información
Materia: COMERCIAL
Carátula: JALUF, NORA ANA LIA. c/ CLUB SAN JORGE S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO. s/ CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-25

El deber de buena fe del que deriva la obligación de información (conf. López Cabana, Roberto, "Deber de información al usuario", en Actualidad en Derecho Público, Ad-Hoc, núm. 12, p. 89), no estaría satisfecho por el solo hecho que el predisponente haya entregado una copia del título de capitalización al adherente, si las condiciones generales contenidas en el mismo presentan notas de ambigüedad o abusividad tal que, en los hechos, impidan al adherente el ejercicio de sus derechos contractuales. Es que el alcance del deber de información, en los contratos de consumo, es mucho más extenso y amplio, que el que la demandada pretende asignarle tan exiguamente.

O sea, la simple entrega del clausulado contractual suscripto, en modo alguno cumplimenta suficientemente los deberes a los que venimos haciendo alusión.

Así se ha dicho que "la información para el consumidor . debe ser de una idoneidad tal que le permita a éste comprender con claridad, completitividad y eficacia los mensajes emanados del productor, pues, el aspecto subjetivo de la buena fe resulta relevante en la relación de consumo" (CNApel. Civil, sala C, sentencia del 07/06/2007, "Bisso, Julia c. Braile, Margarita Angela", en La Ley Online); y en el incumplimiento de tal deber, se verifica una contravención al mandato de buena fe, lo que conlleva que la relación de equivalencia contractual aparezca sensiblemente perjudicada, lo que conduce a un peso desigual no tolerable (cfr. Rezzónico, Juan Carlos, "Cláusulas abusivas en condiciones contractuales generales: panorama y soluciones", en LL 1983-B, 998; citado en Jalil, Julián, "La buena fe como causa eficiente de deberes implícitos en las relaciones contractuales", en RCyS 2010-IX , 241).

Es que "la circunstancia que el consumidor haya suscripto el contrato . no impide la configuración de un supuesto de incumplimiento del deber de información establecido en el art. 4 de la ley 24.240, pues ello no da cuenta de la calidad de la información que le fue suministrada, máxime cuando la ley no impone un deber de información cualquiera, sino que ésta debe ser calificada, cierta, eficaz y suficiente" (CApel. Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad autónoma de Bs. As., Sala II, "Asociación Civil Hospital Alemán vs. Ciudad de Buenos Aires", del 03/03/2004, en LL 19/08/2004).

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR - POSSE.
Pena, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: D, R A s/ ESTAFA      EXPTE NRO 147-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-13

El plazo de cumplimiento de la condición según el artículo 27 del Código Penal es el de cuatro años a partir de la fecha de la sentencia de condena; dicho plazo nada tiene que ver con el de prescripción de la pena en los términos del artículo 65 de aquel cuerpo legal, el que no puede invocarse para limitar o extender el del citado artículo 27.
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Duifrei S.A. c/ Kovacz de Gutta, Inés y otros s/ Reivindicación Tempone, José Rafael y otros c/ Centro de Empleados de Comercio de Mar del Plata y otros s/ Revisión de contrato Tempone, José Rafael y otros c/ Centro de Empleados de Comercio de Mar del Plata y otros s/ Revisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-21|2002-02-19

Incumbe probar a la parte actora los presupuestos fácticos en que funda su pretensión, como a la parte accionada el hecho positivo esencial que invoca en su propio beneficio.
Distribución de competencias, tributos
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de la Banca Especializada, Asociación Civil c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-16

El Convenio Multilateral no establece una base uniforme sino que impide la doble o múltiple imposición y sólo significa un mecanismo interestadual de distribución del poder impositivo, sin que ello importe agravio alguno al art. 31 de la CN.
Alimentos, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: P. DE S.A. c/ S.J.A. Y OTROS s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-31

Aún cuando el incidente de alimentos haya concluido por conciliación no corresponde la aplicación del art. 73 del Código Procesal. El avenimiento importó, no cabe duda, el reconocimiento de las necesidades asistenciales de la parte alimentada, la que se vio obligada a interponer la demanda judicial.
Cuestiones de competencia, tribunales arbitrales
Materia: PROCESAL
Carátula: Glenmara LTD c/ Infante Carlos Federico Ismael s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-30

Corresponde confirmar la decisión que no hizo lugar a las medidas solicitadas (oficio a la IGJ, a la Justicia Penal, Penal Tributaria y a la Unidad de Información Financiera) por entender que excedían el objeto del pleito. Es que en el marco de una demanda de constitución de tribunal arbitral, deducida - como en el caso- en los términos del CPR 742, el juez sólo puede dictar una sentencia que verse sobre: a) si la cláusula compromisoria es nula, ineficaz o inaplicable; b) si existe controversia que, de acuerdo a tal cláusula, haga procedente el arbitraje; c) y si ese debate es sobre cuestiones susceptibles de dirimirse por árbitros, esto es, sobre la exclusión o no de los temas sometidos a juicio arbitral (conf. Alsina, H., Tratado teórico-práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Buenos Aires, 1943, T. III, pág. 824; n° 35; Colombo, C., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado, Buenos Aires, 1975, T. II, pág. 429, texto y nota n° 19; Fassi, S., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 1979, T. III, p. 447, n° 4369; Serantes Peña, O. y Palma, J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires, 1984, T. III, pág. 382; Fenochietto, E. y Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Buenos Aires, 1987, T. 3, pág. 519, texto y nota n° 2).
Traslado de jueces, acordada de la Corte Suprema, designación de jueces, personal transitorio, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN - PJN y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-03

Cuando la acordada 7/2018 concluye en que no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme las exigencias del artículo 99, inc. 4°, de la Constitución Nacional para los traslados de magistrados federales con el fin de desempeñarse después de cumplir otros recaudos dentro de la misma jurisdicción federal, se refiere a la validez de ese traslado, como no podría ser de otra forma, en tanto designación transitoria.
Prescripción, sociedad anónima, acciones societarias, derechos del socio, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCONDRAS, HORACIO c/ FERRETERIA CONSTITUCION  S.A.C.I.I. s/ PRESCRIPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-25

Si el derecho a la entrega de las acciones no tiene plazo para su ejercicio, por no ser una obligación social en el sentido del CCOM 848-1, y siguientes, 326, 327 y 330, representativo de la calidad de socio y de la participación que en tal carácter le corresponde a su propietario en el haber social, el reclamo tendiente a obtener su entrega resulta imprescriptible. Como ni la calidad de socio, ni el derecho al reclamo de las acciones tiene plazo para su concreción, el canje de los mismos tampoco lo posee, y por lo tanto, tal derecho tampoco es susceptible de prescribir.

No existe norma jurídica que declare la caducidad del derecho del accionista que ha omitido canjear sus acciones por los nuevos títulos expresados en la moneda de la ley 18188; debiéndose tener presente que el motivo del canje es la adecuación al nuevo signo monetario, pero sin que ello requiera ninguna resolución social específica, en tanto el valor nominal de cada acción expresado en moneda nacional quedó convertido ministerio legis, según lo dispuesto por el art. 2, ley citada, y en la proporción fijada en su art. 1.
Tercería de dominio, inscripción registral, acreedor privilegiado
Materia: PROCESAL
Carátula: Azzem, Raúl Salim c/ Provincia del Chubut y-o Bco. de la Provincia del Chubut s/ Tercería de Mejor Derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-13

Ni la posesión pacífica recibida por boleto de compraventa, ni el pago total del precio de venta aducido por la incidentista, son suficientes para oponerse al tercero embargante, debiendo conferirse prioridad al crédito del acreedor embargante, en orden a preservar los principios de seguridad jurídica, que imponen otorgar preferencias a la anotación registral por sobre la simple posesión.
Prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Negrin, Egildo Osvaldo c/ Arenaza Huergo de Moret, Susana s/ Indemnización despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

La inversión de la carga probatoria que contempla la última parte del art. 39 de la ley 11.653 sólo opera cuando se discute el monto o cobro de las remuneraciones y no cuando se trata de la demostración del hecho mismo que constituye su causa jurídica -en el caso la existencia del beneficio retributivo invocado de un cinco por ciento de comisión sobre la venta y traslado de hacienda y el permiso para criar animales propios- en cuyo supuesto rigen las normas procesales que imponen a quien afirma la demostración del extremo.
Filiación, determinación de la paternidad, exceptio plurium concubentium, prueba de histocompatibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: H., S. D. c/ B., R. s/ Filiación art. 255 del Cód. Civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

La prueba de inmuno compatibilidad genética o método de tipificación "antígeno - anticuerpo" en tejidos, o "Human Lymphocyte Antigen (H.L.A.)", ha sido reconocido como idónea para determinar en alto grado de probabilidad la paternidad de quien es demandado por reconocimiento de filiación y "reviste particular relevancia por la importancia de las investigaciones en que se apoya y por la índole de los análisis que requiere" (C.S.J.N.); por lo que aún cuando las conclusiones del dictamen no obliga a los jueces, que "son soberanos en la ponderación de la prueba, para prescindir de ella se requiere cuando menos que se le opongan otros elementos no menos convincentes ..." y ello es así, desde que la multiplicidad de genes que dan origen a los antígenos que conforman, la cantidad de combinaciones posibles y la rareza de muchas de ellas, aporta, si se halla compatibilidad, una probabilidad sería de nexo familiar.

La honestidad de la madre debe ser presumida, y puesto que el "plurium concubentium" es un hecho particularmente serio y grave, el presunto padre tiene la carga de demostrar que en la época de la concepción probable, la mujer habría observado en forma notoria una vida ligera, y - en ese caso - tal prueba ha de ser completa y particularmente convincente, pues aún en el supuesto de duda, ha de resolverse a favor de la madre.
Concurso preventivo, efectos de la apertura, fuero de atracción, procedimiento laboral, Ley de Concursos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BRANDAN, DARIO c/ NOVIPOL SA. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

Si la apertura del concurso preventivo de la empleadora se decretó cuando ya se encontraba vigente la Ley 24522, por aplicación de lo normado por el art. 21-5º de dicha Ley, atento a que aún no existe sentencia dictada en sede laboral, procede disponer la radicación de dicha causa ante el juez que entiende en el juicio universal.
Estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, cuerpo del delito, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: "CAICEDO CHAPARRO, R. y otros s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-14

En una investigación por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización no resulta necesario contar con la cuantificación siendo suficiente la prueba pericial orientativa con que se cuente.De este modo, el inciso "c" del artículo 5 de la Ley de estupefacientes es preciso en sus términos al reprimir la conducta de aquel que "...c) Comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya...". Por lo tanto, aún haciendo una interpretación restrictiva del inciso mencionado, deviene suficiente la prueba de marras que determina que se trata de material estupefaciente mas allá de su cuantificación específica. En este sentido, se ha expedido la Sala II de la C.N.C.P., al entender que "...la tenencia de estupefacientes constituye conducta punible, en los términos de la Ley 23.737, cualquiera fuese su cantidad; por ello no resulta indispensable la exacta cuantificación, bastando con que se haya determinado la efectiva existencia de la sustancia alusinógena incriminada dentro del material total secuestrado. En la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, la figura básica se encuentra agravada por el fin o propósito con el que se tiene: la intención de comerciar con ello, sin que sea un requisito típico la cuantificación del tóxico prohibido por la ley 23.737." (Conf. 2S.M., P.A." del 22.5.98.).
Concursos, pedido de quiebra, fallo plenario
Materia: COMERCIAL
Carátula: VITALY SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

Toda vez que la peticionante no desconoce la existencia de un pedido de quiebra "pendiente", ni la normativa de la Ley 24522 art.31, ult. parte y su obligatoria interpretación conforme fallo plenario de este fuero in re: "Farmacia Gala SCS", del 22.12.97, sino que pretende una solución distinta alegando que su nuevo intento de concursamiento no apunta a paralizar el pedido de quiebra, pues se encuentra suspendido por la Ley 25563, ello no permite soslayar que el pedido de falencia existe y que no se halla concluído, por lo tanto, la queja tiene como obstáculo la referida disposición legal. Voto del Dr. Guerrero.
Feria artesanal, aplicación errónea de la ley, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en sánchez maria isabel y otros contra gcba sobre amparo (art. 14 ccaba)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que ordenó la regularización de la feria artesanal de la calle Perú en una locación donde la ley n° 4121 prohíbe tal actividad, en tanto las instancias de mérito se apartaron arbitrariamente de la solución normativa aplicable al caso y de las constancias de la causa. La afirmación que realizaron los jueces de mérito respecto a que la actividad de compraventa de artesanías realizada por los actores en la vía pública no se encuentra prohibida, carece de sustento legal y sólo se apoyó en una interpretación que desnaturalizó el contenido de las normas aplicables al caso. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe. Voto compartido por los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Pensiones, hijos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SANZ, GABINO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-21

La hija soltera que realiza trabajos remunerados de entidad insuficiente para solventar sus gastos de subsistencia y no percibe beneficio previsional alguno, tiene derecho a la pension por la muerte de su padre en los términos del artículo 38, inciso 1), b) de la ley 18037 (to. 1976), Toda vez que las tareas desarrolladas no constituyen la actividad lucrativa a que hace referencia la citada norma.
Recusación sin causa, Cámara de Apelaciones, cuestiones de competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MATTIEVICH SA c/ HERRERA, OLGA T A s/ COBRO DE PESOS    COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-01

Debe ser la Corte Suprema de Justicia quien resuelva el diferendo planteado entre el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral, y otro en lo Penal de Instrucción y Correccional, tratándose de una recusación sin expresión de causa, donde la cuestión ha de ser resuelta con criterio general y extensivo.

Si bien en materia excusatoria, donde se evalúan circunstancias individuales, es la Cámara de Apelación que actúa como superior del Juez cuya recusación se plantea, la que debe resolver, por no configurarse una cuestión de competencia entre juzgados de distinto fuero; la parcialización de enfoques realizada a través de distintas Cámaras de Apelación, llevaría a un anárquico mosaico de situaciones, con menoscabo de la coherencia del servicio.
Trabajadores de la construcción, libreta de aportes patronales
Materia: LABORAL
Carátula: Ríos, Juan Carlos c/ Empresa Constructora Velázquez, Pedro s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1982-11-18

El sólo hecho de contratar operarios en la industria de la construcción sin la libreta prevista en la ley 17258 es incapaz por sí de desencadenar la sanción del art. 11° de dicho régimen.
Acta judicial, acta de secuestro, allanamiento domiciliario, nulidad procesal, declaración testimonial
Materia: PENAL
Carátula: MATIACEVICH, EDUARDO N. s/ ALLANAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-05

Siendo el acta de allanamiento y secuestro un instrumento público en los términos del art. 979 inc. 2 del C.C , no puede ser enervada declarándose su nulidad, simplemente porque uno de los testigos intervinientes, propuesto por la defensa en el alegato de bien probado, sostenga que la diligencia se llevó a cabo en un domicilio distinto al del imputado, el lindero, cuando tal afirmación no coincide con su primer deposición y es controvertida por el acta labrada en el lugar y los dichos de otra de las testigos actuantes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Lobos, Jesús s/ Privación de la libertad - Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que la impugnación para lograr la disminución de la pena aplicada se atiene a invocar el art. 166 inc. 2 del C.P. sin ocuparse del sistema de los arts. 40 y 41 del mismo código de los que depende la determinación que cuestiona, y, en consecuencia no corresponde a la Corte expedirse sobre el uso de un arma de fuego como agravante para determinar la pena.
Ley de contrato de trabajo, buena fe, obligaciones del trabajador, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: V., L.M. c/ P., M.G. s/ Demanda Laboral -Indemnización de Ley y Diferencias-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-27

El principio de buena fe consagrado por la normativa legal de aplicación obliga al accionante a intimar al empleador en forma previa a la interposición de la demanda, consignando los deberes que reputa incumplidos y apercibimiento de las consecuencias jurídicas que se generarían en el caso de persistir en su actitud.
Daños y perjuicios, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: RIBOLDI URSINY, LEANDRO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 28 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-11

No cabe hacer lugar al agravio vinculado a la condena de la totalidad de las costas del proceso, pese a que el A quo solo concedió al accionante un 15% de la indemnización reclamada, desde que de la lectura del fallo atacado surge que el Tribunal explicó no sólo porqué no se configuraba la causal de apartamiento del texto expreso de la ley, sino que también señaló que se estaba en presencia de un juicio de daños y perjuicios y que es regla general aceptada por la jurisprudencia que la condena en costas, salvo situaciones excepcionales forma parte de la indemnización que se le debe oblar al lesionado o dañado; y que la circunstancia de que la indemnización alcance aproximadamente al 15% de la suma reclamada no habilita a apartarse de aquel criterio y aplicar derechamente el artículo 252 del C.P.C.C., desde que en el sub-iudice no existen rubros rechazados y el Tribunal solamente fijo el "quantum" indemnizatorio conforme a las probanzas producidas.
Subasta, nulidad de la subasta, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: LESEROVICH, Juan Carlos c/ BICHLER, María Rosa y otros s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05

La circunstancia de que ante la primera adjudicación, luego frustrada, parte del público que concurrió al remate se haya retirado del lugar donde se estaba llevando a cabo, resulta insuficiente para anular la subasta, máxime si -como es de práctica- el martillero advirtió a los concurrentes para que permanecieran en el recinto hasta que se formalizara el acto con la suscripción del boleto respectivo, ante la eventualidad de que por cualquier razón ello pudiera frustrarse.-
Impuesto sobre los capitales, liquidación de impuestos, deducciones impositivas, inmuebles por accesión, explotaciones agropecuarias
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CELULOSA ARGENTINA  S.A. s/ APELACION - IMPUESTO - CAPITALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

La rebaja establecida en el art. 5, inc. b) de la ley 21.287 (t.o.

1977) y el decreto reglamentario 1692/76 para el caso de inmuebles afectados a explotaciones agropecuarias corresponde también sobre el valor de los bienes que hubieran adquirido el carácter de inmuebles por accesión, tales como construcciones, molinos, alambrados y mejoras en general.