Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-25


2º Instancia.- Buenos Aires, marzo 25 de 2008.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? La doctora Brilla de Serrat dijo:

I.- La sentencia de fs. 360/65 hizo lugar a la demanda interpuesta por Savina Rosa Morán y condenó a Daniel Orlando Gutiérrez y "Transportes Villa Ballester Sociedad Anónima Comercial e Industrial" a abonarle la suma de $ 40.500, con más sus intereses y las costas del juicio. Hizo extensiva la condena a la citada en garantía "Mutual Rivadavia de Seguros de Transporte Público de Pasajeros", declarando inoponible a la parte actora la franquicia estipulada, de conformidad con lo dispuesto en el plenario de la Cámara "Obarrio, María Pía c/Microómnibus Norte S.A. y otro s/daños y perjuicios" del 13 de diciembre de 2006 (La Ley, 2006-B, 402).

El fallo fue apelado por ambas partes. La actora expresó agravios a fs. 385/87, mientras que los demandados y la citada en garantía hicieron lo propio a fs. 391/400. Corrido el traslado de ley, se presentaron sendas contestaciones a fs. 402/6 y 407/11 respectivamente.

II.- El "a quo" reconoció a la accionante en concepto de incapacidad psicofísica la suma de $ 25.000. Agregó que no se había ofrecido prueba tendiente a acreditar el deterioro cognitivo informado por la perito psicóloga y calificó de extemporáneo el pedido de designación de un experto en neurología formulado por la parte actora tras la presentación de la pericia psicológica.

De ello se agravia la demandante. Señala que, al promover la demanda, desconocía la existencia de un deterioro cognitivo, el cual fue descubierto por la perito psicóloga. Destaca que solicitó en autos en tres oportunidades la designación de un especialista neurólogo, pero que recién en la última oportunidad se corrió traslado de su petición a la contraparte, quien no lo contestó, pese a lo cual el planteo nunca fue resuelto.

Reitera su solicitud en esta instancia, en los términos del art. 260, inc. 2º, del Código Procesal, a fin de que se determine en forma completa el porcentaje correspondiente a la secuela psicológica y el tratamiento a seguir.

El replanteo de prueba en segunda instancia reviste el carácter de excepcional y limitado a las situaciones expresamente contempladas por el Código (conf. Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial, Tomo 1, página 935).

Lo expuesto se deriva de la naturaleza de nuestro sistema de apelación, puesto que "una ampliación del debate probatorio significa una excepción al régimen preclusivo del proceso, debiendo calificar de excepcional su admisión a fin de no convertir la alzada en una faz de dilación del proceso a reabrir cuestiones sobre procedimiento precluidas" (CNFed.Civ.Com., Sala I, 4-2-99, LL, 2000-B-549).

El artículo 260, inciso 2º del Código Procesal prevé este instituto para el caso de medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiera mediado declaración de negligencia. Fuera de estos casos, el replanteo no es admisible.

En el supuesto de autos, ante el dictamen de la perito psicóloga, que constató la existencia de un deterioro cognitivo en la actora y recomendó que su evaluación fuera realizada por un médico neurólogo, esta parte solicitó el nombramiento de un perito de esa especialidad. A fs. 160, el juez dio traslado de este pedido a la contraparte, la cual, notificada a fs. 172, no lo respondió. Nada se resolvió al respecto, pese a lo cual la actora no realizó ningún pedido en tal sentido, sino que, por el contrario, requirió a fs. 322 la certificación de las pruebas producidas, tras lo cual se proveyó que no las había pendientes a fs. 323. Tras ello, se pusieron los autos para alegar y se dictó sentencia.

No existió en rigor denegatoria de prueba ni declaración de negligencia encuadrable en la mencionada norma, por lo que el replanteo intentado debe ser desestimado.

III.- Pese a ello, sin perjuicio de que una pericia neurológica hubiera dado cuenta exacta del cuadro de este tenor que aqueja a la actora, tanto la experticia psicológica como la traumatológica brindan elementos que permiten tener por probado un cierto deterioro cognitivo en relación causal con el traumatismo de cráneo sufrido con motivo del accidente, el cual puede ser válidamente meritado al cuantificarse la indemnización por incapacidad sobreviniente, de acuerdo con los síntomas descriptos por ambos expertos.

En este sentido, la perito psicóloga explicó que la actora presenta un trastorno cognitivo producto de una conmoción cerebral, con afectación de la memoria, atención, concentración, rapidez mental, capacidad de solucionar problemas, orientación espacial, etc.. El deterioro es de un 70% aproximadamente, cuando el propio de su edad -68 años- alcanza un 30%, y produce asimismo una modificación del estado de ánimo de tipo depresivo y ansioso, además de un cuadro de estrés postraumático crónico Estimó la incapacidad generada por el cuadro emocional en un 20% de la total obrera, al cual debe añadirse el deterioro cognitivo (v. fs. 126/29).

Por su parte, el perito traumatólogo estableció que el traumatismo de cráneo actuó como concausa de las secuelas que presenta, que detalla como cefaleas, mareos, alteración del humor, disminución de la visión (v. fs. 182 y vta.). Por el agravamiento de artrosis en ambas rodillas -que se traduce en dolor, inestabilidad y disminución de la movilidad articular-, atribuyó un 12% de incapacidad parcial y permanente.

A esta altura es preciso considerar el agravio de los demandados y la aseguradora, tendientes a que se reduzca la indemnización otorgada por incapacidad psicofísica. Luego de formular citas doctrinales sobre el alcance del principio de la reparación integral, los apelantes concretan que, en este caso, la actora no ha demostrado que el siniestro le haya provocado un perjuicio patrimonial o la imposibilidad de seguir su ritmo de vida habitual, ni la pérdida o minoración de sus ingresos. Alegan que el resarcimiento debe seguir un criterio flexible apropiado a las circunstancias singulares del caso y no ceñirse a porcentajes rígidos.

La actora, de 64 años de edad a la fecha del hecho, se desempeñó durante su vida como empleada doméstica y casera, hasta que una lesión discal en su columna vertebral la obligó a dejar de trabajar. Actualmente es ama de casa y vive con su marido, jubilado, y un hijo mayor de edad que trabaja en condiciones de cierta precariedad (v. fs. 126).

Como he resuelto reiteradamente, la estimación del daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de relación.

En efecto, la noción de "lo patrimonial" en el derecho de daños es más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que, aunque desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas. Así la integridad de la persona presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro, con lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta ser susceptible de apreciación pecuniaria, como lo exige el art. 1068 del Código Civil, y, por ende, indemnizable. Como afirma Mosset Iturraspe, "en el examen complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc., y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial" ("Responsabilidad por daños", t.II-B, p. 194).

Debe destacarse al respecto lo señalado por el perito médico en cuanto a que la demandante padece una pérdida de la independencia que le impide dirigir su persona para subir o bajar escaleras, viajar en colectivo, etc.

Considerando, pues, las secuelas de índole neurológico que han sido comprobadas, aunque no cuantificadas, de conformidad con lo previsto por el art. 165 del Código Procesal, los hallazgos psicológicos y traumatológicos en la medida en que tienen relación de causalidad con el accidente, y las demás circunstancias personales de la peticionante, propicio elevar el monto indemnizatorio acordado en concepto de incapacidad psicofísica, a la suma de $ 30.000.

IV.- La parte demandada se agravia de la indemnización otorgada por gastos médicos y de traslado -$ 1.000-, señalando que ellos no han sido objeto de prueba.

Reiteradamente se ha decidido que para que proceda la reparación de este tipo de daños no es necesaria la existencia de prueba fehaciente, sino que en atención a la entidad de las lesiones se puede presumir su extensión, mas ante la falta de prueba acabada, la estimación debe hacerse con suma cautela, máxime cuando ninguna obra social ni institución pública cubre por completo estos gastos.

La demandante de autos fue atendida por el servicio de guardia de un hospital público, donde se le efectuó sutura de la herida en cuero cabelludo y radiografías. Fue trasladada por intermedio de su obra social -PAMI- a un centro médico, donde se le practicó una tomografía computada de cerebro y permaneció internada cuatro días. Con posterioridad debió realizar tratamiento kinesiológico.

Teniendo en cuenta los gastos en analgésicos y antiinflamatorios presumibles, como asimismo los que la atención médica, estudios y tratamiento brindados debieron generar en alguna medida; además de las erogaciones que debió haber realizado para la contratación de automóviles de alquiler para trasladarse, debido a que, en atención a la naturaleza de sus lesiones, se vio imposibilitada de movilizarse por sus propios medios, considero que la cantidad acordada es equitativa, por lo que propongo la desestimación de la queja.

V.- La demandada se agravia de la indemnización concedida a la accionante por daño moral -$ 10.000-.

No obstante, no expone ningún argumento concreto que justifique su pretensión, más allá de las citas de opiniones doctrinarias acerca de la dificultad para cuantificarlo y de ciertas pautas generales a tomar en cuenta.

Es dable recordar que la formulación de simples apreciaciones personales sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, omitiendo concretar punto por punto los errores u omisiones en los que habría incurrido el "a-quo" respecto de la apreciación y valoración de los elementos de convicción a los que arriba en la aplicación del derecho, no constituye fundamento suficiente para la expresión de agravios.

La misma, para poder ser considerada como tal, debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.

Por ello, en aquélla se deberá indicar puntualmente las deficiencias de la sentencia recurrida sin que las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, la remisión a escritos anteriores o el mero desacuerdo con lo resuelto puedan considerarse agravios en los términos exigidos por el art. 265 y 266 del Código procesal Civil y Comercial de la Nación.

La queja de la demandada en análisis no constituye una expresión de agravios en los términos de los artículos citados, resultando solamente un mero desacuerdo con lo decidido por el sentenciante de la anterior instancia, por lo que propongo se desestime su planteo, declarando desierto el recurso a su respecto.

VI.- El "a quo", de conformidad con lo dispuesto por el plenario de la Cámara "Obarrio, María Pía c/Microómnibus Norte S.A. y otro s/daños y perjuicios" del 13 de diciembre de 2006, declaró inoponible al actor la franquicia prevista en el contrato de seguro e hizo extensiva la condena a la citada en garantía.

La aseguradora se agravia de tal decisión, aludiendo a lo resuelto en contrario por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Villarreal, Daniel c/Fernández, Andrés" del 29 de agosto de 2006 y "Cuello, Patricia c/Lucena, Pedro" del 7 de agosto de 2007, Cita además el fallo de esta Sala "Fara, Teresa Catalina c/Línea 17 S.A." y el de la Sala J de esta Cámara, "Crimer, Marcos c/Azul S.A.T.A.".

Señala además que la actora consintió la prueba pericial contable que determinó la existencia y alcance de la franquicia sin efectuar planteo de inoponibilidad alguno.

Esta Sala ha sostenido reiteradamente, en los autos "Gaillard, Norberto c/Colazo, Amílcar del 2 de marzo de 2007, "Andreacchio, Alicia c/Transporte Automotor Plaza SACI Línea 114" del 16 de abril de 2007, "González, Mirta Gladys c/Salvatierra, Víctor Hugo" del 6 de noviembre de 2007 y "Fara, Teresa Catalina c/Línea 17 S.A." del 20 de marzo de 2007, entre otros: "En el fallo plenario de fecha 13 de diciembre de 2006 recaído en autos "Obarrio María Pía c/ Microómnibus Norte SA y otro c/ La Economía Comercial SA de Seguros Generales y otro s/ daños y perjuicios", la minoría expresamente destacó, y en esto coincido, que las normas procesales que establecen el principio de congruencia son siempre aplicables (CPCC: 34, inc. 4, 163, inc. 6, 277 y concs.) razón por la cual, como digo, no corresponde en el caso declarar la inoponibilidad como lo estableció la decisión mayoritaria".

Sin perjuicio de la jurisprudencia plenaria antes citada y de los nuevos fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia en los autos "Gauna, Agustín c/La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales" y "Obarrio, María Pía c/Microómnibus Norte S.A. y otro"con fecha 4 de marzo de 2008, en los que el máximo Tribunal reiteró su criterio en favor de la oponibilidad de la franquicia al tercero damnificado, en autos se advierte que la parte actora no realizó ningún planteo en torno a la inoponibilidad a su parte de la franquicia, aun luego de haber sido ésta esgrimida por la aseguradora al contestar la citación en garantía (v. fs. 52). No hizo alusión alguna a la cuestión en oportunidad de celebrarse la audiencia del art. 360 del Código Procesal, ni contestó el traslado que le fuera corrido respecto de la prueba pericial contable en la que se comprobaba específicamente la existencia de la franquicia, como tampoco lo planteó al presentar su alegato.

Debe concluirse que el juez no respetó el principio de congruencia al fallar más allá de lo peticionado por las partes.

Si bien el juzgador debe elegir y aplicar correctamente el derecho, independientemente del error en que las partes pudiesen incurrir en su individualización -principio "iura novit curia"-, debe tenerse presente que el mismo debe resultar necesariamente de los hechos y planteos formulados por las partes, dado que el magistrado se encuentra constreñido por la determinación de personas, objeto y causa especificados en la demanda. Ello así, con el objeto de evitar que se puedan introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de hecho respecto de las cuales las partes no puedan ejercer su derecho de defensa.

Se ha dicho respecto de la cuestión que nos ocupa: "No resulta necesario invocar una sentencia plenaria para que su doctrina sea aplicada en un caso concreto, y, más todavía, aunque fuesen citados precedentes contradictorios, igualmente debe serlo, pues, en virtud del principio iura novit curia, le incumbe al juez aplicar la doctrina plenaria. La sentencia que no siguiera la doctrina legal establecida viola el art. 303 C.P.C.C.N. e incurre en arbitrariedad. Sin embargo, esta regla no es absoluta, toda vez que debiendo respetar las sentencias el principio de congruencia, no será obligatoria la doctrina plenaria establecida cuando de los actos de la parte por él favorecida, emerja la voluntad expresa o tácita de que no se la aplique. Desde otra perspectiva, también se puede decir que cuando ello ocurre, en realidad, con su actitud el justiciable ha quitado alguno de los presupuestos considerados por la cámara al dictar la sentencia plenaria, y, por consiguiente, tal como quedaron las pretensiones de las partes para resolver, el caso no encuadra en la doctrina legal sentada" (Leguisamón, Héctor Eduardo, Improcedencia del recurso extraordinario federal contra fallos plenarios (A propósito del plenario sobre inoponibilidad de la franquicia en el seguro del transporte público de pasajeros), elDial.com, 26/2/2008).

Y comentando concretamente el fallo de esta Sala "González, Mirta Gladys c/Salvatierra, Víctor Hugo", el mismo autor sostuvo: "Al no efectuar la actora cuestionamiento alguno, ello implicó, si bien tácito, un allanamiento a la defensa de limitación de cobertura, es decir, el sometimiento a la pretensión absolutoria de la aseguradora, y, con ello, quitó del debate la defensa articulada por ésta y, por ende, este planteo quedó fuera de la discusión y de la decisión, en tanto el allanamiento constituye una renuncia voluntaria a asumir la defensa en el proceso controvirtiendo el derecho del oponente. Más todavía, como señala la Cámara, desde tal oportunidad la actora no se volvió a pronunciar sobre el tema, ni requirió la condena a la aseguradora, ni contestó siquiera sus agravios. Así, entiendo que hizo bien la Sala D de la Cámara Civil al considerar que la sentencia de grado violó el principio de congruencia puesto que, de oficio y sin respetarlo, aplicó el plenario 'Obarrio' y 'Gauna' sin hacerse eco del allanamiento de la actora a la defensa de la aseguradora".

En virtud de estas consideraciones, propongo al Acuerdo modificar la sentencia en cuanto declara la inoponibilidad de la franquicia al actor y disponer que la sentencia se hará extensiva a la aseguradora en la medida del seguro (art. 118 ley 17.418).Por todo lo expuesto, doy mi voto para que:

1) Se desestime el replanteo de prueba formulado por la actora.

2) Se modifique parcialmente la sentencia apelada, elevando la indemnización por incapacidad sobreviniente a la suma de $ 30.000 (pesos treinta mil) y disponiendo la oponibilidad al actor de la franquicia invocada por la citada en garantía, por lo que la condena se le hace extensiva en la medida del seguro.

3) Se la confirme en lo demás que decide y fuera motivo de apelación y agravio.

4) Se impongan las costas de alzada a la demandada, que ha resultado sustancialmente vencida (art. 68 CPCC).

Así lo voto El doctor Miguel Angel Vilar, por análogas razones a las aducidas por doctora Ana María Brilla de Serrat, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede: 1) Se desestima el replanteo de prueba formulado por la actora; 2) Se modifica parcialmente la sentencia apelada, elevando la indemnización por incapacidad sobreviniente a la suma de $ 30.000 (pesos treinta mil) y disponiendo la oponibilidad al actor de la franquicia invocada por la citada en garantía, por lo que la condena se le hace extensiva en la medida del seguro; 3) Se confirma la sentencia apelada en lo demás que decide y fuera motivo de apelación y agravio; 4) Se imponen las costas de alzada a la demandada, que ha resultado sustancialmente vencida (art. 68 CPCC); 5) Oportunamente se fijarán los honorarios de alzada. El doctor Diego C. Sánchez no interviene por hallarse en uso de licencia.-Ana María Brilla de Serrat.- Miguel Angel Vilar.