Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06


BOBROVSKY, Isaías Gregorio contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 206 p 114-116.

Santa Fe, 6 de abril del año 2005.

VISTOS: los autos "BOBROVSKY, Isaías Gregorio contra PROVINCIA DE SANTA FE - R.C.A.P.J.- (Expte.345/86) sobre INCIDENTE DE APREMIO" (Expte. C.S.J. nro. 65, año 2.004); y, CONSIDERANDO: 1. Isaías Gregorio Brobrovsky, por apoderados, inicia demanda de apremio contra la Provincia de Santa Fe a fin de obtener el cobro de la suma de $ 577.261,67, con más sus intereses y costas.

Aclaró que ese importe corresponde a deuda consolidada por diferencias debidas hasta el 21.1.1996, que deberá cancelarse en Bonos Previsionales y de conformidad a los antecedentes "Fernández, Belkis", "Ale Carnib", "Marozzi", "Chimento", "Cheer" y "Busaniche".

Manifestó que la Corte nacional en fecha 30.9.93 revocó la sentencia apelada y como consecuencia de ello el 29.12.93 este Tribunal dictó resolución ordenando que la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial dicte el acto administrativo correspondiente y disponiendo, el 23.3.94, que ese Organismo liquide los haberes en legal forma.

Agregó que se le acordó el beneficio de jubilación y se practicó y aprobó la respectiva liquidación, y, que estando previamente notificada, se intimó su cumplimiento a la demandada, requerimiento que no ha sido satisfecho, por lo que considera expedita la vía del apremio.

Acompañó las copias que hacen a la integridad de su título y subrayó que los alcances del apremio surgen del régimen legal vigente y de los precedentes anteriormente citados.

Por último, en cuanto a las costas, manifestó que deberán ser impuestas a la demandada atento que no se cuestiona la constitucionalidad de la ley 11.373, y porque la vía intentada es la única posible ante el incumplimiento de la sentencia.

2. Citada de remate la accionada (f. 35) no dedujo excepción legítima al progreso de la acción, pese a estar debidamente notificada (f. 36), por lo que la demandante solicitó se dicte resolución (f. 36 vta.).

Asimismo, a foja 44 la demandada acompañó copia del decreto por el cual se emitieron los Bonos Previsionales a favor del actor por las diferencias de capital e intereses correspondientes al período consolidado.

Hecho saber esa circunstancia, la accionante peticionó que las costas del incidente de apremio se impongan a la demandada atento a las constancias de autos (f. 46 vta.).

Corrido traslado, la accionada lo rechazó, solicitando que los gastos causídicos se distribuyan en el orden causado en razón de que con anterioridad a la resolución del apremio dio cumplimiento a la sentencia mediante la colocación de los títulos públicos, la que no ha sido cuestionada.

Agregó que la situación es distinta de la presentada en autos "Tuljak" pues en esa causa al decidirse el apremio subsistía materia a resolver y evaluó que existió una situación de modificación legislativa que afectó el normal desenvolvimiento de la colocación de los bonos y que no puede, en las particulares circunstancias que se presentan, entenderse exagerado el tiempo insumido.

3. Corresponde hacer lugar parcialmente a la ejecución.

a. Liminarmente, debe afirmarse que aún a falta de oposición de excepciones por parte de la Provincia de Santa Fe, el ejecutante carece de legitimación para reclamar el importe de $ 106.148,16.

Efectivamente, como se desprende de foja 338 (Formulario FB3) de los autos principales ese monto debe reintegrarse a la A.N.Se.S. en concepto de importes de haberes indebidamente percibidos, tal como surge de la resolución del organismo previsional provincial de fojas 304/305 de los principales. Es que la restitución al recurrente de la esfera jurídica vulnerada, desde el punto de vista patrimonial, no puede ser más extensa que aquélla que le hubiere correspondido en caso de no haber existido el proceso, porque la garantía jurisdiccional consiste justamente en asegurarle al justiciable el mismo resultado que le hubiere proporcionado el cumplimiento voluntario de la obligación (Cfr. "Didoné", A. y S., T. 173, pág. 205; "Villagra", A. y S., T. 191, pág. 422).

b. Hecha esa aclaración, y respecto del saldo restante, surge de autos que la Provincia solo parcialmente lo ha atendido.

En efecto, la demandada abonó el importe de $ 436.113,51 mediante la colocación de títulos públicos, quedando un saldo impago de $ 35.000, cuya cancelación corresponde efectuarse en dinero en efectivo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4 de la ley 11373 y 3 del decreto reglamentario n 1413/96. Circunstancia ésta, considerada tanto por la actora al momento de reclamar su acreencia como por la propia ejecutada al confeccionar el formulario de foja 338 de los principales y dictar del decreto n 1159 que luce, en copia, a fojas 40/41 de este incidente.

En consecuencia, resulta claro que la deuda reclamada en el sub júdice resulta encuadrada en la normativa señalada y, de conformidad a sus términos debe ser abonada, tal como lo expresa la jurisprudencia uniforme de este Cuerpo en la materia (ver por todos A. y S., T. 137, pág. 78).

En esta dirección, cabe hacer extensivo lo expuesto en la causa "Marozzi" (A. y S., T. 161, págs. 290/301), en el sentido de señalar que las especiales exigencias que impusieron las leyes de emergencia "no están dirigidas únicamente a los acreedores sino también -y muy particularmente- al Estado Provincial cuyas mayores prerrogativas quedarían fuera del orden constitucional si las correlativas garantías de los administrados no fuesen rigurosamente respetadas".

"Es por ello que el natural apego de la Administración al ordenamiento jurídico, propio de un estado de derecho, deberá, en verdad, vigorizarse ante normativas que suponen mayores condicionamientos en aspectos vinculados a la eficacia de los derechos de los particulares".

Por lo tanto, por el monto impago, al no haber la demandada opuesto excepción legítima en el plazo legal, corresponde en los términos de los artículos 507, siguientes, concordantes y aplicables del Código Procesal Civil y Comercial (aplic. art. 92, ley 4.106) hacer lugar a la ejecución solicitada, de conformidad a la normativa vigente.

4. En cuanto a las costas, corresponde aquí también hacer una aclaración.

Respecto del importe por el que no procede la ejecución (ver punto 3.a. de estos considerandos), atento a que los fundamentos dados para su rechazo son aportados por el Tribunal, las mismas serán distribuidas en el orden causado.

Ahora bien, en cuanto el monto restante, serán soportadas por la ejecutada. Esa solución debe adoptarse por cuanto, aún en la mejor hipótesis para la postura de la demandada, esto es que haya cumplido en forma total con las obligaciones a su cargo, resulta decisivo lo dispuesto por el artículo 251 del Código Procesal Civil y Comercial, inciso primero (sup. apl., art. 23, ley 4106), que excepciona la regla de la imposición de costas al vencido en los supuestos en que medie allanamiento (implícito para el caso) y el mismo resulte tempestivo ("... dentro del término para contestar").

En la especie, y situándose en la hipótesis mencionada, si bien se ha producido el depósito, el mismo no ha sido tempestivo, pues no se ha operado en el término para oponer excepciones; debiendo, además, tenerse presente que la ejecutante no cuestionó el régimen de emergencia previsional sino que, por el contrario, adecuó al mismo su proceder (A. y S., T. 150, pág. 168).

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Ordenar se lleve adelante la ejecución por el saldo impago, de conformidad a lo expuesto en los considerandos que anteceden y a la normativa vigente, hasta que la parte actora se haga íntegro cobro del capital adeudado, con más los intereses calculados en base a lo dispuesto en el decreto 941/91. Costas por su orden en cuanto al reclamo de la suma de $ 106.148,16; y, respecto del resto del importe, a la demandada.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)