Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-04-09


NEUQUEN, 9 de abril de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ OBANDO MANCILLA JOSE PEDRO S/ APREMIO" (EXP Nº 447128/11) venidos en apelación del JUZGADO DE JUICIOS EJECUTIVOS NRO. 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia que hace lugar a la excepción de prescripción y rechaza la ejecución, se alza la parte actora. Se agravia por la fecha considerada por la a quo como de inicio del cómputo de la prescripción, ya que el fallo recurrido parte de la fecha de la sentencia del Tribunal de Faltas, omitiendo toda consideración al momento en que la sentencia contravencional adquirió carácter de definitiva.

Entiende que el art. 19 de la Ordenanza nº 8033 refiere a que los dos años del término prescriptivo corren a partir de que la sentencia es definitiva.

Congruente con esta interpretación, señala que la sentencia adquirió firmeza el 12 de marzo de 2010, conforme surge de la certificación obrante en su reverso, por lo que a la fecha de interposición de la demanda no se encontraba prescripta.

Agrega que para que exista sentencia definitiva, ésta tiene que encontrarse consentida y ejecutoriada. Cita jurisprudencia.

La demandada rebate los agravios de su contraria a fs. 38/39. Solicita que sean rechazados, confirmándose el pronunciamiento de origen, con costas a la recurrente.

II. Más allá de que el recurrente indica que el Juez se limita a citar antecedentes jurisprudenciales, sin detenerse a considerar las particularidades del caso, lo cierto es que no se indica en el recurso ni surge de las constancias de autos, en qué consistiría tal particularidad.

De hecho, la cuestión en conflicto se ciñe a determinar desde que fecha es computable el plazo de prescripción bianual, previsto en la Ordenanza Municipal aplicable al caso.

Y en este aspecto, los argumentos introducidos no critican en forma concreta a la razón de la decisión, la cual, además, encuentra correlato en la interpretación que de la normativa ha efectuado esta Cámara de Apelaciones.

En efecto, como señalara la Sala II: ".esta Cámara de Apelaciones ya ha interpretado la norma legal de aplicación, señalando que el plazo de la prescripción comienza a correr desde la fecha del dictado de la sentencia contravencional -interpretación que se corresponde con el texto del artículo en cuestión, que resulta suficientemente claro-, conforme lo pone de manifiesto la a quo, con cita de jurisprudencia de las Salas I y II." (cfr. "MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ MARANESI MANGANARO FRANCISCO S/ APREMIO", Expte. Nº 422379/10), habiéndose indicado en autos "MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ FLORES RODRIGUEZ CALIXTO S/ APREMIO" (Expte. Nº 307578-CA-4): ".Analizada la cuestión, se señala que esta Sala ya se ha expedido en fecha reciente (conf. PS 2005 N°66 T°III F°403/404 "MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ CUEVAS CORNELIO ALFREDO S/ APREMIO", Expte. Nº 307564-CA-4), basándose, a su vez, en un precedente de la Sala II (PS 2002 T IV F 736/737 N 198) en un caso análogo al presente. Se expresó entonces que, "de conformidad al texto expreso del art. 19, 2°) párr. del Código de Faltas - Ordenanza Municipal N° 8033/97-: "art. 19º): La acción se prescribe a los 2 (DOS) años de cometida la falta. La pena se prescribe a los 2 (DOS) años de dictada la sentencia definitiva...", el único acto que marca el inicio del cómputo del plazo de prescripción es el dictado de la sentencia definitiva.

"Si bien los jueces no tienen por qué considerarse sometidos al significado literal de las palabras de la ley, no existe peor técnica interpretativa que la que implica patente alteración del inequívoco significado de esas palabras, las cuales, mientras el texto lo consienta, han de ser tomadas en el sentido más obvio al entendimiento común" (LDT Autos: Bolaño, Miguel Angel c/ Benito Roggio e Hijos S.A. - Ormas S.A. Unión Transitoria de Empresas - Proyecto Hidra. Tomo: 318 Folio: 1012 Magistrados: MolinéO'Connor, Belluscio, Petracchi, Levene, Boggiano, López, Bossert. Abstención: Fayt. 16/05/1995).

Ello así, se advierte que los argumentos de la recurrente se compadecen con lo previsto en el Código de Faltas de la Provincia de Neuquen, capítulo V -De la prescripción de las acciones y de las penas- "art. 10: La pena se prescribirá si hubiere pasado un año desde la fecha en que la sentencia quedó firme...", que no es aplicable al caso." Siguiendo estos lineamientos, es claro que no asiste razón al demandado, lo cual, a su vez, encuentra fundamento en las propias consideraciones que efectúa.

III. En efecto: la Justicia Municipal de Faltas importa el ejercicio de función administrativa. Así lo ha consignado el TSJ: ". Contemporáneamente ha habido una revalorización de la trascendencia institucional del municipio, impulsado por la doctrina juspublicista y por los textos constitucionales provinciales sancionados a partir de 1958, al reconocerse a determinados municipios autonomía plena, sosteniéndose en algunos sectores que, en este marco institucional, la creación de un "poder judicial municipal" tiene amplias perspectivas de desarrollo (cfr. Spisso, Rodolfo R. "De la llamada justicia Municipal de Faltas (La imperiosa necesidad de su reforma)" La Ley 1988-B,98). Quienes así lo sostienen, indican que la programación de una judicatura municipal -para esta línea posible- exige que los respectivos textos constitucionales garanticen su independencia y la inamovilidad de sus magistrados, propias de los poderes judiciales de la Nación y de las provincias, y el reclutamiento de sus cuadros en base a un sistema que responda a los principios republicanos de igualdad de oportunidades y selección por la idoneidad (cfr. Sagües, Néstor Pedro, "Encuadre Constitucional de la Justicia Municipal de Faltas", J.A. 1986 -II- 872 op. cit.). Pero más allá de la posibilidad o no, de establecer un verdadero Poder Judicial en el ámbito municipal, lo cierto es que, del análisis efectuado de las disposiciones constitucionales y legislativas existentes en el ámbito local, no surge que la Justicia de Faltas de la ciudad de Neuquén pueda perfilarse en tal sentido, sino que, contrariamente, es un órgano administrativo. En efecto, más allá del grado de independencia con que los concejales municipales lo perfilaran a partir del dictado de la Ordenanza de Creación N° 1349/77, es claro, que el Tribunal de Faltas siempre se ha constituido en un órgano administrativo con funciones jurisdiccionales, enmarcado en la órbita de la administración municipal, circunstancia que excluye su inserción dentro del Poder Judicial como tal. Y ello es así, a poco que se advierta que, aún enfatizando la autonomía funcional, que la Carta Orgánica les confiriera, lo cierto es que su competencia se limita a la materia contravencional, siendo sus resoluciones recurribles, ante el Intendente Municipal, lo cual reafirma su naturaleza eminentemente administrativa. Así, el artículo 376 la Ordenanza 3149 dispone que "Contra las sentencias definitivas podrán interponerse los recursos de apelación y nulidad, los que se concederán con efecto suspensivo. El recurso deberá ser en relación y se interpondrá y fundará ante la autoridad que lo dictó, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de notificada la sentencia, expresándose agravios en el mismo acto. Elevándose de inmediato las actuaciones al Intendente Municipal". (Texto modificado por la Ordenanza 3795/88). Y en este sentido cobran relevancia los considerandos de esta última Ordenanza, en cuanto meritúan: "Que la acción administrativa que da origen al juicio de Faltas debe agotar la vía correspondiente, por lo que en grado de apelación y siguiendo el orden jerárquico corresponde expedirse al Intendente municipal... Los motivos expuestos en los considerandos son ajustados a derecho ya que debe agotarse la vía administrativa como paso previo para llegar a la sede judicial, lo cual implica que la autoridad máxima del Municipio debe resolver los recursos previstos en el artículo 376..." La circunstancia que las resoluciones dictadas por los Jueces de Faltas sean recurribles ante el Intendente Municipal y la revisibilidad judicial posterior a la instancia administrativa, ciertamente determinan que la posición de los tribunales municipales quede circunscripta a dicha órbita, y más allá del especial régimen de remoción que haya estatuido la Ordenanza de Creación, lo cierto es que, en modo alguno, podrá acordársele a este órgano naturaleza judicial.En conclusión, la función jurisdiccional del Estado es la que se vincula con la "decisión con fuerza de verdad legal de controversias entre partes, hecha por un órgano imparcial e independiente". Esta definición comprende dos elementos: uno material u objetivo, que se refiere a lo que la función es en su contenido (decisión con fuerza de verdad legal de controversias entre partes) y uno orgánico o subjetivo formal, que se refiere al órgano o poder que realiza la función (los jueces, órganos imparciales, independientes e inamovibles). La reunión de ambos elementos -el material y el orgánico- nos da la definición respectiva. (Cfr. en este sentido, Gordillo Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, cap. IX 13). Entonces, desde el aspecto material antes enunciado, el régimen jurídico propio de la función jurisdiccional es que la decisión pueda ser definitiva. Este extremo, como quedó expuesto, no se verifica en la función desarrollada por el juez de faltas municipal, de conformidad al régimen recursivo instaurado por las normas legales vigentes en el ámbito de la demandada, en la medida que sus resoluciones son pasibles de ser recurridas ante el órgano superior que ejerce la función administrativa -Señor Intendente Municipal- y agotada la vía en sede de la administración, los actos emanados de dicho funcionario son pasibles de ser cuestionados judicialmente ante este Tribunal por vía de la acción procesal administrativa. Por ello, su función se aleja de la jurisdiccional, enmarcándose dentro de la función administrativa."(cfr. Ac. 1091/5).

Y si la función ejercida es administrativa, en este esquema, el "acto definitivo" es el que resuelve sobre el fondo de la cuestión y "causa estado" el que es dictado por la más alta autoridad administrativa, en este caso, por el Intendente Municipal.

Coadyuva a esta interpretación la circunstancia de que el artículo 376 de la Ord. 3149/86 aplicada en este caso (cfr. sentencia de fecha 10/09/08), determinaba que "Contra las sentencias definitivas podrán interponerse los recursos de apelación y nulidad." (el subrayado es propio).

Nótese que, a partir de ello, la construcción que efectúa el recurrente carece de sustento lógico: si pueden interponerse recursos contra la sentencia definitiva, es claro que este término no puede ser interpretado como "sentencia firme", sino como aquélla que resuelve la cuestión de fondo.

Por lo tanto, debo concluir que, al referirse a la "sentencia definitiva", la normativa, en el contexto administrativo, no podría hacer referencia a que se tratara de una "sentencia firme", cualidad que -además- como ha señalado el TSJ en el pronunciamiento transcripto, no es predicable de las emanadas de los Juzgados de Faltas. Por lo tanto, las construcciones que intenta efectuar el recurrente, con base analógica en la definitividad del acto jurisdiccional por excelencia (la sentencia judicial) no son aplicables en este supuesto.

Por último debo indicar que tampoco nada se ha acreditado -ni siquiera concretamente alegado- sobre la interposición de recurso administrativo alguno, todo lo cual impide que esta Sala analice dicha hipótesis, puesto que está vedado a los jueces expedirse en abstracto.

Por estas consideraciones, propongo al Acuerdo desestimar el recurso de apelación deducido, confirmando la sentencia de grado en todo cuanto ha sido motivo de agravios, con costas al recurrente vencido. TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 23 y vta. en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPCC).

3.- Regular los honorarios profesionales de esta Instancia en las siguientes sumas: ..., (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.