Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100583 SALA II Expediente Nro.: 28.611/2002 (Juzg. Nº 40) AUTOS: "APREA DANIEL ANGEL Y OTROS C/ Y.P.F. YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES S.A. Y OTROS S/ PART. ACCIONARIADO OBRERO".

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 30 de MAYO de 2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar el recurso deducido en autos y para dictar sentencia defi-nitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Contra la sentencia dictada en la instancia ante-rior a fs. 400/408 que admitió -parcialmente- los reclamos salariales del escrito inicial, se alza la codemandada YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. a tenor del memorial que luce a fs. 431/446, que mereció réplica de la parte actora en los términos del escrito de fs. 452/453.

La codemandada mencionada se agravia porque la sentenciante rechazó la aplicación del plazo previsto en el art. 256 de la LCT al re-clamo de autos porque, a su entender, no puede desconocerse la naturaleza laboral del crédito. Refiere que el bono de participación en las ganancias previsto por el art. 29 de la ley 23696 constituye un concepto propio y exclusivo de la relación laboral y que, tal como lo dispone el art. 230 de la LSC, caduca con la extinción del vínculo laboral, por lo que, al no estar éstos vigentes, entiende que el derecho emanado de la aludida disposición se habría tornado abstracto. Argumenta que de estar a la fecha de egreso de cada actor, el reclamo fue interpuesto cuando había vencido el plazo bianual establecido por la LCT. Subsidiariamente, y para el supuesto de que no se hiciera lugar a la prescripción bianual, se agravia que no se haya declarado prescripto el reclamo del coactor Torres puesto que egresó en julio de 1991 e interpuso la demanda el 1/10/02. Cuestiona que se haya dispuesto condenarla al pago del beneficio estable-cido en el art. 13 de la ley 24145, sin haber evaluado los presupuestos esenciales para que los actores Gómez y Torres pudieran acceder al mismo, y en particular el motivo de la existencia de dicho beneficio ya que se previó para intentar disminuir los efectos negativos derivados de la pérdida como consecuencia de la privatización y los actores se desvincularon de la empresa, por mutuo acuerdo, con posterioridad a la aprobación de la venta del activo. Critica que se la condene por considerársela responsable de la emisión de los bonos pues la obligación surgía a partir de la propia ley 23696 y para ese entonces YPF SA ni siquiera existía. Entiende que la obligación emergente de la citada ley 23696 debía recaer sobre el Ministerio de Economía por encontrarse a cargo de YPF residual por ser el "ente a privatizar". Cita el precedente del Alto Tribunal en autos "Antonucci". Alega que no resulta responsable del dictado de ninguna norma ni reglamentación, lo que se traduce en una fatal de legitimación pasiva y que hasta tanto no fueron efectuadas las reglamentaciones pertinentes (Dec 1106/93 y Resoluc MTYSS 219/94) YPF SA jamás pudo haber distribuído bono alguno en las ganancias. Por otra parte, sostiene que al ser el decreto y reglamentación precedentemente aludi-dos posteriores al egreso de la totalidad de los actores, su parte nunca pudo estar obli-gada a cumplir con una obligación cuya reglamentación estuvo en cabeza exclusiva del Estado Nacional. Precisa que se ha incurrido en una errónea atribución de respon-sabilidad puesto que se la hace cargo de una omisión del Estado producida por la falta de reglamentación del derecho invocado. Dice que se la pretende condenar a distribuir sumas correspondientes a un período (1991-1993) en el cual el Estado fue quien de-tentó la propiedad del capital social y por ende de sus ganancias y que el bono de par-ticipación se implementó a partir del año 1994 en adelante y hasta la venta de las ac-ciones clase C, condición de caducidad de los bonos referidos que tuviera lugar en julio de 1997. Insiste en que respecto de los coactores y por el período reclamado nin-guna obligación pesaba sobre YPF SA y que cumplió cabalmente durante el período que correspondía (1994-1997) conforme estatuto social y reglamentación. Apela la imposición de las costas y actualiza la apelación deducida contra el auto que dispuso declarar la cuestión de puro derecho pues refiere que se ha prescindido de prueba que hubiese confirmado la falta de legitimación pasiva porque el Estado Nacional fue el que continuó como titular registral de la totalidad del capital accionario hasta el año 1993 y hasta el año 1997 de las acciones clase C y que siendo ello así depositó en el Banco Nación en una cuenta a nombre del Estado, las utilidades y los bonos de parti-cipación de las ganancias generadas por las acciones de su pertenencia. Recurre la tasa de interés fijada en el pronunciamiento de origen por entender que contradice lo dispuesto por la CNAT. II.	En orden a las cuestiones traídas al conocimiento de este Tribunal, corresponde por razones de orden lógico analizar en primer lugar los agravios en la forma que se expondrá en los considerandos que se detallan a continua-ción.

III.	En primer lugar, corresponde por imperativo procesal tratar los agravios vertidos a fs. 445 pto IV en orden a la cuestión de puro derecho. Al respecto, cabe señalar que no se adoptó en los presentes actuados decisión alguna al respecto y por ende, ningún recurso se dedujo en los términos del art. 110 en orden a ese tópico, razón que impone desestimar este aspecto de la queja.

IV.	Sentado ello, y de estar a los estrictos términos del memorial de agravios, cabe dar tratamiento a los agravios que formulara la code-mandada YPF SA contra lo resuelto en la sentencia apelada respecto a la excepción de prescripción interpuesta respecto al reclamo fundado en el art. 29 de la ley 23696 (ver fs. 434 pto I primer agravio) Sobre el punto, la sentenciante de grado anterior consideró aplicable el plazo decenal que prevé el art. 4023 del Código Civil, mientras que la recurrente sostiene que dicha norma no resulta aplicable en el sub lite en aten-ción a la naturaleza laboral del reclamo, argumentando que corresponde aplicar el plazo bienal que prevé el art. 256 de la LCT.

Al respecto, señalo que esta cuestión ha sido zanjada por el Fallo Plenario Nº 327 in re "Medina, Nilda Beatriz c/ Telecom Argen-tina S.A. y otro s/ Part. Accionariado Obrero" (14/2/2012) en el que se resolvió que "El plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos en favor de los trabajadores qu establece el art. 29 de la Ley 23696 es el previsto en el art. 4023 del Código Civil" (art. 303 CPCCN).

Sin perjuicio de señalar que dejo a salvo mi mi opinión personal contraria al criterio sustentado por la mayoría -a cuyo efecto y por razones de brevedad me remito a las consideraciones que expuse al votar como inte-grante de la minoría en el referido acuerdo plenario-, a la luz de la directiva que emana del art. 303 del CPCCN y el natural acatamiento a esa disposición normativa, me llevan a propiciar que este caso sea resuelto a través de la aplicación de la referida doctrina plenaria.

En consecuencia, y en atención a que la senten-ciante de grado aplicó el plazo de prescripción fijado en la doctrina plenaria preceden-temente citada, he de de propiciar la desestimación de este aspecto de la queja .

V.	El agravio vertido en torno a que no se haya de-clarado prescripto el reclamo del coactor Torres porque egresó en julio de 1991 y la demanda se interpuso el 1/10/02 no puede tener favorable acogida.

Ello así por cuanto de estar a lo decidido por la sentenciante a fs. 407 segundo párrafo el reclamo de la coactora Trinidad Torres fue rechazado en virtud de la fecha de egreso de la demandada (julio de 1991). Repárese que fue respecto del coactor Pablo Torres que no fue declarado prescripto su crédito por cuanto su fecha de egreso databa de febrero del 93, circunstancia ésta que, de es-tar a las consideraciones precedentemente expuestas, resultaba ajustada a derecho.

VI. La crítica efectuada a fs. 437 vta respecto a la con-dena a abonar el beneficio establecido en el art. 13 de la ley 24145 a los coactores Carlos Gomez y Pablo Torres con sustento en que rige la cosa juzgada no puede pros-perar: Hago esa afirmación porque, tal como lo sostuve al votar como vocal subrogan-te de la Sala X de esta Cámara en autos "Renovales, Ricardo Oscar C/ Peugeot Ci-tröen Argentina S.A. S/ DESPIDO" (S.D. Nº 14.839 del 16-12-06, del registro de la Sala X), en casos como el presente, lo pactado y homologado no puede extender sus efectos a aspectos no tenidos en cuenta en el marco procesal en que la homologación se verificó.

Paso a explicar mi posición.

VI. a) La falta de vigencia del Plenario "Lafalce".

Señalé en la citada causa "Renovales" que, como bien lo apuntara primeramente el Dr. Julio C. Simón, integrando la Sala V, en autos " "Vivas, Miguel A. c/ Peugeot Citroën Argentina SA" (C.N.A.T., Sala V, sentencia del 19-5-06, publicada en revista T. y S.S. 2006-541), el Plenario "Lafalce" no se encuentra vigente como tal, y por ende, no es de acatamiento obligatorio, ya que fue dictado con anterioridad a la sanción de la ley 20.744.

Como es sabido, los fallos plenarios tienen natu-raleza interpretativa de una norma legal y "Lafalce" constituyó la interpretación que la C.N.A.T. efectuó de los alcances de las transacciones en los términos de los arts. 834 y concs. del Código Civil y sus efectos eventuales para la excepción de cosa juzgada en el marco de lo previsto por los arts. 57 y concs. del decreto 32.347/44 de procedimiento laboral.

La interpretación que la mayoría de los integrantes de la Cámara efectuara de esos preceptos para la transacción de créditos de origen laboral no puede, a mi juicio, aplicarse analógicamente a situaciones regidas por una regla jurídica específica y expresa como el art. 15 LCT dictada con posterioridad y de texto diferente, o al menos no puede hacerse con carácter obligatorio en los términos del art. 330 CPCCN.

Así lo resolvió, por ejemplo, la Sala VI de esta Cámara, en fallo suscripto por los doctores Capón Filas y Morando, estableciendo que el art. 15 de la LCT derogó tácitamente la doctrina del plenario 137, en tanto limita la validez de los acuerdos (S.D. Nº 27.495 del 20-10-87, en autos "Bondar, Jorge M. y otro c/ Gómez Ferran Interamericana SA).

Hecha esta aclaración preliminar, añadiré, igual-mente que, aún de suponerse vigente la doctrina plenaria de marras, la creo inaplicable al caso de autos.

b) Inaplicabilidad de la doctrina plenaria a los acuerdos homologados administrativa-mente.

Tal como también lo apuntara el Dr. Simón, la doctrina del mencionado fallo plenario -aún de suponerse su vigencia o de postularse su proyección por analogía a casos regidos por el art. 15 LCT- tampoco sería útil para examinar los efectos de acuerdos celebrados ante la autoridad administrativa y por ésta homologados, toda vez que, como bien lo dejaran puntualizado los votos del Procura-dor General Folchi y del recordado Justo López (quien, cabe destacarlo, votó en forma negativa junto a Amadeo Allocati y Juan C. Goyena), se llamó a plenario "a fin de re-solver el problema de si existe cosa juzgada en juicio posterior donde se reclama un crédito no demandado en el juicio conciliado" (del voto del Dr. Folchi) y el presupues-to del debate zanjado por el Plenario era "un acuerdo conciliatorio en sede judicial" (del voto del Dr. López).

c) Crítica a la doctrina plenaria sentada en "Lafalce".

Más allá de la falta de vigencia y de la inaplicabi-lidad de este Plenario al subjúdice, no creo ocioso memorar que, desde hace años criti-co tal doctrina y las resoluciones que admiten expandir los efectos de la cosa juzgada de un acuerdo transaccional sobre rubros no reclamados, ya que no se compadecen con la irrenunciabilidad propia del derecho laboral (doctrina arts. 12, 15 y concs. LCT) ni con los alcances que cabe dar al acto de homologación.

En efecto, como lo sostuve al comentar el art. 69 en la obra dirigida por el maestro Amadeo Allocati, Ley de Organización y Procedi-miento de la Justicia Nacional del Trabajo, comentada, anotada y concordada (Edito-rial Astrea, Buenos Aires, 1999, 2da. Edición, T. II, págs. 84 y stes.), si en un pleito se discuten determinados conceptos salariales o indemnizatorios, la conciliación y el acto de homologación (y su consiguiente efecto de cosa juzgada) no pueden recaer más que sobre las cuestiones propuestas en la etapa informativa del pleito (demanda y réplica, si la hubo). El principio de congruencia, por añadidura, veda una actuación diferente, al imponer al judicante el límite de lo propuesto por las partes, y que conforma el thema decidendum del cual no puede excederse. La homologación, en definitiva, sólo reem-plaza la sentencia, pero se rige sin dudas por iguales normas.

Por eso, aquella frase del trabajador renunciando, en el marco global del acuerdo, a acciones no ejercitadas, no debería tener los efectos analizados.	Es indudable que la cosa juzgada de origen transaccional recae sobre lo que fue materia de resolución homologatoria en el marco del acuerdo, y los rubros no reclamados no pudieron, por ende, ser valorados en dicha oportunidad.

De allí que, la homologación no puede recaer, sin contradecir las pautas del art. 15 de la LCT, sobre puntos no propuestos en la causa judicial o, como en autos, en el reclamo administrativo y sobre los que medie oposición del reclamado, ya que sin elementos de juicio suficientes, no podrá saber el juez o fun-cionario administrativo si media litigiosidad sobre el derecho y, en tal caso, si se verifica con la transacción la justa composición de los derechos e intereses de las partes exigida por la norma legal, ni si se vulneran normas de orden público, o se soslayan derechos innegociables.

d) Improcedencia de la intervención homologatoria cuando no media conflicto conten-cioso.

Por otro lado, tal como lo sostuvo esta Sala, con mi voto y el acompañamiento de la Dra. Graciela A. González, en autos "Dellepiane, Gilberto Mario C/ Disco S.A. y otros S/ Accidente-Acción Civil" (S.D. Nº 94.852 del 16-3-07, del registro de esta Sala II), no corresponde que la autoridad administrativa del trabajo homologue en los términos del art. 15 LCT pactos entre las partes del con-trato de trabajo que reglan derechos y obligaciones pero sin dirimir controversias liti-giosas.

De las constancias de autos se desprende que los actores e YPF S.A. celebraron un acuerdo rescisorio del vínculo laboral en los términos del art. 241 de la LCT, formalizado ante el Ministerio del Trabajo de la Nación, (ver fs. 342 y 343).

En esos mismos pactos convinieron que YPF S.A. pagaría al trabajador una suma de dinero cancelatoria de los resarcimientos de los arts. 232/233 y 245 LCT, a la par que de cualquier otro crédito o diferencia salarial que pudiere corresponderle al dependiente y nacido de la relación laboral.

De acuerdo a estos hechos, no se advierte que existiese controversia o conflicto alguno. Todo lo contrario, del documento aludido surgiría que ambas partes pactaron, de común acuerdo, rescindir el contrato de trabajo con la cláusula adicional del reconocimiento de una suma de dinero imputada a los ru-bros propios de un despido sin justa causa.

A mi juicio, para tal objeto jurídico bastaba con un acta notarial, como lo autoriza el art. 241 de la LCT.

Como el demandante, al menos a juzgar por dicho instrumento, no reclamó el pago de concepto alguno que considerara que se le adeuda-re, ni la empresa manifestó oponerse a ese inexistente reclamo, simplemente no había controversia ni conflicto y la intervención de la autoridad administrativa no se justifi-caba, habiendo actuado, al homologar el pacto del art. 241 LCT y sus cláusulas adicio-nales, fuera de su competencia legal.

Pero, más allá de esta extralimitación de la auto-ridad administrativa, lo cierto es que no ha mediado un reclamo o pretensión del aquí reclamante, puesto que concurrió a acordar su desvinculación laboral y pactó, además, recibir la suma ya aludida.

Consecuentemente, si nada había reclamado el trabajador, a nada podía oponerse la empresa y no había conflicto, con lo que no hubo "una cosa juzgada" que luego impidiese plantear una demanda judicial.	Por lo mismo, aún cuando se aceptase la homolo-gación dictada, ésta no podría alcanzar a rubros o conceptos que, como lo puntualizaba Allocati en el voto antes mencionado, no habían sido introducidos en el expediente administrativo.

Adviértase que en autos no fue invocado por la excepcionante que en el documento del acuerdo el hoy demandante hubiese materiali-zado reclamos de ninguna clase ni que, en particular, hubiese manifestado tener dere-cho a la participación accionaria reclamada en estos actuados judiciales.

Por ende, ese eventual reclamo mal pudo ser teni-do en cuenta para acordar por parte del trabajador, ni por la autoridad administrativa para evaluar las bondades de la homologación con las pautas del art. 15 de la LCT.

Por todas estas razones, opino que la irregular homologación dictada por el Ministerio del Trabajo en la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de trabajo con reconocimiento de una suma dineraria no puede extender sus efectos a reclamos no mencionados en el trámite en que tal acto administrativo se dictó, así como que la cláusula que veda al trabajador plantear reclamos posteriores ("nada más tendrá que reclamar.") es inoperante frente a la regla del art. 12 de la LCT.

Por ende, propicio desestimar la queja y confirmar lo decidido por la instancia del grado.

V.	La codemandada YPF SA se agravia, por otra par-te, de la condena impuesta como consecuencia de considerarla responsable de la emi-sión de los bonos de participación en las ganancias establecidos por el art. 29 de la ley 23.696. Señala que si la sentenciante consideró que la obligación surgía desde el dicta-do de la ley 23.696, ésta no podía recaer sobre su representada sino sobre el Ministerio de Economía a cargo de YPF residual, ente en liquidación y según la ley 23696 "ente a privatizar". Entiende que resulta errónea la atribución de responsabilidad a YPF SA, en particular por la falta de reglamentación del derecho invocado.

Al respecto, señalo que la temática debatida no resulta novedosa habiéndose expedido la Sala en los autos "Encina, Ramón Fidel y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art.29 de la ley 23.696" (sent.92267 del 30/12/2003), donde se puso el acento en la norma que funda-menta el reclamo, que es el art.29 de la ley 23.696 y que reza: "En los Programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el art.230 de la Ley 19.550. A tal efec-to, el Poder Ejecutivo Nacional podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley. Cada empleado, por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en las ganancias determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia".

Del texto transcripto surge inequívoca la dispo-sición legal de crear en cabeza del empleador la obligación de emitir los bonos de par-ticipación desde el mismo momento en que fuera declarado "ente a privatizar", lo cual resulta corroborado mediante el decreto 2778/90, con vigencia a partir del 1/1/91, cuando en el art.2º, último párrafo, establece que "a tal fin (el de la transformación global) se la declara (a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado) com-prendida en los términos de los arts.8º y 9º de la ley 23.696", vale decir, sujeta a pri-vatización o "ente a privatizar", dentro de la terminología empleada por el art.29 de la ley de reforma del Estado.

Esta interpretación también ha sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Antonucci c/ Y.P.F. S.A. y otro" (del 20/11/2001), al remarcar que la ley 23.696 expresara un verdadero sistema destinado a la transformación del Estado destacando en el considerando 6to. que, el decreto 2778/90 dispuso la transformación de Y.P.F. en una sociedad anónima, su inclusión entre las "sujetas a privatización" en los términos de los arts.8 y 9 de la ley 23.696 sometiendo al ente a las previsiones de la ley 19.550, agregando el Alto Tri-bunal que la inteligencia de las normas se halla corroborada además, por la ley 24.145, en tanto convalida lo dispuesto por el decreto 2778/90, que importa otorgarle jerarquía de ley a la norma dictada por el P.E.N. y retrotraer sus efectos a la fecha de su vigencia.

En consecuencia, la obligación de la empleadora surgía a partir de la propia ley 23.696 y no se hallaba condicionada a la instrumenta-ción de ningún programa en tanto nacía desde el momento en que se la declarara sus-ceptible de privatización (ver -entre otros- Sent. Def. n° 94.296 de fecha in re "Zena-villa De Veliz, Ramona Arminda y otros C/ Ministerio De Economía y Obras y Servi-cios Públicos y Otro S/ Art.29 Ley 23.696"del registro de esta Sala) y la circunstancia de que se pagaran a los empleados que se mantuvieron en la empresa sumas imputadas a "bonos de participación en las ganancias" constituye el reconocimiento del derecho invocado y no invalida la pretensión de aquellos que hubieran cesado, sobre los ejercicios previos impagos desde 1991 hasta el momento del cese laboral desde que, la remisión a la caducidad a la que alude el art.229 de la ley 19.550 por la extinción del vínculo laboral, alcanza sólo a los derechos ulteriores y no afecta los créditos devengados, en virtud del carácter declarativo de la sentencia de condena, por lo que cabe desestimar este aspecto de la queja.

VI.	La recurrente YPF SA cuestiona los intereses fi-jados en el pronunciamiento apelado con fundamento en que la sentenciante dispuso la aplicación de la tasa activa desde la exigibilidad de cada crédito.

A mi juicio se impone desestimar la queja, por cuento ello no se condice con las constancias de autos. Repárese que la sentenciante aplicó la tasa activa no desde la fecha de exigibildad de cada crédito como manifiesta la apelante sino desde el 1° de enero de 2002, ello de conformidad con lo decidido por esta Cámara en el Acta 2357.

VII. Se agravia, en forma subsidiaria, de la imposición de costas por las acciones que progresaron, ello con sustento en una errónea interpre-tación de las normas. Al respecto cabe señalar que comparto la solución adoptada por la sentenciante de grado anterior quien se ciñó a aplicar la regla básica en la materia, derivada del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN). En efecto, no advierto en la causa elementos que lleven a apartarse de tal directriz, por lo que habiendo re-sultado vencida en lo principal corresponde rechazar la queja y confirmar la sentencia de grado en torno a tal tópico.

Por los mismos fundamentos, cabe fijar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art. 68 CPCCN).

A su vez y , con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la actora y de la codeman-dada YPF SA, propongo que se regulen los honorarios por sus actuaciones, en el 30% y 30% respectivamente, de la suma que les corresponde a cada una de ellas por la to-talidad de lo actuado en la instancia anterior.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Mi-guel Á. Maza por análogos fundamentos, con la siguiente aclaración: sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión personal en el sentido de que -a mi entender- los acuerdos suscriptos en sede administrativa, homologados por la autoridad de aplicación con arreglo a lo dispuesto en el art. 15 de la LCT, tienen efectos plenos; y a la luz de la doctrina que emana del acuerdo Plenario Nro. 137 "Lafalce, Angel c/ Casa Enrique Schuster SA", obstan a todo reclamo posterior como el que aquí se dedujo, lo cierto es que esta Sala, en su actual integración y en virtud del criterio de la mayoría que surge patentizado en los votos de los Dres. Maza y González, entiende que no cabe asignarle a los acuerdos como los suscriptos en autos el alcance de cosa juzgada (ver, esta Sala, Sentencia Interlocutoria Nro. 55315 del 26/4/07 in re "Cruz, Bernardo Os-car c/ YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA s/ Part. Accionariado Obrero").

En tal marco, dado que mi colega propició la desestimación de la cosa juzgada pretendida por la accionada, y en la inteligencia que mi postura no ha de ser aceptada, por razones de economía y celeridad procesal, ad-hiero en este aspecto al voto que antecede, con la aclaración recién efectuada.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de agravios y apelación 2) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio le-trado de la parte actora y de la codemandada YPF SA, por las tareas de Alzada, en el 30 y 30% de lo que les corresponda percibir a cada una de ellas por su actuación en la instancia anterior	Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Miguel Ángel Maza	Juez de Cámara Juez de Cámara