marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procesos de conocimiento, daño ambiental, telefonía celular, exención de costas, gratuidad del procedimiento, acceso a la justicia
Materia: MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: Asociación Inquietudes Ciudadanas c/ GCBA y otro  s/ inc. apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-02

Asociación Inquietudes Ciudadanas promovió demanda de daño ambiental de incidencia colectiva, en función de determinadas instalaciones de antenas de telefonía celular efectuadas por Telefónica Móviles Argentina S.A. (TMA). En tal marco, requirió que se la eximiera del pago de las costas del pleito, en los términos de los arts. 53 y 55 la ley 24.240. En primera instancia, tal "gratuidad del proceso judicial" resultó admitida, pese a que la actora no detentaba la calidad de asociación de consumidores reclamada por el plexo normativo citado. Para así decidir, recalcó que el objeto de su pretensión - demostrativo de su actuación en defensa de intereses colectivos relacionados con la preservación, mantenimiento y remediación del medio ambiente- permitía extender al caso las conclusiones establecidas por la Corte Suprema en el precedente "ADDUC" (Fallos: 344:2835). A renglón seguido, enfatizó que el art. 32 de la ley 25.675 disponía que el acceso a la jurisdicción por razones ambientales "no admitirá restricciones de ningún tipo o especie". Apelada tal decisión por TMA, la sala revocó el temperamento adoptado por el inferior, en el entendimiento de que la ley 24.240 y los pronunciamientos de la Corte federal sobre el punto únicamente habían conferido legitimación a las asociaciones de consumidores y usuarios -y no otras- para litigar en procesos colectivos gozando del beneficio de gratuidad. Por lo demás, puso de relieve que la redacción del art. 32 de la ley 25.675 no hacía referencia expresa a la gratuidad del litigio; circunstancia que - atento su contrapunto con la ley 24.240- vedaba la posibilidad de extender los alcances del cuerpo legal más favorable al más restrictivo. Máxime cuando, frente a la existencia del instituto del beneficio de litigar sin gastos (cfr. art. 78 y sigs., CPCCN), no se vislumbraba valladar alguno en la especie al "acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales".
Daño moral, monto de la indemnización, accidente de tránsito, lesiones culposas
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: SARDO ROBERTO s/ INDEMNIZACION  -  DAÑO  MORAL  -  ACCIDENTE  DE  TRANSITO  - LESIONES  CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-07-01

Para determinar el daño moral que corresponde a la víctima del accidente se debe tener en cuenta la edad, el dolor, la angustia y sufrimiento padecidos a consecuencia del accidente, el prolongado lapso de curación que demandó el tratamiento de las lesiones, las lesiones físicas -incapacidad laborativa parcial y permanente del 35% de la total obrera- como psíquicas que dejaron al damnificado las mismas, como así también lo prescripto por el art. 1078 del C.

Civil.-
Ejecución de sentencias contra el Estado, honorarios, carácter alimentario, suspensión de juicios contra el Estado
Materia: CIVIL
Carátula: LERA, ENRIQUE VICTORIO c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-19

El Tribunal considera que si bien algunos de los honorarios aquí involucrados superan el monto al cual otorgar naturaleza alimentaria, corresponde atender a la porción de aquéllos que revista tal carácter estimándose prudencialmente que el monto por el cual resulta exceptuada la suspensión dispuesta por la Ley 23.696 alcanza a la suma actual 30.000.000 para los honorarios de cada uno de los profesionales y peritos intervinientes, debiéndose mantener actualizado dicho valor para la época de su efectiva percepción, computándose como pauta objetiva orientativa la que el Poder Ejecutivo Nacional sostuvo oportunamente a través del Procurador General del Tesoro consistente en considerar el mínimo no imponible para la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, sin cargas de familia. (conf. doctr. circular N. 1/89).
Cuestiones prejudiciales, ley de orden público, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Richard, Jorge c/ B.C.R.A. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

Tratándose el artículo 1.101 C.C. de una norma de orden público reguladora de la competencia judicial que debe ser aplicada, por lo tanto, de oficio por el Juez civil que toma conocimiento de la acción criminal, su incumplimiento apareja la nulidad de la sentencia dictada en tales condiciones, por imperio de lo prescripto en el artículo 18 C.C. .
Cuestiones de competencia, jubilaciones, diputados nacionales
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sanmartino, Roberto Edmundo c/ E.N.    (Honorable  Cámara  de  Diputados de la Nación y  S.U.S.S. ) s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-10

Es competente el fuero Contencioso Administrativo Federal y no la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la demanda de un legislador nacional jubilado contra la Cámara de Diputados de la Nación y el S.U.S.S. , a fin de que se incremente el haber de pasividad que percibe en la actualidad, de manera que equivalga al 85% de la remuneración de un legislador en actividad.
Concursos, bien de familia, desafectación del inmueble (civil), igualdad entre acreedores
Materia: COMERCIAL
Carátula: JARAK, VIDOJE s/ QUIEBRA - Acción DE REVOCATORIA CONCURSAL (ORDINARIO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-28

La desafectación como bien de familia de un inmueble del fallido debe beneficiar a la totalidad de la masa, pues con base en los principios de universalidad e igualdad de los acreedores concursales, no corresponde limitar los efectos de la inoponibilidad únicamente a los acreedores de causa o título anterior a la afectación.
Pago, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cisneros, Rubén Orlando c/ Saavedra, Ricardo y otro s/ Demanda por escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

Los recibos de pago emitidos por un tercero no autorizado para percibir al pago, carecen de entidad para probar que la totalidad del precio se hizo efectivo al acreedor. Ello no varia por la circunstancia de que el tercero se atribuyera la calidad del gestor, pues al no haber sido ratificada tal actuación la misma carece de eficacia (arts. 1869, 1873, 1874, 1881 inc. 1, C. Civil).
Derechos humanos en la administración de justicia, derecho a la vivienda digna, violencia familiar, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: N. M. C. y otro c/  s/ s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: N. M. C. c/ GCBA y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-13

Si el agravio que busca apoyo en el art. 20 inc. 3 de la ley n° 4036 no fue abordado por los jueces de mérito, sin que la recurrente muestre que la omisión resultó arbitraria pues no lo propuso en esa instancia; no puede ser tratado en ésta, puesto que no opera como originaria. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Plan de ahorro previo, seguros, incumplimiento del contrato, carga probatoria dinámica
Materia: COMERCIAL
Carátula: Rojas, Angela Filomena y otros  c/ Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados  s/ materia a categorizar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-24

Cierto es que tanto la administradora del sistema (VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS) como el concesionario vendedor del plan de ahorro (en este caso ALRA SUR S.A.) deben velar y asegurar el adecuado funcionamiento de la operatoria para preservar el cumplimiento integral de las prestaciones asumidas, la administradora no puede evadir su responsabilidad, ya que ella ha actuado con inexcusable negligencia en controlar idóneamente a quienes comercializan sus planes, por manera que si los actores afirman que fue comunicado el fallecimiento a la agencia vendedora ALRA SUR S.A, en tanto elegida para contratar con el causante, no puede ser considerado que el solo desconocimiento de ese hecho, ponía únicamente en cabeza de los actores la carga de gestionar la prueba concreta al respecto, pues como bien lo ha señalado la jueza en la sentencia, soy de opinión que aquí resulta aplicable el principio de las cargas probatorias dinámicas por estar la demandada en mejor condición para probar cuándo fue recibida por su concesionaria vendedora del plan de ahorro la denuncia de fallecimiento por parte de los herederos de Ortiz (carga probatoria dinámica, art. 34.5.d cód. proc.; ver doctrina legal, búsqueda integral en JUBA online con las voces carga dinámica prueba SCBA).
Secuestro de personas, prisión preventiva, recurso de queja (procesal), reenvío
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Solórzano, Nelson Fabián s/ Recurso de Queja interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra del Auto Interlocutorio Nº 67/2013 en causa Expte. Letra D Nº 133/12 - Delgadino, Facundo y otros - p.s.a. Privación Ilegítima de Libertad coactiva agravada por muerte intencional en calidad de coautores
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-18

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos no hizo lugar al recurso de apelación deducido por el representante técnico del imputado S. contra el auto interlocutorio dictado por el Juez de Control de Garantías, con relación a la solicitud y dictado de prisión preventiva del imputado S. por el delito que le es atribuido, en calidad de coautor: secuestro coactivo agravado por el resultado: muerte dolosa (art. 142 bis, primer párrafo, primer supuesto y penúltimo párrafo, y 45 del Código Penal).

Contra esa resolución, el defensor del imputado había interpuesto recurso de casación cuya denegación por dicha Cámara dio lugar a la presente queja.

En la resolución en examen, la Cámara de Apelaciones, por unanimidad, declaró formalmente inadmisible el recurso de casación (arts. 455 y 458 y 441 del C.P.P.) por considerar que la presentación no se adecuaba a lo establecido en los incs. 1º y 2º del art. 454 del ritual y en el entendimiento que ese tribunal había dado razones válidas para decidir en el sentido que lo hizo al resolver la apelación, por lo que lo resuelto no causaba gravamen irreparable alguno que autorizara su revisión por la vía de la casación.

Es sabido que la competencia de esta Corte de Justicia, en la Queja, se circunscribe a juzgar el examen de habilitación de la instancia casatoria practicado en la resolución impugnada, para decidir si el recurso de casación fue bien o mal denegado por el tribunal a quo (art. 472 del C.P.P.).

En esa faena, observa el tribunal que los fundamentos invocados en la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación, más que a esa decisión, pretenden justificar la decisión sobre la apelación; y si bien es reseñado el agravio del recurrente, vinculado con la falta de tratamiento adecuado de la peligrosidad procesal, cierto es también que en la resolución en examen no se encuentran explicitados de manera suficiente los motivos por los que fue vedado el control por esta Corte de la confirmación por esa Cámara de la prisión preventiva del imputado S.

Por las razones dadas, considerando que, por la materia de que se trata, la cuestión no podrá ser revisada con pareja eficacia en oportunidad posterior, la queja debe ser acogida y remitidas de inmediato las actuaciones por el tribunal a quo para el tratamiento del recurso de casación.
Fallos de la Corte Suprema, competencia federal, Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo, interdicto de recobrar, daño ambiental
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Pons, Pedro Alejandro y Otros c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Interdicto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-29

Debe continuar conociendo la justicia federal en el interdicto de recobrar un inmueble ubicado en jurisdicción bonaerense en virtud de una orden de allanamiento y posterior desalojo dispuesto por aquella en el marco de la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)" pues el reclamo tendría una relación -directa o indirecta- con el programa integral de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuyo control se encuentra precisamente a su cargo, ya que involucra la recuperación de un terreno que habría sido despojado con la finalidad de liberar el camino de sirga del Riachuelo.
EL SALVADOR, medidas urgentes, medidas de seguridad y protección, derecho a la integridad física, MINISTERIO DE DEFENSA, daño irreparable
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Medidas Provisionales respecto de El Salvador a favor de Adrián Meléndez Quijano y otros S/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2007-05-12

Puesto que durante la vigencia de las medidas urgentes dictadas con anterioridad respecto de El Salvador por el Presidente de la Corte Interamericana - 23 de marzo de 2007-, sus beneficiarios resultaron objeto de vigilancias y seguimientos, la situación de extrema gravedad y urgencia persiste agravándose con posible irreparabilidad de daños a los derechos a la vida e integridad personal del funcionario del Ministerio de Defensa Nacional -y sus familiares-, que denunció al Ejército Salvadoreño por presuntas violaciones a los derechos humanos
Divorcio, adulterio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Broslawski, César c/ Fernandez, Marcela s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-23

Aún cuando el adulterio no haya sido la causal invocada para obtener el divorcio, puede el juez habiéndose acreditado tal extremo durante la sustanciación del proceso, decretar el divorcio por tal motivo (art. 163 del CPCC). Resulta posible la alegación de nuevos hechos aunque versen sobre causales diferentes a las imputadas al accionar, siempre que ello ocurra en la etapa procesal pertinente y de acuerdo a las normas que reglan la materia.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, quiebra, domicilio del deudor, concursos, orden público, prórroga de la competencia
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: Venciano, Ismael s/ concurso civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

La Ley de Concursos es de orden público y no admite la prórroga de jurisdicción por parte del tribunal que debe entender en ella.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, transacción
Materia: PROCESAL
Carátula: RECALDE, LUIS ALBERTO (H) c/ CONSTRUCCIONES  ARGENTINAS Y  VIVIENDAS    S.A.C.I.F.    -  BANCO DE GALICIA Y BS. AS.  S.A. s/ RESOLUCION    -   NULIDAD  DE  CONTRATO  DE  COMPRAVENTA  -  GARANTIA  HIPOTECARIA Y  VIVIENDAS    S.A.C.I.F.    -  BANCO DE GALICIA Y BS. AS.  S.A. s/ RESOLUCION    -   NULIDAD  DE  CONTRATO  DE  COMPRAVENTA  -  GARANTIA HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1990-10-04

Atento la parte recurrente - actora - comunica en la instancia de apelación - Cámara - que se arribó a una transacción con la letrada contraria por los honorarios reclamados, se desprende que esa presentación constituye un acto incompatible con su voluntad impugnatoria por lo que resulta inoficioso un pronunciamiento en el recurso extraordinario interpuesto. Cabe atribuir pues a tal manifestación del actor el carácter de una renuncia o desistimiento tácito del recurso traído a este Tribunal, en los términos de los arts. 873, 915 y 918 del C.C..
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: RAINLY   SA c/ LINDSAY  INTERNATIONAL  SALES  CORPORATION s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-12

Cabe rechazar el planteo de caducidad articulado, toda vez que si bien desde la cédula de notificación hasta el acuse ha transcurrido el plazo previsto por el cpr: 310-2°, sin embargo la actora habia solicitado la elevación del expediente a la cámara para el tratamiento de las apelaciones y la providencia dictada en consecuencia omitió toda consideración sobre el particular. Frente a tal situación, y dado que el trámite de segunda instancia "estuvo pendiente de una decisión" que no se dicto por "omision imputable al tribunal de primera instancia", no existe caducidad del trámite de alzada (cpr: 313-3°).
Procedimiento administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Heimpel Garnica, Norma Delia c/ Provincia del Chubut y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-25

Podemos hablar de dos sistemas conocidos de control jurisdiccional de la Administración Pública: el de jurisdicción única, que reclama gran parte de los doctrinarios, en que la competencia de control está atribuida al Poder Judicial, y el de doble jurisdicción que distribuye la competencia entre Tribunales judiciales y administrativos, constituyendo esta última una llamada "jurisdicción primaria".
Cuenta corriente bancaria, juicio ordinario posterior
Materia: PROCESAL
Carátula: Diantina, Félix c/ Blackie, Martín s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-11-07

El saldo de cuenta corriente bancaria tiene fuerza ejecutiva en los términos del art. 793, apart. 3 del Código de Comercio. En tanto que es otorgado con firma conjunta del gerente y contador del banco y es autónomo, es decir, que se basta a sí mismo; de manera que la discusión de los saldos referida a errores o abusos en que hipotéticamente pudiera haber incurrido la entidad bancaria, sólo podrá ser subsanada en el juicio ordinario posterior previsto por el art. 553 del Código Procesal.
Abogados, aportes y contribuciones previsionales, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, deberes del juez, integración de la litis, intervención de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: RUIZ NILDA CONCEPCION c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-18

El artículo 80 de la Ley 1181 de creación de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) dispone que "...los Jueces y Tribunales, deben informar a la Caja cuando los procuradores o abogados omitan acreditar el pago del Derecho Fijo previsto en el inciso 4 del artículo 62 y de la contribución prevista en el inciso 3 del mismo artículo...".

Si bien los procesos en los cuales los letrados intervienen en carácter de patrocinantes o apoderados no son el ámbito adecuado para discutir la procedencia o improcedencia de la aplicación de la Ley 1181 ni lo concerniente a la situación jurídica existente entre ellos y la CASSABA, ello no obsta a que, en su caso, los letrados efectúen ante dicha entidad el descargo o reclamo que estimen pertinentes.

En efecto, si aquellos entienden que no están alcanzados por la normativa en cuestión cuentan con las vías pertinentes -que difieren, claro está, de la promoción de incidentes en cada uno de los juicios en los que intervengan, dado que incluso cuentan con la vía prevista en los artículos 90 y siguientes de la propia ley- para dirimir tal situación.

En consecuencia, en dicho supuesto, no corresponde ordenar la citación para integrar la litis con la CASSABA.
Seguros, seguro de transporte, transporte de pasajeros, emergencia económica, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CHACON DE ANDINO, A. c/ ROCA, Norberto L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

Al no advertirse circunstancias excepcionales que hicieran imposible el cumplimiento de los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, surge evidente la inconstitucionalidad formal del decreto 260/97, lo que torna innecesaria cualquier otra consideración sobre las razones que determinaron su dictado, sus efectos, sin que resulte precisa la confrontación con las garantías constitucionales lesionadas, en tanto existe un vicio de gestación que lo reduce a la nada.
Conflicto de poderes, gobierno municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Burgo, Marta y otros c/ Concejo Delib. de Guaminí s/ Conflicto art. 196 Const. prov. Agugliardo, Víctor R. y otros c/ Concejo Deliberante de Brandsen s/ Conflicto de poderes art. 196 Const. Prov. y 262 L.O.M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11|2002-02-06

Los denominados "bloques" de concejales no pueden cuestionar por la vía de conflicto la validez de ordenanzas que en modo alguno afecten la investidura de sus miembros individualmente considerados.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R, M. c/ L, A. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-11

Todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, esté obligado a la reparación del perjuicio. Este amplio espectro de la responsabilidad civil suple la inexistencia de una norma legal que específicamente imponga el deber resarcitorio como sanción, además de los efectos propios del divorcio.-
Subasta judicial, compensación del ejecutante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marconi, Olga c/ Espósito, Omar s/ Ejec. hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-03

Cuando el acreedor ejecutante que ha comprado en el remate, pretende compensar su crédito con el precio, debe hacer una petición expresa en tal sentido, a fin de lograr una declaración judicial que tenga por oblado el saldo de precio por vía de compensación, de ahí que el mero pedido de compensación no es suficiente para que se considere operada esa forma de extinción de las obligaciones.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Protección de la vivienda, destino del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: LESCA ALBERTO R. (H) c/ TOMMASI NORBERTO DANIEL s/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS - INCIDENTE  DESAFECTACIÓN DE BIEN DE FAMILIA -RECARATULADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-07-29

Conforme los arts. 244 y 256 del CCyC no es indispensable que el bien se encuentre exclusivamente destinado a la vivienda, y no hay problema en que el beneficiario o beneficiarios desarrollen una actividad comercial, industrial o profesional si al mismo tiempo al menos uno de ellos lo habita, ya que basta con uno solo de aquéllos continúe habitando el bien afectado para que sus efectos subsistan.

Observaciones: LORENZETTI Ricardo L.: "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Rubinzal-Culzoni Editores, año 2014, T.I, págs. 815 y 827.
Impugnación de deuda impositiva, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Silva, Ramón c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-09

El artículo 53 de la ley 27.260 contempla la posibilidad de inclusión a lo establecido en el art. 52 de dicha ley -moratoria- de las obligaciones que sean objeto de un procedimiento judicial, en tanto se desista o renuncie de toda acción y derecho, asumiendo el pago de las costas -en el caso, el actor abonó la tasa judicial y, pendiente el cumplimiento de adjuntar copia del memorial recursivo para su traslado al organismo, comunica el desistimiento de la acción y del derecho. Ello así, no llegó a sustanciarse la causa, siendo la única intervención del Fisco Nacional, la contestación del traslado comunicando el desistimiento, lo que no mereció reparo de su parte-. Por tal motivo, no existió respecto de la cuestión que en principio se sometiera a consideración de la Alzada, es decir el recurso de apelación, actividad jurídica de la demandada que amerite su ponderación a los efectos de determinar la incidencia en las costas del proceso, por lo que corresponde confirmar la imposición de costas por su orden, ya que su imposición al actor no modificaría la situación de autos, en cuanto a la asunción de los gastos causídicos.