Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-05-07


SALA PRIMERA Expte. N° 5580 caratulado: "ALBERGHINI, Juan José Pablo c/ Tello Velasco Marcelo - Daños y Perjuicios - Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a siete (07) días del mes de mayo del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Eduardo Balaguer y Angel Humberto Medina Palá, a fin de examinar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha treinta de junio de dos mil once, en autos Nº 10.283 (74.713) caratulados: "Alberghini Juan José Pablo c/ Tello Velasco Marcelo - Daños y Perjuicios".

EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:

Viene resistida por la parte demandada mediante el recurso de inconstitucionalidad previsto por la ley 2275, la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan en fecha 30/06/2011, obrante a fs. 38/41 de autos.

En dicho decisorio, el Tribunal A Quo rechazó el recurso de apelación deducido por el demandado contra la sentencia de fecha 01/12/2009 -fs. 30/32-, la que quedó confirmada.

Por esta última resolución, se había hecho lugar parcialmente a la pretensión indemnizatoria de la actora, y se condenó al demandado a pagarle la suma de $ 3.965, con más los intereses legales desde el 18/10/96 hasta su efectivo pago, con costas.

Afirma el recurrente que interpone el recurso por cuanto "la arbitrariedad normativa y fáctica en que incurre el fallo cuestionado vulnera el derecho de propiedad de mi mandante (en realidad, el recurrente viene por derecho propio) y las garantías de defensa y debido proceso ante la ley" (.) y afirma también que "los yerros que presenta la resolución impugnada, obligan a sostener que ella no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa".- Se encuadra el recurso -fs. 48- en los supuestos previstos por los incisos 2° y 3° del art. 11 de la ley 2275, y en cuanto a la finalidad perseguida con su interposición, se pide primero -fs. 48, letra e)- que la Corte de Justicia "rechace la demanda", y luego, a fs. 49, se peticiona lo contrario -punto 2 del petitorio-, al solicitar "que se admita el recurso y el Tribunal ordene el dictado de un nuevo pronunciamiento que recepte el reclamo del actor (debo recordar que el recurrente es el demandado) en todo lo que es materia de impugnación".

Al análisis preliminar tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la apertura de esta instancia de excepción, como lo es la extraordinaria, se advierten incumplidas varias de las exigencias formales prescriptas en la ley 2275; lo que impone la desestimación formal del recurso en este estadio procesal.

En primer lugar, aparece como insuficiente el depósito del que da cuenta la boleta agregada a fs. 45, que ha sido realizado por la suma de $ 100 y que se corresponde con el mínimo previsto por el Acuerdo General N° 33 del año 2007. La razón expresada por el recurrente -fs. 46 vta., punto 5- lo es que "el monto de la demanda asciende a la suma de $ 4.405, por lo que se abona el mínimo de la tasa judicial".

Ahora bien, ha de advertirse que ello no es así, toda vez que ése es sólo el monto nominal de la demanda, pero la suma referida por el ahora recurrente, fue reclamada -fs. 03- "con más intereses tasa activa desde la fecha del libramiento -18 de octubre de 1996- hasta la fecha de su efectivo pago" (.) con más "costos y costas del presente reclamo".

El hecho de que el cálculo que efectúa el demandado a los fines del depósito haya sido realizado sobre el monto nominal del capital demandado y a una fecha muy lejana del reclamo de los intereses que el actor pretende adicionar al capital -desde el 18/10/1996 hasta el 08/08/2011 en que se interpone el recurso-, resulta óbice a la apertura de la instancia extraordinaria.

Adviértase que entre una y otra fecha, transcurren casi 15 años que corresponden ser computados con tasa activa a los fines del cálculo del depósito; y ello hace incurrir al recurrente en incumplimiento de la carga impuesta en el artículo 3º inciso 3º de la ley 2275, en tanto no expresa razón alguna que justifique la utilización de dichos valores nominales, ni aclara cuál es el real valor económico de tales guarismos al momento de la interposición del recurso, es decir, computando en este caso los intereses correspondientes.

Al respecto, tiene dicho esta Corte que debe tenerse por incumplida la exigencia del depósito previo cuando no se establece el valor del juicio o cuando no se dan razones del porqué se efectúa el depósito mínimo.(P.R.E. S.1ª 1990-I-110; P.R.E. S.1ª 2000-II-277; 1986-I-155).

Es decir, corresponde una vez más decir que "no se satisface lo dispuesto por el art. 3 inc. 3º de la ley 2275 cuando el recurrente deposita una cantidad que no es el máximo de lo establecido, sin explicitar la razón de ello"; y también: "Para el cálculo del depósito que exige el art. 3° inc. 3° de la ley 2275 debe computarse la desvalorización monetaria e intereses de acuerdo a la sentencia recurrida" (P.R.E. S.1ª 1982-I-12; II-295; S.1ª 1983-I-195).

En segundo término, cabe considerar que no se ha cumplido en la causa con la previsión del art. 12 de la ley 2275, toda vez que no ha sido introducida en forma eficaz el planteo constitucional.

La cuestión constitucional ahora traída, radicaría en la "arbitrariedad" de la sentencia de segunda instancia.

Ahora bien, teniendo ésta los mismos fundamentos y siendo confirmatoria de la recaída en primera instancia, ninguna duda cabe que, de mínima, el planteo constitucional concreto y adecuado a las circunstancias de la causa, debió ser formulado por el ahora recurrente en su expresión de agravios contra la sentencia de 1ª instancia.

Y como a fs. 48, letra b) se fundamenta que "la cuestión constitucional fue debidamente introducida a la causa"; me encargaré de demostrar que ello no fue así.-- Sobre el punto, el demandado hizo referencias sólo genéricas y para hipótesis de futuro, tanto en la contestación de demanda (fs. 11 vta.), como en la expresión de agravios (fs. 34 vta.).

En ambos casos expresó: "Que para el improbable caso de un fallo adverso a mis intereses, formulo expresa reserva de derechos de interponer los recursos extraordinarios previstos en la ley N° 2275 y el caso federal (art. 14 ley 48) por afectación al derecho de propiedad o cualquier otra garantía constitucional que resultare vulnerada con dicho pronunciamiento".

Pues bien, esa fórmula no satisface el requisito del artículo 12 la ley 2275. Introducir o, en su caso, mantener la cuestión constitucional implica plantear de antemano la contradicción entre una eventual decisión y un derecho constitucional.

En palabras de esta Corte, quien la formula debe . especificar que si se resuelve en "tal" sentido, ha de violarse "cierto" derecho, por "determinada" causa (P.R.E. S.2ª 2008-II-400). Sólo frente a un planteo así formulado el tribunal de mérito puede expedirse sobre la cuestión constitucional, es decir, juzgar si la decisión que se adopta viola o no el derecho invocado.

Por otra parte, es imprescindible que se invoque la violación constitucional ante las instancias de mérito. Dicha violación ha de ser el objeto del posterior recurso extraordinario y, de no planteársela ante los tribunales de mérito, la Corte debería resolver el punto en instancia originaria.

En fin, esto explica la razón de ser de la exigencia legal, que en definitiva asienta en el principio de congruencia y en que la jurisdicción de la Corte en estos casos es de excepción y no originaria.

Lo dicho hasta aquí permite diferenciar la introducción de la cuestión constitucional de la mera reserva de plantear los recursos extraordinarios.

Tal diferencia ha sido reiteradamente señalada por esta Corte (P.R.E. S.2ª 1997-II-230; I-141; S.2ª 1996-III-419; S.2ª 1995-I-39; etc.), y al respecto cabe aclarar que si la ley requiriese la reserva se trataría de una exigencia carente de todo sentido y utilidad.

Por otra parte, lo expuesto describe la manera idónea de introducir aquella cuestión: señalando una contradicción concreta y explícita entre determinada resolución y cierto derecho constitucional. Como adelanté, la fórmula utilizada por la recurrente no satisface el requisito del artículo 12 de la ley 2275.

En primer lugar, porque es, básicamente, una reserva de recurrir ante esta Corte y no la introducción de la cuestión constitucional. Por lo demás, la referencia que aquélla hace a los derechos constitucionales tampoco cumple con las pautas enunciadas, ya que es meramente genérica y no especifica en qué puntos y por qué razones la resolución violaría tales derechos.- Por tales consideraciones, soy de la opinión que corresponde en esta oportunidad resolver la desestimación formal del recurso articulado. Tal es mi voto.- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. CARLOS EDUARDO BALAGUER Y ANGEL HUMBERTO MEDINA PALA, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I) Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad deducido. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Eduardo Balaguer y Angel Humberto Medina Palá. Ante mí: Dr. Julio H. Elizondo - Secretario Letrado.

Df-5580. S.E. P.R.E. S.1ª 2012-I-185.