marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, derechos y garantías constitucionales, medidas cautelares, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: INSIGHT GROUP S.A. c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos "E-ZAY S.R.L y otros sobre 174 5 - defraudación a la administración pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-03

Corresponde rechazar la queja porque el recurrente se limita a reiterar los argumentos que fueron tratados y desechados por la Cámara y sus planteos encubren un desacuerdo genérico en el modo en que se resolvió la cuestión, sin lograr conectarlos con las garantías y derechos constitucionales que genéricamente invoca. La sentencia de Cámara se apoya en la interpretación y aplicación de las normas procesales que regulan las medidas cautelares, en las normas de fondo vinculadas al decomiso (art. 23 CP) y en la valoración de las circunstancias específicas de la causa en trámite, todas cuestiones propias de las instancias de mérito y ajenas a la competencia de este Tribunal (art. 27 de la ley n° 402). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, rendición de cuentas, intereses
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez Alcorta, Irene María de Luján c/ Rueda, Miguel Angel Ricardo s/ rendición de cuentas - sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que, en un juicio de rendición de cuentas, desestimó la inclusión de intereses: art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Allanamiento, nulidad de matrimonio
Materia: CIVIL
Carátula: D.P.R. c/ V.L. s/ Nulidad matrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-11-03

El allanamiento no es suficiente para la declaración de nulidad del matrimonio, debido a la importancia y gravedad de dicha declaración y a los derechos en juego, ya que el matrimonio es una institución que trasciendo lo privado y personal.
Seguros, seguro marítimo, seguro de protección e indemnidad, acción cambiaria directa, insolvencia del asegurado, paid to be paid, reconocimiento de sentencia extranjera
Materia: COMERCIAL-NAVEGACION
Carátula: ULTRAMAR SA DE SEG. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. CORRIENTES II s/ FALTANTE DE CARGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Frente al aporte de una solución distinta de la Sala 3, es apropiado reiterar las razones de fondo expuestas en los precedentes de esta Sala (Causas 4740/94, "Iguazú Cia. de Seguros SA c/Cap. y/o Arm. Bq. San Luis", del 23.6.94; 5769/94, "La Buenos Aires Cia. Arg.

de Seg. c/Buque Río Limay", del 28.7.94; 20.135/94, "Columbia SA de Seg. c/Buque San Juan", del 9.2.95 y 4.405/95 "Aconcagua Cia. de Seg.

c/Bq. Misiones II", del 25.4.95). Comienzo recordando que el óbice mayor que se ha esgrimido para impedir la acción del tercero damnificado contra el asegurador (o club), es que este tipo de seguro es de indemnidad y no de responsabilidad, por cuanto se contrata sujeto a la cláusula "paid-to be-paid" (pagar para ser pagado), de tal modo que previo a que un club asegurador se encuentre obligado a indemnizar a un miembro, este no sólo debe haber incurrido en una responsabilidad cubierta por la póliza, sino que debe asimismo haber abonado por esa responsabilidad. Siendo así, cuando el miembro asegurado es insolvente, es obvio que no cumple con la regla "paid-to be-paid". En virtud de esta particularidad y ante la ocurrencia de dos casos similares (los supuestos de los buques "Fanti" y "Padre Island"), la Corte de Apelaciones de Londres resolvió que la exigencia del pago previo debía ser dejada de lado en la hipótesis de insolvencia del asegurado, basándose en razones de "imposibilidad" y "futilidad". Por un lado, se admitió que el tercero damnificado ocupara el mismo lugar que el asegurado -en sus derechos y obligaciones-; y como el presupuesto para reclamar al club asegurador (el pago previo) resultaba de cumplimiento imposible o bien fútil (ya que es impensable la idea de pagarse a si mismo), esa condición contractual debía ser ignorada y, por lo tanto, el club se hallaba obligado a pagar al tercero reclamante. (He tomado esta información de la traducción libre y del resumen efectuados por el Dr. Félix B.

Daglio, Revista de Estudios Marítimos, núm. 45, pág. 47). Si bien en estos casos se partió de la base de un régimen legal distinto y las decisiones fueron revocadas por la House of Lords (cfr. D. M. López Saavedra, Revista Ateneo del Transporte, núm. 2, pág. 86) esos principios de que hizo mérito aquél Tribunal londinense son perfectamente aplicables al derecho argentino.
Concursos, liquidación de entidades financieras, banco central, personal contratado, gastos de liquidación, falta de autorización judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: INVERFIN SA CIA. FINANCIERA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-27

No corresponde que el juez de la causa califique como "inconsulta" o "unilateral" la conducta seguida por el BCRA, al establecer un sistema de prorrateo de gastos del personal contratado, distribuyendo ese costo entre todas las liquidaciones judiciales que se encuentran legalmente a su cargo y que utilizan efectivamente esos servicios, toda vez que, en el marco de las disposiciones del régimen legal anterior a la sanción de la ley 24144 -aplicable en la especie, en virtud de lo previsto por el art.

8 de ésta-, el liquidador puede contratar con cargo a la liquidación, el personal necesario y los servicios que de cualquier naturaleza deban ser destinados a ese fin, sin la previa autorización del juez de la quiebra, ello sin perjuicio de la oportuna rendición de cuentas ante este último magistrado, y del consecuente control "ex post" que este se encuentra habilitado a ejercer en orden a la legitimidad, conveniencia y/o razonabilidad de tales decisiones (ley 21526: 50 inc. C) ap. 1), ref. por ley 22529 y ley 19551: 178, 211, 212, 286 y conc., ref. Ley 22917, decreto 1226/94).
Hijo menor de edad, prisión domiciliaria, interés del menor
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Marasco, Clarisa Noemí s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-17

La decisión de disponer automáticamente el regreso de la encartada a la unidad una vez cumplidos los cinco años de su hijo menor, se basa en una interpretación restrictiva de la ley, en desmedro del interés superior del niño. Las madres que se encuentren en conflicto con la ley penal, y sus hijos menores de edad, tienen derecho a que se conceda el arresto domiciliario, con el fin de preservar su vínculo materno-filial y su vida cotidiana, de modo tal que, cuando se den los supuestos previstos en la ley, la concesión de la medida debe constituir la regla.
Procedimiento laboral, morosidad del proceso
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: DURAN RAUL SANTOS c/ LOPEZ WALTER OMAR s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-11-07

Una de las cuestiones procesales que por su trascendencia merece tratamiento especial se refiere a la dilación injustificada del trámite de la causa. Adviértase que concluida la producción de prueba por desistimiento con fecha 31 de agosto de 1994, recién con fecha 31 de marzo de 1995 y por impulso de la actora, el Sr. Juez de grado fija la audiencia para alegar el día 20 de abril de 1995, todo en abierta violación a lo dispuesto en el art. 70 de la ley de rito.

Presentada la memoria por una de las partes en la fecha indicada, recién el 2 de mayo de 1995 el Sr. Juez dispone llamar los autos para dictar sentencia, acto jurisdiccional que recién ejecuta el 30 de junio de 1995, también en grave violación a lo normado por los arts. 12 y 71 de la Ley 1444, librándose las pertinentes cédulas de notificación recién el 25 de julio de 1995.

Estas demoras que contraviene expresamente el impulso de oficio que caracteriza al procedimiento laboral (art. 30, ley citada) hace necesario que este Cuerpo, no obstante que el Sr. Juez interviniente haya renunciado, efectué un llamado de atención para que quien intervenga en lo sucesivo dé estricto cumplimiento a las normas procesales en vigencia de modo de no desnaturalizar la oficiosidad y celeridad que caracterizan a este tipo de procesos (conf. ar.t. 45, inc. 6 Ley 1, t.o. 1600 y sus mod.)
Contrato de trabajo, transferencia del personal, cesión del establecimiento, transporte de pasajeros, concesión de servicio público
Materia: LABORAL
Carátula: Vandenbrock,  Darío  Fabian c/ Transporte  Automotor  Plaza s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-31

Es improcedente extender al nuevo concesionario del servicio público de transporte de pasajeros las obligaciones laborales contraídas por la anterior empresa concesionaria, por cuanto no se ha operado una transferencia de establecimiento en los términos de la ley de contrato de trabajo -artículos 225 y sgtes.- toda vez que el demandado entró en la explotación de la línea de transporte por una concesión efectuada a través de un acto administrativo constitutivo de la calidad de concesionario, y no por haber celebrado un contrato de cesión de los derechos de explotación con la anterior concesionaria.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Trucco, Carlos Eduardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

Resulta razonable la presunción de que quien esta imputado en delitos gravísimos previstos también por derecho de gentes, en caso de ser puesto en libertad, atentará contra los fines del proceso, y tal conjetura encuentra fundamento en el indicio de que si se buscó, al cometerse los hechos, una modalidad que asegurara la impunidad futura, este mismo afán de sustraerse al juzgamiento podría tener una posterior secuela al otorgarse la libertad al procesado.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aceitón Isaías y otros c/ Municipalidad del partido de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo comprometen a este Tribunal en el caso concreto en que aquélla se haya expedido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejercicio de la acción pública, Ministerio Público Fiscal, acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Varde, Domingo Salvador s/ Nulidad de procesamiento y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-13

El principio ne procedat iudex ex officio, que constituye el trasfondo de la nulidad planteada por la defensa, se erige como reflejo de aquella relación funcional entre los protagonistas del proceso y determina el impedimento del órgano judicial de actuar de manera oficiosa cuando el Ministerio Público Fiscal, exclusivo titular de la acción penal pública no hubiese instado o promovido la maquinaria jurisdiccional.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictamen pericial, REPÚBLICA ARGENTINA, estado parte, libertad de expresión, cementerios, denuncia, debido proceso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, garantías procesales, Derechos humanos, ius cogens, orden público
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Mémoli c/ Argentina s/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana Argentina s/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana Argentina s/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-12-19

El Presidente de la Corte Interamericana considera inadmisible el dictamen pericial propuesto por la Comisión Interamericana para que el profesional declare sobre la relación existente entre el derecho a la libertad de expresión y las garantías judiciales -en particular, la del plazo razonable-, en el caso en que se demanda a la República Argentina por la supuesta violación de aquél derecho en perjuicio de quienes denunciaron públicamente como irregular la venta de nichos en un cementerio de la Provincia de Buenos Aires, pues de la información aportada no se desprende que su objeto abarque conocimientos o parámetros jurídicos en materia de protección de derechos humanos que puedan afectar de manera relevante el orden público interamericano.
Acción de amparo, derecho a la salud, personas con discapacidad, síndrome de Down, menores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALVAREZ ADRIANA GABRIELA c/ OSDE s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-03

La perito médico explicó que "el equipo interdisciplinario del colegio fue promoviendo la integración y no la sobreprotección familiar" y que "es imprescindible que Delfina continúe con este tratamiento dado la buena evolución que ha tenido hasta el presente y que va a requerir de manera continua". Aclaró que "sería nefasto para ella sacarla de dicho establecimiento dado los buenos logros de la menor en el mismo y a la contención que requieren este tipo de pacientes". La escolaridad y apoyo a la integración que recibe la paciente es el tratamiento indicado por los médicos para paliar la enfermedad que padece. Por consiguiente, debe confirmarse la resolución apelada en cuanto ordenó a la demandada otorgar la cobertura de la institución educativa y apoyo a la integración que recibe en la actualidad.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad civil, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Rocca Civetta Fabio Leonardo c/ Municipalidad de Malargüe s/ Daños Derivados Accidente Tránsito P/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-22

En materia de responsabilidad civil derivada de una cosa inanimada o inerte (pozo de acequia), si la víctima acreditó el contacto del acto con la cosa inanimada y que ésta se encontraba en posición anormal por falta de elementos de seguridad, opera una presunción de responsabilidad sobre el dueño o guardián, de la que sólo puede liberarse total o parcialmente probando el hecho de la víctima, de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, medidas autosatisfactivas, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: ALASCIO, Mónica en representación de su hijo menor FERNÁNDEZ ALASCIO, Baltasar c/ MASTERFOODS AREGENTINA Ltda. y/ MARS s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-02

Resulta inoficioso resolver en instancia de apelación la cuestión del acierto o no de la denegatoria del pedido de levantamiento de la cautelara, si la accionante ya no tiene interés en la medida por haber desistido del proceso en el que se reclamaba el crédito cautelado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, interposición del recurso, autosuficiencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SANATORIO MAYO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-21

La presente queja no debe prosperar en tanto el recurrente no cumple adecuadamente con la carga que impone el artículo 3 de la ley 7055; debiendo recordar que el requisito legal de autosuficiencia no consiste en un ocioso y vacío formulismo, sino que responde a la necesidad de que la Corte pueda comprender con la mera lectura del memorial cuál es la temática del juicio, los asuntos debatidos, el desarrollo del pleito y la conexión de todos los elementos (de hecho y de derecho) con los principios y cláusulas constitucionales que se estiman comprometidas (Del voto del Dr. Erbetta).
Regulación de honorarios, patrocinante, rechazo del reclamo
Materia: PENAL
Carátula: SAN LUIS, M. L. c/  s/ honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-07

- Regulación de honorarios. Rechazada.

Letrado patrocinante que solicitó se le regulen honorarios.

Letrado que se encuentra alcanzado por la ley 27.423 y puede demandar el cobro de estipendios por su trabajo, no siendo necesario que la persona que representa se haya constituido en parte querellante. Normativa que incluso establece honorarios mínimos en asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria y estipendios por labores extrajudiciales (artículos 3 y 19, inciso a del mismo cuerpo legal).

Revocación.
Interdicto de obra nueva, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Leguizamon, Julio c/ Gidalde, Miguel s/ Interdicto de obra nueva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-03

Tratándose de un interdicto de obra nueva, el bien jurídico que se tiende a tutelar y que constituye el objeto del proceso, es la restitución al actor de la plenitud en el uso y goce de la cosa que posee turbados por la obra aludida. Su valor por consiguiente puede constituir la base regulatoria en los términos del art. 38 del Dec.

Ley 8904/77, pues los bienes a que él se refiere son los que se procuran tutelar y no aquéllos mediante los cuales se produce la turbación. El valor del inmueble no puede servir de base regulatoria, cuando lo afectado es sólo parte de los derechos inherentes a su posesión.
Menores, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: A. ,O. E. c/  s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-11-11

Interes del menor es el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto, ya que no es concebible un interés del menor puramente abstracto. Máxime cuando en materia de menores todo está signado por la provisoriedad, lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo, y a la inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro transformarse en algo pertinente.(del voto del doctor Pettigiani)
Derecho administrativo, empleados públicos, estabilidad laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SISTERNA, Ricardo Paulo c/ Municipalidad de 25 de Mayo s/ Contencioso Administrativo - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-11-23

Sobre el derecho a la estabilidad, puede cesar por causas imputables al agente (conducta indebida). La estabilidad en el derecho administrativo (impropia), concedida por la Constitución Nacional (art. 14 bis), no puede servir de base a la pretensión de anular, revocar el decreto de cesantía, de reincorporación al cargo y del pago de haberes.

El funcionario tiene derecho a ser mantenido en el cargo mientras dure su idoneidad física, intelectual, moral y jurídica. Distinta a la estabilidad del derecho laboral, llamada propia, que requiere una norma expresa en tal sentido y no puede dar origen a otra acción que no sea la resarcitoria de daños
Policía, personal policial, destitución, empleados públicos, faltas disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CATTANEO, SEGUNDO TOMAS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 193-85 ORTIZ, LUIS ABEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 320-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-02-17|1988-03-23

El fin de la norma que dispone el pase a retiro del personal policial, trata de preservar el plantel del personal en actividad en las condiciones que estima necesario, en tanto la posibilidad de destituir al agente, se vincula con el ejercicio de la facultad disciplinaria y por ende, con la conducta imputable del agente. En el primer caso -retiro- la ley no se apoya en la culpabilidad del agente, sino en una causa objetiva, cual es la que el empleado se mantenga, por el tiempo establecido, en la situación prevista legalmente. En cambio, en el segundo caso -destitución- es precisamente la conducta del empleado la que hace incurrir a éste en falta disciplinaria motivante de la destitución.
Juicio ejecutivo, nulidad de la notificación
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Rabinovich Amelia Berta c/ Cantero Roberto Sebastian s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-27

Existen excepciones que no requieren el pronunciamiento de una resolución que disponga expresamente la suspensión del proceso principal, tales como el supuesto de cuestionarse la validez de la notificación de la demanda o de imprimirse al recurso de reposición el trámite incidental (Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", T.IV, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1972, pág. 263). Si bien podría interpretarse que el incidente de la caducidad de instancia es suspensivo del proceso, lo cierto es que ello responde a evitar futuras actuaciones procesales inoficiosas; no afectando plazos que -como en el caso- se encontraban en curso ante una situación consolidada -intimación de pago-, y cuya perentoriedad exigía su fiel observancia (cfr. CPR 155). En efecto, se trata de un planteo de caducidad formulado por la ejecutada al tiempo de tomar conocimiento de la causa, en razón de haber sido intimada al pago, no habiéndose invocado impedimento alguno -jurídico o material- para la simultánea oposición de excepciones; temperamento que la ley exige en otras situaciones de los juicios ejecutivos, vgr. CPR 545-1°.
Derecho procesal, medidas cautelares, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c/ GIMENEZ, CATALINA ISABEL Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-30

Como consecuencia de la provisoriedad de la medida precautoria, su caducidad se opera de pleno derecho, si tratándose de obligación exigible no se interpusiera la demanda dentro de los diez días siguientes al de su traba.El solo transcurso del plazo provoca la extinción de la medida, sin necesidad de formular petición.El motivo por el cual se establece este breve plazo estriba en que no se debe turbar indefinidamente la actividad de la contraparte.

Interesa puntualizar, concordantemente que, aun las doctrinas que asignan autonomía conceptual al llamado "proceso cautelar", exigen una correspondencia , entre la cautela y la carga de instar el procedimiento continente de la pretensión asegurada . Así lo demuestra esta norma (213 del c.P.P.), de la cual se infiere que aquella cae por omisión de proponer la demanda en diez días.
Delito penal, participación criminal, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: C., M. s/ Homicidio (Expte Nº  239-98, Resolución Nº  2, Tomo 5, Folio 375)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-18

La idea de existencia de un plan delictivo indiscriminado, choca frontalmente con la común referencia de todos los declarantes que algo podrían saber sobre el punto, respecto a que el emprendimiento estaba destinado a robar un almacén, sin otro aditamento. Esa apreciación, que al momento del procesamiento pudo aceptarse como probabilidad, luego no tuvo corroboración en ningún otro elemento probatorio, lo que la hace inaceptable llegado el instante de dictar sentencia definitiva. Que a partir del consentimiento dado al uso de armas en la realización de un hecho pueda elaborarse la estimación de que un eventual resultado mortal era previsible y así reprochable a todos los que consintieron tal uso, es algo que podría en ciertos casos aceptarse; más ello, siempre y cuando ese resultado se produjera en la faz ejecutiva de el o los hechos para cuya realización se había dado el acuerdo y no si el mismo ocurre al margen del mismo. Es que no sólo nuestro Código Penal excluye en su artículo 47 de responsabilidad penal por aquello que configure un exceso del autor (tal el nombre generalmente utilizado en doctrina) a quienes sólo quisieron cooperar en un hecho menos grave que el finalmente cometido, sino que este principio derivado del de culpabilidad resulta aún más claro cuando sólo se quiso participar en un hecho y otro partícipe ejecuta otro totalmente distinto, tal como podría haber ocurrido en el supuesto.