marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, recursos, hechos nuevos
Materia: PROCESAL
Carátula: DOMINGUEZ VILLASANTI, JOSE LUIS c/ CONSORCIO MENDOZA 1752 ASOCIACION CIVIL Y OTRO s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15

El vencido puede oponer contra la sentencia todos los medios de impugnación que sean idóneos, pero no valerse del mecanismo jurídico del 'hecho nuevo' para vulnerar la invariabilidad de la 'litis contestatio' (conforme Sala I, sentencia número 35648, 15 de diciembre de 1975, 'Murgo, Francisco c/ La Primera SA.').
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AUSEN Juan Pablo c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S072 - 200)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-01

En los casos de responsabilidad médica la responsabilidad extracontractual es un supuesto de excepción. Y las hipótesis que hacen deslizar una responsabilidad extracontractual de la contractual, quedan limitadas exclusivamente a aquello9s casos en que el paciente no pudiera dar su consentimiento, directa o indirectamente, para la intervención profesional.-
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossi Juan José c/ Bodei Carlos Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-09

El informe pericial realizado sin tener a la vista el objeto o cosa motivo del peritaje, ni fotografías reconocidas en juicio, o autenticadas, ni ningún otro elemento de prueba, ni el experto dar explicaciones que fundamenten sus conclusiones, hacen inválida dicha prueba.
Prueba pericial, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Guigón, Jorge F. s/ Prueba pericial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

No corresponde declarar la nulidad de las distintas pericias por el hecho de ser contradictorias, dado que esta sanción sólo puede decretarse en aquellos casos estricta y taxativamente contemplados por el C.P.M.P. .

Es improcedente declarar la nulidad de una pericia por el hecho de que el perito de la parte querellante haya presentado dicha prueba, con fecha distinta a la entregada por los restantes, si surge de la causa que los tres peritos se reunieron para efectuar conjuntamente los estudios requeridos, cumpliéndose así, la finalidad perseguida por el art. 339 del código ritual.
Recurso de casación penal, non bis in ídem, fundamentación del recurso, reenvío, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Echalecú  Goyeneche,  Alberto  y  Alcaraz,  Rubén H. s/ recurso decasación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-16

La inobservancia de normas procesales sancionadas bajo pena de nulidad -arts. 123, 404, inc. 2°, y 456, inc. 2°, del C.P.P.N.- conduce, en el caso, a la errónea aplicación de la ley sustancial desde que ésta fue aplicada a hechos fijados arbitrariamente, por lo que procedería, con una inteligencia estricta del art. 471 del C.P.P.N., la anulación del pronunciamiento recurrido y el reenvío para que, después de un nuevo juicio por parte del tribunal que correspondiere, se dictara una nueva sentencia; en virtud del principio non bis in idem, y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Casal" -en cuanto al análisis complementario de los dos motivos de casación insertos en el art. 456 del C.P.P.N.-, y que no se advierte en el caso la posibilidad de incorporar nuevos elementos de juicio que permitan alterar las circunstancias debatidas, corresponde casar la sentencia y absolver a los acusados. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi).
Enjuiciamiento de magistrados, juicio político
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Juárez, Pedro Alejandro c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-12

Por ser el objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado, el de determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud (Voto de los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti).
Carrera automovilística, accidente en espectáculo deportivo, responsabilidad del organizador, obligación de seguridad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Angelakis, Nicolás G. c/ Tamagno, Sergio Carlos y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-02

El organizador de una carrera de automotores, debe brindar a los competidores (deportistas y participantes) y al público en general las garantías de seguridad que las circunstancias exigen del espectáculo deportivo, y la omisión de las diligencias tendientes a obtener tal fin lo hacen responsable.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, acción de nulidad, improcedencia del recurso, prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cattorini, Stella y otros c/ Albacea SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-12

Procede rechazar la demanda por nulidad de asamblea planteado, por cuanto, en el caso, impugnar las decisiones asamblearias no es coherente con la postura que asumieron los actores y que se manifestó en la suscripción de los recibos que documentaron el pago de los dividendos durante varios años sin formular reserva. En dicha coyuntura, cabe recordar que la aplicación de la teoría de los actos propios, exige a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, debiéndose desestimar toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que merced a sus actos anteriores, se ha suscitado en la otra parte (CSJN, Fallos: 312:1725; 315:158 y 890).

Por esa razón y en tanto la violación a participar de la asamblea, que invocaron para dar sustento a su reclamo contraviene justamente la conducta observada por los litigantes y que antecedió al pago de los dividendos, los documentos valorados adquieren un papel relevante para sellar la suerte adversa de su petición de impugnar las decisiones asamblearias. En dicha tesitura y con sustento en lo previsto por el CCCN 394, no puede soslayarse que la firma de los recibos operaría como una suerte de confirmación y otorgan definitiva eficacia al acto (Alberto A. Bueres y Elena I. Highton, "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", T° 2C, págs. 622/33, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999 y Compagnucci, Kemelmajer, Kiper, Lorenzetti y otros, "Código Civil de la República Argentina Explicado", T°III, pags. 552 y ss, Ed. Rubinzal, Santa Fe, 2011).

Así, ponderando la seguridad jurídica que debe primar en el marco de las relaciones comerciales, no puede considerarse irrestricta la facultad de impugnar actos que han sido consentidos. De lo expuesto se sigue que, aún si se verificara la existencia de ciertos vicios y de los restantes requisitos indispensables para decretar la nulidad de una decisión asamblearia, ellos quedarían purgados.
Jubilaciones, pensiones, pérdida del beneficio, separación personal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZAMUDIO DE MIEREZ,HIGINIA c/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Y/O ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA"EXPTE. N5287/87
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-03-30

A efectos del derecho al beneficio de la pensión, y la colisión de intereses, invocados por la viuda (separada de hecho) y la concubina; aún habiéndose acreditado suficientemente ambos extremos -matrimonio y concubinato-, como la existencia de actos administrativos que en forma simultánea han reconocido el mismo beneficio a ambas litigantes, debe estarse a las prescripciones de la ley 3295, que para el caso rige la materia y que establece un orden de prelación excluyente, que coloca a la viuda en primer lugar.
Ley penal más benigna, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Mendoza Navarro, Luis s/ Robo calificado - Homicidio (recurso de revisión)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-24

Si la sentencia ha aplicado en la graduación de la pena la escala divisible "reclusión o prisión de diez a veinticinco años" del art. 165 del C.P. según ley 21.338, la eliminación de las penas indivisibles "reclusión o prisión perpetua" en el nuevo texto según ley 23.077 no puede derivar ahora en disminución alguna, mediante la nueva selección de la pena concreta que pudiera realizarse dentro de las escalas divisibles vigentes, porque la esencia jurídica de dichas penas indivisibles les impide producir ese efecto.
Corretaje, leyes
Materia: COMERCIAL
Carátula: Quiroga, Pedro Eduardo c/ Pantano, Carlos y otros s/ Cobro de Pesos-Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-11

El codificador ha establecido una serie de requisitos para el ejercicio del corretaje y, para asegurar su cumplimiento, ha dispuesto una sanción que podrá considerarse excesivamente severa, pero que está en la letra clara de la ley. La solución consiste entonces, si se estima que dicha sanción es injusta, en modificar la ley; pero no cabe admitir su derogación por vía de interpretación judicial.
Recurso de inconstitucionalidad, medidas cautelares, embargo, notificación por cédula, domicilio falso, sentencia, recursos, recurso de nulidad, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: PASCUA, INDALECIO c/ BAR MAPPET Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 421-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-26

Debe declararse admisible el recurso de inconstitucionalidad intentado si en el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, se advierte que el planteo del recurrente tiene sustancia constitucional, ya que de configurarse el vicio acusado -arbitrariedad al pretender darle el diligenciamiento de una medida cautelar, eficiacia notificatoria con relación a la sentencia y al trámite previo, computando el plazo para recurrir esos actos, desde el día siguiente al de la diligencia del embargo-, se estaría privando al justiciable de una instancia a la que tendría derecho y sobre todo, de la posibilidad de que la Alzada se pronuncie sobre un planteo tan delicado como el que formula el demandado, cual es el de nulidad de la sentencia y todo lo actuado precedentemente por efectuarse las notificaciones en domicilio incorrecto.
Nulidad procesal, firma falsa
Materia: PROCESAL
Carátula: L. A. L. c/ T. S. G. s/ TENENCIAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-18

Si bien la firma es un requisito esencial para la validez de todo acto procesal (art. 1012 C.C.), en el caso en exámen, planteado un incidente de inexistencia de acto, por no pertenecer a criterio del recurrente, de puño y letra de la demandada la firma inserta en el escrito de contestación de agravios; en el campo del derecho procesal se habla de nulidad y no de inexistencia pues este corresponde al campo del "no ser" referido siguiendo al maestro Eduardo Coutuere. Ubicados así en la nulidad, y desde esta perspectiva, teniendo presente que las nulidades son siempre relativas y la declaración de oficio solo procede cuando se afecta la moral, el orden público y las buenas costumbres, supuesto que no se presenta en autos.

Que en el caso en examen, deducido el planteo la parte cuya firma se señaló que no le corresponde, la reconoce como propia y la ratifica. En la visión de la jurisprudencia local hay posturas disímiles respecto al acto de reconocimiento que hace la propia parte , a quien se cuestiona su firma, es suficiente para dar por concluido el planteo, no resultando aceptable la postura del recurrente, al afirmar si se abrió a prueba el incidente, era porque el propio juez dudaba. Tal afirmación no se comparte el juez es garante del debido proceso (art. 18 C.N.), escucha a ambas partes existiendo hechos contradichos, amerita la apertura a prueba del incidente y, el juez al tiempo de resolver recién decide según su sana critica racional, la cuestión litigiosa por lo que la apertura a prueba es legal. Sin embargo, tal como expresa la Sra. Juez, no cabe aplicar el art. 340 del C.P.C., puesto que el presente es, precisamente, la situación inversa. .En síntesis, y tal como expresa el dictamen de la Sra. Fiscal, la propia demandada sostiene que aquel escrito (el de la firma cuestionada) refleja su voluntad. Existiendo esta última, manifestada expresamente, no cabe investigación ni nulidad. A lo que agregamos lo que sostiene Luis A. Rodríguez: "... el reconocimiento a la firma por la persona a quien se atribuye el acto... determina la ausencia de perjuicios que legitiman la nulificación del acto" (Aut. Cit. "Nulidades Procesales"; Página 58).
Acción de amparo, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Molinas, Ricardo Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

El carácter sumarísimo del amparo no infiere ninguna lesión al derecho de defensa del Estado, dado que el caso no requiere, de ninguna manera, una amplitud de debate y prueba mayor que la concedida.
Impuesto sobre los ingresos brutos, empresas del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Sociedad del Estado Casa de Moneda c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Las Sociedades del Estado fueron creadas y reguladas por la ley n° 20705, donde el Congreso Nacional estableció sus características principales. Entre sus rasgos salientes se destacan que solo pueden ser constituidas por capitales públicos, pueden ser unipersonales y no pueden quebrar (arts. 1, 2 y 5 de la ley n° 20705). Las sociedades del Estado no están sujetas al régimen jurídico administrativo que disciplina a la administración central, sino que se les aplican las normas que regulan la constitución y el funcionamiento de las sociedades anónimas. En suma, -como ha afirmado la Corte Suprema de Justicia en diversas oportunidades- las Sociedades del Estado son medios instrumentales de los que se vale el Estado para cumplir diversos fines, y si bien deben considerarse, en principio, sujetas al derecho privado, concurren a su respecto elementos de innegable carácter estatal, por lo que más allá del amplio grado de su descentralización, integran la organización administrativa del Estado (Fallos 308:821; 313:532). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Contratos bancarios, cierre de cuenta corriente, certificado de saldo deudor, defensa del consumidor, información al consumidor, deber de información
Materia: COMERCIAL
Carátula: PODESTA, PEDRO MIGUEL c/ BANCO DEL BUEN AYRE SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

A los efectos de determinar en que medida corresponde hacer lugar, al pedido de rectificación de un saldo deudor en cuenta corriente, atento a la existencia de un crédito en descubierto en ella que determinó su cierre por parte del banco, considerando que el descubierto puede provenir de la existencia de un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente bancaria o de un adelanto transitorio, cuando el banco omite explicitar en forma clara y concreta, con base a cual de estos supuestos concedió crédito al cliente, ante tan ambigua e indefinida situación cuando tiene el deber de hablar claro (C.P.C.C. art. 356), cabe interpretar que fue generado por un adelanto transitorio, ya que en caso de duda se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor (Ley 24240 art. 3 y 37-parr. 2º), y en base a ello establecer la fecha en que debió cerrar o clausurar la cuenta (Opasi-2 regla 1.3.8.1.1.), y así determinar la procedencia o no del reclamo.
Daños y perjuicios, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Varela, Roberto Benito y ot. c/ Roldán, Horacio Hector y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-28

La responsabilidad de los padres por incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia respecto a sus hijos menores, ella no funciona en abstracto, por el solo hecho de estar un niño en la vía pública sin la custodia efectiva de aquéllos para poder actuarla, es necesario acreditar que el accionar del menor objetivamente considerado se erigió en factor causal del hecho y que ese accionar resultó imprevisible e inevitable para el conductor demandado erigiéndose para él en un caso fortuito, pues sólo de ese modo se configura la exención de responsabilidad que autoriza el ordenamiento.
Unificación de penas, pena agotada
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FLORES MARTINEZ, Mauricio s/ inf. ley 17.671 Causa nro. 11.250
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-01

No es obstáculo que una sanción se encuentre agotada, para que deje se ser conciliada con otra a través del artículo 58 del libro sustantivo, cuando ello deba ocurrir en virtud de un legítimo interés y esa unificación sea necesaria.
Daños y perjuicios, indemnización, Derecho civil, Fuerzas Armadas, actos de servicio
Materia: CIVIL
Carátula: Valenzuela, Rubén c/ La Nación (Estado Mayor del Ejército) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

El principio de alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, industria automotriz, compraventa de automotores
Materia: LABORAL
Carátula: Castro Paucar, Fredy Leandro c/ Fiore S.A. y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-23

No corresponde responsabilizar a la empresa automotriz en forma solidaria por las deudas laborales de sus concesionarios pues se trata de un comerciante o industrial que vende su producción a otro comerciante, quien, a su vez, la coloca en su clientela no pudiendo identificarse el control que ejerce el concedente sobre el concesionario- nota típica de la concesión- con la subordinación técnica, económica o jurídica requerida por el art. 30 de la ley 20.744, sin perjuicio de que el fabricante aparezca, ante el público, identificado con el concesionario (doctrina emergente del fallo dictado por la Sala V "Laurens, Adriana M. c/Maldonado Automotores S.a. y otro", sent. del 5/9/2003).(Del voto de la Dra. García Margalejo, en mayoría).
Concurso especial, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE MENDOZA EN J: BODEGAS Y VINEDOS J. Y  C. RINALDI c/ BODEGAS Y VINEDOS J. Y  C. RINALDI s/ Quiebra Voluntaria Concurso Especial (LIBRO: A066 - 354)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-02-05

1) COSTAS: "... ha sido el estado de mora en que ha incurrido el deudor, el que origina este peculiar proceso para poder obtener el cobro de un crédito privilegiado, con la venta de la cosa gravada. De ahí que no pueda pretenderse hacer cargar con las costas de aquél al acreedor privilegiado sino que las mismas deben necesariamente recaer sobre el concurso..." 2) IMPROCEDENCIA DE LA REGULACION DE HONORARIOS AL SINDICO Y LETRADO PATROCINANTE: "... el art. 268... consigna que "también se calcula una cantidad para atender a los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso, que correspondan exclusivamente a diligencias sobre tales bienes. Va de suyo que ello no autoriza ni supone que se practique una regulación de honorarios tanto al Sr. Síndico actuante como al letrado asesor, fuera de la oportunidad que expresamente se consigna en los arts. 288 y sgtes. de la LCT, en la que deben analizarse y valorarse su actuación en general a los efectos de la estimación de sus honorarios, dentro de los márgenes que se fijan y de acuerdo a los trabajos realizados, tampoco de desempeño, tarea efectivamente cumplida, etc. correspondiendo entonces computar su dedicación en este tipo de actuaciones como lo que nos ocupa".-
Accidentes de trabajo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González Rojas, F.E. c/ Ministerio de Salud. Prov. de Bs.As. s/ Accidente de Trabajo -cuestión de competencia art. 6 C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Resulta ajena a la competencia contencioso administrativa que transitoriamente ejerce esta Suprema Corte, la pretensión de reclamar la indemnización por los daños sufridos por un empleado público por un accidente de trabajo, sobre la base de las disposiciones de la ley de accidente de trabajo -aplicable, porque las contempla expresamente, a las relaciones de empleo público; art. 1, ley 24.028- y no obstante la naturaleza del vínculo jurídico, la invocación de esa normativa de índole laboral por agente públicos no aparece -en principio- inadecuada (arts. 215 Const. Prov.; ley nac. 24.028 -esp. art. 1 y su antecedente ley 9688; art. 1, 28, doctr. art. 29 inc. 2 y normas concs. C.P.C.A.; art. 2 inc. a, ley 7718). MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho de enseñar y aprender, acción de amparo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castaño, Francisco y otra s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-08

En lo concerniente al contenido de los derechos de aprender y enseñar se esta tocando un ámbito de libertad sumamente importante, y so pretexto de proteger a una de las partes es imprevisible (e inconstitucional) hollar esa libertad de la otra parte. El derecho de enseñar no crea la correlativa obligación de que quién imparta enseñanza deba hacerlo hacia aquellas personas o individuos a quienes no desea impartirla.
Admisibilidad del recurso, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, MARCOS JAVIER c/  s/ RECURSO DE QUEJA 6026
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-03-10

Se hace lugar al recurso de queja interpuesto, admitiendo el recurso extraordinario por sentencia arbitraria deducido y requiriendo la remisión del expediente principal para la tramitación del recurso que se concede, pues se ha cumplimentado con los recaudos de admisibilidad al haber sido interpuesto en tiempo y forma por quien se encuentra legitimado para recurrir, acompañándose las constancias que hacen a la autosuficiencia del recurso y señalando a su vez los agravios que le ocasiona la inadmisibilidad del remedio vía de excepción. Así las cosas, resulta viable y necesaria la apertura de la instancia extraordinaria como manera de extremar la observancia del principio de igualdad de las partes en el proceso, sin que ello implique adelantar solución alguna sobre el fondo de la cuestión.
Accidente de tránsito, muerte del damnificado, transporte de pasajeros, responsabilidad del transportador
Materia: CIVIL
Carátula: MOSER JOSE c/ MIRO-OMNIBUS NORTE S.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

El conductor de un colectivo que atropella a un peatón, lo arroja a la calzada del tránsito contrario determinando su muerte, desaloja a todos los pasajeros del coche, se desentiende de la víctima, se fuga para eludir cualquier responsabilidad y luego tenazmente niega haber participado en el accidente, configura una conducta pasible de sanción a tenor de las facultades disciplinarias que emergen de lo dispuesto por los arts. 34 inc. 5 y 6; 45 y 163 inc. 8 del Cód. de Ptos.; resultando viable la extensión de dicha sanción a la empresa empleadora, tanto por la responsabilidad indirecta en razón de la culpa "in eligendo", como por haber amparado la inconducta del dependiente antes y durante el desarrollo de los procesos penal y civil. El principio de la solidaridad así lo impone (arts. 1109;

1113 y correlativos del C.Civ.)