marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, ius variandi, cambio de lugar de trabajo, AFIP DGA
Materia: PROCESAL
Carátula: Pasqualini Anabella Andrea Ianina c/ Dirección General de Aduanas -Fisco Nacional- Administración Federal de Ingresos Públicos s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-28

En el caso, la actora es una trabajadora que se desempeña para la Dirección General de Aduanas y que se domicilia junto a su hijo en edad escolar en la ciudad de Campana. La empleadora pretende su traslado a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Frente al amparo planteado por la trabajadora la juez de primera instancia resolvió que se encontraba beneficiada por el art. 67 inc 1° del CCTR 56/92, que limita la posibilidad de traslado de quienes tengan hijos menores cursando el ciclo lectivo. Asimismo la actora había contraído matrimonio con posterioridad a la disposición administrativa que disponía su traslado, con un agente bajo su égida y el art. 67 inc 2° del CCTR 56/92 veda la posibilidad de que se traslade a un integrante de un matrimonio cuando los dos prestan servicios en la misma área de trabajo de trabajo que no es otra que la localidad de Campana. El derecho temporario de la actora a no ser trasladada (por tener un hijo en escolaridad) se consolidó posteriormente en virtud de la unión matrimonial celebrada mediante una excepción que es de carácter permanente.
Recurso de apelación (procesal), competencia, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: J., M.L. c/ T., H.C. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-21

"Como todo lo vinculado a la competencia por grado es de orden público, no puede desde ningún aspecto obligarse al tribunal de alzada a intervenir en un asunto que no le corresponde; y es él quien en definitiva debe resolver sobre tal cuestión, sin encontrarse vinculado en esto por ninguna resolución equivocada del juez de primera instancia ni por la voluntad de las partes; porque no pueden las partes ni el tribunal de grado inferior obligar al tribunal de grado superior a intervenir en un asunto que no le corresponde. La alzada "es el juez del recurso" y no está vinculada por la conformidad de los justiciables, ni por la decisión del inferior respecto de la concesión de la apelación; tampoco por la decisión del presidente del tribunal, pues la atribución de decisión sobre la procedencia formal del recurso incumbe a la Sala".
Vivienda adecuada, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL
Carátula: Defensora de los Derechos del Niño y Adolescente e/r de los menores C.M.E; C.L.S.; G.M.A. Y B.O.M. c/ Provincia del Neuquén s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-02-26

Resulta procedente la acción de amparo promovida por la Defensora de los Derechos del Niño y Adolescente tendiente a hacer efectiva la operatividad del derecho a una vivienda digna de los menores representados, quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad extrema, toda vez que las medidas de acción positiva adoptadas por el Estado no resultaron suficientes para concretar el mandato constitucional que impone asegurar a los niños en grave estado de vulnerabilidad el acceso a una vivienda adecuada, atento a que la provista por el municipio local no satisface los estándares mínimos de salubridad, higiene y seguridad necesarios para preservar la salud e integridad física, psíquica y moral de aquellos.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gorosito, Teléfora c/ Mois Chami S.A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

La actora (en el caso, madre de la víctima que falleció soltero y sin descendencia) no necesita probar el daño que la ley ya presume y, por el contrario, es la accionada quien deberá demostrar para liberarse de indemnizar, que no se produjo perjuicio económico de ninguna especie en el patrimonio de la accionante.
Admisibilidad del recurso, apelación en relación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VELIZ EDUARDO GABRIEL Y OTROS c/ LAS DULCES DEL NORTE Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-04-03

Corresponde declarar inadmisibles el pedido de apertura a prueba y hecho nuevo peticionados, toda vez que tanto la posibilidad de agregar documentos de fecha posterior a la providencia de autos a despacho para resolver, como la petición de apertura a prueba por la alegación de hecho nuevo han sido contemplados únicamente para el trámite del recurso libre, siendo expresamente inadmisibles para el recurso en relación, conforme lo dispuesto por el art. 736 del CPC de Tucumán
Legitimación activa, subrogancia de funcionarios judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación De Magistrados Y Funcionarios De La Justicia Nacional c/ En Y OtrO s/ Medida Cautelar (Autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-26

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional tiene legitimación activa para entender en la causa en la que solicita acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 302 CPCC) respecto de la ley 27.145 que regula la designación de jueces subrogantes toda vez que el art. 43 de la CN, con la reforma constitucional de 1994, amplió el espectro de legitimados activos, reconociendo esa aptitud procesal a las asociaciones que propendan a la protección de los derechos de incidencia colectiva en general.
Divorcio, adulterio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F., N. C. c/ N., O. N. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-07

Adulterio es toda dolosa relación sexual extramatrimonial en que incurre un cónyuge con persona del otro sexo, no consentida ni impulsada por el cónyuge. Es decir, se trata de toda unión carnal con persona de diverso sexo y que no es el otro cónyuge, pero abarcando también, todo acto de grave e inequívoca lujuria entre personas de distinto sexo, no obstante que no se concrete en una unión carnal.
Intervención de sociedades, síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: La Cautiva S.A. s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Teniendo en cuenta que los alcances de la intervención dispuesta por la ley 22.229 fueron definitivamente regulados por la ley 22.334, cuyo art. 4 dispuso que las funciones del interventor subsistirían hasta la fecha en que éste asumiera la sindicatura de los concursos cuya formación habría de solicitarse en los términos de su art. 1, resulta inequívoco que la aludida intervención cesó a partir del momento en que el interventor pasó a desempeñar esta otra función.
Empleados públicos, período de prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pascuas, Diego Martín c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

La oposición establecida en el art. 1º ap. III del Decreto 304/87 debe ser formulada por el superior o el titular de la repartición.

La norma no exige que se trate del superior inmediato.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sclavi, Luis Néstor c/ Fisco de la provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

Es cierto que la falta de éxito en la prestación del servicio no conduce necesariamente a la obligación de resarcir al damnificado, pero no lo es menos que el caso de autos no trata simplemente de una intervención que no ha logrado los efectos esperados. A la dolencia con que acudió el enfermo ante el profesional, para su asistencia, se adosó un daño cuya génesis no puede encontrarse en sus padecimientos anteriores. Las inadvertencias, pese a lo compleja que pudiera resultar una intervención -que en el caso no lo era-, no encuentran cabida en el ejercicio médico, en que se halla en juego la salud y la vida misma del paciente, pues no advertir lo que la ciencia y su técnica indican como previsible, también es incurrir en negligencia culpable.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales
Materia: PROCESAL
Carátula: Brizuela, Nicolás del Valle y otros s/ contencioso  administrativo  de  plena  jurisdicción  c/  decreto  N.  3724/85
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-19

Lo relativo a la constitución de los tribunales provinciales es materia regida por las normas del derecho público local y resulta ajeno a la jurisdicción extraordinaria.
Juicio de apremio, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Rauch c/ Benavídez de F. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-29

El art. 2 de la Ley 9.122 prevé que el certificado de deuda debe estar expedido por funcionarios autorizados al efecto. Debe consignarse en el una obligación de dar sumas de dinero líquida y exigible; debe indicar las normas que sirvieron de base para la confección de la misma. "Ordenanza impositiva 525/94. Capítulos I y XVIII y actualización de acuerdo a la Ordenanza 525/94, art. 117 y 119". (Minoría u opinión personal)
Prueba confesional, confesión calificada
Materia: PENAL
Carátula: Abalos, Federico Alberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

Los conceptos de divisibilidad e indivisibilidad de la confesión se refieren a las confesiones calificadas y no a las simples.
Lanzamiento preventivo, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

Es inconstitucional el art. 335 in fine del CPPCABA al permitir, en un proceso penal, que en "cualquier estado del proceso y aún sin dictado de auto de elevación a juicio", con sólo "acreditar" verosimilitud en el derecho invocado, se pueda disponer el reintegro inmediato de un inmueble, pues supone avasallar la presunción de inocencia y del debido proceso de quien lo habita u ocupa. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Medidas cautelares, inscripción registral, caducidad de medidas cautelares, reinscripción de la medida cautelar
Materia: PROCESAL
Carátula: Sadir, Humberto Raúl c/ Juárez, Eusebio David s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro.  7121/03 Prepara Vía Ejecutivo por cobro de alquileres. L.A. N 47 F 1260/1263 N 551 Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro.  7121/03 Prepara Vía Ejecutivo por cobro de alquileres. L.A. N 47 F 1260/1263 N 551
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-08-31

El artículo 37 de la ley 17.801 admite implícitamente la prórroga indefinida de las anotaciones de las medidas precautorias. Naturalmente, a los fines de no perder los beneficios derivados de las anotaciones de dichas medidas será menester en todos los casos, efectuar los pedidos de prórroga antes de que venzan los plazos respectivos. No habiendo el recurrente adoptado tal recaudo, resultan inevitables las consecuencias de su omisión.
Recurso de inconstitucionalidad, iura novit curia, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, L.J. y otro s/ Artículo 59
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-14

En el caso, no obstante el error del recurrente al deducir recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, conforme al artículo 113 inciso 5to. de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por aplicación del principio iura novit curia, teniendo en cuenta que "es la pretensión deducida en la demanda y no el nombre con el que las partes la califican, la que determina la competencia del Tribunal y el tipo de proceso aplicable" (TSJCABA, 16.9.99., "Domínguez, Eva Noemí c/GCBA s/acción declarativa de inconstitucionalidad), criterio de aplicación analógica en el caso, entendiendo que devendría en grave desmedro del derecho de defensa de los encartados -más allá de los errores de sus defensores-.

Este estrado habrá de considerar que lo que ha interpuesto la defensa es un recurso de inconstitucionalidad, en los términos del artículo 27 de la Ley Nro. 402. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Derecho ambiental, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, modificación de medidas cautelares, medida cautelar innovativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia del Neuquén. c/ Petrobras Energía S.A. y otro. s/ Incidente de apelación E/A: 353858/07.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-05-20

Respecto de la procedencia de la medida, se insiste en que basta demostrar la probabilidad del perjuicio que se ocasionaría por falta de su dictado, la factibilidad de pérdida o menoscabo del derecho pretendido, o la imposibilidad de asegurar el cumplimiento de la medida y en el sentido expuesto, las inspecciones realizadas en los emplazamientos donde se desarrollan operaciones hidrocarburíferas de perforación, work-over y pulling, reflejan la realidad poniendo en evidencia el riesgo que se quiere evitar.

En este sentido, y de acuerdo a la previsión de la Leyes Provinciales Nro. 1875 y Nro. 2267, será a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable designada como autoridad de aplicación en su art. 25, la que en ejercicio de las funciones asignadas en el art. 26, deberá constatar y certificar acerca de la elección y adopción por parte de las empresas demandadas de un medio más idóneo que las mantas oleofílicas prescriptas, y considerando los ciertos efectos perjudiciales que podrían generarse en el ambiente y salud humana, adoptarse éste último hasta tanto así se lo establezca en cada supuesto alcanzado por la Disposición Nro. 218/06.
Personal militar, haber de retiro, incapacidad laboral, accidente en acto de servicio, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL-MILITAR
Carátula: Lamas, Víctor c/ E.N.   y   A.R.A. s/ Accidente  de   Trabajo - Daños y Perj. - Benef. de litigar s/ gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-21

El personal militar que se encuentra en situación de retiro voluntario en virtud de la hipoacusia neurosensorial bilateral que le ocasiona una incapacidad parcial y permanente que guarda relación con los actos de servicio, tiene derecho al cobro de una indemnización por la discapacidad que padece, pues su haber de retiro sólo tiene carácter previsional y no está integrado por parte proporcional alguna que represente un monto indemnizatorio, y el personal militar se encuentra comprendido en la tutela legal de los accidentes laborales -Ley 24.557-.
Costas, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUILAR, RAUL DANIEL c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - INCIDENTE  DE APREMIO POR HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 321 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-22

El artículo 37 de la ley de Aranceles Profesionales de Abogados y Procuradores (nro. 6767) prevé la posibilidad de incluir el rubro "gastos no documentados" en la liquidación de las costas del juicio, adoptando, en razón de los inconvenientes que suscita la determinación de su importe, una postura cuantitativa. Efectivamente, establece que por dichos gastos se podrá incluir el valor correspondiente al 3% del total de las costas, pero sin superar el límite máximo de $ 34.
Prueba compuesta, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Rafael Norberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si el sentenciante completó la prueba compuesta con tres indicios, con expresa invocación de los arts. 255 y 256 (n.a.) del C.P.P. y las impugnaciones formulan desarrollos que no se relacionan con ninguno de los textos legales en que el a quo fundó la concurrencia de dichos elementos probatorios.
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Yosifides, Ileana c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-29

La descalificación constitucional de una norma, concebida como ultima ratio del orden jurídico, sólo resulta procedente cuando ello se muestra necesario para decidir conforme a derecho en el caso particular sometido a juicio y conforme a las específicas circunstancias vigentes al tiempo de adoptar la decisión. (Del voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín).
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, delito de peligro concreto
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Muruchi, Rubén Darío s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-21

No se ajusta a la doctrina CS "Arriola" la conducta de quien fuera hallado con 27,83 gramos de marihuana, si se encontraba fumando mientras circulaba en bicicleta de manera imprudente por una avenida, en un lugar y horario -12.35 hs- de movimiento constante de personas, lo que claramente exhibe una conducta de ostentación que ha aparejado un peligro concreto de generar daño a derechos o bienes de terceros. La disidencia consideró que no se encontraba acreditado un peligro concreto o daño producido a derechos o bienes de terceros.
Sentencia, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: B. F. S. A. c/ C. G. y E. y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-06

Para determinar la definitividad o no de una sentencia, debe tenerse en cuenta el criterio de supervivencia o no de la acción, por cuanto mientras esta subsista, y el pleito pueda continuar, no habrá sentencia definitiva.
Cesantía ilegítima, indemnización, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moresino, Alberto Enrique c/ Municipalidad de San Vicente s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

Debe desestimarse la demanda de daños y perjuicios promovida por un ex-empleado público que fue declarado cesante contrariando las disposiciones normativas aplicables, si aquél no ha demostrado la existencia del daño, en tanto su prueba es capital para el derecho, no pudiendo otorgarse indemnización alguna si falta esa comprobación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Solidaridad previsional, regularización impositiva, repatriación de capitales, moneda extranjera, bienes en el exterior, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Banco de Mendoza S.A. c/ Dirección General Impositiva. Sancor Seguros de Retiro S.A. c/ Dirección General Impositiva. s/ Reconocimiento de créditos fiscales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

El art. 30 de la ley 24.463 únicamente modifica el art. 33 de la ley 24.073, sin alterar el contenido de los arts. 31 y 32 de esta última, por lo que dicha disposición no es aclaratoria sino que introduce una verdadera modificación (Voto de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor y Carlos S. Fayt).
Apertura a prueba, prueba pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: A., S. M. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-02-13

Dictado el auto de apertura a prueba, que es el acto por el cual el juez resuelve si existen hechos controvertidos, se pasa a la etapa probatoria, dando comienzo a esa actividad, fijando el plazo de pruebas, permitiendo el ofrecimiento y estableciendo las reglas y oportunidades para su producción.

En esa ocasión, existe la posibilidad de que las partes puedan oponerse, pero esa oposición no es a la apertura de la prueba sino a la producción, es una impugnación que permite a cada parte individualmente requerir que no se produzca la prueba, al considerarla innecesaria o superflua.

"La oposición debe ser fundada, ha de interponerse dentro del plazo de cinco días, que se cuenta independientemente para cada parte, desde la notificación del auto de apertura a prueba.".

En coincidencia con ello, en el ámbito local, es el art. 365 del C.P.C.C. el que fija ese plazo para realizar la actividad procesal descripta.
Derecho contravencional, faltas, remisión del expediente, responsabilidad contravencional, non bis in ídem
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MARTINEZ, Héctor Manuel s/ Infr. Art. 83 ley 1472 - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-07

La necesidad de clausurar definitivamente la presente investigación contravencional y continuar una por faltas no afecta el principio ne bis in idem, pues éste tiene dos vertientes, una material que impide mas de una sanción por un mismo hecho, y otra adjetiva que busca asegurar que un hecho no será objeto de dos procesos (MALJAR, Daniel E., "El Derecho Administrativo Sancionador", Ad Hoc, Bs. As. 2004, pág. 245), regla que opera en las siguientes condiciones: cuando hay identidad en la persona imputada, en el objeto (es decir, en los hechos) y en la naturaleza jurídica de la responsabilidad que se examina.

Esta última característica -que no se dá en el caso de autos desde que la naturaleza jurídica de la contravención y la falta no es la misma- ha sido llamada causa de persecución (Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de Derecho Procesal Penal, I, Nociones Fundamentales", Ediar, Bs. As., 1960, T I, pág. 247/253) significado jurídico (Maier, Julio B J., "Derecho Procesal Penal", T I, Fundamentos, Editores del Puerto, Bs. As.1996, pág. 595) o fundamento (así lo denomina la doctrina española, basándose en el art. 133 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, que dice: "No podrá sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto y fundamento. (Maljar, Daniel, ob. cit. pág. 246).

Una causa penal y una de faltas no configuran la misma naturaleza de persecución y, por lo tanto, la promoción de esta última no viola el art. 18 de la CN (CSJN Fallos: 273:66).

Teniendo en cuenta la diferencia en su naturaleza jurídica (al haber diferencia con el tipo de control, la gravedad de los efectos y por último con relación a los criterios que la rigen) queda aventada cualquier discusión que pudo haber existido sobre la vigencia de la garantía que prohíbe el doble juzgamiento.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, prescripción, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: LOZANO, ENRIQUE OSCAR c/ POLICIA FEDERAL ARGENTINA Y OTROS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-31

El art. 258 de la LCT establece que las acciones provenientes de la responsabilidad por accidente de trabajo y enfermedades profesionales prescribirán a los dos años, a contar desde la determinación de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima.

Siguiendo tal criterio, el máximo tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que, a los efectos de la prescripción, se debe tomar como punto de partida, la toma de conocimiento por parte del trabajador, del grado de incapacidad padecido.
Daños y perjuicios, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del fabricante, defectos de fabricación, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ANDREUCCI, Sergio Damián c/ COCA COLA S.A.I. y F. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-11

Acreditada la existencia del vicio de la cosa, no importa determinar si éste provino de la mala calidad de los materiales de fabricación o de un desperfecto en el funcionamiento de alguno de sus componentes, dado que tales cuestiones son extrañas a la relación entre la víctima y el fabricante del producto elaborado causante del daño. De sostenerse la inexistencia del vicio, incumbe a la demandada producir la prueba científica que desvirtúe aquella presunción "hominis".-