marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intervención del sindicato, delegado gremial, delegado normalizador
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS DEL ESTADO (SUPE) s/ QUEJA POR APELACION DENEGADA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-08

La ley 22105, que derogó parcialmente la ley 21356, y el decreto 549/82 dictado en ese marco, tendían a la normalización de la vida gremial, por lo que las 'comisiones transitorias' designadas en base al citado decreto no adquirieron el carácter de 'interventores' mandatarios de la autoridad de aplicación, sino el de autoridades legítimas de los sindicatos, con carácter precario y en virtud de mandatos preexistentes, dentro del marco de la ley 22105, compatible con el artículo 14 'nuevo' de la CN. y del convenio 87 de la OIT.

(Del voto de la mayoría desarrollado por el Doctor Boutigue). (En disidencia votó el Doctor Casares).
Obligaciones condicionales, beneficio de litigar sin gastos, embargo, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bertea, Alberto Oscar c/ Gaitan, Ángel s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-05-22

En el marco de una ejecución de honorarios, la resolución que dispone el levantamiento del embargo trabado, ordenando su inmediata cancelación y libramiento de oficio respectivo, debe confirmarse ante la ausencia de elemento alguno que conduzca a concluir que la condición a que se encuentra sometida la obligación del deudor (mejoramiento de fortuna) se haya cumplido, toda vez que la facultad que se reconoce al acreedor condicional a cautelar su crédito, encuentra límite en el momento en que esa cautelar supone, como en este caso, la efectiva percepción -total o parcial- del crédito en cuestión, disminuyendo, en el supuestos en que nos encontramos, los ingresos del deudor, situación que solo podrá concretarse cuando se acredite, de ser ese el caso, el cumplimiento de la mentada condición.
Condena condicional, violencia de género, amenazas, daño
Materia: PENAL
Carátula: R., C. S. s/ violación de domicilio en concurso real con daños en concurso real con amenazas con arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2013-10-23

Ante la inconveniencia de aplicar efectivamente en el caso la pena impuesta, debe dejarse en suspenso la pena de privación de la libertad dispuesta a quien incurrió en los delitos de violación de domicilio, amenazas y daño, cometidos en perjuicio de su ex mujer, y ordenarle que inicie inmediatamente un tratamiento adecuado (psicológico o psiquiátrico según corresponda) como así también se abstenga de tomar contacto directo con su ex pareja, ya que, tales reglas si bien se dirigen a la prevención de nuevas prácticas o nuevos hechos como los sucedidos, también cumplen el rol de medidas de protección para la mujer víctima del caso, como lo exige la Convención Interamericana Belém do Pará.
Medios de comunicación electrónica, aplicación de la ley, control de razonabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Herrera, Ricardo Horacio y otro/a c/ Herrera, María Aurora. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Las disímiles aplicaciones de una misma reglamentación que ha sido objeto de sucesivas modificaciones y aclaraciones, en el marco de una materia novedosa como es la utilización de medios electrónicos de comunicación en las actuaciones judiciales, deben necesariamente conllevar una interpretación flexible y contextualizada, guiada por un criterio de razonabilidad, que evite encerronas o sorpresas procesales para los justiciables, pues ese no ha sido el espíritu que inspiró la normativa que las rige.(doctor Genoud, sin disidencia)
Concejo deliberante, nombramiento, acción de amparo
Materia: POLITICO-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Romero de Martínez, Mabel Liliana y Zerdán, Héctor Cipriano c/ Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Recreo s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-17

De la lectura del Art. 17 de la Carta Orgánica Municipal y del Art. 146 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante demandado resulta que:

a) La potestad de designación del Secretario de Bloque, corresponde a la representación parlamentaria y no al Cuerpo, ni a su Presidente.

b) A diferencia de las autoridades del Concejo, la designación del Secretario de Bloque, cualquiera sea su forma e instrumento, no tiene el límite temporal de un año y, obviamente su permanencia queda sujeta a la voluntad político administrativa de la representación que lo eligió para tal cargo.

En consecuencia, resulta írrita la interpretación normativa que intenta identificar la duración y el carácter de la designación de las autoridades o funcionarios del Concejo, con la de Secretario de Bloque, resultando no sólo manifiestamente ilegal no mantener al funcionario ratificado por la ocurrente-presidente de un bloque-, sino también manifiestamente arbitrario que la permanencia de un funcionario, que depende de la confianza de una representación política específica, quede sujeta al criterio del Presidente del Cuerpo, que puede o no coincidir con la filiación ideológica de la representación parlamentaria.

Por lo tanto, corresponde hacer lugar a la acción de amparo intentada, ordenando al Sr. Presidente del Concejo Deliberante reintegre a sus funciones al funcionario desplazado, con costas.
Derecho laboral, medidas cautelares, resoluciones apelables
Materia: LABORAL
Carátula: IBARRA LIDIA ASUNCION c/ RECALDE FREDELFINA MARIA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-10-04

La modificación de la cuantía de una medida cautelar ya ordenada no queda incluida en el artículo 59 inciso h) del código procesal laboral, pues no se está en el supuesto de que se decrete o deniegue medidas cautelares, por lo que no resulta apelable la resolución.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, jurisprudencia vinculante, leyes, constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

En lo que hace a la constitucionalidad de los acuerdos plenos o plenarios y a su jurisprudencia obligatoria, incluso de los recursos de casación o de inaplicabilidad de la doctrina legal, como los contemplados por nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial y Código Procesal Penal, vale señalar que, si bien la convocatoria a un tribunal pleno puede dar pie a una discusión constitucional al importar de modo indirecto una suerte de atribución legislativa en tanto la ley estaría concediendo a la Cámara la facultad de dictar una norma general interpretativa de otra u otras anteriores confusas o ambiguas, se trata de un paso destinado a resolver un juicio, resultando ello avalado por el derecho consuetudinario constitucional. (Del Voto del Dr. Ravena -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Audiencia, idioma extranjero, habeas corpus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mbaye, Ibrahima y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-01

La audiencia requerida al tribunal de apelación para recibir la prueba y conocer a los actores parece razonable respecto de la eficiencia del procedimiento iniciado, no sólo por el derecho a comprender ese procedimiento por parte de aquel a quien afectará su decisión, sino, antes bien, porque para los procedimientos de habeas corpus resulta esencial conocer y escuchar a quien dice sufrir la iniquidad estatal, pues habeas corpus significa, precisamente, "traer el cuerpo a la presencia del juez". (Voto del Dr. Julio B. J. Maier, al que adhiere el Sr. Juez Luis F. Lozano).
Ministerio Público de la Defensa, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, notificación personal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B. de E., A.B. c/ E., V.H. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-23

Atento el carácter de funcionario que reviste el Defensor Oficial, debe ser notificado en su despacho de las providencias que se dicten en la causa, conforme lo dispone el art. 135, inc. 18 del Código Procesal.
Empleados públicos, abandono del cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moreno, Julio César c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

Debe descartarse la existencia de una conducta intencionalmente dirigida a abandonar el servicio si el agente se ausentó durante un breve lapso -dos horas aproximadamente- de su lugar de trabajo previo pedido de autorización para ello -el que no estaba sujeto a formas especiales- y existen elementos que tornan razonable la creencia del agente de que dicha autorización le había sido otorgada.
Excusación, competencia
Materia: PENAL
Carátula: AYALA, Oscar I. y otros s/ Robos reiterados y otros DELGADO, Walter Omar s/ Habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21|1988-05-13

Como ya lo ha resuelto el Tribunal las cuestiones que planteen los representantes del Ministerio Público por excusación, son de exclusiva competencia del Sr. Juez que entiende en la causa (arts.

37 y 299 -este último a contrario- del C.P.P.).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fuerzas Armadas, personal militar en actividad, aumento salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Zanotti  Oscar Alberto c/ EN -M° Defensa- Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-22

El personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas tiene derecho a la inclusión de las sumas correspondientes a los incrementos salariales otorgados por los decretos 1.104/05, 1.095/06 y 871/07 al concepto sueldo determinado en el art. 55 de la ley 19.101 y al pago de las retroactividades devengadas desde su entrada en vigencia.
Recurso de inconstitucionalidad, reposición in extremis, Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, acción penal, prescripción, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., O. A.; M., B. H.; D., C. O.; C., L. P.; M., O. E. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -INFRACCION  ART. 94 LEY 10703 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 353 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-07

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad planteado ante el supuesto de inviabilidad del recurso de revocatoria "in extremis" por la defensa técnica contra la resolución que rechazó el pedido de constitución de Tribunal Pleno a fin de fijar la interpretación que se le dará en lo sucesivo a la cuestión de que, si planteada la prescripción en segunda instancia o en la Corte, corresponde que resuelva el Inferior en resguardo de la garantía de la doble instancia para las partes, toda vez que dicho recurso no puede deducirse "eventualmente", sino con las formalidades requeridas en la ley 7055 y no se vislumbra irrazonabilidad en la respuesta dada por el A quo en cuanto que había devenido el agotamiento de la jurisdicción del Tribunal para el conocimiento de la causa, y por ende, carecía de capacidad actual para pronunciarse. Antes bien, frente a dicho razonamiento, las críticas del impugnante en torno a que la Cámara no brindó debido tratamiento procesal a la prescripción planteada y ordenara proseguir la causa según su estado, generando un desgaste jurisdiccional innecesario, no resultan suficientes para demostrar cómo su derecho a peticionar la prescripción de la acción penal estuviese cercenado por la decisión en recurso y por ende, cuál es el perjuicio sufrido en esta etapa del proceso, como consecuencia de la resolución de la Alzada al respecto.
Despido indirecto, intimación previa
Materia: LABORAL
Carátula: Arroyo, Elisa Aida c/ Colegio Santa Isabel de Hungría s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-05-21

La intimación y el autodespido resultan extemporáneos, cuando la actora continuó trabajando en el establecimiento apercibiendo los haberes inferiores en virtud de una reducción horaria producida, lo que evidencia consentimiento de tal situación. El autodespido no aparece justificado, ya que el actuar de la empleadora, reducción de la matrícula, que significó para la actora la pérdida de un turno efectuada en el marco del artículo 16 de la ley 13047 con los recaudos que ésta establece, lo fue dentro de la Ley, no existiendo injuria laboral en contra de la demandante.
Empleados públicos, nombramiento, estabilidad del empleado público, jubilaciones, retiro militar
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ROBERTO OSVALDO FERRER c/ MRIO. DE DEFENSA s/ RESOL. NRO. 361
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-25

El hecho del goce -en virtud del art. 9', inc. 4', de la ley 19.101- del derecho excepcional de quedar facultado a percibir las remuneraciones del empleo administrativo sin el deber de renunciar a la percepción del retiro militar -a diferencia de un jubilado común (art. 64, inc. b), de la ley 18.037)-, no trasciende otro ámbito que el propio de una distinta regulación del sistema de compatibilidad pero no autoriza a concluir que también debe asegurársele el derecho a la estabilidad en el nuevo cargo.
Partes del proceso, sujetos del proceso penal, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: Montiel, Fredy Antonio s/ Participación criminal primaria primaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-12-17

Para que haya proceso o juicio es necesario que haya un conflicto entre partes -es decir un sujeto pretensor y otro sujeto que resiste la pretensión- y un órgano judicial, por definición imparcial e independiente. En nuestro sistema procesal estas condiciones se dan en el momento en que se dicta el auto de procesamiento, momento en que la pretensión punitiva a cargo del Ministerio Fiscal se concretiza respecto de una persona determinada. Esta persona goza a partir de este momento de las garantías del debido proceso -que irá ejerciendo en cada etapa oportuna- y es parte, consecuentemente, en un proceso o juicio penal. No altera esta conclusión la circunstancia de que, eventualmente, pueda resultar excluido del proceso antes de la etapa del debate, del mismo modo que en el proceso civil el actor puede desistir de la acción respecto de uno de los demandados en cualquier momento. (Fundamento del Dr.R.Roquel)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, sentencia, liquidación, depreciación monetaria, actualización monetaria, realismo económico
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Ramos, Azucena Julia Campodónico de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Impugnación  a la liquidación (Expte. CSJ Nº 518-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-18

La jurisprudencia del Más Alto Tribunal de la República ha entendido que resulta descalificable un procedimiento de actualización, por apartamiento de la realidad económica, cuando la aplicación de la pauta de apreciación objetiva de la depreciación monetaria conduce a un resultado que excede notoriamente una razonable compensación del capital, pues el mecanismo para mantener actualizado el capital sólo constituye un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de aquélla (realidad económica), más cuando el resultado se vuelve objetivamente injusto debe ser dejado de lado en tanto dicha realidad debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas. En el sub lite no se ha demostrado que la aplicación de los coeficientes de actualización llegue a un resultado irrazonable.

Concretamente, se aprecia que, aún en el mecanismo utilizado por la Administración, la diferencia resulta de aproximadamente el 0,5%; y ése resulta un margen perfectamente tolerable porque la ponderación objetiva de la pérdida del valor de la moneda no conduce, en tal caso, a resultados que poco o nada tengan que ver con el valor real de las prestaciones.
Buena fe, beneficiarios previsionales
Materia: PROCESAL-CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Streva, Víctor Domingo c/ A.N.Se.S. s/ incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-18

No surgiendo palmariamente demostrada la intencionalidad del actor respecto de la percepción indebida de haberes, corresponde considerar que los importes sobre los que el organismo formuló cargos fueron percibidos de buena fe por el titular, no correspondiendo su devolución. En tal sentido tiene dicho la C.S.J.N. que: "No obstante la autorización contenida en el art. 14, inc. d) de la ley 24.241 para formular cargos por percepción indebida de jubilaciones sin distingo alguno, dicho precepto debe conciliarse con los principios que establece el Código Civil en materia de repetición cuando existe buena fe -arts. 738, 786 y 1055-, pues no se advierte razón para tratar de manera más gravosa a un deudor de buena fe que ha consumido prestaciones de naturaleza alimentaria, que al obligado a restituir por causa de otro tipo de relaciones jurídicas" (cfr. "Rosello, Josefa Esther", sent. del 23.09.03). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Prenda con registro, embargo, intimación de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco del Chubut S.A. c/ Manufacturera Textil Patagónica S.a. s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-11-04

Si bien el embargo en la prenda con registro se lleva a cabo notificando al encargado del registro y la intimación de pago resulta ser un acto no esencial, lo cierto es que la citación de pago para oponer excepciones es un acto que debe notificarse al ejecutado.
Medidas cautelares, haber mínimo jubilatorio, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, caución juratoria
Materia: PENAL
Carátula: Pampen , María c/ ANSES s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-28

Teniendo en cuenta que la razón de ser del "haber mínimo garantizado" (vigente con anterioridad a la ley 26.425) no es otra que la de asegurar "elementales condiciones de vida" que hacen a la dignidad del beneficiario y al carácter integral de la prestación acordada, la condena al pago de un suplemento por parte de la A.N.Se.S., en los casos que el importe de la prestación no alcance aquel valor, resulta plenamente compatible con las obligaciones asumidas por el Sistema Integrado Previsional Argentino en la ley 26.425 y la garantía prevista en el art. 2 de dicha norma. (Cfr. C.F.S.S., Sala III, en autos "Espíndola, María Susana y otro c/ A.N.Se.S s/ Amparos y sumarísimos", sent. 143290, de fecha 28.03.12). Por lo tanto, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada, debiendo prestar -oportunamente- la interesada, caución juratoria en los términos previstos en el art. 199 del CPCCN, ante el juzgado de origen.
Concurso preventivo, juez del concurso, incidentes, fijación de precios, proceso de verificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Frigorífico Yaguané SACIF y A. c/  s/ quiebra S/ Incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-27

Las obligaciones oportunamente verificadas en el concurso preventivo en moneda extranjera, desde la fecha de mora y hasta el 4.2.02, devengan los intereses reconocidos en la resolución verificatoria (en el caso, conforme ley 19551: 37) y de ahí en adelante, ha de pesificarse el capital conforme a la normativa de emergencia, con más el ajuste e intereses allí previstos (ley 25561: 3 y Decreto 214/02: 1, 3, 4 y 8). En consecuencia, en lo atinente al tramo de deuda que fue pesificada, su capital debe ser ajustado por el CER hasta el efectivo pago, liquidándose intereses sobre el monto resultante a la tasa del 6% respecto de los créditos garantizados con prenda o hipoteca y del 8% anual para las obligaciones quirografarias, también hasta el efectivo pago o, en su caso, hasta la extinción del privilegio. Ello así, porque el capital liquidado con el ajuste derivado de la aplicación del índice referido no es sino la expresión actualizada de la misma suma de dinero, cuyo fin es recomponer razonablemente una deuda de dinero que se ha visto sujeta a diversas y complejas contingencias derivadas de la fluctuación que ha existido en la economía del país, con lo cual cabe sostener que la aplicación simultánea de la tasa activa en pesos y el CER son susceptibles de generar un resultado desmedido a favor del accionante que motiva la aplicación de una tasa de interés puro, que se ajuste al rango legalmente previsto, de modo expreso, en la normativa de aplicación para las operaciones previstas en la Comunicación A 3806 Banco Central y sus antecedentes: Comunicación A 3507 y 3561 Banco Central, tal como fue expresado precedentemente.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, acción meramente declarativa, sentencia, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/ RAPPI ARG. SAS (RAPPI) Y OTROS S/ SUMARISIMO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

El CPR 322 establece que podrá deducirse una acción meramente declarativa a efectos de obtener una sentencia que haga cesar el estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio serio o una lesión actual al demandante y éste no tuviera otro remedio legal para ponerle fin.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, protección del medio ambiente, acto administrativo de alcance general, bien común
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Juvevir Asociación Civil y otros c/ Energy S.R.L s/ inc. de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

Cuando se pone en tela de juicio la ejecución de medidas de alcance general que pueden interesar a actividades cuyo correcto ejercicio no es ajeno al bienestar común, se configura la causal de excepción que permite habilitar la instancia extraordinaria del art. 14 de la Ley 48, máxime cuando la remisión del planteo a un juicio posterior puede tornarla ineficaz. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Prueba, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: KUKIN JULIO c/ VICTOR O. LEGUIZAMON Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-22

No pueden ser tenidos en cuenta los presupuestos que acompañan a una demanda, cuando son negados por la contraria y en la causa no quedaron reconocidos.
Honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley, retroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dycasa Dragados y Construcciones S.A.I.C.I. c/ Agua y Energía (sociedad del Estado) s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

Cuando los trabajos profesionales fueron cumplidos en su totalidad con anterioridad a la entrada en vigencia de las disposiciones de la ley 24.432, la aplicación del tope del 25% previsto en su art. 1º y las restantes modificaciones introducidas, no resultan aplicables al caso (conf. C.S. `in re' "Francisco Costa e hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires Provincia de" del 12-IX-96 y esta Sala `in re' "Edificadora IVNE c/ Instituto de la Vivienda" del 19-VIII-97, considerando 12). (Cons. 3º).