marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: B., M. R. s/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-06-30

En relación con el primer párrafo del art. 196 del CPCCm., LINO PALACIO y ADOLFO ALVARADO VELLOSO expresan: "El principio que consagran... es rigurosamente aplicable cuando se trata de la competencia en razón de la materia, del valor y del grado ...". En igual sentido se pronuncia RAUL MARTINEZ BOTOS, con cita de PODETTI y MORELLO.
Medicina prepaga, afiliación a obras sociales, enfermedad preexistente
Materia: CIVIL
Carátula: Fernandez, Graciela Beatriz c/ Omint SA de Servicios s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

La rescisión del contrato de medicina prepaga dispuesta por la empresa ante la falta de denuncia de una enfermedad preexistente , no resulta manifiestamente arbitraria o ilegítima, pues a la fecha en la que la accionante solicitó la afiliación de su grupo familiar conocía la patología ginecológica que la afectaba y, obviamente, que se había sometido a una histeroscopía diagnosticada, máxime cuando la afiliada sólo manifestó en la declaración jurada que se había efectuado exámenes de rutina sin hacer mención alguna a la histeroscopía (del voto en disidencia parcial del Dr. Tazza).
Superior Tribunal de Justicia, competencia, competencia contencioso administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Ramón Héctor c/ Municipalidad de la Capital s/ Acción  contenciosa administrativa de plena jurisdicción y Anulación  o ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-12-06

Corresponde declarar la competencia contencioso administrativa de la Corte de Justicia, toda vez que resulta acreditado el cumplimiento por parte del recurrente -administrado- de los actos que permiten acceder válidamente a ésta instancia jurisdiccional. Ello importa afirmar que el administrado ha hecho uso de la vía recursiva impuesta por la ley adjetiva, logrando el pronunciamiento expreso de la autoridad de máxima jerarquía -Intendente Municipal- ocasionando tal pronunciamiento un acto definitivo que causa estado.
Fallos de la Corte Suprema, prisión preventiva, delitos contra la humanidad, obediencia debida, cómputo de la pena
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Von Wernich, Christian Federico c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-13

La decisión adoptada por la mayoría de la Corte Suprema en el caso "Muiña" omitió considerar que al momento de la sanción de la ley 24.390 se encontraba vigente en el país un sistema normativo de impunidad para los crímenes de lesa humanidad -obediencia debida, punto final, amnistía, etc.- de manera que el legislador de ningún modo pudo prever a los responsables por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura 1976-1983, como beneficiarios de la norma (en particular del beneficio del cómputo establecido por el art. 7º de dicha ley), atento que sobre ellos existía una cobertura legal que les aseguraba la impunidad, incluso, de haberlo de haberlo podido prever, el dictado de dicha norma sobre cómputo privilegiado de pena, en condiciones de posible aplicación a los condenados por graves violaciones a los derechos humanos, habría sido contrario a los fines y deberes asumidos por el Estado por la suscripción de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a los que precisamente en ese mismo año se otorgó jerarquía constitucional en orden a la reforma del año 1994.
Acceso a la información pública, legitimación procesal, ciudadano, ley provincial, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Oehler, Carlos A. c/ Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy - Estado Provincial s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-21

Si el art. 10 de la ley 4444 de la Provincia de Jujuy establece que el "derecho de libre acceso a las fuentes de información pública puede ejercerlo toda persona física o jurídica en la Provincia, sin que sea necesario indicar las razones que lo motivan", no requiere la demostración de un derecho vulnerado, la configuración del rol de víctima o la prueba de la relación directa e inmediata con los perjuicios que provoca el acto u omisión impugnados, pues exime en forma expresa al demandante de indicar las razones que motivan su pretensión, por lo que la simple calidad de ciudadano que esgrime el actor es una condición apta para autorizar la intervención de los jueces a fin de ejercer su jurisdicción.
Prueba pericial, liquidación de haberes
Materia: LABORAL
Carátula: PEREYRA, MARIA DELFINA c/ SANATORIO BANDA S.A. Y/O PROP. Y/O RESPONSABLE s/ DIFERENCIAS DE SUELDOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-05-07

Si de la pericia y aclaraciones del perito, no surge en forma clara y concreta la liquidación de los días abonados al trabajador en coincidencia con los días trabajados, debe Contaduría del Tribunal proceder a su liquidación y determinar su correspondencia. (Minoría u opinión personal)
Defensa del consumidor, contratos de consumo, contratos de adhesión, cláusulas predispuestas, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Galaxy Entertainment Argentina c/ GCBA s/ Otras Causas con Trámite Directo ante la Cámara de Apel
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

En los contratos de consumo hay alguien que predispone las claúsulas y otro que simplemente "asiente". No hay en este tipo de negocio jurídico "discusión" (art. 1137 C.C.) entre las partes sobre cómo cada uno de ellos se va a comprometer frente al otro.

Es en ese contexto en el que hay que encuadrar las relaciones de consumo, y es por estas peculiaridades que el legislador primero (mediante la Ley 24240), y el constituyente después (artículo 42 de la Constitución Nacional y artículo 46 de la Constitución local), otorgaron un plexo de derechos y garantías específicos para tutelar a los consumidores y usuarios, que se encuentran en un estado de disparidad negocial frente a sus cocontratantes.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Koatz, Elisa y otro c/ Stefani, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

Si el demandante acumuló a su demanda de escrituración, otro reclamo por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del referido contrato, corresponde se realicen dos regulaciones independientes, de acuerdo a lo previsto en el art. 26 de la ley 8904. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral, conviviente
Materia: LABORAL
Carátula: Franco,  Silvia  Marta c/ Consorcio de Propietarios del EdificioPedro Moran 3590/92/94 y otro s/ indemn. por fallecimiento.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-25

En los casos de indemnización por fallecimiento del trabajador, respecto de la situación de la concubina merece señalarse que en el ámbito laboral, tanto su equiparación a la situación de la viuda así como la posibilidad de que aquélla desplazara a la esposa -en caso de reunirse los recaudos que la norma establece fue dispuesta por la Ley de Contrato de Trabajo, antes de que lo previeran las normas de la seguridad social y ninguna de las leyes posteriores modificó en concreto, el texto del art. 248 L.C.T. por lo que podría sostenerse válidamente que para que la conviviente acceda a esta reparación debe cumplir los recaudos que determina la propia norma laboral con prescindencia de lo establecido por las leyes previsionales en cuanto al derecho de pensión. Sin perjuicio de ello, corresponde compatibilizar la interpretación de la norma laboral con lo que establece la ley previsional porque el propio legislador laboral para determinar quiénes eran los beneficiarios de la reparación en cuestión, se remitió a la enumeración, al orden y prelación de la norma previsional vigente por entonces, por lo cual no se advierte motivo que justifique aferrarse a una norma que no se encuentra en vigor ya que el ordenamiento jurídico debe ser considerado como un todo armónico y dinámico. (Del voto de la Dra. Porta, en mayoría).
Accidente de tránsito, prioridad de paso, responsabilidad del conductor, vehículo embistente
Materia: CIVIL
Carátula: "La Franco Argentina" Cía. de Seguros c/ Guezzona, Juan Carlos s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-07-16

Si bien la calidad de embistente conforma una presunción, legal en el 1113 y "hominos" en el 1109 del código Civil, la violación a la preferencia de paso no es otra mera presunción sino "...una contravención grave..." que "...crea para su autor, en caso de accidente, la responsabilidad inherente a los daños que éste ocasione", con lo que allí hay una atribución lisa y llana de culpabilidad por conducta antirreglamentaria. La primera conclusión -la del embistente- sólo "presume" culpa. La segunda situación prueba, y precisamente, que medió culpa del embestido enervando en consecuencia aquella presunción. Probado así que medió violación a las normas del tránsito, y supuesta la relación causal entre dicha violación y el daño "ministerio legis", no me cabe duda que el responsable es el violador y el embistente se exime.
Hábeas data, fuerzas de seguridad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

El art. 43 de la Constitución Nacional protege aquellos datos que no se encuentran regularmente al alcance de los particulares, de tal manera, los datos obrantes en las fuerzas y organismos de seguridad, incluso los reservados y con carácter secreto, están especialmente contenidos en la norma (Voto del Dr. Carlos S.

Fayt).
Compraventa inmobiliaria, cesión de boleto
Materia: CIVIL
Carátula: AUGSPACH E. A. c/ PAZBLAN S.R.L. s/ ESCRITURACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

No obstante una disposición contractual que imponga la previa conformidad del vendedor para tener por válida la cesión de los derechos emergentes de un boleto de compraventa, ella no puede invalidar, en principio, la transferencia efectuada por el comprador originario, habida cuenta que en tanto no medie la mencionada aquiescencia, frente a aquél existirán dos obligados por el pago del saldo de precio de la operación: el deudor cedente y el cesionario (conf. Borda, "Tratado de Derecho Civil Argentino-Contratos", 3a. ed. , t. I, p.
Dominio, inscripción registral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PAZ, EMA DELINA s/ PRESCRIPCION VEINTEAÑAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-27

En un juicio de prescripción el titular de la inscripción registral del dominio es el sujeto pasivo principal y necesario del proceso.

Por lo tanto, el poseedor debe proceder, a su individualización, y requerir el otorgamiento de certificaciones registrales para acompañar la demanda. También la identidad del titular puede obtenerla, por medio de informes de otras reparticiones -que llevan distintas registraciones- aún cuando sus constancias no acrediten la titularidad de la inscripción dominial, sino solo el empadronamiento del inmueble a otros fines. De ese modo al individualizarse el posible titular (que bien puede no ser el propietario registrado) puede solicitarse la certificación del Registro General de la Propiedad Inmueble.
Ejecución de alquileres, imputación de pago, prueba del pago, presunciones
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CONSORCIO POSADAS 1560/80 c/ MIGUEZ DE HUERTA, Irma Modesta s/ EJECUCIÓN DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-20

Si el locatario ha acreditado el pago de alquileres por períodos posteriores a los reclamados, tal circunstancia permite presumir que ha abonado aquéllos devengados con anterioridad.
Derecho laboral, contrato de trabajo, subcontratación laboral, obligaciones solidarias, prestaciones de la obra social
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Martínez, Roberto Alejandro c/ Seguridad Tavi SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-30

No puede considerarse a la seguridad como una actividad normal y específica de un edificio de propiedad horizontal de las características de un consorcio de propietarios como el demandado (no se trata de un barrio cerrado), en tanto constituye una labor accesoria y escindible del giro específico propio del establecimiento donde se presta, cuyo funcionamiento no se vería afectado por la ausencia de dicho servicio. (Fera-Balestrini)
Bienes del Estado, dominio privado del Estado, lanzamiento, contratos administrativos, resolución del contrato administrativo, concesión de inmuebles, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda c/ Mónica Elena Gómez s/ Desalojo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-15

La aplicación por parte de la sentenciante de grado del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a la especie, implica no tener en cuenta la facultad legisferante que posee la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para darse sus normas procesales.

La Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994 le reconoció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un nuevo status jurídico del cual deviene un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, con la sola limitación de que por medio de una ley se garanticen los intereses del Estado Nacional mientras sea la capital de la Argentina (conf. art. 129 de la Ley Fundamental de la Nación). Ya ha dejado de existir esa entidad autárquica de base territorial delegada de la Nación; es un territorio autónomo teniendo poderes no delegados al estado Nacional como toda provincia federada. En consecuencia, a partir de la constitución de la Legislatura de la Ciudad, ha cesado el Congreso de la Nación en sus funciones de parlamento local como también la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo Nacional, subsistiendo sólo a los fines específicos de las autoridades nacionales sitas en el territorio de la Ciudad y mientras ella sea su sede. El artículo 129 de la Ley Fundamental Nacional, reconoce la potestad legislativa de la ciudad, la que es ejercida por la legislatura de conformidad a lo normado por el artículo 80 y concordantes de la Constitución local.

El Código Contencioso Administrativo y Tributario ha sido aprobado por la Ley Nro. 189 de la Ciudad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 81 inciso 2 de la Constitución local. Debe tenerse especialmente en cuenta que el mencionado código de la Ciudad no regula un juicio de desalojo distinto del de la desocupación de bienes del dominio privado del estado establecido por el artículo 463, difiriendo claramente en ésta como en otras materias del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Pretender que, atento la falta de regulación del "Proceso de Desalojo" en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, el mismo deba regularse por el Código Procesal Civil y Comercial, es negar la autonomía legisferante propia de la Ciudad en un tema reservado a la misma como es la ley de forma, sobre todo al haberse dictado el Código Contencioso Administrativo y Tributario que, como tal, debe considerarse en su integridad, no pudiendo colegirse que por tal procedimiento se esté vulnerando el artículo 31 de la Constitución Nacional.
Concursos, proceso de verificación, acción de revisión, resoluciones judiciales, reconocimiento de los hechos, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Alg Convention Center SA c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito promovido por las tierras sa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-29

Es que las partes aluden en forma genérica y con cierta vaguedad e imprecisión, a "diversos mutuos y cesiones celebrados entre la acreedora y los deudores" hasta la fecha de suscripción del reconocimiento de deuda; sin efectuar ninguna mención puntual respecto a la contratos que habrían motivado el otorgamiento de aquel instrumento (ya sea fecha de suscripción, monto, objeto, partes, etc.) de modo que permita su identificación y, concretamente, determinar la composición de la deuda.
Período de prueba, despido por maternidad, estabilidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Rouco, Carol Débora c/ La Gota Farmacéutica S.R.L. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-02

La situación invocada por la empleadora demandada prevista en el art. 92 bis de la LCT -período de prueba- no resulta óbice para eximirse del deber de abstenerse de incurrir en actos discriminatorios, en tanto el art. 177 3er. párrafo garantiza expresamente la estabilidad especial por maternidad, lo que desplaza la normativa relativa al período de prueba, y así también diferentes Tratados Internacionales con jerarquía constitucional que otorgan tutela especial al embarazo, el parto y la licencia post parto, los que ubican a la mujer en un estado particular de vulnerabilidad y, por ende, constituyen factores sensibles de discriminación.
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, cuestión de derecho público local, Municipalidad, personal municipal, jubilaciones, beneficios previsionales, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Fontana, Raul Angel c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Recurso  Extraordinario (Expte.: C.S.J. Nro. 668 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-29

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario desde que la impugnación sólo traducen la disconformidad del recurrente con el criterio seguido por el Tribunal en ejercicio de funciones propias, en la interpretación de normas de derecho público local, intentando hacer prevalecer su propio enfoque sustentado en la obligación del ente previsional de efectuar de oficio el reajuste de los haberes jubilatorios y que no resultan aplicables normas de prescripción, pero sin desvirtuar el núcleo central de la argumentación del decisorio, que consideró de manera fundada que había que diferenciar el derecho a un beneficio jubilatorio o de pensión - imprescriptible-, con el derecho al goce de las prestaciones emergentes de los mismos -sujeto a plazos de prescripción-, y que corresponde al beneficiario solicitar el reajuste de su haber jubilatorio, por revaluación de funciones del agente activo. Ello importó, la aplicación del artículo 78 tercer párrafo de la Ordenanza municipal 6166 que reproduce lo dispuesto en el artículo 82 de la ley nacional 18.037, que establece un plazo de prescripción bienal, para el supuesto de autos -prestaciones devengadas por un reajuste posterior al otorgamiento del beneficio-
Cámara Federal de Casación Penal, competencia, doble instancia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Martinez Chumacero, Ariel Alberto s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-21

A la CFCP compete la intervención en cuestiones como la aquí planteada, incluso en aquellos casos en que se ha observado la garantía de la doble instancia. (Dr Hornos -en disidencia-).
Grupo financiero, obiter dicta, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Rusconi, Daniel Fabián c/ ING BANK N.V. Sucursal Argentina s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-04

Son inoficiosas las críticas vertidas en el recurso respecto de las expresiones del juzgador que no conformaron el "holding" del fallo, sino un "análisis extra" o "aclaración sobre el tema" luego de adherir in totum al sufragio del colega que abrió el acuerdo. En ese contexto, atacar el discurso colateral, obiter dictum, resulta irrelevante.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Competencia, competencia federal, delitos contra la seguridad de la Nación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CABERO de EMILIO, Carmen s/ denuncia infr. artículo 149 ter Código Penal -competencia, Causa nro.  27.087 PANTANO, Mariano s/ denuncia infr. artículo 149 ter del Código Penal-competencia, Causa  nro. 27.151
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28|1995-11-28

Debe entender la Justicia Federal, única y exclusivamente, cuando por medio de tales hechos, exista el propósito de atentar contra la seguridad del Estado, de algunas de sus instituciones o que ponga en peligro o dañe en alguna medida, ya sea la seguridad del Estado o de sus instituciones.
Retiro militar, Fuerzas Armadas, interpretación de la ley, iura novit curia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BARTOLOMEOLI, Hugo Guillermo c/ EST.NAC. -ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA s/ Varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

Existe una dificultad para poder obtener la reglamentación que rige el régimen de retiros de la Armada Argentina. Es verdad que la ley se reputa conocida por todos -y con mayor razón por los jueces- pero ello a condición de que la norma haya recibido la suficiente difusión pública para permitir a sus destinatarios y a la población en general su conocimiento directo e inmediato. Ello no ocurre con las reglamentaciones militares, por lo que la representación del estado en juicios en los que se debaten cuestiones atinentes a ella, debería -para impedir que los jueces incurran en el "error de derecho"-, facilitar en el expediente el conocimiento cierto de las distintas normas que se relacionan con los hechos en debate.
Daños y perjuicios, menores, representación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Basualdo, Alejandra S. c/ Hospital Interzonal Especial Materno Infantil s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

La reforma introducida por la ley 23264, implicó la adopción -como principio general- del régimen del ejercicio conjunto de la patria potestad. No obstante ello, en los hechos, este sistema funciona en modo similar al ejercicio indistinto previsto por otras legislaciones, puesto que nuestro texto legal presume el consentimiento del otro progenitor cuando uno de ellos realiza un acto en representación del menor, salvo que se trate de alguno de los casos previsto por el art. 264 quater del CCI. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación de inmuebles, continuación de la locación, fianza, obligaciones del fiador, alquileres posteriores al vencimiento, principal pagador liso y llano
Materia: CIVIL
Carátula: ROS, Mercedes c/ RIQUELME, Víctor Manuel s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-26

Si se estipuló que la fianza subsistiría aún vencido el término del contrato y mientras el locatario permanezca en el inmueble, considerándose dicha permanencia como una continuación sin término de la locación, la referida estipulación extiende los efectos de la fianza al supuesto que contempla el art. 1622 del Código Civil; pero si con posterioridad al vencimiento del contrato se originó un nuevo acuerdo entre locador y locatario, sin intervención del fiador, los efectos del nuevo contrato no se extienden al principal pagador.

Quien se obliga como fiador y principal pagador de todas y cada una de las obligaciones del contrato, establece un vínculo directo con el acreedor, con entera independencia del que vinculara a éste con el deudor principal. Es decir que toma a su cargo el pago de la deuda de otro y queda obligado en forma directa, aunque en el contrato se hable de fiador y fianza.