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Derecho laboral, perspectiva de género, despido discriminatorio, tratamiento médico, medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: N.V.M. c/ Casa de la Moneda S.E.  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-11

El actor, trabajador trans no binario de la Casa de la Moneda, interpone medida cautelar innovativa peticionando la reinstalación en el puesto de trabajo. Se desempeñaba como diseñador gráfico, que fue incorporado a la demandada en el marco de las previsiones de la Ley 27.636 de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán - Lohana Berkins" (artículo 5, cupo mínimo), pues se autopercibe como "persona trans no binaria" que emplea pronombres masculinos (Ley 26743 art.3 Identidad de Género) y que se encontraba transitando un proceso curativo de índole psiquiátrico, y de modificación corporal ("hormonización). Sostiene haber sido víctima de trastornos violentos, hostiles y discriminatorios por su condición de trans, hasta que finalmente la Sociedad del Estado empleadora lo despide. La desigualdad estructural y absoluta vulnerabilidad del colectivo trans hacen evidente la necesidad de abordar dichas carencias mediante políticas públicas que les permita acceder a un trabajo formal y digno, el perfeccionamiento profesional, la integración, el acceso a los beneficios de la seguridad social, desterrando así la exclusión social, la salud deteriorada, la marginalización y el desempleo. Y dado que se cumplen los requisitos que exige el art. 14 de la ley 26.854, de medidas cautelares en las causas en las que el Estado es parte, cabe confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto hizo lugar a la cautelar solicitada.
Contaminación ambiental, fallos de la Corte Suprema, recomposición del daño ambiental, CUENCA HÍDRICA MATANZA RIACHUELO
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Mendoza, Beatriz Silvia c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-22

Corresponde establecer que en las acciones futuras, todas las partes involucradas deben ajustarse a las reglas establecidas en la sentencia declarativa dictada en la causa "Mendoza", y con el fin de evitar nuevos litigios, deberán considerar también los principios fijados por la Corte Suprema en diversos precedentes (Ampliación de fundamentos del juez Lorenzetti).
Derecho laboral, indemnización por despido, expresión de agravios, empleo registrado
Materia: LABORAL
Carátula: Montiel, Omar Avelino c/ Pertenecer SRL y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-29

La actora se agravia pues el "a quo" no hizo lugar a la sanción prevista en el art. 1° de la ley 25.323.Para interpretar los conceptos de "relación no registrada" y "registrada de modo deficiente" referidos en el art. 1° de la ley 25.323, cabe remitirse a las definiciones contenidas en la ley 24.013, de manera que el segundo supuesto solo se configura cuando se consignare en la documentación laboral "una fecha de ingreso posterior a la real" -art 9 ley 24.013- o "una remuneración menor que la percibida por el trabajador"- art. 10 de la misma ley. Así entonces, para aplicar el incremento previsto en el art 1° de la ley 25.323 no basta el hecho de que se haya registrado al trabajador con una categoría profesional distinta a la que correspondía. Ello así, toda vez que el art. 1 de la ley 25.323 tiene como finalidad penar a aquellos empleadores con el pago de una doble indemnización por despido en el supuesto que se trate de una relación laboral que al momento del despido no estuviere debidamente registrada y que por dicha deficiencia u omisión registral se evadan normas previsionales. De manera que aunque se haga lugar al reclamo por diferencias salariales, ello no justifica la procedencia del recargo, pues no ha existido evasión en el registro. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Concurso preventivo, incidente de revisión, crédito verificado, cuota sindical
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Compañía de Tratamientos Ecológicos SA  c/  s/ concurso preventivo s/incidente de revisión de crédito de cordoba recicla se
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-22

Procede hacer lugar al incidente de revisión y declarar verificado un crédito por los montos reclamados en concepto de cuotas sindicales y de deudas de la obra social del sindicato incidentista.
Contaminación ambiental, fallos de la Corte Suprema, recomposición del daño ambiental, CUENCA HÍDRICA MATANZA RIACHUELO, daño moral, pronunciamiento inoficioso
Materia: CIVIL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Mendoza, Beatriz Silvia c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-22

Dado que la recomposición del bien colectivo se está llevando a cabo, resulta inoficioso, por prematuro y conjetural, que la Corte aborde la consideración del daño moral colectivo solicitado por los actores -cuyo trámite se mantuvo ante sus estrados al inicio del presente proceso- debido a que su procedencia está subordinada, a que se determine que dicha recomposición o algún aspecto de ella resulta técnicamente imposible y del trámite del presente litigio estructural surge que el trabajo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo -ACUMAR- se encuentra aún en desarrollo, lo que impide que se pueda arribar a una conclusión con el grado mínimo de certeza necesario acerca de la eventual existencia de daños irreversibles.
Derecho laboral, discriminación por enfermedad, medidas cautelares, reincorporación
Materia: LABORAL
Carátula: Alcaraz, Olga Mariel c/ Hogar de Ancianos el Parque S.A. s/ pedido de reincorporación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-12

La actora deduce apelación en subsidio contra resolución que desestimó la medida cautelar de reinstalación. La accionante inicio la presente acción tendiente a que se resuelva la nulidad del despido dispuesto por la empleadora de manera inmediata dado que el mismo resultaría discriminatorio en virtud de que obedeció a razones de salud. El sentenciante de grado, desestimó la medida cautelar solicitada, fundándose en el dictamen emitido por el Ministerio Público el cual entendió que el análisis de las cuestiones traídas en razón de la medida cautelar solicitada no podrían escindirse de la cuestión de fondo relacionada con el despido discriminatorio denunciado. La existencia de las motivaciones discriminatorias denunciadas a las que se atribuye el despido y la culminación del vínculo por despido con causa, se encuentran sujetas a prueba y cuya acreditación es tema central de debate, no permitiéndose por ello, una escisión de la cuestión de fondo cabe señalar que ello no obsta al análisis de la tutela referida al mantenimiento por la demandada de la cobertura de obra social. La actora denunció que a raíz de la ruptura de la relación laboral perdería su asistencia médica y que la misma resulta esencial para el tratamiento médico de la enfermedad que sufre (cáncer de riñón). Resulta procedente acceder a la tutela peticionada en este aspecto, al encontrarse basada esencialmente en la protección del derecho a la salud y a la vida de la actora afectada, bienes jurídicos de innegable relevancia superior. Corresponde hacer lugar a lo peticionado por la actora y ordenar a la demandada que mantenga la cobertura de la obra social de la actora del mismo modo y con idéntico alcance en que lo hacía con anterioridad.
Derecho laboral, despido indirecto, contrato de trabajo, denegatoria del recurso, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: Baca Gustavo Ernesto c/ Díaz Blanca Isabel s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-28

Si bien el actor ante la persistencia de la negativa de tareas y el desconocimiento de la relación efectuado por la accionada, no tuvo más opción que considerarse despedido por exclusiva responsabilidad de su empleadora, y toda vez que la denuncia fue realizada por medio de carta documento lo cierto es que la trabajadora no realizó en el momento oportuno la denuncia de las irregularidades en que incurrió la empleadora. En cumplimiento del deber de buena fe común a las partes (conf. art. 63 LCT) debía haber intimado a su empleador a subsanar el incumplimiento, lo cual no se produjo. Por ello los reclamos indemnizatorios perseguidos con fundamento en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, y en el mismo sentido, los arts. 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323 no deben prosperar.
Quiebra, ley vigente
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Darex SA  c/  s/ quiebra s/incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-17

En consecuencia, cabe inferir que la omisión en la que incurrió el legislador respecto de las quiebras en el caso de la ley 20628 no fue otra cosa más que deliberada (CNCom, Sala A, "Corijunio SA s/ quiebra s/ incidente art 250" del 15/11/23).
Derecho laboral, indemnización por despido, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Baca Gustavo Ernesto c/ Díaz Blanca Isabel s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-28

El actor se encontraba trabajando en una total clandestinidad, es decir, fuera de registro, por lo cual se configuró el presupuesto del art. 8° de la ley 24.013. Así entonces, si hubiera intimado mientras se encontraba irregularmente registrado y cobrando una parte del salario en forma clandestina, habría procedido, efectivamente, el incremento del art. 10. Pero el trabajador no ejerció ese derecho en tal momento, por lo cual su petición carece de sustento.
Derecho procesal, representación procesal, apoderado, Estados extranjeros, despido
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Mayeur, Mónica Graciela c/ Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-29

La actora interpone recurso de apelación contra la resolución dictada en la instancia anterior con referencia a la acreditación de la representación de la codemandada. El dictamen 1378/2023 establece que la forma necesaria que debe revestir un poder otorgado en el extranjero para cumplir efectos en territorio nacional, debe respetar un principio creado jurisprudencialmente que dictamina que si el poder internacional está revestido de la forma notarial y correctamente legalizado es porque cumple con las exigencias de fondo y forma propias del caso concreto exigidas en el país del lugar de otorgamiento. La República Argentina como la República Federal de Alemania son signatarias de la Convención de La Haya 1961 sobre supresión de legalizaciones de documentos públicos. En consecuencia la "Apostilla" es el único requisito que se exige a los documentos extranjeros emitidos por países que son parte del mencionado Convenio para hacer fe en el territorio nacional, extremo que luce cumplido en el instrumento de mandato extendido por la coaccionada, a mérito de la constancia sobre tal cuestión que surge en la escritura pública de su protocolización, extendida por la notarial. Cabe desestimar el recurso interpuesto.
Derecho laboral, ius variandi, juicio sumarísimo, adicional por conducción
Materia: LABORAL
Carátula: Mondelo, Juan María c/ Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-30

La desafectación del actor de la función de Coordinador Área Central Profesional 3 en el ámbito de la Coordinación Operativa y Legal en una dependencia de ANSES, con reasignación al ámbito de la Coordinación de Relaciones Institucionales, implicó la quita del "Adicional por Jefatura" que representaba aproximadamente el 35% del salario básico.

Si bien la medida se ha fundado en cuestiones organizacionales de carácter general, y conforme las necesidades operativas de la Administración en virtud de lo normado por el art. 29 inc. 1 CCT N° 305/98 "E", y que la asignación revestía carácter transitorio, la accionada ejerció sus facultades discrecionales de modo irrazonable, en tanto no solo se ha despreocupado por las consecuencias generadas en el salario del actor, causándole un perjuicio material contrario a las normas protectorias establecidas en los arts. 121, 58 y 66 de la LCT, sino que ni siquiera insinuó las causas de la invocada reestructuración. Si bien surge de las actuaciones que habría pasado a cumplir tareas de asesor, el acto administrativo en que se respalda la medida carece de la formalidad que deben revestir dichos actos.
Derecho procesal, medidas cautelares, medida de no innovar, intimación al trabajador, intimación a jubilarse
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Goijman, Alfredo Pablo  c/ Telam S.E. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-08

El actor solicitó una medida cautelar innovativa para que se deje sin efecto la intimación que la accionada Telam S.E. le cursó a fin que inicie los trámites jubilatorios. Ello con fundamento en que no cumple el recaudo etario de acuerdo a los lineamientos de la ley 27.426. El juez de primera instancia rechazó la medida incoada por cuanto resultaría coincidente en lo sustancial con el reclamo principal y consideró que su entidad no amerita su dictado. El actor fue elegido revisor de cuentas titular en A.P.B.A. Asociación de Prensa de Buenos Aires que no posee personería gremial sino que cuenta con una simple inscripción gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo. A diferencia de lo que ocurre para la acción de exclusión de tutela el art. 52 de la ley 23.551 no prevé expresamente la posibilidad de un pronunciamiento precautorio para los casos de reinstalación o restablecimiento de condiciones, el dictado de un pronunciamiento precautorio no resulta incompatible con el ordenamiento vigente. En este marco, cabe memorar la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en autos "Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional" en cuanto a la alusión que allí se efectúa en los principios básicos de la libertad sindical y la protección de los dirigentes sindicales, que surge del art. 14 bis de la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la Organización Internacional el Trabajo y en el cual declaró la inconstitucionalidad del art. 52 de la ley 23.551 y extendió el marco de protección a los representantes sindicales previsto por dicho plexo legal, a aquellos que forman parte de sindicatos simplemente inscriptos como surge de la situación del actor. Así entonces, y toda vez que se encuentran configurados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, cabe admitir la procedencia de la medida cautelar solicitada por el actor. Por ello debe revocarse el decisorio de la anterior instancia.
Incidente de verificación, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fibracentro SA  c/  s/ incidente de verificación de crédito por gobierno de la ciudad de buenos aires
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-16

Procede admitir parcialmente el incidente de verificación intentado en lo que respecta a la deuda por impuesto sobre ingresos brutos.
Revocación de sentencia, quiebra, transferencia de fondo de comercio, acción revocatoria concursal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Sanibel Cardinal  c/  s/ quiebra c/ cooperativa de provisión de servicios hoteleros y turisticos ltda. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-29

Cabe revocar la resolución que rechazó la acción de revocatoria incoada por el síndico a fin de que se declare la inoponibilidad de la transferencia del fondo de comercio -que explotaba la fallida- a la aquí demandada, con base en que efectuada la publicación de edictos en los términos de la ley 11867: 2, no existió oposición alguna de los acreedores a la transferencia. Es que a contrario de lo decidido por el sr. juez a quo, esta falta de oposición de los acreedores no impide que utilicen otras vías del derecho común para hacer valer sus acreencias. Nótese que el objetivo de la ley es que el acreedor pueda hacer valer sus derechos mediante la retención y depósito de las sumas destinadas a cubrir su crédito antes de que el precio sea entregado al vendedor, pero ello no produce la pérdida de derechos del acreedor respecto de su deudor original una vez realizada la transferencia.
Confirmación de sentencia, concurso preventivo, incidente de revisión, producción de la prueba, negligencia procesal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Maringa Maderas SA  c/  s/ concurso preventivo s/ inc. rev. por latam usd exim investment fund ltd
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-04

Cabe confirmar la resolución pronunciada por el señor juez a quo, en cuanto tuvo por cumplida con la condición que impone la LCQ 4 para habilitar el reconocimiento de un crédito pagadero en el extranjero. Esto es: la de demostrar que un crédito pagadero en la República Argentina, puede verificar y cobrar en iguales condiciones en un concurso abierto en el país en el cual el crédito que se insinúa es pagadero -en el caso, las Bahamas-. Ello así, en el caso, el dictamen profesional (debidamente traducido, legalizado y apostillado), resultó idóneo para demostrar el cumplimiento de la "regla de reciprocidad" a la que refiere la LCQ 4. La jurisprudencia ha admitido la acreditación de la reciprocidad a través del dictamen de profesionales de derecho debidamente legalizado. En este marco, el referido dictamen resulta concluyente en punto a que un crédito pagadero en la República Argentina puede ser verificado y cancelado en iguales condiciones que uno local, en el marco de un concurso bahameño. Más aun, cuando la propia recurrente fue declarada negligente en la producción de la prueba ofrecida por ella, destinada a que se acompañen copias certificadas de las leyes de Bahamas que rigen la creación, registración y disolución de sociedades como la de marras.
Acción revocatoria concursal, transferencia de fondo de comercio, cesación de pagos, estado de insolvencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sanibel Cardinal  c/  s/ quiebra c/ cooperativa de provisión de servicios hoteleros y turisticos ltda. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-29

Cabe admitir la acción de revocatoria concursal intentada por la sindicatura sobre la transferencia del fondo de comercio de la fallida a la accionada y en consecuencia, ordenar a la síndico concursal a tomar las medidas necesarias a fin de revertir el acto cuestionado y proceda conforme la LCQ 204 y sigs. Ello por cuanto, a los efectos de establecer si la accionada conocía el estado de cesación de pagos, cabe señalar que del expediente falencial, surge que el representante legal de la fallida fue a su vez, presidente de la cooperativa demandada desde su constitución. El hecho que tanto la fallida como la demandada hayan compartido directivos a lo largo de los años, y que a su vez, éstas personas se hayan visto continuamente involucradas en sociedades en las que ostentaban cargos directivos, permite colegir que la reclamada conocía el estado de cesación de pagos del ente al momento de efectuar la transferencia del fondo de comercio. Más cuando se advierte que al desvincularse el representante ya se encontraba la sociedad en insolvencia, situación que no podía ser desconocida para un directivo del ente.
Derecho laboral, daños y perjuicios, daño moral, mobbing, discriminación, indemnización, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Quispe Flores, Marco Antonio c/ Directv Argentina S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-22

La demandada se agravia porque en la instancia anterior se hizo lugar al daño moral como consecuencia del trato discriminatorio que denunció haber sufrido el actor en cumplimiento de sus tareas. Quedó acreditado en la causa por medio de declaraciones testimoniales que existía dentro del ámbito laboral continuos y reiterados actos de hostigamiento y agresión verbal por parte de compañeros de trabajo, esencialmente, por su nacionalidad, insultos xenófobos, conductas agraviantes y amenazas de muerte. También en el dictamen proveniente del INADI se concluyó que el actor fue víctima de una conducta discriminatoria, en los términos previstos en la ley N° 23.592. Resulta aplicable la Ley 23.592 a las relaciones laborales; norma que no sólo se encuentra avalada por la Constitución Nacional de 1853 (arts. 14 y 16 y luego por el art. 14 bis CN) y, a partir de la reforma constitucional de 1994 -art. 75 inc. 22- son de aplicación normas internacionales que garantizan el principio de igualdad (la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, la discriminación arbitraria está expresamente vedada por los Convenios N° 87, 98 y 111 de la OIT, y por la Declaración Sociolaboral del Mercosur). A ello se suman los pronunciamientos del Alto Tribunal en esta materia en autos "Álvarez c/Cenconsud SA. s/ acción de amparo"; "Pellicori c/ Colegio Público de Abogados" y "Varela c/ Disco S.A. s/ acción sindical". Además nuestro país ratificó el Convenio N° 190 de la OIT (conf. Ley n° 27.580). De acuerdo con lo expuesto hay en la causa no solo indicios relevantes sino que pruebas concretas de la discriminación peyorativa de la que fue víctima el accionante y que, pese a tener conocimiento de ello, la empleadora ninguna conducta adoptó al respecto lo que, constituye consentimiento. Dicha conducta implica un apartamiento de la empleadora de las obligaciones que la LCT pone a su cargo y constituye un acto ilícito de carácter extracontractual destinado a afectar la dignidad personal del trabajador que genera la responsabilidad de aquélla por el daño provocado y justifica el reconocimiento de la reparación de ese daño al margen del sistema tarifario previsto en relación con los incumplimientos de índole contractual. Desde esta perspectiva, la conducta constatada tiene naturaleza discriminatoria ya que afecta un derecho humano fundamental (art. 14 bis CN) y de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obliga al reconocimiento del daño moral con fundamento en la ley N° 23.592.
Quiebra, impuesto a las ganancias, principio de legalidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Darex SA  c/  s/ quiebra s/incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-17

Ello por cuanto ni la ley 20628, ni su Decreto reglamentario, hacen extensivo el gravamen a las liquidaciones concursales; y, para estar gravadas las supuestas ganancias originadas en las quiebras, las mismas deberían estar incluidas objetiva y subjetivamente como presupuestos de imposición en la ley del gravamen debido a que el principio de legalidad exige que la norma establezca claramente la base, el hecho imponible y los sujetos obligados al pago, entre otras precisiones.