Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24


///nos Aires,24 de agosto de 2006 VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que rechazó por falta de legitimación activa la acción incoada y, CONSIDERANDO: 1. Que, a fs. 18, la señora juez de primera instancia rechazó la acción incoada por falta de legitimación activa. Ello, por remisión a lo resuelto en causa análoga, cuya copia certificada obra a fs. 32/33 vta. Contra esa decisión, la demandante interpuso y fundó un recurso de apelación (ver fs. 19/23). 2. Que, conforme jurisprudencia de la Corte Suprema, "...la carencia de legitimación se configura cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento." (Fallos 311:2725; 312:985; 317:687, 1598; 318:1323, entre otros). Ahora bien, esta noción de titularidad de la relación jurídica propuesta al debate judicial, en el marco de una acción de amparo, se encuentra constitucionalmente receptada bajo la figura del "afectado". Vale decir, que la circunstancia de ser titular de un determinado derecho a un reclamo en el ámbito jurisdiccional, se deduce de la medida de la afectación que acredite el accionante. Esta aserción implica, pues, que "...la 'parte' debe demostrar la existencia de un 'interés especial' en el proceso o, como lo ha dicho nuestra jurisprudencia, que los agravios alegados la afecten de forma 'suficientemente directa' o 'substancial', esto es, que posean 'concreción e inmediatez' bastante para poder procurar dicho proceso." (del dictamen del Procurador General, in re "Mosquera Lucrecia Rosa c/Estado Nacional - Ministerio de Economía", Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 3 de abril de 2003). Estas calificaciones -"suficiente" y "bastante"- en relación al grado de afectación implican un standard amplio en la valoración de la condición de legitimado activo, frente a ponderaciones que, en virtud de una noción reducida del carácter de titular implicaría la consideración primera de la relación de identidad entre el reclamante y el daño invocado, antes que la medida de la afectación de garantías constitucionales, circunstancia ésta que debe ser tenida en cuenta de manera primordial y que puede conducir a la titularidad de un derecho, no por una afectación estrictamente "directa", sino porque las circunstancias partic ulares de la litis importan que el peticionante se vea afectado por un acto u omisión de la autoridad pública de manera "suficientemente directa". Constituyendo la letra de precedentes de la Corte nacional, no cabe presumir que tales adjetivaciones no atiendan a una inteligencia amplia en relación al instituto de la legitimación. 3. Que, en este sentido, la parte actora interpuso la presente acción de amparo, denunciando que, en razón de haberse interrumpido de manera arbitraria el pago del subsidio que el Estado local otorga al Colegio donde asiste su hija menor, de quien asume la representación, y dado que este ingreso se destina a cubrir el monto de los salarios docentes, existe el peligro inminente de que se produzca una afectación en el derecho de su hija a recibir una educación acorde a las expectativas asumidas al inscribirlos en el instituto de formación involucrado en autos. No suscita dudas que el primer legitimado para reclamar la continuación del pago del subsidio resulta ser el colegio, afectado de manera absoluta por la discontinuidad del otorgamiento. Sin embargo, también es cierto que existe la inminencia de un daño, no ya exclusiva, pero sí directa de manera suficiente, respecto de la menor que podría ver menoscabada la eficiencia y calidad del servicio educativo, constitucionalmente protegido y también cualitativamente alentado por la carta magna de la Ciudad. 4. Que si bien la demanda carece de referencias certeras y precisas acerca de la interrupción en el pago del beneficio denunciada, esto hace a cuestiones sobre el objeto de la acción que no desplazan las consideraciones efectuadas respecto al grado de afectación de un daño inminente, que dan fundamento no al contenido de la acción, sino a la capacidad del actor para interponer la demanda planteada. Ello, con independencia de que una eventual rendición de pruebas en autos desacredite o confirme la denuncia de omisión planteada en el escrito inicial. Disidencia del Dr. Esteban Centanaro: 1. Que, a fs. 18, la señora juez de primera instancia rechazó la acción incoada por falta de legitimación activa. Ello, por remisión a lo resuelto en causa análoga, cuya copia certificada obra a fs. 32/33 vta. Contra esa decisión, la demandante interpuso y fundó un recurso de apelación (ver fs. 19/23). 2. Que en el artículo 236 del CCAyT se establece que el escrito de expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante estime equivocadas. Es precisamente el recurrente quien debe proveer su fundamentación efectuando una concreta expresión de voluntad impugnativa del decisorio, de modo tal que todos aquellos puntos o tópicos de la sentencia que no han sido motivo de cuestionamiento, se consideran consentidos. Por lo tanto, la apelación que sólo contiene una discrepancia con la interpretación dada por el juzgador sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a su distinto punto de vista, no constituye una crítica con los recaudos mencionados (confr., Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, "Códigos proces ales...", 1º ed., v. III, pág. 351 y ss.). 3. Que, ello asentado, cabe señalar que -a criterio del Tribunal- el recurso interpuesto no cumple con los requisitos señalados, toda vez que no ataca ni refuta el decisorio en cuestión, sino que sólo se limita a manifestar su disconformidad -de manera genérica- con el pronunciamiento atacado. En particular, debe advertirse que el único argumento que esboza la actora para contrariar lo decidido por la a quo, lejos de lograr su cometido, refuerza las valoraciones de la resolución en crisis. En efecto, para desvirtuar lo afirmado en cuanto a que el amparo persigue la defensa de un derecho patrimonial de la Asociación Civil Colegio Saint Jean -por ende, un derecho particular y no de incidencia colectiva- se arguye: "...Se equivoca la jueza apelada. Los fondos que la Dirección General de Educación de Gestión Privada le remite mensualmente a la mencionada Asociación nunca ingresan (o no deberían) al patrimonio de la Asociación Civil, porque dichas sumas son transferidas d irectamente, como se explicó en el amparo, para cubrir el 80 % de los sueldos de los maestros, profesores y no docentes en relación de dependencia con el establecimiento educativo, y también para los aportes y contribuciones sociales, previsión y tributos. Entonces, en todo caso, la falta de pago de dichos importes no afecta el patrimonio del colegio ... sino el patrimonio de los empleados de la institución, el del estado que recibe las contribuciones correspondientes, el de las obras sociales a las cuales están afiliados los miembros de planta del colegio, las administradoras de fondos previsionales, etc...." (confr. fs. 19 vta.). Como puede verse, tales afirmaciones no conmueven lo sostenido por la magistrado de grado puesto que no logran demostrar la vinculación del demandante con la pretensión. Es decir, en vez de acreditar la legitimación activa que le fuera negada, lo único que hace el apelante es señalar que no sería la Asociación la legitimada -sobre lo cual, por cierto, no es siquiera necesario exped irse en autos- sino que serían diversos sujetos (como el Estado, los dependientes de la Asociación, los maestros, etc.) entre los cuales el tampoco se encuentra. 4. Que si bien lo expuesto bastaría para desestimar el remedio impetrado, cabe destacar que del planteo efectuado en el escrito de inicio, tal como lo pone de manifiesto la Sra. Fiscal de Cámara, no se desprende que se den los presupuestos de procedencia de la acción de amparo previstos en la Constitución. En efecto, ni siquiera se acreditó la percepción del subsidio por parte de la escuela. Aun cuando ello pudiese suplirse por la producción de la prueba ofrecida, no se demostró que ello cause un daño cierto al peticionante. Mucho menos que ese daño pudiese repercutir en quienes el actor considera "beneficiarios directos" de ese -hipotético- subsidio. Por último, aún a mayor distancia se encuentra el que eventualmente podría recaer sobre lo que denominó "comunidad educativa". En síntesis, el actor esgrime un manojo de suposiciones (léase: "...el esta blecimiento escolar estaría sufriendo gravísimas dificultades financieras...", "...supuestamente motivadas por la falta de entrega de fondos...", "...la prolongación de esta presunta falta de entrega de fondos...") mediante las cuales pretende -con requisitoria cautelar incluida- obtener el cese de una omisión estatal sin haber mínimamente vinculado al Estado con el deber jurídico pretendido, lo cual conspira ab initio a la procedencia del amparo promovido. Esteban Centanaro Por lo expuesto, habiendo dictaminado la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: Revocar la sentencia apelada y reconocer, en consecuencia, la legitimación de la parte actora en la presente acción. Regístrese, notifíquese -a la citada funcionaria en su despacho- y devuélvase al juzgado de origen a fin de proseguir con el trámite de la causa. Esteban Centanaro Nélida Mabel Daniele Juez de Cámara Juez de Cámara (en disidencia) Eduardo Ángel Russo Juez de Cámara