Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-31


-- En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 31 días del mes de marzo del año dos mil ocho, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia de su titular Dr. Daniel Luis CANEO y asistencia del Sr. Ministro Dr. José Luis PASUTTI para dictar sentencia en los autos caratulados "PROVINCIA DEL CHUBUT c/ A. A. DE A. y Otros s/ Amparo - Medida Cautelar" (Expte. Nº 21.007-P-2.007), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 488, de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas Nº 3.202 y 3.204 correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. PASUTTI, ROYER y CANEO. -- -- Acto seguido, se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. -- -- A la primera cuestión el Dr. PASUTTI dijo: -- -- Vienen estos autos a conocimiento de esta Sala por vía del Recurso de Apelación Ordinaria que la actora dedujera a fs. 435 contra la Sentencia Definitiva Nº 21/2.007 y fundara a fs. 444/449 vta. -- I.- ANTECEDENTES. -- -- La Provincia del Chubut interpuso Acción de Amparo contra los integrantes de la A. A. DE A. y/o cada uno de los integrantes de la Comisión Directiva de la citada Asociación, y/o los responsables de los Servicios de Anestesiología de los Hospitales Públicos y/o todos y cada uno de los Médicos matriculados en la especialidad de anestesia que prestan o prestaban servicios para la Administración Pública Provincial, cuya nómina acompañó, a fin que se los condenara a prestar los servicios de su especialidad en los casos en que la Secretaría de Salud así lo requiriera, en forma regular y continua; y a la formación y/o capacitación de profesionales en la misma, bajo el régimen de Residencias, conforme al cupo y a la distribución determinada en el Acuerdo suscripto entre la Nación y todas las Provincias el día 06 de mayo del año 2.006, en el marco del Consejo Federal de Salud (CO.FE.SA.). - -- En cuanto a los recaudos formales para la procedencia de la Acción señaló que la Provincia estaba legitimada en su carácter de Estado obligado a atender y preservar la Salud Pública. Entendió que la demanda se presentaba dentro del plazo del art. 4 de la Ley Nº 4.572. Manifestó que la urgencia de la situación planteada demostraba claramente la inexistencia de otra vía más apta. Por último, destacó que la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta surgía debido a la grave situación que se planteaba en el sector público de salud, en lo que respecta a las prestaciones de la especialidad de anestesia. -- En el Apartado IV -titulado "HECHOS"- explicó que la cuestión planteada con el servicio de anestesiología es una problemática de alcance nacional. Reseñó que la necesidad de recursos en la especialidad fue tratada en profundidad dentro del marco del Consejo Federal de Salud -CO.FE.SA.-, arribándose a la suscripción del Acta Acuerdo, de fecha 06 de mayo de 2.006, entre el Ministerio de Salud Pública de la Nación y cada una de las Provincias, conviniéndose en el otorgamiento de ciento sesenta (160) becas para residentes de anestesiología, correspondiendo a Chubut el cupo de tres (3). --- -- Destacó que el número de profesionales que cumplen funciones en el ámbito público local resulta insuficiente para satisfacer la demanda e insistió en que la decisión del Gobierno de la Provincia, de formar nuevos profesionales está resultando una tarea imposible, por las actitudes de los profesionales especializados, y su negativa a asumir las funciones que les competen como instructores. -- Remarcó que los integrantes de la A. A: DE A: y/o todos y cada uno de los anestesistas que prestan o prestaban servicios en los Hospitales Públicos, intentan evitar la formación de nuevos especialistas, actuando en forma monopólica -señaló- conforme a sus conveniencias y en desmedro de las necesidades reales del servicio de salud y de la política de Estado. -- Declaró que en los últimos años se produjo una inducida disminución del número de anestesistas y de los prestadores de la especialidad en el sector público. Para mayor precisión realizó un detalle de la situación existente en cada uno de los Hospitales Provinciales de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Sarmiento. -- -- Destacó que el vaciamiento intencionalmente provocado, tiene como objeto tercerizar los servicios y exigir al Estado abultadas sumas de dinero por las prestaciones y elevar los valores de facturación a la Obra Social Provincial SEROS. --- -- Sostuvo que las conductas desplegadas por los demandados tiende a devastar el sistema público, poniendo en peligro -reiteró- la vida y la salud de las personas que habitan esta Provincia. - -- Relató que ha puesto en conocimiento del Señor Fiscal en Jefe la situación expuesta a efectos que proceda ante la posibilidad de configuración de hechos delictivos. Asimismo expresó que ha interpuesto denuncia ante el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia para que dicho organismo ordene a la ASOCIACIÓN abstenerse de realizar cualquier tipo de acto que implique un cese de actividades y proceder a la regular prestación en los servicios de su especialidad; así como a prestar colaboración para la capacitación de profesionales residentes en la especialidad. -- A continuación se ocupó del derecho a la salud y la vida, y de las normas internacionales de protección de las mismas. Asimismo mencionó los Códigos de Ética Internacional y Nacional y los deberes de los médicos para con los enfermos y la regulación legal nacional y provincial sobre el ejercicio de la medicina. -- -- Entendió que la conducta de los demandados encuadra en las previsiones de la Ley Nº 25.156 que prohíbe aquellas conductas que tienden a limitar o restringir, entre otros supuestos, la competencia o el acceso al mercado o que constituyen abuso de una posición dominante en un mercado. Concluyó expresando que las amenazas formuladas y el fin encubierto de las pretensiones de los profesionales anestesistas, constituye una conducta monopólica que intenta limitar la competencia de nuevos profesionales poniendo en jaque el sistema de salud. -- -- Solicitó se decrete Medida Cautelar, ordenando a la A. A. DE A. y/o a cada uno de sus integrantes a mantener la prestación de los servicios en su especialidad en forma regular y continua, absteniéndose de acciones o medidas que pudieran afectar el normal desenvolvimiento de las intervenciones quirúrgicas y otras prestaciones que requieran de la intervención de anestesistas, en el ámbito de todos los establecimientos dependientes de la Secretaría de Salud de la Provincia, mientras se tramita este proceso. - -- Fundó en derecho su petición e hizo reserva de accionar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Formuló petitorio de estilo. -- -- A fs. 14/17 el Señor Juez de Primera Instancia, mediante Sentencia Interlocutoria Nº 050/07 se declaró incompetente para entender en la Acción de Amparo respecto de los anestesiólogos y/o responsables de anestesiología de los Hospitales Públicos que no se encuentren dentro de su jurisdicción. Declaró preliminarmente admisible la Acción interpuesta y ordenó correr traslado a la A. A. DE A. -- A fs. 24 el Señor Fiscal de Estado amplió la Acción de Amparo, denunciando nuevos hechos y solicitó se amplíe la Medida Cautelar requerida, añadiendo a lo peticionado, que se ordene a los demandados acatar el Decreto Nº 232/07, absteniéndose de abandonar sus funciones hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. -- A fs. 28/29 vta. obra Sentencia Interlocutoria Nº 052/07 mediante la cual el Señor Juez de Primera Instancia dispuso hacer saber a la A. A. DE A. y a los anestesiólogos B. A. Á., M. E. M., Julio A. P. y S. G. P. que debían continuar prestando sus servicios en forma regular y continua en el Hospital de Trelew, en los cargos que veían desempeñando, no obstante las renuncias presentadas, mientras tramite el presente proceso. --- -- A fs. 86/104 se presentó la Señora S. G. P., con la representación del Dr. J. F. C. contestando la Acción de Amparo incoada, por la cual -sostuvo- se le deniega y desconoce su derecho a trabajar conforme a sus deseos y anhelos, objetivos frente a la vida, desconociéndosele toda posibilidad de renunciar al cargo que ocupaba en la Administración Provincial y, obligándosela a permanecer en el mismo en forma regular y continua "sine die", a lo que se añade la ampliación de sus funciones a la formación y/o capacitación de profesionales bajo el régimen de Residencias. --- -- Reconoció que se venía desempeñando como médica anestesióloga en el Hospital de Trelew desde hacía algunos años pero que, por la ausencia de un diálogo superador con las autoridades de la Secretaría de Salud Pública, falta de condiciones laborales adecuadas y presiones recibidas, decidió renunciar. Relató que al dimitir preavisó en los términos del art. 38 de la Ley Nº 1.987; que hizo saber que no dudaría en prestar colaboración en casos excepcionales de necesidad; que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº	232/07 obligando a los médicos anestesiólogos a variar radicalmente sus funciones, pasando a ejercer como docentes y formadores de especialistas y negándoles el derecho de trabajar libremente. -- -- Negó que su renuncia hubiera obedecido a una política instrumentada desde la asociación codemandada; que ésta tuviera una política monopólica; que desde la misma se indujera a la disminución del número de anestesistas; que su renuncia obedeciera a intereses corporativos; que la simultaneidad de las renuncias de varios colegas significara una maniobra corporativa o un desmedro al servicio de salud pública, sino que -explicó- fue una decisión individual. Rechazó que los hospitales de la Provincia se encontraran en condiciones óptimas para convertirse en hospitales-escuelas; que reuniera los antecedentes y condiciones necesarios para ser formadora de especialistas; que su función de anestesióloga implicara la de formar médicos residentes; y que tuviera la obligación de permanecer en el servicio público de salud, contra su voluntad, más allá del plazo de treinta días después de la renuncia. -- Seguidamente expuso su versión de los hechos. Manifestó que el diálogo entre los médicos anestesistas y las autoridades se había roto hacía tiempo y que había recibido presiones para aceptar "voluntariamente" hacerse cargo de la formación de médicos residentes, función ajena -explicó- a la que se le encomendó cuando fue contratada. Entendió que, en forma unilateral e inconsulta, la empleadora pretendió alterar la relación laboral. Agregó que las presiones para asumir dicho rol continuaron y, habiendo tomado conocimiento de la preparación del decreto que obligaría a los anestesistas a llevar a cabo tales tareas, decidió renunciar, haciendo uso del derecho constitucional de trabajar libremente. Resaltó que la renuncia simultánea de los especialistas no fue una maniobra orquestada, sino fruto del temor al dictado de la norma precitada. Consideró que la Secretaría de Salud pretende desligarse de su deber básico de preservar la salud de la población, transfiriendo dicha obligación a terceros, los médicos renunciantes. Estimó irrazonable la pretensión de la demandante en cuanto pretende que permanezca en forma continua "sine die" en el empleo público, obligándola a trabajar de por vida para el Estado Provincial. Refirió que el 29/03/07 se rechazó su renuncia al cargo "full time" para desempeñarse "part time", con lo cual -estimó- se la pretende someter a un sistema esclavizante. -- -- A fs. 129/145 contestó demanda, en términos similares a los de la co-demandada Señora P., la A. A. DE A., bajo la representación del Dr. C. Reconoció que la Asociación está integrada por la mayoría de los médicos anestesiólogos que ejercen en la Provincia; que funciona con fines científicos y sociales, y que algunos de sus miembros que se desempeñan en la Administración Pública mantienen una situación conflictiva con las autoridades de la Secretaría de Salud, que desembocara en la presentación de renuncias al empleo público por las presiones recibidas a fin que se desarrollen tareas de formación de colegas residentes. Negó que las renuncias obedecieran a una política instrumentada desde la propia Asociación; que tuviera una política monopólica en desmedro de los intereses del servicio de salud pública. Planteó la falta de legitimación activa del Estado Provincial ya que consideró que no existe norma alguna que faculte al mismo y al Fiscal de Estado a promover amparos. Reconoció estar al tanto de la problemática suscitada pero, resaltó que en ningún momento influyó en la libre decisión de los profesionales en renunciar. Remarcó que la facultad de asociarse es voluntaria. - -- La Señora B. A. Á., con la representación del Dr. C., contestó la demanda a fs. 173/193, en expresión semejante a las anteriores contestaciones. Planteó la inconstitucionalidad del Decreto Nº 232/07 y de cualquier norma que intentara confirmarlo. A fs. 201/219 nuevamente se presentó el Dr. C. en representación del Señor J. A. P., contestando demanda en términos similares a los de la co-demandada Señora Á. A fs. 230/253 el Dr. C. se presentó en representación de la Señora M. E. M., efectuando una contestación de la acción con contenido equivalente a las de los Señores co-demandados Á. y P. A fs. 263/264 la actora contestó el traslado de los planteos de inconstitucionalidad y adjuntó copia de la Ley Nº 5.598, que ratifica el Decreto atacado y a fs. 268 acompañó copia de la Ley Nº 5.601, complementaria de la anterior. - -- El Señor Juez de Primera Instancia, mediante Sentencia Definitiva Nº 040/07 hizo lugar parcialmente al planteo de inconstitucionalidad del Decreto Nº 232/07 y de la Ley Nº 5.598, declarándolo abstracto respecto de la Ley Nº 5.601. Asimismo, hizo lugar parcialmente a la Acción de Amparo promovida contra los Señores B. A. Á., G. S. P., M. E. M. y J. A. P., rechazándola contra la A. A. DE A. En consecuencia, ordenó a los Dres. Á. y P. que continúen en su relación de empleo público como médicos anestesistas hasta el 15 de septiembre de 2.007, o bien hasta que acrediten la asunción de compromisos profesionales que le impidan continuar dicha relación o hasta que se efectivicen los reemplazos de los mismos. Dispuso que la Dra. M. continué en su relación de empleo público como médica anestesista hasta el 31 de diciembre de 2.007, o bien hasta que acredite la asunción de compromisos profesionales que le impidan continuar dicha relación o hasta que acceda al beneficio jubilatorio. Finalmente, ordenó a la Dra. P. a que continúe con su relación de empleo como médica anestesista hasta el 31 de diciembre de 2007, o bien hasta que pase a desempeñarse en dicha relación bajo un régimen de 40 horas semanales o que acredite la asunción de compromisos profesionales que le impidan continuar dicha relación. Todo ello, bajo apercibimiento de astreintes. -- -- II.- SENTENCIA DE LA CÁMARA DE APELACIONES.

-- La Sentencia fue apelada por la parte actora. Se agravió de la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Nº 232/07 y de la Ley Nº 5.598; del plazo máximo razonable dispuesto por el "a-quo" para aceptar las renuncias de los Dres. Á. y P., la fecha establecida como tope para la jubilación de la Dra. M. y el cambio de régimen de la Dra. P. Por último, se agravió de la desestimación de la demanda contra la A. A. DE A. -- A fs. 402/412 luce agregado el Memorial presentado por la parte demandada. -- La Sala "B" de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew se pronunció a fs. 414/433. Decidió confirmar la Sentencia venida en Apelación en todo cuanto fuera materia de agravios. - -- En primer término el Dr. VERGARA expresa que si bien la quejosa expuso por separado agravios por la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Nº 232/07 y de la Ley Nº 5.598, y por el plazo para aceptar las renuncias, es evidente que el eje central del razonamiento del fallo apelado fue analizar si, en el marco de la declaración de la emergencia en los servicios, divisiones y secciones de anestesiología del Subsector estatal de Salud de la Provincia del Chubut por "el plazo de un (1) año, prorrogable por el mismo tiempo", resultaba razonable o no el término fijado durante el cual las renuncias de los profesionales que prestaren servicios y/o cumplieran funciones en la especialidad quedarían suspendidas hasta tanto otro profesional aceptara desempeñar las mismas (arts. 1 y 3 del Decreto Nº 232/07, ratificado por el art. 1 de la Ley Nº 5.598), y ello conduce al tratamiento en conjunto de las quejas enumeradas como primer y segundo agravio. - -- Más adelante, indica que no le asiste razón a la recurrente cuando señaló, equivocadamente, que el Juez de grado afirmó que resultaba inconstitucional la emergencia declarada, pues el juzgador tuvo por acreditada tal emergencia. -- Agrega que a considerar que el sentenciante se cree dueño de la vara que mide la razonabilidad y que la propia administración es quien se encuentra en mejores condiciones de evaluar tales plazos, la parte pretende sustraerse del control judicial de constitucionalidad. --- -- Comparte el criterio del Juez de Primera Instancia ya que, ante la reconocida situación de emergencia del servicio de anestesiología en el servicio de salud pública, resulta indudable que el eje de la cuestión radica en determinar si la normativa dictada y plazo durante el cual no se aceptarán las renuncias, importa la afectación esencial de la libertad de trabajar y de contratar. Efectivamente, añade, tales libertades se encuentran afectadas en su "contenido esencial" o "núcleo esencial" al disponer el art. 3 del Decreto Nº 232/07 que las renuncias de los profesionales del área de anestesiología quedarán suspendidas durante el plazo de emergencia fijado en un año, prorrogable por el mismo tiempo. La normativa, insiste, importó una restricción a la libertad de trabajar y de contratar de excesiva intensidad que permite concluir que el medio utilizado (suspensión de las renuncias por un año, prorrogable por otro período) no estuvo acorde con el objetivo procurado (paliar la emergencia en el servicio de salud pública en materia de anestesiología). El medio resultó desproporcionado, pues aún cuando se obtenga el fin perseguido, lo excede ya que dicho medio importa mantener a los profesionales en una situación de claro desconocimiento de su autonomía personal. -- A pesar que la apelante sostuvo que la administración se encontraba ejecutando las medidas necesarias para superar la crisis, no se observa -completa- que la administración provincial decidiera otras medidas alternativas menos lesivas a los derechos de los demandados, y que bien pudieron contar con la misma o mayor eficacia que la tomada. - -- En ese marco, el control de constitucionalidad no sólo comprende el del medio empleado, sino también si no estuvo al alcance los órganos políticos la adopción de otros medios que representaran una alternativa menos gravosa para el derecho afectado. - -- En punto a la crítica efectuada por haber establecido diferentes plazos para aceptar las renuncias, argumenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión. Es que, la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Y ello ocurre cuando en el transcurso del pleito, sobrevienen hechos que modifican la situación fáctica existente a la fecha de la traba de la relación procesal, que están documentados en la causa y no requieren de un nuevo proceso para la definitiva elucidación de los derechos de las partes. -- Por ello, afirma, bien ponderó el sentenciante que en la audiencia que luce a fs. 354 y vta., los distintos co-demandados expusieron diversas situaciones frente al conflicto y ello originó que la actora se comprometiera a informar en los términos que resulta del acta. De tal modo, aún cuando el informe y su ampliación tuvieran una finalidad conciliatoria, la situación fáctica existente al momento de la traba de la litis se modificó, por lo que debe ser atendida. -- En punto al tercer agravio -el rechazo de la demanda contra la A. A. DE A.-, el Dr. V. expresa que la quejosa no advirtió la distinción entre admisibilidad y procedencia al sostener que la ASOCIACIÓN había consentido la resolución primigenia que la tuvo como legitimada. --- -- Señala el Magistrado que desde que la demanda fue promovida, entre otros sujetos, contra la citada ASOCIACIÓN por entender la amparista que sus integrantes desplegaron conductas que pusieron en peligro la vida y salud de las personas que habitan esta Provincia, el juzgador declaró admisible la acción y le corrió traslado de la demanda. Así, agrega, dicha sentencia interlocutoria tuvo a la mencionada entidad como legitimada para ser demandada al encontrar reunidos los requisitos para dar curso al proceso, pero en modo alguno se pronunció sobre el mérito de la pretensión, cuestión reservada para el momento del dictado de la sentencia definitiva. --- -- Hay que distinguir, explica, los requisitos para que la demanda sea eficaz, a fin de iniciar y dar contenido a un proceso, de los necesarios para acoger favorablemente una pretensión; los primeros se refieren a la admisibilidad de la demanda y los segundos a su fundabilidad. --- -- No acreditó, concluye, la actora, cual era su carga, la realización de actos lesivos por parte de la ASOCIACIÓN, pues eludió hacerse cargo de ello mediante la alusión a una situación hipotética mediante el uso de deducciones y presunciones que sólo traducen una apreciación general. No existen indicios que, por su número, gravedad y concordancia, puedan constituir pruebas de los hechos alegados en demanda (art. 163, inc. 5º del CPCC), por lo que la referencia a los mismos -afirma- no conmueven las razones expuestas por el juzgador para concluir que la actora no acreditó los actos que se le imputan a la ASOCIACIÓN. -- Alega que en tales condiciones, en este tramo de la queja, la apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios. -- Propicia al Acuerdo confirmar la sentencia venida en Apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme el criterio objetivo de la derrota. Entiende que resulta prudente fijar los honorarios del Dr. C., en su carácter de letrado apoderado de los co-demandados, en la suma equivalente al 30% de la cantidad fijada para los emolumentos de Primera Instancia, con más el I.V.A. correspondiente; y sin regular los honorarios de los Dres. M. y F. L. -- -- El Dr. LUCERO, votante en segundo término, trata en conjunto los dos primeros agravios, merced a que se encuentran íntimamente ligados entre sí. - -- Comienza expresando que frente a la denuncia de los co-demandados que el Decreto Nº 232/07, la Ley Nº 5.598, que lo ratifica, y la Ley Nº 5.601, que complementa a la anterior, atentan contra el libre derecho a trabajar contemplado en el art. 14 de la Constitución Nacional, bien focalizó el Señor Juez "a-quo" que el punto dirimente del conflicto suscitado era determinar cuál era el tiempo razonable por el que, en el marco emergencial predispuesto por las normas cuestionadas, podía restringirse válidamente el derecho de los demandados a renunciar a su empleo público, en aras de propiciar la obtención de la finalidad perseguida por su intermedio, sin llegar a suprimirlo -afectación del núcleo esencial del libre derecho de trabajar-. Señala que esto se encuentra ya superado, restando sólo ponderar la "razonabilidad" de la extensión del lapso de la "suspensión" o impedimento de ejercer el correlativo derecho a renunciar de los galenos al empleo público que los vincula con el Estado. Es éste, insiste, el único punto del desarrollo motivacional del juzgador sobre el cual podía esgrimir un interés susceptible de ser reparado por vía de la impugnación que dedujera el Estado Provincial amparado. -- -- Advierte el Magistrado que equivocadamente se adujo al expresar agravios, como fundamento del numerado en primer término, que el fallo habría declarado "... la inconstitucionalidad de la normativa que declaró la emergencia en anestesiología... En cuanto al argumento del juez de grado que afirma, que resulta inconstitucional la emergencia declarada por encontrar excesivo el plazo de un año previsto en la misma...", lo cual, es fácil de ver, no responde a lo decidido en el fallo en crisis. -- --- Seguidamente señala que se expresó que el parámetro utilizado por la doctrina y jurisprudencia para establecer la razonabilidad del plazo por el cual perdura la emergencia es postular que el mismo es indeterminable, en tanto se ata a la fórmula: "aquel que fuera necesario para que las causas que motivaron la emergencia desaparezcan o mientras dure la emergencia". El Magistrado descarta de plano que tal criterio pudiera ser trasladable al caso de autos. El mismo fue utilizado en materias de índole diversa a la de la emergencia que se trata en la especie. --- -- Más adelante manifiesta que allende de la eficacia o ineficacia de las medidas adoptadas por el Estado para la emergencia, la materia del agravio centra exclusivamente en la ponderación de la "razonabilidad" del plazo fijado por el juzgador para la aceptación de las renuncias presentadas por los demandados, en tanto que se pretende por esta vía impugnativa que se respete el que normativamente se estableciera (un año). -- Al respecto, expone que existen varios métodos de abordaje para la resolución de conflicto o supuesta colisión de derechos fundamentales. El utilizado por el Señor Juez "a-quo" priorizó, mediante el "test de razonabilidad", un derecho por sobre el otro involucrado en la misma situación de hecho (jerarquización en concreto). Este enfoque, indica, parte de contrapesar bienes jurídicos de distinto tenor o intensidad -intereses públicos y/o intereses individuales- de acuerdo con las circunstancias del caso, para determinar cuál es más importante o "pesa" más en el supuesto y cuál debe rendirse, limitarse o postergarse. --- -- Destaca que al emitir el veredicto el juzgador del anterior grado optó por dar una solución que equilibrara los límites que se encontraban en aparente contradicción entre uno u otro derecho -derecho a la salud en su sentido amplio y el derecho a la libertad de trabajar-, determinando de tal manera si es constitucionalmente aceptable el plazo de suspensión fijado por la normativa cuestionada, aunque estableciendo la medida de la limitación del derecho de los demandados en aras de intereses generales. - -- Sin embargo, subraya, al establecer el plazo de suspensión de las renuncias que regiría para cada uno de los galenos co-demandados, los ajustó equilibradamente atendiendo a las particularidades que el derecho revestía en sus distintos titulares y, supeditó la vigencia de dicho plazo a que no obtuvieran otro compromiso profesional debidamente acreditado, en cuyo caso, este límite o restricción, cesaba de inmediato. Esto último, resalta, lejos de ser "antojadizo", como lo propugna la recurrente, importó, resguardar incólume ambos derechos supuestamente en pugna en este pleito y que fue materia de negociación en el marco de un intento frustrado de conciliación en el proceso. -- En relación a que el apelante predicó que el "a-quo" puso los intereses particulares de los demandados por encima de la salud pública impidiéndole cumplir con la normativa constitucional que le imponía preservar la salud, sostiene que todos los derechos fundamentales tienen un doble carácter o doble naturaleza. Forman parte del interés general o del bien común. En el conflicto entre dos derechos fundamentales, como los que concurren en el presente litigio, no puede "prima facie" -entiende- ser sostenido ninguno de ellos como predominante en un momento particular. Explica que en los casos en que confluyen derechos fundamentales aparentemente contrapuestos, tal conflicto debe ser decidido según el criterio de establecer el contenido esencial de ambos bienes u objetivos en disputa, para intentar determinar en qué medida cada uno de ellos realmente está amenazado o si sólo lo está uno de ellos. -- -- Por lo expuesto el Magistrado votante entiende que corresponde desestimar los agravios de tal modo planteados por la parte actora apelante. --- -- En lo tocante a la desestimación de la demanda en relación a la A. A. DE A. el Dr. L. afirma que la circunstancia procesal por la cual se consintió ser legitimada pasivamente para ser demandada no implicó, ni pudo serlo, que la demanda -de prosperar- la abarcara necesariamente en el pronunciamiento de mérito sobre el fondo del asunto que decide. Agrega que el objeto por el cual se constituye dicha Asociación de profesionales no comprende la posibilidad de obligar a sus asociados por fuera de dicho puntual interés corporativo, ni menos aún, posibilita a que comprometa un actuar particular de sus integrantes que exceda la defensa genérica de la profesión que los nuclea. --- -- Propicia, en este ítem, se declare la deserción parcial del Recurso. - -- III.- EL RECURSO DE APELACIÓN ORDINARIA. -- -- A fs. 435 el Dr. E. A. F. L., en representación de la PROVINCIA DEL CHUBUT, deduce Recurso Ordinario de Apelación por ante este Superior Tribunal de Justicia contra la Sentencia Definitiva registrada bajo el Nº 21/2.007 dictada por la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew y a fs. 444/449 vta. funda el mismo. A fs. 459/485 los demandados contestan el Memorial de Agravios y, a fs. 487 se llama Autos para Sentencia. -- La apelante se agravia de la Sentencia de Segunda Instancia por estimarla desajustada a derecho ya que le atribuye un supuesto argumento negatorio del control judicial de constitucionalidad que jamás desplegó. Entiende además que al confirmar con tales fundamentos la arbitrariedad en que incurrió el "a-quo", al fijar plazos menores que los del Decreto Nº 232/07, ratificado por Ley Nº 5.598, se concreta una nueva arbitrariedad, más grave aún -sostiene- por basarse en argumentos falsos, lo que configura -reitera- arbitrariedad por no ajustarse al derecho aplicable a la luz de las constancias de la causa, a la vez que por violentar su derecho de defensa. -- -- Asimismo concibe contradictoria la Sentencia cuando, al explayarse sobre la manera de efectuarse el control de razonabilidad, dice que en caso de colisión entre dos derechos debe optarse por el de mayor jerarquía (balancing test). Trae un ejemplo del voto del Dr. V. donde el Magistrado afirma que "la vida vale más que la propiedad". Pero luego, resalta, falla en sentido totalmente opuesto, al expresar que se ha violado el núcleo esencial del derecho a trabajar de los demandados P. y Á., poniendo dicho derecho por encima del derecho a la salud y a la vida de la totalidad de los habitantes de la Provincia. --- -- Sostiene que no resulta irrazonable suspender por un año, incluso con posibilidad de prórroga, las renuncias de los anestesistas o, por lo menos hasta que se los pueda reemplazar. Ello, razona, no afecta el núcleo esencial del derecho a trabajar, sino que difiere efectos del mismo por un plazo cierto y razonable. -- -- Concluye que la Cámara, utilizando mal el balancing test, establece que la comunidad entera debe sacrificar su derecho a la salud y a la vida misma en aras de la libertad de trabajo de unos pocos. - -- Subraya que los derechos de los anestesistas renunciantes de ninguna manera han sido conculcados o suprimidos, sino que se han diferido por un plazo cierto al término del cual quedarán liberados. -- Advierte que los jueces con su decisión están afectando el núcleo esencial del derecho a la salud reconocido a todos los habitantes e impuesto en cuanto a su garantía al Estado Provincial por la Constitución Nacional (arts. 41 y 75, inc. 22) y por la Constitución Provincial (art. 72). --- -- Señala que la Sentencia le causa agravio por cuanto la Cámara desestimó su queja acerca de los distintos plazos que en forma discrecional -considera- fijó el "a-quo", por un lado, para aceptar la renuncia de P. y Á., y por otro, para la jubilación de M. y el cambio de régimen de P. --- -- Opina que el Tribunal colegiado pretende justificarse con las manifestaciones de las partes vertidas en una audiencia conciliatoria que en definitiva no llegó a ningún resultado, afirmando la Cámara que ello implica que las circunstancias expuestas en la demanda habían cambiado. - -- Destaca que las declaraciones expuestas en la audiencia se formularon en aras de buscar una solución acorde a todas las partes, resultando violatorio del derecho de defensa fundar la sentencia en las mismas y no en los hechos expuestos en la demanda y contestación. --- -- Recalca que resulta absurdo e irrazonable que el plazo para aceptar las renuncias de Á. y P. expire el 15 de septiembre de 2.007, y el de cambio de régimen de P. y de jubilación de M. el 31 diciembre del mismo año. -- -- En cuanto al rechazo de la demanda contra la A. A. DE A. invoca que la Sentencia ignora hechos alegados y probados en la causa. Refiere que el fallo afirma que confunde legitimación con el presupuesto de procedencia de la acción y que no se acreditaron actos de la ASOCIACIÓN. Agrega que la Cámara desestima la medulosa y fundada Resolución Nº 35/07 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia diciendo que existe verosimilitud, pero no indicios de número, gravedad y concordancia. -- -- Insiste en que la ASOCIACIÓN co-demandada debe ser alcanzada por la Acción de Amparo, la cual debe prosperar contra ella a fin que cese definitivamente con su conducta obstructiva y monopólica puesto que, entiende, que resulta evidente que todos los anestesiólogos renunciantes, en su carácter de miembros del referido ente gremial, han concertado una acción en común. Por lo tanto, completa, resulta totalmente injustificado y simplista decretar la deserción en lo tocante a este agravio. - --- Concluye expresando que, de confirmarse la Sentencia recurrida, la crisis sanitaria sería inconmensurable y de consecuencias inimaginables e implicaría que el Hospital de Trelew casi no pueda operar y los pacientes vean en juego su salud y, en algunos casos, hasta su propia vida. -- En definitiva, reitera la reserva del caso federal. Peticiona se revoque el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones, haciendo lugar a la Acción de Amparo contra todos los co-demandados, con costas. -- IV.- ANÁLISIS. --- -- IV-I.- La cuestión que se presenta a este Tribunal, conforme surge de estos autos, tiene su génesis procesal en la promoción de la acción de amparo entablada por la Provincia del Chubut, en razón de la problemática que aduce afecta al servicio de anestesiología a nivel nacional y provincial. Señala que el Estado, en ejercicio de funciones de su competencia, atento la escasez de médicos especialistas para satisfacer la demanda, decidió formar nuevos profesionales y estableció tres becas en anestesiología, debiendo los demandados cumplir funciones de instructores dentro de la estructura de los Hospitales. En ese contexto, aduce que la Asociación A. de A. y los anestesistas que prestan servicios en los hospitales públicos intentan evitar la formación de nuevos especialistas, actuando en forma monopólica, conforme a su conveniencia y en desmedro de las necesidades reales del servicio de salud y de la política de Estado. Alega la existencia de un vaciamiento intencionalmente provocado, que tiene como objeto tercerizar los servicios, y de ese modo, sin tener carácter de dependencia, exigir al Estado abultadas sumas de dinero por sus prestaciones y elevar los valores de facturación a la Obra Social P. S. Acusa que la conducta desplegada por los médicos especialistas en anestesiología tiende a devastar el sistema público para poder de ese modo obligar al Estado Provincial, responsable de la salud de los ciudadanos, a complacer sus pretensiones, poniendo en peligro la vida y la salud de las personas que habitan la Provincia. --- -- Los médicos anestesistas demandados consideran que la accionante pretende imponerles una obligación ajena a la encomendada en el momento en que se contrataron sus servicios profesionales, cual es la formación de nuevos especialistas, niegan encontrarse capacitados para desempeñar tal actividad, y señalan que en los hospitales públicos no se encuentran reunidas las condiciones para llevar adelante la misma. Puntualizan que la renuncia simultánea de los especialistas no fue una maniobra orquestada sino que se debió a la inminente sanción del que luego fuera el Decreto N° 232/07, norma cuestionada en cuanto a su constitucionalidad. -- Las sentencias de primera y segunda instancia hicieron lugar parcialmente a la acción de amparo y al planteo de inconstitucionalidad del Decreto N° 232/07 y de la Ley Nº 5598.--- -- IV-2.- En la primer queja que exhibe ante esta instancia la apelante cuestiona que la Alzada le atribuyera un supuesto argumento negatorio del control judicial de constitucionalidad, que -afirma- esa parte nunca desplegó. Como se advierte de la lectura de este agravio, no se trata de una queja que requiera reparación alguna, sino que constituye una mera discrepancia con la interpretación efectuada por el Magistrado votante en relación a la postura asumida por la Provincia del Chubut frente al control jurisdiccional, y por lo tanto, en la medida que no existe un agravio concreto que haga necesaria la intervención del Tribunal, su tratamiento es ajeno a esta instancia de revisión. --- Así, en reiteradas oportunidades el Tribunal ha referido a un acertado comentario de los Dres. Santiago Fassi y César D. Yañez, en su "Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado", To.2, Ed. Astrea, 1989, pág.480 y sgtes., en el que señalan "la expresión de agravios es el acto procesal mediante el cual el recurrente fundamenta la apelación y refuta total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia... por sus alcances, importa una demanda tendiente a obtener la apertura de una instancia, pues sin ese memorial, el Tribunal se encuentra imposibilitado de entrar a verificar la justicia o la injusticia de la sentencia, y como su objeto lo constituye el ataque a la decisión del juez, la doctrina lo denomina demanda de impugnación" (S.D. 01/SROE/2005). -- -- El agravio que analizo no alcanza los ribetes de una impugnación, en la medida que no controvierte la decisión del a-quo sino que disiente en cuanto al juicio utilizado por el Magistrado, y en definitiva -si bien cuestiona el razonamiento- deja incólume la conclusión a la que arriba el Sentenciante. -- -- Sin perjuicio de lo indicado, he de advertir que en cuanto la quejosa afirma que con pseudo fundamentos se confirma la arbitrariedad en que incurriera la sentencia de la primera instancia, al fijar plazos menores que los de las normas cuestionadas, esta cuestión habrá de tener su adecuada respuesta en oportunidad de adentrarme en el análisis de los restantes agravios traídos ante esta instancia por la recurrente. - -- IV-3.- Debo también señalar que la apelante acusa contradicción en la Sentencia de la Cámara de Apelaciones cuando en relación al control de razonabilidad hace referencia al balancing test, ejemplificando que "la vida vale más que la propiedad", para luego fallar en sentido opuesto. Releído el fallo atacado, advierto que no es correcta la interpretación que de ella ha hecho la quejosa, ya que el voto del Dr. VERGARA extracta afirmaciones de BIDART CAMPOS, para luego sostener expresamente que "la jerarquía o mayor importancia de unos bienes sobre otros, incluso admitiéndola, no es evidente que posea relevancia jurídica para la resolución de los casos concretos,... no deben existir jerarquías de derechos tasadas previamente ni facturadas con miras al caso, sino que en cada litigio debe realizarse la mejor composición posible de los bienes que parezcan en juego determinando cuál tiene realmente la razón" (fs. 418). El Magistrado continúa luego con el análisis de la razonabilidad de la norma, y, como ya he indicado, en ello la contradicción acusada no se encuentra presente. -- -- IV-4.- Adentrándome en el análisis del acuse de arbitrariedad de la sentencia en cuanto confirma la de primera instancia, preliminarmente señalaré que ha adquirido firmeza en la causa la decisión de la anterior instancia que tuvo por acreditado el estado de emergencia declarado en el servicio de anestesiología, en atención a la escasez de recursos humanos y técnicos en el sector. Partiendo de esa premisa, la cuestión en crisis ha sido adecuadamente circunscripta por los sentenciantes, cuando puntualizan que el meollo del conflicto traído ante la jurisdicción consiste en establecer si la regulación normativa tendiente a paliar la emergencia ha sido o no razonable. -- -- Efectuadas tales aclaraciones, se expone de este modo a la jurisdicción la aparente contradicción entre dos derechos constitucionalmente protegidos: el de la sociedad íntegra a la vida y a la salud, y el derecho individual al trabajo (y su correlato, el de libertad para dejar de hacerlo). Sostengo que se trata de una aparente contradicción pues la interpretación constitucional debe hacerse siempre de un modo que el conjunto de las normas y principios contenidos en la Ley Fundamental formen (sistemáticamente) una unidad que obliga a contemplar cada una de las cláusulas a través de una lectura armonizante (no de confrontación o exclusión de unas por otras) que comprenda al conjunto, obligando a que cada una de las cláusulas sean elementos integrantes de una totalidad o sistema; que no juegan en solitario o aislada de las demás. La Constitución es un texto armónico por tratarse de una estructura sistemática. (MORELLO, Sup. Const. Esp., 2003 (abril), 32 - L.L. 2003-C, 1110), ya que, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Las grandes metas de la política del Estado están fijadas en el Preámbulo de la Constitución y la acción del poder político estatal para lograr esas metas no es revisable judicialmente en cuanto decisión política; pero como ésta, necesariamente, debe instrumentarse mediante normas jurídicas -ubi societas ibi ius-. Y, bajo este aspecto, cabe la valoración judicial de la razonabilidad de los medios empleados. Esto no es otra cosa que contrastar la validez del instrumento jurídico empleado para la consecución de lo que se considera un bien social en un momento dado. Ese medio será admisible si no se suprime ni hiere sustancialmente otros bienes amparados por la misma estructura constitucional". (Fallos 307:326). -- -- Por cierto que entre los derechos constitucionales se encuentran las libertades expresa e implícitamente reconocidas por la Carta Magna Nacional y enunciadas en su primera parte, derechos que no son absolutos y conforme establece la propia Carta fundamental, se hallan limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio (art. 14). También sabido es que por esta vía reglamentaria los principios, derechos y garantías no pueden ser alterados (art. 28), pues la Constitución Nacional, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo si se encuentra en debate un derecho humano. Por ende, al reglamentar derechos de este tipo, el llamado a hacerlo no puede obrar con otra finalidad que no sea la de darles toda la plenitud que le reconoce la Constitución Nacional, o sea, el texto supremo que los enunció y que manda a asegurarlos. (CSJN, autos: "Recurso de hecho deducido por L. A. M. y A. R. B. en representación de D. R. A. en la causa R.A., D. C/ Estado Nacional", 4/09/2007). En el orden local, la Carta Magna provincial consagra esta restricción en su artículo 9. La restricción constitucional impuesta a los poderes del Estado se encuentra desarrollada por la doctrina y jurisprudencia a través del estudio del principio de razonabilidad, que junto con el de legalidad, completa la estructura de limitación del poder. --- -- Ese análisis y ponderación de la razonabilidad de las normas cuestionadas ha sido el criterio expuesto por los Magistrados de ambas instancias, sobradamente desarrollados en sendas sentencias y -entiendo- adecuadamente aplicado en autos. Es que Ricardo HARO define a la razonabilidad como un estándar axiológico, un módulo de justicia que nos ayuda a determinar lo axiológicamente válido del orden jurídico, según las circunstancias del caso y en función de todos los valores. (El control de constitucionalidad, Ed. Zavalía, pág. 216). Gregorio BADENI señala que si bien resulta difícil precisar el concepto de razonabilidad, las dificultades se reducen considerablemente, así como también su relativismo, cuando advertimos que dicho concepto no responde a una concepción individual, sino a la que es impuesta por la idea política dominante aceptada en el texto constitucional. Así, la razonabilidad no es el sentido común individual o el de un grupo de individuos, sino el sentido común que prescribe la Constitución. Ese sentido común constitucional, que se traduce en la regla de la proporcionalidad entre medios y fines constitucionales, está expresado en la idea política dominante que impregna a la Constitución y en sus metas finales, que son la vigencia de la libertad y dignidad del hombre. Sobre tal base cabe calificar como irrazonables, y por ende como opuestos a la Constitución, a todos aquellos actos de los órganos legislativo, ejecutivo o judicial que son arbitrarios por carecer de aquella proporcionalidad, o por desnaturalizar la idea política constitucional. (Instituciones de Derecho Constitucional, Ed. Ad-Hoc, pág. 129/130). - -- Por su parte, LINARES QUINTANA, analiza el alcance del concepto de lo "razonable", y citando a BIELSA expone que "Las Leyes emplean la palabra razonable, si bien, como se comprende, su determinación concreta no resulta de la simple disposición legislativa, sino de una dosificación que se realiza de acuerdo con los principios de justicia... Razonable, (del latín rationabilis) es adjetivo que significa: arreglado, justo, conforme a la razón. Tal es la primer acepción. Luego, la palabra razonable expresa la idea de que es regular, mediano, bastante calidad o cantidad, según la Academia Española. Y como decimos, en latín rationabilis significa racional, dotado de razón (Quintiliano). En el Digesto (cuerpo de reglas de derecho romano) razonable significa conforme a la razón. Y es la razón (ratio), que tiene acepciones diversas (causa o motivo de ser), lo que diferencia al hombre (mente) de los brutos. También la razón es expresión de prudencia, de sentido común (rationes facere, dice Cicerón). Lalande, sobre el vocablo raisonnable dice: razonable es el que posee la razón, definida en diversos sentidos; y más propiamente para nuestro objeto, que piensa u obra de una manera que no puede censurarse; que evidencia un juicio sano y normal (lo contrario es, pues, desrazonable, desatino). Se aplica, en particular, a esa disposición del espíritu, en cuya virtud él se contiene en sus deseos cuando la inteligencia los desaprueba, y por la cual se renuncia fácilmente a lo que no se puede tener o no se podría tener sino a costa de inconvenientes considerables. El vocablo, en este sentido, implica sobre todo, conformidad con los principios del sentido común y con los juicios de valor generalmente aceptados; una idea de moderación y de justa medida." (Tratado de Interpretación Constitucional. Lexis: N° 2102/002263). - -- Continúa señalando HARO los modos de manifestación más significativos que se revelan en el ejercicio del control de constitucionalidad, entre los que destaca la razonabilidad cuantitativa, cualitativa, instrumental, temporal y procesal. Precisa a la razonabilidad cuantitativa como la que refiere a la integridad de los derechos tomados en sí mismos, en su aspecto esencial y básico, para sustraerlos a su aniquilamiento. El intérprete realiza un juicio ponderativo entre el derecho y la restricción legal, independientemente del objetivo de la ley, a fin de averiguar el "quantum" constitucional de la restricción y, en su caso, comprobar si lo ha "alterado" o no (art. 28 CN). Posteriormente describe a la razonabilidad instrumental como aquella que tiende a averiguar, mediante el proceso axiológico pertinente, la proporcionalidad que existe entre el objetivo constitucional de la ley y las restricciones impuestas a los derechos. Aquí también -como en la cuantitativa- se busca la integridad del derecho, pero en forma mediata, pues en lo inmediato lo que se persigue averiguar es la razonabilidad que existe entre el fin de la ley y los medios o las formas de aplicación escogidos para su cumplimiento, de forma tal que no sean arbitrarios, desproporcionados o caprichosos. Cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos de la ley en que se encuentra inserto, de modo tal que llegue a ponerse en colisión con enunciados de jerarquía constitucional o su aplicación torne ilusorios derechos por él consagrados, le es lícito al juzgador apartarse de tal precepto y dejar de aplicarlo a fin de asegurar la primacía de la Ley Fundamental, como medio de afianzar la justicia que está encargado de administrar. (Ob. Cit., pág. 207/215). -- -- Es por ello que al decir de María Angélica GELLI, es posible abrir el control de razonabilidad en dos pautas respecto a fines y medios de las normas. Por un lado, cabe examinar si el medio resulta desproporcionado, es decir, si aunque obtiene el fin perseguido, lo excede; por otro, si el medio guarda alguna relación de causalidad con el fin, aunque aquél no sea el único con el que se lo pueda alcanzar. Según se utilice la primera o segunda pauta de razonabilidad el control será más o menos estricto. En efecto, en la primera alternativa la relación debe ser, además, proporcionada; en la segunda basta con que exista la relación. Aunque la cuestión es problemática, la primera opción brinda un mayor amparo judicial a los derechos afectados. (Constitución de la Nación Argentina, Editorial La Ley, pág. 329). Cita esta destacada autora la doctrina del Tribunal Constitucional de España, que establece una regla para el examen de proporcionalidad de las medidas restrictivas, descomponiéndola en tres juicios: el de idoneidad, sobre la adecuación de la medida para el fin propuesto; el de necesidad o subsidiariedad sobre la posibilidad de acudir a otro recurso menos gravoso para el derecho fundamental; y el de proporcionalidad en sentido estricto, sobre la ponderación entre los beneficios o ventajas para el interés general y los perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. (L.L., 1998-D, 617). -- La utilización de las pautas a las que vengo haciendo referencia debe hacerse sin dejar de considerar que, en principio, mediando la existencia de situaciones de emergencia, nuestra Corte Nacional reconoció la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporalmente tanto los efectos de los contratos libremente convenidos por las partes como los efectos de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras ("salvando su sustancia", Fallos: 204:195; además, 172:21, entre otros), a fin de proteger el interés público en presencia de desastre o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole (Fallos: 238:76). En estos casos, ha dicho, el gobierno "está facultado para establecer la legislación que considere conveniente, tanto en las situaciones ordinarias como en las de emergencia, con el límite de que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías individuales o las restricciones que la misma Constitución contiene en salvaguardia de las instituciones libres". (CSJN, Fallos 243:467; 313:1283). Pues todos los actos deben adecuarse a la letra y al espíritu de la Constitución, más en estado de emergencia, cuando el poder se intensifica y tiene mayores posibilidades de colisionar con la vida, la libertad y la propiedad de los habitantes, es entonces que la selección como la ponderación en las medidas escogidas deben tender a morigerar las tensiones y atemperar los intereses individuales como sectoriales con el objeto de alcanzar el bien común (ARMESTO, Diego Hernán, Revisión judicial de constitucionalidad: Emergencia y razonabilidad, L.L. 22/01/2004,2 - L.L. 23/01/2004, 1). -- Las normas opugnadas tuvieron su génesis en una situación de emergencia en el servicio de anestesiología que, como antes indiqué, ha sido reconocida por las partes en conflicto. Ante esta circunstancia merituaron acertadamente los Sres. Camaristas si la limitación impuesta por la normativa al derecho de los profesionales a renunciar por el período de un año, con posibilidad de extensión a un año más, resultó razonable, en los ya señalados términos de proporcionalidad de medios a fines. En pos de determinar el grado de razonabilidad de la normativa cuestionada en su constitucionalidad por los demandados, se adentraron los sentenciantes -siguiendo la numerosa doctrina y jurisprudencia citada- en el contenido del derecho cuya conculcación se denunciara. En ese iter, de igual modo al que se hiciera en la sentencia recurrida, puede sostenerse, junto con Gregorio BADENI, que la libertad constitucional de trabajar, se manifiesta primariamente en la potestad de toda persona para desarrollar o no una actividad laboral, en tanto trabajar es una facultad, y no una obligación constitucional. (Instituciones de Derecho Constitucional - Ed. Ad - Hoc, pag. 485/487). -- Este derecho constitucional es expresamente contemplado en el orden provincial, en los distintos estatutos que regulan las relaciones de empleo público (entre ellas en la Ley Nº 2672 -de Carrera Sanitaria-, que estipula, dentro de los derechos del agente, el de renuncia (art. 58, inc. i,), la Ley Nº 1.987, arts. 17 inc. i), 38 y sigs.), y como lo señala MARIENHOFF si no hubiere una norma anterior a la designación que establezca lo contrario, o que autorice a sostener lo contrario, o si no existen "hechos" que razonablemente justifiquen la no aceptación momentánea de la renuncia, ésta debe ser aceptada si el agente insiste en ella. En tales supuestos, el derecho a renunciar se considera como tácitamente previsto en el nombramiento, como lógica consecuencia del contrato de empleo público. Si así no fuere, el agente público aparecería constreñido a prestar servicios contra su voluntad, lo que implicaría un agravio a su esfera de libertad. Asimismo, cita a Laband para quien, el funcionario encuentra la protección de su libertad y de su individualidad en el derecho de renunciar, que le permite sustraerse a la sumisión aparejada por el servicio. En ausencia de este derecho, el servicio público sería una forma de esclavitud." (Miguel S. MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, Ed. Abeledo-Perrot, 1998, Tomo III-B, pág. 470).- -- En ese contexto, si bien la declaración de emergencia hace incuestionable la existencia de hechos con gravedad suficiente para sustentar la no aceptación inmediata de la renuncia, difiriéndola por un plazo prudencial, entiendo que no es desajustada a derecho la decisión de la Cámara de Apelaciones que consideró que la medida adoptada por la Administración -en cuanto impide a esta específica categoría de empleados públicos el libre ejercicio de su derecho a trabajar (entendido en sentido amplio), imponiéndole tal restricción por el plazo de un año (con posibilidad de prórroga por un año mas)-, excede el límite de lo jurídicamente tolerable. - -- Ello así, -y aquí doy respuesta a otro cuestionamiento efectuado por la actora-, por cuanto las constancias de la causa, fundamentalmente la audiencia de fs. 354 y vta. y el informe presentado a fs. 359/360 y contestación de traslado a fs.374 y vta. permiten sostener que el fin perseguido con la sanción del Decreto N° 232/07 y las Leyes Nº 5598 y 5601 bien pudo haberse obtenido con una restricción al derecho de renunciar que no necesariamente se prolongara por los períodos establecidos en las normas cuestionadas. -- Estas circunstancias sobrevinientes no pueden ser desoídas por el Tribunal sin importar menoscabo de la verdad jurídica objetiva, cuya primacía es acorde con el adecuado servicio de justicia, ya que el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales pues "es condición de validez de un fallo judicial que el sea conclusión razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa" (Fallos 238:550). -- Señalé en SD 02/SRE/03 "Está vedada la aplicación mecánica de los principios jurídicos que conducen a la frustración ritual en la aplicación del derecho; la interpretación de las normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva, que es concorde con el adecuado servicio de justicia y compatible con la garantía constitucional de la defensa en juicio (SD. 16/SRE/02 y sus citas,)", y agregué en SD 05/SROE/07 "la merituación que puede hacer el juez de los hechos constitutivos, modificativos, o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados -aunque no se hubieran alegado como hechos nuevos- tiene un lógico presupuesto: que tales hechos hayan sido puestos de manifiesto por los justiciables durante el curso del proceso (CC.0102, LP.218319, RSD.243-94, SD. 1-12-94, "JUBA 7"). -- Encuentro con ello que el derecho a la vida y la salud de la población -bien común protegido- pudo obtener adecuado resguardo con una restricción al derecho de los particulares afectados mucho más acotada en el tiempo, pues, reitero, ha sido cuanto menos reconocido tácitamente por la Administración que en un lapso menor le era factible arbitrar los medios para conjurar la misma a través de las constancias señaladas. - -- De este modo, en forma concordante a como lo resolvieran los magistrados que fallaron con anterioridad- debe aseverarse que la restricción impuesta no guarda suficiente armonía con los propósitos que se persiguen, tornándose, por lo tanto, irrazonable.-- -- Por otro lado, igual ponderación permitió -ya en la tarea de armonizar los derechos esgrimidos por las partes-, que el sentenciante de grado apoyara su decisión en los puntos esclarecidos mediante la audiencia celebrada e informes glosados en autos, y fijara distintos plazos en atención a las razones particulares diferenciadas de cada galeno involucrado en la litis. En ello, atento lo que vengo diciendo, no encuentro la arbitrariedad denunciada por la apelante. Propicio, por lo tanto desestimar este agravio. ASÍ LO VOTO. -- -- IV-5.- El último agravio traído ante esta instancia de revisión refiere a la declaración de deserción de la apelación formulada en relación al rechazo de la demanda contra la Asociación A. de A. . - -- He de señalar que la procedencia de la apelación contra el decisorio que declara la deserción del recurso no es una vía admitida en forma pacífica. Así, la Cámara de Apelaciones de Trelew, en composición única, señalaba que la deserción del recurso no resulta susceptible de apelación, ni directamente ni en subsidio. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires también entendió que para ello la queja era la vía idónea (Ac. 43.579). Este Superior Tribunal, en anterior conformación, recordó también la opinión de Adolfo A. Rivas, para quien "la decisión de deserción puede cuestionarse por revocatoria con apelación en subsidio o apelación directa, a opción del recurrente, y no por queja". (S.I. 89/SRE/2004). - -- Las distintas corrientes interpretativas me conducen a tratar aquí el agravio expuesto, en la medida que no siendo pacífica cuál es la vía para atacar la decisión recurrida, pudo la apelante razonablemente entender que la presente era la adecuada. - -- Habilitado el examen por parte del Cuerpo, apunto que aquí la recurrente aduce haber acreditado la responsabilidad de la Asociación A. de A. , y acusa de arbitrario e injustificado por parte del Tribunal decretar la deserción del recurso. Por su parte, la Cámara de Apelaciones al tratar el recurso deducido ante ella, indicó que "no hay un concreto agravio al razonamiento que fuera dirimente para dilucidar la cuestión en el sentido que no acreditó la actora, cual era su carga (art. 377 del C.P.C.C.), la realización de actos lesivos por parte de la asociación", y señaló puntualmente que este tramo de la queja contiene apreciaciones generales, sin concretar los errores en que pudiera haber incurrido en la sentencia apelada. --- -- Como he tenido oportunidad de referir, Gernaert Willmar señala que la expresión de agravios es "el elemento de contenido intelectual que completa el acto impugnativo", debiendo "contener" el razonamiento sobre la censura en su referencia al agravio producido y al vicio o vicios experimentados como consecuencia de la resolución impugnada, se trata de exhibir fundadamente una interpretación del gravamen provocador de la instancia impugnativa, por la cual se pretende destruir las premisas o las conclusiones de la resolución atacada, o convencer sobre su pretendida ilegalidad en pro de la anulación (cit. V. De Santo, "Tratado de los Recursos", To. I, pág. 331). Ha dicho también el Superior Tribunal que "la idoneidad de toda expresión de agravios, implica que el recurrente refute las conclusiones de hecho y derecho que sustentan la decisión del recurrente a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha el pronunciamiento. Las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto, o las simples consideraciones subjetivas o disgregaciones inconducentes o carentes del debido sustento jurídico no satisfacen las exigencias de la carga de fundamentación autónoma (conf. SI N° 11/SCA/98, 24/SCA/99, 34/SCA/99, 6/SRE/04). -- Luego de la lectura del escrito de expresión de agravios obrante a fs. 391/394 vta. debo afirmar que le asiste razón a la Cámara de Apelaciones en cuanto concluyó que no ha habido un ataque concreto -en este punto- a la decisión del a-quo, pues la recurrente se limitó a sostener que está acreditada la actividad obstructiva de la Asociación A. de A. , sin efectuar un ataque frontal a los fundamentos dirimentes del fallo, ni formular manifestaciones que excedan el mero desacuerdo con los mismos. Advierto también que la agraviada no interpreta adecuadamente las conclusiones del sentenciante a-quo, pues afirma que éste reconoce que la Asociación pudo desalentar la radicación de profesionales en la provincia, cuando el Magistrado concretamente expresó que "es presumible que pueda alentar como desalentar la radicación...", sin que ello conlleve a tener por acreditada la realización de la actividad obstructiva por parte de la Asociación. Por ello no observo la existencia de la arbitrariedad denunciada en la sentencia recurrida. -- -- Por lo hasta aquí señalado, propongo al Acuerdo el rechazo del Recurso de Apelación Ordinaria en todas sus partes, y confirmar el fallo atacado. ASÍ LO VOTO. --- -- A la misma cuestión dijo el Dr. CANEO: --- -- Como lo señala el Dr. PASUTTI en su voto, no es el agravio expuesto en el punto III.1.-) del escrito recursivo verdaderamente una queja que merezca resolución por parte de este Tribunal, pues se encarga el quejoso de cuestionar la conclusión a la que arriba la Cámara de Apelaciones haciendo hincapié en que nunca planteó ni manifestó sustraerse del control judicial. Si la Cámara de Apelaciones se explayó sobre la indeclinable misión de la judicatura de llevar adelante el control judicial de constitucionalidad, y la Provincia del Chubut sostiene que nunca negó tal aserto, es evidente que -pese a las diferencias argumentativas que pueden verificarse-, no existe, en rigor de verdad, un agravio que deba ser subsanado en esta instancia revisora, ni siquiera porque sostenga la apelante que con pseudo fundamentos se confirma la arbitrariedad de la sentencia de primera instancia. -- En este orden de ideas, como lo expresa HITTERS, ha de decirse que si para "accionar" hay que tener interés, para "recurrir" debe existir agravio. En puridad de verdad, la noción de interés reposa sobre dos pautas: utilidad, más necesidad; esto significa que el recurso debe ser útil y, además necesario. Con cita de BARBOSA MOREIRA, señala que la idea de necesidad se enlaza con el interés para accionar, pues la acción es útil en la medida que sirva para subsanar un perjuicio, concepto válido para todos los canales de impugnación. El criterio aplicable a los recursos es que ellos no deben admitirse, sino cuando su interposición sea el único camino adecuado para eliminar el perjuicio,. (Técnica de los Recursos Ordinarios, Editora Platense, pág. 45). - -- Por otro lado, el Superior Tribunal -en conformación única- en muchísimas ocasiones expresó que "la idoneidad de toda expresión de agravios, implica que el recurrente refute las conclusiones de hecho y de derecho que sustentan la decisión del recurrente a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha el pronunciamiento. Las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero descuerdo con lo resuelto o las simples consideraciones subjetivas o disgregaciones inconducentes o carentes del debido sustento jurídico no satisfacen las exigencias de la carga de fundamentación autónoma (conf. SI N° 11/SCA/98, 24/SCA/99, 34/SCA/99 y 06/SRE/04). - -- Lo antedicho me lleva a concluir de igual modo a que lo hiciera el Ministro votante en primer término, desestimando este tramo de la apelación. ASÍ LO VOTO. -- Tampoco es atendible el acuse de contradicción en la Sentencia impugnada, pues el análisis efectuado por el Dr. VERGARA expone líneas de interpretación doctrinaria, e indica claramente que la composición del conflicto debe hacerse armonizando los intereses en tensión. El desarrollo argumental del voto señalado -transcripto anteriormente por el Dr. PASUTTI- no involucra la presencia de juicios contrastantes que al oponerse se anulen entre sí. ASÍ LO VOTO. - -- Paso ahora -desbrozadas las anteriores quejas-, al tema central de la litis. El análisis de la cuestión traída ante esta Sala por la articulación de la vía de apelación ordinaria efectuada por la amparista, Provincia del Chubut, ha sido sustentado en las instancias anteriores y en el voto del Sr. Ministro que me precediera, en el examen de la razonabilidad de los plazos establecidos por la norma opugnada, partiendo para ello en el reconocimiento de la situación de emergencia en el servicio de salud pública de anestesiología, ámbito laboral en el que se desempeñaran los médicos contra los que se diera curso a la acción de amparo instaurada. --- -- En SD. Nº 06/SCA/04 he tenido oportunidad de expresar la probidad de esta máxima de razonabilidad, como método más seguro -aunque por cierto teñido de humanidad, lo que no asegura la infalibilidad del resultado- para la hermenéutica constitucional.- Recordé allí que en la dilucidación de estas cuestiones deben evitarse las abstracciones; el control sólo puede ser llevado a cabo de modo efectivo, atendiendo a las precisas circunstancias particulares de la causa (CS Fallos 178:62, 280:382). -- Referí allí a Juan CIANCIARDO, quien ilustrando su aplicación, señala que esta técnica es utilizada por los tribunales con jurisdicción en casos iusfundamentales, como idónea para garantizar el respeto integral de los derechos fundamentales por parte de los poderes del Estado, y expone que está integrada por tres subprincipios: adecuación, necesidad, y razonabilidad en estricto sentido.- El primero indica, que la norma que regula un derecho fundamental debe ser apta para el logro del fin que se busca alcanzar mediante su dictado; el segundo prescribe que el legislador debe escoger de entre los medios idóneos para el logro del fin que procura, aquél que resulte menos restrictivo de los derechos fundamentales involucrados. Así es que debe formularse un juicio comparativo entre el medio elegido por el legislador y otros medios hipotéticos por los que hubiera podido optar, y en consecuencia la medida legislativa acatará este último subprincipio, sólo si es la menos restrictiva de los derechos fundamentales en juego. -- -- Expresé asimismo que una vez establecida la adecuación y la necesidad de la medida, hay que determinar si la misma es razonable "strictu sensu": esto es si respeta una relación proporcionada entre los costos (como afectación de otros derechos) y los beneficios que causa (como fin que se procura alcanzar).- Acota M. MEDINA GUERRERO que "debe tenderse a lograr un equilibrio entre las ventajas y perjuicios que inevitablemente se generan cuando se limita un derecho a fin de proteger otro derecho o bien constitucionalmente protegido. Debe, en suma, procederse a una valoración confrontada de los intereses particulares y colectivos contrapuestos, lo que exige tomar en consideración todas las circunstancias relevantes del caso concreto". Reitera el mismo autor más adelante, que "la ponderación es la equilibrada relación que debe existir entre el medio y el fin en término de costes y beneficios" ("La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales" - págs. 132 y 134 - Madrid Ed. Mc.Graw-Hill 1996). - -- Sostuve en la definitiva que vengo citando, que el resultado de este test de razonabilidad -así llamado el método que vengo de describir- puede resultar peligroso: ante el concurso de "razones de Estado" -o de fines que se presentan elevados- puede llegar a justificar excesos que desnaturalicen derechos fundamentales.- De allí que propone sumar al test de razonabilidad -una vez transpuesto- el del contenido esencial según el cual una medida sólo puede ser proporcionada si no afecta el contenido esencial -si no altera- el derecho involucrado, a que refiere el art. 21 de nuestra Carta Magna Provincial. -- Me interrogué acerca de cómo llevar a cabo el juicio de alteración. E indiqué que habrá que indagar acerca del contenido inalterable o esencial del derecho fundamental que se trata, y una vez establecido, habrá de examinarse si la medida en cuestión interfiere o no en él. La cuestión crucial resulta ser por ello la identificación del contenido inalterable, y ésta es la tarea a cargo del juez constitucional. -- -- Tras ello, sobrevendrá el examen de la justificación, para lo que hay que conocer en qué consiste concretamente ese derecho y el interés público presente en la reglamentación estatal.- (Juan CIANCIARDO- El conflictivismo en los derechos fundamentales - Pamplona - Eunsa - 2000 - El subprincipio de necesidad y el control constitucional de razonabilidad - ED 16/11/99). -- En el supuesto de autos, la actividad del órgano jurisdiccional debe llevarse a cabo sin dejar de atender por ello a la particular circunstancia de la existencia de un estado de emergencia, pues en el, como lo sostienen MORELLO y LOÑ la conceptualización nuclear es que en razón de la naturaleza del régimen que le es propio, debe estarse, en principio, "en favor de la regulación dispuesta por el Congreso, en razón de que no parece legítimo acordar a las limitaciones o previsiones una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado, lo que resulta particularmente incuestionable toda vez que se halla en juego la policía de emergencia "habida cuenta de los derechos sociales que la ponen en movimiento y de los fundamentos jurídico-políticos que la sustentan"..., mas es de destacar, afirman los autores que vengo citando, como contrapeso equilibrador insoslayable, se reconoce que tal principio tiene únicamente vigencia si aparecen satisfechas ciertas condiciones de las que depende la validez de las leyes de emergencia, pues importa advertir que, cualquiera sea la gravedad de la situación originaria de esas leyes, no deja de regir la norma protectora contenida en el artículo 28 CN., dado que, a diferencia de lo que acontece durante el Estado de sitio (art. 23 CN.) las garantías constitucionales no se encuentran suspendidas". (votos de los Dres. ARÁOZ DE LAMADRID y OYHANARTE, en la causa "Russo", J.A. 1959-III-476). Ciertamente el tema se erige como espacio de viva inquietud en el cuadrante constitucional en cuanto a la protección de las garantías constitucionales dentro de un marco signado por crisis o emergencias institucionales o de carácter económico y social, configurativa de verdaderos estados de necesidad, que demandan la adaptación de las libertades fundamentales y las normas que las tutelan a muy delicadas fases de dinámico ajuste, toda vez que la tensión cobra un punto límite en cuanto el Estado debe asegurar igualmente el respeto de las instituciones de la República, la continuidad de la vida de la Nación y la garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos. (Lecturas de la Constitución, pág. 230/231). --- -- En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza falla: "La razonabilidad es un criterio fundamental que la determinación de la constitucionalidad de las leyes que restrinjan derechos y garantías constitucionales. A su vez, la constitucionalidad está condicionada a la circunstancia que los derechos afectados sean respetados en su sustancia y a la adecuación de las restricciones impuestas por las necesidades y fines públicos que los justifican" ("PORRO, Mario R. y otros c/ Obra Social de Empleados Públicos Inconstitucionalidad- 17-06-1988), "para admitir la constitucionalidad de las leyes de emergencia se exige el cumplimiento de los siguientes principios básicos: a) Que exista una situación de emergencia definida por el Congreso; b) Persecución de un fin público que consulte los superiores y generales intereses del país; c) Transitoriedad de la regulación excepcional impuesta a los derechos individuales y sociales; d) razonabilidad del medio empleado por el legislador, o sea la adecuación del medio empleado al fin público perseguido y respeto al límite infranqueable del art. 28 de la Constitución Nacional" (CABALLERO ZUQUETTI, Javier Humberto c/ Gobierno de la Provincia Acción de Inconstitucionalidad, 06-04-2001). - -- Es menester entonces determinar el fin perseguido con la sanción de la norma, pues es en el proceso judicial donde se tienen que fijar con precisión a los efectos de articular el control de conformidad de la ley con la Constitución y para esto tengo presente que ha devenido firme en autos que con ella se intentó paliar una situación de emergencia declarada en el servicio de anestesiología ocasionada en la falta de recursos humanos y técnicos en el sector, reconocido esto por las partes en el proceso.--- -- Partiendo de tal aserto, corresponde luego merituar si existe "razonabilidad" en el medio elegido con miras a la finalidad denunciada, y es aquí que observo que -en pos de ello- ambas instancias que emitieran sendas sentencias han desentrañado la misma siguiendo fundamentalmente aquel denominado por CIANCIARDO como tercer subprincipio, es decir, conocer si existe proporcionalidad entre ventajas y perjuicios que la normativa importa. Esto implica indagar el contenido esencial del derecho involucrado y para ello, siguiendo a Germán BIDART CAMPOS, afirmo que el derecho de trabajar implica, primariamente, la disponibilidad individual de elegir libremente una actividad. Una vez elegida dicha actividad, y según sea su naturaleza si es una actividad que el individuo desarrolla en relación de dependencia con respecto a un empleador, aparece el vínculo, la relación, o el contrato de empleo o de trabajo, con toda la serie de derechos emergentes del empleo. En el ámbito del derecho judicial, se desprende una pauta interpretativa importante: cada vez que la libertad de contratar del empleador entra en conflicto con la libertad contra la opresión del empleado u obrero, debe prevalecer esta última, por requerirlo así los principios de un ordenamiento social justo (fallo de la Corte Suprema en el caso "Prattico Carmelo y otros c/ Basso y Cía." Del año 1960). (Manual de la Constitución Reformada, Tomo II, pág. 190/193). Acotan QUIROGA LAVIE, BENEDETTI y CENICACELAYA que es la facultad de todo individuo a elegir la actividad laboral que le servirá como medio de subsistencia y realización personal (art. 14, CN). Se trata de un derecho subjetivo como facultad: se refiere a la propia conducta que no debe ser coartada por el Estado ni los particulares (Derecho Constitucional Argentino, Tomo I, pág. 161). --- -- Sentado ello, es que convengo con el Dr. PASUTTI, al igual que con los sentenciantes de las anteriores instancias, que los plazos fijados por el Decreto Nº 232/07 y la Ley Nº 5.598 han impedido la armónica coordinación de los derechos -individual y social-, en tanto han excluido el contenido esencial del derecho de trabajar, sacrificándolo en aras del interés colectivo que con la norma se pretende preservar. No hay en la norma una prudente armonización de los valores en juego, al efectuar una supresión del derecho individual de trabajar (entendido ampliamente como facultad de elegir libremente la actividad laboral), en franca violación a las garantías constitucionales de los Dres. PALACIOS, MONSALVE, ÁLVAREZ y PEREA. "Aunque el fin querido por la ley sea razonable, no lo es el medio elegido que conduce directamente a prohibir el ejercicio de un derecho" (C. Fed. Tuc. 21/8/93 -ED 106-270). - -- Establecida la irrazonabilidad de los plazos fijados por la norma, entiendo que el Sr. Juez a-quo, y posteriormente los Camaristas que dictaron sentencia fijaron los plazos para la aceptación de la renuncia de cada galeno teniendo en especial consideración para ello pautas objetivas surgidas de las constancias de autos. Me refiero específicamente al informe presentado a fs. 359/360 por la Secretaría de Salud y contestación de traslado a fs. 374 y vta., ya que aún cuando han sido expuestos en la audiencia convocada con fines conciliatorios, no es factible prescindir de ellos, en tanto, como ha sostenido el Tribunal, la interpretación de las normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad, de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva, que es acorde con el adecuado servicio de justicia y compatible con la garantía constitucional de la defensa en juicio (SI Nº 18/97, SD N° 25/SRE/00, 18/SRE/01). De igual modo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el proceso civil debe ser entendido como el desarrollo de procedimientos lógicos y concatenados destinados a ordenarlo en aras de salvaguardar la garantía de defensa en juicio y de lograr la verdad jurídica objetiva. (CSJN, Suárez, Marcelo Luis y otros c/ Del Campo, Osvaldo José y otro, 3/07/2007). -- -- Partiendo de estas constancias pudo el Sr. Juez a-quo, como lo indica el camarista Dr. LUCERO, ajustar equilibradamente el derecho de cada galeno, atendiendo a las particularidades que revestía en sus distintos titulares, y resguardar incólumes ambos derechos supuestamente en pugna. Por lo dicho, lejos de ser irrazonable el plazo establecido en las sentencias de ambas instancias, lo entiendo debidamente ajustado a las circunstancias comprobadas de la causa, armonizando los intereses en juego, de modo tal que la vigencia de uno no implica el aniquilamiento del otro. Sostengo por ello que este agravio debe ser desestimado. ASÍ LO VOTO. -- -- En el último agravio, se queja la actora, porque la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew declaró la deserción parcial de su apelación, y confirmó lo dispuesto por el Juez de Primera Instancia al rechazar el alcance de la acción contra la Asociación A. de A. . Critica esta postura toda vez que entiende arbitraria y antojadiza dicha resolución por no haber advertido que se había acreditado la participación de dicha entidad, en el despliegue de actos monopólicos y corporativos que influyeron para que sus asociados renunciaran, simultáneamente, a sus tareas en los hospitales públicos de la provincia. Por este motivo, solicita que no se la excluya en autos, de los alcances de la acción judicial entablada. --- -- En forma liminar, cabe destacar que el recurso intentado, tal como ya lo expresara el Sr. Ministro que me precediera en el voto, no resulta de aplicación certera y categórica, es decir, no se puede concluir si es éste el resorte óptimo para que el recurrente acceda a esta instancia, a los efectos de cuestionar el decisorio que lo perjudicara cuando se declaró desierto uno de los agravios que efectuara. No existe un criterio unívoco sobre esta temática. Algunos autores, entienden que la deserción del recurso de apelación, sólo puede ser cuestionada, a través de la queja. (Juan Carlos HITTERS, Técnica de los Recursos Ordinarios, 2ª Ed., Librería Editora Platense, pág. 349;	C.S.B.A., Ac. 46.229, 2X1990; Ac. 58.329, 25V1995; Ac. 68.795, 25XI1997). Por su parte, existe jurisprudencia que considera debidamente justificada la duda sobre la vía a escoger para impugnar la resolución que declara desierto un recurso de apelación, y que en consecuencia entiende que deben considerarse idóneos para una eficaz impugnación contra tales resoluciones, tanto el recurso de apelación como la queja (Cám. Apel. Civ. y Com. Quilmas, Junín, 22/06/00, el Dial-W13791, citado por Elena I. HIGHTON y Beatriz A. AREÁN, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Hammurabi, Tº 5, pág.266). --- La dualidad de criterios, facilita la admisibilidad y resolución por este Cuerpo respecto del recurso bajo análisis, fundado, como viene de señalarse, en la deserción parcial de uno de sus agravios, tal como lo resolviera la anterior instancia. Definido entonces, el tratamiento del mismo, corresponde proceder al análisis de los fundamentos que llevan a la recurrente a peticionar que la acción sea dirigida contra la Asociación A. de A. . - -- Refiere, en su pieza recursiva, que la Cámara desestimó prueba de suma relevancia, especialmente, la Resolución Nº 35/07 de la Comisión Nacional de Defensa, cuyo texto acredita, palmariamente, que las conductas desplegadas por aquella entidad, son de número, gravedad y concordancia suficientes para tener por cierta su participación en el monopolio de la actividad, las cuales se tradujeron en un inexorable perjuicio al sistema de salud en el ámbito provincial. - -- Es requisito de toda expresión de agravios, que la crítica que se efectúe al resolutorio adverso, constituya un cuestionamiento concreto y razonado de las partes que el apelante considere erróneas. La falta de coincidencia con lo dicho por la Alzada, o la falta de elementos eficaces para formar la convicción que justifique el cambio en la solución alcanzada por la instancia anterior, resultan insuficientes a los efectos de lo dispuesto por el art. 245, 257 y ccs. del Código adjetivo. --- -- Los dichos del apelante no introducen elementos diferenciadores que permitan constatar que los camaristas no supieron valorar las pruebas obrantes en autos. A contrario sensu, los elementos de convicción arrimados al juicio, no tuvieron la fuerza probatoria necesaria para tener por ciertos los dichos de la recurrente, quien no logró demostrar la realización de actos atentatorios contra el servicio de salud. Y esta carga correspondía a la actora, como acertadamente lo estableció la Alzada en el fallo en crisis. -- -- Tampoco surge del recurso sub exámine un ataque puntual y contundente, a cada uno de los fundamentos de la sentencia que cuestiona, que permitan conmover lo allí resuelto. No se observan en el desarrollo del agravio, constancias reveladoras o eficaces para tener por efectiva la práctica de una conducta perjudicial a la salud de la población, por parte de la Asociación profesional demandada. En el sentido expuesto, y siguiendo la doctrina de nuestro Tribunal cimero, se ha sostenido que si el memorial no ha aportado ningún elemento nuevo de convicción, la fundamentación del recurso resulta insuficiente, ya que tal petición no constituye una crítica concreta y razonada de lo decidido en el pronunciamiento apelado (Conf.: C.S.J.N., Fallos, 289:329; 304:1.445; 259:237).- Por lo expuesto, concuerdo en que el agravio no puede ser atendido en esta instancia. ASÍ LO VOTO. --- -- A la segunda cuestión el Dr. PASUTTI dijo: - -- Atento a como me he pronunciado al votar a la primera cuestión propongo al Acuerdo rechazar el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la Provincia del Chubut contra la sentencia N° 21/2007. -- -- En materia de costas, propongo imponerlas a la apelante, por aplicación de lo dispuesto en el art. 68 del CPCC. Asimismo, postulo REGULAR los estipendios del Dr. J. F. C. en el 30% de los fijados para la primera instancia (art. 14 Ley Nº 2.200 , modif. Ley Nº 4335 -T.O. Dto. N° 138/99), con más I.V.A. si correspondiera; sin regular honorarios a la representación estatal, por aplicación de lo dispuesto por el art. 2 de la Ley Nº 2.200, modif. Ley Nº 4335 -T.O. Dto. N° 138/99.- ASÍ LO VOTO. --- -- A la misma cuestión el Dr. CANEO expresó: - -- Conforme los términos de mi voto a la primera cuestión acuerdo con la solución que propicia el Dr. PASUTTI. ASÍ LO VOTO. --- -- Se deja constancia que la presente se dicta con dos miembros por encontrarse el Dr. ROYER en uso de licencia y concordar ambos votos con la solución del caso. (Acordadas 3202 y 3204). -- Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente: - - S E N T E N C I A -- 1º) RECHAZAR el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la amparista Provincia del Chubut. --- -- 2°) IMPONER las costas por la actuación ante este Superior Tribunal a la apelante (art. 68 CPCC). -- 3°) REGULAR los honorarios del Dr. J. F. C., en el 30% de los fijados para la primera instancia (art. 14 Ley Nº 2.200, modif. Ley Nº 4.335 - T.O. Dto. Nº 138/99), con más I.V.A. si correspondiere. Sin regular estipendios a favor de los letrados de la Fiscalía de Estado (art. 2 de la Ley Nº 2.200, modif. por Ley Nº 4335). -- 4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. - Fdo.: Dr. Daniel Luis CANEO - Dr. José Luis PASUTTI. --- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2008 REGISTRADA BAJO EL N° 01 S.R.O.E. CONSTE