marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, crédito laboral, crédito privilegiado
Materia: PROCESAL
Carátula: 3 Arroyos SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de pronto pago por Brochetto, Maximiliano José
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-02

El Convenio n° 173 de la OIT establece que los créditos adeudados a los trabajadores en razón de su empleo deben: a) quedar protegidos por un privilegio de modo que sean pagados con cargo a los activos del empleador insolvente antes de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponde (art. 5°), y b) contar con un rango de privilegio superior al de la mayoría de los demás créditos privilegiados y, en particular, a los del Estado y de la Seguridad Social (art. 8°). Como puede apreciarse, las claras directivas contenidas en la norma respecto del alcance de la protección que debe otorgarse al crédito laboral ante un supuesto de insolvencia del empleador, no son de carácter meramente programático, sino que pueden ser directamente aplicadas a los casos concretos y en el ámbito local sin necesidad de que una medida legislativa adicional las torne operativas (conf. "Pinturas y Revestimientos" cit., consid. 8°). Asi, la necesidad de procurar una salida acorde a la tutela preferencial acordada a los trabajadores: no cabría vedarle el reconocimiento de la LCQ 240 a quien continúa poniendo su fuerza laboral en pos de la continuidad del giro empresario y sí hacerlo respecto del contratante in bonis (arg. art. 20 ley cit.). Avala esta orientación, la directriz de la Corte Suprema cuando sienta que los jueces, en cuanto servidores de justicia en el caso concreto, no deben limitarse a la aplicación mecánica de las normas y desentenderse de las circunstancias fácticas con incidencia en la resolución del conflicto, pues de lo contrario aplicar la ley se convertiría en una tarea incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados, tarea en la tampoco cabe prescindir de las consecuencias que se derivan de los fallos, pues ello constituye uno de índices más seguros para verificar la razonabilidad de su decisión (conf. arg. Fallos 302:1611; 304:1919; 315:992; 323:3139; 326:3593; 328:4818 y 331:1262, entre otros).
Despido con causa, gravedad de la falta, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: Labonia, Osvaldo c/ Carrefour de Argentina S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-15

Si el despido se fundo en "perdida de confianza" y no se acreditó ni alego en forma concreta en el escrito de demanda, que la empleadora hubiera cometido otros actos ilegítimos (infundadas denuncias policiales o judiciales, o una difamatoria difusión o publicación de las causales no acreditadas del despido), que pudieran haber lesionado otros bienes jurídicamente protegidos y especialmente amparados por el derecho del trabajo, o que pudiera ocasionar un daño moral al trabajador, por lo que, faltando el elemento de intencionalidad o ilicitud, no pueden los sentimientos subjetivos alegados como fundamento de esta reparación, por sí solos, constituir fuente generadora de reparaciones adicionales a las establecidas tarifariamente, por la Ley de Contrato de Trabajo.
Reclusión, reclusión accesoria por tiempo indeterminado
Materia: PENAL
Carátula: Gramajo, Marcelo Eduardo s/ robo en grado de tentativa -causa Nº 1573-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-05

El objetivo de "aseguramiento" que persigue la reclusión accesoria se dirige a impedir coactivamente que el condenado vuelva a delinquir, por medio de un encierro que asegure, al menos, cinco años sin delitos extramuros; semejante finalidad de "custodia", de hecho, es efectivamente cumplida por toda pena de prisión, pero dentro de nuestro ordenamiento constitucional le está prohibido al legislador intentar lograrla por más tiempo que el que autoriza una pena adecuada a la culpabilidad por el ilícito concretamente cometido (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Notificación, nulidad de la notificación, domicilio legal
Materia: PROCESAL
Carátula: QUIROGA Enrique Justiniano c/ Provincia de San Juan s/ Exp. Inversa - Actuaciones para Elevar a Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-09-01

La sanción de nulidad constituye la última ratio del sistema y su declaración no puede efectuarse por la nulidad misma cuando no se encuentran configurados los requisitos que de manera positiva exige la ley y que la doctrina ha tipificado como "principios de especialidad y trascendencia".

Estos imponen abstenerse de declararla en aquellos supuestos en que dicha sanción no esté impuesta legalmente (art. 124 C.P.C., supl. aplic.) y cuando no se demuestra, al menos argumentalmente, la existencia de un perjuicio insusceptible de ser reparado sin tal declaración ( art. 126 del mismo cuerpo legal).

En el caso, no se ha producido violación alguna de la ley que merezca la sanción solicitada en razón de que la notificación cuestionada por el ejecutado fue diligenciada en el domicilio especial a los efectos legales constituido en la causa.

A esos efectos, debe señalarse que el art. 38 del ordenamiento procesal provincial, aplicable supletoriamente (art. 23, ley 4106), dispone que "el domicilio legal producirá todos sus efectos desde la fecha de la providencia que lo tenga por aceptado", y que el mismo "se reputará subsistente mientras no se designo otro".

En virtud de lo establecido en el art. 21, tercer párrafo del C.P.C. en correlación con el art. 68 del C.P.C. y 108 C.P.L., el domicilio legal constituido subsiste mientras no sea expresamente cambiado. Así las cosas, es la demandada la única responsable de no haber tomado conocimiento de los actos procesales, de observar la pericia y concurrir a la audiencia de vista de causa.

En consecuencia, ha sido válidamente notificada y ha convalidado cada una de las actuaciones, por lo que el presente no padece vicio de nulidad alguno, ni vulneración al derecho de defensa.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, libertad condicional
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Nu$ez, Fermín Angel s/ lib.  cond. en autos: "Figueroa, Rolando y otros s/ doble homicidio y  lesiones - causa numero 29.048".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

La resolución que deniega el pedido de libertad condicional formulado por un condenado no es, por vía de principio, susceptible de recurso extraordinario, en cuanto aquélla resuelve una cuestión de hecho y de derecho común ajena a la instancia extraordinari
Prisión domiciliaria, emergencia sanitaria, coronavirus, transmisión de enfermedades, derechos de las personas privadas de libertad, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario, Alcaldías y Comisarías de la Provincia de Buenos Aires s/ habeas corpus colectivo y correctivo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-04-08

Corresponde disponer, durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, el arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. Asimismo, respecto de las personas que se encuentren en situación de riesgo pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves, debe evaluarse la posibilidad de disponer la prisión domiciliaria o asegurar el aislamiento sanitario dentro de la unidad penitenciaria donde cada uno se encuentre alojado. Además, cabe ordenar a aquellos jueces de ejecución que tengan a disposición condenados sin sentencia firme y que se encuentren en un plazo de seis meses anterior a alcanzar el extremo objetivo temporal previsto para obtener la libertad asistida o condicional, que evalúen disponer, de manera extraordinaria, la detención domiciliaria, hasta alcanzar el término para la obtención de mejores derechos.
Acción de amparo, rechazo in límine
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FUNDA-MENTAL c/ SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OTRO. s/ AMPARO (Reg. 13.168)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

Es menester determinar en el caso, la existencia de otra vía más idónea, sencilla y rápida que la acción de amparo, para preservar los derechos implicados. No debe imperar, en tal cuestión un criterio restrictivo.

Se encuentra amenazado el derecho a la salud, que es esencial.

No es razonable dudar acerca de la agresión a tal derecho que significa el juego compulsivo, sobre todo cuando hay elementos objetivos que implican un reconocimiento de ello.

En tal sentido, la leyenda "Jugar compulsivamente daña a su salud" que incorpora Lotería Nacional S.E. a sus afiches y anuncios, y el informe referido a la ludopatía, resultan significativos.

En el caso, no es necesario que para tomar una decisión final haya que desplegar un amplio debate probatorio propio de un proceso ordinario, sino que basta con el acotado margen de actuación propio del amparo.

Ello es procedente cuando existen los elementos necesarios para probar -en la instancia preliminar- que el juego compulsivo atenta contra la salud, que existen facilidades para jugar -por dinero- mediante la utilización de internet, y que no hay ninguna medida oficial visible tendiente a alertar contra los peligros del juego compulsivo en las páginas mediante las cuales puede apostarse.

Ello basta para abrir la vía del amparo, más allá de lo que resulte -oportunamente- respecto de la suerte final que corra el litigio, pues habrá que verificar si la omisión planteada es o no inconstitucional. (del voto en minoría del Dr. Tazza, mayoría Dres. Ferro y Torterolla)
Derechos personalísimos, métodos anticonceptivos, ligadura de trompas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Briozzo Norma Beatriz c/ Hospital Justo José de Urquiza Secretaría de Salud y Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-06-22

Es improcedente admitir la ligadura de trompas de Falopio, si como en el caso, la junta médica no emite opinión alguna sobre el "riesgo de vida" ante la posibilidad de nuevos embarazos y no informa sobre la "tolerancia" de métodos anticonceptivos alternativos.
Daño moral, inundación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Moreno Cándido y otra c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-14

Si el Decreto del Intendente Municipal de Adolfo Alsina, de fecha 18 de noviembre de 1985, donde se declara la necesidad absoluta de proceder a la evacuación de la localidad de Lago Epecuén, en el plazo perentorio de cuarenta y ocho horas, frente al avance del agua proveniente de la parte superior de la cuenca, lo que hace que la situación de la misma se haya tornado muy difícil de manejar,apelando a la propia voluntad del pueblo para llevar a cabo un operativo de tal envergadura, pone al rojo vivo el drama humano, que debió repercutir en lo más profundo de los sentimientos de esa población.
Proceso contravencional, penas contravencionales, disminución de la pena, arresto contravencional, arresto domiciliario, ejecución de sentencia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ C, A. y A, R s/ Ley N° 255 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-04

En lo concerniente al trámite que es menester imprimir a las cuestiones planteadas durante la etapa de ejecución de sentencia, se debe conceder vista al Sr. Fiscal de Primera Instancia de la petición incoada por el Sr. Defensor Particular dirigida a obtener que se disponga que el inculpado cumpla la pena de arresto bajo la modalidad de arresto domiciliario, conforme lo establece en la materia el Código Procesal Penal de la Nación, supletoriamente aplicable en el Fuero Contravencional a tenor del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional.

Ninguna duda cabe que es facultad exclusiva del Juzgador disponer la modalidad de arresto domiciliario. No obstante, esa sola circunstancia no es óbice para correr vista a la contraparte con carácter previo a resolver la cuestión incidental propuesta. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira)
Cláusula penal, intereses punitorios
Materia: CIVIL
Carátula: FISCHMAN, Roberto c/ INCATREY S.R.L. y otro s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-05

La reforma introducida al art. 656 del Código Civil apunta mayormente a la importancia del efectivo daño sufrido por el acreedor como consecuencia del incumplimiento por su deudor. Es por ello que si se han aplicado intereses punitorios mal puede también acumularse el total de la multa pactada cuando dichos intereses perseguirían la misma finalidad que la cláusula penal moratoria, puesto que ambos se fijan como sanción por el incumplimiento de una obligación.-
Proceso de verificación, crédito verificado, incidente de revisión, compensación, deuda líquida, deuda exigible, pago parcial
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARRECA HNOS. SA. s/ QUIEBRA  INC.  DE REVISION AL CREDITO DEL BANCO DE LA PCIA. DE BUENOS  AIRES PROMOVIDO POR SINDICATURA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-14

Si se admitió el crédito insinuado por una entidad bancaria, resulta improcedente que la sindicatura postule la revocación de su importe, con fundamento en que existe un crédito a favor de la fallida derivado de saldos por cuotas de préstamos, pues la compensación como tal no procede, cuando se verifica que no se trata de operaciones derivadas del servicio de caja, sino de diversas relaciones o contratos existentes entre el banco y el cliente (fallido), pero, además, porque para que proceda aquel modo de extinción de las obligaciones es necesario que se trate de deudas líquidas y exigibles (CCiv: 819). A más, toda vez que los pagos efectuados por el deudor fueron parciales, corresponde el procedimiento utilizado por la entidad acreedora de liquidar los intereses del préstamo para determinar en las fechas en que aquellos fueron realizados el importe adeudado a ese momento.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, acción autónoma de nulidad, nulidad de sentencia, juicio de desalojo, posesión
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cajal, Norma Guillermina c/ Nigro, Graciela Rita s/ acción de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-04-14

La acción autónoma de nulidad contra la sentencia que hizo lugar a la demanda de desalojo debe rechazarse, toda vez que no puede afirmarse que la accionante en aquel proceso haya ocultado, y mucho menos dolosamente, haber hecho abandono de la posesión, pues aun cuando hubiera mudado su domicilio, la conducta de abonar el crédito hipotecario y luego efectuar los trámites tendientes a la inscripción definitiva, son actos que se compadecen con quien se comporta como poseedor, aun sin estar en contacto permanente con la cosa.
Principio de congruencia, requerimiento de elevación a juicio, nulidad procesal, hechos nuevos, requerimiento de instrucción, declaración indagatoria, procesamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Etcheverry, Luis R. y otra s/ Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-01

Es nulo el requerimiento de elvación a juicio que le atribuyó a los procesados un hecho posterior a aquél que les fuera impuesto en el indagatoria y por el cual fueron procesados, siendo irrelevante a los efectos del regular ejercicio de la acción, que el hecho posterior guarde conexidad con el que dio lugar al requerimiento de instrucción, indagatoria y procesamiento.
Cosa juzgada, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Novella, Gustavo c/ Epelua, Heraldo y/o propietario s/ Indemnización daños y perjuicios Fasyma S.C.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31|1989-05-30

La cosa juzgada es materia de orden público y tiene jerarquía constitucional.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, calificación de concepto del interno
Materia: PENAL
Carátula: AVILA, Fabián Antonio s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-01

No puede computarse como atenuante en favor del procesado el informe de concepto, si éste no ha sido debidamente comprobado, al carecer el mismo de la correspondiente información testifical.
Ejecución de sentencia, cosa juzgada, cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Milan SA. c/ Carniel, Alfredo. s/ Cláusula  Penal.  Ejecución  de  Sentencia.  Cosa  Juzgada.  Cobro de  Alquileres. Incidente Ejecución de Sentencia. Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-05-04

Aplican erróneamente las facultades morigeradoras conferidas por el artículo 656 del CCI, los jueces que modifican arbitrariamente una sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada. Ello, por cuanto -en el caso de autos- el derecho a incluir en la liquidación el crédito derivado de la cláusula penal -pactado contractualmente y convalidada por sentencia firme que incluyó su pago dentro de la condena- se encontraba incorporado al patrimonio del ejecutante y su privación lesiona manifiestamente el derecho de propiedad.
Apertura a prueba, segunda instancia
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sudan, Homero c/ Fabri S.A. y otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-30

...el replanteo de pruebas en segunda instancia, debe ser tratado en forma restrictiva, lo que significa el sometimiento de cada caso particular a un detenido examen, para juzgar acerca de la razonabilidad de los pedidos que se formulen, atendiendo a las circunstancias y antecedentes que hayan motivado la situación que se pretende remediar en esta instancia. La restricción como norma general, apunta a evitar malas prácticas que desnaturalicen las etapas normales del proceso o pretendan retrotraerlo a estadios ya preclusos, sin causas atendibles que así lo justifiquen. Se procura, de esta manera, evitar también la falta de diligencia en el trámite procedimental y los consiguientes perjuicios para la parte afectada por la morosidad de su oponente.
Principio de congruencia, iura novit curia
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

El principio de congruencia exige la correlación entre los términos en que quedó sustanciada la acusación y el contenido de la sentencia, a fin de que el factum descripto en ésta última sea congruente con el contenido en el requerimiento de elevación a juicio, quedando excluido el aspecto vinculado con la subsunción típica -iura novit curia-
Régimen de reparto, Administración Nacional de la Seguridad Social, Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto, inconstitucionalidad, aportes de empleados, régimen de capitalización, aportes previsionales, cuenta de capitalización individual, sistema integrado previsional argentino, derecho de propiedad, depósito voluntario, acción de amparo, traspaso de aportes al régimen de reparto, Seguridad social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Goñi, Cristino Javier c/ Estado Nacional y otros s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-11

La ley 26.425 -en virtud de la cual se elimina el régimen de capitalización, que es absorbido y sustituido por el régimen de reparto- establece su art. 7, que se transfieren a la A.N.Se.S. los recursos que integran las cuentas de capitalización de los afiliados y beneficiarios a aquel régimen, cuyos fondos pasarán a integrar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Régimen Previsional Público de Reparto creado por el Dec. 897/07. Dicha normativa constituye una indudable transgresión al derecho de propiedad del aportante, toda vez que las cuentas de capitalización individual eran propiedad de sus titulares. Por tal razón, el citado artículo ha de ser declarado inconstitucional, habida cuenta que entra en colisión con el art. 17 de nuestra Carta Magna. (Del voto del Dr. Laclau).
Querellante, facultades del querellante, asistencia a las audiencias, instrucción
Materia: PENAL
Carátula: G. G., B. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-08

Si la parte aceptó los efectos del acto que negó al imputado la posibilidad de presenciar las audiencias testimoniales ordenadas en la causa, conforme lo solicitado por la querella en la audiencia prevista en el art. 454 del C.P.P.N., no procede la nulidad por falta de motivación del auto. El art. 202 del C.P.P.N. en cuanto hace referencia a que el juez permitirá a los defensores asistir a los actos de la instrucción, debe ser interpretado de modo tal de incluir a la querella en tal disposición. En tanto la querella, en su calidad de parte en el proceso tiene derecho a presenciar y controlar la prueba, al ser las declaraciones testimoniales reproducibles, deberá el juez de grado ordenar sus ampliaciones a los efectos que su producción pueda ser controlada por el querellante y permitir, en lo sucesivo, su presencia.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, contrato de trabajo, ENTEL, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Horacio y otros c/ E.N.Tel. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-27

Omitir toda consideración a sus antecedentes, ateniéndose estrictamente a una hermenéutica de sus términos, supone cercenar irrazonablemente las pautas interpretativas de la resolución 155/AG/Entel/77, en manera tal que la sentencia no se presenta como derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias de la causa.
Cuestiones procesales, recurso de inconstitucionalidad, solicitud de audiencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Sued, Alan s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Corresponde rechazar la queja interpuesta por la defensa toda vez que la decisión recurrida (aquella que confirmó la condena impuesta por la jueza de grado) encontró apoyo en la interpretación de los hechos, la prueba y en normas no constitucionales ni federales. La parte recurrente sostiene que la omisión de celebrar la audiencia con presencia del imputado conforme lo impone el art. 284 del CPP, pondría en crisis los principios de defensa, legalidad, razonabilidad y debido proceso. Empero, esta cuestión no fue considerada en los votos que constituyen la mayoría en la decisión recurrida, y la parte recurrente no muestra haber puesto a la Cámara en la obligación de pronunciarse al respecto, razón por la cual no puede ser tratada en esta instancia. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Pacto de San José de Costa Rica, interpretación de tratados internacionales, detención, excarcelación, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LOPEZ REGA, JOSE s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-29

En punto a la recta interpretación que cabe asignar a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica -, la prolongación de la detención debe relacionarse con las circunstancias concretas del caso, que sustentarán el criterio de razonabilidad con que debe merituarse el pedido de libertad anticipada, debiéndose descartar la aplicación automática de dichas normas.