Prescripción, recurso de casación, costas
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Remonda, Juan Carlos c/ La Voz del Interior S.A. s/ Recurso Directo - Recurso de Revisión Moyano, Benjamín c/ Superior Gobierno de la Provincia s/ Prescripción
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-10|1997-03-14

El juez puede solicitar de oficio o a petición de parte, la ampliación del dictamen u ordenar que se nombren otros peritos (art. 290 C.P.C. derogado; art. 279 C.P.C. Ley 8465). No es necesaria la previa nulidad de la pericia, es suficiente que el juzgador considere el dictamen como "deficiente", lo que implica que no reúne las condiciones suficientes para ser un elemento que sirva a los efectos de una justa decisión de la causa. Si es a petición de parte, el juez evaluará las razones y si las comparte hará uso de la facultad que le confiere el art. 279 C.P.C., pero siempre es el Tribunal el que dispone la medida; de allí la irrecurribilidad, tal lo que ocurre con las medidas para mejor proveer según autorizadas doctrina y jurisprudencia. Si se trata de defectos formales y la parte afectada no impugna mediante la promoción del incidente, corre el riesgo de que si sólo pide al juez la ampliación o nuevo peritaje, éste pueda negar tales medidas, en cuyo caso habrá precluido la posibilidad de promover el posesión no pueden ser conocidas y verificadas por los jueces, mientras no sean alegadas y probadas por el interesado. El Juez, supliendo de oficio la prescripción, supliría hechos que debían demostrarse y los jueces no pueden suplirlos de oficio...". La imposición de ese límite temporal por parte del juzgador, no halla justificación en el principio "iura novit curia", pues excede su ámbito propio, ya que la competencia de los jueces no se extiende a la admisión de defensas no esgrimidas, ni autoriza a apartarse de los términos en que se trabó el diferendo, en franca transgresión a las garantías constitucionales en juego. Un tratamiento diferente otorgado en favor de la accionada, no sólo implicaría una lesión al derecho de defensa y de propiedad del accionante (arts. 18 y 17 respectivamente Const. Nac.) sino que, además, importaría una vulneración al derecho de igualdad ante la jurisdicción y al de igualdad de las partes en el proceso (art. 16 Const. Nac.), pues se premiaría la inacción de la estrategia procesal desplegada por quienes ejercieron su representación en el pleito y que, por lo tanto, resultan responsables de la defensa de sus intereses patrimoniales. El claro tenor del art. 3962 C. Civil obliga a alegar la prescripción, ya sea al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla, como asimismo el art. 3964 C. Civil releva al juez de suplir de oficio dicha defensa, so riesgo de incorporar a la materia de decisión un aspecto que no fue introducido por las partes en el pleito. Admitir lo contrario, llevaría a convalidar un apartamiento de la relación jurídico-procesal existente, en perjuicio del ejercicio del derecho de defensa del accionante, quien se vería privado de la oportunidad de discutir la procedencia de esa cuestión y desconocería, además, la posibilidad de su renuncia por aquél a quien beneficia (conf. art. 3965 C. Civil). El codificador señala en la nota al art. 3964 C. Civil que "...el tiempo sólo no causa la prescripción, que es preciso que con el tiempo concurra una larga inacción del acreedor, o una posesión que tenga todos los caracteres que la ley exige. Esta inacción o esta cumplimenten los presupuestos que la tornen operativa. Su fundamento radica en la seguridad jurídica dado que no se concibe un orden jurídico en el cual los derechos de los ciudadanos no adquieran estabilidad y certeza. Se trata de un instituto necesario para el mantenimiento del orden social y es esta finalidad, precisamente, lo que le imprime su carácter de orden público (conf. art. 3965 y su nota C. Civil). Su función integradora del ordenamiento previsional, no resulta enervada por el art. 14 nuevo Const. Nac., ya que como bien lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo ha sustentado este Tribunal Superior en pleno, dicho precepto constitucional atribuye carácter "irrenunciable" a los beneficios de la seguridad social..." lo que debe entenderse que comprende a los derechos que aseguran aquellos, pero no en el sentido de que conceda un derecho sine die al cobro de las sumas derivadas de ellos, cuando el pago de éstas no sea reclamado dentro de los plazos de prescripción que la legislación contemple...". Las categóricas disposiciones contenidas en el ordenamiento civil (arts. 3962, 3964 y conc. C. Civil), resultan de aplicación en el ámbito de las relaciones jurídicas de derecho administrativo y, por lo tanto, integran la vinculación que se establece entre la administración y los beneficiarios. El "Estado General o Provincial, y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propi edad privada; y pueden igualmente oponer la prescripción", en función de lo establecido en el art. 3951 del C. Civil. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de "S.A. Ganadera Los Lagos y Nación Argentina", sostuvo que por extensión las reglas de prescripción se aplican a las relaciones del Estado con los particulares cuando se halla en juego la propiedad privada de los últimos. El instituto de la prescripción tiene plena eficacia en las relaciones "ius administrativas", en tanto y en cuanto se