Revocación de sentencia, daños y perjuicios, Salud pública, responsabilidad del Estado, derecho a la dignidad
Materia: SALUD PUBLICA-CIVIL
Carátula: Fernandez Juana Rosa y Otros  c/ Hospital Pirovano y Otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-15

Se admite los agravios ofrecidos por la parte actora, se revoca la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda. La jueza Clara María do Pico sostiene respecto del Estado Nacional que "ya sea por la incorrecta carga de los datos del Sr. Leyes en la comunicación al Centro de Orientación de las Personas y/o por la falta de respuesta a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires que instruían la cusa por averiguación de paradero, la prestación del servicio de policía de seguridad [...] no se adecuó a los parámetros de regularidad que resultan exigibles". Relativamente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jueza do Pico indica que es responsable por la prestación irregular del servicio de salud pública y que "esa irregularidad se configuró por la omisión de los agentes del Hospital Pirovano" que tenían el deber legal de "buscar e informar" a la familia del Sr. Leyes de su internación y fallecimiento. El juez Rodolfo Eduardo sostiene que la falta de servicio, factor de atribución, está comprobada ya que las deficiencias en la actuación del Estado Nacional que impidieron a los familiares hallar a Martiniano Leyes durante más de un año a pesar de las infructuosas búsquedas constituyeron, inundablemente, la ejecución irregular de la prestación del servicio que estaba a cargo del Estado Nacional. En cuanto atañe al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el juez Facio, indica que "la parte actora planteó la configuración de una vulneración a la dignidad de la persona humana, que está vinculada de un modo inescindible [...] con el respeto al culto y a los restos físicos de las personas fallecidas" y que el derecho a la dignidad humana está apoyado en diversas normas del derecho internacional de los derechos humanos. Entiende que "en el contexto normativo y jurisprudencial, constitucional y convencional, inequívocamente, existía un deber a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que consistía [...] en la realización de las diligencias idóneas para localizar y para notificar a los familiares de Martiniano Leyes de su internación y su fallecimiento, de un modo que permitiera preservar el derecho a la dignidad y el respeto al culto y a los restos físicos de un familiar fallecido". Y que "el contexto constitucional y convencionales y los estándares jurisprudenciales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos [...] generaron un mandato jurídico expreso y determinado a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que estaba basado en una obligación preexistente [...] o al menos un mandato expreso y fácilmente determinable en el contexto conformado por las especiales circunstancias que se presentan en este litigio". Concluye en que el incumplimiento de ese deber configura en el caso concreto, una falta de servicio que exhibe un nexo de causalidad adecuado con los perjuicios sufridos por los familiares de Martiniano Leyes que es idónea para comprometer la responsabilidad patrimonial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La jueza Liliana María Heiland adhiere a la solución propuesta y en lo sustancial a los argumentos expuestos en ambos votos.