Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-11


SALTA, 11 de abril de 2.013.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "RAMOS, Marta Alicia c/ VIVIENDAS SALTA S.A. - EJECUCIÓN DE HONORARIOS", Expte. Nº 264.526/09 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 2ª Nominación, Nº CAM 1-370.707/11 de esta Sala Primera, y CONSIDERANDO I.- Que vienen estos obrados por recurso de apelación concedido por el Sr. Juez a quo a fs. 66 al haber rechazado la revocatoria interpuesta por el Dr. Christian Reese Colodro en contra de la resolución de fs. 62 y vta., que prohibió el préstamo de expedientes al citado profesional por el término de un año y le aplicó una multa de quinientos pesos ($ 500,-), con sustento en los artículos 128 y 130 del Código Procesal Civil y Comercial.

A fs. 71/72 el apelante funda sus agravios en la supuesta omisión de apercibimiento concreto. En lo esencial, expresa que el Juez sólo se limitó a intimarlo para que comparezca a a dar explicaciones "...con el apercibimiento expreso de disponer las sanciones que prevén las normas procesales...", estimando que tal apercibimiento es insuficiente según las reglas del derecho sancionatorio; afirma que la pena impuesta es arbitraria e ilegal.

Agrega que está probada en autos su irresponsabilidad en el extravío del expediente, concluyendo que no existe justificación suficiente para lo resuelto.

Aduce la violación de principios de igualdad y legalidad, invocando los artículos 18 de la Constitución Nacional y 20 de la Constitución Provincial.

Ordenado el traslado de los agravios a la contraria según providencia de fs. 73, la actora contesta a fs. 74/76 solicitando se rechace la apelación incoada, destacando en forma previa que el Dr. Reese Colodro no cumplió con la manda de confeccionar cédula de traslado, lo que considera esta parte una forma poco ortodoxa de litigar que contraviene no sólo disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial sino de la ley de ejercicio profesional, máxime cuando se trata de actuaciones por honorarios profesionales de una colega.

En cuanto a los agravios, asevera que los dichos de "notificación indebida" son falsos y que surge de autos (fs. 58) la fijación de una audiencia conminando a dar explicaciones sobre el expediente bajo apercibimiento de lo dispuesto por los artículos 128 y 130 de la ley procesal, habiendo recibido el agraviado cédula según constancias de fs. 60 en el domicilio de calle Alvarado 537 1º piso, Of. 1, que es el constituído por el letrado a fs. 65.

Recalca que a fs. 71 el apelante denunció otro domicilio en calle Las Palmeras 64 de Barrio Tres Cerritos y que en ambos se han recibido diligencias por parte de una misma persona de nombre Erick Claure Lens; comenta que es habitual que el sancionado constituya diversos domicilios según su conveniencia. Estima debidamente acreditado que no se ha violado ningún artículo constitucional de los invocados por el apelante.

Por último sostiene que no resisten el menor análisis las manifestaciones del recurrente respecto de la obligación del Juzgado de "advertir a su parte en forma expresa que iba a ser sancionado", pues no es un lego y se lo notificó bajo el apercibimiento de los artículos 128 y 130 del código de rito (que reproduce).

Entiende que ambos preceptos son complementarios, por lo que considera inviable el agravio referido a una doble sanción. Manifiesta que es falso que se le haya negado el derecho de defensa pues se fijó audiencia y se labró el acta correspondiente que da cuenta de su incomparecencia.

Concluye diciendo que todas las manifestaciones de agravio carecen de sustento y refiere a anteriores situaciones de retardo en la devolución de estas mismas actuaciones.

Recibida la causa e integrada la Sala, pasan los autos a despacho por providencia firme de fs. 92.

II.- Que conviene recordar al maestro Palacio, quien refiere como premisa que en materia de préstamo de expedientes rige un criterio restringido, según las pautas fijadas por la ley ritual, ya que "Los expedientes deben permanecer en las respectivas oficinas y casilleros a fin de posibilitar su examen...

Excepcionalmente, sin embargo, las leyes procesales admiten que frente a determinadas circunstancias los expedientes puedan ser retirados transitoriamente de la Secretaría" (Palacio, Lino; "Derecho Procesal Civil", T. IV, ed. Abeledo Perrot-Bs.As.-1992, p. 114/6); es decir que en principio las actuaciones deben permanecer en el recinto del Juzgado, resultando el Secretario el funcionario indicado para velar por su resguardo, pues en él recae el control del expediente, de modo tal que cuando ocurren infracciones en los tiempos acordados para la devolución es deber de aquél intimar al letrado o a la parte que lo tenga (Gozaíni, Alfredo; "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T I, ed. La Ley-2.002, p. 335).

Existe entonces un régimen previsto para el resguardo, préstamo, modo de registración y plazos de devolución de los expedientes, todo ello en miras a garantizar la debida publicidad del contenido de las actuaciones y el ejercicio del derecho de defensa de las partes y sus representantes y letrados, siendo ése el marco normal que asegura el debido proceso adjetivo. Esa es la regla.

Para los supuestos de anormalidad, recién la legislación procesal contempla las figuras de intimación para la devolución de actuaciones, mandamiento de secuestro, citaciones a audiencias para dar explicaciones, reconstrucción en caso de extravío y sanciones que corresponde aplicar ante las infracciones que se comprueben.

III.- Que, por lo señalado, el abordaje de la cuestión aquí planteada debe ser realizado dentro del marco de una situación procesal que excedió los carriles normales de una actuación profesional, generada por el propio recurrente y que amerita una visión muy aguda al momento de analizar conceptos como los que esgrime el apelante relacionados con supuesta indefensión, falta de responsabilidad y arbitrariedad.

Surge de fs. 30 vta. que el expediente fue retirado por el Dr. Chistian Colodro personalmente cuando fue notificado del auto que ordena llevar adelante la ejecución de honorarios.

Cabe reconocer que si bien es práctica común el préstamo de expedientes aún en casos no contemplados taxativamente por el artículo 127, que en su contenido resulta más extenso que el artículo 127 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se trata de un uso tendiente a facilitar la confección de cédulas y demás diligencias, pero regido por las normas de buena fe procesal y ética profesional y sin que por ello se justifique la generación de perjuicios o que se constituya en herramienta de abuso, paralizando o demorando el trámite procesal correspondiente, en desmedro de los derechos de la contraria o de los letrados intervinientes y, en definitiva, de un adecuado servicio de Justicia.

La conducta evidenciada en autos por parte del profesional ahora apelante da cuenta de que en oportunidades en que retiró el expediente (fs. 7 y 30 vta.) tuvo que ser intimado reiteradamente a su devolución mediante cédula; luego se libró mandamiento de secuestro, llegándose a fijar -antes de la sanción- una audiencia para que brinde explicaciones ante la falta de devolución, sin haber siquiera comparecido ante los estrados del Juzgado.

Recién cuando se dispuso la sanción es que las actuaciones volvieron al recinto, manteniéndose el profesional, incluso en esa oportunidad, renuente a justificar los motivos por los que mantuvo el expediente por en plazo mucho más que extenso -desde el 25 de Noviembre de 2.009 hasta el 20 de Mayo de 2.011), limitándose ahora -ante la consecuencia ineludible de su actitud procesal- a invocar cláusulas constitucionales en procura de evitar la sanción, lo que por las constancias de autos no es atendible.

Tampoco tiene idoneidad para justificar su actitud lo alegado acerca de una supuesta inundación ocurrida en su estudio o de los cambios domiciliarios que habría sufrido su actividad profesional, argumentos con los que pretende convencer que "está probado que mi parte no tuvo responsabilidad en el extravío del expediente" (fs. 71 vta.).

No existe, en consecuencia, vulneración de su derecho de defensa. No puede alegar indefensión el abogado a quien se requirió la devolución del expediente bajo apercibimiento de secuestro y de aplicar la sanción legal correspondiente, y aun así no lo devolvió ni efectuó ninguna manifestación al respecto antes de que se le aplique la sanción.

IV.- Que, reiterando conceptos ya vertidos, y de conformidad con la verificada cronología de los hechos, en autos ha existido un retiro de expediente; ante la falta de restitución y frente al vencimiento del plazo correspondiente, se solicitó la devolución con el apercibimiento legal respectivo; omitida la devolución luego del mandamiento de secuestro negativo, se fijó audiencia previo a efectivizar un pedido de multa y prohibición de préstamo, todo ello en aras del respeto a un procedimiento regido por la buena fe.

Debe tenerse en cuenta que la sanción prevista por el artículo 130 ya citado constituye en rigor una medida disciplinaria y correctiva, que tutela y objetiva el denominado principio de buena fe y de lealtad procesal; a la vez, puede atribuírsele un efecto resarcitorio pues se beneficia con la multa el sujeto que es perjudicado por la demora.

En el caso particular debe ponderarse que se trata de honorarios que revisten carácter alimentario y que el mero transcurso del tiempo genera una expectativa frustrada y la pérdida del poder adquisitivo, sumado a otras afectaciones de índole anímico que no resultan difíciles de concebir.

Tiene dicho la jurisprudencia nacional que "es un imperativo la devolución del expediente una vez cumplido el fin para el cual se lo retiró, con más razón es imperativa la devolución e injustificada la retención si el mismísimo motivo esgrimido para retirarlo es "per se" injustificado.

La multa apunta a conjurar no sólo el perjuicio que acarrea a las partes la falta de disponibilidad del expediente y la consiguiente imposibilidad de lograr un avance procesal, con el consiguiente menoscabo anexo a toda dilación procesal, sino el perjuicio adicional que desborda la continencia de la propia litis y que afecta a la sana administración genérica de justicia, en lo cual está comprometido el interés general....

La multa debe ser mantenida porque el interesado no ha acreditado causa justificada de la demora en restituir el expediente al tribunal, conducta que resultó apta para generar un gravamen particular al peticionante (dilación del procedimiento) y un menoscabo genérico al interés general, vulnerando el deber de colaboración con la Justicia que no alcanza sólo a las partes sino también a sus letrados" (CNACyC 2ª, Civ. y Com, "Dámico y otros s/ Disolución de Sociedad de Hecho", Fallo 98163607, 05/05/2003, LexDoctor).

En tal orden de ideas, la sanción de multa del artículo 130 aparece como justa conforme los antecedentes del caso y proporcional a la falta verificada, por lo que debe confirmarse como medida idónea a los fines enunciados pues, a contrario de la interpretación del apelante, resulta ser sanción principal.

V.- Que, aun cuando el Código Procesal Civil y Comercial prevé expresamente la posibilidad de aplicación de ambas modalidades correctivas, multa y prohibición de préstamo, ello resulta condicionado por el hecho de que el expediente no hubiese sido habido, que es precisamente la situación evaluada y constatada por el a quo al momento de resolver a fs. 62.

En efecto, la audiencia fue fijada para el 28 de Marzo de 2.011, con apercibimiento de lo dispuesto por artículos 128 y 130, lo que se notificó al Dr. Reese Colodro el día 22 de Marzo (fs. 58 y 60 y vta.).

Llevada a cabo la audiencia sin que se haya presentado ante el Juez requirente (fs. 61), ni habiendo sido devueltos hasta entonces las actuaciones, el 30 de Marzo se dispuso la prohibición de préstamo. El presupuesto del artículo 128 se encontraba, entonces, concretamente cumplido, sin que la posterior aparición del expediente pueda enervar los efectos de la conducta ya cumplida.

Siendo así, tampoco este agravio puede prosperar.

VI.- Que, en razón de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto por el Dr. Christian Reese Colodro y, en su mérito, confirmar lo resuelto por el Sr. Juez de instancia anterior a fs. 62 y vta. Con costas (arts. 67 y 68 C.P.C.C.).

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I.- RECHAZA el recurso interpuesto por el Dr. Christian Reese Colodro y, en su mérito, CONFIRMA lo resuelto a fs. 62 y vta. Con costas.

II.- ORDENA se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.