Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-02-18


NEUQUEN, 18 de febrero de 2014. Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "NUÑEZ SILVIA ADRIANA C/ COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL DE PART." (EXPTE. 367756/08) y sus acumulados: "BOURQUIN DANIEL CARLOS C/ COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (EXPTE. 370.469/8) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERIA NRO. 5 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1. Contra la sentencia que desestima las demandas en todas sus partes e impone las costas a los actores, apelan los accionantes y expresan sus agravios a fs. 567/576.

Consideran que el pronunciamiento incurre en una serie de errores que determinan que sea arbitrario y, por lo tanto, solicitan su revocación, con costas a la contraria. Respecto a Comunicaciones y Medios, indican que la magistrada tuvo por acreditada la verificación de la información con su fuente.

Dicen que esto no surge de prueba alguna sino, por el contrario, emerge la despreocupación sobre este aspecto.

Sostienen que no se valoró correctamente la testimonial de Mario Villanueva ni la de Mario Esteban, de las que surge que la demandada no buscó las fuentes de la información que suministraba.

Agregan que la circunstancia de haber ofrecido la posibilidad de una réplica, no exime a la demandada de responsabilidad, pues con este solo recurso quedaría relevada de responder, siendo a la vez contradictoria la actitud al ofrecer tal posibilidad.

Se agravian de que el Juez no haya tenido en cuenta la carga probatoria dinámica de las pruebas y que haya puesto en su cabeza la prueba negativa de acreditar que no recurrió a las fuentes.

Dicen que la utilización de un determinado tiempo verbal no exime a la demandada de responsabilidad puesto que el texto era claro y la imputación también y que el sólo señalamiento de la fuente -haciendo alusión a entidades comerciales de la región- sea suficiente.

Indican que en el caso no es de aplicación la doctrina Campillay puesto que se trata de particulares y no de un funcionario público.

Sostienen que en autos quedó probado que la noticia difundida era falsa y que la libertad de prensa no ampara los agravios, la injuria, la calumnia o la difamación.

En cuanto al rechazo de la demanda contra la Cámara Argentina de Comercio e Industria de General Roca, se agravian de que el Juez no indique las razones por las cuales lo hace.

Dicen que es erróneo considerar que no se ha probado en autos que el mail fue enviado por la CAIC, cuando es la misma demandada Comunicaciones y Medios quien asevera, a fs. 6 de su contestación de demanda y a través de todos sus testigos, que la información devino de un mail enviado por el CAIC.

Se agravian de que se haya considerado que la prueba transcendental era el testimonio de Risoli.

Concluye en que la arbitrariedad del fallo es evidente, puesto que por una parte tiene por probado que Comunicaciones y Medios verificó la fuente siendo que esta última confirma la recepción del mail y, por otro, tiene por no probado el mail remitido por la CAIC.

Por último se agravia de que no se tenga por acreditado el daño moral puesto que, en el contexto en que se demanda, la prueba surge de los hechos mismos.

Sustanciados los agravios, son contestados a fs. 578/585 por la co-demandada Comunicaciones y Medios S.A.

Luego de solicitar que el recurso se declare desierto, contesta los agravios y concluye en el acierto de la decisión puesto que la noticia no era falsa y, además, la magistrada efectúa una correcta interpretación de la doctrina actual de la Corte en materia de libertad de prensa.

La restante demandada guarda silencio.

Así planteados los agravios, habiendo efectuado un pormenorizado análisis de la causa y cotejados los argumentos expuestos por la magistrada con sus constancias, entiendo que, a la luz del derecho aplicable, la solución judicial es correcta y, por lo tanto, debe ser confirmada. Explicitaré los motivos que me persuaden de la corrección de la decisión adoptada.

2. En efecto, en el caso analizado, estamos frente a un supuesto en el cual la noticia, más allá de su interés público, no se refiere a funcionarios públicos, sino a particulares.

En casos como estos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha efectuado una distinción y así ha señalado, entre otros, en autos "B. J. M.; M. de B. T.; T S.R.L. C/ ARTEAR S/ recurso de hecho" de fecha 1 de agosto de 2013: ".este Tribunal ha establecido como principio un tratamiento diferenciado según la calidad del sujeto pasivo de la información. No debe olvidarse que la protección atenuada respecto de quienes ostentan calidad pública asume por fundamento principal el hecho de que éstas tienen un mayor acceso a los medios periodísticos para replicar las falsas imputaciones y -por su condición- se han expuesto voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir perjuicio por noticias difamatorias (conf. Fallos: 316:2416, voto de los jueces Fayt, Belluscio y Petracchi; entre otros). Ello obliga a un criterio estricto en la ponderación de los presupuestos de la responsabilidad, ya que lo contrario conspiraría contra la formación de una opinión pública vigorosa, en razón de la fuerza paralizadora y disuasiva del deber de resarcir.

El fundamento expresado -siempre en el marco de la necesidad de garantizar un debate público robusto- ha permitido aludir a la posible extensión de esta doctrina respecto de supuestos en los que el objeto de la presunta difamación haya sido un simple ciudadano, mas bajo estrictas condiciones que en ningún caso pueden desatender el origen de tal extensión ni la calidad del asunto discutido.

4º) Que pese a ello, la recurrente interpreta con cita del precedente registrado en Fallos:314:1517, in re "Vago", entre otros que el estándar que surge de la doctrina de la real malicia puede resultar de aplicación -sin más- respecto de particulares que se encuentran "involucrad (o)s (.) voluntaria o involuntariamente" en una cuestión de interés general o público (cfr. fs. 177 vta.; énfasis agregado). De este modo, la apelante asigna a la jurisprudencia del Tribunal un efecto igualador -en cuanto a la utilización de la doctrina citada- que no distingue entre los sujetos pasivos de la información presumiblemente difamatoria ni atiende al significado de la garantía; tampoco a cuáles son los intereses tutelados por ella (cfr. fs. 178/178 vta.).

5°) Que lejos de poder colegirse del precedente citado esta aseveración, la Corte ha delineado de otro modo -y siempre como obiter respecto de particulares (Fallos: 320: 1272 y "Patitó, José Angel y otro c/ Diario La Nación y atras", Fallos: 331:1530, entre otros). dicho criterio no resulta aplicable cuando "la información no se refiera a funcionarios o figuras públicas, ni a particulares que centren en su persona suficiente interés público" (Fallos: 330:3685, in re "Sciammaro", voto de la mayoría y voto concurrente del juez Fayt; énfasis agregado)." ".Que de tal modo y aun considerando que frente a la difusión de asuntos de interés público, la posibilidad de reprimir los juicios que pudieran tener contenido difamatorio sólo podría hallarse justificada en un muy estrecho margen, la protección que merecen los particulares del caso en cuanto a su honor, obligaba a una mayor prudencia, bastando la "negligencia precipitada" o "simple culpa" en la propalación de imágenes o referencias de los demandantes antes nombrados para generar la condigna responsabilidad de la demandada." Pero nótese que, aun cuando es cierto, no es aplicable aquí, lisa y llanamente, la doctrina de la "real malicia", no lo es menos que, tal como también lo expone la CSJN en el mismo pronunciamiento -y este es el argumento decisivo que no logra ser contrarrestado por los recurrentes- cuando "el órgano de prensa se limita a informar sobre los hechos tal cual ellos ocurrieron o reproduce la noticia divulgada por una fuente debidamente identificada, las dudas que pudieran generarse en la opinión pública sobre la conducta de sus protagonistas han de reputarse como consecuencias inmediatas y directas de lo ocurrido y no de la acción de informar, la cual, por lo demás, ha de ser preservada al máximo a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de información".

2.1. Desde esta perspectiva no advierto que en el caso concurran los extremos para responsabilizar al medio periodístico, sino que, por el contrario se encuentran presentes los extremos para eximirlo de ella.

En efecto: aun cuando nos encontremos frente a un supuesto en que el factor de atribución se centra, en términos de la CSJN, en "la simple culpa" o "negligencia precipitada", lo cierto es que, en el caso, la noticia guardaba una relación con el interés general o social y no se encuentra controvertido entre las partes de esta relación procesal, la existencia de la fuente (sobre este aspecto y la incidencia con relación a la co-demandada, volveré más adelante).

Nótese que el artículo periodístico dice textualmente: "Entidades comerciales de toda la región libraron hace días un alerta en todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén informando sobre operatorias fraudulentas que habría realizado un grupo de personas escudándose bajo un sello empresarial. Hasta el momento se estimó que las estafas superaron los 100.000 pesos por lo que se recomendó precaución a comerciantes y particulares a la hora de recibir cheques y otros valores de una firma identificada como "DCGroup y B.S.I".

"Por medio del presente, se pretende informar a la comunidad de la operatoria fraudulenta que llevan a socios (Bourquin Daniel; Guevara Yanina; Nuñez Silvia); bajo la firma D.C.Group y B.S.I, actualmente se desconoce el domicilio comercial de estas dos firmas", se informó ayer en un parte de prensa que distribuyeron diferentes comercios y entidades, entre ellas la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de General Roca.

En el informe se detalló que esta presunta empresa habría librado más de una treintena de cheques sin fondos en diferentes empresas vinculadas con corralones de materiales para la construcción, casas de herramientas y repuestos, medios de comunicación de la región, particulares y entidades deportivas de Neuquén.

Los cheques sin fondos habrían sido emitidos durante los meses de Julio y agosto del año pasado, aunque no se descarta que haya más damnificados ya que muchos de los valores habían sido acordados a pagos diferidos a largo plazo.

Los responsables adquirían los elementos con cheques sin respaldo y luego, los revendían a precios menores".

Nótese que la noticia publicada se ajusta a los parámetros que la CSJN ha sentado para eximir de responsabilidad a los medios de prensa, lo que impide configurar la imprudencia (simple culpa o negligencia precipitada) que necesariamente debe concurrir.

En la causa "Campillay" ese Tribunal señaló que "un enfoque adecuado a la seriedad que debe primar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas -admitida aún la imposibilidad práctica de verificar su exactitud- imponía propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito..." Y posteriormente, en "Granada" dijo: ".De ahí que no asuma esa responsabilidad cuando utilice un tiempo de verbo potencial, ya que faltaría el mencionado carácter asertivo; o cuando omite la identidad de los implicados, puesto que estaría ausente la afectación señalada; o cuando atribuye sinceramente la noticia a una fuente dado que aquélla dejaría de ser propia del medio. al adoptarse esta última modalidad (...) se transparenta el origen de las informaciones y se permite a los lectores relacionarlas no con el medio a través del cual las han recibido, sino con la específica causa que las ha generado.".

Es que como señala Klass: ".Según se desprende de estos fallos, los requisitos para que el informador quede exonerado de responsabilidad constituyen: a) Transcripción sustancialmente fiel de lo expresado por otro (me permito tomar este concepto brindado por Bianchi porque sintetiza correctamente las distintas posibilidades) que constituyen la noticia. Ello no implica necesariamente su transcripción textual.

b) Atribución sincera de la noticia a la fuente informadora, de forma que aquélla deje de ser propia del medio. De esta forma, en palabras de la Corte, se transparenta el origen de la información y se permite a los lectores relacionarla no con el medio a través del cual las han recibido, sino con la específica causa que la ha generado.

c) Omisión de la identidad de los implicados, puesto que si se deja en reserva la identidad de éstos, no habría honor personal alguno que en concreto se hubiese dañado.

d) Uso de un tiempo de verbo potencial, ya que faltaría el mencionado carácter asertivo (sobre este tema volveremos más adelante).

En realidad, estos dos últimos extremos en principio excluyen la tipicidad, pues eliminan elementos constitutivos del tipo objetivo de los delitos de la calumnia y la injuria.

Paralelamente, la relación directa de la noticia (vgr. el contenido de los dichos del tercero) con un interés público y su trascendencia para la vida social, política o institucional no debe ser desplazada, pues constituye la piedra basal sobre la que se construye la eximición de responsabilidad de la prensa.

Así se advierten las características distintivas entre las posiciones descriptas en "Vago" y en "Campillay". En esta última, la eximición de responsabilidad del medio de prensa radicaría en la transcripción fiel de lo expresado por otro y la identificación de la fuente. Por la falsedad de la noticia será responsable el tercero que la generó, pero no quien se limitó a reproducirla con sujeción estricta a los recaudos indicados. La veracidad que tiene que dar quien reproduce la noticia de otro se refiere únicamente al hecho de la declaración -no a lo declarado- y ha de ser, en esa medida, sinónimo de la verdad objetiva." (cfr. Klass, Ricardo J., "Responsabilidad civil y penal de los medios de prensa y los periodistas: La doctrina de la real malicia y la doctrina "Campillay", Publicado en: LA LEY 2003-D, 1398 LLP 2004, 281 Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales VI, 621).

Y, desde aquí, que: "hay quienes, sostienen que no surge responsabilidad cuando el órgano periodístico se ha limitado a transcribir la noticia emanada de una fuente autorizada, tesitura que emplaza la responsabilidad dentro de derroteros subjetivos, y reduce al mínimo y casi elimina sus deberes de averiguación de la verdad o de expresarla con determinadas reservas o recaudos (conf. Zavala de González, "Resarcimiento de daños - Daños a las personas [Integridad espiritual y social]", t. 2d, pág. 250, in fine).

Entonces, para encuadrar el caso a la doctrina referida, hace falta que quien divulga la información la atribuya directamente a la fuente -comunicado policial, declaración judicial, persona que la expresó, comunicado de prensa de origen oficial-, que la reproducción sea veraz o fiel, manteniendo en reserva la identidad de los implicados, o bien propalar la noticia en término de verbo potencial" (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, "Martínez, Norberto Héctor y otro c. Editorial La Razón S.A. y otro o 14/10/2009", Publicado en: RCyS 2010-III, 134 Cita online: AR/JUR/53193/2009).

3. Véase, entonces, que en lo que hace a la relación entre los actores y la co-demandada Comunicaciones y Medios S.A. no se encuentra controvertida la existencia del correo electrónico y que éste fuera enviado por la CAIC de General Roca: así lo afirman los accionantes en la demanda y expresamente lo reconoce la co-demandada en su responde.

No tratándose, entonces, de un hecho cuya existencia estuviera controvertida entre estas partes, no requería prueba y debe ser tenido por cierto con relación a ellas, desde lo cual, existiendo la fuente, habiendo sido citada, transcripta la parte central que da pie a la mentada imputación injuriosa como propia del comunicado al cual se la atribuye y habiéndose utilizado un modo conjetural, la razón central de la decisión para eximir de responsabilidad a la co-demandada Comunicaciones y Medios S.A. no logra ser desvirtuada en los agravios.

Concluyo, entonces, en que la sentencia debe ser confirmada en este aspecto.

4. Con relación al rechazo efectuado de la pretensión contra el restante co-demandado, entiendo que los agravios tampoco podrán prosperar.

Debo reconocer que una primera visión de la cuestión impresiona como contradictoria. Y así, justamente, sostienen los apelantes la imposibilidad de tener por acreditada la existencia de la fuente; en otros términos: por un lado, tener por acreditado que la CAIC envió el cuestionado mail, y, por el otro, fincar en el déficit probatorio de su autoría, la decisión que exime de responsabilidad a la fuente.

Sin embargo, esto encuentra una razón en las reglas que rigen la actuación de los litisconsortes en el proceso y sobre los efectos que tiene lo obrado por unos con relación a los restantes. Veamos.

4.1. En este caso, sin lugar a dudas nos encontramos frente a un supuesto de litisconsorcio facultativo, que encuentra su justificación en la conexión que existe en las pretensiones esgrimidas frente a ambas partes.

Sin embargo, como es sabido, y tal como acontece en este supuesto: "no constituye requisito del litisconsorcio que los diversos sujetos que figuran en la misma posición de parte se encuentren aliados frente a su contradictor o contradictores, ni que los litisconsortes aparezcan unidos en su actuación procesal. Bien puede ocurrir que revistiendo la misma calidad de parte, sustenten derechos distintos, es decir posiciones encontradas" (cfr. MORELLO-FASSI LANZA, "Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado", t. IV, ps. 326 y 335; asimismo CApel.CC Junín, setiembre 29-983, ED, 109-317).

Es que, como con acierto se ha señalado, aunque se trate de una relación procesal única con pluralidad de sujetos, no debe olvidarse que cada uno de éstos actúa en forma autónoma, de modo que existen tantas Litis como acciones se deducen y tantos procesos como Litis se propongan. Y de allí que, en este tipo de litisconsorcio, cada litisconsorte pueda producir su propia prueba, encaminada a objetivos no coincidentes, esto es, a la demostración de sus propias pretensiones que, aunque puedan ser conexas por el título o por el objeto o por ambos a la vez, se fundan en distintas versiones del suceso que dio nacimiento a la relación sustancial (cfr. CNCiv., Sala G., 28-11-91 "Cortés, Alberto y otro C/ Artinao González Sergio H", citado por Patricia Viviana Barbado, Jurisprudencia Temática, Litisconsorcio, intervención de terceros y tercería, en Revista de Derecho Procesal, Rubinzal y Culzoni, 2006-2, pág. 343).

"En realidad existen tantos procesos como litisconsortes, dado que la conexidad justificante de esa modalidad en el proceso no llega a privar de autonomía a las diversas relaciones o vínculos materiales que se han hecho valer a través de la respectivas pretensiones...Según explica con acierto Prieto Castro, de la precedente situación se deriva que los actos de cada litisconsorte son independientes en sus efectos de los restantes, tanto en el ataque como en la defensa, de manera que unos pueden allanarse y sufrir condena, los otros; ser rebeldes algunos y otros no; apelar una parte y consentir otros la sentencia..." (cfr. Augusto Mario Morello, en "Códigos...", T° II, pág. 437).

Específicamente, en el caso del litisconsorcio pasivo, los actos referidos a alguno de los coaccionados no benefician ni perjudican al resto, desde donde "la confesión o la admisión de un hecho formulada por uno o por algunos de los litisconsortes no puede ser invocada contra los restantes, en tanto el hecho de que se trate no hubiera sido probado con relación a estos últimos, valiendo esa confesión o admisión sólo como una presunción" (conf. HIGHTON, E., y AREÁN, B., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales - análisis doctrinal y jurisprudencial", Buenos Aires, 2004, t. 2, p. 345).

Lo expuesto anteriormente explica con claridad lo acontecido en este caso y da sustento a la decisión de la magistrada, privándola de arbitrariedad por contradicción.

Es que la circunstancia de que en la relación procesal trabada entre los actores y la co-demandada Comunicaciones y Medios S.A. haya quedado admitida la existencia y autoría del correo electrónico, no perjudica a la Cámara Argentina de Comercio e Industria de General Roca. La afirmación de la actora y la admisión de la restante demandada, sólo tiene efectos entre ellas, pero no le es oponible al litisconsorte que negó este hecho.

Porque debe insistirse en que "la admisión de un hecho común formulado por uno de los litisconsortes no perjudica al otro, desde que la confesión y el juramento de un litisconsorte surte efecto respecto de él, pero no puede influir en la sentencia en cuanto a los restantes, si la circunstancia a que se refiere no está probada con relación a éstos" (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F o Prado, Eduardo R. c. Siegh, Salvador y otro" AR/JUR/2931/ 1979).

Y al haber sido negado, se erige en controvertido y, por lo tanto, debía ser comprobado. Por quién? Por la actora, quien lo había alegado como constitutivo de su pretensión (art. 377 del C.P.C.C.).

4.2. No obsta a ello, la circunstancia de que pueda admitirse a la conducta de admisión de la restante demandada como un indicio: como tal debe ser corroborado con otros elementos.

Desde esta perspectiva, aún analizándolo como indicio, con relación a la CAIC se presenta como débil, dado que la admisión no proviene del autor del hecho admitido y se ha obviado todo ofrecimiento de la prueba conducente a acreditar este extremo (tal lo hubiera constituido una pericial técnica en informática).

La creación o difusión del correo electrónico no ha quedado acreditado con relación a la CAIC y por lo tanto "al igual que los simples documentos, las constancias de e-mail integrantes del acervo probatorio de un proceso, si son admitidos por la parte a quien se le atribuye importa un reconocimiento equiparado a la confesión, pues su valor probatorio es pleno -artículo 1026 del Código Civil-. Los que emanan de terceros ajenos al proceso, tienen el valor probatorio que les asigne el juez conforme a las reglas de la sana crítica -artículos 386 CPCCN y 384 CPCBA-.

Cuando la constancia de correo electrónico, su contenido o recepción son desconocidos en juicio por la parte ante quien se opone, deviene en hecho controvertido que debe ser confirmado por quien lo afirmó. No es novedad que, cuando se impugna la autenticidad de un e-mail en juicio, quien lo ofreció debe recurrir a otros medios de prueba complementarios -como el peritaje informático y los pedidos de informes a las empresas proveedoras del servicio-. Se ha sostenido que la carga de probar la autenticidad o el contenido de un documento electrónico no es una tarea tan difícil si se considera que cuando se envía información mediante e-mail, su recorrido por la red queda registrado, no sólo en la computadora de la que salió o fue emitido, sino también en los distintos servidores que le hayan permitido llegar al destinatario. Este iter informático queda en evidencia con el simple clickeo en la solapa propiedades del mensaje; no puede soslayarse que la capacidad de traducción de los distintos códigos que surjan del mensaje depende de los distintos servidores y de su capacidad técnica.

La autenticidad e inalterabilidad de los correos electrónicos puede verificarse en los servidores, siempre y cuando no se hayan borrado. Si esto sucede, existe la posibilidad de detectarlos en backups anteriores, de donde se puede bajar la información completa. En los e-mails remitidos desde cuentas de webmail -yahoo o gmail- es difícil cambiar las fechas de recepción y de envío; también se requiere ser un experto -aunque en menor grado- para modificar los que se encuentran en archivos de Outlook Express u Outlook de Office.

En el peritaje informático, el experto se debe encargar de identificar cuáles fueron los equipos de origen y de destino del mensaje. Además, deberá recabar datos de utilidad que permitan determinar el contenido del e-mail en cuestión.

Los servidores o proveedores de Internet -que operan a modo de enlace entre el remitente y el destinatario del e-mail- cuentan con información inherente a la fecha en que se produjo el envío o reenvío del e-mail, duración de conexión, archivos adjuntos, número de identificación de los equipos de origen y destino de las comunicaciones -datos de tráfico-." (cfr. Calvinho, Gustavo "La prueba de los correos electrónicos", Publicado en: LA LEY 20/09/2010, 9 LA LEY 2010-E, 276).

Traídos estos conceptos al caso analizado, es claro que la carga de la prueba pesaba sobre los accionantes y no concurren en la especie -ni siquiera se han alegado en los escritos introductorios- circunstancias que determinen cambiar las reglas probatorias; mutación que, por lo demás, no planteada en la oportunidad procesal oportuna, importaría asumir una posición sorpresiva que atentaría contra el derecho de defensa en juicio. Por estas últimas razones, descarto también los agravios relativos a la teoría de las cargas probatorias dinámicas (el que, además y en rigor, fuera planteado con relación a la posición probatoria de la restante co-demandada).

5. Frente a este cuadro de situación, es innecesario abordar los agravios relativos a la prueba del daño, en tanto sellan la suerte adversa de la pretensión.

Propongo, entonces y en orden a las razones apuntadas, confirmar el decisorio de grado, con costas de la Alzada a los recurrentes vencidos en cuanto no advierto motivos que permitan apartarse de la regla fundada en el principio objetivo de la derrota. TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fojas 523/536 en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada a los apelantes vencidos.

3.- Regular los honorarios de Alzada en las siguientes sumas: para la Dra. ..., letrada apoderada de los actores, de pesos ... ($...) y para los Dres. ... y ..., apoderado y patrocinante de la codemandada Comunicaciones y Medios SA, de pesos ... ($...) en conjunto. (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.