Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-16


Trelew, 16 de febrero de 2.007.- Y VISTOS: - La apelación interpuesta por la demandada a fs. 44 contra la resolución de fs. 39/41, memorial de agravios de fs. 46/47 vta. y su contestación de fs. 49/51 vta., y CONSIDERANDO: - En la sentencia apelada se rechazó la excepción de inhabilidad interpuesta y se mandó llevar adelante la ejecución. -I.- Se quejó la demandada, en lo esencial, sosteniendo que la circunstancia de que con el reestablecimiento del orden constitucional se haya podido derogar la norma que habilita a la actora a demandar por la vía del apremio y no se lo haya hecho, no le confiere al demandante facultades expresamente prohibidas por la Constitución. Cuestionó el alcance que se le pretende dar a la Ordenanza 45/82, otorgándole potestades que no contiene ni explícita ni implícitamente, como lo es la delegación referida. - Expresó que no existe norma alguna que respalde la postura de la demandante según la cual éste sea capaz de crear un título ejecutable por la vía del apremio. - Alegó que fueron desconocidos los argumentos que expuso sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza de marras.Enunció que el poder municipal no pudo conferirle a la ejecutante facultades que son propias y exclusivas de los poderes provinciales. -- II.- El art. 604 C.P.C.C. establece que "Procederá la ejecución fiscal cuando se persiga el cobro de impuestos, patentes, tasas, retribuciones de servicios o mejoras, multas adeudadas a la administración pública, aportes y contribuciones al sistema provincial de previsión social y en los demás casos que las leyes establecen.

La forma del título y su fuerza ejecutiva serán las determinadas por la legislación fiscal".Sobre la posibilidad de que por medio de una ordenanza municipal se habilite a un ente no estatal a expedir certificados de deuda ejecutables mediante el procedimiento de la ejecución fiscal, cuando la norma remite a los "demás casos que las leyes establezcan", comprende el supuesto de autos. Las ordenanzas municipales son leyes en sentido material, en razón de que según la clásica definición de Suárez, es un precepto común, justo, estable, suficientemente promulgado y si bien la norma en cuestión ha sido dictada por un gobierno de facto y debe reconocerse el vicio de origen que tiene esa legislación, lo cierto es que la continuidad jurídica del Estado requiere el reconocimiento de la legislación dictada durante esos períodos (S.I.C. 48/05; confr.: Rivera, "Instituciones de Derecho Civil - Parte General", ed. 1998, T I, págs. 101 § 69, 103 § 75.a) y 123 § 88).

No obstante lo expuesto, la aplicación de la ordenanza citada no alcanza para que la actora pueda tenerse por autorizada a la expedición del título ejecutivo, pues no se encuentra cumplido el segundo párrafo del art. 604 C.P.C.C. citado, según el cual la forma del título serán fijados por la legislación fiscal.

En efecto, no se dictó la regla que estableciera esos recaudos por lo cual, al no estar completa la norma de marras con la respectiva reglamentación, ella no es aplicable (S.I.C. 48/05). Sin perjuicio de ello, la autorización de referencia esta dada por la ley 24.065 y sus normas reglamentarias. - Efectivamente, dicha normativa a la que la Provincia del Chubut adhirió mediante la ley 3771, es aplicable a las deudas con la actora generadas por el consumo de energía eléctrica, en virtud de que la demandante es "Distribuidor" y por lo tanto está autorizado por el Decreto 1398/92 para confeccionar y ejecutar la constancia de deuda, a cuyo fin deberá reunir los requisitos determinados por la Secretaría de Energía Eléctrica (S.I.C. 48/05). - No obsta a la conclusión arribada la circunstancia de que la actora en su escrito introductorio de la demanda no haya mencionado a la ley 24.065, pues por un lado hizo referencia al art. 604 C.P.C.C. que, como se vio, remite a las leyes que fijen los supuestos admitidos, y por el otro el derecho siempre será dicho por el Juez por aplicación del principio "iura curia novit". - En base a ello y siendo que los certificados que encabezan la demanda cumplen con los requisitos que fija la Resolución de la Secretaría de Energía Nº 124/1992, se confirmará la resolución apelada. - En lo que se refiere a la declaración de inconstitucionalidad requerida, cabe expresar que el proceso ejecutivo fiscal está ordenado por tres factores de necesaria observancia para interpretar su naturaleza: el carácter de la obligación, la persona del acreedor y el instrumento público que acredita la existencia del título.

De ahí que no resulta admisible en este tipo de procesos el tratamiento de cualquier excepción o defensa, pues, por la natural y especial fuerza ejecutiva del instrumento por referirse a aspectos concernientes a la causa de la obligación fiscal, están excluidas del ámbito de conocimiento limitado del título (S.I.C. 148/05; CNCiv., Sala H, 23/05/1996, L.L., 1997-A-163).

En ese contexto, se ha entendido que no procede declarar la inconstitucionalidad, dado el ámbito limitado en que se desarrollan las ejecuciones de naturaleza fiscal, de modo que no se trata de una excepción admisible en el apremio (CNCiv., Sala A, L.L., 1983-C-546).

Además, las sentencias de remate no constituyen 'sentencia definitiva' en los términos que requiere el art. 14 de la ley 48 para la viabilidad del recurso extraordinario, en particular si se advierte la posibilidad de los justiciables de recurrir al juicio ordinario posterior (S.I.C. 148/05). - III.- En atención al resultado de esta apelación, toda vez que la ejecutada resulta derrotada, se le impondrán las costas de esta Instancia (art. 558 C.P.C.C.). - En atención a la extensión y eficacia de las labores desarrolladas y resultado de sus actuaciones en la Alzada, cabrá regular los honorarios del Dr. J F A en la suma equivalente al 2,75 % del monto del proceso y al Dr. G L L en el 1,35 % sobre el mismo monto, con más el I.V.A. pertinente ambos casos (arts. 6, 7, 9, 14, 40, 47 y concs. del dec.-ley 2.200). Por todo ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE: Confirmar el decisorio de fs. 39/41. --Las costas de Alzada se imponen a la ejecutada. Regular los honorarios de Segunda Instancia al Dr. J F A en la suma equivalente al 2,75 % del monto del proceso y al Dr. G L L en el 1,35 % sobre el mismo monto, con más el I.V.A. pertinente ambos casos. Regístrese, notifíquese y devuélvase.-- Fdo: JUAN HUMBERTO MANINO - CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 22 DE 2.007 - SIC.- CONSTE.- c.