Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-10-23


AUTOS Nº 7762: "ROBLE TOBARES, Juan Marcelo C/ La Estanzuela S.A. S/ Apelación de Sentencia" ///la ciudad de San Juan, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil ocho, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Hermes Francisco Carrera, José Dionisio Castro y Miguel Ernesto Novoa, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en autos Nº 7762, caratulados "ROBLE TOBARES, JUAN MARCELO C/ LA ESTANZUELA S.A. S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", y de cuyas constancias:

R E S U L T A :

Contra la sentencia pronunciada por el titular del Segundo Juzgado Laboral, obrante a fs. 228/232, la actora interpone recurso de apelación que se le concede a fs. 236, expresando agravios a fs. 237/246, que la contraria responde a fs. 249/254. Habiéndose dado intervención a la Fiscalía de Cámara, firme el llamamiento de autos y realizado el sorteo para la emisión de votos, se presenta al Tribunal las siguientes cuestiones a decidir:

1º) ¿Es justa la sentencia recurrida?	2º) En su defecto, ¿qué resolución corresponde dictar?	A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JOSÉ DIONISIO CASTRO DIJO: Dos son los agravios que dice la actora le provoca el dictado de la sentencia en la anterior instancia. En primer lugar, critica el fallo por carecer de sólidos fundamentos, según la sana crítica, realizando sobre el tema una serie de consideraciones y sobre como el Juez debe valorar los medios de prueba y dictar la resolución. Sostiene que no se realizó una crítica formal de cada declaración prestada por los testigos ni se dió el valor que tiene a la confesional. Asimismo, señala que no se consideró la presunción contenida en el art. 55 LCT., según lo estatuido en el art. 101 CPL, lo que correspondía por tratarse de un criterio válido del derecho laboral, de manera que, la no presentación de la documentación prevista en el art. 122 ENTA, genera consecuencia disvaliosa para el demandado, a lo que debe agregarse lo que marca el principio de primacía de la realidad. Reconoce que la relación laboral denunciada se rigió por la ley 22.248, pero que ello no fue óbice para analizarla en forma analógica a lo previsto en el art. 23 LCT. y que la demandada dejó de acreditar que se trató de un trabajador de temporada, resultando aplicable el art. 63 ENTA. Asimismo, critica la forma en que se valora la prueba confesional, pues, no se hizo teniendo en cuenta el resto de la prueba. Como segundo agravio, la recurrente solicita que, progresando el anterior agravio, debe hacerse lugar a los reclamos efectuados. Luego de citar abundantes citas jurisprudenciales y opinión doctrinaria, solicita la admisión del recurso, a la vez que hace reserva por los recursos extraordinarios. La demandada al responder los agravios resiste los fundamentos dados, entendiendo que, al encontrarse debidamente fundada la sentencia recurrida, debe rechazarse el recurso con costas, haciendo reserva de derecho por los recursos extraordinarios.-	Luego que los litigantes expusieran los fundamentos en que apoyan sus posiciones en este recurso, comenzaremos el tratamiento del primero de los agravios. Tal como queda planteado el mismo, el accionante intenta una modificación de la calificación que hiciera el sentenciante de la relación laboral, entendiendo que se trató de un trabajador de carácter permanente dada la prestación de servicios acreditada y no mediar prueba de la demandada que desvirtúe la presunción que corresponde por tal motivo. El sentenciante, con fundamento en las disposiciones de la ley 22.248, calificó el contrato de trabajo habido entre las partes, según la preceptiva del art. 77 ENTA, esto es, como trabajador no permanente.

Como lo afirma la demandada en su litis contestatio y lo refiere el a-quo en su pronunciamiento, Roble prestó servicios para aquélla en tareas de cosecha de aceitunas en una oportunidad, hecho que se reconoce en la respuesta dada por la accionada a la intimación cursada por el actor y luego, al absolver posiciones a fs. 139/140. Tal afirmación resulta corroborada por la ficta confetio del actor y declaración de testigos ofrecidos en la causa, quedando fuera de toda discusión que el actor trabajó en tareas de cosecha durante cuatro meses. Vemos en el memorial de la recurrente, una notable preocupación por demostrar la procedencia de aquella presunción contenida en el art. 23 LCT., luego que se acreditara la realización de trabajos por parte del actor y en beneficio de la demandada. Sin embargo, una interpretación como la pretendida por la quejosa, sólo es posible cuando no se cuenta con normas expresas que determinan una prohibición al respecto, cosa que no ocurre en la especie. En efecto, el art. 2º, inc. c) de la LCT., es terminante en cuanto a la exclusión de los trabajadores agrarios al régimen que instituye la ley 20.744, sancionándose para los mismos una legislación propia que comprende las particularidades de las tareas que se regulan. Siendo ello así, vemos que el sentenciante encuadra la relación laboral denunciada en las disposiciones dirigidas al personal no permanente contempladas en la ley 22.248, en base a los elementos de prueba que se aportaron al proceso, tales como la declaración de testigos y confesional ficta del trabajador, que vienen a corroborar lo afirmado por la empleadora, sobre que Roble participó durante cuatro meses en una cosecha de aceitunas. Una actuación del Juez, conforme lo pretendido por la recurrente, implicaría una arrogación de funciones que no le son propias, pues, es tarea del legislador la modificación de las leyes que el mismo Cuerpo ha sancionado.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. JOSÉ DIONISIO CASTRO DIJO: Las razones que se exponen supra, me llevan a propiciar el rechazo del recurso planteado por la actora con costas a su cargo.

LOS DRES. HERMES FRANCISCO CARRERA Y MIGUEL ERNESTO NOVOA, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal R E S U E L V E :

I) Rechazar en todas sus partes el recurso de apelación planteado por la actora, confirmándose la sentencia de fs. 228/232, en lo que fue objeto de la queja.

II) Imponer las costas de la alzada a la recurrente, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad.

III) Tener presente la reserva de derecho formulada por la accionante.

IV) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al Juzgado de origen.-