Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2015-06-11


Resol. Serie "A" N° 34 En la Ciudad de Santiago del Estero, a los once días del mes de junio de dos mil quince, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, integrada por el Dr. Sebastián Diego Argibay, como Presidente, y los Dres. Eduardo José Ramón Llugdar y Armando Lionel Suarez, como Vocales y, a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, con los Dres. Gustavo Adolfo Herrera y Azucena del Valle Brunello de Zurita, asistidos por la Secretaria Judicial Autorizante, Dra. Isabel Mercedes Sonzini de Vittar, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 742/747 vta. del Expte. Nº18.060 - Año 2013 - Autos: "Chamut José Alfredo c/ Superior Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ Expropiación - Casación Civil". Establecido el orden de pase a estudio, resultó designado para hacerlo en primer término el Dr. Sebastián Diego Argibay y en segundo y tercer lugar, los Dres. Eduardo José Ramón Llugdar y Armando Lionel Suárez,respectivamente; y a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, los Dres. Gustavo Adolfo Herrera y Azucena del Valle Brunello de Zurita.

El Sr. Vocal, Dr. Sebastián Diego Argibay dijo:

Y Vistos:

Para resolver el recurso de casación interpuesto por la parte accionante (fs. 750/755 vta.) en las presentes actuaciones.------------------------------------	Y Considerando:

I) Que el mismo es deducido contra la sentencia de fecha 16/09/2013 emitida por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación (fs. 742/747 vta.) que resolvió rechazar el recurso de apelación deducido por su parte y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fecha 10/04/2013 (fs. 708/712 vta.), imponiendo las costas por el orden causado, la cual, al hacer lugar la excepción de falta de legitimación activa, rechazaba la demanda incoada con costas por su orden, y rechazaba la aplicación de sanciones de temeridad y malicia.------------------------------------------------	II) Que para resolver de ese modo, el Tribunal A-quo consideró que el actor no se haya legitimado para promover juicio de expropiación inversa por no existir ley que declare la utilidad pública del terreno en cuestión, recaudo esencial de procedencia contemplado por el art. 51 de la Ley Provincial de Expropiación Nº 4630; ello sin perjuicio de las acciones que le caben como sujeto de derecho que ha sido privado de su propiedad.--------------	En ese sentido, partiendo de la concepción de que la expropiación es un procedimiento de derecho público por el cual el Estado -obrando unilateralmente- adquiere bienes de los particulares para el cumplimiento de un fin o utilidad pública mediante el pago de un indemnización, analiza que la titularidad de la acción expropiatoria corresponde a éste y no al sujeto expropiado. Agrega que la excepción a dicha regla, la constituye la expropiación inversa o irregular, cuando en virtud de que la conducta del Estado lesiona los derechos del propietario, y sufre un detrimento, tiene derecho a lograr judicialmente su reparación. En consecuencia, el expropiado acciona contra el sujeto expropiante, a los fines de que éste, en cumplimiento de la voluntad legislativa, adquiera el bien calificado de utilidad pública y consecuentemente lo repare.---------------------------------------------------	A tales efectos, la Cámara enumera los recaudos de procedencia de la expropiación irregular: a) que exista ley afectando el bien; b) que el sujeto expropiante haya producido un acto o hecho que restrinja el derecho de propiedad y c) que a pesar de esta exteriorización, no haya promovido el juicio. Asimismo, citando doctrina, señala que la desposesión que el Estado lleve a cabo sobre un bien o cosa del administrado sin la previa calificación legislativa no configura una forma de expropiación, pues no se puede obligar a expropiar sin ley.------------------	Una vez sentadas tales pautas, el Tribunal analiza el agravio referido a la excepción de falta de legitimación activa en virtud de la cual el juez de grado rechaza la demanda, a la que -citando a Palacio y Alvarado Velloso- identifica con la defensa de falta de acción por considerar que se trata de un requisito esencial del derecho de acción.----------------------------------------	En base a ello, colige que al no existir ley que declare la utilidad pública, el actor no se encuentra legitimado para promover juicio de expropiación inversa.--	III) Que la parte actora, interpone recurso de casación por considerar que la decisión viola y aplica erróneamente la ley y la doctrina legal imperante al desconocer su legitimación para entablar la expropiación inversa.--------------------------------------------------	En ese sentido, a partir de la profusa descripción del antecedente administrativo previo efectuado por su representado, cuestiona la conducta contradictoria de la Administración Pública, ya que, durante todo el tiempo de tramitación del expediente administrativo, el Estado reconoció el derecho del Sr. Chamut a solicitar la indemnización por expropiación, pero al momento del traslado de la demanda en sede judicial, la misma parte opone excepción de falta de legitimación activa.---------------------------------------------------	Para ello, manifiesta que el ordenamiento jurídico protege la confianza suscitada por el comportamiento del otro a través de la doctrina de los actos propios, por lo que tacha de ilícita la actitud asumida de desconocer la acción del actor, al alegar que carece de la calificación de la utilidad pública para su procedencia.----------------------------------------------	Cita doctrina y jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal Nacional para sostener que la desposesión del Estado faculta al propietario a reclamar la expropiación inversa, ya sea por la ocupación material de la cosa, o por la afectación en cualquier grado de su derecho en la posesión, uso o goce de ella en razón del ejercicio del poder de expropiación.------------------------------------	Asimismo, en abono a su postura indica que la sentencia en crisis viola la doctrina legal sentada por este Tribunal en autos "Cabe y Curi c/ IPVU s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción" de fecha 16/02/2007 respecto de que el actuar contradictorio que trasunta deslealtad, resulta descalificado por el derecho plasmado en el principio venire contra factum proprium non valet, sosteniendo la procedencia de su reclamo casatorio.	Consecuentemente, en oportunidad de sostener el recurso de casación interpuesto (fs. 776/779), cuestiona la aplicación de costas del proceso por su orden por tratarse de una cuestión difícil o dudosa de derecho, afirmando que no existe en este caso una materia de ese tipo, ya que durante veinte años la Administración Pública reconoció expresamente el derecho de su parte.------------	Por último mantiene la cuestión federal oportunamente introducida, en mérito de que el fallo apelado conculca las garantías constitucionales de propiedad, igualdad y defensa en juicio establecidas por los arts. 14, 16, 17 y 18 de nuestra Constitución Nacional, efectuando la reserva para ocurrir oportunamente por ante la Corte Suprema de Justicia de La Nación por la vía extraordinaria prevista en el art. 14 de la Ley Nº 48. En ese sentido, justifica la admisibilidad del planteo en que lo que se decida en esta causa excede el interés de las partes proyectándose sobre la buena marcha de las instituciones.--------------------------------------------	IV) Que efectuado el traslado de ley, el representante de la parte demandada contesta el recurso deducido (fs. 788/792 vta.), solicitando su rechazo con expresa imposición de costas.-----------------------------	Alega la improcedencia formal del recurso interpuesto por entender que el mismo es una mera reiteración del memorial de agravios expuesto en oportunidad del recurso de apelación, conteniendo argumentos que pecan mas bien por exceso que por defecto, sin que se configure una sentencia violatoria de la buena fe procesal.----------------------------------------------	Acerca del postulado sobre la violación a la doctrina de los actos propios, afirma que la conducta desplegada por la Administración no resulta ni contradictoria ni de mala fe; por cuanto no existe en las actuaciones administrativas, acto alguno que reconozca el derecho a indemnizar por expropiación ni que ordene la cuantificación, confundiendo o pretendiendo equiparar al acto administrativo, con meros actos preparatorios de voluntad de la Administración. Expresa que su parte se ha expedido de manera categórica, mediante dos dictámenes producidos por Fiscalía de Estado, aconsejando el rechazo de la petición interpuesta en sede administrativa.--------	Agrega que a consecuencia de los claros fundamentos expuestos en los fallos de las instancias transcurridas, deviene aplicable el principio de la personalidad del agravio, por lo que al no presentarse el perjuicio efectivo, directo y concreto, impide que ello sea aplicable en esta instancia extraordinaria. Expresa que dicha falta de agravio emerge del memorial, con inobservancia de los requisitos objetivos de admisibilidad, la inexistencia de falsa o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal conforme lo establece el ordenamiento adjetivo provincial.------------	En orden a las refutaciones de fondo, manifiesta que la resolución recurrida contiene claramente un razonamiento jurídico desarrollado a partir de las constancias de la causa y fundado en la normativa del caso.-----------------------------------------------------	Concluye en que la ausencia total de las exigencias de fondo como de forma no logran enervar de manera alguna las contundentes conclusiones arribadas por el Tribunal, correspondiendo sin más el rechazo del recurso con expresa imposición de costas.-----------------	V) Que el Sr. Fiscal General del Ministerio Público emite su dictamen (fs. 794/795 vta.) en el que aconseja el rechazo del recurso de casación por no encontrarse configurada la arbitrariedad denunciada, desde que en la resolución cuestionada aparece con claridad el pensamiento del juzgador, que permite controlar su logicidad. Considera correctos los fundamentos enunciados, con buen criterio y con adecuada relación con el litigio.-	En ese sentido, expresa que de las constancias de autos surge la falta de legitimación del actor para entablar el presente proceso de expropiación inversa, por el hecho de que al no existir una ley que declare la utilidad pública, falta uno de los requisitos esenciales para la configuración de dicho instituto.-----------------	VI) Que puestos a constatar la concurrencia de los presupuestos prescriptos por el Ordenamiento procesal provincial, en orden a la admisibilidad de la vía intentada, cabe señalar que el recurso ha sido interpuesto contra una sentencia definitiva en los términos del art. 293 del C.P.C.C., dentro del plazo legal establecido por el art. 297 (cfr. constancia de retiro de copia de sentencia fs. 747 vta. y cargo de fs. 755 vta.), y que se encuentra cumplido el art. 300, por encontrarse el recurrente eximido de dicha obligación, en virtud de haber obtenido el beneficio de litigar sin gastos, conforme resolución de fs. 39 del respectivo cuadernillo glosado por cuerda floja. Corresponde en consecuencia, ingresar al tratamiento de los agravios que motivan el recurso en estudio.--------------------------------------------------	VII) Puestos en esa tarea, cabe señalar que si bien el recurrente esboza -aunque de manera inconsistente- una serie de quejas como supuestos legales habilitantes de la instancia extraordinaria de la casación, los argumentos expuestos en el memorial presentado -con prescindencia del nomen iuris utilizado- se dirigen en definitiva a cuestionar de arbitrario el análisis efectuado por la Cámara acerca de la legitimación del Sr. Chamut para enervar la pretensión indemnizatoria por la indisponibilidad de la porción de terreno objeto de litigio en el marco de los alcances asignados por la ley Nº 21499 al Regimen de Expropiaciones.--------------------	Que en efecto, el recurrente se agravia de la sentencia en crisis por considerar que la confirmación de la admisión de la excepción de falta de legitimación activa afecta sus derechos, en manifiesta violación de la buena fe y de la doctrina de los actos propios, en virtud de la actitud asumida por el Estado en relación al uso del inmueble objeto de litigio. En ese sentido, a partir de la profusa descripción de los antecedentes del reclamo administrativo previo efectuado por su parte, cuestiona la conducta contradictoria de la Administración Pública; pues, durante todo el tiempo de tramitación del expediente administrativo, se le reconoció al Sr. Chamut el derecho a solicitar la indemnización por expropiación, pero al momento del traslado de la demanda en sede judicial, la misma parte opuso excepción de falta de legitimación activa para exigirla.------------------------------------	Planteada así la cuestión, encontrándose cuestionada la razonabilidad de la decisión en orden a la aplicación del orden jurídico vigente respecto a la concurrencia de los presupuestos esenciales previstos para el éxito de la expropiación inversa en concordancia con las constancias de la causa, corresponde señalar a modo liminar que es criterio sostenido inveteradamente en la doctrina de este Superior Tribunal, que dada la naturaleza excepcional del recurso, "La procedencia del remedio casatorio, en relación a la denuncia de los vicios de arbitrariedad y absurdo, es de carácter excepcional, y para ello quien la invoca debe demostrar de un modo claro y con total precisión, la falta de logicidad en la motivación del acto jurisdiccional, como así demostrar que el mismo no ha sido una conclusión razonada del derecho vigente con aplicación a la situación comprobada de la causa" (S.T.J., sent. del 19/10/2009 en autos: "Sosa Héctor Omar c/ Menghi Ricardo y/u Otros s/ Cumplimiento de Contrato - Casación Civil").------------------------------	Al respecto, la arbitrariedad como vicio que autoriza a revisar la valoración de la prueba en el dispositivo sentencial, es el error grave y manifiesto, con quebrantamiento de las reglas que las gobiernan; un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación, por ejemplo cuando la apreciación no es coherente y lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre si. Por lo tanto debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas, cuando se prescinde de las constancias que puedan ser esenciales o decisivas (cfr. Hitters, Juan Carlos "Técnica de los Recursos Extraordinarios y la Casación", Editora Platense S.R.L., 2ª Edición, p. 479).--	Que con tales conceptos como norte, del análisis de la decisión cuestionada surge que el Tribunal a-quo sustenta su decisión de confirmar la admisión de la defensa de falta de legitimación activa, a partir del análisis de la naturaleza del instituto de la expropiación irregular o inversa, plantea los requisitos legales establecidos para su procedencia, destacando que en el presente caso no se observa la existencia de una ley que declare la utilidad pública del terreno en disputa, por lo que consideró que el actor no se encontraba legitimado para promover dicha acción.-------------------------------	En efecto, a partir del estudio de la normativa vigente al respecto, señaló que de las constancias de autos, especialmente el expediente administrativo acompañado por el recurrente, es posible colegir que al no existir constancia de ley que declare la utilidad pública, el Sr. Chamut carecía de acción. Agregó que tampoco la Administración Pública habría incurrido en violación de sus propios actos, en la inteligencia de que Fiscalía de Estado (como órgano que constituye la última instancia en materia de asesoramiento jurídico-administrativo de la Provincia, resultando su criterio obligatorio) siempre se expidió en el mismo e idéntico sentido de rechazar el reclamo del actor.----------------------------------------	En consecuencia, cabe señalar que el sub-examine no constituye un supuesto de excepción, que permita apartarse de la regla general que rige la materia, pues no se advierten en el decisorio en crisis, razones de entidad suficiente para invalidar el pronunciamiento en base a las argumentaciones expuestas por el recurrente.--------------	En efecto la Cámara, al confirmar el resolutorio de grado, fundamentó su decisión haciendo referencia precisamente a los elementos de prueba que fueron incorporados por las partes al expediente, evaluándolos a la luz de las prescripciones legales vigentes en la materia, Ley Nacional Nº 21499 y ley Provincial Nº 4630 para la procedencia de la expropiación inversa o irregular.------------------------------------------------	Al respecto, destacó críticamente, conforme los límites de los agravios vertidos en oportunidad del recurso de apelación, que estar legitimado es tener el derecho a que se resuelva sobre la petición que formule en orden al derecho invocado, ya sea sobre su existencia o inexistencia, ya por medio de una sentencia favorable o desfavorable. Y que en virtud de ello, de acuerdo a los recaudos que establece la normativa vigente citada, al no existir uno de los presupuestos del derecho de reclamar indemnización, no existía en cabeza del actor la legitimación para entablar el juicio de expropiación inversa.-------------------------------------------------- Al respecto, se ha sostenido inveteradamente tanto en la doctrina como en la jurisprudencia local y nacional, con arreglo lógico del derecho vigente que "Para que proceda la expropiación irregular es requisito sine qua non que exista una ley que declare de utilidad pública el respectivo bien. Sin esa calificación legal de utilidad pública, por imperio constitucional, art. 17 de la Ley Suprema, no puede haber expropiación alguna, sea ésta regular o irregular" (Marienhoff, Miguel S., La Nueva Ley Nacional de Expropiación: su contenido en "La Ley Nacional de Expropiaciones 21.499", publicación de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Octubre de 1977, Bs. As., p. 33-35. Citado por Alberto B. Bianchi en "¿Es un requisito indispensable de la Expropiación Irregular la Ley que califique la Utilidad Pública?", E.D. Nº 7030 - 15/07/1988 - T. 121, p. 503).-----------------------------	De esa forma, la Alzada confirmó el razonamiento del juez de grado que consideró en el caso de marras que era conforme a derecho y a las constancias de la causa que la inexistencia de la ley que califique la utilidad pública de dicho tramo de ruta, por claro imperativo constitucional obstaba al análisis de su pretensión, por carecer de legitimación para enervarla.-------------------	En conclusión, aplicando al caso en estudio los conceptos señalados liminarmente, no se avizora en el razonamiento efectuado por los magistrados de grado el vicio que denuncia el casacionista, desde que la conclusión a la que arriba en orden al material fáctico y probatorio incorporado, no resulta arbitraria ni antojadiza. Al contrario, los argumentos expuestos por el quejoso, en modo alguno logran demostrar que la auténtica "ratio decidendi" del fallo de la Alzada -falta de legitimación activa- se encuentre asentada sobre bases caprichosas o totalmente apartadas de la realidad del caso, en contradicción con las constancias obrantes en la causa, resultando insuficientes para acreditar la arbitrariedad requerida para habilitar la vía intentada; máxime cuando no se revela -como ocurre en el sublite-, una clara prescindencia de la solución legal aplicable al caso, ni falencias de razonamiento que violenten el principio de razonabilidad en la valoración efectuada sobre las pruebas producidas.-----------------------------	Que en idéntico sentido corresponde rechazar el agravio referido a la violación de la doctrina legal sentada por este Superior Tribunal en autos "CABE y Curi c/ IPVU s/ Recurso Contencioso Adminstrativo de Plena Jurisdicción" (sent. 16/02/2007), desde que para que la misma sea aplicable, en orden a la jurisprudencia que sienta este Cuerpo, debe existir una identificación de situaciones fácticas, teniéndose presente a los fines de su interpretación los argumentos fundantes del fallo en que se fija la misma. Por ello, para el caso en que se invoque su violación, falsa o errónea aplicación, es deber del recurrente explicitar con suficiencia técnica en qué consiste el supuesto invocado, tarea que requiere de un desarrollo argumentativo suficiente a fin de evitar que se dogmatice la jurisprudencia mediante la selección de frases fuera del contexto del fallo o que se pretenda identificar situaciones fácticas distintas. Así se ha expresado: "Es irrelevante la cita de la doctrina legal si en los pronunciamientos invocados se contemplaron distintos supuestos a los del caso en estudio y además no es útil para controvertir el fundamento del fallo recurrido" (Morello Mario A., en "Códigos Procesales en lo Civil....", T. III, Ed. Abeledo-Perrot, pag. 623).

Sentadas tales premisas, surge claro que el precedente citado por el impugante no resulta de aplicación al caso sub-examine, no sólo por no existir coincidencia, ni similitud entre las circunstancias de hecho obrantes en sendas causas, sino además por la falta de argumentos suficientes para su análisis pormenorizado, no demuestra fundadamente que la inteligencia que de dicha doctrina la Cámara haya elaborado en relación a las circunstancias de la causa, ha incidido de un modo sustancial en la decisión cuestionada. Es decir que la simple invocación del vicio de violación no es óbice para descalificar a la sentencia como acto jurisdiccional válido, si el quejoso no prueba dicha infracción, ni cuál es la aplicación que pretende. Y ésto es lo que acontece en el remedio que nos ocupa, dado que no se ha demostrado que la aplicación del principio de buena fe y de la doctrina de los actos propios haya sido abarcado y aplicado a los hechos comprobados en el expediente en forma inexacta, absurda, y que dicha lógica haya sido decisiva para la solución que hoy se cuestiona.-----------	VIII) A mayor abundamiento, y si bien lo expuesto resulta suficiente para rechazar el recurso intentado, cabe señalar que del estudio de los antecedentes de la causa surge evidente la falta de legitimación de la parte para pretender la expropiación inversa, no sólo por no haberse dictado una declaración de utilidad pública del bien sometido a litigio, sino además por la ausencia de interés para accionar. Ello así por cuanto, en virtud del Convenio firmado en fecha 16/07/1968 (fs. 102) entre el Sr. Edgardo Plinio Appa en representación del Consejo Provincial de Vialidad y doña Felipa Leal, propietaria originaria, la pretendida indemnización por indisponibilidad del bien en cuestión fue efectivamente abonada. Que lo antedicho surge claramente del contenido de dicho instrumento, en sus cláusulas Nº 1 y 4 en donde consta que la propietaria aceptaba la suma de $83.608 (Pesos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Ocho) a efectos del traslado de su rancho, y que dicha suma estipulada era en concepto de única y total indemnización.--------------------------------------------	En conclusión, conforme lo expuesto, en virtud del carácter extraordinario del margen de revisión de la vía intentada, el sub-examine no constituye un supuesto de excepción, que permita apartarse de la regla general que rige la materia, pues no se advierten en el decisorio en crisis, razones de entidad suficiente para invalidar el pronunciamiento en base a las premisas expuestas por el recurrente.-----------------------------------------------	Por todo lo expuesto, normas legales citadas, doctrina y jurisprudencia reseñada, y oído el Sr. Fiscal General del Ministerio Público, Voto por: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte accionante (fs. 750/755 vta.) en las presentes actuaciones, en consecuencia II) Confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación (fs. 742/747 vta.). III) Con costas.

A estas mismas cuestiones, el Dr. Eduardo José Ramón Llugdar dijo: Que comparte los argumentos esgrimidos por el Vocal preopinante, Dr. Sebastián Diego Argibay, emitiendo su voto en idéntico sentido.	A las mismas cuestiones, el Dr. Armando Lionel Suarez, dijo: Que se adhiere en un todo a lo sustentado por el Dr. Sebastián Diego Argibay votando en igual forma. Con lo que se dió por terminado el Acto, firmando los Sres. Vocales, por ante mí, que doy fe. Fdo: Sebastian Diego Argibay - Eduardo José Ramón Llugdar - Armando Lionel Suarez - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.- Santiago del Estero, once de junio del año dos mil quince.

En mérito al resultado de la votación que antecede, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte accionante (fs. 750/755 vta.) en las presentes actuaciones, en consecuencia II) Confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación (fs. 742/747 vta.). III) Con costas Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese. Fdo: Sebastian Diego Argibay - Eduardo José Ramón Llugdar - Armando Lionel Suarez - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.-