Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-23


SENTENCIA Nro. 89846 CAUSA Nro. 5.851/2007 AUTOS "SAIDMAN FLAVIA KARINA c/ROSSI NESTOR DANIEL s/DESPIDO" - JUZGADO Nro. 53- En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 23 de junio de 2008, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

El doctor Eiras dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior se alzan la parte actora y la demandada a tenor de sus memoriales obrantes a fs. 907/910 y fs. 917/920, que recibieran réplica a fs. 924/vta. y fs. 925/927.

La parte actora se agravia por lo decidido en la sentencia respecto de la fecha en que se concretó el despido, por la deficiente registración del salario y la distribución de las costas.

Considera errónea la apreciación del Sr. Juez de grado cuando decidió que el despido operó el 31 de agosto de 2006, ya que entiende que el distracto se produjo el 8 de septiembre del mismo año, cuando remitió el telegrama a la demandada, por el cual intimaba a otorgar tareas y aclarar la situación laboral. En consecuencia, considera que proceden los días de septiembre de 2006 y la integración del mes de despido.

No le asiste razón, por cuanto del relato inicial resulta que la actora se presentó a trabajar el viernes 25 de agosto de 2006, imprevistamente el demandado le comunicó que la despediría a partir del 31.08.2006, por lo que la relevaba de concurrir a trabajar los días que restaban hasta fin de mes y que a la brevedad le llegaría el telegrama respectivo por el que le notificaba tal despido. Dado que el demandado no le dio ninguna opción de revisar dicha decisión, pues para él era una decisión tomada e inmodificable, la actora esperó la llegada del anunciado telegrama que no llegó el 31.08.06 ni los días subsiguientes, ante lo cual, se vio precisada a enviar un telegrama solicitando la aclaración de su situación laboral, reclamo que exteriorizó en el citado Telegrama Nro. 67149784 remitido el 7 de septiembre de 2006 (fs. 82 vta.).

Es útil recordar que para la validez del despido con invocación de justa causa se exige la comunicación por escrito, en consecuencia la cesantía comunicada en forma verbal carece de justa causa. Este Tribunal ha resuelto que el despido no puede ser verbal, pues el mismo debe comunicarse por escrito y, en los casos en que la expresión por escrito fuere exclusivamente ordenada no puede ser suplida por ninguna otra prueba (arts. 243 LCT y 975 C. Civil, Sentencia Nº 78.435 del 12.3.99, en autos "Cousido, Gustavo Manuel c/ Century C.D. S.A. s/ despido", del registro de esta Sala). Sin embargo, dicha doctrina sólo resulta aplicable al despido por justa causa, ya que para el incausado la ley no prevé una forma determinada.

Por su forma, el despido verbal no puede ser sino incausado (en sentido análogo, sentencia Nº 72.762 del 31.10.96, en autos "Casariego Coll, Patricio Mariano c/ Medical Cover S.A. s/ despido", sentencia Nº 81.631 del 24.11.2000, en autos "Alcoba, Martín Fabio c/ El Mundo del Juguete S.A. s/ despido", sentencia Nº 83.854 del 19.7.02, en autos "Carreras, Karina Esperanza c/ Gemad S.A. s/ despido", sentencia Nº 85.018 del 15.7.03 en autos "Segundo, Raúl Horacio c/ Noname S.A. s/ despido", todas del registro de esta Sala).

En el caso, la existencia del despido comunicado en forma verbal está admitido por ambas partes, ya que la actora manifestó al demandar que "...el viernes 25 de agosto de 2006, imprevistamente el demandado le comunicó que la despediría a partir del 31.08.2006 ..." (fs. 82 vta.). Esta negativa de trabajo no es sino exteriorización del despido verbal del empleador, ello determina que resulte injustificado y, por consiguiente, corresponde confirmar en el punto el fallo apelado.

No habrá de ser mejor la suerte del recurrente en lo que respecta a la aplicación del art. 1 de la ley 25.323, por la sola circunstancia de que la empleadora no pagó los aumentos acordados por convenio y por los decretos del Poder Ejecutivo, ya que esta actitud, significa un incumplimiento salarial y no una registración deficiente, requisito esencial para la procedencia de la multa contenida en la ley 25323. Por lo tanto, propicio confirmar lo decidido.

La parte demandada se agravia porque se determinó la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 130/75. Considera errónea esta apreciación, ya que a su entender dicho convenio fue suscripto por el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la Capital Federal y por ello se encuentra legitimado el Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la C.A.B.A..

No le asiste razón al apelante.

Este Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse al respecto en la sentencia Nro. 78315, del 25.02.1999, dictada en autos "Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal c/Prisant, Susana Leonor s/cobro de apor. O contrib.", en dicho pronunciamiento sostuvo que en "el Convenio Colectivo de Trabajo Nro.130/75, en representación del sector empleador figura el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas (capítulo I, art. 1), para más al ejemplificar cuáles son las actividades comprendidas por la convención expresamente señala la realizada por el personal de estudios . contables (capítulo II, art. 2 c). La referida representación ha sido atribuida por la autoridad administrativa en ejercicio de facultades previstas por el art. 2 de la ley 14.250 y ello sella la suerte del litigio, pues la representación del sector patronal puede adjudicarse a un grupo de empleadores con relación a los cuales deberá operar la convención, o tener como representante de todos ellos, a quien o a quienes puedan ser considerados legitimados para asumir el carácter de parte en las negociaciones. La circunstancia de que el Consejo Profeional de Ciencias Económicas no haya intervenido en la referida convención colectiva no justifica la falta de pago de los aportes, ya que el convenio es aplicable a los contadores cuando actúan como empleadores, mientras que la institución nombrada reúne a los contadores en su carácter de profesionales cuya matrícula y actividad custodia (leyes 20476 y 20488)".

De conformidad con lo expuesto precedentemente al caso de autos resulta aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y por lo tanto, también resulta procedente el pago de las asignaciones no remunerativas dispuestas por los decretos 392/03, 1347/03 y 2005/04, como así fue decidiso.

Tampoco asiste razón al apelante respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 25561, art. 45 de la ley 25345 y art. 2 de la ley 25323, cuyo planteo resulta carente de fundamento legal para su procedencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resaltado que el control de constitucionalidad debe efectuarse con mesura y sólo puede ser declarada la invalidez de una norma ante un planteo de muy sólido fundamento, del cual resulte de manera clara la contradicción de la ley con la cláusula constitucional (Fallos 285:322, 288:325, 290:226, en igual sentido SD. Nro. 82.715, del 24.9.2001, dictada en autos "Unión del Personal Civil de la Nación c/Consejo Nacional del Menor y la Familia s/ejecución fiscal", del registro de esta Sala). La declaración de inconstitucionalidad resulta ser la última ratio del orden jurídico (Fallos 295-850) a la que sólo es dable acudir cuando lo imponen insuperables razones para asegurar la supremacía de la Constitución (CSJN, julio 6-1982, "Carrizo, Domingo y otros c/ A.G.P.", pub. en ED 100-599).

"El interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe mostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente el perjuicio que le origina su aplicación, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales (T:324 P.3345 "A.F.I.P. c/Povolo Luis Dino s/infracción", del 11.10.01).

En el caso la demandada omitió precisar en qué medida se encuentran afectados o cercenados los derechos constitucionales de los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional, lo cual sella la suerte de este aspecto del agravio.

La demandada también apela el fallo de grado en cuanto a la multa prevista en el art. 45 de la ley 25345 por la falta de entrega del certificado de trabajo, a su entender no procede porque en su comunicación del 28 de septiembre de 2006 manifestó que estaban a su disposición (fs.11).

Cabe señalar, en este sentido, que la entrega de tales certificados al dependiente en oportunidad de la extinción de su relación laboral es una obligación del empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación (esto es, en el tiempo que razonablemente puede demorar su confección). No hay razones, pues, para considerar que el cumplimiento de esta obligación dependa -en lo que se refiere a su aspecto temporal- de que el trabajador concurra a la sede de la empresa o establecimiento a retirar los certificados (procedimiento normal), sino que corresponde entender que, en caso de que así no ocurra, el empleador debe, previa intimación, consignar judicialmente los certificados (en sentido análogo, SD Nro. 83170 del 11.2.2002 "Fraza, María Aida c/ Storto, Silvia Noemí y otro", del registro de esta Sala).

No habrá de ser mejor la suerte de la demandada respecto de la tasa de interés que manda utilizar el Sr. Juez para liquidar los intereses moratorios, toda vez que en este punto, la decisión se ajusta al criterio que adoptara esta Cámara mediante Acta Nº 2357 del 7.5.2002 y res. 8/02. Amén de destacar que el parecer expresado tiene en la especie, efectos semejantes a los de un plenario virtual que debe ser acatado.

Tanto la demandada y la actora apelan el régimen de costas de la instancia anterior. En cuanto a las costas, señalo que es criterio de esta Sala que en su distribución el Juez debe guiarse por un criterio jurídico y no meramente aritmético, en el caso se advierte que aunque en una medida significativamente menor a la reclamada, la demanda ha prosperado en cuanto a las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo y diferencias salariales, por ello propongo confirmar lo decidido en instancia anterior (art. 68 de la normativa procesal señalada; en sentido análogo, ver entre otras, sentencia del 29.4.98 en autos "Medina, David c/ Corrugadora Atuel S.A." y sentencia 78.100 del 30.12.98, in re "Boaglio, Claudia Verónica c/ Goldman, Sergio y Pijampar Vilaporn Soc. de Hecho y otros", del registro de esta Sala).

Atento el resultado de los recursos respectivos, propongo declarar por su orden las costas de la alzada (art. 68, segunda parte del CPCC).

La perito contadora apela los honorarios regulados a su favor, por considerarlos reducidos (fs.912/913).

En atención al resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por la experta y a lo dispuesto en el art. 38 de la ley 18.345, arts. 3, 6 y concs. del decreto ley 16.638/57 y demás normas arancelarias vigentes, los honorarios regulados a la perito contadora resultan adecuados a derecho, por lo que propicio confirmarlos.

Asimismo propongo regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 907/910 y fs. 917/920, por sus trabajos ante la alzada, en 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir en la instancia previa (art. 14 de la ley 21.839).

Respecto a la adición del Impuesto al Valor Agregado a los honorarios, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 65.569 del 27.9.93 en autos "Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16.6.93) sosteniendo "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Propongo hacer saber a la obligada al pago de los honorarios de abogados y procuradores -excepto los trabajadores- que a aquéllos se adicionará, en caso de corresponder, el monto relativo a la contribución del inciso 2 art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) mediante oficio de estilo en la oportunidad procesal correspondiente (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05).

En definitiva voto por: I.- Confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fue materia de recursos y agravios. II.- Declarar por su orden las costas de la alzada. III.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 907/910 y fs. 917/920, por sus trabajos ante la alzada, en 25% de lo que, en definitiva, le corresponda percibir en la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado. IV.- Hacer saber a la obligada al pago de los honorarios de abogados y procuradores -excepto los trabajadores- que a aquéllos se adicionará, en caso de corresponder, el monto relativo a la contribución del inciso 2 art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) mediante oficio de estilo en la oportunidad procesal correspondiente (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05).

La doctora Porta dijo:

Que adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fue materia de recursos y agravios. II.- Declarar por su orden las costas de la alzada. III.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 907/910 y fs. 917/920, por sus trabajos ante la alzada, en 25% de lo que, en definitiva, le corresponda percibir en la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado. IV.- Hacer saber a la obligada al pago de los honorarios de abogados y procuradores -excepto los trabajadores- que a aquéllos se adicionará, en caso de corresponder, el monto relativo a la contribución del inciso 2 art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) mediante oficio de estilo en la oportunidad procesal correspondiente (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05).

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

ELSA PORTA ROBERTO O. EIRAS JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Ante mi: LILIANA N. PICON SECRETARIA.