Recursos, denegatoria del recurso, vivienda, cuestión constitucional, impuestos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO-ADUANERO
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Arquimundo S.A. contra G.C.B.A. y otros sobre Impugnación Actos Administrativos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-20

El juez, al interpretar un beneficio fiscal, tiene que tener presente la regla según la cual entre dos interpretaciones posibles debe escogerse aquella que más armoniza con la Constitución. En este sentido, la CSJN ha sostenido que la adecuada hermenéutica de la ley debe atender a la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con todas las normas del ordenamiento vigente y del modo que mejor se adecuen al espíritu y a las garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 314:1445; 321:730 y sus citas, entre muchos otros). Ese criterio hermenéutico supone, en el ámbito de los tributos, evitar interpretaciones que vengan a conculcar las garantías de generalidad o de igualdad por la vía de prescindir de las situaciones que esos principios tienen por fin velar al extender y también al reducir el alcance de las excepciones (cf. entre otros, la doctrina de la sentencias de la CSJN in re "Da Dalt Hnos. S.R.L. c/ DGI," publicada en Fallos: 324:415, y "Baiexim S.A. c/ DGI" n° de expediente: B. 475. XXXV). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).

El intérprete judicial no debe, por la vía de aplicar una interpretación analógica o extensiva de la norma tributaria, hacer que la exención (o, en términos generales, beneficio fiscal) abarque casos que el legislador no ha pretendido beneficiar. La garantía de igualdad constituye una premisa insoslayable cuando una interpretación superficial de las palabras opere una discriminación inconstitucional contra potenciales merecedores de la exención. Empero, precisamente tampoco puede limitar la interpretación de suerte tal que redunde en un quiebre de la generalidad que debe alcanzar un impuesto, es decir, abarcar a todos los que están en igual situación. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).

El impuesto sobre los ingresos brutos es indirecto. Ello lleva a dos exámenes clásicos. Por una parte, el de las consecuencias en el responsable por deuda propia, cuyo derecho a concurrir en iguales condiciones al mercado puede ser afectado. Por ejemplo, si se da un tratamiento beneficioso a la industria automotriz, habrá que mirar con cuidado aquellas definiciones que exijan que las empresas terminales produzcan los pistones, porque ello puede llevar a expulsar armadores del mercado, al aumentar su costo con un impuesto que los integrados que concurren al mismo mercado, no pagan, sin que la integración industrial constituya un fin legítimo de la legislación sino un medio de favorecer indebidamente a quienes han optado por un medio de organizar su negocio en lugar de otro igualmente permitido. Por la otra, el de la capacidad contributiva del adquirente al que el impuesto se traslada, capacidad que podría verse injustificadamente discriminada si, en nuestro anterior ejemplo, el fabricante integrado se orienta a vehículos de alto precio, mientras no está integrado el que produce los más accesibles. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).

Para los tres poderes del Estado reza el deber de respetar el derecho de ejercer la industria lícita de preferencia y con la organización que prefiera. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).

No cabe descartar que el legislador acuerde ventaja a un modo de organización de la industria lícita de preferencia, pero, solo si la discriminación que ello encierra es válida consagración de un fin legítimo. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).

Los estímulos sectoriales no pueden nacer del Poder Ejecutivo, aunque en alguna medida pueda éste ser investido por el Poder Legislativo de funciones que le autoricen a hacerlo, a condición de que los objetivos políticos queden definidos mediante estándares inteligibles para el Poder Judicial. Esta posibilidad está rigurosamente vendada a los jueces quienes, consecuentemente, deben evitar que se filtre como interpretación lo que, en verdad, constituye un exceso en el ejercicio de su función. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).