marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del perito, regulación de honorarios, pago, interpelación, recurso de reposición (procesal), costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Leno, Ruben y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Recurso de  Revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro. 102 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-05

No puede prosperar el recurso de revocatoria interpuesto contra el proveído que intimó a la demandada el pago de los honorarios profesionales correspondientes al perito contador basada en que las costas se impusieron en el orden causado y la prueba pericial fue ofrecida por la parte actora. En primer término, puesto que no puede dejar de destacarse que la intimación cuestionada en los términos de la normativa vigente resulta superflua y tiene el sólo efecto de indicar a la demandada la intención del perito de percibir de ella los honorarios que le han sido regulados. Y en segundo lugar, porque no le asiste razón en cuanto al límite que pretende dar a su obligación de afrontar las costas irrogadas por la peritación, resultando decisivo para así entenderlo lo sostenido reiteradamente por el Máximo Tribunal nacional en el sentido de que "el perito designado de oficio, con prescidencia del resultado del litigio y de la condena en costas, puede perseguir el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes, sin perjuicio del derecho de repetición que pudiere corresponder".
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: G. C., K. c/ S. M., A. P. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-11-06

Indagar sobre la verificación, modalidad, extensión e intencionalidad de la conducta atribuida a una de las partes en el ámbito del proceso, incluso a través de la valoración de los escritos postulatorios y constancias de la causa, como todo análisis sobre tales extremos a los fines de su configuración como injuria grave, sea en el marco de un proceso de divorcio o de uno por cese de cuota alimentaria, ello constituye una típica cuestión de hecho cuya apreciación debe entenderse reservada ordinariamente a los jueces de grado, a menos que se denuncie y acredite que lo decidido a su respecto importe un supuesto caracterizante de la doctrina legal del absurdo (doctr. art. 279 y concs., CPCC).(del voto del doctor Pettigiani)
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sintes, José c/ Estrella, Pablo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-14

La prueba de confesión ficta, puede considerarse como elemento eficaz en la medida en que de acuerdo a las circunstancias del caso- se parta del presupuesto de que se encuentren cumplidas las circunstancias formales (el absolvente no concurrió a la audiencia fijada a tal fin, debidamente notificada con la suficiente antelación, y existiendo pliego de posiciones presentado en término;

arts.402, 407, 408, 415 del CPCC).
Cuestión federal, competencia, Constitución Nacional, amicus curiae
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Blaquier, Carlos Pedro Tadeo y otro s/ presentación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-05

La actuación de los amigos del Tribunal encuentra apoyatura en el sistema interamericano -CIDH, arts. 44 y 48-, el cual encuentra jerarquía constitucional en nuestro sistema normativo -art. 75, inc. 22, CN-. En este sentido, habiendo el peticionante brindado consideraciones acerca del objeto procesal de las presentes actuaciones, haciendo hincapié en una cuestión federal y habida cuenta de la competencia del CELS en la materia de los Derechos Humanos, téngase al CELS por presentado en carácter de amicus curiae en la presente causa. (Dres. Hornos, Gemignani, Borinsky).
Cuota alimentaria, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. c/ N. N. s/ Alimentos - Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-05-06

Si bien, el deber alimentario de los hijos menores pesa por igual sobre ambos padres, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 265 y 271 del Cód. Civil, tras la reforma introducida por las leyes 23.264 y 23.515, estén en ejercicio conjunto o unilateral de la patria potestad, es criterio unánime, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, que lo dispuesto por las normas citadas no implica que los aportes deban ser equivalentes pecuniariamente desde que debe atenderse a la posibilidad económica que corresponde a cada uno de los padres.

La obligación de contribuir a los alimentos y educación de los hijos pesa sobre ambos progenitores conforme su condición y fortuna, de modo, que en principio, deben analizarse los ingresos que aquellos tengan o puedan tener para establecer la contribución de cada uno.

Pero es valor entendido, que la situación económica de uno de los padres no exime al otro de la obligación alimentaria que le compete con relación al hijo. La pensión alimentaria debe ser adecuada a la satisfacción de las necesidades del beneficiario, es preciso reconocer, que al mismo tiempo debe guardar relación con la situación económica del obligado al pago.

Además, esto significa que cada padre habrá de satisfacer su obligación en proporción a sus ingresos, teniendo encuentra que el padre en su rol de proveedor habitual o tradicional de los requerimientos materiales de la familia, es quien en mayor medida debe procurar los medios pertinentes a tal fin, salvo causas excepcionales.
Intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, ANTONIA c/ CALABRESE, MARIA GUADALUPE s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

Cuando se admite la citación de un tercero a pedido del demandado, dicho tercero no es un nuevo demandado, puesto que el fundamento de la intervención coactiva del sujeto pasivo de una eventual pretensión regresiva reside en la conveniencia de evitar que, en el futuro proceso, pueda arguir la excepción de negligente defensa "exceptio mali processus".
Daños y perjuicios, error judicial, cosa juzgada, indemnización, acción civil en el proceso penal
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: VOLPATO, JOSE Y OTROS c/ MINISTERIO DEL INTERIOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-21

El esencial impedimento para revisar lo actuado en sede penal reside en las resoluciones recaídas, que fueron muchas y con intervención de ambas instancias, de tal modo que importaría una indudable violación de la cosa juzgada que en este proceso indemnizatorio la justicia federal en lo civil calificara de ilegítimo lo que los jueces competentes tuvieron por válido.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, recurso extraordinario de nulidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cristal S.C.A. c/ Benidor S.R.L. s/ Ejecución hipotecaria Perkins, Arnoldo c/ Rossi, Obdulio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05|1997-07-08

Anulado en forma total el fallo de segunda instancia, el tribunal que debe dictar un nuevo pronunciamiento tiene la misma competencia que tenía el anterior sentenciante, esto es, la establecida por los recursos de apelación deducidos contra la decisión de primera instancia conforme a las respectivas expresiones de agravios. Y esto es así porque (salvo supuestos excepcionales de invalidez parcial) la anulación irrestricta del fallo tiene como efecto natural e inmediato retrotraer el proceso al estado anterior al de la invalidez declarada.
Notificación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, impugnación de la notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, José R. y otros c/ Banco Hipotecario Nacional s/ incidente de apelación. s/ incidente de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

Si la diligencia se ajusta íntegramente al procedimiento que regula el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no puede aceptarse la impugnación de la notificación cursada por la Corte Suprema con fundamento en otras normas de procedimiento que no son aplicables.
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Voloschini, Abraham y otro c/ Trovatelli, Martin O. y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Desconocida por el empleador la relación laboral pero reconocida la prestación de servicios invocando que lo fue por una causa jurídica ajena a un contrato de trabajo, pesa sobre él demostrar que dicha prestación no fue realizada bajo relación de dependencia.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: DEL PRADO, Elvira del Carmen c/ FARMACIA NORTE S.C.S. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-12-27

No siendo válidos por erroneos las consideraciones y el derecho aludido para sustentar el auto impugnado, corresponde declarar su nulidad. La obligación de fundar los fallos se encuentra establecida por el artículo 34 inciso 4º del Código de Procedimientos Civil y Comercial, bajo pena de nulidad, y se asienta en consideraciones de orden jurídico, porque dificultaría el derecho de defensa ya que, desconocidas las razones de la decisión, resultará imposible la crítica razonada del fallo y de orden institucional, porque aleja la posibilidad de incurrir en arbitrariedad, en institución de jerarquía constitucional como la cosa juzgada. La fundamentación no ha de ser aparente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Amnistía, decreto reglamentario
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Golpe, Isaac Rodolfo c/ Estado   Nacional  (Ministeio  de  Defensa  -  Gendarmería  Nacional) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

El decreto reglamentario 1332/73 debe considerarse parte integrante de la ley 20.508.
Excusación, excusación por parentesco, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: Vallejos,. s/ Incidente apel. Fisc. Fed. falta de mérito de Vallejos, Hugo Oscar (en c. nro. 196/10 JF2-6)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-12

Procede la excusación de la Sra. Fiscal General Subrogante por el principio iura curia novit y se admitirá por el inc. 3º del art. 55 del CPPN.
Recurso de casación, competencia penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Lana de Banno, María en j: Fiscal c/ María Lanna de Banno y otro s/ Homicidio calificado - Queja por apelación denegada (Libro:  A027A-014) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-08-22

En materia penal, el recurso de casación comprende aún las violaciones del recurso constitucional.
Impuesto sobre los ingresos brutos, PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: YPF S.A. c/ DGR (Res. nº 480/DGR/2000) s/ recurso apelación judicial c/ decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido apelación judicial c/ decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-23

Si bien es cierto que los textos del Pacto Federal y el de la Ordenanza Fiscal son casi estrictamente coincidentes, no lo es menos que la interpretación de la segunda queda finalmente fijada por los jueces locales, mientras que, si se mantuviera la doctrina de la mayoría in re "El Condor" (CSJN) la que la justicia local hizo del Pacto Federal podría ser revisada.
Recurso extraordinario federal, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: EXIMISION DE PRISION INTERPUESTA POR EL DR. PERALTA RONDANO A FAVOR DE DANIEL FERNANDEZ EN AUTOS: "TREJO JOSE FEDERICO Y OTROS S.D DEFRAUDACION CALIFICADA, ETC. E.P DEL ESTADO PROVINCIAL" s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-09-03

Son recurribles a través del Recurso Extraordinario Federal aquellas decisiones que antes de la sentencia que pone fin a la causa, resuelven sobre medidas de coerción personal puesto que dada la jerarquía constitucional de la libertad personal de quien cuenta con la presunción de inocencia, son susceptibles de irrogar agravios de imposible reparación posterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Frigorífico Penta SA y otros c/ Administración Gubernamental de Ingresos Públicos s/ impugnación de actos administrativos s/ conflicto de competencia I c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-08

Deviene aplicable, mutatis mutandis, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consagra que no existe cuestión de competencia pendiente de solución si la planteada ya ha sido resuelta por el tribunal instituido para hacerlo. También aquella que establece que no se encuentra dentro de las facultades del art. 24, inc. 7° del decreto-ley 1285/58 la de revisar decisiones de las cámaras nacionales cuando ellas actúan como tribunales dirimentes en los conflictos de competencia (Fallos: 308:2037 y Competencia CAF l7454/20l3/CAl - CSl López, Eduardo José el EN - DNV s/ medida cautelar autónoma, sentencia del 29/3/2016). (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia penal, policía federal, abuso de armas, lesiones
Materia: PROCESAL
Carátula: CARLOS ROBERTO VOIGT s/ ABUSO  DE  ARMA  DE  FUEGO,  ATENTADO  Y RESISTENCIA A LA  AUTORIDAD -  LESIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-20

Habida cuenta de la calidad de agente federal del subinspector de la Delegación de la Policía Federal de la Provincia de Jujuy y de la relación existente entre los hechos ilícitos investigados -abuso de armas y lesiones- y el ejercicio propio de sus funciones, resulta evidente que los delitos presuntamente cometidos son aquéllos que corrompen el buen servicio de los empleados de la Nación, en los términos del art. 3, inc. 3, de la ley 48, cuyo juzgamiento compete a la jurisdicción federal.
Derecho laboral, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: DOMIHUAL FILOMENA c/ MOÑO AZUL S.A. s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-04

Cuando la actora intima a su empleadora bajo apercibimiento de considerarse despedida y ésta la deriva a la aseguradora de riesgos del trabajo, en una conducta ciertamente de mala fe, puesto que conocía o debía conocer que la ART le había dado el alta médica, la comunicación del despido indirecto puede ser entendida como oportuna.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, partes, Estado Provincial, leyes
Materia: PROCESAL
Carátula: Steifel,  Juan  Carlos c/ Santa  Fe,  Provincia  de s/ acción declarativa de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-11

La invocación de la mera actividad legislativa no es suficiente para transformar a la provincia en parte adversa de quien efectúa el reclamo ya que una conclusión distinta importaría admitir las acciones directas de inconstitucionalidad por vía de demanda o de acción y transformar en parte procesal a los Estados locales en todos aquellos expedientes en los que se tache de inconstitucional una norma dictada por ellos, a pesar de no mediar un vínculo directo con quien interpone tal pretensión.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Medidas cautelares contra el Estado, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, reforma laboral, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Asociación Bancaria Sociedad de Empleados de Banco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-22

Corresponde admitir la medida cautelar solicitada y suspender preventivamente la vigencia de lo dispuesto en el Título IV del DNU 70/2023, en tanto afecta al colectivo de trabajadores representados por la demandante, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa, dado que teniendo en cuenta la amplitud, variedad, profundidad y alcances de la "reforma laboral" propuesta en el Decreto de necesidad y Urgencia 70/2023, se encuentran acreditados todos los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por el art. 230 C.P.C.C.N. Asimismo los argumentos vertidos por la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo en los precedentes "C.G.T. c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ incidente", y "C.T.A. c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ acción de amparo", resultan aplicables a las actuaciones.
Contrato de trabajo, buena fe, trabajo de mujeres, despido por maternidad, presunción de despido
Materia: LABORAL
Carátula: Florentin, Lidia c/ Pespasa S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-12-14

El proceder de la empleadora se encuentra reñido con elementales conductas de honradez y probidad que las partes en la relación laboral deben mantener como deber básico y fundamental guiado por el principio de la buena fe que debe iluminar todo el proceso de la relación laboral, si de las pruebas obrantes en la causa surge la presunción de conocimiento por la empleadora, del estado de gravidez de la actora y conjuntamente existe falta de entidad en la indicación de causa en el despido, presumiéndose que el mismo se debió al estado de embarazo, máxime cuando al ser rechazado, poniendo en conocimiento de su estado al empleador ésta mantuvo su distracto.
Sentencia, parte dispositiva
Materia: CIVIL
Carátula: Jorge Vera c/ Asociación  de  entidades  intermedias  sin fines de lucro y/o quien resulte responsable s/ Ordinario sin fines de lucro y/o quien resulte responsable s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-09-16

Conforme lo normado por el art. 163 inc. 6 del Código Procesal, el último tramo con que se estructura la sentencia es la parte dispositiva o fallo preopinante dicho, donde obviamente se declara si se estima o deniega la actuación de la pretensión procesal a través de un pronunciamiento que debe ser expreso, positivo y preciso. Pero dicha parte dispositiva se integra con las motivaciones que le dan sustento, de allí que, el hecho de no figurar todo lo resuelto en la parte dispositiva, no implica la omisión en tratar las defensas opuestas, desde que no es necesario que en la misma se mencionen todas éstas, ello deriva con solo detenerse en el fallo de la misma donde hace lugar a la demanda y condena al demandado de lo que surge con claridad, que ha rechazado las excepciones interpuestas. Fundamento de la Dra. Arminda del C.

Colman.
Libertad de expresión, funcionarios públicos, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C. I. F. c/ E. E. M. s/ medida cautelar (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-27

En el marco de una tutela inhibitoria de expresión articulada por un funcionario público con motivo de la endilgada conducta delictual en el manejo de los fondos de la obra social provincial, frente a la tensión de derechos de igual jerarquía constitucional se impone contextualizar las circunstancias del caso concreto, donde cabe advertir que las expresiones remiten a la faceta de figura pública del peticionante y de un asunto de interés público, por lo que otorgar preponderancia a un derecho sobre otro debe efectuarse con prudencia, ya que el acotado margen del proceso cautelar no permite tomar decisiones muy elaboradas. Ante ello, resulta aconsejable inclinarse por el mantenimiento del ejercicio del derecho a la libertad de expresión
Constitución Nacional, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-21

La tutela que ejercía la Nación sobre la Capital de la República en materia fiscal cesó con la reforma de 1994, que reconoció a la Ciudad de Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo; a partir de ese momento, la Ciudad de Buenos Aires adquirió un nuevo estatus constitucional que se expresó en el artículo 129 de la Constitución Nacional reformada, en cuanto establece que la Ciudad tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción y de ese modo, se le reconoció el estatus de "ciudad constitucional federada".
Conflicto de poderes, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIQUELME, Domingo E. -Presidente Conc. Delib. Municip. de El Hoyo s/ Plantea Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-30

En estas cuestiones conflictivas, la intervención del cuerpo tiene un carácter especialísimo, que no es instancia común de revisión, sino extraordinaria de restablecimiento de la vigencia de la ley, quedando fuera de su órbita toda apreciación de conveniencia u oportunidad, para limitarse al control de la constitucionalidad o la legalidad del procedimiento. De allí que no actúa como órgano habilitado para rever las decisiones adoptadas y tampoco es misión de él corregir todos los abusos en que pueda incurrir quien detente el gobierno municipal, o alguno de sus integrantes, ello es así en tanto y en cuanto la valoración de las circunstancias que den lugar a tal calificación no resulte irrazonable, arbitraria o absurda.
Derecho ambiental, contaminación ambiental, restricciones al dominio, daños y perjuicios, prescripción decenal, prescripción bienal
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: F., J. E. c/ CIA. NAVIERA PEREZ COMPANC SACIFI y Otros s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-15

Se ha afirmado que: "para estas clases de daños - perjuicios derivados de las relaciones de vecindad; art. 2618 del Cód. Civil -, el plazo de prescripción aplicable es el del art. 4023 del Cód. Civil, o sea el de diez años; y no el de dos años de la prescripción aquiliana".
Ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, reordenamiento del sistema financiero, pesificación, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PAMPA c/ L., S. s/ PREPARA VIA EJECUTIVA s/ CASACION BANCO DE LA PAMPA c/ P. S. A. s/ EJECUTIVO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-12-28|2004-12-22

La interpretación aislada y gramatical del art. 11 ley 25561 puede dar apoyo a la tesis de la no pesificación. Sin embargo, una interpretación correcta impone analizar las normas a la luz de todo el sistema. Por encima de lo que la norma dice (aislada y gramaticalmente) está lo que quiso decir.

La ley vino a dar solución al problema extremo de quienes contrataron en época de un dólar igual a un peso y ahora se encuentran con que no pueden pagar porque el dólar se ha desorbitado al cesar la convertibilidad.

Por eso, la expresión "prestaciones exigibles desde la fecha de promulgación" es sólo un desliz material de redacción, frecuente en textos legales que fueron preparados con suma urgencia. Ante la profunda crisis económica sufrida por el país, no puede pensarse que el legislador quisiera excluir una enorme cantidad de prestaciones pendientes de cumplimiento simplemente porque eran exigibles antes de la promulgación de la ley.

El decreto 214/2002 dejó de lado la distinción que aparecía confusamente en el art. 11 ley 25561, por lo que la conversión se aplica a todas las deudas en moneda extranjera "existentes" al momento de la sanción, haya o no mora con anterioridad a la emergencia. El decreto 214/2002 no modifica la ley 25561; por el contrario, reglamenta por imperio de la delegación dispuesta por la propia ley y amplía la banda de obligaciones que deben ser pesificadas.