Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2009-08-13


2º Instancia. - Formosa, agosto 13 de 2009.

I- Relación de la causa:

La Dra. Bentancur dijo:

Aldo Daniel Narváez demanda a la firma Alparamis S. A. y/o quien resulte responsable por cobro de la suma de pesos cincuenta y siete mil noventa y cuatro ($57.094), o lo que en más o en menos resulte de las probanzas a producirse, con costas, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios que sufriera en el accidente de tránsito que protagonizó el día 13 de abril de 2001, aproximadamente a las 20,30 horas, a 23 kms. de la localidad de Misión Laishí, ocasión en la que transitaba al mando de una motocicleta marca Honda Revel 250 cc. sin dominio por la ruta provincial Nº 1, a una velocidad aproximada de 70 kms. /hora, cuando imprevistamente colisionó contra un animal vacuno, de pelaje oscuro, que se encontraba sobre su banda de rodamiento, propiedad de la firma demandada, lo que le produjo lesiones y daños en la motocicleta.

Los hechos en que el accionante funda la acción y demás alternativas de la causa acaecidas en la inferior instancia, hasta llegar a la sentencia, se encuentran relatados en los "Resultandos" de la misma, a los que cabe remitirse por razones de brevedad y por reputarse lo allí expuesto suficiente a los fines de la resolución de los recursos en análisis. En consecuencia, se hará referencia al fallo apelado y a lo actuado con posterioridad a dicho pronunciamiento.

La sentencia, obrante a fs. 403/419 vta., resuelve: "1º) Haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por los terceros citados Sr. Luciano Soto y Sra. Sonia Myrian Barrios. 2º) Rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por Alparamis S. A. por las razones dadas en los considerandos. 3º) Haciendo lugar parcialmente a la demanda que por daños y perjuicios promoviera Dn. Aldo Daniel Narvaez contra Alparamis S. A. y en consecuencia condeno a esta última para que en el plazo de DIEZ (10) días de notificado al primero la suma de Pesos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y cinco con cincuenta ctvos.- ($57.585,50), monto por el que progresa la demanda hasta el día de la fecha dejándose previsto que hasta el efectivo pago se aplicará la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina para préstamos (Fallo Nº 7433/02 Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Formosa). 4º) Rechazando la aplicación de multa procesal solicitada por la parte demandada por las razones dadas en los considerandos. 5º) Declarando temeraria y maliciosa la conducta adoptada por los terceros citados Sr. Luciano Soto y Sra. Sonia Myrian Barrios y en su consecuencia les aplico una multa procesal equivalente al 10 % del capital de condena, la que será a favor del accionante (arts. 34 inc. 6º, 45 y 163 inc. 8º del CPCC). 6º) Condenando en costas a la demandada perdidosa..." (sic).

Notificadas las partes del fallo en cuestión, el mismo es apelado por el actor, la demandada y los terceros citados, siéndoles concedidos los recursos libremente.

Elevados los autos a la Alzada, son puestos en Secretaría para que las partes apelantes expresen agravios dentro del término de diez días, a cuyo fin presentan los escritos de fs. 441/445 vta., 447/452 y 453/455 vta. Corrido traslado de los mismos, son contestados a fs. 457/458 vta., 459/460 vta. y 461/472, por lo que con dichos recaudos se llama autos para sentencia mediante providencia de fs. 474 vta., que se encuentra firme y, en consecuencia, los recursos en condiciones de ser resueltos.

El Dr. Pignocchi dijo:

Adhiero a la relación de la causa que antecede.

II.- Cuestiones a resolver:

La Dra. Bentancur dijo:

Propongo como cuestiones a resolver las siguientes: ¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

El Dr. Pignocchi dijo:

Adhiero a dichas proposiciones.

III.- A las cuestiones planteadas:

La Dra. Bentancur dijo:

A) Apelación del actor: El recurrente se agravia de los montos otorgados en cada uno de los rubros indemnizatorios, por bajos, y de la procedencia de los intereses, que no fueron incluidos en algunos rubros desde la fecha del hecho, realizando el cálculo de los mismos, lo que aumenta considerablemente el monto de la sentencia.

B) Apelación del demandado: Si bien la parte actora solicita se declare desierto el recurso del demandado ante la insuficiencia de la expresión de agravios, dado que tal facultad debe ejercerse con criterio restrictivo y no debiéndose extremar los recaudos formales al advertirse un mínimo de crítica concreta y razonada del decisorio apelado, no cabe hacer lugar a lo peticionado.

El recurrente critica la sentencia apelada expresando que se agravia del rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por su parte pese a que está debidamente acreditado que el animal contra el cual colisionó la motocicleta estaba "contramarcado" y era propiedad de Soto/ Barrios, no de Alparamis S. A., debiéndose haber considerado que la transferencia del animal se realizó en un día feriado, en un campo distante de dos pueblos y por consiguiente sin posibilidad de la instrumentación que la sentencia exige, por lo que es suficiente la contramarca. También se agravia de la aplicación del art. 1113 del Código Civil y de la omisión de la aplicación del art. 1127 del mismo cuerpo legal, no habiendo ponderado la Inferior la seguridad de los corrales ni tampoco analizado la responsabilidad del conductor de la motocicleta, quien no llevaba casco, no tenía carnet de conductor ni tuvo el dominio de la cosa riesgosa que conducía. Asimismo se agravia deque se condene al pago de intereses que no fueron demandados y del monto excesivo de los rubros indemnizatorios otorgados, así como de la procedencia del lucro cesante, daño moral y daño estético. Cuestiona igualmente que se condene a su parte al pago de todas las costas no obstante el rechazo del rubro daño psicológico y la condena al pago de intereses que no fueron demandados, así como el cálculo de honorarios incluidos en ese rubro no demandado, peticionando que las costas sean aplicadas en el orden causado.

C) Apelacion de los terceros citados: Le asiste razón al actor que la presentación de los terceros citados no importa una expresión de agravios aún cuando se admita un criterio amplio para juzgar su suficiencia, por lo que corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto (art. 263 CPCC) ya que se limita a simples afirmaciones dogmáticas que no refutan los razonamientos en que se apoya la sentencia para sostener que manifestó una versión en la Instrucción y cambió los hechos en sede civil para confundir, conducta considerada temeraria y maliciosa, encontrando fundamento la sanción impuesta en que la presentación que motiva la misma es realizada por Luciano Soto y Sonia Myrian Barrios (fs. 120/126 vta.) y en lo dispuesto por el art. 45 del CPCC, que establece una multa valuada entre el diez y el cincuenta por ciento del monto de la sentencia.

Así como es deber del juez el fundar sus decisiones, el recurrente tiene la carga de demostrar con argumentos adecuados la posible equivocación en la que aquél habría incurrido, y en el sub-lite los quejosos se limitan a afirmar que se agravian de determinadas conclusiones del fallo sin especificar con exactitud los fundamentos de las objeciones, habiendo sostenido reiteradamente la jurisprudencia que no alcanza a constituir la crítica concreta y razonada del fallo las meras reflexiones, consideraciones o afirmaciones genéricas (CNFed. Civ. y Com., sala I, 23/10/84, ED, 111-592) y dogmáticas (CNFed. y Com., sala II, 27/2/01, La Ley, 2001-C, 701); ni las impugnaciones de orden general (CNCiv., sala E, 22/10/99, La Ley, 2000-C, 183); ni las observaciones generales subjetivas (CNCiv., sala A, 24/9/75, ED, 66-545); ni la exposición de argumentos vagos y confusos (CNCiv., sala C, 18/12/74, ED, 65-143) o las manifestaciones ambiguas (CNCom., sala B, 7/10/77, Rep. ED, 11-802, Nº 47); ni las meras lamentaciones (CNCiv., sala B, 15/5/79, La Ley, 1979-C, 76); ni la disconformidad o disentimiento con la solución dada sin dar los fundamentos, es decir, sin hacerse cargo de las razones por las cuales el magistrado decidió como lo hizo (CNCiv., sala K, 31/8/00, ED, 191-604).

D) La legitimación para obrar de Alparamis S. A.

Con respecto a la propiedad de los semovientes el Código Rural Provincial (Ley Nº 1314/2000) establece la obligatoriedad de la marca del ganado mayor, estableciendo que su propiedad se prueba de acuerdo a lo establecido por el art. 2412 del C. Civil, es decir con la posesión (arts. 137 y 138). También preceptúa que todo acto sobre ganado marcados o señalados que signifique transmisión de su propiedad deberá documentarse mediante certificado de adquisición que otorgado entre las partes será visado por el organismo competente (art. 226).

Cabe acotar que respecto de los semovientes, rige también la regla liminar del art. 577 del C. Civil, es decir que no hay transmisión del derecho real sin tradición. Pero a la par de la tradición, el código rural ha establecido, como se ha visto, la exigencia de la marca y el certificado para probar el dominio. Para la transmisión del dominio de los semovientes es necesario pues , no solamente la tradición, sino también el otorgamiento del certificado y la marca del nuevo propietario. De esta manera se compatibiliza el Código Civil con los códigos rurales, porque puesto que el primero exige como recaudo de la propiedad una posesión de buena fe, se ha juzgado que no puede existir buena fe en la posesión si no hay marca, dado que las costumbres inveteradas y los códigos locales la exigen (conf. Guillermo A. Borda, "Tratado de Derecho Civil - Derechos Reales", 5ta. Edición , Actualizado por Delfina M. Borda, Tomo I, La Ley, pág. 306).

Teniendo presente estas exigencias, tradición, otorgamiento del certificado y marca del nuevo propietario, se advierte que son infundadas las quejas de la demandada Alparamis S. A. de que por estar el animal contramarcado, esto es anulada su marca, había dejado de pertenecerle, ya que no se había efectuado la tradición del mismo ni consta que se haya instrumentado la transferencia de la propiedad (el remito presentado a fs. 78 carece de fecha cierta), no siendo atendibles los argumentos de que la operación se llevó a cabo en el campo y en un día feriado, ya que ello no excusa la inobservancia de los recaudos legales exigidos.

En efecto, el accidente motivo de autos se produjo el día 13 de abril de 2001, y el administrador del establecimiento de la empresa Alparamis, Joaquin Tillou, declara en sede policial que el día 12 entregó el animal que fue secuestrado el 13 de la ruta al Sr. Alberico Zarza en razón de que la persona a la que se le vendió el vacuno (Miriam Barrios y su marido Luciano Soto) se había retirado del lugar (conf. fs. 48). No consta que Alberico Zarza haya estado facultado para recibir el animal en nombre de Miriam Barrios y Luciano Soto, declarando Félix Emiliano Ponce, encargado del establecimiento de la empresa Alparamis, que el animal quedó solo en el corral del establecimiento El Bagual de la mencionada empresa porque los otros fueron retirados por sus dueños, enterándose el día sábado que el animal salió del corral y se dirigió a la ruta para provocar un accidente (fs. 51).

A su vez Alberico Zarza declara que el día 12 de abril por hacerle un favor a Soto recibió el animal y el remito y le entregó el remito el día 13 en horas de la mañana al hijo de Soto (fs. 50 vta.).

Por su parte Luciano Soto manifiesta en sede policial que realiza trabajos en el establecimiento El Bagual de la empresa Alparamis y que siempre le pagan con animales vacunos, como lo solicitó en esa ocasión, pero no le contestaron, por lo que el jueves 12 de abril se retiró del lugar, tomando conocimiento que el día sábado 13, a las 10,00, el ciudadano Alberico Zarza entregó a su hijo de 11 años un certificado de venta, con la firma de Joaquin Tillou pero sin visar, por un animal vacuno con la marca del establecimiento El Bagual, enterándose posteriormente que ese animal había provocado un accidente, pero desconoce el animal, ya que desconocía que Tillou le había cedido el mismo (fs. 44).

Como se ve, pese a que el animal estaba contramarcado, no se había transmitido a Soto o a Barrios el dominio del semoviente porque no hubo tradición, por lo que la excepción de falta de legitimación pasiva no puede prosperar, tal como lo resolvió la A-quo.

E) Fundamento de la responsabilidad del dueño del animal: En el sub-lite resulta aplicable el art. 1124 del C. Civil, indicando la doctrina jurisprudencial que el fundamento del principio de responsabilidad consagrado por el art. 1124 del Código Civil reposa en la idea de riesgo. Evidente resulta la responsabilidad objetiva que emana de la norma indicada (C. Civ. y Com. San Martín, sala 1º, 177272004, "Pitera, Julio César v. Musso, Jorge", Juba sum. B1951020). Se ha dicho también que la norma del art. 1124 no contiene una simple presunción iuris tantum de responsabilidad que desaparezca con la prueba de que el daño ha sido llevado a cabo por los animales; se está en presencia de una responsabilidad objetiva dado que el art. 1113 del Código Civil extiende su influencia a todo el campo de la responsabilidad, incluido el de los daños por los animales (C. 1º Civ. y Com. San Nicolás, 8/4/2003, "Nirich, Jorge Alberto y otros v. Sierra, José y otra", LLBA 2003-1068).

Debe tenerse en cuenta que la responsabilidad atribuida por el art. 1124 del Código Civil al propietario de un animal doméstico o feroz que causare un daño no configura una simple presunción iuris tantum de culpa que desaparezca con la prueba de que observó una conducta normal, pues es necesaria la prueba de alguna eximente de responsabilidad, es decir, la excitación del animal por un tercero, su liberación o extravío inculpable, o la fuerza mayor o culpa de la víctima, siendo dicha enumeración de carácter taxativo (C. Nac. Civ., sala M., 4/7/2003, "K., D. v. Manzorro, Alberto y otro", LL 2003-F-1039, de la sentencia de primera instancia). Además, para eximirse de culpa, el dueño del animal está precisado a demostrar la ocurrencia de una causa ajena, siendo el riesgo creado el factor de imputación de esta particular responsabilidad. El régimen de exención de responsabilidad incluye el supuesto del art. 1127 del Código Civil, hipótesis que atribuye la responsabilidad por una presunción de culpa y, aunque tildada la disposición de subjetivista, se ha dicho que es especial y de reducida extensión, no pudiendo, por lo tanto, alterar la fisonomía general de la ley (C. Civ. y Com. San Martin, sala 1º, 15/7/2003, "Perrino, Concepción v. González, Stella", Juba sum. B1950700). En la carga de la prueba el demandado, para eximirse de responsabilidad, debe demostrar que no ha habido culpa del encargado de la vigilancia del animal en la soltura o en el extravío; más la eximente debe ser apreciada rigurosamente por el juzgador y acreditada de modo fehaciente por quien pretende ser excluido de la presunción legal de responsabilidad prevista en el art. 1124 del ordenamiento (C. Civ. y Com. San Martin, sala 1º, 157772003, "Perrino, Concepción v. González, Stella", Juba sum. B1950700).

Cuadra destacar que para apreciar si en el sub-lite se configura algún supuesto de exoneración de responsabilidad del dueño del animal se estará a las actuaciones producidas por ante el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4 (Expte. Nº 15.848/2001, caratulado "Narváez, Aldo Daniel - Narváez, Enzo Enrique s/ Accidente"), ya que el incidente de redargución de falsedad deducido contra el mismo finalizó por caducidad de instancia (conf. expediente agregado por cuerda).

De estas actuaciones no surge que se hayan usado los medios necesarios para que no se produjera la soltura del animal, al punto que del testimonio de Félix Emiliano Ponce (fs. 51) resulta que el mismo quedó solo en el corral porque como era Semana Santa no quedó nadie en la estancia, no estando desvirtuada la aseveración de la A-quo de que la pericial veterinaria de la cual surge que las instalaciones estaban en perfectas condiciones de seguridad fue practicada cinco años después de producido el hecho y que de las actuaciones realizadas en sede penal surge que a la fecha del hecho existía un cerco destruido en proximidades del portal del establecimiento, a lo que se agregan otros elementos que permiten presumir que pudo existir por parte del personal el olvido del contralor de los elementos de seguridad del vacuno que quedó solo en el corral.

De este modo se aprecia que no está acreditada la eximente del artículo 1127 del Código Civil, la cual debe ser apreciada rigurosamente por el juzgador. El criterio jurisprudencial es que el estado de soltura del animal evidencia por sí misma una infracción al deber in vigilando del dueño del mismo, generando su responsabilidad por el daño que causa en tal estado, ya que la presunción juris tantum que determina la responsabilidad del propietario, guardián o dependiente del animal doméstico o feroz por el daño material que el mismo causare, sólo cede cuando se comprueba que no hubo culpa alguna en el hecho que sea imputable a los civilmente obligados (CCiv. y Com. Córdoba, 7º Nom., 1999/06/30, LLC, 2000-940). La eximente de responsabilidad del dueño de un animal establecida en los arts. 1127 y 1128 del Cód. Civil debe ser acreditada de modo fehaciente por quien pretende ser excluido de la presunción legal de responsabilidad prevista en el art. 1124 del mismo ordenamiento, en tanto ésta es "iuris tantum" (CCiv. y Com. Resistencia, Sala I, 2000/05/18, LL Litoral, 2000-949).

Tampoco está probado que el daño se debe a la culpa del damnificado. Se arriba a esta conclusión en virtud de que, contándose únicamente con las actuaciones producidas en sede penal, de ellas no surge ningún elemento que permita concluir que el nexo causal que nace entre la acción del semoviente y el daño producido ha sido interrumpido por culpa de la víctima, no pudiéndose inferir de lo declarado por éste, que es lo único con que se cuenta para dilucidar cómo se produjo el accidente (fs. 49) que haya circulado a exceso de velocidad, sin casco protector o sin carnet de conductor, por lo que no puede imputársele violación de las exigencias de previsibilidad y prudencia en el obrar o la posibilidad de obrar de otro modo, evitando consecuencias dañosas para sí y para terceros.

Por ende, el demandado no ha probado la inculpabilidad a que se refiere el art. 1128 del C. Civil, por lo que cabe entrar a la consideración de los diversos rubros indemnizatorios y a la cuantificación de los mismos, así como a la procedencia de los intereses, tema este último que se abordará en primer lugar.

F) Los intereses: No resulta procedente el tratamiento de la queja de la parte actora acerca del cálculo de los mismos, ya que le asiste razón a la demandada de que su liquidación no es pertinente, por no haber sido peticionados en la demanda.

En efecto, debe recordarse que el principio de congruencia impone a los jueces pronunciarse fundadamente en las alegaciones de las partes expuestas al trabarse la litis (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del CPCC), lo cual hace al principio dispositivo del proceso civil y se inserta en superiores garantías como son las del debido proceso y el derecho de defensa, por lo cual la sentencia no puede exceder el marco de las peticiones de las partes ya que de lo contrario existiría un pronunciamiento "ultra petita".

En el libelo introductorio (fs. 54/60 vta.) la actora precisó y concretó sus peticiones sin solicitar el aditamento de intereses sobre los montos reclamados, por lo cual la A-quo no pudo concederlos. La inexistencia de petición de intereses al trabarse la litis obsta a que los mismos se otorguen; no se trata de un tema que afecta al orden público en el cual la jurisdicción pueda actuar de oficio, sino de intereses particulares de las partes de los cuales éstas disponen libremente.

La fórmula empleada por la actora "o lo que en más o en menos resulte de las probanzas" se refiere a los montos reclamados, lo cual se evidencia cuando habla de prueba a producirse siendo que los intereses no son materia de prueba. La real y efectiva compensación de los daños y perjuicios no puede interpretarse sino con referencia al capital que compone los reclamos, y si bien es cierto que los arts. 1069 y 622 del C. Civil prevén la adición de intereses, de ninguna manera establecen que el acreedor queda relevado de pedirlos y que el juez deba concederlos de oficio.

La improcedencia de acordar intereses no pedidos ha sido reiteradamente establecida por la jurisprudencia. Se ha dicho: Sólo procede la condenación al pago de intereses cuando ellos han sido pedidos en tiempo propio (CNCiv., Sala C, 29/7/68, LL, 134-242; íd., Sala D, 11/9/68, LL, 133-1029, 19.677-S; íd., íd., 4/12/68, LL, 135-288; íd., Sala E, 11/4/84, LL, 1984-B, 84). El art. 330, inc. 3º, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, establece que la demanda contendrá la cosa demandada con toda exactitud o sea que obliga a designar la cosa objeto de la reclamación, exigencia que rige incluso para los intereses, ya que éstos forman parte del contenido de la contienda, por lo cual o corresponde la condenación al pago de aquellos cuando la parte interesada no los ha reclamado, puesto que en esas condiciones resultarían vulneradas las garantías de los arts. 17 y 18 de la Const. Nacional (conf. CSJN, Fallos, 262: 424, 268: 512 y ED, 29-335 - CNEspCivCom, Sala I, "Baioni, Daniel A. c/ Fernández, Carlos A. y otro s/ sumario", 21/10/82, fallo citado por Daray en "Accidentes de tránsito", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1983, pág. 526, Nº 5) -.

Independientemente de ello el cálculo de los intereses tampoco procede en virtud de que habiendo la A-quo establecido la cuantía de los rubros concedidos conforme la discrecionalidad que le otorga el art. 165 del CPCC y a la fecha de la sentencia, esta circunstancia impide que los intereses se computen desde la fecha del hecho, ya que debe seguirse el criterio del Excmo. Superior Tribunal de Justicia que entiende que en estos casos el comienzo del cálculo de los mismos en caso de mora debe ser a partir de la fecha del pronunciamiento (Fallo Nº 2583/06, recaído in re "López Teófilo c/ Empresa Puerto Tirol y/u otra s/ Ordinario", Expte. Nº 102 - Fº 76 - Año 2006 del Registro de la Secretaría de Recursos del Alto Cuerpo).

Por tanto, se tratará el valor de la indemnización para resarcir el daño sufrido por la parte actora sin el aditamento de los intereses.

G) La indemnización: Entiendo que debe confirmarse el monto fijado por la Inferior en concepto de daño emergente por gastos de reparación del ciclomotor y por gastos de medicamentos, atención, estudios, traslados, etc. Con relación a los gastos de reparación del ciclomotor, los presupuestos y facturas acompañados no han sido reconocidos en autos por sus firmantes, por lo que resulta adecuado que el juez haya fijado el monto de los perjuicios reclamados de acuerdo a lo normado por el art. 165 del CPCC, considerándose adecuada la suma establecida, de $1.000. En relación a los gastos por atención médica, como bien lo apunta la A-quo, sabido es que las obras sociales no cubren la totalidad de los gastos y erogaciones, pero ello no releva al actor de traer las pruebas pertinentes, no habiendo arrimado ningún comprobante de gastos, por lo que la fijación del rubro debe ser hecha restrictivamente aún cuando no se requiere prueba fehaciente de los gastos médicos y de farmacia. Este es el criterio sostenido por esta Alzada en el Fallo Nº 13.858/09, donde se expresó que la valoración judicial debe ser severa y prudente toda vez que se carezca de demostración certera sobre la cuantía de los desembolsos, por lo que estimo adecuada la cuantificación del rubro, fijada en $ 930. Por tanto el resarcimiento del daño emergente, consistente en gastos de reparación del ciclomotor y atención médica y gastos de farmacia asciende a la suma de pesos mil novecientos treinta ($1.930).

El rubro lucro cesante, como bien se consigna en el pronunciamiento recurrido, está debidamente acreditado, debiendo prosperar por la suma de pesos setenta y dos con cincuenta y dos centavos ($72,52).

Con referencia al rubro incapacidad la pericia médica de fs. 306/307 no ha sido impugnada por las partes, por lo que cabe estar a la misma, ya que es formalmente inobjetable y está sustancialmente apoyada en ciencia y lógica, por lo que no se advierten - frente a la ausencia de toda prueba de al menos igual jerarquía - razones para apartarse de sus conclusiones. Del informe surge que el actor padece de trombosis venosa profunda de causa traumática, con un grado de incapacidad parcial y permanente del 25%, por lo que estimo justificada la suma solicitada en el escrito de demanda como resarcimiento, pesos veintiocho mil ($28.000), ya que debe tenerse en cuenta que la incapacidad no se refiere a la capacidad laborativa específicamente, sino que afecta otras áreas de la vida, como ser la práctica de ciertos deportes o de otro tipo de tareas normales en la vida del ser humano.

Encuentro también justificada procedencia y la cuantificación del daño moral en la suma peticionada en la demanda, pesos catorce mil ($14.000), para lo cual considero que la Juez de grado ha ponderado acertadamente las peculiaridades del caso y los sufrimientos padecidos por el actor. El criterio de este Tribunal es que la valoración del daño moral no está sujeta a cánones estrictos, sino que corresponde a los jueces de la causa establecer prudentemente el quantum indemnizatorio, tomando como base, la gravitación de la lesión sufrida y el hecho generador de la responsabilidad, su función resarcitoria y el principio de reparación integral; y tal valoración está sujeta a la apreciación judicial de los jueces (art. 165, CPCC), toda vez que son obvias las dificultades existentes para mensurar en dinero un detrimento de naturaleza no patrimonial, razón por la que ha de tratarse de que atienda apropiadamente a la magnitud del menoscabo espiritual. De allí que la reparación del daño moral debe ser determinada ponderando esencialmente la índole de los sufrimientos de quien los padece y no mediante una proporción que la vincule con los otros daños cuya indemnización se reclama (Fallo Nº 13.858/09).

Se encuentra igualmente justificada la procedencia y el monto de la indemnización concedida en concepto de daño estético, cuantificado en pesos cinco mil ($5.000), ya que de la pericia médica mencionada (fs. 306/307) surge que en la pierna izquierda se aprecia aumento de la masa muscular autoexterna o perineales y músculos gemelos o posteriores comparados con la pierna derecha, con modificación de la coloración. Se aprecia que el daño tiene la magnitud necesaria para ser computable, siendo el criterio de esta Alzada que el daño estético es indemnizable independientemente del daño moral y que para que exista daño resarcible en estos supuestos no se requiere, por parte de la víctima, sexo o actividad determinada (Fallo Nº 12.203/2007)En este sentido la doctrina entiende que el daño estético, constituido por cualquier desfiguración física producida por las lesiones, confiere a quien lo sufre una doble posibilidad de accionar por daños patrimoniales y por daño moral, adquiriendo aquí relevancia los medios de prueba periciales e instrumentales (conf. Meilij, "Accidentes de tránsito", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 144).

H) Las costas: Considero adecuada la imposición de costas en Primera Instancia a la demandada aún cuando la indemnización no prospere en su totalidad (se rechaza el daño psicológico), ya que tratándose de una acción por resarcimiento de daños y perjuicios las costas forman parte de la indemnización, aún cuando ésta no prospere en su totalidad. Se ha dicho al respecto: "El hecho de que no prospere la demanda en alguno de los rubros resarcitorios pretendidos, no debe en principio incidir en el régimen de las costas cuando aquélla prospera en cuanto al fundamento de la condena resistida por el demandado al contestarla" (CNCEsp. Civ. y Com. , Sala 3º, 5/5/81, ED, 99-619, 356-S; CNCiv., Sala J, 12/5/89, JA, 1989-IV-síntesis). "Las costas causídicas deben ser soportadas por el responsable del daño inferido, con abstracción de que las reclamaciones del perjudicado no hayan prosperado íntegramente con relación a la totalidad de los rubros resarcitorios, habida cuenta de que la noción de vencido ha de ser fijada con una visión global del juicio, y no por meros análisis aritméticos de las pretensiones y sus respectivos resultados. Ello sin perjuicio de la valoración que se efectúe con relación a las regulaciones de honorarios" (CNCom., Sala C, 30/9/91, LL, 1992-A, 44). "La noción de vencido, al efecto de la carga de las costas, ha de ser fijada con una visión sincrética del juicio, y no por análisis aritmético de las pretensiones y sus resultados. Con tal base, es notorio que las costas deben ser impuestas íntegramente a la parte defendida que negó toda reparación - como lo demuestra la necesidad de este pleito - pues aún si el pedido fue exagerado cuantitativamente, la litis resultó igualmente necesaria al no haber pagado los demandados aquello procedente" (CNCom., Sala C, 30/7/82, LL, 1982-D, 465).

I) Conclusion: Propongo en consecuencia la confirmación de la sentencia recurrida en lo sustancial que decide y en cuanto a la imposición de costas, revocando el cálculo de intereses desde la fecha del hecho, por lo que la condena prospera por la suma de pesos cuarenta y nueve mil dos con cincuenta y dos centavos ($49.002,52). Las costas en esta instancia propongo imponerlas en el orden causado atento al resultado de los recursos que determinan un vencimiento parcial y mutuo (art. 71 del CPCC). Asimismo entiendo que debe dejarse sin efecto el cálculo de los honorarios efectuados en Primera Instancia atento a que la base contenía los intereses cuestionados. Así voto.- El Dr. Pignocchi dijo:

Por los fundamentos expuestos por la Srta. Juez preopinante, adhiero al voto de la misma.

La Dra. Canavesio dijo:

Por existir coincidencia entre los Señores Jueces preopinantes, me abstengo de emitir voto (art. 33º, Ley Nº 521 y sus modificatorias).

En este estado, habiéndose constituido la mayoría legal (conf. art. 33º, Ley Nº 521 y sus modificatorias y art. 153º del R.I.A.J., aprobado por Acordada Nº 2034/96 -punto 13º- del Excmo. Superior Tribunal de Justicia), se da por terminado el presente Acuerdo.

A mérito del Acuerdo que antecede, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil Y Comercial, Resuelve: 1) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 432 por los terceros citados Luciano Soto y Sonia Myrian Barrios contra la sentencia de fs. 403/419 vta. y, en consecuencia, firme la misma a su respecto.

2) Confirmar la sentencia de fs. 403/419 vta. en lo sustancial que decide y en cuanto a la imposición de costas y revocar los intereses calculados desde la fecha del hecho lucro cesante e incapacidad, por lo que el monto por el que progresa la demanda es de pesos cuarenta y nueve mil dos con cincuenta y dos centavos ($49.002,52).

3) Dejar sin efecto los honorarios regulados en la instancia de grado.

4) Imponer las costas en esta Alzada en el orden causado, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto en Primera Instancia se efectúe una nueva regulación de honorarios. - Lucrecia M. Canavesio de Villalba. - Telma C. Bentancur. - José Luis R. Pignocchi,