Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-09-28


En la Ciudad de San Juan, a veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil once, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal.

No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:

Contra la sentencia dictada por la Dra. Silvia Peña Sansó de Ruiz, titular del Cuarto Juzgado Correccional, interpone recurso de casación la parte querellante constituida en autos, el Sr. Enrique de la Torre con el patrocinio letrado del Dr. Sebastián de la Torre.

El fallo cuestionado, que obra a fs. 319/337, dispuso absolver, por el beneficio de la duda, a Sergio William Reinoso, en la presente causa que se le sigue por el delito de lesiones culposas (art. 94 del C.P.) en perjuicio de Enrique de la Torre.

Por su parte, en el recurso incoado (fs. 341/352) se esgrime inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, e inobservancia de las normas procesales establecidas bajo pena de nulidad; y por ello se peticiona que se case la sentencia dictada y se resuelva el caso conforme a la ley, o bien se anule el fallo, ordenando la realización de un nuevo juicio.

En torno a los vicios in procedendo, concretamente se destacan los siguientes agravios: 1) La Sra. Jueza, a la hora de dictar la sentencia, le habría otorgado a la prueba documental elaborada por el Sr. Roberto Domingo Díaz (agregada a fs. 165/186 y receptada como tal por la instrucción a fs. 188), la eficacia de una prueba pericial, y a los dichos de aquel, la calidad de explicaciones y aclaraciones vertidas por un perito, cuando en verdad no lo son. Que con ello se habría desconocido lo acontecido en el proceso con manifiesto desconocimiento de las reglas procesales, lo cual resultaría violatorio de las garantías procesales de la defensa en juicio y debido proceso, al haberse realizado una errónea valoración jurídica de las pruebas, desoyendo las conclusiones contestes de la pericia del Ingeniero Juan Alberto Andrada (fs. 278/285) y la del Ingeniero Ricardo Godoy (obrante en el proceso civil) al ponerlas en un pie de igualdad con un trabajo que no es pericia. La errónea valoración de esta prueba -ponderando como pericia lo que no es- generaría la nulidad de la sentencia y viabilidad al recurso. 2) La sentenciante se habría apartado, y prescindido, -sin expresar explícita y razonadamente los fundamentos- del resultado de las dos pericias existentes, cuando éstas versan sobre aspectos y materias ajenas al conocimiento del magistrado, resultando ello decisivo para la resolución errónea de la causa. Se sostiene que para la correcta y justa decisión de la causa nunca debió apartarse de las conclusiones de las pericias propiamente dichas, ya que ambas aportan con claridad la mecánica y la causa del accidente, esto es por la invasión por parte de Reinoso del carril de circulación; además de ser claras y coincidentes en cuanto al lugar del impacto, es decir, el carril por donde circulaba la querellante.

Afirma también el recurrente que la coincidencia en las conclusiones, le otorgan amplio valor probatorio y conviccional, conforme las reglas de la sana crítica racional; reglas que habrían sido violadas por la Jueza de un modo antojadizo y arbitrario. 3) Al no existir una pericia de parte de Díaz, ni explicación de esta persona en tal carácter, sería nula la motivación de apartamiento, en tanto tiene apoyatura en algo que no existe. Insiste en que Díaz no es perito y su trabajo no es una pericia, y desde este punto de vista, se cae en la arbitrariedad, porque la duda no puede tener solidez si se funda en un error o en lo que no existe.

Finalmente en relación a los vicios in iudicando se señala que la Sra. Jueza no habría efectuado una correcta aplicación de la ley sustantiva, en relación al tipo de lesiones culposas del artículo 94 del C.P. y a sus elementos integrativos. Se afirma que en esta causa Reinoso estaba procesado por haber invadido el carril contrario de circulación y, a causa de ello, ocasionar las lesiones de de la Torre. En el requerimiento de elevación a juicio así se entiende que ocurrió y durante el juicio la Sra. Agente Fiscal sostuvo su acusación por la misma causa. Mientras que la sentenciante absuelve porque tiene dudas sobre conductas absolutamente irrelevantes en orden a determinar la causa eficiente y principal del accidente. Sostiene el recurrente que en un choque frontal sucedido en la misma calle, el aporte causal lo realiza el conductor que invade el carril contrario de circulación; y nada tiene que ver acá la velocidad a la que circulaban los vehículos, o si se estaba o no cerca de una encrucijada, porque estas eventuales imprudencias están desconectadas causalmente con la posibilidad de un choque y su consecuencia dañosa. Distinto es el supuesto del que invade el carril de circulación del rodado que circula por el otro. Suprimida esa maniobra antirreglamentaria, el resultado no sucede, de modo que si hay relación causal entre esa maniobra y el resultado típico. La duda fundante del dictado de la sentencia absolutoria, debió radicar en si Reinoso invadió o no el carril de circulación de de la Torre, puesto que toda otra duda carece de relevancia por ilógica y, si se toma en cuenta para resolver la causa, es nula la sentencia por violar principios de logicidad y las reglas de la sana crítica racional.

Se concluye el recurso dejando introducida la cuestión constitucional y haciendo la reserva pertinente para ocurrir a la instancia extraordinaria para el caso de una resolución adversa.- A fs. 354/357 el recurso fue concedido por el Inferior; y una vez radicada la causa en esta instancia, las partes fueron debidamente citadas a los fines dispuestos por los artículos 582 y 571, primera parte, del C.P.P..- La defensa, a fs. 368/371, contestó el recurso y solicitó su total rechazo al sostener que si bien es cierto que la pericia efectuada por el perito Díaz fue incorporada como prueba documental y sus explicaciones como prueba testimonial, ambas cosas constituyen legítimos medios de prueba que deben ser considerados y evaluados por el Juzgador al pronunciar la sentencia, máxime aún, cuando no han sido impugnadas ni cuestionadas en ningún momento por el recurrente. Afirma la defensa que no hay ninguna duda que la prueba agregada como documental, contiene una pericia accidentológica, realizada por una persona que es perito habilitado como tal por la Corte de Justicia y que al citárselo como testigo, se lo hace comparecer para dar explicaciones sobre su trabajo, por lo que es lógico que el A quo al referirse a este documento le dé el nombre de pericia. Hace notar que el Sr. Roberto Díaz además de estar inscripto como perito, tiene sobrada experiencia y su informe ha tomado en cuenta todos los elementos de que disponía para arribar a conclusiones lógicas y convincentes, que con todo derecho pueden ser tenidas en cuenta como prueba por el juzgador. Lo mismo puede decirse de las explicaciones dadas por él, ya sea en calidad de perito o de testigo. Por otro lado afirma la defensa que las pericias de Andrada y Godoy difieren notablemente en la descripción de la mecánica del accidente, arribando a conclusiones distintas entre sí, y distintas también al informe de la consultora, también a la planimetría elaborada por criminalística, y al informe de Díaz; destacando que sólo éste último da una explicación satisfactoria sobre el accidente.

Continúa la defensa diciendo que en relación a la pericia del proceso civil (realizada por el Ingeniero Godoy), ésta en una primera oportunidad afirmó que la colisión se produjo dentro del carril costado "este", conclusión que favorecía a su parte, y a posteriori, cuando el perito modificó su conclusión, la pericia fue impugnada por su parte, tal como consta en el proceso. Sostiene que la sentencia ha evaluado todas las pruebas existentes, destacando las contradicciones existentes entre éstas, arribando a una conclusión absolutamente lógica y racional, ya que resulta imposible determinar con algún atisbo de certeza la mecánica del accidente para condenar al encartado.

La parte querellante, a fs. 374/384 vta., reiteró y reprodujo su pretensión casatoria.

El Sr. Fiscal General de la Corte, a fs. 387/390 vta., se pronunció por la viabilidad del recurso intentado y anulación de la sentencia, al sostener que las constancias obrantes en el proceso hacen inferir que el imputado invadió el carril contrario de circulación, en una clara maniobra de adelantamiento sin observar las previsiones necesarias, y con ello aportó la causa eficiente del evento dañoso, por lo que el fallo carece de un fundamento completo, razonado y crítico para llegar al estado de duda que alude. Le asiste razón al recurrente, en cuanto el fallo absolutorio le asigna a la declaración testimonial la calidad de pericia, cuando no se siguieron los pasos procesales bajo la dirección del tribunal para tenerla como tal, con lo cual existió violación al debido proceso.

Habiéndose decretado el llamamiento de autos, corresponde abordar la cuestión traída a decisión, y tras el análisis detenido del asunto he de anticipar que le asiste razón a la recurrente en su planteo.

Efectivamente, de la lectura integral del fallo absolutorio, se advierte claramente que la Sra. Jueza Correccional, al sostener textualmente que "lo que desconcierta más, es la diferencia existente en las tres pericias y el informe de la consultora, entre sí ." (véase fs. 332 y sgtes.) cimentó su duda casi de modo excluyente sobre dichas pruebas, referidas a trabajos de índole técnica; esto es la pericial del ingeniero electromecánico Juan Alberto Andrada (fs. 278/285 vta.), la pericial del ingeniero José Ricardo Godoy (glosada a fs. 525/540 del expediente civil Nº 105.300 caratulado "De la Torre Enrique c/ Reinoso Sergio W. y otros ? Daños y Perjuicios" del 11º Juzgado Civil), el informe elaborado por el Sr. Ramón Darío Fernández (agregado a fs. 101/128) y la documental agregada al proceso por la defensa, consistente en pericia accidentológica del Sr. Roberto Domingo Díaz (fs. 165/185).

A poco que se relea el fallo surge evidentemente (a la luz de los propios dichos y razonamientos de la sentenciante) que el trabajo de Díaz es el único que se contrapone al resto del material técnico específico meritado. Véase al respecto (cfr. fs. 332 y sgtes.) que son únicamente las conclusiones aportadas en dicha documental las que son comparadas o cotejadas al resto de las probanzas mencionadas; es decir que, tal como surge de las propias referencias fundantes de la jueza, son las ideas de Díaz las que resultan contrarias o diversas a las de los peritos Andrada y Godoy, como así también al informe de Fernández. Y considero que es aquí donde radica el yerro de la sentenciante, que termina por invalidar el fallo, por carecer en definitiva de la debida fundamentación o, si se quiere, contener una errónea motivación al no haberse observado las reglas de la sana critica racional, con respecto a elementos probatorios de valor decisivo.-- Es que de ningún modo pudo ponerse en un pie de igualdad las conclusiones técnicas, fundadas y coincidentes de los peritos Andrada y Godoy, como así también al informe de Fernández en igual directriz que los anteriores, con un simple trabajo documental aportado por la defensa, sin control alguno de las partes, ni posibilidad de sugerir puntos de pericia o plantear recusación, y con serios indicios de parcialidad. Adviértase que las mentadas constancias obrantes a fs. 165/185 no cumplimentaron las normas referidas por el código procesal para la prueba pericial.

Cabe destacar que si bien en nuestro ordenamiento procesal rige el principio de libertad probatoria conforme lo normado en el artículo 241 del rito, a partir del cual se pueden probar los hechos por cualquier medio, ello lo es siempre que no se vulneren las garantías constitucionales (cfr. expresamente lo dispone el art. 244 C.P.P.) y el sistema regulatorio de las pruebas. Por ello considero que en el sub examine, cuando se dictó el fallo, al habérsele dado rango de pericia a actuaciones que no lo son, indirectamente se ha vulnerado (con efectos nulificantes) toda aquella normativa procesal que brega por mantener incólume la intervención, asistencia y representación del querellante particular, tal como son los artículos 7, 202 inc. 4º, 305 y 307 ibid.

La cuestión no se reduce a una simple disquisición terminológica -tal como lo hace ver la defensa-, referida a la denominación del trabajo de Díaz, sino algo más profundo que se encuentra vinculado al debido proceso legal y en definitiva a la valoración y eficacia probatoria.

Es decir que, al haberse acordado injustificadamente la categoría de prueba pericial a simples datos o indicios que carecen de tal ontología y aportan una endeble eficacia probatoria se ha incurrido en una hipótesis de arbitrariedad susceptible de conducir a la invalidez de la sentencia, desde que la jueza nunca pudo marginar las conclusiones de los peritajes existentes sin efectuar un cuestionamiento serio y científico. Tal como lo afirma el Sr. Fiscal General de la Corte, considero que el A quo se apartó de la pericia efectuada por el perito designado en la causa, Andrada, y la del perito Ing. Godoy realizada en el proceso civil, quienes fueron llamativamente coincidentes en atribuir la calidad de vehículo embistente al Ford Escort, el que desvía su normal sentido de circulación, invadiendo el carril contrario, y produciendo el evento. Ambas pericias desechan cualquier duda al respecto sobre la mecánica del accidente, la rotación de los vehículos, por lo que existió en el fallo un apartamiento arbitrario de la prueba dirimente.-- Sabido es que el juez puede apartarse de las conclusiones del dictamen pericial, pero para hacerlo debe contar con razones muy fundadas que permitan demostrar que la opinión del experto carece de una explicación técnica adecuada. El dejar de lado las conclusiones establecidas en el dictamen pericial debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se haya reñida con principios lógicos o máxima de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos. Es decir que, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquel acordándole valor probatorio máxime.- Las pericias propiamente dichas existentes en este caso no debieron ser dejadas de lado simplemente por contraponerse con un simple dato probatorio aportado por parte interesada en el proceso -que a estar a los dichos del A quo le generó duda-, sino que tal apartamiento solamente debió fundarse en un razonamiento sólido con arreglo a las reglas de la sana crítica; cuestión no acontecida. Es decir que para descalificar las conclusiones de los expertos, debieron exponerse las razones que justificaron tal decisión, observando en ello las reglas de la lógica, de la experiencia y de las ciencias, o sea, las reglas que rigen el correcto pensamiento humano.- Así lo sostiene José I. Cafferata Nores, en su obra "La prueba en el proceso penal", 2ª ed. act., Depalma, Buenos Aires, 1994, pag. 77, al decir que "la doctrina jurídica mayoritaria estima que la posibilidad del juez de desatender las conclusiones periciales, e incluso decidir en oposición a ellas, es un poder que debe ser utilizado con todo cuidado y con criterio restrictivo".- Tal tesitura y criterio ya fue plasmado por esta Corte en el caso "Oviedo de Lloveras", resuelto el 15/11/2006, y que consta en P.R.E. S.2ª-2006-III-571, el cual traigo a colación para fundamentar mi voto.

A mérito de todo ello considero -tal como ya lo adelantara- que le asiste razón al recurrente y que debe acogerse el agravio expuesto, -resultando estéril abordar cualquier otra cuestión-, en cuanto a que la fundamentación vertida en el fallo traído en casación contiene una errónea motivación al haberse apartado de los principios de la sana crítica racional, debiéndose anular en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 587 del C.P.P., y ordenando su reenvío al tribunal que siguiere en orden de nominación a fin de que, previo la realización de nuevo debate, se dicte pronunciamiento ajustado a derecho.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de casación por los motivos expuestos y, en consecuencia, anular la sentencia de fs. 319/337, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 587 del C.P.P., ordenándose el reenvío de la causa al tribunal que sigue en orden de nominación a fin de que, previo la realización de nuevo debate, dicte pronunciamiento ajustado a derecho.

II) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.- Fdo. Dres.: Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Héctor Fabián Meló, ProSecretario Letrado.- Cp-5533 E.B.T.

P.R.E. S.2ª.- 2011-III-574