Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-10


Causa No. 433/09 -S.I- "G. C. R. Y OTRO C/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR POLICÍA FEDERAL ARGENTINA Y OTROS s/ Daños y Perjuicios" Juzgado N° 1 Secretaría N° 2 En Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio de 2014, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Francisco de las Carreras, dijo:

1) A esta altura del debate no se encuentra controvertido que el 12 de junio de 2004, alrededor de las 16 horas, el agente de la Policía Federal Argentina Sergio Ezequiel Cristaldo encontrándose en su domicilio particular, extrajo el arma reglamentaria y tras quitarle el cargador, se le resbaló la corredera produciéndose un disparo, el cual, impactó en el cuerpo de su prima hermana, S. S. G.. Como consecuencia del hecho, la joven de quince años quedó parapléjica.

De las actuaciones en sede penal se desprende que el Sr. Cristaldo fue condenado (cfr. fs. 831/842 de la causa penal n° 520.294) a la pena de tres años de prisión condicional, por ser el autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas de carácter gravísimas. A su vez, fue declarado cesante de la función que desempeñaba en dicha fuerza de seguridad (cfr. fs. 803).

2) Promovida demanda civil indemnizatoria por la damnificada y su madre, el señor juez a quo entendió que aun cuando no se trataba de circunstancias de la función, se encontraba comprometida la responsabilidad del Estado Nacional por la sola provisión del arma reglamentaria y la obligación de portación por parte del agente, en tanto se trató de un hecho que se vio facilitado por tales circunstancias (arts. 43, 1112 y 1113 del Código Civil). Fijo el resarcimiento en una suma total de $1.328.595 y $134.600 respectivamente (cfr. fs. 982/989).

3) Las actoras (fs. 1035/1041) se agravian del alcance de la reparación en lo concerniente al daño moral, estético, psíquico y en cuanto al monto establecido para la reparación de la vivienda. A su vez, solicitan la inaplicabilidad de la ley 23.982 (los que merecieron respuesta de la contraria a fs. 1065/1066). Por su parte, la codemandada (Policía Federal Argentina) aduce a fs. 1042/1046 su falta de responsabilidad por tratarse de un acto "personal" del agente, alejado de las funciones específicas y de su ámbito laboral. Subsidiariamente, se queja de la falta de legitimación activa de la madre de la víctima y del excesivo alcance del resarcimiento económico reconocido a ella por: tratamiento psicológico, lucro cesante y gastos médicos. Respecto a Soledad, considera excesivos los montos otorgados por: daño material y daño moral. Entiende que no se encuentran probados todos los rubros indemnizatorios reconocidos, tales como la concesión de un vehículo especial para el traslado o la reparación de la vivienda, constituyendo un enriquecimiento sin causa (escrito replicado a fs. 1048/1064).

4) Un orden lógico impone comenzar por analizar la responsabilidad endilgada a la Policía Federal. El magistrado consideró que la provisión del arma reglamentaria, y la portación obligatoria en función del "estado policial", habrían facilitado la comisión del hecho.

Se advierte que la defensa de la representación de la fuerza se encuentra dirigida a demostrar la ruptura del "nexo causal" entre la institución y el daño resultante del hecho, bajo la condición que la actuación 'personal' del agente debe entenderse el único y excluyente motivo del episodio, y que como tal, no resulta hábil para generar la responsabilidad extracontractual del empleador.

Sin embargo, tengo para mí que los presupuestos jurídicos señalados por el a quo resisten esa embestida, toda vez que la Policía Federal es la propietaria del arma utilizada para provocar el daño, y debe considerarse especialmente que la ley dispuso su portación obligatoria por parte del agente (cfr. art. 3, inc. a) del decreto 1866/83 reglamentario de la ley 21.965 y arts. 8, 9, 10 y 11, inc. e) de la ley 21.965).

Por otra parte, no hay que olvidar que la utilización del arma reglamentaria con fines privados o personales, además de la responsabilidad penal que surte de la actuación del agente (que es personal e intransferible), genera también, a su respecto, las de índole administrativa con relación a la fuerza (sanciones administrativas de diverso orden como ser las de inhabilitación, cesantía o exoneración; cfr. art. 11 de la ley 21.965).

Siendo ello así, el Estado Nacional, representado por la Policía Federal, no puede excluirse del reproche civil por las consecuencias dañosas del mal uso de una "cosa riesgosa o peligrosa" realizado por un agente que se encuentra bajo su dependencia, jurisdicción y contralor administrativo.

Por consiguiente, en las circunstancias de autos, tengo para mí que el "estado policial", y más precisamente, la autorización consecuente y la obligación legal impuesta al agente de portar un arma reglamentaria, ha facilitado y brindado la "oportunidad" para el hecho dañoso, por lo que la función (el "estado policial") facilitó la concreción del ilícito, lo cual alcanza la responsabilidad de la institución, sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal y administrativo de las que deba hacerse cargo el victimario.

En tales condiciones, de conformidad con todo lo hasta aquí expuesto, tengo por fundado que al Ministerio del Interior (Policía Federal) le cabe la responsabilidad concurrente del comitente, por la sola intervención de su dependiente en el hecho mediante elegirlo para proveerle un arma de la institución y encomendarlo a preservar la seguridad, aun cuando el hecho no se verificó en ocasión de las funciones específicas de la fuerza, puesto que la circunstancia de su autorización a portarla sí fue con motivo del "estado policial" (art. 10, inc. c) de la ley 21.965) (cfr. esta Sala causas 12.283 del 10/09/09, 7059/01 del 5/08/10, entre otras).

5) En segundo lugar, trataré la excepción de falta de legitimación activa de la madre de la damnificada. El agravio no puede prosperar puesto que la Sra. C. R. G., reviste la calidad de "damnificada indirecta" -en los términos del artículo 1079 del Código Civil- y el perjuicio cuyo resarcimiento procura es el padecido por ella misma. El artículo citado establece la obligación de reparar todo perjuicio material que se hubiera sufrido, aún de manera indirecta, limitándola en el artículo 1078 del Código Civil en cuanto establece que el daño moral únicamente puede ser reclamado por el damnificado directo, salvo que hubiera resultado la muerte de la víctima, que en cuyo caso, tendrán acción los herederos forzosos (cfr. esta Cámara, Sala 1, causa 3494/02 del 24/07/08, Sala 3, causa n° 9518/00 del 24/02/05, entre otras).

De conformidad con lo expuesto, entiendo que, tal como lo señaló el a quo, la atención de la damnificada produce sobre exigencias en la actividad doméstica e impone nuevas funciones, algunas verdaderamente penosas que exigen un gran equilibrio psicológico del familiar que las cumple. En el caso, al ser la madre quien se dedica al cuidado de su hija, considero que la necesidad de un tratamiento psicológico de apoyo y contención se encuentra plenamente justificado. Es por ello que estimo equitativa la suma propuesta por el a quo.

Respecto al lucro cesante, vale destacar que surge de la prueba testimonial acompañada a fs. 631, 632 y 632 bis que la Sra. C. trabajaba efectuando tareas de limpieza. A su vez, del informe ambiental (fs. 297/301) resulta que recibe una suma mensual de $150 por el Plan Jefes y Jefas de Familia, sumado a que los hijos mayores recolectan cartones obteniendo unos $70 semanales. Esto arroja la suma aproximada de $800 reconocida en la sentencia de primera instancia. Por ello, este agravio también debe ser desestimado.

En cuanto a los gastos, los reconocidos en la sentencia de primera instancia como daño material se refieren a gastos futuros en los que necesariamente deberá incurrir S. a causa de las lesiones y sus secuelas. Distinto es el caso de los gastos realizados por la madre, que como bien surge de fs. 142 vta es quien hasta el momento, los ha afrontado. En este orden de ideas, tengo para mí que este agravio tampoco puede prosperar por no tratarse -como entiende el demandado- de una superposición de resarcimientos.

6) Las restantes quejas de ambas partes se encuentran dirigidas al "quantum" indemnizatorio reconocido a la joven S., es por ello que las tratare de manera conjunta.

La actora, se agravia del reducido monto reconocido en el daño moral, que a su vez incluye el daño estético y el daño psíquico. La demandada, en cambio, los considera excesivos. También se queja del monto reconocido por daño material (incapacidad sobreviniente) y del reconocimiento de los rubros relativos al traslado y la remodelación de la vivienda.

a) Daño material (incapacidad sobreviniente) Es menester destacar que dicho rubro se encuentra consentido por la parte actora. La demandada, por su parte, ha omitido rebatir los argumentos desarrollados por el a quo en su pronunciamiento, limitándose a efectuar afirmaciones genéricas sobre las pruebas producidas y a expresar su disconformidad con lo resuelto, omitiendo hacerse cargo de destruir el correcto planteo jurídico logrado respecto del tema en debate. Y, consecuentemente, no fundamentar debidamente su postura, o no haber dado basamento jurídico suficiente a un distinto punto de vista, no constituye una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran equivocadas en los términos exigidos por el art. 265 del Código Procesal y de la doctrina de esta Cámara (cfr. esta Sala, causas 7693 y 7706 del 23/11/1993 y 16.308/95 del 10/10/1995; y Sala III, causas 4399 del 15/9/1986 y 4379/91 del 28/12/1992).

Atento la conclusión precedente, corresponde declarar desierto el recurso en este aspecto.

b) Daño moral En primer lugar, cabe recordar que por la denominación "daño estético", se solicita el resarcimiento de una lesión con efectos antiestéticos o perturbadores de la armonía corporal. Sin duda, la dimensión estética del cuerpo humano tiene significación personal y trascendencia social pues la estructura somática de una persona es tanto asiento de la propia individualidad como la necesaria plataforma a través de la cual el sujeto traba sus vínculos existenciales (conf. Zavala de González, Matilde, "El daño estético", La Ley 1988-E-945). Ahora bien, lo importante es que el daño sea íntegramente resarcido y, según el tipo de lesión de que se trate y las características de la víctima, la lesión a la armonía corporal puede constituir una alteración con repercusión patrimonial -como factor de incidencia negativa en el mercado ocupacional, como limitación a las posibilidades de ganancia, mensurable como lucro cesante- o bien, ese menoscabo estético puede tener una proyección mortificante en la vida de relación y comportar un elemento que profundiza el daño moral. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia, que ha sostenido "el daño estético no es autónomo respecto al material o moral, sino que integra uno u otro o ambos, según el caso" (Corte Suprema, causa S. 36 XXXI del 27/5/2003; Fallos 305: 2098; 321: 1117, entre otros).

Por otra parte, tiene dicho este Tribunal que salvo circunstancias de muy definida excepción, el daño psíquico carece de autonomía y resulta subsumible o bien dentro del rubro "incapacidad sobreviniente", que abarca las limitaciones psico-físicas de una persona y sus consecuencias en la vida laboral y de relación (conf. esta Sala, en las causas 2765/98 del 31/10/00 "Cooke" y 7134/98 del 16/11/00 "Gauto"), o bien como daño patrimonial consistente en comprobadas erogaciones por tratamiento psicoterapéutico pasado o futuro (esta Sala, causa 3104 del 6/11/2001; causa 17.750/96 "Blasco" del 3/6/03 considerando 8, entre otras), o bien directamente como daño moral, compensando mediante una suma de dinero aquello que no puede ser reparado in natura ni vinculado con los bienes perdidos.

Sobre esta base, y teniendo en consideración que el daño estético y el psíquico se encuentran incluidos dentro del daño moral (cfr. esta Sala, causas 3494/02 del 24/07/08, 12.556/04 del 3/08/10, 4542/07 del 4/10/11, entre otras), entiendo que la indemnización debe elevarse hasta la suma de $320.000, puesto que ello se ajusta a valores más equitativos.

Cabe precisar que esta suma no comprende la cantidad de $15.200 reconocida por asistencia psicológica que debe ser confirmado toda vez que la demandada no cuestiona los parámetros utilizados por el magistrado que remiten al informe pericial médico (cfr. fs. 685/685 vta).

7) En cuanto a la remodelación del hogar y el traslado estimo conveniente recordar que el resarcimiento en los casos de discapacidad implica el deber de sistematizar los costos que regularmente suscita su incapacidad (cfr. Sala 3, doctrina citada en la causa 9518/00 del 24/02/05).

En orden a proveer una indemnización integral surge la necesidad de otorgarle un espacio confortable y que se adapte a sus necesidades actuales. Como estableció el juez a quo, la persona inválida al desplazarse en silla de ruedas, requiere aberturas, instalaciones y alturas especiales. En el sublite no surge ni el quantum, ni en qué consistirían las reparaciones del hogar, lo que dificulta la cuantificación del monto de la condena.

Así, me encuentro en el supuesto en que está probado el daño, pero no su extensión ni su costo. Por ello, a fin de determinarlo abordaré el tema desde la óptica general, teniendo en cuenta las fotografías obrantes a fs. 96 a 115, el informe ambiental (fs. 297/301) y la pericia médica (fs. 677/686) entiendo que la indemnización debe elevarse hasta la suma de $100.000.

8) Siguiendo este orden de ideas, respecto al traslado, surge de las constancias de la causa, así como de la pericia médica y el informe ambiental anteriormente citados, la necesidad de S. de ser trasladada. Según lo prescripto en la pericia médica (cfr. fs. 683, punto h) que no ha sido cuestionado por la demandada (cfr. fs. 703), ella debe asistir a centros médicos, de rehabilitación, tratamiento psicológico, entre otros, por lo que considero prudente arbitrarle los medios necesarios a tal fin. En este aspecto, coincido con lo dispuesto por el juez a quo en cuanto a la dificultad en que se encuentran las personas minusválidas para desplazarse por esta ciudad y también en cuanto al monto reconocido al efecto. Sin embargo, disiento en la necesidad de comprar un vehículo. En este punto, le asiste razón a la demandada en cuanto establece que no se encuentra probado que las actoras poseyeran un vehículo con anterioridad ni que hubiesen sido privadas de éste (cfr. fs. 1045). En síntesis, quedara a criterio de la actora si emplea el dinero en la compra de un vehículo o si la utiliza para el pago de los traslados de manera individual.

9) Por último, la actora solicita que el caso sea encuadrado dentro de la excepción del artículo 18 de la ley 25.344, para evitar la previsión presupuestaria (cfr. art 22 de la ley 23.982 y art. 132 de la ley 11.672).

Cabe recordar, en primer término, que los supuestos en los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado justificada la excepción, se ha referido a damnificados, víctimas de incapacidad importante, quienes, por su situación, requerían disponer en forma inmediata del dinero del resarcimiento a fin de detener el proceso de degradación física o psíquica a través de la rehabilitación oportuna (cfr. Fallos 318:1593 "Escobar", 327:2551 "Petrelli, citadas por esta Sala en las causas 13.585/02 del 19/06/07 y 16.224/03 del 2/08/11).

Teniendo en cuenta las excepcionales circunstancias que presenta el caso, y el estado de desamparo e indigencia en el que vive la actora, considero que se debe privilegiar, por sobre las normas presupuestarias, el derecho a la salud y la vida de Soledad, respecto del cual la Corte Suprema ha señalado que es el primer derecho de la persona garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a nuestra legislación (cfr. Sala 3 causa 1174/97 del 14/11/07, Fallos 323:3229 y 324:3569).

Por ello, se debe hacer lugar al agravio de la actora, excluyendo la totalidad del crédito que le corresponde a la damnificada S. S. G. -capital e intereses- de la prevision presupuestaria. Esta suma deberá ser cancelada dentro del plazo de treinta días desde la notificacion del presente pronunciamiento. Por el contrario, las razones apuntadas sirven para fundar que el crédito de la madre debe sujetarse a las reglas generales sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado Nacional (cfr. Sala 3, causa 9518/00 anteriormente citada).

De conformidad con lo expuesto, voto por: a) Confirmar el monto establecido por daño material, al econtrarse consentido por la actora y haber sido declarado desierto el recurso de la demandada en este aspecto; b) Modificar parcialmente la sentencia en cuanto al monto reconocido por el daño moral y la reparacion de la vivienda que habita; c) Declarar la inaplicabilidad del art. 22 de la ley 23.982 sólo en cuanto al crédito de S. S. G.. Las costas correrán a cargo de la demandada en atención al resultado de los recursos interpuestos (cfr. art. 68 del Código Procesal) La doctora María Susana Najurieta adhiere al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: a) Confirmar el monto establecido por daño material, al encontrarse consentido por la actora y haber sido declarado desierto el recurso de la demandada en este aspecto; b) Modificar parcialmente la sentencia en cuanto al monto reconocido por el daño moral y la reparación de la vivienda que habita; y c) Declarar la inaplicabilidad del art. 22 de la ley 23.982 sólo en cuanto al crédito de S. S. G.. Las costas correrán a cargo de la demandada vencida.

Pasen los autos a resolver la materia de honorarios.

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

Regístrese y notifíquese.

Francisco de las Carreras-María Susana Najurieta