Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-04


SENT Nro. 852 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 04 de Noviembre de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el síndico de la quiebra actora en autos: "Bolsa de Comercio de Tucumán S.A. s/Quiebra vs. Fernández Doña Manuel s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal, el recurso de casación deducido por el síndico de la quiebra actora contra la sentencia del 27/3/2002 dictada por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de la Capital, que revoca la de primera instancia del 17/4/2001.

El recurso fue declarado admisible provisionalmente por sentencia de esta Corte del 14/02/2003; al sustentarse el recurso en el dictado de sentencias con fundamentos contradictorios por parte de la misma Sala, y estando cuestionados los principios constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio, corresponde la admisión definitiva del recurso.

En su memorial de fs. 375/389 la recurrente aduce que se ha interpretado erróneamente el art. 298 procesal, a la par que reprocha la violación de los arts. 184, 216 y 188, 2° párrafo del digesto procesal, y del art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los arts. 18 CN, 28 C. Provincial, y 34, 272 y 273, incs. 5 y 6 del CPCC. Obra responde de la demandada a fs. 394/395.

2. En relación a la aplicación del art. 188, 2° párrafo, CPCC, se debe precisar lo siguiente. Por una parte, no resulta procedente la exigencia del tribunal de alzada de que una de las partes deba intimar a la otra a que deposite el importe de las costas. Tal carga procesal no viene impuesta por la ley y el tribunal no puede crearla arbitrariamente. Tampoco es acertada la afirmación de la Sala sentenciante de que el demandado no hubiera opuesto un incidente, toda vez que la oposición de la excepción de defecto legal importa la promoción de un incidente autónomo nominado.

La razón por la que en la especie no procede la aplicación de esa norma es otra. En efecto, el precepto supone como antecedente de aplicación que quien promueve un incidente, hubiera sido vencido con costas en otro deducido con anterioridad.

En autos, al excepcionar de defecto legal el demandado formalizó un primer incidente. Pero de ese incidente no debe costas a la contraria, en razón de que la excepción no alcanzó a sustanciarse con la accionante, sino que antes de su traslado, ésta opuso la perención. Por lo tanto, no hubo actuación específica alguna por parte de la demandante en relación al fondo de la excepción, de allí que, aun cuando las costas de la excepción perimida resulten a cargo de la accionada, por expresa disposición del art. 219 CPCC, lo cierto es que al no existir actuación concreta de la actora vinculada a su contradicción, no se devengaron costas referidas a la misma.

En orden al agravio referido a la interpretación del art. 298 y a la inobservancia de los arts. 184 y 216 del CPCC, no se puede compartir la afirmación de la recurrente de que la excepción no se resolvió. Es que el instituto de la caducidad de la instancia es precisamente un modo anormal de conclusión del proceso (en este caso incidental), como la define la generalidad de la doctrina clásica, o, también como un modo diferente de terminación del proceso, como quizás con mayor rigor corresponda calificar. Al declarase la caducidad de la instancia abierta con la oposición de la excepción dilatoria, esta concluye de ese modo, es decir, ha sido resuelta, quedando sin efecto la relación procesal incidental que se introdujo con la excepción. La recurrente confundió la resolución de la excepción con su efecto, por lo que su agravio es improcedente.

Resuelta la excepción del modo expuesto, la demanda debe contestarse dentro los nueve días contados desde la notificación de la reapertura del término al demandado, conforme lo establece el art. 298, que es el que puntualmente rige el caso, y no el art. 184 CPCC como pretende la recurrente. Se requiere una providencia expresa de reapertura del término, la que en el sublite todavía no se ha dictado. En consecuencia, también se desestima este agravio.

Las alegaciones referidas a la violación del art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los arts. 18 CN, 28 C. Provincial, y 34, 272 y 273, incs. 5 y 6 del CPCC, tal como están formuladas no constituyen agravios en sentido técnico al no concretarse al tema puntual del planteo de nulidad que era el centro de debate, máxime que la parte siempre tuvo a su disposición los remedios procesales para neutralizar las situaciones que expone.

En consecuencia, se desestima el recurso de casación, costas a la recurrente vencida (arts. 106 y 108 CPCC).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR, con costas a la recurrente y pérdida de depósito, el recurso de casación deducido por el síndico de la quiebra actora contra la sentencia del 27/3/2002 dictada por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de la Capital..

II.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA