Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-24


Salta, 24 de Febrero de 2.014.

Y VISTOS estos autos caratulados "GOYTIA, María Paula vs. PROVINCIA DE SALTA - Adquisición del dominio por prescripción", Expte. nº 323.505/2.010 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 9ª Nominación (Expediente CAM 400.424/2.012 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial) y, CONSIDERANDO:

El Dr. Mario Ricardo D'Jallad dijo:

1) La sentencia dictada a fs. 147/150 hizo lugar a la demanda deducida, declaró adquirido el dominio de los inmuebles matrícula 870 y 871, Finca Los Chañares, localidad de Payogastilla, Departamento San Carlos, con las superficies y límites que dan cuenta la escritura pública nº 116. Disconforme con la misma, la Provincia de Salta interpuso recurso ordinario de apelación a fs. 151. Concedido que le fuera, expresa agravios a fs. 162/171, donde califica al fallo de arbitrario por haber prescindido de prueba y ser contrario a la ley. Manifiesta que no logró la actora acreditar sus aseveraciones. Como primer agravio esgrime la falta de acreditación del inicio de la posesión. Que solo se puede tomar como tal el año 2.005.

Como segundo agravio afirma la ausencia de prueba, pues la sentencia efectúa un análisis teórico de actos posesorios. La falta de identificación del objeto de la demanda, es el tercer agravio. Al respecto señala que el plano de mensura nº 00546 arroja una superficie de 158 Has. 9407 m2, mientras que la superficie consignada en las escrituras acompañadas como prueba difieren, al igual que los linderos. Sostiene como cuarto agravio la escasa prueba documental, pues de la acompañada, dice, no se acreditan actos posesorios. Que solo se acompañaron tres boletas de Edesa. No demostraron el pago en forma ininterrumpida.

Como quinto agravio sostiene el valor otorgado a la prueba testimonial y a la inspección ocular. Que no existen pericias acerca de la antigüedad de las mejoras. Las testimoniales son similares y afirman sin más que el actor sería el propietario. Que ni la Señora Goytia ni el Sr. Juan Macedo viven en los inmuebles. Por todo ello pide la Provincia se revoque el fallo apelado.

A fs. 175/180 se halla agregada la contestación, por la actora, de los agravios vertidos por la Provincia. Afirma haber reunido la posesión de su antecesor (art. 4005 del C.C.) lo que sucedió con ausencia de vicios, sin interrupciones, procediendo de la anterior. Afirma que la escritura nº 909, presentada en original da cuenta que el día 30 de diciembre de 1955 Doña Buenaventura Villagra de Cardozo; Gregoria, Francisca, María Agustina y Sabino Cardozo cedieron a favor del Sr. Andrés Segundo Rivadaneira, todos los derechos y acciones posesorios ejercidos desde hacían 30 años sobre el inmueble matrícula nº 871. A su vez bajo escritura nº 410 de fecha 29 de octubre de 1960 los Señores Federico Eloy, Gualberto, Martín y Victoria Cardozo cedieron los derechos y acciones sobre Finca Los Chañares, matrícula nº 870. Respondiendo al segundo agravio, refiere a la escritura nº 111 de fecha 2 de Octubre de 1998, y a la nº 116 de fecha doce de setiembre de 2.005, en las cuales se hizo debida referencia a las posesiones ejercidas. Que el Señor Corregidor, que vive en la finca desde el año 1972 reconocía como propietario al Sr. Andrés Segundo Rivadeneyra, quien al fallecer, su hijo Héctor continuó en la cosa.

Que se efectuaron mejoras (casa de dos piezas, galería, paredes y techos), a las que se agregaron dos nuevas piezas, techo de caña y barro, baño de primera. Respecto a la falta de identificación de la cosa objeto de demanda definida en el plano de mensura y las superficies que dan cuenta las escrituras -tercer agravio- señala que la sentencia acogió la demanda con la superficie y límites determinados en las escrituras. Refiere respondiendo al cuarto agravio a la prueba documental, la que dice, solo fue desconocida en forma genérica. Seguidamente -quinto agravio- efectúa consideraciones acerca de la prueba testimonial y la inspección ocular. En base a todo lo expuesto pide el rechazo de la apelación.

La Señora Fiscal de Cámara, se pronuncia a fs.184/185 por la confirmación de la sentencia recurrida por la Provincia._ A fs. 185/186 la actora presenta croquis de ubicación de finca Los Chañares, confeccionado por el Ingeniero Ramón García, matrícula nº 3156 que precisa los alcances del fallo de primera instancia.

2) Contrariamente a lo sostenido por la actora a fs. 175, donde pide se declare desierto el recurso, por carecer de fundamentación los agravios vertidos por la Dra. María de la Paz Saravia Araoz, abogada de la Fiscalía de Estado, el memorial formulado por la misma, es sumamente sólido, muy bien elaborado, desarrolla en forma puntual y de modo concreto sus agravios. Es necesario poner de resalto, por ello, que se trata de una presentación que en modo alguno no abastece los recaudos del artículo 255 del código procesal. Cumplió acabadamente su cometido la representante de Fiscalía.

Analizando la cuestión venida en apelación es del caso señalar, que dado que no se trata de bienes del dominio público (artículo 2340 del código civil), las fracciones matrículas nº 870 y 871, Payogastilla, Departamento San Carlos, de nuestra Provincia, sino de bienes privados (artículo 2342, inciso 1, C.C.) es posible intentar prescribir tales cosas.

Así lo sostuvo el más Alto Tribunal de la Nación, al expresar que "a los efectos de la prescripción adquisitiva, el Tribunal debe examinar las constancias de la causa si el bien que se pretende usucapir pertenece al dominio privado del Estado -en el caso de la Provincia de Corrientes- y no al dominio público, pues constituye una distinción necesaria para determinar la posibilidad de que aquel pueda ser adquirido por prescripción" (C.S.J.N., Gauna vs. Pcia. De Corrientes, L.L.2.000-E- 474, D.J. 2.000-3-513).

Sentado ello y "debido al carácter excepcional que reviste la adquisición del dominio por el medio previsto en el artículo 2.524, inc. 7° del Código Civil (artículo 4.015 del mismo) la realización de los actos comprendidos en su artículo 2.373 y el constante ejercicio de esa posesión, debe efectuarse de manera insospechable, clara y convincente" (C.S.J.N. 15/06/1978, Fallos 300:651). Es lo que se hará en el presente caso.

Tal como se afirma en la sentencia apelada, los actores mediante prueba documental, testimonial, de informes, logran probar los hechos por ellos invocados. Concretamente la posesión ejercida por los Señores Cardozo, Rivadeneyra sobre el catastro nº 871 desde el año 1955, fecha de la escritura nº 909, lo fue de forma continuada, ininterrumpida. Igual afirmación se puede efectuar respecto del catastro nº 870, por parte de los Señores Cardozo, y Andrés S. Rivadeneyra, desde el año 1960, fecha de la escritura nº 410. Sucesor de esas posesiones resultan ser los actores de autos._ Al respecto es criterio sentado de esta Sala, que."Debe aplicarse a la de desalojo el mismo criterio jurídico que se ha impuesto en la acción reivindicatoria; si en esta el actor puede invocar la posesión de sus antecesores y en casos en que actúa contra pretensos poseedores, no resulta justo que no lo pueda hacer cuando se trata de la acción de desahucio, resultando aplicable la doctrina que, fundándose en el principio del procurador in remsuan ha permitido que el comprador a quien no se hizo tradición de la cosa, pueda ejercitar todos los derechos que podía hacer valer su vendedor, en orden a lo dispuesto por los artículos 1.198, 2.578 y 3.267 del Código Civil" (C. 2° C.C. La Plata, sala III, marzo 4/982, Lapiana Francisco c. Cuervo Carlos y otro, DJBA. 122-385).

En el orden local, la Sala III, de esta Cámara de Apelaciones, en tomo 1989, pág.17 (Canevari vs. Zeitune) sostuvo que "el artículo 2.578 y concordantes del código civil, no se opone a la aplicación del artículo 2.790 en el caso de que el reivindicante pudiera invocar a su favor títulos de dominio anteriores a la posesión del reivindicante aun cuando no probare la existencia de su propia posesión, pues de acuerdo a la doctrina que informa el último artículo citado y que corrobora el artículo 4.003 del C.C. debe presumirse que los antecedentes del reivindicante tuvieron la posesión de la cosa reivindicada desde la fecha de su título y eso basta para que como su sucesor pueda ampararse en el derecho que a estos hubiera correspondido para reivindicar el bien adquirido (S.C. Bs.As., E.D.87:712, y 486). Aun cuando los reivindicantes no hayan recibido nunca la tradición del bien, ello no obsta para ejercitar la acción, pues pueden invocar la de antecesor en el dominio, sobre todo cuando presentan que se remontan a muchos años atrás y sin que los demandados hubieran probado haber poseído con anterioridad (Rep. E.D. 15:887).

Aun cuando el actor no haya recibido la tradición de la fracción de terreno ocupada por el demandado, no hay dudas que le asiste el derecho a reivindicar la misma en virtud de la transmisión de los derechos del vendedor que implica la venta realizada, que es el criterio imperante en la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia interpretativa de los artículos 2.758 y 2772 del código civil, no obstante, como lo señala el recurrente, el criterio en contrario de Salvat (Peña Guzmán, Derechos Reales, TEA. 1973, tomo III, págs.636/640; L.L. 1989-A-106)._ Está probado, que los actores tienen la posesión y ocupan en forma pacífica y de modo público, las partes de superficies descriptas en la escritura nº 116. De allí que el nexo entre el sujeto (los actores) y la cosa inmueble, se verifica con la ocupación actual (Artículos 2.382 y 2.384 del Código Civil)._ Respecto a la prueba testimonial, la similitud de las respuestas (ver fs. 168) de las Señoras y Señores Manuela Isabel Corregidor (fs. 107); Francisco Corregidor (fs. 107 vta.); Miguel Abel Cisneros (fs. 108); Darío Omar Corregidor (fs. 108) no quita valor a las mismas, las que fueron prestadas ante el Señor Juez de Paz de San Carlos, quien evidentemente se limitó al pliego. Son testimonios de personas que son agricultores, jornaleros, ama de casa, no por ello, menos veraces. En todo caso, las personas que viven en ese ámbito tienen un apego a la verdad, muchas veces, mayor que el hombre de ciudad. Todos fueron impuestos de la pena del falso testimonio. Los testimonios coinciden con las escrituras públicas presentadas. Dan clara cuenta de las mejoras efectuadas por los actores (dos piezas, un baño de primera, cámara séptica, pozo ciego, plantaciones de viñedos, perales y manzanares, durazneros)._ La inspección ocular realizada por el Señor Juez de Paz de San Carlos, Señor Leonardo S. Guaimás, agregada a fs. 97, da cuenta de quienes ocupan los inmuebles, mejoras efectuadas, que tienen luz eléctrica y agua. Sin bien algo escueta el acta, no por ello, carente de veracidad. Es coincidente con los testimonios.

3) Respecto a la falta de identificación de la cosa alegada por la Provincia, la sentencia apelada es clara al respecto. Declara adquiridos por los actores los inmuebles matrículas 870 y 871 con las superficies y límites que dan cuenta la escritura pública nº 116 . El croquis agregado a fs. 185, precisa "o vuelca" en el terreno con claridad, los límites detallados en la escritura recién aludida.

Al respecto la Sala III de esta Cámara hubo de dictar sentencia en caso que presenta similitud con el de autos y ese Tribunal precisó en relación a la "exigencia del plano de mensura del inmueble, suscripto por profesional autorizado y aprobado por la Oficina técnica respectiva, que lo que se pretende con tal exigencia, es que suministre los más precisos datos sobre ubicación, medidas y linderos del predio que será objeto del pleito, facilitando así la labor del juez en el momento de dictar sentencia (Peña Guzmán, Derechos Reales, Astrea 1973, tomo II, pág. 263); lo que exige la norma del artículo 24 de la ley 14.159 es la mensura del terreno para que sea fiel reflejo de la relatividad física del inmueble (Levitán: Prescripción adquisitiva de dominio, año 1971, pág. 129; Morello Augusto M., Proceso de Usucapión, Abeledo Perrot, 1960, pág. 51). En síntesis el requisito del plano de mensura hace a la precisa individualización del bien, C. Apel. Sala III, año 1.992:561." (C. Apel. Sala III, Año 2.002:1.024, in re: Huanuco vs. Aredez, Expte. Cam 55.892/02).

4) En las condiciones analizadas, la sentencia apelada no puede ser revocada, debiendo rechazarse el recurso deducido por la Provincia, que tiene el deber legal de oponerse a la pretensión deducida, actitud que realiza al amparo del artículo 356 inc. 1° del código procesal. Resulta inimaginable siquiera, que pudiera allanarse frente a una demanda de esta naturaleza "debido al carácter excepcional que reviste la adquisición del dominio por el medio previsto en el artículo 2.524, inc. 7° del Código Civil (artículo 4.015 del mismo) la realización de los actos comprendidos en su artículo 2.373 y el constante ejercicio de esa posesión, debe efectuarse de manera insospechable, clara y convincente" (C.S.J.N. 15/06/1978, Fallos 300:651). No existe espacio, resquicio legal que pudiera autorizar asumir un allanamiento in límine litis, cuando la acción por posesión se dirige contra la Provincia de Salta. Igual deber recae sobre el Procurador Fiscal de recurrir fallos de primera instancia, lo que hizo correctamente la Dra. Saravia Araoz.

5) Y en cuanto a las costas, no rige sin más, en estos procesos puntuales de adquisición del dominio por prescripción lo prescripto por el artículo 67 del C.P.C.C. Las mismas deben imponerse en el orden causado tal como hizo la Jueza de la anterior instancia, como lo señalan los Dres. Loutayf Ranea y Montalbetti de Marinaro, Código Procesal Anotado, tomo V, pág. 331, en la causa Olivera vs. Provincia de Salta, fallo dictado por la Sala Tercera de esta Cámara en fecha 26 de marzo de 1986. Criterio reiterado por esa misma Sala en los autos "Rebollo, Stahel vs. Provincia de Salta" adquisición del dominio por prescripción en fecha 29 de marzo de 2.005.

El Dr. Oscar Gustavo Koehle dijo: que por sus fundamentos y conclusiones, se adhiere al voto que antecede.

Por ello, LA SALA V DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL NO HACE LUGAR al recurso interpuesto a fs. 151 por la Provincia de Salta en contra de la sentencia de fs. 147/150, por ello CONFIRMA la misma, con COSTAS por su orden.

DISPONE se registre, notifique y baje.