Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-12


SENT Nro. 38 San Miguel de Tucumán, 12 DE FEBRERO de 2003.- Y VISTO: El recurso de revocatoria incoado por el letrado apoderado del co-demandado Raúl Givogri en autos: "Banco del Suquía S.A. vs. Givogri Raúl A. y otros s/Embargos preventivos - Incidente de revocatoria interpuesto por la co-demandada-"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de revocatoria interpuesto por el letrado apoderado del co-demandado Raúl A. Givogri en quien unifican personería los demás codemandados, contra la providencia de esta Corte Suprema de fecha 17/10/2002.

II.- La providencia atacada ordena devolver el escrito presentado por el recurrente, habiéndose sustanciado el recurso de casación interpuesto por la misma, y atento al estado procesal de autos. El recurrente solicita se la revoque en razón de que la memoria presentada conforme al art. 821 del CPCC, según su criterio, es procedente. Fundamenta tal tesitura en que, en primer lugar, a contrario de lo que dispone el decreto que ataca, el recurso de casación no se sustanció. Expresa que sustanciar significa conducir un asunto o juicio por la vía procesal adecuada hasta ponerlo en estado de sentencia y que se advierte en autos que el recurso fue abierto primeramente por la Cámara de Apelaciones y la cédula del 03/10/2002 recién notifica el autos para sentencia por lo que la presentación de la Memoria fue realizada dentro del plazo legal, antes que se sustanciara el recurso.

Manifiesta que es principio aceptado que todo lo que no está prohibido está permitido y que, no siendo la presentación de memoria un acto prohibido estaría tácitamente permitido, tanto más cuanto que hace al debido proceso legal y defensa en juicio y no se viola la igualdad de las partes ya que la memoria es un resumen del memorial de casación que no introduce cuestión alguna distinta a la ya planteada, inclusive beneficia a la decisión de la causa.

Presenta copia simple de una página del CPCC y sostiene que surge plausible de la llamada nro. 77 del mismo la facultad de su parte de presentar memoria del recurso.

Por último recuerda el deber legal de los jueces de administrar justicia, sin que pueda negarse a ello so pretexto de silencio, oscuridad e insuficiencia.

Solicita vista al Ministerio Fiscal y la revocación por contrario imperio del decreto atacado, sin sustanciación.

III.- Entrando en el análisis de la cuestión traída a resolución, cabe expresar que el trámite dado al recurso de casación es el que emana del digesto procesal civil y comercial de la Pcia. (arts. 816, 822 y ccdtes.). En este sentido, se presentó el recurso; se dio traslado a las partes intervinientes; se concedió por Cámara el mismo y se lo elevó a esta Corte Suprema. Radicados en ella los autos, se decreta el autos para sentencia. Con posterioridad se presenta la memoria que se intenta incorporar al proceso (fs. 325 vta.).

Habiéndose otorgado el trámite de ley, el decreto atacado debe mantenerse en tanto los argumentos que sostienen el recurso interpuesto no llegan a conmoverlo. En efecto, en primer lugar, el recurrente pretende introducir una memoria del recurso extraordinario con invocación a "la llamada 77" de la copia simple del CPCC que acompaña, la que lo facultaría para ello. Esta "llamada" alude a la nota al artículo 821 que contiene la normativa antes vigente que sí preveía la presentación de una memoria sobre el recurso. Es decir que lo que intenta el impugnante es que se imprima al medio impugnativo extraordinario local un trámite anterior, un procedimiento ya derogado lo que, como es obvio, resulta absolutamente inadmisible.

En segundo lugar, la defensa en juicio y el debido proceso legal que alega, están debidamente resguardados con el trámite conforme a la ley que se dio al recurso de casación, no pudiendo predicarse lo mismo del principio de igualdad si se introdujera la memoria por él presentada. De otra parte, si, como él mismo lo reconoce, la memoria no introduce cuestión distinta a la presentada por el recurso que impetra y es sólo un resumen del mismo, no se advierte en dónde radicaría el interés de parte que dé sustento al presente recurso de revocatoria ya que todo medio impugnativo debe basarse en interés legítimo.

En cuanto al "principio aceptado en derecho que lo que no está prohibido está permitido" corresponde expresar que la aplicación que de él pretende hacer el recurrente supone su desinteligencia, una errónea hermenéutica del mismo. En efecto, en autos no está prohibido expresamente la presentación de escritos judiciales; mas el trámite del recurso extraordinario de la casación -que de ello se trata- está expresamente reglado y, con ello, no sujeto a cualquier tipo de "permisión" o facultad. Así, el sistema de administración de justicia, para cumplir su finalidad, se estructura en diversas clases de procesos que permiten que el Poder Judicial cumpla aquella función. De allí que el que accede a la Justicia se somete a las reglas de procedimiento que dan marco a esta función en aras del fiel cumplimiento de la misma; esas normas regulan por dónde se debe transitar y el modo de hacerlo a fin de lograr la justicia del caso concreto. Quien recurre a la Justicia debe someterse a plazos, a requisitos formales e, incluso eventualmente, a decisiones adversas y ello supone límites necesarios a la libre voluntad de partes. Sin estos cauces necesarios que dan forma al sendero de Justicia, el sistema -su estructura- no podría cumplir esta excelsa misión. Por ello, no puede interpretarse válidamente que los litigantes puedan, por propia voluntad, crear el trámite que consideren pertinente o pretender la aplicación de otros ya derogados, por la simple razón de que no están facultados para crear normas procesales;

ni, al menos en la especie, para generar su propio procedimiento. Tampoco el principio dispositivo autoriza tamaña conclusión. De allí que no corresponda hacer ingresar escritos presentados con posterioridad al llamado de autos para sentencia ni aún en aras del principio mentado (si no está prohibido, está permitido), por cuanto, en el sub lite, de acuerdo al estado de la causa, lo único que falta es el dictado de sentencia, toda vez que, habiéndose tramitado conforme a derecho el recurso de casación, no restaba ningún otro paso a fin de la conclusión del trámite para colocar la causa en estado de sentenciarse.

Por último, el argumento que refiere a que el juez no puede dejar de juzgar, no resiste el menor análisis. Ello por cuanto, en tanto el rechazo de un escrito no puede interpretarse como un "non liquet", toda vez que lo que debe juzgarse es el recurso de casación interpuesto.

En conclusión, el trámite de autos se ajusta a derecho, sin que se verifique la concurrencia de alguna razón que motive la revocatoria por contrario imperio de la providencia en embate. El pedido de que se incorpore una memoria del recurso tentado, estando pendiente de resolver el recurso extraordinario impetrado por la misma parte, es manifiestamente improcedente atento al estado de la misma; y lo peticionado tampoco resulta de texto legal alguno.

Por ello, y encontrándose excusado el señor vocal doctor Antonio Gandur, se R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria planteado por el letrado apoderado de los demandados contra la providencia de esta Corte Suprema de fecha 17/10/2002, con costas.

II.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO RENE MARIO GOANE