Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-08-28


ACUERDO Nro. 23/2008:

En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil ocho, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia del subrogante legal, Dr. EDUARDO FELIPE CIA, integrado por los señores Vocales subrogantes Dres. ALEJANDRO T. GAVENET, HÉCTOR O. DEDOMINICHI, HÉCTOR G. RIMARO y RICHARD W. TRINCHERI, con la intervención del señor Secretario de la Secretaría Penal Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos caratulados "F.,O.R s/ Fraude en Perjuicio de la Administración Pública Agravada por su calidad de Funcionario Público en concurso real con Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público - G.,R.D s/ Fraude en perjuicio de la Administración Pública -L.S., J.C - G.,J.H - T.,H.L - V.,J - B.,J.H - P.S.,J.A - D.,R.J - T.,M.S - L.,H.J s/ Fraude en Perjuicio de la Administración Pública en calidad de partícipes primarios" (expte. n° 325 - año 2005) del Registro de la mencionada Secretaría; se procedió a practicar la pertinente desinsaculación, resultando que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dr. Dr. Eduardo F. Cia; Dr. Alejandro T. Gavernet; Dr. Héctor O. Dedominichi; Dr. Héctor G. Rimaro y Dr. Richard W. Trincheri.

ANTECEDENTES: La Cámara en lo Criminal Primera de esta ciudad, por auto interlocutorio n° 172/05, prorrogó por única vez y por el término de dos años el cumplimiento de las reglas de conducta que le fueran impuestas al condenado R.D.G., mediante sentencia n° 99/99. En contra de esta resolución, el letrado de confianza, planteó oportunamente su nulidad (fs. 2129/2132 vta.).

En contra de la resolución n° 405/05, dictada por ese mismo tribunal de juicio, que rechazó aquella presentación (fs. 2138 y vta.), esa misma parte dedujo recurso de casación (fs. 2141/2152 vta.).

Este último recurso fue declarado parcialmente admisible por resolución interlocutoria N° 139/2007 de este Tribunal Superior de Justicia (fs. 2165/2167 vta.).

Por aplicación de la ley 2153 de reformas del Código Procesal (ley 1677), y lo dispuesto en el art. 424 párrafo 2° del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, el recurrente no hizo uso de la facultad allí acordada, por lo que a fs. 2190 se produjo el llamado de autos para sentencia.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito, el Tribunal se plantea las siguientes CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión el Dr. EDUARDO F. CIA, dijo: Como surge de los antecedentes transcritos, la Cámara en lo Criminal Primera de esta Circunscripción Judicial resolvió, en el auto interlocutorio luciente a fs. 2120 y vta., prorrogar por dos años las reglas de conducta del condenado R.D.G.; ello al solo efecto de que cumpla con las tareas no remuneradas a favor del Estado previstas en la sentencia (cfr. punto II de dicho auto).

Contra este pronunciamiento la Defensa opuso un planteo de nulidad, cuya sustanciación y posterior rechazo por parte de aquel tribunal de instancia, dio lugar al planteo de casación bajo análisis.

Las objeciones de la parte se circunscribieron, por un lado, al alegado vicio de actividad que importaría -en su concepto- la prórroga de las pautas compromisorias del artículo 27 bis del C.P. sin la celebración de una audiencia previa con el condenado; y por el otro, la omisión del tribunal a-quo de expedirse sobre la eventual prescripción de la pena ya que, como recuerda el recurrente (con cita a pacífica jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación), ella debe ser declarada aún de oficio y en cualquier instancia del proceso, atento su carácter de orden público. Desarrollando -en ocasión de deducir la nulidad- las razones que, a su ver, llevarían a declarar dicha prescripción.

Es precisamente el último de sus embates el que encontró acogimiento formal en esta instancia (cfr. nuevamente fs. 2165/2167 vta.).

II.- Que luego de realizado un análisis del recurso, la resolución censurada y las constancias del legajo que se vinculan con el motivo casatorio invocado por la defensa, soy de opinión - y así lo propongo al Acuerdo - que, la casación deducida, debe ser declarada procedente. Doy mis razones:

El hilo argumentativo que lleva a la solución que propicio me lleva necesariamente a repasar ciertas constancias del proceso que, entiendo, son importantes destacar. Veamos:

a) Con fecha 6 de diciembre de 1999, la Cámara Criminal Primera dictó la sentencia n° 99/1999 que condenó a R.D.G., como autor materialmente responsable del delito de fraude a la administración pública (arts. 174 inc. 5° en función del art. 172 del C.P.), fijándole la pena de tres años de prisión en forma condicional y estableciendo como reglas de conducta las previstas en los incisos 1° y 8° del art. 27 bis del C.P., más las costas del proceso (cfr. fs. 1816/1866 vta.).

b) Contra dicha pieza sentencial la defensa interpuso un recurso de casación, cuya inadmisión formal provocó la preparación del respectivo recurso extraordinario federal, el cual fue declarado inadmisible por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 18 de diciembre de 2002 (cfr. fs. 1923/1938, 1994/2005, 2009/2030 y 2061).

c) Recibidos los autos en el tribunal de origen, el entonces Presidente de la Cámara ordenó -con fecha 26 de marzo del 2003- efectivizar en lo pertinente la parte dispositiva del fallo, en los siguientes términos: "(.) intímese al condenado R.D.G., al pago de las costas procesales y hágasele saber que deberá comenzar a cumplir las reglas de conducta impuestas en el punto XI de la sentencia recaída en autos a partir de su notificación, debiendo presentarse en el Patronato de Liberados y Excarcelados de la ciudad de La Plata -Pcia. de Buenos Aires-. A fines de la correspondiente notificación, líbrese exhorto al Juzgado de Garantías a cargo de la Secretaría de Exhortos Penales de la ciudad de La Plata -Pcia. de Buenos Aires-." (cfr. fs. 2067).

d) Precisamente, para el cumplimiento de las tareas no remuneradas, el 8 de abril del 2003, se libró el oficio n° 930/03 (del registro de la Cámara) al señor Juez de Garantías a cargo de la Secretaría de Exhortos Penales (cfr. copia glosada a fs. 2072 y su correlato con el adelanto fax de fs. 2098, así como su original de fs. 2102), en el cual se requería la notificación al encartado para: a) proceder al pago de las costas procesales; y b) comenzar a cumplir las reglas de conducta impuestas en el punto XI de la sentencia recaída en autos a partir de su notificación. Concretamente, labores en un promedio de doce horas mensuales en instituciones del Estado o de bien público y que no se relacionen con su rol de abogado, debiéndose presentar a tales fines en el Patronato de Liberados y Excarcelados de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

e) Notificado de ello el prevenido (cfr. fs. 2.112), éste hizo su presentación en el Patronato de Liberados bonaerense el 6 de agosto del 2003, circunstancia inmediatamente informada al tribunal de juicio por este último organismo (cfr. fs. 2.116).

f) Una vez cumplida esta medida, la Cámara delegó en la Secretaría de Suspensión del Proceso a Prueba de esta ciudad el seguimiento y control sobre las condiciones impuestas (cfr. copia del oficio de fs. 2117).

g) Esta última registró dicho trámite bajo el legajo n° 2998, librando desde allí, entre otros oficios, el n° 2017 (datado el 10 de septiembre de 2003), dirigido al director del Patronato de Liberados Bonaerense, a los fines de que éste disponga la forma de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el tutelado G. (cfr. copia de fs. 56 del legajo acollarado).

h) Desde la Oficina local emanaron diversos requerimientos al Patronato de Liberados Bonaerense solicitando los informes bimestrales de estilo sobre el cumplimiento de las tareas comunitarias impuestas a G., y ya vencido el plazo de prueba, se reclamó el informe de situación final (cfr. fs. 58, 59, 61 y 123, todas del legajo).

i) Estos pedidos tuvieron correlato con las contestaciones que lucen a fs. 60, 62 y 126/7, notas éstas que mencionan exclusivamente las fechas en que se presentó G. a dicho Patronato (por ejemplo, los días 6 de agosto de 2003; 29 de septiembre de 2003; 13 de noviembre de 2003; 11 de febrero de 2004 y 30 de abril de 2004, cfr. fs. 62 del legajo anexo), agregando aseveraciones tales como: "se encuentra en conocimiento de sus obligaciones judiciales" (fs. 60); "el tutelado no se ha presentado regularmente, estando en conocimiento de sus obligaciones judiciales" (fs. 62) y (ya en el informe final): ".se procedió a visitar el domicilio del tutelado dado el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas judicialmente. En oportunidad de la visita el Sr. G. presentó tres (3) constancias de concurrencia a nuestra Delegación [.] ha realizado presentaciones en forma discontinua ante esta Delegación. Asimismo no ha presentado constancia de las tareas comunitarias impuestas judicialmente." (fs. 126/7). j) Finalmente, la Cámara Primera, advertida de todo ello, resolvió la prórroga del plazo, requiriendo del Patronato de Liberados que proceda, una vez más, a "realizar las gestiones tendientes a encontrar el lugar donde el condenado deberá cumplir con las tareas comunitarias impuestas." (fs. 2120 vta. del legajo principal), de lo cual el Patronato Bonaerense acusó recibo por nota del 8 de julio de 2005 (cfr. fs. 145 del legajo), aclarando que "se le informan [a G.] las obligaciones del tutelado y se lo cita a presentarse ante nuestra institución a fin de realizar la presentación mensual y la derivación de trabajos no remunerados a favor del Estado.".

Ahora bien, de esta evocación, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

Las presentaciones sucesivas exigidas a G. por el Patronato de Liberados Bonaerense (cuyo cumplimiento parcial comunicó) no formaban parte de las reglas de conducta impuestas por el tribunal sentenciador. Por el contrario, lo que requería cierta periodicidad era la práctica de los informes de situación de parte de aquella oficina de vigilancia penitenciaria; extremo incumplido por su situación de emergencia y falta de recursos humanos, tal como ésta expresamente lo admite a fs. 127.

En ninguno de sus informes consta que el Patronato pautara o acordara con G. el lugar, el horario y la frecuencia de las tareas comunitarias asignadas; tal como le correspondía hacerlo. Y sólo se le transmitió al tutelado (incorrectamente) una obligación de concurrencia periódica que nunca formó parte de las obligaciones impuestas por la sentencia condenatoria. Ese error se elucida, no sólo de aquellos informes ya mencionados, sino de la propia interrogación hecha al condenado sobre su presunta falta de cumplimiento, pues rondó exclusivamente en la discontinuidad de sus presentaciones al Patronato de Liberados Bonaerense (fs. 121 y vta. del legajo).

Recién este último organismo logró encauzar el requerimiento cuando la Cámara amplió en dos años más el plazo para la carga de las tareas no remuneradas a favor del Estado, ocasión en que se invitó a G. a acudir a aquella institución para realizar la derivación laboral pertinente, exigencia a la que se negó hasta tanto se resuelvan los recursos deducidos por su defensa (cfr. fs. 145 del legajo).

Todo ello me lleva a afirmar que si bien es cierto que el encartado no ha cumplido con aquel compromiso laboral a favor del Estado o de alguna institución de bien público, dicha situación no puede atribuírsele a su desinterés, pues estaba en cabeza del establecimiento con función rectora la coordinación y asignación de esas tareas; precisamente porque una de sus misiones es la de organizar y fiscalizar el tratamiento integral de los condenados condicionales y sus pautas compromisorias. Teniendo la posibilidad de acudir, en aras a esos fines, a sus registros de instituciones y organismos que demanden trabajadores y hacer uso de los convenios celebrados con ellos, o bien con las oficinas de empleo municipales, provinciales o nacionales.

En el sentido apuntado, ".las demoras en la ejecución de las medidas dispuestas por el tribunal no pueden imputarse en perjuicio del nombrado. Es decir, es el Estado el que debe realizar aquellas diligencias imprescindibles para el cumplimiento de las reglas de conducta, por lo que no resulta atinado postergar los plazos de supervisión cuando ello no resulta imputable al encartado sino que es una consecuencia de la deficiencia del sistema." (J.N. Ejec. Penal n° 3, 16-1-2000, "Z.,N.A., c. 2765/S, citado por Edgardo Alberto Donna, Javier Esteban de la Fuente, María Cecilia I. Maiza y Roxana Gabriela Piña en su obra "El Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia", Ed. Rubinzal Culzoni Editores, T. I., pág. 231).

Esta cuestión, cuya valoración podría haber tenido sustancial incidencia al momento de ordenar la prórroga de la mentada medida de control, fue obviada por el tribunal de instancia. En consecuencia, al haberse soslayado fundamentos que están íntimamente relacionados con la solución del caso, el auto que lo dispuso deviene nulo por falta de motivación (art. 106 del C.P.P. y C.).

No se me escapa que el recurso de casación fue deducido, en realidad, en contra de una resolución diferente a ésta (cfr. fs. 2138 y vta. y 2145/2152 vta.); sin embargo, tal como enseña la jurisprudencia del más Alto Tribunal Nacional, constituye una exigencia previa emanada de la función jurisdiccional el control preliminar -aún de oficio- de aspectos en los que se encuentra comprometido el orden público, en tanto la existencia de un vicio capaz de llevar a una nulidad absoluta no podría ser susceptible de convalidación (C.S.J.N., 320:854 y 329:4248, entre otros).

Este vicio, deslizado en la resolución a la que me vengo refiriendo, resulta extensible al auto denegatorio de fs. 2138 y vta. sobre el cual la parte centró su actividad recursiva (art. 155 del C.P.P. y C.).

Despejado ello, surge que la última diligencia jurisdiccional válida en este tópico resulta el decreto de Presidencia que tendió a hacer efectivas las medidas de control y de vigilancia ordenadas en el punto dispositivo XI de la sentencia, datado el 26 de marzo del 2003. Y desde esa fecha a la actualidad, ha transcurrido con holgura el máximo de la sanción impuesta (tres años), lo que conlleva inexorablemente a declarar la prescripción de la pena que tempranamente venía planteando la Defensa (art. 65 inc. 3° del C.P.).

En mérito de lo expuesto, considero haber demostrado la razón por la cual - y de acuerdo con lo anticipado - la casación deducida debe ser declarada sustancialmente procedente. Tal es mi voto. El Dr. ALEJANDRO T. GAVERNET, dijo: Adhiero al voto del señor Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

El Dr. HÉCTOR O. DEDOMINICHI, dijo: Que comparto la solución sustentada por el Vocal preopinante en primer término, atento los fundamentos dados a la presente cuestión. Mi voto.

El Dr. HÉCTOR G. RIMARO, dijo: Por compartir las conclusiones dadas por el señor Vocal que sufragara en primer término, adhiero a la solución que propicia. Así voto.

El Dr. RICHARD W. TRINCHERI, dijo: Que adhiero a los fundamentos precedentemente expuestos, por el señor Vocal que votara en primer término, por lo que emito mi voto en igual sentido. Así voto.

A la segunda cuestión el Dr. EDUARDO F. CIA, dijo: Atento al modo en que resolviera la cuestión precedente, propongo al Acuerdo: a) se declare la nulidad del auto interlocutorio n° 172/05 dictado por la Cámara en lo Criminal Primera por falta de motivación (artículos 238 Const. Prov., 106 y 149 del C.P.P. y C.) y, por su efecto expansivo, el pronunciamiento dictado por ese mismo tribunal a fs. 2138 y vta. (art. 155 C.P.P. y C.); b) declarar la prescripción de la pena (art. 65 inc. 3° del C.P.) y consecuentemente, dejar sin efecto todo tipo de prórroga al penado R.D.G., para el cumplimiento de las labores no rentadas fijadas oportunamente en la sentencia.

El Dr. ALEJANDRO T. GAVERNET, dijo: Comparto la conclusión sustentada por el Vocal preopinante, atento los fundamentos dados a la primera cuestión. Mi voto.

El Dr. HÉCTOR O. DEDOMINICHI, dijo: Por compartir la solución dada a esta segunda cuestión, por el Dr. Eduardo F. Cia, voto en igual sentido.

El Dr. HÉCTOR G. RIMARO, dijo: Atento los fundamentos propiciados a la primera cuestión planteada, comparto la solución dada por el señor Vocal de primer voto a esta segunda cuestión.

El Dr. RICHARD W. TRINCHERI, dijo: Atento la solución dada a la primera cuestión, me expido en idéntico sentido a la conclusión a que arriba el señor Vocal preopinante en primer término, a esta segunda cuestión.

A la tercera cuestión, el Dr. EDUARDO F. CIA, dijo: sin costas en esta instancia (art. 491 y 492, "a contrario sensu", del C.P.P. y C.). Mi voto.

El Dr. ALEJANDRO T. GAVERNET, dijo: Adhiero a lo propuesto por el Dr. Eduardo F. Cia. Así voto.

El Dr. HÉCTOR O. DEDOMINICHI, dijo: Comparto lo manifestado por el señor Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

El Dr. HÉCTOR G. RIMARO, dijo: Corresponde eximir de costas como lo expresa el Dr. Eduardo F. Cia. Así voto.

El Dr. RICHARD W. TRINCHERI, dijo: Debe eximirse de costas al recurrente de conformidad con los arts. 491 y 492, "a contrario sensu", del C.P.P. y C. Mi voto.

Se deja constancia que el Dr. HÉCTOR G. RIMARO, quien participo de la deliberación, no suscribe el presente Acuerdo por encontrarse en uso de licencia (art.364 del C.P.P. y C.).

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- HACER LUGAR al Recurso de Casación deducido por el señor Defensor Particular, a favor del condenado R.D.G. II.- DECLARAR LA NULIDAD del auto interlocutorio n° 172/05 dictado por la Cámara en lo Criminal Primera por falta de motivación (artículos 238 Const. Prov., 106 y 149 del C.P.P. y C.) y, por su efecto extensivo, el pronunciamiento dictado por ese mismo tribunal a fs. 2138 y vta. (art. 155 C.P.P. y C.). III.- DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de la pena (art. 65 inc. 3° del C.P.) y consecuentemente, dejar sin efecto todo tipo de prórroga al penado R.D.G. para el cumplimiento de las labores no rentadas fijadas oportunamente en la sentencia. IV.- Sin costas (arts. 491 y 492, "a contrario sensu" del C.P.P. y C.). V.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones a la Cámara de origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación por ante el actuario, que certifica.

Dr. EDUARDO FELIPE CIA.Presidente subrogante - Dr. ALEJANDRO TOMÁS GAVERNET. Vocal subrogante - Dr. HÉCTOR OSCAR DEDOMINICHI.Vocal subrogante - Dr. RICHARD WALTER TRINCHERI.Vocal subrogante Dr. Andrés C. Triemstra - Secretario.