Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-13


2º Instancia.- Buenos Aires, mayo 13 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? El doctor Dieuzeide dijo:

1. Que corresponde conocer en el recurso de apelación interpuesto por la actora en fs. 324/326 y la codemandada Peugeot Citröen Argentina S.A. contra la sentencia definitiva dictada en fs. 292/303. Los agravios fueron expresados en fs. 324/326 y 328/334 y contestados en fs. 336/337 y 339/340 respectivamente.

a) Los antecedentes del proceso fueron adecuadamente reseñados en la sentencia apelada. No obstante, resulta oportuno recordar que el objeto mediato de la pretensión de la actora fue el de obtener "la escrituración" de un vehículo y la reparación de los daños y perjuicios -depreciación de valor, gastos varios, privación de uso, etc.- ocasionados por el incumplimiento del contrato de compraventa celebrado con la demandada Trottar S.A. Requirió asimismo la citación como "tercero obligado" de la codemandada apelante. En fs. 78 el señor juez resolvió citar a esta última en los términos del CPC 94. Al presentarse en fs. 115/121 contestó la demanda y se allanó en forma parcial "en cuanto a la entrega de la documentación del rodado". Indicó que el vehículo es de su propiedad ya que la concesionaria no pagó su precio, y que es aquella con quien el actor celebró el contrato y a quien pagó el precio del vehículo. En su sentencia el señor juez condenó solidariamente a la demandada Trottar S.A. y a Peugeot Citröen Argentina S.A. a pagar a la actora $ 5.000 por privación de uso del vehículo -daño que juzgó presumible pese a no haber sido acreditado-. Tuvo en cuenta que en fs. 137/139 (27/6/03) se entregó la documentación para efectuar la transferencia del vehículo y que en fs. 147 la actora denunció su inscripción registral. La atribución de responsabilidad solidaria a Peugeot Citröen Argentina S.A. fue efectuada con base en que pese a haber sido citada como "tercero obligado" esta asumió la posición procesal de formal demandado. Afirmó el señor juez que pese a no desconocer la doctrina judicial de la CSJN "in re": "Llop, O. M. c. Autolatina Argentina S.A." (6/10/04) el caso tiene presupuestos de hecho particulares que autorizan a apartarse de ella, ya que la apelante al ser puesta en conocimiento de los hechos dio una respuesta bien distinta (en la C.D. de fs. 73) a la asumida al contestar la demanda y allanarse, actitud procesal que por definición implicó admitir la legitimidad de las pretensiones del actor quien se vio ineludiblemente obligado a demandar.

b) En sus agravios la actora cuestionó la sentencia por algunos daños cuya reparación fue desestimada y por otros por considerar insuficiente la indemnización. Entre los primeros incluyó la depreciación del vehículo que lleva implícita una merma de su valor; la reparación de los gastos por garaje en tanto fue duplicada por los de la unidad ofrecida en pago propiedad del cónyuge de la actora y los de patente y seguro por la imposibilidad de utilizar el vehículo así como la reparación del agravio moral en tanto entiende que la actitud de la demandada merece una sanción ejemplar. Por otra parte, se agravio por el importe reconocido por privación de uso por considerarlo exiguo.

c) Por su parte Peugeot Citröen Argentina S.A. se agravió por la solidaridad impuesta en la condena para reparar los daños. Explicó que el allanamiento no implicaba reconocimiento de derechos, que la actora contrató directamente con la concesionaria quien vendió como propio un automotor perteneciente a la apelante, la cual se vio privada de un bien de su propiedad sin contraprestación alguna. Resaltó que por el contrato de concesión Trottar S.A. vendía a terceros automóviles previamente adquiridos a la concedente.

2. Las circunstancias expuestas permiten examinar el mérito del recurso:

a) Los elementos del proceso que considero relevantes para decidirlo son los siguientes:

I) La actora afirmó -sin que las demandadas lo negaran en los términos del CPC 356:1- haber retirado el vehículo sin la documentación pertinente el 25/2/02 de la sede de la concesionaria (v. fs. 26).

II) La documentación a que aludió la actora en la expresión de agravios como prueba de los gastos ocasionados por el estacionamiento del automóvil de la cónyuge (v. fs. 324 v.) es: cuatro comprobantes de estacionamiento en un garaje sin individualizar ni al automóvil ni al propietario, un comprobante de pago de patente municipal del cónyuge de la actora M. C. F. Hess (fs. 8), el recibo de la documentación entregada por Peugeot Argentina S.A. (fs. 13), el título del automotor del cónyuge de la actora (fs. 15), un poder del cual surge el carácter de cónyuges de la actora y del mencionado Hess (fs. 91), y una "consulta por chasis" del vehículo de la actora (fs. 193).

b) Sobre tales bases corresponde establecer si cabe atribuir responsabilidad a Peugeot Argentina S.A.:

I) Es cierto que en el contrato de concesión comercial, más allá de la relación de subordinación típica de dicho contrato del concesionario al concedente, los productos comercializados por este medio son adquiridos por el concesionario al concedente y vendidos por este al consumidor. Por lo tanto, es cierto también como afirmó la apelante que la relación jurídica es entre el consumidor y el concesionario, y que la concedente resulta ajena en principio a tal vínculo contractual en cuanto a la obligación de entregar las unidades (conf. Etcheverry R. A., "Derecho Comercial y Económico-Contratos-Parte Especial", T. II, cap. XIX, Nº 303.b, p. 88, ed. 1994).

II) Pero no es menos cierto que este caso -como señaló el señor juez de la primera instancia aunque por otras razones- tiene presupuestos de hecho que deben ser considerados para establecer si existe responsabilidad de la concedente por los eventuales daños causados por la falta de entrega de la documentación. En efecto: si la concedente era la propietaria del vehículo, debió haber cuanto menos explicado las razones -exposición, etc.- por las cuales su tenencia material la detentaba la concesionaria, puesto que podía ser previsible para aquella aún sin intención de inducir a engaño, que el concesionario podía actuar ilícitamente y enajenarlo como propio o invocar facultades para hacerlo, y que una u otra alternativa podían ser creíbles para el adquirente en razón de la calidad de concesionaria oficial sujeta al control de la concedente como es característica propia de tal contrato señalada precedentemente. Se configura así a mi juicio un caso de aplicación de la denominada "doctrina de la apariencia" con base normativa en el CC 1874 que permite imputar responsabilidad a la concesionaria (conf. en el estricto ámbito del contrato de concesión de automotores la salvedad efectuada por el juez Kölliker Frers, CNCom., sala A, 15/6/06 "Presas Guerra, J. c. Ford Argentina S.A."; CCom., 1 ra. San Isidro 2/9/03 "García, M c. Hyundai Motor S.A." -voto de la señora juez G. Medina-; y en general CNCom., sala B 17/2/04 "Radio Victoria Catamarca S.A. c. Supermercados Mayoristas Makro" -voto del señor juez Butty-; id. sala C 3/10/06 "Aserradero San Rafael S.A. c. Oscar Margariños S.A." entre otros).

III) Sin perjuicio de la autosuficiencia conceptual del fundamento expuesto, la apelante no controvirtió eficazmente otro fundamento del señor juez, como es el de los efectos procesales del allanamiento: tal actitud procesal fue parcial y limitada a la entrega de la documentación del rodado (v. "supra" sub. 1.a) -que implicaba la posibilidad de transmitir el dominio mediante la inscripción registral constitutiva-. Pero supuso, no solo el reconocimiento de los hechos en que se funda la demanda, sino la admisión de la inexistencia de otros hechos extintivos, impeditivos o invalidatorios y la certeza del derecho subjetivo invocado por el actor -en este caso a obtener la transmisión de dominio del vehículo- (conf. Palacio L. "Manual de derecho procesal civil" T. I, Nº 180. b., p. 418 ed. 1977). Por lo tanto, si finalmente tal derecho fue admitido pese a haber sido negado inicialmente (v. carta documento copiada en fs. 21) la apelante resulta responsable de los daños moratorios ocasionados por la falta de la entrega de la documentación que permitía transmitir el dominio.

c) Resta examinar la existencia y cuantía de los daños:

I) La denegación de la indemnización por depreciación del vehículo fue a mi juicio bien rechazada por el señor juez, pues resulta ser un hecho notorio (conf. Couture, E. "Fundamentos del derecho procesal civil" Nº 150, p. 233, ed. 1993) que al no haber sido utilizado el vehículo sufrió una depreciación mucho menor, y que la que pudo haber sufrido resulta absorbida por la indemnización por privación de uso si correspondiere otorgarla, en tanto esta tiene como finalidad colocar al damnificado en las mismas condiciones que si hubiera podido utilizarlo oportunamente (conf. Llambías J. J., "Tratado de derecho civil-Obligaciones", T. I, Nº 95, p. 120, ed. 1973).

II) En cuanto a la indemnización por costos de garaje, patente y seguro del vehículo también denegados en la sentencia de la primera instancia se presenta una situación similar. Es cierto que tal resarcimiento podría eventualmente ser considerado en tanto hubieran sido tales costos pagados en utilidad de la concedente propietaria del vehículo en el caso en que esta hubiera debido afrontarlos (CC 2297 y 2298). Pero no lo es menos que resulta incompatible con la pretensión de reparación por la privación de uso, pues en caso de concurrir los presupuestos para la admisión de ésta la actora debía afrontar tales costos como si la propiedad del vehículo hubiera sido transferida oportunamente. Por otra parte, aún cuando esté acreditada la propiedad por el cónyuge de la actora de otro vehículo que tenía que ser entregado en parte de pago a la concesionaria no lo están los gastos de garaje de tal vehículo tal como surge claramente de la documentación individualizada en el punto 2. a. II precedente.

III) En cuanto a la privación de uso del vehículo, he sostenido reiteradamente que en casos en que -como en este según surge de la sentencia apelada- tal daño no es presumible por sí mismo sino que requiere prueba específica (conf. con los votos emitidos -entre otros- en las causas "Toneguzzo Honorio Carlos c. Columbia S.A. de Seg. s/ord.", CNCom. esta sala 21/9/06 y "Lavalle 472 S.A. c. Volkswagen Argentina S.A.", CNCom. esta sala 10/10/07; en igual sentido que el que propongo CNCom. sala A 15/3/90 "Laher Mercantil S.A. c. Industrias Llave S.A."; id. sala B 27/9/85 "Camina E. c. Aboso J."; id. sala B 15/3/88 "Serra J. c. Madanes C."; id. sala C 6/3/92 "Bricchi R. c. Gran Garage Ideal S.R.L."; id. sala C 29/9/88 "Labriola J. c. La Nueva S.A."; id. sala C 30/5/89 "Bargas C. A. c. Albergue Transitorio Noi de Manuel Iglesias y otros", entre otros fallos). Esta carga -como presupuesto de la responsabilidad- no fue cumplida por el actor tanto en su existencia cuanto en su cuantía (Llambías, J. J. "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", pto. 248, p. 281, ed. 1967) tal como lo señaló el señor juez de la primera instancia aunque arribando a distinta conclusión. Por lo tanto, y en cuanto la indemnización otorgada no fue materia de agravio específico y fundado por parte de Peugeot Citröen Argentina S.A. -por lo cual su supresión excede los límites del "thema decidendum" del recurso- considero que debe rechazarse en este aspecto el agravio de la actora.

IV) Finalmente, en lo que concierne a la indemnización por daño moral si bien el incumplimiento absoluto o parcial -de suficiente entidad en este último caso- del contrato autoriza a solicitar además del cumplimiento o la resolución, el resarcimiento de los daños y perjuicios (conf. CC 1204 y c.co. 216, 457) ha de tenerse en cuenta asimismo que en la esfera contractual, excepto señaladas excepciones, el agravio moral no es presumible sino que se requiere para reconocer la indemnización pretendida, que se acredite su existencia. La noción de daño moral se encuentra vinculada al concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión a los sentimientos personales, a las afecciones legítimas o a la tranquilidad anímica, que no son equiparables o asimilables a las meras molestias, dificultades o perturbaciones que pueda llegar a provocar un simple incumplimiento contractual, en tanto esas vicisitudes o contrariedades son propias del riesgo de cualquier contingencia comercial. Por lo tanto la comprobación de la existencia del agravio moral derivado de la responsabilidad contractual encuentra un amplio marco en la legítima discrecionalidad que la ley otorga al órgano judicial, quien libremente apreciará su admisibilidad, debiendo proceder con estrictez en este ámbito de responsabilidad (art. 522 del Código Civil y CPC: 165). En tal línea de razonamiento, ni todo supuesto de incumplimiento revelador de la culpa es suficiente para admitir el reclamo por agravio moral en los supuestos de responsabilidad contractual, (CNCom., esta sala, 21/06/2006 "Larche Isabel c. Inter-Rep s/ord."), ni cualquier afección anímica o lesión a los sentimientos de una persona puede ser admitido sino solo aquella que por su gravedad puede dar lugar a un verdadero perjuicio espiritual en detrimento de los derechos personalísimos del individuo y siempre, por supuesto, que por las circunstancias del caso pueda el incumplimiento contractual de que se trata provocar, según parámetros objetivos, esa reacción en el ánimo del perjudicado (esta sala, 13/04/2007 "Lazarte Antonio c. Autocompra Plus Golden Car Automóviles s/ord."; Llambías, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", T. I, p. 353; Borda, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones, T. 1, p. 195, Nº 175). Por lo tanto, corresponde desestimar también este agravio.

3. Por lo expuesto, normas y doctrina judicial y de los autores citadas, si mi voto es compartido propongo confirmar en todas sus partes la sentencia apelada, con costas de esta instancia en el orden causado en razón del vencimiento mutuo de los recursos de las partes (CPC 68 y 71).

El doctor Vassallo dijo:

Si bien adheriré a la solución propuesta por mi distinguido colega preopinante, me veo en la obligación de hacer una aclaración que, si bien no modificará el resultado del recurso, expresará cierto disenso técnico parcial.

He dicho antes de ahora, que entiendo que la sola privación del automotor afectado a un uso particular produce por sí misma una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria, que debe ser resarcida como tal (Corte Suprema, Fallos 319:1975; 320:1567; 323:4065), y sin necesidad de prueba específica.

En rigor trátase de un daño emergente que deriva de la objetiva ausencia del rodado o de su falta de disponibilidad, como bien es explicado por mi distinguido colega Dr. Heredia en su voto "in re": Toneguzzo (esta Sala, 21/9/2006).

Pero en los casos en que quien lo reclame postule que el vehículo es utilizado para finalidades distintas del mero uso particular (esparcimiento y traslado del requirente y de su grupo familiar), este mayor daño debe ser acreditado.

Igual prueba es requerida si se alega un destino comercial y que su ausencia ha producido un lucro cesante (CNCiv. Sala G, 7/6/1989, "Seoane, Elsa Marta c. Formica, Luis Alberto y otro s/cobro de pesos"; esta Sala, 21.9.2006, "in re": "Toneguzzo Honorio Carlos c. Columbia S.A. de Seguros s/Ordinario").

En el mismo sentido, Zavala de González destacó que: "...de ordinario, la indisponibilidad del vehículo determina la producción de un daño emergente, lo que se verifica cuando se demuestra o es presumible (este camino presuncional es el generalmente aceptado) que el damnificado ha debido recurrir a medios de transporte sustitutivos para reemplazar la función que desempeñaba el vehículo propio).

Pero, en ciertas oportunidades, la privación de uso da origen a un lucro cesante, lo cual ocurre cuando el automotor era instrumento del despliegue de una actividad productiva, que no ha podido continuarse desarrollando, con la consiguiente frustración de ganancias. El primero (daño emergente) entraña el empobrecimiento (privación o egreso de valores patrimoniales), mientras que el segundo (lucro cesante) representa la pérdida de un enriquecimiento (dejan de ingresar beneficios patrimoniales, lucro cesante)" (Zavala de González, Matilde, Reconocimiento de daños, T. 1, Daños a Automotores, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1989, vol 1. p. 92/93).

Tras esta cita en la Revista de Derecho Privado y Comunitario, Kemelmajer de Carlucci agregó: "En suma, la privación del uso del vehículo importa un daño emergente presumido (las erogaciones para el transporte que debe hacer el damnificado ante la imposibilidad de utilizar su propio medio) y un lucro cesante a probar (las ganancias frustradas que se hubieran obtenido en caso de haber podido utilizar el automotor)" (Kemelmajer de Carlucci, "El cumplimiento tardío de la obligación de entregar el automóvil vendido y la reparación del daño producido por la privación de uso" en la RDPC del 2003 - 3, p. 224, 227 y sigtes.; Ed. Rubinzal Culzoni).

Si bien lo hasta aquí expuesto no se compadece con la postura del señor Juez Dieuzeide en este acotado aspecto, la solución del recurso no variará.

Es que como bien dice, el resarcimiento impuesto en la sentencia no ha sido materia de agravio específico por la aquí apelante, lo cual impide ingresar específicamente en el análisis de la condena impuesta.

Con esta aclaración, adhiero al voto del señor Juez Dieuzeide.

El doctor Heredia dijo:

Adhiero al voto del vocal preopinante, Dr. Dieuzeide, con la aclaración expresada por el Juez Vassallo.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan: (a) Confirmar en todas sus partes la sentencia apelada. (b) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado en razón del vencimiento mutuo de los recursos de las partes (CPC 68 y 71). (c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.- Gerardo G. Vassallo.- Juan J. Dieuzeide.- Pablo D. Heredia.