Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-02


SUAREZ, Marcelo y otros contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 215 p 45-49.

Santa Fe, 2 de agosto del año 2.006.

VISTOS: Los autos "SUAREZ, Marcelo y otros contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -Acción de Amparo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 550, año 2.004), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la actora para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO:

Contra el decisorio de este Cuerpo registrado en A. y S., T. 209, págs. 312/319, por el cual se declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, se resolvió anular la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario -confirmatoria de la de Primera Instancia que a su turno había hecho lugar a la acción de amparo intentada-, los actores deducen este remedio extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48. En la pieza de interposición del memorial recursivo (fojas 2410/2431) expresan que la resolución impugnada hace cosa juzgada material y, por tanto, reviste el carácter de definitiva causando un agravio de imposible, tardía o muy dificultosa reparación ulterior, en tanto las ordenanzas cuestionadas repugnan la Constitución Nacional, el derecho federal, los tratados y leyes del Congreso de la Nación, y la resolución de la Corte local que ahora se impugna ha sido favorable a aquéllas.

Sintetizan los antecedentes de la causa y exponen, como primer agravio, que la resolución de la Corte sostuvo que la ordenanza 6524/98 regula el servicio público de taxis y que constituye materia contencioso administrativa, afirmando que, en realidad, dicha norma utiliza ese argumento como pretexto para inmiscuirse y regular materia laboral, para lo cual la Municipalidad carece totalmente de facultades en abierta violación a lo establecido por el artículo 75, inciso 12 de la Constitución nacional.

En segundo lugar, los recurrentes se agravian de que la resolución impugnada haya declarado improcedente el amparo al establecer que debió haberse usado la vía contencioso administrativa por no haber encontrado probado el perjuicio irreparable que ello les acarrearía. Aducen que haber cerrado el debate sobre la procedencia de la acción de amparo les ocasiona un daño grave y actual en tanto esta vía expedita se encuentra garantizada tanto por la Constitución nacional (artículo 43) como provincial (artículo 17) conjugando estas normas con la garantía del debido proceso, para los casos de palmarias violaciones de derechos constitucionales y cuando las vías ordinarias no aparecen idóneas para solucionar la cuestión; y argumentan que el "test de selección inteligente" que esta Corte local ha establecido para determinar la procedencia o no del amparo, se comprueba en el presente en sus cuatro etapas.

Así, manifiestan que: el daño actual se concreta en tanto -al establecer dos categorías de choferes no titulares- impide a los autónomos ser empleados y a los empleados contratar de otra manera; la manifiesta ilegitimidad está dada por la inconstitucionalidad de las ordenanzas que legislan en materia laboral; la inexistencia de otra vía más idónea se comprueba a poco que se advierte que el amparo es el modo más rápido de obtener una efectiva protección de sus derechos, priorizando la celeridad a la idoneidad; y, finalmente, la afectación de derechos de primer nivel, emergentes directamente de la Constitución nacional y/o provincial como el de libre contratación y aquellos de incidencia colectiva.

Como tercer agravio los recurrentes expresan que yerra la sentencia impugnada al afirmar que "no se ha demostrado que la ordenanza cuestionada produce un daño concreto, grave e irreparable", considerando -en cambio- que la ordenanza cuestionada les restringe el derecho al trabajo y vulnera derechos adquiridos ya que "antes de su dictado podían trabajar como choferes de manera autónoma y obtener de esa forma más ingresos y mejor protección".

En cuarto lugar, se agravian de la resolución impugnada cuando considera que "las alegaciones de los amparistas al sostener arbitrariedad por la ruptura de la 'libre contratación' resulta insuficiente para demostrar la fractura entre dicha reglamentación y el marco de atribuciones que le confiere el ordenamiento legal", y que la situación fáctica que le sirve de base al amparo es opinable y discutible.

Seguidamente, desarrollan "in extenso" la doctrina de los servicios públicos, concluyendo con un análisis del derecho al trabajo y a la seguridad social, reiterando -sobre tales fundamentos- que la Municipalidad de Rosario no tenía facultades para legislar sobre estos aspectos como hizo mediante el dictado de las ordenanzas atacadas.

Finalmente, y como quinto agravio, plantean el error en la resolución de la Corte al considerar que la nueva ordenanza 7838/05 "...carecen de virtualidad para incidir sobre las conclusiones a las que ha arribado la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe al analizar la ordenanza 6524/98".

Por el contrario, sostienen que con aquélla se agrava su situación atento a que, ahora, no sólo se impone que exista relación de dependencia entre los licenciatarios y los choferes de taxis, sino que se incorpora la imposición de la aplicación al caso de un convenio colectivo de trabajo específico.

Afirman que las convenciones colectivas de trabajo privado no pueden ser impuestas por la Municipalidad; que el ámbito de aplicación de un convenio colectivo está determinado por la propia convención colectiva y se requiere homologación del Ministerio de Trabajo; y que ello revela la carencia de facultades por parte de la Municipalidad para regular cuestiones atinentes a ello.

Corrido traslado a la contraria, lo contesta a fojas 2439/2442, postulando el rechazo del remedio intentado fundado en la inadmisibilidad e improcedencia del mismo. 2. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso federal interpuesto.

Cabe señalar que la mera deducción del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S., T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 276; T. 77, pág. 439; T. 89, pág. 58; T. 128, pág. 1; entre otros).

Realizando el análisis señalado precedentemente, surge que el pronunciamiento recurrido carece de la definitividad requerida por el artículo 14 de la ley 48 para franquear la apertura de esta instancia de excepción.

Con lo cual, y teniendo en cuenta cuál ha sido la materia debatida en autos y resuelta por esta Corte, resulta forzoso considerar la reiterada jurisprudencia de la Corte Nacional en el sentido de que las resoluciones que resuelven cuestiones de competencia no constituyen en principio sentencia definitiva, salvo cuando media denegatoria del fuero federal (Fallos:303:1702; 307:1929; 311:2701; 315:66; 324:283; entre otros).

En efecto, la resolución impugnada, en cuanto declaró que la presente causa es de la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, no es sentencia definitiva ni auto interlocutorio con fuerza de tal, de conformidad a las pautas jurisprudenciales elaboradas por el más alto Tribunal nacional. En tal sentido, debe tenerse en cuenta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Rogiano" (C.S.J.N., causa R. 426 XXXV, del 15.2.2000) por el cual rechazó el recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de esta Corte provincial que resolvía un pedido de avocación por competencia (artículo 2, ley 11330).

Dicho recurso extraordinario que había sido concedido por este Cuerpo, haciendo excepción a la falta de definitividad por entender que el núcleo central del caso fincaba en la operatividad de la garantía de la intangibilidad salarial, fue rechazado por el Alto Tribunal nacional, con fundamento en que la resolución recaída en esa causa no constituía sentencia definitiva ni equiparable a tal en los términos del artículo 14 de la ley 48.

En el "sub lite", no demuestra la parte impugnante que concurran algunos de los supuestos excepcionales que autorizarían a tener por superada la deficiencia apuntada.

Antes bien, la impugnación está dirigida contra un pronunciamiento dictado en una materia regida por normas de derecho común y procesal -ajena como regla al recurso extraordinario (Fallos:316:1930; 320:463; etc.)- que involucra asimismo de manera directa y decisiva cuestiones de derecho público local -igualmente excluidas en principio de la instancia reglada por el artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 275:133; 314:1336, entre otros) en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Fallos:305:112, etc.)-, sin que se haya demostrado por la interesada la existencia de razones suficientes que demuestren la necesidad de hacer excepción a tales reglas en orden a habilitar dicha instancia.

Ello es así pues, no obstante las tachas de arbitrariedad formuladas, lo cierto es que las mismas sólo traducen la mera discrepancia de la recurrente con el criterio adoptado por este Tribunal cuando, en concordancia con el criterio adoptado para juzgar causas análogas a la presente, partió de una interpretación de normas, principios y precedentes que juzgó concurrentes a la solución del caso, cuya irrazonabilidad no ha sido demostrada por la actora, a la luz de la cual concluyó en el reproche constitucional que merecía el fallo de la Alzada en cuanto al criterio adoptado respecto de la competencia para entender en el caso (A. y S., T. 190, pág. 239).

Tales criterios han sido expuestos por este Tribunal en el precedente "ut supra citado" -que resolvió la denegación del recurso extraordinario federal registrada en A.

y S., T. 190, pág. 239 y que a su turno fuera confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (el 24.6.2004) con fundamento en la falta de definitividad de la sentencia impugnada-.

Efectivamente, este Tribunal anuló la sentencia de la Cámara confirmatoria de la de Primera Instancia -que a su turno había acogido la acción de amparo con base en la inconstitucionalidad de la ordenanza impugnada- con fundamento, en lo sustancial, en la falta de acreditación de la inexistencia de otra vía judicial más idónea atento la protección que les proporcionaba a los amparistas la tutela cautelar regulada por la ley 11330 (de aplicación al caso dada la naturaleza contencioso administrativa de la materia en juego), y falta de acreditación del daño actual y grave que les produciría acudir a ella (requisitos propios del amparo).

Además, en el caso, no se encuentra comprometido el fuero federal.

Tal como lo ha sostenido el más alto Tribunal nacional, "las sentencias que por interpretación y aplicación de normas no federales resuelven problemas de competencia son ajenas a la vía extraordinaria cuando no importan denegatoria del fuero federal" (Fallos:303:1702; 307:1929; entre otros); "la distribución de competencias entre los tribunales permanentes del país es cuestión extraña a la garantía de los jueces naturales y ajena al recurso extraordinario" (Fallos:311:455); "la ausencia de definitividad no puede suplirse aunque se invoque la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales" (Fallos: 256: 474; 267: 484; 298: 47; 307: 417).

Dicho ello, cabe puntualizar que no concurren en el caso las circunstancias fácticas y jurídicas analizadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a efectos de franquear la instancia extraordinaria, como así tampoco el compareciente ha demostrado que lo decidido cause un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior conforme lo valoró este Cuerpo (f. 2405).

Asimismo, resultan insuficientes a los fines de entender excepcionalmente superada la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado, los cuestionamientos atinentes a que se veda definitivamente la vía del amparo, garantizada por los artículos 43 y 17 de la Constituciones nacional y provincial, respectivamente, lo que vulneraría derechos constitucionales, sin que la parte recurrente demuestre -en concreto- cómo se ha operado tal vulneración en el fallo atacado. Así, para resolver como lo hizo, consideró este Cuerpo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación delineada en torno al amparo con posterioridad a la reforma constitucional del año 1994 y explicitó las razones por las que entendió no reunidos en el caso los requisitos de adminisibilidad exigidos en el amparo recordando, además, que resultan admisibles en el recurso contencioso administrativo los mecanismos de tutela cautelar autónoma, lo que por otra parte, corresponde al criterio de este Cuerpo (cfr. "Buasso", A. y S., T. 145, pág. 299; "Godoy", A. y S., T. 150, pág. 141; y "Bazet" A. y S., T. 167, pág. 111).

En síntesis -como se dijo-, no les es negada a los recurrentes la posibilidad de tramitar su reclamo por la vía que corresponda y ante el Tribunal que, conforme a la interpretación brindada por esta Corte, es el competente según el ordenamiento jurídico local.

Y, "tanto la concurrencia de la materia contenciosa administrativa... cuanto la clara ausencia de los requisitos del amparo, tornan aconsejable evitar la sustanciación innecesaria de una causa, según lo informan principios de celeridad y economía procesal en pos de una eficaz administración de justicia" (cfr. "Bacchetta"; A. y S., T. 132, pág.

67; entre otros). Por lo que, la deficiencia formal apuntada, sella la suerte adversa del recurso.

Sin perjuicio de lo expuesto, y por lo demás, del cotejo de la pieza recursiva y del fallo atacado, se advierte que el impugnante, reitera los cuestionamientos fundados en la inconstitucionalidad de la ordenanza impugnada en tanto interpreta que importa un exceso en las facultades de la Municipalidad, en abierto disenso con los argumentos explicitados por el Tribunal en el fallo.

Es que, en la resolución impugnada el Tribunal ha dado una acabada respuesta a las cuestiones planteadas por el compareciente ofreciendo razones constitucionales suficientes al desestimar dicha tacha con profusa cita de antecedentes que demuestran una línea jurisprudencial clara y consecuente en la materia, con lo que cabe concluir que la exposición de los recurrentes se limita a insistir en el desarrollo de su propio enfoque sobre la interpretación del derecho aplicable y la jurisprudencia del Tribunal, más sin demostrar que tales fundamentos sean absurdos o irracionales, por lo que tampoco, en su caso, asume sustancia constitucional para operar la apertura de la vía intentada. Por lo expuesto, en las consideraciones "ut supra" efectuadas, corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario, por cuanto no se deduce contra sentencia definitiva ni auto equiparable a tal.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; con costas.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)