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Juicio político, sentencia penal, cuestiones prejudiciales, funcionarios públicos, responsabilidad civil, Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PENAL
Carátula: GONZALEZ ECHENIQUE, J A M c/ CORTI, BEATRIZ GLADYS s/ RESPONSABILIDAD CIVIL c MAGISTRADOS JUDICIALES      EXPTE NRO 196-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-07-04

Si ninguna influencia tiene el juicio político sobre el pronunciamiento civil; y si la falta de sentencia en lo criminal -de decisiva influencia en lo civil- no tiene poder ni aun para paralizar el juicio civil, claro es que un juicio político, iniciado o en una nueva posibilidad de iniciación, no puede ser óbice a la instauración y a su prosecución hasta la sentencia de una demanda por daños y perjuicios, motivada por un hecho que pueda dar lugar a un juicio político o a uno por destitución del funcionario responsable por aquellos daños.
Accidentes de trabajo, principio de progresividad, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Molina Cristian Gabriel c/ La Caja ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-28

No hay razón para reputar inconstitucional la regla de aplicación temporal del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, pues la decisión del Congreso Nacional relativa a la fecha de aplicación de las mejoras dispuestas en esa ley no vulnera garantía constitucional alguna. La citada regla no violenta el denominado "principio de progresividad", puesto que, en todo caso, esa supuesta progresividad resultaría suficientemente cumplida por el Congreso Nacional con el dictado de la ley 26.773 pero en modo alguno la pretendida progresividad exige, como deber jurídico supra legal, que sea aplicable a contingencias ya ocurridas. La hermenéutica del art. 3 del Cód. Civil permite la aplicación inmediata de una norma a las consecuencias de una situación jurídica existente con anterioridad a su sanción, y que ello no implica aplicación retroactiva en tanto las obligaciones emergentes de esa situación anterior se encuentren pendientes de satisfacción al momento de entrar en vigencia la nueva disposición.
Carta de ciudadanía, domicilio electrónico
Materia: CIVIL
Carátula: Li, Aiying c/  s/ Solicitud de carta de ciudadanía
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-08

El LEX 100 es de uso obligatorio, permite consultar todos los actos producidos durante el proceso y uno de sus propósitos es agilizar los juicios y reducir el tiempo de su tramitación en beneficio de los interesados (cfr. Ley N° 26.685 y Acordadas de la Corte Suprema de Justicia N° 14/13, 15/13 y 24/13; esta Cámara, Sala III, causa n° 3708/14 del 1.09.16). En el presente, no se advierte que incorporar digitalmente las presentaciones y documentación pertinente al LEX causare daño y/o perjuicio alguno para la peticionante y que la exigencia de cumplimentar lo dispuesto por las Acordadas N° 11/14 y 3/15, signifique denegación de justicia; más si se presenta a través de apoderado letrado, constituye domicilio electrónico y puede acceder al expediente mediante dicho sistema.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: De Felippi, Héctor Pedro y otro s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-27

El art. 357 del Código de Procedimiento Penal se refiere interpretando el término implícito de "sentencia definitiva absolutoria" contenido en el art. 350, cuya inteligencia puede suscitar dificultades en cuanto a su alcance. La que impone pena superior a tres años de prisión no necesita procurarse auxilio en el art. 357, no requiere norma interpretativa porque su significado es fácilmente perceptible, no genera mayores problemas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho laboral, remuneración, pago en especie, telefonía celular
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Georggetto, Roberto Carlos c/ Electrónica Magatone S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-19

Los gastos de telefonía celular conforman una contraprestación de carácter de carácter remuneratorio, que representan una ventaja o ganancia para el trabajador en los términos de los artículos 103 y 105 de la Ley de Contrato de Trabajo. El pago de los servicios de telefonía, le evitó un gasto que igualmente hubiera efectuado y, por tanto, importó una ventaja u ocasión de ganancia patrimonial percibida como contraprestación de la labor desarrollada, razón por la cual corresponde que se los conceptúe como salario al amparo de los artículos 103 y 105 de la LCT. Cabe confirmar la sentencia de la instancia anterior.
Propiedad intelectual, fotografía
Materia: CIVIL
Carátula: Pepe, Daniel Héctor c/ Editorial Atlántida  S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-14

La ley de propiedad intelectual no define que debe entenderse por obra o producción científica, literaria o artística, ni establece los requisitos que debe reunir para que sea considerada tal y merecer la protección legal. Sin embargo, el artículo 1, tiene un contenido suficientemente genérico, no taxativo, que permite incluir toda creación del intelecto, que sea original y novedosa.

Dentro del amplio espectro que comprende, se encuentran las fotografías (artículo 34) que además recibieron amparo expreso mediante diversas convenciones internacionales ratificadas por nuestro país que constituyen ley para la Nación (artículo 5, Tratado sobre Propiedad Literaria y Artística, Congreso Sud Americano de Derecho Internacional Privado de Montevideo, 1988, ratificado por la Ley 3.192; artículo 2, Convención sobre Propiedad Literaria y Artística; 4ta. Conferencia Internacional Americana, Buenos Aires 1910, ratificada por la Ley 13.585/49; artículo III de la Convención Interamericana sobre los Derechos de Autor en Obras Literarias Científicas y Artísticas, Washington, 1946, ratificada por la Ley 14 186/53; artículo 2, Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Berna 1886, ratificada por Decreto Ley 17.251/67; artículo 2, Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de París 1971, enmendada en 1979, ratificada por la Ley 22.195).
Competencia, amenazas, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mur, Diego Ramón s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-02

El requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio constituye la pieza procesal que delimita la base fáctica y jurídica del debate oral y debe estarse a los hechos allí descriptos para determinar la competencia del tribunal que debe conocer en la etapa de plenario. Si el encuadre legal escogido por el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio -lesiones leves y amenazas coactivas- resulta, a priori, compatible con la conducta reprochada al imputado, corresponde declarar competente al tribunal oral en lo criminal, y no al juzgado nacional en lo correccional. (Dres. Hornos, Gemignani y Borinsky).
Convertibilidad, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RECTIFICACIONES BANDA c/ RAUL SANCHEZ s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-04-18

Al prescribir la ley de convertibilidad que es de orden público y que ninguna persona puede tener en su contra derechos irrevocables adquiridos, consagra la prevalencia del interés público por sobre el privado o individual.-
IVA, saldo técnico
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Molinos Río de la Plata c/ F.N.   D.G.I. s/ Repetición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

No existe derecho alguno incorporado al patrimonio de la actora para reclamar la devolución de las sumas correspondientes al ajuste dinerario de la devolución del saldo técnico del I.V.A., actualizada desde el vencimiento del ejercicio - y no desde su pedido -, por cuanto aquél pretendido derecho sólo lo era en relación a su posterior imputación para el pago de sus obligaciones fiscales frente a la D.G.I.; por el contrario, el ajuste dinerario en la devolución - esto es, en el desembolso de dinero por el organismo fiscal - sólo puede computarse a partir del momento que con el reclamo el contribuyente pone en conocimiento de aquél esa voluntad de reintegro.
Control de constitucionalidad, jueces, excesos u omisiones en el pronunciamiento, decretos, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tisera, Horacio Fernando c/ Banco Central de la República Argentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

No existe exceso de jurisdicción en el pronunciamiento que declaró la inconstitucionalidad del decreto 591/90, ya que no está vedado a los jueces declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes (Disidencia del Dr. Carlos S.

Fayt).
Derechos y garantías constitucionales, garantías procesales, acceso a la justicia, gastos del proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: A.P.S. c/ Medicus Sociedad Anónima.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

El medio más propicio para asegurar que el servicio de justicia sea irrestricto a cualquier persona, sólo se logra mediante su gratuidad en el momento del acceso a él y hasta que el derecho sea decidido, es decir, hasta el momento en que los jueces se expidan definitivamente en la causa, dando a cada uno lo suyo (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, omisión de considerar cuestión propuesta, juicio de apremio, convenio multilateral, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO c/ ESSO SAPA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-APREMIO MUNICIPAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 59 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27

Las decisiones emanadas de los órganos creados por el Convenio Multilateral (en los que, tienen representación los fiscos adheridos, arts. 15 y sig. del Convenio), deben ser valoradas por los Magistrados.

En el caso, la Sentenciante omitió deliberadamente que el demandado estaba cuestionando, desde el inicio del proceso, uno de los presupuestos básicos de la acción ejecutiva como es la existencia de deuda exigible, no pudiendo marginarse que la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, al que adhirió nuestra Provincia por ley 8159, había dictado resolución favorable al contribuyente demandado, resolución a su vez confirmada por la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral, extremo que tornaba más patente aún la necesidad de examinar la defensa opuesta.

Ello hace pasible al fallo de descalificación constitucional, sin que lo aquí resuelto implique abrir juicio sobre el alcance que corresponda asignarle a las resoluciones de los organismos de aplicación ya referidos, ni tampoco validar la conducta del contribuyente en cuanto a su adecuación con las normas del Convenio Multilateral.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Alvarez, María Luisa s/ jubilación ordinaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18

La invocación de gravedad institucional no puede sustituir la inexistencia de cuestión federal que exige el art. 100 de la Constitución Nacional.
CUBA, derecho de crítica, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sedición, control de razonabilidad, responsabilidad internacional del Estado, libertad de prensa
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Fondo No. 27/18, Caso 12.127. Vladimiro Roca Antúnez y Otros. Cuba c/  s/ Antúnez y Otros. Cuba c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-02-24

Corresponde declarar violados por los tribunales del Estado Cubano los derechos al debido proceso, y a la libertad de expresión de quienes integraban el "Grupo de Trabajo de Disidencia Interna", pues para imputarles la comisión del delito de sedición no invocaron la protección del orden público o la seguridad nacional conforme los principios que rigen las sanciones penales en los estados democráticos, sino que muy por el contrario, la sentencia condenatoria realizó apreciaciones opuestas a tales principios, sancionándolos en función de doctrinas de seguridad nacional y argumentos de orden público pertenecientes a los regímenes autoritarios, considerando en sí misma a la difusión de sus ideas políticas, una amenaza a la seguridad nacional.
Remuneración, embargo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Carlos Eduardo c/ Villalba, Ruben Fernando s/ Cobro Ejecutivo De Dinero
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

Entendiendo este Tribunal encontrarse frente a un pagaré emergente de un préstamo de dinero, resulta aplicable al caso la inembargabilidad normada en el decreto Ley 6754/43, por cuanto en el instrumento de crédito, no se consigna la certificación que exige el inciso "b" del art.2 del citado decreto ni se ha acompañado la autorización prevista por el inciso "c" del art.2 de la misma norma, excepciones éstas previstas por el referido decreto a los efectos de la embargabilidad de los sueldos en cuestión; apreciándose por consiguiente, la inembargabilidad del sueldo del ejecutado (art.219, Inc.3 del C.P.C.C.).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, habeas data, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Rabadan Paz, Ricardo contra GCBA sobre habeas data c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-26

Corresponde rechazar la queja en tanto la presentación directa no logra rebatir el principal argumento que brindó la Cámara a la hora de denegar su recurso deinconstitucionalidad; esto es, la falta de concurrencia de un caso constitucional. Tampoco el recurrente logró demostrar la arbitrariedad de la sentencia que en última instancia se cuestiona (que le ordenó asentar en todos sus registros y bases de datos que el actor no era titular de la deuda que se había generado con anterioridad a la fecha en que el inmueble había sido adquirido por subasta judicial y que este no podía ser ejecutado ni embargado con motivo de aquella). En efecto, en la queja reiteró argumentos del recurso de inconstitucionalidad, pero no demostró que sus agravios se conecten con los principios constitucionales invocados de modo dogmático "defensa en juicio" y "debido proceso". Por ello, asiste razón a la Cámara al sostener que los agravios esgrimidos remiten al análisis de cuestiones de hecho y prueba y a la interpretación de normativa de carácter de infraconstitucional. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano por remisión al dictamen fiscal).
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor, prueba, factura
Materia: CIVIL
Carátula: IZAGUIRRE RAMON c/ VALERGA JORGE s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-10

La factura o presupuesto de reparaciones, debidamente autenticada por el informe del taller que la otorgó, constituye prueba fehaciente y fidedigna del monto del daño causado al rodado del actor, máxime cuando no existe ninguna probanza arrimada por el demandado que la desvirtúe o neutralice.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, quiebra, domicilio del deudor, concurso preventivo, sociedad de hecho
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Transportes Arraña Hnos. S. de Hecho s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

Ante la imposibilidad de determinar con certeza el lugar de la sede social de la sociedad de hecho, es competente para entender en su concurso preventivo el juez del establecimiento o explotación principal: art. 3 inc. 4 de la ley 19.551.
Honorarios, regulación de honorarios, quiebra, síndico del concurso, jueces, facultades del juez, ley de orden público, actuación de oficio
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: M B SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA     QUEJA POR RETARDADA JUSTICIA      CSJ EXPTE NRO 634-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-04-19

Sin perjuicio de la apelación de los titulares de las regulaciones de honorarios y del síndico, corresponde la remisión de los autos a la Alzada para el contralor de las retribuciones económicas fijadas. Ello a los fines de evitar regulaciones desproporcionadas que puedan causar perjuicio al concurso, cuya regulación es de orden público, debiendo otorgársele prioridad.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación procesal, competencia provincial, competencia federal, programa nacional de salud sexual y procreación responsable, métodos anticonceptivos, anticoncepción hormonal de emergencia, distribución de medicamentos, establecimientos asistenciales, hospitales públicos, farmacias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., D. J. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY 3999/05)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-01-28

El voto al que adhiero menciona la ley 25673, que crea el Programa Nacional de Salud y Procreación Responsable, el decreto Reglamentario Nº 1282/03 y la normativa proveniente del Ministerio de Salud de la Nación y de la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y dice que tampoco fueron cuestionados por el actor.

Reflexiona el Dr. Barotto que si se hiciera lugar a la inconstitucionalidad peticionada, la consecuencia principal sería la suspensión de la provisión gratuita del producto a la parte de la población "...que no dispongan de obra social o recursos económicos..." (art. 3 de la ley), porque las píldoras continuarían comercializándose en farmacias y droguerías de la Provincia, ya que se encuentra aprobada por la ANMAT y ninguna norma - nacional o provincial- prohíbe o limita su venta.

Quiero entender que no ha sido éste el propósito del accionante sino, en todo caso, la de cuestionar la "convalidación" por parte del estado provincial - a través de una política activa como es la que establece la ley criticada - del "consumo" de un producto que entiende peligroso para "la convivencia y la paz social a través de la conculcación generalizada del derecho a la vida...desde su concepción...", por atribuir al medicamento "comprobados y reconocidos efectos abortivos" (fs. ), y es allí donde yerra el accionante en la normativa y autorizaciones que debió cuestionar, el demandado a quien debió dirigir su reclamo y el fuero ante quien debió plantearlo.
Recurso de revisión (procesal), ley arancelaria, violación, costas
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: MILUNCZY SAMUEL c/ PERKINS ARGENTINA  S.A.I.C. s/ RECURSO DE REVISION - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-12

La violación de las leyes arancelarias, como normas integrativas del Código Procesal en cuanto determinan el modo de liquidar las costas, constituye una infracción de forma susceptible de ser denunciada y corregida por vía del inc. 5to. del art. 1272 C.P.C.

Esta vía autoriza a controlar no sólo la estructura, sino también el contenido de las decisiones regulatorias para verificar, en concreto, el cumplimiento de las disposiciones reguladoras del honorario profesional.-
Interpretación de la ley, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Solares de Conesa SA c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-13

Las cuestiones examinadas importan la expresión de una opinión hermenéutica de la Alzada acerca del significado de reglas infraconstitucionales que rigen el alcance de cierta exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por lo que la cuestión en debate debe ser dirimida por la Cámara como Tribunal de mérito definitivo, y no por este Tribunal. (Voto disidente del Dr. Julio B. J. Maier).
Indemnización agravada, intimación al empleador, intimación fehaciente
Materia: LABORAL
Carátula: Di Napoli, Hernán Luis c/ La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-05

Para que sea viable el resarcimiento del art. 2 de la ley 25.323 basta que el trabajador intime de modo fehaciente, sin que sea impedimento válido que lo haga en la misma comunicación rescisoria, ya que la finalidad del legislador ha sido la de imponer este incremento resarcitorio al empleador cuando no ha abonado las indemnizaciones derivadas del despido sin "justa causa" y además, una cosa es la exigencia insoslayable de intimación fehaciente y otra diferente la situación de mora en el pago. (Del voto en disidencia del Dr. Stortini)
Cosa juzgada, orden público
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Rocca, Licio s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

El respeto a la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y por ello no es susceptible de alteración ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior.
Entidad Binacional Yacyretá, acta acuerdo, medida de no innovar, juicio de árbitros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Entidad Binacional Yacyretá c/ Eriday y Otros s/ Proceso de Conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-27

En el marco de una acción interpuesta por la Entidad Binacional Yacyretá contra la empresa a quien encargó la construcción de una represa en el Río Paraná y contra los árbitros internacionales designados para dirimir sus controversias, corresponde admitir la medida cautelar de no innovar solicitada por la primera respecto de la aprobación del "Acta Misión" que hizo el Tribunal Arbitral sobre los puntos que serían objeto de arbitraje sin su participación y aprobación y ordenarse, en consecuencia, la suspensión del procedimiento arbitral hasta tanto se resuelva la cuestión principal referente a la recusación de los jueces arbitrales y al pedido de formalizar una nueva Acta Misión, pues se encuentra configurada la verosimilitud del derecho invocado, en tanto no impresiona que la peticionante se rehusara a participar en la redacción de la Carta Misión o se negara injustificadamente a firmarla, antes bien parecería haber ejercido su derecho a que un documento de tal trascendencia contuviera sus alegaciones fundamentales, mas aun cuando la resolución de la Corte de la Cámara de Comercio Internacional por la que se rechazó la recusación por prejuzgamiento de los árbitros se formuló con base en razones que no explicitan.
Honorarios, recurso de apelación (procesal), costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALBA DE ESPOSITO c/ ALBA NATALIO s/ SUCESION - ORDINARIO - INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-10

Aún siendo desestimada, la apelación contra la regulación de honorarios no genera costas.
Hurto con llave o ganzúa, tentativa, cosas en el automotor, hurto de automotor
Materia: PENAL
Carátula: LARRAMA MEZZO s/ HURTO - UTILIZACION GANZUA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-18

la acción atribuible al procesado, que intentó apoderarse únicamente de los efectos que se encontraban dentro del automóvil, configura el delito de hurto calificado por la utilización de ganzúa o instrumento similar, en grado de tentativa, no sólo porque dicho instrumento sirvió para "penetrar al lugar" -dentro del automóvil-, sino porque la ausencia de toda peritación sobre el vehículo y el estado interior de sus mecanismos de arranque, impiden juzgar la posibilidad de que hubiese intentado apoderarse del coche mismo.