Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, procedencia del recurso, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: HUANCA c/ TOLEDO Víctor Rodolfo s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-09-19

En tal sentido esta Sala, en forma reiterada, viene sosteniendo su legitimación, criterio que se ve corroborado por fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Provincia, como se citó en los autos: " IBÁÑEZ, Pablo Daniel por Desobediencia Judicial", causa Nº I01- 27082/10 de esta misma Sala III dijimos: " Dentro de las citas doctrinarias y jurisprudenciales el apelante afirma que la CJSN ha declarado ilegal la prisión preventiva en la causa "Nápoli, Erika E. y otros" de fecha 22/12/98 publicada en L. L.1999-B pág. 661/666, lo cual no es cierto, pues lo que la CJSN allí dijo es que la ley 24410 era inconstitucional como también lo era el art. 26 de la const. de la Provincia de Santiago del Estero porque violaban el derecho a la igualdad contemplado en el art. 16 de la C. N. y en dicho fallo en su considerando 18 la CSJN dijo: "Que el temperamento aquí adoptado con apoyo en el derecho nacional se ve enriquecido con los principios que informan el derecho internacional de los derechos humanos, de actual 'jerarquía constitucional' según la reforma de 1994.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos - cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación del pacto de San José de Costa Rica (Fallos: 318:514, consid. 11, párr. 2º) - ha consagrado, dentro del contexto general de los instrumentos internacionales vigentes, que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva...".

Agregando más adelante: "Nuestra Corte de Justicia ha reafirmado la posibilidad de privar de libertad a una persona sometida a proceso penal sin que ello implique violación a norma alguna sea de carácter internacional, constitucional o procesal, en tanto, claro está, que la misma no sea arbitraria ni ilegal y así en los autos caratulados: "Pedido de eximición de detención solicitado por el Defensor Oficial Correccional nº 4, Dr. Polliotto a favor de RODRÍGUEZ, Luis Alejandro", Expte. Nº 2122/09 del Juzgado Correccional y Garantías 4ª Nominación, Distrito Judicial del Centro, causa Nº I01- 26673/09 de esta misma Sala, entre otras cosas dijo: "Antes de concluir pareciera conveniente dejar expresamente salvado que la restricción de la libertad personal está prevista por la Constitución Nacional (art. 18), de la Provincia (art. 19) y las normas procesales vigentes y de ninguna manera violan derecho alguno, en tanto y cuanto no sean aplicadas en forma arbitraria ni ilegítima.

Así surge claramente del pronunciamiento del Alto Tribunal de la Provincia en Expte, nº CJS.-32156/09, caratulado: "Incidente de Excarcelación presentado por el Dr. Diego Rodríguez Pipino a favor de Roberto Genaro Plaza en Expte. 3177/08 -Cámara Tercera en lo Criminal- Recurso de Casación. Allí se dijo que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos -cuya jurisprudencia es guía para la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica-, consagró a la prisión preventiva como medida cautelar no punitiva y admitió como legítima causal para dictarla la gravedad penal de la imputación, siempre y cuando la amenaza de cumplimiento efectivo subsista mientras dure la medida.

En ese informe, además, aceptó como justificativo para su dictado al peligro real de reiteración o reincidencia delictiva y, en la resolución Nº 17/89, a la reacción pública ante la gravedad especial del hecho".

A continuación, recordando lo que establece la Constitución Provincial en los arts. 19 y 20, el 18 de la Const. Nac. los arts. 3 y 270 del C.P.P., entiende que en ellos se instituye en el derecho público Local la naturaleza preventiva, provisoria y excepcional de toda especie de restricción de libertad cautelar y su procedencia está asignada para evitar se produzca un daño al proceso, ya sea porque exista peligro de fuga o porque desaparezcan rastros del delito o perjudique a su investigación, de modo tal que si ante la provisoria calificación legal de los hechos investigados, se estima que procederá condena ..., no prospera la eximición de detención...".

Siguiendo esa misma línea de pensamiento y jurisprudencia, también en los autos: "AÑEZ, Cristina Marlene por Robo Calificado por el Uso de Arma en Grado de Tentativa en perjuicio de CASTAÑO, Alcira Margarita", causa Nº 25.183/08 de esta Sala III, con anterioridad se dijo: " I) En la intención de fundar apropiadamente mi decisión, en primer lugar cabe aclarar que el instituto de la prisión preventiva en sí mismo no está reñido con la Constitución Nacional ni con los Tratados Internacionales sobre derechos humanos; ellos lo prevén como un instrumento de carácter excepcional para afianzar los fines del proceso y así también lo hace nuestro Código Procesal Penal (art. 270).

Es decir, la afectación del derecho a la libertad ambulatoria de una persona sometida a proceso penal es totalmente válida y en algunos casos necesaria, dentro del marco -claro está- de las leyes fundamentales. Precisamente en el fallo "Barbará, Rodrigo Ruy" (causa Nº 21.143, de la C.N.C.Corr., sala I, del 10/11/03), citado por la Defensora Oficial, el Dr. Donna explica que: "....otra finalidad del Estado, que también viene exigida por la propia Constitución, y que consiste en el afianzamiento de la justicia y en consecuencia el evitar la 'guerra civil', y, una forma de llegar a este cometido es mediante la imposición de la pena [cita a Julio Maier en "Derecho Procesal Penal" y una obra suya denominada "Teoría del Derecho y de la pena"].

Pero esta exigencia sólo es posible mediando el juicio previo, de modo que también el Estado debe facilitar este extremo. Esto exige que el juicio previo pueda ser realizado, que no existan obstáculos para ello y que se pueda llegar a la sentencia que se base sobre la verdad real lograda en el proceso.

Como ha dicho Hassemer, cuando se refiere al tema y que el actuar del aparato de la justicia se comienza en base a las sospechas, y las medidas que se realizan en contra del imputado y aun de los testigos, 'todo lo expuesto constituye un verídico gabinete del miedo que, por supuesto, está exactamente contemplado. Se trata sólo de una colección de instrumentos, sin la cual sería imposible comprobar seriamente la imputación.

Quien quiera esa comprobación, debe querer un procedimiento ordenado. Quien quiera un procedimiento ordenado, debe aceptar la coerción en la comprobación' [cita a Winfred Hassemer, "Los derechos humanos en el proceso penal", en Revista de Derecho Penal, 2001-1, Rubinzal-Culzoni]".

Tanto en nuestra normativa procesal penal, como en la Constitución y los Tratados Internacionales a ella incorporados con igual jerarquía, la finalidad de las medidas de coerción personal sobre el imputado en el marco del proceso penal es evitar que el mismo "...obstaculice la investigación de la verdad aprovechando su libertad para borrar o destruir las huellas del delito, sobornar o intimidar a los testigos, o concertarse con sus cómplices. También se autorizan cuando las alternativas del proceso tornen necesaria su persona para medidas probatorias en las que deberán actuar como objeto de prueba...".

Otra razón es evitar la rebeldía que paraliza la realización del juicio, "...que mediante la fuga u ocultación de su persona impida el normal desarrollo del juicio en el cual, quizás, se probará su delito y se dispondrá su condena" (Cafferata Nores, "Medidas de coerción en el proceso penal", Lerner, Córdoba, 1983, págs. 33/34).

Por esas razones es que nuestra Ley de ritos establece como principio general que "libertad la personal podrá ser restringida sólo de acuerdo con las disposiciones de este Código y en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva" (art. 270, C.P.P. de Salta; el resaltado en negrita me pertenece).

Este dogma jurídico es el que debe guiar al resto del ordenamiento procesal, por lo que en este sentido no es contrario a las supremas normas de nuestra Nación ni de los Tratados Internacionales de igual rango.

Así, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos establece que: "nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas" (art. 7.2); "su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio" (art. 7.5, in fine).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su art. 9.3 que "la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo".

Firmado Doctores : Edgardo F. Albarracin y Adolfo A. Figueroa .