marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: ECHEVARRIA Nicolás Clemente y Otra c/ Galdeano Javier Alfredo y Otro s/ Daños y Perjuicios - Actuaciones para Elevar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-09-25

De la lectura del memorial de agravios surge evidente la suficiencia de los argumentos vertidos por el recurrente a tal fin. Es que si desde el acto impulsorio hasta que la parte actora solicita el desarchivo, ya había transcurrido el plazo de seis meses establecido por el art. 274, inc. 1, del Cód. Proc. Civil, Comercial y Minería de San Juan, el planteo de perención fue incorrectamente rechazado.

A ello se agrega que, a los fines de resolución del incidente de perención de la instancia, no se indicó la existencia de consentimiento del acto impulsorio posterior al vencimiento del plazo de perención.

En efecto, no existió purga o subsanación de la perención si la parte recurrente no consintió ningún acto de impulso de la instancia posterior al cumplimiento del plazo de perención, máxime si tuvo conocimiento de la cédula diligenciada con posterioridad a dicho plazo, cuando se contestó el traslado del planteo de perención de instancia.

Y si la parte actora había dejado de impulsar el proceso por más de seis meses, transcurridos desde el 08/08/2012 hasta el decreto de fecha 22/04/2013, en el que se suspende los plazos, sin haberse visto impedida de instar el trámite del mismo, y diligenciado una cédula de notificación cuando -reitero- ya había transcurrido el plazo de perención, propongo que se declare procedente el recurso interpuesto.
Municipalidad, personal municipal, indemnización, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, Seguridad social, intervención estatal
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CICCIA, FELIPE JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº  176-94) ASCONA, JUAN RAMON c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 677-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-28|1996-09-18

Las pretensiones de cobro de rubros indemnizatorios por enfermedad inculposa deben interpretarse de manera tal que no frustren normas de seguridad social contenidas en el artículo 14 de la Constitución Nacional, las cuales al propio tiempo que consagran derechos para los jubilados, encomiendan expresamente al Estado el otorgamiento de tales beneficios, mandato constitucional cuyo cumplimiento atañe a los poderes públicos dentro de la órbita de sus respectivas competencias.
Renta vitalicia previsional, reajuste jubilatorio, prescripción, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GAYOSO,  JULIO CÉSAR c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio deEconomía y otros".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-30

La renta vitalicia previsional era una de las modalidades establecidas por la ley 24.241 para la percepción de prestaciones para los afiliados al régimen de capitalización individual, quienes debían contratar un seguro de renta vitalicia directamente con la compañía de seguros de retiro. Si bien un antecedente de este instituto es el previsto en el Código Civil (arts. 2070 y siguientes), el contrato de seguro de renta vitalicia previsional presenta características diversas, ya que la póliza del mismo se encuentra regida por las normas reglamentarias establecidas en la Res. Conj. 620/97 S.A.F.J.P. y 25.530/97 S.S.N. (cfr. art. 101, ley 24.241). Dicha reglamentación establece expresamente que los referidos contratos quedan regidos por las leyes 17.418, 24.241 y las introducidas en dicho dispositivo reglamentario (ver. art. 1, anexo 1). En orden a lo expresado, resulta entonces inadmisible la aplicación analógica de la prescripción decenal prevista en el art. 4023 del Código Civil. (Del dictamen Fiscal al que adhiere el voto mayoritario. El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia).
Libertad sindical, convenios colectivos de trabajo, Administración Pública, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Abdo, José y otros c/ D.G.I. s/ cobro de australes por diferencias salariales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

La ley 14.250 no pudo excluir al personal de la Administración Pública de las convenciones colectivas de trabajo, por resultar violatoria del art. 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a este tipo de contratación.
Establecimientos asistenciales, subcontratación laboral, trabajadores gastronómicos, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Longobucco, María c/ Sanatorio Otamendi Miroli SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-04

No es necesaria una mayor fundamentación para comprender que un sanatorio, que tiene pacientes internados debe suministrarles alimentación y además no cualquier comida, sino la que se adecue a las condiciones de salud de cada paciente, por lo que el cocinero debe efectuar la preparación según directivas de los dietistas del establecimiento. Por ello, no puede escindirse la actividad final sanatorial de su complemento gastronómico, por lo que si la entidad subcontrató el servicio, resulta solidariamente responsable, pues la actividad gastronómica es indispensable para el cumplimiento de la función propia específica del sanatorio y se cumple siguiendo las instrucciones de éste.
Contrato de trabajo, representante legal
Materia: LABORAL
Carátula: Saad, Rafael Antonio c/ Federación de vendedores de diarios y revistas de la República Argentina. s/ Despido Tinnirello, Enrique E c/ Consorcio propietarios calle 69-690 s/ Cobro indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-06|2001-11-21

El trabajador no tiene la obligación de indagar el carácter y alcance de la representación que ejerce la persona física que actúa en nombre de la persona jurídica cuando celebra y luego cumple el contrato de trabajo y a tal efecto sus actos deben considerarse válidos y como emergentes del principal (art. 36 Ley de Contrato de Trabajo).
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido sin causa, examen de salud
Materia: LABORAL
Carátula: FERREYRA JESUS UBALDO SEPTIMO c/ CLINICA REGIONAL RIO TERCERO  S.R.L. s/ ENFERMEDAD   ACCIDENTE  -  CONTRATO  DE  TRABAJO  -  CREDITO LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-29

Al tiempo de recibir la intimación formulada por la empleadora el actor se encontraba efectivamente enfermo y al amparo de la legislación tuitiva para infortunios de esa naturaleza preceptuada por el art. 208 de la Ley 20744 (t.o.) y que la actitud de la demandada de despedirlo en esa situación evidentemente fue apresurada y convierte al despido de que se trata como incausado a los efectos legales, sobretodo cuando no consta de manera alguna que la empleadora en uso de la facultad que le otorga el art. 210 Ley 20744 (t.o.) haya intentado controles médicos para cerciorarse del verdadero estado de salud práctica de su dependiente y/o de la veracidad de sus afirmaciones y/o diagnóstico al tiempo de tomar conocimiento del estado.-
Derecho procesal, recursos, recurso de queja (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOGADO RAUL OSCAR c/ NACION SEGUROS SA s/ ORDINARIO S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08

Cabe rechazar la queja planteada por el actor por el pronunciamiento que admitió parcialmente la oposición de su contraria a la producción de la prueba testimonial y de ciertos puntos de pericia (conforme CPCC: 379). Ello por cuanto el recurso es inadmisible porque la apelabilidad establecida en el ordenamiento procesal responde al sentido del pronunciamiento, con independencia del grado del error que se atribuye a la decisión o de otros factores incidentes (CNCom. Sala D, 15/4/08, "Banco Extrader SA s/quiebra c/Fortunato Bonelli & Cía. SA s/ordinario s/queja").
Interpretación de la ley, contexto interpretativo, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: SADE  SACCIFIM. c/ Provincia de Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

Las leyes deben ser interpretadas de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional.
Recursos, alícuota, expresión de agravios, interpretación de la ley, fallos de la Corte Suprema, Constitución Nacional, conflicto de intereses
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: Valot SA  c/ AGIP - DGR s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

En el marco de una federación, la necesidad de afrontar en forma coordinada algunas problemáticas comunes que se repiten en todos los estados locales, y a la vez resguardar la autonomía de cada uno de ellos, da nacimiento al "federalismo de concertación". Este cuenta con la suscripción de tratados interjurisdiccionales que integran lo que la doctrina y jurisprudencia han denominado "derecho intrafederal", como una de sus principales herramientas. La CSJN ha concluido que estos acuerdos no pertenecen al ámbito del derecho federal sino al público local (CSJN, "Transportes Automotores Chevallier S.A. v. Provincia de Buenos Aires", sentencia del 20/08/1991, Fallos 314:862; y -en lo referido específicamente al PFEPC- "Centauro S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", sentencia del 19/12/1995, Fallos 318:2551), pues regulan esencialmente materias reservadas a las jurisdicciones locales. Y se incorporan al derecho público interno de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires a partir de su aprobación o ratificación por parte de las legislaturas locales, que generalmente motivará luego el dictado de normas que los implementen en cada jurisdicción (ver, en lo referido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los arts. 80 inc. 8 y 104 inc. 3 de la CCABA). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ALBERTONDO, DANIEL FRANCISCO c/ CAPELINO, ELEODORO JOSE s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 538-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-23

En los casos de recursos de apelación extraordinaria en los que se han invocado diversas causales, rechazándose el recurso por alguna de ellas y concediéndola por otra, recién con el decisorio de la Sala referido a los planteos que dieron lugar a la concesión de dicha apelación extraordinaria, se estará ante una sentencia definitiva a los fines del artículo 1 de la ley 7055.
Acción de amparo, remuneración del juez, actualización monetaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: HECTOR GRIEBEN Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL (MRIO. DE EDUCACION Y JUSTICIA) s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-05

En virtud de las facultades que le asisten con arreglo al art. 16, 2da. parte de la ley 48, corresponde que la Corte ordene que la actualización de las retribuciones de los magistrados judiciales que promovieran el amparo sea liquidada por la Subsecretaría de Administración.
Sociedades comerciales, personería jurídica, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: EBNER, Ricardo y otros c/ LA PERLA DE FLORES SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-17

Si bien es cierto que la ley admite, como uno de los efectos de la personalidad jurídica reconocida a las sociedades, la separación patrimonial de estos sujetos de derecho respecto de sus integrantes y que este principio legal debe mantenerse y respetarse en tanto no se violen reglas superiores del ordenamiento jurídico que hagan aplicable el criterio de funcionalidad sustentado por el art. 2 de la ley 19550, ello no impide que se aplique la doctrina de la penetración de la persona jurídica cuando se advierta la utilización abusiva de tal ficción legal para perjuicio de los trabajadores.
Competencia nacional, estafa, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos NN, NN c/  s/ 153 1° y 2° parr - violación de secretos y de la privacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-28

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Nacional para investigar los hechos subsumibles en la figura de estafa prevista en el art. 172 del CP, en grado de tentativa. Ello así, en tanto la maniobra de suplantación de identidad digital del caso, tuvo por finalidad engañar e inducir a error a las personas conocidas de la denunciante y provocar que algunas de ellas realizaran una disposición patrimonial perjudicial. Aun en el supuesto de haber existido un hackeo de las redes sociales, no debería vinculárselo, de manera necesaria, a la interceptación de una comunicación electrónica, sino antes bien a un acceso indebido a un sistema de acceso restringido, extremo que introduciría la alternativa de la posible configuración del art. 153 bis del CP. Debería tenerse presente que aquel acceso tendría una relación de medio a fin con la maniobra estafatoria. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg por remisión a los fundamentos del dictamen fiscal. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Cuestiones de competencia, Estado Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Misiones. c/ Municipalidad de Posadas. s/ Planteo de Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-10-24

En los municipios no existen poderes originarios ni reservados y, por lo general, la atribución de sus competencias ha sido materia de la ley provincial.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: González, Hugo Alberto s/ Lesiones culposas. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

La decisión de la Cámara que declaró mal concedido el recurso de apelación deducido contra lo resuelto en primera instancia en cuanto se difiere para el momento de dictar sentencia -como excepción de previo y especial pronunciamiento- la declaración o no de la extinción de la acción penal por prescripción, no reviste carácter de definitiva en los términos del art. 357 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y modif.), ya que no existe pronunciamiento concreto sobre la prescripción invocada sino respecto de la oportunidad procesal en que debería resolverse la cuestión planteada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones prejudiciales, acción civil, acción penal, sentencia, aplicación de la ley, código civil, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ MARIA ELENA Y OTROS c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22

La acción penal pendiente no impide promover o continuar la acción civil, sino, únicamente, que se dicte sentencia en ésta antes que en aquélla.

Este criterio encuentra fundamento, ante todo, en las palabras de la ley. Adviértase, al respecto, que el artículo 1101 del Código Civil no dice que el juicio civil no puede iniciarse o tramitar, sino que "no habrá condenación en el juicio civil", expresión, que ha de entenderse en el sentido de que no debe dictarse un pronunciamiento de mérito sobre la pretensión, el cual, lógicamente, puede ser condenatorio o no.

Es necesario tener en cuenta que la finalidad de la norma consiste en evitar la existencia de decisiones judiciales contradictorias (doctr. arts. 1102 y 1103, C.C.), propósito que se satisface con la suspensión del dictado de la sentencia y que, por lo tanto, no es obstáculo para proseguir el juicio hasta esa etapa procesal.
Daños y perjuicios, indemnización, privación del uso del automotor, responsabilidad del tallerista
Materia: COMERCIAL
Carátula: MESAGLIO, JULIO c/ DEL TORTO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-21

Resulta improcedente responsabilizar al tallerista por los daños que habría sufrido el accionante como consecuencia del supuesto servicio defectuoso prestado por aquel en su automóvil que lo habría obligado a interrumpir un viaje, cuando -como en el caso-, se tiene dicho que la obligación de garantía que asume todo tallerista por las labores desempeñadas no pueden resultar sine die, ya que el período de un año y dos meses operado entre la prestación del servicio y la supuesta rotura de la pieza dañada excede largamente el término de garantía que razonablemente cabría fijar en casos como el presente -en el que no se aprecia la existencia de un plazo convencional establecido-. Así, la postura del accionante en cuanto a que el daño invocado se produjo dentro del plazo de garantía -por no ser aplicables al caso los preceptos contenidos en la ley 24240 sino las normas del código civil relativas a los vicios redhibitorios- no puede prosperar. el tallerista no transmitió al actor el dominio, uso y goce de ninguna cosa -cciv: 2164-, sino que se limitó a reparar una pieza usada del motor de su vehículo -sin siquiera haber sido el encargado de ensamblarla nuevamente en el motor- de manera que son efectivamente aplicables al caso, las disposiciones de la ley de defensa del consumidor referidas a prestación de servicios.
Tribunal de cuentas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Teillagorri, Rodolfo c/ Provincia de Bs. As. (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

Siendo imperativo el art. 32 de la ley 4373 al admitir automáticamente la suspensión de la ejecución del acto por la mera interposición de la demanda de nulidad autorizada por el art. 26, corresponde acceder a la suspensión del fallo del Tribunal de Cuentas solicitada por el actor y notificar dicha circunstancia al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado, al sólo efecto de que se abstengan de promover, iniciar o proseguir, respectivamente la ejecución judicial tendiente al cobro compulsivo del cargo formulado, hasta tanto se pronuncie sentencia definitiva en la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Crédito laboral, desindexación, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CRUZ, VICTORIANO c/ ENTEL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-24

Es exigible al deudor que invoca la ley 24283, explicitar su posición y describir muy concretamente a cuánto ascendería el crédito y cuáles son los parámetros que lo llevan a considerar que el monto de la liquidación lo excede. Estos requisitos, que están en la esencia misma de la norma de excepción, son necesarios para aventar defensas dilatorias en un proceso de ejecución de sentencia de créditos alimentarios que podría llegar a paralizarse por un proceso incidental de conocimiento y por lo tanto no cabría activar el sistema de la ley 24283 si en el planteo del deudor se perfilan claras orfandades de fundamento.
Acusación fiscal, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: EPELPAUM,Claudia s/ ACUSACION. NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-20

El término para acusar, si bien perentorio, puede ser prorrogado aun cuando se solicite esa ampliación del plazo fuera del término legal pero antes de que se haya dado por decaído el derecho de acusar.
Tasas, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Nacional - Ministerio de Economía - Secretaría de Industria c/ Saab Scania Argentina SA. s/ PROMOCION INDUSTRIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Es requisito de validez constitucional de toda tasa que su cobro se corresponda siempre con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Ejecución de sentencia, condena a escriturar
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Da Silva Umpierrez Cloreci c/ Silajencova Vda. de Negrelli, Ana s/ Nulidad de escritura
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-27

Habiendo quedado consentido el auto que dispuso que la escritura traslativa de dominio sería otorgada por el juzgado, no se advierte "prima facie" impedimento formal alguno para que en la etapa de ejecución de sentencia, el Juez suscriba directamente, en nombre de la parte demandada, el instrumento público a favor de quienes actualmente poseen un derecho derivado de un acto o negocio jurídico (boleto de compraventa), mediante el cual la actora trasmitió a favor de quienes aparecen como compradores los derechos que tenía a que se otorgue la escritura traslativa de dominio (arts. 1185, 1327, 1434, 1446, 1448, 1454 y concds. Código Civil), previa ratificación judicial de la firma por parte de los interesados ante el órgano jurisdiccional y sin perjuicio de que, en la instancia de origen, se cumplan los recaudos que el a- quo estime necesarios para la correcta materialización del acto que deba llevarse a cabo (arts. 509 y 5l0 Código Procesal). (Minoría u opinión personal)
Prueba confesional, declaración indagatoria, extraña jurisdicción, competencia provincial, declaración de incompetencia
Materia: PENAL
Carátula: ISGLEAS, O. F. s/ PRUEBA  CONFESION  -  INDAGATORIA - SEDE PROVINCIAL - INCOMPETENCIA -  VALIDEZ
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-02-22

La declaración prestada por el encausado ante el juez penal de la Provincia de Buenos Aires tiene plena validez de prueba confesional, conforme lo establece el artículo 321 del Cód. Proc. Crim., toda vez que la declaración de incompetencia por parte del Tribunal Provincial fue posterior a la confesión misma, dándose así por cumplido el requisito del art. 316, inc. 1, C.P.C en concordancia con el art. 73 Cód. cit.
Proceso penal, medidas cautelares
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

El artículo 23 del CP no establece cuestiones procesales como, por ejemplo, en qué condiciones el fiscal o eventualmente la parte querellante está facultada para solicitar al juez las medidas cautelares allí previstas, o cuál es el proceso a seguir para su dictado, pues la definición de esas cuestiones sí es un problema, por procesal, local; pero, define otras que las jurisdicciones locales no pueden alterar tales como el carácter de la medida; el momento en que puede ser adoptada; su finalidad; y, finalmente, no requiere para su implementación que el pedido provenga de persona determinada alguna. (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Liquidación, cosa juzgada, error numérico, preclusión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DORADO, JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-29

La liquidación se practica siempre "en cuanto ha lugar por derecho".

No es inmutable ni tiene los efectos de la cosa juzgada ni de la preclusión, por lo que los errores aritméticos pueden corregirse en todo tiempo.