marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Partidos políticos, elecciones partidarias, lista de candidatos, oficialización de listas
Materia: ELECTORAL
Carátula: Junta Electoral Partido Justicialista s/ eleva actuaciones "González de Cuccioletta Marta s/apela acta final"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-09

La adecuación que un partido deba hacer de la lista resultante de sus comicios internos partidarios para dar debido cumplimiento a las exigencias de la ley 24.012 y su decreto reglamentario debe respetar la representación y posiciones obtenidas por cada lista participante. De otra forma resultaría un contrasentido que con la excusa de dar una real participación a las mujeres se coartara simultáneamente la participación de las minorías. Por ello la aplicación debe ser coherente y armónica respetando ambos principios, y cuando sea menester el desplazamiento de un hombre por una mujer -para cumplimentar la exigencia del cupo femenino-, ambos deben ser de la misma lista participante en la interna partidaria.
Impuestos, Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: "ESSO  Petrolera  Argentina  SRL c/ AFIP DGI s/ Dirección General Impositiva".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-26

La facultad de establecer impuestos, tasas y contribuciones es exclusiva y excluyente del Poder Legislativo y por tanto, indelegable. Ello resulta del anterior texto constitucional, como así también en el texto actual. A partir de la reforma de 1994, el Congreso sólo puede acudir excepcionalmente a la delegación legislativa, ya que el art. 76 C.N. establece como regla la prohibición de delegar la facultad legiferante en el Poder Ejecutivo; disposición congruente en la del art. 99, inc. 3, 2° párrafo C.N. que prohibe al Poder Ejecutivo emitir dispocisiones de carácter legislativo. La falta de prohibición expresa sobre determinadas materias, no es suficiente para entender que la habilitación legislativa pueda comprender lo esencial del ejercicio del poder tributario en materia sustantiva, toda vez que el principio de reserva de ley se ha mantenido incólume (Del voto del juez Argento, cons. 6°).
Tentativa, delito imposible, tentativa inidónea, comercialización ilegal de estupefacientes, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: RAMIREZ PUJOL, Jorge y otros s/ Causa 20.191
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

No constituye tentativa de delito imposible, la conducta del procesado que es inducido por personal policial a la comisión del delito de comercio de estupefacientes, sino que se trata de una tentativa idónea, pues la intervención del agente provocador representa en realidad una circunstancia ajena a la voluntad del provocado, que impidió que éste consumara el delito que tenía el fin de cometer.
Secuela de juicio, sobreseimiento provisional
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ DUQUE, R. s/ PRESCRIPCION  ACCION.  SECUELA  JUICIO.  SOBRESEIMIENTO  PROVISIONAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-10

Sólo constituyen "secuela de juicio" los actos concretos y válidos de impulsión del procedimiento, que le dan vida activa y firme al proceso e importan una real dinámica que tiende a su prosecución; no constituyendo el sobreseimiento provisional "secuela de juicio", ya que su principal efecto consiste en suspender condicionalmente el proceso en su normal desarrollo hacia la sentencia cuando se dan los supuestos del art. 435 del C.P.C.
Concurso real, hurto, prueba testimonial, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Albarracín, Gustavo Adolfo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Nolasco Contreras en contra de la Sentencia Nº 10/11 recaída en Causa Expte. 228/09 ac. 104/10 caratulada Albarracín, Gustavo Adolfo - s.a. Robo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-03-12

La Cámara en lo Criminal de Primera Nominación declaró culpable al imputado como autor y coautor de delitos contra la propiedad en concurso real.

Contra ese decisorio, el Defensor Oficial Penal interpone recurso de casación.

El recurrente introduce su tercer agravio, aludiendo al hecho contenido en la Requisitoria Fiscal -Hurto-. Sostiene que las pruebas no han sido analizadas y valoradas de manera objetiva como para mantener la acusación.

Como se advierte, el eje central de discusión radica en analizar si efectivamente el a quo ha aplicado erróneamente la reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º del C.P.P.), en relación al Hecho contenido en la Requisitoria Fiscal y si, a consecuencia de ello, corresponde absolver al imputado por el beneficio de la duda, conforme lo peticionado por la defensa.

Un análisis de las cuestiones traídas a estudio permite adelantar que los embates esgrimidos no pueden tener acogida favorable.

Ello es así, porque advierto que el tribunal ponderó el testimonio de la víctima y denunciante y a partir de lo expuesto, ninguna duda cabe que fue el imputado quien, ante la negativa de la víctima de prestarle el secarropas, regresó momentos más tarde al domicilio de aquella, y aprovechando su ausencia y que la puerta principal que se encontraba sin llave, ingresó y se apoderó ilegítimamente del mencionado secarropas, para luego darse a la fuga en un remis blanco.

Sumado a ello, también cabe referir que el imputado, al ejercer su derecho de defensa en el debate, manifestó que su mujer le había prestado el secarropas a la víctima, prima de él y ella no se lo quería devolver, por eso él fue y se lo quitó. Los esfuerzos defensivos se desvanecen si se pondera que la denunciante fue al domicilio del imputado, en donde su mujer le comentó que su marido no se encontraba desde el día anterior, que lo había corrido, ya que se había cansado de que le venda las cosas para comprar droga, invitándola a ingresar a la casa para mostrarle que el único secarropas era el de ella, observando que el suyo no estaba allí.

En efecto, en el caso bajo examen, entiendo que el análisis integral del material probatorio debidamente analizado por el a quo, en modo alguno genera la duda beneficiante que pretende el recurrente.

Con base en todo lo expuesto, a diferencia de lo postulado por la defensa del acusado, concluyo que el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundado y que el cuadro convictivo meritado por el sentenciante nos lleva a sostener con grado de certeza la participación responsable del incoado en el Hecho contenido en la Requisitoria Fiscal de fs. 328/330; esto es, Hurto (art. 162 C.P.).

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por este agravio.
Instancia conciliatoria, acuerdo de partes, regulación de honorarios, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Tourón Juan Marco c/ Asociart Sociedad Anónima Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-04

La interpretación literal es la primera herramienta a la que debe acudir el intérprete. Lo que es claro en términos jurídicos no debe oscurecerse, ni interpretarse, toda vez que no existe espacio para la duda entre el significado descubierto y lo que efectivamente atribuyeron las partes al enunciado asentado en el convenio. Lo acordado le es perfectamente oponible al letrado que ha tenido participación personal en el acuerdo, suscribiéndolo. Y, lo que los letrados convinieron como bueno para las partes, debe serlo para ellos mismos. Además, lo pactado luce razonable a la luz de las pautas arancelarias vigentes (Voto Welp, en adhesión a Romero)
Terminación del proceso, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Diego Antonio Jalil Colomé c/ Ada Rizzardo de Morales s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-02-16

La demandada solicita caducidad de la segunda instancia, para lo cual corresponde analizar si se dan los requisitos de procedencia ello es: existencia de una instancia, inactividad absoluta de las partes o del tribunal, transcurso de los plazos legales.

Respecto del primer requisito, la doctrina mayoritaria sostiene que la segunda instancia se abre a partir de la fecha de concesión del recuso de apelación, situación que concurre en el presente caso.

A partir de ese momento es obligación del recurrente activar el procedimiento a fin de que el Tribunal de Alzada se halle en condiciones de pronunciarse sobre el recurso. El segundo requisito es la inactividad procesal que consiste en la ausencia de actos de impulso del procedimiento en forma total o inidónea. Dicha inactividad implica ausencia de actos procesales propiamente dichos, los actos que no son procesales no tienen eficacia para destruir la formación de la caducidad de la instancia.

En autos se ha producido efectivamente una inactividad con ausencia de toda actuación tendiente a dar impulso a la instancia iniciada, pues desde la providencia de este Tribunal que ordena la radicación de la causa y manda a poner los autos para expresar agravios no obra ninguna actuación del apelante a fin de impulsar el procedimiento, en consecuencia desde la fecha de dicha providencia y hasta el pedido de caducidad ha transcurrido con exceso el plazo de seis meses que rige para la operatividad de la caducidad en la segunda instancia, por ello corresponde hacer lugar al pedido de caducidad solicitado.
Derecho penal, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: L., J. C. - B., M. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-24

La extinción de la acción penal opera tanto por acaecimiento de alguna de las circunstancias contempladas en el art. 59 del CP como por el vencimiento de un plazo fatal. Ello importa la inexistencia de una acción penal viva (que es condición de punibilidad), en consecuencia no hay proceso, sin éste no hay imputado, víctimas (que deban ser escuchadas) ni conflicto que deba ser alcanzado por la ley penal.La realización de la audiencia de formulación de cargos es el momento a partir del cual comienzan a correr los plazos de la investigación penal preparatoria (4 meses, art. 158, CPP), plazo en que las partes deben cumplimentar su actividad (del voto del Dr. Varessio).
Impulso procesal, impulso de parte, llamamiento de autos, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: TORRES DEL SANTO DE MANNI, María Gabriela y otro c/ TELEVISION FEDERAL S.A. TELEFE y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-23

El hecho de que la actora pidiera en su momento el llamamiento de autos y no fuera proveído de conformidad, por haberse ordenado la remisión de las actuaciones a la Cámara, no la releva en modo alguno, tras la devolución de los autos al juzgado de origen, de su deber impulsorio, siendo que en el ámbito del proceso civil rige el principio dispositivo que pone en cabeza de las partes el deber de impulsar el procedimiento.-
Recurso extraordinario, proceso penal, Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, tráfico de estupefacientes, tratados internacionales
Materia: PROCESAL-PENAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Villegas, Angel Ariel y otros s/ infracción ley 23.737 - causa n° 9160.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-05

Si en el caso no se advierte, y tampoco ha sido invocada por el recurrente, la existencia de relación inmediata entre la norma procesal en que el a quo apoyó su decisión y las disposiciones de la Convención, no puede sostenerse con apoyo en el art. 6° de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, que todo acto procesal que disponga la libertad de personas procesadas en causas por estupefacientes, comprometa en forma inmediata las obligaciones asumidas en el citado convenio (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Intervención fiscal, falta de intervención
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ott, Ana y Bustamante, Silvia G. c/ PEN- BCRA y Bco. Prov. Bs. As. s/ amp. - med. cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

La intervención del Ministerio Público Fiscal no resulta obligatoria en las acciones de Amparo donde no se encuentre en juego el interés público, pudiendo apartar-se así de lo dispuesto en el art. 39 segundo párrafo de la Ley 24.946; dado que una solución contraria importaría convertir dicha intervención en un simple ri-tualismo. (Voto en disidencia del Dr. Néstor Luis Montezanti)
Derecho laboral, violencia laboral, mobbing, despido, indemnización, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Bustelo, Juan Ignacio  c/ Pixowl S.A y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-27

La accionante cuestiona la decisión de la juez de grado al disentir con su valoración de la extinción del vínculo, sosteniendo que cabe desestimarla pues la disolución del vínculo se habría llevado a cabo en torno a un "mal ambiente laboral". No resulta admisible la pretensión de la demandada de descartar la configuración del mobbing alegándose que el trato violento, cínico, perverso y absolutamente desconsiderado que de acuerdo a los elementos de juicio referidos recibía el actor con tolerancia de la empleadora era generalizado y afectaba no sólo a él sino también a todo el resto de los colaboradores del superior jerárquico, ya que dicha tesitura no sólo resulta reñida con valores éticos mínimos la exculparlos por las consecuencias de su conducta dañosa por afectar no sólo a una persona en particular sino a varias con similar intensidad, sino que además desconoce las diferentes vulnerabilidades que subjetivamente pueden presentar los individuos frente al comprobado y grave maltrato cotidiano y violento en el ámbito laboral. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Policía del trabajo, jornada de trabajo, convenios colectivos de trabajo, multa administrativa, restitución de la multa
Materia: LABORAL
Carátula: COSTERA CRIOLLA SA. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-31

El Ministerio de Trabajo no puede sancionar en ejercicio del poder de policía que le compete, actitudes convalidadas en cláusulas convencionales (en el caso el artículo 9, inciso i) del CCT. 460/73) que homologó y autorizó en ejercicio de facultades que le son propias. (En el caso se dejó sin efecto la multa impuesta por infracción al artículo 197 LCT.). En igual fundamento: voto del Doctor Rodríguez Aldao en sentencia número 14313, del 22 de septiembre de 1981, 'Empresa Liniers SA. s/ sumario' de Sala 6.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, sentencia absolutoria, non bis in ídem, derecho al recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: ALTAMIRANO, ANALIA BELEN c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-20

Las alegaciones de la recurrente en torno a la inconstitucionalidad del recurso fiscal contra la sentencia absolutoria logran estructurar un supuesto de posible afectación de garantías del derecho a recurso, la imparcialidad y múltiple persecución penal, que giran -esencialmente- en torno a los presupuestos y alcances del recurso fiscal y el juicio de reenvío; y en tal sentido, se coincida o no con el alcance amplio de la garantía de "non bis in idem" por la que aboga la defensa, lo cierto que en la presente causa las alegaciones defensivas logran estructurar un supuesto que impone analizar si la revocación y reenvío impugnados, se sustentan en vicios graves o esenciales del razonamiento absolutorio del Tribunal de grado o en una dispar valoración de la prueba. (Del voto de la Dra. Gastaldi).
Cheque sin fondos, cheque en blanco, fecha del título, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: BERDOY, RAUL O. s/ Cheque sin fondos Causa 30911
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-06

La circunstancia de que las inscripciones manuscritas del cheque no estén puestas por el firmante no es prueba de que su entrega fuese con fecha en blanco. No es esa la práctica usual y sí es común que las inscripciones se pongan por otra persona. (Del voto del Dr.

Hendler).
Recurso de inconstitucionalidad, daño moral, indemnización, reparación integral, realidad económica
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: De Feo, Matías David y otros c/ Transporte General Belgrano S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-12-05

Los Sentenciantes consideraron elevado el monto otorgado en la instancia de grado en concepto de daño moral, disminuyéndolo con fundamento en las características del hecho dañoso acreditado; las presumibles consecuencias que se proyectan respecto de la víctima y el uso de las facultades conferidas al Tribunal por el artículo 245, Código Procesal Civil y Comercial, sobre la base de fundamentos genéricos y también dogmáticos, sin ponderar las circunstancias particulares del caso, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado a la actora , fijando un importe notoriamente exiguo que -como también lo evidencia el Procurador General en su dictamen- desconoce la realidad económica del país y desvirtúa el principio de reparación integral; y en el caso, cabía considerar especialmente las repercusiones que la lesión causó en el ámbito subjetivo de la víctima, valorando las circunstancias que surgían de la causa (particularmente del informe pericial) con evidente virtualidad para generar en el damnificado un cuadro de angustia, incertidumbre y preocupación, tales como temores experimentados en cuanto a su recuperación y secuelas, perjuicios económicos sobrevenidos en el ámbito familiar, pérdida de un ciclo lectivo, sentimientos displacenteros, de impotencia, de rabia, de tristeza y de inseguridad; rigidez defensiva, disociación y la irrupción de intensas emociones desorganizantes en situaciones movilizantes; secuelas respecto de su imagen corporal generadas por el siniestro que le producen mucho disgusto, lástima, verguenza, disminución, sentimientos de rabia, impotencia y resentimiento no canalizados; aspectos depresivos latentes; etcétera. (Del voto del Dr. Falistocco, que hace mayoría. En disidencia: Dr. Netri y Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Fallos 308:698; 311:1018. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículos 522 y 1078; Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 1737 al 1741
Sucesiones, partición
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Muñoz, Otilio y otro c/ Muñoz, Roberto Benjamin s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-03

La partición pone fin a la comunidad hereditaria procediendo a distribuir entre los herederos la herencia. Comunidad que la propia ley señala como "accidental", "pasajera" (nota al art. 3451 y 3452 del CC).
Alimentos provisionales, hijo extramatrimonial, filiación
Materia: CIVIL
Carátula: R.R.M. c/ P.R.M. s/ FILIACION EXTRAMATRIMONIAL - RECURSO DE APELACION CON EFECTO DEVOLUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-10-12

No puede desconocerse el derecho a alimentos de los menores aun antes de la sentencia sobre su filiación desde que en ello se encuentra comprometido el derecho a la vida cuya protección insoslayable sugieren los pactos internacionales vigentes con jerarquía constitucional.
Marcas, fianza, venta de marca
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: THE  COCA   COLA  COMPAÑY c/ FASANO ANDREA CARINA s/ caducidad demarca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

Desde el momento mismo de la cesión o venta de un registro marcario, aunque no se haya efectuado la pertinente anotación registral, el interés legítimo queda desplazado del cedente al cesionario, salvo el interés residual por la garantía de evicción, porque el enajenante transfiere la cosa a su adquirente cum ovni sua causa, es decir con todos los derechos que le competían (conf. nota al art. 2109 del Código Civil, Sala I, causa n° 21.292 del 24.09.96, Sala II, causa n° 5.703/05 del 27.05.09 y esta Sala, causa n° 3.849/09 del 18.11.10, entre otras). Asimismo, en anteriores pronunciamientos de esta Cámara, se admitió la intervención de cesionarios de marcas cuya transferencia aún no había sido anotada registralmente (art.

6, Ley nº 22.362), en casos en que su presentación como sustitutos procesales (art. 44 del Código Procesal) no había sido consentida por la contraparte (conf. Sala I, causa n° 2.100 del 7.5.93, Sala II, causa n° 3.619 del 3.03.95 y esta Sala, causa n° 3.849/09 cit.).
Contrato de obra pública, plazo de ejecución de la obra, subcontratista, multa administrativa
Materia: CIVIL
Carátula: TECNOBRA  S.A. c/ COMISION NACIONAL DE LA ENERGIA ATOMICA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-04

No cabe eximir de responsabilidad al contratista por las demoras y consiguientes multas originadas en el obrar negligente de la subcontratista.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: ZONDA COLOR S.A. c/ VERAZ S.A. s/ HABEAS DATA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28

No cabe contemplar como punto de partida del curso de la perención la fecha de notificación automática de las providencias o aquella en que éstas quedaron firmes. Ello es así, por cuanto el término de caducidad empieza a computarse el día siguiente (art. 24 del Código Civil) de la última actuación impulsoria.-
Jueces, recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Raúl Manuel Muñoz Aguila s/ Robo  reiterado  con  la  modalidad del delito continuado en grado de  autor
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-05-04

Se ha convertido el magistrado en parte y juez de una causa, ya que su misión no ha sido la de solicitar un "simple pedido de prueba" sino que al utilizar las pruebas peticionadas desempeñando su labor de agente fiscal como elementos acusatorios que pondera y aprecia en contra del incuso en su fallo, aparece con meridiana claridad una actividad sospechosa respecto de la imparcialidad que debe guardar en todo momento un magistrado, ya que ha comprometido su opinión sobre el fondo de la temática tratada en el juicio, por lo que su intervención ha quedado atrapada por la causal prevista en el art. 75 inc. 4 del C.P.M.P., correspondiendo resolver su apartamiento de la causa, la que deberá pasar al magistrado hábil que corresponda, declarándose la nulidad de todo lo actuado.
Accidente de tránsito, incapacidad, pérdida de la chance, lucro cesante
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ JORGE ANTONIO c/ EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CORDOBA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-09-21

Si el actor no pudiese usar prótesis, en su resarcimiento habría que tener en cuenta la totalidad de la incapacidad asignada por la pérdida del brazo derecho, pero no puede ocurrir lo mismo si se le manda a pagar el importe de una prótesis que reemplazará en algo el brazo perdido, disminuyendo el lamentable efecto incapacitante producido por dicha pérdida. Lo mismo ocurre y por las mismas causas con las cirugías reconstructivas de la mano izquierda y de las lesiones específicas del tórax, destinadas a mejorar los aspectos funcionales y estéticos de las partes afectadas. Estas circunstancias especiales del caso no pueden perderse de vista y deberán valorarse como determinantes de la "chance" del reclamante al momento de precisar la cuenta definitiva del lucro cesante futuro -