marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pago, compensación, compensación legal, aplicación analógica de la ley, intereses convencionales, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Axel Group SA c/ Nextel Comunications Argentina SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-13

Voto del Dr. Heredia:. 1 - En la compensación "legal" los créditos deben tener título o causa fuente "diferente", de modo que no pueden ser compensadas obligaciones correlativas o conexas nacidas de un mismo contrato bilateral, ya que el contrato es celebrado para proveer a cada parte la prestación convenida (conf. Belluscio, A. y Zannoni, E., "Código Civil y leyes complementarias", T. 3, p. 689, n° 3; Alterini, A., Ameal, O. y López Cabana, R., "Derecho de las obligaciones civiles y comerciales", Buenos Aires, 2000, p. 600, n° 1481; Pizarro, R. y Vallespinos, C., "Instituciones de derecho privado - Obligaciones", Buenos Aires, 2006, t. 3, p. 537, n° 749; Moisset de Espanés, L., "Curso de Obligaciones", Córdoba, 1998, t. II, ps. 240/24; Wayar, E., "Derecho Civil Obligaciones", Buenos Aires, 2007, t. II, ps. 798/799, n° 689 "b", con cita de la excepción prevista por el CCIV 2223). 2 - En efecto, el presupuesto o requisito de la dualidad de los créditos sujetos a compensación ha de referirse a fuentes asimismo duales, lo que excluye del concepto aquellas obligaciones que nacen de contrato bilateral en el seno del cual la dualidad se resuelve en mutua condicionalidad, funcionando las obligaciones asumidas por cada parte contratante como causa de las aceptadas por la otra en régimen de querida y esencial equivalencia (conf. Superior Tribunal de España, fallo del 07/07/83, citado por Diez Picazo, L., "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial", Civitas, Madrid, 1996, t. II [las relaciones obligatorias], p. 541; y también por Lacruz Berdejo, J. y otros, "Elementos de Derecho Civil", Dykinson, Madrid, 2011, t. II, vol. I, p. 291, n° 186). 3 - En otras palabras, la compensación presupone la autonomía de los negocios a los cuales los créditos o los débitos de las partes se refieren, quedando excluida ella en caso de defecto de tal autonomía, esto es, cuando el crédito y el débito es inherente a un único negocio (conf. Bianca, C., "Diritto Civile", Giuffré Editore, Milano, 1993, t. 3 [l'obbligazione], ps. 487/488, n° 250 "f"), ya que, en tal caso, la compensación sería extraña y contradictoria con la finalidad del contrato que, como se dijo, se celebra precisamente para asegurar a cada uno de los contratantes la prestación convenida (conf. Barbero, D., "Sistema del Diritto Privato Italiano", UTET, Torino, 1965, t. II, p. 244, n° 722, II, 1, "a"). 4 - Asimismo, para efectivizar una compensación voluntaria o convencional (no "legal") ella debería también estar referida a obligaciones recíprocas "provenientes de distintas causas" (conf. Pizarro, R. y Vallespinos, C., "Instituciones de derecho privado - Obligaciones", Buenos Aires, 2006, t. 3, p. 562, n° 749; Lorenzetti, R., "Código Civil y Comercial de la Nación comentado", Buenos Aires - Santa Fe, 2015, t. V, p. 465).
Suspensión del juicio a prueba, fundamentación suficiente, daño resarcible
Materia: PENAL
Carátula: Yafar, Christian Gastón y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-02

Está debidamente fundado en razones de política criminal la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, si se tuvo en cuenta tanto el monto de reparación del perjuicio como la calidad de la maniobra urdida en dos cartulares, cuyo destino era para el bien común de los beneficiarios de una entidad, maniobra en la cual intervinieron nueve personas, cualesquiera hubiere sido la índole de su intervención.
Competencia provincial, sistema federal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: IBM. Argentina Sociedad anónima c/ San Juan, Provincia de (Secretaría de Hacienda y Finanzas) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

El respeto del sistema federal exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que versan sobre aspectos propios del derecho público local, como así también el de aquéllas en las que las relaciones jurídicas que le sirven de antecedente nacieron como consecuencia del ejercicio de funciones específicas del poder local, regidas, en cuanto tales, por sus normas de carácter administrativo.
Accidente de tránsito, factores atributivos de responsabilidad, culpa concurrente, daños y perjuicios, indemnización, costas
Materia: CIVIL
Carátula: G. M. , L. y otro. c/ Jara Ortega, Floridema y otro. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-05-22

El hecho de que la Ley de Tránsito Nro. 24.449, art. 11 inc. d, establezca expresamente que la edad mínima para circular con rodados propulsados por su conductor sea la de 12 años, no permite eximir de todo grado de responsabilidad al conductor del vehículo, ya que con tal criterio frente a tal infracción se encuentra la cometida por la propia demandada, la que en oportunidad del accidente circulaba a mayor velocidad que la legalmente permitida. Si bien las infracciones de tránsito constituyen un elemento importante a la hora de evaluar la responsabilidad en los siniestros, no son el único factor para determinar el grado de participación que le cabe a cada uno de sus protagonistas, máxime cuando ambos en alguna medida han infringido las reglas relativas a la circulación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), caducidad de instancia, juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HAGGE, PAULINA c/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-20

La Alzada sostuvo que no resultaba apto para franquear la procedencia de esa apelación el hecho de la presentación del alegato de la demandada con posterioridad al acuse de perención, habida cuenta que la accionada indicó de manera clara que lo había efectuado en modo subsidiario, términos en los cuales fue tenido en consideración; y frente a ello, el recurrente sostiene que la presentación del alegato por la parte demandada era suficiente para que se tuviera por rechazada la caducidad de instancia, ya que es un acto propio y que la demandada debió optar por aducir la caducidad o alegar pero nunca por una tercera vía como lo es la presentación subsidiaria del alegato; mas con ello solo lograr demostrar su marcado disenso con el tratamiento que brindó el Tribunal a la cuestión, sin precisar al menos en qué razones jurídicas se apoya tal particular postura.
Medidas cautelares, inhabilitación preventiva, docentes, abuso sexual, víctima menor de edad, presunción de inocencia
Materia: PENAL
Carátula: I., A. M. c/  s/ Medida cautelar I., A. M. c/  s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-01-06|2021-01-06

Debe ser confirmada la decisión que impuso la inhabilitación provisoria para ejercer su rol como docente y/o desempeñarse en cualquier actividad relacionada con niños mientras dure la sustanciación del proceso a la imputada, acusada de abusar sexualmente a distintos alumnos del jardín de infantes en el que se desempeñaba, dado que la actividad laboral que se le impide ejercer a la encartada es aquella de la cual se habría valido para llevar a cabo las conductas que afectaron a las víctimas, las que se caracterizan por ser especialmente vulnerables por su edad (art. 6, inc. a, de la Ley 27.372), y si bien la acusada se halla amparada por el principio de inocencia durante la sustanciación del proceso las características de la imputación tornan razonable la restricción.
Falsedad ideológica, dominio, simulación, bienes inmuebles
Materia: PENAL
Carátula: KAMENZEIN, VICTOR J. s/ FALSIFICACION  - FALSEDAD IDEOLOGICA - DEFRAUDACION - ESTAFA PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

a) Sólo a partir de que se compruebe la traslación dominial simulada, se podría examinar la viabilidad de la imputación por el delito previsto por el art. 293 del C.P., lo que ocurre cuando se halla todavía insoluta la controversia en sede civil, precipitándose como natural conclusión la orfandad de una plataforma atributiva mínima para arquitectar la figura típica en análisis.

b) Siendo que el tipo del art. 293 del C.P. requiere para su configuración la probabilidad de perjuicio, no puede conformarse con una perspectiva dañosa inespecífica, sino que ésta debe resultar una hipótesis concreta, vinculable al interés en peligro, por la acción dañosa emprendida.
Procedimiento administrativo, prueba, recursos administrativos, defensa en juicio, ampliación del plazo, ampliación del plazo en razón de la distancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Volkswagen Argentina S.A. (TF 12930-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

No proceden los agravios de la representación fiscal -en una causa en la que el Tribunal Fiscal revocó la decisión de la Aduana que había declarado extemporáneos los recursos deducidos por la actora- toda vez que, en relación al kilometraje a tener en cuenta a fin de computar la ampliación del plazo a los fines de interposición de los recursos de impugnación de la causa, se limita a sostener en forma dogmática que debe darse prevalencia al kilometraje que ella computó, mas no aporta los elementos en los que apoyó su medición por lo que la decisión de preservar el derecho de defensa de la actora no aparece, prima facie, como manifiestamente arbitraria, máxime que la ampliación del plazo en razón de la distancia está relacionada con las posibilidades de la defensa en juicio (Cons. III).
Policía, personal policial, nulidad del acto jurídico, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VAZQUEZ, EDGARDO JUAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 199-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

A pesar de que la propia Junta "ad hoc" afirmó que el actor no registraba antecedentes, sanciones disciplinarias, ni licencias por enfermedad que permitiesen la quita de puntaje en su promedio de calificaciones anuales (99 puntos), y sí la "quita generalizada de dos puntos"; si no constan las razones por las cuales dicha "quita generalizada" no se aplicó en relación a todos los empadronados con un criterio objetivamente uniforme, el Tribunal no está autorizado en ausencia de regulación- a efectuarla de un modo distinto al efectuado por la Junta respecto del actor, y a extraer como directa consecuencia de la anulación que en el caso corresponde, el automático reconocimiento de que aquél tenía derecho a ser ascendido al grado inmediato superior.
Caducidad, fiador, carga de la prueba, vicio oculto
Materia: COMERCIAL
Carátula: PORFIDO SRL C/CLUB ATLETICO RIVER PLATE S/ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-02

El CCCN 1054 coloca en cabeza del adquirente el deber de avisar al garante dentro de los sesenta días de descubierto el defecto en la cosa. No establece ninguna forma expresa para efectuar la denuncia, pero en razón de la trascendencia que se le asigna en el sistema de saneamiento, no cabe duda de que es aconsejable hacerlo por un medio fehaciente. El incumplimiento de la carga de avisar al garante extingue su responsabilidad por los defectos ocultos y, al ser un plazo de caducidad, determina la extinción del derecho. En relación con la carga de la prueba del instante del conocimiento, el onus probandi recae en quien lo invoca, de modo que debe ser invocado y demostrado por el adquirente (conf. Alterini, H. Jorge, "Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético" t° V, 2° edición, pág. 616/618, ed. Thomson Reuters. La Ley, Buenos Aires, 2016). La legislación exige que la denuncia se formule expresamente, es decir, requiere un comportamiento declarativo dirigido a anoticiar al garante de la configuración del elemento fáctico detonante de su responsabilidad. Como regla, el incumplimiento de la carga de denunciar el defecto oculto libera al transmitente de su responsabilidad (conf. Lorenzetti, Ricardo Luís, "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", t° VI, pág. 106 y 107, ed. Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2015).
Telefonía celular, defensa del consumidor, cuestión de derecho común, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Petrizzi Ramiro s/ Ordinario por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-02-26

Si el cliente demanda a la empresa de telefonía exclusivamente por los daños irrogados en su calidad de comerciante o de concesionario de la explotación de una hostería y restaurante por la deficiente señal telefónica, la cuestión debe ser meritada a la luz del derecho común y no por las disposiciones tuitivas de la ley Nº 24.240, pues su pretensión no se encuadra dentro del tipo "destinatario final" de los bienes o servicios, y los daños invocados, especialmente el lucro cesante, no encuadran en el uso del servicio en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: NUÑEZ, Enrique Anselmo s/ Robo de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-11

No es admisible que por su sola condición de tales, los testigos que revisten estado policial sean tachados de parciales, puesto que esa clase de funcionarios representan a la sociedad y se encuentran empeñados en el cumplimiento del deber.-
Queja por recurso denegado, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: ARCA ALBERTO IGNACIO c/ DIAZ RUBEN DARIO Y OTRO s/ PREPARA VIA EJECUTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-10-16

El eje central de rechazo casatorio se sustentó en la improcedencia del remedio extraordinario ante la introducción de cuestiones fácticas no invocadas en las instancias ordinarias. Cuestión que no fuera suficientemente argumentada en el desarrollo del recurso de queja, tornándose, en consecuencia, este último en insuficiente al no hacerse cargo o prescindir de las razones en que se fundó el decisorio, quedando firmes las aludidas conclusiones y excluidos los agravios traídos a la casación.
Filiación, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROMERO DANIELA s/ FILIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-05-11

Es claro que a la luz de la novel preceptiva legal vigente -artículo 249, segundo párrafo del Código Civil, según Ley 23.264-, el interés moral que pueda motivar el reconocimiento filiatorio del hijo prefallecido como con singular acierto lo recuerdan Zannoni y Bossert "no ha de servir en ningun caso para atribuir expectativas patrimoniales de orden sucesorio". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barenstein, Angel c/ Garbett, Juan y otros s/ Daños y perjuicios Pallota, María A. c/ Santarelli, R. s/ Daños y perjuicios Ortega, Nestor G. y ot. c/ Yoli, Fernando D. y ots. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07|1997-10-21|1998-05-07

La privación de uso no se presume y debe ser probada. El uso y goce de una cosa, en tanto constituye un atributo del derecho de propiedad que puede incluso desmembrarse de ella y redituar un precio, entra en la categoría de los bienes que integran el patrimonio de una persona, debiendo agregarse que durante el lapso que dura, su privación, es equiparable a la suspensión de ese derecho. Es así que el mero usuario, cuyo derecho se agota en ese uso y goce, está legitimado para reclamar indemnización cuando es privado de él. Como se advierte, no se trata de una presunción o de una prueba "in re ipsa" de la existencia de daños, en tanto que acreditada la privación del uso y goce de la cosa por el reclamante, ello configura por sí el perjuicio a ese derecho, cuyo contenido patrimonial en el sentido de ser susceptible de apreciación pecuniaria le es connatural según lo apuntado, quedando cumplido de tal modo el requisito que la ley pone para que nazca la obligación de indemnizar. (C.C. arts. 1068, 1092, 1110, 1493, 2513, 2312; Cód.

Proc. art. 375)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Muñoz, Joaquín s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Es insuficiente el agravio referido al carácter de "embistente" que la Cámara atribuyó al vehículo del imputado, sosteniendo que la maniobra que realizó éste fue para evitar la colisión, si el tribunal al atribuir aquel rol no abrió juicio sobre la maniobra realizada sino que describió un hecho físico -el carácter de embestidor mecánico-.
Escrituración, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Banco del Sud SA s/ Concurso Especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-07

Los gastos de la escritura de protocolización a que alude el artículo 587 -que corresponden al ejecutado-, tienen privilegio sobre el crédito hipotecario, pues en orden a la cuestión de preferencia es aplicable el artículo 590 del mismo cuerpo legal, que -en tanto acuerda primacía a las costas de la ejecución- coincide con la regla contenida en el artículo 3879, inc. 1(, del Código Civil, respecto de los gastos de justicia que comprenden las erogaciones realizadas por el escribano interviniente.
Daños y perjuicios, contrato de transporte, ferrocarriles, responsabilidad del transportador, obligación de seguridad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: MADEO,  Alejandro  Martín c/ TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERALSAN MARTÍN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-07

1- La interpretación de la extensión de la obligación de seguridad, que tiene su causa en un contrato de transporte de pasajeros con sustento en el art. 184 del Código de Comercio, debe ser efectuada teniendo en cuenta el derecho a la seguridad previsto en la Carta Magna para los consumidores y usuarios. Es que la incorporación del derecho a la seguridad en el art. 42 de la Constitución Nacional es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios públicos a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo mas valioso que aquí está en juego, esta es la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos.

2- Es insoslayable el compromiso de las transportadores de atender a cada pasajero como una persona humana con dignidad, contemplando a su vez la situación de quienes tienen capacidades diferentes, o son niños o no tienen la instrucción necesaria para comprender el funcionamiento de lo que se le ofrece. En síntesis debe adoptar todas las medidas necesarias para que aquel que utiliza el servicio no ponga en riesgos su integridad física y para que viaje de un modo razonablemente cómodo. Ese servicio esta lejos de verificarse cuando las formaciones se transportan colmadas de pasajeros.

3- De tal manera si se permite el acceso del pasajero al vehículo colmado, el riesgo principal corresponde atribuirlo a la empresa porteadora porque el público acepta de mal grado el servicio de transporte eficiente que se le proporciona y no parece ajustado a derecho endilgarle al pasajero el grueso de la responsabilidad por viajar en el estribo del vehículo. En estos supuestos la responsabilidad de la empresa es del 90 por ciento y el 10 por ciento restante es para la víctima.

(Sumario N°18729 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, revocación del mandato, efectos del contrato, facultades del juez, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MONTENEGRO, Victoria Olga y otro c/ ACOSTA, Eracio Rosario s/ INCIDENTE CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-21

No obstante haberse estipulado como honorario el 30 por ciento aplicable sobre el resultado económico del proceso o gestión extrajudicial y que en caso de revocatoria incausada del mandato el letrado conservaría el derecho a percibir el honorario convenido cualquiera fuera la extensión de la labor desarrollada; si la intervención del profesional en la causa se limitó a promover la demanda de daños y perjuicios y el beneficio de litigar sin gastos, por cuanto en el ínterin se le revocó el mandato, resulta aplicable al caso analógicamente lo dispuestos en el art. 1638 del Código Civil en cuanto faculta a los jueces a reducir equitativamente la utilidad a reconocer al locador en un contrato de locación de obra desistido voluntariamente por el dueño de la obra, si la aplicación estricta de la norma condujera a una notoria injusticia.
Amparo por mora, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CIA. DE TIERRAS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-12

El recurso de apelación es procedente contra la sentencia recaída en juicios de amparo por mora.

El art. 52 de la Constitución de nuestra Provincia, al contemplar el instituto del amparo por mora, no dispone que sea considerado en instancia única; siendo la doble instancia la mejor garantía del derecho de defensa en juicio consagrado por la Constitución Nacional en su art. 18 y por la Constitución Provincial en su art.40.

Admitir la apelación por aplicación analógica del art. 15 de la ley 4915, no atenta contra el principio de celeridad, ya que el apelante tiene cuarenta y ocho horas para impugnar el fallo, debiendo fundar el recurso en el acto de su interposición, permitiéndose en la alzada que la parte contraria lo conteste; otorgándose a los justiciables mayores garantías en los pronunciamientos jurisdiccionales.

Por otro lado, el amparo por mora no está aún reglamentado en cuanto a su trámite, razón por la que debe necesariamente aplicarse la ley 4915 que regula el amparo genérico y del cual el por mora es sólo su especie.

La ley 4915 prevé la doble instancia en su art. 15; estableciéndose también en su art. 17 como de aplicación supletoria las disposiciones de los códigos de procedimientos penal,civil y del trabajo, según corresponda, en razón del fuero ante quien se haya promovido la acción de amparo. El código de procedimientos civil y comercial, en su art. 1240, inc. 1ro, determina la procedencia de la apelación contra la sentencia recaída en lo principal en toda clase de juicios y actos de jurisdicción voluntaria. En consecuencia, por aplicación analógica de la ley 4915 y supletoriamente de nuestra ley ritual, debe declararse formalmente procedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia recaída en un juicio de amparo por mora.-
Cuestiones de competencia, competencia laboral, ley de contrato de trabajo, ley de accidentes de trabajo, Dirección General de Fabricaciones Militares, empleados públicos
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Ramírez, Daniel Aníbal c/ DGFM. Fabrica Militar General San Martín s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Si el reclamo iniciado por un empleado de la Dirección General de Fabricaciones Militares está encuadrado dentro del marco de las leyes de contrato y accidentes de trabajo, es competente el juez laboral.