Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-21


2º Instancia. - Lomas de Zamora, septiembre 21 de 2006.

1º ¿Es ajustada a derecho la sentencia de fojas 137? 2º ¿Qué corresponde decidir? 1º cuestión. - El doctor Igoldi dijo:

1. El juez, titular del juzgado número diez del fuero departamental, a fojas 137 no hizo lugar a la opuesta excepción de incompetencia imponiendo las costas a la accionada.

El pronunciamiento fue resistido a fojas 144 por apelación que fuera concedida a fojas 145 la cual, fundada que fue a fojas 146, mereció silente réplica.

Finalmente, a fojas 155 se llamó la causa para sentencia por providencia que se encuentra firme.

De los antecedentes centrales.

2. Conforme se desprende de los antecedentes que la causa ofrece, y en lo que aquí interesa, surge que la actora dedujo la presente acción de cancelación de hipoteca.

Trasladada la demanda, compareció la accionada contestándola y oponiendo al progreso de la misma el remedio de incompetencia en orden a lo que viene de la cláusula décimocuarta del mutuo celebrado con la actora, adunando cuestiones que hacen al trámite de mediación.

Trasladado el planteo, y refutado, el a quo se expresó entendiendo medularmente que debía rechazárselo porque la mediación no es una instancia judicial. Ergo, no existe traba de litis y no existe vinculación consecuente a los fines de la atribución de la competencia.

De los agravios.

3. Centra sus quejas la accionada, medularmente, porque no se tuvo en cuenta que la competencia se ha prorrogado y establecido a opción de los acreedores, trayendo cuestiones vinculadas con la mediación oficial.

Refiere también que la presente acción no es autónoma pues debe seguir la suerte del contrato, concluyendo que se debe dirimir donde tramite la ejecución hipotecaria.

También se agravia de la imposición de las costas.

Ello ha sido evacuado en forma silente.

Consideración de las quejas.

4. Dando respuesta a los agravios, anticipando que han de prosperar y que los he de considerar conjuntamente pus un buen orden así lo aconseja, me corresponde señalar que la competencia territorial es, por propia prescripción legal, prorrogable, y queda configurada cuando en el contrato que enlaza a las partes existe un "pacto de foro prorrogando", al someter a la decisión de los juzgados que se determinen, toda cuestión que se suscite a raíz del mismo.

De esa forma, se prorroga la competencia territorial que pudiere corresponder en razón del domicilio o del lugar del cumplimiento de la obligación.

También corresponde señalar, y poner de manifiesto, lo que las partes han querido, lo cual he de analizar desde la óptica del juego armonioso de los artículos 1197, 1.198 y cctes. del Código Civil y 1, 2, 5, 345 y cctes. del rito.

Han redactado, inequívocamente, la cláusula décimocuarta que, literal y en lo pertinente, reza: "Para todas las cuestiones que surjan del presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y/o La Plata, a opción de los acreedores, denunciando (renunciando) a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles... Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, que se encuentra íntegramente vigente, también los acreedores, podrán realizar la pertinente ejecución ante los tribunales que resulten competentes de la Capital Federal y para tal supuesto, podrá optar por la aplicación de la vía de procedimiento referida en el régimen especial de ejecuciones...".

Pactada así la competencia, en forma expresa e indudable y en una cláusula de tal tipo, cuyo objeto no está prohibido por la ley, es válida y obligatoria para los contratantes, surgiendo de la misma que la opción, en todos los casos pues así se advierte de la cláusula trascripta, queda en cabeza de los acreedores, aquí demandados en un supuesto no contemplado en el contrato.

Es decir que del contrato surge en forma clara y precisa que existe un "pacto de foro prorrogando" al haberse acordado someter la decisión, en caso de producirse un diferendo jurídico, a los órganos que los acreedores entendiesen, y no a la inversa.

Extráese, pues, de todo lo anterior, que solamente los acreedores detentan la posibilidad de elegir.

5. Volviendo sobre los antecedentes que la causa ofrece, sin dudas se desprende que la aquí reclamante ha reconocido las constancias de la audiencia conciliatoria celebrada en Buenos Aires (véase al efecto lo que viene de fojas 110 numeral 2.a).

Y no es un dato menor que esas constancias se refieren a la ejecución de la hipoteca y no, como en este caso, a la cancelación de la misma.

Ha dicho esta sala I que la mediación que organiza la ley 24.573, y que reglamenta el dec. 91/98, es una instancia que se desarrolla en el ámbito extrajudicial, ante mediadores que -particularmente en la mediación oficial- se encuadran en una estructura administrativa paraestatal, sistema cuya organización y reglamentación se encuentra asignada al Ministerio de Justicia de la Nación (arts. 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25 de la ley y arts. 1º, 3º, 15, 23 y ccdtes., decr. 91/98).

Así, al intentarse la mediación reglamentada por la ley 24.573, la allí reclamante y aquí accionada no ha entablado una demanda ante juez competente, sino que ha recurrido a un medio extrajudicial para la solución de su conflicto, vía que, por definición legal, es previa a la instancia judicial puesto que supone que ésta aún no se ha iniciado.

Ergo, la existencia de la mediación no da lugar a la traba de la litis pues la instancia no es judicial, sino administrativa (con tal alcance y sentido, esta sala I "in re": "Baldivieso Luis Alberto c. Petralanda Justo Juan y otros s/ ds. y perj. autom." causa nº 60.346, entre otras).

6. Pero en el caso de autos, más allá de no ser la mediación una instancia judicial, con lo actuado y referido se advierte inequívoca la intención de los acreedores de llevar la contienda a los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal.

Para ello debe valorarse y tenerse en cuenta que, más allá de la poco feliz redacción de la cláusula referida, que por imprecisa, ambigua e incompleta ha llevado al planteamiento de defensas y recursos, los únicos sujetos facultados para la elección del órgano dónde ha de llevarse a cabo la contienda relativa a la ejecución, quedó solamente, lo cual reitero, en cabeza de la acreedora (aquí accionada).

Ergo, al no haberse pactado nada en relación a la cancelación de la hipoteca, y sí en relación a la ejecución de la misma, entiendo que esta causa debe tramitar en donde se inicie la vía compulsiva.

Y ello es así porque si la cancelación, que aquí se discute, tiene siempre su antecedente necesario en el pago o en la ejecución del mutuo, cobra operatividad la opción de los acreedores.

Tanto es así porque los mutuantes (acreedores y aquí accionados), quienes son los que tienen verdadero interés en regular a conformidad todo lo que tenga relación con lo que sea consecuencia del incumplimiento de los mutuarios (deudores y aquí actores), ha de entenderse que a partir del concreto gesto de someterse a la imperativa mediación, en forma previa a la ejecución, la intención no ha sido otra que la de elegir en dónde ha de llevarse a cabo el trámite ejecutivo.

Resulta indudable, luego de lo dicho, la intención actoral de desplazar la competencia, vale decir, de ejercerla fuera del territorio provincial.

7. Así las cosas, a tenor de lo que se desprende de lo obrado, por no ser ésta una acción que pueda ventilarse en forma independiente de la ejecución, que las reglas de la lógica admiten que siga al que accede, es decir, a la ejecución hipotecaria que, como se ha visto, ha de intentarse fuera del territorio provincial, lo cual impide apartarme de lo anticipado.

Esta es mi propuesta al Acuerdo y, en consecuencia, voto por la negativa.

Los doctores Basile y Tabernero, por compartir fundamentos, votan también por la negativa.

2º cuestión. - El doctor Igoldi dijo:

Visto el Acuerdo logrado al tratarse la cuestión que antecede, por no ser justo, corresponde revocar el auto de fojas 137. En consecuencia, y en orden a los pronunciamientos positivos de la Alzada, corresponde hacer lugar a la opuesta excepción de incompetencia y, en su mérito, por imperio del artículo 352 inc. 1 del rito, debe disponerse su archivo. En cuanto a las costas de ambas instancias, y visto que todos pudieron haberse creído con derecho a obrar como lo hicieron, entiendo que corresponde imponerlas por su orden (arg. arts. 68, 69 y 274 del rito), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (ley 8904).

Así lo voto.

Los doctores Basile y Tabernero, votan en el mismo sentido.

En el Acuerdo logrado ha quedado establecido que la apelada sentencia de fojas 137 no es justa, y se la debe revocar.

Por ello, consideraciones y citas legales, por no ser justa revócase la apelada sentencia de fojas 137. En consecuencia, y en orden a los pronunciamientos positivos de la Alzada, hácese lugar a la opuesta excepción de incompetencia y, en consecuencia, y por imperio del artículo 352 inc. 1 del rito, dispónese su oportuno archivo. En cuanto a las costas de ambas instancias, se las impone por su orden difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad. - Carlos R. Igoldi. - Norberto H. Basile. - Rodolfo M. Tabernero.