Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, robo de automotor, robo con armas, aplicación de la ley penal, inconstitucionalidad, jurisprudencia, sentencia, fallos de la Corte Suprema, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PENAL
Carátula: BOZZA, MARCELO s/ RECURSO DE REVISION    AUTOMOTORES    INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-09

"...Que no obstante que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resultan ser vinculantes para los Tribunales inferiores, la decisión del más Alto Tribunal del país es respetada por la Sala, siendo presumible que la situación del condenado recurrente, por iguales consideraciones que las aplicadas en el caso subsiguiente hubiera sido resuelta de la misma manera si hubiera merecido también recurso de inconstitucionalidad, lo que no ocurrió.

Que si bien el art. 551 inc. 4 del Código de Procedimientos en lo Criminal sólo habla de una ley posterior que resulte más benigna al caso, lo cual en principio, por su terminología, obstaría para resolver un recurso de revisión basada en el dictado de inconstitucionalidad de un decreto-ley o ley no es menos cierto que el Tribunal se encuentra enfrentado y advertido de que un artículo de un decreto-ley que agrava la pena de quienes roban un automotor con el empleo de armas, ha sido declarado inconstitucional, esto es ilegítimo, como si jamás hubiere existido; como su legitimidad es recaudo esencial, expresamente impuesta por el art. 18 de la Constitución Nacional, su aplicación al caso "sub judice", prolongaría hasta el agotamiento de la pena una desigualdad jurídica irritante comparada con la situación procesal precedentemente mencionada resuelta en favor de otro condenado en idénticas condiciones, entendida la igualdad como la unidad de una misma ley para todos los individuos uniformados, en el derecho a que no se establezca excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias.

Que de rechazarse este razonamiento el recurrente quedaría sujeto a la ejecución de una pena determinada en función de una agravante ahora sin sustento constitucional, en un verdadero estado de indefensión que lo postraría a la cárcel cuatro años más que el condenado que ha visto reducida su sanción por declaración de inconstitucionalidad del art. 38 del decreto-ley 6.582/58.

Que si bien es cierto que una vez que por vía jurisprudencial se ha declarado la inconstitucionalidad de una ley o de un decreto, el precepto no ha de seguirse aplicando por los órganos encargados de la función jurisdiccional en abstracto, sin recurso hábil al respecto, so pena de violarse las disposiciones de la cosa juzgada, cabe acotar que el orden jurídico de todo Estado tiene siempre un fundamento positivo que es la Constitución, ley de leyes, suprema porque es el primer fundamento del orden jurídico y del Estado; ella hace que todo lo demás sea de una manera determinada, y no de otra, y, por ser suprema obliga normativamente a que las ulteriores normaciones jurídicas se ajusten a sus disposiciones, so pena de refutarlas anticonstitucionales, y, por ende, afectados de nulidad".