marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, servicio público, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ MARIA ESTER c/ AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-13

Procede el reclamo por gastos médicos y de traslado, pues si bien su existencia y erogación debe en principio ser probada, cabe admitir un criterio elástico en el caso de pequeñas erogaciones respecto de las cuales - si bien no se acompañó la pertinente prueba documental - las lesiones causadas por el accidente sufrido hacen presumir su efectiva existencia.
Impugnación del acto administrativo, proceso judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VEGA FRANCISCO OSCAR c/ ESTADO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-26

Pese a existir en el caso de autos decisión definitiva y causatoria de estado en los términos del art. 4 del C.P.A., debe declararse la inadmisibilidad del proceso, al limitarse el actor en el promocional a pretender la declaración de nulidad de dicho acto administrativo además de la resolución antes citada- sin esbozar ningún argumento tendiente a desvirtuar las razones por las cuales fue rechazado su recurso de extemporaneidad, llegando en consecuencia dicho decreto firme y consentido a esta instancia administrativa.-
Sentencia arbitraria, medicina prepaga, aumento de cuota, edad avanzada, restitución de sumas de dinero, fundamentación de sentencias, conducta procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Seidenari, Edelweis Irene Eulogia c/ Galeno Argentina S.A. s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

La sentencia que rechazó la acción de amparo promovida contra una empresa de medicina prepaga con el objeto de que dicha entidad anule y/o elimine de la cuota mensual de la actora los adicionales por edad y/o franja etaria, disponiéndose la restitución de los importes percibidos por tal concepto es arbitraria, pues la demandada no sólo omitió aportar prueba sobre la causa de los aumentos de cuota efectuados, sino que se rehusó a colaborar con la determinación de estos hechos, y se ausentó de la audiencia convocada, con lo cual la cámara debía haber valorado la conducta procesal de la empresa a la luz de lo previsto en los artículos 163, inciso 5, y 356, inciso 1, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Acción reivindicatoria, antecedentes de dominio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fortunato Bonelli y Cía S.A. c/ López Héctor Alfredo s/ Reivindicación Reivindicación Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-31

El abandono de un inmueble sólo se perfecciona cuando se deja la propiedad de la cosa para que cualquiera la tome y requiere para su configuración la conjunción de dos factores: uno material que está dado por el hecho del desprendimiento y otro intencional o animus, que es la resolución del propietario de abdicar de su derecho. En tanto no se presume, es menester que quien alega tal extinción del dominio acredite esos extremos.
Honorarios del perito, representación procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ULNIK, Juan s/ patrocinio letrado".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-07

La solicitud de regulación de honorarios de los peritos intervinientes no requiere firma de letrado.Es que, dada la naturaleza de la solicitud, donde exclusivamente se peticiona la regulación de honorarios sin siquiera introducir una pretensión por monto concreto, la exigencia de contar con firma de letrado no parece razonable. En efecto, no puede pasarse por alto que el reclamo no involucra cuestiones técnicas sino tan solo supone abrir la instancia para el cobro, por lo que los requisitos formales constituyen en el caso un rigorismo excesivo, aún a la luz de las disposiciones de los arts. 56 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tal situación, vale aclarar, es distinguible de aquella donde existen impugnaciones, pues allí la contraversia de derechos convierten al pertio indiscutiblemente en parte del proceso donde la exigencia de firma de letrado se hace inevitable.
Acto administrativo, validez del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Viera (2), Liliana Noemí c/ Municipalidad de Concordia s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-07-22

El concepto de acto administrativo nos permite advertir la existencia de dos elementos íntimamente ligados entre sí: el motivo y la motivación. El motivo es el antecedente que provoca el acto, es decir, una situación legal o de hecho prevista por la ley como presupuesto necesario de la actuación administrativa; mientras que la motivación es el juicio que forma la autoridad al apreciar el motivo y ligarlo con la disposición de la ley aplicable, es decir, es la expresión de las razones que fundan y justifican el acto de la autoridad, y ésto es precisamente de lo que adolece el Decreto 602 /05 que se limita a señalar la existencia del Expediente 13.170-DE -05 (motivo); y al fundaqmentar su decisión de suspender a la actora en sus funciones, lo hace de manera vaga, imprecisa y general, sin mencionar concretamente en qué consiste la gravedad de los asuntos, acciones y denuncias o cuestiones planteadas en dicho expediente.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castro, Ana c/ Castro, Juan y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-02

El genérico, amplio e indeterminado desconocimiento de "todos los documentos anexados" a un proceso, lejos está de satisfacer la carga procesal que el art. 354 inc. 1º y 484 del CPCC ponen sobre las espaldas del demandado y obliga al Juez imperativamente a tenerlos por reconocidos.
Principio de congruencia, control de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Díaz Bessone, Ramón Genaro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-27

El razonamiento empleado por el juez en su fallo debe ser congruente respecto de las premisas que establece y las conclusiones a que arriba, debiendo expresar por escrito las razones que condujeron a su decisión para posibilitar el control de legalidad.

Fuente del sumario: OFICIAL
Empleo público, convenios colectivos de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Clementoni, Águeda Noemí c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-02

No existe norma expresa que correlacione el escalafón del convenio colectivo de los empleados del Hipódromo con el de la ley 10.430, toda vez que los arts. 161 y 165 de este régimen de empleo público se refieren específicamente al personal proveniente del decreto ley 8721/1977. Empero, ambas situaciones son análogas y no cabe efectuar distinción al respecto. La solución prevista en la ley 10.430 para el personal del decreto 8721/1977 es aplicable analógicamente a los Jefes de Departamento provenientes del convenio colectivo de los trabajadores del Hipódromo, en virtud de que la sustancial igualdad de las tareas desempeñadas no amerita que se adopte un criterio diferente sin incurrir en arbitrariedad (conf. arts. 14 bis y 16, Const. nac.; 39 inc. 1° y 3°, Const. provincial).(doctor Pettigiani, sin disidencia).
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R. de E., M. c/ E., O. s/ Liquidación de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

Aunque haya quedado establecido el carácter propio de los bienes, si se hubiese recurrido a dinero ganancial para la compra, existiría un crédito o recompensa a favor de la sociedad conyugal en la medida de la cantidad aportada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Barrera, Jorge Ramón s/ Homicidio Alvarez, Gastón Alberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02|1997-09-09

Cuando un proveimiento jurisdiccional cae en el "absurdo" incumple las reglas de la sana crítica o de la lógica, y no siendo éstas preceptos jurídicos -y por ende tampoco normas procesales aunque estén referidas en los códigos de enjuiciamiento- exigirle al recurrente la cita de un dispositivo legal, implica un exceso ritual que afecta el acceso a la justicia (arts. 18, Const. Nac.; 25 Const.

Prov., y 8 Pacto San José de Costa Rica). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prenda comercial, prenda con registro, ejecución prendaria, secuestro de bienes, suspensión de medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  DE  GALICIA Y BUENOS AIRES SA c/ SERVICIOS Y CALIDAD SA s/ SECUESTRO PRENDARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-05

Habiéndose cumplido el plazo por el que se dispuso la suspensión de un secuestro prendario en el acuerdo preventivo extrajudicial de la accionada, corresponde ordenar sin más trámites el libramiento del mandamiento de secuestro, pues este se encuentra expresamente contemplado en la ley 12.962, art. 39, por lo que no habiendo sido recibida ninguna comunicación de prórroga de aquella por parte del juez interviniente o de la propia interesada, no corresponde exigir la acreditación de su inexistencia, como previa al libramiento del mandamiento.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Quinteros, Nemesio Eloy y otros c/ Centro Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequen y otros s/ Indemnización por muerte por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05

La caducidad es la sanción que normalmente se establece en el contrato de seguro para el caso de incumplimiento de los deberes de conducta requeridos al asegurado y no es oponible al trabajador.
Tasa de justicia, hecho imponible
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Francés S.A. c/ Capriotti, Lido y otro s/ Acción de Secuestro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

Estableciendo el art. 34 de la Ley impositiva 1998 que la tasa por servicios judiciales es tributable ante la tramitación de medidas cautelares, es incluíble en tal actividad judicial la solicitud de secuestro de un automotor y sin que la venta extrajudicial a que está facultado el peticionante (art. 39 Decreto Ley 15348/46, convalidado por Ley 12962) obste a ello, desde que tal trámite pone en marcha la pertinente actividad jurisdiccional, o sea el hecho imponible sujeto a tal tributación.- (Minoría u opinión personal)
Colegio Público de Abogados, daños y perjuicios, rehabilitación de la matrícula
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: FARIZ, EDUARDO LUIS MARIA c/ COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-09

El voto de la Vocal disidente justifica abundantemente el encuadramiento de la cuestión dentro del derecho público y a partir de ello examina detalladamente la acreditación de los presupuestos necesarios para la procedencia de la responsabilidad civil por daños causados por el Estado ya sea en su actividad lícita o ilícita; y más allá de compartirse o no la analogía trazada -en el entendimiento de que el desempeño de las distintas actividades profesionales es una manifestación del poder de policía reservado a las provincias, que en el caso de Santa Fe se ha ejercido a través de la creación de Colegios Profesionales-, la hermenéutica descripta, mostrada como una de las soluciones al caso, luce ausente en el pronunciamiento atacado a pesar de su trascendencia para resolver la litis, habida cuenta que ese encuadramiento normativo primario era el paso obligado para recién luego adentrarse en el examen de las posibles fuentes de reparación civil, es decir, si el daño invocado había tenido origen en la actividad lícita o ilícita del ente demandado. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhirieron los Dres. Erbetta y Netri)-
Intereses, liquidación, tasas de interés, expropiación, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Entidad Binacional Yacyretá c/ Misiones, Provincia de s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Al no mediar un plus por actualización del crédito es aconsejable establecer un interés superior al previsto en la ley 21.499, pues ante tal circunstancia- dicho porcentaje resulta exigido para integrar el "justo resarcimiento" debido al expropiado y pagarle el beneficio de la ocupación de que ha disfrutado el expropiante sin contraprestación alguna.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

La garantía constitucional de la defensa en juicio supone la posibilidad de ocurrir ante los tribunales de justicia y obtener de ellos sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes, por lo que impedir ese derecho frustra aquella garantía, reconocida por el art. 18 de la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales de derechos humanos (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recursos, principio dispositivo, situación del imputado, desistimiento del recurso, derecho a la presencia del defensor
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cabrera,  Sergio  Daniel s/ p.s.a.  robo calificado - causa Nº18/98 - .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

En la instancia recursiva rige el principio dispositivo y la voluntad del imputado es la que resulta decisiva, de allí que él pueda desistir de los recursos interpuestos por su defensor, y que a éste, a su vez, se le exija mandato expreso de su representado para hacerlo (arg. art. 443, Código Procesal Penal de la Nación) (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Araujo, Rosa Roquelina c/ Alali, Abel titular del lavadero automático "La Burbuja" s/ Cobro de Sueldo, Diferencias y Otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-06

En el caso, la ruptura de la relación laboral fue por la negativa por parte del demandado de aquella vinculación, lo que constituye injuria suficiente en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y confiere derecho a la afectada a reclamar las indemnizaciones legales.
Despido, ley de contrato de trabajo, sanciones conminatorias, intereses, economía procesal
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Luna, Carina Fabiana  c/ Medias Apogeo S.A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-18

Toda vez que la sanción establecida en el art. 132 bis LCT es un crédito que se genera de manera constante (hasta que el empleador cumplimente el ingreso de los aportes retenidos al dependiente), y que en el caso la empleadora no ha acreditado el ingreso de los fondos retenidos, no corresponde limitar la cuantía de la sanción, sino que se devengará hasta que se acredite el efectivo ingreso de los aportes retenidos como expresamente lo prevé el art. 132 bis de la LCT. La sanción conminatoria prevista en dicha norma se calculará en la ocasión prevista por el art. 132 L.O. sobre la base de la remuneración devengada al momento de la extinción del vínculo y que se devengará mensualmente luego del transcurso de 30 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación dispuesta por el Dec. 146/01, y hasta tanto la demandada acredite de manera fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. Dicho crédito no se capitalizará ni producirá intereses. Esto último es así porque la sanción conminatoria del art. 132 bis LCT (según art. 43 ley 25.345) constituye una prestación única cuyo contenido, si bien determinable, se incrementa con el paso del tiempo. La condena que se dicta no hace otra cosa que declarar la existencia de la obligación sin que la cuantificación pueda determinarse en momento alguno hasta el momento de la ocurrencia del cumplimiento de la condición que, por ser tal, no es necesaria sino contingente. No hay necesidad de una nueva condena porque la prestación es única y, por tal motivo, tampoco devenga intereses. (Del voto de la Dra. Ferdman, quien adhiere al criterio de la mayoría por razones de economía procesal. Deja a salvo su opinión en el sentido de que cabe fijar la sanción contemplada en el art. 132 bis de la LCT teniendo en cuenta el periodo en que se verificó la retención indebida durante el transcurso de la relación laboral. Es decir, debe guardar proporción con el ilícito que se pretenda sancionar dada la magnitud de la penalidad impuesta. Debe mediar proporcionalidad entre el incumplimiento cometido y el castigo impuesto.).
Confirmación de sentencia, cláusulas leoninas, derechos del consumidor
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cencosud S.A. Easy  c/ E. N. - M° Desarrollo Productivo (Exp. 26877467/21)  s/ Recurso Directo - Ley 24.240 - ART. 45
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-16

Se confirmó la resolución de la DNCI que impuso multa a la recurrente y declaró abusivas cláusulas de los términos y condiciones contenidos en la página web. Defensa del Consumidor. Consumos realizados por comercio electrónico a través de INTERNET (artículo 1° del Anexo de la Resolución 104/2005). Derecho del consumidor a que se le brinde información clara, precisa, suficiente y de fácil acceso sobre el proveedor o sobre el producto o servicio ofertado (artículos 34 de la Ley 24.240 y 1.110 del Código Civil y Comercial de la Nación). Indicación del modo de consulta electrónico de la legislación de defensa al consumidor aplicable al proveedor; la dirección electrónica del organismo nacional de aplicación de la misma y referencia a los códigos de conducta a los que estuviera adherido (artículo 5° del Anexo de la Resolución 104/2005). Botón de arrepentimiento. Denominación. Uniformidad y rápida identificación. Resolución 424/2020 de la Secretaría de Comercio. Perjuicio concreto al consumidor. Doble finalidad del derecho a la información: protección del consentimiento del consumidor y satisfacción del producto o servicio. Cláusulas abusivas (inciso b) del Anexo a la Resolución S.C.D. y D.C. N° 53/2003). Modificaciones unilaterales.
Separación de hecho, deber de fidelidad
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. c/ N. N. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-09-10

Con relación a la infidelidad alegada, se discute -tanto en doctrina como en jurisprudencia- si durante la separación de hecho de los esposos el deber de fidelidad se mantiene inalterado, se atenúa, o incluso llega a desaparecer. Una de las posibles interpretaciones, seguida por esta Sala de la Cámara Civil de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan entre otros Tribunales del País, entiende que durante la separación de hecho de los cónyuges se mantiene vigente el deber de fidelidad entre ellos, por lo que la infidelidad posterior al quiebre de la convivencia origina una causal autónoma del divorcio, pudiendo ser alegada por el otro esposo, en razón de que el art. 198 del código civil impone el deber de fidelidad entre los esposos hasta el momento del dictado de la separación personal o del divorcio y careciendo la mera separación de hecho por voluntad de las partes de efecto disolutorio de las obligaciones matrimoniales. . ."
Demanda, monto de la demanda, daño moral, monto indeterminado, excepciones procesales, defecto legal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: PIAGGIO, JORGE ALBERTO c/ BANCO DE GALICIA Y Buenos Aires SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-01

Si bien constituye un requisito esencial del escrito de demanda la determinación del monto reclamado, la indeterminación en el monto que en concepto de daño moral se pretende, no puede generar en el sujeto pasivo de la pretensión una incertidumbre tal que lo coloque en situación desventajosa que dificulte la adecuada refutación de los argumentos esgrimidos como fundamento de la accion, ya que, en principio, su cuantificación esta sujeta a apreciación judicial y es de dificultosa estimación por quien lo reclama, por lo que cabe rechazar la excepción de defecto legal opuesta al respecto.
Menores, derechos de las niñas, niños y adolescentes, Convención sobre los derechos del niño, principio de contradicción
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de disposición de D. A. C. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-25

Para los menores, el principio de contradicción se encuentra reconocido en los arts. 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 7 de las Reglas de Beijing.
Confirmación de sentencia, improcedencia del recurso, restricción de acercamiento, abuso sexual, salarios caídos, suspensión del trabajador, encargados de casas de renta, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., V. R. c/ Consorcio de Propietarios del Edificio C. s/ Amparo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2021-06-04

Cabe confirmar la sentencia que ordenó que el ahora recurrente, sea suspendido en las funciones que cumplía como encargado de un edificio -con motivo de una denuncia por abuso sexual en perjuicio de una propietaria, la justicia penal le impuso una restricción de acercamiento a la denunciante-, para decidir así, ha de tenerse en cuenta que el encuadre legal dado a los hechos es correcto, ya que la situación que se presentó con motivo de la denuncia penal fue debidamente resuelta en base a la regla que se aplica en el caso de detención de un trabajador originada por denuncia criminal efectuada por terceros -art. 224, últ. párr. de la LCT-, supuesto asemejable al de autos. A mayor abundamiento, la restricción de acercamiento se dispuso como una medida sustitutiva de la prisión preventiva solicitada por el fiscal, pero, en relación con la prestación de tareas a cargo del trabajador, la medida tiene -en este caso particular en el que coinciden el lugar de trabajo y el domicilio de la demandante- los mismos efectos que la detención, dada la imposibilidad de ponerse a disposición de su empleador para cumplir la prestación laboral.

La desestimación de los haberes de suspensión tiene sustento legal en el mismo artículo mencionado, pues tipifica el supuesto en el que el trabajador no puede reclamar al empleador los haberes de los días no trabajados, en razón de que no hay mora de éste último. Finalmente y en relación con las críticas dedicadas al allanamiento del contrario, se aprecia que el apelante carece de agravio, es que al respecto nada se resolvió en la sentencia.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, gastos médicos, prestaciones de la obra social, hospitales públicos
Materia: LABORAL
Carátula: ORTICOZA, RAMON c/ SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-10

No constituye fundamento suficiente de la pretensión de la parte actora enderezado a la consecución de recursos para enfrentar tratamientos psiquiátricos y kinésicos, la mera invocación de su carencia de recursos, si de las constancias de la causa se desprende que el trabajador cuenta con cobertura asistencial por parte de la obra social a la que pertenece. Pero aún en el hipotético supuesto de la falta de tal protección, le quedaría la posibilidad de acudir al hospital público en el que las prestaciones médicas son gratuitas.