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Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, sujetos del proceso penal, querellante conjunto, facultades del querellante, responsabilidad del querellante, rol de querellante, calidad de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: ZURITA, Facundo Miguel, BRITEZ, Renzo Fabricio y otros s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-08

Por Ley 7.262 se introdujo aL ordenamiento procesal de Salta, la figura del Querellante Conjunto que puede o no identificarse con quien pretenda ejercer la acción resarcitoria o restitutoria en el proceso penal.

El último párrafo del art.77 que la querella podrá ser deducida por toda persona que fuere "damnificada directa" de un delito de acción pública; es decir, por el particular ofendido que ejerce de este modo, junto al Agente Fiscal, el derecho a la persecución penal de la infracción cometida. Este sujeto es, en palabras de J.A.Clariá Olmedo, "quien soporta el daño o situación de peligro que el delito comporta, de un modo especial, singular, individual y directo" (Der.Proc.Penal, Ed.Lerner, 1984, T.II, pag.41).

Dicho esto surge inmediato y evidente que un mismo individuo no puede, en un mismo proceso y sin riesgo de violar el principio de identidad, adquirir la doble calidad de imputado-querellante.

El autor citado advierte allí mismo que "El ofendido sólo puede intervenir como querellante si tiene capacidad para querellar; se trata de la capacidad genérica para actuar como acusador, teniéndose en cuenta la minoridad, el ser procesado en la misma causa, condenado a más de tres años de prisión o reclusión, o prófugo", según los criterios de sistematización de la jurisprudencia acerca de la intervención de este sujeto procesal.- Así, ha decidido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala II, con fecha 09/09/1980 in re "Stovenique, Cilzanira" "Existiendo imputaciones recíprocas, no debe admitirse como querellante a ninguno de los imputados, ante la posibilidad de que ambas partes puedan resultar procesadas" (Fuente: La Ley on line).
Extradición, tratados internacionales, prescripción de la acción penal
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO - PENAL
Carátula: Priebke, Erich c/  s/ solicitud de extradición - causa n° 16.063/94. 16.063/94.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

No procede la extradición solicitada por aplicación de la Convención de Extradición entre la República Argentina y la República Italiana (ley 23.719) del acusado de homicidios, si se halla prescripta la acción penal conforme al art. 62 del Código Penal Argentino (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Ricardo Levene [h.]).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, régimen de consolidación de deudas
Materia: LABORAL
Carátula: Konrad, Arturo c/ Municipalidad de Adolfo Alsina s/ Indemnización ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Si el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, representado por la suma que quedará consolidada por aplicación de la ley 11.192, no supera el monto mínimo para recurrir establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin observarse ninguno de los supuestos de excepción previstos por el art. 55 de la ley 11.653, lo que tampoco ha sido invocado por el recurrente, corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. (Minoría u opinión personal)
Alimentos, indemnización tarifada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., S. . c/ B., J. C. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-25

El objeto del importe global percibido con motivo de haberse declarado la prescindibilidad del alimentante en su empleo, tiene por fin permitir el desenvolvimiento económico del agente y su grupo familiar mientras aquél carece de trabajo, posibilitándole la iniciación de una nueva actividad y estando reservada la administración de dichos fondos al accionado (arts. 198, 265, 267 y 2276, C.C.).
Consejo de la Magistratura, designación de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INCHAURREGUI DE GAVELLI, ELIDA DEL VALLE c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCION DE AMPARO ? RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-04-07

El cuestionamiento del impugnante en orden al nombramiento de los actuales integrantes de la Cámara del Crimen de Decimosegunda Nominación por no haber cumplido con los requisitos correspondientes debe ser desestimado; cabe señalar sobre el particular, que la transformación de la Cámara de Acusación en Cámara del Crimen de Decimosegunda Nominación no acarrea el cese en las funciones de los magistrados que la componen; por el contrario, el dispositivo legal determina que la Cámara de Acusación existente, con sus mismos integrantes, continuará funcionando no ya con el marco de competencia que le confería la normativa anterior ley 8123 sino como Cámara del Crimen, importando la reforma introducida una modificación de la competencia, al otorgarle una distinta porción de jurisdicción a la que se le asignare originariamente, con lo que el cuestionamiento deviene improcedente.

Lo único que implicó la ley 9048 fue una mutación de la competencia de dicho órgano y un cambio de nombre que obedece a las exigencias actuales del tribunal, en función del marco de atribuciones conferidas, por lo que no se requerirá una nueva designación de los Magistrados integrantes de la Cámara del Crimen de Duodécima Nominación, y menos aún que lo fuera a través del procedimiento que marca la ley 8802
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, avenimiento, tráfico de estupefacientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Domínguez, Raúl Ariel y otros sobre 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-14

La queja no puede prosperar si el Ministerio Público Fiscal recurrente no explica suficientemente por qué rechazar la homologación del acuerdo de avenimiento alcanzado (art. 278 del Código Procesal Penal) implicaría un incumplimiento del deber de perseguir y castigar los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. Ello solo expresa la decisión judicial de no dictar una sentencia condenatoria en función de lo solicitado en el procedimiento consensual. Esa determinación, como tal, no constituye un impulso del ejercicio de la acción penal, en tanto aquella potestad sigue dependiendo de una decisión autónoma del Ministerio Público Fiscal, de conformidad con las opciones que le concede la ley procesal penal. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz y Santiago Otamendi).
Pluralidad de imputados, valor probatorio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rojas, Juan Carlos; Barrios, Pedro Agustín s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-04-02

Más tampoco éste (aparte de la cuestión sobra la legitimidad de su consideración como prueba), a partir del cual desarrolla la valoración acerca de la autoría, constituye un aporte exento de sospechas objetivas en cuanto a la veracidad del relato, en relación a los momentos y conductas que aquí interesan. Antes bien, se encuentra ab initio, teñido por la nota de fuerte interés en quien lo produce (propio de la motivación que supone el llamado que prescribe el art. 267 del CPPP), pues se trata de los dichos indagatorios del coimputado.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Magallán, Carlos María c/ Lassala, Carlos Calixto s/ Indemnización de Daños y Perjuicios Extracontractuales
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-06-21

Confirmamos la atribución de culpabilidad en forma exclusiva al demandado que no respetó la prioridad de paso a lo que estaba obligado por el artículo 48 de la ley 13.893, siendo que, como reconoce y declara un testigo, circulaba por el lado izquierdo, lo que cabe presumir le permitió observar el avance del auto del actor.

También si, como pretende el accionado, circulaba a poca velocidad, pudo tomar los recaudos del caso para evitar la colisión y si tuviéramos por cierto que el actor hace una maniobra de zigzag, lo que lo induce a pensar que doblaría, equivoca su apreciación y debe cargar con las consecuencias de su error al adoptar la maniobra más riesgosa que fue seguir su marcha, cuando debía frenar.
Jubilaciones, derogación de la jubilación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA CUBILLAS DE VALDEZ, CONSTANCIA MATILDE c/ ESTADO PROVINCIAL y CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-12

El Decreto del Poder Ejecutivo que ratifica la resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (que derogó el beneficio de jubilación) no es acto originario del P.E. por lo que no corresponde deducir el recurso previsto en el artículo 57 del Código de Procedimientos Administrativos. Atento a ello, siendo "optativo" el recurso contra la decisión de dicho poder, no tiene su interposición, aptitud para modificar la situación formal alcanzada con el dictado de la norma recurrida. A partir de su notificación comienza a correr el plazo de caducidad del artículo 19 del mencionado Código.-
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del Estado, dominio público, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: TAMALET LUIS ARTEMIO c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-24

El uso y goce de los bienes del domino público por parte de los particulares importa para el Estado -considerado lato sensu- la obligación de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos, de ahí que la Administración debió adoptar las medidas de seguridad pertinentes (conf. CSJN causa "Pose, José Daniel", del 1.12.92).

En el caso, el Estado es titular de la calle, cuya irregularidad, produjo el daño en un motociclista que transitaba por ella e incurrió, además, en una omisión antijurídica (conf. art. 1112 del Cód. Civ.) en la medida en que no ha cumplido con su obligación de adoptar las medidas pertinentes para evitar que circular por aquéllas se exhiba como causa eficiente de daños.
Demanda, ampliación de la demanda, rectificación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Orlando, Viviana c/ Rodríguez, Luis y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

Si bien no cabe variar o modificar la demanda después de su notificación, es factible ampliar o moderar la petición, cuando sólo importa una alteración del alcance del objeto litigioso modificación cuantitativa), si se conserva su identidad sustancial.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Superior Tribunal de Justicia, sentencia, reposición in extremis
Materia: PROCESAL
Carátula: Mendicino, Exequiel Maximiliano c/  s/ otra calificación legal -constitución querellante- apelación defensa sentencia de Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-11-07

Teniendo presente que la revocatoria in extremis debe entenderse como un procedimiento atípico de reparación de un error indisputable y nunca de reexamen o reconsideración de la causa; que el remedio juega dentro de un determinado ámbito específico y circunscripto a situaciones serias e inequívocas que ofrezcan una nitidez manifiesta -en las que cuadra apartarse de aquél principio- y en el que no tiene cabida la discusión sobre el acierto o el error de los fundamentos que sustentan el pronunciamiento, no pudiendo -jamás- erigirse como un nuevo juicio; y que ninguno de dichos presupuestos se configuran en el caso como para tornar operativa la vía intentada, cabe rechazar -por inadmisible- el recurso interpuesto. - CITAS: CSJN: Fallos 315:2581; CSJStaFe: Malvicino, AyS T 140, p 416. - Jurisprudencia vinculada: Valle, AyS T 213, p 3/6, sumario J0034151.
Costas, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: TRACEY, CARLOS c/ TERESA CARDOZO DE TRACEY s/ DIVORCIO Y SEPARACION DE BIENES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1992-03-17

Si se trata de una contienda dificultosa y de características particulares, y a ello se agrega que la causal invocada implica la culpabilidad de ambos cónyuges, deviene forzoso convalidar los fundamentos que se exponen respecto al régimen de costas. Por lo que corresponde, casar en lo referente al régimen impositivo de las las costas, imponiendo por lo ya dicho en el orden causado en todas las instancias.
Agravantes de la pena, homicidio simple, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: Velazquez, Luis del Valle s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2013-06-14

Debe tenerse en cuenta como agravante de la pena a determinar para quien causó la muerte de un bebé tras sacudirlo violentamente porque no paraba de llorar, principalmente la corta edad de la víctima (siete meses de edad) la circunstancia de que había quedado a su cuidado un brevísimo espacio de tiempo, lo que revela además de su intemperancia el aprovechamiento de la ausencia materna para castigar al niño, el hecho de que no prestó la suficiente ayuda a la madre en el momento crucial, pues no fue él quien la llevó al hospital pudiendo hacerlo sino que fue su chofer y por último que intentó desviar su responsabilidad hacia la madre de la criatura.
Recurso contencioso administrativo, policía, personal policial, salarios caídos, jurisprudencia no aplicable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pedrazzi, Edmundo Juan Ramón c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:   C.S.J. Nro. 160 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-12

Corresponde declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto y hacer lugar al pago de las diferencias salariales entre los cargos de Comisario Mayor y Comisario Inspector habidas en el período reclamado por el actor, desde que no resulta aplicable al caso el precedente "González Palicio" -citado por la demandada- donde se denegó el reconocimiento de salarios caídos puesto que se trataba de un supuesto en el que había mediado ruptura de la relación de empleo público, con la consiguiente posibilidad -adecuadamente merituada por el Tribunal- de que el agente realizara durante el cese otra actividad remunerativa. En cambio, en el presente caso, debe descartarse tal posibilidad, desde que, al menos hasta que fue retirado, el recurrente no dejó de prestar servicios para la demandada.
Acción reivindicatoria, prueba de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vargas, Eduardo c/ Pignater o Pignatario s/ Acción de reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

El título a que se refieren los arts. 2790 a 2792 del CCI, es aquel que teniendo por objeto la transmisión de un derecho de propiedad está revestido de las solemnidades exigidas para su validez, no es propiamente el instrumento en que consta la existencia del derecho, sino al acto jurídico que sirve de causa a la tradición o adquisición de la cosa, comprendiéndose tanto a los traslativos de dominio -compraventa, donación, etc.- como a los simplemente declarativos -partición, sentencia judicial, etc.- ya que tanto los unos como los otros acreditan su existencia.
Deserción del recurso, inadmisibilidad del recurso, resoluciones irrecurribles, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Derfler, Iván Andrés. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

Corresponde tener por desistido el recurso interpuesto por el Fiscal y declarar inadmisible el remedio interpuesto por la defensa. El ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del recurso casatorio que, en lo sustancial, exige que se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva o equivalente, entre las que no se encuentra, por vía de principio, la cuestionada en autos. En efecto, debe reputarse que el rechazo del juicio abreviado cuestionado en principio es ajeno a las resoluciones enumeradas por el artículo 457 del digesto adjetivo e insusceptible de ser recurrido en casación. Es que aquellos autos de mérito cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen el requisito de carácter final, ya que no ponen fin al procedimiento sino que, por el contrario, hacen posible su continuación, y tampoco ocasionan un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior, más allá del que irroga todo proceso penal, que permita su equiparación (ver C.S.J.N. Fallos 310:187; 310:1486; 311:1781; 312:573; 312:575; 312:577; 312:1503, "Mathov, Enrique" M994 XXXIX del 27 de mayo de 2004, entre muchos otros precedentes). Por lo demás, no se acreditó en el caso la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara de Casación como tribunal intermedio conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re" "Di Nunzio, Beatriz Herminia s/excarcelación s/recurso de hecho D. 199 XXXI.X, rta. el 3 de mayo de 2005). Dres. Riggi, Gemignani y Catucci.
Extradición, principio de reciprocidad, trámites judiciales, competencia administrativa, Ministerio de Relaciones Exteriores
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Moshe Ben Ivgy s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08

Es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto decidir acerca de la condición de reciprocidad tanto en el tramite administrativo como en la decisión final, por lo que se encuentra excluida su consideración en el tramite judicial (conf. articulos 21, 30 y 36 de la ley 24.767).
Interpretación de tratados internacionales, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, non bis in ídem
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Weil Levy, Ilan s/ infracción ley 1612
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-30

El art. 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados procura, en definitiva, proteger al individuo de la prohibición de ser doblemente penado por el mismo hecho, sin distinguir si tal situación procesal tiene origen en el país requerido, en el requirente o en un tercer Estado.
Excarcelación, prisión domiciliaria, coronavirus, emergencia sanitaria, pandemia
Materia: PENAL
Carátula: Vargas Lorean, Carlos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-28

Corresponde que se devuelvan las actuaciones a la instancia anterior, a fin de que se dicte una nueva resolución atendiendo a las actuales circunstancias alegadas por la defensa. Es que luego del dictado de la resolución traída a revisión en esta instancia, se ha decretado la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19, dicha circunstancia -que fuera invocada por la defensa en esta instancia- y el alegado hecho de que Vargas Lorean padecería de hipertensión, no pudieron ser considerados por el a quo al momento de resolver. Ello por cuestiones de economía procesal y celeridad, en miras de evitar un excesivo rigor formal contrario a la situación de excepción que se presenta en estos momentos de extrema emergencia sanitaria, y también para garantizar un adecuado servicio de justicia, en especial a las personas que se encuentran privadas de libertad. El voto concurrente sostuvo que resulta ineludible principio de la teoría de los recursos el que ordena que sean resueltos de conformidad con las circunstancias existentes al momento de su tratamiento, aunque sean ulteriores a su interposición. Es dable señalar que el pleno de este Tribunal, con fecha 13 de abril ppdo., dictó la Acordada 9/20 mediante la cual se efectuaron recomendaciones a los tribunales de la jurisdicción a fin de que adopten medidas alternativas al encierro. Así las cosas, la situación del sub lite no fue analizada al amparo de la mentada acordada, toda vez que la resolución impugnada resulta anterior a su dictado. Dres. Yacobucci y Mahiques -voto conjunto- y Slokar -voto concurrente-.
Seguridad jurídica, facultades del juez, interés público, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Anganuzzi, Mario Lucio c/ Consejo de la Magistratura s/ Otros Procesos Incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

El principio de la seguridad jurídica constituye una de las bases principales de sustentación de nuestro ordenamiento, cuya tutela innegable compete a los jueces (Fallos: 316, 3231), razón que impone evitar la adopción de medidas irreflexivas que afectan sensiblemente el interés de la comunidad.

La vigencia efectiva de reglas preestablecidas genera un clima de seguridad en el cual los particulares conocen de antemano a qué reglas atenerse de manera de tornar previsibles las consecuencias de las propias decisiones.
Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, leyes, interpretación de la ley, ley procesal, tribunal colegiado, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: S, J C s/ HOMICIDIO CULPOSO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 579-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-28

Resulta atinado analizar el grado de compatibilidad entre el artículo 26 de la ley 10160 y las normas de los Códigos Procesales que regulan el dictado de sentencia en los Tribunales de Segunda Instancia, en especial las del Código Procesal Civil y Comercial aplicable supletoriamente a los otros (Código Procesal Penal, artículo 415 y Código Procesal Laboral, artículo 128). Así, los artículos 244, 372 y 374 del citado Código permiten una interpretación compatible con "el voto totalmente concordante de los jueces" desde el momento que si bien hablan de los "vocales" no precisan que se trate de la totalidad de los mismos. Pero con el artículo 383 la contradicción se hace insuperable ya que éste precisa que la sentencia será dictada por "todos los miembros que componen el Tribunal".
Contratos agrarios, tercería de dominio
Materia: AGRARIO
Carátula: AGROSERVICIOS EL OMBU S.A. c/ DECOBERTI DOMINGO A. s/ ORDINARIO - TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-13

En el marco del Código Civil y de la Ley 13246, la cesión de un predio rural para la explotación agrícola puede adoptar las formas del contrato de arrendamiento, del de aparcería o del contrato accidental por cosecha. En el primer caso la retribución al cedente del uso de la tierra se establece una suma determinada o determinable de dinero por unidad de tiempo o superficie o por el total; en el segundo se establece el porcentaje de los frutos; y en el tercero pueden establecerse cualquiera de las dos modalidades, en dinero o en porcentaje de frutos.

Ahora bien, el arrendamiento y la aparcería gozan de cierta estabilidad temporal puesto que la ley impone un plazo mínimo de tres años, en tanto que el contrato accidental, como su nombre lo indica, el uso de la tierra puede concederse por una cosecha. Por último, en los tres casos la ley impone la forma escrita "ad probationem".

El propietario del inmueble, no significa que también sea propietario de la sementera cultivada por sus arrendatarios accidentales ya que según se desprende del art. 2315 del C. Civil y de su nota, si bien las plantas y sus frutos están adheridas al suelo, no son inmuebles por accesión en razón de que esa adhesión carece del carácter de perpetuidad o permanencia. Así, si la sementera fue embargada, ésta no pertenece al propietario del suelo sino que es cosa mueble, destinada a ser separada del suelo por su propia naturaleza, cuya propiedad debe atribuirse exclusivamente al arrendatario que la cultivó. Por consiguiente, el propietario no es condómino de la sementera embargada sino acreedor de los arrendatarios por el precio del arrendamiento.-