marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mathey Doret Daniel y otros c/ Consejo General de Educación s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-05-03

El art. 3 inciso b) de la Ley nº 8369, expresamente dispone que resulta inadmisible la vía del amparo si "se hubiere promovido otra acción o recurso sobre el mismo hecho o se halle pendiente de resolución". Se advierte que los actores promovieron en sede administrativa los recursos que el ordenamiento procedimental pone a su disposición, a los fines de hacer valer sus derechos y con el objeto de cuestionar la aplicación de las previsiones contenidas en la Resolución Nº 22/03 C.G.E. que adhirió en sus contenidos a lo dispuesto en el Decreto Nº 218/03 GOB. Tal proceder obsta a la admisibilidad de la presente vía, toda vez que no es aceptable deambular simultáneamente por la vía administrativa y judicial en procura del mismo objetivo y, al haber ocurrido administrativamente, queda patentizado que para los actores esa vía era suficiente e idónea para la protección de sus derechos. Así, frente a las resoluciones que no hicieron lugar a los recursos de revocatoria interpuestos por ante el C.G.E., los demandantes debieron proseguir con los trámites administrativos iniciados a los fines de obtener en esa sede el reconocimiento de los derechos que estiman les fueron lesionados. Admitir lo contrario, importaría desnaturalizar este remedio excepcional, extraordinario y residual, desvaluándolo en su importancia y desconociendo su ratio iuris.
Honorarios del abogado, regulación provisoria
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: PALMA, Miguel R. y otros c/ Salta Forestal S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-02-28

Habiendo recaído sentencia definitiva en primera instancia, revistiendo el carácter de provisorios los honorarios recurridos, por aplicación de los artículos 8 inciso C y 44 de la Ley de Aranceles, corresponde practicar en primera instancia una nueva regulación definitiva al abogado que se retiró de la causa, teniendo en cuenta el resultado del pleito y la labor realizada.
Cesación de servicios, trabajador en relación de dependencia, reingreso a la actividad remunerada, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "BARBEITO, INÉS c/ A.N.Se.S s/ Impugnación fecha inicial de pago".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-08

La normativa de la ley 18.037 se limita a determinar que quienes cumplen con las exigencias de edad y servicios con aportes deben, previamente, cesar en toda actividad en relación de dependencia para acceder a la prestación (art. 64, inc. a).

De allí en más, los servicios prestados con posterioridad deberán considerarse como un reingreso a la actividad, cuyo efecto jurídico sobre la prestación es diverso y se encuentra regulado en los arts. 64 inc. b), 67 y 68 de la ley citada; circunstancia que no obsta a su otorgamiento, más allá de que el retorno a la actividad se haya producido con anterioridad a la entrada en vigencia del Libro I de la ley 24.241
Incidente de caducidad, impulso procesal, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutiérrez, Raúl Omar c/ Della Mea, Silvia del Carmen y otro s/ abreviado - cumplimiento/resolucion de contrato - tram. oral
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-04-21

Corresponde hacer lugar al incidente de caducidad -por inacción del recurrente- formulado por la parte demandada, y en consecuencia, declarar perimida la instancia con motivo del recurso de apelación deducido por el actor, dado que entre la notificación del decreto de integración del Tribunal colegiado y el acuse de perención transcurrió un plazo mayor al de seis meses (6) que establece el inc. 2º del art. 339 del CPCC de la Provincia de Córdoba, incluso descontando los términos procesales por los cuales los pleitos judiciales estuvieron suspendidos por la pandemia Covid-19 y las sucesivas prórrogas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia.
Cuestiones de competencia, competencia criminal, competencia de instrucción, adulterio penal
Materia: PROCESAL
Carátula: GUERRA, José s/ ADULTERIO. COMPETENCIA CRIMINAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1963-10-01

Deben tramitarse ante los jueces en lo criminal las causas por el delito de adulterio, de acuerdo con las disposiciones de los libros II y III, Cód. Proc. Crim. y, por consiguiente, con la intervención originaria de la justicia de instrucción.

NOTA: El plenario que antecede deja sin efecto el plenario 'Jerie' en lo que respecta al trámite procesal -competencia- en los delitos de adulterio.
Costas, costas en el orden causado, aclaratoria (procesal), recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: COSMOS S.A c/ B.C.R.A. s/ JUICIO DE CONOC."
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-15

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido reiteradamente que las costas deben considerarse impuestas en el orden causado en el caso que se omita su pronunciamiento expreso, pues no hay lo que se denomina condena tácita, debiendo el interesado solicitar aclaratoria o interponer recurso de apelación ante su omisión (confr. Palacio, "Dcho. Proc.", III, p. 398; Satta, "Dcho. Proc. Civ.", I, 111; Fallos: 293:410).
Propiedad intelectual, derechos de autor, autorización del autor, obras intelectuales
Materia: CIVIL
Carátula: BAHR, Carlos Alberto y otro c/ TELEVISION FEDERAL S.A. (TELEFE) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-04

La transformación de una obra que está en el dominio privado y no en el dominio público es un acto ilícito, porque hay una representación sustancial única a la cual se le ha modificado por adaptación, arreglo o alteraciones, sin permiso del autor, aspectos formales. La teoría del derecho exclusivo de elaboración afirma el concepto de que no basta transformar la obra de otro autor con aditamento de una nueva actividad creadora, para tener por no violados los derechos exclusivos de aquél, pues si no obstante tales transformaciones subsisten los elementos sustanciales de la obra elaborada, la elaboración constituye un aprovechamiento injusto e ilegítimo que el autor tiene derecho a reprimir (conf. C.N.Civ. Sala C, septiembre 19-1978, "Cresseri Artidorio suc. c/ SADAIC", E.D.81-174).
Despido por matrimonio, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Fresco, Rosa C. c/ Agencaissa S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

La reestructuración de la empresa no constituye motivo de justificación de la cesantía en orden a lo dispuesto por el art. 181 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Concursos, fuero de atracción, fallido codemandado, suspensión del proceso judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROSSI DE GALARZA, AIDA c/ VAZQUEZ, HECTOR s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-21

No procede la suspensión del procedimiento en razón de encontrarse en quiebra uno de los codemandados, por cuanto habiéndose dictado sentencia, si bien resulta improcedente intentar una ejecución de sentencia individual contra quien se halla sometido a un proceso universal de liquidación colectiva, que sólo deja expedita para el recurrente la verificación de su crédito; respecto de los restantes codemandados que se encuentran "in bonis" existe una sentencia firme que debe ser cumplida, caso contrario se afectaría la garantía de la propiedad consagrada en la cn: 17, ello sin perjuicio de los derechos que estos últimos pudieran hacer valer en el proceso universal.
Municipalidad, concejales, gasto público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yapur, Fortunato Rodolfo c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-22

El accionante (Contador municipal) no quedó exento de responsabilidad por haberse dictado un fallo por el cual el Tribunal de Cuentas sólo responsabilizó al Presidente del Concejo Deliberante por los gastos efectuados por el concepto en cuestión, por cuanto se labraron actuaciones separadas por distintos períodos y al actor se le responsabilizó por los realizados en concepto de pago de la bonificación por antigüedad desde la sanción de la ley 10.936 y el 17 de abril de 1991, es decir, hasta el día anterior a la observación de tal adicional a los señores Concejales del municipio de la Matanza.
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vila, Raúl F. y otra c/ Casi, Raúl E. y otros s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-20

El actual art. 1078 del CC ha adoptado la tesis restrictiva; la acción por daño moral compete al damnificado directo; por lo que al no haber resultado del hecho la muerte del acreedor, el único titular de la acción es él.-
Huelga, reincorporación, igualdad de trato
Materia: LABORAL
Carátula: MOYANO, RAUL E. c/ FORD MOTOR ARGENTINA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

Conforme lo ha señalado la Corte Suprema, fallos 256:24, "la exigencia de que el empleador reincorpore a todos los trabajadores despedidos con motivo de una huelga, puede implicar un cercenamiento del libre ejercicio de derechos constitucionales". La "igualdad de trato" sólo recae sobre los trabajadores que integran la empresa y no sobre los que han egresado en virtud de un despido, en la medida en que no media relación laboral con la demandada, no tienen derecho a igualdad de trato.
Alimentos, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Y.de M.Z.F. c/ M.C.S. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-18

De acuerdo a lo dispuesto por los arts.8, 9 y 10 de la ley 23.928, no existe posibilidad de actualización monetaria ni aún en supuestos de obligaciones alimentarias, pues no surge de la misma que estén excluidas del régimen establecido por la ley; no es aplicable el decreto reglamentario, que excluye a los alimentos de una especie de "desagio" implementado por el art.9 de la ley, pero no de la prohibición de actualización dispuesta por los arts. 8 y 10 de la misma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Instrucción, economía procesal, acumulación de procesos, desdoblamiento del hecho, sobreseimiento provisional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PIASER, MARIA EMILIA; CATHARINO, NORBERTO s/ Régimen Penal  Tributario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-11

Corresponde revocar la resolución que dispuso el sobreseimiento parcial del imputado en relación a algunos de los hechos investigados porque si bien la atribución que los Jueces a cargo de la instrucción tienen de decretar el sobreseimiento en cualquier estado del sumario puede ser ejercitada en forma parcial si se trata de resolver la situación de alguna persona, no cabe que se la utilice para dividir, uno por uno, los hechos materia de averiguación. Esta manera de proceder, parcializando los distintos hechos que se atribuyen al mismo imputado, resulta altamente inconveniente en tanto genera innecesarias demoras en el trámite permitiendo que se multipliquen las apelaciones y por lo tanto contrario a las razones de economía procesal que autorizan la acumulación de causas contra una misma persona.
Prueba, apertura a prueba, divorcio contradictorio, notificación, fiscales
Materia: CIVIL
Carátula: T DE D.R.A. c/ D.P.F. s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-18

El auto de apertura a prueba en los juicios de divorcio debe ser notificado a todas las partes intervinientes, entre las que se cuenta el Sr. Agente Fiscal y recién a partir de la última de las notificaciones, comienza a correr el plazo previsto por los arts.

361 y 367 del Código Procesal (conf. Colombo, "Código Procesal..." 4a. ed. t. I, p. 269; Falcón "Código Procesal..." t. II, p. 104;

CNCiv. Sala E, L.L. 136-98, fallo 63.783; id. id., L.L. 138-953, 23 710-S).

Por un lado, la necesaria intervención del Ministerio Público Fiscal en los procesos de divorcio se encuentra impuesta por el art.

119, inc. 5to., de la ley 1893, mientras que por otro la disposición del art. 151 del citado código no contempla las notificaciones que deba practicarse respecto de dicho Ministerio -que se rigen por las normas generales en la materia-, sino únicamente los casos en que debe corrérsele vista en este tipo de juicios, de manera que la notificación personal prevista por el art. 135 inc. 4to., de aquel Código también los alcanza, como a las restantes partes intervinientes (conf. CNCiv. Sala E, L.L. 136-98).
Daños y perjuicios, delitos contra el honor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Enrique F. c/ Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de La Plata y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

La publicación reparatoria es una institución tradicional en materia de ofensas contra el honor, por medio de la cual trátase de borrar el mal causado por la difusión de la ofensa, o de disminuir en la máxima medida sus efectos. El carácter de esta medida es reparatorio, y como tal, está dentro del principio de la reparación plena e integral -doct. art. 1083 del C.C.-.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), código tributario, crédito fiscal, prescripción, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CLUB ATLETICO SAN JORGE MUTUAL Y SOCIAL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-26

Carece de idoneidad para abrir esta vía excepcional el reproche -en orden a descalificar fallo impugnado- vinculado a que la Cámara omitió resolver el planteo relativo a la inconstitucionalidad de los artículos 95 y 96 del Código Fiscal -que contemplan supuestos de suspensión e interrupción de la prescripción que contradicen atribuciones legislativas del Congreso Nacional-, desde que la Cámara consideró inoficioso pronunciarse sobre el tema, por cuanto ello no tenía incidencia en la resolución del caso ya que el plazo de prescripción que consideró aplicable -el decenal- no había transcurrido cualquiera sea el régimen de interrupción que se considere, lo que deja sin sustento el agravio. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Fiscal, artículos 95 y 96
Recibo de sueldo, obligaciones del empleador, apreciación de la prueba, principios laborales, derechos del trabajador, regularización del trabajador, fraude laboral, producción de la prueba, ley de contrato de trabajo, principio protectorio, Constitución Nacional
Materia: LABORAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: López Malvina Yael  c/ Lógica S.R.L.  s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-04-19

Sostengo la relatividad del valor probatorio de las constancias documentales, basado en el simple hecho de que las mismas son una elaboración unilateral de la patronal a la que el trabajador no tiene acceso ni posibilidad de controlar, y esto más allá de que en la misma conste su firma, debiéndose tener siempre presente que quien mayor facilidad tiene para producir la prueba, mayor posibilidad también posee para alterarla con intención de disfrazar la realidad. Por otra parte, el legislador dejó claramente establecido que el trabajador podrá oponerse al contenido de la documental llevada por el empleador, demostrando que las declaraciones insertas en los mismos no son reales (art. 60 LCT) no existiendo motivo válido alguno que cimente una exigencia probatoria distinta o mayor que la que corresponde a cualquier otra cuestión de hecho afirmada en la etapa postulatoria del proceso. En definitiva, no dudo que el trabajador que alega que su fecha de ingreso fue anterior a la que figura en los recibos, o que su categoría era distinta, debe cargar con el peso de demostrar su aseveración, empero la mayor exigencia o rigor en el valor de la pruebas a las que puede acudir para hacerlo (en la mayoría de los casos, testifical) no tiene sustento ni en la ley, ni en la doctrina judicial de nuestro cimero tribunal (art. 285 CPCC) ni -menos- en las reglas hermenéuticas que derivan del principio protectorio que consagra el art. 14 bis de la C.N. (Voto Ronconi)
Regulación de honorarios, incidentes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R., S.A. c/ V., C. y Otros s/ Nulidad de Convenio    Nulidad de Venta    Simulación (Ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-23

Es que la retribución de los profesionales que intervinieron en un incidente debe fijarse en relación a la entidad económica que estuvo comprometida en él.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba testimonial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Echaire, Guillermo Federico c/ LLano, Roberto Jorge y otros s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-11-09

A los tribunales de grado les está reservado el examen de la habilidad, mérito y grado de confiabilidad de las declaraciones testimoniales que reciben y pueden, además, preferir unos elementos de convicción a otros, sin que sea necesario que se refieran a la totalidad de los propuestos, bastando que lo hagan respecto de los que consideren relevantes para el cumplimiento de su labor axiológica.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Vasches, Jorge José s/ Homicidio criminis causa, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-08

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el recurrente se agravia por considerar que no pudo aplicarse el art. 142 inc. 1º del Código Penal en razón de que la privación de libertad se encuentra absorbida por el robo ya que entre ambas figuras entiende que media un concurso aparente de leyes, si no se invoca la indebida aplicación del art. 55 del Código Penal ni tampoco se intenta demostrar que el citado art. 142 inc. 1º no puede ser aplicado cuando lo es el art. 166 inc. 2º del Código Penal.
Homicidio calificado, atenuantes extraordinarias
Materia: PENAL
Carátula: Lizarraga, Julio César s/ Homicidio Alfonso, Jorge Ricardo s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12|1997-05-20

Respecto del vínculo conyugal también concurren fundamentos propios que, en consecuencia, pueden no existir o no ser tan relevantes en los casos de ascendientes y descendientes ya que en el contenido de la institución matrimonial tienen particular trascendencia jurídica los conceptos de convivencia y residencia, en medida suficiente para resolver que la separación de hecho de los cónyuges constituye, en principio, un retroceso de la presencia del fundamento de la calificante de vínculo conyugal que, si bien no la desplaza -pues el vínculo, obviamente, se mantiene- sin embargo habilita la concurrencia del último párrafo del art. 80.
Juegos de azar, rifas
Materia: PENAL
Carátula: GENTILE DE ARAYA s/ JUEGOS AZAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-05-13

/1) Debe ser responsabilizada por infringir las disposiciones del art. 3 inc. 7 Decreto-Ley 6618/57, quien organizó una RIFA, si la ofreció en un lugar público y a personas que no eran de conocimiento de la procesada.

2) Como el hecho investigado carece de la categoría de delito, no corresponde dar el mismo destino reservado para los instrumentos de éstos al reloj secuestrado en autos.
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Segovia, María Luisa c/ Roda, Julio Zacarías y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-06-23

Si bien con el daño moral no se indemniza la incapacidad permanente que padece la víctima, tal dato no puede resultar irrelevante al momento de valorar la efectiva afectación de los bienes extrapatrimoniales del damnificado (conf. Arts. 165, 384, y concs., C.P.C.C., 1078 y concs. del Código Civil.
Embargo, prioridad del primer embargante
Materia: PROCESAL
Carátula: Piergentili,    Novelo  en  autos:  Ibañez,  Aznar  Hnos.  S.C.C.  c/ Avichelli Hnos. S.A. s/ ORDINARIO S/ TERCERÍA DE MEJOR DERECHO S/ CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-03-02

Conforme al art. 218 del C.P.C.C., mientras no haya concurso, los derechos del primer embargante sólo ceden frente a un privilegio especial.
Concursos, verificación de créditos, acuerdo preventivo, desplazamiento de la competencia, fuero de atracción
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ACINDAR  INDUSTRIA  ARGENTINA  DE ACEROS SA s/ ACUERDO PREVENTIVOEXTRAJUDICIAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-26

1- La mera suspensión de los juicios ordenada por la LC art. 72-in fine sin el consiguiente proceso verificatorio, deja a los acreedores sin protección judicial y se convierte en una norma que lesiona derechamente el art. 18 de la carta y los tratados constitucionalizados, CN art. 75-22, como el Pacto San José de Costa Rica, que asegura la tutela jurisdiccional.

2- En el caso de un acuerdo preventivo extrajudicial al no operar el fuero de atracción no existe un verdadero desplazamiento de la competencia de los jueces de los juicios singulares al proceso universal de homologación del acuerdo y no permite que el juez concursal se pronuncie sobre los eventuales derechos de dichos acreedores.

3- En virtud de la suspensión de los juicios ordenada por la LC art. 72-in fine la intención del legislador fue la de evitar "la agresión patrimonial"; ella solo podía dar base a la suspensión de los actos de ejecución forzada o cautelares que implicasen la indisponibilidad del bien, tal como se estableció en el nuevo art. 12 de la ley 25589, modificando la ley 25563 art. 16, pero nunca afectar la tutela judicial al no establecer vía alternativa de reconocimiento del derecho, mediante el proceso verificatorio (conf. Junyent Bas, Francisco, "El acuerdo preventivo extrajudicial solo suspende los actos de ejecución forzada" en Derecho concursal argentino e iberoamericano, Ed. ad-hoc, Bs. As., 2003, t. 1, pag. 341). (En el caso, el juez ordenó librar oficios solo a los juzgados donde tramitan acciones correspondientes a "acreedores financieros quirografarios", haciendo saber la presentación del acuerdo preventivo extrajudicial y requiriendo la suspensión de las medidas de ejecución forzada y la de toda otra que impliquen indisponibilidad de bienes que afecten el giro de la deudora).