Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-08


Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

Corresponde que esta Cámara se pronuncie respecto del recurso de apelación deducido por el Dr. Néstor José Tenca, abogado defensor de Capurro y de Limeres contra la decisión del Sr. Juez de primera instancia de fs. 10/11 que no hizo lugar a la nulidad que planteara respecto de las declaraciones de Jorge Jamerar y de Eduardo Bender, obrantes a fs. 3/4, 11/12, y 44/45 del principal, como así también de las actuaciones subsiguientes a las mismas.

La censura a la validez de dichos actos se funda en la violación al secreto profesional cometida por el Dr. Bender ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 1 del Departamento Judicial de San Martín, Provincia de Buenos Aires, en los autos caratulados "Escuela Sargento Cabral Sociedad de hecho s/Concurso preventivo".

Allí, el abogado Bender presentó un escrito en el que renunció al patrocinio del síndico Jorge Horacio Capurro y simultáneamente denunció que éste habría exigido a los concursados un certificado apócrifo en favor de su cónyuge en el que constaría que ésta habría sido empleada de la institución concursada a fin de su utilización ante el Ministerio de Educación de la Nación.

Jorge Jamerar recoge esa denuncia y sobre la base de ella impulsa la presente causa (ver fs. 1 de los autos principales). A criterio de esta Cámara las presentes actuaciones tienen su génesis en un hecho ilícito y ello acarreará su indefectible nulidad.

Asiste razón a la defensa respecto de la improcedencia de la presentación que efectuara el Dr. Bender, notitia criminis luego ratificada testimonialmente y que constituye el germen de las presentes actuaciones, ya que es manifiesto que la información que el nombrado pone en conocimiento de la Justicia fue conocida por él en el marco de su desempeño como abogado del ahora imputado.

En tal sentido, cabe señalar que si bien la fuente originaria del conocimiento de la conducta imputada en autos fue la revelación de un tercero -una de las hermanas Company-, ello ocurrió claramente no por simple ocasión del servicio que prestaba sino precisamente como consecuencia de ese desempeño y a raíz de él. Por otro lado, Bender verificó de propia boca de Capurro aquello que había llegado a su conocimiento, procediendo a denunciar el hecho luego de que su cliente corroborara la especie.

Así se desprende de los propios dichos de Bender -fs. 44-, quien refiere que se enteró de lo que denunciara al constituirse en el domicilio de la concursada con el objeto de secuestrar los bienes embargados a los efectos de asegurar el pago de sus propios honorarios y los del síndico -y luego denunciado- Capurro y que efectuó la denuncia luego de hablar del tema con éste.

El artículo 156 del Código Penal, principal norma en esta materia, contiene una formulación lo suficientemente garantizadora del secreto, al amparar todo aquél del que se hubiese tenido noticia por razón de estado, oficio, empleo, profesión o arte, fórmula amplia que no cabe reducir a la revelación directa y expresa llevada a cabo sólo por el interesado voluntaria y concientemente.

Esos conocimientos, según la ley nacional y aún la local aplicable al caso, deben permanecer en una esfera de reserva y sólo pueden ser revelados cuando mediara justa causa.

En el derecho argentino, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, no constituye justa causa -lo que excluiría la antijuridicidad de la revelación del secreto profesional-la denuncia de un delito de acción pública, sin que sea necesario adentrarse aquí en la vieja discusión acerca de los supuestos excepcionales en que concurre a la vez una obligación de denunciar, lo que claramente no existía en el caso, caracterizado por una común relación abogado-cliente sin otros aditamentos extraordinarios.

Carece de trascendencia para la apreciación del caso la circunstancia de que el hecho delictivo no guardara relación directa con la materia concursal, ya que lo que interesa es la fuente de la obtención de la información a la postre perjudicial, que no es otra que la relación profesional -más allá de su objeto especifico-que vinculaba a Bender y al imputado Capurro.

Tampoco luce significativo el argumento temporal mencionado por el "a quo", ya que lo trascendente para apreciar o no la existencia de secreto es la concurrencia de la relación profesional al momento del acceso a la información y no al de la revelación, apareciendo como pueril la forzada conclusión de tal forma de razonar, que implicaría que bastara renunciar al cargo para hacer cesar de esa forma y unilateralmente el deber de reserva inherente a la delicada misión que se encomienda al abogado. Sobre el punto se ha señalado que "...al momento de efectuar la revelación, aquél pudo haber perdido la calidad en virtud de la cual tuvo acceso al secreto." (Soler, S., Derecho Penal Argentino, T. IV, p. 115).

Por otro lado, si bien Bender no fue el autor de la denuncia penal, el ilícito fue conocido por Jamerar -a la sazón el denunciante-exclusivamente a raíz del escrito presentado por aquél en el juzgado donde se llevaba cabo la tramitación del concurso, sin que se desprenda de autos la existencia de una fuente alternativa de información que hubiera generado la investigación por medio de una vía distinta no viciada.

El ordenamiento procesal penal nacional contempla expresamente esta situación en el artículo 244 al fulminar con la nulidad las declaraciones efectuadas -entre otros posibles sujetos-por los abogados respecto de los hechos secretos que hubiesen llegado a su conocimiento en razón de su profesión.

La ley 5177 de la Provincia de Buenos Aires, ámbito en el que se produjo la indebida revelación, en su artículo 59 establece entre las obligaciones del abogado la de guardar el secreto profesional respecto de los hechos que ha conocido con motivo del asunto que se le hubiese encomendado o consultado, con las salvedades establecidas por la ley.

Ninguna de esas salvedades concurría en el presente caso. La preservación de la intimidad en estos casos es tradicional, habiendo sido colocada en un lugar trascendente por los propios profesionales del derecho, que la ubican entre uno de sus deberes más relevantes.

Así, a título de ejemplo cabe mencionar el art. 10 inc. "h" del Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que menciona entre los deberes inherentes al ejercicio de la abogacía: "...respetar rigurosamente todo secreto profesional y oponerse ante los jueces u otra autoridad al relevamiento del secreto profesional, negándose a responder las preguntas que lo expongan a violarlo. Sólo queda exceptuado: a) cuando el cliente así lo autorice, o b) si se tratare de su propia defensa.".

De lo dicho se desprende que la instrucción del sumario tuvo por base la violación del secreto profesional por parte del Dr. Bender, y ello acarrea la nulidad de todo lo actuado.

Se ha señalado que "resulta inadmisible que el Estado se beneficie con un hecho delictivo para facilitar la investigación de los delitos, debiendo excluirse todo medio probatorio obtenido por vías ilegitimas. Tal el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia en las causas "Montenegro" (Fallos 303:1938) y "Rayford, REV. ASOC. MAG. y FUNC. JUST. NAC. 21/22 P." (Fallos 308:733), entre otros precedentes. " (C Nro. 25.883 "Zambrana Daza s/inf. Ley 23.737", rta. el 14/2/95, y sus citas)." Todo lo expuesto, amén de advertir que el Sr. Juez de primera instancia no ha cumplido con los términos fijados por el ordenamiento ritual. (Art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación).

Por todo lo expuesto el TRIBUNAL RESUELVE:

I-Declarar la NULIDAD de las declaraciones de Jamerar y del Dr. Bender y de todo lo actuado en su consecuencia.

II-SOBRESEER a Jorge Capurro y a Liliana Celsa Limeres declarando que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubieren gozado. (Art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación).