Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-14


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100254 SALA II Expediente Nro.: 34.115/08 (Juzgado Nº 5) AUTOS: "LOZANO, JUAN CARLOS C/ BOEING S.A. Y OTRO S/ DESPI-DO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	14/03/2012 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continua-ción.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de primera instancia que ad-mitió parcialmente la demanda instaurada se alza la parte actora, y en forma conjunta los codemandados Chmea y Boeing S.A. -esta última por intermedio del primero, in-vocando el carácter de representante legal de la misma-. Asimismo, el perito contador y el letrado de la parte actora apelan los emolumentos fijados a su favor, por estimar-los reducidos, y el codemandado Chmea y la sindicatura de Boeing S.A. cuestionan la regulación de honorarios, por reputarlos elevados.

El codemandado Alberto Chmea apela la sentencia recaída en la anterior instancia por sí, e invocando el carácter de representante legal de la codemandada Boeing S.A. aludiendo a la calidad de presidente del directorio de la misma, anteriormente acreditada.

En forma preliminar, me abocaré al planteo efec-tuado por la parte actora a fs. 397 y vta., punto I, en orden a la presentación efectuada.

En cuanto al recurso interpuesto por el Sr. Chmea en forma personal, se impone señalar que, como afirma el accionante, el mismo carece de interés recursivo, en razón de que resultó vencedor en la contienda y ninguna condena se ha decretado sobre su persona. Por ello, no se dará tratamiento a su recurso, a excepción del segmento de la queja destinado a cuestionar los honorarios del perito contador.

En cuanto al recurso interpuesto invocando la ca-lidad de representante legal de Boeing S.A. -respecto de la cual se decretara la quiebra con fecha 25/08/06 (ver fs. 57)-, cabe señalar que toda vez que el hecho de la quiebra implica el pleno desapoderamiento del fallido, corresponde al síndico litigar y, por tanto, presentarse en los juicios y ejercer todas las facultades que le otorga la ley con-cursal en forma exclusiva e indelegable, asumiendo su calidad de parte y, en definiti-va, reemplazándolo, tal como lo dispone el art. 275 de la LCQ.

Dentro de dichas facultades se encuentra la de apelar la sentencia dictada en sede laboral, debiendo memorarse que el 1º párrafo del art. 110 de la LCQ dispone que solo por defecto o ausencia de la Sindicatura, sería admisible la participación exclusiva del fallido, supuestos que no han sido ni alegados ni demostrados en la especie.

Por ello cabe concluir que, toda vez que la repre-sentación legal de Boeing S.A. corresponde al Síndico, quien fuera su presidente ca-rece de legitimación procesal para apelar la sentencia recaída en la anterior instancia, por lo que debe tenerse por no presentado el escrito obrante a fs. 392/95 en lo que a esta demandada se refiere.

En consecuencia, corresponde dar tratamiento al recurso impetrado por la parte actora cuyos agravios, por razones de carácter metodo-lógico, serán tratados en el orden que sigue.

El accionante se agravia por cuanto la judicante de grado consideró que el vínculo contractual había finalizado el 31/03/07, y no en abril/08 como denunció en la demanda.

La crítica en este sentido esgrimida no puede te-ner favorable acogida por cuanto coincido con lo expuesto por la magistrado de la an-terior instancia en el sentido de que el testimonio de Argote Pinto (fs. 150/51) aunado al informe de ANSES, obrante a fs. 258/91, demuestran que el actor trabajó hasta marzo/07, sin que exista otro elemento probatorio que conduzca a concluir que la re-lación se hubiese prolongado más allá de esa fecha.

En efecto, Argote Pinto declaró que había traba-jado hasta 2007, y que sabía que Lozano había laborado hasta mayo/08 porque se en-contraban, que antes de la quiebra (decretada en el año 2006) les abonaban a nombre de Boeing, después a nombre de Triolife y que después de la quiebra los trasladaron a Pueyrredón 495 y volvieron a pagarle a nombre de Boeing.

El informe de Anses da cuenta de los aportes efectuados a favor del actor, bajo CUIT de la sociedad demandada, desde 11/94 hasta 03/07, aclarándose que desde 12/03 a 11/05 y durante octubre/05 los mismos fueron formalizados por la firma Tree of Life.

El juego armónico de dichos elementos probato-rios permite concluir que la relación laboral, aún cuando la demandada se encontraba en quiebra y no se hubiese decidido expresamente la continuación de la explotación, se extendió hasta marzo/07. Así lo sostengo porque, si bien los demandados así como también la síndico de la quiebra de Boeing sostuvieron que la empresa había cesado sus actividades a la fecha de la quiebra y que a ese momento no tenía dependientes, arriba firme a esta alzada que el vínculo continuó aún después del decreto de quiebra, que Tree of Life fue continuadora de ella y luego continuada en su explotación nue-vamente por Boeing S.A., y que se recondujo con esta última el contrato de trabajo que la unía con el actor (fs. 371). No obstante ello, lo cierto es que no se ha acreditado que la síndico hubiese decidido la explotación de la empresa ni que así hubiese sido resuelto, en el marco del proceso falencial.

En cuanto a la continuación de las labores de Lozano, Argote Pinto manifestó que trabajó hasta enero/07 y si bien dijo que el de-mandante había laborado hasta 05/08, lo cierto es que la fuente de conocimiento de tal hecho luce insuficiente, pues se basaría en el contacto que tenía con el actor, al igual que ocurre con el testigo Espíndola (fs. 148/49), quien relató que Lozano había labo-rado hasta 2008, cuando el deponente había dejado de trabajar en el año 2002 y cono-cía el hecho referido, por comentarios del actor.

Por ello, propongo confirmar el decisorio de gra-do en cuanto reputa extinguida la relación laboral en marzo/07.

Ahora bien, la parte actora también se queja por cuanto la sentenciante de grado, después de tener por acreditada la continuación de la prestación de los servicios del actor, concluyó que se trataba de dos relaciones labora-les distintas en virtud de que la quiebra producía un corte en la misma, de conformi-dad con lo dispuesto en el art. 196 de la LCQ.

Considero que no le asiste razón a la quejosa tampoco en este aspecto porque, aún cuando el actor continuó trabajando -aunque sin autorización del síndico, cuestión no debatida en esta alzada-, lo cierto es que no exis-te razón para no aplicar lo dispuesto en el art. 196 de la normativa específica.

En efecto, dicha norma establece que "la quiebra no produce la Disolución del contrato de trabajo, sino su suspensión de pleno derecho por el término de SESENTA (60) días corridos. Vencido ese plazo sin que se hubiera decidido la continuación de la empresa, el contrato queda disuelto a la fecha de decla-ración en quiebra y los créditos que deriven de él se pueden verificar conforme con lo dispuesto en los Artículos 241, inciso 2 y 246, inciso 1. Si dentro de ese término se decide la continuación de la explotación, se considerará que se reconduce parcialmen-te el contrato de trabajo con derecho por parte del trabajador de solicitar verificación de los rubros indemnizatorios devengados. Los que se devenguen durante el período de continuación de la explotación se adicionarán a éstos. Aun cuando no se reinicie efectivamente la labor, los dependientes tienen derecho a percibir sus haberes".

Teniendo en cuenta la disposición legal transcripta, y el particular caso bajo análisis en que el actor continuó trabajando, que la sociedad fue la titular del vínculo laboral por el período posterior a la declaración de quiebra según lo decidido en la instancia anterior y no cuestionado en esta alzada, pueden vislumbrarse dos hipótesis que conducen, las dos, a idéntica solución. Es de-cir, si se considera que el contrato se recondujo y la empresa continuó su explotación, el trabajador tiene derecho a solicitar verificación de los rubros indemnizatorios de-vengados. De considerarse que, por no haber evidencias de que se hubiese decidido, en el marco del proceso de quiebra, la continuación de la empresa, el contrato con la sociedad fallida habría quedado disuelto a la fecha de declaración en quiebra, los cré-ditos que deriven de él también se pueden verificar conforme con lo dispuesto en los Artículos 241, inciso 2 y 246, inciso 1.

Por ello, y aún teniendo presente que el actor continuó trabajando, aunque para la empresa declarada en quiebra y sin autorización para continuar su explotación, lo cierto es que le corresponden los créditos indemnizatorios devengados hasta la fecha de la declaración en tal estado falencial (conf. art. 196 LCQ), por lo que cabe confirmar la sentencia de grado en cuanto así decide.

Respecto de los reclamos relativos al período posterior al decreto de quiebra, en atención a la solución propuesta anteriormente en orden a la fecha de extinción del vínculo (marzo/07), corresponde confirmar el deci-sorio de grado en cuanto dispone su rechazo pues las intimaciones efectuadas en el año 2008, así como la comunicación de su decisión de considerarse despedido, devi-nieron indudablemente tardías.

La parte actora se agravia por cuanto el Sr. Juez a quo concluyó que el actor percibía un salario de $586,25, cuando, según afirma, ello se contradice con las constancias de autos. En tal marco sostiene -conforme los ar-gumentos recursivos que serán tratados a continuación- que debe tenerse por acredi-tado que el actor percibía un salario mensual de $1.700. Asimismo expone que, aún de no acogerse dicha pretensión, debe ponderarse que el salario básico para la fecha del distracto ascendía a $1.495,14 considerando su categoría Vendedor C y su anti-güedad. Subsidiariamente, destaca que la remuneración tenida en cuenta en grado co-rrespondía a una quincena y no al mes entero, solicitando se rectifique el error come-tido.

En forma preliminar, se impone puntualizar que el actor manifestó percibir un salario mensual de $1.700, que era abonado parcialmente en forma clandestina.

Ahora bien, el testigo Espíndola refirió que no sabía cuánto cobraba Lozano, que se pagaba parte del salario en forma extrarregistral a todos y que por eso suponía que a aquél también. Por su parte, Argote Pinto dijo que les abonaba Alberto Chmea o en su defecto José Chmea, que les pagaban a todos jun-tos, que ellos eran supuestamente los dueños y los que estaban al mando de la empre-sa, que al actor le pagaban en forma fraccionada por semana, que vio los recibos de éste, que cobraba aproximadamente $1.800 y que lo sabe porque se mostraban los re-cibos y hablaban sobre los sueldos.

Los testimonios reseñados lucen, a mi juicio, in-suficientes para tener por acreditado que el actor percibiera la suma denunciada por-que Espíndola refirió una situación general que ocurriría respecto de todos los traba-jadores, sin explicar tampoco cómo conocía ese hecho, y por eso basó finalmente su exposición en una suposición, a lo que cabe aditar que dejó de trabajar en el año 2002 desconociendo, por tanto, lo ocurrido en el seno de la empresa con posterioridad a esa fecha. Argote Pinto mencionó una suma cercana a la denunciada en el escrito inicial pero dijo saberlo por comparar los recibos de sueldo, cuando el mismo actor dijo que percibía parte de su salario en forma clandestina, siendo de toda obviedad que dicha suma no es la que figuraba en los mismos. A la insuficiencia de los testimonios en cuanto a la fuente de conocimiento del hecho en cuestión se suma que ambos tenían juicio pendiente contra la demandada, circunstancia que impone un análisis restrictivo de los mismos y que, en este aspecto, sus dichos no se encuentran avalados por ningún otro medio de prueba.

No empece a lo expuesto que, como alude la quejosa, los testimonios de los citados deponentes crearan la convicción de la juzga-dora en otros aspectos, pues al respecto es menester memorar lo expresado por Devis Echandía en su obra "Teoría General de la Prueba Judicial", cuando, citando a Florian, dijo que ".el juez debe examinar los testimonios libre de prejuicios, convencido de que la mayoría de los actos humanos no responden a la lógica; cabe separar aquellas partes que le parezcan sinceras y veraces, de las otras que crea mendaces o erradas, porque no hay indivisibilidad de testimonio, y el testigo puede recordar unas circunstancias y otras no, unos aspectos del hecho y otros no; para esto debe buscar, en primer término, los motivos o fuentes de donde el testigo dice haber recibido la in-formación o el conocimiento, que son los que determinan la credibilidad" (Tomo II, Tercera Edición, Editor Víctor de Zavalía, Buenos Aires, 1974, pag. 274 y ss.).

Por todo ello, coincido con la judicante de grado en que no ha quedado acreditado que el actor percibiera la suma denunciada en la demanda, pues la fuente de la información declarada por los testigos luce insuficiente.

No enerva lo anotado la falta de exhibición de li-bros por parte de la demandada, quien aún teniendo en cuenta su estado falencial no facilitó su constatación. Ello por cuanto la presunción del art. 55 LCT por falta de ex-hibición de los libros del art. 52 LCT -en hipótesis como la examinada de contratos registrados- no lleva a presumir la existencia de los pagos parciales clandestinos adu-cidos en la demanda ya que tales sumas suplementarias, no habrían de constar en di-cho registro.

Es que, de conformidad con el texto de la norma, la presunción de marras sólo recae "sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos" y, como resulta obvio aclarar, ese tipo de pagos por su propia naturaleza clandestina no habrían de constar en el libro, con lo que su exhibición nada hubiese aportado al pleito (en este sentido ver esta Sala II, in re "Pacazochi, Domingo Victorio c/Gudzelack, Claudio Nazareno s/Despido", SD N95.153 del 10/08/07).

En cuanto al salario convencional invocado por la apelante se impone aclarar que, conforme lo informado por el SEC a fs. 144, la suma allí mencionada corresponde a junio/08, fecha que excede el lapso en que se habría desarrollado el vínculo contractual.

En cambio, le asiste razón a la recurrente en que el salario tomado en consideración por la magistrado de la anterior sede, con referen-cia al recibo cuya copia obra a fs. 347 corresponde a una quincena y no al mes com-pleto. Nótese que aún cuando a fs. 260 se consigna como remuneración imponible la suma de $586, en el mencionado recibo figuran "15 unidades" -entiéndase "días"- y en la parte superior figura como "sueldo/jornal" $1.172,51.

Por ello, y de prosperar mi voto, debe modificar-se este aspecto del decisorio y fijar la remuneración del trabajador en la suma de $1.172,50 que surge de sumar las dos quincenas del mes tenido en cuenta en la ante-rior sede, que no ha sido cuestionado en esta instancia revisora (conf. recibos de fs. 346/47).

En consecuencia, corresponde recalcular los ru-bros diferidos a condena según detalle de fs. 372 que aquí se propone confirmar, del modo que sigue: Indemnización por antigüedad (art. 245 LCT) $14.070; Indemniza-ción sustitutiva de preaviso con incidencia del S.A.C. $2.539,33; S.A.C. proporcional $292,99; vacaciones proporcionales con incidencia del S.A.C. $355,65, TOTAL: $17.257,97.

Esta suma deberá ser abonada en el plazo y con los accesorios dispuestos en el pronunciamiento de grado, que arriban firmes a esta alzada.

Párrafo aparte merece la crítica vertida por la parte actora en orden a la responsabilidad del codemandado Chmea (presidente de Boeing S.A.), cuya pretensión fuera rechazada en la anterior instancia.

En forma preliminar,	creo necesario puntualizar que, en casos como el sub judice en que se pone en tela de juicio la actuación personal de los administradores de los entes societarios por su obrar doloso o culposo, debería evaluarse su responsabilidad, no ya conforme lo previsto en el art. 54 de la LSC, sino a la luz de las normas comunes de imputación subjetiva de responsabilidad. Me explico: la ausencia de contrato o relación jurídica preexistente entre el tercero dam-nificado (trabajador) y el administrador del ente social, obstaculiza, frente a la consta-tación de un ente real y no ficticio, la extensión de responsabilidad pretendida (conf. arg. art. 54 LSC), pero advierto que ello no impide considerar las causas de atribución de responsabilidad, no ya desde la lógica del contrato, sino en función de la participa-ción personal de la codemandada en la dirección de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59 y, por analogía, en el art. 274 de la LSC (en este sentido, ver fallos de la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala B, "Eduardo Forns c/Uantu S.A. s/ ordinario" del 24/6/03 -J.A. 21.12.03, 2003-IV- y CNCOM., Sala E "Nougues Hnos S.A. s/incumplimiento en la presentación de estados contables).

Reiteradamente he sostenido que en los supues-tos de trabajo parcialmente registrado, no se verifica un mero incumplimiento aislado, como podría ser el retraso en el pago de los salarios o su adeudamiento, sino que exis-te un verdadero concilio de fraude destinado a ocultar hechos y conductas con la fina-lidad de sustraer al empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales. En el caso -como en tantos otros- se advierte una metodología de gestión y administración empresarial destinada claramente a eludir la ley y las cargas fiscales correspondientes a través de las cuales, en definitiva, se pretende ocultar el verdadero desenvolvimiento económico de la sociedad (art. 274 LSC).

En la lid, ha quedado acreditado que mientras el trabajador percibía sus haberes mediante recibos que llevaban membrete de Tree of Life S.R.L. y que bajo su CUIT se efectuaron los aportes durante un período de la re-lación laboral, fue siempre el codemandado Alberto Chmea quien estuvo al frente de la explotación y quien abonaba los salarios, incluso después del decreto de quiebra y aún sin la autorización del síndico para continuar con la explotación de la empresa, todo lo cual surge de los elementos probatorios antes analizados.

Entonces, si bien la responsabilidad de socios, directores y accionistas por actos de la sociedad resulta ser una cuestión que requiere un análisis particular, debiendo en cada caso examinarse las circunstancias puntuales en que su desenvolvimiento dentro del seno social se configuró, considero que en el caso se verifica un accionar de su presidente de carácter defraudatorio, en tanto conti-nuó con la explotación de la empresa a nombre de otra sociedad de la que no demos-tró ser parte (pese a continuar al frente de la misma), la que consignó una nueva fecha de ingreso sin reconocimiento de la antigüedad computable a esa fecha a los fines de los derechos emergentes de la antigüedad, y continuó incluso con la explotación des-pués del decreto de quiebra, sin autorización para hacerlo en la forma prevista por la normativa específica, negando incluso que hubiese seguido funcionando después del decreto de quiebra.

En tal marco, debe memorarse que el art. 274 de la ley 19.550, en su primer párrafo establece que "los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del art. 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave", debiendo también recordarse que el segundo párrafo de dicha norma legal dispone que ".la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia.".

En tal orden de saber, comprobada en autos la maniobra dolosa y violatoria de la ley, y la participación directa y personal del code-mandado Alberto Chmea en su configuración, corresponde responsabilizarlo en su ca-lidad de administrador de la sociedad demandada en los términos de lo normado en los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 -aplicables al sublite conforme lo dispuesto por el art. 157, 3º y 4º párrafo del citado cuerpo legal-, en la medida que ha ocasionado per-juicios al trabajador afectado por su actuar ilícito.

Por lo expuesto, propongo revocar este aspecto de la sentencia de grado y admitir la demanda incoada contra el codemandado Alberto Chmea, quien deberá abonar solidariamente el monto diferido a condena, aclarándose que no debe ser alcanzado por la condena a entregar el certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la LCT, por cuanto el mismo solo debe ser entregado por el empleador.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la impo-sición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto pa-ra resolver la apelación.

En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art. 68 del C.P.C.C.N., estimo que las costas de ambas instancias deben ser impuestas a las codemandadas en forma soli-daria, por cuanto han resultado vencidas lo principal de la contienda.

A tal fin, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos, el nuevo resul-tado del pleito que he dejado propuesto y el monto razonablemente involucrado en el litigio, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas lle-vadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la represen-tación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en $6.000 y $4.500 res-pectivamente, y los del perito contador en la suma de $500, a valores del presente pronunciamiento.

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actor propongo que se regulen sus honorarios en el 25% de la suma que le corresponda percibir por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Miguel Ángel Pirolo dijo: adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Revocar parcialmente la sen-tencia de grado y hacer lugar a la demanda interpuesta contra Alberto Chmea; 2º) Modificar la sentencia de grado y elevar el monto de condena a la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NO-VENTA Y SIETE CENTAVOS ($17.257,97), importe que deberá ser abonado en forma solidaria por los codemandados Alberto Chmea y Boeing S.A. en los plazos y con los accesorios fijados en el pronunciamiento de origen; 3°) Dejar sin efecto la distribución de las costas y las regulaciones de honorarios efectuadas en la anterior instancia; 4°) Imponer las costas de ambas instancias a las deman-dadas en forma solidaria; 5º) Regular los honorarios de primera instancia de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y perito contador en pesos seis mil ($6.000), pesos cuatro mil quinientos ($4.500) y pesos quinientos ($500), a valores del presente pronunciamiento; 6º) Fijar los honora-rios de Alzada de la representación y patrocinio de la partes actora en el0 veinti-cinco por ciento (25%) de lo que deba percibir por sus trabajos en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-	Miguel Ángel Pirolo	Graciela A. González	Juez de cámara	Juez de cámara