Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-06-28


AUTOS Nº 60682 (11º JUZ. CIVIL) (SALA III Nº 11830) "GUARRO Leticia Beatriz c/ Concesionario de Punta Tabasco y Otros - Daños y Perjuicios" En la ciudad de San Juan, a 28 días del mes de Junio de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Juan Carlos Pérez y Juan José Victoria para conocer sobre el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 1098, concedido a fs. 1099; por la codemandada Sr. Carlos Laciar a fs. 1129, concedido a fs. 1196; por la codemandada Sra. Inés Tonelli de Moya, a fs. 1131, concedido a fs. 1133 y por el Perito Señor José Ricardo Godoy a fs 1284, concedido a fs. 1300 en los términos del art. 800, inc.11 del C.P.C., contra la sentencia de fecha 02 de octubre de 2014, obrante a fs. 1084/1098. También sobre el recurso deducido por la codemandada Provincia de San Juan a fs 1307, concedido a fs. 1309, en calidad de apelación subsidiaria contra la providencia de fs 1300 vta. de fecha 12 de mayo de 2016.

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo:

EL Sr. Juez del Décimo Primero Juzgado Civil a fs. 1084/1097 de autos resolvió: 1) Rechazar las excepciones planteadas por los Sres. Moya y Laciar; 2) Rechazar la demanda; 3) Imponer las costas por el orden causado ( arts. 20 y 26 de la ley 7675); 4) Regular los honorarios profesionales de la Dra. María Soledad Medina por su actuación profesional en doble carácter y dos etapas cumplidas en un 14% de la base regulatoria que oportunamente se apruebe. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Maldonado Cuenca y Gutierrez por lo actuado en forma conjunta en doble carácter y dos etapas en un 14% y por una etapa a la Dra. Maldonado en un 7% de la base regulatoria que oportunamente se apruebe. Regular los honorarios profesionales del Dr. Sillero por lo actuado en doble carácter y tres etapas en un 21% de la base regulatoria que oportunamente se apruebe. Regular los honorarios profesionales de la Dra. Sánchez Sarmiento por lo actuado en simple carácter en tres etapas en un 14% de la base regulatoria que oportunamente se apruebe. Regular los honorarios profesionales del Dr. Mut por su actuación profesional en doble carácter en tres etapas y como vencido en un 18% de la base regulatoria que oportunamente se apruebe. Regular los honorarios profesionales de los Peritos Marcó y Godoy en un 1,5% de la base regulatoria. (arts. 189,190,194,223 de la ley 2150).

Contra tal resolución se alzan en recurso de apelación, la actora a fs. 1098, obrando la expresión de agravios a fs.1102/1123; los codemandados, Carlos Laciar a fs. 1129, obrando la expresión de agravios a fs. 1176/1181 e Inés Tonelli de Moya a fs. 1131, expresando agravios a fs. 1161/1164. El Perito José Ricardo Godoy a fs. 1284, en los términos del art. 800 inc.11 del C.P.C. Contra la resolución de fs. 1300 vta, apela la Provincia de San Juan, obrando la expresión de agravios a fs. 1307/1308.

Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el Juez A-quo expongo brevemente los hechos a los fines de dar una razonable autonomía a la presente. La acción se origina con el reclamo por daños y perjuicios que deduce la Sra. Leticia Guarro por si y en representación de su hijo menor F. A. M., contra el señor Marcelo Moya Nefa, Concesionario de Punta Tabasco; contra Provincia de San Juan, propietaria del inmueble concesionado en el Dique de Ullum; contra CAMOD, Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo, organizadora de campeonato de Motocross realizado en fecha 06 de agosto de 2000; contra la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate, organizadora local de la competencia y contra Carlos Laciar, Presidente de la misma y contra Municipalidad de Ullum, fiscalizadora del evento. Posteriormente amplía la demanda contra la Sra. Ines Tonelli de Moya, como concesionaria junto al Sr. Jorge Marcelo Moya Nefa de Punta Tabasco. Reclama la suma de $ 1.000.000. Afirma que fue esposa del señor Raúl Manrique Cortéz quien falleciera en ocasión de la carrera de motocross referida. Que concurrió como espectador y por fallas en las medidas de seguridad, vallados y protección fue atropellado por un competidor, provocándole la muerte. Atribuye a los organizadores la exclusiva culpa del accidente por negligencia culposa, al no haber garantizado las condiciones de seguridad de la competencia. También individualiza a quienes atribuye responsabilidad objetiva. Contesta demanda a fs 34/39, la Municipalidad de Ullum quien niega toda responsabilidad en el evento. Sostiene que Manrique el día de la competencia con el fin aparente de tomar un a fotografía ingresa a la pista en plena carrera en la zona denominada "salto cajón" donde existe una lomada en la que los competidores se elevan en sus motos por sobre el piso. Cuando la moto de Verderone deja atrás la lomada, cayó sobre la víctima provocándole la muerte. Que su parte no tiene responsabilidad alguna en el evento, el predio es de propiedad del Estado Provincial y la Municipalidad no autorizó ni habilitó el desarrollo de la competencia. Atribuye a la conducta de la víctima el resultado dañoso.

A fs. 94/113, la codemandada Inés Tonelli de Moya contesta demanda y sostiene que los organizadores tanto la CAMOD como el señor Laciar, organizador local, constataron el cumplimiento de los recaudos y requerimientos para el desarrollo de la competencia. Atribuye a la exclusiva culpa de la víctima el accidente ocurrido al cruzar en forma temeraria e irresponsable la pista en plena carrera, cuando se escuchaba el ruido de las motos y desoyendo las indicaciones de banderilleros, policías y público, ya que estaba sacando fotos en el salto "cajón". Impugna los rubros reclamados. A fs. 116/117 comparece el codemandado señor Jorge Marcelo Moya Nefa y deduce excepción de falta de legitimación pasiva, con sostén en que la concesión del complejo turístico Punta Tabasco es a favor de la Arq. Inés Tonelli de Moya, siendo el excepcionante solo concesionario de la cantina. Atribuye con exclusividad a la culpa de la víctima el accidente sufrido, como eximente de la responsabilidad objetiva prevista por la ley 24184. Afirma que al producirse el accidente dentro de la pista, asumió el espectador el riesgo de traspasar las normas de seguridad impuestas. A fs. 162/172 comparece la Provincia de San Juan. Niega toda participación en la competencia, la que no había sido autorizada. Sostiene la falta de responsabilidad de la Provincia en función de lo previsto por los arts 1111 y 1113 última parte del C.Civil. Argumenta acerca de la culpa de la víctima en el accidente y sostiene que la Provincia no es dueña de cosa riesgosa o viciosa y que el servicio de adicionales de la Policía fueron realizados fuera de servicio, no habiendo nexo causal entre el estado y el daño sufrido por la víctima. Impugna a su vez los rubros reclamados.

Producida la prueba se dicta en fecha 02 de octubre de 2014 sentencia definitiva la que obra a fs. 1084/1097. Contra la misma se alzan en recurso las partes que se indican abinicio, lo que constituye el objeto del presente estudio.

Los agravios de la Actora (fs. 1102/1123).

Considera que la sentencia ha vulnerado el derecho de defensa y el derecho a la vida afectando al principio de congruencia al concluir en contradicción con la jurisprudencia citada. Ha dejado de lado el derecho a la vida protegiendo un negocio que pone en riesgo la misma, obviando el art 1113 del C.Civil e ignorando prueba fundamental. Los agravios se sintetizan de la siguiente forma:

Primero) La sentencia afecta al principio de congruencia al concluir en contradicción a la jurisprudencia que cita, en tanto afirma que el sobreseimiento no hará cosa juzgada si se funda en la falta de culpa del imputado o que el juez no esta obligado a aceptar un pronunciamiento en el que se deslizan equívocos conceptuales pues con ello vulnera preceptos que le imponen únicamente la prejudicialidad de la relación de causalidad (inexistencia del hecho o falta de autoría), para concluir finalmente en que en tanto en el marco de una competencia deportiva en el que el factor de atribución de responsabilidad por daños esta regida por el código civil, culpa de la víctima, en razón de la culpa atribuida en sede penal a la víctima en la producción del siniestro, hace que la demanda sea rechazada. Apartándose para ello de toda la prueba existente y desconociendo fallo de la Corte de Justicia de San Juan que dice que los únicos supuestos en que lo resuelto en sede penal hace cosa juzgada en sede civil se da cuando media sobreseimiento definitivo fundado en inexistencia del hecho o cuando el procesado no intervino en su producción, pero no cuando reconociendo la intervención del procesado se lo sobresee por estar exento de responsabilidad penal, siendo distinta la culpa civil y penal, la inculpabilidad que haya efectuado el juez penal absolviendo al acusado no obliga al juez civil. Y en el caso, al sostener el juez penal que el hecho investigado no constituye delito, no hay impedimento para analizar la responsabilidad de los demandados organizadores del evento, como conducta creadora de riesgo. Segundo) El juez a-quo no analizó a través de la prueba rendida la responsabilidad de los codemandados quienes fueron demandados en mérito a factor de atribución objetivo, por el riesgo creado (art. 1113 c.c.) presumiéndose su responsabilidad, salvo que se demuestre la culpa de la víctima, de un tercero o por caso fortuito. No merituó que los organizadores realizan una actividad lucrativa y se beneficiaron con ella, cobrando entradas a todo el público asistente sin contratar un seguro para espectadores. Habiendo analizado en forma parcial los hechos y testimonios rendidos, el juez resuelve sin mayor estudio una causa en que un ser humano perdió la vida, dejando de lado la protección constitucional del derecho a la vida. No ha valorado prueba documental que acredita que la competencia no estaba autorizada por recursos energéticos, ignoró la prueba pericial de ingeniero que afirma sobre la insuficiencia de las medidas de seguridad implementadas en la carrera, ignoró las filmaciones aportadas en el sumario penal, ni tuvo en cuenta la conducta masificadora del público, en tanto la conducta de Manrique no fue distinta a la de otros espectadores. Siendo un espectáculo riesgoso el organizador responde por el riesgo de la competencia en tanto es un contrato donde el organizador asumió una obligación de seguridad de resultado con sustento en las leyes 23184 y 24192. Tercero) No ha merituado la responsabilidad de la Provincia de San Juan como auspiciante de la competencia y en consecuencia debe responder en forma directa como organizador. Tampoco ha merituado la responsabilidad de la Municipalidad de Ullum la que, a cargo de la faz preventiva del Estado de garantizar la seguridad de los espectadores, debió prever lo necesario para garantizar la misma y minimizar los riesgos. Pretende en definitiva se condene en forma solidaria, ante la existencia acreditada de responsabilidad de cada uno de ellos, a todos los demandados a indemnizar a los actores en la forma peticionada.

Los agravios de la codemandada Arq. Tonelli de Moya (fs. 1161/1164).

Primero) Le agravia que el sentenciante no haya considerado la negligencia en el trámite procesal en que incurrió la actora. Interpuso la demanda el mismo día del vencimiento del plazo de prescripción a dos años del accidente, consintió Tribunal un año después, a los siete meses bonifica demanda y se toma tres años en correr el traslado de demanda a las partes. Se declaró la caducidad de instancia del beneficio de litigar sin gastos iniciado originariamente, iniciando nuevo trámite. En 2007, dos años después, solicita la apertura a prueba, reiterando el pedido en junio de 2009, produciéndose la misma, entre 2009 y 2013. También omite el sentenciante considerar la plus peticio inexcusable en que incurre la actora, llegándose a una suma exorbitante para asignar el valor de la vida humana a través de aplicación de la tasa activa a la suma reclamada, considerando los parámetros tenidos en cuenta por la jurisprudencia del Tribunal a la fecha del accidente. Segundo) Advierte una errónea subsunción jurídica al imponerse las costas en el orden causado conforme la norma del art 20 de la ley 7675, sin considerar la negligencia de la actora en la tramitación de la causa y la plus petición inexcusable señalada. Debió en consecuencia aplicarse el art 21 de la ley 7675, en tanto concurren en el caso las excepciones previstas en ésta última norma.

Los agravios del codemandado, Carlos Laciar (fs. 1176/1181).

Cuestiona el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por su parte y en tanto ha apelado la actora el rechazo de la demanda, resulta necesario mantener la defensa de su planteo originario. La sentencia tiene a su parte como organizador del evento sin que exista prueba fehaciente que acredite tal calidad. Fue demandado como Presidente de ASER, organizadora local de la competencia de motocross. Al desistir de la acción contra ASER, de la que nunca fue Presidente, no resulta claro el motivo por el que se lo demanda, figurando el mismo como competidor o participante del campeonato, conforme publicación de Diario de cuyo de fs. 81 a 88., habiendo expresa prohibición de que los participantes intervengan en la organización de la competencia. La prueba instrumental y confesional de la codemandada Tonelli de Moya acreditan que la organización de la competencia estuvo a cargo de CAMOD y de los concesionarios de Punta Tabasco. Corresponde se revoque el punto I del resolutorio y se rechace la demanda incoada contra Laciar, con costas a la actora.

Agravios de la Provincia de San Juan (fs. 1307/1308).

Contra la resolución de fs. 1300 vta que tiene por extemporánea la contestación por parte de la Provincia de San Juan de la expresión de agravios formulada por la actora, plantea reposición con apelación subsidiaria, siendo concedida ésta última por resolución de fs. 1309 y vta. Considera que es temporáneo el escrito de fs.1286/1299 en tanto el día 6 de abril de 2016 por cédula de fs 1304, se notifico del traslado del memorial y siendo el plazo de 20 días (art. 19 la ley 883-A, la Provincia contestó en término de ley el día 4 de mayo de 2016 a las 8,22hs. Considera un error el informe de Prosecretaría de fs. 1300 en tanto computa como inicio del plazo, la fecha de notificación de la sentencia de Alzada, 26 de febrero de 2016, en tanto el expediente bajó de Cámara el 16 de marzo de 2016. Pretender que aquella sea la fecha de inicio del cómputo para contestar agravios es cercenar su derecho de defensa.

TRATAMIENTO Por una cuestión de orden trataré en primer lugar los agravios expresados por la Provincia de San Juan contra la resolución de fs. 1300, confirmada por resolución de fs. 1309 y vta, que tiene por extemporánea la contestación de los agravios de la actora de fs. 1281/1299.

Adelanto opinión en sentido adverso al agravio en estudio y por la confirmación de la resolución de fs. 1309 ratificatoria de la resolución de fs. 1300. Cabe expresar en primer lugar que le asiste razón al apelante en cuanto se advierte un error en el informe de fs. 1300 en cuyo mérito dicta el juez de grado la resolución de fs 1300 vta recurrida, en tanto en su mérito se computa como fecha de inicio del plazo para que conteste la Provincia los agravios formulados por la actora, la fecha de notificación de la sentencia de Cámara conforme cédula agregada a fs. 1271 o sea el 26/02/16, resultando acreditado que el expediente bajó al juzgado de origen en fecha 15 de marzo de 2016.

Sin embargo resulta ajustada a derecho la decisión de fs. 1309 y vta en tanto es la notificación practicada por la actora a la Provincia de San Juan en la persona de su representante legal conforme cédula de fs. 1304 la que marca el inicio del plazo para que esa parte conteste los agravios de la actora, criterio también sostenido por el recurrente, aunque no ha considerado que el plazo originariamente concedido en el traslado, había tenido principio de ejecución.

Conforme cédula de notificación de fs 1223, la actora corre traslado del memorial de agravios a la Provincia de San Juan en fecha 29-05-12, adjuntando copia de los mismos, habiendo solicitado el Dr. Bloise por escrito de fs. 1218/1220 la suspensión de los términos que se encontraban corriendo para contestar, hasta tanto se resolviera el planteo de caducidad de segunda instancia que dedujo en esa ocasión, suspensión ordenada a fs. 1221.

Habida cuenta que el plazo para contestar agravios a esa parte es de veinte días (art. 19 ley 883 A-) y atento la fecha de la suspensión ordenada quedaban quince días para contestar el traslado. Considerando la fecha indicada por el propio recurrente de inicio del cómputo para contestar el memorial de la actora, 6 de abril de 2016 conforme cédula de fs. 1304, en tanto habían transcurrido ya cinco días del plazo originario, el término venció en las dos primeras horas del día 28 de abril de 2016. Por lo que la contestación de fs 1286/1299, resulta extemporánea y ajustada a derecho la resolución cuestionada. Propicio en consecuencia el rechazo del recurso deducido, confirmando el decisorio de fs. 1309 y vta.

Previo a ingresar en el análisis de los agravios propuestos por los apelantes contra la sentencia definitiva de fs. 1084/1097, realizo un comentario con relación a la legislación aplicable al caso en estudio, considerando la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994 y su entrada en vigencia el 1 de agosto de 2015, art 1 de la Ley 27077. En supuestos como el de autos en que se debate la procedencia de una pretensión indemnizatoria fundada en la responsabilidad civil de los accionados, daños y perjuicios derivados de un accidente en competencia deportiva, doctrina y jurisprudencia es conteste en afirmar que la ley que rige la relación generada por el hecho dañoso, es la vigente al momento de la producción del daño. (v. Kemelmajer de Carlucci Aída "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes". Santa Fé. Rubinzal-Culzoni, 2015, pag. 158) Y Jurisprudencia: Cam.Ap.Cont.Adm. de La Plata, Autos "L.C.M. c/Hospital Gral de Agudos de Quilmes y otra.s/ Pretensión Indemnizatoria" del 10-9-15,La Ley 2015- F, 321,Sup.Adm.2015 (noviembre) 61, Cam.Civ.Com. de Morón, sala II, autos "Barrios Sandra Beatriz Antonia y otros c./ Lacuadra Aranda Juan Ignacio y otros s/ daños y Perjuicios" del 22-09-2015, La Ley On Line AR/JUR 31284/205, CN Civil,sala A "M.V.T.B y otros s/ Daños y Perjuicios" del 21-10-2015, La Ley On Line AR/JUR 47667/2015 (noviembre) 138. El criterio expuesto parte de la premisa central cual es la obligación de resarcir conforme una relación jurídica que se establece entre víctima y el responsable en virtud de la ley, cuando se reúnen los requisitos o presupuestos de hecho necesarios y que incluye a la producción de un daño indemnizable (Kemelmajer de Carlucci, Ob.cit., pag 62). En la especie, tanto el hecho central en el que sustenta la pretensión indemnizatoria como los daños cuya reparación se reclama han ocurrido en fecha anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, razón por la que la controversia y los recursos, deben resolverse a la luz de las normas contenidas en el derogado Código Civil- (art 7 del C.C y Com).

Aclarado ello, trataré los agravios propuestos por el codemandado Carlos Laciar quien se agravia por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva oportunamente articulada.

La legitimación procesal es el requisito en virtud del cual debe mediar coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso, y aquéllas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva), respecto de la materia sobre la cual el proceso verse. La ausencia de legitimación tanto activa como pasiva torna admisible la llamada defensa de falta de acción, lo que debe ser examinado en oportunidad de dictar sentencia definitiva, previamente al estudio sobre la fundabilidad de la pretensión (cfr. Palacio, Lino E., 'Derecho Procesal Civil', T. I°, Abeledo Perrot, pág. 406 y siguientes).

Cabe recordar, tal como lo ha expresado reiteradamente ésta sala que la legitimación de las partes en el proceso, es un presupuesto de la actuación del órgano jurisdiccional y su examen constituye una función investigadora de oficio del juez al momento de dictar sentencia.- Es decir, que aunque no se hubiera opuesto la defensa de falta de legitimación, el juez está obligado a examinar la concurrencia de los requisitos intrínsecos de la pretensión sustancial deducida; o sea, si quienes intervienen en el proceso son quienes deben figurar en ese proceso concreto asumiendo la calidad de partes (Prot. de Sent., Tº II- Fº 287/290 -1998), o de terceros interesados.- (Prot. de Autos Tº III Fº 421/424 AÑO 2003- 20-08-03).

Desde tal óptica, analizadas las constancias probatorias atinentes a la excepción deducida considero le asiste razón al recurrente en cuanto no ha sido acreditado fehacientemente el carácter de organizador del Campeonato Nacional de Motocross durante cuyo desarrollo se produce el accidente que nos ocupa y menos aún la calidad de Presidente de ASER, Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate, calidad por la que fuera demandado conforme términos de la demanda. A fs. 202 desiste el actor de la demanda contra ASER en mérito del informe de fs. 184 que niega la calidad de Presidente de la misma al señor Laciar. En realidad la pretensión actora a lo largo del proceso de atribuir calidad de organizador del campeonato a Laciar significa una alteración de la estructura del proceso, conculcando el derecho de defensa del recurrente. Si bien la demanda es susceptible de cualquier mutación antes de ser notificada, el límite temporal a partir de la cual ya no es posible su modificación es la notificación al demandado, siendo ésta preclusiva de cualquier modificación. En la especie el excepcionante fue demandado en calidad de Presidente de ASER entidad a la que se atribuye la calidad de organizadora local de la competencia deportiva que nos ocupa. Habiendo desistido de la acción contra ésta última y aceptado que no era Presidente de la misma Laciar, no cabe atribuirle otra calidad o condición jurídica en el proceso.

Por otra parte ha sido acreditado con documentación fehaciente incorporada a la causa a fs. 81/88 que el señor Laciar intervino en la competencia en calidad de participante, siendo la CAMOD Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo la entidad fiscalizadora de toda competencia deportiva de motociclismo desarrollada en el País. Si bien el sentenciante alude a la declaración de los testigos Verdeguer y Guzman quienes indican haber sido contratados por Laciar, resulta que a fs. 626 el testigo Guzmán declara haber sido contratado para toda tarea por el señor Moya. Mientras que Verdeguer no da razón alguna de su afirmación. Siendo tal testimonio contrapuesto con las constancias probatorias que indican que la contratación de banderilleros y policías adicionales para cubrir la competencia estuvo a cargo de los organizadores locales, señor Jorge Marcelo Moya y Arq. Tonelli de Moya, esta última como Concesionaria del complejo Punta Tabasco donde se desarrolló la misma. Particularmente la concesionaria del complejo Punta Tabasco, al rendir prueba confesional asume haber contratado todos los recaudos relativo a vallas, seguridad y vigilancia, conforme exigencias de CAMOD.

En mérito de ello propicio hacer lugar al agravio de la recurrente, revocando la sentencia en cuanto rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el codemandado Carlos Laciar, haciendo lugar a la misma. Las costas se imponen en el orden causado. (Art. 1 y 20 Ley 7676).

Previo al análisis de los agravios expuestos por la actora he de referirme a la petición concreta de las codemandadas Municipalidad de Ullum (1202/1213) y la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (1138) expresada al contestar los mismos, a los fines de que se declare la deserción o insuficiencia del recurso de la actora por no constituir el mismo una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera equivocadas con sostén en el art 253 del C.P.C..

Con muy buen criterio el Código Procesal Civil de San Juan (ley 8037) conforme redacción del art. 253 excluye la declaración de deserción del recurso por falta de fundamentación suficiente. Atento la gravedad de tal sanción el codificador ha querido proteger el derecho de defensa del recurrente, por lo que el Tribunal ad quem debe analizar y pronunciarse sobre el contenido objetivo de la expresión de agravios y en caso de considerar inconsistentes los fundamentos esgrimidos o que los mismos no constituyan una crítica concreta y razonada de los posibles errores advertidos en la sentencia apelada, podrá en su caso desestimar liminarmente el recurso señalando tales defectos. Siendo tal el criterio jurisprudencial que ya antes de la sanción de la ley 8037 prevalecía en nuestros Tribunales, cabe en el caso analizar objetivamente la expresión de agravios propuesta por la actora a los fines de evaluar si la misma constituye una crítica concreta y razonada del fallo en cuestión o si constituye un mero disenso con las conclusiones a la que arriba el juez de grado sin mérito suficiente para modificar en lo pertinente el mismo. Valoración lo suficientemente amplia, mediante una interpretación que los tenga por cumplidos "aún frente a la eventual precariedad de la crítica del fallo apelado, directiva que tiende a la armonía en el cumplimiento de los requisitos legales y la aludida garantía de la defensa en juicio y a delimitar restrictivamente el ámbito de las sanciones que importan pérdida o caducidad de los derechos del apelante" (conf. CNCiv., sala E, del 24/9/74, LL 1975-A-573; íd. Sala G, del 10/4/85, LL 1985-C-267; conf. CNEsp. Civ. y Com. Sala I, del 30/4/84, ED 111-513). Por lo que propicio el rechazo de la pretensión de deserción del recurso articulada por las co-accionadas.

Agravios Actora Se tratan en forma conjunta en mérito a la íntima correlación entre ambos. Sostiene que sentencia afecta el derecho a la vida, el derecho de defensa y el principio de congruencia al concluir en contradicción a la jurisprudencia que cita y en abierta contradicción a la postura de la Corte de Justicia que sostiene desde antiguo que los únicos supuestos en que lo resuelto en sede penal hace cosa Juzgada en sede civil se da cuando media sobreseimiento definitivo fundado en la inexistencia del hecho o que el procesado no intervino en su producción, pero no ocurre lo mismo cuando tras reconocer la intervención del procesado en la producción material del hecho se lo sobresee por entender que está exento de responsabilidad penal por inexistencia de dolo o culpa y que existiendo diferencia de grado y naturaleza entre la culpa civil y la culpa penal, la declaración de inculpabilidad que haya efectuado el juez penal para absolver al acusado no obliga al juez civil, quien es libre para determinar, en el proceso por indemnización del daño causado, si pese a aquello, existe culpabilidad civil que haga procedente en todo o en parte, la pretensión resarcitoria. (PRE S.1ª,1991-1-16). No habiendo valorado la copiosa prueba rendida para acreditar la responsabilidad de los demandados.

Analizando los términos del decisorio cuestionado y crítica del apelante sintetizada en que debió el juez civil, siguiendo los lineamientos descriptos en el fallo precedentemente referido y conforme doctrina y jurisprudencia citada por el propio sentenciante, analizar en ésta sede la existencia de responsabilidad civil de los demandados en el acaecimiento del accidente que le costó la vida al señor Manrique en el marco de una competencia deportiva de la que participó como espectador, entiendo le asiste parcialmente la razón al recurrente en tanto se advierte una contradicción entre la postura doctrinaria y jurisprudencial que cita como sostén del fallo y los términos del mismo. Ello sin perjuicio que la solución adoptada por el sentenciante resulta ajustada a derecho. Y por ello adelanto opinión en sentido adverso a la postura del apelante.

Surge claramente de los términos de la sentencia analizada que el juez de grado, expresa a fs. 1094 "siguiendo la doctrina sentada por la Corte de Justicia Provincial y entendiendo que el archivo de la causa por no constituir el hecho investigado delito, no se dictó por la inexistencia del hecho ni por la falta de autoría o intervención del imputado, debe analizarse si en el caso existe responsabilidad civil en los demandados, si el accidente se produjo exclusivamente por culpa de la víctima o si en el caso se da la hipótesis de distribución de la responsabilidad entre los demandados y la víctima. Debiendo realizar tal análisis a la luz de las disposiciones del C.Civil." A fin de dejar definida la posición del Tribunal en materia de atribución de responsabilidad civil, en forma previa al necesario análisis de la prueba producida en el proceso en función de los agravios propuestos, traigo a colación fallo de ésta Sala donde se pronuncia al respecto. Allí se dijo que, "en el derecho privado Argentino los presupuestos postulados por la doctrina mayoritaria que comparto son a- daño, b- factor de atribución, c- nexo de causalidad e ilicitud, e- imputabilidad.

Respecto de cada uno de ellos he de dejar sentado muy brevemente lo siguiente; el daño es un menoscabo que, a consecuencia del acaecimiento de un evento determinado, sufre una persona en algunos de sus bienes y que puede tener una estimación económica trascendente, el Código Civil determina claramente en su artículo Art. 1.068. "Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades".

El factor de atribución constituye el elemento axiológico o valorativo, en virtud del cual el ordenamiento jurídico dispone la imputación de las consecuencias dañosas del incumplimiento obligacional o de un hecho ilícito stricto sensu a una determinada persona nuestro corpus civil artículo 1.067 prescribe " No habrá acto ilícito punible para los efectos de este código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia" En idéntico sentido se refiere al factor subjetivo de atribución el artículo 1.109 "Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil." El factor de atribución puede resultar objetivo y en este sentido resulta de aplicación lo normado por el artículo 1.113 del citado cuerpo legal "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable." Es decir, que estaremos ante un factor objetivo de atribución objetiva de responsabilidad toda vez que se encuentren causales tales como el riesgo creado riesgo, abuso del derecho, garantía etc.

Ahora bien, respecto del nexo causal he de seguir la opinión de Pizarro-Vallespinos cuando indican es nexo causal suficiente "la necesaria conexión fáctica que debe existir entre la acción humana y el resultado dañoso producido, lo cual se denomina relación de causalidad. La relación de causalidad vincula materialmente, de manera directa, al incumplimiento obligacional o al acto ilícito aquiliano con el daño y, en forma sucedánea e indirecta, a éste con el factor de atribución.". Es decir, estos autores entienden que existen las cadenas causales únicamente cuando existe acción humana. Por su parte los autores Trigo Represas y López Mesa señalan que de modo uniforme se admite para que deba responderse por un daño es necesario que el mismo haya sido "causado" mediante acción u omisión, por su autor. Como se puede apreciar, en la conceptualización dada por estos autores, la idea de nexo de causalidad contiene un hecho precedente y un resultado consecuente (daño) unidos, justamente, por la relación de causa-efecto y naturalmente mediante tal significación queda claramente establecido el alcance del presupuesto en estudio.

Finalmente la imputabilidad importa el corolario de la valoración efectuada por el sentenciante de todos los hechos y presunciones acreditados mediante prueba idónea que permita alcanzar la convicción suficiente y que deben quedar perfectamente determinados y plasmados en el pronunciamiento, mediante el cual se le atribuye el grado eficiente de causalidad en el obrar o en la omisión al sujeto determinado imputándosele responsabilidad resarcitoria respecto del daño ocasionado por el mismo, esta Sala III antes que ahora ha dicho que "en términos generales la imputabilidad es la aptitud necesaria para que un determinado hecho o acto jurídico (acción u omisión) pueda ser atribuido a una persona. Vale decir pues que no es otra cosa que la operación intelectiva de atribuir determinada consecuencia jurídica a un hecho antecedente del que aquella deriva (nexo causal)" in re N° 36534 (4° JUZ. CIVIL) (SALA III 9964) "PALOMO BENITO ALFREDO C/MIKETEC JOSE DAVID Y OTROS - AÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO - II CPO."PROT. DE SENT. T° II F° 386/392 AÑO 2010 29-07-10).

Cabe acotar que el Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26994-, vigente al momento en que expido el presente voto, utiliza en el art 1721 el término factores de atribución, utilizado desde hace décadas por la doctrina pacífica del País, dando cabida a los factores de atribución subjetivos (dolo y culpa) y objetivos (riesgo por las cosas y por las actividades). Y establece que ante la inexistencia de norma expresa, el factor de atribución es la culpa. Y que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño y que, excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles.(art 1726). En cuanto al presupuesto de la responsabilidad civil conocido como nexo causal, el nuevo código clasifica las consecuencias de los hechos de manera similar al Código Civil que reemplaza, imponiendo como regla general a cargo de quien la alega, la prueba de la relación causal.

Ha sido plenamente acreditado y en tal sentido no disienten las partes respecto del día, hora lugar y circunstancias del accidente que le costara la vida al señor Eduardo R. Manrique, esposo y padre de los accionantes, circunstancias todas que surgen del Sumario penal N 23977/00 "c/ Verderone Raúl Danilo s/ Homicidio culposo (Art. 84 del CP E/P de Eduardo Raúl Manrique, del Primer Juzgado Correccional de San Juan. En los que a fs. 117/123 obra la sentencia definitiva por la que se ordena el archivo de la causa por cuanto el hecho investigado no constituye delito, resolución consentida y firme.

Comparto con el recurrente y con la jurisprudencia citada por el señor Juez A-quo respecto de la influencia de la sentencia penal en el juicio civil en los términos del art. 1103 del C.Civil. En este sentido y a fuerza de reiterar ciertos conceptos recuerdo que tanto la condena penal absolutoria como el sobreseimiento definitivo no impiden al Juez Civil juzgar la incidencia que el actuar de la víctima o de un tercero puedan haber tenido en la producción del hecho dañoso. No hay imposición legal del efecto del sobreseimiento penal respecto de la sentencia civil, con lo cual el juez en tal caso es libre de dictar la sentencia civil que considere pertinente y aplicable al caso, sin arbitrariedades. (Piedecasas, Miguel A. "Incidencia de la sentencia penal en relación a la sentencia civil", en "Revista de Derecho de Daños" Rubinal Culzoni Editores,2002-3- pág 93).

Esta Sala adhiere al criterio que entiende que la valoración de la culpa que haya hecho el magistrado penal, sea ella necesaria o no, no vincula al juzgador iusprivatista (Borda, "Tratado de derecho civil argentino. Obligaciones", 1966, T.II, nº 1616; Llambías, "Límite de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad civil E.D. 84-772). Habiendo expresado "Ni el sobreseimiento definitivo, ni la absolución del acusado hacen cosa juzgada en sede civil, si se han fundado en la falta o ausencia de culpa del imputado.- Sólo a la inexistencia del hecho principal y la falta de participación del acusado, está limitada la influencia de la absolución o el sobreseimiento, dictados en sede penal, como cosa juzgada en la causa civil". Asimismo "La C.S.J.N. sostuvo (Fallos T. 319:2338 y sgtes., considerando 6º pág. 2339) que "..la autoridad de cosa juzgada reconocida por el art. 1103 del Código Civil a la sentencia penal absolutoria queda limitada a la materialidad de los hechos y a la autoría sin comprender las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa (Fallos: 315:727; 316:2824)." (AUTOS Nº 50.033 (Noveno Juzgado Civil) (Sala III Nº 9736) "Tejada Claudia M. C/ Matamoro Raul Y Otro - Daños y Perjuicios y AUTOS Nº 51.091 (Sala III Nº 9737) "Matamoro Raul Del V. C/ Corso Silvio y otro Daños y Perjuicios (ACUMULADOS). PROT. DE SENT. T° III F° 558/593 AÑO 2011- 13-09-11 erte, PREJU14.

Ahora bien, el art. 1103 del código civil determina cuando la sentencia absolutoria en el juicio penal tiene igual autoridad de cosa juzgada en el juicio civil e impide que se puede declarar la responsabilidad del demandado. Esto ocurre cuando se afirma la inexistencia del hecho principal sobre el cual recayó la absolución. Pero nada dice sobre la falta de culpa del imputado, que pese a su autoría sobre el hecho, hubiere llevado al tribunal penal a absolverlo como delincuente. Compartiendo ese criterio, Belluscio agrega: "la falta de tipicidad penal del acto no incide en la responsabilidad civil, pues se ha dicho que el código civil se contenta con una antijuricidad genérica. Por eso pude ocurrir que el juez penal absuelva por no existir delito penal y el civil acoja la demanda porque el hecho es un cuasidelito civil o, aunque no lo sea ha dado origen a una obligación de restituir o indemnizar. Referencias: normativas: código civil: art. 1103. Doctrinarias: Llambias, "código civil anotado", tomo ii-b, pág. 407, nro. 2; Auto: VIO NORBERTO PEDRO C/DESCOURS Y CABAUD SA S/DAÑOS Y PERJUICIOS. - Sala: Sala 1. - Fecha: 07/08/1992 - Nro. Exp. : 2.572.Lex Doctor 9.1.

Ello así toda vez que la cuestión de la prejudicialidad presupone un pronunciamiento en concreto del juez penal sobre la existencia del delito y sobre la autoría o participación del imputado. Pero la ley procesal penal solo contempla con efectos de cosa juzgada, en la etapa de instrucción, el sobreseimiento, y, en la etapa de juicio, la sentencia de condena o de absolución. De allí que el solo archivo de la causa, por no mediar requisitoria fiscal o por entender el juez que los hechos investigados "prima facie" no constituyen delito, no implica ningún efecto jurídico en los términos del art. 1103 del C.C.. Número de Texto: 34034STJRNSL: SE. "M., J. M. S/ Queja en 'M., J. M. C/ Autoridad Jurisdiccional de Cuencas de los Rios Limay Y Neuquen y Rio Negro (AIC) S/ Ordinario (Expte. N° 21636/06 - STJ), (17-03-07). Balladini - Sodero Nievas - Lutz (en abstención).Sumarios Relacionados: 14119 - 24610Referencias Normativas: cci art. 1103. Lex Doctor 9.1.

En este sentido, cabe acotar a mayor abundamiento que siguiendo el criterio referido, el CCyC de la Nación-Ley 26994-, propone en el art 1777 que reemplaza el 1103 del C.Civil, claramente cuatro supuestos relativos a la influencia de la sentencia penal en la sentencia civil, previendo en uno de ellos que "Si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad penal del agente, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil".

Es decir que la norma recepta con claridad la postura jurisprudencial referida y que resulta de aplicación en la especie. Toda vez que concluyendo la sentencia penal en la falta de adecuación al tipo penal de la conducta culposa del imputado, no existe vulneración al artículo 1103 del Código Civil, si el juez civil dispone su culpa en el hecho dañoso, pues lo que limita al sentenciante del fuero civil es el hecho principal como suceso histórico, ceñido a sus características de tiempo, forma y modo". (SCJBA15-7-2009 L.L.B.A.2009-Noviembre.pag 1104.Voto Dr.Soria. Rev. Derecho de Daños-Problemática actual de la Responsabilidad Civil -II- pág.96/97.).

Tal lo que acontece en la especie en tanto el Juez penal al sentenciar en el Sumario Nº 23977/00, ante la falta de requisitoria fiscal con fundamento en que el hecho objetivo de investigación no constituye delito, ordena el archivo de la causa. En su mérito y conforme postura doctrinaria y jurisprudencial sostenida por el A-quo, referida precedentemente, se analiza si éste ha resuelto acorde a tales parámetros.

El cuadro fáctico se encuentra descripto y debidamente acreditado en el sumario penal, de cuyos términos se ha acreditado que el día 6 de agosto de 2000, siendo aproximadamente las 16 hs., comienza una de las pruebas del campeonato nacional de motocross, de la que participaba entre otros el piloto Raúl Danilo Verderone. En un momento dado ingresa al circuito por donde se desarrollaba la competencia el señor Eduardo Manrique, al parecer con el fin de obtener una fotografía o filmación. En ese momento, la moto conducida por Verderone se aproximaba ascendiendo a una lomada denominada "salto cajón" donde las máquinas se elevan por sobre el piso, dejando atrás la lomada para caer sobre sus ruedas varios metros mas adelante, prosiguiendo la carrera. La moto de Verderone, dejando la lomada y encontrándose en el aire, cayó sobre Manrique. Quien sufre gravísimas heridas que le provocaron la muerte. Concluyendo luego del análisis de las declaraciones testimoniales rendidas y prueba instrumental incorporadas al sumario penal que el hecho fue un accidente lamentable producido como consecuencia del comportamiento imprudente de la víctima, decidido voluntariamente por ésta. Advierte sobre la ausencia de delito en tanto el resultado no se debió a la acción poco diligente de un tercero sino lo asumió la propia víctima al ingresar al circuito donde se disputaba la carrera, tomando fotografías. Incluso a pesar de las advertencias que le hicieron de que no ingresara y de las advertencias al público por altoparlantes sobre tal peligro.

Le asiste razón al juez de grado en cuanto a que los hechos fijados por el juez penal le obligan a establecer quien o quienes tuvieron responsabilidad en la producción del accidente, imputando la culpa a la luz del criterio civil. Sin embargo, no cabe extender a tal valoración de tiempo, forma y lugar, las conclusiones del juez penal en cuanto a la responsabilidad excluyente de la víctima en la producción del accidente, sin analizar la responsabilidad objetiva de los demandados, objeto de la presente causa. Reiterada jurisprudencia de la C.S.J.N. ha establecido que es condición de validez de los pronunciamientos judiciales que sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 323:2468; 324:556; 325:2817; entre otros), exigencia que procura esencialmente la exclusión de decisiones irregulares que afecten el adecuado servicio de justicia.

Por lo que corresponde en consonancia con lo expresado abinicio, analizar el factor de atribución de responsabilidad es decir si cabe imputar las consecuencias dañosas del hecho acaecido a las demandadas, con prescindencia de las valoraciones sobre la culpabilidad efectuada por el Juez penal, tal como lo reclama el accionante.

Atento los términos de la demanda e individualización de los accionados, y así lo ha expresado el juez de grado, habiéndose producido el accidente en el marco de una competencia deportiva, el factor de atribución de responsabilidad por daños está regido por el código Civil. La ley 24.192 (23-03-93) modificatoria de la ley 23188, en su art 51 establece que las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios. Y la Corte de Justicia de la Nación en el fallo "Mosca", ha sostenido que el organizador de un espectáculo deportivo asume frente al espectador una obligación de seguridad de resultado, que encuentra sustento normativo expreso en las leyes 23184 y 24192, cuyo incumplimiento genera responsabilidad objetiva. La relación entre un participante en un evento deportivo y la entidad organizadora es de naturaleza contractual, vinculándose en forma directa entre ellas, el deportista con la inscripción en la contienda y el pago o no de un arancel para competir y la organizadora, quien garantiza que la competencia se desarrollará dentro de ciertas condiciones de seguridad.

Esta sala ha expresado "Con o sin fines de lucro, las empresas organizadoras de competencias deportivas realizan la actividad riesgosa, sobre todo por los lugares en que se desenvuelven y los daños que pueden causar dicha actividad, por lo que surge su responsabilidad objetiva, independiente de la culpa". (AUTOS 6775 ( 2958) "RAMOS ELEAZAR RAMON Y OTRA C./ ESTEYBAR ELECTROMECANICA SA. DAÑOS Y PERJUICIOS". CAMARA APEL.,CIVIL,COMERCIAL Y MINERIA. SALA III 16-09-1994.

En este sentido, Carlos M. Bosso -La responsabilidad en el deporte y en el espectáculo Deportivo-Ed. Némesis-1984 pag. 142/43, 161 y sgtes y 173/74, citando a Spotta entiende que quien organiza, dirige y controla el acto deportivo tiene la guarda jurídica de las cosas inmuebles y muebles en las que se desarrolla la competencia. Cuando hay relación de causalidad adecuada entre el hecho de esas cosas y el evento dañoso, surge la presunción de responsabilidad del art. 1113 del C. Civil.

Desde tal punto de vista, el carácter de mero organizador de la competencia lo torna responsable, al margen de que no persiga con la misma fines de lucro, de los daños que puedan sufrir tanto los espectadores como los propios protagonistas del espectáculo. Ello, pues con la organización de la reunión deportiva el organizador genera riesgos que, concretados en daños, debe resarcir. "La obligación de seguridad que pesa sobre el organizador de un espectáculo público es de resultado y está, por ende, alcanzada por un factor objetivo de atribución (riesgo creado, garantía o deber calificado de seguridad) (conf. Pizarro, Ramón Daniel, "Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa contractual y extracontractual", T° III, 2007, págs. 374/375), de modo que a la víctima le basta probar el daño sufrido y la relación de causalidad, pero no tiene necesidad de acreditar la culpa del organizador, la que es presumida por el solo hecho del incumplimiento contractual (conf. Trigo Represas - Cazeaux, "Derecho de las obligaciones", t° 4, pág. 322, CNCiv., Sala K, 14/11/2003, JA 2004-II, 467). De esta forma, la imputación se realiza en forma objetiva, con total prescindencia de la idea de culpabilidad - elemento subjetivo. De tal manera, para eximirse de responsabilidad, al organizador del evento no le basta con la prueba de su no culpa u obrar diligente, sino que debe demostrar fehacientemente la existencia de una causa ajena interruptiva del nexo de causalidad, esto es, que los daños fueron consecuencia del obrar culposo de la propia víctima, del hecho de terceros por quienes no debe responder - que asumen el carácter de extraordinarios o imprevisibles -, o del caso fortuito ajeno a la actividad. ( Auto: CANOSA, DIEGO IVAN C/ SHOWCENTER SA S/ ORDINARIO. - Cámara Comercial: A. - Mag.:Míguez - Kölliker Frers - Uzal. - Fecha: 19/05/2009 L-Doctor 9.1).

A través de la prueba instrumental aportada por la actora (fs. 60/91) surge acreditado que la organización y fiscalización del Campeonato Argentino de Motocross realizado en la Provincia de San Juan durante los días 4 al 6 de agosto de 2000, estuvo a cargo de los codemandados Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo, concesionaria de Punta Tabasco, Arq. Inés Tonelli de Moya y señor Jorge Marcelo Moya Nefa, es decir que en tal carácter dirigían y controlaban el acto deportivo, al tener la guarda jurídica de las cosas inmuebles y muebles en las que se desarrollo la competencia. La que contó con el auspicio del Gobierno de la Provincia de San Juan a través de la Dirección de Deporte y Secretaría General de la Gobernación, recordando que al haber dado la Provincia de San Juan en concesión el predio denominado Punta Tabasco a la Arq. Tonelli de Moya, (fs. 459-476) la tenencia y guarda del inmueble corresponde a ésta.

La aclaración resulta útil en mérito del Tercer agravio expresado por la actora. En tanto de los términos de la demanda resulta que la actora demandó a la Provincia de San Juan solo en su carácter de propietaria del inmueble donde se llevó a cabo la competencia, habiendo sido acreditado que el predio en cuestión fue dado en concesión a la codemandada Tonelli de Moya, que es quien en su mérito tenía la guarda y tenencia del mismo a la fecha del evento dañoso. Surgiendo solo la calidad de auspiciante de la competencia de la Provincia de San Juan a través de las publicaciones de Diario de Cuyo agregadas a los autos, en apoyo a la misma, aún cuando no fue tal la participación que le atribuyera la accionante.

Si bien sostiene el apelante que existieron falencias en las medidas de seguridad adoptadas por los organizadores en el transcurso de la carrera, los testigos acreditan coincidentemente que las medidas de seguridad existentes eran adecuadas a la características de la competencia. Así afirman que el circuito se encontraba vallado con cintas plásticas atadas a estacas con una distancia entre 4 y 5 metros entre cada una (fs. 527) y en partes es la propia montaña la que delimita la pista (fs. 626) donde habían cintas blancas con piedras, delimitando el circuito natural. También sostienen y destacan la presencia de banderilleros en todo el circuito y de policías (538, 555, 553). EL testigo Paroli (557) afirma en forma coincidente que como toda pista en el mundo para este tipo de competencia, estaba el circuito vallado con estacas y cintas, había servicios adicionales de policía y se advertía permanentemente por altoparlantes sobre la conducta que debían observar los espectadores, particularmente no cruzar el circuito. Todas medidas controladas por la organizadora CAMOD (fs. 499), siguiendo los lineamientos exigidos para este tipo de competición. Sin embargo, no basta con la acreditación de tales extremos sino que cabe valorar si la conducta de la víctima produjo la ruptura de la relación de causalidad actuando como eximente de responsabilidad.

Precisamente ha sido demostrado en la especie que el accidente donde encuentra la muerte el señor Martínez, en ocasión del evento deportivo referido, fue consecuencia de su propio accionar culposo, en tanto a pesar de las medidas de seguridad existentes que delimitaban el circuito de la competencia y advertencias del público, banderilleros y a través de altoparlantes que referían sobre el peligro de ingresar a la pista, lo hizo imprudentemente y en forma voluntaria y desaprensiva aparentemente con el ánimo de sacar fotografías, con el resultado lamentable conocido. En este sentido, la conducta desaprensiva e imprudente de la víctima produjo la ruptura de la relación causal y funcionó como eximente de responsabilidad en los términos del art 1113 del código Civil.

Conforme lo he adelantado tal conclusión ha sido corroborada a través de la prueba rendida en autos con las consecuencias jurídicas que he referido. La copiosa prueba producida tanto de testigos como instrumental, fotográfica obrante a fs. 44/51 y video incorporado a la causa exhibido en audiencia de fs. 855, llevan a la conclusión de que fue la conducta voluntaria y gravemente imprudente de Martinez la causa generadora o causa eficiente del daño sufrido. La causa adecuada es aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producir un resultado. En la especie, el ingreso desaprensivo del esposo de la actora a la pista de la carrera mientras competían los participantes , en el lugar mas peligroso, salto del cajón donde por efecto de la lomada se elevan las motos para caer varios metros adelante, con el objeto aparente de tomar fotografías, solo podía producir el resultado conocido. Fue atropellado por un competidor que no podía verlo por encontrarse en el aire y empezando la caída, encontrando la muerte.

Sobre la peligrosidad de la acción decidida por Martínez se han expedido todos los testigos, afirmando que es peligrosísimo cruzar el circuito donde se desarrolla la competencia de motocross, enseñándoseles a los banderilleros a no cruzar (Juan Carlos Ponce, fs. 538); el testigo Verdeguer afirma a fs. 555 haber actuado en la competencia como banderillero y que la víctima señor Martínez se cruzó varias veces ingresando al circuito que se encontraba delimitado por cintas, con una máquina de fotos, desoyendo las advertencias que se le hacían; por su parte el testigo presencial Carlos Genest (fs. 553) expresa que cuando salta la moto del corredor Verderone, se cruza una persona que había cruzado ya varias veces dentro del circuito para sacar fotografías. Que a la víctima le gritaba y silbaban, habiendo cruzando dos o tres veces antes del accidente. El testigo Carlos Enrique Paroli (fs. 557), estuvo en el lugar al momento del accidente y declara que vieron cuando la moto de Verderone lo embiste a Martínez dentro de la pista. Llevaba una cámara fotográfica en la mano y se cruzó aparentemente para sacar una foto irresponsablemente, ya había cruzado 4 o 5 veces y advertido. En igual sentido Rubén Antonio Nafa (632) explica detalladamente el devenir de los hechos, manifestando que Martínez, que estaba sacando fotos, se cruzó a la pista en el momento en que saltaba el piloto.

Puedo afirmar en consonancia con tales testimonios que el accidente se produjo exclusivamente por la intervención imprudente de la víctima quien cruzó la pista en momento en que la carrera se estaba disputando, no pudiendo concluirse en que deficiencias en la seguridad (no comprobadas) al momento de la disputa de la competencia, ni la conducta masificadora del público que entre carrera y carrera en algunos casos cruzaban la pista (de hecho al momento del accidente la única persona que invadió la pista fue Martínez) hayan sido causa eficiente en la producción de aquel, como lo sostiene el apelante. A igual conclusión llega juez de grado como resultado de la evaluación de los testigos de la causa Sirerol, Martín y Ponce, ut supra valoradas, que dan cuenta sobre la conducta imprudente de la víctima al cruzar irresponsablemente el circuito en plena competencia, siendo embestido adentro de la pista.

Al respecto y valorando la cuestión traída en el segundo agravio de la actora en cuanto a la deficiente valoración del contexto probatorio por parte del sentenciante, recuerdo que la prueba rendida en un proceso debe merituarse de conformidad a las reglas de la sana crítica. Y si bien no se encuentran definidas en la normativa procesal implican la existencia de determinados principios generales bajo los cuales corresponde apreciar la prueba excluyendo la discrecionalidad absoluta del sentenciante. Con total a cierto se ha dicho que las reglas de la sana crítica "son garantía de idónea reflexión ". (Dictamen del procurador General de la S.C.B.A. nov.9-982- Moron Eilio c/ Gioachini Eilio ED.B-1128) (Prot. de Sent. Tº I- Fº 73/83-2000).

Dentro de tal tesitura y conforme la facultad de los jueces de merituar solo la prueba que sirve a los fines de formar convicción al resolver la contienda, resulta ajustada a derecho la valoración efectuada por el A-quo para sostener su decisorio. Habiendo destacado en su fallo la prueba rendida que acredita las condiciones de seguridad en que se desarrolló la competencia y la conducta absolutamente imprudente de la víctima como causa eficiente del accidente ocurrido. Si bien cuestiona el recurrente la falta de valoración de la prueba pericial por parte del juez de grado, entiendo que la valoración que de la misma hizo, le lleva a considerarla no determinante para su decisión, surgiendo claramente de sus términos que tuvo el experto en cuenta la prueba documental incorporada a la causa, en particular fotos y video, de donde resulta claramente el ingreso de Martínez a la pista en plena carrera y el momento en que es atropellado por el competidor, siendo las apreciaciones sobre las medidas de seguridad solo opiniones personales, que no condicen con las exigencias de la competencia, cumplidas por los organizadores y adecuadas al evento en cuestión. Siendo de toda lógica que para este tipo de carreras las vallas y cordones de seguridad y demarcatorios sean blandas y flexibles para seguridad de espectadores y participantes. "No basta que el perito adquiera convicción sobre lo que es materia de su dictamen, sino que debe suministrar los antecedentes y explicaciones que la justifiquen, porque su función es la de asesorar a los jueces, que es a quienes corresponde valorar en definitiva el acierto de las conclusiones expuestas en el informe pericial y decidir la cuestión en litigio". (L.L. v. 118 pág. 919, 12175-S Jurisp. Arg. 1965-V. III pág. 526)"(Prot. de Autos Tº II-Fº 218/220-1989; Prot. de Sent. Tº I-Fº 1/4-1993). No cabe en la especie aceptar sin más, por parte de quien ha actuado como perito, meras afirmaciones personales que no se sustentan en una justificación.

Ya he expresado que para eximirse de responsabilidad, al organizador del evento no le basta con la prueba de su no culpa u obrar diligente, sino que debe demostrar fehacientemente la existencia de una causa ajena interruptiva del nexo de causalidad, esto es, que los daños fueron consecuencia del obrar culposo de la propia víctima. Extremo éste debidamente acreditado en el proceso y valorado por el sentenciante con la consecuencia de la liberación de toda responsabilidad de los accionados en el accidente de autos.

Cabe por último referirme a la afirmación del recurrente en cuanto a que el fallo deja de lado el derecho a la vida y su protección constitucional. Sin embargo, del contexto probatorio total surge que quien faltó al deber de autoprotección fue el propio Martínez. No hay duda alguna sobre el valor de la vida humana y su importancia para la Constitución Nacional, pero en la especie, la pérdida de la vida de Martínez fue producto de su propio accionar voluntario e imprudente, el que excluyó el factor objetivo de atribución de responsabilidad, siendo ajustada a derecho la liberación de responsabilidad de quienes no intervinieron en la producción del hecho, quienes además habían tomado todas las medidas de seguridad posibles.

Propicio en consecuencia en mérito a los fundamentos expresados, el rechazo de los agravios en estudio, confirmando la sentencia en cuando rechaza la demanda de autos.

Agravios de la codemandada Arq. Tonelli de Moya. Cuestiona la imposición de costas por su orden, ordenada con sustento en el art 20 y 26 de la ley 7675, pretendiendo sean impuestas a la actora. Considera la recurrente que concurren las circunstancias de excepción previstas en el art 21 de la ley, en cuanto prevé, entre otras situaciones, la imposición de costas a las partes cuando se incurra en plus petición inexcusable y negligencia en el trámite del proceso. Ninguna de tales circunstancias concurren en la especie que autorice a la aplicación de la norma de excepción referida.

La norma que estamos analizando se encuentra contextualizada en un plexo normativo ( ley 7675 y modificatorias ) que tiene por objeto regular el procedimiento a seguirse en aquellas causa en que el ESTADO sea parte, ya sea como " demandado o actor " ( arts. 1 y 7 ) y cuya observancia es obligatoria para todas las partes que intervienen en el proceso. Dicha normativa no solo fija pautas procesales que las partes deben respetar, sino que también regula lo atinente a las costas del proceso por su orden (art. 20) y su imposición a cualquiera de las partes que incurrieran en las causales previstas en el art. 21, siendo su aplicación " de orden público y aún de oficio "( art. 27 ). Ha señalado ya la Sala IV en lo Contencioso Administrativo de esta Cámara, a fallo al que adhiero :"...estamos frente a un plexo legal imperativo, irrenunciable, de cuyas disposiciones no es dable apartarse porque responden a un interés general, colectivo (por oposición a las cuestiones de orden privado en las que sólo juega el interés particular). Por ello son aplicables aún contra la voluntad de los interesados y con prevalencia respecto de cualquier otra legislación , incluso las normas del código de procedimientos ." (C.C. SALA IV Nº 137) " BRAVO OSCAR HORACIO Y OTRA C / MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - DAÑOS Y PERJUICIOS ". 26 / 05 / 2014 ).

Por otro lado la Corte de Justicia de nuestra Provincia ha dicho que:" Más aún: la naturaleza de orden público de las disposiciones contenidas en las leyes 7965 y 7966, conllevan su aplicación inexcusable e inmediata, y su prevalencia respecto de cualquier otra legislación, incluso las normas del código de procedimientos en que el tribunal a quo se apoya para no aplicarlas" ( Autos Nº 9359 - 81970 caratulados: "Yanzón de Graffigna Mónica y otros c / Provincia de San Juan - Expropiación Irregular"; P.R.E. S.2ª 2012-V-905 ). En este orden de ideas es indudable que el art . 20 de la ley en cuestión es de orden público y aplicable aún de oficio, tiene preeminencia o prevalencia por sobre toda otra legislación, respecto de las disposiciones del CPC en materia de costas.

Dentro del contexto señalado y no habiendo cuestionado la recurrente la ley referida en su constitucionalidad a través del recurso adecuado a ese fin, resulta de aplicación ineludible al caso de autos, tal como lo sostiene el juez de grado, no concurriendo circunstancia alguna prevista en el art 21 que permita la imposición de costas a las partes. La afirmación de la recurrente en cuanto a la supuesta negligencia en que habría incurrido la actora en el trámite del proceso no tiene fundamento legal en tanto no hay constancia de denuncia alguna sobre tal extremo en el trámite del proceso ni resolución que así lo declare, por lo que el planteo deviene inadmisible. En cuanto al supuesto de plus petición inexcusable, también prevista como circunstancia de excepción a la regla de imposición de costas del art. 20, tampoco resulta configurado. Conforme el resultado de la pretensión de autos en que decide el Juez a-quo el rechazo de la demanda, cuya confirmación propicio por el presente voto, la inexistencia de un valor de condena impide la determinación concreta de la existencia de plus petición inexcusable. Resultando inatendible en consecuencia la pretensión de la recurrente. Propicio por ello el rechazo del agravio en estudio y la confirmación de la decisión del juez de grado en cuanto a la imposición de costas por su orden. ( arts 1 y 20 de la ley 7675.).

Cabe referirme por último a recurso del perito José Ricardo Godoy de fs. 1284, quien cuestiona por bajos los honorarios regulados por su labor pericial, concedido en los términos del art 800 inc.11 del C.P.C.. Considero que la regulación practicada al señor perito interviniente por su labor pericial en autos en un porcentaje de 1.5%, considerando el mérito de la misma e incidencia en el resultado del pleito, es ajustada a derecho y a las pautas del art 46, 12,13 y 14 de la ley 56-O, por lo que propicio el rechazo de la apelación formulada y la confirmación del honorario fijado por el juez de grado.

COSTAS DE LA INSTANCIA.

De conformidad a lo dispuesto por el art 1 y 20 de la ley 7675, se imponen por su orden. Correspondiendo regular honorarios por la actuación en Alzada, al Dr. Rubén Mut, por su actuación en representación de la actora en doble carácter, en el 30% del honorario que le corresponda por su actuación en Primera Instancia; a la Dra. María celia Sánchez Sarmiento por su labor en representación del codemandado Carlos Laciar, en doble carácter, en el 40% de lo que le corresponda por su labor en primera instancia.; a la Dra. Gabriela del Pilar Medina por su actuación en doble carácter en representación de la codemandada Arq. Inés Tonelli de Moya, en el 30% de lo que le corresponda por su actuación en primera instancia: al Dr. Alberto Bloise por su labor en representación de Fiscalía de Estado-Provincia de san Juan, en el 30% de lo que le corresponda por su actuación en primera instancia. (arts. 16 y 21 de la ley 56-O y 800 inc. 10 del CPC).

Así voto.

El SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo: Voy a coincidir en las motivaciones y propuesta de resolución , con el voto emitido por el Colega preopinante. No obstante ello me permito agregar algunas consideraciones, según posición que ya asumiera en casos análogos.

Si bien fue claro el voto que antecede respecto de la normativa aplicable, oportuno resulta decir que, al momento de revisar los agravios traídos, ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial, Ley 26.994, razón por la cual se debe tener presente el contenido del art. 7 que indica con relación a la eficacia temporal de las normas reguladoras como regla general, y en especial la de la responsabilidad civil que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

En ese sentido, en distintos fallos se ha diferenciado que en la construcción de la sentencia de daños existen dos segmentos perfectamente diferenciados. El primero relacionado con la determinación de quienes serán los sujetos responsables del deber de resarcir. Y la segunda etapa, se vincula con el análisis de las consecuencias derivadas de los hechos considerados dañosos, que es la valoración y cuantificación de los daños padecidos y reclamados.

En otras palabras, la determinación de los sujetos responsables del deber de resarcir se debe formular en base al régimen jurídico imperante en el momento en que acaeció el hecho dañador, que será la causa fuente de la obligación de resarcir. Es decir, se deben examinar los presupuestos de la responsabilidad, legitimados, etc, conforme a la normativa y doctrina que informa a la misma existente a la fecha del hecho dañoso. Ello es así porque ha quedado absolutamente agotado en su estructura normativa, el hecho jurídico generador de la obligación, se ha consolidado y con ello tiene génesis la obligación de resarcir que tiene naturaleza de obligación de valor.

Con ello se puede expresar que quedó abierta para su meritación la etapa de las consecuencias jurídicas derivadas del hecho dañador (Valoración y cuantificación del daño como deuda de valor), respecto de las cuales hasta que no queden consolidadas en su determinación, sea en sede judicial o extrajudicial, son alcanzadas por las nuevas leyes sancionadas. En el caso, por el contenido del Código Civil y Comercial, Ley 26.994.

Así las cosas, claro está que a los fines de valorar los hechos a la luz de la responsabilidad, deben aplicarse las normas vigentes al momento de acontecidos y agotados; más sus consecuencias, a la luz de las nuevas disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial.

En otro orden y en referencia a la excepción de falta de legitimación opuesta por el Sr. Carlos Laciar, a quien se lo demanda atribuyéndole su calidad de Presidente de ASER, sostengo: El A-quo realiza un correcto análisis de los antecedentes que informan el caso, adecuándolos a la norma aplicable. Bien refiere que resultan de aplicación las normas especiales que regulan la organización de espectáculos deportivos, refiriendo las contenidas en las leyes 23.184, modificada por las N° 24.192.

No debe dudarse que, por virtud de las normas que informan el caso traído a decisión, pesa sobre el empresario organizador del espectáculo deportivo y sobre las entidades o asociación participantes en el mismo, una obligación expresa y secundaria de seguridad, de resultado, conforme al deber de garantizar al espectador o asistente condiciones de indemnidad para su persona y bienes. Concretamente, en materia de espectáculos deportivos, esa obligación de seguridad alcanza específicamente a las asociaciones o entidades participantes, que pueden ser o no, técnicamente, organizadoras del suceso deportivo. Asumen aquellas contingencias propias del riesgo de la actividad que despliegan.

Conforme lo dispone el art 51 de la ley 24.192, " Las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios" . la legitimación pasiva por daños causados en espectáculos deportivos, descansa, en las asociaciones o entidades participantes. La norma no va más allá como para responsabilizar, personalmente, a los integrantes de los órganos directivos.

No es cuestión controvertida en autos, el carácter de asociación civil que caracteriza a Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate, adquiere personalidad propia, distinta de las personas físicas que componen la comisión directiva.

Debe repararse que las asociaciones civiles se caracterizan por ser personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien común y sin propósito de lucro (conf. art. 33 Código Civil), como también, en que la responsabilidad solidaria del socio de una sociedad comercial resulta de la ganancia que obtuvo en forma indebida, supuesto distinto al que se presenta en el caso de una asociación, en la cual el presidente no obtiene un mayor reparto de las utilidades como consecuencia de la organización de un evento, por parte de la entidad que representa. No puede inferirse en el caso, un enriquecimiento ilícito por parte del presidente de la entidad y, en consecuencia, no se configura uno de los presupuestos que habilitarían su responsabilidad personal.

Una vez más, no estamos frente a una sociedad comercial, y la pretensión de extender solidariamente la responsabilidad al presidente de la asociación civil, aunque desconocida y no acreditada, carece de sustento normativo. De modo que resulta improcedente la responsabilidad solidaria del directivo toda vez que no se está en modo alguno ante el caso de sociedades comerciales, por lo que no corresponde la aplicación de la ley que regula estas.

Es que la condición de organizaciones civiles sin fines de lucro (no comerciales), excluye la posibilidad de aplicárseles una normativa distinta de la especial referida; ni es trasladable analógicamente ese marco normativo para establecer supuestos de responsabilidad previstos para otras situaciones y ámbitos, porque salvo convención en particular, la solidaridad sólo puede ser impuesta legalmente; hipótesis no prevista en la ley 24.192.

Teniendo en cuenta lo expuesto, coincido con el razonamiento propuesto por el colega preopinante en voto que antecede, apareciendo manifiesta la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Sr. Carlos Laciar, sea que se considere o no acreditada su calidad de presidente de ASER .

Por ello, voto en igual sentido.

POR TODO ELLO, normas legales y jurisprudencia citada, SE RESUELVE:

I) Rechazar el recurso deducido por la Provincia de San Juan a fs. 1307 contra la resolución de fs. 1300, concedido a fs. 1309 vta.

II) Admitir el recurso deducido por el codemandado Carlos Laciar a fs. 1129, revocando en lo pertinente la sentencia de autos y haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva deducida oportunamente. Costas por su orden (art 20 ley 7675).

III) Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 1098 por la actora, confirmando la sentencia de fs. 1084/1097 en cuanto rechaza la demanda de autos.

IV) Rechazar el recurso de apelación deducido por la codemandada Arq. Tonelli de Moya a fs. 1131.

V) Rechazar el recurso de apelación deducido por el Perito José Ricardo Godoy a fs. 1284.

VI) Imponer las costas de la instancia por su orden (Art 1 y 20 de la ley 7675), regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en la forma y porcentaje determinados en los considerandos que preceden.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. JUAN CARLOS PEREZ; DR. JUAN JOSE VICTORIA ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. SENT. T° I F° 147/169 AÑO 2017.