marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, acción reivindicatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lachermeier, José Alberto c/ Feiteler, Daniel Omar y otros s/ Materia a categorizar. Conflicto de competencia art. 7 inc. 1°, ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

Sin perjuicio de que pueda encontrar su origen en el ejercicio de funciones administrativas ligadas a una aparente actividad de fomento por parte de uno de los sujetos que enumera el art. 166 in fine de la Constitución provincial, el presente caso, en el cual se persigue la reivindicación de un bien inmueble en los términos del art. 2758 y conc. del derogado Código Civil, se encuentra singularmente excluido del ámbito de conocimiento asignado a los órganos del fuero Contencioso Administrativo por tratarse del ejercicio de una pretensión posesoria (art. 4 inc. 2°, C.P.C.A.).
Facultades del juez, deberes del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Solís, Héctor Mario c/ Nozijkowsky, José Adán s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-13

Las facultades que el juez tiene en el proceso son deberes para él.
Accidentes de trabajo, alta médica, incapacidad permanente, cómputo de intereses
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ MONASTERIO, JUAN ANTONIO c/ ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO INTERACCION S.A. s/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-15

En el caso en que un trabajador experimentara un infortunio laboral y no surgiera de la causa la fecha de alta médica, corresponde entender que al año siguiente la incapacidad adquirió carácter permanente, por lo cual los intereses debe correr a partir de ese momento, esto es, desde la época en que se consolidó jurídicamente el daño.
Juicio de apremio, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Buenos Aires c/ Robba Roberto Pablo s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-11

Conforme la modificación introducida por el art. 43 de la ley 11.904, al artículo 10 del dec. ley 9122/78, la sentencia de ejecución o la revocación del auto de intimación de pago y embargo, en su caso, son inapelables. (Minoría u opinión personal)
Confirmación de sentencia, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: T., A. G. s/ inc. de excarcelación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-25

Por otro lado, en los fallos dictados en las Causas Nº 80.880/19 "T." del 25 de noviembre; Nº 61.896/19 "L. R." y "F." del 27 de noviembre; Nº 82.223/19 "G." y "C." del 28 de noviembre y Nº 83.560/19 "M." también del 28 de noviembre, los vocales Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela confirmaron las resoluciones que no hicieron lugar a las excarcelaciones analizando la situación de cada uno y señalando porqué la medida excepcional del encarcelamiento provisorio era la única por el momento suficiente para asegurar la sujeción de los imputados al proceso (arts. 210, inc. "k" del CPPF).
Recurso de inconstitucionalidad, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., M. c/ CNA ART s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-09

La Cámara valoró la prueba de manera arbitraria en tanto, para confirmar el rechazo del reclamo de la trabajadora, ponderó de manera aislada y fragmentada los elementos de confirmación incorporados a la causa, soslayando de tal modo efectuar una ponderación conjunta de todos ellos de acuerdo con las reglas que se imponen en la materia, restando valor probatorio a elementos esenciales que si bien valorados aisladamente pueden parecer gaseosos, colaterales o volátiles, debidamente integrados y analizados en contexto cobran una importancia evidente a la hora de arribar a la justa solución de la causa, puesto que para llegar a la conclusión de que la trabajadora no logró acreditar las situaciones padecidas en el trabajo en el transcurso del último tramo del vínculo laboral, el Tribunal, en su evaluación, descompuso individualmente cada uno de los medios de confirmación rendidos; observándose que las testimoniales ensambladas entre sí e integradas con las periciales médica y psicológica producidas en la causa, poseen una fuerza de persuasión que arbitrariamente el Tribunal omitió por analizar cada elemento probatorio en un compartimento estanco, desvinculado del resto del material fáctico de la causa, cuando una correcta apreciación requería ponderarlos en su conjunto y en un contexto integrador. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 121, p 122; T 158, p 92; T 251, p 180; T 271, p 308; T 283, p 181; T 304, p 422; T 309 p 364; T 314, p 58.
Allanamiento sin orden, violación de domicilio, acta de secuestro, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ROJAS, RUBEN s/ PRISION PREVENTIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-24

Es nula el acta de secuestro de un arma de guerra hallada en el domicilio del procesado, cuando la prevención no contaba con orden de allanamiento de juez competente ni el consentimiento del morador, pues el consentimiento válido para excluir la hipótesis del allanamiento debe ser prestado de modo expreso por la persona que tenga derecho a excluir a un tercero del domicilio y que, además, pueda verse perjudicada por el registro que realice el órgano de prevención.

De este modo, se ha vulnerado la garantía de inviolabilidad del domicilio (art. 18 de la C.N ) y las normas que la reglamenten en el proceso penal (arts. 399 y sigts. del C.P.M.P. )
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Esso SAPA (TF 11.427-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Resulta formalmente procedente el recurso ordinario de apelación deducido contra la sentencia que descalificó la adopción, por parte del contribuyente, de un sistema no autorizado de liquidación de anticipos, toda vez que se dirige contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en la cual la Nación es parte, y el monto disputado supera el mínimo establecido por el art. 24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de la Corte Suprema.
Compensación judicial, reconvención
Materia: COMERCIAL
Carátula: KALPAKIAN HNOS. SACI C/ SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2351 SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-23

El requerimiento de compensación judicial puede ser opuesto por acción o excepción y, en este último caso, puede ser articulado simultáneamente con otras defensas relativas al crédito de la otra parte o, subsidiariamente, para el caso de que esas defensas no prosperen (CCCN 921). En caso de ser pretendido el crédito por medio de una reconvención, actúa como una pretensión autónoma, en paralelo a la del accionante y tendrá como efecto, de prosperar, y de haber un saldo a favor de la reconviniente, que ésta pueda ejecutar tal diferencia a la actora. En cambio, si es opuesta como excepción o defensa, al no haber una pretensión desde punto de vista procesal, como en el caso, la demandada -aunque su crédito sea reconocido y aun siendo mayor- solo va a poder extinguir el crédito por el cual es encartada. Es decir, existen distintos efectos si el requerimiento de compensar es direccionado por reconvención o como defensa.
Revocación del acto administrativo nulo, acción de lesividad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ategam S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-07

La ley 19549 y el decreto 920 instituyen la acción de lesividad, como valladar de la potestad de la Administración para revocar sus actos.

Aún cuando el mismo fuera irregular, si estuviere firme, consentido, y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia mediante declaración judicial de nulidad. Qué no decir, si de actos regulares se trata. Salvo -por cierto- que la revocación favorezca al administrado, que el derecho le hubiere sido otorgado a título precario, o bien, el interesado hubiese conocido el vicio....
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-16


2a instancia. Buenos Aires, 16.11.2009 VISTO Y CONSIDERANDO:

El recurso de queja que ha sido interpuesto por la parte actora a fs. 91/96 contra la resolución del 22.10.2009 (ver fs. 83) que desestimó el recurso de apelación que en copia luce a fs. 76/79, interpuesto contra la resolución del 25.9.2009 (ver fs. 65) que desestimó el planteo formulado por la quejosa a fs. 48 (ver fs. 59).

Reiteradamente, esta Sala ha señalado que el principio establecido en el art. 109 de la L.O., tiene como excepciones las expresamente previstas en él y también los supuestos en los que la providencia objetada exceda el marco de la ejecución de sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada, o bien aquellos en que lo resuelto - por sus efectos o por el trámite seguido - pudiese implicar una afectación de la garantía de defensa en juicio.

En autos, no se advierte ninguna de las excepciones previstas en el art. 109 de la L.O. y, si bien, por vía jurisprudencial se ha sostenido que dicha regla general puede llegar a ceder - excepcionalmente - en las circunstancias antes mencionadas, lo cierto es que el recurrente no ha invocado que se verifique en autos la configuración de algunas de las excepcionales circunstancias en las que, por vía judicial se pueda considerar pertinente soslayar la directiva genérica de la norma en cuestión.

En consecuencia, por lo precedentemente expresado, corresponde desestimar la queja e imponer las costas de la Alzada en el orden causado, por no haber mediado réplica. (art. 68 CPCCN.).

Por lo que el Tribunal RESUELVE: 1) Desestimar la queja e imponer las costas de la Alzada en el orden causado.Graciela A. González Miguel Ángel Maza á
Restitución internacional de menores, celeridad procesal, responsabilidad internacional del Estado, Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, sustracción internacional de menores
Materia: CIVIL-PROCESAL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: B.C.,J.G. c/ R.P.,C.J. s/ Restitución internacional de niños
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-29

En materia de restitución internacional de menores, la celeridad constituye un mandato central que compromete la responsabilidad del Estado argentino, en los términos de cualesquiera de los dos instrumentos legales invocados por el peticionario (Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de Montevideo y Convenio sobre los Aspectos Civiles de la sustracción Internacional de Menores. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Homicidio - Tentativa de robo - Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05

Para que se configure violación al principio de la reformatio in pejus es necesario previamente una sentencia y que otro tribunal de grado superior la modifique, sin que haya mediado recurso fiscal, en perjuicio del imputado.
Tentativa, contrabando, lesividad, culpabilidad, delitos comunes, clasificación de delitos, inconstitucionalidad, código aduanero
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Creado, Humberto Irineo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-12

La norma prevista en el art. 872 CA, al igualar situaciones desiguales, no logra traspasar el tamiz constitucional y pone en jaque los principios de lesividad, proporcionalidad y culpabilidad (arts. 18, 19 y 75 inc. 22 CN). La disidencia sostuvo que la regulación específica de la punibilidad del delito de contrabando en grado de tentativa, desplaza las normas generales del Código Penal. En razón que la modalidad del delito de contrabando, en los casos más usuales, no permite la diferenciación entre delito tentado y consumado como ocurre en los otros delitos comunes. De esa interpretación resulta que la equiparación de penas entre el contrabando y su tentativa que establece dicha norma no vulnera ninguna de las garantías que consagra nuestra Carta Magna.
Pago, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DIAZ, RAMONA SOLEDAD c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 680-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

Si bien el monto final del seguro surge de las operaciones que debe realizar la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado para su pago, no es admisible hacer soportar exclusivamente al beneficiario toda la incidencia del fenómeno inflacionario durante esos trámites cuando los índices revelan la excepcionalidad de la situación y llevarían a disminuir notoriamente el seguro a percibir. En tal sentido, y al margen de la existencia de mora, corresponde reconocer la desvalorización monetaria que ha excedido un límite que prudencialmente se establece en el treinta por ciento, sobre el saldo adeudado del seguro durante el período de operatoria normal, establecido en cinco meses.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chaves, Raúl Edgardo c/ Provincia de Buenos Aires (I.O.M.A.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-19

Resultando que sólo a partir de lo prescripto en la ley 10.833 nace en cabeza de los actores tanto el derecho a su reubicación en la categoría 17 como el cobro de los importes acordados por el art. 4 -los que para el legislador revistieron el carácter de compensación por el perjuicio sufrido al cesar en sus cargos jerárquicos luego del "golpe de estado de 1976"-, los importes liquidados a los agentes no constituyeron una deuda emergente de la relación de empleo público en los términos establecidos en el dec. 4239/89.
Escribanos públicos, sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lagos, Enrique Ricardo s/ X
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-11

Frente a la gravedad de las infracciones realizadas -falta de certificados del Registro de la Propiedad, incumplimiento de las notas de inscripción, deficiencias en el salvado, alteración del orden cronológico de las escrituras, falta de folios, defectos en las declaraciones juradas, imperfecciones en las firmas a fuego, inexistencia de firma, escrituras sin terminar y sin nota alguna, firma de más, errónea numeración, claro en escritura, ausencia de asentimiento conyugal, falta de fe de conocimiento del cónyuge que asiente, defecto de documentos habilitantes, carencia de autenticación o legalización de documentos agregados, no acreditación de la personería, omisión de la edad de los testigos en los testamentos y diversas irregularidades en las escrituras, el apelante carece de las condiciones necesarias para cumplir con la función de fedatario público, y la de resguardar la certeza y seguridad jurídica.
Cuerpo del delito, tenencia de la res furtiva, incautación de bienes, violación
Materia: PROCESAL
Carátula: NORELLI BARRAGAN RUBEN DARIO s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-05-14

El procedimiento llevado a cabo en la persona del procesado por parte de la autoridad preventora en oportunidad de incautarse de la "res furtiva", afecta las garantías de inviolabilidad que goza la persona como extensión de la de domicilio y consagrada en la Constitución Nacional. Pero en la especie, y a "contrario sensu", existieron razones de urgencia que justifican el proceder policial sin requerir la autorización judicial, motivo por el que la diligencia practicada es válida.
Excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, REPÚBLICA ARGENTINA, régimen de consolidación de deudas, recurso extraordinario federal, Poder Judicial, morosidad del proceso, hijo discapacitado, tratamiento médico, argumentos de las partes
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Furlan y Familiares c/ Argentina s/ excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-08-31

Corresponde desestimar la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos, planteada por el Estado Argentino en el caso en que se alega su presunta responsabilidad internacional por la demora excesiva en la que habría incurrido su poder judicial, y de cuya respuesta dependía el tratamiento médico de un niño con discapacidad, pues se basó en que las presuntas víctimas debieron haber planteado un recurso extraordinario para discutir la constitucionalidad de la norma que regulaba el pago de la indemnización -Ley 23.982 de consolidación de deudas-, lo que en modo alguno habría sido efectivo para remediar la alegada demora y no guarda relación con lo que constituye el eje central que motiva el caso, máxime cuando -como en el caso del Estado referido-, dicha herramienta procesal es de carácter discrecional y excepcional.
Licitación pública, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Equipaer  S.A. c/ EN -M° Defensa"- FAA- Resol 279/02 s/ Procesode Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-18

Si la empresa actora conocía las condiciones del pliego las cuales aceptó logrando con su oferta hacerse adjudicatarias de la licitación mal puede ahora desconocer las condiciones del pliego, siendo que las disposiciones contenidas en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares son la fuente principal de donde se derivan los derechos y obligaciones de las partes, las cláusulas allí contenidas resultan obligatorias para todos los intervinientes en el proceso licitatorio y su cumplimiento interesa al orden público, por ser la ley del contrato (Del voto del juez Morán, cons. VI).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, debido proceso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en carlos, omar alejandro sobre 14 1° párr. - tenencia de estupefacientes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-02

La consideración expresada por los camaristas en la sentencia cuestionada, según la cual la única forma en la que la labor de los auxiliares fiscales puede ser instruida y supervisada es a través de alguna clase de acompañamiento físico de los fiscales en todos los actos que desempeñaren, no solo no fue mínimamente explicada, sino que implica, lisa y llanamente, una desnaturalización que vacía de contenido a las normas. En ese sentido, la decisión que dispuso la nulidad de la audiencia celebrada en los términos del art. 184 del CPP y de todos los actos que fueran su directa consecuencia se erige en un acto de pura autoridad, en tanto desconoce una regulación local vigente y aplicable al caso, lesiona el debido proceso y, por ello, debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Cheque de pago diferido, cheque común
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DRUBE OSCAR RODOLFO Y OTRO c/ LAYUS ANDREA LIA Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-02

El cheque de pago diferido, es un título cambiario y este carácter surge de que su trasmisión por endoso -aún siendo concebido al portador- produce efectos vinculantes o de garantía para el tradens, que queda obligado solidariamente a su pago. A diferencia del cheque común, que es un instrumento de pago, el cheque de pago diferido es un instrumento de crédito, con todas las consecuencias que tal naturaleza jurídica acarrea, como lo es la aplicación supletoria en general, de las normas que trae el decreto Ley 5965/63, para la letra de cambio y el pagaré.
Contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, cheque, multa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SORIA  OLMEDO  HILVA KARINA c/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAS/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-21

Cuando -como en el caso- está debidamente acreditado que la accionante depositó al día siguiente del rechazo del cheque, -Ley 25730- una suma más que suficiente para afrontar el pago del giro y de su multa, no cabe albergar la más mínima duda acerca de su ausencia de responsabilidad, por haber actuado conforme a las órdenes impartidas por el banco. Ello así, no se advierte por qué la defendida omitió efectuar el débito, y todo conduce a considerar que la materialización del pago de la multa referida constituía una carga suya tras el mentado depósito. En este marco, cabe remarcar que nuestro código de fondo, en su artículo 1067, dispone que no habrá ilícito punible si no hubiese culpa o dolo en el accionar del agente (Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 5 página 29 n° 3; Llambías, Código Civil Anotado, t. II-B páginas 277 y sigtes.; Borda, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, 8a. ed., Tº II página 212 n° 1328). Y en el caso, la institución bancaria demandada debe responder por las consecuencias dañosas provocadas por su imprudente comportamiento (artículos 903, 904, 1078 y 1109, Código Civil).
Desaparecidos, legitimación procesal, reparación económica para familiares de desaparecidos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Defensor  Público  Oficial  ante la Cámara Federal de Apelacionesde Mendoza s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-02

Si bien corresponde admitir la legitimación de la defensa oficial para representar a los familiares de las personas desaparecidas que no hubiesen efectuado reclamo puntual en el sentido de conocer el destino final de aquéllas, debe hacérsela con la salvedad de que antes de emprender averiguaciones o entablar peticiones respecto de la suerte corrida por determinadas personas, se agoten las posibilidades de contacto con sus familiares a fin de compatibilizar aquéllas con los intereses de estos últimos, o de canalizarlas en la forma que resulte más respetuosa de su privacidad. Es que la obligación de averiguar la verdad de lo sucedido con ellos debe compatibilizarse razonablemente con el derecho a la intimidad de los familiares. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Contrato de trabajo, trabajador extranjero
Materia: LABORAL
Carátula: MAMANI CORI, GERMAN c/ RIVERO, RUBEN Y OTRO s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11

La limitación a la celebración de un contrato de trabajo de objeto prohibido está siempre dirigida al empleador, resultando inoponibles sus consecuencias al trabajador en lo referente a sus derechos a la percepción de la remuneración y de las indemnizaciones por despido, art. 40 LCT. Por consiguiente, el demandante no puede ver limitados los correspondientes trámites de radicación en el país, bajo apercibimiento de dar intervención a la Dirección Nacional de Migraciones, a los efectos que correspondieren.
Doctrina de la arbitrariedad, recurso extraordinario, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Canevaro, Ignacio R. y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Si bien incumbe exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgar sobre la existencia o no de la doctrina de la arbitrariedad, ello no exime a los órganos judiciales de resolver circunstanciadamente si la apelación federal, "prima facie" valorada, cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso inequívoco carácter excepcional, como lo es el de la arbitrariedad.