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Lesiones graves, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fernández, Gerardo Rafael s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Gastón del Pino Palermo en contra del Auto Interlocutorio Nº 25/13 referente al Expte. Letra F Nº 134/12 - Fernández, Gerardo Rafael p.s.a. Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-30

Por Auto Interlocutorio la Cámara en lo Criminal, integrada a través de Sala Unipersonal, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba oportunamente solicitado por el imputado por lesiones graves (producidas por un golpe de puño propinado por el imputado).

Contra dicha resolución, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

El recurrente denuncia la existencia de contradicciones en relación a la interpretación efectuada por el Ministerio Público Fiscal del art. 76 bis, 4º párrafo del C.P., postura ésta que fue ratificada por el tribunal.

En cuanto a las razones suministradas por el Representante de los intereses sociales, considero que constituyen adecuado fundamento de su oposición en tanto se vinculan con circunstancias de imprescindible ponderación a los fines de formular un pronóstico serio sobre la probable modalidad de ejecución de la pena.

Por la escala punitiva conminada en abstracto prevista para el delito atribuido al imputado, esto es, lesiones graves, la procedencia del instituto debe ser analizada en los términos del art. 76 inc. 4º del Código Penal, que categóricamente exige consultar las circunstancias del caso dado que, en ese marco legal, sólo éstas pueden permitir dejar en suspenso el cumplimiento de la eventual condena.

Sentado lo anterior, debo resaltar que, en la audiencia respectiva, el Fiscal interviniente invocó fundadas razones de política criminal al opinar que, con arreglo a las circunstancias del caso, estimaba que no pediría la aplicación de una pena de ejecución condicional para el acusado.

En lo medular de su exposición surge que su postura se apoya en que el supuesto delito investigado es un delito de resultado, en la edad de la supuesta víctima a la que considera persona vulnerable, en los supuestos daños padecidos por ella, en la desproporción de fuerzas supuestamente existente entre la víctima y el presunto agresor, en la magnitud del golpe recibido por el damnificado y en la conducta posterior asumida por el presunto agresor; resaltando además, que los supuestos bienes que se encuentran en juego, son bienes personalísimos (salud) los que, se diferencian de otros bienes jurídicos que pueden ser tratados con otra objetividad.

En efecto, sus fundamentos denotan el interés del Estado en intervenir, tal es así, la necesidad de agotamiento de las medidas tendientes al esclarecimiento del supuesto hecho.

En esas condiciones, el tribunal a quo no constató vicio de logicidad ni de motivación, ni otra deficiencia que afectara el carácter vinculante del dictamen fiscal, el que fue considerado como debidamente fundado.

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.
Testigos, valor probatorio, libertad de cultos, secuestro de bienes, armas
Materia: PENAL
Carátula: Cufré, Leopoldo s/ INFRACCIóN  ARTíCULOS  149  BIS,  150  Y  125  INCISO 2dO. DEL CP. S/  CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-09-11

En base al sistema de las libres convicciones que rige constitucionalmente en la Provincia, los jueces están habilitados para tener por probado, con el solo dicho de cuatro testigos, que el procesado empuÑó un arma en la comisión del ilícito, cuando -como en el caso- por su coincidencia y confiabilidad lo consideraron procedente, sin que devenga invalidez alguna de la aplicación del antiguo Código Procesal Penal por el hecho de que en autos no haya sido secuestrada el arma en cuestión, pudiendo sólo derivarse de dicha omisión un eventual obstáculo para encuadrar el ilícito como amenaza con armas.
Pago, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: TAMIZ BERTA EVA Y OTRA c/ MARENCO DE LELOIR ESTHER MARIA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

La prueba del pago le incumbe al deudor, y si bien en principio puede ser rendida por cualquier medio (conf. Colmo, "Obligaciones", p.404, Nro.581; Llambías, "Tratado-Obligaciones", t.II-H, p.322, Nro 1612 y Nro.1613; Lafaille, "Tratado", t.I, P.296, Nro. 330; Busso, "Tratado", t.V, p.344, Nro.442; Borda, "Tratado-Obligaciones", T.I, p.563, Nro.730), los elementos de comprobación allegados deben ser estrictamente analizados, debiendo conducir a una convicción plena de la satisfacción de la obligación, de modo que cualquier duda se vuelve contra quien dice haber hecho el pago (conf. Llambías, op.

cit. loc. cit.; Busso, op. cit. t.V, p.345, Nro.447).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, sentencia, fundamentación de sentencias, jueces, valor justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO POPULAR DE ROSARIO SA s/ QUIEBRA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-07

En el razonamiento judicial, el proceso deliberativo requiere la determinación de las opciones que resulten posibles de conformidad con el ordenamiento jurídico y con el cuadro fáctico esclarecido, como paso previo a la selección de aquella solución que, según el criterio prudencial, mejor se ajuste al imperativo axiológico de administrar justicia. Esta labor se ve frustrada cuando la sentencia acoge una solución que no pudo seleccionar como alternativa posible sin apartarse de las normas y principios que regulan la materia litigiosa. Una sentencia así viciada, no satisface el derecho a la jurisdicción, consagrado en el artículo 7 de la Constitución Provincial, correspondiendo aplicar la sanción de nulidad prevista en el artículo 95 de dicha Carta Magna.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mosetti, Ernesto c/ Oliva, Horacio D. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-21

A los efectos de mensurar este daño (la incapacidad psicofísica sobreviniente),lo que importa es establecer en qué medida esa incapacidad ha podido gravitar en las actividades habituales de la víctima; importando subrayar que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos sólo constituyen elementos referenciales, indiciarios o meramente orientadores, que no lo vinculan, toda vez que la indemnización deberá ser establecida por el órgano jurisdiccional con arreglo al perjuicio efectivamente sufrido por la persona.
Medidas cautelares, derecho a la salud, personas con discapacidad, medicina prepaga
Materia: PROCESAL
Carátula: JOSEPH NUCERA THIAGO LEON c/ OSDE s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-11

El niño, de 6 años de edad, es afiliado a Osde, padece "Encefalopatía Crónica -no evolutiva- Retardo global del desarrollo y Cuadriparesia" y requiere tratamiento multidisciplinario. La cuestión a dilucidar gira en torno a determinar si se hallan acreditadas -prima facie- la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora invocados por los padres del menor que determinaron el dictado de la cautelar que ordenó a OSDE la cobertura de internación domiciliaria. De los certificados médicos obrantes y de la declaración testimonial del Dr. Juan Manuel Roncoroni (médico ortopedista tratante del menor), surge la necesidad imperiosa de internación domiciliaria para la atención especializada del menor, paciente cuadriplégico y con trastornos respiratorios, de alimentación y movilización. El diagnóstico hecho por dicho especialista ilustra sobre las "convulsiones de difícil manejo" y las "aspiraciones" que su sufre Thiaro Joseph sirve -junto con las restantes circunstancias descriptas- de adecuado sustento a la decisión del a quo.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, interrupción de la caducidad, exhorto a tribunal extranjero
Materia: PROCESAL
Carátula: SARRAILH ROLANDO C c/ ALONSO EMILIO y otros s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-12

Tiene lugar la suspensión de los plazos de caducidad de la instancia cuando, por causas independientes de la voluntad de las partes, éstas se encuentran en la imposibilidad jurídica absoluta de formular peticiones tendientes a activar la marcha del proceso, o relativa, proveniente de contingencias que hacen que el trámite no pueda ser proseguido (conf. CNCiv. Sala F, c. 7385 del 27/7/84; id.

id., c. 9330 del 12/9/84; id.id., c. 12594 del 2/8/85; id.id. c. 17 190 del 24/9/85; id.id. c.19.165 del 18/2/86).- Si el exhorto cursado a la República Oriental del Uruguay con el objeto de citar mediante edictos a los herederos de una de las codemandadas, resultaba imprescindible para la continuación del juicio, ello constituye un acto interruptivo del curso de la caducidad de la instancia.- De conformidad con lo expresamente dispuesto por el art. 8 del Convenio celebrado entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina sobre igualdad de trato procesal y exhortos aprobado por ley 22.410-, las diligencias y trámites necesarios para hacer efectivas las rogativas cursadas entre magistrados de ambos países, deben ser practicadas de oficio por el órgano jurisdiccional requerido y - por ende- no necesitan de la intervención de la parte interesada.

En tales condiciones, y ante el deber que imponía al juez la mencionada norma, la inactividad en lo atinente a la búsqueda y oportuna devolución del exhorto, constituye una situación asimilable a la prevista por el art. 313, inc. 3, del Código Procesal y en consecuencia libera a la parte de la carga de impulsar el trámite.-
Libertad condicional, observancia de los reglamentos carcelarios
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BARBOZA RIVERO, ROBERTO s/ RECURSO DE CASACION Causa 361
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-24

Este requisito no importa el cumplimiento en grado absoluto de las normas carcelarias, es decir sin ningún tipo de infracciones, sino que se requiere una observancia con regularidad del reglamento, lo que implica un análisis global de su comportamiento, incluyendo la comisión de faltas si fueron graves y/o repetidas, así como su relación con el tiempo de encierro (Voto de los Dres. Durañona y Vedia y Hornos).
Cuestión constitucional, causa del acto jurídico, falta de causa, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano c/ GCBA s/ amparo - salud - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

El art. 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que el actual 116 de la Constitución Nacional- establece como presupuesto procesal y requisito imprescindible para excitar la iurisdictio la existencia de un "caso", "causa" o "controversia" judicial; éste se verifica cuando se persigue en concreto -no en forma eventual, meramente consultiva, hipotética, abstracta o general- la determinación de un derecho debatido entre partes adversas (Fallos 156:318, y también 243:176, 306:1125, 333:1023 entre otros). En palabras de la CSJ debe existir una "colisión efectiva de derechos" (Fallos 2:253, 24:248, 94:51, 130:157, 243:177, 256:103, 263: 397 entre muchos otros), en esto se plasma la concreción aludida. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Aplicación de la ley, ejecución del convenio, protección de consumidores y usuarios
Materia: CIVIL-INFORMATICO
Carátula: Chaves, Cristian Matías y otra  c/ Fernández, Norman Armando y otra  s/ Ordinario Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-08

La introducción de una demanda reconvencional no es obstáculo que impida la perención de la instancia respecto de la acción principal articulada por la parte actora, por cuanto lo prevé expresamente el art. 306 in fine del CPCC al establecer que, decretada la caducidad de la instancia principal, ella se extiende a la reconvención, no así a la inversa.
Pagaré a la vista, presentación al cobro, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado (su quiebra) c/ Cozzi Juan Manuel y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-18

En tanto las partes acordaron extender el plazo de presentación del pagaré a cinco años a contar desde la fecha de libramiento, como lo autoriza el art. 36 del decreto ley 5965/63 y el demandado manifiesta que el documento no le fue presentado al pago, si no ha transcurrido a la fecha de interposición de la demanda el término indicado, la prescipción no ha operado, pues su cómputo comienza una vez vencido el plazo para la presentación del título.
Costas, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: SOSA, JORGE NARCISO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION    RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  NACIONAL (CSJ EXPTE N. 52-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-05

La imposición de costas contenida en una sentencia definitiva no es susceptible de revocatoria.
Despido, mobbing, responsabilidad del empleador
Materia: PENAL
Carátula: C.G.H. c/ Contax SA sucursal de empresa extranjera y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-27

El mobbing supone acoso u hostigamiento del trabajador por el empleador o alguno de sus representantes, debe estar referido a un móvil que lo explique y que se exprese a través de comportamientos ligados y repetidos en el tiempo, aptos para crear en el trabajador una situación de perturbación tal que lo disminuya o lo desquicie psicológicamente. Para que se configure el acoso moral o mobbing debe darse una situación creada por una persona o grupo de personas, quienes ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática, durante un tiempo prolongado y sobre una persona en particular.
Acción de inconstitucionalidad, interés legítimo
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: American Express Argentina  S.A. c/ Dirección Provincial de Rentas de la Prov. de Bs. As. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

Corresponde otorgar a los afectados por normas inconstitucionales una vía apta que les permita asegurar la certeza de sus relaciones jurídicas y prevenir actos ilegítimos, con la consiguiente economía en tiempo y posibilidad de evitar la lesión material del derecho invocado.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: PENAL
Carátula: T, L.M. s/ Homicidio culposo (Expte Nº 92-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-29

La prioridad de paso no constituye "per se" un elemento absoluto y solo funciona en determinadas circunstancias de arribo simultáneo en bocacalles y encrucijadas.
Excepciones procesales, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: NAVAS Cesar Daniel c/ Goransky Hugo Armando y Otra s/ Cobro de Pesos - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-02-26

La falta de legitimación para obrar puede definirse como la que sostiene la ausencia de legitimación procesal, es decir que el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre que versa el proceso.

Asimismo se ha sostenido que la falta de legitimación para obrar, según así la denomina el Código procesal, sólo se refiere a la falta de calidad de titular del derecho invocado por parte del actor, o la falta de calidad de obligada por parte del demandado, la falta de calidad, sea por que no existe identidad entre la persona del actor a quien la acción está concedida, o entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede, determina la procedencia de la falta de legitimidad para obrar.
Recurso de revisión (procesal), cosa juzgada, competencia, Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: VAZQUEZ, JORGE OSCAR s/ RECURSO DE REVISION Causa 731
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-28

Esta Cámara tiene competencia exclusiva y excluyente en el ámbito de la justicia federal y nacional para entender en la revisión de los pronunciamientos pasados en su autoridad de cosa juzgada.
Retención indebida, coautoría, corretaje inmobiliario, compraventa inmobiliaria, reserva de compra, acto ad referendum
Materia: PENAL
Carátula: Foglia, Daniel A. y otro s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-01

Cabe responsabilizar como coautores del delito de defraudación por retención indebida (art. 173 inc. 2do. del C.P. ) al dueño y empleado de una inmobiliaria que ofreciendo en venta un departamento, recibieron por parte de la damnificada una suma de dólares en concepto de "reserva ad referendum" de los propietarios, y sin comunicar a estos tal circunstancia, lograron mediante la artimaña de exigirle más dinero que no se concretara la operación, quedándose con la suma recibida, bajo la excusa de que el boleto no se concretó por culpa de la adquirente.
Recurso de casación, sentencia absolutoria, sentencia condenatoria, amenazas, teléfono celular, servicio SMS, violencia familiar, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: B., H. s/ Amenazas (ex Juzg.Inst. Nº 6 S 12-09-0288) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-09-18

[.] surge que el a quo, al considerar que la conducta del imputado era atípica, ha interpretado erróneamente la ley penal, para lo cual ha ponderado de modo arbitrario las constancias probatorias que tuvo ante sí al momento de resolver y ha desconocido el contexto de violencia de género en el que ocurrieron tales amenazas, en contraposición con los compromisos de fuente convencional contraídos por nuestro país, que establecen que los poderes del Estado - nacional y provincial - deben actuar con debida diligencia al investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

En virtud de los argumentos expuestos, con arreglo a los hechos de la causa, se advierte que la conducta que protagonizó H. B. al enviar el mensaje de texto en cuestión reúne las notas características de las amenazas contempladas en el art. 149 bis del Código Penal, por lo que se debe casar la sentencia impugnada y condenar al nombrado como autor de tal delito.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: González, Hugo Omar s/ Infracción art. 96 inc. "f", ley 8031 8031 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-17

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad interpuesto en el que se denuncia omisión de tratamiento de cuestiones esenciales por parte del juzgador si - contrariamente a lo argüido- el pronunciamiento impugnado evidencia que la Cámara da respuesta expresa a los cuestionamientos efectuados sin perjuicio del acierto o la amplitud con que lo haya hecho, cuestión esta ajena al remedio en tratamiento.
Acción penal, ejercicio de la acción pública, efectos de la sentencia civil en sede penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bogado, Silvia Rosa s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-29

Corresponde casar la resolución que decretó suspender el ejercicio de la acción penal hasta tanto recayera sentencia firme en el proceso civil, si la cuestión que fundamenta dicha decisión no es una de las expresamente previstas en la ley (art. 1104 del Código Civil). Asimismo, del art. 1105 del Código Civil surge que con excepción de los casos que versan sobre la validez o nulidad de los matrimonios y los que hacen a la calificación de las quiebras de los comerciantes; la existencia del juicio civil no influirá en el juicio criminal. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Contrato de servicios, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Traverso, Nilda J. c/ Massey, Arturo H. s/ Despido Rossi, Oscar Luján c/ Calera Avellaneda S.A. s/ Indemnización por despido, preaviso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-10|1998-12-22

Admitida por la demandada la prestación de servicios por parte de la actora, pero con la alegación de que en un primer período dicha relación constituía una locación de servicios y que recién con posterioridad la vinculación se transformó en un contrato de trabajo, no obstante haberse realizado siempre las mismas tareas, incumbe a la accionada la prueba de la locación de servicios que invoca (art. 375, C.P.C.C.) pues es de aplicación la presunción del art. 23 de la L.C.T.
Recurso de apelación (procesal), recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Siber Peralta de Quiroga, Rosa c/ Federico Vázquez s/ Cobro de Alquileres-Incidente de Recurso con Efecto Devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-06-17

El único supuesto procesal que concibe una apelación antes de lo impugnado es la petición de revocatoria acompañada de apelación subsidiaria.
Infracciones formales tributarias, falta de facturación, sanciones tributarias, clausura del establecimiento, inconstitucionalidad, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: FREE WAY S.R.L. s/ INF. LEY 11.683
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-18

Según ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la finalidad legislativa de recomponer el sistema impositivo, no aparece exorbitante que se sancione con clausura la no emisión de facturas o comprobantes en legal forma, pues aunque se trata de un incumplimiento a deberes formales, es sobre la base de la sujeción a tales deberes que se aspira a alcanzar el correcto funcionamiento del sistema económico, la erradicación de circuitos marginales de circulación de los bienes y el ejercicio de una adecuada actividad fiscalizadora, finalidad que se ve comprometida con tales comportamientos, por lo que, teniendo en cuenta los fines perseguidos por la ley, la sanción de clausura allí dispuesta no se exhibe como exorbitante.

Asimismo, el hecho de que se confiera cierta autoridad a un cuerpo administrativo para asegurar la ejecución de una ley no implica que la norma sea inconstitucional, menos aún cuando esas sanciones pueden ser revisadas en sede judicial. La resolución que adopte la autoridad administrativa en uso de las facultades que le otorga el artículo 40 de la ley 11.683, será pasible de una doble revisión judicial ejercida, por apelación, primero, ante el juez en lo penal económico o federal del interior, y luego por la cámara respectiva (conf. artículo 78 de la ley citada).
Malversación de caudales públicos, peculado
Materia: PENAL
Carátula: K., E. A. J. s/ Peculado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-25

Si bien nadie ha puesto en duda que el encartado conocía que los bienes eran de propiedad municipal y que él era el funcionario encargado del manejo o custodia de los mismos, al no hallarse acreditada la voluntad de disponer de ellos en desmedro de la esfera pública, es procedente la absolución del incurso.-