marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Plazo, conservación del empleo, facultades de las partes, despido sin causa, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Guzmán, Ramón Antonio c/ La Barcelonesa S.R.L. y/o Panificadora Carabus s/ Beneficios Laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-09-04

A efectos de tratar el agravio de la actora por la desestimación de los rubros derivados por despido incausado, corresponde determinar que el sistema estructurado por la L.C.T., en caso de enfermedad o accidente, se suspenden los efectos del contrato en cuanto a la prestación de servicios, determinando una primera etapa paga por el lapso de seis meses si la antigüedad fuera mayor de cinco años y posee cargas de familia -art. 208, y una segunda etapa de reserva del cargo durante el plazo de un año contado desde el vencimiento del plazo anterior, si es que el trabajador se encuentra imposibilitado de reintegrarse a sus tareas habituales -art. 211-, en el cual el trabajador no presta servicios pero tampoco percibe remuneración. Si vencidos los plazos estipulados en las normas el empleado continúa imposibilitado, las partes tienen derecho a mantener el vínculo sine die, o notificar a la contraria la decisión de disolver la relación de trabajo y cumplimentar así los formalismos del art. 243 L.C.T., y en este caso la denuncia del contrato carece de consecuencias indemnizatorias. Ahora bien, la norma otorga licencia o suspende ciertos efectos del contrato por "cada" enfermedad o accidente. El goce de los beneficios no está relacionado con períodos calendarios, sino en función de cada enfermedad o accidente, significando con ello que dentro del año puede gozar en varias oportunidades de licencia si ha sufrido distintas enfermedades o accidentes.

En autos el certificado médico da cuenta de la misma dolencia que afectara al trabajador conforme las otras certificaciones posteriores, ergo no estamos en presencia de una afección distinta que habilite otro período de licencia, como pretende la recurrente, sino de una recaída o evolución de la misma enfermedad, por lo que la extinción del contrato se materializó conforme a las previsiones del art. 211 L.C.T., por vencimiento de los plazos legales, encontrándose la accionada eximida de responsabilidad indemnizatoria.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUERRA VICTOR CARLOS c/ SURRACO RICARDO ROLANDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

Sabido es que una de las virtualidades de la solidaridad en las obligaciones es la de habilitar al acreedor para reclamar a cualquiera de los obligados la totalidad de la prestación (art. 699 Cód. Civil) y ello así, la víctima de un hecho ilícito puede reclamar a cualquiera de los autores y en totalidad la indemnización que por causa de ese hecho le es debida, en tanto que, por voluntad de la ley, la obligación así nacida es, para sus autores, solidaria (art. 1081, Cód. Civil).
Contratos administrativos, contrato de suministros, deuda pública, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COMPUTERSA S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

Respecto a la actualización de las deudas del Estado en contrataciones como el sub lite, esta Sala ha manifestado que queda sujeta al régimen de la ley 21.391 (v. gr. Causa 6563 del 2.6.89). En efecto, la ley 21.391 buscó remediar las consecuencias perniciosas de la depreciación monetaria, sin exigir que se hayan producido circunstancias extraordinarias e imprevisibles. La ley solo excluía de su ámbito de aplicación a los regímenes que contemplasen la variabilidad de los precios convenidos con arreglo a principios similares a los tenidos en cuenta por la misma ley, por lo que no establecía limitaciones tendientes a excluir su aplicabilidad a los contratos de suministro celebrados por las fuerzas armadas. Ello así por cuanto la ley 20.124 no instituye un régimen especial totalmente cerrado, insusceptible de ser integrado por normas provenientes de otras leyes (cfr. C.S.J.N. in re "Ramos Alberto c/Estado Nacional (Comando en Jefe del Ejército) de fecha 6 de mayo de 1982). En virtud de lo expuesto la sentencia debe ser modificada en cuanto a su régimen de actualización e intereses los que se calcularán conforme a las directrices señaladas por la ley 21.391 (Art. 2., inc. b).
Bancos, responsabilidad del banco, cheque, adulteración de cheque, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: SA DE MANDATOS COADY c/ CITIBANK NA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-10

Es responsable la entidad bancaria por haber pagado un cheque adulterado, toda vez que aun cuando a la luz de lo dispuesto por el decreto ley 4776/63, vigente a la época en que se abonara el cheque, deba presumirse su culpa, en virtud de que la actividad bancaria engendra un verdadero riesgo profesional, puede añadirse que la obligación de verificar que recae sobre las instituciones bancarias -o lo que es lo mismo sobre sus empleados- es tan solo una manifestación de prudencia con que deben cumplir su función, para que con su accionar no se produzcan daños que pueden evitarse y que en el caso no se efectuó, por lo que deberá reintegrar la suma abonada con mas sus intereses y costas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: De Santis, Claudia Patricia y otro s/ Homicidio agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se impugna la calificación de los hechos como homicidio "criminis causa" si se omite impugnar lo resuelto sobre los hechos, limitándose a afirmar la inexistencia de dolo pero sin demostrar la transgresión del art. 286 del Código de Procedimiento Penal (art.

355, C.P.P.).
Locación, plazo de la locación, plazo máximo, ley de orden público, nulidad de cláusula contractual
Materia: CIVIL
Carátula: GALERIA LARRETA S.A.C.I c/ NASUTE, CARLOS s/ CONTRATO LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-04

El plazo máximo contenido en el art. 1505 del Cód. Civ. es de orden público y por ser tal no puede prescindirse ni renunciar a él;

toda convención que directa o indirectamente prorrogue la locación más allá de diez años es nula y no produce efectos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Sassi, Angel c/ Genaro Grosso S.A. s/ Indemnización por incapacidad absoluta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

La invocada configuración del absurdo solo puede ser examinada si va acompañada con la necesaria denuncia de infracción a las normas que rigen la tarea axiológica del juzgador, en el caso el art.44 inc. e del decreto ley 7718/71.
Prueba pericial, pericia médica, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: González, Eleuterio c/ Juan Alberto García Construcciones S.A. y/o quien resulte responsable s/ Accidente de trabajo de la ley 9688, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-11-21

El Juez tiene plena facultad para establecer el valor probatorio de una pericia, con la cual se expresará en al sentencia con dominio de la materia desde la perspectiva de lo jurídico, en tanto estará manejando la técnica de la apreciación de la prueba, sana crítica racional, en la cual él y sólo él es el experto.

Tan es así que reiteradamente se ha establecido que una "pericia, así esté consentida, no puede sustituir al criterio que es privativo del juzgador para la calificación jurídica de los hechos que ella trae a la luz", es decir que tolerar las falencias -objetadas o no por las partes- liberan al magistrado, es tanto como consentir aquellas y juzgar según la "libre convicción" olvidando las reglas de la sana crítica que hacen a un ejercicio razonado de la potestad jurisdiccional.
Despido indirecto, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Vargas, Luis Erasmo c/ Mongiello Hnos. SACIFIA s/ Despido y salarios Delgado, Juan J. y otro c/ Vallini, Hugo L. y otra s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23|1994-11-01

El trabajador que pretende notificar a su empleador la extinción del vínculo laboral debe ocuparse concretamente de verificar que la comunicación que a tal fin remita llegue a conocimiento del destinatario.
Recurso extraordinario, cuestión federal, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: R., S. J. c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otra. s/ daños
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

Existe cuestión federal en los términos del inc. 3° del art. 14 de la ley 48, pues si bien la sentencia impugnada se sustenta en el art. 1071 bis del Código Civil, la alzada efectuó una interpretación de la garantía constitucional de la libertad de prensa contraria a los derechos que en ella funda el apelante, a la vez que se cuestiona el alcance asignado a la doctrina sentada en precedentes de la Corte Suprema (Disidencia del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Acción de amparo, igual remuneración por igual tarea, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUIRRE, LISANDRO PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-25

Los actores consideran que los sueldos abonados conforme a las disposiciones impugnadas de las leyes 13013 y 13014 -nunca modificadas en el aspecto salarial en cuestión- no resultan adecuados a las funciones que efectivamente invocan ejercer, reduciéndose de ese modo el planteo -más allá de su grado de acierto o error- a un caso de violación al principio de igual remuneración por igual tarea, lo que no puede calificarse como una vulneración de la garantía de intangibilidad; por lo que en la especie no se verifican las razones que determinaron la admisión del amparo como vía idónea en otras causas iniciadas por magistrados y funcionarios judiciales. - CITAS: CSJStaFe: Rogiano, AyS T 156, p 146; Ábalos, T 156, p 337; Podestá, T 163, p 109; Bocardo, T 275, p 363. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 13013 y 13014
Registro de marca, seudónimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARTIER INC. c/ MIRONESCU ATANASE s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-05

El seudónimo no sustituye al nombre, prueba de lo cual es que cuando se inició la sucesión A. Mironescu, se inició por su nombre civil y no por su seudónimo, y que la renovación de las marcas no lo fueron con el apellido del seudónimo, -adoptando su esposa e hijos el mismo- sino por sus respectivos nombres y apellidos civiles. De manera que en esta litis, la proyección del seudónimo del ámbito artístico, televisivo y de la moda, al registro marcario debe regirse por las normas de éste derecho, con sus ventajas y sus riesgos.
Procedencia del recurso, juicio de desalojo, uso natural de la cosa, locación, daños en el inmueble, excepción de incumplimiento contractual
Materia: CIVIL
Carátula: Cannella, Juan Domingo Guillermo c/ Isla Pérez, Manuel Santiago y Otros s/ Desalojo - Falta de Pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-10-07

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por un locatario desalojado del inmueble que arrendaba, que al encontrarse privado del uso normal de la cosa -por la existencia de daños de envergadura en la propiedad, cuya reparación fue expresamente asumida por el locador en el contrato locativo sin ser cumplida-, no puede verse constreñido a cumplir con el pago del canon -al menos en su integralidad-, por lo que se colige que no hizo más que ejercer dos prerrogativas acordadas por la norma sustantiva, la excepción de incumplimiento -art. 1201, C.C.- y la retención del pago del precio -art. 1518, C.C.-.
Recurso de apelación (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

En cuanto a la existencia, dentro del servicio de tesorería de actividades que no constituyan préstamos, ni intermediación bursátil o financiera en sentido amplio (vgr. atención al público, tareas administrativas conexas a los pagos y/o cobranzas, procesamiento de datos e informe a los clientes), se trataría, reiteramos, de aspectos del modo en que el sistema se concreta de manera eficaz y, por tanto, resultan actividades necesarias pero accesorias, residuales o menores, que siguen la suerte de la naturaleza tributaria principal del negocio y también tributan bajo la tasa diferencial del 4,9%. Es la actividad de SANTMA la que permite concretar operaciones de préstamo alcanzadas por la alícuota del 4,9% por disposición del art. 35, inc. 3, de la O.T. 1994 o, sujetas a esa misma tasa como un caso de intermediación por imperio del inc. 39 del art. 32 de la norma tarifaria, que excluye la tasa general para servicios con otra clasificación como lo es, precisamente, la intermediación.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Conti, Oscar c/ Arias, Francisco s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-17

Cosa productora de riesgo en el concepto del art.1113 del Código Civil debe considerarse aquélla que en función de su naturaleza, o según su modo de utilización genera peligros a terceros.
Poder Judicial, remuneración, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Vilela, Julio y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

Sustancialmente, la garantía establecida en el art. 96 de la Constitución Nacional, en lo que hace a la intangibilidad de la remuneración de los jueces, no es estrictamente una garantía en favor de tales magistrados, sino un seguro de su independencia efectiva; en tales condiciones, dicha cláusula constitucional beneficia tanto a los jueces como a la misma sociedad.
Excusación, violencia moral, jueces, proceso penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C, R s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO.    INCIDENTE DE RECUSACION.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 462-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-25

El reparo legal previsto en el artículo 51 del Código Procesal Penal -excusación por violencia moral-, vinculado a la exigencia de imparcialidad que opera como principio básico en la composición y resolución de aquélla, es medio esencial para lograr absoluta diafanidad en la actividad jurisdiccional; no pudiendo operar por su naturaleza, específicamente respecto de un caso concreto, sino que se corresponde globalmente con el universo de la conducta adscripta al titular físico del órgano; inescindible en cuanto a los efectos o adversiones radicados en el plano más íntimo de la personalidad, es decir, inescindible respecto de los elementos de perturbación de su recto juicio.

Del voto del Dr Barraguirre.
Tributos, delegación de deudas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: T., J. c/ Municipalidad de Epuyén s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-15

"Sustituto" definiéndolo como aquel que ". reemplaza ab inicio al destinatario legal del tributo dentro de la relación jurídica sustancial tributaria . De tal manera surge un solo vinculum iuris entre el fisco y el sustituto".
Ahorro obligatorio, promoción industrial, derechos adquiridos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alfombras San Luis S.A. -T.F. 12.092-I- c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-23

Siguiendo con la línea marcada en el precedente "Badisur S.R.L.", del 16/8/95, debe apuntarse que no puede ser de aplicación al caso la jurisprudencia que cohíbe la invocación de derechos adquiridos con relación al mantenimiento de leyes o reglamentaciones o la inalterabilidad de los gravámenes creados por ellas, en función del ingreso de la actora al régimen promocional apuntado y de la situación especial suscitada por tal incorporación (cuyos beneficios se encontraban, cabe reiterar, plenamente vigentes), en la medida que las características del régimen de la ley 23.549 hacen que éste implique, respecto del accionante, una privación singular de derechos que no encuentra potestad habilitante específica y tampoco comporta uno de aquellos supuestos en los que el sacrificio patrimonial muestra -con las debidas garantías- un apoderamiento normativo especial, atento a la naturaleza general de la ley mencionada (conf. en igual sentido, Sala I, in re "Celulosa Campana Catamarca S.A.", del 15/3/96). Que, aunque así fuera, tampoco queda justificada la abrogación del beneficio conferido a la apelante con la alegación de razones de "emergencia", puesto que los mecanismos propios de tal situación no pueden significar el desconocimiento de derechos y garantías individuales (como es cabalmente la propiedad en cualquiera de sus manifestaciones) tutelados por el derecho normal (criterio del fallo "Badisur S.R.L." antes cit.; en la misma línea de pensamiento que, para declarar la inoponibilidad de la ley 23.549 a las empresas promocionadas, también desarrolló adecuadamente la Sala IV en el fallo "Chacotex S.A.", del 22/12/92, especialmente consid. VI, primer párrafo, y sus citas). (Consid. VII).
Tercería de dominio, bienes inmuebles, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TERCERIA  DE  LUGANI  CARLOS  Y  OTRA  EN  : OROZCO JOSE MARIA Y OTRA c/ ALDO IGNACIO SOA Y OTRO s/ VERBAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-24

Quien deduce una tercería de dominio en los términos de los artículos 1040 y 1047 del C.P.C, debe acreditar fehacientemente ser titular del bien objeto de la cuestión intentada y en caso de inmueble esa titularidad sólo puede ser acreditada mediante la escritura pública y su correspondiente inscripción en el registro de la propiedad (arts. 2505 inc. 1ro y 2365 del C.C.).

Ello es así porque en definitiva quien articula la tercería de dominio de un inmueble, en rigor de verdad, implica ello una acción de reivindicación, pues las acciones reales son aquellas que tienen por finalidad hacer declarar en juicio la existencia de derechos reales (art. 2756 del C.C.), entre las que la ley considera en primer término a la reivindicación, y como esta acción nace del dominio de las cosas particulares, dominio este que en última instancia carece el beneficiario de una promesa privada de venta (arts.2757 y 2758 C.C).Como consecuencia de ello la tercería de dominio articulada no puede estar a disposición de quien no goza del derecho de dominio sobre el bien inmueble.

La ley ha creado un régimen armónico de seguridad, para garantizar la titularidad de los derechos reales sobre inmuebles que se basa en la necesidad de la escritura pública para su tramitación y en la consecuente registración en el organismo competente para su oponibilidad a terceros (art. 1184 y 2505 C.C.).-
Ley procesal, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: VALDERREY, CARMEN c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-18

No existe un derecho constitucional a ser juzgado según las normas procesales vigentes al producirse el hecho que motiva el proceso. Las nuevas normas sobre trámite y jurisdicción son de orden público, y pueden ser aplicadas de inmediato a las causas existentes (Fallos 274:64; 275:459; 310:2845, entre otros) pero, deben respetar la validez de las actuaciones cumplidas según ley anterior (Fallos 302:263)
Emergencia económica, reducción salarial
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-02

La reducción salarial, producto de la emergencia, no puede modificar la relación de empleo público originariamente establecida hasta desvirtuarla en su significación económica, ya sea porque deja de expresar un valor retributivo razonable en función del cargo que desempeña el agente, o porque la disminución salarial importa la pérdida de su posición jerárquica o escalafonaria.

(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Ejecución de sentencia, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: M. de S., H. M. c/ S., R.E. S. s/ Medidas precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

No procede la nulidad del auto que dispone la transformación del embargo preventivo decretado en embargo ejecutivo, por falta de conocimiento de la deudora antes de la citación de venta de dicha circunstancia, si conocía la existencia del embargo preventivo y si no se invoca ninguna otra razón valedera de la que surja perjuicio alguno.
Seguros, prescripción, cómputo del plazo, aplicación de la ley, interpretación de la ley, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sittner, Nélida Elida c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-05

1. Esta Sala como gran parte de la doctrina consideraba que la prescripción en los seguros para los consumidores era de tres años (Cfr. esta Sala "Salina, Gladys Mirtha c/ BBVA Consolidar Seguros SA del 10/5/18; "Rodriguez Gabriel Luciano c/ Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada s/ ordinario", del 3/12/19, entre otros). Empero, tras un nuevo análisis de la cuestión a la luz de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial que elimina el plazo previsto en la LDC 50 para las acciones de los consumidores, el plazo de prescripción trienal resultaría aplicable sólo a las sanciones emergentes de la ley de Defensa de Consumidor, pero no a las acciones judiciales como las que aquí se trata. Ello así, en función de una interpretación funcional desde la perspectiva que ofrecen la CN 42 y 75-22°; LDC 50 y 3; CCCN 2, 3, 1094 y ccdtes., juzgamos aplicable en materia de prescripción el plazo de cinco años previsto por el CCCN 2560
Principio de congruencia, agravantes de la pena, perseguido político, torturas
Materia: PENAL
Carátula: Céparo, Atilio Ricardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-23

Corresponde desestimar el planteo vinculado a la denunciada afectación al principio de congruencia, en cuanto a la alegada inclusión tardía de la agravante del delito de tormentos por ser la víctima perseguido político, conforme el art. 144 ter CP, primero y segundo párrafos, según ley 14.616, por no ser imputada esa figura en la indagatoria y en el requerimiento de instrucción, pues el recurrente insiste sobre una materia ya decidida en la instancia anterior y sus alegaciones no logran conmover las razones que determinaron el rechazo a la cuestión y, asimismo, en el caso en las piezas acusatorias incorporadas en la etapa prevista por el art. 346 CPPN -que delimitan el objeto del debate-, puede observarse que los hechos y la calificación -que luego se respeta en la sentencia- fueron precisamente detallados con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, garantizándose así de forma efectiva la oportunidad de neutralizar las imputaciones.