Responsabilidad civil, responsabilidad del juez, Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, acción autónoma de nulidad
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Nieto, Nora Viviana c/ Acosta, Martín Ever y Estado Provincial s/ Acción Autónoma de Nulidad y, Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-24

Llegan estos autos a este Tribunal en virtud de la declinatoria de competencia efectuada por el Juez de Grado en lo Comercial a esta Corte de Justicia por entender que la competencia en la acción de responsabilidad civil extra contractual, promovida en contra de un Juez corresponde a esta Corte de Justicia conforme las disposiciones del Art. 204, inc. 3 de la Constitución Provincial.- Corresponde expresar que a los fines de determinar la competencia debe estarse a los hechos expuestos en la demanda, pues ellos definen la competencia del Tribunal interviniente. En el caso se ha planteado acción autónoma de nulidad y luego ante el rechazo in limine del juez que intervino en el proceso, se solicita nuevamente la nulidad y asimismo la condena por daños y perjuicios en contra del magistrado, el Estado Provincial y Centro Living, procurando el resarcimiento por daño moral ocasionado a su parte por los actos jurisdiccionales ilegítimos e irregulares que el actor aduce haberse cometido en el proceso. Es decir existen dos acciones, una dirigida a obtener la nulidad de la sentencia y otra la reparación del supuesto daño moral ocasionado, las que si bien fueron presentadas en una misma acción el juez de grado no hizo lugar a la acumulación como tampoco la Cámara de Apelaciones por lo cual son dos acciones que deben tramitarse en forma independiente.

Sentado ello, la acción autónoma de nulidad deberá tramitarse por ante el Juzgado Comercial de Ejecuciones de Primera Nominación toda vez que la acción debe dirigirse contra el mismo órgano que dictó la sentencia, sin embargo en el caso encontrándose denunciado el juez interviniente en el juicio ejecutivo cuya nulidad se persigue, lo cual obstaculiza su intervención pues no puede ser juez y parte, corresponde la competencia al Juez Comercial de Ejecución de Primera Nominación.

En lo que respecta a la competencia atribuida a este Tribunal en virtud del art. 204, inc. 3 de la Constitución Provincial para entender en los casos que un magistrado es cuestionado por responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, el planteo efectuado por la actora en cuanto a la inconstitucionalidad de dicha norma es claramente inviable desde el momento que no establece en términos claros y precisos en qué consiste la misma, por lo que el rechazo efectuado por los tribunales ordinarios se encuentra plenamente justificado. Conforme ello y lo dispuesto por la norma constitucional -Art. 204, inc. 3-, este Tribunal resulta competente para entender en la acción de responsabilidad dirigida en contra del magistrado.

Habiéndose planteado en forma simultánea ambas acciones, que por las consideraciones precedentemente expuestas no resultan acumulables y cuya competencia pertenecen a diferentes tribunales, a efectos de hacer materialmente viables y que tengan respuesta jurisdiccional del Tribunal que corresponde su tratamiento, deberá remitirse primeramente los autos al Juzgado Comercial de Ejecuciones de Primera Nominación para que continúen la causa por nulidad de la cosa juzgada írrita, sin perjuicio que una vez dictada la sentencia pertinente y firme la misma, se eleven las actuaciones a este Tribunal para resolver sobre la acción por responsabilidad civil interpuesta en contra del magistrado.