Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-04-12


SENT Nº 171 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Doce (12) de Abril de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Antonio Gandur -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en autos: "Miranda Luis Dino vs. Provincia de Tucumán s/ Cobros (Ordinario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar y los doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 11 de febrero de 2010 (fs. 99/102). Corrido traslado del recurso y contestado el mismo (fs. 115/118), fue concedido por resolución del referido tribunal de fecha 23 de junio de 2010 (fs. 119).

2.- El recurrente afirma en primer lugar que el art. 21 de la Constitución Provincial es sumamente claro al exponer que el interesado en un reclamo administrativo puede tenerlo por denegado y recurrir a la justicia en caso de inactividad administrativa por el lapso de tres meses. Destaca que este artículo no sólo habilita la vía judicial sino que, además, brinda al interesado la facultad de tener a su petición por denegada.

Entiende que la Cámara realiza una interpretación de dicha norma que no se condice con lo establecido en la propia Constitución y que su parte hizo uso de la facultad conferida por el art. 21, teniendo por denegada su pretensión e iniciando demanda bajo dichas consideraciones, añadiendo que "pretender que, conocido que supuestamente fuera el acto administrativo denegatorio de la petición de Luis Dino Miranda, la demanda debió ser modificada, es un excesivo rigorismo formal".

Sostiene que el razonamiento del tribunal sentenciante desvirtúa la garantía constitucionalmente protegida de acceso a la justicia, ya que el Decreto n° 2791/7 no ha manifestado nada que le haya imposibilitado al Estado Provincial hacer uso de su defensa sustancial o procesal, tal como surge del hecho de que se usa como defensa en sede judicial la excepción de prescripción, al igual que en la propia sede administrativa.

Señala que el efecto que la Cámara pretende imponer al actor es que, a través de una nueva causa, se intente la nulidad del Decreto n° 2791/7, provocando un desgaste jurisdiccional trascendente y obstaculizando el acceso a la justicia, toda vez que en ese hipotético proceso judicial debería la Excma. Cámara pronunciarse sobre lo que tuvo el deber de hacer, cual es, si el crédito de Luis Dino Miranda se encuentra o no prescripto. Hace notar la coincidencia de objetos del acto administrativo alegado por la sentencia impugnada como fundamento del rechazo de esta demanda y la defensa de prescripción interpuesta por el Estado Provincial.

Sin perjuicio de lo anterior, pone de manifiesto que la Cámara afirma reiteradas veces que la parte actora tomó conocimiento del Decreto n° 2791/7 antes de correr traslado de la demanda y que, consecuencia de ello, omitió su obligación legal de expresarse en torno al mismo y solicitar su rechazo o emitir algún tipo de opinión vinculada a dicho decreto. Señala que no existe obligación legal de que el actor se deba pronunciar, sino una simple interpretación del sentenciante de que se debe emitir manifestación al respecto.

Destaca que el Decreto n° 2791/7 fue dictado cinco días después de haber recibido la demandada el oficio por medio del cual se requería la remisión de los expedientes administrativos iniciados por el actor y que, una vez acompañados los mismos, la Cámara puso el expediente a la oficina para notificación con un decreto que reza "agréguese y téngase presente", habiéndose reservado los expedientes administrativos, tal como se colige de la lectura del cargo del escrito correspondiente. Advierte que ni el actor ni su letrada apoderada fueron notificados del decreto en cuestión, ni en sede administrativa ni en sede judicial. Considera errado el criterio del sentenciante cuando afirma que "antes de correr traslado de la demanda, el accionante ya conocía el dictado del Decreto n° 2791/7", puesto que jamás tuvo conocimiento de lo dispuesto por dicho decreto, mucho menos antes de correr traslado de la demanda.

Afirma que el sentenciante le atribuye haber tomado conocimiento de un acto administrativo cuando la realidad es absolutamente lo contrario, y que no es razonable ni ajustado a derecho sostener que el Decreto n° 2791/7 debe considerarse notificado por medio de un proveído que agrega la contestación de un oficio. Añade que en la providencia mencionada ni siquiera se ha ordenado la vista de la documentación acompañada.

Destaca que se le corrió traslado de la excepción de prescripción con un cúmulo de fotocopias simples, cuya autenticidad no le consta, entre las que se encuentra el Decreto n° 2791/7, y que no tenía obligación de expedirse en relación a esa fotocopia simple, mucho menos cuando el traslado corrido lo fue al solo fin de contestar lo relativo a la prescripción alegada por la demandada. Señala que cualquier consideración al respecto, al momento de contestar dicho traslado, hubiera resultado totalmente inútil, pues el momento legalmente válido para modificar la demanda o realizar alguna consideración de relevancia era antes de correr traslado de la misma.

3.- La sentencia impugnada reseñó los antecedentes del caso. Destacó que el actor pretende en autos que se reconozca su derecho a percibir la suma de $ 110.000 en virtud de una liquidación efectuada por la Secretaría de Trabajo, en concepto de indemnización prevista en la ley 24.028 por incapacidad por el hecho del trabajo; mientras que la demandada negó la procedencia de la acción, opuso defensa de prescripción y señaló que en sede administrativa se había desestimado la pretensión mediante un acto que no había sido cuestionado y por lo tanto se encontraba firme.

La Cámara estimó necesario examinar en primer término si existía en cabeza del actor el derecho que invoca y si el mismo podía ser reclamado en justicia, a fin de, según el resultado al que se arribara, tratar la excepción de prescripción opuesta por la demandada.

En tal sentido, consideró que "la primera cuestión que se plantea en la litis es el silencio del accionante frente al acto desestimatorio de su petición que -según se menciona en la contestación de demanda- se encuentra firme". Destacó que el Decreto n° 2791/7 del 29/8/2006 rechazó la petición formulada por el actor, sin que conste que se lo haya notificado en sede administrativa. Este expediente fue acompañado y reservado en autos en fecha 05/9/2006.

El tribunal tuvo en cuenta que, si bien al momento de interponer la demanda la administración aún no se había pronunciado sobre los reclamos del actor, antes de correr traslado de la misma el accionante ya conocía el dictado del citado decreto desestimatorio de su petición de indemnización, puntualizando que el expediente administrativo se encontraba reservado en autos y la providencia que así lo ordenó fue puesta a conocimiento de los interesados, sin que el actor haya efectuado manifestaciones al respecto.

Puso de relieve que el punto a considerar consistía en la inexistencia en este juicio de una formulación de agravios por parte del actor frente al dictado del referido acto administrativo que aquí conoció, por cuanto, a criterio del tribunal sentenciante, debió hacerse cargo de los argumentos sostenidos por la administración para desestimar su pretensión y adecuarla, si fuera del caso. Señaló que esta Corte se pronunció en el caso "Hernández Mesón" (sentencia N° 900 del 30/10/2000) en el sentido de que, en virtud de la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo, no es posible hacer efectiva la responsabilidad por daños de él derivados si ha sido consentido en sede administrativa y no se demandó en sede judicial su declaración de nulidad. Citando párrafos de dicho precedente, consideró que si no se demanda judicialmente la anulación del acto administrativo en cuestión, su presunción de legitimidad obsta a la procedencia de cualquier reclamo resarcitorio derivado de una alegada trasgresión al ordenamiento jurídico, ya que la responsabilidad estatal pretendida presupone necesariamente la ilegitimidad.

En virtud de ello, concluyó que la demanda debía ser rechazada, desde que este recaudo no había sido observado por el actor, al no cuestionar ni pretender la declaración de nulidad o ilegitimidad del acto en cuestión, lo que fue considerado como una cuestión necesaria y dirimente que impedía el tratamiento de la petición de cobro.

4.- El recurso ha sido deducido en término contra una sentencia definitiva, se funda en errónea aplicación del derecho y la doctrina de la arbitrariedad, se basta a sí mismo y se encuentra cumplido la exigencia del depósito (cfr. arts. 748/752 del CPCyC), por lo que corresponde abordar su procedencia.

5.- Confrontados los argumentos del recurso con los fundamentos del fallo impugnado, se advierte que el mismo debe prosperar.

Cabe recordar que, con relación al art. 19 (hoy 21) de la Constitución Provincial, esta Corte, en diferente integración, ha puntualizado que "en esta norma se ha legislado acerca del silencio, concibiéndolo esencialmente como un remedio contra el no hacer o inacción formal administrativa. Ante esta inactividad de la administración por el término de tres meses, entendiendo por ésta a su pasividad dentro de un procedimiento y con la finalidad de proteger los derechos de los particulares y en resguardo del principio de seguridad jurídica, se dispone como 'facultativo' para el interesado considerar como denegada la reclamación de índole administrativa, oportunamente formulada, configurándose de este modo el silencio de la administración, con la consiguiente habilitación de la instancia judicial. Este instituto ha sido forjado en la inteligencia de evitar que la administración, con su inactividad formal, perjudique los derechos de terceros, determinando su indefensión" (cfr. CSJT, sentencia N° 118 del 02/3/1998).

En el mismo pronunciamiento sostuvo este Tribunal que "el silencio de la administración constituye un hecho administrativo omisivo al que el ordenamiento jurídico le atribuye efectos jurídicos únicamente procesales (carácter desestimatorio a la inercia administrativa durante el plazo legal y apertura de la vía contencioso administrativa); o, como también se ha dicho, una solución o remedio legal tendiente a proporcionar seguridad jurídica al administrado habilitándole la instancia judicial ante la inactividad formal de la administración por el término establecido".

En dicha oportunidad esta Corte señaló que "si el silencio normatizado en la cláusula constitucional sub examine es una técnica jurídica ideada con el propósito de permitir el acceso a la justicia a los particulares con los alcances expuestos ut supra; si este mecanismo no significa que la administración haya 'realmente' decidido o resuelto la reclamación interpuesta desde que no traduce efectiva expresión de voluntad suya, o lo que es igual, no constituye un acto administrativo; si la configuración del silencio por parte del particular no excluye la obligación de resolver que pesa sobre la administración; en suma, si el silencio es una solución procesal concebida ante la falta de pronunciamiento de la administración, no puede caber la menor duda, en mi criterio, que si luego de configurado el silencio pero antes de la notificación de la demanda, aquélla (en cumplimiento de la obligación legal de pronunciarse) desestima expresamente los reclamos oportunamente formulados, debe estarse a esta manifestación concreta de voluntad administrativa" puesto que "siendo el silencio un mero remedio concebido por la Constitución con la finalidad indicada, cabe prescindir de tal solución cuando la administración se ha pronunciado efectivamente" (cfr. CSJT, sentencia citada N° 118 del 02/3/1998).

En el precedente reseñado, el Tribunal concluyó que la configuración del silencio no constituye una razón válida justificante de la omisión de hacerse cargo del acto denegatorio expreso, cuya notificación antes de la traba del conflicto en el ámbito jurisdiccional coloca en cabeza del recurrente la obligación de dirigir su mirada al acto administrativo que hizo cesar la pasividad administrativa.

Ahora bien, la obligación del particular de estar a la manifestación expresa de la administración se encuentra subordinada al hecho de que el actor haya tomado conocimiento efectivo de tal manifestación de voluntad. Ello así porque un acto administrativo no notificado, si bien existe, carece de eficacia (cfr. Marienhoff, Miguel A., "Tratado de Derecho Administrativo", t. II, págs. 336/337, 341 y 369), criterio receptado por los arts. 44 ("para que el acto administrativo adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado") y 46 ("la administración se abstendrá de poner en ejecución actos administrativos no notificados"), en sus partes pertinentes, de la Ley de Procedimiento Administrativo n° 4537.

En el caso, la Cámara sostuvo que "el decreto n° 2791/7 (SSC) del 29/8/2006 rechazó la petición formulada por el actor de reconocimiento y pago de incapacidad.sin que conste que se haya notificado en dicha sede" (fs. 100 vta.).

En cuanto al trámite en sede judicial, la Cámara consideró que "antes de correr traslado de la demanda.el accionante ya conocía el dictado del decreto n° 2791/7-SSC del 29/8/2006. desestimatorio de su petición de indemnización (fs. 373/375 de las actuaciones administrativas). En efecto, en el mencionado expediente se encuentra agregado el citado decreto, el que fue puesto a conocimiento de los interesados por providencia de fs. 24 (notificada a la oficina en fecha 21/9/2006" (fs. 100 vta.).

Por su parte, el recurrente se agravia de esa conclusión, señalando que no es razonable ni ajustado a derecho "pensar que (el decreto n° 2791/7) debe considerarse notificado 'a la oficina' por medio de un decreto de 'agréguese y téngase presente, a conocimiento del interesado'" por cuanto "en el decreto de fecha 21/9/2006 ni siquiera se ha ordenado la vista de la documentación acompañada" (fs. 110 vta.).

Al respecto, cabe tener presente, como ya se dijo, que las actuaciones cumplidas ante el órgano jurisdiccional resultan suficientes para tener al particular por notificado de un acto administrativo, en la medida en que tales actuaciones "configuran una situación que traduce una actividad de la interesada de la que surge de modo inequívoco que ella se enteró de la decisión respectiva" (cfr. CSJT, sentencia N° 1252 del 27/12/2006).

En el precedente citado (sentencia N° 1252 del 27/12/2006) se señaló que, tras la remisión del expediente administrativo correspondiente, "la parte actora presenta un escrito en el que manifiesta que 'habiendo tomado conocimiento que el Superior Gobierno de la Provincia ha remitido a esta Excma. Cámara el expediente administrativo n° 6445/218-E-96 y encontrándose éste reservado en Caja Fuerte del Juzgado, es que vengo a solicitar se ponga a la vista a los efectos de realizar una compulsa del mismo, como así también solicito se autorice a la presentante a la extracción de copias simples de dicho expediente'. A ello se decreta: '///Miguel de Tucumán, Junio 26 de 2002. Proveyendo lo solicitado: permítasele extraer fotocopias del expediente administrativo que se encuentra reservado, cualquier día hábil en horas de despacho'".

En mérito a lo expuesto, este Tribunal, consideró que "el pedido de vista de las actuaciones y la providencia respectiva del 26/6/2002 configuran una situación que traduce una actividad de la interesada de la que surge de modo inequívoco que ella se enteró de la decisión respectiva. Es que si de las constancias de autos se desprende que la actora requirió vista de las actuaciones administrativas -en las que con toda certeza obra el Decreto n° 1898/14 (SGyJ)- y ésta le fue concedida, resulta razonable presumir que la demandante tuvo conocimiento fehaciente del acto administrativo, al que no pudo ignorar ni dejar de impugnar como requisito de admisibilidad de su pretensión, habida cuenta el contenido de dicho decreto, por el que se dejaba sin efecto un acto y suspendía la ejecución del otro; esto es, de los actos administrativos que justamente la actora reclamaba en su demanda fueran cumplidos. En forma concordante se ha dicho que 'el particular queda notificado de los actos contenidos en el expediente en caso de tomarse vista de las actuaciones' (cfr. Canosa, Armando N., 'Los recursos administrativos', pág. 146). En suma, si el Decreto n° 1898/14 (SGyJ) realmente incidía negativamente en la pretensión de la actora y no obstante ello, no fue impugnado judicialmente pudiéndolo hacer, puesto que el conocimiento de su existencia se produjo cuando aún no se había corrido traslado de la demanda, o sea, cuando aún no se había trabado la litis, la presunción de legitimidad que goza aquel acto no atacado sella la suerte de la presente demanda al reputarse al decreto en cuestión un acto válido; es decir, ajustado a derecho, siendo imposible su revisión de oficio atendiendo a la prohibición, fundada en el principio de división de poderes, que tienen los jueces para declarar de oficio la invalidez de los actos administrativos (cfr. Cassagne, Juan Carlos, 'Derecho Administrativo', t. II, págs. 282/283)" (cfr. CSJT, sentecia Nº 1252 del 27/12/2006).

En el caso en examen, el actor hizo mención a los expedientes administrativos al momento de interponer la demanda (fs. 19), y el tribunal, en cumplimiento con lo dispuesto por el art. 32 del CPA, requirió su previa remisión, librándose el correspondiente oficio al Ministerio de Seguridad Ciudadana (providencia del 11/8/2006, fs. 21; diligencia actuarial de fs. 22 vta.). Una vez diligenciado el oficio respectivo, el Secretario de Estado de Seguridad Ciudadana remitió "a conocimiento de ese Excmo. Tribunal los expedientes administrativos relacionados con el accionante de autos. Por una parte, el n° 41.067/213-M-2000 y agregados en un total de 382 fojas. Y por separado el expediente n° 345/200-T-1995 y agregados, en el que se encuentra glosado, a partir de fojas 252, el n° 85.324/213-M-96, en un total de 298 fojas" (fs. 23). Dichos expedientes administrativos fueron reservados en Secretaría, conforme da cuenta el cargo actuarial de fs. 23 vta. Al escrito de contestación del oficio, el presidente de la sala proveyó "agréguese y al interesado" (fs. 24).

Si bien el tribunal sentenciante ajustó su pronunciamiento a la doctrina de esta Corte, según la cual resulta necesaria la impugnación del acto administrativo a fin de hacer efectiva la responsabilidad estatal puesto que "si simultáneamente no se demanda judicialmente la anulación del acto administrativo en cuestión, su presunción de legitimidad obsta a la procedencia de cualquier reclamo resarcitorio derivado de una alegada transgresión al ordenamiento jurídico" (cfr. CSJT, sentencia N° 900 del 30/10/2000), el mismo ha incurrido en un grave déficit de fundamentación cuando afirma que "antes de correr traslado de la demanda.el accionante ya conocía el dictado del citado decreto n° 2791/7".

Tal apreciación carece de argumentos suficientes conforme a los cuales, razonada y fundadamente, es posible concluir en que las actuaciones judiciales cumplidas ante la Cámara configuran una situación que traduce una actividad del interesado de la que surge de modo inequívoco que él se enteró de la decisión administrativa (doctrina de esta CSJT, sentencia N° 1252 del 27/12/2006). Contrariamente, la misma expresa una interpretación irrazonable y dogmática de las constancias del expediente (fs. 24).

Tal déficit del pronunciamiento configura vicio de arbitrariedad, vulnera los arts. 18 CN, 30 CP, 33, 40 y 264 del CPCyC, aplicables supletoriamente por remisión del art. 89 del CPA, y determina su descalificación como acto jurisdiccional válido.

En mérito a lo expuesto precedentemente, corresponde Casar el pronunciamiento impugnado en base a la siguiente doctrina legal: "No cuenta con fundamentos suficientes y, por ende es nula, la sentencia que efectúa una interpretación irrazonable y dogmática de las constancias del expediente" y Reenviar el expediente a la Cámara para que, con la integración que corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento .

6.- En atención a que el vicio que provoca la nulidad del fallo proviene del órgano jurisdiccional, corresponde distribuir las costas de esta instancia casatoria en el orden causado (cfr. arts. 89, CPA y 105, inc. 1°, CPCyC) El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Adhiero al voto de la señora vocal preopinante -con entidad suficiente para la conclusión que infiere- cuya argumentación se centra, sustancialmente, en la sentencia Nº 118 del 02/3/1998, dictada por esta Corte Suprema de Justicia, con integración parcialmente distinta, en autos "Julio César Istenik vs. Provincia de Tucumán y Comuna de la Ramada y La Cruz s/ Cobro de pesos", en la cual fui vocal preopinante a cuyo voto adhirieron los entonces dos vocales restantes de la pertinente Sala.

Sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento, paso a expresar las siguientes consideraciones.

I.- Estimo que preliminarmente, en mérito al ineludible orden de conocimiento que supone la sana y correcta técnica recursiva, debo dejar de modo expreso destacado que el recurso de casación en examen resulta admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal cimero local para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

En efecto, una cuestión es la valoración de la plataforma fáctica obrante en el caso y otra distinta es el examen de juridicidad de aquel juicio ponderativo que lleva a cabo el a quo; lo primero, es competencia exclusiva y excluyente del Tribunal de grado; lo segundo, en cambio, constituye una típica cuestión de derecho -in iuris iudicando- que, como tal, es propia del remedio extraordinario local. Por ende, el recurso en examen es admisible; voto porque así se declare.

II.- El 14/10/1994 Julio César Istenik había formulado, ante el Delegado Comunal Rural de la Ramada y de La Cruz, la reclamación solicitando se le liquiden y abonen las sumas que estimaba se le adeudaba en concepto de diferencias salariales por los últimos cinco años trabajados.

La demanda judicial fue interpuesta por la parte actora el 30/6/1995 cuando ya había transcurrido con creces -8 meses y 16 días- el plazo de 3 meses previsto en el entonces art. 19, sin que hasta dicha fecha se hubiera pronunciado la codemandada (Comuna Rural de la Ramada y La Cruz).

El 09/8/1995, esto es, 1 mes y 9 días después de incoada la demanda, la parte actora desiste de ésta respecto de la Provincia de Tucuman, planteamiento al que se hace lugar el 27/12/1995.

Debo advertir que, con fecha 11/10/1995 -vale decir antes que le sea notificada la demanda (febrero de 1996)-, el representante legal de La Comuna (a dicha fecha única demandada) Comuna Rural de la Ramada y La Cruz, emite acto administrativo expreso no haciendo lugar a la reclamación administrativa presentada por el allí actor.

El 21/3/1996 -casi 9 meses después de incoada la demanda- contesta ésta la parte accionada Comuna Rural de la Ramada y La Cruz.

II.1- El art. 19 de la Constitución Provincial, a la sazón vigente disponía: "Toda reclamación de índole administrativa debe ser despachada en el término de 3 meses desde el día de su interposición. Vencido este plazo, el interesado podrá tenerla por denegada y concurrir directamente a la Justicia".

Resulta pertinente, sobre el particular, destacar que este instituto ha sido forjado con el fin de evitar que la Administración Pública, con su mera inactividad formal, perjudique los derechos de los particulares determinando su indefensión ya que, si no existiere, ante un planteo de estos últimos que deba ser respondido por aquélla, bastaría con guardar silencio por esta última para defraudar o frustrar los derechos reclamados, impidiendo de esta manera, ante la falta de una decisión previa, o mejor dicho, ante la ausencia de negación de lo reclamado, su concurrencia a los estrados judiciales.

Como surge del texto, ante la inactividad formal de la Administración por el plazo de marras, con la finalidad de proteger los derechos de los particulares y en resguardo de la seguridad jurídica, dispone como facultativo para el interesado que éste puede considerar como denegada su reclamación de índole administrativa oportunamente incoada, configurándose de este modo, el silencio de la Administración, con la consiguiente habilitación de la instancia judicial.

Ello es así por la razón, de suyo evidente, de que si la mera denegación por silencio fuera realmente un acto administrativo, tendría que ser previamente impugnada en sede administrativa para que recién fuera viable el acceso a la instancia judicial lo cual, a todas luces, resulta un absurdo y, como tal, impracticable para el particular al carecer de una argumentación de la Administración Pública para contradecir un mero hecho omiso.

II.2- Cuando la proporción normativa constitucional en análisis incluye la forma verbal podrá, resalta la voluntariedad -para el particular- de invocación de este instituto (que morigera, como una garantía, la prerrogativa estatal de la vía administrativa previa), y a su turno, repele de plano que pueda conceptuarse al silencio como un acto administrativo -sea táctico o presunto- como así también, que al vencimiento del plazo de marras aquél se erija en el término a quo del plazo de caducidad de la acción contencioso administrativa. En fin, tampoco resulta improcedente atribuirle al silencio lo que son situaciones jurídicas propias de los actos administrativos, a saber, firmeza, eficacia, causar estado de ser susceptibles de impugnación judicial.

Resulta evidente de suyo que, cuando la Administración Pública guarda silencio, no expresa su voluntad -sea de manera táctica o de manera presunta-; más aún, no hay ninguna voluntad de aquélla exteriorizada sino voluntad de la ley, en el sentido de que es ésta la que faculta al reclamante para darle a la pasividad formal de aquélla un sentido jurídico desestimatorio habilitándole, así, el directo acceso a la justicia. He aquí la razón que fundamenta jurídicamente que la norma constitucional haya atribuido al silencio -factum negativo- de ausencia de actividad formal administrativa facultando, solamente al arbitrio del particular, para de esta manera habilitarlo a concurrir directamente a la instancia judicial.

II.3- En la perspectiva de las precisiones precedentes, ahondaré en la naturaleza jurídica del factum del silencio de la Administración Pública en sí mismo considerado, y como instituto procesal respecto al proceso administrativo.

A propósito de esta cuestión, se debe tener presente que el ordenamiento jurídico con las sanciones de las distintas normativas reguladoras tanto del procedimiento como de los procesos sobre la materia, han instituido el deber jurídico de la Administración Pública según el cuál toda petición fundada en derecho, como asimismo toda impugnación recursiva planteadas a ella por los particulares, deben ser resueltas por un acto administrativo expreso y debidamente motivado. Este deber es enumerado entre los requisitos esenciales del acto administrativo, so pena de que éste devenga nulo, de nulidad absoluta e insanable (cfr. Ley Nº 4537 -reformada-, arts. 3 inc. c; 5; 43 inciso d; 56; Código Procesal Constitucional (Ley Nº 6944) art. 70).

Como corolario de lo dicho hasta aquí, tratándose de un deber jurídico aun habiendo vencido el plazo para pronunciarse sin que la Administración Pública cumpla, continúa obligada a hacerlo sin que tal vencimiento la excuse de ello. Por lo tanto, planteado el supuesto que el particular hubiere incoado el proceso judicial y hasta antes que se corra traslado de la demanda a la Administración Pública ésta puede dictar, válida y eficazmente, el acto administrativo decidiendo la reclamación previa que se le formulara dando así cumplimiento a su deber ut supra referenciado.

Concluyendo el teme de la naturaleza jurídica del silencio administrativo, en cuanto omisión de pronunciarse de modo expreso y fundado, constituye un hecho jurídico ilícito imputable a la Administración Pública, no susceptible de saneamiento por el silencio con efecto denegatorio que prevé la norma constitucional local en análisis. Ello, sin perjuicio que este último constituya un instituto jurídico procesal para franquear al particular el acceso directo a la justicia.

Recapitulando, a modo de síntesis de la sentencia precedentemente referenciada, concluiré diciendo que la doctrina legal implícita en mi voto de dicho precedente -al que adhirieron los restantes entonces Vocales doctores Arturo Domingo Ponsati y Alfredo Carlos Dato-, en aquélla dictada en instancia extraordinaria local recaída en los autos Istenik, Julio César vs. Provincia de Tucumán y Comuna de la Ramada y La Cruz s/ Cobro de pesos, puede enunciarse en la siguiente proposición: "Aún vencido con creces el plazo de 3 meses y, además, iniciado el proceso administrativo por el particular incoando la pertinente demanda, mientras no se haya corrido traslado de ésta a la Administración Pública silente, ésta habilitada jurídicamente para dictar el acto administrativo expreso resolviendo la petición fundada en derecho que oportunamente le fuera reclamada por el particular.

III.- La cuestión, tema de la controversia entre las partes en autos, traída a estudio y decisión de este Tribunal cimero local, por medio del recurso extraordinario de casación, resulta análoga al precedente referenciado ut supra.

En este último había que discernir si el particular -actor en autos y recurrente- habiendo incoado el proceso judicial cuando ya estaba vencido con creces el plazo de tres (3) meses previsto en el artículo 19 de la Constitución de la Provincia (entonces vigente promulgada en enero de 1991), la codemandada Comuna de la Ramada y La Cruz tenía aún competencia para dictar un acto administrativo no haciendo lugar a su petición fundada en derecho que había reclamado ante ella.

Al respecto, viene al caso destacar que la reclamación -solicitando se le liquiden y abonen las sumas que estimaba se le adeudaba en concepto de diferencias salariales por los últimos cinco años trabajados- fue incoada por el actor Julio César Istenik, ante el Delegado Comunal de la Comuna de la Rama y La Cruz, el 14/10/1994.

El acto expreso de marras fue dictado por la precitada Comuna Rural el 09/8/1995. Asimismo, la demanda en autos fue promovida por el actor el 30/6/1995 (cuando había ya transcurrido 8 meses y 16 días de vencido el plazo de 3 meses).

Ahora bien, notificada la referida Comuna, el 21/3/1996, ésta se apersona en autos y plantea excepción dilatoria de falta de habilitación de la instancia judicial por no agotamiento de la instancia administrativa, dado que el demandante no había impugnado en dicha sede su acto administrativo dictado el 09/8/1995.

La sentencia del Tribunal a quo hizo lugar a la excepción dilatoria de marras, lo que agravió a la demandante en aquella causa.

III.1- La cuestión debatida es interesante, mereciendo las siguientes argumentaciones para abonar la solución arbitrada por el Tribunal A quo, tanto en el precedente referenciado, como en el caso análogo de autos.

Cuando la proposición normativa constitucional en análisis incluye la forma verbal podrá, resalta la voluntariedad de la invocación -para el particular- de este instituto (que morigera, como una garantía, la prerrogativa estatal de la vía administrativa previa) y, a su turno, repele de plano que pueda conceptuarse al silencio como un acto administrativo -sea táctico o presunto- como así también, que al vencimiento del plazo de marras, éste erija en el término a quo del plazo de caducidad de la acción contencioso administrativa. En fin, también resulta improcedente atribuirle al silencio lo que son situaciones jurídicas propias de los actos administrativos, a saber, firmeza, eficacia, causar estado de ser susceptible de impugnación judicial.

Resulta evidente de suyo que, cuando la Administración guarda silencio, no exterioriza su voluntad -sea de manera táctica o de manera presunta-; más aún, no hay ninguna voluntad de aquélla expresada sino voluntad de la ley, en el sentido de que es ésta la que faculta al reclamante para darle a la pasividad formal de la Administración un sentido desestimatorio habilitándole, así, el directo acceso a la justicia. He aquí la razón que fundamenta jurídicamente que la norma constitucional haya atribuido significación jurídica denegatoria al factum negativo de ausencia de actividad formal administrativa facultando, solamente al arbitrio del particular, para de esta manera habilitarlo a concurrir directamente a la sede judicial.

En tal sentido mi voto.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, RESUELVE:

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 11 de febrero de 2010 (fs. 99/102), en base a la doctrina legal enunciada en los considerandos, y REENVIAR los autos a ese Tribunal a fin de que, con la integración que corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, como están consideradas.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER RENÉ MARIO GOANE (con su voto) CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.