marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, autosuficiencia, fundamentos insuficientes, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, imputado, sentencia condenatoria, responsabilidad penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., M. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL POR LA CONVIVENCIA Y PROMOCION DE LA CORRUPCION DE MENORES AGRAVADO POR LA EDAD DE LA VICTIMA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-09

Sin perjuicio de que desde un esfuerzo de comprensión puedan alcanzarse a entender los hechos por los que se sancionó penalmente al justiciable, e incluso conocer mínimamente los cuestionamientos que la compareciente habría planteado en la Alzada al cuestionar el decisorio de grado, resulta decisiva aquí la flagrante omisión en que incurre al eludir relatar de modo suficiente y objetivo los fundamentos de la sentencia inferior en que sustentara sus reproches y principalmente las razones proporcionadas por la Cámara para rechazarlos en el pronunciamiento ahora recurrido, desde que la quejosa alega arbitrariedad en la resolución confirmatoria en el entendimiento de que la misma presentaría una motivación aparente, injusta, fragmentada, parcializada y basada en la íntima convicción del A quo, mas a tenor de su precaria formulación, tales afirmaciones lucen como meras alegaciones dogmáticas, desprovistas de fundamentación bastante que le den siquiera liminar sustento.
Subasta judicial, depósito del precio, plazo perentorio
Materia: CIVIL
Carátula: Viviendas Cenit Argentino S.A. de A y F (en liquidación) c/ Orsetti Hector Julio y otros s/ Ejec. Hipotecaria"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Es perentorio el plazo para depositar el precio del bien comprado en una subasta judicial, debiendo pagarse estrictamente dentro del término (CNCiv. Sala B 26/7/1967, ND 22p. 565. N157.

Ll 132, p 1079 N18.723-s). Nada impide, si los accesorios no están determinados, el depósito de una suma prudencial.
Concurso preventivo, propuesta de acuerdo preventivo, período de exclusividad, prórroga del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: WAISER, ESTHER LILIANA s/ CONCURSO PREVENTIVO. QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-03

Resulta improcedente que el concursado solicite la postergación del plazo de exclusividad en atención a las avanzadas negociaciones con los acreedores en orden a "obtener las mayorías que marca la ley", toda vez que, si bien de conformidad con lo normado por la lc 43, en ciertos supuestos el juez podrá fijar un plazo mayor, sin embargo, esa previsión no preve "prorroga ni postergación" del período originariamente fijado por el magistrado, por lo cual no procede la alteración propuesta por el concursado. Máxime, si -como en el caso- no acreditó que se hallara en alguno de los supuestos que autorizan el plazo mayor, ni se advierte que el "número de acreedores o categorías" hubiera justificado que el juez extendiese inicialmente el plazo de 30 días para que formulase su propuesta.
Declaración indagatoria, retractación de la confesión, incidente de retractación, prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: INCIDENTE  DE  RETRACTACION  DE  CONFESION PROM. POR EL DR. ESCALANTE ECHAGUE s/ DECLARACION DE INDAGATORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-24

La retractación de los dichos vertidos en declaración indagatoria no es un mecanismo para determinar la veracidad o no de lo que se afirmó. Las pruebas aportables en la incidencia deben referirse a alguno de los supuestos que habiliten la retractación de la confesión, haberse producido oprimido por medios violentos, por amenazas dádivas o promesas, que tiene por causa un error evidente o que el delito confesado es físicamente imposible, art. 319 del CPMP.

Las peticiones de pruebas en el incidente que se aparten de su objeto, la tornan impertinente.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres, excepción de compensación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Herrera de Fernandez, Elba del R. c/ Di Constanzo, Mario y otros s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

Si de las constancias del expediente surge que la única deuda pendiente del ejecutado es la que se encuentra en ejecución, resulta procedente la compensación alegada por el ejecutado con el depósito de garantía, pues dándose las referidas circunstancias éste se transforma en un crédito líquido y exigible contra el ejecutante.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ratificación de actos procesales, ratificación de testigos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R., J.O. s/ Rec. Queja por Apel.Denegada autos"D.B., J.R.; F., C. y C., A.O.y F.,  I.D. s-Homicidio los 1ros. y Part. último"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-02-15

La procedencia de una prueba va substancialmente unida a su capacidad de utilidad en el proceso, y si las partes no han observado los dichos de los testigos, la ratificación aparece innecesaria, cuando no meramente dilatoria.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravedad institucional, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de San Lorenzo c/ ESSO SAPA S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Apremio   Municipal (Expte. C.S.J. Nro. 483 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-20

La Corte local ha acogido la "gravedad institucional" en diversos pronunciamientos, ante supuestos donde se presentaba una "cuestión constitucional", cuya trascendencia imponía el estudio de la causa no obstante los obstáculos de forma que pudiesen existir. Así, dispensó el requisito del oportuno planteamiento aduciendo interés institucional grave. Asimismo, también invocó gravedad institucional para soslayar la exigencia de sentencia definitiva o los recaudos a que alude el artículo 3 de la ley 7055. (Del Voto de la Mayoría, en Disidencia el Dr. Gutiérrez)
Recurso extraordinario, honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: VEGA, JOSE C c/ JUNCO, JOSE CAMILO s/ INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-11-30

A los fines regulatorios el valor económico de los recursos extraordinarios lo constituye el total de la pretensión indemnizatoria que pretende lograr, pero si el tribunal no entró a considerar lo sustancial, no analizó ni resolvió nada acerca de los montos cuestionados, sino que fueron desestimados con respaldo en cuestiones puramente procesales; a los fines regulatorios la realidad económica debe estar acorde a la labor desplegada por el profesional solicitante que no logró el rechazo de los recursos por la defensa ejercida acerca de los montos indemnizatorios pretendidos en consecuencia no debe adoptarse como base regulatoria las cifras controvertidas por ignorarse a que resultado hubiese arribado su análisis de haberse concretado.
Prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva, criterio de razonabilidad, estupefacientes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Vilardo, Eugenio Bautista y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-02

Si bien el solo agotamiento de los términos legales previstos en el art. 1 de la ley 24.390 no produce ipso facto el cese de la medida cautelar, la duración de la prisión preventiva debe respetar criterios de razonabilidad. Corresponde disponer el cese de la medida cautelar si se encuentra agotada la extensión excepcional prevista en el art. 1 de la ley 24.390 sin que exista fecha determinada de debate y no hay motivos plausibles para la homologación de la prolongación de la prisión preventiva ni se han señalado articulaciones dilatorias que vayan más allá de la actividad de quienes tienen a su cargo el ejercicio de la acción o de la propia jurisdicción. Las alegaciones sobre la complejidad del caso y la pluralidad de hechos atribuidos, idóneas para fundar el dictado de la prisión preventiva, no satisfacen las exigencias del art. 123 C.P.P.N. a los fines de autorizar extensiones no previstas expresamente en la normativa, ya que la razonabilidad de la duración del proceso en sí mismo es distinta de la correspondiente a la prisión preventiva. La disidencia sostuvo que en tanto el plazo contemplado en el art. 11 de la ley 24.390 no resulta de aplicación automática, la extrema gravedad de los delitos atribuidos al encausado, así como la sanción que eventualmente le corresponderá, la naturaleza de aquellos, la repercusión y alarma social que producen son, en principio, un serio impedimento para que pueda accederse a la soltura impetrada, tanto más cuanto que al haberse perpetrado los hechos acriminados al amparo de la impunidad que significaba la ocasional protección estatal es dable sostener que existen indicios suficientes para presumir que intentará eludir la acción de la justicia. (Dres. Mitchell -en disidencia-, Yacobucci y García).
Suspensión del juicio a prueba, indemnización, reglas de conducta, juez de ejecución
Materia: PENAL
Carátula: Espina, Juan Carlos s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-18

Corresponde anular la resolución del tribunal oral que revocó la suspensión del juicio a prueba por haber incumplido la reparación del daño pues, teniendo en cuenta que una vez concedida la suspensión del juicio a prueba, está a cargo del juez de ejecución controlar el cumplimiento de las medidas determinadas por el tribunal oral -entre las cuales se encuentra el pago de la reparación del daño- la decisión fue tomada careciendo de competencia para ello. La disidencia sostuvo que la reparación del daño impuesta al imputado no se encuentra dentro de las reglas de conducta enumeradas taxativamente por la disposición legal, y por ello el control de dicha obligación no es atribución del juez de ejecución, sino una facultad de control del tribunal que concedió la suspensión del juicio a prueba, conforme surge del art. 76 bis CP.
Patentes, medicamentos, concesión de patente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NOVARTIS AG c/ LABORATORIOS LKM SA s/ cese de uso de patentes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

El uso del polimorfo beta de imatinib mesilato que realizó el Laboratorio LKM SA en los ensayos, a fin de lograr el cambio de excipientes y evitar el uso del producto patentado por Novartis no constituye un acto contrario al derecho de patentes. Los agravios de la accionante no puede tener acogida porque es irrazonable sostener que constituye un acto contrario al derecho de patente el solicitar la autorización de un medicamento que no contiene la droga patentada, sino otra. A partir que toma conocimiento del patentamiento la actividad realizada por el laboratorio nacional demandado fue tendiente a evitar todo tipo de litigio con Novartis, por ello buscó comercializar un remedio con aptitud de combatir la leucemia mieloide que no contuviera el producto protegido por la patente concedida a la accionante sino uno similar que se encuentra en el libre comercio. Resulta fundamental la protección del derecho de patentes como forma de asegurar el derecho de propiedad y el desarrollo inventivo, pero ello no se puede hacer a costa de privar el acceso a los medicamentos injustificadamente comprometiendo el derecho a la salud de la población vulnerable.
Daño material, indemnización
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Falbo, Susana Noemí c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-11

A fin de fijar la indemnización en concepto del daño material sufrido como consecuencia de un cese ilegítimo debe ponderarse la posibilidad de que el empleado despedido sin derecho pueda sufrir inmediatamente a su cesantía un daño igual a la privación de su sueldo y que es lógico presumirlo durante un tiempo prudencial suficiente como para que el cesante dedique las horas que antes empleaba en su cargo a otra actividad lucrativa.(del voto del doctor Pettigiani)
Contrato de trabajo, remuneración, beneficios sociales, uso de automotor de la empresa
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ VALDEZ, CARLOS MARÍA c/ AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

Debe considerarse contraprestación salarial, en los términos de los arts. 103 y 105 L.C.T., la provisión del vehículo que la demandada suministró al actor para su uso, cuyo seguro y gastos sufragaba. Dado que el actor ocupaba un alto cargo ejecutivo y teniendo en cuenta su posición social, cabe considerar que el automóvil estaba incorporado necesariamente a su estilo de vida. Es decir, evitó un gasto que, de todos modos habría realizado y ello importó una ventaja patrimonial. Por otro lado el empleado usaba el automóvil con fines particulares sin que la firma para la que trabajaba discriminase los gastos o que sólo le reintegrase los ocasionados durante la jornada de labor.
Sanciones procesales, abogados
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Martínez, Aída Azucena y otros c/ Cuatro Entidades de Bien Público. s/ cobro de haberes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

Debe hacerse mesurado uso de las sanciones disciplinarias a fin de no causar entorpecimiento a la labor profesional, capaces de poner en peligro el libre ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Jurisdicción y competencia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acto administrativo, locación de servicios
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: S.A. Edgardo  Jesús  Gonzalo c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-02

Si es parte en el proceso el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 2 del C.C.A. y T.) y se han puesto en tela de juicio actos administrativos emanados de uno de sus órganos -como lo es la rescición del contrato dictada por el director general de Recursos Humanos-, debe declararse la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, que deberá resolver a la luz de normas de derecho público local.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recusación sin causa, prenda, secuestro de bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: HSBC BANK ARGENTINA SA c/ PIERUCCI, EDGARDO RAUL s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-23

Del dictamen fiscal 90755:

En un proceso deducido en los términos de la Ley 12962 art. 39, resulta improcedente admitir el instituto de la reacusación sin expresión de causa, toda vez que la formación del proceso constituye una circunstancia eventual. A más, de conformidad con lo normado por el C.P.C.C. art. 14, que al regular las oportunidades en las cuales se puede emplear el instituto de referencia está mentado inequívocamente la existencia de un juicio, por lo que el derecho de recusar sin causa no puede ser invocado por quien comparezca a estar en juicio sin haber sido accionado -tal como acontece en la especie-, en la que ante la falta de exigencia de requerimiento de la citación al deudor, sólo se ordenó el secuestro impetrado y, donde la presentación espontánea en la que se reconoce la ausencia de traslado del reclamo, no puede desnaturalizar el carácter particular del trámite iniciado destinado a facilitar la venta extrajudicial del bien prendado, proceso que no es dable asimilar al de una ejecución prendaria.

(en igual sentido: sala B, 1.11.02, "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Pampalone, Andrea Nancy s/ secuestro prendario").
Procedimiento laboral, ofrecimiento de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: González, Jesús c/ Halliburton Argentina S.A. s/ Demanda Laboral -Indemnización-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-03-02

El hecho de que el demandado haya ofrecido la prueba prematuramente, no puede acarrearle sanción tan grave, como la que deriva de la falta de ofrecimiento, pues mas allá de la irregularidad que supone, el acto no conspira contra el buen orden del proceso de modo suficiente como para que se justifique la actitud asumida por el juzgado que la dio por perdida al interesado.
Recurso extraordinario de nulidad, argumentos de las partes
Materia: PENAL
Carátula: Politis, Pablo Edgardo s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto si el tratamiento de la prueba ofrecida era cuestión "pertinente" (arts. 317 y 342, C.P.P.), de la que dependía el resultado del juicio, y el juzgador ni explícita ni implícitamente la desplazó, violando de tal forma el art. 156 -n.a.- de la Constitución de la Provincia.
Inmunidades parlamentarias, Constitución Nacional, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C., J. c/ D., O. s/ Querella por injurias (Expte Nº 104-93, Resolución Nº 238, Tomo 2,  Folio 44)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-29

El reconocimiento general de la validez del art. 60, además de estar dado por el propio rango del ordenamiento del que forma parte, ha hallado su razón de ser y legitimación sustancial en la necesidad política para la República de asegurar el desempeño del mandato legislativo, sobre todo en su faceta de control crítico de los actos de gobierno, en la forma más libre concebible, exento de toda posible coacción o temor a futuras consecuencias personales. El argumento para sostener la validez de la norma eximente empleado es el relativo a que el mismo ordenamiento que regula el "ius puniendi" estatal puede en ciertas hipótesis renunciar a él.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, automotores, plan de ahorro previo, cancelación de deudas, precio, deber de información
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Dias, Carlos Alejandro c/ Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Procede hacer lugar a la indemnización por daño moral solicitada por el actor. Ello por cuanto, en el caso, no se encuentra controvertido que el accionante suscribió un contrato a los fines de adquirir una unidad cuya elección posteriormente modifica, conforme se encuentra previsto en la solicitud de adhesión. En ese marco, resulta improcedente el argumento de las codemandadas que la propia accionante obstruyó el cumplimiento de la obligación toda vez que no aceptó los modelos alternativos ofrecidos por el concesionario luego de que se le informará la discontinuidad del modelo elegido y por tanto la imposibilidad de entregarlo. Es que de las evidencias del sub-lite, no surge acreditado que se le haya informado en forma fehaciente y oportuna al accionante los pormenores respecto de la posibilidad o no de obtener el modelo de rodado que pretendía. Máxime, cuando la administradora recolectó la totalidad de las sumas de dinero que correspondían a la adquisición del vehículo. Mas allá de si era posible o no entregar el modelo requerido, ninguna instrucción o indicación demostraron las coaccionadas que dieron a su contraparte para indicarle cómo debía conducirse, todos aspectos que denotan un claro incumplimiento de la obligación de informar consagrada en la LDC 4. Elementales principios de buena fe indican que si el modelo no se encontraba más en el mercado, las accionadas no debieron aceptar la oferta del pretensor para cambiar su vehículo por otro que ya no se fabricaba. En conclusión, teniendo en cuenta que la circunstancia de haber tenido que recurrir a los estrados judiciales para lograr que las demandadas respondan por la entrega del rodado conforme a lo comprometido contractualmente, luego de que el plan estuviera íntegramente pagado, incurriendo la defensa en una extensa demora injustificada, sin informar por medio adecuado y fehaciente sobre la situación, es un hecho capaz de generar por sí mismo una alteración emocional y afectar la esfera anímica del mismo (LDC 37, CCIV 522 y CCCN 1744).
Derechos de incidencia colectiva, legitimación activa, gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Formosa, Provincia de c/ Estado Nacional s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-17

La invocada afectación de los derechos de incidencia colectiva no autoriza la intervención de las autoridades provinciales en los términos del segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, pues no resultan legitimadas activas de acuerdo al texto constitucional que solo menciona al afectado, al Defensor del Pueblo, y a las asociaciones que propenden a los fines indicados en la norma, sin que pueda considerarse que las provincias o sus gobiernos constituyan una organización no gubernamental o una asociación intermedia de esa naturaleza.
Determinación de impuestos, plazo, defensa en juicio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Tarjetas Cuyanas S.A. c/ Sequeira, Sebastian Félix s/ preparación vía ejecutiva Tarjetas Cuyanas S.A. (Tarjeta Nevada) c/ Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-28|2019-12-09

El Código Tributario Municipal es la ley especial que regula las obligaciones fiscales hacia la Municipalidad, consistentes en impuestos, tasas y otras contribuciones (art. 1º, C.T.M. - Decreto 125/78). Frente a una supuesta omisión del contribuyente de presentar sus declaraciones juradas correspondientes a la contribución que incide sobre la propaganda y publicidad, el municipio se encuentra facultado para determinar de oficio tal obligación (art. 36, C.T.M.) correspondiendo dar vista de ella al contribuyente por el término de 15 días para que alegue sus defensas y acompañe las pruebas que hagan a su derecho (art. 39, C.T.M.). De modo que el otorgamiento de un plazo de 10 días por parte de la Municipalidad constituyó un apartamiento de lo dispuesto en la normativa aplicable. Además la Resolución cuestionada resultó gravemente viciada, toda vez que, como lo señala la sentenciante, no se efectuó una determinación del tributo reclamado de conformidad al procedimiento establecido a tal efecto, sino tan sólo una invitación a regularizar el pago de una deuda sin intervención alguna de la actora, afectando de ese modo su derecho de defensa, en virtud de lo cual corresponde la declaración de su nulidad (arts. 57 incs. "a" y "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos de Salta de aplicación supletoria). (Del voto de Dr. Vittar, Dra. Bonari, Dres. Catalano, Posadas, Samsón, Dra. Ovejero Cornejo)
Nulidad procesal, facultades del juez, declaración de oficio, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: CIGNONI, Andrea, s/ querella Causa nro. 12.770
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

Tiene dicho este Tribunal que aún cuando las partes no hayan interpuesto recurso de nulidad, esta Alzada se encuentra habilitada para disponerla oficiosamente en aquellos casos en que se muestran vulneradas formas esenciales del proceso y por tanto garantías constitucionales.