marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Carrizo,  Francisco  Luciano  y  otro c/ Fibri S.R.L. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-13

Toda vez que la demandada Shell C.A.P.S.A. tiene como actividad normal y habitual el refinamiento, transporte y comercialización al por mayor del petróleo y sus derivados y que la empresa empleadora explotaba la estación de servicio donde se desempeñaban los actores en virtud de un contrato de suministro por el cual comercializaba al por menor y con exclusividad los productos de Shell, puede advertirse que las características propias del vínculo comercial tornan aplicable la responsabilidad solidaria de la empresa Shell con fundamento en el art. 30 L.C.T. En este sentido Shell C.A.P.S.A. ejercía un permanente control de la demandada referido al estricto cumplimiento de las normas de seguridad que regulan la actividad y de los estándares de calidad, de atención al cliente e imagen y lo hacía mediante periódicas inspecciones. Toq. 1193.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-25


Salta, 25 de agosto de 2.010.

Y VISTOS: Estos autos: "SALVO, Ricardo Humberto vs. ZASSO, Néstor Ramón Antonio, TORRES de ZASSO, Ana María, ZASSO, Marina del Valle - Incidente de Recusación con Causa" Expte. nº 318380/10 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 2ª Nominación, Expte. CAM 318.381/10 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, y C O N S I D E R A N D O 1) A fs. 2 de estas actuaciones, el Dr. Diego Roque Tuysuz Liendo, por sus derechos, recusa con causa al señor juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación por la causal de prejuzgamiento por haber emitido opinión y juzgado con anterioridad sobre la misma cuestión en tres oportunidades. Dice que a ello debe sumarse el agravante de que existen contradicciones entre las decisiones adoptadas, que son evidentes, graves y afectan sustancialmente el desarrollo del proceso.

El Señor Juez en su informe de fs. 14, no acepta la recusación porque considera que en el caso no se ha prejuzgado, sino que tan solo se ha proveído a la solicitud de libramiento de fondos en concepto de honorarios y a la aprobación de la planilla, resoluciones éstas, que recayeron luego de analizar las constancias del expediente y que al tomar conocimiento del informe del Banco de la Nación Argentina, ordenó la devolución de los fondos retirados.

2) La causal de prejuzgamiento prevista en la norma del art. 17 inc. 7° del Código Procesal, se configura cuando el juez, en forma intempestiva, emite o adelanta opinión respecto de cuestiones que no se encuentran en situación de ser decididas. Las consideraciones efectuadas por los jueces en la debida oportunidad procesal, sobre los puntos sometidos a su conocimiento, no importan prejuzgamiento pues no se trata de opinión anticipada sino directa y claramente del cumplimiento del deber de proveer las cuestiones pendientes (CNFed. C. y C., Sala I, 17 febrero de 1998, rev. La Ley 28/10/98, pág. 14).

Conforme surge del escrito en donde se deduce la recusación, a pesar de que el recusante da como fundamento la causal contenida en el art. 17 inc. 7 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, todos los hechos invocados están referidos a supuestas irregularidades en el procedimiento, lo que no constituye causal de recusación que de lugar al apartamiento del juez recusado (Conf. esta Sala, año 1993, fs. 871; año 1994, fs.1591/1594; año 1997, fs. 1707).

Los errores atribuidos al juez, pueden o pudieron ser subsanados utilizando los remedios procesales correspondientes y no son indicativos de la existencia de prejuzgamiento. En consecuencia, corresponde rechazar la recusación con causa formulada.

Por ello:

LA SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES C. y C.

NO HACE LUGAR a la recusación con causa formulada a fs. 2 y DISPONE que los autos sigan su trámite ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 2ª Nominación.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.
Proceso penal, acción civil, demanda, pretensión
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: VIGLIANTI, ANDRES Y OTROS s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL DIAZ, MIGUEL ANGEL s/ SENTENCIA  -  FUNDAMENTACION  -  CONTRADICTORIA - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-05|1991-02-20

Si el actor civil en la demanda ha analizado prolijamente el plexo probatorio determinante de la existencia del ilícito penal y de la autoría responsable del demandado civil, arribando a una conclusión positiva, pero omitió el desarrollo argumental de los rubros reclamados (daño emergente, lucro cesante y daño moral), la enunciación clara y precisa de lo que pretende, la discriminación de los montos reclamados por cada uno de ellos y las normas legales en que se funda su pretensión (CPC, art. 155 inc. 4) la acción civil interpuesta debe ser rechazada.

Ello, obviamente, porque se compromete seriamente el derecho de defensa y la igualdad de las partes en el proceso ya que el límite de ambos elementos está dado por el ámbito de la pretensión y el hecho o hechos objeto del proceso que lo fundamentan y a más las circunstancias en que el accionante afirma la responsabilidad del tercero.
Extinción del contrato de trabajo, injuria laboral, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: Albarracín, Francisco Maximiliano c/ Polysur S.A. s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-07-12

Intimado el empleador por varias causas de presunta injuria laboral al dependiente como paso previo a proceder al despido indirecto y producido éste, la acreditación de una de ellas de entidad suficiente para ingresar a la normativa del art. 246 de la LCT., torna viable la extinción decidida por el dependiente e indemnizable la misma.
Declaración testimonial, testigo menor de edad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: I., M. E. s/ Denuncia abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-03

El testigo niño es un testigo "especial" en tanto merece protección "especial"; pero no es un testigo calificado, en todo caso sus dichos son obtenidos mediante procedimientos especiales (para su protección) y sometidos a sistemas de validación diferentes que - en interacción- son analizados por los jueces en el marco en que se ha expuesto.

Pero, y es tautológico, son éstos no otros los que otorgan peso a las expresiones del testigo, menor o mayor, y no son suplidos por otros órganos cuya experticia también es objeto de tamiz.

Me refiero con esto a lo que, quizás impropiamente, llamamos "validación" del testimonio del menor, pero que llámese como se llame solamente importan técnicas de abordaje a ese órgano de prueba que, como "especial", merece atención en los términos dados.
Aduanas, infracciones aduaneras, mercadería aduanera, pérdida parcial de mercaderías, responsabilidad del transportador, carta de rectificación, plazos procesales
Materia: ADUANERO
Carátula: Rios Ar S.A. -T.F. 6336-A c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

"El primer apartado del art. 142 del C.A. prescribe la conducta que deben observar los responsables cuando, al concluir la descarga, resultare faltar mercadería declarada de conformidad con lo dispuesto por los arts. 135 y 136, estableciendo que la diferencia deberá ser justificada con la respectiva carta de rectificación o en las demás formas previstas en el mismo Código o en sus disposiciones reglamentarias, dentro del plazo de dos días a contar desde la finalización de la descarga. Del precepto no puede extraerse otra conclusión sino la de que lo requerido no se agota con la mera presentación de los medios que justifiquen la diferencia, dado que tal justificación debe ser efectuada en el término perentorio que fija, requisitos ambos a cuya observancia tiende sin duda el carácter absoluto atribuido por el legislador a la presunción contenida en el apartado 2? del artículo, que veda -al solo efecto tributario- toda prueba en contrario "cuando las diferencias no hubieran sido justificadas en la forma prevista en el apartado 1?".
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, apertura a prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco del Chubut S.A. c/ FyPESCA S.R.L. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-10

En lo concerniente a la apertura a prueba de las excepciones en el juicio ejecutivo, tanto la doctrina como la jurisprudencia tienen declarado, reiteradamente, que es una facultad privativa del Juez, quien puede, en consecuencia prescindir válidamente de esa etapa procesal cuando considere que los elementos obrantes en el expediente son suficientes para resolverlas sin necesidad de recurrir a dicho arbitrio.
Prescripción tributaria, aplicación de la ley tributaria, pago de tributos, impugnaciones reiteradas
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Claro, Zulema Haydee y otros c/ AGIP y otros s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

La sentencia que hizo lugar a la acción meramente declarativa y declaró la prescripción de la deuda que fuera ejecutada por el GCBA en una causa en la que se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, no resulta jurídicamente insostenible en tanto equiparó dicha situación a la "absolución definitiva" del demandado en los términos del art. 3987 Código Civil y tuvo por no sucedida la interrupción de la prescripción causada por esa demanda, consecuencia expresamente prevista en la citada disposición legal citada. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Filiación matrimonial, inconstitucionalidad, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: B. , A. c/ G. ,A. ;A. ,C. s/ Impugnación de paternidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-12

Cuestionada la filiación matrimonial de la menor (art. 243, Código civil) por el pretenso padre biológico, quien acusa la inconstitucionalidad de la limitación que le impone el artículo 259 del Código Civil, la composición del conflicto debe priorizar la tutela efectiva de los intereses del menor en consideración a su realidad fáctica. El superior interés del menor es, por mandato constitucional, superior a cualquier otro (arts. 75 inc. 22, Const. nac. y 3 apart. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y concs.).(doctora Kogan, mayoría)
Ejecución fiscal, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Río Cuarto c/ P., L. C. s/ ejecutivo fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-10-13

De conformidad al criterio que tiene sentado este tribunal de grado, para casos de características similares al presente, no obstante que en materia de juicios ejecutivos, en particular de ejecuciones fiscales, la excepción de inhabilidad de título debe fundarse en la ausencia de los requisitos extrínsecos del título y a condición de que haya sido emitido conforme a la ley -arts. 549 y 518 incs. 7 y 8 del C.P.C.C. y arts. 5 y 6 inc. 3 de la ley 9024, que frente a una excepción del tenor como la interpuesta, al momento de contestarla, debió adjuntar la ejecutante las constancias administrativas pertinentes que le acuerdan sustento, al hacer las mismas a la observancia del proceso de formación del título, impuesto por la referida normativa como requisito previo a su emisión y exigibilidad.
Acción de amparo, derecho a la salud, medicina prepaga, planes de cobertura médica
Materia: CIVIL
Carátula: GUIÑAZU MARIA CAROLINA c/ OSDE s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-15

Si bien dicho tratamiento puede ser llevado a cabo por cualquier profesional especializado en rehabilitación neuromotora, correspondía a OSDE brindar a la paciente y aportar al Tribunal la lista de los prestadores propios que se encontrara en condiciones de atender su patología y que los mismos fueran idóneos. El régimen jurídico aplicable al caso, sumado a la enfermedad y al tratamiento prescripto es lo que permite tener por configurada la arbitrariedad de la demandada, que no ha ofrecido concretamente a la actora una institución o profesionales dotados de los medios aptos para su rehabilitación neuromotora, máxime teniendo en cuenta el riesgo que implicaría la introducción de cambios en el tratamiento ya iniciado, más aún en este tipo de patologías.
Plan de ahorro previo, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Girbal, Jorge Raúl c/ Banco de la Prov. de Buenos Aires s/ Consignación cuotas de Círculo Cerrado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

En la base objetiva del contrato de ahorro previo, ha de estar la certera e imprescindible creencia de todos los adherentes al círculo, de su organizador y administrador, de que el fenómeno inflacionario e hiperinflacionario no pueden ni deben poner en jaque la equidad, el equilibrio y la subsistencia del sistema. Sin remedio a uno u otro fenómeno es imposible que el sistema y los contratos con él coligados alcancen sus fines.
Monto de la indemnización, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: Abrigo, Albina y otros c/ Municipalidad de Trelew s/ Indemnización Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-12-12

La fórmula matemática-financiera, que objetivamente viene siendo aceptada para la estimación de los daños por numerosa jurisprudencia, no tiene por qué desecharse para valorar la certeza de la probabilidad frustrada o "chance".
Recurso de apelación (procesal), auto de sobreseimiento, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Miriam Luchini c/ EMPRESA EDESA S.A. s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-07

Si bien es cierto que el sobreseimiento exige una declaración de certeza -como argumenta la Sra. Fiscal- repetidamente hemos dicho que su dictado corresponde no sólo por las causales contempladas en la ley, sino que se extiende a los casos en que ninguna prueba exista de culpabilidad; y a los fines procesales la prueba negativa de un hecho equivale a la falta de prueba positiva de la existencia del mismo, ello por cuanto el interés social en la represión del delito debe ceder razonablemente frente al interés individual fundado en la seguridad jurídica.

"A los fines procesales, la prueba negativa de un hecho equivale a la falta de prueba positiva de la existencia del mismo" (Clariá Olmedo, Temas de Derecho Procesal Penal, Depalma 1987, pág. 163). El inciso 2º del C.P.P., no sólo contempla el caso de que se acredite durante la Instrucción la inexistencia de delito o la ausencia de autoría de la conducta ilícita, sino también por falta de prueba de tales elementos.
Demanda, rechazo de la demanda, rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, ISABELINO c/ DE LELLIS JORGE s/ ACCION DECLARATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-23

El rechazo in limine de la demanda previsto en el art. 337 del Código Procesal sólo resulta aplicable a aquellos supuestos de demandas que no se ajustan a las reglas establecidas en los artículos 330 y siguientes del ordenamiento citado, debiendo el juzgador expresar el defecto que contengan, habiéndose sostenido que su aplicación es restrictiva y sólo admisible en aquellos casos excepcionales en que resulta evidente la improcedencia de la demanda, cuando no se cumplen los presupuestos procesales (demanda irregular) o en supuestos de falta de fundamentación manifiesta.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R.de M.M.T. c/ M.J.E. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-18

El principio de no gravar al beneficiario de los alimentos con la carga de las costas debe ceder en supuestos como el que presenta el subjudice, en el que la actora ha reconocido el cumplimiento de la obligación alimentaria por parte de su esposo demandado y también ha aceptado explícitamente el ofrecimiento efectuado por éste en la audiencia correspondiente. Ello, sin perjuicio de no extender tal eximición de costas de dicha parte a las devengadas por la actuación de su letrado patrocinante, atento a lo expresamente solicitado por ella en cuanto a que las mismas se impusieran en el orden causado.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, juicio oral, instrucción suplementaria, ley procesal penal, auto de procesamiento, recurso de reposición (procesal), tribunal oral, competencia funcional, auto de sobreseimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: N., D. S. y CH., M. M. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 242 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17

No cabe hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad desde que el recurrente no alcanza a demostrar la irrazonabilidad del pensamiento del Tribunal al precisar cuál era el marco delimitativo de la instrucción suplementaria, y expresar, en esa línea de razonamiento, que:

"no es más que un complemento, continuación o extensión de la instrucción originalmente realizada conforme a los arts. 173 y sgtes. del Cód. Proc. Penal, y le son aplicables -consecuentemente- todas las disposiciones que regulan y atañen a esta última. Dentro de tales normas se encuentra la del art. 328 Cód. Proc. Penal que prevé la posibilidad de reforma o revocación del auto de procesamiento, de oficio, durante la instrucción.

Si -como precedentemente se dijo- se encuentra actualmente la causa transitando justamente la etapa de instrucción -suplementaria y continuadora de la original- no se observa a juicio de la Sala obstáculo alguno para que la aludida disposición pueda aplicarse". Y afirmando además que "la revocación o reforma del auto de procesamiento, conforme al art. 328 C. Pr. P., se inscribe entre las facultades otorgadas a la Sala como tribunal de la instancia original, continuador de la instrucción iniciada y desarrollada por otro juez, y no como Cámara revisora de segunda instancia habilitada por vía de impugnación a la decisión anterior.

De ello debe necesariamente inferirse también que -en tal carácter- no le alcanza la prohibición de dictar sobreseimiento establecida en el art. 414, último párrafo C. Pr. P., puesto que la misma es operativa exclusivamente cuando la Sala actúa como tribunal de alzada, y no en este caso donde lo hace como tribunal originario y continuador de la instrucción anterior" (De la Disidencia de la Dra. Gastaldi)
Denegatoria del recurso, queja por apelación denegada, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Guzmán, Carlos Ariel s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Guzmán, Carlos Ariel sobre 6.1.47 - requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-29

Corresponde rechazar la queja toda vez que la sentencia recurrida -aquella que rechazó la queja por apelación denegada- no es la definitiva a que se refiere el art. 26 de la ley n° 402, atento que importó únicamente un pronunciamiento acerca de la procedencia de un recurso. Por lo demás, la parte recurrente no acredita que aquella decisión constituya un obstáculo que frustre arbitrariamente la revisión que a este estrado le encomienda el art. 113, inc. 3, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Accidentes de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Quiroga, Juan Eduardo c/ Ciccone Calcográfica SA s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

Negar a los tribunales provinciales lo que ha sido y es materia de su competencia, merced al claro encuadre en la cláusula de los Códigos (art. 75 inc. 12 C.N.) importa trastocar los principios constitucionales, en abierta contradicción al sistema federal de gobierno (art. 1, C.N.). En el orden laboral, la competencia desplegada por los tribunales locales, siempre ha permitido dirimir conflictos privados entre un trabajador y su empleador, y a ello, nada cambia la interposición de compañías aseguradoras que asuman aspectos de esta relación, ni la adscripción de estas contiendas al ámbito próximo de la seguridad social. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, litisconsorcio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco del Chaco c/ Tomás Cabañas y otros s/ Ejecutivo. Banco del Chaco c/ Tomás Cabañas y otros s/ Ejecutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-05-29|1988-05-29

Si por la solidaridad cambiaria (art.51 del Dec.Ley 5965/63, ratificado por la ley 16478), todos los firmantes del título quedan solidariamente obligados hacia el portador que tiene derecho a accionar contra todas y cada uno de ellos sin necesidad de observar el orden cronológico respectivo (art.61 y conc.); si los sucesivos endosantes son garantes del pago, y por ende, de la regularidad y legitimidad del endoso antecedente, al punto que una firma falsa en el título no afecta la responsabilidad de los otros firmantes (art.7 y 16); si como consecuencia de ello el tenedor legítimo sólo está obligado a asegurarse de la legitimidad y autenticidad del endoso último (ya que no está en situación de poder cerciorarse de la de la legitimidad y autenticidad de los anteriores o de la persona del librador), no caben dudas que el ejecutante no puede ser responsabilizado por las costas de una excepción cuyo desenlace sólo puede ser imputado a quien a quien presentó para su descuento el pagaré sin constatar que la firma del emisor era falsa.
Locación de cosas, resolución del contrato, tenencia simple, pago
Materia: CIVIL
Carátula: I.B.M. ARGENTINA  SA c/ ATHUEL ELECTRONICA  SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-25

Habiéndose celebrado un convenio de servicio de máquinas y accionando judicialmente el locador de las mismas -con posterioridad a la resolución de dicho convenio- por el cobro de cargos no facturados, es decir, los devengados con posterioridad a la referida resolución (lapso durante el cual la accionada locataria continuo en la tenencia de los equipos por ella recibidos), cabe precisar que en tal hipótesis procede el reclamo deviniendo aplicable la normativa del cciv 1611. De modo que a fin de dilucidar si el tenedor de cosa ajena ha continuado usando de ella y si, por tanto debe o no pagar el "alquiler" o "renta" previstos contractualmente, la norma es clara al imponer al tenedor la siguiente opción: a) o pone la cosa en depósito judicial, si el dueño de ella no quisiere recibirla, b) o bien paga el alquiler o renta de esa cosa. En virtud de lo expuesto, resulta irrelevante -como acontece en el caso- discutir sobre si la accionada uso o pudo usar de esas cosas, por tanto, el simple hecho de tenerla genera su responsabilidad por el "alquiler" prometido en el convenio.
Estado, capacidad, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

El significado institucional del término "órgano" no limita dicha noción a los individuos físicos que lo animan, pero tampoco los excluye, lo que permite desvincular el "oficio" (institución) de los diferentes titulares (es decir, la persona física de la institución) que, en diversos tiempos, se suceden en la titularidad de él, con la consecuencia de que los actos realizados por los órganos en tal sentido impersonal no perderán su validez al variar las personas físicas particulares, y que la continuidad del órgano (como oficio o institución) no decaerá aunque la sede quede vacante durante un determinado período, breve o prolongado. En una palabra, el titular puede faltar pero ello no significa que la institución desaparezca o pierda su continuidad.