Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-22


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 22 de 2009.

Considerando: 1.) QBE A.R.T S.A apeló la resolución de fs. 85/89 que le impuso una multa de 750 MOPRES por incumplimiento de lo dispuesto: i) artículos 6, inciso f) y 33 de la Resolución SRT Nº 552/01 por cuanto la Aseguradora no habría denunciado los incumplimientos cometidos por el empleador Bapsa S.R.L, detectados en la visita efectuada con fecha 18.08.05 a la obra Nº 2 y referidos a legajo técnico, elementos de protección personal; b) art. 7 de la Resolución S.R.T Nº 319, por carecer el Programa de Seguridad enviado de fecha de recepción y aprobación de la encartada.

El pronunciamiento se basó en el dictamen de la Subgerencia de Asuntos Legales que se encuentra agregado en fs. 66/73.

2.) En el memorial obrante en fs. 94/100 la recurrente se quejó de la decisión adoptada por la autoridad de control sosteniendo que: i) la decisión habría afectado el principio de legalidad, por lo que resultaría nula; ii) el monto de la multa se evidenciaría excesivo, irrazonable y arbitrario.

3.) Por razones de orden metodológico, corresponde tratar, en primer lugar, el planteo de nulidad deducido respecto de la Resolución dictada en autos por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Señálase, en primer lugar, que atento a que la declaración de nulidad acarrea la privación de los efectos propios del acto atacado, la aplicación de este instituto debe ser efectuada necesariamente con criterio restrictivo. Y si bien como principio general la gravedad del vicio alegado debe estar en relación directa con la entidad de la sanción perseguida, también importan los intereses que se ventilan y las circunstancias del caso.

En efecto, no basta cualquier omisión de un trámite en el expediente administrativo para motivar la nulidad de la resolución que en él recaiga, sino que hay que ponderar en cada caso concreto las consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la falta de defensa que ella realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo origen del recurso o acción en caso de observarse el trámite omitido, pues un elemental principio de economía procesal, tendiente a evitar posibles reiteraciones innecesarias del trámite impide que se anule la resolución y parcialmente las actuaciones, retrotrayéndolas al momento en que se omitió un trámite preceptivo si, aún subsanando el defecto con todas sus consecuencias, es de prever lógicamente que volvería a producirse un acto administrativo igual al que se pretende anular (cfr. CNCont. Adm. Fed., Sala II, 20.10.94, in re "Silva San Martín Graciela c. Ministerio de Salud y ACC. Soc, s. Juicio de Conocimiento").

En la especie, la nulidicente argumentó que la Superintendencia no había respetado el principio de legalidad, al aplicarle sanciones por supuestos incumplimientos no establecidos no establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo, sino en resoluciones administrativas.

Ahora bien, es criterio de esta Sala que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se encuentra suficientemente habilitada para reglar y juzgar sobre la materia (arg. ley 24.557: 36, inc. 1º, incs. a, b y c; in re, "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/Mapfre ART s/multa" del 4.05.06). En efecto, las atribuciones de la S.R.T para supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las administradoras de riesgo del trabajo e imponer sanciones se desprende de las facultades conferidas en la normativa supra citada, y en consonancia con ello, su competencia será la que resulte, según los casos, de la Constitucional Nacional, de la leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia (esta CNCom. Sala B., in re: " Superintendencia de Riesgos del Trabajo c. Consolidar s. Denuncia" del 26.10.2005).

Desde tal línea argumental, entonces, la relevante función social que cumple una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, justifica la rigidez en la reglamentación de su actividad y la correlativa exigencia de acatar estrictamente los requerimientos legales. Asimismo, existe la necesidad de preservar el interés general, en aras del cual no debe quedar impune el incumplimiento de las disposiciones a las que debe sujetarse la aseguradora.

Una interpretación contraria de las normas que rigen la actividad, importaría contradecir las facultades de control y corrección que la ley le atribuye al organismo de superintendencia, las que resultarían absolutamente desvirtuadas si careciera de poder coactivo.

Ante este panorama juzgase que las normas que han conferido al organismo de contralor distintas facultades, como ser las de dictar disposiciones complementarias y aplicar sanciones administrativas no controvierten el contenido de la Ley de Riesgos del Trabajo, ni preceptos constitucionales. Es así que la Ley 24.557, en su art. 35, dio origen a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, absorbiendo las funciones y atribuciones desempeñadas de la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Social en el Trabajo. Asimismo, el art. 36 de la citada ley establece -en la parte pertinente- que sus funciones son: a) Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo pudiendo dictar las disposiciones complementarias que resultan de delegaciones de esta ley o de los decretos reglamentarios; b) Supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART; y c) Imponer las sanciones previstas en esta ley.

En este contexto, las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo dentro del marco de reglamentación de la ley y conforme los requisitos de procedimiento, son legítimas y por tanto obligatorias. La posibilidad de sancionar su incumplimiento también será legítimo en cuanto opera dentro de un marco de complementariedad respecto de la ley sustantiva, que es la que determina la sanción.

Así las cosas, solo cabe rechazar el planteo ensayado por la recurrente.

4.) En cuanto a la pertinencia de la sanción recurrida, cabe poner de resalto que la aseguradora no ha esgrimido en esta instancia fundamentos distintos de aquellos que fueron expresados en su descargo, que fueron debidamente analizados y rebatidos por la autoridad de contralor.

En efecto, sus argumentos no han logrado enervar las conclusiones esgrimidas por la autoridad para sustentar fáctica y jurídicamente las infracciones que se le han imputado.

Es que la verdadera labor impugnativa no consiste en denunciar ante el Tribunal de Alzada las supuestas injusticias que la decisión apelada pudiere contener, sino que debe demostrárselas con argumentos concretos, poniendo en evidencia qué elementos de hecho y de derecho le dan la razón a quien protesta. No debe olvidarse que en el memorial, como acto procesal, no alcanza con el quantum discursivo sino que la qualitae es lo que hace a la esencia de la crítica razonada.

Y si bien la recurrente pretende que la sanción sea revocada, lo cierto es que no ha enjuiciado de modo crítico y razonado los argumentos tenidos en cuenta al decidir la cuestión.

En efecto, pese a sus reparos la aseguradora no cumplió con las obligaciones a su cargo, en tiempo y forma, pues omitió cumplir con su deber de informar los incumplimientos cometidos por el empleador, impidiendo de tal forma a la Superintendencia ejercer su función de control a fin de preservar las finalidades del sistema de riesgos del trabajo, estatuidas en protección del trabajador. Asimismo, y en lo que respecta a la otra infracción imputada, esto es, aquella relacionada con el incumplimiento del art. 7 de la Resolución SRT Nº 319/99, cabe sostener que la encartada no probó en autos haber aprobado el programa de seguridad en el plazo de cinco (5) días de su recepción, conforme lo ordena la normativa antedicha, con lo cual, tampoco habrá de prosperar su recurso en este aspecto.

5.) Ahora bien, en el punto al quantum de la sanción impuesta, debe valorarse que el art. 32, inc. 1 de la Ley 24.557 dispone que el incumplimiento de las obligaciones a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo será sancionado con multas de 20 a 2.000 MOPRES. Esa disposición a su vez fue reglamentada por el Decreto 135/96 (BO 8.7.96), que en su artículo 1 dispone considerar a las faltas cometidas por las aseguradoras como leves, graves, o muy graves, según la entidad del incumplimiento. La Resolución SRT Nro. 10/97 (B.O. 18.2.97) dispone el procedimiento para la comprobación y juzgamiento de los incumplimientos de las aseguradoras tanto a la Ley 24.557 como a sus reglamentaciones y medidas dispuestas por la Superintendencia.

En consecuencia, valorando la entidad del incumplimiento obligacional, y el exiguo plazo de demora, estima la Sala que una Multa de 750 MOPRES en una escala de 20 a 2.000 aparece como excesiva en razón de la gravedad de la falta y demás antecedentes del caso, por lo que una multa de 100 MOPRES pareciera guardar una mejor relación con la naturaleza e importancia del incumplimiento.

6.) Por los fundamentos precedentes, esta Sala resuelve: Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, modificar la resolución en lo que respecta al monto de la sanción impuesta que se reduce a 100 MOPRES, confirmándosela en todo lo demás que decide y fue materia de agravio. Notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al organismo de origen.- María E. Uzal.- Isabel Míguez.- Alfredo A. Kölliker Frers.