Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-03-21


SENTENCIA NUMERO: SEIS En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 43/09, caratulado: "RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL DR. JULIÁN N. QUIN-TAR, EN CONTRA DE SENTENCIA Nº 29/2009, DE EXPTE. Nº 119/06 -"MOYANO, VENANCIO -LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS -TINOGASTA", resolución dictada con fecha veintiséis de mayo de dos mil nueve por el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver: 1º) ¿Es nulo el fallo por haber incurrido el tribunal en inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva? 2º) ¿Es nulo el fallo por haber incurrido el tribunal en inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 29/2009, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. , los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo término, la Dra. Amelia Sesto de Leiva; y en tercer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres. A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 29/2009, del 26/05/09, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "I) Declarar culpable a MOYANO, VENANCIO, de condiciones personales relacionadas en autos, como autor penalmente responsable del delito de Lesiones Culposas Agravadas en Concurso Ideal con el delito de Lesiones Culposas por el que viene incriminado (art. 94, 2º párrafo en función del art. 84, 2º párrafo, art. 54 y 94, 1º párrafo, y art. 45, todos del C. Penal); condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de un (1) año de prisión en suspenso y a la inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículos automotores, por el término de dos (2) años (arts. 40, 41, 26 y concordantes del C. Penal, y art. 407 y concordantes del C.P.P.), ordenándose una vez firme esta Sentencia el retiro del carnet de conductor habilitante del encausado y el libramiento de oficios en la forma de estilo a las autoridades Administrativas otorgantes y fiscalizantes a esos efectos, con remisión de copia de la presente sentencia.

II. Contra dicha resolución, recurre en casación el Dr. Julián Nando Quintar -en adelante el recurrente-, en su calidad de asistente técnico del imputado Venancio Moyano, e invoca como motivos de casación, los previstos en los incisos 1 y 2 del art. 454 del C.P.P.

a. El recurrente manifiesta que la sentencia exhibe inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, art. 94, en función de los arts. 54 y 45 del Código Penal, en tanto, según su criterio, el hecho sólo fue un "desgraciado accidente", no causado por Moyano, por lo que la pena impuesta al mismo es ilegítima, desproporcionada, carente de justificación en derecho, y no tiene relación con la causa del accidente, producido por la forma antirreglamentaria en que se conducían las víctimas. Por ello, solicita al Tribunal que revoque la sentencia y dicte el sobreseimiento de Moyano.

b. En cuanto a la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas manifiesta que, arbitrariamente, la sentencia sostiene que el accidente se produjo porque Moyano se conducía con exceso de velocidad, sin tener en cuenta la situación de riesgo a la que se expusieron las víctimas al transportarse ambos en una bicicleta en contra de las normas de tránsito, determinando el impacto de dicho rodado contra el automóvil. Por ello, solicita al tribunal que declare la nulidad de la sentencia.

Ahora bien, dado que los agravios ponen en tela de juicio la valoración del plexo probatorio practicada por el a quo, los trataré a ambos conjuntamente, en tanto la decisión sobre el tema se impone de manera previa a la resolución sobre la aplicación de la ley penal sustantiva, cuestionada en el primer apartado.

En esta dirección observo que, según el recurrente, el hecho juzgado fue sólo un desgraciado accidente y que, en todo caso, los únicos responsables de las lesiones resultantes fueron los mismos lesionados. Sin embargo, los argumentos que expone al respecto no logran conmover los fundamentos del fallo en sentido contrario.

Es que, para condenar al imputado como único autor penalmente responsable del detrimento físico que sufrieron Barrionuevo y su esposa, el a quo dio razones legítimas de su convicción, en tanto los fundamentos de la sentencia remiten a la ponderación de elementos de juicio válidamente incorporados al proceso, que pudieron ser controlados o cuestionados por la defensa y no fueron objetados por esa parte en ninguna de las sucesivas etapas del trámite.

Tampoco en esta instancia es puesta en tela de juicio la validez probatoria de los elementos de convicción invocados por el tribunal en el fallo impugnado y las críticas del recurrente sólo traducen su discrepancia con la sentencia en cuanto a la interpretación de la prueba producida y el valor que le fue asignado por el a quo como idónea y suficiente para acreditar, con grado de certeza, la ocurrencia del hecho en las circunstancias fijadas y la autoría penalmente responsable del imputado.

Los argumentos del recurrente son insuficientes en tanto no demuestran los graves vicios de razonamiento que le atribuye al fallo, para lo cual no basta la mera invocación de violaciones a las reglas de la lógica, a las normas de la experiencia común, de la psicología y del recto entendimiento humano, sin acompañar la presentación del agravio con la indicación precisa de cada conclusión del fallo estimada como viciada y con las razones que así lo evidencian.

No obstante, practicará la Corte el control solicitado, a fin de determinar si la sentencia impugnada tiene adecuado sustento en el cuadro probatorio del juicio o si, como dice el recurrente, la sentencia se aparta de las constancias de la causa.

En ese afán, observo que, para decidir como lo hizo, el a quo invocó y evaluó -entre otros elementos de juicio- el testimonio de los damnificados, los informes médicos respecto de cada uno de ellos, el croquis ilustrativo del lugar del hecho, de la mecánica de su producción, y de la extensión y dirección de las huellas de frenada dejadas en la cinta asfáltica por el rodado conducido por el imputado, el acta de inspección de ambos vehículos involucrados y el informe de la pericia accidentológica.

Del mismo modo, con arreglo a los mencionados elementos probatorios ponderados en su conjunto, el tribunal dio razones de su convicción, y que sus conclusiones son adecuadas, en tanto se complementan y armonizan entre sí, otorgándole el. debido sustento a lo decidido.

Así, no obstante su calidad de parte interesada en el proceso, derivada de su condición de damnificados, ningún indicio de mendacidad presentan los testimonios de los esposos Jorge Eduardo Barrionuevo y Petrona Rosario Morales y sus dichos, coincidentes en lo esencial, resultan corroborados por prueba independiente, tanto con relación a las lesiones que sufrieron en la ocasión como con respecto al modo en que se desarrollaron los hechos y fueron producidas esas lesiones.

La existencia o entidad de dichas lesiones no está cuestionada por el recurrente, por lo que, en aras a la brevedad, el tribunal ninguna consideración hará sobre el punto.

El recurrente sólo se opone a que por ellas sea responsabilizado penalmente el imputado en tanto, según su criterio, el accidente se produjo de manera distinta a la determinada en la sentencia impugnada.

En lo que aquí interesa -y en apretada síntesis-, el fallo tiene por acreditado que el día del hecho, aproximadamente a las 10:30hs, en oportunidad en que los esposos Jorge Eduardo Barrionuevo y Petrona Rosario Morales circulaban en la bicicleta, conducida por el primero, por calle 25 de Mayo de la ciudad de Tinogasta, en sentido Norte-Sur, en la intersección con calle principal, Dr. Antonio Del Pino, fueron embestidos por el automóvil marca Volkswagen, modelo Polo, a mando del imputado Venancio Moyano, que circulaba por esa calle en sentido Este-Oeste, a 42 km/h, sin detener ni aminorar la marcha al llegar a la bocacalle, causando el impacto la caída de los primeros a la cinta asfáltica y lesiones de distinta entidad en ambos, de las que responsabiliza penalmente al imputado como autor del delito de lesiones culposas consumado por su imprudencia e incumplimiento de los deberes a su cargo.

Esas conclusiones del fallo recogen el relato de los damnificados, según el cual fueron embestidos por el automóvil conducido por el imputado en oportunidad en que ellos se transportaban en una bicicleta, y esa versión fue corroborada en el examen de ambos vehículos, oportunidad en la que solamente se establecieron daños en el rodado menor -torcedura de ambas ruedas y del manubrio, y abolladura en la rueda trasera-, lo que pone en evidencia el carácter de embestidos de sus ocupantes en tanto, daños como los constatados son los que, de conformidad con el acontecer habitual, presentan los vehículos de ese tipo que son colisionados por otro de tipo automotor.

En cuanto a la procedencia del reproche penal por el hecho descripto, el fallo impugnado concluye que, en la oportunidad de la que se trata, contra lo ordenado en la reglamentación de tránsito que está obligado a observar, el imputado condujo el automóvil mencionado a una velocidad mayor que la permitida en el lugar de los hechos, y que ese obrar imprudente ocasionó el choque contra la bicicleta en la que, por una calle transversal, circulaban los damnificados. Funda esa convicción en el informe accidentológico del Licenciado Orlando Antonio Quevedo, de la Policía provincial.

Sabido es que los peritos, como toda persona dotada de conocimientos especiales en alguna materia, actúan en los procesos como auxiliares de la justicia y que, como tales, contribuyen con su saber, ciencia y conciencia a esclarecer puntos que requieren de esos específicos conocimientos.

Asimismo, que por ser una apreciación específica del campo del saber del técnico, perito o especialista, resulta razonable aceptar su opinión, si aparece fundada en principios técnicos, con arreglo a las leyes de la matemática, física, química, etc, con atención a las particularidades del caso, como las referidas a la visibilidad -entre otras-, y no existe prueba de parejo tenor y eficacia que la desvirtúe.

En este sentido, la Corte sostuvo lo siguiente: "Corresponde reconocer validez a las conclusiones de los peritos para la decisión de aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico de las que sólo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos" (Fallos: marzo 25-997 "Valledor Pedro E. c/ Caja Nac. De Prev, para la Ind Com y Act Civiles").

En el caso, el informe pericial se encuentra debidamente fundado; sus conclusiones no han sido desvirtuadas por prueba alguna, y el embate recursivo no aporta elementos de juicio que demuestren el error del informe o el inadecuado uso por el experto de los conocimientos científicos de los que se lo supone dotado por su profesión o título habilitante.

Además, las críticas deben ser formuladas en las oportunidades procesales pertinentes y resultan extemporáneas las introducidas en el memorial con que se funda el recurso, el que sólo debe contener la crítica concreta y razonada del decisorio impugnado.

La sentencia se basa en el informe del perito en accidentología, según el cual, la causa principal del accidente estuvo dada por la velocidad a la que se desplazaba el rodado conducido por el imputado, estimada en 42,78 kilómetros por hora, como mínimo, que supera el límite previsto por la ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, de 30 km/h como velocidad precaucional en las bocacalles, salvo que las circunstancias del caso aconsejen reforzar esa precaución y detener la marcha para continuarla después de constatar la ausencia de peligro.

Para concluir así, el perito aplicó una fórmula que mediante la consideración de distintas variables, relativas al vehículo y a la superficie de desplazamiento, logra calcular la velocidad de circulación del vehículo antes de detener la marcha, fórmula que es de antigua data conocida y aceptada como válida por los tribunales judiciales a esos efectos, debido a la ajustada aproximación de sus resultados.

Ahora bien, ni el referido informe técnico ni la fórmula empleada fueron motivo de cuestionamiento anterior por parte de la defensa del imputado.

Sin embargo, en esta instancia, el recurrente expresa su disenso con las conclusiones informadas e invoca otro resultado que implica la consideración parcial de los parámetros ponderados por el perito y prescinde de un baremo válido, que con los demás concurre a dotar de fundamento a la conclusión informada.

Así, si bien tiene en cuenta la extensión de las huellas de frenada, el recurrente omite considerar el desplazamiento del automóvil desde que Moyano percibió la presencia de la bicicleta cruzando la calle por la que él circulaba, hasta que accionó los frenos dejando en el asfalto las marcas características.

Esa omisión pone en evidencia el error del cálculo y del resultado propuestos por el recurrente, y su consideración aislada de la afirmación del perito según la cual un automóvil conducido a 30km/h necesita al menos 16 metros de distancia para detener completamente la marcha, priva de fundamento a la conclusión que de ella deriva, para decir que el imputado manejaba entonces a menor velocidad, dado que la frenada dejó una marca menos extensa (9 m).

Es que, como señaló el perito al referirse al espacio necesario para lograr la detención total del vehículo, éste está comprendido entre el punto de percepción hasta el punto de inmovilidad final. Y sabido es que la reacción no es inmediata a la percepción y que, desde que el objeto u obstáculo en la vía pública es percibido por el conductor, transcurren algunos segundos o al menos un segundo o fracción hasta que se manifiesta su reacción para tratar de eludir ese obstáculo con maniobras de esquive o de frenado y que, mientras tanto, el vehículo continúa su desplazamiento por una cantidad de metros que guarda relación con la velocidad a la que circulaba antes del impacto o de lograr detener la marcha.

Por ello, en el caso, el inicio de las huellas de frenado del automóvil del imputado, sobre calle Antonio del Pino, antes de llegar a la esquina con la calle 25 de Mayo por la que en la bicicleta circulaban los damnificados, permite concluir que la presencia de éstos en la calzada fue percibida por el imputado con suficiente anticipación, varios metros antes de llegar a esa intersección y que, como concluyeron el perito y el tribunal, de haber conducido a la debida velocidad precaucional de 30 km/h, el imputado hubiera podido detener antes el automóvil y evitar la colisión.

Como consecuencia, cabe tener por válida la sentencia en tanto sus conclusiones remiten a la opinión fundada del perito designado en el caso, que por sus conocimientos técnicos sobre la materia examinada, constituye prueba idónea del mecanismo de producción del accidente y de la responsabilidad que en el mismo le cupo al imputado, derivada de su incumplimiento de los deberes que la reglamentación de tránsito ponía a su cargo, vinculada con la velocidad permitida en el lugar de los hechos y el deber de cuidado que le exigía detenerse o al menos aminorar la marcha al llegar a la intersección con otra calle.

Por otra parte, la versión del recurrente, según la cual el embestido fue su automóvil por la bicicleta en la que se conducían los lesionados, no encuentra respaldo en la prueba agregada al juicio y resulta desvirtuada con las constancias del Acta inicial meritada en la sentencia, que da cuenta de la inspección de los vehículos involucrados.

Es que, según la experiencia común, en caso de ser un vehículo impactado por otro, aunque éste sea de menor envergadura, signos característicos se manifiestan en el embestido: raspón, rayadura, hundimiento, desprendimiento de pintura, etc. Sin embargo, el acta referida señala que ningún rastro de ese tipo, u otro, presentaba el automóvil que conducía en la ocasión el imputado y, por ello, ningún respaldo objetivo tiene su aserto sobre haber sido colisionado por la bicicleta, por lo que sus argumentos en esa dirección no son aptos para modificar lo decidido en sentido contrario.

Además, que la fractura del tobillo que sufrió la señora sea compatible con su caída a la calzada, tampoco demuestra, como pretende el recurrente, que el embestido haya sido el automóvil.

Así lo considero dado que, con el acta de inspección del lugar del hecho y el croquis ilustrativo de éste, quedó establecido en el juicio que el imputado accionó los frenos y trató de esquivar a la bicicleta desviándose hacia su derecha, como también que -como dijeron los damnificados- con la maniobra efectuada, el imputado no logró evitar la colisión.

Por ello, no resulta sino adecuada a los hechos probados la conclusión que surge de la sentencia según la cual el impacto contra la bicicleta provocó la caída de ésta al suelo y, con ella, la de sus ocupantes, ocasionándose en esas circunstancias la lesión referida.

Asimismo, considerando que en materia penal las culpas no se compensan y que cada protagonista debe responder por el hecho ilícito en la medida que su conducta concurrió a causarl; con la culpa que le atribuye al ciclista no logra el recurrente demostrar el error del fallo que encontró responsable de la colisión al imputado.

Así, resultan insuficientes las alegaciones vinculadas con la supuesta pérdida de control de la bicicleta por su conductor, debido a que llevaba a su esposa y, además, una olla con comida.

Es que, por una parte, a diferencia de lo que sostiene el recurso, ese transporte no está prohibido por la reglamentación; y, por otra, la causa del accidente no fue el modo en que se transportaban los damnificados sino el golpe que recibió el vehículo en el que lo hacían, al ser embestido por el automóvil del imputado. De modo que, por el carácter de vehículo embestido que acertadamente el a quo le atribuyó a la bicicleta, la argumentación presentada no pone en evidencia la relevancia de las circunstancias invocadas que, contrariamente a lo que postula, ninguna influencia tuvieron en la causa del accidente.

Por ello, mal podría reprocharse el hecho a Barrionuevo sólo porque no alcanzó a efectuar una maniobra de esquive con su bicicleta para evitar ser colisionado por el automóvil que manejaba Moyano, en tanto no cabe exigir una pericia especial al que es sorprendido, como en el caso, mientras circula en la vía pública por su mano y a velocidad permitida.

Es que, tratándose ambos damnificados de personas adultas montadas en la misma bicicleta, con arreglo a las leyes de la física, cabe inferir que, por el peso transportado, circulaban a escasa velocidad. Por ello, cabe también concluir que cuando Moyano, antes de llegar a la esquina percibió la presencia de los damnificados cruzando en la bicicleta la arteria por la que él circulaba, ellos habían superado la bocacalle.

Así las cosas, resulta evidente que, de haber acatado Moyano la regla que impone detener o aminorar la marcha en las encrucijadas, la colisión no hubiera tenido lugar de lo que se sigue que, también sobre el extremo, resulta acertada la sentencia apelada.

Por las razones dadas, en tanto el mérito probatorio efectuado no exhibe los defectos denunciados ni violación alguna a las reglas de la sana crítica racional, y no demuestra el recurso el absurdo o irrazonabilidad de las conclusiones y fundamentos de la sentencia apelada, ni la arbitrariedad que de la misma predica, corresponde desestimar el agravio invocado en ese sentido y las pretensiones deducidas para que el tribunal revoque la sentencia, declare su nulidad y ordene el sobreseimiento del imputado.

Por ende, a la primera cuestión mi respuesta es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución vertida por el Sr. Ministro emisor del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Por las razones expuestas al tratar la cuestión precedente, a las que me remito para evitar repeticiones inútiles, y de conformidad con lo resuelto respecto de ella, cabe concluir que los hechos comprobados en el juicio fueron acertadamente enmarcados por el a quo en las siguientes normas legales: arts 94, 2º párrafo, en función del art. 84, 2º párrafo; 54; 94, 1º párrafo; y 45 del Código Penal, en tanto quedó debidamente acreditado en el juicio que en las circunstancias fijadas en la sentencia, por su obrar imprudente, al conducirse en su rodado por encima del límite de velocidad permitido en la zona, sumado a que no detuvo ni aminoró la marcha al llegar a la esquina, el imputado embistió con su automóvil a la bicicleta en la que se conducían Jorge Edgardo Barrionuevo y Petrona Rosario Morales, provocando su caída al suelo y el detrimento físico en ambos, debidamente constatado en autos.

Y, en tanto los argumentos expuestos por el recurrente sólo trasuntan su personal punto de vista discrepante con lo resuelto, sin demostrar la irrazonabilidad de los fundamentos proporcionados, resultan inconducentes para lograr la revocación del fallo Por lo tanto, debido a que con certeza fue establecida la causa del accidente y la responsabilidad del imputado en el evento, por la inobservancia de los reglamentos a su cargo, es ajustada a derecho la calificación legal dada a los hechos como delito de lesiones culposas, en concurso ideal, en los términos de los arts. 94, 2º párrafo, en función del art. 84, 2º párrafo; 54; 94, 1º párrafo; y 45 del Código Penal. Por ende, estimo correcta la aplicación de la ley penal sustantiva en el caso y, por ello, mi respuesta a la segunda cues-tión planteada es negativa.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución vertida por el Sr. Ministro preopinante, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro emisor del primer voto da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Por las razones expuestas, dado que con el tratamiento exhaustivo de todas las alegaciones del recurrente se ha asegurado el ejercicio del derecho que consagran los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, de tal modo, la vigencia del derecho de defensa y al debido proceso del imputado, considero agotada la competencia revisora de este Tribunal.

Y, atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs.1/9 vta., por el Dr. Julián Nando Quintar, en su carácter de asistente técnico del imputado, Venancio Moyano. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). Así voto.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución vertida por el Sr. Ministro emisor del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia en igual sentido.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs.1/9 vta., por el Dr. Julián Nando Quintar, en su carácter de asistente técnico del imputado Venancio Moyano, 2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.) 4º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente- José Ricardo Cáceres - Luis Raúl Cippitelli ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.