marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Mutual Círculo Docente Argentina c/ Estado Provincial y otro s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-29

La mutual inició acción contra el Gobierno tendiente a declarar la inconstitucionalidad de los Decretos por los cuales se dejó sin efecto los códigos de descuentos de haberes docentes. La decisión de suspender la aplicación de códigos de descuento corresponde a las autoridades del Consejo de Educación, ente autónomo, y no al Poder Ejecutivo, razón por la cual resultarían inconstitucionales los decretos. El acto atacado se basa en una resolución tomada por un funcionario de menor jerarquía del ente autónomo que dispone de motu propio e interpretando por su cuenta un dictamen de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, dar de baja los códigos salariales correspondientes a la actora.

Es decir, tal resolución es diferente de los decretos que se atacan en la acción de inconstitucionalidad y obviamente la cautelar decretada allí que simplemente dispone la no aplicación de los mismos; no comprende el acto que aquí se cuestiona. El acto cuestionado aparece prima facie con los caracteres de manifiesta ilegitimidad en los términos del artículo 2 de la Ley 8369 y ello por dos motivos principales: a) tratándose de un descuento que fue oportunamente autorizado corresponde, en principio, que su supresión o suspensión sea dispuesta o al menos avalada por las autoridades del organismo y no por un funcionario de menor jerarquía. b) Existiendo una medida cautelar decretada en la acción de inconstitucionalidad promovida, medida que se encuentra vigente, el acto cuestionado puede significar por parte de la autoridad administrativa una maniobra oblicua tendiente al incumplimiento de la misma. En definitiva, aunque no se pueda resolver el fondo del Amparo planteado, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, revocar el decisorio y mandar tramitar por quien correpesponda la presente acción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, procedencia del recurso, principio de congruencia, incongruencia, sentencia arbitraria, ley provincial, empleados públicos, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Carlos Albeto ACEVEDO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS s/ CUESTION FEDERAL - DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -   INCONSTITUCIONALIDAD  -  LEYES  PROVINCIALES  -  EMPLEADO  PUBLICO  -  INDEMNIZACION  - DEPRECIACION  MONETARIA  -  ACUMULACION DE ACCIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-12

Resulta contradictorio y corresponde dejar sin efecto el fallo que reconoce la alegada invalidez del art. 8 de la ley 3696 de San Luis que veda por 5 años el reingreso del agente prescindido a la administración pública-, y no obstante ello, rechaza el recurso de inconstitucionalidad.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Incidente  de  excarcelación  promovido  en  favor  de  Mario Eduardo Firmenich. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

El instituto de la excarcelación tiene en cuenta a la par que los intereses del individuo, los de la comunidad, pues es a uno y a otro a quienes alcanza la protección de la cláusula del art. 18 de la Constitución Nacional.
Sanciones disciplinarias administrativas, facultades de la administración, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Silva, Héctor Enrique c/ Municipalidad de Moreno s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

La doctrina judicial que reconoce amplias facultades a la autoridad administrativa para valorar y calificar los hechos y determinar las sanciones se restringe naturalmente por la exigencia de razonabilidad y la debida salvaguardia de los derechos constitucionales del agente, llevando en todo caso a la posibilidad de revisión judicial de tales facultades de la Administración. (Minoría u opinión personal)
Principio de congruencia, facultades del juez, control de constitucionalidad de oficio, declaración de inconstitucionalidad, control de convencionalidad, carga de la prueba, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Pereyra Jorge Luis y otra  c/ Ejercito Argentino  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-27

El ejercicio del control de constitucionalidad de oficio, en el marco de las competencias y regulaciones procesales correspondientes, presupone que el contralor normativo a cargo del juez se realiza en un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas y la descalificación constitucional se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto que entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución, siendo la actividad probatoria de las partes así como sus planteos argumentales los que deben poner de manifiesto tal situación.
Aplicación de la ley penal, irretroactividad, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Fuentealba, Julio Orlando s/ Lesiones graves s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-08-10

Si hablamos de estricta prohibición de retroactividad, entonces se entiende siempre la retroactividad desfavorable al autor: un hecho que a la fecha de ser cometido hubiere sido objeto de amenaza penal, no debe ser castigado con una pena más severa que aquella vigente al tiempo de comisión. Es decir, no debe aplicarse una ley penal nueva a un hecho penado más benignamente por una ley anterior. (En disidencia:

Dr. García Osella).
Honorarios del abogado, excepciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Schechtmann, Horacio y otro c/ Jaime, Héctor O. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-09-15

Como la Ley arancelaria no define expresamente como han de regularse honorarios en el caso de excepciones previas, la interpretación general es que debe aplicarse el art. 33 referido concretamente a los incidentes.
Competencia, juicio de apremio, fuero de atracción, sucesiones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de San Nicolás c/  s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-09-26

Es competente para continuar entendiendo en el proceso de apremio seguido contra el causante por deudas devengadas con posterioridad a su fallecimiento, el juez del sucesorio. En supuestos similares la Corte Nacional resolvió que la sucesión atrae a la ejecución fiscal aunque incluya deudas posteriores al fallecimiento del causante (resol. del 3-V-2016).
Excusación, partes del proceso, deberes procesales, expresiones incorrectas
Materia: COMERCIAL
Carátula: INVERSORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA s/ PEDIDO  DE  QUIEBRA  POR  BAGGINI  J.  C.  S/ INCIDENTE DE EXCUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-10

El tribunal no consiente que por vía de excesos en el lenguaje de los litigantes se llegue al apartamiento de los magistrados de la causa, pues éstos deben asumirlos como contingencias propias de la función. Con mayor razón cuando se trata de procesos universales, en los que sólo ante circunstancias excepcionales puede ser admisible la excusación.
Recusación y excusación, prejuzgamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vallata José c/ Ferrero Ricardo Hugo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

El prejuzgamiento es un adelanto de opinión prematuro e intempestivo que no se advierte cuando la misma es necesaria para resolver cuestiones que se hallan en estado de ser resueltas. En el caso, la opinión que se tacha de intempestiva constituye el fundamento de la pretensión sometida a decisión, por lo que no puede entenderse configurado el prejuzgamiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, sanciones administrativas, costas
Materia: PENAL
Carátula: UNION DEL SUDOESTE S.A. s/ Acción de amparo Causa 34851
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-20

1- Si bien el ejercicio de atribuciones legales de sancionar infracciones no da lugar al amparo, arrogarse la facultad de imponerlas de manera automática, sin sumario previo y sin escuchar los descargos del sancionado, constituye una arbitrariedad que se aparta de la ley y amenaza de manera inminente el derecho de la demandante (en el caso de autos, la U. del S. interpuso acción de amparo por considerar arbitraria una determinación inminente de clausurar su establecimiento o suspenderla de la matrícula de matarife).- 2- La vía del amparo no es apta para conocer sobre vicios o nulidades de los actos de la administración.- 3- No concurren los extremos que tornan viable la exención de costas que prevé la ley de amparo, pues no puede entenderse que existió cesación del acto arbitrario de inminente adopción, cuando la autoridad requerida insistió en la legalidad de llevarlo a cabo, lo que resultó impedido por la medida de no innovar dispuesta judicialmente.
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Carluccio, Jorge Agustín y ot. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

Resulta formalmente inadmisible el recurso extraordinario en materia de honorarios (art. 57, dec. ley 8904). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, reintegro de gastos, sentencia condenatoria, responsabilidad internacional del Estado, dictadura militar, CHILE, ejecución extrajudicial, pago total
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Almonacid Arellano c/ Chile s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-11-18

Corresponder declarar íntegramente cumplido por el Estado Chileno, que resultó condenado por la ejecución extrajudicial de quien fuera militante del Partido Comunista y dirigente gremial, considerado una amenaza para el régimen dictatorial de entonces, el punto relativo al reintegro de las costas y gastos en tanto efectuó el pago íntegro de la cantidad ordenada por el Tribunal, depositándola en la cuenta de titularidad de su viuda.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: GOBIERNO DE LA PROVINCIA c/ DOMINGUEZ SEBASTIAN Y OTROS s/ EXPROPIACION GOBIERNO DE LA PROVINCIA c/ DOMINGUEZ SEBASTIAN Y OTROS s/ EXPROPIACION LEIVA DE LESCANO CLOTILDE ASUNCION c/ EMP. DE TRANSPORTES DE PASAJEROS COOP. LA UNION Y/O PROP. Y/O RESP. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION SINDICATO UNION OBRERA Y EMPLEADOS MUNICIPALES c/ CAVALLOTTI ROBERTO A. s/ DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO-CASACION Salvatierra, Elio Endor c/ Municipalidad de la Ciudad de La Banda s/ Recurso contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-17|1997-02-17|1999-03-24|1999-09-27|1999-02-16

El deber principal de las partes en el proceso es el de poner las actuaciones en estado de dictar sentencia y que una vez al canzado dicho estado cesa recién la obligación de impulso procesal y se suspenden los plazos de caducidad.Dicho estado que posibilita el estudio y resolución del caso es, el que continúa al "llamamiento de autos".Por lo tanto hasta alcanzar tal estado es obligación de las partes la de activar todo trámite y formular los requerimientos que correspondan pues sólo allí nacerá el deber del tribunal de efectuar el llamamiento en cuestión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho penal, falsedad ideológica, perjuicio potencial
Materia: PENAL
Carátula: Solís, Eduardo Ramón s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

El delito de falsedad ideológica se consuma cuando el documento público quede confeccionado como tal, con todos los signos de autenticidad que las leyes y reglamentos requieren, aunque no se hayan realizado todavía los actos necesarios para oponerle la prueba por él constituida a terceros, pues ya desde aquel momento nace la posibilidad de perjuicio.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, costas, honorarios, sentencia arbitraria, concursos, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Frieboes de Bencich, Emilia Irma s/ quiebra  s/ inc. de división de cosas comunes s/ inc. de apelación de  honorarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

Procede el recurso extraordinario respecto a la graduación o privilegio de un honorario, cuando lo decidido conduce a la frustración de garantías que cuentan con amparo constitucional.
Declaración testimonial, parentesco, nulidad del acto jurídico, aborto
Materia: PENAL
Carátula: CEJAS MONICA ROMINA, GONZALEZ MARIA ESTER, GONZALEZ DANIEL OMAR S.D ABORTO E.P NN PERSONA POR NACER s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-11

La declaración como testigo de la madre de la mujer que consintió un aborto, viola lo dispuesto por el Art. 242 del C. Procesal de la Nación, pues un relato no sólo constituye una imputación para el médico que lo practicó, sino también para su propia hija.
Remuneración, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Figueroa, Delfín y otro c/ Asbentosud S.R.L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

Reclamado en autos un adicional extraordinario, ajeno a la remuneración que para las mismas tareas establece el convenio colectivo de aplicación, rigen a su respecto las normas procesales que imponen a quien afirma la carga de la prueba (art. 375, C.P.C.C.).
Apreciación del juez, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Banega Graciela Mónica  c/ Fuentes Eduardo Rafael - Ordinario (Conx. Expte. 168734)  s/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-02-20

Las objeciones relativas al mérito de las pruebas apuntan a revisar lo actuado en el ámbito discrecional de valoración de los jueces, y que al respecto este Tribunal está sometido "... al contralor subjetivo de la sana crítica del propio tribunal que dicta la sentencia y no procede imponerle un criterio que violente esa conciencia ni es posible siquiera (a menos que se trate de casos de absurdo evidente) rever esa decisión, porque la valoración equivocada, discutible, objetable o poco convincente de la prueba no basta para abrir la instancia extraordinaria', por lo cual no puede invadir el campo vedado de la valoración probatoria".
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, seguros, convenios colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: SINDICATO DEL SEGURO c/ ESTADO NACIONAL s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO - INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS NACIONALES -  SEGUROS  -    ACLARATORIA   -  EXCEPCIONES  -  DERECHOS  Y  GARANTIAS  CONSTITUCIONALES. RECURSO EXTRAORDINARIO  - INCONSTITUCIONALIDAD  DE  NORMAS  NACIONALES - SEGUROS - ACLARATORIA - EXCEPCIONES - DERECHOS Y  GARANTIAS CONSTITUCIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

Dado que el Fondo de Ayuda para la Vivienda fue constituido por particulares -Asociación Argentina de CompaÑías de Seguros, Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros y Sindicato del Seguro de la República Argentina, siendo incorporado a la convención colectiva 11/75- y son particulares sus beneficiarios su disolución, dispuesta por el art. 2 de la ley 22.235 y su confusión en un sólo patrimonio con el Fondo Especial del Seguro creado por la ley 20.227 vulnera los preceptos de la Constitución Nacional que aseguran el derecho de propiedad (art. 17) y el de concertar los gremios sus convenios colectivos del trabajo (art. 14 bis).
Recurso de queja (procesal), procedencia del recurso
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PEREYRA, Alfredo y SINGH, Guillermo c/ TRANSPORTE AUTOMOTOR DEL NOROESTE ARGENTINO (TANOA) S.R.L. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-09-26

Corresponde el rechazo de la queja cuando la interposición del recurso de inconstitucionalidad es extemporánea.-
Tutela sindical, trabajadores de la construcción
Materia: CIVIL
Carátula: Zerpa, Raúl Casimiro c/ J. C. Segura Construcciones S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. N° B-205487/09 (Sala I - Tribunal del Trabajo) Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2014-11-25

Tratándose de un delegado gremial al que se lo despidió sin realizarse el procedimiento de exclusión de tutela sindical y que ha sido despedido encontrándose aún vigente la obra para la que fue contratada, resulta procedente el pago de la indemnización especial prevista en la ley de asociaciones sindicales, aun cuando la obra haya finalizado, es que, habiendo el empleador violado la ley 23.551, independientemente de las particularidades del personal de la industria de la construcción, al delegado gremial deben alcanzarle los mayores beneficios que establece la ley que regula la actividad sindical.
Costas, honorarios, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: AVZARRADEL, Héctor c/ OCAMPO DE LOVATTO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-12

Cuando las costas las paga el contrario, y éste no es el Estado, no existe impedimento alguno para que el Defensor Oficial cobre honorarios, sobre todo si éstos han de ingresar a una cuenta perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente prevista a otros fines, por lo que no se configura un supuesto de doble retribución.
Contrato de trabajo, despido con causa, gravedad de la falta, sanción extemporánea
Materia: LABORAL
Carátula: Pereyra  Victor Daniel c/ Alusud Argentina S.A. y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-15

La automaticidad y la contemporaneidad entre el conocimiento por el empleador de la circunstancia que motiva el acoso y su represalia no constituyen requisitos insoslayables para configurar la injuria, máxime cuando, dadas las características especiales del presente caso y las pruebas producidas, se encuentran acabadamente acreditadas las amenazas de despido que, desde su posición jerárquica, inferidas sobre los trabajadores dependientes, con el fin de atemorizarlos y así lograr el prolongado silencio que acompaño la reprochable actitud del actor durante varios años. Por ello, en modo alguno se considera violado el principio de contemporaneidad entre la injuria y la sanción.
Transporte por agua, conocimiento directo
Materia: NAVEGACION
Carátula: Himalaya  S.A.  de Seguros y otros c/ Capitán y/o Propietario y/o Flete Buque Catamarca II s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-12

El contrato de transporte que se documenta en un conocimiento directo, a pesar de ser cumplido por dos o más compaÑías de navegación, es un contrato único, mediante el cual su emisor, o sea el primer transportista, se obliga a hacer llegar la mercadería a su punto de destino final. En consecuencia las estipulaciones de este contrato rigen todo su desarrollo, desde el embarque en el puerto de carga hasta la descarga en el puerto de entrega, cualesquiera sean las estipulaciones que el primer transportista haya convenido con los subsiguientes.

Cuando es una misma compaÑía de navegación que transborda la mercadería a otro de sus buques, no es de aplicación la construcción jurídica relativa a conocimientos directos.
Carga de la prueba, falta de prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Godoy, Huberto Omar c/ CEYPSA s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-15

Si ambos litigantes han aportado las pruebas de sus respectivas pretensiones, el llamado `problema de la carga de la prueba` - distribución de la carga- es satisfecho, y el juez no tiene por qué detenerse a indagar `a quien` corresponde probar, y a quien no, pues ante el caudal de participaciones de conocimiento que surgen del proceso, solamente le restará `apreciar la prueba`. En cambio, el problema surgirá cuando falte la prueba, por insuficiente, incompleta, o como ocurre generalmente, por frustración de la actividad probatoria".
Contrato de trabajo, liquidación final, indemnización sustitutiva de vacaciones, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: Candura,  Claudio  Roberto c/ Dellvder  Travel  S.A.  y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-25

El llamado "aguinaldo" debe ser considerado para determinar la indemnización por vacaciones ya que, integrando aquél la remuneración del trabajador, debe ser computado. No constituye óbice a ello que el art. 155 de la LCT no lo mencione al referirse a la retribución que deba percibir el trabajador por el período vacacional, en razón de que este dispositivo supone el otorgamiento del descanso anual obligatorio durante una relación laboral en curso en la cual el dependiente, en oportunidad de su pago, percibirá el "aguinaldo" durante el período trabajado, incluyendo el correspondiente por los haberes de las vacaciones gozadas. (Del voto del Dr. Scotti, en minoría).
Alimentos, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., A. M. c/ A., A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10

La pensión alimentaria es inembargable. No puede ser retenida para responder al pago de los honorarios del letrado o apoderado de su beneficiario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Elementos del acto administrativo, motivación del acto administrativo, principio de legalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Jugos del Sur S.A. c/ Estado Nacional (Min. de Economía y Obras y Ser. Pub.) s/ Juicios de conocimientos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

Toda decisión administrativa que afecte derechos de los particulares debe responder a una motivación suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes, de modo tal que se encuentren cabalmente a resguardo las garantías constitucionales en juego, como son entre otras las tuteladas por los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional (esta sala in re "Diaz", del 9/6/88;

Sala IV in re "S.A.D.E.S.A.", del 7/5/96), puesto que se trata de una exigencia que por imperio legal es establecida como elemento-condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos (Sala IV in re "S.A.D.E.S.A.", cit). (Del voto del juez Coviello, cons. IV.4.b).