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Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Transportes 22 de Setiembre  SAC. c/ Tribunal Municipal de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que confirmó la multa impuesta a una empresa de transporte público de pasajeros, por infracciones de tránsito, si pese a haberse precisado correctamente en ella cuál era el marco legal aplicable, se consagró una interpretación de él que equivalió a su prescindencia, provocando de tal manera una grave lesión a las garantías constitucionales invocadas (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Prescindibilidad, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mograbi, Alejandro Sergio c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Resulta inconsistente la alegación del actor acerca de que la exclusión obedeció a que éstas no eran convenientes a los intereses del Intendente, toda vez que la misma, lejos de demostrar la existencia en la especie de una causal de prescindibilidad no prevista por los arts. 9 y 11 de la ley 11.184, se inscribe como propia de la competencia del poder administrador para organizar la administración y, criterio mediante para apreciar su eficacia, seleccionar a sus agentes en tales circunstancias, incluso para prescindir de ellos por razones de servicio (cf. art. 12 ley 11.184).
Prescripción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: García, Carlos Rodrigo c/ Remisses Mitre S.R.L. s/ Diferencias Remuneratorias e Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-10

La prescripción puede oponerse hasta el vencimiento del plazo para contestar la demanda o la reconvención, siempre que la parte no se hubiese presentado con anterioridad al proceso, porque en ese caso jugará el artículo 3962 del Código Civil y la prescripción deberá interponerse en la primera presentación.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, derivación no razonada del derecho vigente, impuesto a las ganancias, declaración jurada, multa
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: PARECAR S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-02-11

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad en lo que ha sido materia de concesión desde que la solución jurisdiccional brindada por la Cámara se fundamenta en una interpretación que se aparta del texto expreso de la ley, concretamente del artículo 39, ley 25795, afectando de tal modo derechos de alto rango constitucional de la recurrente. En el "sub judice" el Tribunal a quo redujo el monto insinuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, descontando la suma correspondiente a "multas formales", por aplicación de la ley 25795, la cual -según entendió - desincriminó la conducta achacada a la contribuyente concursada (incumplimiento referido a regímenes generales de información de terceros establecidos por resolución general). Ahora bien, surge con claridad del artículo 1, apartado XI, del texto legal citado por la Sala (modificatorio de la ley 11683) que, contrariamente a lo sostenido por la Alzada, con la sanción de la ley 25795 no quedó desincriminada la conducta achacada a la contribuyente. Siendo ello así, no constituye derivación razonada del derecho vigente la solución que aplicó dicha ley -reputándola más benigna que la anterior- para rechazar por el único motivo de "haberse abolido la infracción" la verificación de la sanción pretendida por la entidad recaudadora con causa en incumplimientos formales de la concursada.
Recurso extraordinario, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Sidesa S.A. s/ quiebra s/incidente de cobro de honorarios por el Dr. Ariel Dasso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-16

El recurso extraordinario deducido contra la sentencia que aprobó la liquidación de los honorarios en una quiebra, es inadmisible ( art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) ( Disidencia de los Dres. Juan Carlos Maqueda, E. Raúl Zaffaroni y Carmen M. Argibay).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, ejecución fiscal, excepciones procesales, inhabilidad de título, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional - Dirección General Impositiva - c/ Coop. Agrícola Ganadera de Lobería s/ ejecución fiscal.°
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-21

Si bien el pronunciamiento que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazó la ejecución fiscal no reviste, en principio, el carácter de sentencia definitiva que haga viable el remedio federal, se configura un supuesto de excepción en el caso en que la cuestión debatida excede el interés individual de las partes y afecta al de la comunidad, en razón de que comporta un entorpecimiento evidente en la percepción de la renta pública.
Sentencias de segunda instancia, vocal del Tribunal, sufragio
Materia: PROCESAL
Carátula: CLUB ATLETICO SAN ROQUE c/ ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINA s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-03-07

Advirtiéndose que el auto por el cual se pretende repeler la radicación de la causa por ante la Sala de la Cámara de Apelación, sólo fue firmado por dos de los tres jueces que integran dicho órgano, debe necesariamente concluirse que el mismo no resulta un acto jurisdiccional válido por clara transgresión a lo dispuesto en los artículos 244, inciso 6, y 383 del Código de rito. (Citas: CSJStaFe "Avalos", AyS T 118; T 175; "Hacendados Sastre", AyS T 130 p 53)
Calumnias, daños y perjuicios, indemnización, sobreseimiento provisional
Materia: CIVIL
Carátula: BOCCHINO, ROBERTO DANIEL c/ MORENO, ERNESTO CARLOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-23

La acusación calumniosa que prevé el art. 1090 del Código Civil presupone la falsedad de la denuncia, esto es, que se haya atribuido falsamente a una persona determinada la comisión o autoría de un delito que da lugar a acción pública, teniendo el denunciante plena conciencia de que esa persona no lo ha cometido o atribuyéndolo al denunciado en forma imprudente, mediante un obrar culposo o negligente.

Para patentizar la presencia de la falsedad -dolosa o culposa- que configure acusación calumniosa, es necesario que el imputado por la denuncia haya sido finalmente absuelto en la causa que se le formó a raíz de aquélla. Se trata de un presupuesto ínsito en la configuración de esta especie de responsabilidad extracontractual, pues sólo a través de la sentencia penal absolutoria puede en rigor, aprehenderse el carácter calumnioso de la denuncia o de la acusación, o bien el yerro que plasme la actuación culposa y origine responsabilidad en el denunciante. Si a la absolución puede asimilarse el sobreseimiento definitivo de quien no llegó a ser procesado, no merece igual consideración el mero sobreseimiento provisional.

Si el juez penal no llegó a absolver o, cuando menos, a sobreseer definitivamente al involucrado en la denuncia, a la espera de una ulterior dilucidación definitiva de la investigación, mal se puede, en sede civil, atribuir al denunciante haber incurrido en acusación calumniosa o ser autor de un cuasidelito, en virtud de una actuación que, seriamente no puede, bajo ese resultado, tildársela desacertada.

Aún en el caso de existir absolución del imputado, tal circunstancia no habilitaría a la procedencia de la acción resarcitoria pues en tal hipótesis, la ley sólo la admite cuando la acusación ha sido calumniosa u obedeció a una conducta culpable.
Docentes, remuneración, adicional por antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bisso de Agnoletti Diana y Otros c/ C.O.N.E.T. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

Los beneficios reconocidos por los decretos 157/89, 470/89, 1/90, 342/90 y 505/90 no integran una asignación habitual y regular por los cargos desempeñados por el personal docente, constituyendo, en todo caso, una especial bonificación otorgada atendiendo a circunstancias particulares, por lo que no procede computar sobre ellos el porcentaje antigüedad contemplado en el art. 36, inc. b) de la ley 14.473 (conf. Sala V, in re "Miguel A. Baz y Otros", del 13/11/95, y Sala IV "Rodriguez, Raúl Alfonso" y "Rodriguez Piccoli, Luis Alberto y Otros", ambos del 19/3/96). (Cosid. 6º).
Impugnación del acto administrativo, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BRANDAN DE LACOUR VICTORIA c/ EX INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA Y/O GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-26

El plazo de caducidad es requisito temporal de admisibilidad de la pretensión iusadministrativa y constituye una condición necesaria para la impugnación de un acto administrativo, en tanto no debe tratarse de un acto consentido o firme.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, daños y perjuicios, libertad de prensa
Materia: PROCESAL
Carátula: Roviralta,  Huberto c/ Editorial  Tres  Puntos  S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Corresponde revocar el pronunciamiento que no efectuó el mínimo tratamiento de la doctrina del fallo "Campillay" -al cual la demandada dedicó extensos párrafos para fundar su postura-, pues si bien los jueces no están obligados a seguir todas las argumentaciones vertidas por las partes, ni a ponderar exhaustivamente todas las pruebas agregadas, no pueden prescindir de examinar las cuestiones oportunamente propuestas y de apreciar los elementos probatorios, susceptibles de incidir en una diversa decisión final del pleito.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, traba de la litis
Materia: COMERCIAL
Carátula: LANFIR PUBLICIDAD SA c/ ESTIMULO SA DE AHORRO Y PRESTAMO PARA FINES DETERMINADOS s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-05

Cuando el pedido de reajuste por depreciación monetaria no haya sido concretado al trabar la litis sino con posterioridad, inclusive al expresarse agravios, ello no obsta a que pueda ser resuelto por el juzgador, dado la especial naturaleza de dicho reajuste, siempre que la parte obligada haya tenido oportunidad de exponer las defensas que pudiera hacer a su derecho.
Convertibilidad, intereses, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: Tamagno, María Esther c/ Alpesca S.A. y-o q.r.p. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-29

La ley de convertibilidad prohibió los ajustes por depreciación monetaria -que no se confunden con los intereses por su diversa finalidad-, pero no innovó en materia de intereses. Antes bien, fue su vigencia la que permitió volver a la tasa activa al hacer innecesaria la reducción del interés a un tipo "puro", pues ya no habría superposición de ese accesorio con el reajuste por depreciación monetaria.
Llamamiento de autos, sentencia, secuela de juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: GIAMPIETRO, Claudio s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION. Secuela de juicio.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-23

El llamamiento de autos para sentencia constituye secuela de juicio, por tratarse de un acto procesal que hace proseguir el juicio que lo impulsa.

NOTA: Se citaron: S. C. Bs. As., 'Lombas, Nélida y otras', 15/12/64, LL, t. 63, pág. 562 y JA 1951/IV, pág. 122; C. N. Crim. Sala II, c.

25.559, 'Sola, Ricardo', 25/9/81.
Automotores, transferencia del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aranciaga, Osmar c/ DOLMOTOR S.A.I.C. s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Los documentos habilitantes para perfeccionar la venta de un automotor constituyen verdaderos accesorios de ésta, que por su naturaleza, son fundamentales para que el adquirente pueda gozar del derecho transmitido. De ello se desprende que la obligación del vendedor referida a la entrega de la cosa resulte acompañada de la esencial: de poner a disposición la documentación que torna posible la inscripción dominial del automotor, no cumpliendo acabadamente sus prestaciones quien no satisface esta última obligación. Para que exista el caso fortuito o fuerza mayor como eximente de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones contractuales, se exige que se demuestre que el hecho invocado -extravío de la tarjeta de identificación y título del automotor- ha sido imprevisible, ajeno al vendedor y que ha constituido una posibilidad cierta e insuperable de cumplimiento.
Viajantes de comercio, contratos de servicios, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: PORTERO, RODOLFO ANTONIO c/ NCR ARGENTINA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-24

Es aplicable la ley 14546 a los empleados que en relación de dependencia y en nombre del principal concierten operaciones de venta de equipos de computación. La circunstancia de que parte de las operaciones no fueran objetos materiales, sino servicios (alquiler de maquinarias, mantenimiento, programas-software, capacitación del personal) no obsta a ello dado lo que establece el CCT. 308/75 (artículo 2) que ha ampliado el margen de comprensión de la ley 14546.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, pago, automotores, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: SAN CRISTOBAL SASG c/ OSELLA DE VARVELLO, NORMA ESTELLA s/ CONSIGNACION     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 445-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-02-08

Los agravios del quejoso relativos a que la sentencia es arbitraria en cuanto la mayoría del Tribunal transforma una obligación de dar una suma de dinero en una de dar cosa cierta en violación de la garantía de propiedad, la que también se violenta al disponer el Tribunal que el vehículo a reponer deberá tener al momento del pago la misma antigüedad relativa que tenía a la época en que supuestamente la obligación debió cumplirse, tienen suficiente asidero en las constancias de autos y resulten idóneos para operar la apertura de la instancia extraordinaria intentada, por supuesta violación del derecho a la jurisdicción.

Voto de la mayoría. En disidencia Dr Barraguirre.
Escritos judiciales, cargo, redargución de falsedad
Materia: PROCESAL
Carátula: INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO c/ MARGUERY, JORGE. s/ REDARGUCION DE FALSEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-01

Siendo que el cargo reviste las características propias de un instrumento público y por consiguiente lo allí consignado, goza de la autenticidad que le confiere la firma del funcionario interviniente (cciv 979 y 990), la vía propia de una impugnación debe seguir los carriles previstos en el cciv 992 y 993 y en el CPR 395, no resultando dicha cuestión susceptible de ser discutida en el trámite del juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, carácter no vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: SWCHINDT, MARIA DEL CARMEN c/  s/ ESTAFA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-28

Sin perjuicio de que la oposición del fiscal para la concesión de la suspensión del juicio a prueba no es vinculante para el juez y podrá ser otorgada aún frente al dictamen negativo de aquél -siempre y cuando se den los demás requisitos legales-, surge de los fundamentos vertidos por el Magistrado para confirmar el rechazo del instituto en cuestión que no fue la oposición fiscal la que determinó el rechazo del beneficio solicitado por la imputada, sino que específicamente el Juez consignó que, habiéndose fundado el resolutorio puesto en crisis en la naturaleza de los hechos investigados, ningún esfuerzo se había puesto en reparar el daño provocado a la víctima (que no siempre debe ser de contenido económico); y ninguno de los argumentos esbozados por la quejosa alcanzan a convencer acerca de la irrazonabilidad de la labor del A quo en la interpretación del caso bajo examen y las normas en juego. (Del voto del Dr. Falistocco) - Citas: CSJStaFe: Oehrli, AyS T 279, p 75.
Ejecución hipotecaria, subasta de inmuebles, informe registral, publicación de edictos
Materia: PROCESAL
Carátula: INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA P. PAGO DE RET. Y PENS. MILITARES c/ BISCOTTI, Ceferino s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Afectado el inmueble a subastar al régimen de la propiedad horizontal, la vacancia de la administración del consorcio respectivo, autoriza el cumplimiento de los recaudos que al respecto exige el art. 598 del Código Procesal por medio de la publicación de edictos. Es que, la intimación individual a los propietarios resulta improcedente, en tanto cada uno de ellos no se encuentra obligado a conocer el estado de deuda de la unidad en cuestión, como así tampoco a liberar al futuro adquirente de las deudas que pesen sobre dicho bien.-
Proceso judicial, principio de congruencia, cuidado personal compartido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.,M.N. c/ B.,A.G. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

No existe, en principio, inconveniente en decidir sobre lo relativo a la denominada tenencia de los hijos cuando se decreta la separación personal o el divorcio vincular, pues dicha situación es un efecto de esa acción de estado constitutiva, prevista por el legislador y que ha sido confiada al órgano judicial a los fines de asegurar el interés superior del niño (Convención sobre los derechos del niño, Ley 23.849, art. 3). Claro está, que si los padres están de acuerdo en determinar quien asume la responsabilidad del cuidado y educación de los hijos, allí se detiene la actividad del órgano judicial, mientras no sobrevengan causas que alternen esa situación (art. 206 del Cód. Civil). Por lo tanto no se menoscaba el principio de congruencia cuando al decretarse el divorcio vincular, se hace aplicación de oficio del efecto que consagra el art. 206 del Código Civil sobre la asistencia y cuidado de los hijos del matrimonio que incumbe a los padres.
Recurso extraordinario, cuestión abstracta, ley derogada, elecciones provinciales, financiamiento de campaña electoral, gravamen actual, pronunciamiento inoficioso
Materia: PROCESAL
Carátula: La Voz del Interior S.A. c/ Provincia de Córdoba s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

La cuestión controvertida ha devenido abstracta, pues por un lado, se encuentra derogada la ley sobre la que se expidió el tribunal provincial y sobre la que versó el recurso extraordinario interpuesto y por otro, la nueva regulación provincial introdujo modificaciones susceptibles de alterar el conflicto constitucional planteado, sin que el recurrente haya mostrado un interés subsistente en el litigio y, en particular, en la declaración de inconstitucionalidad de la norma que en la actualidad rige el financiamiento de las campañas electorales provinciales; razones estas que inhiben la intervención de la Corte Suprema conforme a la doctrina según la cual los órganos judiciales solo pueden decidir conflictos actuales. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Trabajadores rurales, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: BARRERA, MARTIN GIL c/ ATILIO DON Y ALBERTO DON Y/O PROP. Y/O RESP. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC. AVILA, SEGUNDO ZACARIAS c/ AGUERO, RAMON s/ DESPIDO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-06|1999-09-17

Las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo no son aplicables a los trabajadores agrarios siendo inoficiosa la denuncia de transgresión de dicho régimen legal si el caso se rige por la Ley 22.248.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: DAVELOZE MARCELA MARIA c/ NARVAJA NESTOR OMAR s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-21

No procede el resarcimiento del lucro cesante si la víctima del accidente de tránsito no aporta ningún elemento de juicio trascendente que autorice siquiera a presumir con fundamento que la misma, al tiempo del siniestro, efectivamente desarrollaba la actividad que alegara, y tampoco la entidad económica del perjuicio que dice haber experimentado como consecuencia directa de ese evento, pese a la obligación legal que tenía respecto de asumir la carga procesal de la prueba en tal sentido.
Medidas cautelares, juicio oral, audiencia de debate, asistencia del querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: "VARIZAT, DANIEL ALBERTO S/ DOBLE LESIONES GRAVÍSIMAS EN C/I CON DOBLE LESIONES GRAVES EN C/I CON MÚLTIPLES LESIONES LEVES -11H- EN C/I CON LESIONES GRAVES -1H- EN C/I CON SÉPTUPLES LESIONES LEVES. EXPTE. Nº 3187/08 S/ RECURSO DE QUEJA", Expte. Nº V-600/08/T.S.J. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-12-11

La grave omisión de los representantes legales de las víctimas en formular oportuno requerimiento de elevación de la causa a juicio, en efectivo ejercicio de su rol de acusadores particulares, acarrea -en principio- en el marco del análisis preliminar que debe efectuar este Alto Cuerpo en virtud del estadio procesal en el que se dicta la presente medida cautelar, el acotamiento de intervención de la parte querellante en el debate en cuanto al ejercicio de la acción procesal, con el alcance precisado por el Sr. Fiscal de Cámara, como lógica consecuencia de la desidia evidenciada en un acto procesal que constituye motor y presupuesto de una acusación válida, en aras de preservar el derecho de defensa del inculpado a no verse sorprendido por el objeto de la imputación.

El fundamento de la medida cautelar dispuesta encuentra basamento en los derechos de las víctimas al debido proceso legal (art. 18 C.N.), el derecho de todo litigante a la jurisdicción que consagra el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los derechos de la víctima que enumeran los arts. 72, 73 y 75 del C.P.P., así como debe interpretarse restrictivamente toda disposición legal que limite el ejercicio de un derecho atribuido por el digesto procesal (art. 3 C.P.P.).- La medida cautelar en cuestión no afecta los derechos del imputado al debido proceso legal y la defensa en juicio, por cuanto la intervención de los querellantes quedará supeditada a la actuación del Sr. Fiscal de Cámara. Siendo esta medida la herramienta procesal más adecuada a las particulares circunstancias del procedimiento en estos autos.-
Medidas cautelares, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: J.G.F. S.R.L. y Otros c/ Amoco Argentina Oil Company s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-22

El cumplimiento de los requisitos que corresponden en particular a la medida cautelar comporta la demostración previa de tratarse de uno de los acreedores previstos en el art. 4 de la Ley 11.867, ello es tratarse de acreedor reconocido ó si omitido, presenta el título de su crédito ó acredita la existencia de ellos por asientos llevados con arreglo a las prescripciones del Código de Comercio.