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Acción de amparo, medidas cautelares, plan de ahorro previo, aumento de cuota
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Saavedra, Leandro Gabriel c/ FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-03-21

Se hace lugar parcialmente a la medida cautelar peticionada en un proceso de amparo, debiendo adecuarse los valores móviles de las cuotas de un contrato de ahorro previo para adquirir un automóvil (que no es una figura contractual típica, sino una caracterizada por la pluralidad de asociaciones y aportantes), según la tasa mensual de inflación que publique la página oficial del INDEC.
Revocación del sobreseimiento, resoluciones equiparables a definitiva, cuestión federal, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Víctor Hugo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

Si bien la resolución que dejó sin efecto el sobreseimiento no se trata formalmente de una sentencia definitiva o equiparable (arts. 14 de la ley 48, y 457 del Código Procesal Penal de la Nación), la decisión en examen resulta, en la especie, asimilable a un pronunciamiento de esas características. Ello así, por cuanto la denunciada arbitrariedad del pronunciamiento fue de ese modo considerada para que proceda la vía directa, sobre la base de la concurrencia de una cuestión federal suficiente y susceptible de ser examinada en esta instancia (cfr. C.S.J.N, Fallos: 311:621; 339:459; 315:615 y 328:1108). Corresponde anular la resolución de la Cámara de Apelaciones que dejó sin efecto el sobreseimiento del encausado toda vez que el recorrido discursivo de dicha Cámara, adolece de inconsistencias graves. La más importante finca en la omisión de una valoración integral de los elementos probatorios rendidos a lo largo de este demasiado extenso proceso, donde, la recurrente -e ineficaz- pertinacia persecutoria de algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal, no logró que ni el juez federal instructor, ni el tribunal oral que juzgó los hechos con otros imputados, asignara mérito convictivo a la devaluada, contradictoria, solitaria, e inverosímil declaración de un testigo. El a quo, sorprendentemente, hizo lugar al recurso de apelación opuesto por la fiscalía, y dejó sin efecto el sobreseimiento decretado en favor del encausado, sin otros argumentos que los de reeditar las manifestaciones del testigo, y la circunstancia de que el imputado a la fecha de los hechos, se desempeñaba como Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de la ciudad de Rosario. No hubo, ni se mencionó, ningún otro elemento de cargo que no fueran la situación de revista del imputado y el "testimonio" a fin de dar sustento a la incriminación, lo cual derivó en las sucesivas faltas de mérito dictadas por el juez de grado, abonadas por nuevas evidencias que cuestionaban la veracidad de sus manifestaciones.
Regímenes jubilatorios especiales, empleados de banco, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castro, Emir O. c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

Si el agente del Banco Provincia no cumplió con la antiguedad requerida en el servicio durante la vigencia de la convención colectiva nro. 18/75, no pudo ser promovido automáticamente y, en consecuencia, no corresponde la modificación de su jubilación.
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, fondos del partido
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Justicialista s/ Incidente de apelación en autos caratulados Incidente de control patrimonial del Partido Justicialista- orden nacional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-24

Corresponde imponer a un partido político la multa prevista en el artículo 65 de la ley 26.215 por no destinar, al menos, el veinte por ciento del aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades de capacitación, pues resulta inadmisible computar a dichos efectos los rubros "Adoctrinamiento e investigación política", "Publicaciones y suscripciones", "Eventos" y "Honorarios, pág. Web y otros gastos", los que apreciados en sí mismos resultan manifiestamente inidóneos para la consecución de la finalidad que persigue la prescripción legal, toda vez que de ellos no se deriva conocimiento alguno para quienes aspiran a formar parte de una clase política que defienda y represente con eficacia la Nación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), resolución denegatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESPINOZA, NICOLAS DAMIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-18

Corresponde anular el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, toda vez que en el mismo, al resolver modificar la tasa de interés aplicable disponiendo una capitalización en forma bimestral, hubo por parte de la Alzada, exceso en el ejercicio de sus atribuciones. Ello así, desde que el juicio de admisibilidad no se encierra en una conclusión única y necesaria, sino que -según lo que acontezca en cada caso- el recurso deberá concederse o denegarse por el a quo; así, un tribunal no puede decidir sobre la arbitrariedad del propio pronunciamiento, sino que sólo se requiere que estime si el planteo de la recurrente, tal como ésta lo formula, encuadra en una hipótesis abstracta de arbitrariedad que no resulte manifiestamente extraña a la litis. - CITAS: CSJStaFe: Cerruti, AyS T 35, p 410/415.
Extinción del contrato de trabajo, renuncia al empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Alonso, Nicanor c/ Raposeira, Manuel s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-02

La renuncia es un acto jurídico unilateral receptivo y que se perfecciona cuando llega a conocimiento de la otra parte, y por lo tanto, hasta ese momento la relación laboral continúa vigente.
Honorarios del perito, exhortos, honorarios del contador, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Teknoffod S.A. c/ Provincia de Córdoba. Oficio s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-12-30

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la perito contadora contra la sentencia de la Cámara que revocó la de primera instancia local en cuanto había ordenado la regulación de sus honorarios como provisorios en base al capital reclamado en la demanda principal tramitada en extraña jurisdicción, porque viola el texto expreso y claro del artículo 12 de la ley 22.172, a la vez que omite la aplicación de la Ley 10.620 sobre el "Ejercicio Profesional de los Graduados en Ciencias Económicas", vigente en esta provincia.(doctora Kogan, sin disidencia)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la verificación  concursal -tempestiva y tardía- de créditos? ¿En la verificación   concursal -tempestiva y tardía- de créditos, corresponde regular   honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante? Auto sprint sobre  quiebra. Incidente verificación crédito. El presente pleno renueva   la cuestiones planteadas en el acuerdo número 30 del 12.6.1989   dictado por la misma cámara en pleno y en los mismos autos publicado  en JA 1989-III-517 Y LL 1989- C-585. (Expte. Nro. 128-87) -Tribunal   pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-27

Al carecer la etapa extrajudicial de verificación tempestiva de créditos de previsión normativa en la ley concursal en lo que respecta a la regulación de honorarios que pudiera corresponder a los letrados intervinientes, su procedencia e improcedencia, así como, en su caso, la cuantificación del estipendio, están regidas por el derecho común, y particularmente por las disposiciones legales arancelarias que rigen las tareas extrajudiciales, en defecto de convención expresa de las partes. (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Impuesto a los activos financieros, decreto de necesidad y urgencia, ratificación del decreto, repetición de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CONTINENTAL BANK NATIONAL ASSOCIATION c/ E.N. (D.G.I.) s/ Repetición -D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

Debe confirmarse la demanda deducida tendiente a obtener la repetición de sumas ingresadas como consecuencia del dictado del reglamento de urgencia 560/89 (B.O. 22/8/89) ratificado por la ley 23.757 (B.O. 18/12/89). Mediante el decreto citado en primer término, se estableció un gravamen de emergencia sobre determinados activos financieros existentes al 9/7/89, excluidos los cancelados totalmente antes de su dictado (18/8/89), salvo los abarcados por las reestructuraciones de deuda previstas por decreto 377/89. Por su parte la ley 23.757, además de ratificar el antes mencionado decreto 560/89, reprodujo sus disposiciones aunque modificó el momento de exclusión de los activos totalmente cancelados llevándolo del 9/7/89 al 18/8/89.
Concursos, liquidación y distribución, subasta, automotores, licencia de taxi, denegatoria del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Pena, Gabriel Oscar c/  s/ quiebra s/incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-05

Procede excluir del desapoderamiento previsto por la ley falencial, el rodado titularidad del fallido y la licencia de taxi. Ello por cuanto la licencia para el servicio de taxímetro es un permiso municipal que otorga la autoridad de aplicación a la persona de su titular a quien se le confiere el carácter de prestador del servicio de taxi, vale decir "intuito personae". En tal marco, la transferencia de la licencia de un taxi no depende de las voluntad de las partes, sino de la autorización que concede, en el caso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo determinados requisitos (cfr. CNCom, Sala F, 1.3.11, "Transportes e Inversiones SA s/ quiebra s/ inc. de subasta de automotor BJX 500"). Así, las mentadas licencias están en el comercio como objeto de cesión, pero su titularidad, no resulta susceptible de ejecución forzada. En tal sentido, la Ley 3622 que en su art. 8 derogó la Ordenanza 41815, y reguló en el Anexo I Capítulo 12.4. el régimen de "Licencias de Taxi", y en el punto 12.4.4 las "Transferencias", que deben formalizarse a través de escritura pública, con o sin la unidad afectada al servicio, y de acuerdo al procedimiento allí indicado, no hallándose contemplada la ejecución forzada.
Recurso directo, recurso de apelación (procesal), levantamiento del embargo, preclusión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rosas Rafael Agustín en J: Scafatti Salvador c/ Rosas Hector Elías y Ots. s/ Cobro Alquileres (LIBRO: A140 - 083)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-02-14

A la fecha de interposición de la apelación en estudio, la resolución que resolviera el levantamiento de embargo se encontraba firme, recordando por cierto que la preclusión es la extinción, clausura, caducidad o la acción y efecto de extinguir el derecho a realizar un acto procesal, entre otras razones, por haber dejado pasar la oportunidad de verificarlo
Derechos y garantías constitucionales, requerimiento de elevación a juicio, debido proceso, prueba
Materia: PENAL
Carátula: M., J. D. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-13

El esquema que debe presentar todo proceso penal para que se ajuste a las pautas contempladas por nuestra Constitución Nacional indica al requerimiento fiscal de elevación a juicio como la plataforma sobre la cual, en principio, iban a girar después los poderes de acción (o requirentes) y de excepción (o sea de oposición a estos últimos), en cabeza respectivamente del acusador (por lo general, de naturaleza pública) y del acusado, a partir de los cuales se habilita asimismo el ejercicio de la jurisdicción, cuyo titular debe ser aquel tercero imparcial a quien llamamos juez. Tal es la mecánica básica de funcionamiento del proceso penal. Cada una de las actividades es llevada a cabo en cabeza de sujetos diferentes, por medio de la cual lo que termina estableciéndose es una tesis que deberá ser confrontada con una antítesis, y que sólo podrá ser acogida como síntesis del proceso si logra ser demostrada en ése y supera así los embates propios de la antítesis. El esquema de funcionamiento trazado, y por medio del cual se configura un proceso penal ajustado a nuestros mandatos constitucionales, es el que materializa el principio conocido como debido proceso, en cuanto ése ha sido correctamente caracterizado como acusación, defensa, prueba y sentencia (voto del juez Días).
Honorarios, contratos, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: GENTILE M.R. c/ FONSECA R. Y OTRO s/ DESALOJO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-08-09

Si el Tribunal de Grado entendió - con independencia de su acierto o desacierto- que las partes estaban ligadas según los términos de un segundo contrato con una duración de seis años; y lo que se pretende someter a esta Sala es la diversa interpretación del plazo de la relación contractual base de la acción, dichas pretensiones tienden a lograr una variación en la calificación sustancial de la cuestión litigiosa y, por esta vía oblicua, cuestionar la aplicación del art. 63 ley 7269. Esta Sala reiteradamente ha sostenido la imposibilidad -por ser materia restringida y excepcional- de rejuzgar las cláusulas interpretativas de un contrato; esto es privativo de los jueces de mérito por requerir, en principio, de las apreciaciones de las circunstancias fácticas. La interpretación que se haga de las cláusulas contractuales incidirá sobre la base regulatoria, pero es de advertir que el defecto, en el mejor de los casos no se refiere en puridad a violación del art. 63 ley 7269, como se invocó, sino a la interpretación contractual que le es anterior.-
Daño moral, carácter resarcitorio, servicio militar, conscriptos
Materia: CIVIL
Carátula: Pereira, C. A. c/ Estado Nacional s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-03

El daño moral tiene un carácter predominante resarcitorio del padecimiento espiritual inferido, merece una apreciación autónoma y no tiene porqué guardar proporción con el resarcimiento del daño con repercusión patrimonial, que responde a fines distintos. En mérito a ello, cabe resarcir al actor en función de las aflicciones que ha debido soportar no sólo en virtud del accidente - que constituye el aspecto principal -, sino también de la injusta demora que debió soportar hasta que se definió su situación militar.
Delitos contra la integridad sexual, crímenes de lesa humanidad, violación, abuso deshonesto, participación criminal, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Martel, Osvaldo Benito y otros c/  s/ averiguación de delito
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Es arbitraria la sentencia que excluyó la condena impuesta a los acusados como autores mediatos de los delitos de abuso deshonesto y violación, argumentando que se trataba de aquellos delitos denominados como de propia mano, pues incluso para el supuesto en que se entienda que las citadas figuras penales no eran atribuibles a los encartados en calidad de autores, la exclusión de todo reproche penal exigía revisar las conductas que se tuvieron por probadas en relación a cada encartado, esto es, su intervención o aportes concretos en los hechos juzgados, de manera tal de establecer si podían ser atribuidas bajo alguna de las restantes formas de participación criminal previstas en el ordenamiento legal aplicable al caso (instigación, participación primaria o secundaria, etc.) (Voto del juez Rosatti)
Competencia contencioso administrativa, competencia originaria, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Cuestión de Competencia Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-10-03

Constituye una hermenéutica disvaliosa entender que en virtud de la competencia originaria en materia contencioso administrativa reservada al Superior Tribunal de Justicia (que como vimos la propia Constitución deja librada a la ley en la materia) corresponde la anulación de todo lo actuado y archivo de las actuaciones. Ello implica dejar sin protección derechos amparados constitucionalmente, en cuanto convierte en letra muerta el remedio procesal del amparo contra el acto u omisión de autoridad pública.(Dra. Catella:en disidencia).
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, personería jurídica
Materia: CIVIL
Carátula: AAdi Capif Asociación Civil Recaudadora c/ Cons. Props. Florida 360 s/ Cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-23

El consorcio de propietarios tiene personalidad jurídica.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal, locación de inmuebles
Materia: CIVIL
Carátula: Badaracco, María Nelly c/ Rudavetz de Gamarnick, Berta y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-25

La cláusula penal convenida en el contrato de locación que importa en definitiva prever durante el lapso en que se prolongue la restitución de la finca una suma equivalente al doble del alquiler que hubiera correspondido, desde ningún punto de vista puede calificarse como excesiva. Cualquiera fuera el criterio que se adopte con respecto a los requisitos necesarios para reducir la incidencia de una cláusula penal, de igual modo sería improcedente practicar alguna reducción Conforme el art. 655 del Código Civil "la pena o multa impuesta en la obligación, entra en lugar de la indemnización de perjuicios e intereses..." y el deudor no puede "eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno" (art. 656 "in principium").

A poco que se tenga en cuenta que la cláusula penal importó simplemente duplicar el alquiler pertinente, no es admisible desde ninguna óptica interpretativa concluir en que su monto es "desproporcionado con la gravedad de la falta", como lo exige el art. 656 segundo párrafo del código citado para hacer efectiva la alternativa, siempre excepcional, de la reducción de la pena.
Divorcio por presentación conjunta, inconstitucionalidad, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: . A. A. A. c/ B. V. E s/ DIVORCIO POR Presentación conjunta conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-08-05

Es inconstitucional el plazo de tres años exigido por el art. 215 del Código Civil para promover la acción de divorcio por presentación conjunta, pues faltando cinco meses para el cumplimiento de dicho plazo, y no existiendo razón ni interés social en mantener legalmente la unión de un matrimonio, que en los hechos ya se encuentra concluido, decidir lo contrario afectaría los derechos constitucionales de libertad y autonomía personal de la vida privada.
Actos y diligencias procesales, nulidad procesal, derecho fijo, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: I.N.P.S. c/ Bauen  SACIC s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-22

La nulidad impetrada por la ejecutada - sobre la base de haberse acompañado el comprobante de pago del derecho fijo estatuido por el artículo 51, inciso d), de la Ley 23.287 -, fue correctamente desestimada, toda vez que la norma aludida prevé que dicha omisión o inobservancia no afecta la validez de los actos procesales cumplidos.
Contratos innominados, espectáculos deportivos, facultades del juez, vicios del acto jurídico
Materia: COMERCIAL
Carátula: INCHAURREGUI, SARA c/ EDITORIAL PERFIL (S.A.) s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-08

Aún cuando existiera un error de los árbitros, respecto a los juicios sobre el resultado de concursos, competencias deportivas y juegos, en principio, no incumbiría a los tribunales sustituir esa estimativa por la judicial; a menos que se hubiere imputado un vicio del procedimiento, un vicio del acto, o un vicio de la voluntad del árbitro del concurso, juego o competencia. Por tanto, el presunto error de un jurado, o la equivocidad de las bases del juego, no configuran ese vicio; porque el vicio del acto o en los actos jurídicos es otra cosa que la discrecionalidad del decisor de un juego.
Costas, acción revocatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Weisheim, Mariano Benjamín c/ Bruzone, Graciela Patricia y otros s/ ordinario acción pauliana
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-08-15

Extinguida la acción con fundamento en el art. 341 del CCyC, la imposición de costas, por aplicación del segundo párrafo del art. 65 del CPCyC, corresponde a los demandados pues la necesaria tramitación del proceso es resultado de la conducta de ellos mismos, quienes frente al planteo efectuado mediante piezas postales en forma previa a la traba de la litis no realizaron un ofrecimiento oportuno, ni en el proceso un claro y concreto allanamiento a la pretensión del actor, a pesar de haber ofrecido bienes a embargo para garantizar el crédito del accionante con posterioridad a la promoción de la demanda, habiendo dejado pasar por alto para ello la instancia de la mediación oficial, interesando al contestar la demanda sólo el rechazo de la acción por aplicación del art. 341 del CCyC. Por demás, esta última normativa al establecer que el acreedor debe ser "desinteresado", implica que deben incluirse los accesorios como intereses y gastos del proceso.
Medidas autosatisfactivas, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicato Confluencia de Educadores de la Provincia de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires s/ Materia a categorizar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-08

La figura conocida como "medida autosatisfactiva" genera una innecesaria y grave violación de los derechos de defensa y debido proceso, garantizados por los textos constitucionales aplicables y por los tratados internacionales de derechos humanos (arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre; 8.1, 24, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Acción de inconstitucionalidad, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Coop. de Provisión de Servicios Eléctricos Públicos y Sociales de San Pedro (Coopser). s/ Inconst. Ordenanza 4399/89
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

Habiéndose declarado abstracta la cuestión litigiosa en razón de haber perdido vigencia la norma cuestionada por demanda de inconstitucionalidad corresponde imponer las costas en el orden causado (arts. 163, inc. 6 -segundo apartado-; 163 inc. 8, 68 -segunda parte- y 73, C.P.C.C.)
Recurso de apelación (procesal), procedimiento administrativo, cuestiones procesales, sentencia no firme
Materia: PROCESAL
Carátula: CONFIAR S.R.L. c/ PROVINCIA DE RÍO NEGRO. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ APELACION. (Expte. 26703/2013)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-03-28

Una apelación dentro del proceso contencioso administrativo impone en primer lugar verificar la existencia de sentencia definitiva que habilite esta instancia de revisión; y este Cuerpo debe mantener su doctrina en cuanto, en principio, las resoluciones que deciden sobre cuestiones procesales no constituyen sentencia definitiva (cf. criterio sostenido en: (STJRNS1 Se. 70/02 "BERNARDI") y (STJRNS4 Se. Nº 32/06 ?CAMBARIERI?). (Del voto del Dr. Apcarian sin disidencia)