Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-07-04


SENT Nº 467 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de Julio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: ?López Silvia Beatriz vs. Sanatorio Pasquini S.R.L. s/ Cobro de pesos?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Contra la sentencia de la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 07 de agosto de 2009 (fs. 479/484), la demandada interpone recurso de casación, el que fue declarado inadmisible por sentencia del mismo Tribunal del 01/7/2010 (fs. 517 y vta.).

Contra dicho pronunciamiento la demandada dedujo recurso de queja, al que esta Corte hizo lugar en sentencia de fecha 29/11/2010 (fs. 579/580). Ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 del CPT, según consta en el informe actuarial de fs. 596 de autos.

2.- La sentencia hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la demandada a pagar a la actora la suma de $ 14.094,99 en concepto de indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, SAC s/ preaviso, SAC 1er. semestre proporcional año 2006, vacaciones proporcionales 2006, mes de despido integrado, indemnización art. 15 ley 24.013, indemnización art. 2 ley 25.323, indemnización art. 45 ley 25.345, decreto no remunerativo 2005/04 y diferencias de remuneraciones (octubre de 2005 a abril de 2006); asimismo desestimó la demanda por los rubros vacaciones 2005, asignaciones familiares, SAC 2005 proporcional, SAC s/ vacaciones 2005, indemnización art. 1º ley 25.323 y decreto 1347/03, impuso las costas, rechazó el planteo de pluspetición inexcusable formulado por la demandada y reguló los honorarios.

3.- La recurrente afirma que la sentencia viola y aplica erróneamente las disposiciones contenidas en el art. 40 del CPCC de aplicación supletoria, que establece el principio de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, el art. 17 de la Constitución Nacional que protege la propiedad privada como así también, los arts. 27 y 28 del CCT nº 122/75.

Luego de un pormenorizado relato de los antecedentes de la causa, explica que la sentencia es arbitraria y jurídicamente descalificable ya que se dictó efectuando una parcializada e inadecuada valoración del cuadro probatorio, y que el Tribunal equivocó el criterio al tratar la fecha de ingreso y de egreso de la actora, violando el principio de la sana crítica en la interpretación de los hechos y pruebas.

Expresa que como lo dijo al contestar la demanda, el día 23 de abril de 2006 fue domingo y en la carta documento del 15/5/2006 la actora no mencionó -ni probó a lo largo del proceso- quien supuestamente le impidió su acceso al lugar de trabajo ese domingo, incluso no efectuó la denuncia policial de rigor dejando constancia de día y hora.

Añade que ello tiene un agravante, que dicha carta documento fue remitida el 15/5/2006, es decir, 18 días después de haber supuestamente acaecido el hecho. Señala en relación a la pericial contable que no existen elementos suficientes de los horarios trabajados, dado que el propio perito expresó que únicamente compulsó las tarjetas horarias existentes en el expediente.

Destaca que al contestar la demanda negó la existencia de las tarjetas, por lo tanto la pericia contable no pudo haberse confeccionado en base a una prueba inexistente, discutida o inventada por la actora; agrega que la misma es imprecisa en cuanto a la categoría laboral de la actora.

Explica que en la prueba de reconocimiento la propia actora aceptó que en los recibos de haberes estaba estampada su firma y, en la absolución de posiciones, reconoció que realizó reemplazos de la Sra. Margarita Pistán de Carrizo.

Entiende que de la prueba testimonial producida por su parte surge que las testigos vieron a la actora entre octubre y noviembre de 2005, que fue a cubrir vacaciones hasta febrero o marzo de 2006, que hacía reemplazos.

Entonces se pregunta de dónde sale la afirmación de la Cámara de que la actora ingresó a trabajar para la demandada el 01/9/2005 ya que ninguna de las testigos dice ello; por el contrario, todas dijeron haberla visto en octubre o noviembre de 2005.

Asimismo, entiende que sólo por presunción la sentencia considera que la actora se desvinculó el 23/5/2006, lo que configura un exceso interpretativo, a la vez que arbitrariamente cambia los motivos del despido indirecto toda vez que afirma que no está probado el despido verbal pero que si existieron otras causales para que la actora lo disponga.

Agrega que la fecha de finalización del contrato es un error dado que la propia demandante manifestó que dejó de trabajar el domingo 24 de abril de 2006 y se considera extinguida la relación de trabajo el 24 de mayo de igual año.

Cuestiona la afirmación de la sentencia referida a que su parte no probó que la actora hubiera sido contratada para cubrir suplencias, lo que -en su opinión- es falso porque no se interpretó correctamente el cuadro probatorio ya que las testigos Carrizo, Lazarte y Battocletti señalaron que fue a realizar reemplazos o suplencias; además, en la absolución de posiciones, la actora reconoció que era verdad que realizó reemplazos en el sector lavandería.

Se queja de la conclusión del Tribunal relativa a que la actora percibió una remuneración de $ 350, lo que, afirma, no es así pues de los recibos acompañados surge que percibió $ 423, $ 390, $ 470, $ 490, $ 422 y $ 335, y que las distintas sumas abonadas son por haber realizado 'reemplazos transitorios', según los días y horas, lo que surge incluso de las falsas tarjetas aportadas por la actora.

Sostiene que la sentencia se basó sólo en presunciones, sin tener en cuenta las pruebas aportadas ya que la Cámara dijo que al no existir documentación que avale la suplencia o que fue contratada para cubrir suplencias, configura una grave presunción en contra de la demandada. Explica que esto no es así porque para desvirtuar la presunción tiene que haber prueba en contrario, que es lo que sucede en autos con la prueba de reconocimiento que hace la actora de la existencia del reemplazo y las testimoniales.

Insiste en que la presunción a la que llega la Cámara es iuris tantum y su parte demostró que el hecho presumido no es real sino que existió la suplencia o reemplazo y que esta certeza es plena.

La recurrente expresa que de la sentencia no surge la categoría laboral que se le imputa a la actora de acuerdo al CCT nº 122/75, que prevé distintas categorías entre los empleados en relación de dependencia; asimismo que omite considerar lo contemplado en los arts. 27 y 28 del CCT nº 122/75, los que tratan de las vacantes y suplencias.

Solicita la aplicación del art. 2 in fine de la ley 25.323 debido a que existen causas que justifican la conducta de su parte para considerar que no hubo contrato de trabajo de carácter permanente, y se ordene que se reduzca prudencialmente el incremento indemnizatorio hasta la exención de su pago.

Por último, a modo de síntesis, puntualiza que cuestiona la fecha de ingreso y de egreso, haberes de septiembre de 2005, haberes de mayo de 2006 y la aplicación de la multa del art. 2 de la ley 25.323. Propone doctrina legal.

4.- El análisis de admisibilidad del recurso ha sido efectuado por esta Corte en oportunidad de resolver el recurso de queja por casación denegada deducido por la demandada (fs. 579/580), por lo que corresponde abordar su procedencia.

5.- Razones de orden determinan examinar en primer término el agravio referido a la modalidad del contrato de trabajo. Puntualmente, la recurrente cuestiona la consideración del Tribunal concerniente a la falta de acreditación de que la actora fuera contratada solo para cubrir suplencias.

Corresponde anticipar que el planteo recursivo no logra demostrar que la argumentación desarrollada por el Tribunal se aparte de las reglas de valoración de la prueba -reglas de la sana crítica-, previstas en el art. 40 y cc. del CPCyC. Contrariamente, el pronunciamiento impugnado cuenta con fundamentos sustentados en las constancias probatorias de la causa que impiden descalificarlo como acto jurisdiccional válido.

La actora refirió en su demanda que ingresó a trabajar en relación de dependencia y subordinación para la demandada el 01/9/2005 y hasta el 24/5/2006, sin estar registrada pese a las promesas de ingreso al libro especial del art. 52 LCT y art. 7 de la LNE.

Expresó que cumplía tareas diarias laborales como mucama, lavandera y costurera, y que la relación se mantuvo en términos normales hasta que en fecha 23/4/2006, la accionada no le proveyó tarea habitual, negándole el acceso al lugar de trabajo, despidiéndola en forma verbal. Agregó que el 15/5/2006 cursó telegrama intimando que se aclare su situación laboral, se ratifique o rectifique el despido verbal, intimación que fue rechazada por la demandada en fecha 19/5/2006, por lo que el 24/5/2006 se dio por despedida (fs. 3/9).

En el responde la demandada manifestó que la actora realizó algunos reemplazos en el Sanatorio, llevada por la Sra. Margarita Carrizo, empleada del mismo. Negó que hubiera efectuado trabajo en forma permanente y continua, ?sino que efectuó reemplazos transitorios alternados en octubre de 2005, noviembre y diciembre de igual año por el incremento de tareas en la lavandería en esas fechas?.

Añadió que en el mes de febrero de 2006 ante la solicitud de la actora y de la Sra. Carrizo, nuevamente efectuó algunas tareas, las cuales fueron pagadas, retirándose por su propia voluntad en el mes de abril por haber conseguido un trabajo.

Sostuvo que ?sólo efectuó reemplazos temporarios, dado que el Sanatorio cuenta con personal que efectúa las tareas? y que al terminarse un reemplazo dejó de concurrir, por el solo hecho de saber que era un reemplazo y no una relación de trabajo por tiempo indeterminado (fs. 63/66).

En lo pertinente, la Cámara consideró que las alegaciones de la demandada respecto al carácter transitorio de la vinculación laboral no estaban acreditadas ?al no existir documentación que avale sus dichos ni contrato alguno de que la actora haya sido contratada solamente para cubrir suplencias, más lo que se encuentra informado en la pericial contable, configuran una grave presunción en contra de la demandada?.

Señaló el pronunciamiento impugnado que ?los recibos de pago que se encuentran reconocidos, ninguno cumple con los requisitos del art. 140 LCT, la demandada estando intimada no presentó ninguna documentación, lo que es una presunción en contra conforme el art. 55 del mismo cuerpo legal? Surge del escrito de responde que la demandada reconoce que la actora realizó reemplazos entre los meses de octubre, noviembre y diciembre 2005. Ahora bien, consta a fs. 57/59 que la propia demandada aporta recibos de pago que difieren con sus dichos ya que se encuentran abonados los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2005 y febrero, marzo, abril del 2006, recibos estos que fueron reconocidos por la actora de su puño y letra, no encontrándose probada las afirmaciones de esta en cuanto al contenido de que fueron llenados por la accionada (fs. 390)?.

Concluyó el Tribunal que ?la demandada de manera alguna en esta litis demuestra que la actora haya sido contratada para cubrir suplencias, ya que no aportó documentación que respalde sus dichos y muy por el contrario no aportó como es su responsabilidad la correspondiente documentación de ley exigida para el caso en los postulados de la LCT e incurriendo en gravísimas presunciones las que ya fueron destacadas? (fs. 482 y vuelta).

Como se anticipó, de la confrontación del planteo de la demandada con la argumentación del fallo recurrido y los antecedentes del caso, se advierte que no le asiste razón en la denuncia de arbitrariedad en el pronunciamiento.

La afirmación de que la sentencia incurre en infracción a las reglas de la sana crítica en cuanto a la determinación del carácter permanente del vínculo laboral de la actora carece de fundamentos. La recurrente solo propone una interpretación de los hechos de la causa diferente a la de la sentencia impugnada que no logra, de modo alguno, evidenciar el vicio alegado en la conclusión de la Cámara acerca de que no se demostró que la actora haya sido contratada para cubrir suplencias, es decir, el carácter transitorio de la vinculación laboral.

Dicho de otro modo, la crítica de la recurrente solo expresa su particular interpretación de la plataforma fáctica, inidónea para descalificar al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, el que exhibe una razonable y fundada valoración de las constancias probatorias en el marco de las disposiciones legales que rigen el caso.

Se debe tener en cuenta que la recurrente plantea en esta instancia que las testimoniales rendidas dan cuenta de que la actora fue a realizar reemplazos o suplir licencias, cuando en la contestación de demanda sostuvo que la actora efectuó reemplazos transitorios alternados en octubre de 2005, noviembre y diciembre de igual año por el incremento de tareas en la lavandería en esas fechas; oportunidad en la que nada dijo respecto de sustituir personal permanente que gozaba de vacaciones.

Asimismo que, si bien la actora admitió en la absolución de posiciones (fs. 411/412) que realizó reemplazos en el sector lavandería del Sanatorio Pasquini (posición 1ª) y que fue llevada al Sanatorio por la encargada del sector economato Sra. Margarita Pistán de Carrizo (posición 2ª), también lo es que negó que realizó reemplazos alternados y transitorios en octubre, noviembre y diciembre de 2005 (posición 3ª) y que en febrero de 2006 nuevamente fue llamada por la Sra. Pistán de Carrizo para efectuar un reemplazo transitorio (posición 4ª).

Amén de la escasa claridad acerca de la causal invocada para justificar la contratación eventual de la actora, en relación a la prueba de la modalidad contractual de reemplazo temporario, no cabe perder de vista lo dispuesto por el art. 69 de la ley 24.013, según el cual ?para el caso que el contrato de trabajo eventual tuviera por objeto sustituir transitoriamente trabajadores permanentes de la empresa que gozaran de licencias legales o convencionales o que tuvieran derecho a reserva del puesto por un plazo incierto, en el contrato deberá indicarse el nombre del trabajador reemplazado.

Si al reincorporarse el trabajador reemplazado, el trabajador contratado bajo esta modalidad continuare prestando servicios, el contrato se convertirá en uno por tiempo indeterminado. Igual consecuencia tendrá la continuación en la prestación de servicios una vez vencido el plazo de licencia o de reserva del puesto del trabajador reemplazado?.

Así también que ?los contratos de trabajo que se celebren bajo las modalidades reguladas en este capítulo, salvo el contrato de trabajo de temporada, deberán instrumentarse por escrito y entregarse copias al trabajador y a la asociación sindical que lo represente, en el plazo de treinta (30) días? (conf. art. 31 ley 24.013).

Sostuvo la Suprema Corte de Buenos Aires que ?el empleador tiene la carga de acreditar que el contrato de trabajo es eventual y para ello su instrumentación debe ser por escrito -con entrega en el plazo de treinta días de copias al trabajador y a la asociación sindical- y demostrar que la contratación tuvo como objeto alguno de los supuestos que refiere el art. 99 LCT? (SCBA, ?Letourneau, Nelia c/ Gutiérrez, Omar Eduardo s/ Despido?, 14/4/2004). Y que ?de conformidad con los arts. 90 de la Ley de Contrato de Trabajo y 31, 69 y cc. de la ley 24.013, es el empleador quien tiene la carga de acreditar que el contrato de trabajo es eventual, para lo cual debe demostrar que fue instrumentado por escrito, que se hizo entrega de copias al trabajador y a la asociación sindical que lo representa en el plazo de treinta días de haberse celebrado.

No adjuntada tal prueba a la causa, debe considerarse que el contrato es por tiempo indeterminado. (SCBA, ?Espinosa, Juan Clemente y otro c/ Súper Toledo S.A. s/ Despido incausado?, 12/12/2007).

Tampoco se advierte la vulneración de las disposiciones de los arts. 27 y 28 del CCT 122/75 denunciada por la demandada. El art. 27 dispone que ?la vacante que se produzca en el establecimiento se cubrirá con el empleado de la misma sección que le sigue en antigüedad.

No habiendo un empleado de la misma sección, se cubrirá con el empleado de cualquier otra sección, prefiriendo el de mayor antigüedad, siempre que reúna las condiciones de cumplimiento, idoneidad y capacidad que los establecimientos exijan para el desempeño de dicho puesto?.

Y el art. 28 establece que ?para cubrir las ausencias temporarias se procederá en la misma forma que señala el artículo anterior, debiendo utilizarse el servicio de suplentes para los cargos que no pueda cubrir el personal de la casa.

Se entiende por suplente, al trabajador que reemplace a otro trabajador determinado y por el tiempo que dure su ausencia. Si el titular, por cualquier motivo no se reintegra definitivamente, el suplente de mayor antigüedad en la categoría pasa automáticamente a ser efectivo?.

De acuerdo a las citadas normas, el trabajador que debe cubrir vacantes o ausencias temporarias es el propio ?personal de la casa? y sólo por excepción, lo puede hacer un tercero ajeno a la empresa siempre y cuando se trate de cargos que no puedan cubrir aquellos.

Si de acuerdo a los arts. 27 y 28 del CCT 122/75, las ausencias temporarias deben ser cubiertas por el personal dependiente de la misma empresa y sólo se podrá utilizar el servicio de suplentes ?para los cargos que no pueda cubrir el personal de la casa?, en las concretas circunstancias del caso, el fallo impugnado no ha vulnerado tales disposiciones convencionales cuando consideró que la actora era personal permanente; ello en tanto se advierte que la demandada nunca alegó que tuvo que contratar a la actora para cubrir una ausencia temporaria en razón de que el personal del sanatorio no podía cubrirla.

El agravio referido a la fecha de ingreso de la actora también es improcedente.

La sentencia consideró que ?los recibos de pago que se encuentran reconocidos, ninguno cumple con los requisitos del art. 140 LCT, la demandada estando intimada no presentó ninguna documentación, lo que es una presunción en contra conforme el art. 55 del mismo cuerpo legal? y que en la pericial contable ?según el perito que ha constatado la documentación de la accionada de esta no surge que se encuentre registrada a la actora de manera alguna, como tampoco las tarjetas horarias ya que según le fue informado estas fueron destruidas, sin embargo se encuentran agregadas en autos (fs. 15/18), las mismas demuestran que la actora prestó servicios en los citados periodos por esta reclamados e incluso el mes de enero 2006 de lo que no consta recibo de pago? (fs. 482).

Tales consideraciones del Tribunal no han sido refutadas por la recurrente. Se limita a denunciar la violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas, en especial las testimoniales ofrecidas por su parte. No logra demostrar la idoneidad de dichas declaraciones para acreditar que la actora había ingresado en septiembre de 2005, si se tiene en cuenta que las testigos no pudieron precisar con exactitud la fecha de ingreso que denunció en la demanda.

Adviértase que Margarita del Tránsito Carrizo dijo que ?la fecha exacta no me la acuerdo pero más o menos esas fechas octubre, noviembre? (respuesta a la pregunta 3ª, fs. 425) y que ?el ingreso más o menos era en octubre, noviembre de 2005? (respuesta a la pregunta 5ª, fs. 425); Florencia Rosa Osores declaró: ?yo creo que era en el mes de octubre, noviembre de 2005? (respuesta a la pregunta 3ª, fs. 426) y Mercedes Elizabeth Battocletti dijo: ?nosotras salimos de vacaciones, siempre empezamos a salir en octubre o noviembre?no te puedo decir la fecha exacta? (respuesta a la pregunta 3ª, fs. 427).

La afirmación referida a que la sentencia se basó sólo en presunciones y no tuvo en cuenta las pruebas aportadas no puede prosperar. El Tribunal ponderó una a una las pruebas de la causa a la vez que destacó que existían graves presunciones en contra de la demandada, en especial, la contemplada por el art. 55 LCT, conforme al cual ?la falta de exhibición a requerimiento judicial o administrativo del libro, registro, planilla u otros elementos de contralor previstos por los arts. 52 y 54 será tenida como presunción a favor de las afirmaciones del trabajador o de sus causahabientes, sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos?.

Por una parte, se debe tener en cuenta, como lo señaló la Cámara, que la accionada fue intimada a exhibir por ante el juzgado la documentación solicitada por la demandante -libro especial del art. 52 LCT, recibos de haberes, legajo personal, contrato de afiliación a la ART, tarjetas o planillas de control de jornada laboral, entre otras- y notificada de ello, no cumplió con la exhibición ordenada (fs. 283/288).

Por otra, también se debe tener presente que ante la falta de exhibición de la documentación por parte de la demandada, la Jueza de Conciliación y Trámite del Trabajo de la Vª Nominación dispuso que el perito contador se expida en base a la documentación existente en la presente causa (conf. providencia del 01/02/2008, fs. 326), y que dicha decisión no fue cuestionada por la accionada.

La improcedencia del planteo referido a la aplicación de la presunción del art. 55 de la LCT deja también sin sustento el agravio concerniente a la categoría y remuneración de la actora determinadas en el fallo recurrido.

Nótese que, de conformidad a los dichos de las testigos ofrecidas por la demandada, la sentencia tuvo por probado que la actora desempeñó tareas en el lavadero -lo que fue alegado en el responde de fs. 65- y la remuneración fijada en el fallo de $ 910, corresponde a la categoría de personal de lavadero y ropería del CCT 122/75 (fs. 377).

A todo lo expresado se debe añadir que ?la circunstancia de que el juez haya dado preferencia a determinados elementos probatorios respecto de los invocados por el apelante no configura arbitrariedad, pues la mera divergencia de los recurrentes, en cuanto sólo revelan su discrepancia con el criterio del a quo en la selección y valoración de la prueba, excluye dicha tacha, aun cuando se haya prescindido de alguna de las pruebas aportadas?. (CSJN, ?Machado, Juana Catalina y otros c/ E.B.Y. s/ Demanda de expropiación inversa?, 02/6/2007, T. 330, P. 2639. Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema).

?La doctrina de la arbitrariedad, no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su mera discrepancia con el criterio de selección y valoración de las pruebas, incluso presunciones, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional y exige que medie un inequívoco apartamiento de las normas que rigen el caso o una decisiva carencia de fundamentación; máxime cuando la lectura de la sentencia y del recurso lleva a concluir que el apelante sólo reitera argumentos ya vertidos en instancias anteriores y que sus críticas no rebaten los fundamentos en que se apoya el pronunciamiento recurrido? (cfr. CSJN, ?Satecna Costa Afuera S.A. c/ Est. Nac. Arg. Min. de Obras y Serv. Públ. Sec. de Marina Merc. s/ Daños y perjuicios?, 19/4/2005. Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema).

Tampoco le asiste razón a la demandada respecto de la fecha de egreso y la causal de despido consideradas por la Cámara. Afirma que la propia actora manifestó que dejó de trabajar el 23/4/2006, empero la sentencia sostuvo que la extinción del vínculo se produjo el 23/5/2006 y que arbitrariamente cambió los motivos del despido indirecto.

La demandante expresó en la demanda que en fecha 23/4/2006, la accionada no le proveyó tarea habitual, negándole el acceso al lugar de trabajo, despidiéndola en forma verbal, por lo que el 15/5/2006 cursó telegrama laboral intimando que se aclare su situación laboral, se ratifique o rectifique el despido verbal, se le entreguen los recibos de haberes, se efectúen los aportes previsionales y de obra social, denunció el contrato de trabajo en los términos de los arts. 7 al 15 de la LNE; intimación que fue rechazada por la demandada en fecha 19/5/2006.

Afirmó que ante esa situación injuriosa, el 24/5/2006 se dio por despedida (fs. 3/9). Por su parte, la demandada negó el despido verbal. Sostuvo que al terminarse un reemplazo, la actora dejó de concurrir por el solo hecho de saber que era un reemplazo y no una relación de trabajo por tiempo indeterminado, y luego de 18 días inventó un despido (fs. 63/66).

En lo pertinente, la Cámara consideró que ?para el caso, si bien no se encuentra demostrado el despido verbal que afirma la actora del que fue objeto, lo cierto es que si existe causal de injuria suficiente para considerarse despedida por exclusiva culpa de la empleadora, ya que de la documentación que previamente se analizara no consta que se le hayan depositados los correspondientes aportes previsionales, ART, descansos compensatorios, Dctos. reglamentarios y sus remuneraciones se encontraban totalmente fuera de lo que estipula el C.C.T. - ATSA para la actividad en las tareas en que la actora se desempeñaba? (fs. 482). Ponderó además que de la prueba pericial contable surgía que la actora no estaba registrada de manera alguna.

Como se advierte, la reseña de las alegaciones de las partes en los escritos constitutivos del proceso dan cuenta que el Tribunal examinó la causa de la extinción de la relación laboral según fueron planteados los hechos por las partes y las constancias probatorias conducentes del expediente. La interpretación de la Cámara se ajusta a las pautas de valoración de las reglas de la sana crítica (art. 40 CPCyC) y cuenta con fundamentos suficientes (arts. 33, 34 y 262 CPCyC y 30 CP), lo que impide su descalificación como acto jurisdiccional válido.

La solicitud de aplicación del art. 2 in fine de la ley 25.323 que formula la demandada con fundamento en que existen causas que justifican su conducta, es manifiestamente inviable.

El Tribunal declaró procedente la indemnización del art. 2 ley 25.323 ?por cuanto la demandada obligó con su accionar a la actora a iniciar esta acción? (fs. 482 vta.), apreciación que no ha sido rebatida por la recurrente toda vez que omite expresar cuáles serían las causas que supuestamente justificarían su conducta y, por ende, autorizarían la eximición del agravamiento indemnizatorio previsto por dicha norma.

6.- Atento al resultado a que se arriba, las costas deben ser soportadas por la recurrente vencida (arts. 49 CPT y 105 del CPCyC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, del 07 de agosto de 2009 (fs. 479/484).

II.- COSTAS como se consideran.

III. RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANECLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.