Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-06


Buenos Aires,	06	de julio de 2016 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (en adelante, ACIJ) acude en queja ante este Tribunal contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que denegó su recurso de inconstitucionalidad. En dicha presentación cuestionaba el pronunciamiento de la alzada que declaró abstracto el objeto de la acción de amparo por ella incoada.

2. En el caso, la ACIJ promovió acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) para que se lo condenase a cesar en la práctica discriminatoria y de exclusión de las villas porteñas que individualiza y se incluyese a sus habitantes en los planes "que promociona el gobierno porteño para las plazas y parques del resto de la ciudad en su página web, y que consiste en programas y proyectos para la reparación y preservación del espacio público, el servicio de reconocimiento y/o relevamiento de plazas, instalación y/o reconstrucción, plantación de árboles e instalación de iluminación, mantenimiento y vigilancia, colocación de bebederos, cestos de basura, designación de veedores en plazas, patios porteños o espacios verdes en los espacios destinados [a] la recreación en las villas de referencia, todo confirme los planes mencionados.". También solicitó que se ordenase al GCBA "recomponer los efectos discriminatorios de tal práctica, incluyendo públicamente a las villas porteñas, en condiciones de igualdad afirmativa con relación al resto de la ciudad en cualquier campaña de espacios verdes, plazas y patios porteños y arbolado en todos sus aspectos (relevamiento de los predios existentes como plazas en cada una de las villas, relevamiento de los predios aptos para la instalación de plazas y/o patios porteños en cada una de las villas; instalación y/o reinstalación de plazas; instalación de 'patios porteños', estos últimos en cuanto se proponen la recuperación, para los vecinos del barrio, de predios abandonados respetando sus características culturales, artísticas e históricas, etc.". A su vez, pidió que se condenase al GCBA "a instalar y/o reinstalar, según cada caso. las plazas y/o parques porteños y/o espacios verdes, según lo permitan las dimensiones de cada uno de los predios objeto de la demanda. dicha instalación, reinstalación, se realice con la correspondiente arboleda, iluminación y con ajuste a los parámetros ergonométricos, culturales y de seguridad legales que el propio Gobierno de la Ciudad. promociona y describe en el portal de internet con relación a plazas no localizadas en las cercanías de las villas objeto de este juicio." (fs. 1/36 vuelta de los autos principales, a los que corresponderá la foliatura que se mencione a continuación, salvo indicación en contrario).

El juez de grado, previo dictamen del Ministerio Público Tutelar (fs. 1220/1232), hizo lugar al amparo y ordenó al GCBA que "cese en la omisión discriminatoria incurrida, procediendo en lo inmediato a confeccionar el plan de obras pertinente para el reacondicionamiento y/o emplazamiento de plazas y espacios verdes, en la totalidad de la[s] Villas y N.H.T de esta Ciudad, bajo idénticos parámetros a los utilizados para la planificación de los previstos para los barrios de las zonas urbanizadas, debiendo, asimismo, incluirlas en las planificaciones de reparación y/o remodelación de plazas, parques y espacios verdes, en idénticos términos que a los restantes barrios de esta Ciudad, con la pertinente difusión. La planificación ordenada deberá ser presentada al tribunal en el término de treinta (30) días acompañando la planificación aprobada a idénticos fines para los barrios de Caballito, Almagro y Palermo, en los últimos 4 años" (fs. 1432/1438).

Apelada esa decisión por el GCBA (fs. 1454/1460 vuelta), contestado el traslado por la parte actora (fs. 1464/1480) y la vista conferida al Ministerio Público Tutelar (fs. 1485/1492 vuelta), la Cámara de Apelaciones convocó a las partes a una mesa de diálogo cuyo resultado, pese a las distintas reuniones llevadas a cabo, quedó trunco (fs. 1859). Luego, ese tribunal dictó sentencia declarando abstracto el objeto de este amparo (fs. 1855/1879).

3. Disconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 1885/1913) y, previo traslado al GCBA (el que fue contestado a fs. 1918/1922), fue denegado por la alzada (fs. 1931/1932 vuelta). Ello motivó la queja que tramita ante este Tribunal (fs. 59/67 de esta queja).

4. Al ser recibidas las actuaciones principales en este Tribunal (fs. 88 de la queja) se advirtió que se encontraba pendiente de decisión de la alzada un planteo de nulidad formulado por el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones por no habérsele dado intervención en el recurso de inconstitucionalidad deducido por la ACIJ (fs. 1937/1948 vuelta). Esta circunstancia llevó a que se devolvieran los autos a la alzada para su resolución (fs. 89 de la queja). A su turno, la Cámara de Apelaciones rechazó la nulidad intentada por el Ministerio Público Tutelar (fs. 1972/1973 y dictamen fiscal al que se remite de fs. 1967/1970).

5. Requeridos sus dictámenes, la Sra. Asesora General Tutelar propuso el rechazo de la queja y de las defensas esgrimidas por la parte actora en su recurso de inconstitucionalidad, en atención al temperamento adoptado por el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones al consentir los términos de la sentencia dictada por la alzada (fs. 94/95 vuelta de la queja). Por su parte, el Sr. Fiscal General propició, también, el rechazo de la queja (fs. 99/104 vuelta de la queja).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La queja fue interpuesta por escrito, ante este Tribunal y dentro del plazo que fija el art. 23 de la ley nº 2145. Sin embargo, su suerte adversa está sellada puesto que, en mi concepto, no ha logrado demostrar que la cuestión planteada en el sub examine verse sobre la interpretación o aplicación de normas de naturaleza constitucional, conforme lo exige el artículo 113, inciso 3º, de la CCABA.

2. En este sentido, las objeciones que la recurrente vierte en su queja no logran poner en evidencia -como lo señala el auto denegatorio de fs. 1931/1932 vuelta de los autos principales- la configuración de un caso constitucional. En efecto, la alzada para arribar a la decisión que finalmente adoptó -declarar abstracto el objeto de este amparo- ponderó el alcance de la pretensión de la actora, las manifestaciones de las partes y del Ministerio Público Tutelar en las distintas audiencias celebradas, y las demás constancias de autos, referidas a aspectos de hecho y prueba, en particular, el plan presentado por el GCBA "que, en virtud de la modalidad de trabajo en el territorio y con búsqueda de consensos, fue factible desarrollar" (cf. fs. 1859).

Es doctrina recibida por este Tribunal la que establece que es facultad privativa de los jueces de la causa establecer el sentido y alcance de las pretensiones acerca de cuya procedencia les incumbe expedirse (cfr. Fallos: 270:162; 284:109: 291:268; 295:548; 300:468, 689; 301:449, 712; 302:175, 1044; 303:774; 304:635; 315:1645, entre muchos otros, y este Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "La Royal Sociedad Anónima de Servicios c/ GCBA s/ cobro de pesos", expte. n° 5353/07, sentencia del 21 de diciembre de 2007, entre otros) ya que se trata de una materia regulada por las leyes procesales cuya interpretación y aplicación es, en principio, atribución propia de tales magistrados, lo que también cabe predicar de las cuestiones de hecho y prueba.

Esta circunstancia priva a los preceptos constitucionales y convencionales que se afirma conculcados (derecho al esparcimiento, a la cultura, al juego y la recreación, al uso del espacio público, a un ambiente sano, a la igualdad y a la no discriminación) de la necesaria relación que debe existir entre ellos y los fundamentos de la solución alcanzada.

3. La arbitrariedad que se le atribuye al pronunciamiento recurrido no va a correr mejor suerte.

En efecto, las afirmaciones vertidas en la pieza recursiva de fs. 59/67 de esta queja, y en el recurso de inconstitucionalidad que ella intenta sostener, no consiguen demostrar que el decisorio que cuestiona se aparte de los criterios que el ordenamiento jurídico vigente suministra a los jueces para apoyar sus sentencias. Antes bien, ellas tan solo ponen en evidencia el desacuerdo de ACIJ con el pronunciamiento dictado por la Cámara de Apelaciones.

A este respecto, resulta oportuno recordar aquí que la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es estricta en su aplicación dado que no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideran tales sino, únicamente, aquellos casos en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impidan considerar el pronunciamiento cuestionado como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (doctrina de Fallos: 294:376; 308:2351, 2456; 311:786; 312:246, 389, 608 y 323:2196, entre muchos otros; aplicable mutatis mutandis al recurso de inconstitucionalidad local).

4. Por último, resta añadir que la solución que se adopta no implica emitir opinión sobre la configuración en el caso de derechos de incidencia colectiva ni, por ende, sobre la legitimación procesal de la accionante para actuar en tutela de aquéllos --cuestión que por el modo en que resolvió no fue abordado por la Cámara CAyT--.

Ello así, sin perjuicio de destacar que el amplio reconocimiento de los derechos sociales podría habilitar algún tipo de reclamo siempre y cuando se presente una plataforma fáctica asimilable a la que quedó configurada en el precedente fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Halabi Ernesto c/ PEN s/ amparo ley 16.986" -Fallos: 332:111-, y el objeto de la pretensión se halle debidamente acotado.

De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar la queja articulada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

Así lo voto.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

1. La queja deducida por la actora no podrá prosperar toda vez que sus agravios no logran rebatir concreta y fundadamente las razones dadas por la Cámara al decidir el rechazo del recurso.

2. La Sala I de la Cámara CAyT consideró que el pronunciamiento impugnado -por el cual se declaró abstracto el objeto del amparo tras entender que la planificación acompañada por la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión del GCBA había satisfecho la condena dispuesta por el juez de primera instancia- no cumplía con el requisito establecido por el art. 27 de la ley 402, a la vez que los agravios se dirigían a cuestionar el alcance de la pretensión articulada en autos y cuestiones de hecho y prueba.

La ausencia de una crítica concreta sobre estos razonamientos hace que la queja carezca de la fundamentación exigible a ese tipo de recurso, por lo que entiendo aplicable mutatis mutandis la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben expresar las quejas por recursos denegados -conf. Fallos 287:237; 298:84; 302:183; 311:133 entre otros-.

3. Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, resulta pertinente destacar que ACIJ consintió los términos de la sentencia de primera instancia -que condenó al GCBA a confeccionar y presentar un plan de obras- en tanto no interpuso recurso alguno contra dicho pronunciamiento. Por ello, los agravios que hoy la actora dirige contra la sentencia de Cámara resultan fruto de una reflexión tardía.

4. En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo concluido por la Asesoría Tutelar y la Fiscalía General, corresponde rechazar el recurso de queja deducido por ACIJ.

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia viene cuestionando la sentencia de Cámara que, a raíz de la apelación del GCBA contra la de primera instancia, dispuso: "[d]eclarar abstracto el objeto de este amparo" (fs. 26).

A su turno, la sentencia de primera instancia había ordenado a la demandada que: ".ces[ase] en la omisión discriminatoria incurrida, procediendo en lo inmediato a confeccionar el plan de obras pertinente para el reacondicionamiento y/o emplazamiento de plazas y espacios verdes, en la totalidad de las Villas y N.H.T. de esta Ciudad, bajo idénticos parámetros a los utilizados para la planificación de los previstos para los barrios de las zonas urbanizadas, debiendo asimismo, incluirlas en las planificaciones de reparación y/o remodelación de plazas, parques y espacios verdes, en idénticos términos que los restantes barrios de esta Ciudad, con la pertinente difusión. La planificación ordenada deberá ser presentada al tribunal en el término de treinta (30) días acompañando la planificación aprobada a idénticos fines para los barrios de Caballito, Almagro y Palermo, en los últimos 4 años" (fs. 3/3 vuelta).

2. El a quo apoyó la decisión relatada en el primer párrafo del punto anterior en que: (i) la acción solo había sido deducida contra la administración centralizada; (ii) que ". ésta ha presentado a lo largo de las audiencias desarrolladas ante esta instancia el plan que, en virtud de la modalidad de trabajo en el territorio y con búsqueda de consensos, fue factible desarrollar." (fs. 6); y (iii) que, ".más allá de la opinión que en materia de legitimación activa tenga cada una de las jue[za]s que suscriben el presente voto, se advierte que esta acción se inició a fin de denunciar la existencia de un comportamiento discriminatorio (art. 14, 2° párrafo, CCABA) y que el GCBA ha presentado a lo largo de las audiencias planes de obras referidos al reacondicionamiento y/o emplazamiento de plazas y espacios verdes, en las Villas y N.H.T. de esta Ciudad" (fs. 6).

3. A su turno, los agravios de la recurrente se vinculan a: (i) que la mera presentación de un proyecto, sin brindar garantías de realización, y a diez años, no satisface la pretensión (fs. 34 vuelta); y (ii) la insuficiencia del plan presentado, por un lado, no incluye a todas las villas y NHT (fs. 36), y, por el otro, porque la demandada no acompañó un relevamiento de las villas y NHT del que se desprendiera cuáles son los problemas específicos que enfrenta cada una de ellas, a partir de lo cual sería imposible saber si el plan revierte la situación de discriminación denunciada (fs. 47).

4. En tales condiciones, más allá de los agravios llevados por el GCBA a la Cámara, que son de interpretación privativa del a quo (cf., mutatis mutandis, Fallos 289:413; 291:268; 302:891, 539; 303:586, entre muchos otros), las causas se resuelven según la situación del momento de la sentencia (cf., mutatis mutandis, Fallos 298:33; 301:947; 303:658, 397, entre muchos otros), y la recurrente no expresa por qué ello no pudo haber llevado a la Cámara a establecer si se había tornado abstracta.

Frente a ello, coincido con los jueces José Osvaldo Casás e Inés M. Weinberg, en que la recurrente no muestra que el recurso de inconstitucionalidad haya sido mal denegado, puesto que los planteos que trae carecen del fundamento mínimo exigible. A este respecto, solo cabe agregar que los planteos de ACIJ no muestran que la Cámara haya sido arbitraria al entender que los planes tenidos en cuenta satisfacían la sentencia de primera instancia.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Recurso de queja.

1. La presentación directa (fs. 59/67 del expediente n° 11791) satisface la carga de fundamentación que prescribe el artículo 33 de la ley n° 402.

Recurso de inconstitucionalidad.

2. El escrito de fs. 1885/1913 de los autos principales contiene los siguientes agravios:

a) Arbitrariedad de sentencia, por falta de sustento.

b) Afectación del derecho a gozar de un ambiente sano, apto para el desarrollo humano.

c) Transgresión de normas constitucionales en materia igualdad y en lo relativo al planeamiento y gestión ambiental de espacios verdes en villas y N.H.T. de esta Ciudad.

3. De los agravios reproducidos en el apartado anterior, comenzaré por el análisis del consignado bajo la letra a), dado que de asistir razón a la recurrente el tratamiento de los restantes planteos será innecesario.

ACIJ afirmó que la sentencia impugnada, que "declaró abstracto el objeto de este amparo", exhibe serios "vicios y defectos"; a los que se refirió a fs. 1885/1913 de los autos principales.

A título de ejemplo, transcribo alguna de sus manifestaciones: "Finalmente, llegado el momento de dictar una sentencia, pese a la claridad de los hechos y el derecho, la impresión subjetiva de las sentenciantes sobre una supuesta 'buena voluntad' del GCBA, reemplazó todo juicio fundado en el derecho y en las constancias probatorias (.). Sin razones que lo justifiquen (.) la Cámara decidió por mayoría considerar que la flagrante discriminación denunciada se había tornado abstracta." (fs. 1890 vuelta/1891 de los autos principales).

La verificación de las inconsistencias apuntadas es suficiente para descalificar al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. Dos razones centrales orientan mi decisión en tal sentido:

i) el fundamento jurídico sobre el cuál la Cámara construyó su razonamiento; que descansa en la comprobación de que el Gobierno de la Ciudad habría satisfecho la materia de condena y, ii) la falta de abordaje, y consecuente resolución, de la única apelación planteada; articulada -en el caso- por el GCBA.

Según lo manifestara -por mayoría- la Sala I, "las obras proyectadas hasta diciembre de 2013, que fueran denunciadas por la SECHI en cada una de las audiencias [celebradas], satisfacen la condena dispuesta en la instancia de origen" (fs. 1858 de los autos principales, las negritas me pertenecen).

Si ese fuera el sentido que pudiera asignarse al fallo recurrido, el recurso de apelación del GCBA habría perdido actualidad. Pero, en relación con ese recurso nada dice el dispositivo de la sentencia, como tampoco lo hace respecto del efectivo cumplimiento de la decisión de primera instancia.

Ahora bien, por otro lado, del contexto de autos no podría inferirse que el objeto del amparo se hubiese tornado abstracto, como lo evidencia el tenor de las impugnaciones constitucionales que ahora son formuladas por ACIJ ante el Tribunal.

Así, pues, la ausencia de correspondencia entre el resolutorio del pronunciamiento de Cámara y sus argumentos sostiene la impugnación constitucional expuesta por la recurrente y justifica la anulación del fallo.

4. El estudio de los restantes agravios traídos a consideración del Tribunal en el escrito en análisis presupone una sentencia que sea tal. Esta condición inexcusable, como expliqué más arriba, no se verifica en el caso.

5. En mérito de lo expuesto, corresponde: a) admitir la queja que interpusiera ACIJ (fs. 59/67 del expediente n° 11791), b) hacer lugar a su recurso de inconstitucionalidad (fs. 1885/1913 de los autos principales), c) anular la sentencia que emitiera la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario (fs. 1855/1879 de los autos principales) y d) remitir los autos a la Cámara del fuero para que jueces distintos de los que intervinieron en autos se expidan de conformidad con lo que aquí se resuelve.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja interpuesta por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva el principal con la queja.

La jueza Ana María Conde no suscribe la resolución por estar en uso de licencia.