Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-11


En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de julio de dos mil seis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "HILALE, Mario Gustavo c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT)", Expediente Nº EXP-831, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Eduardo Ángel Russo y Nélida Mabel Daniele. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: 1. El actor, Mario Gustavo Hilale, en carácter de propietario del inmueble sito en Av. Gaona 4942 de esta ciudad, se presentó por mandatario, y promovió (fs. 1/162) ante la Justicia Nacional en lo Civil una acción meramente declarativa en los términos del art. 322 del CPC y CN contra la Ciudad de Buenos Aires "a fin de que se decrete la inconstitucionalidad de la pretensión de cobro retroactivo de diferencia en contribuciones alumbrado, barrido y limpieza, territorial, pavimentos y aceras y Ley 23.514 - Ampliación desde 1/1/87 hasta 31/12/92 - Partida 2.655/04 en relación al inmueble sito en Av. Gaona 4942, Capital Federal, con imposición de costas a la demandada". Alega el actor que los conceptos que se pretenden cobrar, se habrían generado como consecuencia de que la Administración de la Ciudad de Buenos Aires ha reorganizado su funcionamiento y determinado así que por diversas circunstancias haya incurrido en omisiones o errores que le impulsan a recategorizar inmuebles y a requerir el pago de supuestas diferencias con las tasas que se venían cobrando, ajustadas a valores fiscales que actualmente han sido aumentadas como consecuencia de modificar los avalúos y que las tasas a que se refiere la pretensión de cobro retroact ivo, fueron abonadas en su oportunidad en forma regular conforme a las boletas que acompaña. Sin embargo, el actor aclara que no cuestiona facultades de la demandada para recategorizar los inmuebles y para el futuro cobrar las tasas que resulten de los nuevos avalúos, siempre y cuando los mismos se justifiquen y se dé al contribuyente la debida intervención en tal procedimiento, lo que se cuestiona es que se pretenda la aplicación de las mismas con efecto retroactivo, lo cual la vicia de inconstitucionalidad. 2. Asimismo, el actor solicitó se decrete la prohibición de innovar contra la posible acción de cobro que pudiera intentar la demandada y también a los fines de que la Escribana Lucrecia Gras Goyena de Guinle, se abstenga de realizar pago alguno sobre los fondos retenidos con fecha 12/06/00, escribana esta que tomó intervención en la venta efectuada por el actor por escritura Nº 171 del 12/06/00 y por la cual tomó conocimiento de la supuesta deuda que tenía con el GCBA por la suma de $ 20.425,77, con más intereses, honorarios y gastos, que obviamente desconoce, y en este sentido, que la escribana deposite a plazo fijo y a embargo a nombre de las presentes actuaciones y por Secretaría, ante la existencia de una ejecución fiscal iniciada por la demandada. 3. A fs. 168/70 el Juzgado resolvió en el sentido solicitado por el actor en relación a la medida de no innovar, es decir, ordenó se notifique a la escribana actuante que debía abstenerse de depositar las sumas retenidas y depositarlas en cambio en una cuenta judicial a nombre del Juzgado y perteneciente a estos actuados por ante le Banco de la Nación Argentina, Sucursal Tribunales, previa contracautela real suficiente a criterio de la Juez. 4. A fs. 232 la Juez Civil interviniente se declara incompetente y ordena remitir las actuaciones a este Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, competencia que es consentida a fs. 245. 5. A fs. 248 se tuvo por habilitada la instancia judicial y se ordenó correr traslado de la demanda al GCBA, quien contestó la dem anda a fs. 254/71. Por su parte, la actora contesta traslado a fs. 273. 6. A fs. 283 surge que a la audiencia designada en virtud del art. 288 del CCA y T la demandada no compareció, ordenándose la apertura de la causa a prueba. 7. A fs. 381 se ordena ponerse los autos para alegar. 8. A fs. 453/4 obra el alegato presentado por el actor y a fs. 456/9 el presentado por la demandada. 9. A fs. 462/3 la Sra. Fiscal contesta la vista conferida a fs. 461 a fin de que dictamine sobre el planteo de inconstitucionalidad realizado por el actor, entendiendo que cuando es el contribuyente el que con su conducta omisiva ha impedido la revisión por parte de la demandada de la valuación del inmueble, no es dable tachar de inconstitucional el ejercicio por parte de aquélla de las facultades que le acuerda la legislación fiscal en disponer la nueva valuación fiscal del bien a partir de la fecha en que las modificaciones se generaron. Ello, por entender que de las piezas del expediente se desprende que el revalúo practicado "ha bría tenido origen en una ampliación practicada en el inmueble en cuestión (fs. 47 y 255/56)" y no se trataba de liquidaciones retroactivas emanadas de la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario cuando la causa ha sido un error en la liquidación practicada por el ente recaudador. Esto último es lo que había sucedido en los antecedentes "Bernasconi" y "Guerrero de Louge" fallados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde sí se había declarado la inconstitucionalidad de la pretensión de cobro retroactivo de tributos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que, haciendo caso omiso del efecto liberatorio del pago, contrariaba el derecho de propiedad contemplado por la Constitución Nacional. Asimismo, puesto que de las constancias obrantes en la causa, surge que en el año 1982, el actor inició un expediente ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro con motivo de la demolición parcial, refacción y ampliación del inmueble de su propiedad (ve r fs. 92 y 343, Expte. Nº 64.614/82, ver informe del perito designado de oficio a fs.378, punto III, segundo párrafo e informe de la consultora técnica de parte de fojas 369, quinto párrafo), pero no surge de esas actuaciones que el actor hubiera dado cuenta a la Administración -conforme lo exige la reglamentación aplicable- de la finalización de los trabajos efectuados -demolición y ampliación- a los efectos del ingreso del inmueble al padrón con las nuevas características constructivas. 10. A fs. 466/68 el Juez de Primera Instancia rechazó la acción declarativa del actor, imponiéndole asimismo las costas por no encontrar razones para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 62 CCAyT). Fundamentó su decisión en que la pretensión de cobro de diferencias en la contribución de ABL respecto del inmueble en cuestión tiene su origen en ampliaciones y refacciones, "lo cual generó un cambio de destino de Vivienda Multifamiliar a Vivienda Unifamiliar" (confr. fs. 256), sin que se hubiese presentado la dec laración jurada correspondiente. 11. También en que ello se ve corroborado con el informe de la consultora técnica de la parte actora, del cual surge que "... las modificaciones que existieron fueron por demolición parcial y refacción y se corresponden con las que declarara el actor y que figuran en el plano obrante en autos, y que fuera presentado con fecha 10/11/82 a la Dirección General de Obras y Catastro bajo el Nº de Expte. 64.614/82". Es decir, que el pretendido cobro retroactivo obedece a alteraciones materiales del inmueble no denunciadas a la demandada a los efectos fiscales, por lo que puede considerarse razonablemente que se ha inducido a la Administración a errar en la categorización originalmente considerada como base imponible de las contribuciones de ABL". 12. Asimismo que dichas modificaciones son imputables al actor toda vez que de la copia de escritura de compra y venta acompañada por el actor a fs. 42/3 surge que el mismo al adquirir el inmueble asumió la responsabilidad, pues expresa: "se deja constancia que de acuerdo al artículo quinto de la Ley 22.427, los compradores asumen la deuda que por tasas municipales, contribuciones o servicios sanitarios gravan el inmueble motivo de la presente". 13. Entiende el Juez a quo que el planteo del efecto liberatorio del pago no puede ser admitido toda vez que en el caso no se encuentra extinguida la deuda tributaria ya que el requerimiento posterior de conceptos no cancelados constituye una reliquidación de lo debido y por lo tanto, procedente, ante la no extinción previa del débito, resultando de aplicación el primer párrafo del art. 44 de la Ordenanza Fiscal T.O. 1996 -vigente al tiempo en que la Administración intimó el ingreso de las diferencias adeudadas- que establece que: "Cuando la Administración reliquida o reajusta una obligación tributaria, como consecuencia de hechos imputables al contribuyente o responsable o por haber mediado error en la liquidación original, ya sea atribuible al propio contribuyente o a la Administración, no cabe conside rar extinguida la obligación por el pago que se hubiera efectuado." Y ello se ve corroborado, agregó el sentenciante, puesto que el actor, apartándose de la normativa vigente, tampoco declaró en tiempo oportuno a la demandada las variables efectuadas en el inmueble. Por ello, sostuvo que tampoco cabía tratar la inconstitucionalidad planteada. 14. En dicha resolución, el Juez a quo también reguló los honorarios de la perito actuante en la suma de $ 300. 15. En cuanto a las costas, el Juez a quo las impuso a la parte actora. 16. Contra el referido pronunciamiento interpusieron recurso de apelación el actor, a fs. 471 y la perito arquitecto a fs. 474, expresando agravios el actor a fs. 478/82, los que fueron contestados por la demandada a fs. 486/88. 17. Habiéndose corrido vista a la Sra. Fiscal de Cámara, la representante del Ministerio Público ante esta Alzada estimó que en el caso resultaban aplicables los argumentos vertidos en el dictamen del 15/12/00 de la causa: "Luna, Jorge Alberto c/GCBA s/Acción Merame nte Declarativa (art. 277 CCAyT)", Expte. Nº 121, donde sostuvo que el art. 198 bis del Código Fiscal de 1999, determina que sólo corresponderá la aplicación retroactiva del impuesto si se acreditara el dolo del contribuyente, cuando dice: "A partir del 1º de enero de 1999, las diferencias que detectaren entre la realidad constructiva de un inmueble y su empadronamiento inmobiliario, sea por su superficie, estructura y equipamiento o cualquier otro elemento que incida en la determinación de su puntaje para fijar su categoría, se reliquidará a partir de su detección y debida notificación al contribuyente, no pudiendo aplicarse retroactivamente la misma, excepto el caso que se demostrara el dolo del contribuyente". Entiende pues que resultaba necesario analizar cuestiones de hecho y prueba, con respecto a la existencia o no de modificaciones edilicias o si hay dolo del contribuyente por no haber declarado las supuestas alteraciones del inmueble. 18. En cuanto al recurso de apelación interpuesto por la perito ar quitecta en relación a la regulación de honorarios, entendió la Sra. Fiscal que se trataba de una cuestión ajena al interés de su Ministerio. 19. Los principales agravios del actor pueden resumirse así: a) que el Juez de Primera Instancia da por sentado la existencia de alteraciones materiales efectuadas en el inmueble y que las mismas no fueron denunciadas a los efectos fiscales, "por lo que puede considerarse razonablemente que se ha inducido a la Administración a errar en la categorización ...", cuando al momento de presentarse la demanda, se había acompañado plano con cargo de presentación ante la autoridad demandada que data del año 1982, presentado por el anterior titular dominial; b) que se funda también en lo que surge a fs. 42 vta. de la escritura traslativa de dominio, en cuanto a la asunción de la responsabilidad; c) que el mismo Juez a quo admite que la actora había adquirido el inmueble en el año 1991; d) que el conflicto se vio despejado por la sanción del Código Fiscal del año 1999, art, 199, d el cual se desprende que solamente sería admisible un reclamo de diferencias impositivas por períodos vencidos y abonados si se demostrase "el dolo del contribuyente", criterio adoptado incluso por la Corte Suprema y sin embargo, el Juez imputa error al actor cuando en realidad la declaración data del año 1982 y el actor adquirió el inmueble en el año 1991; e) asimismo, porque el a quo basa sus consideraciones en las Ordenanzas Fiscales del año 1983, dando por tierra con el principio de irretroactividad en materia tributaria y del año 1996, cuando en realidad se cumplió con la obligación de denunciar las modificaciones y de no haberse cumplido, la misma estaría prescripta; f) que el dolo debió ser demostrado por la demandada; g) porque el Juez a quo consideró que hubieron ampliaciones y refacciones cuando en realidad hubieron modificaciones pero en menor superficie por demolición efectuadas por el anterior titular, que en definitiva redujeron la superficie cubierta de la vivienda. 20. Reseñados como fueron lo s hechos del caso, las posiciones de las partes, la sentencia en recurso y el dictamen de la Fiscalía General de Cámara, corresponde que me pronuncie en las presentes actuaciones. Razones metodológicas aconsejan tratar en primer término la apelación deducida por la parte actora por constituir agravio al fondo de la decisión del Juez de Primera Instancia difiriendo a la consideración final de este voto lo atinente a la apelación de la perito arquitecta, y distribución de las costas judiciales. 21. En lo que hace al fondo del asunto en debate, corresponde señalar -como lo expresara la Sra. Fiscal de Cámara- que se deberá merituar la prueba producida en autos para establecer si existió dolo o no por parte del contribuyente. Es decir que, lo que se debe probar es si el contribuyente realizó alguna modificación en el inmueble omitiendo declararla ante la autoridad competente, pues de ello dependerá la presente decisión. 22. En este orden de ideas y con el fin de dilucidar acerca de la cuestión relativa al efecto c ancelatorio de los pagos efectuados resulta determinante establecer a qué causa obedece el revalúo y si éste es viable retroactivamente. 23. Sentado lo expuesto corresponde seguidamente determinar si hay en el caso mala fe o culpa grave por parte del contribuyente; es decir, habrá que dilucidar si el inmueble de marras fue objeto de modificaciones que debieron haber sido comunicadas por el actor y éste incumplió con tal deber. En este sentido, es doctrina de esta Sala que debe entenderse que no media dolo o culpa por parte del actual contribuyente por errores en el empadronamiento originados en ampliaciones no denunciadas cuando las mejoras fueron llevadas a cabo cuando éste aún no era propietario de la finca (conf. arg. in re "Weisenberger Silvia Marta c/GCBA s/acción meramente declarativa", sentencia del 29 de agosto de 2002 y "ARM SA c/GCBA s/Acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT)", sentencia del 15 de septiembre de 2003). Dentro de este marco, resulta pertinente subrayar que el actor adquirió el in mueble de la Av. Gaona mediante escritura de fecha 25 de junio de 1991, es decir, casi cuatro años y medio después de que se efectuaran las modificaciones aducidas por el GCBA. Que las modificaciones datan del año 1982, conforme surge del plano acompañado a fs. 52, en donde surge que el mismo fue registrado ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro bajo el Nº de expediente 64.614 con fecha 10 de noviembre de 1982, por los anteriores propietarios del inmueble. Es decir, asiste razón al sentenciante cuando afirma que las modificaciones existieron, sin embargo no es cierto que las mismas puedan serle imputadas al actor, como también afirma el sentenciante, toda vez que él no era el propietario del inmueble al momento en que fueron realizadas. Es más, también ha quedado acreditado que no hubo ocultamiento por parte del propietario anterior, quien en su momento presentó el plano de demolición parcial, refacción y ampliación ante el organismo competente, con lo cual la Administración tuvo conoc imiento de las refacciones desde el mismo momento en que se efectuaron. Si después no fueron incorporadas al sistema de empadronamiento, es una cuestión ajena al actor, y también resulta ajena al anterior propietario, quienes además, abonaron regularmente las tasas correspondientes al período en que la Administración reclama las supuestas diferencias. La imposibilidad de atribuir las modificaciones al actual propietario constituye un obstáculo a la pretensión de cobro retroactivo del tributo por parte de la Ciudad, aún cuando se considere probado que el inmueble ha sufrido mejoras, refacciones, ampliaciones o cualquier otra modificación. Uno de los fundamentos utilizados por el Juez a quo en su resolución de rechazo de la acción, como se dijo, consistió en la existencia de la cláusula de asunción de responsabilidad por parte del actor que surgía de la escritura cuya copia fuera acompañada por el actor a fs. 42/43 vta. En ese sentido, dice la escritura que: "Se deja constancia que de acuerdo al artículo quinto de la Ley 22.427, los compradores asumen la deuda que por tasas municipales, contribuciones o servicios sanitarios gravan el inmueble motivo de la presente". Concluye el sentenciante "... Por lo tanto, fue la propia actora al adquirir el inmueble en el año 1991 la que asumió tal responsabilidad". Sin embargo, cabe destacar que a continuación de dicha cláusula dice la escritura: "La asunción de la deuda no libera a los transmitentes, quienes serán solidariamente responsables frente al organismo acreedor", con lo cual no es necesario que la Administración deba resignar la recaudación de ingresos que integran el tesoro de la Ciudad, puesto que tiene la posibilidad también de demandar a los anteriores propietarios, quienes asimismo fueron los que efectuaron las modificaciones en el inmueble en cuestión, modificaciones que fueron oportunamente informadas a la Administración. A mayor abundamiento, a la época en que el actor adquirió el inmueble -1991- se desconocía la existencia de una posible deuda para con la Ad ministración originada por diferencias de ABL pues de ella se tuvo conocimiento con posterioridad a tal asunción. Se reitera, el actor no cuestiona facultades de la demandada para recategorizar inmuebles y para el futuro cobrar las tasas que resulten de los nuevos avalúos, siempre y cuando los mismos se justifiquen y se dé al contribuyente la debida intervención, sino que lo que cuestiona es la aplicación retroactiva de las tasas que resultan de los nuevos avalúos, máxime cuando el actor obró, como en este caso, con total buena fe. Así, toda vez que las mejoras realizadas no pueden considerarse como realizadas por el propietario actual del inmueble, debe concluirse sin más en que los pagos oportunamente efectuados tienen efecto cancelatorio. 24. Cabe recordar que las partes tienen la carga de aportar al proceso los elementos necesarios a fin de convencer al juez que los hechos sucedieron en la forma que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende de la posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos (conf. CNCom., sala A, junio 6-1996, ED 170-205; CNCont.-adm. Fed, sala IV, abril 30-1998, ED, 181-727). Lo dicho por cuanto la Administración no ha demostrado que el contribuyente aquí actor hubiera actuado con culpa o dolo y es a ella a quien incumbe la acreditación de tal extremo. La buena fe siempre se presume (conf. art. 4008 del Código Civil). Si bien no se ha puesto en tela de juicio la atribución de modificar hacia el futuro las valuaciones y por ende las contribuciones calculadas sobre tal base, atentaría contra principios elementales como el de buena fe pretender realizar dichas modificaciones con efecto hacia el pasado. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmando que "el error en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de los impuestos, no perjudica al cont ribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave equiparable por parte de éste" (doctrina de Fallos 258:208, 259:382, 261:188, 264:124, 279:265, 284:232, 305:283, 302:1051, entre otros, reiterada en "Bernasconi" y en "Guerrero de Louge"). Distinta sería la solución si la diferencia entre el impuesto oblado y el debido de acuerdo a la nueva liquidación practicada por el Fisco se debiera a la ocultación por parte del contribuyente de la información que según la ley impositiva vigente tenía la obligación de suministrar. En este supuesto, el contribuyente se encontraría excluido del manto de protección que otorga el efecto extintivo del pago y la tutela de seguridad jurídica requerida por la garantía constitucional de la propiedad porque habría actuado con mala fe. Se reitera, el aquí actor no efectuó las ampliaciones sino el anterior propietario del inmueble y el anterior propietario asimismo presentó el plano de refacción ante la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro y es más tampoco se liberó de la responsabilidad que pudiera surgir de la "... deuda que por tasas municipales, contribuciones o servicios sanitarios gravan el inmueble ..." puesto que, como se dijo, siguió siendo responsable en forma solidaria frente al organismo acreedor". 25. Por otra parte, admitir el cobro retroactivo implicaría desconocer el efecto liberatorio del pago. (Conf. art. 505 del Código Civil y jurisprudencia concordante, por todos, fallos 307:305). La normativa local resulta de singular claridad al establecer que el sistema tributario se basa en el principio de irretroactividad (conf. art 51 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). De acuerdo a lo normado por el art. 725 del Código Civil, el pago es el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación, sea que se trate de una obligación de hacer o de una obligación de dar. El pago realiza la obligación en toda su plenitud y por ello la liquida y extingue, operando simultáneamente respecto del crédito del acreedor y la obligación del deudor, luego de lo cual el vínculo obligacional deja ya de surtir efectos. O sea que el pago importa una cancelación definitiva del débito y la liberación con idéntica característica del deudor (conf. Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Félix A., Derecho de las Obligaciones, Tomo II, Volumen II, Editorial Platense, La Plata, 1972, p. 132). Es decir, que roto el nexo queda exonerado el deudor de su responsabilidad. La extinción del crédito en razón del pago liquida definitivamente los poderes del deudor para cobrar (conf. Alterini, Atilio Aníbal, Ameal, José, López Cabana, Roberto, Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,1998, p. 127) El efecto esencial del pago es la liberación del deudor. Se extingue no sólo la deuda principal sino también los accesorios, fijándose de manera irrevocable la situación de las partes. La liberación del deudor tiene igualmente carácter definitivo constituyendo para éste un derecho adquirido que está incorporado a su patrimonio y del cual no podrá ya ser pr ivado sin afectarse la garantía constitucional de la propiedad (conf. Salvat, Raymundo M., Tratado de derecho Civil Argentino - Obligaciones en General, TEA, Buenos Aires, 1956 - actualizada por Enrique V. Galli, Volumen I, pág. 80 Nº 60; Buzo, Eduardo, Volumen III, p. 224, Nº 146; Colmo, p. 39 Nº 48; Llambías, Jorge Joaquín, Obligaciones, Vol. II, p. 867, Nº 1533; Borda, Guillermo, Tratado de Derecho Civil Argentino Obligaciones, Tomo I, Perrot, Buenos Aires, 1994, p. 548, Nº 743). Admitir lo contrario importaría desconocer de plano la letra del art. 17 de la Constitución Nacional en cuanto prescribe que la propiedad es inviolable. Si bien "...el mero hecho de que una ley de impuesto tenga carácter retroactivo (...) no constituye una causa de invalidación de la misma...", esta facultad de "legislar hacia el pasado no es (...) ilimitada. El Congreso podrá hacer que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente y los jueces, investigando la inte nción de aquel podrán a su vez atribuir a la ley ese mismo efecto. Pero ni el legislador ni el juez pueden en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar algún derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior. En ese caso el principio de la no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio constitucional de inviolabilidad de la propiedad" (fallos 152:258). 26. Por su parte, respecto del planteo de inconstitucionalidad introducido, entiendo que la cuestión encuentra solución realizando la interpretación conjunta del art. 198 bis del Código Fiscal de 1999 y el art. 3 del Código Civil. El texto del primero establece que "A partir del 1º de enero de 1999, las diferencias que se detectaren entre la realidad constructiva de un inmueble y su empadronamiento inmobiliario, sea por su superficie, estructura y equipamiento o cualquier otro elemento que incida en la determinación de su puntaje para fijar su categoría, se reliquidará a partir d e su detección y debida notificación al contribuyente, no pudiendo aplicarse retroactivamente la misma excepto el caso que se demostrara el dolo del contribuyente", y el segundo, por su parte, prescribe que "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes ...". Es importante destacar que a este efecto retroactivo deben serle reconocidos por lo menos dos límites, no pudiendo afectar las sentencias dictadas al amparo de la ley interpretada ni las garantías constitucionales. (confr. Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Civil, Parte General, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, Tomo I, pág. 161). Conviene precisar, a los fines de determinar el alcance del efecto inmediato de la ley nueva -en autos, el art. 198 bis del Código Fiscal, los conceptos de "consecuencias de las relaciones jurídicas y situaciones jurídicas existentes" a los que se refiere el art. 3 de la ley de fondo civil. Por relación jurídica debe entenderse la vinculación entre personas, por ejemplo, la vinculación que surge de un contrato; mientras que la situación jurídica es un modo permanente de estar con alguien respecto a otro que habilita a aquel para el ejercicio indefinido del poderes o prerrogativas mientras dure tal situación. Las consecuencias de tal relación o situación son derivaciones de hecho que reconocen su causa eficiente en aquellos antecedentes. "Tales consecuencias, aún no ocurridas al tiempo de dictarse la nueva ley, quedan gobernadas por ésta; en cambio las consecuencias ya producidas están consumadas y no resultan alcanzadas por las nuevas leyes, pues lo impide la noción de consumo jurídico" (Llambías, Jorge J., op. cit. p. 144/45). Hecha esta diferenciación, resulta evidente que el art. 198 bis ha modificado dichas consecuencias y no existiendo sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada resulta aplicable al caso sub examine aún cuando el hecho imponible -o sea, la situación jurídica de ser propietario o poseedor a título de dueño de un inmueble- se haya producido bajo el imperio de la Ordenanza Fiscal de 1998. En particular, no pudiéndose achacar tampoco mala fe a los anteriores propietarios del inmueble puesto que han presentado los planos de obra al organismo correspondiente. 27. En cuanto a las costas, cabe recordar que el artículo 62 del CCAyT consagra en su primer párrafo el principio general en materia de costas, el cual es el criterio objetivo de la derrota como fundamento de la imposición de costas. Éstas son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir al vencedor de los gastos en que debió incurrir y que deben ser reembolsados por el vencido, con prescindencia de la buena o mala fe de los litigantes. "No constituyen un castigo al perdedor sino una reparación patrimonial a favor de quien ha debido iniciar una acción judicial para lograr el reconocimiento de su derecho o bien para realizar la defensa de sus derechos frente a una demanda injusta" (conf. Morello, Gualberto y Berizonce, Códigos Procesales en lo Civi l y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y Anotados, Librería Editora Platense - Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1995, comentario al art. 68). Sin embargo, el principio enunciado no es absoluto. Así, el Código de rito prevé que "el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido, siempre que se encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad" (art. 62 in fine). Debe tenerse presente que la condena en costas es la regla y su dispensa la excepción, de modo que el apartamiento de tal principio sólo debe acordarse cuando medien razones fundadas ya que la excepción debe ser aplicada con criterio restrictivo. Tal como se desprende de la norma transcripta, el Código, a fin de evitar arbitrariedades, exige dos condiciones al sentenciante a fin de eximir de las costas al vencido: la primera es "que encontrare mérito suficiente" y la segunda es el deber de expresarlo, bajo pena de nulidad. Fenochietto señala q ue "las cuestiones de mérito atañen a la convicción del juzgador al concluir que el vencido ha tenido razonables motivos para litigar, vale decir, la existencia de circunstancias particulares de la causa que permitan inferir que el perdidoso actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado. No obstante, las referidas circunstancias no se sustentan en una creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su pretensión o defensa, cuanto en un contexto objetivo sujeto a la apreciación judicial suficiente para fundamentar la justificación de la eximición" (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado con los Códigos Provinciales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999, p.286 y ss.). A su vez, cabe recordar que las causales de eximición no tienen el alcance de liberar a la parte vencida del pago de la totalidad de las costas ocasionadas, sino solamente de las que ha abonado o incumba abonar al vencedor (conf. Palacio, Lino Enri que, Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1991 Tomo III, p. 372). Ello sentado, considero que las costas de ambas instancias deben ser soportadas por la parte demandada toda vez que no encuentro motivos para apartarme del principio objetivo de la derrota (art. 62 CCAyT). 28. En cuanto al recurso de apelación interpuesto por la perito arquitecta actuante -Liliana I. Rimoldi- referido a su regulación de honorarios, considero que asiste razón a la misma cuando afirma que el monto fijado como honorario es bajo. Dada la importancia de la tarea encomendada y la incidencia que ha tenido el informe pericial producido para el sentenciante para emitir su decisión como elemento probatorio, entiendo que el mismo deberá ser elevado a $ 700, ello de conformidad con las pautas que surgen del decreto-ley 7.887/55 y por la ley 24.432, art. 13. Por todo lo expuesto VOTO por: 1.- Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia de fs. 466/468 y admitir la demanda incoada, declarando en consecuencia improcedente la pretensión de cobro retroactivo con respecto a las contribuciones de Alumbrado, Barrido, Limpieza y Territorial, Pavimentos y Aceras Ley 23.514, correspondientes al inmueble sito en la Av. Gaona 4942 de esta Ciudad e imponer las costas a la demandada. 2.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la perito y en consecuencia regular sus honorarios en $ 700. El Dr. Eduardo Ángel Russo, por las consideraciones vertidas precedentemente, adhiere al voto del Dr. Centanaro. A la cuestión planteada la Dra. Nélida Mabel Daniele dijo: Adhiero al meritorio voto del Dr. Esteban Centanaro, con excepción de lo expuesto en el considerando 26 de su pronunciamiento. Entiendo que al no haber promediado "ocultamiento" por parte del contribuyente y al no haber obrado de mala fe, la impericia de la administración en la gestión de los intereses fiscales no puede afectar, por mínimas razones de seguridad y certeza, la relación jurídica del contribuyente con el GCBA. Vale aclarar, que lo que caracteriza al Estado de derecho son los límites a las potestades frente a los derechos individuales. La juridicidad, que presupone un obrar signado por la razonabilidad antes que por la arbitrariedad, se encuentra -por lo demás- sostenida desde una división del poder, que encuentre como primera ratio la Constitución, y como primer deber de los jueces el de velar por su observancia, frente a actos u omisiones que pretenden malograr su vigencia. En ese sentido, ya me he pronunciado en casos análogos (ver mi voto en autos "Weinsenberg Silvia Marta c/ GCBA s/ Acción Meramente Declarartiva", reiterado en la causa "Casa de la Moneda", entre muchos otros), en los cuales la demandada fundaba su pretensión de cobro en el art. 48 de la OF del año 1998, en cuanto preceptua que "[c]cuando la Administración reliquida o reajusta una obligación tributaria, como consecuencia de hechos imputables al contribuyente o responsable o por haber mediado error de la liquidación original, ya sea atribuible al propio contribuyente o a la Administración, no cabe considerar extinguida la obligación de pago que se hubiere efectuado", por su inconstitucionalidad. Ello así lo sostengo, toda vez que esa disposición avalaría el cobro retroactivo por períodos ya liquidados y abonados en virtud de una nueva valuación originada en la impericia de la propia administración. Si fuese admisible esta posibilidad se crearía una situación de incertidumbre y se afectaría la seguridad de las transacciones sobre los derechos reales que se constituyen sobre los inmuebles, consecuentemente "la estabilidad de los derechos sería ilusoria y los contribuyentes no estarían nunca seguros de sus relaciones con el Fisco" (Fallos 188: 293; 237: 556). En definitiva y por todo lo expuesto, deviene necesario declarar la inconstitucionalidad de la parte pertinente del artículo que otorga a la administración potestad para exigir al contribuyente un tributo que ha sido pagado oportunamente por mediar error en la valuación que no fue causada por aquél, toda vez que esa es la única solución que concilia la necesidad de sentenciar el caso conforme los valores y principios constitucionales. Un proceder distinto al propuesto, lleva a lesionar la directriz que hace alusión a los efectos liberatorios del pago, de jerarquía constitucional (art. 17 C.N., 10 CCABA). Tal norma, desconoce -a su vez- lo dispuesto en el artículo 51 de la CCABA, en cuanto dispone que "las cargas públicas se basan en los principios de legalidad, irretroactividad, igualdad, no confiscatoriedad, equidad, generalidad, solidaridad, capacidad contributiva y certeza". En este sentido resta destacar que no se ha cuestionado en estas actuaciones la atribución de la administración de fijar nuevas valuaciones, sino de su aplicación retroactiva lo que implicaría desconocer el efecto liberatorio del pago efectuado oportunamente por mediar error en la liquidación, sin que medie dolo del contribuyente. En este sentido, dejo expresado mi voto. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1.- Hace r lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia de fs. 466/468 y admitir la demanda incoada, declarando en consecuencia improcedente la pretensión de cobro retroactivo con respecto a las contribuciones de Alumbrado, Barrido, Limpieza y Territorial, Pavimentos y Aceras Ley 23.514, correspondientes al inmueble sito en la Av. Gaona 4942 de esta Ciudad e imponer las costas a la demandada. 2.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la perito y en consecuencia regular sus honorarios en $ 700. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-