marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cheque, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental c/ Gomez, Juan s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

El plazo de prescripción de conformidad con lo previsto en el art.

54 del decreto ley 4776/63, se produce al año contado desde la expiración del plazo para la presentación. Este plazo de conformidad con el art. 25 de la misma norma, es de treinta días contado desde la fecha del libramiento, (si el cheque ha sido librado en el país), con independencia de la fecha del rechazo bancario.
Acción de amparo, excusación por amistad
Materia: CIVIL
Carátula: HABRA FERNANDEZ, CARMEN MARGARITA c/ GOBIERNO DE LA PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-21

Para invocarse la amistad como causal de excusación, ésta no debe confundírsela con elementales reglas de cortesía, ni con la frecuencia en el trato a causa de la profesión o docencia.-
Cheque, hurto simple, falsificación de cheque, falsificación de instrumento privado, concurso real, estafa, chequera
Materia: PENAL
Carátula: MONTES RADIO, RICARDO F. s/ FALSIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-18

Constituye delito de hurto en concurso real con falsificación de documento privado y no de estafa, la acción del procesado que sustrajo la chequera de su hermano y falsificó su firma para cancelar varias deudas, ya que no realizó ardid alguno para llegar a la entrega del dinero, toda vez que el libramiento sólo estuvo dirigido a cancelar una deuda ya existente.
Competencia, competencia administrativa, resolución administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: BIASSONI HECTOR PEDRO c/ CABLEVISION SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-16

La actora pretende el cumplimiento de ciertas resoluciones administrativas dictadas por el Secretario de Comercio Interior, en el contexto de la ley de abastecimiento -n° 20.680-. A través, de ellas, se implementó un nuevo régimen en materia de precios de la televisión paga (conf. resolución 3d n° 50/10, publicada en el Boletín Oficial del 4.3.10), que luego dio lugar a la fijación del abono básico que percibe la demandada, en la suma de $109 (conf. resolución SCI n° 11/36, 3.0. del 10 .3.11). Las resoluciones administrativas cuyo cumplimiento persigue la actora conllevan una intervención estatal coactiva en el mercado de la televisión paga, que no constituye un servicio- público. De allí que la contienda se encontraría en la órbita del derecho público, lo cual justifica la competencia de la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Irizar, José Manuel. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilida de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-07-03

Esta Superior Tribunal de Justicia, ha sido reiteradamente remiso en receptar el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley contra sentencias en juicios ejecutivos, por considerar que no reúne los requisitos de admisibilidad formal exigidos, por entender que no es sentencia definitiva (Art. 285 del C.P.C. y C.) y que puede repararse la supuesta lesión mediante un proceso ordinario.

Silveira Márquez: según su voto).
Procesos de ejecución, intimación de pago, notificación, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Neuquén c/ Quiroga, Enrique Raúl s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-16

La diligencia de intimación de pago cursada en el marco de un proceso de apremio, resulta nula, pues es esencial para el ejercicio del derecho de defensa en juicio que el oficial de justicia deje constancia del día y hora de la entrega; formalidad que al no estar cumplida en forma total, tal como surge de la constancia del mandamiento agregado a la causa y por omitirse consignar el año correspondiente, además de resultar ilegible la referencia al mes que se realiza la diligencia, determina la declaración de nulidad del diligenciamiento del mandamiento y lo actuado en consecuencia, incluida la sentencia de trance y remate.
Delito culposo, responsabilidad concurrente
Materia: PENAL
Carátula: MONZON, Modesto s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

La concurrencia de culpas no modifica en absoluto la imputación penal culposa porque ésta es personal y sólo exige que el autor haya obrado con culpa.
Daños y perjuicios, policía federal, Fuerzas Armadas, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goyenechea Raquel Fermina y otros c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Policía Federal s/ accidente en el ámbito militar y fzas de seg
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-26

Los perjuicios que pueda sufrir el personal policial en cumplimiento de la función estatal de seguridad deben quedar exceptuados de las normas generales sobre responsabilidad del Estado, tal como sucede con el personal de las fuerzas armadas lesionado en acciones bélicas (Voto del Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romang Ciuza Ramona c/ Graziosi Luis Enrique y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24

La historia clínica no es el simple relato, la decisión de una enfermedad aislada; comprende además el comentario, las consideraciones del médico al terminar de analizar el enfermo y valorar los datos recogidos según su criterio; debe ser clara, precisa, completa y metódicamente realizada. Y su confección incompleta constituye presunción en contra de la pretensión eximitoria del profesional.-(SCBA. Ac.48759, del 3-ll-92)-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: LUIS GILBERTO ARANDA c/ DIGAMMA  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-04

Resulta insuficiente el agravio de que el actor habría quedado en indefensión frente al sorpresivo planteo contenido en la sentencia, si sus defensas debieron articularse oportunamente, por ser apropiadas para responder a la excepción de falta de acción articulada por los terceros interesados.
Prueba, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Lluis, Luis María c/ B.E.R.S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-08-09

En autos, al demandarse, se exponen las razones por las cuales no es posible precisar con exactitud, en el período reclamado, los días de la semana y el horario en que se generaba trabajo extraordinario (atento a la índole de la función que cumplía el actor cajero de banco). La empleadora también aduce motivos que imposibilitan determinar con precisión la jornada de trabajo cumplida por su contrincante, por lo cual no llevaría registración al respecto. De tal manera, no es impedimento para generar la presunción de los artículos 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 87 del Código Procesal Laboral, la falta de delimitación precisa por el actor de su jornada de trabajo, puesto que su adversario lo justifica; es más, resulta evidente, ante la situación descripta, que la accionada debió registrar con exactitud el desempeño del demandante en horas suplementarias, como que sobre ella pesaba la carga de documentarlas.
Proceso judicial, representación procesal, gestor
Materia: PROCESAL
Carátula: Hotelera Misiones S.C.I.F.I.A. y Damus Ricardo y otro s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1988-08-02

La calidad de gestor (art. 48 del Cód. Proc. Civil) invocada por el letrado es inoficiosa si ya había utilizado esa alternativa al expresar agravios para sostener el recurso de apelación contra el pronunciamiento de primera instancia, toda vez que tal facultad "sólo puede ejercerse una vez en el curso del proceso".
Daños y perjuicios, extinción de la acción penal, actos ilícitos, delito civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ CARLOS POR SU HIJO MENOR c/ VALENTIN STOCCO s/ d - y p (LIBRO: S153 - 267)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-09-25

Si no hubo oportunidad de calificar el delito en sede penal por alguno de los supuestos del art. 1101 del C.C., sea por extinción de la acción penal, etc. los Tribunales Civiles están habilitados para apreciar si el ilícito configura prima facie delito penal y admitir la responsabilidad cuasidelictual.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, derivación razonada del derecho vigente, tasa de justicia, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ESTEVEZ, JOSE LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-11-10

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por cuanto no luce irrazonable la conclusión del a quo en relación a que en el procedimiento inyuccional o monitorio consagrado en el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial es obligación del reclamante el pago de la tasa de justicia y el impuesto de justicia, destacando que dicha norma ofrece al acreedor de honorarios otra alternativa procesal de ejecución, reviste la naturaleza de un verdadero "proceso", y admite la posibilidad de interposición de excepciones.

En sustento de dicha hermenéutica, sostuvo que la ley impositiva no hace distingos, ni plantea diferencia alguna para el caso de que el cobro judicial de honorarios se intente por una vía procesal distinta a la del artículo 507 del Código Procesal, como la del artículo 260; que ambas requieren de la actividad jurisdiccional; y que la circunstancia fáctica de que la petición de cobro se haga por cuerda separada dentro del mismo juicio o incidente no hace desaparecer el hecho imponible del impuesto y/o de la tasa.

Frente a tales consideraciones, la recurrente sostiene que los jueces se erigen en legisladores "ampliando insólita y antijurídicamente la norma a aplicar", mas sin persuadir de que lo resuelto por la a quo, por aplicación de métodos aceptables de hermenéutica, exceda márgenes tolerables de razonabilidad, que merezcan por ende ser revisados en esta instancia excepcional.
Actualización monetaria, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: Lappano, Angélica c/ Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y otro s/ Diferencia de Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

A fin de cumplimentar lo dispuesto por los arts. 8 y 11 de la ley 9688 corresponde calcular el jornal diario promedio sobre la base de las remuneraciones percibidas durante el año anterior al accidente, traducidas a valores constantes. Al importe resultante se le aplicará, de ser el caso, la limitación fijada en el art.8 inc. "a" de la ley 9688 (según ley 21.034).
Juicio ejecutivo, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gharboyan Vda. de Dekmak, María c/ Lopez Ponce, Carlos s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

Ha sido mal concedido en la instancia de origen, el recurso de apelación, desde que, al no haber opuesto excepciones el ejecutado, escapa a las previsiones del art. 552 del CPC. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Adulteración de la numeración de bienes registrables, dolo, delito de peligro
Materia: PENAL
Carátula: GASTON, Miguel s/ SUPRESION NUMERACION AUTOMOTOR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-09

El dolo de la conducta descripta por el art. 289 inc. 3 CP sólo requiere la conciencia de haber falsificado, alterado o suprimido la numeración individualizadora -en el caso, de un bien registrable- y la voluntad de ejecutarlo o hacerlo posible mediante una colaboración necesaria, pues como delito de peligro, se satisface con la afectación de la fe pública y la posibilidad de eludir los controles correspondientes; lo que ocurrió en el caso de autos, donde se encontró en el taller de los prevenidos, diversos vehículos con las numeraciones individualizadoras de motor y dominio alteradas, suprimidas e incluso intercambiadas.
Querellante, querellante legislador
Materia: PENAL
Carátula: Frabotta, Lionel M. c/ Alanis, Héctor s/ Querella por Injurias- Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-09-02

En el supuesto de inmunidad de opinión del Legislador -artículo 73 de la Constitución Provincial- el órgano judicial encuentra un obstáculo insalvable para acusar, interrogar o aún, molestar a un miembro del Poder Legislativo y, en su virtud, formular la querella contra uno de ellos por "opiniones vertidas en el desempeño del mandato" no cabe la posibilidad de procedimiento alguno, aún después de concluido el mandato legislativo, ni de llegar al desafuero o al antejuicio -artículos 196 y 197 del Cód. Procesal Penal-.

Categorizadas por el a-quo las opiniones motivantes de la querella de autos, emitidas por el querellado en ejercicio de su mandato legislativo, resulta incontestablemente acertada la disposición de archivo de las actuaciones.
Liquidación, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Valenzuela, Eduardo Federico c/ I.P.S.A.S (ex. caja de jubilaciones y Pensiones de la Provincia) s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-05

En caso de rechazo total de la demanda, la base regulatoria la constituye el total del valor reclamado por la actora. Se mantiene así por principios analógicos, la procedencia de equiparar demanda íntegramente admitida, a demanda íntegramente rechazada. Ello significa que la liquidación a los fines de determinar la base del juicio, debe estar dada por todos los rubros reclamados por el actor. No debemos limitarlos únicamente a los justipreciados, sino a los efectivamente reclamados, como son aquellos que deben determinarse por la vía de la prueba a rendirse.
Acción civil, querella
Materia: PROCESAL
Carátula: P., L.J. c/ C., R.D.C. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-02-18

La normativa civil quiso asignar diferentes efectos a la acción civil y a la querella criminal, de manera que las consecuencias jurídicas emergentes del ejercicio de una de ellas no son trasladables a la otra figura. Así, en la búsqueda del sentido jurídico del precepto aplicable a cada supuesto particular, una interpretación racional impide atribuir al ejercicio de la acción civil los efectos de la pretensión punitiva (querella) que no fuera ejercitada en la especie.
Honorarios, beneficiario del título, peritos, perito contador, extraña jurisdicción, competencia
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Semeler, Francisco de Assis Giardani de Semeler, Simoni Geremias c/ Itals SA s/ oficios ley 22172
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

Cuando, como en el caso, se trata de un oficio en los términos del la ley 22172 a fin de que se dé cumplimiento con cierta medida probatoria ordenada por el juez de la causa, no cupo imponer las costas por las tareas llevadas a cabo por el experto del accionado en tanto ello exorbitó el contenido del presente. La ley 22172 impone al tribunal local la regulación de honorarios correspondientes a la tramitación de medidas ordenadas por tribunales de otra jurisdicción, aplicando a tal fin su propia ley arancelaria y teniendo en cuenta el monto del juicio si constare (art. 12).
Recurso de apelación (procesal), inadmisibilidad del recurso, escritos judiciales, presentación del escrito, actos y diligencias procesales, inobservancia de la instancia prejudicial
Materia: PROCESAL
Carátula: A., J. s/ Actor civil (Expte Nº 174-98, Resolución Nº  147, Tomo 4, Folio 306)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

Corresponde declarar mal concedido el recurso si, en definitiva, no ha habido interposición de la apelación con las formalidades del artículo 422 del Código Procesal Penal. En efecto, de la lectura del escrito se deprende que sólo se interpone "reposición", no recurriéndose en grado de apelación en ningún momento y, por otro lado, la referencia que está en la parte superior de la hoja y que está antes de dirigirse al "señor Juez:", no puede ser valorada, por no ser parte integrante del escrito judicial.
Sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, fallos de la Corte Suprema, Superior Tribunal de Justicia, recurso de revisión penal, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de C. N. G. en la causa Escalante, Esteban Iván y otros c/  s/ homicidio triplemente calificado por haberse cometido con ensañamiento, alevosía y con el concurso de dos o más personas en concurso real con el abuso sexual con acceso carnal y con el delito de privación ilegítima de la libertad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-12

Corresponde dejar sin efecto la decisión del tribunal superior local si al declarar inadmisible el recurso de revisión deducido contra la sentencia que condenó al imputado a la pena de prisión perpetua por los hechos en los que intervino siendo menor de edad, prescindió por completo de lo decidido por la Corte sobre el punto en el precedente "Arce", fallo en el que se decidió que -más allá de las particularidades de las regulaciones procesales locales- el recurso de revisión es potencialmente apto para canalizar pretensiones como las de la causa (Voto del juez Rosenkrantz).
Competencia contencioso administrativa, empleo público, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, exámenes médicos periódicos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SECR. DE TURISMO c/ MAROTE BLASCO, Julián s/ EMPLEO PUBLICO"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Es de competencia del fuero Cont. Adm. Fed. la tramitación de la causa en donde la administración solicita judicialmente que se obligue al agente -que se niega a someterse a los exámenes médicos (art. 27, inc. i, del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública)- a realizárselos.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, modificación del reglamento de copropiedad, boleto de compraventa, partes comunes
Materia: CIVIL
Carátula: BORKUS HECTOR OSCAR c/ MAGRO DOMINGO ANTONIO D. Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-03

Si el comprador ha pagado todo el precio por la unidad de la planta baja de un inmueble y está en posesión de ella desde hace varios años la circunstancia de que aún no se le haya trasmitido el dominio, mediante la escrituración, no significa la reforma del Reglamento de Copropiedad, si efectivamente lesiona su derecho.

Desde el momento que al escriturarse habrá que regular el dominio y el condominio al régimen del referido Reglamento, va de suyo que si este fuera lesivo y se apartara de lo convenido, resultaría en definitiva que, "per se", el vendedor habría alterado lo pactado sin el consentimiento de la otra parte; por lo que las partes no pueden alterar la naturaleza de la cosa y convenir que lo que es común, como el jardín o el patio, sean de propiedad de uno de los condóminos (art. 2 de la ley 13.512). Y en consecuencia, la mención del jardín hecha en el agregado al boleto no puede tener el significado que pretende el adquiriente, convirtiendo el condominio en dominio, pues si el patio es común, no puede atribuirse el uso exclusivo, por mas que se lo limite en el tiempo (de tal hora a tal hora), a uno de los condóminos sin el consentimiento del otro (art. 2680, 2684 del Código Civil).
Despido, interposición del recurso, notificación electrónica
Materia: LABORAL
Carátula: Cofre, Claudia Marcela c/ Asociación Civil Hospital Aleman  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-05

La parte actora afirma que interpuso su recurso en tiempo y forma el 3 de mayo de 2021 al haber sido notificada electrónicamente de la sentencia emitida con fecha 21 de abril del citado año (día martes). Su tesis es que recién a partir del viernes 26 -es decir del día de nota- debe considerarse perfeccionada la notificación electrónica de la sentencia. La sanción de la ley 26.685 -que autoriza la utilización de expedientes, documentos, firmas y comunicaciones electrónicas en los expedientes judiciales- y las resoluciones que la Corte Suprema ha dictado reglamentando la figura, han llevado a que en la práctica, el domicilio electrónico haya reemplazado al constituido. Se ha impuesto a las partes de los procesos judiciales constituir tanto un domicilio "adliten" en un lugar físico, como uno electrónico donde serán enviadas las notificaciones judiciales correspondientes reemplazando a la cedula de notificación en papel. Las notificaciones cursadas al domicilio electrónico tienen los mismos efectos que las efectivizada en el domicilio constituido. En sus efectos, cabe resaltar, que la notificación se considera perfeccionada cuando esté disponible en la cuenta de destino. Para las cédulas electrónicas que se reciban entre las 7 y las 20 horas se considerará que la notificación se efectivizó ese día, por lo tanto, los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente. Por ello, la parte apelante no pudo considerarse notificada "ministerio legis" el viernes 23 de abril sino en fecha previa y su recurso fue legítimamente descalificado (Del voto del Dr. Pose. La Dra. Craig adhiere en este tema su voto).
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, personal policial, juntas de calificación, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Parvellotti, Antonio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 421 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-04

No puede prosperar el planteo del recurrente respecto que la calificación de la Junta no está fundada porque, aunque el recurrente opina lo contrario, actas anexos de la Junta Superior de Calificaciones, suplen suficientemente la exigencia de motivación, permitiendo dilucidar -en definitiva- qué elementos se tuvieron en cuenta para arribar a la respectiva calificación, lo cual, a su vez, permite el adecuado ejercicio del derecho de defensa por el calificado. Ello así, por cuanto la motivación exigible puede ser sucinta, como lo señala la jurisprudencia constitucional española: "la motivación escueta o sucinta, si es suficientemente indicativa, no equivale a ausencia de motivación, ni acarrea nulidad", y que el "tráfico administrativo... es normalmente un tráfico en masa incompatible con más exigentes requerimientos".
Nulidad de sentencia, violación, robo, declaración de la víctima
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pérez, José Daniel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-26

Resulta nula la sentencia condenatoria por los delitos de violación y robo ya que el ejercicio de la facultad de interrogar al damnificado por parte de la defensa -nunca antes efectuado- se tornaba imprescindible en el debate para despejar el cuadro de incertidumbre delineado en el decisorio.