Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-25


--- En la ciudad de Trelew, a los 25 días de febrero del año dos mil ocho, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones esta ciudad, con la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presen-cia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Aldo Luis De Cunto y Sergio Rubén Lucero, para cele-brar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G, R R c/ I DE S S Y S s/ Da-ños y Perjuicios" (Expte. N° 22.382 - año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resul-tante del sorteo practicado a fs. 288. -- -- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. De Cunto dijo: --- Vienen es-tas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 268 contra la sentencia de fs. 259/264, que hiciera lugar parcialmente a la demanda promovida R R G contra el I de S y S de la Provincia del Chubut, condenando a este último a pagar la suma de $ 30.000 en concepto de daño moral con más intereses en el plazo de diez días de quedar firme el pronunciamiento, e imponiendo las costas a la demandada vencida. - A fs. 269 se concede el recurso, expresándose agravios a fs. 277/280, cuyo traslado conferido a fs. 281, fuera contestado por el actor a fs. 282/285 vta.. --- I.- Comenzaré por reseñar los agravios vertidos por la demandada a fs. 277/280 y los concep-tos desgranados por la demandada en su respuesta de fs. 282/285 vta.. - 1) Se agravia la accionada, en primer lugar, de que se sostuviera en la sentencia que la demora en el otorgamien-to de la cobertura del estudio pretransplante renal haya sido imputable a su parte. Considera arbi-trario que se interpretara que la demandada reconociera la inejecución de la obligación de proveer cobertura. Considera que tales conclusiones de la sentenciante no se condicen con los actos pro-cesales ordenados por este Cuerpo en las actuaciones sobre medida autosatisfactiva, ya que al ordenarse pericias médicas pertinentes, hasta el dictado de la sentencia por esta Alzada la cues-tión era debatible. Expresa que una vez pronunciada dicha decisión el 17/09/04 su parte cumplió la manda judicial inmediatamente, por lo que no hubo demora injustificada alguna. Remarca que la circunstancia de que se haya ordenado la pericia mencionada para dictaminar si la afección pade-cida por el actor era congénita o adquirida, revela que la obra S no otorgó en su momento la co-bertura por un capricho, sino que se debió a la interpretación de los auditores. Por último indica que su parte jamás negó la afección del actor, sino que la causa de la negativa a la cobertura era el carácter preexistente de la dolencia. Como segundo agravio señala que el razonamiento de la "a quo" es equivocado cuando expresa que el vínculo contractual se encuentra acreditado y que se deberá determinar la existen-cia del daño y la relación de causalidad entre esa relación contractual y las repercusiones en la esfera extrapatrimonial del actor. Cita un comentario al art. 522 del C. Civil y entiende que los re-quisitos mencionados en el considerando de la sentencia no se encuentran acreditados, ya que antes de incoar la medida cautelar el accionante sufría una afección emocional lógica por el trata-miento de hemodiálisis. Agrega que no puede aceptarse que se reclame daño moral desde sep-tiembre de 2003 cuando no se demostró que la demora imputada haya ocasionado un daño mayor al que la contraria venía sufriendo. Reitera que no se probó el daño moral desde septiembre de 2003 hasta la fecha del transplante, ni el nexo causal ni factor de atribución alguno, ya sea dolo o culpa. Señala asimismo que la pericia psicológica demostró que los hechos generados no le alte-raron la psiquis. Seguidamente, bajo el acápite de tercer agravio, refiere a que no se condice con lo dictaminado en la pericia citada la conclusión de la sentenciante de grado en cuanto a que la demora atribuida a la demandada con la consiguiente prolongación del tratamiento de hemodiáli-sis causó una mayor angustia e incertidumbre en G, incluyendo la probabilidad de fallecimiento. Considera arbitraria la determinación de la fecha a partir de la cual se condena al resarcimiento del daño -inicio de la medida autosatisfactiva- ya que no fue ex-presamente pedido, incurriendo la sentencia en "ultra petita", solicitando que en caso de confir-marse la sentencia se condene desde la fecha de interposición de la demanda. También entiende excesivo el monto reconocido, dado que al no existir daño psicológico, en virtud de su íntima rela-ción con el daño moral, no existe lógica en la suma adjudicada. Finalmente como quinto agravio se queja de la imposición de las costas en un 100% a su mandante, cuando al desestimarse el daño psicológico, el vencimiento fue parcial. 2) Al contestar los agravios, el demandante señala que este Cuerpo ordenó la realización de un estudio pretransplante por considerar que el mismo se encontraba dentro de las prestaciones obligatorias establecidas por el PMO y confirmó la sentencia de primera instancia dictada en las actuaciones sobre medida autosatisfactiva y a pesar de ello la demandada debió ser intimada en noviembre de 2004 a cumplir con la decisión, otorgando la cobertura recién en enero de 2005. Replica que sí hubo una demora injustificada dado que no se exigió un examen médico previo a la afiliación y que al quedar demostrado que la enfermedad no era preexistente quedó configurado el incumplimiento de la demandada. Señala que está fuera de discusión la obligatoriedad de la co-bertura y la conducta de Seros, por cuanto pudo haber otorgado la prestación mientras se efec-tuaban las pericias. - En cuanto a la crítica que efectúa la apelante respecto del nexo cau-sal entre la relación contractual y el daño extrapatrimonial, sostiene que la contraria se equivoca porque no se trata de la existencia de daño psicológico, sino de daño moral, el que pudo haberse evitado si la demandada hubiera otorgado la autorización para el estudio o realizando la pericia médica que debió efectuarse en el expediente de medida autosatisfactiva. Explica que acreditó el referido daño, ya que se probó la lesión a los intereses espirituales del actor, quien vivió en un estado de zozobra desde el inicio del reclamo en 2003 hasta principios de 2005, estando sometido durante casi dos años a un riesgo cierto innecesario en su salud y su vida. Al contestar el tercer agravio vuelve a considerar que la demandada confunde la acreditación del daño psicológico con el daño moral. -- En cuanto a la fecha desde la que se condena el resarcimiento, entiende que el daño debe resarcirse desde el momento en que se produjo, el que comenzó con la negativa de la demandada a otorgar la autorización para la realización del estudio pretransplante en julio de 2003. Cita juris-prudencia y doctrina. Asimismo encuentra equitativo el monto reconocido. Por último considera que el rechazo de uno de los rubros peticionado no merma la condición de vencida a la contraria, por lo que juzga correcta la imposición de costas decidida. II.- Delimitada la materia sobre la cual habrá de ejercer este Cuerpo la facultad revisora, co-rresponde adentrarme en el tratamiento de los agravios vertidos por la accionada. - 1) En el primer agravio la apelante cuestiona que la juzgadora haya tenido por reconocida la inejecución de la obligación de proveer a la cober-tura para los estudios de pretransplante, que se haya tenido por acreditada una demora injustifi-cada de dicha obligación, efectuando una reseña de las actuaciones sobre medida autosatisfacti-va a fin de demostrar que no existió una demora caprichosa o una conducta evasiva del cumpli-miento contractual (ver fs. 277/278). Al respecto la Sra. Jueza "a quo" dijo que la demandada cu-brió el tratamiento de diálisis sin objeción alguna cuando según sus dichos la enfermedad era preexistente a la afiliación del accionante y que los argumentos dilatorios para la prestación no fueron razonables en tanto le alcanzaban las obligaciones que le impone tanto a las obras Ses como a las prepagas el régimen de asistencia obligatoria (ver fs. 262, dos últimos párrafos). Tam-bién dice la "a quo" que la inejecución oportuna de la obligación está reconocida por la demanda-da (ver fs. 262 vta., 2do. párrafo). --- Cabe decir que asiste razón a la quejosa en cuanto a que ella no reconoció la inejecución oportuna de su obligación de cober-tura, ya que adujo que la demora imputada no fue producto de un capricho (ver fs. 150, último párrafo). Ahora bien, más allá de considerar a continuación las actuaciones sobre medida autosa-tisfactiva -en las que basa el recurrente su postura de que no existió inejecución injustificada ya que hasta la pericia ordenada por la Cámara la cuestión era debatible-, la sentenciante sostuvo dos argumentos que no fueron rebatidos en el agravio y que consistieron en considerar que los argumentos para dilatar la prestación no fueron razonables por cuanto con anterioridad la deman-dada había cubierto el tratamiento de diálisis a pesar de alegar que la enfermedad era preexisten-te y que la prestación reclamada -de evaluación pretransplante- se encuentra dentro de las obliga-ciones impuestas por el programa médico obligatorio. Por lo que dicha falta de crítica a motivacio-nes esenciales de la sentencia, acarrea, al menos, la deserción parcial del agravio, ya que la parte del fallo no impugnado o criticado insuficientemente, como sanción al recurrente, queda consenti-da (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Astrea, 1993, Tº 1, pág. 942). --- Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente analizar las actuaciones sobre medida autosatisfactiva que obran en copias certificadas a fs. 04/55 a fin de analizar la inejecución atribuida a la demandada. De las mismas surge con fecha 24/06/03 la inti-mación extrajudicial del actor para que la demandada autorice la derivación a Buenos Aires para realizar los estudios de pretransplante renal y así suspender el tratamiento de diálisis (ver fs. 14), contestando la accionada que la afiliación no comprende dicha cobertura porque los transplantes están expresamente excluidos y por tratarse de una enfermedad congénita (ver fs. 15). En sep-tiembre de 2003 G promueve la medida autosatisfactiva (ver fs. 24) y el 15/09/03 se dicta la reso-lución judicial ordenando la cobertura, con fundamento -entre otras razones- en que la prestación requerida se encuentra comprendida en el Programa Médico Obligatorio. El 07/11/03 este Cuerpo ordena la producción de una pericia médica a fin de establecer si la afección que padece el actor es o no congénita o adquirida, preexistente a la fecha de incorporación a S V (Junio de 1995) (ver fs. 32/vta.). Presentada dicha pericia (ver fs. 39/43) y en base a la misma -de la que no se infiere el carácter congénito de la enfermedad- y a la circunstancia de que la demandada no impuso al actor la realización de un examen médico de ingreso (ver fs. 49 vta., 3er. párrafo), la Cámara con-firmó la decisión de primera instancia con fecha 17/09/04 (ver fs. 47/50). En noviembre de 2004 la actor solicita que se intime al cumplimiento de la sentencia (ver fs. 52), realizándose finalmente los referidos estudios pretransplante en febrero de 2005 (ver fs. 110). -- Es claro que la obligación nuclear de las entidades que prestan servicios de medicina prepaga es el suministro de servicios médicos y que en virtud de la ley 24754 dichas entidades deben cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial, las mismas prestaciones obligato-rias dispuestas por las obras Ses, conforme lo establecido por las leyes 23660, 23661 y 24455 y sus respectivas reglamentaciones (conf. Lorenzetti, R: "Tratado de los Contratos", Rubinzal-Culzoni Editores, 2000, Tº III, pág. 169). Por su parte el Programa Médico Obligatorio (PMO) fue aprobado por la resolución 247/96 del Ministerio de Salud y Acción SOCIAL vigente al tiempo de la sanción de la ley 24754, en 1996. Ahora bien, el PMO se actualiza periódicamente, y eso es lo que ocurrió mediante la resolución 201/02 del Ministerio de Salud que establece en su Anexo II el Catálogo de Prestaciones que deben garantizar los Agentes del Seguro de Salud (ver fs. 05), de-ntro de las cuales se comprende a la evaluación pretransplante renal en receptor (cód. 270201) (ver fs. 07). Resulta obvio que dichas actualizaciones alcanzan a las entidades de medicina pre-paga ya que el art. 28 de la ley 23661 previó dicha actualización periódica. Por lo demás y tal co-mo lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la modalidad de la actualización pe-riódica "...encuentra explicación, entre muchas otras razones, en que el sistema de la ley 23661 tiene como "... objetivo fundamental proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendentes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible" (art. 2), con lo cual, en buena medi-da, este cuerpo legal, al que remite la ley 24754, se comunica con los derechos de toda persona "al disfrute del más alto nivel posible de salud..." y "...a una mejora continua de las condiciones de existencia...", enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Ses y Culturales (arts. 12.1 y 11.1), en vigor desde 1986 (ley 23313), y que cuenta con jerarquía constitucional a partir de 1994 (Constitución Nacional, art. 75. 22)" (conf. CSJN, C. 595 XLI, in re: "Cambiaso Pé-res de Nealón, Celia María Ana y otros c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas s/ recurso de hecho" del 28/08/07, en htpp://www.csjn.gov.ar/jurisp). En consecuencia, si se asimi-la al sistema de "S V" al régimen de medicina prepaga, la demandada resulta alcanzada por la obligación de cumplir con la prestación médica oportunamente requerida. - - También tenía dicha obligación si se considera que "S V" es sólo un programa administrado por el I de S S y S, y en ese caso se tratara del régimen de una obra S estatal provincial. Y ello es así por cuanto si bien el art. 1, inc. c) de la ley 23660 limita las obras Ses estatales a las pertene-cientes al Estado Nacional y sus organismos autárquicos y descentralizados, es de recordar que el constitucionalismo provincial nunca puede disminuir derechos que surgen de la constitucional federal, ni reducir el núcleo o contenido esencial de los mismos (conf. Bidart Campos, Germán José: "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Tº V, "El sistema de derechos y el constitucional provincial", pág. 37, pto. d). En sentido concordante se ha expuesto que cabe con-siderar que el bloque federal que por la relación de subordinación deben acatar las provincias, no se recluye en la constitución federal, ya que es trinitario pues suma las leyes del congreso que se dictan en consecuencia y los tratados internacionales (conf. Bidart Campos, op. cit., ídem, pág. 61), dado lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional. Si los derechos se gozan "con-forme a las leyes que reglamentan su ejercicio", de acuerdo al art. 14 de la Constitución Nacional y tales derechos se sitúan en el plano de la constitución federal, las leyes que para su goce, su ejercicio o reglamentación, son leyes que encuadran en la competencia del congreso, al menos como principio. Sin embargo ello no significa que la competencia del congreso sea exclusiva, por cuanto puede ser concurrente con las de las provincias, mas en base a lo dicho más arriba, la mentada competencia concurrente debe entenderse para mejorar el contenido del plexo federal de derechos o introducirle adiciones ampliatorias (conf. aut. cit., op. cit., ídem, págs. 62/63). Es que el plexo federal de derechos -donde cabe incluir a las leyes del congreso que reglamentan su ejerci-cio- es un mínimo respecto del cual la competencia provincial concurrente tiene el carácter de coadyuvancia, por lo que su ejercicio no se halla habilitado para alterar, vulnerar, hacer oposición o interferir de modo directa y absolutamente incompatible a la competencia federal delegada (conf. aut. cit., op. cit., ídem, pág. 169). Con todo lo expuesto queda claro que las obras Ses provinciales no pueden otorgar un núcleo de prestaciones médico-asistenciales más reducido que las indica-das en el plexo normativo federal, por lo que aún considerando de esa manera el sistema de ser-vicio de la demandada, la misma debía cargar con la prestación. Para completar el análisis de la obligación de la demandada a otorgar la prestación y si su ejecución fue demorada en forma injustificada, tomaré en cuenta su argumento respecto a que la demora no fue caprichosa, sino que se debió indagar la preexistencia o no de la enfermedad, por lo que se trataba de una cuestión debatible que mereció que este Cuerpo orde-nara una pericia al efecto. En primer lugar, debe recordarse que de la pericia médica practicada en las actuaciones sobre medida autosatisfactiva se concluyó en que el caso del actor no reviste los caracteres de enfermedad congénita ni preexistente al momento de la afiliación (ver fs. 39/43). A ello debe añadirse que es sabido que muchas enfermedades pueden existir antes de la afilia-ción y manifestarse después, en ese caso el asegurado -el afiliado- obviamente no tiene la obliga-ción de informar sobre las circunstancias no conocidas o no relevantes, o que exceden lo que se exige en una diligencia ordinaria (conf. Lorenzetti, op. cit., ídem, pág. 166). Es por ello que el pa-ciente no debe cargar con las consecuencias negativas de la manifestación de la enfermedad en cuestión. Pero, además, es de recordar que, en el "sub exámine" y como bien lo indicó la Sra. Jueza "a quo", la demandada había cubierto el tratamiento de diálisis que tenía como causa la misma enfermedad sin alegar que se trataba de una enfermedad preexistente o congénita. Tam-poco impuso al actor la realización de un examen médico de ingreso, por lo que, como bien lo dijo esta Sala "B" en anterior composición, carece de eficacia alegar como motivo para negar la pres-tación que la enfermedad era anterior a ese momento (ver fs. 49 vta., 3er. párrafo). Por último diré que la recurrente dice en la expresión de agravios que la cuestión era debatible (ver fs. 277 vta. "in fine/ 278, 1er. párrafo), mas al momento en que G solicitó la cobertura no lo era, derechamen-te se negó la misma por entender -sin expresarse dudas o la posibilidad de debate- que se trataba de una enfermedad congénita y por ende preexistente (ver carta documento de fs. 16). Y si era debatible como dice ahora, bien pudo en el momento del reclamo realizar la pericia o informe mé-dico que se ordenó en sede judicial, ahorrando el tiempo que insumieron las actuaciones judiciales con la consiguiente espera por parte del actor. En síntesis debe rechazarse el agravio y conside-rarse que la demora en la prestación fue injustificada como bien lo concluyó la sentenciante de grado. -- -- 2) El segundo agravio vertido por la quejosa (ver fs. 278 vta./279) radica en considerar que no están acreditados el daño y el nexo causal. Explica que el actor ya sufría una afección emocio-nal lógica desde que comenzara el tratamiento de hemodiálisis, por lo que no existe relación de causalidad entre el daño moral reclamado y la demora imputada a su parte. Esgrime que de la pericia psicológica surge que no se alteró la psiquis del actor y agrega que no existe factor de atri-bución de responsabilidad, ya que su mandante no obró con culpa o dolo. --- Como se aprecia la apelante cuestiona el fallo por considerar que no se ha acreditado ningún elemento que haga viable la responsabilidad civil. Ha quedado claro de lo expuesto en el conside-rando anterior que existió un incumplimiento obligacional, ya que sin justificación alguna se demo-ró la cobertura de las prestaciones médico-asistenciales requeridas por el accionante. La obliga-ción comprometida era de "resultado", ya que se debía otorgar la cobertura para la realización del estudio pretransplante renal. No debe ser confundida esta obligación de resultado asumida por la entidad demandada con las obligaciones de los profesionales médicos que, sabido es, son mayo-ritariamente obligaciones de "medios" y por lo tanto es necesario indagar la existencia de un factor subjetivo de atribución de la responsabilidad -culpa o dolo-. En el presente caso se trata de un supuesto en el cual el objeto de la obligación no se agota mediante el desarrollo de una actividad, para actuar el contenido del deber el deudor debe obtener la satisfacción del fin último aspirado por el "accipiens", que era el otorgamiento de la cobertura. Es así que estamos frente a una res-ponsabilidad contractual objetiva (ver al respecto en Agoglia, Boragina y Meza: "Responsabilidad por incumplimiento contractual", Ed. Hammurabi, 1993, págs. 121/125). Y cuando el deudor con-trae un deber de fines afianza al acreedor el resultado útil de su obrar, asumiendo tácitamente los riesgos u obstáculos inherentes al desenvolvimiento del plan de prestación, por lo que la falta de obtención del "opus" hace nacer la presunción de la responsabilidad del "solvens" en virtud del factor objetivo de "garantía" con sustento en los arts. 1197 y 1198 del C. Civil (conf. Agoglia, Bora-gina y Meza, op. cit., pág. 135). En el mismo sentido dice Bueres que "En las obligaciones de re-sultado es menester alcanzar el fin al cual va dirigida la conducta del deudor, pues éste es afian-zado al concertarse el plan de prestación. Por ende, la falta o frustración del resultado por cual-quiera de las formas de infringir el deber de prestación (falta total, parcial o retraso de prestación o cumplimiento inexacto) responsabilizan al deudor, a menos que éste pruebe el casus" (conf. Bue-res, Alberto J.: "El incumplimiento de la obligación y la responsabilidad del deudor", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni Editores, Nº 17, Responsabilidad Contractual-I, pág. 110). Por lo tanto, estando frente a un tipo de responsabilidad contractual objetiva, deviene estéril el planteo de la apelante de fs. 279, 4to. párrafo, respecto a que no se probó su culpa o dolo. --- En cuanto a la existencia del da-ño -moral en este caso-, la quejosa esgrime que no se acreditó dado lo concluido en la pericia psicológica y que la demora imputada haya ocasionado un daño mayor (ver fs. 279, 1er. y 3er. párrafos). Es cierto que la perito concluye que no hubo "constitución de daño psicológico como consecuencia del período de espera para la realización del estudio pretransplante", ni presenta síntomas derivados de dicha espera (ver fs. 231/vta., ptos. a y d). Ahora bien la configuración del daño moral no necesariamente debe alcanzar el nivel de un daño psicológico. Me permito recordar la definición que del mismo ofrece Pizarro como "una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O con mayor precisión, una modificación disva-liosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, conse-cuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial" (conf. aut. cit.: "Daño moral", Ed. Hammurabi, 1996, pág. 47). En esa inteligencia, la sentenciante de grado razonó: "En autos no es dudoso concluir que el incumplimiento contractual en que incurrió la demandada "...produjo un detrimento espiritual que resulta evidente, no sólo por las expectativas que se vieron frustradas sino también por la pérdida de la confianza y lealtad que había depositado en el profesional contratado" (ver fs. 263, 2do. párrafo). --- Siguiendo a Pizarro, diremos que los requisitos para la configuración de la responsabilidad civil por daño moral contractual son : 1) existencia de una obligación preexistente válida, 2) incumplimiento obligacional, 3) imputabilidad o factores de atri-bución, 4) relación de causalidad y 5) daño moral resarcible (ver Pizarro, Ramón Daniel: "El daño moral en el incumplimiento contractual", en Revista de Derecho Privado y Comunitario ya citada, págs. 124/128). Los tres primeros ya se han tenido por acreditados, de acuerdo a lo considerado más arriba con relación a la obligación de prestar la cobertura, la existencia de un incumplimiento injustificado y de un factor de imputación objetivo, "deber de garantía", por tratarse de una obliga-ción de resultado. En cuanto a los dos últimos, la "a quo" interpretó que resultan probados dada la prolongación del estado de angustia y obvia incertidumbre generados por la innecesaria demora (ver fs. 262 vta. "in fine"/263, 1er. párrafo). Encuentro acertado lo concluido por la sentenciante. Y ello porque es presumible que quien ve demorada injustificadamente la solución a un problema de salud, padezca -como consecuencia de dicha espera- un acrecentamiento de los estados de an-siedad, incertidumbre, angustia o desánimo. En este sentido se ha observado que el mal cumpli-miento por parte de la empresa prestataria de un servicio de medicina prepaga o de salud, puede generar responsabilidad civil por daño moral, sin perjuicio de sus derivaciones patrimoniales (conf. Pizarro: "El daño moral en el incumplimiento contractual", ya citado, pág. 147). Pero además en la especie, el testigo Kidd, quien es calificado por su profesión de médico, fue claro en que los pa-cientes viven la espera de un transplante con mucha angustia y ansiedad (ver fs. 204, novena respuesta). Si esto acontece con la espera normal, es dable presumir que esto se acrecienta cuando la espera se prolonga, como en el caso de autos, durante más de un año, en forma injusti-ficada. Es así que bien concluyó la Sra. Jueza de la instancia anterior en tener por acreditado el daño y el nexo causal con la demora injustificada para la prestación en cuestión. --- El tercer agravio cuestiona la decisión en cuanto a que tuvo por probado el daño moral, obje-tando en particular un párrafo de la sentencia (ver fs. 279 "in fine"/vta., 1er. y 2do. párrafos). Al haberse razonado en lo acertado de dicha conclusión en el párrafo anterior, por las razones allí desgranadas, corresponde desestimar también esta queja. - 3) Se cuestiona luego que se condene al resarcimiento a partir de la fecha de inicio de la medida autosatisfactiva, lo cual -considera la apelante- implica una incur-sión en "ultra petita", interpretando que en todo caso debe condenarse desde la fecha de interpo-sición de la demanda (ver fs. 279 vta., 3er. y 4to. párrafos). Este agravio se vincula a la fijación de intereses en la sentencia, en la que se decidió "...fijar la indemnización al perjuicio moral padecido por el actor en la suma de $ 30.000...a la fecha de interposición de la Medida Autosatisfactiva.., momento en que se exterioriza el reclamo de la prestación asistencial y demás alternativas des-criptas, con más los intereses que para la tasa activa determinará el Banco del C S.A. desde tal fecha y hasta su efectivo pago" (ver fs. 263 "in fine"). Es decir que la determinación de la fecha de exteriorización del daño, de causación del daño, tiene la finalidad práctica de fijar el momento de comienzo del curso de los intereses. Y ello es así por cuanto la deuda por intereses presupone mora del responsable, la que versa sobre una obligación indemnizatoria exigible, y como regla la exigibilidad coincide con la producción del daño; por lo que la fecha inicial de los intereses se defi-ne en función del momento en que surgió y debió satisfacerse el derecho resarcitorio de la víctima por el perjuicio principal, se computan desde la mora, es decir desde el día en que se produjo el daño (conf. Zavala de González, Matilde: "Resarcimiento de daños", Tº 5-a, Ed. Hammurabi, 2005, págs. 334/335). En ese sentido, más allá del acierto o no de la decisión de la "a quo" en fijar como fecha de comienzo del curso de los intereses la de interposición de las actuaciones sobre medida autosatisfactiva, lo cierto es que le asiste razón al recurrente en cuanto refiere que se incurrió en "ultra petita", por cuanto en ningún párrafo de la demanda se peticiona el reconocimiento de inte-reses (ver fs. 122/136 vta.). En consecuencia no se ha respetado el principio de congruencia (conf. art. 163, inc. 6 del CPCC) al otorgarse los intereses estipulados. Así se ha considerado que se incurre en "ultra petita" si se condena por rubros que no han sido objeto concreto de la deman-da, aunque hayan surgido del pleito por vía de peritaje (conf. CSJN, 10/07/5, Fallos: 292:269); o cuando se reconocen de oficio derechos no reclamados ni controvertidos en juicio (conf. CN. Civ., Sala F, 13/06/77, ED 74-557). No obstante ello, dado que la propia apelante requiere que los mismos sean concedidos desde la fecha de interposición de la demanda, se modificará la senten-cia en el sentido que los mismos se computarán desde el desde el 27 de diciembre de 2005 hasta la fecha del efectivo pago. En el mismo cuarto agravio (ver fs. 279 vta.,anteúltimo párrafo) la quejosa cuestiona el monto reconocido por daño moral por resultar excesivo. Es sabido que para cuantificar el daño moral se ha interpretado que debe determinarse ponderando esencialmente la índole de los sufrimientos y molestias experimentados por el damni-ficado y no mediante una proporción constante que vincule los daños cuya reparación se reclama, razón por la cual, en función de las particularidades del caso, dicha proporción puede variar (conf. CN. Fed. Civ. y Com., Sala III, Rep. LL, 1983-A-I, pág. 642). En cuanto a la suma que se fija como resarcitoria del daño moral, queda librada a la interpretación que hace el sentenciante, a la luz de las constancias aportadas, tratando siempre de analizar en cada caso sus particularidades (conf. CN. Esp. Civ. y Com., Sala IV, RED, 13-298, s. 74). Es así que resulta constante la jurisprudencia que establece que en la materia, la fijación del monto resarcitorio se encuentra librada al prudente arbitrio de los jueces (conf. CN. Civ., Sala G, Doct. Judicial, 1986-2, p. 37, s. 125). Conocidas son las diez reglas sobre la cuantificación del daño moral debidamente enunciadas y explicadas por Mosset Iturraspe (conf. aut. cit.: "Diez reglas sobre cuantificación del daño moral", LL del 3/2/94). Entre ellas destacamos la gravedad del daño (nº 6) y las peculiaridades de la víctima (nº 7). Se ha visto que en la pericia psicológica se dictaminó que la demora en la realización de los estudios previos al transplante no agravaron en gran medida el estado psicológico del actor, no detectán-dose en el mismo síntomas o índices de alteración emocional (ver fs. 231/vta.). A la luz de tales conclusiones, y amén de que se tuvo por acreditado que el mayor lapso de espera para el trans-plante ha aumentado el estado de por sí común de angustia y ansiedad, la suma otorgada deviene excesiva, considerando ajustado a derecho reducirla a pesos veinte mil ($ 20.000). --- 4) Resta por analizar el quinto agravio que ataca la imposición de costas en un 100% a la apelan-te, dado que considera que existió un vencimiento parcial al desestimarse el resarcimiento de da-ño psicológico, por lo que pide su readecuación como así la de los honorarios (ver fs. 279 vta. "in fine"/280, 1er. párrafo). Entiendo que debe acogerse el agravio, ya que al haberse rechazado uno de los dos rubros solicitados, ha existido un vencimiento parcial y mutuo (conf. STJCH-SER Nº 02/96, in re: Lefipán, Roberto c/ Administración de Vialidad Provincial de la Pcia. del Chubut"). Es así que si bien el ítem desestimado era de menor cuantía que el receptado (ver fs. 133, pto. V), dado que en esta sede se ha reducido el monto del rubro acogido favorablemente, resulta equita-tivo imponer las costas por partes iguales (conf. art. 71 del rito). -- En cuanto a las costas de esta instancia, dado que se acoge parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la actora, mas juzgando de mayor relevancia los agravios desestimados, ya que estaban destinados a negar la responsabilidad endilgada, las impongo en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora (conf. art. 71 del ritual). A tal fin regulo los hono-rarios del Dr. G, letrado apoderado de la demandada, en un 3,3% del total de condena, y los de los Dres. B y G, letrados de la actora, en conjunto, en un 4,2% del mismo monto (conf. arts. 6, 14,19 y 47 de la ley 2200), con más el IVA si correspondiere. --- III.- En consecuencia de lo expuesto y razonado, corresponderá propiciar al acuerdo que se revoque parcialmente el fallo a efectos de reducir el monto de condena a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000) con más los inte-reses fijados en la anterior instancia a computar desde el 27 de diciembre de 2005 hasta la fecha del efectivo pago. Asimismo corresponde imponer las costas de la anterior instancia por partes iguales (conf. art. 71 del rito). -- Dada la recepción parcial de la apelación de la demandada y lo manifestado en el considerando respectivo, las costas en la Alzada se imponen en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora (conf. art. 71 del CPCC). Propongo asimismo regular los honorarios en esta sede, atendiendo a la extensión y eficacia de las tareas, así como al resultado obtenido, al Dr. Guillermo G, en un 3,3% del monto de condena, y a los Dres. B y G, en conjunto, en un 4,2%, en ambos casos del monto total de condena, con adición del I.V.A. corres-pondiente (arts. 6, 9, 14, 47 y concs. de la ley 2200). Voto entonces a esta cuestión parcialmente por la AFIRMATIVA. --- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Lucero dijo: --- Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demanda-da (fs. 268), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 259/264) por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. R R G, condenando al I de S y S de la Pro-vincia del Chubut, a que en el plazo que fija, abone al actor la suma de $ 30.000 con costas. - El escrito de expresión de agravios luce agregado a fs. 277/280. - Corrido traslado a la contraria (fs. 281), este es evacuado por escrito agregado a fs. 282/285 y vta.. I.- La reseña de los agravios fue realizada suficientemente por el Sr. Magistrado que me precede en la votación, Dr. De Cunto, por lo que a ella me atendré a efectos de evitar repeticiones estériles. No obstante resultará útil individualizar cuáles fue-ron los motivos de agravio lo que servirá de guía para el análisis a emprender. Así, el ataque que merece el fallo de parte de la demandada recurrente centra en cuestionar los siguientes puntos, a saber: 1) Daño moral: Se queja de que se admitiera parcialmente la pretensión indemnizatoria por daño moral deducida por el actor basándose para ello en que la demora en el otorgamiento de la cobertura del estudio pretrasplante renal le es imputable; 2) Daño y nexo causal: Sostiene que no existe ni uno ni el otro de los requisitos del deber de responder que se le atribuye desde que no se acreditó que el actor hubiera sufrido un daño mayor (afectación emocional por el tratamiento de hemodiálisis que cumplía) al que ya sufría al mes de septiembre/03 en la que solicita la medida cautelar. 3) Fecha del acaecimiento del daño: Expresa que se fijó en la fecha de inicio de la medi-da autosatifactiva, lo cual es ultra petita por cuanto no fue así pedido en la demanda. Postula que en caso de confirmar la sentencia que se apela se considere la fecha de interposición de la de-manda. 4) Imposición de costas: Sostiene que el vencimiento fue parcial no obstante lo cual se le impone el 100% de las costas. Puntualiza que se desestimó el daño psicológico. -- II.- En los límites provistos por los agravios formulados por la demandada apelante ingre-saré a su tratamiento siguiendo el mismo orden y nominación que se le atribuyera a efectos de propiciar mejor orden expositivo. -- 1) Daño moral: Atento el profundo y fundado desarrollo del análisis realizado por el Dr. De Cunto, sufragante en primer término, y en particular en lo vinculado a la obligación principal que asumen las entidades prestadoras del servicio de salud como lo es "S V", que al decir de la de-mandada "...es un apéndice de SEROS CHUBUT, quien es la encargada de solventar el costo y financiamiento de aquella"(sic)(fs. 147 "in fine"), adelanto que estimo innecesario emprender dicho análisis, el que devendría repetitivo merced a que ciertamente el voto precedente agotó su trata-miento. Sólo señalaré, por cuanto se infiere de lo afirmado en el párrafo del escrito de contesta-ción de demanda que antecede al transcripto, que no me cabe duda alguna que "S V" al que se lo denomina "sistema" no es ni más ni menos que un servicio de salud prepago explotado por la obra S provincial SEROS. Ello, si se entiende por tales aquellas que en el ámbito público o privado y estando sujetas al contralor estatal, asumen el riesgo económico y la obligación asistencial de prestar los servicios de cobertura médico asistencial, conforme a un plan de salud (que ofrecen) para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los individuos que voluntariamente contratan con las mismas, y que, como contraprestación, se obligan al pago de una cuota periódi-ca (Conf. Garay, Oscar Ernesto, en "La Medicina Prepaga", Ed. Ad-Hoc, ed. Año 2002; id. Ghersi, Carlos Alberto, Weingarten , Celia y Hipólito, Silvia C. en "Contrato de medicina prepaga", Ed. As-trea, 2da. ed., año 1999, pág. 150 y s.s.). - De allí que, en los términos contemplados por la Ley 24.754, se encuentra obligada la demandada a cubrir, como mínimo, las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras Ses conforme lo estable-cen las leyes 23.660, 23.661, 24.455 y sus reglamentaciones (en especial Res. 247/97 y su modi-ficatoria N° 939/00). --- Pero, añado de mi cuño, aún cuando no fuera de tal manera bastaría con remitirse al plan prestacional comprometido por ella al contratar con el actor. Es que bastará con advertir que entre las condi-ciones generales de la afiliación se acepta por parte del solicitante no solo someterse a éstas (ver: copias fotostáticas de la declaración jurada de antecedentes de salud y del Anexo I de fs. 44; 09 y 45/vta.), sino también se fijan cuáles son las prestaciones que se compromete la prestadora asu-mir en su cobertura remitiendo a un cuadro de carencias (véase planilla de topes y carencias de fs. 08). - No soslayo que en el punto 9no. de las condiciones o requisitos generales aludidos se encuentra, entre las pres-taciones excluidas, a los trasplantes. Empero nótese que seguidamente el punto 10mo. indica que el afiliado gozará las coberturas del cuadro de carencias establecido y que, como es verificable, contempla también explícitamente no sólo la hemodiálisis sino también el transplante renal con una carencia de 720 días asumiendo la prestadora el 100% de cobertura. Ante la discordancia que se observa, tengo para mí, que la interpretación que debe darse es aquella que favorezca la inclu-sión de la cobertura en los términos contemplados por los arts. 3 y 37 de la ley 24.240 de aplica-ción al caso como bien lo señalara la Sra. Juez a quo sin merecer reparo alguno de la ahora im-pugnante (Ver: Rosales, Pablo O., "obligación de cobertura médica de las empresas de medicina prepaga. Programa médico obligatorio", en J.A., 1999-IV-1219; también, a Ghersi, Carlos A. y Weingarten Celia, "Contrato de medicina prepaga. La integralidad de la prestación frente a la últi-ma opción terapéutica: El transplante de órganos", en J.A., 1999-IV- 1251). -- Añadiré en el mismo sentido expuesto que tra-tándose de un contrato de asistencia médica prepaga, siendo típicamente un contrato de adhesión y al encontrarse en juego el valor más preciado del ser humano, que es la propia vida, como así también el innegable derecho a obtener una amplia y completa asistencia sanitaria, resulta equita-tivo, lícito y jurídicamente correcto, que las cláusulas predispuestas que componen dicho contrato sean -en caso de duda- interpretadas en contra del ente prestador del servicio -que las redacta e impone- y en sentido favorable al afiliado adherente. - Y en tal entendimiento, no abrigo duda alguna que la respuesta que diera la demandada al requerimiento de cobertura del estudio previo al transplante renal que pretendía realizarse el actor comportó lisa y llanamente un incumplimiento obligacional que aparejó, con motivo de la demora que debió afrontar G en la obtención de la cobertura acordada mediante re-clamo judicial, la causa adecuada del daño moral que se denuncia en la litis. Insisto y preciso, la demora padecida en tales circunstancias es la que da contenido al daño moral que como conse-cuencia se denunciara en el presente proceso y cuyo resarcimiento se reclama no pudiendo con-fundirse con la dolencia que generara la necesidad de cobertura que diera origen, luego, al conflic-to de intereses sucedido. --- n	No tiene razonabilidad ni lógica alguna, desde tal perspectiva, atender a las supuestas du-das que aduce la demandada existían respecto al carácter congénito o preexistente de la dolencia que generara el requerimiento de cobertura del afiliado y que denegara paradóji-camente sin dudar. Es que, si le cabía alguna duda debió despejarla con los mecanismos que por su propia actividad cuenta (por ejemplo, a través de la intervención de un estudio médico), allende que guardo reservas sobre tal posibilidad o, al menos, sobre su posible oponibilidad que su resultado pudiera tener a tenor de la obligación contractual ya asumi-da. Quizás, pudiera así hacerlo ante la constatación de que hubiera ocultación de mala fe o a sabiendas de tal circunstancia por parte del solicitante de la afiliación, ello así, atento a que la admisión sin objeción alguna de la declaración jurada prestada por el afiliado com-porta solo atenerse a una declaración de conocimiento que posibilitaría postular una posi-ble reticencia a los fines de denunciar el contrato. Destaco, que a todo evento es en tal marco en el que corresponde entender e integrar lo actuado a instancias de este tribunal revisor en el trámite de la medida autosatisfactiva, al punto que se expresó ya en aquella oportunidad, en párrafo que transcribo textualmente para no alterar el sentido de lo dicho que:"...cabe tener en cuenta que al tiempo de la afiliación, el I no impuso al Sr. G la reali-zación de un examen médico de ingreso, careciendo de eficacia entonces alegar como motivo para negar la prestación, que la enfermedad era anterior a la afiliación" (Vide: S.I.C., N° 170/03; y, S.I.C., N° 143/04). -- La mención que efectúo de una institu-ción propia del derecho de seguro no es inapropiada si se observa la asimilación que se ha hecho doctrinalmente entre el contrato de seguro y la medicina prepaga. Así, se ha dicho que hay similitudes entre un contrato y el otro en tanto que el contrato de seguro busca S económica frente a acontecimientos futuros e inciertos; opera mediante una empresa que capta el ahorro en forma masiva en base a una relación técnica establecida entre la prima y el riesgo. Se trata de un contrato sinalagmático, oneroso, aleatorio, de tracto sucesivo. Estas características también están presentes en el sistema de medicina prepaga de la que participa "S V" (Conf. Lorenzetti, R L., "La empresa médica", Ed. Rubinzal Culzoni, Ed. año 1997, pág. 128/129). Por lo expuesto, entonces, concluyo proponiendo al acuerdo la desestimación del presente agravio en lo que respecta a la admisión de existencia y resarcibilidad. Así lo voto. He aclarado que la propuesta de dirimisión efectuada precedentemente solo comprende el tópico vinculado a la existencia y resarcibilidad del daño moral, puesto que resta aún examinar lo relacionado a su cuantía. Y digo de tal ma-nera toda vez que ésta fue cuestionada por excesiva. Tal queja, si bien ha sido formulada por la recurrente al sostener el agravio nume-rado como cuarto (y por el suscripto como tercero), el que esta relacionado a la fecha del cómputo de los intereses fijados en la anterior instancia, corresponde que sea evaluada en su procedencia en el presente punto dada su íntima conexión y, diría, inescindible perte-nencia con el agravio bajo tratamiento. -- No puedo dejar de destacar que, en mi opinión, el ataque dirigido al quantum fijado en el anterior grado orilla los confines de la deserción técnica en la medida que se restringe a expresar una opinión meramente discrepante con la justipreciación que realizara la Sra. Juez a quo, complemen-tada con reiterar la confusión entre el daño moral y la afección psicológica que se acreditó en autos el actor no sufre; habida cuenta que, si bien pueden ser afecciones emparenta-das, precisamente por la prueba a la que alude pero que no identifica, no dio en la especie contenido al daño extrapatrimonial que admitiera el fallo apelado. - No obstante lo dicho, siguiendo la posición amplia que el Dr. De Cunto acogie-ra, en consonancia con el criterio seguido por esta Sala B de la Cámara de Apelaciones, proclive a ingresar al tratamiento de las impugnaciones ante la mínima manifestación de posible crítica que se pueda rescatar de agravios deficientemente fundados diré, adelan-tando posición, que acompañaré la propuesta de reducción del capital de condena que efectúa el sufragante en primer término. -- Fundo tal posicio-namiento en la consideración que a pesar de que nuestro Código Civil declara resarcible el daño moral (art. 1078), no corresponde entender que tal resarcimiento, aunque sea de modo pecuniario -a falta de otro mejor- implique materializar los intereses o sufrimientos morales, sino espiritualizar el derecho en cuanto éste no se limita a la protección de los bienes económicos sino que rodea también de S aquellos otros bienes no económicos, que son inseparables de la persona humana (Conf. Orgaz, Alfredo, en "El daño resarcible", Ed. Omeba, ed. año 1960, págs. 224/225). -- Es que al pretender establecer el monto de esta indemnización no procuramos los jueces sustituir el dolor del alma ni el sufrimiento espiritual, por su precio en dinero, pues la distinta naturaleza de ellos los hace inequivalentes, pero sí procuramos conceder a los damnificados medios para paliar los efectos del dolor (Conf. Aguiar, en "Hechos y actos ju-rídicos...", Ed. T.E.A., ed. año 1951, T. IV, pág. 232; id. Iribarne, Héctor Pedro, "De la con-ceptuación del daño moral como lesión a derechos extrapatrimoniales de la víctima a la mi-tigación de sus penurias concretas en el ámbito de la responsabilidad civil", en "La Res-ponsabilidad, Homenaje al Profesor Doctor Isidoro H. Goldemberg", Ed. Abeledo Perrot, año 1995, págs. 377/388). -- Es que tratándose de un perjuicio que por su propia na-turaleza, no resulta mensurable, se debe recurrir entonces a pautas de razonabilidad, que intenten acercar equitativamente la tasación a la realidad del perjuicio (Ver: sobre el tema Zavala de González, "¿Cuánto por daño moral?", en J.A. 1987-IV-1006; id, aut. cit. "¿Cuánto por daño moral?", L.L. 1998-E-1057; Jorge W. Peyrano, "De la tarifación judicial "juris tantum" del daño moral", en J.A. 1993-I-877; Pizarro, Ramón Daniel, "Daño moral. Prevención. Reparación. Punición", Ed. Hammurabi, año 1996, Cap. XII, págs. 333 y sgtes.; Iribarne, Héctor Pedro,"La cuantificación del daño moral", en Rev. de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal Culzoni, Nro. 6, año 1999, págs. 185 y sgtes.). --- -- Asimismo, he dicho desde siempre y lo repito ahora, que la fija-ción de la cuantía de la indemnización del daño moral es un asunto librado indefectiblemente a la personal apreciación y decisión del magistrado la que sólo puede ser enmarcada en su ponderación por algunas de las reglas de cuantificación que son provistas por el ilustre profe-sor santafesino Jorge Mosset Iturraspe, entre las que encuentro de mayor relevancia aquella que indica la conveniencia de propender a la armonización de las reparaciones en casos se-mejantes como parámetro o guía de justipreciación. Ello, aún contemplando la relatividad del precedente, desde que no existen dos "casos iguales", no pudiendo, por ende, tomarse como prototipo para una situación similar un monto predeterminado como "compensatorio" en otro caso. Ello magüer, que como bien lo advierte el destacado doctrinario de cita la inflación y sus consecuencias, hace que la suma que otrora parecía razonable no lo sea tanto en la actuali-dad (Conf. "Responsabilidad por daños", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 1999, T. V -daño mo-ral-, págs. 227 y ss.). - En tal contexto hermenéutico, y dado que no se registra precedentes de este cuerpo asimilables al supuesto de autos, solo queda como pauta de verificación de la mensura que se efectuara al establecer la cuantía del daño moral, traducir a cuánto equivale el monto propuesto por el sufragante en primer término de $ 20.000 por día de diálisis que debió cumplir el actor hasta finalmente ob-tener la cobertura que se le negara. - De tal manera, tomando como pauta temporal del análisis a efectuar, a partir de computar como dies a quo la fecha de la negativa de cobertura (02/07/2003) y el dies ad quem el de la concreción del estudio previo al trasplante (14/01/2005), por ser dicho lapso el que comprendió la demora imputable al incumplimiento obligacional en el que incurriera la demandada, se arriba a los siguientes cálculos, a saber: el lapso ponderado equivale a 557 días que traducidos a semanas serían 79,57. Multiplicando tres (3) sesiones por semana equi-valen a 238,71 sesiones de hemodiálisis realizadas en tal período. Obtenido este número si se lo divide por el monto propiciado por el Dr. De Cunto, de $ 20.000, se arriba a la suma unitaria por sesión de $ 83, la que estimo adecuada y prudente para compensar con otras distracciones el padecimiento moral que se reconoce al actor (Conf. Art. 165 del C.P.C.C.). En consecuencia de lo expuesto, propondré al acuerdo la revocación parcial del fallo venido en apelación para ajustar en menos el capital de condena a la suma antedicha. Así lo voto. -- --- 2) Daño y nexo causal: Diré primeramente que ya individualizado que fuera en qué consiste el daño moral cuyo resarcimiento se pretende y que, reitero, consistieron en la angustia o modifica-ción disvaliosa del espíritu que, razonablemente, pudo aparejarle al actor la incertidumbre en cuanto a la obtención de la cobertura que requería y la consecuente posibilidad de trasplantarse, sumado a la necesidad de tener que reclamar la intervención jurisdiccional para obtener primero la medida autosatisfactiva e inclusive, luego, lograr que se cumpla con la orden jurisdiccional favo-rable obtenida mediante la fijación de astreintes, no encuentro resquicio alguno para que se pueda cuestionar la existencia de un daño moral resarcible. -	En este punto, no es admisible confundir, como lo hace la impugnante, aspectos que hacen al daño psíquico que reclamado autónomamente su resarcimiento por el actor fuera desestimado en el fallo, con el daño moral indicado (ver escrito de inicio -fs. 130 y vta. y considerando V del fallo -fs. 263 vta.). Habida cuenta de lo cual, no tiene caso referirse si-quiera al dictamen pericial producido por la Psicóloga Annette Sabrina Mc Crea Steele (fs. 229/232 vta.). --- En el desarrollo precedente se ha tenido por concurrente en la especie tanto el incumplimiento obligacional, a partir de la co-municación de la negativa de existencia de cobertura efectuada por la prestadora del ser-vicio de seguro del plan de salud acordado convencionalmente (por despacho obrante en copia simple a fs. 15), se ha identificado el daño moral como el lapso por el cual se viera demorado la realización del estudio necesario y previo a la realización del trasplante renal requerido que motivara precisamente dicha negativa de cobertura, por lo que, estimo indu-dable que el nexo causal entre uno y otro de los presupuestos del deber de responder por el perjuicio ocasionado se encuentra satisfechos en autos. Solo resta precisar cual es el factor de atribución de dicha consecuencia que opera en el supuesto. --- Y en el punto, coincidiré con el Dr. De Cunto que la obligación contractualmente asumida por la demandada, a través de su servicio denominado "S V", cual era brindar la prestación convenida en el momento que ésta fuera requerida, implica un deber tácito de S, de res-guardo de indemnidad del paciente mediante la garantía de concreción y amplitud de la prestación requerida, y que, como ya establecí "supra", se encontraba convenida en el plan de salud contratado. Esto es, se trata de una específica obligación de resultado siendo el factor de imputación jurídica de las consecuencias derivadas de la falta de obtención del resultado comprometido de carácter objetivo, bastando pues la falta o imperfección -sea por el modo, contenido o plazo- del "opus" al que se obligara para que opere el deber de responder del contratante incumplidor (Ver: Vázquez Ferreyra, Roberto A., "La responsabi-lidad contractual objetiva", en L.L.,. T. 1988-B-998; id. Bueres, Alberto J., en "Responsabi-lidad contractual objetiva", J.A. 1989-II-964). --- En consonancia con lo dicho entonces, procede la desestimación del presente agravio y así lo dejo pro-puesto al acuerdo. --- 3) Fecha del acaecimiento del daño: Se arguye como equívoco de la juzgadora del anterior grado la determinación como "dies a quo" del comienzo del cómputo de los intereses la fecha en que se solicitara la me-dida autosatisfactiva "...ya que no estuvo expresamente peticionado en el libelo de deman-da..." (sic)(fs. 279 vta.) indicando que en tal aspecto el fallo resulta "ultra petita". -	Magüer que coincido con la tesitura que los intereses se devengan desde el mismo acae-cimiento del evento dañoso a resarcir, por cuanto desde su data existe el deber de reparar operando de tal manera la mora como causa fundante de su devengamiento, tal aspecto no es determinante para pronunciarse sobre el presente tópico (Conf. CNApel.Civ., en ple-no, 16/12/58, L.L. 93-667; id. CNApel.Civ., en pleno, 20/07/76, J.A. 1976-IV-379). -- Este criterio es el adoptado por esta Cámara desde antaño y últimamente éste cuerpo se expidió en tal sentido en S.D.C., Nro. 34/07, c. 20.577. --- Es que, lo concreto y dirimente para el caso es que se fijaron intereses cuando éstos no fueron motivo de puntual petición al tiempo de inter-ponerse la demanda expidiéndose en tal sentido la sentenciante del anterior grado por fue-ra del contenido de la pretensión originaria derivando de tal modo su veredicto en tal por-ción en "extra petita" (Conf. arts. 34, inc. 4to.; 163, inc, 6to.; y, 164 del C.P.C.C.)(conf. C.S.J.N., Fallos 138:729; 141:697; 284:115, entre otros; id. S.C.B.A., L.L. 142-610id. S.T.J.Ch., SCA, Nro. 10/98; id. esta Cámara, S.D.C., Nro. 73/94; 12/95; S.I.C., Nro. 120/93; S.D.C., Nro. 9/00, entre otras, CANE). -- Empero, merced a que la demandada recurrente solo pide que se establezca como fecha de su cálculo la corres-pondiente a la interposición de la demanda (27/12/2005), derivando por ello que la fijación de los accesorios resuelta en el anterior grado ha quedado firme por consentido y a efectos de no incurrir este cuerpo en el mismo déficit de congruencia antes indicado, corresponde-rá estar al comienzo del cómputo de los intereses que se solicita en el agravio bajo trata-miento los que se devengarán hasta el día de su efectivo pago. Así lo voto. 4) Imposición de costas: Destaco "ab initio" que le asiste razón a la recurrente en cuanto que efectivamente cabía tener por ocurrido un vencimiento parcial y mutuo a tenor del veredicto finalmente emitido, en el cual se admite la pretensión del re-sarcimiento del daño moral y se desestima la pretensión de resarcimiento por daño psico-lógico (conf. doctr. Arts. 68 y 71 del C.P.C.C.). - Es por ello que propiciaré al acuerdo la admisión del presente agravio, modificando la imposición de costas atribuidas en el anterior grado para imponerlas por mitades iguales a cada una de las partes. Así lo voto. -- III.- Conclusión: - --- Por las razones esgrimidas corresponde modificar el monto del capital de condena del fallo apelado para fijarlo en la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), con más los intereses fijado en la sentencia de 1ra. instancia, los que se computarán a partir del 27/12/05 y hasta el día de su efec-tivo pago; con costas por mitades iguales a cargo de cada una de las partes. --- Desde que esta disminución del monto condenatorio no altera los vencimientos mutuos acontecidos en la anterior instancia, magüer de la admisión del agravio vinculado a la imposición de las costas realizadas; y no habiéndose planteado recurso autónomo respecto a los honorarios allí fijados a los profesionales intervinientes, desde que los mismos fueron determinados en alícuotas porcentuales que se ajustarán automáticamente al nue-vo importe, no será menester adecuación alguna. --- Desestimados totalmente dos de los cuatro agravios planteados y admitidos dos -uno en escasa medida-, se delinea en segunda instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir prudencialmente en ella las cos-tas, imponiéndolas al actor en un 30% y en el 70% restante a la parte demandada apelante. Tales porcentajes responden, a mi entender, adecuadamente a las porciones de éxitos y derrotas obte-nidas por los litigantes (Conf. Arts. 71 y 279 del C.P.C.C.). Los honorarios del Dr. G G, letrado apoderado de la parte demandada y, los de los Dres. M A. B y L G, letrados patrocinantes del actor, por sus tareas de alzada, apreciándolos por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado regularlos en las sumas respectivas equivalentes al 3,3%, al primero; y a la equivalente al 4,2%, en conjunto, a los mencionados en segundo lugar. Tales porcentuales a calcular sobre el monto final del pleito a determinar en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Conf. Arts. 6, 9, 14, 19, 47 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871). Finalizo el tratamiento de esta cuestión expidiéndome en ella, entonces, PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto expresó: --- En vista del acuerdo arribado acerca de la cuestión precedente, corresponde por tanto: I.- Revocar parcial-mente el fallo a fin de reducir el monto de condena a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000) con más los intereses calculados a la tasa activa que percibe el Banco del C S.A. en sus operaciones de descuento desde el 27/12/05 hasta la fecha del efectivo pago, confirmándola en todo lo demás que ha sido materia de agravios. II.- Imponer las costas de la anterior instancia por partes iguales (conf. art. 71 del rito). III.- Las costas de esta sede se imponen en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora, regulando los honorarios profesionales del Dr. G G en un 3,3% y los de los Dres. M Á B y L G G, en conjunto, en un 4,2%, en ambos casos del monto total de condena, con más el IVA correspondiente. --- Así lo voto. --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: --- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De Cunto por resultar éste fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado. -- ASI LO VOTO. - --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: S E N T E N C I A: -- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelacio-nes con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: --- --- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo a fin de reducir el monto de condena a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000) con más los intereses calculados a la tasa activa que percibe el Banco del C S.A. en sus operaciones de descuento desde el 27/12/05 hasta la fecha del efectivo pago, confir-mándola en todo lo demás que ha sido materia de agravios. IMPONER las costas de la anterior instancia por partes iguales (conf. art. 71 del rito). IMPONER las costas de esta sede en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora, regulando los honora-rios profesionales del Dr. G G en un 3,3% y los de los Dres. M Á B y L G G, en conjunto, en un 4,2%, en ambos casos del monto total de condena, con más el IVA correspondiente. --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. --- Fdo: ALDO LUIS DE CUNTO - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL N° 05 DE 2008 - SDC.- Conste.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA