Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-07


Salta, 07 de marzo de 2013.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados "SEGUNDO, RICARDO c. MAPFRE ARGENTINA ART. S.A. - ORDINARIO - ACCIDENTE de TRABAJO", expte. de Sala nº T 6455/12, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo, de la ciudad de Tartagal, para resolver la apelación interpuesta a fs. 240/44, y C O N S I D E R A N D O Dijo el Dr. Figueroa: la resolución de fs. 233/37, rechaza la excepción de incompetencia planteada al punto IV de fs. 201 vta. con costas a cargo de la demandada, originando el recurso de apelación que corre agregado a 240 y sgtes., que paso a examinar.

Sólo la imposición de costas a su parte, es materia de la apelación planteada, donde interpretando que todo recurso debe bastarse a sí mismo, se hace referencia a la demanda interpuesta (en que el actor menciona haber sufrido un accidente de trabajo, dice padecer una incapacidad del 67 % de la total obrera y solicita se le brinden las prestaciones comprometidas, todo ello sin agraviarse del sistema previsto en la ley 24557 ni plantear inconstitu-cionalidad alguna) a la contestación (donde se reconoció el contrato de afiliación, se relató la verdad de los hechos y se planteó excepción de incom-petencia, atendiendo a que la misma se halla en cabeza de las Comisiones Médicas jurisdiccionales, creadas por la citada ley) y a los agravios que la resolución le produce.

En esta materia, señala que el juez a quo dejó sentado expresamente, que el actor no se agravia del procedimiento previsto por la LRT y, su parte, se vio con derecho a interponer las defensas rechazadas, en tanto la conducta del accionante significaba el sometimiento a ese procedimiento. Agrega, que sería contrario a la buena fe, que el actor, luego de someterse voluntariamente al procedimiento administrativo que no ataca, iniciara las presentes actuaciones en un fuero completamente distinto al previsto por la norma; que la parte actora no puede presumir la inconstitucionalidad de la misma y, por el contrario, existen dos vías para lograr su declaración, ninguna de las cuales fue seguida por ella; que las leyes se presumen constitucionales y la inconsti- tucionalidad es un recurso extremo que sólo cabe utilizar cuando se agotó toda posibilidad de compatibilizar la norma con la Constitución; que una ley puede ser defectuosa, imprudente, inadecuada, hasta torpe, pero no por ello necesa- riamente inconstitucional, vicio que pacederá solamente en caso de haber traspasado el límite de opciones posibles que la Constitución presenta al legis- lador o se violó el trámite de elaboración de la norma.

Continúa, argumentando que el planteo de la excepción se realizó atendiendo al defecto formal de la demanda, es decir a la falta en que incurre el representante de la contraria al efectuar un deficiente planteamiento; que la inconstitucionalidad de la norma no puede ni debe ser declarada de oficio; que nada puede reprocharse a su parte, sobre la presunción de constituciona-lidad de la norma; que debe considerarse, que la parte actora decidió iniciar las presente actuaciones cuando ya se había expedido al respecto la Comisión Médica, órgano jurisdiccional competente; que es la parte actora quien prefirió apartarse del trámite administrativo que manda la LRT (dentro del cual rige la gratuidad para el trabajador), para requerir la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo, sin plantear agravio alguno contra dicho procedimiento; que ninguno de los artículos de la ley 24557 ha sido tachado de incons-titucional, ni podrá serlo en el futuro, por haber precluído la oportunidad para hacerlo, por lo cual el procedimiento de la LRT resulta plenamente aplicable y el actor carece de toda acción civil; que no puede castigarse a su parte, quien al esgrimir sus defensas señala un mero error de la contraria al plantear la de- manda; que tal sentencia, cercena claramente el derecho de defensa de su par- te, que se ha visto con derecho a interponer la defensa rechazada por el a quo en tanto la conducta de la parte actora significó el sometimiento al procedi-miento de la ley 24557 y la presunción de constitucionalidad de la norma; que en base a lo dispuesto por el señor juez a quo, la demandada debería soportar las costas del tratamiento de la excepción de incompetencia, las que aten-diendo a la suma reclamada implican una suma altísima, cuando ha sido la parte actora quien ha decidido iniciar este proceso con los defectos señalados y debería ser ella la que los soporte, por haber omitido adecuar su pretensión a la legislación vigente.

Finaliza, haciendo referencia a que la imposición de costas que objeta, afecta gravemente sus derechos de debido proceso y de propiedad; que el ordenamiento procesal, si bien consagra enfáticamente el principio objetivo de la derrota como fundamento de la condena en costas, reconoce por vía de excepción la facultad de eximir total o parcialmente de ellas al vencido, tratán- dose en consecuencia de un sistema objetivo con atenuaciones; que la excepción comentada no admite reparos, si se la aplica a casos en que por existir doctrina contradictoria, se puede concluir que la parte vencida exhibió una convicción fundada. acerca de la existencia del derecho que invocó en el pleito y que ello le lleva a solicitar se revoque la imposición de costas a su parte. Formula reserva del caso federal y pide costas. El recurso, es respondido a fs. 246/48, ocasión en que se solicita su rechazo y la consi-guiente confirmación de lo decidido en primera instancia.

Entiendo que el recurso no puede tener andamiento. Si bien es verdad lo argumentado en torno de la posibilidad de dejar de lado "el principio objetivo de la derrota" mencionado por el señor juez Inferior, ello queda reser- vado para situaciones excepcionales, en cuya presencia creo no encontrarnos. La demandada interpretó que le asistía razón para oponer excepción, y lo hizo. No tuvo éxito en su planteo, lo perdió y le aplicaron costas. Si ello "implica, atendiendo el monto reclamado ($ 1.195.088) una suma altísima" (fs. 244, 2º párrafo), y la demandada entiende que afecta su derecho de propiedad, es un tema respecto del cual la parte actora resulta ser "res inter alios acta", que debió en todo caso ser valorado al momento de determinar los pro y los contra de excepcionar; pero no es, por el contrario, argumento eficaz, en el momento procesal en que nos encontramos. Es falso, por otra parte, que la imposición de costas a su parte, afecte gravemente el debido proceso o su derecho de defensa, frases que califico de genéricas y de suma vaguedad, mientras no detalle y fundamente alguna irregularidad en que cree que el juzgador a quo pueda haber incurrido. Siendo del caso aclarar, además, que no por resultar vencida, determinada parte queda habilitada para hablar de afectación del principio del debido proceso, ya que de ser así, no habría juicio que no adolezca del defecto apuntado.

Uno de los elementos que suelen tenerse presente, a los fines de la eximición del principio objetivo de la derrota (llamada por Palacio "eximición confiada al arbitrio judicial", Derecho Procesal Civil, T. III, p.372), se vincula a la fórmula "creerse con derecho" o, como él mismo califica, a la página siguiente, "razón fundada para litigar", fórmula provista de suficiente elasticidad que resulta aplicable cuando, por las particularidades del caso, cabe considerar que la parte vencida actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho defendido en el pléito". Al respecto, la Sala tiene dicho, que "La subjetividad del demandante y el creerse con derecho, no son apoyo suficiente para eximir de costas, atento a que se cuenta con asesoramiento técnico y que no habiendo cambio de legislación, de doctrina o jurisprudencia, habría que eximir a todos los litigantes", antecedente cuyo principio, adaptado al caso, ayuda a resolver el tema que nos ocupa; (ver: Sala, autos Flores c. Bagley, 14/11/1997). Cabe decir, finalmente, que el señor juez a quo no decretó de oficio la inconstitucionalidad de la LRT (como se atribuye a fs. 242 vta., penúltimo párrafo), limitándose a señalar que el actor reclama que la demandada brinde las prestaciones contractuales compro-metidas; que el paso previo, es el de determinar la competencia, en el caso en razón de la materia, porque necesariamente debe ser observada, pues ello se vincula a la organización de la administración judicial, es de naturaleza pública y la ley no puede admitir una apreciación distinta de las partes, ya que le atribuye compretencia a quien considera más apto para aplicar el derecho público; que la competencia laboral, no sólo se extiende al contrato de tal clase sino también a cuestiones conexas, incluso fundadas en derecho común; que la CJS señaló que la LRT no contiene disposición expresa que declare federal el régimen de reparaciones que regula y de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal; que las provincias conservan su autonomía en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación y que la doctrina de la CSJN en el caso "Castillo", implicó en la práctica que las controversias individuales que tengan lugar entre trabajadores, empleadores y ART, fundadas en disposiciones de la LRT, se ventilan por ante los tribunales laborales locales. Fundamentos que no han sido rebatidos por el recurso y obstan, en mi criterio, al éxito del mismo.

"Si por creerse con derecho, la demandada no demostró dudas sino certeza, de que las cosas eran como ella las planteaba, asumió una postura clara, que si bien no tuvo éxito, no tiene por qué relevarla de hacerse cargo en plenitud de las costas ocasionadas" (Sala, autos Vargas c. Weatherford Inter- nacional, 28/9/12). Por todo ello, voto por rechazar el recurso interpuesto, mantener la imposición de costas del punto I in fine de fs. 237 e imponer asimismo las de alzada, atendiendo al responde de fs. 246 y sgtes. y, también en este caso, al principio objetivo del vencimiento, art. 67 CPCC. El Dr. Cabrera, adhiere al voto anterior.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, RESUELVE I) Rechazar el recurso interpuesto. Con costas.

II) Diferir la regulación de honorarios hasta que se practique en 1ª Instancia, tener presente la reserva formulada y mandar registrtar, notificar, reponer y en su momento devolver los autos al Juzgado de orígen.