Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-11


SENT Nro. 531 San Miguel de Tucumán, 11 de DE JULIO de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por el demandado en autos: "Banco Roberts S.A. vs. Jorge Luis Rougés s/Cobro ejecutivo"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal la presente queja por casación denegada interpuesta por la parte demandada en contra de la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, del 11/12/2002, por la cual se denegó la concesión del recurso de casación incoado en contra de la sentencia de fecha 19/9/2002.

II.- El Tribunal a quo considera el carácter excepcional del recurso de casación lo que torna necesario que los presupuestos exigibles para su admisión sean analizados en forma severa y restrictiva. Que esta vía excepcional sólo corresponde contra sentencias definitivas de Cámaras o las que terminen el pleito o hagan imposible su continuación y contra las demás sentencias en tanto asuman gravedad institucional (art. 813 procesal). A su vez, menciona que el art. 814 declara inadmisible el recurso en contra de sentencias definitivas que dejen abierta una vía de reparación; que en el caso de autos se trata de una sentencia dictada en un proceso sujeto al trámite del juicio ejecutivo por lo que, en principio, no cabe admitir el recurso de casación, atento a la vía de la reparación ulterior prevista en el art. 544 CPCCT.

Por lo expuesto, concluye desestimando el recurso casatorio, con costas a la recurrente vencida (arts. 820 primer apartado del CPCCT).

III.- De un examen liminar de las constancias de autos se observa con claridad que el recurso interpuesto cumple con los requisitos de presentación temporánea, depósito judicial suficiente y presentación de las copias requeridas por el art. 820 del digesto procesal civil de la provincia.

El quejoso sostiene que la sentencia dictada viola la CN y el orden público en forma directa pues, habiendo planteado en sus agravios que el caso se encuadra dentro de las disposiciones y derechos del consumidor (arts. 42 y 43 CN), los mismos no fueron tenidos en cuenta, omitiendo pronunciarse sobre ellos como era obligación del Tribunal (arts. 33,34, 272,272 CPCC); alterando el control constitucional que deben efectuar todos los magistrados del Poder Judicial y violentándose la estructura esencial del acto sentencial. Entiende que las transgresiones a la CN, el deficitario título ejecutivo emitido sobre la base de una cuenta corriente que tachó de nulidad; el expediente admitido como prueba titulado "Torres de Rougés Dolores y Jorge Luis Rougés vs. Banco Roberts s/Aseguramiento de prueba", incorporado al proceso, material prioritario para conocer lo que sucedió en la relación jurídica entre las partes, nulidad etc., demostrándose que el Banco no tiene ni los libros, ni los asientos contables que obligatoriamente debe llevar toda sociedad, transgrediéndose el Código de Comercio y la LDC que exige proporcionar información veraz (art. 42 CN), constituían motivo suficiente para rechazar la ejecución. Que el juicio de asegurami ento de prueba era relevante a fin de resolver la causa y no se lo ponderó, ni se estimó la conducta del actor que de allí emerge, su negativa a entregar pruebas que retiene en su poder, y que está obligado a mostrar y proporcionar información veraz (42, 43, CN, 797 Código de Comercio), incumplimientos penados por la ley civil y penal, ante quince desobediencias cometidas. Aclara que no se refiere a la causa de la obligación sino a las nulidades del contrato de cuenta corriente. Agrega que se viola la buena fe, se incurre en abuso de derecho y enriquecimiento sin causa.

Expresa que de todo lo expuesto surge que nos encontramos ante un asunto que reviste gravedad o trascendencia institucional, donde está en juego el orden público y el sistema de derechos que la CN reconoce a los ciudadanos, al no tenerse en consideración la consistencia del denominado bloque de legalidad o estructura esencial del acto sentencial, conformado por las normas constitucionales citadas, la LDC, consecuencia del art. 42, 43 CN que constituye en la actualidad la base del sistema de protección al consumidor bancario. Que al no merituar los aspectos y base constitucional de los agravios, torna precedente la queja que se intenta. Cita un precedente jurisprudencial demostrativo a su criterio de que se trató el problema del contrato de cuenta corriente y cómo, revisando los vicios que tenía la cuenta, producto del contrato, la falta de libros y asientos contables, proceden a descartar numerosos débitos, es decir, anular total o parcialmente varios conceptos de la cuenta sin que ello implicare penetrar en la causa de la obligación. Agrega que tampoco este precedente mereció consideración.

Señala que si se abrió a prueba y se consideró una pericia contable que fue objeto de duras impugnaciones no se ve porqué no estimar también el juicio de aseguramiento de prueba que fue incorporado a la causa. Relata detalles que pondrían en contradicho la aserción del perito contable de que vio los libros del banco, sus asientos, para analizar la cuenta corriente. Reseña sus agravios a los considerandos de la sentencia recurrida en casación e, incluso, a la de primera instancia. Así, sucintamente expuestos los agravios del quejoso.

IV.- Ahora bien, no yerra la sentencia denegatoria de la casación al entender aplicable al caso el art. 814 del CPCCT que declara inadmisible el recurso en contra de sentencias definitivas que dejen abierta una vía de reparación; lo que acontece en el caso de autos en donde las motivaciones sustentatorias de la inhabilidad de título, no hacen cosa juzgada material en el proceso ejecutivo, de manera de permitir la apertura casatoria, sino que las mismas radican en planteos y cuestionamientos atinentes al contrato del que emerge el título base de la demanda ejecutiva; planteos y cuestionamientos éstos que pueden reeditarse en el juicio de conocimiento posterior, sin que se advierta -mucho menos a tenor de la naturaleza jurídica de la actora- gravamen que no pueda eventualmente repararse por esa vía de amplio conocimiento.

Cabe aplicar aquí otros precedentes en que se dijo que lo atinente a la composición del saldo deudor, la sentencia impugnada no resulta definitiva. Las normas de los arts. 813 y 814 del CPCC imponen este recaudo, como exigencia de admisibilidad del recurso de casación, lo que se explica porque su carácter extraordinario impide el tratamiento de asuntos que tienen aún la posibilidad de ser replanteados o decididos en otras instancias inferiores, o que dejan abierta una vía de reparación. Las cuestiones vinculadas a la liquidación del débito podrán ser ampliamente discutida en un eventual juicio de conocimiento posterior, advirtiéndose que se trata de aspectos fácticos del juzgamiento, que han sido decididos en el restringido ámbito del juicio ejecutivo, cuya defensa y prueba tiene limitaciones establecidas por la ley, y que por ende pueden ser discutidas en el juicio de conocimiento posterior (arg. art. 544, primer párrafo y tercer párrafo, a contrario). En definitiva, el rechazo de las excepciones de pago e inhabilida d de título, no adquiere calidad de cosa juzgada material en lo atinente a la composición de saldo deudor, pues lo resuelto es inherente exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo. Ello así, aun cuando la sentencia atacada desestima las excepciones opuestas, sobre estas cuestiones queda abierta una vía de reparación; resultando de aplicación el supuesto previsto por el art. 814 del CPCC, que determina en tales casos la inadmisibilidad del recurso de casación (conf. CSJT, sent. nº192 del 25/3/98).

El quejoso intenta obviar estos precedentes mencionando que no se trata de poner en cuestión la causa de la obligación sino de la nulidad del contrato pues el certificado proviene de una cuenta no válida y por lo cual puede calificarse de absolutamente nula. Sin embargo, no se advierte qué otra cosa sea investigar sobre los vicios que dan lugar a la nulidad del contrato de cuenta corriente sino examinar la causa del título ejecutivo que se tacha de inhábil; esto es: el contrato de cuenta corriente bancaria y todos los pormenores de su uso y gestión.

Tampoco concurre en autos el excepcional supuesto de gravedad institucional invocado por el recurrente, y único con virtualidad necesaria para suplir la ausencia de definitividad de la sentencia impugnada, toda vez que lo resuelto por el Tribunal no excede el interés individual de las partes, comprometiendo el de la comunidad, con incidencia o proyección en la buena marcha de las instituciones; o cuando lo fallado pueda resultar frustratorio de derechos de orden federal, en cuyo caso la defensa de éste no puede ser desechada en base a razones de mero orden formal; de otro modo, como reiteradamente se dijo, la Corte se convertiría en una tercera instancia con desnaturalización funcional y sin un interés social de por medio. (CSJTuc. "Juárez, Hugo Fernando vs. Consorcio Edificio Torre Avenida s/Cobro de Australes", 29/12/94; "Chaila de Sosa, Angela y otra vs. Suc. de José Salvador Maidana s/Escrituración", 9/8/94; "Caña Ramón A. y otros vs. Grafa S.A. s/Obstáculo Constitucional p/la actuación del Dr. Tiburcio L. Guzmán interp. p/la demandada (Apelación)", 31/8/94; "Sánchez Humberto vs. S.A. Azucarera Argentina C.é I. s/Cumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios" 25/4/94; "Córdoba, Lanús Miguel A. y otra vs. Ibazeta, Máximo A. y otra s/Escrituración", 29/12/93). En el caso no se ve afectado un principio de envergadura tal o algún interés común sino que resulta claro que el interés en juego es meramente particular.

Se advierte que la argumentación del quejoso tendiente a justificar la gravedad institucional invocada -esencialmente referida a la falta de consideración de la prueba incorporada al proceso consistente en el juicio sobre aseguramiento de prueba citado supra, así como la omisión de la consideración del bloque de legalidad referido a la tutela al consumidor, soslayándose así el control de constitucionalidad que viene planteando durante el juicio- carece de aptitud para demostrar su existencia en el sub judice, toda vez que tales planteamientos no tienen relación directa ni vinculación conducente y relevante con la cuestión que se ventila en el juicio ejecutivo, de donde la omisión en su consideración no afecta la estructura esencial del proceso ni causa lesión directa o definitiva a derechos constitucionales en juego.

En efecto, en el caso, la pretensa violación a la CN o a la LDC, sólo podría eventualmente, resultar o derivar de las fundamentaciones que vayan a sostener el pronunciamiento que, en un juicio ordinario, decida sobre el contrato de cuenta corriente bancaria, sus alternancias, la relación entre el Banco ejecutante y el ejecutado, y no de la que, atendiendo al carácter del juicio ejecutivo, no considera conducentes las probanzas que ventilan aspectos de la causa de la obligación; nulidad del contrato de cuenta corriente; ni los planteos referidos al derecho del consumidor, etc..

Relacionado a lo expuesto, corresponde añadir, de otra parte, que el fallo (LL,1999-E,717) cuya omisión en su consideración por parte de los sentenciantes de inferior instancia agravia al quejoso no es aplicable a la especie, toda vez que lo allí decidido fue tramitado mediante el proceso ordinario y no ejecutivo, por lo cual el nudo gordiano de la cuestión que aquí se ventila -atinente a la improcedencia de planteos relacionados al control de constitucionalidad y de probanzas referidas a la causa o la legitimidad del título que se ejecuta- no pudo, como es obvio, plantearse en aquel proceso.

Así entonces el impugnante no puede fundar la gravedad institucional invocada en la omisión en el tratamiento de cuestiones referidas a la aplicación de la LDC o a los arts. 42, 43 CN toda vez que estos planteos no son susceptibles de ser acogido desde que "la naturaleza del juicio ejecutivo, con un limitado ámbito cognoscitivo, excluye todo aquello que va más allá de lo meramente extrínseco, pudiendo el ejecutado oponer al progreso del juicio, por vía de excepción, las deficiencias formales del título; la controversia sobre lo sustancial, sobre la legitimidad de la causa quedará -en todo caso- reservada para un juicio ordinario en el cual es posible un amplio debate. Esta restricción no vulnera disposiciones de la ley sustancial ni es inconstitucional porque la sentencia no tiene autoridad de cosa juzgada material (CSJTuc., sent. nº 17 del 19/02/93). A su vez, este alto Tribunal, en los autos caratulados: "Maldonado, Héctor Hugo vs. Banco de Liniers S.A. s/Cobro Ejecutivo" sent. nro. 189 del 24/4/94 ha sentado el criterio que corresponde el tratamiento y resolución del planteo de inconstitucionalidad en el juicio ejecutivo, cuando la norma o normas atacadas se refieren directamente al caso a resolver. Como se advirtiera supra, en autos, no se ha atacado ninguna norma de inconstitucional, ni las normas constitucionales invocadas como violadas por la sentencia están directamente relacionadas con la resolución del caso atento a la naturaleza ejecutiva del presente juicio y a las excepciones y fundamentaciones admisibles que pudieran emanar del instrumento que se ejecuta.

No es otra cosa lo que señala la sentencia de Cámara al decir que la defensa de inhabilidad de título sólo puede referirse a las formas extrínsecas del mismo, formalidades que en el caso, entiende cumplidas. Siendo así, sostiene que la sentencia del juez a quo resulta suficientemente fundada dado que los jueces sólo están obligados a valorar las pruebas y considerar las cuestiones que tengan relevancia en la solución del caso, por lo que no aparece infundada por haber omitido el tratamiento de las cuestiones que menciona el recurrente. Que en autos, el certificado reúne los requisitos formales, por lo que la cuestiones planteadas por el recurrente como omitidas por la sentencia carecen de relevancia par la solución del caso. Ello no hace sino seguir jurisprudencia sentada por esta Corte en que se dijo que sentada la habilidad el título, debe desestimarse la pretensión de discutir aspectos referidos a la legitimidad causal de la obligación, pues tal articulación excede el límite de las defensas oponibles en juicio ejecutivo. Tal con clusión no se ve enervada por la circunstancia de que una de las partes haya transitado en un aspecto de la composición de ese saldo, pues ello no importa una transformación del carácter ejecutivo del juicio, a la vez que no resulta admisible que por las vicisitudes de la causa se desarrolle un procedimiento que se aparta de la clara normativa procesal, incidiendo directamente en el resultado del pleito. En el caso, las pruebas ofrecidas por los ejecutados eran notoriamente inadmisibles, ya que mediante ellas se pretendió demostrar aspectos propios y exclusivos de la causa de la obligación, que son inconducentes para la solución del litigio, toda vez que conforme a lo considerado, la excepción sólo puede fundarse en las formas extrínsecas del título. Al versar sobre la relación causal subyacente, materia ajena al proceso ejecutivo, su producción significó un dispendio inútil de jurisdicción, pues la misma no debía ser atendida al momento de sentenciar, dada su manifiesta inconducencia (cfr. CSJTuc., "Coquena S.R.L. vs. Comuna San Pedro y San Antonio y/o Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Cobro ejecutivo", sentencia nro. 28 del 1/3/94). Y también que limitada la discusión, en la ejecución de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, a las formas extrínsecas del título, no cabe admitirla en torno a la legitimidad de la causa, o a si tiene -o no- existencia el contrato que da origen al título de marras, toda vez que su demostración supone una investigación de hecho y de prueba ajena a las características del título que se ejecuta y las peculiaridades de la especial vía en la que se tramita. Se excedería, de este modo, el limitado ámbito cognoscitivo de este tipo de proceso, desnaturalizándose su carácter sumario. Toda reclamación por error, daños, abusos en que, supuestamente, haya incurrido el banco acreedor y que, al respecto, entienda el recurrente le corresponda efectuar frente a aquél, deberá ventilarse en el proceso ordinario posterior con la amplitud de debate y prueba que lo caracteriza (conf. CSJTuc., s entencia nº 328 del 5/5/2000; en idéntico sentido, en torno a la discusión de los intereses: sent. nro. 863 del 11/11/99; sentencia nro. 54 del 23/02/99). De allí que el quejoso no pueda alegar gravedad institucional fundada en la omisión de la consideración de probanzas efectivamente incorporadas a la causa y referidas al contrato de cuenta corriente bancaria.

En definitiva, se advierte que el quejoso presenta, por medio del recurso tentado, su discrepancia con la tesis sentencial la cual, pese al esfuerzo argumental con que la expuso, no llega a demostrar que confluyen, en el caso, los recaudos previstos por el art. 813 del digesto procesal civil de la provincia, no lográndose acreditar la existencia de gravedad institucional -al no afectarse derechos de naturaleza federal, ni alterarse la estructura esencial del proceso, ni trascender la cuestión que se ventila el mero interés particular del recurrente- por lo que el medio impugnativo directo deviene insuficiente para hacer penetrar al presente caso por la vía del recurso extraordinario de la casación.

Por ello, y oído lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 11/12/2002, con pérdida del depósito.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA