marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba confesional, apreciación del juez, empresa
Materia: LABORAL
Carátula: González Sixta Ramona c/ ATECH Sahara Hotel y/o quien resulte responsable s/ Accidente de Trabajo -Ley 9688-24028
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-02-24

Tratándose de hechos controvertidos por la demandada, los fictamente confesados por ésta no necesariamente deben estar referidos a hechos personales de su representante legal, sino en todo caso a hechos conocidos por éste por ser de incumbencia de aquella. Lo relevante es, entonces, el conocimiento personal que el representante legal tiene (o puede tener tratándose de la "ficta confessio")de hechos concernientes a la persona jurídica y que pueden constituir prueba a favor de la contraria, en tanto le sean desfavorables a su parte.
Concurso preventivo, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, letra de cambio
Materia: COMERCIAL
Carátula: BERNARDINO RAMIREZ E HIJOS SCA s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR ESTABLISSEMENT VIVADENT.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

Debe desestimarse el pedido de quiebra si no se ha probado la calidad de aceptante de la letra de cambio del presunto deudor -la que no surge del juicio de cancelación de dicha letra, oportunamente incoado-, no configurándose así la prueba sumaria del crédito (LC:

90).
Expropiación irregular, costas, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Domingo, Osvaldo Félix c/ Provincia de Santa Fe s/ Expropiación inversa (Expte. CSJ Nº 301-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-03

Corresponde que las costas sean impuestas en el orden causado (artículo 49, apartado 2, inciso a, ley 7534) cuando, conforme al régimen específico en materia expropiatoria, no concurre supuesto alguno que autorice a imponer las costas con exclusividad a una de las partes. En el caso, ni hubo incidente de oposición en el cual la actora resultara vencedora (artículo 59, ley 7534), ni hubo abandono de la expropiación (artículo 56, ley 7534), ni se da ninguno de los supuestos del artículo 49, apartado 3, ley 7534, que autorice a imponer las costas a la expropiada; ni del apartado 1 de esa misma norma, que justifique imponerlas con exclusividad a la expropiante.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, igualdad ante la ley, carga pública
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Asinpat SRL c/ Municipalidad de Trelew s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-09

El fundamento principal de la responsabilidad del estado por actividad legítima no es otro que el principio de igualdad ante las cargas públicas consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional toda vez que cuando se impone un sacrificio especial que excede la medida de los que corresponde normalmente soportar, el particular que padece el daño se encuentra en una situación de desigualdad respecto de quienes no lo soportan y, en consecuencia, posee el derecho a ser indemnizado a fin de restablecer el equilibrio patrimonial a que conduce el principio de igualdad. En consecuencia, la obligación de resarcir los perjuicios no nace del daño sino de la alteración del principio de igualdad, aun cuando se requiera la configuración del daño, éste es un presupuesto de la responsabilidad y no su fundamento.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido, hiperinflación
Materia: LABORAL
Carátula: PAZ DE WETSCHKY MARIA c/ CENTRO  MUTUAL PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-22

Si la crisis por la que atravesó la accionada, se debió a una reducción o disminución de la demanda en medicamentos que se prolongó durante unos meses debido al período de hiperinflación que vivió el país, ante ésta clase de situación que motivó la falta de trabajo y no sabiendo a ciencia cierta cuál sería la evolución futura del mercado y cuánto duraría la situación, se imponía en forma previa operar la suspensión de los arts. 218, 219, 220 y 221 de la Ley 20744, para recién de ese modo considerar el despido como razonable en los términos del art. 247 de la mencionada ley.
Enfermedad accidente, determinación de la incapacidad, tope indemnizatorio, capacidad residual
Materia: LABORAL
Carátula: AQUINO, LIONEL c/ ESSO SAPA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

Es necesario separar las enfermedades que incapacitan al trabajador, a pesar de que se hayan establecido en forma conjunta. A los fines de la aplicabilidad de los topes indemnizatorios establecidos por el art. 8 de la ley de accidentes, debe tomarse el 100% de capacidad originaria e ir deduciendo los porcentajes de minusvalía derivados de cada afección, teniendo en cuenta la capacidad residual.
Prueba testimonial, declaración testimonial, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: Singer, Aurora Sofia c/ Aramburu, Juan Carlos s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-07

Las declaraciones de los testigos no deben mirarse con disfavor, ni con exageradas aprehensiones, ya que la aceptación del dicho de un testigo tiene que ser menos rigurosa que su examen para desecharlo. Esto ocurre porque, en definitiva, el juez está apoyado en la construcción jurídica de que los testigos no pueden mentir, tanto por existir una punición legal sobre falso testimonio (art.275 del Código Penal y art. 449 del Código Procesal), cuando porque el método de interrogación judicial libre y de oficio por el juez (art. 442 del Código Procesal), pone de resalto el sistema posible de indagar la mendacidad en que pudiera incurrir el testigo o su falta de comprensión de los hechos.
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria, extinción de la acción penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SANTARCANGELO, S. s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION - LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-15

Integran el concepto "secuela de juicio" los actos jurisdiccionales que impulsan efectivamente el procedimiento criminal, siendo esa la razón por la que se ha reconocido carácter de secuela de juicio al llamado a prestar declaración indagatoria, pues, hasta tanto ésta no ocurra, no existe en realidad juicio penal.

Dado que en el caso de autos la acción se hallaba prescripta, algo más de seis meses antes de que se dispusiera el procesamiento de los presuntos responsables, corresponde confirmar la resolución que declara extinguida la acción penal por prescripción y absuelve a la procesada en orden al delito de lesiones culposas.
Responsabilidad del Estado, funcionarios públicos, registro de la propiedad automotor, cláusula de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: Reydol  S.A. c/ Estado    Nacional    Argentina  (Ministerio  de  Educ.  y  Justicia) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

Si bien el escribano le presentó al Registro una minuta defectuosa, inhábil por sí para posibilitar la publicidad de la cláusula de reajuste, atendiendo tan sólo a las formas extrínsecas de dicha minuta, se podía advertir, al menos, una situación de duda respecto de los alcances de la inscripción pretendida, porque si bien la omisión del libro 1 le impedía anotar la cláusula de estabilización, el hecho de habérsela transcripto luego en el rubro 17 debe servir de suficiente alerta como para ejercitar el control que prevé el art. 8 de la ley 17.801 y, por tratarse de un defecto subsanable, el Registro debió ejercitar la facultad de devolver la minuta al escribano solicitante.

Al incurrir el Registro en la señalada omisión, cumplió de manera defectuosa las obligaciones que le son propias, generó un daño que compromete la responsabilidad del Estado siendo apropiado recordar que la Corte Suprema tiene dicho que "quien contrae la obligación de prestar un servicio, lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución.
Prueba compuesta, careo, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Robos reiterados calificados.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-09

Si la defensa cumplió con las cargas procesales asumidas solicitando el careo en las dos oportunidades correspondientes (arts. 3, 6 y 328 inc. 2 del C.P.P.) el que, en ambos casos le fue denegado ilegítimamente, y siendo que la relación directa entre el careo y la situación legal del procesado quedó evidenciada ante la circunstancia de haberse en definitiva utilizado en su perjuicio la imputación contra la que dirigía dicho careo, la incorporación a la prueba compuesta de la acusación del coprocesado es también violatoria del último párrafo del art. 256 del C.P.P.
Resoluciones inapelables, inspección ocular, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: CARRIZO DE CUELLAR BENIGNA c/ FF.AA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-18

La inspección ocular no es un derecho atribuído a los litigantes, sino una facultad concedida al juez, por lo cual las partes carecen de recursos contra la negativa del juez a decretarla. Es facultad potestativa del juez ordenar la inspección ocular y por la misma razón debe considerarse inapelable el auto que ordena o deniega la inspección.
Cuestión constitucional, discrepancia del recurrente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Basualdo, Gastón Maximiliano c/ GCBA s/ otras demandas contra la aut. administrativa contra la aut. administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-07

El recurrente no plantea un genuino caso constitucional, ya que sus agravios constituyen una mera discrepancia con la forma en que los jueces de mérito aplicaron normas rituales infraconstitucionales para resolver una cuestión de neto corte procesal. (Voto Dra. Ana María Conde).
Subasta, nulidad de la subasta, subasta judicial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CONSORCIO  DE  PROPIETARIOS  AYACUCHO  1342 c/ CLERICI  ACOSTA, Yolanda Inés s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-31

La falta de personal del Juzgado (Secretarios o Prosecretarios Administrativos)en el momento de la realización de la subasta no implica irregularidad alguna en lo que hace a las formalidades de aquella, conforme a lo dispuesto por la Resolución N°288/04 del Consejo de la Magistratura, por lo que el pedido de nulidad de la subasta debe rechazarse.
Filiación, proceso penal, prueba, adopción, menores
Materia: PROCESAL - PENAL - CIVIL
Carátula: Muller, Jorge s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

La prueba hematológica dispuesta en el proceso penal incoado por falsedad documental excede su objeto propio, porque mas allá de que la diligencia probatoria resulte ánatingente a la investigación, admitirla en el caso implica conculcar normas esenciales que rigen la adopción plena. Ella afecta los derechos personalísimos del menor a quien va dirigida o una transgreción de las normas que estatuyen y tutelan los supuestos jurídicos de la personalidad.
Vista de las actuaciones, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Basualdo, Miguel Angel c/ Montecalvo, Oscar Alberto s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

No media violación del derecho de defensa en juicio si la no concurrencia a la audiencia de vista de causa implicó la renuncia a peticionar en ella lo que hacía al interés de su parte y en consecuencia el avance del proceso hacia su etapa final.
Acción penal, ley penal más benigna, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: BUSTOS, JUAN JOSE s/ HOMICIDIO CULPOSO (art. 84 del C.P.) en perjuicio de Remedios Romera - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-05-30

Con la reforma introducida por la ley 25.990, al artículo 67 del Código Penal, se fijan taxativamente los actos interruptivos de la prescripción de la acción penal. Dicha norma adquiere operatividad a la luz del artículo 2 del Código Penal, que consagra como excepción al principio de irretroactividad de la ley penal, la aplicación retroactiva de aquella que sea mas benigna.

La ley penal mas benigna no es solo la que discrimina o establece una pena menor, pues, (a) puede tratarse de la creación de una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, de un impedimento a la operatividad de la penalidad, etc.; (b) puede provenir también de otras circunstancias como el menor tiempo de prescripción.

Rige el art. 2 en caso de sucesión de leyes que abrevien plazos de prescripción y, correlativamente, la no aplicación de la posterior que los alargue, o agregue causales de interrupción.-
Acción de amparo, derecho a la salud, derecho a la vivienda digna, competencia provincial, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Roberto y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo - amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-05

La justicia local es competente para entender en la acción de amparo por la cual se reclama la tutela de los derechos a la vivienda y a la salud de quienes se encuentran alojados en una residencia geriátrica ubicada en la Provincia de Buenos Aires, pues la demandante no ha individualizado ni concretado los hechos u omisiones de carácter antijurídico en que habrían incurrido las autoridades nacionales de los que se derive un daño para la actora, por lo que no se advierte que el Estado Nacional esté sustancialmente demandado en autos, esto es que tenga un interés directo en el pleito que surja en forma manifiesta de la realidad jurídica expuesta.
Hábeas data, banco de datos personales, información crediticia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Magoia, Elda Teresa c/ Tarjeta Provencred y/o Citibank NA - hábeas data. s/ Hábeas Data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Corresponde rechazar el agravio fundado en que los recurrentes no son titulares o responsables de los bancos de datos objeto del habeas data si resulta claro que comunicaron la información que se encontraba en su poder a terceros y por ello pueden ser considerados responsables de "bancos de datos destinados a proveer informes", en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y la ley de protección de datos personales (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Acreedores del concurso, homologación del acuerdo, intereses compensatorios, pago en cuotas
Materia: PROCESAL
Carátula: Luis y Miguel Zanniello SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-19

Cuando, como en el caso, en la propuesta se establecieron las cuotas y el interés aplicable, más no especificó desde cuándo se devengarían esos réditos, ni indicó expresamente si se trataba de un interés compensatorio o de otra naturaleza, es claro que los intereses antedichos integran, junto con el capital del crédito, el acuerdo homologado, por lo que está en juego una deuda única que se ha fraccionado en cuotas para su pago y que incluye el devengamiento de esos réditos. Ello así, en el caso, una lectura integral del acuerdo homologado lleva a concluir en que el interés allí previsto (50% de la tasa Badlar para las primeras cuatro cuotas y 100% de la tasa mencionada para las cuatro cuotas restantes) muestra, claramente, que la cuota que se reclama impaga por el banco acreedor, incluye una previsión que se encuentra dirigida a compensar la pérdida de valor de su crédito como consecuencia del transcurso del tiempo, sino, carecería de explicación el índice diferencial de la tasa de interés, que se incrementa con el transcurso del tiempo (50% al 100%). Tratándose, pues, de un interés "compensatorio", carecería de lógica que éste se liquidara desde el vencimiento de la cuota, pues en tal caso su función se vería desvirtuada, pues, al pagar en término el deudor, se volvería improcedente el pago de intereses y el pago de intereses, luego de la fecha de vencimiento de la obligación, solo puede tener carácter moratorio. Ello así, estímase que asistió razón al acreedor cuando liquidó los intereses previstos en la propuesta, desde la fecha de la homologación, no desde el vencimiento de la cuota.
Personas jurídicas de carácter privado, corporaciones, recursos
Materia: CIVIL
Carátula: V., R.E. y otros c/ A.C.P.N. y C.S. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-05

Si el asociado no agotó los recursos a que tenía derecho en la instancia corporativa no procede la instancia judicial.
Sociedades civiles, personería jurídica, tipo societario
Materia: CIVIL
Carátula: BALPALA  S.R.L. c/ S.A. LITTO GONELLA e HIJO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-16

Debe diferenciarse el ente societario de las personas que actúan como órganos. El art. 39 del Código Civil da una directiva que sólo es posible disminuir en sus consecuencias, frente a pruebas muy concretas que permitan descorrer el velo de la personalidad. La circunstancia de que varias personas hayan constituido distintas sociedades, no implica que se pueda desestimar por ello solo la personalidad jurídica penetrando en las formas societarias (conf. C N.Civ. Sala C, E.D. 90-864), cuanto más si no se ha hecho un planteamiento concreto al respecto, ni en la demanda ni al expresar agravios y solamente al pasar se hace referencia al punto hablándose elípticamente del abuso en forma social (conf. sobre la necesidad de que medie un artículo concreto sobre el punto: C.N.Civ. Sala D, L.L.

1983-D-432).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vago, Jorge Antonio c/ Ediciones de La Urraca SA. y otros. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

El derecho de información, de naturaleza individual, adquiere conexión de sentido con el derecho a la información, de naturaleza social, al garantizar a toda persona el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos, los recursos de la cultura y las manifestaciones del espíritu como un derecho humano esencial.
Deberes del juez, resolución inaudita parte, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M., M. A. c/C., A. A. s/violencia familiar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-15

El Art. 3 del Código Civil y Comercial prevee la obligación del juez de decidir los asuntos sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.- La decisión impugnada claramente vulnera esta previsión en tanto no se ha exteriorizado un proceso argumentativo susceptible de control judicial. El Art. 9 de la Ley XV Nº 12 establece que la/el jueza/z de oficio o a pedido de la persona damnificada podrá inaudita parte adoptar además de las medidas cautelares y provisionales regladas toda otra sobre las personas o sobre los bienes que se considerara necesario según el caso.
Reconocimiento en sede judicial, prueba, robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: P., R.J. y otros s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-11-28

En el reconocimiento del arma el testigo es terminante al decir "es idéntica a la que usaron en el evento"; tal afirmación no deja dudas de que un reconocimiento expreso del arma usada donde sólo varía la forma gramatical de expresarse y por supuesto se debe tener como válida, porque es la ultima definición del testigo, que se dio cuenta de que la reconocida era el arma con la que le habían apuntado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Palermo, Juan y otro c/ Martin, Susana Nelida s/ Ejecucion hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-19

En esta materia en la que está en juego la garantía constitucional de la propiedad, únicamente puede volver a subastarse el bien si existe sentencia fundada en ley cuya ejecutabilidad sólo incumbe al magistrado que la dictó conforme a las normas que reglamentan el ejercicio de ese "imperium", el cual se ejerce no sólo en cuanto a la orden de realizar forzadamente el bien, sino también en cuanto a la oportunidad, modo y conveniencia de hacerlo. La nulidad en el caso es entonces absoluta en un doble aspecto; porque el martillero se arrogó facultades jurisdiccionales de las que carece y, porque con ello violó garantías que la Constitución Nacional reconoce en forma expresa al vendedor forzado (C.N. art. 18; Cód. Proc. arts. 565, 566, 568, 572, 577, 581, 586).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, exceso ritual manifiesto, escritos judiciales, pérdida del escrito
Materia: PROCESAL
Carátula: Zubrzycki, Norberto Antonio s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-03-29

Importa exceso ritual manifiesto negar validez como actuación judicial al escrito impulsando el procedimiento por la ausencia de la rubricación, pese a merituar que se encuentra acreditado que el escrito fue realmente presentado y que los intereses de los justiciables pueden verse seriamente comprometidos por el extravío del mismo en el juzgado.
Honorarios del abogado, legitimación activa
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AMANCAY S.A. c/ DE MICHEIEL, ELIO s/ ORDINARIO: RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-09-28

El poderdante carece de legitimación para pedir aumento de honorarios de su mandatario, pues es evidente que carece de interés jurídico para ello. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, diputados provinciales, Estado Provincial, conflicto de poderes, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sueldo de Posleman, Mónica R. y otra. s/ Acción  de  Amparo  -  Medida  de  no  innovar - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

La pretensión, esgrimida por la vía del amparo, de que las actoras sean restituidas en el cargo de diputadas de la Legislatura de San Juan, significaría un conflicto de poderes locales sobre los que la Corte Suprema carece de jurisdicción, desde el momento que la reforma constitucional de 1860 derogó la facultad que le confería el artículo 97 de la Constitución de 1853, y frente a tal conflicto de poderes, no pueden hacerse valer las garantías del debido proceso ni del juez natural que protege la Constitución Nacional para asegurar los derechos fundamentales del hombre. Aquí simplemente se trata de la situación "funcional" de alguien que ha sido excluido de uno de los poderes del estado.