marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, divorcio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Molina de Atiye, Ana Inés c/ Atiye s/ Divorcio-separación de bienes-Inconstitucionalidad (Libro: S050-427)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1951-09-29

Si la Cámara, en ejercicio de su potestad absoluta de interpretar las leyes de fondo y de forma pertinente, admitió la procedencia de la extinción de la demanda de divorcio por vía de incidente en el que se alegaba la reconciliación, no puede la recurrente agraviarse de indefensión por no haberse resuelto la cuestión en la sentencia definitiva, precedida del trámite fijado por la ley procesal para el juicio ordinario.
Acción de amparo, decreto de necesidad y urgencia, inconstitucionalidad, principio de progresividad, trabajadores aeronáuticos
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación del Personal Aeronáutico c/ Poder Ejecutivo Nacional  s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-17

Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que admite la acción de amparo interpuesta y declara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de lo dispuesto en el Título IV - Trabajo- del decreto de necesidad y urgencia Nº 70/2023, toda vez que ante el cúmulo de derechos consagrado por los trabajadores en el constitucionalismo social (art. 14 bis) y la evolución y profundización acaecida con el paradigma de los Derechos Humanos Fundamentales, entendiendo que el mencionado decreto pone en riesgo cierto a los trabajadores de perder y/o encontrar menguados sus derechos, el mismo resulta totalmente regresivo, en el marco del principio de progresividad (incisos 19, 23 y 22 del artículo 75; en el P.I.D.E.S.C. -arts. 5.2 y 2.1.-; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -art. 26-; y el Protocolo de San Salvador Adicional a la Convención Americana -art. 1º-.).
Notificación, notificación tácita
Materia: COMERCIAL
Carátula: COSENTINO DE SPINETO A. c/ FRANCHINO R. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-23

La nota puesta en una foja del expediente importó necesariamente el conocimiento del firmante de la resolución que finalizaba en la parte superior de dicha foja, pues sólo la deliberada no lectura del aludido resolutorio puede justificar su desconocimiento, mas no su procesal notificación.

Por lo demás, aún cuando en el caso no se haya obrado de acuerdo a la directiva del código procesal: 142, apartado 2do., las características de la relacionada atentación, permite tener por sucedido el presupuesto fáctico que dicha norma contempla, esto es, el examen del expediente.
Privatizaciones, derechos del trabajador
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Taschowsky, Dionisio E. c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-21

La ley 23.696 contempla la vigencia de las instituciones del derecho laboral que tutelan al trabajador en los procesos de privatizaciones.
Determinación del monto, rechazo de la demanda, recursos, daños y perjuicios, excepciones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: Cardano, Gustavo Fabián c/ Gigli, María Luisa Liliana Margarita s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-02-26

El monto mínimo computable a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se rige por la norma legal vigente al momento de interposición del recurso.(doctor Soria, mayoría)
Personal militar, amnistía, restitución de derechos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "HARDOY, ARNOLDO JUAN c/ Ministerio de Defensa - I.A.F.". s/ PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS F.F.A.A. Y DE SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-16

La finalidad de la ley 20.508 y su Dec. Reg. 1332/93 no se vincula con beneficios pecuniarios, "sino con la restitución de derechos a quienes vieron postergadas sus carreras o sufrieron sanciones con motivos de los acontecimientos a los que hace referencia" (Fallos 316:1738). En esas condiciones, la remisión a dicho precepto legal resulta insuficiente para acordar un beneficio patrimonial no contemplado en el mismo. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Ejecución de sentencias contra el Estado, suspensión de la ejecución, Ferrocarriles Argentinos, concesión administrativa, empresa de limpieza, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TALPA, ANTONIO c/ FERROC. ARGENTINOS s/ DEMANDAS CONTRA LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

No está exceptuada de la suspensión de ejecuciones dispuesta por la Ley 23.696 la sentencia que condenó a Ferrocarriles Argentinos al pago de una factura adeudada a un concesionario de servicios de limpieza.
Sobreseimiento, prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., O. N. y P., M. F. s/ Omisión de los deberes del oficio (Expte. Nro. 371-00, Resolución Nro.  144, Tomo 56, Folio 314/318)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-07-05

Las causales basadas en la evidencia reclaman un acervo probatorio de certeza que, como tal, elimine la posibilidad de toda otra alternativa distinta. Los hechos imputados, como presuntamente constitutivos de una conducta típica omisiva dolosa, no han tenido corroboración probatoria, y es por ello que lo actuado no puede sustentar la continuidad de la etapa preparatoria del juicio y da lugar a que, cumplidos los plazos legales, se dicte la resolución que cierra definitivamente la causa -el sobreseimiento- que marca la inocencia del imputado que no ha sido quebrada o reducida por juzgamiento distinto tras el debido proceso legal. El pronunciamiento por el inciso segundo culmina la pretensión incriminadora y determina la inocencia que no ha sido reducida por los medios que los principios garantizadores de las libertades de nuestro estado de derecho exige. Pero el caso no puede transpolarse a los de evidencia, simplemente porque ella no existe. La prueba que acredite la certeza de la inexistencia del hecho delictivo tiene un contenido concreto, material, que conduce a la conclusión fehaciente y que determina que, en cualquier momento de la etapa preparatoria del juicio en el que se patentice, se debe dictar sobreseimiento. Tal extremo es distinto -aunque los efectos son los mismos-, de la ausencia de prueba que acredite la existencia del hecho delictivo. Tal es la interpretación adecuada de las causales de los incisos 1 y 2 del art. 356 del C.P.P.: uno consiste en la acreditación fehaciente de inexistencia de os presupuestos; el restante es la no acreditación de los presupuestos. (Disidencia Dr.

Bernardini)
Interposición laboral, fraude laboral, telemarketer
Materia: LABORAL
Carátula: Coch Gastón Emilio c/ BBVA Banco Francés SA y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-30

En el caso, el actor fue contratado por Servicios Diplomat S.A. para cumplir funciones de telemarketer en BBVA Banco Francés. Ambas accionadas invocan, por un lado que el actor fue contratado para la realización de una campaña de telemarketing y promoción telefónicas de pólizas de seguros que podían ser emitidas por diversas empresas en el caso, Servicios Diplomat y, por otra parte, BBVA sostiene que le está vedada la comercialización de seguros de cualquier clase y que el actor nunca laboró para él. Cabe establecer si la participación de Servicios Diplomat S.A. en la contratación del actor es legítima o si se trata de un supuesto de intermediación o interposición vedado por el ordenamiento jurídico (art. 29 primer párrafo). Del examen de la prueba testifical surge que el actor comercializaba seguros en forma telefónica, exclusivamente a clientes del banco demandado; recibiendo instrucciones de los supervisores de la entidad bancaria, y utilizando las herramientas de la misma, tales como el sistema informático por ella provisto. No se acreditó que la labor desplegada por el actor (vendedor telefónico de productos de seguros) se insertara en la actividad social de Servicios Diplomat y hubiera sido realizada bajo las órdenes y directivas de aquélla. Por el contrario, cumplió labores inherentes a la actividad de la entidad bancaria. Dichas labores las realizó en dependencias del banco, con su sistema operativo y herramientas de trabajo, y bajo sus órdenes y directivas, por lo que la intermediación de Servicios Diplomat S.A. no resulta, en el caso, justificada (art. 29 L.C.T.). Se puede concluir que la intermediaria se ha limitado a proveer al trabajador a una tercera empresa, que ha organizado y dirigido su actividad y se ha beneficiado con sus servicios, manteniendo aquella la titularidad aparente de la relación, por lo que nos encontramos ante un supuesto de intermediación laboral vedado por el ordenamiento jurídico laboral (arts. 14 y 29 L.C.T.).
Matrimonio, prueba
Materia: PENAL
Carátula: MEDRANO, Félix s/ Homicidio simple y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-27

Ante la ausencia de prueba documental del vínculo conyugal del acusado con la víctima, nuestro más alto Tribunal Provincial tiene resuelto al respecto, que el vínculo conyugal se prueba por confesión, porque no se trata de una prueba productora de efectos civiles, sino de la calificación del delito cometido y de la responsabilidad penal.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba, cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, sobreseimiento, cosa juzgada, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL
Carátula: J., A. M. c/ EL CONDOR ETSA y Otros s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-02-04

La velocidad de circulación del ómnibus fue motivo de análisis y pronunciamiento por parte del juez de instrucción en la sentencia interlocutoria que ha adquirido firmeza, y por ende hace cosa juzgada del hecho motivo de este proceso y que el elemento mencionado - velocidad - integra el "corpus criminis".

Motivo por el cual no es posible, en este proceso reeditar cuestiones de hecho y prueba como la aludida, por cuanto es insalvable la cuestión de prejudicialidad que provoca en el presente el pronunciamiento judicial por el cual se dicta el sobreseimiento. Ello, en tanto resultan de aplicación al caso los dispositivos establecidos en los arts. 1101 a 1103 del Código Civil
Estafa procesal, ardid
Materia: PENAL
Carátula: Vecchi, Amado A. s/ recurso de casación". Causa n. : 1929.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-26

Por la propia naturaleza del procedimiento judicial, los derechos de las partes surgen de las pruebas aportadas al juicio resúltame a todas luces insoslayable que el fraude debe recaer esencialmente sobre la prueba y los elementos de convicción y que a la hora de apreciar la idoneidad del ardid debe tenerse particularmente en cuenta su destinatario, que en el caso de la estafa procesal es un magistrado. (Voto del Dr. Fégoli en mayoría).
Acción meramente declarativa, Cámara Federal de la Seguridad Social, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CIRILO, ALFREDO GABRIEL c/ Estado Nacional s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Toda vez que el art. 8 de la ley 23.473 no contiene una norma específica sobre la asignación de competencia en las acciones meramente declarativas, el Tribunal resulta incompetente para entender en el reclamo formulado por el titular con el objeto de que se determine que el régimen jubilatorio que lo comprende es el establecido por las leyes 22.921, 23.026 y Dec. 378/85 y no el que surgiría del juego armónico de la ley 24.241 y el Dec. 78/94; porque si bien la Cámara posee versación específica en los temas atinentes a la seguridad social no atribuidos en forma expresa a otros, en el caso median circunstancias que obstan a la asunción de competencia por parte de la misma por razón del grado. (Del voto del Dr.

Wassner).
Recurso de casación, cuestiones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: DE BONIS ADRIANA ROSA c/ ALCAIDE ENRIQUE AGUSTIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-08-15

Las cuestiones que radican en aspectos estrictamente procesales exceden el estrecho marco cognoscitivo del recurso casatorio, máxime si no se advierte en forma manifiesta la presencia de absurdo o arbitrariedad en la decisión atacada; arbitrariedad, que además de denunciarse, debe ser demostrada fehacientemente por el recurrente;

y esta demostración, no puede ser suplida con la alegación de la "extrema complejidad del caso", porque ello no tiene relevancia en orden a suplir tales deficiencias formales.
Procesos de conocimiento, acción de amparo
Materia: COMERCIAL
Carátula: TARR  AIKE  SRL c/ TRIBUNAL COLEGIADO DE FAMILIA I SAN ISIDRO YOTRO S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

Cabe desestimar in limine la acción de amparo solicitada por la actora, por cuanto la procedencia de este instituto es de carácter excepcional, debiendo extremarse prudentemente la ponderación de las causales invocadas en sustento de la acción, de manera de no decidir sobre cuestiones necesitadas de mayor debate o que exorbiten el marco que la misma ley impone; pues no puede ser utilizado como una simple medida de no innovar -o innovativa-, de necesaria obtención en un litigio que se inicie o se pretenda iniciar (CNCom., Sala E, "Portillo Beatriz c/ Banco Caseros SA", del 25.10.96; íd., Sala B, "Boragina Gabriel Jorge c/ Banco Francés SA s/ amparo", del 30.6.2003). Sin embargo, si bien no se ignora que la reforma constitucional del año 1994 amplió sensiblemente la operatividad del instituto, superando ciertos valladares de la jurisprudencia y, de modo particular, de la Ley 16986 (Sagüés, "Acción de Amparo", T.3, pág. 664, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995), lo cierto es que corresponde analizar qué causas pueden encontrar respuesta y solución a través de tal remedio. En efecto, del relato efectuado en el escrito inicial no se advierte que ésta sea la vía idónea para la obtención del objeto de la demanda, ya que no resulta razonable la utilización de este remedio para modificar o bloquear los efectos de decisiones jurisdiccionales o medidas tomadas en otros procesos de distinta naturaleza. Máxime considerando que no ha sido acreditado en forma alguna que se hubieren planteado ante el Tribunal aquí demandado recurso o trámite alguno a fin de reparar el derecho que se dice vulnerado y que aquél hubiere sido desestimado; ni, a todo evento, que se hubiere formulado en el marco de aquéllas actuaciones impugnación u observación alguna respecto del desempeño de la funcionaria designada. Es que, si bien la garantía procesal incorporada al texto fundamental cambia de alguna forma las cosas, hay actos que por su condición escapan o eluden la posibilidad de control: tal así la actividad jurisdiccional del Estado impartida a través de los jueces, la cual no puede controlarse por el juicio de amparo (Gozaíni, Osvaldo A., "Tratado de Derecho Procesal Civil", T. III, pág. 207, La Ley, Buenos Aires, 2009).
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: ANTORCHA  CIA.  ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ ADMINISTRACIONGRAL DEPUERTOS   SOC.   DEL   ESTADO   EN   LIQUIDACION  S/ s/ PROCESO  DECONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-21

Constituye un requisito subjetivo esencial de admisibilidad para apelar, la necesidad de que la resolución que se impugna cause un gravamen o perjuicio cierto, concreto y actual (conf. Fassi-Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial", t. 2, p. 276, Editorial Astrea, 1989), extremo que no se configura en la presente causa. Así, la resolución, en cuanto dispuso que la actora calcule el valor de aforo aduanero, es inapelable por cuanto comporta una providencia de mero trámite (conf. esta Sala, causa 669/99 del 5-9-02 y sus citas), no causándole al apelante, por lo tanto, un gravamen irreparable.
Derecho comercial, bancos, contrato de caja de seguridad, robo, daño moral
Materia: COMERCIAL
Carátula: BLAZQUEZ  MARIA AVELIBA Y OTRO c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

El daño síquico está incluido en el daño moral, y esto no causa agravio alguno, en la medida en que la indemnización otorgada en concepto del daño moral alcance a cubrir ambos rubros. En la causa 1996, que ya he citado, el Tribunal hizo notar que la circunstancia de que hubiera joyas en la caja de seguridad era prueba suficiente de que se había ocasionado un daño moral. El Señor Juez lo indemnizó en la suma de $35.000 para cada una de las actora, y coincido con su evaluación, recordando que el resarcimiento del daño moral no tiene por qué proporcionarse a la del perjuicio material sufrido (cfr. causas 3519 del 23.11.00, 4986 del 20.5.02, 26 del 15.8.02, 8203 del 29.5.03, 2190 del 1.4.04, 4109 del 4.8.05, 2813 del 14.3.06,5524 del 30.9.08, 23232 del 24.9.09).
Obras sociales, competencia por la materia, cobertura médica, interpretación de la ley, Estado Nacional
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Iriarte, Narella Belén c/ Aca Salud Coop. de Prestación de Servicios Médico Asistencia y otro s/ amparo s/apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-10-28

El máximo Tribunal ha ratificado en época reciente, que corresponde a la justicia federal entender en la demanda iniciada contra una obra social, ante la negativa de brindar la cobertura integral de la intervención prescripta por el médico tratante, pues los extremos disputados conducirán a la interpretación de normas concernientes a la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional -que comprende a las obras sociales y a las restantes prestadoras de servicios médicos-. Así, resolvió que los casos que versan, en último término, sobre situaciones alcanzadas por normas federales deben tramitar ante ese fuero por razón de la materia (cf. Fallos: 344:2109). (Voto del Dr. Barotto por la mayoría)
Falta de contestación de la demanda, incomparecencia del demandado, absolución de posiciones, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: L., S.K. c/ A., J.M. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-26

La jurisprudencia que ha dispuesto que: "La incontestación de la demanda y la incomparecencia a absolver posiciones valen como elementos formativos de convicción en tanto no estén suficientemente contradichos por otros elementos que formen una convicción distinta".
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS DE CHUBUT, recurso de apelación (administrativo)
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Disanto, Ramón Miguel s/ Recurso de Apelación contra Resolución N°2600-93 del ISSS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-05-09

Conforme la jurisprudencia de este Tribunal el Recurso de Apelación previsto por el art. 6º del Decreto Ley 1388, se satisface en la medida en que importa un control judicial suficiente de legitimidad de la decisión emanada del órgano administrativo, decidiendo sobre la correcta aplicación de las normas jurídicas, poseyendo la facultad de revocar o anular la decisión administrativa sobre los hechos controvertidos, si ella fuera suficientemente irrazonable o se apoyara tan solo en la voluntad arbitraria o el capricho de los funcionarios.
Principios del derecho internacional de los derechos humanos, República Argentina, tratados internacionales, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Espósito, Miguel Angel c/  s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa -Bulacio, Walter David-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-23

La República Argentina al conferir jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos tal como lo hace el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional presenta un fenómeno jurídico que puede considerarse como referencia al derecho internacional de los derechos humanos (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-02-15


FORMOSA,	quince de febrero de dos mil once.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "AVALOS, DOMINGO JUAN C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA S/ ORDINARIO ", Expte. Nº 120 - Fº Nº 21 - Año 2002, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fs. 162, y CONSIDERANDO:

Que a fs. 156/157 la demandada Provincia de Formosa, plantea caducidad de instancia atento al desinterés demostrado por el actor en la prosecución de la causa por él iniciada, pues conforme surge de las constancias del Cuaderno de Prueba de la Parte Actora no obra acto impulsorio alguno desde el 14 de noviembre de 2008, fecha en que dicha actuación fue puesta a despacho a los fines de continuar con su tramitación. Asimismo agrega que tampoco obra acto impulsorio en las actuaciones principales por parte del actor, desde el 17 de diciembre de 2009 (fs. 151 y vta.), fecha en que fue notificado en su domicilio real, de la renuncia al Poder de su mandatario.

Que conforme surge de las constancias de autos a fs. 151 y vta., el actor no ha realizado actividad procesal alguna que demuestre su interés en mantener viva la acción entablada, ya que pese a notificársele de la renuncia al Poder de su mandatario, aquel no ha efectuado ningún acto impulsorio posterior.

Por ello, constatándose la falta de impulso procesal en el plazo fijado en el art. 38 del Código Procesal Administrativo, procede declarar la caducidad en las presentes actuaciones.	Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros, Dres. Eduardo Manuel Hang, Carlos Gerardo González, Ariel Gustavo Coll, Héctor Tievas y Telma C. Bentancur, que forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) Declarar la caducidad de instancia en las presentes actuaciones (art. 38 Código Procesal Administrativo)	2º) Regular los honorarios de la Dra. Roxana Arrua, por sus actuaciones como apoderada letrada del actor, en la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Setenta y Tres ($ 3.773.-), y a los letrados apoderados de la demandada en la suma de Pesos Once Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho ($ 11.858.-) en forma conjunta y en proporción de ley, de los cuales corresponde a los Dres. Alicia Aixa Amad y Patricio Esteban Miño por sus actuaciones en la primera y segunda etapa del proceso, la suma de Pesos Siete Mil Novecientos Seis ($ 7.906.-); a las Dras. Stella Maris Zabala de Copes, Delfina Natalia Fleurent y Lorena Anabel Capello la suma de Pesos Tres Mil Novecientos Cincuenta y Dos ($ 3.952.-) por sus actuaciones en la segunda etapa del proceso y planteamiento de la caducidad de instancia, conforme arts. 9, 12, 21, 41, 47 y 69 de la Ley 512.

3º) Costas a la parte actora (art. 73 Código Procesal Civil y Comercial).

4º) Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula y archívese.