Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-15


SENT Nro. 595 San Miguel de Tucumán, 15 DE AGOSTO de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por el apoderado AXA SEGUROS S.A. en autos: "Brito, Pio Hugo s/Homicidio calificado"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- A fs. 16/21 se presenta el apoderado de AXA SEGUROS S.A. e interpone queja directa contra la sentencia de fecha 25/11/2002, que declarara inadmisible el recurso de casación articulado contra el pronunciamiento de fecha 5/11/2002, de la Excma. Cámara Penal, Sala IVª.

La sentencia recurrida en casación (fs. 18/22) rechazó por improcedente, el incidente de nulidad articulado por AXA SEGUROS S.A. en contra del proveído de fecha 27/6/2002 (de apertura a pruebas) y del decreto de fecha 9/9/2002 (que fijó la fecha para la audiencia de debate).

El auto denegatorio de la casación (fs. 110) destaca que el derecho a recurrir, corresponde a aquellos a quienes les está expresamente acordado y conforme el interés que ostentan; lo que no puede serle reconocido a quien no es parte en el presente proceso penal.

II.- Señala el quejoso que en razón del hecho ocurrido con fecha 18/6/2000 en el establecimiento de la empresa Libertad. S.A., del cual resultara la muerte del señor Javier E. Flores, la firma mencionada solicitó la citación en garantía a su asegurados AXA SEGUROS S.A.; lo que se concretó por decreto de fecha 6/8/2001, dictado por la Fiscalía de Instrucción de la IVª Nominación. Afirma que a raíz de la citación, la compañía aseguradora se apersonó en la presente causa con fecha 5/10/2001, constituyó domicilio legal y asumió la garantía solicitada.

Con posterioridad (el 18/4/2002), el actor civil concretó su demanda contra el asegurado (Libertad S.A.) y por decreto de fecha 22/4/2002 se ordenó correr traslado a las partes, conforme las prescripciones de ley, adjuntándose las copias respectivas. Agrega que con fecha 23/5/2002, el demandado civil (Libertad. S.A.) contestó la demanda y reiteró en el punto IV del petitorio, la citación en garantía de la aseguradora y la petición de que se notificara la demanda en el domicilio constituido.

Destaca el quejoso que ello nunca se cumplió.

El tribunal dispuso mediante proveído de fecha 27/6/2002, la apertura de la causa a pruebas, notificándose a las partes para que en el término común de 6 días ofrecieran las que pretendían justificar su posición.

Sostiene que ofrecidas las pruebas y producidas las mismas y habiendo vencido el término previsto por el art. 361 del CPP, el tribunal dispuso mediante proveído de fecha 9/9/2002, fijar fecha para la audiencia de debate. Frente a ello, destaca que el demandado civil (Libertad S.A.) solicitó se suspendieran los términos que estuvieren corriendo hasta hacer efectiva las notificaciones pendientes y omitidas.

Expresa que el tribunal, pretendiendo subsanar las falencias señaladas, ordenó que se pusiera en conocimiento de AXA SEGUROS S.A. el estado de la causa, denegando el pedido de suspensión de términos.

Destaca que mediante una única cédula de notificación depositada en el casillero de notificaciones, se notificó a su parte de los decretos de apertura a pruebas y de fijación de la fecha de la audiencia de debate.

Señala que atento a la grave alteración de la estructura del proceso y al estado de indefensión en que se había colocado a su parte, planteó la nulidad del proveído que ordenó la apertura de la causa a pruebas y del decreto que fijó la fecha para la celebración de la audiencia de debate.

Alega que mediante sentencia de fecha 5/11/2002 se rechazó por improcedente el planteo de nulidad articulado por su parte; pronunciamiento que es recurrido en casación con resultado adverso, lo que motiva la presente queja.

III.- Se agravia el quejoso de que el tribunal haya considerado que la intervención de la aseguradora en un proceso penal, lo es para una cuestión netamente civil y que su motor debía ser la diligencia del asegurado, que debió provocar los medios para que pudiera presentarse como parte en la causa.

Señala que la aseguradora ya estaba apersonada en autos, había constituido domicilio procesal y revestía el carácter de parte en el proceso. Considera que atento a la particular naturaleza de la citación en garantía y de los efectos que produce la sentencia dictada en autos, debía resguardarse su derecho a ser notificado de la demanda, contestarla, ofrecer y producir las pruebas pertinentes, controlar las arrimadas por las otras partes, etc.

Con cita de jurisprudencia nacional, señala que la aseguradora es parte en el proceso y que en autos no se respetó aquella condición. Destaca que una vez aceptada la citación del asegurador, éste queda constituido en garante del resarcimiento que se pretende en autos pues será quien en definitiva, asuma las consecuencias económicas de lo resuelto en autos. Pone de resalto que la sentencia dictada con su debida intervención, hace cosa juzgada a su respecto y le es ejecutable.

Se agravia de que la Sala a quo haya considerado que la notificación de la demanda sólo era exigible respecto de AXA SEGUROS S.A. si ésta hubiera tenido el carácter de parte en el proceso, lo cual le fue negado arbitrariamente.

Señala que el tribunal incurrió en una grave contradicción, pues por un lado le deniega la calidad de parte y por otro, le notifica la providencia que ordena la apertura a pruebas y emplaza a las partes para que las ofrezcan y produzcan y el decreto que las cita a la audiencia de debate.

Expresa que el propio Código Procesal Penal en el Título V, referido a las "partes y defensores", incluye entre las primeras, a la aseguradora citada en garantía.

Se agravia de que el tribunal haya sugerido una comunidad de objetivos entre el asegurado y la aseguradora, en perjuicio del actor civil. Señala que no se trata más que de resguardar los derechos que a su parte correspondían en un proceso de particulares características y dada la naturaleza especial de la citación en garantía.

Considera inadmisible que la Sala a quo afirme que la notificación unificada de la providencia de apertura a pruebas y del decreto de fijación de fecha para la audiencia de debate, haya sido una mera "concesión" a la aseguradora. Siendo así, entiende el quejoso que no se advierten las razones de haber cumplido tal diligencia. Se pregunta si notificado de aquellas resoluciones, podía o no ofrecer pruebas y asistir o no a la audiencia de debate y con qué alcance.

Señala que curiosamente fue notificado de la audiencia convocada para la absolución de posiciones del representante legal del demandado civil.

Se agravia asimismo de que la Sala a quo considerar que su parte no expresó concretamente las razones que justificaban su interés en la nulidad planteada. Afirma que señaló oportunamente los derechos que se vio privado de ejercer; tales como contestar la demanda, negar o reconocer los hechos invocados, reconocer o impugnar los instrumentos acompañados, ofrecer sus pruebas, controlar las pruebas de las restantes partes, etc. Concretamente, señaló las observaciones que consideraba pertinentes respecto de algunas de las pruebas las pruebas ofrecidas por el actor civil (cuaderno de pruebas Nº 1, 5, 10, 11, 13 y 14).

Destaca el quejoso que al momento luego de interponer el recurso de casación se fijó nueva fecha para la audiencia de debate (por razones ajenas a los planteos de su parte) y ésta no fue ya notificada a su parte. Expresa que no obstante ello, y advertido de la situación, solicitó la suspensión de la mencionada audiencia; lo que fue denegado y notificado en día 28/11/2002, junto con el auto denegatorio de la casación y en la misma fecha en que se condenaba al imputado a prisión perpetua y al demandado civil (el asegurado) a pagar la suma de $310.000 en concepto de indemnización.

Invoca la infracción a la preceptiva de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional, el art. 22 de la Constitución de la Provincia y los arts. 185 inc. 4, 361 y 363 del CPP.

IV.- Practicado el examen de admisibilidad del recurso, se advierte que la sentencia recurrida en casación -la resolución de la Excma. Cámara Penal, Sala IVª, que rechazó por improcedente, el incidente de nulidad articulado por AXA SEGUROS S.A.- no es sentencia definitiva ni equiparable a tal; lo que obsta a su encuadramiento en el primer párrafo del art. 469 del Código Procesal Penal.

Los argumentos expuestos resultan asimismo insuficientes para demostrar el carácter irreparable del perjuicio que alega.

De otro lado, y a tenor de lo prescripto por el art. 473 (aplicable al citado en garantía conf. el art. 116), el pronunciamiento impugnado no es de aquellos que pueden ser impugnados por el recurrente.

V.- Pese al esfuerzo argumental del quejoso, tampoco se logra demostrar que concurra en el caso, el excepcional supuesto de gravedad institucional que permitiría superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado.

Los argumentos vertidos en el memorial casatorio, no obstante el modo en que se presentan, no trascienden el mero interés de la parte, para proyectarse en los de la comunidad. No obstante el tenor de los agravios, resultan insuficientes para demostrar la alteración de la estructura esencial de procedimiento y la afectación de los derechos que se alegan infringidos.

Las cuestiones propuestas por la aseguradora -que en definitiva se traducen en la observancia y/o inobservancia del contrato de seguro por ambas partes (conf. los arts. 115 a 117 de la ley 17.418 y concordantes del CPP)- podrán eventualmente discutirse por la vía y forma que corresponda, siendo ineficaces para alterar el estadio del presente proceso penal.

Por ello, y visto el dictamen del señor Ministro Fiscal a fs. 143, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por AXA SEGUROS S.A. contra la sentencia de fecha 25/11/2002, dictada por la Sala IVª de la Excma. Cámara Penal.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA