marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba de informes, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTIN BARTOLOME c/ FUNDACION UNIVERSIDAD DE BELGRANO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - UNIVERSIDADES - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-06

La virtualidad de la prueba informativa se encuentra subordinada al requisito objetivo que plasma el art. 396 del Código Procesal, es decir que verse sobre actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables del informante, de lo que se sigue la necesidad de indicar, con la mayor precisión, los antecedentes documentales que se tuvieron a la vista para emitir el informe. De lo contrario no debe conferirse el valor de una prueba informativa, porque sus datos deben ser de origen no personal, sino su poseedor debe declarar como testigo, sea mediante declaración ante el Tribunal o por el medio previsto en el art. 455 del Código citado, en el que quedaría enmarcado el referido funcionario.
Derecho procesal, recursos, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: FAMM  SRL s/ EXTENSION DE QUIEBRA POR LA SINDICATURA EN FAMM SAS/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-04

Procede desestimar el recurso de inaplicabilidad de la ley interpuesto por la sindicatura, cuando entre los fallos citados no hay disimilitud en la interpretación de los alcances de la ley sino solamente divergencia en las conclusiones de hecho resultantes de tal interpretación, extremo este último que no es razón hábil para conceder el remedio procesal intentado (conf.

Palacio, L., Derecho Procesal, Buenos Aires, 1979, t. V, p. 203, texto y jurisp. cit. en nota n° 169).
Falsificación de documentos, idoneidad de la adulteración
Materia: PENAL
Carátula: Luna, Oscar Alfredo s/ Recurso de casación - Causa:1646
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

No existe disputa posible acerca de que -respecto de la falsedad documental- se trata de un caso de inidoneidad del objeto, el que, como tal, excluye su consideración como tentativa inútil pues ésta tiene lugar únicamente cuando el medio elegido es inidóneo para lograr la consumación, por lo que se está en presencia de un caso de atipicidad por ausencia de uno de los elementos del tipo, cual es la posibilidad de causar perjuicio.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, inadmisibilidad del recurso, partes del proceso, prueba documental, prueba testimonial, aclaratoria (procesal), contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ALMEDA, BLANCA RAMONA c/ JARMA, MÓNICA VIVIANA y/o FARMACIA LIBERTAD y/o RESPONSABLE LEGAL s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-31

En otro orden, no utilizó el recurrente el recurso de aclaratoria, art. 56 CPL, para que S.S. le explique "Qué otra vía idónea legal" tenía la actora para hacer conocer a la patronal la certificación (fs. 237 vta. in fine), ni es tarea a mi cargo responder.

De mi parte, sólo puedo coincidir con la a quo, sobre todo teniendo presente que las constancias del retiro de la certificación (y con ello el conocimiento patronal del desempeño anterior) se da en el contexto de discusión y desencuentro que desemboca en la ruptura del contrato, donde la intención de recategorización aparece sospechable de ser más un medio de mejorar la indemnización final que de lograr una reinvindicación laboral sincera, oportuna y dirigida al mantenimiento del vínculo de trabajo.

Cuya imposibilidad estaba a cargo de la actora probar, en vista del antecedente que dice "En el despido indirecto, la demostración de las circunstancias que hacían imposible la continuidad es a cargo del trabajador y debe interpretarse con estrictez, en vista de que es él mismo el que cierra su fuente de ingresos y cercena la vocación de continuidad del contrato de trabajo" (esta Sala, autos Vázquez c. La Veloz del Norte, 29/6/00).

"Quien invoca la existencia de injuria del empleador y decide extinguir el contrato de trabajo, debe demostrar los hechos agraviantes que determinaron su actitud, para tener derecho a las indemnizaciones derivadas del art. 246 LCT" (Sala, autos Baldoma c. Nestlé, 14/3/03).
Recurso de inconstitucionalidad, graduación de la pena, Ministerio Público, fiscal de Cámara, requerimiento de pena, Cámara de Apelaciones, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROPPULO, NICOLAS JAVIER c/  s/ 1) HOMICIDIO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO EN GRADO DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL O CONCURSO REAL 2) PARTICIPE PPAL. DE HOMICIDIO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

Corresponde declarar admisible el presente recurso, desde que el proceder de la Alzada, que confirmó la sanción impuesta a los imputados pese al pedido expreso del Fiscal de Cámara de disminución de pena formulado en el escrito de contestación de agravios, resulta prima facie descalificable desde la óptica constitucional, toda vez que el Tribunal a quo habría excedido su competencia funcional, con la posible afectación de los principios de congruencia e imparcialidad y por ende de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (De la disidencia del Dr. Gutiérrez)
Recurso de casación, revisión judicial, derecho al recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa -causa N° 1681-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-20

El recurso de casación penal debe ser interpretado con la mayor amplitud que el régimen procesal vigente admite, esto es, permitiendo la revisión integral de la sentencia recurrida con la sola excepción de la prueba recibida oralmente y no registrada, dada la imposibilidad fáctica de hacerlo en ese caso; ello conforme el derecho del imputado de "recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" -art. 8, párrafo 2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-.(del voto de la Señora Vicepresidenta Dra. Elena I. Highton de Nolasco por sus fundamentos)
Recurso contencioso administrativo, auto de Presidencia, actuaciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RODRIGUEZ, PEDRO ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.     CSJ EXPTE NRO 264-83 CAPELLA, JUAN ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   ADMISIBILIDAD.     CSJ EXPTE NRO 94-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-04-24|1987-06-17

Si conforme las constancias de autos, la administración demandada no ha remitido la totalidad de las actuaciones administrativas solicitadas, y resultan insuficientes las acompañadas, a efectos de decidir la admisibilidad del recurso, corresponde admitirlo tomando como base la exposición del recurrente, conforme lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 4106.
Impuestos, régimen penal tributario, AFIP DGI
Materia: PENAL
Carátula: OKI Y HENRY S.A. s/ Régimen Penal Tributario Causa 34317
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-19

1- La Dirección General Impositiva tiene intervención obligada en los procesos por infracción al Régimen Penal Tributario, conforme surge de las facultades atribuidas por el art. 16 del mismo y por lo tanto su rol no es equiparable al mero denunciante.- 2- Esa posición procesal, si bien no puede considerarse equivalente a la de querellante, incluye la facultad de examinar las actuaciones que no se encuentren en la etapa secreta.

3- No obstante, el Juez encargado de la instrucción puede adoptar providencias ordenatorias de modo de evitar entorpecimientos a su labor y autorizar, en consecuencia, el examen de las actuaciones de una manera restringida; la compulsa de los autos por la D.G.I. no necesariamente supone que un número indeterminado de profesionales lo estén haciendo en forma "permanente" ni parece imprescindible que, en todos los casos, se deban extraer fotocopias de toda la causa.
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, sociedades mutuales, entidades financieras
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: "Sartori  Miguel  Mario  y otro c/ PEN Ley 25.561 Dtos. 1.570701 y214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-20

El estrecho marco de conocimiento que impone la vía del amparo elegida por el demandante no permitiría, en esta instancia, dictar una sentencia útil que haga mérito de todas las relaciones jurídicas vinculadas con el llamado "ahorro mutual", en tanto Sociedad Militar Seguros de Vida Institución Mutualista -titular pasiva de la relación jurídica en virtud de la cual los actores reclaman- no es una entidad financiera, regulada por la ley 21.526, sino una asociación mutual, regida por la ley 20.321, con un objeto y un régimen jurídico que difiere sustancialmente del propio de las entidades financieras.
Control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Jujuy y Cámara Jujeña de Empresas de Salud c/ Estado Provincial (Ley Nro. 4.957) s/ Acción de inconstitucionalidad - Medida Cautelar. L.A. N 53 267/277 N 87 Jujuy y Cámara Jujeña de Empresas de Salud c/ Estado Provincial (Ley Nro. 4.957) s/ Acción de inconstitucionalidad - Medida Cautelar. L.A. N 53 267/277 N 87
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-10-13

"La declaración de inconstitucionalidad de las leyes constituye un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerada como "última ratio" del orden jurídico" (R.E.D. 16-229 Nro. 5).
Aborto, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: M., M. G. y/u otros p.ss.aa. tentativa de aborto s/ sobreseimiento total por prescripción c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-06-30

Si bien la conducta quedaría encuadrada en la figura calificada legalmente como aborto, de los elementos de prueba obrantes en los presentes actuados surge de manera evidente que la acción penal emergente de los hechos se ha extinguido, ya que se ha producido la prescripción de la acción penal y dicho término no se encuentra interrumpido por la comisión de otro delito, ni por ninguna de las causales dispuestas en el art 67 del C.P.
Derecho penal, jurisdicción y competencia, falsificación de documentos, competencia penal, competencia criminal y correccional, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Gatti, Patricio Ignacio c/  s/  s/ Falsificación documentos públicos s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-09

Toda vez que en el caso se discute la competencia para juzgar una presunta falsificación de documentos que aparentaban ser expedidos por la Provincia de Buenos Aires y que habrían sido usados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde radicar la causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional (cfr. punto tercero del convenio de transferencia anexo a la ley n° 26702). La justicia nacional tiene jurisdicción para pronunciarse de modo definitivo, aun cuando la causa evolucionara hasta revelar una figura cuyo juzgamiento hubiese sido transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Locación de obra, desistimiento de la obra, honorarios del proyectista, honorarios del arquitecto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VALERA, JORGE O c/ ASOCIACION  DE  TRABAJADORES  DE  LA  INDUSTRIA  LECHERA  DE  LA R.A. (ATILRA) Y OTROS s/ FIJACION Y COBRO DE HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-08

La frustración de las expectativas en cuanto a la realización de los trabajos no hace perder el derecho de propiedad a la asociación gremial demandada sobre el anteproyecto y el proyecto realizado por los actores (que pueden ser utilizados en un futuro más propicio) quienes deben ser pagados de acuerdo a lo hecho (art. 1642 Cód. Civil). Dicho pago, a falta de estipulación deberá ajustarse al precio de costumbre respecto de su trabajo o profesión (art. 1627 Cód. cit.), que resultara de las normas del arancel de honorarios de la profesión (decreto ley 7887/55).

Debe rechazarse la pretensión de la actora de cobrar por honorarios el 20% de la parte del proyecto que no pudo realizarse por falta de continuidad de los trabajos. Ello así por cuanto el art. 51 del arancel de profesionales de la arquitectura e ingeniería ha reglamentado al art. 1638 del Código Civil en punto a los honorarios que correspondería en el supuesto de desistimiento voluntario del comitente, apareciendo esa contribución ficta al modo de la indemnización que le adeudaría el dueño de la obra por la frustración del trabajo, sin perjuicio, por supuesto, de otros gastos en que el profesional se hubiere visto obligado a desembolsar y que no se encontrasen incluidos dentro del concepto de honorario.

La elección de una u otra modalidad de ajuste queda reservada a la discreción del sentenciante siempre que la elección se encuentre dentro del margen de razonabilidad exigible a una sentencia judicial.

La suma adeudada se debe ajustar hasta su efectivo pago, toda vez que el plazo que puede mediar desde que se encuentre firme la sentencia hasta que los acreedores puedan ver satisfechos su crédito será, probablemente, mayor a los treinta días que fijara el juez a quo como pauta de la tasa de interés, provocando indirectamente un perjuicio al acreedor habida cuenta la inferior tasa prevista generalmente para dicho plazo.

Para establecer la tasa de interés aplicable rige la discreción del juez al determinar, dentro de pautas razonables, el interés resarcitoria puro sobre el capital actualizado y, en este aspecto, el magistrado ha optado por el establecimiento en algunas leyes y, especialmente, la Ley 21.392 de ajuste de deudas del Estado originadas en obras publicas lo que no puede merecer reproche jurídico alguno.
Empleados públicos, obligaciones del trabajador, puntualidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C., A. c/ Municipalidad de Rada Tilly s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-27

Los reglamentos se ocupen de estipular las causas que eximen del cumplimiento de asistencia, y las formas que han de acatarse para que la eximente sea admitida.- Las únicas causas que autorizan un apartamiento del deber de asistencia son las contempladas en el Régimen de Licencias, el que a su vez prevé las "cargas" que el agente debe cumplir para acceder al beneficio, y las consecuencias de su incumplimiento.- Y entre estas "cargas" destacan la obligación de dar aviso, el acompañamiento -si de razones de salud se trata- de constancias médicas, el sometimiento a la verificación del empleador.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, abogados, obligaciones del abogado, responsabilidad del abogado, caducidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: BARRERA, LILIANA ALICIA c/ LITEWKA, DIANA BEATRIZ s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DAÑOS Y   PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 131 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-03-11

Es inadmisible el recurso desde que si bien la quejosa alega que la caducidad operada en el expediente de pobreza no tiene causa en su actuación particular, lo cierto es que con sus argumentos no logra desvirtuar lo fundamentado por la Sala cuando, para achacarle responsabilidad a la abogada impugnante -y más allá de su mayor o menor grado de acierto- también la sustentó en "indolencia" en su desempeño, aludiendo a demoras en la sustanciación de la causa, aspecto éste que no se encarga de cuestionar eficazmente. (De la Ampliación de Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Sola, Alberto C. c/ Sein y Cía SAIC y C. s/ Indemnización art. 212, LCT
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-24

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que si bien la parte interesada se agravia sustancialmente contra el pronunciamiento oficioso del tribunal sentenciante, omite toda réplica a las razones en que el mismo se sustenta.
Juicio de desalojo, abandono de la cosa
Materia: PROCESAL
Carátula: BRONIA, Juan Víctor Manuel c/ Godoy, Lucas Javier s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-09-27

El desalojo se tornó abstracto atento al acta labrada por el Oficial de Justicia donde consta la entrega provisoria de la vivienda al actor en virtud de su desocupación por parte de los demandados. Siendo así, estaba vedado a la juez efectuar consideraciones generales o abstractas.

Habiendo desocupado el demandado y los restantes ocupantes la vivienda objeto del juicio de desalojo, carecía de utilidad que la Jueza de primera instancia se pronunciara al respecto, si la cuestión había perdido virtualidad y disipado en el curso del proceso el interés jurídico, desaparece la razón de ser del pronunciamiento, porque la cuestión se tornó abstracta e inoficiosa.
Recurso extraordinario federal, caducidad de instancia, oportunidad procesal, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: LAS TRES NENAS S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-12

Expresa Alberto Luis Mauriño que el consentimiento establecido en el art. 315 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación opera una vez transcurridos los cinco días necesarios para quedar firme la actuación extemporánea o subsanada, por no haberse deducido en tiempo la cuestión pertinente.

El impulso procesal realizado después del vencimiento del plazo de caducidad de la instancia, no obsta a la posibilidad de la contraria de acusarla, en tanto no medie de su parte consentimiento a dicha actividad tardía.
Recusación, competencia federal, subrogancia del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: VON KYAW, Ricardo Luis s/ Apremios Ilegales a Detenidos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-10

Debe rechazarse la recusación planteada con sustento en que la designación del juez federal subrogante designado mediante la Resolución - 331/14- del Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación viola el debido proceso legal y la garantía de juez natural, pues si bien en el procedimiento de subrogación no intervienen ni en el Poder Ejecutivo -elección de uno de los candidatos de la terna- ni el Poder Legislativo -acuerdo del Senado-, el Consejo de la Magistratura está integrado con representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula federal, de forma tal que se procura un esquema participativo entre los poderes democráticos, estamentos vinculados con la actividad forense y por los propios jueces.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gorosito, Elio Jorge c/ Veres, Manuel s/ Daños y Perjuicios Gonzalez de Benoit, Juana Norma c/ Banegas, Luis Armando y ot. s/ Daños y perjuicios Natansohn, Elías c/ Barros, María del Carmen s/ Daños y perjuicios Miño, Paulino y ot. c/ Prescher, Inocencia Ester y ot. s/ Indemnización por daños y perjuicios O'Keeffe, Cristina Mabel c/ Hospital Prof. Dr. Adolfo Rossi s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-02|1992-08-04|1994-12-20|1993-04-15|2003-09-23

Si la víctima cuenta con cobertura médico-asistencial, el beneficio que brinda la mutual o ente similar ha sido de alguna manera "comprado" por la víctima a la asociación por medio de previas retenciones o aportes; de no concederse indemnización por este rubro se produciría un enriquecimiento sin causa del responsable.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, deserción del recurso, expresión de agravios, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Lagos, María Hilda y otros c/ Provincia del Chubut s/ Sumario Aguirre, Raúl Enrique c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Cobro de Pesos - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-08-10|1994-10-18

La expresión de agravios, en el Recurso de Apelación Ordinaria, constituye una verdadera carga procesal, y que el art. 266 del CPCC, aplicable por remisión del art. 255 del CPCC impone al impugnante la carga de presentar el memorial de la apelación en término perentorio:

"si el apelante no expresa agravios dentro del plazo... el Tribunal declarará desierto el recurso".
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, demanda, diferencias salariales, apreciación de la prueba, declaración testimonial, periodistas, cronista volante, estatuto del periodista
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Jorge Atilio y otros c/ S.A  La Razón. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Es arbitraria la sentencia que al evaluar la procedencia de diferencias salariales por incorrecta ubicación escalafonaria omitió considerar que las declaraciones testimoniales eran coincidentes en cuanto a que la actividad de cronista volante, desarrollada por los actores todos los días de la semana, en nada difería de la que realizaron posteriormente como redactores, lo que conduciría a que quedaran encuadrados, desde el comienzo de la relación, en el inciso d) del art. 23 del Estatuto del Periodista Profesional.
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, Constitución Nacional, jueces naturales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "VELIZ BUSTOS, Edgar s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

Lleva dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "...Otras son las razones que gravitan para considerar válidas, desde el punto de vista constitucional, las nuevas leyes de competencia que impliquen cambiar la radicación de causas luego de los hechos que le hayan dado origen". "La posibilidad de ejecutar reformas debe ser siempre facultad de la legislatura, y se crearía una interminable confusión en los procedimientos si cada caso debiera ser solamente sustanciado de acuerdo a las reglas procesales vigentes cuando lo hechos ocurrieron y sólo por los tribunales existentes..."(Treatise oon Constitucional Limitations, cap. 9 párrafo 272, citado en Fallos 234:482). Pero una vez ejercida dicha potestad toda transgresión que implicare el juzgamiento de una causa por un juez distinto al previsto por esas leyes, constituye, sin duda, una violación de la garantía mencionada..." (Fallos 319:804).Además ha dicho el mencionado Tribunal "....si esos jueces han dejado de serlo, o su jurisdicción ha sido restringida por obra de la ley, entonces no puede afirmarse que sigan teniendo poder para juzgar las causas de que se trate, por donde resulta evidente que cuando otros tribunales permanentes asumen el poder jurisdiccional que a ellos correspondía no les quitan o sacan algo que siguiera estando dentro de sus atribuciones..." (Fallos 234:482).Por ello, corresponde continuar la causa al titular del juzgado federal creado por ley con posterioridad al hecho que la generó, con la competencia por el lugar y la materia que ella le asignara.