Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-28


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de diciembre del año dos mil once, reunidos los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, Dres.

Liliana E. Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Raúl R. Madueño, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, Dra. María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n/ 14.249 caratulada "Taddeo, Haroldo Horacio s/recurso de casación", con la intervención del representante del Ministerio Público ante esta Cámara, Dr. Raúl Omar Pleé; del Dr. Julio Fernando Golodny, letrado patrocinante del querellante Matías Emilio Suárez y del Dr. Vadin Alexis Mischanchuk, por la defensa de Haroldo Horacio Taddeo.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden siguiente: Madueño, Catucci, Riggi.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez Dr. Raúl R. Madueño dijo:

PRIMERO:

Que llega el expediente a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 660/664 vta. por la querella, contra la resolución obrante a fs. 648 dictada por el Señor Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional n/ 3 de esta ciudad, por la que se resolvió no hacer lugar a la solicitud de convocar al Fiscal, bajo apercibimiento, a la audiencia de debate.

Que concedido el remedio intentado por el a quo mediante decisorio de fs. 665, el mismo fue mantenido en esta instancia mediante escrito glosado a fs. 671.

Puestos los autos en Secretaría por diez días, a los fines de los artículo 465 primera parte del ordenamiento ritual, ninguna de las partes hizo uso del derecho acordado por el art. 466.

Que habiéndose superado la etapa procesal prevista por el artículo 468 del código de forma, el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.

SEGUNDO:

El letrado apoderado de la querella interpone recurso de casación en los términos del inciso 2/ del art. 456 del Código Procesal Penal.

En primer lugar considera que el auto impugnado carece de motivación lógica, ha inobservado normas procesales y transgredido las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio.

Argumenta que tanto de los arts. 18 y 120 de la Constitución Nacional como de la Ley Orgánica de Ministerio Público, se desprende expresamente que el Representante del Ministerio Público Fiscal no sólo tiene la función de promover la actuación de la justicia sino que además le corresponde el control de la legalidad, la defensa de los intereses generales de la sociedad y el velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal en los procesos que le son asignados.

Por otra parte, aduce que la necesidad de presencia de dicho funcionario en la audiencia de debate constituye un derecho de su patrocinado de arribar a una sentencia justa.

En tal sentido, advierte; al tiempo que manifiesta que su ausencia tornaría inválido aquél acto por no haberse observado la pauta de validez exigida en el art. 167 inciso 2/ y el art. 368 del C.P.P.N..

Cita jurisprudencia sobre la materia y efectúa reserva del caso federal en los términos de lo normado por el artículo 14 Ley 48.

TERCERO:

El repaso de las actuaciones revela que a fs. 200/203 el Dr. Guillermo O Cioccheti, titular de la Fiscalía Correccional n/ 3 propició el sobreseimiento de Haroldo Horacio Taddeo, dictamen que tal como se desprende de fs. 553/555 recibiera la adhesión del Sr. Fiscal General, Dr. Joaquín Ramón Gaset.

Con posterioridad al procesamiento del nombrado, a fs. 561/564 la Sra. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional n/ 2 dictó -a requerimiento de la querella- la clausura de la instrucción y elevó a juicio las actuaciones.

En la oportunidad prevista por el art. 354 del Código de rito, el Representante del Ministerio Público Fiscal consideró que al haber propiciado el sobreseimiento del encausado, no correspondía su intervención en las etapas subsiguientes, a excepción de las pertinentes vistas que debiera evacuar ante planteos relativos a cuestiones de orden público. En tal sentido, entendió que no era necesaria su participación para controlar el debate motivo por el cual solicitó se lo eximiera de continuar tomando parte de la causa (fs. 571/vta.).

Con posterioridad, y al ser notificado de la audiencia de debate, dicho funcionario insistió en la eximición planteada en el entendimiento que se encontraba exento de actuar habida cuenta el criterio adoptado y sostenido.

Finalmente, el magistrado correccional resolvió que en atención a las manifestaciones formuladas por el fiscal y dada la independencia del citado órgano, resultaba improcedente hacer lugar al pedido de convocar al nombrado a la audiencia de debate.

CUARTO:

A fin de dar respuesta al recurrente, vale recordar -tal como lo hiciera al votar en la causa N/ 5297 "Sotomayor, Oscar Alberto s/ recurso de casación", Reg. 7210.2 del 30/11/04- que a partir de la reforma constitucional de 1994, se consideró al Ministerio Público como órgano extra-poder con la función específica de "promover la actuación de la justicia en la defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República".

Consecuentemente, la ley 24.946 en su art. 25 entre las funciones específicamente asignadas al Ministerio Público, enumera las de "Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad" (inciso a), "Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera" (inciso b), "Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales, salvo cuando para intentarla o proseguirla fuere necesario instancia o requerimiento de parte conforme las leyes penales" (inciso c), "Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República" (inciso g) y "Velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal" (inciso h).

De acuerdo a las atribuciones normativas reseñadas, podemos concluir que el Ministerio Público tiene tres funciones principales: ejercer la acción pena, promover la actuación de la justicia y como control, velar por el cumplimiento de las leyes de procedimiento, incluyendo las de competencia y de fondo (confr. Santiago Teruel, "El Ministerio Público: El desafío de su organización autónoma", LL, 16/7/98).

Por todo lo expuesto, y como resultado de una interpretación armónica de los principios rectores del ordenamiento procesal invocado cabe concluir en la necesaria intervención en el proceso penal del Ministerio Público Fiscal como titular de la acción pública, ejerciendo la acción penal, promoviendo la actuación de la justicia y como contralor, velando por el cumplimiento del debido proceso (control de legalidad), razón por la cual la intervención del fiscal es indispensable, aunque más no sea para defender la legalidad y los indicados intereses, aún cuando luego de promovida la acción penal, ésta prosiguiese porque otro sujeto habilitado - en este caso la querella- la hubiese ejercitado (arts. 5 y 65 del C.P.P.N., 25 inc. a), b) y c) de la ley 24.946).

Así las cosas y toda vez que en las presentes actuaciones la acción penal es pública pues se investiga el probable delito de lesiones culposas graves -en atención a la caracterización que se hace en el art. 90 del C.P.- (art. 94, segundo párrafo del ordenamiento sustantivo), considero que en virtud del criterio precedentemente expuesto la eximición del Ministerio Público Fiscal resuelta en autos no sólo viola los principios procesales de oficialidad y bilateralidad, sino que además, priva al Estado del órgano encargado de las funciones de vigilancia.

Por lo demás, tampoco existe previsión legal que permita la exclusión de dicho funcionario por haber solicitado el sobreseimiento del imputado.

En definitiva, propicio al acuerdo hacer lugar al recurso de casación de la querella, sin costas; anular el auto de fs. 648 que dispuso no hacer lugar a la solicitud de convocar al representante de la vindicta pública y remitir las presentes actuaciones al Juzgado Nacional en lo Correccional n/ 3 de esta ciudad a efectos de que continúe con la tramitación del proceso con ajuste a la doctrina aquí establecida (arts.

456, 471, 530, 531 y 532 del Código Procesal Penal de la Nación).

Tal es mi voto.

La señora Juez Liliana Elena Catucci dijo:

El voto del magistrado preopinante es compatible con lo resuelto in re "Linares, Martín M. s/recurso de casación", causa n/ 6031, reg. n/ 7721 del 6 de junio de 2005, de la Sala I, razón por la cual me adhiero a su propuesta y emito mi voto en el mismo sentido.

El señor Juez Eduardo Rafael Riggi dijo:

Que habremos de adherir a la solución propuesta por los distinguidos colegas preopinantes, pues la intervención del Ministerio Público Fiscal resulta imprescindible en el procedimiento penal por el delito de acción pública (in re "Varela, Sergio Rubén s/ recurso de casación" causa n/ 12402 reg. 1282/10, del 30/08/10).

Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: hacer lugar al recurso de casación de la querella, sin costas; anular el auto de fs. 648 que dispuso no hacer lugar a la solicitud de convocar al representante de la vindicta pública y remitir las presentes actuaciones al Juzgado Nacional en lo Correccional n/ 3 de esta ciudad a efectos de que continúe con la tramitación del proceso con ajuste a la doctrina aquí establecida (arts.

456, 471, 530, 531 y 532 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones, sirviendo la presente de muy atenta nota envío.

Fdo: Liliana Elena Catucci, Eduardo R. Riggi y Raúl Madueño.

Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin, Secretaria de Cámara.