Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2006-04-17


Córdoba, abril 17 de 2006.

1º ¿Se encuentra debidamente fundamentada la resolución atacada? 2º En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? 1º cuestión. - La doctora Tarditti dijo:

I. Por Auto Interlocutorio siete, del veintitrés de junio de dos mil cinco, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de esta ciudad, actuando como Tribunal de apelación, resolvió: "I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el doctor L. R. C. F., defensor de los imputados M. L. de C. y G. F. C. y en consecuencia, revocar la resolución del Juzgado de Control Nº 7 de fecha dos de noviembre de dos mil cuatro, en cuanto dispone no hacer lugar a la oposición planteada en contra de la resolución del Fiscal de Distrito Sexto Primer Turno de fs. 632/664 y ordenar la elevación a juicio de las presentes actuaciones en contra de M. L. de C. como probable autora responsable del delito de Abuso Deshonesto Calificado Continuado (arts. 45, 127 -segundo párrafo- en función del primero y 56 del C.P. ley 23.077).

II. Devolver las presentes actuaciones al Tribunal de origen a fin que dicte una resolución acorde a lo dispuesto en el considerando precedente" (fs. 754/770).

II.1. Contra dicha resolución interpuso recurso de casación el doctor E. F. M., en su carácter de apoderado de la querellante particular M. F. E., con el patrocinio letrado del doctor O. E. R., invocando el motivo formal del art. 468 inc. 2 del C.P.P. (fs. 773/782 de autos).

Considera el quejoso, que el decisorio atacado debe anularse por falta de fundamentación legal. En ese sentido expresa que el tribunal ha realizado un análisis parcial de la prueba reunida, dando preponderancia a los elementos de juicio que contienen aspectos negativos para la imputación, frente a las cuestiones positivas que la sostienen ampliamente. Señala además, que el Tribunal de mérito ha procurado efectuar tal valoración desde la perspectiva de la certeza, cuando para la etapa procesal analizada alcanza con la probabilidad sobre los extremos de la imputación delictiva. Asimismo refiere que no se ha otorgado el valor dirimente que ciertos elementos de prueba realmente tienen sobre los que no se ha detenido siquiera para su valoración (fs. 773vta./774 y 779/779vta.).

Al especificar su planteo, el quejoso aduce que el Tribunal de mérito no tuvo en cuenta que la menor mantuvo su versión de los hechos tanto en los relatos realizados a su madre, como en sus respuestas al interrogatorio de los peritos intervinientes en autos, según se desprende de lo manifestado por las licenciadas Z. G. y L. Destaca además, que no se han considerado las expresiones de estas últimas, que fueron las que primero examinaron a la menor en relación con la espontaneidad que advirtieron en las manifestaciones de la niña, y la existencia de claros indicadores de un abuso. Señala asimismo que esas fuentes revisten una considerable eficacia convictiva, por tratarse de las primeras personas que revisaron a la niña tras los hechos.

También indica que se ha omitido considerar las manifestaciones de las citadas especialistas sobre la conflictividad que presentan los menores en los abusos cometidos por parientes y que la negación de un niño de la existencia de sus abuelos, debe interpretarse como un importante indicador de conflicto y de abuso sexual. Y a ello agrega la falta de examen de las conclusiones que las citadas profesionales extraen del análisis de los gráficos de la menor, destacando el contenido sexual del dibujo del elefante y a la reacción de la niña rompiendo la hoja al serle mencionada su abuela Pita (fs. 779 vta.).

Por otra parte, considera que el Tribunal ha distorsionado absolutamente la prueba cuando atribuye a dichas licenciadas (Z. G. y L.) no haber sostenido signos que denotan que la niña fue abusada sexualmente, pues dichas especialistas sostuvieron exactamente lo contrario, manifestando haber comprobado la presencia de importantes indicadores de abuso en la menor (fs. 779 vta.). Al respecto, cita doctrina que indica que la ausencia de fundamentación, concurre aun cuando la falta de fidelidad de la prueba obedezca a un error involuntario o culposo en la percepción de los jueces (fs. 780).

Expresa, además, que no se ha reparado en las declaraciones de V. y R. sobre los estados de ánimo de la niña, las convulsiones y la fiebre que padecía y demás reacciones que presentaba la víctima cuando era regresada por su padre a su madre en el cumplimiento del régimen de visitas. Destaca asimismo la importancia que reviste la omisión, desde que tales circunstancias carecen de una explicación que no sea la proveniente de la hipótesis del abuso sexual ventilado en autos (fs. 780 vta.).

En otro sentido discrepa con la valoración que el Tribunal realiza sobre la pericia practicada sobre la persona de la menor y relativiza su dirimencia, por entender que la conclusión sobre la imposibilidad de corroborar "claramente" la existencia del abuso, no equivale a sostener su inexistencia. Señala que abona su afirmación, el hecho que la pericia da cuenta que la niña manifestó que la abuela Pita la obligaba a jugar al doctor, que al hacerlo le revisaba la cola y que al explicar en qué consistían esos juegos empleando muñecos, realizaba movimientos que representaban tocamientos practicados por su abuela sobre distintas partes de su cuerpo entre las que incluye su vagina.

Asimismo destaca lo referido por la perito de control S. R., en cuanto a que pese a la conclusión oficial sobre la inexistencia de indicadores suficientes de abuso sexual, existen elementos más que claros para que se realice un juicio que permita debatir sobre la prueba reunida en autos. A ello agrega que, a su parecer, el informe y el testimonio de la licenciada R., terapeuta de la menor, dejan sentado absoluta y científicamente que esta última fue abusada sexualmente por su abuela y por su padre (fs. 780).

Manifiesta además, que el a quo ha menospreciado el valor convictivo de los dos certificados médicos expedidos en el mes de abril de 2001 por especialistas en ginecología (L.) y obstetricia (A.), dando cuenta de que la menor presenta una dilatación vulvar (fs. 780 y vta.). Expresa que el impugnante, lejos de optar por una de las dos alternativas que se brindan como posible explicación (manoseo genital o bicicleta), termina planteando dudas sobre la propia existencia de la irregularidad constatada (fs. 780 vta.).

Desde otra perspectiva sostiene que resulta arbitrario que el Tribunal desmerezca el valor conviccional de los informes y testimonios de la licenciada R., invocando el riesgo de parcialidad que se deriva de su condición de perito de parte no oficial y de su carácter de profesional interviniente en la atención de la niña en forma particular. Es que, de ese modo -expresa el impugnante-, el sentenciante ignora que lo esencial para la valoración de sus conclusiones, radica en la fuerza de sus argumentos y no en el carácter oficial o no del desempeño del perito.

Al mismo tiempo, entiende que el a quo desconoce que la Ruiz es una profesional que cuenta con inmejorables antecedentes, tanto en la función pública como en la actividad privada y que su declaración testimonial fue prestada bajo juramento. Y señala además, que los "mal llamados" peritos de parte, muchas veces gozan de un prestigio profesional superior al de los peritos oficiales y que sus dictámenes, en numerosas ocasiones cuentan con una solvencia científica incluso mayor que los informes oficiales y evacuan más acabadamente los puntos periciales, para lo cual cita doctrina que abona tales conclusiones (fs. 781vta.).

Finalmente, el quejoso expresa que su impugnación va más allá de una mera discrepancia acerca de la valoración de la prueba realizada por el Tribunal, pues constituye un reclamo ante errores en la fundamentación de un fallo que resulta nulo, al tomar como válidos hechos falsos, omitir valorar prueba dirimente, y otorgar preeminencia a prueba que no encuentra corroboración en la realidad (fs. 781 vta.).

En previsión de un resultado adverso, hace reserva de ocurrir por ante la CSJN por la vía del art. 14 de la ley 48 ante el menoscabo sufrido a las garantías constitucionales federales derivadas de la violación al debido proceso y la creación pretoriana de la C.S.J.N. acerca de la doctrina de la arbitrariedad de las resoluciones (arts. 18 C.N. y Fallos: 323:9) (fs. 781 vta.).

2. Habiéndose corrido vista del recurso de casación interpuesto por el querellante particular, el Fiscal General mantuvo la impugnación formulada (fs. 787/790 vta.).

En ese sentido y tras exponer resumidamente los argumentos del embate deducido (fs. 787/789), el representante del Ministerio Público se pronuncia por su mantenimiento, alegando la impugnabilidad objetiva y subjetiva de la resolución atacada, la fundamentación desarrollada como sustento contra el reproche formulado (fs. 789/790 y 790 vta.), y la compatibilidad de tal decisión, con el interés del Ministerio Público en cumplir con las normas que amparan a la víctima (fs. 790).

3. En oportunidad de presentar su informe, el doctor L. R. C. F., en su carácter de defensor de los imputados C., solicita a este Tribunal que declare la improcedencia del agravio invocado por el casacionista y confirme la resolución impugnada (fs. 796/799).

Expresa que el recurrente incurre en una parcialización de los argumentos de la sentenciante al deducir su agravio relativo a la falta de fundamentación y errónea aplicación del principio in dubio pro reo que invoca el impugnante (fs. 796 vta.).

Por otra parte, manifiesta que el recurso interpuesto también debe declararse formalmente inadmisible, por falta de fundamentación en relación con la dirimencia de la prueba que no habría valorado el a quo. Refiere, con apoyo en citas doctrinarias, que para satisfacer la necesidad de argumentar tal extremo, es necesario que tal decisividad se demuestre en el análisis de la unidad conformada por el contexto probatorio abordado globalmente (fs. 797 y vta.). Considera que tal análisis integral no ha sido realizado por el recurrente, pues al no realizar un examen de la prueba que permita pasar del estado de duda insuperable sostenido por el Tribunal de mérito al grado de probabilidad requeridos para la realización del juicio, su planteo no ha ido más allá de indicar su falta de coincidencia con la valoración realizada por el a quo (fs. 798 y vta.).

A ello agrega que la prueba obtenida por la querellante fuera del proceso y a través de profesionales contratados por ella, como sucede con R., A. y L., posee un valor convictivo que no puede compararse con la prueba pericial realizada dentro del proceso y con el adecuado control de partes. Máxime cuando el informante ha sostenido que la prueba obrante en autos permite arribar a la certeza negativa sobre la existencia de los hechos (fs. 798 vta.).

En previsión de un resultado adverso, el informante hace reserva de ocurrir por ante la CSJN por la vía del art. 14 de la ley 48 ante el menoscabo sufrido a las garantías constitucionales federales derivadas de defensa en juicio y debido proceso (arts. 18 y concs. C.N.) (fs. 798 vta.).

III.1. De una atenta lectura de la impugnación, se colige que el núcleo de los agravios del recurrente, radica en su cuestionamiento a la valoración probatoria y a las conclusiones extraídas por el a quo al sostener la existencia de un estado de duda respecto de los extremos de la imputación jurídico delictiva deducida. El quejoso entiende en ese sentido que el Tribunal de mérito por una parte ha omitido considerar ciertos elementos de prueba dirimentes y por otra parte considera que la resolución atacada ha parcializado el análisis de las circunstancias que sí ha valorado y que a causa de ello, la resolución atacada no ha arribado al estado conviccional de probabilidad que de otro modo debería haber alcanzado.

2. Actualmente se encuentra fuera de discusión la posibilidad de alcanzar la certeza sobre la participación del imputado valiéndose de prueba indirecta en tanto ésta sea unívoca y no anfibiológica (T.S.J., Sala Penal, S. 41 del 27/12/84, "Ramírez, Rito"). Dicho de otro modo, tal estado conviccional podrá sostenerse mediando solamente prueba indiciaria, en la medida en que las conclusiones deriven necesariamente de ella; lo que ocurrirá cuando los elementos indirectos de convicción permitan realizar únicamente tales inferencias y no otras.

Si la prueba indiciaria permite arribar a un estado de certeza, con más razón autorizará a concluir en términos de probabilidad en la etapa preparatoria, en la que las restricciones al principio in dubio pro reo exigen diferenciar tal estado conviccional de la duda en sentido estricto -ambas, integrantes en la duda en sentido amplio de la etapa de juicio-. Aunque por la naturaleza misma de la probabilidad, su concurrencia no derivará de la univocidad de tales indicios -necesaria sí para la certeza-, sino una anfibologicidad menor a la requerida por la duda y, por cierto, la improbabilidad.

Ello así, puesto que, como destaca calificada doctrina, la duda y la probabilidad se diferencia porque mientras la primera consiste en el equilibrio que se presenta entre los elementos que inducen a afirmar y los que llevan a negar la existencia o inexistencia de una circunstancia, exige también la coexistencia de elementos positivos y negativos, sólo que en estos casos, los primeros cuentan con una fuerza conviccional superior a la de los segundos, rompiendo el estado de duda que de otro modo se presentaría (Cafferata Nores, José I., "La prueba en el proceso penal", Ed. Depalma, Bs. As., 1986, ps. 6-7).

Análogamente, también se extiende a la probabilidad la necesidad de que, para cuestionar válidamente la fundamentación, la prueba indiciaria se valore en forma conjunta y no de manera separada o fragmentaria, como reiteradamente se ha sostenido con relación a la certeza (T.S.J., "Simoncelli", S. 45, del 29/7/98; "Capdevila", A. 205 del 11/8/98; "Capdevila", A. 205, 11/8/98; "Lescano", A. 329, 6/11/98; "Galeano", A. 49, 4/3/99; confr. C.S.J.N., Fallos: 305:1945; 306:1095 y 1785; causa S.4. XX. "Segura, Ramón Justo c. sucesión de Flores, Bautista Ceferino s/filiación y petición de herencia", 29/11/84; P. 444. XX. "Pallero de Ontiveros, Hilda L. c. Ferrocarriles Argentinos", del 15/4/86).

Es que, como ha sostenido el más Alto Tribunal para la certeza, es probable que los indicios individualmente considerados sean ambivalentes, por lo que se impone su análisis conjunto a efectos de verificar que no sean equívocos, esto es que todos reunidos no puedan conducir a conclusiones diversas (C.S.J., Z.3.XX. "Zarabozo, Luis s/estafa", 24/4/86; seguido en Fallos: 311,1: 948; confr. Fallos: 297:100; 303: 2080). Un criterio que traspolado al ámbito de la probabilidad, implica la necesidad de tal valoración conjunta, ya no para lograr la univocidad sino para reducir la ambivalencia de la prueba indiciaria ponderada y salir de la duda para sostener la probabilidad.

3. En el caso, se advierte que el embate deducido carece de aptitud para conmover la fundamentación y las conclusiones a las que arriba la resolución atacada, como resultado de una consideración fragmentada de la prueba recabada, que pone su énfasis en indicios que carecen de la dirimencia que se pretende en orden a modificar el estado conviccional de duda al que arriba el Tribunal de mérito y alcanzar la ineficazmente pretendida probabilidad.

En efecto, obran en autos diversos elementos de prueba indiciaria, que el Tribunal de mérito valoró conjuntamente en la resolución atacada y que inclinan claramente la certeza hacia el estado conviccional de duda invocado en la resolución atacada.

En primer lugar, se destaca la denuncia realizada por M. F. E. En dicha oportunidad, la nombrada describe los hechos en los términos deducidos en la imputación, atribuyéndoselos a la imputada L. de C., al mismo tiempo que se refiere a aspectos de la conducta de la menor que avalarían tal hipótesis, entre los que se cuenta su reticencia a tener contacto con los encartados y a otras reacciones de la niña que serían producto de la somatización de las situaciones traumáticas experimentadas con motivo de los abusos sexuales sufridos. Sin embargo, el crédito de tales indicios desde un primer momento se ve restringido, como advierte el a quo, por la compleja historia de pareja que se advierte entre denunciante y denunciado, la relación especialmente conflictiva de la primera con la familia de éste y el contexto en el que es formulada la denuncia esto es, la existencia de un juicio de familia entre E. y C. y a la simultánea solicitud de la suspensión de las visitas del padre a la niña.

A ello se suma la ampliación de la denuncia realizada por E., que agrega a la primera presentación, la participación del prevenido C. en los hechos y su intervención consintiendo y facilitando las conductas de su madre. Empero y como destaca la resolución en crisis, ello debe contrastarse con lo llamativo que resulta que la nombrada haya conocido tal participación con anterioridad -en oportunidad de realizar la denuncia- y que a pesar de ello y no obstante haber vinculado a la madre del nombrado en los hechos, haya dejado transcurrir ese tiempo para anoticiar esta segunda circunstancia a la autoridad.

También obra en autos, el certificado expedido por el médico R., pediatra de cabecera de la niña, quien da cuenta de sus intervenciones terapéuticas con motivo de cuadros respiratorios reiterados que presentó la menor, avalando los dichos de formulados por la E. en ese sentido (esta última los vincula como indicadores de los abusos sufridos por la niña). Sin embargo y como destaca el Tribunal de mérito, al prestar declaración testimonial, el médico en cuestión expresó que la menor no tuvo problemas distintos o más frecuentes que los propios de una paciente normal, que sus enfermedades se compadecen con las de cualquier otro niño y que no advirtió ninguna situación de anormalidad o que le llamara la atención durante las consultas.

Se adita a lo expuesto, el certificado expedido por el licenciado M., informando sobre la consulta que le formuló la denunciante, encontrándose ya separada del encartado, para manejar su relación con él y con su familia. Y la constancia extendida por la licenciada S. trasuntando la preocupación de la madre por la salud de su hija.

También deben mencionarse los dos cassettes de conversación de la denunciante con su hija y el informe elaborado por las licenciadas L. y Z. (profesionales del CATEMU), en el proceso llevado adelante en el fuero de Familia, como consecuencia de la entrevista sostenida con la menor. Resalta que el análisis conjunto de los testimonios de las nombradas -particularmente su referencia a la existencia de un interés sexual excesivo para su edad en la menor-, juntamente con lo expresado en sus declaraciones por V. y lo consignado en el informe social de fs. 195/202, respaldan la versión incriminatoria de la denunciante; al menos, en cuanto a la existencia de ciertos cambios de actitudes y de conducta de la menor con motivo de sus negativas a relacionarse con la familia paterna (fs. 766). Sin embargo y como destaca el a quo, esas mismas profesionales del CATEMU fueron claras al señalar que al examinar a la niña, no detectaron signos de que hubiese sido abusada sexualmente. Y a ello debe agregarse que tales cassettes evidencian un interrogatorio inducido por la madre a la menor desde los comienzos mismos de la secuencia que derivaría en la denuncia de autos.

A ello se agrega lo certificado por el psiquiatra C., en su calidad de especialista que atiende a la imputada L. de C., dejando constancia de la ausencia de síntomas o signos de índole sexual patológicos en su personalidad.

Asimismo resultan relevante las afirmaciones de los imputados, en cuanto a que la prevenida L. de C. no concurrió al viaje a Carlos Paz en el que se habría cometido uno de los hechos que se le reprochan. Ello encuentra respaldo en su ausencia en las fotografías del viaje aportadas por los encartados a la causa y en lo manifestado en igual sentido por su hermana al prestar declaración testimonial -venida de E.E.U.U. a esos efectos-. Por otra parte y frente a lo manifestado en sentido contrario por la menor S. E., quien también concurrió al paseo y figura en las referidas fotografías, debe destacarse que ella misma expresa claramente no haberse separado en ningún momento de la víctima, por lo cual, aun cuando la imputada hubiera concurrido, no brinda respaldo para sostener que la encartada siquiera haya contado con la ocasión para cometer el hecho.

También se destaca el testimonio de la licenciada V., del servicio de asistencia de régimen de visitas controladas del fuero de Familia, que juntamente con la pericia comentada, dan cuenta de la existencia de una relación afectuosa y normal entre padre e hija.

Deben también tenerse en cuenta, las manifestaciones de la Licenciada S. de P., perito de control en la pericia practicada a la niña. No obstante, se destaca que la interpretación como indicativo de abuso sexual que la niña retorciera el dedo del muñeco sexuado identificado con su abuela paterna y sus expresiones sobre que jugaba al doctor, constituye una disquisición de hechos aislados, que carece de seriedad ni bien se valora dentro del contexto en que ocurrieron.

Asimismo deben mencionarse y sirven dentro del contexto anterior, para responder en forma más específica a los planteos del impugnante, las declaraciones de la niña, en cuanto se refieren tanto a haber sufrido comportamientos sexualmente abusivos de su padre y de su abuela paterna consistentes en tocamientos de partes de su cuerpo en la forma reseñada, como a haber presenciado -inadvertidamente- actos en los que nombrados (madre e hijo) se desnudaban en una habitación y procedían a tocarse recíprocamente.

Es que, el crédito de tales afirmaciones se restringe sensiblemente cuando se contrastan con las conclusiones a las que arriban las pericias psicológicas y psiquiátricas practicadas sobre las personas de ambos imputados, de la denunciante y de la víctima. En efecto, tales exámenes sostienen, como destaca el a quo, que ambos encartados se encuentran adecuadamente identificados con la figura de su propio sexo y que no presentan indicadores de personalidades con tendencia a cometer hechos de tales características (relaciones homosexuales de la abuela nada menos que con su nieta, con complicidad de su hijo y padre de la menor, quien habría hecho lo propio con ésta; y, asimismo, relaciones sexuales consentidas entre la L. C. y su hijo).

Debe aludirse además, a la posibilidad que allí se deduce y que destaca el a quo, de que la versión de la menor derive de una incorrecta valoración de lo ocurrido en los "juegos al doctor" mantenidos con su abuela por influencia de su madre, quién por las características y dificultades de su personalidad, pudo interpretar erróneamente los comentarios de su hija al respecto y tras interrogarla inductivamente y debido a su propia personalidad y a la de la niña y a su relación simbiótica con ella, influenciarla transmitiéndole a ésta su propia visión de los hechos.

Esta última hipótesis, encuentra numerosos indicios que la avalan.

En primer lugar, la pericia practicada sobre la imputada, revela que presenta un uso inadecuado de las manos derivado de actuaciones inadecuadas a ese nivel que la perito oficial considera de tipo impulso agresivas (y no de índole sexual), que la llevarían a incurrir en actos ritualísticos semi-inconscientes de tipo automatizado, lo que podrían proyectarse, entre otras cosas, en la necesidad de cambiar los pañales del bebé con frecuencias inusuales. Es decir, se cuenta con una explicación distinta sobre las posibles conductas que pudieron originar las sospechas de la denunciante al observar su contacto con su hija.

A su vez, las pericias practicadas en la denunciante revelan que en ella se advierte una intromisión de su propia conflictiva en su esfera intelectual y a la existencia de un pensamiento de tinte neurótico y confabulador, que se proyecta en sobre-agregados a una figura u objeto, sin que en general se persigan beneficios, pues se trata, más bien, de manifestaciones de lo conflictivo, de lo que preocupa al sujeto en la realidad. En este caso, su situación de conflicto y su gradual interpretación de la sospecha que le despertaban las posibles conductas anormales que observó en el trato de la L. de C. con su hija, pudieron incidir en su conflictividad condicionando su juicio de lo que realmente ocurría y, por cierto, su interpretación de sus comentarios respecto al "juego del doctor" mantenido con su abuela. Ello por otra parte, explica el interrogatorio claramente indicativo que a partir de allí realizó sobre la menor, como evidencian los propios cassettes que aportó a la causa y su actuación en la pericia psicológica practicada en la menor.

Además, las conclusiones pericias practicadas en la niña, destacan su ansiedad y represión afectivas derivadas de la situación conflictiva que atraviesa y su incapacidad para elaborar intelectualmente el litigio entre sus padres y asumir las dificultades que se presentan para ver a su padre. También, que indican que la niña presenta una personalidad con rasgos histéricos, esto es, necesitada de llamar la atención y de obtener un cierto manejo de su entorno y que presenta indicadores de abuso emocional con signos de sobreadaptación a la realidad -habiendo aprendido a decir lo que los adultos quieren escuchar-. A ello debe sumarse, las referencias del informes a su relación de tipo simbiótico y de estrecha dependencia con su madre. Es que de ese modo, es perfectamente posible que tras una interpretación de los relatos del juego comentado por su hija, la denunciante, al realizar sus interrogatorios -de las características señaladas- influyera en ella transmitiéndole su errada interpretación de los hechos realmente acontecidos, incorporándole la referida connotación sexual. Especialmente si se repara en las citadas referencias de la personalidad de la madre y a la mención en las pericias, de su marcada propensión a influir en su hija debido al vínculo sobreprotector entablado.

En otras palabras, es posible, como plantea el a quo, que la denunciante interpretara incorrectamente ciertas conductas de L. de C. y que ello incidiera para que cuando la niña le comentara lo del juego del doctor, abordara la situación condicionada por sus prejuicios, iniciando su interrogatorio indicativo a la niña -evidenciado en los cassettes por ella aportados- para de esa forma y con otras conductas, influir inconscientemente en la niña logrando que ésta interpretara ciertos hechos con los mismos errores con que lo puede haber hecho su madre, incorporándose en ese contexto familiar de conflicto, a la incriminación de su padre y de su abuela por esos hechos. Repárese además, en que los testimonios de las licenciadas L. y Z. de G., son claros en cuanto a que la insistencia en interrogatorios de índole sexual a los niños, conducen a que éstos distorsionen su discurso y hacen muy difícil para las propias profesionales, realizar una entrevista neutral y no inducir al niño.

Con relación a las referencias de las licenciadas L. y Z. G. sobre la presencia de indicadores de abuso sexual en la menor, debe señalarse que al prestar declaración testimonial, la primera expresó que las circunstancias detectadas, ni indican necesariamente un posible abuso sexual ni lo excluyen, y que por ello, la valoración de dichos elementos debería ser profundizada -como ha hecho el a quo al contextualizarla dentro de los demás elementos de juicio mencionados-. Con lo que no aporta más que la propia duda expresada por el a quo. En términos similares se pronunció la licenciada Z. G., destacando que tales indicadores no bastan por sí mismos para sostener la existencia de un abuso.

Por otra parte y en ese contexto, las alteraciones y variaciones en el estado de ánimo que los testigos V. y R. refieren haber constatado en su trato con la menor, no tienen por qué relacionarse con una situación de abuso sexual, puesto que pueden deberse perfectamente a la situación de conflictividad familiar que presenta la niña y de la que deja clara constancia el referido dictamen pericial. Algo similar sucede con las reticencias y negativas que la niña manifiesta tener en relación con su progenitor y la madre de éste, dada la comprobada influencia que su madre trasuntando la actitud de ésta hacia ellos en su interpretación, tal vez equivocada, tal vez no, de lo ocurrido con su hija.

A lo expuesto debe añadirse, como ha destacado ya, que el médico pediatra de cabecera de la menor (R.), sostiene que la niña no tenía más problemas ni enfermedades que los de un paciente normal de sus condiciones y que nunca advirtió una situación de anormalidad o que le llamara la atención. Y que la licenciada L. que atendió durante dos meses a la niña para abordar justamente sus actitudes negativas y reticentes, no dejó constancia alguna de motivos concretos de los mencionados en la hipótesis incriminatoria, que pudieran explicar tales extremo.

Tampoco es posible sostener que la consideración de los certificados y testimonios de los médicos L. y A. refiriendo la existencia de la referida dilatación vulvar en la menor, pueda modificar el estado de duda invocado. Por una parte, porque cabe discutir la anormalidad de tal dilatación a partir de lo sostenido por el pediatra de cabecera de la menor (R.) en el sentido de no haber detectado ninguna anormalidad en la niña y de las contradicciones que se advierten en el testimonio de L. al afirmar primero y negar después tal normalidad. Por otra parte, porque aún cuando se sostuviera la anormalidad de tal dilatación, la misma podría deberse a tocamientos que pudieron provenir incluso de la propia menor.

En otro sentido, debe señalarse que los intentos del impugnante por relativizar el valor de las conclusiones extraídas por el a quo a partir de la pericia practicada sobre la menor, sosteniendo que la conclusión sobre la imposibilidad de corroborar la existencia de los hechos no equivale a sostener su inexistencia, no advierten que en esto último consiste justamente el estado de duda que invoca el Tribunal de mérito.

En ese contexto, las alusiones del quejoso al valor de las afirmaciones de la perito de parte S. R. sobre el relato de la menor reiterando que su abuela Pita al "jugar al doctor" la tocaba, no advierte, además del contexto probatorio reseñado, que el mismo dictamen consigna incluso que se refirió tanto a su abuela como a su abuelo paterno, además de su padre, eran quiénes la tocaban "en todos lados" (fs. 203), lo que se suma a lo mencionado precedentemente sobre relatos de la niña respecto de tocamientos observados entre su padre y su abuela paterna, todo ello se inserta dentro de la valoración de los resultados de las pericias psicológicas y psiquiátricas practicadas, su contraste con los argumentos y conclusiones de las pericias oficiales y su análisis conjunto, ponen en evidencia la falta de valor incriminatorio de tales circunstancias.

Finalmente, y en ese marco, el informe y testimonio de la licenciada R., constituyen aspectos parciales de la prueba recabada, que carecen de toda dirimencia en orden a modificar las conclusiones extraídas por el a quo si su consideración se inserta con la de los demás elementos de prueba señalado y particularmente, con las conclusiones de la pericia oficial. Es que, como destaca el a quo, tales indicios no encuentran apoyo en otra prueba independiente. Máxime cuando se advierte que lo pretendido, es hacer variar un estado de duda que se caracteriza, justamente, por la coexistencia en equilibrio de elementos tanto positivos, entre los que se cuenta el mencionado, como negativos, conforme se ha reseñado, en orden al sostenimiento de la hipótesis incriminatoria deducida.

Así voto.

La doctora Blanc G. de Arabel dijo:

Estimo correcta la solución que da la vocal preopinante, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

El doctor Rubio dijo:

La doctora Tarditti da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero al voto, expidiéndome en igual sentido.

2º cuestión. - La doctora Tarditti dijo:

Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde:

I. No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el doctor E. F. M., en su carácter de apoderado de la querellante particular M. F. E., con el patrocinio letrado del doctor O. E. R., en contra del Auto Interlocutorio siete, del veintitrés de junio de dos mil cinco, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de esta ciudad, con costas (arts. 550 y 551, C.P.P.).

II. Atento lo dispuesto por el art. 25 de la ley 8226, que impone a los tribunales regular honorarios a la contraria de la condenada en costas en toda resolución interlocutoria o definitiva, es menester fijar el arancel profesional correspondiente al letrado informante por su actuación en esta instancia.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la actividad profesional por ellos desplegada constituye un informe, que -por no constituir propiamente un recurso- no resulta atrapado por el art. 89 de la normativa arancelaria. En efecto, se trata de un acto procesal de carácter defensivo, que importa un contralor formal y sustancial del recurso interpuesto por otro, y que por ello carece de autonomía (T.S.J., Sala Penal, A. 302, 20/10/98, "Prosdócimo"; S. 101, 17/8/99, "Brizuela"). Entonces, al no encontrarse expresamente contemplado en la ley arancelaria local, debe aplicarse a su respecto el art. 34 in fine de la misma (L. 8226), que prevé un mínimo de 4 jus "por cualquier acto procesal", sin que se encuentre reglado el tope máximo en este aspecto.

A continuación, debemos atenernos a las pautas establecidas por el art. 36 de la ley arancelaria. En el caso, la presentación resultó eficaz porque, aunque la fundamentación de la resolución dictada es más rica en razones concretas para inadmitir formalmente el recurso interpuesto que la argumentación ensayada por el informante, ambas coinciden en el defecto de fundamentación en virtud del cual tal planteo no puede prosperar formalmente.

Por lo anterior, dada la eficacia de la defensa y el éxito obtenido, atento que de las constancias de autos no surge una base económica cierta para establecer la cuantía del asunto, se estima prudente regular los honorarios del doctor L. R. C. F., por sus trabajos profesionales en esta sede, en la suma de 35 jus, en conjunto y proporción de ley, los que serán a cargo de los vencidos en costas (arts. 14, 22, 25, 25 bis y 36 L. 8226).

Así voto.

La doctora BlancG. de Arabel dijo:

Estimo correcta la solución que da la vocal preopinante, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

El doctor Rubio dijo:

La doctora Tarditti da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero al voto, expidiéndome en igual sentido.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la sala Penal, resuelve: I. No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el doctor E. F. M., en su carácter de apoderado de la querellante particular M. F. E., con el patrocinio letrado del doctor O. E. R., en contra del Auto Interlocutorio siete, del veintitrés de junio de dos mil cinco, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de esta ciudad, con costas (arts. 550 y 551, C.P.P.). II. Regular los honorarios profesionales del doctor L. R. C. F. por sus trabajos profesionales en esta sede, en la suma de 35 jus en conjunto y proporción de ley, los que serán a cargo de los vencidos en costas (arts. 14, 22, 25, 25bis y 36, L. 8226). -Aída L. T. Tarditti. -María de las M. Blanc G. de Arabel. - Luis E. Rubio.