Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-27


SENT Nro. 171	San Miguel de Tucumán, 27 DE MARZO de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por los apoderados de la parte querellante en autos: "Galtieri, Carlos Alberto Luis s/Homicidio"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal la presente queja por casación denegada interpuesta por los letrados apoderados de la parte querellante en contra de la sentencia de la Sala VIa. de la Cámara en lo Penal, del 28/10/2002, por la cual se denegó la concesión del recurso de casación incoado en contra de la sentencia de fecha 05/7/2002.

II.- El Tribunal a quo considera, en relación al recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámara, que en la especie si bien existe sentencia definitiva y el remedio fue interpuesto en término, el mismo resulta insuficiente respecto de la alegada fundamentación incompleta de la sentencia, siendo una reproducción fiel de las conclusiones vertidas en la audiencia de juicio oral alegando sobre el mérito de la prueba, tal como él mismo lo expresa en su libelo: "efectuaré un análisis de todos y cada uno de los elementos de prueba" cuando lo que debía realizar era un examen de la sentencia en orden a los agravios invocados. Señala que no es suficiente la invocación del motivo sino que es necesario individualizar el acto viciado y referirlo a sus fundamentos. Que estando motivada la sentencia y no discutida la validez legal de la prueba no puede en casación revisarse la selección y valoración de la misma, en tanto no se advierte arbitrariedad. Que el recurso carece de la más mínima fundamentación exigida para su admisión formal; no sólo omite demostrar de qué manera el tribunal de sentencia violó el principio lógico de razón suficiente sino que llega a una inexacta referencia al voto de uno de los Vocales con relación a una de las pericias pues lo consignado por el Fiscal no coincide con el texto del voto transcripto en la sentencia.

Se agrega que, aun si la argumentación resultara a prima facie insuficiente, se votaría diferente en caso de sentencia de condena en resguardo del principio de segunda instancia, no siendo el caso en el cual la absolución no ha sido de manera racional y jurídica debidamente cuestionado para habilitar una nueva instancia revisora.

Por lo expuesto, se resuelve no conceder los recursos de casación interpuestos por la querella y por el Fiscal de Cámara.

III.- El quejoso, en su recurso de casación plantea, subsidiariamente, la inconstitucionalidad del art. 468 del CPP en cuanto dicha norma impida una revisión amplia e integral de la sentencia y violenta el derecho al recurso. Alega asimismo gravamen irreparable en tanto, dice, se vulnera el principio de congruencia y el fallo carece de la debida fundamentación al cometerse falsedades motivacionales, se incurre en fundamentación contradictoria, no se observan las reglas de la sana crítica racional, en particular el principio lógico de razón suficiente y el de no contradicción en relación a los elementos probatorios decisivos; se omite mención de los contenidos de la prueba que invoca para acreditar la existencia material del hecho (suicidio) como también el examen y merituación de elementos probatorios de valor dirimente.

Sostiene que todos estos vicios encuadran en el art. 468 inc. 2º CPP, constituyen nulidades que pueden ser alegadas en cualquier etapa del proceso (art. 186 procesal); nulidad que se da en los términos del inciso 4 del art. 413 y porque además se violan las garantías constitucionales del debido proceso legal y defensa en juicio (art. 18 CN y 8 del PSJCR). Cita jurisprudencia.

Concretamente, se agravia de la conclusión sentencial respecto de la existencia de suicidio, lo cual -dice- es falso y erróneo, no encontrándose cimentada en prueba válida. Expresa que tampoco el tribunal merituó el razonamiento de los hechos efectuados por la acusación. Que resultaba esencial establecer las causas que tuviera presuntamente la víctima para quitarse la vida. Alude a las distintas causas mentadas por los científicos sociales para concluir que no es posible sostener entonces que cualquier viento adverso que se cruce por la vida de una persona es suficiente para determinar su suicidio. Que la afirmación de que fue la depresión de la víctima la causante del suicidio se encuentra huérfana de sustento. Respecto de la depresión, se refiere a distintas consideraciones provenientes de la ciencia médica -psiquiatría- respecto de su significado, causas, síntomas, etc., tratando de demostrar que esa enfermedad presenta síntomas previos, fácilmente reconocibles y tratables antes de arribar al peor de los desenlaces; que la calificación de estado depresivo le corresponde a un profesional de la psiquiatría y luego de rigurosos exámenes y diagnósticos precisos; que el suicida comunica su voluntad de diferentes maneras y que nada de lo expuesto acontece en la especie. Ataca luego lo que considera la probatio probattisima sobre la que se basa el tribunal para concluir en el suicidio, cual es el certificado médico de fs. 114 entregado al Dr. Viotti, autor de la segunda autopsia de fs. 111/113. Sostiene que ambos certificados no son pruebas válidas por haberse practicado en abierta violación a las garantía constitucionales del debido proceso legal y la defensa en juicio, además de ser falsas sus aseveraciones, lo cua l no ha sido merituado por el tribunal, pese a las peticiones en este sentido. De allí que corresponda su exclusión de oficio. Expresa las distintas irregularidades en el procedimiento que observa en torno a estas pruebas, ofreciéndose hipótesis sobre los motivos para ello concluyendo que no puede otorgarse validez a un certificado confeccionado tres meses después de producido el hecho y posterior a la autopsia del médico forense que desechaba la hipótesis de suicidio que hasta entonces era sustentada únicamente por el imputado. Agrega que si el tribunal se hubiera ceñido a las enseñanzas de la psiquiatría, sociología y psicología reseñadas en el libelo casatorio, jamás habría concluido que las visitas de Sarita a su hermano, su tío y otras personas, como asimismo las llamadas a Río Gallegos el día previo a su muerte, podrían ser consideradas como una suerte de aviso de despedida del suicidio ya decidido. Señala los signos de vitalidad de la víctima que, a su criterio, serían por el contrario elocuentes en to rno a la negación de esta hipótesis sentencial. Por último, sostiene que no habiendo fundado la sentencia la hipótesis del suicidio para absolver a Galtieri, la omisión del tribunal resulta inmotivada y violatoria de lo prescripto por el art. 28 de la CP. Entiende que referirse al resto de la prueba del tribunal resulta inútil pues también se encuentra alcanzada por aquél vicio fundamental.

Ahora bien, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se advierte que la sentencia en crisis debe ser mantenida, toda vez que, en primer lugar, determinar si existió o no suicidio constituye, en principio, una cuestión fáctica ajena a la casación salvo la existencia de absurdo o arbitrariedad. En segundo lugar, el recurso casatorio no acredita tales extremos resultando, en verdad, insuficiente para dar embate a la solución dada al caso.

En efecto, el libelo de la casación teje toda su trama argumentativa en relación a un eje central cual es la causa del suicidio de la víctima; causa que el fallo asienta en la depresión de la misma. A partir de ello, el recurrente intenta demostrar, con apelación a la ciencia médica, a la sociología, a distintas consideraciones sobre el estado psíquico de la víctima antes de su muerte, a interpretaciones sobre sus últimos movimientos, que la misma no sufría depresión. Ataca igualmente en este sentido el certificado de fs. 114 y el informe autópsico de fs. 111/113. Y a todo ello cree suficiente a fin de descartar la hipótesis sentencial de suicidio.

Sin embargo, el fallo ofrece plurales razones para sostener que no hubo homicidio; que la víctima se quitó la vida; motivos estos que no fueron atacados en nada por el recurrente. En efecto, el tribunal a quo, partiendo de la base de que ninguna persona vio de qué manera falleció Sarita Estela Nelegatti, se atiene, en primer lugar, a la única marca externa visible en su cuerpo desde el comienzo, cual es el surco -registrado fotográficamente- el que no se corresponde sino con surco de ahorcadura, como explicaron sin excepción todos los médicos legistas que declararon en el Debate, lo cual, para la Cámara, deja fuera de consideración la hipótesis de estrangulamiento. Toma en consideración la declaración de Eduardo Pacheco de la cual surge que el surco era de tipo horizontal para desestimarla en base a que no resulta abonada por las declaraciones de los médicos que vieron el cuerpo y emitieron sus informes, y porque además se ve desvirtuada por la fotografía de fs. 60 en la que con claridad se marca la línea ascendente. Considera, en este punto, que la hipótesis de Fiscalía respecto a que la occisa recibiera en vida un golpe que la colocara en estado de inconsciencia no encuentra apoyatura en ningún elemento de prueba incorporado al proceso, siendo desestimada por los informes y autopsias médicas. Detalla así, que Vázquez Carranza (fs. 41) dice que el cuerpo de la víctima no presenta signos visibles ni palpables de lesiones en superficie corporal; Idígoras (fs. 42) menciona que en el cráneo no se presenta trazos ni líneas fracturarias, no se constatar on derrames ni hemorragias; el Dr. Viotti (fs. 111/113) manifiesta que al efectuar cortes no se encuentran macroscópicamente microcoágulos ni elementos que podrían hacernos pensar que fueron lesiones producidas en vida; la Junta Médica (fs. 289) concluye en que el estudio de las partes óseas examinadas no reveló ninguna anomalía; el médico legista Cortés Martínez (fs. 490/493), salvo la mención del hematoma en ojo derecho, no sostiene su dictamen en algún elemento demostrativo de la existencia de golpes, fracturas, coágulos, lesiones aparentes, sangrado, etc., a más de que éste no vio el cadáver y que aclaró que las fotografías producidas eran insuficientes; asimismo, a preguntas efectuadas sobre lo expresado en su informe descartando la hipótesis de suicidio, respondió que ni afirmaba ni negaba. A su vez, el Dr. Jiménez explicó ante el tribunal que el cadáver presentaba las características del ahorcado, que la luxación de primera y segunda vértebras cervicales se producen cuando cae el cuerpo inconsciente so bre el lazo, efectuándose un golpe por su mismo peso, destacando que era casi imposible que esta lesión fuera provocada por arrastramiento o estrangulamiento, siendo característica del ahorcamiento propio o suicida. En cuanto a hematomas -de las que hace mención Idígoras- Jiménez las explica como resultado de las convulsiones del ahorcado, refiriendo a que la producción de extravasaciones sanguíneas minúsculas aparezcan luego conformando un hematoma, lo que aleja la posibilidad de que éste provenga de un golpe dado en vida para provocar la inconsciencia. Agrega el fallo que su extensión -2 cm.-la ausencia de sangre en la zona así como de fracturas en el tabique nasal u otro lugar del rostro o del cráneo, aleja la posibilidad de asignarle otro origen que no fuera las habituales equimosis parpebrales provocadas por las convulsiones. Considera lo explicitado por la ciencia médica en el sentido de que la causa más frecuente de ahorcadura es el suicidio, que la hipótesis de homicidio de este modo es excepcional; q ue en tal caso la víctima debió ser anulada con traumatismo de cráneo o golpe en rostro, lo cual se ha descartado, pues los signos del hematoma se explican como lo hiciera Jiménez, en concordancia con los períodos que se distinguen por la literatura científica: inicial, convulsivo y terminal, produciéndose, en el primero equimosis y hemorragias subconjuntivales y, en el segundo, contracciones y espasmos faciales y parpebrales, así como provocando contusiones en otras partes del cuerpo; asimismo toma en cuenta el color azulado que presenta el rostro del que se asfixia por ahorcadura, color que tenía la víctima según informe de fs. 41. Pasa luego a considerar, como otro signo de ahorcamiento, el surco dejado por el lazo, surco incompleto que se compadece con la ahorcadura y cuya dirección es siempre oblicua, tal como en el caso. Continúa con literatura científica en torno a los signos del ahorcamiento (luxaciones vertebrales, surco, contusiones post-convulsivas; observación de las ropas del ahorcado para descar tar la hipótesis de homicidio: si presentaban huellas de lucha, desgarraduras, irregularidad, otras huellas de violencia). Señala que el cadáver de Sarita, el surco oblicuo ascendente y la luxación de primera y segunda cervicales, la coloración de su rostro, la ausencia de golpes en vida, de lesiones, sangrado, fracturas, etc. así como que el hematoma de párpado derecho es producto de la etapa convulsiva del ahorcamiento, indica que falleció por ahorcadura y que decidió quitarse la vida.

Ninguna de estas valoraciones sentenciales, sustentadas todas en probanzas incorporadas válidamente al proceso, que descartan la hipótesis de homicidio, fue considerada en absoluto en el memorial casatorio el cual se limita a decir, frente a ello, que Sarita no estaba deprimida y, por ende, no existía causa de suicidio. Incluso en este último tópico (ausencia de la causal de depresión), se fundamenta en la teoría científica y en su propia interpretación de los hechos, del estado psíquico y anímico de la víctima y de la actividad familiar desplegada por la víctima previa a su muerte (que para el quejoso son pruebas de que la Sarita estaba llena de vida, con proyectos, etc., mientras que para la sentencia constituyen la actividad característica de algunos suicidas en base a doctrina que cita al respecto). Igualmente se sustenta -en el punto- en la invalidez que extemporáneamente alega, pues tal cuestión fue resuelta respecto del quejoso a fs. 131 vta. de autos y la prueba fue incorporada válidamente al debate, tales el certificado del Dr. Zermoglio (fs. 114) entregado al Dr. Viotti, y el informe autópsico de éste último (fs. 111/113). A ello se agrega que, a mayor abundamiento, los claros términos del art. 236 respecto a la existencia de excepciones a la notificación previa de la medida entre las que se encuentra la de autos, a más de lo expuesto supra, impiden considerar siquiera el pedido de nulidad de oficio del recurrente ni la aplicación del art. 186 CPP.

En cuanto al imputado, el fallo pondera, según la sana crítica racional y los elementos probatorios incorporados, que mal podría el acusado fraguar una muerte por ahorcamiento, lograr la marca de surco en su víctima, la confección del lazo con capacidad técnica idónea para provocar el resultado como concluyó la pericia del Lic. Terrazas y luego descolgar el cadáver. En relación a su proceder posterior buscando personas que lo acompañen, tal actitud puede ser entendida como la de cualquier ciudadano medio que, desbordado emocionalmente por el hallazgo de una persona cercana que se suicida en su propia casa, revela inseguridad y no sabe cómo actuar. Que en el debate no se probó ninguna maniobra de ocultamiento de pruebas salvo que se pensare en una trama favorable al imputado con participación de Tosi, Romano, Vázquez Carranza y todo el personal policial de Criminalística y Sanidad, lo que carece de la lógica elemental que debe fundar la decisión judicial. Añade que el concepto de causalidad adecuada no puede extenderse a punto de considerar que la muerte en casa del imputado y la existencia de un vínculo afectivo entre éste y la víctima acarrean de por sí la responsabilidad penal del primero. Antes bien, el pronunciamiento no advierte una causa determinante, una conducta valiosa en el horizonte jurídico penal en el sentido de "relevante a la producción del resultado muerte".

Respecto a estas reflexiones sentenciales sobre el imputado, el libelo casatorio brilla, asimismo, por su falta de crítica puntual y concreta. Incluso más, el mismo recurrente expresa que "referirnos al resto de la prueba apreciada por el Tribunal resulta inútil, pues también se encuentra alcanzada por aquél vicio fundamental" (fs. 28 vta.), lo cual obviamente es insuficiente para considerar ello un ataque eficaz y certero -que era necesario a pesar de no considerarlo así el recurrente- contra las reflexiones que en torno a la persona del imputado se efectuaron. En efecto, la querella entiende inútil referirse a las otras consideraciones que efectúa el tribunal respecto del resto de la prueba y considera que basta el embate a la hipótesis de la falta de causa del suicidio para concluir, de allí, no sólo que la víctima fue muerta por otra persona, sino que lo fue por Galtieri. Se advierte que esta conclusión no se deriva sin más de aquélla premisa sino que hacía falta una demostración acabada y suficiente por la cual se considere que el resto de las pruebas hubieran derribado el principio de inocencia en favor del imputado y que, por ende, hubieran llevado a su persona como autor responsable del homicidio. El libelo peca por defecto al focalizar la crítica en la conclusión respecto del suicidio -y aún en este aspecto parcialmente, pues sólo intenta acreditar su falta de causa- y no continuar demostrando, concreta y certeramente cómo son errados los argumentos sentenciales relacionados, no solo con la existencia de suicidio, sino también con la absolución de Galtieri. De allí que el escrito no resulte eficaz a fin de demostrar que el resultado exculpatorio del Sr. Galtieri sea infundado e injusto.

Por último, y en cuanto al planteo subsidiario de inconstitucionalidad del art. 468 CPP a la luz del art. 8 del PSJCR, esta Corte ha manifestado, respecto al art. 8 apartado 2° inciso h) que menciona el "derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior", que la garantía se respeta con el recurso de casación que se concede contra sentencia definitiva en sede penal. El fundamento de esta aserción remite a lo expuesto en el Informe Nro. 24/92 parágrafo 30 de uno de los Organos competentes para conocer en los asuntos relacionados con el cumplimiento de compromisos que han contraído los Estados Miembros. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (art. 33 Convención citada) ha considerado al recurso de casación como: "...una institución jurídica que, en tanto permite la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso de la legalidad de la producción de la prueba, constituye, en principio un instrumento efectivo para poner en práctica el derecho recono cido por el art. 8.2 h de la Convención" remarcando: "el recurso de casación satisface los requerimientos de la Convención en tanto no se lo regule, interprete o aplique con rigor formalista sino que permita con relativa sencillez al tribunal de casación examinar la validez de la sentencia en general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de la defensa y al debido proceso (cfr.: CSJTuc, sents.: nro. 222/2002 y 712/2001; Comisión IDH, Informe nro. 24/92 del 2/X/92; Comisión IDH, Informe nro. 55/97 del 18/XI/97). Asimismo, en informe nro. 17/94 la misma Comisión se expidió en el sentido de que no se requiere necesariamente la apelación directa sino la disponibilidad de un recurso de revisión que al menos permita la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso de la legalidad de la prueba y que permita con relativa sencillez al tribunal de revisión examinar la validez de la sentencia recurrida en general, as í como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa el debido proceso". En semejante sentido, la CSJN ha considerado que la solución adoptada en el caso Giroldi (en donde se admite la casación como vía recursiva adecuada para asegurar la garantía de la doble instancia en materia penal) permite cumplir acabadamente los compromisos asumidos en materia de derechos humanos por el Estado Nacional (conf. LL, 1995-D, 467). Igualmente (in re: "Tabarez..." LL, 1998 -D, 369) tuvo oportunidad de decir que era necesario, en este campo de la casación, dar un margen más amplio para el examen de las posibles arbitrariedades; a la par que manifestó que en el estado actual de la legislación procesal penal de la Nación, los recursos ante la Cámara de Casación Penal constituyen la vía a la que todo condenado puede recurrir en virtud del derecho que consagran los arts. 8 inc. 2° ap. H) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5° del PIDCP y reiteró que el recurso de c asación satisface los requerimientos de la Convención en tanto no se regule, interprete o aplique con rigor formalista sino que permita con relativa sencillez al tribunal de casación examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y al debido proceso. Por tanto, existe una línea directriz en orden a inteligir al recurso de casación con un criterio flexible de sus causales. En este orden de ideas el conocimiento del recurso de casación por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, permitirá eventualmente incursionar en las conclusiones fácticas del fallo cuando ellas fuesen manifiestamente insostenibles, irrazonables o contrarias. Asimismo, el juzgamiento de la casación por errores in procedendo autorizará al tribunal para interpretar el alcance de normas procesales cuya inobservancia no ha sido explícitamente establecida bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, pero que erróneame nte aplicadas por el órgano inferior han generado la consagración de un exceso ritual o de otro vicio susceptible de afectar la garantía constitucional de la defensa en juicio. Así, los ribetes limitativos del control casatorio no empecen a la garantía prevista en los tratados citados.... De lo expuesto se concluye que el respeto a las garantías mencionadas en los informes de la CIDH es escrupulosamente observado en el recurso de casación penal vigente en la provincia de Tucumán siempre que se lo aplique con criterio flexible y amplio. Así interpretado y aplicado el recurso cumple, como lo expresara la Corte de la Nación, con las garantías del PSJCR y del PIDCP. Es que el derecho a recurrir mencionado en el Pacto no supone necesariamente el derecho a apelar, pues "recurso" es todo aquel que cumple las condiciones explicitadas por los informes de la CIDH antes mencionados. El recurso de casación local satisface las exigencias constitucionales del derecho a que un tribunal superior controle la corrección del ju icio realizado por el tribunal del juicio oral, revisando la correcta aplicación de las reglas.... Reglas entre las que se encuentran, desde luego, todas las que rigen el proceso penal y lo configuran como un proceso justo, con todas las garantías; las que inspiran el principio de presunción de inocencia, y las reglas de la lógica y la experiencia conforme a las cuales han de realizarse las inferencias que permiten considerar un hecho como probado. (conf. CSJT, sent. nro. 943 del 28/10/2002).

En la especie, conforme se puede advertir en el desarrollo de este pronunciamiento, se ha efectuado un exhaustivo y amplio examen del fallo (que, por lo demás, no es de condena sino absolutorio) habiéndose considerado pormenorizadamente el recurso casatorio incoado puesto en relación con la sentencia definitiva en sede penal y concluido en la insuficiencia del mismo lo cual determina su inadmisibilidad, no se advierte violación a garantía constitucional alguna; antes bien, los derechos del imputado y la presunción de inocencia que menciona el artículo 8 del PSJCR, están debidamente garantizados, conforme a las normas y exigencias derivadas de los Tratados Internacionales mentados supra.

En fin, el resultado absolutorio, el principio de la presunción de inocencia, la insuficiencia recursiva según fue considerada supra, son todos elementos que convergen a la inadmisibilidad de la casación y, por ende, a la falta de éxito del recurso directo incoado.

Por ello, y oído el Ministerio Fiscal, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por los letrados apoderados de la parte querellante en contra de la sentencia de la Sala VIa. de la Cámara en lo Penal, del 28/10/2002.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR