Proceso penal, prisión domiciliaria, ejecuciones especiales, coronavirus, emergencia sanitaria, rebeldía, grupos de riesgo, sanciones disciplinarias
Materia: PENAL
Carátula: Joya Portocarrero, Milagros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-21

Corresponde rechazar el recurso intentado, toda vez que el a quo no hizo lugar a la prisión domiciliaria de manera fundada y coherente con la grave situación actual y las constancias de la causa, fundamentos que el recurrente no logró rebatir. Con relación a la alegada violación del principio acusatorio, por cuanto el a quo denegó la prisión domiciliaria pese a la conformidad del fiscal, cabe señalar que en la etapa de ejecución tanto el juez como el fiscal deben controlar la legalidad de ejecución de la pena. Por ello luego de que el fiscal emite su dictamen acerca de la procedencia de alguna de las modalidades de ejecución de la pena, el juez debe analizar de manera independiente la concurrencia de las condiciones legales de admisibilidad y procedencia del instituto, efectuando la referida comprobación sobre el dictamen del Ministerio Público Fiscal, impuesta por los artículos 69, 123 y ccdtes. del C.P.P.N. El a quo, al analizar la procedencia del arresto domiciliario, evaluó por un lado la específica gravedad de los delitos por los que resultó condenada la encausada, motivo por el cual se habrían visto seriamente afectados los bienes jurídicos protegidos por la norma (salud pública e integridad sexual de la víctima, agravada por haberse tratado de una mujer "vulnerable", en razón de su discapacidad). A ello, adicionó que la nombrada registró rebeldías en el proceso cuya pena fue unificada en esas actuaciones. También evaluó que del informe Técnico Criminológico enviado por el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, surge que la interna presenta varias sanciones disciplinarias. De este modo, concluyó que en caso de acceder a la morigeración postulada, se corre el riesgo de incumplimiento de la ejecución de la grave sanción impuesta (art. 319 del CPPN). Por otra parte, y con relación al Covid-19 se descartó que posea un mayor riesgo al estar alojada dentro del Complejo Penitenciario Federal n° 4. En este sentido, tuvo en consideración el informe médico remitido por las autoridades del SPF, que dio cuenta que Joya Portocarrero se trata de una paciente de 45 años de edad portadora de VIH, "...en control y tratamiento por infectología, en buena respuesta al mismo con drogas múltiples, sin enfermedades oportunistas asociadas a la infección por el virus" y que si bien es paciente de población de riesgo, lo cierto es que el S.P.F. en su totalidad ha tomado medidas para evitar el contagio de coronavirus -reduciendo el contacto personal-, que no hay internas con síntomas compatibles con dicha infección en el CPF IV y la interna recibe el tratamiento al igual que las pautas nutricionales para dicha enfermedad. En definitiva, concluyó que la cuestión sanitaria, alimentaria y médica se encuentra debidamente cubierta en el ámbito carcelario, y que la sola pertenencia al grupo o población de riesgo ante el eventual contagio y propagación del coronavirus no resulta suficiente para conceder automáticamente la prisión domiciliaria. En estas condiciones, tampoco se puede ubicar a Joya Portocarrero en alguno de los supuestos contemplados por la acordada 9/20 de esta Cámara Federal de Casación Penal, particularmente por la gravedad de los delitos cometidos y por no encontrarse próxima a cumplir la pena única impuesta (10 años de prisión) o en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional (punto 2. b y d del mentado instrumento). No obstante lo expuesto, se debe encomendar al tribunal a quo disponga a la Unidad Carcelaria donde se encuentra detenida, se arbitren todos los medios necesarios para extremar las medidas de aislamiento, prevención e higiene para garantizar el derecho a la salud de la encausada dentro del establecimiento penitenciario teniendo especialmente en cuenta que se deberá garantizar que las mujeres trans tengan acceso adecuado a la salud integral y apropiada a sus necesidades y particularidades. Dres. Hornos y Borinsky.