Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-06-21


La Plata, junio 21 de 2011.

Antecedentes El Tribunal en lo Criminal Nº 1 del departamento Judicial Morón resolvió no hacer lugar al pedido de detención de J. C. G. solicitado por los doctores S. D. P., apoderado del particular damnificado O. A. A., y por J. P. G., representante legal del particular damnificado Casación.

Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de apelación los mencionados particulares damnificados.

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías departamental resolvió declarar mal concedidos los recursos de apelación interpuestos por los señores particulares damnificados.

Contra esta decisión interpusieron recurso de casación los particulares damnificados a través de sus apoderados, doctores S. D. P., por O. A. A. y J. P. G., por Casación.

Cumplidos los trámites de rigor, esta causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes Cuestiones:

Primera: ¿Son admisibles los recursos de casación interpuestos? Segunda: ¿Qué decisión corresponde adoptar? A la primera cuestión el señor juez doctor Mahiques dijo:

Corresponde inicialmente recordar que las resoluciones judiciales sólo resultan impugnables por los medios y en los casos expresamente establecidos por el ordenamiento de forma, conforme lo dispuesto en el artículo 421 del Código Procesal Penal.

Por otra parte, y según la propia sistemática del ordenamiento procesal vigente, queda suficientemente en claro que el examen correspondiente a la admisibilidad formal del recurso comprende la impugnabilidad objetiva del respectivo pronunciamiento cuestionado.

Siendo ello así, debe consignarse que la decisión recurrida en estos autos no encuadra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 450 -según ley 13.812- del Código Procesal Penal, toda vez que la misma se trata de una resolución dictada por la Cámara de Apelación y Garantías que declara mal concedidos los recursos de apelación deducidos por los Particulares Damnificados y por el Ministerio Público Fiscal contra el auto que no hizo lugar al pedido de detención de J. C. G..

En efecto el artículo 450 del CPP, modificado por la ley 13.812, establece en su parte final que "también podrá deducirse (el recurso de casación) respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución".

La situación objetiva descripta en la ley respecto de este tipo de resoluciones parecería excluir la hipótesis traída por el recurrente, en la que al imputado no se le deniega la libertad personal. De otro modo, al legislador le hubiese bastado con consignar en el artículo 450 que el recurso de casación procedería contra todas las decisiones de la Cámara de Apelación y Garantías en materia de libertad personal, que tampoco es lo que ha tenido en miras la reforma de la ley 13.812.

La invocada equiparación de la resolución impugnada al concepto de sentencia definitiva constituye un parámetro para determinar la necesidad de extender la competencia del Tribunal de Casación a ciertas resoluciones que, en principio, no serían impugnables a través de este recurso, pero siempre que esa necesaria revisión no haya sido satisfecha por otra vía.

La nueva redacción del artículo 450 no ha venido a consagrar un derecho del imputado al "segundo recurso" o "triple conforme" respecto de las decisiones relacionadas con la libertad personal. Mucho menos ha venido a reconocerle dicha facultad al Ministerio Fiscal y al Particular Damnificado. Esa alternativa ni siquiera se encuentra prevista para el caso de las sentencias definitivas. Tan sólo se trata de una solución legislativa adoptada para los supuestos en los que el imputado o el condenado, en los hechos, quedarían desprovistos de un recurso efectivo contra la decisión de la Cámara de Apelaciones que les denegara, por primera vez, su libertad personal.

Esta forma de interpretar el agregado final del artículo 450 se patentiza con la nueva redacción de los artículos 417 y 494.

El primero de ellos establece que "la resolución que deniegue el habeas corpus será impugnable ante las Cámaras de Apelación y Garantías o el Tribunal de Casación, según corresponda". La conjunción disyuntiva "o", en la disposición aludida, indica que ambos recursos se excluyen mutuamente, lo que se corrobora en la parte final de la frase, en la que se establece que una u otra alternativa procederán, "según corresponda".

Del mismo modo, se ha suprimido la mención del Tribunal de Casación del primer párrafo del artículo 494, precisamente debido a la posibilidad de que el derecho al recurso sea satisfecho por vía de la apelación. Queda claro, con ello, que para llegar a la Suprema Corte no es necesario, a partir de la nueva ley, transitar en todos los casos por el Tribunal de Casación.

Por consiguiente, cuando el derecho o la facultad de recurrir una determinada resolución ha sido satisfecho a través de la apelación, la ley procesal no le acuerda a las partes una tercera vía ordinaria de impugnación. Los recursos de apelación y casación, en este sentido, no son remedios sucesivos, sino alternativos.

Entonces podría decirse, en principio, que la vía adecuada para cuestionar las decisiones restrictivas de la libertad personal dictadas durante el proceso y en la etapa de ejecución es el recurso de apelación, de acuerdo con los artículos 164, 188 y 498 del CPP. El recurso de casación quedaría reservado, en lo que a esta materia respecta, para las hipótesis reguladas en la parte final del artículo 450, según la ley 13.812, es decir, aquellas en las que la Cámara de Apelación y Garantías haya denegado, por primera vez, la libertad personal, quedando excluidos los supuestos en los que dicha negativa constituya tan sólo la confirmación de una medida dispuesta en la instancia originaria, en cuyo caso ya habría quedado satisfecho el derecho del imputado al recurso.

Por tales razones, tratándose las presentes de una impugnación de los particulares damnificados contra la resolución dictada en el marco de otra impugnación formulada por estos, en la que la Cámara de Apelaciones se habría limitado a declarar mal concedidos los recursos de apelación deducidos contra el auto que no hizo lugar a la detención de J. C. G., no encuadra, por ende, la situación descripta en ninguna de las previsiones de los artículos 450, 452 y 453 del C.P.P.

Así lo voto.

A la misma cuestión planteada, el señor juez doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del doctor Mahiques en igual sentido y por los mismos fundamentos. Así lo voto.

A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Mahiques dijo:

En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde rechazar por inadmisibles los recursos de casación interpuestos, por los motivos expuestos, sin costas (artículos 421, 450 - según ley 13.812-, 451, 452, 453, 465 inciso 2º, 530 y 532 del Código Procesal Penal).

Así lo voto.

A la misma cuestión planteada, el señor juez doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del doctor Mahiques en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal resuelve:

Rechazar por inadmisibles, sin costas, los recursos de casación interpuestos por los particulares damnificados, doctores S. D. P., letrado apoderado del señor O. A. A. y J. P. G., letrado apoderado de la Federación de Comités de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina, por los motivos expuestos al tratar la primera cuestión.

Rigen los artículos 421, 450 -según ley 13.812- 451, 452, 453, 456, 465 inciso 2º, 530 y 532 del Código Procesal Penal.

Regístrese, notifíquese a la Defensa y al Ministerio Público Fiscal y devuélvase para el cumplimiento de las notificaciones pendientes. - Jorge Hugo Celesia. - Carlos Alberto Mahiques.