marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo, error (penal), error de tipo, tentativa, usurpación de inmueble, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BARBAGALLO, Christian Sebastián y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-11

Si para proceder a la sustracción se habrían violentado los soportes que contenían los elementos informáticos secuestrados, se configura el delito de robo, el que permaneció en tentativa, por la oportuna intervención del personal policial.

No puede prosperar un planteo de error de tipo , si se tiene en cuenta el valor económico de los objetos sustraídos, y el lugar en el que se encontraban , lo que impide considerar que las cosas fueran abandonadas.

El hecho de que el inmueble se encontrara "tomado", no permite excluir por sí el dolo del autor, ya que se vislumbra su conocimiento acerca de la ilegitimidad de dicha ocupación, lo que sumado al ya mencionado valor económico de los objetos sustraídos, permite concluir su acabado conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal, así como la existencia del elemento subjetivo requerido.

Por ello, debe confirmarse el procesamiento de los imputados en orden al delito de robo en grado de tentativa.
Fundamentación insuficiente, caducidad, improcedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Lionel S.R.L s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-27

Si el recurrente no demuestra que la sentencia que rechazó su recurso de apelación y confirmó la declaración de caducidad de la instancia sea definitiva o equiparable a definitiva, no contiene -como era preciso- una crítica desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad. (Del voto del juez José Osvaldo Casás)
Impuesto sobre los ingresos brutos, determinación de oficio firme, prescripción
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: YPF S.A. c/ DGR s/ s/ recurso apelación judicial c/ decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

Se advierte que los reclamos de la DGR acerca de las diferencias constatadas datan de abril de 1997, y la resolución que manda iniciar el procedimiento de determinación de oficio fue dictada el 19-5-97. En consecuencia, y en tanto no existe aún decisión firme respecto de la impugnación de la DGR a las liquidaciones efectuadas por YPF, no puede sostenerse que se haya cumplido el plazo de prescripción respecto de los años 1994 y 1995, períodos a los que se restringió su pretensión. Por otra parte, el agravio resulta insustancial en tanto la quejosa no explica cuál es la contradicción entre las normas del Código Civil y las de la ley 19.489, cuya inconstitucionalidad persigue.
Recurso contencioso administrativo, policía, personal policial, exoneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TARRAGONA, FRANCISCO RAMON HERMOGENES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 299-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

Atento al carácter de órgano revisor que asume esta Corte, que le impide la consideración de cuestiones no propuestas en la instancia previa, no puede prosperar el agravio del actor en el sentido que debió pasar, en su momento, a retiro obligatorio en virtud del artículo 16, inciso 5to (hoy derogado) de la ley 6830. Por los mismos motivos corresponde desestimar -aunque no se esgrime como pretensión autónoma, sino como un elemento de juicio más que demostraría la ilegitimidad del acto de cesantía- el argumento de que se le debió abonar los haberes de retiro según los artículos 26 inciso b) del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial y 59 de la ley de retiro policial; al margen de que ellos excluyen expresamente dicha consecuencia.
Asociaciones sindicales, libertad sindical
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E.) y otros c/ Provincia de Buenos Aires. s/ Inconstitucionalidad art. 51 de la ley 11.757
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-25

La legislación local cuestionada reconoce al personal comprendido en el régimen de empleo municipal el derecho a agremiarse y/o asociarse. Sin embargo, limita fuertemente las posibilidades de su ejercicio al disponer, tras aquella declaración, el reconocimiento a "la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires y a los Sindicatos a ella afiliados, como únicos representantes sindicales de los trabajadores de los municipios bonaerenses" (art. 51, ley 11.757). En el marco de los postulados constitucionales, resulta lesivo del principio de libertad sindical el precepto normativo por medio del cual el Estado determina a priori, con criterio de exclusividad, cuál es la organización sindical representativa del sector por fuera de su antigüedad, el porcentaje de afiliados cotizantes en su relación con los trabajadores que intenta apoderar y el resultado que estos conceptos arrojan en su confrontación con el resto de las asociaciones sindicales con posibilidades de concurrir.(doctor Negri, sin disidencia)
Recurso de apelación (procesal), querellante, sujetos del proceso penal, responsabilidad del querellante, facultades del querellante
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ, Marcelo Eduardo s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-05-31

El art. 443 del C.P.P. establece que: "Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley...", y sobre este aspecto también cabe considerar que en el art. 81 del mismo cuerpo procesal fija las facultades del Querellante Conjunto no estando incluida en ellas la de recurrir las decisiones jurisdiccionales dictadas de conformidad al dictamen fiscal.

El requerimiento de instrucción es el acto inicial para recién considerar que nos encontramos frente a un proceso penal, mientras ello no ocurra solo podremos contar con una denuncia o información sobre un hecho delictivo.

Si se admitiera que el Querellante puede apelar la decisión de ambos órganos se estaría aceptando la posibilidad que éste (el Querellante Conjunto) tiene potestad de promover la acción penal, lo cual le está vedado.
Sentencia, contenido de la sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Santander S.A. c/ Paz, José M. y otros s/ Ejecución y embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-04

Es ineludible que de la sentencia surja claramente el razonamiento llevado a cabo por el órgano jurisdiccional al emitir el juicio que representa el pronunciamiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, despojo, restitución de cosas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Incidente de levantamiento de interdicción de bonos Causa nro. 26.930
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-08

Aún en la eventualidad de establecerse el origen ilícito de las operaciones por las que las empresas accedieran a la titularidad de los bonos, no resultaría de aplicación lo establecido en el artículo 411, en tanto la norma contenida en el artículo 211 regula en forma específica el supuesto referente al aseguramiento de los efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito, los cuales, en tanto cosa obtenida por el accionar ilícito, en principio, habrían de ser objeto de restitución, según lo previsto en el inciso 2. del artículo 29 del Código sustantivo.
Competencia, excepción de incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: ALBARRACIN MARTA c/ CAJA  DE  PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE CORDOBA s/ PLENA  JURISDICCION  -  PENSION CONCUBINA - RETROACTIVIDAD DE LA LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-13

No es dable la consideración de la inadmisibilidad a cerca de la firmeza de los actos impugnados si esta defensa no fue interpuesta como excepción de incompetencia en forma de artículo previo de acuerdo al art. 26 del C.P.C.A. Ley 7.182.-
Sentencia, fundamentación de sentencias, tribunal colegiado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GONZALEZ, ITURBE RAUL s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1970-06-30

Es requisito ineludible de orden legal y, además, constitucional que las sentencias sean fundadas.

El art. 136 de la Constitución de la Provincia de 1870, importa una garantía completa de acierto en las resoluciones, por el estudio serio que obliga a hacer a cada uno de los miembros de un tribunal colegiado.

Si el acuerdo de las sentencias es pronunciado sin fundar su voto cada uno de los miembros del tribunal, no hay seguridad de que todos hayan hecho el debido estudio. El momento propuesto de votar que establece la Constitución, art. 136, concentra más la responsabilidad hasta el punto de invidualizar, por decirlo así, puesto que cada uno de los vocales del tribunal vota individualmente, fundando su voto delante del público y de los interesado en el pleito.

No se pone en tela de juicio que la norma del art. 136 de la Constitución Provincial, que preserva la rectitud y justicia de los fallos, tiene fundamental importancia y se cimenta en bases que tocan al régimen republicano de gobierno.-
Discriminación de la mujer, protección de la maternidad
Materia: LABORAL
Carátula: "BARANI  MONTES,  Mónica Edith c/ SIGEN - Resol. 112/05 s/ empleopúblico".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

La actora se encuentra en una situación particular en razón de su género, lo que hace que su situación frente al trabajo (sea en relación de dependencia o no) deba ser contemplada en modo a evitar consecuencias discriminatorias. En efecto, el artículo 75 inciso 23 CN se refiere a las medidas de acción afirmativa a favor de las mujeres y, en particular, a la protección integral de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Complementariamente, la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN) exige la adopción de medidas para impedir la discriminación por razones de matrimonio o maternidad (art. 11.2 de la Convención citada). Si bien en el caso de autos las disposiciones contractuales que vinculaban a la actora con la demandada no tienen un propósito discriminatorio, debe recordarse que no sólo se procura la protección cuando exista una finalidad discriminatoria, sino también cuando el resultado de la aplicación de determinadas disposiciones (contractuales, en este caso) implique un cercenamiento de la igualdad real de género (art. 1º de la Convención citada).
Locación, depósito en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barneche, Miguel A. c/ Cid, Adolfo s/ Demanda ejecutiva por cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

La compensación de la indemnización pactada por la facultad de rescindir el contrato con el mes de depósito, no puede prosperar, porque esa última suma fue entregada como garantía del cumplimiento de las obligaciones al momento de restituirse el inmueble, debiendo contar para la liberación del deudor con la aprobación del locador bajo debida constancia por escrito.
Proceso penal, nulidad procesal, interpretación restrictiva, agravio concreto
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CALOMITE, Alberto s/ archivo de actuaciones Causa nro. 27.418
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

Las nulidades deben considerarse restrictivamente conforme al criterio sentado por los artículos 2 y 166 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que el proceso penal no es una ejercitación académica y las formalidades procesales no son afines en sí mismas. La nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes porque, cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia.
Participación criminal, robo, código de justicia militar
Materia: PENAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Los acusados deben responder como partícipes necesarios de los delitos de robo, si no se percibe exceso de los ejecutores en los medios ni aún en los fines, sino que la plataforma fáctica revela que las órdenes contenían la facultad de apoderarse ilegítimamente de cosas muebles ajenas.
Obras públicas, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSON VICTOR A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1986-09-01

El régimen establecido por el artículo 42 de la ley número 4846 de Obras Públicas para casos normales en que procede el reconocimiento de gastos improductivos no resulta aplicable cuando la obra aún no ha sido comenzada en su ejecución
Extorsión simple, secuestro extorsivo, sujeto pasivo
Materia: PENAL
Carátula: SCARPIN, Marisela D. s/ denuncia Causa 2.476
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-22

Si bien la presunta víctima padeció diversos y sucesivos procesos intimidatorios, que bien pueden haber influido en su inestable personalidad -dada su posición, debilidad en todos los órdenes, su mala imagen familiar, carencia de recursos y el medio extraño en que se encontraba-, ese estado de intimidación no es suficiente como para calificar el hecho como secuestro extorsivo, pues si bien temía al procesado, por momentos intentaba seducirlo o engañarlo para mejorar su posición, lo que indica una actitud lejana a un sometimiento total o mecánico. Sin embargo, lo antes expuesto no exime al imputado de un encuadre provisorio de su actuación en la figura del art. 168 del C.P., pues se ha acreditado que extorsionó a los padres y hermanas de la "víctima" para obtener de modo imperativo una suma de dinero.
Ejecución de sentencia, ejecución de honorarios, honorarios del abogado, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: A.F.E.M.A. S.R.L. s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-03-19

El cobro de honorarios regulados judicialmente, vía Ejecución de Sentencia, conforme al Código Procesal Civil de la Provincia de la Rioja, entra en el concepto general de "procesos compulsorios" regulados en el título II del Libro Tercero, del cual constituye su capítulo tercero, por lo que se encuentra incluido en el párrafo primero del art. 17 del Decreto Ley 4170/82 modificado por ley 5827 ("En los juicios compulsorios, no oponiéndose excepciones, por lo actuado desde su iniciación hasta la sentencia inclusive, el honorario será fijado...");

ya que los párrafos 2º y 3º se refieren a casos especiales de ejecuciones de sentencia, en los cuales el monto a regular está en relación con el monto del juicio, que es lo que se ejecuta.
Querellante exclusivo, acción penal, acción privada
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V.F., H.J. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-06-18

El recurso del querellante exclusivo, en cuanto ejerce la acción penal de ejercicio privado, se rige por las mismas limitaciones objetivas establecidas para el ministerio fiscal.
Fallos de la Corte Suprema, resoluciones irrecurribles, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Transportes EDAR SA c/ GCBA s/ repetición GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ O. C. I. c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03|2018-10-17

Con arreglo a la doctrina sentada por este Tribunal, sus resoluciones adoptadas con los votos suficientes requeridos por el art. 25, párr. 1°, de la ley 7, no son susceptibles -por regla- de reconsideración, reposición o revocatoria, sobre todo ante la inexistencia en la ley 402 de algún recurso contra sus decisiones. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, José Osvaldo Casás, Ana María Conde e Inés M. Weinberg)
Competencia penal, competencia federal, falsificación de documentos, cédula de identidad, documentación del automotor, competencia provincial, asociación ilícita, hurto de automotor, estafa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARIO HECTOR MALKA Y OTROS s/ ASOCIACION ILICITA, ETC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

El juez federal debe entender en los delitos exclusivamente federales -falsificaciones de las cédulas de identidad y títulos de propiedad del automotor- y el juez en lo penal provincial en los demás hechos ilícitos que se imputan: asociación ilícita, hurto de automotor y estafas.
Recurso extraordinario, sentencia condenatoria, recurso de casación, recurso de inconstitucionalidad provincial, presentación extemporánea, cuestión no federal, defensa en juicio, notificación, exceso ritual manifiesto, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Neder,  Alberto  Ramón  Alexis  y  otro s/ p.s. inf. art. 44 del Código de Faltas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

Corresponde dejar sin efecto la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que rechazó por extemporáneos los recursos de casación e inconstitucionalidad planteados, si a través de asertos meramente ritualistas estableció un modo de notificación que obstaculiza seriamente una impugnación seria y eficiente de la condena con la consiguiente afectación del derecho a la defensa en juicio, al interpretar irrazonablemente el momento a partir del cual debía apelarse la condena (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Gustavo A. Bossert).
Ejecución de sentencia, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: SASETRU  S.A. s/ QUIEBRA S/ INC. DE VERIFICACION POR DIEZ, EMILIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-30

La excepción de inhabilidad de título no está contemplada en las normas que regulan el proceso de ejecución de sentencia.
Derecho procesal, recurso de casación, recurso de casación penal, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de nulidad en causa nº 9653/04 - FERNÁNDEZ, Hugo Omar s/ Pto. hurto de ganado menor e inf. al art. 189 bis 3er. párr C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-04-20

Es criterio pacífico de este Estrado que "en materia de remedios extraordinarios el concepto de sentencia definitiva está referido a la irreparabilidad del perjuicio" por lo que resulta decisivo, a los fines de delinear el concepto de definitividad, evaluar los efectos que produce la resolución respecto al proceso; es decir, si el impugnante cuenta con otra vía jurídica para reparar su agravio, pues en tal caso el remedio extraordinario -en principio- se encontraría vedado.
Asociaciones sindicales, libertad sindical
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: DOMINGUEZ, LUIS ENRIQUE c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-21

El fallo recurrido incurrió en arbitrariedad por considerar que no resultaban de aplicación al caso los lineamientos trazados por la Corte Nacional en los precedentes ATE y Rossi -invocados por el actor- relativos a la libertad sindical, siendo que dicha doctrina resultaba directamente aplicable, toda vez que en aquellos antecedentes el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que privilegian a los dirigentes de cierto tipo de sindicatos por sobre los demás, por entender que para estar en consonancia con las normas internacionales que rigen el instituto de la libertad sindical, la legislación nacional debe dotar a todas las asociaciones sindicales, cuenten o no con personería gremial, de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros y para organizar su gestión y actividad; dejando claramente señalado que, al margen de una prioridad para negociar convenios colectivos de trabajo, para la consulta ante las autoridades y para la designación de delegados ante organismos internacionales, ninguna otra facultad concedida a los sindicatos con personería gremial puede serles negada a los sindicatos que no la tienen, es decir, a los que están simplemente inscriptos.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, Pacto de San José de Costa Rica, acción de amparo, principios del derecho internacional de los derechos humanos, violación de derechos humanos, PERÚ, responsabilidad internacional del Estado, morosidad del proceso, remoción de jueces
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de Tribunal Constitucional c/ Perú s/ Fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-01-31

En razón de los criterios establecidos por la Corte Interamericana en materia de la razonabilidad del plazo en procesos judiciales, el procedimiento seguido en las diversas instancias que conocieron de los amparos interpuestos por los tres magistrados del Tribunal Constitucional del Perú, contra la decisión que resolvió su destitución, excedió el principio de plazo razonable consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana, en tanto la denegatoria les fue notificada seis meses después -violando asimismo la legislación nacional que exige su definición en el término máximo de veinte días-, desnaturalizando la esencia misma de la institución procesal del amparo, transformándola en ilusoria e inefectiva al incurrir en un retardo injustificado.
Ejecución fiscal, excepción de espera, sentencia, plan de pagos, AFIP DGI
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ FABRICA ARGENTINA DE PORCELANAS ARMANINO SAI Y C s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

La concesión de una espera, debe provenir de un acto de voluntad del acreedor que pueda ser claramente verificado a la luz de la documentación acompañada (cfr. Sala I, Causa 1972 del 17.6.83), de manera que, no habiendo la ejecutada ni siquiera acreditado, como era obligación, los términos de la presentación que invoca (cfr. Dec. 314/95, arts. 3°, inc. d) y 5°), y habiendo negado la actora que, sobre la base de la normativa citada, le hubiera otorgado un plan de facilidades que incluya la deuda reclamada en autos -el plan propuesto por la ejecutada fue con posterioridad al inicio de los actuados y se encontraba a estudio de la D.G.I.-, de ser aceptado, acarrearía la suspensión de la ejecución de la sentencia, más no constituye óbice para su dictado.
Daños y perjuicios, injurias vertidas en juicio de divorcio, responsabilidad del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: SGRILLETTI, Héctor Luis c/ MARTINO, Guillermo Dardo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

La circunstancia de que un escrito de contenido injuriante hubiese sido redactado por el abogado, no exime de responsabilidad al litigante, pues no se trata de términos exclusivamente técnicos que le impidan tomar conciencia del agravio que infería al firmar el escrito. Tal conclusión se refuerza ante la retractación en sede penal del interesado, porque comprendía el carácter ofensivo o injurioso de la acusación contenida en el escrito, y la culpa proviene, en la hipótesis más favorable a su posición, de la negligencia en firmar sin haber leído previamente.-