marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, imputado, falta de mérito, prisión preventiva, leyes, ley procesal, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: XX s/ Primera cuestión: ¿Es constitucional la disposición del artículo 28   De la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en   "Defecto de caso concreto"? Segunda cuestión: ¿Es aplicable el   artículo 308 del Código Procesal Penal (libertad por falta de   mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el  procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del   plenario? La presente causa, a raíz de un empate en las votaciones,   se integra nuevamente con un vocal de Rosario, Dr. Bernardini en   fecha 10-12-1992, en fallo registrado en el L.A. Nro. 2, Res. 6, F.   321 -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

A partir de la ley Nro. 10305 existe un supuesto que faculta al Juez a disponer la libertad por falta de mérito de un imputado cuando no fuere procedente la libertad bajo promesa o caucionada y no se encontrase mérito para mantener la detención. A este instituto, que integra el sistema de solturas o de recupero de libertad durante el proceso, le son aplicables las disposiciones contenidas en los artículo 341, 350, 351, 352 y 355 del Código Procesal Penal. El régimen mencionado se encuentra inserto en la ley procesal en su artículo 308 (versión ley citada) y según su texto, la procedencia de la libertad por falta de mérito está condicionada a que se haya prestado indagatoria, que el imputado esté detenido, que no fuera procedente la libertad bajo promesa o caucionada y que el juez no encuentre mérito para mantener la detención. Es decir, el magistrado debe en todos los supuestos observar la concurrencia de las circunstancias enumeradas en congruencia razonable con el sistema de que se trata. De ello, resulta imposible que por aplicación de la especie puedan llegar a avasallarse actos preclusos del proceso sin necesidad de su revocación, reforma o cese, de la manera que ley de forma dispone o de la inminencia de mutación en la situación procesal del imputado, con directa incidencia respecto de la privación de libertad impuesta en prisión preventiva. (Del Voto del Dr. Sobrero -Tesis Negativa-). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad del artículo 308 del Código Procesal Penal (Libertad por falta de mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del plenario.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, mora, daño moratorio, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: M. I. ASOCIADOS SRL SERVICIOS EMPRESARIOS c/ ANDINO SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-15

Debe estimarse purgada la mora cuando medie aceptación de la prestación comprometida, sin que el acreedor formule reserva o salvedad respecto de los posibles daños padecidos, de manera que la responsabilidad del deudor proveniente de su mora solo puede subsistir si al tiempo del cumplimiento de la prestación el acreedor deja expresamente a salvo su derecho al resarcimiento del daño moratorio ya que, de otro modo, esa obligación quedaría también cancelada. El derecho a obtener el resarcimiento emergente de la mora constituye un crédito accesorio de la obligación tardíamente ejecutada, ya que esta ultima emana de la fuente constitutiva de la obligación primitiva y la primera proviene de la morosidad del deudor según lo dispone el cciv 508. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria es legalmente accesoria de la obligación principal en razón de la cual los daños son debidos, pues carecen de existencia propia y depende de la existencia y legitimidad de la obligación que el contratante ha dejado de cumplir.
Aduanas, certificado de origen, estímulos a la exportación, reintegros y reembolsos a la exportación
Materia: ADUANERO
Carátula: Jesús Eijo S.A. (TF 9292-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-08

Con sustento en lo dispuesto por el capítulo V de la sección X del Código Aduanero (arts. 845 a 855 de la ley 22.415), en cuanto autoriza al Fisco para repetir los importes correspondientes a estímulos pagados indebidamente, es clara la facultad de la autoridad aduanera para intimar la devolución de los reintegros si -al momento del despacho- no se encontraba emitido y aportado el correspondiente certificado de origen. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, medidas cautelares, embargo, levantamiento del embargo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN c/ GONZALEZ, ROBERTO s/ LEVANTAMIENTO DE EMBARGO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-29

Resulta inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra una resolución que revocó el decisorio del inferior que había rechazado un pedido de levantamiento liso y llano de una medida cautelar, disponiendo la sustanciación del incidente y la recepción de la prueba ofrecida; ya que, teniendo en cuenta su propia naturaleza, no resulta ser un decisorio definitivo ni equiparable.
Excepciones procesales, defecto legal
Materia: PROCESAL
Carátula: GUILLEN, Horacio Pedro c/ CHIANELLO, Eduardo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-03

La excepción de defecto legal, contemplada en el inc. 5 del art. 347 del Código Procesal, tiende a lograr el efectivo cumplimiento de las formalidades prescriptas para la interposición de la demanda, de modo de permitir un eficaz ejercicio del derecho de defensa en juicio, tanto oponiéndose al "oscuro libelo", como impidiendo el progreso de una acción que no está fácticamente configurada como corresponde o de una petición que carece del grado de determinación compatible con la exigencia impuesta al juzgador para resolverla (conf. C.N.Civ. sala A, E.D. 48-371; íd. E.D. 49-376; íd. sala C, E.D. 49-447; íd. sala F, E.D. 70-439; íd. 11.561 del 6/12/84).

Es procedente cuando la imprecisión, oscuridad u omisiones de la demanda son de gravedad suficiente como para colocar al demandado en estado de indefensión, al impedirle o dificultarle la refutación o la producción de las pruebas conducentes, por lo que no cabe, en cambio, cuando éste cuenta con antecedentes suficientes para el responde (conf. C.N.Civ. sala F, E.D. 40-154; íd. J.A. 1977-IV 267; íd. c.257.737 del 19/9/79; íd. c.26171 del 17/9/80).
Suspensión del juicio a prueba, cómputo de la pena, vista al fiscal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOMEZ, Angel R. s/ Causa 27.249
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-18

El parámetro al que corresponde atender en primer término, para aplicar el instituto de la suspensión del juicio a prueba, se configura por la pena que merezca el procesado, según el criterio fiscal. Sin perjuicio que la posición del Ministerio Público no es vinculante cuando resultare infundada o errónea.
Facultades del juez, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: T. SA s/ Incidente de Nulidad en autos: "B.C. SA c/ T. SA. s/ ejecución hipotecaria".
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-13

En forma reiterada ha declarado la Corte Suprema de Justicia Nacional, seguida por numerosos tribunales, que los jueces no se hallan compelidos a seguir a las partes en todas las argumentaciones que ellas aduzcan, ponderándolas una por una y exhaustivamente, sino que solamente han de ocuparse de aquellas que resulten pertinentes, conducentes a la decisión del caso, o sea, esenciales y decisivas para fundar su conclusión dilucidatoria del diferendo. Y cuestiones esenciales son las necesarias, según las modalidades del caso, para la correcta solución del proceso; aquellos puntos de cuya decisión dependa, directa y necesariamente, el sentido del pronunciamiento; las cuestiones en suma que por su naturaleza influyan preponderantemente en la decisión a emitir.
Cesantía ilegítima, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ibañez, Leopoldina c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Si el agente público fue dado de baja ilegítimamente procede la reparación del daño moral que ha de tenerse por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PORETTI, CLAUDIA GUADALUPE c/ MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS CENTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

Si bien este Tribunal ha sostenido que las resoluciones que recaen sobre cuestiones de competencia no constituyen -en principio- sentencia definitiva ni pueden ser equiparadas a tal, toda vez que no ponen fin a la controversia ni impiden su ulterior tramitación, se ha establecido que tal regla debe ceder cuando -como sucede en el caso- está en juego la competencia contencioso administrativa de esta Corte, aspecto que interesa al orden público y que incluso se puede revisar de oficio; no obstante ello, aun cuando pudiera tenerse por superado el requisito de la definitividad de la sentencia impugnada, la presente queja no ha de tener favorable acogida por cuanto la recurrente incumple la carga estipulada en el artículo 8 de la ley 7055 de rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Alzada para apoyar su decisión de denegar la concesión del remedio extraordinario, trayendo razones de peso a fin de neutralizar la referida fundamentación. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 184, p 333; T 302, p 199. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8
Proceso contravencional, sistema acusatorio, prueba pericial, falta de notificación, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: A, B. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ley 255 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-14

El punto controvertido es, si dentro del marco del artículo 42 de la Ley de Procedimiento Contravencional se encuentra la posibilidad de que el Fiscal practique pericias sobre bienes legalmente secuestrados sin notificar -ni la disposición que ordena su producción ni el resultado de la misma-a los efectos que el defendido pueda hacer examinar sus resultados por medio de otro perito o pedir, si fuere posible, su reproducción.

Se debe asegurar al imputado, durante la etapa de la investigación preliminar la garantía que concretamente nace del artículo 258 y 259 del Código Procesal Penal de la Nación.

Resulta aplicable supletoriamente la disposición del Código Procesal Penal de la Nación en lo referido a la notificación del auto que dispone realizar la pericia y que la misma se ha realizado.

No obstante, a la solución del caso se podría arribar aplicando el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Contravencional declarando improcedente la prueba recabada en infracción a la defensa en juicio. Del voto del Dr. Ventureira.
Hábeas data, información errónea o desactualizada, costas, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodriguez  Aparicio Jorge Héctor c/ Río Paraná Cia. Financiera SAen liquidac. s/ Hábeas Data (art. 43 CN).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-09

Como regla general, el hecho de que una cuestión litigiosa se torne abstracta no implica necesariamente que las costas deban ser distribuidas por su orden (conf. esta Sala, causa 3.201/98 del 9.9.99, entre otras), pues es preciso examinar en cada caso cuales son las causas que han conducido a ese desenlace y las condiciones en que tuvo lugar, como así también en qué medida la conducta de cada una de las partes puede haber proyectado influencia para que la controversia finalice de esa forma. Es improcedente la aplicación automática del principio establecido en la segunda parte del art. 14, ley 16.986, cuando se presentan circunstancias concretas y específicas que tornan inicua la aludida previsión legal (conf. Salas 1 y 3, doctrina de las causas 6.049/00 del 8.3.01 -y sus citas- y 10.586/00 del 7.02.02, respectivamente). Si bien la exclusión del actor del listado de deudores de Entidades Financieras en Liquidación -objeto de la demanda instaurada- fue llevada a cabo con anterioridad al vencimiento del plazo legal para presentar el informe contemplado en el art. 8, ley 16.986, lo cierto es que ya desde el 18.8.92 la apelante sabía perfectamente que el actor no era deudor suyo, pues es con esa fecha que Río Paraná Cía.

Financiera SA. -en quiebra- desistió de la acción ejecutiva iniciada contra el aquí actor debido -como la demandada lo reconoce- a "la comprobación extrajudicial de que la documentación en función de la cual la fallida tenía registrada la deuda del accionante en realidad resultaba apócrifa". No se encuentra eficazmente rebatida en autos la autenticidad de las cartas-documentos enviadas por el accionante a la quejosa en los meses de setiembre y octubre de 1997, en las cuales se pone expresamente de manifiesto que "en modo alguno soy deudor de la firma", atento la circunstancia indicada en el párrafo precedente. Sobre esta base, el cumplimiento del objeto de la presente demanda que la accionada efectuó con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el art. 8, ley 16.986, pero más de 9 años después del desistimiento de la acción y más de 4 años después de haber recibido las cartas-documento, resulta inocuo para liberarla de las costas devengadas en este proceso, iniciado ciertamente como consecuencia de su negligente accionar.
Recusación con causa, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Reich de Rosemberg, Anita c/ Zbar de Reich, Berta y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-21

Si la exteriorización de la causal de recusación esgrimida por los apelantes se ha corroborado, ello justifica atender sus agravios, como medio adecuado para respetar las reglas del debido proceso y la garantía que corresponde a los justiciables acerca de las condiciones de los magistrados que deben intervenir en la causa y resolver sobre derechos amparados por garantías constitucionales.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Picone, Lucía M. c/ Lucero, Benicio A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

No posee influencia en el fuero civil el sobreseimiento en sede penal, pues no constituye un impedimento para juzgar la responsabilidad civil. Una cosa es que se haya juzgado que no resulta debidamente justificada la responsabilidad criminal, y otra muy distinta la relacionada con la condenación en juicio civil al pago de los daños y perjuicios apreciados desde éste vértice (arts.

1103 Código Civil).
Costas, presentación extemporánea, incidentes, traba del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutierrez Alfrredo Clemente c/ Kuchumpos Atanasio Y Otro s/ Ejecutivo Por Cobro De Cheques Letras O Pagarés - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-11-06

Las costas por la presentación tardía deben ser soportadas por el incidentista atento a que el desgaste jurisdiccional ocasionado, y el avance en la ejecución del bien que se pretende inembargable, tuvo su génesis en la desidia y en la conducta poco diligente desplegada por el interesado, quien -enterado de la cautelar y del secuestro del rodado- no cuestionó tales medidas, permitiendo que el procedimiento siguiera su curso, generando un dispendio inútil. La decisión de costas no violenta el principio objetivo de la derrota en juicio. La imposición de costas por aplicación analógica del Art. 436, Cód. Procesal Civil y Comercia, alude sólo a los gastos que se generaron por su presentación tardía. No a las costas devengadas con motivo del recurso de apelación. Así, la aplicación analógica del Art. 436, Ib. ha importado hacer responsable al embargado apelante de las costas devengadas en la tramitación tardía del incidente de desembargo. Las costas que fueron impuestas al demandado no importan auspiciar que él deba cargar con las costas de la apelación (ni mucho menos, con las que se decidan en la resolución que defina la incidencia de inembargabilidad), sino que serán a su cargo los gastos generados a raíz de la demora en el planteo desde que se conoció de la traba del embargo.
Suspensión del juicio a prueba, notificación
Materia: PENAL
Carátula: Pascualín, Alfredo D. s/ Lesiones culposas múltiples-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-28

La resolución denegatoria de la suspensión del juicio a prueba no tiene prevista en la ley una expresa exigencia de notificación a la parte, y si el pedido de la suspensión del juicio a prueba fue solicitado exclusivamente por la defensa técnica es suficiente la notificación al defensor en los términos del artículo 150, primera parte del Código Procesal Penal.
Sentencia arbitraria, jubilación ordinaria, denegatoria del beneficio, edad mínima para jubilarse, trabajo insalubre
Materia: PROCESAL
Carátula: D'Onofrio Vicente c/ ANSeS s/ dependientes: otras prestaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-09

Es arbitraria la sentencia que rechazó el pedido de jubilación ordinaria en razón de que el actor no cumplía con el requisito de la edad requerida por el art. 156 de la ley 24.241, sin advertir que éste había desempeñado tareas insalubres durante más de 10 años, por lo que al no efectuar el cálculo de disminución de la edad a que se refiere el art. 32 de la ley 18.037 T.O. 1976, ni examinar a la luz de ese nuevo cómputo la aplicación del art. 43 del mismo texto legal, llegó a una conclusión errónea que impidió al solicitante acceder al beneficio.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, adopción, adopción por el cónyuge
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: MARIA COLLADO. s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO EXTRAORDINARIO - ADOPCION - MINISTERIO DE  MENORES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la adopción plena solicitada por el cónyuge en segundas nupcias de la madre de sangre de la menor, en tanto en ella no se considera un elemento -la solicitud de un régimen de visitas por los abuelos paternos- que si bien fue conocido con posterioridad a su dictado, podría tener relevancia a los fines de la adecuada solución del caso.
Tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: Grasso, Rubén Darío s/ procesamiento. Ibarrola, Darío Héctor s/ procesamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-12|2009-03-12

Corresponde confirmar el procesamiento apelado puesto que en este caso no puede considerarse comprobado que el estupefaciente incautado estaba destinado a una actividad de consumo estrictamente privada e individual, motivo por el cual no se puede afirmar que el hecho sea atípico frente a la figura descripta en el art 14°, segundo párrafo de la ley 23.737. (Del voto de los Dres. Cattani e Irurzun - Sumario confeccionado por el SAIJ)
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, daño por vicio o riesgo de la cosa, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: IZAGUIRRE, Juan Domingo c/ MASTELLONE HERMANOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-30

1- La diferenciación entre los daños que se producen con las cosas o por su riesgo o vicio, de los originados "a propósito de las cosas", a partir de la actividad que el hombre cumple para utilizarlas, importa introducir una distinción que excede los límites de una interpretación razonable del art. 1113 del Código Civil, desnaturalizando su significado.

2- No existe un riesgo específico y un riego genérico que presentarían "a priori" algunas cosas y que permitiría calificarlas de "normalmente riesgosa". Por el contrario, en cada oportunidad el juez debe apreciar si la cosa, por cualquier circunstancia del caso, genera un riesgo en el que pueda ser comprendido el daño sufrido por la víctima. Esto es, una cosa puede ser riesgosa cuando por sus propias cualidades, por el destino brindado, o por su estado de presentación, conformación o colocación, generados de eventualidad, contingencia o proximidad de un daño. Indudablemente, si se trata del traslado de bolsas, que por su peso, exigen un esfuerzo para su desplazamiento, los daños que ello genere deben ser imputados al riesgo de éstas.
Libros de comercio, valor probatorio, prueba documental
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez Arevalo, Viviana Elizabeth c/ Zotes, Juan Manuel s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Los asientos contables, para servir de prueba en favor de quien los hizo, deben hallarse respaldados con la documentación pertinente (conf. CNCom, Sala B in re "Banco Español del Río de la Plata c/ Prati - Vázquez Iglesias SA s/ ordinario" del 29/04/87; entre otros).
Recurso de casación, denuncia, suspensión del trabajador, pago de la remuneración, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Avellaneda, David Edgardo c/ Paya, Ernesto Carlos s/ Beneficios Laborales - s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-23

La suspensión preventiva, en los términos del artículo 224 de la L.C.T., requiere una denuncia penal efectuada por el empleador, por terceros ó de oficio, por la comisión de delitos lo suficientemente graves y con la virtualidad necesaria como para afectar la continuidad del contrato de trabajo, caso contrario no habría razones para suspender preventivamente al trabajador, de allí es que, en el caso, objetivamente el despido del actor por la falta de confianza deriva de su actuación en los hechos que tiene relación con la causa penal, lo cual de manera preliminar me permite afirmar que la suspensión en manera alguna tuvo vicios de arbitrariedad, pues conforme surge de los antecedentes, en el fuero penal se extinguió la causa y se ordenó el sobreseimiento del Sr. Avellaneda, por el vencimiento de los plazos de investigación y no porque el hecho no hubiera existido o el mismo no fuera el autor en ninguno de los grados de participación penal. Al respecto cabe distinguir si la liberación de responsabilidad del trabajador en sede penal proviene de la prescripción de la acción por el mero transcurso del tiempo, o media absolución o sobreseimiento del trabajador, y sólo en éste último caso corresponde el pago de los salarios caídos, por lo cual sin perjuicio de la actividad desarrollada por el empleador en el proceso, no corresponde en este caso, condenarlo al pago de los haberes caídos durante la suspensión preventiva, cuando procedió en uso de sus facultades de dirección y no se probó que su conducta fuere irracional, culposa, negligente, dolosa (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 10/9/2.002: Teves Néstor Oscar c/ Entel Residual y Otros s/ Despido; CNAT Sala V Sent. 55.661 del 27/12/96 Silva Saturnino c/ Entel s/Despido).- Vale decir que si la acción concluye por prescripción, no puede sostenerse a priori que ha habido una conducta abusiva o indebida por parte del empleador, ya que no cabe atribuir al transcurso del tiempo el mismo efecto moral que tendría un sobreseimiento expreso y definitivo que se traduzca en la inexistencia del hecho o en la no participación en ningún grado.- Del voto del Dr. Figueroa Vicario (por la mayoría)