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Suspensión del juicio a prueba, recursos, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Provincia del Chubut s/ Queja por Recurso denegado en autos: Pcia. del  Chubut c/ E. , D. A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-28

Para el caso de recurso del Ministerio Público Fiscal la materia recursiva debe juzgarse con estrictez; es decir, ajustado enteramente a la necesidad o a la ley y no admite interpretación.

La decisión de los jueces de otorgar a los imputados la suspensión del juicio a prueba, no fue considerada por el legislador como una resolución refutable, y les quitó a los intervinientes en el proceso tal facultad, al omitir incluirla como un fallo impugnable.
Recurso de revisión (procesal), cuenta corriente bancaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NACEACHIAN Y VAZQUEZ S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-05

No es presupuesto ineludible para la ejecutabilidad del título que se establezca un saldo definitivo en ocasión de la clausura de la cuenta. Puede suceder que encontrándose impagas obligaciones asumidas por el deudor, el banco suspenda la cuenta y en base al saldo existente a ese momento, ejecute la deuda, sin perjuicio que, luego se continúe la operatoria de dicha cuenta con los nuevos ingresos que se registren en la misma. Si existieren esos ingresos (acreditaciones) posteriores a la expedición de la constancia del art. 793 C. de Com. el banco puede imputarlos al saldo, debiendo comunicar tal situación al juzgado interviniente, mediante una moderación del monto de su pretensión ejecutiva, o deducción del mismo de la planilla de liquidación. Cabe destacar la conveniencia de mantener abierta la cuenta corriente bancaria, ya que si con posterioridad a la expedición del certificado de saldo del deudor ingresaran valores pendientes a favor del banco (débitos) este puede expedir un nuevo certificado, el que gozar de la va ejecutiva, caso contrario, clausurada la cuenta, y presentándose tal situación, debería perseguirse judicialmente el saldo por la vía ordinaria.
Daños y perjuicios, rechazo de la demanda, carga de la prueba, elaboración de productos alimenticios, comercialización de alimentos
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Altamirano, Roger Alejandro y otro c/ Semed Servicios Médicos SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-24

Cabe rechazar la demanda de daños y perjuicios, en el marco de una relación comercial entre las partes, regida por una Carta Oferta de servicio de producción de panes dulces, en la cual se produjo una contaminación en los productos por la presencia de hongos. Es que la carga de la prueba es una circunstancia de riesgo según la cual quien no prueba los hechos que invoca pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis; es una noción procesal que contiene la regla del juicio por la cual se le indica al juez cómo debe fallar, cuando se encuentran en el proceso pruebas que le dan certeza sobre los hechos en los que debe fundamentar su decisión e, indirectamente, establece a cuál de las partes le interesa acreditar esos mismos hechos para evitarse consecuencias desfavorables (CNCom, Sala D, in re, "Liberman, Alejandro Marcelo c/ Bavarian Motors SA", del 1/11/16; "Altamirano Sergio Iván c/ Ford Argentina SCA y otro", del 5/6/18). (En el caso, si bien no está cuestionada la existencia de hongos en los panes dulces, no se logró acreditar la responsabilidad endilgada a demandada pues no fue determinado el motivo del desarrollo fúngico, ni el momento en que ello comenzó).
Estado Provincial, bingo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DEL PICCOLO, HECTOR JOSE c/ ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JORGE s/ DEMANDA ORDINARIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   673-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-13

Es incontrastable el paralelismo existente entre lo concerniente a la habilitación de las loterías y rifas y lo referente a los "bingos", respecto de los cuales se dejó a salvo que el ejercicio de potestades administrativas implica un cúmulo de valoraciones que, en rigor, tienden nada menos que a permitir aquello que por principio el ordenamiento jurídico prohíbe.
Honorarios, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Cerini Abelardo Gabriel y otros c/ Pierola Verónica Lorena s/ ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-03-08

Es improcedente la pretensión de la actora de que se adicione a la suma regulada en carácter de honorarios interés alguno por el período transcurrido entre el dictado de la sentencia regulatoria de primera instancia y la resolución de la alzada.
Violencia de género, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: R., C. E. c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 63.006 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-29

La reacción de las víctimas de violencia de género no puede ser medida con los estándares utilizados para la legítima defensa en otro tipo de casos, en tanto la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben permear en el razonamiento judicial. Asimismo, el requisito legal de la necesidad y la proporcionalidad del medio empleado para defenderse, debe ser evaluado desde la perspectiva de género, considerando también la continuidad de la violencia, dado que la aparente desproporción entre la agresión y respuesta puede obedecer al miedo de la mujer a las consecuencias por una defensa ineficaz. (Del dictamen de la Procuración General, al que adhirió la mayoría de la Corte)
Acción de amparo, plazos procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vázquez, Néstor Walter y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo Uslenghi, Eduardo Pedro y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-18|1999-06-18

De entenderse aplicable el plazo de caducidad, sólo puede comenzar a correr a partir del momento que cesó de producirse la omisión o concluyó de cometerse la transgresión, habida cuenta de carácter único y de ejecución continua que presenta la conducta estatal.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia de la Corte Suprema, pronunciamiento inoficioso, gravamen actual, falta de agravio concreto, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiat Auto Argentina SA TF 21.514-I c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-17

Si lo demandado carece de objeto actual la decisión de la Corte es inoficiosa; ello es así, puesto que la desaparición de los requisitos jurisdiccionales que habilitan su actuación importa la de poder juzgar.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, Carlos Alberto y otros c/ Alpesca S.A. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Declarada la prescripción de la acción penal no existe posibilidad de decisiones contradictorias con lo que se resuelva en sede laboral porque como no medió sentencia en el fuero criminal, no se configura cosa juzgada a su respecto.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, inconstitucionalidad, seguros, Superintendencia de Seguros de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Superintendencia de Seguros de la Nación s/ infracción tarifaria de Sud América Terrestre y Marítima.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Procede el recurso extraordinario cuando se ha puesto en tela de juicio el alcance de los arts. 23 y 26 de la ley 20.091 y planteado la inconstitucionalidad de las resoluciones generales de Superintendencia de Seguros que fijan tarifas mínimas y uniformes de primas y, subsidiariamente, la invalidez del art. 26 de la ley citada.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PARADELO, CARLOS ALBERTO c/ ALDERETE CRISTIAN LAUREANO Y OTRA s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-18

Todo derecho nace, se transforma o se extingue como consecuencia de un hecho. De aquí que la primera función del juez en el proceso sea la investigación de los hechos, para luego, en la sentencia, deducir el derecho que surja de ellos. El juez conoce el derecho y nada importa que las partes omitan mencionarlo o incurran en errores con respecto a la ley aplicable, porque a él le corresponde establecer su verdadera calificación jurídica en virtud del principio "iura novit curia"; pero no ocurre lo mismo con los hechos, que solo puede conocerlos a través de las afirmaciones de las partes y de la prueba que ellas produzcan para acreditarlos.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, Fuerzas Armadas, rebelión, justicia militar
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Acosta, Carlos s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Constituye cuestión federal la determinación del alcance de la competencia de los jueces del Poder Judicial de la Nación para conocer de los delitos que afectan las instituciones de la República y el alcance de las facultades de los tribunales militares para conocer de modo originario respecto de las infracciones específicamente militares, en tanto éstas afectan la existencia de la institución militar.
Doctrina de la arbitrariedad, competencia de la Corte Suprema, debido proceso, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: R., A. M. c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía - Ley 23178 - Art. 47
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-29

Cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un tribunal de tercera instancia ordinaria, sino que procura cubrir casos de carácter excepcional, en los que groseras deficiencias lógicas del razonamiento, o una total ausencia de fundamento normativo, no permitan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios, como una sentencia fundada en ley, con directa lesión a la garantía del debido proceso y, por ello, sólo resulta aplicable respecto de decisiones en las que se hubiera prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia suscitada de conformidad con las normas aplicables y las circunstancias comprobadas en la causa.
Extinción del contrato de trabajo, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ARGUELLO DE DELFINO LUCIA ESTHER c/ MARCOS FRYMER Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-09

La doctrina judicial tiene dicho que para que se configure la extinción del contrato de trabajo por la causal de "abandono", se requiere no sólo la ausencia del trabajador (elemento objetivo) sino también la voluntad de éste, de no reintegrarse a sus tareas (elemento subjetivo) (Cfr. Dominguez Pascual c/ Raúl Piechbstainer, Sent. 114 del 12/9/90, Cra. 4ta. del Trabajo).

En autos, con los telegramas remitidos por los accionados se acreditó el elemento objetivo, pero no el subjetivo. La conducta observada por la actora (quien fue la primera en iniciar la cadena de telegramas que intercambiaron las partes), en modo alguno puede asimilarse a la de quien no tiene voluntad de trabajar.-
Intervención de terceros, reconvención, partes del proceso
Materia: COMERCIAL
Carátula: BERRETA, EDUARDO c/ AUTOMOVILES SAAVEDRA  S.A.C.I.F. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

Cualquiera sea la postura que se adopte en lo que atañe a la condición o no de "partes" que pueden asumir quienes han sido obligados a comparecer en los términos del CPR 98, al haber reconvenido, los terceros así citados se han hecho parte en el litigio.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Román SAC. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia). s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

Las sentencias y demás actos judiciales - en la medida en que no importen un error inexcusable o dolo en la prestación del servicio de justicia - no pueden generar responsabilidad alguna, ya que no se trata de actividades para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en particular.
Protección de la flora y fauna silvestre, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Carlos Omar s/ Infracción art. 25, ley 22.421
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

La ley 23.077 derogó y ratificó otras normas similares a la ley 22.421, a la que no se refiere expresa ni implícitamente. De modo que es lógica y jurídicamente imposible extraer la conclusión de que así la ratificó, mediante el silencio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, interés público, procesado, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Agosti, Orlando Ramón s/ incidente de excarcelación-causa N 20.129.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-11

La idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro
Declaración indagatoria, nulidad procesal, exhibición de objetos secuestrados
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: COLOMBO, MARIA LUISA Y OTROS s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-30

La falta de exhibición de los instrumentos y otros objetos relacionados con el delito a que refiere el art. 241 inc. 6 del C.P M.P. carece de entidad suficiente para provocar la nulidad de la declaración indagatoria toda vez que el art. 607 sólo impone esa sanción cuando se omite exhibir el documento cuya adulteración se investiga.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, regulación de honorarios, escala arancelaria, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Soto, Delfín c/ Cosentino, Calógero y otro s/ art. 1113 del C.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que al regular los honorarios consideró que, si se aplicaban las normas de aranceles, resultarían emolumentos desproporcionados con la índole de la cuestión debatida, pero no dio razones concretas, con apoyo en las constancias del expediente, para fundamentar por qué consideró elevado el importe de la condena.
Extinción por mutuo acuerdo, acuerdo económico por renuncia
Materia: LABORAL
Carátula: Orset, Guillermo c/ Nuevo Banco Bisel S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

El acta notarial de despido firmada por las partes mediante la cual se desvinculan trabajador y empleador, que no contiene cifras indemnizatorias sino rubros, y con la aclaración de que una vez percibidos éstos no se tendría nada más que reclamar, pero sin especificación acerca de la forma en que serán calculados, deja abierto el tema a discusión respecto a que si la liquidación practicada por la empleadora lo ha sido conforme a derecho o no. Toq. 1191.
Ejecución hipotecaria, emergencia económica, reordenamiento del sistema financiero, pesificación, aplicación temporal de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: CORDERO, Carmen Tomasa c/ MOLINA, Eduardo Daniel y otros s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-02

Si se tiene en cuenta que el derecho a cobrar la cantidad de moneda extranjera convenida ha sido adquirido por el acreedor con anterioridad a la declaración de emergencia económica mediante una sentencia firme que lo ha reconocido, no puede frustrarse tal prerrogativa por la aplicación de lo establecido en una sentencia dictada con posterioridad sujeta a una legislación que no se encontraba vigente al dictar la que obra en autos por cuanto ello significaría lisa y llanamente aplicar retroactivamente la ley que rige para tal proceso, lo cual no resulta procedente a la luz de lo establecido en el art. 3 del ordenamiento de fondo. Ese es el criterio que establece la ley 25.820 que rige desde el 5/12/03, en cuanto establece en su art. 3 al sustituir el texto del art. 11 de la ley 25.561, que sus disposiciones en la materia que nos ocupa no modifican las situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados y/o sentencias judiciales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, fundamentos insuficientes, sociedad de hecho, condominio, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: A., D. A. c/ A., P. M. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

La recurrente manifiesta que el Tribunal a quo soslayó la circunstancia de que las cuentas bancarias eran de titularidad conjunta, por lo que a su parte debió reconocérsele una indemnización proporcional; sin embargo, como bien apunta la Sala en el auto denegatorio, la pretensión articulada en la demanda no estuvo encaminada a ello, sino a demostrar la existencia de una sociedad entre los concubinos, y en su caso, obtener la disolución de la misma, y la presunción simple emergente de la norma citada por la recurrente alude a la distribución de las partes entre los condóminos en caso de duda, pero no releva de la prueba respecto a la contribución en la formación de los saldos respectivos sobre lo cual ninguna prueba ha acercado la reclamante; y este argumento no logra ser rebatido en la queja, escrito en el cual la interesada básicamente reitera las afirmaciones ya vertidas en instancias anteriores. (De la disidencia de los Dres. Erbetta, Falistocco y Netri). - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 2708
Competencia de menores, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., C. A. y otros s/ Pedido de designación de guardadores e internación en Chascomús F., M. M.. S., M. S. s/ Internación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10|1995-10-17

El art. 50 del dec. ley 10067 contiene una clara medida de protección. Atento la trascendencia que a la decisión sobre el destino del menor se otorga, se exige -bajo pena de nulidad- que quien vaya a resolver sobre él lo conozca, no importa cuáles fueran las circunstancias que demandaran la intervención judicial, ni importa tampoco la edad: la ley no distingue. Esta exigencia que rige para el Juez de Menores, se extiende a segunda instancia de modo expreso. La representación que el Asesor de Incapaces ejerce, como parte esencial en este procedimiento, no suple ni, por ende, subsana la omisión del contacto personal.
Recurso de inconstitucionalidad, plazo, presentación extemporánea, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ, VICTOR DANIEL c/ EXPERTA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-09

En el nuevo examen de los requisitos formales dispuesto por el artículo 8 de la ley 7055, se advierte que se halla incumplida la carga de temporaneidad del recurso de inconstitucionalidad contemplada en la norma citada, desde que la recurrente presentó el recurso de inconstitucionalidad a los trece días hábiles de haber sido notificada de la sentencia de Cámara; y frente a ello, no quedan dudas de que dicho remedio ha sido deducido extemporáneamente, puesto que entre ambas fechas transcurrió un término superior al previsto legalmente de conformidad a lo establecido por el artículo 8 de la normativa referida. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Barey, Fabio Ricardo y otros c/  s/ lavado de activos de origen ilícito y encubrimiento y sus acumulados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2021-12-10

El delito exige como elemento normativo propio la acreditación de un nexo entre el objeto del blanqueo ilegal y un delito previo. Ahora bien, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria admiten que no es necesario que el delito previo resulte acreditado por sentencia judicial firme, bastando que se haya demostrado su existencia en torno a la tipicidad y antijuricidad en la causa donde se ventila su presunta comisión.
Alimentos, obligación alimentaria, personas con discapacidad, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: G., M.C. c/ G.G., R.M. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-15

1- Los parientes por consanguinidad se deben alimentos correspondiendo en primer término a los ascendientes y descendientes, quedando preferentemente obligados los más próximos en grado y a igualdad de grados los que estén en mejores condiciones de proporcionarlos.

2- Si bien la mayoría de edad de los hijos hace cesar de pleno derecho la obligación alimentaria que pesa sobre los padres, tal principio no es absoluto y admite excepciones, como cuando se acredita que aún con la mayoría adquirida, el hijo sigue requiriendo del apoyo económico de sus progenitores dentro de sus posibilidades y por motivos justificados. De tal manea, para justificar la legitimación del hijo mayor de edad que solicita alimentos es requisito que demuestre la falta de medios propios y la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo, sea cual fuera la causa que lo hubiere reducido a tal estado de necesidad. Esta asistencia económica es concebida para quien se encuentra en algún impedimento de magnitud tal que no le permita afrontar las necesidades de la vida y no una mera imposibilidad genérica.

3- En consecuencia, la hija mayor de edad que acredita que debido a su capacidad no plena se encuentra imposibilitada de llevar una vida independiente tiene legitimación para accionar y es su progenitor quien debe asumir el deber de asistencia fundado en el principio de solidaridad familiar. Ello sin perjuicio de propiciar la conveniencia de una natural relación paterno-filial basada en la solidaridad, asistencia y colaboración.
Recurso de inaplicabilidad de ley, prescripción, plazo, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Villalba, Albino Nicolás s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-04-05

Cuando de la lectura del recurso, surge que los agravios se centran en la interpretación que los Jueces hacen del instituto de la prescripción; esto es, principio y fin de los plazos, sean de suspensión, sean de interrupción; validez interruptiva de ciertos actos, judiciales, administrativos o extrajudiciales, etc..además del reproche referido a que la sentencia no contempló varios argumentos dados sobre el tema al contestarse los agravios contra el fallo de Primera Instancia, y por último, por la eventual inaplicación del art. 3.980 del Código Civil. Surge de los términos del recurso, que las cuestiones controvertidas son efectivamente de aquellas denominadas de hecho, de prueba y de derecho común, ajenas a la casación, salvo, absurdo o arbitrariedad.
Contrato de trabajo, choferes, fletero
Materia: LABORAL
Carátula: CARROZA, ALBERTO c/ NOEL Y CIA.  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-08

La concepción del fletero como trabajador y no como empresario supone un quehacer personal infungible prestado para la empresa de otro quien se beneficia con el fruto de su trabajo mediante una remuneración. Esta labor ha sido considerada contractual laboral sin que interese que el fletero sea propietario del camión, si dicha circunstancia no está acompañada por otros elementos propios del contrato de transporte y por ende de la existencia de una empresa paralela a la de la principal. En este sentido, lo que realmente importa para calificar la condición jurídica del fletero es que éste sea libre de reemplazar al conductor o no, y que se encuentre inserto o no en la empresa ajena.