Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: LÓPEZ, Valeria c/ RODRÍGUEZ, Martín Domingo s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-21

Para decidir la apelación es preciso tener en cuenta que: a) el inmueble en cuestión se trata de un bien propio del apelante conforme surge de cédula parcelaria; b) en el juicio de divorcio vincular que se tramitó y que tengo a la vista las partes dejaron expresamente establecido en la presentación que la casa que fuera adquirida por el matrimonio será inscripta en condominio y en partes iguales para los cónyuges con la intervención de un escribano público; c) impuesto de la traba de la medida, el apelante no la apeló, limitándose tan solo a decir en su contestación de demanda que por haberse abusado en el derecho debe condenarse a la actora a pagar los daños y perjuicios.

Ello sentado, es innegable que mantiene vigencia la necesidad del resguardo cautelar otorgado a favor de la actora en tanto le asiste un serio derecho respecto del inmueble dado que expresamente reconoció el apelante su decisión de establecer un condominio sobre el mismo.

Es dable reparar que la verosimilitud del derecho plantea una cuestión de hecho y una vez demostrado el interés del peticionante, la adopción de la cautelar persigue asegurar la eficacia de la sentencia e impedir que se tornen ilusorios los derechos de quien la ha gestionado.

Y la prueba de tal verosimilitud no debe ser acabada ya que el derecho invocado será materia y contenido del juicio de liquidación de sociedad.

Como lo expusiera este Tribunal en similares precedentes (CApel.CC. Salta, Sala III, Año 2004 f° 554/555; íd. íd. año 2004, f° 973; íd. íd. año 2006, f° 793/795), cabe recordar que el art. 1.295 del Código Civil faculta a solicitar las medidas cautelares necesarias para garantizar los derechos que eventualmente pudieren corresponderle al cónyuge hasta la liquidación de la sociedad conyugal.

En tal orden de ideas se dijo que las precautorias autorizadas por dicho dispositivo tienden a proteger la integridad del patrimonio de la sociedad conyugal a los fines de su liquidación y son más severas y fulminantes que las acordadas en otro tipo de relación patrimonial (CNCiv., Sala A, en LL, 1990-B, 182, con nota de Juan Carlos Vera Ocampo; CApel.CC. Salta, Sala III, año 2007, f° 19 in re Lazarte vs. Lamas).

El objeto de las medidas precautorias en los juicios de divorcio, se sostuvo en otros pronunciamientos, es el de salvaguardar la integridad del patrimonio correspondiente al cónyuge que lo solicita al ejecutarse la liquidación de la extinta sociedad conyugal, y deben ser graduadas de tal manera que protejan suficientemente los derechos del cónyuge que las solicita, sin ir más allá de lo necesario (Cám. Nac. Civ., Sala G, en L.L.

1984, B-130).

Las medidas cautelares en juicio de divorcio tienen por objeto garantizar la integridad de la sociedad conyugal, evitando que una administración inescrupulosa o fraudulenta la dilapide. Su extensión debe estar condicionada a tal finalidad, sin poder convertírselas en un medio de persecución ni implicar una extorsión, imposibilitando el desenvolvimiento de los negocios del cónyuge accionado (CApel.CC. San Isidro, Sala II en D.J. -1991-I-42).

Y en cuanto a la extensión temporal de su vigencia, se dijo que las medidas dispuestas en los procesos de divorcio deben mantenerse hasta que la liquidación de la sociedad conyugal se produzca, excepto prueba de la injusticia de su conservación y demostración de que no han de sufrir perjuicio alguno por el levantamiento los derechos del peticionario.

Y como se adoptan en virtud del artículo 1.295 del Código Civil (cotejar art. 233 del Código, según Ley 23.515), sólo se trata de asegurar un derecho en expectativa, es decir, el derecho de la parte peticionante en la liquidación de la sociedad que, como procedimiento complejo, incluye entre otros actos posteriores a la disolución sobrevenida con la sentencia de divorcio, la dilucidación, en su caso, de toda controversia relativa a la determinación de qué bienes tienen carácter propio y cuáles son, en cambio, de condición ganancial (Cám.Nac. Civ., Sala D, 1986-A-241).