Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-13


Expte. 8595, Reg. 72 (S) del 13/10/2011.

En la ciudad de Necochea, a los 13 días del mes de octubre de dos mil once, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "S.A.D.A.I.C. c/González, Haydee s/Cobro Sumario de Sumas dinero", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. l68 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señores Jueces Doctores Humberto Armando Garate, Oscar Alfredo Capalbo y Fabián Marcelo Loiza, encontrándose de licencia el Dr. Capalbo.

El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S	1a. ¿Es justa la sentencia de fs. 162/164vta.?.

2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde?.	A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GARATE DIJO:

I.- Antecedentes.

A fs. 162/164vta. el Sr. Juez de grado dicta sentencia "1) haciendo lugar a la demanda instaurada por S.A.D.A.I.C. Asociación Civil, Cultural y Mutualista contra Haydee González sobre cobro de pesos; 2) condenando a ésta última al pago de la suma de pesos cinco mil doscientos ochenta ($ 5.280.), con más los intereses calculados a tasa pasiva del Banco de la Prov. de Buenos Aires desde la fecha de mora hasta su efectivo pago; 3) condenando en costas a la parte demandada vencida (art. 68 CPCC) y 4) Difiriendo la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno"	Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso de apelación (fs. 166), obrando sus agravios a fs.173/179.

II.- Agravios.

Se queja el presentante, ante la procedencia de la demanda considerando equivocada la interpretación practicada. Alega que el actor no ha dado cumplimiento con los trámites exigidos por la legislación, ".quebrantando de ese modo los requerimientos legales a su cargo para la conformación de su detalle de deuda". Sobre ese razonamiento, sostiene que se hizo lugar a la demanda "el supuesto detalle de deuda por utilización del repertorio de SADAIC sin haber dado cumplimiento la actora con las disposiciones legales que le exigen una planilla con detalle de las obras utilizadas".	Puntualiza que la sentencia ha omitido la inexistencia de dichas planillas de ejecución; aseverando que "ese requisito hace a la esencia de los derechos que SADAIC pretende y resguarda" agregando que tal incumplimiento invalidan jurídicamente todas las consideraciones del a-quo. Ello, según la óptica del recurrente, impide determinar si tales obras se encuentran o no efectivamente amparadas por la legislación vigente además de imposibilitar la justa retribución de las regalías a los verdaderos destinatarios.

El segundo agravio se dirige contra la conclusión del a-quo, quien considera acreditada la difusión de fonogramas musicales por parte de la demandada. Indica que, ante la ausencia de detalles de las obras reproducidas, el instrumento público carece de valor probatorio agregando -mas tarde- que la demandada ha desconocido las afirmaciones insertas en aquél.

El tercer motivo de queja gira en torno a la actividad probatoria; contrapone a la conclusión del a-quo, relativa a la inexistencia de prueba de la accionada, denunciando la ausencia de acreditación de la vinculación jurídica existente entre la actora y las Sociedades extranjeras de protección y representación de los derechos de autor, recalcando la ausencia de confección de planillas que describen el repertorio utilizado.

Seguidamente, transcribe el Decreto Ley 5146/69, normativa que describe la autoridad de fiscalización de tales planillas así como su función y facultades.

En la cuarta queja, el presentante aduce que no han sido convalidados los aranceles fijados por SADAIC, ello por cuando no ha sido demostrado el uso de repertorio musical u obra alguna.

Por último, en su quinto agravio critica la imposición de costas pues, a su entender, los déficit apuntados impedirían el progreso de la demanda debiéndose rechazar con imposición de costas. Formula asimismo, reserva del caso federal.

III.- Decisión.

El recurso debe rechazarse.

A. Inicialmente, conviene recordar que el artículo 56 de la ley 11.723 reconoce el derecho de los intérpretes a exigir una retribución por las interpretaciones difundidas o retransmitidas mediante la radiotelefonía, la televisión, o bien grabadas o impresas sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra sustancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual. El concepto de ejecución pública alcanza a la transmisión radiotelefónica, exhibición cinematográfica, televisión o cualquier otro proceso de reproducción mecánica de una obra literaria o artística (v. arts. 36 y 50 ley nº 11.723).

A su vez, el reglamento respectivo caracteriza como 'representación pública' a la que se efectúa -cualquiera sean sus fines- en todo lugar que no sea un 'domicilio exclusivamente familiar' y, aún tratándose de éste, le otorga tal carácter a las representaciones o ejecuciones proyectadas o propaladas al exterior; lo que comprende -precisamente- aquellas que se realicen por medios mecánicos como discos, films sonoros, transmisiones radiotelefónicas y su retransmisión o difusión por altavoces (v. art. 33, dec. Nº 41.233/34). Complementando lo explicitado, la reglamentación establece que, sin perjuicio de los derechos que acuerdan las normas a los autores de la letra, compositores de la música y a intérpretes, principales y secundarios, los productores de fonogramas o sus derechohabientes tienen el derecho a percibir un estipendio de cualquier persona que -en forma ocasional o permanente- obtenga un beneficio directo o indirecto con el empleo público de una reproducción del fonograma, tales como: los organismos de radiodifusión, televisión o similares; bares, cinematógrafos; teatros; clubes sociales; centros recreativos, restaurantes; cabarets, y, en general, quien los comunique al público por cualquier medio directo o indirecto; excepción hecha de las utilizaciones ocasionales de carácter didáctico o conmemoraciones patrióticas, en establecimientos educacionales oficiales o habilitadas por el Estado (v. art. 35, dec. Nº 41.233/34).

En el contexto anteriormente descripto, entonces, con arreglo al cual habrán de considerarse públicas las comunicaciones no comprendidas en las exclusiones de 'uso doméstico, didáctico o conmemorativo', se inscribe la resolución SPD nº 100/89, dirigida a establecer, en detalle, los derechos retributivos que deberán pagar los usuarios por la utilización de discos u otras reproducciones fonográficas en ejecuciones públicas o difusión por cualquier otro medio (v. art. 1º).

De allí, que conforme a la Ley 17.648 art. 1° y específicamente su Dec. reglamentario 5146 art. 1°, SADAIC, tiene a su cargo la percepción de los derechos de autor emergentes de la utilización de obras musicales, agregándose que "las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que hayan de percibir esos derechos económicos para sí o para sus mandantes deberán actuar a través de SADAIC". Los arts. 2° y sigts. organizan los modos a través de los cuales SADAIC cumplirá con este cometido legalmente encomendado y asimismo le atribuyen facultadas para posibilitar su efectivización. A la normativa legal, que encomienda la percepción de los derechos de autor a SADAIC, se suman los convenios existentes a tal efecto, entre SADAIC y diversos países extranjeros (este tribunal, voto del Dr. Capalbo en expte. 872, reg. int. 22 (S) del 12/04/2011).

Por último, como pauta interpretativa, agrego "el carácter restrictivo con que ha de abordarse las exenciones al principio rector en la materia, dirigido a reconocer un estipendio equitativo a sus titulares, por el empleo de las obras y representaciones, con fundamento último en el derecho de propiedad", destacando asimismo las reglas generales relativas al domicilio y a la intimidad o privacidad que resulta inherente a la citada institución, normas específicas necesariamente prevalecientes sobre la cuestión en disputa, las que reducen las excepciones, en principio, básicamente a los usos domésticos, didácticos y conmemorativos, circunscriptos los primeros a los que se llevan adelante en domicilio exclusivamente familiares" (CSJN; "Aadi Capif ACR c/Ansede y Cía S.R.L. y ot. s/cobro de sumas de dinero", sent. 14-11-2006).

B. De esta introducción y adentrándonos en los agravios, se desprende el amplio abanico normativo puesto en juego en este tema, razón por la cual carece de sentido pretender que en la compleja, y seguramente muchas veces entorpecida, labor del ente encargado de recaudar los derechos de autores, se presente un detalle de las obras propaladas y de los autores particulares cuyas obras se propalaron (CNCiv., Sala F, in re "SADAIC c/Puig Major Discotheque", sent. de 8/8/91; L.L. 1991-E, 311).

Tal tesitura se apoya sobre un razonamiento de orden práctico pues, de otro modo, la simple negativa de la demandada impediría a SADAIC llevar adelante su tarea de verificación. Por ello, "resulta irracional pretender que el organismo recaudador tenga que llevar un control dentro del negocio del usuario, de lo que éste va explotando, porque ello importaría graves trastornos al mismo empresario, elevaría los costos y consiguientemente los aranceles" (conf. Villalba, Carlos A. "Facultades de las sociedades de autores", en La Ley 1991-E, 310).

Obsérvese, que el sistema legal avalado a través de la normativa es totalmente distinto; no es el que plantea la demandada, que resultaría impracticable pues incluso SADAIC no estaría en condiciones de precisar esos datos. Se trata simplemente de que constatada la propalación de música durante determinados períodos, y dada la negativa ante la intimación practicada (fs. 27) respecto de la cancelación de los derechos de autor, habilitan a SADAIC a reclamar su cobro, tal como lo ha hecho.

En autos, la notaria actuante al ingresar al comercio explotado por la demandada pudo ".comprobar el uso de repertorio músical mediante la modalidad música por parlantes." (ver testimonio notarial a fs. 24).

Es evidente entonces, que tal hecho ocurrió en presencia del oficial público motivo por el cual dicho instrumento público (art. 979, inc. 1 del C.C.) hace plena fe de aquellos, teniendo eficacia erga omnes incluso contra terceros (art. 994 del C.C.). Pues, "como efecto natural de su función y al actuar del oficial público dentro de su competencia, y observando las formalidades prescriptas, el documento lleva una verdad impuesta, una certeza o testimonio de autoridad" (conf. Belluscio-Zannoni, "Código civil y leyes complementarias.", t. 4, pág. 548, Edit. Astrea, año 1988). Tal calidad inexorablemente impone, para impugnar sus menciones, acudir a la querella o redargución de falsedad (art. 993 del C.C.).

Esa conducta es la que debió emprender la recurrente para restar eficacia al instrumento público adunado resultando, por consiguiente, inapropiada la queja -contenida en el segundo agravio- por el cual se pretende completar tal instrumento con el detalle de las obras musicales propaladas; pues éste requerimiento, además de ser en la mayoría de los casos de imposible realización, resulta a los efectos probatorios innecesario (art. 384 del CPCC).	Puntualizo además, que las relaciones internas, liquidaciones, cuentas, reclamos recíprocos que puedan existir entre SADAIC y las sociedades extranjeras que representan a los autores, e incluso éstos individualmente, forman parte de relaciones que son ajenas a la existente entre SADAIC, como representante de los compositores extranjeros o, más bien, de las sociedades que a éstos los agrupan, y la demandada en autos (conf. CC0101 LP 240813 RSD-175-3 S 29-5-2003).

Respecto al tercer agravio y en cuanto al argumento que agrega la demandada, acerca de que los autores cuyo derecho se protege deberían haber acreditado el registro de sus obras, "debe recordarse que mediante la ley 17.251 de 1967, nuestro país adhirió a la Convención de Berna, revisada en Berlín en 1908, a través de la cual se establece la protección automática de los derechos de autor, suprimiéndose la exigencia de formalidades, tales como el registro previo" (del voto del Dr. Bossert en CNCiv. Sala F, in re "SADAIC c/Puig Major Discotheque", sent. de 8/8/91; L.L. 1991-E, 311). Es que, si el derecho de SADAIC reposa en la mera difusión musical (el art. 1 Dec. 5146/69); ante tal presunción, si la demandada entendía que el repertorio no se hallaba entre aquellos tutelados por la entidad, debió producir prueba al respecto (art. 375 del CPCC).

El cuarto agravio también debe desecharse atento la delegación legislativa que asiste al actor para estipular los aranceles a que deben ajustarse los usuarios de los repertorios musicales al incurrir en la difusión y/o reproducción de fonogramas musicales (art. 3 incs. A y B del Dec. 5146/69; Ley 17.648 y art. 2º del Decreto Nº 645/2009 publicado B.O. 2/6/2009).

Asimismo, la confección de las planillas no es un requisito ineludible para ejercitar su derecho al cobro pues el decreto citado prevé la posibilidad de que tales planillas no existan (art. 37 inc. d del Dec. 5146, donde se regula incluso cómo debe distribuirse los derechos económicos autorales en tal hipótesis) tal situación permite inferir que la acción no se detiene por ausencia de planillas.	En síntesis, cabe confirmar la sentencia de 162/164vta., con costas a la demandada vencido (art. 68 CPCC).	Por todo lo expuesto a la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.

A la misma cuestión planteada el señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GARATE DIJO:

Corresponde confirmar la sentencia de fs. 162/164vta. (arts 384 del CPCC y 993, 994 del C.C.; Dec. 5146/69 y ley 17.648 y ley 11.723), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 8904). Con costas al demandado vencido (art. 68 CPCC).

ASI LO VOTO.

A la misma cuestión planteada el señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente	S E N T E N C I A Necochea, 16 de octubre de 2011.

VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la sentencia de fs. 162/164vta. (arts 384 del CPCC y 993, 994 del C.C.; Dec. 5146/69 y Ley 17.648 y ley 11.723), con costas al demandado vencido (art. 68 CPCC). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 8904). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 CPC). Devuélvase. (arts. 47/8 Ley 5827).

Dr. Fabián M. Loiza Dr. Humberto A. Garate Juez de Cámara Juez de Cámara Dra. Daniela M. Pierresteguy Secretaria