Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-05-04


SENT Nº 377	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de Mayo de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Sepúlveda Jorge Humberto vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 216/234 vta. plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 280 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III de fecha 24 de julio de 2006, obrante a fs. 210/213 de autos, que es concedido mediante resolución del referido Tribunal del 22-12-2006 (cfr. fs. 256), habiéndose dado cumplimiento con el traslado que prevé el artículo 816, in fine, del CPCC, norma ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del CPA.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte la de revisar si ha sido correctamente concedido el acto impugnativo extraordinario local, la primera cuestión a examinar es la relativa a su admisibilidad.

Ha sido interpuesto tempestivamente (cfr. fs. 214 y 234 vta.); el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; no corresponde realizar el depósito previsto en el artículo 817 del CPCC en razón de que el recurrente actúa con el beneficio de litigar sin gastos (cfr. fs. 205); el escrito de casación se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y aunque no se propone expresamente doctrina legal, la misma se infiere del contenido del recurso; y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por consiguiente, voto porque se declare admisible el presente recurso.

III.- Sostiene el recurrente que la sentencia atacada incurre en arbitrariedad al haberse fundado en simples conjeturas, prescindiendo de analizar aspectos esenciales, todo lo cual traduce una motivación sólo aparente, a lo que se suma la omisión de aplicar los artículos del Código Civil que cita y la aplicación incorrecta de otros.

En esta dirección aduce conculcación a las prescripciones a los artículos de la Ley N° 25.164 que transcribe, manifestando que cumplió con todos los requisitos allí previstos para adquirir el derecho a pasar a la planta permanente.

De manera desordenada y sin las debidas precisiones, transcribe indiscriminadamente numerosa jurisprudencia, en los términos de fs. 218/230 vta., sobre cuya base concluye que la contratación hecha por la municipalidad fue celebrada, interpretada y ejecutada de mala fe, en fraude a la ley, en contra del artículo 14 bis de la Constitución Nacional (estabilidad del empleado público), de lo dispuesto en la Ley N° 25.164 y lo prescripto por el Código Civil en los artículos 1071 a 1074.

En mérito a lo preceptuado en los artículos 16 de la Ley Fundamental y 24 del Pacto de San José de Costa Rica, afirma que la discriminación fue el principal, mas no el único, fundamento a fin que se ordenara su reincorporación a planta interina o permanente. Destaca que no obstante haber sido uno de los sujetos a los que se había distinguido con funciones de mayor responsabilidad, no fue de uno de los 90 -o sea todos los contratados- a los que se incorporó en planta.

Con relación a la aseveración que a partir de la fecha en que se firmó el acuerdo el actor no acreditó que hubiera procurado su designación sino, por el contrario, siguió suscribiendo contratos, arguye que ya había adquirido el derecho y no estaba en sus manos la resolución del tópico en examen.

Después de agraviarse de las consideraciones presupuestarias del fallo (cfr. fs. 232), expresa que tal vez fuera cierto que era facultad del Concejo Deliberante la creación de cargos o categorías presupuestarias o la asignación de un mayor monto de un crédito presupuestario mediante la respectiva ordenanza; sin embargo, dice, no le ha sido sometido al órgano jurisdiccional tal cuestión.

Por último, insiste en que se hizo prevalecer la Ordenanza N° 895/68 por sobre la Ley N° 25.164 y los artículos 14 bis y 16 de la Carta Magna, reivindicando su derecho a ser indemnizado en la forma reclamada en la demanda.

IV.1.- El acto jurisdiccional en crisis, haciéndose cargo del argumento central del actor esgrimido en la demanda, estimó que el compromiso que asumió la municipalidad en el artículo 3 del acuerdo suscrito por el entonces Intendente y el Sindicato (cfr. fs. 7) -luego ratificado por Decreto Nº 550/SG/97, del 13-3-1997 (cfr. fs. 6)-, fue el de contemplar, con relación a los contratados con más de 2 años de antigüedad a la fecha del presente convenio, su designación en la planta interina "en la medida que resultare oportuno". Adujo que de ello no se podía concluir que se hubiera obligado a disponer efectivamente tales nombramientos, sin que por otra parte se haya alegado ni acreditado que a partir de la fecha en que se firmó el referido convenio el actor procurara su designación sino que, por el contrario, siguió suscribiendo contratos con vigencia hasta el 28-10-1999, o sea más de dos años después (cfr. fs. 212). Asimismo, frente a la alegación de que la municipalidad había violado la igualdad ante la ley al ser el demandante el único contratado que no había sido incorporado a la planta interina (cfr. fs. 66 y 67), replicó que más allá de la designación de otros contratados con posterioridad a la firma del convenio, no se había desplegado una actividad ilegítima al no concretar su nombramiento ni ocasionado lesión a los derechos y garantías constitucionales invocadas, dado que la administración no había contraído obligación precisa y definida al respecto, resaltando que "(se usaron el término 'contemplar' y la frase 'en la medida en que resulte oportuno')" (cfr. fs. 212).	IV.2.- Dichas conclusiones, en mi criterio, no se ven alteradas por las consideraciones vertidas por el recurrente en su pretensión impugnativa.

En efecto; del escrito de demanda surge que el actor se limitó a reclamar sea designado en ".planta interna y/o permanente con la categoría y sueldo de mi último desempeño en esa institución la cual es encargado de la oficina de extensión social o función equivalente (equiparada a Dirección categoría A) con una remuneración de $ 1.600, más los daños y perjuicios más daño moral que me ocasionaron por no haberme designado tal cual lo solicito aquí." (cfr. fs. 65 y vta.), sin hacer la menor alusión en dicho escrito a la presunta existencia de mala fe, abuso de derecho, conducta fraudulenta lesiva a los artículos 1071 al 1074 del Código Civil por parte de la demandada en la celebración de los contratos de locación de servicios celebrados con el municipio, o que estos tradujeran un negocio realizado en fraude de la ley, todo lo cual recién ahora, extemporáneamente, se alega en la presentación recursiva. Mucho menos se solicitó allí se declarara judicialmente la nulidad de alguna cláusula del referido acuerdo; en este sentido, y como bien lo apunta la Sala a quo, lo deducido en la demanda fueron dos pretensiones: 1) se ordene a la municipalidad que lo designe en planta interina y/o permanente y; 2) se reconozca su derecho a percibir resarcimiento por daños y perjuicios (cfr. fs. 211 vta.); pretensiones éstas cuyo progreso procuró el demandante apoyándose en la cláusula 3 del acuerdo de marras, lo que fue desestimado fundadamente por la sentencia en recurso en los términos vistos precedente, sin que en el escrito recursivo nada se exprese en contra de la aseveración que no existía obligación alguna del ente autárquico de incorporar a planta al actor derivada del mencionado convenio, siendo por demás incontrastable que esta solución es la que se desprende expresamente del artículo 3, primera parte, de aquel texto.

Sin perjuicio de lo señalado, resulta significativa la doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme a la cual el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicios por un plazo aun superior al fijado para adquirir la estabilidad, no puede trastrocar, por sí, la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de la Administración, y que la aceptación de vinculaciones presididas por el régimen de la inestabilidad, incluso para cumplir tareas de carácter permanente, impide el reclamo de derechos emergentes de la estabilidad del empleo, con sustento en la conocida doctrina del sometimiento voluntario, sin reservas expresas, a un régimen jurídico determinado (cfr. Fallos: 310:195; 310:1390; 310:2927; 312:245; 312:1371, entre otros). En ese orden de ideas no debe olvidarse que Sepúlveda se encontraba vinculado al municipio por un contrato con plazo de finalización que se fue renovando periódicamente, y que en ese marco jurídico es que se le asignó las tareas de encargado de oficina; que ambas partes conocieron desde el principio la naturaleza temporaria de la relación que las vinculaba y así lo aceptaron, sin que de las constancias de autos se desprenda que durante su desarrollo el actor exteriorizara alguna objeción al respecto al punto que, como bien lo precisa la Cámara, no se acreditó que luego de la firma del convenio el actor haya procurado su designación sino que, por el contrario, prosiguió suscribiendo contratos con plazo de duración determinada hasta dos años después; y que explícitamente se había acordado que el contratado quedaba excluido de las disposiciones del Estatuto para el Personal Municipal, Ordenanza Nº 895/68, y que no tenía otros derechos que los reconocidos expresamente en el contrato.

Siendo ello así, entonces, y habiendo consistido la situación de revista del actor en la de personal contratado cuyo plazo de prestación de servicios se encontraba vencido al 29-10-1999, su situación no le confería derecho -mientras no mediara acto administrativo expreso emanado de autoridad competente- a exigirle al municipio la continuación del vínculo laboral en las condiciones anteriores. Atendiendo a esta circunstancia, resulta evidente que la presunta conculcación a la garantía de igualdad ante la ley no es tal por cuanto en ningún caso puede adquirir visos de ilegalidad violatoria de la igualdad ante la ley una conducta estatal por el sólo hecho de haber sido ejercida con relación a algunos y no con relación a otros que se encontrarían presuntamente en la misma situación, cuando no se ha demostrado en autos que exista obligación del municipio a designar en planta a todos los agentes contratados con más de dos años en tal condición, según fue puesto de manifiesto ut supra. Por lo tanto, cabe concluir que, en la especie, la designación en planta constituyó una facultad propia y excluyente de la administración, integrante de su zona de reserva, no resultando aceptable que nadie se sustituya a aquélla en la determinación de las políticas o en la valoración de los criterios de oportunidad que le han sido confiados.

Finalmente, la invocación de normas de la Ley N° Ley 25.164 carece de todo asidero, no sólo porque esta normativa alude a un régimen jurídico (Ley marco de regulación del empleo público nacional) manifiestamente extraño al municipio capitalino (que posee su propio estatuto), sino también por el hecho que la estabilidad no es un derecho del que legítimamente puede considerarse investido el actor, no bien se repara que el mismo es el derecho que corresponde al personal de planta permanente de conservar el cargo y nivel escalafonario alcanzado mientras dure su buena conducta y aptitud para desempañarlo y siempre que una causa legal no determine la extinción del vínculo, que no se compatibiliza con el desempeño del cargo en el carácter de contratado (como lo fue el accionante a lo largo de su vinculación con la demandada) o en forma transitoria o interina que por naturaleza son precarios.

De lo que antecede concluyo que no se ha demostrado que el pronunciamiento recurrido careciera de motivación suficiente o que incurriera en arbitrariedad fáctica o normativa lesiva a los artículos 14 bis y 16 de la constitución nacional, resultando ajustado a derecho el desconocimiento del invocado derecho a ser designado en planta.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia Nº 280 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III de fecha 24 de julio de 2006, obrante a fs. 210/213 de autos. Voto porque así se declare.

V.- Atento al resultado a que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia recursiva se imponen a la parte actora, vencida en autos (cfr. artículos 89 del CPA y 106, primera parte, del CPCC).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia Nº 280 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III de fecha 24 de julio de 2006, glosada a fs. 210/213 de autos.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.