marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: REINA CALIBA VDA. DE QUIPILDOR c/ EMPRESA FAMAT  S.A. s/ INDEMNIZACION  POR  MUERTE  EN  ACCIDENTE  DE  TRABAJO  -  LEY  9.688 s/ INDEMNIZACION  POR  MUERTE  EN  ACCIDENTE  DE  TRABAJO  -  LEY 9.688
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1988-10-25

Salvo absurdo en la meritación de los hechos y de las pruebas, la plataforma fáctica queda definitivamente fijada en la sentencia y el tribunal de mérito es soberano en la apreciación y valoración de la prueba. Por tal motivo, y mientras no exista inobservancia en las reglas que gobiernan el proceso lógico del juzgador, los errores de hecho en la valoración de la prueba y en la subsiguiente determinación de los hechos sometidos a juicio, no pueden dar fundamento a ninguno de los recursos extraordinarios locales.

No puede apelarse a la causal de arbitrariedad para plasmar meras discrepancias de apreciación con el criterio observado por el juzgador en la ponderación de la prueba y en la aplicación del derecho. Los fallos judiciales deben ser fundados y constituir derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias acreditadas de la causa. Por consiguiente, es improcedente el recurso tentado cuando se advierte que el decisorio recurrido ha resuelto la cuestión sobre la base de circunstancias de hecho, prueba y con fundamentos suficientes de derecho. La tacha de arbitrariedad no puede admitirse para corregir en esta instancia extraordinaria sentencias equivocadas o que considera tales el recurrente por discrepar con la apreciación de las pruebas y la interpretación de las normas de derecho común aplicables al caso.

Esta causal no se refiere a tales discrepancias, sino a desaciertos de gravedad extrema que descalifican el fallo como acto judicial.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso contravencional, defensa en juicio
Materia: PENAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: DEMARCHI, ROBERTO TITO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-30

Es inadmisible la queja desde que la alegación del recurrente, de que en autos no ha habido una imputación fundada y ello le ha impedido ejercer una defensa integral, no deja de adolecer de una excesiva generalidad y abstracción, pues no ha sido relacionada adecuadamente con la realidad del caso.

Es que las genéricas alegaciones recursivas no han sido debidamente articuladas con las vicisitudes concretas de la causa, de las que surge que las actuaciones se inician a partir de la presentación de un particular, que la investigación fue sustanciada por funcionarios policiales, que tanto en sede prevencional como judicial se le hizo conocer al imputado, de manera circunstanciada, el hecho endilgado y su calificación legal, que el mismo pudo brindar -en reiteradas oportunidades- todas las explicaciones que estimó pertinentes, efectuar su descargo y aportar pruebas, y que finalmente tuvo a su disposición un recurso amplio contra la condena ante un órgano superior.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Augusto, Juan Lucas y otros s/ Violación calificada - Privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-16

No existe omisión de cuestión esencial si la alzada al tratar las referidas al cuerpo del delito y/o a la autoría y responsabilidad resolvió implícitamente lo atinente a la versión de los hechos proporcionada por el imputado.
Acción, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: GENARO GARCIA LIMITADA SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-29

Llámase identificación de las acciones a la operación con que se comparan entre sí varias acciones con el fin de determinar si son idénticas o distintas. Y la doctrina de la identificación se propone facilitar criterios para esta operación. El problema se refiere a las acciones en su ejercicio; y puesto que la acción se ejercita con la demanda, identificación de acciones significa identificación de demandas. Pero como los criterios para resolverlo se deducen de la esencia de la acción, la cuestión pertenece a este lugar, sobre todo porque la frecuencia de ocasiones de aplicación de estos criterios que presenta el proceso, exige que éstos sean fijados de modo general.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tibold, José y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1962-11-23

Lo referente a la procedencia de condenación criminal dictada después de la sentencia civil sobre los mismos hechos, es cuestión ajena a la jurisdicción extraordinaria de la Corte, aunque se invoque la garantía del derecho de propiedad.
Sustracción de menores, participación criminal, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: "AZIC,Juan A. s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-30

Si bien es cierto que la acción de sustraer es el núcleo de la figura penal descripta por el art. 146 del C.P., no es menos cierto que el citado tipo penal también prevé expresamente las acciones de retener y ocultar, las que giran en derredor de la sustracción, siendo que "tanto incurrirá en este delito, quien sustrae y lo prolonga mediante retención y el ocultamiento,como aquellos que retienen u ocultan con conciencia y voluntad de hacerlo respecto de un menor sustraído" (ver causa "LAVALLEN, Rubén" del 18.4.89). Así se ha dicho que si bien se trata de tres acciones diferentes, no son totalmente autónomas ya que la retención u ocultamiento tiene que referirse a un menor que haya sido sustraído para que tales conductas resulten típicas. Tan intensa se concibe la interrelación de estas tres actividades secuenciales que se sostuvo que la expresión genérica "sustracción" puede enmarcar perfectamente, tanto a la retención como al ocultamiento porque, en realidad, por efecto de una y de la otra, el menor queda sustraído a la potestad de las personas aludidas en el tipo penal -padres, tutor o persona encargada de él-, aunque no medie traslación, circunstancia que distingue a la sustracción propiamente dicha (ver Eusebio GOMEZ, "Tratado de Derecho Penal" Ed. Cía. Argentina de Editores S.R.L., Bs. As. 1940, p. 358). Asimismo, es del caso señalar que la acción de ocultar se presenta como una conducta compleja, pues no solo implica una superposición con la retención, sino que además sele adiciona otro aspecto: consistente en dificultar la localización del objeto del ilícito, restando posibilidades al restablecimiento del vinculo. Esto es, oculta quien además de retener almenor, esconde su ubicación a la vista y conocimiento del titular de la tenencia (ver autos "LAVALLEN" ya citado). Entonces, aun cuando no existan pruebas que demuestren la autoría del imputado en el acto de despojo o "sustracción propiamente dicha" de un menor, no puede arribarse a idéntica afirmación respecto del ocultamiento, si resulta indudable que lo ocultó reteniéndolo queda así plasmada la figura descripta por el art. 146 del C.P. y distinta de la hipótesis del art. 149 de ese mismo cuerpo normativo que hace referencia a un menor que se ha sustraído el mismo de la tenencia en que se encontraba. Dicho en otras palabras, si el meor ha sido sustraído por otro en los tperminos del art. 146, esta figura desplaza al mentado art. 146.
Alimentos, convenio de alimentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossi, Juan Antonio c/ Utz, Irma Beatríz s/ Divorcio por presentación conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-11-29

Si se ha fijado convencionalmente un monto fijo en concepto de cuota alimentaria y no resulta claro si en el se comprende al sueldo anual complementario y las asignaciones familiares (en este caso "ayuda escolaridad primaria"), los alimentados tienen derecho a que se les pague una porción del sueldo referido y se les entregue la referida asignación.-
Distribuidor de gaseosas, fletero, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA, NORBERTO c/ SEVEN UP CONCESIONES SAIC. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-31

Un fletero no es trabajador dependiente de quien ocupa sus camiones: cuando no es él quien personalmente conduce la unidad y/o los clientes a quienes vende el producto no son suyos, caso en el que existiría una relación comercial. (En el caso, el fletero repartidor de la bebida Seven Up es dependiente de la empresa aún cuando en alguna oportunidad haya firmado autorización para que otras personas realicen en su nombre y representación cobranza y transporte de fletes de la demandada).
Acción de amparo, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MINERA TEA S.A.M.I.C.A. Y F. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-02

En relación a la plataforma jurídica fáctica para la procedencia del Amparo, debemos considerar el plazo para la deducción del amparo. Tiene dicho este Tribunal que el amparo debe presentarse indefectiblemente a los quince días corridos de producida o conocida por el actor la decisión u omisión que da motivo al Amparo. El art. 584 inc. 3 ha establecido un plazo de caducidad en lo que se refiere a la promoción de la Acción de Amparo.
Transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, falta de legitimación para obrar
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DE CASTELLI, ARMONÍA Y OTROS c/ Provincia de Salta y otro s/ Prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-11

No apareciendo cuestionado que los beneficios de los accionantes continúen siendo reajustados con base en la ley provincial dentro de cuyo ámbito fueron acordados aún después de operarse la transferencia del Sistema de Previsión Social de la Pcia. de Salta al Estado Nacional, y atento que el debate se origina en la situación creada ante la reestructuración del personal del organismo donde los actores prestaban sus servicios, ha de concluirse que la base del conflicto suscitado se encuadra en normas provinciales; razón por la cual corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legiti-mación pasiva opuesta por la A.N.Se.S.
Condena penal, reconocimiento en rueda de personas, nulidad del acto jurídico, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Frías, Sebastián Domingo s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Pedro Justiniano Vélez y Jorge Rafael Bracamonte, en causa Nº 256/08 acumulada al Expte. Nº 68/08 caratulado "Frías Sebastián Domingo y otros p.s.s.a.a. Robo Doblemente Calificado en calidad de coautor, etc. -  Capital"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-06

Los asistentes técnicos del imputado por robo doblemente calificado interponen recurso de casación, invocando el motivo formal previsto en el art. 454 inc. 2 del C.P.P.

Los recurrentes reprochan la virtualidad probatoria del reconocimiento en rueda de personas efectuado por el testigo, señalando que aquél adolece de serias falencias. Con relación a esto cabe decir, en primer lugar, que dicho acto procesal se cumplimentó con las formalidades prescriptas por los artículos 259/262 del C.P.P., y que fue practicado en presencia de quienes ahora recurren.

Asimismo, un análisis integral de la causa permite advertir que la defensa técnica del imputado no sólo ha participado del medio de prueba que discute, asistiendo a su defendido, sino que, además, no ha formulado a lo largo del proceso, hasta el dictado de la respectiva sentencia -casi un año más tarde-, cuestionamiento alguno a la rueda de reconocimiento de persona que ahora tildan de falaz.

En lo que a este tópico se refiere cabe recordar lo sostenido por esta Corte en precedentes anteriores en donde se dijo que no existe declaración de nulidad por la nulidad misma, y menos aún, cuando las partes han consentido libremente los efectos del acto, el que además, se llevó a cabo de legal forma y con pleno respeto de los principios de contradicción y bilateralidad.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tomisich, José V. c/ Asistencia Privada Ciudadela S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-19

Si la lesión de la actora no obedece a una patología anterior a su ingreso al nosocomio, y fue inferida por mala práctica de cualquiera de los médicos perteneciente al staff de la clínica, ésta resulta responsable por haber faltado al deber de seguridad.
Estafa, sobreseimiento, ardid, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ruggiano, Bruno y otro s/ Estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-23

Corresponde sobreseer al imputado del delito de estafa, toda vez que dicho ilícito requiere dentro de la descripción del querellante, que se acredite que los cheques fueron el factor determinante de la entrega de dinero, del ardid o engaño y tal extremo no puede considerarse probado, pues la fecha que ostentan los mismos hace imposible creer que el último fuera aceptado tras el rechazo de los primeros.
Recurso de apelación (procesal), competencia, prevención
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Racing Club s/ Denuncia irregularidades en el padrón electoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-09

En caso de existir dos o más resoluciones apeladas debe conocer en ellas la Cámara que estaba de turno cuando se dictó la primera en el tiempo, aunque el recurso respectivo se hubiera concedido después que los otros (SCJBA Ac. 41951, 28/II/89). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedad cooperativa, capacidad procesal
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: COOPERATIVA  DE  SEVICIOS  PUBLICOS  SOCIALES  Y  CULTURALES  ALTACOR c/ MARIA MASSI DE ARDU s/ EJECUTIVO: EXCEPCION DE FALTA DE PERSONERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-11-30

La capacidad procesal "legitimatio ad causam activa", la tiene todo ente público o privado que tenga personería jurídica, o sea que si es un sujeto de derecho puede estar en juicio.

Si se trata de una entidad privada (cooperativa), ésta legalmente constituida es un ente social de conformidad a la ley 20337.

Si estas entidades son sociedades o asociaciones de personas, ello es una polémica que no viene al caso, como así también si son sociedades civiles o comerciales, lo que importa es que esta entidad desarrolla una actividad económica en forma expresa exenta de fines de lucro, lo que no impide a que tenga personaría como empresa, ya sea como asociación de personas o ente autónomo para caer dentro del ámbito del derecho comercial.

Existe obligación por parte del accionado dado que el certificado emitido por la comuna es un instrumento público en el cual surge la autorización de la Municipalidad a la Cooperativa para cobrar la pavimentación.

No existe aquí delegación del poder de policía por parte de la comuna, éste es el poder fiscalizador que tiene la Municipalidad, que no puede ser delegable a entidades privadas, sino que aquí se confunde el poder de policía con la facultad que tiene la Municipalidad con la concesión de una obra pública.

Se opera por parte de la administración pública una delegación al concesionario.

Esa concesión crea un vínculo jurídico entre los concesionarios y los administrados, quienes pagan al concesionario, el precio de la obra.

El concesionario autorizado por la ordenanza municipal se encuentra legalmente facultado para percibir de los vecinos obligados, el pago de la obra de pavimentación, por lo que no es necesario que el ente promotor suscriba contrato alguno con los frentistas.

El vínculo jurídico entre el concesionario y el frentista surge de la concesión de la obra efectuada por el concesionario, mediante la ordenanza municipal.-
Marcas, medidas cautelares, contracautela, mejora de la contracautela, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: PARKE DAVIS & CO LIMITED s/ MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-19

La situación planteada configura una suerte de prohibición parcial de la explotación, respecto de los bienes embargados, aunque sólo limitada a aquéllos, pero en punto a los riesgos y eventuales perjuicios, impedimento al ejercicio del libre comercio de rango constitucional, o cualquier otro que ella es susceptible de ocasionar, se encuentra a salvo el derecho del cautelado de ejercer las facultades previstas por los arts. 201 a 203 del C.Procesal o de hacer valer la responsabilidad del embargante que hubiera trabado la medida sin derecho y excediéndose el que le asiste.
Competencia, tenencia de armas de guerra, competencia ordinaria, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aguirre, Pedro Oscar s/ infracción ley 25.086.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

La sanción de la ley 25.086 no modificó la competencia de los jueces locales respecto de la simple tenencia de armas de guerra, ya que la intervención del fuero federal en las provincias es de excepción, es decir, se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia.
Prueba biológica, aplicación de la ley, filiación extramatrimonial, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: F., P. C. I. (menor) representada por su madre F., S. A. c/ G., G. J. s/ filiación y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2011-03-09

La negativa a someterse a exámenes genéticos fue analizada en casos anteriores, en particular en el exp. 3801/07 (r. C. A.). Se dijo entonces que "la interpretación acordada a la norma -el art. 4 de la ley 23.511- varió con el correr del tiempo; en un comienzo, se acordó a la negativa un valor relativo, pues se entendió que debía estar acompañada por otras pruebas, para que pudiera declararse la paternidad; pero, progresivamente, los fallos fueron requiriendo una prueba complementaria cada vez menos contundente, hasta que se instaló una sólida corriente que 'estima que, frente a la negativa para someterse a la pericia ordenada, corresponde acoger la demanda de filiación, sin perjuicio de que el demandado pueda demostrar la falta de nexo biológico. Es decir, se produciría en el caso una inversión en la carga de la prueba' (Grosman, "Código Civil...", Bueres-Highton, T. 1, p. 1136, doc. y jur. cit.)". Se entendió en el caso de mención que "esta evolución en los criterios jurisprudenciales es acorde con el adelanto científico, que permite conocer con un grado de certeza prácticamente total si una persona es hija de otra, de modo que los jueces tienen un seguro acceso a la verdad, como no sucede con las demás controversias fácticas que deben dirimir" y que "cuanto más seria y precisa es la conclusión científica, más grave debe ser la consecuencia legal de negarse a someterse a la prueba pericial adquiriendo la presunción contraria casi tanta fuerza como la prueba directa (exp. 3205/06, r. C. A.)"; "es firme el criterio jurisprudencial que entiende que la negativa a someterse a la prueba biológica importa un elemento trascendente para determinar la paternidad, lo cual importa un reconocimiento a los adelantos científicos en la materia, que permiten determinar, casi con certeza absoluta, la inclusión o exclusión de paternidad" (LLPatagonia, junio/07, p. 1004).-
Daños y perjuicios, falsificación de cheque, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COOP. TRAB. AUT. CUYO T.A.C. LTDA c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ Cobro de Pesos (LIBRO: S068 - 287)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-08-03

No es arbitrario el Juez cuando decide acerca del supuesto de hecho que la ley determina: juzgar la notoriedad de la falsificación con los ojos del empleado bancario experto acostumbrado al cotejo de firmas. Y si bien es obligación del banco emplear personal eficiente, no puede exigirse a quien realice el cotejo en una institución bancaria tenga igual capacidad que un perito, cuyas conclusiones tampoco obligan al Juez.-
Daños y perjuicios, compulsa del expediente
Materia: PENAL
Carátula: Crosatto Hugo Ángel y otro c/ Estado Nacional Ministerio del Interior y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-14

La petición formulada por la parte actora encuadra en la previsión contenida en el artículo 275 del Código Procesal (DJA), que admite la revocatoria contra la providencia simple dictada por el presidente del tribunal. La compulsa del expediente digital revela que, efectivamente, el letrado apoderado del actor ingresó vía web el PDF correspondiente a la expresión de agravios presentada en la mesa de entradas de la Sala el pasado 14 de abril. Dicha carga web se concretó el 13 de abril de 2016, a las 19:03, como se advierte de la copia certificada de la pestaña de actuaciones. Quiere decir, que la parte satisfizo adecuadamente la previsión del artículo 122 del Código Procesal, en la forma dispuesta en la referida Acordada 3/15. Lo expuesto deja sin sustento la intimación, así como la deserción decretada.
Derecho laboral, indemnización por incapacidad, prueba pericial, jueces, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ruiz, Raúl Adolfo c/ Municipalidad de Santo Tomé s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 293-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-04

Cuando entre la pericial médica traumatológica producida a instancias del actor y la pericial médica clínica efectuada a instancias de la demandada, no existe una absoluta coincidencia en orden al porcentaje de incapacidad física sufrida por el actor como consecuencia del accidente de trabajo (el primero concluye en un 45%, mientras que el segundo se inclina por un 40%), la discordancia de opiniones impone al juzgador el deber de escoger la que, a su juicio, ostente mayor probatoria, lo que, en el caso, y teniendo especialmente en cuenta la índole de la lesión, ocurre con las conclusiones arribadas por el médico traumatólogo, cuyo informe evidencia la realización de un detallado y minucioso examen, pormenorizadamente motivado.
Prescripción, interrupción de la prescripción, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Lima Rubén c/ Cooperativa Eléctrica y otros Servicios de Concordia Ltda. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-03-09

El artículo 3980 del Código Civil plantea el único caso en que los jueces pueden autorizar a liberar al acreedor de las consecuencias de la prescripción cuando el damnificado que es titular de la acción resarcitoria ignore la ocurrencia del hecho ilícito, a la persona de su autor o la propia existencia del daño que él ha sufrido.
Suspensión del juicio a prueba, facultades del juez, facultades del fiscal, límites a la discrecionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Villalba, Jonathan Fidel. c/  s/ Infr. art. 189 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-19

Así como los jueces no pueden obligar al Fiscal a consentir la suspensión del ejercicio de la acción penal ni reemplazarlo en el ámbito que le es propio, tampoco los representantes del Ministerio Público Fiscal se encuentran habilitados a subrogar el cometido de los jueces (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Despido indirecto, despido con causa, suspensión del trabajador, ausencias injustificadas
Materia: LABORAL
Carátula: Haberle, Irene Verónica c/ Carlota Stocear Evt S.R.L s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

Aún admitiendo que la suspensión pudo haber sido desproporcionada en relación a la falta cometida - ausencia de un día y medio al trabajo sin justificar - esta transgresión por si sola, no habilitaba a la actora según el régimen implementado por la Ley de Contrato de Trabajo, art. 222 L.C.T. a recurrir a la vía del despido indirecto, al carecer de la extensión que la norma indica para configurar la injuria - art. 220 de la L.C.T. - en ese tipo de sanciones disciplinarias, y no haberse invocado otras razones.