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Recurso extraordinario federal, cuestión no federal, indemnización, daños y perjuicios, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Turrión, Rubén Darío y otros c/ Sociedad Italiana de Beneficiencia en Buenos Aires - Hospital Italiano.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

Es inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) contra la sentencia que hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencias de segunda instancia, honorarios, juicio de apremio, cuerpo de abogados del Estado, relación de dependencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ayala Bergero, Juan Carlos c/ Banco provincial de Santa Fe hoy Banco de Santa Fe S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Demanda ordinaria- Apremio (Expte.   CSJ Nro.  80-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-22

Es insostenible el argumento invocado por los sentenciantes de la instancia inferior para hacer lugar al apremio por honorarios, fundado en la no subsistencia de la relación de empleo entre las partes al momento en que se reclama el pago de los honorarios regulados en juicio (el accionante desempeñó funciones en el área de Asuntos Legales de la institución demandada). Ello así, ya que dicha opinión se desentiende de las reglas y principios que eran de aplicación al momento en que se realizaron los trabajos, sustituyéndolos retroactivamente por otros canones que conducen a una solución distinta, con afectación de elementales exigencias de la seguridad jurídica y, en definitiva, de garantías que ostentan rango constitucional conforme a las cuales es necesario indagar en el caso el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esta circunstancia determinará cuál es la solución aplicable. En el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación (o, con mayor razón, del tiempo en que se pretenda el pago de la eventual retribución). Es a partir de ahí que nace una situación jurídica concreta e individual en cabeza de las partes involucradas, que como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida, o modificada a posteriori.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giovenale, Juan c/ Segovia, Sara Ramona s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

La anulación oficiosa de un pronunciamiento no queda enmarcada rígidamente dentro de los supuestos previstos por los arts. 156 y 159 de la constitución de la provincia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hogar conyugal, incapaces de hecho, menores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Paulino Aníbal c/ Solan de Gastán María Dolores Itati s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-07-25

Si bien el artículo 1277 del Código Civil integra el estatuto matrimonial, lo cierto es que impone al cónyuge propietario del inmueble una restricción a su libre disposición y uso cuando en él habitan hijos menores o incapaces y ha sido asiento del hogar conyugal; es decir, aún en el caso en que ya ha sido disuelta la sociedad conyugal e, incluso, el vínculo matrimonial, la ley da prevalencia, por encima de los derechos del propietario, a la necesidad de los hijos de contar con vivienda.
Despido, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Sisterna, Humberto Daniel c/ Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines - I.S.S.A.R.A. s/ Cobro Diferencias Salariales e Indemnizaciones de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-28

El actor no dice -ni siquiera menciona- oscuridad alguna en el despacho, sino que lo rechaza por falso, inexacto e improcedente, cosa que bien podía hacer en su derecho. Pero tal contestación unida a que en la carta también tacha de falsas las "causales" entendiendo por ello el despido como incausado, llevan a la certidumbre que mas allá de si el despido era o no justificado, tema a comentar luego, lo que el actor no puede pretender como lo hiciera en su demanda, es que la comunicación no fue suficientemente clara al menos para él mismo. Y si la comunicación fue clara para el actor que supo como contestarla con claras imputaciones jurídicas, mal puede concluirse como lo hizo el Señor Juez equivocadamente, que no se cumplió el dispositivo del citado art. 243 del la LCT.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Este de la CABA. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Wasielewsky, Enrique Claudio s/ infr. art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-12

La decisión del juez de reemplazar en el acuerdo al Ministerio Público Fiscal se convierte en un modo de enervar la acción contravencional que el Fiscal pretende obviamente ejercer, sin causal alguna prevista en la ley a ese efecto.
Régimen de consolidación de deudas, sentencia declarativa de derechos
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Héctor Felipe c/ Municipalidad de General Rodríguez s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

De los arts. 2 y 5 de la ley 11.756 se colige sin ambages, que las "sentencias judiciales firmes", (es decir las que pasaron en autoridad de cosa juzgada) tienen carácter meramente declarativo, y quedan sometidas al esquema de cancelación de deudas que imponga la ley. Dichos preceptos para nada distinguen si la "firmeza" se adquirió antes o después de sancionada la ley de consolidación. (Minoría u opinión personal)
Violación, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Figueredo Bogado, Demetrio s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-28

Para la materialidad del delito, no se requiere defloración, ni eyaculación o seminatio, como requisitos esenciales, ya es suficiente el coito vestibular o imperfecto o incompleto o poco profundo.
Suspensión del juicio a prueba, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MOYAL, José y otro. Causa 29.523
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-15

Desde que la legislación aplicable no establece el momento hasta el cual el procesado puede pedir la suspensión a que refiere al instituto como suspensión del "juicio" a prueba, parece lógico admitir que, al no haberse pronunciado sentencia y no habiendo finalizado el juicio, resulta oportuno ejercer su petición. En el caso concreto cuando el proceso se encuentra en etapa de prueba o en la etapa prevista por el art. 492 del C.P.M.P.
Liquidación judicial, recurso contencioso administrativo, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ale, María Isabel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 251-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-07-05

Debe desestimarse la pretensión del accionante de introducir por vía incidental a través de la impugnación de la liquidación nuevas pretensiones, de lo alegado, probado y resuelto en el fallo que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, por cuanto ella implica alterar los términos del mismo.
Fianza, fiador, codeudor solidario, beneficio de excusión, beneficio de división, obligaciones solidarias, doctrina
Materia: CIVIL
Carátula: D., J. C. c/ EMPREDIMIENTOS BARILOCHE y Otros (CUMPL. CONTRATO Y COBRO PESOS) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

Con relación ante todo al "fiador solidario", su asimilación al "codeudor solidario" estriba en que no puede invocar los beneficio de "excusión" y de "división" (arts. 2004 y 2013 inc. 2 Cód. Civil); es decir, pretender que primero se ejecuten los bienes del deudor principal, o, de ser más de uno los garantes, que se le permita desligarse mediante el pago de sólo la parte proporcional que le pudiera corresponder en el total de lo debido.

Pero fuera de ello, el "fiador solidario" está habilitado para hacer valer todos los otros derechos que le pueden corresponder a quien no está obligado como deudor, sino que simplemente responde por "otro" (el obligado principal) y para el caso de que éste no cumpla. O sea que la solidaridad no cambia la naturaleza de la "fianza", que continúa siendo una obligación accesoria y que jamás puede ser más extensa que la del deudor principal, ni sobrevivirla; produciendo el solo efecto de colocar al fiador en la misma línea que el deudor principal, con relación a la exigibilidad del crédito.
Nombre, adición de apellido
Materia: CIVIL
Carátula: S., J.E. s/ Adición de apellido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-07-27

"En el contexto legal vigente (ley 18.248/69) no resulta posible que al solo requerimiento de la madre se le adicione al menor al apellido paterno el de la madre, pues el art. 4 de la referida ley -al decir "los progenitores"- pone de resalto que el pedido debe ser formulado por "ambos". Sin perjuicio de ello, el menor -al llegar a los 18 años- podrá por sí, solicitar la adición del apellido materno".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, caducidad, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: ENAPRO c/ AGROEXPORT SERVICIOS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 473 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-17

Si bien resulta una atribución propia de los jueces de la causa (y, como tal, excluida en principio de la revisión en la instancia extraordinaria) la de interpretar las normas de derecho procesal que rigen los casos sometidos a su decisión, no es menos cierto que en la adopción de las respuestas concretas los mismos no pueden transponer el límite de las alternativas hermenéuticas disponibles razonablemente, como ocurre cuando se aplican las soluciones contempladas in abstracto por la ley para supuestos bien diferentes de los resueltos en el caso concreto, pues en tales supuestos larespuesta jurisdiccional exhibiría una fundamentación solo aparente y, con ello, arbitraria.

Tal extremo se verifica en el caso, donde la Sala ha partido de atribuir a la no contestación por la actora del traslado corrido luego del acuse de caducidad, los efectos propios de un allanamiento de la misma a dicho pedido de su contraparte, conclusión que no se compadece con lo efectivamente acontecido en autos, donde ha mediado el mero silencio de la actora ante un traslado que carecía de apercibimientos contemplados legalmente.
Sanciones disciplinarias, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Elía, Marcelo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

La responsabilidad administrativa de los funcionarios se hace efectiva a través del poder disciplinario y aparece cuando se comete alguna falta, transgrediendo reglas propias de la relación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, defensa en juicio, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Vexenat, Leónidas Octavio c/ Huerta, Ricardo. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-26

Para resguardar las garantía de defensa en juicio y el debido proceso, se exige que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa.
Reglas de la sana crítica, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: JAQUE CASTILLO Rolando c/ Techint  - Panedile UTE s/ Apelación de Sentencia s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-03

El juez tiene libertad de apreciación de la eficacia de la prueba pero siempre debe explicar a través de la fundamentación de la sentencia cuáles han sido las razones que lo han conducido a otorgar o negar eficacia probatoria a un determinado medio, es decir que debe exteriorizar el proceso intelectual que ha desarrollado sobre la base de los principios de la lógica y las máximas de la experiencia que lo ha llevado a la decisión final.
Sentencia interlocutoria, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio copropietarios edificio Petrel c/ Guzman Victor s/ Ejecución de expensas comunes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-25

Las resoluciones interlocutorias dictadas por el tribunal de Alzada quedan notificadas a los litigantes de acuerdo al principio general establecido en el art. 133 del C.P.C (ministerio legis), con la única excepción de aquellas que tengan "fuerza definitiva" (art.

135 inc. 12 C.P.C).- (Minoría u opinión personal)
Exportaciones, consignación de mercadería, ley penal en blanco
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: CITREX  S.A.I.C. s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

El art. 6 del decreto 637/79 no constituye una norma penal, toda vez que no dispone un régimen de penalidades, en forma expresa, que sancione el incumplimiento de los requisitos exigidos en los casos de exportación de mercaderías en consignación de dicho decreto, sin que pueda entenderse configurado, tampoco, de su letra por la generalidad de su texto, un supuesto de ley penal en blanco.
Acción de amparo, acto administrativo, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: STAMBUK HERMAN Y OTROS c/ REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y/U OTROS s/ ACCION DE AMPARO - APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-19

La naturaleza de la cuestión no es óbice para que el juez pueda juzgar la ilegitimidad o legalidad del acto administrativo impugnado, desde que la acción de amparo tiene como objeto primordial proveer de un remedio adecuado y oportuno contra la arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, sea que emanen de la autoridad privada o pública, sea que se trate de actos u omisiones.
Demanda laboral, exclusión de la tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: SANATORIO LAMPARELLI S.A. c/ MONZON, CANDIDA s/ SUMARISIMO (ART. 52 LEY 23551)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-08-05

Es de difícil cumplimiento y por ende excesivo, que el empleador deba precisar- como requisito sine qua non de admisibilidad de la demanda - la sanción que aplicará a su trabajador, cuando la ley previó un trámite de tipo sumarísimo que implica per se una limitación al derecho de alegación y prueba, que no puede tener como contrapartida la acreditación de las circunstancias demostrativas de la procedencia de una puntal y concreta medida, máxime cuando las pruebas que pudieran rendirse, puedan se demostrativas de hechos que ameriten una pena de distinta entidad a la que se tuvo que ver obligado a invocar el demandante, y tales circunstancias podrían implicar el rechazo de la pretensión- si lo verificado es de menor magnitud que lo señalado-, e impediría aplicar una sanción menor o , por el contrario, significarían un óbice para aplicar una más enérgica - en el supuesto que se demostrara que los hechos son de mayor gravedad que los alegados en el escrito inicial, en consecuencia procede la corrección jurídica del fallo, estableciendo que de conformidad a lo normado por el art. 52 de la Ley 23.551, en la acción de exclusión de tutela sindical no es un requisito de la demanda, el de precisar cual es la sanción disciplinaria que se pretende aplicar al trabajador amparado por tal garantía.
Domicilio legal, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SOLA, JULIA AGUILERA DE c/ WALLEMBERG, JOSE ROBERTO s/ COBRO DE PESOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 549-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-13

La garantía de la defensa en juicio no puede amparar la negligencia de los litigantes.

En el caso, el supuesto perjuicio económico y moral que a su entender le ocasiona la "inicua sentencia", no resulta acreditado y es evidente que de haber cumplido con su obligación procesal en tiempo oportuno -cambio de domicilio- no habría experimentado el perjuicio alegado.
Poder, defecto legal, actos y diligencias procesales, nulidad procesal, falta de personería, representación procesal, mandato
Materia: PROCESAL
Carátula: CENTURION, BELQUIS ROSA SASIA DE c/ COMUNA DE SOLEDAD s/ Recurso contencioso administrativo -planteo de nulidad (Expte.:  C.S.J. Nº. 1156 Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-09

Corresponde hacer lugar al planteo de nulidad formulado por la parte demandada fundado en que el instrumento público otorgando poder al apoderado de la actora fue otorgado por ante un oficial público inhábil, desde que el artículo 985 del Código Civil dispone que "Son de ningún valor los actos autorizados por un funcionario público en asunto en que él o sus parientes dentro del cuarto grado fuesen personalmente interesados; ..." y el instrumento de poder presentado por la parte actora fue autorizado por su cónyuge. Ello así, por cuanto -más allá de los términos en que fuera formulada la postulación- de lo que se trata es de analizar una excepción de falta de personería por inexistencia o insuficiencia de mandato y cuya consecuencia será, en todo caso, la nulidad de todo lo actuado por el sedicente apoderado de la parte actora. Con esa inteligencia, huelga advertir que el perjuicio consiste en la inoponibilidad de los actos del compareciente a quien aparece como representada en un acto viciado de nulidad absoluta por disposición legal expresa.
Demanda de escrituración, condena a escriturar
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lisler Aída c/ Destéfano Giménez Alicia s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-10

La demanda de escrituración importa, por si misma, un ofrecimiento tácito del actor de cumplir las obligaciones a su cargo, estipuladas para el momento de escriturar, lo que basta para satisfacer la exigencia del art. 1202 del Código Civil, sin que sea necesario, si el demandante es el comprador, que éste deposite simultáneamente a la orden judicial el saldo del precio.
Contrato de obra pública, contratista, mayores costos, licitación pública, pliego de bases y condiciones, contratos, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GLIKSTEIN Y CIA. S.A.C.I.A.M. -DANTE ENRIETTO- U.T.E. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 442 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-17

Corresponde rechazar el planteo de imprevisión propuesto por las actoras por cuanto es claro que no se encuentran reunidas las condiciones para su invocación. Así, al momento en que las actoras elaboraron sus ofertas aún no se había producido el aumento de los salarios cuya traslación ahora reclaman; ni siquiera ello había ocurrido a la fecha de la adjudicación de la licitación. Tal circunstancia alcanza, en todo caso, para explicar la omisión de esos valores en los rubros de la oferta, pero de ningún modo puede justificar la conducta de las empresas consistente en el mantenimiento de una oferta que, según sus propias estimaciones, no representaba la estructura de sus costos. Las actoras, al suscribir el contrato, evidentemente conocían que los precios de la mano de obra se encontraban establecidos por una nueva disposición de la autoridad nacional. En tales condiciones, el compromiso asumido sin reservas ni aclaración alguna de ejecutar la obra "en un todo de acuerdo con su propuesta" no puede sino interpretarse como una confirmación de que los costos de la propuesta, en especial los de mano de obra, seguían siendo los que había expuesto en su oferta, y por lo ya visto, que eran invariables. Tal circunstancia les impide efectuar reclamos de contenido incompatible al que se extrae del propio acuerdo.
Accidente de tránsito, daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: ROJAS MARCELO ALBERTO Y OTRO c/ INDALO S. A. Y OTRO s/ D.Y P.X USO AUTOM C/LESION O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-24

En lo concerniente al monto reconocido en concepto de daño moral, es dable consignar que sin perjuicio que las cicatrices -en la pierna- que le quedaron fueron valoradas al momento de la determinación del daño físico, teniendo en cuenta los parámetros señalados por la Sentenciante (.), el dictamen de la perito psicóloga -expuso que padeció síndrome post conmocional- y que la actora al momento del hecho contaba con 18 años de edad, corresponde elevar la justipreciación de este rubro a la suma de $ 50.000 (art. 165 del C.P.C. y C.).
Recurso extraordinario, honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SAVYC SOCIEDAD ANONIMA VIAL Y CONSTRUCTORA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   PRESCRIPCION DE HONORARIOS.     CSJ EXPTE NRO 2-81 SAVYC SA VIAL Y CONSTRUCTORA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA  CONTRA  EL AUTO  DE  REGULACION  DE  HONORARIOS  EN  EL  RECURSO EXTRAORDINARIO  ANTE  LA  CORTE  SUPREMA  DE JUSTICIA  DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 43-81 GEPPEL  Y  PINASCO  SA; CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y AMBROS PALMEGIANI SA; CONSTRUCTORA,  INMOBILIARIA,  INDUSTRIAL  Y  COMERCIAL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA AUTO DE REGULACION HONORARIOS POR RECURSO   EXTRAORDINARIO (ARTICULO 14 LEY 48) (CSJ EXPTE NRO 88-77)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-02-25|1988-02-24|1991-08-08

La ley arancelaria nacional número 21839, en su artículo 1 establece su vigencia "cuando la competencia correspondiere a los Tribunales nacionales...", de allí que en el régimen legal pertinente, la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recién queda habilitada en caso de que el recurso sea concedido, o lo abra ella por vía de queja; situaciones que tornan procedente la aplicación por parte del Alto Tribunal, de la ley arancelaria nacional.
Tratados internacionales, doble instancia, recurso de casación penal, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: SANTILLAN JUAN RAMON; PAZ GUSTAVO DANIEL s.d. LESIONES GRAVES e.p. JAVIER GONZALO RIOS s/ RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA INTERPUESTO POR DRES.  OLIVARES Y ABUD GRAVES e.p. JAVIER GONZALO RIOS s/ RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA INTERPUESTO POR DRES.  OLIVARES Y ABUD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-12-05

La forma más adecuada para asegurar la garantía de la doble instancia en materia penal prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos (art.8 inc.2 ap. h), es declarar la invalidez constitucional de la limitación establecida en el art. 459, inc. 2 del Cód. Procesal de la Nación, en cuanto veda la admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias de los tribunales en lo criminal en razón del monto de la pena.
Derecho bancario, cuenta corriente bancaria, prescripción
Materia: BANCARIO
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Montañez, Victor Alfonso y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-05-23

La cuenta corriente bancaria constituye en el derecho positivo argentino, una especie próxima a la cuenta corriente mercantil. No existiendo en el código de comercio previsión concreta acerca del término de prescripción de las acciones emergentes de los saldos de cuenta corriente bancaria, resulta procedente la aplicación de las normas relativas a la cuenta corriente mercantil, para la cual el código de comercio art. 790 establece el término de cinco años.-