Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-03-18


Expte. Nº 4928 "c/DIAZ María Alejandra por homicidio culposo (art. 84 C.P.) en perjuicio de Susana Beatriz Naranjo-Queja por recurso denegado" San Juan, dieciocho de marzo del año dos mil diez.------- --- VISTO: El recurso de queja por denegación de recurso de apelación interpuesto por el doctor Carlos Hernán Cocco ante la Cámara Penal - Sala III - y la declaración de incompetencia resuelta por el tribunal mencionado ordenando la elevación del presente incidente a esta Sala para su resolución.------------------------------------- --- Y CONSIDERANDO: Que de la lectura de las presentes actuaciones surge que con fecha 31 de Marzo del cte. año, la titular del Cuarto Juzgado Correccional remite la causa al Quinto Juzgado Correccional a los fines de la realización del debate oral, resolviendo su titular declarar la nulidad del auto de procesamiento y actos subsiguientes, resolución que es recurrida por los querellantes a través del recurso de apelación previsto por los arts. 566, 567s.s y c.c del C.P.P., recurso que fue rechazado de conformidad a lo previsto por los arts. 556 y 560 de la ley del rito.------------------------------- --- Contra la denegatoria del recurso se interpuso la pertinente queja, correspondiendo entender en ella a la Sala III de la Cámara Penal resolviendo ésta declarar su incompetencia para intervenir, toda vez que el art. 44 del C.P.P. que atribuye la competencia a la Cámara de apelación establece que "... conocerá de los recursos contra las resoluciones ... que durante la instrucción dicte el Juez en lo Correccional...", y en el caso, la instrucción había sido clausurada por la señora juez del Cuarto Juzgado Correccional y ordenada su elevación a los fines del debate oral, al Quinto Juzgado en lo Correccional.--------------------------------------------- --- Que como consecuencia de lo expuesto, la Sala III de la Cámara Penal dispone la elevación de la causa a esta Sala, para su ulterior resolución.- -------------------- --- Que el art. 16 inciso "c" de la ley 5854 atribuye competencia a esta Sala para conocer y resolver en los casos previstos en el art. 208 incisos 4° y 6° de la Constitución de la provincia, refiriéndose el primero de los incisos señalados a los recursos de queja por denegación o retardo de justicia de los tribunales inferiores, con sujeción a la forma y trámite que la ley de procedimiento establezca, mientras que el restante establece que la Corte de Justicia es en el orden provincial el Tribunal Superior a los fines de las cuestiones constitucionales de naturaleza federal, mientras que el art. 39 del Código Procesal Penal (Ley 7398) en sus cuatro incisos determina los supuestos de competencia de esta Sala II de la Corte, mencionando en el inciso 3° los recursos de queja por denegación o retardo de justicia de los tribunales inferiores.------------------------------ --- Que atento el estado por el que transita la causa, y las disposiciones legales citadas, no cabe duda que esta Sala es la que debe intervenir y avocarse en consecuencia al estudio de la queja interpuesta.----------------- --- Que tal como se dijera supra, clausurada la instrucción y elevada la causa a juicio, el proceso quedó radicado ante el Quinto Juzgado Correccional a los fines de la realización del debate, y en dicha etapa procesal, el a quo, en un todo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 428 del C.P.P. declaró de oficio la nulidad del auto de procesamiento y de aquellos dictados en su consecuencia por entender que la omisión de evacuar las citas de la procesada, que resulta un imperativo legal, constituye una nulidad de orden general que requiere su inmediata eliminación toda vez que afecta a la intervención, asistencia y representación del imputado.--------- --- La gran mayoría de la doctrina entiende que el acto de indagatoria es generalmente fuente de información para el tribunal en tanto en la misma el imputado formule manifestaciones vinculadas con el objeto del proceso que harán necesaria su confirmación, ya sea que se trate de autoincriminatorias o exculpatorias. En ambas hipótesis deberá investigar para acreditar la verosimilitud de sus dichos, y esta tarea del juez no sólo apunta a demostrar la culpabilidad o inocencia sino, fundamentalmente, a descubrir la realidad fáctica o la verdad real.--------- --- Por ello, es que las citas referidas por el imputado en su indagatoria, deben ser evacuadas en tanto prima facie se demuestren conducentes a la averiguación del acontecimiento delictivo o como establece la norma, que sean pertinentes y útiles.------------------------------ --- De la compulsa del auto de procesamiento dictado surge que la imputación penal efectuada en contra de María Alejandra Díaz es la de Homicidio Culposo, siendo el fundamento de la calificación la negligencia demostrada por la imputada - quien se desempeñaba como operadora de SIFEME -, que teniendo un móvil disponible no lo envía al domicilio de la víctima, desde donde lo habían solicitado, falleciendo en consecuencia ésta por no haber recibido atención médica en forma inmediata.------------ --- En la indagatoria que rinde ante el tribunal, María Alejandra Díaz expresa que aprendió al lado de operadores que ya trabajaban en la empresa, quienes le enseñaron que lo más importante era aprender el mapa de San Juan para poder mandar los móviles más cercanos al lugar requerido, que la prioridad era la vía pública, manifestando a continuación que las personas que la instruyeron fueron sus compañeros Gabriel Molina y Gerardo Prestifilipo, y el Dr. Godoy, quien era el Director Médico.----- --- Si se tiene en cuenta que la acción disvaliosa imputada fue la de omitir enviar el móvil disponible que se reservaba para la existencia de código rojo - accidentes de tránsito - y tal circunstancia se encuentra acreditada por la propia declaración indagatoria de María Alejandra Díaz, en principio aparecería que las citas efectuadas por la imputada no eran de imperiosa utilidad para la instrucción del proceso.-------------------------- --- "... Donna y Maiza (Código Procesal Penal de la Nación, p. 349) han predicado que si bien la disposición establece el imperativo legal del juez de evacuar las citas del imputado debiendo practicar las medidas probatorias e introducir al proceso los elementos útiles indicados por el mismo, la limitación de que debe tratarse de elementos útiles indicados por el mismo, faculta en definitiva a su evaluación para disponer su realización..." ("La prueba de descargo en la instrucción sumarial y el derecho de defensa en juicio" Julio C. Báez, LL 07/09/2004,4), queda en claro que el juez instructor no está obligado a valorar todos y cada uno de los elementos de prueba incorporados ni producir todas las medidas de prueba solicitadas por el imputado, sino sólo las que estime pertinentes a fin de comprobar la existencia del hecho mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad real.----------------------- --- En su resolución el señor juez del Quinto Juzgado Correccional ha expresado que resulta un imperativo legal la evacuación de citas aludida por la imputada en tanto sean consideradas pertinentes y útiles (art. 355 C.P.P.) toda vez que la garantía de la defensa en juicio requiere que, además de oírse al imputado, se le de la oportunidad de probar los hechos conducentes a su defensa, pero si - como en este caso - las diligencias propuestas a criterio del instructor no resultaban de utilidad al proceso, la declaración de nulidad resuelta ahora aparece como injustificada por desproporcionada.-- --- Además se advierte que la nulidad decretada por el titular del Quinto Juzgado Correccional ha tenido la virtualidad de dejar sin efecto una serie de actos procesales consentidos por la defensa, que incluye el auto de procesamiento contra el que - en su momento - se interpusiera recurso de apelación y que fuera rechazado por la alzada en base a un motivo de carácter formal, adquiriendo por ende un estado de firmeza, más allá del carácter provisorio que el mismo detenta.--------------- --- Asimismo debe destacarse que, so pretexto de una violación a la defensa en juicio, el señor magistrado ha extralimitado sus funciones en el marco de verificar el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción.--- --- "... La ley pone a cargo del tribunal de juicio la verificación del cumplimiento de las prescripciones de la instrucción. Ello importa que la jurisdicción de este órgano se encuentre habilitada para efectuar el cotejo de los actos procesales llevados a cabo durante la instrucción con las normas que regulan su producción, en forma previa a toda actividad jurisdiccional posterior sobre el fondo del asunto. El examen sólo debe referirse aquí al análisis del valor legal del proceso y de los actos que lo conforman, no correspondiendo emitir en dicho análisis juicio de valor alguno sobre la eficacia probatoria de los actos revisados con relación al objeto del juicio..." (Código Procesal Penal de la Nación Comentado y Anotado - Miguel Angel Almeyra - La Ley Tomo III p.57).--------------------------------------------- --- La actividad a cumplir por el tribunal en esta etapa previa a la citación a juicio es amplia, pero reconoce ciertos límites tales como la imposibilidad de declarar la nulidad de aquellos actos procesales cuya validez fue cuestionada durante la instrucción y reconocidos como válidos por el tribunal de alzada, y el fundamento de tal limitación está dada en los principios de preclusión y progresividad de los actos procesales.---------------- --- Si bien en el caso de autos, la Cámara Penal rechazó el recurso interpuesto por la defensa declarándolo mal concedido, tal resolución fue consentida por ella, por lo que el auto de procesamiento quedó firme, resultando chocante con el debido proceso volver sobre cuestiones ya resueltas.------------------------------------------- --- El derecho que le asiste a la imputada de que el tribunal evacue las citas que efectúa en su declaración indagatoria no ha sufrido menoscabo alguno, toda vez que se trata de obtener los testimonios de tres personas que no fueron convocadas en la instrucción, pero que indudablemente podrán ser llamadas en el momento del juicio y allí la defensa podrá ejercer el debido contralor de sus declaraciones, no generándose ninguna lesión a la defensa en juicio.------------------------------------------- --- Que en atención a la etapa procesal por la que transita la causa y más allá de la nominación que el recurrente le haya dado a su presentación de fs. 19/21 vta., corresponde entrar a conocimiento del recurso sin hacer el reenvío de la queja a los fines previstos por el art. 595 segundo párrafo del C.P.P., y a mérito de las consideraciones expresadas, la necesidad de atender la pretensión recursiva intentada por el querellante y encausar las presentes actuaciones dentro de las reglas del debido proceso legal, y a los fines de armonizar debidamente las normas referidas a la verificación del cumplimiento de las prescripciones de la instrucción, con la obligación legal de evacuación de citas y tratando de respetar los derechos y garantías de las partes del proceso, entre los que indudablemente debe estar el de la defensa en juicio del querellante y el de ser juzgado dentro de un plazo razonable (adviértase que la presente causa fue iniciada el 27 de Agosto de 2007), corresponde admitir la queja interpuesta, anular la resolución de fecha once de Mayo de dos mil nueve dictada por el señor Juez del Quinto Juzgado Correccional y devolver el proceso a ese Tribunal a fin de que con la debida premura proceda a llevar a cabo el juicio oral a fin de resolver en debida forma la situación procesal de la imputada en la causa, lo que así se RESUELVE. Protocolícese y notifíquese. Fdo. Dres.: Ángel Humberto Medina Palá, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega. Ante mí: María Graciela Aguilar de Fornés, Secretaria Letrada.- NIL Cp-Rq-4928 P.R.E. S.2ª.- 2010-I-69