Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-02


Nro. de Sentencia: 002 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 2 días del mes de febrero del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "B., F. D. c/ A., R. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. nro. 15.134/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (Expte. nro. 820/03), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 194), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 164/168? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada por la demandada a fs. 169, la sentencia definitiva N° 718 del 20/11/2.003 (fs. 164/168), habiendo sido concedido el mismo libremente y con efecto suspensivo a fs. 170.

El fallo en la parte cuestionada dispuso: "1) Haciendo lugar a la demanda, en consecuencia condeno a R. A. a abonar en el término de diez días de firme o consentida la presente, al actor F. D. B., la suma de pesos cinco mil seiscientos ochenta ($ 5.680) en concepto de daño material, privación del uso del automotor y disminución del valor venal, con más los intereses fijados en el considerando respectivo y desde la fecha fijada hasta su efectivo pago; 2) Las costas del juicio serán soportadas por el demandado...".

A fs. 181 se dispuso poner el expediente en las oficinas a los fines de los arts. 259 y 261 del CPCCCh, habiendo sido debidamente notificados de dicho decreto las apelantes a fs. 186/vta. y 187/vta., expresando agravios únicamente la parte demandada (fs. 183/184 vta.), los que fueron contestados por el actor a fs. 189/191.

I.A.) A fs. 184/vta. el apelante demandado se agravia en cuanto el a-quo determinó la procedencia de los conceptos de privación del uso del automotor, el lucro cesante y el valor venal del vehículo.

Después de transcribir los antecedentes de la causa, de la demanda y de la sentencia del a-quo en el pto. 5to (fs. 184/vta.) arguye que el dictamen pericial no aporta datos precisos de la velocidad de los vehículos en cuestión.

Arguye que el a-quo consideró el total del monto de privación del uso solicitado por la actora no obstante no obrar en la causa prueba alguna que el actor haya efectivamente alquilado el vehículo cuyo presupuesto presenta, derivando el hecho de ser consentido en un enriquecimiento sin causa.

Afirma que el lucro cesante y el valor por privación del uso del vehículo debe ser acorde con las probanzas arrimadas en la causa, debiendo ser demostrado el daño y ser el resultado de los gastos ocasionados por la falta del vehículo al que se le debe restar los costos de mantenimiento del mismo durante el período de supuesta privación.

Alega que ninguno de esos extremos ha sido probado en el sub lite ni merituado correctamente por el a-quo, quien simplemente hace lugar a la petición de la actora sin fundamento probatorio que lo respalde, solicitando por dicha circunstancia que se deje sin efecto la condena en el ítem recurrido ya que el daño invocado es solo imaginario o virtual pero no se compadece con las pruebas aportadas.

Dice que con respecto al valor venal del vehículo y de acuerdo al informe pericial establece que el automóvil Ford Escort a la fecha del accidente tenía un valor de pesos siete mil quinientos ($ 7.500) y a la fecha de presentación de la pericia su valor en buen estado es de pesos nueve mil quinientos ($9.500) considera el apelante que el monto determinado es improcedente. Cita jurisprudencia que hace a su entender.

I.B) En cuanto a los agravios expuestos por el apelante demandado sobre los daños determinados por el a-quo, advierto que ha llegado firme a esta instancia por falta de agravio concreto tanto la determinación del a-quo en cuanto a la atribución de responsabilidad del demandado en el accidente automotor acaecido el día 31/10/02 entre un vehículo Peugeot 504, modelo 1993, Dominio **** conducido por el demandado y un vehículo Ford Escort, modelo 1994, dominio *** manejado por el actor (ptos. 4to. y 5to. - fs. 165vta./167), como la fijación de la suma de pesos tres mil cinco ($3.005) al 05/07/04 en concepto de daño material (pto. 6-A - fs. 167).

En cuanto al reclamo sobre privación del uso del automotor considero que debe accederse al reclamo formulado en dicho concepto, toda vez que ello constituyó un daño directo que el actor damnificado sufrió en su patrimonio como consecuencia del hecho ilícito. Es reiterada la jurisprudencia que afirma que: "Los daños por privación del uso del vehículo deben ser indemnizados aunque no se aporte prueba del perjuicio, pues se presume en principio que quien tiene y usa un automotor no lo hace por puro gusto sino para llenar una necesidad y contribuir al desarrollo de sus actividades, no sólo laborales sino también de vida en general" (C.N.C., Sala B-L.L. XXVIII su. 904).

La jurisprudencia uniforme acepta que la privación del uso del vehículo, a consecuencia del accidente, constituye un perjuicio indemnizable. Lo discutible es la naturaleza del perjuicio y los límites en que se indemniza. En cuanto a lo primero es de señalar que la jurisprudencia tiende a caracterizarlo como daño emergente representado por los gastos o erogaciones que el damnificado ha debido realizar para su movilidad, gastos estos, que aunque no se prueban, se presumen realizados ante la necesidad de disponer de otros medios de movilidad.

Esta presunción deviene de otra, obvia y es que quien tiene a su disposición un automotor satisface con su uso una necesidad cuya razonabilidad no puede discutirse. Así planteada, la privación del uso del vehículo provocaría un daño emergente presumido, a diferencia del lucro cesante que -en algunos supuestos- exigiría la demostración fehaciente que se dejó de percibir ganancias.

De todas maneras es incuestionable que el automotor constituye para su propietario, el damnificado, un bien de capital del que se ve privado por causa del accidente, que no le es imputable (Pcia. de Chaco, Sala nro. 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sentencia, 05/07/1996 "C., A. G. y R. E. M. c/ C. M. y/o V. M. y/o A. S. y/o Transporte M. y C. y/o propietario y/o responsable s/ Daños y Perjuicios; elDial - ARC27).

Atento los términos expuestos por el apelante a fs. 184 de los cuales emerge claramente que trata los conceptos lucro cesante y privación de uso del automotor en forma conjunta (pto. 5 párr. 3ero) que es clara y contundente la jurisprudencia en cuanto a que: "Debe distinguirse la naturaleza del lucro cesante, que no es otra cosa que la frustración de la ganancia esperada, de la atinente a la privación del uso del automotor, que es una lesión al derecho de uso, que integra el de propiedad (arts. 1069 y 2513, Código Civil), no siendo correcto dar una única suma para indemnizar ambos rubros, precisamente porque son de distinta naturaleza (Pcia. de Buenos Aires, en autos: "B., S. O. c/ M., R. A. s/ Daños y Perjuicios" - CC0203 - LP - B 69630 RSD-256-90 S - 6-12-1990; "C., S. L. y otro c/ A., A. s/ Daños y perjuicios" - CC0203 - LP - b 79065 RSD-205-94 S - 27-9-1994,entre otros; elDial - W3A77").

En lo atinente a la desvalorización del valor venal del automotor estimo que en una acción en la que se reclama dicha indemnización es de ponderar que todo siniestro de cierta magnitud produce desvalorización, toda vez que aún cuando las reparaciones se llevan a cabo con el mayor cuidado y se reemplazan piezas usadas por otras nuevas los arreglos pueden ser advertidos por personas expertas y de hecho conducen -en general- a disminuir su precio en el mercado.

Por tanto, un criterio práctico aconseja asumir esta posición cuando -como en el caso- surge que los deterioros fueron de suficiente entidad como para dejar rastros, ello surge a través de la exposición policial nro. 1107 (fs. 59/vta. y 70/vta.); del informe perito mecánico -fs. 139vta., 140vta, fs. 142 pto. a); del acta constatación choque de la Policía Provincial nro. 342 (fs. 69); los presupuestos agregados por la parte actora a fs 71/72 reconocido por los representantes de las firmas A. o P. S. C. S.A. a fs. 116 y D. S. A. a fs. 117) así como las fotografías que fueron reconocidas por el fotógrafo a fs. 118).

Asimismo amerito que dichos agravios no constituyen tales ya que no pasan de ser afirmaciones dogmáticas sin sustento en las constancias de autos ya que el recurrente no ha intentado demostrar que las sumas reclamadas y reconocidas como correspondientes a la reparación del vehículo, desvalorización, etc. resulten inadecuadas por no responder a los precios vigentes en plaza.

Ya se tiene expresado que "no basta con afirmar genéricamente la improcedencia de un rubro por falta de prueba, cuando la sentencia ha dado sus razones -acertadas o no- para fundamentar su concesión, es menester puntualizar la discrepancia en forma razonada demostrando de un modo acabado en que consis-te, es decir, el apartamiento del Juez en relación a los hechos y a su prueba y porque el derecho ha sido mal aplicado (conf. crit.CCCC Ia. Tuc.in re: "A. vs A. s/Daños" 14/02/84) - ídem. Sentencia N° 211 - "M. H. R. y Otro c/ M. E. y Otro s/ Daños y Perjuicios (Sala IIA.-Civil y Comercial Común - Sala 2 - 15/09/1992).

Son todos ellos entendimientos por los cuales arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios del apelante recurrente en cuanto a los montos indemnizatorios correspondiente a los conceptos de privación de uso y desvalorización del valor venal del automotor confirmándose en ese sentido la sentencia recurrida.

Por dichas consideraciones arribo a la conclusión que deben desestimarse dichos agravios y en consecuencia confirmar la sentencia venida en crisis.

I.C) Atento a cómo se ha decidido las costas de segunda instancia son impuestas a la parte apelante demandada vencida (art. 68 del CPCCh). Difiero para el momento del acuerdo la regulación los honorarios de los profesionales intervinientes, la que se efectuará de conformidad a la labor desarrollada, el mérito y extensión de la misma, la trascendencia para las partes según las pautas del Dto. Ley Pcial Nro. 2000 y su modificatoria Ley Pcial 4335 art.14 y ccdtes.).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

1) No hacer lugar a los agravios planteados por el apelante demandado (fs. 183/184 vta.) y, en consecuencia confirma, la sentencia de fs. 164/168 vta. en cuanto fuera materia de apelación.

2) Imponer las costas de segunda instancia a la parte apelante demandada vencida (art. 68 del CPCCCh). Difiero para el momento del acuerdo la regula-ción los honorarios de los profesionales intervinientes (Dto. Ley Pcial Nro. 2000 y su modificatoria Ley Pcial 4335 art.14 y ccdtes.).

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la parte demandada contra la sentencia definitiva nro. 38/2005 del Juzgado Letrado en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nro. 3 de la jurisdicción que hizo lugar a la acción y condenó a R. A. a pagar a F. B. la suma de $5680 con más intereses y costas del proceso (fs. 164/68, fs.169).

A fs. 183/4 vta. obra el memorial de agravios del apelante que es retrucado a fs. 189/191. Se queja el demandado del monto condenado por privación de uso del rodado, considerando que el Aquo accedió a lo peticionado en la demanda sin ninguna acreditación, y lo estimado por menor valor venal por cuanto se decidió por el monto previsto en la pericial mecánica.

La quejosa en su recurso mezcla críticas a lo resuelto en el fallo que impugna, trayendo argumentos simplistas y subjetivos, escasa o inexistentemente fundados, insistiendo con la posición adoptada por la misma en el expediente.

En el escrito de expresión de agravios, se confunde el concepto de "agravio" y "argumento" que obliga al planteamiento de esta cuestión previa.

La Excma. Suprema Corte, con el carácter de doctrina legal, ha sostenido que debe diferenciarse el concepto de "agravio" del de "argumento".

Se ha dicho que debe ser considerada "agravio" toda crítica dirigida a las denominadas "cuestiones esenciales", que son las que hacen a la estructura de la litis y su esquema jurídico. Que sin su consideración no sería posible resolver el caso planteado. Va de suyo que su tratamiento es obligatorio para la Alzada. En cambio, debe entenderse como "argumento" toda mención efectuada por la parte apelante destinada a sostener su posición, pero que no se refiere a las ya citadas "cuestiones esenciales". Los argumentos no son de tratamiento obligatorio en segunda instancia (SCBA Ac 32953 del 12-VI-84, Ac. 42311 del 31-X-89, Ac. 43836 del 20-XI-91, Ac. 43658 del 17-III-92, Ac. 50762 del 7-III.-95, Ac. 54992 del 19-X-96, Ac. 67337 del 1-VII-97; CALZ, Sala I, Reg. Sent. Def. 92-93, 116-94, 272-93, 48-96, 126-93, 32-90, 35-96, 159-96, 45-00 y otros).

Es indudable que el Juez debe pronunciarse sobre todas las cuestiones de la pretensión y de la contestación; es decir sobre las cuestiones esenciales cuando su consideración tenga influencia en la resolución del caso.

No debe dejar de advertir -al analizarlo cuidadosamente- que se ha omitido en punto a la privación de uso del automotor, aspecto de la cuestión debatida al contestar demanda, que se opuso el hoy apelante sosteniendo que nada más peticiona sin ofrecer medios idóneos que acrediten el reclamo, por lo cual según dicha parte y precariamente expone que, la sentencia no guarda congruencia con las posiciones de las partes que la preceden.

Ingresando al planteamiento de la recurrente, advertiré que los Jueces no están obligados a tratar todas las argumentaciones propuestas por las partes, sino que basta que hagan mérito de aquellas que consideren más adecuadas para sustentar sus conclusiones (CSN noviembre 8-1981, "Dos Arroyos SCA c/ Ferrari de Noailles", en "Actualización de Jurisp.", N 1440, La Ley, 1981-D, pág. 781; CALZ Sala I Reg. Sent. Def. 32/90 172/00 entre muchas otras).

Tales cuestiones esenciales son ésas que, según las modalidades del caso, resultan necesarias para la correcta solución del pleito y vienen constituidas por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento y que -por su naturaleza- influyen preponderantemente en el fallo, las vinculadas a la dimensión cuantitativa del objeto de la pretensión (SCBA. Ac. 21917, DJBA T III, pág. 15, ídem Ac. 35221 "R. de P. C/Escot", 22-4-86).

Efectuadas estas consideraciones previas y haciendo aplicación de la "doctrina amplia", en cuanto a la valoración del recurso deducido, pasaré a continuación a tratar las quejas planteadas por el recurrente.

Pero recordaré lo dicho por el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia en autos "R., J. K. c/ C., T. H. y otros s/ sumario", Sent. nro. 16 del 13 de julio del 2001, refiriéndose a la carencia de fundamentación que exponía el fallo que: "Ha de quedar claro que este Tribunal no pone en tela de juicio la selección de la responsabilidad aplicable al "sub examine", sino que la crítica se hace efectiva respecto de la ausencia de razonamiento llevado a cabo por el órgano jurisdiccional para sostener su postura. "Es menester suministrar cuál ha sido el desarrollo del razonamiento del juez que analiza los supuestos de hecho admitidos y en su caso, las pruebas que los verifican, para subsumirlos en los preceptos jurídicos.

Sobrevienen así juicios históricos respecto de los hechos y de las pruebas, y desde luego juicios críticos en torno a la valoración de las pruebas y de las normas jurídicas que aplica, todo lo cual debe quedar debidamente expuesto en los considerandos de la resolución judicial ("Recaudos constitucionales para una sentencia válida. Contenido y motivación", Gualberto Lucas Sosa, J.A. 1981-III, pág.781).

En igual sentido Mario I. Chichizola señala que "la fundamentación del fallo implica el análisis y la valoración de la prueba incorporada al proceso, para determinar cuáles son los hechos en que se basa la pretensión y la oposición que pueden considerarse probados y cuáles no. En esta etapa el juez ha de actuar como un historiador que trata de reconstruir una imagen del pasado que ha de incidir en la decisión que debe adoptar.

Al realizar esta operación no puede dejar de tener en cuenta las pruebas aportadas por las partes.. La etapa siguiente que debe realizar el juzgador en la fundamentación de la sentencia, después de haber establecido cuáles son los hechos que considera probado y cuáles no, es la de determinar la significación jurídica que tienen esos hechos, de acuerdo a las normas jurídicas del derecho vigente, para lo cual deberá escoger las normas que considere aplicables al caso, en las que dará sustento legal a su fallo" ("Requisitos constitucionales para una sentencia válida", ED 1981-D, pág. 1138/1145)", Extracto del voto del Dr. Torrejón.

En este orden de ideas advierto que donde se encuentra el déficit de la sentencia venida en crisis, la omisión de exponer los hechos verificados en forma completa e integral acotados por los planteos de las partes, dando a estos un adecuado tratamiento.

En punto concretamente a una de las dos quejas del apelante, el menor valor venal del rodado he de desestimar el agravio por cuanto admitió sin impugnación la pericial mecánica (fs. 142/4) que estableció el valor del auto y el juez Aquo siguió la misma para decidir sobre el punto y nada aporta en sostén de su postura en el memorial en análisis.

No está de más resaltar el carácter relevante de esa prueba por su dictamen técnico, especializado, está imbuida de una contundencia que la mera discrepancia de quien no está de conformidad con sus conclusiones es insuficiente para considerarse.

Varía la situación sobre la privación de uso que el actor a fs. 17vta. con una oración sin terminar, además de la deficiencia lingüística y gramatical reclama un monto. Se opuso puntualmente a fs.32 y vta. el demandado y resolvió el Aquo sin ninguna apreciación al respecto sin ninguna constancia sobre el uso dado al rodado a fs. 167 vta. admitiendo la cotización de un alquiler y sosteniendo que la pericia da cuenta que son 16 días de reparación, sin saberse a qué se debe tal condena, por ello y conforme lo dicho precedentemente adelanto que he de receptar parcialmente el agravio en este único punto y conforme los fundamentos que seguidamente expongo.

En reiteradas oportunidades sostuve siguiendo la doctrina que la indemnización tiene por objeto, en la medida de lo posible, la reposición de las cosas a su estado anterior (art.1083 CC) sin convertirse en fuente de lucro para el damnificado y correlativamente en un factor de expoliación para el dañador, lo que ocurre cuando éste se ve compelido a indemnizar un daño total o parcialmente inexistente (Pizarro, Ramón "Daño Moral. Prevención. Punición", pág. 35).

El demandante tiene que probar la existencia del daño, inexcusablemente, so pena de no recibir reparación alguna, en razón de que como ya se dijo anteriormente debe haber algo que reparar (Belluscio "Cod.Civ..", Ed. Astrea, pág. 705). La indemnización de daños y perjuicios lleva implícita la realidad de estos, para su establecimiento judicial, se requiere la comprobación suficiente de tal realidad (CS, 1-11-99, "Rosa, Carlos A. c/ Estado Nacional RED 35-521, p, VIII-A-101).

La entidad e importancia del daño resarcible es carga probatoria de quien la invoca (Lambías, "Obligaciones", t.1 n.248, pág. 281, LL,130-769).

Encuentro carente de fundamento la simple incorporación de un presupuesto de alquiler de un rodado, ya que el actor no especificó el uso que daba al automóvil, si era para trabajar o para trasladarse a su trabajo, o era exclusivamente para esparcimiento, no obstante y ateniéndome a la circunstancia que insume un periodo de 16 días la reparación y los conceptos volcados precedentemente, entiendo que debe accederse al rubro requerido, pero con estos ciertos esquemas de razonamiento mínimos para viabilizarlo.

Siguiendo la posición de este Cuerpo en ambas Salas, la doctrina y jurisprudencia en la materia que es abundante, reiterada y concordante en el sentido que la privación del automotor comporta un daño, presumiéndose que quien lo tiene lo usa llenando así una necesidad, aunque no acredite, como en el caso, el perjuicio real y positivo, con recibos o documentos.

Lo que agregó la doctrina del máximo tribunal del país: "la privación de uso produce por sí misma un daño indemnizable por lo que se tiende a reparar el perjuicio sufrido por la inmovilización exigida por la reparación;..." (CSJN, julio15-97, "Tetedetuti S.A.I. c/ Bs.As. Prov. s/ Daños y Perjuicios" (RED 32-26)).

En el mismo orden de ideas transcribo criterio que comparto "No se tiene y se utiliza un automotor sino porque reporta alguna ventaja o satisface alguna necesidad. Así la privación de uso conduce a inferir el daño por la fuerza de los hechos mismos" (Cciv.Com.Flia. y Trab. Río 3ero. Córdoba Dic.27-95 LL 97-47).

Por lo que debe viabilizarse el reclamo, y ante la ausencia de los elementos de estimación detallados, que bien podría suplir un remís o taxi la privación sin incurrir en una renta de modelo similar que tampoco alquiló, y conforme las facultades del art.165 del Código ritual establezco el monto en $400.

Por todo lo expuesto receptando parcialmente el agravio, modifico la sentencia reduciendo el importe indemnizatorio por privación de uso en la suma de $400 y resultando el monto total de condena que será $4355 con los intereses fijados por el Aquo.

Conforme quedó resuelta la cuestión, las costas y los honorarios de la instancia de grado por imposición del art.279 del código procesal, deben readecuarse. Se mantiene la imposición de las costas al no haber variado la posición de perdidosa de la demandada conforme lo dispuesto por el art.68 del ritual, los honorarios de los profesionales actuantes se adecuarán a los nuevos montos de condena, difiriendo la regulación de los mismos para el momento del Acuerdo en que se tendrá en consideración lo dispuesto por la ley arancelaria en los arts. 6, 7, 9, 10, 47 y concs. (dto.ley 2200 t.o.4335).

Las costas de la Alzada las impongo en forma proporcional, en un 20% a la actora y en un 80% a la demandada apelante, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo que se efectuará conforme lo establecido en el art.14 de la ley en la materia (Dto-ley 2200).

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por todo lo expuesto esta vocalía propone:

1.- Receptar parcialmente uno de los dos agravios del demandado recurrente, modificando parcialmente la sentencia venida en crisis en el punto primero y segundo en cuanto al monto total de condena que se establece en $4.355 por haberse reducido la indemnización por privación de uso del rodado a $400. Modificar los honorarios de la instancia de grado según considerando respectivo en el momento del Acuerdo.

2.- Costas de la Alzada en forma proporcional, en un 80% al recurrente y en un 20% al actor según considerando respectivo y diferir para el momento del Acuerdo la regulación de los honorarios profesionales.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan los presentes a la Alzada por apelación del demandado (fs 169) de la sentencia de fs 164/168 vta que hace lugar a la demanda y condena a R. A., a abonar en el término de diez días de firme la presente al actor F. D. B., la suma de cinco mil seiscientos ochenta pesos ($5.680),en concepto de daño material, privación del uso del automotor y disminución del valor venal, con más los intereses fijados en el considerando respectivo y desde la fechas fijadas hasta su efectivo pago, impone las costas al demandado y regula los honorarios.

A fs 183/184 vta se agrega la expresión de agravios.

Luego de fijar el objeto de los agravios y presentar los antecedentes de la causa y de la sentencia, inicia la crítica.

Considera que no obra en la causa prueba alguna que el actor haya alquilado efectivamente el vehículo cuyo presupuesto presenta, no obstante el a-quo admite el monto requerido por el actor.

Entiende que el lucro cesante y el valor por privación del uso del vehículo debe ser acorde con las probanzas de la causa; el daño debe ser demostrado y ser el resultado de los gastos ocasionados por la falta del vehículo al que se deben restar los costos de mantenimiento, extremos que no fueron probados.

Se agravia también con relación al monto determinado por la sentencia por el valor venal del vehículo y con cita de jurisprudencia, sostiene que para que exista pérdida por este rubro, el daño debe ser sustancial y comprobado y afectar en forma permanente las partes mecánicas del automotor.

A fs 189/191 se agrega la contestación de agravios.

Las Sras camaristas preopinantes han coincidido en rechazar el agravio referido al valor venal del automóvil, confirmando la sentencia al respecto, pero han diferido en punto al agravio sobre la privación de uso.

Y es sobre este último cuestionamiento, sobre los que me habré de expedir, toda vez que el art. 271 CPCCCh otorga la facultad de no emitir el voto ya que basta para adoptar decisión "los votos en sentido coincidente de quienes se expiden en primero y segundo término", y avocarse al estudio de los agravios; sobre los que reitero, hay coincidencia; tomando decisión no modificará el resultado del fallo, máxime cuando el STJ de la provincia ha admitido, mediante voto del Dr Torrejón en sentencia del 1-6-98 que "la circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia, pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión, formando así la mayoría legal suficiente para justificar el fallo".

No se aventa duda alguna sobre la obligación de indemnizar, por quien es responsable de la colisión, lo que ha llegado firme a esta instancia, el tiempo en que el damnificado se ha visto privado del uso del automotor, y así se ha decidido en esta Cámara.

Y es cierto que el actor no ha probado, ni siquiera lo ha intentado, cuáles eran sus actividades o cuál es el gasto diario que le produjo el hecho, limitándose a solicitar $1.725, por el tiempo de que fuera privado de su vehículo (fs 17 vta).

Pero no es menos cierto que la privación del uso del automotor produce por sí misma un daño indemnizable, pues tiende a reparar el perjuicio sufrido por la inmovilización exigida por la reparación, lo que ya he sostenido en otras oportunidades, en "B. de R., C. c/ M., E. M. y otros s/ Daños y perjuicios", Expte 10020/97, SD 39/89, compartiendo lo argumentado por la sala "A" decía: "que aún una reparación de envergadura no es normal que insuma más de treinta días, resultando ajenas y por tal razón extrañas a la indemnización de los perjuicios sufridos por el evento dañoso, tanto las circunstancias personales del damnificado como la de los talleres, que indisponen el uso del automotor", en igual sentido SD1/01; Sala "A" y 28/01 admitiendo por su evidencia en la materia, que el daño al automotor produce la indisponibilidad, pero dentro de los parámetros establecidos ya que dicho lapso, debe ser apreciado en forma razonable, no siendo justo hacer soportar al demandado un período excesivamente largo, y tampoco otorgando una suma que no se condiga con la realidad.

Y el perito a fs 143, se refiere a 16 días, detallando 5 días y medio de mano de obra, 5 días aproximadamente, pintura incluida, mano de obra y materiales, obtención de repuestos, 1 día, trabajos de mecánica 4 días y trabajos de electricidad 1/2 día, de allí que el monto que fijara el a-quo, resulta a todas luces excesivo, pues sin perjuicio de la documental de fs 72 que fuera reconocida a fs 116, reitero, el actor no ha acercado prueba alguna que permita inferir que debió alquilar el vehículo, o que desarrollara actividad que le infringiera gastos al no disponer del vehículo colisionado, no obstante como ya lo asentara con cita de jurisprudencia, la sola privación del uso del automotor comporta por sí mismo para su dueño un daño indemnizable, pero la falta de pruebas sobre su magnitud, no impedirá que establezca el monto de la retribución.

Por consiguiente y, haciendo uso de las facultades que me acuerda el art. 165 del CPCCCh entiendo como ajustado a derecho fijar una suma de cuatrocientos pesos ($400), más los intereses, tal como lo dispusiera la Dra García Blanco, más los intereses que se calcularán como los fijara el aquo y desde igual fecha, atento que no ha sido materia de queja.

En distintas oportunidades me he expedido sobre la imposición de las costas en atención al éxito de las acciones y rubros reclamados, con fundamento en el art. 71 del CPCCh, pero en autos tal criterio no es de aplicación. El Superior Tribunal de Justicia, estableció en principio "Aún en materia de indemnización la carga de las costas es cuestión que debe examinarse frente al caso en conflicto", en total concordancia con autos "F., B. G. c/ Lavadero I." de fecha 3 de octubre del año 1997.

Y si bien el demandado obtiene en esta instancia una disminución del monto indemnizatorio, en uno de los rubros, no es menos cierto que el actor debió litigar para obtener lo que en definitiva le correspondía, por ello es que considero que la solución adecuada es aquella que tiene en cuenta el resultado final del pleito, es decir si las partes obtienen o no lo que pretendían. Y a decir de Reimundín, "La condena en costas", pág 107.

"No son los argumentos los que acarrean las costas, sino el litigio en general de acuerdo a las concretas pretensiones deducidas".

La parte demandada resulta vencida en el juicio y en consecuencia deben imponerse las costas, en ambas instancias, su totalidad a ella, tal lo dispusiera la Dra. Melero.

Los honorarios los difiero para el momento del acuerdo, y para la fijación se merituará la labor profesional, el éxito obtenido y demás pautas de los arts 6, 7 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Dra. Reynoso de Roberts dijo:

Que coincide con la Dra. García Blanco con relación a la indemnización por privación de uso del automotor y con la Dra. Melero en punto a las costas.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con las disidencias parciales señaladas, la siguiente SENTENCIA:

1) Receptar parcialmente uno de los dos agravios del demandado recurrente, modificando parcialmente la sentencia venida en crisis de fs. 164/168 vta. en el punto primero y segundo en cuanto al monto total de condena que se establece en CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4.355) por haberse reducido la indemnización por privación de uso del rodado a CUATROCIENTOS PESOS ($400).

2) Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en primera instancia a la Dra. N. R. K. en la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS TREINTA ($1.630), a los Dres. E. R. B. y P. M., conjuntamente, en la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($1.240) y al perito mecánico L. A. M. en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250).

3) Costas de la Alzada a la demandada, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de la Dra. N. R. K. en la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA $370) y del Dr. E. R. B. en la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA ($480).

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO - Presidente GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 02 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS