marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, conservación y administración de los bienes, tasas de interés, remoción del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: NUEVO  BANCO  SANTURCE  SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE DISTRIBUCION DE FONDOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

Del dictamen fiscal 90302:

Procede el pedido de un acreedor en cuanto a que se oficie a ciertos bancos para que informen sobre las tasas de interés para imposiciones similares a las efectuadas por el liquidador, toda vez que las disposiciones contenidas en la L.C. art. 179 y 255, dan base a la mentada pretensión. Máxime si la comparación que postula el acreedor entre las tasas de interés de las sucesivas imposiciones y aquéllas que eran ofrecidas por diversos bancos de plaza, puede ser un elemento útil para valorar el desempeño de la sindicatura en este aspecto. Asimismo cabe precisar, que lo requerido puede redundar en beneficio para el interés colectivo de la masa, al suministrar información que permita el examen del desempeño del síndico liquidador.
Cheque sin fondos, cheque de pago diferido, desnaturalización del cheque, deberes del juez, división de poderes
Materia: PENAL
Carátula: AGUILAR, MIRIAM SUSANA s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-13

1- Es bien clara la intención del legislador de preservar la naturaleza unívoca del cheque, negando todo efecto a la posdatación que pudieran acordar librador y tomador. (Decr. Ley 4776/63, Art. 23 y 25, según Ley 23549). El criterio contrario del "a quo" podría en todo caso, valer como análisis de política criminal, que como toda opinión sobre política se podrá compartir o no, pero no es razonamiento jurídicamente válido para dejar de aplicar la ley con la invocada razón que la realidad social se ha desencontrado con la norma. Los jueces deben ser sumamente cautelosos de no inmiscuirse en las esferas propias de otros poderes del Estado, a tal punto que se ha señalado que es la misión más delicada de la justicia saber mantenerse en la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones de otros poderes.
Competencia, competencia comercial, locación de obra, consorcio de propietarios
Materia: PROCESAL
Carátula: ASCENSORES      BUENOS     AIRES     SRL c/ CONSORCIO   DE PROPIETARIOS CALLE TUCUMAN 2181 S/ s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-27

Del dictamen fiscal 88114:

Resulta competente el fuero comercial (Dec 1285/58: 43 bis inc. c, modif. por ley 23637: 10) Para entender en un proceso en el que una SRL - empresa dedicada a compraventa, fabricación, consignación, instalación, reparación y mantenimiento de ascensores), reclama a un consorcio de propietarios el cobro de cierta suma de dinero en concepto de contraprestación de los trabajos realizados -presuntamente impagos-. Ello pues, tal situación encuadra dentro del marco de una locación de obra prestada por un locador que reviste la calidad de sociedad comercial.
Violación, pago, recibo, firma en blanco, prueba, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: APREA GRACIELA LETICIA c/ ANGEL JESUS RALLIN s/ CASACION LABORAL - PAGO - RECIBOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-07-05

Carece de razón suficiente el pronunciamiento que dio por acreditado el uso abusivo de la firma en blanco en base a prueba y presunciones que no permitían llegar a la conclusión a que se arriba la mera firma en blanco de un instrumento no constituye hecho delictivo en si mismo, por que lo que la ley sanciona es el uso abusivo de recibo firmados en esa condición. El hecho de que los recibos fueran al tiempo de la extinción del contrato no indica, necesariamente, que las sumas cuyo pago se instrumenta no hubieran sido percibidas por la actora antes de ese acto. Si en la demanda no se denuncio haber firmado recibos en blanco y se desconoció insinceramente la firma de los instrumentos que se le atribuían, imputando al empleador una conducta delictiva, a la actora le correspondía la prueba acabada de tal hecho y ninguna ha aportado.

Corresponde el rechazo de la pretensión por cobro de diferencias salariales, porque los recibos que acreditan el pago de lo que se afirma debió percibir la accionante reúnen los requisitos del art.

140 LCT, por lo que deben ser declarados auténticos. (Art. 142 Ib.).
Contratos administrativos, interpretación del contrato, contexto interpretativo, conducta de las partes
Materia: Civil Administrativo
Carátula: Otarola, Pedro c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano s/ Contencioso-Administrtivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-12-19

Es bueno recordar que las expresiones usadas en los contratos por las partes no deben ser entendidas en forma aislada sino en función del contexto general del instrumento y fundamentalmente en base a los actos y conductas de los contratantes, posteriores a la celebración del acto, constituyendo uno de los elementos más valiosos para establecer el sentido y el alcance de lo que pretendieron convenir.
Verificación de créditos, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Servicios Portuarios S.A. s/ Concurso especial promovido en autos: Tameqú S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-26

Salvo el supuesto de dolo (art. 39 Ley 19551), la decisión recaída en un concurso, en cuanto declara verificado un crédito, como así la que lo declara admisible, y que no fue objeto de revisión, configura desde el punto de vista procesal, el resultado de una sentencia en juicio de conocimiento pleno, teniendo eficacia y efecto de la cosa juzgada material (art. 38 ley 19551).-
Inviolabilidad del domicilio, orden de allanamiento, flagrancia, testigos
Materia: PENAL
Carátula: Gallardo, Bernardo Javier c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-26

La garantía de inviolabilidad del domicilio debe analizarse puntualmente en cada caso concreto, y suponer que los efectivos policiales vulneraron la "expectativa razonable de privacidad" del dueño de la finca -ubicada en zona rural- a la que ingresaron a fin de detener al imputado, puesto que no contaban con una orden de allanamiento fundada, resulta desacertado, a ello se suma que habría mediado una convocatoria por parte de los vecinos del lugar para que se llevara a cabo el rastrillaje policial en la zona y, tratándose de un caso que podría ser abarcado dentro de los límites de la "flagrancia", puesto que en pleno rastrillaje, los efectivos policiales advirtieron una actitud sospechosa del imputado al verlos e incorporarse rápidamente, sin que los testigos hayan corroborado la versión del recurrente de que su defendido estaba defecando en el momento de ser divisado por el personal policial.

Fuente del sumario: OFICIAL
Empleador, igualdad de trato, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Emilio Fernando y otros c/ Compañía Standard Electric Argentina S.A.I.C. s/ Diferencia de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-03

La 'garantía' del art. 14 bis de la Constitución Nacional -igual remuneración igual tarea- se opone a discriminaciones arbitrarias como serían las fundadas en razones de sexo, religión o raza, pero no a aquéllas que se sustentan en motivos de 'bien común' ni tampoco a las que se fundamentan en la mayor eficacia, laboriosidad y contracción al trabajo.
Leyes, trámites judiciales, veto, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

En el proceso de formación de las leyes, la segunda etapa o constitutiva, es un acto complejo en el que se distinguen distintas fases: 1) preparatoria; 2) deliberativa o de discusión; 3) aprobación por la Cámara, toda vez que en razón del sistema bicameral adoptado, se requiere la voluntad concorde de ambas, acto que se denomina sanción; 4) comunicación de la ley al Poder Ejecutivo; 5) veto y en su caso, devolución de la sanción (observada parcial o totalmente por el Poder Ejecutivo) a las Cámaras para promover, en principio, una nueva discusión y votación, las que pueden insistir en la sanción o bien aceptar las observaciones formuladas. La aprobación da como resultado la ley perfecta (o formada o terminada, si se prefiere) por cuanto se ha completado el procedimiento de su formación por los órganos (Cámaras) que tienen la titularidad y el ejercicio del Poder Legislativo (artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Provincial).

Por otra parte, débese admitir, según algunos autores, que las proclamaciones de los Presidentes de Cámaras tienen algún valor externo y que la fusión de los consentimientos prestados se da con el último de ellos; tal fusión presupone, además de la regularidad en los procedimientos particulares, la perfecta identidad de las dos manifestaciones.
Jueces, independencia del Poder Judicial, remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración, conservación del empleo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ehrlich Moreno, Felipe Guillermo y Otros c/ E.N. -C.S.J.N.- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-27

En autos "Bonorino Peró Abel c/ E.N.", del 15/11/85, la Corte suprema de Justicia integrada por conjueces sostuvo: "...esta Corte ha establecido que la intangibilidad de los sueldos de los jueces es garantía de independencia del Poder Judicial, de forma que cabe considerarla, juntamente con la inamovilidad como garantía de funcionamiento de un poder del Estado, de modo similar a las que preservan a las Cámaras del Congreso, a sus miembros y a los funcionarios incluidos en el art. 45 C.N. (consid. 3º).
Conflicto interno municipal, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Intendente Municipal de Villa Gesell c/ Concejo Deliberante de Villa Gesell s/ Conflicto arts. 196, Const. provincial y 261, L.O.M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-05-03

Se deja aclarado que la suspensión de los efectos de la ordenanza 2556/17 del Concejo Deliberante de Villa Gesell ordenada por resolución de este Tribunal del 26 de abril de 2017, es solo en relación a lo que fuere materia de observación en el art. 1 del decreto 555/17, relativo a la modificación del art. 109 de la ordenanza 2156/08 (art. 166 inc. 2°, CPCC).
Contrato de trabajo, modalidades del contrato de trabajo, contrato de beca, interpretación restrictiva
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz     Starrantino,    Fernando c/ Orígenes    AFJP   SA s/ D
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-12

Si la prestación de servicios del supuesto becario constituye el objeto principal de su contratación, aún cuando esa actividad le resulte educativa o formativa (como en realidad ocurre con cualquier actividad laboral), no podrá aceptarse que se trate de una beca, sólo po esta última circunstancia porque la configuración del vínculo especial requiere que la actividad desplegada por el becario sea secundaria y que sólo se lleve a cabo en función y como accesoria de su propia formación y no para beneficiar al que se la otorga. Es necesario aplicar una interpretación restringida debido a la naturaleza protectoria del derecho del trabajo (en el marco del art. 14 bis de la CN). Si bien, en este caso, no hay elementos para suponer un accionar doloso de la demandada, la concepción amplia y permisiva, conduciría a abrir una gigantesca puerta al fraude, ya que bastaría con agitar ese ya mencionado aprendizaje y entrenamiento que todo trabajo le da a los hombres y mujeres con capacidad para aprender, para apartar fácilmente toda la arquitectura tutelar del derecho del trabajo.
Declaración de inconstitucionalidad, parques provinciales, parques nacionales
Materia: MEDIO AMBIENTE-CONSTITUCIONAL
Carátula: Administración de Parques Nacionales c/ Provincia de Misiones s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-10

Corresponde hacer lugar a la acción declarativa de certeza interpuesta por la Administración de Parques Nacionales y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de las leyes XVI 99 y 112 de la Provincia de Misiones, que disponen la creación del Parque Provincial del Río Iguazú, que comprende el sector argentino del río mencionado, puesto que el Parque Nacional Iguazú fue creado a fin de proteger y conservar el fenómeno natural de las Cataratas y que el sector del río al que se refiere la normativa citada, se encuentra sometido a la jurisdicción del Estado Nacional.
Daños y perjuicios, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ravazzi, Amadeo y otro c/ Moreno de Jimenez, Herminia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

Si no resulta acreditado que el menor -acompañante- hubiera conducido el móvil en el momento del accidente, ni que fuere el autor de la colisión que provocó los daños, a fin de responsabilizar a su madre por esos daños, era imprescindible probar que aquél hurtó el vehículo o que, al menos, fue cómplice de dicho ilícito.-
Seguro de vida obligatorio, caducidad, cobertura
Materia: LABORAL
Carátula: TESITTORE, HILARIA c/ CAJA DE SEGUROS DE VIDA S.A. s/ SEG. DE VIDA OBLIG
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-21

La ley 13003 no dispone ningún tipo de caducidades y en el debate parlamentario se dejó sentado que el beneficiario recibirá el importe del seguro en forma inmediata, buscándose incluso la cobertura del sepelio. Por su parte el decreto 1588/80 establece en su art. 52 y sgtes. un mecanismo de comunicación inmediata del deceso entre las dependencias administrativas o la Anses y la aseguradora para la cobertura en forma rápida. Ello aleja toda posibilidad normativa de invocar la caducidad del seguro.
Beneficios tributarios, forestación, Instituto Forestal Nacional, promoción forestal
Materia: TRIBUTARIO - ADMINISTRATIVO
Carátula: MADONI Y MORETTI S.C.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 3 del decreto 465/74, lo que debe certificar el instituto Forestal Nacional es la medida y la afectación real a la actividad promovida de los gastos e inversiones y no que éstos han sido efectuados por el titular del plan aprobado, como parece interpretarlo la resolución 331/79 de la Secretaría de Hacienda.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, interpretación amplia, interpretación hermenéutica, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, condena condicional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la Constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   Plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El Instituto de la suspensión del   Juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter Y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

Un criterio interpretativo amplio sobre la probation permite extender la aplicación del instituto, bajo el amparo normativo del párrafo 4 del artículo 76 bis del Código Penal, a aquellos supuestos en que se imputan ilícitos que teniendo una pena abstractamente conminada superior a los tres años de prisión, atento a las "circunstancias del caso", puedan generar la estimación concreta de la probabilidad que en caso de condena el justiciable podría obtenerla en forma condicional, conforme las previsiones del artículo 26 del Código Penal, ante la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de la libertad. La llave que viabiliza tal resultado hermeneútico es la vinculación que el citado párrafo 4 del artículo 76 bis efectúa entre la suspensión del juicio a prueba y la condena condicional, aludiendo a "condena aplicable", que no puede ser otra que la emergente de una valoración traducida en un concreto juicio de previsibilidad. (Del Voto del Dr. Suárez).

En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Transporte de estupefacientes, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Concordia Construcciones S.A. c/  s/ Recurso de casación León Robledo, Gonzalo Ezequiel c/  s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-11|2017-12-15

El plexo cargoso luce contundente y unívoco en cuanto a la responsabilidad del imputado en el hecho, ponderando especialmente que era un pasajero del micro a quien se encontró con la llave de la valija que contenía el estupefaciente y a quien el chofer reconoció como quien despachó la referida valija.
Asociación ilícita, jefe de la banda, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Sanzoni, Emilio Oscar s/ asociación ilícita -causa nº 4653-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

Al aplicar la figura penal de la asociación ilícita los jueces deben extremar los recaudos que les permitan tener acreditado el tipo penal previsto en el art. 210 del Código Penal en cuanto exige el dolo específico de asociarse para cometer delitos, cuanto más habrá que exigírseles para la aplicación de la figura agravada por la calidad de "jefe" u "organizador", en la medida que elevan severamente la pena en el mínimo de la escala legal precisamente en atención a la mayor peligrosidad de su participación en relación a los restantes miembros de la asociación (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Proceso contravencional, nulidad procesal, aplicación de la ley, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S, P.S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-22

Nuestro Código de Procedimientos no hace ninguna referencia al tema de las nulidades, esto no puede hacernos creer que el instituto no tenga aplicación en el área contravencional, no quedando otra alternativa razonable que recurrir al Título V- Capítulo VII del Código Procesal Penal para resolver estas cuestiones.

Dentro de esa línea de pensamiento podemos señalar que en el proceso Contravencional no existirían las llamadas nulidades específicas (art. 166 CPPN) dado que el incumplimiento de las formalidades prescriptas para el acta contravencional (art. 36 LPC), audiencia fiscal (art. 41 LPC) y requerimiento de juicio (art. 44 LPC), no tiene previsto en la ley en forma expresa la sanción de nulidad, por lo que las únicas nulidades que se podrían materializar en este proceso son las genéricas, es decir, aquéllas que se producen aunque la norma no la establezca en forma expresa (art. 167 CPPN), entre las cuales se encuentra la violación de garantías constitucionales (art. 168 del citado Código).
Sobreseimiento, control de legalidad, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: V., A. G. c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-20

Relataron que el acusador público, en un primer momento, solicitó el sobreseimiento del imputado, el magistrado rechazó el pedido e indicó las medidas que restaban producir y el fiscal descartó las diligencias y mantuvo su postura liberatoria. Finalmente, el magistrado resolvió que debía profundizarse la investigación y declaró nulos ambos planteos. Explicaron los vocales que la nulidad se basó en una discrepancia con la postura del fiscal y no se señaló la existencia de un vicio concreto, cuando en realidad, el conforme lo señaló la defensa durante la audiencia oral, ante el pedido del fiscal que dio por concluida la posibilidad de continuar con la persecución penal en contra del imputado, el juzgado debió haberse limitado a analizar su procedencia mediante el correspondiente control negativo de legalidad y razonabilidad y no lo hizo. Concluyeron que el proceder vulneró la autonomía del Ministerio Público Fiscal (art.120 CN) que es el titular del onus probandi y atentó contra el principio republicano de control de los actos de gobierno al dejar librado el ejercicio de la acción pública a la discrecionalidad del juez.
Inadmisibilidad del recurso, aprovechamiento indebido de subsidios, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: Sibilia Franco c/  s/ recurso de casción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-13

Corresponde declarar inadmisibles los recursos de casación deducidos contra el pronunciamiento que -por considerar que existían dudas insuperables en que la deuda les era exigible al momento de obtenerlos reembolsos- absolvió a los imputados por el delito de aprovechamiento indebido de subsidios, pues no modifican la solución del caso los análisis respecto del vínculo existente entre las dos sociedades y los recurrentes limitan la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes del decisorio sin intentar desmontar los razonamientos que llevaron al tribunal al estado de incertidumbre probatoria que derivó en la absolución.
Adquisición de la posesión, dominio público
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) - recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-05

Los jueces de mérito han reconocido la propiedad del GCBA sobre el inmueble cuyo desalojo intimó a través del decreto 725/09, sin constatar, aun cuando fueron puestos en obligación de hacerlo, que la Ciudad hubiera adquirido su posesión con arreglo a las previsiones del art. 2.387 del Código Civil; y, consecuentemente, sin que concurra un requisito de la adquisición del dominio de que se trata, examen que resultaba indispensable frente a agravios como los formulados por el recurrente con arreglo a los cuales se viene afirmando que el Club es tenedor del inmueble desde el año 1984, de manera ininterrumpida, y que nunca ha sido notificado ni del convenio suscrito por el gobierno local con el Nacional, ni de la escrituración de ese convenio, ni de algún otro acto equivalente que de cuenta de que la titularidad del inmueble ha pasado a manos del GCBA. (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Personal municipal, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Michelena, José Eduardo y otros c/ Municipalidad de Gral. Pueyrredón s/ Cobro de dif. sueldos Arnedo, Carlos Fernando y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Cobro de diferencia de sueldos, etc. Yanotti, Libia A. y ots. c/ Munic. de Gral. Pueyrredón s/ Cobro de diferencia de sueldos, etc. Quiroga, Juan Pedro c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Cobro de sueldos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07|1995-12-19|1997-02-11|1996-04-09

La relación jurídica que vinculó a los trabajadores transferidos de Obras Sanitarias de la Provincia (O.S.B.A.) a la Municipalidad de Gral. Pueyrredón con ésta, según convenio del 6-VII-82 (aprobado por decreto pcial. 765/82 y Ordenanza 5301/82) revistió el carácter de empleo público municipal, regido por normas de derecho de igual naturaleza (dec. municipal 495/82).