marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, principio de especialidad (procesal), aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Pico, Luis Alberto c/ Colegio Médico Veterinario de Córdoba s/ Plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-27

El principio general de imposición de costas es a la parte vencida, conforme lo establece el art. 130 del Código Procesal Civil y Comercial provincial. La naturaleza jurídica de la condena en costas es eminentemente procesal. Ésta impone una obligación a cargo del vencido en el proceso, cuyo factor de atribución es objetivo. Tal obligación es declarada de oficio por el juez de la causa, siendo dicha resolución la causa fuente de la obligación. Por ello, los condenados en costas son los obligados naturales y primarios de los honorarios regulados y el título que los obliga surge de la sentencia.
Daños y perjuicios, error judicial, competencia penal, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Martín, Ava y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Justicia y otros s/ responsabilidad extracontractual del Estado
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-19

La sentencia que hizo lugar a la acción de daños y perjuicios iniciada contra el Estado Nacional por las consecuencias que derivaron de medidas de carácter provisorio dispuestas por un magistrado en el marco de un proceso penal es arbitraria, pues resulta evidente que no efectuó un examen integral de los términos de la decisión, ni los confrontó con los argumentos que la demandada esgrimió, ni examinó concretamente las circunstancias fácticas y jurídicas involucradas en la causa, es decir no analizó si el juez penal tuvo en cuenta elementos objetivos que lo hubieran llevado al convencimiento -relativo, obviamente, dada la etapa preliminar en que se encontraba el proceso- de que había mediado un delito y existía probabilidad cierta de que los imputados fueran sus autores (Voto de los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Amparo ambiental, aplicación de la ley, interpretación de la ley, principio de congruencia, expropiación, apelación implícita
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba [CORMECOR] y otros c/  s/ Cuestión ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-19

La ley que dispuso la expropiación de los inmuebles necesarios para la instalación de un complejo para el tratamiento, valoración y disposición final de los residuos sólidos urbanos, no puede operar como una suerte de autorización ambiental implícita, paralela o al margen de todas las instancias o fases diagramadas por la Ley n.° 10208. Si así se la concibiera se obviaría que, como máxima expresión del principio de legalidad en materia ambiental, "en ningún caso, se admite la aprobación ficta" (art. 14) de proyectos, emprendimiento o actividades antrópicas que fueran susceptibles de producir daño al ambiente.
Extradición, arraigo, menores
Materia: PENAL
Carátula: Lavrentiev, Dmitri  c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-10

Tanto el arraigo en la República Argentina como la situación familiar, no están previstas en el régimen legal como causales de improcedencia de la extradición en la etapa judicial; sin perjuicio de la valoración que de las mismas pudiera efectuar el Poder Ejecutivo Nacional en la toma de decisión final.
Empleo público, personal policial, promoción de grado, carácter taxativo, sumario administrativo, proceso penal, retiro obligatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Freire, Laura Estela  c/ Provincia de Córdoba - Plena jurisdicción s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-04-14

El régimen de retiro policial no importa la extinción del vínculo jurídico ni la desvinculación del agente con la fuerza, sino que limita sus derechos y deberes. En efecto, cuando un agente pasa a retiro existe una mutación en el régimen jurídico pero continúa perteneciendo a la institución policial. En tal dirección, el retiro importa una situación definitiva que implica la culminación de la carrera policial y excluye al personal retirado de las Juntas de Promociones anuales (arts. 15, 17 y 18 de la Ley n.° 9728). Sin embargo, tal limitación no impide el reconocimiento de la promoción retroactiva por los períodos previos al retiro, cuando la inhabilitación que obstó al ascenso es removida con posterioridad. En consecuencia, la normativa que regula la situación de los retirados rige para los períodos posteriores al retiro y no impide la evaluación de antecedentes anteriores a esa situación, conforme a lo previsto en el art. 45 de la Ley n.° 9728.
Costas, principio de especialidad (procesal), aplicación de la ley, obligación subsidiaria, pago, competencia provincial, sujetos obligados, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Pico, Luis Alberto c/ Colegio Médico Veterinario de Córdoba s/ Plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-02-27

La distinta naturaleza y causa de ambas obligaciones -esto es la del condenado en costas y la del comitente con su letrado- surge evidente si se tiene en cuenta que, en el supuesto que el abogado suscriba un contrato de locación de servicios con su cliente, en el que se establezca el precio por la tarea a desarrollar en determinado proceso en el que aquel es parte y resulta victorioso, habiéndose impuesto las costas a la contraparte vencida, nada podrá reclamar el letrado a su representado. Ello, en razón de que sus servicios profesionales fueron retribuidos mediante la contraprestación pactada. No obstante, por los mismos servicios, podrá legítimamente reclamar a la parte vencida condenada en costas el importe de los honorarios profesionales que le corresponden, en virtud de la sentencia que así lo declara. Si se entendiera que se trata de una misma obligación, que reconoce idéntica causa, tal temperamento no sería posible, ya que se estaría abonando dos veces una misma e idéntica obligación.
Poder de policía, control sanitario, código alimentario Argentino, autoridad de aplicación, autonomía municipal, carnes, organismos del Estado, bien jurídico protegido, fiscalización estatal
Materia: SALUD PUBLICA
Carátula: Wal-Mart Argentina SRL (Hoy Dorinka SRL)  c/ Municipalidad de Córdoba s/ Plena jurisdicción - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-26

La aprobación y registración de la carne picada y su rotulación por parte de la autoridad nacional -SENASA- no importan la supresión de las potestades de fiscalización que corresponden al Municipio al momento de su expendio al público. En particular, el Municipio de Córdoba dictó en el año 2006 la Ordenanza n.° 11166, que regula las condiciones de expendio de la carne triturada, picada o molida en su jurisdicción estableciendo la obligación de que sea procesada a la vista del comprador -en coincidencia con lo previsto en el art. 255 del Código Alimentario Argentino-, sin contemplar excepción alguna. La restricción en cuestión, encuentra su fundamento en las facultades del Municipio de control sanitario de los productos de consumo humano con el fin de resguardar la salud de la población.
Colegio profesional, ingenieros, potestad disciplinaria, notificación, domicilio procesal, domicilio constituido, subsanación de la falta, principio de eficacia, tribunal de disciplina, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Blessio, Sergio René  c/ Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba s/ Plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-13

La omisión de la individualización del voto de los miembros de un órgano colegiado no invalida el acto administrativo desde lo formal cuando no se trata de un requisito exigido por la normativa aplicable (Ley n.° 7674 y Decreto n.° 2299/1997), especialmente si la decisión fue adoptada por unanimidad.
Lealtad procesal, probidad, idoneidad para la función, proceso penal, defensa en juicio, derechos y garantías constitucionales, inteligencia artificial, responsabilidad del abogado, negligencia procesal, obligaciones del abogado, TUCUMÁN, sanciones disciplinarias, debido proceso, valor justicia
Materia: INFORMATICO-PENAL-PROCESAL
Carátula: XXX c/  s/ Abuso sexual con acceso carnal, art. 199, 1er párr.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-11-28

El ejercicio de la abogacía reviste carácter de función social y pública aunque su desempeño sea particular debe siempre estar orientada al servicio del Derecho y de la Justicia, concepción que impone al profesional no solo el deber de competencia técnica, sino también una conducta inspirada en la probidad, la veracidad, la lealtad procesal y la diligencia profesional máxime cuando se trata de materia penal donde el deber de actuación diligente en todas las etapas del proceso se agudiza por lo que si elabora escritos judiciales usando un sistema de inteligencia artificial su intervención personal y razonada a los fines de su verificación resulta ineludible.
Amparo ambiental, bien jurídico protegido, tutela diferenciada, principio de congruencia, reserva de prioridad
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Destefanis, Mario Guillermo y otros c/ Municipalidad de Villa María y otro s/ Amparo ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-27

El artículo 41 de la CN establece que el daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer. Se trata de una opción preferida porque vuelve las cosas al estado anterior mediante su reparación en especie (in situ o in natura). Es decir, un bien de tanta trascendencia, como el ambiente, queda incólume como antes del hecho dañoso. Por ello, se ha observado que es el máximo de justicia conmutativa. Sin embargo, la vuelta al estado originario no siempre es posible. Se presentan hipótesis en los que el impacto ambiental negativo es fácticamente irreversible o la implementación técnica de la recomposición resulta sumamente compleja. Estos últimos supuestos no han sido ignorados por el constituyente, ni por el legislador. El primero ha advertido que el daño ambiental genera la obligación prioritaria de su recomposición, "según lo establezca la ley" (cfr. art. 41, 1.° párrafo, in fine de la CN). Luego, el segundo hizo salvedad del "caso en que no sea técnicamente factible" que el responsable restablezca el estado anterior a la producción del daño (cfr. art. 28, Ley n.° 25675). Asimismo, el principio de responsabilidad supone que el generador de efectos degradantes del ambiente es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición. Empero, ello es "sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan" (cfr. art. 4, ídem., conc. con art. 4, inc. e, Ley n.° 10208).
Concurso preventivo, autorización de venta, homologación del acuerdo, desapoderamiento, sindicatura, juez del concurso, acreedor
Materia: COMERCIAL
Carátula: José Minetti y Compañía Limitada SACI c/  s/ Gran concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-04-14

La mesura en las decisiones que un juez adopta es un valor que debe ser especialmente contemplado cuando la alternativa que se presenta para superar una situación crítica puede conducir a una solución extrema (disminución de la garantía patrimonial de los acreedores), no suficientemente justificada y susceptible de causar daño. Frente a la envergadura de la negociación de venta, no debe soslayarse el interés de los acreedores del concurso, con relación a la suerte del activo de su deudor. Ese es el mayor interés que justifica el detenido análisis de la plataforma fáctica, en torno a los actos de disposición objeto de autorización para lograr el cumplimiento concordatario. Corresponde tener presente la subsistencia, en el patrimonio de la deudora, de activo suficiente (valuado por la sindicatura en el informe general y actualizado) para garantizar -posteriormente- cuanto pueda derivarse en reclamos crediticios. Dicho patrimonio debe continuar afectado por las medidas de inhibición e indisponibilidad, que mantendrán vigencia sobre la persona jurídica concursada y sus bienes hasta el cumplimiento efectivo y acabado del acuerdo preventivo.
Defensa, sanciones del Colegio Profesional, TUCUMÁN, sanciones disciplinarias, debido proceso, lealtad procesal, probidad, idoneidad para la función, defensa en juicio, derechos y garantías constitucionales, inteligencia artificial, responsabilidad del abogado, negligencia procesal, obligaciones del abogado
Materia: INFORMATICO-PENAL-PROCESAL
Carátula: XXX c/  s/ Abuso sexual con acceso carnal, art. 199, 1er párr.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-11-28

La defensa penal no puede convertirse en un espacio de experimentación irresponsable de tecnologías o sistemas de inteligencia artificial de allí entonces que la conducta de la defensora que sustituyó su tarea argumental por un texto producido por inteligencia artificial generativa sin cumplir con el debido control sobre la autenticidad de las fuentes, generó una privación a su pupilo de una verdadera defensa técnica lo que impone su inmediato apartamiento de la causa por incumplimiento grave de los deberes éticos y procesales a su cargo debiendo ordenarse la designación de nuevo abogado defensor con remisión del caso al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Tucumán para que adopte medidas tendientes a concientizar a los abogados sobre el uso responsable y controlado de las herramientas de inteligencia artificial recordando que la delegación irreflexiva de la labor intelectual en tales sistemas constituye una infracción grave a los principios que rigen el ejercicio profesional.
Recurso de inconstitucionalidad, excepciones procesales, prescripción, seguros, interpretación de la ley, plazo, relación de consumo
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Paulo Andrés  c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA - Abreviado - Cumplimiento/resolución de contrato - Trámite oral s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-07-03

El reconocimiento de los derechos de consumidores y usuarios que ha tenido lugar a partir de la codificación del contrato de consumo, marca la prevalencia de las normas del CCC. Este sistema legal complementa la legislación especial y fija los pisos mínimos que deben ser observados, de acuerdo con el fundamento constitucional que tuvo el principio protectorio consagrado en el art. 3 de la LDC a partir de la reforma constitucional del año 1994. Con arreglo a este criterio hermenéutico, la selección del plazo de prescripción aplicable a las acciones emergentes de un contrato de seguro y de consumo, no puede estar guiada por el tradicional criterio que asigna mayor eficacia a la ley especial por sobre la general. La solución debe estar presidida por el diálogo de fuentes, a través del cual se logre armonizar de modo coherente y razonable las normas y principios en juego.
Ejecución de sentencia penal, pena privativa de la libertad, prisión domiciliaria, visitas carcelarias
Materia: PENAL
Carátula: Fernández de Kirchner, Cristina c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-13

El derecho de visita en el marco de la ejecución de una pena privativa de libertad no es irrestricto sino reglado; en consecuencia, su ejercicio puede ser organizado bajo criterios objetivos vinculados con razones de seguridad, control y naturaleza punitiva de la medida, sin que ello implique la imposición de un castigo adicional.
Código civil y comercial, uniones convivenciales, responsables, ruptura del noviazgo, reclamo impropio
Materia: CIVIL
Carátula: G. N. F. c/ G. M. D. L. A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2026-02-04

La falta de pacto en la adquisición de los bienes, art., 401 para el noviazgo y art., 528 del Código Civil y Comercial para la unión convivencial, hace que los bienes adquiridos durante aquellos vínculos se mantengan en el patrimonio al que ingresaron, no resultando la pareja titular del bien no pudiendo asimismo gozar de derecho alguno sobre los bienes del otro.
Amparo ambiental, bien jurídico protegido, tutela diferenciada, principio de congruencia, interpretación amplia
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Destefanis, Mario Guillermo y otros c/ Municipalidad de Villa María y otro s/ Amparo ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-27

Las reglas y principios procesales deben ser interpretados con un criterio amplio en los asuntos tocantes a la tutela del daño ambiental. De lo contrario, se soslaya su carácter instrumental (de medio a fin) y desconoce que los tribunales cuentan, en los casos ambientales, con atribuciones que exceden la versión tradicional de un juez espectador (arts. 32 y 33, Ley n.º 25675, y 74, Ley n.º 10208). La circunstancia de que un tribunal seleccione un mecanismo de responsabilidad ambiental, denominando sistema de compensación, no importa un quebranto del principio de congruencia. Esto, por cuanto al evaluarse la condena debe implementarse una mirada policéntrica sobre el pasivo ambiental generado por los responsables.
Amparo ambiental, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba [CORMECOR] y otros c/  s/ Cuestión ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-19

La Ley de Política Ambiental n.° 10208 no ha abrogado lisa y llanamente a la Ley n.° 4915, que sigue siendo el marco de referencia para todo amparo en general. Como consecuencia, debe acudirse a ella, principalmente, en todo aquello que procesalmente no estuviera regulado en forma expresa por la Ley n.° 10208. La clave reside en cómo deben mixturarse ambos marcos normativos. En ese sentido, la Ley n.° 4915 es estrictamente procesal. Mientras tanto, la Ley n.° 10208, no obstante incluir algunas previsiones de ese carácter, es mucho más que eso: supone el marco sustantivo para el desarrollo de cualquier política ambiental en Córdoba. Por ende, ninguna interpretación puede desplegarse sin favorecer la complementación -nunca la exclusión- que debe mediar entre ellas. Esto, teniendo en cuenta que el amparo, por su triple dimensión (derecho, garantía y proceso), es uno y el mismo, aun cuando fuera ensayado con fines ambientales. Dicha unidad prescriptiva y conceptual emana de las propias constituciones de la Nación (CN, arts. 43 y 41) y provincial (CP, art. 48). Como consecuencia, la sustanciación de toda acción de este tipo debe canalizarse por medio de una estructura y de reglas procesales comunes que no desvirtúen la base garantista común que define al amparo.
Prescripción, contratos, relación de consumo, seguros, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Torres, Oscar  c/ Caruso Compañía Argentina de Seguros SA - Abreviado - Otros - Tram. oral s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-07-03

El plazo de prescripción aplicable a la obligación nacida de un contrato de seguro que se enmarca como relación de consumo, transitó diferentes regímenes legales durante las últimas décadas a raíz de las modificaciones que tuvo el art. 50, LDC. Así, con el dictado de la ley n.° 26994, que puso en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (CCC), se incorpora al nuevo sistema normativo un capítulo destinado especialmente a regular el contrato de consumo. Además, se modifica el art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, dejando sin efecto el plazo de prescripción de 3 años para promover las acciones judiciales nacidas de la relación de consumo. De este modo, coexisten a la fecha dos normas que pueden definir el plazo de prescripción aplicable. Por un lado, teniendo en cuenta que el CCC no ha previsto de modo singular un plazo de prescripción para las acciones derivadas del contrato de consumo, la cuestión podría quedar encuadrada en el plazo genérico de cinco años que contempla el art. 2560 del CCC. Asimismo, frente a un contrato de seguro, también podría resultar aplicable el art. 58 de la Ley 17418.
Alimentos, acción de repetición, reembolso de gastos, sujetos obligados, prescripción anual, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: F., A. N. c/ N., J. P. s/ Acción ordinaria - Otras - Ley 10305
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-20

La aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el art. 2 del CCC, se circunscriben a aquellos casos en que exista un vacío o laguna legal, ambigüedad u oscuridad en el texto de la ley, o resulte necesario para determinar el alcance de una norma. Por ello, no resulta necesario realizar una interpretación sistémica o interpretativa de lo dispuesto por el art. 2564, inc. e, del CCC, pues la norma es clara y precisa en determinar que la acción de reembolso prevista por el art. 669 del CCC prescribe al año.
Delitos contra la integridad sexual, proxenetismo, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: S., B. A. c/  s/ sobreseimiento. Explotación económica del ejercicio de la prostitución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-12-26

El proxeneta o lenón se aprovecha del ejercicio actual de una persona que ejerce la prostitución, siendo independiente a cualquier acto de promoción o facilitación. En tal sentido, cabe agregar que explotar económicamente a alguien significa obtener cualquier tipo de beneficio o rédito de esa naturaleza, a través de la actividad de otra persona.
Concurso preventivo, autorización de venta, homologación del acuerdo, desapoderamiento, sindicatura, fondo de comercio, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: José Minetti y Compañía Limitada SACI c/  s/ Gran concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-04-14

Cuando la operatoria implica la enajenación de un conjunto de bienes y gran cantidad de elementos que constituyen parte sustancial de una unidad productiva de la concursada, se configura la venta de un fondo de comercio -más allá de las exclusiones de algunos bienes-. Dicha operatoria encuadra en el régimen de la Ley n.° 11867. Sin embargo, es factible la exclusión -en el caso concreto- de la aplicación de la citada ley, si existe el resguardo de los acreedores concursales, ante una eventual disminución de la garantía patrimonial, a través de la autorización judicial. Ello, con la participación activa del órgano de contralor específico -la sindicatura- en la apreciación del acto y la vigilancia judicial, en tutela de los intereses de los acreedores.
Alimentos, acción de repetición, reembolso de gastos, sujetos obligados, prescripción anual, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: F., A. N. c/ N., J. P. s/ Acción ordinaria - Otras - Ley 10305
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-20

Para que proceda la dispensa de la prescripción ya cumplida, de conformidad a lo dispuesto por el art. 2250 del CCC, el titular de la acción debe hacer valer su derecho ante el juez dentro de los seis meses siguientes a la cesación de los obstáculos que le impidieron el ejercicio de sus derechos. Si por el contrario, esta eximente recién se plantea tardíamente al momento de apelar -tres años después de iniciada la acción-, el tribunal de alzada no debe adentrarse a analizar las circunstancias que alega el apelante, ya que no fueron debidamente introducidas en tiempo ante el juez de grado.