Proceso penal, querellante particular
Materia: PENAL
Carátula: R. O. A. R. J. C. Y. M. E. J. s/ ESTAFA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-30

Este Tribunal coincide con lo resuelto en la sentencia en crisis que el querellante no tiene legitimación procesal para intervenir en el actual proceso, en tanto el art. 7 del CPPT establece la legitimación para constituirse como querellante particular sólo a la víctima directa o a sus familiares en tanto tengan la calidad de herederos forzosos, mientras que las demás víctimas carecen de tal legitimación. La citada norma establece particularmente que pueden ser querellantes aquellas personas que asuman el carácter de ser ? ofendido penalmente por un delito de acción pública? . Al analizar las cuestiones planteadas por los recurrentes, se observa una confusión entre lo que debe considerarse ofendido penalmente y el simple damnificado por el hecho. Al respecto sostiene la doctrina: ? La previsión normativa dispuesta por el Código Procesal impone un examen sobre la naturaleza y características del hecho que constituye el objeto de la imputación, con el fin de establecer si se evidencia la condición del pretensor de ser el 'ofendido penalmente'? (Ferrer, Carlos, ob cit., p.58). ? En este estadio cabe aclarar que, ofendido penalmente es quien porta en el contexto concreto el bien jurídico protegido por la norma penal de prohibición o de mandato presuntamente infringida? (Maier Julio B. J. Derecho Procesal Penal -II Parte General.

Sujetos procesales-, Editoriales del Puerto, Bs. As., 2003, p.681. En sentido similar: Balcarce, Fabián I. "El querellante particular en la legislación procesal cordobesa", En torno al querellante particular, Advocatus, Córdoba, 2003, p. 96. Citados por el TSCórdoba, en el fallo del 17 de mayo de 2007, ? Bonfigli, Mario Alberto y otros? ). Cabe agregar que resultaría desacertado incluir al damnificado entre quienes pueden ser titulares en el proceso como querellantes particulares puesto que no sólo excede el texto del precepto procesal citado sino que, además, afectaría principios esenciales del derecho penal. En efecto, darle participación activa en el proceso sin ningún tipo de límite a quienes no tienen una afectación directa por el hecho imputado dejaría en una situación de desigualdad al acusado puesto que a la par de la intervención del Ministerio Público y los querellantes particulares ofendidos penalmente, se sumarían a la acusación un número ilimitado de damnificados que instarían el proceso contra una posición menguada de la defensa. Una posición amplia en relación a la participación de la querella particular afectaría la situación y los derechos de los imputados de tener un juicio justo e imparcial garantizado por la Constitución Nacional (CSJTuc., sentencia Nº 506, 29/5/2009, ? Fernández Mario Gustavo y otros s/ Falsedad ideológica? ). Al respecto tiene dicho la jurisprudencia nacional: ? ...al ser el querellante un actor no esencial en el proceso, su participación en él debe encontrarse circunscripta a los casos y bajo las condiciones que la ley establece, dado que lo contrario necesariamente conduciría a la afectación de los derechos del imputado? (CNCP en pleno, plenario n° 11 ? Zichy Thyseen, Federico y otro? del 23 de junio de 2006). Así, se genera una desfavorable situación para el sujeto pasivo de la acción penal, el imputado, ya que debe ejercer su defensa no sólo respecto del fiscal sino también del querellante constituido de tal manera. Situación que reviste particular gravedad, si se tiene en cuenta que el querellante cuenta con facultades autónomas para proceder. Claramente se verifica la analogía de la ley procesal en desmedro del imputado, lo que viola el principio de legalidad y veda la interpretación extensiva del querellante (La persona jurídica como querellante en el nuevo Código Procesal Penal santafesino; Cuello Murúa, Aurelio, Scocco, Martín E.; LL Litoral 2010 (diciembre), 1165).

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.