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Seguro colectivo, denuncia del siniestro, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL
Carátula: Altrui Arnaldo Y Otros c/ Caja De Seguros S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-13

El art. 56 de la ley 17418 es aplicable también a los seguros de personas, como el seguro colectivo de vida, pues si bien el art 49 no hace expresa remisión al art 56, ello no implica que pueda prescindirse de la norma en cuestión, dado que este último artículo no distingue entre tipos de seguros y una interpretación contraria llevaría, una vez denunciado el siniestro, a la inexistencia de consecuencias en caso de silencio de la aseguradora, lo cual contraría el principio de seguridad jurídica.
Falsificación de instrumento público, uso de documento falso, delito de peligro
Materia: PENAL
Carátula: VAZQUEZ ANTELO, OSVALDO s/ INFR. ART. 292, 2A. PARTE Y 172 C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-04

El uso resulta indiferente para la consumación del delito, de falsificación, cuando se trata de un documento público. La consumación no es exactamente igual en todos los casos. Cuando recae sobre un documento público el delito se consuma con la sola creación total o parcial o con la adulteración ya que con estos hechos surge la eventualidad del perjuicio. El perjuicio siempre debe consistir en la posibilidad de que mediante su empleo - el del documento - se vulnere algún otro bien, no siendo necesario que sea patrimonial, bastando solamente la posibilidad de un perjuicio cualquiera, con tal que esa situación de peligro sea derivada de la falsedad misma y del empleo del documento.
Competencia comercial, medidas cautelares, ejecución de honorarios, mandato, gestor
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SERRANO, Eduardo A. c/ WOZNIAK, Alcides A. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-17

Corresponde intervenir al fuero comercial en las medidas cautelares promovidas con la finalidad de asegurar el cobro de honorarios por quien realiza en forma habitual trámites de gestoría en virtud de un contrato de mandato. Es que si el accionante actúa en plaza como gestor, tal actividad, se realice en forma unipersonal o no, implica que aquél tiene una organización a efectos de esos trámites, lo que permite fundar la naturaleza comercial de la actividad por aplicación de lo dispuesto en el art. 8, inc. 5 del Código de Comercio.
Daño moral, energía eléctrica, distribución de energía eléctrica, incendio
Materia: CIVIL
Carátula: MARTIN MARIA ADELA c/ EDESUR S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-04

Es dable presumir la situación personal de la actora provocada ante un hecho imprevisto y catastrófico, que la inhibe de ocupar su vivienda por un tiempo prolongado. Molestias y perturbaciones que van desde procurarse vestimenta y alimentación hasta la de conseguir un techo donde guarecerse. Estas circunstancias justifican la admisión del rubro reclamado. Sin embargo, en cuanto a la pretensión de incrementar la indemnización por exceso de molestias y perturbaciones de toda índole en el espíritu de la demandante, que la parte actora invoca en el memorial, son precisamente los que justifican la admisión del daño moral en la hipótesis de incumplimiento de la distribuidora de energía eléctrica (cfr. esta Sala, causa 1342/01 del 18/3/04, entre otras). Destacada las particularidades en que se verificó la contingencia -ponderando el momento crítico vivido por la actora- y teniendo presente las demás condiciones personales de la damnificada de las cuales da cuenta el informe psicológico de -que detalla que no se evidencian un cuadro psicopatológico ni sintomatología que pueda adjudicarse al hecho de autos-, entiendo equitativo confirmar el resarcimiento discernido por este motivo por el señor juez a quo en la suma de $15.000, cantidad que creo resarce adecuadamente los sinsabores padecidos por la actora.
Mandato, contratos, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: JULLIER, OSCAR ROBERTO c/ AUTO CIRCULO SRL s/ ORDINARIO     EXPTE NRO 135-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-26

Un poder es suficiente cuando amén de consignar que otorga facultades para intervenir en medidas precautorias, iniciar o proseguir juicio ordinario o la "acción que jurídicamente corresponda", "reclamar por daños y perjuicios" contra el Auto Circulo SRL o contra "terceros interesados", especifica luego que entre aquellas facultades están las de "contestar reconvenciones" y practicar cuantos actos y gestiones sean conducentes al mejor cumplimiento del mandato, "reconvenir", "demandar", etc. De acuerdo con el artículo 1198 del Código Civil los contratos se deben interpretar según lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y previsión, y sin duda, en el caso el otorgante del poder ha entendido como lo entendió su mandatario, que con ese poder podía contestar demandas que por razón del mismo acto jurídico fundante de la relación jurídica podía promoverle la parte contraria (artículo 44 del Código de Procedimiento Civil).
Enfermedad accidente, responsabilidad extracontractual, empleador, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Sayago, Julio c/ Molinos Balcarce s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28

Es culposa en los términos del art. 1109 del Código Civil la conducta del empleador que nunca realizó a su dependiente los controles médicos a los que está legalmente obligado -ley 19.587 y dec. reg. 351/79-, máxime teniendo en cuenta que la edad y labores asignadas le hubieran permitido conocer oportunamente la enfermedad de base padecida por el empleado y adoptar las medidas pertinentes para sustraerlo del cumplimiento de las tareas que influyeron de modo pernicioso sobre su salud hasta incapacitarlo totalmente.
Competencia, competencia federal, ordenanzas municipales, marcas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Imperial Chemical Industries  PLC  y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Medidas Cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-23

Se peticiona la nulidad de una ordenanza municipal en tanto aquélla prohíbe el uso y la comercialización en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de determinadas sustancias que, en definitiva, afectan concretamente la comercialización del uso de productos con la marca "GAMMEXANE". Siendo ello así la competencia establecida por la Ley Orgánica de la Municipalidad en su art. 97 debe ceder frente a la competencia propia de la Justicia Federal en supuestos donde se acciona por temas ligados, en definitiva, a cuestiones vinculadas con la salud y la contaminación, circunstancias que han sido establecidas por la propia Constitución Nacional (v. art. 67, inc. 16) y por la Ley 24.051 a favor del fuero federal (conf. CNFed., San Martín, Sala 1a., 17/11/92, pub. J.A.

diario del 2/6/93). De otro lado lo que se pretende con la acción iniciada es recuperar la posibilidad de comercialización de los productos con la marca "Gammexane" dentro del radio de la Capital Federal. Por ello, y por tratarse de un conflicto que atañe a los derechos correspondientes a un titular marcario (ley 22.362), también corresponde que conozca el fuero federal en lo Civil y Comercial, máxime cuando de lo que se trata es de dilucidar esta cuestión a los fines de, por un lado, proteger el eventual descrédito comercial para el titular de una marca y por el otro, proteger al público por eventuales problemas de salud. Cabe concluir entonces que en razón de lo prescripto por la propia Constitución Nacional (v.espec. art. 100 y cit.) y las Leyes 22.362 y 24.051 (ésta última citada argumentalmente) la situación cae en la órbita de la Justicia en lo Civil y Comercial Federal habida cuenta de que las normas citadas ostentan prioridad aplicativa en el aspecto en debate sobre la contenida en el art. 97 de la Ley 19.987.
Recurso de inaplicabilidad de ley, depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Procopio, Alejandro M. c/ Llao Llao Holdin S.A. s/ Accidente de trabajo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-12-28

La circunstancia de efectuarse el depósito previo dinerario no acarrea (salvo hipótesis excepcionales, vgr. art. 290 del CPCC) que el trabajador beneficiado por el fallo acceda a los montos que le fueron reconocidos, obteniendo su libre disposición. En consecuencia, no resulta procedente poner en cabeza del trabajador las consecuencias provocadas por una actividad recursiva estéril del condenado, máxime si se atiende a las dilaciones temporales que puede proyectar la sucesiva interposición de recursos extraordinarios locales y, en su caso, federales.
Excepciones procesales, defecto legal, prueba documental, intereses, contenido de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  BANADE c/ FIBRANO CIA. ARG. DE HILADOS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-03

La crítica no se dirige al reclamo principal (cuya precisión y determinación no se cuestiona) sino que alude a la falta de expresión numérica de los intereses que corresponde aplicar a la deuda reclamada.

De la prueba instrumental acompañada por la institución oficial surgen las pautas que corresponde aplicar en orden a los accesorios.

Desde esta perspectiva y toda vez que esta Cámara ha decidido que la demanda ha de ser interpretada e integrada conjuntamente con la documentación acompañada corresponde rechazar la excepción de oscuro libelo articulada.
Prescripción de la acción contravencional, CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público - Defensor Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad rechazado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-13

La finalidad de la ley nro. 10 es sancionar conductas que afectan la mera convivencia de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, y ese objetivo no se cumpliría si se interpretara el instituto de la prescripción de la acción de manera tal que, en la práctica, toda contravención terminara sin condena, pues, de ese modo, la norma perdería sentido y se convertiría en una norma abstracta limitada al plano de lo teórico, y sin posibilidades de ser llevada a la realidad. Al establecer plazos cortos de prescripción, el legislador pretendió agilizar el procedimiento y de esa manera evitar la inseguridad jurídica que produce la indecisión sobre la situación del contraventor.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Barbieris, Eduardo A. y Bautista, Pablo F. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-19

Se configura la existencia de riesgo procesal ante la magnitud de la pena en expectativa por el hecho atribuido -tenencia de estupefacientes con fines de comercialización-, que impide toda posibilidad de condena de ejecución condicional, la gravedad del ilícito investigado, las características que rodearon al hecho, las investigaciones que aún continúan, los resultados desfavorables de los informes socioambientales de ambos imputados, pues se trata de arribar a aquellas personas que proveen el material estupefaciente a potenciales distribuidores. La disidencia señaló que lo resuelto invirtió la carga de la prueba, cuando en realidad la demostración de los factores vinculados con la posible existencia de los riesgos procesales de elusión del proceso, se encuentran en cabeza del Ministerio Público Fiscal que no aportó prueba alguna que permita revertir los dichos de su contraparte. (Dres. Madueño, Fégoli y Ledesma -en disidencia-).
Procuradores, excusación, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: BOLAÐO, GERARDO LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-14

El artículo 12 del Código Procesal Civil y Comercial provincial (supl. aplic., art.

13, ley 7055) autoriza al Juez o Tribunal a dar por separados a los funcionarios del Ministerio Público "cuando estén comprendidos en alguna de las causales del artículo 10".

En el caso, el Titular de Ministerio Público no especifica en su petición hipótesis alguna de las enunciadas, ni surge, en el ámbito de rigor con que deben ser analizados los motivos de apartamiento que lo expuesto-asegurar la garantía de imparcialidad atento haber impartido instrucciones a los Fiscales de primera y segunda instancia intervinientes con el objeto de que se profundizaran las líneas de investigación- sea encuadrable en ninguna de las causales de la referida norma legal, máxime cuando el propio peticionante aclara "que las instrucciones no refirieron específicamente a la responsabilidad de los dependientes de la empresa prestataria del servicio" , resultando distinta la intervención que le corresponde en los términos del artículo 7 de la ley 7055 que la realizada oportunamente en el caso con base en la ley 10160
Cheque sin fondos, fecha del título, falta de fecha
Materia: PENAL
Carátula: DIVITO, RUBEN ANTONIO s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

Si el cheque fue puesto en circulación sin fecha, no es legalmente cheque por ausencia de un requisito necesario y esencial por lo que no se ha tipificado el delito (Del voto de los Dres. Hendler y Sustaíta).
Asistencia y salvamento, recompensa por servicios extraordinarios, salario de asistencia y salvamento
Materia: NAVEGACION
Carátula: LAMY, JORGE HECTOR Y OTROS c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ INGENIERO HUERGO s/ COBRO DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-10

Para que se configure un supuesto de "asistencia" no se requiere que se trate de servicios espectaculares o verdaderamente extraordinarios (cfr. Causa 4094 del 4.3.86). En todo caso, mediando la prestación de servicios extraordinarios sencillos pero que van mas allá de los propios del contrato de remolque, tal circunstancia deberá ser computada a la hora de fijar el salario de asistencia, pero no es apropiado hacer mérito de dicha sencillez para borrar la existencia del instituto cuando se dan las circunstancias que la ley prevé. Así, por ejemplo, el tribunal ha reconocido carácter de "asistencia" a la labor desarrollada por dos remolcadores que se limitaron a colocarse al costado del buque afectado de incendio, retirar de el una lancha, y arrojarle agua durante unas horas (Causa 4094 citada).
Proceso penal, defensa en juicio, derechos humanos en la administración de justicia, extradición
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Gómez Vielma, Carlos s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

La realización de los altos fines de la justicia penal instituida en todos los países civilizados para garantía de sus habitantes se vería frustrada si el Tribunal acudiera a razones extralegales como son las atinentes a la conveniencia universal del enjuiciamiento y castigo de todos los delitos para apartarse de su inveterada jurisprudencia consagrada en salvaguarda del derecho humano a la defensa en juicio (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Empleo público, supresión del cargo, reincorporación, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Beltrán Costa, Ramón A. c/ D.G.F.M. s/ Empleo Público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

No es posible asimilar la supresión del cargo que revestía el agente posteriormente reincorporado al supuesto de sanción disciplinaria de cesantía ya que la baja ordenada no constituye sanción, pues se dispone por supresión del cargo y no por imputación de alguna causal derivada de la propia conducta del agente por lo que la analogía sostenida para fundar el derecho del actor a la percepción de haberes devengados entre la baja y la reincorporación no es admisible y la situación fáctica descripta no puede ser subsumida en el art. 42 de la Ley 22.140.
Derecho civil, absurdo, estado de adoptabilidad, incidente de impugnación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: B. S. M. c/  s/ Abrigo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-02-03

El análisis de las circunstancias fácticas dirigidas a la ponderación de las aptitudes para el ejercicio de los roles parentales constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo. Este no se configura en la especie, mas allá de la insuficiencia respecto de su demostración, puesto que el fallo que declara el estado de adoptabilidad de los implicados tiene suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (art. 31 bis, ley 5827, texto 13.812).
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: ÁVALOS, JORGE SEBASTIÁN; LIZONDO, MIGUEL ROGELIO. s/ RECURSO DE CASACIÓN" (Expte. Nº CJS 34.734/11).
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-10-04

En la interposición del recurso extraordinario federal, constituye carga procesal del recurrente demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional, extremo que no se satisface invocando la arbitrariedad del fallo cuestionado si no se precisa ni demuestra en concreto cómo se ha operado efectivamente tal violación en la sentencia.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: A. D. T. D. E. c/ L., H. E. y/u otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-04-03

Las prioridades de paso no son absolutas sino relativas. Pero ello no significa otra cosa que, quien dispone de ellas, debe cederlas ante una eventualidad razonable, como el paso de una ambulancia, la policía, con las sirenas y luces en funcionamiento o un menor deambulando en la línea de marcha. Pero esto no significa que, quien no ha respetado la prioridad de paso de otro vehículo, puede livianamente librarse de responsabilidad pretendiendo hacer a un lado dicha prevalencia de paso, sin dar buenos motivos para ello.
Acción, mora de la administración, sanciones disciplinarias, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Lorenzo, Osvaldo Nicolás c/ Municipalidad de Villa Gesell s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Si bien el instituto de la retardación implica que ante la ausencia de decisión expresa debe considerarse que la Administración ha resuelto negativamente el reclamo puesto a su consideración, este supuesto se configura sólo en virtud del pedido expreso de resolución por el particular. No puede seguirse de ello que ha existido en el caso una sanción correctiva o expulsiva que por ilegítima corresponda ser anulada por el tribunal o que, por el contrario, deba confirmarse, cuando la demandada ha omitido pronunciarse sobre la responsabilidad disciplinaria del agente.
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Armando Omar s/ Robo calificado y privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

Existe violación del art. 314 del Código de Procedimiento Penal si la Cámara no sólo resolvió la nulidad del fallo de primera instancia sino que -sin mediar apelación- condicionó el nuevo pronunciamiento al cambio de calificación de la conducta del procesado por una con pena más severa.
Jueces, intangibilidad de la remuneración
Materia: CIVIL
Carátula: Donate, Fermín José s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-09-01

Para darse el supuesto de intangibilidad de los salarios debe tomarse un período de tiempo importante, y durante ese lapso debe acaecer una real y efectiva pérdida de adquisición de los mismos. Dicho mantenimiento del valor económico debe mantenerse en el tiempo y no puede tomarse aisladamente en un mes determinado.
Recurso de inconstitucionalidad, prescripción de la acción contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público - Defensor Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad rechazado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-13

Por su carácter local, el análisis de la prescripción de la acción contravencional sólo puede centrarse en las previsiones especiales y, por ende, el art. 31 de la ley nro. 10 no puede ser interpretado sino a la luz del art. 32 de la ley nro. 10 y del art. 33 de la ley nro. 402, leyes que son aplicables y obligan únicamente a los órganos del Poder Judicial de la Ciudad.
Dictamen pericial, escritos judiciales, rechazo del escrito, defensa en juicio, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIORGI, JOSE c/ EMPRESA EL AGUILA s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-05

Mandar a devolver un escrito que evacua el traslado de una pericial, y que es presentado en tiempo, por considerar el juez que la parte se excedió en tal contestación al formular un verdadero alegato que a su criterio viola las formas procesales y la igualdad de las partes, es un recorte arbitrario de la defensa en juicio. Ello puesto que el juez, en oportunidad de resolverse sobre dicha pericia, puede seleccionar sólo las alegaciones conducentes para fundar sus conclusiones.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, acción contencioso administrativa, instancia administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco de Santa Fe S.A. c/ López, Edgard Hugo s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Repetición de pago (Expte. CSJ No.   431-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

No puede proceder el planteo de inconstitucionalidad del decreto 974/90 -que establece, en relación a los acuerdos conciliatorios previstos en la ley 10472, que no se podrá remitir el capital actualizado adeudado, ni las costas judiciales devengadas- por falta de cuestionamiento oportuno del Banco recurrente, el cual debió deducir la pertinente impugnación administrativa una vez anoticiado de aquél, planteando el reclamo exigido por el artículo 16 de la ley 4106 como previo para promover, eventualmente,el recurso contencioso administrativo de ilegitimidad que, según las previsiones del artículo 15, podían interponer las entidades autárquicas de la Administración -como lo era a ese momento el Banco Provincial de Santa Fe- contra las resoluciones del Poder Ejecutivo que invadan la esfera de sus atribuciones propias.
Costas, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreno, Elsa c/ Soldimar S.A. s/ ORDINARIO   S/  INAPLICABILIDAD  DE  LEY  E  INCONSTITUCIONALIDAD.  -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-09-13

No procede el recurso de inaplicabilidad interpuesto contra la sentencia que impone las costas al actor y a su letrado solidariamente, cuando -como en el caso- no surge que el recurrente haya demostrado que la pérdida del juicio no obedezca a su exclusiva culpa, máxime en autos en que la elección de la acción de derecho común por la que optó supone la dirección técnica hacia la posibilidad de obtener la reparación integral, desechando la segura vía de la ley de accidentes de trabajo -situación que se compadece con el art. 20 LCT.-