Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02


2º Instancia. - Buenos Aires, marzo 2 de 2005.

El doctor Monti dijo:

I- Viene apelada la sentencia de fs. 420/427 en cuanto rechazó la demanda instaurada por Intervet Argentina S.A. contra The Capita Corporation Argentina S.A.

II- La actora demandó una indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato de leasing, en cuya virtud la demandada debía entregarle dieciséis automóviles. Dijo que luego de entregados once, la demandada habría decidido, con fecha 26/12/01, resolver el contrato en relación con los cinco restantes, alegando cambios en las condiciones económicas y financieras e invocando la cláusula 2da. del referido contrato.

III- Al contestar demanda, The Capita Corporation Argentina S.A. sostuvo que había decidido resolver el contrato respecto de los cinco rodados que debía entregar en función de la situación del país y haciendo uso de la citada cláusula. Expresó que al momento de resolver el contrato no se encontraba en mora y que su decisión fue razonable en esas circunstancias.

IV- La sentenciante consideró que la validez de la cláusula invocada no había sido cuestionada y que ella habilitó a la accionada a rescindir el contrato como lo hizo. Entendió que esa cláusula no implicaba una condición meramente potestativa porque no estaría sujeta a la exclusiva voluntad de la dadora sino a la apreciación por ella de un hecho que le era ajeno. Finalmente juzgó razonable la forma en que fue ejercida tal facultad.

V- Contra dicha resolución se alzó la actora.

La apelante, en fs. 439/443, se agravia porque considera que la cláusula en cuestión subordinaba el cumplimiento del contrato a una condición puramente potestativa y que, en todo caso, esa facultad no fue ejercida razonablemente teniendo en cuenta las condiciones de la demandada. También considera que la facultad resolutoria fue ejercida sin límites y cita un precedente en el que se cuestiona la validez de este tipo de estipulaciones en contratos de duración.

VI- A mi modo de ver, los argumentos vertidos por la actora en su expresión de agravios no alcanzan a rebatir los fundamentos tenidos en cuenta por la a quo en el decisorio apelado para rechazar la demanda.

Cabe señalar que la cláusula invocada por la demandada para resolver el contrato celebrado con la actora prescribe que la entrega del equipamiento y, por ende, el comienzo del leasing, se encontraba sujeto "...a que, a la fecha de dicha entrega, ...no haya ocurrido desde la fecha de suscripción del CLES correspondiente -"Contrato de Leasing de Equipamiento Suplementario", de fecha 25/09/01- cualquier hecho o circunstancia que implique un cambio significativamente adverso ... en las condiciones económicas, financieras o políticas de la República Argentina que, a juicio razonable del Dador, pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones del Tomador bajo la operación de leasing" (v. fs. 8 cláusula 2, inc. C).

Esa cláusula no parece constituir una condición meramente potestativa, es decir, que "dependa absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor" (art. 542 del Cód. Civil), estipulaciones que se encuentran vedadas por nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que sólo operaría en caso de ocurrir alguna circunstancia que encuadre en los supuestos allí enumerados. Si bien las situaciones contempladas en la cláusula podrían considerarse formuladas en forma genérica y sujetas a la apreciación del dador, lo cierto es que se hallan delimitadas por factores externos a su voluntad y que alcanzan cierta magnitud, como lo evidencia la previsión de que el cambio en las condiciones económicas, financieras o políticas sea "significativamente adverso".

En tal sentido, la condición potestativa es válida cuando se halla modificada por alguna circunstancia que le quite lo que pueda tener de puramente voluntario (ver nota al art. 542 del Cód. Civil). En el sub lite, cabe interpretar que tal exigencia se ha cumplido al requerirse el acontecer de un cambio abrupto en la situación económica o política de la República.

Por otro lado, tampoco es admisible el reproche formulado por la actora con base en una alegada falta de razonabilidad en el ejercicio de la facultad conferida a la demandada por la cláusula en cuestión. En primer lugar, porque el cumplimiento puntual en la entrega de la mayor parte de los vehículos prometidos evidencia voluntad de cumplir y respeto por la palabra empeñada, acorde con las directivas de los arts. 1197 y 1198, primera parte, del Cód. Civil. En segundo lugar, por que es dable admitir que la referida cláusula cobró operatividad con los sucesos que tuvieron lugar en el país entre la fecha de celebración del contrato (25/09/01) y la fecha en que la demandada comunicó su voluntad de resolver parcialmente el contrato de leasing (26/12/01).

En efecto, no cabe considerar como irrazonable o abusiva la actitud asumida por la accionada en ese entonces, pues una interpretación de buena fe de la condición estipulada, teniendo en cuenta la fecha de celebración del contrato, conduce a inferir que se encontraba orientada a prever acontecimientos como los invocados por la accionada en autos, tanto al contestar demanda como al responder la expresión de agravios de la actora (v. fs. 314vta./315 y 445/446; arg. arts. 533 y 1198 del Cód. Civil).

VII- Por ello, si mi criterio fuera compartido, propongo confirmar la sentencia apelada. Las costas de la Alzada deberán ser soportadas por la apelante vencida. Así voto.

El Juez Cuartero adhiere al voto que antecede.

Concluida la deliberación los jueces de Cámara acuerdan: (a) Confirmar la sentencia de primera instancia dictada en fs. 420/427. (b) Imponer las costas de alzada a la actora. (c) Diferir la consideración de los honorarios hasta que sean fijados los correspondientes a la primera instancia. La doctora Díaz Cordero no interviene en este acuerdo por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). - José L. Monti. - Felipe M. Cuartero.