Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-30


SENTENCIA Nº 35189 JUZGADO Nº 51 AUTOS "MORENO, Leandro Ariel c. DENAZA S.A. y Otros s. Despido"	En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30	días del mes de	junio de 2008, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- El actor ha apelado la sentencia de primera instancia que admitió, en lo principal, las pretensiones que trajo a esta sede judicial. La demandada Denaza S.A., por su parte, objeta los pronunciamientos sobre costas y honorarios.

II.- Aquél discute la base de cálculo de los créditos indemnizatorios, la desestimación de la pretensión de cobro de trabajo suplementario, la de la multas de los artículos 2º de la Ley 25323 y 45 de la Ley 25345, y la de la indemnización por daño moral.- Se pretende integrar a dicha base de cálculo, los importes de los decretos 392/03 y 1347/03. Respecto del primero de los decretos, el cuestionamiento que ofrece el quejoso es erróneo, pues la suma de dinero prevista en la norma era liquidada habitualmente por la empleadora (ver recibos de haberes -fs.73/78-; sobre de prueba reservado M 316). En ese marco, no existe agravio que deba ser reparado. Por lo demás, es sabido que el Decreto 1347/03 fijó una "asignación no remunerativa" de $ 50.- desde el 01.01.04 al 31.12.04. También que la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, dispone que las leyes asegurarán al trabajador "retribución justa". Es decir, deja librado a la discreción legislativa la elección de los medios destinados a la obtención de ese objetivo. En el caso, el Poder Ejecutivo Nacional -que no estaba obligado a hacerlo- dispuso un incremento, con el carácter citado (no remunerativo), de los ingresos de los trabajadores del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva. Adviértase que aún cuando fuera detraída esa mejora nominal no se afectan los mínimos inderogables (artículo 7º L.C.T.). Ello permite concluir que, en el sistema legal vigente, ninguna garantía constitucional resultó lesionada por las disposiciones del decreto en cuestión.

Sólo resta agregar que no comparto la simetría que postula la parte, referida a la naturaleza jurídica de las "asignaciones no remunerativas" y la de los "tickets canasta". Las primeras derivan de la voluntad del príncipe y los segundos de la del empleador. Aquéllas se circunscriben (según los considerandos del decreto) a una política de redistribución de ingresos, que tiende a consolidar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado; los otros representan beneficios, cuyo objeto es mejorar la calidad de vida del dependiente y/o la de su grupo familiar, es decir, comprensivo del concepto de seguridad social (artículo 103 bis L.C.T.). Las asignaciones no remunerativas son "instrumentos excepcionales" y su exigibilidad se halla sujeta a los plazos de vigencia de cada uno de los decretos que las fijaron; los "tickets", en cambio, son percibidos sin restricción temporal; tanto es así que la omisión de su entrega torna exigible su liquidación. Como se aprecia, no existe posibilidad de admitir la sinonimia que se predica.- Tampoco adhiero a la doctrina que -a entender del quejoso- emana del precedente de la Sala VII citado en el memorial, referido a los alcances del Convenio Nº 95 O.I.T. Recientemente he tenido oportunidad de pronunciarme en una causa que guarda sustancial analogía con lo que aquí se dabate ("Díaz, Paulo Vicente vs. Cervecería y Maltería Quilmes S.A. s. despido"; Sentencia Definitiva Nº 35.077 del 27.05.08). Entonces dije que: "el artículo 103 L.C.T. utiliza el vocablo 'remuneración' con dos alcances. En el primer párrafo se refiere a la remuneración en sentido amplio: todo lo que el trabajador percibe, u obtiene, como consecuencia del contrato de trabajo. Aquí, ese concepto es coextensivo con lo que, en economía, constituye el costo del factor 'trabajo'. Comprende todas las ventajas apreciables económicamente que derivan de la situación de trabajador, directas o indirectas, monetarias o no monetarias, tales como el suministro de vivienda, alimentación o vestuario, movilidad, educación de los hijos, e incluso los aportes patronales al sistema de seguridad social. En este marco, todas las prestaciones sobre las que versa la controversia son 'remuneración' en sentido amplio, ya que el trabajador las obtiene como consecuencia de su calidad de tal, representan una ventaja patrimonial para él y el costo de un factor de producción para el empresario. En el segundo párrafo, se ocupa de la remuneración en sentido estricto, como contraprestación debida por la ejecución de la prestación laboral: la cantidad y/o calidad del trabajo realizado, estilizada por la norma en la puesta a disposición del empleador, para prestarlo, de capacidad de trabajo. Lo que interesa, jurídicamente, es este último concepto restringido, que, por lo demás, se refiere a pagos en dinero, de libre disposición, aunque la ley admite con restricciones cuantitativas prestaciones en especie. Sería preferible utilizar otra palabra, como 'retribución', para aludir a la primera acepción. Identificada una prestación cualquiera como remuneración -a falta de especificaciones así aludiré a la remuneración en sentido estricto- ello no significa que sea aplicable a todos los efectos para los que diversas normas remiten, como base de cálculo, a ese factor. Por ejemplo: para la determinación de la indemnización por despido, el artículo 245 L.C.T. remite a la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año de trabajo, lo que excluye a las de frecuencia no mensual, y las que, mensuales, no sean normales o habituales, que, en cuanto contraprestación de la prestación laboral, son remuneración en sentido estricto. Para la de retribuciones por trabajo suplementario, la base está constituida sólo por la monetaria y la cuantificable en función del tiempo de trabajo, no del rendimiento. En cuanto referido a los alcances del reconocimiento de la jerarquía normativa superior a la de las leyes a los tratados internacionales (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), en cuanto se relaciona con los convenios de la O.I.T., no es del caso ingresar en la discusión acerca de la inclusión, o inclusividad de dichos convenios en la mención genérica a tratados con organismos internacionales, ni elaborar sobre la forma de adherirse a la O.I.T., por parte de estados miembros originarios de la O.N.U. o admitidos con posterioridad (artículo 1º de la Constitución de la O.I.T.), ni, aún en la calidad que corresponde atribuir a los convenios ratificados. Basta con recordar cuál es la obligación que, frente a la organización internacional, adquiere un estado al ratificar uno de esos convenios, según el artículo 19 de la misma constitución. Ellos son: (a) someter el convenio, en el término de un año.a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, al efecto de que le den forma o adopten otras medidas; (b) adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones del convenio; (c) informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, sobre el estado de su legislación y la medida en que se ha puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa.cuando el estado miembro no obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a las que competa el asunto (incisos b, d y e, respectivamente). La ratificación de un convenio no incorpora su texto al derecho interno del estado miembro. Sólo impone a éste hacerlo, por las vías constitucionales pertinentes. La renuencia o negativa del estado a adecuar su legislación a las prescripciones del convenio puede acarrearle, como culminación de un largo proceso de reclamación, medidas no especificadas de persuasión o coerción tendientes a que cumpla con su obligación de promover la recepción legislativa interna de dichas prescripciones. La discordancia de contenido de las leyes nacionales respecto de convenios ratificados no convierte a aquéllas en inconstitucionales". En definitiva, este aspecto del decisorio debe ser confirmado.- III.- El agravio relacionado con la duración de la jornada de trabajo es procedente. El testimonio de Botto, que declaró a instancias de la demandada (fs. 216/220), dio cuenta de un exceso regular en la carga horaria del accionante, lo que basta, a mi juicio, para admitir la queja. Ante la falta de elementos objetivos que permitan corroborar la medida exacta de aquel exceso, y a los fines de fijar el quantum del reclamo, resulta de aplicación el artículo 56 L.C.T. que otorga cierta discrecionalidad al Juez para que lo fije, de acuerdo a las circunstancias del caso. En la especie, dado el horario informado por la deponente (lunes a viernes de 09.00 a 19.00 y sábados de 09.00 a 13.00) y el nivel salarial regularmente abonado al actor, estimo la partida en $ 400.- Los créditos procedentes, por tanto, se reliquidarán sobre la base de un haber mensual de $ 630,22 (se entiende: adicionando al salario admitido en grado -$ 530,22- la retribución mensual de horas suplementarias).- En consecuencia, la liquidación final estará integrada por las siguientes partidas:

a.- indemnización por despido: $ 210,07; b.- indemnización sustitutiva de preaviso: $ 682,72; c.- recargo, artículo 2º de la Ley 25323: $ 446,39; d.- recargo, artículo 16 de la Ley 25561: $ 892,79; e.- remuneración febrero'04: $ 294,10; f.- sueldo anual complementario, período 2004: $ 78,78; g.- compensación por vacaciones no gozadas, período 2004: $ 47,79; h.- horas suplementarias: $ 400.- Total: $ 3.052,64 IV.- No mediaron deficiencias registrales susceptibles de sanción en el marco del artículo 1º de la Ley 25323, pues la omisión de pagar salarios por servicios prestados en sobretiempo no constituye el presupuesto de operatividad de la norma. La finalidad de la Ley 25323, que es la de combatir la evasión previsional, está relacionada con los defectos de registración; y en el caso, las remuneraciones asentadas en la contabilidad de la empresa habrían guardado relación con los importes efectivamente abonados. En síntesis, la deuda salarial descripta deriva de un incumplimiento contractual disímil al previsto en la norma bajo examen.- V.- La improcedencia del recargo previsto en el artículo 45 de la Ley 25345 resulta de la extemporaneidad de la intimación que exigió la entrega de los certificados de trabajo, que no se ajustó a las previsiones del artículo 3º del Decreto 146/01 que, como es sabido, acuerda al empleador treinta días para hacerla efectiva. El artículo 3º citado no representa un exceso en las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo; antes bien, permite mediante una simple manifestación documentada, otorgar certeza a la exigibilidad de aquellas constancias y aventar las innumerables cuestiones que podrían ser planteada, de buena o mala fe, sin ese recaudo. Es un requisito formal constitutivo de la obligación. (En igual sentido: "Quiroga, Daniel Alberto c. Central Seguridad S.A. s. Despido", Sentencia Definitiva Nº 33.840, del 27.12.06).- VI.- He sostenido reiteradamente la improcedencia de la reparación del agravio moral, al margen de las compensaciones tarifadas previstas en la L.C.T. y estatutos especiales. En síntesis, que la indemnización del artículo 245 L.C.T. es tarifada, significa que la misma ley establece la fórmula de cálculo, excluyendo toda otra reparación por causa del despido, ya que es de la esencia de las reparaciones tarifadas que el titular carezca de legitimación para obtener una suma superior a la tarifa, demostrando que ha experimentado daños no contemplados en ella, y el obligado, a su vez, para pagar menos, o no pagar, aduciendo la inexistencia de todo daño, o que, de existir, la tarifa excede su valor real (cfr. mi voto, como Juez de la Sala VI, en "Cámpora, Carlos v. García Bonifacio"; sentencia del 21.04.1994, entre otros).- VII.- Según el artículo 279 C.P.C.C.N corresponde emitir nuevos pronunciamientos sobre costas y honorarios. Propongo confirmar los dictados en la instancia anterior, ya que, a los fines de la distribución de las costas, en el marco del artículo 71 C.P.C.C.N., no es exigible el apego a una rigidez meramente aritmética. La cuestión debe ser analizada conceptualmente, y el sentenciante lo ha hecho razonablemente. Respecto de la regulación de honorarios de los profesionales, porque guardan razonabilidad en relación a la importancia, el mérito y la extensión de las tareas desarrolladas y pautas arancelarias de aplicación (artículos 6, 7 y 14 de la Ley 21839, 3 del Decreto Ley 16638/57 y 38 de la Ley 18345).- VIII.- Por lo expuesto, propongo se confirme la sentencia apelada en lo principal que decide y que fuera materia de agravios; se fije el capital nominal de condena en $ 3.052,64 al que accederán intereses en la forma establecida; se confirme lo resuelto en materia de costas y honorarios (éstos han sido fijados en porcentajes que serán aplicados sobre los valores corregidos); se impongan las costas de alzada por el orden causado y se regulen los honorarios correspondientes a cada una de las representaciones letradas por su intervención en esta instancia en el 25% de aquellos (artículo 14 de la Ley 21839).- LA DOCTORA GABRIELA ALEJANDRA VÁZQUEZ DIJO:

I. Adhiero a la solución del caso propiciada en el voto que antecede y a los fundamentos vertidos para sustentarlo, con la salvedad de los expresados para postular el rechazo de los agravios relacionados con el daño moral y la cuestión de la asignación no remunerativa del decreto del PEN 1347/03 para integrar la base indemnizatoria.

II. Con respecto al reclamo de daño moral, el quejoso centra su agravio en que la comunicación rescisoria fue cursada a la casa de sus padres con el propósito de dañar. No le asiste razón en su planteo. No existe ninguna prueba que avale este aserto. La demandada cursó la carta documento al domicilio denunciado por el trabajador como real y si éste vive con los padres no es responsabilidad del empleador. Éste no tiene obligación de comunicar el despido sin acudir a los medios postales que le permiten contar con prueba fehaciente de la posición contractual que fija.

III. Con respecto al cómputo de la asignación dispuesta por el decreto del PEN 1347/03 en la base de cálculo de la indemnización por ruptura, estimo que no le asiste razón. De lo normado por el Convenio 95 (Organización Internacional del Trabajo) sobre la Protección del Salario (1949), aprobado por la ley nacional N ° 11.594 y ratificado por la República Argentina el 24-9-1956, no surge que toda remuneración deba ser computada a los fines indemnizatorios. Es decir, tenga o no la citada acreencia naturaleza retributiva, lo cierto es que no puede sostenerse que, en caso a estudio, se halla trasgredido la norma internacional invocada. El apelante tampoco puntualiza con precisión qué norma de la convención internacional estaría involucrada en la especie.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO	Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto del Dr. Juan Carlos E. Morando.	Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)	Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y que fuera materia de agravios; se fije el capital nominal de condena en $ 3.052,64 al que accederán intereses en la forma establecida.

2)	Confirmar lo resuelto en materia de costas y honorarios.

3)	Imponer las costas de alzada por el orden causado.

4)	Regular los honorarios correspondientes a cada una de las representaciones letradas por su intervención en esta instancia en el 25% de aquellos.

5)	Recordar a los obligados el cumplimiento del artículo 62, incisos 2 y 3, de la Ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Acordada C.S.J.N. 06/05).- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- agf JUAN CARLOS E. MORANDO GABRIELA A. VAZQUEZ LUIS A. CATARDO JUEZ DE CAMARA	JUEZ DE CAMARA	JUEZ DE CAMARA Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA