Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-29


En la ciudad de Trelew, a los días de abril del año dos mil once, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Marcelo J. López Mesa y Carlos D. Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "O., B. A. c/ C., E. J. y/o Q' RLTE. RESP. DE "K. B.-T." s/ COBRO DE HABERES E INDEMN. DE LEY" (Expte. 73 - Año 2011) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 162.

A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo: -- I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 139/144 vta.) acogió en todas sus partes la demanda entablada, condenando a E. J. C. a abonar a la actora Sra. B. A. O. la suma de $ 34.085,18 con más un interés equivalente al que fije el Banco del Chubut S.A. para sus operaciones de descuento de documentos comerciales, imponiendo las costas del proceso al demandado vencido y procediendo a la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.-- II. El fallo es apelado a fs. 147 por el demandado, siendo concedido el recurso a fs. 148 y fundado con la pieza procesal de fs. 151/154 vta. que contiene, en síntesis, los siguientes motivos de agravio: En primer lugar se agravia por cuanto el juez de grado, con la sola noticia dada por la actora al demandado vía postal de que estaría cursando un estado de gravidez de 4 meses y medio al 11 de marzo de 2009, le bastó para tener por acreditado el embarazo y que el mismo se hallaba en ese preciso momento dentro de los 7 meses y medio que exige la ley, realizando una errónea interpretación, dado que no se cumplieron en autos los recaudos de los arts. 177 y 178 de la LCT, así como tampoco se acreditó el parto -de haber existido- , requisitos sin los cuales jamás habría podido cobrar virtualidad la presunción contenida en el RCT y menos todavía otorgarse la indemnización especial. Alega que el art. 177 segundo párrafo de la LCT establece que "la trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto..." y el art. 178 de la LCT exige para que se aplique la presunción, que la trabajadora debe "notificar y acreditar en forma", lo que significa de manera fehaciente, el hecho del embarazo. Es decir, que se requiere la entrega material y concreta de un certificado médico extendido por un profesional en el que conste desde ya la existencia real del embarazo y la fecha presunta del parto. Afirma que nada de esto sucedió en autos, dado que la actora nunca presentó un certificado médico del tratante, ni antes ni después de la notificación del despido. Manifiesta que concretamente agravia a su parte que el a quo haya relevado a la accionante de acreditar los recaudos que la ley exige para la acreditación del embarazo, mediante el único medio de prueba legal posible. En segundo lugar se agravia de que el sentenciante, haciendo mérito de los testimonios brindados por los testigos ofrecidos por la actora, que a su entender fueron incoherentes y faltaron a la verdad, lo que tampoco fue advertido por el magistrado, tuvo por acreditado que el embarazo de la actora resultaba notorio, como asimismo el nacimiento del hijo de la nombrada. Afirma que la declaración del testigo H. L. P. S. a fs. 115 y vta., resultó arbitraria y contradictoria, tal como se desprende de las respuestas brindadas a las preguntas 6ta., 7ma., 8 va. y 9na. y que las contestaciones dadas a la 2da. y 7ma. preguntas, eran suficientes para haber llevado al sentenciante a desechar dicho testimonio. Sostiene que también se equivocó el juez de grado al valorar y tener presente la declaración de los testigos N. F. Z. a fs. 112/113 y C. A. M. a fs. 116, quienes manifestaron irrealidades tan notables que no fueron advertidas, dado que ambos coincidieron que a fines del año 2008 o cerca de las fiestas de fin de año, la actora parecía embarazada, tenía pancita y estaba más gordita, resultando ello imposible dado que un simple cálculo aritmético efectuado teniendo en cuenta los propios dichos de la accionante quien manifestó que en el mes de marzo se hallaba cursando 4 o 5 meses de gestación, permite inferir que a la fecha que mencionaron los testigos la accionante se encontraba recién embarazada o bien en vías de querer embarazarse, y cualquier persona conoce que la notoriedad de un embarazo en la región abdominal comienza a advertirse recién después de los 4 meses de gestación, por lo que resulta inverosímil que el a quo no advirtiera la falsedad e irrealidad declarada por los referidos testigos. Refiere que tampoco se preguntó el juez de grado cómo hicieron dichos testigos para verle signos de embarazo a la actora, atento que según lo declarado por el testigo J. M. P. a fs. 124 y vta., al contestar la pregunta 1ra., dijo "... el espacio en donde funciona el kiosco es un lugar muy reducido donde no entran más de dos o tres personas incómodas y en lo que se refiere a la persona que atiende se le puede ver del pecho para arriba únicamente...". Agrega que el sentenciante resultó arbitrario y fuera de toda lógica en la valoración de dicha prueba. Refiere que el juez de grado concedió la indemnización del art. 182 LCT sin conocer si existió en verdad un parto originado en el embarazo que invocó la actora. Afirma que el empleador en el preciso momento en que decide el despido, no estaba fehacientemente notificado de embarazo alguno de la actora. Seguidamente manifiesta que le causa agravio asimismo que el a quo haya tenido por cierto que su parte le había negado a la actora la presentación de certificado médico alguno, hecho que fue expresamente desconocido en la contestación de la demanda y no mereció prueba de la actora a fin de acreditar el mismo, agregando que el Acta celebrada en un expediente administrativo posterior al distracto en la que su parte no intervino, no resultaba más que una mera declaración de la propia actora, ni pudo sanear aquella omisión de notificar en forma como manda y obliga la ley especial. Por último sostiene que también causa agravios a su parte que los testigos ofrecidos por la accionante, fueran tenidos en consideración para acreditar una fecha de ingreso de la actora, que al ser vinculada en cada una de esas declaraciones con el estado supuesto de gravidez sobre el que mintieron abiertamente, no pudieron tener jamás fuerza y convicción para fundar el fallo en crisis, no obstante lo cual aclara que no constituye objeto de agravio la extensión del vínculo contractual. Concluye en definitiva, solicitando se revoque la sentencia apelada en cuanto es materia de agravios, con expresa imposición de costas.

III. Corrido traslado a la contraria del memorial de agravios mediante providencia de fs. 155, el mismo es contestado por la representación letrada de la actora con la pieza procesal de fs. 156/159, peticionando se desestime en todas sus partes la apelación interpuesta por el demandado, confirmando la sentencia de primera instancia, con expresa imposición de costas al apelante.

Ingresando al tratamiento de las cuestiones traídas a resolución de esta Sala, comenzáré por el primer agravio de la accionada apelante, referente al incumplimiento por parte de la actora de los recaudos de los arts. 177 y 178 LCT, así como la omisión de prueba de hecho indispensables para acoger el reclamo de indemnización por despido fundado en un embarazo.

Analizado el primer agravio de la apelante en sustancia, y consultada la pieza de responde de demanda, obrante a fs. 21/25 encuentro que el tópico que el accionado pretende debatir en esta instancia no ha sido debidamente introducido en la instancia de origen, conforme indica el art. 280, Ley XIII, Nro. 5, ex art. 277 CPCyC.-- Si bien se mira su escrito el ahora apelante, en su responde de la demanda, a fs. 23vta./24 primera parte adujo que no podía entenderse que el despido tuviera causa en el embarazo, que éste nunca había sido acreditado, que nunca se le presentó el certificado médico que así lo acredite, ni menos dos certificados médicos como dice la actora, que no se sabe si el hijo de la actora nació, que no conoce que el embarazo existiera ni que la demandante haya sido madre.

Estas alegaciones fueron las únicas que el demandado realizó respecto del tópico discutido del embarazo, no introduciendo a la litis las temáticas cuyo análisis ahora intenta reabrir en esta sede.

En primer lugar, es dable afirmar que se encuentra probado en autos que algunas de tales afirmaciones son mendaces, como que nunca se puso a su disposición un certificado médico que acredite el embarazo de la actora, lo que se encuentra desmentido por las constancias de fs. 71 a 73 de autos.

Pero lo fundamental aquí, es que nada expresó el accionado en su responde de demanda del incumplimiento de los arts. 177/178 LCT, ni hizo precisiones sobre el incumplimiento de requisitos sustanciales para obtener la indemnización reclamada por parte de la actora. Ello le veda introducir tales temáticas en esta instancia, a tenor de lo dispuesto por el art. 280 Ley XIII, Nro. 5.- Cabe recordar que la norma citada estatuye que "PODERES DEL TRIBUNAL.- El Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. No obstante, deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios, u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia".

La manda es clarísima: El Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia.

Y verdad es que de la comparación del recurso de fs. 151/154vta. y del responde de fs. 21/25 surge manifiesto que los extremos de hecho y derecho que sostienen el primer agravio de la accionada no fueron temporánea e idóneamente introducidos a la litis en la oportunidad prevista por el art. 280 citado, lo que cierra la posibilidad de que esta alzada se pronuncie sobre ellos.

Esta Sala, con fecha 26/3/09, in re "C. de W., D. E. c/ C. de O. y M. T. y otros s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 30 año: 2008) e in re "S., G. c/ I. de O. y T. S.A. s/ Cobro de Pesos" (Expte Nº 23- 2009 (C.A.N.E) y a través de sendos votos de mi autoría, dejó sentado que por aplicación de lo dispuesto en el entonces art. 277 CPCyC -hoy renumerado por el Digesto provincial como 280- resulta inaudible el agravio, cuando el apelante pretende hacer ingresar al ámbito de revisión de este tribunal hechos no alegados idóneamente en la etapa postulatoria del proceso.- Se agregó en ellos y en fallos anteriores de la Sala que no es lícito a este cuerpo ocuparse de cuestiones no sometidas temporáneamente a la decisión del juez de grado, por impedírselo la expresa norma del art. 277 CPCyC. En nuestro sistema procesal, caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, la primera limitación impuesta a las potestades del tribunal de alzada viene dada por la relación procesal trabada con la demanda y su contestación. Juegan en ello principios liminares que hacen, de un lado, al derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes, evitando sorpresas causídicas y efectivizando el orden en la tramitación de los procesos; del otro, a la esencia misma del régimen de la doble instancia, porque en el sistema escriturario la apelación no configura un nuevo juicio que posibilite a las partes la incorporen de nuevas pretensiones y oposiciones. También en este grado rige el principio de congruencia, pauta general consagrada para todo el proceso, y, por lo tanto, las cuestiones que no han sido materia del litigio, porque en la demanda y su contestación no fueron introducidas, no pueden ya ser incorporadas en la alzada, ante la que resulta inadmisible la ampliación de un debate cuya continencia quedó fijada al trabarse la litis (arts. 271 últ. párr., 277 CPCyC) (cfr. sentencia de esta Sala del 31/07/2009, in re "N., K. M. c/ E. S.R.L. s/ Diferencia de haberes e indemn. de ley" (Expte. 349 - Año 2009 CANE).

De tal modo, la expresión de agravios no es una pieza procesal que otorgue a una parte la ocasión de modificar la demanda o su responde con la proposición de nuevos capítulos no introducidos en la etapa postulatoria del proceso.- Ello así, en caso de entrar a tratar el primer agravio de la accionada de fs. 151/154vta. esta alzada estaría violando abiertamente el art. 280 Ley XIII, Nro. 5, ex art. 277 CPCyC y el sistema de asignación de jurisdicción y competencia en que reposa. Ello resulta inadmisible, por lo que el primer agravio debe desecharse de plano, sin ingresar a su consideración.- En lo tocante al segundo agravio de la accionada, es dable poner de resalto que a través de él el apelante intenta poner en crisis la selección y apreciación de la prueba efectuada por el juez de grado, tildando de absurda la apreciación de la prueba efectuada en el grado y de mendaces a los testigos tomados en consideración por el juez. - El apelante se enreda en una serie de juegos de palabras, en apreciaciones subjetivas, en adjetivos descalificativos de los diversos testigos, haciendo luego una serie de preguntas retóricas sobre si se puede permitir en sede judicial que los testigos mientan de tamaña forma. Afirma también el apelante que no se le entregó el certificado médico en debida forma.-- Creo menester hacer algunas aclaraciones: en primer lugar, el certificado médico que acreditaba el embarazo de la actora no le fue entregado al accionado, porque éste se negó a recibirlo, lo que consta acreditado a fs. 72/73 de autos. -- En segundo término, el apelante ha dejado incólumes cuatro vigas sentenciales dirimentes, contra las que no ha dirigido embates atinado ni eficaces: 1) la manifestación del juez de grado de que la falta de entrega del certificado con mayor antelación al despido no es dirimente por haber existido una comunicación postal previa; 2) la existencia de una notificación de una puesta en conocimiento efectiva del embarazo al patrón con anterioridad al despido; 3) la existencia de cambios físicos perceptibles en la actora al tiempo del despido que hacían notoria la gravidez de la actora y 4) la existencia de doctrina legal de la otra Sala de esta Cámara sobre el carácter recepticio de la notificación del embarazo de la actora.

Cualquiera sea el acierto de tales vigas sentenciales, ellas han adquirido firmeza y se han vuelto inmodificables en esta sede por efecto de la cosa juzgada, que torna irrevisable a lo resuelto a su respecto por el juez de grado.-- El ataque recursivo debe ser frontal, preciso y completo, pues las aseveraciones subjetivas, los ataques parcializados, dejan incólumes las bases de sustentación de la sentencia atacada y, de rondón, producen que la misma adquiera firmeza, al quedar en pie bases suficientes para que ésta permanezca en vigor y con plenos efectos. Cuando una sentencia tiene varios argumentos que le sirven de puntos de apoyo, si el apelante no embate contra todos ellos o deja alguno sin impugnación adecuada y él es apto para sustentar por sí el decisorio, éste adquiere firmeza (ver sentencia de esta Sala del 29/05/09 in re "C., E. O. c/ C. S.A. S/ cob. de hab. e indem. de ley").

En el caso que analizo la apelante no ha ni siquiera ha procurado conmover la totalidad de las vigas maestras que sustentan la sentencia atacada, limitándose el atacante a efectuar un cuestionamiento parcializado e insuficiente de la resolución en crisis, sobre la base de criterios personales suyos que no encuentro reflejados debidamente en las constancias de la causa.- El cuestionamiento del apelante se enderezó a la apreciación de las pruebas tomadas en cuenta por el juzgador y con incidencia en la acreditación de los hechos motivo de debate sobre el incumplimiento del trabajador de sus deberes, pero sin intentar conmover con una crítica razonada, apoyada en elementos fácticos y jurídicos, el razonamiento sentencial que fincaba en el efectivo conocimiento del embarazo por parte del accionado y sus efectos jurídicos.

Frente a ello cabe consignar, en primer lugar, que en multitud de fallos, a través de mi voto, esta Sala ha decidido que la apreciación de la prueba efectuada por los jueces de grado constituye una decisión tomada por el juzgador en el centro o núcleo mismo de sus facultades, que constituye el ámbito de mayor discrecionalidad y legítimo arbitrio que le concede el ordenamiento, no bastando impugnarlas sobre la base de una opinión distinta sino que debe ensayarse, a su respecto, un ataque frontal, fundado en argumentos hábiles y conducentes, que demuestren el desacierto manifiesto de la resolución (mi voto en sentencias de esta Sala, del 12/11/08, in re "L., A. c/ Salas, R. s/ Cobro de pesos" (expte. 117, año 2008); ídem, 4/4/08, "P. V.c/ M. H. O. s/ Dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. N° 22.785 - Año 2008); Ídem, del 19/6/08, in re "F., R. D. c/ B. H. S.R.L. y otros s/ Indem. de ley" (registrada como SDL 38/08); ídem, 18/6/2008, "V., L. N. y otro c/ L. ** de J. S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley", registrada bajo el Nº 36 DE 2.008 - SDL); ídem, 7/8/08, "G., N. F. c/ P., R. L. y/o q. rte. resp. laboral de E. T.s/ Indem. de ley", registrada al Nro. 50 de 2008 SDL; ídem, 8/9/06, "S., J. G.c/ S. I. A. S.R.L. s/ cobro de pesos - laboral", registrada bajo el Nro. 56 DE 2.008 - SDL; ídem, 20/9/08, "S. M. C. C. R. S. Cobro de Haberes e Indemnización de ley" (Expte. N° 22.915 - Año 2008, registrada bajo el Nº 61 de 2.008 - SDL; ídem, 23/9/08, A., S. A. c/ S., H. y otro s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. n° 22.806 - año: 2008, registrada bajo el Nº 59 de 2.008 - SDL; ídem, 21/8/08, "F., M. c/ B., O. H. y Otros s/ Cobro de Haberes e Indem. de Ley" (Expte. n° 22.863 - año: 2008, registrada bajo el Nº 54 de 2.008 - SDL; en igual sentido, Cám. Civ. y Com. Neuquén, Sala I, 29/2/96, "A. B., F. c/ U. s/ Accidente", en Juba, base Neuquén, sumario Q0000046).

Hacer menos o intentar plasmar una crítica superficial, genérica, basada en subjetividades, o no interesar al discurrir del recurso los puntos centrales o dirimentes del decisorio que se cuestiona y de la apreciación probatoria que éste formula, implica quedarse a medio camino o errar el sendero, por parte del recurrente; y, en ambos casos, tal deambular por una instancia especial como la segunda instancia no lleva al apelante a destino, sino que lo expone a no obtener el resultado que buscaba.- Máxime cuando en la actualidad se ha modificado el texto del art. 9 de la LCT y las dudas que pudieran existir, no ya en cuanto a la interpretación de normas, sino sobre los hechos de una causa, debe saldarse a favor del trabajador, lo que torna la exigencia de precisión en cuanto al cuestionamiento de la apreciación de la prueba por parte del recurrente -que ya antes exigía precisión y solidez en el embate- mucho más alta.

El hecho de negarse a recibir el certificado en sede administrativa, los diversos elementos de juicio que el juez de grado toma en consideración, a la par que las vigas sentenciales no atacadas, hacen que al menos exista una duda razonable, la que a tenor de lo dispuesto por el art. 9 LCT deba zanjarse en favor de la actora de autos, máxime dada la intensidad con que el ordenamiento laboral y la jurisprudencia nacional protege a las embarazadas contra el despido arbitrario fundado en su estado.

El empleador que es cuestionado por un despido fundado en un embarazo para no ser responsabilizado por el distracto debe acreditar que ha actuado con impar limpieza en la emergencia; y, en verdad, no es el caso del accionado de autos, que reconoce todo género de incumplimientos de normas protectorias en su responde de demanda, a los que pretende dar un cariz inocente, luego de negarse a recibir el certificado médico de manos de su empleada en el organismo administrativo; afirma no conocer el embarazo de su empleada, pero luego surge de la causa que sí lo conocía, etc. Deja argumentos dirimentes de la sentencia de grado sin atacar, etc.

Como mínimo debe decirse que el art. 9 LCT termina por desnivelar en su perjuicio una situación dudosa, si es que es dudosa la situación y no claramente acreditados los extremos alegados por la actora. Pero como basta con la duda, a tenor de lo dispuesto por el art. 9 LCT, debe rechazarse el segundo agravio de la accionada.-- Por lo demás, en lo tocante a su tercer agravio, la apelante no ha traído precisiones suficientes a su cuestionamiento de la apreciación de la prueba, lo que ha resultado fatal para su suerte en la liza, como que no ha logrado -no ya prosperar con su embate- si no ni siquiera llenar las exigencias que el art. 268 Ley XIII, Nro. 5, ex art. 265 CPCyC le ponía delante como umbral de admisibilidad, previo y condicionante de la procedencia de su pretensión revisora.

El apelante que cuestiona la apreciación de la prueba por parte del juez debe conmover las bases de sustentación de ésta y no meramente dar una versión subjetiva propia de ella. Porque opinión por opinión, prevalece la del juez, máxime en materia laboral, donde el juez es más libre todavía para apreciar las probanzas y causales de despido (conf. Sentencia de esta Sala del 29/05/ 09 in re "C., E. O. c/ C. S.A. S/ cob. de hab. e indem. de ley".

Es que, en el procedimiento laboral rige un sistema propio en la apreciación de la prueba y las facultades que por él se conceden a los tribunales del fuero no tienen más límites que la "conciencia" del juez, esto es su prudencia jurídica. Va implícita entonces la facultad de seleccionar las pruebas y atribuirles la jerarquía que en cada caso corresponda (Sup. Corte Bs. As., 20/2/90, "P., H. J. v. M., O. y otro s/ Indemnización por despido", en Juba sum. B13566).- La recurrente, entonces, no ha logrado demostrar una selección antojadiza de la prueba pertinente a considerar en autos ni desvirtuar las afirmaciones sentenciales efectuadas con relación a la prueba elegida, lo que arroja un déficit en su faena recursiva.

Frente a tal deficiencia, no habiendo traído la parte apelante argumentos convincentes que patentizaran el desacierto que critica, su queja en este punto debe ser rechazada.- El sistema de evaluación de la prueba que rige en materia laboral -apreciación en conciencia- consiste en la ponderación profesional realizada por el juez sin sujeción a ningún régimen tarifario, quedando librada a su criterio privativo en tanto no evidencie ausencia del discernimiento y de la conciencia jurídica que la ley exige a los magistrados (SCBA, 3/7/90, "A., A. M. v. C., P. s/ Despido", en Juba sum. B40184).

Lo anteriormente expuesto, me lleva a proponer la confirmación del decisorio de grado, en todo cuanto ha sido materia de apelación, dada la inacogibilidad de los diversos agravios planteados por el recurrente. En línea con ello, corresponderá la imposición de las costas de Alzada a la demandada recurrente, dado su carácter de vencida (cfr. Art. 58 Ley XIV, Nro. 1, ex art. 59, Ley 69).-- Propongo igualmente, la regulación de los honorarios de los letrados actuantes en esta instancia en las siguientes alícuotas: a) para los Dres. F. L. y D. V., letrados de la actora, en el 28% de los honorarios que se le determinen por las labores de grado; 2) para el Dr. L. B., letrado patrocinante de la demandada, en el 25 % de los honorarios que se le determinen por las labores de grado. Participo del criterio de que tales determinaciones se corresponden con la eficacia, trascendencia, calidad, mérito y resultados de las diversas labores profesionales cumplidas en esta instancia (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).

Por las razones esgrimidas, a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Carlos D. Ferrari: -- I. En el voto precedente el Dr. López Mesa ha hecho una reseña completa de los antecedentes del caso, de los fundamentos del fallo apelado y de los motivos de agravios expresados por la apelante, de manera que no será necesario abundar acerca de dichos aspectos. Por tal motivo, en los apartados siguientes abordaré las cuestiones planteadas, anticipando desde ya mi total coincidencia con las conclusiones expuestas por el distinguido colega preopinante.-II. El incumplimiento de los recaudos de los arts. 177/178 LCT: -Con todo acierto ha señalado el colega de primer voto que este tópico no fue oportunamente introducido en la litis como artículo defensivo. Esta sala ha tenido múltiples ocasiones de expresar que el art. 280 -antes 277- del C.P.C.C. (texto seg. Ley XIII N° 5) sienta una valla inexpugnable respecto de la cuestión que pretende introducir el recurrente en esta Alzada acerca del incumplimiento de los recaudos de los arts. 177 y 178 de la L.C.T., planteo sobre el que este Cuerpo tiene vedada toda posibilidad de fallar, al no haber sido un capítulo propuesto a conocimiento y decisión en la sede de origen. Nada más cabe agregar a los fundamentos ya expuestos por mi predecesor en el uso de la palabra, pues la norma procesal es clara y categórica al respecto y determina que dicha argumentación no pueda ser considerada en esta instancia, en virtud de la valla procesal que le opone la regla procesal antes citada, en directa conexión con el principio de congruencia y el derecho a la debida defensa en juicio, de rango constitucional (art. 18, C.N.).-III. La argumentación referida a la falta de entrega del certificado médico de embarazo en legal forma se ve desautorizada por las constancias aportadas a la causa, que demuestran el fallido intento de la trabajadora en tal sentido, por lo que se vio en la necesidad de depositar el certificado pre-natal en la sede local de la Secretaría de Trabajo dando cuenta de la negativa a recibir dicho instrumento por parte del demandado (ver constancias de fs. 70/71 - Expte. administrativo N° 425.09 caratulado "(O. B. (15505567) S/ DEPOSITO CERTIFICADO MEDICO P/ C. J. (K. "B.") fs. 68/76).-IV. Valoración probatoria: -- El cuestionamiento a la prueba testimonial que pretende efectuar la apelante no consigue desmerecer el juicio lógico sobre el que se asienta el fallo. Así, puede advertirse que los dichos de Z. (fs. 112, resp. a la10ma. y 11era., fs. 112 vta.), de P. S. (resp. a la 10ma. preg. y a la 1era. repreg., fs. 115) y de M. (resp. a la 7ma. y 11era. preg., fs. 116) permiten establecer en forma concordante que el embarazo de la actora era notorio en la época en que prestaba tareas en el kiosco del demandado. Estos testimonios no se ven desmerecidos por la sola declaración de P., quien manifestó que "a la persona que atiende se la puede ver del pecho para arriba únicamente", pues los testigos citados en ningún momento dijeron haberla vista solo a través de la ventanilla, y en todo caso, si alguna duda pudiera suscitar este detalle fáctico, la mismo debe despejarse en una interpretación beneficiosa a la trabajadora, tal como lo determina el art. 9 de la L.C.T. en su segundo párrafo, al establecer que "Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador." (texto seg. Ley 26.428). En el marco legal aludido, la afirmación del recurrente al decir que los testigos "mintieron en cuanto al tema del supuesto embarazo y serán descartados con absoluta seguridad en el fallo a dictarse" constituye una afirmación puramente apodíctica, sin adecuado sustento crítico, bordeando la insuficiencia técnica exigible a tenor de los arts. 268 y 269 (antes 265 y 266) del C.P.C.C. - texto seg. Ley XIII n° 5; su doctrina.-V. Conclusiones: Como corolario de las consideraciones precedentes, acompañaré la propuesta del magistrado preopinante a fin de confirmar el fallo apelado, con costas a la parte recurrente (art. 57, Ley XIV N° 1). Comparto asimismo las regulaciones propuestas para retribuir las tareas profesionales cumplidas en esta alzada -las que daré aquí por reproducidas, en mérito a la brevedad-, dado que se compadecen con la extensión, calidad, eficacia de las tareas realizadas y los resultados respectivamente obtenidos, según las escalas arancelarias vigentes (arts. 5, 13, 18, 46 y conc., Ley XIII N° 4).-- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo:- Que habiendo sido compartida por los colegas de Sala la propuesta hecha por el suscripto en la cuestión anterior, corresponde dictar el siguiente pronunciamiento: - I) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios.

II) Imponer las costas en la Alzada a la demandada recurrente (57, Ley 69).-- III) REGULAR los honorarios de los letrados actuantes en esta instancia como sigue: 1) para los Dres. F. L. y D. V., letrados de la actora, en el 28% de los honorarios que se le determinen por las labores de grado; 2) para el Dr. L. B., letrado patrocinante de la demandada, en el 25 % de los honorarios que se le determinen por las labores de grado.-- IV) Regístrese y notifíquese.- Así lo voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Carlos Dante Ferrari expresó: Tal como ya lo adelanté, comparto la resolución propuesta por el Dr. López Mesa en todos sus términos, votando en sentido idéntico.- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 8° Ley V N° 17).-Trelew, de abril de 2.011.En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:-- SENTENCIA-I) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios.

II) IMPONER las costas en la Alzada a la demandada recurrente (57, Ley 69).

III) REGULAR los honorarios de los letrados actuantes en esta instancia como sigue: 1) para los Dres. F. L. y D. V., letrados de la actora, en el 28% de los honorarios que se le determinen por las labores de grado; 2) para el Dr. L. B., letrado patrocinante de la demandada, en el 25 % de los honorarios que se le determinen por las labores de grado.-- IV) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL N°___________DE 2.011 - SDL.- Conste.