Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-07


BERTONA, María del Carmen Edith contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 214 p 4-6.

Santa Fe, 7 de junio del año 2006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la tercera coadyuvante Nélida Pintos contra el auto de fecha 9.8.2004 dictado por la Cámara Contencioso Administrativa nro. 1 -Santa Fe- en autos "BERTONA, María del Carmen Edith c/ PROVINCIA DE SANTA FE -R.C.A.-Medida cautelar- (Expte. 2/03)" (Expte. C.S.J. nro. 3, año 2006); y CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que, por auto de fecha 9.8.2004, la Cámara Contencioso Administrativa nro. 1 -Santa Fe- rechazó la petición de la tercera coayuvante dirigida a que la Administración diera cumplimiento al decreto nro. 1768/97 y en consecuencia le fueran reintegrados los haberes previsionales que reclamó.

Aquélla interpuso, contra tal decisión, recurso de inconstitucionalidad.

Reseña, en primer lugar, los antecedentes de la causa, y luego analiza las condiciones de admisibilidad, entre ellas, la definitividad de la resolución impugnada.

Al respecto, señala que, "aunque no se trate de una sentencia definitiva en sentido meramente formal, el auto es equiparable a ella, a los fines del control constitucional, por sus efectos definitivamente negatorios de un derecho sustancial previsional", ya que le niega el cobro "de haberes de pensión dejados de percibir que le manda pagar el decreto nro. 1768/97, firme".

Destaca que ostenta legitimación para deducir el recurso de inconstitucionalidad, ya que es titular del derecho a cobrar de la Caja los haberes de pensión dejados de percibir con motivo de la solicitud de la señora María del Carmen Edith Bertona. Añade que tuvo efectiva y decisiva participación, tanto en el trámite administrativo de solicitud de pensión de la actora, como en el subsiguiente recurso contencioso administrativo, haciéndolo en defensa de un derecho propio.

Expresa que el auto recurrido la desapodera de un derecho incorporado a su patrimonio, y no obstante el decreto firme y el reconocimiento de su deuda por la Provincia, desinteresa oficiosamente a ésta del resultado de la causa, mediante el doble mecanismo de, por una parte, declarar que la señora Bertona no debe devolver a la Provincia los haberes percibidos, y por otra parte, declarar que no debe cobrar de la Provincia los haberes de su pensión dejados de percibir.

Aclara que su relación respecto a la Caja y a la Provincia es de "acreedora", por lo que muy impropiamente puede hablarse de coadyuvancia.

Concluye que su derecho a accionar por sí en demanda de control constitucional relativo a su crédito firme, es un resultado necesario de las garantías expresas e implícitas del régimen republicano nacional y provincial.

Formula contra el auto recurrido impugnaciones de orden constitucional fundadas en hipótesis de arbitrariedad que enumera, a saber: sustituye por su nuda voluntad al decreto 1768, firme; sustituye por su nuda voluntad al reconocimiento en esta causa de la deuda por la Provincia; ejerce en la presente causa una potestad o jurisdicción de que carece contra el decreto 1768, firme, y contra el reconocimiento de su derecho; hace depender la negativa a su derecho, de medidas cautelares caídas por caducidad del recurso contencioso administrativo al que accedían; otorga a una medida cautelar prevalencia sobre la decisión sustancial firme e indiscutible en esta causa; supone una inexistente potestad oficiosa o autoritaria de determinar a voluntad la duración y los efectos de una medida cautelar, con independencia de una causa que los sustente; incurre en consecuencias "absurdas" porque no sólo le confisca los haberes dejados de percibir desde el dictado de la medida cautelar y hasta que fue dejada sin efecto por caducidad del recurso contencioso administrativo, sino también todos los haberes dejados de percibir antes del dictado de aquella medida cautelar; carece de motivación suficiente en normas, jurisprudencia o doctrina, pues las únicas que cita se ordenan exclusivamente a la supuesta irrepetibilidad por la Caja de lo percibido indebidamente por la señora Bertona, por haberlo consumido, y en otros aspectos no exhibe ninguna fundamentación distinta de las afirmaciones del propio auto; introduce oficiosamente el tema de la supuesta irrepetibilidad por la Caja de los haberes abonados provisionalmente por medida cautelar a la señora Bertona, tema ajeno a la causa, no pertinente y no oponible respecto de su derecho al cobro; incurre en autocontradicción porque a la supuesta ausencia de obligación de Bertona a devolver a la Caja los haberes percibidos provisionalmente por medida cautelar, la funda en legislación y jurisprudencia relativa a pagos en definitiva indebidos aunque irrepetibles, según la cual la señora Bertona es "un deudor que ha consumido prestaciones alimentarias"; y ello implica en el caso reconocer que el pago es debido a otro por la Provincia, y el auto recurrido lo niega; la negativa a su derecho exhibe motivaciones sólo aparentes que exceden la jurisdicción del Tribunal y no le son oponibles; incurre en un trato desigual y contradictorio, prescindiendo de principios aplicables; acude a motivaciones aparentes, al imputarle no haber "recurrido resoluciones irrecurribles", es que, siendo esencialmente provisional, la cautelar de la Excma. Corte, a la cual se opuso cuando se le corrido el pertinente traslado, no era susceptible de recursos; y habiendo sido ella quien pidió que se dejara sin efecto la cautelar, no podía sino avenirse a que la Excma. Cámara resolviera dejar sin efecto la cautelar, siendo arbitrario suponer en ello cualquier renuncia a los derechos reconocidos por el decreto 1768 del 15.10.1997, firme, y reconocidos por la Provincia en esta causa; incurre en arbitrariedad, por autocontradicción e inconsecuencia, al pretender oponer a su derecho razones que nada dicen en su contra y sí a su favor; es arbitrario por alterar el sentido de su argumentación.

Entiende que la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad no ofrece ninguna duda, y que si la hubiera, debe resolverse favorablemente en base a los principios generales del derecho involucrados en el asunto.

Cree que es pertinente "devolver la jurisdicción" a esta Corte, a fin de que tenga la oportunidad de revisar si el auto recurrido guarda congruencia con las decisiones dictadas en la presente causa.

Refiere, por último, a los fundamentos de la procedencia del recurso.

La Cámara, por resolución nro. 585 del 21.12.2005, denegó la concesión del recurso interpuesto, por no dirigirse contra sentencia definitiva o auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación.

Calificó además como dudoso que quien reviste la calidad de coadyuvante asuma el rol de acreedora de la recurrente y de la Administración, destacando, con cita de jurisprudencia, que la intervención del tercero coadyuvante en el recurso contencioso administrativo se encuentra concebida exclusivamente a favor de la Administración y por tener interés directo en el mantenimiento del acto, pero sin que se le reconozca el pleno carácter de parte.

2. Comparece entonces la tercera coadyuvante en vía directa ante este Cuerpo, mas sin lograr rebatir adecuadamente el principal fundamento expuesto por la Sala, consistente en que el auto interlocutorio impugnado no satisface el recaudo exigido por el artículo 1ro. de la ley 7055, esto es, ni pone término al pleito ni hace imposible su continuación.

Es que no puede soslayarse que en el caso, quien ostentaba intervención en el pleito como "tercera coadyuvante" de la Administración demandada por tener interés en el mantenimiento del decreto 1768/97 impugnado por la actora -interés ya satisfecho con la declaración de caducidad dispuesta en el principal y consiguiente firmeza del acto recurrido- se encuentra ahora actuando en procura de otro interés, en este caso exclusivamente propio y directo, cual es el cobro de haberes dejados de percibir reconocidos por aquel decreto. Desde esta óptica, pues, es indudable que -como se señala en el auto denegatorio- la resolución atacada no pone término al pleito ni hace imposible su continuación, ya que la señora Pintos tiene a su disposición las vías procesales pertinentes para tutelar ese interés propio, instando ante quien corresponda la ejecución en su beneficio del acto administrativo firme.

Esta posibilidad, se agrega ahora, podrá no conformarla por importar una postergación para la satisfacción de su interés, pero tal apreciación no basta -desde luego- para sortear los recaudos de admisibilidad de la impugnación extraordinaria intentada. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese y hágase saber, oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)