marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba confesional, retractación
Materia: PENAL
Carátula: Cufre, Víctor Hugo s/ Robo - Privaciónn ilegítima de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

El principio emanado del art. 431 del C.P.P. no resulta de aplicación en la valoración de la prueba producida en el incidente de retractación de la confesión, puesto que si el incidentista debe soportar la carga de la prueba y dicha carga no se cumple, y aunque el incumplimiento genere una situación de duda, tal circunstancia provoca el rechazo del incidente planteado.
Despido, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Toledo, Manuel c/ Frigorífico San Nicolás s/ Indemnización por despido, etc Ramírez, José c/ Turinaut S.A. s/ Despido Fuentes, José c/ Leiva, Carmen y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25|1988-11-22|1988-12-27

La forma en que se comunica el despido no viola el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando se exhibe una manifiesta correlación entre las circunstancias anteriores y la extinción de la relación laboral que se notifica, de manera que el trabajador no puede ignorar la causa que ha determinado la conducta del empleador (art. 242, L.C.T.).
Juicio ordinario, juicio de árbitros
Materia: PROCESAL
Carátula: Blanco, Guillermo y otro c/ Petroquímica Bahía Blanca y otro s/ recurso ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

El proceso ordinario es aquél al cual la ley ha impreso mayor complejidad desde el punto de vista formal, en tanto el de peritos árbitros - por el contrario - se halla desprovisto de formas legales, por lo que quienes en él actúan se limitan a recibir los antecedentes o documentos que las partes les presenten y a pedirles las explicaciones del caso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Secundino s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley donde el apelante impugna un testimonio de los tres contestes que utilizó el juzgador para construir un indicio, ya que son idóneos los restantes para acreditar el hecho del cual el Tribunal extrae la presunción que se ataca.
Cosa juzgada, bancos, ley posterior
Materia: PROCESAL
Carátula: Agnese, Miguel Angel c/ The First National Bank of Boston (Banco de Boston). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Si la pretensión del actor de ser reincorporado al banco demandado, se sustentó en un régimen jurídico posterior, esencialmente diferente a aquél en el que había intentado ampararse en 1967, no se halla comprometido en el litigio el principio de estabilidad de las sentencias que veda al litigante el someter a la decisión judicial una cuestión que fue anteriormente resuelta con efectos definitivos.
Jueces, control de constitucionalidad, declaración de oficio, designación de defensor, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA c/ Acuña Javier Oscar s/ recurso de inconstitucional concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-16

El juez no puede controlar de oficio la validez del acto de designación del defensor oficial sino tan sólo su existencia, lo cual le impone un singular deber de cuidado, para no convertir la tarea de establecer si el acto ha sido emitido, en la potestad de ingresar al examen de su validez. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Facultades jurisdiccionales, paralización del expediente, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Astolfo, Rubén Humberto y otros s/ inf. a la ley 20.840.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

Tanto la promoción de una contienda insubstancial, como la actitud de no dirigir la pesquisa hacia la obtención de un mayor grado de conocimiento sobre el objeto procesal, sino su orientación casi exclusiva al logro de elementos que permitieran revisar lo decidido en materia de competencia, paralizando de hecho el trámite principal, entraña un grave daño a la buena administración de justicia.
Ejecución hipotecaria, excepciones procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Della Corte, Cayetano Antonio c/ Mazzeo, Lorenzo s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-10

Tratándose el título base de la ejecución hipotecaria de una escritura pública, la misma da fe hasta tanto sea redargüida de falsa (art. 993 CC).
Organización de la justicia, reglamento de asignación de demandas
Materia: PROCESAL
Carátula: RIOS, OSCAR c/ SAN SEBASTIAN  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

La res. 27/87 se limita a disponer el modo en que la Mesa General de Entradas ha de asignar las causas a partir de los datos contenidos en la memoria del sistema informático. Dicho sistema posee un margen de error en tanto puede haber homónimos en las partes intervinientes o datos consignados con diferencias gráficas que pueden ser detectados por la comprensión humana pero no por el sistema informático. Para evitar conflictos y remisiones innecesarias de expedientes, se dictó el art. 5 de la resolución mencionada. Pero si cada juzgado ha de practicar investigaciones sobre la existencia de antecedentes inadvertidos o bien ha de rechazar las causas comprendidas en los márgenes de error ya mencionados, la resolución expresada quedaría desvirtuada al generar precisamente el efecto opuesto.
Accidente de tránsito, camión, medidas de seguridad, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL
Carátula: MARMORA, JOSE SANTIAGO Y OTRO c/ GAZZONES, OMAR HORACIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-08-26

Todo automotor en movimiento es una cosa peligrosa. Un camión detenido a pesar de ser una cosa inerte, si está sobre la ruta, puede causar daño por el lugar que peligrosamente ocupa, crea riesgo. Habiendo riesgo de la cosa que ha intervenido en el hecho dañoso, resulta aplicable el art. 1113, segunda parte, segundo párrafo del C. Civil.

La causalidad no requiere simultaneidad en el tiempo, contacto físico o mínima separación de la cosa dañada, lo que interesa es si un hecho es generador de un resultado; así será si es apto para producir la consecuencia dañosa. Un camión detenido en una ruta nacional, lloviendo y de noche, tiene aptitud suficiente para desencadenar un accidente de tránsito.

Si bien el caso fortuito o la fuerza mayor importan una excusa general de responsabilidad de las obligaciones, la rotura de mano de barra o cardan no es un eximente por tratarse de una avería del vehículo mismo, que no obedece a ninguna circunstancia extraña; por ello, es imputable a la culpa del guardián o dueño que ha dejado de cumplir su deber de mantener el vehículo en un buen estado de funcionamiento. No basta para excusar de responsabilidad el desperfecto mecánico que haga imposible la marcha hasta la banquina; es necesario que la rotura del vehículo no pueda atribuirse a su propio vicio.

Si hay vicios en el automotor además de la imputación a riesgo se origina la atribución a culpa,emergente precisamente de esos vicios, de su presencia. El vicio traduce negligencia, imprudencia o impericia en quien conduce o tiene la guarda, sea jurídica o de hecho. Cuando se impone a quien se aprovecha de las cosas o las usa simplemente, la guarda de su estructura, el cuidado o control sobre las mismas, los vicios no pueden ser jamás "hechos extraños", causas autónomas, configurar el caso fortuito eximente. De ahí que respecto de las cosas que dañan deba estar implícito el deber de cuidado o de mantenimiento en buen estado (que excluye los vicios) y respecto del "caso fortuito" como eximente, deba enfatizarse en el requisito de exterioridad, equivale a decir que el origen del casus debe hallarse fuera de la cosa y no en ella misma, provenir de su exterior y no de su interior.

El art. 74 inc. c) de la Ley 13398 prevé las medidas que se deben tomar en caso de obstrucción del tránsito por accidente o fuerza mayor; no es que se permita que se lo obstruya, ni releva de la responsabilidad civil, se atiene a un hecho que puede ocurrir y dispone recaudos para evitar daños.
Honorarios, transacción
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ JOSE MOLINA SANCHEZ Y OTRA s/ EJECUTIVO-REG. DE HONORARIOS DEDUCIDO POR EL DR. HECTOR MARIO  GERARDUZZI-INC. Y C.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-10-04

Cuando se arriba a una transacción al contestarse la demanda, los honorarios son el cincuenta por ciento (50%) de los que le hubiesen correspondido si el juicio se hubiese terminado, siendo un "mínimo" que no puede ser alterado por así disponerlo la ley, entender lo contrario importaría violar ese mínimo y dejar sin campo de aplicación lo dispuesto por el 2º párrafo del art. 213 de la Ley 2150.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, rescisión del contrato, validez de cláusula contractual, carta documento, validez de la notificación
Materia: CIVIL-BANCARIO-PROCESAL
Carátula: De Benedictis, Carina Yamila c/ Banco Itau Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-03

1. Corresponde revocar la resolución de grado en cuanto admitió la demanda de daños y perjuicios incoada por un consumidor contra una entidad bancaria, al considerar que la entidad accionada no había notificado debidamente la rescisión unilateral de los contratos de cuenta "corriente", caja de seguridad y otros productos bancarios (tarjeta de crédito) oportunamente convenidos con la actora, incurriendo en consecuencia en responsabilidad civil. Ello así, en tanto se acreditó que los dos contratos que vincularon a las partes contemplaban cláusulas de rescisión unilateral incausada a favor del banco demandado; y asimismo, surge acreditado que el banco envío a la actora una carta documento comunicándole el cierre de la cuenta y sus productos relacionados, y pese a que la actora afirmó no haber tomado conocimiento de la misma, sí reconoció que el correo dejó aviso de entrega, tres veces según surge del informe del correo. 2. En ese marco, aunque no se produjo la entrega del documento, si hubo más de un aviso de visita o entrega y ello es suficiente para juzgar que la demandante no pudo ignorar la declaración extintiva del banco demandado. En su caso, si la ignoró fue por su propia negligencia culpable (arg. art. 929 del Código Civil). Agregando que las cláusulas de rescisión unilateral antes referidas no fueron calificadas como abusivas en la demanda.
Presunciones, plena prueba
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ PAULINO s/ ABUSO DESHONESTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-12-15

Los indicios hacen por sí solos plena prueba, siempre que el cuerpo del delito conste por "pruebas directas e inmediatas: que sean varios", reuniendo, cuando menos, el carácter de anteriores al hecho y concomitantes con él; que se relacionen con el hecho primordial que debe servir de punto de partida para la conclusión que se busca; que sean directos, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho de que se trata, que sean concordantes los unos con los otros de modo que tengan íntima conexión entre sí y se relacionen sin esfuerzo, desde el punto de partida hasta el fin buscado y que funden en hechos reales y probados, nunca en otras presunciones o indicios.
Constitución Nacional, personería, derecho de peticionar, acceso a la justicia, derechos y garantías constitucionales, derechos de las partes, proceso penal, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Espósito, Miguel Angel s/ Recurso de hecho s/privación ilegal de la libertad reiterada en 73 oportunidades - Causa N° 2018
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-07

Todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe como acusador o acusado, como demandado o demandante, ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución.
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D., R. D. s/ abuso sexual s/ impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-05-04

La audiencia de apertura no es un acto intimatorio, asimilable al de interpelación, intimación o legitimación pasiva o declaración del imputado de los Códigos Mixtos.

Ni aún la incorporación -equivocada para mí- de la formula que obliga a la asistencia del imputado, revierte esta consideración.

Pondero más potente una posición que la defina como el instante procesal en que la investigación se judicializa y se hace patente el control de legalidad, por el Juez de las Garantías, de la actividad preparatoria del Fiscal y su contra- cara: el aseguramiento genérico del derecho de defensa del atribuido.

El artículo 274 del ritual, de otro lado, contiene una contradicción que sólo puede resolverse mediante la interpretación que me permito proponer para superar el primer dilema planteado.

Ello es así pues si bien el texto actual prescribe que a la audiencia deberá comparecer el atribuido, pocas líneas más adelante el precepto consigna que si se ampliare la investigación por razón de nuevos hechos y aparecieren nuevos imputados la audiencia no resultará necesaria (ver art. 274 "in fine" del C.P.P, en la redacción vigente al tiempo de su aplicación, la reforma lo ha cambiado).

No puede explicarse seriamente qué privilegios se justificaban en relación con el primer atribuido respecto de los que se determinaran en el devenir, de manera tal que esta norma bien merecía el calificativo de abstrusa y en consecuencia sus predicados han de ponderarse de modo tal que el sistema no padezca mella.

Por consecuencia - ya lo sostuve- el incumplimiento del deber de comparecer, a menos que el atribuido pretenda ejercer sus derechos, no apareja consecuencias negativas al desarrollo del proceso, pues si el sentido del acto es darle noticia y no legitimarlo pasivamente, como ya expresé, ese imperativo pierde sentido.
Seguros, exclusión de la cobertura, accidente de tránsito, ley de seguros, indemnización, plazo, actuación de oficio, principio de congruencia, póliza, dosimetría alcohólica, declinatoria, disidencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Villalon, Escudero Hector R. c/ Hernández, Bernardo y otro s/ d. y p. x uso autom. c/ lesión o muerte otro s/ d. y p. x uso autom. c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-01

Corresponde que sea favorablemente receptada la declinatoria de la cobertura esgrimida por la aseguradora citada en garantía, pues, [.] la introducción -por la A quo- del tema de la extemporaneidad de la respuesta por parte de la aseguradora constituye una violación del principio de congruencia y defensa en juicio, toda vez que las partes en momento alguno introdujeron dicho tema no obstante que la existencia de las comunicaciones remitidas por la aseguradora fueron puestas de manifiesto al responder la citación en garantía. Por ello entiendo que se da en el caso una violación al principio señalado en el párrafo que antecede y que justifica la revocación de la sentencia en el punto en cuestión. (Del voto del Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, en minoría).
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, prueba, proceso penal, imputado
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Monzón, Carlos s/ Homicidio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

La denegatoria de una prueba favorable al acusado, directamente relacionada con los hechos, y de importancia para determinar la culpa o la inocencia, pedida por la defensa, configura una violación de la defensa en juicio.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Antenucci, Nicio H. c/ Zaratiegui, Horacio y otro s/ Reconocimiento de calidad de socio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Sólo resultan admisibles los recursos extraordinarios contra decisiones que decretan la caducidad de la instancia cuando las mismas encuadran en la norma del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esto es, ponen fin al pleito e impiden su continuación.

Como principio general, la caducidad de la instancia carece de tal virtud en tanto el proceso puede renovarse. La excepción ocurre cuando, en función del art. 3987 del Código Civil, este modo anormal de terminación del proceso proyecta consecuencias sobre el curso de la prescripción de la acción incoada, borrando la interrupción provocada por la demanda (art. 3986, Cód. cit.).
Garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Mill  de  Pereyra,  Rita  Aurora;  Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel  Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La garantía de irreductibilidad de los sueldos está conferida no para exclusivo beneficio personal o patrimonial de los magistrados sino para resguardar su función de equilibrio tripartito de los poderes del Estado (Votos de los Dres. Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio y del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, thema decidendum
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CAGLIARI AMELIA ALICIA c/ CIUDAD DE CORDOBA SACIF Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-10-26

Sabido es que el art. 356, primer párrafo del C.P.C.C., contempla la regla expresada en el brocárdico tantum devolutum quantum appellatum.

La directriz y el latinismo citados, han querido significar que los agravios expuestos son los que fijan los límites de la competencia del tribunal del recurso, debiendo agregarse que ante una decisión adversa no cuestionada, el Tribunal ad-quem se ve eximido de pronunciarse sobre ese aspecto de la resolución.

Por tanto, y en principio, en ningún caso pueden sobrepasarse los límites impuestos por la voluntad intelectiva de la parte, que Delimita el thema decidendi.

De ello se deriva, que al no haberse agraviado los interesados en la instancia de apelación sobre el grado de incapacidad física fijado por el primer juez que entendió en la causa (30% de la T.O.), esta cuestión ha quedado consentida, y por tanto excluida de la competencia funcional de este Alto Tribunal, siendo cualquier gravamen en tal sentido totalmente inadmisible por la intempestividad y prescindencia de las pautas liminares que inspiran el trámite procedimental.
Suspensión del trabajador, suspensión preventiva, salarios caídos, proceso penal
Materia: LABORAL
Carátula: MATAS, NICOLAS c/ ENTEL s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-10

Para responsabilizar al empleador por el pago de los salarios caídos a raíz de una suspensión preventiva impuesta al trabajador, es necesario que aquél haya actuado infundada o maliciosamente. Pero si el proceso penal concluyó por prescripción, debe deducirse que la conducta de la demandada no contraría el principio de buena fe, toda vez que no cabe atribuir al transcurso del tiempo el mismo efecto moral que el sobreseimiento definitivo expreso.
Recurso de inconstitucionalidad, relación de dependencia, competencia contencioso administrativa, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, trabajador, remuneración, compensación especial por jubilación, sentencia, nulidad de sentencia, subrogancia del juez, reenvío, transformación de la demanda
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: TUTERA, JUAN ANTONIO c/ BANCO DE SANTA FE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE  PESOS LABORALES (EXPTE.: C.S.J. NRO.197 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco demandado desde que la materia de autos, en tanto involucra el pago de la gratificación especial por jubilación, no constituye uno de los supuestos excepcionales cuyo conocimiento y resolución se han atribuido a los tribunales ordinarios, correspondiendo anular la sentencia impugnada en lo atinente a dicho rubro. Tal respuesta como regla -y por imperio del artículo 12 de la citada ley 7.055- supondría la remisión de la causa a otro tribunal para que juzgue la misma nuevamente. Sin embargo, razones de economía procesal tornan aconsejable prescindir de tal reenvío atento a que en definitiva el tribunal subrogante se limitaría a pronunciarse conforme a lo aquí resuelto, dilatándose innecesariamente la controversia. Por ello, en miras del tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda e interpretando prudencialmente las normas y principios aplicables con la finalidad de evitar que los particulares queden fuera de la protección jurisdiccional, en situación de indefensión, ha de otorgarse al actor la posibilidad de ocurrir ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo a través de la correspondiente demanda contencioso administrativa, confiriéndosele un plazo de treinta días desde la notificación del presente decisorio para que, en su caso, adecue sus pretensiones a los términos y exigencias de la ley 11.330
Cuestiones de competencia, competencia nacional, competencia civil, procedimiento contencioso administrativo y tributario, daños y perjuicios, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, acumulación de acciones, Estado Provincial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GCBA y otros c/  s/ inhibitoria - responsabilidad médica s/ conflicto de competencia I en/ "J. N. G. y otros c/ Centro de Derivación de la Región Sanitaria IV, correspondiente al Hospital IGS San José de Pergamino y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

Aunque este Tribunal no es competente para resolver la excepción planteada por la codemandada provincia de Buenos Aires, no puede dejar de advertir que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales, hace que no pueda someterse a dicha provincia a los tribunales de la Ciudad. Ello así, resulta inadmisible la acumulación subjetiva de pretensiones contra estados que, en causas como la presente, únicamente están sometidos a sus propias jurisdicciones (cfr. CSJN en "Mendoza", Fallos: 329:2316, "Aguirre, Diego Jesús el Universidad de Buenos Aires y otros si daños y perjuicios - resp. prof. médicos y aux.", CIV 92611/2012/CSl , sentencia del 10/07/2018 y "Olivo, Pablo Ezequiel y-otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios" CSJ 467/2016, sentencia del 11 de diciembre de 2018). (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Contrato de trabajo, trabajadores de la construcción, delegado gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Pereyra,  Luis  Ramón c/ Construcciones  Madero  y Cia. S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-30

El trabajador que integra el plantel permanente de una empresa y que desempeña funciones gremiales como delegado, conserva el derecho a la estabilidad pese a la conclusión de la obra donde prestaba servicios. Ello quedó establecido en el Fallo plenario Nº 166 del 30.9.71 recaído en los autos "Vázquez, Francisco E. C/B.B. y J. Pampuro S.A.".
Actividad normal y específica propia del establecimiento, responsabilidad solidaria, telefonía celular
Materia: LABORAL
Carátula: GONZÁLEZ, DIEGO HERNÁN c/ SEAC S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-08

El servicio que prestaba la empresa subcontratada para la empresa principal, y en cuyo marco se desempeñó el actor programando y emblistando teléfonos celulares, resulta coadyuvante al cumplimiento de la actividad de aquella última, pues no se advierte de qué modo podría comercializar sus equipos sin los servicios requeridos.