Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30


En Buenos Aires, a los 30 días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, hallándose reunidos los señores jueces de la Sala "M" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dres. Gladys S. Alvarez, Hernán Daray y Carlos H. Gárgano, a fin de pronunciarse en los autos "DIAZ, Julio Emidio c/ Cinturón Ecológico Area Metropolitana s/daños y perjuicios", la Dra. Alvarez dijo:

Ambas partes recurren la sentencia dictada en autos por considerar errónea la atribución de responsabilidad efectuada. La parte actora entiende que la culpabilidad por el hecho debe recaer exclusivamente sobre la demandada, y a tal fin efectúa una valoración de las pruebas rendidas. Asimismo, se agravia del monto otorgado en concepto de daño moral por considerar exiguo el mismo. Por su parte, la demandada estima que el accionar imprudente del menor y sus progenitores constituye un eximente de su responsabilidad, por lo cual ésta debe recaer totalmente sobre ellos; subsidiariamente, solicita se atribuya correctamente el grado de responsabilidad que de ningún modo cree que deba ser en un 50%-. También en forma subsidiaria se queja por la ponderación efectuada en relación a la citación del tercero, por las sumas indemnizatorias concedidas por daño material, daño psíquico y daño moral y, finalmente, por la imposición de costas a su cargo. Por último, a fs.950 la citada como tercero, Difusora Baires, contesta en lo que a ella le atañe los agravios de la demandada.

1. Responsabilidad.

A raíz de las quejas traídas a la alzada, corresponde en el presente caso discernir la responsabilidad por el accidente sufrido por el menor José Luis Díaz, de 17 años al momento de los hechos, quien en oportunidad de hallarse pescando en la laguna situada en terreno de la demandada, encontró la muerte debido a una asfixia por inmersión, al introducirse en la misma a fin de extraer un anzuelo allí enganchado (conforme el relato efectuado en el libelo inicial). Cabe destacar que la laguna se formó a raíz de la extracción de tosca para la construcción del camino del Buen Ayre, depresión que luego no fue rellenada (fs. 122). Ambas partes discuten la responsabilidad atribuida a cada una de ellas en la sentencia de grado, aunque coinciden en la aplicación al caso del art.1113, segundo párrafo, del Código Civil, que dispone: si el daño hubiese sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá (el dueño o guardián) total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder". Debe recordarse, asimismo, la última parte del mencionado artículo: "si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable". De acuerdo con ello, en principio la responsabilidad recae sobre la demandada, pues es la propietaria del predio donde estaba la laguna en la cual se ahogó el menor, y donde- cabe recordar - ya habían acontecido hechos similares (conf. testimonios de fs.514 y 690). De modo que para lograr su exculpación, debía probar o bien, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, o bien el uso contrario a su voluntad. Así, la demandada en su expresión de agravios vuelve a invocar como eximente la culpa de la víctima, pues el espejo de agua donde se produjo el accidente se encontraba en un predio privado, no pudiendo el menor ignorar esto como tampoco la vigilancia, el alambrado y los carteles que indicaban la prohibición de entrar. Respecto a las medidas de seguridad adoptadas existen controvertidas pruebas, pues si bien algunos testigos vecinos del barrio afirman que nunca existieron alambrados o carteles que advirtieran sobre la laguna (fs.512, 513, 514), los diferentes documentos brindados por la citada como tercero dan cuenta de una serie de elementos de prevención que si bien fueron destruidos o robados presumiblemente por los habitantes de una villa cercana en reiteradas oportunidades, al menos un mes antes de la tragedia existían (ver fotos tomadas a raíz del sumario iniciado por hurto el 7-11-88, denuncia de fs.815 y demás constancias acompañadas; asimismo, testimonios de fs. 689 y 690). Por otra parte, también surge la existencia de un servicio de vigilancia privado que debido a las dimensiones del predio resultaba insuficiente, y aún habiéndose contratado un servicio especial de la policía, ésta no contaba con el personal necesario para mantener la seguridad en ese sitio (testimonios de fs. 690, 694 y 695). Ahora bien, más allá de admitir la existencia de tales medidas de prevención, las cuales considero que pueden darse por probadas ante la contundencia de la prueba documental y testimonial señalada, lo cierto es que los recaudos resultaban insuficientes pues la gente igualmente se acercaba a bañarse y aún cuando los guardias los obligaban a retirarse, volvían (fs.689/690), llegando a lamentarse la muerte de otros chicos que se habían ahogado allí (conforme se señalara anteriormente); de hecho, el menor logró ingresar al terreno y a la laguna. Entonces, aún de aceptar que el uso de la laguna se efectuó contraviniendo la voluntad del dueño (manifestada por las diversas medidas adoptadas), no puede aceptarse el cese de su responsabilidad ya que el uso ha sido posible por un acto culposo de éste, por el cual deberá responder (conf. Belluscio, "Código Civil...", T.V, pag.571, Editorial Astrea, 1984). En este punto es dable acotar que atento a los accidentes ya ocurridos y la cercanía de un asentamiento precario que se extendía con el tiempo, acercándose cada vez al terreno donde estaba la laguna, las medidas de seguridad a adoptar respecto a ésta debieron perfeccionarse o, en su defecto, debieron buscarse soluciones alternativas al problema, entre ellas el rellenado de la laguna. No puedo dejar de observar aquí que, según surge de la documental de fs.86, 115/116 y 125, la propietaria del terreno ante las denuncias efectuadas por Difusora Baries por el cumplimiento imposible de su obligación de seguridad y los riesgos que se corrían por ello, se limitó a rechazar las mismas ajustándose a la letra de un contrato, sin intentar al menos cooperar en la búsqueda de alternativas para paliar el riesgo que implicaba la laguna que estaba dentro de su propiedad. Entonces no puede admitirse que la propietaria de dicha laguna intente escudarse en el carácter privado del terreno cuando conocía los peligros que ésta encerraba, la deficiencia de las medidas de seguridad y los accidentes ocurridos, manteniendo una actitud pasiva frente a esta riesgosa situación. Pretender una suerte de impunidad frente a las desgracias ocurridas en la laguna por el simple hecho de encontrarse ésta en terreno privado, obviando su conducta desinteresada por la suerte que podrían correr terceros a raíz de las circunstancias señaladas, es un argumento que no puedo aceptar. Por otra parte, si el Ceamse es dueño del terreno donde se encuentra la laguna y, por ende, tiene el deber jurídico de que las cosas de que se sirve no ocasionen daños a terceros, no puede descargar en quien delegó tal obligación su responsabilidad como dueño o guardián, pues esta delegación es inoponible frente a la víctima (en similar sentido, ha resuelto la Sala F en autos "Aguilar Margarita c/ Heiss Osvaldo H. y otros s/ daños y perjuicios" el 29-10-99) Por lo expuesto, comparto la opinión de la sentenciante en cuanto a su cuota de responsabilidad en el suceso que nos convoca. No obstante ello, no puede soslayarse la conducta de la víctima, quien contaba con 17 años al momento de los hechos. Resulta innegable que introducirse en un espejo de agua o laguna, de desconocida profundidad e incierta consistencia en el fondo es, sin duda, una arriesgada tarea; y no puede admitirse que una persona cercana a los 18 años, que ya tiene discernimiento para los actos lícitos e ilícitos pudiera desconocer el peligro que ello entrañaba. Debe sumarse a ello que el menor era vecino de la zona y no es entonces ilógico suponer que conocía los anteriores accidentes ocurridos, como lo hacía el testigo Juan Carlos Castro (fs.514), lo cual debió persuadirlo del peligro que implicaba adentrarse en la laguna. Lamentablemente, esta conducta que revela una imprudencia de cierta magnitud no puede ser soslayada y, por lo tanto, ha de acarrearle una cuota de culpabilidad por el accidente. De modo tal, que la demandada resulta responsable por cuanto en su calidad de dueña y guardiana de la cosa peligrosa falló en la seguridad que debía instrumentar con respecto a la laguna que se encontraba en su predio, en tanto al menor le corresponde otro tanto por su conducta imprudente, consistente en meterse en la laguna a buscar el anzuelo, conforme lo señalado precedentemente. Y dado que no encuentro entre ambas conductas, si bien de distinta índole, una de mayor gravedad, considero que debe confirmarse la acertada conclusión a la cual arribara la a-quo. De allí que proponga con mi voto confirmar el 50% de cuota de responsabilidad otorgada a cada una de las partes.

2. Citación del tercero.

Se agravia la demandada por la omisión del sentenciante de expedirse sobre el grado de responsabilidad que pesaba sobre Difusora Baires S.A., pues considera necesario el pronunciamiento a efectos de una eventual acción de regreso contra ella. Ahora bien, entiendo que en este caso particular, no es imprescindible para el inicio de la acción de regreso dilucidar la responsabilidad de la demandada y la citada como tercero, pues tratándose de una cuestión contractual entre ellas, que le es ajena al actor por ser inoponible a éste- conforme lo indicado anteriormente al tratar el punto anterior- puede discernirse la cuestión planteada en un proceso independiente del que aquí se estudia, donde la pretensión principal es la reparación de los daños sufridos por el actor. Por lo tanto, me inclino por confirmar también en este aspecto lo resuelto por la a- quo.

3. Daño material.

Cita el recurrente la reiteradísima jurisprudencia que sostiene que la vida humana no tiene valor económico en sí mismo, sino en cuanto es posible generadora de recursos. Lo que se intenta reparar es entonces la pérdida de chance económica, es decir, la expectativa de un apoyo y colaboración que es de esperar de un hijo hacia un padre, a través de las distintas circunstancias de la vida. Esta colaboración sostiene el demandado que no podía resultar de una envergadura tal que justifique la suma concedida, poniendo de relevancia la estrecha situación económica del actor y su hijo que sólo auguraba un destino de pobreza absoluta. Pero no obstante que estas circunstancias deben evaluarse a la hora de fijar la indemnización, también debe repararse en los restantes factores personales, como la edad del menor, quien en plena juventud podía colaborar estrechamente con su padre; de hecho lo hacía desempeñándose en tareas de albañilería (según testimonios de fs.512, 513), actividad en la cual todavía podía contar con ciertas posibilidades de progreso. Por otra parte, aún evaluando las circunstancias apuntadas por la recurrente, no encuentro que la suma de $35.000- otorgada por este concepto resulte elevada (conforme también con casos próximos obrantes en la base de montos de la Oficina de Proyectos Informáticos de esta Cámara), por lo cual propongo confirmarla. De acuerdo a lo propuesto en el punto 1. la demandada responderá por $17.500.- 4. Daño psíquico.

Si bien entiendo que en este punto debiera declararse desierto el recurso del demandado por no constituir una "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera equivocadas"(conforme lo requiere el art.265 del Código Procesal), en tanto se limita a tachar de abultado el rubro argumentando solamente que el tratamiento que se incluye puede ser reducido, en virtud del principio amplio de defensa en juicio he de efectuar unas breves consideraciones al respecto. La pericia que obra a fs.476/479 revela que el accionante padece como consecuencia del fallecimiento de su hijo un cuadro secuelar depresivo fóbico que le produce un 20% de incapacidad, conclusiones que no fueron objetadas por el recurrente. Asimismo, recomendó un tratamiento de dos años de duración con una frecuencia de dos veces por semana, que corresponde sea resarcido de acuerdo al valor en plaza, pues conforme al principio de integralidad que rige las indemnizaciones en sede civil, la suma a otorgar debe cubrir el precio medio del tratamiento indicado, dejando a salvo el derecho de la víctima de acceder al mismo. Teniendo en cuenta, entonces, las condiciones personales del actor: edad, sexo, capacidad para trabajar, incidencia de las secuelas en su vida tanto de relación como laboral - conforme el principio de integralidad ya enunciado -, llego a concluir que, a falta de agravio de la actora, la suma concedida ($15.000-) debe confirmarse. Por dicha suma, la demandada responderá por la mitad ($7.500-) en atención a lo resuelto en el primer capítulo.

5. Daño moral.

Comprende este perjuicio todos los sufrimientos y aflicciones, las lesiones a los sentimientos, la inquietud espiritual, el agravio a las afecciones legítimas y en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Por su carácter íntimamente personal, es ardua la tarea de su valoración, debiendo el juzgador analizarlo en forma objetiva y abstracta, "considerando cuál pudo ser el estado de ánimo de una persona común colocada en las mismas condiciones concretas en que se halló la víctima del acto lesivo" (conf. esta Sala, expte. 250.531, y C.N.Civ.Fed.Civ.y Com., Sala III, "P. M.R. c/ Fuerza Aerea Argentina" del 15-07-97). No puede soslayarse tampoco que la compensación debe tener como norte una reparación justa, evitando crear con ella una fuente de indebido lucro. Así, y no obstante el inconmensurable dolor que produce la muerte de un hijo, estimo que la suma de $70.000- otorgada resulta elevada y propongo reducirla a la de $40.000-, debiendo responder la demandada por $20.000- conforme a lo decidido respecto a la responsabilidad del accidente.

6. Costas.

Se agravia el demandado por cuanto las costas le fueron impuestas en su totalidad, pese a las pruebas producidas en autos. Sobre este tema, cabe recordar que nuestro ordenamiento ritual consagra en el art.68 del Código de procedimientos el criterio objetivo de la derrota como fundamento de la imposición de costas. Las mismas son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir al vencedor de los gastos de justicia en que debió incurrir para obtener del órgano jurisdiccional la satisfacción de su derecho. En este caso, fue necesario que el actor iniciara este proceso a fin de obtener la reparación por los perjuicios que aquí reclama, acción que la demandada rechazó en un todo. "El fundamento aludido del hecho objetivo de la derrota no sufre desmedro por la sola circunstancia de que el reclamo inicial no prospere en su totalidad. Se sigue de ello que si el actor estuvo forzado a formular la demanda, un progreso parcial no implica restar relevancia a la necesidad de litigar, por lo que las costas deben imponerse a la demandada, ni las circunstancias de que la sentencia no haga lugar en todo a la demandada, implica la liberación de costas al vencido" (conf. A.M. Morello, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial...", Editorial Abeledo Perrot, pag.113). También es dable apreciar que el principio de integralidad que impera en sede civil a la hora de reparar los perjuicios causados, se vería vulnerado si se obligara al actor al pago de las costas, pues su merecida indemnización se reduciría en tal proporción. Por lo tanto, confirmaré también en este punto el fallo de la anterior instancia.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, propongo con mi voto modificar parcialmente la sentencia recurrida, reduciendo la suma concedida por daño moral a $40.000-, de la cual la demandada sólo responderá por $20.000- de acuerdo a lo resuelto en el primer punto. Con costas en la alzada a la demandada, eximiéndola en un 10% en atención al resultado de su apelación.

El Dr. Daray adhiere por análogas consideraciones al voto de la Dra. Alvarez.

El Dr Gárgano dijo:

El art 1113 último párrafo del Código Civil dice que si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable. Sin embargo, también hay que ver si éstos actuaron con notoria imprudencia o grave negligencia dejándola al alcance de cualquiera que pretenda usarla ( Conf .G. A. Borda, Tratado de Derecho Civil- Obligaciones, Tomo II, pág 303, N1 1486-2, ed 1998). La eximición de responsabilidad prevista en la norma requiere, en este caso, que la víctima haya tomado conocimiento de que no podía usar la cosa porque el dueño se oponía y lo puso de manifiesto al impedir el acceso de terceros al predio mediante carteles, alambrados y vigilancia. De las constancias de la causa surge que el menor fue a pescar a una laguna ubicada en un lugar privado propiedad del CEAMSE (fs 650), que no está afectado al acceso público (fs 603 preg 3ra y fs 603 vta preg 1). Del contrato de fs 64/66 surge que la empresa Difusora Baires tenía la obligación de vigilar la zona en que se encontraba la laguna, era la encargada de cercarla, vigilarla e impedir el acceso a terceras personas (fs 603 preg 5ta y 6ta , fs 603 vta preg 5ta y 6ta y fs 694 preg 2da). A tal fin la Difusora Baires colocó los alambrados perimetrales en el predio (fs 278), y contrató los servicios de una vigilancia privada Segubank ( fs 279, 629 y 689 vta preg 13). A fs 789/812 obran las fotografías de alambrados y carteles advirtiendo el peligro del lugar y prohibiendo el ingreso al mismo, reconocidas por el actor a fs 601 " posición veintidós" Por otra parte Pinto, que trabajó como personal de seguridad en dicho lugar, dijo que constantemente los empleados de la empresa recorrían la zona, y que cuando veían que se acercaban grupos de personas los advertían del peligro, pero los habitantes de los alrededores a pesar de las recomendaciones igualmente ingresaban a la laguna. Afirmó que se habían colocado alambrados y carteles pero que constantemente la gente que habitaba en la villa cercana se los robaba ( fs 689/690). Zerbino corroboró los dichos de Pinto y agregó que desde el año 86 al 88 la zona de la laguna estaba custodiada por la policía de la Provincia de Bs.As. Y que a partir del año 88 se sustituyó a la policía por la empresa de vigilancia privada. Reconoció las fotografías y manifestó que las mismas fueron tomadas a raíz de un sumario caratulado hurto (de alambrados y carteles) por él denunciado ante la comisaría de Billlinghurst ( ver fs 815). Manifestó que a pesar de todas las medidas preventivas se seguían ahogando chicos. A todo ello se suman las declaraciones de los testigos de la parte actora que admitieron que los vecinos tenían conocimiento de que en ese lugar ya habían ocurrido otros accidentes (fs 514 preg 10) y que habían visto restos de alambrados y carteles que eran constantemente sustraídos ( fs 514 ). Por lo visto, la parte demandada no es responsable, pues la víctima ingresó a un lugar privado, cercado, con vigilancia, con carteles que impedían el ingreso y advertían el peligro; y sabiendo que con anterioridad habían ocurrido accidentes similares, lo cual pone de manifiesto que se introdujo en la laguna contrariando la voluntad del dueño. Además no podía ignorar (era vecino de la zona) que los habitantes de la villa cercana destruían los carteles y los alambrados, y si aprovechó esa circunstancia o eludió la vigilancia para ingresar clandestinamente a la laguna, no se puede imputar al dueño o guardián notoria imprudencia o grave negligencia por no haber adoptado las medidas necesarias para impedir el acceso Por ello, voto por que se revoque la sentencia y se rechace la demanda en todas sus partes, con costas en ambas instancias a cargo de la parte actora vencida (art. 68 del Código Procesal).

Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mi que doy fe.

Fdo.: Gladys S. Alvarez, Hernán Daray y Carlos H. Gárgano. Ante mi, Mario J. Isola (Secretario).

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1999.

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve:

Modificar parcialmente la sentencia recurrida, reduciendo la suma concedida por daño moral a $40.000-, de la cual la demandada sólo responderá por $20.000- de acuerdo a lo resuelto en el primer punto. Con costas en la alzada a la demandada, eximiéndola en un 10% en atención al resultado de su apelación. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.: Gladys S. Alvarez, Hernán Daray, Carlos H. Gárgano. Mario J. Isola (Secretario).