Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL,COMERC., LABORAL, MINERIA Y FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-08


ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén, a los ocho (08) días del mes de Mayo del año dos mil catorce (2014), se reúne en Acuerdo la Sala II de la Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, integrada con los señores Vocales, doctores María Julia Barrese y Dardo Walter Troncoso, con la intervención del Secretario de Cámara Subrogante, Dr. Alexis F. Muñoz Medina, para dictar sentencia en estos autos caratulados: "SULLEIRO CRISTINA CONCEPCION C/ I.S.S.N. S/ ACCION DE AMPARO", (Expte. Nro.: 35988, Año: 2013), del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° DOS de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de los Andes.

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. María Julia Barrese, dijo:

I.- A fojas 170/179 se dictó sentencia de primera instancia, por medio de la cual el magistrado interviniente desestimó la acción de amparo interpuesta por Cristina Concepción Sulleiro, por considerar que en el caso traído a conocimiento no se verifica un supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que permita otorgar tutela jurisdiccional por la vía del amparo, toda vez que según el criterio del juzgador, el carril apto para dilucidar la materia de estos autos es la acción procesal administrativa.

II.- Contra el pronunciamiento citado se alza la actora a fs. 183/186.

A. En primer lugar, critica las aseveraciones del juzgador respecto a la improcedencia de la vía del amparo a efectos de dar respuesta a su pretensión, toda vez que según lo expone, tal extremo debió haber sido verificado al inicio de los presentes y no al momento del dictado de la sentencia.

B. Expresa que el acto administrativo cuestionado a través de la acción deducida en los presentes la ha privado de sus ingresos percibidos a título de sueldo y de jubilación y ha alterado su derecho a la salud, por cuanto la ha excluido de la cobertura médica; por ello, critica las afirmaciones del sentenciante, quien sostiene que su pretensión carece de sustento fáctico y jurídico.

C. A la par, cuestiona la recurrente lo resuelto por el a-quo, quien ha entendido que el ISSN no tenía la obligación de sustanciar el procedimiento administrativo previo al dictado del acto impugnado por su parte. Afirma que tal proceder administrativo la ha privado del ejercicio de su derecho de defensa. Sostiene que tampoco tuvo oportunidad de ejercer tal derecho en época posterior al dictado del acto, ya que ante su requerimiento de explicaciones efectuado por Carta Documento no recibió respuesta alguna de la demandada.

Se explaya la agraviada acerca del carácter que poseen los beneficios jubilatorios, concluyendo que una vez acordados constituyen derechos adquiridos y que, como tales, integran el concepto de derecho de propiedad amparado por el art. 17 de la CN.

A partir de dicha premisa, sostiene que, al menos, debe existir una instancia previa de notificación, descargo y pruebas que preceda a la toma de una decisión administrativa de la índole de la cuestionada.

C. Impugna la apelante las aseveraciones del sentenciante referidas al alcance que le asigna a las obligaciones que pesan sobre el jubilado emergentes de los art. 71 y 72 de la Ley 611, argumentando que desde el Municipio de San Martín de los Andes se requirió un informe al Departamento de Jubilaciones de la demandada, en el que se inquirió bajo qué modalidad un jubilado podría reingresar a la actividad, habiendo recibido como respuesta del mencionado organismo que la única manera posible de reingreso era bajo el régimen de trabajadores autónomos, que no resulta incompatible con la percepción del haber jubilatorio. Continúa manifestando que por tal razón, la Contraloría municipal produjo su informe siguiendo el criterio informado por el ISSN. Las mencionadas circunstancias, a entender de la recurrente, la han eximido de efectuar denuncia alguna ante la demandada ya que, según lo afirma, la locación de servicios no genera incompatibilidad con su condición de jubilada, de conformidad al art. 68 inc. c) de la Ley 611.

D. Insiste la recurrente en la procedencia de la vía del amparo, argumentando que es el único remedio posible frente al avasallamiento de sus derechos, atento a la ausencia de respuesta de la autoridad administrativa a su requerimiento y dado que el 31 de diciembre de 2013 venció y no le fue renovado el contrato que la ligaba a la Municipalidad de San Martín de los Andes. Agrega que existe ilegalidad y arbitrariedad en la actuación administrativa desplegada en el caso por el organismo provisional, dado que la falta de pago de su haber jubilatorio se mantuvo, a pesar de haber cesado su relación contractual con la Municipalidad de San Martín de los Andes. Aduce, también, que la autoridad administrativa ha violado lo dispuesto por el art. 53 de la Ley 611, habiendo procedido con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, toda vez que la citada disposición normativa limita al 20% del haber mensual de la prestación las deducciones de haberes jubilatorios generadas por la percepción indebida de algún beneficio provisional. E. A la par, recurre los honorarios regulados a los letrados de la demandada por considerarlos excesivos.

III.- A fs. 191/193 vta. la accionada, a través de apoderado y con patrocinio letrado, contesta el traslado del recurso de apelación interpuesto solicitando su rechazo. Afirma que la crítica actoral se sustenta en una mera discrepancia subjetiva con lo resuelto por el juez de grado. Expresa que su parte se ha ajustado a lo normado por los arts. 64, 68, 71 y 72 de la Ley 611, cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada por la amparista. Manifiesta que dichas normas prevén las consecuencias jurídicas derivadas de la doble percepción de haberes que se observa en los presentes. Refiere que en virtud de haberse configurado tal extremo fáctico, su parte se hallaba habilitada para suspender el beneficio provisional que percibía la accionante. Según lo entiende la demandada, al haber procedido como lo hizo, su parte no afectó el derecho de defensa de la accionante.

Afirma que el ISSN mediante la nota fechada el 24/01/2013 no ha avalado la interpretación que sustenta la actora, resultando evidente que el cargo desempeñado por la Sra. Sulleiro no encuadra en el concepto de actividad autónoma, razón por la cual, la mencionada relación laboral es incompatible con el beneficio previsional que percibía la amparista.

Dice que su parte no ha lesionado los derechos de propiedad, a trabajar, a la salud y a la defensa de su contendiente. A la par, afirma que la actora no ha acreditado la calidad de paciente inscripta en el plan de hipertensión arterial con provisión de medicamentos gratuitos que brinda el ISSN.

Finalmente, requiere el rechazo del recurso de apelación en lo que hace al cuestionamiento de los honorarios regulados a los letrados que la representan.

IV.- Tratamiento de los agravios:

Atento a la naturaleza de la cuestión planteada y la raigambre constitucional que poseen los derechos alimentarios y relativos a la salud que la accionante refiere como vulnerados, habrá de determinarse si en el sub-examine el accionar administrativo impugnado adolece de la arbitrariedad e ilegalidad manifiestas que el juez de grado ha tenido por no configuradas por ser tales extremos requisitos ineludibles que marcan la procedencia de la acción de amparo.

Adelanto que de la lectura de los antecedentes de la causa surge con meridiana evidencia que asiste razón a la peticionante, en tanto la actitud asumida por la demanda, plasmada en el acto cuestionado por vía de la presente acción, importa la vulneración de la garantía del debido procedimiento adjetivo y sustantivo y la vulneración de derechos adquiridos por la amparista, reconocidos por arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.

1. La suscripta se expedirá, en primer lugar, sobre la impugnación relacionada con la ausencia de participación de la amparista en el procedimiento administrativo previo a la emisión de la Resolución Nro. 1972/13 del Consejo de Administración del ISSN. Abordaré la cuestión partiendo de la siguiente premisa básica:

Durante las diversas etapas del procedimiento, el interesado goza de la garantía del debido procedimiento administrativo, consagrada en el art. 3 inc. b) de la Ley 1284, bajo la denominación "garantía de defensa", cuya inobservancia genera la nulidad de la actividad administrativa en cuestión.

Este postulado, íntimamente vinculado con el principio de tutela administrativa efectiva, se encuentra incorporado a la Ley 1284, en el art. 3 inc. b, que lo define en los siguientes términos: "Defensa: La garantía de defensa y el debido proceso administrativo comprenden el derecho de los administrados a ser oídos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada". El principio del debido procedimiento adjetivo, de raigambre constitucional, por estar receptado en el art. 18 de la ley fundamental nacional, e igualmente, en el art. 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, resulta de aplicación plena en cualquier tipo de proceso o procedimiento, entre los que se incluye el administrativo.

La CIDH tiene dicho en conocido precedente "Baena" que: "En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso... Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas" (Cfr. sentencia del 02/02/2001, Publicado en: LA LEY 2001-D, 573, Cita online: AR/JUR/3365/2001).

En el ámbito provincial, dentro del cauce procedimental regulado en la Ley 1284, la garantía de defensa, importa la efectiva posibilidad de participación útil de los interesados en el procedimiento y queda plasmada en los derechos a ser oído, a ofrecer, producir y alegar sobre la prueba, a obtener una decisión fundada, incluyendo, a la par, la posibilidad de impugnarla. En alusión a este principio, la Exposición de Motivos de la Ley 1284, nos ilustra respecto a que la participación activa de los administrados titulares de un interés es la garantía menor que un procedimiento puede ofrecer, sin que pueda alegarse la relación de subordinación que lo vincula a la administración. No se limita a 1a simple presencia del interesado, ni tampoco a su derecho a ser oído, sino que es la garantía de su activa participación.

También, por aplicación del postulado "sub análisis", el interesado posee la facultad de tomar vista de las actuaciones administrativas y de exigir a la Administración transparencia en su actuar, dado que el efectivo conocimiento del trámite posibilitará la defensa de sus pretensiones. Se abordarán, a continuación, las diversas facetas comprendidas dentro del principio del debido procedimiento adjetivo o de defensa, -según la terminología seguida por el legislador local-, a la luz de los agravios expuestos por la apelante.

Derecho a ser oído. Participación útil.

Respecto del derecho a ser oído, el principio de defensa indica que cuando deba tomarse una resolución en la instancia administrativa, susceptible de afectar los derechos subjetivos públicos de algún interesado, deberá conferírsele previa intervención. Dicha participación se concreta en la facultad de exponer las razones de las pretensiones y defensas, antes de la emisión de los actos que se refieran a sus derechos subjetivos públicos. Asimismo, el derecho en cuestión queda plasmado en la posibilidad que posee el interesado en el trámite, de hacerse representar y patrocinar por abogados en las tramitaciones administrativas.

Es ésta una forma o procedimiento de llegar a la resolución y, por ello, la regla no debe variar, cualquiera sea el tipo de decisión a adoptarse, dado que en modo alguno, quedará justificado que no se oigan las razones y se consideren las pruebas aportadas por los interesados antes de adoptarse una decisión. La violación de la garantía de la defensa constituye uno de los principales defectos en los que puede incurrir la autoridad en el curso de un procedimiento administrativo y, también, se erige en uno de los vicios más significativos del acto administrativo. Por lo tanto, la indefensión del particular cometida por la Administración debe sancionarse, siempre, con la nulidad del procedimiento (cfr. Agustín Gordillo, "Tratado de Derecho Administrativo", T II, "La Defensa del Usuario y del Administrado", 4ta. Edición, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos aires, año 2000, cap. IX, pág. 20/22 y 29/32).

Trasladando dichos conceptos al caso que nos ocupa, advierto que surge palmario con la mera verificación de las actuaciones administrativas adosadas a los presentes que la amparista no fue oída ni tuvo ninguna participación útil con carácter previo a la emisión de la resolución 1972/2013 del Consejo de Administración de la demandada. Dicha omisión genera la nulidad de la resolución Nro. 1972/20013, según lo dispone el art. 67 inc. r de la Ley 1284.

Derecho a ofrecer y producir prueba.

La prueba ofrecida por el interesado en el curso del procedimiento administrativo debe producirse antes de la toma de la decisión administrativa.

Este derecho de los particulares lleva ínsita la posibilidad de controlar las pruebas producidas, tanto las ofrecidas por el administrado como las que produce la administración de oficio, en base al principio de oficialidad.

Finalmente, el interesado en el trámite tiene el derecho de alegar sobre el mérito de la prueba producida, de acuerdo al art. 108 inc. k) de la Ley 1284.

En el sub lite, asiste razón a la apelante cuando denuncia la violación de su derecho de defensa, dado que como quedó dicho, ninguna posibilidad de ofrecer ni de controlar las pruebas ha tenido la amparista en el procedimiento administrativo seguido en el expediente Nro. 2369-049940/6 Alcance 0000 año 2013, en el que la autoridad administrativa no le ha permitido ninguna participación, dado que ni siquiera la ha anoticiado de la existencia de dichas tramitaciones, con carácter previo al dictado de la resolución Nro. 1972/2013, que afecta sus derechos subjetivos públicos.

Derecho a obtener una resolución fundada.

El acto definitivo que resuelve un trámite administrativo debe ser motivado, es decir, debe estar fundado en los hechos probados y en el derecho aplicable al caso. A efectos de dar acabado cumplimiento a dicha obligación, el órgano con competencia resolutoria deberá considerar, al momento de decidir, de manera expresa, los principales argumentos y cuestiones propuestas, en la medida que fueran conducentes.

El Tribunal Superior de Justicia Provincial ha entendido que: "la necesidad legal de fundar el acto administrativo no constituye una exigencia vacía de contenido, pues el propósito radica en garantizar el derecho de los administrados, permitiendo el conocimiento de las razones que indujeron a su emisión. La Administración debe fundar los actos que emite, especialmente, cuando el acto pone fin a una situación creada, pues los principios republicanos le imponen la obligación de dar cuenta de aquéllos, cumpliendo los recaudos exigidos, a fin de permitir su impugnación por quienes ven afectados sus derechos y la revisión judicial de su legitimidad y razonabilidad" (Cfr. Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Ac Nro. 763, mayo 2001, en autos "A.T.E.N c/ Consejo Provincial de Educación s/ Accion Procesal Administrativa").

En lo que hace a este aspecto de la garantía de defensa, advierto la configuración de un vicio grave en la motivación fáctica de la resolución Nro. 1972/2013, toda vez que de su lectura se desprende que no fueron tomados en consideración los contratos de locación de servicios suscriptos entre la amparista y la Municipalidad de San Martín de los Andes, sino que la plataforma fáctica que da sustento a la fundamentación del acto impugnado por esta vía, refiere a los contratos de locación de servicios celebrados entre la Municipalidad de San Martín de los Andes y otra persona -la Sra. Villarino-, partiendo de la suposición que esta última se encontraría en la misma situación que la Sra. Sulleiro. Surge evidente que la motivación del acto cuestionado es falsa, por haber tomado en consideración la documentación que plasma una relación jurídica referida a una persona diversa a la hora de ponderar los supuesta incompatibilidad imputada a la amparista, debiendo encuadrarse tal vicio en el art. 67 inc. s) de la Ley 1284, que genera la nulidad, siendo a todas luces irrazonable y arbitraria la decisión en tal sentido.

Como conclusión de este acápite, entiendo que los vicios detectados en la resolución Nro. 1972/2013, afectan con ilegalidad manifiesta la garantía constitucional del debido procedimiento adjetivo y, en mi opinión, habilitan sin más la procedencia del amparo, toda vez que por surgir palmarios de las constancias arrimadas a la causa, no requieren de un ámbito judicial en el que se desarrolle un debate más intenso.

2. No obstante lo hasta aquí expuesto, que de por si viabiliza la pretensión actoral, encuentro que la actividad administrativa desplegada por la demandada ha violentado otros derechos constitucionales adquiridos por la Sra. Sulleiro, cuya protección es viable por medio de la acción de amparo. Me refiero al derecho de propiedad y a los derechos provisionales y asistenciales, reconocidos por el art. 17 y 14 bis de la Constitución Nacional.

Es que, la Resolución N° 1972/013 importa, sin dudas, la suspensión en sede administrativa de los efectos del acto administrativo por medio del cual se concediera a la actora el beneficio jubilatorio. Es que la Sra. Sulleiro percibió mensualmente las sumas de dinero por tal concepto, durante el período comprendido desde la fecha de reingreso a la actividad, luego de haber suscripto el contrato de locación de servicios con la Municipalidad local y hasta su suspensión por decisión administrativa. La accionada, además, pretende de la amparista la restitución de la suma de dichos importes aduciendo la existencia de la incompatibilidad entre la labor activa y su estado de pasividad, decisión administrativa que ha quedado plasmada en la Resolución Nro. 1972 impugnada.

Abordaré la cuestión sometida a decisión de la Cámara, siguiendo los lineamientos establecidos hace ya tiempo por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. En efecto, nuestro máximo órgano jurisdiccional local sentó jurisprudencia en un caso de aristas similares al que nos convoca en esta oportunidad, respecto a la aplicación de las disposiciones de la Ley 1284, desde su entrada en vigencia, también a la actividad administrativa del I.S.S.N., estableciendo que ha sido derogada toda normativa que se encuentre en contradicción con aquella. Consecuentemente, en ese supuesto se consideró y resolvió que el art. 55 de la Ley 611, que establece la potestad de revocar en sede administrativa las resoluciones otorgantes de la prestación jubilatoria, por razones de ilegitimidad, cuando las mismas estuviesen viciadas de nulidad absoluta, se encuentra condicionada a las disposiciones de la Ley 1284, dictada con posterioridad a la Ley 611. Siguiendo esta línea de razonamiento, se resolvió que una vez que la resolución otorgante de la prestación estuviese notificada a la parte interesada, la misma no podrá ser revocada por un acto unilateral de la Administración, que debe acudir al procedimiento previsto en el art. 13 de la Ley 1305, demandando la anulación del acto en sede judicial, por vía de la acción de lesividad (conf. TSJ NQ, A. 145.902, sent. del 12-IX-96;. TSJ NQ, TS. 321, resol. del 31-III-97, RI 2904/2001 en autos "INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN C/ ZALAZAR OSCAR ALBERTO S/ ACCION DE LESIVIDAD").

Trasladando dicha jurisprudencia al caso de autos, considero que el acto de concesión del beneficio provisional del que gozaba la Sra. Sulleiro es irrevocable en sede administrativa; por tal razón el ejercicio de las prerrogativas con que cuenta la Administración demandada en el caso concreto, no cabe duda, que queda circunscrito al ejercicio de la acción de lesividad.

Considero que si la administración demandada entendió que el goce del beneficio jubilatorio era incompatible con la prestación de servicios de la Sra. Sulleiro para la Municipalidad de San Martín de los Andes, en lugar de haber dilucidado la cuestión en su propia sede, debió haberla planteado ante el Tribunal Superior de Justicia, mediante la interposición de una acción de lesividad.

Ello por cuanto, el acto mediante el cual dicha parte ha otorgado la jubilación de la amparista es un acto estable, en los términos previstos en el art. 55 inc. d) de la Ley 1284 y la actora se encontraba en pleno goce del beneficio al momento de su suspensión en sede administrativa. Por tal razón, el organismo demandado no poseía atribuciones para suspender la ejecución de dicho acto en su propia sede ni para retrotraer los efectos de tal medida, pretendiendo la devolución retroactiva de lo percibido por la amparista.

Corolario de lo expuesto, si el acto es regular, la Administración sólo puede dejar de cumplirlo, entablando la pertinente acción de lesividad, previa declaración en sede administrativa (Conf. doctrina del T.S.J. in re "Tapiola c/ I.S.S.N.s/ acción procesal administrativa" Acuerdo Nro. 300/93, entre otros tantos).

Entiendo, en función de lo hasta aquí analizado, que con el dictado de la resolución 1972/2013, el organismo administrativo accionado se ha arrogado atribuciones judiciales, toda vez, en todo caso, de haberse seguido el cauce de la acción de lesividad, hubiera correspondido al órgano jurisdiccional, luego de analizar los fundamentos esgrimidos por la administración pública y la administrada, declarar si efectivamente existía o no la incompatibilidad a la que alude la demandada, haciendo lugar o rechazando la acción incoada. Justamente, la acción de lesividad pretende evitar que la Administración pública se arrogue la verificación unilateral de la legitimidad del acto cuyos efectos se han incorporado ya al patrimonio del administrado, obligándola a acudir al Poder Judicial. Y el fundamento constitucional de esta especial acción, se encuentra consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional que consagra la garantía del debido procedimiento; por ello es lógico que sean otorgadas al administrado todas las posibilidades de defender con amplitud de prueba y debate la validez del acto ante un órgano imparcial, "... pues de lo contrario, quien ha emitido el acto, está siendo juez y parte de la situación" (Cfr. "Proceso Administrativo y Constitucional". Alberto Bianchi, Guido Tawil, Ed. Ciencias de la Administración. Pág 130).

La intención de la norma de prohibir la revocación en sede administrativa del acto que confiere derechos a los particulares, es garantizar el ejercicio normal de esos derechos hasta tanto una sentencia judicial resuelva lo contrario. No sería admisible, en consecuencia de ello, no sólo revocar el acto en cuanto a sus efectos futuros, ni modificarlo o sustituirlo con igual consecuencia, sino tampoco suspenderlo, pues esto último implicaría lograr en la práctica lo que la norma precisamente quiso evitar: que los derechos emergentes quedaran a merced de una decisión administrativa ulterior (v. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, 8a edición, 2003, pág. VI?13)".

El maestro Gordillo, al abordar este tema ha transcripto un dictamen de la PTN que, en mi opinión, resulta sumamente esclarecedor. En la oportunidad, el organismo aludido ha considerado que "[...] En lo que atañe a la disposición [...], por aplicación del artículo 17 antes transcripto, dicho acto sólo puede ser anulado mediante decisión judicial y previa deducción de la pertinente acción de lesividad (v. Dictámenes 224:96 y 246:248, entre otros)". "En el escrito de inicio de la acción, deberá solicitarse el dictado de una medida cautelar a efectos de obtener la suspensión del pago notoriamente mal liquidado al ahora recurrente, así como la del pago del adicional ilegítimamente concedido ya devengado". "En la petición deberá consignarse que la Administración ha efectuado la interpretación más favorable al administrado, al poner la duda en su favor -en cuanto a que desconocía el vicio del acto-, lo que produce como efecto que aquél no deba devolver las sumas percibidas antirreglamentariamente". "La medida cautelar servirá, así, no sólo para resguardar la legalidad y el erario público, sino que, además, impedirá que el administrado vaya sumando, mes a mes, una cifra que luego le resultará traumático devolver, por cuanto ya no podrá afirmarse el desconocimiento del vicio". (PTN, Dictamen 285/06, publicado en LL, Sup. Adm., 2007 (mayo), 70?6, citado por Agustín Gordillo en Tratado de Derecho Administrastivo, T3. Acto Administrativo, cap. VI.18, www.gordillo.com.ar) Concluyendo, la resolución 1972/013 vulnera la estabilidad e irrevocabilidad del acto administrativo de otorgamiento del beneficio jubilatorio y del goce de la prestación de salud que en su condición de jubilada le corresponde a la amparista, adoleciendo del vicio previsto en el inc. f) del art. 67 de la Ley 1284, en razón de lo cual tal acto es nulo. Surge entonces, de manera evidente, que la actividad administrativa cuestionada ha lesionado los derechos adquiridos por la Sra. Sulleiro al amparo de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.

Pero además de ello, encuentro que la Administración Pública ha obrado arbitrariamente al imputar a la accionante la inobservancia de la obligación de denunciar el reingreso a la actividad laboral en tiempo oportuno, dado que como lo acredita la amparista, su relación con la Municipalidad de San Martín de los Andes fue encuadrada contractualmente como una locación de servicios, situación que no genera incompatibilidad con la percepción del haber jubilatorio, según lo establece el art. 68 inc. c) de la Ley 611. Por ende, la Sra. Sulleiro no poseía obligación de efectuar denuncia alguna de dicha situación a la demandada. En virtud de lo expresado es que considero que la autoridad administrativa, al requerir de la amparista una actividad que no se condice con lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable, ha obrado arbitrariamente, en violación al postulado constitucional que alude al principio del debido procedimiento sustantivo, consagrado en el art. 28 de la Constitución Nacional.

Tampoco, se encuentra dentro de la esfera de competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico al organismo autárquico accionado la de determinar si el Municipio de San Martín de los Andes violentó o no el ordenamiento legal en lo que atañe al régimen de la función pública Municipal (art. 273 inc. 1ro. de la Constitución Provincial). El proceder de la demandada en este aspecto importa la invasión de la esfera de atribuciones municipales, en una abierta contradicción con el principio de autonomía municipal que rige en la provincia de Neuquén desde la entrada en vigencia de la Constitución originaria (11 y 184 de la Constitución Provincial de 1957 y 154, 271 y cc. de la actual). El acto cuestionado por la amparista, adolece entonces, del vicio grave contemplado en el inc. i) del art. 67 de la Ley 1284 y por tal razón, también, es un acto nulo, surgiendo palmaria la existencia de dicho vicio.

V.- Por lo hasta aquí expuesto, propicio al Acuerdo que: 1. Se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la acción de amparo interpuesta toda vez que la resolución Nro. 1972/2013 emanada de la demandada ha lesionado con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas los derechos adquiridos por la Sra. Cristina Sulleiro al amparo de lo establecido por los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional; 2. Declarar la nulidad de la resolución Nro. 1972/2013, por padecer de los vicios enunciados en los incs. f), i), r) y s) del art. 67 de la Ley 1284; 3. En su consecuencia, ordenar al ISSN que restablezca el goce del beneficio jubilatorio que venía percibiendo la Sra. Cristina Sulleiro y su cobertura asistencial; 4. Ordenar a la demandada que abone a la actora los haberes devengados desde el dictado del acto cuya nulidad se propicia y hasta la fecha en que este decisorio adquiera firmeza, atento a que la declaración de nulidad del acto administrativo posee efectos retroactivos (art. 70 de la Ley 1284).

VII.- En virtud de lo anteriormente decidido deviene abstracto el tratamiento del recurso de apelación deducido por la accionante a efectos de cuestionar los honorarios de los letrados intervinientes por la demandada, dado que de aceptarse mi propuesta, corresponde que se proceda en esta instancia a efectuarse una nueva regulación de todos los emolumentos profesionales. MI VOTO.

A su turno, el Dr. Dardo Walter Troncoso, dijo: Por compartir los fundamentos expuestos por la vocal preopinante, adhiero a los mismos. MI VOTO.

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, RESUELVE:

I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, haciendo lugar a la acción de amparo entablada por la Sra. Cristina SULLEIRO contra el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Las costas de primera instancia se imponen a la demandada perdidosa (art. 68 del C.P.C. y C.).

II.- En virtud de lo dispuesto en el punto anterior, declarar la nulidad de la resolución Nro. 1972/2013, por padecer de los vicios enunciados en los incs. f), i), r) y s) del art. 67 de la Ley 1284 y, en su consecuencia, ordenar al Instituto de Seguridad Social del Neuquén que restablezca el goce del beneficio jubilatorio que venía percibiendo la actora, así como también su cobertura asistencial.

III.- Ordenar a la demandada que abone a la actora los haberes devengados desde el dictado del acto cuya nulidad se decreta y hasta la fecha en que este decisorio adquiera firmeza.

IV.- Dejar sin efecto la regulación de honorarios realizada en primera instancia y proceder a una nueva, de conformidad a los siguientes montos: A los letrados patrocinantes de la parte actora, Dra. ... e ..., de manera conjunta, en una suma equivalente a TREINTA Y CINCO (35) JUS; A la Dra. ..., en su carácter de patrocinante de la parte demandada, en una suma equivalente a VEINTICUATRO (25) JUS; Al Dr. ..., en su carácter de letrado apoderado de la parte demandada, en una suma equivalente a DIEZ (10) JUS; Al Dr. ..., en su carácter de letrado patrocinante de la demandada, en una suma equivalente a DOS (2) JUS; y al Dr. ..., por su intervención como apoderado de la Fiscalía de Estado, en una suma equivalente a DOS (2) JUS (Cfr. artículos 6, 7, 10, 11 y 36 de la Ley Arancelaria).

V.- En virtud de lo dispuesto en el punto anterior, declarar abstracto el recurso interpuesto por la parte actora contra la regulación de honorarios realizada a los letrados de la parte demandada.

VI.- Imponer las costas de Alzada a la demandada perdidosa (art. 68 C.P.C. y C.).

VII.- Regular los honorarios, correspondientes a las tareas desarrolladas en esta instancia recursiva, de la Dra. ..., en su carácter de letrada patrocinante de la parte actora, en una suma equivalente a ONCE (11) JUS; los de los Dres. ... y ..., en su carácter de patrocinantes de la parte demandada, y en conjunto, en una suma equivalente a SIETE (7) JUS; y los del Dr. ..., en su carácter de apoderado de la parte demandada, en una suma equivalente a TRES (3) JUS (Cfr. arts. 6, 10, 11 y 15 de la Ley Arancelaria).

Todos los honorarios, incluidos los regulados en el apartado IV), deberán ser abonados dentro de los diez (10) días de quedar firme la regulación, debiendo adicionarse el porcentaje correspondiente a la alícuota del I.V.A. en caso de que los beneficiarios acrediten su condición de "responsables inscriptos" frente al tributo. Todo bajo apercibimiento de ejecución.

VII.- Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula (con habilitación de días y horas inhábiles) a las partes que hayan constituido domicilio ante la Alzada y, oportunamente, remítanse al Juzgado de origen.

Dra. María Julia Barrese - Dr. Dardo Walter Troncoso Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante Registro de Sentencias Definitivas N°: 06/2014.