Tribunal: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO Nro 3
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-14


Y CONSIDERANDO:

Que por resolución de fecha 4/05/00, recaída en el expediente administrativo (C/208/99, de la D.G.I. obrante a fs. 22/26, se impuso al establecimiento sito en la calle BOLIVAR 262 de Capital Federal, perteneciente a IANUA S.A., una clausura por cinco (5) días y una multa de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500), por infracción al art. 40 de la ley 11.683 t.o. 1998. Ello, por haberse verificado mediante acta de comprobación de fecha 13/04/2000 (fs. 1 y vta.), que dicho establecimiento no da cumplimiento a los arts. 1, 2 y 3 de la RG 259/98 complementaria de la ley antes mencionada.- Que a fs. 48/51 y vta. la apelante interpone recurso de apelación contra la citada resolución.- Que a fs. 65/66 se presenta por escrito la apelante en reemplazo de la audiencia fijada a fs. 55, reiterándose los argumentos de la apelación los cuales en honor a la brevedad doy aquí por reproducido.- Encontrándose en consecuencia la causa en estado de ser resuelta en forma definitiva.- Que entrando a analizar el fondo de la cuestión, es necesario considerar el hecho de que el juez administrativo basa su resolución en la verificación hecha por los funcionarios actuantes quienes constataron que el contribuyente no emite ticket, factura y/o comprobante equivalente en las formas, requisitos y condiciones que establece esta Dirección General en su RG 4104 texto sustituido por la RG 259/98, conforme surge de la factura tipo "B" Nº 0009-00000551 de fecha 10/04/2000, verificada por los actuantes y que en copia obra a fs. 3.- Que conforme lo expuesto, queda suficientemente probado en autos que el apelante emitió factura por la prestación de un servicio de estacionamiento, así como también el hecho de que el contribuyente poseía el controlador fiscal conforme surge de fs. 22/24. Sentado ello, cabe ahora preguntarse si la circunstancia apuntada, es decir la emisión de factura y no de un ticket proveniente de controlador fiscal, es motivo suficiente para la configuración de una infracción que haga merecedor al apelante de una sanción de una magnitud de la clausura. Desde ya adelanto mi criterio en sentido negativo a esta pregunta.

En efecto, dadas las características de la sanción impuesta, es claro que no puede aplicarse a cualquier infracción, sino que debe tratarse de una conducta infraccional que por su gravedad justifique la imposición de aquella pena. Para que esto ocurra es necesario que exista un verdadero peligro de lesión al bien jurídico protegido, un peligro abstracto no alcanzaría en modo alguno para que se llegue a la imposición de una pena tan severa como lo es la clausura, evidentemente debe requerirse algún tipo de perjuicio o al menos un peligro concreto ya que como queda claramente resumido en el principio general que "NO HAY RESPONSABILIDAD SIN DAÑO". También debe requerirse la exigencia de que toda pena impuesta por un poder del Estado -como lo es la D.G.I.-A.F.I.P.- así como todas sus resoluciones y actos administrativos que de ellos emanen deben resultar razonables. Entiendo que toda norma represiva, requiere para su validez y legitimidad una directa vinculación con el bien jurídico el cuál está destinada a tutelar. La seguridad jurídica no puede depender de la satisfacción y el cumplimiento de meros requisitos formales y la tipificación legal de la conducta prohibida tiene necesario acompañamiento en la conminación de una sanción, que debe ser adecuada y racional a la importancia del bien tutelado y a la entidad de la lesión o peligro causado. De lo contrario se estaría vulnerando el principio de proporcionalidad, reconocido implícitamente en s Declaraciones, Derechos y Garantías de la Constitución Nacional (art. 28 C.N.).- En consecuencia, teniendo en cuenta la gravedad de la pena y la falta imputada, las mismas resultan ser notoriamente desproporcionadas. En efecto, el solo encuadramiento de la conducta enrostrada al apelante en el art. 40 de la ley 11.683 que castiga como mínimo con tres días de clausura y como mínimo trescientos pesos de multa, entiendo que resulta erróneo toda vez que existe un encuadramiento más apropiado tal como el del art. 39 de la ley 11.683. Asimismo, entiendo que el juez administrativo contaba con otra vía de resolver la presente como lo es la norma contemplada en el art. 49 de la ley de procedimientos fiscales que prescribe que en el juez administrativo podrá reducir a su mínimo legal o eximir de sanción, cuando a su juicio la infracción no revistiere gravedad. Ya que como se ha dicho, la pena impuesta no alcanza la proporción ajustada con una relación ecuánime, y que no habría relación entre la falta cometida y el perjuicio económico y descrédito social -al imponerse la clausura- que sufriría la apelante. Por otro lado y en concordancia con las ideas descriptas en los párrafos precedentes, no encuentro elemento alguno que permita inferir que se haya puesto en peligro el bien jurídico protegido, ya que dicho bien consiste en la facultad de verificación y fiscalización de la Dirección General Impositiva; es decir aquel deber de colaboración que posee el contribuyente para con el ente recaudador, a efectos de que el mismo pueda verificar el fiel cumplimiento de su misión recaudadora. Pero para que esa conducta sea ilícita debe por lo menos haberse puesto en peligro el mentado bien jurídico, circunstancia que en autos no ha ocurrido desde el momento que el apelante emitió una factura por el servicio prestado.- Que además de lo expuesto, debe tenerse en cuenta la particular situación del accionar del apelante en autos, ya que como quedó demostrado por la propia verificación que efectuaron los funcionarios de la D.G.I., aquél emitió factura por el servicio prestado. Sobre este punto corresponde aclarar que para la emisión de ticket, facturas o documentos equivalentes encontramos en el ordenamiento legal vigente con una doble regulación a través de la RG 3419 y de la RG 4104, esta última modifica a la primera introduciendo la obligación de la emisión de aquellos documentos a través del denominado "controlador fiscal", pero no deroga en absoluto a la primera de las resolución mencionadas que establece los requisitos, formas y condiciones en que se debe efectuar la facturación manual. Por ello puede afirmarse que el contribuyente si bien no cumplió con la RG 4104, si lo hizo con la RG 3419 al emitir la factura cuya copia obra a fs. 3. Este accionar nos lleva a recordar otro principio constitucional según el cuál ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe (art. 19 "in fine" C.N.) y aclarado ello, resulta lógico suponer que existiendo esta doble regulación, cualquier contribuyente cumpliría fielmente con sus obligaciones para con el fisco mediante la utilización de cualquier medio que tenga a su alcance ya que el método de facturación manual no se encuentra prohibido por el ordenamiento legal vigente.- Por todos los argumentos expuestos entiendo que corresponde revocar la resolución administrativa y absolver al apelante de la imputación.

RESUELVO:

REVOCAR LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA de fecha 4/05/00, recaída en el expediente administrativo C/208/99, de la D.G.I. por la cual se impuso al establecimiento sito en la calle BOLIVAR 262 de Capital Federal, perteneciente a IANUA S.A., una clausura por cinco (5) días y una multa de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500), por infracción al art. 40 de la ley 11.683 t.o. 1998, y en consecuencia ABSOLVER al apelante de la aludida imputación.- SIN COSTAS (arts. 530 y ccdtes. del C.P.P.).- Regístrese, notifíquese y remítase en devolución al Organismo de origen, sirviendo lo proveído de muy atenta nota de envío.